Source: http://docplayer.es/1299731-Primera-comision-de-desarrollo-social.html
Timestamp: 2017-04-25 14:45:00
Document Index: 186736258

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 72', 'artículo 66', 'artículo 446', 'Artículo 251', 'Artículo 250', 'Artículo 1', 'Artículo 1665', 'ARTÍCULO 85', 'Artículo 172', 'Artículo 235', 'ARTÍCULO 266', 'Artículo 141', 'Artículo 62', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 267']

PRIMERA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL - PDF
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Pablo Jesús Muñoz Cáceres
1 PRIMERA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DIPUTADOS INTEGRANTES: SUSANA SALDAÑA CAVAZOS LETICIA AMPARANO GAMEZ CLAUDIA ARTEMIZA PAVLOVICH ARELLANO JUAN LEYVA MENDIVIL JUAN MANUEL SAUCEDA MORALES VENTURA FELIX ARMENTA HONORABLE ASAMBLEA: A los diputados integrantes de la Primera Comisión de Desarrollo Social de esta Legislatura, por acuerdo del pleno, nos fue turnado escrito presentado por el C. Oscar Fernando Serrato Félix, mediante el cual presenta proyectos de Código de Familia y de Código de Procedimientos Familiares y del Registro Civil para el Estado de Sonora, con el objeto de adecuar el marco jurídico en materia de derecho familiar, a la realidad social actual de la familia sonorense. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 92, 94, fracción I y IV, 97 y 98, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentamos para su discusión y aprobación, en su caso, el presente dictamen, al tenor de la siguiente: PARTE EXPOSITIVA: El día 09 de abril de 2007, el C. Oscar Fernando Serrato Félix presentó el escrito citado en el proemio del presente dictamen, el cual tuvo a bien fundamentar bajo los siguientes argumentos: Si es verdad que el Derecho es una expresión de los valores sociales en una comunidad y tiempo determinados, y que éste debe modificarse al mismo impulso que los cambios culturales, entonces resulta sorprendente que el Derecho Civil de la Familia no hubiera cambiado, en realidad, desde hace casi doscientos años, siendo que la familia amplia o patriarcal ha evolucionado a la familia nuclear o conyugal moderna y, en los últimos años, a la familia reconstituida o producto de un nuevo matrimonio, gracias a que el divorcio tiene ahora carácter vincular, a diferencia de otras épocas en que sólo se admitía la separación de cuerpos. Las exigencias derivadas de las nuevas estructuras que adopta la familia; la necesidad de reforzar sus formas de comunicación y enlace, admitiendo que el concubinato cumple, al igual que el matrimonio, las funciones del sistema conyugal, además de las nutricias y normativas propias del vínculo paterno filial, nos indican que el Estado debe intervenir en la regulación de la familia para solucionar sus conflictos, pero en la medida mínima necesaria y con conocimiento de las cargas emotivas que caracterizan a este derecho sectorial, porque no se trata de violentar los valores que caracterizan a nuestra sociedad. Y es que el progreso y la estabilidad de cualquier sociedad radica en la sanidad de sus miembros, y éstos no son otra cosa que un producto hecho en la familia, de forma tal que un sistema disfuncional sólo puede producir individuos enfermos, antisociales o suicidas. Aunque la realidad opere en contra, el principio de igualdad entre el hombre y la mujer debe imponerse en las normas jurídicas, porque las leyes de vanguardia facilitan el cambio de valores. Por eso el Derecho de Familia debe ser de carácter social, es decir, tutelar a individuos filosóficamente iguales, pero desamparados y débiles en la práctica, como son las mujeres, los menores, los incapacitados y los ancianos, tal y como ocurre en el derecho laboral y en el agrario.2 Aquellas situaciones de grave desigualdad deben corregirse por la fuerza del proceso legislativo y la decisión política de hacer efectivo estos cambios, porque todos sabemos que las leyes de papel, aunque expresen valores de avanzada, sólo tienen virtualidad cuando sus destinatarios las cumplan, lo que requiere de la decisión sincera de sus operadores. Crear un Código de Familia y su correspondiente Código Adjetivo, es una oportunidad histórica, siempre que éste último parto legislativo del anquilosado Derecho Civil, se aproveche para reformar aquellas normas que no correspondan a la realidad social o adicionar dispositivos que cubran las lagunas de la ley, siguiendo la evolución de los valores sociales y los descubrimientos de la ciencia, particularmente los que informan las técnicas de reproducción asistida y las pruebas biológicas de la paternidad. Frente a otros Códigos de Familia Latinoamericanos, como el de Bolivia, Costa Rica, Honduras, Panamá, El Salvador y Cuba, el Derecho Mexicano comienza a preocuparse por reglamentar en un derecho sectorial, independiente y moderno, la solución jurídica de todos los conflictos de familia que constituyan un motivo de desavenencia conyugal o de ruptura entre padres, hijos, hermanos y demás miembros. Es por eso que los Códigos de Familia de Zacatecas e Hidalgo, como también los de Morelos y Michoacán, constituyen una referencia obligada en el sistema mexicano, porque su sola presencia como legislaciones autónomas, - independientemente de la modernidad de su contenido- permite avanzar los criterios para sectorizar este derecho, adecuándolo a la realidad social. El Código que ahora se propone, respeta la estructura civilista de la mayoría de las instituciones familiares, pero ajusta sus normas para ajustarlas a las modernas orientaciones de la Sociología y la Psicología de la Familia. Crea, por ejemplo, un capítulo introductorio sobre la familia y el estado civil, en el que califica toda su normativa como de carácter público y social; define al matrimonio y sus funciones, identificando las que corresponden a los subsistemas conyugal, paterno-filial y fraterno, anunciando la inscripción del concubinato, al que se reconoce como institución de derecho familiar, cuando cumpla los fines del matrimonio, eliminando la arcaica institución de los esponsales, propia de otra época evolutiva de la familia, prohibiendo que su incumplimiento produzca responsabilidad pecuniaria para evitar que esta sanción opere como coacción al matrimonio, manteniendo la obligación de restituir las donaciones, en forma recíproca entre los prometidos y, también, en relación a terceros, porque al fin y al cabo se trata de una donación en la que no se cumple la condición que la motiva. Atendiendo a los criterios de la Convención de Naciones Unidas sobre el "Consentimiento para el Matrimonio, edad mínima para contraerlo y su registro", de la que México es parte, se aumentó la edad para contraer matrimonio a dieciocho años en ambos contrayentes, porque ya no es la capacidad reproductiva la única exigencia para formar una familia, aunque se regula la dispensa judicial de la edad, por causas graves y justificadas, cuando se trate de una mujer menor de catorce años o de un varón menor de dieciséis. Se mantiene imperturbado el capítulo de los impedimentos para contraer matrimonio, incluyendo la impotencia para la cópula que había desaparecido de nuestro código, porque la materia que se regula es un vínculo de carácter sexual que debe satisfacer el débito conyugal, haciendo notar que esta disfunción y las enfermedades graves e incurables, que sean además transmisibles, incluyendo como tales la embriaguez habitual y el uso indebido y persistente de drogas, dejan de ser un obstáculo para la unión conyugal cuando el consorte sano conoce esas circunstancias, ya que si en el matrimonio no obligan al divorcio, tampoco deberían constituir un impedimento cuando el contrayente sano conoce y admite esta circunstancia. Por otra parte y para evitar especulaciones doctrinales, se aclara que la impotencia para la cópula no será un impedimento para el matrimonio, cuando sea una consecuencia natural de la edad de los contrayentes. 23 Por otra parte, el parentesco por consanguinidad solo impide el matrimonio entre parientes en línea recta, ascendente o descendente, y entre hermanos, porque el riesgo de degenerar la especie no se prolonga a grados ulteriores, además de que el temor al incesto y la crítica social a los matrimonios entre consanguíneos constituyen limitaciones extralegales, aún entre parientes lejanos, por lo que no vale la pena regular la dispensa entre tíos y sobrinos. La prohibición para que la mujer pueda contraer matrimonio dentro de los trescientos días de disuelto el anterior, para evitar la confusión paterno-filial, se resuelve con la fórmula simplista de requerirle certificación médica oficial de que no se encuentra embarazada y el recurso a las pruebas biológicas cuando, violando este requisito, quede embarazada después del contraer el segundo matrimonio, creando dudas sobre la paternidad, porque el impedimento temporal no tiene justificación ahora que ya se puede detectar oportunamente el embarazo, mientras las torpes presunciones de paternidad basadas en la época de la concepción caen ante las modernas técnicas de la biogenética para determinar eficazmente la paternidad. Se elimina, por otra parte, la condición impuesta por nuestro código civil y por la mayoría de los ordenamientos estatales, tomada del código civil para la federación que dispone, tratándose de sonorenses que se casen en el extranjero, dentro de tres meses de su llegada al Estado, se transcribirá el acta de la celebración del matrimonio en el registro civil del lugar en que se domicilien los consortes, agregando que si la transcripción se hace dentro de esos tres meses, sus efectos civiles se retrotraerán a la fecha en que se celebro el matrimonio; si se hace después, sólo producirá efectos desde el día en que se hizo la transcripción, ya que independientemente de que sólo el código federal puede regular la situación de los extranjeros y los actos ocurridos fuera del país, siendo aplicable el artículo 13 de dicho ordenamiento que dispone; las situaciones jurídicas válidamente creadas en las entidades de la República o en un Estado extranjero conforme a su derecho, deberán ser reconocidas ; que el estado y capacidad de las personas físicas se rige por el derecho del lugar de su domicilio y, en fin, que la forma de los actos jurídicos se regirá por el derecho del lugar en que se celebren, la disposición violenta principios de derecho internacional privado y del razonamiento más elemental. En efecto los mexicanos que se casen en el extranjero adquieren un estado civil que se impone, erga omnes,, siempre que se cumplan las formalidades del país en que celebraron su unión, y si bien resulta conveniente transcribir el acta respectiva ante la oficialía del registro civil de su domicilio, constituye una aberración condicionar sus efectos a la trascripción correspondiente ya que, si el registro nunca se produce, por desidia o ignorancia, llegaríamos a la conclusión de que dicho matrimonio nunca tendrá efectos civiles en México, pero sí en todos los demás países del mundo. Sería como afirmar que, dictada una sentencia de divorcio, ésta no tendrá validez sino hasta que se inscriba en el registro civil, lo que equivale a confundir la esencia con la forma, el acto jurídico con su inscripción. El proyecto da un nuevo impulso a la igualdad de los cónyuges, por lo que toca al derecho para decidir en común sobre el domicilio, el trabajo, la atención y cuidado del hogar, la educación y establecimiento de los hijos, así como la administración y disposición de sus bienes, entre otras fuentes de conflicto que, según el código adjetivo, deberían resolverse por vía de la mediación, antes que recurrir a la intervención judicial, incluyendo un concepto de domicilio acuñado por las resoluciones de los tribunales federales, a saber, que es el lugar en donde los cónyuges radican permanentemente, con autonomía doméstica. En el proyecto, las labores del hogar y el cuidado de los hijos, se equiparan al esfuerzo del cónyuge que trabaja para cubrir los gastos familiares, lo que permite establecer una clara responsabilidad de carácter compartido por lo que toca a las obligaciones domésticas, cuando ambos cónyuges trabajen y aporten al sostenimiento del hogar, como una fórmula de democracia en la familia. 34 El marido y la mujer mayores de edad, tienen capacidad para administrar y disponer de sus bienes propios, pero la casa que sirva de habitación a la familia no podrá ser enajenada o gravada sin autorización de ambos cónyuges o concubinos, aunque se trate de un bien propio, hasta que se asegure a sus miembros un lugar decoroso en donde habitar, porque el derecho de propiedad no puede afectar ese elemento clave del derecho alimentario, consistente en la habitación para la mujer y los hijos. Se aclara también que, no importa cual sea el régimen patrimonial del matrimonio, los cónyuges pueden celebrar entre sí cualquier contrato, pero los de compra-venta, dación en pago, permuta y donación, sólo serán válidos cuando el matrimonio esté sujeto al régimen de separación de bienes, o cuando se trate de bienes propios de cada cónyuge, ya que la copropiedad que existe en la sociedad conyugal, dificulta jurídicamente la transmisión entre los mismos socios de bienes que pertenecen a ambos. En lo que toca a las donaciones prenupciales, el límite previsto por el actual código civil se aumenta a la tercera parte de los bienes del donante, porque en la actualidad existe mayor madurez de los contrayentes, haciendo inoficiosa la donación en todo lo que supere dicha proporción, pero este tipo de donaciones ya no son revocables por cualquier causa, sino que deben invocarse las que afectan a las comunes, negando la revocación después de celebrado el matrimonio para dejar firmes aquellas situaciones ocurridas en el pasado y no contaminarlas con hipótesis que pueden producirse después, en el matrimonio, en circunstancias distintas, subsistiendo la obligación de restituir este tipo de donaciones si el matrimonio no se celebra dentro del año siguiente de la ruptura, cuando se trate de liberalidades entre los prometidos, mientras que los terceros pueden hacerlo dentro de los tres años, contados desde que debió ocurrir el matrimonio, porque estos últimos no siempre están informados de su cancelación, pudiendo tratarse de donaciones cuantiosas. Las donaciones entre cónyuges no son libremente revocables, como ocurre bajo la vigencia del actual Código Civil, sino que sufrirán los efectos de la inexistencia o nulidad del matrimonio o del divorcio, atendiendo a la mala fe de uno de los cónyuges, para darle un mínimo de estabilidad a estas liberalidades y evitar los efectos de un principio de libre revocación, además de que la prueba y cuantificación de las mismas hacen que nunca se reclamen en juicio, dejándola como fórmula sancionatoria en los casos de disolución de matrimonio imputable al cónyuge culpable o de mala fe, aunque estamos conscientes que el pago de daños y perjuicios bastaría para cubrir la afectación patrimonial y moral efectivamente sufrida. Aunque se mantienen los mismos regímenes patrimoniales, el de la sociedad conyugal y el de la separación de bienes, se incluye en el primero suficientes disposiciones supletorias, a fin de resolver el gravísimo problema de los matrimonios que no han manifestado con claridad las modalidades de este régimen, distinguiendo la fórmula presunta de sociedad legal, ya que esta no es otra cosa que una sociedad conyugal regida por la Ley y adoptada tácitamente por los cónyuges. En el capítulo de la sociedad conyugal se dispone que las capitulaciones matrimoniales en que se constituya la sociedad conyugal, constarán en escritura pública cuando los esposos pacten hacerse copartícipes o transferirse la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales propios, cuando la ley requiera de esta formalidad, pero se aclara que la transmisión de bienes inmuebles con valor fiscal inferior a 3000 salarios mínimos, al tipo vigente en la capital del Estado, podrá registrarse directamente ante el oficial del Registro Público de la Propiedad, con base en las capitulaciones certificadas por el Oficial del Registro Civil y la constancia de su valor catastral, exhibiendo el pago de los impuestos que correspondan al porcentaje del bien o derecho transmitido, para que produzcan efectos contra terceros, sin que esta transmisión afecte a los acreedores ya existentes cuando, a causa de esta liberalidad, el donante quede insolvente. 45 No se requiere que la donación se protocolice ante notario, pues el oficial del registro civil también tiene fe pública, por lo que permitir la intervención de notario constituye un acto innecesario y costoso para los cónyuges. Por otra parte, en los casos de donaciones menores, como la prevista, el Estado debería facilitar y reducir el costo de estas operaciones, por lo que se invoca su valor catastral exigiendo el pago de los impuestos correspondientes al porcentaje del bien que se transmite, entendiendo que en la sociedad legal sólo el 50% del inmueble donado beneficia al donatario, pues al integrarse como bien común de la sociedad, el donante conserva la mitad de su valor, o el que le resulte de las capitulaciones, por lo que la carga impositiva debe reducirse al porcentaje que verdaderamente se transmite, aunque se traslade de un patrimonio (el propio del donante) a otro (el patrimonio conyugal), ya que en el patrimonio receptor también aparece como beneficiario el donante, compartiendo la propiedad del inmueble con el donatario. Se regula con mayor exactitud los datos que deben contener las capitulaciones en que se establezca la sociedad conyugal, declarando que los bienes que la integran constituyen un patrimonio común, diverso del haber de cada cónyuge, por lo que al liquidarse debe aplicarse el régimen de las colaciones o compensaciones, desconocido o raramente aplicado ante los tribunales y que la obligación de dar a un consorte una cantidad fija, cuando así se haya convenido, aunque no haya habido utilidades en la sociedad conyugal, queda limitada a que el promitente se reserve bienes suficientes para sobrevivir Se deja en claro, como norma de derecho internacional privado, que los matrimonios celebrados fuera del Estado -incluyendo los que se realicen en el extranjero- se regirán por las capitulaciones respectivas o las disposiciones del código vigente en el lugar y fecha de la unión, donde quiera que se encuentren los bienes, porque el parámetro de su ubicación es irrelevante, ya que lo que importa es el régimen adoptado o la ley que reguló el aspecto patrimonial del matrimonio al momento de su celebración, por lo que sólo se aplicarán las leyes del Estado de Sonora cuando los cónyuges se hubieran domiciliado en el mismo y solicitado su modificación o el cambio de régimen ante los tribunales locales, para aclarar las confusiones de los operadores del derecho sobre el régimen aplicable. Se identifican con toda claridad, para el caso de capitulaciones omisas, cuáles son los bienes propios de cada cónyuge y cuáles integran el fondo social, incluyendo los beneficios o regalías derivados de los derechos de autor o de la propiedad industrial, aunque se hayan producido antes del matrimonio, pero sólo mientras dure la unión, que no estaban previstos en la legislación actual. A diferencia del código civil, todavía vigente, se admite como válida la confesión de uno de los cónyuges, cuando admita que un bien es propiedad del otro, para evitar el costo y los trámites de una presunción que califica como donación el reconocimiento, pero advirtiendo que dicha confesión no tendrá efectos cuando se haga en perjuicio de terceros. En el rubro de la administración y suspensión de la sociedad, se reitera el principio de que ambos pueden designar al administrador, pero se aclara que en caso de omisión se entenderá que ambos administran indistintamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurran y la obligación de rendir cuentas al liquidar la sociedad, porque nuestro código no regula el caso de que no se designe administrador en las capitulaciones. Se mantienen normas protectoras del cónyuge que no administra, normalmente la mujer, como la que dispone que los bienes inmuebles y los vehículos de propulsión mecánica no pueden ser obligados ni enajenados por el cónyuge administrador, sin el consentimiento del otro, tal y como dispone nuestro ordenamiento civil, permitiendo que en el caso de que se declare la ausencia de uno de los cónyuges, el que permanece pueda optar entre la suspensión de la sociedad o la liquidación de la misma, mientras que el abandono injustificado sólo produce la suspensión del régimen comunitario. 56 Con igual importancia, partiendo del principio de que nadie está obligado a la indivisión, el proyecto permite terminar la sociedad conyugal durante el matrimonio, a solicitud de cualquiera de los cónyuges, pidiendo su liquidación, sin especificar la causa, así como las medidas necesarias para la identificación y conservación de los bienes, eliminando la antigua disposición que sólo permitía esta medida y el cambio de régimen, cuando el cónyuge administrador amenazara arruinar la sociedad o disminuir considerablemente los bienes comunes por notoria negligencia o torpe administración, hipótesis difíciles de probar y, además, gravemente injuriosas, por lo que la disolución de la sociedad patrimonial por estas causas conduce normalmente a la disolución del matrimonio. Se presume, salvo prueba en contrario, que las deudas contraídas durante el matrimonio por cualquiera de los cónyuges, son cargas de la sociedad, autorizando a los terceros para hacerlas efectivas sobre los bienes propios de cada uno de ellos o sobre los gananciales, sin perjuicio de las compensaciones que se hagan al liquidarla, pero también se señalan cuáles obligaciones no deben ser consideradas cargas de la sociedad, sino de cada cónyuge, por lo que sólo pueden afectar los bienes o los gananciales propios, incluyendo entre éstas la reparación del daño proveniente de delito; de un hecho ilícito o moralmente reprobable, aunque no este penado por la ley, así como las multas en materia penal o administrativa, además de las deudas contraídas por cualquiera de ellos durante la vigencia de la sociedad, cuando se trate de bienes o servicios suntuarios que no puedan ser considerados dentro de las obligaciones familiares. Se incluyen disposiciones sobre la liquidación de la sociedad, admitiendo que cualquiera de los cónyuges puede ser acreedor o deudor de la comunidad y que, terminado el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el fondo social, se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida o por partes iguales, si se trata de una sociedad conyugal de carácter legal, aplicando los principios que rigen la liquidación de un patrimonio común, por lo que la identificación de los bienes sociales que se adjudiquen a cada cónyuge como parte de sus gananciales no constituyen ningún tipo de cesión o donación, aunque se trate de bienes inmuebles inscritos a nombre del otro, por lo que no pagarán ningún tipo de impuesto y podrán inscribirse como propios en el Registro Público de la Propiedad, exhibiendo copia de la sentencia ejecutoriada y el convenio, en su caso, cubriendo solamente los gastos de inscripción, salvo los casos en que un cónyuge haga expresa donación de todo o parte de sus gananciales al otro. No resulta necesaria la intervención notarial en esos casos, porque el procedimiento de liquidación se realiza ante la fe del secretario de acuerdos del juzgado que conozca del asunto, además de que resulta común y gravemente perjudicial que la liquidación del patrimonio conyugal se califique equivocadamente como una donación recíproca y se haga pagar a los cónyuges impuestos que de ninguna manera se justifican y que aparecen expresamente excluidos en la fracción I inciso b del artículo 72 de la Ley de Hacienda Municipal, como ocurre también en la división del predio común. Por último y en relación con la separación de bienes, el anteproyecto elimina las capitulaciones a menos que se trate de un régimen mixto, es decir, cuando la sociedad sólo se aplique a ciertos bienes, manteniendo la separación en otros rubros, pero no en la separación absoluta convenida al celebrarse el matrimonio, porque este sistema es perfectamente identificable y basta con invocarlo, tanto que algunos códigos de la República y de América Latina disponen que si los contrayentes no indican el régimen, se entiende que continúan en la indivisión, es decir, en la separación de bienes. Sin embargo, para evitar discusiones se crearon normas supletorias aclarando que la separación comprende los bienes de que sean dueños al celebrar el matrimonio y los que adquieran después, pero ambos quedan obligados en forma solidaria y mancomunada a responder de las deudas derivadas de la asistencia familiar, pudiendo reclamar uno de los cónyuges al otro la parte proporcional, cuando cubra íntegramente obligaciones comunes o la totalidad cuando pague deudas exclusivas del otro. 67 En la actualidad, el código civil exige capitulaciones para constituir la separación de bienes, aunque en realidad no hay mucho que reglamentar. El problema se agrava cuando los cónyuges se limitan a señalar en el acta de matrimonio que adoptan el régimen de separación de bienes, sin presentar el convenio respectivo, ya que los jueces del Estado consideran que sin las debidas capitulaciones no opera dicha separación y que, por lo tanto, debe aplicarse el régimen presunto de la comunidad de bienes, contradiciendo la voluntad de los cónyuges y creando multitud de problemas, siendo que la dinámica del sistema puede condensarse en los dos artículos que se transcriben: en el régimen de separación absoluta, los cónyuges conservarán la propiedad y administración de los bienes que respectivamente les pertenecen y, por consiguiente, todos sus frutos y accesiones serán del dominio exclusivo de su propietario, así como las deudas y obligaciones derivados de los mismos, y que serán también propios de cada uno de los consortes los salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuvieren por servicios personales, por el desempeño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria, así como los derechos de autor o de propiedad industrial, al igual que los bienes de fortuna. El proyecto hace una excepción objetiva y justiciera, que beneficia normalmente a la mujer, al señalar que no obstante el régimen de separación pactado por los cónyuges, cuando uno de ellos no estuvo en posibilidad de adquirir bienes por haberse dedicado exclusivamente al cuidado del hogar o de los hijos, tendrá derecho a exigir del otro que divida por mitad los beneficios netos obtenidos durante el período en que se produjo la imposibilidad para trabajar, siempre que el reclamante no posea bienes suficientes para cubrir sus necesidades, lo que no significa una violación del régimen pactado, sino una justa compensación para el cónyuge que canalizó sus esfuerzos en las labores domésticas y el cuidado de los hijos, servicios calificados como aportaciones económicas en el proyecto, quedando impedido para adquirir bienes por estas causas, evitando así que al disolverse la unión por cualquier motivo este último quede insolvente e incapaz de atender sus necesidades básicas. Se regula la inexistencia del matrimonio, porque nuestro código civil se afilia conceptualmente a la separación entre inexistencia y nulidad de los actos jurídicos, aunque la nulidad absoluta tenga los mismos efectos, incluyendo en su artículo 66, entre los casos de inexistencia, el hecho de que en los actos del estado civil no se observen las solemnidades requeridas por la ley o no se otorguen ante los funcionarios que indica, en cada caso, además de calificar como inexistente el acto realizado por un enajenado mental que carezca absolutamente de voluntad; cuando no tenga como fin realizar las consecuencias previstas por la ley, o cuando sea producto de la simulación absoluta, entre otras hipótesis, advirtiendo que la inexistencia no podrá perjudicar los derechos legítimamente adquiridos por terceros de buena fe y que el acto inexistente sí producirá efectos como hecho jurídico, disposiciones que obligan a regular el tema. Por eso el proyecto dispone que el matrimonio inexistente no producirá efecto legal alguno entre los cónyuges de mala fe, no es susceptible de caducidad y puede invocarse por cualquier interesado o por el agente de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia o el Ministerio Público, en su caso, pero los hijos no pueden ser afectados en sus derechos y serán considerados como matrimoniales. Se podrá exigir daños y perjuicios al cónyuge de mala fe, además de fijar alimentos y liquidar la sociedad conyugal en los términos previstos para la nulidad del matrimonio, puesto que sería injusto que la inexistencia impidiera decretar estas medidas, siendo que de hecho existió un vínculo que podría calificarse de concubinato y eventualmente hijos, además de un patrimonio formado por el esfuerzo común, aunque se diluyan los efectos punitivos de la mala fe en cuestiones específicas como los gananciales, ya que se deja abierta la fórmula genérica de los daños y perjuicios. Se advierte en el proyecto que el vínculo de un matrimonio anterior, existente al tiempo de contraerse el segundo, anula éste aunque se celebre de buena fe, creyendo que el cónyuge anterior había muerto, pero cuando se haya contraído después de decretada la presunción de muerte por sentencia ejecutoriada, será el segundo matrimonio el que subsista, porque una cosa es el error de creer muerto al primer cónyuge y otra la existencia de una resolución que lo declare 78 presuntamente muerto, porque entonces la comparecencia del supuesto fallecido no puede nulificar el segundo matrimonio. Esto para garantizar la seguridad jurídica de los estados de familia, aunque se apliquen todas las disposiciones reivindicatorias en materia patrimonial. Además de purificar las normas sobre nulidad del matrimonio, ya que se dispone, atendiendo a principios de moralidad, que se prohíbe el vínculo conyugal entre quienes fueron padre e hijo adoptivos porque tienen la misma entidad que el matrimonio entre quienes fueron parientes afines, se identifican los delitos derivados de los matrimonios ilícitos, ya que las hipótesis actuales no tienen la importancia suficiente para ser calificadas como tales, como sí ocurre en la bigamia y el incesto que, por ser delitos perseguibles de oficio, el juez esta obligado a la denuncia. También se atenúan los efectos patrimoniales de la nulidad en relación con los gananciales, para disminuir los efectos de ese falso principio de culpabilidad que ha caracterizado al derecho mexicano, puesto que la mala fe y los efectos materiales y psicológicos sobre el cónyuge que desconocía el impedimento pueden repararse a través del pago de daños y perjuicios, sin recurrir a la pérdida de gananciales, porque esta sanción no se relaciona ni guarda proporción con la mala fe y raramente se solicita en los juicios de nulidad, pero las donaciones si se revocan por ingratitud y también las hechas por un tercero a los cónyuges, por causa del matrimonio, en el término de tres años, ya que la nulidad destruye retroactivamente el acto jurídico, como si nunca se hubiera realizado dejando incumplida la condición que anima la liberalidad. A pesar del concepto jurídico que por siglos ha marcado a la nulidad, el proyecto no puede soslayar el error de nuestro código civil que ignora reglamentar los alimentos del cónyuge de buena fe, porque frente a la ficción jurídica de que nunca existió el matrimonio, puede más la necesidad y el hecho de que la unión cumplió fácticamente las funciones propias del subsistema conyugal, por lo que se dispone que sólo el cónyuge de buena fe podrá percibir alimentos a cargo del que conocía o provocó la causal de nulidad, por la cantidad y el tiempo que determine el juzgador, que nunca será mayor que la duración del matrimonio y siempre que carezca de bienes o no realice actividad remunerada. Cuando desaparezcan estas circunstancias o se cumpla el término señalado en la sentencia podrá levantarse la medida, a menos que el beneficiario sufra de incapacidad física o mental permanente. También concluirá esta obligación cuando este último contraiga nuevo matrimonio o se una en concubinato. Por lo que toca al divorcio, el proyecto lo clasifica en divorcio voluntario y necesario, definiendo e identificando las causales basadas en la enfermedad, en circunstancias objetivas y en la culpa de uno de los cónyuges, así como sus consecuencias, tratando de evitar los injustos excesos previstos en los códigos civiles de México, basados en un equivocado concepto de culpa unilateral. En el divorcio voluntario se requiere que haya transcurrido más de un año desde la celebración del matrimonio, a fin de que los cónyuges puedan ajustar sus diferencias y evitar divorcios prematuros. Se ignora el divorcio administrativo que otros códigos de México han adoptado, porque ningún Estado debe facilitar la disolución del vínculo sin antes recurrir a la mediación o la conciliación, ni permitir que funcionarios sin preparación suficiente decreten la ruptura matrimonial, como si se tratara de un simple contrato rescindible a voluntad de las partes, olvidando que el divorcio afecta a los cónyuges y a la sociedad. Para eliminar el desistimiento fraudulento de la acción de divorcio, que nuestro código civil regula como una causal adicional en el segundo párrafo del artículo 446, el proyecto condiciona la validez del desistimiento a que el cónyuge demandado manifieste su conformidad, cancelando la subjetiva conclusión de que si el desistimiento se debiere a que el actor no comprobó la causa o que ésta resultó insuficiente, podrá el otro cónyuge pedir el divorcio. El proyecto aporta como novedad, el que los cónyuges opten entre la separación de cuerpos y la ruptura definitiva del vínculo matrimonial. Esta innovación que responde a la voluntad de 89 muchas familias religiosas o con dudas sobre la conveniencia de disolver el vínculo, evita el divorcio por reacción ante cualquier conflicto permitiendo la reflexión serena y la posibilidad de reconciliación. La fórmula del divorcio no vincular se derogo en nuestro país en 1917, por disposición de la ley de relaciones familiares, subsistiendo en todos los países de Latinoamérica hasta que Chile admite el divorcio vincular en el año La separación de cuerpos a solicitud de los cónyuges y decretada por el juez, después de asegurar la custodia de los hijos, los alimentos y la situación de los bienes constituye una válvula de escape para los problemas emocionales derivados del enfrentamiento entre cónyuges, pero no tiene carácter permanente, ya que si la separación se prolonga por más de dos años, cualquiera de los cónyuges puede solicitar su conversión a divorcio vincular como ocurre en los países del cono sur del continente. El divorcio vincular que puede solicitarse dos años después de la separación de cuerpos, debe ser entendido como un divorcio objetivo por quiebra del matrimonio, que no requiere invocar causales injuriosas, sólo la voluntad de legitimar la separación definitiva, porque el matrimonio no cumple ya sus fines, abonando el principio de que no debe recurrirse al divorcio culpable a menos que sea necesario, porque no resuelve sino que prolonga el conflicto, dañando a los cónyuges, a los hijos, a los demás miembros de la familia y a muchas personas vinculadas con los divorciantes. También puede pedirse la separación de cuerpos el cónyuge sano, en los casos de que el otro sufra una enfermedad grave y contagiosa, enajenación mental incurable, alcoholismo o drogadicción, pudiendo solicitar la conversión a divorcio vincular, en los términos del artículo anterior, con intervención del cónyuge enfermo o su representante legal, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares y la liquidación del patrimonio social, en su caso. Sin embargo, para cumplir en parte la promesa matrimonial de continuar unidos en la salud o en la enfermedad, el cónyuge sano no podrá pedir la separación de cuerpos si no han transcurrido dos años desde que se manifestó la enfermedad grave y contagiosa o la enajenación mental incurable, siempre que el otro cónyuge pueda solventar sus necesidades pues, de lo contrario, quien solicite la separación deberá otorgar alimentos al enfermo durante la separación y mientras subsista la necesidad, pudiendo el juez cancelar estas obligaciones. Subsiste el divorcio voluntario que actualmente regula nuestro código civil y la condición de que sólo puede solicitarse después de un año de la celebración del matrimonio, reiterando la necesidad de que los cónyuges se sometan a un procedimiento de mediación o conciliación, sea a través de un centro de justicia alternativa o directamente por el juez, advirtiendo que la audiencia de avenimiento será nula si no es el juez quien la atiende. Como novedad en materia de divorcio voluntario, el proyecto propone que la sociedad conyugal sea liquidada durante el procedimiento, regulando un sistema que permite distribuir bienes y deudas sin perjudicar a los acreedores. También puede solicitarse el divorcio vincular cuando uno de los cónyuges sufra una enfermedad incurable, que sea además contagiosa o hereditaria, así como cuando caiga en un estado de enajenación mental permanente, pero también es necesario que hayan transcurrido dos años desde que empezó a padecerse la enfermedad y que el cónyuge sano garantice el sostenimiento y la atención médica del enfermo, cuando éste no tenga medio de subsistencia. Sin embargo cuando el cónyuge sano no tenga capacidad para asumir esta obligación, se aplicarán las disposiciones sobre alimentos entre parientes. La embriaguez habitual y el uso indebido de drogas son consideradas causales de divorcio por enfermedad, pero para autorizar la separación de cuerpos o el divorcio vincular en estas hipótesis, el Juez debe cerciorarse de que el cónyuge enfermo sufre una verdadera adicción y que se opone a un tratamiento de desintoxicación o que, en su caso, ha fracasado al menos un intento 910 de curación, no sólo porque deben constituir verdaderas adicciones para adquirir el rango de enfermedad, sino que deben de realizarse intentos para superar el problema. En estos casos, como también en la impotencia prematura e incurable, no se impone la obligación de cuidado ni la obligación alimentaria. También se regula en el proyecto legislativo el divorcio por causas objetivas, que no recurren al concepto de enfermedad ni tampoco pueden ser calificadas en razón del principio de culpabilidad. El concepto de quiebra del matrimonio fue lo que permitió enriquecer al mundo del Derecho Familiar, con nuevas hipótesis de divorcio que no implican culpa, sino disfunción objetiva del vínculo que le impiden cumplir sus fines esenciales, sin necesidad de hacer un juicio de reproche que, en última instancia, no resiste la crítica de la psicología ni de la razón. Es el caso de la separación voluntaria por más de dos años, cualquiera que sea la causa, y de la hipótesis de divorcio basada en la declaración de ausencia legalmente hecha, excluyendo la presunción privilegiada de muerte derivada de siniestros, que no requiere la declaración previa de ausencia, porque esta última hipótesis debería producir los mismos efectos que la presunción de muerte declarada en el procedimiento ordinario, es decir, la viudez con efectos permanentes, a fin de no alterar estados de familia creados con posterioridad a la sentencia que declara la muerte presunta de uno de los cónyuges, cuando eventualmente aparezca la persona supuestamente fallecida. En este tipo de divorcio no procede sanción civil alguna, pero deberá asignarse la custodia de los hijos menores y acordar un régimen de visita, además de fijar y garantizar los alimentos que a estos correspondan, para ser congruente con el motivo de la disolución del vínculo formal. En los casos de ausencia el juez procederá a la liquidación de la sociedad conyugal y fijará alimentos a cargo del patrimonio del desaparecido, en la proporción que considere procedente, a menos que ya se haya iniciado el procedimiento sucesorio, pues en este caso la liquidación de los bienes comunes y el pago de alimentos serán materia de este último juicio. Quizás el capítulo de mayor trascendencia corresponde al divorcio por culpa, porque sin negar el principio de culpabilidad, tan criticado por la psicología de la familia, lo atempera, evitando los excesos punitivos de este tipo de causales, en relación a los alimentos y la patria potestad sobre los hijos. En efecto, una de las grandes falacias del derecho de familia, tomada de la filosofía del libre arbitrio y la culpabilidad voluntaria de los seres humanos que debe castigarse como un imperativo de la razón, en la que abrevan la mayoría de las religiones y de los derechos sectoriales, es el principio de culpabilidad que marca todavía la ruptura de los esponsales, la nulidad del matrimonio, la pérdida de la patria potestad, la revocación de las donaciones o del derecho hereditario por ingratitud y, sobre todo, el divorcio, ignorando que la conducta del hombre responde a motivaciones y que en el matrimonio, plagado de fricciones, de intereses y valores opuestos, de vínculos no necesariamente empáticos con terceros, la injuria provoca injuria. Cuando uno de los cónyuges abandona al otro, sólo en el extremo de la simplicidad puede el legislador hablar de causa injustificada, porque la valoración del motivo la hacen otros que no sufrieron la incomprensión, el rechazo o la crítica constante, pues no siempre es un hecho aislado el que provoca la ruptura afectiva, sino una serie de desencuentros, de injurias no perdonadas y de egoísmos. La ofensa grave, a que se refiere nuestro código como causal de divorcio culpable es, normalmente, consecuencia de ofensas o maltratos recibidos previamente, por lo que llamar cónyuge inocente al que produjo la injuria constituye el más infantil de los razonamientos, por eso 1011 el código cubano de familia dispone que cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio alegando que el matrimonio no cumple con sus fines, es decir, el divorcio unilateral no culpable, que responde al principio objetivo de disolver un matrimonio roto, sin importar la causa ni buscar culpables, porque las concausas pueden ser variadas y lejanas o ser imputables a otras personas, como la suegra o el cuñado, al antiguo novio o a la amiga conflictiva. La psicología sugiere que ambos cónyuges son normalmente culpables del divorcio o, mejor todavía, que ninguno lo es, y que basta la quiebra definitiva de la unión afectiva para buscar una solución consensual y pacífica que les permita dedicar sus esfuerzos a las funciones del subsistema paterno filial y recuperar su autonomía y tranquilidad. Sin embargo, aunque no sea todavía el momento para proponer en Sonora un divorcio que no responda al principio de la culpabilidad, sí podemos disminuir sus efectos punitivos. Por eso se regula el divorcio necesario por culpa, iniciando las causales con el adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges, o los actos preparatorios que de manera cierta tiendan al mismo, eliminando el adulterio presunto basado en actos u omisiones que se prolonguen por más de un año, ya que su duración y dificultades probatorias lo volvieron inaplicable. El hecho de que la mujer de a luz, durante la unión, un hijo concebido antes de celebrarse el matrimonio que no sea de su marido, no requiere esperar al nacimiento y, después, a un largo juicio para declarar ilegítimo al niño en caso de que nazca vivo, para entonces demandar el divorcio, ya que la injuria o el engaño siguen siendo los mismos, además de que existen técnicas para determinar la relación paterno-filial, aún antes del nacimiento, recurriendo al líquido amniótico y al principio de compatibilidad genética entre el presunto padre y el embrión o feto. Por eso se permite la acción de divorcio desde que el cónyuge ofendido tuvo conocimiento del embarazo, aunque todavía no se hubiera producido el parto, bajo apercibimiento de que, si se demuestra que el demandante es padre de la criatura, la sentencia servirá para constituir el vínculo, para todos los efectos legales, pudiendo la madre demandar el divorcio por injuria grave. Si se produce el aborto o el niño nace incapaz de vivir, igualmente podrá el marido demandar el divorcio, para el sólo efecto de disolver el vínculo matrimonial, porque el engaño se dio aunque no haya producido ninguna defraudación en el tema de paternidad. El abandono injustificado del domicilio conyugal sin causa justificada y por más de seis meses, adquiere autonomía como causal frente a la negativa injustificada de uno de los cónyuges para cumplir las obligaciones derivadas de la asistencia familiar, por tratarse de dos hechos distintos que afectan funciones también diversas, como serían la cohabitación y la cooperación, respectivamente, ya que nuestro código dispone que la separación injustificada sólo opera como causal de divorcio, cuando haya abandono absoluto de las obligaciones familiares, con lo que mezcla causales y permite hacer trampas a la ley, ya que bastaría al cónyuge culpable entregar una minúscula cantidad al mes para alegar que el incumplimiento no fue absoluto, mientras que la negativa de los cónyuges para darse alimentos, prevista nuevamente como causal, pero ahora en forma autónoma que incluye a los hijos, sin condicionarla a que primero se intente hacer efectivo el cobro preferencial o el aseguramiento de bienes, puesto que el sólo incumplimiento constituye una violación de la función protectora y el cobro o aseguramiento exitosos solo demuestran la contumacia del deudor, pues el hecho de que tuviera bienes confirma que la omisión era injustificada. Por eso el proyecto hace referencia a la negativa injustificada de uno de los cónyuges a cumplir las obligaciones derivadas de la asistencia familiar, en perjuicio del otro cónyuge o de los hijos sin mayores condiciones. La sevicia y la extorsión moral, se fusionan en una misma causal, por tratarse de conceptos sinónimos, mientras que la acusación calumniosa hecha por un cónyuge en contra del otro aparece sin la condición de que el delito imputado merezca pena mayor de dos años de prisión, ya que la 1112 sola acusación es profundamente injuriosa por ser falsa y conocer el cónyuge culpable esta circunstancia, independientemente del delito que se impute. También en los delitos cometidos por un cónyuge en contra del otro, basta que el ilícito tenga señalada una pena de prisión, independientemente de su duración y aunque no sea punible entre cónyuges, toda vez que la gravedad de la conducta no se mide en razón de la pena que merezca el delito, sino del hecho de haber violado el respeto y hasta la protección que se espera entre los cónyuges. En la comisión de delitos infamantes en perjuicio de terceros -excluidos los culposos y los políticos- sí se exige sentencia condenatoria ejecutoriada y la imposición de una pena de prisión superior a un año, independientemente de que esta sea conmutada o suspendida, porque no es la afectación de la cohabitación lo que importa, sino la indignidad que acarrea, para el cónyuge inocente y el resto de la familia, el delito cometido. Se incluye como causal de divorcio el abandono del domicilio conyugal originado por una causa que sea bastante para pedir el divorcio, si se prolonga por más de seis meses sin que el abandonante entable la demanda y siempre que el cónyuge abandonado le requiera, una vez caducada la acción, para que se reintegre al domicilio, sin que esto ocurra en el término adicional de seis meses, ya que prevista por muchos códigos de la República, constituye una fórmula equiparada de abandono injustificado. La amenaza o la injuria de un cónyuge para el otro, ubica su gravedad en los efectos psicológicos que sufre el inocente y que hace imposible la vida conyugal, no en el contenido de la ofensa o la amenaza, ni tampoco en función del lugar o la publicidad, mientras que la violencia intrafamiliar contra un cónyuge o los hijos de ambos o de uno de ellos, constituye causal de divorcio siempre que el violento se niegue a corregir su conducta o someterse al tratamiento que proceda, como también el hecho de que uno de los cónyuges se someta a métodos de reproducción asistida usando material genético de terceros sin consentimiento del otro, no para legitimar estas técnicas, sino para rescatar la grave injuria que sufre el inocente al violar su exclusividad procreacional y la posibilidad de que se produzca un fraude filiatorio. El hecho de que un cónyuge haya pedido el divorcio por una causa que no haya justificado o que resulte insuficiente, prevista actualmente como una causal reversible de divorcio culpable, resulta inaceptable porque la falta de pruebas puede deberse a muchas circunstancias; la negligencia del abogado o la negativa a declarar de los testigos propuestos, entre otras, mientras que la insuficiencia de la causal supone, por ejemplo, que sí se dieron las injurias o las amenazas de un cónyuge en contra del otro, pero que no fueron graves, a juicio del juez, lo que no justifica que se otorguen una causal de divorcio al demandado que resultó absuelto, ya que la causal pudo darse pero no se probo o resulto insuficiente. Por eso se corrige la hipótesis, ubicándola entre los fraudes procesales, señalando que cuando un cónyuge haya pedido el divorcio o la nulidad del matrimonio por una causa que resulte falsa, el demandado tiene a su vez el derecho de pedir el divorcio, pero no podrá hacerlo sino pasados tres meses de la notificación de la sentencia ejecutoriada. Durante este período los cónyuges no están obligados a vivir juntos. Para fines didácticos se fijan seis meses como término de caducidad de la acción del divorcio, contados desde el día en que el cónyuge inocente haya tenido conocimiento de los hechos, a menos de que se trate de causales de tracto sucesivo, en las que la caducidad de la acción empezará a contar desde que cese el hecho u omisión en que se sustenta. Con el mismo fin se hace notar en el proyecto, una circunstancia que ha producido confusión, a saber, que algunas causales de divorcio constituyen también delitos y que el resolutor debe conocer de las mismas como motivos de divorcio, sin esperar a que un juez penal intervenga, 1213 ya que las amenazas e injurias graves, la acusación calumniosa por delito infamante y la comisión de un delito contra la persona o los bienes del otro cónyuge, son causales que no requieren la tramitación previa de un juicio penal. El Juez que conozca del divorcio entrará al estudio de la causal, constatando la existencia del delito y la responsabilidad del cónyuge culpable para el sólo efecto de decretar el divorcio. Después de una reestructuración de las causales de divorcio, para adecuarlas a los conceptos lógicos y jurisprudenciales sobre el tema, se entra al capítulo de las consecuencias patrimoniales y personales derivadas de la disolución del matrimonio, identificando los alimentos en el divorcio voluntario, como una liberalidad sometida a la voluntad de las partes, a la que deben aplicarse los principios y normas de la donación. Cuando la disolución del matrimonio se solicite por causa de enfermedad grave y transmisible de uno de los cónyuges o transtorno mental incurable, se obliga al consorte sano a garantizar y pagar los alimentos del otro por todo el tiempo que dure su incapacidad, siempre que éste último se encuentre impedido para trabajar y no posea bienes, pero en los casos en que el cónyuge sano no pueda cumplir esta obligación, quedará a cargo de los parientes del incapacitado. La necesidad y la capacidad son parámetros que también se atienden en el divorcio necesario para fijar alimentos al cónyuge que no dio causa al divorcio pero, aún en este caso, su duración se determina tomando en cuenta la capacidad laboral del beneficiario, su edad, estado de salud y dificultades para colocarse u obtener ingresos de su profesión o industria y, sobre todo, la incapacidad derivada de la custodia de los hijos, debiendo procurar el juzgador que la obligación alimentaria sea, en principio, temporal y susceptible de terminación o modificación cuando cambien las circunstancias, ya que una de las causas del incumplimiento es la duración indefinida de esta carga, puesto que se prolonga por toda la vida del cónyuge beneficiario, a menos que se case o se una en concubinato. En ningún tipo de divorcio se pierden gananciales, los que se liquidarán conforme a las capitulaciones o las disposiciones supletorias del código, mientras que en el divorcio culpable se mantiene la pérdida de donaciones por lo que toca al cónyuge que dio causa al divorcio, entendiendo que la causal constituye un caso de ingratitud del donatario. Admite el proyecto que se mantenga la actual disposición de que cuando por el divorcio se originen daños o perjuicios a los intereses del cónyuge inocente, el culpable responderá de ellos como autor de un hecho ilícito, pero la reparación del daño moral será graduada libremente por el Juez, según el daño causado y la capacidad económica del obligado. La pérdida o suspensión de la patria potestad a consecuencia del divorcio necesario, sufre en el proyecto de Código Familiar, una profunda transformación, partiendo del principio de que lo que ocurre en un subsistema no debe afectar a otro a menos que haya un efecto o vinculación indubitable. Así, por ejemplo, la causal de adulterio que sólo incumple la obligación de fidelidad, injuriando gravemente a uno de los cónyuges, no puede trascender a la patria potestad sobre los hijos porque no lesiona las obligaciones de carácter paterno filial. Un mal cónyuge, no es siempre un mal padre, por lo que hacerle perder la patria potestad, constituye una injusticia que carece, además, de vinculación lógica. Pero más dramático, todavía, es que la pérdida de la patria potestad en estos casos afecta directamente a los hijos, ajenos totalmente al drama conyugal, porque pierden la comunicación, y en consecuencia, el afecto de uno de sus padres, además de los efectos positivos de la función normativa. 1314 Por esos se ajustaron los efectos de cada una de las hipótesis, para que sólo se perdiera la patria potestad cuando la causal del divorcio dañe también a los hijos, otorgando amplias facultades al juzgador para resolver el problema de la custodia, sin tomar en cuenta la causal de divorcio cuando no afecte a los hijos, como ocurre, en cambio, cuando un cónyuge procure o permita su corrupción o cometa delitos graves en su contra, porque sólo entonces podrá el juzgador decretar en la sentencia de divorcio la pérdida de la patria potestad en perjuicio del cónyuge culpable, aunque el actor no lo haya solicitado. Por eso en el divorcio por adulterio, abandono el domicilio conyugal, sevicia, amenazas o injurias, acusación calumniosa y hábitos de juego, de ninguna manera se faculta al juzgador para decretar que uno o ambos cónyuges pueden conservar o perder la patria potestad, como actualmente dispone nuestro código y, tampoco, cuando el incumplimiento de la obligación alimentaria sólo afecte al otro cónyuge, pero se faculta al juez para decidir, según las circunstancias del caso, sí suspende o decreta la pérdida de la patria potestad en los casos de violencia intrafamiliar, sevicia en perjuicio de los hijos y otras causales. Para evitar los efectos nocivos de un sistema registral deficiente, se dispone que ejecutoriada una sentencia de divorcio, el Juez remitirá oficiosamente copia de ella al Oficial del Registro Civil ante quien se celebró el matrimonio, para que en el término de cuarenta y ocho horas anote gratuitamente el divorcio en el acta respectiva, ordenando al Oficial del domicilio de los divorciantes que levante también gratuitamente el acta de divorcio, bajo apercibimiento de multa hasta por cincuenta salarios mínimos, ya que el cobro de derechos por la inscripción del divorcio o la elaboración del acta ha venido retardando estos actos registrales, permitiendo que mujeres divorciadas sigan inscribiendo, a nombre de sus ex maridos, a los hijos extramatrimoniales habidos con otras personas después de la disolución del matrimonio, aprovechando que todavía aparecen casadas, siendo que el registro de los estados familiares es de orden público y sus inscripciones no puede quedar condicionadas al pago de la inscripción, independientemente de que se cobre por la expedición de las constancias. Igual disposición opera por lo que toca a la inexistencia o la nulidad del matrimonio. Respondiendo a las recomendaciones de la psicología evolutiva del menor, así como a la necesidad de mantener una adecuada vinculación entre los padres divorciados y sus hijos, se crea en el proyecto de Código de Familia un capítulo desconocido para otras legislaciones, relativo a la asignación de los hijos en el divorcio y los derechos del padre no custodio, en el que se dan orientaciones al juzgador sobre los principios que deben normar este importante tema, a fin de corregir los visibles errores de la judicatura y garantizar la igualdad de los padres aún después del divorcio, porque resulta común que quienes fueron cónyuges continúen vinculados por el odio, aún después de disuelto el matrimonio, y que la persecución se prolongue boicoteando la figura del padre no custodio y sus derechos de visita, comunicación e información. Se mantiene el principio de que, salvo casos excepcionales, la custodia de los hijos menores de siete años corresponde a la madre, cualquiera que sea el tipo y la causal de divorcio, no como una fórmula discriminatoria del hombre, sino como un reconocimiento a la dependencia psíquica y orgánica del menor respecto a su progenitora. Fuera de este caso, cuando ambos padres conserven la patria potestad, la asignación de los hijos como consecuencia necesaria del divorcio, no debe afectar los derechos del ascendiente no custodio a mantener con ellos una adecuada vinculación, por eso se permite, bajo ciertas condiciones, la custodia compartida que tan buenos resultados ha dado en otros países como una alternativa de convivencia y libertad para los padres, que repercute en beneficio de los hijos, porque prevista en la ley, los jueces no tendrán que hacer malabarismos jurídicos para concederla. Como regla general, se sugiere que los derechos del padre no custodio se ejerzan fuera del domicilio al que están asignados los hijos, salvo casos excepcionales, y que el progenitor con quien éstos cohabitan tenga la obligación de informar, oportunamente, al otro sobre las 1415 enfermedades, accidentes, conductas desviadas y cualquier problema que afecte a sus descendientes, a fin de que éste cumpla con su deber de proteger y educar. Se exige, además, que el padre custodio pida autorización al otro en todos aquellos actos que requieran la intervención de ambos, facilitando la sana convivencia con sus hijos y el respeto que éstos deben a sus progenitores. La utilidad práctica de este precepto que aclara expresamente la situación de los padres divorciados en relación a sus hijos, queda garantizada con la amenaza legislativa de que la violación sistemática de estas obligaciones, legitimaría al padre no custodio a solicitar la asignación de los hijos, aclarando que, en todo caso, los que sean mayores de doce años serán oídos por el juez con asistencia de psicólogos o trabajadores sociales y que en la sentencia se señalará esta circunstancia, debiendo apercibirse al que tenga la custodia, mediante notificación personalísima del fallo. Reconociendo que la necesidad de vinculación no es exclusiva de los padres, sino que los abuelos y otros parientes tienen también una sana compulsión afectiva que, en muchos casos, se ve frustrada por la irrazonable oposición de los padres o tutores, el Código de Familia dispone que los parientes sobre los que pese una obligación potencial de alimentos, tienen derecho a tener una adecuada comunicación con sus descendientes y colaterales, otorgándoles acción para exigir judicialmente esta prerrogativa. El concubinato, por su parte, constituye en nuestro país una realidad que debe reglamentarse, no con el criterio puritano de algunos Códigos, pero tampoco equiparando automáticamente matrimonio y concubinato. Por eso se decidió reiterar la postura intermedia del código civil, que reconocen situaciones excepcionales y dan a la familia concubinaria la protección jurídica que necesita, particularmente a la mujer, considerada como el vaso más débil de esta relación. Fue así que se definió el concubinato como la unión libre de impedimentos matrimoniales por vínculo no disuelto o por razón de parentesco, con el propósito tácito de integrar una familia a través de la cohabitación doméstica y sexual, el respeto y protección recíprocos, así como la eventual perpetuación de la especie, reconociendo que realiza las mismas funciones que el matrimonio Se requiere que no exista matrimonio vigente ni impedimentos por razón de parentesco, ya que exigir a los concubinos sólo que estén libres de matrimonio, como hace el Código Civil actual, permite que los hermanos puedan integrar un concubinato, al igual que los parientes por afinidad en grado prohibido o el adoptante y el adoptado. Se reduce, además, el plazo para que el concubinato ordinario produzca sus efectos, disminuyendo los cinco años que ahora se exigen por tres años de cohabitación, ya que en este caso el acuerdo tácito de integrar un matrimonio de hecho se vuelve indubitable, como ocurre con el nacimiento del primer hijo de los concubinos. Se aclara, por otra parte, que si la unión se realizó por medio de un rito indígena, tendría los mismos efectos que el matrimonio, porque en esos casos, además del consentimiento expreso, existe la obligación de respetar la legislación foral de estos grupos, facilitando el registro gratuito de este tipo de matrimonio. Como una innovación para Sonora, que sí es contemplada por el Código de Familia del Estado de Hidalgo y algunos Códigos Centro y Sudamericanos, aparece el registro del concubinato, solicitado en forma conjunta por ambos miembros de la pareja, una vez transcurrido el plazo respectivo o después del nacimiento del primer hijo, porque la manifestación de voluntad 1516 para integrar un matrimonio se ha cumplido y la presencia de los concubinos ante el Oficial del Registro Civil, para formalizar su unión, equivale al matrimonio. Plausiblemente el código de Hidalgo permite la inscripción del concubinato para que surta todos los efectos legales del matrimonio siempre que, cumplido el término y las condiciones, los concubinos conjunta o separadamente lo soliciten ante el Oficial del Registro del Estado Familiar, pudiendo pedirlo los hijos directamente o a través de su representante legal, así como el Ministerio Público. Hecha la solicitud señala esta ley- se procederá a la expedición y anotación del acta respectiva el libro de concubinatos, surtiendo sus efectos retroactivamente al día cierto y determinado de la iniciación del concubinato. Si la petición se hace por uno de los concubinos, los hijos o el Ministerio Público, se concederá al otro o a ambos, según sea el caso, un plazo de treinta días hábiles para contradecirla. Si surge controversia se remitirán las actuaciones al Juez Familiar, para que resuelva conforme lo dispuesto en el Código Procesal. Una vez inscrito el concubinato, puede disolverse por las mismas causales de divorcio y los bienes habidos durante el concubinato se regirán por el contrato que deberá presentarse ante el Oficial del Registro del Estado Familiar, similar a las capitulaciones para constituirla sociedad conyugal. En el proyecto de Sonora, el concubinato registral produce los mismos efectos del matrimonio y debe inscribirse ante el Registro Civil, en un libro especial, siguiendo los trámites previstos en el Código Adjetivo Familiar, por lo que sólo puede disolverse por divorcio o por muerte de uno de los concubinos. Respetando la igualdad de los concubinos y su obligación de contribuir al sostenimiento del hogar, en los mismos términos que los cónyuges, se advierte que deberán arreglar de común acuerdo todo lo relativo a la educación y cuidado de los hijos. Bajo el capítulo de los derechos y obligaciones nacidos del concubinato, se reconoce que, aunque no hayan registrado el concubinato, tienen derecho recíproco a recibir alimentos mientras dure la unión y a heredarse en la misma proporción y condiciones de un cónyuge, como autoriza actualmente nuestro código civil, además de reconocer que se presumen hijos de los concubinos a los nacidos durante la unión libre, salvo impugnación y a los que nazcan dentro de los trescientos días de concluido el concubinato. Se incluyen como derechos que benefician, en el fondo, a la concubina, como el vaso más débil de la relación que, a falta de convenio, los bienes adquiridos durante el concubinato se regirán por las reglas supletorias de la sociedad conyugal, siendo aplicables a las donaciones entre concubinos las disposiciones sobre donaciones prenupciales y entre cónyuges, porque es de mínima justicia proteger el aspecto patrimonial de este matrimonio fáctico. Sin embargo, al no haberse formalizado o inscrito el vínculo concubinario, una vez disuelto el derecho de alimentos a favor del concubino que carezca de empleo y de bienes se prolongará por el término de seis meses, pero una vez concluido este plazo, ninguna de las partes podrá exigirse alimentos, a menos que se haya pactado expresamente esta obligación por un tiempo mayor, ni podrá la concubina llevar el apellido del concubino, ni durante la unión ni después de muerto éste, para evitar que se confunda la unión con el matrimonio. La disolución del concubinato no registral concluye, según el proyecto, por acuerdo entre las partes, por abandono del domicilio común por más de seis meses y por muerte de uno de los concubinos. En materia de parentesco, los avances de mayor relieve en el proyecto legislativo fueron la apertura del sistema filiatorio y la simplificación de las reglas sobre el reconocimiento de hijos. Fue 1617 así que se dispuso que en todo juicio de investigación o de impugnación de la paternidad, son admisibles las pruebas de los grupos sanguíneos y otros marcadores genéticos, a fin de constatar la existencia del vínculo en forma positiva o negativa, según resulte, agregando que el demandado que sin causa justificada se niegue a someterse a las pruebas biológicas dispuestas por el juez o tribunal, será tenido por confeso en relación a la paternidad que se le imputa. En materia de parentesco, la filiación civil aparece extraordinariamente ampliada, no sólo porque incluye la adopción simple y la modalidad de la adopción plena, ya reglamentada por nuestro Código Civil, sino además, porque regula un tema conflictivo que debe ser abordado con decisión, ya que los métodos de reproducción asistida son ya una realidad en nuestro país y los hijos nacidos de esas técnicas merecen la protección de las leyes para determinar el vínculo y sus efectos, sin legitimar por ello la técnica misma. Efectivamente, después de identificar el parentesco consanguíneo y el que deriva del matrimonio, por lo que toca a los parientes del otro cónyuge, el proyecto regula el parentesco voluntario aclarando que es el que nace de la adopción, del nacimiento obtenido mediante técnicas de reproducción asistida autorizadas por los cónyuges y de la afiliación o acogimiento de menores, siempre que éste se prolongue por más de un año con todas las características y fines de la relación paterno-filial, advirtiendo que éste último parentesco, al que podríamos identificar como adopción de hecho, aparece reglamentado en todos los códigos civiles de nuestro país y, principalmente, en la legislación de Sonora, que autoriza a la mujer que acogió a un menor, dándole su nombre, para que impugne el reconocimiento que de él haga cualquier hombre y al negarse a entregarlo, a no ser por resolución judicial; a darlo en adopción cuando no exista quien ejerza la patria potestad o la tutela y, también, para adoptarlo en forma preferente, por lo que su inclusión como una fórmula de parentesco responde a las mismas razones por las que el concubinato ha sido reconocido como una institución del Derecho de Familia siendo, como lo es, un matrimonio de facto. También se regulan los efectos filiatorios de la voluntad procreacional, disponiendo que cuando el embarazo se obtenga por medio de técnicas de reproducción asistida y se use material genético de personas distintas de uno o ambos cónyuges o concubinos, estos serán considerados como padres biológicos del hijo que nazca de esa concepción, siempre que hubieran otorgado su consentimiento para la utilización de estos métodos. En este caso el consentimiento de los cónyuges equivale a la cohabitación para efectos de la paternidad y serán considerados padres del hijo engendrado a través de dichas técnicas, para todos los efectos legales, excluyendo cualquier derecho u obligación del donante. Señala el proyecto que la autorización de los cónyuges para recurrir a la reproducción asistida, admitiendo la paternidad o maternidad del producto, deberá hacerse ante el Director de la Clínica o Centro Hospitalario, ante notario público o por acuerdo privado suscrito ante testigos, para dejar constancia de esta nueva fuente de la paternidad o la maternidad. Bajo el rubro de la filiación consanguínea y, específicamente por lo que toca a los hijos del matrimonio, el proyecto presume la paternidad de los cónyuges respecto de aquellos hijos nacidos después de la celebración del matrimonio, sin hacer referencia a los ciento ochenta días que se aplica todavía en algunos códigos como parámetro temporal, siendo que en muchos casos el matrimonio es una solución al embarazo previo de la mujer. Sin embargo, se faculta al marido para impugnar la paternidad del hijo concebido antes del matrimonio, siempre que lo haga dentro de los sesenta días siguientes al en que tuvo conocimiento del embarazo o del nacimiento, en su caso, ya que en esta hipótesis y también cuando se trate de hijos nacidos después de los trescientos días de disuelto el matrimonio, la cuestión se resuelve fácilmente recurriendo a las pruebas biológicas, sin necesidad de recurrir a las torpes ecuaciones temporales que prevén nuestros códigos y que perjudican específicamente a la mujer. 1718 No obstante la apertura del sistema filiatorio, siguiendo la tendencia del moderno Derecho de Familia, aprovechando los avances científicos, el proyecto maneja situaciones admitidas por los padres presuntos que deben ser mantenidas por razones de seguridad jurídica y respeto a los estados familiares ya constituidos, por lo que los herederos del marido no podrán contradecir la paternidad de un hijo nacido dentro del matrimonio, cuando el esposo no haya planteado esta demanda en vida, ni tampoco es suficiente el dicho de la madre para excluir de la paternidad al marido. Mientras que éste viva, únicamente él podrá reclamar contra la filiación del hijo concebido antes o durante el matrimonio, o el hijo mismo, una vez que adquiera capacidad legal, tal y como dispone actualmente el código civil para Sonora, por eso el hijo de una mujer casada no podrá ser reconocido como hijo por otro hombre distinto del marido, sino cuando éste lo haya desconocido y se haya declarado que no es hijo suyo por sentencia ejecutoriada. Se dispone en el proyecto que en todo juicio de investigación o de impugnación de la paternidad, es admisible la prueba de los grupos sanguíneos y otros marcadores genéticos como el estudio del ADN o análisis biológico molecular entre el hijo y el presunto padre, con el objeto de probar la existencia del vínculo o su ausencia, realizadas por instituciones o empresas certificadas para este tipo de pruebas por la Secretaría de Salud o, en su caso, por laboratorios pertenecientes al Estado, lo que permite, en el caso de que la mujer contraiga nuevas nupcias dentro de los trescientos días de disuelto su matrimonio anterior, sin haber demostrado que no estaba embarazada, la filiación se establezca con base en estas pruebas y no ya por torpes e inseguras presunciones, basadas en la época del nacimiento respecto a la disolución del primero y la constitución del segundo matrimonio, como aparece en nuestro código civil, las que a nadie convencen prolongando la duda en los posibles padres. Se regula en los mismos términos del código civil la adquisición del carácter de hijo matrimonial, sin recurrir al concepto de legitimación, porque en México ya no se hace distinción entre los hijos por razón de su origen, por lo que los términos legítimo e ilegítimo deben ser eliminados. El reconocimiento de los hijos nacidos fuera del matrimonio se hace, según el proyecto, en las mismas formas previstas actualmente en nuestro ordenamiento civil, pero se adiciona el reconocimiento realizado ante el Consejo de Familia o el Centro de Justicia Alternativa y se aclara, para evitar confusiones, que el reconocimiento hecho en escritura pública, testamento, confesión judicial o convenio de mediación o conciliación, será inscrito directamente por el oficial del registro civil en el libro respectivo, sin necesidad de sentencia judicial. Se aclara, por otra parte, que cuando la madre contradiga ante el oficial del registro Civil, el reconocimiento hecho sin su consentimiento, quedará sin efecto y la cuestión relativa a la paternidad se resolverá en juicio contradictorio, ya que la oscuridad de nuestro código, por lo que toca a la autoridad que debe conocer de la oposición de la madre, ha impedido el cumplimiento de este precepto. No sólo se admite que la mujer casada pueda reconocer, sin el consentimiento del marido, al hijo habido antes de su matrimonio, aunque no podrá llevarlo a vivir al domicilio conyugal, si no es con el consentimiento expreso del cónyuge, sino que está permitido al hijo nacido fuera del matrimonio y a sus descendientes, investigar la maternidad, sin ningún requisito previo y a través de cualquier medio de prueba, aunque ésta se encuentre casada o hubiese fallecido. La acción correspondiente puede ejercitarse conjuntamente con la petición de herencia o la reclamación de alimentos eliminando, por inmoral la prohibición que todavía subsiste en nuestro código, de investigar la maternidad de una mujer casada, porque no puede protegerse la dignidad de quien habiendo dado a luz un hijo extramatrimonial, seguramente en épocas anteriores al 1819 matrimonio, lo abandonó o lo hizo pasar por hermano o sobrino, en perjuicio del verdaderamente inocente; el hijo, que debe soportar su orfandad materna para no dañar la reputación de una mujer inmoral. Ante el gravísimo problema de las familias monoparentales en México y muchos otros países de América latina, el proyecto recurre a la mediación y la conciliación como instrumentos de una política general en materia de familia. En lugar de regular la investigación oficiosa de la paternidad, que sólo identificaría a los padres biológicos para efectos alimentarios, el proyecto dispone que el Oficial del Registro Civil deberá informar mensualmente al Procurador de la Defensa del Menor y la Familia o al Ministerio Público, en su caso, las inscripciones de nacimiento de hijos monoparentales, señalando el nombre y domicilio del progenitor conocido, a fin de que se le entreviste y se obtenga, por vía del convencimiento, la identidad y el domicilio del otro, para promover el reconocimiento de la paternidad o la maternidad a través de la mediación institucional, así como el cumplimiento voluntario de las obligaciones derivadas del vínculo genético. Ante la posibilidad de que el padre reconozca el vínculo y se ocupe voluntaria y afectuosamente de la protección y educación de su hijo, no sólo de los alimentos, el proyecto propone que el Procurador de la Defensa del Menor y la Familia o el Ministerio Público, en su caso, pueda ordenar la pericia gratuita, cuando el presunto padre se comprometa a reconocer a su hijo si la prueba resulta vinculante, en los casos en que se recurra a la mediación o la conciliación prejudicial para el reconocimiento voluntario de la paternidad, lo que siempre resultará más conveniente, incluso en lo económico, que sufrir los problemas conductuales de los hijos de madre soltera, ya que la herida narcisista que provoca el no haber sido reconocido por su padre, es capaz de provocar muchas desviaciones conductuales como el alcoholismo, la drogadicción, la vagancia y el suicidio, pero también el delito, como resulta de las estadísticas criminales. Por eso está permitido al hijo y a sus descendientes investigar la paternidad en cualquier tiempo y aún después de fallecido, a través de las pruebas biológicas, ya que estos medios de convicción son confiables más allá del 99%, y permiten eliminar las condiciones probatorias previas como el incesto, estupro o violación de la madre cuando la época del delito coincida con la concepción; el hecho de que el hijo haya sido concebido durante el tiempo en que la madre habitaba públicamente bajo el mismo techo con el pretendido padre; la posesión de estado de hijo del presunto padre o la ministración de alimentos, entre otras hipótesis, pues ya no opera el argumento de que no puede admitirse demanda de paternidad extramatrimonial ante la ausencia de pruebas directas del vínculo biológico. Reclamar como requisito de procedibilidad un principio de prueba, como las hipótesis enunciadas, ya no puede sostenerse ante aportaciones científicas que actualmente se aplican en nuestro país. Si embargo, cuando en la acción de investigación de la paternidad o la maternidad se alegue y pruebe cualquiera de las hipótesis antes previstas, el juez puede asignar alimentos provisionales al presunto hijo y a cargo del demandado. En cualquier otro caso, esta prestación será materia de la sentencia definitiva, ante la falta de indicios respecto a la paternidad. Es cierto que con las pruebas biológicas es posible investigar la paternidad y que, si el demandado se niega injustificadamente a someterse a ellas, entonces el juez está autorizado a presumir el vínculo, pero también es sano, para evitar abusos, que se disponga en el proyecto que en los casos en que el demandado niegue el vínculo y se demuestre plenamente la relación paterno-filial, la sentencia que se dicte le condenará al pago de alimentos retroactivos por los cinco años anteriores a la presentación de la demanda, o desde el nacimiento del hijo si ocurrió dentro de ese plazo y que si practicado el estudio resulta que no existe vínculo entre el hijo y la parte demandada, se condenará a la actora al pago de daños y perjuicios, incluyendo los de tipo moral, debidamente cuantificados por el juez, además de los gastos y costas del juicio, como dispone el 1920 proyecto que se analiza, para evitar abusos y facilitar el reconocimiento, siquiera para evitar las sanciones pecuniarias. Se mantiene en el proyecto las condiciones básicas para que proceda la adopción, pero se incluye a los concubinos al lado de los cónyuges, no sólo a quienes hubieran registrado el vínculo, pues éstos se equiparan a los cónyuges, sino también cuando se trate de concubinos comunes, ya que éstos podrán adoptar en las mismas circunstancias, probando en jurisdicción voluntaria que han cohabitado públicamente durante más de tres años o han procreado un hijo, aclarando que en el caso de disolución del vínculo concubinario, los hijos menores de siete años permanecerán con la madre, en los mismos términos que en la nulidad y el divorcio, debiendo plantearse por vía judicial el derecho de custodia y el régimen de visita que garantice una adecuada comunicación al otro padre adoptivo. En el concubinato registrado, en cambio, se aplicarán las reglas sobre disolución del matrimonio por lo que toca a la situación de los hijos adoptivos. La adopción simple que se mantiene en el proyecto, no crea ningún vínculo jurídico entre el adoptado y la familia del adoptante, ni entre éste y la familia de aquél, salvo los impedimentos para contraer matrimonio con el adoptante o con sus ascendientes y descendientes, durante y después de disuelta la adopción, advirtiendo que los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural no se extinguen por este tipo de adopción, excepto la patria potestad, que será transferida al o los adoptantes. Mientras dure en vínculo adoptivo, quedarán en suspenso los derechos entre la familia de origen y el adoptado. Sin embargo se dispone expresamente que cuando el adoptante esté casado con el progenitor del menor o incapacitado, la patria potestad se ejercerá por ambos cónyuges, pero en este caso puede autorizarse la adopción de los hijos mayores de edad, siempre que se trate de huérfanos o hijos de padre desconocido o que haya perdido la patria potestad, a fin de facilitar la integración familiar, lo que constituye un primer ejemplo en México de adopción de adultos, que ha sido admitida en otros países también con carácter excepcional. Por otra parte, la adopción plena, tan conocida en otros países y en algunos Códigos de la República, aparece ahora reglamentada en el proyecto de Código de Familia, siguiendo los términos actuales del Código Civil, para crear entre adoptante y el adoptado, los mismos vínculos jurídicos que ligan a los padres con sus hijos biológicos, ya que los menores o incapaces entran a formar parte de la familia consanguínea del adoptante con todos los derechos y obligaciones, sin posibilidad de revocación voluntaria o por ingratitud, como ocurre en la adopción simple, debiendo expedir el oficial del registro civil acta de nacimiento al padre o padres adoptivos. Sin embargo, atendiendo al principio de la voluntad como origen del vínculo adoptivo, no puede imponerse una fórmula automática de parentesco a la familia del adoptante, cuando sus miembros no hayan autorizado que se les considere como parientes del adoptado, ya que no se trata de un ligamen puramente afectivo o nominal, sino que produce obligaciones pecuniarias, como los alimentos y los derechos sucesorios, por lo que se propone una fórmula tácita de autorización que permite integrar a la familia del adoptante con el adoptado. Dispone el proyecto que los miembros de la familia del adoptante, potencialmente obligados en materia de alimentos y sucesiones, pueden dentro del primer año de la adopción comparecer personalmente ante el Juez que la decretó, oponiéndose a que dicho vínculo les obligue, quedando firme respecto de quienes no presenten su impugnación en este plazo. 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