Source: https://www.scribd.com/document/205204293/Accion-de-Inconstitucionalidad
Timestamp: 2019-01-18 21:10:03
Document Index: 313412508

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Uploaded by Julio Duron Roque
SENTENCIA dictada por el Tribunal Pleno en la Acción de Inconstitucionalidad 26/2012, promovida por la Procuradora General de la República, así como los Votos Particular y Concurrente formulados por los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Sergio A. Valls Hernández, respectivamente. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Secretaría General de Acuerdos.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2012 ACTORA: PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA MINISTRO PONENTE: LUIS MARÍA AGUILAR MORALES SECRETARIOS DE ESTUDIO Y CUENTA: FRANCISCO MIGONI GOSLINGA y RAFAEL COELLO CETINA
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la sesión de veintiuno de mayo de dos mil trece. VISTOS; Y, RESULTANDO: 1. PRIMERO. Por escrito presentado el dos de marzo de dos mil doce, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Procuradora General de la República promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del artículo 161, primer párrafo, del Código Penal para el Estado de Colima. 2. SEGUNDO. Mediante proveído de cinco de marzo de dos mil doce, el Presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente y lo turnó al Ministro Luis María Aguilar Morales quien, en su carácter de instructor, por auto del día siguiente admitió la acción de inconstitucionalidad y requirió a los titulares de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la referida entidad federativa para que rindieran sus informes respectivos. 3. TERCERO. En acuerdo de once de abril de dos mil doce, el Ministro Instructor tuvo a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Colima rindiendo los informes que les fueron solicitados. En el mismo proveído, puso los autos a la vista de las partes para que formularan los alegatos que a sus intereses conviniesen. 4. CUARTO. Mediante auto de veintisiete de abril de dos mil doce, se tuvo a la Procuradora General de la República formulando alegatos. Finalmente, en proveído de quince de mayo de dos mil doce se cerró la instrucción. CONSIDERANDO: 5. PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre un artículo del Código Penal para el Estado de Colima y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 6. SEGUNDO. La demanda de acción de inconstitucionalidad se presentó oportunamente. 7. El Decreto 460 mediante el cual se reformó el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima se publicó en el Periódico Oficial del Estado de cuatro de febrero de dos mil doce. Siendo así, el plazo de treinta días naturales previsto en el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia para promover la acción de inconstitucionalidad transcurrió del cinco de febrero al cinco de marzo del citado año. Luego, si la demanda se exhibió ante este Alto Tribunal el dos de marzo de dos mil doce, es inconcuso que se hizo oportunamente. 8. TERCERO. La Procuradora General de la República está legitimada para promover la acción de inconstitucionalidad. 9. El artículo 105, fracción II, inciso c), de la Constitución General dispone: "ARTÍCULO 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señala la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
la ley que carezca de tales requisitos de certeza. . términos y plazos. primer párrafo. 1. En el caso. recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. le será impuesta una pena de seis a doce años y multa de cuatrocientas a novecientas unidades. precisos y exactos." 13. La interpretación del tercer párrafo del artículo 14 constitucional. reparación del daño. no se circunscribe a los meros actos de aplicación. ofrezca. por: (. así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano. en contra de leyes de carácter federal. decomiso. condiciones.)" 10. dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma. Al respecto. precisos y exactos tanto en la descripción de las conductas típicas como en las penas que deben imponerse a quienes incurran en la comisión del delito. A quién (sic) promueva. el hecho de que en el primer párrafo del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima se establezca dicho referente sin que se aluda a una pena concreta. la pena de prisión no es la única que puede medirse mediante un referente temporal. Por tanto. la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud.. VIOLACIÓN AL DERECHO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. El artículo 161.. 11. El artículo 14 de la Constitución General establece el derecho de exacta aplicación de la ley penal el cual no se circunscribe únicamente a los actos de aplicación sino que abarca a la propia ley penal. a una situación de vulnerabilidad. Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse. después de hacer una descripción normativa del delito de trata de personas. Esta omisión resulta trascendente. la que debe estar redactada de tal forma. precisos y exactos. por lo que es claro que está legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad. implica que se genera inseguridad jurídica. pues conforme al artículo 25 del propio código penal las penas que pueden imponerse a las personas físicas responsables de un delito consisten en prisión. cuando ello sea necesario para evitar confusiones en su aplicación o demérito en la defensa del procesado. los trabajos o servicios forzados.(. facilite.. al fraude. multa. características." 14. la servidumbre o la extracción de órganos.) II. Como se ve. solicite. sino que abarca también a la propia ley que se aplica. la cual podrá consistir en la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. incluyendo todos sus elementos. resulta violatoria de la garantía indicada prevista en el artículo 14 de la Constitución General de la República. al abuso de poder. De la disposición transcrita se aprecia que el legislador local. al prever las penas y describir las conductas que señalen como típicas. GARANTÍA DE. al rapto. de manera que ésta debe redactarse en términos claros. inhabilitación de derechos o funciones. o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. la funcionaria de que se trata (que exhibió copia certificada del documento en el que consta que el titular del Ejecutivo Federal le expidió el nombramiento correspondiente) está facultada para promover acción de inconstitucionalidad en contra de leyes estatales. que prevé como garantía la exacta aplicación de la ley en materia penal. es ilustrativa la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dice: "EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY EN MATERIA PENAL. estatal y del Distrito Federal. sin hacer referencia de manera precisa y exacta a la pena que corresponde. En consecuencia. CUARTO. prohibición de ir a una circunscripción territorial determinada o de residir en ella.. (. establece que se impondrá una "pena de seis a doce años". del Código Penal para el Estado de Colima dispone (se subrayará la porción normativa que se considera inconstitucional): "Artículo 161. SU CONTENIDO Y ALCANCE ABARCA TAMBIÉN A LA LEY MISMA. controvierte la constitucionalidad de una disposición contenida en el Código Penal para el Estado de Colima. traslade. publicación de sentencia. La autoridad legislativa no puede sustraerse al deber de consignar en las leyes penales que expida. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución. expresiones y conceptos claros.) c) El Procurador General de la República.. Así. amonestación y trabajo en favor de la comunidad. La Procuradora General de la República formuló los conceptos de invalidez que a continuación se sintetizan: 12. consiga.. que los términos mediante los cuales especifique los elementos respectivos sean claros. entregue o reciba a una persona para sí o para un tercero. al engaño.
incurrió en la omisión de no señalar que la pena que debe imponerse es la de prisión. la naturaleza de la pena por la comisión del delito. manifestó lo siguiente: 20. SÉPTIMO. solicite. primer párrafo. 2. no aludió de manera expresa a la improcedencia del juicio. implica que tal precepto no puede aplicarse en un caso concreto dado que se desconoce a cuál de las penas establecidas en el artículo 25 del citado ordenamiento legal se refiere la locución "pena de seis a doce años". De acuerdo con lo expuesto en el párrafo precedente. del Código Penal para dicha entidad federativa porque tales actos deben hacerse conforme al artículo 58 de la Constitución local. Tratándose de actos legislativos el referido principio determina que las normas deben emitirse por el órgano legislativo constitucionalmente facultado para ello y que tales normas deben referirse a resoluciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. este punto en particular. lo que se corrobora con la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "FALSEDAD DE DECLARACIÓN RENDIDA ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA JUDICIAL. es claro que el precepto legal impugnado es contrario al derecho de exacta aplicación de la ley penal." 26. corresponde a prisión. ya sea sexual. Agrega la autoridad demandada que tan no fue materia de reforma la pena de que se trata que el primer párrafo del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima antes de la reforma de cuatro de febrero de dos mil doce disponía: "Artículo 161.15. PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DIEZ DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO. FRACCIÓN I. VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. del Código Penal para el Estado de Colima no establezca de forma clara y precisa la pena que debe imponerse a quien cometa el delito de trata de personas. ofrezca. pues ese tipo de normas no pueden existir en los ordenamientos legales. al reformar el artículo 161 del Código Penal para dicha entidad federativa. 19. al rendir el informe que le fue solicitado. Como consecuencia de lo anterior también se infringe el artículo 133 constitucional conforme al cual toda norma debe ajustarse a la Constitución. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LEGALIDAD. no se ocupó de la pena sino únicamente de la porción normativa que decía "fuera del territorio nacional" en la medida en que con ella se invadía la esfera competencial de la autoridad federal. expuso que el decreto mediante el cual se reformó el artículo 161. 23. QUINTO. a través del Secretario General de Gobierno. lo que implica que se extralimitó en sus funciones. SEXTO. A quien promueva. 25. facilite. Luego. consiga. El Poder Ejecutivo del Estado de Colima. no fue motivo de análisis en la reforma que la promovente toma como sustento para promover la acción de inconstitucionalidad que nos ocupa. El Poder Legislativo del Estado de Colima. Es procedente la acción de inconstitucionalidad. En este sentido. En efecto.. la reforma al citado precepto del Código Penal local se debió a que con el texto anterior se invadía la esfera de competencia de la federación en tanto que establecía que el delito de trata de personas podía cometerse fuera del territorio nacional. esto es. Aunado a lo anterior." 17. entregue o reciba. o para que le sean extirpados . trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva. El primer párrafo del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima es contrario al principio de legalidad conforme al cual todo acto de autoridad debe ser dictado por una autoridad competente que funde y motive la causa legal del proceso. 16. pues esto último no fue materia de análisis. lo que motivó la reforma fue dicha cuestión competencial y no los años de pena que procede imponer. En el caso se infringe el citado principio de legalidad porque el Congreso del Estado de Colima emitió una norma incompleta o inacabada. QUE ESTABLECE LA SANCIÓN APLICABLE A DICHO DELITO. primer párrafo. 24. publicado en el Periódico Oficial del Estado de cuatro de febrero de dos mil doce. 21. primer párrafo. rindió informe en el que expresó lo siguiente: 22. DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMÚN Y PARA TODA LA REPÚBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL. al rendir su informe. traslade. El titular del Poder Ejecutivo promulgó y ordenó que se publicara el decreto por el que se reformó el artículo 161. se adoptarán las medidas legislativas conducentes. el motivo de la reforma se constriñó exclusivamente a suprimir la citada porción normativa. Por otra parte. el hecho de que el artículo 161. para sí o para un tercero. El Poder Ejecutivo del Estado de Colima.. una vez que se resuelva la presente acción de inconstitucionalidad. EL ARTÍCULO 247. en el referido informe se expresó lo siguiente: "(. Los conceptos de invalidez son fundados toda vez que el Congreso del Estado de Colima. sin embargo.) si bien es cierto el precepto impugnado no señala expresamente que la pena de seis a doce años. No obstante. 18. a una persona para someterla a cualquier forma de explotación. del Código Penal de dicha entidad federativa.
la pretensión del Poder Ejecutivo es que se decrete el sobreseimiento en la presente controversia constitucional con motivo de que considera que la porción normativa que establece la temporalidad de la pena y que es la que se "toma como sustento para promover la acción de inconstitucionalidad". De aquí. se advierte la existencia de un vicio de inconstitucionalidad que lo nulifica en su totalidad. Incluso. En el orden de ideas expuesto. 32. Sobre el particular. Novena Época. la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla. El artículo 105. dado que la porción normativa impugnada está contenida en un precepto legal que fue reformado y que. es claro que su impugnación es jurídicamente procedente a través de la acción de inconstitucionalidad. se le impondrá pena de seis a doce años y multa de cuatrocientas a novecientas unidades. QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. En congruencia con lo anterior. en cumplimiento a lo previsto en el referido artículo 71. lo cual corrobora que para efectos de la procedencia de esta acción de inconstitucionalidad se está en presencia de un nuevo acto legislativo. Como se ve. puede ser impugnado a través de la acción de inconstitucionalidad.pueda ser impugnado mediante la acción de inconstitucionalidad. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P. Dado que no se plantearon causas de improcedencia diversas a la antes analizada. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. del análisis del marco constitucional que rige la materia en la que incide el acto legislativo impugnado. Se dice que esta es su pretensión porque con sus manifestaciones da a entender que únicamente puede cuestionarse la constitucionalidad de la porción normativa que fue objeto de modificación y no el resto del precepto legal. en el presente asunto. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. a mayor abundamiento. YA QUE SE TRATA DE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO. AUN CUANDO SE REPRODUZCA ÍNTEGRAMENTE LA DISPOSICIÓN ANTERIOR." 27. al ser un acto legislativo distinto al anterior. En consecuencia. en consecuencia. 6/2003. del Tomo XIX. es aplicable en lo conducente y por analogía la tesis jurisprudencial de este Pleno que lleva por rubro y datos de identificación: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL. la reforma o adición a una disposición general constituye un acto legislativo en el que se observa el mismo procedimiento e idénticas formalidades a las que le dieron nacimiento a aquélla." 29. 28. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO. de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. y sólo en caso de que . sin que sea obstáculo que reproduzca íntegramente lo dispuesto con anterioridad. 31. dentro o fuera del territorio nacional. la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio de que en términos del principio de autoridad formal de la ley o de congelación de rango. Al respecto. 30. fracción II. el nuevo texto de la norma general. Asimismo.cualquiera de sus órganos. Tomo XVII. al dictar una sentencia en este medio de control de la constitucionalidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe suplir los conceptos de invalidez planteados en la demanda y fundar su declaración de inconstitucionalidad en la violación de cualquier precepto constitucional invocado o no en el escrito inicial. OCTAVO. resulta relevante precisar que en el decreto impugnado también se modifica el tipo penal respectivo al suprimir la referencia al ámbito espacial en el cual se cometa la conducta delictiva. sostuvo que en acción de inconstitucionalidad en materia electoral debe privilegiarse el análisis de los conceptos de invalidez referidos al fondo de las normas generales impugnadas. correspondiente al mes de mayo de dos mil cuatro. marzo de 2003. PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA. que el nuevo texto de la norma -al ser producto de un acto legislativo distinto al anterior tanto formal como materialmente. es producto de un ejercicio legislativo nuevo. LA REFORMA O ADICIÓN A UNA NORMA GENERAL AUTORIZA SU IMPUGNACIÓN A TRAVÉS DE ESTE MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. formal y materialmente. resulta aplicable la jurisprudencia con número de registro 181625. sustentada por este Tribunal Pleno. no fue materia del decreto de reforma publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima de cuatro de febrero de dos mil doce. señala que la acción de inconstitucionalidad es el medio de control a través del cual podrá plantearse la no conformidad de una ley o tratado internacional con la Constitución Federal. página 915. tejidos o sus componentes. lo que procede es estudiar el fondo del asunto./J. debe decirse que este Alto Tribunal ha sustentado el criterio relativo a que en términos del principio de autoridad formal de la ley. ni este cuerpo colegiado advierte que pueda actualizarse alguna. Resulta innecesario pronunciarse sobre los conceptos de invalidez planteados en la demanda de la que deriva la presente acción de inconstitucionalidad ya que en términos de lo previsto en el artículo 71 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto. visible en la página 1155.
Como se anunció. Sin embargo. cuestión que resulta contraria al artículo 73. a su vez. por ejemplo. de resultar fundadas. modifican y adicionan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Colima. facilite. fracción XXI. siendo.'" 35.F. a una situación de vulnerabilidad. se le impondrán de dos a seis años de prisión y multa de quinientas a mil quinientas unidades. Para arribar a la conclusión anunciada debe tomarse en cuenta que en la presente acción de inconstitucionalidad se impugna el Decreto 460 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima de cuatro de febrero de dos mil doce.) TRANSITORIO: ÚNICO. tejidos o sus componentes.. le será impuesta una pena de seis a doce años y multa de cuatrocientas a novecientas unidades. por el que se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima y cuyo texto es el siguiente: "DECRETO No. entregue o reciba. La misma pena se impondrá a quien consienta dar en adopción y a quien acepte la adopción hecha . A quien promueva. y su Gaceta. para sí o para un tercero. en suplencia de los conceptos de invalidez este Tribunal Pleno advierte que el acto legislativo impugnado tuvo como finalidad modificar el tipo penal del delito de trata de personas. consiga. trabajos o servicios impuestos de manera coercitiva. al rapto. para quedar como sigue: Artículo 161. la cual podrá consistir en la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual. cuando se hagan valer violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a la norma general impugnada.J. ARTÍCULO ÚNICO. publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de dicha entidad federativa de tres de mayo de dos mil ocho. o para que le sean extirpados cualquiera de sus órganos. Diciembre de 2007.resulten infundados deben analizarse aquellos en los que se aduzcan violaciones en el desarrollo del procedimiento legislativo originó a la norma general impugnada. del cual destacan sus artículos 161 y 161 bis. es importante tomar en cuenta que dicho acto legislativo tuvo como finalidad modificar el artículo 161 del citado Código Penal cuyo texto se incorporó con motivo del Decreto Número 294 por el que se reforman. Pág. solicite. innecesario ocuparse de los vicios de fondo de la ley impugnada que. ofrezca. entregue o reciba a una persona para sí o para un tercero. A quién (sic) promueva. Al que gestione para que una persona que ejerza la patria potestad o la tutela sobre una de las personas referenciadas en el segundo párrafo del artículo anterior y preste su consentimiento para su adopción. hagan valer los promoventes (9a. se le impondrá pena de seis a doce años y multa de cuatrocientas a novecientas unidades. y no requerirá acreditación de los hechos comisivos. (. S. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial El Estado de Colima. al engaño. al abuso de poder. en los cuales se estableció: "Artículo 161. una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de la jurisprudencia citada para establecer que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto. traslade. Tomo XXVI.. se le impondrá prisión de diez a veinte años y de mil a dos mil quinientos días de multa. solicite. Se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima. consiga. recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. por tanto. traslade. la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. Época. al trastocar valores democráticos que deben privilegiarse en nuestro sistema constitucional. Si el sujeto pasivo es persona menor de dieciocho años o no tiene capacidad para comprender el significado del hecho o no se pueda resistir a éste. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tratarse de una materia respecto de la cual únicamente puede legislar el Congreso de la Unión. sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados internacionales de los que México sea parte. facilite. la servidumbre o la extracción de órganos. al fraude." "Artículo 161 bis. ofrezca. o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. su efecto de invalidación será total. a una persona para someterla a cualquier forma de explotación. lo que conlleva a declarar la invalidez de la totalidad del citado precepto. 460. dentro o fuera del territorio nacional. 34. 33. Además. los trabajos o servicios forzados. Pleno. ya sea sexual. ya que. éstas deberán analizarse en primer término. 776).
manteniendo. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. los tipos y penas en materia de trata de personas. el Distrito Federal. se privó a los Estados de la atribución con la que anteriormente contaban. SEGUNDO. investigar y castigar el referido delito conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 constitucional antes citado. en términos del artículo 124 constitucional. los tipos penales de trata de personas. fracción XXI. El Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General para la Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. en virtud de la cual se modificó la fracción XXI del artículo 73 constitucional para reservar al Congreso de la Unión la potestad normativa punitiva en materia del delito de secuestro. en el Congreso de la Unión. es el siguiente: "Artículo 73. en tanto que por su materia de regulación se traduce en un acto legislativo emitido por una autoridad incompetente dado que a la fecha de su emisión la facultad para legislar respecto del delito de trata de personas se encontraba reservada al Congreso de la Unión. que establezcan. Por tanto.. en lo conducente. Como se advierte. (. Cabe señalar que en los mismos términos se pronunció este Tribunal Pleno en sesión del trece de mayo de dos mil trece.) XXI.. 37. Ante ello. respecto de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de mayo de dos mil nueve. . El Congreso tiene facultad: (. ya que desde el quince de julio de dos mil once dicha facultad quedó depositada.) TRANSITORIOS PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. En este orden de ideas resulta indiscutible que mediante el Decreto impugnado emitido el cuatro de febrero de dos mil doce. este Tribunal Pleno advierte que el referido acto legislativo implica una violación a lo establecido en los artículos 16 y 73. Como consecuencia de la entrada en vigor de la referida reforma constitucional se modificó la distribución de la potestad normativa punitiva respecto del delito de trata de personas. los tipos penales y sus sanciones. 42. en virtud del cual a partir de su entrada en vigor el citado órgano legislativo federal ya contaba con la atribución necesaria para emitir la legislación respectiva. los Estados y los Municipios. el cual entró en vigor al día siguiente. la distribución de competencias y la forma de coordinación entre la Federación. así como legislar en materia de delincuencia organizada. la competencia para legislar en materia de tipos penales y sanciones aplicables al delito de trata de personas se reservó al Congreso de la Unión. En efecto. al conocer de la acción de inconstitucionalidad 56/2012. 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de julio de dos mil once. en exclusiva." 40. como mínimo. 39. presentada por la Ponencia del señor Ministro Valls Hernández." 36. en virtud del Decreto por el que se reformaron los artículos 19.en los términos antes indicados. facultades para prevenir. el acto legislativo impugnado en esta acción de inconstitucionalidad tuvo como finalidad modificar el tipo penal aplicable al delito de trata de personas establecido en el párrafo primero del artículo 161 del respectivo Código Penal. expedir leyes generales en materia de secuestro y trata de personas. 38. mediante una ley general.. La tentativa de delito de trata de persona se sancionará con pena de prisión de acuerdo a la regla general prevista para tales efectos. El texto de dicho Decreto. para legislar en materia del delito de trata de personas. sin embargo. lo que se corrobora por lo previsto implícitamente en el artículo segundo transitorio del referido Decreto. debe estimarse que al facultarse constitucionalmente al Congreso de la Unión para establecer. la cual debería contener. 41.. entre otros aspectos. el Congreso del Estado de Colima legisló sobre tipos penales en materia del delito de trata de personas. Para establecer los delitos y las faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse. en un plazo no mayor a los 180 días siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto.
44 y 45 de esta ley.. en relación con los diversos 41. los órganos obligados a cumplirla. debe considerarse que continúa estando en vigor. seguirán aplicándose por los hechos realizados durante su vigencia.)" "Artículo 45. lo cierto es que ello no obsta para reconocer que la legislación local que se hubiese expedido con anterioridad a esa fecha en dicha materia podría seguirse aplicando durante el periodo en el que no entrara en vigor la ley general correspondiente. Esto es así. Por lo expuesto. El efecto de la invalidez total del Decreto 460 emitido por la Legislatura del Estado de Colima. ya que se refiere a una materia cuya regulación se encuentra reservada en forma exclusiva al Congreso de la Unión. Así mismo. Una vez expresadas las razones que llevan a este Alto Tribunal a declarar la invalidez del Decreto impugnado en esta acción de inconstitucionalidad." 45. Ahora bien. es inconcuso que no se reformó el citado precepto legal de manera que permanece vigente en los términos en que se incorporó al referido código punitivo con motivo del Decreto Número 294 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de dicha entidad federativa de tres de mayo de dos mil ocho. NOVENO. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 46. se impone fijar los efectos de la referida declaración de invalidez. fracción XXI. dichos preceptos seguirán aplicándose a las personas procesadas o sentenciadas por los delitos previstos y sancionados por los mismos artículos. Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos que dispone: "Décimo Primero. con independencia de los vicios de inconstitucionalidad aducidos en la demanda de la que deriva este asunto. se juzgarían de conformidad con las normas contenidas en los códigos penales locales. porque al invalidarse el mencionado decreto por la cuestión de incompetencia explicada. trasciende a los efectos derogatorios que le son propios.) IV. es inconcuso que el artículo 161 del Código Penal para el Estado de . El aserto contenido en el párrafo anterior se corrobora con lo que dispone el artículo Décimo Primer Transitorio de la Ley General para Prevenir. Las sentencias deberán contener: (. 47. y 45." "Artículo 73. en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia. De la disposición transitoria transcrita se desprende que los delitos de trata de personas que se hubiesen cometido antes de que la citada ley general entrara en vigor.Las disposiciones relativas a los delitos a que se refiere esta Ley previstas tanto en el Código Penal Federal como en los Códigos Penales locales vigentes hasta la entrada en vigor de la presente Ley. como quedó apuntado.43. 49. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41.." 48. sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada. En congruencia con lo anterior. en consecuencia. La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos. de la Constitución General de la República. (. al resultar violatorio de lo previsto en los artículos 16 y 73. aun cuando con motivo de la mencionada reforma constitucional de catorce de julio de dos mil once los Estados de la República dejaron de tener competencia para legislar respecto del tipo penal del delito de trata de personas. tomando en cuenta lo previsto en los artículos 73. salvo en materia penal.. lo cierto es que ello no obsta para reconocer que la legislación local que se hubiese expedido con anterioridad a esa fecha en dicha materia podría seguirse aplicando durante el periodo en el que no entrara en vigor la ley general correspondiente.. lo que implica que el artículo 161 del Código Penal para dicha entidad federativa no fue reformado y. 44. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general. Los citados numerales establecen: "Artículo 41. las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. 43. se impone declarar la invalidez del Decreto 460 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima de cuatro de febrero de dos mil doce. Los alcances y efectos de la sentencia. en su caso. fijando con precisión. fracción IV. publicado el cuatro de febrero de dos mil doce. por el que se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima.. todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante tener presente que aun cuando con motivo de la mencionada reforma constitucional de catorce de julio de dos mil once los Estados de la República dejaron de tener competencia para legislar respecto del tipo penal del delito de trata de personas.
. para efectos exclusivamente ilustrativos." 53. la reposición del procedimiento que se dicte para seguir el juicio respectivo conforme a la legislación previamente vigente no dará lugar a que los inculpados recuperen su libertad personal. debe continuar vigente para todos los efectos legales hasta el catorce de junio de dos mil doce. Así. por incompetencia por razón de fuero del Juez que lo dictó. de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "AMPARO CONTRA UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN. conviene precisar que el principio contenido en el criterio antes citado ha sido incorporado por el legislador en el párrafo tercero del artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. es decir. además de que deben tenerse en cuenta los derechos fundamentales de las víctimas. valorando los elementos de prueba que obran en los autos al tenor del marco jurídico nacional e internacional que regula al fuero competente. la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos. resulta necesario pronunciarse sobre los efectos que la declaración de invalidez contenida en esta sentencia tienen en relación con las atribuciones que hayan ejercido las autoridades competentes que aplicaron el decreto impugnado.. Este aserto encuentra apoyo en la tesis con número de registro 2002966. salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos.. dado que las declaraciones de invalidez contenidas en este fallo se refieren a disposiciones generales aplicables en materia penal. en los que se aplicó la ley emitida por autoridad incompetente. en una misma resolución dejará insubsistente tanto el auto de término constitucional dictado por el incompetente como las actuaciones posteriores y resolverá con plenitud de jurisdicción la situación jurídica de aquél.) En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves. Tomo 1. Ante ello. Incluso. aunado a que en la fracción IV del artículo 41 de ese ordenamiento se establece que la Suprema Corte debe fijar los órganos obligados a cumplir con una sentencia dictada en una acción de inconstitucionalidad y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia. el Juez incompetente deba remitir inmediatamente los autos al competente quien. sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión. correspondiente al mes de marzo de dos mil trece. dichas declaraciones tendrán efectos retroactivos conforme a los principios y disposiciones legales aplicables en la materia penal. resulta relevante precisar que en virtud de la naturaleza del vicio que afecta los procesos penales pendientes de concluir. no implica que el procesado recupere su libertad sino que. SU CONCESIÓN POR LA INCOMPETENCIA POR RAZÓN DE FUERO DEL JUZGADOR QUE LO DICTÓ NO TIENE COMO EFECTO QUE EL PROCESADO RECUPERE SU LIBERTAD. el día anterior a aquel en que entró en vigor la Ley General para Prevenir. 52. el cual señala: "Artículo 77. que se incorporó mediante el referido Decreto Legislativo 294 publicado en el medio de divulgación oficial de la entidad de tres de mayo de dos mil ocho. dentro del plazo que fija el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. del Libro XVIII. toda vez que el artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima publicado el tres de mayo de dos mil ocho debe continuar vigente para todos los efectos legales hasta el catorce de junio de dos mil doce (día anterior a aquel en que entró en vigor la referida ley general). 51. Sentado lo anterior. Los efectos de la concesión del amparo serán: (. en su carácter de autoridad responsable sustituta. lo procedente es que los juzgadores que hubiesen aplicado el citado precepto reformado mediante el decreto que se impugnó en esta acción de inconstitucionalidad (Decreto Legislativo 460. ya que el vicio advertido no derivará de un juzgamiento sobre la imposibilidad de que se ejerza la potestad punitiva del Estado ni sobre la inexistencia del cuerpo del delito o la ausencia de responsabilidad del inculpado. debe tomarse en cuenta que en términos de lo previsto en el párrafo segundo del artículo 45 de la ley reglamentaria que rige este medio de control constitucional. El hecho de que la sentencia de amparo declare inconstitucional un auto de formal prisión. ordenen la reposición del procedimiento a efecto de que se dicte un nuevo auto de término constitucional a la luz del citado precepto vigente antes de la referida reforma. Sobre el particular. al ser éste un vicio que no desvirtúa los elementos considerados para dictar dicho acto y tomando en cuenta los derechos fundamentales de las víctimas. 50.Colima. publicado en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional de dicha entidad federativa de cuatro de febrero de dos mil doce).
Libro XVIII. para que analice los elementos que determinaron la configuración del ilícito de acuerdo a su tipificación abrogada frente a la legislación vigente y decida si éstos se mantienen o no y. Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: En relación con el pronunciamiento de procedencia a que se refiere el resolutivo Primero: . posteriormente se promulga una nueva que prevé una pena menor para el mismo delito. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el cuatro de febrero de dos mil doce.. esto es. CONSTITUYEN UN DERECHO DEL GOBERNADO PROTEGIDO CONSTITUCIONALMENTE.).(. aquél tiene el derecho protegido constitucionalmente a que se le aplique retroactivamente la nueva ley y. Esto es así. en lo conducente. a los Juzgados de Distrito que ejercen su jurisdicción en el referido Circuito y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. para que ésta determine si la conducta estimada como delictiva conforme a la legislación punitiva vigente en la fecha de su comisión continúa siéndolo en términos del nuevo ordenamiento. Es aplicable. en su caso. debe precisarse que los sentenciados podrán valorar la posibilidad de promover el incidente de traslación del tipo y adecuación de la pena tomando en cuenta que tal adecuación constituye un derecho protegido constitucionalmente. a partir de ese momento. a los Juzgados de Distrito que ejercen su jurisdicción en el referido Circuito y a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Colima. a los Tribunales Colegiado y Unitario del Trigésimo Segundo Circuito.. archívese el expediente. se resuelve: PRIMERO. Notifíquese por medio de oficio a las partes así como al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima. en el Periódico Oficial del Estado de Colima y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. que puede ejercer ante la autoridad correspondiente en vía incidental. Penal. en la inteligencia de que para el eficaz cumplimiento de esta sentencia también deberá notificarse al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Colima y a los Tribunales Colegiado y Unitario del Trigésimo Segundo Circuito. TERCERO. cabe agregar que en cuanto a los procesos penales seguidos por el delito de trata de personas regulado en el precepto cuya invalidez se declaró con efectos retroactivos. por lo que si cometió un delito bajo la vigencia de una ley sustantiva con base en la cual se le sentenció y. la tesis jurisprudencial que lleva por rubro y datos de identificación: "TRASLACIÓN DEL TIPO Y ADECUACIÓN DE LA PENA. la traslación del tipo y la adecuación de la pena constituyen un derecho de todo gobernado. (Décima Época. Instancia: Primera Sala. el orden social pueda alterarse con un acto anteriormente considerado como delictivo. Jurisprudencia. en los que se haya dictado sentencia que ya causó ejecutoria. las consecuencias de este fallo se actualizarán a partir de la notificación de sus puntos resolutivos al Congreso del Estado. Se declara la invalidez del Decreto 460. Registro: 159862. Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República. Por lo expuesto y fundado. Ahora bien. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación. en la inteligencia de que dicha declaración surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de esa entidad federativa. Tomo 1. En el mismo orden de ideas. Marzo de 2013. Tesis: 1a. Página: 413)" 55. por el que se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima. El primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. en ejercicio de la atribución conferida en el párrafo primero del artículo 45 de la ley reglamentaria de este medio de control de la constitucionalidad. a que se le reduzca la pena o se le ponga en libertad. porque si el legislador en un nuevo ordenamiento legal dispone que un determinado hecho ilícito merece sancionarse con una pena menor o que no hay motivos para suponer que. se advierte que otorga el derecho al gobernado de que se le aplique retroactivamente la ley penal cuando sea en su beneficio. para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia./J. 4/2013 (9a. Finalmente. Consecuentemente. por ende. aplicarle la sanción más favorable. es inválido que el poder público insista en exigir la ejecución de la sanción como se había impuesto por un hecho que ya no la amerita o que no la merece en tal proporción. SEGUNDO. de la interpretación a contrario sensu de tal precepto. Materia(s): Constitucional.)" 54. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. En su oportunidad. o el acto considerado por la ley anterior como delito deja de tener tal carácter o se modifican las circunstancias para su persecución.
consistente en declarar la invalidez del Decreto 460. Los señores Ministros Cossío Díaz. se aprobó la determinación contenida en el considerando octavo. con el Secretario General de Acuerdos. Silva Meza dejó a salvo el derecho de los señores Ministros para que formulen los votos que estimen pertinentes y declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.Rúbrica. Aguilar Morales. Franco González Salas. Se declara la invalidez del Decreto 460. La señora Ministra Luna Ramos votó en contra. Zaldívar Lelo de Larrea. Sánchez Cordero de García Villegas.El Secretario General de Acuerdos. Es procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República. en cuanto se resumen los conceptos de invalidez y se contienen las manifestaciones de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Colima. Franco González Salas. que la demanda se presentó oportunamente. al rendir sus respectivos informes. TERCERO. que establece la temporalidad de la pena. Sánchez Cordero de García Villegas. Valls Hernández. está contenida en un precepto legal que fue reformado y que. Aguilar Morales. Firman los Ministros Presidente y Ponente. en el Periódico Oficial del Estado de Colima y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.. Pardo Rebolledo. se aprobó la determinación contenida en el considerando noveno. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el cuatro de febrero de dos mil doce. Por mayoría de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena.Rúbrica. Sánchez Cordero de García Villegas.. El Señor Ministro Presidente Juan N. por el que se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el cuatro de febrero de dos mil doce. Valls Hernández. Pardo Rebolledo. por consideraciones diversas. párrafo primero. en consecuencia. y del cuatro al sexto. Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Luna Ramos. Pardo Rebolledo. dado que la porción normativa del artículo 161.. Valls Hernández. Sánchez Cordero de García Villegas y Presidente Silva Meza votaron en contra. para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. se aprobó la propuesta contenida en el considerando séptimo. Cossío Díaz. Esta foja corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 26/2012. concuerda . El Presidente. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación. es producto de un ejercicio legislativo nuevo. Luna Ramos. en el que se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima.. Cossío Díaz. CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de quince fojas útiles.. Zaldívar Lelo de Larrea. fallada el veintiuno de mayo de dos mil trece.El Ponente. SEGUNDO. Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. por el que se reforma el párrafo primero del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima. se aprobaron las determinaciones contenidas en los considerandos del primero al tercero consistentes en que el Tribunal Pleno es competente para conocer de la presente acción de inconstitucionalidad. Zaldívar Lelo de Larrea.Rúbrica. Zaldívar Lelo de Larrea. Franco González Salas. Zaldívar Lelo de Larrea. En relación con el punto resolutivo Tercero: Se aprobó por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena. en la que se resolvió: "PRIMERO. por estimar que debía declararse la invalidez de la porción normativa reformada por el Decreto 460 impugnado. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.Rúbrica. Aguilar Morales. Franco González Salas. Por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena. del Código Penal del Estado de Colima impugnado. Aguilar Morales. Sánchez Cordero de García Villegas. Silva Meza. Cossío Díaz. Luna Ramos. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el cuatro de febrero de dos mil doce. Valls Hernández y Pérez Dayán. Pérez Dayán y Presidente Silva Meza. Aguilar Morales.Por unanimidad de once votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena. promovida por la Procuraduría General de la República. consistente en declarar procedente la presente acción de inconstitucionalidad. En relación con el punto resolutivo Segundo: Por mayoría de diez votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena. Valls Hernández. en la inteligencia de que dicha declaración surtirá sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso de esa entidad federativa. Pardo Rebolledo. Cossío Díaz. Rafael Coello Cetina. que la Procuraduría General de la República está legitimada para promover la presente acción de inconstitucionalidad. que autoriza y da fe. EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA." Conste. Franco González Salas. Luna Ramos. relativa a los efectos de la declaración de invalidez del Decreto 460. Pardo Rebolledo. Juan N. Luis María Aguilar Morales. Pérez Dayán y Presidente Silva Meza.
la competencia para legislar en materia de tipos penales y sanciones aplicables al delito de trata de personas se reservó al Congreso de la Unión. al abuso de poder. investigar y castigar el referido delito conforme al régimen de concurrenci a de facultades previsto en la citada fracción XXI del artículo 73 constitucional. correspondiéndole a las entidades federativas. primer párrafo." Los conceptos de invalidez que se hicieron valer en la acción. ofrezca. consiga. en suplencia de los conceptos de invalidez. 20 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de julio de dos mil once. la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud. mediante el cual se había reformado el artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima. le será impuesta una pena de seis a doce años y multa de cuatrocientas a novecientas unidades. Se certifica para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.. en síntesis. que entró en vigor al día siguiente-. VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2012. recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción. el efecto de la sentencia consistiría en que se ordene la reposición de los procedimientos penales en los que se hubiese aplicado el decreto impugnado. que el Congreso de la Unión. en la que estableció los tipos y penas en la materia. la servidumbre o la extracción de órganos. misma que debería contener los tipos penales de trata de personas. resolvió esencialmente que conforme a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Federal. los trabajos o servicios forzados. fueron las siguientes: a) Por virtud del decreto por el que se reformaron los artículos 19. solicite. al rapto. a una situación de vulnerabilidad. Resolución del Tribunal Pleno. investigar y castigar el referido delito. dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 26/2012. el Congreso de la Unión ya contaba con atribuciones para emitir la legislación general correspondiente.fiel y exactamente con su original que corresponde a la sentencia del veintiuno de mayo de dos mil trece. Antecedentes. Tema: Efectos de la sentencia dictada en una acción de inconstitucionalidad en la que se haya invalidado una norma de naturaleza penal. promovida por la Procuradora General de la República. facilite. c) De este modo. a cinco de agosto de dos mil trece. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.México. por lo que desde el quince de julio de dos mil once. desarrolló está facultad al emitir la Ley General para Prevenir. Asimismo.. el Tribunal Pleno determinó que como consecuencia de la invalidez del decreto 460. por lo que el artículo 161 del Código Penal que se había expedido mediante el diverso "decreto 294" publicado en el Periódico Oficial de la entidad el tres de mayo de dos mil ocho -esto es.. el vigente anteriormente-. al engaño. y se precisó que los efectos de la invalidez trascendían a los efectos derogatorios de dicho decreto. II. entre otros aspectos. la legislación local que se hubiese expedido con anterioridad al catorce de julio de dos mil once. facultades para prevenir. conforme al régimen de concurrencia de facultades derivado de lo establecido en la fracción XXI del artículo 73 constitucional. Erradicar y Sancionar los Delitos en Materia de Trata de Persona y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos. a efecto de que se dicten nuevos autos de término . ya que no señalaba el tipo de pena al que se refería. no podía considerarse reformado y en consecuencia debía considerarse como vigente. I. únicamente facultades para prevenir.A quién promueva. corresponde de manera exclusiva a la Federación legislar en materia de trata de personas y. se modificó la distribución de la potestad normativa punitiva respecto del delito de trata de personas. desde la fecha de su emisión y hasta el catorce de junio de dos mil doce. o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. podría seguirse aplicando hasta en tanto entrara en vigor la ley general correspondiente. al fraude.. Así. manteniendo sin embargo. traslade. el Tribunal Pleno invalidó el decreto 460 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima el cuatro de febrero de dos mil doce. la cual podrá consistir en explotación sexual. en los siguientes términos: "Artículo 161. . Distrito Federal. esencialmente se referían a que la norma era inconstitucional porque violaba el derecho a la exacta aplicación de la ley penal y el derecho a la legalidad. d) No obstante el cambio generado por la reforma constitucional señalada. del Código Penal para el Estado de Colima que establecía el tipo penal previsto para el delito de trata de personas. Las razones que se dieron en la sentencia.. entregue o reciba a una persona para sí o para un tercero. b) Como consecuencia de la entrada en vigor de dicha reforma constitucional. se privó a los Estados de la República de la atribución que anteriormente tenían para legislar en materia del delito de trata de personas.Rúbrica. fecha en que se emitió por el Congreso de la Unión la Ley General en la materia. La Procuradora General de la República impugnó el artículo 161.
Marzo de 2003. promovida por la Procuradora General de la República. del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. y sólo en caso de que resulten infundados deben analizarse aquellos en los que se aduzcan violaciones en el desarrollo del procedimiento legislativo que originó a la norma general impugnada. se invalidó el artículo 161. como se refiere en el párrafo 32 de la sentencia. Tomo XVII. 138 -en la porción normativa correspondiente-. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P. cuando . ya que éstas son cuestiones concretas de aplicación de la norma. en suplencia de la queja1.Rúbrica. Aun cuando integré dicha mayoría. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de tres fojas útiles. debió extenderse a los artículos a los artículos 10 -en la porción normativa conducente-. la invalidez dictada respecto del primer párrafo del artículo 161 del Código Penal para el Estado de Colima. se aplica por analogía la tesis de jurisprudencia siguiente.México. precisándose expresamente que ésta reposición del procedimiento. permita llegar al extremo -tal como se hizo en la sentencia de mayoría. primer párrafo del Código Penal para el Estado de Colima-. por mayoría de votos.. dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 26/2012. El penúltimo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. no tendrán efectos retroactivos. pues esto es lo que dichos preceptos disponen. Distrito Federal. por referirse a la misma materia -trata de personas-. III. el Tribunal en Pleno. en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables en la materia. lo conducente era únicamente invalidar la norma impugnada. por lo que en aplicación de los preceptos señalados en el párrafo anterior. del Código Penal para el Estado de Colima (reformado mediante Decreto 460. y que aquí se reproduce en su integridad: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA ELECTORAL./J. que regulaba el delito de trata de personas en la entidad federativa. sin embargo no comparto los efectos que se fijaron en la sentencia. si bien se invalidó el decreto 460. una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de la jurisprudencia citada para establecer que la acción de inconstitucionalidad es un medio de control abstracto. advirtió un vicio de inconstitucionalidad que nulifica la ley impugnada en su totalidad. EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA. lo cierto es que éste contenía la norma que se impugnó artículo 161. así como el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 constitucional. Opinión. de manera abstracta.de fijar efectos concretos respecto de los procesos en los que se haya aplicado la norma invalidada. pudiendo retrotraer los efectos de la invalidez al momento de su publicación en el medio oficial correspondiente. declaró la invalidez de tal normativa. segundo párrafo y 161 bis del mismo ordenamiento legal. párrafo primero. formulé reservas respecto de la parte considerativa de la decisión de fondo. Se certifica para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. página 915. pues mediante una acción de inconstitucionalidad se analiza. Ministro José Ramón Cossío Díaz.. En el caso. Para apoyar tal decisión. sin entrar ya al examen de los argumentos de invalidez que había formulado la accionante (PGR).. EN LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 26/2012 En esta acción de inconstitucionalidad. salvo en materia penal. señalan coincidentemente que las declaraciones de invalidez en este tipo de asuntos. 6/2003. como es la falta de competencia del órgano legislativo local que la expidió y. VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL SEÑOR MINISTRO SERGIO A. LAS VIOLACIONES PROCESALES DEBEN EXAMINARSE PREVIAMENTE A LAS VIOLACIONES DE FONDO. concuerda fiel y exactamente con su original que corresponde al voto particular formulado por el señor Ministro José Ramón Cossío Díaz en la sentencia del veintiuno de mayo de dos mil trece. pues considero que no se debió señalar ningún tipo de efecto. PORQUE PUEDEN TENER UN EFECTO DE INVALIDACIÓN TOTAL SOBRE LA NORMA IMPUGNADA. Por esos motivos estoy en contra de los efectos que se fijaron en la sentencia de invalidez. a cinco de agosto de dos mil trece. QUE HAGA INNECESARIO EL ESTUDIO DE ÉSTAS. no daría lugar a que los inculpados recuperaran su libertad personal. pero de ningún modo puede considerarse que la aplicación de estos artículos. misma que era de naturaleza penal dado que establecía el tipo penal para el delito de trata de personas. Novena Época. VALLS HERNÁNDEZ. Sin embargo.Rúbrica. Finalmente estimo que de conformidad con la fracción IV. por consiguiente. Estoy de acuerdo con la resolución dictada en el fondo de la acción de inconstitucionalidad incompetencia de la legislatura local para legislar en la materia-. por lo siguiente: En el caso. publicado en el periódico oficial local de 4 febrero de 2012). 161. más que la invalidez lisa y llana de la norma impugnada. la constitucionalidad de la norma impugnada. concretamente por lo que señala en la parte subrayada en la propia ejecutoria.constitucional a la luz del artículo 161 vigente desde el tres de mayo de dos mil ocho y hasta el catorce de junio de dos mil doce. publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. respecto de la cual el legislador local era incompetente para legislar. sostuvo que en acción de inconstitucionalidad en materia electoral debe privilegiarse el análisis de los conceptos de invalidez referidos al fondo de las normas generales impugnadas. provocando una nulidad de la misma. que no son materia de análisis en este medio de control constitucional.
el propio tribunal en Pleno había dejado establecido en múltiples precedentes que las violaciones al procedimiento de creación de una norma general no siempre trascienden o afectan a su validez. Distrito Federal. tratándose de violaciones al procedimiento legislativo. en la sentencia del veintiuno de mayo de dos mil trece. pues. sí podría iniciarlo de nuevo conforme lo permita y regule el marco jurídico estatal. fracción XXI. siendo. al trastocar valores democráticos que deben privilegiarse en nuestro sistema constitucional.. concuerda fiel y exactamente con su original que corresponde al voto concurrente formulado por el señor Ministro A. Como ocurrió en el caso. esto porque. por ejemplo. en materia de trata de personas. la salvaguarda del orden constitucional. Ministro Sergio A. generaría la invalidez de la norma en su totalidad. . pues. por ejemplo la vulneración de principios democráticos. LA SUPLENCIA DE LOS CONCEPTOS DE INVALIDEZ OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA DE LOS MISMOS"2. Lo que. de resultar fundadas. Valls Hernández. el resultado sería la invalidez total de la norma general. en el que. a cinco de agosto de dos mil trece. para señalar ahora que. evidentemente es un aspecto de previo pronunciamiento. a su vez.Rúbrica. es más. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. si éstos fueran fundados por una razón de mayor entidad. y no sólo de alguna de sus disposiciones. Se certifica para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. si el tribunal advierte una violación constitucional.Rúbrica. podrá desarrollarla y apoyar la declaratoria de invalidez en la misma. ya que.México. CERTIFICA: Que esta fotocopia constante de tres fojas útiles. innecesario ocuparse de los vicios de fondo de la ley impugnada que. en el presente caso. el criterio jurisprudencial en cuestión atiende a un tema específico. En esa medida. la jurisprudencia alude al "efecto de invalidación total de una norma". como es la falta de competencia para expedirla. conforme a las razones contenidas en esta última jurisprudencia. Así pues. promovida por la Procuradora General de la República. de acuerdo al orden constitucional. lleva a invalidarla. lo conveniente hubiera sido que la acción de inconstitucionalidad 26/2012. inclusive ante la ausencia de un argumento de invalidez en ese sentido por parte de quien ejerció la acción de invalidez. a la luz de la tesis de jurisprudencia P. desarrollara el criterio específico sobre el estudio preferente de aquellos aspectos que conlleven la invalidez total de la norma. dada su incompetencia. se aparta del criterio plenario que existía al respecto. el Congreso local ni siquiera podría volver a emitirla. la Suprema Corte advirtió que. pues. necesariamente debió justificarse argumentativamente por qué." Disiento de tal aplicación analógica. se actualiza cuando el tribunal constitucional advierte que. corresponde su regulación al ámbito federal. era el caso analizarlo previamente. EL LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA. dictada por el Tribunal Pleno en la acción de inconstitucionalidad 26/2012. cuando planteen tanto violaciones al procedimiento legislativo del que deriva la ley impugnada como vicios sobre la parte sustantiva. éstas deberán analizarse en primer término. siempre que se presente un vicio del procedimiento legislativo que conculque un principio o bien constitucional esencial para la validez de la norma. y. por tanto. su efecto de invalidación será total. de hecho./J. la falta de competencia del órgano legislativo que hubiere expedido la norma general. constituye un vicio que. En ese sentido.se hagan valer violaciones al procedimiento legislativo que dio origen a la norma general impugnada. por disposición expresa del artículo 73. con ello se cumple la finalidad del medio de control constitucional. Por consiguiente. aun cuando no se hubiera formulado un planteamiento de invalidez sobre la falta de competencia para expedir la ley impugnada. mientras que. hagan valer los promoventes. 96/2006. bajo ese supuesto. desde su origen. pues.. lo procedente es examinar primero los vicios dentro del procedimiento legislativo. de rubro "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.. dado que. la norma general impugnada en el caso concreto se expidió por un órgano incompetente. como es el orden en que deben examinarse los conceptos de invalidez formulados en una acción de inconstitucionalidad electoral. sin duda. esto es. constitucional. de la que deriva este voto. Luego. aun cuando no la haya señalado el accionante. Valls Hernández.
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