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Timestamp: 2019-11-12 23:57:08
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Matched Legal Cases: ['Artículo 605', 'artículo 278', 'artículo 154', 'artículo 6', 'artículo 278', 'artículo 607', 'artículo 278', 'artículo 278', 'artículo 607', 'artículo 607', 'artículo 605']

COMUNICADO 1151 2
Corte Suprema de Justicia destaca que los jueces tienen la obligación una vez advertido el no cumplimiento del debate probatorio o que de llevarse este último a cabo resultaría inocuo.
En el momento en que adviertan que no habrá debate probatorio o que el mismo es insustancial, de proferir sentencia definitiva sin otros trámites, los cuales se tornan innecesarios al existir claridad fáctica sobre los supuestos aplicables al caso.
CSJ Sala Civil, Sentencia SC1902-2019 (11001020300020180197400), Jun. 5/19
EXEQUÁTUR - De sentencia que decreta el divorcio del matrimonio católico celebrado en Colombia entre ciudadanos colombianos, proferida en Caracas (Venezuela). Improcedencia cuando cursa un proceso sobre el asunto ante los jueces nacionales. Reiteración del auto de 21 de abril de 2009. Sentencia anticipada al no existir pruebas que practicar.
ORDEN PÚBLICO - Análisis de la vulneración de las normas cuando se adelanta la homologación de la sentencia de divorcio proferida en Caracas (Venezuela) y se encuentra en curso ante los jueces nacionales un proceso sobre el mismo asunto. Artículo 605 numeral 5º del Código General del Proceso. La inducción a error no ata ni obliga a la Corporación a continuar con el trámite.
SENTENCIA ANTICIPADA - Que niega el exequátur de sentencia de divorcio, proferida en Caracas (Venezuela). Procedente al no existir pruebas por practicar. Aplicación del artículo 278 del Código General del Proceso y de los principios de celeridad y economía procesal. Reiteración de las sentencias de 15 de agosto de 2017 y 12 de febrero de 2018.
SC1902-2019
Ref. Exp. n°. 11001 02 03 000 2018 01974 00
(Aprobado en sesión de seis de marzo de dos mil diecinueve)
Bogotá, D. C., cuatro (4) de junio de dos mil diecinueve (2019).
Se decide, por medio de sentencia anticipada, sobre la solicitud de exequátur presentada por el señor Rodolfo Mantilla Moncada respecto de la sentencia de divorcio proferida el 4 de abril de 2016 por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Transición de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional del Distrito Capital, República Bolivariana de Venezuela.
1.- Mediante escrito presentado a través de apoderado judicial especialmente constituido para tal fin, el aludido demandante, no deprecó el otorgamiento de efecto jurídico a la providencia extranjera ab initio citada.
2.- Como soporte de su solicitud, el peticionario narró los siguientes hechos:
2.1.- Que los señores Rosalba Mejía Cala y Rodolfo Mantilla Moncada, ambos de nacionalidad colombiana, contrajeron matrimonio por el rito católico, en la ciudad de Bucaramanga, unión que fue registrada «conforme a las leyes colombianas en la Notaría Segunda del Círculo de Cúcuta (Norte de Santander)».
2.2.- Durante la vida conyugal nacieron tres hijos, de nombres Estephany Liseth Mantilla Mejía (21 de marzo de 1993), Yuri Vanessa Mantilla Mejía (1º de julio de 1997) y ZZZZ (30 de enero de 2003), «este último bajo la guarda y custodia de la señora Rosalba Mejía Cala»; asimismo, se adquirieron bienes, los cuales una vez de «declarado el divorcio […] fueron repartidos, mediante el proceso de PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMUNIDAD CONYUGAL […]».
2.3. En sentencia del 4 de abril de 2016 proferida por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Transición de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional del Distrito Capital, República Bolivariana de Venezuela, «se decretó el divorcio de los citados cónyuges, por haber permanecido as de dos (2) años bajo el régimen de separación de cuerpos y bienes, declarada judicialmente, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges conforme lo dispuesto por el artículo 154 numeral 8 del Código Civil Colombiano, modificado por el artículo 6 de la Ley 25 de 1992».
II. EL TRÁMITE OBSERVADO
1.- Cumplidas las exigencias formales, el 5 de septiembre de 2018 fue admitida la solicitud y, en el mismo proveído, se dispuso correr traslado al Ministerio Público, entidad que en tiempo, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia y la Familia, concluyó que:
“Se dan en conjunto las exigencias formales previstas en la normativa aludida y una vez cumplida la demostración de la reciprocidad diplomática o legislativa, procederá la pretensión homologatoria de la sentencia pronunciada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Transición de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional – República Bolivariana de Venezuela, para que tenga plena vigencia en Colombia” (Fls. 30 a 31).
2. Dentro de la etapa de ordenación y práctica de pruebas (Fls. 36 y 37), se dispuso tener en cuenta los documentos anexados con la demanda y se ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para que certificara si entre Colombia y Venezuela existen tratados o convenios vigentes sobre el reconocimiento recíproco de las sentencias pronunciadas por autoridades jurisdiccionales de ambos países en causas matrimoniales, o enviara con indicación de su vigencia actual, los textos legales de acuerdo con los cuales es permitido, en territorio suizo, la ejecución de sentencias judiciales extranjeras proferidas en asuntos de divorcio.
En ejercicio del derecho contradicción ejercido por la señora Rosalba Mejía Cala (Fls. 38 a 109) en el presente asunto, corresponde resolver sobre el fundamento y viabilidad de la petición elevada en esta etapa procesal.
De acuerdo con lo reglado por el Código General del Proceso, es permitido que el juez si bien lo considera, y bajo el cumplimiento de ciertos parámetros legales, profiera sentencia anticipada.
El artículo 278 Ibídem, al respecto establece que «en cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial, en los siguientes eventos:
Cuando las partes o sus apoderados de común acuerdo lo soliciten, sea por iniciativa propia o por sugerencia del juez.
Cuando no hubiere pruebas por practicar.
Cuando se encuentre probada la cosa juzgada, la transacción, la caducidad, la prescripción extintiva y la carencia de legitimación en la causa» (se resalta).
Si bien el numeral 4º del artículo 607 de la misma codificación presupone que «Vencido el traslado se decretarán las pruebas y se fijará audiencia para practicarlas, oír los alegatos de las partes y dictar la sentencia»,, la presente sentencia, escrita y por fuera de audiencia oral, es procedente toda vez que se cumple lo dispuesto por el numeral segundo del artículo 278; aunado a que las pruebas documentales requeridas para este especial procedimiento se encuentran configuradas de acuerdo con la naturaleza propia del asunto, lo que a todas luces permite resolver de forma adelantada.
De lo anterior, se desprende que los jueces tienen la obligación de, una vez advertido el no cumplimiento del debate probatorio o que de llevar este último a cabo resultaría inocuo, proferir el fallo sin adicionales trámites, en cabal cumplimiento de lo expuesto por los principios celeridad y economía procesal, que, en últimas, reclaman de la jurisdicción decisiones prontas, «con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas».De no ser así, sería someter cada causa a una prolongación absurda, completamente injustificada, en contra de los fundamentos sustanciales y procesales que acompañan los trámites judiciales.
2.- Al respecto, recientemente ha mencionado esta Corporación que
Tal codificación, en su artículo 278, prescribió que «[e]n cualquier estado del proceso, el juez deberá dictar sentencia anticipada, total o parcial… [c]uando no hubiere pruebas por practicar.
Significa que los juzgadores tienen la obligación, en el momento en que adviertan que no habrá debate probatorio o que el mismo es inocuo, de proferir sentencia definitiva sin otros trámites, los cuales, por cierto, se tornan innecesarios, al existir claridad fáctica sobre los supuestos aplicables al caso.
Por consiguiente, el respeto a las formas propias de cada juicio se ve aminorado en virtud de los principios de celeridad y economía procesal, que reclaman decisiones prontas, adelantadas con el menor número de actuaciones posibles y sin dilaciones injustificadas. Total que las formalidades están al servicio del derecho sustancial, por lo que cuando se advierta su futilidad deberán soslayarse, como cuando en la foliatura se tiene todo el material suasorio requerido para tomar una decisión inmediata.
En consecuencia, el proferimiento de una sentencia anticipada, que se hace por escrito, supone que algunas etapas del proceso no se agoten, como una forma de dar prevalencia a la celeridad y economía procesal, lo que es armónico con una administración de justicia eficiente, diligente y comprometida con el derecho sustancial (CSJ SC132-2018. 12 Feb. 2018. Rad. 2016-01173-00).
Asimismo, ha manifestado que
Por supuesto que la esencia del carácter anticipado de una resolución definitiva supone la pretermisión de fases procesales previas que de ordinario deberían cumplirse; no obstante, dicha situación está justificada en la realización de los principios de celeridad y economía que informan el fallo por adelantado en las excepcionales hipótesis que el legislador habilita dicha forma de definición de la litis.
De igual manera, cabe destacar que aunque la esquemática preponderantemente oral del nuevo ordenamiento procesal civil, supone por regla general una sentencia dictada de viva voz, es evidente que tal pauta admite numerosas excepciones, de la que es buen ejemplo la presente, donde la causal para proveer de fondo por anticipado se configuró cuando la serie no ha superado su fase escritural y la convocatoria a audiencia resulta inane (SC12137, 15 Ago. 2017, rad. n° 2016-03591-00).
3.- Dentro del caso objeto de estudio, cabe el proferimiento de un fallo anticipado, debido a que conforme a las pruebas traídas al proceso por las partes, la situación de facto particular del sub judice y la normatividad internacional al respecto, no es necesario adicionales elementos que permitan el convencimiento del fallador, siendo insustancial llevar el proceso, incluso hasta los alegatos de conclusión, como así lo refiere el numeral 4 del artículo 607 del C.G.P.
Efectivamente, el Ministerio Público no presentó contradicciones al respecto, ni tampoco elevó solicitud alguna sobre pruebas en esta causa, y, concluyó conforme a la concesión del presente exequatur, por lo que considera esta Sala emitir fallo definitivo.
4.- Pues bien, cumplidos los trámites referenciados previamente, como fueron, la admisión de la demanda, el concepto por parte de la Procuraduría General de la Nación y el auto que decretó pruebas, en particular, en el libelo genitor, no apareció mención alguna respecto de otro proceso que estuviera cursando en territorio patrio sobre el mismo asunto.
5.- Analizado los documentos aportados al expediente, se reseña que a través de apoderada, la señora Rosalba Mejía Cala se presentó a esta causa y manifestó que entre las partes existe con anterioridad un juicio de cesación de efectos civiles en matrimonio religioso, con número de radicado 2017-00352-00 que cursa en la ciudad de Bucaramanga, y adjuntó las piezas visibles en folios 38 a 109, que corroboran su afirmación. Igualmente, se verificó que en dicho trámite el aquí solicitante está notificado desde el 10 de diciembre de 2017, frente al cual, presentó la respectiva contestación el 29 de enero de la pasada anualidad.
6.- Así las cosas, si el interesado en el escrito de demanda hubiese manifestado que cursaba un proceso de divorcio, pues tenía conocimiento del mismo, según se desprende del informe secretarial del Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga (Fl. 38), la Corte no hubiese proferido el auto de 5 de septiembre de 2018 dándole curso a dicha petición de exequatur. Lo anterior, en razón de que uno de los requisitos para admitir la mentada solicitud estriba en que no haya otro juicio que se esté surtiendo conforme al No. 5 del art. 606 del C. G. P., en concordancia con el numeral 2º del artículo 607 ejusdem.
Toda vez que se encuentran debidamente acreditados los hechos previamente expuestos, y asimismo, está prohibido la iniciación de un trámite de esta naturaleza cuando exista otro proceso en curso, el error en que fue inducida la Corte para darle vía libre a esta causa, mediante la providencia calendada 5 de septiembre de 2018, no ata ni obliga a continuar con dicho yerro.
7.- En un asunto de similares contornos, la Corte manifestó que
Debe decirse en torno a este particular, que la exigencia que viene de mencionarse tiene como fin evitar que sobre un mismo punto existan sentencias contradictorias proferidas por jueces de diferentes Estados, en perjuicio de la seguridad jurídica. Ante la posibilidad, la legislación patria, en ejercicio de la soberanía nacional, ha proferido salvaguardar las decisiones de los jueces colombianos, sin hacer ningún tipo de distinción acerca de los efectos de cosa juzgada formal o material que puedan tener las sentencias atinentes a la materia (CSJ AC 21 abril de 2009. Rad. 2008-01849-01).
8.- En ese orden, estamos ante un trámite que jamás se debió adelantar, puesto que, itérese, estaba en curso un proceso judicial de divorcio en Colombia al momento de admitirse el libelo introductor de homologación de providencia extranjera, circunstancia que viola flagrantemente las normas de orden público respectivas (Arts. 605 a 607 C.G.P.).
9. En conclusión, por no hallarse reunidos los presupuestos que determina el artículo 605 ibídem y las demás reglas concordantes, no es procedente otorgar efecto jurídico a la mencionada determinación de «divorcio».
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.
PRIMERO: NO CONCEDER el exequátur al fallo proferido el 4 de abril de 2016 por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Transición de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional del Distrito Capital, República Bolivariana de Venezuela.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas en la actuación.