Source: http://ww.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/C-464-14.htm
Timestamp: 2019-07-23 08:55:34
Document Index: 87616213

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 188', 'artículo 93', 'artículo 188', 'artículo 241', 'artículo 93', 'artículo 242', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 93', 'artículo 188', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 188', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 188', 'artículo 188', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 188', 'artículo 93', 'artículo 188', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 188', 'artículo 31', 'artículo 188']

C-464-14
REFORMA AL CODIGO PENAL-Delito de explotación de menores/DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD-Implica exclusivamente la penalización de la utilización de menores para el ejercicio de la mendicidad y no el ejercicio autónomo de la misma en compañía de menores/INTERPRETACION LITERAL DE EXPRESION DEMANDADA “MENDIGUE CON MENORES”-Conlleva un riesgo objetivo
La Corte Constitucional encuentra que los cargos presentados por la actora no están llamados a prosperar íntegramente. En efecto, en rasgos generales, el tipo penal demandado referente a la explotación de menores, difiere del delito de trata de personas, por cuanto: i) presenta un sujeto pasivo calificado; ii) verbos rectores distintos; iii) no contiene un ingrediente subjetivo en el tipo y; iv) no presenta modalidades de agravación. Adicionalmente, la conducta descrita en la trata de personas siendo un tipo penal de resultado cortado, despliega un traslado de personas, que imposibilita la subsunción en el delito de explotación de menores. Y en caso de existir conflicto entre ambos, la dogmática penal resuelve el asunto bajo la teoría del concurso de conductas punibles y los principios interpretativos de especialidad, subsunción, alternatividad y consunción, los cuales podrán aplicarse por los operadores judiciales en todo momento. No obstante, le asiste parcialmente la razón a la demandante respecto de la expresión “mendigue con menores”, contenida en la norma acusada, toda vez que literalmente entendida puede representar una forma de criminalizar la pobreza o re victimizar población vulnerable que se encuentra en estado de debilidad manifiesta, en las calles en compañía de su núcleo familiar. Por tanto, en relación con esta expresión, la Corte al examinar las dos interpretaciones posibles, considera necesario precisar la interpretación constitucional adecuada, con el fin de proteger los derechos fundamentales de esta población desfavorecida, la cual se reitera, no podrá ser perseguida cuando mendigue autónomamente en presencia de menores de edad, sino únicamente cuando utilice o instrumentalice a menores de edad para el ejercicio de la mendicidad.
EXPLOTACION DE MENORES Y TRATA DE PERSONAS-Descripción de los tipos penales en conflicto/DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD-Contenido/DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Contenido
Los delitos en comparación de explotación de menores, contenido en el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 y el delito de trata de personas estipulado en el artículo 188 –A del Código Penal no tienen identidad típica por cuanto se diferencian en cuatro puntos cardinales. En primer lugar, por los sujetos pasivos de ambos tipos penales; en el artículo demandado –explotación de menores-, el sujeto pasivo es determinado al recaer exclusivamente sobre menores de edad, mientras que en la trata de personas el sujeto pasivo puede ser cualquier persona, es decir, es indeterminado. En segundo lugar, aunque ambos delitos comprenden conductas alternativas, los verbos rectores son completamente distintos: la explotación de menores reprocha al que utilice, instrumentalice, comercialice o mendigue con menores de edad, por su parte, la trata pena a quien capte, traslade, acoja o reciba a cualquier persona. En tercer lugar, el tipo penal de trata de personas se diferencia de la explotación de menores al contener un ingrediente subjetivo o un carácter intencional distinto del dolo que se emplea para describir la conducta, en este caso, el delito de trata prevé como elemento adicional una finalidad de explotación, inexistente en el delito de explotación de menores. Finalmente, el delito de trata de personas presenta modalidades de agravación ausentes en el delito de explotación de menores.
CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES-Contenido/TEORIA DEL CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES-Finalidad/CONCURSO DE DELITOS-Definición/CONCURSO DE DELITOS-Clases/CONCURSO DE DELITOS-Rasgos determinantes
CONCURSO APARENTE DE TIPOS PENALES-Herramientas interpretativas para enfrentar eventuales riesgos de vulneración del non bis in ídem
MENDICIDAD-Jurisprudencia constitucional/MENDICIDAD-Criterios jurisprudenciales
Para la Sala Plena: i) la mendicidad es sancionable únicamente cuando se instrumentaliza o utiliza a otra persona o un menor para obtener lucro. Empero, desde el punto de vista constitucional –en virtud de la cláusula de Estado Social de Derecho- no existe justificación válida para reprochar penalmente la mendicidad propia o en compañía de un menor de edad, que compone parte del núcleo familiar; ii) este tipo de mendicidad propia con menores de edad, no tiene la intención de explotar o instrumentalizar al menor sino la finalidad de que grupos familiares en debilidad manifiesta satisfagan necesidades mínimas del ser humano y permanezcan unidos; iii) resulta evidente que la intención del legislador fue sancionar de manera autónoma los actos en los que se utilice un menor para mendigar, sin proscribir formas de mendicidad propia.
DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Juicio de igualdad
DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Diferencias
La Corte Constitucional, no logra superar la totalidad del juicio de procedencia respecto al principio de igualdad por cuanto la explotación de menores regulada en el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 demandado, es claramente diferenciable del delito de trata de personas contenido en los artículos 188-A y B del Código Penal, por las siguientes consideraciones: i) los sujetos pasivos: en el delito de explotación de menores el sujeto pasivo es calificado, exclusivamente protege a los menores de edad, mientras que en el delito de trata de personas el sujeto pasivo es indeterminado; ii) los verbos rectores: en la conducta punible demandada se emplean los verbos: utilizar, instrumentalizar, comercializar y mendigar, los cuales son completamente disímiles a los verbos rectores consagrados en el delito de trata de personas, a saber: captar, trasladar, acoger o recibir; iii) el delito de trata de personas presenta un elemento subjetivo, distinto del dolo -“con fines de explotación”-, mientras el delito de explotación de menores no supone en el autor un determinado propósito, intención, motivación o impulso que se adicione al dolo y; iv) el delito de trata de personas presenta una modalidad agravada en el artículo 188-B, por ejemplo, cuando la conducta se realice en persona menor de 18 o 12 años, inexistente en el delito de explotación de menores.
DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y DELITO DE TRATA DE PERSONAS-No se predica una subsunción o similitud típica necesaria entre ambas conductas punibles para entrar a examinar el fondo del cargo por presunta violación al principio de igualdad
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Triple identidad (objeto, causa y persona)
VIOLACION AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Procedencia de control constitucional por errores de técnica legislativa que conducen en el plano teórico a futuras violaciones constitucionales
La violación al principio constitucional de non bis in ídem no solamente procede de manera práctica ante juzgamientos que derivan en sentencias definitivas, amparadas por la cosa juzgada, también puede evidenciarse y prevenirse por el máximo Tribunal Constitucional, por errores de técnica legislativa que conducen en el plano teórico a futuras violaciones constitucionales.
PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Instrumentos internacionales
PRINCIPIO DE NECESIDAD EN DERECHO PENAL-Mínima intervención y última ratio
La Corte ha sostenido que el derecho penal se enmarca en el principio de mínima intervención, según el cual, el ejercicio de la facultad sancionatoria criminal debe operar cuando los demás alternativas de control han fallado. Esta preceptiva significa que el Estado no está obligado a sancionar penalmente todas las conductas antisociales, pero tampoco puede tipificar las que no ofrecen un verdadero riesgo para los intereses de la comunidad o de los individuos; como también ha precisado que la decisión de criminalizar un comportamiento humano es la última de las decisiones posibles en el espectro de sanciones que el Estado está en capacidad jurídica de imponer, y entiende que la decisión de sancionar con una pena, que implica en su máxima drasticidad la pérdida de la libertad, es el recurso extremo al que puede acudir al Estado para reprimir un comportamiento que afecta los intereses sociales. En esta medida, la jurisprudencia legitima la descripción típica de las conductas sólo cuando se verifica una necesidad real de protección de los intereses de la comunidad. De allí que el derecho penal sea considerado por la jurisprudencia como la última ratio del derecho sancionatorio.
María Eugenia Gómez Chiquiza
En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, la ciudadana María Eugenia Gómez Chiquiza solicita a la Corte que declare la inexequibilidad de la totalidad del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 “por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución y en el Decreto Ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia.
La ciudadana María Eugenia Gómez Chiquiza presentó acción de inconstitucionalidad contra el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 “por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”, por presunta inconstitucionalidad en su contenido material.
1.- La conducta prescrita en el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 relativa a la explotación de menores genera una confusión típica cuando se observa de conformidad con el artículo 188-A del Código Penal (Ley 599 de 2000) que consagra el tipo penal de trata de personas.
2.- En ese sentido, para la demandante, una vez analizados los verbos rectores de ambos tipos penales, el tipo penal demandado se encuentra subsumido totalmente por el tipo penal anterior contenido en el Código Penal colombiano. Este supuesto de hecho conlleva a una presunta vulneración del principio de igualdad (art. 13. C.P.) por cuanto el artículo demandado, referente a menores de edad, establece una protección inferior con una pena de 3 a 7 años para quien explote a los menores de edad, mientras el artículo 188-A en comparación, consagra una pena de 13 a 23 años frente al adulto que sea víctima de explotación por cualquiera de sus modalidades.
3.- Partiendo del mismo presupuesto de la demandante, es decir, de la subsunción de dos tipos penales, la demandante estima que el legislador desconoció el principio de non bis in ídem, contenido en el derecho al debido proceso, que supone en su criterio: “el de prohibición o múltiple incriminación, prohibición de doble o múltiple valoración, el denominado principio del non bis in ídem material, cosa juzgada, prohibición de doble o múltiple punición y finalmente, el non bis in ídem material” –folio 9-.
4. Para la actora esta dualidad normativa genera una tipificación vaga por parte del legislador que atenta contra el principio de legalidad, ya que no existe precisión y certeza en la ley penal, lo cual se refleja en la seguridad del ciudadano quien necesita conocer de antemano “qué conductas son catalogadas por los jueces como delitos y qué sanciones jurídicas ocasionará la realización de tales conductas”-folio 15-.
5.- De manera particular, la actora indica que la expresión “o mendigue con menores de edad” contenida en el artículo demandado vulnera el debido proceso al pretender tipificar la mendicidad con menores de edad, sin tener en consideración la realidad del país, en la que muchas familias por situaciones de extrema pobreza, desplazamiento o imposibilidad de encontrar empleo formal o informal, obtienen de esta forma ingresos para satisfacer necesidades básicas y optan por la mendicidad como único medio de subsistencia, sin la menor intención de explotar económicamente a sus hijos, a través de su acompañamiento. Por ello, la disposición demandada permite concluir que “un padre o madre en las condiciones antes dichas que sea sorprendido ejerciendo la mendicidad propia pero en compañía de sus hijos menores de edad, puede ser judicializado por el delito de mendicidad ajena, constituyéndose esto en una forma de criminalizar la pobreza” –folio 15. Al respecto, cita la sentencia C-040 de 2006 en la cual la Corte precisó que es legítimo el ejercicio de la mendicidad propia, pues la misma no afecta derechos de terceros y, por el contrario, puede constituir para la persona un elemento vital de realización personal.
1. Ministerio del Interior
El representante del Ministerio del Interior, Andrés Gómez Roldán solicita declarar exequible el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 por cuanto la normatividad penal expone tipos punitivos diferentes, los cuales si bien impactan en cierta medida la conducta antijurídica de trata de personas, no se pueden estimar vulneratorios de la Constitución; ya que por el contrario, al tipificar conductas penales diferentes podrían construir para el ejecutor un marco integrador de la normatividad en la materia. Dentro de esas disposiciones cita: reclutamiento ilícito (art. 162); tráfico de menores (art. 188); trata de personas (art. 188A); tráfico de niñas, niños y adolescentes (artículo 188C); uso de menores de edad (art. 188D); prostitución forzada o esclavitud sexual (art. 141); turismo sexual (art. 129); demanda de explotación sexual y comercial de persona menor de 18 años (art. 217A); pornografía con personas menores de 18 años (art. 218); inducción a la prostitución (art. 213); proxenetismo con menor de edad (art. 213A) y; constreñimiento a la prostitución (art. 214).
2. Defensoría del Pueblo
El Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, Luis Manuel Castro Novia, solicita la exequibilidad del cargo por presunta vulneración del derecho a la igualdad y declarar la exequibilidad condicionada de la expresión “o mendigue con menores de edad”, contenida en el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, “bajo el entendido que la conducta reprochable es el ejercicio de la mendicidad utilizando o valiéndose de menores de edad, mas no el ejercicio autónomo de la misma en compañía de estos” –folio 93-.
3. Ministerio de Justicia y del Derecho
La apoderada, Ana Beatriz Castelblanco Burgos interviene en la acción de inconstitucionalidad de la referencia con el fin de solicitar un fallo inhibitorio por cuanto la demanda carece de certeza al estar estructurada subjetivamente sobre el contenido de una norma acusada que no penaliza la mendicidad propia ni la comercialización de los menores.
Como antecedente legislativo de la disposición demandada la interviniente manifiesta que la disposición demandada surgió en tercer debate en la Comisión Primera de Cámara, como consecuencia de una proposición presentada por el Representante Juan Carlos Salazar Uribe “sin que viniera incluida en la Ponencia y sin que hubiera sido objeto de discusión, propuesta o debate en las etapas previas en el Senado” –folio 96-.
4. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
5. Fundación Telefónica Colombia
El Director (E) de la Fundación Telefónica Colombia, Javier Uribe Blanco, interviene para solicitar la inexequibilidad de la norma demandada. En su criterio esta disposición desconoce la prevalencia que ha sido dada a los derechos de los niños por vía constitucional de acuerdo a los tratados suscritos por Colombia ya que establece una discriminación sin justificación. Lo anterior, contradice los estudios que indican que la sola acción del trabajo infantil ya es violatoria de derechos individuales y colectivos y que merece el mayor repudio punitivo para quien tipifique esta conducta.
6. Universidad Nacional de Colombia
Mediante oficio No. VDA-35-2014, el Vicedecano Académico, Gregorio Mesa Cuadros, solicita que la Corte declare la exequibilidad del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, no obstante, suplica que se declare inexequible la expresión “o mendigue con menores de edad” al ser contraria a la Constitución.
7. Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
Lucy Edrey Acevedo Meneses, interviene en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de solicitar la exequibilidad de la norma acusada.
Mediante acción de inconstitucionalidad la ciudadana María Eugenia Gómez Chiquiza solicita a la Corte Constitucional declarar la inexequibilidad del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, por cuanto la conducta descrita, relativa a la explotación de menores genera una confusión típica cuando se confronta con el delito de trata de personas, contenido en el artículo 188-A del Código Penal. En criterio de la demandante, al analizar el ingrediente subjetivo del tipo penal contenido en la trata de personas, se puede entender subsumido el tipo penal de explotación de menores. En ese entendido, el tipo penal de explotación de menores transgrede el principio de igualdad al introducir al ordenamiento jurídico una pena menor para sancionar la explotación de menores, en comparación con la prevista para castigar el mismo acto en los adultos, lo cual vulnera la especial protección constitucional que merecen los niños.
3. Análisis comparativo de los tipos penales en conflicto: explotación de menores y trata de personas
1. Cuando se realice en persona que padezca, inmadurez psicológica, trastorno mental, enajenación mental y trastorno psíquico, temporal o permanentemente o sea menor de 18 años.
2. Como consecuencia, la víctima resulte afectada en daño físico permanente y/o lesión psíquica, inmadurez mental, trastorno mental en forma temporal o permanente o daño en la salud de forma permanente.
3. El responsable sea cónyuge o compañero permanente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil.
4. El autor o partícipe sea servidor público.
4. Concurso de conductas punibles y principios interpretativos en materia penal
En palabras de Reyes Echandía, “esta modalidad se presenta cuando varias acciones u omisiones realizadas por el mismo agente con finalidades diversas producen una pluralidad de violaciones jurídicas y, por lo mismo, encuadran en varios tipos penales, o varias veces en el mismo tipo”[6].
Para Reyes Alvarado, “plantear que el concurso aparente es una manifestación de la unidad delictiva en la cual varias normas describen esa misma conducta hace pensar en que no es correcto que reconociendo de antemano la existencia de una sola acción que sólo puede generar una sanción penal, puedan concurrir una pluralidad de disposiciones que comprendan ese comportamiento dentro de su descripción; pues bien, esta afirmación es correcta y pone de relieve que lo que se ha venido denominando concurso aparente de hechos punibles es en la mayoría de los casos el producto de fallas legislativas que suelen derivarse de la equivocada pretensión legislativa de sancionar conductas de acuerdo con la forma de lesión del bien jurídico protegido en lugar de tener en cuenta solo la efectiva afectación al bien jurídico y el grado en que dicha lesión se haya producido”[13] –negrilla fuera de texto-.
El principio de subsidiariedad surge de la locución latina: “lex primaria derogat legis subsidiariae” e indica que el tipo subsidiario se inaplica ante el principal. La subsidiariedad puede aplicarse bien de manera expresa cuando el legislador se encarga de señalarla, o de forma tácita la cual debe deducirse de la ley. Según Velásquez, “este postulado opera cuando el analista debe resolver concursos aparentes de tipos motivados por la existencia de figuras que describen diversos grados de lesión o afectación de los bienes jurídicos, desde los más leves hasta los más graves, de tal manera que el supuesto de hecho subsidiario es interferido por el principal”[17].
Finalmente, el principio de alternatividad que se aplica de manera accesoria a los anteriores, puede darse de manera propia e impropia. La alternatividad impropia hace referencia a la hipótesis en la cual el legislador ha descrito en dos tipos penales diversos la misma conducta, de tal manera que siendo idénticas las descripciones puede afirmarse que las varias disposiciones actúan como círculos secantes; de acuerdo con esta concepción doctrinal dicha forma de alternatividad se resolverá seleccionando la norma que prevea la sanción más alta aplicable. Según Reyes Alvarado ésta forma de alternatividad “trata de plurales descripciones de una misma conducta que a veces pueden aparecer dentro de una misma ley incluso con sanciones diversas; sin embargo debe reconocerse que no resulta frecuente que ello ocurra y en las pocas oportunidades en que se presente dicha hipótesis sólo puede obedecer a manifiestos errores legislativos”[20].
5. Aspectos constitucionales de la mendicidad
Esta posición del legislador se hizo más explícita en la ponencia para primer debate al proyecto de ley en el Senado de la República, presentada por el Senador Ponente Darío Martínez Betancourt, en la cual se resaltó que la mendicidad por estado de necesidad no debe ser punible. La Sala transcribe a continuación el aparte relevante de la ponencia para este juicio de constitucionalidad:
6. Análisis concreto de los cargos
En virtud de lo anterior, la violación al principio constitucional de non bis in ídem no solamente procede de manera práctica ante juzgamientos que derivan en sentencias definitivas, amparadas por la cosa juzgada, también puede evidenciarse y prevenirse por el máximo Tribunal Constitucional, por errores de técnica legislativa que conducen en el plano teórico a futuras violaciones constitucionales. Así lo reconocen diversos autores como Del Rey Guanter o Belloch, entre otros, quienes admiten dos vertientes del non bis in ídem, una procesal y otra material, según esta última “cuando el legislador prevé una sanción para un hecho tipificado como infracción, está obligado por el principio de la proporcionalidad a mantener una adecuación entre la gravedad de la primera y la segunda, [de ahí que] aplicar una nueva sanción, en el mismo orden punitivo o en otros distintos representaría la ruptura de esa consonancia, una sobrerreacción del ordenamiento Jurídico, que está infligiendo a un sujeto un mal sobre sus bienes mayor o descompensado con respecto al cumplimiento que ha desarrollado del mandato jurídico. En última instancia, el principio non bis in ídem está basado, como en definitiva lo está todo el Derecho, en la idea de justicia, esto es, en la concepción de que a cada uno el ordenamiento Jurídico debe compensarlo o punirlo según su conducta, de forma que iría en contra de la misma una regulación sancionadora que permitiera penalizar al infractor de forma desproporcionada”[26].
7. Síntesis de la decisión
En el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana María Eugenia Gómez Chiquiza, solicitó la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 93 contenido en la Ley 1453 de 2011, al considerar que la descripción típica genera una total confusión o subsunción penal, violatoria del principio de igualdad (art. 13 C.P.) y de non bis in ídem (art. 29 C.P.), con respecto al delito de trata de personas, consagrado en los artículos 188- A y B del Código Penal. De manera específica, suplicó declarar inexequible la expresión “o mendigue con menores”, la cual pretende criminalizar la pobreza.
A LA SENTENCIA C-464/14
REFORMA AL CODIGO PENAL-Similitud de verbos rectores del delito de explotación de menores de edad contenido en norma demandada y el delito de trata de personas consagrado en Código Penal, llevan a concluir que el primero se subsume en el segundo (Salvamento parcial de voto)
REFORMA AL CODIGO PENAL-Tipificar la explotación de menores de edad como delito distinto al de trata de personas con un tratamiento punitivo inferior al previsto en este último, disminuye la protección penal existente para menores sin justificación (Salvamento parcial de voto)
Me aparto parcialmente de la decisión adoptada por la Sala Plena en la Sentencia C- 464 de 9 de julio de 2014, mediante la cual se declaró la exequibilidad del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, en el entendido que la expresión “mendigue con menores de edad” tipifica exclusivamente la utilización de menores de edad para el ejercicio de la mendicidad y no el ejercicio autónomo de la misma en compañía de estos, por los siguientes motivos:
1. Comparto la inexequibilidad que se encuentra implícita en el condicionamiento de la constitucionalidad de la norma, que apunta a excluir que la expresión “mendigue con menores” pueda interpretarse como la consagración como delito en el ordenamiento penal, de la conducta de quienes por la precariedad de sus condiciones económicas y sociales se vean compelidos a ejercer la mendicidad en compañía de menores.
2. Sin embargo, me aparto de la decisión mayoritaria que declaró ajustada a la Constitución la disposición acusada, por cuanto:
2.1. La similitud de los verbos rectores del delito de explotación de menores de edad contenido en el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 y el delito de Trata de personas, consagrado en el artículo 188A del Código Penal, llevan a concluir que el primero se subsume en el segundo, pues toda explotación que se tipifique en el marco del artículo 188A del Código Penal, aplica tanto para adultos, como para menores de edad, y
2.2. En tanto al tipificar en la disposición acusada la explotación de menores de edad como un delito distinto al de trata de personas, con un tratamiento punitivo inferior al previsto en este último, disminuye la protección penal existente, para sujetos de especial protección - los menores - , sin que ello tenga justificación.
De esta manera, me aparto parcialmente de la decisión adoptada por la Sala haciendo las claridades antes expuestas.
DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES-Norma demandada establece un tipo penal, dentro del género de delitos que pretenden castigar las diversas formas de “cosificación” de las personas por parte de individuos o grupos, con menor punibilidad por el sólo hecho de tratarse de la explotación de niños, niñas y adolescentes (Salvamento de voto)
REFORMA AL CODIGO PENAL-Desconocimiento de la especial protección de los niños y niñas al establecer una sanción baja en delito de explotación de menores con respecto a sanciones determinadas en otras conductas punibles pertenecientes al mismo género (Salvamento de voto)
DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES-Vulneración del principio de legalidad (Salvamento de voto)/DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES-Indeterminación del tipo (Salvamento de voto)
DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES-Supuestas diferencias a las que aludió la mayoría para considerar que se trata de tipos de criminalidad distintos realmente son especificidades sobre el sujeto pasivo de la acción y distinciones nominales sobre los verbos rectores (Salvamento de voto)
DELITO DE EXPLOTACION DE MENORES-Desconocimiento de la especial protección constitucional a niños, niñas y adolescentes (Salvamento de voto)
1.- Con el acostumbrado respeto por la postura mayoritaria de la Sala, la suscrita Magistrada procede a sustentar el salvamento de voto que fue manifestado en la Sala Plena del día 09 de julio de 2014, respecto de la sentencia C-464 de 2014.
2.- En dicha providencia la mayoría decidió declarar la exequibilidad condicionada del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 que tipifica la explotación de menores de edad por no haber constatado violaciones de los principios a la igualdad y de tipicidad. La posición mayoritaria consideró que el tipo penal demandado difiere del delito de trata de personas, de tal suerte que la pena establecida no es desproporcionada a pesar de ser menor en comparación con otros delitos que pueden parecer similares. La sentencia entendió que el delito de explotación de menores y otros semejantes, por ejemplo la trata, son conductas diferentes que, en caso de concurrencia, pueden analizarse bajo la teoría del concurso de hechos punibles y de varios principios interpretativos a fin de aplicar una pena acorde con la gravedad de las situaciones. Por otra parte, para evitar la criminalización de la pobreza -que podría darse en los casos de familias que se dedican a la mendicidad en compañía de los menores- la posición mayoritaria consideró que sólo constituye delito la utilización o instrumentalización de los menores de edad para el ejercicio de la mendicidad y no el ejercicio autónomo de la actividad en compañía de éstos.
3.- En mi opinión el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 es inexequible por dos razones ligadas por un elemento común: el carácter especial de la norma demandada dentro de delitos que hacen parte de un género más amplio. En primer lugar, considero que la norma es inconstitucional porque viola los artículos 13 y 44 superiores, en tanto que establece un tipo penal especial, dentro del género de delitos que pretenden castigar las diversas formas de “cosificación” de las personas por parte de individuos o grupos, con menor punibilidad por el sólo hecho de tratarse de la explotación de niños, niñas y adolescentes. El legislador desconoció la especial protección de los niños y de las niñas consagrada en la Constitución al establecer una sanción baja en el delito de explotación de menores de edad con respecto a sanciones determinadas en otras conductas punibles pertenecientes al mismo género. En segundo lugar, considero que la disposición acusada vulnera el principio de legalidad, pues el grado de indeterminación del tipo afectará a los eventuales sujetos activos que sean parte en este tipo de procesos.
4.- Sobre el punto del carácter de este tipo penal como norma especial considero que la explotación de menores de edad corresponde a una especie dentro del género de delitos que sancionan la “utilización” de las personas; de ahí que las supuestas diferencias a las que aludió la mayoría para considerar que se trata de tipos de criminalidad distintos realmente son especificidades sobre el sujeto pasivo de la acción y distinciones nominales sobre los verbos rectores. Efectivamente el delito de explotación de menores de edad no es un delito distinto de otros del mismo género porque sólo agrega la particularización de los sujetos pasivos de la acción. Es posible afirmar también que el mismo nombre del delito indica esa relación entre género y especie con respecto a los sujetos pasivos, en tanto que se trata de una conducta denominada “explotación de menores”, que puede ser considerada como parte del género de explotación de seres humanos en general. De hecho el tipo incluye verbos rectores que corresponden a acciones del mismo género de las incluidas en delitos como la trata de personas. La similitud en los verbos rectores puede verse porque aunque se trate de vocablos distintos (en trata captar, trasladar, acoger, recibir y en explotación de menores: utilizar, instrumentalizar, comercializar, mendigar) los verbos se subsumen entre si pues el primer grupo de verbos sólo tiene sentido en función del segundo. Se trata de acciones que forman parte de la cadena de la “cosificación” de personas.
5.- Con base en esta relación entre género y especie, que permite entender la explotación de menores como parte del mismo grupo de delitos al que pertenece, concluyo que la norma es inconstitucional. El legislador excedió su libertad de configuración y desconoció la especial protección constitucional a niños, niñas y adolescentes. En efecto, aunque para tipificar conductas penales existe una cláusula general de competencia que dota de una amplia libertad de configuración al legislador, la jurisprudencia de esta Corporación ha advertido en múltiples oportunidades que, no es absoluta porque debe proteger y respetar los derechos y principios constitucionales de los administrados. Así, el legislador debe respetar ciertos límites cuando establece delitos y penas a fin de expedir normas que, entre otros, respeten la dignidad humana, la igualdad y superen un juicio de legitimidad y proporcionalidad, que responderá a distintos niveles de intensidad según la protección constitucional de los bienes y de los sujetos involucrados.[30]
En este caso la norma que tipifica la explotación de menores no supera estos criterios. Efectivamente, en este tipo penal los sujetos pasivos son los niños, niñas y adolescentes, quienes tienen especial protección constitucional (art. 44 C.P.), sin embargo, la pena para quienes los usan como objetos no tiene el mismo rigor que las existentes frente a conductas similares que atentan los derechos de los adultos y adultas. Por eso resulta poco protector[31] de los niños, niñas y adolescentes que la pena en el caso de explotación de menores de edad sea inferior a la asignada en delitos similares a los adultos y adultas. Por ello, considero que la norma demandada contraría el mandato constitucional según el cual “Serán protegidos contra toda forma de (…) venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.” (art. 44 C.P.)
Esta situación configuraría una violación a la dignidad humana (art. 1 C.P.) de los niños, niñas y adolescentes pues si la norma tiene como fin la protección de los menores de edad, una pena inferior hace parecer menos grave su caso que el de otros sujetos pasivos de conductas de “cosificación”. Tal diferencia es inconstitucional porque los menores son sujetos de especial protección constitucional. La sanción menor respecto de la impuesta por conductas cometidas a personas adultas también viola el principio de igualdad (art. 13 C.P.), pues explotar menores es menos gravoso en términos punitivos que explotar adultos, lo cual pone a los niños, niñas y adolescentes en una situación diferenciada de desprotección punitiva.
Además de los problemas que tiene la norma al ser irrazonable por violación de la dignidad humana y de la igualdad, tampoco supera un juicio básico de legitimidad y proporcionalidad de la pena. Como la misma Corte lo ha afirmado, ese escrutinio es exigible en materia penal[32] y en este caso debe considerar que los menores son sujetos de especial protección constitucional y con ello se hace más riguroso el test de análisis de la libertad de configuración del legislador.
Efectivamente, la norma no es legítima porque no satisface el fin de proteger a los niños, niñas y adolescentes a través de la sanción penal. Considero que de la interpretación adecuada de los artículos 188A y 188B del Código Penal, es posible inferir que las conductas de explotación de menores de edad, se encuentran reprochadas y sancionadas penalmente, incluso con agravación punitiva cuando se trata de afectar sus derechos. En efecto, los verbos rectores que se encuentran en el tipo penal estudiado, pueden subsumirse en la norma general. Así, los verbos rectores del delito de explotación de menores de edad: utilizar, instrumentalizar, comercializar o mendigar con menores de edad, para efectos de ser explotados (no olvidemos que el nomen del tipo es parte integrante de él), son formas de captar, trasladar, acoger o recibir una persona, con fines de explotación, que son los verbos rectores del delito de trata de personas. Luego, la norma objeto de estudio de la Corte, lejos de proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, los desatiende.
Tampoco considero que la norma sea proporcional porque no existe razón alguna para que la pena se atenúe en relación con este grupo de sujetos pasivos, que nuevamente reitero, ostenta una protección especial constitucional. Por el contrario incluso podría justificarse una agravación punitiva cuando los sujetos de la explotación son menores de edad. Por tales razones la norma es irrazonable, resulta ilegítima y es desproporcionada al establecer una pena menor para quienes exploten a menores, teniendo en cuenta el estándar de pena en delitos similares.[33]
Finalmente considero que la norma no sólo es inconstitucional sino que envía un mensaje perverso a la sociedad: los niños, niñas y adolescentes pueden ser explotados más fácilmente, puesto que no sólo son más vulnerables sino que la pena por el delito en menor.
6. El segundo argumento por el cual considero que el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 debió ser declarado inexequible es porque resulta violatorio del principio de legalidad, debido a la indeterminación del tipo penal. Como sostuve previamente, la norma analizada es especial dentro de un género de criminalidad más amplio y algunas razones sobre ese tema están directamente relacionadas con mi consideración sobre la violación del principio de legalidad.
En efecto, ya que el nombre del tipo es parte del mismo, a mi juicio la expresión “explotación de menores de edad” no aporta certeza sobre la conducta y menos aún lo hacen los verbos rectores. De hecho éstos parecen subsumirse pues los vocablos “utilizar, instrumentalizar, comercializar o mendigar” no son claros en términos de lo que implica la conducta punible. Por ejemplo, utilizar e instrumentalizar podrían parecer conductas asimilables y en todo caso faltaría determinar en qué consiste cada cual. Piénsese por ejemplo en algunos tipos de trabajo infantil, en la colaboración en ciertas labores domésticas o de supervivencia de las familias, teniendo en cuenta además las especificidades entre áreas rurales, urbanas, y las características de los diferentes niveles socioeconómicos. ¿Bajo qué circunstancias corresponderían a la utilización o instrumentalización de menores? Claramente el tipo penal no aporta elementos para saber cuándo estamos en presencia de la conducta punible y cuándo no.
Sobre el deber de claridad en la tipificación de los delitos la jurisprudencia de la Corte ha sido contundente, como quiera que “el legislador está obligado a definir la conducta punible de manera clara, precisa e inequívoca”[34]. Por eso el ordenamiento proscribe puniciones imprecisas[35] a fin de respetar plenamente el principio de estricta legalidad que tiene como objetivo evitar que la definición de conductas punibles sea hecha por los jueces o por la administración ante la necesidad de precisar vaguedades establecidas en la ley.[36]
Este tipo penal no cumple con una descripción clara, precisa e inequívoca que permita a los ciudadanos saber qué comportamientos están prohibidos o permitidos (Art. 6 C.P.). Tal es la vaguedad de la norma que el mismo análisis hecho por la mayoría de la Corte tuvo que dedicar una parte significativa al esclarecimiento de las diferencias entre el delito de explotación de menores y otros delitos similares, con lo cual la norma revela varios equívocos. El artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 no es concreto, preciso ni específico con lo cual no supera el estándar mínimo que debe tener una norma penal para que la población entienda con claridad y de manera previa, qué conductas pueden tener como consecuencia una sanción penal. Esta indefinición da a los jueces un margen de discreción intolerable en nuestro ordenamiento constitucional con lo cual los derechos de los eventuales sujetos activos de este delito pueden ser violados por la propia administración de justicia.
7.- Sumado a la ambigüedad del tipo penal objeto de estudio, la Corte Constitucional introdujo un condicionamiento aún más confuso, pues se despenalizó “el ejercicio autónomo” de la mendicidad con menores de edad, en compañía de los padres. Ahora, aunque comparto plenamente la idea de que no es posible sancionar penalmente el ejercicio de la mendicidad como un instrumento de subsistencia humana, lo cierto es que el condicionamiento me deja la duda de si, ¿es penalmente reprochable la utilización de menores de edad por parte de sus padres, cuando tiene fines de explotación económica?. La lectura literal del condicionamiento parecería favorecer una respuesta afirmativa, lo cual es realmente grave para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Sin duda, por regla general, a la Corte Constitucional no le corresponde configurar normativamente las conductas humanas que constituyen delitos ni describir los tipos penales.
8.- En consecuencia, no existen, para la suscrita Magistrada, razones de peso que permitieran mantener en el ordenamiento el artículo 93 estudiado, pues se trata de una norma que vulnera los artículos 1º, 13, 28 y 44 de la Constitución, al establecer: i) una pena desproporcionadamente menor para la explotación de menores de edad, en detrimento del deber de protección especial que el Estado debe brindar a las niñas, niños y adolescentes y, ii) un tipo penal indeterminado.
EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS EN MATERIA DE DIGNIDAD HUMANA Y JUSTICIA EN EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO-Mendicidad y criminalización de la pobreza (Aclaración de voto)
DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Principios de igualdad, legalidad, debido proceso y especial protección a niños y niñas (Aclaración de voto)/DELITO DE TRATA DE PERSONAS-No se puede penalizar la mendicidad propia o en compañía de algún familiar (Aclaración de voto)/DELITO DE TRATA DE PERSONAS-Debe reprimirse severamente la instrumentalización de menores de edad como parte de una cadena de explotación (Aclaración de voto)
EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD-No toda mendicidad familiar configura el delito de trata de personas (Aclaración de voto)
EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS-Conductas diferentes (Aclaración de voto)/EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS-En caso de concurrencia pueden analizarse bajo la teoría del concurso de hechos punibles y varios principios interpretativos a fin de aplicar una pena acorde con la gravedad de cada situación en concreto (Aclaración de voto)/EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS-Competencia del juez penal (Aclaración de voto)
EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD Y TRATA DE PERSONAS-Prohibición o penalización de la mendicidad propia o en compañía de menores atenta contra los principios de dignidad humana, justicia material y principios penales de última ratio y mínima intervención (Aclaración de voto)
Referencia: Expediente D-9972
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, "Por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad".
Si bien estoy de acuerdo con la declaratoria de exequibilidad condicionada por los cargos analizados en la presente sentencia, considero necesario hacer algunas precisiones acerca del artículo 93 de la Ley 1453 de 2011 que tipifica la explotación de menores de edad en relación con el delito de trata de personas (artículos 188-A y 188-B del Código Penal) que ha suscitado un importante debate sobre dos asuntos altamente sensibles en materia de dignidad humana y justicia en un Estado Social de Derecho, como son la mendicidad y la criminalización de la pobreza.
1. En primera medida considero que el examen de constitucionalidad en el presente asunto no ha debido tener como fundamento el artículo 188-A del Código Penal (delito de trata de personas), sino los principios de igualdad, legalidad (art. 1, 13), debido proceso (art. 29), así como la especial protección que nuestra Constitución Política le otorga a los niños y niñas (art. 44). A pesar de este reparo, comparto la ponencia en tanto entiende que no se puede penalizar la mendicidad propia o en compañía de algún familiar, como ha sido finalmente decidido. Ahora bien, lo que sí debe reprimirse severamente es la instrumentalización de menores de edad como parte de una cadena de explotación y de trata de personas.
2. Por otra parte, creo que ha debido precisarse que no toda explotación de menores, incluida por ejemplo, la mendicidad familiar con fines de explotación, configura el delito de trata de personas que solo tiene lugar cuando concurren las acciones que se advierten en los verbos rectores de este tipo penal como son captar, trasladar, acoger o recibir personas con fines de explotación y como parte de una organización criminal.
Es por esta razón que la Corte, en el análisis del caso sub examine, ha considerado pertinente establecer claramente que la mendicidad propia, ejercida de manera personal y autónoma por sujetos en estado de debilidad manifiesta, no es sancionable por un Estado Social de Derecho incapaz de proveer a todos sus ciudadanos condiciones mínimas de subsistencia digna. En ese sentido, la interpretación constitucional correcta únicamente admite proscribir la utilización o instrumentalización de menores de edad para la mendicidad, no la mendicidad propiamente dicha, la cual puede ser ejercida autónomamente o en presencia de menores, sin que con ello estén actuando con la intención final de explotar económicamente a estos últimos[37]
3. Así las cosas, la Corte ha entendido que el delito de explotación de menores y otros semejantes, por ejemplo la trata, son conductas diferentes que, en caso de concurrencia, pueden analizarse bajo la teoría del concurso de hechos punibles y de varios principios interpretativos a fin de aplicar una pena acorde con la gravedad de cada situación en concreto. En este sentido, la ponencia acierta en aclarar que corresponderá al juez penal, de acuerdo con las particularidades de cada caso, encuadrar las conductas en el tipo penal correspondiente.
4. Son muchas las ocasiones en que esta Corte ha protegido a personas en situaciones de vulnerabilidad, indigencia y a habitantes de calle[38], y en este sentido, no ha dudado en considerar que la mendicidad propia, representa una realidad de profunda desigualdad en la cual personas desfavorecidas en la repartición de recursos económicos o marginados de la participación política y ciudadana, se ven obligados a mendigar como único medio de subsistencia, sin que por ello exista una infracción a la Constitución, a las leyes vigentes o a terceros por obrar de esa manera.
En conclusión, he apoyado la decisión mayoritaria en la medida en que considero que prohibir, o incluso peor, penalizar la mendicidad propia o en compañía de menores, sin analizar las evidentes condiciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema de muchos colombianos, constituye un atentado contra el espíritu que inspiró a la Constitución de 1991, así como los principios de dignidad humana, justicia material y los principios penales de última ratio y mínima intervención.
EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD-Del condicionamiento de la expresión “mendigue con menores de edad” se sustrae la no explotación mas no la criminalización de la pobreza (Aclaración de voto)/EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD-No pueden considerarse responsables quienes mendigan en compañía de sus hijos o de niños y niñas bajo su cuidado por no tener otra opción (Aclaración de voto)
El condicionamiento previsto en esta sentencia debe interpretarse naturalmente a la luz de las consideraciones del fallo. En efecto, al declarar exequible el tipo penal de explotación de menores de edad, “en el entendido que […] tipifica exclusivamente la utilización de menores de edad para el ejercicio de la mendicidad y no el ejercicio autónomo de la misma en compañía de estos”, la Corte no pretende sustraer del ámbito semántico del tipo el comportamiento abusivo de quien al mismo tiempo mendiga autónomamente y, bajo la apariencia de solo contar con su compañía, también explota a menores de edad. Lo que se sustrae de la prohibición penal es la no explotación, y el condicionamiento debe entonces interpretarse en el sentido de que lo juzgado inconstitucional es la criminalización de la pobreza. Por lo mismo, no pueden considerarse responsables del delito de explotación de menores quienes mendigan en compañía de sus hijos o de niños y niñas bajo su cuidado porque no tienen otra opción, y no obstante mantienen con estos una relación no basada en la explotación, sino en el cariño, la protección, la solidaridad y el respeto.
EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD-Conducta es materialmente distinta del comportamiento típico de la trata de personas por sus características (Aclaración de voto)/EXPLOTACION DE MENORES DE EDAD-No es un delito de tipo especial en relación con la trata de personas (Aclaración de voto)
La conducta de explotación de menores de edad, descrita en el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, es materialmente distinta por sus características del comportamiento típico de trata de personas, contemplado en el artículo 188A del Código Penal. Así, para realizar ambos tipos se requieren al menos dos acciones. El tipo de trata de personas criminaliza el tráfico de seres humanos con fines de explotación; es decir, considera como punible la realización de actos constitutivos de la cadena de tráfico de personas (capturar, transportar, recibir, acoger), cuando tengan como fin precisamente la explotación de la persona. Por tanto, este tipo penal se perfecciona cuando se cometen los actos referidos con el propósito de explotar a una persona, pero con independencia de que se dé o no la explotación. Para que haya explotación se requiere por ende una acción adicional. En consecuencia, en el ordenamiento colombiano es posible (i) cometer trata de personas menores de edad sin incurrir en explotación, lo cual ocurriría por ejemplo cuando se inicia la cadena de tráfico pero es interrumpida antes de someter al menor a explotación; (ii) incurrir en explotación de menores de edad sin que esta conducta esté precedida o acompañada del delito de trata, como sería el caso de una persona que tiene bajo su custodia a un niño y lo obliga a mendigar, sin que antes este acto hubiera estado precedido de tráfico de personas; (iii) o finalmente puede darse el caso de un concurso de delitos, en el cual una persona que al mismo tiempo sea un eslabón en la cadena de tráfico, directa o indirectamente explote a un menor de edad. Por tanto, el de explotación de menores no es un tipo especial en relación con la trata de personas, o con otro de los establecidos en la ley, sino un tipo distinto.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011“por medio de la cual se reforma el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, el Código de Infancia y Adolescencia, las reglas sobre extinción de dominio y se dictan otras disposiciones en materia de seguridad”.
Suscribo esta decisión, pero aclaro el voto con tres propósitos. Primero, para señalar el sentido que a mi juicio tiene el condicionamiento de la parte resolutiva. Segundo, con el fin de exponer las razones por las cuales en mi concepto los actos de explotación de menores de edad y de trata de personas son materialmente distintos, y por tanto no podría decirse que el primero de ellos sea una versión especial del segundo, o que una misma acción pueda encuadrarse a la vez en una y otra descripción típica. Tercero, para mostrar por qué en caso de concurrir ambos tipos penales la norma de explotación no conduce a resultados inconstitucionales, sino que se ajusta a la preponderancia que tienen en el orden constitucional los derechos de los niños (CP art 44).
1. En primer lugar, el condicionamiento previsto en esta sentencia debe interpretarse naturalmente a la luz de las consideraciones del fallo. En efecto, al declarar exequible el tipo penal de explotación de menores de edad, “en el entendido que […] tipifica exclusivamente la utilización de menores de edad para el ejercicio de la mendicidad y no el ejercicio autónomo de la misma en compañía de estos”, la Corte no pretende sustraer del ámbito semántico del tipo el comportamiento abusivo de quien al mismo tiempo mendiga autónomamente y, bajo la apariencia de solo contar con su compañía, también explota a menores de edad. Lo que se sustrae de la prohibición penal es la no explotación, y el condicionamiento debe entonces interpretarse en el sentido de que lo juzgado inconstitucional es la criminalización de la pobreza. Por lo mismo, no pueden considerarse responsables del delito de explotación de menores quienes mendigan en compañía de sus hijos o de niños y niñas bajo su cuidado porque no tienen otra opción, y no obstante mantienen con estos una relación no basada en la explotación, sino en el cariño, la protección, la solidaridad y el respeto.
2. En segundo lugar, debe observarse que la conducta de explotación de menores de edad, descrita en el artículo 93 de la Ley 1453 de 2011, es materialmente distinta por sus características del comportamiento típico de trata de personas, contemplado en el artículo 188A del Código Penal. Así, para realizar ambos tipos se requieren al menos dos acciones. El tipo de trata de personas criminaliza el tráfico de seres humanos con fines de explotación; es decir, considera como punible la realización de actos constitutivos de la cadena de tráfico de personas (capturar, transportar, recibir, acoger), cuando tengan como fin precisamente la explotación de la persona. Por tanto, este tipo penal se perfecciona cuando se cometen los actos referidos con el propósito de explotar a una persona, pero con independencia de que se dé o no la explotación. Para que haya explotación se requiere por ende una acción adicional. En consecuencia, en el ordenamiento colombiano es posible (i) cometer trata de personas menores de edad sin incurrir en explotación, lo cual ocurriría por ejemplo cuando se inicia la cadena de tráfico pero es interrumpida antes de someter al menor a explotación; (ii) incurrir en explotación de menores de edad sin que esta conducta esté precedida o acompañada del delito de trata, como sería el caso de una persona que tiene bajo su custodia a un niño y lo obliga a mendigar, sin que antes este acto hubiera estado precedido de tráfico de personas; (iii) o finalmente puede darse el caso de un concurso de delitos, en el cual una persona que al mismo tiempo sea un eslabón en la cadena de tráfico, directa o indirectamente explote a un menor de edad. Por tanto, el de explotación de menores no es un tipo especial en relación con la trata de personas, o con otro de los establecidos en la ley, sino un tipo distinto.
3. En tercer lugar, como un concurso entre los tipos de trata de personas y explotación de menores exige más de un comportamiento, mientras se presente solo una de las acciones referidas; es decir, solo un acto que conforme la cadena de tráfico, o solo la explotación sin contribuir a la trata de la persona, estaremos ante uno u otro de los tipos penales, pero no ante un concurso de delitos. Ahora bien, si efectivamente hay concurso, la existencia en el ordenamiento del tipo de explotación de menores conduce a consecuencias perfectamente ajustadas a la Constitución, y a la especial protección que tienen los derechos de los niños (CP art 44). En efecto, si tras realizarse las acciones típicas de ambos delitos concurren tanto el tipo de trata de personas menores de edad como la explotación de menores, la pena aplicable no podría ser la prevista para este último sino la de trata de personas agravada por el estatus constitucional del sujeto pasivo. En efecto, mientras la pena para el delito de explotación de menores es de prisión de 3 a 7 años, la contemplada para el tipo de trata es de prisión de 13 a 23 años, aumentada de una tercera parte a la mitad cuando recaiga sobre menores de edad. La regla para un concurso de esta naturaleza no es otra que la consagrada en el artículo 31 del Código Penal, el cual prevé que se aplica “la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto […]”. Por ende, no se observa que la existencia de un tipo penal de explotación de menores constituya una desprotección a los derechos de los niños.
4. Ciertamente, entre los delitos de trata y explotación de menores de edad, la lesión más grave y concreta de la dignidad de la persona humana parece provenir de este último, y además la trata puede entenderse según su redacción como un delito encaminado a la preparación efectiva de la explotación propiamente dicha. Por lo mismo, podría preguntarse si en principio no tendría que aplicarse, como lo indican algunas orientaciones de la dogmática jurídica, la pena de la explotación de menores. Esa pregunta, no obstante, debe tener una respuesta negativa, sencillamente porque de lo contrario se le daría a la ley penal un sentido absurdo del cual carece. Por una parte, el Código Penal contempla como regla para este concurso el deber la aplicación de la pena más grave, aumentada hasta en otro tanto. Por otra parte, si se aplicara la pena del tipo de explotación se obtendrían resultados irrazonables, toda vez que quien cometiera trata de personas sobre un mayor de edad incurriría en una pena superior que quien incurriera en trata y además explotación de un menor de edad, lo cual no solo equivaldría a una ostensible desigualdad formal sino a una objetiva desprotección comparativa de los niños. El control constitucional no puede recaer, sin embargo, sobre la interpretación más irrazonable posible de la ley penal, pues los actos del legislador deben interpretarse de suerte que produzcan efecto útil y no absurdo. Cuando se entiende de esta manera el tipo de explotación de menores, se advierte que regula una situación no cubierta claramente por los otros tipos que salvaguardan el mismo bien jurídico –la dignidad humana como integridad moral-, y que cuando concurre con otros delitos no supone en abstracto una desprotección para los derechos de los niños (CP art 44).
Por estas razones decidí apoyar la decisión, con las aclaraciones precedentes.
[1] M.P. Eugenio Fernández Carlier. No. de proceso: 39257. 16 de octubre de 2013.
[2] Ver Gaceta del Congreso No. 113 de 2001. Exposición de motivos. Representante a la Cámara autora del Proyecto Nelly Moreno Rojas.
[3] López, Pinilla. Análisis jurídico penal del delito de trata de personas, artículo 188ª del Código Penal Colombiano. Universidad EAFIT, Ministerio del Interior y Organización Internacional de Migraciones, página 19.
[4] Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. M.P. Eugenio Fernández Carlier. No. de proceso: 39257. 16 de octubre de 2013. (F.J. 10.4).
[6] Reyes, Echandía. Derecho Penal. Ed. Temis, 1994, página 143.
[7] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. 25 de julio de 2007. Aprobado Acta No. 130. M.P. Yesid Ramírez Bastidas.
[8] Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. Ed. Comlibros. 4ª edición, pág. 1011.
[9] Posada Maya, Ricardo. Delito continuado y concurso de delitos. Ed: Ibáñez, 2012, pág. 276 y siguientes.
[10] Reyes, Op. cit., página 147.
[11] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencias de 9 de marzo de 2006, radicación 23755 y de 10 de mayo de 2001, radicación 14605, entre otras.
La Corte Constitucional lo define como aquel concurso que tiene lugar cuando “una misma conducta parece subsumirse a la vez en varios tipos penales diversos y excluyentes, de tal manera que el juez, no pudiendo aplicarlos coetáneamente sin violar el principio del non bis in ídem, debe resolver concretamente a cuál de ellos se adecua el comportamiento en estudio”. (Sentencia C-133/99).
[13] Reyes Alvarado, Yesid. El concurso de delitos. Temis: Bogotá, 1990, página 97.
[16] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No. 37733. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. Aprobado Acta No. 239, 27 de junio de 2012.
[17] Velásquez, Op. cit., página 1009.
[20] Reyes Alvarado, Op. cit., página 119.
[26] Ver: DEL REY GUANTER, Potestad sancionadora de la Administración y jurisdicción penal en el orden social, Madrid, 1990, pág. 121 y BENLLOCH PETIT, Guillermo, El principio de non bis in ídem en las relaciones entre el Derecho penal y el Derecho disciplinario, en Revista del Poder Judicial No. 51, pág. 306.
[30] La sentencia C-084 de 2013 se refirió al tema y dijo que la potestad de configuración normativa en materia penal incluye la posibilidad de hacer regulaciones con respeto la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la Constitución.
[31] La jurisprudencia ha reiterado que los tipos penales son mecanismos extremos de protección de derechos, ver la sentencia C-587 de 1992.
[32] Por ejemplo la sentencia C-070 de 1996 explicó la posibilidad de inconstitucionalidad de una pena por exceso y la sentencia C-125 de 2003 aludió tanto al exceso como a la protección deficiente. En ambos casos la Corte ha enfatizado que sólo en el evento de desproporcionalidad e irrazonabilidad manifiestas podría este tribunal retirar del ordenamiento la disposición que fija una sanción penal. Del mismo modo, en esta última sentencia la Corte ha insistido en que existen límites constitucionales en el ejercicio de la política criminal.
[33] Una situación análoga ya fue estudiada por la Corte Constitucional en la sentencia C-285 de 1997 en la cual concluyó que una norma que establecía una pena menor en el caso de violencia sexual entre cónyuges con respecto a delitos de violencia sexual cometidos por sujetos pasivos indeterminados, era inexequible por razones similares a las citadas hasta ahora en este salvamento de voto: irrazonabilidad, violación del derecho a la igualdad y violación de la dignidad humana.
[34] La reconstrucción de esta línea jurisprudencial puede verse en la sentencia C-084 de 2013
[35] Ver la sentencia C-205 de 2003
[36] Ver la sentencia C-084 de 2013
[37] Sentencia C-464 de 2014.
[38] Al respecto ver las siguientes sentencias de tutela: T-533/92, T-211/2004, T-166/2007, T-1098/08, T-057/11 y T-737/11