Source: http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1846_139/Rechaza_la_imputaci_n_de_un_delito.shtml
Timestamp: 2017-12-13 07:27:13
Document Index: 316337050

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 9', 'artículo 28', 'artículo 157', 'artículo 14', 'artículo 142']

Rechaza la imputación de un delito.
Oaxaca, junio 16 de 1846.
Señores editores de La Prensa:
Casa de ustedes en Oaxaca, junio 16 de 1846
Suplico a ustedes tengan la bondad de publicar, en su estimable periódico, el presente artículo que me he visto precisado a escribir provocado por un litigante resentido, como lo es el extranjero don Salvador Marcucci.
Este hombre injusto se ha constituido en detractor mío sin más motivo que el haber yo cumplido con mi deber, sentenciando muy justamente en su contra el pleito que seguía con los tiernos e infelices huérfanos de su paisano don Carlos Sodi.
Contra el tenor expreso de una ley, quería reducir el precio de un arrendamiento que había estimulado libre y espontáneamente más de cuatro años antes.
Entre otros fundamentos frívolos en que se apoyaba para decir que no había sabido lo que había hecho cuando celebró el contrato que intentaba anular, alegaba que siendo extranjero ignoraba el idioma castellano; pero este alegato venía abajo con sólo atender que Sodi, con quien trató, era también extranjero; ambos eran italianos y podían entenderse en su propio idioma.
Podrá suceder que Marcucci haya olvidado su idioma natal, y que no haya aprendido el castellano, pero no justificó esta circunstancia para haber alegado a su favor la Ley de Partida que exime a los idiotas de la obligación de saber las leyes.
Por último, decía que había sufrido lesión y engaño, pero esto lo aseguraba bajo solo su palabra; y como los jueces no deben sentenciar según los deseos de los litigantes, sino según lo alegado y probado en autos, los señores magistrados don Ignacio Ibáñez, don Manuel Orozco Colmenares y yo, fallamos contra Marcucci, que no había justificado su acción.
Tal es el hecho que me concitó el odio de este litigante injusto.
Desde entonces comenzó a deturpar mi reputación, valiéndose de la calumnia y de otros medios rastreros que la ruindad de su corazón le ha sugerido.
A la junta electoral de departamento, celebrada en octubre próximo pasado, presentó un oficio manifestando que yo estaba encausado por una asonada que hice en el distrito de Miahuatlán en el año de 1836, que no gozaba de los derechos de ciudadano, y que obtenía ilegalmente el empleo de fiscal del Tribunal Superior de Justicia; pero mi conducta era conocida de todos los oaxaqueños: todos saben que jamás he cometido delito alguno y mucho menos el que me imputa Marcucci; que si alguna vez he sido víctima, como lo fui en el año de 1836, de las arbitrariedades de un juez inicuo, esto no prueba que yo haya delinquido, sino que nunca han faltado hombres perversos que, como Marcucci, se complazcan en calumniar a sus semejantes por satisfacer una venganza ruin y rastrera; que habiendo sido tan notoriamente arbitraria la orden de mi detención expedida en el citado año de 36, el Tribunal Superior, luego que llegó a su noticia este hecho, me mandó poner en libertad, y aunque repetidas veces y a petición mía se previno al juez diese cuenta con la causa nunca lo verificó, porque él mismo aseguró que no la había, porque no había existido el hecho criminal que se me imputaba.
Por esto es que la calumniosa denuncia de Marcucci fue vista con el desprecio que se merecía, y yo fui nombrado primer vocal de la honorable Asamblea Departamental por unanimidad de 63 votos de personas muy respetables, a quienes no era fácil seducir ni engañar, como pudieron haberlo sido los cargadores que eligieron a Marcucci muy dignamente para su jefe en el año de 1845.
Desairado este hombre por la junta electoral, ocurrió a la honorable Asamblea con su impertinente denuncia; pero no habiendo dado las pruebas que se le exigieron, aquella honorable corporación desechó su ridícula solicitud aprobando el dictamen que sigue, y que Marcucci se ha abstenido de dar a luz porque no le tiene cuenta su publicación: Honorable Asamblea: Por segunda vez se ocupa la comisión del presente asunto promovido por don Salvador Marcucci, en solicitud de que se anule la elección que recayó en el señor licenciado don Benito Juárez de futuro vocal de esta honorable Asamblea.
Tiene a la vista la respuesta que el citado ciudadano dio a la excitación que se le hizo para que rindiera la prueba de sus asertos; y en ella se advierte que si bien insiste en ellos, rehúsa que se le dé el carácter de acusador, creyéndose eximido de justificarlos y dejando este punto a cargo de vuestra honorabilidad.
No entrará la comisión en el examen de si don Salvador Marcucci es ciudadano mexicano, sin embargo de que notoriamente se sabe que es extranjero, porque siendo casado con mexicana quizá se le habrá expedido la carta de naturaleza de que habla el artículo 13 de las Bases Orgánicas, la cual en rigor debiera haber acompañado.
Tampoco dilucidará si la falta de cualidades constitucionales en los electos induce acción popular, o si tal gestión es privativa de las autoridades a quienes la Constitución erige en calificadoras, a pesar de que para lo primero no se encuentra prevención alguna ni en el artículo 9 de las Bases, que recopila todos los derechos de los habitantes de la República, ni en todo el texto de ellas.
Se limitará, pues, a ventilar las siguientes cuestiones:
¿Está obligado el ciudadano que en uso de alguna acción popular se constituye delator o denunciante, objetando algún delito a otro, o conteniendo que en su persona no concurre alguna de las cualidades, por cuya deficiencia se le pudiera seguir perjuicio, a rendir la prueba respectiva de los hechos que forman el fundamento de su intención?
¿Basta la simple denuncia de no concurrir las cualidades constitucionales en uno de los electos, para inquirir de oficio la existencia o inexistencia de los hechos relativos?
Y, contrayéndonos al caso ocurrente, ¿hay motivo para ampliar la averiguación?
El derecho público y el derecho civil, como que parten de un mismo origen, deben prestarse mutuo auxilio cuando se trata de aclarar algunas materias dudosas, principalmente cuando el primero ha asentado ciertas bases o reglas generales, y no se encuentran decisiones expresas acerca de las consecuencias que de aquéllos pueden resultar.
Por ejemplo, el artículo 28 de la Carta fundamental que nos rige, exige en el diputado electo naturaleza o vecindad, ejercicio de ciudadanía, cierta edad y el capital que designa; mas no prevee el caso de que alguno de buena o mala fe, hecha una elección, objete a otro de faltarle alguna de aquellas cualidades imputándole algún delito.
Entonces, pues, debe tener y tiene aplicación la ley civil, y sin duda, contrayéndonos al caso que nos ocupa, observamos que la ley 3ª, título 33, libro 12, de la Novísma Recopilación, previene: “Que si alguno no probare la delación que hizo, sea condenado en todas aquellas penas que el derecho dispone y en las costas”.
Por estas palabras textuales de la ley, se advertirá que no sólo el acusado, sino también el denunciante queda obligado a probar los hechos que alega.
Por otra parte, los mutualistas enseñan, como principios elementales, que hay negativa de derecho, negativa de calidad y negativa de hecho, y dicen que por la primera se entiende aquella en que se niega la conformidad de alguna cosa con lo preinserto con la ley, como cuando se niega que otro pueda ser juez, abogado, testigo, etc., asentando que en ese caso la prueba corresponde al negante.
Supuesto lo dicho, don Salvador Marcucci, indudablemente, estaba obligado a rendir las pruebas que dejaran justificada su aserción; mas sean cuales fueren los resultados que por haberlo omitido le sobrevengan, para lo que deben quedar salvos los derechos de la parte ofendida, resulta ahora la duda de si hecha la denuncia de faltar algún requisito constitucional a uno de los electos, la autoridad calificadora debe poner en acción algunos medios inquisitivos.
No vacila la comisión en decidirse por la afirmativa, y se funda en el artículo 157 de las Bases.
En éste se impone a las asambleas departamentales la obligación de calificar las elecciones de sus miembros.
Al que se le impone una obligación, virtualmente se le conceden los medios de llenarla, porque mal podría verificarlo si no pudiera hacer uso de ellos.
Pero ¿nos hallamos en este caso, contrayéndonos a la persona cuya reputación se ha herido con referencias tan vagas como difamatorias?
La comisión juzga que no y se funda en lo que sigue: contra el señor licenciado don Benito Juárez sólo obra una denuncia sin prueba alguna, que no es remoto que proceda de un origen cenagoso e impuro, como la animosidad, la venganza, la envidia o cualquiera otra pasión desordenada; y en su favor existe un hecho que constituye una prueba plena de su inocencia y habilidad; es por decirlo así, lo que los juristas llaman presumptio juris.
Ese hecho estriba en ser actualmente fiscal propietario del Tribunal Superior de Justicia del departamento.
¿Y qué cualidades se requieren para serlo?
El artículo 14 del decreto de 14 de mayo de 1844, dice: “que ser mexicano por nacimiento, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, tener la edad de treinta años, no haber sido condenado en proceso legal por ningún crimen, ser letrado y haber ejercido la profesión por lo menos diez años, o la judicatura por seis, y merecer la confianza plena del gobierno”.
¿Y por qué crisol debe pasar el que es elevado a la magistratura?
Por el que designa la parte quinta del artículo 142 de las Bases, es decir, la terna del gobierno departamental, la elección del presidente de la República, el acuerdo de vuestra honorabilidad, y la audiencia del Tribunal Superior.
¿Y es posible que tan respetables autoridades carecieran de la noticia que ahora quiere dar un simple ciudadano, o manifestaran connivencia o disimulo respecto del candidato?
¿Es posible que el mismo Tribunal Superior, ante quien se dice que pende la causa que se refiere, no tuviera conocimiento de ella o la ocultara?
Convengamos, pues, en que no hay mérito para empeñarse en hacer superfluas indagaciones; y por lo tanto, la comisión propone a vuestra honorabilidad el artículo siguiente:
“No es de tomarse en consideración la denuncia hecha por don Salvador Marcucci, de estar procesado criminalmente el señor licenciado don Benito Juárez, vocal electo por la junta electoral del Departamento”.
Sala de comisiones de la honorable Asamblea.
Oaxaca, noviembre 19 de 1845
- A. Díaz.
Noviembre 19 de 1845.
Primera lectura, y con dispensa de trámites se discutió y fue aprobado.
Garmendia, secretario.
- Es copia.
Oaxaca, marzo 10 de 1846.
Demetrio Garmendia, secretario.
Esta respetable resolución, que me honra, habría bastado para confundir y avergonzar a otro denunciante que no fuera Marcucci, a otro denunciante que conservara algún resto de pudor y delicadeza; pero mi calumniador, abusando de mi moderación, ha continuado molestándome, repitiendo en sus comunicados al periódico La Bocina, las injurias que me prodigó en su oficio mencionado.
Por esto me ha sido ya preciso romper el silencio que había guardado sobre este negocio, escribiendo este artículo, no para satisfacer a Marcucci, a quien veo con el desprecio que es acreedor un falso delator, sino para manifestar al público respetable el resultado que tuvo en la honorable Asamblea Departamental la denuncia referida, y para hacerle presente que he puesto ya mi demanda judicialmente para obligar a Marcucci a que justifique sus calumniosos asertos.
En el juicio que he promovido debe mi contrario presentar la causa que dice se me instruye, el auto motivado de prisión que exista en mi contra, cualquiera otra providencia que me prive de los derechos de ciudadano, y las pruebas que tenga para decir que obtengo ilegalmente el empleo de ministro fiscal del Tribunal Superior de Justicia de este departamento.
Si Marcucci no quiere aparecer como un hombre falaz, como un falso denunciante, si no quiere ser tenido por un hombre de mala fe, si no quiere que se le llame detractor vil y despreciable de la honra ajena, debe en el momento que lea este comunicado no sólo publicar por la imprenta esos datos que formalmente le exijo, sino presentarlos ante el juez competente para que contra mí se dicten las providencias que haya lugar en justicia.
Este es el camino que debe seguir Marcucci.
Este es el modo con que debe conducirse un hombre honrado.
Sólo los charlatanes y necios, sin educación y sin honra, hablan sin fundamento y sin pruebas.
Baste por ahora lo dicho, y concluyo suplicando al público suspenda su juicio sobre cuanto haya dicho y dijere don Salvador Marcucci sobre este particular, entretanto concluye el juicio que he iniciado, y cuyo final resultado ofrezco publicar para la justa vindicación de mi honor ultrajado vilmente por un hombre a quien ningún mal he causado, sino que antes bien lo he visto con lástima, porque siempre me inspira compasión la suerte de todo hombre que se haya visto en la necesidad de abandonar su patria, viniendo sin recursos a labrar su fortuna en mi país.
Soy de ustedes, señores editores, su afectísimo y seguro servidor, que besa sus manos.
“Artículo de Juárez contra Salvador Marcucci para publicar en La Prensa. Oaxaca, junio 16 de 1846”. Juárez, Miscelánea, p. 316 y siguientes.