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Timestamp: 2020-02-26 23:33:52
Document Index: 319168052

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 107', 'artículo 107']

BOCG. Senado, apartado I, núm. 429-2900, de 04/11/2014
cve: BOCG_D_10_429_2900
(621/000091)
(Cong. Diputados, Serie A, núm. 107
Núm. exp. 121/000109)
El Senador Jesús Enrique Iglesias Fernández, IU (GPMX) y el Senador José Manuel Mariscal Cifuentes, IU (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Jesús Enrique Iglesias Fernández y José Manuel Mariscal Cifuentes.
Los Senadores que formulamos la presente propuesta de veto lo hacemos como impugnación del conjunto de la política fiscal del Gobierno.
El Preámbulo del Proyecto de Ley afirma que es voluntad del Ejecutivo «abordar en el momento actual una reforma integral de nuestro sistema tributario a través de un conjunto de proyectos legislativos, entre los que destaca de forma significativa la presente Ley de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, habida cuenta del papel primordial que este tributo desempeña en dicho sistema», para añadir más adelante que forman parte de dicha reforma «revisar íntegramente el Impuesto de Sociedades mediante la aprobación de una nueva Ley», efectuar «relevantes modificaciones en el ámbito de la
imposición indirecta, especialmente en el Impuesto sobre el Valor Añadido» y revisar y actualizar la Ley General Tributaria.
El contenido de esa reforma integral del sistema tributario se ha articulado a través de tres Proyectos de Ley cuya tramitación en el Senado es simultánea y ante los que, coherentemente, formulamos las respectivas propuestas de veto, que comparten un mismo hilo conductor y argumental, toda vez que carece de sentido intentar hacer una consideración de manera aislada o desarticulada de cualquiera de ellos, puesto que forman un conjunto que refleja una única voluntad político-legislativa, la de reformar el sistema tributario español para favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y medias.
Y se hace, además, de manera irresponsable puesto que el resultado en ningún caso garantiza la suficiencia financiera a las Administraciones Públicas para las ya muy deterioradas prestaciones y servicios propios del Estado de Bienestar que, inevitablemente, recibirá un nuevo hachazo.
Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias, establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los principios de igualdad y progresividad, así como eficaz, para lograr la consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.
Previamente a la aprobación de la Carta Magna, en octubre de 1977 se habían firmado los «Pactos de la Moncloa», cimiento del acuerdo social y político que significó la «modélica» Transición, incluían la figura de un Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de carácter global, personal y progresivo. Y el 8 de septiembre de 1978 se aprobó la Ley 44/1978 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas con una importante progresividad aunque los elevados niveles de fraude devaluaran su eficacia.
Pues bien, el proyecto de Ley que motiva este veto infringe directamente el mandato constitucional y se aleja cada vez más de los compromisos de la Transición y del texto original de la Ley de 1978.
Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a salir de la crisis económica en la que nos encontramos.
No es cierto que la crisis se haya acabado. Por ello, lo necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y del PSOE, las de 1991, 1998, 2002 y 2006. En este sentido albergamos dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad, contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay en la misma.
Esta modificación de la Ley del IRPF consolida la polarización social, dando un trato favorable a las rentas del patrimonio y del capital, castigando a las rentas del trabajo. Los análisis de la reforma realizados por los técnicos del Ministerio de Hacienda han puesto de relieve que la reforma consolida, en nuestro país, la paradoja denunciada por Warren Buffett en el sentido de que en los EEUU él pagaba menos impuestos relativamente que su secretaria resultado de una renta dual. Esto se reproduce igualmente en nuestro país debido a una renta del ahorro que tributa a unos tipos inferiores a la renta general, que con la reforma fiscal disminuyen aún más. De esta manera el tipo real de IRPF de los que ganan más de 600.000 o 1.000.000 de euros por tener la dicha de poseer un gran patrimonio es el mismo de los que tienen un sueldo anual de 36.000 o 45.000 euros.
Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha llevado a que cerca de un 25 % de la población viva en condiciones de exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el contrario la economía sumergida está próxima al 25 %, el 72 % del fraude fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.
Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante. En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI) en la distribución
de ingresos. Ningún otro país industrializado ha tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4 %, acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30 % les produce más beneficios que perjuicios fiscales.
No es extraño que con estos hechos el 87 % de los ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen toda la razón.
Llegados a este punto hay que recordar que la reforma fiscal presentada por el Gobierno ante esta Cámara ha contado con los trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares, cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del empobrecimiento de la población.
Con esos mimbres, finalmente el gobierno del PP ha optado por presentarnos una reforma fiscal que no resolverá los problemas de desigualdad e inequidad del actual modelo tributario ni de la sociedad en su conjunto, al contrario, profundizará en muchos de ellos. Y esto es así porque a nuestro juicio esta reforma parte de conceptos falsos.
El primero de ellos es que la presión fiscal en España es elevada. Sin embargo, según los datos europeos hechos públicos el 17 de junio de 2014, la presión fiscal se sitúa en el 32,5 % del PIB, una cifra verdaderamente baja. Estamos seis puntos y medio por debajo de la media europea. Si la comparación se hace con los países próximos al nuestro, como Italia o Francia, entonces la diferencia es abismal: más de once puntos por debajo.
La realidad es que el sistema tributario en España recauda poco y ello es debido en gran parte gracias a las distintas reformas fiscales realizadas por anteriores Gobiernos. Lo hace menos que la media de los países europeos y además de manera que el grueso de la recaudación proviene del trabajo a través del IRPF y el consumo de los ciudadanos a través del IVA y los Impuestos especiales sobre la gasolina, tabaco y alcohol —impuestos todos ellos que han sufrido subidas sensibles desde 2008— y no de las rentas del capital ni de los beneficios de las empresas. Esto es una prueba de que la estructura de recaudación fiscal española está descompensada, situación que no parece que vaya a cambiar tras esta reforma.
En segundo término, la experiencia ha demostrado que la idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco, discutible y nunca ha sido comprobada. Por un lado las rentas más bajas no se ven afectadas por la reforma porque no alcanzan el umbral de tributación. Las medias corresponden a familias que presentan un elevado nivel de endeudamiento y que deberán utilizar el estrecho margen de los recursos que no deberán paga como impuesto, a afrontar amortizaciones e intereses. Y las rentas altas, que tendrán una disminución significativa, mantendrán su elevado nivel de consumo, que ya podían sostener previamente y la disminución fiscal representará solo un aumento de su capacidad de ahorro y la orientación de los recursos liberados a operaciones especulativas.
El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni está ni se la espera: con un déficit del 7 % (sin contar el rescate bancario), la deuda pública en el 100 %, el compromiso con la UE de nuevos recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc, la bajada de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias sin recursos. A ello hay que añadir la situación internacional que se caracteriza, entre otras cosas, por un estancamiento en las previsiones económicas de nuestros principales clientes en el exterior, tanto de la UE como de los BRICS y grandes incertidumbres en la situación geoestratégica y los suministros energéticos, a lo que hay que añadir, ahora en España, una situación al borde de la deflación, extremadamente peligrosa.
En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio efectivo pasó del 19,5 % a casi el 22 %, debido principalmente a la subida del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9 % al 12,2 %, y el del IVA del 6,2 % al 7,1 %. Esta Ley no mejorará esta situación.
Mientras tanto, han bajado las aportaciones de las grandes empresas, de sus directivos y de sus asesores, consolidando el proceso de polarización social que se ha producido en esta crisis.
Es decir: el sistema fiscal ha sido pervertido por las políticas del PP. En la actualidad no cumple las funciones que le atribuye el artículo 31 de la Constitución. Bajo el Gobierno de Rajoy se ha convertido en un instrumento de explotación de los asalariados y los pequeños empresarios, que son los que están contribuyendo casi en exclusiva al mantenimiento de los gastos generales.
A lo dicho, se añade que esta reforma fiscal:
a) Es recentralizadora porque no ha contado previamente con las CCAA a la hora de diseñar las medidas pero en cambio tendrá consecuencias sobre los ingresos al disminuir tributos de recaudación parcialmente cedida. Además se incentiva nuevamente una ola de rebajas fiscales a las CCAA cuando el principal problema es el ahogo financiero y la falta de recursos para financiar los servicios públicos.
b) Aumentará la desigualdad de género ya que promueven de nuevo deducciones fiscales para las políticas familiares mientras se recortan servicios de atención a las personas, promoviendo un modelo vía incentivos económicos donde es la mujer la que se encarga de estas tareas.
c) No aborda el fraude fiscal ni la economía sumergida aumentando la desafección de la ciudadanía respecto a la responsabilidad fiscal así como la desigualdad en la contribución al sistema en función de la renta.
d) Renuncia una vez más a aplicar medidas de fiscalidad ambiental mientras promueven con sus políticas a los sectores más contaminantes y agresivos con el medio ambiente. La falta de incorporación de la fiscalidad verde agrava el componente de desigualdad del sistema porque son las grandes empresas las que externalizan los costos ambientales y para la salud de las personas en el conjunto de la sociedad.
Por tanto, cabe decir que la concepción de la reforma no responde a las verdaderas necesidades fiscales, presupuestarias, sociales y medio ambientales españolas, sino que responde más bien a un carácter electoralista y de maquillaje —que rezuma por todos sus costados— para insistir en el mensaje de la «recuperación» y que bajar impuestos es positivo.
Esta reforma está pensada para recuperar la vinculación con una base social profundamente defraudada y desmotivada desde el punto de vista electoral. Por eso el Gobierno la ha dividido en dos años, para aprovecharla como reclamo electoral en las dos convocatorias electorales próximas. Además, están apareciendo contradicciones en el seno de los sectores económicos que apoyan al Gobierno, algunos de los cuales reclaman ventajas fiscales mayores para los lobbies y grupos de interés al que cada uno se vincula.
Este carácter electoralista se refuerza aún más con el método utilizado: anuncio en el Consejo de Ministros, publicación como anteproyecto para iniciar un supuesto período de información pública, texto definitivo en julio, debate parlamentario en otoño, etc.
Frente a los contenidos del Proyecto, los Senadores que formulamos esta propuesta de veto estamos convencidos de que el instrumento fundamental que haría posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.
La política fiscal no sólo consiste en cuánto y cómo se ingresa, sino también en establecer cuánto, cómo y en qué se gasta. No se trata de subir o bajar impuestos sin más, sino de asegurar la contribución fiscal que permita resolver las necesidades sociales, sobre la base de que paguen más quien más tiene o gana. Por tanto ha de ser suficiente, progresiva y equitativa, pero esta reforma fiscal ni siquiera aborda los cambios estructurales que son precisos en el sistema tributario español y, por tanto, no corrige sus disfunciones.
En el IRPF la reducción de los tramos en las tarifas, recortando precisamente los que afectan a las rentas más altas, y las elevadas disminuciones en la imposición sobre los tramos más elevados, se comen
la progresividad y limitan la capacidad recaudatoria fiscal del Estado, lo que hará que los recortes sociales y la degradación de servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más sostenible y generador de empleo.
No tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del acto de fe de que siendo más competitivos, gracias a la reducción de los salarios, aquél se creará. Sin embargo, los datos demuestran que la caída de los costes laborales no está sirviendo para ganar en competitividad, sino para aumentar los beneficios empresariales.
El Gobierno, adicionalmente, presenta las cosas en un modelo de comunicación con resultado de confusión. En cuanto al IRPF, el argumentar sobre porcentajes para dar la impresión de que el 12 % de los ingresos más bajos es lo mismo que el 12 % de los más altos, obvia que los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales no tendrán ninguna mejora tributaria real, pero si se verán obligados a pagar más por los servicios sociales como consecuencia de los recortes y los aumentos de la imposición indirecta. Frente a lo que dice el Gobierno, la renta disponible de las familias no mejorará. Las bajadas en los tipos para las rentas más bajas no son suficientes para compensar los retrocesos en políticas sociales y la disminución de los salarios, que han supuesto un empeoramiento en las condiciones de vida de las familias, que ahora tienen que destinar un 22 % más para gastos en educación y un 9,5 % adicional para gastos en salud.
Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados, con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en I+D+I, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no residentes a un tipo del 24 % para los primeros 600.000 euros de retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno, para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.
Frente al injusto modelo del Gobierno y del PP, los Senadores que suscribimos el Veto, al igual que hicieron en el Congreso los diputados de la Izquierda Plural opone su modelo de reforma fiscal justa y eficiente, que responde a las exigencias del artículo 31 de la Constitución, en el que se contemplan, entre muchas otras, las siguientes medidas:
Primero. Propuestas esenciales sobre los tributos actuales:
a) Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliable a 6 en el caso de inmuebles).
b) Modificar la Ley General Tributaria con una tipificación más rigurosa del delito fiscal, así como con la prohibición de realizar amnistías fiscales.
c) Eliminar la posibilidad de compensar pérdidas patrimoniales.
d) Reforma del sistema de módulos, limitando su uso tanto sectorial como temporalmente.
e) Derogar el régimen fiscal especial aplicable a los desplazados a territorio español.
f) Garantizar la progresividad fiscal del IRPF: Consolidación definitiva, para las rentas más altas, de los incrementos del gravamen complementario en el IRPF. Mantenimiento de los tipos marginales altos.
g) Incorporar elementos de igualdad de género en las reformas fiscales, teniendo en cuenta el impacto sobre los modelos familiares que se promocionan por la vía fiscal y la discriminación e inequidad que suponen figuras como la declaración conjunta y que se revise los beneficios de las deducciones fiscales en función del sexo.
h) Acabar con los incentivos fiscales a colectivos con más recursos, como determinados productos de ahorro, así como los incentivos que no tienen en cuenta niveles de renta.
Segundo. Algunas medidas contra el fraude, la economía sumergida y la elusión fiscal:
a) Las medidas técnicas y legales contra el fraude deben ir acompañadas con medidas organizativas y de gestión de los recursos humanos en la administración tributaria, entre las que está la creación del Cuerpo Superior de Técnicos de Hacienda. (según los datos de la OCDE, España cuenta con un empleado de Hacienda por cada 1.928 contribuyentes, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania o los 551 de Luxemburgo).
b) Modificar la legislación de las Instituciones de Inversión Colectiva para evitar los notorios abusos de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV).
Tercero. Una reforma fiscal con criterio federativo:
a) La fiscalidad federal deberá proteger la igualdad de los ciudadanos ante la ley así como garantizar la equivalencia de servicios públicos independientemente del territorio. Una fiscalidad federal basada en la autonomía fiscal, la cooperación y la solidaridad entre distintas administraciones públicas que evite la competencia fiscal para atraer, con impuestos más bajos, más industria y comercio.
b) El poder tributario deberá estar dividido en tres niveles: el Estado federal, las entidades federadas y los municipios. El papel del Senado será fundamental en materia tributaria, como Cámara de representación territorial.
c) Construir una auténtica fiscalidad municipal, lo que exige la derogación de las disposiciones legales sobre la reforma de las Administraciones Locales.
Éstas son las reformas fiscales que necesita nuestro país y no las que nos ofrecen el PP y el Gobierno cuya reforma fiscal, junto con la radical defensa de la austeridad, tendrá como principales perjudicados a las rentas más bajas, porque se reducirán los recursos públicos para hacer políticas sociales y se debilitará la red de protección que representa el ya escaso estado del bienestar, voluntad que más allá de esta reforma fiscal se reforma en la política presupuestaria que guarda una relación directa: si en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 se estableció una previsión de beneficios fiscales por importe de 38.360,15 millones de euros, para 2015 el Proyecto de PGE los eleva a 40.719,12 millones, un 6,1 % más.
La Senadora Ester Capella i Farré, ERC/ESQUERRA (GPMX), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
Palacio del Senado, 29 de octubre de 2014.—Ester Capella i Farré.
El Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias pretende abordar, junto con otros Proyectos de Ley, una reforma integral del sistema tributario español. El objetivo del Gobierno es, con esta reforma, reducir de forma generalizada la carga impositiva soportada por los contribuyentes y avanzar en términos de eficiencia, equidad y neutralidad. Sin embargo, no parece que las reformas efectivamente planteadas consigan lograr dichos objetivos.
La reforma planteada es poco ambiciosa, ineficiente, injusta y regresiva. Lejos de una reforma fiscal estructural y en profundidad, que permita abordar los problemas del sistema tributario español, plantean una reforma de alcance muy limitado, que supone simplemente un conjunto de supuestas rebajas tributarias —que por lo que al IRPF se refiere, con el replanteamiento del tratamiento fiscal de determinadas
operaciones o incentivos fiscales ni tan siquiera está claro que ello suponga realmente una rebaja en todos los supuestos— y ello con fines electoralistas y a corto plazo.
Se trata de una reforma regresiva, que lejos de avanzar en términos de equidad, reduce mucho más la carga impositiva soportada por las rentas altas que las bajas. Tampoco se profundiza en lograr una mayor progresividad fiscal y se mantiene la injusta distinción entre los rendimientos del trabajo y los rendimientos del capital que supone gravar mucho menos los rendimientos del capital.
Finalmente, se trata de una reforma absolutamente ineficiente. No logrará ninguno de sus objetivos, no se afronta el enorme problema que supone para los ingresos públicos el fraude fiscal y fía la reducción del déficit a la mejora de la situación económica y la reducción del gasto público. El Gobierno debiera plantear una verdadera reforma tributaria que dé mayor peso a los ingresos, especialmente de los que más tienen, aumente la progresividad del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, y con ello la equidad, y aumente el peso de los rendimientos del capital en los ingresos del IRPF, eliminando el distinto tratamiento que tienen respecto de los rendimientos del trabajo.
Por todo ello se presenta el siguiente veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
El Senador Jordi Guillot Miravet (GPEPC) y el Senador Joan Saura Laporta (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Jordi Guillot Miravet y Joan Saura Laporta.
Presentamos esta propuesta de veto por entender que, a pesar de la independencia formal de este Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias y las modificaciones que contiene respecto de los otros dos que componen esta reforma fiscal («Proyecto de Ley del Impuesto sobre Sociedades» y «Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras»), éste no puede considerarse de manera aislada o desarticulada, sino como un conjunto que refleja una única voluntad político-legislativa, de reformar el sistema tributario español para favorecer a las grandes empresas y a las rentas más altas, en perjuicio de los intereses generales y, en particular, de las rentas más bajas y medias. Por eso presentaremos también sendas enmiendas de totalidad a estos otros dos proyectos de ley complementarios mencionados.
Estas reformas son un juego de suma cero: ganan los grandes empresarios y las rentas más altas; perdemos todos los demás. Estamos ante un conjunto de medidas cuyo común denominador es su reaccionarismo, su electoralismo, y su deficiencia técnica, por lo que deben ser retiradas.
Nuestra Constitución, que tanto invocan el PP y el Gobierno pero que tanto pisotean con sus políticas y su actuaciones diarias, establece que el sistema fiscal debe ser justo, inspirado en los principios de
igualdad y progresividad, así como eficaz para lograr la consecución del mandato del artículo 31 de la Constitución de que todos contribuyan al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica.
El proyecto de ley que nos ocupa infringe directamente el mandato constitucional. Sus medidas son injustas y desiguales ya que siguen el camino de destrucción de la progresividad fiscal (pues no contribuyen más quienes tienen más capacidad económica) y, en su injusticia, son también ineficaces pues no garantizan un aumento de la recaudación ni ayudan a salir de la crisis económica en la que nos encontramos.
Sucede que estas medidas se traen a las Cortes Generales cuando llevamos ya más de 6 años de crisis económica. En este contexto, lo necesario hubiera sido que el Gobierno acometiera una reforma fiscal que ayudase a la recuperación económica, la creación de empleo y a una mayor justicia social. Nada de esto hay: las medidas son ineficaces y muy injustas socialmente ya que ahondan en la pérdida de progresividad que ha caracterizado a las reformas fiscales de los distintos gobiernos del PP y del PSOE, desde mediados de los años 90 del siglo pasado. En este sentido existen dudas fundadas de la plena constitucionalidad de esta reforma, que vacía el contenido del artículo 31 de la Constitución hasta convertirlo en un precepto puramente nominal: igualdad, justicia, progresividad, contribución de los que tienen más capacidad económica: nada de esto hay en la misma.
Se consolida la polarización social, dando un trato favorable a las rentas del patrimonio y del capital, castigando a las rentas del trabajo. Los análisis de la reforma realizados por los técnicos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas han puesto de relieve que la reforma consolida, en nuestro país, la paradoja denunciada por Warren Buffett en el sentido de que en los EEUU él pagaba menos impuestos relativamente que su secretaria resultado de una renta dual. Esto se reproduce igualmente en nuestro país debido a una renta del ahorro que tributa a unos tipos inferiores a la renta general, que con la reforma fiscal disminuyen aún más. De esta manera el tipo real de IRPF de los que ganan más de 600.000 o 1.000.000 de euros por tener la dicha de poseer un gran patrimonio es el mismo de los que tienen un sueldo anual de 36.000 o 45.000 euros.
Desde el inicio de la crisis las condiciones sociales en España están sufriendo un deterioro cada vez más pronunciado que ha llevado a que cerca de un 25% de la población viva en condiciones de exclusión social. La sociedad española se empobrece cada día por la caída de las rentas y el aumento de la desigualdad en su reparto, por el contrario la economía sumergida está próxima al 25%, el 72% del fraude fiscal tiene por origen las grandes empresas y fortunas y Hacienda sólo cobra 1 de cada 6 euros de fraude descubierto, todo ello sin tener en cuenta la elusión fiscal existente utilizando las SICAV o los paraísos fiscales aprovechando mecanismos de ingeniería financiera no ilegales.
Pero mientras sucede esto, los más ricos en España, que ingresaban 5.7 veces más que los más pobres, ahora después de 6 años de crisis ingresan 7,2 veces más y este número va en un aumento incesante. En 2012 España registró el índice más alto de la UE de desigualdad (GINI) en la distribución de ingresos. Ningún otro país industrializado ha tenido un reparto tan desigual de los costes de la crisis. El hundimiento de las rentas más bajas y los recortes de derechos y en las políticas de protección social solo han hecho que la fractura social en nuestro país se haya agravado. Por ejemplo, se da un nuevo apoyo a la banca, cuyo tipo efectivo respecto de su resultado contable está ya en un escaso 8,4%, acumulando casi 128.000 millones de bases imponibles negativas que pueden compensar, por lo que mantener el tipo nominal en el 30% les produce más beneficios que perjuicios fiscales.
No es extraño que con estos hechos el 87% de los ciudadanos, según el CIS, opine que el sistema fiscal es injusto. Tienen toda la razón.
Llegados a este punto hay que recordar que la reforma fiscal presentada por el Gobierno ha contado con los trabajos previos de un grupo de expertos, presidido por el Sr. Lagares, cuyo informe no perseguía ni el aumento de la recaudación, ni la redistribución ni la reducción de la desigualdad solo pretendía instaurar el pensamiento único reaccionario neoliberal defendiendo un modelo recentralizador de fiscalidad, la necesidad de bajar impuestos y el recorte del gasto como único instrumento para obtener la consolidación fiscal, ignorando la realidad social del país, el problema del paro y del empobrecimiento de la población.
En segundo término, la experiencia ha demostrado que la idea de que bajar los impuestos aumenta el consumo es, como poco, discutible y nunca ha sido comprobada. Para las rentas altas, que tendrán una disminución significativa, su consumo seguirá siendo alto y la disminución fiscal representará solo un aumento de su ahorro.
El tercero es la creencia de que la pérdida de recaudación global derivada de la reforma, entre 6.700 y 9.000 millones de euros, se equilibrará con el aumento de la actividad económica. Pero esa mejora ni está ni se la espera: con un déficit del 7% (sin contar el rescate bancario), la deuda pública en el 100%, el compromiso con la UE de nuevos recortes, las reticencias y nuevas exigencias de la UE, etc., la bajada de salarios conducirá a una disminución añadida del IRPF y con ello al estancamiento del consumo y al descenso de la recaudación por IVA (lo que forzará previsiblemente a un nuevo aumento del impuesto, requerido por Bruselas. El desempleo continúa mostrando unas cifras escandalosamente elevadas más allá de disminuciones coyunturales. Cada vez más ciudadanos están abocados a la precariedad, con contratos temporales y a tiempo parcial, los salarios están bajando, incrementa la pobreza y las familias sin recursos. A ello hay que añadir la situación internacional que se caracteriza, entre otras cosas, por un escaso avance en nuestros principales mercados, el encarecimiento del petróleo y algunas materias primas y, ahora en el país, una situación al borde de la deflación, extremadamente peligrosa.
En resumidas cuentas: los asalariados, en general, y la clase trabajadora, en particular, son los que soportan —y seguirán soportando— el grueso de las aportaciones al erario público, vía IRPF (por las rentas del trabajo), IVA e impuestos especiales (sobre la gasolina, el tabaco y el alcohol). Impuestos que han subido sensiblemente desde 2008, lo que ha originado que la distribución de la presión fiscal que soportan los hogares de los asalariados españoles haya crecido de forma muy notable. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2011 el tipo medio efectivo pasó del 19,5% a casi el 22%, debido principalmente a la subida del gravamen medio efectivo del IRPF al subir del 10,9% al 12,2%, y el del IVA del 6,2% al 7,1%. Esta Ley no mejorará esta situación.
Estamos convencidos que el instrumento fundamental que hará posible la creación de empleo digno y una salida de la crisis favorable a la mayoría social es una reforma fiscal justa. Exactamente lo contrario que nos trae el Gobierno.
En el IRPF la reducción de los tramos en las tarifas, recortando precisamente los que afectan a las rentas más altas, y las elevadas disminuciones en la imposición sobre los tramos más elevados, se comen la progresividad y limitan la capacidad recaudatoria fiscal del Estado, lo que hará que los recortes sociales y la degradación de servicios públicos se hagan estructurales y reducirá la capacidad del sector público para invertir en la economía e impulsar la recuperación económica así como una transición a un nuevo modelo productivo más sostenible y generador de empleo.
No tiene en cuenta el incremento de la desigualdad entre las rentas salariales y las rentas empresariales (que siguen subiendo a pesar de la crisis), ni el impacto que esto tendrá en términos de crecimiento de la pobreza y las desigualdades sociales o la bajada de los salarios en las cotizaciones sociales y la sostenibilidad del sistema de pensiones, así como su efecto sobre el ya de por sí muy tocado consumo interno. Tampoco se da ninguna prueba de cómo creará empleo, más allá del acto de fe de que siendo más competitivos éste se creará.
El Gobierno, adicionalmente, presenta las cosas en un modelo de comunicación con resultado de confusión. En cuanto al IRPF, el argumentar sobre porcentajes para dar la impresión de que el 12% de los ingresos más bajos es lo mismo que el 12% de los más altos, obvia que los 11,5 millones de trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a 12.000 euros anuales no tendrán ninguna mejora tributaria real, pero si se verán obligados a pagar más por los servicios sociales como consecuencia de los recortes y los aumentos de la imposición indirecta. Frente a lo que dice el Gobierno, la renta disponible de las familias no mejorará. Las bajadas en los tipos para las rentas más bajas no son suficientes para compensar los retrocesos en políticas sociales y la disminución de los salarios, que han supuesto un empeoramiento en las condiciones de vida de las familias, que ahora tienen que destinar un 22% más para gastos en educación y un 9,5% adicional para gastos en salud.
Además se introducen algunas medidas que ya no solo es que sean discutibles, sino que producen cierta vergüenza ajena. En un país cuyo Gobierno ha echado al extranjero a miles de jóvenes muy preparados, con altísimas cualificaciones técnicas necesarias para el desarrollo del país, que ha recortado sin piedad, hasta casi secarla, la inversión en I+D+I, este Gobierno conserva, con el objetivo de atraer profesionales altamente cualificados (excepto deportistas profesionales), que los trabajadores extranjeros desplazados a España puedan tributar como no residentes a un tipo del 24% para los primeros 600.000 euros
de retribución y durante cinco períodos impositivos consecutivos. ¿Quiénes serán los principales beneficiados de esta medida?: los directivos de los fondos buitres que han caído sobre España, llamados por este Gobierno, para hacerse, a precio de saldo con las riquezas nacionales.
Es por estos motivos que nos oponemos al modelo de reforma fiscal del gobierno y abogamos por:
a) Acabar con la discriminación de las rentas del trabajo respecto a las rentas del capital. Tributación en la misma base imponible de las rentas del trabajo y del capital. Se integran en la tarifa general del IRPF los rendimientos del capital para mejorar la progresividad, incluyendo a las plusvalías generadas en menos de dos años (ampliables a 6 en el caso de inmuebles).
Por todo ello es por lo que presentamos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
La Senadora Mónica Almiñana Riqué (GPEPC), el Senador Francisco Boya Alós (GPEPC), el Senador Rafel Bruguera Batalla (GPEPC), el Senador Carlos Martí Jufresa (GPEPC), el Senador José Montilla Aguilera (GPEPC), el Senador Joan Sabaté Borràs (GPEPC) y la Senadora María Jesús Sequera García (GPEPC), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formulan una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—Mónica Almiñana Riqué, Francisco Boya Alós, Rafel Bruguera Batalla, Carlos Martí Jufresa, José Montilla Aguilera, Joan Sabaté Borràs y María Jesús Sequera García.
El Gobierno del Partido Popular ha centrado su acción de gobierno contra la crisis en la puesta en marcha de medidas injustas con la mayoría de los ciudadanos. Toda su política de austeridad se ha limitado a recortar en los servicios básicos (educación, sanidad, dependencia, política social) y en el incremento de la presión fiscal a las clases medias y trabajadoras.
El resultado de la política de consolidación fiscal en España es alarmante. Según datos del propio FMI, en España el ajuste fiscal ha estado basado en la reducción de prestaciones sociales y en el incremento de impuestos directos e indirectos provocando, consecuentemente, un aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza. Organizaciones sociales alertan de que las políticas de austeridad desarrolladas en estos tres años podrían retrasar 25 años la recuperación del nivel de vida previo a la crisis.
Los datos son dramáticos. Las cifras de desempleo en España no paran de batir records, casi 6 millones de parados en la última Encuesta de Población Activa, una tasa de desempleo del 24%, y del 55% entre los jóvenes menores de 25 años. Más de tres millones de personas desempleadas no cuentan con prestación. Además, casi dos millones de hogares tienen a todos sus miembros en paro y, en 800 mil no entra ningún ingreso.
Durante esta legislatura, la cobertura a los parados españoles ha pasado del 70% en 2011 al 57% en estos últimos meses de 2014.
El 20% de la población en España está en situación de pobreza y, según UNICEF, este incremento de la pobreza alcanza ya a casi 3 millones de niños, el 30%.
La evolución de cuidadores no profesionales de personas dependientes desde el año 2011 a julio de 2014 ha descendido más del 90%. Esto supone que casi un 20% de dependientes con derecho a atención están desatendidos.
Estudios de la OCDE tristemente confirman todos estos datos y concluyen que en España ha crecido de forma extraordinaria la pobreza y la desigualdad.
Pero el gobierno del Partido Popular, impasible ante tanto sufrimiento de la sociedad española, ha confirmado con su proyecto de reforma fiscal y, específicamente con esta norma, que no piensa rectificar su política económica. Siguen basando el ajuste fiscal principalmente en el recorte de gasto público y en el mantenimiento del nivel de ingresos públicos, en torno al actual del 37% del PIB, pese a todos los datos e informes que advierten que, de esta forma, no se genera crecimiento y aumenta el desempleo y la desigualdad.
Se calcula que con el nivel de recaudación que establece esta reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas, se pone en riesgo la sostenibilidad del Estado de bienestar, la redistribución equitativa de la renta y la justicia social.
Y es que sólo con políticas de austeridad y ajuste fiscal no es posible que haya recuperación económica. Es como un círculo vicioso. Se reduce el gasto público y se suben los impuestos. Esto reduce la renta familiar disponible y se contrae el consumo. Esto a su vez minora la recaudación de impuestos directos e indirectos y por tanto aumenta el déficit y la deuda pública. Y, si además, coincide que la economía está en tasas de crecimiento muy moderado, y hay restricción de crédito, el coctel es mortal, más recesión y más desempleo.
La reforma fiscal que contiene este proyecto de Ley es muy injusta, incrementa la brecha social y económica de nuestra sociedad, ya que los más perjudicados son las rentas de los trabajadores y las rentas medias, y en cambio, premia, mantiene y refuerza a las rentas más altas que incluso durante la crisis han incrementado su riqueza y patrimonio. Así, las rentas de capital siguen tributando a tipos reducidos y menos progresivos que los rendimientos del trabajo o de actividades económicas.
El gobierno consagra con este proyecto de Ley el verdadero programa en el que basa su acción de gobierno, con el que no busca el interés general al que le obliga la Constitución, sino que beneficia sólo a una pequeña parte de la sociedad, la que dispone de más riqueza, incrementando una vez más la inequidad y la desigualdad.
Es una constante en nuestras propuestas de veto legislativas, recordarle al Partido Popular su obligación de defensa del interés general en su acción de gobierno y, más en normas como este Proyecto de Ley que esconden claramente una regulación partidaria y partidista a favor de determinados intereses.
Los senadores y senadoras firmantes de esta enmienda de veto tampoco podemos apoyar la tramitación de este proyecto de ley porque no incluye ningún apartado consistente para el control y lucha contra el fraude fiscal. Nuestro país tiene el nivel de recursos humanos más bajo de la Unión Europea dedicado a esta labor y, en cambio, uno de los niveles más altos de fraude, según estudios de la Comisión Europea. Por ello, es necesario abordar una reforma integral de la Administración Tributaria que incremente de forma efectiva y gradualmente sus recursos humanos y materiales en la detección y persecución del fraude, la elusión y la evasión fiscal.
En definitiva, no podemos apoyar una limitada y partidista reforma fiscal, que incrementa la desigualdad y que no ayuda a recaudar suficiente y equitativamente de todos los contribuyentes para financiar los servicios esenciales y aportar los recursos suficientes para impulsar las necesarias inversiones en educación, formación, e investigación que mejoren la redistribución de la renta, la productividad e impulsen un crecimiento sostenible y con justicia social.
Por todo lo expuesto, proponemos esta propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
El Grupo Parlamentario Socialista (GPS), al amparo de lo previsto en el artículo 107 del Reglamento del Senado, formula una propuesta de veto al Proyecto de Ley por la que se modifican la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
Palacio del Senado, 30 de octubre de 2014.—La Portavoz, María Victoria Chivite Navascués.
Existe un amplio consenso sobre la necesidad de abordar una profunda reforma fiscal en nuestro país que cumpla con los objetivos de suficiencia, eficiencia y equidad.
Desde una perspectiva general debe destacarse, en primer lugar, que nuestro sistema fiscal adolece de insuficiencia recaudatoria por la erosión de las bases imponibles, uno de los problemas que explican la actual situación de elevado déficit y deuda pública. Los ingresos públicos se han desplomado durante la crisis y apenas alcanzaron el 37,8% del PIB en 2013 según Eurostat, pese a las extraordinarias subidas de impuestos, y situándose a 9 puntos porcentuales de la zona euro.
La propuesta de reforma fiscal está condicionada y limitada por la composición de la consolidación que ha decidido el Gobierno en su Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España 2014-2017, donde se sigue apostando por el recorte del gasto público (-4,3 puntos) en educación, sanidad, política social, etc y se renuncia a corregir nuestro problema de ingresos (+1,2 puntos), es decir, a recaudar más de los que más tienen y pagan poco o de los que nunca pagan porque defraudan.
Tabla 1. Senda de consolidación fiscal 2013-2017 % PIB
2013 2014 2015 2016 2017 Diferencia 2007-2013
Ingresos 37,8 38,5 38,8 38,9 39,0 + 1,2p
Gastos 44,4 44,0 43,0 41,7 40,1 - 4,3p
Fuente: Programa de Estabilidad 2014-2017 y elaboración propia
El Gobierno ha decidido una salida de la crisis sin un reparto equitativo de los costes. Por el lado de los ingresos, consideramos que aspirar a quedarse con el nivel actual de ingresos públicos situado en torno al 38-39% del PIB pone en riesgo la sostenibilidad del Estado del bienestar y las necesidades de inversión en educación, formación e I+D+i, aspectos prioritarios e imprescindibles para mejorar la redistribución de la renta, la productividad y garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo. Consiguientemente el ajuste va en la dirección contraria de lo requerido para converger con Europa, es decir, la política fiscal del Gobierno nos aleja de los países más avanzados en materia social (y más competitivos) de la Unión Europea. La reforma fiscal responde claramente a una determinada concepción política sobre el tamaño y composición del sector público, así como el ritmo y la forma de llevar a cabo la estrategia de consolidación fiscal.
En segundo lugar, uno de los puntos de partida de cualquier reforma ambiciosa y eficaz es la lucha contra el fraude, la elusión y la evasión fiscal, porque con ello se contribuye a conseguir la equidad horizontal y a incrementar la recaudación sin necesidad de subir impuestos para financiar unos servicios públicos de calidad (muchos pagan demasiado porque otros no lo hacen). Esto es especialmente relevante para España, por tener según estudios de la Comisión Europea y otros, uno de los niveles más elevados de fraude de la Unión Europea. Además, el fraude es la mayor fuente de distorsión del sistema económico y de menor crecimiento. Acabar con el fraude es acabar también con la distorsión en las decisiones empresariales. Las empresas con beneficios no declarados difícilmente los usan en políticas de crecimiento sólidas (desde la innovación a la exportación).
Sin embargo, en los proyectos presentados se echa en falta una propuesta concreta de objetivos, medios y recursos humanos para lograr reducir de forma ambiciosa esta lacra que está concentrada fundamentalmente en las grandes fortunas y corporaciones. Nuestro país tiene el nivel de recursos humanos más bajo de la UE de los 27 en la Administración Tributaria —1 inspector por cada 1.958 habitantes, comparados con los 942 de Francia o 740 de Alemania, por ejemplo—, sólo superado por Italia; y actualmente, además, por cada 10 vacantes en la Administración Tributaria sólo se cubrirá como máximo una. Si no hay una reforma integral de la Administración Tributaria que incremente los recursos humanos y materiales de la misma y no se articulan medidas para acabar de forma efectiva con el fraude y la elusión fiscal, no habrá una reforma fiscal eficiente.
En tercer lugar, los proyectos de ley presentados por el Gobierno no tienen en cuenta consideraciones de equidad, olvidándose que cualquier modificación en profundidad del sistema tributario tiene que tener en cuenta sus efectos sobre la redistribución de la renta, más si cabe cuando la OCDE ha puesto de manifiesto que en España ha crecido de manera extraordinaria la pobreza y la desigualdad, fenómenos que comprometen también el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Los ingresos del 10% de la población española más pobre cayeron de media anual un 14%, mientras que en ningún país de la OCDE bajaron más del 10%, de forma que según los últimos datos de Eurostat, España es el segundo país de la UE tras Letonia en nivel de desigualdad (Índice de Gini).
Efectos en parte producidos por las grandes decisiones que ha tomado el Gobierno en política fiscal desde que comenzó la legislatura: incremento del IRPF; subida de los impuestos indirectos, IVA, copagos, tasas y precios públicos, y reducción histórica del gasto en materia social.
Las medidas contenidas en los proyectos de ley profundizan en la inequidad y la desigualdad, al no contener ninguna previsión sobre la fiscalidad de los grandes patrimonios (Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto sobre Sucesiones, SICAV´s, etc.), y la progresividad del sistema tributario depende, en gran parte, de la combinación del IRPF, Patrimonio y Sucesiones.
En consecuencia, una política fiscal tremendamente injusta que incrementa la brecha social y económica de nuestro país que ya, de por sí, es grande y creciente, puesto que los perdedores de la política fiscal del Gobierno son las rentas más bajas y medias que son los principales beneficiarios de los servicios que ofrece el Estado del Bienestar y los que más sufren las consecuencias de un incremento de la imposición indirecta y, por el contrario, los ganadores son las rentas más altas. En conjunto, la política fiscal resultante es una transferencia de renta de los trabajadores y las rentas medias a los más ricos.
Con carácter general, se puede afirmar que la reforma fiscal que ha presentado el Gobierno tiene un alcance marcadamente limitado, no adecuándose a las profundas reformas que demanda, en la actual situación, el conjunto de nuestro sistema tributario, al mantenerse y consagrarse los beneficios fiscales de aquellas categorías de contribuyentes que no sólo no han resultado perjudicados por la crisis económica, sino que han incrementado su riqueza y privilegios.
En este punto, debe destacarse la falta de transparencia de la información facilitada por el Gobierno. En las Memorias de impacto normativo de los correspondientes proyectos de ley se ofrece una estimación «ex ante» y «ex post» del coste de las medidas que se proponen, pero sólo de forma global. Es decir, no se precisa el efecto de cada modificación, información esencial para valorar la reforma desde el punto de vista de la equidad, eficiencia y sostenibilidad de la misma.
A continuación se detallan algunos elementos clave de la reforma del IRPF que ponen de manifiesto la regresividad de las medidas fiscales proyectadas por el Gobierno:
a) En relación con los tipos y tramos de la tarifa del IRPF, la no tributación de los contribuyentes con rentas inferiores a 12.000 euros anuales carece prácticamente de virtualidad pues ya en la actualidad la gran mayoría de estos contribuyentes tampoco pagan nada. Igualmente, los efectos de la nueva tarifa para las rentas medias son llamativos, pudiéndose observar que incluso para rentas de entre 20.200 euros y 34.000 euros, el tipo impositivo no sólo no baja —28% en 2011 y 30% en 2012-2014—, sino que incluso se incrementa en el año 2015 al 31%. Donde sí puede apreciarse una notable mejora es respecto de las rentas más altas, bajando el tipo máximo del impuesto del actual 52% al 45% en dos años. Ello hace que, por ejemplo, alguien que gane 300.000 euros pasará de tributar el 52% al 45%, en tanto que, como acabamos de ver, una persona con ingresos de 30.000 euros (diez veces menos) pasa del 30% al 31% en 2015 y de nuevo al 30% en 2016. Las rentas más altas sí obtienen, comparativamente, un mayor beneficio, efecto directo de la reducción de tramos y de la intensidad en la bajada de tipos (7 puntos).
b) La elevación de los mínimos personales y familiares es una farsa por el propio juego del impuesto. No es verdad que la reforma fiscal del Gobierno incremente los mínimos familiares y personales del IRPF hasta el 32% tal y como había anunciado el propio Gobierno. En algunos casos hay desahorro, por ejemplo: la modificación del mínimo del contribuyente implica una mayor cuota en el año 2015 en relación con el ejercicio 2014 de 164,87 ¤; en el caso de los mínimos familiares por el tercer descendiente o el cuarto, en el mismo periodo, la cuota se incrementa en 108,82 y 135,05 ¤.
c) Respecto al tratamiento fiscal de las rentas del trabajo, la concreta regulación propuesta procede a una minoración de la reducción general por obtención de rendimientos del trabajo —ahora configurada como gasto deducible— de 2.652 euros a 2.000 euros anuales, de la reducción por movilidad geográfica también a 2.000 euros anuales y a la supresión de la reducción adicional para trabajadores mayores de 65 años, además de someter a tributación, como es sabido, las indemnizaciones por despido.
Como puede observarse, el proyecto procede a una «devaluación» de casi todas las previsiones favorecedoras de la obtención de rentas de trabajo, lo que hace suponer que el objetivo del Gobierno no ha sido tanto articular medidas efectivas y reales de compensación por la mayor tributación de este tipo de rentas respecto de las rentas del capital, como utilizar las mismas para ajustar técnicamente los costes recaudatorios que pudieran derivarse de la reducción de los tipos de gravamen.
d) En cuanto a la tributación de las rentas del capital mobiliario y de las ganancias y pérdidas patrimoniales, los denominados tipos de gravamen del ahorro, sí que experimentan una rebaja generalizada, con el objetivo de reducir los mismos a entre el 19% y el 23% en el año 2016, suprimiéndose igualmente el plazo de tenencia de los bienes —un año— establecido, se supone, para no favorecer las operaciones meramente especulativas.
Debe destacarse que, aparte de la clara intención de rebajar la tributación de este tipo de rentas, el proyecto, como era previsible, supone, en esencia, el mantenimiento del denominado sistema dual, en virtud del cual las rentas del capital tributan a tipos reducidos y menos progresivos que los rendimientos del trabajo o de actividades económicas.
En consecuencia, el actual régimen tributario de las rentas de capital, junto a las mejoras que contiene el proyecto en su tratamiento, no es compatible con la pretendida mejora de la situación de los trabajadores, que ya soportan casi todo el peso del IRPF, ahondando en la redistribución de la carga tributaria en beneficio de dicho tipo de rentas.
Las ventajas otorgadas a este tipo de rentas con carácter general tiene, sin embargo, dos cualificadas excepciones. Y es que, de un lado, se suprime la exención de los primeros 1.500 euros de rendimientos procedentes de dividendos de sociedades y, de otro, se suprimen los coeficientes de actualización de los inmuebles y los conocidos como «coeficientes de abatimiento», aplicables a aquellos bienes con una gran antigüedad en el patrimonio de los contribuyentes. En consecuencia, las únicas excepciones que se proyectan en el tratamiento privilegiado de las rentas capital son aquellas que van a afectar, de forma casi exclusiva, a las rentas bajas y medias y a operaciones no especulativas, lo que ofrece una idea real de cuáles son los contribuyentes beneficiados por la reforma.
En definitiva, la limitada reforma del IRPF no beneficia de forma significativa a las rentas del trabajo medias y bajas, pero sí a los contribuyentes de mayor capacidad económica, consagra y mejora el tratamiento privilegiado otorgado a las rentas del capital. Todo lo anterior supone ahondar, como antes se ha indicado, en una política fiscal tremendamente injusta que incrementa la brecha social y económica de nuestro país.
Por último, la reforma fiscal que se propone no es más que una profundización de la estrategia de política económica por la devaluación interna, es decir, el empobrecimiento de la gran mayoría de españoles, para salir de la crisis. Esta estrategia de manera sostenida en el tiempo no es ni viable económicamente ni socialmente, puesto que nos aboca a un estancamiento permanente, vía bajada de salarios y condiciones de trabajo más precarias y una menor productividad, así como a una insoportable e inaceptable desigualdad social.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente propuesta de veto al presente Proyecto de Ley y propone su devolución al Congreso de los Diputados.