Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-484.CODI.%29
Timestamp: 2020-01-24 20:26:46
Document Index: 273055694

Matched Legal Cases: ['artículo 193', 'artículo 113', 'artículo 115', 'artículo 113', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 193', 'artículo 193', 'artículo 149', 'artículo 193', 'artículo 189', 'artículo 190', 'artículo 185']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 484, de 22/01/2019
cve: BOCG-12-D-484
161/004161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la eliminación del recorte del 20% en las retribuciones a los militares en situación de reserva a partir de los 63 años ... (Página3)
161/004157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la ejecución en su integridad de las obras del Proyecto de Trazado de la Autovía A-31, tramo Autovía A-70 (Alicante), límite de la provincia de Albacete ... (Página4)
161/004150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reforzamiento de la labor de la Alta Inspección Educativa en las Illes Balears ... (Página5)
161/004162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, de apoyo a las políticas de integración de la inmigración, de racionalización de los flujos migratorios y de rotundo rechazo a las políticas xenófobas respecto a los inmigrantes ... (Página7)
161/004151 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al Plan de Liquidación de Isowat Made y las medidas a adoptar por parte del Gobierno al respecto ... (Página8)
161/004159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a dar solución a los problemas e inundaciones derivados de la rotura de los diques de los "porreos" de la Ría de Villaviciosa (Asturias), al saneamiento de los márgenes y a la contaminación de las aguas que desde hace más de siete años impide el marisqueo y afecta también a los arenales de la zona ... (Página9)
161/004154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a elaborar un Plan Nacional de Jardines Históricos ... (Página11)
161/004155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al apoyo por parte del Gobierno de España para comenzar las excavaciones en el yacimiento de Asta Regia en Jerez de la Frontera (Cádiz) ... (Página11)
161/004152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora del procedimiento para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en todo el ámbito nacional ... (Página13)
161/004156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reducción del impacto en la salud pública de los productos de gran consumo ... (Página15)
181/001574 Pregunta formulada por el Diputado don Antonio Gómez-Reino Varela (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de asumir la totalidad de la deuda de la Autoridad Portuaria de A Coruña o hacer algún tipo de aportación equivalente, tal como viene demandando el Ayuntamiento de A Coruña ... (Página16)
181/001573 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de convocar una mesa de trabajo y diálogo para encontrar una solución a la situación de los centros productivos de A Coruña y Medina del Campo (Valladolid) de la empresa Isowat Made y garantizar la continuidad y viabilidad de la misma, así como los puestos de trabajo ... (Página16)
184/043305 Autor: Lorenzo Torres, Miguel
Solicitudes de arraigo laboral a extranjeros solicitadas y concedidas en la provincia de Lugo en los cuatro últimos años ... (Página17)
161/004161
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación del recorte del 20% en las retribuciones a los militares en situación de reserva a partir de los 63 años, para su debate en la Comisión de Defensa.
La primera etapa, regulada por el artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, es el paso a la situación de reserva, en la que se deja de realizar un servicio efectivo pero se está sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinarias militares. Posteriormente se pasa a la situación de retiro, regulada por el artículo 115 de la Ley 39/2007 de 19 de noviembre, de la carrera militar. En ella cesa la relación de servicios profesionales con las Fuerzas Armadas y se deja estar sujeto al régimen general de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas y a las leyes penales y disciplinares pasando a ser civil a todos los efectos y a percibir la pensión correspondiente al Régimen de Clases Pasivas o de Seguridad Social.
"Al pasar a la situación de reserva se conservarán las retribuciones del personal en servicio activo sin destino hasta cumplir la edad de sesenta y tres años. A partir de ese momento las retribuciones del militar profesional estarán constituidas por las retribuciones básicas y por el complemento de disponibilidad que se determine en las normas que regulen el sistema retributivo del personal de las Fuerzas Armadas."
"1. En la situación de reserva se percibirán las retribuciones básicas y un complemento de disponibilidad equivalente a la suma del 80 por ciento del complemento de empleo y del 80 por ciento del componente general del complemento específico. Además, se percibirá en los meses de junio y diciembre una paga adicional del complemento específico por un importe igual al 80 por ciento de la que se perciba por el componente general del complemento específico por el personal en situación de servicio activo.
2. Cuando el pase a la situación de reserva se produzca por alguna de las causas previstas en el artículo 113 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la carrera militar, se percibirán las retribuciones del personal en servicio activo señaladas en el artículo 5.2 hasta cumplir la edad de 63 años."
El artículo 5.2 citado (del RD 1314/2005), que establece las retribuciones del personal activo pendiente de asignación de destino, dice que serán: "las retribuciones básicas y los complementos de empleo y componente general del complemento específico asignado a su empleo".
2. A partir de los 63 años, las remuneraciones están constituidas por las retribuciones básicas y por el complemento de disponibilidad. Este complemento se fija en el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas como el equivalente a la suma del 80% del complemento de empleo y del 80% del componente general del complemento específico.
Este cambio supone una pérdida económica por razón de edad no justificable y constituye una cantidad cercana al 20% de la retribución.
En el Consejo de Personal celebrado el 23 de julio de 2015, el Ministerio de Defensa presentó un proyecto de modificación del Reglamento de retribuciones que, entre otros asuntos, elevaba la cuantía del complemento de disponibilidad, pasando a equivaler al 100% del complemento de empleo y del componente general del complemento específico. Esta modificación, según la memoria económica del Ministerio de Defensa de marzo de 2018, tendría un coste total de 13,8 millones de euros.
Está justificado que, una vez que se ha saneado la economía española gracias a las recetas del Gobierno del Partido Popular, se rectifique una decisión tomada en 2005 y ratificada en 2009 que implica una injustificada pérdida económica del 20% para los militares en situación de reserva.
Una vez que se ha iniciado el proceso de recuperación salarial en distintos colectivos, permanecer con esa merma del 20% del sueldo a los militares tras cumplir los 63 años, en una etapa singular sin equivalencia en otros colectivos como es la reserva, en la que no se está en activo pero tampoco jubilado, sería un desprecio a los militares y un trato como ciudadanos de segunda que el Partido Popular no comparte.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el Reglamento de retribuciones del personal de las Fuerzas Armadas con el fin de eliminar la reducción de retribuciones que sufren los militares en la reserva al cumplir 63 años, elevando la cuantía del complemento de disponibilidad al 100% del complemento de empleo y del componente general del complemento específico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Antonio González Terol, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004157
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la ejecución en su integridad, de las obras del Proyecto de Trazado de la Autovía A-31, tramo Autovía A-70 (Alicante) límite de la provincia de Albacete, para su debate en la Comisión de Fomento.
La autovía A-31 en su paso por la provincia de Alicante, en el tramo comprendido entre la A-70 y el límite de la provincia de Albacete, es el nexo de unión e influencia vital del tráfico por carretera de, al menos, 700.000 personas, cuyo trabajo, movilidad y relaciones comerciales, tienen en esta infraestructura, su salida natural hacia Madrid, de ida y vuelta. Su intensidad media diaria supera los 60.000 vehículos, de los que 6.500 son camiones. Su seguridad afecta directamente a tres importantísimas comarcas alicantinas, el Alto y Medio Vinalopó, así como L'Alacantí.
En esos 73 kilómetros, que arrancan desde el inicio de la provincia de Alicante a su entrada desde Albacete hasta la capital de la Costa Blanca, hay diferentes hitos que merecen ser destacados.
Las obras de adecuación y reforma del corredor de Levante (N-330), en su tramo "Alicante-Límite de la provincia con Albacete", estaban incluidas en la "Concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de la autopista de peaje circunvalación de Alicante, la variante libre de peaje de El Campello y otras actuaciones" y fue adjudicada a CIRALSA.
Los sucesivos retrasos en la elaboración de la preceptiva evaluación de impacto ambiental del proyecto impidieron, en un primer momento, ejecutar las obras de "Adecuación y reforma de la Autovía A-31 de Alicante. Tramo: Autovía A-70 (Alicante)-Límite provincia de Albacete" antes del año 2010.
Después de esa fecha, en plena situación de crisis económica y financiera en nuestro país, el Gobierno socialista, a través del Ministerio de Fomento, requirió formalmente a CIRALSA la ejecución de las obras de adecuación y reforma de la A-31; finalmente la mercantil no cumplió su obligación contractual de llevarlas a cabo, y su estado de quiebra impidió licitar y adjudicar las obras a otra empresa, hasta extinguir la relación previa.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado 16 de febrero de 2018, tras decisión judicial, la Autopista de peaje "Circunvalación de Alicante", y desde el día 1 de abril de 2018 ha sido asumida por el Ministerio de Fomento.
En periodísticas manifestaciones recientes, el titular de la cartera de Fomento ha anunciado en relación a esta autopista y a otras de su misma características que "tenemos que hacer una revisión ajustada", al respecto de su nueva licitación.
1.º Que mediante la preceptiva licitación y adjudicación administrativa, el Ministerio de Fomento impulse la ejecución en su integridad, de las obras del Proyecto de Trazado consistente en la Adecuación y reforma de la Autovía A-31 de Alicante. Tramo: Autovía A-70 (Alicante)-Límite de provincia de Albacete, en los mismos términos que se le exigió, desde el año 2010, a la que fue concesionaria de la autopista de peaje ''Circunvalación de Alicante''.
2.º Que en la consignación presupuestaria para los Presupuestos Generales del Estado para el año 2019 aparezca dotación suficiente para acometer la ejecución de la obra referida."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Joaquín Albaladejo Martínez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004150
Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, Marta Martín Llaguno y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, ambos Diputados del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el reforzamiento de la labor de la Alta Inspección educativa en Baleares, para su discusión en la Comisión de Educación y Formación Profesional.
A fecha 23 de noviembre de 2018 ha sido registrada, ante la Alta Inspección Educativa del Estado, con número de registro 000005108e1803337810, ante la Consellera de Educación del Gobierno de las Islas Baleares, con número de registro 000005108e1803337721, una petición de análisis del libro de texto Llengua Catalana i Literatura, 1.º Bachillerato, Edición Baleares, Editorial Anaya, ISBN: 9788467827880. La petición fue acompañada de un estudio que demuestra de forma exhaustiva que el libro sustituye sistemáticamente los hechos comúnmente aceptados por la historiografía por un relato de ficción nacionalismo pancatalanista destinado a inducir en los alumnos la impresión de que, a pesar de continuos y maliciosos intento por parte de Castilla y el resto de España, Cataluña -incluyendo Valencia y las islas Baleares- es una entidad uniforme cultural y política, aparentemente impermeable a toda influencia externa, y que lleva siéndolo desde el siglo IX.
Una vez más atendemos a un descarado intento de adoctrinamiento de los alumnos de Baleares en la ideología nacionalista. Además este hecho es tanto más grave si consideramos que el libro es obligatorio en muchos centros financiados con fondos públicos. La manipulación es tan evidente que los Diputados firmantes ya preguntaron al Gobierno por ello y presentaron el informe ante el Defensor del Pueblo, quedando patentes sus obvias falsedades.
Dado que en relación al adoctrinamiento en Cataluña, el anterior ministro, el Sr. Méndez de Vigo, ya solicitó una petición de informe a la Alta Inspección Educativa que la actual ministra, la Sra. Celaá, decidió ocultar alegando "falta de rigor" en el mismo cuando en realidad lo que se pretendía era ocultar la contundencia de sus conclusiones y, con ello, la evidente inacción del Gobierno, que estas manipulaciones se sigan dando no resultan sorprendentes por más vergonzantes que resulten.
1. Garantizar el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Española que reconoce el derecho a acceder en condiciones de igualdad a la educación básica.
2. Realizar, a través de la Alta Inspección Educativa del Estado, una supervisión periódica y muestral de la adecuación de los materiales educativos a los contenidos curriculares y los estándares evaluables de aprendizaje.
3. Al objeto de reforzar las funciones de la Alta Inspección Educativa del Estado, acordar el marco normativo de modo que se posibilite el requerimiento formal, por parte de esta, en los procedimientos previstos en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, ante las actuaciones vulneradoras por las administraciones educativas contrarias a la Constitución, la convivencia o los tratados internacionales.
4. Acordar el marco normativo para que la Alta Inspección Educativa, actuando de oficio o a instancia de parte, realice requerimientos e inspecciones en centros educativos, elabore informes sobre las decisiones que adopte la Administración educativa en relación con la comprobación:
a) De la inclusión de los aspectos básicos del currículo dentro de los currículos respectivos.
b) De que los libros de texto y otros materiales curriculares se cursan de acuerdo con el ordenamiento estatal correspondiente.
c) De la garantía de igualdad de derechos de todos los alumnos, en particular, los derechos lingüísticos y a recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado. La vulneración de los principios y valores contenidos en la Constitución dará lugar a la imposición de las sanciones administrativas que, en desarrollo de lo dispuesto en este apartado, las Administraciones educativas establezcan.
5. Acordar el marco normativo para que la Alta Inspección Educativa garantice la neutralidad ideológica y política de los centros docentes, en los términos del artículo 18 de la Ley Orgánica 8/1985, del Derecho a la Educación, para garantizar los principios y normas constitucionales, con el objetivo de preservar a los centros educativos como lugares de aprendizaje, libres de adoctrinamiento por quienes atentan contra los derechos y libertades públicas amparados por nuestra Constitución."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2019.-Marta Martín Llaguno y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
161/004162
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Carles Campuzano i Canadés, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, una Proposición no de Ley de apoyo a las políticas de integración de la inmigración, de racionalización de los flujos migratorios y de rotundo rechazo a las políticas xenófobas respecto a los inmigrantes.
El auge de partidos de extrema derecha en diversos países de Europa y ahora también en Andalucía, está contribuyendo a tergiversar principios fundamentales de la democracia, afectando la convivencia y cuestionando los derechos humanos. Medidas de rechazo radical de la inmigración en países como Hungría -donde incluso el concepto de inmigrante se está asimilando al de terrorista- o de Italia o Austria han llegado a España a través de un partido de ultraderecha que ya ha determinado la presidencia del Parlamento andaluz y que tiene intención de determinar también la acción de gobierno en aquella comunidad autónoma.
Es evidente que abrir la puerta a la vulneración de derechos fundamentales mediante acuerdos programáticos con determinadas fuerzas parlamentarias equivale a empezar a dinamitar la democracia. En el caso de las personas inmigradas es preciso que el Congreso de los Diputados explicite solemnemente su compromiso a rechazar y condenar cualquier manifestación xenófoba o racista que comporte demandas vinculadas a la expulsión masiva de personas inmigrantes.
Por otra parte, en sociedades con alto porcentaje de inmigración la mejor respuesta que deben dar las políticas públicas es la de facilitar su acogida e integración mediante políticas orientadas al conocimiento del idioma, formación, empleo, ... y a garantizar el futuro de los hijos de la inmigración. En este contexto urge recuperar el Fondo para la Integración de Inmigrantes, creado en 2004 y eliminado en 2012, con el fin de dotar a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de los recursos necesarios para la realizar los programas de integración.
Con el mismo objetivo de promover los aspectos positivos de la inmigración y minorar los negativos, es preciso políticas orientadas a gestionar los flujos migratorios en origen, las cuales deberán ir acompañadas de una política de cooperación al desarrollo con los países emisores de migración con el fin de combatir conjuntamente la inmigración ilegal.
En esta misma dirección, recientemente, los días 10 y 11 de diciembre de 2018, 164 países -incluido España- firmaron el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular o Pacto Mundial sobre Migración, en una conferencia de las Naciones Unidas celebrada en Marrakech. Es un acuerdo intergubernamental promovido por ONU que busca "mejorar la gobernabilidad de la migración y afrontar los desafíos asociados con la migración actual, así como para reforzar la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible". El pacto mundial no es un tratado internacional, no es formalmente vinculante para sus países firmantes en virtud del derecho internacional; sin embargo, como otros acuerdos similares de la ONU, se considera un compromiso políticamente vinculante, por lo que resulta oportuno manifestar el compromiso del Congreso de los Diputados con el mismo.
"El Congreso de los Diputados
1. Manifiesta su rotundo rechazo y condena a cualquier manifestación xenófoba o racista que comporte demandas vinculadas a la expulsión masiva de personas inmigrantes.
2. Insta al Gobierno a recuperar el Fondo para la Integración de Inmigrantes, creado en 2004 y eliminado en 2012, para dotar a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos de los recursos necesarios para realizar los programas de integración.
3. Insta al Gobierno a impulsar una política orientada a gestionar los flujos migratorios en origen, acompañada de una política de cooperación al desarrollo con los países emisores de migración, con el fin de combatir conjuntamente la inmigración ilegal.
4. Expresa su compromiso con el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular o Pacto Mundial sobre Migración, impulsado por la ONU y firmado los días 10 y 11 de diciembre de 2018, en Marrakech, por 164 países -incluida España-. Persigue el objetivo de ''mejorar la gobernabilidad de la migración y afrontar los desafíos asociados con la migración actual, así como para reforzar la contribución de los migrantes y la migración al desarrollo sostenible''."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz, Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, relativa al Plan de Liquidación de lsowat Made, y las medidas a adoptar por parte del Gobierno al respecto.
Isowat Made es una sociedad constituida en 2007 mediante la aportación de dos ramas de actividad que funcionaban de forma totalmente independiente y diferenciada en el mercado:
1. La correspondiente a la unidad de negocio de Isowat, empresa radicada en A Coruña, dedicada al diseño e ingeniería, fabricación y suministro de material eléctrico, contadores y aparatos de medida, actividades para cuya realización contaba con una fábrica propia.
2. La correspondiente a la unidad de negocio de Made, empresa radicada en Medina del Campo (Valladolid), que lleva operando desde 1940, dedicada al diseño e ingeniería, tratamiento y recubrimiento de metales y fabricación de estructuras metálicas, disponiendo, asimismo, de su propia fábrica.
El pasado 30 de junio de 2018, el Boletín Oficial del Estado publicaba el Edicto del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de La Coruña, por el que se declaraba en concurso voluntario ordinario al deudor Isowat Made, S.L.U. Con posterioridad, por auto de fecha 7 de septiembre de 2018, se declaró la disolución judicial de Isowat Made, S.L.U. y la apertura de la fase de liquidación de la entidad gallega, que expirará el próximo 31 de enero de 2019, fecha en la que se producirá la subasta de la empresa.
En la petición de liquidación, la dirección de Isowat Made explicaba que solicitó acogerse a un concurso voluntario de acreedores con el objetivo de obtener liquidez, hacer frente a sus deudas y poder mantener la actividad. Pero pasados los meses la situación no ha mejorado.
Así, desde el pasado mes de septiembre, la plantilla de la empresa gallega ha dejado de percibir sus salarios, y si no se busca una solución urgente al respecto, el próximo 31 de enero de 2019 la situación derivará en el cierre de la actividad y el desmantelamiento de un grupo que llegó a contar con 260 empleados.
Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario Confederal UP-ECP-EM consideramos que, de manera urgente y antes de la fecha señalada para la subasta, el Ministerio Industria, Comercio y Turismo, debe intervenir en este conflicto y convocar una mesa de trabajo y diálogo en la que estén representadas todas las partes implicadas en el mismo, la empresa, los representantes de los trabajadores y las administraciones competentes para buscar una solución viable para el futuro de la empresa.
La intervención del Gobierno en este conflicto debe producirse de manera inmediata, toda vez que la empresa Isowat Made, una de las empresas punteras en el sector de las energías renovables en nuestro país, se encuentra en fase de liquidación a causa de una mala gestión de la misma, ya que los centros productivos de A Coruña y Medina del Campo siguen siendo rentables, y continúan recibiendo pedidos
que no pueden afrontar debido a la falta de financiación. Además, el cierre de esta empresa puede afectar muy negativamente al futuro de otras industrias que dependen o que llevan años trabajando en colaboración con la empresa gallega Isowat Made.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/004159
Isidro Martínez Oblanca, Diputado de FORO integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para dar solución a los problemas e inundaciones derivados de la rotura de los diques de los "porreos" de la Ría de Villaviciosa (Asturias), al saneamiento de los márgenes y a la contaminación de las aguas que desde hace más de siete años impide el marisqueo y afecta también a los arenales de la zona, para su debate en esta Comisión.
La Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa (Villaviciosa, Asturias), un extraordinario enclave medioambiental, tiene importantes problemas a los que con el paso del tiempo no se da solución alguna por parte de las administraciones. A la preocupante contaminación de sus aguas por vertidos urbanos e industriales que ha llevado a la prohibición del marisqueo desde noviembre de 2011, se suman otros graves inconvenientes que afectan a la Ría y que, siendo de conocimiento público, no se les acaba de encontrar solución. Es el caso de las inundaciones que sufren los denominados "porreos" que son terrenos ganados al mar y separados del mismo por un dique para evitar su inundación. A partir de mediados del siglo XIX se les dio un uso agroganadero, pero en los últimos años el paulatino deterioro de los diques ha originado destrozos con repercusión en la Reserva Natural y en la actividad agrícola, así como en la propia conservación medioambiental del enclave. Es el caso de los diques de El Cierrón y el de Muslera (también conocido como porreu de La Marquesa o de Cavanilles).
La "Asociación Cubera, Amigos del Paisaje de Villaviciosa" trasladó en marzo de 2017 al Defensor del Pueblo la situación derivada de la sucesiva rotura de los diques. En enero del pasado 2018 el Defensor del Pueblo, tras dirigirse a varios organismos públicos, tomó la siguiente
Asimismo, corresponden al Ministerio para la Transición Ecológica "la elaboración de la legislación estatal en materia de aguas y costas, medio ambiente, meteorología y climatología; la gestión directa del dominio público hidráulico, del dominio público marítimo-terrestre; la representación del Estado en los organismos internacionales correspondientes a estas materias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; así como la coordinación de actuaciones, la cooperación y la concertación en el diseño y aplicación de todas las políticas que afecten al ámbito de competencias de las comunidades autónomas y de las restantes Administraciones públicas, propiciando su participación a través de los órganos e instrumentos de cooperación adecuados".
Por otro lado, los mariscadores que desde hace más de siete años no pueden desarrollar su actividad recibieron el pasado mes de septiembre el amparo de la Justicia que atribuyó a la incapacidad de la red municipal de saneamiento ante el crecimiento urbano de Villaviciosa y "la falta de control" de las obras de urbanización autorizadas para la construcción de nuevas viviendas. Se da la circunstancia de que se ocultaron y eludieron -en su momento- responsabilidades que competían al municipio en cuanto al saneamiento del casco urbano y que han incidido en la contaminación que sufre la Ría de Villaviciosa.
Por lo expuesto, el Diputado de FORO Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, formula la siguiente Proposición no de Ley para su debate y votación en la Comisión de Transición Ecológica:
1. Tomar conocimiento de la situación derivada de la rotura de los diques de la Ría de Villaviciosa (Asturias) y acometer con urgencia la reparación de los mismos al objeto de preservar los ''porreos'' y evitar la degradación medioambiental del enclave que está catalogado como Reserva Natural Parcial, así como Lugar de importancia Comunitaria (LIC), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) dentro de la Red Natura 2000 y también es un sitio adscrito a la Convención Ramsar en pro de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos.
2. Avanzar sin dilación en la tramitación administrativa para incorporar la margen izquierda de la ría al saneamiento de Villaviciosa, consignar las partidas correspondientes en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y desarrollar las correspondientes obras de saneamiento ya declaradas de interés general el pasado ejercicio 2018 en las cuentas públicas.
3. Colaborar con la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y con el Ayuntamiento de Villaviciosa en la búsqueda de soluciones a los graves problemas de contaminación microbiológica de las aguas que, desde noviembre de 2011, mantiene cerrada al marisqueo la Ría de Villaviciosa."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/004154
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a elaborar un Plan Nacional de Jardines Históricos, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 establece que los bienes inmuebles integrados en el Patrimonio Histórico Español pueden ser declarados Monumentos, Jardines, Conjuntos y Sitios Históricos, así como Zonas Arqueológicas, todos ellos como Bienes de Interés Cultural.
Y en particular, en su artículo 15, que un Jardín Histórico es el espacio delimitado, producto de la ordenación por el ser humano de elementos naturales, a veces completado con estructuras de fábrica, y estimado de interés en función de su origen o pasado histórico o de sus valores estéticos, sensoriales o botánicos.
La Carta de Florencia elaborada en 1981 de la UNESCO, como complemento a la de Venecia en esta materia específica, relativa a la salvaguarda de los jardines históricos, porque como monumento vivo, su protección se atiene a reglas específicas.
Y en su artículo 2 define el jardín histórico como una composición de arquitectura cuyo material es esencialmente vegetal y, por lo tanto, vivo, perecedero y renovable.
Para su mantenimiento, conservación, restauración y restitución, se ha de conocer su razón de ser y su esencia y toda la documentación. Por ello la carta de Florencia exhorta a que se realicen todos los estudios previos con garantía científica, con el fin de que perduren en el tiempo y puedan ser disfrutados.
Los expertos coinciden en que los jardines históricos son un patrimonio frágil y amenazado, la falta de seguridad, la escasez de recursos y, en ocasiones, la poca implicación de las Administraciones Públicas, incluso o la intervenciones contrapuestas por diferentes departamentos administrativos, pueden alterar este patrimonio con facilidad perdiendo su esencia y lo que representan. Prueba de ello son todos los que figuran en la lista roja de patrimonio de la Asociación Hispania Nostra.
Por todo ello, se considera como instrumento adecuado a tal finalidad la aprobación de un Plan Nacional de Patrimonio Cultural, pluridisciplinar de gestión integral, que con la participación de diversas administraciones y otras entidades públicas y privadas, fomentan el conocimiento y programan actuaciones de conservación preventiva, intervenciones de restauración y acciones de difusión, con el fin de proteger los bienes culturales que permiten su acceso y disfrute por parte de la sociedad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un Plan Nacional de Jardines Históricos, desde el Instituto del Patrimonio Cultural de España (Ministerio de Cultura y Deporte) coordinando la participación de las distintas administraciones e instituciones para identificar, inventariar, proteger y recuperar, en su caso, adecuadamente los jardines históricos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2019.-Emilio del Río Sanz, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004155
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo por parte del Gobierno de España para comenzar las excavaciones en el yacimiento de Asta Regia en Jerez de la Frontera (Cádiz), para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Desde que a mediados de los años cuarenta don Manuel Esteve Guerrero hiciera campañas de excavaciones en Asta Regia, al que le indicaban desde las altas instancias de la época la ya célebre frase de "dejen ustedes de cavar que vamos a tener que cambiar la historia", no se han realizado en dicho yacimiento trabajos de relevancia.
Han pasado ya la friolera de setenta años, y desde la Universidad de Cádiz se están realizando prospecciones con un georradar, en las cuales se denotan, gracias a los múltiples estratos arqueológicos, las distintas civilizaciones establecidas desde al menos el 1500 a. C. hasta la época árabe, y se pueden observar edificios de importancia y dimensiones considerables.
Los investigadores de la Universidad de Cádiz y otros historiadores, estudiosos, arqueólogos, etc., saben de la importancia en la mitología antigua de la zona y más concretamente del asentamiento de Asta Regia, ya que el adjetivo Regia denota la existencia de reyes o de un gran reino. Aunque la orografía ha cambiado considerablemente el que fuera estero de Asta sirvió a los romanos de hilo conductor, control y llegada de minerales a través del lago Ligustino y los ríos Guadalquivir y Guadalete.
Creemos que ya es hora de excavar y sacar a la luz tan extensa historia, por el bien de Jerez, Andalucía, España y la Humanidad, dada la riqueza arqueológica, histórica y simbólica de la zona, lo que redundaría en unas indudables expectativas de futuro a nivel nacional incluso internacional de esta depauperada comarca, que lidera los rankings de desempleo en España y Europa.
Todos los párrafos anteriores, son una transcripción literal del Manifiesto llamado Pro Excavación de Asta Regia, suscrito por las asociaciones, instituciones y organizaciones de la ciudad de Jerez de la Frontera ( Cádiz) que, a continuación, relaciono:
- AAVV Centro Histórico.
- AAVV La Plazoleta.
- AAVV Solidaridad.
- ACOJE.
- Amigos del Archivo.
- Asociación Rmh Jerez y Comarca.
- Asociación Memoria Histórica Jerezana.
- ASUNICO.
- Ateneo de Jerez.
- Bodegas Maestro Sierra.
- Centro de Estudios Históricos de Andalucía.
- Centro de Estudios Históricos Jerezano.
- Cluster Turístico de Jerez.
- Colegio de Abogados de Jerez.
- Colegio de Procuradores de Jerez.
- Consejo Regulador Jerez-Xerez-Sherry.
- Facua.
- Izquierda Andalucista.
- Plataforma por la Memoria Democrática de Jerez.
- Ustea.
- Yeguada La Cartuja.
El Grupo Parlamentario Popular se quiere hacer eco en el Congreso de los Diputados de esta justa y necesaria reclamación planteada por las asociaciones, instituciones y organizaciones más representativas de la ciudad, por lo que plantea tal y como hacen ellas mismas a través del manifiesto que firman que por parte del Ministerio de Cultura y Deporte se actúe en colaboración con las distintas administraciones para comenzar las excavaciones en el yacimiento de Asta Regia.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar con las administraciones competentes las dotaciones presupuestarias adecuadas con el fin de garantizar el comienzo de las excavaciones en el yacimiento de Asta Regia de tal manera que puedan servir de revulsivo económico, turístico histórico patrimonial y cultural para toda la comarca."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2019.-María José García-Pelayo Jurado, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/004152
Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora del procedimiento para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en todo el ámbito nacional, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) es uno de los mejores exponentes del Estado del Bienestar en España y goza de un merecido prestigio y reconocimiento por parte de la población española.
Este servicio público esencial, gestionado por las Comunidades Autónomas a través de los servicios autonómicos de Salud, y por el Gobierno central, por medio del INGESA, adolece de problemas graves en la gestión de recursos humanos, motivados por una normativa en ocasiones rígida y en el momento actual es preciso y casi urgente encontrar vías legales para solucionar el problema creciente de la inestabilidad de las plantillas del S.N.S.
El acuerdo para la estabilización del empleo público pactado por los sindicatos (CC.OO., CSIF y UGT) y el Ministerio de Hacienda en 2017 preveía la convocatoria de casi 80.000 plazas para sanitarios, en un proceso que se extendería hasta 2022. La competencia para hacer efectiva esa oferta pública de empleo (O.P.E.) nacional en sanidad corresponde a las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y, a la fecha, diversas CC.AA., si bien no todas, han emprendido acciones para intentar reducir de forma drástica esta situación mediante la convocatoria de O.P.E. y de procesos masivos de cobertura de vacantes mediante estatutarios interinos, con el fin de reducir al mínimo la proporción de profesionales sanitarios eventuales, figura contractual de la que se ha hecho un claro abuso en los últimos años, con la justificación de la crisis y las restricciones presupuestarias.
Los procesos en curso representan una reproducción en gran escala de modelos de selección y provisión de puestos de trabajo que se han revelado lentos e inefectivos para eliminar la temporalidad en el SNS. Además con más frecuencia de la deseable se han visto salpicados con diversas prácticas irregulares y lesivas para la igualdad de oportunidades.
Por todo ello en el ámbito profesional sanitario existe en la actualidad un intenso debate sobre la conveniencia de sustituir las O.P.E. por un nuevo modelo que, respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, añada rasgos de eficiencia y adaptabilidad a las circunstancias cambiantes de las plantillas sanitarias públicas, de modo que no se demore la cobertura de las necesidades y, al mismo tiempo, se logre un alto grado de estabilidad de las plantillas.
Otro aspecto no desdeñable de esta cuestión es la necesidad de garantizar la movilidad de los profesionales en el seno del Sistema Nacional de Salud, entendiendo que el libre desarrollo profesional del personal sanitario es un elemento que puede contribuir a la mejora del clima laboral en las instituciones sanitarias públicas y puede redundar en la mejora de la atención a los ciudadanos.
Tenemos la firme convicción de que es factible establecer un procedimiento que haga posible simultáneamente el acceso a la condición de estatutario fijo, la cobertura inmediata de las vacantes que se produzcan en los centros sanitarios y la libre movilidad de los profesionales en el Sistema Nacional de Salud.
Con el fin de abordar el problema de la temporalidad entre los profesionales del Sistema Nacional de Salud, de garantizar un acceso dinámico a la condición de personal estatutario fijo y el libre desarrollo de los profesionales sanitarios, respetando los principios antes señalados de igualdad, mérito y capacidad se presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un procedimiento nacional para el acceso a la condición de personal estatutario fijo que, por un lado, conste de un examen nacional anual de evaluación de competencias especialidades médicas, en colaboración con el Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud (CNECS) proveyendo a aquellos que aprueban de la acreditación de personal habilitado por el Sistema Nacional de Salud y, por otro, provea plazas vacantes de cada especialidad o categoría en los centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud que se realizará mediante un concurso local de méritos al que podrán concurrir todos los profesionales habilitados que hayan superado el examen de evaluación de competencias correspondiente, incluyendo aquellos que ostenten la condición de personal estatutario fijo al haber superado procesos selectivos previos. Para ello, el Gobierno establecerá:
1. Un sistema de adhesión voluntario para las Comunidades Autónomas, mediante convenio con el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y a fin de que puedan regular, en el ámbito de sus competencias, el reconocimiento de esta habilitación en sus procedimientos de selección y provisión de personal, teniendo en cuenta la puntuación alcanzada en el examen nacional de habilitación con un peso no inferior al 40%. Ello no supone que las administraciones autonómicas no valoren la capacitación en determinadas áreas de conocimiento o procedimientos específicos, que responda a las necesidades concretas de las instituciones sanitarias donde existan las vacantes, así como el conocimiento de las lenguas cooficiales de cada ámbito territorial. La puntuación fijada por la norma autonómica relativa a estos aspectos no podrá superar un 20% de la baremación global de cada candidato.
2. Un registro nacional de los profesionales que obtengan la acreditación de personal habilitado por el Sistema Nacional de Salud.
3. En el marco de la competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149 de nuestra Constitución, regular el concurso local de méritos incluyendo:
a) Baremo de méritos común en la fase de concurso que incluirá aquellos elementos de experiencia, formación, actividad docente e investigadora relativos a cada categoría o especialidad.
b) La composición de las comisiones locales responsables de la cobertura de las vacantes, que estarán integradas por facultativos de similar categoría o especialidad de centros sanitarios distintos a los ofertantes de las vacantes. Dichos miembros no podrán ser cargos de libre designación, ni representar de forma mayoritaria a la administración autonómica.
c) El procedimiento de provisión de las plazas que sea necesario para poder cubrir las plazas en los quince primeros días desde la generación de la vacante o con dos meses de antelación, al menos, de aquellas de las que se pueda determinar con exactitud la fecha en que se van a producir la vacante. Se podrán exceptuar de estas plazas aquellas vacantes que estén sujetas a las reservas de plaza, previstas en el Estatuto Marco.
4. Que la obtención de una plaza vacante mediante concurso de méritos local supondrá la adquisición de la condición de personal estatutario fijo del profesional habilitado que no la tuviese previamente y el cese a todos los efectos en la plaza anteriormente ocupada del profesional estatutario fijo que la ganase mediante concurso."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2019.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/004156
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reducción del impacto en la salud pública de los productos de gran consumo, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Uno de los elementos que caracterizan a la sociedad española del siglo XXI es un nivel de exigencia mucho más alto respecto a los impactos de la actividad económica general en la salud pública, tanto a través de los efectos dañinos en el medio ambiente y en la calidad del aire, como a través de la huella que todos los productos de consumo dejan en el cuerpo humano.
De hecho, la inmensa mayoría de sectores empresariales de productos de gran consumo se encuentran inmersos en un intenso proceso de innovación y transformación a la búsqueda de soluciones que reduzcan los efectos negativos de esos productos en el ser humano o que, incluso, mejoren la salud de los consumidores.
En la mayoría de los casos, estos procesos se están realizando de forma espontánea por el simple juego del mercado. Sin embargo, se observa una tendencia global, al menos en los países económicamente más avanzados, hacia la implicación de las autoridades públicas con políticas que incentivan la reducción del daño relacionado con determinados productos de gran consumo.
Recientemente, por ejemplo, hemos incorporado a nuestro ordenamiento jurídico el Reglamento de la Unión Europea en el que se establecen medidas de control de la presencia de acrilamidas en determinados alimentos tan comunes como el pan o los fritos.
También, la última directiva del tabaco, transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico en 2017, dedicaba un apartado a los productos novedosos del tabaco e instituciones públicas como la Food and Drugs Administration (FDA) americana o la National Health of England han adoptado el principio de la reducción del daño como inspirador de políticas en el futuro inmediato.
No obstante este proceso, que es positivo en sí mismo, en España se necesita desarrollar de una manera ordenada, definida y clara por parte de los poderes públicos. Nos debemos implicar por el impacto positivo que el proceso de transformación en marcha puede tener en la salud pública.
Además, existen otros argumentos que justifican una participación mucho más activa de las autoridades públicas en este proceso. Un proceso de transformación industrial de estas magnitudes requiere generar el necesario nivel de confianza entre los consumidores que se vería significativamente mejorado en la medida en que las autoridades se implicasen en la evaluación de los resultados y en la validación de la información que se transmite a los consumidores. Conviene no olvidar tampoco que el acceso a bienes de consumo más saludables puede convertirse en una fuente de desigualdad evidente entre españoles, con un impacto directo sobre los niveles de salud pública por niveles de renta que es necesario evitar a toda costa, lo que se constituye en otra razón más para exigir una implicación directa de las administraciones.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente
1. Constituir y poner en marcha una Comisión Interministerial, que establezca un diálogo con todos los sectores industriales afectados, al objeto de elaborar y presentar un informe al Congreso de los Diputados, antes del fin la presente legislatura, sobre las posibles vías de mejorar la salud pública mediante la reducción del impacto de productos de gran consumo.
2. Constituir un Comité Científico que asesore a la Comisión Interministerial y a las Cortes Generales sobre la validación científica de las innovaciones tendentes a mejorar la salud pública.
3. Adoptar el principio de reducción del daño causado como orientador de políticas públicas, en concreto, políticas fiscales que incentiven y orienten la generación de extemalidades positivas en la salud pública.
4. Preservar la unidad de mercado, coordinando desde el Estado una respuesta uniforme y homogénea de las Comunidades Autónomas a fin de prevenir la dispersión regulatoria sobre estos asuntos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Juan Bravo Baena, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
181/001574
Preguntas con respuesta oral en la Comisión de Fomento
Diputado: Antonio Gómez-Reino Varela
Grupo Parlamentario: Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
Dirigida a: Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
¿Tiene previsto el Gobierno asumir la totalidad de la deuda de la Autoridad Portuaria de A Coruña o hacer algún tipo de aportación equivalente, tal como viene demandando el Ayuntamiento de A Coruña?
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de enero de 2019.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.
181/001573
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
¿Tiene previsto el Gobierno convocar, de manera inmediata, una mesa de trabajo y diálogo, de la que formen parte personas representantes de la empresa, de los trabajadores y de las trabajadoras y de las administraciones competentes, con la finalidad de encontrar una solución a la situación de los centros productivos de A Coruña y Medina del Campo (Valladolid) de la empresa Isowat Made, actualmente en fase de liquidación, que garantice la continuidad y viabilidad de la misma, así como la de los puestos de trabajo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de enero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.
184/043305
Autor: Lorenzo Torres, Miguel (GP).
García Díez, Joaquín María (GP).
Olano Vela, Jaime Eduardo de (GP).
Solicitudes de arraigo laboral a extranjeros solicitadas y concedidas en la provincia de Lugo en los cuatro últimos años.
Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito registrado con el número 119836, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los autores de la iniciativa.
Don Miguel Lorenzo Torres, Diputado por A Coruña, don Joaquín María García Díez y don Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados por Lugo, pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
- ¿Cuántas solicitudes de arraigo laboral a extranjeros se han solicitado en la provincia de Lugo en los cuatro últimos años (con desglose por años)? ¿Cuántas de ellas se han concedido?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de enero de 2019.-Miguel Lorenzo Torres, Joaquín María García Díez y Jaime Eduardo de Olano Vela, Diputados.