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Timestamp: 2018-04-22 16:00:32
Document Index: 162011660

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 41', 'in fine', 'artículo 8', 'artículo 18', 'artículo 120']

por GUSTAVO M. HORNOS
"Como corolario del debido proceso legal -principio fundamental de la Constitución Nacional (artículo 18)- la acusación limita al poder jurisdiccional y lo condiciona."
Aún pendiente de vigencia normativa el código procesal acusatorio en el ámbito federal, existe ya una línea jurisprudencial que, con perspectiva constitucional, viene aplicando el acusatorio como principio en la realidad sociológica de las sentencias judiciales.
La ley 27.063 sancionó el nuevo Código Procesal Penal de la Nación cuya implementación fue suspendida por el decreto 257/2015 [1]. Esta reforma buscó culminar con el proceso de cambio del modelo de enjuiciamiento penal, desde uno netamente inquisitivo a uno plenamente acusatorio -tal cual se regula en numerosos códigos provinciales-. Este cambio implicó devenir, porque la última reforma integral del Código Procesal Penal de la Nación [2], si bien marcó un notorio avance, quedó a mitad de camino, como un "sistema mixto".
La mejor jurisprudencia, en estricta aplicación de los principios procesales modernos -oralidad, continuidad, publicidad y contradictoriol [3]-, fue liderando esta evolución del pensamiento jurídico en el sistema de juicio, en defensa de las garantías estructurales del debido proceso legal y del derecho de defensa que implica la separación de roles entre las partes, la equiparación de sus facultades y sobre todo la intervención de un juez imparcial como tercero que dirima el conflicto penal.
Así se fue consolidando el criterio que sostiene que el ejercicio de la acción penal pública en cabeza del Ministerio Público Fiscal, sienta un límite sobre el cual la defensa debe tener la oportunidad concreta de defenderse y que no puede excederse en la respuesta jurisdiccional. Se trata del derecho de defensa en juicio que se materializa en el llamado principio contradictorio como límite a la función jurisdiccional [4].
La valoración de la prueba en la etapa de juicio, como clara manifestación del derecho de defensa, importa la equiparación de facultades (entre el acusador y el sujeto acusado) en relación a las posibilidades de influir en el resultado de la sentencia, tanto respecto a la reconstrucción del hecho imputado como a su valoración jurídica [5].
Acusación, defensa, prueba y sentencia son las etapas constitucionales del debido proceso a las que se debe agregar la de ejecución de la pena.
Aplicando estos principios a casos concretos, afirmé que el Tribunal no tenía habilitada su jurisdicción para: a) emitir una condena sin mediar previa acusación (pública o privada); b) escoger una calificación más gravosa a la requerida por el acusador sobre la cual la defensa no hubiera tenido la oportunidad procesal para contrarrestar [6] -lo cual resulta abarcativo de la forma de concursar los delitos y del grado de participación de los imputados- y, c) imponer una pena mayor a la solicitada por la parte acusadora [7].
En cuanto al último punto, conviene destacar que durante los alegatos, la defensa conoce por primera vez el concreto pedido de pena sobre el cual debe tener la posibilidad cierta de defenderse, no sólo respecto del monto de pena solicitado, sino también de las condiciones atenuantes y agravantes y cualquier otro dato que repercuta en su individualización. En esta dirección, la audiencia de conocimiento directo establecida en el artículo 41 in fine del Código Penal -con presencia de ambas partes- resulta indispensable [8].
En referencia a la mutación del encuadre jurídico, cabe señalar que un cambio de calificación por otra no incluida en la discusión final, puede provocar una verdadera situación de indefensión frente a la concreta estrategia seguida por la defensa técnica para contestar la imputación. Máxime si se trata de una calificación jurídica más gravosa que la requerida por el fiscal de juicio, con el consecuente incremento del quantum punitivo aplicable [9].
Esta postura coincide con los lineamientos dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el alcance y contenido del principio de correlación entre acusación y sentencia a la luz de las garantías contenidas en el art. 8 de la C.A.D.H. Así, en el caso "Fermín Ramirez vs. Guatemala" [10] la Corte subrayó que "[se] debe considerar el papel de la acusación en el debido proceso penal vis-á-vis el derecho de defensa. La descripción material de la conducta imputada contiene los datos fácticos recogidos en la acusación, que constituyen la referencia indispensable para el ejercicio de la defensa del imputado y la consecuente consideración del juzgador en la sentencia" y agregó que: "Por constituir el principio de coherencia o correlación entre acusación y sentencia un corolario indispensable del derecho de defensa, [se] considera que aquél constituye una garantía fundamental del debido proceso en materia penal, que los Estados deben observar en cumplimiento de las obligaciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 8.2 de la Convención".
Este es el alcance constitucional del principio iura novit curia [11] que antepone el respeto por el derecho al debido proceso y, fundamentalmente, el derecho de defensa en juicio del imputado, al análisis dogmático que importa la subsunción típica de la conducta enjuiciada.
Aún aplicable el Código Procesal Penal de la Nación (por ley 23.984), la tendencia jurisprudencial se dirige al principio acusatorio.
Como corolario del debido proceso legal -principio fundamental de la Constitución Nacional (artículo 18)- la acusación limita al poder jurisdiccional y lo condiciona.
Es por ello que la acusación debe ser efectiva y rigurosa; particularmente, en el caso del Fiscal, con el objetivo de dar mejor cumplimiento a su función de responsable de los intereses generales de la sociedad (artículo 120 de la Constitución Nacional).
Así, el derecho judicial constituye un modo válido de discusión pública y de reformulación de conflictos personales, sociales y políticos; razonable, contradictorio y equitativo.
[1] del 24/12/2015
[2] por ley 23.984 del 21/8/1991
[3] arts. 18 y 24 de la Constitución Nacional; art. 8.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y art. 11.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
[4] Cfr. Sala IV CFCP Registro nº 1269.14.4. "Ceballos, Aníbal Sebastián y otros s/rec. de casación", rta. 24/06/14, Causa n°: 221/13; Registro nº 2424.13.4 "Gómez, Agustín Anibal s/rec. de casación", rta. 12/12/13, Causa n°: 14949; Registro n° 968.13.4 "Rolón, Richard s/recurso de casación", rta. 7/06/13, Causa n°: 16272, entre muchos otros.
[5] Cfr. Causa Nro. 12.231 "PAVEZ, Luis Oscar y otro s/recurso de casación", registro nº 1273/12.4, rta. 3/8/2012, Sala IV CFCP
[6] causa nº 45425/2007/TO1/CFC3, registro nº 846/16.1 "SCHLENKER, Alan y otros s/ homicidio agravado", rta. 17/5/2016 Sala I CFCP y Registro nº 465/16.4 "GIUGGIO, Jonathan Adán y otros s/ recurso de casación", rta. 22/4/2016 Sala IV CFCP.
[7] Causa 8030 "SILVA, Oscar Alberto y otros s/ recurso de casación", registro nº 10890, rta. 26/9/2008 y Causa 6988 "FUENTES, Carlos Isidoro s/ recurso de casación" registro nº 9079, rta. 23/8/2007.
[8] Cfr. en causa CCC 14288/2008/TO1/CFC1 del registro de la Sala III CFCP caratulada: "Muzalki, Luis Horacio s/recurso de casación"
[9] Cfr. causa nº 8469, "TEODOROVICH, Cristian David s/recurso de casación", rta. el 06-02-09, reg. nº 11.216
[10] resuelta el 20/06/2005
[11] art. 401 CPPN