Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/60634
Timestamp: 2019-10-23 21:14:04
Document Index: 275380217

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 4', 'artículo 11', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 2', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 9', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 8', 'artículo 6', 'artículo 8', 'Artículo 8']

Ir a la Gaceta del día Jueves 11 de febrero de 2016
Gaceta: LXIII/1SPO-82/60634
De las Senadoras María Elena Barrera Tapia, Lilia Guadalupe Merodio Reza, Hilda Esthela Flores Escalera, Cristina Díaz Salazar, Itzel Sarahí Ríos de la Mora y Anabel Acosta Islas, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII al artículo 8 de la Ley de Vivienda.
Propone establecer como lineamiento de la Política Nacional de Vivienda, el promover esquemas y mecanismos con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia, que fomenten la participación de las mujeres en las acciones de vivienda.
Asimismo, pretende que el Programa Nacional de Vivienda contenga las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la vivienda.
It proposes to establish as a guideline of the National Housing Policy, promoting schemes and mechanisms that promote gender access to housing for women, preferably for heads of households, to promote the participation of women in the housing stock.
It also claims that the National Housing Programme contains strategies and lines of action to promote gender in access to housing.
MARÍA ELENA BARRERA TAPIA, LILIA MERODIO REZA, HILDA FLORES ESCALERA, CRISTINA DÍAZ SALAZAR, ITZEL RÍOS DE LA MORA, y ANABEL ACOSTA ISLAS Senadoras de la República integrantes de diversos Grupos Parlamentariosde la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 1, fracción I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someten a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA,con base en la siguiente:
El derecho a la vivienda contenido en artículo 4° de nuestra Carta Magna establece el derecho fundamental que tiene toda familia a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, este derecho se encuentra instrumentado en la Ley de Vivienda, reglamentaria del artículo constitucional, en la cual se establece la política, los programas y los mecanismos a través de los cuales toda familia puede hacer efectivo su derecho a una vivienda digna y decorosa.
El derecho a la vivienda es una prerrogativa reconocida internacionalmente, destacando el artículo 11, apartado 1, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en los siguientes términos:
“Artículo 11.
Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho…”.
Tanto el reconocimiento del derecho a una vivienda digna y decorosa como el derecho a una vivienda adecuada, son conceptos equiparables y complementarios que interpretados de la manera más favorable a la persona permiten al gobernado el correcto ejercicio a una vivienda donde pueda desarrollarse a cabalidad en estricta atención a la dignidad humana.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas ha interpretado a cabalidad el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales determinando las características y el alcance efectivo del derecho a la “vivienda adecuada” en la Observación General número 4 (1991) (E/1992/23) de dicho Comité, de donde se debe destacar lo siguiente:
“1. …el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales.
6. El derecho a una vivienda adecuada se aplica a todos. Aun cuando la referencia "para sí y su familia" supone actitudes preconcebidas en cuanto al papel de los sexos y a las estructuras y actividad económica que eran de aceptación común cuando se adoptó el Pacto en 1966, esa frase no se puede considerar hoy en el sentido de que impone una limitación de algún tipo sobre la aplicabilidad de ese derecho a las personas o los hogares en los que el cabeza de familia es una mujer o a cualesquiera otros grupos. Así, el concepto de "familia" debe entenderse en un sentido lato. Además, tanto las personas como las familias tienen derecho a una vivienda adecuada, independientemente de la edad, la situación económica, la afiliación de grupo o de otra índole, la posición social o de cualquier otro de esos factores. En particular, el disfrute de este derecho no debe estar sujeto, según el párrafo 2 del artículo 2 del Pacto, a ninguna forma de discriminación.
7. En opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. Y así debe ser por lo menos por dos razones. En primer lugar, el derecho a la vivienda está vinculado por entero a otros derechos humanos y a los principios fundamentales que sirven de premisas al Pacto. Así pues, "la dignidad inherente a la persona humana", de la que se dice que se derivan los derechos del Pacto, exige que el término "vivienda" se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas consideraciones, y principalmente que el derecho a la vivienda se debe garantizar a todos, sean cuales fueren sus ingresos o su acceso a recursos económicos. En segundo lugar, la referencia que figura en el párrafo 1 del artículo 11 no se debe entender en sentido de vivienda a secas, sino de vivienda adecuada. Como han reconocido la Comisión de Asentamientos Humanos y la Estrategia Mundial de Vivienda hasta el Año 2000 en su párrafo 5: "el concepto de "vivienda adecuada"... significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable".
De lo anterior resulta relevante el numeral 6 de la Observación General citada, donde se concluye que el derecho a la vivienda adecuada no se encuentra limitado en cuanto al titular del derecho contemplado, esto es que no puede acotarse como un derecho propio de sexos o roles, y debe tratarse de establecer mecanismos que permitan el acceso a la vivienda por parte de todos los grupos sociales especialmente para miembros de grupos en situación de vulnerabilidad.
En este orden de ideas, es necesario reconocer que la conformación de la sociedad mexicana ha cambiado con el paso del tiempo. Aunque el derecho a una vivienda nace como una prerrogativa laboral destinada en principio al género masculino, la población económicamente activa ha cambiado y las mujeres han ejercido un papel fundamental en el desarrollo social.
Para 2014, según las estimaciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) las mujeres componían el 51.2% de la población mexicana, de las cuales 43 de cada 100 mujeres disponibles para trabajar son económicamente activas.
Aunado a lo anterior, en 2014 de acuerdo con datos del INEGI existían 3 millones 832 mil mujeres jefas de familia en México, esto es, madres que son el único sostén económico del hogar, que se encuentran en una situación desventajosa ya que existen sectores laborales donde las mujeres perciben hasta un 30% menos de salario por trabajos similares a los hombres.
Es obligación del Estado Mexicano establecer los lineamientos y mecanismos que permitan abatir cualquier forma de discriminación basada en el sexo hacia las mujeres.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer establece las directrices bajo las cuales los Estados deberán asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres:
Párrafo 2 del artículo 14
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios, y en particular le asegurarán el derecho a:
Párrafo 2 del artículo 15
De los artículos 14 y 15 de la Convención destaca la necesidad de garantizar condiciones de vida adecuadas, haciendo especial énfasis en el derecho a la vivienda, como un área prioritaria para erradicar la discriminación, asimismo se requiere dar certeza jurídica a este tipo de actos para permitir que las mujeres gocen de igual derechos sobre su propiedad y la administración de sus bienes.
Por lo tanto, en orden a evitar la discriminación entre mujeres y hombres, el Estado Mexicano debe realizar acciones positivas en favor de las mujeres para permitirles el acceso a la vivienda.
Es importante señalar que las viviendas con mujeres jefas de familia se encuentran en constante crecimiento; en el año 2010, ya ocupaban 25 de cada 100 hogares. Aunado a lo anterior, son mayores los porcentajes de hogares con jefatura de mujeres que ocupan viviendas rentadas o alquiladas.
En los casos de vivienda con jefe de familia masculino, el 91% de ellos son dueños, mientras que en las de jefaturas femeninas sólo el 42% son propietarias.
La forma de obtener una vivienda para másdel 50% de las mujeres es con el uso de recursos propios, esto es a través de la autoconstrucción, sin embargo, en una de cada cinco viviendas en propiedad de mujeres, no se dispone de escrituras.
De acuerdo con cifras del INEGI, los hogares con jefatura de mujeres tienden a tener menores ingresos que aquellos hogares donde el jefe da familia es hombre.
De lo anterior, es posible concluir que efectivamente las mujeres se encuentran en una situación desfavorable en el acceso a la vivienda, por lo que requieren de acciones afirmativas que propicien la no discriminación y la igualdad real entre hombres y mujeres, promoviendo métodos e instrumentos que permitan la legal tenencia y posesión de una vivienda para las mujeres, así como herramientas financieras que les permitan acceder a créditos baratos y suficientes para satisfacer sus necesidades en materia de vivienda.
La Ley de Vivienda, como instrumento rector en el ramo señala las características que deberá seguir la Política Nacional de Vivienda para poder dar plena efectividad a este derecho:
I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, marginación o vulnerabilidad;
II. Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes tipos y modalidades;
III. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda;
IV. Fomentar la calidad de la vivienda y fijar los criterios mínimos de los espacios habitables y auxiliares;
V. Establecer los mecanismos para que la construcción de vivienda respete el entorno ecológico, y la preservación y el uso eficiente de los recursos naturales;
VI. Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano;
VII. Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como sus procesos productivos y la utilización de materiales se adecuen a los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y diversidad;
VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional;
IX. Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias;
X. Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación intergubernamental e interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural de la nación;
XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las diversas regiones del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta marginación, de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con la finalidad del mejoramiento continuo de sus viviendas e infraestructura pública, y
XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en materia de vivienda.
En el mismo orden de ideas, el artículo 8 de la Ley de Vivienda establece latu sensu las bases programáticas sobre las que descansan las acciones a nivel nacional en materia de vivienda:
I. Un diagnóstico de la situación habitacional de todo el país, así como un señalamiento específico de sus principales problemas y tendencias;
II. Los objetivos que regirán el desempeño de las acciones de vivienda de la Administración Pública Federal y los mecanismos de coordinación con las entidades federativas y los municipios, así como para la concertación de acciones con los sectores social y privado;
III. La estrategia general habitacional, que comprenderá las acciones básicas a seguir, la definición de las distintas modalidades de atención, el señalamiento de metas y prioridades y su previsible impacto en el sistema urbano, así como en el desarrollo regional, económico y social;
IV. La identificación de las fuentes de financiamiento y la estimación de los recursos necesarios para las acciones de vivienda, tanto para hacer posible su oferta como la satisfacción de su demanda, así como los mecanismos para fomentar la participación y el financiamiento público, social y privado para la vivienda;
V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, así como los lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su ejecución;
VI. Las medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda;
VII. Los lineamientos para la normalización de los bienes y servicios que se utilicen en la producción de vivienda;
VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos de la vivienda, así como los mecanismos que eviten prácticas indebidas que encarezcan el financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda;
IX. Las bases para la articulación de la Política Nacional de Vivienda con la ordenación del territorio y el desarrollo urbano;
X. La definición de los programas, mecanismos e instrumentos que permitan implementar las acciones necesarias en materia de suelo;
XI. La identificación de las necesidades de suelo y la estimación de los recursos que hagan posible la disponibilidad del mismo;
XII. Los instrumentos y apoyos a la producción social de vivienda, a la vivienda de construcción progresiva y a la vivienda rural;
XIII. Las estrategias y líneas de acción para facilitar el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda para los pueblos y comunidades rurales e indígenas;
XIV. La tipología y modalidades de producción habitacional que oriente las acciones en la materia;
XV. Las estrategias y líneas de acción para fomentar el desarrollo del mercado secundario y de arrendamiento de vivienda;
XVI. Las estrategias para desarrollar acciones de vivienda que permitan la reubicación de la población establecida en zonas de alto riesgo o afectada por desastres, en congruencia con la política de ordenación territorial;
XVII. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con entidades federativas y municipios para la regulación de las construcciones para asegurar calidad, seguridad y habitabilidad de la vivienda, y
XVIII. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros ordenamientos legales.
Las dependencias y entidades que participen en la instrumentación de las acciones previstas en este artículo, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán con la Comisión para efectos de su ejecución.
Tanto del Programa Nacional como de la Política Nacional de Vivienda debemos resaltar la ausencia de lineamientos o contenidos específicos en favor de la mujer o con perspectiva de género para el acceso a una vivienda digna y decorosa.
Sin embargo, actualmente en el Programa Nacional de Vivienda se estableció en la estrategia transversal "Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres" las siguientes líneas de acción:
Línea de acción 3.7.3: Promover programas concurrentes de infraestructura y equipamiento de vivienda para hogares con jefatura femenina en municipios prioritarios.
Línea de acción 4.1.9: Diseñar alternativas mixtas de autoconstrucción de vivienda para las jefas de hogar con empresas de responsabilidad social.
Dos líneas de acción específicas que atienden a una estrategia transversal no propiamente una estrategia del ramo, por lo que en orden a evitar cualquier tipo de discriminación hacia las mujeres, es necesario establecer las bases jurídicas que den fundamento a la instrumentación de líneas de acción y ejercicios programáticos que permitan el acceso a la vivienda con una perspectiva de género, haciendo especial énfasis en las jefas de familia, sin ser en ningún caso una oración limitativa para todo el género femenino que requiere atención similar para ejercer su derecho a la vivienda.
A manera de reiteración, la reforma del primero de junio de 2012 a la Ley General de Desarrollo Social contempla en el artículo 3° como un principio rector de la Política de Desarrollo Social la perspectiva de género, definiéndola como:
X. Perspectiva de género: una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres que se propone eliminar las causas de la opresión de género, como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género; que se plantea la equidad de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas de desarrollo social.
Es necesario destacar el papel fundamental que juega la Ley General de Desarrollo Social en concordancia con la Ley de Vivienda, ya que esta reforma es un ejemplo de la inclusión de la perspectiva de género en la Ley General de Desarrollo Social en orden a evitar cualquier tipo de discriminación, asimismo es relevante para la Ley de Vivienda dado que en el primer párrafo del artículo 9 se señala que “El Programa Nacional de Vivienda será formulado por la Comisión, aprobado por el Presidente de la República mediante decreto y estará sometido a un proceso permanente de control y evaluación, observando lo dispuesto en este ordenamiento y, en lo conducente, en la Ley de Planeación y la Ley General de Desarrollo Social.” A manera reiterativa sobre el alcance y definición de la perspectiva de género que se pretende abordar por la presente reforma, la definición encontrada en la Ley General de Desarrollo Social en un claro ejemplo de economía legislativa sirve para definir el concepto que se pretende adicionar a la Ley de Vivienda, evitando así la conceptualización innecesaria de la misma.
Sin duda alguna, nos enfrentamos a un gran reto de equidad real para mujeres y hombres, las circunstancias que han orillado a las mujeres a convertirse en parte fundamental del sostenimiento de los hogares, obliga a que se reconozcan y reafirmen sus derechos principales, obligando a hacer efectivo el derecho a la propiedad, al suelo y por ende también a la vivienda y sus servicios.
Por todo lo anterior la presente iniciativa busca incluir en los artículos 6 y 8 de la Ley de Vivienda referentes a la Política Nacional de Vivienda y al Programa Nacional de Vivienda respectivamente, lineamientos, estrategias y líneas de acción que fomenten la perspectiva de género, el acceso de las mujeres a una vivienda digna y decorosa, así como su preferencia sobre jefas de familia.
Por los argumentos expuestos, las senadoras que suscriben sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XIII AL ARTÍCULO 6 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XVIII, RECORRIÉNDOSE LA ACTUAL EN SU ORDEN, DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY DE VIVIENDA.
ARTÍCULO ÚNICO.- Se adiciona una fracción XIII al artículo 6 y se adiciona una fracción XVIII, recorriéndose la actual en su orden, del artículo 8 de la Ley de Vivienda, para quedar como sigue:
I a XII…
XIII. Promover esquemas y mecanismos con perspectiva de género que propicien el acceso a la vivienda para las mujeres, preferentemente para madres jefas de familia, quefomenten la participación de las mujeres en las acciones de vivienda.
Artículo 8.-…
I a XVII…
XVIII. Las estrategias y líneas de acción para fomentar la perspectiva de género en el acceso a la vivienda.
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Diario Oficial de la Federación.
Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 11 días del mes de febrero de dos mil dieciséis.
SEN. MARIA ELENA BARRERA TAPIA