Source: http://revista-investigare.uexternado.edu.co/expectativa-razonable-de-intimidad-en-los-cateos-registros-y-allanamientos-en-el-derecho-comparado/2/
Timestamp: 2018-08-18 02:18:42
Document Index: 130814102

Matched Legal Cases: ['artículo 219', 'artículo 250', 'artículo 275', 'artículo 206', 'artículo 225', 'artículo 99', 'artículo 23', 'artículo 11']

Al entrar a analizarse la razonabilidad constitucional de un procedimiento de cateo, registro o allanamiento con relación a los derechos a la inviolabilidad del domicilio, intimidad y dignidad humana que se ven involucrados, se debe primero valorar si la clase de procedimiento objeto de análisis es de aquellos que el legislador colombiano quiso cobijar dentro del sistema normativo penal. Para ello, la identidad de quien realiza el respectivo registro, el objeto del registro y el lugar, se hacen especialmente relevantes pues sólo las injerencias arbitrarias por parte de la policía judicial de un inmueble, nave o aeronave, realizado dentro o con ocasión de un proceso penal son idóneos para el análisis de legalidad y constitucionalidad que aquí nos atañe. Es en una etapa posterior, donde se harán oportunas las preguntas acerca de la existencia de una orden previa por parte de la Fiscalía y su valoración, en atención a lo preceptuado por el artículo 219 del Código de Procedimiento Penal Colombiano en consonancia con el artículo 250 constitucional. De conformidad con dichas normas, para la procedencia de un cateo, registro o allanamiento debe existir una orden previa por parte de la Fiscalía; sin embargo, dicha orden sólo será válida en la medida en que sea suscrita por el órgano competente y con la finalidad específica de (i) obtener elementos materiales probatorios y evidencia física, o de (ii) realizar la captura del indiciado, imputado o condenado cuando se trate de delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva.
Ahora bien, de acuerdo con el artículo 275 de la Ley 906 de 2004, son elementos materiales probatorios y evidencia física: (i) las huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares, dejados por la ejecución de la actividad delictiva; (ii) armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la ejecución de la actividad delictiva; (iii) dinero, bienes y otros efectos provenientes de la ejecución de la actividad delictiva; (iv) elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en desarrollo de diligencia investigativa de registro y allanamiento, inspección corporal y registro personal; documentos de toda índole hallados en diligencia investigativa de inspección o que han sido entregados voluntariamente por quien los tenía en su poder o que han sido abandonados allí; (v) elementos materiales obtenidos mediante grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado, utilizados como cámaras de vigilancia, en recinto cerrado o en espacio público; (vi) mensaje de datos, como el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, télex, telefax o similar, regulados por la Ley 527 de 1999 o las normas que la sustituyan, adicionen o reformen; (vii) los demás elementos materiales similares a los anteriores y que son descubiertos, recogidos y custodiados por el Fiscal General o por el fiscal directamente o por conducto de servidores de policía judicial o de peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o de laboratorios aceptados oficialmente; y (viii) la entrevista forense realizada a niños, niñas y/o adolescentes víctimas de los delitos descritos en el artículo 206 A de la Ley 906 de 2004.
Con relación a la finalidad de realizar la captura del indiciado, imputado o condenado cuando se trate de delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva, la Corte Constitucional en sentencia C-366 de 2014, hizo referencia a ella, como uno de los dos únicos eventos, junto con la captura en flagrancia, en donde no se requiere la existencia de un mandamiento judicial previo para la aprensión del individuo y por ello, su aplicación deberá hacerse siempre de forma restrictiva.
Sin embargo, un procedimiento de registro y allanamiento será razonable sólo en la medida en que se ejecute de conformidad a la ley. Al respecto, es el artículo 225 del Código de Procedimiento Penal el encargado de dar las pautas para el diligenciamiento de la orden de registro y allanamiento y su ejecución. En este sentido, el registro deberá adelantarse en estricta conformidad a los términos de la orden suscrita por la Fiscalía de la Nación, se adelantará exclusivamente en los lugares autorizados y, en el evento de encontrarse nuevas evidencias de la comisión de los delitos investigados, podrá extenderse a otros lugares, incluidos los que puedan encuadrarse en las situaciones de flagrancia. De igual manera, se garantizará la menor restricción posible de los derechos de las personas afectadas con el registro y allanamiento, por lo que los bienes incautados se limitarán a los señalados en la orden, salvo que medien circunstancias de flagrancia o que aparezcan elementos materiales probatorios y evidencia física relacionados con otro delito. Finalmente, se deberá levantar un acta que resuma la diligencia en la que se hará indicación expresa de los lugares registrados, de los objetos ocupados o incautados y de las personas capturadas. Además, se deberá señalar si hubo oposición por parte de los afectados y, en el evento de existir medidas preventivas policivas, se hará mención detallada de la naturaleza de la reacción y las consecuencias de ella. Sin embargo, si el procedimiento se lleva a cabo entre las 6:00 p. m. y las 6 a.m., deberá contarse con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, quien garantizará la presencia de sus delegados en dichas diligencias; pero en ningún caso podrá suspenderse el procedimiento por ausencia de la Procuraduría General de la Nación. (Negrita por fuera de norma)
Otros ordenamientos jurídicos sin embargo, proscriben de forma expresa toda clase de registros y allanamientos durante las horas comprendidas entre las 6:00 p. m. y las 6 a.m., por considerarlos, per se, un atentado contra la intimidad de las personas. Tal es el caso de las constituciones de Honduras, Guatemala y Uruguay en sus artículos 99, 23 y 11 respectivamente. En efecto, reza el artículo 99 de la Constitución de Honduras: el allanamiento del domicilio no puede verificarse de las seis de la tarde a las seis de la mañana, sin incurrir en responsabilidad; el artículo 23 de la Constitución de Guatemala: La vivienda es inviolable. Nadie podrá penetrar en morada ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita de juez competente en la que se especifique el motivo de la diligencia y nunca antes de las seis ni después de las dieciocho horas; y por el último el artículo 11 de la Constitución de Uruguay: el hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, solo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.
Finalmente, será el juez de control de garantías quien a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la diligencia de registro y allanamiento deberá ratificar su legalidad y lo hará, teniendo en cuenta que se hayan cumplido los requisitos de ley antes descritos.