Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teac-00-810-2005-01-03-2007-49031
Timestamp: 2018-08-16 09:52:17
Document Index: 65716715

Matched Legal Cases: ['artículo 128', 'artículo 72', 'artículo 128', 'artículo 128', 'artículo 28', 'artículo 128']

Resolución de TEAC, 00/810/2005, 01-03-2007 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico Administrativo Central, 00/810/2005 de 01 de Marzo de 2007
Núm. Resolución: 00/810/2005
La adopción de medidas cautelares de acuerdo con el artículo 128.1 de la LGT (Ley 230/1963 redacción Ley 66/1997), en relación con un acuerdo de derivación de responsabilidad de administradores, no puede justificarse únicamente en la existencia de unas deudas tributarias imputables al administrador de una sociedad declarada fallida, pues resulta necesario además la constancia o la fundada sospecha de que por parte del deudor y del declarado responsable se han llevado a cabo actos tendentes a impedir a la Hacienda Pública el cobro de la deuda. Por ello, se anula el acuerdo de adopción de medidas cautelares.
En la Villa de Madrid, a 1 de marzo de 2007 en el recurso de alzada que pende de resolución ante este Tribunal Económico-Administrativo Central, en Sala, interpuesto por D. ..., con domicilio a efecto de notificaciones en ..., contra acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Regional de ... de fecha 25 de noviembre de 2004, reclamación ..., en asunto relativo a adopción de medidas cautelares, cuantía: 205.700,50 €.
PRIMERO.- En el curso del procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria a D. ..., de diversas deudas tributarias de la entidad ..., S.L. por importe total de 205.700,50 €, en fecha 28 de agosto de 2003, el Jefe de Recaudación de la Delegación de ... de la Agencia Tributaria dictó acuerdo de adopción de la medida cautelar consistente en el embargo preventivo de la finca ..., folio ..., tomo ..., libro ... del Registro de la Propiedad de ...
Frente a dicho acuerdo interpuso el interesado reclamación económico administrativa ante el Tribunal Regional de ... que fue desestimada por acuerdo de 25 de noviembre de 2004 en base a considerar que las alegaciones vertidas por el reclamante no afectaban a la medida cautelar adoptada sino al acuerdo de declaración de responsabilidad subsidiaria.
SEGUNDO.- Contra el mencionado acuerdo planteó el interesado recurso de alzada para ante este Tribunal Central en el que indicó que al presentar las alegaciones ante el Tribunal Regional cometió la equivocación de presentar las correspondientes a la reclamación promovida contra el acuerdo de derivación de responsabilidad que se tramitaba simultáneamente en el mismo Tribunal, pero que entendía que ello no le impedía exponer ante el Tribunal Central, en el trámite de recurso de alzada, lo que querría haber alegado en su momento ante el Tribunal Regional, a cuyo efecto articuló una única alegación en la que expuso que la traba efectuada causaba un perjuicio de difícil reparación al otro titular del cincuenta por ciento del bien embargado al que no se le había dado trámite de audiencia con carácter previo a su adopción, lo cual a su entender contraviene lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 30/1992 en la redacción dada por la Ley 4/1999 y en el artículo 128 de la LGT, y que además de ello el acuerdo de medidas cautelares es ilegal por haberse embargado la totalidad de la finca a pesar de que una mitad de ella no le pertenece, motivo por el que el Sr. Registrado de la Propiedad ha denegado la inscripción de dicha mitad.
SEGUNDO.- De la documentación integrada en el acuerdo de adopción de medidas cautelares aquí cuestionado, se deduce que las deudas derivadas corresponden a cuatro liquidaciones practicadas por la Dependencia de Inspección tributaria a la entidad ..., S.L. por el Impuesto sobre Sociedades 98/99 respecto del que la interesada no presentó declaración ni ingresó cantidad alguna en el Tesoro y por el IVA 97-98 y 99 respecto del que el contribuyente declaró bases inferiores y cuotas soportadas superiores a las comprobadas. Dichas conductas fueron calificadas como infracciones tributarias graves y una vez seguido el correspondiente procedimiento recaudatorio contra la entidad deudora, que fue declarada fallida el 9 de julio de 2003, se acordó el 26 de agosto de 2003 iniciar el procedimiento de derivación de responsabilidad subsidiaria de las deudas pendientes de la sociedad al Administrador Único de la misma D. ... El 28 de agosto de 2003 se dictó el acuerdo de adopción de medidas cautelares objeto último del presente recurso de alzada, como consecuencia del cual se procedió al embargo de la finca antes descrita, embargo que fue anotado preventivamente en el Registro de la Propiedad respecto a la mitad indivisa de la finca inscrita a nombre de D. ..., siendo denegada la anotación preventiva respecto de la mitad indivisa restante por aparecer la misma inscrita a nombre de D. ...
TERCERO.- El artículo 128 del la Ley General Tributaria en la redacción dada por el artículo 28 de la Ley 66/1997, establece en su apartado 1 que "Para asegurar el cobro de la deuda tributaria, la Administración tributaria podrá adoptar medidas cautelares de carácter provisional cuando existan indicios racionales de que, en otro caso, dicho cobro se verá frustrado o gravemente dificultado. El siguiente apartado 2 dispone que las medidas habrán de ser proporcionales al daño que se pretende evitar, estableciendo a continuación el tipo de medidas cautelares que pueden adoptarse entre las que se encuentra "el embargo preventivo de bienes o derechos" que según se dispone a continuación "se asegurará mediante su anotación en los registros públicos correspondientes o mediante el depósito de bienes muebles embargados".
A la vista de lo dispuesto en el precepto mencionado, resulta claro que a efectos de la procedencia de la adopción de medidas cautelares, es preciso que concurran los siguientes requisitos: 1º) que existan indicios racionales de que, en caso de no adoptarse tales medidas el cobro de las deudas se vería frustrado o gravemente dificultado; 2º) que las medidas adoptadas sean proporcionales al daño que se pretende evitar.- La concurrencia en cada caso de los referidos requisitos, debe constar o al menos deducirse del correspondiente acuerdo de adopción de la medida cautelar
Pues bien, en el acuerdo de adopción de medidas cautelares de que se trata, no se justifica en modo alguno que en caso de no adoptarse tales medidas el cobro de las deudas se vería frustrado o gravemente dificultado, limitándose a decir en el Fundamento de Derecho Cuarto, que es el único que aborda el tema, que "la adopción de medidas cautelares con carácter general tiene su razón de ser en indicios racionales de actuaciones elusivas por parte de los deudores y de los responsables, que se manifiesta en los datos recogidos anteriormente. Por tanto, la adopción de medidas cautelares en el caso presente, constituye un acto cautelar y presuntivo que está condicionado a que D. ... sea declarado responsable subsidiario de ..., S.L.".
Como puede observarse, en este fundamento de derecho se hace una remisión a "los datos recogidos anteriormente", pero en realidad los hechos que se describen en el acuerdo, se limitan a relacionar las deudas contraídas por la entidad ..., S.L. a describir el procedimiento de cobro seguido contra dicha sociedad que finalizó con la declaración de fallido de la misma, y a exponer la condición de administrador de D. ... que legitima el inicio del procedimiento de derivación de responsabilidad contra su persona, pero en modo alguno se expone ni se justifica en el acuerdo de adopción de medidas cautelares, la necesidad o conveniencia de adoptar dichas mediadas. Sin embargo tal justificación es absolutamente necesaria para la procedencia de la adopción de dichas medidas cautelares, ya que del contenido del artículo 128.1 de la Ley General Tributaria se deduce que no basta para ello con la existencia de unas deudas tributarias imputables al administrador de una sociedad declarada fallida, sino que es necesario además la constancia o la fundada sospecha de que por parte del deudor y del declarado responsable se han llevado a cabo actos tendentes a impedir a la Hacienda Pública el cobro de la deuda, actuaciones éstas, a las que, como se ha dicho anteriormente, no se hace siquiera alusión en el acuerdo de adopción de medidas cautelares. Ello implica que dicho acuerdo deba considerarse falto de la necesaria motivación, lo cual conduce a la anulación del mismo y a la del acuerdo del Tribunal Regional que lo confirmó con la consiguiente estimación del presente recurso de alzada.
ESTE TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO CENTRAL, EN SALA, en el presente recurso de alzada, ACUERDA: Estimarlo anulando los actos impugnados.