Source: https://www.scribd.com/document/3822253/Responsabilidad-penal-ER-CPI
Timestamp: 2017-06-24 06:36:29
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Responsabilidad penal ER CPI
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Resumen En el presente trabajo se analiza de forma sucinta y esquemática la regulación atinente a la responsabilidad penal individual en el Estatuto de la Corte Penal Internacional que entrara en vigor el 1 de julio de 2002 y que ya ha sido ratificado por Venezuela, para lo cual se harán algunas referencias al principio de jurisdicción universal y su incidencia en el tema, así como a algunas particularidades del sistema de la nueva jurisdicción penal supranacional y a los principios generales de Derecho penal que contiene su Estatuto, y que tendrán relevancia a los fines del tema central de la disertación. De igual forma, se estudiarán las disposiciones específicas que contiene el Estatuto acerca de la cuestión tratada, distinguiendo para ello entre los elementos objetivos y subjetivos de la responsabilidad penal.
Palabras clave Responsabilidad penal individual, principio de jurisdicción universal, Corte Penal Internacional, Estatuto de Roma, elementos objetivos, elementos subjetivos, principios generales de Derecho penal, crímenes, autoría, participación, tentativa, circunstancias eximentes.
Ponencia presentada al Seminario Internacional de Ciencias Penales y Criminológicas, realizado del 12 al 15 de noviembre de 2002 en la ciudad de Mérida, Venezuela.
La responsabilidad penal en el Estatuto de la Corte Penal Internacional Alejandro J. Rodríguez Morales Introducción El 1 de julio de 2002 entró en vigor el Estatuto de la Corte Penal Internacional o Estatuto de Roma (ECPI), como también se le ha denominado en virtud de haber sido adoptado en dicha ciudad. Este nuevo instrumento internacional viene a representar un claro avance en lo que se corresponde con la intolerancia hacia la comisión de crímenes internacionales, que atentan no sólo contra los intereses de la comunidad internacional en su conjunto, sino también, al menos de manera abstracta, de cada país individualmente. La creación de una Corte Penal Internacional ha sido una idea constante desde que el llamado Tratado de Versalles, suscrito al final de la Primera Guerra Mundial, dispusiera en su artículo 227 que el Káiser Guillermo II fuera juzgado por un tribunal penal internacional creado a tal efecto. Desde entonces, han sido muchos los pasos y los esfuerzos que se han ido sumando hasta llegar finalmente a la concepción de la Corte Penal Internacional, la que, valga anotar uno de sus aspectos principales y más notorios, es de carácter permanente. Ahora bien, cabe mencionar que entre esos pasos históricos que se han dado, además del ya mencionado Tratado de Versalles, se encuentra igualmente la creación de los Tribunales Militares Internacionales de Nüremberg y Tokio, en los años 1945 y 1946, respectivamente, y que juzgaron a los principales criminales de guerra, quienes cometieron innumerables crímenes durante la Segunda Guerra Mundial. Por otra parte, también hay que señalar que otro gran paso hacia la creación de una jurisdicción penal internacional lo constituyó la creación del 1
Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia en 1993 (donde actualmente está siendo juzgado Slobodan Milosevic) y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1994. Las sentencias de estos dos tribunales representan una fuente valiosa para la interpretación y la aplicación de las normas del Derecho penal internacional. Finalmente, el que pudiera llamarse “último gran paso” para la definitiva instauración de una jurisdicción penal internacional permanente, viene a estar representado por la suscripción en la ciudad de Roma, el 17 de julio de 1998, del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que contó con el apoyo de las delegaciones de 120 países, la abstención de otros 21 y el rechazo de 7 delegaciones (entre ellas la de Estados Unidos de Norteamérica)1. Cabe señalar, de otra parte, que al momento de redactar las presentes líneas, 81 países han ratificado el Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo que evidencia el apoyo internacional que se le ha dado a la nueva jurisdicción penal internacional. A su vez, hay que decir que Venezuela fue el primer país hispanoamericano en ratificar el Estatuto, en fecha 7 de junio de 2002, habiéndolo suscrito el 14 de octubre de 1998. De esta manera, habiéndose cumplido las formalidades pautadas por el propio Estatuto de la Corte Penal Internacional (párrafo 1 del artículo 126), el mismo, como se mencionó anteriormente, entró en vigor formalmente el 1 de julio de 2002, convirtiéndose en el primer tribunal internacional de carácter permanente que juzgará penalmente a quienes cometan los crímenes de su competencia ratione materiae (artículos 5 y siguientes). Así, pues, la Corte Penal Internacional se diferencia de otros tribunales internacionales ya existentes (v.gr. la Corte Internacional de Justicia y la Corte
BASSIOUNI, M. Cherif. La Corte Penal Internacional. Estudio histórico: 1919-1998. En, BASSIOUNI, M. Cherif et al: La Corte Penal Internacional. Pág. 92. Editorial Leyer. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 2001.
Interamericana de Derechos Humanos), precisamente en que conocerá de la responsabilidad penal individual derivada de la comisión de los crímenes de más grave trascendencia internacional, no pudiendo establecer la responsabilidad del Estado, puesto que ello se encuentra fuera de su competencia ratione persona. En este orden de ideas, el presente estudio pretende esbozar algunos comentarios precisamente respecto al tema de la responsabilidad penal en el Estatuto de la Corte Penal Internacional. El principio de justicia universal y la exigencia de responsabilidad penal Para tratar el tema de la responsabilidad penal individual a la luz del Estatuto de Roma, es necesario que, ante todo, se haga referencia a un principio que ha contribuido de manera patente en la evolución del mismo, cual es el principio de justicia universal. La jurisdicción penal es desplegada por los Estados en ejercicio de su soberanía, de forma natural, cuando dentro de su territorio se comete un delito que su ordenamiento jurídico-penal tipifica; esto es lo que se conoce como principio de territorialidad de la jurisdicción penal. Sin embargo, existen una serie de excepciones al respecto de la validez espacial de la ley penal, en virtud de las cuales no es aplicado el mencionado principio de territorialidad. Entre tales excepciones se encuentra el principio de nacionalidad o personalidad y el principio real o de defensa. Cabe señalar, no obstante, que estos principios mantienen un vínculo directo con la ley penal que pretende aplicarse, bien sea porque la nacionalidad de la persona la vincula con esta (principio de nacionalidad o personalidad), bien porque los bienes jurídicos o
intereses lesionados son los del Estado cuya ley penal pretende aplicarse (principio real o de defensa)2. Entretanto, hay una última excepción al principio de territorialidad que, al menos primae facie, no pareciera mantener un vínculo directo con la ley penal que pretende aplicarse y que es fundamental para el estudio de la responsabilidad penal individual en el ámbito internacional. Se trata del llamado principio de justicia universal o mundial, en virtud del cual, independientemente del lugar de comisión del delito y de la nacionalidad de su autor, cualquier Estado podrá someter a éste a sus leyes penales. Esta posibilidad se debe a que existen ciertos intereses o bienes jurídicos de tal entidad, que son valiosos para la comunidad internacional en su conjunto y que, en consecuencia, su lesión afecta también a cada Estado individualmente considerado, traduciéndose en un menoscabo de la conciencia universal. Es en virtud del principio de justicia universal que se puede exigir responsabilidad penal a quienes atenten contra esos intereses de trascendental importancia para la comunidad internacional, logrando con ello erradicar, en la medida de lo posible, la impunidad de crímenes aberrantes que, según el sentir mundial, tienen que ser castigados. Debe señalarse en esta misma dirección que el principio de justicia universal se encuentra estrechamente relacionado con el postulado aut dedere aut judicare, según el cual quien ha cometido un delito de los que pertenecen al ámbito de la justicia universal “o es entregado o es juzgado”; de esta manera, el ejercicio de la persecución penal universal es un deber para todos los Estados comprometidos con la paz y seguridad internacionales.
ZUGALDÍA ESPINAR, José Miguel. Fundamentos de Derecho penal. Pág. 335. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España. 1993.
De esta forma, el principio de justicia universal se constituye como una herramienta más para sancionar los más graves crímenes y exigir la responsabilidad penal de sus autores y partícipes, lo cual es de suma importancia, puesto que en no pocas ocasiones quienes cometen tales crímenes son funcionarios o personeros del Estado en el que los mismos son cometidos, por lo que podrían procurarse la impunidad si sólo pudieran ser juzgados en éste y no en cualquier Estado, como lo exige el referido principio. No obstante los beneficios que conlleva el principio de justicia universal, debe decirse, y esto parece evidente primae facie, que el mismo encuentra diversas dificultades para su aplicación a cabalidad. En efecto, el primero de tales obstáculos viene a estar representado por el factor político; ningún Estado quiere mostrarse débil ante los demás (evidenciar “menoscabos de su soberanía”), y precisamente el ámbito de lo penal, de la responsabilidad criminal de los individuos, es parte sensible del poder y la soberanía de un Estado. En tal sentido, es lógico pensar que el Estado en el que se comete un crimen de esta naturaleza quiera juzgarlo en su propia jurisdicción penal, y no que ésta le sea “arrebatada”. Esta es una idea de la que todavía los Estados no se han deslastrado por completo, y ello aunque, como bien lo afirma GÓMEZ MÉNDEZ, “los derechos humanos, de una parte, y el respeto a las normas del derecho internacional humanitario, de otra, han contribuido al cambio paulatino del concepto de soberanía en relación con la potestad punitiva de los Estados”3. En efecto, la idea de soberanía no puede constituirse como óbice de la realización de la justicia penal internacional, ya que los crímenes que ésta pretende castigar desestabilizan la paz y el orden internacional, afectando de tal manera a todos los Estados, por lo que no pueden ser tolerados, y es necesario exigir la responsabilidad penal de quienes los cometen.
GÓMEZ MÉNDEZ, Alfonso. Sentido y contenidos del sistema penal en la globalización. Pág.11. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 2000.
Es por este motivo que con meridiana claridad REMIRO BROTÓNS acota que el principio de justicia universal es admitido por las normas generales de Derecho internacional “para la más eficaz represión de una criminalidad gravemente atentatoria de los derechos humanos fundamentales que, en el actual estadio de la evolución del Derecho de Gentes, no ha de ceder ante una concepción superada de la soberanía territorial”4. Por otra parte, el principio bajo estudio también se ve menoscabado por los problemas inherentes a la detención y extradición de quien ha cometido los crímenes que pretenden castigarse. Ejemplo de ello es el que en muchos ordenamientos jurídicos la extradición de los nacionales está expresamente proscrita, por lo que los mismos no podrían ser juzgados más que por el Estado del que son nacionales. En el texto constitucional venezolano, la extradición de nacionales se encuentra prohibida por el artículo 69, lo que pone de relieve la dificultad que implica la aplicación efectiva del principio de justicia universal con respecto a los nacionales venezolanos y su responsabilidad por crímenes internacionales frente a una jurisdicción que no sea la venezolana. Debe advertirse que es por esta misma razón que la cooperación entre los Estados de la comunidad internacional juega un papel trascendental para dar aplicabilidad concreta al principio de jurisdicción universal, por lo cual es necesario que tales relaciones cooperativas sean fomentadas cada vez con mayor fuerza. Concluyendo, pues, el principio de jurisdicción universal es una forma de exigencia de responsabilidad penal individual internacional que, si bien es cierto
REMIRO BROTÓNS, Antonio. La responsabilidad penal individual por crímenes internacionales y el principio de jurisdicción universal. En, ESCOBAR HERNÁNDEZ, Concepción (Ed.): Creación de una jurisdicción penal internacional. Pág. 234. Escuela Diplomática de Madrid. Madrid, España. 2000.
encuentra algunas barreras para su aplicación, también es en muchos casos propicia para evitar la impunidad de los crímenes internacionales, lo que es un imperativo en torno al cual el consenso es hoy indiscutible. Acotaciones preliminares respecto a la responsabilidad penal ante la CPI La situación se presenta distinta a lo que ocurre con el ya mencionado principio de jurisdicción universal, cuando acudimos al Estatuto de Roma, toda vez que ya no se trata del juzgamiento por tribunales penales nacionales intentando castigar a los grandes criminales internacionales en base a dicho principio, sino de su juzgamiento efectivo por un tribunal penal internacional. Ciertamente, este aspecto pone de relieve de antemano que ya no se tratará de un Estado queriendo “imponer” su jurisdicción a otro Estado, sino que en este caso es un órgano jurisdiccional supranacional el que solicitará la cooperación de los Estados para la realización de la justicia penal internacional, esto es, para la persecución penal de quienes cometan los crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)5 y la consecuente exigencia de responsabilidad penal individual. De otra parte, es pertinente apuntar en cuanto a este aspecto, que en el Estatuto de la Corte Penal Internacional no se utiliza la figura de la extradición para llevar a los autores y partícipes de los crímenes de su competencia ante su jurisdicción, sino que se hace uso de la figura jurídica de la entrega, que el mismo Estatuto distingue de la extradición. En efecto, el artículo 102 del ECPI establece con meridiana claridad que por “extradición” se entenderá la entrega de una persona por un Estado a otro Estado,
El artículo 5 del ECPI establece en su párrafo 1: “La competencia de la Corte se limitará a los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto. La Corte tendrá competencia, de conformidad con el presente Estatuto, respecto de los siguientes crímenes: a) El crimen de genocidio; b) Los crímenes de lesa humanidad; c) Los crímenes de guerra; d) El crimen de agresión”.
mientras que por “entrega” se entenderá la entrega de una persona por un Estado a la Corte. Además de esto, también es importante destacar, como lo hacen KAUL y KREß6, que en todo caso y en virtud del principio de complementariedad que rige a la Corte, el Estado siempre va a tener la posibilidad de juzgar a sus nacionales7. Ahora bien, entrando más en materia, es preciso señalar que el régimen de responsabilidad penal en el ECPI se encuentra recogido principalmente en sus artículos 25 a 33, los cuales se encuentran dentro de la Parte III relativa a los Principios generales de Derecho penal. No obstante, existen otras disposiciones dentro del mismo Estatuto que tienen relevancia para el análisis de la responsabilidad penal, a las que se irá haciendo referencia en el presente trabajo. Valga advertir, de otra parte, que en los Elementos de los Crímenes también se hallan diversos preceptos importantes a los fines de nuestro estudio, por lo que igualmente se estará haciendo referencia a los mismos, siendo que éste es uno de los instrumentos de primordial aplicación por la CPI (párrafo 1 del artículo 21 del ECPI). En este mismo orden de ideas, es menester indicar que, tal y como lo expresa AMBOS, en la regulación de la responsabilidad penal en el Estatuto de Roma es posible distinguir entre los elementos objetivos (actus reus) y los elementos subjetivos (mens rea) de la responsabilidad criminal8, si bien es cierto que ambos se encuentran unidos y no puede pretenderse su separación, por lo que la distinción se hace con la finalidad de determinar con mayor precisión
KAUL y KREß, Hans y Peter. Jurisdicción y cooperación en el Estatuto de la Corte Penal Internacional: Principios y Compromisos. En, AMBOS, Kai (coord.): La nueva justicia penal supranacional. Desarrollos post-Roma. Págs. 331-332. Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España. 2002. 7 Así queda establecido en el mismo Preámbulo del Estatuto (Párrafo 10), así como en sus artículos 1 y 17. 8 AMBOS, Kai. Principios generales de derecho penal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En, del mismo autor: Temas del derecho penal internacional. Pág. 15. Universidad Externado de Colombia. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 2001.
cuándo se configuran ambos elementos, dando paso a la responsabilidad penal individual. Y es que, en efecto, para que la responsabilidad penal prevista en el Estatuto de la Corte Penal Internacional se configure, es necesario que se verifiquen conjuntamente el elemento objetivo (el acto externo) y el elemento subjetivo (la intención del agente) de los crímenes competencia de la Corte, pues de lo contrario, ello conllevaría a la exclusión de la responsabilidad penal frente a este órgano jurisdiccional supranacional. Ahora bien, a los fines sistemáticos del presente trabajo, se hará referencia en primer lugar a los elementos objetivos, para luego aludir a los elementos subjetivos de la responsabilidad penal en el Estatuto de Roma. Los principios generales y la responsabilidad penal Ante todo, resulta apropiado tener presente el contenido de los párrafos 4, 5 y 6 del Preámbulo del Estatuto, que permiten la ubicación general del tema bajo análisis. Efectivamente, de la lectura de tales párrafos del Preámbulo se desprende, en primer término, que hay que castigar los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto para lo cual es necesario reforzar la cooperación internacional; en segundo lugar, que los autores de tales crímenes no deben quedar impunes (exigencia de responsabilidad penal individual) con lo que se contribuye a prevenir los mismos, y, finalmente, que es un verdadero deber de todos los Estados de la comunidad internacional ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de esos crímenes (lo que nos remite al ya estudiado principio de jurisdicción universal). Visto esto, parece igualmente imperativo indicar que en el Estatuto se recogen una serie de principios fundamentales del Derecho penal, que se constituyen como barreras o limitaciones de la potestad punitiva de la CPI, y en tal
virtud, su respeto es requisito sine qua non a los fines de exigir responsabilidad penal a un individuo por la comisión los crímenes de su competencia. Por tal razón, es importante hacer alguna mención de tales principios fundamentales. En este sentido, hay que hacer referencia primordialmente al más importante principio del Derecho penal, el cual se constituye como uno de los más grandes logros garantistas en la historia de la ciencia penal, se trata del principio de legalidad o de exclusivismo de la ley penal, mejor conocido como nullum crimen, nulla poena sine lege, el cual se encuentra consagrado expresamente en el artículo 22.1 del ECPI. De esta forma, nadie puede ser declarado penalmente responsable de conformidad con el Estatuto (esto es, por la Corte Penal Internacional) a menos que la conducta de que se trate constituya, al tiempo de ser realizada, un crimen de los previstos expresamente en el artículo 5 del ECPI. Ciertamente, este fundamental principio se encuentra plenamente
garantizado en el Estatuto de Roma, y se constituye como una verdadera protección de los individuos frente la exigencia de responsabilidad penal individual ante la Corte, pues sólo si la conducta está expresamente prevista en el Estatuto podrá ser sancionada, por lo que podría decirse que es un “pre-requisito” de la responsabilidad criminal, que, se reitera, ha sido verdaderamente resguardado en el Estatuto. Aún más, como apunta SCHABAS, “las extremadamente minuciosas disposiciones en el Estatuto de Roma, en especial aquellas que se refieren a definiciones de crímenes y principios generales, dan cuenta de una verdadera obsesión por el principio de legalidad”9.
SCHABAS, William. Principios generales del Derecho penal. En, AMBOS y GUERRERO, Kai y Óscar Julián (Comp.): El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Págs. 280-281. Universidad Externado de Colombia. Santa Fe de Bogotá, Colombia. 1999.
Y es que, en efecto, el principio de legalidad penal se encuentra consagrado en el Estatuto en su doble contenido, esto es, como garantía criminal, en el mencionado artículo 22 (nullum crimen sine lege) y como garantía penal, en el artículo 23 (nulla poena sine lege)10, lo que evidencia el afán por su respeto, partiendo de la base de otras experiencias de jurisdicción penal internacional fuertemente criticadas precisamente por el atropello que las mismas representaban a este principio. Ahora bien, sí debe quedar claro que la consagración del principio de legalidad en el Estatuto es restringida, en tanto y en cuanto está referida únicamente al ejercicio de la jurisdicción de la CPI, es decir, que, tal y como lo dispone el artículo 22.3, “nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a la tipificación de una conducta como crimen de derecho internacional”, con lo cual se declara expresamente que el hecho de que una determinada conducta no se encuentre consignada como crimen internacional en el Estatuto no implica que no pueda ser considerada como tal a la luz del derecho internacional. De hecho, en el mismo Estatuto se encuentra prevista la posibilidad de proponer enmiendas, a través de las cuales se podrán incluir otros crímenes en el catálogo de la competencia ratione materiae del artículo 5 (así lo consagra expresamente el artículo 121), lo que refleja que el mismo, a los fines del derecho penal internacional, es un verdadero numerus apertus, y que, a los fines de la CPI, es un numerus clausus que, sin embargo, puede ser ampliado. Es igualmente pertinente preguntarse si es posible que la nueva Corte conozca de crímenes internacionales, siendo que el artículo 21 del Estatuto, referido al Derecho aplicable incluye los tratados y los principios generales del Derecho internacional e, inclusive, el Derecho interno de los Estados que normalmente ejercerían su jurisdicción en el asunto.
GIL GIL, Alicia. Derecho penal internacional. Pág. 77. Editorial Tecnos. Madrid, España. 1999.
Esta es una posibilidad que debe ser absolutamente rechazada, toda vez que de aceptarse se estaría infringiendo abiertamente el principio de legalidad, que, como se observó, es la protección más básica de que dispone el ciudadano, y con lo cual se estaría ante la inseguridad e incertidumbre jurídica respecto a cuáles son los crímenes que pueden ser conocidos por la Corte. Pero, además, ello debe ser igualmente rechazado por cuanto el mismo artículo 21 establece que las mencionadas fuentes de Derecho serán aplicables en tanto y en cuanto las mismas no sean incompatibles con el Estatuto. De otra parte, y para terminar esta breve referencia al principio de legalidad, cabe subrayar que el artículo 22.2 del Estatuto dispone claramente que la definición de los crímenes competencia de la Corte deberá ser interpretada restrictivamente, por lo que no podrá ser admitida la analogía, con lo cual se da entrada al principio de lex stricta, agregándose que en caso de duda se resolverá a favor del imputado (in dubio pro reo). Por ello, tiene razón BROOOMHALL cuando afirma que “de esta manera, el Estatuto asegura que la discrecionalidad interpretativa de los magistrados se mantenga dentro de los límites del Estatuto, esto es, dentro de los límites que fueron fijados por los Estados que lo negociaron”11. Asimismo, el Estatuto recoge en su artículo 24 el principio de irretroactividad (lex praevia) por lo cual no puede exigírsele responsabilidad penal ante la Corte a ninguna persona si la conducta realizada es anterior a la entrada en vigor del Estatuto (como se mencionó, 1 de julio de 2002). Aún más, el artículo 126.2 del Estatuto establece una regulación especial, en virtud de la cual la entrada en vigor difiere cuando el Estado de que se trate haya emitido su ratificación con posterioridad a la entrada en vigor del Estatuto, lo que evidencia de manera patente la rigurosidad con que se ha querido consagrar la irretroactividad de este instrumento.
BROOMHALL, Bruce. La Corte Penal Internacional. Visión general y la cooperación con los Estados. En, BASSIOUNI, M. Cherif et al: La Corte Penal Internacional. Op. cit., pág. 118.
El régimen de responsabilidad penal del Estatuto de Roma Una vez vistos de manera sucinta estos principios generales de Derecho penal, que ciertamente tienen incidencia en el análisis del tema de la responsabilidad penal en el Estatuto de Roma, es menester pasar a estudiar con mayor detalle el régimen consagrado en dicho instrumento respecto a la problemática central del presente trabajo. Así, es de mencionar en primer lugar que el artículo 25 del Estatuto declara expresamente que la responsabilidad penal es individual, esto quiere decir, que sólo podrán responder ante la CPI las personas naturales. Esta es una de las características propias de la nueva jurisdicción penal supranacional, pues, como se dijo, a diferencia de otros tribunales internacionales que conocen de la responsabilidad de los Estados, ésta conocerá de la responsabilidad de los individuos. Esta regulación se aparta de lo que había sido dispuesto en el artículo 10 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg del 8 de agosto de 1945, el cual contemplaba la responsabilidad de organizaciones criminales12. Respecto a la responsabilidad de los Estados, sin embargo, el artículo 25.4 del ECPI señala que lo dispuesto en el mismo no afectará a la determinación de aquella conforme al Derecho internacional. El artículo 25.2 del Estatuto, por su parte, expresa lo obvio, pues consagra que quien cometa un crimen de la competencia de la Corte será responsable y podrá ser penado, lo que de una manera u otra ya estaba dicho al consagrar el principio nulla poena sine lege en el artículo 23.
LIROLA DELGADO y MARTÍN MARTÍNEZ, Isabel y Magdalena M. La Corte Penal Internacional. Justicia versus Impunidad. Pág. 142. Ariel Derecho. Barcelona, España. 2001.
En este mismo orden de ideas debe reseñarse que tampoco se encuentran dentro de la competencia ratione persona de la Corte, y por tanto no son responsables penalmente ante la misma, los menores de edad (de menos de 18 años), para el momento de la presunta comisión del crimen, conforme a lo pautado por el artículo 26 del Estatuto. Ahora bien, el extenso artículo 25.3 del Estatuto establece las distintas modalidades de responsabilidad penal individual, distinguiendo básicamente entre autoría y otras formas de participación en el delito, de un modo, por decirlo así, bastante amplio. Siguiendo a AMBOS, puede afirmarse que los subparágrafos (a), (b) y (c) del artículo 25.3, se refieren específicamente a la autoría y la participación, mientras que los subparágrafos (d), (e) y (f) aluden a extensiones de la imputación13 y sobre todo a la problemática del delito intentado. Así, los subparágrafos (a) a (f) del artículo 25.3 del Estatuto consideran responsables penalmente a todos aquellos que cometan, participen o intenten cometer un crimen de la competencia de la Corte, lo cual debe ser adminiculado con el artículo 28 del Estatuto, concerniente a la responsabilidad del superior. Visto esto, debe destacarse que el subparágrafo (a) del artículo 25.3 consagra la autoría inmediata (cometer el crimen por sí solo), la coautoría (con otro), y la autoría mediata (por conducto de otro). A este respecto cabe señalar que la autoría mediata se constituye como una de las formas de responsabilidad más importante, toda vez que en muchos de los crímenes previstos en el Estatuto suelen verse implicados autores mediatos, es decir, “hombres de detrás”, que se valen de otros para realizar estos crímenes. Esto tiene especial incidencia en cuanto a la responsabilidad del superior, a la que se aludirá posteriormente.
AMBOS, Kai. Principios generales de derecho penal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Op. cit., pág. 22.
Los subparágrafos (b) y (c) recogen distintas formas de participación, entre las cuales se encuentra la inducción, así como las figuras del facilitador o auxiliador y el cómplice sui generis, por lo que, como ya se mencionó, es bastante amplio el espectro de las distintas maneras de responsabilidad. Es de observar que en el subparágrafo (b) se incluye igualmente a quien ordene la comisión del crimen, lo cual es una verdadera forma de autoría (específicamente de autoría mediata), por lo que no debía haberse incluido en esta disposición, al quedar comprendida en el subparágrafo (a). Por otra parte, los subparágrafos (d), (e) y (f), consagran las figuras de la contribución (que debe ser intencional), la instigación pública y directa respecto al genocidio y la tentativa de forma genérica, incluyéndose además en el último subparágrafo (f) el desistimiento o arrepentimiento efectivo, en virtud del cual se excluye la punibilidad. Otro punto importante es el relativo a la improcedencia del cargo oficial, prevista en el artículo 27 del Estatuto, que, a fin de cuentas, se fundamenta en el principio de igualdad, puesto que desde los juicios de Nuremberg se ha comprendido que el mero hecho de que la persona ostente un cargo oficial o la inmunidad que la misma posea no constituye eximente de responsabilidad penal individual ni motivo para la rebaja de la pena en el ámbito internacional, en el que los crímenes son ciertamente trascendentales para la humanidad. De aceptarse la procedencia del cargo oficial como eximente o atenuante se estaría abriendo la puerta a la impunidad, que precisamente quiere ser evitada, todavía más si se considera que muchos de estos crímenes son cometidos precisamente por personas que ostentan cargos oficiales, incluso por Jefes de Estado. A este rechazo de la impunidad también se debe el que en el artículo 29 del Estatuto se haya establecido la imprescriptibilidad de los crímenes de la competencia de la Corte, lo cual es de vital relevancia puesto que muchas veces
el tiempo juega en contra de la justicia, y en esta materia es inadmisible que ello ocurra. De hecho, en la Constitución venezolana se ha previsto la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y contra los derechos humanos en los artículos 29 y 27114. De otra parte, se estatuye en el artículo 28 la responsabilidad penal de los superiores, lo que es frecuente en este tipo de crímenes. Ahora bien, esta responsabilidad puede ser por comisión o por omisión, bien sea porque el superior ordene la comisión de los crímenes (a lo que se alude ya en el subparágrafo (b) del artículo 25.3), bien porque no evite la comisión de los mismos por sus subordinados o por no haber ejercido un control apropiado sobre los mismos. Es de importancia destacar que el Estatuto de Roma en el mencionado artículo quiso ir más allá, pues se consagró no sólo la responsabilidad de los superiores y jefes militares (artículo 28.1), sino que también estableció la responsabilidad de los jefes y otros superiores civiles (artículo 28.2), lo que es trascendental, puesto que muchas veces no son militares quienes dirigen o están al frente de la comisión de los crímenes. En este orden de ideas, el artículo 28 distingue en cuanto a los requisitos para que se configure la responsabilidad penal, bien cuando se trate de superiores militares, bien cuando se trate de superiores civiles, por tratarse de situaciones diferentes. Así, los superiores y jefes militares responderán por los crímenes cometidos por sus subordinados cuando hubieren sabido o hubieren debido saber, según las circunstancias, que se estaban cometiendo esos crímenes o se proponían cometer; y no hubieren adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su alcance para prevenir o reprimir los mismos, o al menos para poner el asunto en
Puede confrontarse al respecto RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro J. Constitución y Derecho penal. Un análisis de las disposiciones constitucionales con incidencia en el ámbito jurídico-penal. Págs. 30-31/74-78. Ediciones Líber. Caracas, Venezuela. 2001.
conocimiento de las autoridades. Esto, además, ha sido expresado por la jurisprudencia, específicamente en las sentencias Prosecutor vs. Tadic y Prosecutor vs. Delalic del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, así como Prosecutor vs. Kayishema y Prosecutor vs. Akayesu del Tribunal Penal Internacional para Ruanda, entre otras. Por su parte, en cuanto a la responsabilidad de los superiores civiles por la comisión de crímenes por parte de sus subordinados, la misma se configura únicamente cuando tuvieren conocimiento o deliberadamente ignorasen la información de la comisión o pretensión de cometer esos crímenes, que estos guardaren relación con actividades bajo su responsabilidad y control efectivo y que no hubieren adoptado las medidas necesarias y razonables para su prevención o represión. Asimismo, en el artículo 33.1 del Estatuto se preceptúa que los subordinados también son responsables cuando sigan las órdenes de sus superiores, y que el solo hecho de encontrarse en el cumplimiento de las mismas tampoco constituye una eximente de responsabilidad penal, salvo que (y estos son requisitos concurrentes): estuviere obligado por ley a cumplir la orden, no supiere que la orden era ilícita y que la orden no fuere manifiestamente ilícita, añadiendo el artículo 33.2 que las órdenes de cometer genocidio o crímenes de lesa humanidad son manifiestamente ilícitas, lo cual es de suma importancia que haya sido previsto, porque ciertamente tales órdenes son manifiestamente ilícitas y bajo ningún concepto podría sostenerse lo contrario. Hasta aquí pues, se han resumido brevemente los elementos objetivos (actus reus) de la responsabilidad penal en el Estatuto de Roma, por lo que se pasará a hacer mención del elemento subjetivo (mens rea). En efecto, el artículo 30 del Estatuto dispone que nadie será penalmente responsable a menos que haya actuado con la intención y el conocimiento de los
elementos materiales del crimen, por lo que, en resumidas palabras, se ha consagrado el principio nullum crimen nulla poena sine culpa, de necesaria inclusión en este instrumento por su contenido e incidencia en cuanto a la responsabilidad penal individual. Es de observar que en la introducción general de los Elementos de los Crímenes se establecen ciertas disposiciones atinentes a la exigencia de intencionalidad del artículo 30, antes mencionado, por ejemplo, se señala en el número 3 que la existencia de la intención y el conocimiento puede inferirse de los hechos y las circunstancias del caso, por lo que el estudio del contexto del caso es trascendental para determinar la intención criminal de la persona. Según el artículo 30.2, además, se entenderá que actúa intencionalmente quien en relación con una conducta se propone incurrir en ella, o en relación con una consecuencia, se propone causarla o es consciente de que se producirá en el curso normal de los acontecimientos. Cabe destacar, en esta misma dirección, que la responsabilidad penal en el Estatuto puede producirse por dolo o culpa, puesto que, por ejemplo, la responsabilidad de los superiores puede darse por culpa en muchas ocasiones, esto es, por negligencia en el control de las fuerzas bajo su mando. De otra parte, y en concordancia con todas estas disposiciones atinentes a la responsabilidad penal, el artículo 31 contiene un catálogo de circunstancias eximentes de responsabilidad penal, entre las cuales se recogen la inimputabilidad (deficiencia mental) en el subparágrafo (a), la intoxicación, salvo en el caso de las llamadas actio libera in causa, a lo cual se refiere expresamente el subparágrafo (b), la defensa propia o legítima defensa en el subparágrafo (c) y la coacción en el subparágrafo (d). A este respecto, las reglas 79, 80 y 81 de las Reglas de Procedimiento y Prueba hacen referencia al procedimiento que debe seguirse para hacer valer esta serie de circunstancias eximentes de responsabilidad penal,
observándose además que el artículo 31.3 del Estatuto admite la posibilidad de alegar otras circunstancias eximentes distintas a las expresamente enunciadas. Para terminar, se dirá que, precisamente por exigirse la intencionalidad del sujeto activo en el artículo 30, el artículo 32 del Estatuto da entrada al error de hecho y de derecho, por cierto una terminología que ya no suele ser usada por la dogmática penal, puesto que la misma se ha sustituido por la de error de tipo y error de prohibición, lo que refleja una vez más el carácter garantista del Estatuto. Sin embargo, es un poca confusa la redacción puesto que según esta el error de derecho sólo puede ser eximente de responsabilidad penal cuando haga desaparecer la intencionalidad o si se refiere al cumplimiento de órdenes superiores. En todo caso, parece importante que se haya contemplado la posibilidad de alegar el error como eximente. Así, pues, han quedado esbozadas sucintamente las principales
disposiciones atinentes a la responsabilidad penal en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la cual se vislumbra como un instrumento más para la batalla contra los crímenes más despreciables que conoce la humanidad y que, si bien es cierto ha sido criticada desde diversos ámbitos y en algunos autores se halla un cierto escepticismo al respecto, desde aquí se considera que la misma sí dará frutos a los hombres. Además de lo dicho, cabe recordar las palabras del filósofo francés Gaston Bachelard: “Es necesario que la voluntad imagine demasiado para realizar bastante”. Bibliografía
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