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Timestamp: 2019-09-18 15:48:32
Document Index: 49748156

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 218', 'artículo 8', 'artículo 31', 'artículo 29', 'artículo 143', 'artículo 140', 'artículo 29', 'artículo 29']

Boletin Correspondiente a 2015-11-06Regresar
¿Son válidos los estados financieros presentados a la asamblea general de copropietarios firmados por el administrador, certificando que su información corresponde a la consignada en los libros contable, junto con la firma de la persona que los realice en su calidad de auxiliar de la administración habiéndose esta última identificado como contador, mas no intentando suplantar a ningún profesional en la contaduría publica titulado y juramentado dado que en ningún momento consigno, número de tarjeta profesional ni inscripción oficial alguna?
¿Se incurre en alguna falta por el hecho de que una persona se identifique simplemente como "contador" en los documentos presentados a la asamblea de copropietarios donde no se requiere la firma de un contador público titulado e inscrito ante la junta central de contadores puesto que existe norma específica que determina que es responsabilidad exclusiva del administrador al tenor del numeral 4 del artículo 51 de la ley 675 de 2001?
( 2015-11-06) Consultar
Si la donación es utilizada para la construcción o mejora de un activo fijo de la copropiedad, este consejo recomienda que el dinero recibido se contabilice como un pasivo diferido, el cual debe ser amortizado de forma similar a como se amortice el activo, cuando este se encuentre en condiciones de utilización por parte de la copropiedad.
De esta forma, en el estado de resultados de la copropiedad se incorporan todas las transacciones y otros eventos o sucesos que afectan a la copropiedad y se logra una adecuada correlación entre los gastos por depreciación y los ingresos por la amortización del pasivo diferido.
Respecto del procedimiento para cumplir dicha finalidad las normas difieren sustancialmente mientras que la ley 223 de 1995 establece la potestad, la cual es facultativa, a los sujetos activos de imponer a los obligados a pagar el tributo, de señalar su mercancía con el fin de obtener la trazabilidad de la misma, la ley 1450 establece la obligación tanto a las sujetos activos como a los pasivos del impuesto al consumo de integrarse al SUNIR.
A partir de estas dos consideraciones, puede colegirse que dos disposiciones que tienen una misma finalidad conciben consecuencias para efectos de sus aplicación diametralmente diferentes, configurándose entonces el fenómeno de derogatoria tacita ya que la aplicación de los criterios de la ley 1450 del 2010 y su reglamentario hacen imposible la aplicación de la ley 223 de 1995, ya que aquella disposición establece la OBLIGACION de tanto sujetos activos como pasivos de integrarse al sistema único nacional de información y rastreo, siendo inaplicable en la practica la facultad prevista en el artículo 218 de la ley 223 de 1995 de establecer mecanismos de señalización, ya que de suyo esa función es la llamada a cumplir por parte del SUNIR, de conformidad con lo establecido en las precitadas consideraciones.
Hemos recibido su comunicacion por la cual solicita la devolucion de unos recursos que le fueran descontados del rectroactivo pensional reconocido por su administradora de fondo de pensiones AFP y que fueron girados como cotizacion en salud a su EPS. Al respecto me permito señalar.
El numeral 1 del articulo 157 de la ley 100 de 1993 establece que los afiliados al sistema mediante el regimen contributivo, son las personas vinculadas a traves de contrato de trabajo, los servidores publicos, los pensionados y juvilados y los trabajadores independientes con capacidad de pago.
El articulo 26 del decreto 806 de 1998, señala que las personas con capacidad de pago deberan afiliarse al regimen contributivo mediante el pago de una cotizacion o aporte economico previo, el cual sera financiado directamente por el afiliado o en consecuencia entre este y su empleador.
A su vez, el literal c) del numeral 1 del articulo en comento, establece que son considerados como afiliados obligatorios al regimen contributivo del sistema general de seguridad social en salud entre otros las siguientes personas.
La Oficina Asesora Jurídica, de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Decreto 2462 de 2013, procede a dar respuesta, de manera general y abstracta, a la consulta de la referencia, en los siguientes términos: La consulta señala:
1. ¿Para Liquidar una Licencia de Paternidad,
Me refiero a su escrito en el que formula una consulta sobre algunos aspectos relacionados con el otorgamiento de poderes por parte del representante legal de una compañía, en los siguientes términos:
1. Puede el vicepresidente que a su vez es representante legal, otorgar poderes especiales o poder general por escritura pública a terceras personas que no laboran en la sociedad?
2. Puede el vicepresidente que a su vez es representante legal, otorgar poder especial o poder general por escritura pública, para que su apoderado tenga a su vez la calidad o capacidad de nombrar a terceros abogados que judicialmente representen a la empresa?
3. Puede el vicepresidente que a su vez es representante legal, otorgar poder especial o poder general por escritura pública, para que su apoderado tenga a su vez la calidad o capacidad de presentarse ante el Juez en audiencia de interrogatorio de parte y exponer su condición de Representante Legal para absolver el interrogatorio con la facultad de confesar?
La calidad o condición de Representante legal es delegable?
Puede el Juzgado tener o reconocer la representación legal de una sociedad, por una persona que presenta el medio físico de un poder especial o de un poder general que otorgó a su vez el representante legal original y en el cual dice que su apoderado podrá absolver interrogatorios de parte en nombre de la sociedad y podrá inclusive confesar en nombre de la sociedad?
Querría ello decir, que la representación legal de una sociedad puede adquirirse por fuera de la designación que haga a su vez la Asamblea de Accionistas (o la Junta Directiva si fuere el caso)?.
La calidad o condición de ser representante legal de una sociedad es una función DELEGABLE en un tercero?.
Me refiero a su comunicación radicada en esta entidad con el número 2015-01-324535, mediante la cual plantea la siguiente consulta:
“La Ley 1727 de 2014, en su artículo 31 numeral 1, establece que las sociedades comerciales y demás personas que hayan incumplido la obligación de renovar la matricula mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco (5) años, quedara disuelta y en estado de liquidación. Cualquier persona que demuestre interés legítimo podrá solicitar a la superintendencia de sociedades o a la autoridad competente que designe un liquidador para tal efecto. Lo anterior sin perjuicio de los derechos legalmente constituidos de terceros.
1 En atención a lo anterior, solicito se me informe ¿que se entiende por interés legítimo y que personas podrán tener este interés?.
2 ¿Un socio podría solicitar la designación del liquidador?
3 ¿Cuál es el medio idóneo para solicitar el nombramiento de liquidador?, es posible a través de comunicación por uno de los socios o es necesario que se haga Asamblea, se tome la decisión por todos los socios y se haga la solicitud anexando el acta?
4 ¿Al elevar la solicitud ante la Autoridad competente para que se nombre el Liquidador, es posible que se sugiera el nombramiento de un liquidador escogido por la Asamblea o Junta de Socios?
BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LA VENTAS - Su enunciación es taxativa. Bienestarina bien excluido.
Conforme se observa en los antecedentes legislativos que dieron origen a la Ley 788 de 2002, esta exclusión resultó de la propuesta inicial, de no gravar, de la partida 19.01, las preparaciones alimenticias de harina, almidón y fécula.
Los debates en la Cámara de Representantes y en el Senado dieron como resultado que estas preparaciones quedaran gravadas con una tarifa del 7% y que únicamente estuviera excluido del impuesto sobre las ventas el producto denominado Bienestarina. Así las cosas, no cabe realizar una interpretación en cuanto a las partidas o subpartidas arancelarias del arancel de aduanas, puesto que no se excluyó una nomenclatura arancelaria o la composición o materia de un producto sino un bien específico.
FALTA DE PRUEBA - No es causal de nulidad prevista en el artículo 29 de la Constitución Nacional.
De conformidad con el artículo 143 del Código de Procedimiento Civil entre los requisitos para alegar las nulidades se encuentra el deber de expresar el interés de la parte para proponerla, la causal invocada y los hechos en que se fundamenta.
En efecto, al tratarse las nulidades de mecanismos procesales que permiten que taxativas irregularidades se corrijan y se logre ajustar el procedimiento, su ocurrencia es excepcional y cuando se presentan, tanto el juez como las partes están sometidos al cumplimiento de los requisitos legales para su trámite y decisión.
En este sentido se advierte, que la parte demandante invoca como causal de nulidad la trasgresión de los artículos 229 de la Carta, 304 del C.P.C y 170 del C.C.A., lo cual por sí solo ni por sus fundamentos, encuadra en alguna de las causales señaladas en el artículo 140 del C.P.C. En relación con el artículo 29 de la Carta, se observa que aunque jurisprudencialmente se ha aceptado su estudio como causal de nulidad, su fundamento debe estar dado porque la prueba se haya obtenido con violación del debido proceso, es decir, sin atender a los principios de publicidad y contradicción.
De lo expuesto por la demandante, es claro que la aducida falta de actividad probatoria no corresponde a la causal de nulidad prevista en el artículo 29 C.P., máxime cuando se refiere a una prueba que corresponde a una simple certificación con destino a otro proceso.