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Timestamp: 2020-01-20 12:20:58
Document Index: 207878344

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 2', 'artículo 300', 'artículo 26', 'artículo 577', 'Artículo 49', 'Artículo 26', 'Artículo 262', 'Artículo 309', 'Artículo 315', 'Artículo 471', 'Artículo 309', 'Artículo 310', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'artículo 184', 'artículo 185', 'artículo 326', 'Artículo 340', 'Artículo 4', 'artículo 136', 'artículo 136', 'Artículo 340', 'artículo 340']

Daniel Badell Porras, "Breves notas sobre el retardo procesal en nuestro sistema penal"
Breves notas sobre el Retardo procesal en nuestro sistema penal[1]
Colaborador del Observatorio Venezolano de Prisiones
La sociedad civilizada rige los países con mayor prosperidad en el mundo y su exponencial progreso está instituido en los valores de sus ciudadanos, estos son la columna vertebral del estado moderno, siendo la justicia, la equidad, la igualdad y la libertad los principios fundamentales que prevalecen y aunque hoy en día se continúa labrando un sendero con estos cimientos, dichos principios tienen un inicio de mucha más antigüedad que los tiempos actuales, como lo es la Revolución Francesa y la consecuente concepción del derecho como fin del Estado. El sentido común ha sido el valor primordial en la construcción del ámbito político, económico, social, cultural y jurídico en cualquier país del mundo moderno. [[2]]
Lamentablemente la edificación de nuestro país pareciera carecer de sensatez, lo que llevó a un declive considerable en la dirección de la economía, política y sociedad que devino en la difícil situación que vivimos todos los días y el ámbito del derecho penal no escapa del vórtice de errores, sin distinción en las fallas que afectan la parte sustantiva y adjetiva, haciendo que la finalidad máxima de impartir justicia se vea cada vez más difuminada.
El sentido común es la base en la edificación de un sistema ordenado, ya que ese conjunto de conocimientos, creencias o propuestas organizadas benefician al colectivo y fomentan su desarrollo cualitativo. Desde lo específico, el sentido común penal vendría siendo el correcto desarrollo y aplicación del sistema penal sustantivo y adjetivo salvaguardado por dos nociones esenciales que acompañan al derecho como fin del Estado, que son: la ley y el orden. La ley representa el orden de la razón dirigida al bien común y promulgada solemnemente por quien cuida la comunidad —Santo Tomás de Aquino— y el orden representado no por un sistema de normas yuxtapuestas, sino más bien coordinadas entre sí —Kelsen—.
Es evidente que la ley y el orden y todo aquello que debemos realizar para resguardarlos desapareció de la cotidianidad de nuestra sociedad, e incluso la anarquía ha conseguido calar profundo en nuestros hogares afectando el núcleo de la sociedad que es la familia. Las políticas criminales efectivas dejaron de ser analizadas y ejecutadas, permitiendo a los focos que generan inseguridad en la población andar libres e impunes y continuando con sus actividades delictivas, estos pueden actuar desde un sitio público como lo hacen grupos de civiles armados, bandas que se dedican a la extorsión, secuestradores, estafadores, atracadores, como también los criminales que operan desde espacios más íntimos como lo puede ser una oficina, consultorio, despachos, tales como captadores ilegales de fondos, legitimadores de capitales y un largo etcétera. Quizás suena antagónico a los principios antes esbozados, pero es que el quebrantamiento, la transgresión de la ley, la arbitrariedad y el desorden han sido las endebles y ya fracturadas bases sobre las cuales se ha desarrollado nuestro sistema de administración de justicia penal.
Este problema acarrea un retroceso considerable en el avance de la administración de justicia penal en nuestro país, por lo tanto hemos decidido revisar brevemente dos flancos que influyen negativamente en nuestro sistema penal.
Enfocamos deficiencias medulares desde dos sentidos. Por la parte sustantiva nos encontramos con el exceso de legislación penal, sobrecargando el ordenamiento jurídico de tipos penales, inclinándose a una nueva corriente que consideramos que es errónea, como lo es la “huida al derecho penal” tomándo su aplicación como prima ratio, contrariando principios jurídicos arraigados profundamente en nuestro sistema de derecho vigente. Desde la parte adjetiva, revisamos dos conflictos que causan retraso procesal indiscriminado e impide la búsqueda y aplicación de la justicia; i) las fallas en la citación a la víctima que impiden la realización de la audiencia preliminar y ii) la falta de cooperación entre el tribunales y Ministerio Público para asegurar la comparecencia de los órganos de prueba a las audiencias de juicio.
El análisis y discusión de la problemática planteada es fundamental para colaborar con la solución, por lo tanto procederemos a enfocar nuestra revisión de los referidos errores y a presentar nuestra opinión al respecto intentando contribuir con una posible solución.
II. Parte Sustantiva: La huida al derecho penal y el exceso de tipificación de delitos
Advertimos como política de Estado equivocada intentar controlar el fenómeno de la delincuencia mediante la creación desmedida y sin raciocinio de tipos penales, que dividiremos en dos, los tipos penales principales y los tipos penales colaterales.
Entre los tipos penales principales encontramos los previstos en el Código Penal y en los tipos penales colaterales el Código Orgánico de Justicia Militar, el Código Orgánico Tributario, el Código de Comercio, el Código de Procedimiento Civil, la Ley Orgánica sobre Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la Ley Orgánica de Drogas, la Ley Contra la Corrupción, la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, La Ley Especial Contra Delitos Informáticos, Ley Penal de Protección de la Actividad Ganadera, La Ley de la Actividad Aseguradora, La Ley para la prohibición de videojuegos bélicos y juguetes bélicos, Ley Contra el Secuestro y la Extorsión, la Ley Penal del Ambiente, la Ley de Aguas, la Ley sobre el Robo y Hurto de Vehículos Automotores, la Ley de Aeronáutica Civil, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la Ley Sobre el Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Industrial, la Ley de los Sistemas Metropolitanos de Transporte, la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, la Ley Orgánica de Precios Justos, la Ley de Instituciones del Sector Bancario[, la Ley de Mercado de Valores, la Ley de Fideicomisos, la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos, la Ley del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica de Extranjería y Migración, la Ley Orgánica de Identificación, la Ley Orgánica de Protección de Víctimas, Testigos y demás Sujetos Procesales, la Ley de la Seguridad de la Nación, la Ley del Ejercicio de la Odontología, la Ley del Ejercicio de la Farmacia, la Ley de Abogados, la Ley de Ejercicio del Periodismo, la Ley de Ejercicio Profesional de la Sociología y la Antropología, la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, la Arquitectura y Profesiones Afines, la Ley de Bioanálisis, la Ley de Nutrición y Dietética, la Ley del Ejercicio de la Contaduría, la Ley del Ejercicio de la Profesión Veterinaria, la Ley del Ejercicio de la Medicina, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Registro de Antecedentes Penales, la Ley de Depósito Judicial, la Ley Orgánica de Trasplante de Órganos, la Ley de Archivo Nacional, la Ley de Hipoteca Mobiliaria y de Prenda sin Desplazamiento de Posesión, la Ley Especial de Deudor Hipotecario, la Ley de Ventas de Parcelas, el Decreto con Fuerza de Ley General de Marinas y Actividades Conexas, la Ley de Protección de las Comunicaciones, la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Protección de Patrimonio Cultural, la Ley de Bandera Nacional, Himno Nacional y Escudo de Armas de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Sistema y Servicio Eléctrico, la Ley Para el Control de Casinos, Salas de Bingo y Máquinas Traganíqueles, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial, la Ley sobre el Delito de Contrabando, la Ley de Metrología, la Ley de Medicamentos, la Ley de Transfusión y Bancos de Sangre, la Ley Contra la Estafa Inmobiliaria, la Ley Orgánica que reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro, así como las Conexas y Auxiliares a éstas, la Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos y los Particulares ante la Asamblea Nacional, la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura u otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Ley de Registros y del Notariado, la Ley de Marinas y Actividades Conexas y la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones.
La insensatez y la carencia de sentido común penal se ve claramente demostrado ante tal cantidad de tipos penales que no están acompañados de voluntad política, ni posibilidad material de confrontar, juzgar y sancionar la comisión de esos delitos, todo esto aunado a la elevada cifra de impunidad, alrededor de noventa y dos por ciento (92%) de los delitos comunes y noventa y ocho por ciento (98%) de delitos cometidos en materia de derechos humanos quedando todos estos delitos impunes [[3]].
Tal impunidad la podemos constatar con un ejemplo en la capital venezolana, que muy a pesar de poseer más de veintitrés (23) planes de seguridad, la tasa de homicidios creció progresivamente en los últimos años hasta alcanzar la cifra record de ciento nueve (109) muertes por cada 100.000 habitantes en 2017[[4]].
Así, fue como nuestro sistema desarrolló un fenómeno denominado “dispersión de leyes” el cual está referido a la “…excesiva promulgación de leyes con un contenido punitivo, las cuales vienen a incrementar los espacios de intervención del Derecho Penal, por lo que se ha hablado de su expansión -Silva Sánchez- o inflación –Ferrajoli-, siendo esto evidentemente contrario a la deseable reducción de la intervención punitiva en las relaciones sociales, por sus consecuencias perjudiciales y su naturaleza violenta” [[5]].
Esta dispersión de leyes es evidente cuando existen en el ordenamiento jurídico penal sustantivo vigente un (1) instrumento jurídico que prevé tipos penales principales y otros setenta y seis (76) que establecen tipos penales colaterales, que en su conjunto agrupan novecientos cincuenta y tres (953) tipos penales, cifra record para cualquier ordenamiento jurídico en el mundo.
Esto sin contar aquellos otros instrumentos jurídicos ¨promulgados¨ por la Asamblea Nacional Constituyente instaurada en el año 2017, que utilizó un instrumento llamado “Ley Constitucional”, como lo es la “Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia” que prevé en sus artículos 20, 21, 22, 23 y 24 nuevos tipos penales [[6]].
Nuestro Poder Ejecutivo y Legislativo han cometido de manera sistemática y reiterada el error mencionado con anterioridad, pues pretenden confrontar el fenómeno delictivo mediante la tipificación excesiva de cualquier conducta. Ello se materializa al promulgar una ley especial que pretende atacar el delito de mayor auge u ocurrencia de un momento determinado. Así es como las políticas de desarrollo jurídico de nuestro ordenamiento sustantivo penal responden a patrones desconocidos por la metodología de la ciencia penal pero que podrían identificarse, sin temor a equivocarnos, con la ideología política de turno.
Vale referirnos entonces a la aporía “…que se considera expresión del error, o ideológico, de quien solicita la solución aporética, o técnico, de quien, al requerírsele una solución correcta desde el punto de vista ideológico, la traduce incorrectamente en una norma jurídica [[7]], para señalar que la exigencia social de respuestas concretas al fenómeno delincuencial en Venezuela no ha sido más que una ventana política de proyección ideológica, de corte socialista y revolucionaria.
Por lo anterior, es importante considerar el principio básico del derecho penal como ultima ratio que la doctrina ha reiterado en múltiples oportunidades -Maurach y Zipf "lure est civiliter utendum, en la selección de los medios estatales de poder, el derecho penal debería ser una verdadera ultima ratio, encontrarse en último lugar y adquirir actualidad sólo cuando ello fuere indispensable para la conservación de la paz social. De ello se sigue que la naturaleza secundaria del derecho penal es una exigencia político-jurídica dirigida al legislador. La norma penal constituye en cierto modo la última ratio en el instrumental del legislador”[[8]] (Subrayado nuestro). El derecho penal moderno, sin embargo, se ha inclinado totalmente hacia lo opuesto y nuestro sistema procesal no es la excepción, pues ha utilizado como principio rector en la legislación la prima ratio observándose una clara “huida al derecho penal” [[9]].
No es ajeno este principio a los criterios jurisprudenciales dictados por el máximo tribunal de nuestro país, analizando la Sentencia N° 1676, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 3 de agosto de 2007 [[10]], destacamos que el principio de intervención mínima del derecho penal debe ser de aplicación directa por parte de todos los Tribunales de la República:
“Lo anterior no es otra cosa que la aplicación directa, por parte de esta Sala Constitucional, del principio de intervención mínima del Derecho penal y, concretamente, del principio de subsidiariedad, en virtud del cual el Derecho penal ha de ser la ultima ratio, es decir, el último recurso que se debe emplear a falta de otros mecanismos menos lesivos, como son los establecidos en el Derecho civil, en el Derecho mercantil y en el Derecho administrativo.
Debe afirmarse que el principio de intervención mínima se desprende del modelo de Estado social consagrado en el artículo 2 del Texto Constitucional, siendo uno de sus rasgos fundamentales la exigencia de necesidad social de la intervención penal. Así, el Derecho penal deja de ser necesario para resguardar a la sociedad cuando esto último puede alcanzarse mediante otras vías, las cuales tendrán preferencia en la medida en que sean menos lesivas para los derechos individuales. En resumidas cuentas: en un Estado social al servicio de sus ciudadanos, la intervención penal estará legitimada siempre y cuando sea absolutamente necesaria para la protección de aquéllos, y esto se da cuando los mecanismos extra penales no son suficientes para garantizar dicha protección.” (Subrayado nuestro)
No solamente la jurisprudencia reiterada y pacífica del Tribunal Supremo de Justicia, sino también la doctrina especializada en materia penal, le da la importancia necesaria a ese principio y por ello el maestro PUIG ha señalado que:
“Para proteger los intereses sociales el Estado debe agotar los medios menos lesivos que el Derecho penal antes de acudir a éste, que en este sentido debe constituir un arma subsidiaria, una última ratio. Deberá preferirse ante todo la utilización de medios desprovistos del carácter de sanción, como una adecuada Política social. Seguirán a continuación las sanciones no penales: así, civiles (por ejemplo: impugnabilidad y nulidad de negocios jurídicos, repetición por enriquecimiento injusto, reparación de daños y perjuicios) y administrativas (multas, sanciones disciplinarias, privación de concesiones, etc.). Sólo cuando ninguno de los medios anteriores sea suficiente estará legitimado el recurso de la pena o de la medida de seguridad” [[11]] (Subrayado nuestro)
El momento político que vivimos en la actualidad y la realidad social que afrontamos día a día exigen, al menos, la aplicación mínima de nuestra noción del sentido común penal –ley y orden- junto a una estrecha vinculación entre políticas criminales adecuadas y realidad social con el único objetivo de aspirar a la reconstrucción de un sistema penal imparcial, lógico y sobretodo aplicable a sus destinatarios finales.
La tipificación excesiva y desmesurada a la que nos hemos referido ha servido, única y exclusivamente, para inundar de causas penales nuestro sistema procesal penal y abonar así un punto a favor del retardo procesal que tanto nos perjudica. Son incontables las causas penales que ingresan diariamente al sistema procesal penal y que luego de consumir infinidad de recursos humanos y económicos, terminan siendo sobreseídas de conformidad con lo previsto en el artículo 300, numeral 2 del Código Orgánico Procesal Penal (en adelante, COPP) por advertir que el hecho no puede ser considerado como típico.
III. Parte Adjetiva
Estaremos en presencia de verdadera justicia cuando se cumplan con ciertas características necesarias en su aplicación, una de ellas es la prontitud con la que la misma se dé, es por esto que solo puede existir justicia cuando sea expedita. Ese principio está consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, CRBV) donde se estableció que el Estado garantizará justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Aun así, pareciera que más que principios rectores son simples palabras que maquillan nuestro ordenamiento jurídico, pero que en el día a día son inexistentes.
El retardo procesal es la dilación injustificada en la natural progresión de un juicio y también una realidad latente que existe en el sistema judicial venezolano, confirmado incluso por las más altas autoridades y personajes protagónicos que están al frente del entramado de órganos que conforman la administración de justicia [[12]].
Irónicamente, concatenado con lo mencionado sobre el exceso de tipificación penal para la supuesta resolución de la problemática delincuencial y la inclinación al derecho penal como prima ratio, existe un delito tipificado en el artículo 577 del Código Orgánico de Justicia Militar que efectivamente penaliza el retardo procesal [[13]].
A pesar incluso de tal tipificación, el retardo procesal está a la orden del día y pareciera que los numerosos escritos de doctrina sobre la pena del banquillo no fueron estudiados por quienes administran la justicia en la Venezuela actual. El término ha sido acuñado por la jurisprudencia española (Ejemplo: Auto de la Audiencia Provincial de Ciudad Real —AAP CR 200/2010 de 6 de mayo de 2010—) y se refiere a la continuación y sometimiento de una persona a ser juzgada sin existir suficientes elementos para acusarlo, creando sobre esta persona una sujeción sin sentido a un proceso que puede resultar ser eterno y que muy probablemente terminaría en un sobreseimiento o absolución. Aunado a todo esto también existe la estigmatización sobre ese acusado quien es observado y tratado por la sociedad y por el Tribunal como un culpable cuando efectivamente debe tratársele como inocente hasta que sea demostrado lo contrario, en virtud del principio de presunción de inocencia.
Mediante de la Sentencia N° 1303 de fecha 20 de junio de 2005, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ratificó el criterio sobre la pena del banquillo y especificó que debe realizarse un examen exhaustivo sobre las acusaciones presentadas por la vindicta fiscal, tanto en su parte formal como en el fondo, de manera que no existan pases a juicio en causas que no reúnan suficientes elementos de convicción para condenar a ese investigado. Expresó lo siguiente:
“(…) el examen de los requisitos de fondo en los cuales se fundamenta el Ministerio Público para presentar la acusación, en otras palabras, si dicho pedimento fiscal tiene basamentos serios que permitan vislumbrar un pronóstico de condena respecto del imputado, es decir, una alta probabilidad de que en la fase de juicio se dicte una sentencia condenatoria; y en el caso de no evidenciarse este pronóstico de condena, el Juez de Control no deberá dictar el auto de apertura a juicio, evitando de este modo lo que en doctrina se denomina la ‘pena del banquillo’ (Subrayado nuestro).
El retardo procesal contraría y lesiona preceptos constitucionales tales como el debido proceso (Artículo 49 de la CRBV) la tutela judicial efectiva y el acceso a los órganos de administración de justicia (Artículo 26 de la CRBV). Todo esto para afirmar lo repetido por muchos doctrinarios y es que en un proceso judicial (y más aún en el proceso penal) el tiempo resulta ser más que el oro, y la celeridad es traducida en justicia —JUAN MONTERO AROCA— [[14]].
En el procedimiento ordinario penal venezolano existen cuatro fases predominantes: la fase preparatoria (Artículo 262 del COPP) la fase intermedia (Artículo 309 del COPP) la fase de juicio (Artículo 315 COPP) y la fase de ejecución (Artículo 471 del COPP); cada una de esas fases es dirigida por un Juez penal, la primera y segunda fase por el juez de control, la tercera por el juez de juicio y la cuarta por un juez de ejecución.
Aterrizando ya en el proceso penal en sí, consideramos que existen dos asuntos que generan retardo procesal y todos los males que esto conlleva. En primer lugar, los errores en la notificación a la víctima en fase intermedia para la realización de la audiencia preliminar y, en segundo lugar, la incomparecencia de los órganos de prueba en la fase de juicio, para su debida evacuación en la audiencia de juicio.
A. Diferimientos reiterados de audiencias preliminares por falta de notificación a la víctima
En el Artículo 309 del COPP se hace referencia a que “(…) la víctima se tendrá como debidamente citada, por cualquier medio de los establecidos en este Código y conste debidamente en autos” y luego, en el Artículo 310 del COPP se establecen algunas reglas sobre la incomparecencia de algunos citados y señala en el numeral primero“(…) 1. La inasistencia de la víctima no impedirá la realización de la audiencia preliminar.”
A pesar de resultar tan clara y entendible la premisa, es recurrente encontrar causas en las que la realización de la audiencia preliminar se difiere reiteradamente hasta por más de cinco (5) años con la excusa de que “la víctima no compareció”.
En nuestro derecho procesal penal señala -PÉREZ SARMIENTO- que la citación es “la indicación que el tribunal o la fiscalía hacen a una persona, para que comparezca ante ellos en una fecha y hora concretas, a fin de realizar determinada diligencia...” [[15]] y, en ese sentido, el COPP prevé múltiples formas de citación. El Artículo 168 del COPP establece la citación personal, utilizando al alguacil como mensajero y el instrumento por excelencia es la boleta de citación.
Aunado a lo anterior, en el Artículo 169 del COPP se señala que también podrán ser utilizadas otras formas verbales de notificación como la telefónica, o incluso a través de un correo electrónico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicación interpersonal. Además, el Artículo 170 del COPP establece ciertas excepciones y si la persona no puede ser localizada personalmente, podrá dejarse la boleta en su lugar de trabajo o residencia, dejando constancia con una persona que le informará al citado sobre la realización de la audiencia.
La legislación es clara al explicar las formas de citación y la jurisprudencia ha sido conteste. En efecto, mediante Sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 12 de abril de 2012, se explicó el criterio en relación a las citaciones de las víctimas:
“(…) agotado como fue el procedimiento de citación personal, lo cual se refleja en los anexos aportados, es cuando se acudió a otras vías para lograr la ejecución de dicho trámite.
De manera que, citadas las victimas por vía telefónica, conforme lo establecía el artículo 184 del texto penal adjetivo, vigente para ese entonces, -actualmente artículo 185 del Código orgánico Procesal Penal- aquéllas quedaron debidamente notificadas, pues entre ese momento y el de la celebración de la audiencia preliminar transcurrió holgadamente el lapso al que se contrae el artículo 326 eiusdem para que ejercieran su derecho a presentar una acusación particular o adherirse a la acusación fiscal. Entendiéndose que al no hacer uso de este derecho y atender al llamado del tribunal ni en esa ni en las anteriores oportunidades –al menos las víctimas que fueron debidamente citadas para ese entonces- su representación quedó a cargo del Ministerio Público, -incluyendo su derecho a ser oídas para el otorgamiento de la medida de suspensión condicional del proceso otorgado a uno de los imputados- la ausencia de las víctimas se suplió con la presencia de la representación fiscal, pues su falta de comparecencia en el proceso penal, una vez que hubieren quedado debidamente notificadas (…)” (Subrayado nuestro)
Por lo tanto, es claro y evidente que la incomparecencia de la víctima porque no se haya realizado su citación personal (desde el punto de vista forma) no impide la realización de la audiencia preliminar. No entendemos por qué los tribunales de control insisten en diferir indefinida y reiteradamente audiencias preliminares, en vez de agotar los otros medios de citación y así dar continuidad al proceso. Con un poco de voluntad personal y profesional, podrían los jueces de control contribuir con su granito de arena a la solución de éste problema.
La verdad verdadera es que no es complicado colaborar con la solución de este problema. Incluso, habiéndose agotado el uso de los otros medios de notificación distintos a la citación personal; los intereses de la víctima podrán ser representados por el Ministerio Público y, en definitiva, celebrarse las audiencias preliminares. Amigos jueces de control, mientras más audiencias preliminares celebren, cualquiera que sea el resultad de la misma, mil veces más eficiente será su trabajo.
Ya para concluir con éste punto, solo queda recordar que la celebración de la audiencia preliminar es el acto procesal de mayor importancia de la fase intermedia del proceso penal. Léase bien, la celebración de la preliminar es el acto más relevante con el que debe cumplir el juez de control. Ustedes jueces de control, al no celebrar audiencias preliminares bajo la excusa de la falta de notificación de la víctima, no están cumpliendo con el acto más importante con el que están llamados a cumplir; por favor tomen consciencia de ello.
B. Diferimientos por inasistencia de órganos de prueba a las audiencias de juicio
Los debates orales y públicos se suspenden por meses, esperando la evacuación de un órgano de prueba que nunca comparece a la sede del tribunal de juicio y además, ni el tribunal de juicio ni el Ministerio Público realizan lo necesario para concretar su asistencia. Las múltiples suspensiones de la audiencia de juicio atentan gravemente contra el principio de concentración y lo peor, es que ello pareciera no importarle a nadie.
Respecto a éste asunto la legislación también es clara al ofrecer una solución para evitar el retraso procesal. En efecto, el COPP indica en su Artículo 340 que cuando el experto o testigo (órgano de prueba) que fue citado no haya comparecido, el juez debe ordenar su conducción por medio de la fuerza pública, tan solo una vez más puede ser suspendida la audiencia de juicio, si el órgano de prueba no concurre al segundo llamado bien sea por su imposibilidad de localización por medio de la fuerza pública, el juicio continuará prescindiéndose de esa prueba.
Deben los órganos del Estado apoyarse entre sí según lo establecido en el Artículo 4 de la CRBV según los principios de cooperación y solidaridad que allí están establecidos, es por ello que si bien es el tribunal de juicio quien debe garantizar las resultas de las citaciones, debe el Ministerio Público colaborar, dentro de sus posibilidades, en que dicha comparecencia del órgano de prueba se realice.
Ese principio de cooperación también está consagrado en el artículo 136 de la CRBV de Venezuela y establece que los órganos del Poder Público Nacional deben colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado para garantizar el servicio a la sociedad.
Así mismo, el criterio de cooperación ha sido reconocido y reiterado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sentencia de fecha 25 de marzo de 2015, en donde expresó que la cooperación entre órganos del Estado no solo está permitida, sino que además debe ser estimulada en virtud de la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia:
“(…) la cooperación entre los órganos está permitida y debe ser estimulada cuando, como en el proceso en general, se está tras la búsqueda de la verdad, dentro de un clima de respeto por los derechos humanos; sin que ello signifique, que se establezca una dependencia o subordinación institucional, ya que cada Poder o ente del Estado actúa dentro de la esfera propia de sus potestades, es decir, realizando las tareas que le son otorgadas por la ley, pero, se insiste, sin detrimento de la colaboración que se deben entre sí con miras a la realización de los fines del Estado (…)
Es por ello, que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia considera que la colaboración que se deben los órganos del Estado, en este caso el Ministerio Público como miembro del Poder Público Nacional y el Poder Judicial debe estar en sintonía con lo estipulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela cuando estipula en el artículo 136 que “los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí
En el presente caso, el Ministerio Público debió observar con diligencia el requerimiento del tribunal de juicio, ya que fue éste quien llevó la investigación, es decir, quien aportó toda la información acerca de los medios de prueba que se evacuarían en la fase de juicio; por lo que debió brindar toda la colaboración como órgano del Estado, pues así lo establece el transcrito artículo adjetivo penal, cuando dispone que se le solicitará colaboración a la parte que haya propuesto a los testigos, expertos o expertas, para que colaboren con el tribunal en la tarea de lograr que se presenten al juicio” (Subrayado nuestro)
La precitada decisión cuenta con un voto salvado en el que se explicó que en caso de que el órgano de prueba no asista, debe realizarse lo estipulado en el Artículo 340, esto es; En caso de que no asista en esa segunda oportunidad y que la fuerza pública no pueda ubicarlo, debe prescindirse de esa prueba y, además, en caso de que no existan más órganos de prueba a evacuar, debe irse directamente a la fase de conclusiones.
Ese criterio jurisprudencial fue reiterado mediante Sentencia de fecha 4 de abril de 2016, dictada por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la que se expresó lo siguiente:
“(…) el juez o jueza en Función de Juicio, como director o directora del debate, debe procurar la comparecencia de los órganos de prueba, bien sea a través de la citación por cualquier medio o por la vía del mandato de conducción a los efectos de rendir su declaración; asimismo, es deber del Ministerio Público, entre otros, como promovente del medio de prueba, aportar los datos precisos para la ubicación de los expertos, expertas y testigos; es decir, que dicha tarea no recae solamente en el juez o jueza de instancia, pues la finalidad del debate oral y público es determinar, con los órganos de prueba que hubiesen sido evacuados, la culpabilidad o la inocencia del procesado” (Subrayado nuestro)
Dicho lo anterior, no queda más que recomendar a todos los que de algún modo u otro formamos parte del sistema de administración de justicia, cumplir y hacer cumplir las normas y decisiones a las que nos hemos referido brevemente. Si aplicamos normas procesales como la prevista en el 340 del COPP y los criterios jurisprudenciales a los que nos hemos referido brevemente, tendríamos muchos menos diferimientos en fase de juicio y, en consecuencia, colaboraríamos a disminuir el retardo procesal.
En la parte sustantiva, requerimos del análisis y ejecución de políticas públicas efectivas orientadas a la prevención del delito. Políticas públicas basadas en actividades de inteligencia policial han tenido efectos positivos en la reducción de tasas delincuenciales en varias ciudades del mundo [[16]]. Aunado a ello, debemos apuntar a la reducción de tipificación penal de cualquier conducta, pues es humanamente imposible atender a todas las conductas delictuales que existen en nuestro ordenamiento y es un hecho que la tasa de delitos e impunidad continúa en aumento. La tipificación excesiva no es la solución idónea para enfrentar el fenómeno delincuencial en nuestro país.
En la parte adjetiva, el asunto es más complejo. No porque se necesiten grandes reformas procesales, sino porque requerimos voluntad personal y profesional de los funcionarios que administran justicia para aplicar y hacer cumplir las normas.
Es necesario que los jueces de control se valgan de los “otros medios de notificación” (distintos a la citación personal) para resolver el conflicto de la incomparecencia de la víctima a la audiencia preliminar. Incluso, deben entender que es posible celebrar la audiencia preliminar sin la presencia de la víctima, considerando que su representación puede quedar delegada al Ministerio Público.
Respecto a los órganos de prueba que no asisten a la audiencia de juicio tenemos lo mismo. Los jueces deben aplicar el COPP (artículo 340) y la jurisprudencia reiterada y pacífica del TSJ; si no comparecen los órganos de prueba necesarios para juzgar a una persona, debe el juez de juicio, sin recelo, prescindir de los mismos y absolver al acusado.
El exceso de tipificación en materia penal, obviando el principio de derecho penal como ultima ratio, y la existencia de un creciente retardo procesal, son algunos de los puntos que debemos atender con urgencia en nuestro sistema de administración de justicia penal. En definitiva, es indispensable y urgente el restablecimiento de la ley y el orden como bases fundamentales de nuestra sociedad.
[1] Artículo publicado en El retardo procesal le roba la vida al ser humano, Estudios de derecho penal, procesal penal, penitenciario y derechos humanos, Vol. 1, Año 2018, Observatorio Venezolano de prisiones. Caracas, 2019. pp. 59-74
[2] GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo; Revolución Francesa y Administración Contemporánea. 4ta Edición. Editorial Thomson – Civitas. Navarra – España 1998. Página 27 y siguientes.
[3] Observatorio Venezolano de Violencia, “Impunidad fomenta abusos policiales”, 2016 [https://observatoriodeviolencia.org.ve/impunidad-fomenta-los-abusos-policiales/]
[4] Observatorio Venezolano de Violencia, “La impunidad baja con inteligencia policial, no con represión”, 2018 [https://observatoriodeviolencia.org.ve/la-impunidad-baja-con-inteligencia-policial-no-con-represion/]
[5] RODRIGUEZ MORALES, Alejandro; Síntesis de Derecho Penal. Parte General. Ediciones Paredes. Tercera Edición. Caracas – Venezuela 2014.
[6] GACETA OFICIAL, 41.274, 8 de noviembre de 2017 [http://albaciudad.org/wp-content/uploads/2017/11/GO-41.274-_081117.pdf]
[7] MOCCIA, Sergio; El Derecho Penal entre ser y valor. Función de la pena y sistemática teleológica. Serie Maestros del Derecho Penal Editorial BdeF. Montevideo – Buenos Aires 2008. Página 11.
[8] MAURACH, Reinhart/ZIPF, Heinz. Derecho penal. Parte General. T ed. Traducido por BOFILL, Jorge/AIMO-NE, Enrique. Buenos Aires: Editorial Astrea, 1994, p. 34-35.
[9] CARNEVALI RODRÍGUEZ, Raúl, Derecho Penal Como Última Ratio. Hacia Una Política Criminal Racional, 2018 [https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122008000100002#16]
[10] Sentencia N° 1676, Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, 3 de agosto de 2007 [https://vlexvenezuela.com/vid/francisco-rafael-croce-p-283339263]
[11] MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General. 4ª edición. Editorial R.. Barcelona, 1996, p. 90.
[12] Correo del Orinoco, Retardo Procesal, 2018, [http://www.correodelorinoco.gob.ve/maikel-moreno-no-podemos-negar-que-en-algunos-estados-persiste-el-retardo-procesal/]
[13] Gaceta Oficial N° 5263 del 17 de septiembre de 1998
[14] Montero Aroca, Juan y otros, Derecho Jurisdiccional III, 2000.
[15] (Pérez Sarmiento, Eric Lorenzo, Manual de Derecho Procesal Penal, editores Vadell Hermanos, Pág. 131-133)
[16] Observatorio venezolano de violencia, La impunidad baja con inteligencia policial, no con represión, 2018 [https://observatoriodeviolencia.org.ve/la-impunidad-baja-con-inteligencia-policial-no-con-represion/]