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Timestamp: 2019-12-05 19:48:14
Document Index: 409309635

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 130', 'artículo 40', 'artículo 29', 'artículo 40', 'artículo 22', 'artículo 60']

Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) Mejor documento Vigente
Sentencia de Constitucionalidad nº 329/15 de Corte Constitucional, 27 de Mayo de 2015
Demanda de inconstitucionalidad contra algunas expresiones contenidas en el artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Aduce el demandante que los apartes normativos acusados deben declararse inexequibles por resultar trasgresores, de un lado, del fin esencial del Estado de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, dado que no se garantiza el derecho de apelar ciertos autos que sí son apelables cuando son proferidos por jueces administrativos, y del otro, del derecho a recibir la misma protección y trato de las autoridades y a gozar de los mismos derechos, toda vez que algunas personas sí pueden apelar determinadas providencias judiciales, mientras que otras no pueden apelar las mismas cuando son dictadas por tribunales administrativos. La Corte concluye que, Regular de distinta manera el recurso de apelación respecto de providencias judiciales que, dentro del conjunto de las providencias interlocutorias, no ponen fin a la actuación procesal ni tienen gran incidencia en ella, y que pueden considerarse en el trámite de la apelación de la sentencia o en el ámbito de otros mecanismos de protección de derechos, con fundamento en la autoridad que las profiere, con el fin de descongestionar al tribunal de cierre de una jurisdicción y, por tanto, garantizar un acceso a la justicia pronto y eficiente, constituye una diferencia de trato justificada en términos constitucionales. Se declaran EXEQUIBLES; por los cargos examinados, las expresiones por los jueces administrativos y Los autos a que se refieren los numerales 1, 2, 3 y 4 relacionados anteriormente, serán apelables cuando sean proferidos por los tribunales administrativos en primera instancia, acusadas.
sentencia corte constitucional acción de inconstitucionalidad demanda
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 130 de la ley 1438 de 2011, por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones. El actor aduce que la norma acusada vulnera el debido proceso al que están obligadas las actuaciones administrativas, en su componente del principio de legalidad, al no establecer el sujeto respecto del cual se predica cada conducta. La corte encontró que la regulación de las conductas que vulneran el sistema general de seguridad social en salud y el derecho a la salud efectuadas mediante el artículo acusado no desconoce los principios de legalidad ni el de tipicidad, ya que en el precepto acusado se indican claramente todos los aspectos que debe contener una norma sancionatoria. Recuerda asimismo que la tipificación de las conductas sancionables en el derecho administrativo sancionador no tiene la misma exigencia que en el derecho penal. El artículo demandado se declara exequible por los cargos examinados.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 40 (parcial) del código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Considera el demandante que el artículo acusado al impedir la procedencia de los recursos contra el auto que niegue la práctica de pruebas en desarrollo de las actuaciones administrativas vulnera el artículo 29 de la constitución, porque el derecho al debido proceso incluye la garantía de presentar pruebas y no solo de controvertir las que se alleguen en contra. Para la corte no es aceptable el argumento del actor y por ello decide declarar la exequibilidad de la expresión “contra el actor que decida la solicitud de pruebas no proceden recursos”, contenida en el artículo 40 de la ley 1437 de 2011.
derechos fundamentales Acción de tutela derecho de petición
Sentencia nº 25000-23-25-000-2001-03304-01(8820-05) de Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda, de 7 de Septiembre de 2006
RETIRO DE EMPLEADO - Procedencia de la facultad discrecional por decaimiento del acto de inscripción;CARRERA ADMINISTRATIVA - No vulneración de estos derechos por decaimiento del acto de inscripción. El presente asunto se contrae a establecer la legalidad de la Resolución No.509 del 29 de diciembre de 2000, expedida por los Registradores Distritales del Estado Civil, por la cual se da por terminado el nombramiento de la actora en el cargo de Jefe de División 2040-09. Indudablemente, el empleo que desempeña la actora pasa a ser de carrera administrativa, por virtud de la sentencia C-552 de 1996, y bien podría tener aplicación para aquellos funcionarios la previsión contenida en las normas cuyo tenor ha sido trascrito, que consagran una forma de inscripción automática en la carrera para aquellos servidores que se hallaban vinculados el 20 de mayo de 1986. Referente a este asunto, ha de decirse que la Corte Constitucional, en sentencia C-030/97, declaró inexequible una previsión similar contemplada en el artículo 22 de la Ley 27 de 1992 - ordenamiento que rige el sistema de carrera administrativa a nivel general -, avalando, eso sí, aquellas situaciones consolidadas, es decir los casos de los empleados que al proferirse el fallo se encontraban ya inscritos en el escalafón de la carrera, pese a la irregularidad de su inscripción. La decisión judicial anterior no sería aplicable al presente asunto: (i) porque la reseñada sentencia de la Corte se refiere a una disposición que no tiene cabida en este caso, por tener la accionada una carrera específica, gobernada por particulares disposiciones; y (ii) porque siguiendo los lineamientos de tales normas especiales la inscripción automática que fue consagrada en ellas sólo tiene lugar para aquellos servidores que se hallaban vinculados el 20 de mayo de 1986 y es claro que la vinculación del demandante a la Registraduría lo fue en 1995. Se registra en el expediente la Resolución No.509 del 29 de diciembre de 2000, en donde aparece que la actora es inscrita en forma automática en el escalafón de la carrera administrativa de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por resolución 05127 del 6 de octubre de 1997, en el cargo de Jefe de División 2040-09; que la Resolución No.2596 del 30 de mayo de 1997 - disposición en que se funda la inscripción y se establece el procedimiento de inscripción para los servidores cuyos cargos pasaron a ser de carrera en virtud de la sentencia C-522/96 -, es revocada por la misma entidad, por Resolución No.5988, aduciendo razones de interés público que aconsejan su revisión, para lo cual expresa ejercer su prerrogativa de autotutela. En tal caso, al desaparecer los fundamentos de derecho en que se basa la resolución de inscripción en el escalafón de carrera, es claro que opera el decaimiento de dicho acto administrativo, en tanto la resolución 2598 es retirada del ordenamiento jurídico. En esas condiciones, considera esta Sala que la entidad se encontraba facultada para retirar discrecionalmente del servicio al demandante, como consecuencia del decaimiento del acto de inscripción, por no tratarse de un empleado inscrito en carrera sujeto al procedimiento de retiro propio de esta clase de servidores, sino de un empleado provisional que se asimila al de libre nombramiento y remoción. Cuando se da por terminado el nombramiento del actor, ha de entenderse entonces que se trataba de una declaratoria de insubsistencia, medida discrecional que se presume inspirada en el buen servicio, en tanto no se demuestre lo contrario. No obstante todo lo dicho anteriormente, se dirá que si bien la demandante exhibe un acto administrativo de inscripción en el escalafón del régimen específico de carrera de la Registraduría Nacional del Estado Civil, lo cierto es que dicha decisión es revocada por la misma administración, mediante otro acto, el cual no es acusado dentro de este proceso (presumiéndose su legalidad), si consideraba que lesionaba un derecho adquirido. El acto que se demanda en esta oportunidad es el que da por terminado su nombramiento, esto es, una insubsistencia, por cuanto la actora no se hallaba inscrita en carrera, dada la situación presentada en su particular caso en donde operó el decaimiento del acto administrativo de inscripción. En esas condiciones, la administración tenía la potestad discrecional de retirar del servicio a la demandante.
Sentencia nº 63001-23-31-000-2001-00145-01(31049) de Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, de 13 de Abril de 2015
Caracterización del Estado regulador como producto de la globalización económica y compatibilización con la garantía de los derechos del Estado social
Este artículo aborda el control de legalidad que existe sobre los actos administrativos dictados en un proceso de contratación estatal a través de la acción popular. Explora las alternativas jurídicas a la vulneración de derechos colectivos a partir de procesos contractuales del Estado, teniendo en cuenta que no existe la nulidad producto de una providencia resultante de una acción popular, ya que se estaría atribuyendo funciones propias de medios de control contemplados en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Se analiza que los actos administrativos que rodean la contratación pública en algunas oportunidades pueden afectar derechos colectivos, por lo cual podría activarse la acción constitucional en comento para proteger esos intereses. Finalmente, plantea una solución desde la perspectiva de la Ley 1437 de 2011.
Dada la ausencia de una norma que contemple el régimen legal de la acción sancionadora de la Administración, la postura de la Corte Constitucional, como intérprete supremo de la Norma Fundamental, se erige como la pieza clave para determinar el alcance de esta facultad. Por lo tanto, el objetivo de este artículo es estudiar la posición de la Corte Constitucional, desde su creación, sobre un aspecto fundamental como es el poder sancionador de la Administración. En este sentido, nos detendremos particularmente en aquellos aspectos que han sido analizados por el alto tribunal, como son: el concepto en sí mismo considerado de ius puniendi del Estado; el poder sancionador de la Administración; implicaciones de esta potestad; las diferencias entre el derecho penal y el derecho administrativo sancionador y los postulados que presiden la actividad sancionadora. Palabras claves: Poder sancionador, administración pública, principios. Given the absence of a norm regarding the legal regime of the sanctioning action of the Administration, the position of the Constitutional Court as the supreme interpreter of the Fundamental Norm becomes a key factor to determine the extent if this faculty. The objective of this article is to study the position of the Constitutional Court since its creation, concerning such a fundamental aspect as is the sanctioning power of the Administration. In this sense, we will particularly focus on those aspects already analyzed by the High Court, such as the concept itself, which has been considered ius puniendi of the State; the Administration sanctioning power, its implications, the differences between the sanctioning Penal and Administrative Law and the postulates presiding the sanctioning activity. Key words: Administration sanctioning power, postulates, Administration. Fecha de recepción: 19 de julio de 2007 Fecha de aceptación: 9 de septiembre de 2007
La potestad sancionadora, en cabeza de la Administración, ha sido reconocida como una de las competencias de gestión de la que es titular la autoridad administrativa. Pues, de nada serviría que la Administración ostentara una facultad para imponer una obligación o regular una conducta, en aras de alcanzar el bienestar general, y no lo fuera para imponer sanciones por su incumplimiento. Sin embargo, esta situación no significa que las diversas autoridades administrativas tengan carta blanca para ejercer el ius puniendi a su antojo, y de este modo ejerzan de forma discrecional o arbitraria esta potestad. Por el contrario, la Administración debe estar a los criterios de adecuación y graduación previstos en la norma o, en caso de no existir estos, a su sentido de justicia, que debe propender por una medida proporcional a los hechos ocurridos. Palabras clave: proporcionalidad, poder sancionador de la administración, principios, sanción administrativa.
La sanción administrativa y su diferencia con otras medidas que imponen cargas a los administrados en el contexto español
Sin lugar a dudas, la sanción administrativa es una de las instituciones más relevantes en el campo del derecho administrativo sancionador. Esta es la herramienta con que cuenta la Administración para sancionar a los administrados en tanto su conducta se encuentre descrita en una infracción administrativa. Si bien a primera vista esta figura jurídica no presenta mayores inconvenientes en su definición, el panorama se complica cuando, en ocasiones, se les asimila a otras instituciones que generan efectos gravosos para los asociados. De ahí la importancia de la claridad en los elementos que conforman la noción de sanción administrativa y de su requisito por excelencia, el carácter represivo, que se erige como el pilar sobre el que descansa el concepto. Palabras claves: Sanción, Ius puniendi, administración. Beyond any doubts the administrative sanction is one of the most relevant institutions in the area of sanctioning Administrative Law. The Administration has the tool to sanction its administrates as long as their behaviour is described under an administrative violation. Even though this administrative figure does not present great inconveniences at first sight, things complicate when they are assumed by other institutions generating sanctions for their associates. Therefore, the importance of the clearness of the elements conforming the notion of administrative sanction and its necessary requirement: the repressive character, which becomes the foundation of this concept. Key words: Administrative sanction, Ius puniendi, administration. Fecha de recepción: 15 de febrero de 2007 Fecha de aceptación: 23 de febrero de 2007
El artículo presenta el contexto social y político en que se desarrolla la actual reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; así mismo, explica sus grandes cambios en aras de contribuir a la concreción de un Estado social y a la globalización del derecho administrativo. De otra parte, analiza algunos vacíos que no alcanzó a llenar la reforma.
Las medidas preventivas previstas en el régimen sancionatorio ambiental son una especie de las medidas cautelares consagradas en el ordenamiento jurídico colombiano, aunque con algunas particularidades propias de su ámbito de aplicación, que es el derecho ambiental. El artículo realiza una aproximación respecto al contenido, alcance, antecedentes y justificación de las medidas preventivas ambientales desde la óptica del derecho administrativo y como manifestación de una de las funciones del ejecutivo, cual es el mantenimiento del orden público. Palabras clave: derecho ambiental, procesos sancionatorios, medida preventiva
La identidad sustancial entre el delito y la infracción administrativa
Sosteniéndose la legitimidad de la aplicación analógica in bonam partem de la ley, y la consecuente interdicción de la analogía in pejus, se debate la existencia de una similitud sustancial entre delitos e infracciones administrativas, que justifique la aplicación analógica de la ley, para dotar de plenitud al derecho administrativo sancionador colombiano; positivado en una regulación dispersa, sectorial e insuficiente. Por ello, sostenemos la existencia de una identidad ontológica sustancial entre la infracción administrativa y el delito, especialmente en cuanto a los principios-categorías dogmáticas que lo erigen, y que justifica la aplicación de instituciones jurídicas de efecto benéfico para el administrado, ausentes en la legislación administrativo-sancionadora nacional, pero positivadas en el Código Penal. Se empleó un método exploratorio-descriptivo, fundado en documentos de tipo bibliográfico, hemerográfico y jurisprudencial. Sustain the legitimacy of the analogical application in bonam partem of the law and the consequent interdiction of the analogy in pejus, are debating the existence of a substantial identity between crimes and administrative offences, justifying the analogical application of the law, to give fullness to colombian administrative sanctioning law; which positive regulation is scattered, sectoral and insufficient. Therefore, we maintain the existence of an ontological identity between the administrative offence and the crime, especially on principles-dogmatic categories that built it, and that justifies the application of legal institutions for the beneficial effect for citizen, absent in the national administrative sanction law, but positivised in the Colombian Penal Code. An exploratory-descriptive methodology, in the base of bibliographical documents, periodical publications, and precedents of the justice, is used.
El derecho colectivo: "moralidad administrativa" en la contratación estatal. Fortalecimiento de los principios del derecho administrativo
As a result of the susceptibility to corruption of public contracts, a broad range of questions from the public has been generated about the management of public resources. This concern has led to the implementation of several legal mechanisms focussing on eliminating such abuses. One such procedure is the Popular Action that is one of the best means for protecting Collective rights. Nonetheless, the implementation of this procedure presents a number of legal questions about its practical application. These range from possible prejudice to contractor's rights to judicial difficulties in delimiting and specifying the morality of state contracts as a guide to collective rights. This article constitutes a bibliographic review of the subject, and finds that "Collective Rights" encompasses traditional ethical principles of Administrative Law, such as "General Interest" and "Common Wealth". The challenge to administrative morality is to construct, as a new chapter of Administrative Law, a defence of human rights and community interest in the management of public resources. --------- En la opinión pública, el tema de la contratación estatal ha generado amplios cuestionamientos desde el punto de vista del manejo de los recursos gubernativos que evidencian el área de la contratación pública como sensible a la corrupción. Esta preocupación ha generado la implementación de diversos mecanismos jurídicos que pretenden evitar estas prácticas; entre ellos, la acción popular se erige como medio de protección de los derechos colectivos, uno de los cuales es la moralidad pública. No obstante, la incorporación de este instrumento procesal presenta varios interrogantes jurídicos en su aplicación práctica, que van desde la posible lesión a los derechos de los contratistas hasta las dificultades que debe afrontar el juez al precisar y delimitar la moralidad en los contratos estatales como derecho colectivo objeto de tutela. El presente artículo constituye una revisión bibliográfica del tema, y encuentra que el referido derecho colectivo es una concreción más de los tradicionales principios éticos del derecho administrativo, como son el «interés general» y el «bien común», y las dificultades que han venido enfrentando ante las prácticas individuales y lesivas para la comunidad. El derecho colectivo a la moralidad administrativa, se erige como otro capítulo del derecho administrativo en defensa de los derechos humanos y los intereses de la comunidad, en la gestión de los recursos públicos.
principios generales del derecho derechos humanos Recursos públicos
Valor vinculante de las sentencias de unificación del consejo de estado: ¿una alteración al sistema de fuentes de derecho en el proceso contencioso administrativo
Los artículos 10, 102 y 269 de la Ley 1437 de 2011 y la sentencia C-634 de 2011 de la Corte Constitucional consolidan en lo contencioso administrativo la fuerza vinculante de las sentencias de unificación del Consejo de Estado y de las sentencias interpretativas de la Corte Constitucional. Si bien el cumplimiento del precedente no resulta una novedad para los jueces de la Republica que de tiempo atrás se ven atados al mismo ya que mediante su aplicación se viabiliza la efectividad de los derechos de las personas, lo que resulta novedoso es el instrumento tendiente a perseguir su efectivo cumplimiento ya que mediante un trámite sumario, el Consejo de Estado puede ordenar la extensión de una sentencia de unificación de la misma Corporación a un caso concreto.
Proceso contencioso administrativo proceso verbal sumario
Actualidad sobre «Derecho administrativo»
Las entidades no pueden imponer barreras administrativas injustificadas para el acceso a los programas de reubicación
Administrativo- La jurisprudencia constitucional ha establecido que no pueden existir barreras administrativas injustificadas para el acceso a los programas de reubicación desarrollados por las entidades territoriales. Ver Sentencia- Corte Constitucional
Llamamiento a calificar servicios no debe ser motivado
Administrativo- “Llamamiento a calificar servicios no debe contener necesariamente una motivación expresa porque su fundamentación deriva de la ley, constituida por los dos requisitos materiales de tiempo servido y de la existencia de una recomendación previa de la Junta de Asesores del Ministerio de Defensa Nacional para la Policía Nacional” Ver Sentencia- Corte Constitucional
policía nacional sentencia corte constitucional
Actos administrativos deberán hacer referencia expresa y detallada de las razones que fundamentan las decisiones
Administrativo- Los derechos a la seguridad personal y debido proceso se vulneran por parte de la Unidad Nacional de Protección, por falta de motivación al momento de calificar el riesgo y decidir finalizar esquema de protección. Ver Sentencia- Corte Constitucional
Medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción
Penal- La iniciativa adopta medidas en materia penal y administrativa en contra de la corrupción. Ver Proyecto de Ley- Congreso de la República
Notificación electrónica en la UGPP
Público- Se implementa la notificación electrónica en la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), como mecanismo preferente de notificación de las actuaciones administrativas. Ver Resolución- Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
contribuciones protección social
Suspensión provisional del fallo por medio del cual se declaró la nulidad de la elección del senador Antanas Mockus.
Público- Se suspenden los efectos de la sentencia proferida el 11 de abril de 2019, en el proceso identificado con el número único de radicación 11001 03 28 000 2018 00080 00 (acumulado), por medio de la cual se declaró la nulidad de la elección de ANTANAS MOCKUS como senador de la República para el período 2018-2022 y se ordenó cancelar la credencial que lo acredita como Congresista, hasta que se resuelva la presente acción de tutela. Ver Sentencia- Consejo de Estado
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Efectiva garantía del derecho fundamental al debido proceso administrativo
Procesal- “La efectiva garantía del derecho fundamental al debido proceso administrativo de una persona, supone la posibilidad de que ésta pueda no solamente acudir ante la administración con el objetivo de lograr un determinado tipo de actuación, sino que requiere, entre otras cosas, que se le permita al ciudadano ser (i) oído y participar en la toma de la decisión, (ii) notificado de las actuaciones que se surtan, (iii) que el trámite se surta en respeto de las formalidades previstas en el ordenamiento jurídico y (iv) obtener, dentro de un plazo razonable, una decisión definitiva” Ver Sentencia- Corte Constitucional
Se ha incorporado la obra Nuevas tendencias del derecho administrativo por Helena Alviar García (Editorial Universidad de Los Andes (Colombia), 2016)
Los bienes de uso público no pueden ser arrendados
Público- El Consejo de Estado resolverá si una entidad pública puede celebrar un contrato de arrendamiento de un bien de uso público. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
Actuación administrativa de trashumancia Electoral
Público- Se establece un procedimiento breve y sumario orientado a dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía. Ver Resolución- Consejo Nacional Electoral
proceso verbal sumario Consejo Nacional Electoral
Caducidad de la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas
Administrativo- "la facultad sancionatoria de las autoridades administrativas no caduca si en el término de 3 años previsto en la norma en mención se expide y notifica el acto administrativo principal." Ver Sentencia- Corte Constitucional
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Enajenación de Propiedad Accionaria Estatal
Administrativo- La Ley 226 de 1995 desarrolla el artículo 60 de la Constitución Política en lo relativo a la enajenación de la propiedad accionaria estatal (“PAE”). Esta ley tiene el propósito de asegurar que la PAE sea transferida al mayor número de personas posible, siempre y cuando se priorice el acceso del sector solidario a la PAE, no se lesione el patrimonio público y se garantice que las empresas que prestan servicios de interés público y que sean enajenadas puedan seguir operando en óptimas condiciones. Ver Artículo- Daniel Bermúdez de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría
Ministerio para la Equidad de Género y la Familia.
Público- El proyecto tiene por objetivo autorizar al gobierno para la creación del Ministerio para la Equidad de Género, la Mujer y la Familia, como parte integrante de la rama ejecutiva del poder público del Estado y como ente rector en el diseño de políticas públicas destinadas a garantizar la equidad de género, el pleno desarrollo de los derechos de las mujeres y la protección de la familia. Ver Proyecto de Ley- Senado de la República
Improcedencia de la acción de tutela para solicitar el retiro de cámara de vigilancia
Administrativo- La acción de tutela resulta improcedente para solicitar el retiro de cámara de vigilancia instalada por alcaldía para combatir criminalidad, cuando no se acredite que se acudió al procedimiento administrativo previamente. Ver Sentencia- Corte Constitucional
Se ha incorporado la obra Derecho administrativo. Reflexiones contemporáneas por Manuel Alberto Restrepo Medina (Editorial Universidad de Rosario (Colombia), 2017)
Constitucional- A la víctima le asistía el derecho a solicitar: (i) la suspensión del poder dispositivo de los bienes sujetos a registro, en caso de existir motivos fundados para inferir que el título de propiedad fue obtenido fraudulentamente; (ii) la adición de la sentencia o de la decisión con efectos vinculantes, en aquellos eventos en los que la autoridad judicial ha omitido pronunciarse de manera definitiva sobre los bienes afectados con fines de comiso; (iii) la suspensión de la personería jurídica o el cierre temporal de los locales o establecimientos abiertos al público, de personas jurídicas o naturales, de existir motivos fundados que permitan inferir que se han dedicado total o parcialmente al desarrollo de actividades delictivas. Ver Sentencia- Corte Constitucional
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Indemnización administrativa para víctimas del conflicto armado
Administrativo- La indemnización administrativa de las víctimas de desplazamiento forzado busca restablecer su dignidad, compensando económicamente el daño sufrido, para así fortalecer o reconstruir su proyecto de vida. Ver Sentencia- Corte Constitucional
Presunción de perjuicios en un contrato estatal
Administrativo- Un municipio suscribió con un ciudadano un contrato de obra, pero tiempo después, las obligaciones del contratista se suspendieron como consecuencia de la paralización de las obras objeto de otros contratos. Posteriormente, el municipio profirió una resolución por medio de la cual declaró la caducidad del contrato. En el caso concreto, el Consejo de Estado debe determinar si le corresponde al contratista el reconocimiento de una indemnización por los perjuicios morales y materiales a razón de la declaratoria de caducidad del contrato por parte del municipio. Ver Análisis Jurisprudencial- Derecho Justo
Sanciones a remisos
Administrativo- Las sanciones impuestas por las autoridades militares se aplicarán mediante resolución motivada que deberá notificarse debidamente y contra la cual proceden recursos. Ver Sentencia- Corte Constitucional
Trámite de las denuncias de bienes vacantes, mostrencos y vocaciones hereditarias
Público- Se establece el procedimiento que se debe seguir en los trámites de denuncias de vocaciones hereditarias y de bienes vacantes y mostrencos en las que tenga interés el ICBF, con el fin de mejorar su gestión operativa y administrativa. Ver Resolución- Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
«derecho administrativo» en el mundo
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