Source: https://jurisprudencia.cladem.org/colombia/Comit%C3%A9_para_la_Eliminaci%C3%B3n_de_la_Discriminaci%C3%B3n_contra_la_Mujer_Observaciones_referidas_a_las_mujeres_y_las_ni%C3%B1as/
Timestamp: 2019-02-23 07:09:55
Document Index: 120908174

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 20']

1º Observaciones finales sobre el primer informe presentado por el Estado adaptadas en abril de 1987.1
El Comité examinó el primer reporte de Colombia de seguimiento a la Convención en abril de 1987, en el cual el país evidencia expresamente las dificultades para el desarrollo de las mujeres en vivienda y alimentación entre otras, así como la dificultad para dar cuenta de estadísticas y cifras respecto de ciertos sectores marginales de la sociedad.
El Comité examinó el informe inicial de Colombia (CEDAW/C/5/Add.32) en sus sesiones 94 a. y 98 a., celebradas el 6 y el 8 de abril de 1987 (CEDAW/C/SR. 94 y 98).
Cuando se formularon comentarios de carácter general, se preguntó qué se quería decir al hablar de la “ubicación geográfica” de la mujer. Se indicó que había una contradicción entre la afirmación de que las mujeres representaban una importante mitad de la fuerza laboral del país y que, por otra parte, un aumento de la licencia de maternidad podría obligar a que las mujeres dejaran de pertenecer a la fuerza laboral. En ninguno de los informes se hacía referencia al problema demográfico del país ni a la situación de los niños abandonados. Una de las expertas lamentaba la falta de datos detallados acerca de las mujeres de las zonas rurales. Se acogió con satisfacción la presencia de mujeres en puestos de adopción de decisiones, pero se estimó que las pocas mujeres de que se trataba no eran representativas de la condición de la mujer en todo el país.
Se observó que había cierta discrepancia entre la importancia que daba el informe al papel de la mujer en el desarrollo, y la reciente limitación de las actividades del Consejo Nacional para la Integración de la Mujer al Desarrollo. Se preguntó si otro organismo se había hecho cargo de las funciones de dicho Consejo, y si los consejos regionales habían llegado a entrar en funciones, y también se pidió información sobre la existencia de cualquier otro órgano similar. Se señaló la importancia de los esfuerzos encaminados a inculcar la conciencia del propio valor tanto entre las mujeres como entre los hombres, y las expertas pidieron que se les diera más información acerca de las medidas concretas tomadas en dicha esfera.
Se pidió que se precisaran si existían medidas especiales provisionales para favorecer la igualdad y si se recurría ellas. Se preguntó si el hecho de que en Colombia la mujer estuviera encargada del cuidado de sus hijos no contradecía la responsabilidad compartida en la crianza del hijo, que se estipulaba en la Convención. Pidió información sobre las medidas concretas que se aplicaban en materia de planificación de la familia y educación sexual, si se practicaba la enseñanza mixta, y qué medidas se habían tomado para proteger a la mujer contra su utilización como objeto sexual por los medios de información.
Preguntaron sobre las funciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y preguntaron si se ocupaba solo de las mujeres que tenían hijos o si atendía también el resto de las mujeres. Preguntaron qué programas había para cambiar la estructura patriarcal y que papel desempeñaba en ese momento el Consejo para la Integración de la Mujer al Desarrollo. También se refirieron a la distribución de las tareas domésticas en la familia y al porcentaje de familias que podían contar con servicio doméstico. Se observó que el hecho de que el Instituto de Asuntos de la Mujer estuviera dirigido por la esposa del presidente no hacía más que reforzar la imagen estereotipada de que las primeras damas participan en actividades sociales.
Preguntó si había normas y programas para enfrentar la violencia doméstica y el acoso sexual.
Preguntó qué órgano estaba encargado de combatir la prostitución, de abordar los problemas vinculados a ésta e integrar a las prostitutas en la vida social. Preguntó qué sanciones se aplicaban, si se les imponía a las propias prostitutas y si existía alguna ley que excusara la violación a mujeres que ejercieran la prostitución.
Se observó que la participación de la mujer en la vida política parecía limitarse a su derecho de voto, y que no se hacía referencia a su participación en la vida política cotidiana. Las mujeres debían hacer un frente común a fin de ocupar el lugar que les correspondía en la vida política.
Se formularon observaciones sobre la legislación vigente en virtud de la cual se prohibía que las mujeres realizaran ciertos tipos de trabajo. Dado que esta clase de legislación tenía efectos adversos para la mujer, algunas expertas preguntaron si estaba previsto enmendarla. También se preguntó si el trabajo nocturno de la mujer, que en principio se prohibía pero que tenía lugar en la práctica, estaba sujeto a sanciones legales.
2º Observaciones finales sobre el segundo y tercer2 informe presentados por el Estado adaptadas el 31 de enero de 1994. 3
El Comité examinó los informes segundos y terceros, combinados y revisados, de Colombia (CEDAW/C/COL/2-3/Rev.1) de fecha en la sesión que tuvo lugar el 31 de enero de 1994.
Refiriéndose el informe, el Comité señala que adolece de algunos defectos, como la falta de análisis de los artículos 1 y 2 de la Convención, pese a la particular importancia que ellos revisten. El Comité recomienda por esto que, en los futuros informes Colombia observe un análisis adecuado de cada uno de los artículos de la Convención, de conformidad con el artículo 18.
Además, el Comité señaló el incremento de la participación de las mujeres en todos los niveles del sistema educativo, que se ha equiparado al de los hombres, incluso en la enseñanza universitaria; el descenso del analfabetismo y de la fecundidad. Aunque se mantienen diferencias en el número de hijos por mujer, según su nivel educativo, así como el aumento del número de mujeres que desean trabajar fuera de casa y que consiguen un empleo.
El Comité lamentó que la nueva Ley General de Educación de diciembre de 1993 no hubiera incluido medidas de acción afirmativa relacionadas con la educación no sexista, ni disposición alguna específicamente relacionada con las mujeres. Ello obligaba a la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia a seguir impulsando con fuerza programas destinados a superar los estereotipos sobre hombres y mujeres en los libros de texto y demás material escolar, en la formación del personal docente y en los programas de estudio escolares.
También señaló que la Consejería Presidencial y el Ministerio de Trabajo deberían difundir en mayor medida los derechos de las mujeres en el trabajo y buscar formas de apoyarlas y protegerlas más eficazmente contra los abusos de las empresas en sectores como floricultura, confección, alimentación y especialmente en el sector informal. Sería conveniente formar especialmente a los funcionarios responsables de vigilar la correcta aplicación de la legislación laboral, por ejemplo a los inspectores de trabajo, sobre los derechos de las mujeres trabajadoras.
Basándose en la información aportada sobre la violencia contra la mujer y sobre las mujeres prostitutas, el Comité solicitó que en el próximo informe, se la completara con nuevos datos y análisis y, sobre todo, con nuevas medidas destinadas a eliminar la violencia contra la mujer en todas sus formas. Se sugirió que se hiciera todo lo necesario para que, en los casos de violencia doméstica, el agresor fuera el que abandonara el domicilio en vez de la agredida, como ocurría en muchos lugares del mundo.
El Comité comentó negativamente el alto número de abortos espontáneos y la mortalidad materna derivada de ellos, lo que hacía pensar al Comité en la posible conveniencia de modificar la legislación vigente y en la necesidad de seguir avanzando en la difusión de la planificación familiar, sobre todo en las zonas rurales.
El Comité señaló que las políticas de igualdad debían intensificarse en relación con las mujeres más pobres y con menor nivel de formación y superar las diferencias que todavía existieran entre las mujeres de las zonas urbanas y las de las zonas rurales.
Aunque el Comité valoró positivamente que algunas mujeres colombianas hubieran llegado a ocupar puestos de muy alta responsabilidad (tres ministras, entre ellas la de Asuntos Exteriores), el Comité consideró que se debía avanzar más rápidamente en la participación de las mujeres en la toma de decisiones, por ejemplo apoyando desde el Gobierno programas concretos para mujeres candidatas en las elecciones.
El Comité recomendó que se reforzara el mecanismo gubernamental responsable de las políticas de igualdad, en la actualidad la Consejería Presidencial para la Juventud, la Mujer y la Familia dotándole, por ley, de la competencia suficiente para proponer, impulsar, coordinar y ejecutar medidas en favor de las mujeres; de mayor nivel jerárquico dentro de la administración; de mayor autonomía y de más recursos humanos y económicos. Si todo ello se establecía por ley, se evitaría que los cambios de gobierno afectaran negativamente a su funcionamiento.
3º Observaciones finales sobre el cuarto informe presentado por el Estado adaptadas el 3 de febrero de 1999.4
El Comité examinó el cuarto informe periódico de Colombia (CEDAW/C/COL/4) en sus sesiones 422ª y 423ª, celebradas el 3 de febrero de 1999 (véanse CEDAW/C/SR.422 y 423).
Aspectos positivos5
El Comité toma nota de los importantes avances registrados en la adopción de medidas legislativas de protección a la mujer. La Constitución de 1991 establece la igualdad jurídica del hombre y la mujer y define la discriminación. Al amparo de la Constitución se han aprobado importantes leyes sociales, entre ellas las de educación, seguridad social, divorcio de matrimonio religioso, protección de la mujer jefa de hogar y sanción del abuso sexual y de la violencia en el hogar.
El Comité observa que la acción de tutela o recurso de amparo ha sido el mecanismo constitucional más utilizado por las mujeres en defensa de sus derechos. También fue creada la figura del Defensor del Pueblo, con una Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Mujer y el Anciano, que le asesora ejerciendo un papel positivo para solicitar la revisión de tutelas.
El Comité elogia el hecho de que el Gobierno haya creado un mecanismo nacional: la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, dependiente de la Presidencia de la República, que cumple funciones de asesoría del Gobierno en este tema está facultada para proponer políticas y programas, y resalta el hecho de que esta Dirección ha trabajado en coordinación con diversas organizaciones no gubernamentales de mujeres.
El Comité reconoce que hay más amplia cobertura en la educación primaria, que se ha reducido el analfabetismo en las mujeres y que en el Plan General de Educción para 1996-2005 se hace especial
La realidad económica y social del país sigue interponiendo un grave obstáculo a la participación plena de la mujer en la sociedad y al mejoramiento de su situación, y entorpece también la aplicación de la Convención. Como consecuencia de las políticas de reestructuración y ajuste económico que escasamente tienen en cuenta el desarrollo social, más de la mitad de la población de Colombia vive por debajo del límite de pobreza. Además, las desigualdades en la distribución de los ingresos y las diferencias existentes entre las zonas urbanas y rurales obstaculizan la aplicación de la Convención.
El Comité observa con preocupación la persistencia, del fenómeno de la violencia generalizada como consecuencia del conflicto armado existente en el país. Las mujeres son las principales víctimas y son decenas de miles las desplazadas y jefas de hogar que carecen de recursos para subsistir, en un contexto en el cual tienen que asumir más responsabilidades, tanto reproductivas como productivas hacia sus familias y comunidades.
El Comité toma nota con preocupación de que se ha divulgado muy poco el texto de la Convención, según se establece en las disposiciones constitucionales relativas a los derechos de la mujer, y de la legislación complementaria que se ha promulgado.
El Comité recomienda que se tomen medidas para la divulgación de esas normas y para la alfabetización jurídica de la población en general, y de la mujer en particular, como paso indispensable para que conozcan y defiendan sus derechos.
El Comité destaca algunas dificultades que existen en los mecanismos de seguimiento y control de las leyes vigentes. No se cuentan con mecanismos eficaces para hacer cumplir los fallos judiciales ni existen estudios o evaluaciones relativas al cumplimiento de las leyes que favorecen a la mujer.
El Comité recomienda que se tomen medidas prácticas de seguimiento y control de las leyes, se realicen investigaciones para medir su eficacia y se creen mecanismos que garanticen el cumplimiento de los fallos judiciales.
El Comité alerta sobre el hecho de que no se han establecido de forma sistemática programas de capacitación para dirigentes o funcionarios gubernamentales, estatales o integrantes del aparato judicial o de los cuerpos policiales encargados de la aplicación de las normas y procedimientos relativos al cumplimiento de la ley y a la aplicación de la Convención.
El Comité recomienda que se inicien programas de capacitación para todas las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente.
El Comité expresa su preocupación por el nivel de autoridad y jerarquía del mecanismo nacional asesor del Gobierno, que limita sus funciones a propuestas de políticas y programas.
El Comité recomienda que el Gobierno valore la posibilidad de reforzar el papel de la Dirección Nacional para la Equidad de la Mujer, mediante una ley nacional que eleve su rango al de organismo autónomo con todas las prerrogativas y los recursos requeridos, para que pueda ejercer una influencia más efectiva en la sociedad colombiana.
El Comité observa con preocupación que, aunque existen programas diversos beneficiosos para la mujer, los programas de ajuste económico restringen el gasto público y limitan la disponibilidad de recursos, lo cual a su vez afecta a la incorporación de los intereses de la mujer en las políticas y programas estatales.
El Comité recomienda que en la asignación de los recursos presupuestarios se dé prioridad a las necesidades de la mujer, especialmente a la de escasos recursos, especialmente su acceso al empleo, a la educación y a los servicios públicos, ya que la inversión social en la mujer constituye una de las medidas más eficaces para luchar contra la pobreza y fomentar el desarrollo sostenible.
El Comité señala que, a pesar de las iniciativas emprendidas, no ha sido posible incorporar en la legislación medidas especiales provisionales encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, y de esta manera garantizar la participación política de la mujer, al amparo de la Constitución.6
El Comité recomienda que se analice la posibilidad de tomar medidas especiales provisionales, con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, a fin de promover una mayor inserción de las mujeres en la adopción de decisiones en la vida política y administrativa del país.
El Comité reconoce las dificultades que afronta el Gobierno de Colombia para imponer la ley y el orden públicos en una situación de conflicto interno y violencia paramilitar. El Comité toma nota del alcance de la violencia contra las mujeres bajo custodia, incluidos los secuestros y las desapariciones. El Comité también ve con preocupación el creciente peligro en que se encuentran los integrantes de organizaciones de defensa de los derechos humanos.
El Comité insta al Gobierno de Colombia a que establezca un sistema nacional eficaz que incluya procedimientos de presentación de quejas, de manera que los responsables de comportamientos delictivos, ya sean funcionarios del Estado o particulares, comparezcan ante la justicia. El Comité recomienda al Gobierno que extreme las medidas de seguridad para todas las personas que promueven y defienden los derechos humanos, especialmente ante hechos de secuestro o de otra índole que atenten contra su integridad física, y que preste particular atención a la situación de las mujeres.
El Comité expresa su preocupación por el hecho de que, a pesar de los esfuerzos realizados, el Gobierno cuenta con poca capacidad para velar por el cumplimiento de las normas que sancionan la violencia en el hogar. Por otra parte, las comisarías de la familia no cuentan con los recursos humanos y financieros necesarios para el cumplimiento de su mandato, ni son supervisadas sistemáticamente por la entidad gubernamental competente. Como consecuencia de ello, la atención a las víctimas es insuficiente. El Comité subraya que, dado que está en juego una cuestión de derechos humanos el Gobierno debe intervenir para reducir la violencia contra la mujer, investigar los casos y tratar de prestar apoyo a las víctimas de la violencia.
El Comité recomienda que se tomen medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de la ley y que se preste la debida atención a las comisarías de la familia para que puedan cumplir con su función.
El Comité observa con preocupación que actualmente el Congreso tiene ante sí un proyecto de ley con el que se pretende despenalizar la violencia en el hogar, tanto en el derecho civil como en el penal, y pasar la competencia para conocer de esas violaciones de los derechos humanos a una instancia administrativa7.
El Comité recomienda que se reevalúe este proyecto, pues constituye un retroceso en los avances realizados en el país en materia legislativa para abordar y enfrentar la problemática de la violencia en el hogar y el abuso sexual.
El Comité muestra su preocupación por el hecho de que, aunque la legislación nacional condena los tratos inhumanos y degradantes, muchas mujeres tienen que prostituirse para sobrevivir y existe la trata de mujeres; faltan mecanismos de prevención y el Estado tiene poca capacidad para enfrentarse a las organizaciones delictivas nacionales e internacionales dedicadas al proxenetismo, que actúan con gran impunidad.
El Comité recomienda que el Comité Interinstitucional que ha emprendido diversas acciones para prevenir y sancionar la trata de mujeres organice una estrategia de trabajo más enérgica y efectiva para enfrentar ese grave problema.
Preocupa profundamente al Comité la situación de los niños de la calle, especialmente las niñas, en lo que atañe a sus derechos humanos y su integridad física.
El Comité recomienda que se integren de manera sistemática las necesidades de esos niños, especialmente de las niñas, en todos los planes y programas de erradicación de la pobreza, desarrollo social y lucha contra la violencia.
El Comité observa que no hay una labor sistemática para contrarrestar las tradiciones culturales discriminatorias y transformar los estereotipos sexistas, y que en los medios de comunicación se mantienen imágenes estereotipadas de la mujer.
El Comité recomienda que se realice una labor sistemática de educación sobre las cuestiones de género por todas las vías posibles y en todos los sectores, y que se elaboren programas dirigidos a hacer tomar conciencia al personal de los medios de comunicación acerca de la igualdad de género, con miras a erradicar los estereotipos sexistas en todos los medios.
El Comité toma nota de que hay muy poca participación femenina en los órganos de dirección y de adopción de decisiones y de que se carece de medidas concretas para impulsar su participación.
El Comité recomienda que, de manera sistemática, se desglosen por sexo las estadísticas y se incluyan en el próximo informe periódico, y que se tomen medidas que garanticen una mayor inserción de la mujer en la adopción de decisiones.
El Comité expresa su preocupación por el hecho de que todavía existe una alta tasa de deserción escolar de niñas y jóvenes y porque sus causas están vinculadas a estereotipos sexistas. También le preocupa que, las opciones vocacionales que hacen las mujeres al llegar al nivel superior todavía estén en función del género.
El Comité recomienda que se apliquen medidas reglamentarias y de otra índole, en especial programas de asesoramiento vocacional, para evitar que las niñas y las adolescentes abandonen la escuela y cambiar la tendencia de altas tasas de deserción escolar entre las niñas. Recomienda que se pongan en práctica programas vocacionales para promover el acceso de los hombres y las mujeres a todas las carreras.
El Comité ve con preocupación el hecho de que las mujeres constituyen la mayoría de los desempleados y que, por lo general, trabajan en el sector no estructurado y en la prestación de servicios, a menudo como empleadas domésticas. Observa que, dentro de esos grupos, las mujeres reciben las remuneraciones más bajas y que hay diferencias en el pago que reciben las mujeres y los hombres por el mismo trabajo y por trabajo de igual valor.
El Comité recomienda que se tomen las medidas pertinentes para mejorar la condición de la mujer trabajadora, en especial la creación de guarderías y la puesta en práctica de programas de capacitación para promover la inserción de la mujer en la fuerza laboral y la diversificación de su participación mediante la aplicación de medidas legislativas y la dedicación de mayor empeño por lograr la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
El Comité ve con preocupación el hecho de que, si bien la legislación protege la maternidad y establece la licencia pertinente, en ocasiones se viola la ley y se exigen requisitos para el acceso de las mujeres al empleo, tales como pruebas de embarazo.
El Comité recomienda que se adopten medidas para exigir el cumplimiento de la ley y se sancione a los que incurren en estas prácticas discriminatorias. El Comité reitera que debe ponerse a la mujer al corriente de sus derechos mediante una mayor divulgación de las leyes que la protegen como trabajadora.
El Comité acoge con beneplácito las medidas preventivas que ha adoptado el Gobierno, por ejemplo, el haber fijado una edad mínima para trabajar, pero observa con preocupación la generalización del trabajo infantil, que da lugar a la explotación de las niñas y la violación de sus derechos a la salud, educación y a futuras oportunidades.
El Comité insta al Gobierno a que adopte y aplique una política de educación obligatoria, por ser ésta una de las medidas más eficaces para que las niñas no trabajen durante las horas escolares.
El Comité observa con gran preocupación que el aborto, segunda causa de mortalidad materna en Colombia, es sancionado como conducta ilegal. No se permite excepción alguna a la prohibición del aborto, ni aun cuando esté en peligro la vida de la madre, o cuando tenga por objeto salvaguardar su salud física y mental o en casos de violación. Preocupa también al Comité el hecho de que las mujeres que soliciten tratamiento por haberse sometido a un aborto, las que recurran al aborto ilegal, así como el médico que las atienda, serán objeto de enjuiciamiento penal. El Comité considera que esta disposición jurídica relativa al aborto constituye no sólo una violación de los derechos de la mujer a la salud y a la vida, sino también una violación del artículo 12 de la Convención.8
El Comité solicita al Gobierno de Colombia que evalúe la posibilidad de tomar medidas, de manera inmediata, para derogar esta ley. Además, el Comité invita al Gobierno de Colombia a suministrar periódicamente estadísticas sobre las tasas de mortalidad materna, desglosadas por región.
El Comité expresa su preocupación por el hecho de que la esterilización es el medio más utilizado para la planificación de la familia. El Comité considera que el uso generalizado de la esterilización es una práctica que podría evitarse si las parejas tuviesen mayor información y educación sobre el uso de métodos de planificación de la familia, y si pudieran acceder fácilmente a ellos.
El Comité recomienda una mayor difusión del uso de métodos anticonceptivos y que se adopten las medidas necesarias para que estén al alcance de las mujeres, incluidas las de los sectores más vulnerables, y que se adopten medidas para alentar a los hombres a que hagan uso de esos métodos, en particular de la vasectomía.
El Comité expresa su preocupación por la situación de las mujeres de las zonas rurales, donde existe gran atraso en la infraestructura de servicios básicos, una baja cobertura en salud y educación, así como una deficiente calidad de vida para la mayor parte de la población. Estos factores entorpecen la incorporación de las mujeres al proceso de desarrollo y la eliminación de sus difíciles condiciones de vida que, sumadas a la violencia, convierten a la población femenina rural en uno de los sectores más discriminados y vulnerables.
El Comité recomienda que se amplíen los programas existentes para mejorar la condición de la mujer de las zonas rurales, especialmente de las poblaciones desplazadas, y que se conceda prioridad a ese sector de la población a fin de que mejoren los indicadores de salud, educación y calidad de vida.
El Comité recomienda que las personas encargadas de tareas de planificación y de la ejecución de programas reciban capacitación sobre cuestiones de género. Recomienda asimismo que se pongan en marcha programas de microcrédito a fin de mejorar la situación económica de la mujer, así como programas encaminados a impulsar el ejercicio de los derechos humanos a la salud y la educación entre las mujeres desplazadas y las del medio rural.
El Comité pide al Gobierno de Colombia que, en el próximo informe periódico que debe presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención, haga referencia a las preocupaciones planteadas en las presentes observaciones finales.
El Comité pide que se dé amplia difusión a las presentes observaciones en Colombia a fin de que la población, y en particular las autoridades de gobierno y los políticos, estén al corriente de las medidas que se han adoptado para garantizar la igualdad de jure y de facto de la mujer y el hombre y las medidas complementarias que deben adoptarse a ese respecto. Pide además al Gobierno que difunda ampliamente, en particular a las organizaciones de mujeres y de defensa de los derechos humanos, la Convención, las recomendaciones generales del Comité y la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing.
4º Observaciones finales sobre el quinto y sexto informe presentados por el Estado adaptadas el 25 de enero de 2007.9
El Comité examinó los informes periódicos quinto y sexto combinados de Colombia (CEDAW/C/COL/5-6) en sus sesiones 769ª y 770ª, celebradas el 25 de enero de 2007 (véanse CEDAW/C/SR.769 y 770). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/COL/Q/6, y las respuestas de Colombia figuran en el documento CEDAW/C/COL/Q/6/Add.1.
Principales esferas de preocupación y recomendaciones10
El Comité recuerda al Estado Parte su obligación de aplicar de manera sistemática y continuada todas las disposiciones de la Convención y considera que las preocupaciones y recomendaciones que figuran en las presentes observaciones finales requieren una atención prioritaria del Estado Parte desde el momento actual hasta la presentación del siguiente informe periódico. En consecuencia, el Comité insta al Estado Parte a que, en sus actividades de aplicación, se centre en esas esferas, y en el siguiente informe periódico incluya información sobre las medidas adoptadas y los resultados logrados. Pide al Estado Parte que difunda las presentes observaciones finales a todos los ministerios competentes y al Parlamento para garantizar su plena aplicación.
Si bien observa que el Estado Parte ha adoptado medidas para fortalecer su marco legislativo, normativo e institucional con objeto de hacer frente a la persistente violencia en el país, al Comité le preocupa cómo afectará a la plena aplicación de la Convención el clima general de violencia e inseguridad reinante en Colombia. Al Comité le preocupa que las medidas adoptadas no sean suficientes y que la situación imperante ponga a las mujeres y las niñas en peligro constante de convertirse en víctimas de todas las formas de violencia.
El Comité insta al Estado Parte a que siga intensificando sus esfuerzos para reducir y eliminar el persistente clima de violencia e inseguridad en el país a fin de crear un entorno propicio para la plena aplicación de la Convención y el disfrute por parte de la mujer de sus derechos humanos. Exhorta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para prevenir y erradicar la violencia perpetrada contra la mujer por cualquier persona u organización, así como la violencia cometida por agentes estatales, o derivada de sus acciones u omisiones, a todos los niveles. Insta al Estado Parte a que haga frente a las causas subyacentes de la violencia contra la mujer y a que mejore el acceso de las víctimas a la justicia y los programas de protección. El Comité pide al Estado Parte que ponga en marcha mecanismos de seguimiento efectivos y evalúe periódicamente la repercusión de todas sus estrategias y medidas adoptadas para la plena aplicación de las disposiciones de la Convención.
Si bien observa que el Estado Parte ha hecho esfuerzos por prestar apoyo a las mujeres y los niños desplazados internos, le preocupa que esos grupos de población, en particular las cabezas de familia, sigan estando en situación de desventaja y siendo vulnerables en lo que respecta al acceso a la salud, la educación, los servicios sociales, el empleo y otras oportunidades económicas, así como en peligro ante todas las formas de violencia. Al Comité le preocupan también los efectos de los conflictos y los desplazamientos en la vida familiar.
El Comité insta al Estado Parte a que redoble sus esfuerzos para atender las necesidades específicas de las mujeres y los niños desplazados internos, y a que garantice su acceso en pie de igualdad a la salud, la educación, los servicios sociales, el empleo y otras oportunidades económicas, así como su seguridad y protección ante todas las formas de violencia, en particular la violencia en el hogar.
Al Comité le preocupa que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer no tenga capacidad y recursos suficientes para coordinar efectivamente la aplicación de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores del Gobierno y, en particular, para coordinar efectivamente la aplicación de las políticas y los programas nacionales en los departamentos y los municipios desde una perspectiva de género.
El Comité exhorta al Estado Parte a que supervise atentamente la capacidad de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer a fin de cumplir plenamente su responsabilidad de promover la igualdad entre los géneros y el disfrute por la mujer de sus derechos humanos. Alienta al Estado Parte a que fortalezca el papel de la Consejería para coordinar la aplicación de la estrategia de incorporación de la perspectiva de género en todos los sectores y niveles del Gobierno. El Comité recomienda en particular que el Estado Parte fortalezca la capacidad de los mecanismos nacionales para coordinar la aplicación en los departamentos y los municipios de una serie de políticas, programas y planes sectoriales dirigidos específicamente a promover la igualdad entre los géneros.
Si bien observa que la definición del principio de la igualdad entre la mujer y el hombre empleada por el Gobierno se ajusta directamente a la utilizada en la Convención y ha sido refrendada por la Corte Constitucional de Colombia, al Comité le preocupa que en lo que respecta a la aplicación de medidas especiales de carácter temporal, el objetivo del Estado Parte suele ser lograr la igualdad de la mujer en vez de acelerar el logro de la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. Observa también que se suele utilizar el concepto de equidad, en vez del de igualdad, en la elaboración y la aplicación de políticas y programas para la mujer.
El Comité señala a la atención del Estado Parte el apartado a. del artículo 2 de la Convención, en el que se pide la realización práctica del principio de la igualdad del hombre y de la mujer. El Comité señala también a la atención del Estado Parte el artículo 1 de la Convención, en el que figura una definición de la discriminación contra la mujer, y su relación con el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención y la recomendación general 25 del Comité sobre medidas especiales de carácter temporal, en la cual el Comité aclaró que dichas medidas especiales de carácter temporal son un medio necesario para acelerar el logro de la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. Recomienda que el Estado Parte fomente el diálogo entre los representantes de las entidades públicas, las instituciones académicas y la sociedad civil a fin de asegurar que las iniciativas desplegadas por el Estado Parte para lograr el objetivo de la equidad de la mujer se encuadren en el marco general del principio de la igualdad de facto (sustantiva. entre la mujer y el hombre establecido en la Convención.
Si bien observa que se han adoptado medidas para hacer frente a la violencia en el hogar, al Comité le preocupa que el traspaso de competencias de los jueces de familia a los comisarios de familia, los jueces civiles o los jueces municipales pueda reducir en la práctica el acceso de la mujer a la justicia. Le preocupa el uso de la conciliación en los casos de violencia en el hogar, así como la falta de una supervisión eficaz de los efectos de dichos procedimientos en el acceso de la mujer a la justicia y a las vías de recurso. Le preocupa también que no haya suficientes datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer en el hogar.
El Comité insta al Estado Parte a que estudie los efectos y la eficacia de sus mecanismos destinados a hacer frente a la violencia contra la mujer en el hogar.11 En particular, el Comité exhorta al Estado Parte a que estudie detenidamente el uso de la conciliación en los casos de violencia contra la mujer en el hogar a fin de hacer un seguimiento de los resultados a largo plazo de los casos sometidos a mediación y evaluar los efectos de la conciliación en el acceso de la mujer a la justicia y la protección de sus derechos. Exhorta al Estado Parte a que mejore, en un plazo establecido, su sistema para recopilar periódicamente datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer en el hogar, desglosados por sexo, tipo de violencia y relación de la víctima con el autor de los hechos. Alienta también al Estado Parte a que siga intensificando la coordinación entre todas las instituciones que prestan ayuda y apoyo en los casos de violencia en el hogar.
Si bien acoge con agrado el enfoque integrado que el Estado Parte ha adoptado para luchar contra la trata de personas, al Comité le preocupa la persistencia de dicho problema. Al Comité le inquietan los nexos que existen entre el tráfico de drogas, que se sirve de las mujeres para que hagan las veces de “mulas”, y otras formas de trata de mujeres y niñas, en particular para el turismo sexual y la explotación económica de las mujeres y las niñas en las labores domésticas. Le preocupa que no se haya facilitado suficiente información sobre la incidencia de la trata dentro del país. El Comité lamenta que se hayan proporcionado datos e información insuficientes sobre la explotación de la prostitución y la eficacia de las medidas adoptados para combatirla.
El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para combatir la trata de mujeres y niñas en todas sus formas, y le pide que evalúe plenamente el alcance de dicha trata, incluida la que tiene lugar dentro del país, y que compile y analice datos e información de manera sistemática con el propósito de hallar formas más eficaces de prevenir ese fenómeno. Asimismo, recomienda al Estado Parte que refuerce las campañas nacionales de concienciación sobre los riesgos y las consecuencias de participar en actividades de tráfico de drogas, centrándose sobre todo en las mujeres y las niñas en situación de riesgo, incluidas las que viven en zonas rurales, y que amplíe las oportunidades económicas para esas mujeres y niñas. Insta al Estado Parte a que adopte medidas para lograr la recuperación de las mujeres y las niñas víctimas de la trata, así como para prestarles apoyo y hacer posible su reinserción social. Alienta al Estado Parte a que intensifique el adiestramiento de los oficiales encargados de imponer la ley, la migración y el control de fronteras, y fortalezca la cooperación regional e internacional, en particular con los países de destino, para combatir eficazmente las operaciones de tráfico y trata. Insta al Estado Parte a que examine y supervise el efecto de las medidas adoptadas y a que, en su próximo informe periódico, exponga los resultados alcanzados. El Comité también pide al Estado Parte que en su próximo informe periódico presente datos y análisis estadísticos de la explotación de la prostitución, así como de la eficacia de las medidas adoptadas para eliminar ese problema.
Aun cuando reconoce las medidas adoptadas por el Estado Parte para mejorar la salud de la mujer, incluida su salud sexual y reproductiva, como el establecimiento de la Política de Salud Sexual y Reproductiva y el fallo C-355 de mayo de 2006 de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en casos en que la continuación del embarazo constituya un riesgo para la vida o la salud de la madre, en casos de malformaciones graves del feto o en casos de violación, el Comité expresa su preocupación por las altas tasas de mortalidad materna, sobre todo entre las mujeres pobres, de las zonas rurales e indígenas y de ascendencia africana. En particular, son motivo de preocupación para el Comité la gran cantidad de abortos ilegales y en condiciones de riesgo que se practican y la mortalidad materna conexa, así como la posibilidad de que, en la práctica, las mujeres puedan no tener acceso a los servicios para la interrupción del embarazo de forma legal o a la atención médica garantizada para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos ilícitos y practicados en condiciones de riesgo.
El Comité alienta al Estado Parte a proseguir sus esfuerzos para aumentar el acceso de la mujer a los servicios médicos, en particular los de atención de la salud sexual y reproductiva, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Convención y la recomendación general 24 del Comité sobre la mujer y la salud. Pide al Estado Parte que refuerce las medidas dirigidas a prevenir los embarazos no deseados, entre otras cosas, aumentando los conocimientos y la información acerca de diferentes métodos anticonceptivos y servicios de planificación familiar que existen para las mujeres y las niñas, así como el acceso a ellos, y adopte medidas para evitar que las mujeres recurran a procedimientos médicos de riesgo, como el aborto ilegal, debido a la falta de servicios adecuados de planificación familiar y anticoncepción o a su inaccesibilidad. El Comité recomienda que el Estado Parte preste atención prioritaria a la situación de las adolescentes y las mujeres rurales e indígenas, incluidas las de ascendencia africana, y proporcione educación sexual apropiada, con atención particular a la prevención de los embarazos y las enfermedades de transmisión sexual, incluso como parte del programa regular de estudios. Insta al Estado Parte a que garantice que las mujeres que deseen interrumpir un embarazo de forma legal puedan acceder a ese tipo de servicios, entre otras cosas, aclarando las responsabilidades del personal de salud pública. Recomienda que el Estado Parte adopte medidas para garantizar que el marco normativo y las directrices vigentes que rigen el acceso a servicios de calidad para la interrupción del embarazo de forma legal y para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos ilícitos y practicados en condiciones de riesgo se apliquen en la práctica, y que los profesionales médicos y sanitarios reciban suficiente capacitación e información sobre sus obligaciones, a fin de reducir las tasas de mortalidad materna.
Al tiempo que observa las medidas adoptadas para eliminar los estereotipos en el sistema de educación, incluso por medio del Programa de Educación en Género y Diversidad, el Comité expresa preocupación por el hecho de que no se está supervisando debidamente el efecto de esas medidas y no se están realizando estudios o investigaciones y por la ausencia de análisis de los efectos y las consecuencias sociales de la persistencia de los estereotipos relacionados con las funciones de género para la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer.
El Comité recomienda que el Estado Parte siga realizando esfuerzos para combatir los estereotipos que perpetúan la discriminación directa e indirecta de la mujer. Alienta al Estado Parte a que estudie y examine sistemáticamente el efecto que tienen los estereotipos de género prevalecientes para la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer. Exhorta al Estado Parte a que refuerce las medidas educativas y elabore una estrategia más integral y diversificada en todos los sectores a fin de eliminar los estereotipos, trabajando con múltiples interesados, incluidas las organizaciones de mujeres y otras organizaciones de la sociedad civil, los medios de difusión y el sector privado para avanzar en esa esfera. Pide al Estado Parte que haga un seguimiento del efecto de las medidas adoptadas y que, en su próximo informe periódico, presente los resultados alcanzados.
Aunque reconoce que se han adoptado medidas para aumentar la representación de la mujer en la administración pública a los niveles nacional y local, incluso por medio de la Ley de Cuotas, es motivo de preocupación para el Comité la insuficiente representación de las mujeres, incluidas las indígenas y las de ascendencia africana, en los órganos electivos a todos los niveles, y, en particular, que haya disminuido recientemente la representación de las mujeres en el Parlamento y en el poder judicial.
El Comité insta al Estado Parte a redoblar sus esfuerzos para lograr la participación plena y equitativa de la mujer en todas las esferas, en particular en los órganos electivos y en el poder judicial. Al respecto, pide que se sigan aplicando medidas especiales de carácter temporal para acelerar la promoción de la mujer, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la Convención, y las recomendaciones generales 23 y 25 del Comité. Es preciso adoptar medidas en particular para aumentar el número de mujeres indígenas y de ascendencia africana que participan en la vida política y pública y que ocupan puestos de adopción de decisiones en todos los ámbitos. El Comité alienta al Estado Parte a redoblar sus iniciativas para proporcionar programas de capacitación en materia de liderazgo para las mujeres, incluidas las indígenas y de ascendencia africana, con el propósito de fortalecer su papel en los puestos de dirección de la sociedad. Alienta al Estado Parte a supervisar los progresos hechos y los resultados alcanzados.
El Comité expresa preocupación por el aumento del número de mujeres que trabajan en el sector no estructurado, donde tienen menos derechos, prestaciones y oportunidades de adelanto. Observa con inquietud que no se han estudiado los efectos de la industria maquiladora ni de las labores agrícolas estacionales en la situación económica de la mujer y que tampoco se han estudiado los posibles efectos negativos de los acuerdos de libre comercio en el bienestar económico de la mujer colombiana ni se han elaborado políticas para contrarrestarlos.
El Comité alienta al Estado Parte a reforzar sus actividades para ampliar el acceso de la mujer al empleo en el sector estructurado, incluso aumentando sus oportunidades de educación y capacitación. Alienta al Estado Parte a examinar los efectos de la industria maquiladora y de las labores agrícolas estacionales en la situación económica de la mujer. Asimismo, sugiere que el Estado Parte estudie el efecto de los acuerdos de libre comercio en las condiciones socioeconómicas de la mujer y examine la posibilidad de adoptar medidas compensatorias que tomen en cuenta sus derechos humanos.
Al tiempo que observa que se han adoptado medidas para mejorar la situación de las mujeres y las niñas de las zonas rurales, el Comité expresa preocupación por la persistencia de altos niveles de pobreza entre las mujeres que viven en esas zonas y su vulnerabilidad constante al conflicto armado. La situación de desventaja de las mujeres de las zonas rurales se refleja en sus altas tasas de analfabetismo y bajas tasas de matriculación escolar y finalización de estudios, así como en su escaso acceso a los servicios médicos, incluidos los de salud sexual y reproductiva. Es motivo de preocupación para el Comité que las políticas y los programas que actualmente se dirigen a las zonas rurales sigan teniendo un alcance limitado y la estrategia de desarrollo rural no sea integral ni aborde debidamente el carácter estructural de los problemas que siguen teniendo las mujeres de las zonas rurales.
El Comité insta al Estado Parte a garantizar que todas las políticas y los programas de desarrollo rural tengan una perspectiva de género y aborden explícitamente el carácter estructural y las diferentes dimensiones de la pobreza que enfrentan las mujeres. Recomienda al Estado Parte que redoble sus esfuerzos para aplicar programas nacionales integrales de salud y educación, entre otras cosas en materia de alfabetización funcional, desarrollo de empresas, formación especializada y micro financiación, como formas de mitigar la pobreza. Insta también al Estado Parte a que garantice que en los esfuerzos para eliminar la vulnerabilidad de la mujer a la violencia, incluida la violencia resultante del conflicto armado, se tome en cuenta la situación de las mujeres de las zonas rurales.
El Comité alienta al Estado Parte a que acepte, lo antes posible, la enmienda del párrafo 1 del artículo 20 de la Convención, relativa a la duración de los períodos de sesiones del Comité.
El Comité exhorta al Estado Parte a que haga pleno uso, en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención, de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que refuerzan las disposiciones de la Convención, y pide al Estado Parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité también subraya que la aplicación plena y efectiva de la Convención es indispensable para alcanzar los objetivos de desarrollo del Milenio. Insta a que en todas las actividades encaminadas al logro de esos objetivos se incorpore una perspectiva de género y se reflejen explícitamente las disposiciones de la Convención, y pide al Estado Parte que incluya información al respecto en su próximo informe periódico.
El Comité encomia al Estado Parte por haber ratificado los siete principales instrumentos internacionales de derechos humanos12. El Comité señala que la adhesión del Estado Parte a los siete principales instrumentos internacionales de derechos humanos potencia el disfrute por la mujer de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida.
El Comité pide que se dé amplia difusión en Colombia a las presentes observaciones finales a fin de que sus habitantes en particular, los funcionarios gubernamentales, los políticos, los parlamentarios y las organizaciones de mujeres y de derechos humanos conozcan las medidas que se han adoptado y se han de adoptar para garantizar la igualdad de hecho y de derecho de la mujer. El Comité pide al Estado Parte que continúe difundiendo ampliamente, en particular a las organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y el documento final del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI”.
El Comité pide al Estado Parte que responda a las preocupaciones planteadas en estas observaciones finales en el próximo informe periódico preparado con arreglo al artículo 18 de la Convención. El Comité invita al Estado Parte a que presente su séptimo informe periódico, previsto para febrero de 2007, y su octavo informe periódico, previsto para febrero de 2011, en un informe combinado en 2011.
5º Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Colombia.13
El Comité examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Colombia (CEDAW/C/COL/7-8) en sus sesiones 1161ª y 1162ª, celebradas el 2 de octubre de 2013 (véanse CEDAW/C/SR.1161 y 1162). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/COL/Q/7-8 y las respuestas de Colombia figuran en el documento CEDAW/C/COL/Q/7-8/Add.1.
C. Principales esferas de preocupación y recomendaciones14
Al tiempo que reafirma que incumbe al Gobierno la responsabilidad primordial de cumplir plenamente las obligaciones que el Estado parte ha contraído en virtud de la Convención y especialmente de rendir cuentas al respecto, el Comité destaca que la Convención es vinculante para todos los poderes públicos e invita al Estado parte a que aliente al Congreso a que, de conformidad con el reglamento aplicable y cuando proceda, adopte las medidas necesarias para dar aplicación a las presentes observaciones finales hasta el próximo proceso de presentación de informes con arreglo a la Convención.
El Comité reconoce el amplio marco jurídico, político e institucional del Estado parte sobre los derechos de la mujer; sin embargo, muestra su profunda preocupación por el hecho de que dicho marco contraste notablemente con la situación de las mujeres en todo el territorio del Estado parte, dado que su aplicación es sumamente ineficaz. Acoge con satisfacción los diversos autos de la Corte Constitucional que garantizan la protección de los derechos humanos, en particular los derechos de la mujer. Sin embargo, está seriamente preocupado por el hecho de que las opiniones opuestas en la toma de decisiones a nivel ejecutivo, así como en el poder judicial, con respecto a los autos de la Corte han dado lugar a incoherencias en la gobernanza y el estado de derecho debido a su escasa aplicación.
Mejore la aplicación del marco jurídico y promueva y establezca mecanismos de vigilancia eficaces;
Asegure una coordinación eficaz entre las diversas instituciones gubernamentales encargadas de su aplicación y establezca mecanismos de rendición de cuentas; y
Adopte las medidas necesarias para conciliar las opiniones opuestas en la toma de decisiones dentro del Gobierno y en el poder judicial, a fin de respetar y cumplir plenamente los autos de la Corte Constitucional.
El Comité señala que los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer se han fortalecido mediante el establecimiento de la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer y mediante aumentos en la dotación de personal. Sin embargo, al Comité le preocupa que la capacidad y los recursos de la Alta Consejería Presidencial no se hayan reforzado lo suficiente para asegurar una coordinación eficaz entre las diferentes instituciones de los diversos niveles y promover, vigilar y evaluar eficientemente la aplicación de la legislación y las políticas nacionales sobre la igualdad de género, en particular la Política Pública de Equidad de Género.
Estudie la posibilidad de otorgar rango ministerial a la Alta Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, con vistas a aumentar su visibilidad y eficacia, mejorar su capacidad de influir en la formulación, el diseño y la aplicación de las políticas de igualdad de género y fortalecer su papel de coordinación en todos los niveles de gobierno, en particular en el nivel ministerial; y
Dote a la Comisión Intersectorial, que está encabezada por la Alta Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, de los medios adecuados para asegurar la aplicación efectiva de la Política Pública de Equidad de Género.
El Comité está preocupado por la persistencia de las actitudes patriarcales y los estereotipos profundamente arraigados respecto de las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia y en la sociedad en el Estado parte. Observa que tales actitudes y estereotipos constituyen un obstáculo importante a la aplicación de la Convención, ya que son las causas básicas de la situación de desventaja de la mujer en la vida política y pública, especialmente en los puestos decisorios y los cargos electos, así como en el mercado de trabajo; de la prevalencia de la violencia contra la mujer; y de la segregación de género que se refleja en las oportunidades educacionales de las mujeres y las niñas. También está preocupado porque el Estado parte no ha adoptado medidas sistemáticas, suficientes y sostenidas para eliminar los estereotipos, en particular los que afectan a las mujeres indígenas y afrocolombianas. Al Comité le inquieta además la práctica de la mutilación genital femenina en algunas comunidades indígenas, como la comunidad emberá, así como la tolerancia de esta práctica por el Estado parte y el hecho de que no esté prohibida por ley.
Elabore una estrategia amplia destinada a las mujeres, los hombres, las niñas y los niños, para superar las actitudes patriarcales y los estereotipos basados en el género con respecto a las funciones y responsabilidades de las mujeres y los hombres en la familia y en la sociedad, especialmente en las esferas en que la mujer está en particular desventaja, como la vida pública y política y el empleo;
Difunda los principios de la no discriminación y la igualdad de género mediante su cooperación con la sociedad civil y las organizaciones de mujeres, los partidos políticos, los profesionales de la educación, el sector privado y los medios de comunicación, para darlos a conocer a la opinión pública y a grupos específicos, como los responsables de la adopción de decisiones, los empleadores y los jóvenes, con vistas a reforzar una imagen positiva y no estereotipada de la mujer indígena y afrocolombiana; y
Despliegue esfuerzos conjuntos con las autoridades indígenas para eliminar la mutilación genital femenina, entre otras cosas creando conciencia sobre sus efectos nocivos para las niñas y las mujeres y velando por que se apliquen las decisiones adoptadas por el Consejo Regional de Risaralda respecto de esa práctica; y prohíba la mutilación genital femenina en su legislación.
El Comité está preocupado por la alta prevalencia de la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica y sexual, a pesar del amplio marco jurídico que aborda la violencia contra la mujer en el Estado parte. También le preocupan:
Las incoherencias y la falta de articulación en el marco regulador de la Ley núm. 1257 (2008), así como la falta de una coordinación eficaz entre los diferentes ministerios e instituciones gubernamentales que se encargan de su aplicación, lo que se traduce en un acceso insuficiente de las mujeres a las medidas de protección y apoyo previstas en ese marco;
Los retrasos en la aplicación de algunas disposiciones de la Ley núm. 1257 (2008), como las que se refieren a la creación de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia;
La persistente impunidad con respecto a la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores de actos de violencia contra la mujer; y la falta de datos exactos desglosados por sexo, edad, etnia y relación entre la víctima y el autor del acto, así como el número de enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los responsables; y
La presión que se ejerce sobre las mujeres víctimas de la violencia para que se reconcilien con sus agresores en las primeras fases del proceso administrativo o judicial, pese a la prohibición de ese procedimiento de reconciliación en la legislación (Ley núm. 1257 y Ley núm.1542).
Vele por que las mujeres tengan un acceso adecuado a las medidas de protección y apoyo previstas en la Ley núm. 1257 (2008) , y para ello simplifique los procedimientos correspondientes; asegure la coherencia y la articulación entre los diferentes decretos que constituyen el marco reglamentario de la ley, mejorando la coordinación de las instituciones encargadas de su aplicación; y dote a estas instituciones de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para acrecentar su eficacia en el desempeño de su mandato;
Dé prioridad a la aplicación plena de la Ley núm. 1257 (2008), entre otras cosas velando por que haya centros de acogida para las mujeres y niñas y víctimas de la violencia en todo el país; ofreciendo una adecuada asistencia, protección y rehabilitación a las mujeres víctimas de todas las formas de violencia; y cumpliendo su obligación jurídica interna de informar anualmente al Congreso sobre la situación de la violencia contra la mujer;
Se asegure de que el mecanismo de seguimiento de la Ley núm. 1257 (2008) vigile y evalúe efectivamente la aplicación de la ley y su marco reglamentario y garantice la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, incluidas las mujeres indígenas y afrocolombianas;
Asegure el acceso de la mujer a la justicia, en particular adoptando medidas para combatir la impunidad; reforzando la capacidad de las Comisarías de Familia e impartiendo formación obligatoria a los jueces, los abogados y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la aplicación coherente del marco jurídico existente y sobre los derechos humanos, en particular sobre la Convención, con inclusión de las distintas formas de violencia contra la mujer y de los estereotipos de género;
Establezca un sistema normalizado para la recopilación regular de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados por sexo, edad, etnia, tipo de violencia y circunstancias en que se cometió, con indicación del autor y de la víctima y de si existía una relación entre ellos; y
Adopte medidas eficaces para garantizar a las mujeres víctimas de la violencia el derecho a no enfrentarse con su agresor y a no reconciliarse con él, de conformidad con la legislación sobre la materia.
Violencia de género relacionada con el conflicto
El Comité toma nota de los esfuerzos desplegados por el Estado parte para combatir la violencia sexual y de género relacionada con el conflicto, como la promulgación de la Ley núm. 1448 (2011). También observa las medidas tomadas por la Fiscalía General para mejorar la metodología de investigación y tratamiento de las víctimas de esos delitos. Sin embargo, expresa su grave preocupación por la prevalencia de la violencia sexual contra las mujeres y las niñas, incluida la violación, cometida por todas las partes involucradas en el conflicto armado, incluidos los grupos armados surgidos después de la desmovilización. Al Comité le preocupan los numerosos casos no denunciados y la impunidad que reina con respecto a la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas en el contexto del conflicto, lo cual contribuye a que las víctimas no confíen en la respuesta del Estado. A este respecto, le preocupan en particular:
La falta de medidas adecuadas de protección de las mujeres víctimas de la violencia de género, incluida la violencia sexual, así como de los testigos, sus familias y sus comunidades, y la falta también de un sistema específico y eficaz de protección de las mujeres indígenas y afrocolombianas que son víctimas de violencia;
Los obstáculos con que tropiezan las mujeres para acceder a la justicia, como la discriminación sexual y de género por parte de los agentes de policía y los fiscales, la ausencia de una formación y sensibilización adecuadas de los funcionarios judiciales, la falta de asistencia jurídica gratuita y los limitados servicios psicosociales y de atención de salud de que disponen las víctimas de la violencia sexual, por ejemplo para el acceso inmediato a pruebas forenses;
La no aplicabilidad de la Ley núm. 1448 (2011) a las víctimas de los grupos armados surgidos después de la desmovilización, a los que se atribuyen violaciones de los derechos humanos, con inclusión de actos de violencia sexual y de género, debido a que el Estado parte no reconoce a estos grupos como partes en el conflicto;
La ausencia de medidas de reparación encaminadas a eliminar las desigualdades estructurales de género y de sexo que conducen a la violencia de género, para evitar que se repitan esas violaciones;
La reforma de la justicia penal militar, aprobada en diciembre de 2012, según la cual las violaciones de los derechos humanos, como la violencia contra la mujer (distinta de la violencia sexual) y las detenciones arbitrarias, entre otras, serán vistas por tribunales militares; y el impacto negativo de la reforma en el proceso de investigación y el tratamiento de las víctimas;
La aprobación del Protocolo para la Fuerza Pública en el manejo de la violencia sexual, con énfasis en la violencia sexual con ocasión del conflicto armado, en noviembre de 2012, que confiere a las fuerzas militares la facultad de ocuparse directamente de las víctimas de la violencia sexual y prestarles asistencia; y
El Marco Jurídico para la Paz como justicia de transición (aprobado en junio de 2012), en virtud del cual los autores de violaciones de los derechos humanos, incluidos los actos de violencia sexual, pueden beneficiarse de amnistías, y la falta de información, durante el diálogo constructivo, sobre su aplicación en el Estado parte.
Adopte medidas para prevenir la violencia de género, en particular la violencia sexual, por todas las partes involucradas en el conflicto armado; imparta capacitación que tenga en cuenta las cuestiones de género y adopte códigos de conducta para la policía y los militares; y vele por su debida difusión;
Ponga fin a la impunidad en los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto aprobando, entre otras cosas, una política encaminada a normalizar la metodología de investigación en todo el país, que aplique las normas internacionales; y otorgue prioridad a la investigación y el procesamiento de todos los casos indicados en el auto núm. 092 (2008) de la Corte Constitucional, así como de todos los otros casos de violencia sexual relacionada con el conflicto;
Garantice el acceso a la justicia de todas las mujeres afectadas por la violencia sexual durante el conflicto velando por que el sistema de justicia tenga en cuenta las cuestiones de género; aumente el número de jueces y fiscales especializados en casos de violencia sexual y se asegure de que estas personas participen sistemáticamente en programas de capacitación sobre las cuestiones de género y de que estos programas sean un requisito indispensable para trabajar en casos de violencia sexual relacionada con el conflicto; aumente el número de juezas que se ocupen de esos casos; y prosiga, con el apoyo de la comunidad internacional, la labor encaminada a aprobar una ley sobre un tribunal especializado o salas especializadas dentro del sistema judicial nacional para juzgar a las personas responsables de crímenes de guerra, genocidio y crímenes de lesa humanidad;
Brinde a las mujeres y niñas que sean víctimas de violencia sexual y de género relacionada con el conflicto un entorno de seguridad y confianza en la etapa previa a la instrucción y durante esta, así como durante el juicio y después de este, reforzando las medidas de protección de esas personas y aplicando un enfoque diferenciado e integral que tenga en cuenta las necesidades específicas de las mujeres indígenas y afrocolombianas;
Dé cumplimiento al auto núm. 119 (2013) de la Corte Constitucional de modo que las víctimas de violencia sexual perpetrada por los grupos armados surgidos después de la desmovilización sean reconocidas como víctimas en virtud de la Ley núm. 1448 (2011), y proceda a realizar las debidas investigaciones y a enjuiciar a los autores;
Vele por que las víctimas tengan acceso a servicios completos de tratamiento médico, atención de salud mental y apoyo psicosocial prestados por profesionales de la salud que estén debidamente capacitados para detectar la violencia sexual y tratar sus consecuencias; y se asegure de que las mujeres víctimas de la violencia sexual tengan acceso rápido a pruebas forenses;
Realice una evaluación de las repercusiones del conflicto en la mujer con el fin de proporcionar a las víctimas medidas de reparación transformadoras, que hagan frente a las desigualdades estructurales causantes de la violencia sexual y de género, respondan a las necesidades específicas de las mujeres y prevengan la repetición de esos hechos;
Derogue todas las disposiciones legales que autorizan a los tribunales militares a ocuparse de los casos de violaciones de derechos humanos, en particular de los casos de violencia contra la mujer; y sustituya el Protocolo para la Fuerza Pública en el manejo de la violencia sexual, con énfasis en la violencia sexual con ocasión del conflicto armado (noviembre de 2012) por su versión revisada;
Se asegure de que en la Reforma Constitucional aprobada en junio de 2012 (Marco Jurídico para la Paz) esté garantizado el acceso de la mujer a la justicia, de que los órganos previstos en el mandato se ocupen de todas las violaciones basadas en el género que se relacionen con el conflicto, incluida la violencia sexual, y de que se rechacen las amnistías; y
Se asegure de que las cuestiones relacionadas con la violencia sexual se planteen pronto y de manera sistemática en el proceso de paz que el Gobierno de Colombia inició en agosto de 2012 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) y se reflejen adecuadamente en un posible acuerdo de paz.
Al Comité le preocupan los retrasos en la aprobación del decreto reglamentario de la Ley núm. 985 (2005) sobre la protección y asistencia a las víctimas de la trata. También le inquieta la falta de información respecto del alcance y de las causas de la trata externa e interna de mujeres y niñas, a pesar de que el Estado parte es un país de origen de la trata externa de personas y tiene también el problema de la trata interna, particularmente en las regiones en que se están ejecutando los megaproyectos de desarrollo. El Comité reitera la preocupación ya expresada (véase CEDAW/C/COL/CO/6, párr. 20) con respecto a la falta de información sobre la explotación de la prostitución y las medidas para combatirla.
Dé prioridad a la aprobación del decreto reglamentario de la Ley núm. 985 (2005) y vele por su aplicación efectiva, junto con la de otros programas, a fin de asegurarse de que existan directrices jurídicas eficaces para brindar protección y asistencia a las víctimas de la trata y ofrecerles programas de reintegración, cuando proceda;
Realice sin demora un estudio para investigar el alcance y las causas de la trata externa e interna de personas y de la prostitución, particularmente de mujeres y niñas, entre otras cosas mediante la recopilación y el análisis de datos sobre la trata de personas y la prostitución; y proporcione información acerca de los resultados de ese estudio en su siguiente informe periódico; y
Aumente la cooperación internacional, regional y bilateral con los países de origen, de tránsito y de destino para prevenir la trata mediante el intercambio de información y armonizar los procedimientos jurídicos encaminados a enjuiciar y castigar a los responsables.
El Comité acoge complacido la aprobación de la Ley núm. 1475 (2011), por la que se establece un cupo del 30% para las mujeres en las listas electorales de los partidos políticos. Sin embargo, está preocupado al constatar que su aplicación no se traduce en un aumento del número de mujeres electas debido a las ineficiencias en la composición de las listas electorales. Al Comité le preocupa además la persistencia de la baja representación de las mujeres en el Congreso (menos del 18%) y la falta de representación de las mujeres afrocolombianas en esa instancia. Lamenta que, pese a la asignación de escaños para los pueblos indígenas en el Congreso, las mujeres indígenas no estén representadas en él. Toma nota del cumplimiento del cupo del 30% para la representación de las mujeres en el Ejecutivo, pero observa con preocupación la baja representación de las mujeres en los niveles decisorios altos de otras instituciones gubernamentales y el poder judicial.
Elabore mecanismos para asegurarse de que el cupo del 30% reservado a las mujeres en las listas electorales dé lugar a un aumento real de la representación política de estas, poniéndolas en puestos en que tengan posibilidades de ganar, velando por que los partidos políticos asignen suficientes fondos a las campañas de las mujeres y estableciendo indicadores de referencia, con calendarios concretos y sanciones en caso de incumplimiento;
Promueva la participación política de las mujeres indígenas y afrocolombianas a fin de asegurar su representación en el Congreso, por ejemplo aprobando medidas especiales de carácter temporal; y
Realice actividades de sensibilización de la opinión pública sobre la importancia de la participación de la mujer en la adopción de decisiones, y desarrolle programas de capacitación y orientación específicos sobre las técnicas de liderazgo y negociación para las mujeres en el sector público.
El limitado reconocimiento de la función y actuación de la mujer en el conflicto armado y su exclusión de una participación en primera línea en las negociaciones clave del proceso de paz, así como la renuencia a elaborar un plan de acción nacional en el marco de la resolución 1325
del Consejo de Seguridad;
Las diferentes manifestaciones de violencia, como las amenazas y la violencia sexual, de que son objeto las dirigentes y las defensoras de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado; y la falta de medidas adecuadas de protección de esas personas.
Vele por la plena aplicación de la resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad mediante la formulación de su plan de acción; asegure la participación efectiva y válida de las mujeres en primera línea en las negociaciones del proceso de paz, así como su participación en los procesos de adopción de decisiones relacionados con las políticas y estrategias posteriores al conflicto; y
Establezca un programa de protección de las dirigentes y las defensoras de los derechos humanos que tome en consideración sus necesidades y realidades desde una perspectiva de género y diferenciada; y asigne suficientes recursos humanos y financieros para su aplicación.
El Comité reconoce que las tasas de deserción en todos los niveles de la enseñanza escolar son más bajas en el caso de las mujeres que en el de los hombres, pero está preocupado por el hecho de que en los niveles superiores de la educación el 46,7% de las mujeres no terminan la formación universitaria. También expresa preocupación por la tasa de deserción escolar entre las niñas debido a embarazos y por la falta de datos desglosados por sexo, edad y etnia en el campo de la educación.
Procure reducir las tasas de deserción de la enseñanza universitaria entre las mujeres, entre otras cosas elaborando programas para retener a las mujeres en las instituciones educativas de nivel superior y alentando a las jóvenes a elegir campos de estudio y profesiones no tradicionales;
Apruebe una política de readmisión en la escuela de las niñas embarazadas y las madres jóvenes y formule estrategias para retenerlas en la escuela; y
Elabore protocolos para reunir anualmente datos desglosados por sexo, edad y etnia sobre los indicadores básicos, como las tasas de matriculación netas y brutas, los índices de matriculación, las tasas de asistencia y deserción y el rendimiento.
El Comité toma nota de la Ley núm. 1429 (2010), en que se incorporan medidas especiales de carácter temporal en forma de deducciones fiscales para las empresas privadas que emplean a mujeres. Toma conocimiento de la aprobación de la Ley núm. 1496 (2011) y expresa su preocupación porque esa Ley incorpora solo parcialmente el principio de la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Al Comité le inquietan también la alta tasa de desempleo femenino, la considerable diferencia en la remuneración de las mujeres y los hombres y la segregación ocupacional de la mujer. El Comité está preocupado además porque la gran mayoría de la población laboral femenina trabaja en el sector no estructurado y, en consecuencia, no tiene acceso a las prestaciones de la seguridad social, y por las circunstancias atenuantes que figuran en la Ley núm. 1010 (2006) con respecto al acoso sexual en el lugar de trabajo.
**Adopte medidas efectivas para reducir en la práctica la diferencia de remuneración entre la mujer y el hombre; y modifique la Ley núm. 1496
a fin de incorporar plenamente el principio de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, de conformidad con el Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (Convenio núm. 100);**
Vele por la aplicación efectiva del Programa Nacional de Equidad Laboral, que tiene por objeto aumentar la proporción de mujeres en el sector laboral estructurado y reducir la tasa de desempleo de las mujeres;
**Siga aprobando medidas especiales de carácter temporal de conformidad con el artículo 4 1) de la Convención y con la recomendación general núm. 25
del Comité, con el fin de lograr la igualdad de oportunidades de factode los hombres y las mujeres en el mercado de trabajo, sin olvidar a los grupos de mujeres desfavorecidos;**
Adopte medidas eficaces para eliminar la segregación ocupacional tanto horizontal como vertical, que se basa en estereotipos relacionados con el género; y vigile de cerca las condiciones de trabajo de las mujeres en el sector no estructurado y garantice su acceso a los servicios sociales y a la seguridad social; y
Suprima las circunstancias atenuantes para los autores de actos de acoso sexual en la Ley núm. 1010 (2006); establezca un sistema confidencial y seguro para presentar denuncias relacionadas con la discriminación de género y el acoso sexual en el lugar de trabajo; y vele por que las víctimas tengan un acceso efectivo a ese medio de reparación.
La aplicación muy limitada del auto C-355 (2006) de la Corte Constitucional, el cual garantiza el acceso al aborto legal en caso de riesgo para la vida o la salud de la madre, de violación y de graves malformaciones del feto; las campañas públicas contra su aplicación por las altas autoridades del Estado parte; y la prevalencia de procedimientos de aborto invasivos y costosos;
El elevado número de abortos realizados en condiciones de riesgo y la negativa de los profesionales de la salud a prestar a las mujeres servicios de atención después de un aborto;
La alta prevalencia de embarazos entre las adolescentes;
La elevada tasa de mujeres en edad de procrear que recurren a la esterilización como método de planificación de la familia; y
Los casos de esterilización forzada de mujeres con discapacidad y de aquellas que viven con el VIH/SIDA.
Garantice el acceso de las mujeres al aborto legal, asegurando el cumplimiento del auto C- 355 (2006) de la Corte Constitucional, estableciendo mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas, por ejemplo sanciones, y sensibilizando a las autoridades y profesionales pertinentes sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos; y ampliando la oferta de métodos de aborto modernos y seguros desde el punto de vista médico;
Garantice la prestación de servicios de atención de la salud para las mujeres tras haberse sometido a un aborto en condiciones de riesgo;
Aplique efectivamente la Política de prevención de embarazos en adolescentes (2012) y garantice el acceso universal a los servicios de salud, a la información sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos y a la educación, en particular de los adolescentes de ambos sexos;
Adopte medidas para reducir el recurso a la esterilización como método de planificación de la familia, llevando a cabo campañas de sensibilización sobre el uso de métodos anticonceptivos modernos y reversibles y asegurando su disponibilidad para las niñas y las mujeres en edad de procrear; y
Modifique y perfeccione el marco reglamentario, así como la orientación proporcionada al personal médico, a fin de garantizar que la esterilización se realice con el consentimiento libre e informado de las mujeres, incluidas las mujeres con discapacidad y aquellas que viven con el VIH/SIDA.
Mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas
Al Comité le preocupa la discriminación persistente que sufren las mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas. Está profundamente preocupado porque los efectos desproporcionados del conflicto armado, junto con la repercusión negativa de los megaproyectos agrícolas y mineros, sobre estos grupos de mujeres están agravando la discriminación, las desigualdades y la pobreza imperantes que vienen sufriendo desde hace tiempo. Al Comité le preocupan en particular:
Las múltiples barreras que afrontan las mujeres en relación con el acceso a la restitución de tierras en el marco de la Ley núm. 1448 (2011), entre otras, las barreras institucionales, procesales y sociales, así como la falta de soluciones sostenibles para las mujeres cuyas tierras les han sido devueltas o aquellas que reclaman sus tierras;
Las amenazas y la violencia, en particular la violencia sexual, por parte de grupos armados, incluidos los grupos armados surgidos después de la desmovilización, a que se enfrentan las mujeres cuando los intereses de inversión de terceros se oponen a sus exigencias de restitución de tierras, lo que da lugar al desplazamiento forzado de las mujeres y sus familias; y
La falta de una actuación institucional eficaz y coordinada para responder a los riesgos específicos a que se ven expuestas las mujeres y las niñas desplazadas internas, así como el hecho de que la violencia de género, en particular la violencia sexual, sea una de las causas del desplazamiento forzado.
Plasme en medidas prácticas el requisito legal de tener en cuenta un enfoque diferenciado en función del género para atender las necesidades específicas de las mujeres víctimas, con vistas a eliminar los diversos obstáculos con que tropiezan durante el proceso de restitución de tierras; y aumente la capacidad de los funcionarios públicos, los funcionarios judiciales y los profesionales de la salud encargados de hacer cumplir la Ley núm. 1448 (2011) , con el fin de identificar mejor las necesidades de las mujeres víctimas;
Asegure la aplicación efectiva del auto 092 (2008) de la Corte Constitucional sobre la situación de las mujeres desplazadas internas, en particular los 13 programas dirigidos a responder a las necesidades y los riesgos específicos a que se enfrenta este grupo de mujeres;
Adopte medidas de protección eficaces para las mujeres que son víctimas de amenazas y de violencia por parte de grupos armados, incluidos los grupos armados surgidos después de la desmovilización, en relación con la restitución de tierras;
Reconozca plenamente el vínculo existente entre la violencia de género, incluida la violencia sexual, y el desplazamiento forzado, y garantice la investigación y el enjuiciamiento sin dilación de los autores, incluidos los grupos armados surgidos después de la desmovilización; y
Busque soluciones sostenibles para las mujeres cuyas tierras les han sido restituidas que, entre otras cosas, incorporen el derecho de las mujeres a tener acceso a recursos productivos, tales como semillas, el agua y el crédito, e impulsen su capacidad para ganarse la vida y producir sus propios alimentos; garantice que la protección de esos derechos prevalezca sobre los intereses lucrativos de terceros involucrados en megaproyectos agrícolas y mineros, entre otros medios, promoviendo las asociaciones de colaboración entre los sectores público y privado; y garantice que se ofrezca una compensación adecuada en caso de que las tierras hayan sido requisadas.
La falta de información concisa respecto a la aplicación de la Ley núm. 731 (2002) sobre las mujeres rurales, en particular la realización de un censo rural, y la falta de políticas y programas encaminados a promover la situación de estas mujeres, se hayan visto afectadas o no por el conflicto armado, y de obtención de resultados;
La ausencia de protocolos adecuados que garanticen la participación de las mujeres indígenas y afrocolombianas en los procesos de adopción de decisiones que afectan a sus derechos económicos, sociales y culturales, como los relacionados con la realización de megaproyectos de desarrollo en sus territorios;
El acceso insuficiente de las mujeres indígenas y afrocolombianas a servicios de atención de la salud, la educación y oportunidades de empleo en las zonas urbanas y rurales; y
La falta de respuestas adecuadas a las exigencias de las mujeres indígenas por parte de los mecanismos de justicia indígena y del sistema de justicia formal, así como la persistencia de obstáculos para su acceso efectivo a la justicia formal, como por ejemplo la ausencia de servicios de interpretación en los procesos judiciales.
Realice un censo rural, de conformidad con la Ley núm. 731 (2002), en el que incluya indicadores que faciliten la elaboración de una evaluación de la situación de las mujeres rurales; y establezca políticas y programas eficaces para promover el adelanto de las mujeres rurales;
Adopte medidas apropiadas para garantizar a las mujeres indígenas y afrocolombianas su derecho a la consulta previa, de conformidad con las normas internacionales, con respecto, entre otras cosas, a la realización de megaproyectos de desarrollo; y promueva su mayor participación política a nivel nacional y dentro de sus comunidades;
Elabore políticas amplias que tengan en cuenta las cuestiones de género en favor de los pueblos indígenas y de los afrocolombianos, encaminadas a hacer frente de manera efectiva a la discriminación que sufren; y garantice que las mujeres indígenas y afrocolombianas tengan acceso suficiente a servicios de atención de la salud, la educación y oportunidades de empleo; y
Adopte medidas para garantizar a las mujeres indígenas un acceso adecuado a la justicia, tanto dentro de los mecanismos de justicia indígena como dentro del sistema de justicia formal; y sensibilice a las autoridades indígenas, los fiscales y los jueces acerca de la importancia de hacer frente a las violaciones de los derechos de la mujer.
Si bien observa que la edad legal para contraer matrimonio en el Estado parte se ha fijado en 18 años para mujeres y hombres, el Comité expresa su preocupación por la excepción prevista en el Código Civil del Estado parte, que permite a los adolescentes de 14 años de ambos sexos contraer matrimonio con el consentimiento de sus padres o tutores. El Comité toma nota de que, desde 2007, la Corte Constitucional ha dictado autos que garantizan los derechos de las parejas del mismo sexo en el Estado parte, como por ejemplo el auto C-577 (2011). Sin embargo, el Comité señala que existen obstáculos para su aplicación.
Garantice el cumplimiento del requisito relativo a la edad mínima para contraer matrimonio, fijada en 18 años para mujeres y hombres, y modifique su Código Civil a fin de asegurar que las excepciones respecto de la edad mínima para contraer matrimonio se fijen en 16 años para ambos sexos, previa autorización de un tribunal competente; y
Sensibilice a los parlamentarios, los funcionarios públicos y los miembros del poder judicial acerca de la jurisprudencia pertinente de la Corte Constitucional.
El Comité lamenta que no se facilitaran datos estadísticos suficientes desglosados por sexo, edad, raza, etnia, ubicación geográfica y contexto socioeconómico en muchas esferas que abarca la Convención, lo que ha creado lagunas e incoherencias en las reformas legislativas emprendidas, así como en las políticas y los programas elaborados, y ha supuesto una canalización errónea de los fondos disponibles. Señala la necesidad de disponer de tales datos para evaluar con exactitud la situación de la mujer y para formular políticas bien fundadas y específicas en relación con todas las esferas que abarca la Convención.
El Comité insta al Estado parte a mejorar la recopilación y el análisis de datos estadísticos desglosados por sexo, edad, raza, etnia, ubicación geográfica y contexto socioeconómico en todas las esferas que abarca la Convención, especialmente en relación con los grupos desfavorecidos de mujeres, a fin de evaluar los progresos hacia la igualdad de facto , la repercusión de las medidas adoptadas y los resultados obtenidos. El Comité pide que se incluyan dichos datos en su próximo censo nacional (2015).
El Comité insta al Estado parte a que suprima su declaración conforme al artículo 10 1) del Protocolo facultativo de la Convención acerca de la competencia del Comité en virtud de los artículos 8 y 9, y a que acepte sin demora la enmienda del artículo 20 1) de la Convención, relativo al período de reunión del Comité.
El Comité recuerda la obligación del Estado parte de aplicar de manera sistemática y continua las disposiciones de la Convención. Asimismo, insta al Estado parte a que preste atención prioritaria a la aplicación de las presentes observaciones finales y recomendaciones desde el momento actual hasta la presentación del próximo informe periódico. Por tanto, el Comité pide la difusión oportuna de las presentes observaciones finales, en el/los idioma(s) oficial(es) del Estado parte, a las instituciones estatales competentes a todos los niveles (nacional, regional y local), en particular al Gobierno, los ministerios, el Congreso y el poder judicial, para hacer posible su plena aplicación. El Comité alienta al Estado parte a colaborar con todas las partes interesadas, como las asociaciones de empleadores, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, las universidades y los centros de investigación y los medios de comunicación. Asimismo, recomienda que las observaciones finales se difundan de forma adecuada en las comunidades locales para permitir su aplicación. Además, el Comité pide al Estado parte que siga difundiendo la Convención, su Protocolo Facultativo, su jurisprudencia y las recomendaciones generales del Comité a todas las partes interesadas.
El Comité recomienda al Estado parte que aproveche la asistencia internacional, entre otras, la asistencia técnica que presta el Equipo de Expertos sobre el Estado de Derecho y la Violencia Sexual en los Conflictos y asistencia técnica de otra índole que contribuya a la aplicación de las recomendaciones anteriores, así como de la Convención en su conjunto. Asimismo, el Comité exhorta al Estado parte a que siga cooperando con los organismos especializados y programas del sistema de las Naciones Unidas.
El Comité pide al Estado parte que le proporcione por escrito, en un plazo de dos años, información detallada sobre el cumplimiento de las recomendaciones que figuran en los párrafos 24 y 30.
Del 3 de Marzo al 3 de Abril y el 6 al 8 de Abril de 1987; Suplemento N. 38 (A 42/38)↩
16 de enero a 3 de febrero de 1995, Suplemento No. 38 (A/50/38)↩
19 de enero a 5 de febrero de 1999, Suplemento No. 38 (A/54/38/Rev.1)↩
La Ley 581 de 2000 llamada ley de cuotas, reglamenta la participación equitativa de las mujeres en los cargos decisorios de la administración pública↩
La ley 575 de 2000, cambio la competencia para conocer de las medidas de protección por violencia intrafamiliar, dotando a las comisarías de familia de funciones jurisdiccionales para decretarlas y quedando la segunda instancia en el juez de familia.↩
Mediante Fallo de Constitucionalidad, No. C- 355 de 2006, la Corte Constitucional Colombiana, despenaliza el aborto en circunstancias especiales: Cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; y cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas, o de incesto.↩
CEDAW/C/COL/CO/6; 2 de febrero de 2007↩
La ley 1142 de 2007, aumenta las penas para los delitos de violencia intrafamiliar, evitando que sean delitos excarcelables, querellables y conciliables. Las autoridades temen que esto conlleve a que las victimas no denuncien aunque no se conoce el impacto de la norma, por ser de tan reciente aprobación.↩
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.↩
CEDAW/C/COL/CO/7-8, 29 de octubre de 2013↩