Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A358-08.htm
Timestamp: 2017-11-24 22:04:56
Document Index: 351880572

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A358-08
Auto 358/08
ACCION DE TUTELA CONTRA LA PROCURADURIA GENERAL-Competencia Consejo Seccional de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria
Referencia: expediente I.C.C. 1332
Conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería y el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba – Sala Jurisdiccional Disciplinaria
Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre dos mil ocho (2008).
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería y el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, dentro de la acción de tutela instaurada por Never Jiménez Jiménez contra la Procuraduría General de la Nación – Regional Córdoba.
1. El Concejo Municipal de Buenavista (Córdoba) nombró, a través de su presidenta Adelaida Arrazola Díaz, a Luis Fernando Jiménez Urrutia en el cargo de pagador de la mencionada corporación, a pesar de que esta persona es pariente en cuarto grado de consaguinidad del concejal Never Jiménez Jiménez.
2. En vista de la situación descrita en el numeral anterior, el ciudadano Andrés Gómez Sánchez presentó una queja ante la Procuraduría Seccional de Montería en contra de la presidenta del Concejo Municipal de Buenavista (Córdoba), Adelaida Arrazola Díaz, del concejal Never Jiménez Jiménez y de Luis Fernando Jiménez Urrutia, pagador de la mencionada corporación.
3. La Procuraduría Provincial de Montería absolvió, el 25 de abril de 2008, a todos los involucrados. A raíz de la impugnación presentada por el querellante, la Procuraduría Provincial de Montería revocó parcialmente, el 21 de agosto de 2008, el fallo de primera instancia, condenó al concejal Never Jiménez Jiménez y lo sancionó con suspensión en el ejercicio del cargo por el termino de noventa días.
4. El señor Never Jiménez Jiménez interpuso, el veinte de octubre de 2008, acción de tutela, como mecanismo transitorio, en contra de la Procuraduría General de la Nación – Regional Córdoba, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso al desempeño de cargos y funciones públicas debido a que la conducta por la cual fue sancionado despareció como falta disciplinaria en virtud de la ley 1148 de 2007.
5. La acción de tutela correspondió al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, quien decidió, el 22 de octubre de 2008, declararse incompetente para conocer de la misma por considerar que, al tenor del numeral primero, artículo 1, del decreto 1382 de 2000, son los jueces del circuito, o con categoría de tales, los que deben conocer de las acciones de tutela que se promuevan contra una entidad del orden nacional del sector descentralizado por servicios, como lo es la Procuraduría General de la Nación – Regional Córdoba, demandada en este caso (folios 52 y 53, cuaderno 1).
6. En virtud de la decisión mencionada en el numeral anterior, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería quien, a raíz de lo expresado por la demandada en la contestación de la acción de tutela, decidió, el 10 de noviembre de 2008, declararse incompetente para conocer del proceso mencionado por cuanto la Procuraduría General de la Nación – Regional Córdoba no es una entidad del orden nacional descentralizada por servicios, sino un organismo de control del orden nacional con desconcentración administrativa, razón por la cual el juez competente es el Consejo Seccional de la Judicatura, según el inciso 1, numeral 1, del artículo 1 del decreto 1382 de 2002 (folios 119 y 120, cuaderno 1).
1.- En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente,[1] entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería y el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba – Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
2.- El decreto 1382 de 2000, al establecer las reglas para llevar a cabo el trámite administrativo de reparto de las acciones de tutela, prescribe, en el inciso 1 del numeral 1 del artículo 1, que “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura” (subrayas fuera del texto original).
3.- El concejal de Buenavista (Córdoba), Never Jiménez Jiménez fue sancionado con suspensión de noventa días, en segunda instancia, por la Procuraduría Provincial de Montería, el 21 de agosto de 2008, por haber sido nombrado Luis Fernando Jiménez Urrutia en el cargo de pagador del Concejo Muncipal de Buenavista (Córdoba), ya que esta persona pariente suyo en cuarto grado de consaguinidad. El señor Never Jiménez Jiménez interpuso, el veinte de octubre de 2008, acción de tutela, como mecanismo transitorio, en contra de la Procuraduría General de la Nación – Regional Córdoba, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso al desempeño de cargos y funciones públicas debido a que la conducta por la cual fue sancionado despareció como falta disciplinaria en virtud de la ley 1148 de 2007.
La acción de tutela correspondió al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, quien decidió, el 22 de octubre de 2008, declararse incompetente para conocer de la misma por considerar que, al tenor del numeral primero, artículo 1, del decreto 1382 de 2000, son los jueces del circuito, o con categoría de tales, los que deben conocer de las acciones de tutela que se promuevan contra una entidad del orden nacional del sector descentralizado por servicios, como lo es la Procuraduría General de la Nación – Regional Córdoba, demandada en este caso (folios 52 y 53, cuaderno 1).
En virtud de la decisión mencionada en el numeral anterior, la acción de tutela fue repartida al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería quien decidió, el 10 de noviembre de 2008, declararse incompetente para conocer del proceso mencionado por cuanto la Procuraduría General de la Nación – Regional Córdoba no es una entidad del orden nacional descentralizada por servicios, sino un organismo de control del orden nacional con desconcentración administrativa, razón por la cual el juez competente es el Consejo Seccional de la Judicatura, según el inciso 1, numeral 1, del artículo 1 del decreto 1382 de 2002 (folios 119 y 120, cuaderno 1).
4.- Sobre lo anterior, encuentra la Sala Plena que le asiste razón al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería cuando afirma que, en este caso, el conocimiento de la acción de tutela instaurada por el señor Never Jiménez Jiménez corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba – Sala Jurisdiccional Disciplinaria.
En efecto, la Procuraduría General de la Nación – Regional Córdoba, parte demandada en la acción de tutela en cuestión, no es un organismo del orden nacional del sector descentralizado por servicios, y es por ello que no esta mencionada ni en el artículo 115 de la Carta que describe la integración de esta rama del poder público ni en el artículo 38 de la ley 489 de 1998, norma que regula la integración de la rama ejecutiva, tanto en su sector central, como en su sector descentralizado. La Procuraduría General de la Nación es, según el artículo 117 de la Constitución, un organismo de control independiente de la rama ejecutiva y constituye, por tanto, un autoridad pública del orden nacional.
En este orden de ideas, según el inciso 1 del numeral 1 del artículo 1, del decreto 1382 de 2000 la acción de tutela debe ser repartida para al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, teniendo en cuenta, además, que el peticionario, en el escrito de tutela, dirigió la acción a esta entidad (folio 1, cuaderno 1).
Primero.- REMÍTASE el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por Never Jiménez Jiménez contra la Procuraduría General de la Nación – Regional Córdoba, al Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, para que le dé trámite y decida en forma inmediata.
Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional, en relación con el conflicto de competencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 358 DE 2008
Referencia: ICC-1332
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Montería y el Consejo Seccional de la Judicatura de Córdoba, Sala Jurisdiccional Disciplinaria.