Source: https://aleidacalleja.wordpress.com/
Timestamp: 2017-02-28 14:25:39
Document Index: 231708525

Matched Legal Cases: ['artículo 28', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 78', 'Artículo 19', 'artículo 5']

Aleida Calleja | Derecho a la información, radiodifusión, telecomunicaciones y marcos normativos
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febrero 14, 2017 · 7:11 pm	Audiencias, en juego algo más que los derechos.	En mi colaboración anterior le comenté sobre lo absurdo que resultaban las controversias constitucionales que interpusieron tanto el Senado en contra de los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias emitidos por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), como fue la de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para impugnar las facultades de éste para tutelar tales derechos.
Más pobre aún en sus argumentos es la controversia del Ejecutivo en contra del Congreso de la Unión y el IFT, que reclama para sí la facultad para tutelar los derechos de las audiencias y afirma que el Constituyente no previó en modo alguno que el IFT tuviera facultades amplísimas para regularlos para luego aseverar que el artículo 28 constitucional le permite al Instituto expedir disposiciones de carácter general y esa potestad la acota la Constitución al indicar que es “exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria” y los derechos de las audiencias no son una función regulatoria de los sectores de la radiodifusión y las telecomunicaciones, sino un derecho humano, y por ende, los artículos controvertidos al Congreso de la Unión, resultan inconstitucionales por darle al Instituto facultades reglamentarias que no le corresponden y, que en todo caso, tendrían que ser potestad del Ejecutivo Federal.
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enero 31, 2017 · 7:14 pm	Poderes contra los derechos de las audiencias.	Desde hace un par de semanas empezó una ola de descalificaciones a los Lineamientos Generales sobre los Derechos de las Audiencias que aprobó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en diciembre pasado y que entrarán en vigor el próximo 16 de febrero, en lo que se conoce como “el nado sincronizado”, pero esta vez entraron a la descalificación no solamente los concesionarios, legisladores y plumas de sabida cercanía a la industria de la radiodifusión, sino también presidentes municipales, gobernadores como el de Jalisco y de la Ciudad de México y hasta la iglesia católica, acusando al IFT de querer imponer la censura, cuando en realidad lo único que hizo el regulador fue acatar lo que le manda la Constitución y la ley, nada más y nada menos.
Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/poderes-contra-los-derechos-de-las-audiencias/Aleida-Calleja#.WK3kQSPhDSw
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enero 24, 2017 · 7:16 pm	Entre las buenas y malas noticias	Una buena noticia en estos días aciagos
es el regreso del noticiero de Carmen Aristégui
y su equipo a través de internet. Enhorabuena.
El pasado jueves 19 de enero el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, determinó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debe reponer el proceso que negó en su momento para declarar a el Grupo Televisa (GT) con poder sustancial de mercado en la TV de paga. Esa fue su determinación una vez que Total Play y Televisora del Valle de México, filiales de TV Azteca y Grupo Dish, filial de MVS, interpusieron un amparo ante los tribunales porque con su negativa el IFT impidió la aplicación de una regulación asimétrica a la empresa que tiene más del 62 por ciento del mercado de televisión restringida en el país.
Como recordará, la denegación del Pleno IFT para dicha declaratoria al GT fue una de las decisiones más lamentables por cuanto ignoró los resultados de su Autoridad Investigadora, que en marzo de 2015 encontró que Televisa sí era actor dominante en la TV paga, con poder sustancial de mercado en 2.124 municipios del país lo que significaba más del 86 por ciento del total de localidades en el país.
Esta resolución tuvo el voto en contra de las dos comisionadas, Adriana Labardini y María Elena Estavillo, quienes atinadamente reclamaron al Pleno no tomar en cuenta la concentración regional y local para el servicio de TV de paga por parte del GT, así como su dominancia en la producción de contenidos audiovisuales lo que le permite contar con una buena reducción de costos de operación y de adquisición de programas dándole una posición de ventaja sobre sus competidores. Esta resolución del IFT en septiembre de 2015 se repitió en 2016 y en ambas ocasiones fue un escándalo internacional.
La reciente sentencia del Tribunal Colegiado le enmienda la plana el IFT por su resolución del 2015, por lo que deberá de reponer el proceso con los elementos aportados por su Autoridad Investigadora en ese mismo año. Es una buena noticia que el poder judicial cumpla con su papel de control judicial frente a las acciones del regulador, cuando éstas afecten la competencia y el pluralismo.
En contraste con esta buena noticia la semana pasada, nuevamente en el país tuvimos nota con hechos trágicos, las redes sociales y los medios de comunicación.
Derechos de la niñez y los medios.
Cimbraron los trágicos hechos en Monterrey, Nuevo León, sobre la agresión a menores de edad a manos de uno de sus compañeros, que también disparó a su maestra de clases.
Poco después de darse a conocer la noticia empezó a difundirse un video e imágenes en las redes sociales sobre este lamentable suceso, mismas que fueron retomadas por varios medios de comunicación, violando flagrantemente los derechos de los menores. La Ley General de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes prohíbe la violación a su intimidad revelando su identidad y datos personales en los servicios de prensa, radiodifusión, medios electrónicos y de telecomunicaciones, porque de hacerlo ponen en riesgo el interés superior de la niñez (artículos 76 al 81).
Los medios que decidieron publicar esas imágenes sin edición alguna, no solamente faltaron a la ética sino que también violaron la ley y derechos. No se puede justificar el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información pasando por encima de los derechos de la niñez, el sector más vulnerable de la población, además en términos informativos dichas imágenes no aportaban nada más que espectáculo y sangre. Tampoco es aceptable la justificación de que lo hicieron porque primero empezaron a difundirse a través de la redes, eso sería tanto como admitir que yo violo derechos porque otros lo hacen primero.
Por fortuna de inmediato también aparecieron en las redes cuestionamientos a los medios de comunicación recordándoles su obligación de respetar la ley y los derechos de la niñez, así como la obligación de la Secretaría de Gobernación (Segob) para regular este tipo de conductas en los medios. Hacia el medio día de ese fatídico 18 de enero, el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, emitió un Tweet diciendo “He instruido que se verifique que las imágenes difundidas por medios y plataformas digitales respeten la dignidad de las víctimas.”
Veremos si la dependencia ejecuta el marco legal al que está obligado cumplir, porque en materia de protección a la niñez ha resultado no sólo ineficaz sino también fútil, como lo muestran los Lineamientos Generales de Clasificación de Contenidos Audiovisuales, que permiten la transmisión de contenidos violentos, sexuales y de consumo de drogas en horarios en los que la niñez ve la televisión abierta y en la cual no hay posibilidad de tener controles parentales. Como bien lo señala la experta Clara Luz Álvarez, esos Lineamientos hacen posible que las tres televisoras comerciales de cobertura nacional puedan transmitir las llamadas narcoseries en horarios que de acuerdo al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la niñez es todavía audiencia masiva.
Este tipo de series por su naturaleza muestran violencia, armas y valores éticos cuestionables que los menores de edad ven, con el peligro de que puedan percibir como normalidad este tipo de situaciones, pues no tienen aún criterios firmes para discernir entre la realidad y la ficción, pero a la Segob eso le tiene sin preocupación, por lo que para la protección a la niñez y la regulación a los medios ha resultado francamente inútil, esta omisión es un derroche de recursos públicos y configura una negligencia al deber estatal de proteger derechos.
La programación para la niñez en el país es casi un desierto, a los medios comerciales les importa poco la atención a este sector, salvo que den jugosas ganancias por la publicidad comercial, y son pocos los medios públicos que le atienden (canal 11 con una señal completa sólo para niños y niñas y canal 22 con un noticiero infantil), por su naturaleza de servicio público deberían de tener una mayor responsabilidad para integrar programación que fomente su desarrollo armónico. Eso no sucede porque a anteriores gobiernos y al actual poco les han importando. Los medios públicos, en tanto destinan miles de millones de pesos en publicidad oficial a aquellos les recortan presupuesto.
Un ejemplo de ello es el reciente nombramiento de Pedro Miguel Cota Tirado en la dirección de canal 22, un perfil sin experiencia en contenidos culturales ni televisión pública, hasta hace poco se desempeñaba como Director General de Marca País para vender la imagen de México en el exterior y antes de incorporarse al servicio público trabajó durante seis años en Televisa. Espero equivocarme, pero ese perfil no acredita la experiencia necesaria para llevar las riendas de uno de los más importantes canales públicos del país que de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Constitución, debe estar regido a una autonomía de gestión e independencia editorial como el resto de los medios de servicio público.
El olvido de este tipo de medios se repite continuamente también en los estados, veremos si la Ciudad de México marca la diferencia, de manera reciente la constituyente aprobó el artículo 21, inciso F, numeral 8 para la creación de un Sistema Público de Radiodifusión, operado por un organismo público descentralizado, no sectorizado. Contará con un Consejo de Administración de siete integrantes con mayoría ciudadana como órgano de gobierno; un Consejo Consultivo Ciudadano de Programación de once integrantes y una persona titular de la Dirección General, designada por el Consejo de Administración y electa a partir de una terna propuesta por el Congreso de la Ciudad de México. Son muy buenas bases para un diseño institucional que haga realidad un servicio público independiente, por y para la gente. Habremos de ver si la legislación secundaria hace realidad esta aspiración.
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enero 10, 2017 · 7:23 pm	Las redes y la campaña de miedo.	Complicado inicio el año, la indignación por el llamado gasolinazo que afecta gravemente a los bolsillos de las personas, especialmente a las más pobres, será la impronta que marcará el inicio de este 2017. Al descontento social, el gobierno federal tardíamente salió a dar explicaciones que a muy pocos resultaron convincentes ante un aumento desproporcionado al precio de las gasolinas que tendrá un grave impacto para la economía nacional, diversas voces se inconformaron llamando a la protesta social vía las llamadas redes sociales.
Ese descontento social fue aprovechado para que se iniciaran saqueos en Estado de México, Hidalgo, Veracruz, Hidalgo, Michoacán y la Ciudad de México, ya para el 4 de enero empezaron a circular masivamente a través de varias cuentas en Twitter llamados a saquear las tiendas Walmart y grabaciones en audio vía whatsap con voces de supuestos policías que alertaban de órdenes que se les habían dado para disparar indiscriminadamente a protestantes.
En cuestión de horas el pánico circulaba por las redes, lo que incitó a comerciantes a cerrar tiendas por miedo a la violencia y a los atracos. Algunos medios empezaron a replicar los mensajes en las redes, sin mediar corroboración alguna de datos.
La organización Lo Que Sigue, especializada en analizar los contenidos en las redes sociales alertó que habían encontrado cientos de “bots” (acrónimo de robot, no hay una persona detrás de las cuentas, sino un software con cuentas masivas que inundan las redes sociales) contabilizando 485 cuentas y más de mil mensajes en Twitter que eran las responsables de haber inundado la red con los rumores y llamados al robo a comercios convirtiéndolos en tendencias (trending topic). De acuerdo a declaraciones de integrantes de esta organización la difusión de los mensajes salieron de Huxiquilucan, Interlomas y varias zonas de Naucalpan en el Estado de México difundiendo videos e imágenes de Turquía e Irak como si fueran de los hechos que sucedían en Naucalpan.
Entre los asaltos que fueron hechos constatables y los rumores de la red, que reportaron incluso robos donde no los hubo, se generó un clima de miedo y zozobra entre la población.
En contrapartida, otras voces a través de las redes también advirtieron que esa campaña de miedo no tenía otro objetivo que acallar las voces de protesta ciudadana, pues como bien cuestionó la organización Lo Que Sigue a través de un video: “¿Quién puede emitir 1,500 mensajes en una hora? Hay que preguntarse quién tiene esa capacidad y esa intencionalidad”.
Las sospechas apuntan a las instancias políticas que han sido denunciadas por la utilización de este tipo de estrategias en la red para crear tendencias falsas, atacar a sus oponentes y cambiar los relatos a su favor. Es revelador que la mayor parte de los mensajes fueran emitidos desde el Estado de México, sin embargo tendrán que ser las autoridades, quienes son las responsables de investigar los hechos, las que deberán determinar la autoría de la perversa estrategia.
También deberán de investigar las imágenes de grupos organizados que realizaron con violencia los robos en la Ciudad de México que captaron las cámaras de seguridad del gobierno capitalino. Ya la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, comunicó la detección de 300 cuentas falsas y por su parte la Secretaría de Gobernación afirmó que se investigan cuentas que llamaron al caos, veremos si la policía cibernética de la Procuraduría General de la República y el resto de las autoridades involucradas generan verdaderos resultados.
Varias lecciones nos deja este ingrato episodio, la primera de ellas es la recordación a los propios medios de comunicación para realizar un periodismo serio y profesional para corroborar datos, hechos, y no reproducir mensaje de las redes si mayor aspaviento; la segunda es la cada vez más indispensable alfabetización digital para la ciudadanía para no replicar información falsa y denunciarla cuando la encuentre en las propias redes sociales, si bien los rumores han existido siempre en la historia de la humanidad, lo cierto es que la masividad y velocidad de las redes los potencia peligrosamente; y la tercera es contar con mecanismos e instancias de investigación institucionales fortalecidas para atajar los rumores y dar con los responsables.
No se trata de legislar sobre las redes, que no faltará un político que ya lo esté pensando; sino de establecer una gobernanza para su uso de manera multisectorial y colaborativa para evitar los abusos de la herramienta que son las redes sociales, que bien utilizadas pueden ser sumamente benéficas para la sociedad y el juego democrático.
A pesar de la campaña en redes el fin de semana en más de 20 ciudades del país salieron miles de personas a protestar de manera pacífica en contra del gasolinazo, demostrando que la protesta es un derecho y que no tiene porque vincularse a la violencia, existen denuncias reiteradas, especialmente en los últimos años, de que ésta aflora por la presencia de provocadores infiltrados, pero no hemos visto que autoridad alguna siga una línea de investigación al respecto.
Sigue escalando el conflicto entre el consorcio Rivada y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) por la licitación de la Red Compartida, la empresa ha afirmado que cuenta con un testigo clave que tiene información clave para confirmar que la licitación se llevó a cabo de manera indebida para dar como ganador al consorcio Altán, por su parte la SCT negó que eso se acierto y anunció que ha contratado a un despacho internacional para demandar a Rivada por sus dichos. El litigio ya traspasó las fronteras nacionales pues el caso se está litigando en México y Estados Unidos. A su vez la Secretaría de la Función Pública ya tomó cartas en el asunto e inició una investigación para detectar irregularidades en la licitación. Un episodio más que acumula el tortuoso despliegue de esta red.
Finalmente el 21 de diciembre pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los Lineamientos Generales de los Derechos de las Audiencias, si bien no son todo lo que se esperaba, si son un avance en un tema que en México apenas estamos en pañales, importante será ahora verificar que verdaderamente se cumplan, y en pasos sucesivos mejorar su regulación.
Aún con lo complejo del inicio de este año, deseo a todos ustedes un buen inicio de ciclo, renovado y lleno de esperanza, que buena falta nos va a hacer.
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diciembre 20, 2016 · 7:26 pm	La gobernanza en Internet y la vigilancia.	El Foro para la Gobernanza de Internet (IGF por sus siglas en inglés) es un espacio creado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y tuvo su última edición en México del 5 al 9 de diciembre pasados en Zapopan, Jalisco. El IFG es el evento más relevante a nivel global y tiene como propósito ser un espacio de diálogo entre organismos internacionales de derechos humanos, gobiernos, academia, sociedad civil y empresas para fomentar un diálogo multisectorial para abordar el estado de la cuestión de Internet con miras a influenciar políticas tanto en el sector público como en el privado, sin embargo, tuvo muy poca resonancia en la agenda de los medios en el país.
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diciembre 6, 2016 · 7:29 pm	Los varios de fin de año.	La constituyente
En la Ciudad de México la Asamblea Constituyente trabaja a marchas forzadas para dictaminar cientos de iniciativas entorno a lo que será la primera Constitución de la capital del país, dentro de estas iniciativas se encuentran varias referentes a la libertad de expresión y el derecho a la información, tres de ellas proponen la creación de un organismo autónomo que opere al Sistema de Radiodifusión Pública de la Ciudad de México con una amplia participación ciudadana y con candados para garantizar su independencia editorial, una es una iniciativa ciudadana y las restantes fueron presentadas por MORENA y el PAN.
Es indispensable que los habitantes de la Ciudad de México cuenten con un sistema público independiente, aunque en la actualidad existe el canal público Capital 21, apenas si pinta en el panorama mediático, además de contar con poco presupuesto al depender de la Secretaría de Gobierno su independencia es nula, ojalá que los asambleístas entiendan que tienen ante sí una oportunidad histórica para dotar a la Ciudad de un sistema público de radiodifusión que puede ser un modelo a seguir en el país e incluso en América Latina para garantizar derechos como la libertad de expresión y el derecho a la información plural y diversa, por eso resulta desconcertante que hayan puesto lo referente a canales públicos en el apartado de infraestructura de la Ciudad (Artículo 21), y no en el apartado de derechos informativos.
Empieza la licitación de televisión
El pasado 28 de noviembre con la publicación de las bases de licitación por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), dio inicio a lo que será la segunda licitación de frecuencias para canales de televisión digital abierta la cual concluirá en diciembre de 2017. Serán 148 canales y de acuerdo a las propuestas de los participantes podrán formarse redes locales, regionales o nacionales de TV. Dentro de las plazas de cobertura dos canales serán para la Ciudad de México que de acuerdo a las bases son los que tienen el precio de salida más caro (425 millones 929,000 pesos), lo cual tiene lógica tomando en cuenta que en la capital se concentra el mercado de publicidad más importante del país.
Como ya le he comentado en otras colaboraciones, es una lástima que el IFT en las bases de licitación no haya tomado como un criterio de calificación la propuesta programática de los oferentes, pasando por alto lo establecido en el artículo 78 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece que para el otorgamiento de concesiones privadas o comerciales deberían de tomarse en cuenta, además de la propuesta económica, también la calidad e innovación y la promoción y difusión de contenidos nacionales, regionales y locales, lo cual es una medida que puede promover el pluralismo mediático. Más medios no garantizan diversidad, sin una sola medida para incentivar nuevos contenidos el riesgo es que tengamos más de lo mismo.
La conflictiva banda 2.5
Con el anuncio de Telcel de la compra de los 60 Mhz de la banda 2.5 Mhz que tiene concesionada MVS del empresario Joaquín Vargas, varios focos se prendieron, primero porque de autorizarse la adquisición por parte del IFT, América Móvil incrementaría su participación en el espectro hasta un 50.64%, lo cual lleva a una mayor concentración. Otras voces estiman que con ese espectro mejorará el servicio a los clientes de esa empresa y que la presión del mercado forzará al IFT para que licite antes los 130 Mhz de dicha banda que se había anunciado se pondrían a licitación hasta finales el 2017.
El regulador tendrá que hacer un análisis minucioso para que la competencia no se vea afectada con esta transacción, igualmente deberá evaluar las razones por las que MVS no utilizó eficazmente el espectro concesionado hasta antes de diciembre de este año como era su obligación.
Recordará usted que esta banda fue la manzana de la discordia entre MVS y la gestión del presidente Felipe Calderón y que fue utilizada como moneda de cambio para que despidiera a la periodista Carmen Aristegui. Ese bochornoso episodio atizó más la propuesta de que la regulación en el sector estuviera en manos de un organismo con autonomía constitucional sin la injerencia del Ejecutivo. Ese fue uno de los antecedentes de la creación del hoy IFT.
Es lamentable el nuevo episodio de conflicto en el canal 22, esta vez entre la dirección del canal y el recién nombrado defensor de la audiencia, Gabriel Sosa Plata, pasando por alto las obligaciones en ley que dictan contar con una defensoría de audiencia y los acuerdos de la Comisión adhoc que se hizo para su nombramiento e incluso para su posible remoción, de manera unilateral la dirección determinó la destitución del defensor por restricciones presupuestales. Es inaceptable que una traba administrativa contravenga los derechos de las audiencias, como lo es también que no se busque una salida negociada a la situación, ¿qué necesidad de escalar el conflicto? Sosa Plata es reconocido por su profesionalismo y trayectoria por lo que ha recibido múltiples muestras de solidaridad bien merecidas. De mucha utilidad hubieran sido los lineamientos de derechos de las audiencias antes de que iniciara este conflicto, lo cuales hasta apenas la semana pasada el IFT aprobó, veremos como están.
Allanamiento a las oficinas de Aristegui
No obstante el acoso judicial que está sufriendo la periodista Carmen Aristegui, ahora se suma el allanamiento a sus oficinas el pasado 13 de noviembre por personas que con toda tranquilidad robaron la computadora que contenía información de su área de investigaciones especiales, la misma que hizo posible el reportaje de la Casa Blanca, sin ninguna preocupación los delincuentes miran directamente a la cámara que los filmó. Esa conducta es un mensaje muy peligroso y amenazante que puede indicar que no tienen ningún conflicto para agredir a una periodista con amplio reconocimiento nacional e internacional, si eso le pasa a ella imagínese a otro periodista con menos protección frente a la exposición pública. Es inadmisible que la filtración del video haya sido hecha por las propias autoridades de justicia de la Ciudad de México a un medio que es propiedad de Televisa. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad tiene la obligación de esclarecer los hechos a la brevedad y dar con los culpables, esperemos que no sea un caso más de agresiones a periodistas que queda en la impunidad.
Foro Global de Internet
Empezó este lunes 2 de diciembre el Foro Global de Gobernanza de Internet en Zapopan, Jalisco, en el que se dan cita organismos multilaterales de derechos humanos, empresas, sociedad civil y gobiernos de distintas partes del mundo. Es el foro más relevante en la materia a nivel global y en él participaremos.
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noviembre 22, 2016 · 7:34 pm	Castigar la opinión.	Le comentaba en mi anterior colaboración que me parecía lamentable la sentencia del Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil en la Ciudad de México, Odilón Centeno Rendón, que condena a la periodista Carmen Aristegui por haber abusado de la libertad de expresión por el prólogo que escribió para el libro que relata los pormenores del reportaje sobre la llamada Casa Blanca que cimbró al gobierno de Peña Nieto. La demanda interpuesta por el empresario Joaquín Vargas reclamó un daño a su honor y vida privada, por lo que el juzgador obliga a la periodista y a la casa editorial Random House Mondadori a publicar un extracto significativo de la sentencia en las siguientes ediciones, como una medida de reparación de daños al empresario.
De manera falaz el juez considera que el conflicto es entre particulares pasando por alto dos criterios esenciales para la protección de la libertad de expresión a la hora de ponderar una posible colisión de derechos de acuerdo a la jurisprudencia nacional e internacional en la materia.
El primero de ellos es que el empresario es una persona pública que opera un Bien del Dominio de la Nación que es la frecuencia de radio que el Estado le concesionó para dotar del servicio público de radiodifusión, con lo cual adquiere responsabilidades frente a la sociedad y por lo tanto está expuesto al escrutinio público y tiene que ser más tolerante frente a expresiones que pueden resultar incómodas, mordaces y hasta ofensivas, por lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha determinado que en este tipo de situaciones los discursos que se vierten como opiniones frente a personajes de relevancia pública están protegidos constitucionalmente ya que deben consentir una disminución en la protección a su vida privada cuando la información publicada este relacionada con la situación que les da esa proyección pública.
Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado que la penalización de las expresiones dirigidas a los funcionarios públicos o a particulares involucrados voluntariamente en cuestiones relevantes al interés público es una sanción desproporcionada con relación a la importancia que tiene la libertad de expresión e información dentro de un sistema democrático y remarca que el hecho que los funcionarios públicos y personalidades públicas posean, por lo general, un fácil acceso a los medios de difusión que les permite contestar los ataques a su honor y reputación personal, también es una razón para prever una menor protección legal a su honor.
El segundo criterio que el juez omite, el cual me parece más grave, es que el reportaje de la Casa Blanca y las circunstancias que lo rodearon son del más alto interés público para la nación, por lo tanto no puede considerarse como un conflicto entre particulares, en tal sentido el derecho al honor y a la privacidad del empresario no puede estar por encima del derecho a la información de la sociedad mexicana.
Aún más, en una retorcida interpretación de la llamada real malicia el juez Centeno califica la opinión de la periodista y le obliga a presentar pruebas de sus dichos, cuando las opiniones no pueden someterse a criterios de veracidad o falsedad. Al respecto la CIDH establece el estándar de la real malicia en aquellos casos en que exista información falsa y producida con la intención expresa de causar un daño, o con pleno conocimiento de que dicha información era falsa, o con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. La carga de la prueba recae sobre quienes se sienten afectados por una información falsa o inexacta demostrando que el autor de la noticia procedió con malicia y determina que cuando la información que dio origen a una demanda judicial es un juicio de valor y no se trata de una afirmación fáctica, no debe existir ningún tipo de responsabilidad, pues si la información es un juicio de valor, es imposible la prueba sobre la verdad o falsedad, ya que se trata de una apreciación completamente subjetiva que no puede ser sometida a prueba, especialmente en el caso de la arena política en donde la crítica se realiza frecuentemente mediante juicios de valor y no mediante declaraciones exclusivamente basadas en hechos, por lo que resultar imposible demostrar la veracidad de las declaraciones dado que los juicios de valor no admiten prueba.
Está claro que en el prólogo que escribió la periodista hace suposiciones y vierte opiniones respecto de lo que pudo haber pasado para que se le despidiera una vez que dio a conocer el reportaje de la Casa Blanca en la emisora que opera el empresario Vargas, por lo que en la práctica lo que hace el juez es castigar la opinión, con fatales consecuencias para la libertad de expresión pues puede tener un efecto inhibitorio para la crítica a personajes públicos afectando notablemente el debate democrático.
Coincido con la organización defensora de la libertad de expresión Artículo 19, en que el caso “consolida la tendencia inquietante a inhibir la libertad de expresión mediante el uso de mecanismos judiciales en la Ciudad de México.”, y que se conoce como acoso judicial en contra de comunicadores para evitar la crítica.
La periodista y su grupo de abogados pueden apelar el fallo y solicitar la atracción de la SCJN, esperemos que esta instancia del poder judicial esté a la altura de las circunstancias y lo asuma para ir al fondo del asunto, pero aún cuando no lo haga, el caso perfila para ir a la CIDH por clara violación a los estándares de protección a la libertad de expresión.
La AMEDI 15 años
El pasado 15 de noviembre la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) celebró sus 15 años, sin duda una organización referente en la defensa de la libertad de expresión, ha sido un orgullo pertenecer a ella y un honor haberla presidido en su momento. En el marco de esta celebración otorgó varios premios en reconocimiento a personalidades que han dado batallas por la defensa del derecho a la información, entre ellas a Carmen Aristegui, quien ha recibido otros tantos premios y reconocimientos alrededor del mundo por su trabajo periodístico, mientras en México se le acosa judicialmente y está relegada en los medios electrónicos, así la calidad democrática en nuestro país.
Un sistema público de radiodifusión para la CDMX.
Siguen los trabajos en la constituyente de la Ciudad de México, en un arduo trabajo diversas comisiones están en el proceso de dictaminación de cientos de iniciativas, entre ellas tres que refieren a la creación de un Sistema de Radiodifusión Pública para la Ciudad de México con verdadera independencia, de ellas hablaremos en la próxima colaboración.
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noviembre 8, 2016 · 7:41 pm	Entre narcoseries y la Red Compartida	Estos dos temas han acaparado la atención pública en las últimas semanas, en ambos hay sendas responsabilidades del poder legislativo y del poder ejecutivo. Veamos.
Sobre las llamadas narcoseries tanto TV Azteca como Imagen TV las transmitieron antes de sus noticieros estelares, con la entrada de esta última televisora se incentivó la competencia para luchar por las audiencias y vieron en esta estrategia una forma de ganarlas. Estas series se pasan en horarios en los que la niñez y adolescencia están expuestos a la televisión abierta, la diferencia con la TV de paga y de las OTT como Netflix, entre otras, o internet es que en éstas pueden habilitarse los controles parentales para restringir su acceso a los menores de edad, mientras que en la abierta no, por lo que los menores están expuestos a contenidos de violencia que amenazan su desarrollo y contravienen la Ley General para los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y varios artículos de la Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones (LFTR).
El problema central es el horario en que las televisoras transmiten dichas series, porque afectan directamente a la niñez, una parte de la población con mayor vulnerabilidad que requiere de medidas especiales por parte de las agencias estatales para su protección.
Habrá que recordar que en su momento varias instancias alertamos del desacierto que implicaba que en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) se fragmentara la tutela de los derechos de las audiencias entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Hoy, están a la luz las consecuencias.
En noviembre del 2015, la SEGOB publicó nuevos lineamientos de clasificación de los horarios de contenidos audiovisuales vulnerando los derechos de la infancia al pasar a la clasificación B programas con escenas de violencia, sexo implícito, consumo de alcohol o tabaco desde la cuatro de la tarde en lugar de que se pasaran después de las ocho de la noche, aún a sabiendas que en los horarios de antes de las ocho de la noche una buena parte de la infancia en México ve la televisión abierta, pues de acuerdo al estudio del IFT de marzo del 2015 reveló que la audiencia infantil mira la TV hasta las diez de la noche.
Sin embargo, pese a las denuncias que en su momento hicieron varias organizaciones y especialistas sobre los lineamientos de la SEGOB, que hasta donde se sabe ni siquiera consultó al IFT al respecto, tanto Lía Limón como Zoé Robledo ambos presidentes de las comisiones de Radio, Televisión y Cinematografía en diputados y senadores respectivamente, los avalaron[1].
La aprobación de estos legisladores fue en la época en la que aún no entraba a la competencia ImagenTV y los ratings aún no eran tan desfavorables para Televisa. Por eso llama poderosamente la atención que el último día de octubre estos congresistas emitieran un comunicado, ahora sí, “preocupados” por las audiencias infantiles expuestas a las narcoseries y llamen a la SEGOB y al IFT a tomar cartas en el asunto para remover esos contenidos a otros horarios.
¿Por qué cuando tuvieron la oportunidad de legislar en la materia no lo hicieron? ¿nos podría explicar el senador Robledo porqué en la discusión de la LFTR no hizo nada por evitar que la SEGOB siguiera contando con la facultad de vigilar los contenidos audiovisuales? ¿Nos podrían explicar esos legisladores las razones fundadas y motivadas de porqué avalaron los lineamientos de SEGOB en contra de la niñez en diciembre de 2015 y casi un año después los denostan? Ya en la preocupación por las audiencias podrían bien estos presidentes de las comisiones de RTC preguntarle formalmente porque a más de un año de la consulta pública respectiva el IFT aún no emite los Lineamientos Generales de Derechos de las Audiencias, como también legislar en la materia para componer el entuerto de que la SEGOB siga teniendo injerencia en la regulación de contenidos, pues históricamente ha sido omisa frente a los derechos de las audiencias, especialmente de la niñez.
El pasado 2 de noviembre la periodista Miriam Posada público que fuentes de Televisión Azteca aseguraron que Televisa ha iniciado una campaña de presión para que la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de SEGOB, encabezada por Andrés Chao, prohíba la transmisión de las narcoseries, con la intención de que Televisa detenga el desplome de su audiencia[2]. Esperemos que estos legisladores estén haciendo sus reclamos por una genuina preocupación por la niñez de este país y no por otros motivos.
El viernes 4 de noviembre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que el consorcio formado por Rivada Networks y Spectrum Fortier quedó fuera del proceso de licitación por no cumplir cabalmente con la garantía de seriedad por mil millones de pesos, por lo que sólo quedo en la recta final el consorcio Altán, en el que participan las empresas mexicanas Axtel y Megacable.
Declan Ganley, presidente ejecutivo de Rivada Networks, emitió mensajes a través de Twitter acusando a la SCT de haber privilegiado indebidamente a su competidor, puesto que habían cumplido con todos los requisitos establecidos en la licitación, aunque lo cierto es que la empresa no entregó en tiempo y forma la garantía de seriedad.
Este conflicto puede poner en vilo al proyecto más importante de este gobierno federal en materia de banda ancha y conectividad, que requiere de una inversión de 7 mil 500 millones de dólares en una de las bandas más preciadas para el servicio de banda ancha móvil, la banda del 700 Mhz, pues Ganley ya anunció que impugnarán la decisión ante tribunales con lo cual se retrasaría más este proyecto, que de suyo ya tiene un retraso de dos años y que debería de conectar a por lo menos el 70 por ciento de los hogares en México. Aunque la impugnación legal puede no proceder por la nueva Ley de Amparo, este es un nuevo episodio más del conflictivo camino que ha tenido la creación de la Red Compartida y es grave porque pone en riesgo su viabilidad. Por lo pronto la SCT anunció que el proceso continuará y darán el fallo el 17 de noviembre para determinar si Altán desplegará la red.
Revés a Aristegui
El día de ayer el empresario Joaquín Vargas emitió desplegados en periódicos para dar a conocer que ganó el litigio contra la periodista Carmen Aristegui por el prólogo del libro sobre la casa blanca, la acusa de haber mentido y dañado su honor, pero el triunfo de Vargas aún tiene que esperar pues es posible recurrir esta decisión por parte de la periodista ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esperemos que esta instancia finalmente se decida a atraer el caso para ir al fondo del asunto. Lamentable me parece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo comentaremos en mi próxima colaboración.
[1] Notas periodísticas:http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/25211-2015-12-02-22-52-08.html yhttp://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/02/debaten-en-el-senado-sobre-nuevas-normas-de-programacion-infantil-7563.html
[2]Nota en: http://www.jornada.unam.mx/2016/11/02/economia/025n4eco
Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/entre-narcoseries-y-la-red-compartida/Aleida-Calleja#.WK3o4yPhDSw
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octubre 27, 2015 · 4:52 pm	La repentina preocupación por los pobres.	Desde la reforma constitucional de 2013 en Telecomunicaciones y Radiodifusión, el artículo 5º transitorio dispuso que el apagón analógico debería hacerse en todo el país a más tardar el 31 de diciembre de este año.
¿Por qué se puso en el texto constitucional una fecha tan específica? Porque con anterioridad las televisoras comerciales, Televisa y TV Azteca habían hecho acciones legales para impedirlo, incluso hubo instituciones que funcionaron como ariete para este propósito, como el conjunto de diputados que en el 2010 pusieron una controversia constitucional por el Decreto presidencial de Felipe Calderón que adelantaba la fecha del apagón al 2015 en lugar de que fuera hasta 2021, o el extinto Instituto Federal Electoral que pidió retrasarlo en Tijuana por las elecciones en Baja California norte en mayo del 2012. Una manera de evitar más obstáculos era ponerlo en la Constitución, así lo acordaron en su momento los partidos que impulsaron la reforma.
A pocas semanas de que el plazo se cumpla Televisa difunde una guerra de cifras de familias en Monterrey, Nuevo León, que se quedaron sin el servicio de televisión abierta digital por no contar con una tv digital o un decodificador, que difieren de las cifras determinadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), instancia encargada por la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de entregar a la población más pobre integrada en el padrón de Sedesol los aparatos para transitar a la televisión digital. A su vez el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene que verificar que hay por lo menos un 90 por ciento de penetración para ordenar el apagón.
En una repentina preocupación por los más pobres el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, pidió retrasar el apagón en una entrevista radiofónica, porque millones se quedarán sin ver su televisión.
Con una inusitada rapidez y obsequiosidad, legisladores de ambas Cámaras en el Congreso se aprestaron a respaldar su petición, el senador chiapaneco, Zoé Robledo del PRD, presentó una iniciativa para retrasar la fecha al 30 de junio de 2016, mientras el senador Javier Lozano presentó otra para que se haga hasta ¡31 de diciembre de 2016! Sin más argumento que el de Televisa y sin presentar dato alguno de la certeza de las cifras y las consecuencias en términos económicos, técnicos o sociales, una completa irresponsabilidad.
También es irresponsable la petición de retrasar el apagón por parte de televisoras públicas de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales porque no tienen recursos para la transición digital, y es hasta ahora que formalmente van a la Cámara de Diputados a pedir recursos, cuando sabían de la fecha fatal desde hace dos años. ¿Coincidencia? Puede ser, pero hay que recordar que la actual presidenta de esta red, Susana Guadalupe Solís Esquinca que durante 20 años fue reportera de Televisa[1], es la titular del Sistema de Radiodifusión de Chiapas donde gobierna el Partido Verde Ecologista (PVEM), que es demasiado cercano a las televisoras.
El punto central, más allá de las maniobras que le comento, es que retrasar el apagón analógico tiene serias consecuencias.
La primera de ellas es que se retrasaría mucho más la implementación de la Red mayorista compartida para dar mejor y mayor conectividad al país desde la Banda del 700 Mhz, esta banda es bastante codiciada por que permite las mejores condiciones para el internet de cuarta generación. De acuerdo a las declaraciones públicas de la Subsecretaria de la SCT, Mónica Aspe, aún quedan nueve antenas de tv analógica en esa banda, que debe de quedar despejada para que pueda funcionar la Red. Retrasar este proyecto que es uno de los más importantes en esta administración, aplazaría la conectividad, especialmente a los más pobres, desalentaría la inversión que se necesita de miles de millones de dólares y por lo tanto la economía de escala que se desarrollaría con esta Red.
La segunda es que la nueva cadena nacional de televisión, estaría en franca desventaja frente a las actuales televisoras porque no tiene señales analógicas, sólo digitales y no podrá ganar audiencia mientras se aplace el apagón, al mismo tiempo se desincentiva la licitación de las 123 frecuencias de tv digital que quedaron desiertas en marzo de este año, con lo cual se reduce la posibilidad de tener contenidos diversos y la competencia.
La tercera es que se daría una señal muy mala a los inversionistas, no es buena señal que se cambie la Constitución para adecuarse al plan de negocios de una empresa que depende de audiencia de un mercado que controla, pues la preocupación de Televisa es el raiting con el cual puede poner tarifas a sus anunciantes, lo que le preocupa a esa empresa es que haya competencia, por más que su dueño diga lo contrario.
Los comisionados del IFT Gabriel Contreras, Adolfo Cuevas y la comisionada María Elena Estavillo han declarado que esas serían las consecuencias, igualmente la subsecretaría de la SCT Mónica Aspe, sin embargo dócilmente aceptan que pueda hacerse este atraso si a así lo decide el Congreso, en lugar de defender los proyectos y dar claridad de las cifras e impactos que dañarían al país.
Lo más lamentable es constatar que tenemos un Congreso que es capaz de extraviar las políticas públicas de un país al contentillo de una empresa. ¿Qué pensarán los chiapanecos de que su legislador se preocupa más porque vean a Laura Bozzo en lugar de priorizar la conectividad a la banda ancha, siendo uno de los estados más pobres del país? El peor de los argumentos fue el del senador Lozano que dice que la gente se va a sacar los ojos si no puede ver televisión, brillante conclusión.
Postergar el apagón analógico es un escándalo de dimensiones internacionales, pues México sería el primer país en América Latina en hacerlo de conservarse la fecha, tener un 10 por ciento sin cobertura ha pasado en muchos países, en lugar de postergarlo lo que se implementan son planes para que en el corto plazo la gente pueda adquirir decodificadores. Aplazar el apagón es un inaceptable obsequio político a Televisa, tal como los sostuvimos tres de los ex presidentes de la Amedi.[2]
[1] http://www.oem.com.mx/diariodelsur/notas/n3826879.htm
[2] https://sociedad.wordpress.com/2015/10/22/postergar-el-apagon-analogico-inaceptable-obsequio-politico-a-televisa/
Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/la-repentina-preocupacion-por-los-pobres/Aleida-Calleja#.VjD9Gelqo4E
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octubre 13, 2015 · 4:48 pm	El IFT y los estándares de la Corte.	A principios de septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) emitió un histórico fallo con el caso Granier y otros (Radio Caracas Televisión) Vs. Venezuela, mejor conocido como caso RCTV, en el que los directivos del canal acudieron a la máxima instancia internacional por la negativa del entonces presidente Chávez de renovarles la concesión sin un debido proceso.
Es histórico porque es la primera vez que ese órgano de justicia emite una sentencia sobre libertad de expresión directamente vinculada con el acceso al espectro radioeléctrico y el sistema mediático, por lo que fortalece la jurisprudencia internacional que los Estados tienen que tomar en cuenta para sus normas internas en estos temas.
Dos son las principales premisas de esta sentencia: La obligación de los Estados de fortalecer pluralismo y diversidad para contar con una verdadera garantía de la libertad de expresión y la incompatibilidad de la renovación automática de concesiones para aducir defensa de la libertad de expresión. Me centraré en la primera.
La Corte resalta que el pluralismo de ideas en los medios no se puede medir a partir de la cantidad de medios de comunicación, sino de que las ideas y la información transmitidas sean efectivamente diversas y estén abordadas desde posturas divergentes sin que exista una única visión o postura. En este sentido, el Tribunal considera que los límites o restricciones que se deriven de la normatividad relacionada con la radiodifusión deben tener en cuenta la garantía del pluralismo de medios dada su importancia para el funcionamiento de una sociedad democrática, razón por la cual considera que la protección del pluralismo es no solamente un fin legítimo, sino, además, imperioso.
En similar sentido, nos recuerda la CoIDH, en el caso Centro Europa 7 s.r.l. y Di Stefano Vs. Italia, el Tribunal Europeo indicó que además de un deber negativo de no interferencia, el Estado tiene una obligación positiva de contar con un marco administrativo y legislativo adecuado para garantizar el pluralismo y la diversidad. Al determinar que existía una obligación positiva de los Estados de adecuar su marco legislativo y administrativo para garantizar el pluralismo efectivo, el Tribunal retomó la Recomendación CM/Rec (2007) del consejo de Ministros sobre la pluralidad de los medios y la diversidad de contenido de los medios, reafirmando que:
“Con la finalidad de proteger y promover activamente las expresiones pluralistas de ideas y opiniones, así como la diversidad cultural, los Estados miembros tienen que adaptar los marcos regulatorios existentes, particularmente con respecto a la propiedad de los medios de comunicación y adoptar cualquier medida regulatoria y financiera adecuada para garantizar la transparencia de los medios de comunicación y el pluralismo estructural, así como la diversidad del contenido distribuido”.
La Corte toca un tema clave que cada vez va teniendo más intensidad en el debate latinoamericano: Las afectaciones de la concentración de medios en la libertad de expresión y la calidad democrática, por eso ha llamado la atención de analistas y prensa nacional y extranjera la resolución que tomó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sobre su negativa de no declarar al Grupo Televisa (GTV) con poder sustancial en el mercado de la televisión de paga.
Contra la competencia y el pluralismo
Pasando por alto los dictámenes de su propia Unidad Investigadora que reportó que en 2, 124 municipios (87 por ciento de los que tiene el país) el GTV tiene poder sustancial porque es de los escasos proveedores de TV satelital y por cable y que concentra el 61.9 por ciento del mercado nacional, cinco de los Comisionados que conforman el Pleno, optaron por escudarse en el sorpresivo y contradictorio argumento de la disminución del 2 por ciento de suscriptores frente a sus competidores para defender su negativa a declararla con poder sustancial, sólo las comisionadas mujeres María Elena Estavillo y Adriana Labardini votaron en contra de esta resolución.
Con esta negativa el IFT no podrá imponerle al GTV una regulación asimétrica para impedir que tenga prácticas monopólicas relativas abusando de su posición dominante frente a empresas más pequeñas locales o regionales. Las consecuencias de esta decisión pegan en varios sentidos a los usuarios y a las audiencias.
Para empezar limita la posibilidad de que los usuarios puedan ver una baja de precios en la TV de paga, condiciona el crecimiento de pequeños competidores y restringe la posibilidad de que los consumidores puedan tener diversas opciones para contratar servicios diversos al tener que atenerse al empaquetamiento de servicios que obligan a adquirir un paquete completo de TV, telefonía fija e internet. Si bien en las grandes ciudades puede haber más opciones, en miles de municipios la oferta es escasa.
Ahí también falló la lógica de los comisionados, pues mientras su Unidad Investigadora hizo un análisis por localidad, ellos se aferraron a hacerlo a nivel nacional solamente.
Otra de las consecuencias es que habrá menos diversidad de contenidos, sobre todo locales que son producidos por cableras, además al controlar el mercado GTV impone sus contenidos por su capacidad de negociar con compañías programadoras que venden los derechos para transmitir ciertos canales de televisión de paga, y al producir más 30 canales de televisión restringida también puede empaquetar canales libremente imponiendo sus canales, con lo cual la carente calidad de contenidos se repite también en la TV de paga reduciendo la diversidad y la pluralidad de contenidos e información.
Al IFT le faltó altura, si ya de suyo la decisión en términos de mercado es mala, en términos de libertad de expresión es pésima, no se termina de entender que la regulación en la competencia en los servicios audiovisuales también debe de incluir el pluralismo por el impacto que tiene en el derecho a la información, si sometiéramos su resolución a la CoIDH, el Estado mexicano saldría teniendo responsabilidades por violación de la libertad de expresión.
Publicado originalmente en: http://lasillarota.com/el-ift-y-los-estandares-de-la-corte/Aleida-Calleja#.VjD8Tulqo4E
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