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Timestamp: 2019-10-23 08:46:29
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El Dragonario: 12/20/16
En San Lázaro, las truculencias del PRI para aprobar la Ley de Seguridad Interna
Pese a tener mayoría en la Cámara de Diputados, el PRI se está viendo en aprietos para aprobar la Ley de Seguridad Interna, con la cual quiere quedar bien con el presidente y, de la misma manera, con el titular de la Sedena. La oposición razonada y argumentada de Morena, MC, PRD e incluso de unos cuantos priistas obligó al tricolor a sacarse de la manga sus viejos trucos: albazos, imposición de agenda, engaños y trueques de última hora con el panismo. Aun así, esa ley tendrá que esperar al próximo periodo de sesiones.
CIUDAD DE MÉXICO: La exigencia del secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, de que se legalicen las operaciones militares contra el crimen organizado, puso en aprietos a la Cámara de Diputados:
La llevó a trabajar de última hora en dictámenes impuestos por el PRI y sus aliados, a que éste reculara ante su división interna e intentara albazos que permitieran suspender las garantías individuales, a sacar del cajón el mando mixto policial y finalmente a que el tricolor estableciera un trueque legislativo con el PAN, mismo que se verá reflejado en el periodo de sesiones de febrero próximo, cuando se espera tener la Ley de Seguridad Interior, la reglamentaria del Artículo 29 Constitucional y las normas contra la trata y la tortura.
Consecuencia de la guerra contra el narco, Enrique Peña Nieto se vio obligado a “presionar” desde la Secretaría de Gobernación la creación o modificación de cinco leyes que tienen como fin último dar soporte a la de Seguridad Interna. Contrarias entre sí en algunos casos, la premura evidenció “la simulación” del gobierno de Peña Nieto.
Su urgencia por dar a las Fuerzas Armadas las herramientas para que sus integrantes no sean procesados por violaciones a los derechos humanos hizo evidente, en un desaseado proceso legislativo, que al gobierno le interesa “la estética internacional”, maquillar las cifras de tortura, que no se hable de “víctimas” sino de “afectados”, que se cierre el paso a peritos internacionales y que no se reconozca la existencia de “desplazados internos forzados”, pues esto último, dice el gobierno a los legisladores, “sólo ocurre en países con guerras internas, y en México eso no está sucediendo”.
Señalan lo anterior los coordinadores de los grupos parlamentarios de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y de Movimiento Ciudadano (MC), Rocío Nahle y Clemente Castañeda, respectivamente; así como Araceli Damián, de Morena, de la Comisión Especial de Trata; y Cristina Gaytán (PRD), de la de Derechos Humanos.
Coinciden en que la Ley de Seguridad Interna es una forma de ceder a la presión de los militares y que sin la reglamentación del Artículo 29 constitucional –que amplía las facultades del Ejecutivo para determinar cuándo el país está en riesgo y suspender garantías– no se entendería aquella.
Sostienen que sin la guerra de Calderón, continuada por Peña Nieto, no habría necesidad de una Ley de General de Víctimas, una contra la tortura, otra contra la trata de personas y un más que establezca un mando mixto de policía.
Proceso legislativo violado
La inercia de la guerra calderonista llevó al gobierno de Peña Nieto a promover la Ley General de Víctimas en 2013 y, ante la fallida modificación a la Ley de Seguridad Nacional durante el último trienio del panismo, a impulsar la reglamentación al Artículo 29 constitucional, sobre suspensión de las garantías individuales en tiempos de guerra.
La primera fue avalada por el Senado, mientras que la reglamentación del Artículo 29 se quedó en el cajón legislativo; lo mismo sucedió con la Ley Contra la Trata de Personas. En 2014 la Ley Contra la Tortura se presentó y quedó en el olvido, lo mismo que el mando único de policías. Pero la demanda de Cienfuegos desactivó todo ese paquete legislativo, señala Damián.
Las cuatro normas –reglamentación del Artículo 29, cambios a la Ley General de Víctimas y modificaciones a las de tortura y trata de personas– se avalaron en el Senado a finales de diciembre y durante 2016, “pero en la Cámara de Diputados no formaban parte de nuestra agenda legislativa”, confirma Damián. Durante las reuniones plenarias de los grupos parlamentarios no fueron motivo de discusión, añade.
Avaladas, pues, en el Senado y encajonadas en la Cámara de Diputados, el coordinador del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, apresuró que se dictaminaran en comisiones a la vez que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, cabildeaba entre los legisladores de todos los partidos. Trató de convencerlos de las bondades de la Ley General de Víctimas, detallan a Proceso diputadas perredistas.
Así, luego del reclamo de Cienfuegos, entre el lunes 12 y el jueves 15, última semana del periodo ordinario de sesiones –el siguiente arranca el 1 de febrero y no puede haber periodos extraordinarios si no hay dictámenes a discutir–, Camacho, respaldado por sus aliados del Partido Verde, Encuentro Social y Nueva Alianza, que juntos suman 271 votos, suficientes para avalar las normas, y el PAN, empujaron aprobar todo en comisiones para de inmediato subirlo al pleno.
El martes 13 la Comisión de Derechos Humanos aprobó las leyes contra la tortura y contra la trata y la reglamentación al Artículo 29.
Esta última generó enfrentamientos entre diputados de Morena, MC y PRD. En entrevista, Rocío Nahle reclama la “violación al proceso legislativo”, pues dicha norma debía discutirse en las “Comisiones Unidas de Gobernación y Derechos Humanos”.
Camacho Quiroz y Marko Cortés, coordinador de la bancada panista, la citaron para elaborar los temas a discutir en la sesión del miércoles 14.
Pero nunca llegaron al encuentro, recuerda Nahle. “No hubo reunión. Sólo dijeron que no iba a haber, que los priistas estaban analizando. Sé que los del PRI abandonaron San Lázaro y estaban tratando de arreglar varias cosas entre ellos”.
La reunión se canceló, pero se le citó con urgencia para las 9:00 horas del miércoles 14 en la Junta de Coordinación Política (Jucopo, donde se acuerdan los temas que se discutirán en el pleno). “Por la mañana, cuando nos anunciaron que la reglamentación ya había sido avalada por mayoría en la Comisión de Derechos Humanos y que entraría a discusión, me opuse, les recordé que estaban violentando el proceso legislativo y que acudiríamos a diversas instancias si la subían. Todos los partidos reconocieron que se violó el proceso legislativo. Así, contenido y procedimiento lo sacaron de la discusión”.
Ante la posibilidad de que el Ejecutivo federal tenga amplias facultades para establecer cuándo se deben suspender los derechos y las garantías ante “perturbación grave de la paz pública”, los diputados de Morena, PRD y MC advirtieron que con ello se podía limitar el derecho a la ­manifestación.
O también está el riesgo de considerar que una toma de instalaciones –como las han realizado estudiantes en algunas ocasiones– sea un peligro y se declare la suspensión de sus derechos, consideró la legisladora perredista Cristina Gaytán.
El miércoles 14, zanjado el tema en la Jucopo, Nahle pensó que no habría mayores problemas, pero el último día de sesiones, jueves 15, apareció agendada en la Gaceta Parlamentaria para aprobarse en el pleno la reglamentación al Artículo 29. De nuevo sus reclamos, lo improcedente del proceso legislativo, el respaldo de PRD y MC, así como la amenaza de llevar el tema ante diversas instancias, extranjeras si se requería, hizo que el PRI ordenara “quitar de la lista la reglamentación”. “El PRI no dio explicaciones, pensó que nos podía dar un albazo, pero vio el respaldo de las diferentes fracciones y cedió”.
El PAN también cedió pero, aclara ­Nahle, aprobaron otras cosas en comisiones, como la ley contra la tortura, que va contra las observaciones que hizo el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.
“PAN y PRI, utilizando la mayoría legislativa, están poniéndose de acuerdo para meter el paquete llegado el momento”, acusa.
“Obsesión estética”
En la maratónica sesión del martes 13, la Comisión de Derechos Humanos aprobó también la minuta del Senado que prevé cambios a la Ley de Trata de Personas y la Ley Contra la Tortura.
Cristina Gaytán, que forma parte de la comisión especial de Ayotzinapa y es miembro de la Derechos Humanos, dijo que todo el paquete de reformas era una “simulación” del gobierno de Peña Nieto y en otros casos “una trampa”.
El gobierno de Peña Nieto “tiene un severo problema de obsesión estética, porque está más preocupado por lo que sí quieren que aparezca a nivel internacional y qué no.
Gaytán detalla por ejemplo que en La Ley General de Víctimas no se quiso establecer el término “desplazamiento interno forzado” pues, dice, “reconocerlo es algo grave, llama la atención en el extranjero”.
La diputada verde Lía Limón, quien durante el primer trienio de Peña Nieto fue directora de Derechos Humanos de Gobernación, dijo que no se incluía el término “forzado” porque, según las definiciones internacionales, se utiliza “en aquellos estados que están en guerra o en conflicto interno armado, no es el caso de México.”
Ernestina Godoy, diputada por Morena, reclama la falta de seriedad de la legisladora verde: “Hay cuatro supuestos (para ese término): uno es la guerra interna, otro cuando existen violaciones generalizadas a los derechos humanos, otra cuando existe violencia generalizada y el último, ante un desastre natural. Fue una discusión que tuvimos con el subsecretario Roberto Campa Cifrián”.
Godoy recuerda que Campa, en su cabildeo con los legisladores, intentó convencerlos de que no se podía incluir en la Ley de Víctimas dicho término, “pues no estamos en guerra. Le respondí: ‘No estamos en guerra pero sí ante una violación generalizada de derechos humanos y violencia generalizada’”.
Gaytán es más directa y aclara: “No hubo cabildeo de Campa Cifrián en la Comisión de Derechos Humanos, hubo presión. Creen que pueden modificar cualquier cosa por su mayoría.”
En el caso de la Ley Contra la Trata de Personas que se avaló en el Senado y se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos el martes 13, incluso por el PRI, relata Gaytán que hubo división entre los priistas. “Incluso les dijimos: ‘Pónganse de acuerdo, nosotros ya sabemos que vamos con la ley’”.
Al día siguiente el PRI “desenlistó” de las leyes a aprobar en el pleno la de tortura. Incluso Camacho, junto con PVEM, PES y Panal, dijo que había diferencias.
Lo cierto es que, recuerda Araceli Damián, hubo grupos de derecha que presionaron para que no pasara, porque la ley de trata considera el aborto cuando la mujer haya sido objeto del delito de trata, aunque se remite a lo que establece cada estado.
Rosi Orozco, exdiputada federal panista, integrante de la congregación La Roca, cabildeó entre todos los partidos para que no se aprobara en comisiones la Ley Contra la Trata. “También lo hizo con el PRI y se acercó mucho a ellos”, recuerda Damián.
En el caso de la Ley Contra la Tortura, el PRI la avaló mientras que PRD, MC y Morena se opusieron, pues los diputados modificaron la minuta del Senado.
Los priistas pidieron que no se incluyera en el registro de tortura a los detenidos que la denunciaban, “porque todos los detenidos iban a alegar luego tortura y los índices se iban a elevar”, dice. “Y en otras ocasiones dijeron que no pusiéramos víctimas sino afectados. Porque lo que les interesa son las cifras y lo que digan en el extranjero”.
Como último dato de lo que hizo el PRI con la Ley de Víctimas y que fue considerado un mensaje contra los defensores de derechos humanos extranjeros, está el negar el derecho que tienen las víctimas a pedir la participación de peritos extranjeros. “Es un mensaje para los antropólogos forenses argentinos que no creyeron en la verdad histórica y para los del GIEI por el caso Ayotzinapa; se dice en la ley que podrán participar luego de que hayan agotado la participación de los peritos mexicanos”.
Clemente Castañeda sostiene que “todo el paquete es para justificar la acción militar en tareas de seguridad e implementar el estado de excepción, y a nivel internacional, que no se reconozca que hay desplazados forzados por esa absurda guerra contra el narcotráfico.
“Creo que este manejo de las leyes y el proceso legislativo de bajar leyes, subir otras, modificar otras y apresurar los tiempos, lo que demostró es que existe la tentación de parte del gobierno federal de querer manejar con absoluta discrecionalidad y sin contrapesos el poder público. Todo estuvo orientado hacia allá. La ley de tortura incomoda, porque son ellos los que tienen las mayores acusaciones de ello.
“Este paquete de leyes es para no ser acusados por violaciones a los derechos humanos. Quienes impulsan estas leyes lo hacen como un intento por generar márgenes de maniobra para que el poder público se pueda ejercer sin contrapesos o con los menos contrapesos posibles. Hoy tiene una resistencia a que regresen miembros de organismos internacionales, por eso lo de los peritos en la ley de víctimas”, sostiene Castañeda.
TITULO ORIGINAL: Y en San Lázaro, las truculencias del PRI para aprobar la Ley de Seguridad Interna
LINK: http://www.proceso.com.mx/466975/en-san-lazaro-las-truculencias-del-pri-aprobar-la-ley-seguridad-interna
CIUDAD DE MÉXICO: El secretario de la Defensa Nacional, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, calló más de lo que dijo. Detrás de sus fuertes críticas a las autoridades civiles está el proyecto de los mandos militares de intervenir para “restaurar el orden interno” en el país con el aval del presidente de la República.
Las presiones del general secretario para que el Congreso elabore ya una Ley de Seguridad Interior están encaminadas también a buscar una protección retroactiva a los militares comprometidos por violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, a responder ante un eventual requerimiento judicial internacional por crímenes de lesa humanidad.
El pasado 27 de octubre el PRI presentó una iniciativa de Ley de Seguridad Interior que propone amplias facultades a los mandos militares en casos de amenazas “a las instituciones y al desarrollo nacional”, sin más contrapeso que el de sus compañeros en el gabinete de seguridad nacional y en la que el Legislativo queda como mero facilitador y sin más información que aquella que los militares le quieran dar.
Con el argumento de la inoperancia de la fuerza civil, la cúpula militar ha cabildeado esa iniciativa con el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto y su partido. Con la experiencia del sexenio pasado, cuando una propuesta similar quedó congelada en el Congreso, el alto mando militar salió esta vez a hacer una intensa campaña ante la opinión pública.
El pretexto lo dio el desayuno de fin de año del general Cienfuegos con los reporteros que cubren las actividades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el pasado jueves 8. A diferencia de otros años, el alto mando del Ejército tomó el micrófono para explayarse en sus declaraciones.
Habló sobre el desgaste de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, de que “no estudiaron para perseguir delincuentes”, del “deseo” de los militares de regresar a los cuarteles y la advertencia de que en el Ejército hay quienes “ya se lo están pensando” (si salen a las calles) para no ser acusados de violaciones a los derechos humanos.
El tono y el discurso tuvieron un destinatario preciso: el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, al que mediante alusiones responsabilizó de no haber impulsado la iniciativa de ley ni la profesionalización de las policías civiles.
Aunque los legisladores que han presentado iniciativas sobre seguridad interior salieron de inmediato a avalar la retórica del general, respaldada por la mayoría de los formadores de opinión, la ansiada ley para los militares tendrá que esperar, aun cuando en la Cámara de Diputados y en el Senado hay consenso sobre la necesidad de legislar en la materia.
Pero no una ley como la que firmaron los diputados del PRI, César Camacho, coordinador de ese partido, y Marta Sofía Tamayo. El senador panista Roberto Gil presentó el 19 de septiembre un proyecto de ley que le da mayor peso al control legislativo a través de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, mientras que el diputado panista Jorge Ramos propone, en lugar de una ley ex profeso, un nuevo capítulo en la actual Ley de Seguridad Nacional.
La divergencia creció más cuando el PRD planteó que al mismo tiempo se debe reglamentar el Artículo 29 de la Constitución sobre la suspensión de derechos en los casos de estados de excepción, y aprobar la reforma constitucional para crear la figura de “mando mixto policial”, bajo el cual los municipios dejan de estar a cargo de la seguridad pública.
La Ley de Seguridad Interior es la principal de una serie de iniciativas en materia de seguridad. También están la Ley General de Víctimas, que ya fue aprobada en el pleno por la Cámara de Diputados y el Senado; la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura; la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; y la reglamentaria del Artículo 29 de la Constitución.
Las disposiciones tendrán que alinearse con el propósito de la cúpula militar para intervenir en operaciones de “restauración del orden interno”, razón por la cual las tres últimas fueron retiradas cuando iban a ser aprobadas, la semana pasada, en el pleno de la Cámara de Diputados, luego de que en comisiones se habían aprobado las minutas respectivas enviadas por el Senado.
Lo que quieren los militares
La iniciativa del PRI sobre Seguridad Interior va a tono con el discurso de Cienfuegos para tener una ley que proteja a las Fuerzas Armadas, pero sin que existan contrapesos efectivos. Les da a éstas la facultad de “normalizar el orden interno” en cualquier parte del país mediante “operaciones de restauración del orden” en las que la máxima autoridad puede ser un comandante militar designado por el Ejército y la Marina.
Asegura que las Fuerzas Armadas intervendrán “sólo cuando las capacidades de las Fuerzas Federales (Policía Federal) resulten insuficientes para contrarrestar las amenazas”.
En ese caso, a propuesta de los mandos del Ejército y la Armada, el presidente designará a un “comandante de las Fuerzas Armadas participantes”, quien será el encargado de dirigir “los grupos interinstitucionales” que se integren y “definirá las responsabilidades, canales de comunicación y la coordinación entre las autoridades civiles y militares”.
Entre las acciones que podrían efectuar los militares están el establecimiento de destacamentos de seguridad y de bases de operaciones móviles y fijas; la intercepción terrestre, aérea y marítima; patrullajes; puestos de vigilancia; reconocimientos; seguridad en instalaciones estratégicas; escoltas de seguridad y todas “las que se consideren necesarias”.
Respecto al uso de la fuerza, dice que se hará en función de sus propios protocolos para “controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia”, incluso si no es agresiva.
La única previsión que pone a los militares es que sea el presidente de la República, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el que emita una “Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior” a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, según lo determine el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).
Pero en esa decisión también tomarán parte los propios jefes castrenses como integrantes del CSN, que encabeza el titular del Ejecutivo federal y todos cuyos miembros son sus subordinados.
Además de los titulares de la Sedena y de la Secretaría de Marina, en el CSN participan los secretarios de Gobernación, Hacienda, Función Pública, Relaciones Exteriores y Comunicaciones y Transportes, así como el procurador general de la República.
Un peso importante en el CSN lo tiene el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), quien además de ser el secretario técnico del consejo –es decir el encargado de operar los acuerdos del mismo– participa a través de la Comisión Nacional de Seguridad, que tiene a su cargo a la Policía Federal, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.
En un escenario de intervención federal, la Segob también será la encargada de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior.
La iniciativa del partido gobernante señala que como responsable de la seguridad interior y de la política de seguridad pública, la Segob debe también coordinar con el resto de las dependencias federales, los estados y los municipios, acciones para “la normalización del orden interno en un área o zona geográfica del país”.
Dice que el objetivo de la ley es garantizar la seguridad interior, a la que define como “la condición de paz que permita salvaguardar la continuidad de las instituciones y el desarrollo nacional, mediante el Estado de derecho y la gobernabilidad democrática en beneficio de la población”.
A partir de esa definición dice que la seguridad interior puede estar afectada por el cambio climático, la corrupción, la deficiencia en la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública, terrorismo, delincuencia organizada, portación y tráfico de armas de fuego, los desastres y todas aquellas situaciones incluidas en la Agenda Nacional de Riesgos, prevista en la Ley de Seguridad Nacional.
Además, dice que cuando las autoridades competentes estén rebasadas, se considerarán amenazas a la seguridad interior los actos violentos que busquen “quebrantar la continuidad de las instituciones, el desarrollo nacional, la integridad de la federación, el estado de derecho y la gobernabilidad democrática en todo el territorio o en alguna de sus partes”.
Lo mismo, en el caso de fenómenos de origen temporal o emergencias ambiental, biológica, nuclear, química, sanitaria o cualquier otra que ponga en peligro a la sociedad o a la infraestructura estratégica.
Las Fuerzas Armadas también podrán actuar ante “cualquier otro acto u hecho que ponga en peligro la estabilidad, seguridad o paz públicas” en cualquier parte del país.
La propuesta de ley descansa únicamente en el Ejecutivo federal la decisión de emitir una “Declaratoria de Protección a la Seguridad”, cuando así lo decida el propio presidente de la República o a solicitud de algún gobernador o Congreso estatal, mientras que el Congreso sólo debe pronunciarse sobre su legalidad y estar a la espera de “un informe” que el secretario de Gobernación le remita a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, acción que define como un “esquema de control democrático”.
El Ejército y la Marina podrían intervenir incluso antes de la declaratoria, pues la propuesta le da al presidente la atribución de “ordenar acciones inmediatas” si hay situaciones “que pongan en peligro a la población o debiliten a las instituciones democráticas”.
La declaratoria, por lo demás, se podrá modificar para prolongar la intervención federal si persisten las causas que le dieron origen. Señala que sus efectos son distintos a los de la suspensión de derechos prevista en el Artículo 29 de la Constitución, pues no “implican la restricción o suspensión de los derechos humanos y sus garantías”.
Sin embargo, en la exposición de motivos, los diputados priistas dicen que esa disposición constitucional aplica para “casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, la misma condición que establecen para una intervención de las Fuerzas Armadas.
La información en torno a las Acciones de Orden Interno y de Seguridad Interior será clasificada como de seguridad nacional, por lo que no serán del conocimiento público. Por el contrario, en una intervención de seguridad interior las autoridades civiles tendrán que darles a los militares toda la información de inteligencia que les pidan.
Más aún, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio, las operaciones en vigor que al momento de la publicación de la ley estén realizando los militares por algunas de las causas descritas, se seguirán realizando si se cumple con el procedimiento para establecer una intervención federal; es decir, que bastaría con ese requisito mínimo para que la ley sea retroactiva.
Estado de excepción “de facto”
El presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Waldo Fernández González, diputado perredista por Nuevo León, considera que la norma sobre seguridad interior tendría que ser un capítulo de la Ley de Seguridad Nacional, más que un ordenamiento expreso.
En cualquier caso, coincide en la necesidad de regular la participación de los militares en tareas de seguridad interior, pero con fechas específicas para que los gobiernos de los estados fortalezcan a sus policías y las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles: “Tiene que haber un tiempo preciso, como ocurrió con el nuevo sistema de justicia penal, que estableció plazos” para su entrada en vigor.
Además, propone restablecer el principio de responsabilidad penal para los gobernadores que no certifiquen a sus cuerpos policiacos, tarea que al final del anterior sexenio se fijó para el actual.
Los plazos que se fijaron fueron modificados a propuesta del exsenador priista y actual gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, hasta que el tema se desvaneció sin que se cumpliera con lo establecido en los transitorios de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En entrevista, el pasado miércoles 14, Fernández González se dice convencido de darle certeza jurídica a las Fuerzas Armadas no sólo en beneficio de ellas, sino de los ciudadanos, “que tienen que saber en qué casos van a intervenir las Fuerzas Armadas y en cuáles se van a retirar. Parte central del debate es cuándo deben intervenir y bajo qué protocolos de actuación”.
Especializado en política y estrategia de defensa y seguridad nacional, el diputado federal por Nuevo León dice que la legislación en Seguridad Interior se tiene que hacer sin dogmas: “¿Que se va a militarizar el país? Si ya está militarizado. Pero por otro lado tampoco hay que dejar vacíos que impidan el control en la actuación de las Fuerzas Armadas. Hay que ponerle contrapesos al Ejército y al propio Ejecutivo”.
Opuesto a que los militares se conviertan en una autoridad por encima del poder civil en donde intervenga la autoridad federal, asegura que en el caso de Nuevo León, las Fuerzas Armadas se constituyeron de facto en un mando único para resolver el tema de la inseguridad. En las juntas de coordinación, el Ejército tomaba el mando y el control de los operativos, refiere; aunque admite también que hay otras experiencias en las que no ha gustado el mando único de los militares.
“Los militares tienen que enfocarse en su actuar, tienen que estar viendo temas de delincuencia organizada cuando no la pueda confrontar la autoridad civil. Pero es fundamental que en una ley de seguridad interior se determine cuándo tienen que intervenir y a petición de quién, las amenazas que van a enfrentar y los protocolos de actuación, además de establecer en artículos transitorios fechas límite para el fortalecimiento de las policías.
El legislador reivindica el papel del Congreso para fijar contrapesos en una ley en la que se favorece la actuación militar y para que el diálogo entre civiles y militares no sea exclusivamente con el Ejecutivo.
Dice que ante el vacío legal sobre la actuación militar en tareas de seguridad interna y de cara a los compromisos internacionales que ha asumido México en derechos humanos, “pudiera venir una autoridad del extranjero a tratar de enjuiciar a nuestras Fuerzas Armadas. Lo podrían hacer, pero con una ley tendríamos el procedimiento interno de defensa”.
Además, legislar en la materia sería “reconocer el estado de excepción que estamos viviendo desde hace una década. En el sexenio de Calderón no se quiso aceptar esa situación y el costo lo han pagado tanto las Fuerzas Armadas como los ciudadanos”.
Abunda: “Hubo un cálculo político por parte de Calderón pensando que el estado de excepción de facto iba a ser una solución sencilla, sin darse cuenta del entuerto que estaba armando”.
Como presidente de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, Fernández dice que quien sacó a los militares de sus cuarteles “simple y sencillamente se lavó las manos, y ahora el PRI, que está en el poder, tampoco le ha entrado con seriedad al problema”, al promover una ley sin contrapesos al poder militar.
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Estalla mercado de pirotecnia en Tultepec; reportan 60 lesionados
CIUDAD DE MÉXICO: Una fuerte explosión se registró este martes en el mercado de cohetes de San Pablito, en Tultepec, Estado de México, dejando al menos 60 lesionados, informó Protección Civil del municipio.
Los heridos han sido trasladados al Hospital Vicente Villada, de acuerdo con información de Milenio, mientras que bomberos del Estado de México y la Ciudad de México así como militares y elementos de Protección Civil, ya se encuentran en la zona.
En el lugar también se encuentran unidades de rescate aéreo.
Por su parte, Luis Felipe Puente, coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, alertó sobre la explosión en su cuenta de Twitter:
— Luis Felipe Puente (@LUISFELIPE_P) 20 de diciembre de 2016
El momento justo de la explosión fue captada en video y difundida en redes sociales como Twitter y Facebook, así como varias imágenes.
Aproximadamente a las 15:00 horas, se registraron varias explosiones que cimbraron el centro del municipio y localidades cercanas como Coacalco y Tultitlán.
LINK: http://www.proceso.com.mx/467057/estalla-mercado-pirotecnia-en-tultepec-reportan-60-lesionados-videos
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