Source: https://lacronicavirtual.com/index.php/opinion/22069-la-reforma-constitucional
Timestamp: 2019-08-18 10:07:23
Document Index: 69710182

Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 168', 'artículo 167', 'artículo 57', 'artículo 167', 'artículo 150']

A lo largo del año 2018, hemos oído repetidamente hablar de la necesidad de reformar nuestro actual texto constitucional, fundamentalmente de la Organización Territorial del Estado regulada en el Título VIII, lo que a priori haría conveniente abordar la reforma del Senado, y acabar con la discriminación de sexo que recoge la actual redacción del artículo 57.1, al preferir en el mismo grado el varón a la mujer en la sucesión al trono.
La reforma del artículo 57.1 es el primer naufragio al que nos enfrentamos, lamentablemente. Porque ciertamente es hoy inaceptable la discriminación de sexo que respecto a la sucesión a la Corona se consagra en el texto constitucional, aunque hay que poner el texto en su contexto histórico, porque cuando se aprobó monarquías parlamentarias de larga tradición como Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Holanda o Bélgica, también recogían en su ordenamiento jurídico esta discriminación. Pero desde la entrada en vigor de nuestro texto constitucional hasta hoy, todas las monarquías parlamentarias citadas han eliminado de sus legislaciones esa discriminación, como consecuencia de esto, en la actualidad, solo en Europa, la acogen en su normativa constitucional nuestro ordenamiento y los de los Principados de Monaco y Liechtenstein.
Nos enfrentamos al fracaso de esta reforma porque alterar el Titulo II, que es donde se encuentra inserto el artículo 57, requiere la aplicación de la vía procedimental del articulo 168 de la Constitución, y esto supone aprobar en primer lugar el principio de reforma con el voto favorable de al menos los dos tercios de cada Camara, disolver a continuación las Cortes, que las nuevas Cortes ratifique el principio de reforma y procedan a redactar el texto de la reforma, la aprobación de este texto con al menos dos tercios de los votos de cada Camara, y finalmente que se someta el texto a referéndum de ratificación.
Todo un itinerario legislativo, que con la división política que hay en nuestro país lo hace imposible. Incluso con una división política menor me parece también inviable. Así que muy probablemente la supresión de la discriminación de la mujer en la sucesión a la Corona se producirá ad calendas graecas.
No obstante, la manera de evitar esta imposibilidad por la complicación política descrita, quizá fuera la solución propuesta por el profesor Jorge de Esteban de reformar el artículo 168 suprimiendo de él la referencia al Titulo II, y utilizando para esto la vía del artículo 167, que aunque prevé mayorías reforzadas para la aprobación de cualquier reforma, no exige la disolución de la Cámaras.
La solución propuesta por el profesor parece bastante razonable desde el punto de vista político y rigurosa desde una perspectiva jurídico constitucional. La consecuencia de esta reforma sería permitir abordar la reforma del artículo 57.1 a través del artículo 167. Aunque yo, al igual que le sucede al profesor, no tengo la esperanza de que se dé en las Cámaras el suficientes consenso para abordar la reforma sobre la base por propuesta él.
En cuanto la reforma del título VIII, que regula la Organización Territorial del Estado, me temo, que dado el carajal político existente en la actualidad en nuestro país, no creo que podamos ver alumbrar una reforma consensuada en esta materia, que aclare definitivamente las competencias exclusivas del estado, las de las comunidades autónomas, la supresión del apartado 2 del artículo 150 que permite las transferencias o la delegación de competencias estatales en las comunidades autónomas, la supresión o no de las Diputaciones, el mantenimiento de las provincias como división territorial del estado, etc.
Como puede verse el melón que se abriría es enormemente polémico, y en la situación política actual más, teniendo en cuenta que el PSOE defiende una España federal, Podemos la República, Ciudadanos y el Partido Popular el diseño actual de las Comunidades Autónomas, aunque Ciudadanos parece defender la supresión de la Diputaciones Provinciales, el PNV aspira a convertir a Euskadi en un estado libre asociado, los independentistas catalanes una República Catalana independiente, y en el mejor de los supuestos un estado libre asociado, y faltaba VOX defendiendo la vuelta al centralismo y la supresión de la comunidades autónomas. Ante semejante panorama es conveniente recordar un comentario sobre la política atribuido a Groucho Marx:”la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios equivocados”.
Debemos recordar en relación al Título VIII, que en su día, se intento reconducir las consecuencias que ya estaba produciendo el texto constitucional mediante la LOAPA. El texto de esta ley orgánica le fue encargado a una comisión de expertos presidida por el profesor García de Enterria, y el texto definitivo fue aprobado en el Congreso con los votos favorables de PSOE y UCD, y acabo en el Tribunal Constitucional, como consecuencia de la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad. La sentencia del Tribunal lo declaro inconstitucional al entender que el poder legislativo no podía interpretar el contenido del Título VIII. Nada nuevo por otra parte, si echamos una mirada al derecho comparado europeo en esta materia..
Así que a la vista del maremágnum que podían liar los actuales “padres de la patria”, mejor será que se abstengan de tratar de reforma la Organización Territorial del Estado, porque ya existe un abultado cuerpo de doctrina sobre la interpretación de esta cuestión en la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional,
No obstante, los partidos constitucionalistas si podían llegar a un pacto de estado sobre la transferencia y delegación de competencias estatales en las comunidades autónomas, para de una vez terminar con el vergonzoso trapicheo de unos y otros cuando alcanzan el poder central, en función de sus exclusivos intereses de gobierno.
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