Source: http://www.leyes.com.py/jurisprudencias/2013/acuerdos_y_sentencias/ays_135_13.php
Timestamp: 2019-04-20 20:10:43
Document Index: 232426395

Matched Legal Cases: ['artículo 105', 'artículo 105', 'Artículo 103', 'artículo 8', 'artículo 105', 'artículo 8', 'artículo 105', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 203']

Acuerdo y Sentencia 135/2013 Corte Suprema de Justicia
ACUERDO Y SENTENCIA Nº 135/13
EXPEDIENTE: TORIBIO EDILBERTO ARGUELLO RIVAROLA C/ RESOLUCION N° 341 DE FECHA 9/02/2009 Y LA RESOLUCION N° 1396 DE FECHA 4/06/2009 DICT. POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA.
En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los días ocho días del mes de abril del año dos mil trece, estando reunidos en la Sala de Acuerdos los Excmos. Señores Ministros de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, los Dres. ALICIA PUCHETA DE CORREA, SINDULFO BLANCO y LUIS MARIA BENITEZ RIERA, por ante mí la Secretaria autorizante, se trajo el expediente caratulado: “TORIBIO EDILBERTO ARGUELLO RIVAROLA C/ RESOLUCION No 341 DE FECHA 9 DE FEBRERO DE 2009 Y RESOLUCION No 1396 DE FECHA 4 DE JUNIO DE 2009 DICT. POR LA DIRECCION GENERAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA”, a fin de resolver los Recurso de Apelación y Nulidad contra el Acuerdo y Sentencia Nº 234 de fecha 19 de junio de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas, Primera Sala.
Practicando el sorteo de ley para determinar el orden de votación dio el siguiente resultado: LUIS MARIA BENITEZ RIERA, ALICIA PUCHETA DE CORREA Y SINDULFO BLANCO.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA dijo: el Abogado Fiscal Mario Luis Muñoz, en representación del Ministerio de Hacienda no ha fundado el Recurso de Nulidad planteado, por lo que se lo debe tener por desistido de dicho recurso. Por otro lado, no se observan en la resolución recurrida vicios o defectos que ameriten la declaración de oficio de su nulidad en los términos autorizado por los Arts. 113 y 404 del Código Procesal Civil. Corresponde consecuentemente desestimar este recurso. ES MI VOTO.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA, el Dr. BENITEZ RIERA prosiguió diciendo: Por Acuerdo y Sentencia Nº 234 de fecha 19 de setiembre de 2011, el Tribunal de Cuentas, Primera Sala, resolvió “1.) HACER LUGAR parcialmente a la demanda contencioso administrativa instaurada en estos autos por el Señor Toribio Edilberto Arguello Rivarola contra la Resolución DGJP No 341 del 9 de febrero de 2009 y la Resolución DGJP No 1396 del 4 de junio de 2009, dictadas por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, 2.) REVOCAR PARCIALMENTE, el citado acto administrativo, de conformidad y de acuerdo con los fundamentos expresados en el exordio de la presente Resolución. 3.) IMPONER las costas a la parte perdidosa 4.) ANOTAR, registrar y remitir copia a la Excma. Corte Suprema de Justicia.”
Que, de la lectura del escrito de oposición de los recursos de nulidad y apelación (fs. 78), como del escrito de expresión de agravios (fs. 89/93) se nota que el Abogado Fiscal Mario Luis Muñoz, en representación del Ministerio de Hacienda, por un error material probablemente involuntario equivoco la fecha del Acuerdo y Sentencia Nº 234, asignándole la fecha 19 de junio de 2011 cuando el mismo es del 19 de septiembre de 2011. No obstante, por tratarse de un error involuntario y al ser correcto el número de acuerdo y sentencia consignado, nada obsta a que pasemos a estudiar el fondo de la cuestión.
Que el apelante se agravió en contra del fallo impugnado en los términos del escrito de fs. 89/93, señalando, entre otras cuestiones, que tiene un fundamento errado, pues no es cierto que la Ley 1626/2000 regia para la actualización de los haberes jubilatorios del Sr Arguello por los periodos fiscales 2002 y 2003, habida cuenta que la ley 2345/2003 ya estaba en vigencia a partir de diciembre de 2003, en cuanto al 2002, si se rige por la ley 1626/2000. Las actualizaciones de haberes jubilatorios son efectuadas por la Dirección General de Jubilaciones sistemáticamente todos los anos de acuerdo a la Ley de Presupuesto para cada ejercicio fiscal. Que las afirmaciones vertidas por el Tribunal Inferior son irrelevantes porque lo que se discute en estos autos es la actualización de haberes jubilatorios y no la equiparación del cargo y que hay una mala apreciación de lo que es actualizar. Finaliza argumentando que el acuerdo y sentencia carece de solido sustento jurídico sostenible y por ello solicita se revoque la resolución impugnada.
Que, el Sr. Toribio Arguello Rivarola, por derecho propio y bajo patrocinio de Abogado, ha contestado el traslado en los términos del escrito obrante a fs. 97/103, manifestando que está más que probado que no tuvo ninguna actualización de sus haberes en los años 2002 al 2006 y que la Ley 2345 entro en vigencia en diciembre de 2003 pero su aplicación efectiva se dio desde enero de 2004, por lo que mal podría pretender la parte demandada su aplicación a partir del 2003 ya que la actualización de haberes se efectúa a inicios de cada ano, desde enero. Agrega que la demandada busca confundir y desviar la atención llevando el debate a otro escenario que nada tiene que ver con la cuestión planteada en autos, pues en ningún momento ha planteado una equiparación sino solo la actualización de sus haberes. Termina solicitando se dicte resolución rechazando con costas los recursos de nulidad y apelación presentados por la demandada y confirmando la resolución recurrida.
Que, antes de entrar a analizar el fondo de la cuestión que nos ocupa, debemos realizar una breve síntesis de las actuaciones que anteceden a dicha cuestión. Así, tenemos que por Resolución No 732 de fecha 9/10/2006 (previa demanda contencioso administrativa resuelta por Acuerdo y Sentencia No 2 de fecha 6/02/2006 dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala y posteriormente por el Acuerdo y Sentencia No 566 de fecha 25/07/2006 dictado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal), la Sub Secretaria de Estado de Administración Financiera del Ministerio de Hacienda resolvió otorgar la jubilación ordinaria por motivos de salud al Sr. Toribio Edilberto Arguello Rivarola. Dicha jubilación, por mandato judicial, le correspondería al citado desde el mes siguiente a su último aporte a la Caja Fiscal que fue en Octubre de 2001, es decir la jubilación se le concede desde el mes de Noviembre de 2001.
Posteriormente, el actor se presenta a promover una acción de inconstitucionalidad contra los Artículos 8 y 18 inc. y) de la Ley 2345/03 y el Articulo 6 del Decreto No 1579/04 del Poder Ejecutivo (las actualizaciones de sus haberes jubilatorios se realizaban de acuerdo a estas normas legales). Este pedido de inconstitucionalidad fue resuelto por Acuerdo y Sentencia No 1074 de fecha 13/11/2008 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que hizo lugar a la acción de inconstitucionalidad planteada y, en consecuencia, declaro la inaplicabilidad de los Artículos 8 y 18 inc. y) de la Ley 2345/03 y el Articulo 6 del Decreto No 1579/04 del Poder Ejecutivo en relación al accionante.
Con el resultado favorable de la acción de inconstitucionalidad planteada, el actor Toribio Edilberto Arguello Rivarola se presentó ante la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda en fecha 20/11/2008 (Expediente SIME No 23521) a solicitar la actualización de sus haberes de acuerdo a lo establecido en el artículo 105 de la Ley 1626/2000. A este pedido, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda, respondió con el dictamiento de la Resolución No 341 de fecha 9/02/2009 (hoy recurrida), por la cual resuelve: 1) Estar por la actualización realizada en cumplimiento de la Resolución MH No 10/2009, 2) Excluir al beneficiario indicado en esta resolución de los alcances del Art. 8 de la Ley 2345/2003 y Ordenar su registro por el Dpto. de Jubilaciones y Haberes de Retiro. El Sr. Toribio Edilberto Arguello Rivarola solicito la reconsideración de la Resolución No 341 de fecha 9/02/2009 (precedentemente transcripta) por nota de fecha 16/02/2009, en la cual argumento, entre otras cuestiones: “la resolución HM No 10/2009 está basado en el Art. 8 de la Ley 2345/03…que la Excelentísima Corte Suprema de Justicia a través del Acuerdo y Sentencia No 1074 de fecha 13/11/2008 declaro la inaplicabilidad de los Arts. 8 y 18 inc. y) de la Ley 2345/03 y del Art. 6 del Decreto No 1579/2004 en relación a mi persona…me permito solicitar lo siguiente: dejar sin efecto la actualización concedidame mediante Resolución MH 10/2009 por contravenir el Acuerdo y Sentencia No 1074 de fecha 13/11/2008 de la Corte Suprema de Justicia y por ende dar estricto cumplimiento a este mandato judicial…rectificar el Art. 1 de la Resolución No 341 de fecha 9/02/2009, ordenando la actualización de mi haber jubilatorio conforme a la Ley 1626/00…”.
Que, como respuesta al recurso de reconsideración presentado por el Sr. Toribio Edilberto Arguello Rivarola contra la Resolución No 341 de fecha 9/02/2009, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones de Ministerio de Hacienda dicto la Resolución DGJP No 1396 de fecha 4/06/2009 (hoy recurrida) por la cual resuelve: 1) Revocar la Resolución DGJP No 341 de fecha 9/02/2009, 2) Denegar, por imposible, el cumplimiento de la Sentencia No 1074/08 dictada por la Corte Suprema de Justicia. Así, el Sr. Toribio Edilberto Arguello Rivarola se presenta en fecha 22/06/2009 ante el Tribunal de Cuentas Primera Sala a promover demanda contencioso administrativa contra las Resoluciones DGJP No 341 y 1396 dictadas por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones de Ministerio de Hacienda.
Bien, hecho el resumen de actuaciones, debemos definir la cuestión demandada en estos autos. El actor, Toribio Edilberto Arguello Rivarola, solicito jubilación ordinaria por razones de salud. El mismo se desempeñaba como funcionario de Copaco al momento de dicho pedido. Dicha jubilación le fue acordada, luego de un litigio judicial, desde el mes de Noviembre de 2001. Al entender el actor que las actualizaciones de sus haberes se realizaban en base a legislaciones que contrariaban sus derechos, el mismo presento una acción de inconstitucionalidad contra las mismas, la cual le fue favorable. Una vez que el demandante obtuvo la inconstitucionalidad de dichas leyes, recurrió a la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, solicitando se dé cumplimiento a dicha resolución de inconstitucionalidad y se actualicen sus haberes en virtud del artículo 105 de la Ley 1626/2000. Este artículo establece: “Los haberes jubilatorios serán actualizados automáticamente en los mismos porcentajes de sueldos dispensados a los funcionarios en actividad, considerando las categorías y cargos correspondientes, de conformidad al Artículo 103 de la Constitución Nacional”.
La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, en respuesta a este pedido, tal como ya dijimos, dicto la Resolución No 341 de fecha 9/02/2009, recurrida ante la instancia contencioso administrativa por el Sr. Toribio Edilberto Arguello Rivarola. Por esta resolución la mencionada dirección resolvió, en un primer punto, estar por la actualización realizada en cumplimiento de la Resolución MH 10/2009 y, en el segundo punto, excluir al beneficiario (Toribio Edilberto Arguello Rivarola) de los alcances del art. 8 de la Ley 2345/2003. Y aquí debemos, tal y como lo sostiene el actor, notar lo siguiente: la Resolución MH 10/2009 está basada en el artículo 8 de la Ley 2345/2003, pues autoriza la actualización de los haberes jubilatorios de acuerdo a la variación del índice de precios al consumidor, cálculo realizado por el Banco Central del Paraguay. Es decir, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones por un lado (punto uno de la Resolución No 341) hace caso omiso a la declaración de inaplicabilidad (inconstitucionalidad) al jubilado Toribio Edilberto Arguello Rivarola de los artículos 8 y 18 inc. y) de la Ley 2345/03 y el Articulo 6 del Decreto No 1579/04 y, por otro (punto dos de la Resolución No 341) excluye al beneficiario del alcance de dichos articulados, cayendo así en una inaudita y total contradicción.
Que, ante esto, resulta lógico que el actor haya pedido la reconsideración de la Resolución No 341 de fecha 9/02/2009. A este pedido la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones respondió con la Resolución DGJP No 1396 de fecha 4/06/2009, por la cual resuelve, por un lado, revocar la Resolución No 341/09, y por otro, denegar, por imposible el cumplimiento de la Sentencia No 1074/08 dictada por la Corte Suprema de Justicia, que resuelve la inconstitucionalidad solicitada y declara inaplicables los artículos 8 y 18 inc. y) de la Ley 2345/03 y el Articulo 6 del Decreto No 1579/04 al jubilado Toribio Edilberto Arguello Rivarola.
QUE, está claro con lo hasta aquí analizado que la cuestión a resolver consta de tres puntos: 1) si le corresponde o no la liquidación de los haberes al jubilado en el periodo del 15 de noviembre al 9 de diciembre del año 2001; 2) si corresponde o no la actualización de los haberes de jubilación del actor, Sr. Toribio Edilberto Arguello Rivarola, de los años 2002 al 2006 y año 2009 y en caso afirmativo, cuál sería la legislación aplicable para dicha actualización y 3) si corresponde el pago al actor de los aguinaldos de los años 2001 al 2005.
Que, con respecto al punto uno, quedo claro que la jubilación del Sr. Toribio Edilberto Arguello Rivarola, le fue acordada por mandato judicial (Acuerdo y Sentencia No 566 de fecha 25/07/2006 dictado por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal) desde el mes siguiente a su ultimo aporte a la Caja Fiscal, que fue en Octubre de 2001, es decir la jubilación se le concede desde el mes de Noviembre de 2001. Demás está decir que, al ser un mandato de la máxima instancia judicial, el mismo debe ser cumplido tal y como fue concedido. Por otro lado, debemos notar que esta cuestión en particular (punto uno) no fue específicamente recurrida por la apelante.
Pasemos al punto dos (la actualización de los haberes de jubilación años 2002 al 2006 y año 2009). Y al respecto debemos manifestar que lo resuelto por el Tribunal de Cuentas Primera Sala se encuentra plenamente ajustado a derecho. En lo que respecta a los años 2002 y 2003 las actualizaciones debieron realizarse de acuerdo a lo establecido por el artículo 105 de la Ley 1626/2000 vigente en esa época, pues la Ley 2345/2003 fue sancionada y promulgada en Diciembre de 2003, disponiendo para el futuro, ya que las actualizaciones se realizan en los primeros meses del año siguiente al que debe actualizarse. En relación a los años 2004, 2005 y 2006 las actualizaciones debieron realizarse en virtud a lo establecido en la nueva Ley 2345/2003 (artículo 8), pues la misma aún se hallaba vigente para el jubilado Toribio Edilberto Arguello Rivarola. Ahora bien, la actualización del año 2009 debió ser realizada nuevamente por lo que dispone la Ley 1626/2000, en vista a la inconstitucionalidad obtenida por el Sr. Toribio Edilberto Arguello Rivarola, que declaro inaplicable para su persona la Ley 2345/2003. Aquí debemos notar que la Ley 2345/2003, no fue derogada por la Ley 3542/2008 como lo sostuvo la administración, para denegar el pedido de actualización de haberes al jubilado. La Ley 2345/2003 solo fue modificada y ampliada por la Ley 3542/2008 y con ello (con la modificación y ampliación) no desapareció el motivo de agravio del actor con respecto a la forma que tienen dichas leyes de actualizar sus haberes, por lo que la citada Ley 2345/2003 sigue siendo inaplicable en este caso y queda vigente para el citado jubilado lo dispuesto por la Ley 1626/2000 (artículo 105) para el momento de la actualización de sus haberes jubilatorios.
Que, por último, el punto tres (aguinaldos de los años 2001 al 2005). Nótese que esta cuestión no fue apelada por el recurrente. Sin embargo ello, debemos realizar la siguiente disquisición. Tal y como lo sostiene el Juez de instancia Inferior, por artículo 2 de la Ley 2345/2003, modificado por el artículo 1 de la Ley 2527/2004 (vigentes para el actor), el pago de aguinaldo a cualquier jubilado del sistema administrado por la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones está prohibido. El hecho de que al jubilado Toribio Edilberto Arguello Rivarola se le hayan abonado gratificaciones (no aguinaldos) en diferentes porcentajes desde el año 2006, no significa que las mismas deban ser equiparadas a aguinaldos y mucho menos que la Administración este obligada a abonarlos anualmente.
QUE, por lo precedentemente analizado, surge que la resolución recurrida se encuentra ajustada a derecho y en concordancia con las constancias de autos. Consecuentemente, no resta sino confirmar el Acuerdo y Sentencia Nº 234 de fecha 19 de setiembre de 2011, dictado por el Tribunal de Cuentas Primera Sala. En cuanto a las costas, las mismas deben ser impuestas al perdidoso (artículo 203 inc. a) del C.P.C.). ES MI VOTO.
Que a su turno, los Dres. PUCHETA DE CORREA Y BLANCO, manifiestan que se adhieren al voto que antecede por los mismos fundamentos.
Asunción, 08 de abril de 2013.
2) NO HACER LUGAR al recurso de apelación interpuesto por el Abog. Fiscal Mario Luis Muñoz, en representación del Ministerio de Hacienda, y en consecuencia;
3) CONFIRMAR el Acuerdo y Sentencia Nº 234 de fecha 19 de setiembre de 2011, emitido por el Tribunal de Cuentas Primera Sala, de conformidad con lo expuesto en el exordio de la presente Resolución.