Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/RC-8-2019-0104_ES.html
Timestamp: 2019-10-17 22:43:55
Document Index: 177237492

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 21', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 19']

Ciclo relativo al documento : RC-B8-0104/2019
Sylvia‑Yvonne Kaufmann en nombre del Grupo S&D
Eva Joly, Judith Sargentini, Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE
Marie‑Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Martin Schirdewan, Barbara Spinelli en nombre del Grupo GUE/NGL
– Visto el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC),
– Visto el estudio comparativo sobre la legislación nacional en materia de libertad de reunión pacífica aprobado por la Comisión de Venecia en su 99.ª sesión plenaria (Venecia, 13 y 14 de junio de 2014),
– Visto el Manual de derechos humanos de la Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos (OIDDH) de la OSCE sobre la actuación policial en reuniones públicas,
– Vistas las Directrices sobre la libertad de reunión pacífica de la Comisión de Venecia y la OSCE/OIDDH,
– Vistos los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y el Código de conducta de las Naciones Unidas para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,
– Visto el informe conjunto de las Naciones Unidas del Relator Especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación y del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones,
A. Considerando que la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías; que estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre hombres y mujeres;
B. Considerando que los derechos fundamentales, dado que proceden de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, deben constituir principios generales del Derecho de la Unión, y que deben respetarse los instrumentos internacionales de derechos humanos;
C. Considerando que el artículo 12 de la Carta y el artículo 11 del CEDH, así como el artículo 21 del PIDCP, establecen que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica;
D. Considerando que el artículo 4 de la Carta y el artículo 3 del CEDH, así como el artículo 7 del PIDCP, establecen que nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes;
E. Considerando que la libertad de reunión va acompañada de la libertad de expresión, tal como se garantiza en el artículo 11 de la Carta y el artículo 10 del CEDH, así como en el artículo 19 del PIDCP, que establecen que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión;
F. Considerando que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, todas las restricciones de los derechos fundamentales y de las libertades civiles deben respetar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad;
G. Considerando que se ha criticado a las fuerzas policiales de diversos Estados miembros por socavar el derecho a la libertad de reunión pacífica y por el uso excesivo de la fuerza;
H. Considerando que el uso de armas y dispositivos menos letales, tales como las lanzadoras de balas de defensa Flash-Ball y LBD 40, las granadas de proyección de perdigones de goma y las granadas GLI F4, han provocado un gran número de lesiones graves durante manifestaciones recientes en la Unión;
1. Pide a los Estados miembros que respeten los derechos a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de expresión, que incluye el derecho a manifestarse de forma pacífica;
2. Subraya que el debate público abierto es vital para el funcionamiento de las sociedades democráticas; cree que la violencia contra los manifestantes pacíficos no puede ser nunca una solución;
4. Condena el uso de intervenciones violentas y desproporcionadas por parte de las autoridades estatales durante las protestas y las manifestaciones pacíficas; anima a las autoridades competentes a que garanticen una investigación transparente, imparcial y eficaz en los casos en que existan sospechas o denuncias de uso de una fuerza desproporcionada; recuerda que las autoridades policiales siempre deben ser responsables del cumplimiento de sus obligaciones y de su actuación en los marcos jurídicos y operativos pertinentes;
5. Insta a los Estados miembros a que no hagan uso de una fuerza excesiva ni de detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos; pide a los Estados miembros que garanticen que el uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales siempre sea legal, proporcionado, necesario y como último recurso, y que preserve la vida humana y la integridad física; observa que el uso indiscriminado de la fuerza contra multitudes contraviene el principio de proporcionalidad;
6. Señala el importante papel de los periodistas y los reporteros gráficos a la hora de informar acerca de casos de violencia desproporcionada, y condena los casos en que han sido el objetivo de ataques intencionados;
7. Reconoce que la policía, en la que también se han producido numerosas víctimas, actúa en condiciones difíciles, debido en particular a la hostilidad de algunos manifestantes, pero también a una carga de trabajo excesiva; condena todo tipo de violencia contra personas o bienes por parte de grupos organizados violentos, que minan la legitimidad de las protestas pacíficas;
8. Pide a los Estados miembros que recurran a prácticas alternativas que ya hayan demostrado su eficacia, en particular las que evitan el contacto físico con los manifestantes y recurren a agentes mediadores;
9. Recuerda que las políticas de orden público deben prestar especial atención a las personas particularmente vulnerables en lo que respecta a las consecuencias nefastas del uso de la fuerza en general y a los efectos de determinadas armas menos letales, como los niños, las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidad, las personas que padecen enfermedades mentales o las personas bajo los efectos de drogas o alcohol;
10. Anima a las autoridades de los Estados miembros encargadas de hacer cumplir la ley a que participen activamente en la formación que ofrece la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) sobre el mantenimiento del orden público; anima a los Estados miembros a intercambiar las mejores prácticas a este respecto; pide a los Estados miembros que fomenten la formación continua de las autoridades policiales en materia de legislación nacional e internacional relativa a los derechos humanos;
11. Subraya que las fuerzas y cuerpos de seguridad deben dar prioridad a la dispersión voluntaria sin el uso de la fuerza; insiste en que nunca deben utilizarse legalmente las armas de fuego para dispersar una manifestación, sino que estas solo deben utilizarse cuando sea estrictamente necesario para hacer frente a una amenaza inminente a la vida o a graves daños;
12. Condena el uso de determinados tipos de armas menos letales, como los proyectiles de impacto cinético y las granadas instantáneas de gas lacrimógeno, por parte de las fuerzas policiales contra manifestantes pacíficos; condena asimismo el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua, armas de electrochoque y medios similares para dispersar a manifestantes pacíficos, pues pueden provocar lesiones graves con consecuencias permanentes; observa que numerosos órganos y organizaciones internacionales han solicitado la prohibición de determinados tipos de armas menos letales;
13. Manifiesta su preocupación por el hecho de que los Estados miembros manejan diferentes umbrales para el uso de la fuerza y de las armas; lamenta que los ciudadanos de la Unión reciban un trato muy diferente por parte de las autoridades policiales y que sus derechos fundamentales no gocen de idéntica protección en todas partes;
14. Acoge con satisfacción la decisión de algunos Estados miembros y sus regiones de suspender o de prohibir determinados tipos de armas menos letales; insiste en que se prohíba el uso de determinados tipos de armas y dispositivos menos letales, incluidos, por ejemplo, los lanzadores de proyectiles de impacto cinético, las granadas de proyección de perdigones de goma y las granadas instantáneas de gas lacrimógeno;
15. Pide a los Estados miembros que garanticen que todas las armas sean evaluadas de manera independiente y sometidas a prueba antes de ser comercializadas, y que se recopilen todos los datos actuales sobre todo uso de la fuerza a fin de poder reunir todas las pruebas relativas al uso, al uso indebido, a las consecuencias inesperadas, a las lesiones y las muertes y a sus causas;
16. Pide a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que organice una audiencia sobre el uso de la fuerza y de las armas menos letales contra las manifestaciones, y que prepare un informe sobre este asunto en colaboración con el Grupo de expertos de STOA con vistas a elaborar directrices destinadas a los Estados miembros sobre el uso de la fuerza y de las armas menos letales; anima a la Comisión y a la Agencia de los Derechos Fundamentales a que participen en este proceso;
17. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Consejo de Europa, a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y a las Naciones Unidas.