Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu11&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-11-D-60.CODI.%29
Timestamp: 2019-03-21 18:22:04
Document Index: 506801

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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 60, de 25/04/2016
cve: BOCG-11-D-60
162/000147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre criterios para la reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto.
Enmiendas... (Página20)
Aprobación con modificaciones... (Página22)
162/000173 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico.
Enmiendas... (Página23)
Aprobación... (Página27)
161/000152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para solucionar los problemas que está generando la aplicación LEXNET. Desestimación así como enmiendas formuladas... (Página28)
161/000171 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable. Aprobación... (Página32)
161/000250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el estudio de una posible reforma normativa encaminada a la instrucción y enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad, en determinadas circunstancias. Desestimación... (Página32)
161/000265 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación del artículo 22.1 del Código Civil. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página32)
161/000269 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página34)
161/000277 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la investigación del robo de recién nacidos. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página36)
161/000279 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), relativa a la exención del pago de tasas judiciales a las entidades sin ánimo de lucro y a las empresas de reducida dimensión. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página39)
161/000294 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre el uso de los medios telemáticos en la Administración de Justicia. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página41)
161/000300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página43)
161/000301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la suspensión de la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página44)
161/000309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de medidas que permitan un tratamiento específico y adaptado a sus necesidades para los menores de edad en todos los procesos judiciales. Aprobación... (Página45)
161/000264 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el embargo de armas a los países implicados y otras medidas sobre la resolución del conflicto en Yemen. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página46)
161/000316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre acciones para reducir y evitar ataques contra la población civil, contra los hospitales, los centros de salud, las ambulancias y el personal sanitario, en zonas de conflicto. Aprobación con modificaciones así como enmienda formulada... (Página48)
161/000318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página50)
161/000319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de una nueva Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional y al aumento de la inversión en Cooperación Internacional. Aprobación con modificaciones así como enmiendas formuladas... (Página53)
161/000322 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la crisis humanitaria motivada por la deficiente situación de los refugiados en la Unión Europea. Aprobación así como enmienda formulada... (Página56)
184/001097 Autor: Alconchel Gonzaga, Miriam
Pérdida de efectivos de Correos en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz)... (Página57)
184/001105 Autor: Cantera de Castro, Zaida
Charla impartida por el centro educativo privado Dharma College La Marina en el Patronato Virgen de la Paz de Ronda, acerca del proyecto educativo para jóvenes y adultos, en el mes de octubre de 2014, así como diversas cuestiones relativas a los alumnos inscritos en el citado Patronato... (Página58)
184/001407 Autor: Pracht Ferrer, Carlos
Situación de la tarjeta sanitaria única y la historia clínica compatible en todo el Sistema Nacional de Salud... (Página60)
184/001417 Autor: Jordà i Roura, Teresa
Porcentaje y cantidad de financiación que aporta el Gobierno a cada Comunidad Autónoma para la Ley de Dependencia, así como previsiones acerca de aumentar las transferencias para las personas beneficiarias de la misma... (Página61)
184/001690 Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio Vera Ruiz-Herrera, Noelia
Criterios seguidos para definir que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 destinen 56 millones de euros para el proyecto de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla-Madrid... (Página62)
CÁMARA VILLAR, Gregorio (GS) (núm. expte. 005/000212/001)1 ... (Página15)
GARCÍA-PELAYO JURADO, María José (GP) (núm. expte. 005/000024/002)1 ... (Página10)
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Marta (GP) (núm. expte. 005/000081/001)1 ... (Página5)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre criterios para la reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 44, de 1 de abril de 2016.
Don Miguel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre criterios para la reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto.
Se modifica el apartado primero, se suprime el apartado segundo y el apartado tercero pasa a ser el apartado segundo de la Proposición no de Ley formulada.
1. Que inicie los trabajos para la elaboración de un nuevo sistema de financiación autonómica consensuando con los demás grupos parlamentarios y las Comunidades y Ciudades autónomas, que resuelva el déficit de financiación de algunas Comunidades Autónomas y garantice, entre otros, al menos, los siguientes principios fundamentales:
a) transparencia, de modo que el mecanismo de reparto del sistema resulte claro y comprensible; de suficiencia de recursos, con el fin de cubrir adecuadamente las necesidades objetivas de gasto de cada territorio;
b) equidad, de forma que no se produzcan diferencias arbitrarias en el reparto de recursos entre las Comunidades Autónomas y por consiguiente entre los niveles de financiación de cada una de ellas;
c) corresponsabilidad fiscal, de manera que se delimite expresamente el ámbito de los servicios comunes garantizados por la financiación del sistema y aquellos otros adicionales que deban ser financiados por las Comunidades Autónomas con cargo a sus propios recursos;
d) igualdad, de modo que se garantice un acceso efectivo a los servicios públicos esenciales por parte de todos los ciudadanos españoles con independencia del territorio en el que residan.
2. El Gobierno rendirá cuentas ante el Congreso de los Diputados en el plazo de seis meses."
1. Que inicie los trabajos para la elaboración de un nuevo sistema de financiación autonómica consensuando con los demás grupos parlamentarios y las Comunidades y Ciudades autónomas basado en los siguientes criterios:
a) Criterio de equidad.
b) Criterio de solidaridad.
c) Criterio de corresponsabilidad.
d) Criterio de coordinación entre Administraciones.
e) Criterio de población.
2. Establecer un concierto económico responsable entre el Estado y las CCAA que resuelva el conflicto de financiación existente y garantice el consenso sobre las reformas necesarias para que mejore su eficacia en cuanto al cumplimiento efectivo de los principios de autonomía, solidaridad interterritorial y lealtad institucional plasmados en la Constitución española.
3. El Gobierno rendirá cuentas ante el Congreso de los Diputados en el plazo de seis meses."
El actual sistema de financiación autonómica adolece de importantes deficiencias que no permiten garantizar la igualdad entre los españoles, generando un reparto desigual de recursos entre regiones. Esto, unido a la falta de transparencia y la excesiva complejidad hace necesario acometer la reforma del sistema de financiación sobre la base de principios que garanticen un reparto equitativo de los recursos.
Los datos revelan una clara desigualdad entre Comunidades Autónomas, de tal modo que no existe correspondencia alguna entre la capacidad fiscal de las Comunidades Autónomas y sus niveles de financiación resultantes. Así, si referenciáramos la financiación media por "habitante ajustado" a competencias homogéneas en el conjunto de las regiones no forales a un valor de 100, no existe justificación para que la financiación de la Comunidad Valenciana se sitúe en 94,6 y la de Cantabria en 130.
Estas diferencias se deben fundamentalmente a que el reparto de transferencias del Estado a través de diferentes fondos se calculan con posterioridad al reparto del Fondo de Garantía, que únicamente tiene en cuenta el criterio de reparto por población en términos de "habitante ajustado", esto es, una vez computados una serie de factores diferenciales que inciden en el coste efectivo de prestación de los servicios.
Por tanto, es imprescindible acometer la reforma del sistema de financiación de modo que su configuración se sustente sobre dos principios fundamentales, esto es, igualdad real de los españoles, garantizando una educación y una sanidad gratuitas, universales y de calidad; y autonomía responsable en materia fiscal.
Asimismo, debe garantizarse la trasparencia, para que el sistema de financiación sea claro y comprensible; y la equidad, de forma que no se produzcan diferencias arbitrarias entre Comunidades Autónomas en el reparto de los recursos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Baldovi, Sr. Bataller, Sr. Candela y Sra. Sorlí), sobre criterios para la reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto.
1. Dar las indicaciones oportunas para que, de forma inmediata, se inicien o aceleren los trámites técnicos y la elaboración de informes oportunos de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas que sean necesarios para reformar el sistema de financiación autonómica, para su posterior tramitación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, su aprobación como Proyecto de Ley, y su debate y tramitación en las Cortes Generales.
2. El nuevo sistema de financiación debe garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las Comunidades Autónomas. Se debe elaborar y negociar un nuevo sistema que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución Española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.
3. Analizar los déficits de financiación que han soportado de forma recurrente las comunidades autónomas, y su impacto sobre la deuda autonómica, a fin de poner en marcha el mecanismo de compensación previsto en la LOFCA. En ese análisis del déficit de financiación y su estimación no se computará lo atribuible a sobrecostes injustificados o a gastos excesivos no relacionados con la prestación de servicios públicos esenciales, y por tanto, atribuibles a despilfarro o/y corrupción.
4. Mientras tanto, se debe garantizar que los sistemas habilitados para posibilitar la financiación de las Comunidades Autónomas se ejecutan con parámetros objetivos, con la adecuada diligencia, y permitiendo que las Comunidades Autónomas puedan ejecutar puntualmente los pagos para el cumplimiento de sus competencias, especialmente las referentes a la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, las restantes políticas sociales, y las políticas activas de empleo, sin exigirles recortes ni cercenar su autonomía política y financiera.
5. Establecer sistemas objetivos y transparentes para asignar los objetivos de déficit a las distintas Administraciones Públicas, que eviten la discrecionalidad y la arbitrariedad en la distribución de dicho déficit.
6. El Gobierno rendirá cuentas ante el Congreso de los Diputados en el plazo de seis meses."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre criterios para la reforma del Sistema de Financiación de las Comunidades Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 44, de 1 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa de la Cámara, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
2. El nuevo sistema de financiación debe garantizar la igualdad y la suficiencia financiera para todas las Comunidades Autónomas. Se debe elaborar y negociar un nuevo sistema que corrija los déficits de financiación y garantice los principios de autonomía, coordinación y solidaridad recogidos en la Constitución
Española, así como la prestación de los servicios públicos esenciales en todas las Comunidades Autónomas, de manera que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, accedan en igualdad de condiciones a dichos servicios.
Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el articulo 97 del Reglamento de la Cámara.
162/000173
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 49, de 8 de abril de 2016.
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico.
Se modifican los apartados 1 y 2 y se añaden dos nuevos apartados 3 y 4, quedando todos ellos redactados en los siguientes términos:
1. Defender ante y junto a la Unión Europea la exigencia de que los productos procedentes de China cumplan los compromisos adquiridos en el Protocolo de Adhesión de China a la Organización Mundial del
Comercio (0MC), así como, en caso de incumplimiento, la adopción de las medidas y los aranceles que fuesen necesarios para hacer frente al "dumping" chino.
2. Adoptar los cambios regulatorios que se precisen para establecer un nuevo sistema de suministro eléctrico a precio competitivo, estable y predecible que permita asimilar los costes energéticos de las industrias españolas, y en particular los de las grandes industrias consumidoras de energía eléctrica, a la media de la Unión Europea, a fin de recuperar parte de competitividad perdida y garantizar el futuro de la industria española.
3. Impulsar las medidas que procedan para fomentar la implementación por parte de estas grandes industrias consumidoras de energía de un plan de inversiones que favorezcan la eficiencia energética, la rebaja de emisiones contaminantes y la innovación y creación de valor añadido en su producción; todo ello teniendo en cuenta el importante peso que estas industrias poseen en la economía y el empleo de las zonas en las que desarrollan su actividad.
4. Promover un Pacto de Estado de la Energía, a partir del diálogo con todas las fuerzas políticas y los agentes económicos y sociales, para dotar a la política energética española de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética hacia un modelo basado en las energías renovables, el autoabastecimiento, el ahorro, la eficiencia energética y la gestión inteligente de la demanda."
1. Defender ante y junto a la Unión Europea las medidas y aranceles necesarios para hacer frente al "dumping" chino.
2. Adoptar los cambios regulatorios que se precisen para reducir sustancialmente la factura eléctrica que pagan las empresas siderúrgicas del Estado español, y aproximarla al importe medio que se paga en Europa a fin de recuperar parte de la competitividad perdida y garantizar el futuro de las empresas del sector siderúrgico."
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Sol Sánchez Maroto, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico.
Se propone un nuevo punto 3 del siguiente tenor literal:
"3. Trabajar en el marco de la Unión Europea para reactivar el Alto Grupo sobre el Acero, facilitando la participación de los agentes sociales europeos y estatales, para buscar soluciones a los problemas del "dumping" social y medioambiental entre países productores y entre las propias empresas multinacionales."
4. Explorar todas las posibilidades de movilización de fondos europeos, particularmente sociales, de cohesión, del comercio de derechos de emisión con el objetivo de mantener la producción y el empleo en las plantas afectadas.
"5. Creación de una mesa de trabajo conjunta con las instituciones competentes (Gobierno Vasco, Ayuntamientos y Diputaciones) y los agentes sociales para la elaboración en 2016 de un plan de reindustrialización para la Margen Izquierda de Bizkaia y la comarca de Zumarraga, movilizando el crédito público para ello y explorando fórmulas de propiedad y gestión público-social (con la participación de las trabajadoras y los trabajadores)."
Se propone un nuevo punto 6 del siguiente tenor literal:
"6. Impulsar el desarrollo de "certificados ecológicos" para el acero en función de los materiales reciclados y requisitos en materia de diseño ecológico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Sol Sánchez Maroto, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico.
2. Consolidar las políticas de eficiencia energética y las plasmadas en la reforma eléctrica, que impulsen una factura eléctrica competitiva a empresas y consumidores, de manera que se favorezca el mantenimiento y creación de empleo gracias al fomento de la competitividad."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de abril de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico.
"Punto 2. Adoptar los cambios regulatorios que se precisen para reducir sustancialmente la factura eléctrica que pagan las empresas siderúrgicas del Estado español, y aproximarla al importe medio que se paga en Europa a fin de recuperar parte de la competitividad perdida y garantizar el futuro de las empresas del sector siderúrgico."
"Adoptar las medidas necesarias para abordar la transición energética necesaria para reducir sustancialmente la factura eléctrica que pagan las empresas siderúrgicas del Estado español, y aproximarla al importe medio que se paga en Europa a fin de recuperar parte de la competitividad perdida y garantizar el futuro de las empresas del sector siderúrgico. Estas medidas deberían ser prioritariamente las siguientes:
- Fomentar las renovables aplicadas a la industria, junto can medidas de ahorro y eficiencia como la cogeneración.
- Propuesta de reducir la carga fiscal.
- Realizar una auditoría de costes y peajes del sistema eléctrico para definir un nuevo sistema de fijación de costes y precios."
Dejar simplemente cambios regulatorios supone que por el funcionamiento del mercado eléctrico (basado en el equilibrio de costes y peajes) cualquier reducción de la tarifa para la industria siderúrgica la pagarían las familias y otros sectores productivos. Por lo tanto hay que ir a medidas que reduzcan el precio y la factura eléctrica (y por tanto los beneficios del oligopolio) de manera estructural.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) relativa a la adopción urgente de medidas que eviten la quiebra y desaparición del sector siderúrgico, para su debate en el Pleno.
"2. Adoptar los cambios regulatorios que, precisen para reducir sustancialmente la factura eléctrica que pagan las empresas siderúrgicas y electrointensivas del Estado español, y aproximarla al importe medio que se paga en Europa a fin de recuperar parte de la competitividad perdida y garantizar el futuro de las empresas del sector siderúrgico."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de abril de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico.
Defender una posición contraria al reconocimiento automático por parte de la Unión Europea de China como economía de mercado, por no cumplir con sus obligaciones contraídas en el marco de su protocolo de adhesión a la Organización Mundial del Comercio (OMC). Exigir un estudio de impacto por sectores sobre las consecuencias que tendría dicho reconocimiento automático sobre el empleo en los distintos Estados miembros de la UE.
2. Adoptar los cambios regulatorios necesarios para modificar el sistema de acceso al mercado eléctrico de las empresas grandes consumidoras de energía, con el objetivo de competir en igualdad de condiciones que el resto de las industrias de la Unión Europea, recuperar parte de la competitividad perdida y garantizar, en particular, el futuro de las empresas del sector siderúrgico.
3. Consensuar con las CCAA y con los agentes económicos y sociales un plan de acción estratégico estatal para la defensa y potenciación del sector industrial. Articular medidas de apoyo para la mejora de la innovación y la productividad en la industria siderúrgica, así como planes de apoyo a la formación y recualificación de los trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo o cierres. Abordar planes de dinamización económica y social de las comarcas que se ven afectadas por la crisis del acero."
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha aprobado la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a la adopción urgente de medidas para evitar la quiebra y desaparición del sector siderúrgico, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 49, de 8 de abril de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa de la Cámara, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
161/000152
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, adoptó el acuerdo de desestimar la Proposición no de Ley sobre medidas para solucionar los problemas que está generando la aplicación LEXNET, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 34, de 15 de marzo de 2016.
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas cuyo texto se inserta a continuación.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para aplicar medidas que permitan solucionar los problemas que la aplicación LEXNET está generando, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
1. Convocar con carácter urgente al Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTAJE) para que:
a. Dé respuesta eficaz e inmediata a los problemas que están surgiendo en la aplicabilidad de LEXNET, mediante la puesta en común de las incidencias técnicas con los operadores jurídicos, así como, establezca mecanismos para que no se vean mermadas las garantías procesales de las partes durante este tiempo en el que no se ha podido llevar a cabo la total ejecución, por falta de eficacia y homogeneidad de los medios telemáticos en la Administración de Justicia.
b. Revalúe la viabilidad temporal, económica y técnica de los hitos que estableció el Ministerio de Justicia para la consecución del Expediente Judicial Electrónico en la Administración de Justicia.
2. Remitir los nuevos acuerdos que, en su caso, se adopten por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTAJE) y comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los resultados de la evaluación realizada por él mismo sobre las cuestiones referidas en el apartado anterior."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre medidas para solucionar los problemas que está generando la aplicación LEXNET, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Se propone añadir a la exposición de motivos entre los actuales párrafos sexto y séptimo el siguiente nuevo párrafo:
[...] y el Juez Decano de Granada (párrafo actual sexto).
"El Consejo Fiscal trató en su reunión del día 16 de marzo de 20161 la Dación de cuentas de los problemas de implementación del sistema LEXNET en las Fiscalías, señalando literalmente que "Analizado y debatido el informe de la Fiscalía General del Estado sobre la situación actual de la aplicación del sistema LEXNET en aquellos territorios en que se está implementando, el Consejo Fiscal muestra su profunda preocupación por las importantes disfunciones que su implantación está suponiendo. El Ministerio Fiscal está plenamente comprometido con la modernización de la Administración de Justicia y el uso de las herramientas tecnológicas", advirtiendo que "Las dificultades de una actuación eficaz del Ministerio Fiscal en los expedientes digitales pueden generar responsabilidad patrimonial para la Administración.""
Así mismo, las numerosas caídas o colapsos [...] (párrafo actual séptimo).
El Consejo Fiscal es un órgano del Ministerio Fiscal que asiste en sus funciones al Fiscal General del Estado y está presidido por el Fiscal General del Estado e integrado por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, el Fiscal Inspector Jefe y nueve Fiscales pertenecientes a cualquiera de las categorías. Son miembros natos del Consejo Fiscal el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo y el Fiscal Inspector. Nos hallarnos, por tanto, ante un órgano de máxima importancia cuyas opiniones deben ser tenidas en cuenta.
La sesión que este órgano mantuvo el 16 de marzo de 2016 esto es, dos meses y medio después de la implantación del sistema LEXNET, refleja la preocupación de la Fiscalía General del Estado por un sistema cuyo funcionamiento es deficiente.
Mediante la implantación del sistema LEXNET es ahora el Poder Ejecutivo, ya sea el Ministerio de Justicia o las Consejerías de las Comunidades autónomas con competencias en esta materia, quien aloja la información que entra y sale del Poder Judicial. Mientras se utilizaba el formato papel, el Poder Ejecutivo desconocía qué procedimientos concretos se tramitaban en cada órgano del poder judicial. Mediante la implantación del Sistema LEXNET, el Poder Ejecutivo dispone ahora de una relación pormenorizada de qué procedimientos se tramitan ante cada órgano judicial y, además, de los datos personales tanto de los profesionales como de las partes procesales y de los intervinientes en cada uno de los litigios.
Este carácter indiscriminado de alojamiento y acceso por el Ejecutivo a absolutamente toda la información de todos los litigios que se celebran en todas las jurisdicciones ha de tener unos limites, que son los que ya están reconocidos en las actuales leyes.
1 Puede consultarse la sesión de fecha 16 de marzo en la URL de la web de la Fiscalía: https://tinyurl.com/2016-03-16-consejo-fiscal
Por una parte, el alojamiento y acceso indiscriminado del Ejecutivo a la información procesada por el Poder Judicial ha de tener los límites señalados en las normas vertebrales del Estado, diseñadas en la parte orgánica de la Constitución, can especial atención a la independencia de los órganos judiciales, sin que quepa a través de un sistema tecnológico imponer una nueva posibilidad fiscalizadora no reconocida ni constitucionalmente ni en las normas orgánicas.
Por otra parte, el alojamiento y acceso indiscriminado del Ejecutivo a la información ha de tener los límites de los derechos fundamentales de las personas y deberá prestarse especial cuidado al tratamiento de los datos relativos a la intimidad personal de las partes procesales, a la tutela judicial efectiva garantizando la independencia de la Abogacía y el sagrado derecho de defensa, así como al tratamiento de los datos de cualesquiera otros intervinientes en los procedimientos en su condición de peritos o testigos."
El Sistema LEXNET es un ejemplo perfecto del concepto de Winner sobre sonambulismo tecnológico. Si hasta ahora todas las voces que han criticado LEXNET se han fundamentado en el mal funcionamiento del sistema, sin embargo el problema que se produce con la implantación de esta tecnología con su actual arquitectura es mucho más grave. Hemos de recordar que los servidores del Sistema LEXNET son gestionados no por el Poder Judicial, sino por el Ministerio de Justicia y por las diferentes Consejerías de Justicia de las Comunidades Autónomas que tengan competencias en esta materia, por lo que en palabras del abogado y doctor en filosofía de la tecnología don Javier de la Cueva:2 y 3
[...] De esta manera, mediante la ejecución de una tecnología hemos inoculado en el sistema político un permiso al poder ejecutivo para acceder a unos datos, permiso que sería impensable concedérselo mediante una ley.
La implantación del Sistema LEXNET con su actual arquitectura, donde toda la información se aloja por el Poder Ejecutivo impone que éste disponga de una información que antes no tenía y sin que exista habilitación legal suficiente al efecto. Por vía de la mera actuación tecnológica no cabe dotar al Ejecutivo de una información nuclear sobre otro poder del Estado. Mediante LEXNET, el Ejecutivo dispone de absolutamente todos los datos que un Juez maneja en el trabajo de su juzgado lo que supone un atentado contra la independencia judicial consagrada en el artículo 117 de la Constitución. El Ejecutivo conoce mediante LEXNET cuántos casos y de quién se tramitan en cada uno de los diferentes órganos judiciales y este conocimiento se produce desde el mismo inicio de cada uno de los procedimientos.
2 Este abogado viene denunciando los problemas de separación de poderes y de vulneración de derechos fundamentales del sistema LEXNET públicamente desde 2007. Vid. DE LA CUEVA GONZÁLEZ-COTERA, Javier. (2008). "Derecho y Tecnología: la apertura de las APIs", en Propiedad Intelectual. Nuevas tecnologías y libre acceso a la cultura. Puebla, México, Universidad de las Américas, pp. 173-185. Documento accesible en línea: http://radio-ccemx.org/descargas/propiedadint.pdf. ISBN: 978 607 7690.
3 DE LA CUEVA GONZÁLEZ-COTERA, Javier. (2014). Pragmáticas tecnológicas ciudadanas y regeneración democrática. Tesis doctoral. Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Filosofía. Madrid, pág. 97. Documento accesible en línea: http://eprints.ucm.es/28898/1/T35803.pdf
Pero no solo se atenta contra la independencia judicial, sino que con LEXNET el Ejecutivo dispone de la información de las partes procesales intervinientes, sus letrados y demás personas llamadas al proceso. Que sea el Poder Ejecutivo quien aloje y gestione esta información supone entregarle unos datos a los que no tiene derecho de ninguna de las maneras. Tal entrega vulnera lo dispuesto en el articulo 8, apartados 1 y 2, del Convenio Europeo de Derechos Humanos, sobre privacidad de las partes, pero también roza la legalidad del artículo 6, apartado 1, de dicho Convenio, que marca los límites de acceso a la publicidad de la información de un procedimiento al regular los derechos a un proceso equitativo, sin que en ningún caso se permita el acceso indiscriminado de tales datos al Poder Ejecutivo. En el mismo sentido, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea regula en su artículo 8 los datos personales y en especial se estaría vulnerando el apartado 2 en el que se exige que los datos se tratarán para fines concretos, por lo que se excluye la gestión indiscriminada y global de los mismos.
También serían aplicables a LEXNET las resoluciones judiciales de los Tribunales internacionales que han analizado los casos en los que se ha producido un alojamiento de los datos personales sin respetar los debidos límites del artículo 8.2 de la Carta. Así, las sentencias del TJUE de fecha 8 de abril de 2014, en el caso Digital Rights Ireland, donde se declaró nula la Directiva 2006/24/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de comunicaciones, y la más reciente de fecha 6 de octubre de 2015, en el caso Maximillian Schrems contra Facebook, donde el TJUE declaró nula la decisión 2000/520 de la Comisión sobre puerto seguro en la transmisión de datos.
Si el TJUE declaró nula en su sentencia de 8 de abril de 2014, la Directiva que regulaba el almacenamiento de los datos de las comunicaciones realizado por las operadoras, con mayor razón podemos presumir que declarará nulo el almacenamiento por parte del Poder Ejecutivo de los datos de los procedimientos judiciales. Asimismo, si el TJUE declaró nula, en su sentencia de 6 de octubre de 2015, la Decisión de la Comisión Europea que permitía la transmisión de los datos privados entre Europa y los EE.UU. cuando no se garantizaban en el caso Facebook la ausencia de la intromisión de la NSA norteamericana (la Agencia de Seguridad norteamericana, órgano dependiente del Poder Ejecutivo), podernos presumir que declararía nula cualquier autorización homóloga al efecto en nuestro país.
En resumen, el alojamiento indiscriminado de los datos privados de todos los justiciables, partes profesionales y demás intervinientes en los procedimientos judiciales no sería conforme con la legislación fundamental aplicable. No debe permitirse la implantación de una tecnología cuya arquitectura permita tal intromisión del Poder Ejecutivo en los datos privados de las personas cuyos datos no deben salir del ámbito del órgano judicial donde se hace justicia sobre su asunto.
"[...] permitiéndose la doble vía de presentación de escritos (tanto iniciadores como de trámite), a elección del operador, hasta la correcta implementación del sistema en su funcionamiento técnico, así como hasta que el alojamiento de la información y la gestión de la plataforma se realice en servidores exclusivamente dependientes del poder judicial."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-David Bravo Bueno, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000171
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre la derogación de la pena de prisión permanente revisable, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 34, de 15 de marzo de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
- Derogar inmediatamente la pena de prisión permanente revisable introducida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal."
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, adoptó el acuerdo de desestimar la siguiente iniciativa:
- Proposición no de Ley sobre el estudio de una posible reforma normativa encaminada a la instrucción y enjuiciamiento conjunto de mayores y menores de edad, en determinadas circunstancias, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016.
161/000265
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre modificación del artículo 22.1 del Código Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. La modificación del artículo 22.1 del Código Civil con el siguiente resultado:
''Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años. Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido asilo o refugio, y dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes, así como de quienes hubieren sido residentes en el territorio del Sáhara occidental durante su administración por España, y sus descendientes.''
2. La modificación del apartado h) del artículo 23 del Código Civil como sigue:
''Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24, los sefardíes originarios de España y los saharauis.''"
A dicha Proposición no de Ley se formularon dos enmiendas cuyo texto, asimismo, se inserta.
El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley de modificación del artículo 22.1 del Código Civil.
Se añade un nuevo punto con el siguiente redactado.
"La modificación del artículo 221 del Decreto de 14 de noviembre de 1958, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Registro Civil, para reconocer de forma expresa la validez de los certificados expedidos por los Registros de la República Árabe Saharaui Democrática para probar los hechos a los que hace referencia el artículo 220 del mencionado Decreto."
La ciudadanía saharaui se encuentra en la injusta paradoja de tener más dificultades que otros países para adquirir la nacionalidad española ya que la Dirección General de los Registros y del Notariado no reconoce la validez de los certificados expedidos por la República Árabe Saharaui Democrática, pese al reconocimiento internacional de la RASD, incluyendo la representación que mantienen ante la Unión Africana, la Unión Europea o la Organización de Naciones Unidas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre modificación del artículo 22.1 del Código Civil, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Al artículo 23 del Código Civil.
El apartado b del artículo 23 del Código Civil queda redactado como sigue:
"Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de países mencionados en el apartado 1 del artículo 24, los sefardíes originarios de España y los saharauis."
El Estado español tiene una responsabilidad histórica y una deuda moral con la población saharaui que hasta 1975 tenía la nacionalidad española, en tanto que integrantes de la llamada provincia 53.
Desde que en 1975 Marruecos invadió el Sáhara Occidental, la población saharaui se ha visto privada de su derecho inalienable a la libertad absoluta, al ejercicio de su soberanía y a la integridad de su territorio nacional, consagrada por la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1960.
El Estado español debería mostrar un grado superior de sensibilidad hacia aquellos territorios que en su día fueron colonizados por nuestro país, y mayor, si cabe, en el caso del pueblo saharaui, por la especial situación que ha vivido su población durante los últimos cuarenta años, al no haber culminado positivamente su proceso de descolonización.
Por ello abogamos por el reconocimiento al pueblo saharaui de los mismos derechos de los que goza la ciudadanía de países que han mantenido una relación histórica con el Estado español, y por ello proponemos que se exima a la población saharaui de renunciar a su nacionalidad de origen para adquirir la nacionalidad española.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Sara Carreño Valero, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000269
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar de manera decidida actuaciones que promuevan la claridad del lenguaje jurídico dando cumplimiento al Convenio marco de Colaboración para Promover la Claridad del Lenguaje Jurídico, así como cuenta a esta Cámara de las actuaciones realizadas al amparo del mismo.
Asimismo esta Comisión de Justicia acuerda elevar al Pleno de la Cámara una propuesta para que por este se apruebe un mecanismo que permita que todas las iniciativas legislativas sean revisadas siempre antes de su aprobación, a fin de examinar el lenguaje jurídico utilizado y adecuarlo a una mejor comprensión por los ciudadanos, así como a que promueva todas aquellas medidas que puedan ayudar a mejorar su conocimiento por los ciudadanos, y ello procurando que el lenguaje jurídico utilizado sea un lenguaje inclusivo y no sexista."
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico.
"Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar medidas para promover conocimientos jurídicos básicos para todos los ciudadanos al objeto de que se logre una mejor comprensión del Derecho."
Al igual que ocurre con otras materias (economía, física, etc.) parece conveniente apostar por reforzar que la ciudadanía cuente con conocimientos jurídicos básicos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre actuaciones para promover la claridad del lenguaje jurídico presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se propone añadir al punto final del texto de la Proposición no de Ley:
"(...) procurando que el lenguaje jurídico utilizado sea un lenguaje inclusivo y no sexista."
El Derecho debe ser un instrumento de control al tiempo que se constituye como instrumento de transformación social, de ahí la importancia que tiene el lenguaje jurídico no sexista para seguir avanzando en la senda de la construcción de una sociedad en la que se alcance la igualdad real entre hombres y mujeres. El lenguaje incide directamente en la percepción que tenemos de la realidad social y por este motivo se hace impostergable la necesidad de contribuir desde el ámbito jurídico a la visualización de las mujeres utilizando, como ya señalaron las investigadoras Encarna Bodelón (UAB) y Ana Rubio Castro (UGR) "los recursos que la propia lengua pone a nuestra disposición e incluso innovar términos y denominaciones jurídicas tradicionales, sin que ello signifique renuncia a las reglas de la gramática española" [Lenguaje Jurídico y de Género: sobre el sexismo en el lenguaje jurídico. Investigación Promovida por la Comisión de Igualdad del CGPJ (2011)].
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-María Isabel Medina Suárez y María Victoria Rosell Aguilar, Diputadas.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Se propone añadir a la exposición de motivos, al final del último párrafo el siguiente nuevo párrafo:
"(...) al igual que es imprescindible, en aras de modernizar y clarificar el lenguaje jurídico, superar el sexismo lingüístico utilizado por quienes operan en el tráfico jurídico, ya que el uso generalizado de expresiones en masculino invisibiliza la presencia de las mujeres como operadoras jurídicas y como usuarias del servicio público de la administración de justicia."
El Derecho debe ser un instrumento de control al tiempo que se constituye como instrumento de transformación social, de ahí la importancia que tiene el lenguaje jurídico no sexista para seguir avanzando en la senda de la construcción de una sociedad en la que se alcance la igualdad real entre hombres y mujeres. El lenguaje incide directamente en la percepción que tenemos de la realidad social y por este motivo se hace impostergable la necesidad de contribuir desde el ámbito jurídico a la visualización de las mujeres utilizando, como ya señalaron las investigadoras Encarna Bodelón (UAB) y Ana Rubio Castro (UGR) "los recursos que la propia lengua pone a nuestra disposición e incluso innovar términos y denominaciones jurídicas tradicionales, sin que ello signifique renuncia a las reglas de la gramática española" [Lenguaje Jurídico y de Género: sobre el sexismo en el lenguaje jurídico. Investigación Promovida por la Comisión de Igualdad del CGPJ(2011)].
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la investigación del robo de recién nacidos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Impulsar todas las medidas necesarias para la investigación de la desaparición de bebés entre los años 1940 y 1990, a través de la firma de convenios de colaboración para que las instituciones y personas jurídicas y físicas, públicas y privadas implicadas, cooperen en esta materia, faciliten el intercambio de información y la realización de las actuaciones que les competan para dar una respuesta adecuada, a los problemas que se susciten, favoreciendo la acción de la Justicia en lo que a cada una de ellas corresponda.
2. Potenciar el aprovechamiento de un Banco de ADN que permita cruzar los datos de las víctimas, de manera que se les ayude a encontrar a sus verdaderas familias.
3. Continuar garantizando la gratuidad de las pruebas de ADN a través del Instituto Nacional de Toxicología para los supuestos de bebés robados.
4. Crear una Mesa Permanente de Trabajo con representación de los Ministerios (Justicia, Interior, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) e instituciones implicadas y de las asociaciones de afectados, a fin de analizar la situación, informar periódicamente de las medidas adoptadas y compartir información entre la Administración y las asociaciones, de forma tal que pueda valorarse el alcance y la dimensión de la cuestión y estudiar las medidas que permitan actuar más eficazmente.
5. Nombrar, en el ámbito del Ministerio de Justicia, un Fiscal coordinador, especializado en asuntos relacionados con la sustracción de recién nacidos, con objeto de reforzar la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y a fin de asegurar la actuación conjunta en la materia por parte de la Fiscalía y de los citados departamentos ministeriales, en el ámbito de las competencias atribuidas a cada uno de ellos.
6. Seguir impulsando las medidas legales y reglamentarias precisas para evitar que este tipo de situaciones puedan producirse en el futuro, garantizando la seguridad en la identificación de los recién nacidos y el establecimiento, sin ningún género de dudas, de la filiación materna, a través de la realización de las pruebas medicas, biométricas y analíticas necesarias, reforzando los controles para el caso de fallecimiento de los nacidos en los centros sanitarios tras los primeros seis meses de gestación.
7. Seguir impulsando a través de la Oficina de Atención a los afectados por la posible sustracción de bebés del Ministerio de Justicia, un servicio de orientación jurídica, de apoyo psicológico y de información, ampliando el ámbito de las funciones de dicha Oficina e incrementando los medios puestos a su disposición para atender adecuadamente a sus nuevos cometidos.
8. Mejorar las estadísticas para el seguimiento de las diligencias abiertas como consecuencia de los casos de posible sustracción, de forma tal que pueda disponerse de datos reales sobre el número de actuaciones emprendidas y de su resultado, que permitan valorar adecuadamente la dimensión de esta problemática.
9. Establecer los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta trama accedan a la justicia gratuita para llevar a cabo sus denuncias, para todos aquellos casos en los que no puedan costearse el proceso judicial.
10. Impulsar la creación, en el Senado, de una Subcomisión que tenga como Finalidad contribuir a un mejor conocimiento de esta materia, procediendo al análisis de la normativa de referencia proponiendo, como resultado de su labor, las medidas de mejora que favorezcan el esclarecimiento de los hechos y que eviten su futura comisión."
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre investigación del robo de recién nacidos.
"5. Establecer los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta trama accedan a la Justicia Gratuita para llevar a cabo sus denuncias, dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial."
Mejora técnica. La Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, desarrolla el art. 119 de la CE, el cual prevé la gratuidad de la justicia respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Por estar ya previsto y desarrollado, consideramos innecesario o redundante establecer nuevos mecanismos para que las familias afectadas por la trama de bebés robados, acedan a la Justicia Gratuita.
Se añade un nuevo apartado a la Proposición no de Ley.
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio Fiscal a que promueva la acción de la Justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los afectados por la sustracción de bebés, en particular ante las situaciones de indefensión que están manifestando colectivos de víctimas."
"Reconocer a las víctimas del robo de bebés como ''víctimas de crímenes contra los Derechos Humanos''."
Comisión Europea reconoció a finales de 2015, que las personas afectadas por los casos de bebés robados debían ser clasificadas corno "víctimas de crímenes contra los Derechos Humanos". Una calificación que las víctimas llevan años reclamando al Gobierno sin que se les otorgue tal condición. Sólo el Ejecutivo nacional tiene potestad para esta clasificación. Uno de los beneficios al llevar a cabo esta clasificación sería el impedir que los delitos de robo de bebés prescribieran.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Patricia Isaura Reyes Rivera, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de adición a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la investigación del robo de recién nacidos.
3. Que se tengan en consideración los trabajos cuya realización se acordó en marzo de 2012 en la reunión de la Comisión Técnica Permanente (CTP), de la Comisión Nacional para el Uso Forense de ADN, relativos a las ''Directrices sobre estudios de identificación genética en problemáticas de adopciones irregulares y sustracción de recién nacidos''.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la investigación del robo de recién nacidos.
1. Impulsar y adoptar en el ámbito de las atribuciones de las administraciones e instituciones competentes en esta materia, las medidas precisas para que, a través de la firma de convenios de colaboración, las instituciones y personas jurídicas y físicas, públicas y privadas implicadas, cooperen en esta materia, faciliten el intercambio de información y la realización de las actuaciones que les competan para dar una respuesta adecuada a los problemas que se susciten, favoreciendo la acción de la Justicia en lo que a cada una de ellas corresponda.
2. Crear una Mesa Permanente de Trabajo con representación de los Ministerios (Justicia, Interior, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) e instituciones implicadas y de las asociaciones de afectados, a fin de analizar la situación, informar periódicamente de las medidas adoptadas y compartir información entre la Administración y las asociaciones, de forma tal que pueda valorarse el alcance y la dimensión de la cuestión y estudiar las medidas que permitan actuar más eficazmente.
3. Nombrar en el ámbito del Ministerio de Justicia, un Fiscal coordinador, especializado en asuntos relacionados con la sustracción de recién nacidos, con objeto de reforzar la coordinación entre la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y a fin de asegurar la actuación conjunta en la materia por parte de la Fiscalía y de los citados departamentos ministeriales, en el ámbito de las competencias atribuidas a cada uno de ellos.
4. Seguir impulsando las medidas legales y reglamentarias precisas para evitar que este tipo de situaciones puedan producirse en el futuro, garantizando la seguridad en la identificación de los recién nacidos y el establecimiento, sin ningún género de dudas, de la filiación materna, a través de la realización de las pruebas médicas, biométricas y analíticas necesarias, reforzando los controles para el caso de fallecimiento de los nacidos en los centros sanitarios tras los primeros seis meses de gestación.
5. Adoptar las medidas necesarias para prestar a través de la Oficina de Atención a los afectados por la posible sustracción de bebés del Ministerio de Justicia, un servicio de orientación jurídica, de apoyo psicológico y de información, ampliando el ámbito de las funciones de dicha Oficina e incrementando los medios puestos a su disposición para atender adecuadamente a sus nuevos cometidos.
6. Mejorar las estadísticas para el seguimiento de las diligencias abiertas como consecuencia de los casos de posible sustracción, de forma tal que pueda disponerse de datos reales sobre el número de actuaciones emprendidas y de su resultado, que permitan valorar adecuadamente la dimensión de esta problemática.
7. Impulsar la creación, en el Senado, de una Subcomisión que tenga como finalidad contribuir a un mejor conocimiento de esta materia, procediendo al análisis de la normativa de referencia proponiendo, como resultado de su labor, las medidas de mejora que favorezcan el esclarecimiento de los hechos y que eviten su futura comisión."
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la exención del pago de tasas judiciales a las entidades sin ánimo de lucro y a las empresas de reducida dimensión, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016,
en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Adicionar a la lista de exenciones subjetivas del artículo 4 apartado 2 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, los siguientes sujetos:
- Las entidades sin fines lucrativos que hayan optado por el régimen fiscal especial de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.
- Los sujetos pasivos que tengan la consideración de entidades de reducida dimensión de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.
2. Derogar el apartado 7.º del artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (añadido por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal).
3. Añadir un apartado 3 al artículo 241 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, con el siguiente texto: ''En ningún caso se incluirá en las costas del proceso la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional; salvo que se declare en sentencia la temeridad del litigante''."
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes enmiendas al Proyecto no de Ley del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) relativa a la exención del pago de tasas judiciales a las entidades sin ánimo de lucro y a las empresas de reducida dimensión.
Se propone añadir al punto final de la exposición de motivos el siguiente nuevo párrafo:
"Es por ello que se propone la derogación del art. 241.1.7 LEC (apartado 7.º añadido por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal), por el cual se incluyen expresamente los importes de las tasas judiciales en la tasación costas y, en el mismo sentido, añadir apartado 3 al art. 241 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, que prevea expresamente que en ningún caso se incluirá en las costas del proceso la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional."
En consonancia con todo lo expuesto, sí que se considera adecuado mantener la fórmula del copago en la Justicia para las grandes empresas, que vienen identificadas como tal según la legislación del impuesto de Sociedades en función de su gran capacidad económica (volumen de operaciones en el ejercicio anterior superior a 6.010.121,04 euros), que, de hecho, son las principales usuarias de la Administración de Justicia y, por lo tanto, corresponsables del colapso judicial.
Sin embargo, debe evitarse a toda costa que esta tasa, sufragada en tanto en cuanto son las principales usuarias de la Administración de Justicia, acabe siendo repercutida a la ciudadanía e, inclusive, sea contabilizada como gasto, desgravada fiscalmente, y después recuperada de la parte contraria vía tasación costas.
Por lo tanto, es necesario reformar la LEC excluyendo expresamente la tasa judicial de la relación de conceptos incluidos en la tasación de costas.
Se propone añadir al punto final del texto de la Proposición no de Ley el siguiente nuevo párrafo:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a reformar el art. 241 en el siguiente sentido:
- Derogar el apartado 7.º del artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (añadido por Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal).
- Añadir un apartado 3 del art. 241 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, con el siguiente texto: "en ningún caso se incluirá en las costas del proceso la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional"."
Una financiación pura de la Administración de Justicia mediante impuestos conllevaría siempre que los ciudadanos que nunca acuden ante los Tribunales coadyuvaran a financiar las actuaciones realizadas por los Juzgados y las Salas de justicia en beneficio de quienes demandan justicia una, varias o muchas veces. Como ha establecido en diversas ocasiones el Tribunal Constitucional, no vulnera la Constitución que una norma de rango legal someta a entidades mercantiles, con un elevado volumen de facturación, al pago de unas tasas que sirven para financiar los costes generados por la actividad jurisdiccional que conlleva juzgar las demandas que libremente deciden presentar ante los Tribunales del orden civil para defender sus derechos e intereses legítimos.
Por lo tanto, es del todo justo que el legislador decidida que sean las sociedades de grandes dimensiones las que vean condicionado su derecho a obtener la prestación de la actividad jurisdiccional a la obligación de liquidar y abonar una tasa que permite sufragar parcialmente el coste que implica para la justicia atender y resolver su demanda.
Sentado todo ello, considerando que la tasa judicial es un tributo, su sujeto pasivo es el único que la ley obliga a soportar su gasto, por lo que no cabe que se pretenda repercutir el pago de éste a la parte condenada en costas. En otras palabras, la obligación de pagar la tasa deriva de una relación jurídica, de carácter público y de naturaleza tributaria, que vincula a la persona jurídica a su pago al Estado, pero que para nada afecta a la relación jurídico privada controvertida con el proceso.
Sentar lo contrario, muy especialmente en los casos en que la condenada a satisfacer fas costas no fuera una gran empresa (es decir, estuviera exenta del pago de la tasa, por ser persona física o por ser PYME o entidad sin ánimo de lucro, de acuerdo con la actual propuesta de reforma), supondría permitir la repercusión, de forma indirecta, de dicha la obligación legal de liquidar y pagar las tasas a personas y entidades exentas, lo que supondría un fraude de Ley al ser ello contrario al principio de mayor capacidad económica de las grandes empresas.
Por lo tanto, se propone que se recoja expresamente en la Ley Procesal un precepto que, por un lado, excluya la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional de la relación de conceptos incluibles en la tasación de costas y, por otro, contemple expresamente su exclusión.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/000294
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el uso de los medios telemáticos en la Administración de Justicia, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 45, de 4 de abril de 2016, en los siguientes términos:
a) Dé respuesta eficaz e inmediata a los problemas que están surgiendo en la aplicabilidad de LEXNET, mediante la puesta en común de las incidencias técnicas con los operadores jurídicos, así como establezca mecanismos para que no se vean mermadas las garantías procesales de las partes durante este tiempo en el que no se ha podido llevar a cabo la total ejecución.
b) Revalúe la viabilidad temporal, económica y técnica de los hitos que estableció el Ministerio de Justicia para la consecución del Expediente Judicial Electrónico en la Administración de Justicia.
2. Remitir los nuevos acuerdos que, en su caso, se adopten por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTME) y comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los resultados de la evaluación realizada por el mismo sobre las cuestiones referidas en el apartado anterior."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el uso de los medios telemáticos en la Administración de Justicia, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
a. Dé respuesta eficaz e inmediata a los problemas que está surgiendo la aplicabilidad de LEXNET, mediante la puesta en común de las incidencias técnicas con los operadores jurídicos, así como, establezca mecanismos para que no se vean mermadas las garantías procesales de las partes durante este tiempo en el que no se ha podido llevar a cabo la total ejecución, por falta de eficacia y homogeneidad de los medios telemáticos en la Administración de Justicia.
2. Remitir los nuevos acuerdos que, en su caso, se adopten por el Comité Técnico Estatal de la Administración Judicial Electrónica (CTAJE) y comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para dar cuenta de los resultados de la evaluación realizada por el mismo sobre las cuestiones referidas en el apartado anterior."
161/000300
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a publicar los datos del número de delitos fiscales denunciados en 2015 y la deuda media descubierta en cada Inspección, datos que no se han incluido en el Plan de Control Tributario para 2016; y a iniciar los trámites para presentar un proyecto de ley que dé nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal, para rebajar la cuantía de la defraudación constitutiva de delito a 50.000 euros. Asimismo, dicho proyecto de ley recogerá la derogación del artículo 307 ter del mismo texto legal."
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas.
"Publicar los datos del número de delitos fiscales denunciados en 2.015 y la deuda descubierta en cada Inspección, los cuales no se han incluido en el Plan de Control Tributario para 2.016; y a iniciar los trámites para presentar un proyecto de ley que dé nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal, para lograr una mayor eficacia y rigor en las lucha contra el fraude."
"Publicar los datos del número de delitos fiscales denunciados en 2.015 y la deuda descubierta en cada Inspección, datos que no se han incluido en el Plan de Control Tributario para 2.016; y a iniciar los trámites para presentar un proyecto de ley que dé nueva redacción a los artículos 305 y 308 del Código Penal, para rebajar la cuantía de la defraudación constitutiva de delito a 50.000 euros."
Mejora técnica. La reforma de los delitos de fraude fiscal se entiende que debe abarcar aspectos adicionales a la cuantía como, por ejemplo, plazos de prescripción o endurecimiento de penas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Se propone añadir al final lo siguiente:
"Asimismo, dicho Proyecto de Ley recogerá la derogación del artículo 307 ter del mismo texto legal."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los delitos de fraude fiscal y el fraude de subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones Públicas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la presentación de un Proyecto de Ley de modificación de los artículos 305.1 y 308.1 del vigente Código Penal, en lo relativo a rebajar el umbral económico a partir del cual se consideran delitos las defraudaciones descritas en los mencionados artículos, en aras de incrementar su capacidad disuasoria frente a determinadas conductas."
161/000301
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la suspensión de la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar los trámites necesarios, dentro de sus funciones, para evitar la aplicación antes del próximo 5 de junio de 2016, del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de iniciar con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley para su derogación o modificación, a fin de evitar el sobreseimiento de las causas en instrucción por el mero transcurso del plazo."
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la suspensión de la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a iniciar, con la máxima urgencia, los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley para la derogación o modificación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; a fin de evitar el sobreseimiento de las causas de instrucción por el mero transcurso del plazo."
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suspender antes del próximo 5 de junio de 2.016 la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin perjuicio de iniciar con urgencia los trabajos necesarios para presentar un proyecto de ley para su derogación o modificación; a fin de evitar el sobreseimiento de las causas en instrucción por el mero transcurso del plazo."
Mejora técnica. De la redacción propuesta originariamente podría entenderse que se está instando al Gobierno a que incumpla la Ley, por lo que parece más adecuado instar al mismo a que reforme ésta por las vías de las que dispone habida cuenta de la urgencia del asunto.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Rodrigo Gómez García, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La Comisión de Justicia, en su sesión del día 5 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas que permitan un tratamiento específico y adaptado a sus necesidades para los menores de edad en todos los procesos judiciales, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 45, de 4 de abril de 2016, en sus propios términos:
"El Congreso de los Diputados considera necesario impulsar y fomentar medidas que tengan como objeto la consecución de un tratamiento específico para los menores de edad en todos los procesos judiciales, atendiendo a sus necesidades. En particular:
1. La elaboración de un protocolo para la orientación sobre la forma de examinar, interrogar u obtener testimonio de los menores de edad inmersos en un proceso judicial, reforzando las garantías de sus derechos y especialmente el derecho a ser escuchado, evitando su segunda victimización.
2. El impulso de las "salas amigables", creando en el entorno judicial un espacio apto para los menores de edad como colectivo especialmente vulnerable."
161/000264
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 6 de abril 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre el embargo de armas a los países implicados y otras medidas sobre la resolución del conflicto en Yemen, presentada por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Revocar las autorizaciones de transferencias de armas concedidas desde el 25 de marzo de 2015 mientras subsista un riesgo sustancial, a tenor de los datos disponibles, de que las armas se emplearían para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o se desviarían para dicho uso. En ese sentido, denegar las autorizaciones para transferir armas a las partes del conflicto de Yemen, cumpliendo el Tratado sobre Comercio de Armas y con el análisis de riesgos de la Junta Interministerial. Esa prevención sobre el comercio de armas con las partes en conflicto se deberá mantener mientras se siga teniendo información de fuentes de fácil acceso y fidedignas, o mientras subsista un riesgo sustancial a tenor de los datos disponibles, de que las armas se emplearían para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o se desviarían para dicho uso.
3. Impulsar que la Unión Europea haga efectiva la resolución conjunta 2016/2515, aprobada por el Parlamento Europeo el jueves 25 de febrero, e imponga de inmediato un embargo de las transferencias de armas y productos y tecnologías de doble uso a las partes del conflicto de Yemen, incluido el apoyo logístico y económico para dichas transferencias y garantice su cumplimiento mediante el establecimiento de un procedimiento de supervisión y verificación.
4. Impulsar que el Consejo de Seguridad de la ONU amplíe el embargo de armas establecido por la ONU en virtud de la resolución 2216 para prohibir el suministro directo o indirecto de armas, municiones, equipo o tecnología militar, o de apoyo logístico y económico para dichos suministros, a cualquiera de las partes del conflicto de Yemen, o en apoyo de sus operaciones militares en Yemen, mientras exista un riesgo sustancial de que estas armas se empleen para cometer violaciones graves del derecho internacional.
5. Apoyar el establecimiento de un mecanismo internacional independiente para investigar las denuncias de violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por todas las partes del conflicto, con el fin de garantizar que los responsables comparezcan ante la justicia en juicios justos y se proporcione una reparación completa a las víctimas y sus familias.
6. Adoptar medidas para mejorar el control y la transparencia del comercio de armas que eviten la venta de armas para cometer violaciones graves del derecho internacional.
7. Reforzar sus esfuerzos diplomáticos para poner fin al conflicto en Yemen."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre el embargo de armas a los países implicados y otras medidas sobre la resolución del conflicto en Yemen, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
1. Cumplir estrictamente las previsiones de la Ley sobre comercio de armas, reforzando el control parlamentario y la transparencia y denegando su autorización cuando exista riesgo claro de que puedan ser utilizadas de manera contraria al respeto debido y la dignidad inherente al ser humano; velando por el cumplimiento de los Derechos Humanos a la hora de firmar acuerdos internacionales.
2. Cumplir rigurosamente las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo sobre la situación en Yemen, especialmente la Resolución 2016/25015 (RSP), de 25 de febrero de 2016, sobre la situación humanitaria en Yemen."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados, formula las siguientes enmiendas parciales a la Proposición no de Ley sobre el embargo de armas a los países implicados y otras medidas sobre la resolución del conflicto en Yemen, presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.
Fusionar 1 y 2 con esta formulación:
"1. Revocar las autorizaciones de transferencias de armas concedidas desde el 25 marzo de 2015 mientras subsista un riesgo sustancial, a tenor de los datos disponibles, de que las armas se emplearían para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o se desviarían para dicho uso. En ese sentido, denegar las autorizaciones para transferir armas a las partes del conflicto de Yemen, cumpliendo el Tratado sobre Comercio de Armas y con el análisis de riesgos de la Junta interministerial, incluida la supuesta exportación de Corbetas que estaría negociando Navantia y Arabia Saudí, operación de la que no se tiene ninguna información pública pese a las peticiones de diversas organizaciones. Esa prevención sobre el comercio de armas con las partes en conflicto se deberá mantener mientras se siga teniendo información, de fuentes de fácil acceso y fidedignas, o mientras subsista un riesgo sustancial a tenor de los datos disponibles, de que las armas se emplearían para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o se desviarían para dicho uso."
"4. Impulsar que la Unión Europea haga efectiva la resolución conjunta aprobada por el Parlamento Europeo (RC8-0151/2016) de jueves 25 de febrero e imponga de inmediato un embargo de las transferencias de armas y productos y tecnologías de doble uso a las partes del conflicto de Yemen, incluido el apoyo logístico y económico para dichas transferencias y garantice su cumplimiento mediante el establecimiento de un procedimiento de supervisión y verificación."
"9. Estudiar -y en su caso- proponer y negociar con las trabajadoras y trabajadores de los astilleros de Navantia en Ferrol y la Bahía de Cádiz, la adopción de un plan industrial de alternativas de producción civil para el mantenimiento de sus puestos de trabajo, corno el reciclado ecológico de buques (la denominada "deconstrucción naval") y la eólica offshore (aerogeneradores en el mar), en concordancia con lo aprobado en las Comisiones de Hacienda, el pasado 16 de marzo, e Industria el pasado, el pasado 29 de marzo que ponían en primer lugar la necesidad de un plan industrial para fortalecer las capacidades de los astilleros y poder optar a todo tipo de pedidos, incluidos los de mayor valor tecnológico."
Ordenación y ampliación de argumentos.
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de marzo de 2016.-Ángela Ballester Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 6 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre acciones para reducir y evitar ataques contra la población civil, contra los hospitales, los centros de salud, las ambulancias y el personal sanitario, en zonas de conflicto, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat) y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
"El Congreso de los Diputados muestra su respeto y adhesión a las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y su repulsa más enérgica a la proliferación de ataques contra la población civil en zonas de conflicto y a las infraestructuras que le dan apoyo, como los hospitales, los centros de salud y el personal médico que los atiende, por constituir una violación del Derecho Internacional Humanitario en el marco de los Convenios de Ginebra.
Asimismo, insta al Gobierno a utilizar todos los recursos a nivel político y diplomático existentes para evitar que se produzcan violaciones del DIH en cualquiera de las formas prescritas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, y para que las que inevitable y lamentablemente se produzcan, sean sistemáticamente investigadas por la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CIHE), creada a tal fin.
Finalmente, el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a la organización de Naciones Unidas como garante de la protección de todo el personal médico y sanitario que desarrolla sus labores profesionales y voluntarias en zonas de conflicto, así como su compromiso con cuantas medidas se impulsen en el seno de esta organización para impedir la proliferación de ataques violentos sobre este colectivo."
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), sobre para reducir y evitar ataques contra la población civil, contra los hospitales, los centros de salud, las ambulancias y el personal sanitario, en zonas de conflicto.
"El Congreso de los Diputados muestra su respeto y adhesión a las normas del Derecho Internacional Humanitario y su repulsa más enérgica a la proliferación de ataques contra la población civil en zonas de conflicto y a las infraestructuras que le dan apoyo, como los hospitales, los centros de salud y el personal médico que los atiende, por constituir una violación Derecho Internacional Humanitario (DIN) en el marco de los Convenios de Ginebra.
Asimismo, insta al Gobierno a utilizar todos los recursos a nivel político y diplomático existentes para evitar que se produzcan violaciones del DIH en cualquiera de las formas prescritas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, y para que las que inevitable y lamentablemente se produzcan, sean sistemáticamente investigadas por la Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CHE), creada con tal fin.
Finalmente, el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a la Organización de Naciones Unidas como garante de la protección de todo el personal médico y sanitario que desarrolla sus labores profesionales y voluntarias en zonas de conflicto así como su compromiso con cuantas medidas se impulsen en el seno de esta organización para impedir la proliferación de ataques violentos sobre este colectivo."
"El Congreso de los Diputados muestra su respeto y adhesión a las normas del Derecho Internacional Humanitario y su repulsa más enérgica a la proliferación de ataques contra la población civil en zonas de conflicto y a las infraestructuras que le dan apoyo, como los hospitales, las centros de salud y el personal médico que los atiende, por constituir una violación Derecho Internacional Humanitario (DIN) en el marco de los Convenios Ginebra.
Asimismo, insta al Gobierno a utilizar todos los recursos a nivel político y diplomático existentes para evitar que se produzcan violaciones del DIH en cualquiera de las formas prescritas en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, y para que las que inevitable y lamentablemente se produzcan, sean sistemáticamente investigadas por!a Comisión Internacional Humanitaria de Encuesta (CINE), creada con tal fin."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/000318
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 6 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Reafirmar su compromiso con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos (UNGP) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a desarrollar una hoja de ruta vinculante para la implementación de los UNGP.
2. Realizar las acciones oportunas con el objeto de propiciar e incentivar la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo.
3. Declararse favorable a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, así como apoyar y colaborar de forma efectiva con el grupo de trabajo del Comité de Derechos Humanos, y promover en el seno de la Unión Europea el apoyo incondicional al citado grupo de trabajo para la elaboración de dicho instrumento internacional.
4. Aprobar definitivamente el Plan de Empresa y Derechos Humanos con el que el Gobierno se comprometerá efectiva y concretamente, a desarrollar los compromisos contraídos en materia de derechos humanos por España en el seno de las Naciones Unidas, de la Unión Europea e, internamente, vincular a las empresas, públicas y privadas, en su respeto y promoción, mejorando a su vez el análisis de los retos que afrontan en el exterior.
5. Adoptar las modificaciones normativas que procedan, al objeto de establecer como requisito previo para las empresas españolas que reciban apoyo oficial del Estado, bien a través de las distintas vías de créditos ICO, o ayudas CESCE, ICEX, del DIEM, FONPRODE, o bien a través de la Ayuda Oficial para el Desarrollo española (AOD), el que elaboren un Plan específico referido al deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y la diligencia debida en materia de derechos humanos, incluyendo el establecimiento de los oportunos canales de información en esta materia con las personas o comunidades que resulten afectadas por las operaciones que realicen estas empresas, en España y en otros países.
6. Elaborar un informe jurídico sobre las posibilidades de aplicar a los tribunales españoles la intervención en los principios de "protección, respeto y remedio" de los Derechos Humanos a las empresas españolas, incluyendo sus actividades fuera del territorio nacional, valorando las reformas pertinentes a adoptar, con el fin de cumplir la obligación, en su caso, de reparación del Estado, así como la eliminación de los obstáculos de acceso a la justicia para las personas afectadas por aquellas operaciones empresariales realizadas en contra de los derechos humanos."
Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat), y al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de modificación a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú
Podem-En Marea, relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
- Reafirmar su compromiso con la declaración Universal de Derechos Humanos, con los UNGP y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y a desarrollar una hoja de ruta vinculante para la implementación de los UNGP.
- Exhortar a todas las empresas con base jurídica en España a que cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos de conformidad con lo dispuesto en los UNGP.
- Aprobar definitivamente, el Plan de Empresa y Derechos Humanos con el que el Gobierno se comprometerá efectiva y concretamente, a desarrollar los compromisos contraídos en materia de derechos humanos por España en el seno de las Naciones Unidas, de la UE e internamente, y vincular a las empresas, públicas y privadas, en su respeto y promoción, mejorando a su vez el análisis de los retos que afrontan en el exterior.
- Cumplir diligentemente y con la mayor celeridad posible, con la Proposición no de Ley sobre Responsabilidad Social Corporativa y Derechos Humanos, aprobada por unanimidad por el Pleno del Congreso el 21 de mayo de 2013, para llevar a cabo entre otros, un diagnóstico adecuado de las deficiencias existentes así como de las reformas legislativas necesarias, para asegurar que las empresas respeten los derechos humanos.
- Declararse favorable a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
- Apoyar y colaborar de forma efectiva con grupo de trabajo del CDH para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
- Promover en el seno de la Unión Europea el apoyo incondicional al ya citado grupo de trabajo del CHD para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Democràcia i Llibertat).
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
"1. Reafirmar su compromiso con la Declaración Universal de Derechos Humanos, con los UNGP y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas y a desarrollar una hoja de ruta vinculante para la implementación de los UNGP.
2. Exhortar a todas las empresas con base jurídica en España a que cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos de conformidad con lo dispuesto en los UNGP."
2. Exhortar a todas las empresas con base jurídica en España a que cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos de conformidad con lo dispuesto en los UNGP.
3. Declararse favorable a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
4. Apoyar y colaborar de forma efectiva con grupo de trabajo del CDH para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
5. Promover en el seno de la Unión Europea el apoyo incondicional al ya citado grupo de trabajo del CHD para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos."
Se entiende que ya existen organismos competentes que establecen una vigilancia sobre las empresas para que se respeten los Derechos Humanos y los objetivos de Naciones Unidas.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos.
"El Congreso de los Diputados, consciente del carácter global de las relaciones entre personas y mercados, manifiesta al Gobierno la necesidad de:
- Declarar su inequívoco compromiso con métodos responsables de producción de productos, con especial respeto a los derechos humanos, a la salud y seguridad de los trabajadores y consumidores, y al medio ambiente y otras buenas prácticas de las empresas contempladas en las Directivas de la OCDE para Empresas Multinacionales.
- Impulsar en el ámbito del mercado europeo cuantas iniciativas sean necesarias para lograr sensibilizar al consumidor ante la exigencia de protocolos de producción responsables con el medio ambiente y los Derechos Humanos.
- Culminar los trabajos para la elaboración de un Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos, que adapte y traslade los Principios Rectores de Naciones Unidas al marco nacional, de acuerdo con las peticiones de Naciones Unidas y de la Comisión Europea."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
1. Rescatar y aprobar de forma inmediata el Plan de Empresas y Derechos Humanos cuyo borrador se encuentra parado en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación desde junio de 2013.
2. Reafirmar su compromiso con la declaración Universal de Derechos Humanos, con los UNGP y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Naciones Unidas y a desarrollar una hoja de ruta vinculante para la implementación de los UNGP.
3. Realizar las acciones oportunas con el objeto de propiciar e incentivar la incorporación de los principios establecidos en Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas Transnacionales a las grandes empresas españolas que operan en todo el mundo.
4. Adoptar las modificaciones normativas que procedan, al objeto de establecer como requisito previo para las Empresas españolas que reciban apoyo oficial del Estado, bien a través de las distintas vías de créditos ICO, o ayudas CESCE, ICEX, del DIEM, FONPRODE, o bien a través de la Ayuda Oficial para el desarrollo española (AOD), el que elaboren un Plan específico referido al deber de respeto, compromiso, análisis de impacto y diligencia debida en materia de derechos humanos, incluyendo el establecimiento de los oportunos canales de información en esta materia con las personas o comunidades que resulten afectadas por las operaciones que realicen estas empresas, en España y en otros países.
5. Elaborar un informe jurídico sobre las posibilidades de aplicar a los tribunales españoles la intervención en los principios de "protección, respeto y remedio" de los Derechos Humanos a las empresas españolas, incluyendo sus actividades fuera del territorio nacional, valorando las reformas pertinentes a adoptar, con el fin de cumplir, la obligación, en su caso, de reparación del Estado, así como la eliminación de los obstáculos de acceso a la justicia para las personas afectadas por aquellas operaciones empresariales realizadas en contra de los derechos humanos.
6. Declararse favorable a la creación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos, así corno apoyar y colaborar de forma efectiva con grupo de trabajo del CDH y promover, en el seno de la Unión Europea, el apoyo incondicional al citado grupo de trabajo para la elaboración de dicho instrumento internacional."
161/000319
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 6 de abril de 2016, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una nueva Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional y al aumento de la inversión en Cooperación Internacional, presentada por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en los siguientes términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Promover una nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible, adecuada a la Agenda post-2015, que incorpore cuestiones como la defensa de los derechos humanos como estrategia básica
de la Cooperación española y la gobernabilidad democrática, la igualdad entre mujeres y hombres, el empoderamiento de las mujeres y la salud sexual y reproductiva, la sostenibilidad ambiental, la coherencia de las políticas para el desarrollo y la participación de los actores como ONGD, Comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado.
2. Recuperar la Comisión Delegada de Cooperación Internacional para el Desarrollo, así como reformar el Consejo de Cooperación para que juegue un papel relevante e influyente ante las estrategias y actividades de la Cooperación española.
3. Recuperar en dicha Ley mecanismos de participación de la ciudadanía organizada (movimientos sociales, comités de solidaridad y ONGD) e incluir otros nuevos en esta nueva política de solidaridad y cooperación internacional, especialmente del Consejo de Cooperación, para convertirlo en un verdadero espacio de planificación, seguimiento y evaluación de dicha política.
4. Establecer en dicha Ley una nueva política de financiación que asegure la participación activa y protagonista de la ciudadanía en nuestra política de solidaridad y cooperación, adaptando su financiación a las funciones que desempeñarán las organizaciones y los movimientos sociales en este ámbito, para potenciar así su papel movilizador.
5. Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar el 0,4 % de la Renta Nacional Bruta (RNB) en el medio plazo y marcando el 0,7 % corno objetivo ineludible en el menor tiempo posible.
6. Promover el alineamiento de nuestra Ayuda Oficial para el Desarrollo con un programa único europeo, creando un Servicio Europeo del Voluntariado, otorgando la AOD al margen de intereses comerciales, geoestratégicos o de cualquier otro carácter que sean distintos a la defensa de los derechos humanos y a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y regir su actuación en base a los principios de suficiencia, planificación y respaldo técnico.
7. Destinar el 15 % de los fondos de la AOD a intervenciones específicas de género, al empoderamiento de las mujeres y a la salud sexual y reproductiva, priorizando la asignación de recursos a los movimientos feministas y a favor de los derechos de las mujeres, en los ámbitos locales, nacionales, regionales e internacionales.
8. Dedicar al menos el 10 % de los fondos de la AOD a la acción humanitaria, generando la suficiente financiación que permita, entre otras, que las actuaciones que se lleven a cabo se destinen a la rehabilitación y al desarrollo de las poblaciones y zonas afectadas."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de una nueva Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional y al aumento de la inversión en Cooperación Internacional.
"El Congreso de los Diputados, consciente de la importancia las políticas de cooperación y desarrollo y de una adecuada implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estudiará, a través de los procedimientos reglamentarios oportunos, la adaptación de la actual Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la realidad actual, y promoverá, en su caso, su reforma o la elaboración de una nueva ley, con el objeto de servir de marco coherente de las políticas para el
desarrollo sostenible y servir de anclaje legal para una Política de Estado en materia de solidaridad y cooperación internacional.
Y manifiesta al Gobierno la necesidad de:
- Seguir impulsando intervenciones específicas en materia de género, empoderamiento de las mujeres y salud sexual y reproductiva.
- Promover ayuda humanitaria y poniendo especial atención a los medios humanos y materiales necesarios para aumentar su impacto."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley relativa a la elaboración de una nueva Ley de Solidaridad y Cooperación Internacional y al aumento de la inversión en Cooperación Internacional, del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea.
- Promover una nueva Ley de Cooperación y Desarrollo Sostenible, adecuada a la agenda post 2015, que incorpore cuestiones como la defensa de los derechos humanos como estrategia básica de la cooperación española y la gobernabilidad democrática, la igualdad entre mujeres y hombres, el empoderamiento de las mujeres y la salud sexual y reproductiva, la sostenibilidad ambiental, la coherencia de las políticas para el desarrollo y la participación de los actores como ONGD, comunidades autónomas, entidades locales y el sector privado.
- Recuperar la Comisión Delegada de Cooperación Internacional para el Desarrollo así como reformar el Consejo de Cooperación para que juegue un papel relevante e influyente ante las estrategias y actividades de la cooperación española.
- Establecer en dicha ley una nueva política de financiación que asegure la participación activa y protagónica de la ciudadanía en nuestra política de solidaridad y cooperación, adaptando su financiación a las funciones que desempeñarán las organizaciones y los movimientos sociales en este ámbito, para potenciar así su papel movilizador.
- Aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo hasta alcanzar la media comunitaria en el medio plazo, con el objetivo de destinar 0,7 % para la Ayuda Oficial al Desarrollo a más largo plazo.
- Promover el alineamiento de nuestra Ayuda Oficial al Desarrollo con un programa único europeo, creando un Servicio Europeo del Voluntariado, al margen de intereses comerciales, geoestratégicos o de cualquier otro carácter que sean distintos a la defensa de los Derechos Humanos y a la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y regir su actuación en base a los principios de suficiencia, previsibilidad y respaldo técnico.
- Dedicar, al menos, el 10 % de los fondos de AOD a acción humanitaria, generando la suficiente financiación que permita que las actuaciones que se lleven a cabo se destinen a la rehabilitación y el desarrollo de las poblaciones y zonas afectadas."
La Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en su sesión del día 6 de abril de 2016, aprobó la Proposición no de Ley sobre la crisis humanitaria motivada por la deficiente situación de los refugiados en la Unión Europea, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 46, de 5 de abril de 2016, en sus propios términos, entendiendo, de acuerdo con su admisión a trámite por la Mesa del Congreso, que irá dirigida al Gobierno que se constituya:
1. Coordinar los trabajos de acción humanitaria que realizan las Comunidades autónomas que han ofrecido su plena colaboración, tanto en la toma de decisiones como en la coordinación de esfuerzos para responder responsablemente a esta crisis humanitaria, con el objetivo de llevar a cabo una respuesta integral ante la crisis de refugiados.
2. Convocar el diálogo con los Grupos políticos con representación parlamentaria, a los gobiernos autonómicos y a la Federación Española de Municipios y Provincias para que puedan participar en el diseño y coordinación de las ayudas humanitarias que se destinen. En todo este proceso, el Gobierno debe contar con la colaboración de la representación de ACNUR en España y de las organizaciones no gubernamentales especializadas.
3. Demandar de las instituciones europeas y de los gobiernos de los Estados miembros una mayor implicación a la hora de atender a las personas que se están viendo desplazadas por conflictos bélicos especialmente violentos y sangrientos.
4. Incentivar una política europea común de codesarrollo vinculada a las políticas nacionales de Cooperación, aumentando el presupuesto europeo consagrado a la ayuda al desarrollo para financiar proyectos comerciales, industriales y medioambientales en los países de origen.
5. Exigir a Europa la creación de corredores humanitarios y garantizar la acción humanitaria en los mismos.
6. Incrementar la partida presupuestaria de acción humanitaria y de emergencia para atender las necesidades básicas de los refugiados en la zona afectada.
7. Establecer una estrategia global para atender a los más de 60 millones de refugiados actuales y la posición de España en la atención de los mismos."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la crisis humanitaria motivada por la deficiente situación de los refugiados en la Unión Europea.
1. Mantener e impulsar la coordinación de las actuaciones a favor de la acogida e integración de los refugiados, dentro de los respectivos ámbitos competenciales, a nivel nacional y con las Comunidades Autónomas.
2. Seguir trabajando en el diseño y coordinación de la respuesta internacional humanitaria, en colaboración con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, y en el seno de los órganos consultivos de la cooperación española (Consejo de Cooperación para el Desarrollo, Comisión Interterritorial de cooperación para el desarrollo y Comisión interministerial de Cooperación para el Desarrollo). Se seguirá trabajando con la representación permanente de ACNUR en España y con ONGDs especializadas, como profesionales técnicos que mejor pueden entender sus necesidades.
3. Seguir promoviendo una mayor implicación de las instituciones europeas y de los estados miembros en la resolución de este drama humanitario, mejorando su coordinación y eficiencia y prestando una especial atención a los grupos más vulnerables.
4. Seguir impulsando una política, que desde una perspectiva integral abarque todas las vertientes del problema, incluyendo la cooperación con los países de origen y tránsito y la ayuda humanitaria, desde un enfoque global y compartido, a través de estrategias regionales y bilaterales, que abarquen la cooperación técnica y económica.
5. Promover el establecimiento de vías adicionales seguras de llegada y reasentamiento de los refugiados."
184/001097
Reformulación de su pregunta sobre pérdida de efectivos de Correos en la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz).
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
Doña Miriam Alconchel Gonzaga, Diputada por Cádiz, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.
El objeto de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, es la regulación de los servicios postales, con el fin de garantizar el servicio postal universal a todos los/as ciudadanos/as a precio asequible, satisfacer las necesidades de comunicación postal en España y asegurar un ámbito libre de competencia del sector. En España CORREOS es el operador al que se le encomienda la prestación del servicio postal universal.
A pesar de lo anteriormente descrito, lo cierto es que la pérdida de efectivos de Correos en la ciudad de Jerez de la Frontera es alarmante en los últimos años, al haberse producido un recorte de aproximadamente 80 puestos de trabajo en los últimos cinco años, de los cuales 30 han sido eliminados entre 2015 y 2016 tanto en reparto, como en oficinas y en centro de tratamiento postal, a lo que hay que añadir una importante disminución de la contratación. Todo ello está provocando la acumulación de innumerables cartas ordinarias, impresos y certificados en la unidad de repartos. Por tanto, resulta evidente el impacto negativo de este recorte masivo en la prestación del servicio a la ciudadanía.
Esta situación ha provocado la preocupación de la plantilla, habiéndose producido ya en otras ciudades de la provincia de Cádiz, como en Algeciras, un paro entre los/as trabajadores/as el pasado 1 de marzo convocado por el sindicato CCOO, y estando el mismo sindicato planteándose la adopción de medidas similares ante la situación en Jerez de la Frontera.
Ante esta situación, es por la que la Diputada firmante formula al Gobierno las siguientes preguntas:
- ¿Qué previsiones tiene Correos respecto a la pérdida de personal en sus oficinas de Jerez de la Frontera (Cádiz)?
- ¿Cuáles son las causas del recorte de 80 puestos de trabajo en los últimos años en la oficina de Correos de Jerez de la Frontera?
- ¿Cuáles son las causas de la disminución de la contratación en las oficinas de Correos de Jerez de la Frontera?
- ¿Cómo prevé Correos dar salida a la acumulación de un cuantioso número de cartas ordinarias, impresos y certificados en la unidad de reparto de las oficinas de Correos de Jerez de la Frontera?
- ¿Cuál ha sido la evolución de la plantilla de Correos en las oficinas de Jerez de la Frontera desde 2011 a 2015, detallada por años?
- ¿Cuál es la plantilla que contemplaba la RPT desde 2011 a 2015 en las Oficinas de Correos de Jerez de la Frontera?
- ¿Qué previsiones tiene Correos respecto a las oficinas de Jerez de la Frontera en los próximos años?
- ¿Qué previsiones tiene Correos respecto a las oficinas de los distintos municipios de la provincia de Cádiz?
- ¿Está cumpliendo actualmente Correos en Jerez de la Frontera el objeto de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre del Servicio Postal Universal, no satisfaciendo las necesidades de comunicación postal universal? En caso afirmativo, ¿conoce el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente las razones por las que el Gobierno de Comunidad Autónoma de La Rioja apoyó dicha decisión?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2016.-Miriam Alconchel Gonzaga, Diputada.
184/001105
Reformulación de su pregunta sobre charla impartida por el centro educativo privado Dharma College La Marina en el Patronato Virgen de la Paz de Ronda, acerca del proyecto educativo para jóvenes y adultos, en el mes de octubre de 2014, así como diversas cuestiones relativas a los alumnos inscritos en el citado Patronato.
En el mes de octubre de 2014 el Director del Patronato Virgen de la Paz de Ronda autorizó a que se impartiera en el propio centro una charla del Proyecto Educativo para jóvenes y adultos del Dharma College La Marina, un proyecto de carácter totalmente privado con el cual el Ministerio de Defensa (según los datos que nos constan) no mantiene ningún tipo de convenio de colaboración oficial.
La dirección del citado Patronato ordenó a los alumnos militares del centro que la asistencia a la charla es obligatoria. En la misma se informó a los alumnos del Patronato Virgen de la Paz de Ronda que matriculándose en el centro Dharma College La Marina obtendrían un título de bachillerato homologable por las autoridades educativas españolas, eso sí, previo pago monetario del curso. El Grupo Parlamentario Socialista tiene conocimiento que de resultas, alrededor de unos 50 alumnos militares bajo responsabilidad del Patronato Virgen de la Paz de Ronda se matricularon en el citado centro privado y pagaron las tasas del curso para obtener lo que ellos creían que sería tras la homologación correspondiente el titulo de Bachillerato.
Uno de los objetivos del Patronato Virgen de la Paz de Ronda es la preparación de Militares Profesionales de Tropa y Marinería para su acceso, por promoción interna, mediante las convocatorias correspondientes a la escala Básica de Suboficiales. Como consecuencia de la Charla citada, y las indicaciones de la dirección de Patronato Virgen de la Paz de Ronda un número no determinado de alumnos militares se presentó a la convocatoria de Resolución 452/06910/15 de 20 de mayo de la Subsecretaria de Defensa.
La circunstancia actual es que, a un número aproximado de 12 de ellos que consiguieron superar la convocatoria y obtuvieron plaza en las respectivas academias se les ha abierto expedientes de baja de los centros docentes militares, al parecer debido a que el Ministerio de Educación les está denegando la prometida homologación de títulos de Bachillerato.
1. ¿Cuántos alumnos del Patronato Virgen de la Paz de Ronda obtuvieron alguna de las plazas de la convocatoria de Resolución 452/06910/15 de 20 de mayo de la Subsecretaria de Defensa?
2. ¿Cuántos alumnos del Patronato Virgen de la Paz de Ronda, que se matricularon en el centro extranjero en el curso 2014-2015 tras la citada charla, accedieron a las plazas de la Resolución 452/06910/15 de 20 de mayo de la Subsecretaria de Defensa, según lo previsto en su punto "2.2.1 Vía de acceso (a)"?
3. ¿Cuántos expedientes de baja de los Centros Docentes Militares se han abierto a alumnos de primer curso procedentes del Patronato Virgen de la Paz de Ronda, tras haber aprobado las oposiciones según la convocatoria de la Resolución 452/06910/15 de 20 de mayo de la Subsecretaria de Defensa, por la vía prevista en el punto "2.2.1 Vía de acceso (a)" y que se habían, a su vez matriculado en el Dharma College La Marina?
4. ¿La razón para la apertura de estos expedientes de baja ha sido la no homologación de los títulos de bachillerato?
5. ¿Cuántos de los alumnos a los que se ha abierto un expediente de baja de los centros docentes militares, hubieran accedido a los mismos de haber optado por la vía "2.2.3 Vía de acceso (c)"?
6. ¿Qué medidas va a adoptar el Ministerio de Defensa para garantizar, en todos y cada uno de los casos, la continuidad de unos Militares Profesionales que cumpliendo las órdenes e indicaciones de sus oficiales superiores ven peligrar ahora su carrera profesional, aun cumpliendo con todos los requisitos establecidos en la vía de acceso del punto "2.2.3 Vía de acceso (c)"?
7. ¿Va a adoptar el Ministerio de Defensa alguna medida para depurar responsabilidades entre aquellos mandos que permitieron la realización de una charla de un centro educativo privado en instalaciones militares y con asistencia obligatoria, y para evitar que vuelvan a repetirse situaciones como esta en el futuro?
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de abril de 2016.-Zaida Cantera de Castro, Diputada.
184/001407
Autor: Pracht Ferrer, Carlos (GCs).
Situación de la tarjeta sanitaria única y la historia clínica compatible en todo el Sistema Nacional de Salud.
1. En cuanto a la petición de que se facilite un informe, contenida en la pregunta 2 de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 5699, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/000278).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El Diputado Carlos Pracht Ferrer, del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita respuesta por escrito sobre la situación de la tarjeta sanitaria única y la historia clínica compatible en todo el Sistema Nacional de Salud.
Según el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del sistema nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal, y de elevación del importe máximo de los avales del Estado para 2011, en sus artículos cinco y seis, se establecen la entrada en vigor del formato único y común de la tarjeta sanitaria única para todo el Sistema Nacional de Salud y el desarrollo del conjunto mínimo de datos de las historias clínicas que deban ser accesibles en todo el territorio nacional. Sin embargo, numerosos profesionales se quejan de que este sistema todavía no está a pleno
funcionamiento dado que son las Comunidades Autónomas quienes tienen parte de la competencia a la hora de desarrollar estos asuntos.
1. ¿En qué situación actual se encuentra el desarrollo e implantación de la tarjeta sanitaria única y la historia clínica compatible en todo el Sistema Nacional de Salud?
2. ¿Posee el Gobierno algún tipo de informe sobre deficiencias de su implantación y posibles mejoras al respecto? [...]
3. ¿Conoce el Gobierno la cantidad de tarjetas sanitarias únicas que se han dispensado a día de hoy?
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2016.-Carlos Pracht Ferrer, Diputado.
184/001417
Porcentaje y cantidad de financiación que aporta el Gobierno a cada Comunidad Autónoma para la Ley de Dependencia, así como previsiones acerca de aumentar las transferencias para las personas beneficiarias de la misma.
Doña Teresa Jordà i Roura, en su calidad de Diputada del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y al amparo de lo establecido en el articulo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
Es la misma Ley 39/2006, en el artículo 10, establece el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia como el organismo de cooperación interadministrativa entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas (CCAA) y sucesivamente, en el artículo 11, los diferentes mecanismos y medidas de cooperación entre administraciones.
Sin embargo, la financiación por parte del Estado hacia la CCAA para la aplicación de esta Ley no ha sido la esperada, poniendo en una situación de estrechez económica a muchas comunidades autónomas. En el caso de Catalunya, los continuos incumplimientos de financiación de la Ley de Dependencia, por parte del Estado han supuesto una pérdida de 240 millones de euros por la desinversión de estatal en el ámbito de la dependencia, suponiendo también un sobreesfuerzo del Govern de la Generalitat con tal de mantener los servicios y las prestaciones de la Ley de Dependencia, pese a los incumplimientos del Estado.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007, el Govern de la Generalitat ha destinado (a fecha de octubre de 2015) 7.796,46 millones de euros, mientras que el Estado ha aportado 1.708,54 millones de euros. Unos porcentajes del 82,5 % y del 17,4 % respectivamente, siendo incluso la aportación de los usuarios a través del copago más elevada que la aportación que ha realizado el Estado.
Palacio del Congreso de los Diputados, marzo de 2016.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.
184/001690
Autor: Delgado Ramos, Juan Antonio (GP-EC-EM).
Vera Ruiz-Herrera, Noelia (GP-EC-EM).
Criterios seguidos para definir que los Presupuestos Generales del Estado para el año 2016 destinen 56 millones de euros para el proyecto de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla-Madrid.
Calificar la pregunta contenida en el punto 3 del escrito registrado con el número 4603 (núm. expte. correspondiente aI resto 186/000130) como pregunta al Gobierno con respuesta escrita, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
A la Presidencia del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, y habiéndolo comunicado preceptivamente a mi grupo parlamentario, doña Noelia Vera Ruiz-Herrera, Diputada por Cádiz del Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, realiza la siguiente:
El puerto de Algeciras está considerado el cuarto puerto europeo más importante. Por él pasan al año más de 5,3 millones de pasajeros, 1,2 millones de vehículos que se trasladan hacia o desde el continente africano, y más de 276.000 camiones que canalizan a través de Algeciras el 50 % de todo el comercio entre España y Marruecos. Estas cifras evidencian la importancia del Puerto de Algeciras, sin embargo, aún sigue aislado, sin trenes que lo conecten con Madrid.
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016 solo tienen previsto una inversión de 56 millones de euros para la infraestructura ferroviaria Algeciras-Bobadilla-Madrid (Adif) sobre un proyecto que, en total y según los propios presupuestos, está valorado en estos momentos en 315 millones de euros. Las previsiones del Ejecutivo en funciones para esta imprescindible conexión ferroviaria, también considerada prioritaria por la Unión Europea y que debe estar finalizada en 2020, pasan de forma expresa por destinar los ya citados 56 millones de euros con cargo a Adif el próximo año; otros 56 en 2017; 53 millones de euros más en 2018 y 55 millones en 2019, según la programación plurianual anualizada. Estas partidas de Adif suman en total 220 millones de euros para los próximos cuatro ejercicios.
El desarrollo del Campo de Gibraltar, además, no es posible sin las conexiones ferroviarias de los corredores Atlántico y Mediterráneo de la Red Básica Transeuropea de Transportes para acceder con la mercancía que llega a la Bahía de Algeciras a los mercados europeos. El Puerto de Algeciras ahora es fundamentalmente un puerto de transbordos. Sin embargo, por el volumen de movimientos de pasajeros, mercancías y contenedores, es el primero del Mediterráneo y el quinto de la Unión Europea. Solo en los servicios portuarios de contenedores (directa o indirectamente) trabajan más de 10.000 personas que podrían aumentar de forma considerable con las citadas conexiones ferroviarias.
Es necesario conocer que la Comisión Europea en su planificación de infraestructuras para los próximos años (2020-2030) planteó la necesidad de que los puertos del sur de Europa fuesen puertos de entrada y salida de mercancías por la saturación de los puertos del norte (Hamburgo, Róterdam, Ámsterdam y Amberes). Y planteó dos corredores ferroviarios de su Red Básica que acabaran en Algeciras: Atlántico y Mediterráneo. En el mes de noviembre del 2013 el Parlamento Europeo aprobó las redes prioritarias de transporte por ferrocarril hasta el año 2020, dando luz verde a la inclusión de estos dos corredores en la lista de proyectos prioritarios de transporte de la UE para 2014-2020. Ambos terminarían en Algeciras. El programa "Conectar Europa" cuenta con un presupuesto de 29.300 millones de euros, de los que 23.200 millones se dedicarán a mejorar las conexiones de transporte, 5.120 millones a redes energéticas y mil millones a las telecomunicaciones (números de 2011).
Según el compromiso alcanzado por el Parlamento y el Consejo, los corredores Mediterráneo y Atlántico entrarán en la lista de los nueve proyectos prioritarios de la red principal (también denominada red básica), que tendrán que estar terminados en 2030 y serán cofinanciados por la UE (en ambos casos la tasa de cofinanciación será del 40 por ciento).
El Parlamento y el Consejo Europeo establecieron que el Corredor Atlántico a su paso por Andalucía y hasta Madrid debería tener sus estudios concluidos en el año 2015 y las obras correspondientes terminadas en 2020.
En principio, el tramo Madrid-Linares-Córdoba-Bobadilla-Algeciras está retrasado en su programación e infradotado en sus presupuestos, y sin embargo las ocho provincias andaluzas ya se encuentran conectadas mediante lineas existentes y operativas: Almería y Jaén por Linares, Granada y Málaga por Antequera y Cádiz, Huelva y Sevilla por Córdoba. Aunque el principal cuello de botella del Corredor ferroviario Atlántico sigue siendo el tramo Algeciras-Bobadilla, que a la fecha está aún sin acondicionar, ni electrificar.
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2016.-Noelia Vera Ruiz-Herrera y Juan Antonio Delgado Ramos, Diputados.