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Timestamp: 2020-07-14 22:21:11
Document Index: 67497120

Matched Legal Cases: ['E CONTRARIO', 'ARTÍCULO 10', 'artículo 136', 'e contrario', 'artículo 10', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 187', 'artículo 187', 'artículo 90', 'artículo 63', 'artículo 63', 'Artículo 6']

﻿ Sentencia 1998-01201 de octubre 30 de 2013
SENTENCIA 1998-01201 DE 30 DE OCTUBRE DE 2013
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO. LA CONDUCIR DE VEHÍCULOS ES UNA ACTIVIDAD PELIGROSA GOBERNADA POR EL RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA. CUANDO EL TRASLADO DE LAS PRUEBAS HA SIDO SOLICITADO POR AMBAS PARTES, LAS PRUEBAS PRACTICADAS EN OTRO ASUNTO PUEDEN SER OBJETO DE VALORACIÓN SIN MÁS, ASÍ LAS PARTES EN EL ASUNTO DE QUE SE TRATA NO HUBIEREN SIDO TALES EN EL ORIGINAL Y NO HUBIEREN SIDO RATIFICADAS EN EL PROCESO, EN EL QUE SE PRETENDEN HACER VALER. LO ANTERIOR, ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE LEALTAD PROCESAL, PUES CONTRARIARLO SERÍA QUE UNA DE LAS PARTES SOLICITE EL TRASLADO Y, EN EL EVENTO EN QUE LO DEMOSTRADO LE FUERE CONTRARIO A SUS PRETENSIONES, SOLICITARÁ SU INADMISIÓN. AUNADO A QUE, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 446 DE 1998 LA RATIFICACIÓN NO OPERA SIN PREVIA SOLICITUD.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, TRASLADO DE PRUEBA, ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Sentencia 1998-01201 de octubre 30 de 2013
Rad.: 19001-23-31-000-1998-01201-01(27355)
Actor: Adrian Erney Rivera Pineda y otros
Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia que negó las pretensiones, comoquiera que la cuantía de la demanda corresponde a la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(2), para que la segunda instancia en un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa sea conocida por el Consejo de Estado.
1.2 Legitimación en la causa.
Los registros civiles allegados al proceso acreditan el interés en este asunto de los demandantes Reinaldo Rivera y Olga Pineda, Luz Eugenia, Aracely, Nuby Mary y Vitalino Rivera Pineda, dada su condición de padres y hermanos de Adrian Erney, quien falleció el 26 de diciembre de 1998 a causa de un accidente en el que se vio involucrado un vehículo de propiedad de la demandada (fls. 4 a 9 cdn. 1). Al igual que los registros civiles abiertos a nombre de Evangelina Velasco Méndez, Yamileth y José Cibares Paz Velasco, madre del señor José Cibares y hermanos entre sí, que igualmente demuestran la condición del señor Daniel Velasco, padre de Evangelina y abuelo de José (fls. 19, 20, 22 y 24 cdn. 1).
Respecto de los señores Eladio Paz González y María Jesús Usnas Cifuentes, dado que no obran documentos que den cuenta de su parentesco con el señor Paz Velasco, pues solo se conoce, porque se desprende de la partida eclesiástica que obra en el expediente que contrajeron matrimonio católico, la Sala mediante Auto de 29 de julio 2013, ordenó oficiar a la Registraduría Nacional del Estado Civil para que remitiera copia del registro civil del señor José Cibares Paz Usnas que como se sabe es el progenitor del occiso; sin resultado, pues la Registraduría no encontró que el antes nombrado figure registrado, en cuanto la cédula del mencionado señor se expidió con partida de bautismo.
El 15 de octubre de 2013, se puso en conocimiento de las partes la respuesta, sin pronunciamiento alguno por parte de estas.
No obstante lo anterior, existe prueba testimonial(3) en la que se les reconoce como abuelos paternos de la víctima, con la que se encuentra acreditada su condición de damnificados y así serán considerados.
Finalmente, obra en el expediente prueba de la propiedad del vehículo involucrado en los hechos que originaron la presente demanda, amén de la vinculación del conductor de la entidad demandada, de donde se colige la legitimación del departamento del Valle del Cauca, Secretaría de Obras Públicas para concurrir a la litis (fls. 243 a 245 cdn. 1).
1.3 Caducidad.
Se observa que los demandantes acudieron a la justicia dentro del término establecido en el artículo 136 del Decreto 1 de 1984, pues los hechos ocurrieron el 15 de noviembre de 1998 y la presentación de la demanda data del 10 de diciembre siguiente.
De acuerdo con los hechos de la demanda y los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde a la Sala determinar si resulta imputable al departamento del Valle del Cauca el accidente de tránsito en el que murieron los hijos, hermanos y nietos de los demandantes. Ocasionado por la colisión entre la motocicleta particular en la que los mismos viajaban y un vehículo de propiedad de la entidad; pues el a quo, de modo que la parte actora controvierte, exoneró a la demandada al encontrar probado el hecho de la víctima.
Al respecto ha dicho la jurisprudencia de esta Sección que cuando el traslado ha sido solicitado por ambas partes, las pruebas practicadas en otro asunto pueden ser objeto de valoración sin más, así las partes en el asunto de que se trata no hubieren sido tales en el original y no hubieren sido ratificadas en el proceso, en el que se pretenden hacer valer. Lo anterior, atendiendo al principio de lealtad procesal, pues contrariarlo sería que una de las partes solicite el traslado y, en el evento en que lo demostrado le fuere contrario a sus pretensiones, solicitará su inadmisión. Aunado a que, en los términos del artículo 10 de la Ley 446 de 1998 la ratificación no opera sin previa solicitud.
3.1.1 El 15 de noviembre de 1998, falleció el señor José Cibares Paz Velasco a causa de un accidente de tránsito; de ello dan cuenta el certificado de defunción 2121856 expedido el 19 de noviembre de 1998 por la Notaría Única de Santander de Quilichao, aportado en copia auténtica por la parte demandante (fl. 21 cdn. 2) y el acta de inspección de cadáver 9 de la misma fecha(4), expedida por el cuerpo Técnico de Investigación Seccional Popayán de la Fiscalía General de la Nación.
Documento este en que se hace constar, además, las graves heridas que le ocasionaron la muerte (fls. 517 a 518 cdn. 3). En el acta se consignaron los siguientes datos:
“Fecha muerte: 15 de noviembre de 1998
Manera muerte: Homicidio accidente de tránsito
Medidas de seguridad: uso de casco: No
Cabeza al occidente y pies al oriente.
El occiso llevaba como parrillero al señor Henry Rivera (amigo), quien no se encontró en el lugar de los hechos puesto que fue trasladado grave al hospital de esta población e inmediatamente de allí remitido al universitario del Valle”
A folios 552 y 553 del cuaderno 3, obra el protocolo de necropsia 90-98, elaborado por el médico rural Edgar Hernán Orozco Hurtado quien de los exámenes externos e internos realizados al señor Paz Velasco concluyó:
“Occiso adulto quien en vida respondió al nombre de José Cibares Paz quien fallece a consecuencia directa:
Mecanismo de muerte: contusión cerebral
Causa de muerte: Trauma craneoencefálico severo
Probable manera de muerte: accidente de tránsito”.
3.1.2 En razón del accidente, el señor Adrian Erney Rivera Pineda fue trasladado al Hospital Universitario del Valle “[q]uien ingresó a esta institución después de sufrir accidente de tránsito presentando: trauma craneoencefálico severo, trauma raquimedular cervical, fractura conminuta tibia y fíbula izquierda, fractura polo interior de patela, fractura conminuta segmentaria de fémur izquierdo, infección del tracto urinario, bronconeumonía en resolución” y falleció el 26 de diciembre siguiente, de conformidad con lo consignado en la historia clínica que reposa en el expediente, remitida mediante Oficio ES-0186-02 de 15 de febrero de 2002, suscrito por la secretaria de la sección estadística y de archivo del Hospital Universitario (fls. 288 a 309 cdn. 2). Mismo día en que se realizó inspección de cadáver consignada en el informe 3768, acorde con el cual la muerte del señor Adrian Erney Rivera Pineda ocurrió a consecuencia de accidente de tránsito (fls. 578 a 579 cdn. 3). A folio 103 cdn.2, obra copia auténtica del certificado de defunción 3467970, expedido el 29 de diciembre de 1998 por la Notaría Doce de Cali.
3.1.3 De acuerdo con el informe 93-0145508 de 15 de noviembre de 1998, elaborado por el agente Pablo César Cárdenas Ruiz, —allegado a este proceso como prueba trasladada, según se anotó— el 15 de noviembre de 1998 se presentó un accidente de tránsito en la vía Santander-Caloto con saldo de una persona muerta y otra herida por choque entre vehículos. Se hace constar, también, que la colisión se presentó en zona urbana, en tramo de vía, con tiempo lluvioso; vía recta, doble sentido, calzadas: 1, carriles: 1, estado: bueno, condiciones: húmeda, sin iluminación, mala iluminación, señales ninguna. La descripción de los vehículos refiere un campero de servicio oficial y una motocicleta de servicio particular, el primero, vehículo oficial, campero Toyota de propiedad del departamento del Valle del Cauca.
Como causas probables se señaló:
“Vehículo Nº 1: No codifica.
Vehículo Nº 2: Código 135. Transitar por fuera del carril.
Versión cond. Nº 1: La moto venía sin luces.
Versión cond Nº 2: Falleció en el lugar.
Observaciones: el lugar se encontraba sin iluminación”.
“1. Vehículo placas ONG980
4. Vehículo moto KQK
5. Occiso
6. Partes moto (sillón)
7. Zona impacto fragmento vidrios
8. Sentido vial
9. Sentido vehículo Nº 2”
Figura, también, gráfica en cuadrícula indicativa de la vía, la ubicación de los vehículos, del cadáver y del sillón de la moto, así: A la izquierda, vista sentido Caloto-Santander de Quilichao se observan los dos vehículos y el cuerpo está a 0.50 mts (sic) de la motocicleta. En el otro sentido al lado izquierdo casi al frente de los vehículos una marca indica partes de la moto (sillón). Al lado derecho en el mismo sentido de la vía se marca el lugar de la colisión.
De acuerdo con el croquis las víctimas transitaban de Santander a Caloto por el sentido contrario al señalado en la vía.
3.1.4 En razón de la muerte de los señores Paz Velasco y Rivera Pineda, la Fiscalía 1 Delegada ante los juzgados penales del circuito adelantó investigación penal, en contra del conductor del vehículo oficial, Absalón Zapata Rivera, por el delito de homicidio culposo y lesiones personales por accidente de tránsito. El 2 de febrero de 2001, la Fiscalía 4, ante los jueces penales del circuito dictó medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva con beneficio de excarcelación, revocada mediante resolución de 7 de noviembre de 2001, (fls. 640 a 647 y 672 a 674 cdn.3.) se señaló al respecto:
“Corolario de la anterior exégesis es la necesidad de aplicar en este evento concreto las nuevas normas del C. de P. Penal, en forma retroactiva, vale decir a casos ocurridos antes de su vigencia, pues por ser normas de orden público de riguroso cumplimiento y procesales de efectos sustanciales prevalecen sobre las anteriores, en razón a su evidente favorabilidad, pues no es lo mismo una medida de aseguramiento de detención preventiva, así sea con excarcelación caucionada, que diferir tal decisión hasta la sentencias (sic) (…)”.
3.1.5 Los actos de nombramiento y posesión acreditan la calidad de servidor público del señor Zapata Rivera allegados por el jefe de la unidad administrativa del departamento del Valle del Cauca (fls. 201 a 210 cdn. 1). Igualmente se demostró que el vehículo marca Toyota, clase montero, de placas ONG 980, a tiempo de los hechos prestaba servicio a la secretaría de obras públicas (fl. 244 cdn.2).
3.1.6 Con ocasión de los hechos objeto de la presente demanda, la secretaría general de la Gobernación del Valle del Cauca adelantó investigación disciplinaria en contra del señor Absalón Zapata Rivera, “[s]ervidor público de esa entidad, en su calidad de motorista (e) de la oficina regional para la atención y prevención de desastres del despacho del gobernador por presunta falta consistente en la utilización del vehículo oficial de placas ONG 980 el día 15 de noviembre de 1998, sin autorización previa por parte de su jefe, con tan mala fortuna que colisionó con una moto, muriendo sus dos ocupantes”. De ello da cuenta la copia del oficio CDI 0760-LEI remitido por el jefe de la unidad administrativa del despacho del gobernador, obrante a folio 209 cdn. 1.
3.1.7 La mencionada actuación disciplinaria terminó con la expedición de la Resolución 51 de 1999, por medio de la cual se declaró al señor Absalón Zapata Rivera responsable disciplinariamente y acreedor de la sanción de 60 días de suspensión de su vinculación laboral. De lo anterior da cuenta el Oficio CDI 0940 de 22 de noviembre de 2001 suscrito por la coordinadora del área de control disciplinario de la gobernación del Valle del Cauca, documento allegado en fotocopias auténticas por la secretaría de desarrollo institucional de la gobernación del Valle del Cauca (fls. 249 a 250 cdn.1).
3.1.8 Con ocasión de lo ordenado por el policía de carreteras que elaboró el informe de accidente, se practicó análisis de alcoholemia al señor Absalón Zapata Rivera, conductor del vehículo oficial, con el cual se encuentra demostrada la ingesta de bebidas alcohólicas por este, pues el resultado fue de 75mg% de alcohol etílico en la sangre (fl. 498 cdn. 2).
3.2 Pruebas testimoniales.
Comparecieron a la investigación penal, en calidad de testigos, los señores Jaime Elías Daza Hernández, Luis Carlos Ruiz Daza, Dairo Arturo Hernández Fuentes, Edgar Rodríguez Pérez y Fernando Tafurt, quienes manifestaron, en relación con los hechos de la presente demanda, que los señores Paz Velasco y Rivera Pineda murieron como consecuencia de un accidente de tránsito, ocasionado por un vehículo campero, en su intento por adelantar.
3.2.1 El señor Jaime Elías Daza, amigo de los occisos, quien momentos antes del accidente estuvo reunido y viajaba hacia el mismo destino en otra motocicleta, a una distancia aproximada de 1600 mts (sic), manifestó que el vehículo que impactó la moto en la que viajaban las víctimas, luego del impacto quedó ubicado al lado izquierdo de la vía, vista en sentido de Caloto a Santander (fls. 595 a 596 cdn. 2):
“[i]bamos a una distancia de dos cuadras o unos 1600 mts (sic) de distancia con la otra moto que se estrelló y en la cual iban los citados, de un momento a otro nosotros escuchamos un estruendo o el impacto, eneran (sic) entre las seis y media y siete de la noche, había lovido (sic) pues la carretera estaba húmeda, cuando llegamos al lugar del hecho vimos que a mano derecha de allá para acá, habían los carros, un camión y otro carrito pequeño al cual traía el camión remolcado, había un tercer carro que fue el que impactó con la moto de mis compañeros, el cual estaba ubicado de allá para acá a mano izquierda, pero el (sic) vía o en sentido Caloto-Santander, delante de dicho vehículo estaba la moto (…).
Realmente no me di cuenta exactamente como (sic) sucedió este accidente, no lo presencié plenamente (…), no me di cuenta si llevaban las luces delanteras prendidas o apagadas (…).
De aquí para allá iban por el carril derecho (…).
Sí nosotros habíamos estado tomando licor, nos toamos dos medias de aguardiente entre los extintos José Cibaes Paz, Herney Medina, Luis Ruiz, otro amigo que no recuerdo el nombre y mi persona, no tomamos mas (sic), luego de tomar este trago nos fuimos para Caloto, yo no me di cuenta si el occiso estaba borracho o prendido (…)”.
3.2.2 También el señor Luis Carlos Ruiz Daza, acompañante del anterior manifestó que no presenció la colisión, dada la distancia; que cuando llegaron al sitio unas personas auxiliaban a las víctimas y que aquellas comentaban que el vehículo que viajaba en sentido contrario ocasionó la colisión. Refirió, al igual que lo hizo Jaime Elías, que antes de emprender el viaje estuvieron reunidos con las víctimas e ingirieron licor (fls. 601 a 602 cdn. 2).
Este testigo adujo:
“[y] ellos estaban tomando, es decir, entre cinco personas nos tomamos una botella de aguardiente (…) en el momento del accidente no vimos nada con el otro amigo además estaba oscuro, pues cuando llegamos no pensé que eran ellos (…).
El comentario es que el carro que iba de Caloto a Santander por pasar unos carros, se adelanta a pasarlos y que cuando chocó con la moto que iban los muchachos, pero como le digo esa era el comentario, porque nosotros no vimos nada”.
3.2.3 También declaró dentro del proceso penal, el señor Dairo Arturo Hernández Fuentes. Expuso que el accidente fue ocasionado por el vehículo oficial, en su intento de adelantar el automotor que remolcaba otro (fls. 603 a 604 cdn. 2).
“[a] la altura de la ladrillera venía una Toyota verde de cabina blanca y al intentar pasar a nosotros se estrelló contra la moto que iban los muchachos y ahí fue que se produjo el accidente y el señor por adelantarnos fue que produjo el accidente porque el señor no se percató o sea que se dio contra la moto de frente (…), pues la moto venía por su derecha y todo, venía con sus luces y todo (…), el Toyota también traía la luz pendida (…).
Pues no sé si sería del Toyota, pero lo que sí puedo decir es que el de la moto venía por su derecha y lo que pasó fue que el señor de la Toyota por pasarnos a nosotros no sé si miró los de la moto y no se percató que venía la moto o no (…).
Es que lo que sucede que donde fue el impacto no sucedió el impacto con la moto, eso fue del impacto contra el willins (sic) que viajábamos y se rompió una farola del willins (sic) por eso encontraron vidrios allí, el accidente fue donde quedó la moto y el carro y el croquin (sic) no figura como yo vi las cosas y estoy en capacidad de elaborar un croquis como vi las cosas (…)”.
3.2.4 También los señores Edgar Rodríguez Pérez y Fernando Tafurt señalaron que el Toyota ocasionó la colisión pues, en su intento por adelantar dos vehículos, no se percató de que venía la moto.
La Constitución Política de 1991 dispone en su artículo 90 que, “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. Sobre la definición de daño antijurídico esta corporación, en sentencia de 2 de marzo de 2000, advirtió que sin perjuicio de la falta de definición legal se trata de “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial, que la víctima no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”(5).
Ordinariamente la conducción de vehículos se considera peligrosa, gobernada por el régimen de responsabilidad objetiva sin que ello obste, como de manea reciente, en sentencia de Sección de 19 de abril de 2012(6), lo advirtió esta Sala, para que en consideración al modelo de responsabilidad estatal establecido por el constituyente de 1991 se privilegie tal régimen puesto que a la luz de la norma constitucional, compete al “juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas que den sustento a la decisión que habrá de adoptar”. Lo anterior en cuanto del artículo 90 señalado no se desprende mandato alguno al respecto, de donde “el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado”.
Teniendo claro lo anterior y, revisado el material probatorio que obra en el proceso, la Sala encuentra acreditado el daño antijurídico causado a los demandantes, esto es, la muerte de los señores Adrian Erney Rivera Pineda y José Cibares Paz Velasco, en razón del accidente de tránsito acaecido el día 15 de noviembre de 1998.
Se conoce que las víctimas se desplazaban el día antes señalado en la motocicleta de placas KQK 17, conducida por el primero de los nombrados, por la vía que de Santander de Quilichao conduce a Caloto; que el conductor perdió la vida en el mismo momento y su acompañante días más tarde y que la colisión se presentó con un vehículo marca Toyota Campero de placas ONG 980, de propiedad del departamento del Valle del Cauca.
Verificada la existencia del daño, con las pruebas descritas, la Sala deberá determinar si aquél resulta endilgable, por acción u omisión, a la entidad territorial demandada o si, por el contrario, se configura alguna causal de exoneración de responsabilidad.
En el presente caso, dado que existen dos medios de prueba que se contradicen entre sí, generando dos hipótesis susceptibles de ser comprobadas, la Sala en aplicación del principio de la sana crítica dará mayor valor probatorio a aquella que la lleve a un convencimiento superior y le aporte elementos suficientes, para luego determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, establecer si existió o no responsabilidad de la entidad demandada en su consumación y así definir las pretensiones de la presente demanda.
Sobre la aplicación de las reglas de la sana crítica esta Subsección manifestó en sentencia de 7 de abril de 2011(7):
21. La anterior antinomia corresponde ser resuelta por la Sala empleando los postulados de la sana crítica, normada por el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil(8), y definida por la jurisprudencia de esta corporación como “la capacidad del juez para darle a las pruebas la mayor o menor credibilidad, según su conexión con los hechos a demostrar y su capacidad de convencimiento”(9) y en virtud del cual “el juez goza de cierta libertad a la hora de apreciar el mérito probatorio de los medios de convicción, no debiendo sujetarse, como en el sistema de la tarifa legal, a reglas abstractas preestablecidas e indicadoras de la conclusión a la que se debe arribar, en presencia o en ausencia de determinada prueba”(10). Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha dejado en claro que, en aplicación de las “reglas de las sana crítica”, el juez deberá valorar todos y cada uno de los elementos de prueba que tiene a su alcance y otorgarles el nivel de credibilidad que les corresponda, atendiendo siempre a los criterios de razonabilidad que rigen la interpretación judicial:
3.1. Las reglas del criterio humano influyen en diversos aspectos de la actividad jurisdiccional, principalmente, en lo relativo a la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, en la elaboración de presunciones, en la apreciación de la prueba con miras a la formación de la convicción del juez y, finalmente, para colmar aquellos preceptos jurídicos incompletos que deben ser complementados por el sentenciador. En tratándose de la estimación probatoria, la sana crítica apareja aquel modo de apreciar la prueba en el que el juzgador, “teniendo por derrotero únicamente las reglas de la lógica, de la ciencia y de la experiencia que, según su entender, sean aplicables a un determinado caso, goza de libertad para valorarla, cuidándose, claro está, de exponer razonadamente el mérito que le asigne a cada prueba. A tal sistema de valoración alude el artículo 187 del Código de Procedimiento Civil” (casación del 16 de noviembre de 1999).
Dicho sistema de valoración de las pruebas se encuentra estructurado sobre la libertad y autonomía del juzgador para determinar el peso de las mismas y obtener su propio convencimiento, bajo el apremio, únicamente, de enjuiciarlas por medio del sentido común, la lógica y las reglas de la experiencia, entendiendo por estas últimas, aquellos dictámenes hipotéticos de carácter general originados en el saber empírico, a partir de situaciones concretas, pero que, desligándose de estas, adquieren validez en nuevas circunstancias o, lo que es lo mismo, “aquellas máximas nacidas de la observación de la realidad que atañe al ser humano y que sirve de herramienta para valorar el material probatorio de todo juicio” (casación del 24 de marzo de 1998). Si bien, como ya se ha dicho, el sistema de la sana crítica se finca sobre la libertad del juzgador en la actividad intelectiva que presupone la valoración de la prueba, este, al realizar la labor que se le ha confiado no puede descarriarse hacia la arbitrariedad, pues la ponderación de las pruebas se encuentra sometida a la racionalidad nacida de las máximas de la lógica y las reglas de la experiencia(11) (subrayas del texto citado).
22. Cuando en un caso particular existen diversas pruebas que apoyan diferentes versiones o hipótesis sobre los hechos, el juez deberá elegir entre ellas prefiriendo la versión que esté soportada con un mayor nivel de probabilidad lógica(12), labor en la cual será necesario observar cuál de las hipótesis del caso responde a una mejor inferencia lógica de las pruebas que las soportan, aplicando en este examen las llamadas máximas de la experiencia, que no son más que generalizaciones surgidas de los hallazgos generalmente aceptados por la ciencia o del sentido comúnmente aceptado(13). Al decir de Taruffo, “(…) si se dan distintas hipótesis sobre el hecho contradictorias o incompatibles, cada una de las cuales con un grado determinado de probabilidad lógica sobre la base de las pruebas, la elección de la hipótesis que ha de ponerse en la base de la decisión se realiza mediante el criterio de la probabilidad prevaleciente (…). En el contexto de la probabilidad lógica y de la relación hipótesis/elementos de prueba, en el que es racional que hipótesis contradictorias o incompatibles adquieran grados de confirmación independientes sobre la base de los respectivos elementos de prueba, el único criterio racional de elección de la hipótesis que resulta más aceptable es el que se basa en la relación entre los distintos valores de probabilidad lógica y privilegia la hipótesis caracterizada por el valor más elevado. Debe escogerse, en resumen, la hipótesis que reciba el apoyo relativamente mayor sobre la base de los elementos de prueba conjuntamente disponibles. Se trata, pues, de una elección relativa y comparativa dentro de un campo representado por algunas hipótesis dotadas de sentido, por ser, en distintas formas, probables, y caracterizado por un número finito de elementos de prueba favorables a una hipótesis. No obstante, se trata también de una elección racional, precisamente por ser relativa, dado que consiste únicamente en individualizar la alternativa más fundamentada en una situación de incertidumbre definida por la presencia de distintas hipótesis significativas”(14).
Como quedó expuesto con la jurisprudencia transcrita, las reglas de la sana crítica permiten al fallador, en ejercicio de su autonomía, decidir el peso que dé a cada una de las pruebas presentadas para sustentar los hechos, sin que ello comporte un ejercicio arbitrario, pues, en todo caso, se habrá de sustentar su experiencia y raciocinio en el ordenamiento. Sin tener que sujetarse a reglas fijas sobre el valor de cada medio, aunque con respeto de los principios constitucionales, particularmente las facultades de audiencia y contradicción de las partes.
Aclarado lo anterior, la Sala advierte que al proceso se allegó la prueba traslada de la investigación penal, adelantada en contra del señor Zapata Rivera, por el delito de homicidio culposo y dentro esta copia del informe según el cual, como quedó anotado en el capítulo de hechos probados de la presente providencia, el accidente habría ocurrido porque la motocicleta de placas KQK colisionó al campero de propiedad del departamento del valle del Cauca; empero ello no consulta la realidad probatoria en este asunto, dado que los testigos son contestes en afirmar que ello no ocurrió así y sus versiones son convincentes, en tanto el informe de tránsito en el que se apoyó el a quo no lo es.
En efecto, el informe de accidente como causas probables señaló:
“Vehículo Nº 1: No codifica
Vehículo Nº 2: Código 135. Transitar por fuera del carril
Versión cond. Nº 1: La moto venía sin luces
Versión cond. Nº 2: Falleció en el lugar
Por su parte el croquis utiliza las siguientes convenciones:
10. Vehículo moto KQK
11. Occiso
12. Partes moto (sillón)
13. Zona impacto fragmento vidrios
14. Sentido vial
Sentido vehículo Nº 2”.
En contradicción con lo expuesto en el informe del accidente, los testigos presenciales refieren que el señor Zapata Rivera, conductor del vehículo oficial, en su afán de adelantar impactó la motocicleta, ocasionando el accidente y la muerte de los señores Rivera Pineda y Paz Velasco.
Se trata, en especial de la declaración rendida por el señor Dairo Hernández Fuentes quien para el momento de los hechos transitaba por la misma vía, en un vehículo remolcado por otro, antecediendo al campero Toyota de propiedad del departamento del Valle, quien presenció como el vehículo oficial, en su afán por adelantarlo, ocasionó la colisión.
En igual sentido declararon los señores Edgar Rodríguez Pérez y Fernando Tafurt, coincidentes en afirmar que el accidente acaeció por causas imputables al conductor del vehículo oficial, quien pretendió adelantar el vehículo que le antecedía, sin percatarse del tránsito de la moto.
El señor Edgar Rodríguez Pérez adujo:
“Yo vení (sic) ese mismo día del accidente que fue quince de noviembre del año 1998, yo venía con Fernando Tafurt, yo venía en el puesto de delante de un taxi veníamos de Caloto a la altura de la ladrillera, alcanzamos un jip (sic) era oscuro con capota blanca, como ya era tardecito no recuerdo el color, el jip (sic) por pasar dos carros que iban más delante de él, no se fijó que venía una moto y entonces los atropelló, la moto venía en sentido Santander-Caloto, por el lado derecho de ellos estaba lloviznando, estaba mojado el piso y ya estaba oscuro porque eran como las seis y media a seis y cuarenta de la tarde, el jip (sic) atropelló los de la moto y nosotros con Fernando le dijimos al chofer que cuadrara el carro mas (sic) adelante para ver el accidente (…), ya después fue que Fernando me dijo cuando me lo encontré que se había (sic) muerto los del accidente (…). Primero se desplazaba como un camioncito, luego se desplazaba un jip (sic), luego otro jip (sic) Toyota que fue el del accidente y luego nosotros que íbamos en un taxi automóvil, en el momento del accidente venía la moto con las luces encendidas y ocurre cuando la Toyota está adelantando los otros dos carros que iban adelante, les da de frente pero tirando al lado izquierdo, de las personas que presenciaron el accidente al único que conozco es a Fernando Tafurt (…). En el momento en que nosotros estábamos no se hizo presente la policía” (fl. 631 cdn.2).
Por su parte, el señor Fernando Tafurt declaró:
“El día exacto no lo recuerdo pero eso fue el 15 de noviembre de 1998 veníamos de Caloto con Edgar Rodríguez en un taxi y a la altura de la ladrillera Meléndez alcanzamos un campero color oscuro y con la parte de arriba blanca, el campero trató de pasar dos vehículos que iban adelante y en ese momento chocó con dos personas que iban de Santander a Caloto, eso sería como a las seis y media de la tarde, estaba un poco lluvioso y el piso estaba resbaloso siempre, las personas quedaron allí tendidas (…). En el sentido viniendo de Caloto a Santander fue en el carril izquierdo, el que invadió el carril allí sería el Toyota, la moto venía bien (…). No, yo no conocía a ninguno solo conocía a Edgar que era con el que yo iba en el taxi” (fl. 636 cdn.2).
Como se observa, todos los testimonios transcritos dan cuenta, además, de la existencia del daño, de la imprudencia del conductor del vehículo oficial quien, sin verificar la presencia del otro automotor, se introdujo al carril correspondiente a aquellos que se desplazan por la vía en el sentido Santander-Caloto.
Para la Sala, dando aplicación a las reglas de la sana crítica, siendo estas, ante todo, reglas de entendimiento humano propias de la lógica y la razón, sumadas a la experiencia(15), dará pleno valor a la prueba testimonial obrante dentro del expediente y no así al informe que la contradice, comoquiera que el servidor público que elaboró el documento no presenció lo ocurrido, en tanto los testigos, por demás, coincidentes sí.
De modo que el informe de accidente al que se hace mención pese a su calidad de documento público y de prueba técnica, resulta débil en cuanto realizado con base en suposiciones, pues el agente estatal que lo elaboró no estuvo presente, ni consultó a los testigos siendo insuficiente su reconstrucción a partir de huellas, señales y partes de los vehículos, entre otros hallazgos. Siendo preocupante que no dejara consignado lo dicho por el testigo cuya presencia fue reconocida por los agentes de la Fiscalía en el acta de levantamiento de cadáver.
De manera que, analizado en su conjunto el material probatorio obrante dentro del proceso, se observa que los vehículos y el cuerpo de una de las víctimas quedaron ubicados en el carril que correspondía a la motocicleta lo cual permite señalar, así mismo, este como el lugar de la colisión, al punto que el señalado en el croquis responde más bien, como lo señaló uno de los testigos a los restos de la farola del willys (sic) que intentó adelantar el vehículo oficial.
En síntesis, dado que los testigos presenciaron el hecho y el agente de tránsito no, tanto así que según la declaración del señor Edgar Rodríguez, este no se hizo presente hasta cuando él estuvo en el lugar del accidente, para la Sala resulta de mayor convicción lo dicho por quienes conocieron de primera mano lo ocurrido, que aquello consignado en el informe de tránsito, elaborado con posterioridad, sin el apoyo de los testigos presenciales.
Y es que de la comparación íntegra de los testimonios es dable colegir la presencia de los carros que antecedían y precedían el vehículo oficial y que este invadió el carril de la vía contraria, dando lugar a la colisión. Es dable señalar que los testigos no fueron tachaos por sospecha, y que no guardan relación directa con las víctimas o sus familiares. De modo que nada indica que coincidieron en faltar a la verdad.
Efectivamente, habiendo tenido la oportunidad la demandada no tachó los testigos y tampoco se hizo uso de este recurso en el proceso penal, así que la Sala dará mayor credibilidad a ese medio probatorio por ser el que más certeza le otorga respecto de las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se presentaron los hechos y lo que la lógica demuestra haber ocurrido.
Ahora bien, la parte demandada, así como los llamados en garantía, excepcionaron, a efectos de eximir su responsabilidad en el hecho exclusivo de la víctima, bajo el argumento de que fueron las personas que se transportaban en la motocicleta las que actuaron de manera imprudente invadiendo el carril por el que transitaba el vehículo oficial. No obstante la Sala encuentra desvirtuada dicha excepción, pues la única prueba allegada para soportarla es el informe de accidente el cual, como quedó anotado, no tiene el valor suficiente para esclarecer lo ocurrido. En ese orden de ideas, correspondía a la demandada recabar el material probatorio que fuera necesario para imputar el hecho de la víctima alegado; empero se limitaron al informe de tránsito, sin la fundamentación requerida.
De acuerdo con lo expuesto anteriormente y el convencimiento que la prueba testimonial otorga respecto de la causa eficiente del daño, es evidentemente que el conductor oficial señor Absalón Zapata Rivera, llamado en garantía, creó el riesgo del accidente pues resolvió adelantar el vehículo oficial que conducía sin observancia de las normas que, para la época de los hechos, estaban vigentes(16). Esto es así porque adelantó sin verificar que el carril izquierdo estuviera desocupado, con visibilidad desfavorable por la poca iluminación de la vía y en condiciones de peligro, ante la humedad de la misma, aspectos determinantes para declarar la responsabilidad del ente territorial.
Aunado a lo anterior, está plenamente demostrado que el agente del Estado conducía el vehículo oficial bajo la ingesta de bebidas alcohólicas, lo cual, sin lugar a duda, debió incidir en la ocurrencia del accidente, pues está demostrado que la presencia del alcohol etílico en la sangre, dependiendo del porcentaje que se halle, constituye un riesgo en la conducción de vehículos(17).
Respecto del Estado de alicolaramiento (sic) que presentaban los señores Adrian Erney Rivera y José Cibares Paz, la Sala advierte que, aun cuando vía testimonio se conoció dicha situación y se echa de menos la prueba técnica correspondiente, lo cierto tiene que ver con que el conductor de la moto recibió el impacto, de suerte que el accidente habría acontecido de todas maneras, con alicoramiento del conductor o sin ello, sin que por ello se pueda entender que es dable conducir en estado de alicoramiento. Lo que ocurre es que i) de un parte no se cuenta con prueba técnica correspondiente y ii) la colisión fue causada por el conductor del vehículo oficial este sí en el estado que la demandada pretende atribuir a las víctimas.
Es claro entonces que la colisión se produjo porque el señor Zapata Rivera invadió el carril izquierdo de la vía pública que de Caloto conduce a Santander de Quilichao, sin observar las normas de tránsito que regulan el adelantamiento en carretera.
Siendo así la Sala advierte que en el presente caso, pese a que el tribunal absolvió a la administración por el hecho de la víctima la sentencia de instancia habrá de revocarse para, en su lugar, condenar al departamento a reparar el daño causado por la acción de un agente suyo, en cuanto para adelantar un vehículo invadió el carril contrario, pasando por alto normas de tránsito que, de haberse observado habrían evitado la colisión.
4. (sic) Liquidación de perjuicios.
En la demanda se solicitó el pago de dos mil veintiún (2021) gramos oro a favor de cada uno de los demandantes, a título de perjuicio moral.
De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala, desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —expediente 13.232—, la demostración del padecimiento de un perjuicio moral, en su mayor grado debe ser indemnizada con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Teniendo en cuenta los parámetros establecidos por la jurisprudencia para reconocer los perjuicios morales, está debidamente acreditado que Adrian Erney Rivera Pineda era hijo de los señores Reinaldo Rivera y Olga Pineda, padres de Vitalino, Nuby, Aracely y Luz Eugenia Rivera Pineda. De la misma manera está acreditado que el señor José Cibares Paz Velasco era hijo de la señora Evangelina Velasco Méndez, quien también es madre de Yamileth Paz Velasco y que los señores Daniel Velasco, padre de Evangelina y Eladio Paz González y María Jesús Usnas Cifuentes, padres de José Paz Usnas, son abuelos de José Cibares y Yamileth (fls. 19, 20, 22 y 24 cdn. 1).
Sobre la calidad de éstos últimos, el señor Pedro José Victoria Acevedo manifestó:
“Conozco de manera personal y directa a toda la familia de José Cibares Paz Velasco, que está compuesta de su madres, Evagenlina (sic) Velasco Méndez; una hermana que responde al nombre de Yamileth Paz Elasco (sic). Los abuelos maternos, se llamaban Daniel Velasco Rivera e Ismaelina Méndez. Los abuelos paternos que se llaman Eladio Paz y María Jesús Usnas”. Preguntado: Sírvase informarle al juzgado cómo era el trato de José Cibares Paz Velasco para con su madre, hermana y los abuelos. Contestó: El trato de esta familia, era bueno. Es una familia pobre, y el muchacho era buen hijo, buen hermano, y por tanto conservaba buen comportamiento con toda la familia, era muy trabajador, rebuscador, trabajaba en lo que resultara para ayudar a la familia. En lo que a mí me consta, esta era una familia muy unida y por tanto, nunca supe de pelea entre ellos, antes por el contrario, siempre los vi en armonía. Preguntado: ¿Cómo fue el impacto psicológico de esta familia cuando se enteró de la muerte de José Cibares Paz Velasco? Contestó: Fue una cosa tremenda cuando supieron la noticia del accidente y muerte de José Cibares Paz Velasco. Su madre, hermana y abuelos lloraron demasiado al enterarse de este accidente. En el velorio y posterior entierro, hicieron escenas desgarradoras de llanto, porque eran una familia muy unida y que se querían mucho. Inclusive a pesar de haber transcurrido como unos tres años de esa muerte, todavía la madre, la hermana y demás familia visitan la tumba en el cementerio y le llevan flores y le rezan porque hasta ahora no les pasa el dolor que siempre los ha embargado por la desaparición de este muchacho.
De la misma manera, la señora Isabel Zape Ascue señaló:
“Conozco de manera directa a la familia de José Cibaes (sic) Paz Velasco: su madre, que responde al nombre de Evangelina Velazco Méndez, su hermana, Yamileth Paz Velasco, los abuelos maternos, Daniel Velasco Rivera y Evangelina Méndez, ya fallecidos. Los abuelos paternos, Eladio Paz y María Jesús Usnas, que están vivos. Preguntado: ¿Cómo era el trato de José Cibares Paz Velasco con su madre, hermana y abuelos? Contestó: José Cibares era un muchacho juicioso, y por tanto, era una familia integrada, que se querían mucho y por supuesto que el trato era excelente con todos los miembros de la familia. Preguntado: ¿Cómo vio Ud. el impacto psicológico de esta familia con motivo de la muerte de José Cibares Paz Velasco? Contestó: El impacto de la familia por la muerte de José Cibares fue tremendo (…)”.
En este sentido, de conformidad con las reglas de la experiencia se infiere que los antes nombrados en calidad de padres, madre, hermanos y abuelo de las víctimas, respectivamente, sufrieron congoja y aflicción por el fallecimiento de los señores Rivera Pineda y Paz Velasco.
En consecuencia, la Sala reconocerá a favor de los señores Reinaldo Rivera, Olga Pineda y Evangelina Velasco Méndez, el máximo reconocido por la corporación a título de perjuicio moral, esto es por la muerte de un hijo, es decir el equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes
A favor de Luz Eugenia, Aracely, Nuby Mary y Vitalino Rivera Pineda, Yamileth Paz Velasco, Daniel Velasco, Eladio Paz González y María Jesús Usnas Cifuentes, el máximo reconocido por la corporación para hermanos y abuelos, esto es, el equivalente en pesos a 50 salarios mínimos mensuales vigentes, en el momento de ejecutoria del presente fallo, para cada uno.
4.2.1 Por daño emergente.
En la demanda se solicitó el pago de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente y lucro cesante que se encontraren demostrados en el proceso; sin embargo, no se señalan gastos en los que hayan tenido que incurrir los familiares de las víctimas, ni obra prueba alguna de la que se puedan deducir. Por lo anterior, no hay lugar a reconocimiento en esta modalidad de perjuicio.
4.2.2 Por lucro cesante.
Por concepto de daño material en la modalidad de lucro cesante, en la demanda se solicitó su reconocimiento a favor de los padres de los occisos. Para el reconocimiento se solicitó que se incluyan en la estimación de los perjuicios “las mesadas correspondientes a primas, cesantías, vacaciones y demás emolumentos que constituyan salario o por lo menos el aumento del 25% que ha reconocido la jurisprudencia”.
Para la madre de José Cibares.
En la demanda se solicitaron perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante para la madre de José Cibares con ocasión de su muerte.
Del material probatorio, obrante dentro del proceso, se observa que la señora Evangelina Velasco Méndez, madre del señor Paz Velasco, es madre también de Yamileth Paz Velasco, quien para la época de los hechos ya contaba con la mayoría de edad.
De acuerdo con lo dicho por la Sala, en anteriores oportunidades, habría que considerar que no resulta procedente el reconocimiento del lucro cesante reclamado por la muerte del señor José Cibares Paz Velasco, por cuanto existía para la época de los hechos otra hija (fl. 22 cdn. 1) quien, de acuerdo con las reglas de la experiencia ya se encontraba en edad de producir y de asumir la obligación alimentaria de su progenitora(18). Sin embargo, dentro del proceso quedó probado, a través de los testimonios, que obran en el expediente, que al momento de su muerte, el señor José Cibares Paz Velasco ayudaba a la madre y a su hermana y lo seguiría haciendo, mediante el ingreso que percibía de sus actividades varias, entre estas ayudante de construcción. A folios 218, 219, 224 a 227 del cuaderno 1 del expediente obran testimonios de las señoras Mercedes Victoria Zapata, Pedro José Victoria Acevedo, Venancio Noscue y Carmen Elvira Cruz, rendidos ante el Juzgado Civil del Circuito de Caloto, en los que se indica:
• Mercedes Victoria Zapata:
“Preguntado: Sírvase informarle al juzgado, si sabe, en qué trabajaba José Cibares Paz Velasco y qué hacía con el dinero que se ganaba. Contestó: José Cibares Paz Velasco, trabajaba como ayudante de construcción y el dinero que se ganaba lo invertía ayudándole a su padre y hermana”.
• José Victoria Acevedo:
“Preguntado: Sírvase informarle al Juzgado, si sabe, en qué trabajaba José Cibares Paz Velasco, anterior a su fallecimiento y qué hacía con el dinero que se ganaba. Contestó: José Cibares se rebuscaba mucho, trabajaba en oficios varios, entre ellos, como ayudante de construcción. Veía mucho por la madre, la hermana y los abuelos. Como es una familia pobre. Con lo que se ganaba le ayudaba a la mamá para el sustento en familia”.
• Venancio Noscue
“José Cibaes (sic) Paz Velasco, se compró una motico para cargar gente con esos se sostenía él y la mamá y cuando había construcción también trabajaba en ello, se ganaba diez mil pesos diarios, la meta de él era hacerse una casa para dársela a su madre (…)”.
• Carmen Elvira Cruz Sánchez
“[c]uando la mamá hacía tamales José Cibares Paz Velasco salía a venderlos y los martes iba a vender pescado y también carreteaba en la galería y también trabajaba en construcción (…)”.
Por lo anterior, es menester acceder a la pretensión indicada, pues está demostrado que el señor José Cibares Paz Velasco ayudaba a su madre en el sostenimiento del hogar y las reglas de la experiencia indican que lo haría hasta cumplir los 25 años de edad.
Para el cálculo de la indemnización se tendrá en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia ($589.500), ante la falta de cualquier otro elemento de juicio que permita deducir suma distinta para efectuar la liquidación, más el 25% por concepto de prestaciones sociales ($147.375). Para efecto de la misma, la Sala estima que el señor Paz Velasco contribuía al sostenimiento de su madre con el 50% de sus ingresos, contribución que, se infiere, lo haría hasta abandonar la casa materna. Así mismo, que el 50% restante, lo destinaba para sus gastos propios:
$589.500 + $147.375 = $708.375 - 50% = $368.437,5.
4.2.2.2 Indemnización debida:
Ra = Renta actualizada, es decir $368.437,5
n = Número de meses transcurridos desde el momento en que ocurrieron los hechos —15 de noviembre de 1998— hasta la fecha en que la víctima cumpliera 25 años de edad (27 de agosto de 2004), es decir, 69.04 meses.
4.2.2.3 Indemnización futura:
La Sala no accederá a la pretensión relativa al pago de lucro cesante bajo la modalidad de indemnización futura, habida cuenta que lo liquidado incluye el tiempo que le faltaba al occiso para cumplir 25 años y de acuerdo con las reglas de la experiencia y la jurisprudencia de esta corporación(19), la Sala estima que el señor Paz Velasco contribuiría al sostenimiento de su madre y hermana hasta entonces, pues, de ordinario, a esta edad se deja la casa materna para organizar el hogar propio y no se cuentan con elementos de juicio que desvirtúen esta experiencia.
Para los padres de Adrián Erney Rivera Pineda.
En la demanda se solicitaron perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante para los padres de Adrian Erney.
De acuerdo con los registros civiles allegados con la demanda se observa que, para el momento de ocurrencia de los hechos, los cuatro hermanos de Adrian Erney entonces de 26 años de edad, también eran mayores; en efecto, Luz Eugenia contaba con 27, Aracely con 29, Nuby Mary con 31 y Vitalino con 33 años, lo que demuestra que de haber aportado, Adrian Erney no era el único que pudiera tener la obligación alimentaria con sus padres; en adición a lo anterior, no hay prueba dentro del expediente sobre que el dinero que el mismo percibía de su trabajo lo destinara a la manutención o colaboración.
Teniendo en cuenta lo anterior y, dado que para la época de los hechos Adrian Erney contaba con 26 años de edad, época para cual, de acuerdo con las reglas de la experiencia, él se habría independizado, realidad que no se desvirtuó, la Sala se abstendrá de reconocer el perjuicio.
La misma reflexión aplica para el lucro cesante futuro, razón por la cual se negará también su reconocimiento.
5.1 Llamamiento Previsora S. A.
La entidad demandada, en la oportunidad para contestar la demanda, llamó en garantía a la compañía de seguros la Previsora S. A., en virtud de la póliza de responsabilidad civil adquirida por el departamento, para amparar daños derivados de la conducción del vehículo de placas ONG 980.
Respecto del vínculo contractual que legitima al departamento del Valle, para llamar en garantía a la aseguradora la Previsora, obra en el proceso copia de la póliza 710058411, aportada por el subgerente de seguros regional de la misma, vigente entre el 31 de julio de 1998 y el 28 de febrero de 1999, acompañada del documento contentivo de las condiciones generales, referidas a los amparos y a las exclusiones.
En lo tocante a estas últimas, el numeral 2.4 aplicable a todos los amparos preceptúa:
2.4.5 En caso de culpa grave del conductor o cuando éste se encuentre bajo el influjo de bebidas embriagantes, drogas tóxicas, heroicas o alucinógenos”.
Exclusión que no aplica en el caso en estudio si se tiene en cuenta que en la carátula de la póliza se advierte la vigencia del amparo de protección patrimonial a cuyo tenor:
“Si así se pacta en el cuadro de amparos, la compañía, teniendo en cuenta las coberturas contratadas en la póliza, indemnizará, con sujeción a los deducibles estipulados, cuando el conductor incurra en las causales de exclusión indicadas en los numerales 2.4.4(20) y 2.4.5 de la póliza los siguientes conceptos:
20.1 Los perjuicios que cause el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la ley, este amparo no operará en caso de dolo(21) del conductor, salvo si es empleado o hijo menor del asegurado indicado en la carátula no obstante lo dicho en el numeral 2.1.4(22) de la póliza.
Dado que se demostró la vinculación del señor Absalón Zapata Rivera a la demandada en condición de conductor, así en el expediente obre a folio 498 cdn. 2 análisis de alcoholemia el que arrojó como resultado 75mg% de alcohol etílico en su sangre, la aseguradora habrá de responder, de todas maneras por el monto asegurado, esto es, $43.200.000, que actualizado con las fórmulas que para el efecto ha establecido la jurisprudencia asciende a la fecha a la suma de $96.249.970(23). Aplicable como único límite en cuanto no obra otro en la póliza, así se anuncie(24).
5.2 Llamamiento al señor Absalón Zapata Rivera.
El departamento del Valle del Cauca, dentro del término de contestación de la demanda, llamó en garantía al conductor del vehículo oficial para que, en virtud del vínculo legal (servidor público de dicho ente territorial), asuma el monto de la condena, en caso de resultar responsable de los hechos endilgados.
Existe en el proceso copias auténticas de los actos de nombramiento y posesión que acreditan la calidad de servidor público del señor Zapata Rivera (fls. 201 a 210 cdn. 1).
Como cuestión previa, debe advertirse que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 90 de la C. P. de 1991, la repetición patrimonial en contra del agente estatal que da origen con su actuar a la concreción del daño que se imputa al Estado, se encuentra condicionada al actuar doloso o gravemente culposo del mismo.
En ese orden de ideas, lo primero que deberá determinarse es, a la luz de nuestro ordenamiento jurídico, qué se entiende por culpa grave y por dolo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del C. C. “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo (…). El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro.”
Por su parte la legislación penal, vigente para la época de los hechos, entiende que hay culpa cuando no se prevé lo previsible o se confía en evitarlo. La Ley 599 de 2000 agregó un elemento esto es la “infracción al deber objetivo de cuidado”.
En términos de la Ley 678 de 2001(25), cuando el daño es consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión o extralimitación en el ejercicio de las funciones, por parte del agente del estado, la conducta es gravemente culposa.
Teniendo claro lo anterior y, con base en los argumentos expuestos, para la sala resulta forzoso concluir que la conducta negligente e imprudente del señor Absalón Zapata fue gravemente culposa, pues, además de haber ingerido bebidas alcohólicas, decidió adelantar los vehículos que le precedían en la vía que de Caloto conduce a Santander de Quilichao sin observar si el carril izquierdo estaba libre, con la poca luminosidad de la vía y malas condiciones climáticas, teniendo previo conocimiento de que la carretera era de doble sentido, por lo cual era evidente que, en cualquier momento circularía un vehículo en sentido contrario al que él se dirigía. Actuar irresponsable que amerita que el mismo responda por el 70% de la condena.
Por tal motivo, se condenará al llamado en garantía señor Absalón Zapata conductor del vehículo oficial de placas ONG 980, a reembolsar al departamento del Valle del Cauca el 70% del total de las sumas que la entidad territorial demandada cancele a los demandantes en este asunto por concepto de la presente decisión. De lo que se colige que el departamento demandado asumirá el 30% del valor, suma que deberá ser atendida por la compañía de seguros La Previsora hasta el monto del valor asegurado —actualizado—, en los términos expuestos.
Al respecto la Subsección advierte que el departamento pagará el 100% de la condena a los demandantes, sin perjuicio del derecho de la entidad territorial de repetir por el 70% a cargo del conductor.
REVOCAR la sentencia proferida el 21 de octubre de 2003 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca. En su lugar se dispone:
PRIMERO. DECLARAR que el departamento del Valle del Cauca, es patrimonialmente responsable por los daños causados en el accidente de tránsito del 15 de noviembre de 1998, en el cual resultaron muertos los señores Adrian Erney Rivera Pineda y José Cibares Paz Velasco.
SEGUNDO. CONDENAR al departamento del Valle del Cauca, a pagar por concepto de perjuicios morales:
2.1 El equivalente en pesos a 100 SMML vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia para cada uno de los señores Reinaldo Rivera, Olga Marina Pineda y Evangelina Velasco Méndez.
2.2 El equivalente en pesos a 50 SMML vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia para cada uno de los señores Vitalino Rivera Pineda, Nuby Mary Rivera Pineda, Aracely Rivera Pineda, Luz Eugenia Rivera Pineda, Yamileth Paz Velasco, Daniel Velasco, Eladio Paz González y María Jesús Usnas.
TERCERO. CONDENAR al departamento del Valle del Cauca, a pagar por concepto de lucro cesante consolidado, la suma de treinta millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos noventa y ocho pesos con tres centavos $30.145.998,03 a favor de la señora Evangelina Velasco Méndez.
QUINTO. CONDENAR al señor Absalón Zapata Rivera, en su condición de llamado en garantía, a reembolsar hasta el 70% de los dineros a cargo de la entidad territorial demandada por cuenta de la presente decisión.
SEXTO. CONDENAR a la compañía de seguros La Previsora S. A., en su condición de llamada en garantía, a reembolsarle al departamento del Valle del Cauca, el monto de la condena hasta el límite del valor asegurado, de conformidad con lo establecido en la parte considerativa.
SÉPTIMO. NO CONDENAR por concepto de costas procesales.
OCTAVO. De conformidad con lo dispuesto en los arts. 115 del C.P.C. y 37 del Decreto 359 de 1995, para el cumplimiento de esta sentencia EXPÍDANSE COPIAS con destino a la parte actora, que serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
NOVENO. Para la ejecución y cumplimiento de las condenas impuestas en la presente sentencia, se deberá observar lo dispuesto en los arts. 176 y 177 del C.C.A.
DÉCIMO. En firme esta providencia, DEVUÉLVASE la actuación al Tribunal de origen.
(2) El 10 de diciembre de 1998, fecha en que se presentó la demanda, la cuantía para que un proceso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia era de $18.850.000 —artículos 129 y 132 del C.C.A. subrogados por el Decreto 597 de 1988— y la mayor de las pretensiones de la demanda fue estimada en la suma de $45.000.000 a favor del señor Adrian Erney Rivera Pineda, por concepto de perjuicios fisiológicos.
(3) Testimonios de los señores Pedro José Victoria Acevedo e Isabel Zape Ascue, obrantes a folios 219 a 220 cdn. 2.
(4) Los documentos obrantes a folios 515 a 678 del C. 2, son copias del proceso penal que contra el conductor del vehículo oficial se adelantó y fueron remitidos mediante Oficio 49 PC 5356 de 7 de febrero de 2002, por la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los jueces penales del circuito de acuerdo con la solicitud de pruebas realizada por las partes y decretada por el ad quo mediante Auto de 17 de agosto de 2001. Los documentos obrantes a folios 310 del cdn. 2 a 514 cdn. 3, por su parte fueron remitidos de la investigación penal, adelantado por los delitos de prevaricato por omisión y contra la fe pública en contra del policía de carreteras que elaboró el informe de accidente
(5) Sentencia de 2 de marzo de 2000, expediente 11945, C. P. María Elena Giraldo Gómez.
(6) Sentencia proferida dentro del expediente 21515, C. P. Hernán Andrade Rincón.
(7) Sentencia de 7 de abril de 2011, proferida dentro del expediente 20.333, Actor: José Antonio Campos y otros vs. La Nación – Ministerio de Defensa – Armada Nacional
(8) “ART. 187.—Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades descritas en la ley sustancial para la existencia y validez de ciertos actos”.
(9) Sección Cuarta, sentencia del 30 de enero de 1998, C. P. Delio Gómez Leyva, radicación 8661, actor: Sun Flowers Limitada.
(10) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, expediente 27946, radicación: 01001-03-26-000-2004(0028)00, actor: Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, AEROCIVIL, demandado: Sociedad Aeroportuaria de la Costa S.A.
(11) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 30 de septiembre de 2004, M. P. Pedro Octavio Múnar Cadena, expediente 7549.
(12) En este punto se acoge la doctrina sentada por Michelle Taruffo, quien afirma: “(…) Pero la situación más complicada se da cuando existen diversos medios de prueba sobre el mismo hecho, pero «discrepantes» o «contrarios» entre ellos, porque algunos de ellos tienden a probar la verdad y otros tienen a probar la falsedad del enunciado acerca de la ocurrencia de ese hecho. En estas circunstancias, el juzgador tiene que elegir entre, al menos, dos versiones diferentes del hecho, una positiva y otra negativa, ambas apoyadas por una parte de los medios de prueba presentados. El problema es elegir una de estas versiones: la elección racional indicaría que debe elegirse la versión, positiva o negativa, que esté sustentada por pruebas preponderantes, es decir, por el grado relativamente superior de probabilidad lógica.” La Prueba, Madrid, 2008, capítulo V: “La adopción de la decisión final”, num. 98, página 141.
(13) Dice al respecto Jordi Ferrer Beltrán: “Es interesante observar que en el esquema de razonamiento presentado, los supuestos adicionales están integrados por generalizaciones empíricas. Estas generalizaciones son la garantía de la inferencia que va de un hecho a otro y otorgarán mayor o menor fuerza a la inferencia en función del grado de corroboración que las propias generalizaciones tengan (…). Éstas pueden ser de muchos tipos e integran lo que los juristas suelen denominar «máximas de la experiencia» que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común.” La valoración racional de la prueba, Madrid, 2007, num. “2.2.2.3.1. La metodología de la corroboración de hipótesis”, página 133.
(14) Taruffo, Michelle, La prueba de los hechos, Madrid, 2002, capítulo IV, num. 5, página 325.
(15) Sentencia C202 de 2005, M. P. Jaime Araujo Rentería.
(16) Decreto 1344 de 1970, artículos 135 y 136.
(17) Guía para el Manejo de Urgencias, Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Autor: María Dolores Sánchez Prada (1993):
“50-75 mg%: efecto ansiolítico, sensación de relajación. Ligera incoordinación motora. Conducir comienza a ser peligroso; 75-100 mg%: tendencia subjetiva a la comunicación con los demás. Conducir definitivamente es peligroso; 100-150 mg%: cambio evidente del estado anímico y de la conducta. Descenso de la autocrítica. Ataxia incipiente; 150-200 mg%: desinhibición, manifestación de los rasgos profundos de la personalidad: sociabilidad, agresividad, inhibición. Disartria, ataxia y alteraciones en el curso del pensamiento”.
(18) Sentencia de 7 de diciembre de 2011, proferida dentro del expediente 22.324, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo.
(19) Cfr. Sentencia de 26 de octubre de 2011, expediente 22700, C. P. Stella Conto Díaz del Castillo.
(20) “2.4.4. Cuando el conductor desatienda las señales reglamentarias de tránsito, no acate la señal roja de los semáforos, conduzca a una velocidad que exceda a la permitida, carezca de licencia vigente para conducir vehículos de la clase y condiciones estipuladas en la presente póliza. Esta exclusión no se aplicará a las pérdidas que se produzcan bajo el amparo de Pérdida Total o Pérdida Parcial por Hurto”.
(21) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 de la legislación civil colombiana, el dolo, que consiste en la intención de inferir injuria a la persona o propiedad de otro equivale a la culpa grave que se imputa a quien no maneja sus negocios con el cuidado requerido. En efecto dispone dicha norma: “Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo”.
(22) “2.1.4. Daños causados con el vehículo a cosas transportadas en él, a bienes sobre los cuales el asegurado, su cónyuge o sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, tenga la propiedad, posesión o tenencia; así como la muerte o los daños que el asegurado cause voluntaria o intencionalmente a terceros”.
(23) Ra= $43.200.000 x 114.23/51.27= $96.249.970.
(24) “5. Suma asegurada para el amparo de responsabilidad civil extracontractual. 5.3. El límite denominado ‘Muerte o lesiones a dos o más personas’ es el valor máximo asegurado destinado a indemnizar la muerte o lesiones de varias personas pero sin exceder para cada una, en ningún caso, del límite para una sola persona indicado en el numeral 5.2.”.
(25) Artículo 6º.