Source: http://www.slideshare.net/MLuisaCH/acceso-justicia-nios
Timestamp: 2014-10-24 16:56:26
Document Index: 101285383

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'Artículo 12', 'artículo 82', 'artículo 19', 'artículo 10', 'Artículo 3', 'artículo 250', 'artículo 250', 'artículo 250', 'Artículo 250', 'Artículo 250', 'artículo 75', 'Artículo 12', 'artículo 82', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 250', 'artículo 250']

Acceso justicia niños
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GonzalOo Schiro
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de ninos, ninas y adolescentes
victimas o testigos
de delitos o violencia
Director Ejecutivo: Álvaro Herrero
Responsables Técnicos: Mariano Nino (Coordinador del Proyecto), Mercedes López Flamengo y
Sabrina Viola (Asistentes de Coordinación del Proyecto)
Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia
de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presidente: Rafael Francisco Gutiérrez
Secretaria General: Cristina González
Representante: Andrés Franco
Representante Adjunto: Ennio Cufino
Responsables técnicas: Gimol Pinto (Especialista en Protección), Romina Pzellinsky (Consultora)
Edición: Marina Fucito
Diseño y diagramación: Alejandro Jobad
Introducción normativa: “Los derechos de niños, niñas
y adolescentes víctmas de delitos y su recepción en el
derecho argentino”
Diego Freedman y Martiniano Terragni
Experiencias internacionales en el uso de las nuevas tecnologías al servicio de la protección de los
derechos de niños, niñas y adolescentes víctimas o
testigos de delitos en la justicia
83. “El uso de asistencias testimoniales en tribunales
adaptados a los niños: la experiencia canadiense”
Estándares de derechos humanos para la protección
de niños víctimas y testigos en sede judicial
113. “Menores victimizadas y proceso penal: Una propuesta
garantías procesales y deberes de prestación positiva
de análisis del modelo español a la luz de los estándares del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a propósito de la STEDH, caso “S.N.C. Suecia”, del 2 de julio
31. “Estándares internacionales de derechos humanos
125. “Protección de los derechos de niños y adolescentes
para la protección de los niños víctimas y testigos en
sede judicial”
Zulita Fellini
víctimas de violencia sexual infantil. El caso del distrito judicial de Lima Norte”
Miguel Ángel Gonzales Barbadillo
21. “El menor de edad víctima en el proceso judicial:
Representación procesal de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos y violencia y protección
de sus derechos en sede judicial
49. “El rol de las organizaciones de la sociedad civil en la
protección de los derechos de los niños víctimas de
abuso sexual. El caso de CASACIDN como querellante
en la causa contra Grassi”
55. “La capacidad progresiva. El acceso a la justicia de niños/as
y adolescentes víctimas. Protección de sus derechos”
71. “Representación procesal de niños, niñas y adolescentes de delitos y violencia y protección de sus derechos
en sede judicial”
El tratamiento judicial a niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos de delitos: el rol de los distintos especialistas y la protección de derechos
133. “Tratamiento de niños en sede judicial”
141. “Niños víctimas, niños testigos: sus testimonios en alegatos de abuso sexual infantil. Competencia, credibilidad, particularidades y necesidades especiales del niño
testigo. Videograbación de las entrevistas de declaración
Virginia Berlinerblau
157. “La intervención del Estado y la protección de los derechos en los casos de abuso sexual infantil”
Validez de los medios probatorios obtenidos mediante videograbación en la toma de declaraciones a
Experiencias locales sobre la utilización de tecnología para la toma de declaraciones: cámara Gesell,
salas acondicionadas y videograbación
165. “Las manifestaciones de la víctima menor de edad
213. “Experiencias en el Poder Judicial de la Provincia de Río
como prueba en los delitos contra la integridad sexual
y física. ¿Es posible conciliar el ejercicio del derecho
fundamental del imputado a interrogarla con la necesidad de evitar la revictimización?”
Negro. Acerca de la utilización de tecnología para la
toma de declaraciones a menores víctimas o testigos
en ilícitos penales a través de la cámara Gesell”
Fernando Sánchez Freytes
217. “Abordaje psicológico forense de niños/as y adolescen183. “Cuando los niños tienen la palabra. A propósito de la
validez de la toma de sus dichos mediante un procedimiento diferenciado”
tes en cámara Gesell y salas acondicionadas”
Norma Griselda Miotto
225. “Niños, niñas y adolescentes. Escuchar o silenciar”
Mariela A. González de Vicel
199. “Una visión crítica sobre la excesiva regulación de la
producción y valoración de las pruebas”
233. “Niños y niñas víctimas y testigos: Utilización de la tecnología. Cuestión de justicia y derechos”
María A. Fontemachi
La ratificación por parte del Estado argentino de diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular, la Convención sobre los Derechos del Niño y los avances legislativos producidos tanto a nivel nacional como local en
materia de infancia y adolescencia, han generado la necesidad de adoptar políticas tendientes a satisfacer y hacer efectivos
los derechos y garantías allí reconocidos.
En los casos de niños, niñas y adolescentes víctimas y/o testigos de delitos contra la integridad sexual o violencia intrafamiliar, sus declaraciones constituyen una prueba fundamental para la investigación judicial debido a que, en su gran mayoría, estos hechos se producen en ámbitos privados donde suelen ser escasos los medios de prueba disponibles. Así, resulta
imperiosa la aplicación de medidas tendientes a evitar la revictimización provocada por las múltiples declaraciones que deben
prestar durante el proceso judicial, sin que se vean reducidas las posibilidades de resolución de los casos y aplicación de una
sanción si correspondiere, ni se vea menoscabado el derecho de defensa del imputado y el debido proceso.
En este contexto, UNICEF, la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JUFEJUS) y la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) iniciamos a mediados de
2008 el Proyecto “Protección de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes testigos o víctimas de delitos o violencia
intrafamiliar en el ámbito judicial” , mediante el cual, entre otras cosas, se entregó un equipo de grabación y circuito cerrado de televisión a cada provincia y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tenemos la convicción de que su utilización apropiada resulta un avance fundamental para el cumplimiento de los
estándares internacionales aplicables, garantizando así la protección jurisdiccional de los derechos humanos de los niños,
niñas y adolescentes en la referida condición.
Para alcanzar ese objetivo, se realizó un trabajo integral que complementó la provisión de los equipos a lo largo de
todo el proyecto. Hubo actividades tendientes a la visualización de la problemática y la identificación de los beneficios resultantes de una adecuada aplicación de la tecnología, junto con encuentros de capacitación jurídica y psicológica. Por último,
también se mantuvieron contactos periódicos y se realizaron visitas de asesoramiento y monitoreo.
En este marco, el 23 y 24 de abril de 2009 se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
el Seminario “Acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos de delitos: protección de sus derechos y
uso de nuevas tecnologías”, a los fines de generar un ámbito de encuentro y debate que involucre a los distintos actores relacionados con la declaración de los niños, niñas y adolescentes.
El acto de apertura estuvo a cargo del Dr. Ennio Cufino –representante adjunto de UNICEF–, la Dra. Ana María Conde
–representante de JUFEJUS– y el Dr. Álvaro Herrero –Director Ejecutivo de ADC–; y contó con las palabras de miembros de
los organismos auspiciantes: la Dra. Elena Inés Highton de Nolasco –Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación–, la Dra. Stella Maris Martínez –Defensora General de la Nación–, la Dra. Mary Beloff –Fiscal General de Política
Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración General de la Nación–, el Dr. Gabriel Lerner,
Subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
También auspició el Seminario la Facultad de Derecho de la Universidad de la Buenos Aires.
El seminario se desarrolló con distintas dinámicas de participación incluyendo paneles expositivos, mesas redondas y
talleres de trabajo. Se abordaron los estándares de protección en el ámbito judicial de los niños, niñas y adolescentes desde la
óptica de los derechos humanos, la representación procesal específica de niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, los
elementos a tener en cuenta para asegurar la validez de los medios probatorios obtenidos mediante el sistema de grabación y
circuito cerrado de televisión, el rol y las habilidades específicas requeridas para llevar a cabo las entrevistas a niños y el repaso de algunas experiencias locales e internacionales en el uso de la tecnología en beneficio de la protección de derechos.
Acudieron al seminario miembros de los poderes judiciales y distintos actores vinculados a la temática de todo el país
y contó con la participación de especialistas nacionales e internacionales, cuyos trabajos especialmente preparados –o las
trascripciones adaptadas de sus exposiciones– se recopilan en esta publicación.
Aquí se encontrarán centralizadas las voces de reconocida trayectoria académica y amplia experiencia práctica en la
temática, buscando generar una herramienta más que contribuya a jerarquizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas o testigos, a la vez que fomentar la disminución de su revictimización en el ámbito judicial.
Rafael Francisco Gutiérrez
Presidente de JUFEJUS
Director Ejecutivo de ADC
Acceso a la justicia de niños y niñas
Los derechos de niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos y su recepción
en el Derecho argentino
Diego Freedman1 y Martiniano Terragni2
De acuerdo con la Convención sobre Derechos del Niño (en adelante CDN), los niños, niñas
y adolescentes (en adelante NNA) son titulares no sólo de los derechos que les corresponden a todas
las personas, sino también de derechos específicos por su circunstancia de sujetos en crecimiento.
Este desarrollo normativo en materia de derechos de los NNA fue incorporado al derecho
interno a partir de la ratificación de la CDN por la ley 23.849, y consolidado mediante su elevación a rango constitucional con la reforma constitucional del año 1994.
En la práctica, estos cambios en los estándares se aplican con diferentes matices a los
NNA en conflicto con la ley penal. Sin embargo, la situación de aquellos NNA involucrados en
procesos judiciales en calidad de víctimas y testigos de delitos no ha mejorado en función de
los avances, toda vez que la especialización del sistema penal refiere únicamente a los NNA
imputados de delitos. En tal sentido existe una vasta jurisprudencia que evidencia la situación.
Con el objeto de intentar paliar las condiciones de insuficiencia de protección legal que
afecta a los NNA víctimas y testigos, se originaron diferentes reformas en el derecho internacional, luego incorporadas en el derecho interno, como legislación o jurisprudencia.
Pretendemos, entonces, reseñar los principales avances a lo largo de las siguientes páginas.
2. Las normas internacionales de protección de derechos del niño,
niña o adolescente víctima de delito
En materia de derechos humanos, los NNA integran un grupo que ha merecido el mayor
interés de la comunidad internacional. El primer momento en el que se hizo especial mención
fue en la Declaración de Ginebra en 1924, al reconocer que la humanidad debe darle al NNA lo
mejor, por encima de toda consideración de raza, nacionalidad o creencia3.
3 Adoptada por la Unión Internacional para la Protección de la Infancia.
1. Abogado (especialidad
en derecho penal y
UBA). Es docente del
Práctica Profesional de
Buenos Aires en la
comisión de "Penal
Juvenil". Es docente
Derecho Penal de la
UBA, de la Universidad
de San Andrés, de la
Maestría de Derechos
Humanos de la
y de la Maestría en
Criminología de la
UCES. Se desempeña
como consultor de
2. Abogado. Ex docente
Buenos Aires a cargo
de la comisión “Penal
Juvenil”. Es docente
Facultad de Derecho de
la UBA en el equipo
docente de la Prof.
Mary Beloff.
Durante el siglo XX se produjeron numerosos instrumentos internacionales donde se trataron distintos derechos y su vinculación con los NNA. Entre ellos, los más significativos: la
Declaración de los Derechos del Niño (1959), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores –conocidas como Reglas de Beijing– (1985); la
Convención sobre los Derechos del Niño (1989); las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas
sobre las Medidas No Privativas de la Libertad –conocidas como Reglas de Tokio– (1990) y las
Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –conocidas
como Directrices de Riad– (1990).
considera a los NNA
como las personas más
vulnerables en relación
con las violaciones a
y que, por lo tanto,
requieren protección
Dentro del sistema interamericano de protección de los derechos humanos es preciso
considerar también a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948), la
Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, CADH) y el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (conocido como “Protocolo de San Salvador”)4.
A continuación, se detallarán los instrumentos internacionales más a importantes a tener
en cuenta en todo procedimiento donde se investigue un delito que tuviera a un NNA como víctima o testigo.
La Constitución Nacional otorga rango constitucional a algunos tratados internacionales
sobre derechos humanos, entre los que se encuentra la CDN5, que entró en vigor rápidamente y que
es, a su vez, el tratado más ratificado de la historia de los tratados de derechos humanos. Tal vez se
deba a que en todo el mundo se considera a los NNA como las personas más vulnerables en relación
con las violaciones a los derechos humanos y que, por lo tanto, requieren protección específica6.
Por otro lado y específicamente respecto de los NNA víctimas o testigos de delitos, la CDN
establece diversos mecanismos de protección especial de sus derechos contra el abuso físico,
mental y sexual y los malos tratos7. También especifica la obligación general de los Estados
Partes de tomar medidas “hasta el máximo de los recursos de que dispongan” (art. 4º) para asegurar la plena vigencia de sus derechos y la obligación de prestar la asistencia apropiada a los
padres para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del NNA (art. 18) y
el derecho del NNA a un nivel de vida adecuado (art. 27). Por ende, este derecho implica una
serie de conductas activas por parte de las autoridades públicas8.
4 Suscripto por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, San Salvador, El Salvador (17/11/88), en vigencia a partir de noviembre de 1999. Ver en particular los arts.
13, 15 y 16.
5 LA CDN fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20/11/1989 (resolución A/RES/44/XXV) y se encuentra en vigencia para el derecho internacional a partir del
2/9/1990. Se puede establecer como su antecedente directo la Declaración Universal sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General el 20 /11/1959 (resolución
A/RES/1386/XIV).
6 Así lo expresa Mary BELOFF en “Un modelo para armar ¡y otro para desarmar! Protección integral de derechos del niño vs. derechos en situación irregular”, Los derechos del niño en el
sistema interamericano, Buenos Aires, Ed. Del Puerto, 2004, págs. 1-45.
7 Art. 19 de la CDN: “1. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio
o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”.
8 La Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño”, Opinión Consultiva N° 17, del 28 de agosto de 2002) ha señalado que: “La Corte
Europea, haciendo alusión a los artículos 19 y 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ha reconocido el derecho del niño a ser protegido contra interferencias de actores noestatales tales como el maltrato de uno de los padres (…) además, ha reconocido que si los niños han sido descuidados por sus padres y carecen de satisfacción para afrontar sus necesidades sociales básicas, el Estado tiene el deber de intervenir para protegerlos. En conclusión, el Estado tiene el deber de adoptar todas las medidas positivas para asegurar la plena
vigencia de los derechos del niño” (párrafos 90 y 91).
Al seguir esta línea, el art. 19 de la CDN debe interpretarse como la obligación del Estado
de proteger a los NNA víctimas de malos tratos y abuso sexual e investigar a los autores de tales
delitos. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño recomienda “que los casos de violencia
en el hogar y de malos tratos y abuso de niños, incluido el abuso sexual en la familia, sean debidamente investigados con arreglo a un procedimiento judicial favorable al niño y que se castigue a sus autores, con el debido respeto a la protección del derecho a la intimidad del niño.
También deberán adoptarse medidas para que los niños puedan disponer de servicios de apoyo
durante los procedimientos judiciales; para garantizar la recuperación física y psicológica y la
reintegración social de las víctimas de violaciones, abusos, descuido, malos tratos, violencia o
explotación, conforme al art. 39 de la Convención, y para evitar que las víctimas sean tratadas
como delincuentes o sean estigmatizadas”9.
También el Comité de los Derechos del Niño, al dar su postura sobre cómo articular este
derecho con otros regulados en la CDN, como el derecho a ser criado por su familia, ha considerado que “Si bien todas las notificaciones de violencia hacia los niños deberían investigarse
adecuadamente y asegurarse la protección de los niños contra daños importantes, el objetivo
(de los mecanismos de notificación y remisión de denuncias por agresión) debería ser poner fin
al empleo por los padres de la violencia u otros castigos crueles o degradantes mediante intervenciones de apoyo y educativas, no punitivas”10.
Por otro lado, en el art. 34 de la CDN se establece que los Estados deben proteger a los
NNA de la explotación y el abuso sexual11, y de modo complementario en el art. 39 se dispone
que deben promoverse medidas para la recuperación física y psicológica y la reintegración social
del NNA que fue víctima de delitos o del abandono12.
Los NNA víctimas
pueden constituirse
por su propio derecho
como parte querellante
en los procesos donde
se investigan los
delitos en los que
se vieron involucrados.
priorizó el derecho
del NNA de defender
sus intereses ante
Cabe remarcar que, ya sea respecto de NNA en conflicto con la ley penal o víctimas y testigos de delitos, el art. 12 de la CDN es central al reconocerles el derecho a ser oído en todo proceso judicial o administrativo13. De modo que una interpretación dinámica del art. 12 de la CDN
ha llevado a consolidar una postura jurisprudencial por la cual los NNA víctimas pueden constituirse por su propio derecho como parte querellante en los procesos donde se investigan los
delitos en los que se vieron involucrados. De esta manera se priorizó el derecho del NNA de
defender sus intereses ante la Justicia.
9 HODGKIN, Rachel y NEWELL, Peter, Manual de aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, UNICEF, comentario al art. 19, pág. 281.
10 Observación General Nº 8 (2006), El derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes (art. 19, párrafo 2º del art. 28 y art.
37, entre otros) de 21-8-2006, párrafo 40.
11 Art. 34 de la CDN: “Los Estados Parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Parte tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad
sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales; c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos”.
12 Art. 39 de la CDN: “Los Estados Parte adoptarán todas las medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se
llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño”.
13 Art. 12 de la CDN: 1. “Los Estados Parte garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño.2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con
las normas de procedimiento de la ley nacional”.
Al iniciar este camino, el fallo "S., L. P. s/ denegatoria de ser tenida por parte querellante"
de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital
Federal14, ha sido considerado como un importante avance según calificada doctrina al conseguir “romper ese círculo vicioso y analizar el caso conforme las normas generales –y especiales– que rigen la materia procesal penal en nuestro ámbito jurídico. Los jueces no cayeron en la
trampa de la especialidad (que puede resumirse en: para reconocer tu singularidad y protegerte te trato como un objeto, como un incapaz sin derechos); sino que consideraron la especialidad como una protección adicional, más allá de las protecciones legales generales a las que
todas las personas tienen derecho por su condición de tales. Los jueces parten de la norma
general que, en principio, le vedaría a la víctima menor de edad el derecho de constituirse en
querellante, para luego ingresar al terreno de la especialidad (nótese cómo se invierte el razonamiento tutelar), que autorizaría una protección ‘específica’, un plus de protección”15.
El derecho de ser oído
no implica sólo ser
formalmente escuchado,
sino también a tener
proceso y de cada
uno de sus actos y
etapas, poder ofrecer
prueba de cargo y
estar presente como
en las audiencias.
Así, el derecho de ser oído no implica sólo ser formalmente escuchado, sino también a
tener conocimiento del proceso y de cada uno de sus actos y etapas, poder ofrecer prueba de
cargo y estar presente como acusador privado en las audiencias. En esta inteligencia, las normas sobre la capacidad procesal y la representación legal ineludiblemente se armonizan y adecuan a la nueva configuración de nuestro ordenamiento jurídico, compatibilizándose con los
lineamientos de la CDN en este caso.
En definitiva, con la incorporación de la CDN al derecho interno argentino nació la obligación de adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella (art. 4º). Si bien su incorporación con jerarquía constitucional es trascendental, ello sólo no alcanza si el objetivo radica en lograr el pleno reconocimiento y respeto efectivo de los derechos de todos los NNA víctimas o testigos de delitos. Por ello, se
torna indispensable modificar las legislaciones y las prácticas vigentes en materia de infancia que
constituyan un obstáculo para la implementación y adecuación sustancial a la CDN.
La CDN se complementa con el Protocolo Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución
Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía, instrumento internacional ratificado en
nuestro país mediante la ley 25.76316. El protocolo protege a los NNA de la venta, de la explotación sexual y la pornografía infantil, al obligar a los Estados a adoptar medidas para criminalizar la venta de NNA con fines de su explotación sexual; el lucro mediante sus órganos; el trabajo forzoso y la producción, distribución, divulgación, importación, exportación, oferta, venta
o posesión de pornografía infantil (art. 3º).
14 En el precedente de mención se ha considerado que: “Si bien asiste razón al magistrado instructor, en cuanto a que al ser L. P. S. menor de edad le estaría, en principio, vedada la posibilidad de constituirse en parte querellante, debiendo asumir tal rol su representante legal (art. 82, 2° párrafo de CPPN), deben tenerse en cuenta las especiales circunstancias del caso, en
cuanto a que la menor se encuentra en una situación de precariedad, y que, según ha denunciado, habría sido víctima también de graves delitos cometidos por su padre y su madre. Por
otra parte, debe destacarse que el progenitor de la damnificada fue imputado en las presentes actuaciones y que el Sr. fiscal, en su dictamen solicitó que se librara orden de detención en
su contra a fin de que se le recibiera declaración indagatoria, circunstancia que torna técnicamente incompatible la posibilidad de que asuma el rol de querellante. Tampoco consta en las
actuaciones que exista otra persona vinculada a ella que se encuentre en condiciones de legitimar sus intereses en esta sede (…) De esta forma, queda claro que no existe virtualmente
representación legal a la que acudir. Negar su requerimiento de ingresar al proceso constituye un exceso que debe ser resuelto por vía de excepción (…) Debe acudirse a las disposiciones
de la Convención sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional conforme el artículo 75, inc. 22 de la CN, que otorga a los menores –a criterio de esta Sala– amplias facultades para
ser oídos en sede judicial (Artículo 12). En consecuencia, al estarle reconocidas a la menor dichas facultades para defender sus intereses en sede penal, no puede una norma infra-constitucional (en este caso el artículo 82 del CPPN), restringir tales prerrogativas de un modo evidentemente no admitido por la Convención” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala I, causa 22.475, "S., L. P. s/ denegatoria de ser tenida por parte querellante", del 18/03/04).
Este proceso de reconocimiento de derechos de los NNA se reafirmó después en distintos precedentes (entre otros, Juzgado Nacional de Instrucción Nº 12, Secretaría Nº 137 de la Capital
Federal, causa 15.839/07, “M. J. A. /J. L. K. s/ violación”, rta. el 22/06/07; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala IV, causa 32.760, “O. C. s/
recurso de queja”, rta. el 25/09/07; Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala VI, causa n° 36.063, “B., P. s/corrupción de menor”, del 7/11/08).
15 BELOFF, Mary, “El sujeto de derecho como sujeto procesal: menores de edad como querellantes. Comentario a la sentencia de la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal en el Expediente Nro. 22.475”, Suplemento de Derecho Penal de la Revista Jurisprudencia Argentina, LexisNexis, Buenos Aires, septiembre de 2004.
16 Promulgada el 22 de agosto de 2003.
Respecto de los NNA víctimas de estos hechos, se obliga a los Estados a informarles sus
derechos, prestarles asistencia, considerar sus opiniones, proteger su intimidad e identidad, velar
por su seguridad y evitar toda demora innecesaria en los trámites judiciales. Además, se requiere que el personal que intervenga esté debidamente formado en la problemática (art. 8º). Como
medidas más generales, se deben además desarrollar programas de educación e información,
publicitar las medidas de protección y prevención de estos delitos, con el objetivo de sensibilizar al público en general. Asimismo, se establece que los NNA víctimas deben contar con toda
la asistencia apropiada para garantizar su derecho a la salud y contar con procedimientos adecuados para obtener una reparación por los daños sufridos17.
2.2. Otros instrumentos internacionales referidos a la materia
En principio, vale señalar que en ocasiones la comunidad internacional plasma su voluntad en documentos no convencionales –denominados reglas mínimas, principios básicos, directrices, recomendaciones o códigos de conducta–, que sin generar por sí solos responsabilidad
internacional para el Estado en caso de incumplimiento, interpretan tratados o explicitan el contenido de los derechos protegidos en instrumentos internacionales, plasmando principios internacionales de derechos humanos, los cuales bajo ciertas condiciones se transforman en derecho consuetudinario y, por lo tanto, en derecho vigente.
Como se expuso anteriormente, a partir de la reforma constitucional del año 1994, junto
con la jerarquización de los tratados de derechos humanos por vía del art. 75, inc. 22 de la
Constitución Nacional, se incorporaron también a nuestro ordenamiento nuevos principios de
interpretación en esta materia. Así, merece especial consideración la doctrina sostenida uniformemente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir del leading case “Giroldi”, donde
la Corte falló que: “... la jerarquía constitucional de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos (…) ha sido establecida por voluntad expresa del constituyente ‘en las condiciones de
su vigencia’ (art. 75, inc. 22, párr. 2°), esto es, tal como la Convención citada efectivamente rige
en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales competentes para su interpretación y aplicación. De ahí
que la aludida jurisprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado argentino reconoció la competencia de la Corte
Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la
Convención Americana…”18.
Se establece que los
NNA víctimas deben
contar con toda la
asistencia apropiada
y contar con
adecuados para
reparación por los
daños sufridos.
17 Art. 9: 1. “Los Estados Parte adoptarán o reforzarán, aplicarán y darán publicidad a las leyes, las medidas administrativas, las políticas y los programas sociales, destinados a la prevención de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Se prestará particular atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas. 2. Los Estados
Parte promoverán la sensibilización del público en general, incluidos los niños, mediante la información por todos los medios apropiados y la educación y adiestramiento acerca de las
medidas preventivas y los efectos perjudiciales de los delitos a que se refiere el presente Protocolo. Al cumplir las obligaciones que les impone este artículo, los Estados Parte alentarán la participación de la comunidad y, en particular, de los niños y de los niños víctimas, en tales programas de información, educación y adiestramiento, incluso en el plano internacional. 3. Los Estados Parte tomarán todas las medidas posibles con el fin de asegurar toda la asistencia apropiada a las víctimas de esos delitos, así como su plena reintegración social
y su plena recuperación física y psicológica. 4. Los Estados Parte asegurarán que todos los niños víctimas de los delitos enunciados en el presente Protocolo tengan acceso a procedimientos adecuados para obtener sin discriminación de las personas legalmente responsables, reparación por los daños sufridos. 5. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias
para prohibir efectivamente la producción y publicación de material en que se haga publicidad a los delitos enunciados en el presente Protocolo”.
18 Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Fallos: 318:514, considerando 11.
frente a una serie de
normas que resultan
vinculantes para los
Estados cuando las
incorporan a su
ordenamiento, en
tanto forman un
corpus iuris, y que
podrían ignorarlas
sin incurrir en una
Por otra parte, interesa aquí mencionar el concepto de corpus iuris de los derechos humanos, conformado por numerosos instrumentos internacionales: declaraciones universales, tratados universales y regionales e instrumentos sobre derechos humanos dedicados a los derechos
de determinados sectores de la sociedad humana. Tal expresión representa un lúcido aporte de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante CIDH) a la doctrina internacional19.
La CIDH no los menciona como fuente de obligaciones para el Estado, pero sí se refiere
al contenido de ciertas reglas y directrices como descriptivas de los deberes estatales. Confirma
ello que el corpus iuris de los derechos de los NNA está conformado por instrumentos regionales y universales, y por tratados e instrumentos no contractuales, que deben interpretarse y aplicarse en forma coherente y armoniosa, como pautas interpretativa de la CDN, conforme lo establece la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados20.
Se concluye entonces que nos encontramos frente a una serie de normas que resultan
vinculantes para los Estados cuando las incorporan a su ordenamiento, en tanto forman un corpus iuris, y que los órganos de aplicación no podrían ignorarlas sin incurrir en una responsabilidad internacional.
En materia de infancia, los instrumentos internacionales más destacados con estas características son21:
• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores
(Reglas de Beijing)22
Si bien son normas que en general regulan la actuación de la Justicia de menores en relación con los NNA infractores, ciertos dispositivos son aplicables también a las víctimas. Así, la
Regla 18.2 establece que ningún NNA puede ser sustraído total o parcialmente de la supervisión de sus padres a menos que las circunstancias del caso lo hagan necesario, por ejemplo en
casos de abusos de menores23.
• Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil
(Directrices de Riad)24
Con relación a la legitimidad de la intervención estatal respecto de los NNA víctimas de
delitos, establece que sólo debe recluírselos como último recurso y por el período mínimo necesario. Las situaciones en que se justifica son: “a) cuando el niño o joven haya sufrido lesiones
19 La CIDH manifestó que “El corpus iuris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está formado por un conjunto de instrumentos internacionales de contenido y efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones)”, (Opinión Consultiva 16/99, El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del
debido proceso legal, solicitada por los Estados Unidos Mexicanos, del 1/10/99, párrafo 115). Esta Opinión también se apoya en instrumentos universales de carácter no contractual,
que son numerosos y se conocen bajo diferentes denominaciones, entre ellas, declaraciones, principios básicos, reglas mínimas, recomendaciones y directrices. Por otro lado, este mismo
principio ha sido reafirmado por la CIDH en sentencias y opiniones más recientes.
En su sentencia del caso conocido como “los Niños de la Calle” manifestó además la CIDH que “Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus iuris internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general
definida en el artículo 19 de la Convención Americana” (CIDH, Caso “Villagrán Morales y otros vs. Guatemala”, sentencia del 19 de noviembre de 1999, párrafo 194). Además, la sentencia también alude a dos instrumentos universales no contractuales, las Reglas de Beijing y las Directrices de Riad.
20 La Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados fue ratificada por la Argentina en el año 1972 y entró en vigor el 27 de enero de 1980. Sobre la cuestión, ver sus arts. 31, inc. 3c y 43.
21 Este documento pretende ser sólo un resumen indicativo de las normas aplicables, por lo tanto no se incluye cada uno de los instrumentos internacionales en su totalidad.
22 Proclamadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 40/33 con fecha de adopción el 29/11/85.
23 Relevante es el comentario a la norma en cuanto “hace referencia a la importancia de la familia que, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, es ‘el elemento natural y fundamental de la sociedad’. Dentro de la familia, los padres tienen, no sólo el derecho, sino también la responsabilidad de
atender y supervisar a sus hijos. Por consiguiente, la regla 18.2 establece que la separación de los hijos respecto de sus padres sea una medida aplicada como último recurso. Sólo puede
recurrirse a ella cuando los hechos que constituyen el caso exigen claramente la adopción de esta grave medida (por ejemplo, el abuso de menores)”.
24 Proclamadas por la Asamblea General en su resolución 45/112 con fecha de adopción el 14/12/90.
físicas causadas por los padres o tutores; b) cuando el niño o joven haya sido víctima de malos
tratos sexuales, físicos o emocionales por parte de los padres o tutores; c) cuando el niño o joven
haya sido descuidado, abandonado o explotado por los padres o tutores; d) cuando el niño o
joven se vea amenazado por un peligro físico o moral debido al comportamiento de los padres
o tutores; y e) cuando se haya manifestado en el propio comportamiento del niño o del joven
un grave peligro físico o psicológico para el niño o el joven mismo y ni los padres o tutores, ni
el propio joven ni los servicios comunitarios no residenciales puedan hacer frente a dicho peligro por otro medio que no sea la reclusión en una institución” (Directriz 46).
• Directrices sobre la Justicia en asuntos concernientes a los niños, niñas y adolescentes
víctimas y testigos de delitos25
Más allá de la aplicación normativa concreta de estas Directrices es destacable que la
jurisprudencia argentina ha avanzado en igual sentido con una clara intuición de los jueces respecto de los estándares internacionales aplicables.
Dispone así la Directriz 23 que: “Al prestar asistencia a niños víctimas y testigos de delitos, los profesionales deberán hacer todo lo posible por coordinar los servicios de apoyo a fin de
evitar que los niños participen en un número excesivo de intervenciones”.
Nuestra jurisprudencia ha resuelto en forma coincidente que: “El daño psicológico que
podría sufrir el niño como consecuencia de las reiteradas convocatorias a testimoniar, y la consiguiente lesión de los derechos que le asisten en virtud de la Convención sobre los Derechos
del Niño (…) causa un gravamen de insusceptible reparación ulterior”26.
De manera complementaria, y sobre el rol de los equipos técnicos, establece la Directriz
31 que los profesionales deberán aplicar medidas para limitar el número de entrevistas, velar
para que el presunto autor del hecho delictivo no interrogue a los niños y, por tanto, asegurar
que el interrogatorio se lleve a cabo en forma adecuada.
concreta de estas
Directrices es
destacable que la
argentina ha avanzado
en igual sentido con
una clara intuición de
los jueces respecto
de los estándares
En la misma línea de razonamiento, se resolvió en nuestra jurisprudencia que
“Considerando el amplio marco jurídico tendiente a la protección del menor en nuestro país
–especialmente por las previsiones en los tratados a los que hace referencia el art. 75, inc. 22,
de la Constitución Nacional– resulta irrazonable una nueva convocatoria de un menor para
ampliar su declaración testimonial, sobre todo, cuando calificados profesionales en el área terapéutica aconsejan la no realización de esa medida por los efectos negativos que pueden acarrearle a su paciente, más aún cuando el menor ya depuso testimonialmente en tres oportunidades, debiendo buscarse las posibles contradicciones en los testimonios que el niño prestó, en las
constancias de la causa. (…) Es de destacar que el presente proceso lleva más de siete años de
duración, en el cual se dictaron sucesivamente procesamientos, sobreseimientos y declaraciones de falta de mérito, por lo que corresponde recomendar a los señores magistrados intervinientes, teniendo siempre presente el interés superior del niño, la pronta solución de estas
actuaciones, sin que tal afirmación signifique un adelanto de opinión sobre el futuro desenlace
de estos actuados”27.
25 Aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en su resolución 2005/20 de 22/07/05 e incluidas como Anexo III.
26 Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Recurso de hecho deducido por B. N. (querellante) en la causa M., A. y otros s/ abuso deshonesto –causa 42.394/96–” del 27/06/02.
27 Cámara Nacional de Casación Penal, sala II, causa 2681, “N., B. s/ recurso de casación” del 21/11/02.
Sobre la cuestión de la presencia del imputado durante la audiencia de juicio –y con víctimas menores de edad– resolvió la jurisprudencia que “…una interpretación razonable de la normativa adjetiva vigente, no excluye la posibilidad de que el imputado pudiera ser privado de presenciar la audiencia, la que podría llevarse a cabo aun sin su presencia física, sin que se afecte el derecho de defensa (arts. 18, CN y 14 d] del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (…). Así,
el alejamiento del imputado puede resultar legítimo siempre que la medida aparezca como una restricción absolutamente necesaria e indispensable para evitar el menoscabo de otros intereses tan
dignos de protección como las propias garantías del imputado (…) la decisión del tribunal oral resultó justificada al amparar los superiores intereses del niño, con el fin de garantizar que la menor víctima –hija del encausado– pueda expresarse libremente, sin ser revictimizada (…). Ante dos derechos en pugna como son los intereses del niño, por un lado y el derecho del encartado de estar presente durante la audiencia, por el otro, los derechos de aquél pueden bajo determinadas circunstancias prevalecer, por respeto a las estipulaciones de la Convención de los Derechos del Niño”28.
Respecto de los NNA
víctimas de delitos,
existen además de
las generales de
derechos, normas
específicas que
regulan sus derechos
proceso penal (por
ejemplo, los arts.
250 bis y siguientes
del Código Procesal
Penal de la Nación).
Sobre el tratamiento que el sistema de justicia debe dar a los NNA víctimas de delitos,
establece además este instrumento internacional que:
1) Los niños deben ser tratados con tacto y sensibilidad “tomando en consideración su situación personal y sus necesidades inmediatas, su edad, sexo, impedimentos físicos y nivel de
madurez y respetando plenamente su integridad física, mental y moral”29. Este trato debe
responder a sus “propias necesidades, deseos y sentimientos personales”30.
2) La injerencia en la vida privada del niño deberá limitarse al mínimo necesario31, así como su
aparición en público32.
3) A fin de evitar mayores sufrimientos, “las entrevistas, exámenes y demás tipos de investigación
deberán ser realizados por profesionales capacitados que actúen con tacto, respeto y rigor”33.
Sobre esta última cuestión la jurisprudencia nacional resolvió que el juez no debe realizar la
entrevista sino las personas especializadas en el tratamiento de NNA con el objeto de evitar
su revictimización. Pero esto no supone vulnerar la garantía del juez natural, ya que éste
sigue controlando el proceso de interrogatorio, mediante la utilización de la cámara Gesell34.
Más allá del criterio jurisprudencial que ha avalado la toma de la declaración de los NNA víctimas con la utilización de la “cámara Gesell” o dispositivos similares, sería además aconsejable avanzar en las posibilidad de que este tipo de acto procesal sea considerado como una
prueba irreproducible (con las garantía legales para el imputado resguardadas adecuadamente), evitándose de ese modo la reiteración de la declaración. Debe garantizarse también,
ya en otro plano, la continuidad en la intervención de los profesionales35.
Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, causa P. 87.654, “G., J. A., recurso de casación” del 1/11/06.
Directriz 10.
Directriz 11.
Directriz 12.
Directriz 28. Puede apreciarse que en los ordenamientos procesales penales hay limitaciones precisas al acceso del público a las audiencias de juicio cuando se juzga una agresión sexual,
máxime cuando los niños son las víctimas. Sería además recomendable que esta especial protección se extendiese a otros delitos de los cuales resultaren víctimas menores de edad.
33 Directriz 13. Además, según la directriz 30, los profesionales que intervengan deben a) Prestarles apoyo, incluso acompañando al niño a lo largo de su participación en el proceso de
justicia, cuando ello redunde en el interés superior del niño; b) Proporcionarles certidumbre sobre el proceso, de manera que los niños víctimas y testigos de delitos tengan ideas claras de lo que cabe esperar del proceso, con la mayor certeza posible. La participación del niño en las vistas y juicios deberá planificarse con antelación y deberán extremarse los esfuerzos por garantizar la continuidad de la relación entre los niños y los profesionales que estén en contacto con ellos durante todo el proceso; c) Garantizar que los juicios se celebren
tan pronto como sea práctico, a menos que las demoras redunden en el interés superior del niño. La investigación de los delitos en los que estén implicados niños como víctimas y testigos también deberá realizarse de manera expedita y deberá haber procedimientos, leyes o reglamentos procesales para acelerar las causas en que esos niños estén involucrados; d)
Utilizar procedimientos idóneos para los niños, incluidas salas de entrevistas concebidas para ellos, servicios interdisciplinarios para niños víctimas de delitos integrados en un mismo
lugar, salas de audiencia modificadas teniendo en cuenta a los niños testigos, recesos durante el testimonio de un niño, audiencias programadas a horas apropiadas para la edad y
madurez del niño, un sistema apropiado de notificación para que el niño sólo comparezca ante el tribunal cuando sea necesario, y otras medidas que faciliten el testimonio del niño.
34 Así se ha dicho que “En esos casos el juez queda relevado de interrogar, practicándose tal medida a través de personas expertas en el tratamiento de menores, tales como psicólogos o
eventualmente psiquiatras. De tal modo lo que se evita es la revictimización del niño ante el interrogatorio de sujetos que por no haber sido formados en la materia provoquen un nuevo
perjuicio (…) No se vulnera la garantía de juez natural, ya que sigue controlando el interrogatorio por interpósitas personas. Este procedimiento especial, que torna efectivo el cumplimiento del Artículo 3° de la Convención sobre los Derechos del Niño, no vulnera el derecho de defensa en juicio, ya que tanto el tribunal como las partes tienen la facultad de seguir las
alternativas del acto desde el exterior del recinto denominado ‘cámara Gesell’, inclusive las partes pueden controlar la prueba al sugerir preguntas cuya formulación al menor queda a
criterio del profesional que lleva a cabo el interrogatorio” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, causa 27.178, “S., M.” del 12/10/05).
Se trata de un recinto creado por el psicólogo estadounidense Arnold Gesell (1880-1961), que se dedicó a estudiar las etapas del desarrollo de los menores.
35 Directriz 30.
4) Los NNA y sus padres, tutores o representantes deben ser informados debidamente y con
prontitud de la disponibilidad de servicios médicos, psicológicos y sociales, de los procedimientos aplicables y sus pasos más importantes, de los derechos de los NNA, de los mecanismos para revisar las decisiones, de la disposición de medidas de protección y los mecanismos de apoyo36. Aparte, se les debe dar información sobre la evolución de la causa y las
oportunidades para obtener la reparación37.
5) Finalmente, la investigación debe desarrollarse de manera expedita38.
3. Las normas locales
Respecto de los NNA víctimas de delitos, existen además de las generales de protección
de derechos, normas específicas que regulan sus derechos en el marco de un proceso penal (por
ejemplo, los arts. 250 bis y siguientes del Código Procesal Penal de la Nación).
Normas nacionales de protección de niños, niñas y adolescentes
víctimas de delitos39
3.1.1. Ley 26.061 Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes
Esta ley tiene por objeto la protección integral de los NNA que se encuentren en el territorio de la República Argentina, a fin de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados
internacionales en los que la Nación sea parte (art. 1°). Reafirma además la aplicación obligatoria de la CDN en las condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho años de edad (art. 2°).
Reafirmando lo sostenido en la CDN, define al interés superior del NNA como “la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley,
debiéndose respetar: a) Su condición de sujeto de derecho; b) El derecho de las niñas, niños y
adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) Su centro de vida”40.
Directriz 19.
Directriz 20.
Directriz 30.
Sancionada el 28/09/05, promulgada de hecho el 21/10/05 y publicada en BO el 26/10/05.
Se entiende por centro de vida el lugar donde los NNA hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.
En relación con los derechos reconocidos pueden citarse diversos dispositivos normativos
que reconocen la protección contra el trato violento, discriminatorio, humillante y la prohibición
de que el NNA sea explotado económicamente, torturado o abusado; el derecho a la integridad
física, sexual, psíquica y moral41, el derecho a la vida privada y a la intimidad42, que incluye la prohibición de difundir la imagen y datos del NNA contra su voluntad y la de sus padres43 y el derecho a la salud, que implica ciertos deberes de protección y de desarrollo de políticas activas44.
Por ende son bastante amplias las normas locales destinadas a proteger los derechos de
los NNA, incluso a los que fueron víctimas de delitos. Como surge de la reseña, se protege su
derecho a la intimidad y a la salud, en un sentido amplio.
La ley 25.852 ha
modificado el modo
de tomar las
de delitos contra la
implementando la
“cámara Gesell” y
Asimismo, se garantiza el derecho del NNA a participar en el procedimiento –lo que incluye, entendemos, la posibilidad de constituirse como parte querellante o particular damnificado–45. Este derecho comprende: ser oído ante la autoridad competente; considerar la opinión del
NNA al momento de arribar a una decisión que lo afecte; ser asistido por un letrado especializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial o administrativo (en caso
de carecer de recursos económicos el Estado deberá asignarle de oficio un letrado que lo patrocine); participar activamente en todo el procedimiento; recurrir ante el superior frente a cualquier decisión que lo afecte.
3.1.2. Normas procedimentales
La ley 25.852 ha modificado en la Justicia Nacional con sede en la Capital Federal y en la
Justicia Federal del resto del país el modo de tomar las declaraciones de los NNA víctimas de
delitos contra la integridad sexual implementando la “cámara Gesell” y dispositivos similares46.
Cabe notar además que varias jurisdicciones provinciales han dictado normas en el mismo sentido y también las prácticas forenses han contribuido a que, aun sin la norma procesal concreta, utilizando directamente las previsiones de la CDN se crearan mecanismos de protección
especial para estas víctimas.
Esta ley introdujo al Código Procesal Penal de la Nación el art. 250 bis que dispone:
“Cuando se trate de víctimas de los delitos tipificados en el Código Penal, libro II, título I, capítulo II, y título III, que a la fecha en que se requiriera su comparecencia no hayan cumplido los
16 años de edad se seguirá el siguiente procedimiento: a) Los menores aludidos sólo serán
entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o adolescentes designado por el tribunal
que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho
tribunal o las partes; b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor; c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con las conclusiones a las que arriba;
Art. 14: “Los Organismos del Estado deben garantizar: a) El acceso a servicios de salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la comunidad a la que
pertenecen siempre que no constituyan peligro para su vida e integridad; b) Programas de asistencia integral, rehabilitación e integración; c) Programas de atención, orientación y asistencia dirigidos a su familia; d) Campañas permanentes de difusión y promoción de sus derechos dirigidas a la comunidad a través de los medios de comunicación social. Toda institución de salud deberá atender prioritariamente a las niñas, niños y adolescentes y mujeres embarazadas. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la atención integral de su
salud, a recibir la asistencia médica necesaria y a acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y acciones de prevención, promoción, información, protección, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y recuperación de la salud.
45 Art. 27.
46 Sancionada el 4/12/03 y promulgada el 6/01/04.
d) A pedido de parte o si el tribunal lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser
seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o
cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto el
tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor. Cuando se trate de
actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que
designe el tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado”.
También se estipula un sistema de protección para los NNA de 16 a 18 años en el incorporado art. 250 ter del CPPN: “Cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a la
fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad y no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal, previo a la recepción del testimonio, requerirá informe de especialista
acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en caso de comparecer ante
los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 bis”.
Un extenso debate merecieron en la jurisprudencia estas normas, saldándose a favor de su
constitucionalidad con argumentos diversos. Así se resolvió que: "El artículo 250 bis del CPPN aporta un nuevo procedimiento para la recepción de declaraciones de menores damnificados por delitos de lesiones y contra la integridad sexual. En esos casos el juez queda relevado de interrogar,
practicándose tal medida a través de personas expertas en el tratamiento de menores, tales como
psicólogos o eventualmente psiquiatras. De tal modo, lo que se evita es, justamente, revictimizar al
niño ante el interrogatorio de sujetos, tales como los jueces o los empleados de un tribunal, que por
no haber sido formados en la materia ahonden o le provoquen un nuevo perjuicio (…) tanto el tribunal como las partes tienen la facultad de seguir las alternativas del acto, desde el exterior del
recinto denominado ‘cámara Gesell’, ello sin perjuicio de que antes de comenzar con la entrevista,
‘el tribunal hará saber al profesional a cargo (...) las inquietudes propuestas por las partes, así como
las que surgieren durante el transcurso del acto’ (...). Es decir que en todo momento, las partes pueden ejercer su derecho de controlar la prueba, pudiendo, inclusive, sugerir preguntas cuya formulación al menor queda a criterio del profesional que lleva a cabo el interrogatorio, debiendo el juez
resolver los conflictos que se puedan suscitar dejando constancia de ello en el acta”47.
Lo que se evita es,
revictimizar al niño
ante el interrogatorio
de sujetos, tales como
los jueces o los
empleados de un
tribunal, que por no
haber sido formados
en la materia ahonden
o le provoquen un
nuevo perjuicio.
Más recientemente, se concluyó respecto de la controversia de si los citados dispositivos
procesales regulan una pericia o una declaración testimonial, que «cabe puntualizar que esta
Sala del Tribunal ha sostenido, aunque con otra composición, que “los artículos 250 bis y ter que
incorporó al Código Procesal Penal la ley 25.852 fueron incluidos en el capítulo atingente a los
‘Testigos’ y no al siguiente vinculado a los ‘Peritos’ y como emerge de la primera de las normas,
se pretende evitar la interrogación directa del tribunal o las partes en los casos de menores que
han sufrido hechos que importen lesiones y delitos contra la integridad sexual, para hacerlo a
través de facultativos especializados” (causa n° 26.128, “L., R. A.”, del 30 marzo de 2005)»48.
47 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, causa 24.987, “B., R. A. s/ inconstitucionalidad del 250 bis del C.P.P.N.”, del 28/12/04. También,
entre muchos otros, se ha resuelto que “El derecho a interrogar no se limita a ‘hacer preguntas’, sino a cuestionar la veracidad de sus dichos, analizar sus motivaciones, su memoria; su
credibilidad en suma, en caso contrario se trataría de letra muerta. Esto también hace al debido proceso ya que contribuye en gran medida a averiguar la verdad, que es objeto último
del proceso (…). El Artículo 250 bis del CPPN, limitado a los menores de dieciséis años víctimas de delitos sexuales, establece un procedimiento particular de interrogatorio en el que no
pueden ser interrogados en forma directa ni por el tribunal o las partes, sino a través de un profesional de la salud mental y un gabinete especial. La defensa se garantiza mediante el
interrogatorio que, en la etapa instructoria, bien puede ser realizado a través del juez, fiscal o, en los casos previstos por el Artículo 250 bis de un profesional actuante” (Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala VI, causa 32.906, “Incidente de Inconstitucionalidad promovido por el Dr. Pablo Noceti” del 29/12/05).
48 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala VII, causa n° 36.280. “S., R. s/ procesamiento. Abuso sexual.”, del 27/03/09. Con anterioridad
y en igual sentido, “los informes previstos por el art. 250 [ter] del C.P.P.N. no revisten la calidad de peritaje y, en consecuencia, no resulta aplicable la normativa que [se] regula estrictamente para la prueba de peritos”, (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala IV causa n° 27.777, “R. D., S.”, del 25/10/05).
Es posible observar
en nuestro país un
reciente que resultó
en un notorio
avance en el
los derechos de NNA
ya sea mediante
o prácticas judiciales,
formuladas desde el
respeto también al
en juicio de los
La Procuración General de la Nación (en adelante PGN) también ha dictado instrucciones
generales49 a fin de orientar la labor de los fiscales cuando de NNA víctimas o testigos de delitos se
trate. En tal sentido, ordenó a los fiscales a tomar una serie de recaudos en los casos que tienen a
NNA en esta condición, entre los cuales se encuentra dar intervención a la Oficina de Asistencia
Integral a la Víctima del Delito de esa institución (OFAVI) o solicitarlo al juzgado interviniente en las
causas no delegadas; disponer las medidas necesarias para evitar la multiplicidad de relatos, con
participación de peritos expertos en problemática infantil del sexo contrario, utilizar la cámara
Gesell y la filmación por video-tape –en los casos en los que esto fuera posible–, pedir a la citada
oficina que se expida sobre la conveniencia de hacer declarar al NNA cuando éste es menor de siete
años de edad, tomar las medidas necesarias para evitar que el NNA declare en sede judicial50.
Con relación a la celebración de acuerdos de “juicio abreviado” que tuvieran como víctimas a
personas menores de edad, la PGN resolvió disponer que los fiscales arbitren los medios necesarios
para otorgarle a la víctima de delitos sexuales o de violencia intrafamiliar y a sus representantes legales la oportunidad de ser escuchados previo a concretar el acuerdo con el imputado y su defensor51.
Además, la PGN ha dictado la resolución PGN 8/09, por la cual se dispuso que en todos los
procesos en que se reciban declaraciones testimoniales en los términos del art. 250 bis del Código
Procesal Penal de la Nación se realice la filmación de la entrevista con la víctima y se proceda a notificar al imputado y a su defensa la realización de dicho acto. De este modo, se lo considera un acto
definitivo e irreproducible, evitándose la reiteración de la declaración del NNA y la afectación del
derecho de defensa. Asimismo, se complementa esta disposición con el deber de notificar al imputado y a su defensor de todo peritaje a un NNA víctima de un delito contra su integridad sexual 52.
Finalmente, la resolución PGN 59/09 del Ministerio Público Fiscal establece que todas las
víctimas o testigos menores de 18 años de edad involucrados en los procesos penales deberán
declarar en una “cámara Gesell”. De este modo se amplían los supuestos previstos expresamente en la ley procesal, que se limitan a las víctimas de los delitos contra la integridad sexual y a
las lesiones y sólo resulta obligatorio respecto de los NNA menores de 16 años de edad. Esta
resolución mantiene los estándares previstos en la citada resolución 8/09, al disponer también
que la declaración debe ser filmada y notificado el presunto autor del delito y su defensor o el
defensor público oficial cuando no existiera aún en la causa judicial un imputado identificado53.
Es posible observar en nuestro país un proceso histórico reciente que resultó en un notorio avance en el reconocimiento de los derechos de NNA víctimas de delitos, ya sea mediante
reformas legislativas o prácticas judiciales, formuladas desde el respeto también al derecho de
defensa en juicio de los imputados.
Es esperable que este proceso se expanda de modo definitivo con normas que extiendan
la protección especial reconocida a los NNA, particularmente en el aspecto procesal, y con una
jurisprudencia que recoja de modo más concreto y operativo los precisos estándares internacionales aplicables en la materia.
Art. 33, inc. d) de la ley 24.946.
Resolución PGN 22/99.
Resolución PGN 90/99.
EstAndares de
para la protecciOn de niNos
vIctimas y testigos en sede judicial
El menor de edad
victima en el
garantías procesales y deberes
de prestación positiva del Estado*
Mary Beloff1
Quiero comenzar esta breve exposición con un comentario sobre las colegas, cuyas presentaciones integran también el presente capítulo. Ello así porque, en los inicios de mi carrera,
ambas –en contextos diferentes– me enseñaron dos cuestiones que aún hoy guían mis reflexiones y por las que les estoy agradecida.
Me refiero, por un lado, al problema de la confusión entre el derecho penal y la política
social o, en otras palabras, la utilización del derecho penal como política social focalizada, cuestión sobre la que indagó durante mucho tiempo la Dra. Fellini; por el otro, a la crítica fuerte al
argumento de que el precio que tenían que pagar los menores de edad para que se respetaran
sus garantías procesales era ingresarlos al derecho penal o, más claramente, reducir la edad de
imputabilidad. Marisa Graham objetó ese razonamiento desde los inicios en los que fue planteado en la Argentina. Eso ocurrió hace muchos años cuando yo estaba frente a –podría decirse–
“un obstáculo epistemológico”, es decir, tenía una mirada algo ingenua respecto de la relación
entre la ley penal y su capacidad para incidir en la generación de un mundo mejor, de menor violencia. Veinte años después la experiencia latinoamericana revela que ella estaba en lo cierto2.
Uno de los objetivos de esta publicación consistía en que presentara los estándares
internacionales referidos a la protección de los menores víctimas de delitos; en otras palabras,
cuáles son las reglas que rigen la cuestión de los menores víctimas de delitos en los ámbitos
regional y universal de protección de derechos humanos.
* Este trabajo está
de Luis Paoloni,
funcionario, esposo,
padre y colega
ejemplar, para quien el
acceso a la justicia de
los más desaventajados
no fue una cuestión
retórica y trabajó toda
su vida para concretarlo.
Martiniano Terragni
tanto su paciente
cuanto sus generosos
emblemática de los
Exposición en el Panel
I del mismo nombre en
el Seminario: Acceso a
la justicia de niños, niñas
y adolescentes víctimas y
testigos de delitos:
protección de sus
derechos y uso de nuevas
tecnologías organizado
abril de 2009 en la
Sin embargo, en general, los profesionales del ámbito conocen o bien están informados
sobre la existencia y el contenido de esas normas; además, existen otras publicaciones donde se
detallan exhaustivamente las normas internacionales3.
De todos modos, considero necesario referirme a algunas normas muy específicas con la
2 Aludo al proceso de reformas legales latinoamericanas centrado en la represión penal a los menores en nombre de sus garantías procesales
y sus derechos humanos. El argumento esgrimido consiste en que es preciso reducir la edad penal (esto es, la edad de ingreso al sistema penal)
para que los menores de edad puedan disfrutar de sus derechos y garantías penales y no a la inversa: hay que dar garantías porque los menores están en un sistema penal en sentido material. ¿Podría haber un derecho penal sin garantías? A poco que se analiza el argumento es claramente difícil de sostener. No “es preciso” reducir la edad penal para que existan garantías sino a la inversa: porque alguien se encuentra en
un proceso judicial penal es titular de derechos y garantías.
3 Véase, por ejemplo, Derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres. Compendio legislativo nacional e internacional para la protección de sus
derechos, Buenos Aires, UNICEF, 2010.
1 Profesora de Derecho
Penal y Procesal Penal,
Universidad de Buenos
intención de dejar en claro que, a diferencia de otras cuestiones, el plano legal y la incorporación de estándares internacionales sí están resueltos en la Argentina. Por supuesto, existen
matices y discusiones respecto de los alcances de las normas o disposiciones que no son lo suficientemente claras pero, en líneas generales, es posible concluir que en la Argentina, tanto en
las diferentes jurisdicciones como a nivel federal existe un entramado normativo complejo que
reconoce una cantidad de derechos a las víctimas de delitos menores de edad.
tanto en las diferentes
jurisdicciones como a
nivel federal existe un
entramado normativo
complejo que reconoce
derechos a las víctimas
de delitos menores
Este panorama normativo tiene algo de novedad pero no tanto por razones vinculadas
con la cuestión específica de la protección especial a los niños y niñas sino por las transformaciones de las que es objeto desde hace dos décadas la justicia penal argentina, la cual –de forma
lenta, con cimbronazos y retrocesos en muchos casos evitables– intenta adquirir características
de modernidad y compatibilidad con los compromisos internacionales que el país ha asumido.
Me refiero concretamente a las dificultades de superar los modelos inquisitivos clásicos en
los que la víctima (menor o mayor) no tenía ninguna participación, con la aprobación de leyes y
sistemas a medio camino –conocidos como sistemas inquisitivos reformados– que son los que
rigen en casi la mitad de las jurisdicciones y se caracterizan por mantener un rol debilitado de la
víctima. Esas dificultades se expresan en la imposibilidad de implementar definitivamente modelos adversariales en los cuales la víctima tiene un protagonismo fundamental para un mayor y
mejor reconocimiento de sus derechos de acuerdo con las exigencias constitucionales4.
A pesar de las dificultades es indudable que, respecto del tema en análisis, la justicia
penal se ha transformado en un buen número de jurisdicciones en la medida en que éstas incorporaron tratados de derechos humanos y los comenzaron a aplicar directamente en los casos
sometidos a estudio y juzgamiento en el sentido de permitir una mayor presencia de la víctima
A la incorporación de
la víctima como actor
procesal con visibilidad
relativa y con la
autónomamente en un
juicio se suma la idea
tienen derecho a una
A la incorporación de la víctima como actor procesal con visibilidad relativa (ciertamente mayor que la que tenía en el sistema inquisitivo clásico) y con la posibilidad de accionar autónomamente en un juicio –escenario que presenta a una víctima con derechos reafirmados– se
suma la idea de que los niños (esto es, los menores de dieciocho años de edad de acuerdo con
el art. 1º de la Convención sobre Derechos del Niño) tienen derecho a una protección especial
(art. 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos).
En un caso paradigmático de esta confluencia de garantías de los menores de edad y de
las víctimas de igual condición, que permitió superar las restricciones de la normativa procesal
penal mediante la aplicación directa de normas internacionales, la Cámara Nacional de
Apelaciones de lo Criminal y Correccional de la Capital Federal dispuso lo siguiente: "Si bien asiste razón al magistrado instructor, en cuanto a que al ser L. P. S. menor de edad le estaría, en
4 Podrían analizarse una cantidad de conflictos derivados del reconocimiento constitucional (a partir de la incorporación de diversos tratados de derechos humanos) tanto de los derechos de las víctimas cuanto de los imputados de delitos, pero no es la oportunidad para hacerlo. Varios trabajos de esta publicación contemplan y profundizan en las tensiones normativas.
principio, vedada la posibilidad de constituirse en parte querellante, debiendo asumir tal rol su
representante legal (art. 82, 2° párrafo de CPPN), deben tenerse en cuenta las especiales circunstancias del caso, en cuanto a que la menor se encuentra en una situación de precariedad, y que,
según ha denunciado, habría sido víctima también de graves delitos cometidos por su padre y
su madre. Por otra parte, debe destacarse que el progenitor de la damnificada fue imputado en
las presentes actuaciones y que el Sr. fiscal, en su dictamen, solicitó que se librara orden de
detención en su contra a fin de que se le recibiera declaración indagatoria, circunstancia que
toma técnicamente incompatible la posibilidad de que asuma el rol de querellante. Tampoco
consta en las actuaciones que exista otra persona vinculada a ella que se encuentre en condiciones de legitimar sus intereses en esta sede (…). Debe acudirse a las disposiciones de la
Convención sobre los Derechos del Niño, de rango constitucional conforme el artículo 75, inc.
22 de la CN, que otorga a los menores –a criterio de esta Sala– amplias facultades para ser oídos
en sede judicial (Artículo 12). En consecuencia, al estarle reconocidas a la menor dichas facultades para defender sus intereses en sede penal, no puede una norma infra-constitucional (en
este caso el artículo 82 del CPPN) restringir tales prerrogativas de un modo evidentemente no
admitido por la Convención”5.
De modo que, conforme los estándares internacionales y regionales, la víctima menor de
edad es titular de una doble protección jurídica: en tanto víctima y en tanto niño o niña. Esa
doble protección especial es reconocida –con diferentes matices– en gran parte de las jurisdicciones de este país e incluso en el ámbito federal.
En este sentido vale recordar que aún con anterioridad a que las normas procesales especiales de protección de la declaración de las víctimas menores de edad se incorporaran formalmente a la justicia penal6, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había iniciado el camino de
reconocimiento efectivo de derechos en un caso en el que no se hizo lugar a la undécima convocatoria a prestar declaración testimonial de una niña con este argumento que equiparó la
decisión a definitiva: “El daño psicológico que podría sufrir el niño como consecuencia de las
reiteradas convocatorias a testimoniar, y la consiguiente lesión de los derechos que le asisten
en virtud de la Convención sobre los Derechos del Niño (…) causa un gravamen de insusceptible reparación ulterior”7.
Conforme los
regionales, la víctima
menor de edad es
titular de una doble
en tanto víctima y
en tanto niño o niña.
a) En lo que sigue me interesa concentrarme en un aspecto del entramado normativo que
ampara al niño víctima de delito relacionado con el hecho de que en todas las normas internacionales –no sólo en las normas referidas a la niñez– de protección de derechos humanos, se
regula el debido proceso legal para cualquier persona que está vinculada a un procedimiento o
proceso (administrativo, penal, y aún en procesos en donde la acción es privada, etc.); vale reiterarlo, no sólo respecto del imputado de delito. Ejemplo de lo expuesto son el art. 25 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y el art. 14 del Pacto Internacional sobre
5 Cfr. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, causa 22.475, "S., L. P. s/ denegatoria de ser tenida por parte querellante", resuelta el
18/03/04.
6 Cfr. Ley n° 25.852 que incorpora los artículos 250 bis y ter del Código Procesal Penal de la Nación.
7 Cfr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Recurso de hecho deducido por B. N. (querellante) en la causa M., A. y otros s/ abuso deshonesto -causa N 42.394/96-" resuelta el 27/6/02
y publicada en Fallos 325:1549.
Ello, no obstante una reforma relativamente reciente al art. 175 del Código Procesal Penal
de la Nación cuya motivación o racionalidad no resultan del todo claras, impide que el denunciante se exprese verbalmente al formular la denuncia ante el Ministerio Público, ya que ahora
se requiere que sea presentada por escrito. Más allá de la comodidad para el operador de que le
entreguen por escrito la denuncia y –en otro sentido–, más allá de la certeza para la víctima de
los alcances de su presentación al formalizarla, no parece de modo alguno que la reforma aporte a un mayor y mejor acceso a la justicia por parte de las víctimas.
Si uno piensa que la mayor parte de las denuncias, por la propia selectividad del sistema
penal, de los imputados y también de las víctimas, se relaciona con personas que por su condición social o eventualmente –en el tema en análisis, además, por su edad– no les resulta fácil
redactar una denuncia, la reforma del proceso penal en el sentido indicado impide que la mayoría de las víctimas en situación de vulnerabilidad puedan concretar el relato del drama que han
pasado frente a una autoridad del Ministerio Público Fiscal. Esto representa claramente un
retroceso al desconocerse principios elementales de derecho internacional que están reconocidos para las víctimas de manera expresa, tales como un abierto, amplio, completo y fácil acceso a la justicia8.
El núcleo duro de
es el art. 18 de la
Constitución que alude
al modo en que deben
tratarse las personas
involucradas en un
proceso. Los tratados
internacionales agregan
matices, complementan,
desarrollan ese núcleo
básico pero sin agregar
sustancialmente nada
En la República Argentina, además, dicha reforma afecta los principios de no regresividad
y de progresividad en la medida en que el amplio derecho de acceso a la justicia de las víctimas
ya estaba reconocido en el derecho argentino al permitirse en la versión anterior del artículo
que la víctima pudiera ser escuchada en su denuncia. Ahora se le dice que no se la “escucha”
más y que la denuncia la tiene que presentar por escrito. Mucho mayor, como se señaló, es la
contrariedad con las normas mencionadas cuando se trata de víctimas menores de edad, por la
doble protección que éstas poseen.
Pero con independencia de algunas de las situaciones que ocurren –entre otros motivos–
debido al desorden de la producción legislativa, en lo que se refiere a estándares de mayor
intensidad normativa como los internacionales, la protección legal a la víctima de delitos menor
de edad es completa y precisa.
b) Por otro lado, todo el derecho internacional de los derechos humanos puede leerse en
el derecho interno argentino como un desarrollo del debido proceso legal, por lo que cualquier
afectación de esas claras disposiciones de derecho internacional va directamente en contra del
art. 18 de la Constitución Nacional. No hay mucho más en las normas internacionales. El núcleo
duro de la protección legal es el art. 18 de la Constitución que alude al modo en que deben tratarse las personas involucradas en un proceso. Los tratados internacionales agregan matices,
complementan, desarrollan ese núcleo básico pero sin agregar sustancialmente nada nuevo.
8 Sobre la cuestión, ver la Directriz 10 de las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos –aprobadas por el Consejo Económico y Social
en su resolución 2005/20 del 22 de julio de 2005–: “Los niños víctimas y testigos de delitos deberán ser tratados con tacto y sensibilidad a lo largo de todo el proceso de justicia, tomando en consideración su situación personal y sus necesidades inmediatas, su edad, sexo, impedimentos físicos y nivel de madurez y respetando plenamente su integridad física, mental
y moral.”En esas Directrices se destaca además que los niños deberán ser tratados como personas con sus propias necesidades, deseos y sentimientos personales (Directriz 11); que
todas las interacciones descriptas en las mismas Directrices deberán realizarse de forma adaptada al niño, en un ambiente adecuado a sus necesidades especiales y según sus aptitudes, su edad, madurez intelectual y la evolución de su capacidad (Directriz 14); que los niños víctimas y testigos de delitos sean interrogados de forma adaptada a ellos así como permitirse la supervisión por parte de magistrados, facilitar el testimonio del niño y reducir la posibilidad de que éste sea objeto de intimidación, por ejemplo, mediante ayudas para prestar testimonio o la utilización de expertos en psicología (Directriz 31.c); y que debe velarse porque los niños víctimas y testigos de delitos no sean interrogados por el presunto autor
del delito, siempre que sea compatible con el ordenamiento jurídico y respetando debidamente los derechos de la defensa: de ser necesario, los niños víctimas y testigos de delitos
deberán ser entrevistados e interrogados en el edificio del tribunal sin que los vea el presunto autor del delito y se les deberán proporcionar en el tribunal salas de espera separadas y
salas para entrevistas privadas (Directriz 31.b).
Debe recordarse, asimismo, que el debido proceso legal del derecho anglosajón equivale en el
ámbito del derecho continental al derecho de defensa en juicio. En la actualidad –y respecto del tema
en análisis– este intenso derecho de defensa está en una gran tensión normativa con un igualmente fuerte derecho a la protección legal de la víctima que se encuentra en un proceso penal9. La tensión entre derecho del imputado y derecho de la víctima se refleja en todo lo relacionado con el debido proceso legal: derecho a ser oído, a contar con asistencia legal, a que las medidas adoptadas puedan ser recurridas, al principio del contradictorio, etc. Gran parte de las garantías reconocidas al
imputado pueden derivarse también de los tratados internacionales para las víctimas de los delitos
como parte de su derecho a acceder a la justicia pronta y expedita y a una reparación adecuada.
En el caso de una víctima menor de edad –tal como se dijo– esa protección legal procesal se encuentra reforzada porque los menores de edad en el derecho internacional tienen una
protección adicional10. Por ello, cuando aparece la tensión entre el derecho del imputado y el
derecho de la víctima en un mismo plano, el problema está mal planteado. Tal es el caso de la
discusión de la validez de las declaraciones producidas mediante la utilización de la cámara
Gesell objeto de esta publicación11. Como es sabido, se ha justificado la declaración de nulidades sobre la base de la falta de participación y control suficiente de estas declaraciones por parte
de la defensa, nulidades que en algunos casos han implicado un reenvío del asunto para un
nuevo juicio (con evidentes consecuencias de una re-victimización sin fin) o bien directamente
el dictado de una absolución o un sobreseimiento en hechos gravísimos que tienen por víctimas
a menores de edad que habían sufrido agresiones sexuales12.
Cuando aparece la
tensión entre el
y el derecho de la
víctima en un mismo
plano, el problema
está mal planteado.
Tal es el caso de la
discusión de la validez
producidas mediante
la utilización de la
De manera que en el punto de la tensión entre los derechos del imputado, basados en su mayor
debilidad durante el proceso, y los derechos de la víctima menor de edad, debería incorporarse el matiz
diferencial relacionado con la protección legal especial del niño víctima12. La solución más frecuente
de los tribunales para resolver la tensión entre imputado y víctima a favor del derecho del imputado
no parece surgir claramente en el caso de menores víctimas de los tratados de derechos humanos.
9 “Vale apuntar sobre si esa obligación en términos procesales debe traducirse en la notificación a la defensa del imputado de la realización de la entrevista con la víctima menor de
edad, a fin de evitar, paradójicamente, la repetición de tal acto procesal” (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala V, causa n° 35.084,
“P., J. I., s/ violación de menor de 13 años. Nulidad.”, del 2/09/08).
10 Respecto de lo dispuesto en la Directriz 31.a de las Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos en cuanto a los procedimientos especiales aplicados para obtener pruebas de los niños víctimas y testigos de delitos a fin de limitar y reducir el número de entrevistas, por ejemplo, al utilizar grabaciones de vídeo, falló
la jurisprudencia que: "El art. 250 bis del CPPN aporta un nuevo procedimiento para la recepción de declaraciones de menores damnificados por delitos de lesiones y contra la integridad sexual. En esos casos el juez queda relevado de interrogar, practicándose tal medida a través de personas expertas en el tratamiento de menores, tales como psicólogos o eventualmente psiquiatras. De tal modo, lo que se evita es, justamente, revictimizar al niño ante el interrogatorio de sujetos, tales como los jueces o empleados de un tribunal, que por no
haber sido formados en la materia ahonden o le provoquen un nuevo perjuicio (…) tanto el tribunal como las partes tienen la facultad de seguir las alternativas del acto, desde el exterior del recinto denominado ´cámara Gesell´, ello sin perjuicio de que antes de comenzar con la entrevista, ‘el tribunal hará saber al profesional a cargo (...) las inquietudes propuestas
por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto’ (…). Es decir, que en todo momento, las partes pueden ejercer su derecho de controlar la prueba, pudiendo,
inclusive, sugerir preguntas cuya formulación al menor queda a criterio del profesional que lleva a cabo el interrogatorio, debiendo el juez resolver los conflictos que se puedan suscitar dejando constancia de ello en el acta" (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, causa n° 24.987, "B., R. A. s/ inconstitucionalidad
del 250 bis del C.P.P.N.", resuelta el 28/12/04). De modo similar la Directriz 23 de las mencionadas Directrices regula que debe hacerse todo lo posible por coordinar los servicios de
apoyo de modo de evitar que los niños participen en un número excesivo de intervenciones.
11 "El derecho a interrogar no se limita a ´hacer preguntas´, sino a cuestionar la veracidad de sus dichos, analizar sus motivaciones, su memoria; su credibilidad en suma, en caso contrario se trataría de letra muerta. Esto también hace al debido proceso ya que contribuye en gran medida a averiguar la verdad, que es objeto último del proceso (...) El art. 250 bis del
CPPN, limitado a los menores de dieciséis años víctimas de delitos sexuales, establece un procedimiento particular de interrogatorio en el que no pueden ser interrogados en forma
directa ni por el tribunal o las partes, sino a través de un profesional de la salud mental y un gabinete especial. La defensa se garantiza mediante el interrogatorio que, en la etapa instructoria, bien puede ser realizado a través del juez, fiscal o, en los casos previstos por el art. 250 bis de un profesional actuante”, (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, Sala VI, causa n° 32.906, “Incidente de Inconstitucionalidad promovido por el Dr.Pablo Noceti”, del 29/12/05).
12 Cfr., entre otros, Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, causa n° 8.548, “B. C., G. s/ recurso de casación”, resuelta el 9/5/09. Es interesante repasar las razones tenidas en cuenta
para realizar el juicio de reenvío a un nuevo tribunal oral para realizar una nueva audiencia de debate: “(…) en cuanto a que la posible reedición del interrogatorio provocaría la revictimización de las menores, debe tenerse en cuenta que se realizan con una profesional psicóloga, y que por sus edades actuales -conservando buena memoria de los episodios que
relatan- mayor angustia podría provocarles la impunidad de su supuesto victimario, por razones meramente formales.” (del voto de los Dres. Mitchell y Fégoli).
13 Respecto de la presencia del imputado durante la audiencia de juicio se resolvió que “(…) una interpretación razonable de la normativa adjetiva vigente no excluye la posibilidad de que el
imputado pudiera ser privado de presenciar la audiencia, la que podría llevarse a cabo aun sin su presencia física, sin que se afecte el derecho de defensa (arts. 18, CN y 14 d] del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos) (…). Así, el alejamiento del imputado puede resultar legítimo siempre que la medida aparezca como una restricción absolutamente necesaria e
indispensable para evitar el menoscabo de otros intereses tan dignos de protección como las propias garantías del imputado (…) la decisión del tribunal oral resultó justificada al amparar los
superiores intereses del niño, con el fin de garantizar que la menor víctima –hija del encausado– pueda expresarse libremente, sin ser revictimizada (…) Ante dos derechos en pugna como
son los intereses del niño, por un lado y el derecho del encartado de estar presente durante la audiencia, por el otro, los derechos de aquél pueden bajo determinadas circunstancias prevalecer, por respeto a las estipulaciones de la Convención de los Derechos del Niño”, (Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, causa P. 87.654, “G., J. A., recurso de casación” del 1/11/06).
La cuestión parece más sencilla cuando el imputado y la víctima son adultos. Pero en el
caso de una víctima menor de edad, el tribunal debería explicar por qué desconsidera la garantía de protección especial que tiene ese tipo de víctima en el derecho argentino y en el derecho
internacional. En este punto la tensión normativa se complejiza y ello exige elaborar nuevos
argumentos14. Es claro que si se suman normas de protección y principios de protección a la
niñez –en particular uno muy problemático pero que en este punto resulta crítico como lo es el
interés superior del niño–, la balanza parece inclinarse a favor de la víctima menor de edad15.
Para concluir esta extensa introducción al tema del capítulo y recordadas las garantías
procesales con todas las tensiones normativas que la jurisprudencia tendrá que resolver con
inteligencia, mesura y sentido de justicia, existe un elemento adicional importante: en todas las
normas vinculadas con protección a la niñez y en particular a la niñez víctima (como en todas
las normas internacionales de protección a la víctima) un componente central se refiere a los
deberes de prestación positiva del Estado respecto de una víctima de un delito y, una vez más,
intensificado si se trata de una víctima menor de edad.
víctima menor de
edad, el tribunal
debería explicar por
qué desconsidera la
especial que tiene ese
tipo de víctima en el
y en el derecho
Este tema no aparece en las discusiones ni en los seminarios. La víctima desapareció, dejó
de ser un tema en las agendas públicas de los últimos veinte años, curiosamente en la época de la
introducción de los tratados de derechos humanos en América Latina y de las reformas penales.
Si se repasan las discusiones que tuvieron lugar en los diferentes países relacionadas por ejemplo
con la introducción de la Convención sobre los Derechos del Niño, el debate principal se centró en
la cuestión del adolescente perpetrador de crímenes; no en el menor víctima de delitos.
Por razones que no han sido suficientemente estudiadas, el tema del niño víctima de delito dejó de existir en las agendas públicas latinoamericanas, sólo para reaparecer de manera
reciente en particular relacionado con el tema de tráfico y trata de personas.
¿Cómo es posible esta des-tematización, si se me permite la expresión? ¿Qué proceso
simbólico o cultural ocurrió en el continente que determinó que quien fuera objeto de preocupación importante por parte del tutelarismo clásico en su mejor concepción –las víctimas de los
delitos– y aún asumidos todos los abusos que también en nombre de su protección se cometían, haya desaparecido del tema de los derechos humanos de los niños?
Lo más extraño es que todas las normas internacionales de derechos humanos y de derechos de niños recogen, tal como se indicó anteriormente, los derechos de las víctimas y de los
niños víctimas de delitos en sentido fuerte. ¿Cómo entender entonces que las reformas orientadas a la introducción de estas reglas internacionales en el derecho doméstico soslayaran o
bien ignoraran por completo la cuestión? Un reflejo de lo expuesto es la falta de especialistas
en el tema. Se ha dejado de estudiar, de problematizar a la víctima de delitos.
14 Si bien excede el objeto de este trabajo, no puedo dejar de mencionar la incipiente jurisprudencia que convalida una condena por una agresión sexual sin la escucha forense de la víctima
menor de edad. Es en un caso en el cual la defensa se agravió porque su defendido fue condenado sin que la damnificada se hubiera presentado a declarar ni fuera sometida a la entrevista
oportunamente requerida, sin que existieran testigos presenciales del hecho y con apoyo, únicamente, en las declaraciones de sus progenitores y de su terapeuta. La Cámara Nacional de
Casación Penal, al convalidar la sentencia condenatoria, sostuvo que si bien la menor víctima del abuso que se investigó no declaró en el debate, tales extremos pudieron ser acreditados por
otros carriles: “(…) cuando, como en la especie, puede recrearse lo ocurrido a través de distintos cauces probatorios; el pronosticado daño que le podría causar el hecho de concurrir a declarar, y cuanto dispone la Convención Sobre Los Derechos del Niño en su art. 18 respecto de la tutela del interés superior del niño; fueron sin duda las circunstancias por las que el tribunal a
quo prescindió correctamente de la convocatoria reclamada por la defensa.”, (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala I, causa n° 9.263, “V. M., L. s/recurso de casación”, del 11/08/08).
15 Por ejemplo, al establecerse una medida cautelar de prohibición de acercamiento del imputado con procesamiento confirmado por la Cámara de Apelaciones por una agresión sexual
a un niño (Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala VI, causa n° 37.750, “N. B., C. S. s/ prohibición de acercamiento”, del 4/08/09).
Una vez superada la cuestión procesal legalmente nítida (razón por la cual allí donde las
garantías no se reconocen hay claramente –por decir lo menos– torpeza o doloso incumplimiento de deberes del funcionario que maltrata y re-victimiza a un menor en un proceso)16,
quiero someter a discusión la idea de la desaparición de la víctima en la discusión en torno de
la plena vigencia de derechos humanos en la justicia penal.
Curiosamente, la víctima se instala en el mismo lugar que la protección de la niñez, en
términos generales. Está claro que la protección y asistencia social de la víctima no compete al
proceso penal o a los jueces penales como tampoco el ocuparse de los niños que necesitan
ayuda; pero sí les atañe asegurarle un debido proceso legal y un trato que no la re-victimice17.
social de la víctima
no compete al proceso
penal o a los jueces
penales como tampoco
el ocuparse de los
niños que necesitan
ayuda; pero sí les
atañe asegurarle un
debido proceso legal y
un trato que no la
re-victimice.
Por otro lado, en la discusión general de los derechos humanos de la niñez lo que fagocita todo el debate y condiciona los deberes del Estado respecto de esta parte de la población
es cómo se reacciona frente al adolescente infractor (en términos de cómo y por cuánto tiempo se encierra a los niños). Como señalé antes, el énfasis está puesto en el imputado menor de
edad y no hay espacio para analizar cuáles son los deberes del Estado con las víctimas menores
de edad que desde el punto de vista cuantitativo –más allá de la cifra negra y de que es muy
difícil conocer la exacta magnitud del problema–, es sensiblemente más grave.
Cualquier operador de la justicia penal argentina sabe que la ratio entre menor imputado y menor víctima está absolutamente desbalanceada, por lo que la situación de gravedad que
debería escandalizar a la sociedad es la cantidad de menores víctimas de delitos que en general
no sólo no son tratados bien en el proceso penal sino que además no son susceptibles de ninguna clase de reparación de sus derechos en términos de deberes de prestación positiva que el
Estado argentino se obligó a asegurarles al suscribir tratados de derechos humanos que garantizan en estos casos una protección especial18.
En este sentido, me gustaría retomar una idea de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en la primera sentencia en la que se interpretó el artículo 19 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que es aquel que garantiza el derecho del niño a medidas
especiales de protección. Me refiero a la sentencia de fondo en el caso “Villagrán Morales y otros
(Caso de los ´Niños de la calle´) vs. Guatemala”.
El énfasis está puesto
en el imputado menor
de edad y no hay
espacio para analizar
cuáles son los deberes
víctimas menores
de edad que desde
cuantitativo, es
Una lectura del fallo que trate de poner más énfasis en la luz y no en la oscuridad de lo
resuelto debería destacar una idea fuerte de la Corte Interamericana que, en mi opinión, debe guiar
la discusión relacionada con los derechos de los niños en general y, en particular, con los derechos
de los niños que se encuentran en situaciones dramáticas como lo es resultar víctima de un delito.
16 Situación que no puede negarse que ocurra porque hay gente que trabaja mejor y otra que trabaja peor en todos lados y en todas las profesiones y actividades.
17 De esta manera se entendió que “Considerando el amplio marco jurídico tendiente a la protección del menor en nuestro país - especialmente por las previsiones en los tratados a los
que hace referencia el art. 75, inc. 22, de la Constitución Nacional-, resulta irrazonable, una nueva convocatoria de un menor para ampliar su declaración testimonial, sobre todo, cuando calificados profesionales en el área terapéutica aconsejan la no realización de esa medida por los efectos negativos que pueden acarrearle a su paciente, mas aún cuando el menor
ya depuso testimonialmente en tres oportunidades, debiendo buscarse las posibles contradicciones en los testimonios que el niño prestó, en las constancias de la causa. (…) Es de destacar que el presente proceso lleva más de siete años de duración en el cual se dictaron sucesivamente procesamientos, sobreseimientos y declaraciones de falta de mérito, por lo que
corresponde recomendar a los señores magistrados intervinientes, teniendo siempre presente el interés superior del niño., la pronta solución de estas actuaciones, sin, que tal afirmación signifique un adelanto de opinión sobre el futuro desenlace de estos actuados.” (Cámara Nacional de Casación Penal, Sala II, causa n° 2.681, "N., B. s/ recurso de casación", del
21/11/02).
18 Véase nota 8 y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, causa n 27.178, “S., M.”, resuelta el 12/10/05.
Se trata del desarrollo del artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos que, en rigor, traduce la Convención sobre Derechos del Niño conforme la interpretación que en el párrafo 194 de esa sentencia realizó la Corte Interamericana. Allí la Corte
Interamericana sostuvo que para interpretar el art. 19 de la Convención Americana debía recurrir a la Convención sobre los Derechos del Niño como parte de un corpus juris muy amplio de
protección de derechos humanos de la niñez. De manera que hoy para el sistema interamericano la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana están unidas gracias
a la hermenéutica que la Corte Interamericana realizó en este caso19.
Interamericana fue
precisa en determinar
que el deber del
Estado de asegurar
a los niños consiste
en asegurarles
“condiciones para vivir
vidas dignas de ser
vividas”.
A pesar de las críticas que pueden formularse al fallo por confundir las situaciones de
niños autores de delitos con las de niños víctimas de delitos (el fallo trata de adolescentes torturados y asesinados en la ciudad de Guatemala por agentes estatales), la Corte Interamericana
fue precisa en determinar que el deber del Estado de asegurar medidas de protección a los niños
consiste en asegurarles “condiciones para vivir vidas dignas de ser vividas”. Yo no me canso de
repetir ese estándar que parece estar ausente aun en las discusiones de estos días.
Lo que debilita al fallo es por qué si se trata de un caso en el que menores de edad fueron víctimas de delitos gravísimos, la sentencia se concentra en el tema de la delincuencia juvenil (obviamente no se alegó que los perpetradores hubieran sido menores; eran fuerzas de seguridad del Estado). ¿Por qué si se trató de casos atroces cometidos contra niños en situación de
desventaja social, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dedicó la mayor parte del fallo
a la cuestión de los delincuentes juveniles? Esta es la evidencia de que todo estaba confundido
todavía a mediados de la década del ´90 como en los tiempos tutelares clásicos y de que ni
siquiera la Corte Interamericana podía trazar una línea nítida entre represión y protección.
Con independencia de que la argumentación pudo haber sido más esmerada, en definitiva la Corte Interamericana sostuvo que los Estados que firmaron la Convención Americana
sobre Derechos Humanos deben asumir y cumplir con el derecho a la protección especial de
todos los niños en general pero sobre todo respecto de aquéllos que se encuentran en situación
de desventaja social y aún más, en el supuesto de mayor gravedad, cuando se trata de niños víctimas de delitos. La Corte Interamericana determinó que los Estados deben asegurarles las condiciones para que vivan vidas dignas de ser vividas. En eso consisten las medidas de protección
especial que expresan los deberes de prestación positiva del Estado hacia la infancia. Estos deberes están ausentes hasta ahora de la discusión referida a niños víctimas de delitos por varias
razones, entre las cuales la centralidad del enfoque legal penal no es menor.
Por ese efecto perverso de la cultura penal que todo lo fagocita y crea la ilusión de que
con la ley penal se resuelve todo (hasta la ausencia de políticas sociales), se genera una especie
de cortina de humo que encubre la ausencia de todo lo demás, lo más importante, que también
está en la ley y que también debe ser garantizado. Un ejemplo de ello es un proceso en el que
la víctima participa con todas las garantías pero luego de la condena no tiene más participación
ni relevancia para el Estado.
19 “194. Tanto la Convención Americana como la Convención sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris internacional de protección de los niños que
debe servir a esta Corte para fijar el contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la Convención Americana.”, Corte Interamericana de Derechos
Humanos en Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63.
De manera que los estándares internacionales que regulan la situación del menor de edad
víctima de delitos no son sólo penales, sino principalmente los deberes de prestación positiva
del Estado respecto de los niños víctimas de delitos.
Para concluir me gustaría señalar que llama mucho la atención que ideas-fuerza de los
tiempos de fundación del complejo tutelar (lo que suelo llamar las “buenas intuiciones”, en
casos y épocas dramática, trágicamente implementadas) tienen que ver primero con un modelo de Estado de Bienestar, con intensos deberes de prestación positiva del Estado, con que los
adultos nos responsabilicemos de los niños y, en particular, de los niños que se encuentran en
una situación de especial desventaja y vulnerabilidad.
Alguien comentaba con preocupación que ya no se puede hablar de protección. Ahora, si
esta idea desaparece frente a una contra-intuitiva concepción de la autonomía de los niños (por
ejemplo, que un niño de cinco años “elige” permanecer en la calle, consumir pasta base y/o permanecer en una red de trata), se exime de responsabilidad a los adultos y se incumple con los
estándares internacionales de derechos humanos de la niñez.
Desde este punto de vista y reconocido el perverso fenómeno de distanciamiento del
reclamo de los derechos respecto de la garantía del derecho de protección, tan enfatizada en el
origen del tutelarismo clásico a través de dos intuiciones –vale la pena recordarlas, de prevención y de especialidad–, querría concluir con una apelación a tomarse los derechos en serio
tanto de los niños víctimas cuanto de los imputados. Ello requiere desarrollar una hermenéutica creativa y prácticas interdisciplinarias originales que permitan concretar la promesa contenida en las normas internacionales hacia la infancia.
regulan la situación
del menor de edad
víctima de delitos no
son sólo penales, sino
deberes de prestación
positiva del Estado
respecto de los niños
víctimas de delitos.
para la protección de los niños víctimas
y testigos en sede judicial
Zulita Fellini1
Los derechos humanos coadyuvan a la protección de los bienes jurídicos de todos los
seres humanos por igual, y en tal sentido transcienden las fronteras de los Estados y de los estamentos sociales. El mundo globalizado colabora en esta regulación, y las convenciones y tratados internacionales han constituido un aporte significativo para su reconocimiento.
En esta obra se ha tomado un segmento de la cuestión dedicado a los niños víctimas y testigos en sede judicial: la victimización2. Sin dejar de reconocer la importancia que reviste el tema,
a modo de introducción, quisiera recordar que la víctima tiene un lugar en el sistema jurídico
desde épocas relativamente recientes en la historia de la humanidad, que deberá ser ocupado
hasta que le sean reconocidos paulatinamente sus derechos en todos los ámbitos de su vida3.
¿Será justo entonces otorgarle un lugar tan relevante inicialmente dentro de los procesos judiciales como si éstos constituyeran los únicos capaces de construir su revictimización, o
habrá que pensar al mismo tiempo en lo que se deja de lado cuando se cree que el niño víctima o testigo debe ser amparado sólo en estas instancias?
El universo de esta problemática reviste contornos difusos, de difícil reconocimiento, y
debe tener en mira principalmente la prevención y no la sanción como respuesta penal. La criminología siempre ha estudiado y analizado unilateralmente al delito, desde el punto de vista del
delincuente en sus primeros estadios, y ha dejado al margen la personalidad de la víctima, que
como afirmamos tiene un lugar en las ciencias penales desde épocas relativamente recientes4.
2 LIMA MALVIDO, María de la Luz, “El derecho victimal”, en Victimología, la víctima desde una perspectiva criminológica. Asistencia victimológica, Córdoba, Argentina, Universidad Integral, 2004, pág. 130 y ss.
3 RODRÍGUEZ MANZANERA, Luis, Victimología. Estudio de la víctima, 7ª ed., México, Porrúa, 2000.
4 MARCHIORI, Hilda, La víctima del delito, Córdoba, Argentina, Lerner, 1996, pág. 11 y ss.
1. Ex jueza del Tribunal
de Menores II de la
Aires. Profesora de
Derecho Penal y
La victimología, como ciencia joven, comienza a desarrollarse después de la Segunda
Guerra Mundial, con los trabajos de Benjamin Mendelsohn, Hans Von Hentig, Fattah, Elleberger,
Sellin y Wolfgang, entre otros5. Con una mirada diferente, más abarcativa quizá desde el punto
de vista de la infancia, no se deben olvidar las diversas situaciones de vida que victimizan y
revictimizan desde la concepción en el seno materno, y la difusa conflictiva que ello entraña,
continuando con las situaciones económicas, sociales, familiares, escolares, sanitarias o de prevención de la salud. Estos factores son tan importantes, que cabría la distinción conceptual
entre una victimización primaria y otra secundaria. La primaria no es receptada por la sociedad
tan simplemente y, por lo tanto, es mucho más difícil de responsabilizarse por ella.
Esto no minimiza la importancia de la cuestión, por el contrario, sería inconveniente
abordar distintos temas al mismo tiempo; sólo es necesario considerar que el no tenerlo presente impedirá en la mirada del juzgador visualizar adecuadamente el proceso generador de una
víctima, es decir, tendrá una visión parcial o fragmentaria, dificultando su resguardo.
El marco originario es más amplio, así el niño es proclive a la victimización desde edad
temprana. En la familia es víctima del adulto –padre, madre, abuelos, hermanos, etc.–; en la
escuela, lo es del sistema de aprendizaje, de los maestros o superiores; en las pequeñas comunidades, de los compañeros, de los amigos; en los sistemas asistenciales de los operadores en
general, entre otros6.
El niño, desde que
nace, depende del
mundo adulto, esto
constituye una realidad
y una diferencia
inevitable que
contribuye a su
condicionando su
vida futura de distintas
maneras. Así, se
ponen de manifiesto
rápidamente las
que ocasiona el poder
del fuerte sobre el
débil, y que evidencia
la desigualdad del
El niño, desde que nace, depende del mundo adulto (antes depende de la vida de la
madre), esto constituye una realidad y una diferencia inevitable que contribuye a su formación
condicionando su vida futura de distintas maneras. Así, se ponen de manifiesto rápidamente las
diversas situaciones que ocasiona el poder del fuerte sobre el débil, y que evidencia la desigualdad del vínculo.
Las distintas corrientes psicológicas, formativo-educativas en sus diferentes métodos, a
través de los tiempos han variado su orientación y no siempre han favorecido el mejor desarrollo de la personalidad del niño. Incluso se han conformado condiciones propicias para la configuración de un “proyecto de víctima”.
Primero el sometimiento, mediante el sistema de premios y castigos; después el dejar
hacer, el sistema sin límites, absolutamente permisivo, cuyas consecuencias sufrimos los adultos y los niños también.
Los límites razonables marcan pautas de conducta en la infancia que ayudan al crecimiento del niño en un marco reglado, que debe aceptar para vivir armónicamente en sociedad,
en el cual no todo es posible, ni se puede obtener de cualquier manera. Esto significa que la
absoluta libertad dejará al niño desamparado, sin poder defenderse de la agresividad social.
5 MARCHIORI, Hilda, “Comentario” a la 7º ed. del libro Victimología. Estudio de la víctima de Luis RODRÍGUEZ MANZANERA, en Pensamiento Penal y Criminológico, Año III, Nº 5, Córdoba,
Mediterránea, 2002.
6 GIBERTI, Eva, “Atención a niños y niñas víctimas: El efecto burnout en los profesionales”, en Victimología. Los procesos de victimización desde un enfoque criminológico, Córdoba, Argentina,
Lerner, 2003, pág. 126 y ss. En el tema de los operadores que se ocupan de víctimas de violencia, resulta muy interesante e ilustrativo consultar este trabajo, porque los operadores de la
justicia, juzgadores no especializados en la temática, difícilmente podrán hacerse cargo de las vicisitudes que tiene la escucha, el acompañamiento y la contención de las víctimas.
Tanto el menor de edad autor como la víctima de delitos son víctimas de los sistemas
señalados, algunos con mayor o peor suerte en el condicionamiento, pues se han sentido y se
sienten indefensos e inermes ante la exigencia de la regulación jurídica de sus conductas.
Lamentablemente, no conocen, ni pueden preveer las consecuencias de las situaciones que
padecen, ni de las prescripciones legales. No obedecen la ley: unos, porque crecieron inmersos
en otras leyes, y los demás están destinados a soportar las consecuencias de lo primero. De lo
contrario, ni los autores posiblemente hubieran desoído fácilmente la ley, ni las víctimas se
hubieran encontrado tan desprevenidas ante la agresión.
Los tiempos han cambiado, pero no es tarde para reflexionar sobre estos conceptos, ya
que pueden servir como punto de partida para otras políticas públicas llamadas hoy frecuentemente a cubrir vacancias.
El panorama jurídico internacional se ha diversificado respecto del tema de derechos
humanos, como respuesta a las atrocidades cometidas en el mundo durante las violaciones a la
dignidad humana consecuencia de las guerras mundiales. Siempre el triunfo de los poderosos
sobre los débiles pone de manifiesto las peores desigualdades en la valorización de bienes
supremos de la humanidad.
Los derechos humanos fueron receptados en convenciones y tratados internacionales, la
mayor parte de ellos incorporados a finales del siglo XX a nuestra Constitución Nacional. En
materia de niñez debe mencionarse la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 20-11-89 en Nueva York, sancionada en la
Argentina y publicada en el Boletín Oficial, mediante la ley 23.849 el 26-10-90, como receptora fundamentalmente de las garantías debidas a los niños, no sólo en áreas de derecho, sino de
políticas sociales generales que deben adoptar los Estados Partes. La mayoría de los países ratificaron esta Convención; sólo dos no lo hicieron: Estados Unidos y Somalia.
Antes de continuar con el análisis del tema concreto de las víctimas jóvenes, cabe insistir una vez más que las garantías son debidas a todos los ciudadanos por igual, y que precisamente dentro del proceso penal es donde habrá que poner especial cuidado, porque la protección de las víctimas no puede descuidar las garantías del imputado o procesado.
Lo sensato desde la aplicación rigurosa del debido proceso penal consiste en lograr un
justo equilibrio entre esa necesaria protección, en todo caso –mediante la aceptación de sistemas alternativos– no introducir al menor de edad al proceso si no es absolutamente indispensable, tanto como imputado o como víctima, teniendo en cuenta que el cuidado en la selección
del imputado preservará también a la víctima de la tan mentada revictimización. Ello no deberá interpretarse como que las víctimas queden en estado de indefensión.
Aquí debemos reconocer que las víctimas ya lo son antes del proceso, por tanto la intervención estatal no las debe colocar en peor situación, ya que –de todas maneras– nunca se
podrán retrotraer los hechos ya ocurridos.
Hoy, ante la evidencia de una víctima, frecuentemente la sociedad se desinteresa de lo que
preciamos como debido proceso y demanda las reglas de la venganza privada. Evidentemente, nos
estamos refiriendo, no a todo tipo de víctimas jóvenes de cualquier delito, sino principalmente a
las víctimas de delitos sexuales, tema sumamente irritativo, convocante y controvertido, sobre
todo por la inexistencia frecuente de pruebas, y las dificultades para la obtención y producción de
éstas. Sin ninguna duda, la prueba resulta decisiva para la absolución o condena del procesado.
Lo sensato desde la
aplicación rigurosa del
consiste en lograr un
justo equilibrio entre
esa necesaria
protección, en todo
caso –mediante la
aceptación de sistemas
alternativos–
no introducir al menor
de edad al proceso si
Para que una persona resulte condenada por un hecho ilícito, debe ser sometida a un proceso dentro del cumplimiento de distintas formalidades establecidas en las leyes penales y procesales. Sería poco equitativo obviar ahora un tema central y ancestral: Los imputados y las víctimas propiamente dichas resultan víctimas del sistema penal.
Las víctimas jóvenes del sistema penal no lo son precisamente del proceso judicial, pero
tampoco están absolutamente fuera de la judicialización, y lo que es peor aún, es que por agotamiento, el tratamiento del tema ha estado fuera de agenda durante mucho tiempo, por lo
menos en la República Argentina, aunque los acontecimientos de reciente data produzcan reacciones tardías, como la siempre inminente sanción de una ley específicamente penal juvenil.
Sería poco equitativo
obviar ahora un tema
central y ancestral:
Los imputados y las
víctimas propiamente
dichas resultan
Los menores de 16 años edad, que no son sometidos a procesos, resultan víctimas también del sistema penal; no se les respetan derechos y garantías constitucionales, y demás está
decir que en la mayoría de los casos reciben sin proceso, y por lo tanto sin confirmación de su
participación en el hecho que se les imputa, la pena de privación de libertad. Se trata de otras
víctimas, que no sufren el hecho sino el derecho, “condenados sin delito”, lo que los coloca en
peor situación, reñida con todos los estándares internacionales. Sin proceso no se necesita producir pruebas.
Haremos una nueva reflexión sobre algunos aspectos de este tema, al referirnos a la
incorporación del art. 250 bis al CPPN7. Ninguna solución conformará a las partes involucradas,
pero lo cierto es que la respuesta facilista de privar de la libertad a alguien sin pruebas no es la
misión de la justicia, ni lo deseado por el juez; y la de absolver a todo el mundo por las dificultades señaladas, tampoco. Se trata de saber entonces, qué pruebas y en qué condiciones son
aceptables, dentro de un proceso que respete los límites de un Estado democrático de derecho.
En el orden internacional, se ha firmado recientemente en el marco de la Convención
Internacional de Toledo “La protección de los menores en el sistema jurídico europeo”, el
Convenio 201 del Consejo de Europa8, denominado “Convenio de Lanzarote”, ratificado por 36
Estados de los 47 miembros integrantes del Consejo, que entrará en vigencia cuando se alcance el número de ratificaciones establecido. Se trata de un instrumento fundamental para lograr
una respuesta común, ágil, eficiente y responsable en la protección del menor de edad, frente a
las agresiones vejatorias que atentan contra su integridad física y moral, con secuelas muy traumáticas para el libre desarrollo de su personalidad. Tiene como objetivo prevenir los delitos
sexuales a menores, perseguir a los autores de los abusos y proteger a sus víctimas. Contiene
medidas para la prevención, como programas de formación y concientización, trabajo en las
aulas con niños de educación primaria y secundaria para que aprendan cómo protegerse.
Asimismo, promueve la creación de ayuda por teléfono o por Internet, y asistencia psicológica,
médica y legal. Destaca también la necesidad de la cooperación del sector privado.
En el actual contexto de globalización y multiplicación de los contactos interpersonales
por medio de las nuevas tecnologías, se debe priorizar la prevención, con participación del sector privado. Este instrumento se propone también alcanzar estándares judiciales comunes en
toda Europa para acabar con la impunidad de los autores de abusos y agresiones a menores y
asegurar la protección de las víctimas y sus derechos desde diferentes ámbitos (justicia, educación, salud, políticas sociales, asistencia sanitaria, etc.).
7 Ley 25.852, CPPN, incorpora el artículo, con fecha de publicación 8-8-04.
8 Convenio del Consejo de Europa contra la explotación y el abuso sexual, octubre de 2007.
En el contexto de otro documento sobre el Cibercrimen (Convenio del Cibercrimen), firmado en Budapest el 23-11-2001 y ratificado ya por 46 Estados, se promueve la creación de
canales de comunicación entre la industria de las nuevas tecnologías y las autoridades públicas
para la detección de mensajes y procesos de oferta, distribución o posesión de material pornográfico, a la vez que reclama la creación de un servicio capaz de detectar las situaciones de
explotación y abusos sexuales a través de Internet, con el control de los ciber cafés. En su art.
9º, específicamente, se ocupa de las infracciones relativas a la pornografía infantil. 1. Prescribe:
“las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo que se estimen necesarias para prever como infracción penal, conforme a su derecho interno, las siguientes conductas cuando
éstas sean cometidas dolosamente y sin autorización: a) la producción de pornografía infantil
con la intención de difundirla a través de un sistema informático; b) el ofrecimiento o la puesta a disposición de pornografía infantil a través de un sistema informático; c) la difusión o la
transmisión de pornografía infantil a través de un sistema informático; d) el hecho de procurarse o de procurar a otro pornografía infantil a través de un sistema informático; e) la posesión de pornografía infantil en un sistema informático o en un medio de almacenamiento de
datos informáticos. 2. A los efectos del párrafo 1 arriba descrito, la ‘pornografía infantil’ comprende cualquier material pornográfico que represente de manera visual: a) un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito; b) una persona que aparece como un menor
adoptando un comportamiento sexualmente explícito; c) unas imágenes realistas que representen un menor adoptando un comportamiento sexualmente explícito. 3. A los efectos del párrafo 2 arriba descrito, el término ‘menor’ designa cualquier persona menor de 18 años. Las Partes
podrán exigir un límite de edad inferior, que debe ser como mínimo de 16 años”.
Como podrá observarse a través de las referencias mencionadas, existe gran preocupación por los daños que puedan causar los avances tecnológicos en perjuicio de víctimas menores
de edad. Pero en todo caso, la reacción en este momento se traduce en el reclamo de modificación a los códigos penales de los estados, en procura de nuevos tipos criminales con autonomía
propia, para la regulación de las conductas de los delincuentes sexuales, abusadores en todas
sus formas; y el pedido consiste en aumentar las penas.
De manera tal que no deberíamos confundirnos creyendo que éste es un tema perteneciente a la victimología, por el contrario, sigue siendo de neto tinte penal con un claro riesgo
respecto de la debilidad de las pruebas y los medios probatorios obtenidos por medio de las nuevas tecnologías.
En el mismo sentido, y siempre dentro de los estándares internacionales, resta hacer referencia a la decisión marco del Consejo de Europa del 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto
de la víctima en el proceso penal.
Es el Título VI del Tratado de la Unión Europea. El art. 2º, dentro del respeto y reconocimiento a las víctimas, dispone que los Estados Partes velarán por que se brinde a las víctimas
especialmente vulnerables un trato específico que responda de la mejor manera posible a su
situación. El art. 3º señala que los Estados Partes garantizarán a la víctima la posibilidad de ser
oída durante las actuaciones y de facilitar elementos de prueba y tomarán las medidas necesarias para que sus autoridades sólo interroguen a la víctima en la medida necesaria para el proceso penal.
Existe gran
preocupación por los
daños que puedan
causar los avances
tecnológicos en
perjuicio de víctimas
Pero en todo caso,
la reacción en este
momento se traduce
en el reclamo de
modificación a los
códigos penales de los
estados, en procura de
nuevos tipos criminales
con autonomía propia,
las conductas de los
delincuentes sexuales,
abusadores en todas
sus formas; y el
pedido consiste en
aumentar las penas.
En nuestro sistema es obligatorio en el tema referirnos a la importancia que ha provocado el advenimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño y su posición jerárquica con
respecto al resto del ordenamiento jurídico en materia de niñez y adolescencia. No obstante ello,
no debe renunciarse a reconocer las dificultades9 que todavía persisten en todas las instancias,
con honrosas excepciones de tipo individual, y parcializadas.
Más allá de algunos
supuestos aislados, los
niños y adolescentes no
encuentran en las
del Mercosur y de
América latina un
reconocimiento expreso
de los distintos niveles
de discernimiento que
les permita ejercer por
sí mismos sus derechos
y participar en las
decisiones sobre las
cuestiones que resultan
más trascendentes en
La Convención mencionada abarca un espectro amplio en los derechos y obligaciones de
los más jóvenes, en especial reviste importancia el art. 12 cuando señala que “1. Los Estados
Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio del derecho de
expresar su opinión libremente en todos los asuntos que lo afecten, teniéndose debidamente en
cuenta las opiniones del mismo, en función de su edad y madurez. 2. Con tal fin, se dará oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que lo afecte, ya sea
directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con
Más allá de algunos supuestos aislados, los niños y adolescentes no encuentran en las
diferentes legislaciones del Mercosur y de América latina un reconocimiento expreso de los distintos niveles de discernimiento que les permita ejercer por sí mismos sus derechos y participar
en las decisiones sobre las cuestiones que resultan más trascendentes en su vida10. Esta disposición deberá ser interpretada teniendo en consideración la situación individual del niño víctima de delito, expresamente su edad y grado de madurez, y compatibilizar con lo que se entienda por interés superior del niño.
Precisamente la CDN reitera esta expresión ocho veces en su redacción, pero no ofrece
pautas orientadoras de interpretación, si bien es cierto que por las características del texto en
general, debe entenderse como ‘el debido reconocimiento de sus derechos fundamentales’, que
por lo demás coincide con las garantías que la Ley Suprema prescribe para todos los ciudadanos; y también con lo que más tarde resolviera la Opinión Consultiva Nº 17, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema, el 22 de agosto de 2002 en San José de
Costa Rica, cuando sostuvo que “el interés superior del niño implica que el desarrollo de éste y
el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño”11.
En una concepción más amplia, aunque en esencia se trate de un documento que reproduce los contenidos de la Convención, la ley nacional 26.061 promulgada en nuestro país en el
año 1995, en su art. 3º determina que se entiende por ello “la máxima satisfacción, integral y
simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley”; debiéndose respetar entre ellos
el derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta. Señala también que cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.
9 FELLINI, Zulita, “Reflexiones sobre un fallo polémico”, Suplemento Procesal Penal, Revista La Ley, Buenos Aires, Argentina, 17 de febrero de 2009.
10 MINYERSKY, Nelly y Lily FLAH, “Consentimiento informado de Niñas, Niños y Adolescentes. Derechos Personalísimos. Influencia del reconocimiento de la capacidad progresiva en la
protección de la salud”, en VI Congreso Internacional de Bioética, Gijón, España, 2009.
11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva Nº 17, San José de Costa Rica, 28-8-02.
El art. 22 está dedicado a preservar el derecho a la dignidad, reputación y propia imagen,
mediante la prohibición de exponer, difundir o divulgar datos, información o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, a los sujetos de esta ley, a través de cualquier medio
de comunicación o publicación en contra de su voluntad y la de sus padres, representantes legales o responsables, cuando se lesionen su dignidad o la reputación de las niñas, niños o adolescentes o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o intimidad familiar.
Este artículo ofrece numerosos flancos objeto de críticas que ya se han formulado en
doctrina. Ciertamente, en materia de víctimas de delitos contra la integridad sexual es frecuente que los autores sean miembros de su propia familia, o representantes responsables de ellos,
lo que constituye un obstáculo para la producción de las denuncias –si se requiere– que para la
divulgación de los datos que pueden favorecer al niño y perjudicar al progenitor y afines, se
necesite también la conformidad de los mayores. Esto constituye otra pauta de la disparidad que
se mantiene latente entre el niño y el adulto.
En el art. 27 se fijan garantías del procedimiento de cualquier índole, judiciales o administrativos entre ellos, además de los contenidos expresamente en la CDN, a participar activamente en todo el procedimiento. Esto pone de manifiesto, una vez más, la intervención de la víctima que, sin duda, debidamente interrogada mediante un procedimiento idóneo por personal
especializado, contribuirá al esclarecimiento de los hechos. No debemos olvidar que ya dentro
del proceso, la víctima debe concluir dignamente su participación, pudiendo expresarse acerca
de la veracidad de los acontecimientos. En general, en la clase de delitos que atentan contra la
sexualidad se cuenta con muy pocos elementos de prueba, que se reducen a la palabra de uno
Mucho se ha expresado ya acerca de las dilaciones en este tipo de procesos, en los que
finalmente se corre el riesgo de que la víctima, ante el cúmulo de contrariedades y presiones
que se originan, concluya retractándose de sus dichos para solucionar cuanto antes el conflicto, y así evitar mayores sufrimientos.
De la misma manera que Kempe12 describió el abuso sexual al que es sometido un niño y
las marcas que le quedan, Ronald Summit13 definió con exactitud todo lo que ocurre dentro de
un proceso judicial con una criatura abusada. Hay autores que sostienen como método probatorio adecuado en la obtención de las pruebas, a las que necesariamente deba someterse a un
menor de edad, que el testimonio sea prestado mediante “video conferencia”, que garantiza la
interrelación de todas las partes, sin necesidad de la presencia física de la víctima en el Tribunal
y frente a personas extrañas, que suele resultar atemorizante para el niño14.
Mucho se ha expresado
ya acerca de las
dilaciones en este tipo
de procesos, en los que
finalmente se corre el
riesgo de que la
víctima, ante el
contrariedades y
presiones que se
originan, concluya
retractándose de sus
dichos para solucionar
cuanto antes el
conflicto, y así evitar
mayores sufrimientos.
El 8 de enero de 2004, mediante la ley 25.852 se aprobó sobre tablas, sin exposición de
motivos, una modificación legislativa al Código Procesal Penal de la Nación, mediante la introducción del art. 250 bis que prescribe que cuando se trate de víctimas de los delitos de lesiones
y contra la integridad sexual, que a la fecha cuando se requiera su comparecencia no hayan
cumplido los 16 años de edad, se seguirá el siguiente procedimiento:
12 KEMPE, Ruth S. y Henry C. KEMPE, Niños maltratados, Madrid, Morata, 1979.
13 Citado por Romina MONTELEONE, en “Abuso sexual infantil: La retractación de la víctima y sus consecuencias procesales”, en Serie Victimología 5, Córdoba, Argentina, Encuentro, 2008,
pág. 141 y ss.
14 Ibídem, pág.149.
“a) los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo especialista en niños y/o
adolescentes designado por el tribunal que ordene la medida, no pudiendo en ningún caso
ser interrogados en forma directa por dicho tribunal o las partes;
b) El acto se llevará a cabo en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la
edad y etapa evolutiva del menor;
c) En el plazo que el tribunal disponga, el profesional actuante elevará un informe detallado con
las conclusiones a las que arriban;
seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video
o cualquier otro medio técnico con que se cuente. En ese caso, previo a la iniciación del acto
el tribunal hará saber al profesional a cargo de la entrevista las inquietudes propuestas por
las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor.
Cuando se trate de actos de reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el tribunal no pudiendo en ningún caso estar presente el
imputado”.
¿Por qué razón frente
a un imputado que no
hubiere cumplido 18
años, no se tiene en
cuenta la existencia
del riesgo para su
salud psicofísica que
puede producirle el
hecho de comparecer
ante los estrados
judiciales?
En el artículo siguiente se especifica que “cuando se trate de víctimas previstas en el artículo 250 bis, que a la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido 16 años de edad
y no hubieren cumplido los 18 años, el tribunal previo a la recepción del testimonio, requerirá
informe de especialista acerca de la existencia de riesgo para la salud psicofísica del menor en
caso de comparecer ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 250 bis”.
Anunciamos más arriba que trataríamos algunos aspectos que contiene esta disposición.
En tal sentido, reiteramos que los jóvenes imputados por la comisión de un hecho delictivo son
también víctimas del sistema penal, si bien las víctimas a las que nos estamos refiriendo son
menores de edad penal, lo es hasta los 21 años, los imputados o procesados pueden también ser
menores de edad, caso en el cual no se justifica que existan diferencias jurídicas entre unos y
otros dentro de un mismo cuerpo normativo.
¿Por qué razón frente a un imputado que no hubiere cumplido 18 años, no se tiene en
cuenta la existencia del riesgo para su salud psicofísica que puede producirle el hecho de comparecer ante los estrados judiciales? ¿Cuál es la fundamentación jurídica que justifica el trato
diferenciado ante dos menores de la misma edad? ¿Acaso no existe la posibilidad de victimizar
o re-victimizar a un inocente? ¿Se olvida que la presunción de inocencia ampara al imputado,
mientras no se demuestre en juicio su culpabilidad?
Desde sus orígenes, las formas de producción de pruebas introducidas por el art. 250 bis
del CPPN han sido fuertemente cuestionadas, y con frecuencia en la actualidad la disposición
enunciada sea atacada de inconstitucional.
Es discutible por lo menos con argumentos fundamentados desde el derecho penal, y
defendida con iguales argumentos desde el derecho victimal. Constituyen puntos de vista controvertidos, toda vez que el vértice de observación es opuesto; es decir, ambos son válidos, ocurre que dentro de un proceso penal, donde generalmente se utilizan estas prácticas, y en presencia de un conflicto sexual, se convierte en una prueba decisiva, pero endeble e imprecisa.
Se trata de una disposición atípica dentro del sistema penal y procesal penal, y sus principios generales atentan contra el debido proceso y el resguardo de garantías constitucionales
propias de los Estados republicanos de derecho.
Primeramente se aleja del principio de inmediatez; el juez delega en un profesional la
carga de la prueba que le será de difícil control, y de esta manera pasará a ser vinculante la opinión de un tercero para su resolución. La víctima (o el testigo en determinados casos) será interrogada en forma inusual, desconocida o desacostumbrada para ella, y sin que se le informe el
motivo por el que se le solicita los