Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-00895-de-mayo-29-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_ff5d41d273ab0364e0430a0101510364&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-21 12:15:32
Document Index: 376174231

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 60', 'artículo 86', 'artículo 136', 'artículo 288', 'artículo 14', 'Artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 23', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 24', 'artículo 14', 'artículo 55', 'artículo 115', 'artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 1999-00895 de mayo 29 de 2014
SENTENCIA 1999-00895 DE 29 DE MAYO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL POR DAÑOS OCASIONADOS EN ENTIDADES EDUCATIVAS- LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA. A PARTIR DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 60 DE 1993, LA NACIÓN POSEE LA COMPETENCIA PARA CEDER A LAS ENTIDADES TERRITORIALES LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN, POR TANTO LA CAPACIDAD DE ESTAS ÚLTIMAS PARA LA PRESTACIÓN DEL MENCIONADO SERVICIO PÚBLICO DEPENDE DE LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS QUE LES HAGA LA NACIÓNASÍ, LUEGO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN, LA NACIÓN ASIGNA A LA ENTIDAD TERRITORIAL LOS RECURSOS PARA QUE PRESTE EL SERVICIO DE EDUCACIÓN ESTATAL DE MANERA AUTÓNOMA. DE ESTA MANERA, LA RESPONSABILIDAD DERIVADA DE DAÑOS OCASIONADOS EN ENTIDADES EDUCATIVAS DEBE ASUMIRLA EL RESPECTIVO DEPARTAMENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO, DEPARTAMENTO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN
Sentencia 1999-00895 de mayo 29 de 2014
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “B”
Rad.: 05001-23-31-000-1999-00895-01(28129)
Exp.: 28129
Actor: José Jesús Rincón y otros
Demandados: Nación - Ministerio de Educación y otro
Bogotá D. C., mayo 29 de 2014.
Procede la Sala a determinar si la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Medellín tienen legitimación en la causa por pasiva para concurrir en el presenten asunto. De ser así, tendrá la Sala que establecer si dichas entidades incurrieron en alguna falla del servicio por acción o por omisión que diera lugar a la ocurrencia del daño alegado en la demanda, consistente en la muerte del menor John Alexander Rincón Castaño.
Por ser las demandadas de índole estatal, el proceso es de conocimiento de esta jurisdicción (CCA, art. 82). Además, esta corporación es competente para conocer del proceso, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en un proceso con vocación de segunda instancia, en los términos del Decreto 597 de 1988, dado que la cuantía de la demanda, determinada por el valor de la mayor de las pretensiones, que corresponde a la indemnización por concepto perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, supera la exigida por la norma para el efecto(2).
La acción de reparación directa instaurada (CCA, artículo 86) es la procedente, por cuanto las pretensiones de la demanda están encaminadas a la declaratoria de responsabilidad de las entidades demandadas por las actuaciones y omisiones en las que incurrieron y que tuvieron como consecuencia la muerte de John Alexander Rincón Castaño.
En el presente asunto se pretende que se declare la responsabilidad de las entidades demandadas por la muerte de John Alexander Rincón Castaño, el 21 de junio de 1998(3); como la demanda fue impetrada el 23 de marzo de 1999, se instauró dentro de los dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, en los términos del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, por tanto, no se configuró la caducidad de la acción.
La legitimación en la causa por activa aparece demostrada en el plenario, porque la parte actora está conformada por las personas directamente afectadas con el daño sufrido consistente en la muerte de John Alexander Rincón Castaño, quienes, mediante registro civil de nacimiento comprobaron su parentesco con el occiso.
Previo a estudiar el fondo del asunto, es necesario analizar lo correspondiente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva que declaró el tribunal en primera instancia respecto del Ministerio de Educación Nacional y el Municipio de Medellín.
Al respecto señaló el a quo que, a partir de la certificación otorgada por el Ministerio de Educación al departamento de Antioquia para asumir la prestación de los servicios educativos, la administración de los establecimientos educativos de índole departamental le correspondía de manera exclusiva. Por lo anterior, consideró que ni el Ministerio de Educación Nacional ni el municipio de Medellín, estaban llamados a responder por el daño alegado en la demanda.
Ahora bien, se encuentra en el expediente el acta de la conciliación prejudicial llevada a cabo el 6 de noviembre de 1998 ante la procuraduría 31 en lo judicial administrativo en la ciudad de Medellín(4) (fl. 139, cdno. 2) en la cual se consignó:
“Nación - Ministerio de Educación:
(...) en uso de la palabra el señor mandatario judicial de la Nación (Ministerio de Educación) manifiesta que su poderdante no está legitimado para comparecer en consideración a que de acuerdo con las descentralización administrativa el Ministerio de Educación certificó al departamento en materia educativa, entregando por lo tanto la administración, los bienes y la responsabilidad que ello genera y por ende no tiene fórmula propuesta conciliatoria que presentar.
(...) El mandatario judicial del Municipio a su vez tampoco presenta fórmula de conciliación dado que reposan constancias escritas en la reclamación en el sentido de que la institución Colegio La Milagrosa o INEM Antonio Mesa Naranjo es una institución de carácter departamental, con personal docente igualmente de ese orden territorial y en consecuencia el Municipio no puede presentar fórmula conciliatoria alguna toda vez que no debe ser parte ni en esta reclamación ni en un futuro proceso si así se determinare (sic).
(...) por su parte el apoderado del departamento y luego de hacer algunas consideraciones en torno a los hechos, las circunstancias que los rodearon y la calidad de establecimiento del orden departamental ofrece como fórmula de conciliación el reconocimiento del pago de la suma de $18.000.000 por concepto de todo tipo de perjuicios considerando solo la responsabilidad del departamento, de tal manera que quedaría a la parte interesada poder accionar contra las otras dos entidades si a bien lo tiene.
El apoderado de los solicitantes a lo anterior manifiesta que no acepta la propuesta, oferta que el departamento mejora a $20.000.000 la que también es rechazada porque no satisface las expectativas de sus poderdantes. En vista de la posición asumida por las partes y que no se vislumbra acuerdo...
Las partes continúan la discusión concluyendo: El apoderado de los perjudicados con el hecho manifiesta que acepta la propuesta que hace el departamento de Antioquia en cuanto al reconocimiento y pago de la suma de veinte millones de pesos ($20.000.000) por concepto de perjuicios de todo orden causados con la muerte del joven John Alexander Rincón Castaño entendiéndose que es en cuanto corresponde al departamento de Antioquia, pago que se hará dentro de los veinte días siguientes a la formulación de la cuenta que será una vez el tribunal apruebe el acuerdo (...)” (sic) (resaltado del texto).
De acuerdo con lo anterior, advierte la Sala que el acuerdo conciliatorio entre el departamento de Antioquia y la parte actora se realizó en consideración a la participación de dicha entidad en el daño alegado, sin perjuicio de que los afectados tuvieren la posibilidad de reclamar indemnización de perjuicios por la participación en este de la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el municipio de Medellín.
Sin embargo, la posibilidad de imputarle responsabilidad a alguna entidad pública, está sujeta a que esta se encuentre legitimada en la causa por pasiva para acudir al proceso. Sobre este punto la jurisprudencia de esta corporación ha precisado:
Por la primera, legitimación de hecho en la causa, se entiende la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado, por intermedio de la pretensión procesal; es decir es una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta, en la demanda, y de la notificación de esta al demandado; quien cita a otro y atribuye está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y atribuye está legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Vg.: A demanda a B. Cada uno de estos está legitimado de hecho.
La legitimación ad causam material alude a la participación real de las personas, por regla general, en el hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que haya demandado o no, o de que haya sido demandado o no. Ejemplo:
• A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si
• A demanda a C, sólo estará legitimado materialmente A; además si
• D demanda a B, sólo estará legitimado materialmente B, lesionado. Si
• D demanda a C, ninguno está legitimado materialmente.
• Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y sólo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda.
La falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerva la pretensión procesal en su contenido, como si lo hace la excepción de fondo. Esta se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo, que se propone o se advierte por el juzgador, para extinguir, parcial o totalmente aquella.
La excepción de fondo supone, en principio, el previo derecho del demandante que a posteriori se recorta, por un hecho nuevo —modificativo o extintivo del derecho constitutivo del demandante— que tumba la prosperidad de la pretensión, como ya se dijo, parcial o totalmente.
En la falta de legitimación en la causa material por pasiva, como es la alegada en este caso, no se estudia intrínsecamente la pretensión contra el demandado para que este no sea condenado; se estudia sí existe o no relación real del demandado con la pretensión que se le atribuye.
La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado(5)”.
Además de lo anterior, para determinar cuál es la entidad legitimada para responder por los daños ocurridos al interior de instituciones educativas públicas, es necesario revisar el análisis de la evolución normativa que ha hecho la jurisprudencia de esta corporación al respecto:
“Con el objetivo de brindar una mayor cobertura a la extraordinaria demanda escolar que se presentó en las décadas anteriores y dada la deficiente respuesta de las regiones para garantizar que ese servicio fuera prestado con parámetros de equidad y calidad, se expidió la Ley 43 de 1975(6), que nacionalizó el gasto de la educación oficial primaria y media territorial y dispuso que este sería un servicio público patrimonialmente a cargo de la Nación.
La Ley 43 de 1975 nacionalizó la educación primaria y media territorial y los docentes vinculados a las entidades territoriales pasaron a ser docentes “nacionalizados” cuyas obligaciones salariales y prestacionales quedaron a cargo de la Nación en la forma prevista en la ley, pagaderas por intermedio de los FER.
Ese modelo significó para el Ministerio de Educación el tener que ocuparse de un sinnúmero de tareas administrativas, viendo limitada su función primordial que no era otra que la dirección del servicio. Por eso, mediante la Ley 29 de 15 de febrero de 1989, que modificó la Ley 24 de 1988, que reestructuró el Ministerio de Educación y que a su vez fue reglamentada por el Decreto 1706 del 1º de agosto de 1989, se asignó a los municipios, o ante su falta de condiciones para hacerlo, a los departamentos, las funciones de administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados y de las plazas oficiales de colegios cooperativos, con la advertencia de que la Nación no asumiría responsabilidad alguna en relación con los nombramientos que excedieran las plantas de personas aprobadas por el Gobierno para la respectiva jurisdicción, ni nacionalizaría al personal así designado, el cual quedaría a cargo de la entidad que hiciera dichos nombramientos.
Ha precisado la jurisprudencia de esta Corporación(7), que lo que operó en virtud de la Ley 29 de 1989 fue una desconcentración administrativa territorial, en tanto las funciones de nombrar, remover, trasladar, controlar y en general administrar el personal docente otorgadas a las autoridades territoriales, no se efectuaría con plena autonomía administrativa y financiera, sino en calidad de administradores del FER, organismo este supervisado por un delegado del Ministerio de Educación Nacional.
Posteriormente, se expidieron una serie de normas que fueron entregando a las entidades territoriales la titularidad y administración del servicio de educación. Así, por ejemplo, mediante el Decreto 077 de 1987, llamado también Estatuto de la descentralización, se dejó en manos de los municipios la construcción, dotación y mantenimiento de los planteles de educación básica y media vocacional y de las instalaciones deportivas y recreativas.
Doctrinariamente se ha considerado que entre los años 1975 y 1991, el servicio de educación se reguló por un proceso intermedio entre la desconcentración, que implica una delegación de funciones operativas a entidades regionales o locales, pero manteniendo concentrado el poder para la torna de decisiones y la descentralización, que implica un traslado de funciones para que sean ejercidas con autonomía administrativa y de gestión. Esto porque si bien la dirección del servicio y el manejo de los recursos para atenderlo radicaban en el nivel central, la participación de las entidades territoriales excedía la mera gestación por cuenta de la Nación, para convertirse en muchos casos en los verdaderos administradores del servicio, con una capacidad de dirección y control a nivel interno del mismo. Lo que se advertía más bien era una separación entre la administración del servicio educativo y de los planteles, y la financiación del sistema y de los docentes vinculados a la Nación.
En la Constitución Política de 1991, se consolidó ese proceso de descentralización del servicio de educación pública en sus niveles de básica primaria y secundaria; se estableció la distribución de recursos y el reparto de competencias en relación con la prestación los servicios públicos de educación a cargo del Estado, entre la Nación, los departamentos y los municipios, teniendo en cuenta para ello los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad (artículo 288) y en los artículos 356 y 357 de la Carta, se estableció el giro de recursos por parte de la Nación a las entidades territoriales para, entre otras cosas, sufragar los gastos de los servicios de educación, mediante el establecimiento del situado fiscal a favor de los departamentos y distritos y la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.
En la Ley 60 de 1993 se distribuyeron las competencias educativas entre la Nación y las entidades territoriales, de acuerdo con lo previsto en los artículos 356 y 357 de la Constitución, de manera que a los departamentos se les atribuyó la dirección y administración directa y conjuntamente con los municipios de los servicios de educación y los docentes dejaron de ser nacionales y nacionalizados, para denominarse del orden nacional, departamental, distrital o municipal, según el caso.
Con fundamento en la regulación prevista en la Ley 60 de 1993, la Sala ha tenido oportunidad de pronunciarse en varias oportunidades sobre legitimación de la Nación o de las entidades territoriales, para responder por los daños que han sufrido los estudiantes de centros educativos nacionalizados y ha concluido que dicha legitimación está sujeta a la acreditación del cumplimiento de la entrega del servicio a los departamentos o a los municipios(8)(...)”(9).
En el presente caso, obra dentro del acervo probatorio arrimado al expediente la Resolución 6000 de 20 de diciembre de 1995, mediante la cual el Ministerio de Educación Nacional certificó al departamento de Antioquia “el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 14 de la Ley 60 de 1993 para asumir las administración directa de los recursos del situado fiscal y la prestación de los servicios educativos”, con lo cual se encuentra acreditado que el departamento de Antioquia para la época de los hechos se encontraba encargado de la prestación del servicio público de educación.
De acuerdo con lo expuesto, advierte la Sala que la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por las entidades demandadas tiene vocación de prosperidad por las siguientes razones:
Nación - Ministerio de Educación Nacional
Respecto de la prestación del servicio de educación estatal, las competencias de la Nación son establecidas en la Ley 60 de 1993 en los siguientes términos:
“ART. 5º—Competencias de la Nación.En relación con las materias de carácter social, corresponde a la Nación, a través de los Ministerios, departamentos administrativos y demás organismos y autoridades de la administración central o de las entidades descentralizadas del orden nacional, conforme a las disposiciones legales sobre la materia:
• Formular las políticas y objetivos de desarrollo.
• Establecer normas técnicas, curriculares y pedagógicas que servirán de orientación a las entidades territoriales.
• Administrar fondos especiales de cofinanciación.
• Organizar y desarrollar programas de crédito.
Prestar los servicios médicos especializados en el caso del Instituto Nacional de Cancerología y los sanatorios de Agua de Dios y Contratación.
• Dictar las normas científico-administrativas para la organización y prestación de los servicios.
• Impulsar, coordinar y financiar campañas y programas nacionales en materia educativa y de salud.
• Asesorar y prestar asistencia técnica y administrativa a las entidades territoriales y a sus instituciones de prestación de servicios.
• Ejercer la responsabilidad y acciones que deba cumplir en desarrollo de lo dispuesto en la presente ley.
• Distribuir el situado fiscal; reglamentar la delegación y delegar en las entidades territoriales la ejecución de las campañas y programas nacionales o convenir la asunción de las mismas por parte de las entidades territoriales, cuando fuere el caso, con la asignación de los recursos respectivos para su financiación o cofinanciación; establecer los programas de cofinanciación en forma acorde a las políticas y a las prioridades nacionales.
• Vigilar el cumplimiento de las políticas; ejercer las labores de inspección y vigilancia de la educación y salud y diseñar criterios para su desarrollo en los departamentos, distritos y municipios; ejercer la supervisión y evaluación de los planes y programas y, en especial, de la utilización o destinación de las cesiones y participaciones y de los grados de cobertura y calidad de los servicios e informar a la comunidad sobre estos resultados; y, promover ante las autoridades competentes, las investigaciones que se deriven de las actuaciones de los funcionarios.
PAR. 1º—En concordancia con la descentralización de la prestación de los servicios públicos de salud y educación y las obligaciones correspondientes, señalados en la presente ley, la Nación cederá a título gratuito a los departamentos, distritos y municipios los derechos y obligaciones sobre la propiedad de los bienes muebles e inmuebles existentes a la fecha de publicación de la presente ley destinados a la prestación de los servicios que asuman las entidades territoriales”.
Como se ve, la ley le otorgó a la Nación la facultad de distribuir los recursos entre las entidades territoriales, mediante la delegación de la administración de dichos recursos con el fin de que estas puedan ejercer de manera autónoma su competencia para la prestación del servicio público de educación y cumplir con las obligaciones propias de dicha labor.
Luego de que la Nación otorgue a determinada entidad territorial (departamento) la administración de los recursos para la prestación del servicio de educación, dicha entidad cuenta con las siguientes competencias:
“Artículo 3º de la Ley 60 de 1993: Competencias de los departamentos. Corresponde a los departamentos, a través de las dependencias de su organización central o de las entidades descentralizadas departamentales competentes, conforme a la Constitución Política, la ley, a las normas técnicas nacionales y a las respectivas ordenanzas:
En desarrollo de estas funciones promoverá la armonización de las actividades de los municipios entre sí y con el departamento y contribuirá a la prestación de los servicios a cargo de los municipios cuando estos presenten deficiencias conforme al sistema de calificación debidamente reglamentado por el respectivo Ministerio.
• Dirigir y administrar directa y conjuntamente con sus municipios la prestación de los servicios educativos estatales en los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria y media.
• Participar en la financiación y cofinanciación de los servicios educativos estatales y en las inversiones de infraestructura y dotación.
• Asumir las funciones de administración, programación y distribución de los recursos del situado fiscal para la prestación de los servicios educativos estatales.
• Promover y evaluar la oferta de capacitación y actualización de los docentes, de acuerdo con los desarrollos curriculares y pedagógicos y facilitar el acceso a la capacitación de los docentes públicos vinculados a los establecimientos educativos del área de su jurisdicción.
• Regular, en concurrencia con el municipio, la prestación de los servicios educativos estatales.
• Ejercer la inspección y vigilancia y la supervisión y evaluación de los servicios educativos estatales.
• Incorporar a las estructuras y a las plantas departamentales las oficinas de escalafón, los fondos educativos regionales, centros experimentales piloto y los centros auxiliares de servicios docentes.
• Asumir las competencias relacionadas con currículo y materiales educativos.
La prestación de los servicios educativos estatales y las obligaciones correspondientes, con cargo a los recursos del situado fiscal, se hará por los departamentos, caso en el cual los establecimientos educativos y la planta de personal tendrán carácter departamental, distribuida por municipios, de acuerdo con las necesidades de prestación del servicio; de todas maneras la administración del personal docente y administrativo se hará conforme a lo previsto en el artículo 6º de la presente ley”.
De acuerdo con la normativa citada, le corresponde a los departamentos administrar los recursos cedidos por la Nación para la prestación del servicio público de educación, es decir, que la Nación mediante un acto motivado cede de manera expresa los recursos del situado fiscal para que la entidad territorial preste de manera autónoma dicho servicio público.
En síntesis, la competencia de los departamentos para prestar el servicio de educación será ejecutada una vez la Nación haya delegado en esta la administración de los recursos del situado fiscal, lo cual, se hace mediante certificación del cumplimiento de todos los requisitos necesarios para la prestación de tal servicio.
En el caso en concreto, obra en el expediente la Resolución 6000 de 20 de diciembre de 1995 emitida por el Ministerio de Educación Nacional, mediante la cual delegó de manera expresa al departamento de Antioquia la competencia para la prestación del servicio de educación en los siguientes términos:
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 60 de 1993, el artículo 23 del Decreto 2886 de 1994, entregó la competencia al Ministerio de Educación Nacional, para certificar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 14 de la Ley 60 de 1993, para que los departamento s y Distritos asuman la administración directa de los recursos del Situado Fiscal y la prestación del servicio educativo;
Que en cumplimiento de lo establecido por el artículo 24 del Decreto 2886 de 1994, el Doctor Álvaro Uribe Vélez en su calidad de Gobernador del departamento de Antioquia, presentó al Ministerio de Educación Nacional, solicitud escrita de certificación del departamento por haber acreditado cabalmente los requisitos exigidos por el artículo 14 de la Ley 60 de 1993, de conformidad con los procedimientos establecidos en el Decreto 2886 de 1994;
Que la mencionada solicitud se acompañó la documentación exigida para la certificación de cada uno de los requisitos antes mencionados, así:
Que en desarrollo de lo dispuesto en el artículo 24 del mismo decreto, la secretaría técnica del Ministerio de Educación Nacional estudio (sic) la documentación aportada y dentro del término reglamentario emitió concepto favorable con destino a la Ministra de Educación Nacional sobre la acreditación y cumplimiento de los requisitos establecidos en el capítulo 2º del mencionado decreto, para que el departamento de Antioquia asuma la administración de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio educativo.
“ART.1º—Certificar el cumplimento de los requisitos establecidos por el artículo 14 de la Ley 60 de 1993 para asumir la administración directa de los recursos del situado fiscal y la prestación de los servicios educativos parte del departamento del Antioquia (sic).
“ART. 2º—Suscribir en consecuencia, entre la Nación - Ministerio de Educación Nacional y el departamento de Antioquia, el acta de entrega de los bienes, el personal y los establecimientos que le permitan a dicha entidad territorial, cumplir con las funciones y obligaciones recibidas en virtud de la certificación otorgada (...) (fls. 188-190)”.
Además, según certificación emitida por el director de descentralización administrativa de la secretaría de educación de Antioquia (fl. 19, cdno. 1), la institución educativa que para la época de los hechos se llamaba Colegio la Milagrosa, antes llamado Instituto Técnico Industrial Antonio Mesa Naranjo, es de carácter público de propiedad del departamento de Antioquia.
Así las cosas, partir de lo establecido en la Ley 60 de 1993, la Nación posee la competencia para ceder a las entidades territoriales los recursos necesarios para la prestación del servicio público de educación, por tanto la capacidad de estas últimas para la prestación del mencionado servicio público depende de la asignación de recursos que les haga la Nación; así, luego de verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la prestación del servicio público de educación, la Nación asigna a la entidad territorial los recursos para que preste el servicio de educación estatal de manera autónoma.
En el presente caso, se encuentra probado que mediante resolución emitida por el Ministerio de Educación Nacional, el departamento de Antioquia cuenta con la certificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para la prestación del servicio público de educación, con lo cual la Nación le cedió los recursos del situado fiscal. Lo anterior significa que el departamento de Antioquia, para la época en que ocurrió el hecho dañoso, tenía a su cargo la administración de los bienes y el personal necesario para la prestación del servicio de educación estatal cedidos por la Nación.
Visto todo lo anterior, advierte la Sala que a partir de lo establecido en la Ley 60 de 1993, respecto de la distribución de competencias para la prestación del servicio público de educación, es claro que existió una delegación de dicha competencia por parte de la Nación-Ministerio de Educación Nacional al departamento de Antioquia, por tanto, teniendo en cuenta que la entidad educativa donde ocurrieron los hechos es de índole departamental, es claro que la administración de esa institución la ejercía el departamento de manera autónoma, lo que significa que la responsabilidad de lo ocurrido en su interior recae sobre este ente territorial.
Ahora bien, se encuentra acreditado en el proceso que la Nación - Ministerio de Educación Nacional certificó al departamento de Antioquia el cumplimiento de los requisitos para la prestación del servicio de educación pública, pero no se encuentra prueba alguna que indique que el municipio de Medellín se encuentre certificado para la prestación de dicho servicio, por tanto, de no existir una delegación expresa al municipio de Medellín por parte de la entidad competente, en este caso el departamento de Antioquia, el municipio no estará llamado a responder por los hechos acaecidos en una institución de índole departamental.
Visto todo lo anterior, es necesario precisar que, si bien la Ley 60 de 1993 estableció una serie de funciones de la Nación y las entidades territoriales en la prestación del servicio de educación, la competencia exclusiva para la prestación de tal servicio público está sujeta a la certificación que hiciere el Ministerio de Educación del cumplimiento de los requisitos previstos en dicha ley para la prestación de tal servicio. Por tanto, sólo después de la certificación, la Nación, a través del Ministerio de Educación, transfiere a la entidad territorial la administración de los bienes y recursos necesarios para la prestación del mismo.
Como en el presente caso se encuentra probado que la Nación certificó la competencia del departamento de Antioquia para prestar el servicio de educación, y no al municipio de Medellín, la Sala procederá a confirmar la decisión del tribunal en cuanto a que declaró probada la falta de legitimación en la causa de las entidades demandadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 446 de 1998, sólo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y como en este caso ninguna de aquellas actuó de esa forma, no se condenará en este sentido.
1. CONFIRMAR la sentencia de 18 de marzo de 2004 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
3. Cúmplase lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
QUINTO (sic): En firme este fallo devuélvanse los expedientes al Tribunal de origen para su cumplimiento y expídanse a las partes actoras las copias auténticas con las constancias de las cuales trata el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
(2) La pretensión mayor fue estimada en $308.849.000, monto que supera la cuantía necesaria para que un proceso iniciado en 1999 fuera de doble instancia ($18 850 000). Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modifica el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo.
(3) Acta de levantamiento de cadáver y registro civil de defunción obrantes a folios 9 a 12 del cuaderno 1.
(4) Acuerdo conciliatorio aprobado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante providencia de 18 de diciembre de 1998 (fl. 148, cdno. 2).
(5) Sentencia de 15 de junio de 2000. Exp. 10171. C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(6) El texto del artículo 1º de la norma es el siguiente: “La educación primaria y secundaria oficial será un servicio público a cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los departamentos, intendencias, comisarías, el distrito especial de Bogotá y los municipios, serán por cuenta de la Nación, en los términos de la presente ley. Parágrafo. El nombramiento del personal en los planteles que se nacionalizan por medio de esta ley, o se hayan nacionalizado anteriormente, continuará siendo hecho por los funcionarios que actualmente ejerzan dicha función”.
(7) [4] Sentencia de la Sección segunda de 24 de agosto de 1994, Exp. 8183. En sentencia de esa misma sección de 14 de mayo de 1995, Exp. 10.724, se dijo: “Desconcentración administrativa significa el otorgamiento de poderes decisorios, de competencia para manejar un servicio nacional, a funcionarios que en la respectiva entidad territorial tienen el carácter de agentes del gobierno central o que al respecto obran en tal calidad, lo que implica falta de autonomía regional en la administración del servicio. Este sigue siendo nacional y en ningún caso la dirección de él, a nivel regional, por funcionario de un departamento, por ejemplo, para mencionar el caso colombiano, le quita ese carácter, pues ellos actúan como agentes del poder central, o sea en relación de dependencia. Hay inmediación entre la facultad decisoria, en lo que atañe a los intereses regionales y locales vinculados al servicio, y la comunidad o colectividad en cuyo beneficio fue establecido; pero la suprema dirección, la dirección nacional del mismo, reside en el poder central”.
(8) [5] Por ejemplo, en sentencia de 22 de abril de 2009, Exp. 16.620, C.P. Ruth Estella Correa Palacio, dijo la Sala: “En conclusión muestra el acervo probatorio que el accidente sufrido el 31 de mayo de 1994 por la menor Nalda Eliceth Ávila Roa en la calle 26 de la ciudad de Bogotá es imputable al Ministerio de Educación, dado que bajo su control estaba el colegio Instituto Nacionalizado San Luís de Garagoa, como quiera que solo en el año de 1995, el Ministerio le entregó al departamento de Boyacá “el manejo autónomo de los recursos del situado fiscal y la prestación del servicio público educativo en dicha entidad territorial”. Es decir, que no es posible imputar responsabilidad al departamento de Boyacá por la muerte de la menor Nalda Eliceth Ávila Roa, puesto que tal daño se causó cuando el colegio al que la menor pertenecía era de orden nacional y no departamental y por lo tanto, el departamento no es el ente llamado a responder por los daños a que se refiere la demanda”. En términos similares se pronunció en sentencia de 23 de agosto de 2010, Exp. 18627, C.P. Gladys Agudelo Ordoñez (E): “mediante comunicación de 2 de junio de 1999 dirigida al Tribunal Administrativo de Casanare, el Ministerio de Educación Nacional sostuvo que la educación fue entregada al departamento de Casanare, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 60 de 1993...Lo anterior permite afirmar que para la época de los hechos, el Colegio Luis María Jiménez de San José del Bubuy del Municipio de Aguauzul estaba a cargo del departamento de Casanare”.
(9) Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia proferida el 11 de mayo de 2011, Exp. 18.279, C.P: Ruth Stella Correa Palacio.