Source: http://www.cidh.oas.org/annualrep/94span/anexo2.htm
Timestamp: 2017-10-17 03:57:59
Document Index: 216677706

Matched Legal Cases: ['artículo 91', 'artículo 41', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 63']

Informe Anual 1994 - Anexo 2
PRESENTACION A LA COMISION DE ASUNTOS JURIDICOS Y POLITICOS DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA OEA DEL INFORME ANUAL DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PALABRAS DEL PROFESOR MICHAEL REISMAN, PRESIDENTE DE LA CIDH
Es un honor y un privilegio para mí, señor Presidente, comparecer ante esta Comisión en el año que marca el trigésimo quinto aniversario de la fundación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para presentar el Informe Anual correspondiente al año 1993 y los informes especiales de la Comisión relativos a Colombia, El Salvador y Haití.
Quisiera, antes de describir el Informe y las actividades de la Comisión durante el año que él abarca, hacer notar una serie de cambios de personal que han tenido lugar desde el año pasado, cuando mi predecesor, el doctor Oscar Luján Fappiano, hizo la presentación del informe anterior. Durante elecciones periódicas realizadas cuando sesionó la Asamblea General, se retiraron de la Comisión el doctor Marco Tulio Bruni Celli y el Embajador Oliver Jackman después de haber servido el máximo de dos períodos que permite la Convención. Ambos se desempeñaron con gran distinción como Presidentes de la Comisión. En la actualidad, el doctor Bruni Celli es miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que fiscaliza el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos y cumple las funciones de relator especial sobre Haití. El Embajador Jackman, que en su oportunidad actuó en el Consejo Permanente de la OEA como Representante Permanente de su país, Barbados, es ahora candidato a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Asamblea General, con gran acierto, seleccionó juristas de renombre similar para reemplazarlos. Se han incorporado a la Comisión el Embajador John Donaldson, anterior Ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, quien ha servido a su país en cargos importantes a lo largo de una carrera prolongada y distinguida, y el Decano Claudio Grossman, erudito en el campo internacional de los derechos humanos y especialista sobre el sistema interamericano de derechos humanos, quien actuó con éxito ante la Corte Interamericana. La Comisión, en su período de sesiones de febrero de este año, eligió al Embajador Alvaro Tirado Mejía como Primer Vicepresidente y al doctor Leo Valladares Lanza como Segundo Vicepresidente. Mis colegas me confirieron el honor de elegirme para ocupar la Presidencia. Los dos directivos de la Comisión que he mencionado están presentes en esta reunión y también nos acompañan el señor Donaldson y el Profesor Grossman. Su presencia indica la importancia que los miembros de la Comisión le adjudican al examen anual que realizan los órganos políticos. Hago votos por que esta concurrencia más nutrida establezca un precedente.
Antes de seguir adelante quisiera felicitar, en nombre de la Comisión, al Gobierno de Dominica, por haber ratificado la Convención Americana en el curso del año pasado. De igual modo, corresponde reconocer y felicitar públicamente a Bolivia y Paraguay por haber aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana. Asimismo, es del caso dar la enhorabuena a Ecuador y Panamá, países que depositaron el año pasado sendos instrumentos de ratificación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o "Protocolo de San Salvador". En este sentido, me complace también dejar constancia de que Uruguay y Venezuela ratificaron recientemente el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte. Todas esas acciones son prueba del compromiso de esos Estados miembros de extender, al amparo de la legislación internacional, las obligaciones inherentes a los derechos humanos.
El año bajo examen se ha caracterizado por una actividad intensa de la Comisión que realizó visitas in loco en Haití, Guatemala y Perú. Quisiera agradecer a los Gobiernos de esos países por haber invitado a la Comisión a llevar a cabo esas importantes labores.
La Comisión, durante sus dos períodos ordinarios de sesiones, celebró audiencias a las cuales se presentaron numerosos representantes de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales dedicadas a los derechos humanos, víctimas de violaciones de los derechos humanos, y testigos.
Además, la Comisión continuó el litigio de un número creciente de casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el Informe se presenta un relato completo de las diversas actividades realizadas por la CIDH.
La labor fue facilitada por la dedicación extraordinaria y especializada de la Secretaría, encabezada por la Embajadora Edith Márquez. Es del dominio público que los recursos humanos de la Comisión son insuficientes en vista de la amplia gama de tareas que le han sido encomendadas por la Convención y la Asamblea General por lo cual se debe rendir tributo a lo logrado con una base de personal tan limitada.
El Informe Anual, que fue presentado oportunamente al Secretario General en cumplimiento de lo solicitado por el Consejo Permanente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91 (f) de la Carta, presenta en forma global las actividades de la Comisión durante el año bajo examen. Está estructurado en cinco capítulos en los cuales se tratan los temas siguientes de manera consecutiva:
- Examen sucinto de la historia y las bases jurídicas de la CIDH;
- Resumen de las actividades principales de la Comisión durante el período que abarca el Informe;
- Informes sobre casos individuales;
- Un capítulo sobre la situación de los derechos humanos en varios países; y
- Una sección que contiene estudios y recomendaciones sobre varios aspectos específicos que afectan los derechos humanos en las Américas.
A fin de hacerlo más completo, el Informe también incluye información actualizada sobre el estado legal de todos los tratados interamericanos relacionados con los derechos humanos, los comunicados de prensa publicados por la Comisión durante el año, los discursos pronunciados oficialmente por mi predecesor y una síntesis de las visitas in loco realizadas por la Comisión.
Tres de los capítulos del Informe Anual justifican comentarios adicionales.
El Capítulo III, "Informe sobre casos individuales", es el más extenso del Informe Anual. Estos casos son iniciados por peticionantes individuales, por lo cual la Comisión no está en condiciones de fijar la extensión de esta parte del Informe. Se trata de una parte del Informe que reviste importancia especial porque en ella se hace referencia a situaciones apremiantes que afrontan muchos de los ciudadanos de nuestros países. En definitiva, ellos son los presuntos beneficiarios de nuestro sistema, ya que los derechos humanos son los derechos que corresponden a cada persona. Para resumir, este capítulo tiene 350 páginas y contiene 23 informes en total que abarcan 37 casos numerados presentados contra 10 países y 65 víctimas identificadas por nombre. Además, incluye fallos extensos sobre la admisibilidad de dos casos que, en principio, afectan a cientos de presuntas víctimas.
En el capítulo cuarto del informe de la Comisión se presenta la situación de los derechos humanos en Cuba, Guatemala, Nicaragua y Perú. No me referiré en forma específica a las conclusiones a las que ha llegado la Comisión sobre la situación actual de los derechos humanos en esos países, porque tengo la certeza de que ustedes deben estar familiarizados con sus observaciones al respecto. Sin embargo, basta decir que en el Capítulo IV se manifiesta la preocupación continua de la Comisión con respecto a la situación de los derechos humanos en cada uno de ellos.
El Capítulo V contiene tres informes que se prepararon como respuesta directa a las recomendaciones formuladas por la Asamblea General de la OEA. Se refieren, respectivamente, a los derechos económicos, sociales y culturales, a la situación de los refugiados, de las personas desplazadas y de los repatriados en varios de los Estados miembros de la OEA y, el último es una síntesis de las reflexiones de la Comisión con respecto a la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos que se realizó el año pasado en Viena, Austria y sus posibles efectos sobre el sistema interamericano de derechos humanos.
Señor Presidente, permítame que haga notar que la Comisión Interamericana, al publicar estos estudios, ha cumplido con todas las recomendaciones y solicitudes contenidas en diversas resoluciones de la Asamblea General y que su actuación ha tenido como objetivo ofrecer a los Estados miembros una orientación creativa y reflexiva en lo que se refiere a temas complejos que afrontan nuestros gobiernos y nuestros pueblos.
El Informe Anual para 1993 de la Comisión Interamericana concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a los Ministros de Relaciones Exteriores que se reunirán próximamente en Belém do Pará en ocasión de la celebración del vigésimocuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General.
Algunas de las recomendaciones reiteran las formuladas en años anteriores mientras que otras son nuevas, pero todas tienen un objetivo común: asegurar que haya un mayor respeto por los derechos políticos, civiles, sociales, económicos y culturales que establece la Convención para los ciudadanos de nuestros países.
Desde el último período de sesiones de la Asamblea General, la Comisión ha publicado tres informes especiales de países, además del Informe Anual. En ellos se hace un examen de las situaciones de los derechos humanos en Colombia, El Salvador y Haití y cada uno constituye un esfuerzo extenso y minucioso. Permítaseme, señor Presidente, que haga notar que cada uno de estos informes fue enviado al Gobierno correspondiente en cumplimiento de las disposiciones pertinentes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el reglamento de la Comisión y que las observaciones recibidas de los Gobiernos se examinaron cuidadosamente y fueron tenidas en cuenta.
En esta ocasión no voy a intentar presentar una síntesis de los informes puesto que, para ello, requeriría más tiempo del disponible para esta presentación e iría más allá del alcance de la misma. Sin embargo, cuando estemos más adelantados en nuestras deliberaciones, tanto mis colegas como yo tendremos mucho gusto en responder a las preguntas u observaciones que los delegados quieran hacer.
Señor Presidente, distinguidos señores delegados, el año 1993 fue un año de logros y de frustraciones en lo que se refiere a los derechos humanos en las Américas. Si bien en muchos países se ha logrado avanzar notablemente en los esfuerzos encaminados a la consolidación de las instituciones democráticas, es lamentable que en algunos países se produzcan todavía violaciones en gran escala de los derechos humanos.
La Comisión de Derechos Humanos ha procurado cumplir con sus obligaciones de conformidad con lo dispuesto en la Carta, en la Convención y en la Declaración Americana, actuando con dinamismo pero adhiriéndose a la vez, de manera estricta, a las normas que rigen su actuación. Nuestro objetivo es, igual que el de ustedes, como está claramente expresado en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "...consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre".
Me complace presentar, en representación de mis colegas, los informes que están sobre la mesa y, cuando sea apropiado, tendré sumo gusto en responder a las preguntas que quieran formular.
DISCURSO DEL PROFESOR CLAUDIO GROSSMAN ANTE EL CONSEJO PERMANENTE EXTRAORDINARIO DE LA OEA PARA CONOCER SOBRE
LA SITUACION DE HAITI EL DIA 11 DE MAYO DE 1994
Embajadores Representantes Permanentes
Diputado Dante Caputo, Representante Especial de los
Secretarios Generales de la OEA y Naciones Unidas para Haití
A nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quiero agradecer al Consejo Permanente la invitación que nos ha hecho para participar en este Consejo Extraordinario sobre Haití.
La Comisión ha venido observando permanentemente la situación de los derechos humanos en ese país. Como es de conocimiento público, las bases jurídicas para la acción de la Comisión se encuentran consagradas en la Carta de la OEA, en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Haití el 27 de septiembre de 1977.
Estos instrumentos jurídicos proveen un marco normativo que incluye un listado de derechos utilizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para velar por el cumplimiento de obligaciones internacionales libremente adquiridas por los Estados miembros.
En el caso de Haití la Comisión ha recibido numerosas quejas individuales de violaciones a derechos humanos, efectuado investigaciones por iniciativa propia y recibido y solicitado evidencias. Atendiendo a la seriedad de las denuncias de violaciones masivas y sistemáticas de los derechos humanos en Haití, a partir del golpe militar de septiembre de 1991, la Comisión ha efectuado dos visitas in-loco a dicho país, en diciembre de 1991 y en agosto de 1993. Dichas visitas han resultado en informes especiales sobre la situación de derechos humanos en Haití en 1993 y 1994, respectivamente.
Sobre la base de dichas visitas la Comisión ha constatado que la situación general de los derechos humanos en Haití continua deteriorándose gravemente. Quienes detentan el poder en dicho país han escalado la represión en contra del pueblo de Haití. Como documenta la Comisión en su informe de 1994, ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias, torturas y extorsiones por parte de elementos militares y paramilitares tienen lugar con absoluta impunidad. Dicha impunidad se evidencia en ataques a plena luz del día en contra de los partidarios del Presidente Aristide. Basta en este sentido citar los asesinatos de Antoine Izmery y de Guy-Francois Malari. No existe autoridad judicial o de otro tipo que proteja a la población frente a dichas violaciones. Las restricciones al derecho de expresión y ataques y amenazas físicas de periodistas impiden dar publicidad interna a dichos actos. La Comisión ha concluido que, paradójicamente, las violaciones a los derechos humanos se intensifican cada vez que los militares deciden renegar de acuerdos políticos dirigidos a restablecer la democracia en Haití. Dichos acuerdos, adoptados con participación de la comunidad internacional, han llevado a los partidarios de la democracia en Haití a asumir posiciones públicas celebrando su adopción sólo para descubrir posteriormente y de manera trágica que dichos acuerdos son seguidos por nuevos asesinatos y torturas. La brutalidad de las violaciones de los derechos humanos fundamentales no debe oscurecer el hecho de que se trata de acciones políticas deliberadas con el propósito de aterrorizar a quienes apoyan el restablecimiento de la democracia y la reconciliación del pueblo Haitiano. La Comisión ha hecho un estudio detallado de la estructura del poder de facto en Haití y de los elementos que contribuyen a las violaciones de los derechos humanos. La Comisión ha concluido que el ejército se ha transformado en un instrumento de violación a los derechos humanos, desvirtuando por lo tanto su propósito primario de resguardar la soberanía nacional. A esto se agrega que existe una concentración absoluta de poder en beneficio del ejército, sin contrapesos de ninguna especie, en el marco de instituciones armadas que han carecido y carecen de entrenamiento básico dirigido al respeto de los derechos esenciales de su propio pueblo.
En opinión de la Comisión, el ejército es responsable de reprimir a su propio pueblo y de mantener en Haití un verdadero régimen de terror.
Frente a esta situación la Comisión en su último Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos en Haití ha concluido que:
...Es requisito indispensable para remediar la grave situación de los derechos humanos en Haití, el pronto restablecimiento del régimen democrático constitucional elegido en las elecciones del 16 de diciembre de 1990 y depuesto mediante el Golpe de Estado el 29 de septiembre de 1991. Dicho restablecimiento debe ir acompañado de cambios fundamentales como serían la separación del ejército y la policía, tal como lo prevé la Constitución de 1987. Al mismo tiempo tomar los pasos conducentes para lograr la profesionalización de una policía independiente.
...La Comisión está convencida que para proteger los derechos y libertades fundamentales de la población Haitiana de los abusos cometidos por los militares debe existir:
a. Una reforma substancial del sistema judicial que asegure que los perpetradores de los actos criminales sean sometidos a la justicia y que las personas que han sido arrestadas sean presentadas a juicio en el plazo más corto posible;
b. Un inmediato desarme y disolución de las Fuerzas Paramilitares y los Jefes de Sección quienes ejercen una práctica indiscriminada e impune de la violencia.
Señor Presidente, ante el grave deterioro de valores fundamentales en Haití, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha decidido efectuar una nueva visita in-loco a dicho país, a partir del sábado 14 de mayo. En dicha visita participarán el Dr. Patrick L. Robinson, el Embajador John Donaldson, además de mi persona. La Comisión será asistida por su Secretaria Ejecutiva, Embajadora Edith Márquez Rodríguez y por un equipo de 3 abogados.
De acuerdo a la práctica de la Comisión ésta se entrevistará con todos los sectores del pueblo haitiano, escuchará denuncias individuales y confeccionará un informe documentado sobre cada una de sus observaciones.
Siguiendo la resolución aprobada por este honorable Consejo el lunes pasado, la Comisión dará prioridad a la investigación de casos de ejecuciones masivas de grupos indefensos de la población y otros crímenes de igual magnitud. Igualmente la Comisión dará prioridad a las investigaciones de crímenes de violación, abuso sexual y secuestro de niños, especialmente cuando son usados como métodos de terror político.
La Comisión informará sobre los resultados de su visita a Haití al vigésimo cuarto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Señor Presidente, dando cumplimiento al mandato de la carta de la Organización de los Estados Americanos y de los demás tratados vigentes, la Comisión continuará cumpliendo su función de documentar exhaustivamente la situación de los derechos humanos en Haití.
Los informes de la Comisión permitirán a las víctimas, a sus familiares y al pueblo haitiano saber que su tragedia no quedará indocumentada, que en Haití no hay muertos anónimos y que cada una de las violaciones de los derechos humanos es sentida y condenada por los Estados y la opinión pública del hemisferio.
El trabajo permanente de la Comisión tiene además, entre sus objetivos, contribuir con los órganos políticos de la OEA proporcionándoles elementos de juicio que los ayuden en el cumplimiento de sus funciones como garantes de las obligaciones de respeto a los derechos humanos libremente asumidas.
Señor Presidente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como órgano establecido por la Carta, cuya función principal es la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización, continuará cumpliendo incansablemente sus funciones hasta que se restablezca la democracia y los derechos humanos en Haití.
TEXTO DEL DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, PROFESOR MICHAEL REISMAN, ANTE LA PRIMERA COMISION DEL VIGESIMO CUARTO PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, AL PRESENTAR EL INFORME ANUAL 1993 DE LA CIDH
Señor Presidente, distinguidos Delegados, miembros de la Comisión, señoras y señores:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una comisión jurídica, basada en el derecho y encargada de aplicar la ley, de modo que es apropiado comenzar con la ley. El artículo 41 (g) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que la Comisión presente un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. En cumplimiento de esa función, tengo el privilegio de presentarles hoy el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos correspondiente a 1993. Además, las delegaciones han recibido los informes especiales de la Comisión relativos a Colombia, El Salvador y Haití, a los que me referiré más adelante.
Permítanme ahora presentar, en primer lugar, a mis colegas de la Comisión y funcionarios de ésta. Están hoy conmigo el Embajador Alvaro Tirado Mejía, Primer Vicepresidente, el doctor Leo Valladares Lanza, Segundo Vicepresidente, y el doctor Patrick Robinson, ex Presidente de la Comisión. Hoy día nuestra presencia colectiva aquí, señor Presidente, que a mi entender no tiene precedentes, subraya la seriedad que la Comisión atribuye a su cometido, nuestra opinión acerca del carácter esencial que tiene la relación entre la Asamblea y la Comisión para nuestra labor y la importancia que atribuimos a la comprensión, por parte de la Asamblea, de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Por sobre todo, nuestra presencia pone de relieve la seriedad con que la Comisión ve el trabajo de la Asamblea General, órgano legislativo supremo de nuestra Organización y poseedor de la palabra final en las decisiones políticas de todos los aspectos de nuestra Carta, incluida la observancia de los derechos humanos acerca de los cuales se nos ha encomendado estudiar su situación
e informarles a ustedes.
Quiero también señalar, señor Presidente, que tras las elecciones en la Asamblea hubo cambios en la integración de la Comisión a partir del 1º de enero de este año. Dos miembros sumamente dedicados y experimentados, Marco Tulio Bruni Celli y Oliver Jackman, que en diferentes ocasiones ocuparon la presidencia de la Comisión, cumplieron su segundo período y se retiraron al llegar al límite estipulado para sus funciones. Ambos son acreedores al agradecimiento de la Comisión y, me atrevo a decir, de todos aquellos que en nuestra región se preocupan por los derechos humanos. El doctor Bruni Celli es ahora miembro de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y oficia como relator para Haití. El Embajador Jackman ha sido elegido para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La Asamblea General eligió dos nuevos miembros de la Comisión, el Embajador John Donaldson y el Decano Claudio Grossman. Deseo felicitar y agradecer a la Asamblea General por la selección de estos dos destacados juristas para llevar a cabo nuestra misión e, igualmente, por haber elegido para un segundo período al doctor Oscar Luján Fappiano, un veterano de la lucha por conseguir el respeto a los derechos humanos de todos.
Señor Presidente, es para mí motivo de particular orgullo presentar estos informes en el año que la Comisión celebra su trigésimo quinto aniversario. Con su permiso, señor Presidente, considero apropiado referirme en este año aniversario, sucintamente, al compromiso histórico de la Organización de los Estados Americanos con los derechos humanos, y al papel que la Organización ha asignado a la Comisión en cuanto a su vigilancia. La OEA figura entre los pioneros de la legislación moderna de derechos humanos. La Carta --el Pacto de Bogotá, de 1948-- constituye un acuerdo entre Estados pero incorpora los "derechos fundamentales del individuo" como uno de los principios fundamentales de la Organización. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, preparada por el Comité Jurídico Interamericano en 1947, fue adoptada por la OEA al año siguiente, en Bogotá, al estipular el compromiso general de la Carta en materia de derechos humanos. En 1959 en Santiago, Chile, vuestros predecesores, los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de nuestro hemisferio, establecieron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión nació con un mandato más bien vago. En 1965 se amplió su competencia para que pudiera aceptar comunicaciones, solicitar información a gobiernos y formular recomendaciones "con objeto de lograr una observancia más efectiva de los derechos humanos". En 1967 se enmendó la Carta y la Comisión pasó a ser un órgano capital de la OEA.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, firmada en 1969, constituyó la Comisión y le asignó competencias específicas en el ámbito de la Convención. Esta entró en vigor en 1978. Actualmente hay 25 Estados parte de la Convención, pero debido a la historia de la evolución de la Comisión, que he repasado, todos los Estados del hemisferio, sean o no parte de la Convención, están sujetos a alguna forma de jurisdicción de la Comisión. Permítanme explicarles.
La jurisdicción convencional de la Comisión se aplica a los 25 Estados que, hasta la fecha, se han convertido en parte de la Convención. Su jurisdicción judicial invocativa, es decir su competencia para invocar la Corte Interamericana, se aplica a los Estados parte de la Convención Americana que han declarado su aceptación de la jurisdicción de la Corte. Pero la jurisdicción respecto de la Declaración, es decir la que se basa en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de 1948, se aplica a todos los Estados miembros de la OEA, por cuanto la declaración consagra los compromisos que en materia de derechos humanos han asumido todos los miembros en el marco de la Carta. Por ende, la Comisión recibe peticiones de ciudadanos de Estados parte de la Convención, basándose en los derechos consagrados en ella, y puede recibir peticiones de ciudadanos de Estados miembros de la OEA que aún no son parte de la Convención Americana, basándose en los derechos enunciados en la Declaración Americana. La Corte, en una de sus opiniones consultivas, ha autorizado la interpretación de cada uno de esos instrumentos de derechos humanos, por la vía de la referencia al otro.
Los derechos humanos se refieren a las personas, por lo que no debe sorprender que una parte sustancial del trabajo cotidiano de la Comisión corresponda a peticiones individuales. El artículo 44 de la Convención estipula que
Un caso comienza con la recepción de una petición acerca de una denuncia de violación de derechos humanos y a menudo ocurre que un mismo hecho provoque peticiones de diversos orígenes. Los sucesos a que se refieren son, a veces, desconsoladores. La Comisión examina las peticiones conforme a los requisitos básicos de los artículos 46 y 47 --vale decir, si la petición incluye nombres y firmas, si consigna hechos que tiendan a establecer una violación de la Convención o si carece abiertamente de fundamento, si se ha agotado los remedios internos, si ha sido planteada dentro de los plazos estipulados, si es materia de otro procedimiento internacional, o si ya ha sido planteada a la Comisión. Si la petición satisface esas exigencias, se remite al gobierno interesado para que éste proporcione información y exponga su parecer. La información que suministre puede dar por terminado el asunto, en cuyo caso el artículo 48 instruye a la Comisión para que cierre el expediente, o puede establecer que la petición es inadmisible, con lo cual también se pone fin al procedimiento. De lo contrario, la Comisión, con conocimiento de las partes, debe proceder a investigar el asunto, solicitando la información que considere necesaria, recibiendo alegatos orales y deposiciones escritas. También se pone a disposición de las partes con objeto de llegar a un arreglo amistoso.
Si es posible una solución de esta clase, la Comisión prepara un breve informe al respecto para el Secretario General de la OEA. Si no se logra un arreglo amistoso, la Comisión prepara un informe consignando los hechos, así como sus conclusiones y recomendaciones, y lo envía solamente al Estado afectado, el que puede abstenerse de publicarlo. Si en un plazo de tres meses no se ha obtenido un arreglo, la Comisión debe emitir un informe final que pasa a integrar el Informe Anual a la Asamblea General o, en el caso de los Estados que han aceptado la jurisdicción de la Corte, puede remitir el asunto a la Corte. La Opinión Consultiva 13 instruye a la Comisión para que no resuelva al respecto en forma discrecional, sino que escoja "la alternativa más favorable para la protección de los derechos establecidos en la Convención".
Además de considerar las peticiones, la Comisión debe mantenerse informada de las tendencias generales a fin de cumplir las distintas funciones prescritas por el artículo 41 de la Convención. Para hacerlo recurre a una amplia metodología: además de examinar los documentos pertinentes, dedica gran parte de sus esfuerzos a reuniones con funcionarios gubernamentales, portavoces de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y ciudadanos de distintos sectores de nuestros países. Esta metodología es importante porque el artículo 41 también estipula como función de la Comisión, la preparación de los "informes" o "estudios" que considere aconsejables.
Un tipo de informe es el estudio de país. El Informe Anual señala:
Dentro de su mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, la CIDH ha venido estudiando la situación de los derechos humanos en los países del continente y con tal propósito ha elaborado en el pasado informes especiales respecto de algunos de ellos. Tales informes han sido preparados por iniciativa de la Comisión, por instrucciones de un órgano de la Organización de los Estados Americanos e incluso, en algunas ocasiones, por espontáneo requerimiento del Estado interesado.(Pág. 403).
Un informe de país examina la situación global de los derechos humanos en el país en que se concentra y, cuando resulta apropiado, formula recomendaciones al gobierno. Cada aplicación de un instrumento jurídico requiere interpretación y juicio, y los gobiernos no siempre concuerdan con las conclusiones que pueda consignar la Comisión en sus informes de país. No obstante, muchos gobiernos han aceptado los informes con actitud positiva y han entablado un diálogo con la Comisión acerca de las formas de encarar los problemas detectados y acerca de los cuales, podría agregarse, elementos del gobierno quizá ya tengan conocimiento. Ciertos gobiernos han criticado a la Comisión por considerar que han sido señalados en forma injusta o arbitraria. En ningún caso se prepara un informe sobre un Estado miembro de la OEA sin consulta previa con autoridades de su gobierno y sin brindarle a éste la oportunidad de manifestar sus puntos de vista respecto de los problemas tratados en el informe.
A veces, como resultado de la metodología descrita y de otra información recibida, la Comisión comprueba que, esencialmente, en muchos países existen los mismos desvíos de las normas prescritas por la Convención. Hay algunas violaciones de derechos humanos ampliamente difundidas, si no universales. En algunos casos, son el resultado de profundos cambios políticos, morales o tecnológicos, a los cuales las leyes nacionales las prácticas institucionales aún no se han adaptado. Si la Comisión enfrentara esas patologías solamente por medio del procedimiento de la petición, caso por caso y país por país, podrían obtenerse remedios para los casos individuales planteados, pero subsistirían los factores subyacentes que precipitaron el problema, así como la pauta más amplia de abusos. Algunos de esos problemas reclaman cambios institucionales fundamentales, como lo prevén los artículos 2 y 41(b) de la Convención. Además, no parece justo señalar en un informe de país a uno solo de los muchos países que pueden incurrir en prácticas incompatibles con la Convención.
Para hacer frente a problemas de esta índole la Comisión puede preparar "estudios" conforme al artículo 41. Los estudios permiten a la Comisión observar los problemas con una perspectiva hemisférica y formular recomendaciones a escala hemisférica. Actualmente la Comisión estudia la situación de la mujer en la legislación de los países del hemisferio y las prácticas que en éste se siguen en materia de prisiones, y está considerando la realización de un estudio sobre las consecuencias de la migración en gran escala, tanto internacional como interna, para los derechos consagrados por la Convención, que seguiría una recomendación que formuló la Asamblea a la Comisión con respecto a un tema afín.
Por consiguiente, la Comisión da curso a peticiones sobre casos individualizados, realiza estudios de país sobre pautas nacionales de respeto o violación de los derechos humanos y estudios especiales sobre problemas generalizados. Este Informe Anual refleja todas esas dimensiones del trabajo de la Comisión, además de los cometidos especiales encomendados por la Asamblea a la Comisión. Conforme a la resolución AG/RES. 331 (VIII‑0/78) y al artículo 63 de sus Normas de Procedimiento, el Informe Anual 1993 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consta de cinco capítulos, a los cuales quisiera referirme brevemente.
‑ En el primer capítulo la Comisión expone las bases jurídicas y el historial de su labor. Esta mañana me he referido a algunas de ellas.
‑ En el segundo capítulo la Comisión resume sus numerosas y variadas actividades del año. La labor que cumplió la Comisión el año pasado incluyó, por supuesto, sus dos períodos ordinarios de sesiones y una reunión extraordinaria celebrada en Mar del Plata, Argentina, y, como lo informé a la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos, visitas a Guatemala, Haití y Perú. Desde que comparecí ante la Comisión en el mes de abril, la Comisión llevó a cabo otra reunión extraordinaria, en Washington, volvió a visitar Haití y también cumplió una visita a Las Bahamas. Volveré a referirme a la crisis, aguda y generalizada, que se registra en Haití en cuanto a los derechos humanos ‑-tema del informe especial que tienen ante ustedes-‑ y a las dificultades especiales con que tropezó la Comisión en ese país, tanto durante su estada en el lugar como en el trabajo de examen desde la Sede. Salvo en el caso de Haití, ninguna de las visitas podría haberse cumplido sin la cooperación y asistencia de los gobiernos, cada uno de los cuales accedió al deseo de la Comisión de llevar a cabo esas visitas a sus respectivos territorios y ayudó en distintas formas. Deseo también manifestar mi especial agradecimiento al Gobierno de la Argentina por su ayuda para que la reunión extraordinaria realizada en Mar del Plata resultara provechosa.
Señor Presidente, mis colegas y yo hemos trabajado en muchos de esos casos durante años. Los resúmenes del Informe Anual no pueden transmitir los detalles de esas tragedias en la forma en que hemos llegado a conocerlos nosotros. Constituye una maravillosa prueba del compromiso de la OEA con los derechos humanos el hecho de que las conclusiones jurídicas acerca de esas tragedias individuales lleguen directamente a esta Asamblea y no se hundan en una obscuridad definitiva. Esperamos que, como resultado del estudio de este distinguido órgano, las recomendaciones de los informes se pongan en práctica rápidamente. Un Estado del hemisferio ‑-Colombia-‑ trabaja activamente en la revisión de sus leyes de manera que las recomendaciones de la Comisión acerca de casos individuales puedan entrar en vigor rápidamente a escala nacional; la Comisión ha trabajado con las autoridades en esta importante transformación, que esperamos sea emulada ampliamente. Lamento decir que, en muchos países, las recomendaciones relacionadas con numerosos casos individuales de años anteriores aún no han sido aplicadas.
Acaso también convenga señalar que si bien en la mayoría de esos informes individuales se concluye que el Estado denunciado incurrió en violaciones de los derechos humanos, lejos está de ser este siempre el caso. Los dos extensos informes dedicados a la admisibilidad -‑uno de ellos confirmándola y otro considerando la petición inadmisible‑- son ilustraciones más bien mundanas acerca del cuidado extremo con que la Comisión analiza los casos y de las exigencias jurisdiccionales y de procedimiento preliminares a que se ciñe su labor.
En general, el Gobierno de Guatemala ha tomado y sigue tomando medidas notables para mejorar la situación de los derechos humanos en el país ‑-como la desmilitarización de la fuerza policial, el fortalecimiento de la oficina del veedor (ombudsman) de derechos humanos, y el caudal creciente de regreso y reasentamiento de refugiados y desplazados internos. No obstante, subsisten niveles alarmantes de inseguridad y violencia. Si bien ésta puede atribuirse en parte a la continua acción de subversivos agrupados bajo la bandera del URNG y como resultado de una enorme actividad criminal privada, todavía se consuman ejecuciones extrajudiciales que muestran todos los signos de la tradicional represión militar y paramilitar. Sus víctimas han sido estudiantes, profesores, dirigentes sindicales, defensores de los derechos humanos, periodistas y dirigentes campesinos.
Quisiera aprovechar esta oportunidad para extenderme acerca de una de ellas en particular. Las exigencias impuestas a la Comisión se multiplican. El número de peticiones ha aumentado considerablemente, al igual que los cometidos especiales encomendados por la Asamblea. Ha aumentado enormemente el número de visitas que cumple la Comisión. Hace diez años era común que la Comisión realizara solamente una o dos visitas por año, mientras que ahora el promedio es de cuatro visitas anuales. Esto significa mucho tiempo de trabajo de abogados, organización de agendas, concertación de entrevistas y preparación de documentos de antecedentes, sin mencionar el creciente caudal de trabajo de seguimiento. La Comisión somete ahora muchos más casos a la Corte. Otros aspectos, como los derechos económicos y sociales, cobran más importancia. Todo eso se refleja en el número y la extensión de nuestras publicaciones. Durante el período 1982‑1983 la Comisión publicó aproximadamente 310 páginas y este año publicará más de 1.600 páginas. Sin embargo, el personal profesional y no profesional de la Comisión no ha aumentado, sino todo lo contrario. Hace diez años la Comisión tenía doce abogados y ahora tiene diez. Ha habido una reducción aún más pronunciada del personal administrativo y del espacio en el cual trabaja la Comisión. Esta necesita cuatro abogados más y una ampliación adecuada del personal administrativo y los equipos. Ahora concurrimos a la Asamblea General con esta solicitud.
Frente a este horror, la Comisión solamente puede hacer aquello para lo que fue creada: rendir testimonio e informarles a ustedes. Los observadores internacionales aún presentes en Puerto Príncipe ‑-los de la OEA son ahora muchos más que los de la ONU‑- han resultado simplemente magníficos. Debemos estar orgullosos de ellos. Pero la persistente tragedia de Haití apunta a aumentar las limitaciones de todos los regímenes internacionales de derechos humanos. La influencia disuasiva de la Comisión y de los observadores internacionales sobre los militares haitianos depende de la creencia de éstos de que los destinatarios de los informes harán algo más que enviar observadores y pedir nuevos informes. Mi experiencia personal en Haití me induce a creer que los militares no creen que nuestros informes acerca de sus prácticas abominables provocarán una acción internacional efectiva. Por eso es que ignoran todas las críticas y recomendaciones internacionales. Y, si ellos demuestran que pueden desdeñarlos sin sufrir una condena efectiva, ¿no harán otros lo mismo?