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Timestamp: 2019-09-22 12:02:45
Document Index: 203373898

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 506', 'Artículo 453', 'Artículo 1', 'artículo 70', 'Artículo 162', 'Artículo 2331', 'Artículo 199', 'artículo 2', 'Artículo 768', 'artículo 53', 'artículo 60', 'artículo 18', 'artículo 223', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 98', 'artículo 24', 'artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 263', 'artículo 35', 'artículo 263', 'artículo 263', 'artículo 58', 'artículo 7']

MINUTO DE SILENCIO POR VÍCTIMAS DE DERRUMBE EN VALPARAÍSO
JURAMENTO DE NUEVO PROSECRETARIO Y TESORERO DEL SENADO, SEÑOR ROBERTO BUSTOS LATORRE
INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GASTOS RESERVADOS
PROTECCIÓN PENAL ESPECIAL PARA PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN Y FUNCIONARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD
MOLESTIA ANTE NOMBRAMIENTO DE DIPUTADO LUCIANO CRUZ-COKE EN DIRECTORIO DE TEATRO REGIONAL DEL BIOBÍO. OFICIO
SOLICITUD DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA INDUSTRIA DEL ACERO NACIONAL. OFICIOS
REQUERIMIENTO A CONTRALORÍA SOBRE LEGALIDAD DE CIRCULAR EMITIDA POR DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. OFICIO
SOLICITUD DE DECLARACIÓN DE ZONA DE CATÁSTROFE PARA LA REGIÓN DE VALPARAÍSO ANTE ESCASEZ HÍDRICA. OFICIO
Sesión 41ª, en miércoles 14 de agosto de 2019
(De 16:30 a 19:36)
ALFONSO DE URRESTI LONGTON, VICEPRESIDENTE, Y CARLOS BIANCHI
CHELECH, PRESIDENTE ACCIDENTAL
SECRETARIOS, EL SEÑOR RAÚL GUZMÁN URIBE, TITULAR, Y LA SEÑORA
PILAR SILVA GARCÍA DE CORTÁZAR, SUBROGANTE
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios para las Fuerzas Armadas, señor Juan Francisco Galli Basili; General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y de Redes Asistenciales, señor Luis Castillo Fuenzalida; y el Jefe de Gabinete del Ministro de Defensa Nacional, señor Pablo Urquiza Muñoz.
Actuaron de Secretario General el señor Raúl Guzmán Uribe, titular, y la señora Pilar Silva García de Cortázar, subrogante, y de Prosecretario, el señor Roberto Bustos Latorre.
--Se abrió la sesión a las 16:30, en presencia de 20 señores Senadores.
El señor QUINTANA (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 38ª y 39ª, ordinarias, en 6 y 7 de agosto del año en curso, respectivamente, que no han sido observadas.
Expide copia de la sentencia definitiva pronunciada en el control de constitucionalidad del proyecto de ley que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, para regular el tendido de cables aéreos (Boletín Nº 9.511-12).
-Artículo 1° en relación con los artículos 289 a 294 bis del Código del Trabajo.
-Artículo 506 del Código Orgánico de Tribunales.
-Artículos 420, 425 y siguientes y 495, todos del Código del Trabajo.
-Artículos 23, inciso primero; 25 y 536 de la ley N° 19.496.
-Artículo 453, número primero, del Código del Trabajo.
-Artículos 332, número 4; 339, incisos primero y segundo; 493, inciso primero, y 494, todos del Código Orgánico de Tribunales.
-Artículo 1°, inciso tercero, en relación con el artículo 70 del Código del Trabajo.
Adjunta resoluciones dictadas en los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, respecto de los siguientes grupos de disposiciones:
-Artículos 1°, inciso tercero, y 485, ambos del Código del Trabajo.
-Artículo 162 del Código del Trabajo.
-Artículo 2331 del Código Civil.
-Artículos 162, incisos quinto a séptimo, del Código del Trabajo.
-Artículo 199, del Decreto con Fuerza de Ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2006.
-Artículos 5°, 10 y 28 de la ley Nº 20.285.
-Artículos 205 y 352, ambos del Código de Procedimiento Penal y artículos 233 y 236 del Código Penal, y artículo 2° de la Ley N° 19.863.
-Artículo 768, inciso segundo, del Código de Procedimiento Civil.
Responde a la solicitud del Honorable Senador señor Guillier relativa a la posibilidad de establecer una franquicia tributaria especial para la comuna de Tocopilla.
Informa, a petición del Honorable Senador señor Navarro, sobre fiscalización por presunta destrucción de fauna silvestre a causa de la aplicación de pesticidas en la comuna de Florida.
Remite copia del Convenio celebrado entre el Instituto Forestal y la Universidad de Chile para la elaboración de indicaciones de pobreza energética; información requerida por el Honorable Senador señor De Urresti.
Atiende a la presentación del Honorable Senador señor Quinteros para estudiar la posibilidad de construir una nueva rampa en el puerto de Castro.
Remite resultado del estudio prelegislativo sobre servicios no regulados prestados por servicios públicos sanitarios, solicitado por la Honorable Senadora señora Órdenes durante la discusión del Boletín N° 10.795-33.
Se refiere al proyecto de desarrollo y sustentabilidad de nuevas actividades productivas y turismo de intereses especiales en la Región de Atacama, a través de monitoreo integrado de Humedales Alto Andinos en la cuenca del Salar de Maricunga, desarrollado en forma conjunta por el Ministerio de Medio Ambiente y CORFO, de acuerdo a la petición del Honorable Senador señor De Urresti.
De la Comisión de Hacienda, recaído en el Oficio de S.E. el Presidente de la República por el que requiere el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes del Consejo de Alta Dirección Pública a la señora Cristina Paz Orellana Quezada y al señor Eduardo Riquelme Portilla (Boletín N° S 2.082-05) (con la urgencia del párrafo segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental).
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señoras Goic y Van Rysselberghe, y señores Girardi y Quinteros, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 20.584 a fin de establecer atención preferente para niños, niñas y adolescentes internados en establecimientos del Servicio Nacional de Menores que padezcan enfermedades mentales (Boletín N° 12.849-11).
De los Honorables Senadores señoras Goic y Órdenes, y señores Chahuán, Quinteros y Sandoval, con la que inician un proyecto de ley que modifica la ley N° 20.720 con el objeto de establecer un ámbito de aplicación especial de los procedimientos concursales de renegociación para las personas mayores (Boletín N° 12.850-07).
--Pasa a la Comisión Especial del Adulto Mayor.
De los Honorables Senadores señor Chahuán, señora Órdenes, y señores De Urresti, Harboe y Huenchumilla, con la que inician un proyecto de ley para sancionar a quienes agredan a dirigentes de organizaciones sociales, con resultados de lesiones o muerte (Boletín N° 12.851-07).
El señor QUINTANA (Presidente).- Me ha pedido la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, ustedes saben que Valparaíso ha sufrido un drama tremendo.
Los cinco Senadores que representamos a la Región hemos estado señalando la necesidad, no solo de solidarizar con las víctimas y sus familias, sino también de trabajar para conseguir recursos destinados a levantar un catastro de las viviendas, de tal manera de ver cuáles deben ser demolidas o reparadas para no tener que seguir lamentando este tipo de desgracias.
Por lo tanto, en nombre de todos los Senadores y Senadoras, no solo de los que representamos a la Región de Valparaíso, pido que la Sala guarde un minuto de silencio por las víctimas del derrumbe.
El señor QUINTANA (Presidente).- Pido a Sus Señorías ponerse de pie.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador José García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, solicito que se amplíe el plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que perfecciona los textos legales que indica, para promover la inversión (boletín N° 11.747-03), hasta las 20 horas del día lunes 19 de agosto.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, también solicito que se abra un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en lo relativo a la funcionalidad del servicio de radiodifusión a objeto de favorecer la comunicación en situaciones de emergencia y catástrofe (boletín N° 12.277-15), hasta las 12 horas del día viernes 16 de agosto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, en la misma línea, solicito que recabe la autorización para ampliar el plazo de indicaciones, por dos semanas más, al proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece el Estatuto Chileno Antártico (boletín N° 9.256-27).
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, hace pocos días aprobamos en general el proyecto sobre la llamada "Ley corta Antiterrorista". Yo siempre he pensado que esa iniciativa, hoy en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, pertenece a la Comisión de Seguridad Pública. No voy a pedir que se cambie, pero sí que los dos miembros de esta última que no somos miembros de la otra Comisión podamos participar en esta como Comisiones unidas para la discusión del proyecto.
El señor MONTES.- O sea, Comisiones unidas.
El señor INSULZA.- Exacto.
Seríamos siete miembros solamente, porque tres de la Comisión de Seguridad ya participan en la de Constitución.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo, entonces, para que la "Ley corta Antiterrorista" sea estudiada en esa forma para su segundo informe?
El señor INSULZA.- Muchas gracias, señor Presidente.
--La Sala acuerda que el proyecto boletín N° 12.589-07 sea informado en particular por las Comisiones de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Seguridad Pública, unidas.
El señor QUINTANA (Presidente).- Ayer quedó pendiente fijar plazo de indicaciones para el proyecto de ley, en segundo trámite, denominado "migración y extranjería" (boletín N° 8.970-06).
La propuesta que nos hicieron llegar el Ejecutivo con el Presidente de la Comisión de Gobierno, Senador Juan Pablo Letelier, es el jueves 29 de agosto, a las 12 horas.
El señor MONTES.- Yo pido que nos den una semana más.
El señor PIZARRO.- Hasta el 5 o 6 de septiembre, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo en que fuera hasta el 5 de septiembre, a las 12?
El señor INSULZA.- No hay ningún inconveniente.
--Se fija plazo para presentar indicaciones hasta el jueves 5 de septiembre, a las 12 horas.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Ha llegado a la Mesa el siguiente documento:
Solicitud del Honorable Senador señor Jorge Pizarro, quien, para los efectos de lo establecido en el inciso primero del artículo 60 de la Carta Fundamental, solicita permiso constitucional a contar del día viernes 16 de agosto del presente año, para aceptar la invitación del Instituto de Relaciones Exteriores del pueblo chino, en su calidad de Presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño.
El señor QUINTANA (Presidente).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento del Personal del Senado, se procederá a tomar juramento o promesa de estilo al señor Roberto Bustos Latorre, quien ayer fue elegido por la Sala para ocupar el cargo de Prosecretario y Tesorero del Senado.
Le pido al señor Bustos que ingrese al Hemiciclo.
--El señor Bustos se ubica frente a la testera.
El señor QUINTANA (Presidente).- Ruego a los presentes ponerse de pie.
Don Roberto Bustos Latorre: ¿Juráis o prometéis cumplir lealmente con vuestras funciones, las que están establecidas en el artículo 223 del Reglamento del Senado?
El señor BUSTOS.- Sí, juro.
El señor QUINTANA (Presidente).- Queda investido como Prosecretario y Tesorero del Senado.
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El señor QUINTANA (Presidente).- Para la discusión de los proyectos que se tratarán enseguida, pido autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, don Claudio Alvarado; el Subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga, y el Subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Juan Francisco Galli.
Boletín N° 12332-05
El señor QUINTANA (Presidente).- En el primer lugar del Orden del Día figura el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre información y rendición de cuentas de gastos reservados, con informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.332-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Hacienda: sesión 35ª, en 23 de julio de 2019.
El señor GUZMÁN (Secretario General).- Los principales objetivos del proyecto son modernizar y mejorar la información y rendición de los gastos reservados a través del establecimiento de una serie de obligaciones para los ministerios y entidades que la propia ley indica, en la observancia permanente de los principios de responsabilidad, control, probidad y transparencia en la administración de los gastos reservados que se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Además, deroga los "pisos mínimos" que las leyes orgánicas respectivas establecen en materia de gastos reservados para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, por lo que la autorización de esos gastos queda entregada por completo, año a año, al Presidente de la República y al Congreso Nacional.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto solamente en general y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
Cabe tener presente que los incisos tercero, cuarto y séptimo del artículo 4 de la ley N° 19.863, contenido en el numeral 3 del artículo 1, y los artículos 2 y 3 del proyecto tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren para su aprobación 25 votos favorables.
Por su parte, los incisos primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 4 de la ley N° 19.863, contenido en el numeral 3 del artículo 1 del proyecto de ley, son de quorum calificado y requieren para su aprobación 22 votos favorables.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 13 a 16 del primer informe de la Comisión y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Le ofrezco la palabra al Senador Ricardo Lagos Weber, Presidente de la Comisión de Hacienda, para que rinda el respectivo informe.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, la Comisión que encabezo tuvo a bien tomar conocimiento y despachar esta iniciativa.
Con respecto a su idea matriz, ella busca, en general, fortalecer, por una parte, el control civil y democrático en la obtención, ejecución e información de los gastos reservados, preservando la naturaleza, objetivos y orientación de los mismos en el desarrollo de las funciones públicas.
En particular, y de acuerdo al mensaje, se busca modernizar y mejorar la información y rendición de los gastos reservados a través del establecimiento de una serie de obligaciones para los ministerios y entidades que la propia ley indica, en la observancia permanente de los principios de responsabilidad, control, probidad y transparencia en la administración de los gastos reservados que se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos.
Además, se derogan los llamados "pisos mínimos" que las leyes orgánicas respectivas establecen en materia de gastos reservados para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile -leyes de larga data-, por lo que la autorización de esos gastos queda entregada por completo, año a año, al Presidente de la República y el Congreso Nacional.
Esta iniciativa tiene, como antecedente más próximo, lo dispuesto en el inciso final del artículo 28 de la ley N° 21.053, Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, que estableció un mandato al Presidente de la República para el envío de un proyecto de ley que incorporara modificaciones permanentes en materia de rendición de cuentas de los gastos reservados dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de la citada ley.
Ahora bien, yendo un poco más atrás en el tiempo, cabe recordar que en el año 2003 hubo una modificación importante, en el ámbito de los gastos reservados, que formó parte del conjunto de iniciativas denominadas "Acuerdo para la Modernización del Estado". Hasta ese entonces, preocupaba el uso de los gastos reservados asignados a ministerios, especialmente ministerios políticos, pues podían ser destinados a usos distintos o cuestionables.
En dicha ley se acordó establecer una regulación permanente del uso de gastos reservados: primero, se definió el concepto de gasto reservado, y segundo, se especificaron los organismos que podrían disponer de los mismos, eliminando, en ese año 2003, a los Ministerios Secretaría General de Gobierno y Secretaría General de la Presidencia, estableciendo un procedimiento de rendición de cuentas acorde con el carácter reservado de los gastos, consistente en una rendición anual, genérica y secreta, acompañada de una declaración jurada acerca de su destino, ante el Contralor General de la República, quien debe examinar la cuenta y juzgarla, manifestando al Presidente de la República su opinión respecto al destino otorgado a los gastos objeto de las cuentas.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe consignar que hoy -esa reforma es del año 2003- la sociedad nos demanda mayor transparencia en materia de rendición de cuentas de los gastos reservados. Hechos de público conocimiento respecto del uso de gastos reservados han requerido una modificación adicional, que es la que ahora está ante nosotros.
El principal avance del proyecto de ley radica en la información sobre el uso de los gastos reservados que deberá proporcionar cada unidad operativa a cargo de su ejecución, al Subsecretario que se indica, lo que es relevante en el caso de las Fuerzas Armadas, las policías y la Agencia Nacional de Inteligencia, pues faculta a la autoridad civil para recibir la información completa y detallada referida a la aplicación específica de los recursos, de modo que pueda adoptar las medidas que correspondan en caso de que el destino otorgado se aparte de lo legalmente autorizado.
Además, el proyecto de ley se extiende a derogar los "pisos mínimos" que las leyes orgánicas establecieron en materia de gastos reservados para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile.
De este modo, la decisión sobre la autorización de los gastos reservados para dichas instituciones quedaría entregada por completo, año a año, al Presidente de la República y al Congreso Nacional, según corresponda, de acuerdo a sus respectivas atribuciones.
El proyecto, además, incorpora controles internos y externos a cargo de la Contraloría General de la República y del Congreso Nacional, en el último caso.
Primero, en los llamados "controles internos", los Comandantes en Jefe, en tanto jefes de servicio, deben solicitar los gastos reservados al Ministro de Defensa sobre la base de objetivos, productos y montos, los que serán evaluados.
Segundo, se establece que los Ministerios y entidades identificarán, mediante resolución fundada de carácter reservado, las unidades operativas que requerirán para su operación el uso de los gastos que en aquella se señalen.
Tercero, los jefes de los respectivos servicios deberán informar por escrito, en carácter secreto y semestralmente, a los Subsecretarios respectivos.
En cuanto a los controles externos, los gastos reservados se informarán al Contralor General por los jefes de servicio, de manera escrita y anual, en forma genérica y secreta, considerando una desagregación por rubros que permita ilustrar sobre el contenido fundamental de dichos gastos, debiendo acompañarse de una declaración jurada sobre su buen uso.
Asimismo, se contempla la obligación de hacer declaraciones de patrimonio e intereses a los jefes de las unidades operativas que tengan gastos reservados.
Además, el análisis de la información sobre gastos reservados corresponderá al Contralor General de la República, el que deberá informar al Ministro respectivo sobre su utilización lícita y las observaciones que pudiere tener sobre la declaración de patrimonio e intereses de los jefes de las unidades operativas que tengan gastos reservados.
Por su parte, en el área de controles externos al uso de los gastos reservados, la ley reserva al Congreso Nacional las siguientes facultades.
En cuanto al rol de la Comisión Especial sobre Control de Sistemas de Inteligencia del Estado, se establece que los Ministerios y entidades deberán informar semestralmente, en sesión secreta, a la Comisión Especial sobre el Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados acerca del cumplimiento de los objetivos para los cuales están destinados los gastos reservados. Y se incorpora un tipo penal por violación de deber de secreto especial.
En lo relativo a la Ley de Presupuestos del Sector Público, todos los Ministerios y entidades que tengan gastos reservados, sin exclusión, deberán fundar los montos que soliciten en las instancias pertinentes de la discusión presupuestaria, respecto a la cual no hay pisos.
Y, en relación con la ejecución presupuestaria, se mantiene la obligación de informar a las respectivas Subcomisiones Mixtas de Presupuestos durante el año presupuestario en curso.
El proyecto, además, prohíbe cualquier uso de gastos reservados distinto al establecido en la ley, disponiendo las penas respectivas, y se incorpora la malversación de caudales públicos con gastos reservados como agravante de la responsabilidad penal.
Señor Presidente, hice un esfuerzo por sintetizar este proyecto y es cuanto puedo informar para su discusión en particular, y eventual aprobación.
El señor QUINTANA (Presidente).- Muchas gracias, Senador Lagos Weber, por su síntesis.
Ofrezco la palabra, a continuación, al Senador José García Ruminot.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, este proyecto de ley busca fortalecer el control civil y democrático en la ejecución e información de los llamados "gastos reservados". Establece, en tal sentido, una serie de obligaciones para los Ministerios y entidades que la propia iniciativa indica en la observancia permanente de los principios de responsabilidad, control, probidad y transparencia en la administración de los gastos reservados que se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Este proyecto fue ingresado por el Ejecutivo en diciembre del año recién pasado, el 2018, luego de lo dispuesto en el inciso final del artículo 28 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, que otorgó un mandato al Presidente de la República para el envío de una iniciativa que incorpore modificaciones permanentes en la ley N° 19.863, sobre Remuneraciones de Autoridades de Gobierno y Cargos Críticos de la Administración Pública, y que consagre normas sobre gastos reservados en materia de rendición de cuentas, dentro del plazo de un año contado desde la publicación de la Ley de Presupuestos citada.
El 13 de junio de este año fue aprobada en general esta iniciativa en la Cámara de Diputados, por 114 votos a favor. El 19 de junio de 2019 se aprobó unánimemente en particular por la Cámara Baja, pasando a nuestra Corporación.
¿Cuántos son los gastos reservados? ¿De qué monto estamos hablando?
Para ilustrar sobre el punto podemos decir que en la Ley de Presupuestos 2019 los gastos reservados son, en moneda nacional, aproximadamente 3 mil 300 millones de pesos, y 4 millones de dólares.
¿Quiénes tienen gastos reservados?
La Presidencia de la República, la Agencia Nacional de Inteligencia, la Subsecretaría del Interior, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile, la Secretaría y Administración General del Servicio Exterior, la Dirección de Fronteras y Límites del Estado, el Ejército de Chile, la Armada de Chile, la Fuerza Aérea de Chile, y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas.
Como ya se ha informado a esta Sala, este proyecto elimina los pisos mínimos de gastos reservados de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, suprimiendo los artículos 98 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas y 89 de la Ley Orgánica de Carabineros de Chile.
Se precisa y redefine el concepto de "gastos reservados", quedando como -cito textual- "aquellos egresos que, por el ministerio de esta ley, se faculta realizar (a ciertas entidades) para el cumplimiento de sus funciones públicas establecidas en las leyes, relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y a las funciones inherentes a la Presidencia de la República, y que por su naturaleza deben ser reservadas o secretas.".
Por indicación parlamentaria, se introduce la obligación de la existencia, en cada Ley de Presupuestos, de una glosa para gastos reservados.
Se incorporan controles internos y externos. Como control interno los Ministerios y entidades identificarán, mediante resolución fundada de carácter reservado, las unidades operativas que requerirán para su operación el uso de gastos reservados.
Por otro lado, los jefes de los respectivos servicios deberán informar por escrito, con carácter secreto y semestralmente, a los subsecretarios respectivos.
En relación con el control externo, los gastos reservados se informarán anualmente de manera directa al Contralor General de la República por los jefes de servicio de las entidades.
Y, por supuesto, también se darán a conocer al Congreso Nacional, por cuanto se establece que los Ministerios y entidades deberán informar semestralmente, en sesión secreta, a la Comisión Especial sobre Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados, sobre el cumplimiento de los objetivos para los cuales están destinados dichos gastos.
Todos los Ministerios y entidades que tengan gastos reservados, sin exclusión, deberán fundar los montos que soliciten en las instancias respectivas de la discusión presupuestaria.
Los jefes de las unidades operativas que tengan gastos reservados deberán efectuar una declaración de intereses y patrimonio conforme a la ley N° 20.880, sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de Intereses.
Si el Contralor General advirtiere inconsistencias, lo informará directamente al Ministro de Estado respectivo, quien deberá requerir un informe al jefe del servicio y al jefe de las unidades operativas, el que deberá ser evacuado en un plazo no superior a diez días hábiles.
Transcurridos treinta días hábiles desde la comunicación del Contralor General sin que las inconsistencias se hayan superado, la Contraloría dará inicio al procedimiento sumario respectivo, sin perjuicio de aquellos hechos que pudieran revestir el carácter de delito.
Cualquier otro uso distinto al que establece la ley queda estrictamente prohibido, y su incumplimiento se considerará falta grave a la probidad y dará lugar a las sanciones que correspondan de acuerdo al estatuto respectivo.
Se incorpora, además, un agravante de la responsabilidad penal para la malversación de caudales públicos con gastos reservados, por lo que el juez podrá aumentar la pena correspondiente en un grado.
Señor Presidente, termino señalando que este proyecto es un importante avance en materia de control civil y democrático de los gastos reservados, y que toda inversión de estos tiene que hacerse bajo los principios de probidad y transparencia.
Y, como consecuencia de ello, anuncio el voto favorable de la Senadora y los Senadores de Renovación Nacional.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene a continuación la palabra el Senador Jorge Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, sin duda que el tema de los gastos reservados ha estado en debate y en cuestionamiento en este Senado y en la Cámara de Diputados, en el Congreso en general, desde el año noventa en adelante. Y por lo menos siempre se fue avanzando en tratar, primero, de acotar los montos de los gastos reservados, y segundo, de regular un poco más las facultades de quienes pueden hacer uso de ellos. Esto se transformó en una urgencia política, para dar mayor transparencia y fortalecimiento al funcionamiento de nuestro sistema democrático, después de conocer las investigaciones judiciales sobre el mal uso de estos recursos reservados tanto en el Ejército como en Carabineros.
En ese sentido, el proyecto de ley que estamos discutiendo hoy tiene importantísimos avances que fueron planteados por los parlamentarios de nuestra bancada y de toda la Oposición en la Cámara de Diputados, y recogidos por el Ministerio de Defensa. Esperamos ahora que en el Senado se mantenga esa disposición para que tengamos una mejor normativa en materia de gastos reservados.
El principio que se encuentra detrás de esta propuesta es que el gasto de las instituciones militares y policiales debe estar sometido al control del Congreso y de la Contraloría. En eso tenemos que avanzar.
Ha habido, sin duda, mal uso de aquellos y actos que no se condicen con lo que uno espera de la probidad y de una buena utilización de los recursos públicos, lo cual se mantiene en el tiempo.
Por ejemplo, la semana anterior, en la Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos, nos enteramos del informe que entregó Carabineros respecto de cómo en el Hospital institucional se financian las inversiones que se realizan. Y fue una sorpresa para todos porque el oficial encargado nos informó que eso se hace con un aporte del personal del 1,5 por ciento de su sueldo; que es algo que no está en el presupuesto oficial de Carabineros, y que, por lo tanto, no tiene por qué estar incluido en la Partida Hospital de Carabineros. Esto es raro, pues son inversiones que se desarrollan en el hospital para una mejor atención, obviamente, de los propios carabineros. Pero la tónica, la costumbre es que no exista una cuenta -llamémoslo así- "oficial" de Carabineros.
Ese tipo de situaciones no pueden seguir ocurriendo, porque, sin duda, son una fuente de tentación para incurrir en irregularidades que debemos evitar con una mayor transparencia y una mejor regulación.
Esto implica, señor Presidente, que tenemos que modificar el artículo 2, como se dijo anteriormente, que es donde se establece el uso de los gastos reservados y queda focalizado en materia de seguridad externa e interna y de inteligencia y de contrainteligencia, lo que evitará que vuelva a ocurrir lo que hemos conocido tanto en el Ejército como en Carabineros sobre el concepto de -entre comillas- "otros usos".
En dicho artículo se elimina, además, la expresión "en especial", que es lo que abre la posibilidad de realizar gastos en materias distintas de las que tienen que ver con la seguridad externa e interna y con la inteligencia y la contrainteligencia.
Asimismo, se consagra la responsabilidad en lo relativo a los gastos reservados. Y, con toda claridad, la responsabilidad va a ser de los jefes de servicio -en este caso, de los Subsecretarios de Defensa y del Interior- y no de las agencias operativas, como era en la primera versión que incluyó el Gobierno en el texto, por la sencilla razón de que en ese nivel no existen las responsabilidades políticas.
Ese es uno de los aspectos que debemos perfeccionar acá, en el Senado, ya que, en nuestra opinión por lo menos, lo lógico y natural es que, para exigir responsabilidad política, sean los ministros los responsables de conducir el proceso de uso de gastos reservados en Defensa y en las Policías.
Conforme a lo anterior, se consigna también que esas autoridades deberán informar semestralmente a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados sobre el cumplimiento de los objetivos generales para los cuales se destinaron los gastos reservados.
Además, como se dijo por parte del Senador Lagos, informante del proyecto, y del Senador García, lo que se hace es eliminar el llamado "piso mínimo" para gastos reservados, el que sin duda se transformó en un incentivo perverso porque ayudó a que se generaran malas prácticas en las instituciones de Carabineros y del Ejército. Respecto de eso, en el debate tanto en la Cámara de Diputados como acá, en el Senado, no hay dobles opiniones: todos estamos de acuerdo en que ese tipo de prácticas, malas o corruptas, no deben ser justificadas bajo ningún aspecto.
Por lo tanto, los gastos reservados deberán discutirse y tendrán que fijarse cada año en la Ley de Presupuestos, y el monto anual se va a aprobar democráticamente por este Congreso en conjunto con el gasto de Defensa.
Nos parece que lo mismo sucede en Interior, en lo que dice relación con todas las materias que tienen que ver con la seguridad interna y externa, con la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y, también, con la Subsecretaría del Delito.
A este respecto, se contempla una fórmula que, además, va a permitir una regulación mayor en materia de fiscalización por parte de la Contraloría. Y lo que se propone es exigir que las autoridades y funcionarios que manejen los gastos reservados realicen declaraciones de patrimonio e intereses de manera sistemática y periódica.
Este proyecto introduce avances importantes y nosotros lo vamos a respaldar. Esperamos que el Gobierno recoja nuestras nuevas propuestas, para que esta normativa sea ley y esté vigente cuando se lleve a cabo acá el debate del Presupuesto del próximo año sobre fijación de gastos reservados.
Como ustedes recordarán, el tema de los gastos reservados fue parte muy relevante de la discusión del Presupuesto del año pasado, en que se adquirieron compromisos en orden a revisar esta situación.
Finalmente, quiero resaltar que esto ha sido un buen trabajo en acuerdo con el Ejecutivo, con el Ministerio de Defensa, que es donde hay la mayor cantidad de situaciones, con el Ministerio del Interior y también con el Ministerio de Relaciones Exteriores, como señaló el Senador García.
Lo importante aquí es dejar establecido que los únicos que van a tener todavía una situación distinta son los gastos reservados de la Presidencia de la República. El resto estará sometido a un control tanto de la Contraloría como del Congreso Nacional, a través de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados. De ahí que se contemplan también las responsabilidades políticas correspondientes, de las cuales tendrán que hacerse cargo tanto los Ministros de Relaciones Exteriores y del Interior y Seguridad Pública como de Defensa.
Señor Presidente, por último, quiero solicitar que, de acuerdo a lo conversado con el propio Gobierno, se pueda abrir plazo para presentar indicaciones hasta el 2 de septiembre, a las 12 horas. La razón, como señalé recién, es que el objetivo político que tiene el Gobierno, y también nosotros, es que este proyecto de ley lo podamos despachar antes de que el Congreso entre en la discusión del próximo Presupuesto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Moreira para un punto de reglamento.
El señor MOREIRA.- Señor Presidente, solo quiero solicitar, si lo estima así la Sala, que se abra la votación, pero respetando los tiempos.
El señor BIANCHI.- No.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- No hay acuerdo.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Antes de continuar, quiero saludar, de parte de la Honorable señora Yasna Provoste, a los estudiantes de intercambio del programa IFSA-Butler, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se encuentran en las tribunas.
Y también deseo saludar a la Directiva Nacional de la Confusam: a la señora Gabriela Flores Delgado, Presidenta, a doña Laura San Martín y a don Marcos Vargas Cortés, quienes nos acompañarán en el segundo proyecto de la tabla.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Bianchi.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, con la tramitación de este proyecto de ley estamos dando cumplimiento a dos compromisos que quedaban pendientes con respecto al establecimiento de una nueva regulación de los gastos reservados.
El primer compromiso se había asumido en el artículo 28 de la Ley de Presupuestos del Sector Público para el 2018, y el segundo, durante la tramitación de la reciente iniciativa relativa al nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas, donde en la Comisión de Defensa decidimos que la discusión de este asunto no se daría en dicha normativa, sino en un proyecto aparte, por la importancia de los gastos reservados y el especial cuestionamiento que existe al respecto, considerando principalmente las últimas investigaciones que está llevando adelante la justicia en esta materia.
En cuanto a los gastos reservados, tenemos una historia que está acompañada de la nula transparencia, de la total falta de control y del abuso que ha habido muchas veces respecto de su uso.
Por eso, a la normativa establecida en el año 2003, la ley N° 19.863, era necesario introducirle profundos cambios sobre todo en el ámbito del control y de la transparencia. Y en el caso de las Fuerzas Armadas, era aún más imperioso establecer un cambio tanto en la toma de las decisiones respecto de los montos y los destinos de los gastos reservados como en su control, que diera al poder civil mucha mayor preponderancia en su decisión y control, pues es lo que corresponde en un Estado de derecho.
Con relación a los principales aspectos de este proyecto, señor Presidente, quisiera destacar una nueva definición del concepto de "gastos reservados", que garantiza mucho mejor el que sean utilizados exclusivamente para el fin que estos tienen.
Así también se eliminan los pisos mínimos que existían para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile en materia de gastos reservados, de manera que cada año estas instituciones deban justificar ante el Ministerio de Defensa la necesidad y el destino de los gastos reservados, y el Congreso tenga que ratificar esto en la Ley de Presupuestos.
Sin embargo, me gustaría destacar los controles que se establecen del poder civil respecto de ellos.
En primer lugar, desde ahora los Comandantes en Jefe o los jefes de servicios deberán solicitar los gastos al Ministerio de Defensa Nacional o al Ministerio que corresponda, sobre la base de objetivos y montos claramente detallados, los que tendrán que ser evaluados por aquel en su necesidad y mérito.
De esta manera, los jefes de cada servicio deberán informar semestralmente por escrito al Subsecretario respectivo sobre el uso que se ha efectuado de los gastos reservados.
De igual modo, se refuerza el control que debe realizar la Contraloría, debiéndose establecer en el informe respectivo una desagregación por rubros acerca del uso que se ha hecho de los gastos reservados.
Por otro lado, se encarga un control al Congreso Nacional, debiendo los Ministerios informar semestralmente a la Comisión Especial sobre Control del Sistema de Inteligencia del Estado de la Cámara de Diputados.
Así, durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, todos los Ministerios que tengan gastos reservados deberán fundar los montos que soliciten.
En conclusión, esta importante modificación con respecto a los gastos reservados era una materia legislativa pendiente y urgente de discutir y aprobar. Los casos de mal uso de ellos que se investigan en las Fuerzas Armadas han afectado sensiblemente la confianza pública en dichas instituciones, lo cual, sin duda, es grave.
Por eso, señor Presidente, esta señal de transparencia y control, sobre todo en cuanto a entregarle al poder civil un rol mucho más decisivo respecto del control de los gastos reservados, es un avance que teníamos que dar, y así lo estamos haciendo.
Anuncio mi voto a favor de este proyecto.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿puede abrir la votación?
El señor COLOMA.- No.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se solicitó la apertura de la votación y no hubo unanimidad.
Tiene la palabra el Senador José Miguel Insulza.
La señora MUÑOZ.- Abra la votación. ¡Ya se dijo que bueno!
El señor COLOMA.- ¡No!
El señor LETELIER.- Señor Presidente, ¿puede volver a preguntar?
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador señor Insulza.
El señor INSULZA.- Señor Presidente, seré más breve que quienes me precedieron en el uso de la palabra.
Creo que ahora no corresponde discutir muy en detalle el proyecto; además, las explicaciones planteadas acá por varios Senadores me ahorran eso.
Por mi parte, deseo celebrar dos cosas.
En primer término, el cumplimiento del compromiso adquirido en esta misma sede con ocasión de la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos el año pasado por parte del señor Ministro de Hacienda en orden a presentar una iniciativa legislativa regulatoria de esta sensible materia.
Dado que no hemos estado demasiado acertados en el cumplimiento de muchos compromisos que se han adoptado, esa es una gran excepción, la que saludo con mucho entusiasmo.
En segundo lugar, también quiero valorar un aspecto sobre el cual puso el acento el Senador García: la forma como en los últimos años se han reducido los gastos reservados.
La verdad es que a comienzos de los años noventa, cuando recién se iniciaron los gobiernos democráticos, los gastos reservados eran mucho más altos. Se disminuyeron sustantivamente con la aprobación de las reformas de 2003. Pero en la medida en que los de las Fuerzas Armadas y de Carabineros se excluyeron la rebaja no fue superior; se mantuvieron altos. Y ahora la disminución es mayor.
Ahora, considero que el hecho de que no se rinda cuenta completa de todos los gastos constituye una anomalía. Sin embargo, esta es una anomalía necesaria; se requiere para una serie de tareas que están bien definidas en el proyecto.
Quiero poner el acento a este último respecto, señor Presidente: no es para cualquiera cosa, sino para determinadas actividades, lo que -si no me equivoco se consignan en el artículo 6- permite asegurar que el dinero está destinado para fines que no pueden ventilarse de manera pública, pero que son necesarios para la Administración del Estado.
Por otra parte, quiero valorar la circunstancia de que se transparenten muy claramente las facultades y las unidades operativas encargadas de administrar los fondos, como asimismo el que se haya incluido en el control de inteligencia del Estado una Comisión Especial de la Cámara de Diputados.
Estimo que aquello se debería practicar de manera más frecuente en nuestros sistemas de contabilidad. No sé ve razón para que todas las cuentas deban ser verificadas solamente por autoridades públicas del Estado central.
Además, deseo señalar que la reglamentación establecida sobre la manera en que se van a consagrar las normas relativas a probidad, transparencia, administración responsable de recursos, en fin, envuelve un avance muy fundamental.
No menos importante, señor Presidente -y quiero terminar con esto-, es la eliminación de ciertos artículos. Algunos a nuestro juicio -lo dijimos el año pasado durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos- eran de muy discutible legalidad. Es decir, la derogación mediante la ley en proyecto de las normas que prefijan los recursos mínimos que deben recibir las Fuerzas Armadas y Carabineros para gastos reservados, en mi concepto, significa un gran progreso, pues se apunta, como lo decía recién el Senador Bianchi, mucho más directamente al control civil de los referidos gastos.
En suma, señor Presidente, cuando las cifras de que estamos hablando -lo expresaba el Senador García- constituyen un monto muy reducido del Presupuesto de la Nación, ya podemos dar por superado el problema en comento, en la medida en que aprobemos esta iniciativa en particular, para lo cual probablemente haremos alcances mayores.
El señor LETELIER.- Votemos, señor Presidente.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se está reiterando la solicitud de abrir la votación.
El señor INSULZA.- Sí.
La señora MUÑOZ.- Sí.
El señor COLOMA.- No, señor Presidente.
¡Cómo se lo digo...!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Carlos Montes.
El señor MONTES.- Señor Presidente, este proyecto de ley tiene hartos antecedentes, que vienen desde el año noventa con la reducción sistemática de los gastos reservados a partir de hechos que se van presentando en distintos momentos, sobre todo lo que habían implicado en el período de la dictadura.
Durante el último tiempo, en el año 2017, hubo mucho debate. Incluso, propusimos una manera de tratar esta materia, y estuvo en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Pero, lamentablemente, el Tribunal Constitucional estableció que no teníamos facultades al respecto, porque había un error en la forma como estaba redactado el inciso pertinente, que planteaba un cambio permanente y no por el año correspondiente.
Después, a fines del 2017 se vuelve a repetir el debate. Finalmente, se toma el acuerdo de que el Ejecutivo tenía que presentar durante el 2018 un proyecto de ley. Como dijo el Senador Insulza, esto se cumplió en los últimos días del año 2018, pero se enmarcó en el mencionado acuerdo.
En el Presupuesto para el 2019 mantuvimos las normas anteriores, aunque mediante glosas se agregaron distintas exigencias.
El objetivo, como aquí se ha manifestado, es fortalecer el control civil y democrático de los gastos reservados y que su naturaleza se mantenga con mucho rigor.
Se eliminan los pisos mínimos, lo que da lugar a debate cada año. Por lo tanto, el monto se deberá definir en el Presupuesto de la Nación a partir de una propuesta del Ejecutivo. Pero el Congreso decidirá si acepta la cifra sugerida o la reduce.
El proyecto precisa el concepto de "gastos reservados" -ello fue objeto de mucha polémica- y reduce los fines a que puedan destinarse.
Los Ministerios que tienen gastos reservados -no abundaré al respecto, pues ya se dijo en la Sala- deberán rendir cuenta.
El único que persigue un objetivo amplio y diverso es el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y me parece muy razonable que no se pueda acotar. Sin embargo, también estará obligado a la rendición. Incluso, es factible cuestionar la naturaleza de los gastos reservados.
De otro lado, se impone la obligación de que en la ley se acote la glosa para gastos reservados. Y se puedan incorporar ciertas restricciones.
Se prevé la existencia de control interno y de controles externos.
El control interno está a cargo de la cabeza del Ministerio, pero es el Subsecretario el que tiene la responsabilidad operativa.
Acá estamos con un Subsecretario que maneja gastos reservados; es incumbente en lo que estamos discutiendo.
Los controles externos los ejercerán la Contraloría General de la República y el Congreso Nacional.
Esto es algo nuevo: el Parlamento pasa a tener control en materia de gastos reservados.
Por primera vez se van a definir las unidades operativas de los recursos pertinentes.
Hasta ahora había ambigüedad en cuanto a quién era el responsable. Sobre el particular existía una apertura, aunque en la glosa para este año -si no recuerdo mal- ya se acota en cierto nivel.
Los jefes de los servicios deberán efectuar semestralmente una rendición -ello es nuevo- a los Subsecretarios correspondientes. Esto, en el entendido de que en lo que decide el Subsecretario está involucrada la responsabilidad del Ministerio; o sea, también del Ministro.
Señor Presidente, con relación a los controles externos hay un aspecto que espero que fortalezcamos en la discusión particular.
En efecto, la Contraloría General de la República queda con la responsabilidad directa en función de lo que presenten los respectivos jefes de servicio de las entidades.
En la propuesta que hubo para el 2017 se planteaba que rindiera cuenta el Ministro, quien recibía los antecedentes. Ahora podría ser el Subsecretario. Pero quien tiene que hacer la primera revisión es el Ministerio al que pertenece el jefe de servicio pertinente.
A mi juicio, dicho punto es discutible.
Además, hay un problema relacionado con el nivel de desagregación de la rendición de cuenta de los gastos reservados.
En tal sentido, algunos pensamos que si la Contraloría estima que la rendición no le permite ver el alcance real de los gastos, pueda preguntarle a quien rinde la cuenta: "¿Qué pasa con esto?". Porque ahora, como está el proyecto, la Contraloría solo puede consultarle aquello al Ministro correspondiente, pues no tiene la facultad para decir: "Quiero saber esto, porque no me queda claro que el gasto tiene carácter reservado o secreto", etcétera.
En cuanto al control que deberá ejercer el Congreso Nacional, se trata de una gran responsabilidad nuestra. En efecto, tendremos la posibilidad de que, en la Cámara de Diputados, la Comisión responsable del control del sistema de inteligencia del Estado reciba semestralmente la información en sesión secreta.
Durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos se abrirá debate sobre la materia en las instancias correspondientes. Y en ella, también en sesión secreta, el Ministerio correspondiente deberá fundamentar el porqué.
A lo anterior se agrega una idea surgida desde la Contraloría: que quienes operan con gastos reservados deban presentar la declaración de patrimonio e intereses a que están afectas diversas autoridades. Porque la Contraloría puede estimar que la rendición de cuentas es consistente o inconsistente. Incluso, le es factible objetar la referida declaración, dado el riesgo que la situación envuelve. Y si no se corrigen las eventuales inconsistencias, el Órgano Contralor puede iniciar un sumario.
Aquí se prohíbe usar los gastos reservados para efectos que no están previstos.
Como Sus Señorías saben, los gastos reservados de los diversos entes se utilizaban para una gran variedad de cosas. Ahora su uso se acota. Y si alguien va más allá de lo permitido, será sancionado por hacer algo que se encuentra prohibido y, en consecuencia, por atentar contra el principio de probidad.
En conversaciones con gente de la Contraloría, se me ha dicho que en tal caso las sanciones todavía son muy débiles. Entonces, deberíamos revisar el punto en la discusión particular.
Por otra parte, se incorpora como agravante de la responsabilidad penal la malversación de caudales públicos con recursos destinados a gastos reservados -no estoy hablando de destino a algo distinto de lo previsto-, conducta que hemos visto muchas veces en el último tiempo, sobre todo en lo concerniente a gastos reservados de algunas ramas de las Fuerzas Armadas y de Carabineros.
En tal caso, el juez puede incluso aumentar en un grado la pena correspondiente.
Señor Presidente, es una muy buena noticia que estemos avanzando con la aprobación general del proyecto.
Espero que la Comisión de Hacienda lo despache pronto en particular y que la ley en proyecto opere cuanto antes, porque es parte del fortalecimiento de la democracia el mayor control civil de los gastos reservados.
En lo personal, comparto que los gastos reservados de la Presidencia de la República deben ser más amplios. Sin embargo, tiene que haber rendición de ello.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- A continuación tiene la palabra el Senador señor Coloma.
El señor COLOMA.- Yo no quiero repetir mis argumentos, señor Presidente.
Valoro el sentido de esta normativa, que básicamente, como su nombre lo dice, genera más lógicas de información y de rendición de cuentas sobre los gastos reservados, materia que ha sido objeto de múltiples debates.
El mal uso que algunas instituciones han hecho de aquellos gastos determinó la necesidad de modificar la institucionalidad pertinente.
Todo lo que tienda a modernizar el sistema y a mejorar la información y rendición de gastos reservados me parece razonable.
El proyecto establece algunas obligaciones que considero adecuadas en su dimensión general.
Sin embargo, no quiero dejar pasar un par de aspectos que al menos me provocan una inquietud, la que puede ser minoritaria.
En primer lugar, la eliminación de los pisos, que algunos parlamentarios celebran, es completamente discutible. Por supuesto, nadie tiene el dominio de la verdad. Pero aquello no me parece una buena política pública.
La pregunta de fondo es si los gastos reservados son necesarios o no.
Si alguien me dice que no -ello es entendible-, yo no tendría ningún problema con la norma respectiva; me parecería razonable y coherente con el espíritu que se tiene en vista.
Sin embargo, aquí hay algo bien raro.
Todos coinciden en que los gastos reservados son necesarios, tengan que ver con cuestiones inteligencia, de ciberseguridad, de contraespionaje, o con distintos ambientes o escenarios que no son del caso detallar pormenorizadamente.
Yo no he oído a nadie sostener que no hay que tener gastos reservados -si oyera decir lo contrario, lo entendería-; no obstante, se consigna una norma bastante extraña, conforme a la cual es factible que aquellos sean cero.
Señor Presidente, yo he sido parlamentario durante bastantes años y, por ende, conozco cómo son los debates presupuestarios. Y sé -y no soy solo yo- que la discusión entre cañones y mantequilla es del siglo pasado o antepasado.
Particularmente en momentos de paz -ojalá sean duraderos-, no en el ámbito comercial sino en el militar, es fácil decir: "Hagamos otras cosas con estos recursos que son fungibles".
Entonces, en una discusión hecha en el ámbito presupuestario -no digo en este Gobierno, sino en cualquier otro; esto no tiene que ver con la contingencia- se puede preguntar en qué prefiere gastar los recursos: en un hospital; en un Cesfam; en una posta rural; en una política de vivienda. O sea, este delta se establece para algo que, si bien tiene una justificación teórica, es muy dudoso; tanto, que la ley no determina un piso.
Por lo tanto, creo que esa es una mala resolución para un problema difícil. Es la solución fácil para una cuestión compleja.
Sin embargo, para mí las soluciones fáciles no son necesariamente las buenas. Esta es mi perspectiva.
Así, lo que vamos a tener acá es un escenario bastante especial, en que habrá una presión -lo vimos en el Presupuesto anterior- por decir "dejemos el gasto en 1 peso y dediquemos esos mismos recursos a otra actividad", que, obviamente, aparecerá mucho más valiosa a nivel popular, pero eso no tiene que ver con que sea sana institucionalmente.
Entonces, la fórmula es ingeniosa, pero rara. Se señala: "Pero debe considerarse la glosa". ¿Y para qué se considera la glosa? Para que el Gobierno pueda reasignar.
O sea, en el fondo es advertir desde ya que es legítimo que una institución importante quede con cero pesos, en la confianza de que existirá la reasignación, que es un tema que siempre me ha generado cierta distancia, porque creo que cada vez que se reasigna alguien funcionó mal. Y esto es transversal. Este es el paraíso de los Ministros de Hacienda, a los que les encanta reasignar: los recursos van para acá y después van para allá; lo importante es tener abierta la glosa.
Entonces, aquí le facilitamos el camino del atajo a la autoridad diciéndole: "Señor, lo discutiremos. Pero si le decimos que es cero, no va a ser cero, sino 1, porque hay una glosa y usted puede sacar de otra parte," -estas son mis palabras- "que no se señala en la fijación del Presupuesto". Porque en el Presupuesto usted dice: destino tantos recursos para personal, tantos para armas, tantos para modernización. Pero todos sabemos que en el fondo de su alma está guardando una parte por si le rechazan los gastos reservados. Y como usted sabe y todos sabemos que estos son necesarios, estamos haciéndonos una trampa en el solitario. Y a mí no me gustan las trampas en el solitario, por bien visto que sea; no me gusta el diseño.
No tengo ningún problema en cuanto a la transparencia, a la forma de hacer los gastos, a que se entregue mejor información. Sin embargo, no me gusta esta fórmula angulada de igualmente plantear estos gastos reservados. Pero ya va a ser difícil que el Parlamento los apruebe. Entonces, deberemos ver en qué otro ítem el Gobierno va a tener algún excedente para hacer lo que todos sabemos que se debe hacer: generar lógicas de inteligencia, contrainteligencia, más allá del mal uso que se haya hecho.
Porque no nos confundamos con el mal uso. Para enfrentarlo existen otras herramientas. Pero lo importante es el uso. Yo planteé esto en la Comisión y presentaré una indicación. No me cabe duda de que la voy a perder, pero por lo menos quiero instalarla para fijar mi posición respecto de esta forma rara, a mi juicio, de enfrentar los problemas.
Y lo segundo que quiero señalar -porque hay una altura en que uno ya dice exactamente lo que piensa, más allá de cualquier comentario- tiene que ver con las formas de rendir cuentas, pues considero que debemos meterle un poquito más de cabeza. Este tema fue bien estudiado en la Comisión de Hacienda y quedamos de redebatirlo en la discusión en particular. ¿A qué me refiero? A que es importante el cómo se desagrega la información. Esto es superimportante, porque, ¿qué es lo que uno pretende? Que la Contraloría participe. Pero también advierto de que no tengo tan claro que sea necesario el control parlamentario, porque la forma de desagregar la información será más fuente de conflicto que de solución.
Lo que me importa es que no se roben la plata, que haya alguien responsable de su uso, que se pueda confiar en que esto no depende del arbitrio de una autoridad cualquiera. Eso es lo que a uno debería importarle.
Ahora, cómo se desagrega: "Oiga, gasté tanto en esto y se lo di a tal persona". ¿Pretender buscar un control parlamentario? ¿Qué pedirá un parlamentario? ¿Se va a contentar simplemente con que le den los bosquejos de los números? No es fácil. ¿Hasta dónde llega la información? ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un Ministro o de un Comandante en Jefe?
Creo que esto hay que dejarlo mejor establecido. No hay que darle esta lógica de decir: "Oiga, somos fantásticos porque vamos a controlar". ¿Qué se va a controlar?, ¿el destinatario?, ¿el objetivo?, ¿el sentido?, ¿la filosofía?
Este es un aspecto en que no tengo una solución, pero quiero plantearlo.
Se habló en la Comisión de Hacienda y quedamos de pensarlo mejor, para que vean que estoy siendo transparente respecto de la discusión. Porque el cómo se desagrega la información es un punto bien decisivo. No solamente es dar la información, que lo doy por sentado. ¿Hasta dónde llega esta? ¿Hasta dónde es exigible? Alguien me puede decir "todo", y está bien, puede ser. Alguien puede entender que aquello se relaciona con el RUT de la persona, pero puede que existan algunas actividades que no sean susceptibles de ese tipo de detalles. Pienso que eso debemos resolverlo de mejor manera.
Y podemos hacerlo. La Contraloría entregó algunos elementos en la discusión que son interesantes de abordar y de establecerlos de mejor forma en la legislación.
No tengo tan clara la necesidad adicional del control parlamentario. Pero esto no es algo que considere que vaya a ser un principio, sino que es completamente opinable. Alguien me dice que puede ser mejor. Lo que pasa es que al no saber cómo se desagrega la información, tampoco tengo claro el nivel donde se extiende esta.
Esas son básicamente las inquietudes que planteo, compartiendo una lógica general. Pero, a mi juicio, hay un par de materias que debemos abordar de mejor manera en la discusión particular.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Nuevamente me han solicitado abrir la votación. ¿Habría acuerdo en tal sentido? Manteniendo los tiempos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Senador Pugh, tiene la palabra.
El señor PUGH.- Señor Presidente, efectivamente, hoy estamos dando cumplimiento a uno de los compromisos, tal como lo señalaron los Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra, del año pasado durante la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos.
Deseo recordar que en la misma discusión dejamos sin gastos reservados a las policías ¿Las dejamos sin fondos para qué? Para que pudieran realizar una función que es muy importante y que hemos visto este año.
El Estado necesita recursos para efectuar operaciones que están íntimamente ligadas a otra ley: la N° 19.974, que en estos momentos está en discusión en el Senado en las Comisiones de Defensa Nacional y de Seguridad Pública, unidas.
El Sistema de Inteligencia del Estado necesita recursos. Y la única forma de financiar algunos departamentos es a través de estos gastos reservados.
Los gastos son reservados por dos razones: por la naturaleza de las acciones que se están realizando y por las formas de rendición. Porque hay muchos de estos recursos que ni siquiera se pueden justificar. Probablemente, algunos no lo entenderán y decidirán someterlo a los mismos estándares que rigen a toda la Administración pública.
Pero precisamente tenemos una ley que se hace cargo de definir quiénes pueden efectuar estas operaciones especiales, que a saber son dos: las de inteligencia y las de contrainteligencia.
La inteligencia, para actuar de manera preventiva ante situaciones catastróficas, de terrorismo, de narcotráfico, de crimen organizado, necesita contar con recursos especiales.
Y la contrainteligencia va destinada a que el Estado no pierda su capacidad, su información, aquella que es vital. ¿Por qué? Porque si bien hoy están garantizados el derecho y el acceso a la información -las leyes de Probidad y Transparencia así lo permiten-, existe un límite, que define hasta dónde el Estado puede entregar dicha información. Y si hay alguna discrepancia, precisamente el Consejo para la Transparencia es el que tiene que determinar hasta dónde el Estado debe entregar información.
Entonces, todos los que quieran obtener información del Estado por otros medios, saltándose los controles, están sujetos a la Ley de Inteligencia. Por esa razón existen recursos para efectuar operaciones con agentes encubiertos, con agentes secretos, para la obtención de información e interceptación de líneas telefónicas.
Estas operaciones especiales necesitan fondos que van más allá de los que se pueden rendir por el sistema normal. En consecuencia, ¿qué se requiere? Un mecanismo de control.
Deseo señalar que más que derogar los pisos, que es lo que se discute en este momento, lo que se está instalando es un nuevo sistema de asignaciones y control, entendiendo que existen leyes y ciertos departamentos que no podrán funcionar si no se les asignan recursos.
Por lo tanto, considero que sería absurdo entrar a discutir en una Ley de Presupuestos la disminución a 1 peso, como lo hemos visto anteriormente, para financiar este tipo de actividades.
Aquello, obviamente, habla de un Estado que no ha madurado, que no ha sido capaz de entender que se requieren recursos para su propia protección.
Los gastos reservados son una capacidad estratégica nacional. ¡Y qué mejor medida que publicarlos! Que se sepa exactamente cuántos recursos tiene el Estado para llevar adelante operaciones que permitan garantizar su seguridad.
Ese es el primer control democrático: la transparencia, la publicación de los gastos reservados, la forma en que van evolucionando en el tiempo, tal como se ha indicado, en que se sabe exactamente para lo que se requieren.
Y ahora habrá un mecanismo y un control que va a permitir, incluso, a la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial de Inteligencia, certificar si efectivamente los recursos se están empleando en lo que se dice.
Todos los Estados del mundo tienen el mismo dilema y el mismo desafío. Y han optado por diferentes mecanismos de control. Estados Unidos, por ejemplo, estableció uno en el que la Cámara Alta (senadores) y la Cámara Baja (diputados o representantes), con cuatro parlamentarios de cada una, configuran un mecanismo de control.
La inteligencia necesita de control, como también de dirección. Por eso, lo que se tiene que hacer -y ese es uno de los compromisos del actual Gobierno- es una Estrategia Nacional de Inteligencia, con objetivos claros a cuatro años, con planes anuales, en que se sepa exactamente cuánto va a costar implementarlos. Y eso es lo que baja a la Ley de Presupuestos, no lo que a la gente se le ocurrió que podía ser. Está de acuerdo con un plan estratégico, controlado con planes anuales y existen los mecanismos de control.
Todo lo que estoy mencionando es precisamente lo que trae la modernización y fortalecimiento del Sistema de Inteligencia del Estado. De allí que sea tan importante que esa ley converse con esta otra ley; no pueden estar disociadas. Y se debe entender que la capacidad estratégica se tiene que financiar en el tiempo, con ese plan estratégico, que se discute, se aprueba, y con los planes anuales, para poder llevar adelante la inteligencia y la contrainteligencia que el país requiere.
En lo personal, creo que el alineamiento estratégico de las políticas de Estado con los recursos que se discuten anualmente en la Ley de Presupuestos es la única forma de garantizar el Estado de derecho, que nos permitirá a todos tener la tranquilidad de que quienes están haciendo uso de recursos fiscales, cualesquiera que sean -de los que se tienen que rendir y de aquellos cuya forma de rendición debe ser reservada-, los están utilizando bien.
Esa confianza es la que se recupera cuando hay un protocolo, un método, un acuerdo, una forma de existir, un balance, y lo que tenemos ahora es precisamente un instrumento que así lo va a hacer.
Se cumple un compromiso, al disponer de una ley que genera este control tan necesario y que nos permite, junto con la nueva ley de inteligencia, con la Estrategia Nacional de Inteligencia y los planes pertinentes, presentarnos este año, por primera vez, a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos con parámetros claros y objetivos, para saber en qué se van a ocupar los recursos, por qué se están ocupando, y así todos tener la tranquilidad de que ello está ocurriendo según lo presupuestado.
Es importante, entonces, la formación ética de las personas, porque finalmente en ellas descansa lo más esencial. Y lo que el Estado hoy más requiere son personas, hombres y mujeres, formadas éticamente. Y eso va mucho allá de una ley. Esa formación es parte del desarrollo profesional, y todos aquellos que tienen acceso al control de estos recursos deben formarse en ese ámbito.
Hoy tenemos la oportunidad de encontrar un instrumento que permite alineamiento estratégico, políticas de Estado, control presupuestario anual, control democrático, y así demostrarle a la ciudadanía, con toda tranquilidad, en qué se ocupan sus impuestos. Ello, en cuanto a los recursos respecto de los cuales se puede contar específicamente en qué se usan. Y tratándose de aquellos que, por la reserva de las operaciones o de la forma de rendirlos, no se puede hacer, existirá la tranquilidad de que están siendo bien invertidos.
Chile necesita de esa capacidad estratégica, por eso requiere recursos reservados, los que deben ser apropiadamente empleados. Como todo recurso, es escaso, razón por la cual tiene que ser bien usado y bien rendido.
Esta nueva ley les permitirá a todos tener la tranquilidad de que así va a ser. Pero debemos avanzar también en la legislación para fortalecer el Sistema de Inteligencia del Estado y alinear las estrategias nacionales con los presupuestos anuales.
Si así ocurre, podremos trabajar sobre la base de evidencia, de data, de elementos de toma de decisión concretos. Por eso estimo que, dependiendo de la condición que el país tenga que enfrentar, probablemente sea preciso emplear en algunas ocasiones más recursos. Así, el Presidente va a disponer de un instrumento flexible para poder graduar en su política, ya sea de cuatro años o en el plan anual, lo que requiere.
La inteligencia y la contrainteligencia precisan de dirección estratégica y también de control. Si ambos elementos se alinean, esto se va a lograr.
Creo que en el Senado hemos alcanzado el suficiente compromiso y entendimiento transversal en materias de Estado, para asumirlas, enfrentarlas y juntos proponerle al país una mejor forma, un mejor Estado de derecho, que dé a todos tranquilidad respecto del empleo de estos recursos.
Habiendo dicho lo anterior, señor Presidente, estoy muy contento y, por su intermedio, quiero hacer llegar al Ministerio de Defensa, hoy representado por el Subsecretario Galli, mi reconocimiento por el esfuerzo que han puesto para que en la Comisión de Hacienda, donde se tiene que ver esto por materia de ley, se haya podido resolver el problema. Y también aprovecho de pedir que podamos alinear de la mejor forma nuestra ley de inteligencia, que se está analizando en las Comisiones unidas de Seguridad Pública y de Defensa.
El señor QUINTANA (Presidente).- ¿Habría acuerdo para fijar plazo para formular indicaciones hasta el lunes 2 de septiembre, a las 12 horas, tal como lo propuso el Senador Pizarro?
El señor QUINTANA (Presidente).- Le voy a dar la palabra de inmediato a la Senadora Aravena.
Pero antes quiero señalar a las señoras Senadoras y a los señores Senadores inscritos, en una extensa lista, que hay otro proyecto a continuación, relativo a sanciones por lesiones contra profesionales de los servicios de salud y establecimientos educacionales.
Por tanto, si se están tomando los diez minutos para intervenir, será muy difícil alcanzar a ver dicha iniciativa.
Simplemente lo señalo, para tenerlo en cuenta.
Ojalá se pudieran abreviar las intervenciones o que hubiera acuerdo de la Sala en algún minuto para reducir los tiempos. Lo dejo para su consideración.
La señora RINCÓN.- Trataremos de abreviar, señor Presidente.
La señora ARAVENA.- Señor Presidente, en primer lugar, yo creo que no está en discusión la necesidad de que existan gastos reservados.
Sin embargo, tampoco hay duda de que nuestra sociedad ha ido cambiando muchísimo en los últimos años y que uno de los cambios más notorios se refiere a la urgente necesidad de transparencia que demanda nuestra población. Estos estándares se vieron evidentemente incrementados con políticas públicas vinculadas a la OCDE, con la Ley de Transparencia, con el explosivo impacto que han tenido las redes sociales y con la necesidad de la ciudadanía de saber efectivamente cómo se desempeñan los que gobiernan y también los ciudadanos. Con esto, la ciudadanía hoy día se transforma en un gran fiscalizador, y quizás -es bueno decirlo- en el más duro, respecto a la labor del Estado de Chile, de sus políticos y de sus funcionarios, en general.
Dado este aumento de demanda en transparencia, se hace imperativo ir eliminando los espacios en que la transparencia no es la que se exige hoy día. También es necesario revisar las atribuciones que poseen algunas autoridades sobre gastos de recursos públicos que no se comunican debidamente a la población, pues, en efecto, no tienen -y lo voy a decir muy claramente- mecanismos de control que hoy día el Estado de Chile prácticamente dispone para todas sus instancias.
Obviamente, esa necesidad de transparencia se ve aumentada con creces por la ocurrencia de hechos como los que hemos visto en los últimos años, principalmente vinculados, por ejemplo, a Carabineros de Chile, que no solo empañan a una gran institución como esta, sino que también generan un manto de duda sobre la noble labor que realiza.
En tal caso, yo no solo responsabilizo a quienes cometieron el error, sino también a la legislación y a todos los gobiernos que, de alguna manera, no visibilizaron que nos habíamos quedado atrás en este ámbito, relativo al control de los recursos públicos, más allá de los fines que estos persigan.
En reiteradas oportunidades el actual Contralor ha recalcado la falta de alcance de las rendiciones de cuentas, pues no le queda más que darles su aprobación si coinciden o no con los ítems dispuestos presupuestariamente. Por lo tanto, el ejercicio de las facultades de la Contraloría claramente es muy limitado, y esta iniciativa viene efectivamente a mejorar esa situación.
Principalmente, celebro en este proyecto de ley la existencia de controles internos y externos; la obligación de hacer declaraciones de patrimonio e intereses que se establece para los jefes de unidades operativas que tengan a su haber gastos reservados; que se prohíba que a los gastos reservados se les dé cualquier uso distinto de los establecidos en la ley, y que se incorpore como agravante de la responsabilidad penal la malversación de caudales públicos con gastos reservados.
Yo celebro la noticia de que estemos hoy día legislando sobre esta materia, independiente de que no me cabe duda de que se requiere un análisis con más detalle, razón por la cual vamos a presentar las indicaciones pertinentes a este proyecto.
El señor QUINTANA (Presidente).- A usted, Senadora Carmen Gloria Aravena, por reducir el tiempo de su intervención.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el proyecto de ley que conoce el Senado es el resultado de una negociación en la Cámara de Diputados en la que el Ministerio de Defensa se abrió a acoger diversos temas planteados por la Oposición, lo cual constituye un avance político para que evitemos las situaciones de corrupción que hemos conocido a propósito del mal uso de los gastos reservados en la Comandancia en Jefe del Ejército.
Este Senado ha dado una señal clara: no es posible aceptar más corrupción ni en Carabineros, ni en el Ejército, ni en ningún otro lugar del Estado, ni con los gastos reservados ni con otro recurso público.
Este proyecto de ley es un avance en esa dirección. Y vamos a concurrir con nuestro voto a favor porque crea una nueva institucionalidad en la que habrá control civil y democrático para los gastos reservados, eliminando los pisos mínimos, acotando su definición y estableciendo un adecuado rol a la Contraloría para chequear a quienes manejan esos recursos.
Estamos ante un importante avance legislativo, en diálogo y en acuerdo con el Ministerio de Defensa, que evitará corrupciones como la conocida por las investigaciones de la ministra Rutherford, ya que ahora habrá nuevas regulaciones. Y lo relevante es que estén vigentes desde el Presupuesto del año 2020.
Pero, señor Presidente, aprovechando la presencia de los Ministros en este debate, quiero señalar también un aspecto que nos parece tan reprochable como la corrupción en los gastos reservados. Me refiero al seguimiento ilegal de que han sido objeto el periodista y los oficiales que denunciaron la corrupción con los gastos reservados en el Ejército.
No es legal utilizar las normas de la Ley de Inteligencia para intervenir la comunicación telefónica del personal que denunció la corrupción y también de periodistas que la investigan. Esa herramienta no es para amedrentar o perseguir a quienes denuncian la corrupción en el Ejército.
No es conveniente que un Ministro de Estado valide esas malas prácticas. Lo que corresponde es investigar, sancionar y erradicar definitivamente los actos de corrupción.
El debate en particular sobre la nueva regulación de los gastos reservados nos debe permitir evitar estas malas prácticas y también perfeccionar algunas materias. Por ejemplo, se debe propender a que la responsabilidad política del uso de los gastos reservados recaiga en los Ministros de Defensa y del Interior, para que exijan a las instituciones de la defensa y a los organismos policiales que estos recursos se usen en "inteligencia y contrainteligencia para la seguridad externa e interna".
Asimismo, queremos proponer que exista coordinación entre la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero (UAF), para que examinen periódicamente las cuentas bancarias de los jefes operativos que manejarán los gastos reservados en las instituciones que dispondrán de ellos, de manera de chequear que no exista enriquecimiento ilícito con estos recursos.
Esperamos que el Ministerio de Defensa mantenga su disposición para recepcionar positivamente las ideas de la Oposición, de tal manera que seamos capaces de garantizar que para el Presupuesto del año 2020 esta nueva normativa esté vigente y así dar la señal política transversal de que no permitiremos que vuelvan a ocurrir hechos como los que está investigando la ministra Rutherford, de que se usarán adecuadamente los gastos reservados -su propósito es garantizar "seguridad interna y externa"- que aprobaremos responsablemente aquí, en el Congreso, en cada Ley de Presupuestos.
El señor QUINTANA (Presidente).- Agradezco a la Senadora Yasna Provoste por haber reducido su intervención.
¿Les parece que mantengamos este rango de tiempo? ¿Siete minutos?
Senador señor Quinteros, tiene la palabra.
El señor QUINTEROS.- Señor Presidente, el proyecto en debate, que regula la información y rendición de gastos reservados y deroga los "pisos mínimos" que estaban establecidos para las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, es un paso más para dar mayor transparencia al uso de los recursos públicos.
Lo anterior se suma a otros cambios introducidos en el Gobierno anterior, especialmente en cuanto al financiamiento de la política y a la probidad en la función pública.
Todas estas reformas han surgido de una convicción genuina y han contado con el entendimiento amplio de todos los sectores, pero es cierto que, por desgracia, han sido impulsadas normalmente a partir de una nueva investigación o denuncia.
Y este caso no es la excepción.
Pero ello no desmerece la importancia de esta iniciativa y el mérito del Ejecutivo al promoverla.
Sobre el proyecto en comento, cabe señalar que la naturaleza y complejidad de las funciones del Estado obligan a que ciertas autoridades dispongan de la facultad de efectuar determinados gastos inherentes al servicio de manera reservada o secreta.
El principio de publicidad de los actos y gastos del Estado cede, en este caso, frente a las necesidades propias del orden público o la seguridad interna o externa del país.
Con todo, esta excepción al principio de la transparencia no rige para otros principios, como los de responsabilidad, control y probidad. Las modalidades de aplicación y ejecución pueden ser diferentes, pero ningún acto y ninguna autoridad pueden estar exentos de la obligación de rendición de cuenta y de la posibilidad de fiscalización.
Es imposible prescindir de los gastos reservados; sin embargo, la autoridad a su cargo, cualquiera que sea su jerarquía, debe saber que ese gasto siempre será controlado y su eventual mal uso, severamente castigado.
En general, es natural que exista desconfianza hacia los gastos reservados, especialmente de parte de la opinión pública. Pero es inconveniente que la sospecha se extienda al fundamento mismo que los justifica.
Se puede ser crítico del Presidente o de los ministros; se puede tener un juicio histórico muy duro sobre las Fuerzas Armadas y el rol de sus comandantes en jefe, pero es necesario entender que, cualesquiera que sean las personas que ejerzan temporalmente esos cargos, todas ellas se enfrentarán a situaciones complejas que conllevarán seguramente la necesidad de aplicar gastos reservados.
En consecuencia, el problema no está en los gastos reservados en sí, sino que en la falta de mecanismos para asegurar su correcto uso.
Por eso, no debemos confundirnos.
Es justa la indignación que ha producido el conocimiento de las irregularidades y delitos cometidos por ex altos mandos del Ejército en el destino de los gastos reservados de la institución.
Son justificadas también las aprensiones que generan ciertas operaciones de inteligencia llevadas a cabo por el Ejército y Carabineros.
Es inaceptable la corrupción y la vulneración de derechos básicos de las personas.
Pero sigo confiando en las instituciones. Sigo creyendo en su rol insustituible y en la necesidad que tienen de contar con herramientas y recursos adecuados a sus fines.
El proyecto avanza en el fortalecimiento de la subordinación y el control civil y democrático de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.
Los ministros de Estado, el Congreso, la Contraloría General de la República tendrán un papel específico que cumplir en el control de los gastos reservados.
No podrá seguir siendo válida la respuesta simple y reiterada tantas veces de -abro comillas- "no tener información".
Creo que sus funciones pueden ser robustecidas aún más, pero este proyecto va en la dirección correcta.
Por estas razones, voto a favor, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- También agradezco al Senador Quinteros que haya reducido el uso de su tiempo.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, les agradecería a los señores Senadores que fuéramos capaces de escucharnos. Yo he seguido atentamente las distintas intervenciones. Creo que es la única manera de entendernos.
Esta es una legislación especial, excepcional y, por lo tanto, tiene que interpretarse restrictivamente.
¿Por qué? Porque la norma general en el Estado es que todos sus actos son públicos y transparentes. Así lo señala el artículo 8° de nuestra Constitución. Pero, además, el artículo 98 de esta última establece la legalidad del gasto público.
Por consiguiente, esa es la regla general: todos los actos y gastos del Estado son públicos, y todo está sujeto a un control de legalidad por parte de la Contraloría General de la República.
Aquí estamos haciendo una excepción a esa norma general (de la transparencia y de la legalidad del gasto). Y ¿por qué? Porque el Estado tiene ciertos riesgos objetivos que lo asechan en cada recodo del camino, producto de lo que es la existencia humana.
Por lo tanto, el Estado tiene objetivos estratégicos de supervivencia, de control de los riesgos, de las amenazas que supone su propia existencia.
Por eso, el legislador establece normalmente en la Ley de Presupuestos -antes, sin una ley- que determinadas sumas de dinero, producto del sistema tributario, pueden usarse por ciertos organismos de una manera especial, para cumplir esos objetivos estratégicos de supervivencia y neutralizar, así, los riesgos a que se encuentra sometido el Estado.
Entonces, estas normas debemos interpretarlas restrictivamente, en el sentido de que no se puede hacer nada más que lo que específicamente establece esta legislación. En consecuencia, los ministros, los subsecretarios, el personal operativo tienen que entender que las decisiones de uso de estos recursos están supeditadas estrictamente a los objetivos de esta Ley de Gastos Reservados.
Señor Presidente, pienso que tenemos un problema en la distinción entre los aspectos estratégicos y los aspectos tácticos.
Lo que buscan los primeros es la seguridad del Estado -digámoslo en términos redondos-, el orden público, la seguridad nacional. Ese es el objetivo estratégico que hay que cubrir y que deben tener en vista las autoridades para resolver el uso de los gastos reservados.
¿Dónde veo yo que podemos tener una fase de mejoramiento de esto? En los aspectos tácticos.
Me explico: puesto el subsecretario, el jefe de servicio en la coyuntura de un riesgo que debe resolver, cabe preguntar con qué criterio; con qué lineamientos, frente a la cuestión factual concreta, toma la decisión de decir: "Mire, yo voy a usar este gasto reservado".
¿Con qué criterio lo hace? Aquí los aspectos operativos y tácticos no los estamos señalando.
Me parece que las filtraciones que ha habido en el pasado respecto del mal uso de los gastos reservados se deben, precisamente, a no tener cierto criterio operacional respecto de una decisión táctica de cuándo y cómo utilizar esos recursos que, reservadamente, se hallan a disposición de ciertas autoridades.
Creo que eso podría definirse, mejorarse aquí, en este proyecto de ley. Porque vuelvo a repetir que el ethos cultural de este articulado es la restricción, la especialización: es una ley especial.
Yo escuché atentamente las intervenciones y me llamó la atención lo que señaló el Senador Coloma respecto al "piso mínimo".
A mi juicio, los gastos reservados, por su naturaleza, son esencialmente tácticos, flexibles, no rígidos, porque van a depender de la coyuntura y de la forma como los riesgos se vayan desempeñando en función de los objetivos estratégicos del Estado. Por lo tanto, creo yo que estos organismos deberían contar con una base mínima, la que debería fluctuar de acuerdo con las apreciaciones estratégicas que hagan estos organismos y el Congreso en la Ley de Presupuestos, donde podríamos decir: "Mire, tenemos un panorama en positivo, en negativo; lo subimos, lo bajamos". Pero creo que sería fundamental partir de cierta base.
Pienso que estas cosas pueden arreglarse en la discusión en particular, si actuamos con sentido de Estado. Porque esta legislación exige que todos nosotros entendamos los principios que, como he señalado, son la regla general: la transparencia, la publicidad y la legalidad del gasto.
Con esta ley vamos a hacer una excepción. Por eso se requiere que hagamos las cosas bien y que podamos concordar los dos aspectos que he planteado aquí -y el señor Subsecretario seguramente me está escuchando-, en orden a afinar la parte táctica de la toma de decisiones para el uso de los recursos reservados y garantizar que la gente parta con cierto escenario que le permita afrontar adecuadamente los objetivos estratégicos que perseguimos para la seguridad del Estado.
Por lo tanto, voto que sí, señor Presidente.
El señor QUINTANA (Presidente).- Tiene la palabra el Senador Víctor Pérez.
El señor PÉREZ VARELA.- Señor Presidente, este es un proyecto de ley que no sé si debiera alegrarnos a todos, pero que demuestra cómo el país va avanzando en materias que son tan sensibles y tan importantes.
Hoy día se ha hecho, por parte de algunos Senadores y Senadoras, un uso -yo diría- casi abusivo de lo que ha estado pasando en el Ejército. Sin duda, ha sido una cosa extraordinariamente dolorosa, pero aclaremos que quienes han sido responsables de mal uso de esos gastos reservados están detenidos.
Quiero recordar que a comienzos de la década del 2000 los ministros de Estado recibían mensualmente sobres de gastos reservados. ¿Alguien estuvo detenido? ¡Nadie!
De hecho, el Servicio de Impuestos Internos se aceleró en sacar una resolución que señalaba que tales sobres significaban gastos de representación. Por lo tanto, todo quedó absolutamente en nada. Y por esos dineros ni siquiera se pagaban impuestos.
A diferencia de ello, ahora hay militares detenidos. A los civiles no les pasó absolutamente nada, pese a haber usado también, de una manera extraordinariamente irregular, recursos que se ponen en manos de las autoridades para fines que son verdaderamente importantes.
Se ha hablado mucho del control civil, y yo me voy a referir a eso. Pero es necesario tener presente que aquí les estamos entregando a once entidades la facultad de contar con gastos reservados. De ellas, siete son civiles y cuatro, uniformadas: las tres ramas de las Fuerzas Armadas, más Carabineros de Chile.
Por lo tanto, resulta importante también tener presente que la administración del Estado requiere, en determinado momento, para cumplir sus fines, desarrollar actividades que son reservadas o secretas. A lo mejor, ellas tienen su expresión más clara, más nítida, más eficaz en los temas de seguridad nacional, de seguridad militar, de seguridad del Estado. Por eso, hay una especial preocupación por que esos recursos puedan y deban ser utilizados para esos fines. Porque son extremadamente necesarios para la integridad territorial del país y para la seguridad de todos los chilenos. De modo que el uso adecuado de ellos es un deber moral, un deber ético que está fuera de toda discusión.
Yo concuerdo con quien me antecedió en el uso de la palabra en el sentido de que aquí hay elementos estratégicos -están absolutamente claros y nítidos en la legislación- y también elementos más tácticos, más prácticos, más operativos, y es necesario dilucidarlos -ojalá se haga en la discusión en particular del proyecto- a fin de que en las actividades que se deben desarrollar, particularmente en el tema de la seguridad nacional, las instituciones armadas cuenten con recursos oportunos y suficientes para que sus actuaciones sean eficaces. ¿Para qué? Para defender la integridad territorial del país y la seguridad de cada uno de sus habitantes.
Lo anterior está en directa relación con lo que aprobó el Senado hace poco tiempo: el financiamiento de las capacidades estratégicas. Hay un mandato civil de tener claro cuál es nuestra política de defensa, cuál es nuestra política militar, cuál es el desarrollo de las fuerzas, definiciones que nos va a corresponder ver muchas veces aquí en esta Sala.
Actualmente, en las Comisiones unidas de Defensa Nacional y de Seguridad Pública del Senado estamos discutiendo el proyecto que moderniza el sistema de inteligencia del Estado, el cual contempla una estrategia nacional de inteligencia y planes nacionales para cada institución. En la discusión de esa iniciativa, que debe ser aprobada por el mundo político -el Presidente de la República y el Congreso Nacional-, será posible determinar adecuadamente cuáles son los recursos requeridos. Y sería mucho más adecuado a esa línea contar con determinado piso para que año a año pudiéramos discutir los recursos adicionales que se necesitan.
Porque tenía razón quien decía que muchas veces va a depender de la situación y del contexto internacional en que se mueva Chile. Hemos tenido realidades complejas y momentos de tranquilidad. En estos últimos a lo mejor las necesidades de gastos reservados van a ser algo menores, pero en las épocas difíciles vamos a requerir que esos recursos sean utilizados eficazmente.
Por eso, me parece extraordinariamente bien el control que ejercerá la Contraloría General de la República y el hecho de que se defina con absoluta claridad que el uso de estos fondos debe destinarse exclusivamente a los fines para los cuales se crearon y para ningún otro. Si se emplearan en objetivos distintos, se estaría colocando en riesgo la seguridad nacional; en definitiva, la seguridad de todos los chilenos.
Se trata de recursos necesarios y tremendamente delicados que se les entregan a autoridades para que los manejen con reserva y con secreto. Por lo mismo, el conocimiento público de esos gastos es extraordinariamente restringido. No pueden ser difundidas las labores de inteligencia y de contrainteligencia.
Las autoridades, en este caso el Ministro de Defensa, los Subsecretarios, el Contralor General de la República y miembros del Congreso (en concreto, la Comisión Especial sobre Control del Sistema de Inteligencia del Estado, de la Cámara de Diputados), deben ejercer el control pertinente para asegurar que esos gastos sean verdaderamente los adecuados y que los fondos se usen para los fines que ha definido el país a través de sus instituciones, particularmente de la Presidencia de la República y del Parlamento.
Hacerlo de otra manera sin duda pone en riesgo algo que es muy importante para todos y cada uno de los chilenos.
¡Los gastos reservados son necesarios!
Y deben ser objeto de un tratamiento absolutamente distinto de cualquier otra inversión de recursos públicos. Por lo tanto, la sanción para quien transgrede las normas en esta materia debe ser extraordinariamente severa.
No podemos volver al caso en que se decía que eran gastos de representaciones, con lo cual ni siquiera pagaban impuesto.
El señor QUINTANA (Presidente).- Solicito el asentimiento de la Sala para que el Senador Carlos Bianchi asuma como Presidente accidental.
Tiene la palabra la Senadora Ximena Rincón.
--Pasa a dirigir la sesión, en calidad de Presidente accidental, el Honorable señor Bianchi.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, estimados colegas, no discutamos con eufemismos.
Este proyecto de ley no es un simple tema de modernización; es, sin lugar a dudas, un requerimiento de probidad y corrección en el ejercicio de funciones públicas que ejercen, además, instituciones claves en el orden público y la seguridad de la nación, las cuales, por esa misma razón, cuentan con esta prerrogativa excepcional .
En enero del año 2003, en el contexto de actos de funcionarios públicos que resultaron cuestionados en cuanto a la probidad en el llamado "caso coimas", el entonces Presidente de la República, Ricardo Lagos, y el Presidente de la UDI, Pablo Longueira, suscribieron el Acuerdo para la Modernización del Estado, fijando una agenda destinada a establecer mejores estándares en eficacia, en probidad y en transparencia de la función pública.
Dentro de esa agenda, señor Presidente, se estableció la necesidad de profundizar en el debate respecto de los gastos reservados : entre otros temas, respecto a la definición del concepto mismo, los organismos que pueden disponer de tales recursos y la destinación de estos.
El mensaje del Ejecutivo, lamentablemente -y creo que ello va a ser tema en la discusión en particular-, no aborda el fondo de los gastos reservados del Estado: no avanza en su definición y no avanza en el establecimiento de montos razonables. Tan solo se adecúa el listado de los organismos que continúan con dichos gastos.
Se señala el deber de informar a las Subsecretarías y los Ministerios correspondientes la destinación de estos recursos, fundadamente, y también el deber de tales Subsecretarías y Ministerios de informar a la Contraloría General.
El proyecto agrega, además, una facultad al Contralor, un deber de guardar secreto en la Cámara de Diputados y un tipo penal particular.
Señor Presidente, nos corresponde hacer la discusión de este proyecto de ley justo cuando la opinión pública -y créanme que hemos seguido este tema cuando analizamos la reacción de los ciudadanos- se ha enterado de la denominada "Operación Topógrafo", mediante la cual el año 2017 se espió a cuatro personas: a dos funcionarios activos y a dos en retiro de instituciones castrenses, todos ellos denunciantes de eventuales irregularidades al interior del Ejército.
Estas indagaciones, realizadas por personal de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), quedaron reflejadas al menos en cinco minutas elaboradas entre junio y agosto de 2017 y en dieciocho páginas con la transcripción de dos escuchas telefónicas.
A la Operación Topógrafo precedió la Operación W, una indagación dirigida contra el periodista Mauricio Weibel, autor en 2016 del libro Traición a la patria, donde relata detalles del desfalco al interior de la institución castrense de dineros provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Weibel habría sido vigilado y sus llamados telefónicos, interceptados.
La Ley de Inteligencia, señor Presidente, promulgada el 2004 por el entonces Presidente Lagos, permite el uso de procedimientos especiales "limitados exclusivamente a actividades de inteligencia y contrainteligencia que tengan por objetivo resguardar la seguridad nacional y proteger a Chile y su pueblo de las amenazas del terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico".
El artículo 24 de dicha ley autoriza "la intervención de las comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de la correspondencia en cualquiera de sus formas", siempre que se trate de los casos anteriormente descritos.
Hace una semana discutíamos sobre extender tales facultades a las policías o a los organismos de inteligencia para la persecución de hechos catalogados como terroristas, sin contar con una definición de lo que entendemos por terrorismo.
Pero ¿qué certeza tenemos hoy de que los gastos reservados asignados al Ejército, a las policías o a la ANI tengan una destinación justificada y enfocada en el combate de actos que puedan atentar contra la paz y la seguridad ciudadana, en lugar de ocuparlos para hacer investigaciones y perseguir a quienes denuncian la corrupción dentro de esas instituciones o perseguir a enemigos políticos, o realizar espionaje para posteriores chantajes?
Por tanto, en buena hora en este Parlamento estamos conversando, discutiendo y legislando sobre gastos reservados. Sin embargo, poco vamos a avanzar en el fondo del problema si no se propone una definición; si no se fijan montos máximos razonables; si no se revisan con precisión los organismos que pueden disponer de tales recursos y los ámbitos de destinación de ellos; si no se establecen controles externos eficaces, y si no se fijan fuertes sanciones e inhabilidades para quienes infrinjan las normas que los regulen.
Señor Presidente, porque creo que es fundamental legislar en esta materia, voy a respaldar este proyecto de ley del Ejecutivo, pero no sobredimensiono su mérito, a menos que sea debidamente completado en la discusión en particular.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Quedan varios inscritos.
En la medida de lo posible, les solicito que reduzcan a cinco minutos la fundamentación del voto, pues luego viene un importante proyecto -van quedando menos Senadoras y Senadores en la Sala- que dice relación con el resguardo de los profesionales de la salud y la educación.
Nos parece relevante poder votarlo en el más breve plazo.
Tiene la palabra la Senadora Isabel Allende.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en la discusión presupuestaria del año pasado señalamos la urgencia de que los gastos reservados sean objeto de una mayor transparencia.
Hoy vemos que se ha cumplido ese compromiso, por lo que en este momento vamos a apoyar en general este proyecto, en el entendido de que estamos dando un paso sustantivo para lograr una mejor definición de gasto reservado; para eliminar los pisos fijados de tales gastos a las Fuerzas Armadas, y para saber con claridad qué Ministerios los van a tener, cómo se van a rendir esos recursos, cómo se van a controlar interna y externamente.
Es fundamental que no nos perdamos en ese sentido, pues resulta esencial para el funcionamiento democrático que exista control de esos gastos, siempre y cuando realmente se tengan las herramientas para hacerlo.
Y me alegro de que el Congreso Nacional, además de la Contraloría, juegue un rol en este aspecto, que después será necesario especificar y detallar. De igual modo, se deberán precisar con claridad los montos destinados, las formas de rendirlos, las atribuciones exactas que le correspondan a la Contraloría, en fin.
Algunos han recordado distintos momentos.
Sin embargo, no podemos dejar que esto sea un cheque en blanco, porque, lamentablemente, hemos visto con bastante dolor casos de corrupción millonarios, los que han afectado prácticamente a todas las ramas de las Fuerzas Armadas y, también, a las policías. El país no comprende los hechos que hemos debido presenciar en este ámbito.
Por eso insistimos en la necesidad del control interno y externo.
Reiteramos que es importante derogar los pisos mínimos de los gastos reservados para Carabineros y las Fuerzas Armadas, lo cual era objeto de una discusión anual constante a raíz de la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos en el Congreso.
Por lo mismo, vamos a seguir insistiendo en que es fundamental que no nos equivoquemos a la hora de ejercer estos controles y de exigir el cumplimiento de las funciones públicas que se establecen y las responsabilidades que se tienen, para que no haya abusos.
Señor Presidente, quiero aprovechar también la presencia del Subsecretario para decir que, en verdad, nos ha costado asumir las declaraciones muy rápidas que se dieron con las que se defendió inmediatamente la conducta de espionaje o interceptación telefónica contra quienes habían denunciado actos de corrupción y, peor aún, contra un periodista que estaba investigando tales hechos.
Nosotros esperamos una explicación clara y transparente, ¡clara y transparente!, porque el país lo merece.
Y lo señalo a raíz de la discusión de este proyecto, pues no podemos ignorar que se han cometido abusos en el pasado y ahora, y no queremos que se sigan cometiendo en el futuro.
Con la convicción de que vamos a contar con los controles respectivos y de que en la mirada en particular del proyecto vamos a precisar la forma en que se rendirán los gastos reservados (montos, cantidades y todo lo que hemos señalado), voy a apoyar esta iniciativa.
No podemos seguir manteniendo un estanco aparte; no podemos seguir creyendo que las Fuerzas Armadas se mandan autónomamente. Deben tener un control civil, que es la esencia de la democracia. Esto es fundamental.
Lo anterior lo plantean todas las legislaciones.
Nosotros vamos a actualizar nuestra normativa, por cuanto no podemos ignorar la necesidad y la importancia de fijar ese control.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro, hasta por cinco minutos.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, los gastos reservados han sido materia de polémica en todos los gobiernos. Lo fueron, incluso, durante la dictadura. ¡Y qué decir de eso! Nadie nunca más en la vida sabrá qué pasó con todos esos dineros.
Pero hoy día enfrentamos una sensación en la opinión pública, más bien una constatación, en torno a una fuerte realidad: existe impunidad.
¡La constatación de la realidad es que hay impunidad!
No hay castigo para quienes socavan los recursos del Estado. No hubo un castigo claro para el cabo Juan Carlos Cruz, quien se gastó en el casino Monticello más de 2 mil millones de pesos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. ¡Un cabo!
Cuando a mí me dicen que vamos a tener gastos reservados cuya rendición deberá efectuarse ante el Subsecretario respectivo y que va a existir una tuición de la Contraloría, yo recuerdo que no hace mucho un cabo fue capaz de gastarse más de 2 mil millones de pesos en el casino Monticello y ni un general, ni un contralor, ni un oficial logró detectar que este cabo dilapidaba el dinero a manos llenas.
Hay una especie de desquiciamiento de la sociedad.
¡Ahí está el caso Soquimich!
El Director de Impuestos Internos jamás se querelló.
Por eso hemos propuesto un proyecto de ley para que el Director del SII sea nombrado, al igual que el Contralor y el Fiscal Nacional, por el Senado a proposición del Presidente de la República, de manera de garantizar, en este caso, diez años de ejercicio e inamovilidad en el cargo.
En definitiva, como no hubo querella, todos fueron sobreseídos y la gente quedó con la sensación de que Ponce Lerou y Soquimich hicieron lo que quisieron y nadie recibió ningún tipo de castigo.
Respecto de la colusión de las farmacias, hubo una ganancia de 225 mil millones de pesos durante diez años. Y si no fuera por que una de ellas (Farmacias Ahumada) denunció el hecho para acogerse a la ley correspondiente -ahí se beneficiaba-, jamás habríamos sabido que estaban coludidas, cobrando precios muy superiores por medicamentos para enfermos crónicos.
¡Salvajes, señor Presidente! ¡Inmorales!
Y para qué hablar de los gastos reservados de las Fuerzas Armadas: claramente hoy día están siendo investigados.
Ante ello, el proyecto de ley incorpora figuras que deben ser objeto de nuestra reflexión.
Primero, establece la definición de gastos reservados. Señala que serán aquellos recursos que se usen para las funciones públicas establecidas en las leyes relativas al orden público, a la seguridad interna y externa del país, a la inteligencia y contrainteligencia, y a las funciones inherentes a la Presidencia de la República.
¡Funciones inherentes al Presidente de la República! Señor Presidente, todo es inherente a tales funciones. ¡Todo! Por tanto, es una definición vasta, amplia, inmanejable, en comparación a otras más concretas.
Creo que eso abre la puerta a todo.
¿Cuáles son las funciones inherentes al Presidente de la República? Todo, todo cuanto sucede en Chile.
En esos términos, creo que el control correspondiente a las referidas entidades -en este punto alegaba el Senador Víctor Pérez- (cuatro uniformadas y siete civiles), se vuelve inmanejable.
Además, señor Presidente, el proyecto de ley en su artículo 1, Nº 5, establece el delito de malversación de manera, en mi opinión, muy compleja. Dicha norma agrega un nuevo artículo 6, cuyo inciso final señala: "En los delitos de malversación de caudales públicos referidos a gastos reservados, el juez podrá aumentar la pena correspondiente en un grado.".
¡Como si al cabo Cruz le hubiera interesado recibir un grado más de pena al gastarse los recursos!
Siento que aquí cabe decretar la imprescriptibilidad del delito de malversación y de cohecho con gastos reservados. Se requiere una sanción permanente que genere, por cierto, una disuasión. Si no, vamos a tener constantemente acciones investigativas que se alargarán en el tiempo, realizadas por entidades cuya tendencia es involucrarse para protegerse.
Considero que la imprescriptibilidad del delito de malversación debe también ser extensiva al cohecho, que se define como el delito que comete un empleado público que solicita o acepta un beneficio para ejecutar un acto, omitir un acto o infringir sus deberes.
¿Es malversación o cohecho lo que comete un funcionario público que se queda con estos dineros o que presiona para que otro le entregue recursos reservados o que se colude para ello?
La única fórmula para que estas medidas sí duelan y efectivamente sean disuasivas es establecer la imprescriptibilidad del cohecho y la malversación con recursos públicos. ¡Que se sepa que no van a prescribir!
Por tanto, no va a suceder que pase un Gobierno y...
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Terminó su tiempo, señor Senador.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, creo que el proyecto avanza, pero incorpora temas que deben profundizarse.
No basta señalar que no se efectuarán pagos a funcionarios públicos. Hay una desazón profunda en la ciudadanía, y estimo que, si no somos rigurosos en establecer desincentivos, si no asumimos una política pública que no solo aplique una sanción cuando el delito se descubre, sino que desincentive, se anticipe, prevenga, vamos a estar constantemente siendo requeridos por la opinión pública respecto de cómo asignamos los recursos pertinentes, y la gente nos dirá que, cuando hicimos la ley, fijamos penas que no son suficientes.
Voy a respaldar el proyecto, señor Presidente, y anuncio que presentaré indicaciones en su oportunidad.
Hay consenso en que es un delito grave quedarse con la plata del Estado, que es plata de los pobres y se debiera gastar en la ciudadanía.
¡No más AFP!, aunque a algunos les duela.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra la señora Secretaria.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador no ha emitido su voto?
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Terminada la votación.
--Se aprueba en general el proyecto (34 votos a favor), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros y Sandoval.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra don Juan Francisco Galli, Subsecretario para las Fuerzas Armadas.
El señor GALLI (Subsecretario para las Fuerzas Armadas).- Señor Presidente, solo deseo agradecer al Senado por la votación unánime en general de esta iniciativa de ley.
En verdad, los gastos reservados son necesarios y útiles para áreas muy sensibles del Estado de Chile, como son el orden público y la seguridad nacional tanto interna como externa.
La naturaleza secreta o reservada no puede, sin embargo, entenderse como gastos que están totalmente ausentes de control tanto político como externo.
Por lo mismo, el presente proyecto avanza en ese control al establecer claramente cuáles son los mecanismos que se aplicarán a los gastos reservados.
Uno de los controles más relevantes es el que ejercerá este Congreso Nacional al conocer aspectos de tales gastos en la discusión presupuestaria.
Señor Presidente, creemos que constituye un gran avance este proyecto de ley.
Como bien lo mencionó el Senador Insulza, esta iniciativa fue un compromiso del Gobierno del Presidente Piñera expresado en la discusión presupuestaria del año pasado. Tal compromiso se concretó el 21 de diciembre del 2018, cuando presentamos el mensaje en la Cámara de Diputados, donde se realizó un debate muy profundo.
También quiero agradecer la discusión en general que hubo en la Comisión de Hacienda de esta Corporación, con los Senadores Coloma, García Ruminot, Lagos, Montes, Pizarro y también con el Senador Letelier, porque creo que habrá significativas discusiones e importantes cambios que hacer respecto de si los controles son suficientes.
Sí me quiero hacer cargo de la ausencia que se señalaba aquí en cuanto a una nueva conceptualización de los gastos reservados. Pienso que se avanza en esa materia. Justamente el Senador Huenchumilla hacía presente la necesidad de acotar los conceptos cuando nos referíamos a "inteligencia" y "contrainteligencia". Pues bien, como indicaba el Senador Pugh, hay que unirlos con la discusión que estamos teniendo en este misma Corporación a raíz del proyecto sobre nuevo sistema de inteligencia en nuestro país.
Me parece que existe un mandato claro de la Sala del Senado respecto de la voluntad de avanzar en una nueva legislación en materia de gastos reservados, mandato que nos llevamos con el Ministro Espina con el objeto de introducir los ajustes que sean necesarios en la discusión particular, en acuerdo y con profundo diálogo, tal como ha sido la característica del Ministerio de Defensa en las iniciativas que ha tramitado en el Congreso Nacional.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- A usted, señor Subsecretario.
El plazo de indicaciones ya fue fijado para el día lunes 2 de septiembre.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Me ha pedido la palabra, para otro tema, el Senador Elizalde.
El señor ELIZALDE.- Señor Presidente, hoy la Comisión de Minería y Energía acordó solicitar a la Sala la apertura de un plazo para la presentación de indicaciones al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre protección de glaciares (boletines Nos 4.205-12 y 11.876-12, refundidos), hasta las 12 horas del día 13 de septiembre de 2019, para que luego pueda ser conocido por la Comisión de Medio Ambiente.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- ¿Habría acuerdo?
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Pasamos al segundo asunto del Orden del Día.
Boletín N° 12064-07
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal para establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
--Los antecedentes sobre el proyecto (12.064-07) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite: sesión 95ª, en 6 de marzo de 2019 (se da cuenta).
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 40ª, en 13 de agosto de 2019.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Le voy a dar la palabra a la Secretaria General para que haga la relación del proyecto, pero antes quiero recabar el acuerdo de la Sala para que, luego de eso, quede abierta la votación.
Tiene la palabra la señora Secretaria General.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- El objetivo principal de la iniciativa es establecer una protección penal especial para los profesionales de la educación que presten servicios en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado y para los funcionarios de los servicios de salud, considerándolos incluidos en la noción de autoridad del Título Sexto, Párrafo Primero, del Código Penal, lo que eleva las sanciones penales aplicables en caso de lesiones en relación con el delito común.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia de que, no obstante la urgencia de "discusión inmediata" del proyecto al momento de ser tratado en su seno, acordó discutirlo solo en general, con el objeto de otorgar a los Senadores la oportunidad de perfeccionar y enriquecer su texto con ocasión del segundo informe. La referida Comisión aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros, Senadores señores Allamand, De Urresti, Harboe, Huenchumilla y Pérez Varela.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 14 a 16 del primer informe de la Comisión de Constitución y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- En votación la idea de legislar.
El señor BIANCHI (Presidente accidental).- Tiene la palabra el Senador señor Huenchumilla para informar el proyecto en comento.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, el proyecto de ley en votación, que cumple su segundo trámite constitucional en el Senado, se originó en moción de los Diputados señor Venegas, señoras Girardi, Hoffman, Rojas y Vallejo, y señores Bellolio, Rey, Santana, Schalper y Winter. Me permito precisar que, si bien se inició en moción, posteriormente fue objeto, en la misma Cámara de origen, de una indicación del Ejecutivo que sustituyó íntegramente su texto original.
Se dio cuenta de esta iniciativa ante la Sala del Senado en sesión celebrada el 6 de marzo de 2019, disponiéndose su estudio por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
El proyecto persigue, en síntesis, establecer una protección penal especial tanto para los profesionales de la educación que prestan servicio en establecimientos educacionales reconocidos por el Estado cuanto para los funcionarios de los servicios de salud, para lo cual los considera incluidos en el concepto de autoridad regulado en el Título Sexto, Párrafo Primero, del Código Penal, lo que implica elevar las sanciones penales aplicables en caso de lesiones en relación con el delito común.
Con motivo de su fundamentación, y luego de recordar que la legislación les da un tratamiento especial y contempla estatutos laborales propios para los profesionales que se desempeñan en las áreas de la salud y la educación, sus autores destacan que el rol de los docentes en el sistema escolar tiene particular relevancia al tratarse de una relación con niños, niñas y jóvenes estudiantes, en un período de formación en que se les transmiten hábitos ciudadanos que los acompañarán durante su vida adulta. En ese contexto, advierten que en los últimos años la violencia escolar se ha posesionado del ambiente educativo, con graves hechos de agresión entre alumnos, a los que ahora se suman agresiones a profesores.
La violencia escolar, en todas sus formas -añaden-, fue objeto de la ley N° 20.536, que regula todo acto de agresión u hostigamiento reiterado realizado por estudiantes que atente en contra de otro estudiante, valiéndose de una situación de superioridad o de indefensión de la víctima y que le provoque maltrato, humillación o temor fundado de verse expuesto a un mal de carácter grave. El problema es que esta ley se concentró en la relación entre alumnos, dejando fuera al resto de los integrantes de la comunidad escolar, que también pueden ser víctimas de abusos y malos tratos. Tal es el caso de los profesores.
Así las cosas, en circunstancias de que los profesionales de la educación tienen derecho a trabajar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo y a que se respete su integridad física, psicológica y moral, la ley no consagra un tratamiento punitivo acorde con la gravedad de las agresiones de que pueden ser víctimas. Esto repercute en la pérdida del sentido de autoridad que se debe preservar en la función docente.
En lo que atañe a la protección a funcionarios de los servicios de salud (sean profesionales, técnicos o administrativos), la moción recuerda que la sensación de inseguridad de estos trabajadores se ha transformado en un panorama habitual dentro de los recintos de salud a causa de las agresiones verbales, malos tratos de pacientes y sus familiares, amenazas de muerte e, incluso, el uso de la violencia física que experimentan. Esta situación tendría implicancias directas en la prestación del servicio de salud, pues afecta la integridad física y psicológica de los equipos médicos y de los pacientes testigos de estos hechos de violencia.
La iniciativa consta de tres artículos, que modifican el Código Penal, el Código Procesal Penal y la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud.
En lo que concierne a una de las enmiendas más relevantes que contempla el proyecto, regulada en el nuevo artículo 263 que se propone incorporar al Código Penal, se sanciona al que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un funcionario o trabajador de un servicio de salud, o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales, en el ejercicio propio de su cargo o con ocasión de él, con las siguientes penas:
1o Con presidio mayor en su grado medio, si de resultas de las lesiones el ofendido queda demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2o Con presidio menor en su grado medio a máximo, si las lesiones producen al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3o Con presidio menor en grado mínimo a medio, si le causa lesiones menos graves.
4o Con multa de once a veinte unidades tributarias mensuales, o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, solo esta última, si le ocasiona lesiones leves o no se produce daño alguno.
Además de dichas penas, el juez podrá decretar, como penas accesorias, la asistencia a programas de rehabilitación para maltratadores o el cumplimiento de un servicio comunitario por el plazo que prudencialmente determine (el que no podrá exceder de sesenta días); la prohibición de acercarse a la víctima o a su domicilio o lugar de trabajo, así como a cualquier otro lugar al que esta concurra o visite habitualmente; la prohibición de porte y tenencia y, en su caso, el comiso de armas de fuego, y la asistencia obligatoria a programas de tratamiento para la rehabilitación del consumo problemático de drogas o alcohol, si correspondiere.
Me permito señalar que, respecto de las agresiones en consultorios de salud, la Comisión fue informada de que en el primer semestre de este año se contabilizan 293 casos de esta especie, que únicamente corresponden al 30 por ciento del total. La violencia no solo se ejerce sobre los médicos, pues también incluye al resto del personal que trabaja en el área. De este modo, una encuesta realizada por la Subsecretaría de Prevención del Delito muestra que el 60 por ciento de los funcionarios de los servicios de salud declara haber sufrido algún hecho de violencia durante los últimos doce meses.
En ese marco, la iniciativa en estudio discurre en la línea de establecer mayores sanciones para esta clase de agresiones, pero esta opción no obsta a la conveniencia de implementar, además, medidas destinadas a prevenir la ocurrencia de estos hechos. En tal sentido, sería oportuno que el Gobierno diseñara algún modelo de prevención de esta clase de agresiones en las áreas de la salud y la educación, así como un mecanismo de coordinación en la materia.
Con motivo de la discusión de la iniciativa en la Comisión -de la cual se da cuenta en forma detallada en el correspondiente informe-, se hizo presente la necesidad de introducirle correcciones y perfeccionamientos a la normativa propuesta, con el objeto de precaver problemas de interpretación y responder con total fidelidad al objetivo que se pretende lograr, razón por la cual la Comisión estuvo por pronunciarse solo en general respecto del proyecto, para otorgar la posibilidad de formularle las indicaciones que sean pertinentes con ocasión del segundo informe.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a quienes nos acompañan en las tribunas y han estado durante largo rato esperando que pudiésemos tratar este proyecto, el cual, como bien indicó el Senador informante, vamos a analizar en general, porque tenemos que darnos la oportunidad de perfeccionarlo a fin de que ayude a alcanzar el objetivo que persigue: establecer un tipo especial de lesiones contra profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud.
En el caso de los profesionales educacionales, debemos recordar que esta es una demanda pendiente con el Colegio de Profesores que en las últimas movilizaciones se hizo muy visible.
También, por supuesto, solidarizo con las asociaciones de funcionarios de la salud, pues me parece inconcebible que, tal como se nos informó aquí, un 30 por ciento de ellos haya recibido algún tipo de agresión, al punto que se contabilicen 293 consultorios en los cuales ha ocurrido una situación de esta naturaleza, algo que, como sociedad, cuesta mucho asumir.
Señor Presidente, a quienes ejercen funciones en los servicios de salud, a todo su personal, a quienes desarrollan labores docentes o ejercen como asistentes de la educación, en todas sus escalas, les quiero decir que cuesta mucho entender que se requiera acudir a esto, que es necesario, para establecer un tipo penal nuevo y poder protegerlos. Esta es una discriminación no arbitraria, sino al revés: tiene por objeto protegerlos y apoyarlos.
También pienso que no solo hay que aumentar las penas, que es como normalmente reaccionamos, sino que necesitamos políticas mucho más preventivas. Esto tiene que ver con lo que pasa en nuestra sociedad, que cada vez se expresa con más violencia. Pareciera que falta espíritu de comunidad, de diálogo, de reflexión. La gente solo tiene conductas agresivas cuando no se siente satisfecha con los servicios que se le brinda, cuando siente que ha sido atendida en una forma que no corresponde, o, simplemente, se impacienta cuando debe soportar una larga espera, lo cual muchas veces ocurre en nuestros consultorios sin ser responsabilidad de quienes atienden. ¡Al contrario!
Una vez más, manifiesto mi reconocimiento a todos quienes trabajan en nuestros consultorios en esas condiciones: muchas veces hacinados, o con falta de recursos, o sin camas ni especialistas suficientes, en fin, todo lo cual hace que deban desempeñarse en un ambiente de presión.
Por eso, señor Presidente, creo importante avanzar en este proyecto, aunque reitero la necesidad de encontrar las verdaderas y profundas causas del problema.
No cabe duda de que a nuestra población le genera malestar, en el caso de los consultorios de salud, cuando no ve, a lo mejor, una respuesta como la que quisiera, con la dignidad que les corresponde a nuestros usuarios. Sin embargo, no es posible que veamos de manera creciente estas manifestaciones de violencia en las aulas, hacia los profesores o en contra de todo el personal de la educación.
Por eso, señor Presidente, más allá de que creo que hacen falta medidas más preventivas, más allá de que estimo que tenemos que estudiarlo con mayor detalle, voy a dar mi voto a favor del proyecto, reconociendo, una vez más, tal como he señalado, que los trabajadores de estas dos áreas merecen nuestro mayor respeto: los que se desempeñan ni más ni menos que en las áreas de la educación y la salud.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Francisco Chahuán.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, por supuesto que apoyamos con toda fuerza esta iniciativa, que dignifica a los funcionarios de la salud y la educación.
Sin lugar a dudas, estamos hablando de cómo ser capaces de contar con un buen servicio público, comprendiendo y empatizando también con los pacientes. Y si bien muchas veces tenemos dificultades con los tiempos y las listas de espera, la violencia nunca puede justificarse.
Por eso es tan importante, a raíz de lo que ocurrió hace unos días con una doctora, una médico en la Región Metropolitana, poder aprobar un proyecto de ley que sancione y aumente las penas, pero que, del mismo modo, establezca la obligación de asistencia jurídica para la víctima, con el objeto de que, en definitiva, podamos -vuelvo a insistir- dignificar la función pública, particularmente la de los funcionarios de la salud que lo han pasado mal.
Por eso, vamos a apoyar con mucha fuerza este proyecto de ley, y pido lo propio a todos y cada uno de mis colegas.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Muchas gracias, señor Senador. Y si es breve, mejor.
Tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, la verdad es que una tendencia propia de la violencia creciente en la sociedad nos lleva a enfrentarla con nuevos tipos penales y con aumento de las penas.
Voy a votar a favor de la iniciativa, porque la considero una señal disuasiva, preventiva respecto de quienes se creen con el poder de agredir a un funcionario de la salud o a un funcionario dentro de un establecimiento educacional por un criterio personalísimo y con un actuar pasional y a veces hasta criminal.
Pero quiero hacer un llamado a la reflexión.
Aquí tenemos un mal que crece y al cual no le estamos poniendo antídoto. Vamos a castigarlo más fuerte.
Habrá que hacer un esfuerzo y establecer que esta normativa esté a la vista en los consultorios, en los hospitales, en cada uno de los establecimientos. Así como en muchos lugares se dice "Se prohíben las armas", "Se prohíbe la entrada a menores de 18 años", los usuarios deben saber que, si persisten en su actitud, van a recibir la sanción que se encuentra establecida en este proyecto, que es bastante fuerte.
Pero lo principal, señor Presidente, no es que tengamos que establecer todo un aparataje jurídico, porque a posteriori, realizada la agresión, nadie le devuelve la dignidad o le repara el daño corporal al funcionario de la salud o al funcionario educacional. En muchos casos estos quedan abandonados, con licencias que no se les pagan. Y si sufren lesiones severas, los planes de recuperación con las mutuales casi no existen.
El punto es la prevención. Por eso el artículo 35 bis dispone que los integrantes del equipo de salud y los trabajadores de los establecimientos de salud de prestadores institucionales deben facilitar todas las condiciones para prevenir. "La autoridad del establecimiento podrá requerir a quien corresponda los medios de seguridad adecuados".
Siento que en esta materia falta mucha prevención y educación. Lo que tenemos que hacer, señor Presidente, es cambiar la cultura. Hace mucho rato que se perdió el respeto a los profesores. Y eso se debe a que el Estado maltrata a los profesores, a que los privados maltratan a los profesores. Por tanto, cualquier apoderado se siente en condiciones y con el poder suficiente, si el profesor tiene una diferencia con su alumno, para maltratarlo. Y en eso hay una cultura.
La comunidad escolar debe recuperar aquello que la hace tal: comunidad de intereses, comunidad de valores, comunidad de objetivos. Y esto requiere financiamiento, requiere campañas, requiere cultura, requiere incorporar a los padres, que muchas veces abandonan esta responsabilidad y tardíamente se dan cuenta de que los niños han tenido un mal rendimiento, de lo cual culpan al profesor.
Señor Presidente, creo que estas iniciativas de ley contribuyen, pero no son suficientes.
Respecto a la situación en los recintos hospitalarios, particularmente en los turnos de noche, en los SAMU, en los SAPU, falta seguridad física. Los doctores, los enfermeros, los auxiliares no pueden tener un carabinero toda la noche, deben implementarse medidas de seguridad por parte del establecimiento porque, en numerosas oportunidades, los accidentados; los "patos malos" que llegan producto de la comisión de un delito, como un robo; o los borrachos que han chocado, generan acciones en contra de los funcionarios.
Hay múltiples funcionarios agredidos, quienes, luego de manifestarles toda nuestra solidaridad, quedan abandonados en su recuperación. Por lo tanto, esto tiene que ser prevenido. Los jefes de servicio deben reclamar esto en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos. Y este Parlamento tiene que garantizar que en la correspondiente al año 2020 haya plata para que los recintos hospitalarios contraten sistemas de seguridad, y no solo cámaras, sino personal capacitado para evitar estas agresiones. Y lo mismo debe hacerse en los establecimientos educacionales.
Si esto no se financia, si no existe una política permanente del Estado para garantizar la integridad física de los funcionarios, estaremos apostando al posteriori, es decir, a que cuando le peguen a un funcionario, cuando se produzca una agresión, exista la posibilidad de meter al culpable a la cárcel.
¡Ochocientos noventa mil pesos mensuales nos cuesta un preso, sea procesado o condenado en cualquiera de nuestras cárceles! ¡Casi un millón de pesos! Eso es lo que vale.
¿Cuánto cuestan las medidas de seguridad?
Es un tema por debatir en la iniciativa de Ley de Presupuestos, no podemos solo aumentar la penalidad, que muchas veces se ha constituido en populismo penal. Y para que esto no lo sea, porque esta realidad existe, es seria, es dolorosa, es agresiva, es de alto riesgo para la integridad física de quienes laboran en estos servicios, hay que actuar aplicando mano dura en la penalidad, como lo hacemos ahora, pero también tomando medidas de prevención financiadas.
Los municipios no van a invertir más en sus colegios porque los están entregando al Estado. La buena noticia es que, como van a ser del Estado, este será responsable de la integridad física de todos quienes están dentro de los establecimientos: de los niños, de los profesores, de los auxiliares, de todos.
Y como ya la salud es del Estado, y también municipal, que es una extensión del Estado, habrá que gastar plata en prevención, en un guardia de seguridad, en cámaras, en protección y en contención.
Los médicos de turno a veces no saben cómo contener a los familiares o a los pacientes. Cuando llega un paciente corpulento con una herida en la cabeza, que viene borracho y no se deja atender, y el doctor es flaquito, pequeñito, ¡cómo lo controla! Ahí tiene que haber personal auxiliar de acompañamiento para estos funcionarios especialistas que se ocupan de las tareas de urgencia, y esto no siempre pasa por Carabineros, sino por personal capacitado, con cursos acreditados, que brinden mayor seguridad tanto en los establecimientos de atención de urgencia y de salud, en general, como en los educacionales.
Hay que cumplir estos dos requisitos: aumento de las penas y publicidad de estas. Yo quiero ver en cada consultorio, en cada hospital, en todo lugar, un cartelito que, sin ser amenazante e intimidador, deje muy claro que el que rompe las reglas lo va a pasar mal, y que existe una ley que garantiza el agravamiento de la pena. Es una responsabilidad que esto se prevenga.
Yo solo quiero manifestar un ánimo preventivo. De nada nos sirven leyes que parchen heridas cuando estas ya se han producido. Aquí hay que prevenir, y eso significa una preocupación fundamental del Estado por estos funcionarios, y esto no solo se basa en darles más pega a los jueces, en más penalidad, sino en instaurar medidas preventivas.
Voy a votar a favor, señor Presidente, y, por cierto, doy un saludo cariñoso a los funcionarios de la salud. Y quiero decirles a muchos de estos en mi Región que han sido agredidos que esta ley va en la línea correcta, y que lucharemos para que, efectivamente, esto nunca más vuelva a ocurrir y que quien cometa una agresión pague debidamente; pero, asimismo, para que los jefes, los directores, que no están toda la noche de turno, los que manejan los establecimientos, asuman también su responsabilidad de brindar los mecanismos de protección, de implementación, de institucionalidad necesaria para evitar estos hechos.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra la Senadora Yasna Provoste.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, votaré a favor de esta iniciativa originada en moción, y quiero saludar de manera muy especial a sus autores, porque ha permitido recoger la preocupación de trabajadores y trabajadoras de la educación y de la salud.
Esta es una larga discusión en nuestro país: si nuestro ordenamiento jurídico tiene que contemplar excepcionalidades respecto de la tipificación, en el sentido de consagrar, en este caso en nuestro Código Penal, sanciones mayores a quienes maltraten, golpeen "a un funcionario o trabajador de un servicio de salud, o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales", cualquiera que sea el ciclo: enseñanza prebásica, básica o media.
Y lo digo a propósito de la discusión que estamos dando para realizar una modificación en este orden sobre el femicidio.
Lo que hace la sociedad al fijar estas sanciones mayores es reconocerles a los funcionarios públicos, en este caso de educación y de salud, una tarea fundamental en la construcción de nuestra sociedad: ser la respuesta frente a situaciones de enfermedades, en el caso de los trabajadores de la salud, pero también en la formación de nuestros niños y niñas en el caso de los trabajadores de la educación.
Estamos convencidos de que esta señal de disponer un tipo penal especial de lesiones contra los profesionales que prestan servicios en establecimientos educacionales y los funcionarios del servicio de salud es importante. De la misma forma que lo es tipificar con una sanción mayor en nuestro país los hechos de femicidio.
Entonces, en este debate hay quienes preguntan por qué respecto a los trabajadores de la educación y de la salud va a existir una tipificación distinta, si aquí lo que debe garantizarse es la igualdad ante la ley.
Nosotros creemos que esta discusión es importante porque la sociedad les reconoce a estos profesionales una tarea y una exposición que otros no tienen. Y de ahí que, tal como lo han expresado los dirigentes -y me refiero al Colegio de Profesores, a las distintas agrupaciones de asistentes de la educación, a los trabajadores de la salud-, hoy día aquellos se encuentran con este nivel de indefensión. Muchas veces son catalizadores de un problema mayor en nuestra sociedad: cómo se resuelven adecuadamente nuestros conflictos.
Ante la violencia enquistada en nuestra sociedad, debemos ser capaces de proteger de manera bastante más adecuada a los trabajadores de la educación y de la salud, y sancionar de forma más elevada cuando alguien los agreda, porque -insisto- la sociedad les reconoce a ellos una labor fundamental en nuestra construcción social.
Señor Presidente, voy a votar a favor de esta iniciativa. Lamentablemente, tenemos un problema en la página web y no logro ver la moción. No quiero ser injusta, quiero reconocer al Diputado Mario Venegas, porque es el que ha estado conversando conmigo respecto de su texto, y sé que es su autor principal, pero probablemente voy a cometer omisiones respecto al resto. No tengo la intención de hacerlo, porque ello obedece -repito- lamentablemente a que nuestro sistema está con dificultades. Por ello, a través del Diputado Mario Venegas, deseo felicitar y agradecer a todos los mocionantes que hoy día nos permiten discutir, en este segundo trámite constitucional, el proyecto que otorga esta sanción mayor.
Señor Presidente, me acaban de entregar un texto con las firmas de la moción. Muchas gracias. ¡Estamos en la era del "Congreso sin papel", pero aquí el papel no falla...!
Ahora sí, quiero agradecer al Diputado Juan Santana, a la Diputada María José Hoffmann, al Diputado Jaime Bellolio, a la Diputada Cristina Girardi, a la Diputada Camila Vallejos, a la Diputada Camila Rojas, al Diputado Hugo Rey.
El resto de las firmas están un poco ilegibles...
Gonzalo Winter -me faltan dos-...
En todo caso, quiero agradecer a quienes han acogido la demanda muy sentida, que hacemos propia también, de los trabajadores y las trabajadoras de la salud. Y estamos convencidos de que con esta modificación al Código Penal mandamos asimismo una señal social de mayor respeto hacia quienes entregan un tiempo importante para la formación de personas y para solucionar problemas de salud, como son los trabajadores de la educación y de la salud, respectivamente.
Voto entusiastamente a favor de este proyecto de ley.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Sandoval.
El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, efectivamente, esta iniciativa nace de una moción presentada por Diputados en septiembre del año 2018. Los Diputados Jaime Bellolio, María José Hoffmann, Cristina Girardi, Hugo Rey, Camila Rojas, Juan Santana, Diego Schalper, Camila Vallejos, Mario Venegas y Gonzalo Winter son los autores de este proyecto, en cuya tramitación el Ejecutivo también se hace parte e ingresa una indicación sustitutiva que conforma su contenido global y le pone los énfasis, las prioridades y las urgencias pertinentes, para lograr evidentemente una iniciativa como esta, que persigue un objetivo esencial.
Es verdad que, como se señalaba acá, debemos erradicar la violencia en todos los ámbitos como mecanismo para resolver conflictos, y que ella no debe ser avalada bajo ningún punto de vista ni en circunstancia alguna. Por eso uno valora iniciativas de esta índole.
Ahora, ¿por qué apuntar hoy día a ámbitos tan específicos como los referidos a los funcionarios de la salud y de la educación? Porque no hay nada más propio del servicio social y público que el que prestan estos funcionarios a la sociedad y la comunidad.
En el sector de la salud hay profesionales, funcionarios, técnicos de diferente naturaleza que cumplen una labor muy significativa y muy sensible en lo humano y en lo social en los diferentes recintos hospitalarios a lo largo de todo el país. Por su parte, en quienes ejercen labores en la educación tenemos a profesores, asistentes, técnicos, funcionarios, los cuales ni más ni menos que están abocados a la formación del futuro de nuestros niños y niñas en todo el país.
Por eso, este proyecto sin duda que va en la dirección correcta al pretender establecer mecanismos que resguarden lo anterior a través de la modificación de diferentes cuerpos legales. El Código Penal, el Código Procesal Penal, la ley N° 20.584, que regula los derechos y deberes en el ámbito de la salud, son todas normativas que incorporan diversas medidas que apuntan precisamente a elevar los estándares en materia de penas. Aquellos, evidentemente, son aspectos que tenemos que resguardar. Y debemos tratar de evitar, a todas luces, lo que signifique tensión o los efectos que ciertos actos provoquen en los funcionarios que se dedican a estas dos nobles actividades.
Las informaciones que entrega el Ministerio del Interior y Seguridad Pública indican, por ejemplo, que el año 2018 el 60 por ciento de los trabajadores de la salud había sido víctima de violencia en los últimos doce meses, ¡el 60 por ciento de los trabajadores de la salud!
Por su parte, el año 2017, la Agrupación de Médicos Generales de Zona del Colegio Médico de Chile realizó una encuesta que indicó que el 76 por ciento de los médicos había sufrido algún tipo de agresión. El resto de los profesionales de la salud alcanzaron el 96 por ciento, con un esquema de inseguridad equivalente al 50 por ciento,...
El señor NAVARRO.- Física y psicológica.
El señor SANDOVAL.- ... física y psicológica, como muy bien me recuerda el Senador Navarro.
Respecto del ámbito de la educación, la información proporcionada por la Superintendencia de Educación muestra que, desde el año 2014 a la fecha, se han realizado 880 denuncias por maltrato de alumnos o de apoderados a docentes y/o asistentes de la educación.
Los hechos de violencia y las agresiones que han acontecido en los últimos meses en los dos ámbitos, y que han impactado a nuestras comunidades, evidentemente deben ser enfrentados y atacados.
Creemos que este proyecto va absolutamente en la dirección necesaria, adecuada y correcta.
Como bancada, nosotros entregamos el respaldo absoluto a esta iniciativa tal cual como nació, transversalmente, y valoramos la voluntad y, sin duda, la disposición del Gobierno para hacerse parte también de esta necesidad, introduciendo modificaciones a este proyecto a través de una indicación sustitutiva.
Hemos dicho, y yo también lo he señalado muchas veces con motivo de diversas iniciativas legales, ¿por qué tenemos que legislar con este tipo de normas, cuerpos legales, para disponer acciones que en definitiva puedan inhibir, minimizar, reducir y ojalá eliminar este tipo de actos? No debería uno estar haciendo leyes de esta naturaleza. Debería ser propio de la convivencia humana y social el resolver nuestros problemas, nuestras diferencias mediante el diálogo, la conversación. Pero a golpes, sin duda que no.
Sin embargo, mientras no logremos nuestra madurez como sociedad, desgraciadamente, tendremos que dictar normas de esta naturaleza para penalizar a quienes creen que la violencia es el canal para resolver los problemas.
Votamos gustosos a favor de este proyecto.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Senador Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, creo que a esta iniciativa hay que felicitarla. Y, con mucha franqueza y claridad, debo decir que ella es oportuna.
En numerosas ocasiones, cuando en el Congreso, en la Cámara o en el mismo Senado, surgen hechos muy noticiosos o muy lamentables que generan impacto en la opinión pública, no falta quien plantea un proyecto. Porque la costumbre en nuestro país es pensar que todo se soluciona con una ley; pero muchas veces, más allá del titular de prensa o la frase que queda escrita, ello no se traduce después en una propuesta coherente o consistente para encarar una situación compleja, como la que viven los funcionarios de las áreas de la salud y la educación, o bien, los trabajadores que se ven expuestos a problemas ante agresiones que afectan su integridad física y psíquica, como se ha dicho acá.
Ahora, si la iniciativa es transversal, tanto mejor, porque quiere decir que objetivamente hay una necesidad o un punto de vista común frente a un problema complejo.
Como se ha afirmado acá, el Diputado Mario Venegas ha sido muy activo en conversar con nosotros -por lo menos con nuestra bancada-, y supongo que los otros Diputados que firmaron la moción, a los que aludió el Senador Sandoval, habrán hecho lo mismo con los demás colegas.
Me parece a mí que el objetivo de garantizar la integridad y la seguridad personal en los servicios públicos obedece a una necesidad que hoy día es muy primordial. Se trata de dos servicios públicos donde las personas que trabajan y ejercen sus funciones son, claramente, imprescindibles desde el punto de vista del rol que cumplen en la sociedad. Estamos hablando de los temas de la salud y de la educación, dos de los desafíos básicos para cualquier sociedad moderna, en que se aspira a tener educación de calidad y, también, servicios y atención de salud de calidad.
¿Qué es lo que sucede? Se ha mencionado acá con toda claridad por mis colegas -y no voy a redundar- que esos funcionarios se encuentran hoy día permanentemente sometidos, por distintas razones, a situaciones de agresión, de maltrato tanto físico como mental. Y la señal, entonces, que se está entregando aquí al establecer un aumento importantísimo de las sanciones para aquellos que generan este tipo de delitos es sumamente relevante.
Por eso decía que este es un proyecto muy oportuno.
Está claro, por cierto, lo que dispone el artículo 263: "El que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un funcionario o trabajador de un servicio de salud, o a un docente, personal asistente de la educación o manipuladoras de alimentos que presten servicios en establecimientos educacionales prebásicos, básico y medio, en instituciones reconocidas por el Estado, en el ejercicio propio de su cargo o con ocasión de él, será castigado:" -y en seguida viene la declaración- con presidio mayor en su grado medio, dependiendo de la gravedad de la falta, las lesiones o el delito. Y, asimismo, se establecen otras penas.
Se dispone también -en el artículo 263 bis- que el tribunal podrá fijar penas accesorias, que pueden ser la obligación de asistir a programas de rehabilitación, realizar trabajos comunitarios, etcétera.
Otro aspecto que además se consigna con claridad es la obligación de comunicar los hechos a los jefes de recintos hospitalarios o de clínicas particulares y de recintos educacionales reconocidos por el Estado, quienes estarán obligados a denunciar los crímenes y simples delitos que se cometieren en el interior de algún establecimiento educacional o clínica.
Esto es muy importante porque, por cierto, se trata de una obligación contemplada por ley, en el sentido de que cuando se produzca este tipo de situaciones no hay que minimizarlas ni esconderlas o hacerse los lesos. Por tanto, los jefes y directores de esos servicios o establecimientos tienen la obligación de hacer la denuncia.
Esa es la razón fundamental, señor Presidente, por la cual a nosotros nos parece muy importante este proyecto.
Tal como dijo la Senadora Provoste, no se trata aquí de establecer un privilegio en cuanto a tener una normativa especial o de que, si se agrede a determinada persona, se rompe el principio de igualdad ante la ley cuando se fija una sanción mayor. Y ello, precisamente por lo que señalaba al principio: porque estamos hablando de dos servicios, de dos áreas esenciales para la buena convivencia nacional y para la calidad de vida de nuestra gente.
Tiene la palabra la señora Secretaria.
--Se aprueba en general el proyecto (27 votos a favor).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Aravena, Goic, Órdenes y Provoste y los señores Allamand, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, García, García-Huidobro, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes, Moreira, Navarro, Ossandón, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana y Sandoval.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Tiene la palabra el Subsecretario de Redes Asistenciales, don Arturo Zúñiga.
El señor ZÚÑIGA (Subsecretario de Redes Asistenciales).- Buenas tardes, señor Presidente. Por intermedio de la Mesa, quiero agradecer la votación de los Honorables Senadores.
Tal como se mencionó en varias de las intervenciones de los parlamentarios, lo más importante de las medidas relacionadas con estos hechos de violencia es la implementación de acciones preventivas. Por eso, desde el Ministerio de Salud hemos creado una mesa de trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades, el Colegio Médico, la Subsecretaría de Prevención del Delito, la Confusam -y quiero destacarlo-, a través de su Presidenta, doña Gabriela Flores, quien se halla en las tribunas y a la cual le agradezco todo el empuje que le ha dado a este proyecto.
El Senador Huenchumilla entregó cifras que se obtuvieron cuando comenzó a redactarse esta iniciativa, que luego ingresó a tramitación en el Congreso Nacional.
En ese momento se hablaba de 260 agresiones. Lamentablemente, debo comunicarles que en los siete primeros meses de este año llevamos 594; es decir, se ha registrado un promedio de tres agresiones diarias en las instituciones de salud pública.
En forma reciente conocimos un hecho de violencia cometido contra una doctora en el Hospital Barros Luco. Y hemos instruido a la dirección del servicio de salud, a la dirección de ese hospital para que presenten acciones judiciales y acompañemos a la persona afectada.
Ese es el deber que tenemos las autoridades de salud: acompañar a nuestros funcionarios.
Asimismo, hemos implementado medidas preventivas tales como la instalación de botones de pánico y de cámaras de seguridad, así como mantener reuniones con Carabineros de Chile a fin de evitar la ocurrencia de este tipo de situaciones.
Pero ello no es suficiente.
Por eso, necesitamos que entre en vigor la ley en proyecto, ya que no hay nada que justifique los hechos de violencia en contra de los funcionarios de salud.
Por ello les agradezco a los Senadores y a las Senadoras por haberme permitido estar acá y por haber votado en forma unánime a favor de este proyecto en general, a fin de que continúe su tramitación en la Comisión respectiva.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Le agradezco al señor Subsecretario por haber estado presente en el tratamiento de esta iniciativa.
Asimismo, reitero nuestros agradecimientos y saludos a la Presidenta y a la Directiva de la Confusam, quienes nos han acompañado esta tarde.
El proyecto vuelve a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento para su discusión particular, instancia en que se podrán presentar las indicaciones pertinentes.
La señora SILVA (Secretaria General subrogante).- Han llegado a la Mesa diversas peticiones de oficios.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se les dará curso en la forma reglamentaria.
A la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, para consultarle por RECURSOS TRANSFERIDOS A GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO BAJO EL DENOMINADO "FONDO DE APOYO REGIONAL" DURANTE LOS AÑOS 2013 A 2019, CON ESPECIFICACIÓN DE ÍTEMS Y PROYECTOS FINANCIADOS.
Al Alcalde de Calama, al Secretario Regional Ministerial de Educación de Antofagasta y al Director de Educación de Comdes Calama, solicitándoles informar sobre SITUACIÓN DE ESCUELA BÁSICA G52 DE SAN FRANCISCO DE CHIU CHIU, EN CUANTO A SU POSIBLE AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO.
Al Ministro de Agricultura, a fin de consultarle por IMPLEMENTACIÓN DE DECRETO SUPREMO N° 25, QUE DISPONE MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DE MUSGO SPHAGNUM MAGUELLANICUN.
A la Dirección Nacional de Vialidad, pidiéndole antecedentes sobre EJECUCIÓN DE OBRAS DE SEGURIDAD VIAL PARA ACCESO A VEHÍCULOS QUE TRANSITEN POR PUENTE SAN CARLOS, KILÓMETRO 10, SECTOR VALLE VERDE, COMUNA DE PUERTO AYSÉN.
A la Intendenta de Aysén y al Director Regional de Aysén de Gendarmería de Chile, a fin de que ATIENDAN PROBLEMAS EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN EN SECTOR VALLE VERDE, COMUNA DE PUERTO AYSÉN.
Y al Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de Aysén, consultándole por FACTIBILIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PASO SOBRE NIVEL EN SECTOR RIBERA SUR, RUTA 240, EN TRAYECTO CORRESPONDIENTE A TRAMO PUERTO AYSÉN-CHACABUCO.
Al Intendente de Fondos y Seguros Previsionales de Salud, solicitándole informar sobre EXCENDENTES DE EXAFILIADOS DE EX ISAPRE MASVIDA S.A.; MONTO DE LA GARANTÍA DE LA EX ISAPRE; MONTO DE EXCEDENTES CUBIERTOS POR DICHA GARANTÍA; NÚMERO DE PERSONAS QUE MANTIENEN EXCEDENTES SIN SER PAGADOS Y/O TRASPASADOS; ETAPA DE PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE LA GARANTÍA; FORMA EN QUE SERÁN TRASPASADOS Y/O PAGADOS LOS EXCEDENTES; PLAZOS PARA REALIZAR TALES TRASPASOS Y/O PAGOS Y PROCESOS JUDICIALES PENDIENTES EN LA MATERIA.
Al Ministro de Vivienda y Urbanismo y a la Seremi de Vivienda de Aysén, pidiéndoles dar a conocer NÚMERO DE FAMILIAS DE REGIÓN DE AYSÉN DEBIDAMENTE REGISTRADAS Y CON VIVIENDAS EN CONDICIONES IRRECUPERABLES; NÚMERO DE FAMILIAS INCORPORADAS A ALGÚN PROGRAMA HABITACIONAL; CONDICIÓN DEL TERRENO EN QUE ESTÁN EMPLAZADAS LAS VIVIENDAS IRRECUPERABLES; NÚMERO DE FAMILIAS ALLEGADAS EN LA REGIÓN Y MEDIDAS DEL MINISTERIO SOBRE EL PARTICULAR.
Al Ministro de Bienes Nacionales, requiriéndole información sobre TERRENO UBICADO EN CALLE ARTURO PRAT S/N, COMUNA DE AYSÉN, PARA AMPLIACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LICEO DE VILLA MAÑIHUALES.
Y al Seremi de Obras Públicas de Aysén, solicitándole MEJORAMIENTO DE CAMINO ENTRE REPOLLAL Y MELINKA, COMUNA DE GUAITECAS, Y MANTENCIONES VIALES CON MAYOR PERIODICIDAD EN DICHA RUTA.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En Incidentes, los Comités Partido Renovación Nacional e Independientes, Partido Socialista y Partido Democratacristiano no intervendrán.
En el turno del Comité Partido País Progresista e Independientes, tiene la palabra el Senador Alejandro Navarro, quien, además, cuenta con el tiempo que le ha cedido el Comité Partido Por la Democracia.
El señor NAVARRO.- Señor Presidente, lo hemos dicho: ha llegado la hora de los verdaderos regionalistas.
Hace un par de semanas, cuando me enteré de que el Intendente de mi Región, Sergio Giacaman, había nominado al Diputado Luciano Cruz-Coke para integrar el directorio del Teatro Regional dije: "Debe ser un alcance de nombre: ¡no puede ser realidad!".
Pero la realidad siempre supera todas las expectativas. Y sí: ¡era cierto!
Es un secreto a voces que se trata de un cupo político que reclamaba el Partido Evópoli, que ha proclamado a todos los vientos que trae la renovación, la modernidad, la moderación de la nueva Derecha.
Me dio vergüenza y decepción constatar que los consejeros regionales, los Cores, ratificaran dicha propuesta por 20 votos a favor y 1 en contra. Javier Sandoval, del Frente Amplio, se pronunció en contra: ¡valoro enormemente su rechazo a esa propuesta!
Los Cores son todos de la Región; se ganaron su puesto en el Gobierno regional en una elección con esfuerzo, sacrificio, trabajo.
Señor Presidente, ¡no entiendo por qué aprobaron esa proposición!
¿Acaso no hay en la Región del Biobío capacidad profesional, cultural de hombres y de mujeres para asumir ese directorio?
¿Acaso no existe la convicción de que nuestra Región puede sacar adelante su Teatro Regional?
Por ello hay indignación en la ciudadanía, no solo en el mundo de la cultura, de los artistas, de los trabajadores del teatro, pues sienten que el Intendente y los Cores siguen sometidos a los designios de Santiago, como si estuviéramos en la Colonia, en el Virreinato.
Esta nominación, señor Presidente, es doblemente onerosa y lesiva. ¡Es una bofetada en el rostro de la Región del Biobío!
Se nomina a un Diputado de la Región Metropolitana, Diputado por Ñuñoa. Y todos nos preguntamos por qué persiste esa mirada centralista en nuestras autoridades.
Señor Presidente, aquí hay un claro conflicto de intereses.
El Diputado Luciano Cruz-Coke representa a Santiago, que es donde se encuentra el Teatro Municipal de Santiago.
Cada año se le entregan de manera exclusiva cinco mil millones a dicho teatro, lo que me parece bien, pues hace cultura de primer nivel nacional y mundial.
Pero el conflicto de intereses es muy evidente.
Los Diputados y los Senadores decidimos sobre recursos, y la ley es muy clara en cuanto a que no podemos participar de su distribución. Son dos funciones separadas.
La primera contradicción se presentará cuando tengamos que discutir sobre los recursos para el Teatro Municipal de Santiago versus los del Teatro Regional del Biobío: ¿a cuál teatro va a apoyar el ciudadano y Diputado Cruz-Coke?
Es un conflicto de intereses.
Por tanto, junto con la Diputada Marisela Santibáñez hemos tomado la decisión, primero, de recurrir ante la Contraloría General de la República para establecer la ilegalidad del nombramiento del Diputado Cruz-Coke.
El artículo 58 de la Constitución Política señala que: "Los cargos de diputados y senadores son incompatibles con las funciones de directores y consejeros, aun cuando sean ad honorem, en las entidades fiscales autónomas, semifiscales o en las empresas estatales, o en las que el Estado tenga participación por aporte de capital.".
La verdad es que el Estado financia -y lo seguirá haciendo- el Teatro Regional, porque el mundo del mercado y la publicidad no logran financiar la cultura. Es aquel quien tiene esa principal responsabilidad.
A ello hay que sumarle que el consejo regional, al haber aprobado el nombramiento del Diputado Cruz-Coke -hoy en funciones- en el cargo de director del referido teatro, ha realizado un acto para el cual está inhabilitado, vulnerando el principio de legalidad dispuesto en el artículo 7° de la Carta, que dice: "Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley.".
Asumir el cargo de Diputado es una cuestión de interés general. Y ser miembro del directorio del Teatro Regional del Biobío es una cuestión que obedece al interés personal, legítimo del Diputado Cruz-Coke y del Intendente Giacaman. Pero en mi opinión y en la de muchos ello es ilegal.
El interés público se manifiesta en el cargo de Diputado. Pero el puesto de consejero regional es de interés privado.
Entonces, ¿cuál interés primará?
Va a haber conflicto de intereses, señor Presidente.
Queremos, pues, disuadir al Diputado Cruz-Coke para que, habiendo sido cuestionado ampliamente, tome una decisión correcta.
Los parlamentarios ya gozamos de demasiados privilegios; así nos lo dice la ciudadanía a cada instante. Como yo lo veo, la gente no tolera más privilegios para Diputados y Senadores.
La ciudadanía nos está fiscalizando. El desprestigio de la política crece.
Creemos que la aplicación de la legalidad vigente a la letra que pudiera tener esta nominación choca y aleja a la cultura de la realidad y la mezcla con la política.
¡No mezclemos política y cultura!
Respetemos la autonomía y la independencia de los artistas, de los profesionales de la cultura.
Al incorporar a un parlamentario en el directorio de un teatro se inserta la política dentro de la cultura. Y eso va a traer complejidades que no queremos.
Deseamos que todo el esfuerzo se centre en sacar adelante el teatro de la Región del Biobío, que tanto costó hacerlo.
Por eso, junto con la Diputada Marisela Santibáñez hemos elaborado una presentación, que ella ingresó a la Comisión de Ética de la Cámara Baja, relacionada con el conflicto de intereses expuesto.
No queremos que los parlamentarios sean juzgados por conflictos de intereses: deseamos que Senadores y Diputados, en su conjunto, sean juzgados por sus acciones en pro de la comunidad y del bien común. Y la nominación de Cruz-Coke actúa en contra del bien común.
Entonces, señor Presidente, me preocupa el intervencionismo de Evópoli en nuestra Región. Es un partido -reitero- que, al final del día, es más de lo mismo. Y esta falta de respeto para con el millón y medio de habitantes de la Región del Biobío no la merecemos.
Espero que la situación descrita sea corregida por la propia voluntad del Diputado o por la acción de la fuerza legal.
No vamos a permitir que nuestra Región sea pisoteada de esta manera. Y no solo denunciaremos estos hechos, sino que vamos a actuar.
En tal sentido, pido que se oficie al señor Intendente de la Región del Biobío a fin de que nos explique cuáles fueron los mecanismos y los motivos que tuvo para proponer al ciudadano y Diputado Cruz-Coke como consejero del Teatro Regional.
Porque, además -y coincido con la opinión de muchos artistas de nuestra región-, el Diputado Cruz-Coke no fue un buen Ministro de Cultura. Podrá ser un buen actor; pero los actores no siempre son buenos Ministros. Y creo que este es el caso más ejemplar.
El señor NAVARRO.- En otro orden de cosas, señor Presidente, quiero referirme a un tema de altísima preocupación para la Región del Biobío.
De acuerdo al Ministerio de Economía, las importaciones de acero desde Turquía, México y China descendieron el año 2016 un 19,5 por ciento. Y, de manera increíble, aumentaron un 27,9 por ciento el 2017 y un 27,5 en el período enero a julio de 2018.
Lo mismo ocurrió con las importaciones de manufacturas de acero: descendieron 22,5 por ciento el 2016 y aumentaron 2,1 por ciento el 2017 y 32,9 por ciento en el período enero a julio del 2018.
Hoy nos enteramos de que los inversionistas de CAP Acero están evaluando la posibilidad de incorporar empresas chinas a la propiedad de Huachipato, e incluso de que tomen el control de esa compañía. Todo esto pese a que el acero proveniente de China sigue inundando los mercados mundiales.
El problema es que China cuenta con trescientas fundiciones de acero y Chile tiene solo una: nuestro país produce un millón de toneladas al año y China ¡1,6 billones de toneladas anuales! Ello les permite inundar el mercado mundial, y el remanente lo rematan a precio subsidiado por el Estado.
Por ello, en la Unión Europea, donde más de cinco mil personas han perdido su empleo producto del impacto que ha provocado esa situación en su industria acerera, hace algunos meses adoptaron medidas antidumping contra el acero chino.
Algo similar ocurrió en Estados Unidos, país que llegó a tener un 110 por ciento de salvaguardias respecto del acero chino. Y, por mandato de Trump, con toda su locura, estableció un 25 por ciento adicional de impuesto al acero importado de China.
Nuestro país apenas ha aplicado un máximo de 38,6 por ciento de salvaguardias, claramente insuficiente, contra el acero del gigante asiático.
Pero no solo China ha tenido el privilegio de contar con una salvaguardia menor, sino también México, por cuanto se le aplica un 9,8 por ciento de impuesto, en circunstancias de que todo indica que la salvaguardia debiera superar el 32 por ciento, dado que el acero proveniente de ese país también llega con valores subsidiados.
El 5 de abril pasado la Comisión Nacional de Distorsiones resolvió no aplicar una sobretasa al acero extranjero, pese a que todos los antecedentes demuestran que las medidas antidumping son necesarias.
Hoy día hemos reiterado en todos los tonos que estamos frente a una crisis que no solo afecta a Huachipato.
Moly-Cop está en riesgo. ¿Qué es Moly-Cop? Es una industria aledaña a Huachipato que produce bolas de acero para la molienda del cobre, de nuestro cobre, y también será perjudicada. ¡En total más de cien mil personas podrían verse afectadas!
Han bajado las adquisiciones. Y la obligación de comprar el acero chino, de menor calidad -a veces es de buena calidad-, a un precio muy inferior ha dañado fuertemente a Huachipato.
El efecto dominó que se puede provocar es catastrófico para el país, pero muy especialmente para la Región del Biobío, más en momentos en que los presupuestos regionales siguen disminuyendo.
Se ha registrado un crecimiento del desempleo: en mi Región llegó al 6,7 por ciento. Y uno de los mejores ejemplos de la crisis que hoy vive la industria nacional del acero es que solo uno de los altos hornos de la mayor fábrica acerera de Chile está funcionando.
Se ha destruido la industria nacional del acero, porque tenemos una evaluación insuficiente de los impactos de la apertura de mercado.
¡Los libremercadistas quieren mercado abierto, pero no dudan en poner dumping estatal a sus productos!
Moly-Cop, empresa que -reitero- compraba una alta cantidad de acero, se ha visto obligada a cerrar dos de sus tres líneas de producción.
Por ello, es imprescindible que el Presidente Sebastián Piñera, tal como se ha hecho en el mundo entero, tome las medidas necesarias.
¡Es ahora, Presidente Piñera! ¡Ahora le pedimos, Presidente de Chile, que adopte las medidas que se precisan!
Hubo ocasiones en que abrir la economía de nuestro país fue necesario y oportuno. Pero en esta oportunidad, en medio de la guerra económica entre China y Estados Unidos, seguir al vaivén del dumping es altamente negativo para Chile y para la Región del Biobío.
Hoy es el momento de proteger la industria nacional, y esta es una tarea de Estado del Presidente Piñera.
Huachipato, por primera vez en diez años, tuvo números azules durante el 2018. Utilidad: 317 mil dólares. Y el primer semestre de este año lleva ventas que superan los 200 millones de dólares.
¡Pero aún es insuficiente!
Es decir, hay una luz de esperanza. Se puede revertir la situación. Pero una golondrina no hace verano.
CAP necesita ayuda para sobrevivir, mas no porque su desempeño sea insuficiente, no porque sus trabajadores sean incapaces de otorgar productos de calidad -al contrario: son extraordinarios profesionales-, sino porque se requiere combatir el dumping.
Miles de personas pueden quedar cesantes en la Región del Biobío, y lo vamos a impedir.
¡Vamos a pedir y a exigir que el Gobierno tome medidas, señor Presidente! ¡Hay que actuar antes de que sea tarde!
Por todo lo anterior, señor Presidente, solicito que se oficie a los señores Ministros de Economía y de Hacienda y al señor Intendente de la Región del Biobío para que nos informen acerca de las medidas que el Gobierno está tomando para enfrentar el dumping chino al acero, las cuales tienen que ser de corto, mediano y largo plazos y han de respetar las reglas internacionales. Adicionalmente, Chile debe lograr que las naciones que exportan acero a nuestro país también las acaten.
En este caso, con China tenemos graves problemas.
También pido que se oficie al INE para que nos entregue las estadísticas de empleo y desempleo en la Región del Biobío durante los últimos diez años.
Asimismo, solicito oficiar a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda a fin de que nos puedan dar cuenta de las inversiones que se están realizando en la Región del Biobío para mejorar su infraestructura; y en particular a la Cartera de Obras Públicas, con relación a las posibles inversiones tendientes a reactivar la economía en conjunto con la empresa privada.
Queremos una alianza estratégica público-privada en nuestra Región. Es imperativo soltar las amarras del Estado para que, en momentos de crisis, pueda invertir.
Esta Constitución caduca, que debe cambiar en Chile, impide que haya un Estado empresario, aun cuando los privados no quieran invertir.
A mi juicio es necesario que el Estado sea socio con los privados cuando hay crisis o cuando se presenta una oportunidad de negocios que requiera su participación. No hay que desechar la alianza estratégica público-privada como mecanismo de desarrollo de lo productivo.
Espero que este Gobierno, neoliberal y de Derecha, pueda evaluar tal posibilidad, pues se requiere esa alianza estratégica en la Región del Biobío y en todo Chile.
En consecuencia, señor Presidente, solicito que se envíen todos esos oficios a los Ministerios y a las autoridades que he señalado, por el bien de la Región del Biobío y de sus trabajadores y por la credibilidad de un Gobierno que lo está haciendo mal en el ámbito de la economía y que requiere que todos lo ayudemos, por el bien de Chile.
A pesar de estar en la Oposición, manifestamos nuestra total disposición para aquello.
¡Nueva Constitución ahora, aunque a algunos les duela!
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Se ha inscrito la Senadora señora Provoste. Ya había pasado el turno del Partido Demócrata Cristiano. Sin embargo, le daré la palabra por el tiempo de que dispone su Comité, es decir, siete minutos.
La señora PROVOSTE.- Señor Presidente, el 6 de junio del presente año la Dirección General de Aguas emitió la circular N° 3, que "imparte instrucciones sobre la apertura de períodos de información previa".
En dicha circular la Dirección General de Aguas instruye a los posibles sancionados sobre los procedimientos que serán llevados a cabo por el servicio. Y establece: "Con anterioridad al inicio de un procedimiento sancionatorio de oficio, y en todos aquellos casos en que la Dirección General de Aguas requiera conocer las circunstancias de ciertos hechos o contar con información jurídica y/o técnica para determinar la conveniencia o no de iniciar dicho procedimiento, podrá establecer un `período de información previa', cualquiera sea la materia fiscalizada.
"Para la elaboración de planes o programas de fiscalización del Servicio, la Dirección General de Aguas podrá establecer un `período de información previa' con el objetivo de obtener información jurídica y/o técnica por parte de los administrados que le permita direccionar de modo más eficiente los recursos económicos y humanos en materia de fiscalización.".
¿Qué significa lo anterior, señor Presidente?
Durante largo tiempo discutimos en el Parlamento una nueva ley que establecía mayores facultades sancionatorias para la Dirección General de Aguas. Le ha correspondido al actual Gobierno implementar dicha normativa. ¿Y qué está haciendo la autoridad administrativa a través de estas circulares? Anticipándoles a aquellos respecto de los cuales saben que están cometiendo infracciones que los van a visitar, pero que pueden acceder a cierta información previa.
"Este período de información previa" -señala la circular- "se abrirá mediante un Acta de Visita Inspectiva y Solicitud de Información".
Es decir, lo que se les está haciendo a los funcionarios de la Dirección General de Aguas es restringirles una función fiscalizadora y sancionatoria que la propia ley les otorgó. O sea, cuando un fiscalizador vaya a un predio y vea que se está haciendo una extracción ilegal deberá levantar el acta de visita inspectiva con el propósito de distorsionar la voluntad del legislador, de la legisladora en este caso. Así, se les permitirá a quienes hayan cometido actos contrarios al Código de Aguas, tales como drenes ilegales o extracción ilegal, hacer descargos previos o corregir estas situaciones previamente.
Señor Presidente, debemos resguardar el principio de legalidad. Es en el Parlamento en donde se ha definido en la ley cuáles son los procedimientos cuando se cometen infracciones como las que están reguladas en el Código de Aguas. Es por esto que creemos que esta actuación de avisar en forma previa a un usuario que será objeto de una fiscalización constituye algo que contraviene el principio de la legalidad, contraviene la legislación y no se ajusta a la legalidad vigente.
Señor Presidente, no hay en la Dirección General de Aguas un antecedente de esta circular respecto a un procedimiento previo a un proceso sancionatorio en el que se le avise al regulado y se le dé la oportunidad de hacer descargos o realizar una relación de hechos antes de que se inicie un proceso sancionatorio como tal. Esto, a nuestro entender, es de la máxima gravedad.
En consecuencia, solicito que se oficie al Contralor General de la República a fin de que dictamine en derecho si la circular número 3 mencionada se ajusta a la legalidad vigente, se ajusta a derecho.
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- En el tiempo del Partido Revolución Democrática, tiene la palabra el Senador Latorre, por dos minutos.
El señor LATORRE.- Señor Presidente, el jueves 1 de agosto, a través de diferentes medios de comunicación, el Intendente de la Región de Valparaíso, Jorge Martínez, representante del Presidente Piñera en la región, solicitó al Ministerio de Agricultura declarar emergencia agrícola por escasez hídrica en todas las comunas de la Región de Valparaíso continental.
Junto con ello, el viernes 2 de agosto diversos crianceros, arrieros y agricultores pequeños sostuvieron una reunión con el Intendente para pedir específicamente que la comuna de Putaendo se declare no solo zona de emergencia agrícola, sino también zona de catástrofe.
El caso de Putaendo alcanza una situación límite, dramática. De acuerdo con el catastro desarrollado por la municipalidad y por diversas organizaciones de la zona, la muerte de animales por sed y hambre, falta de forraje, alcanza un 10 por ciento del ganado de la comuna. Y en el caso específico del ganado bovino, la mortalidad alcanza cifras superiores al 20 por ciento.
Tanto para crianceros como para arrieros, el desarrollo de estas actividades constituye su única fuente de ingresos. Al existir este nivel de mortalidad en su ganado, al producirse altos niveles de aborto en las nuevas crías de la temporada y al no haber forraje debido a la falta de precipitaciones, estas comunidades se encuentran en una situación económica muy compleja en este período de invierno sin lluvia.
Creemos que la posibilidad de decretar emergencia agrícola sin duda va en ayuda de estas comunidades en la medida que los recursos lleguen en el corto plazo.
Del mismo modo, la posibilidad de decretar zona de catástrofe también permitiría obtener recursos y la posibilidad de tomar acciones de emergencia desde el Ejecutivo.
Con todo, cabe indicar que, a pesar de la sequía sostenida por más de doce años en la Región de Valparaíso, no se aborda el problema de la escasez hídrica en su debida dimensión.
No es solo el cambio climático lo que está produciendo que la zona se encuentre en estos niveles de crisis. También es causa de ello el modelo agroexportador de paltas, que concentra el sobreotorgamiento de derechos de agua y la sobreexplotación de cuencas.
Por lo mismo, le pedimos al Presidente de la República, a través del Intendente, que declare zona de catástrofe para la Región de Valparaíso.
Simplemente deseaba hacer esa solicitud, señor Presidente. Insistir en lo necesaria que es la declaración de zona de catástrofe para la Región de Valparaíso, ya que muchas comunas no cuentan con los recursos inmediatos.
Esta medida también ha sido recomendada por el Indap para allegar recursos de manera inmediata a los pequeños productores, agricultores, arrieros y crianceros.
--Se anuncia el envío del oficio solicitado, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento .
El señor DE URRESTI (Vicepresidente).- Por haberse cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:36.