Source: https://www.scribd.com/doc/153215111/1-LA-PRESCRIPCION
Timestamp: 2016-02-08 07:24:42
Document Index: 26622015

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 200', 'artículo 59', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 59', 'artículo 200', 'artículo 7', 'artículo 200', 'artículo 2492', 'artículo 200', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 200', 'artículo 200', 'artículo 1885', 'artículo 89', 'artículo 20', 'artículo 8', 'artículo 2514', 'artículo 2514', 'Artículo 2514', 'artículo 2497', 'artículo 2493', 'artículo 136', 'artículo 6', 'artículo 63', 'artículo 200', 'artículo 200', 'artículo 59', 'artículo 200', 'artículo 7', 'artículo 200', 'artículo 59', 'artículo 2494', 'artículo 2494', 'artículo 59', 'artículo 6', 'artículo 200', 'artículo 200', 'artículo 63', 'artículo 201', 'artículo 200', 'artículo 2515', 'artículo 147', 'artículo 24', 'artículo 2521', 'artículo 200', 'artículo 200', 'artículo 200', 'artículo 2514', 'artículo 36', 'artículo 69', 'artículo 64', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 11', 'artículo 45', 'Artículo 202', 'artículo 50', 'artículo 48']

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Prescripción y caducidad: Aunque generalmente se tratan a ambas instituciones como sinónimos, lo cierto es que tienen diferencias sustanciales:
La prescripción necesita ser judicialmente declarada para que todos sus efectos se manifiesten; la caducidad opera de pleno derecho. Si el plazo, por ejemplo, caduca, no es necesario que un magistrado lo declara finalizado. La caducidad no admite interrupción, lo que sí acepta la prescripción. La caducidad no puede ser renunciada, la prescripción si. En la caducidad, conforme a la doctrina, la extinción del derecho se produce por la propia naturaleza de éste; en cambio, en la prescripción extintiva el prolongado no ejercicio de un derecho conduce a su extinción, luego, resulta fundamental para distinguir ambos institutos la existencia de un plazo fatal que limite en el tiempo el derecho de que se trata o no respectivamente. Respecto de los plazos que revisaremos a continuación, son de prescripción, es ese sentido el tratamiento práctico que se le ha dado en la jurisprudencia y en el Servicio, pero queda anotado que para una parte de la doctrina se trataría más bien de plazos de caducidad; tesis que pareciera confirmar la circular 73 de 2001 que ordena abstenerse de citar y liquidar impuestos prescritos (Es decir, no se requiere declaración de la prescripción, lo que es propio de la caducidad) y, sobre todo, en la circular 74 del mismo año, sobre corrección de vicios o errores manifiestos, en cuanto dispone que esta facultad puede ser ejercida por la autoridad regional, cuando el fundamento sea que la liquidación o giro se refiere a períodos que se encuentran indudablemente fuera de los plazos legales de prescripción; ello, por cuanto en estos casos, de conformidad con lo que previene el artículo 59° del Código Tributario, en concordancia con el artículo 200° del mismo cuerpo legal, el aparato fiscalizador habrá actuado excediendo sus facultades legales; y, el Director Regional, se limita a constatar el hecho y hacer explícita la sanción de nulidad del acto, conforme dispone el artículo 7° de la Constitución Política de la República. Sobre la materia, a modo de mayor ilustración sobre los fundamentos para estimar que se trata de prescripción. Fallo de la Iltma. Corte de Apelaciones de Valparaíso, que confirmó el razonamiento del Juez Tributario de la V Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos, señalando que el plazo establecido en el artículo 200 del Código Tributario es un plazo de prescripción y no de caducidad, como pretendía el contribuyente, por lo cual no opera de pleno derecho ni es irrenunciable.
Para adoptar su determinación, la Iltma. Jurisdicción se basó en la norma interpretativa que sostiene que a las palabras debe dársele su sentido natural y obvio. Aún más, las normas de hermenéutica prescriben que si el legislador las ha definido expresamente para ciertas materias, ese será su significado legal. En efecto, el artículo 2492 del Código Civil ha definido expresamente la prescripción, por lo que no puede dársele otro concepto que el otorgado por el legislador. Sobre el particular, el fallo de la Corte expresó: “PRIMERO: Que el apelante funda su petición principal en que el plazo del artículo 200 del Código Tributario es de caducidad y no de prescripción, como consecuencia de lo anterior estima debe anularse el giro reclamado ya que uno de los efectos de la caducidad es que opera de pleno derecho y no es susceptible de renunciarse. Sin perjuicio de lo dicho en la sentencia apelada, y haciéndose cargo de la apelación y argumentos del alegato en estrados ello no es posible, en virtud de los siguientes fundamentos: El Título VI del Libro II del Código Tributario se refiere a la prescripción y a ello destina los artículos 200, 201 y 202, en tal virtud inequívocamente el legislador allí norma sobre la prescripción en materia tributaria. El Código Civil establece, perentoriamente, que la primera norma interpretativa es el sentido natural y obvio de las palabras, y por si fuera poco prescribe que si el legislador las ha definido expresamente para ciertas materias, ese será su significado legal; esta norma del artículo 20 del Código Civil es de claridad palmaria y no dejar lugar a dudas sobre el querer del legislador. En la especie, el legislador, ha definido la prescripción en el artículo 2.492 del Código Civil, por tal razón no se puede tener otro concepto que éste; por ello el artículo 200 del Código Tributario debe entenderse referido a la prescripción. La apelante postula que debe distinguirse entre los artículos 201 y 202 por una parte, que si los estima de prescripción, pero el del 200 de caducidad. Empero el legislador con la modificación introducida al artículo 200 de la Ley 19.506, de 30.07.1997, anterior al giro, no deja duda alguna que se refiere a la prescripción y no otra cosa. Los casos propuestos por el apelante en su totalidad se refieren a cuestiones en que no se habla directamente de prescripción, como son los del Código de Comercio (incluso en algunos de ellos derechamente se emplea el fonema “caducidad”), Código del Trabajo, Código de Minería, etc., en cuanto al artículo 1885 del Código Civil, tampoco se habla de prescripción y allí la jurisprudencia no es uniforme. En sentido inverso se puede citar una sentencia de casación (Rev. D° y J.T. 52 Sec. 1ª Pág 145) que al referirse al hoy derogado artículo 89 de la Ley de Impuesto a la Renta resolvió que era de prescripción y no de caducidad.
La forma interpretativa del artículo 20 del Código Civil y demás de hermenéutica, no están allí casualmente o en forma aislada. Basta recordar que nuestro Código se enmarca dentro del ius racionalismo y se cierra el círculo con el artículo 8° sobre la presunción de conocimiento de la ley, y ello requiere indudablemente de la certeza acerca de que obliga, por lo que es primordial el sistema interpretativo gramatical. De allí que el apego a un texto claro no es un capricho de los intérpretes, sino que el cumplimiento de la ley. Algunos tratadistas (G. Vásquez M.) sostienen que en Chile se ha reconocido la caducidad en cuestiones no sustraídas de la prescripción, sino en situaciones en que se usan expresiones diferentes; significando con ello es completamente diferente al camino seguido en el Código Civil Alemán en que se restringió la prescripción al distinguir otras cuestiones como la usucapión, plazos presuntivos, plazo preclusivos, etc. En tal sentido si bien interesante, la pretensión del apelante se aparta incluso del modelo teórico seguido en Chile, que es semejante al de las legislaciones que han nutrido del Código Napoleónico.( CORTE DE APELACIONES DE VALPARAISO – 27/07/2000 – ROL N° 3.342-98 – RECURSO DE APELACION - RECLAMO DE GIRO – SERGIO NUÑEZ RAMIREZ c/S.I.I. – MINISTROS SRES. JULIO TORRES ALLU, RAFAEL LOBOS DOMINGUEZ Y GONZALO MORALES HERRERA.)
Elementos de la prescripción extintiva El artículo 2514° del C. Civil establece que “la prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo, durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones”; y que “ se cuenta este tiempo (agrega en su inciso 2) desde que la obligación se ha hecho exigible”. De este artículo aparece que los elementos de la prescripción son dos: La falta de actividad de las partes y el transcurso del tiempo señalado por la Ley; o en otros términos, el no ejercicio del derecho durante el tiempo que ésta señala. No se requiere más; el adverbio “solamente” empleado por el legislador, manifiesta de modo claro lo que se viene diciendo. La prescripción corre, dice el artículo 2514°, inciso 2°, desde que la obligación se ha hecho exigible. “Se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible” ( Artículo 2514, inciso II, del Código Civil) Es menester que el acreedor haya estado en situación de poder ejercitar su derecho y no lo haya hecho. Es, hasta cierto punto, la desidia del acreedor la que se quiere sancionar por la Ley con la prescripción. Se comprende que
si el acreedor no ha podido ejercitar sus derechos por causas ajenas o no imputables a su voluntad no debe sufrir las consecuencias de la prescripción extintiva. De ahí que la prescripción empiece a correr desde que la obligación se haya hecho exigible, porque sólo desde ese momento el acreedor se encuentra colocado en la situación jurídica de poder hacer valer sus derechos.
Reglas comunes aplicables a toda prescripción.
Son aplicables a cualquier clase de prescripción las reglas de carácter general de los artículos 2492° al artículo 2497° del Código Civil y ellas se refieren a que la prescripción debe ser alegada y a la renuncia de la prescripción. Lo cierto es que la prescripción extintiva, al igual que la adquisitiva, no produce sus efectos mientras no haya sido declarada por sentencia judicial. De ahí que el legislador diga que el que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla y que los jueces no puedan declararla de oficio. “El que quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla; el juez no puede declararla de oficio” ( artículo 2493°, del Código Civil) La prescripción es un beneficio, un recurso que el legislador ha puesto en manos del deudor y cuyo ejercicio lo ha dejado entregado a su conciencia, en atención a que la prescripción extingue el derecho del acreedor sin que este quede satisfecho con la prestación que se le adeuda Por eso la Ley ha estimado mejor dejar al criterio del deudor este beneficio que le otorga; él sabrá si lo alega o no y, por esta misma razón, el Juez no puede declararla de oficio, aun cuando la prescripción aparezca de manifiesto. Pero el hecho de que la prescripción debe ser alegada y declarada por el Juez, a petición del que quiere aprovecharse de ella, no quiere decir que la prescripción se produzca en virtud de la sentencia judicial; el papel del juez se limita a comprobar o a dejar establecido que la prescripción ha operado. El Juez no puede declarar de oficio la prescripción porque no puede convertirse en defensor del demandado. Sin embargo la regla no es absoluta. Hay tres casos en los cuales puede el Juez declarar de oficio la prescripción y ellos son: a).- La acción ejecutiva, .
b).- En materia penal, c).- En materia tributaria, en donde el art. 136°, inciso 1°, del Código Tributario, establece que: “El Director Regional dispondrá en el fallo la anulación o eliminación de los rubros de la liquidación reclamada que correspondan a revisiones efectuadas fuera de los plazos de prescripción”. Este caso es aplicable sólo cuando efectuada una Liquidación de impuesto en contra de un contribuyente éste opte por reclamar, correspondiendo aquí a la autoridad que está conociendo de dicho reclamo declarar de oficio la prescripción de todos los impuestos que están siendo cobrados más allá de los plazos de prescripción que establece la Ley tributaria. La circular 73 dispone que la anulación o eliminación debe ordenarse, por el Juez Tributario, de oficio o a petición de la parte interesada; siempre y cuando se haya reclamado de la liquidación, y aunque en el escrito de reclamo no se haya invocado la prescripción. No puede solicitarse ni declararse por vía simplemente administrativa. (La última parte de este párrafo, la que señala que no se puede declarar administrativamente, es contradicho en el procedimiento de revisión de la actuación fiscalizadora, en relación con la circular 74 antes citada, ya que en dicho procedimiento, precisamente, se declara en forma administrativa.) Declaración administrativa. Nos referimos a la declaración administrativa como aquella que efectúa el Servicio sin necesidad de que el contribuyente presente reclamo alguno y no obstante lo dispuesto en el artículo 136 a que hemos hecho referencia, por la simple vía de dejar de accionar, no citando ni liquidando aquellos impuestos prescritos; pero, además, admitiendo la posibilidad de que se solicite administrativamente por el contribuyente en base a la facultad del artículo 6 letra B Nº 5 del Código, en relación con la circular 74 de 2001 que regula la materia. En tal sentido, en la circular 73 se instruye que el Servicio debe abstenerse de citar al contribuyente al tenor del artículo 63° del Código Tributario, si de los antecedentes existentes en poder del Servicio se puede desprender, sin lugar a dudas, que la irregularidad que se impute al contribuyente incidirá en diferencias impositivas en períodos que exceden de los plazos previstos en el artículo 200° del Código Tributario. Del mismo modo, el Servicio deberá abstenerse de liquidar o girar impuestos que incidan en períodos que están más allá del límite establecido por los plazos legales de prescripción del ya señalado artículo 200° del Código Tributario.
Por su parte, la circular 74 dispuso que la facultad de corregir aun de oficio un error o vicio manifiesto, puede ser ejercida por la autoridad regional, cuando el fundamento sea que la liquidación o giro se refiere a períodos que se encuentran indudablemente fuera de los plazos legales de prescripción; ello, por cuanto en estos casos, de conformidad con lo que previene el artículo 59° del Código Tributario, en concordancia con el artículo 200° del mismo cuerpo legal, el aparato fiscalizador habrá actuado excediendo sus facultades legales; y, el Director Regional, se limita a constatar el hecho y hacer explícita la sanción de nulidad del acto, conforme dispone el artículo 7° de la Constitución Política de la República. La circular 73 se adentra en los fundamentos de esta declaración de oficio, señalando que: 1.- La función propia de revisar el comportamiento tributario del contribuyente, determinar o liquidar los impuestos y girar u ordenar su entero en arcas fiscales, está sujeta en su ejercicio a la limitación de que se haga oportunamente, dentro de los plazos que señala el Código en el artículo 200º. Conforme lo dispuesto en el artículo 59º del Código Tributario, 2.- El destino de los eventuales efectos de la revisión, esto es, de la liquidación y/o giro de impuestos, cumplido que sea el plazo de prescripción, queda sujeto a la mera voluntad del contribuyente, al cual le bastará reclamar de una u otro, aún cuando no invoque la excepción de prescripción en su favor, para que ésta deba ser declarada por el juez, anulándose los actos administrativos realizados en forma extemporánea. 3.- Existiría una razón de eficiencia en el empleo de los recursos fiscalizadores del Servicio, que aconseja no emplearlos en labores que resultarán, finalmente, inoficiosas.
Puede ser renunciada En cuanto a la renuncia de la prescripción, como ella es un beneficio que la Ley da al deudor del cual puede o no servirse, ella puede ser renunciada, en conformidad al art. 2494 del Código Civil; “La prescripción puede ser renunciada” ( artículo 2494°, del Código Civil) La renuncia de la prescripción puede ser expresa o tácita.- Es expresa cuando el deudor hace la renuncia en términos formales y explícitos; es tácita cuando el que puede alegarla, ejecute cualquier acto que manifieste
en él el propósito de reconocer el derecho del acreedor, como si pide plazo, u otorga garantía, o paga intereses. “La prescripción puede ser renunciada expresa o tácitamente, pero sólo después de cumplida. “Renúnciase tácitamente, cuando el que puede alegarla manifiesta por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor, por ejemplo, cuando cumplidas las condiciones legales de la prescripción, el poseedor de la cosa la toma en arriendo, o el que debe dinero paga intereses o pide plazos.” ( artículo 2494°, del Código Civil, completo) Pero de cualquier manera que la prescripción se renuncie, ella debe renunciarse una vez cumplida; en ningún caso anticipadamente, porque hay un interés público evidente y comprometido en esta materia; si no la renuncia sería una cláusula de estilo en todos los contratos y no habría lugar a aplicar las disposiciones legales. Pero una vez cumplida la prescripción, la ley no ve ningún inconveniente para que este beneficio pueda ser renunciado por el deudor, ya que deja a su conciencia entregada esta arma que posee contra el acreedor.
La prescripción de la obligación tributaria:
El artículo 59° del Código Tributario dispone que “ dentro de los plazos de prescripción, el Servicio podrá examinar y revisar las declaraciones presentadas por los contribuyentes”. Además, de acuerdo a lo prevenido en el artículo 6° del Código Tributario, corresponde al Servicio de Impuestos Internos, en especial, la fiscalización y aplicación administrativa de las disposiciones tributarias, pero su función propia de determinar o liquidar los impuestos y de girarlos u ordenar su entero en arcas fiscales está sujeto, en su ejercicio, a la limitación de que ello se haga oportunamente, dentro de los plazos máximos de prescripción que señala el artículo 200°; vencidos dichos plazos, prescribe el derecho del Servicio para revisar, fiscalizar, liquidar o girar impuestos insolutos. Conforme a lo dispuesto en los artículos 200° y 24° del mismo Código, podemos añadir que la facultad para girar los impuestos también debe ejercerla dentro de esos mismos plazos.
La opción del Servicio para liquidar, reliquidar o girar un impuesto y, en general, para fiscalizar las declaraciones de impuestos, no puede quedar vigente en forma indefinida en el tiempo, la ley ha limitado ese derecho en el tiempo, creando al efecto la institución de la prescripción. La acción propia de todo acreedor, visualizada en las obligaciones tributarias, equivaldría a la acción de cobro del impuesto, pero ocurre que además la administración está dotada por la Ley de otras acciones, como son la de fiscalizar el correcto cumplimiento de la obligación y, aún más, para hacer efectiva la sanción que debe ser aplicada en los casos de incumplimiento, no sólo de la principal de pago, sino también de las otras de carácter accesorio o complementaria de aquéllas y todas ellas serán afectadas por la prescripción. Norma legal. El artículo 200° del Código tributario dispone que: “El Servicio podrá liquidar un impuesto, revisar cualquiera deficiencia en su liquidación y girar los impuestos a que diere lugar, dentro del término de 3 años contado desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago.” “El plazo señalado en el inciso anterior será de seis años para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. Para estos efectos constituyen impuestos sujetos a declaración aquellos que deban ser pagados previa declaración del contribuyente o del responsable del impuesto”. “En los plazos señalados en los incisos anteriores y computados en la misma forma prescribirá la acción del Servicio para perseguir las sanciones pecuniarias que accedan a los impuestos adeudados.” Los plazos anteriores se entenderán aumentados por el término de 3 meses desde que se cite al contribuyente, de conformidad al artículo 63° o a otras disposiciones que establezcan el trámite de la citación para determinar o reliquidar un impuesto respecto de los impuestos derivados de las operaciones que se indiquen determinadamente en la citación. Si se prorroga el plazo conferido al contribuyente en la citación respectiva, se entenderá igualmente aumentados, en los mismos términos, los plazos señalados en este artículo.
Las acciones para perseguir las sanciones que carácter pecuniario y otras que no accedan al pago de un impuesto prescribirán en tres años contados desde la fecha en que se cometió la infracción.”. A su vez, el artículo 201° siguiente prescribe que: “En los mismos plazos señalados en el artículo 200°, y computados en la misma forma, prescribirá la acción del Fisco para perseguir el pago de los impuestos, intereses, sanciones y demás recargos. Estos plazos de prescripción se interrumpirán: 1.° Desde que intervenga reconocimiento u obligación escrita. 2.° Desde que intervenga notificación administrativa de un giro o liquidación. 3.° Desde que intervenga requerimiento judicial. En el caso del N° 1.°, a la prescripción del presente artículo sucederá la de largo tiempo del artículo 2515 del Código Civil. En el caso del número 2.°, empezará a correr un nuevo término que será de tres años, el cual sólo se interrumpirá por el reconocimiento u obligación escrita o por el requerimiento judicial. Decretada la suspensión del cobro judicial a que se refiere el artículo 147°, no procederá el abandono de la instancia en el juicio ejecutivo correspondiente mientras subsista aquella. Los plazos establecidos en el presente artículo y en el que antecede se suspenderán durante el periodo en que el Servicio esté impedido, de acuerdo a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 24°, de girar la totalidad o parte de los impuestos comprendidos en una liquidación cuyas partidas o elementos hayan sido objeto de una reclamación tributaria.”
Conforme a lo prescripción:
a.- Plazo de prescripción de la acción fiscalizadora del Servicio. b.- Plazo de prescripción de la acción de cobro del Fisco.
c.- Plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones sancionatorias por simples infracciones administrativas. d.- Plazo de prescripción para el ejercicio de las acciones penales y las penas emanadas de un delito tributario. e.- Plazo de prescripción para el ejercicio de la acción que persigue la aplicación de la sola sanción pecuniaria en caso de delitos tributarios.
El artículo 2521° del Código Civil dispone que “Prescriben en tres años las acciones a favor o en contra del Fisco y de las Municipalidades provenientes de toda clase de impuestos”, precepto que constituye la regla general en materia de plazos de prescripción. No obstante, en materia tributaria priman por sobre ella los artículos 200° y 201°. En las disposición legales antes referidas, se indican claramente los dos términos de prescripción de las acciones del Servicio de Impuestos Internos para revisar, liquidar o girar impuestos:
1° Termino ordinario: En este caso, la revisión, liquidación o giro de los tributos fiscalizados por el Servicio, debe practicarse dentro del plazo de 3 años, contados desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago. Estamos en presencia de lo que será un caso normal de falta de cumplimiento o incumplimiento parcial, por ejemplo, simplemente por descuido o error, se declara y paga menos impuesto del que correspondía. 2° Término extraordinario: Según señala el inciso 2° del artículo 200° ya referido, existe, además del que hemos denominado término ordinario de prescripción, un plazo extraordinario de seis años durante el cual el Servicio podrá revisar, liquidar y girar impuestos sujetos a declaración si ésta no se hubiere presentado o si la presentada fuere maliciosamente falsa. Según se observa, en materia de impuestos sujetos a declaración existe, en ciertos casos, un plazo especial de prescripción del derecho del Servicio a liquidar, reliquidar o girar estos impuestos. Este plazo es de seis años, en lugar del plazo general de tres años.
Para que el Servicio disponga de este plazo especial para accionar, es necesario que, tratándose de un impuesto sujeto a declaración, ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa. Determinar si se ha presentado o no la declaración y si ésta es o no maliciosamente falsa, es una cuestión de hecho que deberá resolver el Juez, siempre que el contribuyente hubiere reclamado de la liquidación o giro del Impuesto. En todo caso, los fiscalizadores deberán fundar adecuadamente las liquidaciones o giros que efectúen dentro de este plazo especial, acompañando los antecedentes de los cuales se desprende o con los cuales se acredita la existencia de malicia o el hecho de no haberse efectuado la declaración. Concepto de "impuestos sujetos a declaración". Aclara el Código Tributario que, para estos efectos, constituyen impuestos sujetos a declaración aquéllos que deben ser pagados previa declaración del contribuyente o del responsable del impuesto. Dentro de esta nomenclatura de impuestos sujetos a declaración, pueden mencionarse todos los impuestos a la Renta, a las Ventas y Servicios, etc. En cambio, entre los impuestos no sujetos a declaración, se pueden señalar: los impuestos de timbres y estampillas, en algunos casos, y el impuesto territorial. En opinión del Servicio (Circular 73-2001) una declaración, para que pueda considerarse como tal, debe contener los datos propios de la obligación que se pretende cumplir al presentar el formulario que la contiene; de este modo, no constituye "declaración de impuestos" la presentación del formulario conteniendo sólo los datos de individualización del contribuyente. Sin embargo, sí debe considerarse como tal si el formulario, además de los antecedentes personales del declarante consigna la expresión "SIN MOVIMIENTO" u otra análoga. Concepto de “maliciosamente falsa”. A diferencia del caso anterior, el Código no ha definido legalmente qué debemos entender por una declaración de impuestos “maliciosamente falsa”, al respecto la Jurisprudencia ha sostenido: “Para calificar de maliciosamente falsa la declaración de un contribuyente no cabe estarse a las acepciones de particular ponderación moral que señala el Diccionario de la Lengua, sino al sentido natural y obvio de dichas expresiones, según el uso natural de las mismas, evidenciado en numerosas disposiciones de nuestra legislación positiva que las emplean con el claro significado de
obrar a sabiendas, o sea, a conciencia de que se procede mal, con conocimiento de la ilegitimidad del acto ejecutado y de sus consecuencias o también, referido tales conceptos a las declaraciones de impuestos, faltar deliberadamente a la verdad u omitir antecedentes que se dejaron de consignar con la intención positiva de eludir su cumplido pago”. Para el Servicio, en el mismo sentido, la idea que una declaración de impuestos sea falsa alude a que uno o más de los antecedentes contenidos en ella es simulado, fingido o no ajustado a la verdad de los hechos a que el mismo se refiere. Sin embargo, para los fines del artículo 200º del Código Tributario no basta que en la declaración de que se trate existan datos no verdaderos, sino que además, se requiere que esta falsedad sea maliciosa, es decir, que sea producto de un acto consciente del declarante, quien supo o no pudo menos que haber sabido que lo declarado no se ajusta a la verdad. Lo malicioso de la falsedad de la declaración debe ser acreditado por el Servicio, toda vez que atendidos los conceptos empleados por el legislador, en principio, debe presumirse que los antecedentes contenidos en una declaración que no se ajusten a la verdad se han debido a un error involuntario del contribuyente, a su descuido o aún, a su negligencia, más no a su mala fe. Respecto al concepto de malicia aplicable en la especie, debe tenerse presente que no es necesario que ella haya sido declarada o establecida en un proceso por delito tributario. Si se ha establecido que las declaraciones de impuesto a la renta de primera categoría presentadas por una sociedad son maliciosamente falsas, aclara la circular que, respecto de las declaraciones de los socios relativas al impuesto global complementario, no necesariamente serán maliciosamente falsas. En efecto, para los fines de la ampliación de los plazos de prescripción, deberá probarse más allá de toda duda razonable, el conocimiento que éstos tenían de que lo declarado personalmente por ellos era falso, por ejemplo, que los socios hayan actuado personalmente en la preparación de la declaración de la sociedad o que, atendido el cargo que desempeñan en la misma no hayan podido sustraerse del conocimiento de la falsedad incurrida en la declaración. En todo caso esta es una cuestión de hecho, que debe aparecer revestida de pruebas suficientes que lo demuestren en forma indubitable. . Desde cuando se inicia el plazo de prescripción: El artículo 200° dispone al respecto “contado desde la expiración del plazo legal en que debió efectuarse el pago” o, dicho de otra manera, desde
que la obligación de declarar y eventualmente pagar los impuestos se “hizo actualmente exigible”, a fin de utilizar las expresiones del artículo 2514°, inciso II del Código Civil: “se cuenta este tiempo desde que la obligación se haya hecho exigible”. Sin embargo no se ha usado la misma expresión, no obstante que generalmente coincidirá en el fondo, así por ejemplo, un contribuyente que declara sus rentas el dos de abril, desde ese momento puede ser objeto de acciones fiscalizadoras tendientes a determinar diferencias de impuesto en sus declaración, pero el plazo de prescripción comienza a correr recien el 30 de abril, es decir, después de que se ha hecho exigible. Para los fines del cómputo de este plazo, no se altera por lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 36º del Código Tributario, que prorroga el plazo de declaración y pago de un impuesto que venza en día feriado, en día sábado o el 31 de Diciembre, hasta el primer día hábil siguiente. Tampoco se ve alterada la regla por las demás prórrogas de los plazos para declarar, por ejemplo, la que puede hacer el Director respecto de declaraciones por internet, ya que el supuesto legal no se ve alterado, la fecha de expiración legal es la misma y desde ahí se cuenta el plazo. Según lo que se dice en este párrafo, la norma nos obliga a recurrir a la reglamentación de cada impuesto para determinar la fecha de expiración del plazo legal para efectuar el pago y, en consecuencia, el inicio del plazo de prescripción.
Impuesto a la renta: Para el caso del impuesto a la renta, global complementario y/o adicional, conforme a lo prevenido en el artículo 69°, inciso primero del DL N° 824, Ley de Impuesto a la Renta, “las declaraciones anuales exigidas por esta Ley serán presentadas en el mes de abril de cada año en relación a las rentas obtenidas en el año calendario comercial anterior, según proceda”, salvo las excepciones que dicha normas también indica. Luego, el 30 de abril de cada año, es el inicio de plazo de prescripción, para los efectos de los referidos Impuestos, Como consecuencia de lo anterior, las eventuales diferencias de impuesto a la renta, global complementario o adicional que pudiere determinar el Servicio, acontecidas en el año calendario comercial 1996, en que el plazo para pagar el impuesto que se determine expira el 30 de abril del año calendario siguiente (año tributario), podrán ser liquidadas, a más tardar, el 30 de abril del año 2000, en principio, y siempre que la
declaración respectiva se haya efectivamente presentado por el contribuyente y no sea maliciosamente falsa; esto es, si se aplica el periodo ordinario de prescripción. Por el contrario, si el contribuyente no hubiere presentado declaración de impuesto a la renta por el año tributario 1997, calendario comercial 1996, o si la presentada fuere maliciosamente falsa, conforme a lo antes desarrollado, el plazo que tendría el Servicio para liquidar dichos impuestos vencería, a más dar, en principio, el 30 de abril del año 2003. Impuesto al Valor Agregado: Para el caso del IVA, y atendido el mérito de lo dispuesto en el artículo 64° del DL N° 825 de 1975, Ley del IVA, que dispone: “los contribuyentes afectos a la presente Ley deberán pagar en la Tesorería Comunal respectiva, o en las oficinas bancarias autorizadas por el Servicio de Tesorerías, hasta el día 12 de cada mes los impuestos devengados en el mes anterior”; el plazo máximo que tendría el Servicio para liquidar el impuesto, tratándose de inconsistencias correspondiente al periodo tributario julio de 1996, siempre y cuando la declaración respectiva se hubiere presentado y además si ésta no fuese maliciosamente falsa, sería hasta el 12 de Agosto de 1999. Por el contrario, si por dicho periodo el contribuyente no hubiere presentado declaración, estando obligado a hacerlo o si la presentada fuere maliciosamente falsa, dicho plazo se extendería hasta el 12 de Agosto de 2002. Por consiguiente, señala en otro ejemplo la circular 73, el plazo de prescripción de tres años que tendría el Servicio para determinar diferencias de impuestos de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, del año tributario 2001, vencería el 30 de abril del año 2004, a las 24 horas; ello porque el plazo para pagar el referido impuesto expiró el 30 de Abril de 2001. Por su parte, el plazo de prescripción referido al Impuesto al Valor Agregado del mes de diciembre de 2000, vencería el día 12 de Enero del año 2004, en virtud a que el plazo para pagar el impuesto en cuestión expira el 12 de enero del año 2001. Por consiguiente, y dando aplicación a las normas expresadas en este párrafo, el plazo de prescripción de tres años que tendría el Servicio para determinar diferencias de impuestos de Primera Categoría de la Ley de Impuesto a la Renta, del año tributario 2001, vencería el 30 de abril del año 2004, a las 24 horas; ello porque el plazo para pagar el referido impuesto expiró el 30 de Abril de 2001. Por su parte, el plazo de prescripción referido
al Impuesto al Valor Agregado del mes de diciembre de 2000, vencería el día 12 de Enero del año 2004, en virtud a que el plazo para pagar el impuesto en cuestión expira el 12 de enero del año 2001.
Ley de Timbres y Estampillas: Para el caso del Impuesto de la Ley de Timbres y Estampillas, establecida por el DL N° 3475, de 1980, y conforme a lo prevenido en el artículo 15° que establece “salvo norma expresa en contrario, los impuestos de la presente Ley deberán pagarse dentro de los siguientes plazos: N° 1: Los instrumentos privados y otros documentos, dentro de los cinco primeros días hábiles a contar de su emisión, esto es, de ser suscrito por sus otorgantes; N° 2: Los contribuyentes obligados a declarar su renta efectiva mediante un balance general determinado de acuerdo a contabilidad completa, para los efectos de la Ley de la Renta, dentro del mes siguiente a aquél en que se emiten los documentos. No obstante, los impuestos que gravan los documentos a que se refieren los N° 2 y 4 del artículo 1°, deberán pagarse, en todo caso, anticipadamente al momento de solicitar su autorización al Servicio de Impuestos Internos o al organismo que el Director de ese Servicio designe. N° 3: Los bancos, cuando sean el primer responsable del pago del impuesto, y por los documentos que emitan o se tramiten ante ellos; dentro del mes siguiente de entregados los cheques al girador, emitidos los documentos o admitidos éstos a tramitación, según corresponda. El mismo plazo señalado en el párrafo anterior se aplicará al impuesto establecido en el inciso segundo del N° 1, del artículo 1°, el cual se contará, tratándose de un giro, cargo o traspaso de fondos, desde que éstos se efectúen. N° 4: Los impuestos del artículo 3°, dentro del mes siguiente a aquél en que se devengue. N° 5: por los documentos y actas de protesto de letras de cambio y pagarés a que se refiere el artículo 4°.
a) Dentro del plazo de 60 días corridos a contar de la fecha de otorgamiento de la escritura pública, aún cuando no haya sido autorizada por el respectivo funcionario y siempre que el Notario no la haya dejado sin efecto. b) dentro del mes siguiente a la fecha en que se autorizaron o protocolizaron las escrituras privadas o se efectuó la actuación tratándose de protestos de letras de cambio y pagarés. Los impuestos que según lo dispone el artículo 11° deben retener los funcionarios allí indicados, dentro de los mismos plazos señalados en las letras anteriores, según corresponda.” Los plazos de 3 y 6 años, respectivamente, se iniciarán precisamente al momento de vencimiento de cada uno de los plazos antes referidos.
Impuesto Territorial: Para el caso del Impuesto territorial, establecido por la Ley N° 17.235, de 1969, la tasa del impuesto, del 15 por mil al año, aplicable sobre los avalúos de los predios, fijados por el Servicio de conformidad a dicha Ley , por disposición de su artículo 45° “será pagado en cada año en cuatro cuotas en los meses de abril, junio, septiembre y Noviembre” ; luego , el plazo para el “cobro” de tales tributos comenzará a correr el 30 de abril; 31 de Junio, 30 de Septiembre y 31 de Noviembre respectivamente. Para el caso de emitir cobro suplementario por modificaciones de los predios, que importe una mayor contribución que la que figura en los roles semestrales, el Servicio sólo puede operar retroactivamente hasta 3 años; así, una ampliación de la superficie construida o variación en la calidad de la construcción, si ella fue ejecutada en el predio el año 1995, el Servicio sólo podría emitir boletines de cobro suplementario, si contamos como fecha de la detección el 15 de mayo de 1995, hasta el 1° semestre de 1998, con lo cual el plazo de prescripción de este impuesto es de 3 años, para los efectos de la emisión de roles suplementarios que pretenden hacer efectivas las variaciones de avalúos de los predios por las modificaciones que éstos sufren.
Téngase presente que tratándose de impuestos que se pagan por cuotas, como es el caso de este Impuesto Territorial, el plazo corre independientemente para cada una de ellas. Impuesto a las Asignaciones por Causa de Muerte y Donaciones entre Vivos: El Artículo 202° del Código tributario ordena que “sin perjuicio de las normas de los artículos 200° y 201°, el plazo de prescripción para el cobro de los impuestos a las asignaciones por causa de muerte y a las donaciones, será de seis años si el contribuyente no hubiere solicitado la determinación provisoria o definitiva de los impuestos. En los demás casos dicho término será de tres años”. Así, en principio el plazo de prescripción para ejercer la fiscalización sobre este impuesto es de 3 años, el cual puede aumentar a 6 si el contribuyente no hubiere solicitado la determinación provisoria o definitiva de los impuestos, en al forma prevista en el Título VII de la Ley N° 16.271. El referido plazo, de tres o seis años, se cuenta desde el momento en que vence el plazo de dos años, atendido lo dispuesto en el artículo 50° de la Ley N° 16.271 que ordena “el impuesto deberá pagarse dentro del plazo de dos años, contado desde la fecha en que la asignación se defiera”. Debe tenerse presente, en síntesis, que el plazo de 3 o 6 años, según corresponda, comienza a correr dos años después del fallecimiento del causante; tratándose de donaciones, desde la fecha del acto o contrato. Conforme a lo anterior, es perfectamente posible que comience a prescribir el impuesto y el Servicio lo ignore porque, por ejemplo, no se ha solicitado la posesión efectiva de la herencia respectiva.
Hasta cuándo corre el plazo para liquidar un impuesto? La respuesta se encuentra en el artículo 48° del Código Civil que establece que “todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la República, de
los tribunales o juzgados, se entenderán que han de ser completos; y correrán además hasta la medianoche del último día del plazo” . El inciso II agrega que “el primero y último día de un plazo de meses o años deberán tener un mismo número en los respectivos meses” finalizando con la expresa indicación que “ se aplicarán estas reglas a las prescripciones” . Luego hay plazo para fiscalizar, liquidar o girar un impuesto hasta la medianoche del último día del plazo. Téngase presente que por tratarse los plazos de prescripción de un término de años, el plazo no se suspende durante los días domingos y festivos o días inhábiles, ni se suspende tampoco durante el feriado judicial del mes de Febrero de cada año.
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