Source: https://eljuegodelacorte.nexos.com.mx/?p=9039
Timestamp: 2019-05-26 17:01:25
Document Index: 289817273

Matched Legal Cases: ['artículo 102', 'artículo 102', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 217', 'artículo 20', 'artículo 102', 'artículo 102']

Contra el populismo penal: una receta para AMLO y el nuevo gobierno I/II | El Juego de la Suprema Corte
Hace ya algunas semanas iniciaron los “Foros de Escucha para Trazar la Ruta de la Pacificación del País y Reconciliación Nacional”, foros convocados por el presidente electo para generar una propuesta a partir de una consulta nacional en la que participen las víctimas e integrantes de otros sectores sociales. En estos foros se han expuesto testimonios de familiares de personas desaparecidas, desplazadas y víctimas de crímenes gravísimos. La nueva administración recibe a un país azotado por la violencia y la impunidad.1 La tarea no será fácil, sobre todo teniendo instituciones de seguridad debilitadas y un sistema de justicia penal (SJP) sumamente joven e incipiente.
En el presente texto hago un repaso general sobre lo que ha sido la reforma procesal penal en México y lo acompaño de algunas propuestas como la construcción de la Fiscalía General de la República, el replanteamiento del modelo de investigación criminal, la redefinición de la audiencia inicial, la eliminación de la prisión preventiva oficiosa, reformas al juicio de amparo y la reinstalación de un órgano que coordine los esfuerzos de consolidación del SJP.
La premisa de este texto es que será difícil alcanzar un proceso de pacificación si no se hace funcionar correctamente el SJP. Para ello, se necesitan tanto ajustes normativos como estructurales y la generación de nuevas prácticas. Otra premisa es que las medidas de populismo penal, como la prisión preventiva oficiosa o el aumento de penas, difícilmente serán útiles para combatir la delincuencia o abatir la impunidad. Las recomendaciones que aquí propongo, se ofrecen como ajustes viables para mejorar el SJP y como una receta en contra de las medidas populistas penales.
Así pues, previo a explicar los principales problemas y soluciones, vale la pena identificar en qué momento se encuentra el proceso de reforma, reconocer que este ha sido un proceso de más de una década en donde se han logrado avances, pero también hemos acumulado pendientes. Luego de ello, abordaré las propuestas.
En marzo de 2004, el entonces presidente Vicente Fox, presentó una iniciativa que planteaba la creación de la Fiscalía General de la Federación y la implementación de los juicios orales. Esta iniciativa no prosperó, pero desde los estados se empezaron a sentar las bases para una reforma que eventualmente sería nacional.
El primer juicio oral se realizó en febrero de 2005 en una audiencia que duró 15 minutos en el municipio de Montemorelos, Nuevo León. Una persona fue condenada por homicidio culposo. Luego, Chihuahua en 2006 optó por reformar de forma integral su sistema de justicia creando un código procesal penal con un proceso público y oral. A dicho estado le siguieron Oaxaca, Zacatecas, Morelos y Baja California.
Posteriormente, la Reforma de Seguridad y Justicia, de junio de 2008, implicó cambios a diez artículos constitucionales2 y sentó las bases para transitar, a nivel nacional, de un sistema mixto-clásico3 a un sistema oral basado en los principios de publicidad, inmediación, concentración, continuidad y contradicción.4 Estos principios sólo podían garantizarse a través de las audiencias. A diferencia del sistema escrito, donde la relación de las partes con el juez era epistolar, en el sistema oral, los jueces conocen, ven y escuchan a los intervinientes.
Los estados y la federación tuvieron ocho años para hacer todos los ajustes necesarios para la entrada en vigor del nuevo sistema. Por último, el 5 de marzo de 2014, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales como una ley nacional de corte acusatorio para instrumentar tal reforma.
El 18 de junio de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto, junto con los titulares de los Poderes Legislativo y Judicial, anunció la entrada en vigor, en todo el país, del SJP. Explicó que desde el principio de su gobierno se tuvo en claro que cumplir con el plazo de implementación era una meta fundamental y que su gobierno tenía la voluntad de ajustar lo necesario para asegurar que las instituciones estuvieran acordes con la transformación. Pese a ello, la tarea no había terminado, pues estaban pendientes la transición hacia la Fiscalía General de la República, la consolidación de las autoridades supervisoras de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso (UMECAS), consolidar el modelo de investigación, generar capacidades en las instituciones y, sobre todo, evaluar los resultados de los primeros meses de entrada en vigor. Desafortunadamente, desde ese momento, la implementación por parte del gobierno federal se redujo y la derrama de recursos federales a los estados cesó. Prueba de ello fue que la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Penal (SETEC) dejara de existir.
Se inventaron las excusas y se acabaron los culpables
En un contexto de violencia ascendente y con los altos índices de impunidad, a diez años de reforma constitucional, la sensación generalizada es que el SJP nos ha quedado en deuda y que no ha arrojado los resultados esperados. Se gastaron millones de pesos en construir salas de audiencias y en capacitar a los operadores. Las expectativas sobre la reforma fueron muy altas pero lo cierto es que un proceso penal que no se acompaña de un programa de implementación a mediano y largo plazo tiene pocas posibilidades de éxito.
Llama la atención que en el último año se han escuchado voces de gobernantes y autoridades responsabilizando del aumento de violencia al SJP. Por poner un ejemplo, Miguel Ángel Mancera -quien entonces presidía la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO)- señaló reiteradamente que la inseguridad en Ciudad de México se debía a la liberación de 12 mil reos por motivo del sistema acusatorio; que las víctimas tenían toda la carga de la prueba para enjuiciar a los delincuentes o; peor aún, que cuando se trata de delitos por los que no procede la prisión preventiva oficiosa, la víctima se ve forzada a aceptar un acuerdo reparatorio.5 De estos argumentos solamente se puede decir que además de carecer de bases normativas, tampoco existe evidencia empírica que lo asegure. Lo que sí es cierto es que expresiones como esta han alimentado la idea de que el sistema de justicia no funciona y habría de reformarse incorporando más medidas populistas punitivas, como el aumento de delitos de prisión preventiva oficiosa.
También fueron gobernadores, procuradores y fiscales de los estados, secretarios de seguridad pública y titulares de policías quienes hicieron responsable al nuevo sistema de justicia de la crisis de seguridad. Reiteradamente se hablaba de la liberación múltiple de delincuentes, de las deficiencias normativas en la prisión preventiva oficiosa y de la “puerta giratoria”. Al final, el SJP se convirtió en el gran pretexto de las ineficiencias gubernamentales y en la piñata a la que todos querían pegarle.6
Sin duda, gran parte de los esfuerzos se centraron en la construcción de salas de audiencias y en capacitar a los operadores para la implementación del SJP. En efecto, las fallas del sistema podrían ser innumerables, como la “puerta giratoria”, pues una vez que las personas son detenidas -se dice- en sólo unas horas son liberadas; se envían inocentes a prisión y los delincuentes siguen en las calles; las procuradurías y fiscalías están colapsadas de asuntos; no se esclarecen los delitos; las partes en audiencia son deficientes en la argumentación y en la litigación, el juicio de amparo impide llevar ante el juez a los imputados; las audiencias son muy largas o simplemente, los asuntos ni siquiera llegan a juicio; todo esto, entre muchos otros problemas.
A pesar de ello, el sistema acusatorio es significativamente más adecuado que el sistema escrito, basta con ver las salas de los juzgados penales. Las audiencias son públicas y las partes se expresan de manera directa ante el juez. Esto era imposible en el sistema escrito. Sin duda se requieren ajustes, pero es lamentable ver que, ante este panorama, la propuesta de mayor relevancia sea la prisión preventiva oficiosa en más delitos. Esta es una medida de populismo penal que no abatirá la delincuencia o la impunidad, ni los problemas que se han mencionado. En este contexto, expongo algunos de los temas que deberían estar en la agenda de reformas o que merecen mayor fortalecimiento a manera de una receta contra el populismo penal.
El pasado 25 de septiembre, el grupo parlamentario de Morena presentó al Senado la iniciativa de Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (FGR) la cual, regulará las atribuciones, facultades y funcionamiento de este nuevo órgano público autónomo. La iniciativa contempla una estructura significativamente distinta a la de la actual Procuraduría General de la República (PGR) y es el resultado de un trabajo colectivo que involucró a instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil e integrantes del equipo de transición.7
Como antecedente, el 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reforma política-electoral que incluía varias modificaciones a la Constitución. Esta reforma impactó al artículo 102 constitucional estableciendo que “El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios”.
La creación de una fiscalía federal autónoma ha sido uno de los grandes pendientes para la consolidación del SJP. Pese a ello, llegamos al año 2018 sin tener siquiera una propuesta de ley orgánica consensuada. La coyuntura del proceso electoral desdibujó de la agenda el problema de la procuración de justicia, pero después de la vorágine de las elecciones presidenciales, el tema resurgió como prioridad en los sectores involucrados con la procuración de justicia.
Los primeros días de agosto iniciaron los foros de pacificación y el equipo de transición del gobierno electo comprendió rápidamente la urgencia y el clamor de las víctimas sobre el acceso a la justicia. A la par de estos foros, el equipo de transición acordó con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y legisladores electos, la generación de una mesa técnica cuyo propósito fuera lograr un consenso sobre cómo debería ser diseñada la nueva Fiscalía. Para ello se tomaron como base las propuestas que surgieron como iniciativas de leyes orgánicas, al igual que los planteamientos de los colectivos.8 Algo que ha de destacarse de este ejercicio, en donde existían visiones divergentes, fue la construcción de acuerdos y, como resultado, la presentación de una iniciativa de ley orgánica.
A continuación, presento algunos de los temas distintivos de esta iniciativa:
• Plan de Persecución Penal: Será el plan que establecerá la estrategia en la persecución de los fenómenos criminales, el presupuesto y los resultados esperados, en adición con los indicadores para su evaluación. Lo novedoso de este plan es que somete a la fiscalía a una lógica de trabajo ante los fenómenos delincuenciales mucho más pragmática y estratégica.
• A través de este plan, como política de operación institucional, se tomarán decisiones informadas sobre los delitos a perseguir y a procesar. Igualmente, un plan de persecución penal aporta una visión integral sobre la problemática a la que se enfrenta la institución, ya que se elabora a partir de información y análisis estadístico sobre la criminalidad en las distintas regiones del país.
• Fiscalías y unidades de investigación y litigio: Por disposición del artículo 102 constitucional9 se establecerán las fiscalías especializadas en materia electoral y de combate a la corrupción. Además de estas, la iniciativa de ley crea dos fiscalías más: una especializada en asuntos internos que estará a cargo del procesamiento de los delitos cometidos por los servidores públicos de la propia FGR. La otra será la especializada en derechos humanos que perseguirá los delitos vinculados a mujeres, trata de personas, desaparición forzada, periodistas y tortura, entre otros.
Algo novedoso en la propuesta, son las unidades de investigación y litigio como células básicas de la investigación y la persecución penal. Estarán dirigidas por fiscales, pero también se integrarán por equipos de investigación. A diferencia de las fiscalías especializadas, estas unidades se concibieron bajo un esquema de mayor flexibilidad, de tal suerte que podrán formarse o desaparecer de acuerdo con las necesidades de la fiscalía y del plan de persecución penal.
• Métodos de Investigación: Se prevé una estructura que reúna todos los servicios de inteligencia y de análisis criminal. Esta área se encargará de la gestión de información para comprender los fenómenos criminales junto con su evolución, así como la planificación de estrategias para perseguir y dar cumplimiento al plan de persecución penal.
• Servicio Profesional de Carrera: En el modelo de la nueva fiscalía, es crucial para hacer funcionar la institución y a los recursos humanos. La iniciativa crea un Centro de Formación y Servicio Profesional de Carrera que contará con autonomía técnica y de gestión; el servicio de carrera deberá garantizar la igualdad de oportunidades, idoneidad y mérito para el ingreso y reclutamiento, ascensos, estímulos y recompensas.
• Proceso de transición: La liquidación de la PGR y el inicio de operación de las nuevas estructuras de la FGR se prevén a través de un proceso paulatino y organizado. El Fiscal General contará con un plazo de un año para definir la estrategia bajo la cual realizará la transición. La razonabilidad de este plazo tiene como base la necesidad de hacer un inventario integral y un diagnóstico sobre los recursos financieros, humanos y materiales. El proceso de transición involucra la creación de una unidad de transición integrada por un equipo multidisciplinario que brindará dirección a la estrategia de transformación institucional y, por otro lado, tendrá como vocación la liquidación de casos investigados por la PGR. Será relevante la estrategia que se adopte para atender los casos que ya han sido iniciados por la PGR, pues detrás de cada expediente o investigación inconclusa, hay víctimas esperando acceso a la justicia.
Una expectativa que se tiene sobre el diseño de la FGR es que pueda servir de modelo para los procesos de transición de procuradurías a fiscalías en los estados. Actualmente casi una decena10 de procuradurías han transitado al modelo de fiscalía autónoma, pero, en su mayoría, han sido más cambios de nombre que transformaciones estructurales. Se identifican los estados de Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí como aquellos que han elaborado planes de transición a fin de garantizar la construcción de verdaderas instancias autónomas.
Uno de los temas más problemáticos en la implementación del SJP ha sido la realización de investigaciones criminales eficaces o complejas. El trabajo de las fiscalías junto con las policías representa la puerta de entrada al SJP y, si esta no funciona, tampoco lo hará el resto del sistema. A la fecha, ni policías ni agentes del ministerio público han dado resultados satisfactorios en materia de investigación y de procuración de justicia. Ello se debe a que no se ha logrado profesionalizar ni generar capacidades, mucho menos desarrollado nuevos modelos de gestión. La propuesta de la FGR es un gran avance, pero el logro se alcanzará después de haber consolidado esta institución, para ello, faltan varios años de arduo trabajo.
Con la iniciativa presentada y con su futura aprobación, se deberá iniciar el procedimiento para la designación del Fiscal General. Es crucial que, el próximo, sea un fiscal capaz de llevar a cabo una transición sumamente compleja y que sea verdaderamente autónomo.
El modelo de investigación criminal
En el anterior sistema -modelo escrito- el agente del ministerio público era quien realizaba las tareas de investigación y la policía actuaba como auxiliar. En los sistemas acusatorios funciona a la inversa, el policía es quien investiga y el fiscal es quien se encarga de llevar los casos ante los tribunales.
Después de la reforma de 2008, la redacción del artículo 21 constitucional nos ha dejado en una zona gris, pues establece que “la investigación de los delitos corresponde al ministerio público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en ejercicio de esta función”. Entonces, ¿quién investiga y cómo lo hace?
Como se ha mencionado, el modelo idóneo de investigación en un sistema acusatorio aboga por la separación orgánica e institucional entre la investigación criminal y de la persecución ante los tribunales. Pues, por un lado, la labor de investigación debería corresponder a las policías quienes, con autonomía operativa, obtendrían información y evidencias para construir los casos. Por otro lado, estarían los fiscales como abogados, quienes tendrían que litigar ante los tribunales y, en todo caso, solo otorgarían cierta dirección jurídica en la investigación.
Tal parece que el régimen normativo actual no da cabida este modelo. En las interpretaciones al artículo 21 constitucional, están las que abogan por una actuación relativamente autónoma de las policías cuyos resultados tienen un control ex post por parte de los fiscales. Por otro lado, está la visión que aboga por el control de los fiscales sobre las actuaciones de la investigación de la policía es un control ex ante, es decir, la policía realizará actos de investigación solo si los instruye el fiscal, salvo que actúe como primer respondiente.11
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el amparo en revisión 202/2013 realizó una interpretación al artículo 21 constitucional. Señala que previo a la reforma, el artículo 21 establecía tres principios respecto al rol del ministerio público en las investigaciones de los delitos: “(1) tenía el monopolio de la investigación, (b) gozaba del poder exclusivo para valorar los resultados de la averiguación previa y (c) tenía la facultad de ejercer la acción penal.” La reforma de 2008, según la SCJN, “… mantuvo el contenido base de los aludidos principios rectores. Esto es, de conformidad con la normativa constitucional reformada, el Ministerio Público conserva, salvo en casos de excepción, la competencia para investigar los delitos, verificar la probable responsabilidad de los involucrados e instar la actuación jurisdiccional mediante la materialización de la acción penal…”12
De acuerdo con la SCJN, el ministerio público sigue teniendo el control de las actuaciones de la investigación, de tal suerte que la policía -bajo este modelo- continúa supeditada al ministerio público sin dar mayor cabida a la investigación autónoma. En efecto, tal parece que los órganos involucrados en el SJP no han alcanzado un consenso al respecto. Hay tantas interpretaciones y formas de operar este modelo como procuradurías o fiscalías hay en el país.13
El reto es consensuar un modelo de investigación, en todos los niveles y en los tres niveles de gobierno, es decir, orientar los esfuerzos a que las policías sean quienes investiguen y los fiscales únicamente lleven los casos ante los tribunales. En efecto, ello implicaría una reforma constitucional. Sin embargo, la recomendación es -aunque suene redundante- la formación de cuerpos policiales especializados en la investigación criminal, que a mediano plazo sean autónomos funcional e institucionalmente en la investigación criminal y construcción de casos.
La desformalización de la investigación criminal
En tanto el anterior sistema provenía de una tradición mixta-clásica con un fuerte arraigo al sistema inquisitivo, la investigación criminal no tuvo un desarrollo como una tarea relevante en el SJP. Antes de la reforma, la labor de investigación de los agentes del ministerio público se centraba en la conformación de expedientes, es decir, en la integración de las averiguaciones previas conforme a las formalidades que establecía la ley. En la averiguación previa, la forma prevalecía sobre el fondo. Tenía mayor relevancia elaborar una constancia debidamente firmada, sellada y foliada, que corroborar o confrontar la información para esclarecer los hechos.
En los albores de las reformas estatales -a partir de 2006- se decía que “había que salir de la trampa de papeles”; oficios iban y venían, actuaciones, constancias, firmas de testigos de asistencia, fojas selladas y foliadas. Entre los operadores se conocía el principio de que: “lo que no existía en el expediente, no existía en el mundo. Pero la reforma exigía el cese de la conformación expedientes formalizados para que policías y fiscales14 realizaran las acciones necesarias para esclarecer los hechos y solo llevar un registro de estas diligencias para garantizar el derecho a defensa.
Sin embargo, la “carpeta de investigación” suplió a la “averiguación previa”. Dependiendo de las prácticas de cada procuraduría o fiscalía, los niveles de formalización varían, pero aún subsisten. Es frecuente encontrar en las carpetas de investigación constancias de actuaciones que no arrojaron ningún dato significativo para la investigación. Igualmente, basta analizar un poco el lenguaje, lo cual corrobora la idea de que la integración expediente escrito no se ha extinguido. Se dice que los fiscales “abren o integran las carpetas de investigación”, a la usanza de la averiguación previa.
La desformalización de la investigación se vislumbró como uno de los mayores retos y paradigmas a romper. Esto no solo tenía que ver con un tema cosmético, de forma o ahorro de papel. La desformalización de las investigaciones concierne a cambios relacionados con el sistema probatorio y con el rol de las pruebas dentro del proceso penal. En el sistema escrito, las pruebas eran tasadas.15 En cambio, el sistema acusatorio tiene como base la libertad probatoria y de libre valoración de la prueba, de tal suerte que las partes pueden probar su caso con cualquiera de ellas en tanto sean relevantes, pertinentes y hayan sido obtenidas con respeto a los derechos humanos.
La prueba es aquella información que se produce en la audiencia a través de los medios de prueba -testigos, objetos y documentos-. La carpeta de investigación no es una prueba, es un registro. Sin duda, la desformalización de las investigaciones criminales tiene que ver con el empoderamiento de la prueba como fenómeno de expectativa en la investigación y a producirse en juicio.
A pesar de la reforma, en la práctica uno puede toparse con acciones por demás formalistas que ponen en evidencia que no se ha logrado romper con el paradigma anterior: algunos agentes del ministerio público solicitan comparecencias por escrito, hacen constancias de todas sus acciones -aun sin que hayan obtenido información relevante para el caso- envían oficios en acciones que bastarían con una llamada telefónica. En alguna unidad de investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México se encontraba un letrero que decía: “No se aceptarán carpetas de investigación si no se encuentran debidamente selladas y foliadas”.
Desafortunadamente, algunos agentes del ministerio público sostienen que –como cotidianamente se encuentran bajo la amenaza de que se les inicie un proceso administrativo o, incluso, penal– más vale ir dejando constancias de todo lo actuado, porque la carpeta de investigación será la prueba y defensa de su trabajo.
El artículo 217 del CNPP prescribe que “el Ministerio Público y la Policía deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, integra y exacta…”. Tal parece que esta disposición, que se formuló para garantizar el derecho a defensa, ha sido el artículo que dejó viva la averiguación previa.
En conclusión, habrá que hacer cambios a nivel práctico y a nivel normativo, para asegurar un nuevo modelo de investigación en el que la policía se empodere frente al ministerio público en la construcción de casos. Desde luego, las investigaciones deberán ser sustantivas en información y desformalizadas. Esta transformación es compleja pero no imposible.
1 Entre 2016 y 2017, a nivel nacional, la tasa de víctimas aumentó un 1.33%, al pasar de 28,788 víctimas por cada cien mil habitantes a 29,746 víctimas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018, México, 2018. p.7.
2 Artículos del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 73 (fracciones XXI y XXIII), 115 (fracción VII) y 123 (fracción XIII, apartado B).
3 El Código de Instrucción Criminal Francés de 1808 fue producto de un modelo que, en la Europa continental mezcló el sistema inquisitivo con el sistema adversarial, de ahí la denominación de sistema mixto.
4 Principios establecidos en el artículo 20 constitucional que únicamente pueden ser garantizados a través de un proceso basado en una metodología de audiencias.
5 Alcalde, Bertha, Ocho argumentos falsos de Mancera sobre la justicia penal, Instituto de Justicia Procesal Penal, México, junio de 2017..
6 Rivas, Francisco, La nueva piñata: el Sistema de Justicia, El Universal, México, julio de 2017.
7 La mesa de trabajo se conformó por integrantes del equipo de transición, representantes de los colectivos #FiscalíaQueSirva y #VamosPorMás, académicos del CIDE y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
8 #FiscalíaQueSirva es un colectivo de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que nació en 2016 con el propósito de impulsar las transformaciones institucionales y evitar que la transición de PGR a FGR fuera solo un cambio de nombre sino un verdadero cambio estructural. El colectivo pugna por la creación de una nueva Fiscalía General como órgano constitucional autónomo. Igualmente, impulsó la reforma al artículo 102 constitucional para eliminar el pase automático de Procurador a Fiscal. El colectivo exige que el titular no tenga vínculos con los poderes políticos ni económicos. Junto con el colectivo #VamosPormás, se elaboró una propuesta de Ley Orgánica de la Fiscalía. El sitio web del colectivo es: http://fiscaliaquesirva.mx
9 El artículo 102 constitucional establece que: “La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República…”
10 México Evalúa, Centro de Análisis de Políticas Públicas, Hallazgos 2017, México, 2018, p. 47.
11 Informe Ejecutivo, Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e Instituto Nacional de Ciencias Penales, México, 2017, p. 50.
12 Tesis aislada 1ª. CCCXIII/2013 (10ª.)
13 Informe Ejecutivo Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia 2017, óp.cit. p.50
14 Me refiero indistintamente a policías o fiscales de acuerdo con el actual régimen del 21 constitucional, según lo explicado en el apartado anterior.
15 En el sistema de prueba tasada, como sucedía en el proceso escrito, el legislador disponía del valor de la prueba a través de normas. En contraposición, en el sistema de libre valoración de la prueba, propio del proceso acusatorio, el juez libremente otorga el valor a las pruebas, valor que es explicado a través de la motivación en las sentencias.
Día a Día, General. Etiquetas La cuarta transformación.