Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A275-07.htm
Timestamp: 2017-11-23 16:34:47
Document Index: 160066472

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 116']

A275-07
Auto 275/07
CONFLICTO DE COMPETENCIA EN TUTELA-Competencia del Consejo Seccional de la Judicatura Sala Jurisdiccional Disciplinaria
Referencia: expediente I.C.C.-1165
Conflicto de competencia entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá.
Acción de tutela promovida por la ciudadana Ingrid Catalina Kuan Márquez contra la Jefatura de Apoyo a Tribunales, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca.
Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil siete (2007)
1. La señora Ingrid Catalina Kuan Márquez interpuso acción de tutela en contra de la Jefatura de Apoyo a Tribunales, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca. En su escrito, la accionante solicita la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual estima vulnerado por cuanto -según manifiesta- la entidad accionada le impuso una sanción por el supuesto incumplimiento de los requisitos para utilizar los parqueaderos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, sin darle la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
2. Mediante decisión de veinticinco (25) de septiembre de dos mil siete (2007), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca ordenó remitir el expediente a los jueces de circuito, por considerar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 del Decreto 1382 de 2000[1], ella carece de competencia para conocer de la misma.
3. Efectuado el reparto, el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, mediante Auto del veintiocho (28) de septiembre de dos mil siete (2007), se declaró incompetente para conocer de la presente acción con fundamento en lo establecido en el numeral 2 del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000[2] y ordenó remitir el expediente a la Corte Constitucional para que se dirima el conflicto negativo de competencia así planteado.
1. La Corte Constitucional ha sostenido de manera reiterada que la solución de conflictos de competencia ocasionados como consecuencia de la interposición de una acción de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico común de los despachos judiciales involucrados.
En ese orden de ideas, en esta materia la competencia de la Corte Constitucional es de tipo residual, ya que sólo se someten a su decisión aquellos conflictos en los cuales las autoridades judiciales involucradas no tengan superior jerárquico común, competencia que deviene de su función de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional.
2. Ahora bien, en el presente caso se somete a consideración de esta Corporación el conflicto negativo de competencia aparente que ha surgido entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juz­gado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Ingrid Catalina Kuan Márquez contra la Jefatura de Apoyo a Tribunales, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca.
Para el efecto, debe señalarse que la Jefatura de Apoyo a Tribunales es una dependencia de la Oficina de Apoyo para la administración de los Tribunales del Salitre de la ciudad de Bogotá. Dicha Oficina fue creada por el Acuerdo No. 1349 de 2002 expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, como una oficina adscrita y dependiente de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, encargada de brindar apoyo para la administración de la sede de los Tribunales del Salitre.
Por su parte, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es un organismo de carácter nacional que actúa en todo el territorio colombiano, para lo cual fueron creadas algunas seccionales que no son autoridades regionales sino que, tal y como lo ha establecido esta Corporación, simplemente “existen para llevar a efecto una desconcentración en la prestación del servicio público”[3].
En este sentido, como quiera que la entidad demandada es una autoridad pública del orden nacional, debe darse aplicación a lo establecido en el artículo 1°, numeral 1° del Decreto 1382 de 2000, el cual dispone:
3. Así las cosas, encuentra la Corte que, en el caso sub examine, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, autoridad judicial ante la cual se presentó inicialmente la acción de tutela que dio origen a este conflicto, es la competente para conocer del presente asunto.
En consecuencia, se remitirá a dicha autoridad el expediente contentivo de la acción de tutela interpuesta por la ciudadana Ingrid Catalina Kuan Márquez contra la Jefatura de Apoyo a Tribunales, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, para que asuma de forma inmediata el conocimiento del mismo, de conformidad con el numeral 1°, artículo 1° del Decreto 1382 de 2000.
Así mismo, se deberá comunicar lo resuelto en esta providencia al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá, con el fin de poner en su conocimiento los fundamentos constitucionales y legales en virtud de los cuales se adopta la presente decisión.
PRIMERO. ORDENAR que por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se REMITA a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, el expediente contentivo de la acción de tutela promovida por la ciudadana Ingrid Catalina Kuan Márquez contra la Jefatura de Apoyo a Tribunales, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá - Cundinamarca, para que asuma de forma inmediata el conocimiento del mismo.
SEGUNDO. Por Secretaría General, COMUNÍQUESE al Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá lo resuelto en esta providencia, con el fin de poner en su conocimiento los fundamentos constitucionales y legales en virtud de los cuales se adopta la presente decisión.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO No. 275 DE 2007
Referencia: ICC-1165
Conflicto de competencia entre la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca y el Juzgado Octavo Penal del Circuito de Bogotá
[1] “ARTICULO 2o. Cuando en la localidad donde se presente la acción de tutela funcionen varios despachos judiciales de la misma jerarquía y especialidad de aquél en que, conforme al artículo anterior, resulte competente para conocer de la acción, la misma se someterá a reparto que se realizará el mismo día y a la mayor brevedad.
En desarrollo de la labor de reparto, el funcionario encargado podrá remitir a un mismo despacho las acciones de tutela de las cuales se pueda predicar una identidad de objeto, que permita su trámite por el mismo juez competente.”
[2] “ARTICULO 1o. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas:
(…) 2. Cuando la acción de tutela se promueva contra un funcionario o corporación judicial, le será repartida al respectivo superior funcional del accionado. Si se dirige contra la Fiscalía General de la Nación, se repartirá al superior funcional del Juez al que esté adscrito el Fiscal.
Cuando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, se aplicará lo dispuesto en el numeral 1o. del presente artículo.”
[3] Auto 114 de 2003, Magistrado Ponente: Alfredo Beltrán Sierra. En esa oportunidad, la Corte Constitucional dirimió el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral-, en la acción de tutela promovida por Laura Forero de Abril contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Bogotá.