Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-ap5618-2017-49883-de-agosto-30-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_bc6a6aec7afc4aa88bc24c1215744944&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-21 13:18:41
Document Index: 362385116

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 400', 'artículo 207', 'artículo 220', 'artículo 239', 'artículo 254', 'artículo 259', 'artículo 220', 'artículo 209', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 400', 'artículo 29', 'artículo 220', 'artículo 213', 'artículo 216']

﻿ AUTO AP5618-2017/49883 DE AGOSTO 30 DE 2017
AUTO AP5618-2017 DE 30 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:PRUEBA SOBREVINIENTE PUEDE SER APORTADA ÚNICAMENTE HASTA ANTES DEL INICIO DE LOS ALEGATOS FINALES DE LOS SUJETOS PROCESALES, ES INADMISIBLE EN SEDE DE CASACIÓN. SE PRECISA QUE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 401 Y 409 DE LA LEY 600 DE 2000 HAY OPORTUNIDAD PARA INCORPORAR O PRACTICAR PRUEBAS QUE NO HAYAN SIDO PEDIDAS EN EL TÉRMINO LEGALMENTE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400, ESTO ES, AQUELLAS SOBREVINIENTES O QUE SE DERIVAN DE LA ETAPA DEL JUICIO. PARA TAL FIN EL JUEZ TIENE LA FACULTAD DE DECRETARLAS DE OFICIO O PUEDE ADOPTAR LAS DETERMINACIONES QUE CONSIDERE NECESARIAS CON EL FIN DE LOGRAR EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS, TODA VEZ QUE ES EL DIRECTOR DE LA VISTA PÚBLICA. SIN EMBARGO, ESA FACULTAD NO ES ILIMITADA, POR CUANTO DE ACUERDO CON EL PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES Y SÓLO ATENDIENDO ESE CARÁCTER TELEOLÓGICO DE DILUCIDAR LOS HECHOS, PUEDE ORDENAR LA EVACUACIÓN PROBATORIA, AUN A INSTANCIA DE LOS SUJETOS PROCESALES, HASTA ANTES DE CONCEDERLES EL USO DE LA PALABRA PARA QUE INICIEN SUS INTERVENCIONES FINALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUJETOS PROCESALES, PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, ACTO PROCESAL, ALEGATOS, DEMANDA DE CASACIÓN, PRUEBA SOBREVINIENTE, JUICIO ORAL
Sentencia AP5618-2017 de agosto 30 de 2017
AP5618-2017
Radicación 49883
(Aprobado en acta Nº 283)
Se pronuncia la Sala acerca de la admisibilidad de los fundamentos lógicos y de apropiada argumentación de las demandas de casación presentadas directamente por los procesados J.C.R.P. y R.G.B., en su condición de abogados, contra la sentencia de 11 de octubre de 2016, mediante la cual el Tribunal Superior de Montería confirmó la que en su contra emitió el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú-Córdoba, al condenarlos como autores del concurso delictual de abuso de confianza calificado y falsedad en documento privado.
D.L.Y.D. formuló denuncia contra los abogados J.C.R.P. y R.G.B. con ocasión de la letra de cambio que les entregó para que en su nombre y representación adelantaran un proceso ejecutivo ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Andrés de Sotavento-Córdoba, porque se apropiaron del título judicial por valor de $10.500.000 y exhibieron un recibo con fecha abril 19 de 2007 en el que supuestamente le habían cancelado el monto del dinero cobrado, falsificando su firma.
Los hechos anteriores llevaron a que la Fiscalía General de la Nación, bajo los lineamientos de la Ley 600 de 2000, adelantara investigación penal en contra de R.P. y G.B. a quienes vinculó a través de indagatoria endilgándoles los delitos de abuso de confianza calificado y falsedad en documento privado.
Clausurado el ciclo instructivo, mediante proveído de 6 de julio de 2011 emitió en contra de los procesados resolución de acusación por los citados delitos, de conformidad con los artículos 249, 250 numeral 2° y 289 del Código Penal, decisión que adquirió firmeza el 18 de diciembre de 2012 cuando la Unidad de Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Montería declaró desierto el recurso de apelación que había sido interpuesto.
La etapa del juicio la adelantó el Juzgado Promiscuo del Circuito de Chinú-Córdoba, despacho que luego de surtir la audiencia pública, por sentencia de 9 de junio de 2016 condenó a J.C.R.P. y R.G.B. como autores del concurso delictual objeto de acusación, a las penas principales de un (1) año y diez (10) meses de prisión, multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, así como a las accesorias de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas e inhabilitación para el ejercicio de la profesión de abogados por el mismo lapso de la sanción aflictiva de la libertad, concediéndoles la suspensión condicional de la ejecución de la pena. También los condenó a pagar por concepto de perjuicios la suma de $25.505.280.
En virtud del recurso de apelación interpuesto por el defensor común de los incriminados, el Tribunal Superior de Montería mediante sentencia de 11 de octubre de 2016 confirmó la condena, razón por la cual los enjuiciados, como abogados, impugnaron extraordinariamente, allegando las respectivas demandas de casación, de cuya admisibilidad se ocupa la Corte.
La identidad en los fundamentos y las pretensiones que exhiben los libelos demandatorios de los procesados, hace aconsejable su presentación conjunta.
Formulan dos censuras y acuden al numeral 1° del artículo 207 del Código de Procedimiento Penal para postular la violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho y de derecho, así como al numeral 3° del artículo 220 del mismo ordenamiento adjetivo “cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas no conocidas al tiempo en los debates, que establezcan la inocencia del condenado”.
Aseguran que el Tribunal incurrió en un error de hecho por falso raciocinio al basar la condena en las contradicciones del denunciante y en las que incurrió R.P., porque de lo contrario, habría entendido que el abogado G.B. no le fue endosada la letra de cambio para su cobro.
Señalan que en la indagatoria R.P. afirmó que a él era a quien D.Y. le había entregado la letra de cambio, pero luego en la ampliación adujo que tal transferencia había sido hecha a G.B., contradicción que según el Tribunal se dilucidaba con la manifestación del denunciante cuando en ampliación de su queja, tres años después, indicó que la letra de cambio se la dio a G.B.
Pregonan también un error de derecho en la obtención e incorporación del dictamen grafológico “por apreciación falsa (si se le otorga mérito a la prueba que no reúne los requisitos exigidos por la norma) y falso juicio de convicción (cuando se aporta la prueba contraviniendo las reglas que regulan su incorporación”, porque se le dio valor probatorio a pesar de las siguientes deficiencias:
— No fue practicado ni ordenado por la Fiscalía, no se requirió al agente del CTI o al funcionario que ordenó su práctica, ni se solicitó como prueba trasladada en copia autentica conforme lo ordena el artículo 239 del Código de Procedimiento Penal.
— No se verificó si cumplía con los requisitos de ley para surtir el traslado del artículo 254 de la citada normativa.
— Se allegó en copia simple y sin anexos, cuando según el artículo 259 ibídem los documentos han de allegarse en original o copia auténtica.
— No se le informó a los sujetos procesales cuando se iba a practicar.
— No se realizó en legal forma ya que se debió tomar una amplia muestra caligráfica al denunciante con documentos de la misma fecha, no solo de su escritura, porque al estar él prevenido de la toma de muestras obviamente variaría la letra.
Señalan que después del fallo de segundo grado debieron acudir a un perito particular, para lo cual solicitaron al Consejo Superior de la Judicatura la entrega del original del recibo que obraba en una investigación disciplinaria adelantada contra R.P. y pidieron también al Tribunal de Montería el desglose de varios documentos, pero como esa corporación no accedió a tal pedimento, el experto debió acudir a esa sede judicial a confrontar los escritos directamente para rendir su dictamen grafológico el 20 de enero de 2017, el cual anexan a la demanda.
Transcriben algunos de los apartes de la experticia en donde se resalta que la firma cuestionada en el recibo como atribuida a D.Y. es de elaboración rudimentaria, conformada por signos de fácil elaboración, con pocos elementos gráficos identificativos, propios de cualquier persona con cierto grado de escolaridad, de fácil imitación, reproducción o disfraz por el grado de simplicidad de sus formas, las cuales se asemejan al modelo grafico aprendido.
Y tras destacar que hay diferencia en la ejecución de la firma por parte del denunciante en cada uno de los documentos signados por él, aducen los libelistas que el dictamen inicial que obra en el proceso no cumple con los presupuestos legales, porque se basó únicamente en la toma de muestras de D.Y. y no se hizo el estudio a cada una de las letras de la firma, ni se estudió la distribución topográfica de los signos que la componen, la altura, el grado de inclinación etc.
Para los recurrentes la variación en la firma por parte del denunciante pudo obedecer a una habilidad propia e intencional suya para desfigurar su escritura y negar la suscripción del recibo del dinero, ya que por el contrario, en las firmas anteriores a la denuncia se encontraron rasgos similares.
Aducen que incluso según las copias de la investigación disciplinaria adelantada contra el abogado R.P. en la narración que de los hechos hizo D.Y. en ningún momento dijo que la letra de cambio se la hubiera entregado a G. B., lo cual se constituye en una “prueba sobreviniente” demostrativa que este último no tiene responsabilidad alguna en los hechos.
Exponen que según la causal tercera del artículo 220 de la Ley 600 de 2000 con el nuevo dictamen pericial como “prueba sobreviniente” se demuestra que la primera experticia es ilegal y por ende inexistente.
Explican que debieron acudir a un segundo dictamen privado ante la imposibilidad de controvertir el que se allegó procesalmente, y que aquél se ajustó a las normas legales con muestras que correspondían cronológicamente con el documento cuestionado, de lo cual surge la posibilidad que la firma en el recibo del dinero sea de D.Y.
En criterio de los demandantes, si el Tribunal hubiera entendido que el dictamen no cumplía con los requisitos, no lo habría tenido en cuenta, y al valorar las pruebas con un verdadero raciocinio ante el antecedente de D.Y. por otra investigación por falsedad en documento privado, debió concluir que no hay prueba de responsabilidad de G.B.
Consecuentemente, solicitan casar la sentencia y emitir decisión de reemplazo de carácter absolutorio.
De acuerdo con el artículo 209 de la Ley 600 de 2000 los procesados están facultados para acceder directamente a esta sede extraordinaria, toda vez que son abogados y no se tiene noticia que estén inhabilitados actualmente para ejercer legalmente tal profesión.
No obstante, se trunca el propósito de los demandantes las demandas sean admitidas para evidenciar la ilegalidad del fallo, porque buscan el cotejo con un nuevo y tardío dictamen pericial, lo que denota que tienen un entendimiento equivocado de lo que constituye una “prueba sobreviniente”.
En efecto, si bien la solicitud de pruebas en la fase del juicio, en la Ley 600 de 2000 bajo la cual se rituó este asunto, ha de hacerse en el término de traslado previsto en el artículo 400, esto es, 15 días hábiles siguientes al recibo del proceso —peticiones que se analizan en la audiencia preparatoria—, nada impide que una vez practicadas en la audiencia pública, surjan otras que se desprendan de ellas.
La Corte ha precisado así que de conformidad con los artículos 401 y 409 del citado estatuto adjetivo hay oportunidad para incorporar o practicar pruebas que no hayan sido pedidas en el término legalmente previsto en el artículo 400, esto es, aquellas sobrevinientes o que se derivan de la etapa del juicio. Para tal fin el juez tiene la facultad de decretarlas de oficio o puede adoptar las determinaciones que considere necesarias con el fin de lograr el esclarecimiento de los hechos, toda vez que es el director de la vista pública.
Sin embargo, esa facultad no es ilimitada, por cuanto de acuerdo con el principio de preclusión de los actos procesales y sólo atendiendo ese carácter teleológico de dilucidar los hechos, puede ordenar la evacuación probatoria, aun a instancia de los sujetos procesales, hasta antes de concederles el uso de la palabra para que inicien sus intervenciones finales.
En CSJ SP 19 mayo 2010, rad. 33548; SP 25 ago. 2004, rad. 22692, entre otras, la Corte ha señalado que:
…el juez podrá decretar pruebas de oficio en la audiencia de juzgamiento respecto de las que se puedan derivar de las practicadas en la audiencia, ordenadas en virtud del artículo 400 del CPP., o en razón del traslado subsiguiente a la variación de la calificación jurídica efectuada por el fiscal a iniciativa propia o por sugerencia del juez (art. 404.1) y finalmente, cuando concluido este período probatorio, estime que hay prueba sobreviniente, necesaria para el esclarecimiento de los hechos objeto de juzgamiento (art. 409 ya citado).
Para concluir el examen de los aspectos anunciados, la prueba sobreviniente, como la misma expresión lo señala, es aquella que se deriva de otra, cuya viabilidad y conocimiento emerge de la práctica de otra, cuya existencia no era conocida o de la cual no resultaba posible establecer su conducencia, procedencia o necesariedad.
En este caso, los procesados exhiben el dictamen pericial de un grafólogo privado, practicado con posterioridad a la emisión del fallo de segundo grado a fin de demeritar el realizado por un grafólogo de la Fiscalía allegado al proceso, pero precisamente esa extemporaneidad impide realizar alguna comparación o baremo.
Ello porque el derecho al debido proceso además de ser una garantía encaminada a proteger a los intervinientes y en mayor grado al sujeto pasivo de la acción judicial penal, implica también el respetar las precisas etapas en que se surte el trámite irradiadas por un carácter preclusivo que impide retrotraer la actuación, pues en el diligenciamiento los actos están concatenadas, siendo unos presupuestos de otros.
Por lo mismo, pierde razón de ser el examen de la decisión atacada en sede de casación si se da cabida a otros elementos probatorios de los cuales el inferior no tuvo oportunidad de conocer, porque ello encajaría en la cláusula de exclusión del inciso final del artículo 29 de la Constitución Política “es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.
También el mandato que se desprende del inciso 2° del citado artículo del texto superior, de la observancia plena de las formas propias de cada juicio, impide a los funcionarios judiciales apreciar un medio de convicción que no haya sido legal y oportunamente allegado al proceso, o cuando se hubiese obtenido con violación de los derechos fundamentales.
Así entonces, a la Corte sólo le está permitido analizar la decisión impugnada con base en las pruebas incorporadas con antelación al fallo de primer grado, esto es, lo que fue debatido en las instancias, de ahí que del dictamen que aportan los procesados con sus demandas de casación no pueda derivarse algún valor suasorio.
Esa equivocación llevó a los demandantes a fusionar indebidamente con las causales de casación, la prevista para la acción de revisión en el numeral 3° del artículo 220 del Código de Procedimiento Penal de 2000, cuando luego de proferida la sentencia surgen hechos nuevos o pruebas nuevas no conocidas al tiempo de los debates, postura que desnaturaliza la impugnación extraordinaria, porque acuden al mecanismo que no puede catalogarse como un recurso, ni una instancia, ya que es una acción independiente del proceso que busca la remoción de una providencia que pese a tener ejecutoria material y por lo tanto haber hecho tránsito a cosa juzgada, de ella se advierte razonablemente un contenido de injusticia al diferir de la realidad lo declarado en el proceso.
Además de lo anterior, no corresponde a la realidad la crítica que los incriminados formulan contra el dictamen grafológico que obra en el diligenciamiento por no haber sido practicado por la Fiscalía, porque fue a instancia del ente investigador que se analizaron las firmas de D.Y., solo que en principio fue para la investigación disciplinaria que el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba adelantaba coetáneamente y por los mismos hechos contra el abogado J.C.R.P.
Efectivamente, mediante oficio de 4 de septiembre de 2007 el investigador criminalístico del Cuerpo Técnico de la Fiscalía A.F.M. solicitó a la fiscalía instructora el desglose del documento en el que constaba el recibo del dinero por parte de D.Y. para hacer el estudio grafológico en la investigación disciplinaria que se proseguía contra aquél profesional del derecho (fl. 42 cdno. original N° 1).
Una vez la Fiscalía accedió a tal pedimento, con posterioridad requirió al perito a través de la resolución de 19 de enero de 2009 para que allegara el resultado del aludido estudio (fl. 52 ibídem), el cual fue aportado mediante oficio de 17 de marzo de 2009 (fls. 54 a 58 idem).
En el dictamen se concluyó que “las firmas que a nombre de D.Y., reposan en un fragmento de papel con textos mecanográficos correspondiente a un recibo fechado el 19-IV-07, NO PRESENTAN UNIPROCEDENCIA GRAFOLÓGICA con las muestras aportadas como patrón para el presente análisis y elaboradas por el titular de dicha signatura señor D.Y.D”. mayúsculas integradas al texto.
Por esa razón el Tribunal destacó que si bien la prueba pericial fue ordenada por la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, la misma se practicó sobre el documento original y fue debidamente trasladada a la actuación penal, pudiendo ser apreciada y controvertida por los sujetos procesales.
Los defensores denuncian vicios formativos y de aducción de tal experticia y si bien acerca de la contemplación jurídica de las pruebas por parte del juzgador la corporación ha precisado que el falso juicio de legalidad se presenta cuando se aprecia un elemento de convicción que no cumplió con las reglas legales para su aducción al diligenciamiento o adolece de irregularidades que afectan su validez, también en CSJ SP 24 abr. 2013, rad. 35366 y SP 1° feb. 2012, rad. 38112, entre otras, ha señalado que lo fundamental frente a la validez de la aducción de la prueba trasladada no es el proceso de formación en la actuación de origen sino el rito de su traslado y la posibilidad de que una vez incorporada los sujetos procesales hayan podido conocerla y por ende ejercer el derecho de contradicción.
En este caso, los procesados señalan que el inicial dictamen grafológico no se practicó en legal forma, ni se solicitó como prueba trasladada, que no obra en copia autentica ni se verificó si cumplía con los requisitos de ley, pero no dedican espacio para denotar que tales situaciones los privaron de ejercer su respectiva contradicción.
Precisamente el Tribunal evidenció que el dictamen grafológico en el que se concluía que el denunciante D.Y. no suscribió el documento en el que aparecía recibiendo un dinero, se aportó como prueba trasladada al proceso penal y que se permitió su debida confrontación a los sujetos procesales, pero además, destacó la comparecencia a la audiencia pública del perito grafólogo donde dio las explicaciones pertinentes y se le brindó la oportunidad a los sujetos procesales de contrainterrogarlo, preservando así la garantía de contradicción.
Los libelistas sólo reparan en la idoneidad probatoria del dictamen, olvidando que si se trata de demostrar errores en torno a las pruebas, acorde con el desarrollo completo del cargo es menester desquiciar todos y cada uno de los fundamentos probatorios de la sentencia, porque basta que se mantenga uno sólo de ellos con suficiente contundencia para que el sentido de la decisión conserve su doble presunción de acierto y legalidad, por eso desdeñan las manifestaciones del denunciante acerca de que nunca recibió el dinero por parte de los abogados y que la firma estampada en el recibo no era la suya.
Sólo enuncian que el Tribunal incurrió en un error de hecho por falso raciocinio al basar la condena en las contradicciones del denunciante y en las que incurrió R.P.LT, pero pasan por alto que precisamente las manifestaciones del denunciante encontraron respaldo en el dicho del citado procesado cuando aclaró que el endoso de la letra de cambio para su cobro fue dado por D.Y. al abogado G.B.
Incluso se tuvo en cuenta para predicar la responsabilidad penal el indicio de manifestaciones posteriores cuando el denunciante precisó que después de poner en conocimiento de las autoridades el hecho el abogado G.B. se le acercó y le propuso darle la suma de $2.500.000, a lo cual no accedió.
De esta manera el reparo de los enjuiciados se queda sin alguna demostración, circunstancia adicional para advertir que las demandas no pueden ser admitidas, en cuanto su postulación y desarrollo comportan falencias que no corresponde enmendar a la Sala en virtud del principio de limitación que rige esta impugnación extraordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 213 de la Ley 600 de 2000.
Finalmente, es oportuno resaltar que la Sala no observa con ocasión del trámite procesal o en el fallo impugnado violación de derechos o garantías de los sujetos procesales, como para que se hiciera necesario el ejercicio de la facultad legal oficiosa que le asiste a fin de asegurar su protección en los términos del artículo 216 del citado ordenamiento procesal.
NO ADMITIR la demanda de casación interpuesta por los procesados J.C.R.P. y R.G.B., ante las razones manifestadas en la anterior motivación.