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Timestamp: 2020-05-25 09:02:42
Document Index: 278005747

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'Artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 33', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 77', 'artículo 1109']

Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Julio de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 31653826
Sentencia Contencioso de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 3ª de lo Contencioso Administrativo y Laboral, 13 de Julio de 2005
DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ELOY ALEXIS VÁZQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA DEL CARMEN PEREDA DE ARCE Y GUSTAVO ZOILO ARCE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 10-02 S.C. DE 19 DE DICIEMBRE DE 2002, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERI... (ver resumen completo)
El licenciado E.A.V., en representación de MARÍA PEREDA DE ARCE Y G.Z.A., han interpuesto demandada contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución Nº 10-02 S.C. de 19 de diciembre de 2002, expedida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Viviendas y se hagan otras declaraciones.
El acto impugnado es la Resolución Nº 10-02 S.C. de 19 de diciembre de 2002, por medio de la cual el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Viviendas, revocó en todas sus partes la Resolución Nº 02-2002 Sub. De C. De 19 de septiembre de 2002, mediante la cual la Comisión de Vivienda Nº 1, subroga a la señora MARÍA PEREDA DE ARCE en los derechos y obligaciones del Contrato de Arrendamiento Nº 348379, suscrito por su esposo, el señor G.A. sobre el Apartamento Nº 9 del Edificio San José, ubicado en el Cangrejo, Corregimiento de Bella Vista (Cfr. Fs. 1-5 del expediente contencioso).
En este sentido, los demandantes solicitan se declare la nulidad, por ilegal de la Resolución en mención, y en consecuencia se reconozca el derecho que tiene la señora M.P.D.A., de subrogarse en los efectos del contrato de arrendamiento celebrado entre el señor G.A., su esposo y el señor S.S. (arrendador) el 6 de septiembre de 1977.
DISPOSICIÓN INFRINGIDA Y EL CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Señala el demandante como única disposición transgredida, el artículo 18 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973. El artículo en mención dice así:
"Artículo 18. Los arrendatarios no podrán transferir los derechos que surjan de los contratos de arrendamiento celebrados de acuerdo con las formalidades de esta Ley.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el cónyuge, hijos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad que habiten con el arrendatario, en caso de muerte de éste, se subrogarán en todos los derechos y obligaciones, sin necesidad de celebrar un nuevo contrato de arrendamiento. Igualmente, cuando por causa justificada el arrendatario se mude del inmueble, los parientes que convivan con él podrán subrogarse en los derechos y obligaciones del contrato."
De lo expresado por el apoderado judicial de los demandantes, se puede extraer principalmente, que el acto administrativo impugnado viola el artículo 18 transcrito, en virtud del desconocimiento del derecho consagrado a favor del cónyuge que permanecía en el inmueble frente a la mudanza del otro cónyuge. Agrega además, que la interpretación de la norma aplicable, por parte de la Dirección General de Arrendamiento, ha sido errónea al señalar, que en caso de mudanza del inquilino, la subrogación de contrato, se puede dar sólo a los parientes hasta el cuarto grado de consaguinidad, quedando excluida por tanto la cónyuge del arrendatario, impidiéndole en consecuencia hacer valer sus derechos de subrogación (Ver fs. 17-19 del expediente contencioso).
Conforme al trámite procesal se corrió traslado de la demanda incoada al Director General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda, a fin que rindiera un informe explicativo de conducta, de acuerdo a lo contemplado con el artículo 33 de la Ley 1946. Señala el funcionario demandado, que la solicitud de subrogación requerida por la señora M. P.D.A., fue negada, toda vez que el derecho no le asistía, en vista de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 18 de la Ley 93 de 1973, que establece, que cuando por causa justificada el arrendatario se mude del inmueble, los parientes que convivan con él podrán subrogarse en los derechos y obligaciones del contrato, pero no así el cónyuge ( fs. 28-30 del expediente contencioso).
III.OPINIÓN DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN
La Procuradora de la Administración, a través de la Vista Nº 489-03 de 1 de agosto de 2003, señaló que a la parte actora le asiste el derecho, motivo por el cual le solicita a los Magistrados de esta S., acceder a las pretensiones expresadas con la demanda.
Indica, la funcionaria en mención que aunque en el segundo supuesto no se haya indicado expresamente al cónyuge con derecho a subrogarse, debe entenderse que el mismo fue incluido dentro de la categoría de los parientes, toda vez que la intención del legislador es la de proteger y salvaguardar los derechos del cónyuge quien convivía en el inmueble (ver fs. 32-36 del expediente contencioso).
CONSIDERACIONES FINALES DE LA SALA
Se observa, a foja 3 del expediente administrativo el Contrato de Arrendamiento Nº 348379, suscrito por el señor G.G. (arrendatario) y el señor S.S., el 7 de septiembre de 1977, sobre el apartamento Nº 9 del Edificio San José, localizado en la Calle D, El Cangrejo. Dicho contrato se convierte en indefinido a consecuencia de la prórroga establecida en los artículos 9 y 10 de la Ley 93 de 1973 y según la "cláusula tercera" del mismo contrato.
Posteriormente el 12 de diciembre de 1977, el señor G.A. contrae matrimonio con la señora M.P.. Cabe señalar que al momento de suscribirse dicho contrato, el señor G.G. no había contraído aún matrimonio con la señora M. P., razón por la cual, ésta no aparece determinada en el contrato como aquellas personas que habitarían en el inmueble.
Se advierte también, que conforme lo señalado por los demandantes y según se desprende del Informe Explicativo de Conducta de la administración demandada, que para la fecha del 18 de agosto de 1980, por la llegada de familiares del extranjero y en vista que la familia había crecido, el señor G.A. decide suscribir un nuevo contrato de arrendamiento en el mismo edificio sobre el apartamento Nº 8, a través del Contrato Nº 132392. Así es que, este último apartamento arrendado fue habitado por el señor G.A. y la señora M.P.D.A. y sus dos hijas, mientras tanto el Apartamento Nº9, seguía siendo habitado por los familiares (padre y hermana) de la señora ARCE, arrendando el señor ARCE al mismo tiempo ambos apartamentos. No fue, hasta el año de 1996, cuando según declaración del señor G.A., (f. 9 de los antecedentes) y afirmado por la administración demandada a foja 30 de este expediente, por divergencias existentes en el matrimonio, la señora M.P.D.A., se muda definitivamente al Apartamento Nº 9, quedando el señor ARCE habitando el apartamento Nº 8.
Posteriormente, según se desprende de las constancias en vista que el padre de la demandante fallece y dado que se le comunicó un nuevo aumento en el canon de arrendamiento, el señor G.A. se traslada junto a su esposa al apartamento Nº9, conviviendo con ésta hasta tanto obtuviera otra solución habitacional. Es así como, una vez solucionado dicho problema habitacional, el señor ARCE se muda nuevamente, dejando a su familia, su esposa en el apartamento Nº9.
Es así entonces como la señora ARCE requiere ante la Comisión de Vivienda Nº1, de la Dirección General de Arrendamiento del Ministerio de Vivienda, subrogarse en los derechos y obligaciones del Contrato de Arrendamiento, suscrito por su esposo, sobre el apartamento Nº 9 del Edificio San José. Así entonces, la administración expide la Resolución Nº 02-2002 Sub. De C., por medio de la cual se resolvió subrogar a la señora M.P.D.A., en los derechos y obligaciones de dicho contrato de Arrendamiento (fs. 4 y 5 del expediente contencioso). No obstante, esta resolución fue apelada por el licenciado E.F.D., representante de Gran Rigel Corp., actual arrendador y finalmente revocada en todas sus partes, a través de la Resolución Nº 10-02 S.C. dictada por el Director de Arrendamiento, siendo esta resolución, el acto acusado de ilegal ante esta Sala, por los demandantes la señora MARÍA PEREDA DE ARCE y G.A..
Evacuados los trámites procesales de rigor corresponde a los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativa, dirimir el fondo del presente litigio, mismo que tiene por finalidad determinar si es o no legal la Resolución Nº 10-02 S.C. de 19 de diciembre de 2002, por medio de la cual el Director General de Arrendamientos del Ministerio de Viviendas, revoca en todas sus partes la Resolución Nº 02-2002 Sub. De C. De 19 de septiembre de 2002, mediante la cual la Comisión de Vivienda Nº 1, subroga a la señora MARÍA PEREDA DE ARCE en los derechos y obligaciones del Contrato de Arrendamiento Nº 348379, suscrito por el señor G. A. su esposo el 6 de septiembre de 1977, sobre el Apartamento Nº 9 del Edificio San José, ubicado en el Cangrejo, Corregimiento de Bella Vista (Cfr. Fs. 1-5 del expediente contencioso).
La decisión de la Dirección General de Arrendamiento, para revocar los efectos de la Resolución Nº 02-2002 Sub. De C. De 19 de septiembre de 2002, tal y como hemos advertido, estuvo fundamentada básicamente en que la subrogación de contrato en caso de mudanza del inquilino se da sólo a favor de los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, por lo que a la señora M.P.D.A., en vista que la misma es la cónyuge del arrendatario y no pariente, no le asiste el derecho a la subrogación.
En el presente caso, la norma aplicable al proceso en estudio es el artículo 18 de la Ley 93 de 4 de junio de 1973, a través de la cual se dictan las medidas de arrendamientos y se crea en el Ministerio de Vivienda, la Dirección General de Arrendamiento. La norma en mención dice así:
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el cónyuge, hijos o parienteshasta el cuarto grado de consanguinidad que habiten con el arrendatario, en caso de muerte de éste, se subrogarán en todos los derechos y obligaciones, sin necesidad de celebrar un nuevo contrato de arrendamiento. Igualmente, cuando por causa justificada el arrendatario se mude del inmueble, los parientes que convivan con él podrán subrogarse en los derechos y obligaciones del contrato."
De la norma antes transcrita, se establecen las dos excepciones por medio de la cual, un arrendatario podrá transferir los derechos que surjan de los contratos de arrendamientos. El primero de estos, es en caso de muerte del arrendatario, en el que podrían subrogarse en todos los derechos y obligaciones, sin necesidad de celebrar un contrato nuevo el cónyuge, hijos o parientes. El segundo supuesto, es en caso de mudanza, en el que por causa justificada, podrán subrogarse los parientes que convivan con el arrendatario.
El caso en estudio, se advierte que el señor G.A. (arrendatario), se muda del apartamento Nº 9, mientras busca otro apartamento para ocupar, en tanto su señora esposa queda viviendo en el mismo. Ahora, si bien es cierto en estos casos "de mudanza del arrendatario" la norma señala a los parientes como los que podrán subrogarse, coincidimos con la señora Procuradora, al señalar, que la intención del legislador debe ir encaminada a proteger y salvaguardar los derechos del cónyuge, quien convivía en el inmueble, de lo contrario se estaría propiciando una situación de perjuicio económico y moral contra el cónyuge que desee seguir viviendo en el inmueble, luego de la mudanza del domicilio por parte del arrendatario. Es importante también mencionar, que en este segundo supuesto, el de mudanza, se entiende o es lo habitual, que en caso de que el arrendatario tuviera esposa, esta debería acompañarlo, en razón de ser "cónyuges", esto en virtud de que la mujer debe adoptar el domicilio del esposo o viceversa. Y así lo establece el artículo 77 del Código de Familia, cuando señala: " A falta de declaración expresa, se entenderá que la mujer ha adoptado el domicilio del marido o viceversa, según la circunstancia de cada caso...". Circunstancia por la cual el legislador no creyó necesario conceder expresamente al cónyuge el derecho a la subrogación. Pero ciertamente, en el presente caso, la señora MARÍA PEREDA DE ARCE la cónyuge del arrendatario sigue habitando actualmente el Apartamento Nº9, por lo que en calidad de esposa o cónyuge, siendo éste un vínculo cercano al arrendatario, pues estamos ante un nexo o lazo matrimonial, que al igual que el parentesco son las dos clases de vínculo que unen a las personas naturales las cuales constituyen una familia, por lo que consideramos que la misma tiene derecho a la subrogación solicitada.
Debe, pues, aplicarse de igual forma al caso bajo análisis de la Sala, el principio de buena fe, que es uno de los principios generales que sirven de fundamento al ordenamiento jurídico y que está previsto en el artículo 1109 del Código Civil. Este significa que el administrado, según la estimación habitual de la gente, puede esperar determinadas consecuencias de su conducta o que no ha de tener otras distintas a las previstas en la Ley; quiere decir que si una persona se comporta de una manera confiada en que su conducta tendrá determinadas ventajas previstas en la Ley, la Administración no puede comportarse de manera excesivamente formalista de suerte que defraude confianza depositada en ella por los administrados (Cfr. J.G.P., El Principio de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, 3ª edición, Ed. Civitas, Madrid, 1999, págs. 72, 73 y 91) (Auto de 21 de junio de 2000).
La Sala ha sido constante en señalar que el principio de la buena fe debe regir en las relaciones del Estado con sus administrados, pues, le permite a éstos recobrar la confianza en la Administración, que según el autor J.G.P., consiste en "que en el procedimiento para dictar el acto que dará lugar a las relaciones entre Administración y Administrado, aquélla no va a adoptar una conducta confusa y equívoca que más tarde permita eludir o tergiversar sus obligaciones". Estos actos, según el mismo autor, serán respetados en tanto no exijan su anulación los intereses públicos. (El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, Editorial Civitas, S. A., Segunda Edición, Madrid, España, pág. 69).
Es claro entonces, que al concedérsele a la señora MARÍA PERDEA DE ARCE la subrogación mediante la Resolución Nº 02-2002 Sub. De C. De 19 de septiembre de 2002, un acto administrativo expedido por la Dirección General de Arrendamiento, Comisión de Vivienda Nº1, en virtud de un procedimiento oficiosamente realizado, no es dable que ahora, so pretexto que la misma no cumple los requisitos para solicitar dicha subrogación se le desconozca ese derecho. En este caso esta omisión no es imputable a la Administrada.
De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NULA POR ILEGAL, la Resolución Nº 10-02 S.C. de 19 de diciembre de 2002, expedida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Viviendas y MANTIENE la Resolución Nº 02-2002 Sub. De C. De 19 de septiembre de 2002, emitida por la Comisión de Vivienda Nº 1, mediante la cual acepta la subrogación de la señora MARÍA PEREDA DE ARCE, en los derechos y obligaciones del arrendatario G.A. en el contrato de arrendamiento Nº 348379, celebrado sobre el Apartamento Nº 9 del Edificio San José, ubicado en el Cangrejo, Corregimiento de Bella Vista.