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Timestamp: 2020-06-01 22:48:33
Document Index: 246972002

Matched Legal Cases: ['artículo 83', 'artículo 87', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 7', 'in fine', 'artículo 15']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 645, de 27/10/2010
Año 2010 IX Legislatura Núm. 645
celebrada el miércoles, 27 de octubre de 2010
- Relativa a la mejora de la eficiencia energética a través de la adaptación de las instalaciones eléctricas a la normativa vigente.
(Número de expediente 161/001596.) ... (Página 2)
- Relativa al levantamiento de las limitaciones que pesan sobre el Astillero de Fene y la negociación con la Xunta de Galicia sobre los activos ociosos de empresas estatales. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000625.) ... (Página 5)
- Por la que se insta a la promoción del proyecto Pobles amb encant.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001626.) ... (Página 9)
- Relativa a la subida de las tarifas de acceso en alta tensión.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001749.) ... (Página 10)
- Sobre impulso del desarrollo de nuevos modelos digitales de negocios para la industria de contenidos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001820.) ... (Página 11)
- Relativa a la financiación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear del servicio de control exterior de las centrales nucleares en la Comunitat Valenciana. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001850.) ... (Página 14)
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 161/001596.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a comenzar con un poco de retraso, pero creo que nos vendrá bien para recuperar luego el tiempo porque algunas cuestiones las hemos aclarado antes.
Comenzamos la sesión número 39 de la Comisión de Industria, Turismo y Comercio con el debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley que tienen sus señorías en su poder. No habiendo ningún cambio en el orden del día previsto, empezamos por la primera, relativa a la mejora de la eficiencia energética a través de la adaptación de las instalaciones eléctricas a la normativa vigente que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Tiene la palabra para su defensa el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, ha presentado una proposición no de ley que hace referencia a la mejora de la eficiencia energética a través de la adaptación de las instalaciones eléctricas a la normativa vigente. Señorías, España dispone de un parque en instalaciones eléctricas formado principalmente por inmuebles construidos con anterioridad a la aprobación del anterior reglamento electrotécnico para baja tensión aprobado en el año 1973, que reglamentaba los requisitos de seguridad de una instalación eléctrica. El actual reglamento data del año 2002. Hay que tener en cuenta que el parque de inmuebles es de 19 millones, de los cuales los construidos antes del año 1973 representan cerca del 50 por ciento, los construidos entre 1973 y 2002 alrededor de un 30 por ciento y los construidos con posterioridad al año 2002 representan única y exclusivamente un 20 por ciento. Estos dos datos de antigüedad del parque y reglamento de seguridad muestran que la mayoría de las instalaciones eléctricas domésticas no están adecuadas a las nuevas tecnologías eléctricas y que no se han realizado de acuerdo con los actuales requisitos de eficiencia energética. Ello conlleva que existan secciones inadecuadas de cables, un número de circuitos inferior al necesario, un número de tomas insuficientes, etcétera, que implica problemas de seguridad eléctrica y consumos excesivos por pérdidas de energía y utilización de instalaciones dimensionadas para situaciones anteriores. Si tomamos como referencia que la energía final consumida por los hogares supone alrededor del 17 por ciento del total, estas ineficiencias suponen un coste económico, energético y medioambiental muy importante. Como se desprende de los antecedentes de la proposición no de ley, algunos estudios estiman que el ahorro conseguido con la actualización de las instalaciones de la totalidad del parque de viviendas a los requisitos de la actual normativa, en términos de CO2 al año, sería equivalente a casi 3 millones de toneladas de CO2/año, equivalente a lo emitido por 1,1 millones de automóviles en un año.
La Ley 19/2009, de 23 de noviembre, de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios, reconociendo esta necesidad, modificaba la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar que las comunidades de propietarios puedan adoptar acuerdos para la realización de obras, instalación de equipos o sistemas que tengan por finalidad mejorar la eficiencia energética del edificio, lo que permitirá a los hogares españoles reducir el coste de la factura eléctrica y contribuirá a combatir el cambio climático.
El objetivo de la proposición no de ley no es otro que proceder a una renovación pausada, pero constante del envejecido parque de instalaciones eléctricas y con ello obtener ahorros energéticos y un consumo más eficiente, solucionar problemas de seguridad eléctrica y accidentes provocados por instalaciones eléctricas y obsoletas y potenciar medidas de eficiencia energética aplicables a la totalidad del parque inmobiliario, tanto de vivienda nueva como de vivienda usada. Por todo ello, nuestro grupo parlamentario ha presentado esta proposición no de ley que va en la siguiente dirección. En primer lugar, establecer una disposición legal para garantizar la adecuación de viviendas e inmuebles con más de quince años de antigüedad a la normativa vigente en materia de instalaciones eléctricas con ocasión de su transmisión o arrendamiento.
En segundo lugar, crear un fondo económico, gestionado por las comunidades autónomas, para sufragar la inspección de dichas instalaciones a cargo de las entidades cualificadas en ocasión de la transmisión de inmuebles o arrendamiento de los mismos y, en su caso, si fuera necesario, la realización de las modificaciones necesarias para adecuar dichas instalaciones a la normativa vigente.
Señorías, se trata de una renovación de las instalaciones energéticas de muchísimos edificios que representan más de un 50 por ciento porque son edificios construidos antes de 1973. Creemos que sería necesario, cuando se procede a una transmisión por una operación mercantil de un inmueble de segunda mano o un cambio de inquilino, promover esta renovación de las instalaciones eléctricas de estas propiedades urbanas para poder implementar sinergias que, sin duda alguna, beneficiarían la economía productiva de todas aquellas compañías que están orientadas a la fabricación de material eléctrico.
Señorías, esta es la iniciativa de Convergència i Unió. Esperamos la sensibilidad del resto de grupos parlamentarios para poder aprobarla con el máximo consenso posible.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor ERIAS REY: En primer lugar, quiero decir que compartimos la preocupación por la eficiencia y creemos que promover la eficiencia energética debe contribuir, mediante un conjunto de iniciativas, a reducir no solamente las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también a facilitar un abastecimiento energético más seguro y sostenible.
Además, debe contribuir a crear empleo y a facilitar una reducción del coste de la energía al, potencialmente, abaratar la factura energética al reducir también nuestra dependencia exterior, en este caso gracias al ahorro que con las medidas propuestas se persigue. Hay que decir también que el Plan de ahorro y eficiencia energética, tanto a edificios de la Administración General del Estado como en viviendas y edificios privados, resulta tremendamente ambicioso y hace falta que se visualicen las medidas que el mismo promueve. Hemos de señalar también que es necesario poner en práctica todas las medidas contempladas en la normativa existente pues, a modo de ejemplo, en el Plan de ahorro y eficiencia energética 2008-2012 se pretendían promover las empresas de servicios energéticos, es decir, empresas que deberían contribuir a mejorar la eficiencia energética de los edificios recuperando, gracias al ahorro energético conseguido, las inversiones llevadas a cabo. A pesar de todo lo previsto en la normativa vigente, los contratos que continúan desarrollando las administraciones públicas en su mayoría, por ejemplo, centros penitenciarios, bases militares, etcétera, siguen licitándose sin tener en cuenta ningún aspecto de la eficiencia energética. Por eso nosotros hoy aquí queremos reclamar que la Administración también continúe con este empeño en promover la eficiencia tal y como la normativa así lo contempla.
Por otra parte, esto también resulta chocante cuando tenemos en cuenta lo que contempla la Ley de contratos del sector público, pues esta ya preveía herramientas para desarrollar las inversiones necesarias en los edificios públicos para mejorar la eficiencia y aprovechar las potencialidades que proporcionan las energías renovables. En todo caso, creemos necesario continuar insistiendo en que desde el Gobierno se debe promover la realización previa de estudios de auditoría energética que indiquen dónde y cuánto se va a ahorrar energéticamente en toda obra encaminada a la eficiencia energética. Sería preciso también ver quién y qué organismo se encargará de los proyectos de ahorro y eficiencia energética y quién será el encargado de certificar esos ahorros que estaban previstos. Todo esto es necesario decirlo porque la Administración, a pesar de contemplarlo, no lo tiene totalmente perfilado. Y cabe reclamar por ello que, en cooperación con las comunidades autónomas y la Administración local, el Gobierno a través del IDAE haga un requerimiento para que todas las medidas previstas, que son muchas y ambiciosas, se apliquen inexcusablemente tanto por el sector privado como por el sector público en todos los contratos que se realicen para cumplir con los objetivos europeos de sostenibilidad en el año 2020.
El Grupo Popular ha presentado a esta proposición no de ley una enmienda de naturaleza técnica de supresión del punto número 2, que según el proponente pretende crear un fondo económico gestionado por las comunidades autónomas para sufragar la inspección de dichas instalaciones. Creemos que no es oportuno en estos momentos y que dificultaría más que promovería el objetivo que se persigue, que es la eficiencia. Por ese motivo nosotros estimamos que se debe suprimir el punto número 2. Si se suprimiera el punto número 2, estaríamos dispuestos a dar apoyo a dicha iniciativa; si no se hace, votaremos en consecuencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista para defender su enmienda el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán de CiU presenta una proposición no de ley para la mejora de la eficiencia energética a través de la adaptación de las instalaciones eléctricas a la normativa vigente y en ella insta al Gobierno -como su portavoz acaba de manifestar- a establecer una disposición legal que garantice la adecuación de viviendas e inmuebles con más de quince años de antigüedad a la normativa vigente y crear un fondo económico, gestionado por las comunidades autónomas, para sufragar la inspección de dichas instalaciones. Ni que decir tiene que estamos totalmente de acuerdo con que se renueven las instalaciones eléctricas envejecidas, los circuitos y cables de más de treinta años, las tomas de corriente inseguras, como se manifiesta en la PNL; estamos de acuerdo con que se instalen dispositivos de protección, etcétera, como se detalla también; así como con que se promuevan todas las medidas necesarias para obtener importantes ahorros energéticos, un consumo más eficiente en el ámbito doméstico y para evitar posibles accidentes. ¿Cómo no íbamos a estar de acuerdo con esto? Lo que ocurre es que la normativa vigente contempla ya -como en la propia proposición no de ley se reconoce- una serie de requisitos suficientes, desde nuestro punto de vista, para conseguir estos objetivos. También estamos de acuerdo con lo planteado por el portavoz del Grupo Popular, con que se haga todo lo posible, con que es necesario hacer todo lo posible para que la normativa vigente se aplique con todo rigor para conseguir estos objetivos que creo que todos compartimos.
El portavoz del Grupo Catalán me consta que conoce que, en primer lugar, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y establece en el punto 5 de su artículo 83 que, para las modificaciones de contratos en baja tensión cuya antigüedad sea superior a veinte años, las empresas distribuidoras deberán proceder a la verificación de las instalaciones, autorizándose a cobrar, en este caso, los derechos de verificación vigentes, y que si se comprobase que las instalaciones no cumplen las condiciones técnicas y de seguridad reglamentarias, la empresa distribuidora deberá exigir la adaptación de las instalaciones y la presentación del correspondiente boletín del instalador. Y en el artículo 87 establece que la empresa distribuidora podrá interrumpir el suministro de forma inmediata en el caso de instalaciones peligrosas, llevando a cabo la empresa suministradora dicha interrupción y comunicándoselo a la administración competente. Por otro lado, el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, que tiene por objeto establecer las condiciones técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una fuente de suministro en los límites de baja tensión, también determina con claridad que estas medidas se aplicarán a las nuevas instalaciones, a sus modificaciones y a sus ampliaciones y a las instalaciones existentes antes de su entrada en vigor que sean objeto de modificaciones de importancia, y establece que estas modificaciones de importancia son aquellas que afectan a más del 50 por ciento de la potencia instalada o la modificación que afecte a líneas completas de procesos productivos con nuevos circuitos y cuadros aun con reducción de potencia, y también a instalaciones existentes antes de su entrada en vigor en lo referente al régimen de inspecciones y a las instalaciones existentes cuando su estado, situación o características impliquen un riesgo grave para las personas o los bienes o se produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones.
Desde nuestro punto de vista, queda suficientemente claro que el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, en su artículo 2 determina su aplicación no solo para las nuevas instalaciones, sino también para las existentes cuando su estado, situación o características indiquen un riesgo grave para las personas o los bienes o se produzcan perturbaciones importantes en el normal funcionamiento de otras instalaciones. Queda suficientemente claro. Pero incluso el Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, en el apartado 1 del artículo 10 establece la obligación de que todos los suministros a consumidores, con independencia de que ejerzan o no su condición de cualificados, deberán instalar elementos de control de potencia, quedando instalados dichos elementos antes del 1 de enero de 2010. Con ocasión de la instalación de tales elementos y de acuerdo con la reglamentación sobre tarifas eléctricas, las empresas suministradoras de energía pueden realizar una revisión de la instalación para comprobar si esta se ajusta a las condiciones suficientes que garanticen el suministro de energía.
En consecuencia, tanto por aplicación del reglamento electrotécnico para baja tensión como por las condiciones establecidas por las tarifas eléctricas para dar suministro, hay garantía suficiente de que solamente aquellas instalaciones eléctricas que cumplan los requisitos reglamentarios podrán tener suministro eléctrico. En consideración de todo esto, no nos parece que sea necesario establecer una nueva disposición legal para garantizar la adecuación de viviendas e inmuebles con más de quince años de antigüedad a la normativa vigente en materia de instalaciones eléctricas con ocasión de su transmisión o arrendamiento por estar ya prevista en la actual reglamentación, con independencia de que se produzca una transmisión de propiedad o no, teniendo en cuenta además que esto en realidad lo que iba a producir era un costo sobreañadido para los consumidores que, en este caso, incidiría sobre aquellos que precisamente tienen menos recursos económicos y que son los usuarios habituales de este tipo de viviendas.
Señor Sánchez i Llibre, dado que ya existen disposiciones legales para garantizar la adecuación de las instalaciones particulares que impliquen un riesgo para la seguridad de las personas y bienes, tanto en el reglamento electrotécnico para baja tensión como en las condiciones establecidas por las tarifas eléctricas para dar suministro en el Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, hemos propuesto un texto alternativo al que presentan ustedes en su proposición no de ley, que conocen todos y que nos gustaría que aceptasen, que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir aplicando las disposiciones legales que garantizan la adecuación de las instalaciones particulares y persiguen que solo las instalaciones eléctricas que cumplen los mínimos reglamentarios puedan tener suministro eléctrico. Después de esta primera propuesta sabe usted que hemos intentado también completar nuestra proposición, por si pudiera servir de complemento a lo que habíamos planteado en primer lugar, añadiendo, así como a establecer las disposiciones que promuevan la sustitución de los contadores actuales por aquellos que permitan una lectura telemática en función de los horarios de consumo. Creemos que con una u otra propuesta queda perfectamente recogido el sentir que ustedes expresan en esta proposición no de ley y esperemos que se acepte esta sustitución, con lo cual votaríamos de forma favorable. En caso contrario, no nos quedaría más remedio que votar en contra, teniendo en cuenta que lo que se pide ya se está realizando y que el punto número 1 nos parece excesivamente restrictivo para su aplicación correcta.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, tiene la palabra para aceptar o rechazar las enmiendas.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Señor presidente, vamos a aceptar la enmienda planteada por el Grupo Parlamentario Popular, con lo cual vamos a rechazar la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Asimismo damos por defendidas todas aquellas enmiendas que hemos presentado a las proposiciones siguientes. Vamos a mantenerlas y las damos por defendidas, a pesar de que hemos llegado ya a un acuerdo con una propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Sánchez i Llibre, no estamos en ese punto de las enmiendas, pero me imagino que las da por defendidas porque se tiene que marchar.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Sí, efectivamente.
El señor PRESIDENTE: ¿Las enmiendas están aceptadas por los grupos proponentes?
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Hemos llegado a un acuerdo transaccional y ya les he firmado.
El señor PRESIDENTE: ¿Están aceptadas? Es para que se puedan votar.
(Asentimiento.) De acuerdo.
Terminada esta proposición no de ley les diré -no sé si lo he dicho al principio- que no se votará antes de las cinco y media.
- RELATIVA EL LEVANTAMIENTO DE LAS LIMITACIONES QUE PESAN SOBRE EL ASTILLERO DE FENE Y LA NEGOCIACIÓN CON LA XUNTA DE GALICIA SOBRE LOS ACTIVOS OCIOSOS DE EMPRESAS ESTATALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000625.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda proposición no de ley, relativa al levantamiento de las limitaciones que pesan sobre el Astillero de Fene y la negociación con la Xunta de Galicia sobre los activos ociosos de empresas estatales. Es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto y tiene la palabra para defenderla el señor Jorquera.
El señor JORQUERA CASELAS: En primer lugar, quiero informar a todos los miembros de la Comisión que hemos presentado una enmienda de sustitución a nuestra propia proposición no de ley, al objeto de actualizar los contenidos de la proposición original. Hay que tener en cuenta que había sido registrada hace dos años y, por tanto, con esta enmienda de sustitución pretendemos, aparte de actualizarla, abordar cuestiones que afectan hoy al sector naval gallego en su conjunto y no única y exclusivamente al astillero de Navantia Fene. Para facilitar el trabajo de los distintos grupos parlamentario, hemos tenido la cautela de remitírsela el lunes a todos ellos para que tuviesen conocimiento del texto al que habíamos presentado una autoenmienda.
En cualquier caso, y por si acaso hubiese algún equívoco, lo cito brevemente. Proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno, primero, en lo relativo a Navantia Fene-Ferrol: En primer lugar, dar cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por unanimidad en la sesión del 14 de octubre de 2009 de esta Comisión, relativa a la consolidación de Navantia Fene-Ferrol como astilleros de construcción naval, civil y militar, así como a la creación de un gran centro de reparaciones navales. En segundo lugar, dentro de este primer punto: En especial, mantener ante la Unión Europea la reivindicación del levantamiento de veto impuesto a Navantia Fene a la construcción de buques civiles, con el objetivo de optimizar los activos de la compañía en actividades relacionadas con el sector naval.
El segundo punto de la proposición no de ley sería en lo relativo al astillero Vulcano: Iniciar las gestiones pertinentes para contribuir a la continuidad y viabilidad futura de la empresa. A tal efecto, adoptar las medidas necesarias para que la sociedad Pymar avale el crédito
para la construcción de buques. Y añadiríamos un punto tercero del siguiente tenor: Comprometerse en la búsqueda de soluciones que aseguren la pervivencia de la actividad del sector naval gallego y el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Hecha esta aclaración, expuesta la autoenmienda que hemos presentado, voy a razonar el porqué de esta propuesta. Señorías, el Ministerio de Industria insiste en considerar la industria como un sector estratégico, como un pilar básico a la hora de conseguir un cambio en el patrón de crecimiento y, por tanto, en incidir en la corrección de alguna de las causas que nos llevaron a esta crisis económica. En ese sentido, se argumenta que es imprescindible el objetivo de incrementar el peso de la industria en el producto interior bruto porque los países con un fuerte desarrollo industrial se han manifestado más resistentes a la crisis y porque el sector industrial tiene un impacto positivo a la hora de equilibrar la balanza comercial. También se argumenta esta apuesta estratégica por su aportación al conocimiento y valor añadido al proceso productivo y fruto de todo ello, por su impacto en la generación de empleo y de empleo de más calidad.
Señorías, nosotros compartimos todos estos argumentos. Sin embargo, todos estos argumentos -su impacto positivo a la hora de equilibrar la balanza comercial, a la hora de aportar conocimiento y valor añadido al proceso productivo, a la hora de favorecer la generación de empleo- son de aplicación también al sector de la construcción naval. Si tenemos que juzgar la actuación de este ministerio con respecto al sector naval, la conclusión es evidente: el ministerio no le confiere a la construcción naval un carácter estratégico. El sector naval esta padeciendo una situación de crisis, como consecuencia de la propia crisis económica que ha provocado una caída de la demanda, acentuada en este sector por los problemas de financiación a la hora de encargar nuevos pedidos a los astilleros. Saben ustedes que para construir un buque se necesita una importante financiación y que en un contexto de crisis en el sector financiero, de estrangulamiento del crédito, tiene una incidencia particularmente grave en este sector.
Es evidente que antes de la crisis la demanda en el campo de la construcción naval estaba creciendo exponencialmente y pocos expertos se atreven a discutir que, una vez superada esta crisis, estamos hablando de extraordinario futuro, debido a la importancia estratégica del transporte marítimo de mercancías, debido a la necesidad objetiva de la renovación de gran parte de la flota marítima mundial, debido al crecimiento de la demanda de nuevos segmentos de alto valor añadido, de gran importancia estratégica como el segmento offshore, por ejemplo a la hora de explorar, hacer prospecciones y extraer crudo a altas profundidades en alta mar. En cambio -insistimos-, no observamos por parte del Ministerio de Industria una política acorde con la importancia estratégica que para nosotros sí tiene el sector naval. Son evidentes las diferencias de trato con respecto a otros sectores, incluyendo sectores perceptores de ayudas públicas, ya sean directas o indirectas. Estoy pensando por poner un ejemplo en la minería del carbón o en el sector del automóvil. Asimismo, es evidente la diferencia de trato a la hora de ser muy exigente en Bruselas para que se atiendan demandas de algún sector económico español como el de la minería del carbón, frente a la total inhibición para que un astillero como Navantia-Fene pueda desarrollar plenamente sus potencialidades productivas exigiendo el levantamiento del veto que pesa sobre él.
Por las razones antes aludidas, consideramos que sigue teniendo plena vigencia la demanda en una comarca con alta dependencia del sector naval como es la de Ferrol, para que los astilleros de la ría de Ferrol dependientes de Navantia se convierten en un gran centro de construcción, reparación, reciclaje y transformación naval; en definitiva, que puedan operar en todas las vertientes de la construcción naval civil. Creemos que sigue teniendo vigencia la demanda de mantener ante la Unión Europea la reivindicación del levantamiento de veto que pesa sobre Navantia-Fene.
En ese sentido, consideramos que la Presidencia española de la Unión Europea fue una oportunidad perdida. Pero esta reivindicación no se agota con la Presidencia española de la Unión Europea, en el peor de los casos es necesario preparar este astillero para hacer frente al nuevo escenario que se va a abrir a partir del año 2015.
Además, nos merece una especial preocupación los problemas que afectan a otro astillero de gran importancia en Galicia como es la factoría Vulcano. El astillero Vulcano padece los problemas típicos del sector, fruto de la coyuntura antes señalada y de problemas derivados de la financiación de la obra en curso por haber tenido que reprogramar sus fechas de finalización, lo cual ha exigido una refinanciación, situación por cierto que es recurrente en el sector y que afecta a numerosos astilleros. Señorías, estamos hablando de un astillero estratégico. Es una de las principales empresas de la provincia de Pontevedra; está entre las diez principales compañías manufactureras gallegas; es uno de los cinco astilleros más importantes de España; está especializado en nuevas construcciones tecnológicamente muy avanzadas, orientadas a la exportación como la fabricación de buques quimiqueros o buques destinados al mercado offshore de prospección y explotación de hidrocarburos en alta mar. Es un astillero que genera 800 empleos directos o a través de las compañías auxiliares que abastecen su carga de trabajo. Nos encontramos con que Pymar está poniendo evidentes problemas -la última constatación la tuvimos, sin ir más lejos, hoy al mediodía- para avalar una operación de refinanciación de las construcciones en curso o previstas, pese a que esta operación cuenta con la disposición de fondos de una entidad financiera y la disposición de la Administración autonómica a realizar aportaciones al fondo patrimonial de garantías de Pymar. Nosotros no nos vamos a inmiscuir en decisiones de otras entidades que forman parte de
Pymar, pero nos preocupa la posición que está adoptando el Ministerio de Industria, que es el primero en poner peros a avalar esta operación; en definitiva, en obstaculizar una operación imprescindible para la refinanciación de la carga de trabajo de este astillero y asegurar su viabilidad futuro. Y es algo que nos preocupa mucho, debido al carácter estratégico de este astillero, debido al impacto que el futuro del mismo puede tener en el empleo en una comarca de la importancia de Vigo. Estas son las razones que fundamentan nuestra proposición no de ley, para la cual recabo el apoyo de todos los grupos parlamentarios aquí presentes.
El señor PRESIDENTE: Además de la autoenmienda del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido defendida con la exposición del señor Jorquera, hay otra enmienda del Grupo Parlamentario Socialista para cuya defensa tiene la palabra el señor Carro.
El señor CARRO GARROTE: Nuestra enmienda ha sido presentada en dos direcciones. En primer lugar, quiero decir que la enmienda que consta en el registro tiene un punto al que a lo largo de mi intervención añadiré otro más que explicaré a continuación. Respecto al primer asunto, Navantia, para nosotros está en plena vigencia la proposición no de ley aprobada por esta misma Comisión en la sesión de 14 de octubre de 2009, por tanto, lo único que planteamos en este punto es dar cumplimiento a esa proposición en sus términos y que no es necesario mayor abundamiento en el tema. En relación con la segunda cuestión, la relativa al astillero de Vulcano -que seguramente es el asunto central de esta proposición a la vista de la autoenmienda presentada por el grupo proponente-, queremos introducir un punto en nuestra enmienda que esperamos que acepte el grupo proponente o podamos llegar a un acuerdo a lo largo de la tarde. En definitiva, el punto dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con las gestiones pertinentes dentro del nuevo foro propuesto recientemente por los sindicatos para analizar la situación del astillero y diseñar posibles hojas de ruta en las que intervengan los sindicatos, la Xunta de Galicia, Pymar y la Gerencia del sector naval.
Hay que decir que el astillero Vulcano presentó un preconcurso de acreedores el 9 de octubre de 2010, que acumula una deuda de 130 millones de euros y que de continuar con su actividad productiva, tal y como tiene previsto, podría alcanzar en breve los 142 millones de euros y que frente a esta situación no hay un compromiso claro de los accionistas de aportar el capital necesario que pudiera ayudar a resolver la situación. A pesar de lo expuesto, el Ministerio de Industria seguirá trabajando intensamente con todas las partes implicadas en la búsqueda de posibles soluciones para el astillero; en concreto, el compromiso de la sociedad Pymar con las factorías de Vulcano es histórico y actualmente es incuestionable. Pymar tiene a día de hoy un riesgo adquirido con Vulcano de unos 67 millones de euros, habiendo llegado en el año 2008 a garantías con el astillero por valor de 300 millones de euros. En el caso de Vulcano, y dado el riesgo ya adquirido, la situación de preconcurso -como decía anteriormente- y el alto importe que ahora se propone -otros 21 millones de euros adicionales al riesgo adquirido recientemente por la ejecutiva Pymar-, se decidió denegar estas garantías, aunque tras el anuncio del compromiso de la Xunta de Galicia de avalar 17 de los 21 millones solicitados, Pymar está evaluando la posibilidad de garantizar los 4 restantes, condicionado esto en todo caso a que su destino efectivo sea la terminación del buque C-533 y previo informe jurídico al respecto y visto bueno del juez del concurso, condiciones previas también solicitadas por el banco financiador y el resto de los agentes.
La complejidad de la situación es grande y la resolución del problema no está exclusivamente en manos de la sociedad Pymar, ni mucho menos del Ministerio de Industria. El ministerio está trabajando intensamente desde hace tiempo con todas las partes implicadas en la búsqueda de soluciones al problema; el ministerio se muestra dispuesto a participar también en un foro de nueva creación propuesto recientemente por los sindicatos, e independientemente de los esfuerzos descritos y realizados por las partes es cierto que el futuro de Vulcano pasa también por la capacidad de negociación que la empresa tenga con sus propios acreedores y con su capacidad para llegar a un acuerdo previo antes de la fecha límite de presentación del concurso definitivo.
Con nuestra enmienda queremos expresar el compromiso del Ministerio de Industria para resolver nuestra situación, pero efectivamente en relación con el texto concreto que se nos propone, en primer lugar, quiero decir que en cuanto al punto 1, en el que se propone iniciar las gestiones pertinentes para contribuir a la continuidad y viabilidad futura de la empresa, entendemos que esas gestiones ya han sido iniciadas -estamos en ellas-, por lo que ese punto no tendría efecto. En cuanto al punto 2, que plantea adoptar las medidas necesarias para que Pymar avale el crédito, como he dicho antes, para que esto suceda no solo se debe dar el impulso del Ministerio de Industria o de la propia Pymar, sino el encaje de cada una de las piezas de esta situación compleja preconcursal a la que está sometida la empresa. En cuanto al punto 3, que plantea comprometerse en la búsqueda de soluciones que aseguren la pervivencia de actividad del sector naval gallego y el mantenimiento de los puestos de trabajo, la propia existencia de Pymar como sociedad y su contribución a la viabilidad financiera de todos y cada uno de los astilleros españoles supone que, efectivamente, se trata de una actividad importante en la que el Gobierno y el Ministerio de Industria están comprometidos y con la que continuaremos. En todo caso, a lo largo de la sesión esperamos llegar a un entendimiento con el grupo proponente y poder contribuir con la unanimidad de esta Comisión a impulsar la resolución de un problema complejo en el
sector de los astilleros en España, y más concretamente de Vulcano en Galicia.
El señor PRESIDENTE: Para intervenir en un turno de fijación de posición tiene la palabra el señor Fernández de Mesa por el Grupo Popular.
El señor FERNÁNDEZ DE MESA DÍAZ DEL RÍO: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la proposición no de ley y la autoenmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego porque, en primer lugar, refleja la petición unánime de todos los gallegos; en este caso concreto es una petición aprobada por el Parlamento gallego con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios. En segundo lugar, obedece a una proposición no de ley aprobada también por unanimidad en el Congreso de los Diputados hace algo más de un año, el 14 de octubre del año 2009, en la que se pedía el mantenimiento de los astilleros de Astano -actual Navantia Fene- en la construcción naval convencional, tanto civil como militar, y en la creación de un gran centro de reparaciones navales. Asimismo, el punto 2 plantea el mantenimiento de las reivindicaciones ante la Unión Europea del levantamiento de las restricciones impuestas a los astilleros de Fene en cuanto a la construcción de buques civiles con el objetivo de optimizar los activos de la compañía en actividades nacionales relacionadas con el sector naval.
Hay que tener en cuenta que a este punto se presenta la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que dice que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar cumplimiento a la proposición no de ley aprobada por unanimidad el 14 de octubre de 2009. Señorías, esto es de vergüenza. Que volvamos a traer un punto aprobado en el año 2009 con la unanimidad y el concurso del Grupo Parlamentario Socialista y que la única enmienda que presente el Grupo Socialista inste al Gobierno a cumplir una proposición no de ley aprobada hace un año es realmente lamentable. En consecuencia, nos seguiremos ateniendo a las palabras del propio presidente del Gobierno en el año 2008, que decía: Este es el momento apropiado para plantear una nueva ofensiva política ante la Unión Europea, por tanto se deben iniciar acciones políticas de manera inmediata que permitan levantar el veto que pesa sobre la construcción naval civil en el mencionado astillero. Consta en el "Diario de Sesiones" número 124, de 16 de diciembre del año 2008. Señorías, corresponde la Presidencia de la Unión Europea de turno a España y nos encontramos con que el ministro de Industria no acude a la Comisión de Industria de la Unión Europea de 24 de junio y no acude a la conferencia que debía dar ante el sector el mismo 24 de junio para fijar la posición de España.
El Grupo Parlamentario Popular ve con gran preocupación, como decía el señor Jorquera, que se defiendan aquí ayudas directas a sectores tan importantes para España como el del automóvil o el del carbón y, sin embargo, se haya librado una batalla lamentable para conseguir que la Unión Europea declarase ilegales unas ayudas que, en ningún caso, fueron ayudas directas a la construcción de ningún barco, sino para reorganizar y dar cumplimiento al Plan estratégico de competitividad del ministro Eguiagaray del año 1995. Galicia está sufriendo un trato totalmente discriminatorio por parte del Gobierno socialista tanto en materia de construcción naval como en materia del carbón. No se puede vestir a un santo desnudando a otro; eso es realmente lamentable y ese es el motivo por el que apoyamos el punto 1 del Bloque Nacionalista Galego y también el punto 2 en relación con Vulcano. Señorías, si el Gobierno de España no lidera el sector industrial en España, ¿quién lo va a liderar? Para eso tendrá que haber algo; para eso el ministro de Industria es el ministro de Industria de España y tendrá que liderar este sector. Apoyamos que no se pierda ni un solo puesto de trabajo más en Galicia y tampoco en Vigo, para lo que tiene que haber una continuidad en la viabilidad de Vulcano.
Estamos completamente convencidos de que no solo hay que primar a la Xunta de Galicia, a los acreedores y a los dueños de Vulcano, sino que el propio ICO podría volver a crear fondos de garantía recíproca que fueran capaces de sacar adelante problemas como los que hay este momento, porque el 20 por ciento de la construcción de un barco hay que ponerlo cash en el momento de la firma del contrato, y el 80 por ciento restante no hay nadie en la banca que lo dé en estos momentos. Por lo tanto los fondos de garantía recíproca, por los que tanto hemos luchado el señor presidente de esta Comisión y yo mismo durante otras legislaturas, es una cuestión que había que retomar para conseguir consolidar en este momento situaciones tan lamentables como las que están sufriendo los astilleros de Vulcano. Galicia no puede seguir perdiendo puestos de trabajo; no podemos vernos con una segunda reconversión, añadida a la naval, que sea la del sector del carbón, y en eso es en lo que basamos todo lo que en este momento estamos diciendo para apoyar la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego que, entre otros aspectos, vuelve a citar y a traer a esta Cámara la petición aprobada ya por todos los grupos políticos -el Partido Socialista, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Popular- aquí mismo, hace más de un año, de que el Gobierno diera cumplimiento a estas iniciativas y no lo ha hecho. Por lo tanto no queda más que, en coherencia con lo que hemos hecho hace un año, volver a apoyar la iniciativa que en este momento se presenta.
El señor PRESIDENTE: Señor Jorquera, ¿nos anuncia si acepta o no la enmienda?
El señor JORQUERA CASELAS: La única enmienda presentada, en los términos en los que está presentada, no la podemos aceptar. En todo caso exploraremos a lo largo de esta tarde antes de la hora de votación la posibilidad de llegar a una transacción.
El señor PRESIDENTE: Entonces dejamos para el final la aceptación o no de las enmiendas en esta proposición no de ley y las que vienen a continuación.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001626.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos por lo tanto al punto 3.º, proposición no de ley por la que se insta a la promoción del proyecto Pobles amb encant, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra para defenderla el señor Larrosa.
El señor LARROSA PIQUÉ: Señor presidente, le tengo que felicitar por su fantástica pronunciación del proyecto, con tono francés, pero aceptable.
Señor presidente, intervengo para defender la iniciativa que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista precisamente como un modelo, de hecho, de lo que tiene que ser el proceso de transformación del sistema turístico español. Todas sus señorías compartirán conmigo que España ha experimentado una importante transformación económica y social en los últimos años que, en una plena incorporación a la economía globalizada y al espacio europeo, ha conducido a unos efectos que se han revelado especialmente intensos en el sector y en la actividad turística. Nuestro país ha desarrollado un modelo de éxito que contribuye de manera significativa a nuestro desarrollo. Además de su importante contribución directa, el sector turístico genera un importante efecto multiplicador, impulsando importantes efectos indirectos e inducidos en otros sectores estratégicos del país.
Es cierto que para mantener esa posición extraordinaria de España en los mercados internacionales se deberán, entre otros retos, mejorar las herramientas de soporte de la planificación turística y su traslación a la ordenación territorial y urbanística; adaptarse a las nuevas tendencias del mercado -el diseño, el desarrollo y la comercialización de los productos turísticos y de los destinos-; y mejorar la presencia en los mercados lejanos y en los segmentos de valor de los mercados europeos. Además hay que tener en cuenta que el sistema de inteligencia turística del que nos hemos dotado, del que se ha dotado el Estado y que comparte con las comunidades autónomas y las organizaciones profesionales del sector apunta la posibilidad de seguir creciendo no solo en términos de visitantes, sino también en la calidad de los mismos mediante la puesta en valor de productos y de destinos complementarios a los destinos de sol y playa.
En este entorno la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la provincia de Lleida ha impulsado, conjuntamente con la diputación y las administraciones locales del territorio, el proyecto denominado Pueblos con encanto, Pobles amb encant, del que ya participan veinte municipios de nuestra tierra. Un proyecto que tiene como objeto poner en valor el paisaje, el patrimonio, las actividades económicas de la pequeñas poblaciones del territorio, a fin de estructurarlos como producto alternativo y complementario al actual portfolio de productos del sistema turístico catalán y español; un proyecto que contribuirá a la generación de rentas alternativas en un territorio eminentemente rural. Los destinos de montaña son un ejemplo y las pequeñas poblaciones de interior también, porque es allí donde residen los elementos diferenciadores de nuestra oferta con respecto a nuestros competidores, donde factores como el trato con sus habitantes, sus costumbres, su gastronomía, incluso su forma de enfocar los temas más cotidianos se convierten en el principal activo respecto a turistas que buscan productos más emocionantes. Esta iniciativa tiene pues como objetivo concienciar al Gobierno de la necesidad de seguir avanzando en la internacionalización de este tipo de destinos turísticos con el que España se presenta ante los mercados internacionales. Creo que es responsabilidad de las instituciones dotar de mayor notoriedad a los productos que se dirijan a un segmento premium de los mercados.
Por otro lado, y para finalizar, quiero poner en valor que mientras el territorio avanza en términos de competitividad con las nuevas inversiones y las nuevas infraestructuras, en el recientemente inaugurado aeropuerto de Lleida-Alguaire los empresarios tienen la posibilidad de acogerse a otras herramientas que ha puesto en marcha el Gobierno socialista y que tienen que contribuir precisamente a ser más excelentes como destinos turísticos internacionales. Me refiero a los fondos de modernización de las infraestructuras turísticas o también al Plan FuturE, al que pueden acceder los empresarios para adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias de nuestros consumidores. Por todo ello el proyecto Pobles amb encant -Pueblos con encanto- puede ser uno de los ejemplos a seguir en materia de diversificación de productos, y de qué mejor forma que atacar aquellos segmentos de mayor capacidad de gasto en aquellos mercados próximos tradicionales, pero segmentos que insisto en que hoy por hoy persiguen unas experiencias, otras motivaciones que no son las propias del sol y la playa. Por todo ello, recabo el apoyo de los demás grupos parlamentarios para esta iniciativa que puede ser, insisto, un referente para el sistema turístico español.
El señor PRESIDENTE: Se da por defendida la enmienda de Convergència i Unió, y para fijar posición por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Nosotros, como no podía ser de otra manera, vemos con simpatía la iniciativa presentada por el diputado por Lleida, que seguramente por su vinculación anterior en sus tareas profesionales con el sector turístico ha creído oportuno traer una iniciativa muy adecuada a favor de una de las actividades en las que tiene que basarse el futuro de la economía de
nuestro país, como es el turismo, que junto con el sector agrario son actividades que permitirán competir en un mundo cada vez más globalizado y en las que España tiene mucho que decir, y más en una provincia como la de Lleida, en la que el sector agrario y el sector turístico forman parte del eje alrededor del cual gira toda la actividad económica de la provincia. Lo único que se nos ocurre decir es que nos parece que es una iniciativa muy poco ambiciosa. ¿Cómo podríamos decir que no a lo que es simplemente una declaración de intenciones positiva y buena, que merece apoyo? Pero a nosotros nos parece que la enmienda presentada por el Grupo de Convergència i Unió, que lamentamos que no esté presente para defenderla, por lo menos quita la palabra estudiar y ya directamente pasa a la posibilidad de reforzar. Pedimos al autor de la iniciativa que acepte esa enmienda, que la refuerza y que no obstante, aunque no la acepte, nosotros la vamos a apoyar, como no podía ser de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Veremos al final la aceptación o no de la enmienda.
(El señor Larrosa Piqué pide la palabra.) Si quiere puede hacerlo ya, señor Larrosa.
El señor LARROSA PIQUÉ: Como usted quiera, señor presidente. Si quiere hago ahora el posicionamiento respecto a la enmienda no defendida por el Grupo de CiU. Nosotros vamos a aceptar la enmienda, porque es una enmienda de tipo técnico que refuerza la proposición.
El señor PRESIDENTE: Entonces ya está hecho el trámite.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001749.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa a las tarifas de acceso en alta tensión, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla tiene la palabra el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Esta proposición no de ley sobre la subida de tarifas de acceso constituye desde luego una demanda del sector industrial español y de los consumidores de alta tensión, que son los intensivos en el consumo de energía eléctrica, para quienes constituye un elemento clave, fundamental en la competitividad internacional. Ya sabemos por el último informe del Fondo Monetario Internacional que en competitividad andamos mal, por debajo del puesto número 40. Este input, la energía eléctrica, representa alrededor del 30 por ciento de los costes de producción de estas empresas. La comparación permanente de costes y de sus señales en el contexto de las filiales españolas multinacionales puede conducir a la pérdida inmediata de posición-país sobre dónde y cuándo producir; mayores costes, menor inversión. Somos un país que es deficitario en financiación exterior entre el 8 y el 10 por ciento sobre nuestro producto interior bruto, deslocalización, y naturalmente paro. El Gobierno tiene aquí ante sí una decisión de política económica, una oportunidad para mejorar la situación económica de nuestro país, que con la crisis que padecemos, acentuada por la inacción del Gobierno, nos ha llevado a niveles de riqueza del año 2006.
Este detrimento de nuestra economía ha desembocado en niveles alarmantes de desempleo, que en el caso de la comunidad autónoma de Canarias nos ha llevado a unas tasas de paro que nos convierte en la segunda región de Europa con más desempleados.
Las tarifas de acceso están reguladas por el Ministerio de Industria y se han incrementado desde el año 2008 entre un 60 y un 110 por ciento, afectando directamente a 18.000 consumidores que son parte sustancial del tejido industrial de nuestro país. Con la finalidad de preservar la continuidad de la industria y evitar una mayor pérdida de posición de competitividad de nuestra industria, en un contexto de crisis como el actual, consideramos conveniente para el interés general que se frene la dinámica de subidas constantes y continuadas en las tarifas de acceso de los suministros de alta tensión, y especialmente solicitamos al resto de grupos de la Cámara que se establezcan cuantos mecanismos y alternativas sean necesarios para que los costes regulados de la electricidad sobre la industria conjuguen la sostenibilidad del suministro eléctrico, y la competitividad futura de la industria española dentro del sistema eléctrico.
El señor PRESIDENTE: No se han presentado enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto, para fijar posición tiene la palabra la señora Fernández Aguerri, del Grupo Socialista.
La señora FERNÁNDEZ AGUERRI: El Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, exige la suficiencia tarifaria para el año 2013 y plantea un calendario para su consecución que debe ser rigurosamente cumplido. Por tanto el Gobierno debe ajustarse a lo establecido en la normativa vigente para poder dar la viabilidad necesaria al sector eléctrico, de forma que se garantice la seguridad del suministro. Por otra parte el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, por el que se regula la puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector de la energía eléctrica, establece en su artículo 7 la metodología de cálculo y revisión de las tarifas de último recurso, disponiendo que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio las determinará de forma coherente con los peajes de acceso. Asimismo se establece que el ministerio podrá revisar semestralmente las tarifas para asegurar la aditividad de las mismas. Según el real decreto citado anteriormente, el que establece la metodología
para el cálculo de la TUR y la orden ministerial que la desarrolla, la tarifa viene determinada por el resultado de sumar dos componentes: los peajes, que para la determinación de su coste se considera la mejor previsión de la evolución de la demanda la evolución del régimen especial, el coste del déficit tarifario y el resto de costes a considerar del sistema, como los de diversificación y seguridad de abastecimiento; y el coste de la energía, resultado de una fórmula en la que ponderan distintas cotizaciones como el precio spot y a plazo de la energía en el mercado, organizado por la OMIC, así como los precios alcanzados en la subasta Tesur. La intervención de los precios energéticos es lo que los anteriores gobiernos del PP reiteradamente practicaron cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar. Pretenden ahora que este Gobierno también practique esta política equivocada que provoca distorsiones y genera hipotecas para los consumidores que en un futuro habrá que pagar. Esta política no es la que el actual Gobierno quiere. Por ello durante los últimos años ha adoptado las medidas necesarias para que el precio de la energía refleje de forma transparente sus costes. Además esta política es, en primer lugar, una exigencia de la normativa europea y de los diversos paquetes legislativos en materia energética, y en segundo lugar, una opción política. El Gobierno trabaja bajo la convicción de que una señal de precios clara contribuye a la eficacia en las decisiones de los agentes, tanto de los consumidores para evitar el derroche energético como de los productores para evitar inversiones equivocadas. En este proceso de liberalización mantenido por el actual Gobierno en todo momento se ha tenido siempre presente la necesidad de proteger a los consumidores más vulnerables, mediante la creación del denominado bono social y de preservar a las consumidores domésticos de la volatilidad de los precios, mediante la creación de la tarifa último recurso cuya formación responde a un mecanismo transparente. Más allá de estos colectivos, la necesaria liberalización del sector energético implica que el Gobierno no interviene en la evolución del coste de la energía, que representa alrededor de la mitad del coste de cada kilovatio eléctrico que pagan los consumidores. No puede ser lo que practica el Grupo Parlamentario Popular que pretende ser el campeón de la liberalización de los mercados e ignorar que liberalizar implica no intervenir los precios, que en el sector energético evolucionan de acuerdo con parámetros objetivos como la evolución del precio internacional del crudo o del gas natural, y a la vez pretender que estos sigan intervenidos por el Gobierno. Si el Partido Popular quiere volver a un modelo como el que ya ensayó en el pasado, contrario al del actual Gobierno, de intervención de los precios y del mercado eléctrico, le aseguro que tendrá mucho trabajo para explicarlo a nivel interno y a la Comisión Europea.
La posibilidad introducida en el Real Decreto 1020/2010 establece la opción de realizar una revisión de los peajes de acceso en el mes de octubre. Esta opción de revisión no ha sido utilizada. Por tanto los peajes de acceso para la alta tensión en sus seis periodos tarifarios permanecen invariables para el año 2010; es decir, el Gobierno no ha aplicado ninguna subida en el año 2010 a los peajes de acceso de alta tensión, con el objetivo de mejorar la competitividad de la industria en una etapa de reducción de la actividad como la que nos afecta en estos momentos. Adicionalmente, el Gobierno en estos momentos está procediendo a una revisión de los costes del sistema eléctrico para tratar de dotar a la economía de sostenibilidad a través del coste real que supone el suministro eléctrico. Esta revisión está incluida dentro de la consecución de una serie de acuerdos con aquellas fuerzas políticas que así lo deseen, y cuyo objetivo sea el de asegurar un funcionamiento eficiente del sector eléctrico a través de unos precios que reflejen los costes en los que las empresas suministradoras incurren en la provisión del suministro eléctrico, que recoja las ventajas competitivas de nuestro sistema eléctrico, y que permita la transición hacia una economía con bajas emisiones de dióxido de carbono, y consecuentemente con una alta participación de las energías renovables. Este Gobierno, comprometido con la recuperación económica y empresarial del país, está trabajando en varios frentes e intentando buscar el máximo acuerdo posible, conjugando el equilibrio necesario que ha de haber entre la competitividad de las empresas, el precio de la tarifa, la seguridad de suministro, la introducción de las tecnologías maduras y la reducción de emisiones.
El señor PRESIDENTE: Como decía antes, a esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, y no ha lugar a fijación de posiciones.
- SOBRE IMPULSO DEL DESARROLLO DE NUEVOS MODELOS DIGITALES DE NEGOCIOS PARA LA INDUSTRIA DE CONTENIDOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001820.)
El señor PRESIDENTE: Proposición no de ley número 5 sobre impulso del desarrollo de nuevos modelos digitales de negocios para la industria de contenidos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Trujillo para defender esta proposición no de ley.
El señor TRUJILLO GARZÓN: Desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos esta proposición no de ley ya que los contenidos digitales ostentan un papel cada vez más protagonista en el impulso y desarrollo de las economías y las sociedades modernas, por su doble faceta de instrumentos para la creación de riqueza en un contexto de economía del conocimiento, y de motores de desarrollo de la sociedad de la información. Las nuevas normas de uso y comercialización de contenidos en la red están materializando nuevas oportunidades de negocio e iniciativas sociales hasta ahora
impensables según los modelos tradicionales. Conscientes de esta relevancia las empresas de todo el mundo están adaptando sus lógicas de negocio al nuevo paradigma de intercambio de información, de oferta de servicios y de relación con los clientes basadas en modelos de negocio que ofrezcan ofertas legales de calidad y asequibles de contenidos a las que la ciudadanía pueda acceder. La industria de los contenidos la forman el sector de la música, el cine, la televisión, la radio, los videojuegos, los libros y las publicaciones periódicas, tanto en su versión física como digital. En la última década los contenidos han experimentado una verdadera transformación, evolucionando desde los formatos tradicionales a los digitales, por lo que es necesaria y oportuna la innovación constante en la manera de crearlos y mercantilizarlos para generar nuevos modelos de negocio e impulsar la riqueza en esta industria. Además, gracias al impulso del Gobierno, España dispone de una alta implantación de líneas de banda ancha y 3G.
Esto permite que el mercado de usuarios potenciales de estos nuevos contenidos se multiplique considerablemente. Más de un 70 por ciento de la población española es consumidora de algún tipo de contenido, lo que demuestra el alto grado de digitalización de nuestra sociedad.
La industria generadora de contenidos facturó en 2009 en España alrededor de 15.174 millones de euros, lo que supone un 10 por ciento más que en 2003, y el decrecimiento originado en los dos últimos años por el contexto de crisis actual ha sido apenas del 4 por ciento, muy lejos del que han acusado otras industrias como el 20 por ciento en la construcción, el 18 por ciento en la automovilística o el 9,8 en los servicios empresariales. Por tanto este es un sector puntero que requiere toda nuestra atención.
Más del 45 por ciento de la población española participa en redes sociales, por lo que esta plataforma es ideal para el intercambio, promoción y fidelización de contenidos. Después de Brasil, España alcanza el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a porcentaje de internautas vinculados a redes sociales. Los derivados digitales de las redes sociales pueden reducir los costes de promoción hasta en un 30 por ciento. En este ámbito de las redes sociales hay un sector pujante que es el de los casual games. Estos videojuegos, que ya tienen un gran impacto en los teléfonos móviles -en 2008, por ejemplo, los españoles compraron 17 millones de videojuegos para móviles-, tienen cada vez más acogida por parte de los usuarios. Facebook, por ejemplo, cuenta con más de 55.000 aplicaciones de este tipo circulando por su red -trébol de la suerte, galleta de la fortuna, etcétera- y los beneficios vienen dados por la publicidad. Para que nos hagamos una idea, entre las tres compañías de mayor éxito en Facebook se estima que pueden generar 300 millones de euros al año. El problema vuelve a ser la financiación a la hora de elaborar estos juegos.
Los sectores que más crecimiento podrían obtener en los próximos años son los de los videojuegos y el cine. La taquilla en cine en 2009 en España se incrementó en un 9 por ciento con respecto al año anterior. Los videojuegos por su parte representan el 57 por ciento de las ventas del mercado audiovisual en España, además de que no constituyen un sector aislado del resto de los contenidos e interaccionan cada vez más con ellos. Sin embargo no resulta sencillo para las empresas españolas fabricar, exportar e ingresar. La fabricación de un videojuego de calidad necesita 8 millones de euros y dos años de trabajo. Las únicas compañías que lo financian son la japonesa Sony, la estadounidense Unisoft, etcétera, por lo que los beneficios obviamente marchan para aquellos países. Hay que tener en cuenta que un videojuego puede triplicar en su primer día de lanzamiento el coste total de la producción. De igual manera, el sector cinematográfico de animación en España tiene un gran prestigio a nivel mundial, pero no puede competir en la producción con otros países porque está compuesto por muchas microempresas que no pueden asumir el coste total de las inversiones necesarias. Debería crearse algún plan o soporte que permitiera una industrialización mayor de este sector.
Por lo tanto esta industria tiene grandes posibilidades, máxime en este periodo de crisis en el que se hace imprescindible un cambio de modelo económico, con un potencial que esconde infinidad de oportunidades de negocio a través del comercio electrónico, las campañas en redes sociales, etcétera, que conforman modelos de negocio latentes en la industria de los contenidos, pero necesitan el apoyo institucional para poder ser desarrollados. También hay que tener en cuenta que el desarrollo de esta industria pasa por su internacionalización. Los contenidos digitales se pueden distribuir para su consumo de forma inmediata prácticamente a cualquier lugar del planeta. Los principales impulsores de la industria de los contenidos digitales son la aparición de potentes dispositivos portátiles de reproducción, que permiten a los usuarios reproducir contenidos de distinta naturaleza con alta calidad y en cualquier lugar, y el desarrollo de la banda ancha que satisface la cada vez mayor demanda de velocidad de transmisión por parte de los usuarios.
Conscientes de que nuestro país posee todas las capacidades para rentabilizar al máximo el potencial económico y social de los contenidos digitales, el Gobierno incluyó en el primer Plan Avanza una línea específica de apoyo a este sector cuyos resultados solo entre 2006 y 2009 han movilizado más de 1.142 millones de euros para la promoción de los contenidos en toda España. Aun así existe cierta incertidumbre en torno a los modelos de negocio digitales a futuro, consecuencia de una transformación de los patrones de uso y consumo que hasta ahora no ha ido acompañada en la misma medida por la adaptación de los modelos de negocio digitales. Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley, enmendada y muy bien complementada por el Grupo de Convergència i Unió, en la que decimos que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar un plan de apoyo estable a la industria
de los contenidos digitales que fomente los contenidos en línea innovadores en el sector de contenidos digitales de música, cine, video, editoriales, publicidad, videojuegos y televisión, contando con la participación de empresas, creadores e instituciones asociadas a las actividades mencionadas. Dicho plan deberá reforzar las acciones impulsadas por las administraciones autonómicas en favor de la mencionada industria.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas, una de Convergència i Unió y otra del Grupo Parlamentario Popular. Para defender la enmienda de Convergència i Unió tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Nuestro grupo parlamentario Convergència i Unió es sensible a los objetivos perseguidos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Precisamente por ello hemos presentado una enmienda que pretende una mejora de la propuesta del Grupo Socialista. Nuestro grupo parlamentario ha pretendido básicamente con esta enmienda introducir un matiz a la proposición no de ley para que sean las comunidades autónomas, en cooperación con el Gobierno, las que participen de ese proceso de impulso de la industria de contenidos digitales como administraciones públicas con competencias en materia de industria y de cultura. Como muy bien ha mencionado el señor Trujillo, hemos llegado a una enmienda transaccional -cuyo contenido no voy a reiterar porque ya lo ha hecho el portavoz socialista- con la que estamos completamente de acuerdo.
También queremos decir que el sector de la industria de contenidos digitales español tiene un peso específico importante y creciente dentro del producto interior bruto, así como una gran potencialidad de desarrollo. Por lo tanto cualquier medida destinada a apoyar dicho sector va a contar evidentemente con el apoyo de Convergència i Unió. Pero debe entenderse que la implantación de esa industria es desigual en todo el territorio del Estado, y son precisamente las comunidades autónomas las administraciones que mejor conocen el sector en sus respectivos territorios. Por ello es evidente que deben tenerse en cuenta las competencias en materia de cultura por parte de las comunidades autónomas, y precisamente por esa razón hemos presentado ese matiz en la enmienda que ahora acabo de defender y que ha sido perfectamente recogida en la enmienda transaccional que antes he mencionado.
El señor PRESIDENTE: Señor Fajarnés, tiene la palabra para defender su enmienda.
El señor FAJARNÉS RIBAS: En primer lugar, quisiera mostrar la extrañeza del Grupo Parlamentario Popular por esta proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, instando textualmente al Gobierno a elaborar un plan estatal para el desarrollo de la industria de los contenidos, porque creíamos que ese plan ya existía y que no era otro que el Plan Avanza que se supone que precisamente tiene como uno de sus ejes el de los contenidos digitales. Al menos eso es lo que se dice en la página web del Plan Avanza y en el informe de 21 de enero de este año en el que se hacía un balance el periodo 2006-2009, así como en la estrategia 2011-2015 del Plan Avanza 2, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 16 de julio de 2010. En ella, dentro del eje cuatro referido a contenidos y servicios digitales, se incluyen las siguientes medidas: consolidar la industria de contenidos digitales, mejorar la gestión de los derechos de la propiedad intelectual, aprovechar las ventajas de la interactividad de la TDT, y aumentar la presencia del español en la red. Por eso, apenas tres meses después de la aprobación de la estrategia del Plan Avanza 2, nos extraña que el Grupo Parlamentario Socialista traiga hoy esta proposición no de ley al Congreso de los Diputados, en este caso a la Comisión de Industria.
No sabemos qué es esto. No sabemos si es que el Grupo Parlamentario Socialista no conoce bien las estrategias del Gobierno, si es que presenta iniciativas instando al Gobierno sin que haya consultado previamente al ministerio, o si es que al Grupo Parlamentario Socialista no le parece bien la estrategia del Gobierno para que haga un nuevo plan.
No me negarán que para nosotros es sorprendente. (El señor Trujillo Garzón: Será un poco de las tres.-Risas.) Vemos que algún diputado socialista se ríe, en este caso de la incongruencia y de la incoherencia del Partido Socialista. Estoy contento. Pensábamos que, una vez presentada por el Gobierno la estrategia del Plan Avanza 2 con su eje de contenidos digitales, el Grupo Parlamentario Socialista iba a retirar esta iniciativa. Como al final no se ha retirado, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda para intentar concretar algunos puntos, y sobre todo para intentar llenar de contenido el plan que se propone.
Quiero decir de antemano que estamos completamente de acuerdo con el impulso de la industria y los modelos de negocio de contenidos digitales, que nos parecen estratégicos para España. Tanto es así que, como muy bien sabrán sus señorías, fuimos nosotros los que iniciamos esa línea que afortunadamente se ha continuado después. Nos congratulamos de que esa política haya tenido una continuidad entre gobiernos de distinto signo -cosa que, por cierto, no es muy normal en otras áreas-, y que incluso -y no me duelen prendas en decirlo- se hayan podido intensificar las ayudas al menos en una primera etapa del Gobierno socialista, cuando se disponía de mas recursos. Pero también es cierto que en los últimos años -y como ha sucedido en otras áreas- el impulso inicial se ha ralentizado, las ayudas se han recortado, y el Plan Avanza se ha detenido. En este sentido el Grupo Parlamentario Popular propone una enmienda con la que pedimos que se recuperen, en cuanto sea posible, unas dotaciones adecuadas para las ayudas a empresas privadas y entidades sin fines de lucro por los recortes del año 2010, que significaron ni más ni
menos que un 70 por ciento de las cuantías; también pedimos en la enmienda que se ayude, en la medida de lo posible, con tecnología y con medios humanos a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su lucha contra la pornografía infantil, que es un delito que no solo les desborda, sino que constituye un obstáculo para la confianza en Internet, tanto por ordenador como por móviles; pedimos en la enmienda que se impulse un sistema de etiquetado de los contenidos digitales que permita un control parental de los mismos, tanto en Internet como por ordenador, como por móviles e incluso por TDT, y por último, solicitamos que se impulsen nuevos modelos de negocio y gestión de contenidos digitales y de derechos de propiedad intelectual, que permitan la supresión del indiscriminado e injusto canon digital -por cierto, tal y como ha aconsejado el Tribunal de Justicia Europeo-, y se sustituya por un sistema de compensación realmente equitativo basado en el uso efectivo de las obras.
El Grupo Parlamentario Popular hubiera deseado que esa enmienda hubiese sido aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero no ha podido ser así. Anuncio que el Grupo Parlamentario Popular se abstendrá, puesto que la proposición no de ley y la transaccional que se votará no dejan de ser un brindis al sol, una proposición y un acuerdo vacío de contenido en un momento en el que la estrategia del Gobierno del Plan Avanza 2 en contenidos digitales no parece que satisfaga a nadie. Por último, quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista la sinceridad en esta Cámara al presentar una proposición no de ley proponiendo un plan diferente, ya que en definitiva es el reconocimiento al fracaso de la política socialista con un Plan Avanza que realmente no avanza.
- RELATIVA A LA FINANCIACIÓN POR PARTE DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR DEL SERVICIO DE CONTROL EXTERIOR DE LAS CENTRALES NUCLEARES EN LA COMUNITAT VALENCIANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001850.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente proposición no de ley relativa a la financiación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear del servicio de control exterior de las centrales nucleares en la Comunidad Valenciana, del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra para defenderla el señor Ferrer.
El señor FERRER ROSELLÓ: El Consejo de Seguridad Nuclear, por acuerdo de 23 de febrero de 2005, en relación con la disposición adicional tercera de la Ley 15/1980, de creación del CSN, y el artículo 15 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas, aprobó los criterios generales para la encomienda de funciones, cuyo objetivo es conseguir una mejor ejecución de las funciones que le son propias, utilizando las capacidades de las comunidades autónomas. Estamos hablando, señorías, de tareas tales como la realización de inspecciones de control de determinadas actividades e instalaciones, evaluación y dictámenes técnicos para la autorización de instalaciones y actividades, licencias y cursos de personal, vigilancia radiológica ambiental y asistencia en materia de emergencias. Tales encomiendas se materializan a través de acuerdos bilaterales entre el consejo y las diversas comunidades autónomas. En este sentido Cataluña solicitó el abono por parte del Consejo de Seguridad Nuclear del cien por cien de los gastos derivados de la encomienda, actitud absolutamente lógica y razonable, que tuvo como consecuencia que el CSN accediera al pago de la totalidad de los gastos derivados de la mencionada encomienda. Como no podía ser de otra manera la Comunidad Valenciana solicitó del consejo el mismo trato, al tratarse de las mismas tareas, para encontrarse con la negativa de este a pagar más del 70 por ciento. No contento con ello, el consejo exige a la Comunidad Valenciana una justificación de gastos pormenorizada -que no requiere a Cataluña-, y en agradecimiento a tanta diligencia viene a abonarles ese 70 por ciento entre seis y ocho meses más tarde. Quede constancia, señorías, de que la actitud de la Generalidad de Cataluña nos parece absolutamente razonable; es natural que si desempeña una serie de tareas que competen al Consejo de Seguridad Nuclear, es decir, si le hace el trabajo al CSN, este se lo pague y se lo pague en su totalidad. Por la misma razón parece lógica también la petición de la Generalidad Valenciana de ser tratada de la misma manera, es decir, verse compensada por la totalidad de los gastos que genera la asunción de trabajos que debería realizar el Consejo de Seguridad Nuclear.
Llegados a este punto uno tiene necesariamente que preguntarse por qué el CSN asume los costes de la Generalidad de Cataluña en su totalidad y por los mismos trabajos solo abona el 70 por ciento a la Comunidad Valenciana. Por qué accede a la petición del Gobierno Montilla, y sin embargo rechaza la misma cuando la formula el Gobierno Camps. No crean sus señorías que esta no es una cuestión que me ha traído caviloso durante las últimas semanas ni tampoco que soy el único aparentemente sorprendido o preocupado por esta situación. De hecho el Tribunal de Cuentas, en su último informe de fiscalización sobre el CSN, publicado en el BOE de 5 de mayo pasado, después de establecer la similitud de las encomiendas realizadas a ambas comunidades, afirma -y cito textualmente-: No obstante la financiación del Consejo de Seguridad Nuclear es diferente para ambas, ya que a la Comunidad Valenciana se le financia el 70 por ciento del presupuesto y a la Comunidad de Cataluña el cien por cien.
Me he visto preguntándome qué es lo que nos hace distintos, y he elaborado algunas teorías que deseo compartir con ustedes. Verán, primero pensé que tal vez el Consejo de Seguridad Nuclear dispusiera de datos que
confirmaran que la conformación genética de los valencianos nos hacía naturalmente más resistentes a los efectos de la radiactividad, lo que podría llevarles a la conclusión de que son innecesarios esfuerzos suplementarios, pero comprenderán sus señorías que mis limitados conocimientos científicos me han impedido confirmar esta hipótesis.
También consideré la posibilidad de algo más personal, y si quieren ustedes más elemental: sencillamente que los valencianos no les caemos bien, consecuencia de una mala experiencia personal o vayan ustedes a saber por qué. Pero, si le soy franco, descarté inmediatamente esta posibilidad, y posiblemente me acusarán de chovinista, porque tengo una magnífica opinión de mi pueblo: los valencianos somos gente de natural amable, acogedora y cariñosa, por lo que me resulta inverosímil la inquina o la ojeriza generalizada. Finalmente llegué incluso a sospechar -sé que les sorprenderá a sus señorías- que el quid de la cuestión, la única diferencia plausible residía en el hecho de que la Comunidad Valenciana estaba gobernada por el Partido Popular, mientras que la catalana lo estaba por el Partido Socialista. Aparté este pensamiento de mi mente por dos razones: en primer lugar, porque soy aficionado a las novelas de misterio, y sé que rara vez la opción que aparece como más evidente, aquella que parecen avalar todos los indicios, la que apunta a ser la más lógica y sensata acaba resultando normalmente errónea. Por tanto no cabe esperar que el mayordomo del Consejo de Seguridad Nuclear sea tampoco en esta ocasión el asesino. Finalmente esta explicación comportaría una actitud tan ruin y mezquina que opté por desterrarla.
En fin, señorías, dejémoslo en que tal vez estemos ante otro lamentable error, y al final los errores lo único que hay que hacer es enmendarlos.
Hablando de enmiendas, el Grupo Parlamentario Socialista me ha hecho llegar una transaccional. No quiero engañarles, me pareció como poco tibia, pero si con ello el Gobierno expresa su propósito de enmienda pues bienvenida sea. Mi grupo la asume en el bien entendido de que, si por lo que resta de año el consejo no toma la iniciativa en esta cuestión, el Partido Popular ni lo olvidará ni permanecerá impasible.
El señor PRESIDENTE: Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Entrando a lo que era un principio de intervención que tenía preparada, evidentemente hay que aclarar una serie de aspectos importantes. El Consejo de Seguridad Nuclear establece acuerdos con las comunidades autónomas para efectuar un servicio que ellas pueden hacer mejor, por tanto eso se regula a través de acuerdos, no estamos hablando de cosas inventadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, estamos hablando de los años 1980 y estamos hablando también -lo digo para que nos situemos- de que la modificación de los acuerdos económicos sobre este tipo de acuerdos con las comunidades autónomas se hace, en el caso de Cataluña, en 1998: en la época en que se hablaba catalán en la intimidad. Esto, para que nos situemos porque igual que se modificó en 1998 y se le dio el cien por cien del gasto de este tipo de servicios, se podía haber pactado en 1998 con la Generalitat Valenciana, también gobernada por el Partido Popular, pagar el cien por cien de ese servicio en dicha comunidad. Con esto ya despejamos cualquier duda sobre si esto es una animadversión momentánea y temporal del Gobierno de España con la Generalitat Valenciana. Cabe señalar alguna cosa más. En primer lugar, que el Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo autónomo, aunque esta Cámara, por supuesto, puede instar a ese consejo a que tome determinadas acciones y medidas; de ahí la transaccional donde se insta a dicho Consejo de Seguridad Nuclear. En segundo lugar, que hay una relación bilateral entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Generalitat Valenciana. Mi duda es si ha sido ésta la que no ha planteado esa modificación del reparto, algo que mostraría dejadez por su parte de poder exigir una situación económica como la que tiene Cataluña en cuanto al cumplimiento o reparto de inversiones para ejecutar este servicio.
Quiero volver a recalcar que estamos hablando de un tema que no es ninguna broma: la seguridad nuclear, las revisiones. Tanto sobre las que hacen las propias empresas como estas de que hablamos, que son revisiones que se hacen sobre las que tienen que hacer las propias empresas, en ningún momento ni el Gobierno de España ni este grupo tienen ninguna duda de que el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene ningún criterio más que el científico y el técnico establecido para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos españoles en todo el territorio español. Por tanto creo que se hace un flaco favor a la energía nuclear y al Consejo de Seguridad Nuclear, un órgano que todos tenemos que respetar, al decir en esta sala que estamos influyendo, el Grupo Parlamentario Socialista o el Gobierno socialista, en que el consejo no invierta más en una comunidad poniendo en peligro la seguridad de los ciudadanos. Me parece una irresponsabilidad por parte del Partido Popular. En cualquier caso debo recalcar que no se puede decir, como se ha llegado a decir, que no les caen bien los valencianos, porque, respecto de los socialistas, yo soy valenciano también, realmente alicantino de la Comunidad Valenciana y creo que el Gobierno socialista ha sido el que más ha invertido en dicha comunidad. Podemos sacar números, yo puedo dar el dato de mi provincia: ha aumentado un 92 por ciento la inversión desde 2004 en lo inherente a asumir inversiones extraordinarias que no competen: en materia de sanidad, bienestar social, etcétera; podríamos tener los números. Por tanto el discurso victimista del Partido Popular sobre la Comunidad Valenciana y la acción de gobierno del Gobierno socialista de España en la Comunidad Valenciana, con los datos encima de la mesa, simplemente es falso, como es
falso lo que se ha expresado de que no tratamos bien a la Comunidad Valenciana. Todo lo contrario.
Como la voluntad es el consenso y preservar que se puedan alcanzar esos acuerdos entre el Consejo de Seguridad Nuclear y la Generalitat, hemos presentado esta transaccional que responde a la voluntad que tenemos todos, también el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Finalizamos aquí el debate de las proposiciones no de ley y damos un tiempo de tres minutos para terminar de perfilar la aceptación o no de las enmiendas. Tres minutos. (Pausa.)
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Hay que utilizar el voto ponderado para ver si hay empate o no lo hay. (Pausa.)
El voto ponderado vuelve a dar un empate: 169 votos a favor, que tiene el Grupo Socialista, 152 votos del Grupo Popular... (El señor Mariscal Anaya: 154 menos uno, 153.)
Vamos a ver, ruego que no interrumpan la votación porque los datos que yo tengo de los servicios de la Cámara son 152 votos, actualizados al 27 de octubre de 2010. (Rumores.) Un segundo, que vamos a deliberar en la Mesa.
(Pausa.) Ya hemos deliberado y vamos a dejar la votación para el final mientras aclaramos...
Señor Alique.
El señor ALIQUE LÓPEZ: Solo una cosa. El Grupo Socialista tiene 169, seis que no están del PNV son 175 y la abstención de cinco del grupo...
(Rumores.-El señor Fernández de Mesa Díaz del Río: Si estuvieran sí, pero no están.)
El señor PRESIDENTE: El voto ponderado se efectúa sobre los que votan, no sobre otros. (Risas.) No nos confundamos, ha sido un lapsus. Las votaciones han sido del Grupo Popular, Convergència i Unió y Grupo Mixto.
El Grupo Popular, según los datos que tengo de los servicios de la Cámara son 152 votos, a 27 de octubre de 2010. (Denegaciones.) Ahora lo aclaramos, no se pongan nerviosos. Convergència i Unió son diez votos y Grupo Mixto son siete votos. Vamos a pasar esta votación al final y mientras tanto se aclarará con los servicios de la Cámara y tomaremos la decisión que sea porque la votación se ha efectuado ya. En caso de que hubiera una variación sobre los votos, variaría el resultado pero no la votación.
Pasamos a continuación a la votación de la segunda proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa al levantamiento de las limitaciones que pesan sobre el astillero de Fene y la negociación con la Xunta de Galicia sobre los activos ociosos de empresas estatales. Lo que se vota es la autoenmienda.
Pasamos a la tercera proposición no de ley por la que se insta a la promoción del proyecto Pobles amb encant -Pueblos con encanto, para satisfacer al portavoz del Grupo Socialista-. Pasamos por tanto a votación de la proposición no de ley del Grupo Socialista más la enmienda de Convergència i Unió.
Pasamos a continuación a la cuarta, relativa a la subida de las tarifas de acceso en alta tensión, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que votamos en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; votos en contra, 18; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Da el mismo resultado que anteriormente y para delimitar si hay empate o no estaremos a la misma decisión que hemos comentado antes.
Pasamos al punto número 5, sobre el impulso del desarrollo de nuevos modelos digitales de negocios para la industria de contenidos, del Grupo Parlamentario Socialista. Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista con el texto transaccional remitido aquí a la Mesa y firmado por Convergència i Unió y el Grupo Socialista.
Votamos la número 6 y última, relativa a la financiación por parte del Consejo de Seguridad Nuclear del servicio de control exterior de las centrales nucleares de la Comunidad Valenciana, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Se vota la proposición no de ley más el texto transaccional también aceptado y remitido a esta Mesa.
No levantamos la sesión. Tengan un poco de tranquilidad que vamos a recabar la información sobre la que tenemos divergencias. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: No hemos suspendido la sesión, la hemos interrumpido unos momentos. Vamos a aclarar la situación.
Efectivamente, había un error en los datos que nos pasaba la Cámara. Como saben sus señorías, cada vez que hay una sesión de la Comisión este presidente reclama los datos actualizados del censo por si pudiera pasar una cosa como la que ha ocurrido. Efectivamente ha habido una confusión.
Hay un diputado menos, pero no es del Grupo Popular, sino del Grupo Socialista ya que la diputada que ha dimitido y el que todavía no ha tomado posesión son del Grupo Socialista. Creo que los servicios de la Cámara han tenido ese error y nos han confundido a todos. Además, un compañero a través de la PDA, el teléfono que tenemos, lo ha mirado en Internet y ha comprobado que los datos son los correctos. Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista en estos momentos tiene 168 diputados y el Grupo Parlamentario Popular 153 diputados.
El resultado de la votación en voto ponderado son 168 votos en contra y 170 votos a favor. En ambas votaciones el resultado es que se aprueba la proposición no de ley. (Aplausos.)
Quiero aclarar, para que quede reflejado en el "Diario de Sesiones", que en la última votación me indican que he cometido un error ya que he dicho que se votaba la proposición no de ley con el texto transaccional. Y no es así. Hemos votado el texto transaccional que sustituye al de la proposición no de ley número 6.
Sin más, y agradeciéndoles su paciencia, levantamos la sesión.