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Timestamp: 2017-05-24 19:37:26
Document Index: 290864301

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 187', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 266', 'artículo 25', 'artículo 31', 'artículo 26', 'artículo 33', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 33', 'artículo 5', 'Artículo 33', 'artículo 42', 'artículo 5', 'artículo 266', 'artículo 5', 'artículo 336', 'artículo 187', 'artículo 138', 'artículo 33', 'artículo 33']

La usurpación definitiva de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al asumir el poder absoluto del Estado, por Allan R. Brewer Carías Allan R. Brewer-Carías
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia No 156 de fecha 29 de marzo de 20171 decidió en un solo día - en el tiempo más corto en la historia de la Justicia Constitucional en Venezuela - un recurso de interpretación que habían intentado el día anterior, el 28 de marzo de 2017, los apoderados de la Corporación Venezolana del Petróleo, SA (CVP), empresa filial de Petróleos de Venezuela, S.A. PDVSA, referido específicamente al artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que regula la aprobación previa de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas en el sector de la industria petrolera. La Sala, en definitiva, considerando que como la Asamblea Nacional no podía funcionar por estar la mayoría de los diputados que la compone en situación de desacato de sentencias anteriores, constituyendo ello una supuesta omisión inconstitucional legislativa, no podía entonces ejercer de facto las facultades previstas en dicha norma.
En consecuencia, la Sala Constitucional, en su sentencia, dando sin duda un golpe de Estado, resolvió que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional,” procedía a asumir de pleno derecho, inconstitucionalmente, la totalidad de las competencias de la Asamblea, y en consecuencia, a ejercer directamente todas las competencias parlamentarias de la misma, auto- atribuyéndose incluso la potestad de “delegar” el ejercicio de las mismas en “el órgano que ella disponga,” irónicamente “para velar por el Estado de Derecho” cuyos remanentes cimientos pulverizó con la decisión
En cuanto a la potestad legislativa respecto de dicha Ley Orgánica de Hidrocarburos, la Sala resolvió, también inconstitucionalmente, atribuirla al Poder Ejecutivo, “sobre la base del estado de excepción” que ella misma había decretado en sentencia publicada un día antes No 155 del 27 de marzo de 2017, 2 indicando que “el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación.”
En fin, con esta sentencia se ha procedido a realizar un nuevo y quizás definitivo vaciamiento de las competencias de la Asamblea Nacional, por parte de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo.
I. EL OBJETO DEL PROCESO DE INTERPRETACIÓN LEGAL
A pesar de que los representantes de la CVP interpusieron ante la Sala Constitucional un Recurso de Interpretación “…sobre el contenido y alcance de la disposición normativa contenida en el artículo 187, numeral 24 de la Constitución de la República Bolivariana
1 Véase en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197364-156-29317-2017-17-0325.HTML.
2 Véase.en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML
de Venezuela, en concatenación con el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos…, la cuestión que pretendían dilucidar era, en sus palabras, “…cómo debe interpretarse tal norma, ante la actuación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional y, de ser el caso, ante nuevas omisiones parlamentarias derivadas del mismo; circunstancia que requiere un pronunciamiento interpretativo que esclarezca, qué debería hacerse ante tal situación, respecto de la regla aludida, para permitir el funcionamiento del Estado y del sistema delineado en aquella ley (la Ley de Hidrocarburos)”.
Es decir, al margen de los comentarios que siguen, la pretensión interpretativa no se refería a norma constitucional alguna, sino a la operatividad del artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos, frente a la situación definida por los solicitantes y declarada en anteriores sentencias por la propia Sala Constitucional, En tal sentido, la Sala Constitucional no tenía competencia para conocer de ese recurso de interpretación presentado.
En efecto, el artículo 266.6 de la Constitución le asigna a todas las Salas del Tribunal Supremo de Justicia la competencia para “conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales, en los términos contemplados en la ley,” y si bien el artículo 25.17 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo le asigna específicamente a la Sala Constitucional competencia para “conocer la demanda de interpretación de normas y principios que integran el sistema constitucional,” el artículo 31.5 de la misma Ley le asigna a todas las Salas competencia para “conocer las demandas de interpretación acerca del alcance e inteligencia de los textos legales;” al tiempo que el artículo 26.21 de la misma Ley atribuye de manera específica a la Sala Político Administrativa, la competencia para conocer de “los recursos de interpretación de leyes de contenido administrativo”.
Es decir, de acuerdo con la Constitución y la ley, y según ha reconocido la propia Sala Constitucional, existe una diferencia entre el recurso de interpretación constitucional y el recurso de interpretación de leyes, donde “…el recurso de interpretación constitucional es un mecanismo procesal destinado a la comprensión del texto constitucional, en supuestos determinados que pudieren generar dudas en cuanto al alcance de sus normas, y cuyo conocimiento corresponde exclusivamente a esta Sala, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional; distinguiéndola de la acción de interpretación de ley a que se refieren los artículos 266.6 constitucional y 5.52 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuya competencia se encuentra distribuida entre las distintas Salas que conforman este Máximo Tribunal, en atención a la materia sobre la cual verse el texto legal a ser interpretado.” 3
En atención a ello, lo cierto es que de acuerdo con la Constitución y la Ley, la competencia para conocer de un recurso de interpretación como el resuelto por la Sala Constitucional a través de la sentencia que se comenta, corresponde de manera exclusiva a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. 4
3 Véase sentencia No. 1077 de 22 de septiembre de 2000 (caso: Servio Tulio León), en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/1077-220900-00-1289.HTM; reiterada entre otras en la sentencia Nº 601 de 9 de abril de 2007 (caso: Instituto Autónomo Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda).. en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/609-090407-07-0187.HTM.
4 Así lo estableció la propia Sala Constitucional al rechazar, por ejemplo, un recurso de interpretación de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones que se interpuso ante su seno, declarando que: “la Sala ha dejado claramente establecido que la acción de interpretación constitucional es distinta a la de interpretación de “textos legales”, que sí estaba recogida expresamente en nuestra legislación desde hacía décadas como competencia exclusiva de la Sala Político-Administrativa del Máximo Tribunal (número 24
A pesar de ello, y de su evidente incompetencia por haberse solicitado la interpretación del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la sala Constitucional declaró su competencia fundamentándose en que la interpretación solicitada se hacía “en relación con el artículo 187, numeral 24 de la Constitución” así como en “la trascendencia del presente asunto y su vinculación con el desacato que persiste en la Asamblea Nacional, aunado a las omisiones parlamentarias que genera (art. 336.7 eiusdem) y en el marco del vigente Estado de Excepción (art. 339).”.
Era evidente, por lo demás, que el artículo 187.24 de la Constitución que los recurrentes también solicitaron se interpretara nada de ambiguo u obscuro contenía que ameritase ser interpretado, pues lo que dispone es que “Corresponde a la Asamblea Nacional: 24. Todo lo demás que le señalen esta Constitución y la ley.”
En cuanto al artículo 33 de la ley Orgánica de Hidrocarburos, que sustituyó el artículo 5 de la Ley de nacionalización petrolera de 1975, el mismo tampoco contiene ninguna ambigüedad ni oscuridad que requiera interpretación, limitándose a regular la intervención de la Asamblea nacional en el proceso de constitución de empresas mixtas en el sector de hidrocarburos, en la siguiente forma:
“Artículo 33. La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la
del artículo 42 de la hoy derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia), competencia que ahora tienen todas las Salas del Tribunal Supremo, en atención a lo establecido en el artículo 5.52 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia./ La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia tampoco previó la acción de interpretación constitucional, pero sí la de las leyes, confirmando lo que había sido el criterio de esta Sala sobre la competencia distribuida entre todas las Salas que integran el más Alto Tribunal de la República. Esta ausencia de previsión legal acerca de la acción de interpretación constitucional es comprensible, por cuanto la jurisprudencia de esta Sala había dejado claramente sentado que se derivaba de los propios poderes que consagra la Constitución, por lo que resultaría irrelevante su previsión expresa. Es, en pocas palabras, un poder consustancial a su misión constitucional./ Esta Sala, con base en lo expuesto, ha aceptado siempre su competencia para conocer de la interpretación constitucional, pero la ha declinado cuando se trata de pretensiones interpretativas de textos legales, como sucede en el caso de autos. Sin embargo, los accionantes en el presente caso afirmaron la competencia de la Sala, aun siendo un recurso respecto a una ley, en el entendido de que el asunto debatido guarda relación con tres disposiciones constitucionales../ Ahora bien, no comparte la Sala la apreciación de los actores, sin negar la posible vinculación del asunto que plantean con esas tres (o más) disposiciones de la Constitución, toda vez que lo normal es ese nexo, más o menos notorio, entre la legislación y los postulados de rango supremo. No puede, entonces, sostenerse que la relación de una norma legal con las normas constitucionales sea fundamento suficiente para que esta Sala fije su sentido y alcance, pues sería tanto como desplazar a ella la casi totalidad de las acciones autónomas de interpretación./ En realidad, lo relevante a efectos de la determinación de la competencia para conocer de la acción de interpretación, es precisar la “materia” que regula la norma en cuestión, es decir, el ámbito de relaciones sobre las que incide (civiles, mercantiles, laborales, administrativas, por citar parte de una clasificación tradicional de relaciones intersubjetivas regidas por el Derecho)./ En el caso de autos, se trata de una norma legal que regula la figura del arbitraje respecto de inversiones extranjeras, respecto de la cual a los accionantes se les presenta la duda acerca de si contiene una declaración de consentimiento general (legal) del Estado venezolano de someterse siempre a tal medio de solución de conflictos o si, por el contrario, es sólo una previsión que exige ese consentimiento en cada oportunidad en que sea necesario. / Es evidente, entonces, que se trata de un asunto de Derecho Público, sobre las relaciones (en este caso, la solución de controversias) derivadas de la inversión extranjera en el Estado venezolano, lo que hace que la competencia, por la materia, corresponda a la Sala Político- Administrativa de este Máximo Tribunal, con base en el número 6 del artículo 266 de la Constitución y número 52 del artículo 5 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.” Véase sentencia Nº 609 de
9 de abril de 2007, en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/abril/609-090407-07-0187.HTM.
Asamblea Nacional, a cuyo efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. La Asamblea Nacional podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. Cualquier modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la Asamblea Nacional, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo y de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo. Las empresas mixtas se regirán por la presente Ley y, en cada caso particular, por los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo que conforme a la ley dicte la Asamblea Nacional, basado en el informe que emita la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, mediante el cual apruebe la creación de la respectiva empresa mixta en casos especiales y cuando así convenga al interés nacional. Supletoriamente se aplicarán las normas del Código de Comercio y las demás leyes que le fueran aplicables.”
Como se dijo, nada de oscuro o ambiguo tiene esta norma que requiera de interpretación por la vía de un proceso judicial, por lo que en realidad, lo que solicitaron los recurrentes fue que la Sala Constitucional, al haber declarado en desacato a la Asamblea Nacional en relación con decisiones judiciales anteriores, que copian en el recurso, determinara cómo debía aplicarse esa norma, en el sentido de si “en el contexto actual” y “ante nuevas omisiones parlamentarias derivadas” del desacato, se requería o no la aprobación previa de la Asamblea Nacional para la constitución de empresas mixtas y para determinar las condiciones que deben regir la realización de las actividades primarias, y que en consecuencia qué debía hacer el Ejecutivo ante tales circunstancias; y si la Asamblea Nacional podía o no modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes.
El asunto, por supuesto, fue declarado de inmediato como de mero derecho para poder ser resuelto en un día, particularmente “en atención a la gravedad y urgencia de los señalamientos que subyacen en la solicitud de nulidad (sic) presentada, los cuales se vinculan a la actual situación existente en la República Bolivariana de Venezuela, con incidencia directa en todo el Pueblo venezolano.” entrando “a decidir sin más trámites el presente asunto. Así se decide.”
II. LA CONSTATACIÓN DE LA SITUACIÓN DE OMISIÓN CONSTITUCIONAL LEGISLATIVA DE FACTO POR DESACATO DE PARTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LAS MULTIPLES DECISIONES DEL TRIBUNAL SUPREMO, DICTADAS DESDE 2016
En el marco entonces de un proceso de interpretación, la Sala Constitucional, considerando que era “público, notorio y comunicacional que la situación de desacato por parte de la Asamblea Nacional se mantiene de forma ininterrumpida hasta la presente fecha,” hizo referencia a todas las sentencias anteriores dictadas por el Tribunal Supremo en la materia, cuyo texto copió en la sentencia en las partes pertinentes. 5
5 Véase sobre esas sentencias Allan R. Brewer-Carías, Dictadura Judicial y perversión del Estado de derecho, Segunda Edición, (Presentaciones de Asdrúbal Aguiar, José Ignacio Hernández y Jesús María Alvarado), Nº
13, Editorial Jurídica Venezolana, 2016.
Primero, las dictadas por la Sala Electoral, en particular, las sentencias No 260 del 30 de diciembre de 2015, No 1 del 11 de enero de 2016, y No 108 del 1° de agosto de 2016, respecto de las cuales indicó que “puede apreciarse que de manera enfática, categórica y expresa, la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, actuando en el marco de sus facultades y competencias constitucional y legalmente establecidas, procedió a la ratificación de los dispositivos por ella adoptados,” con relación al caso de la juramentación de los diputados por el Estado Amazonas que esa Sala Electoral había suspendido, razón por la cual “se encuentran viciados de nulidad absoluta y por tanto resultan inexistentes aquellas decisiones dictadas por la Asamblea Nacional a partir de la incorporación de los mencionados ciudadanos.”
Y luego, las dictadas por la propia sala Constitucional sucesivamente cercenando las potestades y funciones de la Asamblea nacional en particular las sentencias Nos. 808 y
810, de fechas 2 y 21 de septiembre de 2016, respectivamente, No 952 del 21 de noviembre de 2016, Nos 1012, 1013, 1014 de 25 de noviembre de 2016 y No. 1 del 6 de enero de 2017, en las cuales esa Sala se ratificó el desacato por parte de la Asamblea Nacional a las decisiones de la Sala Electoral antes mencionadas y se resolvió “que resultan manifiestamente inconstitucionales y, por ende, absolutamente nulos y carentes de toda vigencia y eficacia jurídica, los actos emanados de la Asamblea Nacional, incluyendo las leyes que sean sancionadas, mientras se mantenga el desacato a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.” La Sala, adicionalmente hizo mención a sus otras sentencias en la misma matera, No. 614 del 19 de julio de 2016, No. 478 del 14 de junio de
2016, No. 460 del 9 de junio de 2016 y No. 797 del 19 de agosto de 2016, concluyendo que todos los actos adoptados por la Asamblea en situación de desacato, “contrarían lo dispuesto en los artículos 226 y 336 Constitucionales, entre otros, constituyen muestras indubitadas de usurpación de funciones y de desviación de poder,” como lo advirtió la propia Sala en sentencia No 259 del 31 de marzo de 2016, siendo a la vez nulas como también lo destacó la Sala en su sentencia No. 9 del 1° de marzo de 2016, cuyos textos relevantes se copian en la sentencia objeto de presente comentario.
De acuerdo con la Sala:
“la consecuencia lógica de los diversos y multifactoriales desacatos desplegados por un sector que dirige la Asamblea Nacional, desde la teoría jurídica de las nulidades, es generar la nulidad absoluta y carencia de cualquier tipo de validez y eficacia jurídica de las actuaciones que ha venido realizando. Así se declara.”
De allí la Sala pasó a argumentar sobre el derecho a la tutela judicial efectiva citando sus anteriores sentencias No 708 del 10 de mayo de 2001, No 576 del 27 de abril de 2001 y
290 de fecha 23 de abril de 2010, cuyos textos también trascribió en las partes relevantes, concluyendo que dicho derecho no solo comprende el derecho de acceso a la justicia sino la efectiva ejecución del fallo que resulte de los procesos. Por ello, la Sala destacó de nuevo que la actuación desplegada por la Asamblea Nacional, en contravención a la disposición expresa contenida en un fallo judicial, desconociendo lo dispuesto en una sentencia emanada del Tribunal Supremo “en la que se determina la nulidad de cualquier acto emanado de dicho órgano parlamentario, en contumacia y rebeldía a lo dispuesto por dicha decisión,” se traduce “en la nulidad absoluta de dichos actos así emanados, junto a los derivados de los mismos,” todo lo cual “incapacita al Poder Legislativo para ejercer sus atribuciones constitucionales de control político de gestión,” citando en apoyo lo resuelto en sus sentencias No 3 de 14 de enero 2016, y No 9 del 1 de marzo de 2016, cuyos textos también transcribió en la sentencia, en sus partes pertinentes.
Luego de toda esta argumentación basada en extractos de sus propias sentencias, la Sala pasó de nuevo a afirmar que constituía “un hecho público, notorio y comunicacional,” con base en una reseña de prensa, que el 5 de enero de 2017, la Asamblea Nacional había iniciado su Segundo periodo de sesiones, “en desacato frente al Poder Judicial” por lo que la elección y juramentación de su Junta Directiva para el periodo en curso, “implica un vicio de nulidad absoluta que afecta la validez constitucional de ese y de los actos subsiguientes, así como también la legitimidad y eficacia jurídica de la juramentación y demás actos de la referida junta directiva,” pasando la Sala a declarar formalmente a la Asamblea Nacional en situación de Omisión Inconstitucional parlamentaria, en los siguientes términos:
“Como puede apreciarse, esta Sala ha advertido diversos desacatos en los que ha venido incurriendo de forma reiterada la Asamblea Nacional, sobre la base de la conducta contumaz de la mayoría de sus miembros, lo que vicia de nulidad absoluta sus actuaciones y, por ende, genera una situación al margen del Estado de Derecho que le impide ejercer sus atribuciones; circunstancia que coloca a la Asamblea Nacional en situación de Omisión Inconstitucional parlamentaria (art. 336.7 del Texto Fundamental), que esta Sala declara en este mismo acto.”
III. LA INCONSTITUCIONAL CONSECUENCIA DE LA OMISIÓN INCONSTITUCIONAL LEGISLATIVA; LA USURPACIÓN DE TODAS LAS FUNCIONES DE LA ASAMBLEA NACIONAL POR PARTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL
Esta declaración de situación de Omisión Inconstitucional parlamentaria efectuada conforme al artículo 336.7 de la Constitución, lejos de conducir a lo que dice dicha norma que es que declarada la omisión, la Sala debe fijarle un plazo al ente omiso para que cumpla la acción omitida, “y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección,” la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, en una evidente usurpación de funciones legislativas, que hace nulas sus propias actuaciones, decidió “asumir de pleno derecho” el “ejercicio de la atribución constitucional contenida en el artículo 187, numeral 24” de la Constitución,” que establece, como antes se dijo, que:
“Corresponde a la Asamblea Nacional: 24. Todo lo demás que le señalen esta
Constitución y la ley.”
Es decir, de un plumazo, como de la nada, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, como Jurisdicción Constitucional, decidió asumir, in toto, de pleno derecho, todas las competencias de la Asamblea Nacional, para lo cual no tiene competencia en forma alguna.
Ello no es otra cosa que un golpe de Estado, que como bien lo enseña el Presidente de la Instituto Iberoamericana de Derecho Constitucional, profesor Diego Valades, no solo ocurre cuando unos militares deponen a un gobierno electo sino, también, cuando se produce “el desconocimiento de la Constitución por parte de un órgano constitucionalmente electo,”6 como en el caso del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados fueron electos en segundo grado, aún con vicios de inconstitucionalidad, por la Asamblea Nacional.
Y fue con base en esta usurpación de funciones, evidentemente inconstitucional, y que solo puede dar lugar a actos ineficaces y nulos conforme al artículo 138 de la Constitución, que la Sala, actuando como si detentara el poder absoluto del Estado, pasó a resolver “la interpretación solicitada” del artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que se le había formulado, con “carácter vinculante y valor erga omnes.” disponiendo lo siguiente:
Primero, que a pesar del texto mismo de dicha Ley, “no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos,” pero con la diferencia en relación con lo que dispone dicha norma, que en lugar de que debe solicitarse la aprobación previa de la Asamblea Nacional:
“el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá informar a esta Sala de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. Cualquier modificación posterior de las condiciones deberá ser informada a esta Sala, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo.”
Segundo, como consecuencia de esta “interpretación” la Sala Constitucional fue más allá y le prohibió a la Asamblea Nacional que “actuando de facto,” pueda hacer alguna modificación a “las condiciones propuestas ni pretender el establecimiento de otras condiciones.”
Tercero, la Sala Constitucional, de nuevo actuando como si detentara el poder absoluto del Estado, pasó a “atribuirle” la potestad de legislar al Poder Ejecutivo, en esta ocasión solo en las materias de la ley de Hidrocarburos, disponiendo que:
“sobre la base del estado de excepción, el Jefe de Estado podrá modificar, mediante reforma, la norma objeto de interpretación, en correspondencia con la jurisprudencia de este Máximo Tribunal (ver sentencia n.° 155 del 28 de marzo de
Es decir, en el marco del “estado de excepción” “decretado” inconstitucionalmente por la propia Sala Constitucional en la sentencia citada No. 155 del día anterior, 28 de marzo de
2017,7 la Sala decidió delegarle al Presidente la potestad de reformar la legislación de hidrocarburos.
Cuarto, finalmente, la Sala Constitucional, de forma general advirtió, de nuevo en el marco de los supuestos poderes absolutos que decidió asumir, que:
“mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho.”
6 Véase Diego Valadés, Constitución y democracia, UNAM, México 2000, p. 35; y “La Constitución y el Poder” en Diego Valadés y Miguel Carbonell (Coordinadores), Constitucionalismo Iberoamericano del siglo XXI, Cámara de Diputados, UNAM, México 2000, p. 145.
7 Véase.en http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/marzo/197285-155-28317-2017-17-0323.HTML
Es decir, en este caso, sin referencia alguna a la materia de hidrocarburos, la Sala Constitucional ratificó, irónicamente que “para velar por el Estado de Derecho” cuyos remanentes cimientos fueron pulverizados con la misma sentencia, que todas las competencias que la Constitución y las leyes atribuyen a la Asamblea Nacional, serán ejercidas directamente por la Sala Constitucional; y no sólo eso, también “por el órgano que ella disponga,” auto-atribuyéndose un poder universal de delegar y disponer de las funciones legislativas de la Asamblea, y decidir a su arbitrio cuál órgano del Estado va a legislar en algún caso, o cuál órgano va a controlar, en otro.
Nada más ni nada menos, que lo que sucede cuando hay un reparto de despojos.
New York, 30 de marzo de 2017 ImprimirContenidosLa usurpación definitiva de las funciones de la Asamblea Nacional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia al asumir el poder absoluto del Estado, por Allan R. Brewer Carías Área de Clientes