Source: https://sanchezporrasabogados.wordpress.com/
Timestamp: 2019-10-14 10:47:27
Document Index: 45800120

Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 9', 'artículo 97', 'artículo 1438', 'artículo 1438', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 97', 'artículo 100', 'artículo 7']

SANCHEZ PORRAS ABOGADOS: blog noticias actualidad abogados y justicia – BLOG sobre Justicia y novedades sobre doctrina, jurisprudencia y tendencias en los abogados
SANCHEZ PORRAS ABOGADOS: blog noticias actualidad abogados y justicia
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Las secuelas y el tratamiento de las mismas tales como las deficiencias psíquicas, físicas y estéticas del accidentado, son la parte más compleja de la ley, tanto por su extensión, como por su intensidad. Valorar al detalle cada uno de los daños y lesiones permanentes ocasionados según sea el tipo de accidente, si es de coche, moto, bicicleta o atropello a peatones, nos conduce a incluir el cuadro médico más amplio y conciso, por lo que se deben tener en cuenta todos los aspectos, sin excluir períodos anteriores como la hospitalización y así realizar una valoración más acertada.
Para valorar el daño a indemnizar, al igual que en casos de lesiones temporales o muerte, la ley se basa en unas tablas mediante las cuales se establecen las cuantías por perjuicio personal básico, perjuicio personal particular y el perjuicio patrimonial, que a su vez incluye el daño emergente (indemnización por gastos y daños provocados en el accidente) y el lucro cesante (el dinero que deja de percibir durante su convalecencia y a causa del accidente).
El baremo aplicado por los médicos en los distintos grados de perjuicio de la secuela, sobre todo a nivel físico y estético, son fundamentales para determinar la cifra a indemnizar por la aseguradora, es decir, a un grave perjuicio físico se le une un evidente perjuicio en la imagen de la persona, ambos aspectos se valoran de forma independiente. Los abogados especializados pueden pedir también daños morales provocados por estas secuelas. Igualmente, se valoran aspectos como los posibles gastos médicos en el futuro y demás circunstancias que puedan ir surgiendo.
Es el baremo médico adjunto a la ley, el responsable de dar cabida a todas las secuelas para lesiones provocadas por accidente de tráfico, aplicando así, tablas que definen, clasifican y valoran los perjuicios psicofísicos, orgánicos, sensoriales y estéticos, a los que se aplican diferentes reglas para su valoración.
En las mencionadas tablas, podemos encontrar secuelas agrupadas según:
Estas secuelas se valoran dependiendo de la gravedad que produce cada una de ellas, la clasificación es: daño ligero, moderado, medio, importante, muy importante e importantísimo.
A la hora de aplicar esta valoración, dependerá de varias circunstancias, lo que para una persona que no vive de su imagen puede ser una secuela de daño ligero, para otra que suponga una merma en su actividad laboral (ejem. profesionales que trabajan cara al público), podría ser muy importante o importantísimo, es decir, el aspecto subjetivo sobre este tema es un amplio campo en el que el abogado ha de intervenir para aclarar todo lo posible al respecto y lograr que se valoren equitativamente este tipo de secuelas. Hay que recordar que las secuelas estéticas temporales que mejoran con el tiempo, no se consideran como tal, pero sí como lesión temporal que tienen su baremo aparte.
En todos los casos, dependemos de la opinión de los especialistas y del informe que realicen para tener una base sobre la que reclamar la cantidad en cuestión. Hay que tener en cuenta que, cada uno de ellos, puede tener una perspectiva diferente sobre un mismo tema. El examen médico ha de ser exhaustivo y exige una gran exactitud para determinar, de forma meticulosa, cuál es el daño a valorar, sirva como ejemplo que, en las mencionadas tablas se incluyen todos los órganos del cuerpo, todas las dolencias posibles y cada una de ellas con una cifra estipulada, de ello deriva la necesidad de contar con un equipo médico altamente especializado para evaluar la extensión e intensidad de cada una de la secuelas, al mismo tiempo el abogado podrá contra-evaluar informes de terceros que pueden no ser lo suficientemente meticulosos.
Rehabilitación y otras ayudas a grandes lesionados
En las tablas de baremo médico, se tiene también en cuenta el periodo de rehabilitación que debe realizar la persona que ha sufrido el accidente, así como otras ayudas, asistencia domiciliaria, ayuda técnica y remodelación de su hogar para adaptarlo al uso que hará el accidentado del mismo, y la cantidad económica que necesitará esa persona para poder afrontar todos estos pagos. Es muy importante subrayar que, si no se cuenta con un abogado especializado en accidentes de tráfico, podemos cometer errores como pedir la indemnización para el accidentado, ignorando aspectos como que se recogen indemnizaciones específicas para la persona que ayuda al enfermo de forma continuada.
Debemos hacer hincapié en que este baremo puede ser muy conciso para algunos casos y muy ambiguo en aquellos que deja un margen de interpretación y actuación al equipo médico, motivo por el cual, desde el despacho de abogados Tráfico Ayuda, siempre recomendamos y aportamos una valoración alternativa, el cálculo se hace sobre una aproximación de las horas que la tercera persona cuida al enfermo, y se abona dependiendo del resultado del mismo. En las tablas se estipula el pago desde una hora hasta las 20 horas diarias de atención, esta cantidad sólo puede dejar de percibirse, si el accidentado permanece ingresado en un centro hospitalario y la mutua, o el seguro privado, abonan todos los cuidados necesarios para su restablecimiento.
Prótesis como consecuencia del accidente
La ley incluye y contempla también a los accidentados que usen una prótesis o un tratamiento de por vida, como consecuencia de un accidente, este tipo de soluciones también se valora a la hora de fijar la cantidad a indemnizar. Lamentablemente, la incapacidad permanente suele ser un resultado muy trágico de cualquier accidente, los abogados más expertos conseguirán siempre valorar los puntos más importantes de cada caso, así como lograr la mayor cantidad indemnizatoria posible ante la aseguradora.
Hay que tener en cuenta también, todos y cada uno de los factores relevantes como el perjuicio moral por la por la pérdida de calidad de vida que afectará a los familiares. La alteración causada por los cuidados y atenciones prestadas a grandes lesionados deberá ser resarcida con una indemnización para la que, deberemos considerar diversos factores como la edad del lesionado, grados de minusvalías, etc., éste es el claro ejemplo en el que la ley flexibiliza la indemnización estableciendo horquillas de mínimos y máximos en euros, obligando a las partes a negociar soluciones conjuntas.
En algunas ocasiones, las aseguradoras intentan que el accidentado cobre la indemnización por la lesión más grave para ahorrarse indemnización del resto de secuelas, los abogados son los que en estos casos, deben pelear para que se cobre la máxima cantidad y no sólo lo que te ofrezca la compañía.
Secuelas concurrentes, interagravatorias y de estado previo
Casos muy comunes que nos encontramos habitualmente, son la concurrencia de secuelas, es decir, tienen origen en lesiones provocadas a raíz del mismo accidente. Existen a su vez, las secuelas interagravatorias que, aún siendo concurrentes, producen por su confluencia una acentuación de las mismas, y las secuelas agravadas debido a un historial médico previo.
En el caso de una sola secuela, se pueden aplicar los puntos que correspondan según el baremo médico, pero al combinar varias lesiones por diferentes tipologías debido a cualquiera de los casos enumerados anteriormente, al cálculo de puntos se le aplicaría una fórmula matemática, con lo que el resultado puede mermar bastante.
En muchas ocasiones, éste puede ser un punto polémico en la negociación. La cantidad a pagar se calcula basándose en los ingresos del lesionado, prestando especial atención a todos los apartados que especifica la ley, en este apartado, se incluyen los accidentados menores de 30 años, cuya capacidad para trabajar se ha visto alterada de forma definitiva.
La ley no se olvida de las personas que trabajan realizando labores domésticas en su domicilio, siendo el salario mínimo, la base del cálculo de la cantidad a percibir. En este caso en particular, resulta muy necesaria la intervención de un abogado ya que, por desconocimiento, estas indemnizaciones suelen obviarse por motivos diversos y estrategias varias por parte de las compañías aseguradoras.
El fallecimiento es el peor supuesto en un accidente de tráfico. Tienen derecho a cobrar una indemnización el cónyuge viudo, ascendientes, descendientes, hermanos del difunto y allegados (personas que hubieran convivido con la víctima sin que necesariamente haya una relación familiar, sino afectiva). Todos los perjudicados enumerados, deben cumplir una serie de condiciones para ser resarcidos según establecen los artículos a tal efecto.
Las disposiciones, pueden parecer de fácil tratamiento en el cálculo de las diferentes valoraciones, y no por ello debe dejarse de prestar especial atención a las distintas excepciones que puedan aparecer, al objeto de abordar toda la casuística que pueda presentar cada uno de los perjudicados.
¿Cómo se negocia una indemnización?
Si intentas solucionar el tema sin abogado, has de saber que van a ofrecerte una cantidad que te parecerá suficiente, pero que poco, o muy poco tiene que ver con lo que realmente marca la ley, para lo cual, los profesionales disponemos de herramientas que nos ayudan a conocer la cifra que marca la ley de forma estricta y los posibles añadidos que se pueden incluir en el montante de cada reclamación.
A los aspectos antes mencionados habría que adjuntarles la posibilidad de otros daños que minasen la calidad de la vida del accidentado, se hace por lo tanto, indispensable la ayuda de:
Un equipo de profesionales especializado en accidentes de tráfico
Un equipo de médicos para presentar informes sobre todas aquellas lesiones o secuelas de difícil valoración y cuantificación.
Peritación y reconstrucción de accidentes, lo que nos ayudará a recopilar toda la información
Informes médicos de hospitales, centros de urgencia, etc.
Atestados e informes policiales.
Asesoramiento sobre toda la información adicional a aportar en cada caso (fotos, declaraciones de testigos, etc.)
Por todo lo expuesto anteriormente, entendemos que, lo más lógico, es que en esos momentos críticos, el accidentado sólo se tenga que preocupar de su recuperación y no de litigar con las aseguradoras que intentarán, probablemente, ofrecer cantidades a la baja.
Los abogados especialistas en accidentes de tráfico, son profesionales cuyos servicios son demandados continuamente por la sociedad ya que, lamentablemente, nadie está exento de sufrir un accidente que cambie su vida de forma radical, y cuando ésto sucede, se hace necesaria la intervención de un profesional con experiencia que sepa cómo gestionar durante todo ese periplo, todos los pasos a seguir y, lo más importante, que conozca cómo reclamar y conseguir finalmente la máxima indemnización que la ley exige.
Fuente : http://www.diariojuridico.com
ACCIDENTES DE TRAFICO, actualidad
imagen corporativa 2018 SANCHEZ PORRAS ABOGADOS
12 septiembre, 2018 SANCHEZ PORRAS ABOGADOSDeja un comentario
GUIA sobre pensión de alimentos a hijos menores de edad
24 agosto, 2018 25 agosto, 2018 SANCHEZ PORRAS ABOGADOSDeja un comentario
¿QUÉ SE ENTIENDE POR ALIMENTOS?
Incluye los gastos derivados de: comida, vestido, habitación, educación y asistencia médica.
Se tiene que tratar de gastos que entren dentro del concepto de “ordinarios”, siendo todos los demás que se vayan generando en la vida de los hijos como “extraordinarios” (excepcionales e imprevisibles) que, siempre serán sufragados por ambos padres al cincuenta por ciento (por ejemplo: gastos dentales, gafas, excursiones escolares, actividades extraescolares).
Habrá que estar a la capacidad económica de ambos progenitores en lo que se refiere a estos gastos extraordinarios, valorando en todo caso si son necesarios.
Cabe, además, en caso de pacto entre las partes, determinar que gastos son ordinarios y cuáles no, y que porcentaje (en atención a los ingresos que se perciban) deberá asumir cada uno.
¿QUIÉN ESTÁ OBLIGADO A PAGARLOS?
Como titulares de la patria potestad, son ambos padres los que deben contribuir con sus recursos a satisfacer las necesidades de los hijos.
En los casos de divorcio o separación con custodia para uno sólo de ellos, en la práctica, se fija de forma expresa (en Convenio Regulador en los casos de mutuo acuerdo, o en Sentencia en los supuestos contenciosos) que el obligado al pago de esa pensión de alimentos sea el progenitor no custodio.
El ingreso de la cantidad en la cuenta destinada al cuidado de los hijos lo efectuará el progenitor no custodio.
Pero que el custodio no ingrese efectivamente esa cantidad, no quiere decir que quede exonerado de la obligación de pago ni que el hijo deba ser únicamente atendido con lo que ingresa el no custodio.
¿A QUÉ CUANTÍA HA DE ASCENDER LA PENSIÓN DE ALIMENTOS?
No existe un importe genérico que sirva de base para calcular la misma. Si bien, se dan determinadas circunstancias o parámetros que se toman como referencia para su cálculo.
Así, se atenderá a los ingresos de cada uno de los progenitores y a las necesidades que presenten los hijos beneficiarios.
El cálculo de la pensión de alimentos es un cálculo anual (incluidos meses de vacaciones) y que, por tanto, se prorratea en 12 meses y para facilitar su cálculo, el Consejo General del Poder Judicial establece unas “tablas” orientadoras para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en los procesos de familia.
¿SÓLO TIENEN DERECHO A LA PENSIÓN DE ALIMENTOS LOS HIJOS MENORES DE EDAD?
No. Los hijos mayores de edad gozan también de este derecho hasta que alcancen su total independencia económica.
Para ello, deberán vivir en el domicilio familiar, carecer de recursos propios suficientes para su sustento y, en definitiva, seguir dependiendo de alguna manera del cuidado de sus progenitores.
No obstante, y podría pensarse que en aras a limitar dicha pensión cumplida la mayoría de edad, ya existen pronunciamientos de Tribunales, denegando pensiones alimenticias a hijos mayores de edad que no tienen ningún tipo de intención ni interés en estudiar ni trabajar.
¿Y QUÉ OCURRE SI CAMBIAN LAS CIRCUNSTANCIAS ECONÓMICAS DEL OBLIGADO A PRESTAR ALIMENTOS?
En estos casos se podrá instar una demanda de modificación de medidas, que tenga por finalidad aumentar o disminuir dicha cuantía en función de las nuevas circunstancias económicas (tanto del alimentista como del alimentante), las cuales deberán acreditarse por parte del progenitor que insta tal modificación. Señalar que, hasta que finalice el procedimiento y se dicte Sentencia en relación a tal extremo, la cantidad a sufragar será la fijada en el primer momento.
¿SE PUEDEN RECLAMAR LAS CANTIDADES IMPAGADAS?
Si, pero únicamente podrán reclamarse los últimos cinco años. La reclamación se haría mediante un procedimiento de ejecución y, en su caso, conllevaría el embargo de bienes y derechos del obligado a satisfacer la pensión.
Igualmente, dejar de pagar dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, puede dar lugar a un delito de abandono de familia, así como ser motivo más que suficiente para la privación de la patria potestad.
¿COMO SE ACTUALIZA LA PENSIÓN DE ALIMENTOS?
Se actualizará conforme al Índice de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística.
No. Se trataría de un pacto nulo ya que, como hemos apuntado, se trata de un derecho en pro de los hijos que no depende de la voluntad de los padres.
¿CUANDO CESA LA OBLIGACIÓN?
Además de cesar por la mayoría de edad o por la independencia económica de los hijos, también cesará, entre otros: por el fallecimiento del alimentista; en aquéllos casos en los que la fortuna del mismo haya devenido tal que no pueda asumir ni sus propios gastos; e igualmente por el fallecimiento del beneficiario de la pensión.
ABSOLUCIÓN PARA MADRE ACUSADA DE GOLPEAR A SU HIJO DE 11 AÑOS PARA CORREGIRLE FRENTE A UNA CONDUCTA INSOPORTABLE DEL NIÑO.
1 mayo, 2018 SANCHEZ PORRAS ABOGADOSDeja un comentario
ES EL TIPICO CASO DEL NIÑO EMPERADOR O TIRANO, MALEDUCADO QUE SE PERMITE HUMILLAR Y AVASALLAR A SUS PADRES PARA CONSEGUIR TODO LO QUE QUIERE SIN ESCRUPULOS.
Sentencia-bofetada coruña niñato
En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Fiscal solicitó la condena de LA MADRE, como autora responsable de dos delitos de lesiones leves en el ámbito familiar, tipificado en el artículo 153.2, 3 y 4 del Código Penal, a la pena de 35 días de trabajos en beneficio de la comunidad, 1 años y seis meses de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, y prohibición de comunicarse con su hijo y de aproximarse al mismo y al domicilio donde viva durante seis meses y un radio de 50 metros.
Argumenta con gran acierto la Sentencia del Juzgado Penal nº 2 de la Coruña que :
1º.- El menor reconoce que la madre le ordenó poner el desayuno y él se niega. Que mantuvo su actitud pues estaba escuchando música en su teléfono nuevo de alta gama. Y aunque niegue haber arrojado el teléfono, sus dudas al contestar indican que de algún modo lo tiró. Puede que simplemente lo lanzase al suelo, ni siquiera a su madre. Ante ello la madre le propina un bofetón con fuerza, puede que dos. Está claro que la actuación del menor, es totalmente equivocada. Por suerte su familia es acomodada y puede permitirse el tirar el dinero de un teléfono de alta gama, cuyo precio, es igual a los ingresos mensuales con los que se ven obligados a vivir más del 50% de la población española. En algunas ocasiones familias enteras. Su comportamiento no solo muestra desprecio hacia la autoridad materna, sino también hacia el esfuerzo y trabajo que supone ganar un salario con el que adquirir bienes. Y además incurre en el acto de violencia que supone arrojar el teléfono. No estamos ante una discusión de razonamientos en la que se pueda intentar argumentar contra los razonamientos del contrario. Estamos ante una clara exhibición por parte del menor de una actitud de “síndrome de emperador” que únicamente busca humillar y despreciar a su madre. De no mediar una inmediata corrección, el menor trasladará dicho comportamiento a terceros y comenzará a comportarse igual con compañeros, vecinos etc. Acudir a una corrección física moderada está justificado. Y así se hizo. La acusada no abofeteó a su hijo para causarle una lesión, su intención era clara y trataba de poner fin a la actitud violenta del menor, que es el que primero acude a un acto físico de fuerza, y a su comportamiento totalmente despectivo hacia ella, negándose a algo tan lógico como poner el desayuno.
2º.- Si con relación al incidente anterior podría discutirse algo la culpabilidad, con relación al incidente de fecha 11-02-16 la discusión es estéril. El menor, de once años, decide que abandona la casa en la que vive porque tiene una discusión con su madre y ésta al tratar de agarrarlo le araña el cuello por la parte de atrás. Para empezar el incidente es totalmente fortuito. Trata de agarrar a su hijo y le araña. No intenta arañarlo porque sí. No trata de agredirlo. Simplemente de sujetarlo físicamente dado que su hijo ha decidido con 11 años que abandona la casa. El comportamiento del menor es aberrante. ¿Si la clase no le gusta también se levantará y aprovechando que el profesor no puede hacer nada, saldrá a tomar algo?. Pues la autoridad de un profesor no puede en modo alguno ser superior a la de una madre. No solo está totalmente justificado que la acusada trate de evitar que su hijo salga de casa. Es que no existe la más mínima intencionalidad de la acusada en lesionar a su hijo, solo de agarrarlo.
TRIBUNAL SUPREMO RECOPILA EN RECIENTE SENTENCIA LOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA SOBRE CUSTODIA COMPARTIDA
1.- La sala viene reiterando (sentencia 296/2017, de 12 de mayo , y 442/2017, de 13 de julio , entre otras recientes) la bondad del sistema de guarda y custodia compartida ( SSTS de 4 de febrero de 2016 , 11 de febrero de 2016 , 9 de marzo de 2016; 433/2016 , de 27 de junio).
Por tanto ( STS de 17 de marzo de 2016 rec. 2129/2014 ), no tiene sentido cuestionar la bondad objetiva del sistema tras la constante y uniforme doctrina de la sala, con el cambio sustancial que supuso la doctrina del Tribunal Constitucional ( STC 185/2012, de 17 de octubre ).
2.- Consecuencia de lo expuesto es que se haya de partir de que el régimen de guarda y custodia compartida debe ser el normal y deseable ( STS de 16 de febrero de 2015, Rc. 2827/2013 ), señalando la Sala (SSTS de 29 de abril de 2013 , 25 abril 2014 , 22 de octubre de 2014 ) que la redacción del artículo 92 no permite concluir que se trate de una medida excepcional, sino que al contrario habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis, siempre que ello sea posible y en cuanto lo sea.
Se pretende aproximar este régimen al modelo existente antes de la ruptura matrimonial y garantizar al tiempo a sus padres la posibilidad de «seguir» ejerciendo sus derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de los hijos.
e) No se cuestiona la idoneidad de los progenitores.
d) Se estimula la cooperación de los padres, en beneficio de los menores, que ya se ha venido desarrollando con eficiencia»
3.- A partir de la bondad del sistema la cuestión a dilucidar en cada caso será si ha primado el interés del menor al decidir sobre su guarda y custodia.
Este interés, que ni el artículo 92 CC ni el artículo 9 de la LO 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor , desarrollada en la Ley 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, define ni determina, exige sin duda un compromiso mayor y una colaboración de sus progenitores tendente a que este tipo de situaciones se resuelvan en un marco de normalidad familiar que saque de la rutina una relación simplemente protocolaria del padre no custodio con sus hijos que, sin la expresa colaboración del otro, termine por desincentivarla tanto desde la relación del no custodio con sus hijos, como de estos con aquel ( SSTS de 19 de julio de 2013 ; 2 de julio de 2014 ; 9 de septiembre de 2015 ).
Esta doctrina es la que refleja la sentencia de primera instancia, a la que remite la de la audiencia al poner el acento para dilucidar el debate en el interés del menor; por lo que no puede decirse que contradiga la doctrina de la sala.
4.- La sentencia de 30 de diciembre de 2015 afirma que «La doctrina de la Sala en casos en que se discute la guarda y custodia compartida es reiterada en el sentido que en estos recursos solo puede examinarse si el Juez a quo ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de los hechos probados en la sentencia que se recurre, la conveniencia de que se establezca o no este sistema de guarda ( SSTS 614/2009, de 28 septiembre , 623/2009, de 8 octubre , 469/2011, de 7 julio 641/2011, de 27 septiembre y 154/2012, de 9 marzo , 579/2011, de 22 julio 578/2011, de 21 julio y 323/2012, de 21 mayo ). La razón se encuentra en que «el fin último de la norma es la elección del régimen de custodia que más favorable resulte para el menor, en interés de este» ( STS 27 de abril 2012 , citada en la STS 370/2013 ).El recurso de casación en la determinación del régimen de la guarda y custodia no puede convertirse en una tercera instancia, a pesar de las características especiales del procedimiento de familia».
5.- La sentencia recurrida, insistimos que por remisión, ha valorado el interés de los menores, como en el supuesto de la sentencia de la sala 296/2017, de 12 de mayo , a partir del informe psicosocial que obra en autos y manifestaciones de las partes vertidas en el acto de la vista, y no solamente en estas últimas como parece sugerirse.
Tiene declarado la sala que las conclusiones del informe psicosocial deben ser analizadas y cuestionadas jurídicamente, en su caso, por el tribunal, cual ocurre con los demás informes periciales en los procedimientos judiciales, si bien la sala no es ajena a la importancia y trascendencia de este tipo de informes técnicos ( SSTS
de 18-1-2011, Rc. 1728/2009 ; 9-9-2015, Rc. 545/2014 ; 135/2017 , de 28 de febrero).
Así ha obrado la citada sentencia pues ha valorado el informe psicosocial a fin de indagar y motivar el interés de los menores, en conjunción con las manifestaciones de las partes, y ha hecho suyas las conclusiones de aquel.
Cuando tantas veces se ha repetido la necesidad de un informe psicosocial que auxilie al tribunal en su decisión, no puede obviarse éste sin una motivación rigurosa, sobre todo si se aprecia una metodología tan precisa como en la obrante en autos.
Conviene destacar que el equipo psicosocial ha llevado a cabo una entrevista individual semiestructurada con los menores.
Lo anterior se compadece con lo que afirmábamos en la sentencia 18/2018 de 15 de enero , pues por la edad de los menores no es aconsejable la exploración judicial de ellos, pero si estar a la llevada a cabo por un experto, que es el caso ( STC 163/2009, de 29 de junio ).
Por todo ello la sentencia recurrida ha aplicado correctamente el principio de protección del interés del menor, motivando suficientemente, a la vista de las pruebas practicadas, la conveniencia de que se establezca o no el sistema de guarda y custodia compartida.
Ha de insistirse en la no conveniencia de convertir en estos casos el recurso de casación en una tercera instancia, a salvo que la revisión venga impuesta porque el tribunal a quo haya llevado a cabo una protección del interés del menor solo aparente, puramente formalista y estereotipada, que no es el caso.
Por todo lo expuesto no cabe la estimación del recurso.
sts 6 ABRIL 2018 ULTIMA RECOPILACION FIJA DOCTRINA CUSTODIA COMPARTIDA
La pensión compensatoria es una prestación económica a favor de un esposo y a cargo del otro tras la separación o divorcio del matrimonio, cuyo reconocimiento exige básicamente la existencia de una situación de desequilibrio o desigualdad económica entre los cónyuges y el empeoramiento del que queda con menos recursos respecto de la situación económica disfrutada durante el matrimonio (art. 97 del Código Civil), con nueva redacción dada por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria precepto que según el art. 13 del Código Civil tiene aplicación general y directa en toda España, sin perjuicio de las especialidades que se dirán.
Presupuestos de la pensión compensatoria del art. 97 CC
Para reclamar la pensión compensatoria, el cónyuge solicitante debe probar que ha sufrido un empeoramiento en su situación económica en relación a la que disfrutaba en el matrimonio y respecto a la posición que disfruta el otro cónyuge.
No se requiere, por tanto, la prueba de la necesidad (véase, en este sentido, las STS de 17 de octubre de 2008 [j 1] y de 21 de noviembre de 2008 [j 2], entre otras).
El derecho a reclamar la pensión debe existir en el momento de la ruptura, sin que deban tenerse en cuenta los hechos que hayan tenido lugar durante la separación y el divorcio, o en un momento posterior.
La STS 9 de febrero de 2010 sienta como doctrina jurisprudencial que:
el desequilibrio que genera el derecho a la pensión compensatoria debe existir en el momento de la ruptura matrimonial, aunque se acuerde el pago de alimentos a uno de los cónyuges, sin que el momento del divorcio permita examinar de nuevo la concurrencia o no del desequilibrio y sin que la extinción del derecho de alimentos genere por sí mismo el derecho a obtener la pensión compensatoria.
Atender al momento de la ruptura tiene por objeto, como dice la Sentencia nº 106/2014 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 18 de Marzo de 2014 [j 4] el que no se tenga que mantener tras la ruptura una vinculación económica entre cónyuges distinta de la que la ley autoriza, y, propiciar, en definitiva, una suerte de problemas añadidos y en ningún caso deseables.
Ahora bien, si bien debe tenerse en cuenta la situación de desequilibrio en el momento de la ruptura, la Sentencia nº 683/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 1 de Diciembre de 2015 [j 5] precisa que se debe valorar en cada caso para comprobar que aunque no hubo petición en el momento de la separación, cabe o no presumir la existencia de desequilibrio económico entre los cónyuges en el momento de la ruptura.
En aplicación de la doctrina expuesta, la STS de 19 de octubre de 2011 [j 6] deniega fijar una pensión compensatoria que está condicionada al caso de pérdida de un trabajo en un momento posterior al divorcio, por entender que:
el desequilibrio que hipotéticamente podría producirse no tendría lugar como consecuencia del desequilibrio producido por la ruptura matrimonial, sino que vendría provocado por el despido posterior. El desequilibrio que da lugar a la pensión debe existir en el momento de la separación o del divorcio y los sucesos posteriores no pueden dar lugar al nacimiento de una pensión que no se acreditaba cuando ocurrió la crisis matrimonial.
Los criterios para fijar la pensión compensatoria (y su duración) vienen previstos, con carácter general, pero sin ser exhaustivos, en el art. 97, CC: la edad y el estado de salud; la cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo; la dedicación pasada y futura a la familia; la colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; la duración del matrimonio y de la convivencia conyugal; la pérdida eventual de un derecho de pensión; el caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge; cualquier otra circunstancia relevante.
Como indica la STS de 23 de enero de 2012, [j 7] reiterando la doctrina fijada en Sentencia nº 864/2010 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 19 de Enero de 2010, [j 8] luego confirmada en Sentencia nº 702/2010 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 4 de Noviembre de 2010, [j 9] Sentencia nº 59/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 14 de Febrero de 2011 [j 10] y Sentencia nº 508/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 27 de Junio de 2011, [j 11] entre las más recientes, estos criterios cumplen una doble función de actuar como elementos integrantes del desequilibrio y como elementos que permitirán fijar la cuantía de la pensión, lo que permite:
valorar la idoneidad o aptitud de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación, con criterios de certidumbre.
Este juicio prospectivo, es decir, este examen de qué posibilidades futuras hay de que el cónyuge a quien se le concede la pensión pueda modificar su situación económica, es el que justificaría o no la temporalidad; por ello, la Sentencia nº 66/2018 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 7 de Febrero de 2018 [j 12] casa la sentencia sentencia que limitó temporalmente la pensión compensatoria sin referirse en absoluto a las posibilidades futuras de la beneficiaria de la pensión para poder desenvolverse autónomamente, (no aplicando el juicio prospectivo antes indicado).
Reitera la Sentencia nº 616/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 3 de Noviembre de 2015 [j 13] la doctrina jurisprudencial, según la cual, en orden a la concesión de la pensión compensatoria no basta la mera consideración del desequilibrio patrimonial, en sí mismo considerado, sino que debe valorarse la perspectiva causal que lo sustente ya en relación con la situación de derechos y obligaciones resultante tras el divorcio, como, en su caso, con la mayor dedicación a la familia o a la actividad profesional o empresarial del otro cónyuge anterior a la ruptura matrimonial.
La Sentencia nº 713/2015 de TS, Sala 1ª, de lo civil, 16 de diciembre de 2015 [j 14] destaca que en casos de convivencia more uxorio seguida de matrimonio sin solución de continuidad, podrá tenerse en cuenta esa convivencia precedente para decidir sobre la pensión compensatoria prevista en el artículo 97 del Código Civil, consecuencia de la ruptura de la convivencia matrimonial.
Advierte la Sentencia nº 252/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 26 de Abril de 2017 [j 15] que es preciso distinguir la compensación del art. 1438 del C. Civil, de la pensión compensatoria establecida en el art. 97 del C. Civil.
* Pensión compensatoria del art. 97 del CC:
La pensión compensatoria del art. 97 del C. Civil se otorga en consideración a la contribución pasada a la familia, pero también valorando la dedicación futura a los hijos, en su caso, para apreciar la posible existencia de desequilibrio económico.
* Pensión compensatoria del art. 1438 CC:
La compensación del no se establece en consideración a la dedicación futura a la familia, ni a la situación de desequilibrio, sino solo en función de la pasada dedicación a la familia, vigente el régimen económico de separación y hasta la extinción del mismo.
El trabajo en el hogar se tiene en cuenta en el art. 1438, CC, según el cual los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen. Señala la Sentencia nº 185/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 14 de Marzo de 2017 [j 16] que en ningún caso el artículo 1438 exige que para ser merecedor de la compensación haya existido una imposibilidad probada y manifiesta, para poder trabajar fuera casa por parte del cónyuge que solicita la compensación.
En todo caso, la razón para conceder una pensión compensatoria está en la posible desigualdad de que nos habla la Sentencia nº 355/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 17 de Mayo de 2013 [j 17] cuando afirma que la simple desigualdad económica, cuando no es consecuencia de la mayor dedicación a la familia de uno de los esposos, no determina un automático derecho de compensación por vía del art. 97, CC y que el principio de dignidad contenido en el art. 10 de la Constitución Española debe servir de argumento para justificar la independencia económica de los cónyuges una vez extinguido el matrimonio, a salvo los casos previstos en el art. 97, CC.
La Sentencia nº 300/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 5 de Mayo de 2016 [j 18] dice que es reiterada la jurisprudencia de esta sala relativa a cuando procede la indemnización prevista en el artículo 1438 del CC. No lo es en cuanto a los parámetros a utilizar para fijar la concreta cantidad debida y la forma de pagarla; es cuestión a ponderar en cada caso y no será una cuestión que deberá alterarse en casación.
La Sentencia nº 16/2014 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 31 de Enero de 2014, [j 19] recordada por la Sentencia nº 136/2015 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 14 de abril de 2015, [j 20] sienta la siguiente doctrina jurisprudencial: «El derecho a obtener la compensación por haber contribuido a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes requiere que, habiéndose pactado este régimen, se haya contribuido a las cargas del matrimonio sólo con el trabajo realizado para la casa. Se excluye, por tanto, que sea necesario para obtener la compensación que se ha producido un incremento patrimonial del otro cónyuge”.
La Sentencia nº 135/2015 de TS, Sala 1ª, de lo civil, 26 de marzo de 2015 [j 21] profundiza en el tema de si para tener derecho a la compensación el cónyuge debe haber trabajado sólo en el hogar; y sólo no quiere decir que haya sido él solo el que ha trabajado; en definitiva:
a) Para tener derecho a la compensación no se exige que haya habido un enriquecimiento del deudor que debe pagar la compensación por trabajo doméstico.
b).- Le dedicación del cónyuge al trabajo y al hogar para tener derecho a la pensión ha de ser sea exclusiva, no excluyente, (“solo con el trabajo realizado para la casa”), lo que impide reconocer, de un lado, el derecho a la compensación en aquellos supuestos en que el cónyuge que lo reclama hubiere compatibilizado el cuidado de la casa y la familia con la realización de un trabajo fuera del hogar, a tiempo parcial o en jornada completa, y no excluirla, de otro, cuando esta dedicación, siendo exclusiva, se realiza con la colaboración ocasional del otro cónyuge, comprometido también con la contribución a las cargas del matrimonio, o con ayuda externa, pues la dedicación se mantiene al margen de que pueda tomarse en consideración para cuantificar la compensación, una vez que se ha constatado la concurrencia de los presupuestos necesarios para su reconocimiento. Este criterio de que sólo pueda reclamar la compensación el cónyuge que ha tenido dedicación exclusiva se reitera en la Sentencia nº 136/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 28 de Febrero de 2017 [j 22] que señala que el derecho a obtener la compensación por haber contribuido uno de los cónyuges a las cargas del matrimonio con trabajo doméstico en el régimen de separación de bienes requiere que habiéndose pactado este régimen, se haya contribuido a las cargas del matrimonio solo con el trabajo realizado para la casa. Impide reconocer el derecho a la compensación en aquellos supuestos en que el cónyuge que lo reclama hubiere compatibilizado el cuidado de la casa y la familia con la realización de un trabajo fuera del hogar.
Pero la citada Sentencia nº 252/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 26 de Abril de 2017 [j 23] adopta un criterio menos restrictivo, pues reconoce que en la realidad social actual (art. 3.1 del C. Civil), más allá de aquella inspiración que movió al legislador a introducir una compensación económica para ese cónyuge, parece oportuno atender a la situación frecuente de quien ha trabajado con mayor intensidad para la casa pero, al mismo tiempo, ha colaborado con la actividad profesional o empresarial del otro, fuera por tanto del ámbito estrictamente doméstico, aun cuando medie remuneración, sobre todo si esa colaboración se compatibiliza y organiza en función de las necesidades y organización de la casa y la familia. Por ello, la Sala declara que la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias, puede considerarse como trabajo para la casa que da derecho a una compensación, mediante una interpretación de la expresión «trabajo para la casa» contenida en el art. 1438 CC, dado que con dicho trabajo se atiende principalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al trabajo en el hogar.
Finalmente, la Sentencia nº 252/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 26 de Abril de 2017 [j 24] señala que la colaboración en actividades profesionales o negocios familiares, en condiciones laborales precarias, puede considerarse como trabajo para la casa a los efectos del reconocimiento de la compensación económica del art. 1438 CC, mediante una interpretación de la expresión «trabajo para la casa» contenida en el precepto, dado que con dicho trabajo se atiende principalmente al sostenimiento de las cargas del matrimonio de forma similar al trabajo en el hogar
En los territorios en que rige legislación especial se estará a sus normas propias, si las hubiere. Puede verse:
Momento de inicio del devengo de la pensión compensatoria
El momento a partir del cual se devengan las pensiones alimenticias en un proceso judicial es desde la interposición de la demanda y no desde el momento de la Sentencia.
La Sentencia nº 746/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 4 de Diciembre de 2013 [j 25] dictada en unificación de doctrina, establece y recuerda que, de acuerdo con el art. 148.1,CC:
Debe aplicarse a la reclamación de alimentos por hijos menores de edad, situaciones de crisis de matrimonio o de la pareja no casada la regla contenida en el art. 148.1, CC, de modo que, en caso de reclamación judicial, dichos alimentos deben prestarse por el progenitor deudor desde el momento de la interposición de la demanda.”
Temporalidad de la pensión compensatoria
Antes de modificarse la redacción del art. 97, CC mediante Ley 15/2005, de 8 de julio, existían posturas contrapuestas sobre la posibilidad de fijar con carácter temporal la pensión compensatoria:
Los principales argumentos para sustentar la prohibición de temporalidad de la pensión compensatoria, se centraban en que: el 97, CC no lo establece, tratándose de una omisión voluntaria del legislador; es contraria a la ratio del precepto; contradice la literalidad de los artículos 99 del CC, con nueva redacción por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria, (entró en vigor el 23 de julio de 2015) y 101, CC; dejaría sin contenido los art. 100 y 101 CC, asimismo modificado por la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria; supone una condena de futuro sin base legal; significaría adoptar una decisión sin ninguna base cierta; y que la pensión compensatoria:
tiene una vocación natural de perpetuidad, … y debe presumirse que subsiste hasta tanto no se acredite un cambio de fortuna en el acreedor, sin que sea posible suponer apriorísticamente que la suerte del beneficiario de la pensión evolucionará necesariamente hacia mejor, y menos que lo haga en un determinado periodo de tiempo.
A favor de la temporalidad, entre otros argumentos, se alegaba que: a pesar que el 97, CC no la recoge expresamente, tampoco la excluye; no contradice los arts. 99, 100 y 101 CC, y en absoluto es contrario a la “ratio” legal, entendiendo la doctrina moderna que la pensión compensatoria temporal está implícitamente recogida en el art. 101, CC; el art. 97, CC no tiene por finalidad perpetuar el equilibrio de los cónyuges separados o divorciados, sino restablecer un desequilibrio que puede ser coyuntural; se trata de materia sujeta a la disposición de las partes en cuanto está basada en un interés privado, y por ello es renunciable, transaccionable y convencionalmente condicionable y limitable en el tiempo, habiendo reconocido el carácter dispositivo la Sentencia del TS de 2 de diciembre de 1987 [j 26] y la Resolución de la DGRN de 10 de noviembre de 1995; [j 27] la realidad social art. 3.1 la admite; y, además, se razona que, si cabe la extinción del derecho o su modificación por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro interesado o su sustitución por una renta vitalicia, usufructo o entrega de bienes, ningún obstáculo debe oponerse a la delimitación temporal en función de las circunstancias que concurran.
La Sentencia nº 43/2005 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Febrero de 2005 [j 28] amplió la interpretación de la redacción entonces vigente del art. 97, CC y declaró como doctrina jurisprudencial la posibilidad de acordar una pensión compensatoria de duración limitada, siempre que constituya un mecanismo para cumplir con la función reequilibradora que constituye la finalidad de la norma.
En la actualidad, la posibilidad de establecer la pensión compensatoria con carácter temporal en función de las circunstancias es una cuestión pacífica que, además de admitirse en numerosas sentencias del Tribunal Supremo (pudiéndose citar, entre todas, las Sentencia nº 954/2008 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 17 de Octubre de 2008 [j 29] ha sido reconocido por el propio legislador al modificar, mediante la Ley 15/2005 de 8 de julio , el art. 97, CC introduciendo la siguiente frase en relación con la duración de la pensión: el cónyuge…«tendrá derecho a una compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido».
Ahora bien, como reconoce la Sentencia nº 165/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 14 de Marzo de 2011: [j 30]
«el que sea posible el establecimiento de un límite temporal para su percepción no determina que la sentencia que no lo establezca vulnere aquella doctrina pues, además de ser tan solo una posibilidad para el órgano judicial, su fijación depende de que con ello no se resienta la función de restablecer el equilibrio que le es consustancial, siendo esta una condición que obliga a tomar en cuenta las específicas circunstancias del caso, particularmente, aquellas de entre las comprendidas entre los factores que enumera el artículo 97, CC, que permiten valorar la idoneidad de la beneficiaria para superar el desequilibrio económico en un tiempo concreto, y, alcanzar la convicción de que no es preciso prolongar más allá su percepción por la certeza de que va a ser factible la superación del desequilibrio, juicio prospectivo para el cual el órgano judicial ha de actuar con prudencia y ponderación».
Por tanto, se trata de una alternativa que se aplicará en uno u otro sentido en función de las circunstancias de cada caso, tal y como reconoce la Sentencia nº 604/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 20 de Julio de 2011. [j 31]
La Sentencia nº 653/2012 de TS de 30 de Octubre de 2012 [j 32] reitera la misma doctrina, afirmando:
Las conclusiones alcanzadas por el tribunal de apelación, ya sea en el sentido de fijar un límite temporal a la pensión, ya en el de justificar su carácter vitalicio, habrán de ser respetadas en casación siempre que aquellas sean consecuencia de la ponderada valoración de los factores a los que se refiere de manera no exhaustiva el artículo 97, CC. Solo es posible revisar este juicio en casación cuando el juicio prospectivo sobre la posibilidad de superar el inicial desequilibrio en función de los factores concurrentes se muestra como ilógico o irracional, o cuando se asienta en parámetros distintos de los apuntados por la jurisprudencia.
Concluye la Sentencia nº 499/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 16 de Julio de 2013 [j 33] que habiendo elementos para fijar la pensión compensatoria, entre las decisiones del juez está fijar si la pensión debe ser definitiva o temporal.
Ya no hay discusión. Pero no debe llegarse a una conclusión errónea; como dice la Sentencia nº 323/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 18 de Mayo de 2016 [j 34] la fijación temporal de la pensión no es un imperativo legal. El artículo 97 del Código Civil la contempla como posibilidad, conforme a la ley 15/2005, de 8 julio y esta norma prevé unas circunstancias determinantes de la cuantía a falta de acuerdo de los cónyuges.
Pero en todo caso, se fije como definitiva o temporal, puede ser modificada como se detalla en otro epígrafe de este tema.
Pensión compensatoria y la pensión de alimentos
Conforme declara la Sentencia nº 162/2009 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 10 de Marzo de 2009, [j 35] la pensión compensatoria no es una pensión alimenticia a favor del cónyuge más necesitado, sino un derecho cuya razón de ser se halla únicamente en la existencia de un desequilibrio vinculado a la ruptura matrimonial.
Se trata, pues, de instituciones distintas que obedecen a finalidades y causas distintas. En este sentido, la STS 9 de febrero de 2010 [j 36] declara que los alimentos tienen por objeto solucionar el estado de necesidad de quien los acredita y, sin embargo, la pensión compensatoria pretende compensar el desequilibrio que pueda producirse como consecuencia de la ruptura matrimonial.
Esta última sentencia plantea si, pactada una pensión por alimentos en el procedimiento de separación, es posible reclamar la pensión compensatoria en el posterior juicio de divorcio, por haberse convertido la inicial pensión de alimentos en una posterior pensión compensatoria por desaparecer el derecho de alimentos al haberse extinguido el matrimonio.
La Sala concluye que la pensión de alimentos acordada en el procedimiento de separación no puede sustituirse por una pensión compensatoria. Y añade que, en el caso que uno de los cónyuges se reserve el derecho de reclamar la pensión compensatoria en un procedimiento posterior, puede ocurrir que el pacto de alimentos oculte el desequilibrio existente, pero no se trata que el desequilibrio se produzca por la pérdida del derecho de alimentos, sino que existiendo ya en el momento de la separación, había quedado oculto por el pacto de alimentos.
Pensión compensatoria y la pensión de viudedad
Reitera la Sentencia de TS, Sala 4ª, de lo Social, 16 de Julio de 2012 [j 37] la doctrina del TS según la cual, en caso de separación o divorcio, para tener derecho a pensión de viudedad se exige: o tener derecho a pensión compensatoria, o haber reconciliación comunicada al Juez correspondiente; si no hay derecho a pensión compensatoria el simple hecho de “volver a vivir juntos” no da derecho a pensión; dice esta sentencia:
para que la reanudación de esa convivencia pueda dejar “sin efecto ulterior lo resuelto en el procedimiento de separación” (art. 84, párrafo primero, CC), – esto es, “la suspensión de la vida en común de los casados” que es el efecto propio de la sentencia de separación (art. 83, CC) es necesario que “los cónyuges”, es decir los dos de consuno y no uno solo, la pongan en conocimiento del juez civil que entendió de la separación. Mientras tanto no es posible hablar de convivencia con relevancia jurídica a los efectos que se discuten”.
Ahora bien, como advierte la Sentencia nº 3751/2013 de TSJ Cataluña (Barcelona), Sala de lo Social, 28 de Mayo de 2013 [j 38] el hecho de no reclamar la pensión compensatoria (cosa distinta es la renuncia) no impide tener derecho a pedir la pensión de viudedad, añadiendo esta Sentencia:
sin que quepa interpretar en todo caso la ausencia de reclamación como una renuncia, condonación o exclusión del derecho que la Ley le atribuye, y cuyo no ejercicio no puede tener otras consecuencias que las derivadas del instituto de la prescripción.
La pensión, sea o no temporal, puede cambiar a lo largo del tiempo.
La Sentencia nº 446/2013 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 20 de Junio de 2013 [j 39] dice que constituye doctrina jurisprudencial que el reconocimiento del derecho, incluso de hacerse con un límite temporal, no impide el juego de los art. 100 y 101, CC si concurren en el caso enjuiciado los supuestos de hecho previstos en dichas normas de alteración sustancial y sobrevenida de las circunstancias anteriores (art. 100, CC) ) o la convivencia del perceptor con una nueva pareja o el cese de las causas que determinaron el reconocimiento del derecho (art. 101, CC). Cuando ello ocurra, el obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han dejado de existir, total o parcialmente. Es el cambio de circunstancias determinantes del desequilibrio que motivaron su reconocimiento, el mismo que también puede convertir una pensión vitalicia en temporal, tanto porque lo autoriza el artículo art. 100, CC, como porque la normativa legal no configura, con carácter necesario, la pensión como un derecho de duración indefinida -vitalicio-.
La Sentencia nº 323/2016 de TS, Sala 1ª, de lo civil, 18 de mayo de 2016 [j 40] recuerda la doctrina tradicional (mencionada en la Sentencia nº 99/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 19 de Febrero de 2016): [j 41] la modificación de la pensión compensatoria acordada en sentencia de separación sin limite temporal alguno, no puede producirse sino por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge; dicho en palabras de la Sentencia nº 55/2017 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 27 de Enero de 2017 [j 42] cualquiera que sea la duración de la pensión “nada obsta a que habiéndose establecido, pueda ocurrir una alteración sustancial de las circunstancias, cuya corrección haya de tener lugar por el procedimiento de modificación de la medida adoptada”, lo que deja expedita la vía de los artículos 100 y 101 CC, , siempre, lógicamente, que resulte acreditada la concurrencia del supuesto de hecho previsto en dichas normas.»
Por lo mismo, en el caso que el cónyuge perceptor de una pensión reciba una herencia puede ser ello una modificación sustancial de las circunstancias tenidas en cuenta en su día para fijar la pensión compensatoria; la Sentencia nº 133/2014 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 17 de Marzo de 2014 [j 43] recuerda la doctrina de la Sentencia nº 700/2011 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 3 de Octubre de 2011 [j 44]:
“En teoría, es razonable valorar el hecho de recibir una herencia como una circunstancia no previsible y, por ende, que no procedía tomar en cuenta cuando se fijó la pensión compensatoria. Entendida pues como una circunstancia sobrevenida, de imposible o difícil valoración a priori, susceptible de incidir favorablemente en la situación económica del beneficiario o acreedor de la pensión, la percepción de la herencia tendría cabida en el concepto de alteración sustancial de aquellas iniciales circunstancias, que es el presupuesto contemplado en el artículo 100 CC para que pueda estimarse la pretensión de modificar la cuantía de la pensión reconocida. Sin embargo, que en la práctica tal alteración tenga efectivamente lugar con ese carácter de sustancial o esencial a consecuencia de la herencia aceptada es algo que no puede afirmarse sino tras examinar las circunstancias del caso concreto, y en particular, después de valorar su entidad en el plano económico, la disponibilidad que al acreedor corresponde sobre los bienes que la integran, y, en suma, la posibilidad efectiva de rentabilizarlos económicamente (pues sin esta rentabilización, la mera aceptación de la herencia no se va a traducir en una mejora de la situación económica)”
Otro caso claro cuando se producen alteraciones sustanciales en la fortuna de ambos cónyuges, que es el caso que resuelve la Sentencia nº 99/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 19 de Febrero de 2016, [j 45] que da por extinguida la pensión compensatoria, ya que si bien la situación del esposo – en paro – es la misma, la de la esposa ha mejorado, al haber accedido al mercado laboral con mayor continuidad durante los últimos años.
En definitiva, como señala la Sentencia nº 674/2016 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 16 de Noviembre de 2016 [j 46] es doctrina reiterada de esta sala que las condiciones que llevaron al nacimiento del derecho a la pensión compensatoria pueden cambiar a lo largo del tiempo. Cuando ello ocurra, el obligado al pago de la pensión podrá pedir que se modifique esta medida, pero para ello deberá probar que las causas que dieron lugar a su nacimiento han dejado de existir, total o parcialmente.
El presupuesto para conceder pensión compensatoria es que haya habido matrimonio. Nada impide, sin embargo, como dice la Sentencia nº 17/2018 de TS, Sala 1ª, de lo Civil, 15 de Enero de 2018 [j 47] los pactos entre los convivientes por los que, al amparo del art. 1255 CC, adopten acuerdos en los que prevean compensaciones por desequilibrios en el momento de la ruptura de la convivencia.
A falta de tales pactos, como dice la sentencia citada no existe una previsión legal que contemple para el caso de extinción de la pareja una compensación de ningún tipo (ni alimenticia en caso de necesidad, ni por desequilibrio, ni por haber trabajado para el hogar o para el otro cónyuge).
Ciertamente, en algunas sentencias se acude a la doctrina del enriquecimiento injusto para conceder una compensación, pero debe haber habido realmente dicho enriquecimiento; la doctrina del enriquecimiento injusto requiere la concurrencia de un aumento del patrimonio del enriquecido, un correlativo empobrecimiento del actor, la falta de causa que justifique el enriquecimiento y la inexistencia de un precepto legal que excluya la aplicación de tal principio.
Tratamiento fiscal de la pensión compensatoria
A efectos del IRPF, el art. 33 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (Ley 35/2006, de 28 de noviembre) dice en la letra d) del número 3 que se estimará que no existe ganancia o pérdida patrimonial en la extinción del régimen económico matrimonial de separación de bienes, cuando por imposición legal o resolución judicial se produzcan compensaciones, dinerarias o mediante la adjudicación de bienes, por causa distinta de la pensión compensatoria entre cónyuges; por tanto, la pensión compensatoria tiene, para el preceptor, la consideración de rendimientos del trabajo como señala el art. 17 (Las pensiones compensatorias recibidas del cónyuge y las anualidades por alimentos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley), pero el art. 55 de la Ley dispone que las pensiones compensatorias a favor del cónyuge y las anualidades por alimentos, con excepción de las fijadas en favor de los hijos del contribuyente, satisfechas ambas por decisión judicial, podrán ser objeto de reducción en la base imponible.
Véase, bajo la legislación anterior, aplicable a la actual en este punto, la Cuestión Vinculante nº V2192-09 de Dirección General de Tributos, Subdirección General de IRPF, 1 de Octubre de 2009 y la Cuestión Vinculante nº V1479-08 de Dirección General de Tributos, Subdirección General de IRPF, 15 de Julio de 2008
La Audiencia Provincial de Córdoba condena a 13 años cárcel a hombre por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja
15 marzo, 2018 SANCHEZ PORRAS ABOGADOSDeja un comentario
No podrá acercarse a la víctima en un radio de 500 metros ni comunicarse con ello por ningún medio durante un periodo de 18 años
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a 13 años, 6 meses y 1 día de cárcel a un hombre acusado de agredir sexualmente de forma continuada a la hija menor de edad de su pareja sentimental, víctima que tenía 13 años cuando comenzaron a producirse los hechos.
En la sentencia, fechada el día 13 de febrero, el tribunal condena al acusado a 13 años, 6 meses y 1 día de prisión y al pago de una indemnización de 15.000 euros a la víctima por un delito continuado de agresión sexual, imponiéndole además la prohibición de acercarse a la menor o a su domicilio o centro de trabajo o centro de estudios en un radio de 500 metros y de comunicarse con ella por cualquier medio o instrumento de comunicación durante un periodo de 18 años.
La Audiencia relata en la sentencia que, desde el invierno de 2011, el acusado mantenía una relación de pareja con la madre de la víctima, de forma que, “aprovechándose de esa condición y de que todos vivían en el mismo domicilio”, el ahora condenado comenzó a agredir sexualmente a la menor, hechos que se produjeron entre los años 2011 y 2015.
Para condenar al acusado, el tribunal tiene en cuenta la declaración prestada por la víctima, mayor de edad cuando compareció en el acto del juicio oral, el cual “cumple todos los requisitos exigidos por la Jurisprudencia para considerarse testimonio válido para destruir la presunción de inocencia que ampara al acusado, y suficiente para fundamentar una sentencia condenatoria”.
A juicio de la Audiencia, “ni se aprecian en la misma móviles bastardos o de venganza, ni la Sala alberga duda alguna acerca de que lo que aquélla narra se aleje de lo que realmente pasó, siendo su declaración plenamente coherente y sostenida en el tiempo, sin presentar fisuras, sobre todo si tenemos en cuenta el sufrimiento que implica para la misma el recordatorio constante de las penosas situaciones vividas (proceso de “revictimización”)”.
Asimismo, el tribunal considera que el acusado “se prevalece, para conseguir sus propósitos, de su relación de parentesco por afinidad, dado que no solo era la pareja sentimental de su madre, sino que al convivir en el domicilio, tenía una clara relación de superioridad frente a ella, que propiciaba que pudiera introducirla en el dormitorio y cerrar la puerta, como ha quedado acreditado”.
“Es decir, el acusado se prevalece de su relación de parentesco por afinidad para doblegar igualmente esa voluntad, alternando premios y castigos y amenazas”, pone de manifiesto la Audiencia Provincial de Córdoba en la sentencia, que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.
Fuente : Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
Para consulta: AP Córdoba 13 febrero 2018
SEGÚN EL SUPREMO LA PENSIÓN COMPENSATORIA NO SE RECONOCE EN LAS PAREJAS DE HECHO
16 febrero, 2018 SANCHEZ PORRAS ABOGADOSDeja un comentario
El Tribunal Supremo descarta la aplicación de la técnica del enriquecimiento injusto y la analogía del régimen matrimonial al cese de la convivencia de las parejas de hecho, no procediendo el derecho del conviviente a disfrutar de una pensión compensatoria.
Tras la ruptura de la pareja de hecho, que llevaba 16 años conviviendo y tenía dos hijos en común, la mujer solicita en su demanda una pensión compensatoria de 500€, en el caso de que deje de percibir su sueldo actual de 1500€ procedente de una empresa que tiene la pareja en común.
En primera instancia se reconoce su derecho. El demandado interpone recurso de apelación contra esta resolución y que es finalmente desestimado. Tras esta resolución, interpone recurso de casación por aplicación indebida y desconocimiento de la doctrina del Tribunal Supremo, conforme a la cual no cabe la aplicación analógica del art.97 del Código Civil a las parejas de hecho.
Este precepto prevé una pensión compensatoria para los cónyuges cuando “la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio” (TS 12-09-15).
Falta de una ley estatal sobre parejas de hecho
La sentencia del TS de 15 de enero de 2018 (EDJ 1231) señala que aunque el legislador ha equiparado algunos derechos matrimoniales, como por ejemplo, la pensión de viudedad, “esto no se ha producido con la pensión compensatoria”. Son admisibles los pactos entre los convivientes, “sin embargo, no existe una previsión legal que contemple para el caso de extinción de la pareja de hecho una compensación de ningún tipo (ni alimenticia en caso de necesidad, ni por desequilibrio, ni por haber trabajado para el hogar o para el otro cónyuge”.
Principio de enriquecimiento injusto
La interpretación del TC ha reforzado la línea jurisprudencial de la Sala de lo Civil del TS de que no cabe aplicar por analogía las normas del matrimonio a los supuesto de ruptura de hecho, “pero no descarta que pueda recurrirse, en defecto de pacto, a principios generales, como el del enriquecimiento injusto”.
El TC se ha pronunciado sobre la aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto en la liquidación de relaciones patrimoniales entre los miembros de una pareja de hecho: bien para apreciar su existencia cuando concurren los presupuestos (sentencia 306/2011, de 6 de mayo), bien para negarla, cuando no existe una normativa específica que regule el supuesto concreto (sentencia 927/2005, de 5 de diciembre, en el caso de un condominio regulado en los art.s392 s. CC).
El TS estima el recurso interpuesto al entender que la petición de pensión compensatoria no se sostiene en ningún precepto legal ni está fundamentada en la doctrina del enriquecimiento injusto. El tribunal entiende que la convivencia de la mujer con el recurrente no le ocasionó “una pérdida de expectativas ni el abandono de su actividad, ni el desentendimiento de propio patrimonio”.
Por lo tanto, el TS casa y anula la sentencia recurrida y deja sin efecto el pronunciamiento confirmatorio de la sentencia de primera instancia relativo a la obligación del demandado al pago de una pensión compensatoria.
Aumento de pena a 23 años de prisión por ensañarse acuchillando 30 veces a su pareja evidenciando odio desmedido.
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia 16 Enero 2018
Asesinato cualificado por alevosía y ensañamiento. Persistencia en el propósito de prolongar el sufrimiento de la víctima, su pareja sentimental, a la que propinó 30 puñaladas. Reconocimiento de que la víctima le pedía que cesase la agresión, sin atender el acusado sus ruegos, en clara expresión del sentimiento de odio de su obrar. Agravante cualificada de parentesco, exponente de un entendimiento de la pareja como una relación de dominio y poder inaceptable en una sociedad democrática.
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia 16/2018, 16 Ene. Recurso 10194/2017
El acusado, provisto de un cuchillo que había adquirido con la intención de acabar con la vida de la que había sido su pareja sentimental, tras mantener una discusión, le asestó una primera puñalada en el cuello para, seguidamente, a pesar de los ruegos de la víctima, asestarle hasta un total de 30 puñaladas, dirigiendo el arma a la cabeza y al cuello. El ataque sucedió de manera sorpresiva y sin mediar palabra, no pudiendo defenderse la víctima porque estaba parcialmente girada.
Condenado por el Tribunal del Jurado a 25 años de prisión por un delito de asesinato con las agravantes de ensañamiento y parentesco, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía rebajó la pena al descartar la agravante de ensañamiento y aplicar la atenuante analógica de confesión, decisión aquélla con la que no está de acuerdo el Supremo, que sí aprecia ensañamiento porque durante la agresión el acusado no atendió los ruegos de su víctima para que se detuviera, lo que revela que su propósito era el de prolongar su sufrimiento.
Solo por el hecho de que no constara la secuencia temporal de los golpes no cabe sin más inferir, como lo hizo el Tribunal de apelación, que el acusado persiguiera la inmediatez de la muerte. Entiende el Supremo que siendo 30 las puñaladas recibidas por la víctima, de las cuales solo tres fueron de carácter mortal, y siendo que el acusado manifestó que la víctima le pedía que cesase la agresión sin que él atendiese a sus ruegos, se está ante una persistencia en el propósito de prolongar el sufrimiento, clara expresión del sentimiento de odio que impulsó su acción.
Argumenta también el Supremo para justificar la aplicación de la agravante de ensañamiento que una muerte rápida por agresión no es incompatible con el sufrimiento por la víctima de dolores innecesarios, cuando durante ese breve lapso de tiempo, el agresor no cesa de inferirle heridas obviamente dolorosas.
En cuanto a la agravante de alevosía, puntualiza la sentencia que la actual jurisprudencia no exige frialdad de ánimo porque el desvalor del asesinato no puede quedar subordinado al temperamento o modo de ser especifico del autor del delito. La alevosía tampoco se desvanece, ni puede ser sustituida por la agravante genérica de abuso de superioridad, solo porque la víctima presentase heridas defensivas en sus manos. Fueron nulas sus posibilidades defensivas y del todo lógico su reflejo de interponer los brazos para evitar los golpes. Se aprecia en el caso, una alevosía sorpresiva y proditoria, habida cuenta de que el ataque fue sorpresivo e inesperado, aprovechando el acusado, además, que la víctima que se encontraba desprevenida en la confianza de que estaba en su hogar, en el que se presentó aquél escondiendo un cuchillo entre su ropa.
También confirma el Supremo la procedencia de la atenuante simple de confesión porque aunque tardía, si facilitó la investigación. En los iniciales contactos con la policía, el acusado se mantuvo reticente negándose a facilitar un dato imprescindible para que la investigación avanzara, el domicilio de la víctima, pero una vez fue trasladado a dependencias policiales, reconoció haber sido el autor de la muerte, facilitando referencias que han permitido corroborar cuándo, cómo y dónde adquirió el arma utilizada, o haber actuado en condiciones que han permitido apreciar la alevosía.
La estimación parcial del recurso interpuesto por la acusación particular implica que los hechos, constitutivos de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, además de la agravante de parentesco, y con la atenuante analógica de confesión, deben ser penados con 23 años de prisión, frente a los 17 que impuso el Tribunal de apelación.
La Sala entiende que el parentesco mantiene un fundamento cualificado de agravación en cuanto exponente de un entendimiento de la pareja como una relación de dominio y poder, pauta de convivencia inaceptable en una sociedad democrática, por lo que se decanta por imponer la pena en la mitad superior, y dentro de ésta, en 23 años.
FUENTE: DIARIO LALEY
8 diciembre, 2017 SANCHEZ PORRAS ABOGADOSDeja un comentario
criterios doctrinales sobre el grado de ejecución
Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia 8 Noviembre 2017
La admisibilidad de formas imperfectas de ejecución del delito contra la salud pública siempre ha sido excepcional, pues la redacción de la tipicidad con el empleo de los verbos nucleares de la promoción, favorecimiento o facilitación permite abarcar todo tipo de conductas que, de alguna manera, supongan favorecer el consumo ilegal de sustancias tóxicas o estupefacientes. La ejecución completa no requiere la efectiva trasmisión a terceros sino el favorecimiento del consumo ilegal.
Estos son, resumidamente, los criterios doctrinales generales en cuanto al grado de ejecución:
1º) Criterio restrictivo sobre su concurrencia ya que el delito de tráfico de drogas es un delito de peligro abstracto y de mera actividad, en el que es difícil admitir la inejecución del resultado propuesto: la mera posesión de la sustancia tóxica implica comisión del delito.
2º) De forma excepcional se ha admitido la imperfección delictiva en los supuestos de actos de tráfico atribuidos al adquirente, si éste no llegó a alcanzar la posesión inmediata o mediata o una cierta disponibilidad sobre la sustancia estupefaciente, entendiéndose el delito intentado cuando la compraventa de la droga se perfecciona pero no llega a ejecutarse mediante la entrega.
3º) Tratándose de envío de droga por correo u otro sistema de transporte (incluidos los supuestos de entrega controlada), es doctrina consolidada que si el acusado hubiera participado en la solicitud u operación de importación, o bien figurase como destinatario de la misma, debe considerársele autor de un delito consumado, por tener la posesión mediata de la droga remitida. En los envíos de droga el delito se consuma siempre que existe un pacto o convenio entre los implicados para llevar a efecto la operación, siendo indiferente que no se hubiese materializado la posesión física de la sustancia prohibida. El haber proporcionado un domicilio y un destinatario del envío de la droga, implica una colaboración que facilita la comisión del delito.
4º) El tráfico existe desde que uno de los autores pone en marcha el mecanismo de transporte de la droga que el receptor había previamente convenido. Comienza la ejecución del delito con la materialización o realización del plan por uno de los coautores (generalmente desconocido); es decir, con la adquisición de la posesión de la droga con miras a ejecutar el plan común.
5º) La apreciación de la tentativa requiere no haber participado en las operaciones previas al transporte ni llegar a tener la disponibilidad efectiva de la droga. Será, pues, el supuesto de quien o quienes, totalmente ajenos al concierto inicial para el transporte, intervienen después mediante una actividad netamente diferenciada.
6º) No es posible trasladar a los delitos contra la salud pública, de consumación anticipada, la doctrina sobre la consumación de los delitos patrimoniales que configura la imperfección delictiva asociada a las posibilidades de obtención de un beneficio propio, dada la naturaleza patrimonial de estos delitos.
En el caso, se revoca por la Sala la condena por tentativa, calificando como consumación la tenencia de una cantidad notoria de cocaína, siendo indiferente que no se hubiera llegado a distribuir, cuando consta acuerdo con el otro co-acusado para recibir la droga que transportaba y que pensaba destinar al tráfico.
Los dos acusados habían convenido la entrega y, a tal efecto, se dirigen a un garaje del que el recurrente, al cuarto de hora, sale portando la droga recién adquirida. Dispuso, por lo tanto, de posesión y potencialmente pudo disponer de ella, bien escondida o llevarla a otro lugar o saliendo del garaje por otra vía distinta. En todo caso, lo probado es que conocedor de la existencia de la sustancia la adquiere para su posterior distribución realizando la conducta de punición del tráfico de sustancias tóxicas o estupefacientes por su adquisición para su destino al consumo de terceras personas.
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