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Timestamp: 2017-11-23 00:48:01
Document Index: 344555452

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'Artículo 47', 'Artículo 121', 'artículo 67', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 68', 'artículo 9', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 27']

Propiedad intelectual en periódicos en línea: El caso de Costa Rica. Con el advenimiento de la red mundial Internet, nuestra sociedad ha estado - PDF
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Vicenta Peña Flores
1 Propiedad intelectual en periódicos en línea: El caso de Costa Rica Autor: Víctor J. Barrantes C. Con el advenimiento de la red mundial Internet, nuestra sociedad ha estado expuesta al más revolucionario cambio social desde que se inventó la imprenta. La expansión de la red ha generado la atención de dos sectores involucrados en el proceso: quienes desean publicar información en la red y quienes desean acceder esa información. Esto ha generado un gran debate sobre la propiedad intelectual: cómo se puede proteger los derechos de autor en la red? Es un fenómeno que afecta no solo a los autores sino también a los editores y a los usuarios de la información. El balance entre el bien público y el interés privado parece no estar claro algunas veces. El derecho que tienen los autores a ejercer control sobre los trabajos que publican y a obtener beneficio de ello choca algunas veces con el derecho de los usos honrados a que el usuario tiene derecho. Esta diferencia cobra importancia si, como sostienen los tratados internacionales, las leyes de propiedad intelectual lo que buscan es promover el progreso de las ciencias, crear un beneficio para la sociedad y retribuir a quienes han contribuido con tal progreso. En el caso del periodismo, los periódicos en línea no han estado ajenos a esta polémica. Los periodistas no solo han convertido la red mundial Internet en una herramienta de uso frecuente para acceder, investigar, adquirir o corroborar informaciones. También han contribuido, con sus producciones, a expandir las publicaciones en la red, con la particularidad de que éstas suelen ser de las que más se consultan y más se plagian. Existe el sentir de que la legislación reciente sobre propiedad
2 2 intelectual y los tratados internacionales aún no es suficientes para aclarar cuál debe ser la relación entre usuarios y autores de publicaciones protegidas por los derechos de autor. Este estudio exploró cuál es la situación de los periódicos en línea en Costa Rica, cómo protegen sus derechos de autor dentro y fuera del país, y hasta qué extremo la actual legislación es suficiente para ello. En términos generales, se encontró que aunque la propiedad intelectual y los derechos de autor están ampliamente protegidos por la Constitución Política, algunas leyes y tratados internacionales de los cuales Costa Rica es signataria, la actual legislación deberían ser un poco más específica y clara para poder proteger los periódicos en línea. Los artículos 47 y 121 (cláusula 18) de nuestra Constitución son la piedra angular de los derechos de autor 1. De igual forma, el artículo 7 establece que los tratados internacionales ratificados por el Gobierno de Costa Rica son parte de sus leyes. Esto significa que el Convenio de Berna para la protección de obras literarias y artísticas, el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), y más recientemente los tratado de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI) sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT, por sus siglas en inglés) y sobre derechos de autor (WCT, por sus siglas en inglés) son los principales tratados internacionales a los que los editores de periódicos en línea pueden apelar para defender sus derechos. 1 Artículo 47: Todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial, con arreglo a la ley. Artículo 121 (28): Además de las atribuciones que le confiere esta Constitución, corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa: (18) Promover el progreso de las ciencias y de las artes y asegurar por tiempo limitado, a los autores e inventores, la propiedad de sus respectivas obras e invenciones.
3 3 Además, forman parte de ese cuerpo legal la Ley sobre derechos de autor y derechos conexos (No. 6683) y la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual (No. 8039). Aunque la noticia por sí sola no es objeto de protección por parte de la Ley de derechos de autor (artículo 67), es necesario aclarar que la expresión de la idea sí lo es, como lo establece el artículo 9 del ADPIC. De todas formas, esta ley le otorga al autor otros derechos: el de proteger su nombre o crédito dentro de la obra (artículo 7), el de reservarse el derecho para adaptar, traducir, modificar, refundir, compendiar 2, parodiar o extraer su obra (artículo 8), y el de pedir que se le solicite su autorización para reproducir una obra literaria suya que haya sido publicada en revistas o periódicos (artículo 11). Más adelante la ley también agrega que Los artículos de actualidad, publicados en revistas o periódicos, pueden ser reproducidos, si ello no ha sido expresamente prohibido, debiendo en todo caso citarse la fuente de origen (artículo 68). Cabe destacar que en el momento que se realizó este estudio, todos los periódicos electrónicos nacionales, excepto Diario Extra y Al Día, que no había creado aún su pagina en Internet, habían protegido sus contenido con el símbolo de derechos de autor ( ), pero solo La Nación establecía claramente la prohibición de tomar su contenido sin autorización escrita del medio. Para efectos de protección, la Ley de procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual ha establecido al menos 18 tipos de delitos por infringir los derechos de autor, los cuales están relacionado con el trabajo de los periódicos en línea. Estos delitos van desde la representación o comunicación pública de una obra 2 Las bases de datos se consideran compilaciones y están protegidas por este artículo. Esto es de especial interés para los periódicos electrónicos por haberse convertido en auténticas bases de datos para propósitos académicos y no académicos.
4 4 literaria o artística sin autorización del autor, hasta la reproducción no autorizada de esta obra. En casi todos los casos se establece una penalización de uno a tres años de prisión. De los tratados internacionales también es importante rescatar algunos artículos relacionados con las publicaciones en línea. La Convención de Berna en su artículo 9 considera las grabaciones sonaras y visuales como reproducciones, lo cual constituye una gran protección para un periódico en línea, considerando que ahí también convergen todos los principales elementos de la comunicación (imagen, sonido y texto). Para efectos de la protección de la propiedad intelectual fuera de las fronteras de un país, existen dos conceptos dentro del ADPIC que son de vital importancia: el trato nacional (artículo 3) y el trato de la nación más favorecida (artículo 4). Estos dos principios garantizan que cada país miembro deberá otorgar un trato no menos favorable al que ya otorgan a sus propios nacionales con respecto a la protección de la propiedad intelectual y que toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad relacionada con la propiedad intelectual que un miembro conceda a los nacionales de cualquier otro país, deberá otorgarlo también a los nacionales de los demás miembros. De los acuerdos de la OMPI cabe destacar el artículo 12 del Tratado de derechos de autor. Este artículo obliga a los estados a crear la legislación para que nadie pueda inducir, permitir, facilitar y ocultar información en caso de que se suprima o altere sin autorización cualquier información electrónica sobre la gestión de derechos de autor. De igual forma, previene la distribución o comunicación al público de aquellas obras cuyos derechos han sido suprimidos o alterados. El artículo es de vital importancia, en el ambiente digital, pues previene sobre el uso de información que no identifique el trabajo, su autor y el dueño de cualquier derecho sobre ese trabajo.
5 5 Algunos especialistas costarricenses han señalado que existe una imposibilidad legal para aplicar ciertos principios legales contemplados en estos tratados. Lo dicen a la luz del artículo 11 de la Constitución, según el cual los funcionarios públicos son meros depositarios de la autoridad y no pueden usurpar poderes que no les ha conferido la ley; su función es hacer que se cumpla con la Constitución y las leyes. En otras palabras, no se puede condenar a una persona por un acto que no haya sido prohibido por ley 3. En ese mismo sentido, se ha hecho ver que en nuestra legislación aún no está claro cómo y cuando se comete un crimen por el mal uso de las páginas web. 4 Sin embargo, otros especialistas 5 sostienen la tesis contraria: la actual legislación es suficiente para cubrir la propiedad intelectual y los derechos de autor de los periódicos electrónicos. Para estos expertos los códigos de Procedimiento Civil y Penal contemplan tanto las formas para resarcir a un autor afectado como las penas en caso de que se cometan los delitos por la red. Incluso, nuestra legislación prevé que nadie puede usar o explotar un trabajo sin la autorización de su autor por cualquier medio conocido o por conocer, lo cual amplía el ámbito de aplicación de la ley. Pero, qué piensan los editores de periódicos en línea costarricenses sobre este tema? Hay coincidencia en que sus trabajos deberían ser protegidos de una mejor forma legal, pero esta no es una prioridad para ellos. En su mayoría consideran que puestos a escoger, el interés público por acceder información debe prevalecer sobre el privado y clasifican el acceso y uso de la información que publican dentro de los usos honrados. 3 Entrevista personal realizada al abogado Luis Sáenz, representante legal de autores que han defendido sus derechos ante los tribunales. 4 Entrevista personal Adriana Araya, directora de la Oficina de Registro de Propiedad Intelectual del Registro Nacional de Costa Rica. 5 Entrevista personal Georgina García, abogada y asesora de la Asamblea Legislativa, y Carlos Corrales, abogado especialista en propiedad intelectual.
6 6 Además, existe baste escepticismo sobre los alcances de la legislación actual y de la que eventualmente se pueda crear en el futuro. Aún cuando se han identificado casos de plagio y reproducción de material sin permiso dentro y fuera del país, los editores creen que es poco o nada lo que se puede lograr en caso de denunciar estos casos. Mencionan seis grandes obstáculos: - el costo de ir a denunciar en otro país es más alto que la indemnización que se pueda obtener - los daños económicos hasta ahora han sido insignificantes - no creen en la justicia de un país donde no son nacionales - la defensa de la propiedad intelectual no está dentro de sus prioridades - aún cuando se creen mecanismos tecnológicos para ejercer control sobre el contenido de los periódicos, los avances tecnológicos pueden crear mecanismos similares para evadir ese control - los tratados internacionales solo son ornamentos legales que en la práctica no funcionan. Esta falta de interés se puede constatar si uno examina el escaso control que los periódicos ejercen sobre su contenido. Paradójicamente los editores coinciden en que la protección de la propiedad intelectual es no solo necesaria sino fundamental para la comunicación del futuro. El estudio también hizo un sondeo entre estudiantes universitarios de derecho y periodismo y entre otras personas escogidas al azar. En general, sus opiniones no varían mucho con respecto a la de los editores. Creen que la propiedad intelectual de periódicos en línea no está claramente protegida, que aunque Costa Rica ha logrado avances en su
7 7 legislación en esta materia todavía estos no son suficientes, que el rápido crecimiento de la red mundial Internet ha afectado la propiedad intelectual y que sí es posible proteger el contenido del periódico. Solo difieren en cuanto a la aplicación la ley. Mientras los participantes del sondeo creen que la copia, reproducción o distribución de material tomado de la red y que no esté dentro de los usos honrados es un delito y por tanto debe ser penalizado, los editores consideran que aún existiendo el delito es nada o casi nada lo que se puede hacer por evitarlo. Para concluir, se debe dejar claro que las publicaciones en la red, específicamente en los periódicos, no están son territorio de nadie, pues sí existen suficientes mecanismos de protección. Resulta necesario que las autoridades judiciales sean dotadas con el conocimiento, y los recursos económicos y humanos para hacer cumplir la ley. De igual forma, que los propios medios hagan valer sus derechos y entiendan que no existe ninguna incompatibilidad entre los usos honrados y la protección de los derechos de autor, como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 27). Por lo pronto nuestros periódicos en línea están en su infancia, pero es el momento de empezar a tomar las previsiones: denunciar cuando haya que hacerlo y educar hacia adentro y hacia fuera sobre la propiedad intelectual. Este es, quizá, el primer paso para protegerse.
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