Source: https://diario-oficial-generalitat-catalunya.vlex.es/vid/ley-14-transporte-cable-19309075
Timestamp: 2020-02-17 01:48:18
Document Index: 275906445

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 29', 'artículo 8', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 30', 'Artículo 33', 'artículo 36', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 8', 'artículo 4']

LEY 12/2002, de 14 de junio, del transporte por cable. - DOGC. Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (en castellano) - Legislación - VLEX 19309075
Capítulo II. - arts. 13 a 25
Capítulo III. - arts. 26 a 32
Capítulo VII. - arts. 38 a 47
12/2002, de 14 de junio, del transporte por cable.
Se rigen por la presente Ley las instalaciones siguientes:
Las instalaciones que de forma exclusiva se destinan al transporte de mercancías por cable se rigen por su normativa específica, sin perjuicio de que les sea aplicable la presente Ley con carácter supletorio.
Las instalaciones de transporte por cable y su infraestructura, los subsistemas y los constituyentes de seguridad han de garantizar la seguridad de las personas. Con esta finalidad, su construcción y explotación han de ajustarse a las especificaciones técnicas prescritas por la normativa de la Unión Europea y al resto de normas que les sean aplicables.
La persona física o jurídica que explota una instalación de transporte por cable, para garantizar la seguridad de la misma, debe acreditar anualmente ante la inspección, en la forma que sea determinada por reglamento, que la instalación ha superado los controles y las revisiones preceptivos. En cada una de las instalaciones de transporte por cable ha de figurar, en un lugar visible para los usuarios, un rótulo identificativo en que conste el nombre de la instalación, el número de registro y el órgano competente para hacer la inspección de la misma.
Las instalaciones de transporte por cable han de adecuar los elementos y las medidas de seguridad a las normas que se aprueben como consecuencia de la evolución de los conocimientos y la técnica en esta materia. Con esta finalidad, los servicios técnicos del departamento competente en materia de transportes pueden requerir a las personas físicas o jurídicas que explotan las instalaciones que lleven a cabo las mejoras, las modificaciones, las revisiones y los ensayos que se consideren necesarios, de acuerdo con los plazos que sean establecidos por reglamento.
Las empresas explotadoras de las instalaciones de transporte por cable han de comunicar al departamento competente en materia de transportes cualquier accidente o incidente que se produzca en relación con dichas instalaciones, en la forma y el plazo que sean establecidos por reglamento.
El proyecto de construcción a que hace referencia el artículo 5 ha de delimitar una zona de influencia de la instalación, para garantizar la seguridad de los usuarios y de terceras personas.
Se entiende por zona de influencia, a los efectos de lo que establece el apartado 1, la superficie que comprende el espacio ocupado por la instalación cuando está en funcionamiento y las distancias de seguridad necesarias, de acuerdo con lo que establezcan las normas técnicas aplicables.
La ejecución de obras en terrenos situados en la zona de influencia de una instalación de transporte por cable que puedan afectar la explotación de la instalación requiere la autorización administrativa previa de la dirección general competente en materia de transportes. La autorización ha de ser denegada si los trabajos suponen un riesgo para la seguridad de la instalación o de los usuarios.
Las instalaciones de transporte por cable pueden tener un régimen de uso público o privado:
Las instalaciones de transporte público por cable pueden diferenciarse, por la naturaleza del servicio que prestan, entre:
Las instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público pueden diferenciarse entre:
Todos tienen derecho, una vez adquirido el correspondiente título de transporte, a utilizar las instalaciones de transporte público por cable, de acuerdo con las tarifas que hayan sido aprobadas por la Administración o que le hayan sido comunicadas, según proceda.
Los usuarios, durante la prestación del servicio, han de mantener el título de transporte a disposición del personal de la empresa que explota la instalación, el cual debe estar debidamente acreditado.
Con la adquisición del título de transporte, los usuarios asumen la obligación de respetar las normas de uso de la instalación aprobadas por la Administración, que han de estar expuestas al público en lugar visible, según lo que sea establecido por reglamento a estos efectos.
Las personas físicas o jurídicas explotadoras de una instalación de transporte por cable han de tener a disposición de los usuarios libros u hojas de reclamaciones, para que puedan formular cualquier reclamación sobre la instalación o el servicio de transporte, y han de exhibir un rótulo visible para los usuarios de la instalación que lo ponga en conocimiento de éstos. Los modelos de las reclamaciones y el procedimiento para tramitarlas han de determinarse por reglamento.
Las controversias que puedan plantearse entre los usuarios y la empresa explotadora de una instalación de transporte por cable con relación a la prestación del servicio han de someterse a la Junta Arbitral del Transporte de Cataluña, que se rige por sus propias normas de funcionamiento y en la cual, en todo caso, ha de haber representantes de la Administración, de los titulares de instalaciones de transporte por cable y de los usuarios.
Capítulo II Artículos 13 a 25
La iniciativa para el establecimiento de instalaciones de transporte público por cable que, de acuerdo con el artículo 8, tengan la consideración de servicio público puede corresponder a las administraciones públicas o a una persona física o jurídica. En cualquier caso, la titularidad de estas instalaciones ha de ser pública.
El procedimiento para tramitar el establecimiento de instalaciones de transporte público por cable cuya titularidad corresponda a la Generalidad es el que establece el presente capítulo. Para el establecimiento de instalaciones de ámbito urbano de titularidad municipal, hay que atenerse a lo que establece el artículo 25.
Cualquier modificación de una de las instalaciones a que se refiere el apartado 1 se tramita por el procedimiento regulado por el presente capítulo para el establecimiento de dichas instalaciones. Han de establecerse por reglamento los supuestos en que la modificación requiere únicamente la comunicación previa al órgano competente.
El establecimiento de instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público, o la modificación de las existentes, requiere la aprobación previa del correspondiente proyecto.
El proyecto a que se refiere el apartado 1 ha de incluir la documentación prescrita por la legislación aplicable a la Generalidad en materia de contratación administrativa; especialmente, la memoria descriptiva, la cual ha de hacer referencia a las necesidades a satisfacer y a los factores de todo tipo a tener en cuenta; la adecuación de las instalaciones a las determinaciones urbanísticas vigentes en el municipio; la descripción del trabajo y de las obras y sus características básicas; el ámbito de la zona de influencia; el análisis de seguridad y el informe de seguridad correspondiente; las tarifas que se proponen; un estudio de impacto ambiental, y la propuesta del reglamento de explotación, que ha de incluir el plan de autoprotección para situaciones de emergencia, el plan de evacuación para el caso de paro de la instalación y las demás circunstancias que sean determinadas por reglamento.
Durante el procedimiento para la aprobación del proyecto a que se refiere el artículo 14 deben realizarse los estudios técnicos necesarios y abrirse un periodo de información pública, por el plazo de un mes.
Simultáneamente al periodo de información pública a que se refiere el apartado 1, el proyecto ha de someterse al informe de los entes locales competentes en el ámbito territorial en el que se proyecta construir la instalación, del órgano competente en materia de protección civil en relación con el plan para situaciones de emergencia y de las demás entidades o administraciones públicas que puedan estar afectadas por la instalación. Si en el plazo de un mes no se han recibido los informes solicitados, puede continuarse la tramitación del procedimiento.
El director o directora general competente en materia de transportes ha de resolver sobre la aprobación del proyecto a que se refiere el artículo 14 en el plazo de dos meses, a contar desde la emisión del dictamen de la Comisión Consultiva del Transporte por Cable.
La aprobación del proyecto, de acuerdo con el apartado 1, implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y los derechos afectados, por medio de la ocupación temporal o de la expropiación forzosa. A tales efectos, el proyecto ha de incluir la relación completa e individualizada de los bienes y los derechos no integrantes del dominio público que sea necesario adquirir u ocupar para ejecutarlo.
Los terrenos de propiedad privada afectados por el trazado de una instalación de transporte público por cable considerada de servicio público que no hayan de ser expropiados quedan sujetos a una servidumbre legal de construcción y conservación de la instalación y de salvamento de personas. La extensión de la zona que ha de soportar la servidumbre ha de ser sólo la imprescindible, considerando la naturaleza de la instalación y la configuración de los terrenos. Los propietarios de los terrenos afectados por la servidumbre tienen derecho a ser indemnizados por los titulares de la explotación de la instalación por los daños que les puedan ocasionar.
La construcción y la explotación de las instalaciones de transporte público por cable de servicio público puede adoptar, indistintamente, cualquiera de las modalidades siguientes:
Se considera que la construcción y la explotación van a cargo de la Administración si se efectúan mediante una entidad de derecho público creada con esta finalidad o si se atribuyen a una sociedad de derecho privado en cuyo capital sea exclusiva la participación de la Administración o de un ente público que dependa de ésta.
Corresponde al consejero o consejera del departamento competente en materia de transportes adjudicar los contratos relativos a la construcción y la explotación de las instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público, de acuerdo con los procedimientos y las formas de adjudicación que determina la legislación sobre contratación administrativa aplicable a la Generalidad.
La adjudicación de los contratos para la construcción y la explotación de las instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público debe hacerse por concurso. El pliego que regule sus condiciones jurídicas, económicas y administrativas ha de ser aprobado por el consejero o consejera competente en materia de transportes.
En el desarrollo y la adjudicación del concurso a que se refiere el apartado 1 han de aplicarse las reglas generales que establece la legislación de contratación administrativa aplicable a la Generalidad.
La explotación de las instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público a cargo de una persona física o jurídica ha de hacerse en régimen de concesión administrativa, adjudicada, con carácter general, por concurso. Excepcionalmente, si hay razones que lo justifiquen, la Administración puede acordar cualquiera de las otras modalidades de gestión del servicio público que establece la normativa vigente.
La duración de las concesiones de explotación de las instalaciones a que se refiere el apartado 1 no puede exceder el plazo máximo fijado por la legislación aplicable a la Generalidad en materia de contratación administrativa.
Los contratos, tanto si son de construcción y explotación como si son sólo de explotación, de las instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público han de fijar las condiciones que rigen la contratación y los derechos y las obligaciones de las partes, de acuerdo con lo que se determine por reglamento, y han de adecuarse, en cualquier caso, a lo que establece la legislación sobre contratación administrativa aplicable a la Generalidad.
El pliego de cláusulas de los contratos a que se refiere el apartado 1 ha de fijar las tarifas aplicables para el uso de la instalación, que han de cubrir el total de los costes y permitir la adecuada amortización y la correcta prestación del servicio. La dirección general competente en materia de transportes puede autorizar la revisión de estas tarifas, en la forma establecida por reglamento, si la evolución de los costes ha alterado el equilibrio económico del contrato.
El funcionamiento de las instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público ha de ser objeto de regulación mediante un reglamento de explotación específico para cada instalación, aprobado por la dirección general competente en materia de transportes, de acuerdo con lo que se determine por reglamento.
Los contratos relativos a la construcción y a la explotación de instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público pueden transmitirse, previa autorización del consejero o consejera competente en materia de transportes, de acuerdo con la normativa aplicable a la Generalidad en materia de contratación administrativa.
Las instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público son inembargables.
La constitución de hipotecas y de otros derechos de garantía sobre las concesiones de instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público requiere la autorización previa del consejero o consejera competente en materia de transportes, mediante resolución expresa.
El establecimiento o la modificación de instalaciones de transporte público por cable consideradas de servicio público, si son de ámbito urbano y de titularidad municipal, requiere la previa aprobación del proyecto, en los términos que prescribe el artículo 29.
Antes de la puesta en funcionamiento de la instalación, la dirección general competente en materia de transportes ha de comprobar su adecuación al proyecto aprobado y su correcto funcionamiento.
Capítulo III Artículos 26 a 32
La construcción y la explotación de instalaciones de transporte público por cable que, de acuerdo con el artículo 8, no tengan la consideración de servicio público requieren la aprobación del proyecto correspondiente y el otorgamiento de la autorización administrativa de explotación, según el procedimiento establecido por la presente Ley y por el reglamento que la desarrolle.
Excepcionalmente, cuando se trate de terrenos de propiedad privada, puede declararse la utilidad pública o el interés social de la instalación, a los efectos de la aplicación del procedimiento de expropiación forzosa que establece la legislación vigente, en que la persona física o jurídica titular de la instalación tiene la consideración de beneficiario. A tales efectos, ha de valorarse en cada caso la concurrencia de circunstancias, causas o motivos, en especial los vinculados a las necesidades de desplazamiento de las personas habitantes de la zona o la viabilidad de la propia instalación, que justifiquen la declaración mencionada.
El proyecto a que hace referencia el artículo 27 ha de someterse a los informes de los entes locales afectados por la instalación, del órgano competente en materia de protección civil, en relación con el plan de autoprotección para situaciones de emergencia, y de las demás entidades o administraciones públicas que puedan estar afectadas por la instalación. Si en el plazo de un mes no se han recibido los informes solicitados, ha de continuarse el procedimiento.
En caso de ser exigible la presentación del estudio de impacto ambiental, de acuerdo con lo que prescribe la letra f del artículo 27, ha de remitirse al órgano competente en materia de medio ambiente para que formule la declaración de impacto ambiental y no puede otorgarse la autorización hasta que no se resuelva este trámite con carácter favorable.
El director o directora general competente en materia de transportes ha de resolver de forma expresa sobre la aprobación del proyecto a que se refiere el artículo 27 en el plazo de tres meses a contar desde la presentación de toda la documentación prescrita por el artículo 27, teniendo en cuenta el contenido de los informes emitidos y la adecuación del proyecto a la normativa aplicable. La falta de notificación de la resolución expresa en el plazo indicado supone la desestimación de la solicitud.
La aprobación del proyecto a que se refiere el apartado 1 implica la autorización administrativa para el inicio de los trabajos de construcción de la instalación, sin perjuicio de la obtención de los demás permisos y licencias preceptivos.
La resolución de aprobación del proyecto a que se refiere el apartado 1 ha de contener las medidas necesarias para la protección adecuada del medio ambiente y los recursos naturales. También se pueden hacer constar otras observaciones y condiciones que sea necesario tener en cuenta en las obras de ejecución, así como la documentación complementaria que sea preciso aportar.
Durante la ejecución de las obras, los servicios técnicos de la Administración tienen la potestad de llevar a cabo las inspecciones necesarias para comprobar que las obras se desarrollan de acuerdo con el proyecto aprobado, y pueden requerir a este efecto la aportación de los documentos que consideren necesarios.
Una vez finalizadas las obras de una instalación de transporte público por cable no considerada de servicio público, la persona interesada ha de solicitar a la dirección general que ha aprobado el proyecto la autorización que permita el inicio de la explotación de la misma.
Con la solicitud prescrita por el apartado 1, ha de presentarse la documentación acreditativa de haber contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los daños que puedan causarse con motivo del funcionamiento de la instalación, en la forma que se determine por reglamento, sin perjuicio de la suscripción del seguro obligatorio de viajeros. También ha de presentarse el resto de documentación que sea determinada por reglamento o que establezcan las normas que regulan las condiciones técnicas de la instalación.
La dirección general competente en materia de transportes ha de otorgar la autorización administrativa de explotación a que se refiere el apartado 1 después de haber comprobado los servicios técnicos la adecuación de la instalación al proyecto aprobado y de haber acreditado su correcto funcionamiento mediante el acta de reconocimiento general y de pruebas correspondiente. Si en el plazo de un mes desde la presentación de la documentación prescrita por el apartado 2 no se ha otorgado la autorización mediante resolución expresa, ha de entenderse que la solicitud ha sido estimada.
La autorización a que se refiere el apartado 3 ha de notificarse a la persona interesada y al ente local afectado por la instalación.
La vigencia de la autorización administrativa de explotación regulada por el artículo 30 queda condicionada a la renovación anual, mediante el procedimiento que se determine por reglamento, en el cual ha de acreditarse que se siguen cumpliendo los requisitos exigidos inicialmente a los titulares de la autorización y que la instalación ha superado las inspecciones prescritas por las normas técnicas aplicables, de manera que se siguen respetando las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.
La autorización a que se refiere el apartado 1 ha de fijar los derechos y las obligaciones de los titulares, las condiciones que rigen la explotación de la instalación y las demás especificaciones que se determinen por reglamento.
En el supuesto de que una instalación de transporte público por cable no considerada de servicio público no cumpla las condiciones de seguridad exigidas por las normas vigentes, ha de dejarse en suspenso la explotación mientras se mantenga el incumplimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que puedan derivar de este hecho de acuerdo con el capítulo VII. Si el incumplimiento no puede corregirse, ha de revocarse la autorización y la persona titular de la instalación ha de proceder a desmontarla y a restituir la situación al estado anterior a la construcción, en el plazo que se establezca por reglamento, o bien a sustituirla por otra instalación.
Cualquier modificación de una instalación de transporte público por cable no considerada de servicio público, o de las condiciones de explotación, requiere la autorización del director o directora general competente en materia de transportes, una vez tramitado el procedimiento regulado por el presente capítulo para el establecimiento de dichas instalaciones, salvo los supuestos en que, de acuerdo con lo que se determine por reglamento, se requiera únicamente la comunicación previa al órgano competente.
La transmisión de la titularidad de una instalación de transporte público por cable no considerada de servicio público ha de ser autorizada, mediante resolución, por el director o directora general competente en materia de transportes.
Capítulo IV Artículo 33
Capítulo V Artículos 34 y 35
La Comisión Consultiva del Transporte por Cable es el órgano consultivo y asesor de la Generalidad en materia de transportes por cable y está adscrita al departamento competente en materia de transportes.
Corresponde a la Comisión Consultiva del Transporte por Cable la emisión de informes y dictámenes y, en general, el asesoramiento en todo aquello que pueda afectar el sector del transporte por cable, en la forma que se establezca por reglamento.
Capítulo VI Artículos 36 y 37
La inspección de las instalaciones reguladas por la presente Ley corresponde al departamento competente en materia de transportes, que ha de ejercerla mediante el personal técnico y administrativo que se determine por reglamento, sin perjuicio de las competencias que puedan corresponder a otros departamentos o administraciones públicas.
El personal a que se refiere el apartado 1 tiene la condición de autoridad en el ejercicio de las funciones de inspección, y puede solicitar, para cumplirlas eficazmente, el apoyo necesario de los Mozos de Escuadra y demás fuerzas y cuerpos de seguridad.
Corresponde al personal que cumple tareas de inspección en materia del transporte por cable llevar a cabo las actuaciones necesarias para comprobar que en las instalaciones se han hecho las revisiones y las pruebas reglamentarias, en todo aquello relativo a la conservación y al mantenimiento; controlar las condiciones de explotación y la prestación de los servicios, y, si procede, formular las denuncias que correspondan.
La función inspectora a que se refiere el apartado 1 puede ejercerse de oficio o como consecuencia de una denuncia formulada por una entidad, un organismo o una persona física o jurídica.
Las actas de inspección levantadas por el personal a que se refiere el artículo 36 tienen valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar las personas interesadas.
Capítulo VII Artículos 38 a 47
b) No haber efectuado las revisiones obligatorias, salvo que, de acuerdo con lo que establece el artículo 39.b, haya de calificarse como infracción muy grave.
e) Negarse a la actuación de los servicios de inspección, u obstruirla, salvo que, de acuerdo con lo que establece el artículo 39.c, haya de calificarse como infracción muy grave.
Una vez incoado un expediente sancionador en virtud de la presente Ley, el director o directora general competente en materia de transportes puede adoptar, mediante resolución motivada, a propuesta del instructor o instructora del expediente, las medidas provisionales que sean precisos para asegurar la eficacia de la resolución que pueda dictarse, para preservar los intereses generales o para evitar la continuidad de los efectos de la infracción.
Las medidas provisionales a que se refiere el apartado 1 pueden consistir, en el supuesto de las infracciones tipificadas por las letras a y b del artículo 39, en la clausura de la instalación, caso en el que hay que adoptar las medidas necesarias para que los usuarios sufran la menor perturbación posible.
Las infracciones leves han de sancionarse con una advertencia o con una multa de hasta 600 euros, sanciones que pueden acumularse; las infracciones graves, con una multa de entre 601 y 30.000 euros, y las infracciones muy graves, con una multa de entre 30.001 y 150.000 euros.
Las infracciones muy graves pueden comportar, además de la sanción pecuniaria que corresponda, la incoación de un expediente de caducidad de la concesión o de revocación de la autorización administrativa, de acuerdo con el procedimiento que se determine por reglamento. La incoación es obligatoria si la persona física o jurídica responsable de la infracción ha sido sancionada por resolución firme en vía administrativa dentro de los últimos doce meses por la comisión de otras dos infracciones muy graves.
La cuantía de las multas ha de graduarse en función de la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, considerando los riesgos producidos, los daños y los perjuicios ocasionados, la relevancia pública de la conducta infractora, la existencia de intencionalidad y la reincidencia.
Se produce reincidencia si la persona responsable de una infracción sancionada por resolución firme comete otra de la misma naturaleza dentro del plazo de prescripción.
Se considera circunstancia atenuante en la graduación de la multa a imponer el hecho de haber procedido a subsanar la infracción antes de la resolución del procedimiento sancionador.
El procedimiento para la imposición de las sanciones fijadas por el presente capítulo ha de ajustarse a lo que disponen las normas de procedimiento administrativo aplicables.
Si, transcurrido un año desde la incoación del procedimiento sancionador, no se ha notificado la resolución, ha de declararse la caducidad del expediente.
Las infracciones muy graves prescriben a los tres años; las infracciones graves, a los dos años, y las infracciones leves, al año. Estos plazos se empiezan a contar desde la fecha en que se comete la infracción.
Los plazos fijados por el apartado 1 son aplicables también a la prescripción de las sanciones, contados a partir del día siguiente de su firmeza en vía administrativa.
Los titulares de concesiones de transporte público por cable vigentes en el momento de la entrada en vigor de la presente Ley que, de acuerdo con el artículo 8, no tengan la consideración de servicio público pueden optar, en el plazo de seis meses, entre sustituir la concesión por la autorización administrativa regulada por el capítulo III o seguir prestando el servicio en régimen de concesión administrativa, caso en el que han de someterse, por lo demás, al régimen establecido por la presente Ley.
Si, transcurrido el plazo de seis meses a que se refiere el apartado 1, los titulares de la concesión no manifiestan expresamente al departamento competente la voluntad de mantener el régimen jurídico anterior, la concesión se convierte en autorización administrativa de explotación y queda sometida a las disposiciones de la presente Ley, con una vigencia indefinida, siempre que se cumpla lo que prescribe el artículo 4.3.
Las concesiones o los permisos de ocupación de terrenos otorgados en relación con instalaciones que, al amparo de esta disposición transitoria, se hayan adecuado al régimen establecido por la presente Ley mantienen la vinculación a la autorización administrativa de la instalación, sin perjuicio de lo que disponga la normativa específica aplicable.
Se faculta al Gobierno y el consejero o consejera competente en materia de transportes para que adopten las disposiciones necesarias para desarrollar y aplicar la presente Ley.
El desarrollo reglamentario de la presente Ley ha de efectuarse en el plazo de un año desde su entrada en vigor y ha de tener en cuenta, especialmente, las condiciones de seguridad de las instalaciones y la protección del medio ambiente, en el marco de las competencias de la Administración de la Generalidad.
(02.164.128)
LEY 7/1995, de 21 de Diciembre, de Modificacion del Titulo VII de la Ley 3/1991, de 14 de Marzo, de Entidades locales de Castilla-la Mancha.