Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A225-01.htm
Timestamp: 2017-11-21 09:56:23
Document Index: 376637160

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 37', 'Artículo 1']

Auto 225/01
Referencia: expediente I.C.C.- 323
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo de Norte de Santander y el Tribunal Superior de Cúcuta.
1.- Los señores Ildelfonso Pérez Rojas y Ana Angélica Lazo de Pérez, obrando en nombre propio y en representación de varios menores, interpusieron acción de tutela en contra de la señora Lucinda Lazo Villamizar y del Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta, con el fin de que se suspenda la entrega de un bien inmueble.
2.- La demanda fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, instancia judicial que por auto del 7 de marzo de 2001 consideró no tener competencia para conocer de la demanda de tutela. Dando aplicación a lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, la Magistrada Sustanciadora determinó que por tratarse de una acción de tutela dirigida en contra de una autoridad judicial, la competencia correspondía al superior funcional. En consecuencia, dispuso remitir el expediente al Tribunal Superior de Cúcuta para que asumiera el conocimiento del proceso.
3.- Por su parte, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cúcuta, acogiendo los planteamientos expuestos por la Corte Constitucional en los autos del 26 de septiembre de 2000 (ICC-118) y del 27 de febrero de 2001 (ICC-235), resolvió inaplicar el mencionado Decreto 1382 de 2000 y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Bolívar, planteando el conflicto negativo de competencia en caso de que este no aceptara conocer de la acción.
4.- Este último, por auto del 9 de marzo de 2001 se apartó de la decisión y de los planteamientos expuestos por el Tribunal Superior de Cúcuta. En su concepto, la vigencia del Decreto 1382 no puede ser desconocida y por lo tanto su obligatoriedad resulta ineludible. Por lo anterior, remitió el expediente a la Corte Constitucional para que resuelva el conflicto negativo de competencia
1.- Si en el curso de una acción de tutela las autoridades judiciales plantean un conflicto negativo de competencia, la facultad para dirimirlo corresponde a la Corte Constitucional, siempre y cuando las dos autoridades hagan parte de jurisdicciones distintas, precisamente porque en estos eventos carecen de superior jerárquico común. La jurisprudencia de esta Corporación es muy clara al respecto[1] y así lo tiene previsto de tiempo atrás[2]:
"Sin embargo, no todos los conflictos de competencia deben ser resueltos por la cabeza de la jurisdicción constitucional. Solamente deben llegar a la Corte Constitucional aquellos que no puedan resolverse dentro de las respectivas estructuras jurisdiccionales de origen." (subrayado fuera de texto)
Pues bien, en el presente caso se trata de una controversia entre una autoridad que hace parte de la jurisdicción contencioso administrativa (Tribunal Administrativo de Norte de Santander), y una que corresponde a la jurisdicción ordinaria (Tribunal Superior de Cúcuta), por lo que la Corte Constitucional, según lo expuesto anteriormente, tiene plena competencia para dirimir el conflicto.
Inaplicación del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000
2.- De una parte, el Tribunal Administrativo dio aplicación al artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 que establece reglas para el reparto de la acción de tutela e introduce modificaciones al Decreto 2591 de 1991; y por la otra, la Sala Penal del Tibunal Superior de Cúcuta se abstuvo de hacerlo, siguiendo para ello los parámetros establecidos por la jurisprudencia constitucional. Es aquí donde surge la controversia, que la Corte no se explica por cuanto de tiempo atrás existe una clara posición jurisprudencial en el sentido de considerar la mencionada norma como contraria a la Constitución y determinar que no es posible su aplicación. Para ello ha acudido a la figura de la excepción de inconstitucionalidad[3].
Así, en auto del 26 de septiembre de 2000, la Sala Plena de la Corte, con ponencia del Magistrado Alfredo Beltrán Sierra señaló lo siguiente:
Ahora bien, observa la Sala que la actuación del Tribunal Superior de Cúcuta, en el sentido de inaplicar el Decreto 1382 de 2000 y no conceder efectos jurídicos a una disposición contraria a la Carta se ajusta completamente a los derroteros constitucionales. En consecuencia, el conocimiento de la demanda de tutela ha de corresponder, en primera instancia, al Tribunal Administrativo de Norte de Santander por ser esta la autoridad judicial ante quien se instauró la demanda. Así será dirimido el conflicto negativo de competencia, siguiendo para ello lo normado por el artículo 86 de la Constitución y por el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991.
Sumado a lo anterior, es oportuno destacar que en consideración a los pronunciamientos de la Corte sobre la inaplicación del Decreto 1382, y a los efectos otorgados en ellos, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 404 del 14 de marzo de 2001, que en su artículo primero dispone:
“Artículo 1º. Suspéndese por un año la vigencia del Decreto 1382 del 12 de julio de 2000, “Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, en espera de que el Consejo de Estado resuelva en forma definitiva sobre la legalidad del mismo”
En este orden de ideas, concluye la Corte que el conflicto ha de dirimirse asignando el conocimiento de la tutela al Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Y, aún cuando el Decreto 404 de 2001 no había sido expedido al momento de surgir controversia, es preciso darle aplicación por cuanto ahora hace parte del ordenamiento. Así lo señaló esta Corporación en reciente providencia[4].
Primero.- Dirimir el conflicto de competencia que se ha suscitado entre el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander y el Tribunal Superior de Cúcuta -Sala Penal- con ocasión de la acción de tutela instaurada por Ildelfonso Pérez Rojas y Ana Angélica Lazo de Pérez contra Lucinda Lazo Villamizar y el Juzgado 1º Civil del Circuito de Cúcuta, en el sentido de que el competente para conocer de la demanda es el Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander.
Segundo. Remitir el expediente al Tribunal Contencioso Administrativo de Norte de Santander, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
Salvamento de voto al Auto 225/01
Referencia. expediente ICC - 323
Peticionario: Idelfonso Pérez Rojas y otro.
[1] Cfr. Corte Constitucional, Auto de abril 5 de 1995 MP. Jorge Arango Mejía y Sentencia C-037/96 MP. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otros.
[2] Auto 044 de 1998 MP. José Gregorio Hernández Galindo
[3] Ver por ejemplo los Autos No. 085 de 2000 MP. Alfredo Beltrán Sierra, 087 de 2000 MP. Martha Victoria Sáchica, 094 de 2000 MP. Carlos Gaviria Díaz. y 096 de 2000 MP. José Gregorio Hernández Galindo, así como el auto que resolvió el ICC-267 de 2001 MP. Eduardo Montealegre Lynett.
[4] Cfr. Corte Constitucional, ICC-267 de 2001 MP. Eduardo Montealegre Lynett.