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Timestamp: 2020-08-06 02:10:51
Document Index: 319459437

Matched Legal Cases: ['artículo 16', 'artículo 301', 'artículo 301', 'artículo 266', 'artículo 24', 'artículo 301', 'artículo 114', 'artículo 301', 'artículo 172', 'artículo 301', 'artículo 286', 'artículo 286', 'artículo 301', 'artículo 302', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 54', 'artículo 58', 'artículo 60', 'artículo 138', 'artículo 62', 'artículo 301', 'artículo 172']

Sentencia nº 55 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Plena de 14 de Octubre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 283239055
Número de Expediente: 2007-000226
Primero: Todas las decisiones emanadas de los órganos judiciales deben ser publicadas a los fines consiguientes, en interés de las partes involucradas y de la colectividad, de tal manera que el fin de la publicación es la de informar de la decisión emitida y ello da por supuesto que las partes podrán informarse de ello, mediante los distintos mecanismos de información existentes, amén de la publicidad que cumple el propio Sistema de Justicia mediante el sistema informático accesible mediante la página existente en el denominado ciber-espacio, así como en la publicación en Gaceta Oficial de distintas decisiones y en los propios registros llevados por los tribunales en los libros correspondientes, de allí el órgano encargado de la investigación, tanto por el expediente que instruye como por la decisión debidamente publicada conforme a la Ley, procederá a realizar las acciones que le atribuye la Ley, ello esta así establecido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en el Código Penal para el caso de que la persona denunciada intente acción por ese hecho; en tal virtud está demás exaltar mediante llamado estas atribuciones y derechos.
Expediente Nº AA10-L-2007-000226
Mediante Oficio Nº FMP-6NN-1234-2007, del 14 de diciembre de 2007, la Fiscal Sexta del Ministerio Público a nivel nacional con Competencia Plena, abogada M.A.P.G., consignó el escrito contentivo de la solicitud de desestimación, de conformidad con el cardinal 6 del artículo 16 y artículo 301 –ambos- del Código Orgánico Procesal Penal, en el caso relacionado con la denuncia interpuesta por los ciudadanos H.V., A.M.G. y T.D., en su carácter de miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República, contra el Presidente de la República, ciudadano H.C.F., por presuntos hechos punibles tipificados en la Ley contra la Corrupción.
El 6 de febrero de 2008, se dio cuenta en Sala y se ordenó pasar las actuaciones al Juzgado de Sustanciación, a fin de resolver lo que fuere conducente.
El 14 de mayo de 2008, la Magistrada L.E.M., Jueza de Sustanciación de la Sala Plena, vista la decisión de la Sala Plena N° 24 publicada el 30 de abril de 2008, en la que se resolvió la solicitud de sobreseimiento realizada por el Ministerio Público con ocasión de la denuncia interpuesta por el ciudadano P.P. y otros, devolvió el expediente para la designación del Ponente. En esa misma fecha, designó ponente al Magistrado Arcadio Delgado Rosales, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 29 de noviembre de 2007, la Dirección de Actuación Procesal del Ministerio Público remitió, mediante Oficio Nº DGAP-2007-69783, a la Fiscalía Sexta a Nivel Nacional con Competencia Plena, la denuncia interpuesta el 29 de noviembre de 2007–de conformidad con los artículos 285 y 286 del Código Orgánico Procesal Penal- por los ciudadanos H.V., A.M.G. y T.D., en su carácter de miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República, contra el ciudadano H.C.F., Presidente de la República, por la supuesta trasgresión de los artículos 143, 150 y 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como por la presunta comisión de los delitos de peculado de uso, malversación genérica y específica, contrataciones ilegales, abuso de funciones y el delito de Traición a la Patria, previstos los primeros en la Ley Contra la Corrupción y el último en el Código Penal, al realizar “(...) algunas donaciones a otros países (...) –que- emanan de recursos provenientes de (sic) Patrimonio Público (...)”, bajo los argumentos siguientes:
Que “(...) por propias declaraciones del Presidente de la República hasta la fecha 08/08/2006, el Gobierno que este preside, ha realizado una erogación de dinero orientado hacia lo aquí planteado –donaciones o regalías a otros países sin especificar el fin de los mismos- de aproximadamente veintiún mil quinientos cincuenta y nueve millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y ocho dólares ($21.559.617.888)(...) monto destinado a más de 30 países (...) recursos que deben ser destinados a resolver las necesidades de todos los Venezolanos (...)”.
Que las entregas de dinero se realizaron “sin llenar los requisitos Legales y Constitucionales que se requieren para tales fines, lo cual, evidentemente, constituye una violación flagrante a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la Ley Contra la Corrupción y el Código Penal de Venezuela (...)”.
Que para las entregas de dinero que se denuncian no se tomaron las “previsiones presupuestarias y [se] extra [jeron] los recursos petroleros, sin que los mismos correspondan con el presupuesto ordinario y recurriendo a la utilización de créditos adicionales para tales erogaciones (...)”.
Conjuntamente con la denuncia realizada, los accionantes consignaron la publicación reseñada en el Diario El Universal del 20 de noviembre de 2007, en el que se lee “Venezuela donó $6.3 millones a Bolivia” y un ejemplar del periódico El Nuevo País del 20 de noviembre de 2007, que contiene en términos similares la referida reseña periodística. Asimismo, agregaron un cuadro sinóptico de los aportes económicos que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha realizado a diversos países en el mundo (la fecha que se indica es hasta el 8 de agosto de 2006) y una relación que denominaron “LOS REGALOS QUE EL GOBIERNO DE VENEZUELA HA HECHO AL MUNDO”.
El 14 de diciembre de 2007, la ciudadana M.A.P.G., actuando con el carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, solicitó ante esta Sala Plena la desestimación de la denuncia contenida en la causa signada con el número NN-F06-081-2007 (número de dicho Despacho Fiscal) interpuesta por los miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República, al estimar que la misma no reviste carácter penal “(...) por cuanto de ella no se desprende la posible comisión de un hecho punible, de acción pública, perseguible de oficio (...)”, en los términos siguientes:
Que “los denunciantes no establecen de manera circunstanciada el hecho constitutivo de delito, simplemente hacen referencia, de forma imprecisa ha (sic) anuncios efectuados por el Presidente de la República a través de programas de radio y/o televisión o a través de altos voceros del gobierno, sin especificar la fecha, hora y lugar de dichos anuncios, y mucho menos indicar los nombres de dichos voceros, con lo que se hace imposible que esta Representación Fiscal pueda determinar la existencia cierta de algún hecho punible (...)”.
Que “(...) se evidencia una gran contradicción en el presente escrito, toda vez que expresan los denunciantes que los anuncios efectuados por el ciudadano Presidente de la República carecen de determinación de los montos y origen de dichos recursos, y por otra parte, expresan cifras concretas que según sus alegatos fueron dadas por el propio Presidente de la República, referente a las donaciones efectuadas a más de treinta (30) países (...)”.
Que “los denunciantes hacen una serie de señalamientos a diversas acciones tomadas por el Ejecutivo Nacional las cuales catalogan como presuntos delitos, sin la más mínima fundamentación; toda vez que tanto las donaciones y (sic) convenios suscritos por la República Bolivariana de Venezuela obedecen a un mandato constitucional previsto en los artículos 152, 153, 154 y 155 de nuestra Carta Magna, referentes a las relaciones internacionales (...)”.
En forma previa, esta Sala considera necesario pronunciarse respecto de su competencia para conocer de la solicitud de desestimación realizada –de conformidad con lo previsto en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal- por la abogada M.A.P.G., actuando con el carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, de la denuncia interpuesta por los ciudadanos H.V., A.M.G. y T.D., miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano H.R.C.F..
En tal sentido, de conformidad con lo previsto en el artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se confiere la atribución al Tribunal Supremo de Justicia de declarar de si hay o no mérito para el enjuiciamiento del Presidente o Presidenta de la República o quien haga sus veces (cardinal 2); por tanto, se otorga a este funcionario del más alto nivel del Estado ciertas prerrogativas, como el antejuicio de mérito, con el fin de proteger la labor que realiza y en procura de la continuidad en el desempeño de las tareas inherentes al ejercicio de la función pública, previendo para ello los lineamientos generales del procedimiento especial para determinar la responsabilidad penal del mismo. Este precepto ha sido acogido en el artículo 24.1 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.991 Extraordinario del 29 de julio de 2010).
En el caso sub júdice, la solicitud realizada por el Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, está dirigida a que se desestime la denuncia presentada por los ciudadanos H.V., A.M.G. y T.D., miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República contra el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano H.R.C.F., por lo que esta Sala Plena es competente para conocer de la misma. Así se decide.
En forma previa, esta Sala considera pertinente señalar que el 29 de julio de 2010, entró en vigencia la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.991 Extraordinario, la cual prevé en el artículo 114, lo siguiente:
Dilucidado lo anterior, esta Sala observa que conforme al ordenamiento jurídico vigente, el Ministerio Público ejerce la titularidad de la acción penal y en función de ello realiza la labor de investigación, es decir, recopila toda la información relativa a los hechos, pruebas y elementos de orden fáctico que le permitan en el acto conclusivo decretar el archivo fiscal del expediente, solicitar al órgano jurisdiccional la desestimación de la denuncia, el sobreseimiento de la causa o presentar su acusación.
En tal sentido, el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal –vigente para la época- establece que la desestimación de la denuncia debe ser realizada dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la misma, cuando: a) el hecho no revista carácter penal; b) la acción esté evidentemente prescrita; c) exista un obstáculo legal para el desarrollo del proceso; y, d) los hechos objeto del proceso constituyan delito cuyo enjuiciamiento sólo procede a instancia de parte agraviada.
De conformidad con la norma citada supra, esta Sala en sentencia Nº 110/2008 del 25 de septiembre, estableció que el cómputo para realizar la desestimación es por días hábiles, conforme al siguiente razonamiento: “(...) que conforme al ordenamiento jurídico vigente, una vez interpuesta la denuncia por la presunta comisión de un delito de acción pública, el Fiscal del Ministerio Público debe ordenar el inicio de la investigación, para lo cual dispondrá que se practiquen las diligencias necesarias a objeto de hacer constar las circunstancias que puedan influir en su calificación, la responsabilidad de los autores y el aseguramiento de los objetos activos y pasivos relacionados con la perpetración, todo ello para la continuación del proceso penal. No obstante, puede el fiscal constatar que el hecho no reviste carácter penal o que la acción esté prescrita, o que existe un obstáculo legal para el desarrollo del proceso, situación ante la cual solicitará sus desestimación ante el tribunal al que corresponde la función de control del proceso penal, dentro de los quince (15) días siguientes a la recepción de la denuncia, lapso que deberá ser computado por días hábiles, es decir, aquellos en los cuales el tribunal disponga despachar, ello para dar garantía de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, en atención a la interpretación que respecto del contenido del artículo 172 del Código Orgánico Procesal Penal, expresó la Sala Constitucional en sentencia número 2.560 de fecha 05 de agosto de 2005 (...)”.
En el caso sub examine, la Sala advierte que la denuncia de autos fue interpuesta ante el Ministerio Público el 29 de noviembre de 2007 y la Fiscal Sexta del Ministerio Público realizó la solicitud objeto de estudio el 14 de diciembre del mismo año, es decir, al undécimo día hábil siguiente a la consignación de la denuncia hecha ante el Ministerio Público, por lo que la solicitud resulta tempestiva, de conformidad con el aludido artículo 301 (vigente para la época). En consecuencia, se pasa a emitir pronunciamiento sobre la referida solicitud, en atención a las consideraciones siguientes:
Los representantes del Ministerio Público señalaron que la denuncia no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal, ya que “(...) los denunciantes no establecen de manera circunstanciada el hecho constitutivo de delito, simplemente hacen referencia, de forma imprecisa ha (sic) anuncios efectuados por el Presidente de la República a través de programas de radio y/o televisión o a través de altos voceros del gobierno (...)”.
En cuanto a la desestimación de la denuncia, esta Sala Plena observa que la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión N° 1.499, del 2 de agosto de 2006, expresó lo siguiente:
Dentro de este orden de ideas, en el caso sub júdice, esta Sala Plena observa que el hecho denunciado no reviste carácter penal, tal como afirmó el Ministerio Público, luego de constatar que los hechos denunciados en sí mismos no constituyen delitos; se trata de hechos genéricos e imprecisos, además de que la denuncia carece de sentido lógico argumentativo, lo que imposibilita determinar de una manera precisa e inequívoca la antijuridicidad de la presunta conducta delictiva, ni encuadrarla en tipo penal alguno; y, por tanto, no se cumple con los presupuestos contenidos en el artículo 286 del Código Orgánico Procesal Penal (narración circunstanciada de un hecho).
En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, si los hechos denunciados no pueden ser subsumidos en algún tipo penal, en otras palabras, si son atípicos, y, en fin, si no revisten carácter penal, tal como ocurre en el caso sub lite, es deber del titular de la acción penal pública solicitar la desestimación de la denuncia y, por tanto, verificada tal circunstancia, es deber del tribunal competente –en este caso la Sala Plena- acordarla.
Así las cosas, dado que en el presente caso el titular de la acción penal pública decidió no ordenar el inicio de la investigación, de conformidad con los artículos 300 y 301 del Código Orgánico Procesal Penal, al estimar que el hecho denunciado no reviste carácter penal, ya que no se encuentra previsto como punible en la ley, es decir, no es típico, esta Sala considera pertinente declarar con lugar la solicitud de desestimación de la denuncia que realizaron los ciudadanos H.V., A.M.G. y T.R., en su condición de miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República; y, en consecuencia, se ordena devolver las actuaciones de conformidad con lo previsto en el artículo 302 eiusdem. Así se decide.
Finalmente, esta Sala, de conformidad con lo dispuesto en el único aparte del artículo 114 de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia ordena notificar de la presente decisión al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano H.R.C.F.; asimismo, acuerda remitir las actuaciones a la Fiscal General de la República. Así se decide.
1) Se declara COMPETENTE para conocer de la solicitud de desestimación que realizó la ciudadana M.A.P.G., en su carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público, respecto de la denuncia que realizaron los ciudadanos H.V., A.M.G. y T.D., miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República contra el ciudadano H.R.C.F., Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
2) Declara CON LUGAR la solicitud de desestimación que realizó la ciudadana M.A.P.G., en su carácter de Fiscal Sexta del Ministerio Público, respecto de la denuncia que realizaron los ciudadanos H.V., A.M.G. y T.D., miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República contra el ciudadano H.R.C.F., Presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
3) Ordena NOTIFICAR de la presente decisión al Presidente de la República, ciudadano H.R.C.F.; a los fines de que conozca el contenido de la sentencia y, de considerarlo así, ejerza las acciones legales correspondientes.
Dada, firmada y sellada en el Salón de Audiencias de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas a los 11 días del mes agosto de dos mil diez (2010). Años 200º de la Independencia y 151º de la Federación.
La nueva Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia establece en el artículo 114 que en los casos de solicitud de Desestimación de la denuncia interpuesta contra altos funcionarios, si la Sala Plena declara Con Lugar la Desestimación, se deberán remitir las actuaciones a la Fiscalía General de la República, previa notificación del denunciado.
Al respecto considero, que tales expresiones que determinan el llamado a la persecución, “si lo estiman conveniente”, excede el cometido de la decisión que desestima la denuncia, por las siguientes razones:
1.- Ejercicio y mantenimiento de la acusación por órgano distinto al Juez, al que añade la exigencia de una acción pública y popular. Al ejercicio de esa acción están llamados, no sólo el Ministerio Fiscal, sino también el ofendido, e incluso, el ciudadano, a través de la acción popular. Esta característica materializa los principios ne procedta iudex ex officio y nemo iudex sine actore, que deben ser entendidos como
prohibición terminante para el órgano jurisdiccional de iniciar un proceso y de sostener la pretensión formal.
2.- División del proceso en dos fases a la que corresponden , respectivamente, la investigación y la decisión del hecho punible, sin que sea posible que quien interviene en la instrucción participe en la decisión para evitar que el conocimiento de los hechos de la investigación prejuzgue la decisión…
En otro aspecto, considero que en el presente caso, no es procedente la desestimación de la Denuncia interpuesta por los ciudadanos H.V., A.M.G. y T.D., actuando como miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República contra el Presidente de la República H.R.C.F. por la presunta violación de los artículos 143, 150 y 314 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y los artículos 52 (delito de peculado doloso), artículo 54 (peculado de uso), los artículos 56, 57 y 59 (malversación genérica y específica); artículo 58 (contrataciones ilegales); artículo 60 (abuso de funciones) todos de la Ley Contra la Corrupción; así como también el artículo 138 (traición a la patria) del Código Penal.
En el presente caso, señalan los denunciantes que desde el año 2003, el ciudadano H.C.F.P. de la República, ha anunciado de forma pública, a través de la radio y la televisión, así como altos voceros del gobierno, sobre algunas donaciones o regalías a otros países, sin especificar en algunos casos montos determinados ni el origen de los recursos a utilizar para tales fines, no obstante emanan esos recursos del patrimonio público.
Además denuncian que dichos recursos, son entregados sin llenar los requisitos legales y constitucionales que se requieren para tales fines, lo que constituye una violación a la Constitución de la República, a la Ley Contra la Corrupción y al Código Penal de Venezuela.
Añaden que de las declaraciones del Presidente de la República, hasta la fecha 8 de agosto de 2006, el Gobierno que preside, ha realizado una erogación de dinero de aproximadamente veintiún mil quinientos cincuenta y nueve millones seiscientos diecisiete mil ochocientos ochenta y ocho dólares ($ 21.559.617.888) equivalente a (Bs.463.531.761.459.200) monto destinado a más de treinta (30) países.
La Sala Plena ha debido declarar sin lugar la solicitud de desestimación solicitada por los ciudadanos M.A.P. y Á.J.O., Fiscal Sexta y Fiscal Auxiliar Sexto del Ministerio Público a Nivel Nacional con Competencia Plena, de la denuncia interpuesta por los ciudadanos H.V., A.M.G. y T.D., actuando como miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República contra el Presidente de la República de Venezuela H.R.C.F., en virtud de la presunta violación a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la Ley Contra la Corrupción y al Código Penal de Venezuela; todo ello a los fines de que se verifique si efectivamente las erogaciones señaladas por los denunciantes cumplieron con la aprobación de la Asamblea Nacional y las normativas establecidas al efecto.
VS. SP. N° 07-0226 (ADR)
EXPEDIENTE Nº AA10-L-2007-00226
El Magistrado P.R. Rondón Haaz manifiesta su conformidad con la decisión que contiene este fallo; no obstante, por razón de discrepancias de los motivos de la sentencia que serán expuestas a continuación, expide el presente voto concurrente, de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento Interno del Tribunal Supremo de Justicia, en los siguientes términos:
Este Magistrado coincide con la desestimación de la denuncia que fue valorada en la presente causa, por razón de la atipicidad de los hechos que fueron imputados por los denunciantes.
Igualmente, coincide con la tempestividad de la solicitud de denuncia presentada por el Ministerio Público.
Sin embargo, discrepa de la consideración mayoritaria respecto la forma cómo debe realizarse el cómputo de los días para la presentación de la solicitud de desestimación de la denuncia que fue solicitada por la Fiscal Sexta del Ministerio Público a nivel Nacional con competencia plena, abogada M.A.P.G.; por cuanto el lapso para la interposición del requerimiento de desestimación de la denuncia debe ser computado por días continuos, de conformidad con el artículo 301 del Código Orgánico Procesal Penal, vigente para la época, en armonía con el artículo 172 eiusdem.
En este sentido este Magistrado estima necesaria la reiteración de su opinión concurrente que emitió sobre el particular en la sentencia de esta Sala n.° 110/2008 del 25 de septiembre, que se cita en la página 9.
Ahora bien, el Tribunal en Pleno estimó que el cómputo en referencia debía realizarse en atención a días hábiles en “los lapsos para la interposición de las actuaciones judiciales de la fase preparatoria del proceso penal, pero que no tienen propósitos investigativos...”. La mayoría arribó a la anterior conclusión sobre la base de un precedente decisorio de la Sala Constitucional de este M.T. deJ..
En primer lugar, el veredicto de la Sala Constitucional que fue invocado (n.° 2560 del 5 de agosto de 2005) no es aplicable para el cómputo del lapso en cuestión sino únicamente para el de la apelación, tal como se desprende con meridiana claridad del texto íntegro del mismo. Asimismo, si el cómputo en referencia se inició el 1° de febrero de 2008 - como decidió esta Sala- y la solicitud de desestimación se planteó el 27 del mismo mes, transcurrieron más de quince días, incluso hábiles, aun cuando se descuenten fines de semana y feriados del mes, lo cual determinará la extemporaneidad de la solicitud.
Y.A. PEÑA ESPINOZA ELADIO R. APONTE APONTE
CARMEN ZULETA DE MERCHÁN MIRIAM DEL V.MORANDY MIJARES
Exp. AA10-L-2007-000226
Decisión de Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control de Sucre (Extensión Carupano), de 12 de Mayo de 2010