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Timestamp: 2017-09-22 13:10:56
Document Index: 145316860

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 267', 'artículo 344', 'artículo 344', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 21', 'e contrario', 'artículo 14', 'artículo 446']

(CGAE).- La Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia ha hecho pública una nota en la que informa de que hoy jueves, 21 de septiembre, se comenzará a desplegar la nueva versión de Java 1.9 por iniciativa del fabricante (Oracle). “La instalación de esta versión, señala la nota, impide el uso de LexNET Justicia”.
(CGPJ).- La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona considera que existen indicios para juzgar por delitos contra la Hacienda Pública, por defraudación del IVA y del IRPF, a diez exdirectivos y exempleados de Osasuna por las cuotas supuestamente defraudadas en los ejercicios fiscales de 2011, 2012, 2013 y 2014.
En opinión del Abogado General Wathelet, la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo celebrado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la pro
La cláusula no implica una discriminación basada en la nacionalidad, es compatible con el procedimiento de remisión prejudicial y no menoscaba ni el orden de competencias fijado por los Tratados ni la autonomía del sistema jurídico de la Unión
En 1991, la antigua Checoslovaquia y los Países Bajos celebraron un acuerdo para el fomento y la protección de las inversiones [1](«TBI»). [2] Este acuerdo dispone que las controversias entre un Estado contratante y un inversor del otro Estado contratante serán dirimidas mediante acuerdo amistoso o, en su defecto, por un tribunal arbitral.
A raíz de la disolución de Checoslovaquia en 1993, Eslovaquia se subrogó en los derechos y obligaciones de este país derivados del acuerdo.
En 2004, Eslovaquia abrió el mercado del seguro de enfermedad a los inversores privados. Achmea, una empresa perteneciente a un grupo asegurador neerlandés, estableció en Eslovaquia una filial (Union Healthcare) para ofrecer en ese país seguros de enfermedad privados. Sin embargo, en 2006, Eslovaquia dejó parcialmente sin efecto la liberalización del mercado de seguros de enfermedad y, en particular, prohibió la distribución de beneficios derivados de la actividad del seguro de enfermedad y la venta de carteras de seguros.
En 2008, Achmea inició un procedimiento de arbitraje contra Eslovaquia con arreglo al TBI, por estimar que las prohibiciones mencionadas eran contrarias al acuerdo. En 2012, el tribunal arbitral constató que Eslovaquia había vulnerado efectivamente el TBI y la condenó a pagar a Achmea una indemnización por daños y perjuicios de unos 22,1 millones de euros.
Eslovaquia interpuso entonces ante los tribunales alemanes [3] un recurso de anulación contra el laudo del tribunal arbitral, alegando que la cláusula de arbitraje contenida en el TBI es contraria a diversas disposiciones del Tratado FUE. [4]
El Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Alemania), que conoce del recurso de casación interpuesto en este asunto, pregunta al Tribunal de Justicia si la cláusula de arbitraje impugnada por Eslovaquia es compatible con el Tratado FUE.
La República Checa, Estonia, Grecia, España, Italia, Chipre, Letonia, Hungría, Polonia, Rumanía y la Comisión Europea han presentado observaciones en apoyo de la postura de Eslovaquia, mientras que Alemania, Francia, Países Bajos, Austria y Finlandia afirman que la cláusula controvertida y, de modo más general, las cláusulas similares corrientemente utilizadas en los 196 TBI vigentes entre los Estados miembros de la UE son válidas.
En las conclusiones que ha presentado hoy, el Abogado General Melchior Wathelet señala, primero, que la cláusula controvertida no supone una discriminación basada en la nacionalidad, prohibida por el Derecho de la Unión y, en consecuencia, no infringe el artículo 18 TFUE. En efecto, si bien sólo los inversores neerlandeses están facultados por la cláusula para acudir al tribunal arbitral al objeto de dirimir una controversia relativa a una inversión realizada en Eslovaquia, los inversores de la mayoría de los Estados miembros restantes disfrutan de una protección equivalente sobre la base de los TBI que sus respectivos Estados miembros de origen han celebrado con Eslovaquia. A este respecto, el Abogado General subraya que los inversores procedentes de un Estado miembro que no haya celebrado un TBI con Eslovaquia tampoco sufren una discriminación en razón de su nacionalidad, como consecuencia de la cláusula controvertida. El Abogado General precisa que el Tratado FUE y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia exigen que los inversores que procedan de un Estado miembro distinto de Eslovaquia y que se encuentren en territorio eslovaco en una situación regida por el Derecho de la Unión sean tratados del mismo modo que los inversores eslovacos, pero no que los inversores de un tercer Estado miembro.
A continuación, el Abogado General considera que el tribunal arbitral constituido sobre la base de la cláusula controvertida es un órgano jurisdiccional común a los Países Bajos y Eslovaquia, habilitado para dirigirse al Tribunal de Justicia con carácter prejudicial. El origen de este tribunal arbitral se encuentra en disposiciones legales vinculantes (especialmente, las del TBI celebrado entre los Países Bajos y Checoslovaquia), forma parte de un sistema de arbitraje establecido por ambos Estados miembros, dispone de jurisdicción obligatoria para conocer de los litigios en materia de inversiones en el marco de procedimientos contradictorios y adopta sus decisiones, con total independencia e imparcialidad, en aplicación de normas jurídicas. Por consiguiente, según el Abogado General, el sistema de arbitraje no queda al margen del ámbito de aplicación del procedimiento de remisión prejudicial establecido en el artículo 267 TFUE y es, por tanto, compatible con dicho artículo. Además, en ese caso, el sistema de arbitraje no puede menoscabar el artículo 344 TFUE, que exige que los Estados miembros sometan las controversias relativas a la interpretación o a la aplicación de los Tratados al mecanismo de resolución que éstos prevén, ni el orden de competencias fijado por los Tratados, ni, en consecuencia, la autonomía del sistema jurídico de la Unión.
Por último, en el caso de que el Tribunal de Justicia declare que el sistema de arbitraje en cuestión queda al margen del ámbito de aplicación del procedimiento de remisión prejudicial, el Abogado General señala que la exigencia prevista por el artículo 344 TFUE atañe únicamente a las controversias que oponen un Estado miembro a otro o a la Unión. Por lo tanto, las controversias entre un inversor y un Estado miembro no están contempladas por dicho artículo.
Asimismo, el Abogado General estima que, aun cuando el Derecho de la Unión forme parte del Derecho aplicable a las controversias surgidas entre los inversores neerlandeses y Eslovaquia, esta circunstancia no implica que esas controversias se refieran a la interpretación o a la aplicación de los Tratados. En este contexto, el Abogado General refuta el argumento de la Comisión de que el Derecho de la Unión ofrece a los inversores, fundamentalmente a través de las libertades fundamentales y de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, una protección completa en materia de inversiones. En opinión del Abogado General, el ámbito de aplicación del TBI es más amplio que el de los Tratados UE y FUE y las garantías de protección de las inversiones previstas por el acuerdo son distintas de las concedidas por el Derecho de la Unión sin ser incompatibles con este Derecho.
Por estos motivos, el Abogado General considera que la cláusula controvertida no menoscaba el orden de competencias fijado por los Tratados ni, por tanto, la autonomía del sistema jurídico de la Unión.
[1] Acuerdo para el fomento y la protección recíprocos de las inversiones entre el Reino de los Países Bajos y la República Federal Checa y Eslovaca.
[2] Tratado Bilateral de Inversión.
[3] Dado que el lugar del arbitraje era Fráncfort (Alemania), los tribunales alemanes son competentes para verificar la legalidad de la decisión arbitral.
[4] Se trata de los artículos 18 TFUE, 267 TFUE y 344 TFUE.
(CGPJ).- El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha anulado tres artículos de la normativa foral que regulaban el nombramiento por libre designación de determinadas jefaturas de direcciones del Servicio Navarro de Salud (SNS), así como la posibilidad de que cualquier profesional sanitario pudiera ser nombrado director de Atención Primaria.
La prohibición anticipada de la pesca de atún rojo por parte de la Comisión en 2008 no puede dar lugar a ninguna indemnización en favor de los pes
Según el Tribunal de Justicia, el recurso interpuesto por los pescadores italianos ante el Tribunal General era manifiestamente infundado, puesto que invocan en su beneficio un plazo del que los pescadores españoles disfrutaron de manera ilegal.
El Sr. Salvatore Aniello Pappalardo y varias sociedades italianas son propietarios de barcos autorizados a practicar la pesca de atún rojo con redes de cerco. Se les atribuyeron cuotas para la pesca de dicha especie para el año 2008. Mediante un Reglamento de 2008, [1]la Comisión decidió que la pesca de atún rojo, autorizada normalmente hasta el 30 de junio de 2008, quedaba prohibida a partir del 16 de junio de 2008 para los atuneros cerqueros que enarbolen pabellón de Grecia, Francia, Italia, Chipre y Malta (artículo 1) y a partir del 23 de junio de 2008 para los que enarbolen pabellón de España (artículo 2). En la medida en que las prohibiciones establecidas en ese Reglamento surtían efectos en fechas diferentes para los atuneros cerqueros españoles y para los demás, el Tribunal de Justicia declaró la nulidad parcial de dicho Reglamento, limitada a su artículo 2. [2]
En 2013, el Sr. Pappalardo y las sociedades interesadas interpusieron ante el Tribunal General de la Unión Europea un recurso de indemnización en el que solicitaban más de 6,5 millones de euros de indemnización por el perjuicio supuestamente sufrido, alegando que el Reglamento había originado una discriminación en su perjuicio.
En la sentencia recurrida, [3]el Tribunal General desestimó el recurso, considerando que el hecho de imponer dos fechas diferentes de prohibición de la pesca, por un lado para los atuneros cerqueros griegos, franceses, italianos, chipriotas y malteses, y por otro lado para los españoles, no constituye en sí mismo una violación manifiesta del principio de no discriminación. En efecto, el Reglamento de 2008 obedece al objetivo de interés general de evitar una amenaza grave para la conservación y la recuperación de la población de atún rojo en el Atlántico Este y en el Mar Mediterráneo, [4]y no al objetivo de proteger las prerrogativas ligadas a la actividad económica de pesca de determinados atuneros cerqueros en relación con otros.
El Sr. Pappalardo y las sociedades interesadas interpusieron entonces un recurso de casación pidiendo al Tribunal de Justicia que anulase la sentencia del Tribunal General y estimase su pretensión de indemnización del perjuicio. Mediante su recurso de casación, reprochan al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho en su análisis del principio de fuerza de cosa juzgada, al haber declarado el Tribunal General, en un auto anterior, [5]que no procedía pronunciarse sobre el recurso de Italia dirigido a la anulación del artículo 1 del Reglamento, puesto que dicho Reglamento se había anulado en su totalidad. El Sr. Pappalardo y las sociedades afectadas también reprochan al Tribunal General haber incurrido en un error de Derecho al aplicar el requisito relativo al comportamiento ilegal de la Comisión.
Mediante su sentencia dictada hoy, el Tribunal de Justicia desestima el recurso de casación señalando, en primer lugar, que la fuerza de cosa juzgada sólo afecta a los extremos de hecho y de Derecho que hayan sido efectiva o necesariamente resueltos por una resolución judicial. Por consiguiente, como el Tribunal General no se pronunció sobre el fondo en el auto antes citado sobre el recurso interpuesto por Italia con el fin de que se anulara el Reglamento de 2008, no se le puede reprochar haber incurrido en un error de Derecho por haber examinado, en la sentencia recurrida, la demanda de indemnización de las recurrentes sobre la base de las sentencias AJD Tuna y Buono y Giordano. 6 Además, dicho auto no genera derecho a expectativas legítimas por parte del Sr. Pappalardo y de las sociedades interesadas.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia subraya que el principio de igualdad de trato debe conciliarse con el respeto del principio de legalidad, conforme al cual nadie puede invocar en su beneficio una ilegalidad cometida en favor de otro. Por consiguiente, el hecho de que los atuneros cerqueros que enarbolan pabellón español hayan disfrutado ilegalmente de una semana adicional de pesca no justifica un derecho de indemnización en beneficio de los atuneros griegos, franceses, italianos, chipriotas y malteses.
Habida cuenta de que la ilicitud de que adolece dicho Reglamento, cometida en beneficio de los atuneros españoles, no afecta a la situación del Sr. Pappalardo y de las sociedades recurrentes, éstos no pueden prevalerse de ella.
[1] Reglamento (CE) n.º 530/2008 de la Comisión, de 12 de junio de 2008, por el que se establecen medidas de emergencia aplicables a los atuneros cerqueros que capturan atún rojo en el Océano Atlántico, al este del meridiano 45° O, y en el Mar Mediterráneo (DO 2008, L 155, p. 9).
[2] Sentencia del Tribunal de Justicia de 17 de marzo de 2011, AJD Tuna (C-221/09, véase el CP n.º 22/11). El alcance de
dicha sentencia fue confirmado por la sentencia Buono y otros/Comisión y Syndicat des thoniers méditerranéens y otros/Comisión (asuntos acumulados C-12/13 P y C-13/13 P, véase el CP n.º 137/14).
[3]Sentencia del Tribunal General de 27 de abril de 2016, Pappalardo y otros/Comisión (T-316/13, véase el CP n.º 46/16).
[4] Sentencias del Tribunal de Justicia de 14 de octubre de 2014, Giordano/Comisión (C-611/12 P), y Buono, antes citada.
[5] Auto de 14 de febrero de 2012 en el asunto Italia/Comisión (T-305/08).
La compensación debida a los pasajeros en caso de cancelación o gran retraso de un vuelo con conexión debe calcularse en función de la distancia a
Las Sras. Birgit Bossen, Anja Bossen y Gudula Gräßmann se trasladaron de Roma a Hamburgo via Bruselas mediante un vuelo operado por Brussels Airlines. Dado que su vuelo llegó a Hamburgo con un retraso de tres horas y cincuenta minutos respecto a la hora de llegada inicialmente prevista, interpusieron un recurso ante el Amtsgericht Hamburg (Tribunal Civil y Penal de Hamburgo, Alemania) con el fin de obtener la compensación prevista por el Reglamento de la Unión sobre compensación a los pasajeros aéreos. [1]
(CGPJ).- La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha ratificado su decisión del pasado 14 de julio y ha acordado mantener en prisión a los cinco acusados por la supuesta violación de una joven madrileña de 18 años la madrugada del 7 de julio de 2016 en Pamplona.
(MJ).-El ministro de Justicia, Rafael Catalá, se reunió ayer con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez; y el presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Javier San Martín; con quienes ha abordado los proyectos e iniciativas que está llevando a cabo su departamento para seguir avanzando en la reforma de la Justicia.
(CGPJ).- El magistrado Ricardo Conde Díez tomó ayer posesión de su cargo como Promotor de la Acción Disciplinaria, en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Consejo General del Poder Judicial y presidido por el presidente del Tribunal Supremo y del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes.
Art. 607 LOPJ
(CGAE).- El Consejo General de la Abogacía Española sostiene que la autorización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que los tribunales y juzgados faciliten a la Agencia Tributaria (AEAT) datos relativos a la actuación de cada abogado y procurador en los procedimientos judiciales de 2014, 2015 y 2016 siembra de forma indiscriminada e injustificada la sospecha sobre la actuación de todos los abogados procesalistas y se basa en un concepto – la “trascendencia tributaria”- ambiguo y jurídicamente indeterminado.
(CGPJ).- La Sala II del Tribunal Supremo ha anulado la designación de abogado de oficio a un recurrente en casación al apreciar “una falta absoluta de defensa” en su recurso, que califica como “collage de consideraciones jurídicas” “carentes de ligazón discursiva” y “huérfanas” de correspondencia con las objeciones que plantea, sosteniendo en ocasiones “una cosa y su contraria”. El Alto Tribunal interesa el nombramiento de un nuevo abogado para el condenado, que deberá interponer el recurso que corresponda.
(legaltoday.com).- La norma UE objeto de transposición es la Directiva 2014/95, por la que se modifica la Directiva 2013/34/UE en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos que modifica la anterior con el objetivo de incrementar la transparencia entre las empresas europeas en materia no financiera. Esta información deberá incorporarse al informe de gestión de la empresa o en un informe separado correspondiente al mismo ejercicio que incluya el mismo contenido y cumpla los requisitos exigidos.
• Que el total de las partidas del activo sea superior a veinte millones de euros.
• Que el importe neto de su cifra anual de negocios supere los cuarenta millones de euros.
Catalá comparece en el Congreso, donde califica LexNET como “cerrado y seguro”
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha comparecido este jueves a petición propia en la sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para, según sus palabras, “explicar el proyecto de transformación digital de la Justicia y las medidas de refuerzo de LexNET”.
Ante los fallos que se produjeron el 27 de julio en el sistema LexNET y el consiguiente revuelo, Catalá ha señalado que se ha de dotar a LexNET de la máxima seguridad y eficiencia. "Necesitamos una Justicia que hable, se entienda y se gestione en digital. Es un cambio cultural inevitable, indispensable e inaplazable", ha afirmado. El titular de Justicia ha puesto la vista en el futuro. "El reto es construir un sistema de gestión procesal común e invito a las CCAA a que se sumen a un proyecto compartido y útil para todos", ha añadido el ministro, quien se ha referido a LexNet como un sistema "cerrado y seguro" que, si se utiliza de forma legal y ética, es imposible acceder a información ajena al usuario.
Catalá ha añadido que un error de programación del software hizo que un profesional de la justicia pudiera acceder bajo determinadas circunstancias muy concretas al buzón de otro profesional.
Según palabras del propio ministro, el Ministerio detectó 49 intentos de acceso por parte de profesionales a la información de otros perfiles, “todos ellos infructuosos y perfectamente identificados”.
La oposición, tanto el PSOE y Ciudadanos como ERC y el Grupo Mixto, habían solicitado en la sesión de la Diputación Permanente del pasado 24 de agosto esta comparecencia extraordinaria para recibir explicaciones acerca de los fallos de seguridad y que durante varias horas permitieron el acceso público a documentos de causas judiciales abiertas.
Cabe recordar que el Consejo de Ministros del viernes pasado aprobó un total de tres acuerdos encaminados la mejora de la transformación digital de la Administración de Justicia. Por medio de los dos primeros acuerdos se autoriza una inversión de 55,2 millones de euros para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia. El tercer acuerdo tiene por objeto formalizar los criterios de reparto y distribución de un crédito de seis millones de euros entre las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en materia de Administración de Justicia.
Seguridad reforzada con Aranzadi Fusión
Todo ello directamente desde su aplicación de Fusión, sin depender del acceso a la plataforma de LexNet externa.
Pide información de Aranzadi Fusión
(CGAE).- El verano está llegando a su fin por mucho que nos cueste asumirlo. Se acabaron los días de playa, las siestas en la tumbona y la desconexión. Para todos aquellos que lo han aprovechado, hacemos un repaso de las noticias más destacadas que han ocurrido en el mundo de la Justicia durante las vacaciones.
(SATSE).- El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del País Vasco ha dictado una sentencia por la que confirma la suspensión de la Instrucción del Servicio Vasco de Salud cuyo objetivo no era otro que obligar a los enfermeros a vacunar a la población sin necesidad de exigir una prescripción médica previa individualizada, una premisa contraria al Real Decreto 954/2015 que regula la prescripción enfermera.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes dos Acuerdos por los que autoriza una inversión de 55,2 millones de euros para la adquisición de equipamiento y contratación de servicios destinados a la mejora de los sistemas informáticos en el ámbito del Ministerio de Justicia.
(ICAM).- El mejor artículo, ensayo o libro sobre colegios profesionales y ejercicio de las profesiones podrá ser reconocido con el 1º Premio para Profesionales Colegiados convocado por la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM).
Dotado con 1.000 euros y un diploma de reconocimiento, a este premio podrán optar profesionales colegiados de cualquier Colegio Profesional de España que hayan publicado un trabajo sobre esta temática en el estado español entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
Los trabajos que opten al premio deberán presentarse en la Secretaría Técnica de la UICM (C/Serrano, 9, 1ª planta), bien presencialmente, por mensajero o por correo certificado, o a través de su envío al correo electrónico secretariatecnica@uicm.org antes del 2 de octubre.
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a los Colegios Profesionales de esta Comunidad, así como a aquellos nacionales que tienen sede en Madrid, con el objetivo fundamental de promocionar la función social de las profesiones y de quienes las ejercen. La decana del Colegio, Sonia Gumpert, es presidenta de la UICM desde abril de 2013.
(CGAE).- La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha emprendido una campaña de divulgación del Reglamento de Protección de Datos, que contempla a los Colegios Profesionales a través de Unión Profesional.
(CGAE).- María Dolores Navarro Esteban, auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Murcia, ha sido la ganadora del mes de julio de la IX edición del Concurso de Microrrelatos de Abogados, organizado por el Consejo General de la Abogacía Española y la Mutualidad, con su relato Olfato de aprendiz, premiado con 500 euros.
María Dolores, de 57 años de edad, lleva participando en el concurso desde hace dos años. Supo de la existencia de él por azar navegando en páginas de concursos y, aunque ha participado en varios, nunca había conseguido alzarse con un premio. “Este año he tenido mucha suerte. El solo hecho de que me seleccionarais un relato ya era motivo de celebración entre mis compañeros”, confesó emocionada tras conocer la noticia del fallo del jurado.
“Olfato de aprendiz”, elegido entre más de 700 relatos, pasa así a la final del concurso, junto con los otros 9 relatos finalistas mensuales y los dos que resulten más votados por el público, en la que el ganador obtendrá un premio adicional de 3.000 euros. En esta ocasión, el relato popular más votado ha sido “Estrategia de andar por casa”, de Mario Chaparro Yedro, natural de Madrid.
Ganador del mes: ‘Olfato de aprendiz’
Va para diez años que soy aprendiz de jurista. Y estoy contento con esta prolongada situación porque mi abogado-mentor y yo nos damos mutuamente seguridad en todo lo que emprendemos juntos. Y confío en que continúe contando por más años con mi olfato nato para autentificar a un presunto maleante, defraudador, …Y además seguir siendo su fiel amigo.
Los 14 Colegios de Abogados catalanes se ofrecen a las víctimas de los atentados terroristas para orientarlos sobre los derechos del Estatuto de la V
(CGAE).- Desde el Consell de l’Advocacia Catalana, los catorce Colegios de Abogados de Catalunya se ofrecen a las víctimas y familiares de los atentados terroristas que se han producido en las últimas horas en Barcelona y Cambrils, para orientarlos sobre los derechos que les confiere el Estatuto de la Víctima del delito. Asimismo, recuerdan que los afectados por estos casos tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, y que la ley les garantiza una asistencia inmediata en los procesos judiciales que lleven causa.
Como se informó, ya se ha abierto un Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) específico para atender a las víctimas del atropello sucedido ayer en Barcelona y a sus familiares. El asesoramiento jurídico previo se presta a través de la oficina del SOJ específico creado, situada en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Mallorca 283) en horario de 10 a 13h y en la Ciudad de la Justicia de Barcelona y la de Hospitalet (horario de 9 a 14h).
(Legal Today).- El Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha mostrado su apoyo a las víctimas y familiares del atentado ocurrido ayer en Barcelona, en el que trece personas fueron asesinadas y hubo alrededor de un centenar de heridos. El ICAB informó de que hoy mismo abrirá un Servicio de Orientación Jurídica específico tanto en la sede de la calle Mallorca (283) como en la Ciudad de la Justicia. Esta corporación también se pone a disposición de la Administración y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
En un comunicado hecho público ayer, la institución colegial afirmaba que “ante este ataque terrorista, el Colegio de la Abogacía de Barcelona quiere manifestar su rechazo a cualquier tipo de atentado y ataque violento que malmita el derecho fundamental a la vida de cualquier ser humano. También ofrece su apoyo y solidaridad a las víctimas y a sus respectivos familiares.
El Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) especial para atender a las víctimas de este ataque y a sus familares se ofrece como “un servicio institucional imprescindible para ofrecer orientación jurídica como función social”. Este SOJ "Atentado BCN" estará abierto de 10.00 a 13.00 h en la sede del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Mallorca 283) y de 9.00 a 14.00 horas h en la Ciudad de la Justicia.
Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de los Procuradores de España
El presidente del Consejo General de los Procuradores de España, Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa, visitó recientemente Gijón para asistir a la cena anual del colegio gijonés y trasladar una idea clara: “es impensable que el sistema judicial español funcione sin la presencia de los procuradores”. Con motivo de dicha visita, la página web de Consejo General de Procuradores publicó la presente entrevista que reproducimos por su interés.
– ¿Cómo ha sido la adaptación de los procuradores a “LexNet”, el sistema digital de la justicia?
–La adaptación ha sido relativamente fácil porque los procuradores llevamos más de veinte años trabajando con este sistema. Ya habíamos pasado el sarampión “LexNet”. Ahora ha habido una pequeña crisis para nosotros porque hemos tenido que adaptarnos a sus nuevas funcionalidades, pero la dificultad ha sido para otros profesionales, los que han entrado ahora; nosotros ese trance lo pasamos hace muchos años ya.
–Es más, si no hubiera procuradores habría que inventarlos. Nosotros hemos hecho muchas inversiones en capítulos de justicia y realizamos una función pública muy importante. Llevamos el 98% de la actividad de Lexnet y no sólo prestamos un servicio a nuestros clientes, también a la justicia y a los ciudadanos. Somos imprescindibles.
– ¿En qué justifica su afirmación?
–Nuestro portal de subastas o la certificación de envíos. Son muchas las gestiones que realizamos, además de la gestión procesal. Nuestro portal de subastas, con un año de vida, compite frente al portal de subastas del BOE con mucho más éxito. Nosotros tenemos entre el 70 y 80% de éxito de las subastas que realizamos mientras que el del BOE anda por el 20%.
– ¿Qué opinión tiene de la justicia española?
– ¿Fue positiva la reunión?
(CGAE).- Abogados sevillanos han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que “rectifique” y retire su plan de urgencia para hacer frente al previsible aumento de litigios sobre cláusulas suelo, y que consiste fundamentalmente en especializar un juzgado de Primera Instancia por provincia para que asuma el conocimiento de todas las demandas de ese tipo.
(CGPJ).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado parcialmente un recurso contra la orden de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria de 2015 por la que se convoca el concurso de méritos que dará lugar a la autorización de nuevas oficinas de farmacia en la región.
Considera el tribunal que la Ley de Ordenación Farmacéutica de Cantabria exige a la hora de autorizar nuevas farmacias tener en cuenta la existencia de plazas turísticas y segundas residencias, pero además, determinar la ubicación de las nuevas boticas, “a fin de que la prestación farmacéutica se aproxime a esa población flotante lo necesario para ser una prestación accesible efectiva y eficaz”.
Entiende ahora la Sala que la interpretación literal del artículo 21.2 de la Ley de Ordenación Farmacéutica “establece una obligación clara de delimitación”.
Y añade, “la decisión administrativa de no hacer esa delimitación debe justificarse cumplidamente en que la misma no es en absoluto necesaria por no servir en nada al objetivo subyacente a la norma, cual es el acercamiento del servicio farmacéutico a la población en razón de la cual se crean las farmacias”.
Por todo ello, decide anular la orden de Sanidad si bien matiza que únicamente en lo referido a la “omisión injustificada” de la delimitación del lugar concreto de las nuevas farmacias en la zona de Noja.
Y precisa que la anulación “no alcanza a toda la orden”, y que “no lo es de la creación misma de las farmacias, porque no se ha apreciado el incumplimiento de los criterios de población que justifican esa creación”.
(CCOO).- El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado la incapacidad permanente de un montador de paneles de cartón-yeso (pladur) derivada de enfermedad profesional por exposición al polvo de sílice. La Sentencia, dictada por la Sección 6ª de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 3 de junio de 2017, viene a confirmar el criterio establecido por el Magistrado de Instancia del Juzgado de lo Social nº 33 de Madrid, por la que se declaraba que un trabajador, cuya profesión habitual es la de montador de Cartón-Yeso (popularmente conocido como Pladur), se encuentra afecto a una incapacidad permanente total para la misma al padecer silicosis, siendo dicha patología derivada de enfermedad profesional.
(CGPJ).- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha condenado a seis años de prisión a un hombre que fue sorprendido por la policía con una pistola y con cerca de un kilo de cocaína. El Alto Tribunal Valenciano confirma así la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia que le imponía cuatro años de prisión por un delito contra la salud pública y dos años de prisión por tenencia ilícita de armas.
Los hechos sucedieron en Valencia en septiembre de 2016 cuando la Policía Nacional se acercó al condenado, que se encontraba junto a un vehículo con la puerta abierta en la Avenida Campanar de Valencia. Cuando los agentes se identificaron, el hombre salió corriendo y en la huida lanzó el cargador de una pistola desde la pasarela de la Avenida General Avilés y tiró a una papelera una pistola compatible con ese cargador, para la que no tenía licencia. Finalmente fue localizado por los agentes escondido en unos setos de la plaza Joaquín Muñoz Peirats. Debajo de la tapicería del maletero del vehículo, los agentes se incautaron de 985 gramos de cocaína destinada a la venta a terceros, que en el mercado habría alcanzado un valor de más de 80.000 euros.
(AJA).- A la vista de revelaciones que detallan cada vez más la manera en que algunos intermediarios ayudan activamente a las empresas y los particulares a evadir impuestos, generalmente por medio de complejos sistemas transfronterizos, la Comisión Europea ha propuesto nuevas y estrictas normas de transparencia para intermediarios como abogados, bancos, contables y asesores fiscales, que formulan y promueven estrategias de planificación fiscal para sus clientes.
El TC no admite a trámite la demanda de amparo de Juana Rivas porque no ha agotado con carácter previo sus opciones de recurso ante los tribunales o
(Óscar Fernández León).- Las preguntas impugnables son aquellas que, conforme a nuestro ordenamiento, estarían prohibidas, por lo que podrán ser vetadas por el juez u ser objeto de impugnación de contrario. Para facilitar su examen, vamos a categorizar esta modalidad de preguntas desde una perspectiva genérica, es decir, de aplicación para cualquier jurisdicción, puesto que a pesar de que los ordenamientos civil y penal establecen determinadas prohibiciones, lo cierto es que existen una serie de preguntas que la práctica forense considera impugnables por lo que afectarían a todos los órdenes.
(CGPJ).- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por la Administración del Estado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que declaró que el Decreto 55/2011, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento regulador de la publicidad del juego en la Comunidad Valenciana, fue ajustado a derecho. En su recurso, solicitaba la nulidad del artículo 14 de dicho Decreto, que regula la publicidad en páginas web, por vulnerar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de dicha Comunidad al invadir las competencias del Estado sobre publicidad del juego.
Legal Today.-
El Ministerio de Justicia se vio ayer obligado a realizar una parada técnica de LexNet, que duró cinco horas, a raíz de “un defecto en el control de accesos al sistema ocasionado por un error en la programación del código”. La medida tuvo que ser adoptada de urgencia tras la denuncia realizada en las Redes Sociales por el decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Mulas Cerezuelas, quien advirtió de que habían detectado un “posible fallo crítico de seguridad en LexNet”.
La noticia se hizo inmediatamente viral en Internet. Si bien Justicia reconoce que se produjo un fallo, niega que el mismo conllevase la posibilidad de que letrados pudieran acceder a las carpetas del resto de los abogados e incluso descargar las notificaciones. Desde el Ministerio se informó de que fue debido a la puesta en funcionamiento de una nueva versión que entre otras cuestiones, atiende a las peticiones que los profesionales han realizado para disponer de acceso multibuzón y la práctica de sustituciones. Justicia añade que “esto significa que todos los profesionales colegiados registrados en el sistema pueden disponer de un acceso único a todos sus buzones. Además, LexNet permite que se puedan realizar sustituciones entre distintos profesionales previa autorización, lo que permite el acceso a buzones de otros usuarios. Los equipos técnicos del Ministerio han trabajado intensamente en su resolución y en una nueva configuración que refuerza aún más la seguridad del sistema LexNet”.
El Ministerio quiere reiterar que el sistema LexNet es una aplicación destinada únicamente a la realización de comunicaciones electrónicas entre los profesionales y la Administración de Justicia, en ningún caso permite el acceso a los expedientes judiciales. La implementación de este nuevo modelo conlleva para los profesionales jurídicos desde enero de 2016 la obligación de utilizar LexNet, la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos (abogados y procuradores) usado en la Administración de Justicia española.
Según informa el Ministerio, los sistemas de auditoría y control del Ministerio no han identificado acceso indebido alguno a los buzones de LexNet de un usuario que no fuera el legítimo. “Dichos sistemas dejan constancia de accesos indebidos por lo que de haberse producido llevaría consigo la exigencia de responsabilidades legales por un acceso no autorizado. Asimismo, LexNet cuenta con un complejo sistema de identificaciones basado en certificados electrónicos reconocidos y un procedimiento de codificación interno de usuarios que impide acceder al buzón de un usuario concreto sin conocer su identificador dentro de LexNet”.
El Ministerio de Justicia ha abierto una auditoría interna para conocer los detalles que han provocado este incidente y exigir, en su caso, las posibles responsabilidades. Por último, añade Justicia, “el sistema de comunicaciones electrónicas del Ministerio de Justicia cuenta con un sistema de seguridad robusto y contrastado que ha permitido, por ejemplo, que en el último ataque a nivel mundial de los virus conocidos como Wanna Cry y Petya no se haya visto afectado”.
(MJ).- El ministro de Justicia, Rafael Catalá, y la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, han firmado un convenio para el desarrollo de actuaciones dirigidas a facilitar a los ciudadanos los servicios de información, asistencia y consulta en la presentación de la documentación necesaria para la gestión de los expedientes de nacionalidad por residencia.
El Tribunal Supremo condena a tres años de prisión a un abogado que prometió a clientes extranjeros permisos de residencia a través de contratos f
(CGPJ).- La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a tres años de prisión a un abogado por estafar a clientes extranjeros rellenando solicitudes administrativas para obtener permisos de residencia o de trabajo con un contrato falso en empresas de su propiedad, que carecían de actividad.
(CGPJ).- La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha condenado al magistrado Fernando Presencia Crespo como autor de un delito de prevaricación del artículo 446.3º del Código Penal, al haber quedado probado que el magistrado, en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales al frente del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 2 de Talavera de la Reina (Toledo), dictó una resolución judicial injusta, a sabiendas, para favorecer a un querellado en un procedimiento por delito de estafa.
(CGPJ).- La Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo ha declarado nulo el juicio a un hombre que fue condenado a nueve años de prisión por un delito continuado de abusos sexuales con acceso carnal por entender que se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva al no grabarse correctamente las sesiones por un mal funcionamiento del sistema de grabación. En su sentencia, los magistrados ordenan que la Audiencia Provincial de Cádiz celebre un nuevo juicio, con un tribunal diferente, cuyo desarrollo quede debidamente documentado.
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(CGPJ).- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Moncada (Valencia) ha reconocido a un padre el derecho a escolarizar a su hija en un centro público en lugar del colegio concertado religioso en el que la madre la había prematriculado de manera unilateral.
‘No puede darse una solución generalizada’
PRUEBA LEGISLATIVA TODAS
PRUEBA JURISPRUDENCIA