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Timestamp: 2017-09-20 05:54:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'artículo 123', 'Artículo 11', 'Artículo 108', 'Artículo 2', 'artículo 119', 'Artículo 14', 'artículo 2', 'Artículo 104', 'Artículo 191', 'Artículo 257', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 115', 'Artículo 123', 'Artículo 116', 'Artículo 123', 'Artículo 9', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 1', 'Artículo 8']

ACTRAV - Capítulo 2. Normativa sobre el trabajador del Sector Público
1. Trabajador del sector público
El trabajador público es aquel que realiza una prestación de trabajo de forma personal, subordinada y remunerada a favor de una de las entidades que conforman el aparato estatal (administración pública nacional o local, empresas públicas, organismos reguladores, fuerzas armadas y policiales).
En la relación laboral del trabajador público se reconoce también su situación de subordinación por la desigualdad de poder existente entre este trabajador y el Estado como empleador, por lo cual correspondería la aplicación del derecho del trabajo a fin de equiparar el nivel de poderes entre las partes de la relación laboral. Por ello, el trabajador público debería encontrarse dentro del ámbito de aplicación de la normativa laboral estatal (heterotutela) y, además, debería estar habilitado jurídicamente a actuar de forma colectiva para defender sus derechos y participar en la determinación de sus condiciones de trabajo (autotutela).
A pesar de la constatación de la realidad de la subordinación y de que en esencia todos los trabajadores públicos realizan la misma prestación para el mismo empleador (el Estado), existe más de un régimen jurídico aplicable a las relaciones laborales en el sector público y, además, algunos de estos regímenes restringen o limitan al trabajador público el ejercicio de sus derechos sindicales.
¿Cuál es el fundamento que justifica que a un sector de trabajadores públicos se les excluya del ámbito de aplicación de la legislación laboral general y se les aplique un régimen jurídico distinto cuyo contenido prohíbe o restringe sus derechos sindicales?
A fin de tener claridad sobre las razones que explican la existencia de regímenes jurídicos diferentes aplicables a las relaciones laborales en el sector público, en el punto siguiente se expondrá la conformación del régimen jurídico diferenciado del trabajador de la administración pública. Cabe señalar que en el presente estudio no se analizará la conformación del estatuto especial del personal de las fuerzas armadas y policiales.
2. Régimen jurídico diferenciado del trabajador público
2.1. Conformación de la tesis estatutaria o unilateralista
Tradicionalmente el cargo público fue considerado un bien de carácter personal el cual era adquirido –al interior del reducido círculo social aristocrático- gracias al favor del monarca o al desembolso de dinero. Tras las revoluciones burguesas, sobre las que descansa el liberalismo, se reformó esta concepción patrimonialista del cargo público y se consagró como reacción a ella un mecanismo de libre provisión y remoción denominado sistema de confianza política mediante el cual se garantizaba, de conformidad con los postulados liberales, el derecho a la igualdad en el acceso al trabajo en el Estado.
El sistema de libre designación y remoción en los cargos públicos resultó funcional al inicial contexto liberal en el cual la organización burocrática no tenía mayor complejidad lo que facilitaba una eficaz labor de monitoreo y donde la permanencia en el cargo demandaba al funcionario un alto nivel de efectividad y devoción al servicio.
Producida la revolución tecnológica e industrial de finales del siglo XIX se exigió una mayor predictibilidad –seguridad jurídica- en la actuación del aparato estatal a fin de garantizar el dinamismo de las relaciones de intercambio económico. Para ello se hizo necesario replantear el sistema organizativo del empleo en la administración pública buscando eliminar los riesgos de su manejo arbitrario por el gobernante de turno o por presiones de intereses privados.
Con ese objetivo se implementaron en la administración pública una serie de mecanismos jurídicos de control sobre el acceso (concurso público, nombramiento), sobre el contenido normativo (reserva de ley) y sobre la extinción del vínculo (estabilidad laboral). Asimismo, se conformó el derecho a la carrera como herramienta jurídica y organizativa con el objetivo de profesionalizar el empleo público.
Lo mencionado alude a lo que Edgardo Balbín señala como uno de los rasgos típicos de la tesis estatutaria del empleo público: (i) una rigidez externa, que expresa la imposición de mecanismos de acceso y extinción basados en un sistema de causalidad objetiva; (ii) una rigidez interna la cual alude al exclusivo recurso a la norma estatal en la regulación del contenido de la relación laboral.
La tesis estatutaria del empleo público corresponde a la lógica del derecho administrativo la cual entiende que existe un nexo causal entre la finalidad de consecución del interés general del Estado y la posición de supremacía que éste despliega en su relación con los particulares. Es debido a la lógica del nexo causal función estatal/posición de supremacía que se consolida un estatus jurídico diferenciado del empleado público –denominado servidor público- (concurso público, estabilidad laboral, carrera pública) en relación a la posición del común de los trabajadores subordinados por cuenta ajena. Como contraparte a dicha posición de ventaja, aquel fue desposeído de cualquier interés propio o contradictorio frente a los fines estatales –consecución del interés público-.
Esta lógica se expresa en la rigidez interna del régimen estatutario que excluye toda intervención individual o colectiva de los trabajadores en la determinación del contenido de la relación del empleo público. Por ello, desde la lógica estatutaria no es admisible la conformación de una organización que represente los intereses de los trabajadores estatales a fin de negociar condiciones de trabajo.
2.2. Conformación de la tesis contractualista
Frente a las cada vez mayores exigencias sociales, a partir de las graves desigualdades generadas por la dinámica del nuevo contexto capitalista industrial, se constituyó el Estado social y democrático el cual impuso como nuevo factor de legitimidad estatal su capacidad de resolver los problemas y conflictos sociales que pudieran poner en peligro la propia existencia del Estado.
El Estado social y democrático supuso la ampliación de la actividad estatal en el ámbito económico (participación en actividades empresariales) y en el ámbito social (aumento de prestaciones sociales), lo cual generó la expansión del empleo público.
Se produce una progresiva “asalarización” del trabajador estatal, tornándose evidente su identidad con la condición de los trabajadores privados. A partir de ello se tornó extremadamente difícil mantener a los trabajadores del Estado al margen de las conquistas laborales de los trabajadores de las empresas privadas, obtenidas a través de convenciones colectivas y huelgas, resultando con ello la tendencia al prevalecimiento de condiciones negociadas en detrimento de la lógica unilateral propia de la concepción estatutaria.
Ante estas circunstancias, la doctrina laboral cuestionó los fundamentos de la concepción estatutaria tradicional señalando la necesidad de distinguir entre el rol institucional del Estado consistente en realizar el interés público (función pública) y la forma de organización del empleo público.
La doctrina laboral reconoce que ciertos elementos del régimen estatutario -concurso público, carrera pública, estabilidad laboral- contribuyen al funcionamiento adecuado del aparato estatal para conseguir los fines públicos, sin embargo el cumplimiento de estos fines no justifica que la prestación de trabajo en el aparato estatal se encuentre excluida del régimen laboral.
Por tanto, siendo la prestación del empleado público también una prestación de carácter personal, subordinada y remunerada, reconociendo la desigualdad material y la existencia de intereses propios y conflictivos, corresponde al ámbito del derecho del trabajo la regulación de dicha relación jurídica.
Debido al intercambio institucional producido entre el derecho laboral y el derecho administrativo se mantienen los derechos generados bajo la tesis estatutaria del empleo público vinculados con la rigidez externa, pues se reconoce que contribuyen al funcionamiento adecuado del aparato estatal a fin de conseguir los fines públicos.
No obstante ello, la lógica contractualista propia del derecho del trabajo exige que la reserva de ley establecida a efectos de regular las condiciones de trabajo en el empleo público (rigidez interna en la tesis estatutaria) no excluya la posibilidad legítima a que los trabajadores estatales puedan conformar una organización sindical a fin de defender sus legítimos derechos y negociar condiciones de trabajo conforme a sus intereses.
3. Tránsito de la concepción estatutaria a la concepción contractualista del empleo público en América Latina
En América Latina el tránsito de la concepción estatutaria del empleo público hacia una concepción contractualista del mismo se ha dado de forma diferente y en proporciones diversas en cada país latinoamericano, primero como una situación de hecho y, posteriormente, como una tendencia que comenzó a institucionalizarse jurídicamente.
A continuación, observamos brevemente en las líneas que siguen la evolución normativa en torno al ámbito de aplicación de los regímenes jurídicos aplicables a la relación laboral del trabajador público en los casos de Colombia, Perú y República Dominicana.
3.1. Evolución normativa
En Colombia el artículo 4 del decreto 2127 de 1945 –primer intento de contradicción a la lógica estatutaria- excluyó de la relación estatutaria a aquellas instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por éstos. Esta norma generó una hipótesis de excepción a la regla: relación estatutaria – derecho administrativo- entre el empleado público y el Estado.
Esta hipótesis de excepción dio lugar a un desarrollo jurisprudencial de tendencia contractualista interesante que citamos a continuación:
Sentencia de 1952 emitida por el Consejo de Estado de Colombia
(se establece la distinción) “entre actividades meramente políticas (exclusivas y propias de la administración) y actividades técnicas (agrícolas, ganaderas, forestales, industriales, etc) por naturaleza apolíticas y no exclusivas de la administración aunque ellas las preste”, (por lo que) “en todos aquellos sectores de la administración en que no esté frente a la primera clase de actividades, hay entre ella y quienes le prestan sus servicios personales una relación contractual laboral”
Esta hipótesis de excepción fue sustituida por un decreto extraordinario (1968) con lo que se impuso de nuevo la exclusión total de los trabajadores públicos de la legislación laboral general, lo que se refleja en el artículo 4 del Código Sustantivo de Trabajo.
Decreto 2127 (1945) Código Sustantivo del Trabajo (1950)
Artículo 4.- las relaciones entre los empleados públicos y la administración (…) no constituyen contratos de trabajo y se rigen por leyes especiales. A menos que se trate de la construcción o sostenimiento de las obras públicas o empresas industriales, (…) o de instituciones idénticas a las de los particulares o susceptibles de ser fundadas y manejadas por éstos en la misma forma. Artículo 4.- Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.
En el Perú el Decreto Ley N° 11377 (Estatuto y Escalafón del Servicio Civil) de 1950 estableció que los trabajadores obreros de las dependencias públicas estarían comprendidos en esta norma de claro carácter estatutario sólo en las disposiciones específicamente dictadas para estos trabajadores.
Actualmente la legislación peruana ya no utiliza la distinción trabajador obrero/empleado. El Decreto Legislativo N° 276 (24.03.1984), Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores de las empresas estatales o sociedades de economía mixta
Decreto Ley N° 11377 - Estatuto y Escalafón del Servicio Civil (1950) Decreto Legislativo N° 276 - Ley de Bases de la Carrera Administrativa (1984)
Artículo 1.- Considérase Empleado Público a toda persona que desempeñe labores remuneradas en las Reparticiones del Estado. Los que realicen labores propias de obreros en las dependencias públicas, estarán comprendidos sólo en las disposiciones que específicamente se han dictado para estos servidores (…) Artículo 2.- No están comprendidos en norma alguna de la presente Ley (…) los trabajadores de las Empresas del Estado o Sociedades de Economía Mixta, cualquiera sea su forma jurídica.
En República Dominicana el propio Código del Trabajo de 1951 excluyó expresamente de su ámbito de aplicación las relaciones de trabajo de los funcionarios y empleados públicos mientras que la Ley 2059 de 1949 sujetó a la reglamentación general del trabajo a los trabajadores de entidades oficiales “que tengan carácter industrial, comercial o de transporte o de obras públicas” cuando “predomine o se suponga que predomina el esfuerzo muscular y cuando el trabajo no sea realizado en virtud de una disposición legal o sentencia judicial”.
Actualmente la Ley N° 14-91 (Servicio Civil y Carrera Administrativa) excluye de su ámbito de aplicación a los trabajadores de las empresas públicas mientras que el Código del Trabajo excluye de su ámbito de aplicación a los empleados públicos salvo disposición contraria de su estatuto especial.
Ley N° 14-91 - Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa (1991) Código de Trabajo (1999)
Artículo 1.- La presente ley y sus reglamentos constituyen las normas reguladoras de las relaciones de trabajo (…) entre el poder ejecutivo y los empleados y funcionarios civiles que están al servicio de sus distintas dependencias oficiales (…) Para los fines y efectos de esta ley, los términos “empleado”, “funcionario” y “servidor público”, tienen un mismo significado.
Artículo 2.- están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley:
h) El personal dirigente y subalterno de las empresas públicas *…+, de las empresas de economía mixta, y otros organismos similares (…) por su conformación jurídica, administrativa y económica; (…)
Principio III.- No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. (…) Sin embargo, se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte.
3.2. Normativas nacionales vigentes
A partir de la evolución normativa señalada en las líneas precedentes, los países latinoamericanos actualmente presentan una diversidad de regímenes jurídicos aplicables a las relaciones laborales en el sector público. A continuación se mencionará algunos de los elementos presentes en las normativas nacionales vigentes y que influyen en la regulación de los derechos sindicales en el sector público.
3.2.1. Distinción entre obreros y empleados
En la mayoría de países latinoamericanos se ha eliminado la distinción entre obreros y empleados del sector público con lo cual se ha eliminado a su vez la diferenciación normativa entre ambas categorías lo que llevaba a aplicar el Código del Trabajo a los obreros y el Estatuto del Servicio Civil a los empleados.
Entre los países que mantienen esta distinción en el ámbito del sector público están Bolivia, Ecuador y Venezuela. Dicha distinción esta regulada expresamente en sus respectivas Constituciones y Estatutos del Servicio Civil donde se dispone que los obreros estarán dentro del ámbito de aplicación del Código del Trabajo.
Art. 229.- (…) Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo.
Resolución Nº SENRES-2009
Se regula un procedimiento técnico a efectos de calificar a los trabajadores del sector público entre obreros y servidores públicos.
Art. 146.- Los cargos de los órganos de la Administración Pública son de carrera. Se exceptúan (…) los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública (…).
Art. 1.- (…) Parágrafo Único: Quedarán excluidos de la aplicación de esta Ley: 6. Los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública;
3.2.2. Distinción entre quienes trabajan en una empresa pública y los que trabajan en la administración pública
En todos los países latinoamericanos se hace referencia a la distinción entre dos categorías de trabajadores del sector público:
(i) trabajadores de la empresa pública (categoría que comprende trabajadores de empresas públicas, de obras públicas, de ferrocarriles, de explotaciones públicas, de sociedades de economía mixta) y
(ii) trabajadores de la administración pública.
En la mayoría de países latinoamericanos se dispone la aplicación del Código del Trabajo a los trabajadores de empresas públicas y la aplicación del Estatuto del Servicio Civil a los trabajadores de la administración pública (a aquellos denominados servidores públicos).
Ley N° 476 - Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa (2003)
Art. 9.- Se exceptúan del ámbito de aplicación del Servicio Civil, a los que laboran y prestan servicios en las empresas públicas estatales
Decreto Legislativo N° 276. Ley de Bases de la Carrera Administrativa (1984)
Art. 2.- No están comprendidos en norma alguna de la presente Ley (…) los trabajadores de las Empresas del Estado o Sociedades de Economía Mixta, cualquiera sea su forma jurídica.
Código de Trabajo de la República Dominicana (1999)
Principio III.- (…), se aplica a los trabajadores que prestan servicios en empresas del Estado y en sus organismos oficiales autónomos de carácter industrial, comercial, financiero o de transporte.
Ley N° 14-91. Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa (1991)
Art. 2.- están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley:
h) El personal dirigente y subalterno de las empresas públicas propiedad del Estado, de las empresas de economía mixta, y otros organismos similares *…+ por su conformación jurídica, administrativa y económica; (…)
En algunos países, en cambio, se excluye del campo de aplicación del Código del Trabajo a los trabajadores de empresas públicas y se dispone la regulación de su relación laboral a través del Estatuto del Servicio Civil o de otros estatutos especiales.
Art. 4.- Las relaciones de derecho individual del Trabajo entre la Administración Pública y los trabajadores de ferrocarriles, empresas, obras públicas y demás servidores del Estado, no se rigen por este Código, sino por los estatutos especiales que posteriormente se dicten.
Art. 1.- (…). Estas normas no se aplicarán, (…) a los funcionarios de la Administración del Estado, (…), ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado o de aquellas en que éste tenga aportes, participación o representación, siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial.
3.2.3. Distinción entre trabajadores y servidores o empleados públicos
En algunos países se establece una clara distinción entre trabajadores y servidores o empleados públicos, disponiendo la aplicación del Código del Trabajo a los primeros y el Estatuto del Servicio Civil a los segundos.
Ley No. 2027 - Ley del Estatuto del Funcionario Público (1999)
Art. 7.- III. Los derechos reconocidos para los servidores públicos en el presente Estatuto y su régimen jurídico, excluyen otros derechos establecidos en la Ley General del Trabajo y otras disposiciones del régimen laboral que rige únicamente para los trabajadores
Ley Orgánica de Servicio Público (2010)
Art. 4.- Servidoras y servidores públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al Código del Trabajo
3.2.4. Distinción entre funcionarios y servidores o empleados públicos
En la mayoría de países de la región se establece una distinción entre funcionarios públicos y servidores/empleados/funcionarios públicos de carrera:
(i) Servidores/empleados/funcionarios públicos de carrera y
(ii) funcionarios públicos (categoría que comprende a los funcionarios electos por elección popular, a los funcionarios de libre nombramiento y remoción, a los funcionarios o empleados de confianza).
Ley del Estatuto del Funcionario Público (1999)
Art. 5.- Los servidores públicos se clasifican en:
a) Funcionarios electos: (…).
b) Funcionarios designados: (…).
c) Funcionarios de libre nombramiento: (…).
d) Funcionarios de carrera: (…).
e) Funcionarios interinos: (…).
Ley Marco del Empleo Público - Ley Nº 28175
Art. 4.- El personal del empleo público se clasifica de la siguiente manera:
1. Funcionario público: (…)
c) De libre nombramiento y remoción.
2. Empleado de confianza: cargo de confianza técnico o político
3. Servidor público: sujeto al régimen de carrera administrativa
En las normativas nacionales de la totalidad de países latinoamericanos se dispone que a los trabajadores denominados servidores/empelados/funcionarios públicos de carrera se les aplica el Estatuto del Servicio Civil (el cual regula los elementos vigentes del régimen estatutario del empleo público: concurso público, carrera pública, estabilidad laboral) y a los trabajadores denominados funcionarios públicos se les aplica el sistema de libre designación y remoción (regulada en el caso del funcionario elegido por elección popular).
3.2.5. Relación normativa entre el Código del Trabajo y el Estatuto del Servicio Civil
Es posible identificar la existencia de distintas relaciones normativas entre los regímenes jurídicos aplicables a los trabajadores del sector público en cada país latinoamericano. Algunos países establecen entre el Código del Trabajo y el Estatuto del Servicio Civil una relación de supletoriedad.
Artículo 1.- (…). Estas normas no se aplicarán, (…) a los funcionarios de la Administración del Estado,(…), ni a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado (…), siempre que dichos funcionarios o trabajadores se encuentren sometidos por ley a un estatuto especial. Con todo, los trabajadores de las entidades señaladas (…) se sujetarán a las normas de este Código en los aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas no fueren contrarias a estos últimos.
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 constitucional (1963)
Artículo 11.- En lo no previsto por esta ley o disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente, y en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad.
Código de Panamá
Los empleados públicos se regirán por las normas de la carrera administrativa, salvo en los casos en que expresamente se determine para ellos la aplicación de algún precepto de este Código
A continuación presentamos en el siguiente cuadro la regulación vigente sobre los ámbitos de aplicación de los Códigos del Trabajo y de los Estatutos del Servicio Civil respecto de los trabajadores del sector público existentes en algunos países de América Latina.
País Estatuto del empleo público Código de trabajo
Constitución Política (2002)
Artículo 108.- Régimen de los trabajadores del Estado. Las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por leyes o disposiciones propias de dichas entidades.
Decreto Número 1748 – Ley de Servicio Civil
Articulo 5. Fuentes Supletorias. Los casos no previstos en esta ley, deben ser resueltos de acuerdo con los principios fundamentales de la misma, las doctrinas de la administración de personal en el servicio público, la equidad, las leyes comunes y los principios generales del Derecho.
Código de Trabajo (1947-Actualizado por el Decreto 1441 de 1961)
Artículo 2. (…), no quedan sujetas a las disposiciones de este Código las personas jurídicas de derecho público a que se refiere el artículo 119 de la Constitución de la República.
Artículo 14.- El presente Código y sus reglamentos son normas legales de orden público y a sus disposiciones se deben sujetar todas las empresas de cualquier naturaleza (…), salvo las personas jurídicas de derecho público contempladas en el segundo párrafo del artículo 2.
Artículo 104.- El sistema que para la fijación de salarios mínimos se establece en el presente capítulo se debe aplicar a todos los trabajadores, con excepción de los que sirvan al Estado o a sus instituciones y cuya remuneración esté determinada en un presupuesto público.
Artículo 191.- Las relaciones entre el Estado, las municipalidades y demás entidades sostenidas con fondos públicos, y sus trabajadores, se regirán exclusivamente por el Estatuto de los Trabajadores del Estado; por consiguiente, dichas relaciones no quedan sujetas a las disposiciones de este Código
Constitución Política (1982)
Artículo 257.- la ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración pública (…)
Decreto N° 126 - Ley de Servicio Civil (1968)
Artículo 2.- El régimen del Servicio Civil comprenderá los servidores del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca esta Ley y sus Reglamentos. Las mismas disposiciones serán aplicables a los funcionarios y empleados de las Municipalidades (…).
Código de Trabajo (1959)
Artículo 2.- Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: [...]
2.- Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las relaciones entre el estado, el departamento y el municipio y sus servidores, se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan.
Constitución Política (1917 – Actualizada al 2010)
Artículo 115.- VIII.- (…) Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el Artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.
Artículo 116.- VI.- Las relaciones de trabajo entre los estados [ejecutivo, legislativo y judicial] y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias (…)
Artículo 9.- Excepciones del Servicio Civil. Se exceptúan del ámbito de aplicación del Servicio Civil, a los que laboran y prestan servicios en las empresas públicas estatales, universidades y centros de educación técnica superior (…)
Código de Trabajo (1996)
Artículo 2.- Las disposiciones de este Código y de la legislación laboral son de aplicación obligatoria a todas las personas naturales o jurídicas que se encuentran establecidas o se establezcan en Nicaragua. *…+ Artículo 3.- Están excluidos del presente Código los miembros de las fuerzas armadas únicamente en cuanto se refiere a sus funciones propias.
Artículo 1.- La presente ley y sus reglamentos constituyen las normas reguladoras de las relaciones de trabajo (…) entre el poder ejecutivo y los empleados y funcionarios civiles que están al servicio de sus distintas dependencias oficiales. (…)
Para los fines y efectos de esta ley, los términos “empleado”, “funcionario” y “servidor público”, tienen un mismo significado.
Artículo 2.- están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley: h) El personal dirigente y subalterno de las empresas públicas propiedad del Estado, de las empresas de economía mixta, y otros organismos similares (…) por su conformación jurídica, administrativa y económica; (…)
Principio III.- No se aplica a los funcionarios y empleados públicos, salvo disposición contraria de la presente ley o de los estatutos especiales aplicables a ellos. (…)
Ley del Estatuto de la Función Pública (2002)
Artículo 1.- Quedarán excluidos de la aplicación de esta Ley: 6. Los obreros y obreras al servicio de la Administración Pública
Ley Orgánica del Trabajo (2001)
Artículo 8.- Los funcionarios o empleados públicos (…) se regirán por las normas sobre Carrera Administrativa (…) en todo lo relativo a su ingreso, (…); y gozarán de los beneficios acordados por esta Ley en todo lo no previsto en aquellos ordenamientos. (…) Los obreros al servicio de los entes públicos estarán amparados por las disposiciones de esta Ley.