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Timestamp: 2018-11-12 21:55:02
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El Nuevo Estuto Catalán Definitivamente Inconstitucional | Sin Pancarta Street Journal
El Nuevo Estuto Catalán Definitivamente Inconstitucional
Por Narrador - 9 de Septiembre, 2005, 16:59, Categoría: Estatuto Catalán
El dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma del Estatuto ha detectado 19 preceptos que no se ajustan a la Constitución y duda de la constitucionalidad de otros 39, así como rechaza por inconstitucionales las 16 enmiendas de CiU referentes a la financiación autonómica. Maragall pidió ayer "respeto" para el texto y avisó del riesgo de ignorar el dictamen porque dijo hay que "evitar" la presentación de un recurso de inconstitucionalidad al Estatuto. No se preocupen que en un par de días cambiará de opinión.
En este mismo sentido Montilla, alertó de que "hacer caso omiso" e "ignorar" el dictamen del Consultivo es "no tener interés" en aprobar un nuevo texto. También el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que acepten el dictamen y lo utilicen como "guía" para ajustar la reforma a la Constitución. El consejero de Economía, Antoni Castells, reconoció ayer que el Gobierno catalán "no puede ir a Madrid con una propuesta que el propio Consejo Consultivo considera inconstitucional", y se mostró partidario de "introducir" retoques que no alteren ni la filosofía ni la esencia del modelo. Teatro y más teatro, como si no conocieran la inconstitucionalidad de antemano.
Ángel Acebes, apuntó que el pronunciamiento del Consultivo viene a dar la razón al PP en su valoración de un texto que "no hay por donde cogerlo" y que "propone la secesión de una parte de España". Asimismo, el presidente del PP catalán, Josep Piqué, exigió a Maragall que abandone la idea de reformar el Estatuto, porque el Consultivo ha dejado al texto actual "herido de muerte". Pura lógica.
Carod-Rovira, subrayó que el dictamen "no tiene fuerza de obligar", e hizo un llamamiento a los partidos catalanes a modificar la Constitución, porque si lo que pide el Estatuto "topa" con la Carta Magna, "hay que cambiarla". Finalmente Artur Mas, advirtió de que su formación seguirá defendiendo las mismas posiciones en cuanto al sistema de financiación y la invocación de los derechos históricos para blindar competencias. Mas anunció que, en aquellos preceptos del Estatuto que hayan sido considerados inconstitucionales por una ajustada mayoría -cuatro miembros del Consultivo contra tres-, como en el caso de la financiación y los derechos históricos, CiU escogerá el criterio que le parezca "mejor para el país".
Ua en el colmo del surrealismo hemos sabido que el Barça está estudiando una fórmula para pronunciarse a favor del Estatuto durante el partido de Liga que el próximo domingo enfrentará al equipo azulgrana contra el Mallorca, en coincidencia con la Diada del 11 de septiembre, tras una petición expresa del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall. El Barça argumenta que ya apoyó la aprobación de los textos de 1932 y 1979. Ver para creer…
LOS TITULARES SOBRE EL ESTATUTO CATALÁN
El Mundo: “CiU y ERC abogan por obviar el dictamen del Consultiu que secunda las tesis del PSC”.
El País: “La Generalitat asume el dictamen del Consultivo” “Acebes asegura que el Estatuto busca la secesión de Cataluña”
ABC: “El Consultivo impugna el núcleo del nuevo Estatuto pero acepta el término nación”
La Razón: “El Organismo Jurídico de la Generalitat tumba los principales pilares de la reforma estatutaria”
La Vanguardia: “PSC acepta el dictamen pero se abre a negociar y ERC sigue firme con los derechos históricos”
El Periódico: “CiU bloquea el Estatut al no admitir el dictamen del Consell Consultiu”
CIU Y ERC ABOGAN POR OBVIAR EL DICTAMEN DEL CONSULTIU QUE SECUNDA LAS TESIS DEL PSC
Carod apuesta por cambiar la Constitución si ésta choca con el contenido del nuevo Estatut
BARCELONA.- Debería haber zanjado las discusiones sobre el contenido del Estatut, pero el dictamen que emitió ayer el Consell Consultiu -detectando 19 artículos inconstitucionales y expresando dudas sobre la constitucionalidad de otros 39- ha servido para todo lo contrario, pues ha evidenciado la existencia de dos bloques cada vez más diferenciados entre los partidos catalanes.
PSC e ICV están encantados con el informe, que no hace más que suscribir las tesis que los socialistas han mantenido durante los últimos meses de la negociación estatutaria. CiU y, en menor medida, ERC se sienten defraudados ante un dictamen que ha tumbado la mayoría de sus pretensiones y se plantean obviar las conclusiones del órgano encargado de velar por que las leyes de la Generalitat se ajusten a la Constitución.
Los nacionalistas se agarran como un clavo ardiendo al hecho de que el informe no es vinculante. Y es que el Consultiu ha considerado inconstitucionales sus dos propuestas estrella: el blindaje de las competencias a través de los derechos históricos de Cataluña y la introducción en esta comunidad de un sistema de financiación similar a los conciertos vasco y navarro.
El líder de CiU, Artur Mas, aseguró tras conocer el contenido del dictamen que el Consell Consultiu sólo emite «opiniones» y «no sentencias de obligado cumplimiento».
El dictamen del Consell Consultiu ha salido adelante con los votos a favor de cuatro consejeros: los dos nombrados por el PSC, el de ICV y el del PP. En las cuestiones más controvertidas ha contado con la oposición de los dos miembros de CiU y del de ERC, que han emitido sus correspondientes votos particulares.
Para Mas, los votos de los tres consejeros de CiU y ERC reflejan «la mayoría absoluta en la actual composición del Parlament» y, por tanto, en su opinión, el dictamen no puede ser definitivo, ya que «está dividido y partido por la mitad».
El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, extrajo conclusiones similares y afirmó que el informe «no tiene fuerza para obligar, pues hace dictámenes y no sentencias». Como Mas, Carod destacó que «existe un empate técnico», pero fue más allá que el líder de la oposición al exigir una modificación de la Constitución.
«Si lo que se pide en el Estatut colisiona con la Constitución, hay que cambiarla», defendió Carod. Y añadió que «es evidente que lo que está desfasado es la Constitución y no Cataluña».
Las conclusiones de Mas y Carod chocan frontalmente con las del primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla, y las del máximo dirigente de ICV, Joan Saura.
Montilla, quien ve muy claro que el Parlament no puede enviar a Madrid un texto que no se ajuste a la Constitución, argumentó que es muy difícil que las Cortes aprueben el Estatut si éste no sigue las indicaciones del Consultiu, y subrayó que «no se puede ignorar» el contenido del dictamen.
Saura, que también es conseller de Relaciones Institucionales, se mostró satisfecho por el hecho de que el órgano de consulta sólo haya detectado 19 artículos inconstitucionales y afirmó que «siete u ocho de estos puntos son únicamente cuestión de modificar alguna palabra». En su opinión, «el 95% de las recomendaciones del Consultiu están en fase de superación».
A pesar de la evidente división en dos bloques de la política catalana, Saura apuntó la posibilidad de limar asperezas y se mostró convencido de que en los próximos días se alcanzará un acuerdo que permitirá aprobar un texto consensuado en Cataluña para mandarlo a Madrid.
El conseller recordó que el Consultiu considera inconstitucional que con los derechos históricos se blinden las competencias, es decir, que se evite que las leyes de bases estatales se apliquen en Cataluña. No obstante, destacó que el Consultiu sí ve ajustado a la Constitución el blindaje a través de la definición de las competencias de la Generalitat como exclusivas y «excluyentes».
En un primer momento, CiU defendió a capa y espada la introducción del término «excluyentes» y montó en cólera cuando fue suprimido de la redacción final a instancia del PSC. Ahora, con el reconocimiento de la constitucionalidad de esta fórmula, se abre la puerta para el acuerdo.
Mucho más complicado será lograr un pacto sobre financiación. El tripartito considera que CiU debe dar carpetazo a su propuesta tras el varapalo que le ha dado el Consultiu. Mas se reunirá mañana con Maragall para hacerle saber su postura y tratar de desencallar el asunto.
LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL CONSELL CONSULTIU
Sí a la reforma de leyes orgánicas, pero con matices
¿Puede el Estatut modificar leyes orgánicas estatales? Esta ha sido una de las cuestiones más controvertidas de la negociación estatutaria. El proyecto de ley aprobado en julio prevé que, a través del Estatut, se cambien cinco de estas normas. El Consell Consultiu entiende que el Estatut «no debería ser el instrumento constitucionalmente adecuado para reformar leyes orgánicas», pues «no tendría sentido alguno privar al Estado de su potestad para dictar leyes orgánicas». Pero la cosa tiene arreglo. El órgano de consulta entiende que sí cabe la posibilidad de «acompañar a la propuesta de Estatut la correspondiente proposición de ley orgánica, para que sea tramitada simultáneamente y esté en condiciones de ser promulgada al mismo tiempo que el Estatut». Si se usa esta técnica, el Consultiu da el visto bueno a que se reformen las leyes del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Régimen electoral General y de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La Historia no blinda las competencias
Considera el Consultiu que los derechos históricos de Cataluña deben reconocerse, como los de otras comunidades, y secunda por tanto el artículo 5 de la propuesta de reforma, que establece: «El autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán, que este Estatut incorpora y actualiza».Lo que ya no ve con tan buenos ojos es el uso que CiU y ERC quieren hacer de estos derechos históricos a través de la disposición adicional primera. Este precepto quiere evitar cualquier injerencia de la ley estatal en las competencias de financiación, la organización de las administraciones, el derecho civil, la lengua, la educación, la seguridad jurídica y la cultura. El Consultiu lo considera inconstitucional, pues, a su juicio, la interpretación de la Constitución «no permite incluir a Cataluña como integrante de los territorios forales que disponen de un régimen foral de derecho público».
Cataluña es una nación en un Estado plurinacional
Cataluña tiene derecho a llamarse «nación». El Consultiu argumenta que este concepto es «polisémico» y recuerda que «ha tenido diversas acepciones». En su opinión, la idea de nación no se ha identificado siempre con la de Estado, «sino que se ha definido desde las vertientes cultural, sociológica y también jurídica». Con esta argumentación, los miembros del Consell Consultiu -compuesto por Joaquín Tornos, Pere Jover (PSC), Jaume Camps, Agustí Bassols (CiU), Jaume Vernet (ERC), Joaquim Borrell (PP) y Marc Carrillo (ICV)- consideran que «hay nociones de nación que no son contradictorias».Y, aunque reconocen que esta interpretación «no es la única posible», concluyen que «el sentido que emplea el Estatut es distinto del que la Constitución predica de la Nación española, porque, en caso contrario no sería posible hablar de una nación de naciones o de un Estado plurinacional».
El concierto financiero no es exportable
Ni la de CiU ni la del tripartito. El Consell Consultiu afirma que ninguna de las propuestas de reforma del sistema de financiación autonómica lanzadas desde Cataluña es del todo constitucional. Pero es el plan de los nacionalistas el que se lleva la peor parte. El Consultiu cree que Cataluña no tiene derecho a disfrutar del concierto de «los territorios forales de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra», pues «no es titular de derechos históricos que permitan establecer un régimen diferenciado». También ve inconstitucional el intento de CiU de «negar competencia normativa estatal» o «imponer una agencia tributaria propia no coordinada».Tampoco se ajusta a la Constitución el plan del tripartito en su intento de «fijar el porcentaje de participación que corresponde al Estado» en los impuestos. Además, la propuesta del Govern es inconstitucional en su intento de concretar el principio de solidaridad, concluye el dictamen.
La educación pública puede ser laica
El de la educación es otro de los grandes debates de la reforma estatutaria. El tripartito quiere introducir la laicidad de la escuela pública catalana. Para CiU, tradicional defensor del modelo de escuela religiosa concertada, esta pretensión es inaceptable. Los nacionalistas pidieron al Consultiu que dictaminase sobre esta cuestión, que ha sido uno de sus caballos de batalla. Tras analizar el artículo 16.3 de la Constitución, el órgano de consulta considera que los poderes públicos tienen el compromiso de «garantizar a los padres que sus hijos, si así lo desean los progenitores, reciban formación religiosa». No obstante, el Consultiu no secunda la tesis de CiU, pues concluye que «la enseñanza pública laica no es incompatible con la formación religiosa que, si procede, han de recibir los alumnos», ya que «tanto la enseñanza laica como la formación religiosa de los alumnos son compatibles».
LA GENERALITAT ASUME EL DICTAMEN DEL CONSULTIVO
Barcelona - El Gobierno de la Generalitat asumió ayer el dictamen del Consejo Consultivo sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, a pesar de que su aplicación obligará a introducir numerosas correcciones en el proyecto. En nombre del Gobierno, el consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, hizo un llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que acepten el dictamen y lo utilicen como "guía" para ajustar la reforma a la Constitución y alcanzar acuerdos en los aspectos particularmente conflictivos desde el punto de vista político, como la financiación y los derechos históricos.
Muy distinta fue la reacción de la oposición. Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) destacaron que algunos de los principales puntos del dictamen han sido aprobados con una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres, lo que a su juicio debe ser interpretado como un empate. Su líder, Artur Mas, anunció que, por ejemplo, CiU seguirá defendiendo su propuesta de financiación de la Generalitat mediante un sistema de concierto económico, a pesar de que el Consejo Consultivo lo ha considerado inconstitucional.
Ya antes de que se conociera el dictamen, por la mañana, el presidente Pasqual Maragall tuvo que reclamar respeto y consideración hacia el máximo órgano de asesoramiento jurídico de la Generalitat, en vistas del tono adoptado por los dirigentes de CiU, que tendían a relativizar el dictamen.
El líder de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod, destacó, como Maragall, el "valor moral" de los dictámenes del Consejo Consultivo. Pero, en un nuevo gesto de ambigüedad, sostuvo, como Artur Mas, que los partidos catalanes no pueden renunciar a sus posiciones sólo porque no se ajusten a la Constitución. "Si las necesidades de Cataluña exigen cambiar la Constitución y algunas leyes orgánicas, tendremos que adecuar la Constitución y las leyes", dijo.
"Lean con calma"
Lo que hay sobre la mesa, sin embargo, es que la adecuación del proyecto del nuevo Estatuto catalán a la Constitución obligará a introducir modificaciones en el título de la financiación de la Generalitat, a suprimir la vinculación entre derechos históricos y competencias de la Generalitat, y a remitir reformas tan importantes como las relativas a la Justicia a la aprobación por las Cortes de las correspondientes leyes orgánicas.
Otra de las modificaciones muy importantes que el dictamen obligará a introducir es la relativa al traspaso a la Generalitat de la gestión de competencias del Estado, mediante el artículo 150.2 de la Constitución. El Consejo Consultivo dice que el Estatuto no puede predeterminar, como hace el proyecto de reforma, que este traspaso se haga a través de una ley orgánica. Pues "es al Estado, a través de las Cortes Generales, a quien corresponde decidir qué tipo de ley, y por tanto las condiciones, que le habilitan" para hacerlo, dice.
El dictamen fue entregado ayer al Parlamento catalán, un mes después de que fuera solicitado. Concluye que 19 artículos del proyecto son inconstitucionales y otros 39 son constitucionales sólo si se les da una muy precisa interpretación o se modifican de determinada forma. El proyecto de reforma consta de 218 artículos.
Al entregar el dictamen al vicepresidente del Parlamento, Higini Clotas, el presidente del Consejo Consultivo, Joaquim Tornos, recomendó a los grupos parlamentarios que "lean con calma" sus argumentaciones y las "atiendan", porque así se garantiza que la propuesta de reforma pueda tener "mayor solidez jurídica" cuando se debata en la Comisión Constitucional del Congreso.
Pese a las correcciones que habrá que introducir, Saura acogió el dictamen como "una positiva valoración global y detallada" del proyecto de reforma. En una primera valoración de urgencia, el consejero de Relaciones Institucionales se congratuló de que el Consultivo haya dicho que "los principales bloques que componen la reforma son constitucionales". Y respecto a los correctivos impuestos, afirmó su plena disposición a atenderlos y negociar fórmulas alternativas: "Siempre hemos dicho que iríamos hasta el límite de la Constitución, y en algunos aspectos hemos quedado en la parte de fuera. Pero creo que el 90% o 95% de las objeciones son de fácil superación".
El consejero sostuvo que el Consultivo ha "avalado la columna central del proyecto, el esqueleto que lo sustenta". Enumeró rápidamente algunos de los puntos que han suscitado no poca polémica en los últimos meses y que el Consejo Consultivo ha dictaminado como constitucionales, como la definición de Cataluña como nación, la inclusión en el Estatuto de un título sobre derechos ciudadanos, el sistema de blindaje de las competencias de la Generalitat y la reforma de la Justicia.
La pretensión de Saura es que este dictamen sea a partir de ahora "una guía para superar los desacuerdos y hacer posibles los acuerdos" en algunos puntos particularmente conflictivos, como el de la financiación y el de los derechos históricos, en los que se ha polarizado las posiciones.
Sobre la financiación de la Generalitat el dictamen determina que el Estatuto no puede fijar un tope al porcentaje que Cataluña ha de aportar al Estado de la recaudación de los impuestos cedidos. El proyecto había fijado un tope del 50%. Éste era uno de los puntos de la reforma que había provocado rechazo incluso fuera de Cataluña.
El dictamen obliga también a dejar claro que la Generalitat comparte con el Estado la capacidad normativa sobre los impuestos cedidos, contra lo que se dice en el proyecto de reforma. El Consultivo obliga también a aclarar la relación entre las agencias tributarias del Estado y la autonómica.
Saura aseguró que estas modificaciones "no invalidan el modelo de financiación" defendido por los tres partidos del Gobierno catalán, que ahora podrá ser plenamente ajustado a la Constitución. En cambio, añadió, el Consejo Consultivo sí ha considerado inconstitucional "la globalidad del modelo de financiación preconizado por CiU".
Situación distinta es la que se da en lo relativo a los derechos históricos. El Consultivo ha avalado el artículo cinco del proyecto, que dice que el autogobierno de Cataluña se basa en sus derechos históricos. Pero ha concluido que es inconstitucional la vinculación de los derechos históricos y las competencias concretas de la Generalitat (financiación, organización de la Generalitat, derecho civil, régimen lingüístico, cultura, seguridad pública) que se pretendía introducir en una disposición adicional del proyecto.
Periodo para negociaciones
Los desacuerdos sobre financiación y derechos históricos son las dos cuestiones que habían impedido alcanzar la mayoría de dos tercios del Parlamento catalán.
Ahora se abren dos semanas de negociaciones entre los grupos parlamentarios para buscar puntos de coincidencia. Este periodo se iniciará con la ronda de entrevistas convocada por el presidente Pasqual Maragall con los líderes de los cinco grupos parlamentarios catalanes. La primera se celebra mañana, con el líder de CiU, Artur Mas. El plazo para la presentación de las enmiendas para ajustar el proyecto a las correcciones del Consejo Consultivo finaliza el día 19. La Mesa del Parlamento ha reservado la semana del 26 al 30 para la celebración del pleno del Parlamento dedicado exclusivamente a aprobar el proyecto y remitirlo al Congreso de los Diputados.
CIU RECHAZA ATENDER LAS RECOMENDACIONES DEL CONSEJO PORQUE "NO ES UN TRIBUNAL"
El ministro José Montilla considera que la postura de los nacionalistas "no es de patriotas"
Barcelona - Ante un dictamen del Consejo Consultivo poco favorable a los intereses nacionalistas, Convergència i Unió se mantuvo ayer inflexible en su defensa de que el nuevo Estatuto catalán incluya un sistema de financiación de concierto económico y una referencia a los derechos históricos para blindar las competencias de la Generalitat. El líder de CiU, Artur Mas, justificó el caso omiso de la federación nacionalista al Consejo Consultivo porque el organismo de la Generalitat "no es un tribunal". Para el primer secretario del PSC, José Montilla, la postura de CiU deslegitima al Consultivo, algo que, en su opinión, "no es de patriotas".
De poco sirvió el llamamiento que hizo ayer el presidente del Consejo Consultivo, Joaquín Tornos, para que los partidos "atiendan" las recomendaciones de este organismo en el tramo final de la negociación estatutaria. Artur Mas, que ya la semana pasada descartó adoptar las recomendaciones del Consejo Consultivo si éstas se desviaban de la línea defendida por CiU, se aferró ayer a las discrepancias entre los consejeros integrantes de este organismo para seguir defendiendo sus tesis.
Tras recordar que tres de los siete consejeros del consultivo (los elegidos a propuesta de CiU y ERC) sí defienden la constitucionalidad de la apelación a los derechos históricos y del concierto económico, Artur Mas afirmó que, más que una "sentencia", el consultivo ha emitido "dos opiniones". Así las cosas y a pesar del rechazo global del Consultivo a las tesis de CiU en estos dos aspectos, Mas aseguró que su partido mantendrá la actual línea de negociación, "que es la buena".
ERC y el carácter vinculante
Ante estas argumentaciones de CiU, el primer secretario del PSC, José Montilla, no dudó a la hora de hurgar en donde más daño hace a los nacionalistas. "Deslegitimar al Consejo Consultivo y a las instituciones de la Generalitat no es de patriotas", aseguró el también ministro de Industria al término de la reunión de la Ejecutiva del PSC. Montilla defendió la labor del Consultivo y aseguró que "ignorar" el dictamen es "no tener interés" en aprobar el Estatuto.
Pero no sólo CiU estuvo en el punto de mira de Montilla. También Esquerra Republicana, socio del PSC en el Gobierno pero alineada con CiU en su defensa del concierto económico y de los derechos históricos, recibió las críticas del primer secretario del PSC. Montilla recordó a ERC que entre sus propuestas estatutarias figuraba una para que los dictámenes del Consultivo tuvieran carácter vinculante. Finalmente, el artículo 73.4 sobre funciones del Consultivo afirma: "Los dictámenes del Consejo Consultivo tienen carácter vinculante en relación a los proyectos de ley y las proposiciones de ley del Parlamento que desarrollen o afecten derechos reconodidos por este estatuto". Apelando a la "coherencia y a la responsabilidad", Montilla pidió a los republicanos que acaten el dictamen del Consultivo.
Consciente de que el dictamen del Consultivo supone un serio tijeretazo a las aspiraciones estatutarias de ERC, el líder de esta formación, Josep Lluís Carod Rovira, apostó por una solución de no poco calado: si el Estatuto no cabe en la Constitución, lo que se debe hacer es "poner al día" la Carta Magna. En este sentido, el líder republicano recordó que su partido trabaja en una propuesta de reforma de la Constitución "en clave federal y plurinacional".
El tercer socio del tripartito, Iniciativa per Catalunya Verds, sí defendió el dictamen del Consultivo y afirmó que los juristas de este organismo han "avalado" las cuestiones "fundamentales" del texto. Aunque desde el ángulo opuesto, también el líder del PP de Cataluña, Josep Piqué, valoró positivamente el trabajo del Consultivo pero pidió al presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, la "retirada" del proyecto de reforma del Estatuto catalán.
Por otra parte, el Barcelona está estudiando una fórmula para pronunciarse a favor del nuevo Estatuto durante el partido del próximo domingo contra el Mallorca, que coincidirá con la Diada del 11 de septiembre, después de una petición expresa de Maragall al club azulgrana, informa Efe.
EL GOBIERNO CATALÁN MODIFICARÁ SU PROPUESTA DE FINANCIACIÓN PARA INCLUIR LOS RETOQUES
El Consultivo juzga inconstitucional el modelo de CiU y matiza tres aspectos al del tripartito
Barcelona - El modelo de financiación de CiU es inconstitucional, mientras que la propuesta del tripartito presenta menos problemas: rebasa los límites de la Constitución en tres artículos, que obligarán a realizar modificaciones, según se deriva del dictamen del Consejo Consultivo. El consejero de Economía del Ejecutivo autónomo, Antoni Castells, reconoció ayer que el Gobierno catalán "no puede ir a Madrid con una propuesta que el propio Consejo Consultivo considera inconstitucional", y se mostró partidario de "introducir retoques que no alteran ni la filosofía ni la esencia del modelo".
La propuesta del tripartito rebasa los límites de la Constitución en lo relativo a la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal, la agencia tributaria catalana y la cesión al Gobierno central de un máximo del 50% de los impuestos compartidos -IRPF, IVA, especiales y el impuestos de sociedades- recaudados por la Generalitat.
En definitiva, el dictamen recomienda un cambio en la redacción del artículo que elimine la partícula "la" relativa a la capacidad normativa, de manera que no sea exclusiva del Ejecutivo autónomo. Propone eliminar el porcentaje máximo de cesión de la recaudación de impuestos, una cifra que "no corresponde establecer" en el Estatuto, según el dictamen. Y, finalmente, aboga también por una agencia tributaria catalana relacionada con la estatal por la vía del consorcio y no de la coordinación. La propuesta del tripartito hablaba de una agencia "coordinada o consorciada" con la estatal.
El dictamen es mucho más duro con las 16 enmiendas presentadas por CiU sobre financiación. La mitad de las enmiendas rebasan los límites que marca la Constitución, además de la apelación a los derechos históricos, recogida en una disposición adicional, que buscaba establecer un régimen singular de financiación como el que disfrutan el País Vasco y Navarra. El presidente de CiU, Artur Mas, aseguró ayer que la coalición nacionalista mantendrá su postura actual en relación al sistema de financiación, a pesar del varapalo del Consultivo
El líder nacionalista sostuvo que en lo relativo a la financiación y a los derechos históricos, el consultivo ha aparecido "partido en dos mitades", en relación a los votos contrarios de los consejeros nombrados por CiU y ERC.
El consejero de Relaciones Institucionales, Joan Saura, aseguró que si CiU mantiene su propuesta de financiación es que "no quiere que se apruebe el Estatuto", por lo que conminó a Artur Mas a negociar el modelo del tripartito. Castells, por su parte, explicó que el dictamen deja claro que el modelo propuesto por CiU "es inconstitucional". Las modificaciones que introducirá el tripartito "suponen la oportunidad de negociar con CiU y de que este partido se sume al texto que respalda la mayoría".
ACEBES ASEGURA QUE EL ESTATUTO BUSCA LA "SECESIÓN" DE CATALUÑA
Barcelona - El secretario general del PP, Ángel Acebes, aseguró ayer que el pronunciamiento del Consejo Consultivo de Cataluña "viene a dar la razón al PP" en su valoración de un texto que, según Acebes, "no hay por donde cogerlo" y que "propone la secesión de una parte de España".
El secretario general del PP afirmó que el informe del Consejo Consultivo, que detecta 19 causas de inconstitucionalidad en el proyecto de reforma de Estatuto de Cataluña, deja a los dirigentes de su partido "más intranquilos" y además les da "la razón". Añadió que para el PP las causas de inconstitucionalidad del texto son "más de cuarenta".
En la rueda de prensa posterior a la reunión que mantuvieron en Madrid los dirigentes del PP y los presidentes autonómicos de este partido para preparar la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo sábado, Acebes apuntó además que las reformas estatutarias deberían abordarse en esa cumbre, que en principio se centrará en las fórmulas para enjugar el déficit de la sanidad pública.
En su opinión, la reforma de los estatutos es un tema que debería abordarse en la Conferencia de Presidentes del día 10 y consideró que el hecho de que no sea así demuestra que lo que pretende el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con esa cita es "la foto", "que es lo que es desde el primer día" ese foro.
Sostuvo que ante la asistencia de Juan José Ibarretxe y Pasqual Maragall a la Conferencia sería "lógico y razonable" hablar de las reformas estatutarias que ambos pretenden para sus comunidades.
Blanco llama al consenso
El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, reiteró ayer por su parte que el los dirigentes de su partido quieren y van a dar "un impulso al Estado autonómico" y para ello, lo harán "en cooperación con el resto de las fuerzas políticas", "dentro de la Constitución y con un amplio consenso".
Blanco indicó, en declaraciones a la Cadena SER, que el Estatuto de Cataluña debe enmarcarse dentro de la Carta Magna y apostó por que habrá acuerdo final de la clase política en Cataluña: "Creo que va a ser posible el acuerdo y el entendimiento", auguró.
Sobre las críticas de algunos socialistas catalanes que reclamaron a Blanco silencio ante el debate del Estatuto, el número dos de los socialistas restó importancia a las mismas y sentenció que "el conjunto del partido socialista estaba de acuerdo" en que había que reformar el marco estatutario. En este punto, Blanco quiso dejar muy claro que no hay diferencias importantes entre el PSOE y el PSC. "Todos apostamos por actualizar el modelo autonómico", dijo.
LOS DERECHOS HISTÓRICOS NO PUEDEN AMPARAR COMPETENCIAS
El Consultivo aplaude el listado de derechos y deberes ciudadanos
Barcelona - El Consejo Consultivo de la Generalitat ha resuelto que 19 artículos del proyecto de Estatuto aprobado por la comisión del parlamento catalán no son constitucionales. Otros 39 presentan dudas de interpretación, aunque la mayoría del Consultivo que suscribe el dictamen propone redactados alternativos para solventarlas.
- Derechos históricos. El proyecto de Estatuto, aprobado en comisión el 29 de julio, incluía una disposición adicional por la cual se atribuían a la Generalitat competencias en un total de ocho materias invocando la actualización de los derechos históricos de Cataluña. El apartado, aprobado con los votos de la mayoría de Convergència i Unió y Esquerra Republicana, se amparaba en la disposición adicional primera de la Constitución.
El Consultivo cree inconstitucional que la Generalitat pueda reclamar competencias invocando los derechos históricos pues el propio "proceso constituyente de 1978" y reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional han dejado claro "de manera incontestable" que sólo las tres provincias vascas y Navarra tienen la consideración de territorio foral. Además el informe, recuerda que "los derechos históricos de las comunidades forales no pueden considerarse como un título autónomo del que puedan deducirse específicas competencias no incorporadas a los estatutos". El informe precisa que la apelación a los derechos históricos del actual Estatuto de Aragón "resulta ineficaz en términos competenciales".
A favor de la revocación del artículo votaron los consejeros propuestos por el PSC, PP e Iniciativa per Catalunya, mientras que los de CiU y ERC presentaron votos particulares en contra. La disposición reclamaba para la Generalitat competencias en materia de financiación, organización de la administración pública, organización territorial y régimen local, derecho civil, lengua, educación, cultura y seguridad jurídica.
En cambio, el Consultivo no plantea ninguna duda constitucional respecto al artículo 5 que dicta: "El autogobierno de Cataluña se fundamenta en los derechos históricos del pueblo catalán que este Estatuto incorpora y actualiza".
Los consejeros avalan también la definición de Cataluña como nación que la consideran "compatible" con el uso constitucional de este término para referirse a España. Los juristas entienden que tanto en el debate constituyente como en la doctrina judicial posterior los conceptos de nación y nacionalidad son "idénticos e intercambiables". No obstante precisan que el uso que se haga del término "nación" en el Estatuto debe ser diferente del de la Constitución, sin precisar cuál ha de ser.
- Derechos y deberes. La polémica carta de derechos y deberes ciudadanos, apadrinada por las tres formaciones del tripartito, no sólo ha recibido el beneplácito del Consultivo sino que sus integrantes la aplauden. "Es una operación que por sí misma no solamente es válida sino merecedora de elogios, porque todo lo que signifique ampliar y profundizar la protección de los derechos de las personas así ha de ser considerado". Los consejeros recuerdan que otros entes subestatales como los estados de Estados Unidos, länder alemanes o cantones suizos disponen de declaraciones propias de derechos. El Consultivo bendice la casi totalidad de este capítulo y sólo emite serias reservas respecto al carácter exclusivo competencial del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) y sobre la "neutralidad" de los medios de comunicación.
El dictamen rechaza que al Síndic de Greuges le corresponda con carácter "exclusivo" las "funciones de protección y defensa de los derechos y libertades reconocidas en la Constitución" pues la Constitución otorga esta función al Defensor del Pueblo.
El Consultivo también rechaza, por inconstitucional, el artículo 50.1: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para garantizar el derecho a la información y a recibir de los medios de comunicación una información veraz, neutral (...)". El dictamen propone suprimir el adjetivo neutral, pues su inclusión supone una "intervención sobre la información" por parte de los poderes públicos.
En cambio, el Consejo Consultivo declara adecuados a la Constitución la laicidad de la enseñanza pública -contra el criterio de CiU que presentó una enmienda-; el derecho a voto de los extranjeros y que la Generalitat será la administración ordinaria del Estado en Cataluña. Los consejeros plantean otra redacción del artículo que faculta a los ciudadanos a dirigirse por escrito en catalán a toda la administración estatal.
- Competencias. El grueso de los artículos que el Consejo Consultivo declara inconstitucionales total o parcialmente se refieren a las competencias que se atribuye la Generalitat en el texto estatutario. De manera genérica, los juristas recuerdan que el organismo que limita las competencias de las autonomías son las Cortes a través de las leyes estatales y que los parlamentos autónomos son los que han de concretar su aplicación respetando el espíritu de aquellas leyes a través de la elaboración de reglamentos y normativas.
Entre los artículos declarados inconstitucionales figura el 113.3.a, que declara la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de contratación pública en lo que se refiere a la organización y las competencias de las administraciones públicas catalanas y las reglas de ejecución, modificación y ejecución de los contratos.
El Consultivo considera que tampoco son constitucionales los apartados b y d del artículo 155.1 por los que se declara la competencia exclusiva de la Generalitat en materia de régimen local. En concreto, los dos apartados referidos atribuyen a la administración autonómica la capacidad para determinar las competencias y las potestades de los municipios y los entes locales, así como para determinar también sus órganos de Gobierno. El dictamen recuerda que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre la necesidad de respetar el principio de autonomía local.
Otra de las competencias que se declara inconstitucional por el Consejo Consultivo es la referida a la enseñanza no universitaria, recogida en el artículo 125 del nuevo Estatuto. El dictamen entiende que no se puede considerar una competencia exclusiva de la Generalitat, ya que el Estado "puede establecer normas de carácter básico o pertenecientes a la materia reservada a ley orgánica".
También se declara inconstitucional el apartado 147.3, en el que se atribuye a la Generalitat la competencia para fijar los contingentes de inmigrantes con destino a Cataluña. El dictamen precisa que el texto no establece un sistema de relación bilateral con el Estado, ni prevé que esa competencia se ejercerá previo acuerdo entre ambas administraciones.
Otro de los artículos que se declara inconstitucional es el apartado 2 del artículo 152, en el que se fija la competencia compartida en la promoción y defensa de la competencia "en el ejercicio de las actividades económicas que se cumplan mayoritariamente en Cataluña". El dictamen entiende que el criterio a aplicar ha de ser el del mercado y no el del lugar en el que las empresas ejercen sus actividades. Por eso, los juristas entienden que la Generalitat deberá actuar cuando las prácticas colusorias o el abuso de la posición dominante puedan alterar la libre competencia del mercado en Cataluña, con independencia del lugar donde estas empresas tengan su domicilio.
El artículo 157.2 establece que "corresponde a la Generalitat, en todo aquello relativo a la sanidad y la salud pública que no se refiere el apartado 1, la competencia compartida, de acuerdo con los principios de legislación básica estatal sobre sanidad". El Consultivo entiende que ese redactado es inconstitucional, porque la Constitución atribuye al Estado las competencias sobre "la base y la coordinación general".
El artículo 163.2, letra d del proyecto atribuye a la Generalitat "el régimen de tenencia y uso de armas, municiones y explosivos, su adquisición con destino a los cuerpos policiales de Cataluña y la expedición de las licencias correspondientes". El dictamen considera que la primera parte del artículo "incide plenamente en la competencia exclusiva del Estado".
De la misma manera, se declara inconstitucional el artículo 132.3, en el que también se atribuye a la Generalitat la gestión de un puerto o aeropuerto situado en Cataluña. El Consultivo explica que este artículo pretende "imponer la transferencia" de la gestión de los puertos y los aeropuertos a la Generalitat y que está fuera de toda duda que "en materia de obras públicas de interés general, corresponde al Estado la competencia exclusiva y, por tanto, también la gestión". En este sentido, el dictamen recuerda que el propio texto estatutario recoge en su disposición adicional tercera que esta competencia sólo podrá ser ejercida por el Estado.
El punto 10 del apartado 132 también se considera inconstitucional porque establece como obligatorio el acuerdo previo con la Generalitat de cualquier ampliación o modificación del régimen económico y financiero de la red viaria catalana, "con independencia de su titularidad". El informe de los juristas recuerda que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de carreteras que no se encuentren íntegramente en el territorio de una sola autonomía, por lo que esa coletilla final del artículo no hace otra cosa que condicionar "de manera determinante" el ejercicio de esa competencia.
En otro apartado del dictamen del Consejo Consultivo también se declara inconstitucional el apartado tercero del artículo 145, que regula las actuaciones de fomento cultural o de inversión en bienes y equipamientos culturales situados en Cataluña. Los juristas explican que "de nuevo se condiciona de forma determinante el ejercicio de una competencia estatal, atendiendo que se exige el acuerdo previo de la comisión bilateral para que el Estado pueda ejercer una competencia suya de carácter exclusivo en materia de cultura".
Otra de las competencias exclusivas que se atribuye a la Generalitat y que el Consejo Consultivo también declara inconstitucional es el artículo 161.2, referido a la delimitación, planificación y gestión de los espacios naturales y hábitats protegidos "situados total o parcialmente en Cataluña". El dictamen explica, que, como en otros casos, esa coletilla "introduce un elemento de confusión", ya que podría entenderse que se está extendiendo la competencia de la Generalitat fuera de Cataluña.
- Financiación. De los diez artículos que integran el capítulo de la financiación, el Consultivo declara inconstitucional dos, pero uno de ellos sólo presenta problemas de redacción. Los consejeros rechazan que la Generalitat pueda fijar un porcentaje máximo -50%- de los impuestos que cederá al Estado, pues esta decisión "si bien puede ser razonable, no corresponde establecerla en el Estatuto" sino que deberá fijarse "de acuerdo con los criterios generales establecidos en la LOFCA". En este sentido, el Consultivo avala la capacidad normativa de esta ley, contrariamente a lo que pretendía Convergència i Unió al defender que el sistema de financiación catalán saliera de la LOFCA.
Respecto a que la Generalitat tenga "la capacidad normativa y la responsabilidad fiscal sobre todos y cada uno de los impuestos estatales soportados en Cataluña", el Consultivo únicamente propone suprimir el artículo la que figura en la frase para adecuarlo a la Constitución. La redacción, por tanto, quedaría así: "La Generalitat tiene capacidad normativa y responsabilidad fiscal".
El dictamen avala que la Agencia Tributaria de Cataluña tenga la responsabilidad de la gestión, recaudación, liquidación y la inspección de los impuestos propios y cedidos y la competencia de la Generalitat para establecer y regular los tributos propios de los gobiernos locales.
- Leyes orgánicas. "El Estatuto de Autonomía no es el instrumento adecuado para modificar leyes orgánicas u ordinarias de competencia estatal, en la medida que esta regulación las convierte en indisponibles para las Cortes Generales y limita de forma clara el ejercicio de la potestad legislativa". Con esta afirmación, el Consultivo rechaza que el Estatuto pueda obligar a las Cortes, tal como figura en la disposición adicional novena, a reformar leyes orgánicas u ordinarias.
Para solventar problemas de inconstitucionalidad, el Consultivo propone dos soluciones. La primera sería añadir la siguiente redacción: "La eficacia de los preceptos de este Estatuto se producirá una vez hayan sido modificadas, de acuerdo con el contenido previsto en estos, las leyes orgánicas y ordinarias siguientes". La segunda opción pasaría porque la reforma de las leyes se hiciera a través de una resolución del Parlamento catalán.
Las leyes afectadas, según la redacción del nuevo Estatuto, serían las leyes orgánicas del Poder Judicial; Tribunal Constitucional, Régimen Electoral General y de referendos y las ordinarias del Ministerio Fiscal y la de organización y funcionamiento de la administración general del Estado.
Pero el Consultivo no cuestiona, por ejemplo respecto a la reforma del sistema judicial, las nuevas competencias que el Estatuto otorga a la Generalitat, pero las condiciona a la correspondiente modificación de la ley orgánica. Así, el Consultivo considera constitucional que la Generalitat nombre a jueces y fiscales o que Cataluña disponga de un Consejo General del Poder Judicial, pero no la creación de una sala de garantías estatutarias.
- Otros. El dictamen también considera inconstitucional que la propuesta de nombramiento del presidente de la Generalitat sea ratificada por el presidente del Parlamento catalán, tras el nombramiento por parte del Rey, como se prevé en el artículo 65.4 del proyecto de Estatuto catalán. En síntesis, el Consejo Consultivo entiende que la Constitución establece que los actos del Rey sólo serán ratificados por el presidente del Gobierno, los ministros o el presidente del Congreso. "El estatuto de autonomía no puede, aunque sea en el ejercicio de su amplísima potestad de autoorganización de sus instituciones, oponerse a una concreta y precisa previsión constitucional".
Asimismo, el Consejo Consultivo declara inconstitucional el artículo 217.1.b del Estatuto, referido precisamente a su reforma. Los argumentos de los juristas es que ese redactado atribuye a las Cortes una simple función ratificadora de la reforma que acuerden dos terceras partes del Parlamento catalán cuando afecte a los capítulos de derechos y deberes e instituciones.
El artículo 187 establece que Cataluña será una circunscripción electoral para las elecciones al Parlamento Europeo y el Consejo Consultivo también lo declara inconstitucional. El dictamen considera que se trata también de una materia reservada al legislador estatal y que, además, esta cuestión no puede decidirse únicamente por España. Los juristas entienden que el redactado declarado inconstitucional "impone un mandato taxativo", al afirmar que "la ley orgánica electoral ha de concretar esta determinación".
- Interpretativos. El dictamen se refiere también a otros 39 artículos del proyecto para advertir cómo deben interpretarse para que puedan considerarse constitucionales. En este sentido, los juristas sugieren la supresión de algunas frases, su modificación por otras, o el sentido en el que debería aplicarse el articulado, principalmente a la hora de ejercer las competencias que se atribuyen a la Generalitat.
El Consejo Consultivo considera constitucional que los ciudadanos puedan dirigirse por escrito en catalán a todos los organismos de la administración del Estado, tal y como prevé el artículo 32.5 del proyecto de Estatuto. No obstante, los juristas precisan que la constitucionalidad está condicionada a que ese artículo se remita a las leyes lingüísticas vigentes. También se declaran constitucionales los artículos 79.1 y 86.3, que prevén que las veguerías sustituyan a las provincias como entidades locales y forma de organización territorial.
RECHAZADAS POR INCONSTITUCIONALES LAS 16 ENMIENDAS DE CIU REFERENTES A LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA
Convergencia i Unió es la formación política que ha visto rechazadas mayor número de enmiendas -un total de 18-, de las que 16 corresponden a su propuesta alternativa de financiación. En total, el Consultivo ha rechazado 22 de los textos alternativos a la reforma que les fueron sometidos a consideración.
- Derechos históricos. El Consejo Consultivo declara inconstitucional la enmienda del Partit dels Socialistes en el controvertido asunto de los derechos históricos. Los socialistas hacen referencia en su texto alternativo a los mencionados derechos únicamente al derecho civil catalán y a la lengua, citando la disposición adicional primera de la Constitución. El Consultivo juzga que la adicional primera de la Constitución "sólo se proyecta sobre la foralidad relativa a las instituciones de derecho público de las actuales comunidades autónomas del País Vasco y de Navarra. La lengua y el derecho civil ya disfrutan de garantía constitucional".
- Ordenación territorial. Respecto a la ordenación territorial, el Consejo Consultivo considera constitucional la creación de veguerías, como equivalentes a provincias. No obstante, el organismo jurídico ha rechazo una enmienda de Esquerra Republicana por entender que "trata de imponer a la Administración del Estado la obligación de adecuar la ordenación territorial de su Administración periférica al nuevo modelo".
- Administración local. El Consultivo estima constitucionales sendas enmiendas presentadas por PP y PSC. El organismo jurídico considera que los entes locales no pueden depender de la interpretación autonómica sobre competencias y organización de sus órganos de gobierno, por entender que la doctrina del Tribunal Constitucional ha reservado esa competencia al Estado.
- Educación. El Consultivo considera inconstitucional una enmienda de Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA) que establece como competencia exclusiva la ordenación de las enseñanzas no universitarias, la planificación de las enseñanzas y la creación y regulación de una función pública docente no universitaria.
- Unión Europea. Se rechaza por inconstitucional una enmienda de Convergència i Unió que propugna "carácter vinculante" a la decisión de la Generalitat hacia el Estado sobre la distribución de fondos europeos. La misma suerte ha corrido otra enmienda, también de la federación nacionalista, que pretendía dar carácter vinculante para el Estado a la decisión de la Generalitat cuando se trate de asuntos concernientes a las competencias exclusivas de la comunidad autónoma.
- Financiación autonómica. Las 16 enmiendas que constituyen el corpus convergente de financiación autonómica han sido rechazadas por el Consultivo. "Son inconstitucionales en la medida en que niegan la competencia a la normativa estatal para fijar los principios de la Hacienda general, junto con la intervención de la LOFCA y la potestad de coordinación estatal, impone una agencia tributaria propia no coordinada, impone un modelo de relación exclusivamente bilateral mediante la figura del concierto y crea figuras no previstas en la Constitución, como, por ejemplo, la ley paccionada", asegura el Consultivo.
LOS VOCALES DE CIU, ERC Y PP COPAN LOS VOTOS PARTICULARES
Barcelona - Los siete miembros del Consejo Consultivo no han logrado tomar decisiones por unanimidad en la mayor parte de consultas sobre los aspectos más polémicos del nuevo Estatuto. Los dos integrantes del organismo a propuesta de CiU (Jaume Camps y Agustí Bassols) han votado junto a Jaume Vernet, elegido a propuesta de ERC, aspectos como la constitucionalidad de la apelación a los derechos históricos.
También apoyan con desigual convicción la inclusión en el Estatuto de un sistema de financiación basado en el concierto.
Sin embargo, estos tres juristas no lograron imponer sus tesis al quedar en minoría frente a los dos miembros propuestos por el Gobierno (Joaquim Tornos y Marc Carrillo) y los propuestos por el PSC (Pere Jover) y por el PP (Joaquim Borrell).
Los miembros del Consultivo propuestos por CiU, ERC y PP han optado por presentar votos particulares en aquellos puntos en que no han logrado suficiente apoyo para sus tesis.
De estos votos particulares destacan los presentados por Agustí Bassols y Jaume Camps, en los que defienden las tesis de Convergència i Unió sobre competencias y consideran exageradas las inconstitucionalidades detectadas en este punto por el resto de ponentes. Defienden, por ejemplo, la legalidad de la propuesta para que la Generalitat pueda legislar en materia de inmigración. Bassols y Camps creen que la posible inconstitucionalidad de estos aspectos se salva a través de la comisión bilateral Estado-Generalitat.
Joaquim Borrell, elegido a propuesta del PP, afirma, en cambio, que la asunción de las nuevas competencias por parte de la Generalitat previstas en el proyecto estatutario supone una "reforma encubierta de la Constitución". Alerta, también, de que la aprobación del Estatuto con el actual redactado implicaría "la modificación de leyes estatales, la reestructuración de sus instituciones y el condicionamiento de algunas competencias". Borrell también ha emitido un voto particular para dejar claro que la definición de Cataluña como "nación" puede tener "efectos jurídicos" no permitidos.
La laicidad de la enseñanza pública que defiende el tripartito y que provoca el rechazo total de CiU también ha sido objeto de un voto particular por parte de Agustí Bassols. En opinión de este jurista, la definición de España como estado aconfesional no comporta la realidad de signo opuesto, un estado laico. Sobre la reforma inducida por el Estatuto de leyes orgánicas, rechazada por el Consultivo, vocales a propuesta de CiU y ERC afirman que el Estatuto, como ley paccionada de rango orgánico especial, puede dejar sin aplicación en Cataluña determinadas leyes orgánicas.
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