Source: https://www.slideshare.net/wiseguy1977/abg-dulce-mar-montero-vivas
Timestamp: 2018-05-24 02:44:01
Document Index: 133188261

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 639', 'artículo 506', 'artículo 585', 'artículo 7', 'artículo 266', 'Artículo 266', 'artículo 31', 'artículo 12', 'Artículo 12', 'artículo 93', 'artículo 7', 'artículo 259']

Abg dulce mar montero vivas
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yessica mujica Trabajo monografico by yessica mujica mo... 0 views
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1. Abg Dulce Mar Montero VivasEsp.: Ciencias Penales y Criminológicas, Procesal Penal, Criminálistica y Gerencia Mi artista preferida es Melendy Magistrada Ponente: LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO Expediente N° 10-0915 El 19 de agosto de 2010, se recibió en esta Sala el Oficio Nº 0697-2010 del 17de agosto de 2010, anexo al cual el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio deProtección de Niños, Niñas y Adolescentes y para el Régimen Procesal Transitorio de laCircunscripción Judicial del Estado Trujillo, remitió el expediente contentivo de laacción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos BELÉN CLARIZALEMUS GONZÁLEZ, MILAGROS DEL VALLE PACHECO TERÁN, ANAROSA GODOY DE BRICEÑO, JOSÉ ALFONSO BRICEÑO, MARÍA DELCARMEN PACHECO TERÁN, ISIDRA BECERRA DE PACHECO, HIDRAMERY DE PACHECO, SONIA COROMOTO PEÑA DÁVILA, ELSYCOROMOTO TREJO LOZADA y ANTONIO RAMÓN BECERRA TERÁN,difunto representado por sus legítimos herederos, NELLY PÉREZ DE BECERRA,JESÚS BECERRA, DANIELA BECERRA y DIANA BECERRA, titulares de lascédulas de identidad Nros. 10.317.563, 11.614.713, 5.787.267, 11.125.405, 5.783.197,5.793.340, 5.763.046, 8.717.018, 8.795.048, 5.769.681, 5.780.802, 17.037.035 y17.597.342, respectivamente, debidamente asistidos por el abogado Alberto MartínMontes de Oca Parra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°138.215, contra la Gobernación del Estado Trujillo, en virtud del incumplimiento de laProvidencia Administrativa N° 46, dictada el 26 de noviembre de 1999, por laInspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, por la presunta violación de su derechoconstitucional al trabajo, consagrado en el artículo 93 de la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela. Dicha remisión se realizó en virtud del conflicto negativo de competenciaplanteado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección delNiño, Niña y Adolescentes y para el Régimen Procesal Transitorio de laCircunscripción Judicial del Estado Trujillo, el 17 de agosto de 2010.
2. El 8 de septiembre de 2010, se dio cuenta en Sala y se designó como ponente ala Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presentefallo. Constituida esta Sala Constitucional el 9 de diciembre de 2010, en virtud de laincorporación de los Magistrados designados por la Asamblea Nacional en sesión especialcelebrada el 7 del mismo mes y año, publicada en la Gaceta Oficial de la RepúblicaBolivariana de Venezuela Nº 39.569 del 8 de diciembre de 2010, quedó integrada de lasiguiente forma: Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, Presidenta; MagistradoFrancisco Antonio Carrasquero López, Vicepresidente; y los Magistrados y MagistradasMarcos Tulio Dugarte Padrón, Carmen Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales,Juan José Mendoza Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado. I ANTECEDENTES El 6 de agosto de 2010, la representación judicial de los ciudadanos BelénClariza Lemus González, Milagros del Valle Pacheco Terán, Ana Rosa Godoy deBriceño, José Alfonso Briceño, María del Carmen Pacheco Terán, Isidra Becerra dePacheco, Hidra Mery de Pacheco, Sonia Coromoto Peña Dávila, Elsy Coromoto TrejoLozada y Antonio Ramón Becerra Terán, difunto representado por sus legítimosherederos, Nelly Pérez de Becerra, Jesús Becerra, Daniela Becerra y Diana Becerra,presentó escrito contentivo de acción de amparo constitucional. El 12 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio delTrabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, se declaró incompetente paraconocer de la acción de amparo constitucional interpuesta y remitió el expediente alTribunal de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentesde la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. El 17 de agosto de 2010, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio deProtección de Niños, Niñas y Adolescentes y para el Régimen Procesal Transitorio de laCircunscripción Judicial del Estado Trujillo, se declaró incompetente a su vez, y planteó
3. conflicto negativo de competencia ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo deJusticia. II DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL La representación judicial de la parte accionante planteó la pretensión de amparoconstitucional en los siguientes términos: Que “(…) interponemos recurso de amparo constitucional contra laGobernación del Estado Trujillo, en la persona del Procurador General del Estado,quien (…) es el representante legal de la Gobernación del Estado Trujillo (…) porDESACATO de la Providencia Administrativa N° 46 de fecha 26-11-1999, dictadapor el Inspector del Trabajo del Estado Trujillo, en la cual se ordena el reenganche ypago de salarios caídos a los demandantes a sus labores habituales como obreros endiferentes Prefecturas y Escuelas del Estado Trujillo, notificada a la Gobernación delEstado Trujillo en fecha 26-11-1999; providencia que fue recurrida de nulidad por anteel Tribunal Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede enBarquisimeto, por parte de la Gobernación del Estado Trujillo, habiendo este Tribunaldecretado el desistimiento de dicho recurso de nulidad en fecha 19-06-2002 (…)”(Mayúsculas y negrillas de la parte accionante). Que “(…) se abrió un procedimiento de multa contra la Gobernación delEstado Trujillo por la Inspectoría del Trabajo, que culminó con la ProvidenciaAdministrativa N° 066-2007-06-00075 (…) en la cual se le impone a la Gobernacióndel Estado Trujillo una multa equivalente a SEISCIENTOS NOVENTA Y UNBOLÍVARES (Bs. 691,00) por infracción del artículo 639 de la Ley Orgánica delTrabajo (…)” (Mayúsculas de la parte accionante). Que “(…) la Gobernación del Estado Trujillo al no dar cumplimiento a laProvidencia Administrativa N° 46 de fecha 26-11-1999, dio origen a la aplicación delprocedimiento sancionatorio, habiendo sido declarada infractora, y habiendo sidonotificada oportunamente de esta sanción, y a pesar de ello, NO ACATÓ ELREENGANCHE Y EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS (…)” (Mayúsculas de laparte accionante).
4. Que “(…) los obreros que represento, todos dependientes de la Gobernación delEstado Trujillo (…) fueron despedidos injustificadamente por la Gobernación delEstado Trujillo, en momento en que eran beneficiarios de la INAMOVILIDADestablecida en el artículo 506 y 520 de la Ley Orgánica del Trabajo, en razón de lapetición del Pliego Conflictivo que por ante la Inspectoría del Trabajo del EstadoTrujillo, habían introducido los obreros de la Gobernación afiliados al SindicatoS.U.O.D.E. (…)” (Mayúsculas de la parte accionante). Que “(…) la pretensión de este recurso de amparo constitucional es que serestablezca la situación jurídica infringida, por la violación del derecho al trabajo (…),y en consecuencia, se le ordene a la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO ELREENGANCHE Y EL PAGO DE LOS SALARIOS CAÍDOS que pudierancorrespondernos desde la fecha del despido hasta su definitivo reenganche (…),empero habiendo fallecido Antonio Ramón Becerra Terán, sólo se ordenará a laGobernación del Estado Trujillo pagarle a sus herederos plenamente identificados, lossalarios caídos desde su despido hasta la fecha de su fallecimiento 25-10-2009”(Mayúsculas y negrilllas de la parte accionante). Que “(…) previo a la tramitación del presente amparo, solicito se dicte unamedida cautelar conforme lo establece el artículo 585 y 588 del Código deProcedimiento Civil, por estar demostrado el fomus bonis iuris y el periculum in mora,de reenganche inmediato, mientras la Dirección o Departamento de RecursosHumanos de la Gobernación del Estado Trujillo, realice los trámites administrativos alos fines de realizar los cálculos y el correspondiente pago de salarios caídos de losdemandantes (…), en un lapso que no exceda de tres (3) meses (…), en virtud delreiterado desacato por parte de la Gobernación del Estado Táchira, en darcumplimiento a la Providencia Administrativa N° 46, de fecha 26-11-1999, y por estaren mora desde hace más de ONCE (11) años, debe aplicar la INDEXACIÓN y pagarlos correspondientes intereses (…)” (Mayúsculas de la parte accionante). Que “(…) la procedencia del presente amparo queda demostrada con laviolación de la providencia administrativa N° 46 de fecha 26-11-1999, que ordena elreenganche y pago de salarios caídos que pudieran corresponderle a los demandantes,
5. al no acatarla a pesar de las reiteradas diligencias realizadas por estos para lograrque se cumpliera y el continuo desacato de la Gobernación (…)”. Finalmente, solicitan que “(…) se RESTABLEZCA INMEDIATAMENTE lasituación jurídica infringida por la GOBERNACIÓN DEL ESTADO TRUJILLO alno acatar la Providencia Administrativa N° 46 de fecha 26-11-1999, dictada por laInspectoría del Trabajo de Trujillo, en la que se ordena el REENGANCHE Y ELPAGO DE SALARIOS CAÍDOS de los demandantes y se le ordene EL INMEDIATOREENGANCHE y solicito se dicte una medida cautelar (…), y se le ordene alGobernador que tramite a través del Departamento o Dirección de Recursos Humanosde la Gobernación del Estado Trujillo para lograr efectuar los cálculos y el pagoefectivo de los salarios caídos que pudieran corresponderle a los demandantes o a susherederos, en un lapso que no exceda los tres (3) meses, con la respectivaINDEXACIÓN e INTERESES, fundamentado en normas constitucionales y en elREITERADO DESACATO demostrado por más de diez (10) años (…)” (Mayúsculas ynegrillas de la parte accionante). III DE LA SENTENCIA DEL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO Mediante decisión del 12 de agosto de 2010, el Juzgado Segundo de PrimeraInstancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, sedeclaró incompetente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta yremitió el expediente al Tribunal de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños,Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, con base en lassiguientes consideraciones: “(…) corresponde el conocimiento de la presente causa a los tribunales con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en virtud del fuero atrayente que recae sobre toda demanda judicial donde actuare un niño, niña o adolescente; razón por la cual este Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, se declara INCOMPETENTE para conocer el presente asunto y declina la competencia en los Tribunales de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del
6. Estado Trujillo. Se advierte que por notoriedad judicial en fecha 07-07-2010 fue interpuesta solicitud de amparo constitucional en el asunto TP11- O-2010-000006, llevado por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, donde figuran las mismas partes, asunto éste que fue remitido a los Tribunales de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, por declinatoria de competencia según información aportada por el sistema IURIS 2000 (…). En virtud de lo expuesto, este Juzgado (…) declara: PRIMERO: SU INCOMPETENCIA para conocer de la presente solicitud de amparo constitucional. SEGUNDO: DECLINA EL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE ASUNTO EN LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO. TERCERO: SE ORDENA la remisión inmediata del presente asunto al Tribunal competente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (…)” (Mayúsculas, negrillas y subrayado del texto original). IVDE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Y PARA EL RÉGIMEN PROCESAL TRANSITORIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TRUJILLO Mediante sentencia del 17 de agosto de 2010, el Tribunal Primero de PrimeraInstancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y para el RégimenProcesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, se declaróincompetente a su vez, y planteó conflicto negativo de competencia ante la SalaConstitucional del Tribunal Supremo de Justicia, previo a lo cual efectuó las siguientesconsideraciones: “(…) los aquí accionantes en amparo lo que persiguen es el restablecimiento inmediato de la situación jurídica infringida por la Gobernación del Estado Trujillo, al no acatar la referida Providencia Administrativa, que como se señaló ordena el reenganche y pago de salarios caídos de los recurrentes. En relación a la actuación del adolescente (…), como supuesto legitimado activo, cabe señalar que a su extinto padre ciudadano ANTONIO RAMÓN BECERRA TERÁN, el derecho constitucional que presuntamente le ha sido vulnerado, no podrá serle reestablecido toda vez que es imposible materializar su reenganche a las actividades que venía ejerciendo como personal obrero al servicio de la Gobernación del Estado Trujillo, dado el carácter intuito personae que reviste las relaciones personales. Como puede apreciarse el adolescente que acciona no puede beneficiarse, a diferencia de los restantes accionantes, con un mandamiento de amparo que
7. ordene su reenganche, pues quien laboró fue su padre, es a todas luces de imposible materialización. El adolescente recurrente no está siendo afectado en sus derechos e intereses, toda vez que puede reclamar siguiendo los procedimientos pertinentes al pago de las prestaciones y demás beneficios laborales por el tiempo de servicio prestado por su causante en la Gobernación del Estado Trujillo (…). Por lo antes expuesto, esta Juzgadora considera que la naturaleza de la acción propuesta deriva de asuntos propios de la materia laboral, ya que los derechos que alegan los recurrentes se circunscriben estrictamente al reenganche y pago de salarios caídos; lo que significa que de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley que rige la materia de amparo, a las normas que rigen la competencia y al criterio indicado ut supra, hacen concluir que este Tribunal no tiene atribuida competencia por la materia para conocer de la presente acción, pues las presuntas transgresiones constitucionales denunciadas provienen de asuntos que son competencia exclusiva de los Juzgados con competencia laboral, por estar dirigidos a obtener el reenganche y pago de salarios caídos de los recurrentes. … omissis … Por virtud de las anteriores consideraciones este Juzgado de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y para el Régimen Procesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo (…), se declara INCOMPETENTE por la materia para sustanciar, conocer y resolver de la presente acción de amparo. (…) se ordena remitir las presentes actuaciones a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante oficio a los fines de la regulación de competencia respectiva (…)” (Mayúsculas y negrillas del texto original). V CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de losconflictos negativos de competencia que en materia de amparo constitucional sesusciten entre los tribunales de la República Bolivariana de Venezuela. Con talpropósito observa que el artículo 266 numeral 7 del Texto Fundamental establece:“Artículo 266.- Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (...) 7. Decidir losconflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando noexista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico”. Asimismo, observa esta Sala que de conformidad con el artículo 31.4 de la LeyOrgánica del Tribunal Supremo de Justicia: “Son competencias comunes a cada Saladel Tribunal Supremo de Justicia: (…) 4.- Decidir los conflictos de competencia entretribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior ycomún a ellos en el orden jerárquico”.
8. Por su parte, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos yGarantías Constitucionales dispone: “(…) Artículo 12.- Los conflictos sobrecompetencia que se susciten en materia de amparo entre Tribunales de PrimeraInstancia serán decididos por el Superior respectivo. Los trámites serán breves y sinincidencias procesales (…)”. Así pues, de las disposiciones transcritas se desprende que si el juez o tribunalque ha de suplir a otro que se hubiese declarado incompetente, se considerase tambiénincompetente, deberá plantear, de oficio, conflicto negativo de competencia, y ante lainexistencia de un Tribunal Superior común a ambos jueces, la decisión corresponderá ala Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por ser la afín en materia deamparo constitucional. Ello así, se observa que en la presente causa, el conflicto de competencia seplanteó entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de laCircunscripción Judicial del Estado Trujillo y el Tribunal Primero de Primera Instanciade Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y para el Régimen ProcesalTransitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo, con ocasión de la acciónde amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos Belén Clariza Lemus González,Milagros del Valle Pacheco Terán, Ana Rosa Godoy de Briceño, José Alfonso Briceño,María del Carmen Pacheco Terán, Isidra Becerra de Pacheco, Hidra Mery de Pacheco,Sonia Coromoto Peña Dávila, Elsy Coromoto Trejo Lozada y Antonio Ramón BecerraTerán, difunto representado por sus legítimos herederos, Nelly Pérez de Becerra, JesúsBecerra, Daniela Becerra y Diana Becerra, en virtud del incumplimiento de laProvidencia Administrativa N° 46, dictada el 26 de noviembre de 1999, por laInspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, por la presunta violación de su derechoconstitucional al trabajo, consagrado en el artículo 93 d la Constitución de la RepúblicaBolivariana de Venezuela. Ahora bien, con respecto a la competencia para conocer de las acciones deamparo constitucional, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos yGarantías Constitucionales, establece lo siguiente:
9. “Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín, con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurriere el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. Si un Juez se considerare incompetente, remitirá las actuaciones inmediatamente al que tenga competencia. Del amparo de la libertad y seguridad personales conocerán los Tribunales de Primera Instancia en lo Penal, conforme al procedimiento establecido en esta Ley”. Según el artículo anterior, son competentes para conocer de dichas acciones losTribunales de Primera Instancia afín a la materia, la naturaleza del derecho o de lasgarantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdiccióncorrespondiente al lugar donde hubiese ocurrido el hecho, acto u omisión que motivarela solicitud de amparo. Ahora bien, en el presente caso el hecho presuntamente lesivo se deriva de lanegativa de la Gobernación del Estado Trujillo, de dar cumplimiento a la ProvidenciaAdministrativa N° 46, dictada el 26 de noviembre de 1999, por la Inspectoría delTrabajo del Estado Trujillo. En este sentido, esta Sala estima necesario señalar que recientemente dictósentencia N° 955 del 23 de septiembre de 2010 (caso: “Bernardo Jesús Santeliz Torresy otros”), con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justiciay demás Tribunales de la República, en la que estableció que es la jurisdicción laboral lacompetente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen enrelación con las Providencias Administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo,sea que se trate de los juicios de nulidad contra las referidas providencias, así como parala resolución de los conflictos que surjan con motivo de la ejecución de éstas que hanquedado firmes en sede administrativa o, que se trate de acciones de amparoconstitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por laausencia de ejecución de dichos actos administrativos. Al efecto sostuvo lo siguiente: “(...) En vista de esta situación, considera oportuno la Sala revisar los criterios de interpretación de esta norma constitucional [artículo 259] que ha venido aplicando de manera pacífica y reiterada en casos como el de autos, a fin de
10. garantizar la efectiva vigencia y respeto de los derechos y garantíasconsagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.A estos efectos, es importante recordar que una norma no puede serinterpretada de forma aislada, sino dentro del contexto en el cual la misma seencuentra. De allí que debe analizarse hasta qué punto podría ser viable laexclusión del conocimiento de acciones relacionadas con providenciasadministrativas dictadas por Inspectorías del Trabajo -en el ámbito de unarelación laboral-, de la jurisdicción contencioso administrativa.En este orden de ideas, destaca la regulación constitucional del derecho altrabajo, plasmada en los artículos 87 al 97, Titulo III:Derechos Sociales, de la Constitución de la República Bolivariana deVenezuela. Al considerarlo un derecho y un hecho social, el Constituyenteimpone al Estado el deber de protegerlo.De allí que la Disposición Transitoria Cuarta, en su numeral 4, de nuestraCarta Magna, estableció el deber para la Asamblea Nacional de aprobar,dentro del primer año, contado a partir de su instalación:‘Una ley orgánica procesal del Trabajo que garantice el funcionamiento de unajurisdicción laboral autónoma y especializada, y la protección del trabajador otrabajadora en los términos previstos en esta Constitución y en las leyes. La leyorgánica procesal del trabajo estará orientada por los principios de gratuidad,celeridad, oralidad, inmediatez, prioridad de la realidad de los hechos, laequidad y rectoria del juez o jueza en el proceso’.Esta posición se ve reforzada por la reciente entrada en vigencia de la LeyOrgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en laGaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 377.244 del 16 dejunio de 2010; la cual tiene por objeto ‘regular la organización, funcionamientoy competencia de los órganos de la Jurisdicción Contencioso Administrativa,salvo lo previsto en las leyes especiales’ (articulo 1).Las competencias de los órganos integrantes de esta jurisdicción, estánconsagradas en los artículos 9, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley Orgánica. Deesos artículos interesa, a los efectos de determinar la competencia para elconocimiento de las acciones relacionadas con providencias administrativasemanadas de las Inspectorías del Trabajo, lo contenido en el numeral 5 delarticulo 23, en el numeral 5 del articulo 24 y en el numeral 3 del articulo 25(...).De los artículos anteriormente transcritos, se puede apreciar que el legisladorexcluyó -de forma expresa- de las competencias asignadas a los órganos queintegran la jurisdicción contencioso administrativa, la relativa al conocimientode ‘las acciones de nulidad ejercidas contra las decisiones administrativasdictadas por la Administración del trabajo en materia de inamovilidad, conocasión de una relación laboral regulada por la Ley Orgánica del Trabajo’.Con este criterio, la Sala puede evidenciar que el legislador viene a fortalecerla protección jurídico-constitucional de los trabajadores, a través de normasgarantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo latutela judicial efectiva y protegiendo la vigencia y efectividad del trabajo, comoderecho y como hecho social que deber ser protegido por el Estado (artículos87 y 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), en prodel interés general y de la propia vida en el porvenir de la Constitución de la
11. República Bolivariana de Venezuela, para hacerla descansar en la justicia social y humanitaria (...). De lo anterior se colige que aun cuando las Inspectorías del Trabajo sean órganos administrativos dependientes -aunque desconcentrados- de la Administración Pública Nacional, sus decisiones se producen en el contexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por la cual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano que la dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contencioso administrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo, expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, que exige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores. En fin, la parte humana y social de la relación”. De esta forma concluye esta Sala, argumentando lo siguiente: “(…) En efecto, los órganos jurisdiccionales especializados en los conceptos debatidos en las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo (derecho al trabajo y a la estabilidad en el trabajo), sea que se trate, entre otras, de la pretensión de nulidad a través del recurso contencioso administrativo, sean las pretensiones relativas a la inejecución de dichos actos como consecuencia de la inactividad de la Administración autora o bien del sujeto obligado -el patrono o el trabajador- para su ejecución o, por último, sea que se trate de pretensiones de amparo constitucional con fundamento en lesiones que sean causadas por el contenido o por la ausencia de ejecución de dichos actos administrativos: son los tribunales del trabajo. Así se declara. Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el articulo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara. Con fundamento en las consideraciones que se expusieron, y en ejercicio de la facultad de máximo intérprete del Texto Constitucional, esta Sala deja asentado el siguiente criterio, con carácter vinculante para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República: 1) La jurisdicción competente para el conocimiento de las distintas pretensiones que se planteen en relación con los actos administrativos dictados por los Inspectores del Trabajo, es la jurisdicción laboral. 2) De los tribunales que conforman esta jurisdicción, el conocimiento de las pretensiones antes especificadas corresponde, en primera instancia, a los Tribunales de Primera Instancia del Trabajo y en segunda instancia, a los Tribunales Superiores del Trabajo (…)” (Subrayados de esta Sala). Visto lo anterior, esta Sala advierte que los conflictos de competencia que surjanen las acciones intentadas con ocasión a las providencias administrativas dictadas por
12. las Inspectorías del Trabajo, se resolverán atendiendo el criterio vinculante contenido enla sentencia N° 955/10, en virtud del cual, es la jurisdicción laboral la competente paraconocer de los amparos ejercidos por el incumplimiento de dichas providenciasadministrativas. Igualmente, se advierte que esta Sala mediante sentencia N° 108/2011 (caso:“Libia Torres Márquez”), estableció que a “(…) todos los conflictos de competenciaque surjan con ocasión a dichos juicios, e incluso los que hayan surgido conanterioridad al presente fallo, se resolverán atendiendo el criterio vinculantecontenido en la sentencia N° 995/10 (…)”. Ahora bien, esta Sala observa que independientemente de la oportunidad en quehubiere sido intentada la acción que tenga por objeto el incumplimiento de unaprovidencia administrativa dictada por una Inspectoría del Trabajo, la competencia debecorresponder a los tribunales laborales, ya que con ello se favorecería a las partes dadoque conocería un tribunal especializado en la materia laboral, lo que viene a responderal contenido propio de la relación, pues tales providencias “(…) se producen en elcontexto de una relación laboral, regida por la Ley Orgánica del Trabajo, razón por lacual debe atenerse al contenido de la relación, más que a la naturaleza del órgano quela dicta, para determinar que el juez natural en este caso no es el contenciosoadministrativo, sino el laboral. Una relación jurídica denominada relación de trabajo,expresada y manifestada por la fuerza de trabajo desplegada por los trabajadores, queexige un juez natural y especial, para proteger la propia persona de los trabajadores(…)” (Vid. Sentencia 955/2010). Ello así, dada la magnitud de las causas afectadas por este cambio de criterio,debe destacarse que la remisión a los tribunales con competencia laboral no constituiríauna aplicación retroactiva in peius sino in meius, ya que el conocimiento por parte delos juzgados laborales mantiene la necesaria conexión con la garantía constitucional delderecho a la defensa y al debido proceso. Aunado a lo anterior, se debe advertir que en el presente caso se desestima quelos tribunales con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas yAdolescentes, deban conocer la acción de amparo, toda vez que el fuero atrayente solo
13. opera con respecto a las demandas donde actuare un niño, niña o adolescente y, siendoque en el caso de autos la naturaleza de la acción propuesta deriva de asuntos propios dela materia laboral, ya que los derechos que alegan los recurrentes se circunscribenestrictamente al reenganche y pago de salarios caídos, entonces, siguiendo las normasque rigen la competencia en la materia de amparo y atendiendo al criterio vinculantecontenido en la sentencia N° 955/10, es la jurisdicción laboral la competente paraconocer de los amparos ejercidos por el incumplimiento de las providenciasadministrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo. Ello así, y visto que la presente acción fue ejercida por la presunta negativa de laGobernación del Estado Trujillo, a cumplir la orden de reenganche y pago de salarioscaídos impartida mediante la Providencia Administrativa N° 46, dictada el 26 denoviembre de 1999, por la Inspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, el juzgadocompetente para conocer y decidir la presente acción de amparo es el Juzgado Segundode Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del EstadoTrujillo. Así se decide. VI DECISIÓN Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la RepúblicaBolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del conflicto de competenciaplanteado entre el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de laCircunscripción Judicial del Estado Trujillo y el Tribunal Primero de Primera Instanciade Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y para el Régimen ProcesalTransitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. 2.- Que el Tribunal COMPETENTE para el conocimiento en primera instanciade la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos BELÉNCLARIZA LEMUS GONZÁLEZ, MILAGROS DEL VALLE PACHECOTERÁN, ANA ROSA GODOY DE BRICEÑO, JOSÉ ALFONSO BRICEÑO,
14. MARÍA DEL CARMEN PACHECO TERÁN, ISIDRA BECERRA DEPACHECO, HIDRA MERY DE PACHECO, SONIA COROMOTO PEÑADÁVILA, ELSY COROMOTO TREJO LOZADA y ANTONIO RAMÓNBECERRA TERÁN, difunto representado por sus legítimos herederos, NELLYPÉREZ DE BECERRA, JESÚS BECERRA, DANIELA BECERRA y DIANABECERRA, ya identificados, debidamente asistidos por el abogado Alberto MartínMontes de Oca Parra, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N°138.215, contra la Gobernación del Estado Trujillo, en virtud del incumplimiento de laProvidencia Administrativa N° 46, dictada el 26 de noviembre de 1999, por laInspectoría del Trabajo del Estado Trujillo, es el Juzgado Segundo de Primera Instanciade Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. Enconsecuencia, se ORDENA la remisión del expediente a dicho Juzgado para queconozca en primera instancia de la acción de amparo ejercida y se pronuncie sobre laadmisibilidad de la misma. Publíquese y regístrese. Remítase el presente expediente al Juzgado Segundo dePrimera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del EstadoTrujillo. Remítase copia certificada del presente fallo al Juzgado Primero de PrimeraInstancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y para el RégimenProcesal Transitorio de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo. Dada, firmada y sellada en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional delTribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 24 días del mes de marzo de dos milonce (2011). Años: 200º de la Independencia y 152º de la Federación. La Presidenta de la Sala,LUISA ESTELLA MORALES LAMUÑO Ponente El Vicepresidente, FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ
15. Los Magistrados,MARCOS TULIO DUGARTE PADRÓN CARMEN ZULETA DE MERCHÁNARCADIO DE JESÚS DELGADO ROSALES JUAN JOSÉ MENDOZA JOVERGLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO El Secretario, JOSÉ LEONARDO REQUENA CABELLOExp. Nº 10-0915LEML/b
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1era. actividad D.C