Source: http://derechoshumanos.org.mx/comitealertacdmx
Timestamp: 2019-05-21 15:27:33
Document Index: 197754469

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 138', 'artículo 21', 'artículo 68', 'artículo 69', 'artículo 162', 'artículo 136', 'artículo 179', 'artículo 2668', 'artículo 266', 'artículo 38']

Comité Alerta – CDHVitoria
☞ Sobre la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México
La Solicitud de Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM) fue solicitada el 7 de septiembre de 2017, por las organizaciones Justicia Pro Persona A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C. La solicitud atiende a la grave situación de violencia contra las mujeres en la Ciudad de México, y la obstrucción del acceso a la justicia para las víctimas. El proceso de la AVGM ha sufrido graves dilaciones desde el principio, la falta de atención urgente y prioritaria por parte de las instituciones atenta contra la naturaleza del mismo mecanismo. Hoy nos encontramos a más de un año de la Solicitud de AVG y el Gobierno no ha emprendido las acciones necesarias para cesar la terrible situación de violencia feminicida que permea la Ciudad.
☞ ¿Quiénes integramos el Comité Alerta CDMX?
Comité Alerta CDMX: Profesoras de la UACM contra las violencias patriarcales, capitalistas y racistas.
Colectivo Nos Hacen Falta (Fb) (Tw) (Mail)
Las del Aquelarre (Fb) (Tw) (Mail)
La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) (Fb) (Tw)
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) (Tw) (Mail)
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. (Web) (Fb) (Tw)
Justicia Pro Persona A.C. (Fb)
Ximena Ugarte Trangay | Defensora Feminista de Derechos Humanos
Andrea Medina Rosas | Abogada Feminista
Xanny Hernández Hernández | Defensora feminista de derechos humanos
Alicia Mendoza Guerra | Periodista Feminista
Suscriben Informe: Las Constituyentes CDMX Feministas
Colectivo de Igualdad de Género y Oportunidad de la Nueva Central de Trabajadores (CIGO-NCT)
Asociación Sindical de Trabajadores del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (ASTINVI)
Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros del DF (STTPDF)
Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, AC (CILAS)
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado en cada estado por Aguascalientes: Observatorio de Violencia Social y de Género Aguascalientes; Baja California: Mujeres Unidas: Olympia de Gouges, Campeche: Observatorio de Violencia Social y de Género; Chiapas: Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC-COLEM; Chihuahua: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; Mujeres por México en Chihuahua; Justicia para Nuestras Hijas; Red Mesa de Mujeres de Juárez; Colima: Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental; Ciudad de México: Católicas por el Derecho a Decidir; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Red Mujer Siglo XXI; Justicia, Derechos Humano y Género; Cátedra Unesco de la UNAM; Justicia Pro-Persona AC; Estado de México: Visión Mundial de México; Red de promotoras de Ecatepec; Familiares en búsqueda de Justicia, Hidalgo: Servicios de Inclusión Integral AC SEIINAC; Guanajuato: Centro de Derechos Humanos “Victoria Diez”; Guerrero: Observatorio Ciudadano de Violencia contra las Mujeres de Guerrero; Jalisco: Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM-México); Morelos: Academia, Litigio Estratégico e Incidencia en Derechos Humanos, A.C; Nuevo León: ARTHEMISAS por la Equidad, A.C.; Oaxaca: Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca; Comisión de Derechos Humanos Mahatma Gandhi; Colectivo Bolivariano; Puebla: Programa de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ.; Sinaloa: Asociación Sinaloense de Universitarias, Quintana Roo: Mayas sin Fronteras AC; Sonora: OCNF Sonora; Tabasco: Asociación Ecológica Santo Tomás; Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB); Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés de Derechos Humanos y Desarrollo Local; Colectivo Mujer y Utopía, A.C; Veracruz: Red Nacional de Periodistas; Yucatán: Ciencia Social Alternativa; Red Por Nuestros Derechos Mujeres en Red, Mujeres Trabajando en Pro de los Derechos Humanos A.C.
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 85 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).
Individuales: Norma Aurora Camacho Morales Laura Monroy Karla Jiménez Acosta Carolina Ledezma Noemí Luján Ponce | Profesora investigadora de la UAM Xochimilco Socorro Damián Escobar | Abogada de la Unidad de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Rita Canto Vergara | Profesora de la UAM Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
☞Documentos y anexos
>Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en la Ciudad de México y Solicitud realizada por las organizaciones peticionarias
☞ Boletín de Prensa
(PDF ) | (Doc) | (Fotografías)
El presente Informe fue creado y presentado por el Comité de Ciudadanas en Observación y Seguimiento del Proceso de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México (Comité Alerta CDMX).
El Comité Alerta CDMX surge de la preocupación por la grave situación de violencia feminicida que permea nuestra ciudad, la Ciudad de México, por parte de un grupo de ciudadanas provenientes de la academia, de colectivas y de organizaciones de la sociedad civil. Al entender la Alerta de Violencia de Género para las Mujeres (AVGM) como un mecanismo de emergencia para hacer frente a la violencia contra las mujeres, consideramos la necesidad de crear una entidad ciudadana que vigile y fiscalice el proceso de la AVGM en la Ciudad de México (CDMX).
☞ METODOLOGÍA DEL INFORME
El presente Informe responde al proceso que surgió a partir de la Solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) para la Ciudad de México, específicamente al lapso de los seis meses que tuvo el Gobierno de la Ciudad posterior a la aceptación de las seis medidas urgentes y a lo referido en las 20 conclusiones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo para atenderlas. El objetivo de este Informe es dotar al Grupo de Trabajo de una herramienta que coadyuve el proceso de la Declaración de la AVGM en la Ciudad de México, así como dar a conocer a la población en general lo que, según nuestras investigaciones y experticias, hizo y debería haber realizado el Gobierno para atender apropiadamente la Solicitud de la AVGM, El Informe se encuentra dividido por capítulos. Así pues, los capítulos I-V contienen lo concerniente a las 20 conclusiones del Grupo de Trabajo. Por esta razón, empleamos la misma clasificación que el Grupo de Trabajo, es decir: las relacionadas con el acceso a la información; las relacionadas con capacidades institucionales. Tanto de estructura como de desempeño; las referidas a procuración e impartición de justicia; las referidas a los protocolos de actuación relacionados con la no localización de mujeres; y las concernientes a la armonización del marco normativo local. Dentro de cada uno de los primeros cinco capítulos se encuentran tres apartados: Hallazgos del Grupo de Trabajo; Comprobaciones del Comité Alerta CDMX; y Deber ser. Con respecto a los apartados Hallazgos del Grupo de Trabajo, recapitularemos y realizaremos una síntesis de las conclusiones referidas en el Informe del Grupo de Trabajo, enfatizando los indicadores de cumplimiento. Los apartados Comprobaciones del Comité Alerta CDMX, referirán lo que las solicitudes de información nos arrojaron. Por lo tanto, formulamos diversas preguntas que buscaron identificar el cumplimiento de las conclusiones contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo, mediante el Sistema de Solicitudes de Información de la Ciudad de México (InfoDF) a varias instituciones, generando así 349 folios de solicitudes de información, las cuales permitieron al Comité Alerta CDMX comprobar el quehacer del Gobierno con respecto a las conclusiones y sus indicadores de cumplimiento. Los apartados Deber ser, señalarán lo que, de acuerdo con nuestras experticias, podría y debería de haber hecho el Gobierno para atender de manera adecuada lo referido en esas conclusiones (el ideal de su accionar), y así generar cambios trascendentales que realmente actuarán en proporción a los niveles de violencia que vivimos las mujeres diariamente. Posteriormente, el Capítulo VI: Mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas, hablará sobre la Medida Urgente número uno, previamente aceptada por el Gobierno de la Ciudad de México, entendiéndola como una de las medidas que, en su desarrollo, incluye mucho de lo referido en el Informe del Grupo de trabajo, pues se sientan las principales instituciones encargadas de atender la violencia contra las mujeres. Finalmente, el Capítulo VII: Pertinencia de la AVGM en la Ciudad de México, abordará la visión del Comité Alerta CDMX con respecto a la necesidad de la declaratoria de la AVGM en la Ciudad de México, seguida de nuestras Conclusiones Generales.
☞ ANTECEDENTES
Con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) se creó la AVGM, mecanismo único en el mundo que pretende enfrentar la violencia feminicida ocurrida en determinados estados de la República Mexicana que presentan situaciones graves de violencia de género, a través de acciones legislativas, judiciales y de política pública. La LGAMVLV define la AVGM como “[…] el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad”. Es en este sentido que:
Ante la violencia feminicida desbordada en la Ciudad de México, Justicia Pro Persona, A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P., A.C., solicitaron la declaratoria de AVGM el 07 de septiembre de 2017.
Desde el momento de la solicitud, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha dilatado el cumplimiento de sus obligaciones, situación que ha llevado a que exista un retraso en la declaratoria de la AVGM en la Ciudad de México.
El 2 de marzo de 2018 la CONAVIM le notificó al entonces Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, seis medidas urgentes, entre las cuales se encontró la instalación de una Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas por las organizaciones solicitantes.
Fue hasta el 22 de marzo de 2018 que la CONAVIM remitió a la Secretaría de Gobernación el Informe realizado por el Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de AVGM en la Ciudad de México, el cual contiene 20 conclusiones con sus respectivos indicadores de cumplimiento.
El 2 de abril de 2018 el Dr. José Ramón Amieva Gálvez notificó la aceptación de las medidas contenidas en el Informe del Grupo de Trabajo.
El 2 de octubre de 2018 se cumplió el plazo de los seis meses establecidos en el reglamento para que el Gobierno de la Ciudad de México entregara el informe de las acciones que realizaron conforme al cumplimiento de las Conclusiones vertidas en el Informe del Grupo de Trabajo, éste último conformado para atender la Solicitud de la AVGM.
El Grupo de Trabajo otorgó una prórroga para que el Gobierno de la Ciudad de México emita su informe, mismo que deberá ser entregado el 16 de noviembre de 2018.
(Da click en las preguntas para leer cada capítulo)
Capítulo I: Las relacionadas con el acceso a la información
☞ ¿Se atienden las deficiencias que tienen las instituciones para generar información y estadísticas sobre violencia feminicida?
I.1. Hallazgos del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México encontró deficiencias importantes en todas las instancias involucradas en la generación, análisis y evaluación de la información relacionada con violencia feminicida.
Debido a lo anterior, el Grupo de Trabajo concluyó que, en adhesión a la cuarta medida urgente, deben garantizarse las condiciones para que el personal que opere el registro de información en la Red Interinstitucional de Información de Violencia contra las Mujeres, cuente con el perfil idóneo, y que, a su vez, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) analice y ajuste todo lo que sea necesario a la Dirección de Estadística y Política Criminal para dar cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Acceso1.
I.2. Comprobaciones del Comité Alerta CDMX
Antes de presentar la comprobación, expongamos dos consideraciones pertinentes. En primer lugar, el Grupo de Trabajo concluyó la necesidad de garantizar que el personal que opere el registro de información en la Red Interinstitucional de Información de Violencia contra las Mujeres cuente con el perfil idóneo. Ahora bien, en segundo lugar, el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES CDMX) no tiene lineamientos de los perfiles para la integración a dicha Red, ya que únicamente señala que las llevarán a cabo personas adscritas a determinadas dependencias, las cuales deben “Tener entre sus funciones, brindar servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia de género”2.
Sin embargo, el Comité Alerta CDMX comprobó que el hecho de que los y las funcionarias puedan brindar servicios de atención a mujeres y niñas víctimas de violencia feminicida, no significa que cuenten ni con perspectiva de género ni con los elementos indispensables para realizar sus funciones debidamente.
Así pues, afirmamos que los lineamientos de los perfiles de ingreso de la Red Interinstitucional de Información de Violencia contra las Mujeres, no aseguran que el personal cuente con altos estándares en perspectiva de género, lo que significa que no está asegurado el cumplimiento de los perfiles idóneos. ¿Cuál es uno de los riesgos que de aquí se derivan? Que las mismas instituciones que forman parte de la Red reproduzcan muchos de los vicios que atentan contra los derechos de las mujeres.
Aunado a lo anterior, es importante mencionar que la PGJCDMX informó al Comité Alerta CDMX que no cuenta con un área específica sobre violencia de género dentro de su sección de Estadística y Política Criminal, por lo menos hasta mediados de agosto3. Asimismo, la PGJCDMX también indicó que no tiene procedimientos para la selección del personal que participa en los procesos de registro estadísticos con respecto a sucesos que constituyan actos de violencia de género contra las mujeres, porque tal como informó la Dirección General de Recursos Humanos al Comité Alerta CDMX, “no existe información que ubique a personal con el cargo específico que describe [...]”4.
En conclusión, tanto uno como otro hecho nos permiten afirmar que la PGJCDMX no cuenta ni con un área específica ni con personal calificado para realizar los trabajos relacionados con el registro estadístico de víctimas de violencia feminicida.
I.3. Deber ser
El Comité Alerta CDMX cree que para la debida aplicación de lo que señala la tercera conclusión del Informe del Grupo de Trabajo, se tuvo que considerar la participación de la sociedad civil y la academia, concretamente, en la creación de los lineamientos para la idoneidad de los perfiles del personal que opere la Red Interinstitucional de Información de Violencia contra las Mujeres, así como en la generación de un proceso de selección totalmente transparente.
Es indispensable que el personal que forme parte de la Red tenga altos estándares en perspectiva de género5, esto con el fin de asegurar que su visión y sus funciones no se encuentren sesgadas, y por consiguiente, provoquen un mal funcionamiento de la Red y sus productos.
Asimismo, nos parece grave que la PGJCDMX no cuente con un área específica, o con al menos personal calificado, para realizar los trabajos relacionados con el registro estadístico de víctimas de violencia feminicida. ¿Por qué? Debido a que no se asegura que el personal que realiza las labores estadísticas tenga perspectiva de género, lo que provoca inseguridad en las cifras brindadas por la PGJCDMX, ya que pueden estar sesgadas y no reflejar la gravedad real de la violencia feminicida que se vive en la CDMX.
Igualmente, consideramos que la PGJCDMX debería tener en su organigrama institucional un área específicamente dedicada a la localización y registro de la información relacionada con violencia feminicida. ¿Cómo? En primer lugar, asegurando que el personal tenga un alto estándar en perspectiva de género mediante capacitaciones constantes, y en segundo, evaluando su desempeño y permanencia en la institución con la rigurosidad y frecuencia adecuadas.
1 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Tercera conclusión, pp. 84 y 85.
2 Véase Anexo, Oficio No. INMUJERES-CDMX/DCSU/1401/08-2018 de la solicitud de información pública 0313000045018
3 Es decir, a más de la mitad del tiempo establecido en la Ley para que el Estado cumpla con los indicadores de las 20 conclusiones y las seis medidas urgentes. Véase Anexo, Oficio No. DEIAU/020/18-07 de la solicitud de información pública 0113000248618
4 Véase Anexo, Oficio No. 700.I/0969/2018 de la solicitud de información pública 0113000267718
5 Cuestión que, como ya mencionamos, no es garantizada con los lineamientos establecidos para el ingreso de los perfiles del personal que integrará la Red.
Capítulo II: Las relacionadas con capacidades institucionales. Tanto de estructura como de desempeño
☞ ¿Cuáles son las carencias de las instituciones encargadas de atender a mujeres víctimas de violencia? ¿Las autoridades están capacitadas para garantizarnos una vida libre de violencia?
II.1. Hallazgos del Grupo de Trabajo
El Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México encontró:
Carencia de perspectiva de género en los y las servidoras públicas de las diversas dependencias, por lo que concluyó que es necesario definir los perfiles de ingreso y evaluar el desempeño del personal1.
Incumplimiento de la NOM-0462, en cuanto al registro y permanencia de personal debidamente habilitado para su aplicación, por lo que concluyó que es necesaria la adscripción del personal médico no objetor de conciencia en cada unidad médica, al igual que la elaboración y publicación de un protocolo para la emisión del aviso al Ministerio Público, tal cual como lo prevé dicha norma3.
Poca capacidad institucional de respuesta frente a la demanda de las controversias del orden familiar en los juzgados del TSJCDMX; además de ausencia de incorporación de los procesos orales en esta materia, por lo que concluyó la necesidad de la creación y aplicación de un programa de fortalecimiento de los juzgados familiares y un plan de fortalecimiento del servicio de la defensoría de oficio en materia familiar4.
Descoordinación entre las instituciones encargadas de atender a mujeres y niñas víctimas de violencia, así como deficiencias en la implementación de órdenes de protección, por lo que concluyó la necesidad de implementar el Modelo Único de Atención y la Cédula Única de Registro en todas las instancias que atienden a mujeres víctimas de violencia, así como la elaboración e implementación de un programa de mejora de los procedimientos de gestión de las solicitudes de órdenes de protección, otorgamiento, fenecimiento y, en su caso, ampliación en todas las instancias involucradas5.
Descontrol en el registro de ingresos y egresos en los hoteles o moteles, por lo que concluyó la necesidad de la elaboración y aplicación de un protocolo de supervisión que vigile el cumplimiento de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal y la Ley General de Turismo, además de la creación de un mecanismo de coordinación entre la Coordinación Interinstitucional y la Comisión Interinstitucional contra la Trata de Personas del Distrito Federal6.
Inexistencia de atención especializada para los y las menores de edad víctimas indirectas o testigos de violencia feminicida, por lo que concluyó la necesidad de elaborar un protocolo de atención y protección de testigos presenciales de hechos delictivos cuando estos sean menores de edad; un programa de protección y cuidado de hijas e hijos víctimas de feminicidio y Mecanismo de coordinación entre las instancias del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes en la Ciudad de México para la implementación del Programa7.
Carencia de contención emocional en el personal de la PGJCDMX que atiende a mujeres víctimas de violencia, por lo que concluyó la necesidad de elaborar y aplicar un programa de contención emocional dirigido a éste personal8.
La necesidad de que las autoridades delegacionales refuercen todas las medidas indispensables para atender y prevenir la violencia de género, por lo que concluyó la necesidad de consolidar mecanismos para que el Consejo de Prevención Social del Delito y la Violencia del Distrito Federal incorpore perspectiva de género y derechos humanos; además de integrar un Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la Violencia de Género en cada demarcación territorial9.
Inadecuadas condiciones de trabajo de las personas servidoras públicas y precarias instalaciones para la atención a las víctimas de la PGJCDMX, por lo que concluyó la necesidad de elaborar e implementar planes de mejora de las instalaciones y condiciones de trabajo del personal de la PGJCDMX10.
Insuficiente material informativo útil y adecuado en las instituciones que previenen, atienden, investigan y sancionan la violencia contra las mujeres; falta de coordinación entre los esfuerzos para promover los derechos humanos de las mujeres, y falta de capacitación al personal sobre los servicios que pueden brindar estas dependencias, por lo cual concluyó la necesidad de diseñar e implementar una estrategia homogénea de comunicación con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad11.
Falta de incorporación de medidas de seguridad en los medios de transporte público concesionado para las mujeres usuarias, por lo cual concluyó la necesidad de elaborar un Plan de acción que atienda el riesgo de violencia de género en el transporte público concesionado de la Ciudad de México12.
II.2. Hallazgos del Comité Alerta CDMX
A pesar de que el Grupo de Trabajo concluyó la necesidad de elaborar y aplicar un Programa de Contención Emocional para el personal de la PGJCDMX encargado de atender a mujeres víctimas de violencia13, el encargado del despacho de la Dirección General de Atención a Víctimas del Delito14 remitió nuestra solicitud de información15 a la Subdirección de Enlace Administrativo de dicha Dirección, en donde el Subdirector, manifestó que “no detenta” los datos requeridos16, por lo cual concluimos que ni siquiera existe un plan de trabajo para el desarrollo y la aplicación de un programa de contención emocional para el personal que atiende a mujeres víctimas de violencia.
El Grupo de Trabajo también concluyó la necesidad de que las delegaciones/alcaldías elaboren e implementen un Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la Violencia de Género17. No obstante, comprobamos que, al menos hasta finales de agosto del año en curso18, seis delegaciones/fiscalías, a saber, Cuajimalpa, Xochimilco, Milpa Alta, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Tláhuac19, ni tienen ni tampoco están en proceso de desarrollar un Plan de Acción Integral de Atención y Prevención de la Violencia de Género.
Las delegaciones/alcaldías que no hemos mencionado sí cuentan con acciones en favor de los derechos humanos y/o de los derechos humanos de las mujeres, aunque no con un Plan que atienda de manera integral violencia contra las mujeres. A esto aunamos que el INMUJERES, institución a la cual le corresponde la revisión y aprobación de los proyectos de Planes Integrales para atender la violencia contra las mujeres que tendrían que realizar las delegaciones/alcaldías, informó al Comité Alerta CDMX que al menos hasta el 21 de septiembre, únicamente ha recibido el proyecto realizado por la delegación/alcaldía Azcapotzalco20.
Si bien el Grupo de Trabajo concluyó la necesidad de implementar un plan de mejora de las condiciones de trabajo del personal de la PGJCDMX21, al menos hasta finales de agosto, ni la Dirección General de Recursos Humanos22, ni la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales (DGRMSG)23 pertenecientes a dicha institución, habían presentado una propuesta para el desarrollo del plan ni mucho menos un presupuesto asignado.
El Grupo de Trabajo estableció la existencia de perfiles de ingreso y permanencia como uno de los indicadores de la primera conclusión24, es decir, mecanismos de selección y evaluación del desempeño que aseguren que el personal contratado para realizar labores encaminadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia feminicida, cuente con las especificaciones para desarrollar sus funciones, entre ellas, la perspectiva de género.
No obstante, el Comité Alerta CDMX corroboró que el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal25, en primer lugar, tiene el mismo catálogo general de puestos desde 1998, y en segundo, que en ninguno de los puestos se requiere que las y los funcionarios cuenten con perspectiva de género, restando con ello la importancia que tiene la transversalidad de la perspectiva de género, pues es a partir de ésta que se pueden identificar las asimetrías en el ejercicio de derechos que derivan en violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Asimismo, se identificó la inexistencia de capacitaciones con perspectiva de género a su personal, por lo que la atención deficiente es un riesgo latente en esta institución.
Es importante también resaltar que la PGJCDMX no brindó información sobre las capacitaciones otorgadas a su personal en perspectiva de género, mientras que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) menciona26 que proporcionó cuatro de ellas con perspectiva de género de 2013 a 2018, sin que ninguna de ellas tuviera como objetivo ni dotar de estándares internacionales a los operadores judiciales ni dar herramientas para poder emitir sentencias o resoluciones con perspectiva de género, aunado a que fueron pocas las horas destinadas a este tipo de ejercicios.
La Secretaría de Salud no suministró información suficiente en la que conste que hay médicos no objetores de conciencia en cada uno de los turnos en todas las unidades de salud27. Cabe señalar que es prioritario garantizar los derechos humanos de las mujeres, y en este sentido, es indispensable disponer del personal médico necesario, porque, según los datos recabados por el Comité Alerta CDMX, son 536 médicos objetores de conciencia28. En cambio, no existe un registro de médicos no objetores de conciencia, por lo que no se garantiza que existan en todos los turnos y en todas las médicas, médicos no objetores de conciencia29, y ellos son quienes podrían garantizar que las mujeres tengan acceso al aborto.
Si bien es cierto que existe el Protocolo de Actuación del Personal de la Secretaría de Salud y de la Procuraduría General de Justicia30 (ambas de la Ciudad de México), referente al aviso al Ministerio Público, el cual vislumbra la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes, no consta que el personal posea la capacitación indispensable para notificar al Ministerio Público, lo cual es altamente importante, puesto que el aviso permite prevenir futuras agresiones.
Según el Grupo de Trabajo, es fundamental que en los procesos familiares las personas cuenten con una defensa eficiente, diligente, responsable y capacitada31. Sin embargo, tal y como se manifiesta en la respuesta a la solicitud de información que hizo el Comité Alerta CDMX a la Dirección General de Servicios Legales32, no hay ningún instrumento para evaluar el desempeño de las y los servidores públicos. Consiguientemente, no se cuenta con información sobre las posibles deficiencias en su desempeño, por lo que resulta necesaria la capacitación para fortalecer el servicio de la defensoría de oficio en materia familiar.
Otra de las preocupaciones expresadas por el Grupo de Trabajo es el fortalecimiento de los juzgados de lo familiar TSJCDMX, mediante su transición a la oralidad. No obstante, cuando el Comité Alerta CDMX preguntó por las capacitaciones recibidas por los y las juezas de los juzgados familiares del TSJCDMX del nuevo sistema oral con perspectiva de género, éste respondió que solamente se ha impartido un taller y dos diplomados33. Por lo tanto, se puede inferir que las y los juzgadores muy probablemente no tienen la capacitación necesaria para emitir sentencias con perspectiva de género.
Sobre la revisión de las competencias del personal de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX), particularmente la identificación del riesgo feminicida y la elaboración de dictámenes34, resulta realmente preocupante que ninguno de los perfiles para funcionarias o funcionarios del área35 señala como requisito tener conocimientos en perspectiva de género y derechos humanos. Por ende, no se identifican las asimetrías en el ejercicio de los derechos que afectan a las mujeres y las razones de género que pueden motivar la violencia feminicida.
Por otro lado, al cuestionar a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México sobre el procedimiento que debe seguir el personal de la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares para la identificación de riesgos feminicidas, aquélla respondió que se hace a través de una Cédula de Registro Único, con el que detectan el riesgo feminicida a través de indicadores36, lo cual resulta insuficiente, toda vez que este registro no contempla los casos en los que no se haya denunciado, fenómeno común en situación de violencia feminicida. Por si fuera poco, lo anterior limita aquellos casos que no cuentan con antecedentes, sin que eso signifique que no existe riesgo.
En diversas ocasiones se ha hecho hincapié en la importancia de contar con datos estadísticos que permitan tener datos exactos sobre la problemática de la violencia feminicida. Sin embargo, al cuestionar al TSJCDMX sobre alguna estadística que refleje la identificación del riesgo que se ha hecho en casos de violencia familiar y violencia feminicida, la Dirección de Estadística de esta dependencia manifestó que no tiene información ni metodología al respecto37, hecho que expresa el poco o nulo compromiso de la TSJCDMX por visibilizar la problemática estructural y la ulterior atención de la misma.
Las autoridades no han implementado medidas especiales para atender los casos de violencia extrema contra mujeres y niñas en hoteles y moteles de la Ciudad de México, lo cual fue constatado por el Grupo de Trabajo y, su vez, corroborado por el Comité Alerta CDMX, pues el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México no tiene ningún procedimiento de verificación específico para revisar que no se cometan actos que atenten contra la integridad de las mujeres38.
El Comité Alerta CDMX considera, en concordancia con lo expresado por Grupo de Trabajo, la importancia de tener protocolos de atención y protección de testigos presenciales de hechos delictivos cuando estos sean menores de edad. Fue así que solicitamos información al Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia, la PGJCDMX y el TSJCDMX, aunque respondieron que no cuentan con los protocolos aludidos al 5 de septiembre de 2018, 7 de septiembre de 2018 y 21 de septiembre de 2018, respectivamente39.
En el mismo sentido cuestionamos a las autoridades señaladas en el párrafo anterior sobre el procedimiento de atención a adolescentes, víctimas indirectas y/o testigos de hechos de violencia feminicida que garanticen el interés superior de la niñez, sin embargo, ninguna de ellas posee un procedimiento específico con enfoque diferenciado que atienda las características específicas de este grupo poblacional40. Por otro lado, derivado del daño causado a las hijas e hijos de víctimas de feminicidio, es indispensable que las mismas autoridades desarrollen un programa de protección y cuidado que atienda sus necesidades específicas. No obstante, es claro que aquéllas entidades estatales no consideran el enfoque diferenciado ni tienen un programa específico dirigido a este grupo etario que se encuentra en situación de vulnerabilidad.
Resulta evidente que las autoridades de la Ciudad de México no han priorizado la atención a niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas o testigos de violencia feminicida, siendo este un tema fundamental por el daño que se les causa y las circunstancias especiales de vulnerabilidad que se ven agravadas por la violencia feminicida. Lo que precede puede corroborarse con las respuestas señaladas anteriormente, pero también en la contestación de la Secretaría de Gobierno, porque señaló que no tiene políticas públicas enfocadas a la reparación integral del daño y recuperación de salud integral de las niñas, niños y adolescentes víctimas indirectas o testigos de violencia feminicida41.
Si bien es cierto que el Grupo de Trabajo concluyó que el Gobierno de la Ciudad de México necesita información adecuada para la identificación de las necesidades de información referente a la violencia contra las mujeres de la capital del país, la Dirección de Igualdad Sustantiva del Gobierno de la Ciudad de México nos comunicó la inexistencia de un sistema para obtener datos sobre los requerimientos de información de la población de la Ciudad de México, relacionadas con la identificación de los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, así como de las instituciones a las que pueden acudir para recibir atención, denunciar y solicitar algún tipo de servicio específico que esté dentro de las obligaciones del Gobierno de la entidad42.
El Grupo de Trabajo también estableció la necesidad de diseñar e implementar una estrategia homogénea de comunicación con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, sobre los derechos de las mujeres y el quehacer de las instituciones con relación a estos temas, el cual tenga visualizado las fases, los temas específicos, las instituciones, la población objetivo, la estrategia creativa y métodos de evaluación43. No obstante, la Subsecretaría de Gobierno de la Ciudad de México informó al Comité Alerta CDMX que, al menos hasta el 10 de octubre, no se localizó dicha información44.
La PGJCDMX no genera datos que referencien específicamente la violencia contra las mujeres en espacios y en el transporte público45, respectivamente, fenómeno que el Grupo de Trabajo identificó como el segundo ámbito con mayores índices sobre estas problemáticas. Cuando preguntamos46 por la cantidad de denuncias penales hechas por violencia contra las mujeres en el transporte público concesionado y gubernamental, recibimos estas respuestas: “[…] no se tiene desagregada, ni digitalizada la información planteada […]”47, o simplemente que “[…] no se cuenta con la información […]”48. Es altamente preocupante el hecho de que la PGJCDMX no genere datos desagregados acerca de la violencia contra las mujeres en el transporte público, porque esto permitiría tener estadísticas que dimensionaran la situación y, por ende, realizar las acciones pertinentes para combatirla.
II.3. Deber ser
El Comité Alerta CDMX considera primordial la emisión de nuevos perfiles para incorporar perspectiva de género y conocimientos en derechos humanos, en las y los funcionarios que intervienen en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, es indispensable corroborar que las y los funcionarios cuentan con los conocimientos fundamentales para ocupar sus puestos. Así pues, el Comité estima necesario que se realicen evaluaciones periódicas del desempeño de dichos funcionarios y funcionarias, esto con la finalidad de verificar la incorporación a sus labores de la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos.
Es indispensable que, además de la currícula para nuevo ingreso y permanencia, los requisitos para ocupar cargos en la prevención, atención, sanción, investigación y erradicación de la violencia contra las mujeres sean revisados por alguna institución académica de prestigio que cuente con programas especializados en género y derechos humanos, a fin de que pueda avalar el cumplimiento de las condiciones que reflejen los conocimientos en estas materias. Por consiguiente, el Comité Alerta CDMX considera pertinente la creación de un Comité que evalúe y certifique los conocimientos y competencias de las y los funcionarios49.
A fin de que el personal que interviene en la prevención, atención, sanción, erradicación e investigación de la violencia feminicida se encuentre en condiciones para llevar a cabo sus labores diligentemente, el Comité Alerta CDMX estima que se deben crear planes de contención para este tipo de personal, en el entendido de que éste deberá formar parte de las prestaciones laborales50. En ese tenor, el Comité Alerta CDMX también considera que, además de la creación de planes de contención, es de suma importancia que se mejoren las condiciones de trabajo del personal referido, por ejemplo, espacios, insumos y equipo.
Es menester apuntar la urgencia de tener personal médico no objetor de conciencia en cada unidad médica de la red de hospitales y todos los turnos, debidamente capacitado en la aplicación de la NOM-046, esto en concordancia con la segunda conclusión del Grupo de Trabajo.
El Comité Alerta CDMX considera indispensable que existan respuestas oportunas y capacidad institucional para atender casos de violencia familiar, así como la prevención de ésta51. En ese sentido, es menester que el personal adscrito al TSJCDMX analice de forma eficiente y con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos el riesgo ante las situaciones de violencia familiar con el propósito de activar mecanismos de protección de las mujeres y niñas en los ámbitos económico, psicológico y físico.
La incorporación del proceso oral en los procesos del orden familiar debe darse en su totalidad, a fin de recortar tiempos en la impartición de justicia, considerando la premisa del respeto a los términos establecidos en la ley. Asimismo, el personal adscrito a la defensoría de oficio ha de tener capacidad técnica, perspectiva de género y de derechos humanos. Las personas víctimas de violencia familiar habrán de contar con la atención integral necesaria para evitar, en la medida de lo posible, problemas adyacentes.
Acerca del modelo Modelo Único de Atención y Cédula Única de Registro señalado en el informe emitido por el Grupo de Trabajo52, el Comité Alerta CDMX señala que éste debe tener las siguientes características:
Contar con un protocolo homologado para que todas las dependencias y unidades encargadas de su implementación manejen las bases de datos, la información, los mecanismos informáticos y los formatos con los mismos parámetros; así como con manuales y lineamientos, en caso de ser necesario, para capacitación permanente del personal operativo.
La ruta homologada deberá ser obligatoria también para instituciones privadas o sociales que atiendan a mujeres víctimas de violencia. Las instituciones encargadas de la vigilancia o certificación de dichas instancias privadas o sociales darán seguimiento preciso al cumplimiento de estas obligaciones.
Además, el protocolo, manuales y lineamientos deberán estar sujetos a seguimiento permanente y evaluación cuando menos cada 3 años, y se deberá contar con personal especializado para esta tarea.
El Modelo Único deberá dar seguimiento puntual y continuo de los datos que se vayan ingresando. Asimismo, habrá de tenerse un mecanismo de detección de violencia sistemática contra una mujer, para poder activar dispositivos de prevención y protección particularizados.
Se deberá poner especial atención a que este Modelo Único sea para uso exclusivo del seguimiento, prevención y atención de los distintos tipos de violencia contra las mujeres, evitando en todo caso su uso para atenuar la responsabilidad de los perpetradores.
El Modelo Único estará armonizado con metas y objetivos de un programa estatal, que permita medir sus impactos y resultados a mediano y largo plazo.
El personal operador del Modelo Único tendrá que contar con capacitación continua y evaluable, garantizando que la atención cumpla con los principios de integralidad, efectividad, auxilio y atención oportuna, seguridad, confidencialidad, transparencia, seguimiento y gratuidad.
En los casos de primer contacto para el llenado de la Cédula Única, el personal contará con capacitación y habilidades para brindar orientación y canalización adecuada. Igualmente, deberá hacer un primer análisis de riesgo y detección de alto riesgo para, en su caso, la canalización correspondiente, asegurando un acompañamiento adecuado.
El Comité Alerta CDMX considera prioritarias las órdenes de protección. Por lo tanto, para que se obtengan óptimos resultados es relevante que:
Se genere un banco de datos específico de otorgamiento y seguimiento de medidas de protección a mujeres víctimas de violencia, ya sea dentro del Modelo Único o aparte.
Las medidas de protección garanticen la seguridad, protección, bienestar físico y psicológico e intimidad de las víctimas.
Se genere un protocolo homologado de otorgamiento y seguimiento de medidas de protección, garantizando que se capacite al personal encargado sobre su conocimiento y alcances.
Se garantice que las medidas de protección se otorguen conforme a la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que los OIC de juzgados familiares, civiles o penales, así como OIC o visitadurías ministeriales deberán generar las investigaciones y las sanciones que correspondan en contra de los servidores públicos que no cumplan con esta disposición.
Respecto a las órdenes de protección y de emergencia, se deberá garantizar el acompañamiento a las víctimas cuando así lo amerite la medida.
En lo que respecta a las órdenes de protección de naturaleza civil, las autoridades competentes deberán garantizar en todo momento la vida e integridad de las mujeres y el interés superior del menor.
Ahora bien, es indispensable señalar la importancia de las capacidades institucionales de atención a las mujeres en situación de violencia, mismas que deben considerar:
Las casas de refugio y de emergencia para las mujeres víctimas de violencia deberán contar con instalaciones adecuadas, con personal capacitado y certificación constante por parte de las autoridades.
Se deberán crear refugios especializados por tipo de violencia contra las mujeres, incluyendo violencia familiar.
Se deberá garantizar presupuesto para su funcionamiento y operación permanente.
Se deberá generar un plan para la apertura, operación y mantenimiento de las casas de refugio y de emergencia, que cumpla con estándares internacionales de atención, acompañamiento, cuidado y confidencialidad de las mismas, así como lineamientos de seguimiento a las mujeres que salen de las mismas.
En la Ciudad de México se han reportado diversos casos de violencia feminicida en establecimientos mercantiles en los que se presta el servicio de hospedaje. Por ende, el Comité Alerta CDMX considera indispensable que la verificación a los mismos se realice de conformidad con lo establecido en la ley y el reglamento de establecimientos mercantiles de la CDMX, además de establecer un mecanismo específico encaminado a detectar violencia contra las mujeres en este tipo de establecimientos.
No debe soslayarse la importancia de los espacios en los que se da atención a víctimas de violencia feminicida. Por lo tanto, el Comité Alerta CDMX cree oportuno que se haga una evaluación y un rediseño de las instalaciones con el asesoramiento de arquitectos, ingenieros, psicólogos, entre otros, con la finalidad de que los espacios sean seguros y adecuados para las víctimas.
Una de las obligaciones del Estado es la de promover los derechos humanos de las mujeres, por lo que el Comité Alerta CDMX observa necesario que la comunicación se realice de conformidad con un manual de identidad gráfica, ya vía redes sociales, ya medios de comunicación, ya campañas de concientización que implemente el gobierno de la CDMX. En ese sentido, se deben realizar mesas para la creación del modelo de comunicación, el cual se habrá elaborado con perspectiva de género, para lo cual se convocarán expertos en la materia, especialmente en el desarrollo de campañas similares. A fin de que todas las áreas de comunicación encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres tengan conocimiento del manual referido, es indispensable insertar la obligatoriedad de su uso en los manuales de operación de las áreas de comunicación.
Tal y como señala el informe del Grupo de Trabajo53, el segundo ámbito de mayor violencia contra las mujeres ocurre en espacios como la calle, parques y transporte. Por ello, el Comité Alerta CDMX considera oportuno realizar un diagnóstico sobre movilidad y espacios seguros para las mujeres, el cual debe contemplar tanto servicio público como servicio concesionado en el que se exponga claramente el impacto de la violencia contra las mujeres. Así pues, se deben desarrollar políticas públicas con el objetivo de prevenir, disminuir y erradicar la problemática. Aunado a lo ya expuesto, habrán de establecer y fortalecer los programas, medidas de seguridad, planes de acción que atiendan el riesgo en los medios de transporte público concesionado, además de los protocolos y procedimientos de seguridad en el mismo.
Para el Comité Alerta CDMX resulta de suma importancia resaltar la necesidad de diseñar un plan integral para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en los espacios públicos, con el fin de erradicar todas las formas de violencia sexual a las que de forma cotidiana se encuentran expuestas las niñas y mujeres en el espacio público, y en caso de ser indispensable, emitir regulaciones que coadyuven a hacer más eficiente el transporte público concesionado o programas integrales que lo regulen. Derivado de las altas cifras de violencia feminicida en el espacio público, es imperioso establecer mecanismos y procesos sencillos y seguros de denuncia que ponderen la perspectiva de género, en caso de que alguna mujer sufra agresión.
1 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Primera conclusión, pp. 82 y 83.
2 Véase CNDH, Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención. Disponible en: http://www.cndh.org.mx/DocTR/2016/JUR/A70/01/JUR-20170331-NOR19.pdf
3 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Segunda Conclusión, pp. 84.
4 Cfr. Ibid., Cuarta Conclusión, pp. 85 y 86.
5 Cfr. Ibid., Quinta Conclusión, pp. 86-89.
6 Cfr. Ibid., Sexta Conclusión, pp. 89 y 90.
7 Cfr. Ibid., Séptima Conclusión, pp. 90.
8 Cfr. Ibid., Octava Conclusión, pp. 90 y 91.
9 Cfr. Ibid., Novena Conclusión, pp. 91 y 92.
10 Cfr. Ibid., Décimo Cuarta Conclusión, pp. 97.
11 Cfr. Ibid., Décimo Sexta Conclusión, pp. 98 y 99.
12 Cfr. Ibid., Décimo Novena Conclusión, pp 101.
13 Cfr. Op. Cit. Vid. Nota 21.
14 Del que dependen áreas encargadas de atender a mujeres víctimas de violencia, entre ellas, el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar (CAVI), el Centro de Apoyo de Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones (CARIVA), Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), Centro de Investigación Victimológica y Apoyo Operativo (CIVA), Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento (ADEVI). Véase Anexo, Oficio No. 602/01601/2018-09 de la solicitud de información pública 0113000249118
15Titulada “¿Existe un plan de trabajo para el desarrollo y la aplicación de un programa de contención emocional para el personal que atiende a mujeres víctimas de violencia?”
16 Véase Anexo, Oficio No. 602/SEA/1744/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000264418
17 Cfr. Op. Cit. Vid. Nota 22.
18 Es decir, a menos de dos meses de que finalice el periodo de los seis meses que tiene el gobierno para cumplir con las conclusiones del Informe del Grupo de Trabajo.
19 Con respecto a Cuauhtémoc y Tláhuac, el Grupo de Trabajo encontró que ambas tienen los mayores índices con base en la tasa de Defunciones de Mujeres con Presunción de Homicidio. Ahora bien, Milpa Alta es la que reporta el mayor número de atención a mujeres por lesiones y violencia en la Secretaría de Salud. Véanse Anexo, Oficio No. SDHyEG/285/2018 de las solicitudes de información pública 0413000111018, 0413000111118, 0413000114818; Oficio No. DGDS/SA/01794/2018 de la solicitud de información pública 0405000240618; Oficio No. DUIS/348/2018 de la solicitud de información pública 0404000119118; Oficio No. SES/097/2018 de la solicitud de información pública 0412000102318; Oficio No. XOCH13-600/1945/2018 de la solicitud de información pública 0416000145818; Oficio No. JDMH/UIS/081/2018 de la solicitud de información pública 0411000227818; Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, pp. 91.
20 Véase Anexo, Oficio No INMUJERES-CDMX/DCSU1648/09-2018 de la solicitud de información pública 0313000052218
21 Cfr. Op. Cit. Vid. Nota 23.
22 Véase Anexo, Oficio No 700.I/0947/2018 de la solicitud de información pública 0113000259918
23 Véase Anexo, Oficio No 700.I/1002/2018 de la solicitud de información pública 0113000259818
24 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Primera Conclusión pp. 83.
25 Institución encargada de atender a niñas en situación de vulnerabilidad u opresión.
26 Véase Anexo, Oficio No. IEJ/DG/0438/2018 de la solicitud de información pública 6000000170918
27Véanse Anexo, Oficio No. SSCDMX/SUTCA/4424/2018 de la solicitud de información pública 0108000221818 y Oficio No. SSCDMX/SUTCA/4719/2018 de la solicitud de información pública 0108000221618
28 Véanse Anexo, Oficio No. SSCDMX/SUTCA/4719/2018 de la solicitud de información pública 010800022618
29 Esto a través del Oficio No. SSCDMX/SUTCA/4492/2018 de la solicitud de información pública 0108000220918 (Véase Anexo)
30 Previsto en la norma oficial mexicana Nom 046-SSA2-2005, publicado en la Gaceta el 10 de julio de 2018. Op. Cit. Vid. Nota 15.
31 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Cuarta Conclusión pp. 86
32 Véase Anexo, Oficio No. DDP/SAJC-UT/170/2018 de la solicitud de información pública 0116000140518
33 Taller de Acceso a la Justicia, Género y Discapacidad al Juzgado Cuarto de Proceso Oral Familiar, así como un Diplomado de Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género al titular del Juzgado Noveno Oral en Materia Familiar y otro llamado “Juzgar con perspectiva de género” al titular del Juzgado Segundo del Proceso Oral en Materia Familiar. Véase Anexo, Oficio No. P/DUT/6081/2018 de la solicitud de información pública 6000000181118
34 Véase Anexo, Oficio No. 600/603/1087/18-08 de la solicitud de información pública 0113000253618
35 Véase Anexo, Oficio No. 700.I/0936/2018 de la solicitud de información pública 0113000253818
36 Véase Anexo Oficio No. 600/603/1087/18-08 de la solicitud de información pública 0113000253618
37Véase Anexo, Oficio No. P/DUT/5712/2018 de la solicitud de información pública 6000000181618
38Véase Anexo, Oficio No. INVEADF/DVMAC/7937/2018 de la solicitud de información pública 0313500118618
39Véanse Anexo, Oficio de la solicitud de información pública 0113000269618 dirigida al DIF, se redireccionó a la PGJCDMX; Oficio No. 200.204.FCIH.2215/2018 de la solicitud de información 0113000263718 de la PGJCDMX; Oficio No. P/DUT/6373/2018 de la solicitud de información 6000000193518 del TSJCDMX.
40Op. Cit. Ibidem.
41 Véase Anexo, Oficio No. SG/SSG/3107/2018 de la solicitud de información pública 0101000159018
42 Véase Anexo, Oficio No. SG/DUIS/0231/2018 de la solicitud de información pública 0101000192818
43 Op. Cit. Vid. Nota 24.
44 Véase Anexo, Oficio No. SG/SSG/3824/2018 de la solicitud de información pública 0101000192918
45Cfr. Op. Cit. Vid. Nota 25.
46 Preguntas formuladas a la oficina del Ministerio Público y enlace con la Unidad de Transparencia en la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, tanto de la Dirección de estadística pertenecientes a esta institución. Véanse Anexo, Oficio No. SAPD/300/CA/1756/18-08 de la solicitud de información pública 0113000254318 y Oficio No. DE/495/108-08 de la solicitud de información pública 0113000254418
47 Op. cit. Ibid. Oficio No. SAPD/300/CA/1756/18-08
48 Op. cit. Vid. Nota 57, Oficio No. DE/495/108-08
49 La propuesta para el Comité que evalúe y certifique los conocimientos y el desempeño de las y los funcionarios es que se encuentre integrado por académicas/os, personal experimentado en las áreas técnicas, integrantes de la sociedad civil que trabajen temas de violencia de género y derechos humanos de las mujeres y finalmente por víctimas que recibieron atención o servicio de las y los funcionarios.
50 El programa al que se hace alusión se tendrá que elaborar en coordinación con instituciones de salud.
51 Véase la cuarta conclusión del Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, misma que se refiere al funcionamiento del Tribunal Superior de justicia de la Ciudad de México, en específico a las controversias del orden familiar.
52 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Quinta conclusión, pp. 87.
53 Cfr. Op. Cit. Vid., Nota 25.
Capítulo III: Las referidas a procuración e impartición de justicia
☞ ¿Las instituciones de procuración e impartición de justicia de la Ciudad se apegan a la Ley? ¿Existen mecanismos de identificación y sanción para las y los servidores que cometan actos ilícitos en el desempeño de sus funciones?
III.1. Hallazgos del Grupo de Trabajo
Respecto de las instituciones que se encargan de la procuración e impartición de justicia, el Grupo de Trabajo encontró deficiencias en la utilización de los protocolos y en las investigaciones. También enfatizó que los servidores públicos desconocen la existencia de los protocolos1 encaminados a salvaguardar la integridad de las víctimas directas e indirectas2 de delitos.
Respecto a las investigaciones, el Grupo de Trabajo resaltó la falta de herramientas metodológicas y de investigación por parte de la fiscalía, desde la aplicación de protocolos hasta los mecanismos de acopio de evidencias. A su vez, preocupa que el Tribunal Superior de Justicia3, además de las deficiencias antes mencionadas, no cuenta con las herramientas necesarias para dictar una sentencia que contenga una correcta una reparación integral del daño. Es decir, el Grupo de Trabajo consideró fundamental el mejoramiento de las capacidades de las autoridades encargadas de investigar los hechos delictivos, por lo que destacó la deficiencia en materia de violencia sexual4 y forense5, así como de las autoridades encargadas de impartir justicia en casos que involucran a mujeres como víctimas directas e indirectas. Así pues, el Grupo de Trabajo concluyó que es necesario:
Crear y difundir6 protocolos encaminados a proteger y garantizar los derechos humanos de las víctimas7, posterior a la emisión y difusión de los protocolos8 ya existentes. Consiguientemente, es fundamental capacitar9 a las y los servidores públicos para que estén en posibilidad de aplicarlos. Finalmente, lo recomendado será evaluar10 el impacto de la aplicación de los protocolos y de las capacitaciones brindadas.
Revisar los procedimientos de investigación científica11 y metodológica12, garantizar que dentro de las investigaciones se apliquen directrices, contenidas en los protocolos, para guiar el actuar de los funcionarios públicos adscritos a la procuraduría. Para ello se deberán crear desde campañas de difusión integrales hasta la capacitación de las y los funcionarios encargados de investigar los delitos cometidos contra las mujeres.
Mejorar y capacitar a las y los funcionarios tanto de la PGJCDMX13 y del TSJCDMX en materia de reparación integral del daño 14. Para llevar a cabo esto rápida, eficiente y eficazmente, se propone que el TSJCDMX aplique una estrategia de jurisdicción concentrada15.
Se deberá crear un mecanismo de rendición de cuentas y de supervisión y evaluación del desempeño del personal especializado en la investigación de delitos contra las mujeres16.
Además de un cambio sustancial dentro de las instancias encargadas de investigar y sancionar delitos, es menester evaluar y modificar tanto los centros de atención y prevención a mujeres como las políticas públicas17 encaminadas a proteger sus derechos.
III.2. Comprobaciones del Comité Alerta CDMX
Desde la emisión del Informe del Grupo de Trabajo, las instancias encargadas de investigar y sancionar los delitos de feminicidios no demuestran un cambio sustantivo. La PGJCDMX no cuenta con un protocolo18 destinado a atender a las víctimas indirectas. Debido a esta falta, la Procuraduría continúa utilizando los centros de apoyo sociojurídico a víctimas del delito violento19, centros que atienden de manera general y no cuentan con los conocimientos específicos para encargarse de los menores de edad.
El Comité encuentra alarmante que la Procuraduría no cuenta con un protocolo y/o programa encaminado al cuidado de los menores de edad víctimas indirectas del delito de feminicidio20 y mucho menos tiene planeada la emisión del protocolo antes mencionado21. Si bien la PGJCDMX resalta un avance22 referente a las medidas que aplica para evitar la revictimización, estas prevenciones consisten en el apoyo de un equipo conformado por psicólogos, abogados y trabajadores sociales, por lo cual es importante que, al analizar este avance, el Grupo de Trabajo solicite pruebas a la PGJCDMX de la aplicación de estas cédulas multidisciplinarias.
En cuanto a la aplicación de protocolos de actuación e investigación de delitos sexuales, el Comité encontró que no se impartieron cursos tendientes a mejorar las capacidades de investigación de los servidores públicos adscritos a la Procuraduría23.
El TSJCDMX, no cuenta con un programa y/o protocolo de atención para garantizar el bienestar de los niños y niñas,24 el comité de alerta resalta que no hay un cambio dentro de los protocolos utilizados por el tribunal debido a que el tribunal utiliza los mismos métodos señalados y ya estudiados por el grupo de trabajo25.
La falta de protocolos y la ausencia de capacitación traen como consecuencia que los casos judicializados no tengan una baja significativa, si bien derivado de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Trabajo se implementó por parte de las instancias de procuración de justicia un acuerdo de cooperación interinstitucional, éste no ha dado resultados, pues aún es desconocido para los servidores públicos encargados de impartir justicia26, lo que se ve reflejado en los casos judicializados, pues los mismos no han presentado una baja significativa desde su aplicación27.
Como apoyo a la investigación y procuración de justicia, encontramos el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la Ciudad de México. Sin embargo, el Comité comprobó que en esta instancia no existe capacitación alguna relacionada con la atención de menores víctimas indirectas del delito de feminicidio28.
Sobre la metodología de investigación, el Comité comprobó que si bien el Instituto de Ciencias Forenses ha tenido comunicación con la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, y ésta a su vez con la Unidad Forense respectiva para homologar el proceso de entrega del cuerpo de la víctima– recepción de cadáver29, aún no existen resultados que demuestren si existe dicha homologación y mucho menos que la aplicación del protocolo esté apegada a estándares internacionales. Por ende, preocupa al Comité el hecho de que los peritos médicos no asistan al lugar de los hechos cuando se presume la existencia del delito de feminicidio,30 incumpliendo con el estándar internacional en la materia.
Frente a la investigación de delitos sexuales, se destaca por parte de la Procuraduría y el Tribunal Superior de Justicia la emisión de un acuerdo de comunicación interinstitucional31, maxime no existen capacitaciones encaminadas a brindar herramientas para la aplicación de dicho acuerdo, cabe resaltar que esta participación interinstitucional se encuentra en fase de implementación, es decir, aún no ha brindado resultados. Con respecto a la revisión de expedientes recomendada por el Grupò de Trabajo, el Comité encontró que la PGJCDMX no cuenta32 con documento alguno tendiente a comprobar la aplicación del Protocolo de Investigación Ministerial, policial y pericial de feminicidio.
Respecto a las acciones que la Procuraduría emprende para documentar y evaluar los daños materiales e inmateriales de las víctimas (directas e indirectas), y así determinar las modalidades de la reparación integral, el Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo (CIVA), indicó que en él son elaborados informes psicológicos victimales a petición del Ministerio Público, en los cuales puede solicitar el costo de las sesiones psicoterapéuticas en los casos que las víctimas resulten con afectación psicoemocional derivado del delito33.
Por su parte, el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito Violento informó que éste brinda atención integral a las víctimas directas e indirectas en las áreas de trabajo social, psicología y asesoría legal. Además de puntualizar que durante la etapa de investigación el Ministerio Público solicita al ADEVI dictámenes periciales que sirven, en primer lugar, para determinar si existe afectación psicoemocional derivado del hecho victimizante, y en segundo, para cuantificar el costo el costo de las sesiones que requerirá para la recuperación de su estado emocional antes del delito, y que con este parámetro el juez fijará al imputado parte de la reparación del daño moral34.
Con relación a cuáles son las diligencias que realiza el Agente del Ministerio Público para constituir datos de prueba que sustenten medidas de compensación como una de las formas de reparación integral del daño, la respuesta que proporcionó la PGJCDMX fue totalmente genérica, sin especificar de manera exhaustiva las acciones que realiza para poder sustentar fundadamente medidas de compensación, al mencionar únicamente que “los actos de investigación que ordene el MP, serán aquellos que considere adecuados y útiles para el esclarecimiento de los hechos (…) y sustenten la reparación del daño que serán variables dependiendo del delito denunciado”.35
Por otro lado, se observa que la PGJCDMX no distingue entre las diligencias que debe llevar a cabo para acreditar el delito, de aquellas que debe efectuar para acreditar la reparación integral del daño. Lo anterior se verifica porque en su respuesta menciona que “el Ministerio público al tener conocimiento del hecho que la ley señala como delito, realizará las diligencias pertinentes para acreditar el delito de que se trate, y entre estas diligencias estará la solicitud de documentales, declaraciones de víctimas directas e indirectas, testigos, información de otras instituciones, dictámenes periciales pertinentes que permitan en su momento cuantificar los daños materiales y no materiales, entre otros que permitan al MP solicite al juez de conocimiento la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas”.36
Por lo que se refiere a las diligencias que realiza el Agente del Ministerio Público para constituir datos de prueba que sustenten medidas de rehabilitación como una de las formas de reparación integral del daño, la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas, elude proporcionar una respuesta que ilustre el trabajo que desarrolla la PGJCDMX con relación a los datos de prueba que puede allegarse el MP para sustentar la reparación integral de daño, limitándose únicamente a mencionar que “los datos de prueba son muy variados y que según el delito que se esté investigando, serán los datos de prueba que se requieran para para su acreditación, no siendo los mismos para todos los delitos”. 37
Asimismo, se advierte que no existe claridad en relación a las medidas de rehabilitación que pueden solicitarse para que la víctima haga frente a los efectos sufridos a causa del hecho delictivo, pues aluden en su respuesta a que es en la fase de investigación complementaria, una vez que presenta la acusación ante el órgano jurisdiccional que se solicite el “monto de la reparación del daño”, siendo que, según la literatura especializada y la propia Ley General de Víctimas, las medidas de rehabilitación pueden consistir, entre otros aspectos, en atención médica, psicológica y psiquiátrica especializadas; servicios y asesoría jurídicos tendientes a facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas y a garantizar su disfrute pleno y tranquilo; servicios sociales orientados a garantizar el pleno restablecimiento de los derechos de la víctima en su condición de persona y ciudadana. Por lo que resulta evidente que una medida de rehabilitación no trata de señalar un monto, como sí podría solicitarse en los casos de las medidas de compensación.
Desconcierta la respuesta que ofrece la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas al relacionar la medida de rehabilitación con el delito que se esté investigando, pues se parte del entendido de que la medida de rehabilitación a solicitar debe responder a la necesidad de las víctimas determinadas, al impacto y a la magnitud de los daños sufridos por ellas. Si bien tales necesidades son variables, todas ellas deben estar encaminadas a facilitar que la víctima haga frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible y lograr su reintegración a la sociedad.
En el mismo sentido, se aprecia una total incomprensión acerca de la pregunta o de las medidas de rehabilitación a las víctimas, pues la respuesta que emite la Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares menciona que las diligencias que realiza el MP para constituir datos de prueba que sustenten medidas de rehabilitación son principalmente las siguientes: “entrevista de la víctima para hacer constar la adicción que padece el imputado; solicitud a policía de investigación para realizar investigación exhaustiva de los hechos y en relación a verificar mediante la práctica de entorno social del imputado; documentales que aporte la víctima respecto a un previo internamiento con motivo de la atención de la salud del imputado”38. Como se aprecia, la respuesta gira en torno al imputado, en vez de mencionar las necesidades de la víctima que amerite determinadas medidas de rehabilitación.
Al cuestionamiento que se realizó a la PGJCDMX relativo a las providencias precautorias que solicita el MP al juez para asegurar la reparación del daño a las víctimas, tanto la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Desconcentradas39 como la Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales40 tuvieron a bien transcribir como respuesta el artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señala las posibles providencias precautorias que puede solicitar el MP para asegurar la reparación del daño a la víctima. Sin embargo, lo que se esperaba con la pregunta es que la PGJCDMX informara sobre las providencias que efectivamente solicita en la tramitación cotidiana de los asuntos, y no las posibilidades que la ley prevé, que posiblemente la Procuraduría nunca solicitará al juez.
El Comité pudo percatarse que la PGJCDMX no cuenta con un mecanismo adecuado, eficaz y pertinente para dicha evaluación, sino únicamente realiza las funciones administrativas, y esto a partir de las respuestas emitidas al cuestionamiento efectuado sobre cuáles son los mecanismos que utilizan para evaluar el desempeño cualitativo y cuantitativo del personal que atiende áreas de investigación de delitos contra mujeres ¿Qué tipo de funciones administrativas? Entre ellas, recibir un informe diario de las actividades del personal, reuniones periódicas con el personal para tratar temas relacionados con las carpetas de investigación, si se tiene noticia de una anomalía o irregularidad en cuanto a la atención de las víctimas se da vista a los órganos de control interno, acudir periódicamente al centro41. Por otro lado, CAPEA indicó que es el director del Centro quien como superior jerárquico revisa de manera continua el trabajo del personal encargado de atender a los usuarios, además de la existencia del órgano de control interno, conformada por la Visitaduría Ministerial42.
La Subprocuraduría de Averiguaciones Previas Centrales informó que para estimar el desempeño de los servidores públicos aplican los instrumentos diseñados para evaluar los ejes temáticos43. De lo anterior, es fácil identificar que la supervisión y la sanción a la que se refiere la recomendación del Grupo de Trabajo aluden a las conductas ilícitas cometidas por los servidores públicos que atienden a mujeres víctimas, mediante las cuales se obstruye y obstaculiza la procuración de justicia. Sin embargo, la PGJCDMX enfoca sustancialmente la evaluación a los servidores públicos de aspectos mayormente administrativos.
Por lo que se refiere a las vías para presentar quejas en contra de los servidores públicos, aun cuando la PGJCDMX menciona que existen tres vías para ser presentadas44. No obstante las diversas vías existentes, lo cierto es que la ciudadanía no las conoce, debido a la falta de promoción de las mismas, y sobre todo, de la poca confianza que ella tiene en que una vez que las active obtenga un resultado satisfactorio que investigue la falta o la conducta ilícita por parte del servidor público.
Lo anterior se corrobora con la escasa presentación de quejas y/o denuncias. La Fiscalía para la Investigación cometida por Servidores Públicos reportó haber recibido, en los último tres años, únicamente 35 denuncias en contra de servidores públicos adscritos a la Fiscalía especializada en Delitos Sexuales, de las cuales:
Delito en el ámbito de la administración de justicia
Delito de ejercicio ilegal del servicio público
Si de por sí 35 denuncias en 3 años parece un número reducido, esto en proporción al alto número de denuncias recibidas y al malestar social que se manifiesta por parte de las víctimas, sobre todo tratándose de delitos sexuales, de acuerdo a la información recibida por parte de la Fiscalía, de esas 35 denuncias en ninguna se ha determinado el ejercicio de la acción penal. Pues 12 se encuentran en archivo temporal, 15 con propuesta de no ejercicio de la acción penal, en dos fue determinada incompetencia, y sólo seis se continúan integrando45.
Respecto del Centro de Justicia para Mujeres se nos informó que en los últimos tres años únicamente se recibieron (tres) quejas en contra de los servidores públicos, dos de las cuales fueran enviadas por conducto de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y una de manera directa; respecto de las conductas señaladas (dos) fueron por el delito de negación del servicio público y (una) por ejercicio ilegal del servicio público. De las tres denuncias (dos) se encuentran en integración y (1) se determinó como propuesta para archivo temporal.46
A la fecha no existe ni una sola determinación para el ejercicio de la acción penal (acusación) y en consecuencia ni una sanción en contra de un servidor público del Centro de Justicia Para Mujeres. Lo anterior pudiera ser consecuencia de un excelente desempeño de sus funciones, o bien, como resultado de la poca promoción de los derechos de las usuarias de recibir un trato digno, con respeto a sus derechos o de la impunidad que acompaña los casos denunciados que desmotivan a la usuaria a presentar denuncia.
Si esto último fuera lo que aconteciera representaría una aceptación tácita de la Institución hacia conductas inadecuadas cometidas por los servidores público en contra de las usuarias, y dada la impunidad se explicaría la revictimización, la criminalización y la violación a los derechos humanos de los que se quejan constantemente las mujeres víctimas.
Las quejas recibidas por presuntas violaciones a los derechos humanos en los últimos tres años fueron 30 en el caso de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas47. Las denuncias realizadas durante los últimos tres años hacia el personal operativo de la misma Fiscalía Especializada en Trata de Personas fueron siete (de las cuales en ninguna se ha ejercido la acción penal), dos propuestas para el archivo temporal, dos con propuesta de no ejercicio de la acción penal y tres que continúan en integración48. Nuevamente se constata la impunidad institucional imperante hacia los servidores públicos que han sido denunciados por actos ilícitos dentro del desempeño de sus funciones de procurar justicia.
Semejante impunidad institucional se constata en relación a las denuncias presentadas en contra de servidores públicos pertenecientes a CAPEA, contra quienes, en los últimos tres años, se presentaron cuatro denuncias, de las cuales tres se propusieron para el archivo temporal y una con propuesta de no ejercicio de la acción penal49.
La Fiscalía para la investigación de los delitos cometidos por servidores públicos manifestó que de la búsqueda exhaustiva no recibió denuncia alguna en contra de servidores públicos adscritos a la Agencia Especializada para la Investigación del Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y personas con Orientación o Preferencia sexual por identidad o expresión de Género y feminicidio. Lo anterior preocupa a este Comité, pues se tiene conocimiento de que por lo menos dos denuncias presentadas directamente por la Organización Justicia Pro Persona en contra de servidores públicos pertenecientes a la Fiscalía en comento, precisamente por actos que afectan la procuración de justicia en dos casos de feminicidio.
De acuerdo a la información que proporcionó el Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo CIVA de la PGJCDMX, indican que las acciones que llevan a cabo para la atención de personas agresoras, consisten en “realizar una evaluación final cuando los generadores de violencia concluyen su proceso psicoterapéutico, se evalúa el impacto de la intervención, psicológica del tratamiento a través de un resumen clínico del proceso terapéutico que se integra en el expediente único de la persona usuaria”50, por lo que se puede deducir que la atención se orienta únicamente al área de la salud psicológica, sin incluir aspectos reeducacionales o aspectos socio-culturales, que como se sabe tienen una incidencia importante en la prevención de conductas violentas.
Por su parte, la Secretaria de Salud de la Ciudad de México informó que: “el modelo que la Secretaría es el que se utiliza en la Secretaría de Salud Federal a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, que se aplica en todas las Secretarías de Salud estatales del país, que trata de lo siguiente: Se atiende en la intervención de reeducación para agresores de violencia de pareja a través de los grupos reflexivos, que se fortalecen con ejercicios vivenciales. Para la parte teórico metodológica del trabajo con hombres, se hace uso del enfoque cognitivo conductual, del modelo ecológico y de la perspectiva de género, los grupos son facilitados y cofacilitados por psicólogos con experiencia en atención a agresores [...] El proceso de reeducación tiene una duración de 25 semanas, las sesiones psicoeducativas se realizan una vez por semana, con duración de 2 horas cada una; las sesiones son temáticas y técnicas, estas se van alternando de manera semanal; en las sesiones temáticas se analizan temas relacionados con la violencia contra las mujeres y los ejercicios de poder vinculados a la masculinidad hegemónica”51.
Al respecto del modelo que utiliza la SSCDMX parece interesante, sin embargo, es de resaltar la falta de promoción de este modelo en la población en general, que debiera extenderse a todo el público y no sólo a quienes han sido señalados ante las autoridades como agresores, para fortalecer sus finalidades de prevención. Por otro lado, aun cuando señalan que “la intervención de reeducación a agresores de violencia de pareja, cuenta con instrumentos de evaluación que se aplican a los usuarios, al inicio y al final de su participación en la intervención”52, parece que esta evaluación parte de una visión unilateral (únicamente del agresor), y sólo considera los dos momentos de la intervención. Una evaluación de seguimiento a corto, mediano y largo plazo que involucre a más interesados podría arrojar resultados más objetivos y potencializar los segmentos donde hay que hacer refuerzos y mejorar los resultados.
Debido a la falta de respuesta por parte del Tribunal Superior de Justicia respecto del proceso para conformar una jurisdicción que concentra a las y los jueces que cuentan con el perfil necesario para cumplir con la obligación de juzgar con perspectiva de género, se puede concluir que a la fecha no se han realizado las gestiones necesarias para cumplir a cabalidad con el mandato jurisprudencial de juzgar con perspectiva de género.
En el mismo sentido a partir de las preguntas formuladas al TSJCDMX no ha sido posible conocer si existe o se ha puesto en funcionamiento un sistema para el monitoreo y revisión de las decisiones judiciales en los casos de violencia contra las mujeres. En consecuencia, se considera que no se ha cumplido puntualmente con este indicador.
De acuerdo con la información emitida por el TSJCDMX53, se encuentra aprobado y se “prevé la realización de un micrositio para dar a conocer el sistema de registro sobre datos estadísticos respecto a los delitos cometidos en contra de las mujeres”. Sin embargo, no se informa que este micrositio esté ya en funcionamiento, como tampoco se señala una fecha determinada para su puesta en marcha, por lo cual, es posible concluir que el indicador relativo a contar con un micrositio que consolide la información sobre la impartición de justicia en los casos de delitos relacionados con la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes no ha sido atendido a cabalidad.
Finalmente, a falta de la información sobre la emisión de Informes periódicos relativos a los montos por reparación del daño a los que se ha sentenciado en casos de violencia sexual, feminicidio, violencia familiar, es de considerar que este indicador tampoco cuenta con un cumplimiento puntual, o que se haya dado a conocer como parte de su labor administrativa.
Por lo anterior se considera que de acuerdo a la información proporcionada por la propia PGJCDMX, que durante el transcurso de los meses que debían implementarse las acciones para modificar los patrones existentes que consideran que, para reparar el daño, únicamente la compensación económica y la facilitación de terapias psicológicas son las formas de reparar integralmente el daño, y contar con un catálogo de herramienta forenses para ser utilizado en las diferentes etapas del procedimiento penal, no se cumplió.
III.3 Deber ser
El Comité considera que para tener por cumplido en sus términos el indicador señalado por el Grupo de Trabajo que consiste en la “Creación de centros especializados para la erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres que cuenten con un modelo de atención integral”, es preciso diseñar un modelo de atención integral e intervención con agresores que tome en cuenta su implementación en las diferentes instancias del Gobierno de la Ciudad de México, con la participación de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil especializada en el tema de masculinidades y prevención social del delito. Este grupo además debería elaborar los indicadores de evaluación periódica del impacto del modelo en la erradicación las conductas violentas.
Sería deseable, para no centralizar la atención en estos casos, la instauración de centros especializados para la erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres que apliquen el modelo de atención e intervención integral previamente diseñado por el grupo experto, por lo menos uno por cada Alcaldía (antes delegación política).
Todas y todos los jueces de la Ciudad de México deben utilizar la perspectiva de género en sus actuaciones, sobre todo en los casos en que se evidencie o se tenga indicio de un desequilibrio de poder entre hombres y mujeres, esto es, en aquellos relacionados con violencia familiar, violación, abuso sexual, feminicidio, trata de personas.
De manera inmediata el TSJCDMX debe adoptar una estrategia en la que se concentre la jurisdicción en materia de delitos de violencia en contra de las mujeres, quienes de manera obligatoria y sin excepción habrán de emplear la perspectiva de género y los estándares internacionales y nacionales en materia de protección de los derechos de las mujeres.
La concentración de jurisdicción tendrá que realizarse en por lo menos los juzgados civiles, penales y familiares, y deberá asegurarse que se haya efectuado un proceso cuidadoso de selección de los perfiles de las y los jueces, fundamentalmente que tengan una especialización en derechos humanos, teoría de género, perspectiva de la infancia y enfoque diferencial.
Este Comité considera que tanto en la PGJCDMX como en el TSJCDMX deberían organizarse grupos de trabajo interdisciplinarios, para evaluar el desempeño de las y los servidores públicos en las áreas relacionadas con asuntos que necesariamente conllevan la necesidad de aplicar la perspectiva de género, el enfoque diferenciado y especializado, así como la interseccionalidad.
Por otro lado, se considera de suma relevancia que haya una revisión puntual del trabajo que realizan los órganos encargados de sancionar las conductas ilícitas cometidas por servidores públicos, como son la visitadurías y los órganos de control interno, la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos y el Consejo de la Judicatura; esto a fin de erradicar la impunidad que existe en relación a las conductas cometidas por los servidores públicos en el desempeño de sus funciones las cuales lesionan bienes jurídicos y derechos humanos de los justiciables. De lo contrario, a falta de sanciones efectivas en contra de tales servidores públicos, existe una suerte de simulación por parte de las instituciones del combate de esas conductas, cuando en realidad el mensaje es de total permisibilidad.
1Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Décima Conclusión, pp. 93 y 94.
2Cfr. Op. Cit. Vid., Nota 20.
3Cfr. Op. Cit. Ibidem.
4Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Décimo Primera Conclusión, pp 94.
5Cfr. Ibid., Décima Conclusión, pp 92.
6Cfr. Ibid., Décimo Primera Conclusión, pp 95.
7Cfr. Ibid., Décima Conclusión, pp 93.
8Cfr. Ibid., Décimo Segunda Conclusión pp. 95.
9Op. Cit. Vid. Nota 68.
10Op. Cit. Vid. Nota 70.
11Op. Cit. Vid. Nota 71.
12Op. Cit. Ibidem.
13Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Décima Tercera Conclusión pp. 96.
14Cfr. Op. Cit. Vid. Nota 20.
15Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Vigésima Conclusión, pp 120.
16Cfr. Op. Cit. Vid. Nota 63.
17Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Décimo Octava Conclusión, pp 101.
18 Véase Anexo, Oficio No. 200/ADP/1121/2018 de la solicitud de información pública 0113000244218
19 Véase Anexo, Oficio No. 602/01688/2018-09 de la solicitud de información pública 0113000264218
20 Véase Anexo, Oficio No. SG/SSG/3063/2018 de la solicitud de información pública 0101000157918
21Véase Anexo, Oficio No. DGJCISJP/501/5982/2018-09 de la solicitud de información pública 0113000263718
22Véase Anexo, Oficio No. 602/01690/2018-9 de la solicitud de información pública 0113000342718
23Véase Anexo, Oficio No. EUT/0279/2018-10 de la solicitud de información pública 0113000516518
24Véase Anexo, Oficio No. P/DUT/6107/2018 de la solicitud de información pública 6000000194418
25 Véase Anexo, Oficio No. P/DUT/6202/2018 de la solicitud de información pública 6000000213218
26 Véase Anexo, Oficio No. P/DUT/6678/2018 de las solicitudes de información pública 6000000213418 y 6000000219418
27 Véase Anexo, Oficio No. DE/589/18-10 de las solicitudes de información pública 0113000540118, 0113000542518, 0113000545118
28 Véase Anexo, Oficio No. DIF-CDMX/UT/1046/2018 de la solicitud de información pública 0326000042518
29 Véase Anexo, Oficio No. P/DUT/6277/2018 de la solicitud de información pública 6000000203518
30Véase Anexo, Oficio No. P/DUT/6116/2018 de la solicitud de información pública 6000000203418
31Véase Anexo, Oficio No. P/DUT/6777/2018 de la solicitud de información pública 6000000203718
32Véase Anexo, Oficio No. 200.204.FCIH.2438/2018 de la solicitud de información pública 0113000343218
33Véase Anexo, Oficio No. 602/500/11852/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000257218
34Véase Anexo, Oficio No. 602/600/8729/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000257218
35Véase Anexo, Oficio No. SAPD/300/CA/1793/2018-09 de la solicitud de información pública 0113000257618
36Véase Anexo, Oficio No. 200/ADP/1209/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000257618
37Véase Anexo, Oficio No. SAPD/300/CA/1774/18-09 de la solicitud de información pública 0113000257518
38Véase Anexo, Oficio No. 600/603/1086/18-08 de la solicitud de información pública 0113000257518
39Véase Anexo, Oficio No. SAPD/300/CA/1789/2018-09 de la solicitud de información pública 0113000257018
40Véase Anexo, Oficio No. 200/ADP/1213/2018-08 de la solicitud de información pública 01130000257018
41Véase Anexo, Oficio No. 600/603/1158/18-09 de la solicitud de información pública 0113000251818
42Véase Anexo, Oficio No. 602/01520/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000251818
43 a) Respeto a los principios establecidos en el artículo 21 de la Constitución; b) Disciplina administrativa, mediante la cual analizan las incidencias administrativas en las que incurre el servidor público con motivo de su función y su relación administrativa con la institución; c) disciplina operativa, mediante la cual analizan la actuación del servidor público en cuanto a sus tareas sustantivas; d) productividad, para identificar la cantidad y calidad del trabajo desarrollado por el servidor público en relación a las metas establecidas; e) capacitación, mediante la cual se conoce la capacitación que ha sido impartida a cada uno de los servidores públicos evaluados. Véase Anexo, Oficio No. 200/ADP/1196/2018-08 de la solicitud de información 0113000251818
44 A saber:1) de manera personal acudiendo a las oficinas del área de atención ciudadana de la Dirección General de Derechos Humanos; 2) vía telefónica o, 3) por correo electrónico. Véase Anexo, Oficio No. DGDH/503/393/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000252018
45Véase Anexo, Oficio No. FSP/105/949/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000252218
46Véase Anexo, Oficio No. FSP/105/948/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000252218
47Véase Anexo, Oficio No. DGDH/503/405/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000252318
48Véase Anexo, Oficio No. FSP/105/950/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000252318
49Véase Anexo, Oficio No. FSP/105/951/2018-08 de la solicitud de información pública 0113000252518
50Véase Anexo, Oficio No. 602/01549/2018-08 de la solicitud de información pública 011300058118
51Véase Anexo, Oficio No. SSCDMX/SCAOIP/4965/ 2018 de la solicitud de información pública 0108000249518
52Véase Anexo, Oficio No. SSCDMX /SCAOIP/4964/ 2018 de la solicitud de información pública 0108000250318
53Véase Anexo, Oficio No. P/DUT/6228/2018 de la solicitud de información pública 6000000186218
Capítulo IV: Las referidas a los protocolos de actuación relacionados con la no localización de mujeres
☞ ¿Las autoridades aplican al pie de la letra los Protocolos de búsqueda en los casos de denuncias de desaparecidas? ¿Existe una omisión del Estado en garantizar la prevención, búsqueda y la investigación eficaz y adecuada del delito desaparición de mujeres y niñas en la CDMX?
IV.1. Hallazgos del Grupo de Trabajo
Desconocimiento e inaplicación de los protocolos de búsqueda, desestimación de denuncias de desapariciones de mujeres por parte del personal del Centro de Atención de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA), por lo que concluyó en adición a la tercera medida urgente aceptada por el Gobierno de la Ciudad de México, la revisión y actualización del Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas en Situación de Extravío o Ausencia, en especial de Mujeres, Niñas y Adolescentes en congruencia con el Protocolo Alba y a la luz de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición, considerando la instancia de evaluación y seguimiento, así como un mecanismo de coordinación con las entidades federativas colindantes con la Ciudad de México; y también presentar Informes públicos y periódicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas (con vida y sin vida) y no localizadas.1
IV.2. Comprobaciones del Comité Alerta CDMX
El Comité Alerta CDMX corroboró a través del oficio 602/01583/2018-09 emitido por el Director General de Atención a Víctimas del Delito que los Protocolos para realizar la búsqueda y la localización de las personas es el “Protocolo para la Búsqueda inmediata de personas en situación de Extravío o Ausencia, en especial de Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes”, mismo que fue creado mediante Acuerdo A/015/2012.
Lo anterior es contrario a lo ordenado por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, pues en concordancia con lo ordenado por el Grupo de Trabajo, se establece que esta obligación se deberá de realizar a través de un Protocolo de Búsqueda Inmediata de Personas en Situación de Extravío o Ausencia, en especial de Mujeres, Niñas y Adolescentes en congruencia con el Protocolo Alba.
Derivado de lo anterior, es claro que los Protocolos ordenados por la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas no se han implementado, y por tanto se siguen utilizando protocolos que no privilegian la perspectiva de género y el enfoque diferenciado y especializado que tome en cuenta la situación especial de vulnerabilidad en la que se encuentran los distintos grupos poblacionales.
Por lo que hace a los informes públicos y periódicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas (con vida y sin vida) y no localizadas, la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, no da la información solicitada, pues tal y como se puede comprobar con el oficio 200/ADP/1564/2018-10, a través del cual se emite la respuesta del área pertinente, ésta no satisface lo pregunta.
IV.3. Deber ser
El artículo 68 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece que las Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, mismas que deberán de coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas.
En ese sentido, mediante el acuerdo A/012/2018 del C. Procurador General de Justicia en la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial de esta Ciudad, el 29 de agosto del 2018, se creó la Fiscalía Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas. Por lo tanto esta Fiscalía debe realizar sus labores de conformidad con la Ley a la que hemos aludido, así como contar con los recursos humanos, financieros, materiales, técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto.
Los servidores públicos que integren las Fiscalías Especializadas deberán cumplir como mínimo con los requisitos establecidos en el artículo 69 de Ley General en Materia de Desaparición Forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Por otro lado, las labores de búsqueda se deberán realizar de acuerdo a los protocolos homologados ordenados en la misma ley. De igual forma tendrá que existir un mecanismo eficiente de coordinación interinstitucional con las demás entidades federativas para la localización de niñas y mujeres desaparecidas o no localizados.
La ausencia de información sobre la desaparición de personas en la CDMX provoca una invisibilización del fenómeno y la omisión del Estado de garantizar la prevención, la búsqueda y la investigación eficaz y adecuada de este delito. Consecuentemente, es indispensable tener informes públicos y periódicos sobre el número de mujeres, niñas y adolescentes localizadas con y sin vida y no localizas.
Todas las funciones a las que hacemos referencia se habrán realizado con apego a los principios de efectividad y exhaustividad, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, enfoque humanitario, gratuidad, igualdad y no discriminación, interés superior de la niñez, máxima protección y no revictimización, participación conjunta, perspectiva de género y presunción de vida y verdad.
1 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Décimo Segunda Conclusión, pp. 95 y 96.
Capítulo V: Las concernientes a la armonización del marco normativo local
☞ ¿Las leyes locales se encuentran armonizadas con las leyes generales y/o federales?
El Grupo de Trabajo encontró que existen deficiencias en la aplicación del marco normativo, entre las que destacan:
Emitir el reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres1.
Reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer un mecanismo de implementación, seguimiento y evaluación a las órdenes de protección que emitan las autoridades competentes, así como lo relacionado al establecimiento de refugios especializados para mujeres en situación de violencia extrema.
Eliminar del Código Civil el requisito de esperar cuando menos un año para solicitar el divorcio2.
Realizar de foros con participación de las organizaciones de la sociedad civil, la academia y las instancias gubernamentales competentes, para discutir, analizar y en su caso proponer reformas con perspectiva de género y derechos humanos, en particular sobre los siguientes aspectos del Código Penal:
la implementación de las órdenes de protección en concordancia con lo establecido en los términos de la LGAMVLV;
el tipo penal de violencia familiar;
el artículo 162 relativo al delito de privación de la libertad “con el propósito de realizar un acto sexual”;
el delito de estupro;
los delitos cometidos contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual;
la perspectiva de género como criterio para la individualización de las penas;
la atenuante de “estado de emoción violenta” en el artículo 136, y
la obligatoriedad de acreditar la lesión a “la dignidad” en el artículo 179.
En relación con el delito de feminicidio se sugiere:
agregar una fracción que contemple el supuesto de feminicidio cuando “existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima”;
establecer como causal el supuesto que “si entre el activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza; de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad”, previsto actualmente como agravante, ajustando la penalidad a la más alta;
se solicita establecer la pérdida de todos los derechos del agresor con relación a la víctima, incluidos los de carácter cesorio;
en caso de que no se acredite el feminicidio, que se apliquen las reglas de homicidio; y
establecer sanciones administrativas y penales a las y los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente o por negligencia la procuración o impartición de justicia.
Otorgar facultades a los juzgados cívicos en la emisión de órdenes de protección establecidas en la Ley de Acceso.
Armonizar la legislación en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares conforme a la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de acuerdo con lo establecido en los artículos transitorios de la misma3.
V.2. Comprobaciones del Comité Alerta CDMX
Como comprobó el Grupo de Trabajo, se desconoce la existencia y la aplicación del Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio por parte de las autoridades encargadas de investigar, situación que desde la emisión del Informe no ha cambiado.
Derivado de las solicitudes de información el Comité encontró que el Protocolo aún no es aplicable en la Ciudad de México, porque los estándares internacionales señalan que en relación con la escena del crimen, el personal a cargo de los investigadores deben, como mínimo, fotografiar la escena, cualquier otra evidencia física y el cuerpo como se encontró y después de moverlo; todas las muestras de sangre, cabello, fibras, hilos u otras pistas deben ser recogidas y conservadas; examinar el área en busca de huellas de zapatos o cualquier otra que tenga naturaleza de evidencia, y hacer un informe detallado de las diligencia de las acciones de los investigadores y la disposición de toda la evidencia recolectada.
Consecuencia de la solicitud de información pública 6000000203418, se desprende que los peritos encargados de la investigación no acuden al lugar de los hechos cuando se trata del delito de feminicidio4, por lo que la situación que identificó el Grupo de Trabajo en cuanto a la aplicabilidad del protocolo es la misma, es decir, no hay un cambio sustantivo que permita asegurar que se cumplió con esta conclusión.
En cuanto al señalamiento del Grupo de Trabajo relacionado con la emisión del Reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, conisderamos que no existe avance alguno, pues del oficio CSP/VIIL/ST/424/20185 se desprende que únicamente existen las siguientes iniciativas:
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal y la Ley de Igualdad Sustantiva entre las Mujeres y Hombres en el Distrito Federal.
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal.
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México.
Iniciativa de decreto que crea la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México y abroga la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal.
A la fecha no existe iniciativa del Reglamento antes mencionado, por lo que la observación emitida no fue acatada en su totalidad por el Poder Legislativo de la Ciudad De México, maxime el INMUJERES DF señala que por su parte se reelaboró el proyecto de Reglamento para la Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, pero, a su vez señala que el mismo se encuentra en proceso de evaluación6, por lo que se puede concluir que este indicador no se ha cumplido pues aún se encuentra en proceso la iniciativa destacando que la misma está fuera del Poder Legislativo7.
En cuanto a la reforma del Código Civil del Distrito Federal, fue publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 18 de julio de 2018. En ésta se eliminó del artículo 2668 un requisito para solicitar la disolución del matrimonio, referente a la espera de un año para pedir el divorcio, por ello el Comité concluye que se cumplió parcialmente con esta indicación.
Preocupa al Comité el incumplimiento a las reformas del Código Penal, pues de conformidad con la página de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, el Código en mención fue reformado por última vez el 22 de diciembre de 20179, por lo que se desprende que no se ha cumplido con los indicadores establecidos por el Grupo de Trabajo, pues la legislación en materia penal es la misma que cuando se emitió el informe.
En cuanto a la jurisdicción concentrada en materia de delitos contra las mujeres, el Comité comprobó que el Tribunal Superior de Justicia no planea elaborar una estrategia encaminada a implementar la jurisdicción concentrada, ya que resalta que no cuenta ni con el presupuesto para llevar a cabo dicha acción10 ni con estrategia alguna para desarrollar dicha concentración11.
Pese a la existencia de diferentes iniciativas relacionadas con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Cultura Cívica12, ambas encaminadas a atender ciertas conclusiones señaladas por el Grupo de Trabajo, podemos observar que la mayoría se encuentra en discusión en el Poder Legislativo13, por lo que no podemos hablar de un cumplimiento en cuanto a armonización con estándares internacionales y/o reformas, es decir, el contexto en materia de marco normativo es el mismo que cuando se emitió el Informe del Grupo, por lo que es necesario impulsar las iniciativas, porque la mera existencia de las mismas no asegura su aprobación y eficacia. Así pues, el Comité concluye que no se ha cumplido con los indicadores relacionados al marco normativo.
V.3. Deber ser
Para poder generar un cambio sustancial en la armonización legislativa, se debe asegurar por parte de la Asamblea Legislativa, el Reglamento de la Ley de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, para que en dicho reglamento se garanticen todos los derechos para las mujeres. Por lo tanto, el proyecto de Reglamento deberá contener la participación de expertas y expertos en la materia, además de asegurar la participación de mujeres y organizaciones de la sociedad civil. Después de la emisiòn del Reglamento se habrán capacitado las instancias involucradas en la aplicación del mismo.
En cuanto a la reforma de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se deberá implementar un mecanismo de seguimiento destinado a asegurar la implementación de las reformas. Asimismo, después del desarrollo de éste último, será necesario realizar una evaluación de su correcta aplicación, garantizando que todas y cada una de las instancias (y por ende sus servidores) estén en posibilidad de hacer válidas las garantías y derechos que se reconocerán mediante la reforma a la Ley en menciòn.
El cambio sustancial y de importante seguimiento es el relativo a las órdenes de protección. Dichas medidas garantizarán la integridad de las víctimas tanto directas como indirectas. Por ello, en aras de asegurar el mayor goce de derechos es necesario que las autoridades competentes conozcan, entiendan el alcance y apliquen correctamente las órdenes de protección, lo que incluye como medida adicional e indispensable realizar mejoras desde capacidades de los servidores públicos hasta la estructura de los centros destinados a atención de mujeres víctimas de delitos.
Finalmente, el Comité considera pertinente una reforma al reglamento de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para llenar sus vacíos procedimentales, especialmente los referentes a medidas de protección, la declaratoria de alerta de violencia de género así como su seguimiento, estudio y emisión.
1Cfr. Ibid., Décimo Séptima Conclusión, pp. 99 y 100.
2 Op. Cit. Ibidem.
3 Op. Cit. Ibídem.
4Op. Cit. Vid. Nota 94.
5Véase Anexo, Oficio No. CSP/VIIL/ST/424/2018 de la solicitud de información pública 5000000216118
6Véase Anexo, Oficio No. INMUJERES-CDMX/DG/DFCA/568/08/2018 de la solicitud de información pública 0313000046918
7Véase Cámara de Diputados. Dictámenes presentados en el segundo periodo ordinario del tercer año de la LXIII Legislatura. Disponible en: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/Dictamenes/63/gp63_a3segundo.html
8 Véase Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Código Civil para el Distrito Federal artículo 266. Disponible en: http://www.aldf.gob.mx/archivo-0bd3121a0334f53844d2fe92b52fb5a2.pdf
9Véase Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Código Penal para el Distrito Federal. Disponible en: http://aldf.gob.mx/archivo-21599f6673552b084ee03e147d9ab3ab.pdf
10Op. Cit. Vid., Nota 92.
11 Véase Anexo, Oficio No. CJCDMX/UT/D-0949/2018 de la solicitud de información pública 6001000058318
12 Véase Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Disponible en: http://aldf.gob.mx/archivo-aa209dc996526b12c84cd90cb8235376.pdf
13Op. Cit. Vid., Nota 125.
Capítulo VI: La mesa de casos
☞ ¿En qué consiste la Mesa de Trabajo Interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas en la Solicitud de AVGM para la CDMX? ¿Se plantearon y se aplicaron mejoras estructurales dentro de esta mesa?
Antecedentes y funcionamiento de la Mesa de Casos
El 2 de marzo de 2018, a través del oficio CNPEVW/174/2018 se hizo del conocimiento de las organizaciones peticionarias las seis medidas urgentes indicadas por el Grupo de Trabajo, dentro de las cuales ordenaron en primer término: “La instalación de una mesa de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los casos de muertes violentas referidas por las organizaciones solicitantes, en la que participen las áreas de las instituciones competentes en las actividades de investigación de muertes violentas de mujeres, en cuyo ejercicio se deberá de considerar el acompañamiento de las organizaciones solicitantes en estos trabajos de manera permanente”.
El 3 de mayo de 2018, dos meses después de haberse ordenado la medida urgente, y contrario a lo señalado por el Grupo de Trabajo, la PGJCDMX y el TSJCDMX dirigieron un oficio a la CONAVIM, mismo que contenía la invitación a la instalación de la Mesa Interinstitucional, en el que incluía seis criterios, entre los que establecía la prohibición a las organizaciones peticionarias de participar en las discusiones de los casos en los que tengan la calidad de asesoras jurídicas.
El 15 de mayo de 2018, sin la presencia de las víctimas ni de las organizaciones peticionarias, mismas que acompañan algunos de los casos, se instaló la Mesa Interinstitucional, contraviniendo nuevamente lo ordenado por el Grupo de Trabajo.
Derivado de la falta de metodología para la instalación de la Mesa Interinstitucional, las organizaciones solicitantes se vieron en la necesidad de elaborar y enviar una metodología para llevar a cabo las sesiones de la Mesa Interinstitucional, además de las fichas técnicas con la información primordial de los casos y sus necesidades. Adicionalmente las organizaciones peticionarias, en conjunto con las autoridades coordinadoras de la Mesa Interinstitucional, fijaron el objetivo de la misma, a saber: “Conformar una Mesa especializada de alto nivel para la revisión y corrección de los obstáculos presentes en los casos de violencia feminicida de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres para la Ciudad de México, como un ejercicio para la identificación de prácticas, patrones y necesidades estructurales que permitan realizar cambios para garantizar de manera efectiva los derechos de las víctimas de violencia feminicida en materia de protección, atención, investigación, sanción y reparación integral del daño por parte de las instituciones del gobierno de la Ciudad de México”.1
Una vez acordada la metodología y el objetivo de la Mesa Interinstitucional, se pudo llevar a cabo la primera sesión de la misma el 28 de junio de 2018, en la que las organizaciones peticionarias expusieron cada uno de los casos a partir de las fichas elaboradas, y posteriormente las víctimas hicieron uso de la voz para denunciar el tratamiento y las irregularidades en el acceso a la verdad y a la justicia.
Uno de los acuerdos establecidos para la celebración de las sesiones de la Mesa Interinstitucional fue la firma de convenios de confidencialidad por parte de las organizaciones peticionarias, sin embargo, desde la primera sesión hubieron personas externas que en ningún momento se identificaron y tuvieron acceso a información confidencial sobre los casos y las víctimas.
Como resultado de la falta de diligencia de las autoridades encargadas de coordinar la Mesa Interinstitucional y derivado de la falta de efectividad de la misma, las organizaciones peticionarias y las víctimas se vieron obligadas a exigir mediante acciones públicas y políticas la intervención del Jefe de Gobierno de la Ciudad, del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Procurador General de Justicia, a fin de que estuvieran presentes en las sesiones restantes y vigilaran de manera personal el cumplimiento de los acuerdos.
En ese tenor, a partir de la tercera sesión, las Mesas Interinstitucionales estuvieron presididas por el Jefe de Gobierno de la Ciudad y estuvo presente el Procurador General de Justicia.
Experiencia de las víctimas en las sesiones de la Mesa Interinstitucional
Las víctimas comentaron que su experiencia durante las primeras dos sesiones fue revictimizante, pues incluso les fue asignado un número de víctima a la entrada del salón en el que se celebraron las sesiones.
La presencia de “público” sin identificarse hizo que las víctimas se sintieran vulneradas y que no se respetaban sus procesos.
El trato de las autoridades durante las primeras dos sesiones fue revictimizante y denotaba desinterés para reportar avances en los casos.
A pesar de que las autoridades están obligadas a conocer los casos y que las organizaciones solicitantes les hicieron entrega de las fichas de trabajo con información de cada uno de ellos, mostraron un desconocimiento de los mismos.
A partir de la presencia en las sesiones de la Mesa Interinstitucional del Jefe de Gobierno y de la Procuraduría, las víctimas notaron un cambio en el comportamiento de las y los funcionarios presentes en las mismas y avances en sus casos, sin embargo, es reiterado el sentimiento de que los avances no son significativos o suficientes.
Las víctimas expresan la importancia de la Mesa Interinstitucional, pues mediante ésta se pueden impulsar no sólo acciones jurídicas, sino políticas tendientes a superar los obstáculos en el acceso a la justicia de las víctimas, razón por la cual muestran preocupación, puesto que en ninguno de los casos se ha garantizado el acceso a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
Importancia de la Mesa Interinstitucional
La Mesa Interinstitucional permite que a través de los casos incluidos se puedan detectar deficiencias, prácticas y patrones estructurales, y que de esta manera se puedan diseñar políticas o mecanismos que permeen todos los casos de violencia feminicida, y no sólo aquellos que se encuentran detallados en la solicitud de Alerta de Violencia de Género.
1 Metodología de la Mesa de Trabajo Interinstitucional para atender los casos de muertes violentas referidas en la Solicitud de Alerta de Violencia de Género.
Capítulo VII: Pertinencia de la AVG en la Ciudad de México
☞ ¿Cuáles son algunas de las cifras de violencia feminicida en la Ciudad de México? ¿Es necesario declarar la AVGM en la Ciudad de México?
Las cifras que se establecen en el Informe del Grupo de Trabajo son realmente preocupantes, ya que expresa que, de acuerdo con la información presentada por el Gobierno de la CDMX, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 292 casos de feminicidios y 421 casos de homicidios dolosos contra mujeres1. También, según datos de la Procuraduría de Justicia Capitalina arrojan que, de enero de 2012 a septiembre de 2017, se registraron 67,520 casos de violencia familiar; 10,832 de lesiones dolosas; 9,985 de abuso sexual; 3,168 de violación; 586 de acoso sexual; 212 de tortura; 173 de trata de personas y 112 de secuestro2.
Cabe señalar que éstas son las cifras oficiales, y una de las problemáticas mencionadas tanto en el Informe del Grupo de Trabajo como en el aquí presente, es que la falta de perspectiva de género dentro de las instituciones encargadas de la procuración y la impartición de justicia provocan, en muchas ocasiones, que los casos de violencia feminicida no sean clasificados como tal, generando así cifras que no reflejan la real y grave situación que impera en la Ciudad.
Tan sólo en el esfuerzo ciudadano denominado “Yo te nombro: El mapa de los feminicidios en México”, un mapa interactivo de los feminicidios ocurridos en el país, realizado por María Salaguero (@Princesabathory en Twitter)3, denuncia que tan sólo de enero a julio de 2018 ocurrieron al menos 28 feminicidios en la Ciudad de México, tiempo en el que ya se encontraba activo el proceso derivado de la Solicitud de AVGM. Como podemos observar, tanto las cifras oficiales como las que provienen de otras entidades son realmente preocupantes.
Tal y como lo establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, la AVGM se emitirá cuando “Existan delitos graves y sistemáticos contra las mujeres; existan elementos que presuman una inadecuada investigación y sanción de esos delitos […]4”, cuestiones que se encuentran manifestadas reiteradamente en la Solicitud de AVGM realizada por las organizaciones peticionarias, en el Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender dicha Solicitud y en el Informe elaborado por el presente Comité.
La violencia contra las mujeres en la Ciudad de México se presenta de manera sistemática, lo que demanda acciones urgentes y trascendentes, análisis de contexto, seguimiento de patrones, entre otras medidas, que deberán enfocarse para entender y erradicar esta terrible situación.
Como también ya se ha mencionado antes, las instituciones de procuración e impartición de justicia de la Ciudad, es decir, las encargadas de investigar y sancionar los delitos, trabajan inadecuadamente, provocando en muchas ocasiones que los casos queden impunes, y por lo tanto los agresores o los feminicidas queden libres, generando un clima de permisividad ante los dos preceptos principales que indica la Ley para emitir la AVGM, la cual tendrá “[…] como objetivo acordar e implementar las acciones de emergencia para garantizar el cese de la violencia feminicida y la seguridad de las mismas […]”5.
La Ciudad de México tiene graves problemas en materia del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Hasta la fecha el Gobierno no ha podido garantizar que tengamos una ciudad segura, donde no corramos peligro de ser asesinadas, donde no se vean afectados nuestros proyectos de vida a causa de la violencia contra nosotras. Las instituciones gubernamentales no han podido garantizar que las mujeres víctimas de violencia puedan tener acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación del daño.
Estos problemas no se resolvieron en seis meses, ni en ocho, sino que deben solucionarse de manera estructural (la Declaratoria de la AVGM permite que así sean atendidos). Los seis meses que marca la Ley para que el Estado atienda las conclusiones vertidas en el Informe del Grupo de Trabajo, son para sentar las bases de un piso mínimo de atención a la violencia feminicida. Sin embargo, la grave situación de la Ciudad de México no demanda sólo atención a los pisos mínimos, porque necesita cambios y mejoras estructurales. Por lo cual vemos necesaria y urgente la Declaratoria de Alerta de Género para la Ciudad de México.
1 Cfr. Informe del Grupo de Trabajo conformado para atender la Solicitud de Alerta de Violencia de Género para la Ciudad de México, Información presentada respecto de los delitos cometidos contra mujeres, p. 9.
2 Cfr. Ibid., Información presentada respecto de los delitos cometidos contra mujeres, p. 11.
3 Salaguero se basa en notas periodísticas que rectifica y en los testimonios de las víctimas. Véase Bathory, Princesa, Yo te nombro: El mapa de los feminicidios en México, disponible en http://mapafeminicidios.blogspot.com/p/blog-page.html
4 Asamblea Legislativa del Distrito Federal (VII Legislatura), Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, Capítulo I, Art. 8, p.5.
5 Ibid., Capítulo I, Art. 9, p.5.
☞ A partir de las investigaciones que realizó el Comité Alerta CDMX ¿a qué conclusiones llegó?
A partir de las investigaciones que realizó el Comité Alerta CDMX ¿a qué conclusiones llegó?
De acuerdo con los resultados de la investigación realizada por el Comité Alerta CDMX, el Gobierno de la Ciudad de México no cumplió todos los indicadores establecidos por el Grupo de Trabajo en su Informe. En ese sentido y de conformidad con el artículo 38 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, procede declarar la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México.
Los indicadores del Informe elaborado por el Grupo de Trabajo imponen un piso mínimo para detener y erradicar la violencia feminicida en la Ciudad de México. En consecuencia, todas las Instituciones y dependencias del Gobierno de la Ciudad de México deben de utilizar todos sus recursos para que urgentemente se creen o modifiquen mecanismos que tengan como finalidad detener y erradicar la violencia feminicida.
En ese sentido, el Grupo de Trabajo en su Informe consideró cinco grupos prioritarios de obligaciones para trabajar, a saber: las relacionadas con el acceso a la información, las relacionadas con capacidades institucionales, las que se refieren a procuración e impartición de justicia, las referidas a los protocolos de actuación relacionados con la no localización de mujeres y, finalmente, las concernientes a la armonización del marco normativo local en materia de derechos humanos de las mujeres.
Una vez que el Comité Alerta CDMX revisó cada uno de los rubros se percató que el Gobierno de la Ciudad de México no cumplió en su totalidad con los indicadores. En ese tenor, el Comité Alerta CDMX considera que la grave situación de violencia feminicida que se vive en la Ciudad de México no debe tomarse a la ligera, ni resolverse con acciones superficiales y apresuradas que no respondan de manera real a la problemática.
La declaratoria de la AVGM permitirá que se implementen políticas públicas y mecanismos que ayuden a hacer frente a la violencia feminicida de manera estructural, atendiendo la situación de urgencia en la que nos encontramos, la cual hace imperiosa la declaración de la AVGM.