Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2002/05/registro-oficial-9-de-mayo-del-2002
Timestamp: 2020-01-27 22:13:19
Document Index: 205484223

Matched Legal Cases: ['artículo 171', 'artículo 153', 'artículo 11', 'artículo 154', 'artículo 2', 'artículo 103', 'artículo 276', 'artículo 12', 'artículo 171', 'artículo 91', 'artículo 118', 'artículo 73', 'artículo 18', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 179', 'artículo 92', 'artículo 103']

Registro Oficial. 9 de MAYO del 2002
Jueves 9 de Mayo del 2002
2002-69\n Ley de Revalorización\n de Pensiones Vitalicias
2002-70 Ley Reformatoria a la Ley\n de Cheques
0719 Elévase a partir de\n enero del 2002, el valor de los ranchos que diariamente entrega\n a las instituciones de protección social
142 Transfórmase la bonificación\n económica semestral, que vienen percibiendo los servidores\n de la Empresa Nacional de Ferrocarriles del Estado sujetos a\n la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa que\n laboran en jornada completa en una bonificación económica\n trimestral
143 Fijase a partir del 1 de enero\n del 2002, en USD 2.750 la remuneración total mensual para\n el Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización\n del Estado, CONAM
351-99-TC\n Deséchase\n la demanda de inconstitucionalidad propuesta por el Dr. Gilberto\n Vaca García
037-2001-\n TC Declárase\n la inconstitucionalidad por vicios de forma y fondo de la Ley\n No. 55 interpretativa de los artículos 27, 28, 29 y 30\n del Código de Procedimiento Civil, propuesta por el Dr.\n Hernán Pérez Loose y otro
051-2001\n -TC Deséchase\n por improcedente la demanda propuesta por el señor Luis\n Alberto Vinueza Bermúdez
134-2001-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y no admitir la acción de amparo\n propuesta por el señor Lorenzo Obdulio Morales Zárate
241-2001-RA Confírmase la resolución\n del Juez de instancia y niégase el amparo solicitado por\n el Dr. Pedro Napoleón Jarrín Acosta
558-2001-RA No admitir la acción\n planteada por el señor Pedro Cespedes Ramos por improcedente
565-2001-RA\n Revócase\n la resolución del inferior y concédese el amparo\n solicitado por la señora licenciada Mercedes del Pilar\n Mejía Viteri
632-2001-RA\n Confirmase\n la resolución del Juez de instancia y niégase el\n amparo solicitado por señor Juan Pablo Zabala Pérez
761-2001-RA Confirmase la resolución\n pronunciada por el Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de\n Guayaquil en cuanto deniega el recurso de amparo solicitado por\n el señor Kléber Sinchiguano Florencia
858-2001-RA\n Confirmase\n la resolución emitida por el Juez de instancia y\n niégase el amparo solicitado por el señor Jorge\n Luis Ruiz Armijos
964-2001-RA Revócase la resolución\n subida en grado y niégase la acción de amparo constitucional\n propuesta por Glen Karlov
003-2002-TC Deséchase la demanda\n de inconstitucionalidad formulada por el ingeniero Juan Pablo\n Grijalva C. y otros
RJE-2002-PLE-148-364 Apruébase la solicitud\n de asignación de número, simbología, reserva\n y derecho del nombre de la organización de carácter\n nacional del Movimiento Independiente "Proyecto Patriótico\n Popular", al que se le asigna el número 26 del Registro\n Electoral
RJE-2002-PLE-149-36S Apruébase la solicitud\n de asignación de número, simbología, reserva\n y derecho del nombre de la organización de carácter\n nacional del Movimiento Independiente "Amauta Jatari"\n , al que se le asigna el número 28 del Registro Electoral
Cantón\n Huamboya: Reformatoria\n para el cobro de la tasa de recolección de basura y\n aseo público
Cantón\n Huamboya: Reformatoria\n que reglamenta el cobro de la tasa por el servicio de agua potable\n \n
Quito, 30 de abril del 2002
\n Oficio N° 549-PCN
Para la publicación en el Registro Oficial. de conformidad\n con lo dispuesto en el articulo 153 de la Constitución\n Política de la República, remito a usted copia\n certificada del texto de la LEY DE REVALORIZACION DE PENSIONES\n VITALICIAS que el Congreso Nacional del Ecuador discutió,\n aprobó y rectificó el texto, allanándose\n a la objeción parcial del señor Presidente Constitucional\n de la República.
También adjunto la certificación suscrita por\n el señor Secretario General del Congreso Nacional, sobre\n las fechas de los respectivos debates. -
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY DE REVALORIZACION DE\n PENSIONES VITALICIAS, fue discutido, aprobado y rectificado el\n texto original, allanándose a la objeción parcial\n del señor Presidente Constitucional de la República,\n de la siguiente manera:
\n PRIMER DEBATE:	20-02-2002
\n SEGUNDO DEBATE:	11-04-2002
ALLANAMIENTO A LA OBJECION
\n PARCIAL:	30-04-2002
Quito, 30 de abril del 2002.
f.) Dr. Andrés Aguilar Moscoso
N0 2002-69
\n Que el Congreso Nacional, mediante los siguientes Decretos Legislativos\n Nos. 79, publicado en el Registro Oficial N0 822 de 1 de diciembre\n de 1987; 83, publicado en el Registro Oficial N0 866 de 3 de\n febrero de 1988; 101, publicado en el Registro Oficial N0 959\n del 29 de julio de 1988; sIn, publicado en el Registro Oficial\n N0 30 de 21 de septiembre de 1988; 21, publicado en el Registro\n Oficial N0 174 de 20 de abril del 1989; 36, publicado en el Registro\n Oficial N0 233 de 14 de julio de 1989; 61, publicado en el Registro\n Oficial N0 365 de 29 de enero de 1990; 74, publicado en el Registro\n Oficial N0 446 de 29 de mayo de 1990; 03, publicado en el Registro\n Oficial No. 817 de 21 de noviembre de 1991; 05, publicado en\n el Registro Oficial N0 893 de 13 de marzo de 1992; 08, publicado\n en el Registro Oficial N0 905 de 31 de marzo de 1992; 09, publicado\n en el Registro Oficial N0 953 de 9 de junio de 1992; 10 publicado\n en el Registro Oficial N0 984 de 22 de julio de 1992; 07 y 08,\n publicados en el Registro. Oficial N0 316 de 15 de noviembre\n de 1993; 09, publicado en el Registro Oficial N0 340 de 20 de\n diciembre de 1993; 10, publicado en el Registro Oficial N0 378\n de 10 de febrero de 1994; sIn, publicado en el Registro Oficial\n N0 470 de 27 de junio de 1994; 10, 11 y 13, publicados en el\n Suplemento del Registro Oficial N0 526 de 14 de septiembre de\n 1994; 14 y 15, publicados en el Registro Oficial N0 543 de 7\n octubre de 1994; 18, publicado en el Suplemento del Registro\n Oficial N0 771 de 31 de agosto de 1995; 19, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial N0 772 de 1 de septiembre de 1995; 20 y\n 21, publicados en el Registro Oficial N0 852 de 29 de diciembre\n de 1995; 24, publicado en el Registro Oficial N0 866 de 19 de\n enero de 1996; 25 y 26, publicados en el Registró Oficial\n N0 977 de 28 de junio de 1996; 28, publicado en el Registro Oficial\n N0 989 de 16 de julio de 1996; 29, publicado en el Registro Oficial\n N0 993 de 22 de julio de 1996; 31, publicado en el Registro Oficial\n N0 1008 de lO de agosto de 1996; 32, publicado en el Registro\n Oficial N0 1 de 12 de agosto de 1996; 1, publicado en el Registro\n Oficial N0 75 de 25 de noviembre de 1996; 2, publicado en el\n Registro Oficial N0 87 de 12 de diciembre de 1996; 1, publicado\n en el Registro Oficial N0 7 de 20 de febrero de 1997; 3, publicado\n en el Registro Oficial N0 40 de 9 de abril de 1997; 9 y 10, publicados\n en el Registro Oficial N0 131 de 15 de agosto de 1997; 11, publicado\n en el Registro Oficial N0 163 de 30 de septiembre de 1997; 13,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial N0 183 de 29\n de octubre de 1997; 17, publicado en el Registro Oficial N0 210\n de 8 de diciembre del 1997; 18, publicado en el Registro Oficial\n N0 218 de 18 de diciembre de 1997; 19, publicado en el Registro\n Oficial N0 231 de 8 de enero de 1998; 20 y 21, publicados en\n el Registro Oficial N0 239 de 20 de enero de 1998; 23, publicado\n en el Registro Oficial N0 259 de 17 de febrero de 1998; 25, publicado\n en el Registro Oficial N0 276 de 16 de marzo de 1998; 26 y 27\n publicados en el Registro Oficial N0 285 de 27 de marzo de 1998;\n 29, publicado en el Registro Oficial No. 335 de 9 de junio de\n 1998; 32, publicado en el Registro Oficial N0 364 de 20 de julio\n de 1998; 34, 35 y 36, publicados en el Suplemento del Registro\n Oficial N0 366 de 22 de julio de 1998; 31 y 33, publicados en\n el Registro Oficial N0 364 de 20 de julio de 1998; 30, publicado\n en el Registro Oficial N0 367 de 23 de julio de 1998; y, 98-01,\n publicado en el Registro Oficial N0 10 de 24 de agosto de 1998,\n se concedieron pensiones vitalicias a los ciudadanos que a través\n de sus actividades contribuyeron a la conservación del\n patrimonio cultural, a quienes prestaron servicios relevantes\n a la Patria, a los autores e intérpretes de la música\n nacional, a los campeones bolivarianos, sudamericanos, panamericanos\n y mundiales, por haber lucido con gloria y honor el tricolor\n de la Patria, como ejemplos para futuras generaciones;
Que las medidas económicas adoptadas últimamente\n especialmente la dolarización, mediante la Ley para la\n Transformación Económica del Ecuador y la Ley para\n la Promoción de la Inversión y de la Participación\n Ciudadana, mermaron considerablemente el poder adquisitivo de\n sus pensiones vitalicias;
Que es obligación del Estado dotar de los recursos\n económicos mínimos a los compatriotas que han sobresalido\n en todas las manifestaciones del intelecto y las actividades\n deportivas, proporcionándoles pensiones en términos\n de un acercamiento al costo de vida actual, por lo que es necesario\n su revalorización; y,
En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales,\n expide la siguiente:
LEY DE REVALORIZACION DE PENSIONES VITALICIAS
Art. 1.- Revalorizanse en dos remuneraciones básicas\n mínimas legales o sectoriales las pensiones vitalicias\n de las personas beneficiarias constantes en los decretos ­\n legislativos que se señalan en el primer considerando.\n Para el efecto, entiéndese por remuneración básica\n mínima legal o sectorial a la menor remuneración\n fijada en todas las tablas sectoriales vigentes en el país.
DISPOSICION TRANSITORIA: El Congreso Nacional, por iniciativa\n del Presidente de la República, de conformidad con lo\n estipulado en el numeral 21 del artículo 171 de la Constitución\n Política de la República, aprobará la Ley\n sobre Pensiones y Montepíos Especiales, para lo cual deberá\n enviarse el correspondiente proyecto que contemple una escala\n de valores acorde con la situación económica del\n país.
DISPOSICION FINAL: La presente ley, que reforma los decretos\n legislativos enumerados en el primer considerando, prevalecerá\n sobre otros decretos legislativos relacionados con la misma materia\n y demás leyes que se le opongan y, entrará en vigencia\n a partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dada, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador\n a los treinta días del mes de abril del año dos\n mil dos.
f) H. José Cordero Acosta, Presidente.
Certifico: que la copia que antecede es igual a su original,\n que reposa en los archivos de la Secretaría General.
Día:	30 de abril del 2002.- Hora: 16h00.
f) Ilegible, Secretada General.
UNIDAD TECNICA EN MATERIA SALARIAL
Oficio N0 042-UTMS-2002
\n Quito, abril 26 del 2002
\n Andrés Aguilar Moscoso
En atención a su oficio N0 5374-SCN de 22 de abril\n del 2002, me permito indicar a usted que la menor remuneración\n fijada en todas las tablas sectoriales vigentes en el país,\n corresponde a la ocupación de Auxiliar de Limpieza y Cocina,\n Código 0902000009 de la Tabla Sectorial de Centros	Infantiles\n de Cuidado Diario, expedida mediante Acuerdo Ministerial N0 00113,\n publicado en el Suplemento del Registro Oficial N0 535 del 15\n de marzo del 2002.
Para una mejor ilustración del ingreso mensual que\n percibe por ley el trabajador en esta ocupación, se presenta\n el siguiente cuadro:
(ANEXO9MAY 1)
1.) Lcdo. Kai Grunauer, Secretario Particular del señor\n Ministro de Trabajo.
CONGRESO NACIONAL.- Certifico: que la copia que antecede es\n igual a su original, que reposa en los archivos de la Secretaría\n General.- Día: 30 de abril del 2002.- Hora: 13h30.- f)\n Ilegible, Secretaría General.
Quito, mayo 2 del 2002
\n Oficio No. 552 PCN
\n En su despacho. -
Para la publicación en el Registro Oficial, de conformidad\n con lo dispuesto en el artículo 153 de la Constitución\n Política de la República, remito a usted copia\n certificada del texto de la LEY REFORMATORIA A LA LEY DE CHEQUES,\n que el Congreso Nacional del Ecuador discutió, aprobó\n y rectificó el texto, allanándose a la objeción\n parcial del señor Presidente Constitucional de la República.
También adjunto la certificación suscriba por\n el señor Secretario General encargado del Congreso Nacional,\n sobre ¡as fechas de los respectivos debates.
f) H. José Cordero Acosta, Presidente del H. Congreso\n Nacional
Quien suscribe, Secretario General del Congreso Nacional del\n Ecuador, certifica que el proyecto de LEY REFORMATORIA A LA LEY\n DE CHEQUES, fue discutido, aprobado y rectificado el texto allanándose\n a la objeción parcial del señor Presidente Constitucional\n de la Republica de la siguiente manera:
PRIMER DEBATE:	15-1 1-2001
\n RECTIFICACION DEL TEXTO:	30-04-2002
\n 02-05-2002
\n Quito, mayo 2 del 2002.
f.) Dr. Javier Rubio Duque, Secretario General (E).
N0 2002-70
Que el cheque es un documento de pago, que se utiliza para\n el comercio, la adquisición de bienes, la prestación\n de servicios y, en general, como un documento indispensable y\n de amplia aceptación en las actividades económicas\n de los ecuatorianos;
Que con la vigencia de la Ley de Reordenamiento en Materia\n Económica, en el Area Tributario-Financiera, publicada\n en el Suplemento del Registro Oficial No. 78-S de 1 de diciembre\n de 1998, el cheque se ha convertido en un documento de pago de\n reducida circulación;
Que si se permite que el cheque circule hasta por un segundo\n endoso, se posibilitada que este documento se constituya, nuevamente,\n como un medio para realizar los diversos actos de comercio, así\n como cancelar pagos por bienes y servicios; y,
Art. 1.- Los siguientes artículos del Capitulo II De\n la Transmisión" dirán:
"Art. 14.- Para los efectos de aplicación de esta\n Ley, se entenderá como "endoso" a la transmisión\n de un cheque a la orden, mediante una fórmula escrita\n - en el reverso del documento.
El endoso deberá ser puro y simple. Se reputará\n no escrita toda condición a la que se subordine el mismo.
Es igualmente nulo el endoso de personas jurídicas\n o del girado. Por lo tanto solo podrán endosar cheques\n personas naturales, por una sola vez, siempre que el cheque haya\n sido girado por una suma de dinero de hasta US$ quinientos 00/100\n dólares de los Estados Unidos de América. Los cheques\n que se emitan por sumas superiores al monto antes determinado,\n no podrán ser endosados y solo deberán ser pagados\n a su primer beneficiario.
La firma que estampe el beneficiario en el cheque para efectos\n de presentación y cobro, al girado, no se considerará\n como un endoso propiamente dicho, por lo que no estará\n comprendido dentro de la limitación a la circulación\n estipulada en el inciso anterior.
Tampoco estarán comprendidos dentro de la limitación\n a la circulación referida anteriormente, la firma que\n estampe el beneficiario del cheque para efectos de constituir\n un simple mandato.
Art. 16.- El endoso transmite todos los derechos resultantes\n del cheque. Prohíbase los endosos en blanco o al portador.
Art. 17.- El endosante, salvo cláusulas en contrario,\n garantiza el pago.
El endoso de los cheques entregados al Banco Central para\n el trámite por la cámara de compensación,\n podrá hacerse solo con un sello del banco endosante, sin\n requerir su firma para el efecto.
El endoso para el cobro por parte del Banco Central del Ecuador\n de los cheques sobre otras plazas que le hubiesen sido entregados\n debidamente endosados por otros bancos que operan en el país,\n podrá hacerse también solo con un sello, sin que\n se requiera de firma para el efecto.
Podrán proceder en igual forma los bancos privados\n -que operan en el país, al endosar al Banco Central o\n al Banco Nacional de Fomento cheque sobre otras plazas destinados\n al crédito de la cuenta corriente del banco endosante.
Art. 18.- El beneficiario de un cheque, endosable o no de\n acuerdo a lo indicado en el articulo 14 que antecede, es considerado\n como tenedor legitimo".
Art. 2.- Refórmese el artículo 11 de la Ley\n de Reordenamiento en Materia Económica en el Area Tributario-Financiera,\n en el sentido siguiente:
"Art. 11.- Prohibiciones sobre pago de cheques.- Prohíbase\n el giro de cheques al portador. Será también prohibido\n el endoso de cheques por parte de beneficiarios personas jurídicas.
Será nulo el segundo endoso. Los bancos no pagarán\n los cheques que lo contengan".
Art. 3.- La Superintendencia de Bancos y Seguros dictará\n las regulaciones necesarias a efectos de la aplicación\n de las disposiciones aquí contempladas.
Art. Final. - la presente Ley entrará en vigencia a\n partir de su publicación en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Pleno del Congreso Nacional del Ecuador,\n a los dos días del mes de mayo del año dos mil\n dos.
Congreso Nacional.- Certifico: Que la copia que antecede es\n igual a su original que reposa en los archivos de la Secretaría\n General.- Día: 2-V-2002.- Hora: 18h00.
f) Ilegible, Secretaria General.
N0 0719
Lcdo. Luis Maldonado Ruiz
Que de conformidad con lo previsto en los artículos\n 17, 23, ordinal 20, 42 y 47 de la Constitución Política\n de la República del Ecuador, el Estado garantiza a todos\n sus habitantes sin discriminación alguna, el libre y eficaz\n ejercicio y el goce de los derechos humanos, a una calidad de\n vida que asegure la salud, alimentación y nutrición\n y otros servicios sociales necesarios para su promoción\n y protección por medio del desarrollo de la seguridad\n alimentaria para lo cual recibirán atención prioritaria\n y especializada los grupos vulnerables del País:
Que el Ministerio de Bienestar Social, constituido mediante\n Decreto Supremo N0 3815 de agosto 7 de 1979. publicado en el\n Registro oficial N0 208 de junio 12 de 1951, en cumplimiento\n de sus objetivos, participa en la ejecución de la Política\n Social del Gobierno Nacional, uno de cuyos propósitos\n fundamentales es brindar protección a los sectores poblacionales\n más pobres, a través de acciones en el campo nutricional;
Que es necesario mejorar la calidad de la comida o rancho\n que el Ministerio de Bienestar Social brinda diariamente a niños,\n anciano, y personas minusválidas, a través de las\n diversas unidades operativas;
Que existe la disponibilidad presupuestaria y de fondos económicos\n suficientes en el vigente ejercicio fiscal, que permiten financiar\n el incremento para el pago de ranchos: y.
En ejercicio de las facultades conferidas en el inciso segundo\n del Art. 16, del Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo\n de la Función Ejecutiva, -
Art. 1.- A partir del mes de enero del 2002, elévase\n el valor de los ranchos que diariamente entrega el Ministerio\n de Bienestar Social a las instituciones de protección\n social, fijar en la cantidad de setenta y cinco centavos de dólares\n (US$ 0,75), para cada beneficiario.
Art. 2.- La entrega de ranchos, en virtud del nuevo valor\n asignado, continuará realizándose a través\n de las respectivas dependencias de esta Cartera de Estado, en\n la misma forma que se ha venido ejecutando.
Art. 3.- Déjanse sin efecto las disposiciones que se\n opongan a las del presente acuerdo.
El presente acuerdo entrará en vigencia a partir de\n la presente fecha sin perjuicio de su publicación en el\n Registro Oficial.
Dado en la- ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a 9 de abril del 2002.
f.) Lcdo. Luis Maldonado Ruiz, Ministro de Bienestar Social.\n Ministerio de Bienestar Social.
2 de mayo del 2002.
N0 142
Que, los servidores de la Empresa Nacional de Ferrocarriles\n del Estado sujetos a la Ley de Servicio - Civil y Carrera Administrativa,\n perciben una bonificación semestral;
Que, es política del Consejo Nacional de Remuneraciones\n del Sector Público, CONAREM, ir a la unificación\n y racionalización de las bonificaciones que se cancelan\n en las entidades públicas;
Que, de acuerdo a lo prescrito en las leyes para la Reforma\n de las Finanzas Públicas, y, de Transformación\n Económica del Ecuador, es facultad privativa del CONAREM,\n determinar y fijar la política remunerativa de los servidores\n públicos de las instituciones del Estado; y.
En ejercicio dé las atribuciones que le confiere la\n ley,
Art. 1.- Transfórmase la Bonificación Económica\n Semestral, que vienen percibiendo los servidores de la Empresa\n Nacional de Ferrocarriles del Estado sujetos a la Ley de Servicio\n Civil y Carrera Administrativa, que laboran en jornada completa,\n en una Bonificación Económica Trimestral, que se\n calculará considerando los siguientes componentes: Sueldo\n Básico, Subsidio por Años de Servicio, Bonificación\n por Responsabilidad y Décimo Sexto Sueldo.
Art. 2.- La aplicación presupuestaría de esta\n resolución efectuará la entidad con recursos propios\n de carácter permanente; en consecuencia, el Ministerio\n de Economía y Finanzas, no asignará recursos para\n este concepto.
Art. 3.- La presente resolución regirá a partir\n del 1 de enero del 2002, sin perjuicio de su publicación\n en el Registro Oficial.
Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a los dos días del mes de abril del dos mil dos.
f) Tito E. Herrera Vinueza, Director de Servicio Civil y Desarrollo\n Institucional, Secretario del CONAREM.
Quito, 26 de abril del 2002.
Que, con Resolución N0 032, publicada en el Registro\n Oficial N0 190 de 24 de octubre del 2000, el Consejo Nacional\n de Remuneraciones del Sector Público, CONAREM, fijó\n la remuneración total mensual para el Director Ejecutivo\n del Consejo Nacional de Modernización del Estado, CONAM;
Que, de acuerdo a lo prescrito en las leyes para la Reforma\n de las Finanzas Públicas, y, de Transformación\n Económica del Ecuador, es facultad privativa del CONAREM,\n determinar y fijar la política remunerativa de los servidores\n públicos de las instituciones del Estado; y,
ARTICULO UNICO.- Fijar a partir del 1 de enero del 2002, en\n USD 2.750, la remuneración total mensual para el Director\n Ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización del Estado,\n CONAM.
Publíquese. - Dado en la ciudad de San Francisco de\n Quito, Distrito Metropolitano, a los dos días del mes\n de abril del dos mil dos.
f.) Tito E. Herrera Vinueza, Director de Servicio Civil y
Desarrollo Institucional, Secretario del CONAREM. Quito,
26 de abril del 2002.
Nro. 351-99-TC
Magistrado ponente: Doctor Guillermo\n Castro Dáger
En el caso Nro. 351-99-TC
ANTECEDENTES: El Dr. Gilberto Vaca García, comparece\n con la siguiente demanda de inconstitucionalidad, previo informe\n de procedibilidad del Defensor del Pueblo, en la que manifiesta:\n Que en el Registro Oficial No. 281 de 22 de septiembre de 1989,\n se promulgó la Ley No. 46 que crea el Fondo de Desarrollo\n de la Provincia de Bolívar. Mediante Leyes Nos. 103 y\n 179 publicadas en los Registros Oficiales Nos. 506 y 996 de 23\n de agosto de 1990 y 10 de agosto de 1992, respectivamente, se\n crearon los cantones Caluma y Las Naves, los que no son beneficiarios\n de los recursos señalados en la Ley referida. Que en su\n calidad de Diputado de la provincia de Bolívar, presentó\n un Proyecto de Reformas a la Ley de Creación del Fondo\n de Desarrollo de la Provincia de Bolívar, para incrementar\n la asignación del 7.5% al 10%, a fin de que los nuevos\n cantones puedan ser partícipes de las rentas y puedan\n tener los mismos derechos que los demás cantones de la\n provincia. El 28 de julio de 1998, el Congreso Nacional aprobó\n la Ley Reformatoria a la Ley No. 46, la cual se remite al Ejecutivo\n con oficio No. 913-PCN-98 de 29 del mismo mes y año. Mediante\n comunicación No. 98-059-AlT-005 de 17 de agosto de 1998,\n el Presidente de la República objete totalmente el proyecto.\n Que el Presidente de la República no señala violación\n constitucional ni fundamenta, lo que impide aplicar los artículos\n 154; 276, número 4 y 153, inciso quinto de la Carta Magna\n y además violenta la Disposición Transitoria Quinta\n ibídem. Por lo expuesto y fundamentado en los artículos\n 277, número 5; 276, números 1 y 18 de la Constitución\n Política del Estado; y 18, literal e) de la Ley del Control\n Constitucional, demanda la inconstitucionalidad del acto legislativo\n que constituye el referido veto total de la Ley Reformatoria\n a la Ley No. 46 que creó el Fondo de Desarrollo de la\n Provincia de Bolívar, contenido en el oficio No. 98-059-AJT-005\n de 17 de agosto de 1998, suscrito por el Presidente de la República,\n por ser violatorio de la Disposición Transitoria Trigésima\n Quinte de la Constitución Política del Estado.-\n La Directora de Patrocinio, delegada del Procurador General del\n Estado, impugna y rechaza por carecer de fundamentos de hecho\n y de derecho, la demanda de inconstitucionalidad incoada. Alega\n la improcedencia de la acción, porque al impugnarse vía\n demanda de inconstitucionalidad el veto total al proyecto de\n reformas a la Ley de Creación del Fondo de Desarrollo\n de la Provincia de Bolívar, se está violando expresas\n normas constitucionales y legales que establecen el objeto de\n la demanda de inconstitucionalidad y determinan el procedimiento\n a seguir frente a la objeción total del Presidente de\n la República respecto de un proyecto de ley. Que el veto\n presidencial es un acto de colegislación que, en el caso\n del Proyecto de Reformas a la Ley del Fondo de Desarrollo de\n la Provincia de Bolívar, no tiene el carácter de\n acuerdo o resolución que conferida el articulo 91 de la\n Constitución Política anterior, en virtud de que\n no reúne las características establecidas en la\n norma ibídem. Que por lo expuesto la demanda ni siquiera\n debió ser admitida a tramite por carecer de objeto impugnable.\n El actor viola el tramite previsto en el artículo 154,\n concordante con el articulo 276, número 4 de la Constitución\n Política. Que la objeción presidencial se encuentra\n debidamente fundamentada en lo dispuesto por el artículo\n 97 de la Constitución Política anterior, norma\n que prohibía al Legislativo expedir leyes que aumenten\n el gasto público sin que al mismo tiempo establezca fuentes\n de financiamiento, cree rentes sustitutivas o aumente las existentes\n y en el presente caso el incremento del 2.5% a la asignación\n equivalente al 7.5% del rendimiento total del impuesto unificado\n del 1% semestral a las operaciones de crédito en moneda\n nacional, que se pretendía otorgar a favor del Fondo de\n Desarrollo de la Provincia de Bolívar, fue aprobado sin\n fuentes de financiamiento que lo cubran, como lo manifestó\n el Ministro de Finanzas en oficio No. 04355 ole 14 de agosto\n de 1998. Por lo expuesto solicita se rechace la demanda porque\n el Presidente no ha violado precepto constitucional alguno, menos\n aún la Disposición Transitoria Trigésima\n Quinta de la actual Constitución, lo cual queda en evidencia\n al revisar el texto del artículo 2-A de la Ley 46 del\n Fondo de Desarrollo de la Provincia de Bolívar, norma\n que distribuye a los municipios de las Naves y Caluma porcentajes\n iguales a los asignados al resto de municipios de dicha provincia.-\n El Presidente Constitucional de la República, manifiesta\n que la Constitución de la República vigente a la\n época en que se expidió por parte del Congreso\n Nacional el proyecto de Ley Reformatoria a la Ley No. 46 que\n creó el Fondo de Desarrollo de la Provincia de Bolívar,\n consagró la facultad del Presidente de la República\n de vetar total o parcialmente los proyectos de leyes que fueren\n aprobados por el Congreso Nacional, facultad consagrada en el\n artículo 103 de la Codificación de 1996, que no\n ha estado ni puede estar sujeta al control de ningún organismo\n del Estado. Que la Constitución de 1996, prohibía\n al Congreso Nacional expedir leyes que no estuvieran debidamente\n financiadas, que es el caso que motiva esta acción. El\n Presidente de la República no está obligado a aprobar\n los provectos de ley que el Congreso Nacional expida y tampoco\n está obligado jurídicamente a dar razón\n de su negativa frente a un proyecto de ley que en su opinión\n es inconveniente a los intereses nacionales.
Que, el Tribunal Constitucional es de manera privativa el\n competente para resolver la acción de inconstitucionalidad\n al tenor de lo que dispone el artículo 276 número\n 1 de la Constitución, y artículo 12, número\n 1 de la Ley del Control Constitucional;
Que, no se ha omitido solemnidad sustancial alguna que pueda\n incidir en la nulidad de la causa por lo que se declara su validez:
Que cada uno de los órganos del poder público\n tiene funciones especificas que cumplir, dentro de los parámetros\n de la Constitución y la ley si no se sujetan a esos parámetros,\n su conducta puede ser juzgada por otros órganos y ello\n no significa que se infiera en los asuntos propios de aquella,\n y que tratándose de la función Ejecutiva se encuentran\n contenidos en el articulo 171 de la Constitución; por\n ello cabe dejar claramente establecido que el Tribunal Constitucional\n es competente para conocer, juzgar y resolver cualquier acto\n u omisión ilegítimos realizado en la función\n ejecutiva siempre que viole garantías derechos constitucionales\n o tratados y convenios internacionales:
Que, el Presidente de la Republica ejerce su potestad de colegislador\n en el proceso de formación de las leyes, el mismo que\n se inicia con el estudio del proyecto de ley mediante dos debates,\n su aprobación el envío inmediato al Presidente\n de la República para que lo sancione u objete. Esta atribución\n conferida al Presidente de la República prevista en el\n artículo 171 número 4 de la Constitución\n autoriza al ejecutivo u través del veto presidencial a\n intervenir en la función legislativa, el cual se convierte\n en un colegislador. Este tema ha sido ampliamente analizada por\n la doctrina al establecer entre las formas de control de la constitucionalidad\n y legalidad, el control preventivo en el proceso de formación\n de la ley, que precisamente lo realiza el poder ejecutivo a través\n del veto presidencial, que pretende depurar o simplemente evitar\n que entre en vigencia una ley que ha sido aprobada en el legislativo\n y - que estaría contrariando a normas o preceptos que\n integran el ordenamiento jurídico o simplemente se opone\n al interés nacional;
Que, el asunto materia de esta demanda de inconstitucionalidad\n es la resolución adoptada por el entonces Presidente de\n la República, Dr. Jamil Mahuad UIT, contenida en comunicación\n No. 98-059-AJT-005 de 17 de agosto de 1998, en la cual objeta\n totalmente el Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley No. 46, de\n Creación del Fondo de Desarrollo de la provincia de Bolívar,\n para incrementar la asignación del 7.5% al 10%, a fin\n de que los nuevos cantones de Caluma y Las Naves, puedan ser\n partícipes de las rentas y puedan tener los mismos derechos\n que los demás cantones de la provincia, el mismo que fue\n aprobado por el Congreso Nacional el 28 de julio de 1998, y remitido\n al Ejecutivo con oficio No. 913-PCN-98 de 29 del mismo mes y\n año. Analizado el instrumento objeto de impugnación,\n que constituye el veto total del Presidente, se establece que\n en el mismo se argumenta: "El mencionado proyecto de Ley\n resta recursos al Presupuesto General del Estado y carece de\n financiamiento. Por el motivo expuesto y para evitar efectos\n negativos en el referido Presupuesto General del Estado, lo OBJETO\n TOTALMENTE, y para los firmes pertinentes devuelvo a usted el\n original del mismo". En consecuencia, se ha cumplido el\n precepto constitucional que manda: "Toda objeción\n será fundamentada y en el caso de objeción parcial,\n el Presidente de la República presentará un texto\n alternativo". A ello hay que agregar en detenido análisis\n el alcance del inciso tercero del articulo 153 de la Constitución\n que consagra que si el Presidente de la República objetare\n totalmente el proyecto, el Congreso puede volver a considerar\n el proyecto de ley, sólo después de un año\n desde la fecha de la objeción, por tanto, mal podría\n el Tribunal Constitucional, contrariando dicho mandato resolver\n que el Presidente de la República revea la objeción,\n que como se ha señalado responde a su condición\n de colegislador. Además el demandante tiene la vía\n expedita por el transcurrir del tiempo para solicitar que el\n Congreso Nacional vuelva a considerar el proyecto y pueda ser\n ratificado en un solo debate: y,
1.- Desechar la demanda de inconstitucionalidad propuesta\n por el Dr. Gilberto Vaca García, que impugno la objeción\n total por parte del Presidente de la República de la Ley\n Reformatoria a la ley No. 46, de Creación del Fondo de'\n Desarrollo de la provincia de Bolívar.
2. Publicar en el Registro Oficial.- Notifíquese"
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada - con nueve votos a favor (unanimidad)\n correspondientes a los doctores Guillermo Castro, Oswaldo Cevallos,\n Luis Chacón, René de la Torre, Carlos Helou, Luis\n Mantilla, Hernán Rivadeneira, Hernán Salgado y\n Marco Morales, en sesión de diez y seis de abril del dos\n mil dos.- Lo certifico.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 2 de mayo del 2002.- f) El Secretario General.
Nro. 037-2001-TC
En el caso Nro. 037-2001-TC
ANTECEDENTES: Los doctores Hernán Pérez Loose\n y Galo Chiriboga Zambrano, con el informe favorable del Defensor\n del Pueblo que corre a fojas 88 a 90 del proceso, demandan la\n inconstitucionalidad por el fondo y por la forma de la "Ley\n N0 55 interpretativa de los artículos 27, 28, 29 y 30\n del Código de Procedimiento Civil, para los casos de Competencia\n Concurrente Internacional", publicada en el Registro Oficial\n Suplemento N0 247 de 30 de enero de 1998.
Fundamentan la alegada inconstitucionalidad de forma con los\n siguientes argumentos: que el Proyecto de Ley fue debatido y\n aprobado el 22 y 26 de enero de 1998, en sesión extraordinaria,\n sin que haya constado en la convocatoria, vulnerando el artículo\n 85 del texto constitucional vigente en ese momento, agregando\n que el proyecto en comento se presenta el 22 de enero y el Congreso\n habla sido convocado con anterioridad, el 9 de enero, proyecto\n que, además, no fue distribuido a los legisladores, como\n lo exigía el entonces artículo 91 de la Constitución,\n siendo enviado únicamente a la Comisión de lo Civil\n y Penal del Congreso, la que emitió su informe para el\n primer debate sin que haya sido convocada para sesionar. Señalan\n los accionantes que el Proyecto de Ley N° 55 no fue enviado\n para la sanción presidencial, pues las únicas excepciones\n que se preveían a dicho trámite eran los casos\n de insistencia parlamentaria frente a una objeción total\n del Presidente de la República, la derogatoria de los\n decretos leyes dictados por el Primer Mandatario en el caso de\n proyectos de ley en materia económica urgente y las leyes\n especiales interpretativas de la Constitución. Del mismo\n modo, agregan que la Ley N0 55 no interpreta sino que reforma\n al Código de Procedimiento Civil, pues los artículos\n 27,28, 29 y 30 de ese cuerpo normativo no contemplan casos de\n competencia concurrente internacional y que, en la especie, la\n mera presentación de una demanda en el exterior hace que\n los jueces ecuatorianos no sólo pierdan competencia sino,\n incluso, jurisdicción, lo que es, incluso, contradictorio\n con el articulo 29 del Código de Procedimiento Civil y\n los artículos 22 y 23 del mismo cuerpo legal que establecen\n las causales para perder jurisdicción y competencia por\n parte de un Juez.
Respecto del fondo, los accionantes argumentan que no existen\n conflictos entre leyes adjetivas nacionales y extranjeras, a\n diferencia de las sustantivas, ni conflictos de jurisdicción\n entre jueces y tribunales ecuatorianos, pues todos tienen igual\n potestad de juzgar, y los que se presentan entre jueces y tribunales\n de distintos estados se resuelven conforme los principios y reglas\n del Derecho Internacional mas no del interno. Agregan que la\n jurisdicción sólo puede ser renunciada por medio\n de instrumentos internacionales, pues ésta es parte de\n la soberanía estatal y no por medio de normas secundarias,\n lo que se agrava con la Ley N0 55 en que la mere presentación\n de la demanda en el extranjero hace perder definitivamente la\n jurisdicción, incluso si en el exterior se la rechaza\n por falta de jurisdicción, Ley impugnada que reforma un\n instrumento internacional como el Código de Derecho Internacional\n Privado o "Sánchez de Bustamante", el mismo\n que al tratar sobre la competencia concurrente internacional\n no hace perder la jurisdicción y la competencia de jueces\n de un Estado por presentarse una demanda ante uno de otro Estado,\n lo que además contraría el derecho subjetivo constitucional\n al Juez natural, pues por el hecho de presentarse una demanda\n en el extranjero se impida que se presente ante un Juez o Tribunal\n ecuatoriano ya que, por disposición de la Ley N0 55 han\n perdido competencia, lo que además vulnera el derecho\n de las personas a acceder a los órganos que administran\n justicia y el principio de, jurisdicción contenido en\n el artículo 118 de la Constitución.
La Tercera Sala del Tribunal Constitucional al avocar conocimiento\n de la causa, en calidad de Comisión, mediante providencia\n de 6 de noviembre del 2001, a las 09h05, dispone que se corra\n traslado con el contenido de la demanda al señor Presidente\n de la República y al señor Presidente del Congreso\n Nacional, para que den contestación.
El señor Presidente de la República, en su contestación,\n autoriza a la doctora María Auxiliadora Mosquera, Asesora\n Jurídica de la Presidencia de la República, a presentar\n y suscribir los escritos necesarios en esta causa, funcionaria\n que señala que el número 5 del artículo\n 130 de la Constitución faculte al Congreso para interpretar\n las leyes y que, de conformidad con la Ley Orgánica de\n la Función Legislativa, las leyes, interpretativas no\n requieren sanción presidencial y que, en el fondo, la\n Ley N0 55 sólo interpreta al Código de Procedimiento\n Civil para los casos de competencia concurrente internacional.
El señor Primer Vicepresidente del Congreso, encargado\n de la Presidencia, doctor Antonio Posso Salgado, señala\n que en la especie, la Legislatura dio cumplimiento con lo previsto\n en el articulo 82, letras c y 1, de la Constitución vigente\n a la época, en concordancia con el artículo 73\n de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Además\n realiza una alegación sobre la jurisprudencia constitucional\n y la Resolución N0 195-2000-TP, sobre la declaratoria\n de inconstitucionalidad de la Ley Interpretativa a la Ley Especial\n de Rehabilitación del Banco de Préstamos S.A. en\n liquidación y, en el fondo, argumenta que una de las finalidades\n de la interpretación es cubrir vacíos, lo que se\n presenta en la especie.
Que, el Pleno del Tribunal es competente para conocer y resolver\n el presente caso de conformidad con lo que dispone el número\n 1 del articulo 276 de la Constitución y lo previsto en\n los artículos 12, número 1, y 62 de la Ley del\n Control Constitucional;
Que, los accionantes se encuentran legitimados para presentar\n la demanda de inconstitucionalidad planteada, de conformidad\n con el número 5 del articulo 277 de la Constitución\n y el artículo 18, letra e, de la Ley del Control Constitucional.
Que, se demanda la inconstitucionalidad de la Ley N0 55 interpretativa\n de los artículos 27, 28, 29 y 30 del Código de\n Procedimiento Civil, para los casos de Competencia Concurrente\n Internacional, publicada en el Registro Oficial Suplemento N0\n 247 de 30 de enero de 1998;
Que, para el análisis de constitucionalidad formal\n y material de una ley, como sucede en la especie, se debe tener\n presente que, en lo formal, la norma secundaria debió\n seguir el procedimiento de formación previsto en las normas\n constitucionales vigentes en el momento de su tramitación,\n y respecto de su contenido, la confrontación entre la\n norma legal y el Código Político se debe realizar\n de conformidad con el texto constitucional vigente en la actualidad,
Que, dentro de la historia constitucional ecuatoriana, en\n el artículo 24 del tercer bloque de reformas a la Constitución\n Política de la República, publicada en Registro\n Oficial No. 863 de 16 de enero de 1996, se incorpora al texto\n constitucional la figura de la ley especial interpretativa, con\n el exclusivo propósito de que, en caso de duda sobre el\n alcance de las normas contenidas en la Constitución, el\n Congreso las interprete con carácter generalmente obligatorio,\n y que se mantuvo con esa denominación de leyes especiales\n interpretativas hasta la codificación constitucional vigente\n hasta el 10 de agosto de 1998;
Que, dentro del trámite previsto para la formación\n de las leyes especiales interpretativas de la Constitución\n la Carta Política previó "dos debates, en\n días distintos, con el voto favorable de las dos terceras\n partes de la totalidad de sus miembros, Una vez aprobada, se\n ordenará su promulgación en el Registro Oficial",\n texto contenido en el artículo 24 del citado tercer bloque\n de reformas constitucionales y en el artículo 179 de la\n Cuarta Codificación de la Constitución, publicada\n en el Registro Oficial N" 2 de 13 de febrero de 1997, que\n regla al momento de aprobarse y publicarse la Ley N0 55 y que\n se mantuvo hasta la vigencia del actual texto constitucional\n aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente de 1998;
Que, en resumen, el trámite de formación de\n la ley especial interpretativa de la Constitución era\n equivalente al de formación de la ley, con la salvedad\n del quórum de aprobación y el establecimiento de\n una excepción a la facultad presidencial de sancionar\n u objetar los proyectos de ley aprobados por el Congreso Nacional;
Que, las diversas codificaciones de la Constitución\n de 1978-79, hasta la reforma de 1998, previeron la facultad presidencial\n de sancionar u. objetar los proyectos de ley aprobados por el\n Congreso, con la excepción de la derogatoria de los' decretos\n leyes promulgados por el Presidente de la República ante\n la omisión legislativa de tramitar los proyectos de ley\n en materia económica iniciados por el Jefe de Estado y\n calificados por éste de urgentes, además de la\n citada aprobación de las leyes especiales interpretativas\n a la Constitución en las que se excluyó la sanción\n presidencial;
Que, el artículo 92 de la Cuarta Codificación\n de la Constitución de la República establecía\n que: "El Congreso Nacional o, en su receso, el Plenario\n de las Comisiones Legislativas, luego de aprobar la ley, la someterá\n al conocimiento del Presidente de la República para que\n la sancione u objete. Sancionada la Ley o no habiendo objeciones\n dentro de los diez días de recibida por el Presidente\n de la República, será promulgada";
Que, el artículo 103 de la Cuarta Codificación\n de la Constitución señalaba, en su letra b, como\n atribución del Presidente de la República, la de:\n "En forma privativa, salvo los casos expresamente previstos\n en la Constitución, sancionar, promulgar, ejecutar u objetar\n las leyes que expidiere el Congreso Nacional o el Plenario de\n