Source: http://gicgetafe.blogspot.com/2011/
Timestamp: 2019-01-20 21:20:42
Document Index: 223570771

Matched Legal Cases: ['artículo 55', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 66', 'artículo 32', 'artículo 31', 'artículo 11', 'artículo 38']

GiC Getafe: 2011
Sobreseimiento de HCC
Queremos informaros de una gran noticia:
La Audiencia Provincial de Madrid ha resuelto los recursos de apelación contra el Auto dictado por el Juez de Instrucción que acordaba el sobreseimiento de la causa respecto de los responsables de HCC Europe y la propia aseguradora. La Audiencia Provincial ha resuelto confirmar el Auto respecto de los tres directivos de HCC EUROPE, de forma que no continuarán imputados en la causa penal contra David Moreno Pingarrón, y modifica el pronunciamiento acerca de la entidad aseguradora, al entender que la seguradora DEBE CONTINUAR EN LA CAUSA COMO RESPONSABLE CIVIL. Esta decisión es muy importante de cara a que pueda resultar condenada a devolver las cantidades aportadas a todos los afectados por David Moreno Pingarrón y PSG. Es evidente que nuestro interes en mantener la imputación era más contra HCC que contra sus directivos ya que, en última instancia, lo que nos interesa es que se la pueda declarar responsable civil de las tropelías de David Moreno y por lo tanto que tenga que hacerse cargo de todo el quebranto económico sufrido.
Obviamente, nuestra siguiente actuación será reiterar la solicitud que hicimos ya hace tiempo para que el juzgado que acuerde prestar fianza a HCC en la cantidad suficiente que cubra todas las responsabilidades civiles de los afectados, confiamos en que esta vez el resto de acusaciones sigan nuestra petición y entre todos podamos conseguir este gran hito.
Una vez más tenemos que llamar la atención sobre la patética actuación del abogado de las cooperativas, y lo hacemos siempre desde la perspectiva de quien denuncia que su proceder está siendo perjudicial para todos y de que sus honorarios salen de todos nuestros bolsillos.
Haciendo un poco de historia, en primer lugar convenció a varios cooperativistas de interponer una denuncia civil contra HCC porque la aseguradora no estaba imputada en la querella. Días después, el juzgado acordó citar a los máximos responsables de HCC como imputados, a petición de nuestro bufete de abogados. Posteriormente los responsables de HCC solicitaron que se levantase su imputación y el juzgado nos dio traslado a todas las acusaciones para que alegasemos lo que considerásemos conveniente sobre la petición de HCC. En este momento, el expedientado José Martínez fue el único en no oponerse a ello, más interesado en verter falsas acusaciones contra los anteriores vicepresidentes de las cooperativas. El GiC publicó este hecho denunciando el extraño comportamiento del expedientado José Martínez como abogado de todos los cooperativistas, mientras el juzgado acordaba el sobreseimiento de la imputación de HCC
Decisión que recurrimos y entonces sí, gracias a la presión mediática de nuestra denuncia, el abogado de los cooperativistas tambien se sumó a los recursos que presentamos el resto de las acusaciones para que finalmente haya sido la Audiencia Provincial de Madrid la que nos ha dado la razón, al menos en lo importante, de nuevo.
Volvemos a insistir en que el GiC emite sus comunicados en base a hechos, datos y documentos que pueden ser perfectamente contrastados y que no nos hacemos eco de rumores ni lanzamos manifestaciones al aire carentes de fundamento ni documentos que lo apoyen y todas aquellas campañas de descrédito en las que, bajo el escudo del anónimo, pretenden colgarnos acciones o actuaciones distintas a estas no hacen si no convencernos aún más de que estamos haciendo lo correcto.
Enhorabuena a todos y renovamos nuestro compromiso de seguir luchando por lo que consideramos debe ser la justicia y de seguir brindando a nuestros simpatizantes la mejor defensa posible y la información que otros sirven de forma sesgada, velada o retocada.
Concentracion Contra HCC Europe
Desde el GiC nos sumamos a la concentración convocada para mañana Martes 27 de Septiembre a las 13 en los Juzgados de Getafe por Unexco PSG. Los responsables de que nos encontremos en al situación actual, tanto los afectados por PSG como los de Ofigevi, van cayendo poco a poco, como muestran las últimas buenas noticias que van saliendo.
Ingresa en prisión por estafa el responsable de una gestora de cooperativas de viviendas
Por ello, os animamos a que acudais mañana a los juzgados para demostrarles a aquellos que aseguraban nuestro dinero que por eso mismo, tienen que devolvérnoslo.
Todos contra HCC Europe!!
Asamblea 25 de Abril de 2011 (y 2)
Queremos completar la información publicada en nuestro anterior comunicado con los siguientes puntos:
1.- El artículo de los estatutos que regula las incompatibilidades no es el 56, si no que es el 55, por ello el cambio del artículo que proponen tiene un error que desconocemos si será intencionado o no. Pero lo más importante es que el artículo 55 de los estatutos (que no se modifica) establece las mismas incompatibilidades para miembros del consejo rector de la misma o de otra cooperativa. Por ello, es absolutamente ilegal por incompatible que los miembros de los consejos rectores de Cuna sean liquidadores de Capital y viceversa. Y en este sentido, los que estéis en contra de esta maniobra deberías solicitar que conste expresamente vuestro voto en contra por considerar que existe incompatibilidad manifiesta entre dichos cargos y al objeto de dejar a asalvo vuestro derecho a impugnar la asamblea. Sobre ello cabe preguntarse si esto se está realizando con conocimiento de causa o qué clase de asesoramiento remunerado reciben las cooperativas que no se han percatado de dicha incompatibilidad. Por nuestra parte os ofrecemos el servicio de los anbogados del GiC para aquellos de vosotros que estéis interesados en impugnar la asamblea.
2.- La información que han remitido con la convocatoria y las cuentas de que en la querella está pendiente de entregar los escritos de acusación tambien es errónea y debe ser actualizada en el sentido de que estos ya fueron entregados antes del verano, tal y como os informamos en un correo anterior. Ya os dijimos que somos la acusación que más pena pide para los imputados y que las cooperativas tan sólo piden dos años, creemos que esto sería motivo para solicitar una aclaración en el apartado de ruegos y preguntas. Nos parece mejor la postura de otras acusaciones como la de Álvarez Ossorio, que en su escrito copia frases literales de escritos anteriores nuestros. Aunque es evidente su falta de estilo debemos aplaudir al menos su disposición a remar en el mismo sentido que los demás.
3.- Por último, y en el caso de Cuna, reiteraros que en las cuentas aparece como pendiente de resolución la demanda de Raul Baena contra la cooperativa y que ello no es cierto y debe ser actualizado, en el sentido de que dicha sentencia fue dictada el 26 de julio y notificada a la cooperativa a primeros de septiembre y en ella se condena a la cooperativa a abonar íntegramente las aportaciones realizadas por el excooperativista y con costas. Nuevamente se ve que, salvo en aquellos casos a los que se llegan a acuerdos, los jueces están condenando a las cooperativas a abonar el 100% de las aportaciones: ya hay una sentencia en Capital y otra en Cuna en este sentido y ninguna estableciendo lo contrario ya que, insistimos, el resto han sido acuerdos entre las partes sin que el juez haya valorado el fondo del asunto.
Esperamos haberos ayudado con esta información.
Asamblea 25 de Abril de 2001
De cara a la asamblea del próximo domingo os remitimos esta información con algunos aspectos que consideramos interesantes.
1.- En primer lugar recordaros que aquellos de vosotros que solicitasteis la baja no debéis acudir a la misma, y en este sentido no deberíais haber recibido si quiera la convocatoria.
2.- Para los que seguís de alta o aquellos que os gusta estar informados os indicamos los siguientes aspectos:
a) Nuevamente los Consejos Rectores nos dan una vuelta de tuerca más en su plan: primero nos vendieron la liquidación y consiguieron su aprobación, ahora pretenden modificar los estatutos para reducir el número de liquidadores. Obviamente se trata de que no se pueda meter nadie que no sean ellos mismos y seguir controlando todo el tema de la liquidación. Ya se sabe, el que parte y reparte se queda con la mejor parte. Según nuestra opinión un mayor número de liquidadores favorece la transparencia, por lo que habría que votar en contra de esta propuesta.
b) Llamaros la atención con que en el orden del día no figura el nombramiento de los mismos por lo que no deberías dejar que os metan de rondón su propuesta. Además de que ya en el informe anexo dan a entender que los nombrados van a cobrar. Sólo se debe votar si se modifica el artículo de los estatutos, no habiendo en el orden del día nada relativo al nombramiento de los liquidadores ni su remuneración.
c) Con respecto a las cuentas os podemos apuntar algunos datos que de forma rápida hemos detectado, si bien sólo hemos tenido acceso a las cuentas de Cuna creemos que por similitud lo que decimos es también trasladable a capital.
- Sobre el informe de auditoría debemos apuntaros que las cooperativas han cambiado de empresa auditora y se da la circunstancia que esta nueva empresa tampoco puede dar un informe favorable sobre las mismas, indicando más salvedades de las que los informes anteriores decían. Esto ya sería motivo suficiente para no aprobarlas y pedir a los consejos rectores que las reformulasen siguiendo las indicaciones de los auditores.
- Siguen indicando en el activo de la cooperativa los terrenos de OBRUM cuando queda ya patente después del tiempo transcurrido que ese dinero se ha perdido por la dejadez de los actuales consejos rectores y debería ser contabilizado como más pérdida.
- Nos llama la atención el pago al expedientado letrado José Martínez de 17.500 euros de provisiones en el 2010 ya que ya en el 2009 se le pagaron íntegramente los honorarios por la querella. Nuevamente volvemos a ver en ello lo que hemos denunciado que iba a pasar con la liquidación de las cooperativas. Es de suponer que en Capital tambien habrá otra aportación del mismo importe lo que supone que se le han abonado en el 2010 la cantidad de 35.000 euros “extras” de los que parece que a los consejos rectores no les llama la atención ni consideran necesario informar.
- Tambien nos llama la atención la partida de Otros Gastos deExplotación” por importe de 104.277, 75 euros (folio 18) o la de Gastos Extraordinarios de 19.207,87 euros. Nos hace pensar si ya empieza a diluirse el dinero de las cooperativas.
- Creemos que los consejos rectores pretenden vender que la liquidación, incluyendo las sentencias de los justiprecios es muy favorable para los socios en activo cuando en realidad hay más de dos millones de euros en el activo que son “existencias”, es decir terrenos, que a la hora de la verdad son de muy difícil realización o imposible. Por lo que lo correcto es no contar con ese importe a la hora de informar a cuánto tocaríamos en el reparto a la hora de la verdad ya y si ese dinero es más o menos (como nosotros denunciamos) de lo que se está abonando a los exsocios.
- Volvemos a indicaros que en la cuanta de pérdidas y ganancias aparecen 86.614,16 euros (folio 3) en concepto de servicios de profesionales independientes.
- Nos resulta extraño que en el informe aparezcan que se le han entregado al abogado Torres Hernández 16.500 euros por dos recurso de casación de los que no se nos ha preguntado ni sometido a votación y de los que no sabemos cuál será el beneficio o el perjuicio si se gana o pierden y que sin embargo, ahora nos incluyan en el orden del día el tema de recurrir los justiprecios cuando parece ser la única posibilidad cierta de poder mejorar nuestra ya esquilmada economía y nos preguntamos porqué ahora se nos da la opción de renunciar a ello o de cambiar de abogado, aunque, como ya os dijimos en un informe anterior, la letrada que ha conseguido estos resultados fue elegida por los consejos anteriores, no por estos, con lo que puede que el trasfondo de todo esto sea el de siempre. Por nuestra parte consideramos que cuando las cosas funcionan es mejor no tocarlas.
Esperamos que estas notas os ayuden a la hora de votar en la asamblea y os adjuntamos los diferentes documentos relativos a Cuna de la Aviación Española:
Convocatoria Cuna Asamblea 25 de Septiembre de 2011
Informe Cuna Convocatoria Asamblea 25 Septiermbre 2011
Informe de Gestion y Cuentas 2010 Cuna
Embargo de Justiprecios a DMP
Como mucho sabeis, la familia de David Moreno Pingarrón ha sido propietaria de terrenos en Getafe, parte de los cuales han sido expropiados por pertenecer al Desarrollo Urbanístico Los Molinos - Buenavista.
Pues bien, a principios de septiembre, el bufete de abogados del GiC solicitó el embargo de los justiprecios que pudiera cobrar David Moreno Pingarrón, procedentes de la herencia de su madre fallecida en 2008, por dicho terrenos expropiados. Y hoy tenemos la gran satisfacción de comunicaros que el Juez ha estimado nuestra solicitud y ha embargado los justiprecios que le hayan sido reconocidos en las sentencias dictadas hasta el momento y todos aquellos que le puedan ser reconcidos en próximas sentencias.
Una vez más el GIC, a través de sus abogados, ha sido el único en solicitar una medida de este tipo, a pesar de que las demás partes personadas, entre ellas las cooperativas, tenían conocimiento de estas sentencias de justiprecios desde finales de julio (como reconocen en la convocatoria de asamblea general).
Sirva esta resolución judicial para destacar que abogados son los que trabajan y cuales los que cobran honorarios por no hacer nada.
Esperamos que este dinero procedente del mayor valor reconocido en los justiprecios vaya a parar a los socios de las cooperativas, aunque no haya sido gracias al trabajo de su abogado por lo que se haya conseguido este embargo.
Acabamos de tener noticia de que las cooperativas nos convocan a una asamblea para el próximo 25 de septiembre. Os pedimos el favor de que aquellos de vosotros que recibáis la convocatoria nos la remitáis escaneada por correo electrónico a gicgetafe@gmail.com y que así mismo os invitamos a que solicitéis a las cooperativas las cuentas y el informe de la auditoría. Si nos remitís estas cuentas a la mayor brevedad así como el informe de la auditoría podremos ofreceros un análisis de nuestros expertos sobre el verdadero estado de las mismas.
Tambien os informamos que la Cooperativa Getafe Cuna de la Aviación Española ha vuelto a perder una nueva demanda de un excooperativista condenando a la cooperativa a devolver íntegramente las aoportaciones así como a pagar las costas del procedimiento. Nuevamente el letrado que representaba a las cooperativas era el expedientado José Martínez Martínez.
Con respecto a la querella criminal os informamos que el juzgado nos solicitó a las partes que presentásemos los escritos de acusación al objeto de cerrar la fase de instrucción y comenzar la de juicio oral. Sobre este particular os podemos informar que nuestra abogada a solicitado para David Moreno Píngarrón y los presidentes y secretarios de las cooperativas que formaban los Consejos Rectores durante la era PSG de las cooperativas penas que superan los 120 años de prisión por los presuntos delitos de Estafa, apropiación indebida, administración desleal y falsificación de cuentas anuales. De hecho, somos la acusación que más penas a solicitado. Nos ha resultado trístemente sorprendente que el letrado de las cooperativas, otra vez el expedientado José Martínez Martínez, sólo haya pedido dos años por un presunto delito societario y otros dos años por un delito de apropiación indebida, sin especificar si las penas deben ser simultáneas o consecutivas. Ésto supone que David Moreno de resultar condenado y con la petición de las cooperativas no ingresaría en prisión ni un sólo día y además tampoco nos resarciría del daño económico al haberse declarado insolvente. Nuevamente, el expedientado Sr. Martínez parece trabajar más para la defensa de David Moreno que para sus clientes.
Nos es la primera ni la última vez que acabaremos todos pagando los errores de estos Consejos Rectores a quienes se les ha advertido por activa y por pasiva y no hacen nada por rectificarlos.
Una última noticia es que hemos sabido que en la Asamblea General se nos va a informar del tema de las sentencias de los justiprecios. Parece ser que dichas sentencias fueron notificadas a las cooperativas en el mes de julio y que sin embargo no se nos ha informado hasta el último momento. Según hemos tenido noticia, el Tribunal ha reconocido un precio inferior a 150 euros el metro cuadrado lo que supone un serio varapalo para las cooperativas ya que nosotros compramos a 170 euros el metro cuadrado. Las cooperativas fueron expropiadas a razón de 115 y 125 euros el metro cuadrado con lo que el precio reconocido por el Tribunal no deja de ser una buena noticia en el sentido de que le supone de facto cobrar un dinero a la cooperativa. Lamentablemente esta cantidad dividida entre todos los socios de alta no supera ni los tres mil euros, cuando a los socios de baja se les ofrecen de seis mil a nueve mil euros. De nuevo, tenemos que decir que ya lo avisamos y que por ese motivo precisamente solcitamos la declaración de concurso, con la finalidad de que el reparto fuera igual para todos independientemente de los de alta o de los de baja.
Es evidente por tanto que estas sentencias deben ser recurridas y esperamos que lo hayan hecho ya poniendo el caso en manos de la única abogada que ha conseguido unas sentencias favorables para las cooperativas. Ningún otro abogado, ni el urbanista Vicente Torres, ni el inútil José Martínez han conseguido ninguna sentencia que le reporte a las cooperativas ningún beneficio de ningún tipo, y mucho menos económico. Como recordareis, esta abogada, Soledad Cabello, fue contratada por los consejos rectores anteriores a los actuales, por lo que a quienes formaron parte de ellos les llena de satisfacción la buena contratación realizada. Seguramente, de haber sido llevados estos procedimientos por el pseudoabogado José Martínez habrían sido perdidos con costas, como todos los que ha llevado hasta el momento.
Estimados afectados por la presunta estafa de PSG. Hemos tenido conocimiento de que el próximo día 11 de Octubre de 2011 se va a proceder a la subasta de la vivienda propiedad de Marina de Paco Pingarrón, la mujer de David Moreno Pingarrón, sita en la Urbanización Monte Escorial de San Lorenzo de El Escorial en Madrid.
Os dejamos la nota emitida en el Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid, con los datos de la subasta:
El pasado lunes, se emitió en el programa Equipo de Investigación de Antena 3 las entrevistas que nos realizaron hace unos días. A continuación os ponemos el video para que aquellos que no lo hayais visto podais verlo:
Asamblea Extraordinaria 9 de Abril de 2011
Ante la convocatoria de asamblea general extraordinaria que los consejos rectores nos han remitido, prevista para el próximo 9 de Abril de 2011 el GiC tiene la necesidad de contestar a la informacion que nos han mandado adjunta a la convocatoria, en sus puntos más relevantes:
1.- Establecen los consejos rectores que la causa de disolución es la imposibilidad manifiesta de desarrollar la actividad cooperativizada cuando lo cierto es que esa imposibilidad manifiesta es directamente imputable a la paralización que ellos mismos han forzado. Y sin embargo omiten que el Auditor lleva diciendo en tres informes consecutivos que las cooperativas se hayan incursas en causa de liquidación al haberse reducido el capital social al menos del importe mínimo tal y como establece el mismo artículo 59, pero en su apartado f).
Omiten, igualmente, que el siguiente artículo establece que cuando concurra cualquiera de las causas previstas en el artículo anterior, a excepción de las indicadas en los apartados h), j) y k) del mismo, el órgano de administración deberá convocar, en el plazo de treinta días, Asamblea General para que adopte el acuerdo de disolución. Con este fin, cualquier socio podrá requerir al órgano de administración para que convoque la Asamblea General, si a su juicio existen algunas de las mencionadas causas de disolución.
Comienzan hablando de una asamblea general celebrada el 14 de julio de 2008 que JAMAS EXISTIÓ, ya que el plan de viabilidad fue rechazado en la asamblea extraordinaria que se celebró el 14 de diciembre de 2008 y que a pesar de ello se pusieron en marcha planes para promover vivienda libre precisamente, entre otros motivos, para salir de la causa de liquidación. Planes que, después ellos mismos decidieron paralizar con la finalidad que a estas alturas ya todos conocemos.
Así pues, los Consejos Rectores, después de ser los principales responsables de la situación actual, decidieron unilateralmente incumplir con la obligación legal de convocar una asamblea general para debatir este punto. Y han confesado en esta carta que lo sabían y que decidieron incumplir con dicha obligación legal a sabiendas. Nos consta que hubiera seguido pasando si no hubiera sido porque en el mes de febrero pasado se formularon solicitudes para convocar dicha asamblea a requerimiento de socios de cada una de las cooperativas lo que obligó a los consejos rectores a cumplir con dicho requisito legal.
Todos sabemos de las reticencias de estos consejos rectores a convocar asambleas extraordinarias, aduciendo el coste de las mismas y lo innecesaria de ellas. ¿Por qué si no viene ahora a convocar? Es evidente que lo hacen por obligación y no por voluntad propia y pretenden justificar que éste es el momento y no otro ni anterior ni posterior cuando no existe ninguna razón que en estos momentos justifique la precipitación de la decisión.
También es rotundamente falso que si se hubiese aprobado la liquidación anteriormente no se hubiese podido realizar ese intento de poner en orden la disparatada situación económica y administrativa que presentaba la cooperativa y ello es así por que los liquidadores elegidos tendrían por misión aclarar toda la situación económica de las cooperativas y su patrimonio. Tampoco se hubiera visto afectada la averiguación de las irregularidades evidentemente cometidas en el pasado en perjuicio de los socios ya que los profesionales contratados deberían seguir cumpliendo con su cometido a este respecto.
La razón de esta convocatoria es que se han visto obligados por la peticiones de cooperativistas, que en ese sentido han realizado a cada una de las cooperativas y que ahora pretenden cubrirse las espaldas de las responsabilidades que se empiezan a descubrir por virtud de los documentos que están saliendo a la luz.
Y la justificación debemos encontrarla en el artículo 60.5 de los estatutos 60.5. El incumplimiento de la obligación de convocar Asamblea General o de solicitar la disolución judicial determinará la responsabilidad solidaria de los administradores por las deudas sociales nacidas a partir del momento en que expira el plazo para solicitar la disolución judicial. Es decir, los consejos rectores pretenden con esta asamblea cubrirse las espaldas, las suyas, por la responsabilidad personal en que han incurrido por no haber convocado esta asamblea desde hace ya más de dos años cuando tenían un plazo máximo legal para ello de treinta días.
Es por ello que se les ocurre la burda estratagema de proponer de liquidadores de una cooperativa al consejo rector de la otra y viceversa, de tal forma que tienen garantizado que los unos no actuarán contra los otros y viceversa. Por sanidad jurídica es imprescindible que los liquidadores sean personas completamente ajenas e independientes de los actuales consejos rectores y que no les tiemble la mano al actuar contra todos los que hayan cometido ilegalidades, como es el caso que nos ocupa.
Utilizan torticeramente el informe de gestión de la asamblea de diciembre de 2008 (que no julio de 2008) intentando convencernos de que un plan de viabilidad es sinónimo de paralización de las cooperativas cuando el que se rechace un determinado plan puede suponer la puesta en marcha de otros sin que ello suponga la paralización de nada. Por ello era por lo que los consejos rectores anteriores a estos actuales tenían claro que había que garantizar la continuidad de las cooperativas. Paralización y continuidad son dos términos antagónicos. Desde el principio de la creación del GiC hemos denunciado que el extraño comportamiento de los actuales consejos rectores llevaba a la muerte de las cooperativas por inanición y éste es el momento que ellos estaban esperando. Momento al que hemos provocado su adelantamiento para evitar que se produjera según sus planes, ya que para ellos hubiera sido preferible que esta asamblea se hubiera realizado mucho más adelante cuando ya estuviese todo el pescado vendido.
En el último párrafo del punto 1 observamos con asombro cómo ahora dicen que ya se han aclarado todos los datos, incluso el cobro de los justiprecios, cuando hace apenas un mes emitían un comunicado en el que demonizaban a Jorge Uceda por tener pendiente de aclarar el destino de los justiprecios. A estas alturas es más que evidente el manejo que los consejos rectores hacen de la información y de la desinformación y que no tienen ningún reparo en decir una cosa y luego la contraria sin ningún problema.
2.- Estamos absolutamente de acuerdo en este punto ya que sólo es una trascripción de unos preceptos legales y estatutarios. Llama la atención de los mismos porque es importante que todos los cooperativistas entendamos que no se podrá adjudicar ni repartir el haber social hasta que no se hayan satisfecho íntegramente las deudas sociales, se haya consignado su importe en una entidad de crédito del término municipal en que radique el domicilio social, o se haya asegurado el pago de los créditos no vencidos.
Es decir, de aprobarse la liquidación se estará autorizando expresamente a los liquidadores (consejos rectores) a continuar con los acuerdos de pagos a los excooperativistas. Es más, los liquidadores quedarán obligados a hacerlo así y además ratificaremos a los consejos rectores en los comportamientos pasados por los pagos que ya han realizado en este sentido.
Existe el error de pensar que si se aprueba la liquidación ya sólo nos queda esperar al reparto del dinero. Para los que piensan así deben leer el punto 2 del artículo 66 de los estatutos:
a) El importe correspondiente a la Reserva de educación y promoción cooperativa se pondrá a disposición de la entidad pública o privada elegida por acuerdo de la Asamblea General para la realización de los fines previstos en el artículo 32.1 de estos Estatutos. Si no se designase ninguna entidad en particular, se destinará a la Unión o Federación de Cooperativas a la que pertenezca la entidad en liquidación, y, en su defecto, al Consejo de Cooperativismo de la Comunidad de Madrid para la realización de los mismos fines.
b) Se reintegrarán a los socios sus aportaciones al capital una vez liquidadas y actualizadas, comenzando por las aportaciones voluntarias y a continuación las obligatorias.
c) La Reserva voluntaria, si la hubiera, y si se hubiese optado en el artículo 31 de estos Estatutos por que sea repartible al liquidarse la Cooperativa, se distribuirá entre los socios de conformidad con lo previsto en el número 2 de dicho artículo.
d) El activo sobrante, si lo hubiere, se destinará a los mismos fines que la Reserva de educación y promoción cooperativa, poniéndose a disposición de la misma entidad pública o privada encargada de su realización, y, en caso de no producirse dicha designación, de la Unión o Federación mencionada, y, en su defecto, del Consejo de Cooperativismo de la Comunidad de Madrid.
UNA VEZ SATISFECHAS. Es decir, mientras no se haya pagado hasta el último céntimo de euro que se deba al último excooperativista no se podrá repartir ni un solo euro entre los cooperativistas. Y ello es así por imperativo legal y estatuario, es decir, que por mucho de que en la asamblea nos quieran vender lo contrario lo cierto es que aunque se apruebe la liquidación no veremos un euro mientras haya cooperativistas de baja que no hayan cobrado, lo que supone legitimar a los liquidadores para que paguen a los excooperativistas mientras que a los socios de alta les tocará esperar de todas formas al menos cinco años hasta saber el incierto resultado de los justiprecios.
3.- Es evidente que los principales acreedores son los excooperativistas, pero no debemos olvidar otros acreedores que han pasado desapercibidos hasta ahora, que son el amplio elenco de abogados, asesores, contables, etc. que prestan servicios para las cooperativas y que también deberán cobrar antes de ver nosotros un solo euro. Y ahora descubrimos que las cooperativas han contratado más asesores y más abogados.
Cuando dice que a los excooperativistas se les liquidará conforme al balance del semestre, parece olvidar que existen algunas demandas en las que los excooperativistas se han opuesto a aceptar tal importe y que reclaman la devolución del total de sus aportaciones. Os recordamos que la única sentencia judicial (el resto son acuerdos) que ha habido hasta ahora sobre este asunto condenó a la cooperativa a abonar el 100% de las aportaciones.
Y os recordamos también que LA OPCIÓN DE LA DISOLUCIÓN NO PARALIZA LAS DEMANDAS ACTUALES NI LAS QUE SEPUEDAN PONER EN UN FUTURO. Es decir que durante los próximos cinco años podemos seguir recibiendo demandas sobre este particular.
Dicho de otro modo, esta opción beneficia más a los excooperativistas que a los socios en activo.
4.- El cuadro que figura en este punto está elaborado de tal forma que es imposible comprobar su veracidad, ya que ni siquiera apunta el número de excooperativistas que hay en cada caso y no podemos hacer la simple división entre la cantidad indicada y el número de excooperativistas. Aunque sí podemos decir que evidentemente este cuadro está hecho pensando en el mejor escenario para la cooperativa, cuando lo prudente sería ponerse en el peor o, cuando menos, en una situación intermedia.
No obstante, este cuadro, junto con el que viene en el punto siguiente, sí nos sirve para ratificarnos en el que nosotros os hemos mandado sobre la evolución de los gastos de las cooperativas en los próximos cinco años y añadir los gastos de abogados, asesores, empleados, ¿liquidadores?... O dicho de otro modo, no va a quedar ni para sellos.
5.- Este punto sí se puede verificar con las cuentas aportadas en el último año, y que reflejan que sólo hay un millón de euros de diferencia con el cuadro anterior. Que un millón de euros entre cinco años sale a doscientos mil euros de gastos al año, lo que os puede hacer una idea de qué es lo que va a quedar cuando por fin nos llamen a cobrar, aunque ya dudamos de si nos llamarán. De risa sólo podemos calificar el apartado de “otras partidas y expectativas”, vamos a comentarlo:
Parcela 169: quizás piensen los consejos rectores que ochenta y cinco mil euros nos van a arreglar el cuerpo a estas alturas, entre los más de setecientos cooperativistas en alta que hay actualmente. Claro que el asunto está en discusión. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué a lo mejor no lo cobramos?
Parcela C5: ¡148.738,83 euros! primero nos convencen de la dación porque los terrenos no valen nada y ahora pretenden explicarnos que alguien nos va a pagar 148.738,83 euros por el 1,25% de una parcela. ¿Y cuándo se supone que va a ocurrir ese gran evento?
Parcela de OBRUM: Ya hemos demostrado que los consejos rectores saben desde el 2009 que el consorcio había denegado el traspaso de dicha parcela a las cooperativas. Hemos denunciado que esta negligencia es directamente imputable a estos consejos rectores, otra razón para proponerse ellos mismos como liquidadores.
Los consejos rectores parecen olvidar que OBRUM está en concurso de acreedores y que ello supone que todo el patrimonio que se venda debe ir destinado a satisfacer la deuda de sus acreedores. Como ya sabéis, hemos contactado con los administradores concursales de OBRUM y nos certifican que las cooperativas no están en la lista de acreedores, requisito legal indispensable para poder cobrar algo. Es decir, hemos confirmado que las cooperativas no van a ver ni un solo euro de esta partida porque los consejos rectores lo han dejado perder, y aquí sí que estamos hablando de dinero, de 1.850.000 euros que hemos perdido y que no nos repartirán. Nos pretenden llenar los ojos de euros ahora para suavizar la reunión y saben que para cuando informen de este tema ya será demasiado tarde y no se podrá actuar contra ellos. Depende de nuestra voluntad expresada mayoritariamente en la asamblea el que esto ocurra o no.
Justiprecios: Lo que los consejos rectores dicen en este párrafo y nada es lo mismo. Aunque debe ser así porque esta expectativa no sabemos si será de un euro o de veinte. Lo que sí podemos deciros es que las últimas sentencias que están dictando tienden más bien a la baja. Dicho de otro modo, no debemos hacernos muchas expectativas con este tema. Y recordad que la administración nos expropió a unos 120 euros y que nosotros compramos a 170 euros el metro cuadrado por lo que todo lo que se consiga entre 120 y 170 es sólo para tapar el agujero.
Devoluciones de IVA: Como se suele decir aquí no cabe un tonto más. Las cooperativas, además de contratar y pagar a un asesor y a un contable, han contratado a un gabinete especialista en derecho fiscal la devolución de un IVA que no les corresponde. ¿Es una broma? ¿Y si dice Hacienda que no tenemos derecho?
Los consejos rectores no explican este punto detenidamente pero sí ponen en negrita 1.590.000 euros.
Esta partida hace referencia al IVA que todos hemos pagado a la cooperativa y que la cooperativa recaudó para pagar a hacienda. Es decir ese IVA no es, ni ha sido nunca, de la cooperativa, la cooperativa lo recaudaba y se lo daba al estado. De existir la posibilidad de solicitar su devolución, ésta corresponde a cada uno de nosotros. Curiosamente, cuando se decía de denunciar a HCC Europe para recuperar el dinero, los consejos rectores nos instaban a hacerlo de forma individual, pero para solicitar esta devolución, insistimos en que es un dinero que el socio ha pagado al Estado y no a la cooperativa, si se hace de forma colectiva. ¿Por qué? Es importante que este dinero no pase por las arcas de las cooperativas ya que serviría para pagar otras deudas cuando, de existir la posibilidad de la devolución (que no está tan claro) debemos ser nosotros mismos los que lo solicitemos y no dejarnos engañar por otros dos millones de euros puestos en la cuenta.
Posibles indemnizaciones del Tribunal Supremo: De este apartado sólo podemos informaros de que todos y cada uno de los procedimientos que lleva el letrado Vicente Torres, TODOS, se han perdido hasta la fecha.
Reclamaciones por diferencias de metros cuadrados: Este tema ya lo hemos explicado anteriormente y lo volvemos a hacer en este punto ya que fue objeto de especial estudio por parte del anterior consejo rector. Miente el consejo rector sobre ese supuesto estudio llevado a cabo por el CR, ya que ese estudio es anterior a su nombramiento y además ya se descartó la posibilidad de actuar en ese sentido por no existir causa legal para ello. Por lo que sólo debemos considerar que este tema es otra de sus cortinas de humo para vendernos las grandes expectativas y que aprobemos sus propuestas sin rechistar.
El estudio que los anteriores consejos rectores realizaron arrojó que existían divergencias de metros entre los comprados y los que la administración expropió en algunas parcelas por lo que se procedió a realizar un estudio de todas esas compraventas y se descubrió que TODAS las fincas que compraron las cooperativas se hicieron por los metros que figuraban en el registro de la propiedad. NO SE COMPRÓ NINGUNA FINCA POR METROS DISTINTOS DE LOS QUE FIGURABAN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD.
La mayoría de las fincas se compraron en el año 2004 mientras que la expropiación fue en el 2006. Es decir, las cooperativas fueron pacíficas propietarias de esos terrenos durante dos años. Y PSG y Miguel Ángel Sacristán eran especialistas conocedores de los terrenos de Getafe, y por tanto de las parcelas que compraban, por lo que si hubiesen detectado diferencias de metros entre la realidad y lo que figuraba en el registro de la propiedad y que el notario dio fe, habrían tenido dos años para realizar estudios topográficos. Finalmente, dos años después, la administración expropió esos terrenos y en el expediente de expropiación fijó los metros de cada una de las parcelas a expropiar. Es en ese documento, y no en la escritura ni en el registro de la propiedad, donde aparecen los metros de menos con respecto a los que figuran en la escritura. Y era en ese momento, por tanto, en el que la cooperativa, gestionada entonces por PSG, debería haber recurrido los expedientes de expropiación alegando que los metros no coincidían. Lamentablemente PSG, en otro alarde de negligencia absoluta, no recurrió tal medida por lo que dio por buena la medición y el plazo para recurrirlo ya expiró hace tiempo. La cooperativa pretende vendernos ahora que es que le vendieron menos metros de los que figuraban, cuando lo cierto es que fue la cooperativa la que renunció a reclamar a la Administración tal hecho. Por lo que no puede ahora repercutir su negligencia contra el vendedor ya que éste vendió lo que figuraba en el registro de la propiedad.
Y aquí nos ponen en negrita casi tres millones de euros que nos hacen ver la necesidad de reclamarlos para que así sirvan para engordar los abultados bolsillos de algunos abogados sin escrúpulos y que cuenten con la complicidad de estos consejos rectores para sacarnos los cuartos.
6.- Reclamaciones judiciales recibidas y pagos efectuados.
Insistimos en este punto en dos aspectos importantes.
a) La liquidación no paraliza las demandas, ni las que estén en marcha ni las que se pongan. Todas seguirán su curso y hay cerca de 250 excooperativistas pendientes de cobrar. La única sentencia que ha habido hasta la fecha condena a la cooperativa a abonar el 100% de las aportaciones, el resto son acuerdos judiciales, que no una sentencia. Por lo que corremos el riesgo de que las cantidades sean mucho mayores al panorama que nos pinta el consejo rector.
b) Los consejos rectores están llegando a acuerdos para pagar a excooperativistas sin respaldo de una asamblea, por su libre decisión y la aprobación de la liquidación supone refrendar este comportamiento y llevarlo incluso a sus máximas consecuencias ya que ese será precisamente el primer cometido de los liquidadores/consejos rectores.
7.- Sobre el procedimiento concursal desestimado debemos decir que ambas sentencias dejan claras sus dudas sobre la solvencia de las cooperativas y que incluso la de cuna hace una invitación velada a que los consejos rectores promuevan el concurso voluntario.
Este punto sirve en realidad para demostrar la falsedad de las afirmaciones de los consejos rectores ya que en realidad nunca ha estado en su ánimo el promover la solución del concurso a pesar de que ésta es la única vía que evita las demandas y las paraliza.
La única razón posible para este comportamiento es que la presencia de unos administradores judiciales pone fin a su cortijo y podría descubrir y poner delante del juez todos y cada uno de sus desmanes sin necesidad de poder taparlos tal y como esta propuesta de liquidación pretende. No cabe argumentar el elevado coste de esta opción en primer lugar porque los honorarios de los administradores concursales están tasados por ley y porque los consejos rectores están demostrando que no existe ningún inconveniente en contratar todo tipo de abogados, asesores, asesores fiscales, contables, etc.
Habrá que preguntarse si esta vez permitirán otras alternativas a la liquidación como puede ser la del concurso o no.
8.- Qué se debe decidir
Es evidente que lo primero que debe decidirse es si estamos de acuerdo con la propuesta de liquidación, y más concretamente con esta propuesta de liquidación. Para nosotros la respuesta sólo puede ser negativa ya que no se debe permitir que los actuales consejos rectores reciban el espaldarazo definitivo para continuar con su política de autodestrucción si tan siquiera el control de unos auditores.
La postura del GiC siempre ha sido y sigue siendo que la mejor opción para todos es el concurso o en su defecto, y sólo en su defecto, la liquidación.Aunque es evidente que la liquidación que nos proponen, por lo que si no permiten votar el concurso, votaremos en contra de la misma y solicitaremos que conste expresamente nuestro voto en contra en el acta de la Asamblea.
No puede ser peor la decisión judicial que la que nos proponen.
Evolución de Gastos de las Cooperativas
Como quiera que los consejos rectores continúan con su campaña de silencio, nos hemos permitido hacer un estudio sobre la evolución de lo que puede suponer a las cooperativas el gasto de hacer frente al pago de los excooperativistas tal y como ellos han comenzado a realizar ya y nosotros denunciamos que estaba ocurriendo.
Debemos recordaros que una vez que emitimos un comunicado en el que informábamos de esta práctica, los consejos rectores contestaron con uno en el que, después de muchas insinuaciones y acusaciones veladas, no negaban que esto estuviese ocurriendo. A su vez, destapamos que existían ya en la actualidad una cantidad de demandas cercana a las cien, si no la supera ya, y que algunas de ellas no están dispuestas a llegar a un acuerdo con las cooperativas por la que recibir menos dinero del que en su día aportaron.
Así las cosas, y en base a los datos de que disponemos, hemos podido hacer un cálculo estimativo de lo que puede suponer a las cooperativas esta práctica. Os adjuntamos un archivo: la primera página es una hoja de cálculo con nuestras estiamciones y las dos restantes es la explicaicón detallada de esos cálculos para faciltar su comprensión.
El resultado no puede ser más alarmante:
En el plazo de cinco años las cooperativas quedarían descapitalizadas y no nos correspondería ni mil euros a cada uno de los socios.
Hemos puesto el plazo de cinco años porque es el plazo estimado en poder obtener una resolución de los justiprecios, y por lo tanto, el plazo de vida de las cooperativas si se mantienen las cosas como hasta ahora.
La conclusión no es otra que una política basada única y exclusivamente en el resultado de los justiprecios es catastrófica y nos lleva a la autodestrucción.
Esto no hace sino insistir en la necesidad de hacer todo lo posible por convocar una asamblea general extraordinaria con la finalidad de poder debatir y votar la declaración de concurso de acreedores de las cooperativas o, en su defecto, inicar el proceso legal de liquidación de las mismas.
Volvemos a haceros un llamamiento para entre todos recoger el mayor número de firmas posibles y dar a conocer estos datos. Nosotros, por nuestra parte, intentaremos suplir el silencio de los consejos rectores dando a concoer cuantos documentos y datos podamos obtener.
Recordareis que los Consejos Rectores en su último comunicado hicieron referencia a las muy buenas expectativas que existen para los socios en activo en relación a los procedimientos de los justiprecios. Pues bien, muchos de vosotros nos habéis preguntado sobre este tema. Puesto que nosotros no tenemos ninguna noticia salvo las excasisimas des-informaciones de los Consejos Rectores, decidimos remitir una carta solicitando información a la abogada que lleva esos procedimientos, Soledad Cabello Fernández.
Desgraciadamente la abogada nos contesta que no puede dar esa información nada más que a los Consejos Rectores, según la indican el el departamento de deontología profesional del Colegio de Abogados. Por tanto, es a las cooperativas a quienes debemos pedir la información que necesitamos
Por este motivo hemos solicitado a nuestros abogados que nos redacten una solicitud de información para presentarla en las cooperativas. Como vereis en la solicitud les pedimos información sobre todos los procedimientos , los abogados que los llevan, la fase en que se encuentran, etc... Esta solicitud, de acuerdo a lo que dictan los estatutos de las cooperativas, para que nos informen debéis completarla y presentarla en las oficinas, junto con una copia (como siempre) que os tienen que sellar y firmar como recibí.
Según lo establecido en el artículo 11.2-d) los socios podrán solicitar por escrito y recibir información sobre la marcha de la Cooperativa, y en particular sobre la que afecte a sus derechos económicos y sociales.En este supuesto, el órgano de administración deberá facilitar la información solicitada en el plazo de 30 días o, si considera que es de interés general, en la Asamblea más próxima a celebrar incluyéndola en el orden del día.
Os adjuntamos las dos cartas, la remitida por el GiC y la contestacion de la abogada, asi como el modelo de solicitud de información a presentar en las cooperativas.
Carta del GiC a la Abogada de los Justiprecios
Solicitud de Información a los CR
Informes sobre el cobro de los Justiprecios
Siguiendo con nuestro compromiso de informar y de desvelar cuantos documentos puedan y deban ser de interés general aquí os faciliamos nuevamente dos documentos más que prueban y acreditan de forma irrefutable que los Consejos Rectores mintieron en la asamblea general y mintieron en el comunicado cuando emitían insinuaciones sobre el destino del dinero de los justiprecios y la honradez de Jorge Uceda.
Nuevamente debemos agradecer la colaboración de los cooperativistas; nos remiten mucha información y documentos como los que os aportamos con este comunicado.
Se trata de dos informes muy precisos y extensos: uno por cada cooperativa que al parecer están fechados en Julio de 2009, muy detallados, que realizaron las cooperativas sobre el destino del dinero de los justiprecios. El informe de Cuna ocupa 20 páginas y el de Capital 18 y podréis ver, sin entrar en mucho detalle que se trata de varios cuadros en los que se va indicando el valor del justiprecio, la fecha de cobro y el valor de la hipoteca, entre otros datos, y que se va desgranando parcela por parcela hasta completar el total detalle del DESTINO DE LOS JUSTIPRECIOS.
Es dedir, al menos desde Julio del 2009 las cooperativas conocen perfectamente el destino de los justiprecios y han mantenido acusaciones veladas con la única finalidad de desviar la atención sobre lo que debe ser considerado a todas luces como una gestión muy negligente por su parte, sin entrar por el momento en mayores acusaciones que creemos que tendrán que ser los tribunales los que las investiguen.
Como en anteriores ocasiones, tan sólo os faciitamos los documentos para que los analicéis por vosotros mismos y lleguéis a vuestras propias conclusiones y preguntaros si es lícito o no que los consejos rectores puedan afirmar en Febrero de 2011 que desconocen el destino de los justiprecios cuando ellos mismos en el mes de Julio de 2009, es decir, cinco meses después de la dimisión del Sr. Uceda fueron capaces de elaborar un informe tan pormenorizado sobre el tema del cobro de los justiprecios.
Y si vuestra respuesta es negativa, si consideráis que no es lícito que los consejos rectores profieran esas acusaciones veladas, las siguientes preguntas son ¿porqué? y ¿para qué?
Informe Cobro Justiprecios Getafe Capital del Sur
Informe Cobro Justiprecios Getafe Cuna de la Aviación Española
Durante los últimos días hemos recibido numerosas peticiones de información acerca del concurso de acreedores y la posibilidad de solicitar una asamblea extraordinaria en las cooperativas, en las que incluir en el orden del día la votación de solicitar el concurso de acreedores. También hemos recibido peticiones para la elaboración de un documento en solicitud de tal asamblea extraordinaria. Por tal motivo, os adjuntamos el modelo de solicitud de asamblea extraordinaria, según nos han asesorado nuetros abogados.
Vereis que el modelo de solicitud consiste en el orden del día que deberá contener la asamblea, y entre los distintos puntos a tratar y votar se incluyen:
- La licitud del concurso de acreedores.
- Solicitud de disolución y liquidación de la cooperativa en caso de que no se acuerde el concurso.
- Renovación del Consejo Rector.
Este último punto resulta lógico si pensamos que sería contra producente que se acuerde el concurso o la liquidación y sigan mangoneando los mismos, porque, evidentemente, boicotearían tanto el concurso como la liquidación, por lo que se necesita un consejo rector nuevo y que no esté contaminado.
Si os fijáis, como primer punto del orden del día es elegir presidente de la asamblea, que legalmente puede ser distinto del presidente de la cooperativa. ¿Qué sentido tiene esto? Muy sencillo, si dejamos que sean los presidentes de las cooperativas, todos sabemos que no van a dejar que se explique y se debata convenientemente tanto el concurso como cualquier otra cuestión, pues siguiendo órdenes, hacen lo posible porque las asambleas cada día parezcan más una reunión del congreso de los diputados de Venezuela, en la que siempre habla el mismo.
Por supuesto, y para evitar fraudes, la asamblea deberá realizarse ante Notario que cumple las funciones de secretario de la misma levantando el correspondiente acta.
Otra cosa que pedimos es que la asamblea se grabe en vídeo, tal y como solicitamos la última vez, y que dijeron que habían procedido a realizar pero que se había estropeado la grabación. Que casualidad...
La solicitud se ha elaborado para que en cada copia puedan firmar 10 socios, pero no hace falta que se completen, podéis firmar cada uno la vuestra, lo que sí es importante es no mezclar firmas de socios de ambas cooperativas, es decir, en cada hoja solo puede haber socios de una misma cooperativa. Luego el día que se acuerde llevaremos todas las firmas a las oficinas de las cooperativas junto con una copia de las mismas que nos deberán firmar y sellar como acuse de recibo.
Os pedimos un esfuerzo para que entre todos podamos conseguir que se convoque esa asamblea por lo que si conocéis a más cooperativistas, no dudéis en poneros en contacto con ellos para recoger las firmas que sean necesarias. El número de firmas que se necesitan para promover la convocatoria son 50, según el artículo 38.1 de los estatutos.
Transmisión de la Parcela de Obrum
Queremos compartir con vosotros la penúltima mentira (seguramente no será la última) de los Consejos Rectores.
En nuestra contestación al comunicado de los consejos rectores de las cooperativas ya manifestamos que éstos mentían respecto a los bloques de OBRUM. Los Consejos Rectores vienen manteniendo que tales parcelas son de las cooperativas y así lo hacen constar en la contabilidad de las cooperativas, contabilizando las pareclas como existencias. Pues bien, gracias a vuestra colaboración hemos podido tener acceso a un documento de enorme interés: el comunicado del Consorcio de fecha 11 de mayo de 2009, por el cual DENIEGA la transmisión de la parcela de OBRUM a la cooperativa Getafe Cuna de la Aviación Española. Nos consta que la cooperativa lo recibió el 22 de mayo de 2009.
No hace falta que expliquemos la falsedad que supone defender, incluso ante los Tribunales, que tales parcelas son de las cooperativas, cuando lo cierto es que EN MAYO DE 2009 EL CONSORCIO URBANISTICO DENEGÓ LA TRASMISIÓN DE LA PARCELA A LA COOPERATIVA.
Resulta también evidente la irregularidad que se viene cometiendo en las cuentas de las cooperativas al mantener la parcela como existencia en lugar de contabilizarla como pérdida. ¿Se debe a la negligencia de los Consejos Rectores y sus asesores y abogados o por el contrario obedece al deseo de éstos de dar menos pérdidas en las cuentas?
Sacad vuestras propias conclusiones aunque es más que evidente que este hecho acarreará responsabilidades judiciales a los infractores.
Os adjuntamos el citado documento para vuestra comprobación.
Denegacion Transmisión Obrum a Cuna
Telemadrid 27 de Febrero de 2011
Noticia emitiida en Telemadrid el pasado 27 de Febrero de 2011 en la que se mencionan tanto la manifestación del pasado día 19 como la intervención del GiC y UnExCo PSG en el Pleno del ayuntamiento monográfico sobre vivienda protegida del 23 de Febrero.
Queja contra el abogado de las Cooperativas, José Martínez
Os informamos que la queja que algunos cooperativistas a título personal formularon contra el abogado de las cooperativas José Martínez Martínez ante el Colegio de Abogados de Madrid por lo que consideraban un comportamiento negligente e interesado ha sido objeto de apertura de expediente por parte del Consejo del Colegio de Abogados de Madrid.
Hay que ecordar que en su día se presentó la queja ante el Colegio de Abogados y que éste resolvió su archivo directo por lo que los denunciantes presentaron un recurso de alzada ante el órgano superior, que era el Consejo del Colegio de Abogados de Madrid, quien acaba de resolver incoar el oportuno expediente, nombrar instructor y dar traslado al citado letrado para que presente sus alegaciones al respecto.
El motivo de la queja no era otro que el hecho de que los denunciantes consideran que existía un claro conflicto de intereses entre ser el abogado de las cooperativas en la querella contra David Moreno/PSG y las demandas a título personal que se ofreció a llevar contra la aseguradora HCC. Los denunciantes defienden que José Martínez Martínez demostró dejadez en el ejercicio de su trabajo en la querella lo que favoreció que se levantase la imputación contra HCC y que, presumiblemente, este comportamiento era para favorecer la marcha de las demandas civiles que algunos cooperativistas le habían encargado contra la aseguradora HCC, es decir favoréció a unos pocos clientes (algunos cooperativistas) en perjuicio de su otro cliente colectivo y más antigüo (las cooperativas) y que se valió de la información a la que tenía acceso como abogado de las cooperativas en beneficio de esos pocos.
A grosso modo éste es el asunto en cuestión y debemos deciros que el gremio de los abogados es muy corporativista, por lo que no albergamos grandes esperanzas en la resolución de este asunto aunque lo seguiremos luchando hasta el final y os mantendremos informados.
Ahora que sabemos ésto, nos preguntamos si el último comunicado de los consejos rectores, lleno de rencor y revanchismo, no guardará relación con que ya sabía la noticia de que la queja contra José Martínez había sido admitida y se había incoado el oportuno expediente.
Os ponemos la documentación por riguroso orden cronológico.
Respuesta del Colegio de Abogados
Recurso al Consejo del Colegio de Abogados
Respuesta del Consejo del Colegio de Abogados
Queja contra el abogado de las Cooperativas, José ...