Source: http://federacionlex.blogspot.com/2010/02/csjn-responsabilidad-del-estado.html
Timestamp: 2018-08-20 10:25:27
Document Index: 186051646

Matched Legal Cases: ['artículo 901', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 1112', 'artículo 1', 'artículo 21', 'artículo 31', 'artículo 45', 'in fine', 'artículo 514', 'artículo 1079', 'artículo 1078', 'in fine', 'artículo 45', 'artículo 163', 'artículo 3', 'artículo 45', 'in fine', 'artículo 514', 'artículo 1112', 'artículo 1113', 'artículo 1079', 'artículo 68']

FEDERACIONLEX: CSJN Responsabilidad del Estado - Servicio Penitenciario - Servicio Público deficiente
CSJN Responsabilidad del Estado - Servicio Penitenciario - Servicio Público deficiente
En el fallo " GATICA" la CSJN responsabilizó al Estado Provincial por la muerte de un detenido en una prisión estatal.
Gatica, Susana Mercedes c/ Buenos Aires,
Provincia de s/ daños y perjuicios.
Vistos los autos: "Gatica, Susana Mercedes c/ Buenos
Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios", de los que
I) A fs. 6/11 se presenta por medio de apoderada la
señora Susana Mercedes Gatica, quien lo hace en su carácter de
madre de Nicolás Ignacio Sansalone, el que acredita con la
documentación adjunta, e inicia demanda contra la provincia de
Buenos Aires por la suma de $ 516.000 Cmás sus interesesC en
concepto de daños y perjuicios derivados de la muerte de su
Dice que su hijo, de 20 años de edad, cumplía una
condena en la Unidad n° 30 CGeneral AlvearC, dependiente del
Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, próximo
a recuperar su libertad y dispuesto a rehacer su vida con
apoyo de su familia y de sus amigos. Agrega, que la valoración
interna en el penal era de "concepto bueno - conducta ejemplar
calificación nueve sobre diez", según escrito agregado a la
causa número 127, del Tribunal Oral Criminal n° 6 de San
Expresa que el 27 de abril de 2003 se produjo un
problema entre los internos Ariel González Guerra, Juan Blanco
y Nicolás Ignacio Sansalone, por motivos desconocidos, que
concluyó provocando graves heridas de arma blanca a este último,
lo que tiempo después le ocasionó la muerte.
Afirma que su familia no pudo conocer la realidad de
lo que ocurrió, aun cuando existían cámaras de video funcionando
en la citada unidad, siendo infructuosos los requerimientos
realizados por la hermana del referido interno para
que se aporten a la causa dichos elementos fílmicos.
Sigue relatando que Sansalone fue atendido en el
hospital del mismo penal Cque no cuenta con complejidad algu-
naC y posteriormente fue trasladado al Hospital Posadas, de la
localidad de Saladillo, provincia de Buenos Aires, nosocomio
donde comenzó el terrible calvario que terminó con su vida.
Aduce que la hermana del interno realizó distintos
trámites para lograr que lo atendieran como corresponde en el
mismo penal, incluso presentó un recurso de hábeas corpus y
efectuó gestiones ante el tribunal interviniente y la Procuración
de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, sin resultado alguno.
Agrega que cuando se trasladó a Sansalone al Hospital
Posadas, fue operado de urgencia, porque las puñaladas le
habían interesado el páncreas, y permaneció muchos días en
terapia intensiva, oportunidad en la cual se comprueba una
perforación de intestino, aun cuando no sabe si la lesión fue
ocasionada al practicarse la cirugía o como consecuencia de
las puñaladas recibidas.
Expone que a raíz de esa afección se procedió a la
colocación de una malla a modo de sutura, que al ser mal realizada
produjo una deficiencia intestinal que agravó el estado
de salud y derivó en una desnutrición, casi sin atención
médica. Invoca, a continuación, que el 20 de agosto Sansalone
es dado de alta y se lo traslada nuevamente a la unidad 22
Cdestaca que según el cuerpo médico no quedaba nada por hacerC,
circunstancia que motivó la presentación de un recurso
de hábeas corpus denunciando el abandono de persona, al que se
hizo lugar y, como consecuencia, se lo trasladó a la unidad 30
en un camión Cen lugar de la ambulancia que supuestamente
estaba pedida y que era indispensableC, dependencia donde
persiste la falta de atención.
Asevera que, como consecuencia de los pedidos Cpor
escritoC formulados ante la procuración, sucesivamente se lo
trasladó a sendas unidades penitenciarias donde tampoco fue
atendido por personal médico alguno y, sólo ante los pedidos y
súplicas, fue derivado al Hospital San Martín de La Plata
produciéndose allí, al día siguiente, el desenlace fatal.
Invoca que, sin aventurar conclusiones ni atribuir
culpas respecto de la generación de los acontecimientos, el
Estado provincial es responsable por la seguridad de las personas
cuya guarda se ha arrogado como consecuencia de las
leyes represivas, responsabilidad que extiende a la desatención
médica y abandono de persona posterior a las lesiones
sufridas en la dependencia penitenciaria. Destaca que la responsabilidad
es doble, por hacer posible que ocurra una pelea
a puñaladas y por no haber prestado la atención médica adecuada,
en hospitales dependientes de aquél; en tanto considera
que no resulta necesario discurrir acerca del modo en que se
originaron los hechos Cmás allá del deseo de la familia de
conocerlosC, pues lo concreto es que "ningún interno debió
estar en posesión de arma blanca ni de ningún otro instrumento
que permita ser usado como tal".
II) A fs. 27/30 contesta la provincia de Buenos
Aires. Realiza una negativa de carácter general respecto de lo
expresado en la demanda y afirma la inexistencia de una falta
de servicio o de una prestación irregular del mismo, por parte
de la dependencia penitenciaria. A todo evento, sostiene que
"de haber existido alguna omisión antijurídica, esta no guarda
relación adecuada de causalidad con el daño". Destaca que no
se encuentran acreditados, en autos, los extremos que hacen a
la mala praxis alegada por la actora, pues las heridas
sufridas por Sansalone fueron atendidas adecuadamente de
acuerdo a la patología que presentaba. Dice asimismo que se
trataba de un paciente de alto riesgo, que recibió los
cuidados requeridos, y que la muerte fue el resultado de complicaciones
post-quirúrgicas.
En cuanto a los acontecimientos que derivaron en las
lesiones producidas a Sansalone, aduce que de acuerdo a las
diversas constancias del expediente administrativo que cita y
adjunta, la intervención de los funcionarios dependientes del
Servicio Penitenciario fue diligente y de acuerdo a las reglas
que rigen su proceder. La rapidez de los hechos, según expone,
determinó la imposibilidad de impedir la producción de los
daños, aun cuando los oficiales de guardia intervinieron con
celeridad adecuando su proceder a la normativa vigente.
Invoca que la víctima "provocó la riña y que tuvo
una participación activa en la misma utilizando una faca para
herir a otro interno" Cde acuerdo a las constancias de la
causa penal que refiereC y, en consecuencia, tuvo entidad
suficiente para cortar el nexo causal.
Por último, cuestiona el reclamo pecuniario desconociendo
los rubros reclamados e impugnándolos por excesivamente
1°) Que frente al prolongado trámite al que ha dado
lugar la substanciación de este proceso y la significativa
extensión del tiempo transcurrido desde el llamamiento de
autos para sentencia de fs. 192 de estas actuaciones, evidentes
razones de economía procesal como las señaladas por el
Tribunal en los pronunciamientos dictados en las causas "Punte,
Roberto Antonio c/ Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Provincia de" (Fallos: 329:809); C.1563.XXXVI.
"Cohen, Eliazar c/ Río Negro, Provincia de y otros s/ daños y
perjuicios" y B.853.XXXVI "Bustos, Ramón Roberto c/ La Pampa,
Provincia de y otro s/ daños y perjuicios", sentencias del 30
de mayo y 11 de julio de 2006, respectivamente, así como la
adecuada preservación de las garantías constitucionales de la
defensa en juicio y del debido proceso que asisten a las
partes, en cuanto comprenden la necesidad de obtener una
rápida y eficaz decisión judicial que ponga fin a la
controversia (Fallos: 319:2151 y sus citas), llevan a dejar de
lado en el sub lite el nuevo contorno del concepto de causa
civil definido por esta Corte el 21 de marzo de 2006 en la
causa "Barreto" (Fallos: 329:759), y el 11 de julio de 2006 en
la causa L.171.XLI. "Ledesma, Luis c/ Santiago del Estero,
Provincia de s/ daños y perjuicios", y, en consecuencia, a
mantener su competencia originaria para dictar sentencia
definitiva en esta causa.
2°) Que a fin de determinar la existencia de responsabilidad
de la demandada es conveniente precisar que,
según se desprende de los términos en que fue planteada la
demanda, la actora sustentó su reclamo en sendos factores de
atribución. Por un lado, en el incumplimiento de los deberes
de seguridad respecto de las personas que se encuentran privadas
de la libertad, en razón de hallarse cumpliendo una
condena impuesta por la justicia; y, a su vez, en la falta de
la debida atención médica de acuerdo al deficiente estado de
salud que presentaba el interno.
3°) Que en ese orden cabe señalar que la secuencia
fáctica que concluyó con la muerte de Sansalone tuvo inicio el
27 de abril de 2003, mientras cumplía una pena privativa de la
libertad en la Unidad Penitenciaria n° 30, General Alvear, de
la provincia de Buenos Aires. En esa fecha, como consecuencia
de una reyerta entre varios internos (fs. 1 de las actuaciones
administrativas circunstanciadas, expte. 333.978/03), sufrió
lesiones graves producidas con elemento punzo cortante en el
dorso del hemitórax derecho, en la base del hemitórax
izquierdo y en la región inguinal derecha (fs. 5 expte. cit.).
Al día siguiente fue sometido a una intervención quirúrgica en
el Hospital Posadas de la ciudad de Saladillo, por presentar
un neumotórax derecho y una perforación gástrica (informe de
fs. 32 del referido expediente), quedando internado en la
unidad de cuidados intensivos de dicho nosocomio.
4°) Que a partir de tal evento, no obstante la realización
de variados estudios y tratamientos, con suministro
de la medicación que fue indicada por los médicos intervinientes,
aquél padeció sucesivas complicaciones que determinaron
la práctica de otras intervenciones quirúrgicas, como lo
reflejan los informes obrantes a fs. 36/92 y 97/156 de las
actuaciones administrativas mencionadas. En ese contexto,
tomando en cuenta el fatal desenlace mortal acaecido tiempo
después, salvo esporádicos cuadros que podrían inducir a vislumbrar
leves mejorías, parece claro que Sansalone no logró
superar el delicado estado de salud derivado de las lesiones
recibidas Cvéase en particular las condiciones de ingreso en
la Unidad Penitenciaria n° 30 el 3/9/2003 (fs. 160 del expte.
administrativo indicado), en oportunidad del traslado efectuado
desde la unidad n° 22, en la cual había ingresado el
20/8/03 al disponerse el alta por los facultativos del hospital
donde había sido tratado (fs. 159)C.
5°) Que, en tal sentido, resulta clarificador el
informe de la perito médica Créimer (obrante a fs. 350 de la
causa n° 127, proveniente del Tribunal en lo Criminal n° 6, del
Departamento Judicial de San Martín, provincia de Buenos
Aires), pues si bien destaca que: "después de once días de
internación en la Unidad 22, habiendo sido asistido por especialista
en cirugía, se ha considerado que se encuentra en
condiciones de alta nosocomial"; seguidamente expresa que: "no
obstante ello, dada la compleja cirugía a la cual fue sometido
el interno y atento que la misma presentó comorbilidades de
suma importancia, como son una fístula enterocutánea y una
sepsis, considerando el mal estado de nutrición que surge al
momento del presente reconocimiento médico, es opinión de este
Perito Oficial que el Sr. Sansalone, de ser trasladado a otra
Unidad del SPB, deberá permanecer bajo la custodia de personal
médico con ESTRICTA dieta hiperproteica hasta su recuperación
Es decir, a la fecha de ese informe pericial
(1/9/03), Sansalone no sólo no se había recuperado de las
secuelas correspondientes a las intervenciones quirúrgicas que
se le practicaron, a raíz de las serias lesiones producidas en
el hecho acontecido el 27 de abril del año 2003; sino que la
gravedad del caso revestía una alta probabilidad de
mortalidad, pues de conformidad con el dictamen brindado Cal
día siguienteC por la misma experta (fs. 351 de la citada
causa) "La atención y prescripciones médicas obrantes en la
historia clínica mentada, serían acordes a la patología con la
que ingresara el Sr. Sansalone, conforme a su estado de salud
actual. Su repercusión general futura no es evaluable a corto
plazo, dado que un paciente que sufre una herida abdominal que
genera la necesidad de una ESPLENOPANCREATECTOMÍA PARCIAL
CORPOROCAUDAL CON SEPSIS SECUNDARIA Y FÍSTULA ENTEROCUTANEA,
incluso en Centros de máxima Complejidad Quirúrgica, tiene una
altísima tasa de morbimortalidad no previsible por ningún
método científico, no resultando posible en consecuencia,
efectuar disquisiciones evolutivas sobre el resultado y la
instauración de las medidas terapéuticas aplicadas...". En
efecto, tales elementos de convicción permiten afirmar que las
heridas ocasionadas en la reyerta acaecida en la Unidad
Penitenciaria guardan un nexo etiológico material con la
muerte, producida poco tiempo después de los citados informes
periciales, de acuerdo a la regularidad del curso de los hechos
prevenida por el artículo 901 del Código Civil. Esta
consideración no se apoya exclusivamente en el parámetro de
proximidad temporal entre la realización de los informes (1° y
2 de septiembre de 2003) y la fecha del deceso (7 de octubre
de 2003), pues el fallecimiento obedeció al "paro cardio
respiratorio no traumático" cuya causa fue la "obstrucción
intestinal" y una "sepsis generalizada" (conf. fotocopia del
certificado de defunción agregado a fs. 392 de la causa penal
citada), extremo que no permite apreciar Cen el contexto de
las pruebas producidas en autosC el concurso de otra afección
susceptible de ocasionar la muerte de Sansalone, sino como
consecuencia de la patología que padecía de acuerdo a las
expresiones de la perito médica.
Esta valoración resulta reforzada por otro informe
pericial Cel que obra a fs. 439 de esa causaC, bien que efectuado
con posterioridad al deceso, donde el Médico Forense
Departamental Lucey expuso: "El caso que nos ocupa fue una
cirugía de urgencia con perforación de víscera hueca y el
consecuente derrame del contenido gástrico y sangre en cavidades
abdominal. Ello trae aparejado dificultades inherentes a
la presencia atípica de dichas sustancias desde el punto de
vista quirúrgico lo cual puede hacer pasar desapercibido a
dicho momento una de las consecuencias de la herida por arma
blanca como fue la lesión del cuerpo de Páncreas. El líquido
pancreático, con carácter netamente digestivo trajo posteriormente
complicaciones que obligaron a una 20 operación por
abdomen agudo, que obligó a realizarle al paciente la ablación
del cuerpo y cola de Páncreas conjuntamente con el Bazo, acto
éste necesario por la posición anatómica de arterias y venas
de este último órgano". También, con similares connotaciones,
se expidieron los Peritos Médicos Forenses Bachellerie y
Soriani, al concluir el informe en el sentido de que el óbito
"fue consecuencia de las complicaciones de las heridas
sufridas el día 27 de abril..." (fs. 227/228 de la causa
"González Guerra, Ariel Martín s/ homicidio en riña").
6°) Que resulta menester recordar, a los fines de
este decisorio, que tal como lo ha señalado esta Corte en
Fallos: 318:2002, el postulado que emana del artículo 18 de
nuestra Constitución Nacional tiene un contenido operativo que
impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios
respectivos, la obligación y responsabilidad de dar
a quienes están cumpliendo una condena o una detención
preventiva la adecuada custodia, obligación que se cimienta en
el respeto a su vida, salud e integridad física y moral.
La seguridad, como deber primario del Estado, no
sólo importa resguardar los derechos de los ciudadanos frente
a la delincuencia sino también, como se desprende del citado
artículo 18, los propios de los penados, cuya readaptación
7°) Que esta Corte ha decidido reiteradamente que
quien contrae la obligación de prestar un servicio Cen el caso
los mencionados precedentementeC lo debe hacer en condiciones
adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido y
es responsable de los perjuicios que causare su incumplimiento
o ejecución irregular (Fallos: 315:1902, considerando 3°), en
los términos del artículo 1112 del Código Civil (Fallos:
321:1776 y sus citas, y 325:1277). Corresponde, pues, examinar
si en el sub judice se ha demostrado que el Estado Provincial
ha incurrido en negligencia o incumplimiento irregular de su
función en la realización de las obligaciones que le habían
8°) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
señaló que "quien sea detenido tiene derecho a vivir en condiciones
de detención compatibles con su dignidad personal y
el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad
personal, y que es el Estado el que se encuentra en una
posición especial de garante, toda vez que las autoridades
penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las
personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este
modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción
entre la persona privada de libertad y el Estado, caracterizada
por la particular intensidad con que el Estado puede
regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias
propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer
por cuenta propia una serie de necesidades básicas, que
son esenciales para el desarrollo de una vida digna".
En particular, en cuanto al derecho a la integridad
personal, ese tribunal señaló que "es de tal importancia que
la Convención Americana lo protege particularmente al establecer,
inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos
crueles, inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo
durante estados de emergencia. Agregó que el derecho
a la integridad personal no sólo implica que el Estado debe
respetarlo (obligación negativa), sino que, además, requiere
que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlo
(obligación positiva), en cumplimiento de su deber
general establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana"
(considerandos 44 y 45 de la causa "Verbitsky, Horacio
s/ habeas corpus", Fallos: 328:1146).
91) Que, en consecuencia, la demandada tiene a su
cargo, entre otros, el deber de garantizar la seguridad de los
internos. En ese mismo sentido, el artículo 21 del decreto-ley
provincial 9079/78 dispone que "será misión del Servicio
Penitenciario Bonaerense la custodia y guardia de los
procesados"; y el artículo 31 inciso a, establece que entre las
funciones de ese Servicio se encuentra la de "velar por la
seguridad y custodia de las personas que se encuentren en
establecimientos de su dependencia, sometidas a procesos o
cumpliendo penas privativas de libertad, procurando que el
régimen carcelario contribuya a preservar y/o mejorar sus
condiciones morales, educación y salud".
Por ello, y para cumplir con ese objetivo, el Servicio
Penitenciario tiene la obligación de evitar que los
internos tengan a su alcance elementos de evidente peligrosidad,
tales como los secuestrados en este caso, susceptibles de
producir daños en la salud física de aquéllos y de terceros.
Al respecto, el artículo 45 punto 1 de la ley 12.256 de la
provincia de Buenos Aires establece la prohibición a los
internos de "tener armas o elementos que puedan ser usados
como tales, a excepción de los autorizados expresamente y por
razones específicas de trabajo".
10) Que con respecto a la ejecución irregular del
servicio, como uno de los presupuestos ineludibles para la
procedencia de la responsabilidad del Estado por su actividad
ilícita, este Tribunal ha expresado que quien contrae la
obligación de prestar un servicio lo debe realizar en condiciones
adecuadas para llenar el fin para el que ha sido establecido
y debe afrontar las consecuencias de su incumplimiento
o ejecución irregular (Fallos: 306:2030; 312:1656; 315: 1892,
1902; 316:2136; 320:266; 325:1277; 328:4175; 329:3065;
331:1690).
11) Que, sobre la base de lo expuesto, en este caso
resulta comprometida la responsabilidad de la provincia de
Buenos Aires. Ello es así, pues en la causa se acreditó que el
Servicio Penitenciario Provincial incumplió con sus deberes
primarios, lo que constituye una irregular prestación del
servicio a cargo de la autoridad penitenciaria.
el expediente: "González Guerra, Ariel Martín s/ homicidio en
riña" Cremitido por el Tribunal Oral n1 1 del Departamento
Judicial Azul, de la provincia de Buenos AiresC, en los fundamentos
del veredicto (fs. 589 vta.), se tuvo por acreditado
que el 27 de abril de 2003, "en el interior del pabellón n° 8,
correspondiente al Sector N° 1 de la Unidad n° 30 del S.P.P.,
con asiento en la localidad de Gral. Alvear, Nicolás Sansalone
Gatica y Juan Pablo Blanco se enfrentaron con elementos del
tipo armas blancas de fabricación casera, sufriendo el primero
de ellos heridas punzo-cortante en el dorso de hemitórax
derecho y base de hemitórax izquierdo, en región inguinal
derecha; hematoma en mano izquierda; neumotórax derecho grado
II y fractura en el tercer metacarpiano de mano izquierda,
lesiones las descriptas que con el transcurso del tiempo le
produjeron obstrucción intestinal y septicemia generalizada, a
raíz de lo cual fallece el siete de octubre del mismo año, por
paro cardiorrespiratorio no traumático".
El veredicto, de carácter absolutorio en relación a
Ariel Martín González Guerra (fs. 584), determinó la inexistencia
del hecho materia de acusación respecto de este último
y, en la forma transcripta en el párrafo anterior, lo acotó a
las personas allí mencionadas. No obstante que en los fundamentos
referidos no existe una descripción detallada del hecho,
con relación a los dos involucrados, y que no pudo avanzarse
en tal sentido, ya que Blanco falleció con anterioridad
(ver. punto g de fs. 591 vta.), más allá de las dudas que
atienden a la celeridad con la que actuó el personal de la
penitenciaría Cen el particular existen distintas versiones,
al confrontar las declaraciones de fs. 16, 18, 49, 50 y 58,
por un lado, y las de fs. 240/241 y 404/405, por el otroC; lo
cierto es que varios internos tenían a su alcance elementos
punzantes, susceptibles de ser utilizados con peligro evidente
para la integridad física.
Este hecho no sólo resulta de las circunstancias del
enfrentamiento mencionado, sino que aparece en forma indubitable
en las actas de fs. 27, 29, 31, 33 y 255, en oportunidad
de secuestrarse el referido material. Tales instrumentos
dan cuenta del secuestro de ese tipo de elementos, con
longitudes entre los 13 y 26 centímetros. Asimismo, no resulta
un dato menor el que surge de la declaración prestada por
González Guerra (fs. 405 in fine), donde el deponente expresó
que "siempre tuvo faca por lo que es la cárcel".
12) Que, por otra parte, corresponde desestimar la
pretensión eximente que, con fundamento en el artículo 514 del
Código Civil, invoca la demandada. Ello es así pues Caun
admitida la participación de la víctima en el hechoC se trataba
de una eventualidad previsible en el régimen del penal,
que pudo evitarse si la autoridad penitenciaria hubiera cumplido
adecuadamente sus funciones (considerando 41, Fallos:
En efecto, de la declaración de fs. 405 vta. de la
causa penal citada resulta que para obtener las armas utilizadas
en la reyerta los internos utilizaban las varillas del
ocho de la mesa de la celda, y que en otras oportunidades
había ocurrido lo mismo. A su vez, de la declaración del empleado
del Servicio Penitenciario citada en el decisorio de
fs. 589/594, surge que las púas secuestradas "son comunes a
las que habitualmente fabrican los internos con los hierros
que tienen las mesadas de material de las celdas". Más aún, de
las constancias de fs. 28, 30 y 32 del mismo expediente,
resulta que varios internos Cincluidos algunos de los involucrados
en el incidenteC habían sido sancionados en reiteradas
oportunidades por posesión de elementos punzantes y por haber
roto la mesa de cemento del interior de su celda.
13) Que, sin perjuicio de lo expuesto, toda vez que
la pretensión también fue promovida con sustento en la falta
de servicio respecto de la atención médica que el caso requería,
cabe precisar que ante la inexistencia de prueba desarrollada
con el objeto de acreditar tal extremo, debe estarse
a lo que se desprende de los informes periciales referidos en
el considerando 51. De acuerdo a lo que emana de dichos elementos
de convicción, no resulta dable la determinación de
responsabilidad alguna originada en una falta de asistencia a
la salud del interno o que la actividad se hubiese desarrollado
en condiciones inadecuadas para cumplir regularmente con
el servicio hospitalario pertinente, en consonancia con los
padecimientos que presentaba aquél. En consecuencia, dado que
la actora no ha aportado prueba que demuestre la mediación de
las faltas que invoca en relación al servicio asistencial, no
corresponde atribuir responsabilidad alguna al Estado sobre la
base de este argumento.
14) Que dilucidada la responsabilidad del demandado,
debe establecerse la procedencia de los reclamos de indemnización
de daño material y el moral efectuados por la
madre del causante Ccuyo vínculo se acredita con la fotocopia
certificada de la partida de nacimiento de fs. 4C, ellos con
fundamento en los artículos 1068 al 1078 del Código Civil.
Al respecto debe tenerse en cuenta que en relación a
la madre del causante, no rige la presunción iuris tantum
contenida en los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, pues
tal como se resolvió en la causa "Badín, Rubén y otros c/
Buenos Aires, Provincia de" (Fallos: 318:2002), está restringida
al caso del cónyuge superviviente y sus hijos menores e
incapaces con las salvedades contenidas en la última parte de
la norma citada en segundo término. Por consiguiente, y si
bien por la aplicación del principio general del artículo 1079
obtener la reparación del daño sufrido, la reclamante debió
acreditar la procedencia de la reparación pretendida.
La actora no ha aportado ningún elemento de prueba
que permita concluir que era destinataria de parte de los
bienes que su hijo fallecido producía, razón por la cual no
puede ser admitida la reparación del daño material, máxime
cuando tampoco ha sido acreditado que en orden a las particulares
condiciones socio económicas de la familia existiese una
probabilidad de asistencia a su progenitora una vez obtenida
la libertad, aspecto sobre el cual nada aportan las limitadas
declaraciones de fs. 58/60.
En consecuencia, cabe concluir que la desaparición
de Sansalone no le ha ocasionado a su madre un perjuicio patrimonial
que torne procedente el resarcimiento pretendido. Al
respecto, cabe recordar que este Tribunal ha decidido "la vida
humana no tiene valor económico per se, sino en consideración
a los que produce o puede producir. No es dable evitar una
honda turbación espiritual cuando se habla de tasar económicamente
una vida humana, reducirla a valores crematísticos,
hacer la imposible conmutación de lo inconmutable. Pero
la supresión de una vida, aparte del desgarramiento del mundo
afectivo en que se produce, ocasiona indudables efectos de
orden patrimonial como proyección secundaria de aquel hecho
trascendental, y lo que se mide en signos económicos no es la
vida misma que ha cesado, sino las consecuencias que sobre
otros patrimonios acarrea la brusca interrupción de una actividad
creadora, productora de bienes. En ese orden de ideas,
lo que se llama elípticamente la valoración de una vida humana
no es otra cosa que la medición de la cuantía del perjuicio
que sufren aquellos que eran destinatarios de todos o parte de
los bienes económicos que el extinto producía, desde el
15) Que, en cambio, corresponde admitir la indemnización
por daño moral, en razón de la interpretación amplia
que se ha acordado al artículo 1078 del Código Civil, pues la
lesión a los sentimientos afectivos que lo justifica se intensifica
en el presente caso si se repara en la entidad y
duración de los padecimientos que precedieron a la muerte de
Sansalone, cuando se encontraba confiado al servicio de custodia
del sistema penitenciario, y la dolorosa repercusión que
importa la pérdida de un hijo, la mayor causa de aflicción
espiritual. Por lo tanto, y habida cuenta de que su indemnización
no debe necesariamente guardar relación con el
daño material (Fallos: 326:2774), se la fija en la suma de $
Por ello y lo dispuesto por los artículos 1068, 1078,
1079, 1084, 1085, 1112 y concs. del Código Civil, se decide:
Hacer lugar a la demanda iniciada por Susana Mercedes Gatica
contra la provincia de Buenos Aires, condenándola a pagar,
dentro del plazo de treinta días la suma de setenta mil pesos
($ 70.000). Los intereses se calcularán desde el día 7 de
octubre de 2003, hasta el efectivo pago, a la tasa que co-
-//-rresponda según la legislación que resulte aplicable. Las
costas serán soportadas por la provincia de Buenos Aires (artículo
Notifíquese. RICARDO LUIS LORENZETTI - ELENA I. HIGHTON de
NOLASCO - CARLOS S. FAYT - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI - JUAN
CARLOS MAQUEDA - E. RAUL ZAFFARONI (según su voto)- CARMEN M.
de seguridad respecto de las personas que se encuentran pri-
vadas de la libertad, en razón de hallarse cumpliendo una
8°) Que, de acuerdo a las constancias que obran en la
causa: "González Guerra, Ariel Martín s/ homicidio en riña"
Cremitida por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 1, del
Departamento Judicial Azul, de la provincia de Buenos AiresC,
en los fundamentos del veredicto (fs. 589 vta.), se tuvo por
acreditado que el 27 de abril de 2003, "en el interior del
pabellón n° 8, correspondiente al Sector N° 1 de la Unidad n°
30 del S.P.P., con asiento en la localidad de Gral. Alvear,
Nicolás Sansalone Gatica y Juan Pablo Blanco se enfrentaron
con elementos del tipo armas blancas de fabricación casera,
sufriendo el primero de ellos heridas punzo-cortante en el
dorso de hemitórax derecho y base de hemitórax izquierdo, en
región inguinal derecha; hematoma en mano izquierda; neumotórax
derecho grado II y fractura en el tercer metacarpiano de
mano izquierda, lesiones las descriptas que con el transcurso
del tiempo le produjeron obstrucción intestinal y septicemia
generalizada, a raíz de lo cual fallece el siete de octubre
del mismo año, por paro cardiorespiratorio no traumático".
en relación a los dos involucrados, y que no pudo avanzarse
atienden a la celeridad con la que actuó el personal de penitenciería
Cen el particular existen distintas versiones, al
confrontar las declaraciones de fs. 16, 18, 49, 50 y 58, por
un lado, y las de fs. 240/241, 404/405C; lo cierto es que
varios internos tenían a su alcance elementos punzantes, susceptibles
de ser utilizados con peligro evidente para la integridad
longitudes entre los 13 cm. y 26 cm. Asimismo, no resulta un
dato menor el que surge de la declaración prestada por González
Guerra (fs. 405 in fine), donde el deponente expresó que
"siempre tuvo faca por lo que es la cárcel".
9°) Que no puede admitirse que los internos tengan a
su alcance elementos susceptibles de infringir daños, de la
envergadura que traducen los antecedentes de autos, y de evidente
peligrosidad para la preservación de la salud física de
aquéllos e incluso de terceros, pues las circunstancias referidas
exteriorizan una clara desatención del deber de prevención,
en tanto importan el incumplimiento de lo establecido en
el artículo 45, punto 1, de la ley 12.256 de la provincia de
En efecto, sin perjuicio de la participación que
tuvo en el hecho Sansalone, las circunstancias del caso no
fueron debidamente aclaradas, como hubiese correspondido (cfr.
artículo 163, inciso 5° del Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación), frente a la gravedad de los hechos. En este
sentido, resulta significativo que si el servicio
penitenciario contaba con cámaras de filmación en los pabellones,
no procedió a la guarda y consecuente aporte del material
obtenido con el objeto de esclarecer los acontecimientos,
tanto en relación a los incidentes de la reyerta, como
así, en ese contexto, respecto del proceder del personal penitenciario
(ver en los fundamentos del veredicto, punto c de
fs. 590 vta. de la causa: "González Guerra, Ariel Martín s/
homicidio en riña"). Asimismo, la sola inexistencia de pedido
por la Policía o la Fiscalía no parece razón suficiente para
inutilizarlo, tomando en cuenta los deberes e investiduras
que, en el ámbito de la cárcel provincial, le atribuye el
artículo 3, inciso k del decreto-ley provincial 9079/78. Es
más, de las pruebas que han sido agregadas y valoradas, puede
establecerse que sólo con posterioridad a los hechos que motivan
el presente juicio, se realizaron diligencias para formalizar
el secuestro de los elementos peligrosos (actas de fs.
27, 29, 31 y 33), evento que pone en tela de juicio el debido
cumplimiento de las funciones tendientes a garantizar la
seguridad de los internos (artículo 45, punto 1°, de la ley
12.256 de la provincia de Buenos Aires); pues nada ha sido
acreditado en cuanto a la actividad desarrollada con
anterioridad, para evitar que los reclusos puedan acceder o
tengan en su poder ese tipo de material, extremo de carácter
relevante a tenor de lo que surge de la declaración de Gonzá-
lez Guerra (fs. 405 in fine), en cuanto a que "siempre tuvo
faca por lo que es la cárcel".
10) Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
por cuenta propia una serie de necesidades básicas que
son esenciales para el desarrollo de una vida digna" (confr.
considerando 44 de la causa "Verbitsky, Horacio s/ habeas
corpus" CFallos: 328:1146C).
11) Que, en cuanto al derecho a la integridad personal,
dicho tribunal señaló que "es de tal importancia que la
Convención Americana lo protege particularmente al establecer,
inter alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles,
inhumanos y degradantes y la imposibilidad de suspenderlo
durante estados de emergencia. Agregó que el derecho a la
integridad personal no sólo implica que el Estado debe
general establecido en el art. 1.1. de la Convención Americana"
(confr. considerando 45 de la causa "Verbitsky, Horacio s/
habeas corpus" CFallos: 328:1146C).
12) Que, en esas condiciones, resulta comprometida
la responsabilidad de la provincia, toda vez que los hechos y
omisiones señaladas determinan que el Servicio Penitenciario
Provincial incumplió con las funciones que le son propias y
que atienden a la observancia de los deberes primarios, dentro
de sus tareas específicas, como son la guarda, seguridad y
preservación física de los internos (artículos 2° y 3°, inciso
a, del decreto-ley provincial 9079/78), y constituye una
irregular prestación del servicio a cargo de aquél que lejos
está de justificar la pretensión eximente que la demandada
funda en el artículo 514 del Código Civil. El idóneo
cumplimiento de esas funciones, aun admitida la participación
que le cupo en el hecho a Sansalone, hubiese evitado la producción
de daños físicos con este penoso desenlace, atendiendo
a que resulta previsible el acaecimiento de estos hechos en el
régimen penal, como lo exteriorizan los dichos transcriptos a
fs. 405 vta. de la causa penal citada en el considerando
anterior Cal presuponer que los elementos punzantes provenían
de las varillas del ocho de la mesa de la celda, como en
"otras oportunidades que ha ocurrido lo mismo"C. A su vez, de
las declaraciones que la demandada cita en apoyo de tal
defensa, surge que el personal penitenciario no intervino sino
"hasta pasados unos minutos" (fs. 241 vta.), y el deponente de
fs. 251, si bien no fue preguntado al respecto en ese
interrogatorio, con posterioridad (fs. 405 vta.) expresó que
"Entre tanto todo el personal penitenciario miraba detrás de
la reja sin reprimir. Que todo esto duró entre diez y quince
minutos y el personal no paraba el problema".
En este sentido, si el Estado no puede garantizar la
vida de los internos ni evitar que éstos, recurrentemente, se
munan de elementos susceptibles de producir daños de carácter
irreparable, de nada sirven las políticas preventivas del
delito ni menos aún las que persiguen la reinserción social de
los detenidos. Además, indican una degradación funcional de
sus obligaciones primarias que se constituye en el camino más
seguro para su desintegración y para la malversación de los
valores institucionales que dan soporte a una sociedad justa
(Fallos: 318:2002, considerando 4°). En este sentido, la idea
objetiva de la falta de servicio encuentra fundamento en la
aplicación por vía subsidiaria del artículo 1112 del Código
Civil, que establece un régimen de responsabilidad "por los
hechos y las omisiones de los funcionarios públicos en el
ejercicio de sus funciones, por no cumplir sino de una manera
irregular las obligaciones legales que les están impuestas".
13) Que ello pone en juego la responsabilidad extracontractual
del Estado en el ámbito del derecho público que
no requiere, como fundamento de derecho positivo, recurrir al
artículo 1113 del Código Civil. En efecto, no se trata de una
responsabilidad indirecta la que en el caso se compromete,
toda vez que la actividad de los órganos o funcionarios del
Estado realizada para el desenvolvimiento de los fines de las
éstas, que deben responder de modo principal y directo por sus
consecuencias dañosas (Fallos: 306:2030, considerando 6°).
14) Que no obstante los términos en que procede
responsabilizar a la provincia de acuerdo a lo expresado precedentemente,
siendo que la pretensión también fue promovida
con sustento en la falta de servicio respecto de la atención
médica que el caso requería, cabe precisar que ante la inexistencia
de prueba desarrollada con el objeto de acreditar
tal extremo, debe estarse a lo que se desprende de los informes
periciales referidos en el considerando 5°. De acuerdo a lo
que emana de dichos elementos de convicción, no resulta dable
la determinación de responsabilidad alguna originada en una
falta de asistencia a la salud del interno o que la actividad
se hubiese desarrollado en condiciones inadecuadas para
cumplir regularmente con el servicio hospitalario pertinente,
en consonancia con los padecimientos que presentaba aquél. En
consecuencia, siendo que la actora no ha aportado prueba que
demostrara la mediación de las faltas que invoca en relación
al servicio asistencial, no corresponde atribuir responsabilidad
alguna al Estado con fundamento en este tópico.
15) Que dilucidada la responsabilidad del demandado,
Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios" (Fallos:
318:2002), está restringida al caso del cónyuge superviviente
y sus hijos menores e incapaces con las salvedades contenidas
en la última parte de la norma citada en segundo término. Por
consiguiente, y si bien por la aplicación del principio general
del artículo 1079 todo perjudicado por la muerte de una
persona tiene derecho a obtener la reparación del daño sufrido,
la reclamante debió acreditar la procedencia de la reparación
cuando tampoco ha sido acreditado que en orden a las particu-
lares condiciones socio económicas de la familia existiese una
16) Que, en cambio, corresponde admitir la indemnización
1079, 1084, 1085 y 1112 y concs. del Código Civil, se decide:
octubre de 2003, hasta el efectivo pago, con la tasa pasiva
promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República
Argentina. Las costas serán soportadas por la provincia
de Buenos Aires (artículo 68, Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación). Notifíquese. E. RAUL ZAFFARONI.
Publicado por FederaciónLex en 2/02/2010
CSJN Responsabilidad del Estado - Servicio Peniten...