Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20045314
Timestamp: 2019-09-22 18:42:57
Document Index: 65163295

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'ARTÍCULO 6', 'e contrario', 'artículo 48', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 6']

C-961 de 2007
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020045314CC-SENTENCIAC961200714/11/2007CC-SENTENCIA_C_961__2007_14/11/2007200453142007Sentencia C-961/07 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL -Ineptitud sustantiva de la demanda Referencia: expediente D-6757
NILSON PINILLA PINILLA.D6757CONSTITUCIONALIDADFranky Urrego Ortiz.Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° (parcial) de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".Identificadores20020045315true66913Versión original20045315Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° (parcial) de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 6° (parcial) de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano Franky Urrego Ortiz presentó demanda contra el artículo 6° (parcial) de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
ARTÍCULO 6o. REGLAS DE INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN.Las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, harán parte integral de este Código, y servirán de guía para su interpretación y aplicación. En todo caso, se aplicará siempre la norma más favorable al interés superior del niño, niña o adolescente.
La enunciación de los derechos y garantías contenidos en dichas normas, no debe entenderse como negación de otras que, siendo inherentes al niño, niña o adolescente, no figuren expresamente en ellas."
Considera el ciudadano demandante que la disposición parcialmente acusada desconoce los artículos 4° y 93 de la Constitución, en cuanto dispone que las normas contenidas en la Constitución Política y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, hacen "parte integral" de dicho Código, lo que a su juicio significa que "a partir de dicho precepto las normas de rango constitucional ya por estar contenidas en el texto de la Carta, ora por integrar el bloque de constitucionalidad (art. 93 C.P.) harán parte de un Código que tiene rango de ley ordinaria (art. 150-2 C.P.)" (f. 2).
"En esas condiciones, preceptuar, como indebidamente lo hace el legislador que la Constitución hará parte de un Código, es desconocer que la Carta Fundamental no puede por su propia naturaleza constituyente estar al nivel de una norma que es manifestación de un órgano constituido, como lo es el legislador.
Las consecuencias inconstitucionales de una expresión como la que se demanda no admiten duda, pues si en gracia de discusión la Constitución hiciera parte integral del Código de la Infancia y la Adolescencia mediante una ley ordinaria que modificara dicho Código se podría modificar la Constitución, desconociéndose así la cláusula de reforma constitucional (art. 374 C.P.) y el carácter rígido de la Constitución colombiana."
Realiza un cotejo entre la norma acusada y la Carta Política, para colegir que "la expresión demandada ataca la propia coherencia interna del sistema jurídico colombiano que tiene como fundamento a la Constitución (art. 4 C.P.) y desconoce la existencia de diferentes niveles jerárquicos que hacen jurídicamente inviable que una norma de rango constitucional (art. 93 ídem) esté al mismo nivel de una disposición de inferior jerarquía sea un acto administrativo o una ley" (f. 4).
Para concluir esta breve síntesis, cabe anotar que, al serle inadmitida la demanda y hacer el actor uso de la facultad de corregirla, extiende el segmento normativo acusado y considera reprochable tener las normas contenidas en la Constitución y en los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño, como meras guías y "no como mandatos imperativos para la interpretación y aplicación de la Ley 1098" (f. 17).
Estima cierto que la ley fundamental, como texto codificado, se caracteriza por ser una Constitución rígida que contempla un procedimiento especial para su reforma, pero "no tiene asidero derivar que dicho esquema es vulnerado por una ley ordinaria que lo único que hace es establecer de manera resaltada que efectivamente la normatividad constitucional y el bloque de constitucionalidad conformado con los convenios internacionales son las normas que hacen parte intrínseca al trabajo interpretativo de las normas del Código de la Infancia y la Adolescencia" (f. 52 y 53).
Concluye argumentando cómo es claro "que bajo ninguna circunstancia una ley ordinaria puede modificar o suprimir la Constitución, además que dado su gran contenido axiológico pertinente al trabajo interpretativo, no tiene asidero ni utilidad práctica esgrimir desde una visión eminentemente positivista colegir sobre la presunta incoherencia que se generaría por el hecho que el referido Código de la Infancia y la Adolescencia, al insistir que la Constitución y los Convenios Internacionales sobre el tema, especialmente la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, son parte inescindible del proceso interpretativo de su aplicación, se derive una inobservancia a la supremacía de la Constitución; cuando es cierto que desde una perspectiva práctica, sistemática y teleológica, la norma inferior al hacer referencia expresa a las normas superiores, no hace otra cosa sino acatar su subordinación a las mismas" (f. 57).
En su intervención, efectúa un análisis del concepto de Constitución y las condiciones de constitucionalización del ordenamiento jurídico colombiano, explicando distintas nociones, como qué se entiende por Constitución rígida, su garantía jurisdiccional, la fuerza vinculante, la sobre interpretación, la aplicación directa de las normas constitucionales, la interpretación conforme a las leyes, y la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, para manifestar que contrario a lo afirmado por el demandante, "la disposición acusada al señalar que normas superiores harán parte del Código de la Infancia y la Adolescencia y servirán de guía para su interpretación y aplicación no vulnera la supremacía constitucional, por el contrario y de conformidad con la constitucionalización del ordenamiento jurídico, es un desarrollo más que necesario en un entorno social que muchas veces es hostil a los derechos de los niños, niñas y adolescentes" (f. 82).
Pone de presente que de ninguna forma resulta inconstitucional el hecho de que la norma acusada disponga que normas de rango superior, además de hacer parte integral del Código de la Infancia y la Adolescencia, servirán de guía para su interpretación y aplicación, tomando en cuenta que según el Diccionario de la Academia de la Lengua Española, el término guía significa en su primera acepción "aquello que dirige o encamina". Por tanto, no puede entenderse que al disponer expresamente que las normas de rango constitucional servirán para dirigir o encaminar la interpretación y aplicación de las normas contenidas en el Código objeto de estudio, vulnere la supremacía y la aplicación directa de las normas superiores, ya que estas requieren de su concreción por medio de normas jurídicas de rango inferior, especiales sobre la materia que se regula.
Finalmente afirma que en el caso objeto de estudio, "mal podría entenderse que por el hecho de establecer expresamente la obligatoriedad de la interpretación conforme con dichos preceptos constitucionales, se ha incurrido en causal de inexequibilidad de dicha disposición. Mucho menos, se puede entender que se pretenda la señalada inexequibilidad bajo el argumento de que una disposición de rango inferior, como un código pueda modificar o derogar normas de rango constitucional. Ni que el hecho de establecer que normas de rango constitucional servirán de guía para la interpretación y aplicación del Código objeto de estudio, vulneran el principio de eficacia directa de la Constitución" (fs. 25 y 26).
Expresa que con el señalamiento de la Constitución Política como parte del texto, "en lugar de desconocerse el valor y la jerarquía de nuestra carta política y el de los Tratados Internacionales, lo que se persigue por parte del legislador es justamente lo contrario a lo entendido por el demandante, pues tal señalamiento es la manera en que el legislador hace la remisión a instrumentos de mayor jerarquía que deben ser de obligatorio cumplimiento para el operador del Código de la Infancia y la Adolescencia" (f. 103).
Otro desacierto del actor lo ubica en sostener que la regla constitucional puede pasar al rango de ley ordinaria y por ello sería modificable por el legislador, porque la norma legal es derivada de la constitucional y accede a ella, de modo que al modificarse la Constitución, la Ley de Infancia y Adolescencia necesariamente cambia en aquello que no se ajuste a la nueva disposición, que es lo que en últimas está diciendo el artículo demandado, pero si es la ley la que cambia, no se modifica la Constitución, porque lo "accesorio sigue la suerte de lo principal" y no al contrario.
En consecuencia, explica que la Carta Política no puede ser contradicha por ninguna norma del Código de la Infancia y la Adolescencia, porque ello conlleva su ilegitimidad, pero como algunas situaciones que tocan con la protección de los intereses de los menores pueden no quedar directamente reguladas por los textos legales, o tales textos pueden ser ininteligibles, inciertos, contradictorios o ambiguos, algo que cualquier legislador sensato reconoce, en cuanto no es infalible, habrá necesidad de tratar de llenar el vacío o esclarecer su sentido, dado que al operador jurídico (juez, funcionario administrativo, encargado del menor) le está vedado abstenerse de actuar, alegando insuficiencia u oscuridad de la norma, como lo recuerda el artículo 48 de la ley 153 de 1887 y por ello aparece la segunda referencia de la norma cuestionada, "y servirán de guía para su interpretación y aplicación".
Las normas constitucionales, además de ser imperativas en los aspectos regulados (objetivo primario), generan en su conjunto una serie de directrices regulatorias indirectas (objetivos secundarios), que son verdaderas líneas de pensamiento o criterios del constituyente, que se convierten en instrumentos de los que se sirve el intérprete de la ley para poder salvar el escollo de la insuficiencia u oscuridad de la norma y que nada se opone a que analógicamente lo denominemos "espíritu" del constituyente.
Remitir a la Carta Política la interpretación no es ni siquiera novedoso, trata de lo que en su época se denominaba la "doctrina constitucional", que hoy tiene un alcance más amplio con el "bloque de constitucionalidad" y que siempre se ha tenido como guía para comprender y fijar el contenido de la norma legal y de las demás que se le subordinan.
Estos impedimentos fueron aceptados por la Sala Plena de esta corporación, mediante Auto N° 126 de mayo 23 de 2007, por lo cual el jefe del Ministerio Público designó a la Procuradora Auxiliar para Asuntos Constitucionales, para que rindiera concepto dentro del presente proceso, quien efectivamente lo presentó (N° 4358) el 17 de agosto de 2007, pidiendo a la Corte inhibirse para pronunciarse de fondo, "por ineptitud sustantiva de la demanda".
"Ni la disposición lo dice, ni puede deducirse racionalmente que en virtud de ella, la Constitución Política deja de serlo y pasa a ser un capítulo o una parte del Código de la Infancia y la Adolescencia, y tampoco afirma la norma que cualquier modificación a la Ley 1098 de 2006 constituya una reforma a la Constitución Política; darle tal alcance carece de lógica y desborda por completo su contenido."
Finalmente, aclara que tal como "lo señaló la Corte Constitucional en comunicado de prensa del pasado 4 de julio sobre la sentencia C-503 (a la fecha de este concepto, no se ha publicado el texto de la sentencia), la pretensión ciudadana se enfoca más a que la Corte haga una determinada interpretación del alcance de la expresión acusada que a la exclusión de una norma jurídica por contradecir la Carta fundamental" (f. 135)[1].
Explica que la Constitución Política y los tratados o convenios internacionales de Derechos Humanos ratificados por Colombia no son simples "guías", sino mandatos que debe observar todo operador jurídico para la interpretación y aplicación de la Ley, razón por la cual, en su opinión, el artículo 6° acusado consagra una "violación de la cláusula general de interpretación en el Estado social de derecho colombiano".
"Consciente de la gran importancia del derecho político que va envuelto en la acción de inconstitucionalidad, y atendiendo a su carácter de acción pública al alcance de todos los ciudadanos, frente a este tipo de situaciones, la Corte ha procurado asumir la demanda presentada en aplicación del principio pro actione[3], buscando superar, en cuanto ello resulte posible, las imperfecciones en que se haya incurrido en la demanda, para poder entonces estudiar y resolver de fondo los reproches de inconstitucionalidad planteados por el ciudadano. Sobre este tema expuso la Corte en sentencia C-1192 de 2005 (M. P. Rodrigo Escobar Gil):
'En esta medida, surge como pilar de aplicación el denominado principio pro actione, según el cual, siempre que del análisis de una demanda sea posible identificar el texto acusado, el cargo formulado o, al menos, exista una duda razonable sobre el alcance hermenéutico de la disposición acusada o de la norma constitucional que sirve como parámetro de confrontación, es viable que esta Corporación subsane los distintos defectos de las demandas que, en principio, hubieran llevado a un fallo inhibitorio y que detectados en la etapa de admisión hubieran dado lugar a su inadmisión o a su rechazo y, por ende, adelante el control de constitucionalidad, con el fin de hacer prevalecer el derecho sustancial sobre el formal, y de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia y de participación democrática.'
Tal como plantea el texto trascrito, para que la Corte pueda entrar a interpretar la demanda con el fin de pronunciarse de fondo sobre los cargos formulados, es indispensable que: i) se observe(n) uno o más defectos que a primera vista den lugar a duda sobre el real alcance de los cargos formulados; ii) resulte posible identificar, sin hesitación alguna, la verdadera extensión de los cuestionamientos planteados por el demandante. Sin embargo, en el presente caso, no existe en realidad duda sobre el alcance de los cargos. Por el contrario, siendo clara su intención, es igualmente claro que ellos no cumplen los requisitos necesarios para poder decidir de fondo."
INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad del artículo 6° (parcial) de la Ley 1098 de 2006, "por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia".
Inhibida para emitir pronunciamiento de fondo Artículo 6 LEY_1098_2006_08/11/2006
[1]El ciudadano demandante, en la sentencia citada por la Procuraduría, es el mismo que ahora demanda en la acción de la referencia.
[2]Cfr.C-274 de septiembre 26 de 2007, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.