Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1998-00216-31799-de-julio-31-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_117f9124ad280076e0530a0101510076&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-25 10:30:33
Document Index: 336628854

Matched Legal Cases: ['artículo 1604', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 1', 'artículo 164']

﻿ Sentencia 1998-00216 de julio 31 de 2014
SENTENCIA 1998-00216 DE 31 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL. SIN PERJUICIO DE LA REGLA GENERAL EN MATERIA PROBATORIA, LA FALLA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD CONFIGURA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL SOLO HECHO DE NO PERMITIR EL ACCESO A UN TRATAMIENTO, INCLUSO SI DESDE EL PUNTO DE VISTA MÉDICO LA VALORACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL MISMO MUESTRA QUE, PESE A SU EVENTUAL PRÁCTICA, EXISTE DUDAS SOBRE LAS EXPECTATIVAS DE MEJORÍA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, INCAPACIDAD LABORAL, ATENCIÓN EN SALUD, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOLDADO
Sentencia 1998-00216 de julio 31 de 2014
Expediente 31799
Radicado 500012331000199800216 01
Actor: Marcolino León Maldonado y otros
9. La Corporación es competente para conocer del asunto en razón del recurso de apelación presentado por la parte actora, en un proceso con vocación de segunda instancia en los términos del Ley 954 de 2005, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la solicitud de reparación por concepto de perjuicios morales, supera la exigida por la norma para el efecto(1).
10. De acuerdo con las pruebas incorporadas al expediente, están acreditados en el proceso los siguientes hechos relevantes:
10.1. Elpidio León Torres es hijo de Marcolino León Maldonado y de Angélica Torres Mendivelso, y es hermano de Carlos Edén León Torres, Idalí León Torres, Ana Tilsa León Torres, María Sonia León Torres (copia de registros civiles del actor, sus hermanos y hermanas; fls. 18-23, cdno. 1).
10.2. El señor Elpidio León Torres ingresó al Ejército como soldado profesional el 31 de agosto de 1993, asignado al Batallón de Contraguerrillas 32 “Libertadores” de La Uribe en la base de Apiay-Villavicencio-Meta y fue retirado del servicio el 18 de junio de 1997 (copia del oficio: CE-DIPER-SLP-746 del Subdirector de Personal del Ejército donde consta fecha de ingreso, y acta 761 del 18 de junio de 1997 suscrita por el Comandante de Contraguerrillas 32, el Jefe de Personal y el Comandante Compañía “D” por la que se retira del servicio soldado Elpidio León Torres; fls. 114, 235, cdno. 1).
10.3. El 13 de enero de 1997, cerca de las 8:00 de la noche, el exsoldado León Torres, en cumplimiento de una misión impartida por sus superiores en la vía que de Acacías conduce a Fresco Valle-Meta, sufrió una caída accidental como consecuencia de la cual se lesionó su oído izquierdo y su hombro derecho. En el lugar se le prestaron los primeros auxilios y se le retiró el armamento, no obstante, la misión no se canceló, durando cinco días a pie hasta la orden de volver a la base de Apiay-Villavicencio, en cuyo dispensario estuvo interno por un lapso de dos semanas hasta que fue trasladado al Hospital Militar de Bogotá, donde finalmente recibió atención médica especializada (testimonio de los exsoldados Henry Sadit Flórez; fls. 85-87, cdno. 1; y Marco Alirio Anzola Ordóñez; fls. 219-221, cdno. 1, rendidos ante el Tribunal Administrativo del Meta).
10.4. Como resultado de la caída, el señor Elpidio León Torres, sufrió un daño que le produjo una: “INCAPACIDAD RELATIVA Y PERMANENTE (...) NO APTO (...) LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL TREINTA Y DIOS (Sic) PUNTO CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (32.57%)” (Acta de la Junta Médica Laboral del Ejército Nacional; fls. 109-112, cdno. 1).
11. La Sala debe determinar si la demora de dos semanas en el traslado del exsoldado Elpidio León Torres a un centro médico especializado, resulta imputable jurídica y fácticamente al Ejército Nacional a título de falla del servicio médico por no habérsele prestado un servicio médico diligente, eficiente y oportuno, teniendo en cuenta que el daño invocado en la demanda —la incapacidad laboral del treinta y dos punto cincuenta y siete por ciento (32.57%)— se produjo como consecuencia del riesgo inherente a su labor como soldado profesional.
12. Acerca del daño, puede leerse el acta de la Junta Médica-Laboral de la Dirección de Sanidad del Ejército (copia del Acta 2704, jun. 16/97; fls. 110-112, cdno. 1) cuyas conclusiones son las siguientes:
(...) A. Diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones:
1) TRAUMA ACÚSTICO QUE DEJA COMO SECUELA A). HIPOACUSIA DEL OÍDO IZQUIERDO DE 80 DECIBELES. 2) TRAUMA EN MIEMBRO SUPERIOR DERECHO CON FRACTURA DE CÚBITO Y RADIO TRATADO ORTOPÉDICAMENTE CON OSTEOSÍNTESIS HACE DOCE AÑOS, LA CUAL FUE RETIRADA HACE 2 MESES, CON EVOLUCIÓN SATISFACTORIA Y BUEN PRONÓSTICO QUE DEJA COMO SECUELA A) CICATRIZ QUELOIDE DOLOROSA EN ANTEBRAZO DERECHO.
b. Clasificación de las lesiones o afecciones y clasificación de capacidad sicofísico para el servicio.
SE LE DETERMINA INCAPACIDAD RELATIVA Y PERMANENTE NO APTO
LE PRODUCE UNA DISMINUCIÓN DE LA CAPACIDAD LABORAL DEL TREINTA Y DIOS (Sic) PUNTO CINCUENTA Y SIETE POR CIENTO (32.57%) (fls. 109-112, cdno. 1).
13. Con el objeto de establecer si este daño es imputable a la entidad demandada debido a una prestación tardía, negligente o deficiente del servicio médico, es preciso analizar los cuestionamientos que la parte actora dirige a la atención en salud brindada a Elpidio León Torres, a la luz del material probatorio que obra en el plenario, en especial las pruebas referidas en el Acta Médica Laboral del Ejército y las pruebas testimoniales.
14. Como hecho constitutivo de falla en el servicio médico atribuible a la entidad demandada, la parte actora señala que el 13 de enero de 1997 sufrió una caída al que cumplía una misión en la que sufrió una fractura en su brazo derecho y una lesión en su oído izquierdo pese a lo cual continuó la marcha a pie durante cinco días que duró la misión, cuando fue trasladado a una unidad médica en la base de Apiay-Villavicencio donde estuvo por dos semanas antes de ser trasladado a Bogotá para recibir atención médica especializada.
14.1. Al respecto, Henry Sadit Flórez, soldado voluntario, sostuvo:
Eso fue el 13 de enero de 1997, recibimos la orden del Mayor GUERRERO ORTEGA HÉCTOR de desplazarnos hacia la vereda FRESCO VALLE a dar un golpe de mano a un campamento guerrillero; durante ese desplazamiento motorizado iba TORRES LEÓN ELPIDIO y yo y 50 hombres más armados y equipados; posteriormente nos bajamos del camión porque no podía el vehículo subir más por las condiciones de la vía, porque podíamos ser emboscados, subimos por un risco, estaba lloviendo y no llevábamos lentes de visión nocturna ni linternas porque es prohibido; dos kilómetros arriba de donde nos bajamos del camión el soldado profesional TORRES LEÓN ELPIDIO sufrió una caída aparatosa, resultado fracturado del oído izquierdo y el brazo derecho; ahí procedimos a prestarle los primeros auxilios, se le quitó el armamento y el equipo; él continuó con nosotros hasta que terminó la operación; en el momento él estaba muy mal, la operación no se podía abortar; llegamos al sitio y no había ningún campamento guerrillero; duramos 5 días durante ese desplazamiento y nos ordenaron devolvernos hacia la colonia; al llegar a esta fue evacuado el soldado TORRES LEÓN ELPIDIO al Dispensario de Villavicencio en Apiay, luego le remitieron a el Hospital Militar, decretaron que el oído estaba en muy mal estado, eso es lo que me consta. Preguntado: Antes de sufrir las lesiones antes mencionadas, cómo eran las condiciones de salud del ELPIDIO LEÓN TORRES. CONTESTÓ: Él era un tipo muy alegre, le gustaba mucho el deporte, como el tejo y el billar y el baile. Era saludable, alentado (...). PREGUNTADO: Últimamente usted se ha visto con ELPIDIO LEÓN TORRES, en caso positivo, díganos si él le ha referido molestias a consecuencias de esas lesiones. CONTESTÓ: Hemos tenido contacto con él desde que nos retiramos y me ha comentado se siente deprimido y agobiado por su salud porque ninguna compañía lo recibe para ningún empleo (...). PREGUNTADO: Sírvase informar a qué horas ocurrió el accidente del soldado profesional ELPIDIO LEÓN TORRES el día 13 de enero de 1997 y cómo era la visibilidad del lugar. CONTESTÓ: Solo habían 4 lentes de visión nocturna que llevaban los punteros de cada escuadra, que eran 5 escuadras, dentro de esas 5 escuadras en la que pertenecía LEÓN TORRES esa escuadra no tenía ningún lente, ni siquiera el puntero porque se le había quedado en el depósito del Batallón 32. PREGUNTADO: Informe qué secuelas quedaron al Soldado ELPIDIO LÉON TORRES con motivo del accidente a que nos estamos refiriendo y cómo han influido en su goce fisiológico. CONTESTÓ: Él le quedó como secuela del golpe la disminución de 80 decibeles del oído izquierdo afectándolo pues no puede oír música, cualquier ruido le molesta y el brazo derecho no puede hacer fuerza, quedándole además, una cicatriz que lo afecta bastante. Ya no puede jugar tejo que era su deporte favorito (...) (testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo del Meta; fls. 85-87, cdno. 1).
14.2. Igualmente, Marco Alirio Anzola Ordóñez, también soldado presente el día de los hechos indicó lo siguiente:
En un desplazamiento que hicimos del Batallón a la vereda Frescovalle (Sic) donde nos dejaron los camiones, iniciamos el patrullaje en el trascurso del camino, como a las 8 de la noche, fue cuando ELPIDIO LEÓN TORRES sufrió una caída, íbamos en una subida y tuvo una resbalada y cayó al piso y rodó como tres metros con el equipo y el armamento; en el momento lo auxiliamos, le quitamos el armamento y el equipo, se le prestó los primero auxilios y el siguió caminando con todos; estuvo caminando 5 días hasta que terminó la operación militar; en el camino se quejaba y tenía el brazo inflamado y amarrado con una venda; se fracturó el brazo derecho y el oído izquierdo se afectó el tímpano no sé con qué se golpearía; cuando llegamos a los 5 días el pasó al Dispensario de Apiay y estuvo interno como unas 2 semanas y al observarse las lesiones lo remitieron enseguida (Sic) al HOSPITAL MILITAR de Bogotá, donde lo operaron del brazo y le trataron el oído; allá estuvo como mes y medio y volvió aquí en Apiay hasta que lo mandaron a la Junta Médica y en esa Junta lo dieron de baja y salió a civil. Él quedó con una herida que le afecta bastante en el brazo derecho y se le dificulta hacer fuerza con el brazo y le quedó una herida fea; el oído se le dificulta escuchar, además en ninguna empresa lo reciben por las lesiones que tiene (...) (testimonio rendido ante el Tribunal Administrativo del Meta; fls. 219-221, cdno. 1).
15. Al analizar las declaraciones de estos soldados compañeros del señor Elpidio León Torres, que resultan espontáneas, coherentes entre sí, imparciales y por ende, dignas de credibilidad, la Sala estima razonable concluir que: (i) con ocasión de una caída sucedida en una misión de patrullaje, el demandante sufrió una fractura sobre su brazo derecho y una lesión en el oído izquierdo; (ii) el exsoldado continuó la misión lesionado, a pie por el término de cinco días hasta recibir la primera atención médica en el dispensario de Apiay, en Villavicencio-Meta; (iii) allí esperó dos semanas hasta que finalmente se remitió al Hospital Militar de Bogotá en donde fue intervenido por las lesiones de su caída.
16. Contrario a lo afirmado por la parte actora, no es posible inferir que la omisión de la entidad en remitir al soldado a un centro médico de forma oportuna determinó causalmente el resultado final, es decir, la pérdida de la facultad motora que sufrió el demandante y la disminución de su capacidad laboral. Tampoco obra prueba en el expediente que permita concluir que la “incapacidad relativa y permanente del 32.57%” fuera el resultado directo de fallas en las medidas de seguridad para los soldados que iban en la parte trasera del vehículo del Ejército, la noche del 13 de enero de 1997.
17. Lo que sí se advierte es que la omisión del Ejército Nacional en brindar al señor Elpidio León Torres un tratamiento médico oportuno, produjo lo que la jurisprudencia denomina una falla del servicio por atención médica inoportuna por lo que la Sala estima pertinente recordar la evolución de la jurisprudencia y los criterios que actualmente rigen en la Corporación en materia de responsabilidad médica.
17.1. El desarrollo inicial de la jurisprudencia estuvo orientado por el estudio de la responsabilidad estatal bajo un régimen subjetivo de falla probada del servicio. En este primer momento, se exigía al demandante aportar la prueba de la falla para la prosperidad de sus pretensiones, pues, al comportar la actividad médica una obligación de medio, de la sola existencia del daño no había lugar a presumir la falla del servicio(2).
17.2. A partir del segundo semestre de 1992, la Sala acogió el criterio, ya esbozado en 1990(3), según el cual los casos de responsabilidad por la prestación del servicio médico se juzgarían de manera general bajo un régimen subjetivo pero con presunción de falla en el servicio. En ese segundo momento jurisprudencial se consideró que el artículo 1604 del Código Civil(4) debía ser aplicado también en relación con la responsabilidad extracontractual y, en consecuencia, la prueba de la diligencia y cuidado correspondía al demandado en los casos de responsabilidad médica(5). Esta postura se fundamentó en la capacidad en que se encuentran los profesionales de la medicina, dado su “conocimiento técnico y real por cuanto ejecutaron la respectiva conducta”, de satisfacer las inquietudes y cuestionamientos que puedan formularse contra sus procedimientos(6).
17.3. Posteriormente, en una sentencia del año 2000, se cuestionó la aplicación generalizada de la presunción de la falla en el servicio y se postuló la teoría de la carga dinámica de las pruebas, según la cual el juez debe establecer en cada caso concreto cuál de las partes está en mejores condiciones de probar la falla o su ausencia, pues no todos los debates sobre la prestación del servicio médico tienen implicaciones de carácter técnico o científico(7).
17.4. El abandono de la presunción de falla como régimen general de responsabilidad y la aceptación de la carga dinámica de la prueba, al demandar de la parte actora un esfuerzo probatorio significativo, exige la aplicación de criterios jurisprudenciales tendientes a morigerar dicha carga. Por ejemplo, frente a la relación de causalidad entre la falla y el daño antijurídico, se ha señalado que cuando resulte imposible esperar certeza o exactitud en esta materia, no solo por la complejidad de los conocimientos científicos y tecnológicos involucrados sino también por la carencia de los materiales y documentos que prueben dicha relación, el nexo de causalidad queda acreditado “cuando los elementos de juicio suministrados conducen a un grado suficiente de probabilidad”(8), que permita tenerlo por establecido.
17.5. En ese sentido, también se han precisado ciertos criterios sobre la carga de la prueba en los casos de responsabilidad médica: (i) por regla general, al demandante le corresponde probar la falla del servicio, salvo en los eventos en los que resulte “excesivamente difícil o prácticamente imposible” hacerlo; (ii) de igual manera, corresponde al actor aportar la prueba de la relación de causalidad, la cual podrá acreditarse mediante indicios en los casos en los cuales “resulte muy difícil —si no imposible— la prueba directa de los hechos que permiten estructurar ese elemento de la obligación de indemnizar”; (iii) en la apreciación de los indicios tendrá especial relevancia la conducta de la parte demandada, sin que haya lugar a exigirle en todos los casos que demuestre cuál fue la causa efectiva del daño; (iv) la valoración de esos indicios deberá ser muy cuidadosa, pues no puede perderse de vista que los procedimientos médicos se realizan sobre personas con alteraciones en su salud; (v) el análisis de la relación causal debe preceder el de la falla del servicio(9).
17.6. Finalmente, en 2006 se abandonó definitivamente la presunción de falla en el servicio para volver al régimen general de falla probada(10). Actualmente se considera que en materia de responsabilidad médica deben estar acreditados en el expediente todos los elementos que la configuran, esto es, el daño, la actividad médica y el nexo causal entre esta y aquel(11), sin perjuicio de que para la demostración de este último elemento las partes puedan valerse de todos los medios de prueba legalmente aceptados, incluso de la prueba indiciaria(12).
18. En el presente caso, la Sala advierte que debido a las demoras de sus superiores de remitirlo a una unidad de salud especializada para que recibiera asistencia médica oportuna, se prolongaron injustificadamente los padecimientos para el soldado, habida cuenta que no solo debió continuar la misión estando lesionado desde el inicio de la misma, sino que aguantó el trayecto de cinco días a pie, con su brazo inflamado hasta que se autorizó su regreso al dispensario de Apiay-Villavicencio, en donde se mantuvo dos semanas hasta que finalmente fue remitido al Hospital Militar en Bogotá, para recibir atención médica especializada. De esta forma, el Ejército Nacional sometió al demandante a un sufrimiento injustificado y tardío que no estaba obligado a soportar, y que le causó un perjuicio que debe ser reparado integralmente.
19. Pese a que no existe plena certeza sobre la eventual mejoría del señor Elpidio León Torres, las pruebas permiten advertir que si se le hubiera atendido a tiempo se le habría evitado el padecimiento sufrido, pues según los testimonios de los uniformados, al comienzo de su dolencia pudo soportar el trayecto hasta el dispensario de Apiay, pero pasado el tiempo presentó molestias que le impidieron cargar cosas pesadas con su brazo derecho, así como dificultades y molestias para escuchar. Si el desarrollo de la lesión era gradual, es evidente que mientras más pronto se le tratara, menores habrían sido los dolores soportados.
20. Por otra parte, quedó demostrado que antes de sufrir las lesiones por las que demanda el actor, era un soldado profesional activo, saludable y productivo desde el punto de vista laboral, según se afirma en los testimonios recaudados de los exsoldados que estuvieron presentes el día de los hechos, de tal suerte que su incapacidad laboral si bien no es atribuible directamente a las demoras en la atención médica especializada del señor Elpidio León Torres, lo cierto es que una atención pronta y diligente hubiera permitido que el grado de la lesión permanente fuera tratada oportunamente y que el padecimiento no se hubiere prolongado injustificadamente por dos semanas a la espera de su traslado a Bogotá.
21. Además, sin perjuicio de la regla general en materia probatoria, la Corporación ha reconocido que la falla en la prestación del servicio de salud configura la responsabilidad del Estado por el solo hecho de no permitir el acceso a un tratamiento, incluso si desde el punto de vista médico la valoración de la efectividad del mismo muestra que, pese a su eventual práctica, existe dudas sobre las expectativas de mejoría(13).
22. En resumen, al estar probado que la entidad demandada no le prestó una atención médica oportuna al soldado Elpidio León Torres, quien tuvo que esperar lesionado dos semanas en el dispensario de Apiay en Villavicencio para ser trasladado a Bogotá, pese a su delicado estado de salud, y que con esta conducta se prolongó injustificadamente su padecimiento, la administración debe asumir su responsabilidad patrimonial.
23. Para fijar el valor correspondiente a los perjuicios morales, la Sala advierte que la condena se proferirá en el equivalente a salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv)(14).
23.1. El daño moral alude al generado en el plano psíquico del individuo, reflejado en los dolores o padecimientos sufridos con ocasión de la lesión de un bien jurídico. Este tiene una existencia autónoma y se configura una vez satisfechos los parámetros generales del daño: que sea particular, determinado o determinable, cierto, no eventual, y, como se dijo, que tenga relación con un bien jurídico tutelado.
23.2. Esta Sala ha indicado que el daño moral producto de lesiones puede configurarse tanto en la persona que padece la lesión, la víctima directa, como también en sus parientes o personas cercanas, que se tienen como víctimas indirectas(15). Por tanto, el parentesco constituye un indicio suficiente de la existencia, entre miembros de una misma familia, de una relación de afecto profunda y del sufrimiento que experimentan unos con el padecimiento de otros(16). En el presente caso, está probado el lazo de parentesco entre la víctima directa y los demás demandantes, de manera que estos familiares también deberán ser compensados por concepto de perjuicios morales (Ver párrafo 9.1).
23.3. Ahora bien, el juez administrativo tiene la potestad de determinar el monto a reconocer cuando se trata de indemnizar el perjuicio moral. Esta discrecionalidad está regida por varios criterios: (i) por la regla de que la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, mas no de restitución ni de reparación; (ii) por la aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; (iii) por el deber de estar sustentada en los medios probatorios que obran en el expediente respecto del perjuicio y su intensidad; y (iv) por el deber de estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(17).
23.4. En este caso, el señor Elpidio León Torres no fue atendido oportunamente debido a que no se trató a tiempo la afección física o psicológica y, por el contrario, tras ser sometido a cumplir funciones militares aún en delicado estado de salud, por cinco días en trayecto a pie, tuvo que esperar en el dispensario de Apiay por dos semanas más hasta que fuera remitido a Bogotá para recibir atención adecuada. Por lo anterior, la Sala estima razonable reconocer a favor del señor Elpidio León Torres, una compensación del perjuicio moral correspondiente a 60 smlmv; a favor de su señora madre 60 smlmv, a favor de su señor padre 60 smlmv, y la suma de 30 smlmv para cada uno de sus hermanos.
24. Finalmente, la Sala no accederá a la solicitud de indemnización por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y de “perjuicios fisiológicos”, dado que se encuentra demostrado, como ya se dijo, que la lesión sufrida por el demandante y la pérdida de su capacidad laboral, no guardan una relación causal directa con la conducta que se acreditó como falla en el servicio, a saber, la demora injustificada de la entidad en remitir al señor Elpidio León Torres a una unidad de salud especializada para que fuera valorado y asistido adecuadamente.
25. El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 establece que se condenará en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente asunto, la Sala no observa comportamiento temerario en las actuaciones procesales de los intervinientes en el presente trámite, de manera que se abstendrá de condenar por ese concepto.
REVOCAR la sentencia proferida el 21 de junio de 2005, por el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión, y en su lugar dispone:
1. DECLARAR la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional por el daño moral injustificado al que fue sometido el señor Elpidio León Torres al no ser remitido oportunamente a una unidad de salud especializada para que recibiera una atención médica adecuada.
2. CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional a pagar, por concepto de compensación de perjuicios morales, a favor de Elpidio León Torres, 60 smlmv; a favor de Marcolino Léon Madonado y Angélica Torres Mendivelso 60 smlmv para cada uno, y a favor de María Sonia León Torres, Ana Tilsa León Torres, Idalí León Torres y Carlos Edén Torres, 30 smlmv para cada uno.
6. Expedir por Secretaría copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, las cuales se entregarán a quien ha actuado como apoderado judicial.
1 En la demanda presentada el 11 de agosto de 1998, la pretensión de mayor valor, correspondiente a la solicitud de reparación de lucro cesante a favor del señor Elpidio León Torres, fue estimada en $ 200.000.000 (fl. 6, cdno. 1). Por estar vigente al momento de la interposición del recurso de apelación, se aplica en este punto el parágrafo 1º del artículo 1º de la Ley 954 de 2005, que modificó el parágrafo del artículo 164 de la Ley 446 de 1998, y que dispone que la cuantía necesaria para que el recurso de apelación en reparación directa, presentado en 2005, fuera de conocimiento de esta Corporación, debía ser superior a 500 smlmv ($ 190.750.000) lo cual se da por satisfecho en este caso.
2 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 13 de septiembre de 1991, exp. 6253, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 14 de febrero de 1992, exp. 6477, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de 26 de marzo de 1992, exp. 6255, C.P. Julio César Uribe Acosta; sentencia de 26 de marzo de 1992, exp. 6654, C.P. Daniel Suárez Hernández, entre otras.
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de octubre de 1990, exp. 5902, C.P. Gustavo de Greiff Restrepo.
4 Código Civil. “ART. 1604.—(...) La prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo; la prueba del caso fortuito al que lo alega”.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 24 de agosto de 1992, exp. 6754, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de julio de 1992, exp. 6897, C.P. Daniel Suárez Hernández.
7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2000, exp. 11878. C.P. Alier Hernández Enríquez. Esta línea se reiteró, entre otras, en sentencia de 7 de diciembre de 2004, exp. 14421, C.P. Alier Hernández Enríquez; sentencia de 11 de mayo de 2006, exp. 14400, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
8 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 3 de mayo de 1999, exp. 11169, C.P. Ricardo Hoyos Duque. Se dijo en esa oportunidad que si bien no existía certeza “en el sentido de que la paraplejía sufrida (...) haya tenido por causa la práctica de la biopsia”, debía tenerse en cuenta que “aunque la menor presentaba problemas sensitivos en sus extremidades inferiores antes de ingresar al Instituto de Cancerología, se movilizaba por sí misma y que después de dicha intervención no volvió a caminar”, de manera que existía una alta probabilidad de que la causa de la invalidez de la menor hubiera sido la falla de la entidad demandada, probabilidad que además fue reconocida por los médicos que laboraban en la institución.
9 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 28 de abril de 2005, exp. 14786, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
10 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 15772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de noviembre de 2006, exp. 15201-25063, C.P. Alier Hernández Enríquez; sentencia de 30 de julio de 2008, exp. 15726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar. El consejero Enrique Gil Botero aclaró el voto en el sentido de señalar que no debe plantearse de forma definitiva el abandono de la aplicación del régimen de falla presunta del servicio.
11 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 15772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 30 de julio de 2008, exp. 15726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar; sentencia de 21 de febrero de 2011, exp. 19125, C.P. (E) Gladys Agudelo Ordóñez, entre otras.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 31 de agosto de 2006, exp. 15772, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de 28 de septiembre de 2012, exp. 22424, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.
13 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de junio de 2011, exp. 19360, C.P. Hernán Andrade Rincón.
14 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 6 de septiembre de 2001, exp. 13232-15646, C.P. Alier Hernández.
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 30 de junio de 2011, exp. 19836, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de marzo de 2005, exp. 14808, C.P. Germán Rodríguez.
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, exp. 15459, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.