Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-517-de-julio-11-de-2007?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204236bcf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-16 16:56:59
Document Index: 391315252

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 194', 'ARTÍCULO 233', 'ARTÍCULO 116', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 83', 'artículo 87', 'artículo 74', 'artículo 74', 'artículo 241', 'artículo 1', 'artículo 233', 'artículo 233', 'artículo 186', 'artículo 233', 'artículo 10', 'artículo 285', 'artículo 118', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 285', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 186', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 186', 'artículo 61', 'artículo 194', 'artículo 61', 'artículo 194', 'artículo 30', 'artículo 1', 'artículo 148', 'artículo 61', 'artículo 194', 'artículo 77', 'artículo 71', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 220', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 118', 'artículo 285', 'artículo 115', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 285', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 193', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 233', 'artículo 1', 'artículo 233', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 71', 'artículo 116', 'artículo 1', 'artículo 115', 'artículo 24', 'artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 85', 'artículo 233', 'artículo 10', 'artículo 118', 'artículo 186', 'artículo 30', 'artículo 61', 'artículo 77', 'artículo 13', 'artículo 193', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 115', 'artículo 76', 'artículo 4', 'artículo 85', 'artículo 4', 'artículo 194', 'artículo 233', 'artículo 116', 'artículo 317', 'artículo 338', 'artículo 150', 'artículo 313', 'artículo 287', 'artículo 317', 'artículo 287', 'artículo 1', 'artículo 338', 'artículo 287', 'artículo 287', 'artículo 313', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 151', 'artículo 304', 'artículo 313', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 288', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 294', 'artículo 76', 'artículo 115', 'artículo 38', 'artículo 11', 'artículo 61', 'artículo 194', 'artículo 61', 'artículo 116', 'artículo 83', 'artículo 294', 'artículo 85', 'artículo 233', 'artículo 1', 'artículo 233', 'artículo 4', 'artículo 194', 'artículo 233', 'artículo 116', 'artículo 233', 'artículo 10', 'artículo 118', 'artículo 186', 'artículo 30', 'artículo 61', 'artículo 77', 'artículo 13', 'artículo 193', 'artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 115', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 194', 'artículo 233', 'artículo 116', 'artículo 285']

﻿ SENTENCIA C-517 DE JULIO 11 DE 2007
SENTENCIA C-517 DE 11 DE JULIO DE 2007
CONTENIDO:LOS GRAVÁMENES A LA PROPIEDAD INMUEBLE. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS ARTÍCULOS 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 Y 17 DE LA LEY 44 DE 1990LOS ARTÍCULOS 6 Y 7 DE LA LEY 601 DE 2000 Y SU ARTÍCULO 4, CON LA SALVEDAD DE LA EXPRESIÓN "HASTA EL 15 DE MAYO DEL RESPECTIVO AÑO GRAVABLE", QUE FUE DECLARA INEXEQUIBLE EN LA SENTENCIA C-1251 DE 2001EL ARTÍCULO 194 DEL DECRETO 1333 DE 1986 Y EL LITERAL B) DE SU ARTÍCULO 233EL ARTÍCULO 116 DE LA LEY 9 DE 1989 Y LOS ARTÍCULOS 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 Y 90 DE LA LEY 388 DE 1997.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE, GRAVAMEN SOBRE BIEN INMUEBLE
Sentencia C-517 de julio 11 de 2007
Sentencia C-517 de 2007
Ref.: expediente D-6578
Asunto: demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 44 de 1990; 1º, 4º, 5º, 6º y 7º de la Ley 601 de 2000, 30 de la Ley 14 de 1983; 186, 193, 194, 220, 221, 222, 233 literales b) y c) del Decreto 1333 de 1986; 61 de la Ley 55 de 1985, 77 de la Ley 75 de 1986, 76 de la Ley 49 de 1990; 112, 113, 114, 115, 116 y 118 de la Ley 9ª de 1989; 10, 11, 12 y 13 de la Ley 128 de 1941; 13 de la Ley 50 de 1984; 7º de la Ley 97 de 1913; 17 de la Ley 94 de 1931 y 73 a 90 de la Ley 388 de 1997.
ART. 7º—Las asambleas departamentales pueden autorizar a los municipios, según la categoría de estos, para imponer las contribuciones a que esta ley se refiere, con las limitaciones que crean convenientes.
ART. 17.—Autorízase al Concejo Municipal de Bogotá para gravar la propiedad raíz urbana que quede dentro de los límites, hasta con un cinco por mil sobre el avalúo catastral, impuesto dentro del cual queda comprendido el valor de los servicios de aseo, alumbrado y vigilancia.
ART. 10.—Con el objeto de poder atender a los gastos que demande el funcionamiento de las oficinas seccionales y el levantamiento catastral y de la Carta Militar, Catastral y Agrícola, establécese un gravamen equivalente al 10 por 100 de lo que los particulares deban pagar por concepto de impuesto predial y de impuesto de registro y anotación. Dicho gravamen será cobrado por los funcionalitos municipales y departamentales al tiempo con el impuesto predial y con el de registro y anotación, y su producto será consignado inmediatamente en las respectivas administraciones o recaudaciones de hacienda nacional con destino exclusivo a los gastos a que se refiere este artículo.
ART. 11.—Para los efectos del artículo anterior, se entiende por impuesto predial el que con este nombre cobren los municipios o departamentos, o el que —bajo el nombre de impuesto de caminos— recauden otros municipios sobre el valor de los bines raíces de su respectivo territorio.
ART. 12.—El gravamen a que se refiere el artículo anterior comenzará a cobrarse en cada departamento, intendencia o comisaría, tan pronto como se organicen allí las oficinas seccionales de catastro, y se dé comienzo al levantamiento catastral, y durará vigente mientras se efectúa dicho levantamiento en el mismo departamento, intendencia o comisaría, y el Presidente de la República queda facultado para ponerlo en vigencia en la forma que determina este artículo, pudiendo usar de esa facultad hasta el 19 de julio de 1942.
ART. 13.—A partir de enero de 1942, los aportes municipales establecidos en algunos departamentos a cargo de los municipios, como contribución de estos a los gastos de levantamiento y conservación del catastro, tendrán un carácter general. En consecuencia, todos los municipios y departamentos tendrán la obligación de destinar un 10 por 100 del producto bruto del impuesto predial para los gastos a que se refiere este artículo.
“Por la cual se dictan normas para proveer al financiamiento del presupuesto público, al fortalecimiento de los fiscos municipales , se conceden unas facultades, se hace una cesión y se dictan otras disposiciones”.
ART. 13.—A partir de la vigencia de esta ley, cédese a los municipios de población inferior a 100.000 habitantes, el producto del recargo del impuesto predial previsto en el artículo 10 de la Ley 128 de 1941, que constituirá un ingreso ordinarios de dichos municipios. A partir de la vigencia de esta ley, elimínase el aporte previsto en el artículo 13 de la Ley 128 de 1941, para los municipios de población inferior a 100.000 habitantes.
ART. 186.—Las tarifas del impuesto predial, incluidas todas las sobretasas municipales, serán fijadas por los Concejos Municipales y el Distrito Especial de Bogotá, entre el 4 y el 12 por mil, en forma diferencial, teniendo en cuenta la destinación económica de cada predio.
ART. 193.—A partir de la vigencia de la Ley 50 de 1984, está cedido a los Municipios de población inferior a 100.000 habitantes el producido del recargo del impuesto predial previsto en el artículo 10 de la Ley 128 de 1941, que constituye un ingreso ordinario de dichos municipios.
A partir de la misma fecha esta eliminado el aporte previsto en el artículo 13 de la Ley 128 de 1941, para los municipios de población inferior a 100.000 habitantes.
ART. 194.—Los bienes inmuebles de propiedad de los establecimientos públicos, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden nacional podrán ser gravados con el impuesto predial en favor del correspondiente municipio.
ART. 220.—Los municipios que sean capitales de departamento, y los que tengan un presupuesto anual no menor de un millón de pesos ($ 1.000.000) moneda corriente, quedan autorizados para cobrar el impuesto de parques y arborización.
ART. 221.—Los concejos municipales de los distritos de que trata el artículo anterior, al expedir los acuerdos creadores del impuesto que se autoriza, procederán también a reglamentar y fijar la cuantía de dichos impuestos, así como a disponer la forma de recaudarlos.
ART. 222.—El producto del impuesto de parques y arborizaciones se aplicará por los municipios que hagan uso de él, así: el cincuenta por ciento (50%) para la construcción y embellecimiento de parques, especialmente infantiles, y la arborización y embellecimiento de las calles, plazas, avenidas y demás vías publicas de las ciudades, y el otro cincuenta por ciento (50%) para el desarrollo e incremento de la vivienda obrera. Los municipios formarán un fondo especial, destinado solamente a los fines indicados en este artículo.
Por la cual se expiden normas en materia tributaria de catastro de fortalecimiento y democratización del mercado de capitales se conceden unas facultades extraordinarias y se dictan otras disposiciones.
ART. 77.—Los concejos municipales podrán, por determinadas condiciones económicas o sociales que existan en el municipio y mediante acuerdo, utilizar como base del impuesto predial y sus complementarios el valor del avalúo fiscal.
ART. 112.—Créase el impuesto de estratificación socioeconómica a cargo de los propietarios y poseedores de las viviendas clasificadas en los estratos alto y medio alto en todos los municipios de más de cien mil (100.000) habitantes. Dicho impuesto es de carácter nacional, pero se cede en favor del municipio en el cual se efectúe el respectivo recaudo.
ART. 115.—Los concejos municipales y el del Distrito Especial de Bogotá, procederán a reglamentar y disponer la forma de recaudar el impuesto de estratificación socioeconómica, así como a determinar las exenciones que consideren pertinentes.
ART. 118.—Se aclara la Ley 128 de 1941 en el sentido de que los municipios podrán continuar cobrando un gravamen equivalente al diez por ciento (10%) de lo que los contribuyentes deban pagar por concepto de impuesto predial y de impuesto de registro y anotación.
ART. 1º—impuesto predial unificado. A partir del año de 1990, fusiónanse en un solo impuesto denominado “impuesto predial unificado”, los siguientes gravámenes:
ART. 2º—Administración y recaudo del impuesto. El impuesto predial unificado es un impuesto del orden municipal.
ART. 5º—Formación parcial. En los municipios donde los predios se hayan formado catastralmente de conformidad con lo dispuesto en la Ley 14 de 1983, solo en una parte del municipio, se deberán adoptar en una proporción adecuada tarifas diferenciales más bajas para los predios formados, en relación con los correspondientes no formados.
ART. 6º—Límites del impuesto. A partir del año en el cual entre en aplicación la formación catastral de los predios, en los términos de la Ley 14 de 1983, el impuesto predial unificado resultante con base en el nuevo avalúo, no podrá exceder del doble del monto liquidado por el mismo concepto en el año inmediatamente anterior, o del impuesto predial, según el caso.
ART. 8º—Ajuste anual de la base. El valor de los avalúos catastrales, se ajustará anualmente a partir del 1º de enero de cada año, en un porcentaje determinado por el Gobierno Nacional antes del 31 de octubre del año anterior, previo concepto del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes). El porcentaje de incremento no será inferior al 70% ni superior al 100% del incremento del índice nacional promedio de precios al consumidor, determinado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el período comprendido entre el 1º de septiembre del respectivo año y la misma fecha del año anterior.
a) Apellidos y nombres o razón social y NIT del propietario del predio;
ART. 14.—Base mínima para el autoavalúo. El valor del autoavalúo catastral, efectuado por el propietario o poseedor en la declaración anual, no podrá ser inferior al resultado de multiplicar el número de metros cuadrados de área y/o de construcción, según el caso, por el precio del metro cuadrado que por vía general fijen como promedio inferior, las autoridades catastrales, para los respectivos sectores y estratos de cada municipio. En el caso del sector rural, el valor mínimo se calculará con base en le precio mínimo por hectáreas u otras unidades de medida, que señalen las respectivas autoridades catastrales, teniendo en cuenta las adiciones y mejoras, los cultivos y demás elementos que formen.
PAR.—Los actos administrativos por cuyo efecto las autoridades catastrales fijen, por vía general, el valor del metro cuadrado que se refiere el inciso primero el presente artículo podrán ser revisados a solicitud del contribuyente, en los términos establecidos en el artículo 9º de la Ley 14 de 1983.
ART. 15.—Autoavalúo base para adquisición del predio. Los municipios que opten por establecer la declaración anual del impuesto predial unificado podrán adquirir los predios que hayan sido objeto de autoavalúo, por un valor equivalente al declarado por el propietario para efectos del impuesto predial unificado, incrementado en un 25%.
ART. 17.—Declaración del impuesto de las corporaciones. Cuando en un municipio se adopte la declaración anual del impuesto predial unificado, esta deberá incluir la autoliquidación del impuesto a la corporación regional, a que se refiere el capítulo II de la presente ley, siempre que corresponda a municipios comprendidos en la jurisdicción de una de tales corporaciones regionales.
Diario Oficial 44.100, de 26 de julio del 2000
ART. 6º—La información de identificación de los predios registrada en las declaraciones tributarias del impuesto predial unificado que no se encuentra en las bases catastrales servirá de base para los procesos que realice la autoridad catastral. Para el efecto, la autoridad tributaria distrital remitirá, como mínimo una vez al año, a la autoridad catastral la información correspondiente.
ART. 7º—El Distrito Capital podrá mantener o establecer sistemas preferenciales y optativos de liquidación y recaudo del impuesto predial unificado.
Diario Oficial 43.091, de 24 de julio de 1997.
PAR.—Para los efectos de esta ley, los conceptos urbanísticos de cambio de uso, aprovechamiento del suelo, e índices de ocupación y de construcción serán reglamentados por el Gobierno Nacional.
ART. 75.—Efecto plusvalía resultado de la incorporación del suelo rural al de expansión urbana o de la clasificación de parte del suelo rural como suburbano. Cuando se incorpore suelo rural al de expansión urbana, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
ART. 76.—Efecto plusvalía resultado del cambio de uso. Cuando se autorice el cambio de uso a uno más rentable, el efecto plusvalía se estimará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
PAR. 2º—En razón a que el pago de la participación en la plusvalía al municipio o distrito se hace exigible en oportunidad posterior, de acuerdo con lo determinado por el artículo 83 de esta ley, el monto de la participación correspondiente a cada predio se ajustará de acuerdo con la variación de índices de precios al consumidor (IPC), a partir del momento en que quede en firme el acto de liquidación de la participación.
ART. 80.—Procedimiento de cálculo del efecto plusvalía. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad que haga sus veces o los peritos técnicos debidamente inscritos en las Lonjas o instituciones análogas, establecerán los precios comerciales por metro cuadrado de los inmuebles, teniendo en cuenta su situación anterior a la acción o acciones urbanísticas; y determinarán el correspondiente precio de referencia tomando como base de cálculo los parámetros establecidos en los artículos 75, 76 y 77 de esta ley.
PAR.—A fin de posibilitar a los ciudadanos en general y a los propietarios y poseedores de inmuebles en particular disponer de un conocimiento más simple y transparente de las consecuencias de las acciones urbanísticas generados del efecto plusvalía, las administraciones distritales y municipales divulgarán el efecto plusvalía por metro cuadrado para cada una de las zonas o subzonas geoeconómicas homogéneas beneficiarias.
ART. 82.—Revisión de la estimación del efecto de plusvalía. Cualquier propietario o poseedor de un inmueble objeto de la aplicación de la participación en la plusvalía, podrá solicitar, en ejercicio del recurso de reposición, que la administración revise el efecto plusvalía estimado por metro cuadrado definido para la correspondiente zona o subzona en la cual se encuentre su predio y podrá solicitar un nuevo avalúo.
ART. 83.—Exigibilidad y cobro de la participación. La participación en la plusvalía solo será exigible en el momento en que se presente para el propietario o poseedor del inmueble respecto del cual se haya declarado un efecto de plusvalía, una cualquiera de las siguientes situaciones:
PAR. 4º—Los municipios podrán exonerar del cobro de la participación en plusvalía a los inmuebles destinados a vivienda de interés social, de conformidad con el procedimiento que para el efecto establezca el Gobierno Nacional.
ART. 84.—Formas de pago de la participación. La participación en la plusvalía podrá pagarse mediante una cualquiera de las siguientes formas:
2. Transfiriendo a la entidad territorial o a una de sus entidades descentralizadas, una porción del predio objeto de la misma, del valor equivalente a su monto. Esta forma solo será procedente si el propietario o poseedor llega a un acuerdo con la administración sobre la parte del predio que será objeto de la transferencia, para lo cual la administración tendrá en cuenta el avalúo que hará practicar por expertos contratados para tal efecto.
En los eventos de que tratan los numerales 2º y 4º se reconocerá al propietario o poseedor un descuento del cinco por ciento (5%) del monto liquidado. En los casos previstos en el numeral 6º se aplicará un descuento del diez por ciento (10%) del mismo.
PAR.—Las modalidades de pago de que trata este artículo podrán ser utilizadas alternativamente o en forma combinada.
ART. 85.—Destinación de los recursos provenientes de la participación. El producto de la participación en la plusvalía a favor de los municipios y distritos se destinará a los siguientes fines:
7. Fomento de la creación cultural y al mantenimiento del patrimonio cultural del municipio o distrito, mediante la mejora, adecuación o restauración de bienes inmuebles catalogados como patrimonio cultural, especialmente en las zonas de la ciudades declaradas como de desarrollo incompleto o inadecuado.
PAR.—El plan de ordenamiento o los instrumentos que lo desarrollen, definirán las prioridades de inversión de los recursos recaudados provenientes de la participación en las plusvalías.
ART. 86.—Independencia respecto de otros gravámenes. La participación en plusvalía es independiente de otros gravámenes que se impongan a la propiedad inmueble y específicamente de la contribución de valorización que llegue a causarse por la realización de obras públicas, salvo cuando la administración opte por determinar el mayor valor adquirido por los predios conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de esta ley, caso en el cual no podrá cobrarse contribución de valorización por las mismas obras.
PAR.—En todo caso, en la liquidación del efecto plusvalía en razón de los hechos generadores previstos en el artículo 74 de la presente ley, no se podrán tener en cuenta los mayores valores producidos por los mismos hechos, si en su momento estos fueron tenidos en cuenta para la liquidación del monto de la contribución de valorización, cuando fuere del caso.
ART. 87.—Participación en plusvalía por ejecución de obras públicas. Cuando se ejecuten obras públicas previstas en el plan de ordenamiento territorial o en los planes parciales o en los instrumentos que los desarrollen, y no se haya utilizado para su financiación la contribución de valorización, las correspondientes autoridades distritales, municipales o metropolitanas ejecutoras, podrán determinar el mayor valor adquirido por los predios en razón de tales obras, y liquidar la participación que corresponde al respectivo municipio, distrito o área metropolitana, conforme a las siguientes reglas:
PAR.—Además de los municipios y distritos, las áreas metropolitanas podrán participar en la plusvalía que generen las obras públicas que ejecuten, de acuerdo con lo que al respecto definan los planes integrales de desarrollo metropolitano, aplicándose, en lo pertinente lo señalado en este capítulo sobre tasas de participación, liquidación y cobro de la participación.
ART. 88.—Derechos adicionales de construcción y desarrollo. Las administraciones municipales y distritales, previa autorización del concejo municipal o distrital, a iniciativa del alcalde, podrán emitir y colocar en el mercado títulos valores equivalentes a los derechos adicionales de construcción y desarrollo permitidos para determinadas zonas o subzonas con características geoeconómicas homogéneas, que hayan sido beneficiarias de las acciones urbanísticas previstas en el artículo 74 de esta ley, como un instrumento alternativo para hacer efectiva la correspondiente participación municipal o distrital en la plusvalía generada.
ART. 89.—Títulos de derechos adicionales de construcción y desarrollo. Los títulos de que trata el artículo anterior, representativos de derechos adicionales de construcción y desarrollo, serán transables en el mercado de valores, para lo cual se sujetarán a las normas previstas para los títulos valores, y su emisión y circulación estarán sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Valores.
ART. 90.—Exigibilidad y pago de los derechos adicionales. Los derechos adicionales de construcción y desarrollo, en la cantidad requerida por cada predio o inmueble, se harán exigibles en el momento del cambio efectivo o uso de la solicitud de licencia de urbanización o construcción. En el curso del primer año, los derechos adicionales se pagarán a su precio nominal inicial; a partir del inicio del segundo año, su precio nominal se reajustará de acuerdo con la variación acumulada del índice de precios al consumidor. Si por cualquier razón no se cancela el valor de los derechos adicionales en el momento de hacerse exigibles, se causarán a cargo del propietario o poseedor intereses de mora sobre dicho valor a la tasa bancaria vigente, sin perjuicio de su cobro por la jurisdicción coactiva”.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numerales 4º y 5º de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia.
2.1. La solicitud de inhibición respecto de las acusaciones formuladas en contra de algunos artículos demandados debido a su derogación.
En criterio de la Corte, la derogación tiene lugar cuando la nueva ley suprime “formal o específicamente la anterior”, también cuando “la ley nueva contiene disposiciones incompatibles o contrarias a las de la antigua” o cuando “una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no haya incompatibilidad entre las disposiciones de estas y las de la ley nueva” (1) .
2.1.1. La derogaciones expresas.
— De conformidad con las anteriores consideraciones conviene precisar que el impuesto por el uso del subsuelo en las vías públicas y por excavaciones en las mismas tiene su génesis en el literal j) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 que le concedió al concejo de la ciudad de Bogotá la facultad de crearlo libremente y, como lo ha puntualizado esta corporación, el Decreto 1333 de 1986 lo incluyó en el literal c) del artículo 233, dentro del acápite “Otros impuestos municipales” como uno de los que podía ser creado “por los concejos municipales y el Distrito Especial de Bogotá” (2) .
El literal c) del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 ha sido demandado en la presente oportunidad, pero, según lo verificó la Corte en otro momento, “esta disposición fue derogada expresamente por el artículo 186 de la Ley 142 de 1994, en la que se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios” (3) y en cuya parte pertinente se deroga, en particular, “el literal c) del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, entre otras disposiciones”.
— Igualmente, el artículo 10 de la Ley 128 de 1941 fue derogado de manera expresa por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995 (4) que lo enuncia dentro del conjunto de normas especialmente derogadas, como también lo hace respecto del artículo 118 de la Ley 9ª de 1989 demandado en esta ocasión, luego a la Corte le corresponde declararse inhibida para examinar la constitucionalidad de los referidos artículos.
2.1.2. El artículo 1º de la Ley 44 de 1990 y la derogación.
La Ley 44 de 1990, en su artículo 1º, creó el impuesto predial unificado y para tal efecto fusionó en uno solo “el impuesto predial regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las leyes 14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986”; así como el “impuesto de parques y arborización, regulado en el Código de Régimen Municipal adoptado por el Decreto 1333 de 1986”, además “el impuesto de estratificación socioeconómica creado por la Ley 9ª de 1989” y, finalmente, “la sobretasa de levantamiento catastral a que se refieren las leyes 128 de 1941, 50 de 1984 y 9ª de 1989”.
El señor Procurador General de la Nación sostiene que el cuestionamiento de algunas disposiciones a las que aluden los cuatro literales del artículo 1º de la Ley 44 de 1990 no es apto para dar lugar al juicio de inconstitucionalidad, pues, en su opinión, se produjo una derogación por regulación orgánica o integral de la materia.
De otra parte, se debe destacar que los artículos 10 de La ley 128 de 1941 y 118 de la Ley 9ª de 1989 que, según el planteamiento del Jefe del Ministerio Público, habrían quedado derogados por regulación integral de la materia, fueron posteriormente derogados en forma expresa por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, como se vio, lo cual hace dudar acerca de que haya operado la derogación por regulación integral.
2.1.2.1. Derogaciones basadas en el literal a) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990.
— El literal a) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990 derogó el artículo 186 del Decreto 1333 de 1986 que se refería a tarifas y a sobretasas, pues la citada ley en su artículo 4º fijó una tarifa única para el impuesto predial y, en concordancia con esta decisión, eliminó las sobretasas. De otra parte, ya la Corte Constitucional precisó que “el artículo 17 de la Ley 14 de 1983 que había sido codificado en el Decreto 1333 de 1986 con el número de orden 186, fue modificado por el artículo 4º de la Ley 44 de 1990” (5) , siendo entonces claro que en relación con el artículo 186 del Decreto 1333 de 1986 se impone la inhibición.
— El artículo 61 de la Ley 55 de 1985 fue recogido en el artículo 194 del Decreto 1333 de 1986 que está vigente, según lo ha confirmado el Consejo de Estado en reciente sentencia proferida por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en la cual se lee que el artículo 61 de la Ley 55 de 1985 concedió una autorización para gravar bienes públicos, reiterada luego en el artículo 194 del Decreto 1333 de 1986, todavía vigente, porque “la Ley 44 de 1990 que creó el impuesto predial unificado mantuvo el régimen excepcional de las entidades públicas en relación con el impuesto predial, pues no derogó la normatividad preexistente” (6) .
— En cuanto hace al artículo 30 de la Ley 14 de 1983 su texto hace referencia al impuesto predial y en virtud de lo dispuesto por el literal a) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990 ha quedado derogado, siendo del caso anotar que le otorgaba facultades a las asambleas departamentales y a los gobernadores en relación con un impuesto que, de acuerdo con la regulación vigente, es municipal, fuera de lo cual las asociaciones de municipios fueron reguladas posteriormente por el artículo 148 y siguientes de la Ley 136 de 1994.
— Del artículo 61 de la Ley 55 de 1985 se debe apuntar que quedó derogado al ser incorporado como artículo 194 del Decreto 1333 de 1986 que, de acuerdo con lo indicado, está vigente.
— Por último, el artículo 77 de la Ley 75 de 1986 fue compilado en el inciso segundo del artículo 71 del Decreto 624 de 1989 o estatuto tributario que, a su vez, fue sustituido por el artículo 16 de la Ley 49 de 1990 y, es de destacar que, en cualquier caso, la Ley 44 de 1990 reguló la tarifa y el avalúo respecto del impuesto predial, lo cual corrobora su derogación.
2.1.2.2. Derogaciones basadas en el literal b) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990.
Los artículos 220, 221 y 222 del Decreto 1333 de 1986 se ocupaban del denominado impuesto de parques y arborización, luego es claro que, tratándose de estos artículos, la Corte debe declararse inhibida para emprender el examen que el actor solicita en su libelo, pues fueron derogados por el literal b) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990. El artículo 220 correspondía al artículo 1º de la Ley 14 de 1944, mientras que los artículos 221 y 222 reprodujeron, respectivamente, los artículos 2º y 3º de esa ley.
2.1.2.3. Derogaciones basadas en el literal c) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990.
El impuesto de estratificación socioeconómica se encontraba regulado en los artículos 112, 113, 114, 115 y 118 de la Ley 9ª de 1989 que son objeto de la presente demandada. Del artículo 118 ya se dijo que fue expresamente derogado por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995, al paso que, como luego se verá, sobre el artículo 115 recayó la declaración de inexequibilidad y, en cuanto a los restantes preceptos, es evidente que los derogó el literal c) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990, razón por la cual esta corporación se declarará inhibida para pronunciarse de fondo.
2.1.2.4. Derogaciones basadas en el literal d) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990.
La sobretasa de levantamiento catastral se hallaba establecida en los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley 128 de 1941 y de ella también se ocupaba el artículo 13 de la Ley 50 de 1984. Se debe recordar que el artículo 10 fue derogado expresamente por el artículo 285 de la Ley 223 de 1995 y que, en todo caso, los artículos 11 y 12 fueron derogados por el literal d) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990.
Respecto del artículo 13 de la Ley 128 de 1941 es conveniente puntualizar que fue eliminado expresamente por el artículo 13 de la Ley 50 de 1984 y este, a su turno, fue reproducido como artículo 193 del Decreto 1333 de 1986 que también está derogado por el literal d) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990, pues se refería a la sobretasa de levantamiento catastral. Toda vez que estos tres artículos fueron demandados, en relación con ellos la Corte se inhibirá para pronunciarse de fondo.
2.1.3. Otras derogaciones.
— En relación con las disposiciones de la Ley 44 de 1990 que han sido demandadas es preciso acotar que el artículo 8 fue modificado por el artículo 6º de la Ley 242 de 1995 y a causa de ello no está vigente el texto demandado, motivo por el cual la Corte se inhibirá para adelantar su estudio de fondo.
— En lo que tiene que ver con el artículo 7º de la Ley 97 de 1913 es importante destacar que le otorgaba a las asambleas departamentales facultad para autorizar a los municipios a fin de “imponer las contribuciones a que esta ley se refiere, con las limitaciones que crean convenientes”.
La mencionada ley le permitía al Concejo de Bogotá crear libremente algunos impuestos y contribuciones, de los cuales algunos han sido derogados, como ha tenido oportunidad de verificarlo esta Corte (7) . Otros, sin embargo, han sido considerados vigentes por la jurisprudencia constitucional (8) y, aun cuando esa circunstancia avala la vigencia del artículo 7º, la referencia a una autorización concedida por las asambleas departamentales a los municipios hace pensar en su derogación, dado que, según la regulación vigente, se trata de tributos del orden municipal, respecto de los cuales se garantiza un margen de autonomía a los municipios.
En efecto, con la expedición de la Ley 84 de 1915 la autorización para gravar con fundamento en las contribuciones e impuestos establecidos en el artículo 1º de la Ley 97 de 1913 se extendió a los demás concejos municipales del país, con excepción de la prevista en el literal b) que hoy está derogado, conforme lo verificó la Corte en la Sentencia 1043 de 2003.
Aunque el artículo 1º de la Ley 84 de 1915 también exigió la autorización de las asambleas departamentales, es obvio que esa intervención perdió su sentido en la medida en que se fue afianzando la autonomía de los municipios, fuera de lo cual, es posible afirmar que el artículo 7º de la Ley 97 de 1913 no está vigente, porque el Decreto 1333 de 1986 que compiló la legislación municipal no lo incorporó, pese a haber compilado en su artículo 233 impuestos establecidos en el artículo 1º de la Ley 97 de 1913, tales como el de extracción de arena, cascajo y piedras y el impuesto de delineación.
El encabezamiento del artículo 233 corrobora la derogación del artículo 7º de la Ley 97 de 1913, pues, de acuerdo con su tenor, los concejos municipales “pueden crear los siguientes impuestos, organizar su cobro y darles el destino que juzguen más conveniente”, tratándose, entonces, de una atribución directa y no dependiente de la autorización dada por las asambleas departamentales.
De otra parte, el Decreto 1222 de 1986, que compiló la legislación departamental, dentro de las atribuciones de las asambleas, previstas en sus artículos 60 a 71, tampoco recogió el artículo 7º de la Ley 97 de 1913 y en el artículo 71-2 les prohibió a esas corporaciones departamentales intervenir, por medio de ordenanzas o resoluciones, en asuntos que no son de su incumbencia.
— Respecto del artículo 116 de la Ley 9ª de 1989, aunque podría pensarse que ha sido derogado por el literal c) del artículo 1º de la Ley 44 de 1990 debido a hallarse incorporado dentro de los artículos que regulan el denominado impuesto de estratificación, su contenido suscita dudas sobre su vigencia, pues se refiere al pago de los impuestos que graven la finca raíz en caso de enajenación, así como al paz y salvo correspondiente, motivo por el cual se adelantará el examen de su constitucionalidad, teniendo en cuenta que así ha procedido la Corte cuando, a pesar del análisis adelantado, persisten dudas sobre la vigencia (9) .
2.2. Sentencias proferidas en ejercicio del control de constitucionalidad sobre disposiciones ahora demandadas.
2.2.1. Sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia.
— Mediante sentencia fechada el 1º de febrero de 1990 (10) la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible el artículo 115 de la Ley 9ª de 1989 y aún cuando el análisis de su constitucionalidad se llevó a cabo con fundamento en la competencia conferida al efecto por la Constitución de 1886 y frente al contenido de esta, lo evidente es que la disposición que ahora se vuelve a acusar había salido del ordenamiento jurídico antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, razón por la cual no procede ahora adelantar el análisis de su constitucionalidad.
— Con base en el artículo 24 transitorio de la Constitución de 1991 y toda vez que la respectiva demanda fue incoada antes del 1º de junio de 1991, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia examinó la constitucionalidad del artículo 76 de la Ley 49 de 1990 frente a la Constitución actualmente vigente y, en sentencia del 12 de septiembre de 1991 (11) , resolvió declararlo inexequible. Puesto que el artículo 76 de la Ley 49 de 1990 ha sido demandado, la Corte Constitucional ordenará estarse a lo resuelto, pues en relación con él ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
2.2.2. Sentencias proferidas por la Corte Constitucional.
— Tampoco resulta viable proceder a establecer la constitucionalidad del artículo 1º de la Ley 601 de 2000, porque ya la Corte, en la Sentencia C-1251 de 2001 (12) lo encontró exequible “bajo el entendido de que la declaración del impuesto predial solo puede ser corregida por menor valor cuando se presenten errores distintos a la determinación voluntaria de la base gravable” y, en consecuencia, la Corte ordenará estarse a lo entonces resuelto.
En la misma sentencia la Corte decretó la inexequibilidad de la expresión “hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable” que hacía parte del artículo 4º de la Ley 601 de 2000 y declaró exequible su artículo 5º “en el entendido que la expresión ‘administración distrital’ allí contenida hace referencia al Concejo Distrital como organismo administrativo de representación popular”, de modo que, tratándose del aparte transcrito del artículo 4º y de la totalidad del artículo 5º, también habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-1251 de 2001.
— En cuanto al artículo 85 de la Ley 388 de 1997 se debe destacar que la Corte Constitucional efectuó su análisis de constitucionalidad en la Sentencia C-495 de 1998 (13) , habiéndolo hallado exequible, luego respecto de este artículo hay cosa juzgada y la Corte ordenará estarse a lo entonces resuelto.
De conformidad con lo visto, la Corte se inhibirá de proferir pronunciamiento de fondo, por carencia actual de objeto, respecto del literal c) del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, del artículo 10 de la Ley 128 de 1941, del artículo 118 de la Ley 9ª de 1989, del artículo 186 del Decreto 1333 de 1986, del artículo 30 de la Ley 14 de 1983, del artículo 61 de la Ley 55 de 1985, del artículo 77 de la Ley 75 de 1986, de los artículos 220, 221 y 222 del Decreto 1333 de 1986, de los artículos 112, 113 y 114 de la Ley 9ª de 1989, de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 128 de 1941, del artículo 13 de la Ley 50 de 1984, del artículo 193 del Decreto 1333 de 1986, del artículo 17 de la Ley 94 de 1931, del artículo 8º de la Ley 44 de 1990 y del artículo 7º de la Ley 97 de 1913.
También se inhibirá la Corte por carencia actual de objeto respecto del artículo 115 de la Ley 9ª de 1989 que fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia antes de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991.
Además, la Corte ordenará estarse a lo resuelto respecto del artículo 76 de la Ley 49 de 1990 en la sentencia del 12 de septiembre de 1991 proferida por la Corte Suprema de Justicia, así como a lo resuelto en relación con los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000 y con la expresión “hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable” contenida en su artículo 4º y a lo resuelto en la Sentencia C-495 de 1998 en relación con el artículo 85 de la Ley 388 de 1997.
Como consecuencia de todo lo anterior, la Corte examinará las acusaciones formuladas en contra de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 44 de 1990, así como de los artículos 6º y 7º de la Ley 601 de 2000 y de su artículo 4º con la salvedad de la expresión “hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable” que fue declarada inexequible en la Sentencia C-1251 de 2001, del artículo 194 del Decreto 1333 de 1986 y del literal b) de su artículo 233, del artículo 116 de la Ley 9ª de 1989 y de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley 388 de 1997.
A este primer reproche de inconstitucionalidad el demandante agrega un cuestionamiento, de conformidad con el cual los artículos 150, numerales 1º y 4º; 151 y 288 de la Constitución exigen que la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales y el reparto de atribuciones entre la Nación y las mencionadas entidades no pertenece al ámbito de la ley ordinaria, sino al de una ley orgánica que debe respetar la competencia constitucionalmente asignada a los municipios para gravar la propiedad inmueble.
Por la misma causa serían contrarias a la Constitución las disposiciones en las cuales el legislador regula en forma directa la administración y el recaudo del impuesto predial unificado, porque tratándose de este asunto solo los municipios, en ejercicio de su autonomía, podrían establecer lo pertinente.
En cuanto hace a la contribución de plusvalía y al impuesto de delineación el actor esboza cargos idénticos a los planteados en el caso del impuesto predial y, por lo tanto, considera que, en virtud de su predicada autonomía, solo los municipios pueden ocuparse de ella, de manera que el legislador carecería de competencia para crear la plusvalía y, además, para fijar sus elementos esenciales, conceder exenciones o regular su administración y su recaudo.
De acuerdo con el anterior planteamiento, a la Corte le corresponde examinar, en primer término, el cargo general aducido y para tal efecto debe establecer si, conforme a la regulación constitucional, el legislador tiene competencia para establecer gravámenes a la propiedad inmueble o si en relación con ese tema únicamente a los concejos municipales les asiste una competencia exclusiva y solo limitada por la Constitución.
En caso de que se concluya que el legislador tiene competencia para regular los gravámenes a la propiedad inmueble la Corte tendrá que establecer si es viable ejercerla mediante la ley ordinaria o si se precisa le expedición de una ley orgánica que distribuya las competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
3.1. El legislador y los gravámenes a la propiedad inmueble.
Prevé el artículo 317 de la Constitución que “solo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble” y, a su turno, el artículo 338 superior indica que “en tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales”.
La iniciación del trámite de los proyectos referentes a tributos en la Cámara de Representantes es manifestación del principio de representación popular y del principio democrático, por cuya virtud no es posible decretar impuestos sin que concurran los eventuales afectados por intermedio de sus representantes, lo cual es exigible respecto de cualquier tributo, habida cuenta de que la Carta utiliza el término contribución en sentido amplio o lato (14) .
Queda así enunciado el principio de legalidad en materia tributaria que tiene implicaciones de amplio espectro en el tema examinado, pues los citados artículos 150-12 y 338 de la Constitución establecen una reserva especial de ley, de modo que la Constitución le otorga al legislador la facultad de establecer los tributos, al paso que priva al reglamento de la posibilidad de crear las contribuciones fiscales y de constituir su fuente esencial; a todo lo cual se suma la exclusión de la legislación delegada, prevista en el numeral 10 del mismo artículo 150 superior, que le impide al Congreso conferir facultades extraordinarias “para decretar impuestos” (15) .
La precedente conclusión resulta corroborada al examinar el segundo punto que ha sido propuesto, esto es, el referente a las atribuciones que la Constitución le otorga a los concejos municipales en materia tributaria. No se remite a dudas de ninguna índole que las mentadas corporaciones de representación popular tienen asignadas competencias de orden tributario, pero se debe puntualizar que la propia Carta, en el numeral 4º de su artículo 313, les atribuye a los concejos municipales la competencia para votar los tributos y los gastos locales “de conformidad con la Constitución y la ley”.
No obstante lo anterior, de la exposición que el demandante vierte en su libelo se deduce que la autonomía reconocida en el artículo 287 superior a las entidades territoriales “para la gestión de sus intereses” y que, entre otras cosas, les permite “administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones”, tendría como consecuencia inevitable que la regulación de las contribuciones impuestas a la propiedad inmueble serían del resorte exclusivo de los municipios y que estos, al tenor del artículo 317 de la Carta, son los únicos dotados de facultad para gravar ese tipo de propiedad.
3.2. La autonomía de las entidades territoriales y la competencia de los municipios para gravar la propiedad inmueble.
A propósito de la autonomía, esta corporación ha enfatizado que “comporta la capacidad de los entes territoriales para manejar sus propios asuntos” (16) , que tiene proyecciones en los ámbitos político, administrativo y fiscal (17) , que da lugar al conjunto de derechos contemplados en el artículo 287 de la Constitución y que genera procesos a los cuales “debe estar vinculada la comunidad”, pues en concordancia con las ideas de soberanía popular y de democracia representativa, la finalidad de la autonomía es afianzar la autodeterminación de los habitantes “para la definición y control de los propios intereses y el logro del bienestar general” (18) .
La Corte también ha indicado que la autonomía reconocida a las entidades territoriales es un principio estructural que contribuye “a definir la modalidad de Estado adoptada por el constituyente” e implica “específicas formas de organización para el ejercicio del poder político”, pero ha precisado que no alcanza a definir en toda su complejidad el modelo de Estado, porque una visión de conjunto del diseño constitucional de la estructura estatal debe tomar en consideración el elemento que sirve de marco al ejercicio de esa autonomía, cual es “el principio de unidad, también contemplado en el artículo 1º de la Constitución Política” (19) .
En tal sentido, la corporación ha anotado que el concepto de autonomía está vinculado al de unidad “en cuanto coexiste con él y en cierta medida lo presupone” (20) y, por lo tanto, para establecer su genuino entendimiento se requiere relacionarlo con el principio de unidad, ya que una reivindicación de los intereses locales que no tenga en cuenta este referente es propia de un modelo distinto de organización, siendo del caso destacar que, a su vez, el principio unitario resulta matizado por el de autonomía, pues conduce a entenderlo, desde la diversidad, “como el todo que necesariamente se integra por las partes” y no como un “bloque monolítico” (21) .
Así pues, conforme lo ha señalado la Corte, la autonomía debe desenvolverse en perfecta compatibilidad con la unidad nacional y no cabe interpretarla en forma separada ni de modo absoluto, puesto que “tanto la unidad de la República, como la autonomía de las entidades que la integran constituyen principios fundamentales del ordenamiento constitucional, que necesariamente han de ser observados al decidir cualquier materia que involucre al mismo tiempo intereses nacionales e intereses regionales, departamentales o municipales” (22) .
Tratándose de asuntos tributarios las relaciones entre la autonomía de las entidades territoriales y el principio unitario suelen ser presentadas ante la Corte de manera conflictiva o excluyente y ello le ha dado a la corporación oportunidad para poner de manifiesto que, aún cuando las entidades territoriales son titulares de poderes jurídicos o de competencias “que no devienen propiamente del traslado que se les haga desde otros órganos estatales” y necesitan recursos para la gestión de sus intereses, no son titulares de una autonomía absoluta en materia fiscal (23) .
Y es que, como reiteradamente lo ha señalado la Corte, “dentro del reconocimiento de autonomía que la Constitución les otorga a los municipios en diferentes campos, en materia impositiva estos no cuentan con una soberanía tributaria para efectos de creación de impuestos” (24) , lo cual “tiene su explicación en que las competencias asignadas a dichas entidades, en materia tributaria, deben armonizar con los condicionantes que imponen las normas superiores de la Constitución, los cuales se derivan de la organización política del Estado como república unitaria” (25) .
En concordancia con lo anterior, esta corporación ha considerado que aun cuando de la lectura aislada del artículo 338 de la Carta que faculta al Congreso, a las asambleas y a los concejos para imponer contribuciones fiscales o parafiscales “parecería deducirse una autonomía impositiva de los municipios”, ello no es así, “pues dicha disposición ha de interpretarse en íntima relación con el artículo 287-3 del mismo ordenamiento” que les confiere autonomía a las entidades territoriales para la gestión de sus intereses, “dentro de los límites de la Constitución y de la ley” (26) .
La enunciada limitación también cobija el derecho que, según el mismo artículo 287 superior, tienen las entidades territoriales —dentro de ellas el municipio—, para administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, y se encuentra en estrecha conexión con las facultades que el artículo 313 de la Constitución, en su numeral 4º, les otorga a los concejos municipales, para votar los tributos y los gastos locales “de conformidad con la Constitución y la ley”, tal como fue analizado al abordar la reserva de ley que en materia tributaria concreta el principio de legalidad.
La ley, entonces, autoriza la creación del tributo y, una vez creada la contribución mediante ley previa, los municipios adquieren el derecho a su administración, manejo y utilización en las obras y programas que consideren necesarios y convenientes, lo cual “constituye una garantía para el manejo autónomo de los recursos propios” (27) .
Que lo anterior sea así se explica en razón del principio de legalidad del tributo y de la indispensable conciliación entre los principios de autonomía y unidad, pero, además, halla fundamento en las exigencias del principio de igualdad ante la ley, en la medida en que “todas las personas tienen derecho a estar sometidas a un mismo régimen tributario” y “resulta ilegítimo que alguien pueda ser objeto de exacciones diferentes según el lugar de su domicilio” (28) .
Al desarrollar la última razón señalada, la jurisprudencia constitucional ha indicado que de la necesaria conciliación entre el principio unitario y la autonomía reconocida a las entidades territoriales también surge una garantía para los contribuyentes, “en el sentido de que su derecho de propiedad, en cuanto a inmuebles se refiere, no será objeto de varios y simultáneos gravámenes por parte de distintas entidades territoriales” (29) , lo cual, adicionalmente, permite “diseñar y coordinar la política fiscal del Estado” en armonía con el principio de legalidad y “especialmente en cuanto tiene que ver con las competencias que puede atribuirse a las entidades territoriales, siempre bajo un criterio de unidad económica” (30) .
La Corte ha puntualizado que en las condiciones anotadas no es aceptable que cada municipio pueda “ejercer su competencia dentro de los límites que él quiera trazarse”, pues “sostener semejante tesis implicaría la consagración del desorden y el caos” en lo que tiene que ver con los tributos municipales, ya que “los municipios podrían establecer tributos y contribuciones sin otro límite que el inexistente de la imaginación” (31) .
Ahora bien, los criterios que se dejan expuestos resultan plenamente aplicables a los tributos referentes a la propiedad inmueble. En efecto, es cierto que el artículo 317 de la Constitución preceptúa que solo los municipios podrán gravar este tipo de propiedad, pero también lo es que la expresión “gravar la propiedad inmueble” no predetermina la clase de gravámenes o de tributos que se le pueden imponer a la propiedad inmueble y bastaría un somero repaso histórico para demostrar que distintas modalidades de contribuciones se han sucedido en el tiempo y que es posible pensar que en un futuro surjan tipos de tributos sobre la propiedad inmueble que ahora no se conocen.
Es más, la misma noción de “propiedad inmueble” no es del todo evidente y esta Corte ha conocido demandas que le han llevado a acometer la tarea de deslindar lo que corresponde al concepto de propiedad inmueble y lo que escapa a su radio de acción, como lo hizo, por ejemplo, al señalar que el artículo 317 de la Constitución se refiere a los inmuebles por naturaleza y no a aquellos por destinación (32) o que el impuesto de renta no recae directamente sobre la propiedad raíz (33) .
3.3. El cargo referente a la expedición de una ley orgánica.
Habiendo sido establecido que el legislador está dotado de competencias de regulación respecto de los tributos sobre la propiedad inmueble, pasa la Corte a examinar otra acusación planteada por el demandante y de conformidad con la cual toda la preceptiva acusada es contraria a la Constitución por no haber sido expedida una ley orgánica que, en desarrollo de lo previsto en los artículos 150, numerales 1º y 4, 151 y 288 de la Constitución, distribuya las competencias entre la Nación y las entidades territoriales.
Para responder este cargo la Corte comienza por precisar que, aun cuando la materia tributaria es objeto de una especial reserva de ley, el constituyente de 1991 no exigió que las leyes referentes a esta materia tuvieran que ser aprobadas mediante un trámite agravado, tampoco incluyó el tema dentro de aquellos que deben ser regulados por tipos especiales de leyes como, por ejemplo, las orgánicas que, según el artículo 151 de la Carta, deben expedirse siempre que se trate de establecer el reglamento del Congreso y de cada una de sus cámaras, las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones y del plan general de desarrollo, así como “las relativas a la asignación de competencias normativas a las entidades territoriales”.
El análisis que, con base en la jurisprudencia constitucional se ha efectuado, le ha permitido a la Corte concluir que el legislador tiene competencia para regular los tributos municipales y, si como se acaba de ver, es factible ejercer esa competencia mediante leyes ordinarias, la expedición de estas no está supeditada a la previa adopción de una ley orgánica.
Por lo demás, el hecho de que la tantas veces mencionada ley orgánica no haya sido expedida no es causa de inconstitucionalidad de las leyes ahora demandadas, pues tal circunstancia es ajena al contenido de estas, siendo del caso destacar que buena parte de la legislación ordinaria relativa a tributos ha superado el escrutinio de su constitucionalidad a la luz de la Constitución de 1991 y que ejemplo de ello son preceptos pertenecientes a algunas de las leyes ahora cuestionadas, cuya exequibilidad consta en varias sentencias, de las cuales se han citado unas cuantas para sustentar estas consideraciones.
3.4. El alcance de la competencia del legislador.
Ya se ha anotado que con la finalidad de establecer un impuesto municipal se requiere la expedición de una ley previa que lo cree y aunque la Corte ha estimado que la autonomía de las entidades territoriales “no constituye una barrera infranqueable válida para enervar o paralizar en forma absoluta la facultad del legislador” —que incluso puede revocar, reducir o revisar un tributo local “cuando los intereses nacionales vinculados al desarrollo de una política económica general así lo demanden” (34) —, se debe tener en cuenta que los municipios tienen atribuciones amplias tratándose de la administración de sus rentas presupuestales.
En términos generales, es factible afirmar que los entes municipales son autónomos para hacer efectivos los tributos o dejarlos de aplicar, “para asumir gastos o comprometer sus ingresos” juzgando “su oportunidad y su conveniencia” y, en suma, “para realizar actos de destinación y de disposición, manejo e inversión”, merced a la puesta en práctica de “mecanismos presupuestales y de planeación” (35) .
Así las cosas, de acuerdo con la regulación constitucional, es claro que las competencias reconocidas al legislador en materia de tributos a la propiedad inmueble no pueden ser asimiladas al vaciamiento de la autonomía de las entidades territoriales y esto porque el principio de legalidad “ha sido objeto de ajustes y transformaciones históricas” destinadas, justamente, a “precisar su alcance en un modelo de Estado unitario pero descentralizado y con autonomía de sus entidades territoriales” (36) .
De este modo, siendo siempre necesaria la intervención del órgano representativo por excelencia que es el Congreso de la República, en razón de la misma disciplina constitucional de la materia, “tanto las asambleas departamentales como los concejos distritales o municipales pueden acudir en forma concurrente, bajo ciertos condicionamientos”, a configurar las contribuciones locales, tal como se desprende del artículo 304 de la Carta y, tratándose de los concejos municipales, del artículo 313-4 superior que, se repite, les confiere competencia para “votar, de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales” (37) .
En este orden de ideas, también queda en claro que la autonomía reconocida a las entidades territoriales tampoco desvirtúa el principio de legalidad en materia tributaria, sino que lo matiza, puesto que la indispensable representación popular nacional resulta “acompañada, en algunos casos, de la representación local” (38) .
De conformidad con los anteriores planteamientos, tratándose de la materia impositiva, el Congreso de la República es el órgano soberano que mediante la ley crea los tributos, sean nacionales o territoriales y, respecto de estos últimos, puede establecer las pautas que luego le permitan a las asambleas y a los concejos municipales o distritales decretar los tributos previamente creados por el legislador. Así pues, aún cuando las entidades territoriales no son titulares de la soberanía fiscal, tienen autonomía “tanto para la decisión sobre el establecimiento o supresión de un impuesto de carácter local, autorizado en forma genérica por la ley, como para la libre administración de todos los tributos que hagan parte de sus propios recursos” (39) .
3.4. Los cargos específicos.
3.4.1. Los cargos referentes al impuesto predial.
El impuesto predial recae sobre las propiedades raíces, tanto urbanas como rurales. En nuestro ordenamiento jurídico su origen se remonta a la Ley 48 de 1887 y vino a consolidarse “como renta municipal únicamente a partir del año 1951 por obra de los decretos legislativos 3185 y 4133” (40) , carácter que conserva actualmente, de conformidad con lo establecido en la Ley 44 de 1990, algunas de cuyas disposiciones son cuestionadas por el actor.
3.4.1.1. Primer cargo.
El primer reproche de inconstitucionalidad que formula el actor en relación con el impuesto predial radica en que los artículos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 44 de 1990 fijan directamente los sujetos activos y pasivos, el hecho generador, las bases gravables y las tarifas del referido impuesto.
Desde una perspectiva general y con base en que aún en relación con los impuestos de carácter territorial debe mediar la intervención del legislador, la jurisprudencia constitucional ha acotado que la ley puede ocuparse de los elementos del tributo dejándole a las entidades territoriales un margen de actuación, pero que también es posible que el Congreso agote esos elementos, “caso en el cual las entidades territoriales tendrán la suficiente autonomía para decidir si adoptan o no el impuesto”, así como “para establecer las condiciones específicas en que operará el respectivo tributo en cada departamento, distrito o municipio” (41) .
Refiriéndose a los elementos del tributo, la Corte Constitucional ha indicado que el sujeto activo “es la entidad estatal con derecho para exigir el pago del tributo”, el sujeto pasivo es la persona “en quien recae la obligación correlativa”, el hecho gravable es la situación “indicadora de una capacidad contributiva a la cual la ley confiere la virtualidad de generar la obligación tributaria”, mientras que la base gravable y la tarifa “son los elementos determinantes de la cuantía misma de la obligación” (42) .
La Ley 44 de 1990 alude en su artículo 1º a los componentes del impuesto, el artículo segundo se refiere a su administración y recaudo, el artículo 3º está dedicado a la base gravable, el artículo 4º a la tarifa y a partir del artículo 5º y hasta el 17 la ley se ocupa de distintos asuntos, entre los que se destacan la formación catastral, los límites, el sistema de cobro, la declaración del impuesto y su contenido, la base mínima para el autoevalúo, la facultad de eliminar el paz y salvo, la declaración del impuesto de las corporaciones y el procedimiento de declaración.
La reserva de ley que, como se ha señalado, de acuerdo con nuestra Constitución concreta el principio de legalidad en materia tributaria, tiene una de sus manifestaciones primordiales en el denominado principio de certeza o de predeterminación normativa de los elementos del tributo y exige de la ley creadora del tributo que, en atención al principio nullum tributum sine lege, defina los elementos del tributo de manera suficiente (43) .
En referencia a este tópico la Corte ha indicado que tratándose de los gravámenes territoriales y “especialmente cuando la ley solamente autoriza su creación, esta debe señalar al menos los aspectos básicos”, pues del artículo 288 de la Constitución se desprende la existencia de una competencia concurrente de las asambleas departamentales y, para los efectos que ocupan a la Sala, de los concejos municipales (44) .
Según la jurisprudencia constitucional, los mencionados aspectos básicos “serán apreciados en cada caso concreto en atención a la especificidad del impuesto, tasa o contribución de que se trate” y, por su parte, “los concejos distritales o municipales establecerán los demás componentes del tributo, dentro de los parámetros generales o restringidos que fije la correspondiente ley de autorización” (45) .
Un repaso de algunos artículos de la Ley 44 de 1990 que han sido demandados permite apreciar que no se presenta el despojo absoluto de las competencias municipales que el actor presenta en su demanda. En efecto, a título de ejemplo, conviene mencionar que, conforme al artículo 2º, la administración, recaudo y control del impuesto predial “corresponde a los respectivos municipios, mientras que el artículo 4º señala que la tarifa “será fijada por los respectivos concejos” dentro de topes que la ley fija y, en cuanto a la formación catastral, se desprende del artículo 5º que no en todos los municipios se ha formado y que entonces resulta del todo pertinente prever algo al respecto en la ley, así como procurar una regulación uniforme que, sin vulnerar la autonomía territorial redunde en garantía del derecho del contribuyente a la igualdad ante la ley, permitiéndole, adicionalmente, tener claridad acerca de sus obligaciones tributarias.
3.4.1.2. Segundo cargo.
El segundo cargo que específicamente formula el demandante en contra de la constitucionalidad de algunos artículos tiene que ver con la concesión de exenciones o de tratamientos preferenciales que el artículo 294 prohíbe a la ley respecto de los tributos de propiedad de las entidades territoriales. El actor, en concreto, endereza su acusación en contra de los artículos 76 de la Ley 49 de 1990, 115 de la Ley 9ª de 1989, 38 de la Ley 14 de 1983 y 258 del Decreto 1333 de 1986.
En relación con este cargo, la Corte observa que no hay lugar a emitir pronunciamiento de fondo, ya que, como quedó establecido en el acápite correspondiente a las cuestiones previas, así como en los antecedentes de esta providencia, el artículo 76 de la Ley 49 de 1990 fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia y lo propio aconteció con el artículo 115 de la Ley 9ª de 1989, al paso que, en cuanto a los artículo 38 de la Ley 14 de 1983 y 258 del Decreto 1333 de 1986, la demanda fue rechazada.
3.4.1.3. Tercer cargo.
En tercer lugar manifiesta el demandante que los artículos 2º, 5º, 6º, 9º, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 44 de 1990 regulan en forma directa la administración y recaudo del impuesto predial unificado y que su inconstitucionalidad es evidente, porque únicamente los municipios pueden regular esas materias.
Por lo demás, resulta importante puntualizar que al estudiar la constitucionalidad del artículo 11 de la Ley 44 de 1990 que se refiere al sistema de cobro, la Corte Constitucional sostuvo, de manera enfática, que la autorización a los tesoreros municipales “para cobrar y recaudar el impuesto con destino a las corporaciones regionales simultáneamente con el impuesto predial unificado, en forma conjunta e inseparable, dentro de los plazos señalados por el municipio para el pago de dicho impuesto” no lesiona “el ordenamiento supremo”, pues la disposición se limita “a consagrar una forma de cobro y recaudo de los impuestos antes citados” y a señalar un procedimiento (46) .
3.4.1.4. Cargos en contra de los artículos 4º, 6º y 7º de la Ley 601 de 2000, 194 del Decreto 1333 de 1986 y 116 de la Ley 9ª de 1989.
Los cargos de inconstitucionalidad atinentes a la fijación directa de los elementos del tributo y al establecimiento de la administración y recaudo del impuesto predial unificado también los plantea el actor respecto de los artículos 4º, 6º y 7º de la Ley 601 de 2000, 194 del Decreto 1333 de 1986 y 116 de la Ley 9ª de 1989.
Como lo sostuvo la Corte en otra oportunidad, el objetivo de la Ley 601 de 2000 es superar “una problemática propia del esquema de determinación de la obligación tributaria del impuesto predial en Bogotá”, que “dice relación con la falta de correspondencia entre el incremento automático de la base gravable de dicho tributo y el aumento en la valorización de los inmuebles” y consistía, básicamente, en que los avalúos catastrales y los autoavalúos se incrementaban “anual y automáticamente en un porcentaje igual al de la inflación, al paso que el valor comercial de los inmuebles no crecía en la misma proporción dada la coyuntura de desaceleración de la actividad económica”, lo que condujo a que los propietarios y poseedores pagaran “sumas superiores a las que en justicia debían tributar” (47) .
En la regulación que con el anotado propósito plasmó el legislador en la Ley 601 de 2000, solo de manera tangencial se hace alusión a los elementos del tributo, porque la finalidad de la ley no es establecer o regular esos elementos, sino responder al problema enunciado en el párrafo anterior. En realidad, la Ley 601 de 2000 presupone la regulación sobre el impuesto predial prevista en otras leyes y, si como ha quedado establecido, la Corte no halló motivos de inconstitucionalidad en las disposiciones de la Ley 44 de 1990, demandadas por regular importantes aspectos de los elementos del impuesto predial, tampoco encuentra que las inevitables alusiones a elementos del impuesto contenidas en los artículos demandados de la Ley 601 de 2001 configuren algún vicio material de inconstitucionalidad.
La índole del problema que el legislador buscó solucionar también le llevó a aludir a la administración y al recaudo del impuesto predial en Bogotá, pero si, de acuerdo con lo expuesto, el legislador tiene competencia para regular estos temas y no se encontró inconstitucionalidad en las disposiciones de la Ley 44 de 1990 que los regula de manera más directa, tampoco hay lugar a declarar la inconstitucionalidad de la Ley 601 de 2000 que se refiere a la administración y recaudo del impuesto predial solo en la medida necesaria para regular la temática de la cual se ocupa. En definitiva, las comentadas menciones no desbordan la competencia del legislador que se ha estudiado y por ello no contradicen la Constitución.
Tal como lo señaló el Consejo de Estado, los municipios no pueden gravar los bienes públicos sin expresa autorización legal y, precisamente, esa autorización les fue concedida por el artículo 61 de la Ley 55 de 1985 que incluyó a ciertas entidades públicas dentro del conjunto de sujetos pasivos del impuesto predial, regulación que se mantiene actualmente, porque, como fue señalado, el artículo 194 del Decreto 1333 de 1986 incorporó el artículo 61 de la Ley 55 de 1985 (48) .
Por último, el artículo 116 de la Ley de la Ley 9ª de 1989 señala que en la enajenación de inmuebles el pago de los impuestos que graven la finca raíz corresponderá al enajenante y que el paz y salvo podrá obtenerse mediante pago proporcional cuando el predio haga parte de otro de mayor extensión. En estos contenidos tampoco se configuran las razones de inconstitucionalidad que el demandante formula en su libelo, dado que al legislador le asiste la competencia para regular temas como el tratado en esta disposición.
3.4.2. Cargos relativos a la participación de plusvalía.
El actor expresa que el legislador carece de competencia para regular la plusvalía en cuanto tiene que ver con los municipios, pues son estos los dotados de atribuciones para regular la materia. A fin de no incurrir en redundancia, la Corte remite a lo ampliamente considerado en apartes precedentes de esta sentencia y, con base en esas consideraciones, se limita a reiterar que el legislador está asistido por la competencia que el demandante echa de menos.
Con la misma intención de no incurrir en innecesarias repeticiones, la Sala estima que el legislador no desconoce la Constitución ni vacía de su contenido la autonomía correspondiente a los municipios al regular, como lo ha hecho en los artículos ya reseñados, cuestiones relativas al concepto y a los elementos de la participación de plusvalía y, en lo que atañe a la acusación dirigida contra el parágrafo 4º del artículo 83 por violar el artículo 294 superior que prohíbe decretar exenciones sobre tributos de las entidades territoriales, la Corte estima que el cargo no está llamado a prosperar, porque el precepto acusado se limita a otorgarle una facultad a los municipios, con base en la cual “podrán exonerar del cobro de la participación en plusvalía los inmuebles destinados a vivienda de interés social”, sin imponerles la obligatoriedad de esa exoneración.
Sobre el particular cabe mencionar que al estudiar la constitucionalidad del artículo 85 de la Ley 388 de 1997 que “dispuso la destinación del producto de la participación en la plusvalía a favor de los municipios y distritos a la compra de predios para vivienda de interés social”, la Corte estimó que esa destinación, al igual que otras mencionadas en el precepto, era razonable y proporcionada en la medida en que procuraba mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, fuera de lo cual indicó que “es algo consustancial a la esencia misma de la plusvalía”, uno de cuyos propósitos es “la seguridad de proporcionar a sus habitantes una especial calidad de vida” (49) .
3.4.3. Cargos sobre el impuesto de delineación.
Finalmente, resta una consideración sobre el impuesto de delineación que se cobra “en los casos de construcción de nuevos edificios o de refacción de los existentes”, impuesto que está vigente y ha sido acusado con fundamento en los mismos cargos hasta ahora examinados (50) .
Se encuentra establecido el referido impuesto en el literal b) del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986, su origen se remonta al literal g) del artículo 1º de la Ley 97 de 1913 que autorizó al Concejo de Bogotá para crearlo y reglamentarlo y, con posterioridad, la Ley 84 de 1915 lo autorizó a todos los concejos municipales.
El literal b) del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986 que actualmente lo regula alude al hecho generador y al municipio o distrito, para lo cual el legislador tiene competencia, según se ha sostenido con insistencia a lo largo de esta providencia.
La Corte Constitucional no advierte en esa regulación que haya inconstitucionalidad por este cargo y advierte que el precepto cuestionado no se refiere a exenciones ni a la administración o recaudo, luego en lo que tiene que ver con estos aspectos no caben las acusaciones del actor que, básicamente, están sustentadas en una pretendida falta de competencia del legislador para regularlas.
4. Las decisiones a adoptar.
Toda vez que no prosperaron las acusaciones formuladas y que en la totalidad de los eventos el estudio de la constitucionalidad se limitó a los cargos planteados por el actor, se circunscribirá la cosa juzgada a esos cargos y en relación con ellos se declarará la exequibilidad de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 44 de 1990, así como de los artículos 6º y 7º de la Ley 601 de 2000 y de su artículo 4º con la salvedad de la expresión “hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable” que fue declarada inexequible en la Sentencia C-1251 de 2001, del artículo 194 del Decreto 1333 de 1986 y del literal b) de su artículo 233; del artículo 116 de la Ley 9ª de 1989 y de los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley 388 de 1997.
— El literal c) del artículo 233 del Decreto 1333 de 1986.
— El artículo 10 de la Ley 128 de 1941.
— El artículo 118 de la Ley 9ª de 1989.
— El artículo 186 del Decreto 1333 de 1986.
— El artículo 30 de la Ley 14 de 1983.
— El artículo 61 de la Ley 55 de 1985.
— El artículo 77 de la Ley 75 de 1986.
— Los artículos 220, 221 y 222 del Decreto 1333 de 1986.
— Los artículos 112, 113 y 114 de la Ley 9ª de 1989.
— Los artículos 11, 12 y 13 de la Ley 128 de 1941.
— El artículo 13 de la Ley 50 de 1984.
— El artículo 193 del Decreto 1333 de 1986.
— El artículo 17 de la Ley 94 de 1931.
— El artículo 8º de la Ley 44 de 1990.
— El artículo 7º de la Ley 97 de 1913.
Segundo. INHIBIRSE de proferir decisión de fondo, por carencia actual de objeto, respecto del artículo 115 de la Ley 9ª de 1989 que fue declarado inexequible por la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia del 1º de febrero de 1990.
Cuarto. ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-1251 de 2001 respecto de los artículos 1º y 5º de la Ley 601 de 2000 y con la expresión “hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable” contenida en su artículo 4º.
— Los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 9º, 10, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la Ley 44 de 1990.
— Los artículos 6º y 7º de la Ley 601 de 2000 y su artículo 4º, con la salvedad de la expresión “hasta el 15 de mayo del respectivo año gravable”, que fue declarada inexequible en la Sentencia C-1251 de 2001.
— El artículo 194 del Decreto 1333 de 1986 y el literal b) de su artículo 233.
— El artículo 116 de la Ley 9ª de 1989.
— Los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89 y 90 de la Ley 388 de 1997.
Cópiese, notifíquese, comuníquese cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente».
(1) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-634 de 1996. M.P. Fabio Morón Díaz.
(2) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(4) La Corte se ha pronunciado sobre la constitucionalidad del artículo 285 de la Ley 223 de 1995 en las sentencias C-185 de 1997, C-006 de 1998 y C-478 de 1998.
(5) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C- 467 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(6) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 19 de abril de 2007, C. P. Héctor J. Romero Díaz. Radicación 14226.
(7) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(8) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-504 de 2002, M.P. Jaime Araujo Rentería.
(9) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-329 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(10) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de 1º de febrero de 1990. M.P. Hernando Gómez Otálora y Jaime Sanín Greiffenstein.
(11) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia No. 104 de 12 de septiembre de 1991, M.P. Pedro Escobar Trujillo.
(14) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-155 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(15) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-690 de 2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(16) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-373 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
(17) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-495 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(18) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-004 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
(19) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-373 de 1997, M.P. Fabio Morón Díaz.
(20) Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-478 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(23) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-346 de 1997, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(24) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-467 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(25) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-495 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(26) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-467 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(28) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-495 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(29) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-275 de 2006, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(30) Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-227 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(31) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-335 de 1996, M.P. Jorge Arango Mejía.
(33) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-564 de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.
(34) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-219 de 1997, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(35) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-495 de 1998. M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(36) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2002.
(39) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-506 de 1995. M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(40) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-467 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(41) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(42) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-583 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(43) Cfr. Corte Constitucional; Sentencia C-155 de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
(45) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-227 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(46) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-467 de 1993, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(47) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1251 de 2001, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(48) Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Sentencia de 19 de abril de 2007, C. P. Héctor J. Romero Díaz. Radicación 14226.
(49) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-495 de 1998, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(50) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-1043 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño e igualmente Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1201 de junio 9 de 1999, C.P. Javier Henao Hidrón.