Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-186-de-abril-10-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920416815f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-29 14:29:06
Document Index: 74005126

Matched Legal Cases: ['artículo 215', 'artículo 215', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 56', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 254', 'artículo 256', 'artículo 257', 'artículo 135', 'artículo 7', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 21', 'artículo 408', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 408', 'artículo 11', 'artículo 56', 'artículo 21', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA C-186 DE ABRIL 10 DE 1997
SENTENCIA C-186 DE 10 DE ABRIL DE 1997
CONTENIDO:DECLARA INEXEQUIBLE EL DECRETO LEGISLATIVO 251 DE 1997
TEMAS ESPECÍFICOS:REGULACIÓN DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, DECLARATORIA DEL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, DESCUENTO TRIBUTARIO, CORRECCIÓN DE LA DECLARACIÓN TRIBUTARIA, LÍMITES AL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA, COMPETENCIA EN EL ESTADO DE EMERGENCIA ECONÓMICA
Sentencia C-186 de abril 10 de 1997
Ref.: Expediente R.E. 098
EXTRACTOS: «II. Texto de la norma acusada. Se transcribe a continuación el texto de las normas objeto de revisión así:
Decreto 251 de febrero 4 de 1997
“Por medio del cual se modifican los decretos 88 y 150 de 1997 y se expiden medidas complementarias”.
en ejercicio de la facultades otorgadas por el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, y en desarrollo de lo establecido por el Decreto 80 de 1997, declaratorio del estado de emergencia económica y social, y
Que mediante Decreto 80 del 13 de enero de 1997, se declaró el estado de emergencia económica y social hasta el 4 de febrero de 1997, por las razones en él señaladas;
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 215 de la Constitución Política, el Presidente de la República con la firma de todos sus ministros puede dictar decretos con fuerza de ley para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos;
Que en razón a la caída en el recaudo por concepto de impuesto sobre la renta desde 1991, y su agravamiento ostensible en el último año como consecuencia de la desaceleración económica, aunando lo anterior a la existencia de beneficios fiscales concurrentes, al desarrollo de novedosas formas de elusión, evasión fiscal y contrabando, así como sus altos niveles y con el fin de conjurar estas causas, se expidieron los decretos 88 de enero 15 de 1997 y 150 de enero 21 de 1997;
Que con el fin de enfatizar la efectividad de las medidas y complementarlas, previniendo al mismo tiempo posibles distorsiones en algunos sectores de la economía, se hace necesario efectuar algunos ajustes a los decretos 88 y 150 de 1997;
Que en razón a la disminución en el recaudo de los ingresos fiscales, se adoptaron medidas drásticas de disminución del gasto, lo cual afecta la ejecución de obras de infraestructura necesarias para el desarrollo del país, por lo cual se hace necesario garantizar la actualización en el recaudo de la contribución nacional de valorización,
ART. 1º—El primer inciso del artículo 2º del Decreto 150 de 1997 quedará así:
“No estarán sujetas a la limitación prevista en el artículo anterior, las utilidades contempladas en los artículos del estatuto tributario mencionados a continuación: la parte de la utilidad en enajenación de acciones o cuotas de interés social del primer inciso del artículo 36-1; las utilidades del segundo inciso del mismo artículo, cuando correspondan a enajenación de acciones que han tenido alta bursatilidad durante los seis meses anteriores al mes de la enajenación, de acuerdo con el cálculo mensual que realiza la Superintendencia de Valores; los dividendos y participaciones distribuidos como no gravables por la sociedad que genera las respectivas utilidades señalados en el artículo 49; la distribución de utilidades por liquidación de sociedades limitadas o asimiladas a que se refiere el artículo 51; los rendimientos de los fondos mutuos de inversión, fondos de inversión y los fondos de valores, provenientes de la inversión en acciones y bonos convertibles en acciones, en la parte que provenga de los dividendos a que hace referencia el artículo 56”.
ART. 2º—El inciso primero del artículo 4º del Decreto 150 de 1997 quedará así:
“Se excluyen del límite establecido en artículo 1º, los descuentos tributarios por impuestos pagados en el exterior del artículo 254; los de las empresas colombianas de transporte internacional del artículo 256; los descuentos por CERT del artículo 257; las exenciones otorgadas a las empresas señaladas en el segundo inciso del artículo segundo de la Ley 218 de 1995; las previstas en los artículos 223 y 224 del estatuto tributario; y las relacionadas con la seguridad social, de acuerdo con el artículo 135 de la Ley 100 de 1993”.
ART. 3º—El artículo 7º del Decreto 150 de 1997 quedará así:
Adiciónase el artículo 24 del estatuto tributario con el siguiente numeral:
“16. Los pagos o abonos en cuenta que realicen las filiales, subsidiarias, sucursales o agencias en Colombia de sociedades extranjeras a sus casas matrices o sociedades respectivas, en el exterior, con excepción de los originados en la adquisición de bienes materiales, y los costos directamente relacionados con la prestación del servicio de transporte internacional, en el caso de las empresas dedicadas a esa actividad”.
ART. 4º—Los literales c) y f) del numeral 3º del artículo 19 del Decreto 150 de 1997, quedarán así:
“c) Los arrendamientos de bienes corporales muebles, con excepción de los correspondientes a naves, aeronaves y demás bienes muebles destinados al servicio de transporte internacional, por empresas dedicadas a esta actividad”.
“f) Los realizados en bienes corporales muebles, con excepción de aquellos directamente relacionados con la prestación del servicio de transporte internacional”.
ART. 5º—Adiciónase el artículo 21 del Decreto 150 de 1997 con el siguiente inciso:
“Los títulos de descuento tributario también podrán utilizarse para pagar los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, causados en la ejecución de gastos financiados con recursos del presupuesto nacional, con cargo al respectivo rubro presupuestal. La emisión de estos títulos estará limitada por el monto de la apropiación”.
ART. 6º—Adiciónase al estatuto tributario el siguiente artículo:
“ART. 115.—Deducción de impuestos pagados. Son deducibles los impuestos predial y de industria y comercio que efectivamente se hayan pagado durante el año o período gravable, siempre y cuando tuvieren relación de causalidad con la renta del contribuyente”.
“ART. 7º—Adiciónase el artículo 408 del estatuto tributario con el siguiente inciso y parágrafos:
“Los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, desde el exterior, están sujetos a retención en la fuente a la tarifa única del diez por ciento (10%), a título de impuestos de renta y de remesas.
PAR. 1º—El tratamiento especial previsto en el inciso segundo de este artículo no se aplica a los pagos o abonos entre sociedades vinculadas, a que se refiere el numeral 16 del artículo 24 del estatuto tributario, los cuales están sujetos a retención en la fuente a las tarifas señaladas en las disposiciones generales, de acuerdo con el concepto del correspondiente pago o abono en cuenta.
PAR. 1º, TRANS.—No se consideran renta de fuente nacional, ni forman parte de la base para la determinación del impuesto sobre las ventas, los pagos o abonos en cuenta por concepto de servicios técnicos y de asistencia técnica prestados por personas no residentes o no domiciliadas en Colombia, desde el exterior, necesarios para la ejecución de proyectos públicos y privados de infraestructura física, que hagan parte del plan nacional de desarrollo, y cuya iniciación de obra sea anterior al 31 de diciembre de 1997, según certificación que, respecto del cumplimiento de estos requisitos, expida el Departamento Nacional de Planeación”.
ART. 8º—Corrección de las declaraciones tributarias. El término a que se refieren los artículos 588 y 589 del estatuto tributario, para que los contribuyentes, responsables y agentes retenedores corrijan las declaraciones tributarias, es de seis (6) meses contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar.
ART. 9º—El artículo 1º del Decreto 88 de 1997 quedará así:
“Todas las personas obligadas a expedir factura o documento equivalente, que lo hagan por medio de máquinas registradoras o mediante el sistema de facturación por computador, deberán utilizar una tarjeta fiscal, como un elemento de control a la evasión.
La tarjeta fiscal es un dispositivo físico, incorporado en cada máquina registradora o en el servidor, en el caso de la factura por computador, la cual interactúa automáticamente con el software de facturación, los cuales deberán estar autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La tarjeta fiscal conserva en su memoria el comprobante de informe diario definido por la misma entidad.
La tarjeta fiscal deberá reunir las condiciones y controles que para el efecto determine la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
La tarjeta fiscal deberá implementarse a más tardar el primero de agosto de 1997, para quienes facturen a través de computador. En los demás casos el dispositivo mencionado deberá ser instalado dentro de un plazo adicional de seis (6) meses. Cuando las condiciones técnicas exijan la utilización de un término mayor, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá ampliarlo mediante acto motivado, teniendo en cuenta las circunstancias específicas demostradas por el peticionario.
El costo de adquisición del dispositivo a que se refiere el presente artículo, podrá ser utilizado por el contribuyente como descuento del impuesto sobre la renta a su cargo, en el año gravable en que empiece a operar.
El incumplimiento de las obligaciones aquí señaladas dará lugar a la sanción de clausura o cierre del establecimiento de comercio, oficina, consultorio o sitio donde se ejerza la actividad, profesión u oficio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 657 y 658 del estatuto tributario”.
ART. 10.—Adiciónase al estatuto tributario el siguiente artículo:
“ART. 90-1.—Valor comercial de los inmuebles enajenados. Para la determinación del valor comercial de los inmuebles, los administradores de impuestos y aduanas nacionales deberán utilizar estadísticas, avalúos, índices y otras informaciones disponibles sobre el valor de la propiedad raíz en la respectiva localidad, suministradas por dependencias del Estado o por entidades privadas especializadas u ordenar un avalúo del predio, con cargo al presupuesto de la DIAN. El avalúo debe ser efectuado por las oficinas de catastro, por el Instituto Agustín Codazzi, o por las lonjas de propiedad raíz o sus afiliados. En caso de que existan varias fuentes de información, se tomará el promedio de los valores disponibles.
Cuando el contribuyente considere que el valor comercial fijado por la administración tributaria no corresponde al de su predio, podrá pedir que a su costa, dicho valor comercial se establezca por la lonja de propiedad raíz, el Instituto Agustín Codazzi o los catastros municipales, en los municipios donde no operen las lonjas. Dentro del proceso de determinación y discusión del impuesto, la administración tributaria podrá aceptar el avalúo pericial aportado por el contribuyente o solicitar otro avalúo a un perito diferente. En caso de que haya diferencia entre los dos avalúos, se tomará para efectos fiscales el promedio simple de los dos”.
ART. 11.—Intereses en el pago de la contribución de valorización. El artículo 11 del Decreto 1604 de 1966 quedará así:
ART. 12.—Vigencia y derogaciones. El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación, adiciona transitoriamente el artículo 408 del estatuto tributario, deroga el artículo 11 del Decreto-Ley 1604 de 1996 y el artículo 56 del Decreto 1394 de 1970, y modifica los artículos 2º, 4º, 7º y 19 del Decreto 150 de 1997, adiciona el artículo 21 del Decreto 150 de 1997 y modifica el artículo 1º del Decreto 88 de 1997.
Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a cuatro (4) de febrero de mil novecientos noventa y siete (1997).
Siguen firmas del Presidente de la República, de 10 ministros y de 5 viceministros encargados de las funciones de los despachos de los Ministerios de Justicia y del Derecho, Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía y Comercio Exterior.
Mediante Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997(1), la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del Decreto 080 de 1997, mediante el cual se decretó el estado de emergencia económica y social.
(1) M.P. Antonio Barrera Carbonell y Eduardo Cifuentes Muñoz.
Considera la Corte que la referida declaración comporta una decisión con certeza, en el sentido de que el decreto en mención es inconstitucional y, por consiguiente, la causa jurídica que sirvió de fundamento para dictar el Decreto 251 de 1997 objeto de revisión ha desaparecido. Por lo tanto, al no existir el fundamento jurídico para dictar el Decreto 251 de 1997, consecuencialmente éste deviene en inconstitucional.
Finalmente conviene anotar que los decretos que se modificaron mediante el Decreto 251 de 1997, objeto de revisión, fueron declarados exequibles mediante las sentencias C-129 de 1997(3) y C-131 de 1997(4).
PRIMERO. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto Legislativo 251 del 4 de febrero de 1997.
SEGUNDO. La presente decisión surtirá efectos a partir del día siguiente en que se notifique la Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997, mediante la cual se decidió la inexequibilidad del Decreto 080 de 1997 que declaró el estado de emergencia económica y social.
Antonio Barrera Carbonell, presidente—Jorge Arango Mejía—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernández Galindo (con salvamento de voto)—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.