Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-000029-de-marzo-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_f8f9f5a5664600f4e0430a01015100f4&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 16:01:09
Document Index: 331711123

Matched Legal Cases: ['artículo 289', 'artículo 50', 'artículo 513', 'artículo 515', 'artículo 513', 'artículo 31', 'artículo 164', 'artículo 187', 'artículo 129', 'artículo 37', 'artículo 289', 'artículo 16', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 140']

﻿ SENTENCIA 2001-000029 DE MARZO 26 DE 2014
SENTENCIA 2001-000029 DE 26 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:LA RESPONSABILIDAD POR EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EN LA RESPONSABILIDAD POR EL FUNCIONAMIENTO ANORMAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA HABRÁN DE INCLUIRSE LAS ACTUACIONES QUE, NO CONSISTIENDO EN RESOLUCIONES JUDICIALES ERRÓNEAS, NI PRIVACIONES INJUSTAS DE LA LIBERTAD, TIENE LUGAR EN EL ÁMBITO PROPIO DE LA ACTIVIDAD NECESARIA PARA JUZGAR Y HACER EJECUTAR LO JUZGADO O PARA GARANTIZAR JURISDICCIONALMENTE ALGÚN DERECHO. EL DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SE ENMARCA DENTRO DE LA TEORÍA GENERAL DE LA FALLA EN EL SERVICIO, Y POR LO TANTO, SOLO DE HABERSE PROBADO DICHA FALLA PRODUCTORA DE UN DAÑO ANTIJURÍDICO PODRÍA CONFIGURARSE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, FUNCIONAMIENTO DEFECTUOSO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Radicación: 66001-23-31-000-2001-00029-01(28096).
Si las entidades demandadas son responsables por los daños alegados por la parte actora, ¿entonces debe reconocerse la totalidad de los perjuicios solicitados por ésta?
3.1. Prueba trasladada. La Subsección advierte que obra dentro del expediente copia auténtica del proceso ejecutivo singular iniciado por la señora Gloria Yolanda Ríos Osorio contra la señora Gloria Eugenia Herrera, allegado por el Secretario del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira (fl. 46, cdno. 2, anexo 1 y 2), así como el proceso ejecutivo que inició la señora Gloria Eugenia Herrera contra la sociedad Proinversiones Ltda., allegado por el secretario del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira (fl. 71, cdno. 2, anexos 3A a 3I).
Así las cosas, la prueba documental trasladada, cuando no ha sido practicada a petición de la parte contra la cual se aduce o sin su audiencia en el proceso primitivo, podrá ser valorada siempre que en el contencioso administrativo haya existido la oportunidad procesal para la contraparte de controvertirla, de acuerdo con lo dispuesto para la tacha de falsedad en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, esto es, dentro de los 5 días siguientes a la notificación del auto que ordena tenerla como prueba, o al día siguiente a aquél en que haya sido aportada en audiencia o diligencia(8); salvo que las partes hayan tenido a su disposición las piezas documentales trasladadas durante el trámite del proceso y no las hubiesen controvertido, caso en el cual podrán ser estimadas por el juzgador por razones de lealtad procesal(9).
1. Copia auténtica e íntegra de los documentos que reposan en la carpeta del folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948, arrimados al plenario mediante oficio remisorio OU-1814 de 11 de diciembre de 2001 emitido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira (fls. 6 a 45, cdno. 2 pbas.), de la cual la Sala destaca las piezas procesales que pasan a relacionarse:
a) Escritura pública 446 de 25 de enero de 1991, a través de la cual el señor Fernando Ramírez Ardila enajena a la Sociedad PRO-INVERSIONES LTDA., el “LOTE DE TERRENO FF” identificado con el número de matrícula inmobiliaria 290-0078948 (fls. 9 a 11, cdno. 2 pbas.).
b) Escritura pública 3345 de 20 de junio de 1991 (fls. 13 a 20, cdno. 2 pbas.), en virtud de la cual la sociedad PRO-INVERSIONES LTDA. divide el “LOTE DE TERRENO FF” en 21 lotes de terreno autorizados mediante Resolución 131 expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana de Pereira (fl. 29, cdno. 2 pbas.) y solicita expresamente “a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira y al Catastro Nacional asignar a cada uno de los inmuebles la matrícula inmobiliaria y las fichas catastrales correspondientes al presente loteo”.
c) Hoja de matrículas inmobiliarias abiertas por el loteo efectuado en el folio de mayor extensión 290-0078948, en la cual se relacionan los distintos lotes individuales y sus respectivos folios de matrícula, así: (fl. 21, cdno. 2 pbas.).
Lote Nº 1MATRÍCULA290-0081890
Lote Nº 2290-0081891
Lote Nº 3290-0081892
Lote Nº 4290-0081893
Lote Nº 5290-0081894
Lote Nº 6290-0081895
Lote Nº 7290-0081896
Lote Nº 8290-0081897
Lote Nº 9290-0081898
Lote Nº 10 290-0081899
Lote Nº 11290-0081900
Lote Nº 12290-0081901
Lote Nº 13290-0081902
Lote Nº 14290-0081903
Lote Nº 15 290-0081904
Lote Nº 16290-0081905
Lote Nº 17290-0081906
Lote Nº 18 290-0081907
Lote Nº 19290-0081908
Lote Nº 20290-0081909
Lote Nº 21290-0081910
d) Liquidación del crédito efectuada el día 11 de septiembre de 1997 por la Secretaría del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, en la cual se arroja una suma adeudada a la ejecutante por valor de $ 42’985.133, (fl. 82 vto., anexo 3A), aprobada por el a quo mediante auto de fecha 23 de septiembre del mismo año (fl. 84, anexo 3A).
Anotación 014 de 4 de octubre de 1994 oficio SJU de 30 de septiembre de 1994 Induval Pereira gravamen por valorización de obras Nros. De Instituto de Desarrollo Urbano y Valorización a Proinversiones Ltda.
0.> 81890 (lote 1)0.> 81892 (lote 3).
0.> 81893 (lote 4)(12)0.>81895 (lote 6).
0.> 81897 (lote 8)0.>81899 (lote 10).
0.>81900 (lote 11)0.>81903 (lote 14).
0.>81906 (lote 17)0.>81907 (lote 18).
0.>81908 (lote 19)0.>81909 (lote 20).
0.>81910 (lote 21)4.>81898 (anotación 4, lote 9).
6.>81891 (anotación 6 lote 2)6.>81901 (anotación 6 lote 12).
7.> 81902 (anotación 7 lote 13)8.>81896 (anotación 9 lote 7).
9.> 81904 (anotación 9 lote 15)10.>81905 (anotación 10 lote 16).
12.> 81894(13) (anotación 12 casa 5).
6. Por la secretaría del juzgado practíquese la liquidación adicional de costas. (…)” (fls. 190 a 193, anexo 3A).
l) Nota devolutiva de fecha 23 de marzo de 1999 respecto de la inscripción de la providencia aprobatoria del remate practicado en el inmueble identificado con el folio de matrícula 290-0078948, emitida por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, en la cual se anota como razones de la negativa que “LA(S) MATRÍCULA(S) CITADA(S) NO ES(SON) CORRECTA(S) (D.L. 1250/70, ART. 5º)” (fl. 214, anexo 3A).
o) Respuesta OU-572 de 10 de junio de 1999 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira, al Oficio 682 del Juzgado Tercer Civil del Circuito de la misma ciudad, en la cual se comunica que “la diligencia de remate no fue registrada en el folio de matrícula 290-78948 en atención a que este folio corresponde a una mayor extensión en la medida en que fue loteada por escritura 3345 del 20-06-91 de la notaría 1ª de Pereira, generando las matrículas inmobiliarias 290-81890 a la 290-81910. En lo atinente a abstenernos de dar cumplimiento a lo ordenado por el oficio 243 del 3 de marzo del presente año, le comunicamos que el mismo entró para su registro el 17-03-99 y su trámite se surtió el 18 del mismo mes y año, por lo que ya se encuentra inscrita la cancelación de la medida, lo que nos hace imposible sustraernos al cumplimiento del mismo…” (fl. 218, anexo 3A).
“(...) En atención al oficio de la referencia, es conveniente aclarar en primer término, que la medida cautelar fue inscrita por orden contenida en el oficio 427 del 26-04-94 y nò (sic) en el oficio 774 del 25-07-94, dándosele respuesta a este último por nuestro oficio OJ-1335 del 05-08-94 en el sentido de informarle que no se inscribía la medida puesto que ésta ya había sido comunicada por oficio 427 del 26-04-94.
Es importante aclarar que la escritura 3345 del 20-06-91 corrida en la notaría 1ª de Pereira contentiva del loteo del predio 290-78948 fue registrada el 03-07-91 generando las matrículas 290-81890 a la 290-81910, correspóndiendole (sic) a los lotes 20 y 21 los folios 290-81909 y 290-81910 matrículas éstas que en ningún momento fueron ambargadas (sic).
Finalmente se debe precisar que la escritura 3345 del 20-06-91 se encuentra registrada en el folio 290-78948, pero esta inscripción generó la apertura de los folios 290-81890 a la 290-81910 como ya se explicó, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 del Decreto 1250 de 1970. (…)” (fls. 226 a 227, anexo 3A).
“(...) Que los inmuebles descritos anteriormente fueron adquiridos por la sociedad demandada por desenglobe realizado según la escritura publica (sic) Nº 6925, otorgada en la notaría primera del circulo (sic) de Pereira, 19 de noviembre de 1990 y dividida en lotes según la escritura 3345 del 20 de junio de 1991 otorgada en la Notaría primera del circulo (sic) de Pereira y registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos de Pereira en el folio 2900078948. Librese (sic) el oficio correspondiente a la citada oficina para el registro de los embargos. (…)” (fls. 1 a 3, anexo 3B).
b) Proveído de fecha 21 de abril de 1994 por medio del cual se requiere a la parte ejecutante para que efectúe la denuncia de bienes bajo la gravedad de juramento y para que “suministre los números de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles que pretende aprisionar, o, explicar si a todos corresponde a la matrícula citada bajo el Nº 290-0078948” (fl. 7, anexo 3B).
c) Auto de Juzgado Tercero Civil del Circuito de 21 de abril de 1994 mediante el cual ordena al apoderado de la parte ejecutante, tal como lo establece el artículo 513 inciso 5º del Código de Procedimiento Civil, denunciar los bienes bajo la gravedad de juramento así mismo suministrara los números de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles que pretende embargar o, explicar si todos corresponden a la matrícula citada bajo el Nº 290-0078948 (fl. 7, anexo B).
“(…) 1. los bienes denunciados en la solicitud de medidas cautelares al ejecutado Proinversiones Ltda., los hago bajo la gravedad de juramento que pertenecen al demandado.
Si los mismos no figuran en cabeza de la ejecutada le solicito no hacer efectiva la medida. (…)” (fl. 10, anexo 3B).
h) Folios de matrícula inmobiliaria identificados con los números 290-0078948, 290-0081890 y 290-0081895 en los cuales se observa que: i) en todos ellos se inscribió la medida de embargo solicitada por la demandante en el proceso ejecutivo, el día 27 de abril de 1994; ii) el folio 290-0078948 registra una adquisición por desenglobe en favor de Ramírez Ardila Fernando inscrita el día 22 de noviembre de 1990 mediante escritura pública 6925 de 19 de noviembre de 1990, quien a su turno enajenó los bienes a Pro-inversiones Ltda., según consta en la inscripción del día 25 de febrero de 1991 mediante escritura pública 446 de 25 de enero de 1991; iii) el folio 290-0078948 registra un loteo inscrito el día 3 de julio de 1991, efectuado mediante escritura pública 3345 de 20 de junio de 1991 en favor de Pro-inversiones Ltda.; iv) como producto del loteo antedicho se ordenó la apertura de los folios 290-0081890 (lote 1) y 290-0081895 (lote 6), todos los cuales registran el mismo acto de loteo, la medida de embargo y corresponden al lote 1 y al lote 6 respectivamente, del folio matriz 290-0078948; v) el folio matriz 290-0078948 registra compraventas parciales de los lotes 9, 12, 2, 13, 7, 15, 16, 10 y 5, y una permuta parcial del lote 12, todas las cuales aparecen inscritas con anterioridad a la inscripción de la medida de embargo solicitada por la ejecutante; vi) en el folio matriz 290-0078948 se consigna que, con base en él, “por eventos de segregación o propiedad horizontal” según el caso, se procedió a la apertura de las siguientes matrículas inmobiliarias: 290-0081898, 290-0081901, 290-0081891, 290-0081902, 290-0081896, 290-0081904, 290-0081905 y 290- 0081894, correspondientes en su orden a las enajenaciones de los lotes 9, 2, 2 (nuevamente), 13, 7, 15, 16 y 5 (fls. 14 a 16, anexo 3B).
Su trámite correspondió al turno 947629. (…)” (fl. 18 vto., anexo 3B).
“(…) Los inmuebles descritos anteriormente fueron adquiridos por la Sociedad demandada mediante las escrituras 6925 y 3345 del 19 de noviembre de 1990 y 20 de junio de 1991 otorgada por la Notaría Primera del Círculo de Pereira, las cuales se encuentran registradas en la Oficina de Registro del Círculo de Pereira en un (1) solo folio de matrícula inmobiliaria que corresponde a la 2900078498 (…)” (fls. 25 a 27, anexo 3B).
“(…) Primero: DECRETAR el embargo y secuestro de los lotes de terreno relacionados en el memorial petitorio e inscritos bajo el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948. Para la efectividad de la primera medida se ordena librar oficio con destino a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad, adjuntando copia de la solicitud que aquí se resuelve. (…)” (fls. 25 a 27, anexo 3B) (resaltado fuera de texto).
l) Oficio 774 de 25 de julio de 1994 enviado por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira al señor Registrador de Instrumentos Públicos de la misma ciudad, en la cual le comunica que “por auto calendado catorce de julio del año en curso, dictado dentro del proceso ejecutivo propuesto por GLORIA EUGENIA HERRERA ARDILA contra PROINVERSIONES LTDA., se decretó el embargo de los lotes de terreno relacionados en el memorial petitorio del cual le adjunto fotocopia, e inscritos bajo el folio de matrícula inmobiliaria 290-0078948” (fl. 29, anexo).
“(…) En atención a su oficio de la referencia le informo que la medida no fue inscrita en el folio de matrícula 78948 por cuanto esta (sic) ya fue comunicada y registrada mediante oficio 427 del 26-04-94. Su trámite correspondió al turno 13583 (…)” (fl. 54, anexo 3B).
Mediante oficio de octubre 6 de 1994 el juzgado solicitó el levantamiento del embargo del lote 6 el cual hace parte de la matrícula inmobiliaria 290-0078948. Sin embargo, advirtió que la medida continuaba vigente por cuenta del Juzgado Segundo Civil del Circuito (fl. 71, anexo 3B). Obra copia del formulario de calificación 290-0081895 perteneciente al lote 6 en el cual se cancela el registro de embargo del Juzgado Tercero en anotación N. 05 y el incluye el embargo del proceso ejecutivo del Juzgado Segundo (fl. 82, anexo 3B).
p) Comunicación enviada por la Registradora Principal de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, María Gladys Pérez, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira, por medio de la cual le informa que “en el folio de matrícula inmobiliaria #290-78948 propiedad de PROINVERSIONES LIMITADA, se inscribió Gravamen de valorización Obras #93-03 y 885-92 por oficio SJV 084 del 30-09-94 de INDUVAL” (fl. 75, anexo 3B).
“(…) Para efectos de la diligencia de secuestro de bienes sujetos a registro como lo es el caso que no ocupa dispone el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil que sólo se practicará una vez se haya inscrito el embargo y siempre que en la certificación del registrador aparezca el demandado como su propietario.
En resumen, se tiene que se practicó diligencia de secuestro sobre el lote 5 denunciado por la ejecutante como de propiedad de la parte ejecutada en el memorial de medidas visible de folios 1 a 3 de este cuaderno, acto que se verificó sin haber sido ordenado por el despacho y a pesar de la negativa de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de la ciudad de inscribir la medida de embargo que le fuera comunicada en tal sentido con oficio 427 de abril 26 de 1994 en consideración a que había sido enajenado.
Se advierte además que, existe confusión respecto de si los lotes 3 y 4 y sobre los cuales igualmente recayó la medida de secuestro en la diligencia a que se hizo mención en este proveído hacen parte de la matrícula inmobiliaria 290-0078948 o si con ocasión del loteo de que trata la escritura pública 3.345 de junio 20 de 1991 corrida en la Notaría Primera del Círculo de Pereira (Anotación 03 del certificado visible a fl. 14) para los mismos fueron abiertos nuevos folios. Por lo tanto, previamente a resolver la petición respecto de dichos bienes elevada por el apoderado judicial de la demandante en su escrito que obra a fl. 79 de este cuaderno, por el memorialista se deberá aclarar con prueba idónea tal circunstancia. (…)” (fls. 84 y 85, anexo 3B).
v) Folio de matrícula inmobiliaria 290-0081892 y 290-0081893 correspondientes a los lotes 3 y 4 del folio matriz 290-0078948, respectivamente, en los cuales se observa que: i) que el 8 de julio de 1991 mediante escritura 3345 se efectuó un loteo por parte de Proinversiones Ltda. ii) en el folio 290-0081892 (lote 3) se inscribe el día 9 de octubre de 1991 una compraventa celebrada mediante escritura pública 5865 levantada el día 7 de octubre de 1991, suscrita por Pro-inversiones Ltda., en favor de Alba Liliana Arias Quintero como nueva propietaria; iii) en el folio 290-0081893 (lote 4) aparece la misma información sobre el loteo realizado por parte de Proinversiones Ltda.; iv) se inscribe el día 16 de marzo de 1992 una compraventa celebrada mediante escritura pública 826 levantada el día 12 de marzo de 1992, suscrita por Pro-inversiones Ltda., en favor de Oscar Eugenio Uribe Botero como nuevo propietario (fls. 141 a 143, anexo 3B).
Para el efecto, mediante oficio de 9 de agosto de 1995 el Registrado principal de Pereira le informó al apoderado de la parte ejecutante lo siguiente: (fl. 145, anexo 3B).
“(…) En atención a su solicitud le comunico que la matrícula inmobiliaria 290-00078948 corresponde a un folio de mayor extensión que fue objeto de loteo mediante escritura pública 3345 de la Notaría Primera del 20.06.91 del que se segregaron varios predios a los que les fueron asignadas nuevas matrículas inmobiliarias. Por lo tanto, usted debe asercarse (sic) a la sección de archivo de esta oficina que está a disposición de los profesionales que requieran hacer el estudio de cualquier folio, averiguar los números de las matrículas de los lotes requeridos y pagar por caja los respectivos certificados de libertad y tradición.
“(…) Que la exigencia de su despacho en auto pasado de 1º de agosto del presente año fue diligenciado oportunamente, pero las confusiones encontradas a consecuencia del manejo del registro de la escritura del loteo, donde las segregaciones de predios del folio matriz trae incompatibilidades con los folios 2900081892 y 2900081893, donde no aparecen los registros de embargos ordenados por su despacho y certificados por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos sobre los lotes 3 y 4 incluso reportando registro de embargos de otros procesos como ocurre con el predio del folio 2900081892.
d) Copia de la escritura pública 3345 de 20 de junio de 1991 en el que el gerente de Proinversiones Ltda., indica que la sociedad es la propietaria del terreno situada en la proyección de la carrera 16 y tiene una extensión de 3.147.38 mts2 con la especificación de los linderos e indica que divide el terreno en 21 lotes (fl. 18 y 19, anexo 3C).
3. Copia auténtica e íntegra del expediente 99445 abierto en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, con ocasión del proceso ejecutivo singular quirografario promovido por Gloria Yolanda Osorio Ríos contra Gloria Eugenia Herrera Ardila (anexos 1 a 2, cdno. 2 pbas.), trasladado al plenario mediante Oficio 0034 de 21 de enero de 2002 por su señor Secretario Gustavo Adolfo Ocampo Villegas (fl. 46, cdno. 2 pbas.), del cual la Sala destaca:
a) Contrato de promesa de compraventa suscrito entre Gloria Eugenia Herrera Ardila como promitente vendedora y Gloria Yolanda Ríos Osorio como promitente compradora, sobre los lotes 20 y 21 distinguidos con el folio matriz 290-0078948, adquiridos por aquélla mediante venta en pública subasta realizada dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el número 13400 cursado en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira (fls. 2 a 4, anexo 1).
El juez mediante auto le solicitó al apoderado, con fundamento en lo establecido en el artículo 513 del Código de Procedimiento Civil, inciso 5º, que denunciara bajo la gravedad de juramento y así mismo, suministrara los números de matrícula inmobiliaria de los bienes inmuebles objeto de la medida, o explicara si todos correspondían a la matrícula citada bajo el Nº 290-0078948 (anexo 3B).
Su trámite correspondió al turno 947629. (…)” (fl. 18 vto, anexo 3B).
“(…) En atención a su oficio de la referencia le informo que la medida no fue inscrita en el folio de matrícula 78948 por cuanto esta (sic) ya fue comunicada y registrada mediante oficio 427 del 26-04-94. Su trámite correspondió al turno 13583. (…)” (fl. 54, anexo 3B, cdno. 2 pbas.).
(…) la exigencia de su despacho en auto pasado de 1º de agosto del presente año fue diligenciado oportunamente, pero las confusiones encontradas a consecuencia del manejo del registro de la escritura del loteo, donde las segregaciones de predios del folio matriz trae incompatibilidades con los folios 2900081892 y 2900081893, donde no aparecen los registros de embargos ordenados por su despacho y certificados por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos sobre los lotes 3 y 4 incluso reportando registro de embargos de otros procesos como ocurre con el predio del folio 2900081892.
“la diligencia de remate no fue registrada en el folio de matrícula 290-78948 en atención a que este folio corresponde a una mayor extensión en la medida en que fue loteada por escritura 3345 del 20-06-91 de la notaría 1ª de Pereira, generando las matrículas inmobiliarias 290-81890 a la 290-81910. En lo atinente a abstenernos de dar cumplimiento a lo ordenado por el oficio 243 del 3 de marzo del presente año, le comunicamos que el mismo entró para su registro el 17-03-99 y su trámite se surtió el 18 del mismo mes y año, por lo que ya se encuentra inscrita la cancelación de la medida, lo que nos hace imposible sustraernos al cumplimiento del mismo…” (fl. 218, anexo 3A, cdno. 2 pbas.).
Si bien se ha establecido que cuando se impugna una sentencia por una sola de las partes del extremo de la litis, se trata de apelante único, irremediablemente debe limitarse el estudio del caso con fundamento en el principio constitucional y legal de la “non reformatio in pejus”, esto es, no puede desmejorarse la situación de éste; esta previsión no es cosa diferente al desarrollo de la garantía prevista en el inciso segundo del artículo 31 constitucional que manda que “el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único(20)”.
Así mismo, se ha establecido que el marco fundamental de competencia para el juez de segunda instancia “lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los planteados por el recurrente se excluyen del debate en la instancia superior, toda vez que en el recurso de apelación operan tanto el principio de congruencia(22) de la sentencia como el principio dispositivo(23), razón por la cual la jurisprudencia nacional ha sostenido que “las pretensiones del recurrente y su voluntad de interponer el recurso, condicionan la competencia del juez que conoce del mismo. Lo que el procesado estime lesivo de sus derechos, constituye el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver el ad quem: ‘tantum devolutum quantum appellatum”(24) (25) (resaltado por la Sala).
ii) En aquellos casos relacionados con la apelación de los fallos inhibitorios de primer grado, en los cuales el juez de la segunda instancia encuentre que hay lugar a proferir una decisión de mérito, así deberá hacerlo “… aun cuando fuere desfavorable al apelante” (CPC, art. 357, inc. final)(26).
Ahora bien, este planteamiento actual de la Sección Tercera debe ser armonizado con la decisión proferida por parte de la propia Sección en sentencia de Sala Plena de fecha 17 de octubre de 2013, expediente 23354 (M.P. Mauricio Fajardo Gómez), radicación 52001233100019967459-01, en el que se sostuvo que, además de poder aplicar el eximente de responsabilidad del hecho de la víctima.
(…) la eventual configuración de los supuestos determinantes de la ocurrencia de una eximente de responsabilidad como el hecho de un tercero o la fuerza mayor, por lo demás, debe ser realizado por el juez tanto a solicitud de parte como de manera oficiosa, no sólo en aplicación del principio iura novit curia sino en consideración a que tanto el Decreto-Ley 1 de 1984 —artículo 164— como la Ley 1437 de 2011 —artículo 187— obligan al Juez de lo Contencioso Administrativo a pronunciarse, en la sentencia definitiva, "sobre las excepciones propuestas y sobre cualquier otra que el fallador encuentre probada” (resaltado fuera de texto).
Ahora bien, nótese que la propia Oficina de Registro de Instrumentos Públicos cuando registró el embargo de los lotes 1, 3, 4, 5 y 6 indicó que el folio de matrícula correspondía a una mayor extensión y que por tanto, el embargo se registró no solamente en el folio de matrícula 290-0078948 sino también en los folios 290-0081890 y 290-0081895. (Respuesta OJ-800, mayo 10/94, al Oficio 427 enviado por el Juzgado Tercero).
Se observa que el apoderado de la parte ejecutante no cumplió en principio con lo solicitado por el juzgado y pese a ello, solicitó información a la Oficina de Registro y tal despacho, dio respuesta al señor abogado donde reiteró que, la matrícula inmobiliaria 290-00078948 correspondía a un folio de mayor extensión que fue objeto de loteo mediante escritura pública 3345 de la Notaría Primera del 20.06.91 del que se segregaron varios predios a los que les fueron asignadas nuevas matrículas inmobiliarias. Por lo tanto, lo invitó a acercarse a las instalaciones de la oficina para efectuar un estudio de los folios, sin embargo, el apoderado al dirigirse ante juez, éste sostuvo que existía confusión en las matrículas y simplemente aportó folio de matrícula 290-0078948 donde se registraba el embargo ordenado por el juzgado respecto de oficio 427 de 26 de abril de 1994.
Sin embargo, ante tal situación se procedió al remate de los lotes 20 y 21 y al momento de inscribir la adjudicación a la ejecutante del mismo y proceder al levantamiento del embargo, la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos en oficio de 24 de septiembre de 1999, sostuvo que se inscribió el embargo porque así lo solicitaron conforme al folio de mayor extensión, advirtiéndosele al juez que se trataba de un folio de tal característica. También indicó que con la escritura 3345 del 20-06-91 corrida en la notaría 1ª de Pereira contentiva del loteo del predio 290-78948 fue registrada el 03-07-91, generando las matrículas 290-81890 a la 290-81910, correspondiéndole a los lotes 20 y 21 los folios 290-81909 y 290-81910 matrículas éstas que en ningún momento fueron embargadas.
En cuanto a los lotes 20 y 21 que fueron rematados y del cual no se levantó embargo por cuanto los mismos no se encontraban en dicha situación, tales lotes fueron englobados el 3 de noviembre de 1992 mediante escritura pública 4646 suscrita en la Notaría 2º de Pereira y registrada el 16 de marzo de 1993 y por lo tanto, generó una nueva matrícula inmobiliaria 290-94313. Por lo tanto, fueron englobadas antes de la medida cautelar y como generaron una nueva matrícula inmobiliaria, debió practicarse sobre ese nuevo folio el embargo. Pero esto sólo era de competencia del abogado de la ejecutante, pues antes de solicitar medidas ejecutivas, debió analizar los folios de matrículas inmobiliarias, por lo que se trata de una carga de diligencia del abogado. Si admitió que estaban loteados en las mismas medidas cautelares, debió pedir las matrículas inmobiliarias de dichos lotes y verificar en cada uno lo necesario para solicitar las medidas.
La responsabilidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se produce en las demás actuaciones judiciales necesarias para adelantar el proceso o la ejecución de las providencias judiciales. Esto es, cuando la lesión se haya producido en el giro o tráfico jurisdiccional, entendido éste como el conjunto de las acciones u omisiones propias de lo que es la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, que pueden provenir no sólo de los funcionarios, sino también de los particulares investidos de facultades jurisdiccionales, de los empleados judiciales, de los agentes y de los auxiliares judiciales(30).
Por lo tanto, el Juzgado Tercero Civil del Circuito en diferentes oportunidades solicitó al apoderado de la parte ejecutante dar información exacta correspondiente a los lotes que iban a ser objeto de embargo y secuestro, y el propio abogado manifestaba siempre lo mismo, que se trataban de lotes que se encontraban todos en el folio de matrícula 290-0078498, reiteró tal postura pero así mismo conocía de loteo efectuado y que en las diferentes copias del folio de matrícula correspondiente al Nº 290-0078948 tenía información sobre diferentes folios de matrícula que se abrieron.
El juzgado ante tal información que se entendía presentada bajo juramento, continuó con el proceso ejecutivo. Pero adviértase que el juzgado mediante autos solicitaba certeza de lo solicitado por el apoderado y teniendo en cuenta que es carga del apoderado conocer, estudiar y analizar los predios objeto de medidas ejecutivas, mal podría el juez realizar el trabajo de la parte ejecutante, cuando lo cierto es que éste se encuentra en la obligación de continuar con el proceso de la mano con lo expresado por el apoderado, en este caso, de la parte ejecutante.
Incluso, en testimonio rendido por la señora Mery Teresita Montenegro, quien fue juez del proceso ejecutivo en su parte final, indicó lo siguiente: (fls. 63 a 66, cdno. 2).
“(…) Al respecto debo aclarar algo en mi modesto sentir; es una carga procesal de las partes hacer el seguimiento a los bienes que se persiguen, se embarguen y sobre todo se rematen, máxime que en el expediente obra un oficio donde invitan al señor apoderado de la ejecutante que también fue rematante a que se acerque a la oficina de registro para que observe detenidamente lo referente a los lotes que ya tenían nuevas matrículas y que aclare la situación. (…) Otra cosa que llama la atención es porque (sic) la parte actora en este proceso que adelanta este honorable tribunal, no acudió a la vía ordinaria ante la jurisdicción civil mediante un proceso ordinario - declarativo para obtener la nulidad del remate y así poder retirar el dinero consignado por la señora Herrera cuyo título reposa en el expediente del proceso ejecutivo (…)”.
Por lo tanto, al estudiarse las causales las causales exonerativas, éstas conllevan a la “exclusión de la posibilidad de atribuir jurídicamente la responsabilidad de reparar el daño a la entidad demandada; es decir, la operatividad en un supuesto concreto de alguna de las referidas “eximentes de responsabilidad” no destruye la tantas veces mencionada relación de causalidad, sino la imputación”(34).
5 De conformidad con el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo, subrogado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998.
6 El Decreto 597 de 1988 dispuso que para que un proceso de reparación directa que inició en el año 2001 tuviere vocación de doble instancia, la pretensión mayor de la demanda debía superar la suma de $ 26.390.000. En el sub lite se instauró la demanda el día 11 de enero de 2001, cuya pretensión mayor ascendió a los $ 158.500.000 correspondiente a daños materiales por la frustración para una de las demandantes por la conclusión del contrato de promesa de compraventa. Sobre los bienes avaluados por dicho valor.
7 Recopilada en la sentencia de 22 de octubre de 2012, expediente 24070. Consejo de Estado, Sección Tercera. Puede verse también sentencia de 9 de mayo de 2012 expediente 20334.
8 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 19 de noviembre de 1998, expediente 12124: “Si se trata de documentos públicos o privados debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su validez en éste último, es suficiente con que el juez mediante auto que lo deje a disposición de las partes por el término de tres días (sic), para que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación que hará en la sentencia”.
9 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 22 de octubre de 2012, radicación 24070.: “(…) viii) ‘en relación con el traslado de documentos, públicos o privados autenticados, estos pueden ser valorados en el proceso contencioso administrativo al cual son trasladados, siempre que se haya cumplido el trámite previsto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil. Conforme a lo anterior, es claro que sin el cumplimiento de los requisitos precitados las pruebas documentales y testimoniales practicadas en otro proceso no pueden ser valoradas para adoptar la decisión de mérito’, salvo: a) cuando la prueba documental trasladada puede valorarse (sic) ‘toda vez que ésta estuvo en el expediente a disposición de la parte demandada, quien tuvo la oportunidad de controvertirla’ (…) f) la prueba documental trasladada se valorará no sólo por haber sido coadyuvado su traslado, sino también porque permaneció en el expediente a disposición de las partes (que tenían la posibilidad de tacharlas u objetarlas) durante todo el proceso, permitiéndose el libre y debido ejercicio del derecho de contradicción (…)”. En el mismo sentido, Sentencia de 13 de abril de 2000, radicación 11898: “(…) han permanecido a disposición de las partes durante el curso del proceso y ninguna de ellas ha controvertido la autenticidad de los mismos, razones por las cuales tales elementos serán apreciados en el sub lite con el valor legal que les corresponde, sin perjuicio de lo cual, se reitera, la posibilidad de apreciar tales pruebas dependerá de si en el proceso al cual se trasladan se atienden las formalidades que la ley ha establecido respecto de cada una de éstas”. Esta misma posición fue asumida en sentencia de 8 de junio de 2011, radicación 19166; Sentencia de 8 de agosto de 2012, radicación 22415; y Sentencia de 8 de agosto de 2012, radicación 22616.
10 Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia de 8 de junio de 2011, radicación 19166: “(…) También ha establecido la Sala que en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas rendidas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo sin limitaciones, aun cuando hayan sido practicadas sin citación o intervención de alguna de ellas en el proceso original y no hayan sido ratificadas en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que las partes soliciten que la prueba haga parte del acervo probatorio, pero que en el evento de resultar desfavorable a sus intereses invoquen las formalidades legales para su inadmisión (…)”. En el mismo sentido: Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2004, radicación 14951; Sección Tercera, Sentencia de 22 de abril de 2004, radicación 15088; Sección Tercera, sentencia de 25 de mayo de 2011, radicación 15838; Sección Tercera, sentencia de 18 de septiembre de 1997, radicación 9666; Sección Tercera, sentencia de 8 de febrero de 2001, radicación 13254. En cuanto a la prueba testimonial, el Consejo de Estado consideró en las sentencias referenciadas: “Debe anotarse, adicionalmente, que en los eventos en que el traslado de los testimonios rendidos dentro de otro proceso es solicitado por ambas partes, la Sala ha considerado que dichas pruebas pueden ser tenidas en cuenta en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hayan sido practicadas sin su citación o intervención en el proceso original y no hayan sido ratificados en el contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resulta contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio y, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, invoque las formalidades legales para su admisión (…)”.
11 Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 21 de abril de 2004, radicación 13607: “(…) la Sala, en aplicación del principio de lealtad procesal, ha reiterado que hay casos en los cuales sin ratificación del testimonio, el mismo puede y debe ser válidamente apreciado cuando es allegado a petición de una de las partes y la otra parte estructura su defensa con fundamento en aquél, o cuando las dos partes lo solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación, siempre que sean allegados en copia auténtica, porque así lo dispone la norma general sobre prueba trasladada (CPC, art. 185)”.
12 Tal como lo dispone copia del folio de matrícula 2900081893 cuya matrícula matriz es la 290-0078948 (fl. 142, anexo 3B).
13 De acuerdo con copia del folio de matrícula exactamente igual al que obra en folio 14 de, anexo 3B, se puede determinar las matrículas a qué lotes equivalen. En igual sentido, para mejor ilustración, se hizo comparación entre éstas y la hoja de matrículas inmobiliarias abiertas por el loteo efectuado en el folio de mayor extensión 290-0078948, en la cual se relacionan los distintos lotes individuales y sus respectivos folios de matrícula visto a folio 21, cuaderno 2 pruebas antes descrito. Por tal motivo entre paréntesis se incluye el número del lote para mejor comprensión.
14 Oficio en el que se solicitó el embargo de los lotes 17 a 21.
15 “3. Hasta la Constitución de 1991, no existía en la Constitución ni en la ley una cláusula general expresa sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. Sin embargo, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y, en especial, del Consejo de Estado encontraron en diversas normas de la constitución derogada —en especial en el artículo 16— los fundamentos constitucionales de esa responsabilidad estatal y plantearon, en particular en el campo extracontractual, la existencia de diversos regímenes de responsabilidad, como la falla en el servicio, el régimen de riesgo o el de daño especial. Por el contrario, la actual Constitución reconoce expresamente la responsabilidad patrimonial del Estado”. Corte Constitucional, Sentencia C-864 de 2004. Puede verse también: Corte Constitucional, Sentencia C-037 de 2003.
16 Conforme a lo establecido en el artículo 90 de la Carta Política “los elementos indispensables para imputar la responsabilidad al estado son: a) el daño antijurídico y b) la imputabilidad del Estado”. Sentencia de 21 de octubre de 1999, expedientes:10948-11643. Es, pues “menester, que además de constatar la antijuridicidad del [daño], el juzgador elabore un juicio de imputabilidad que le permita encontrar un título jurídico distinto de la simple causalidad material que legitime la decisión; vale decir, ‘la imputatio juris’ además de la ‘imputatio facti’”. Sentencia de 13 de julio de 1993. En el precedente jurisprudencial constitucional se sostiene: “En efecto, el artículo de la Carta señala que para que el Estado deba responder, basta que exista un daño antijurídico que sea imputable a una autoridad pública. Por ello, como lo ha reiterado esta Corte, esta responsabilidad se configura “siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público”. Corte Constitucional, sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002.
17 “(…) el perjudicado a consecuencia del funcionamiento de un servicio público debe soportar el daño siempre que resulte (contrario a la letra o al espíritu de una norma legal o) simplemente irrazonable, conforme a la propia lógica de la responsabilidad patrimonial, que sea la administración la que tenga que soportarlo”. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, en AFDUAM, Nº 4, 2000, pág. 185.
18 “(…) que lo razonable, en buena lógica de responsabilidad extracontractual, para las Administraciones públicas nunca puede ser hacerlas más responsables de lo que sea razonable para los entes jurídico-privados que desarrollan en su propio interés actividades análogas”. PANTALEON, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las Administraciones públicas)”, ob. cit., pág. 186.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-254 de 2003. Así mismo, se considera: “El artículo 90 de la Carta, atendiendo las (sic) construcciones jurisprudenciales, le dio un nuevo enfoque normativo a la responsabilidad patrimonial del Estado desplazando su fundamento desde la falla del servicio hasta el daño antijurídico. Ello implica la ampliación del espacio en el que puede declararse la responsabilidad patrimonial del Estado pues el punto de partida para la determinación de esa responsabilidad ya no está determinado por la irregular actuación estatal —bien sea por la no prestación del servicio, por la prestación irregular o por la prestación tardía— sino por la producción de un daño antijurídico que la víctima no está en el deber de soportar, independientemente de la regularidad o irregularidad de esa actuación”. Corte Constitucional, Sentencia C-285 de 2002. Debe advertirse que revisada la doctrina de la responsabilidad civil extracontractual puede encontrarse posturas según las cuales “debe rechazarse que el supuesto de hecho de las normas sobre responsabilidad civil extracontractual requiera un elemento de antijuricidad (sic)”. PANTALEÓN, Fernando. “Cómo repensar la responsabilidad civil extracontractual (También de las administraciones públicas)”, en AFDUAM. Nº 4, 2000, pág. 168.
20 Posición reiterada en sentencia de Subsección C de 19 de agosto de 2011 expediente 19663.
21 Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera de 9 de febrero de 2012, expediente 21060.
22 En relación con la aplicabilidad del principio de congruencia en lo que corresponde a la resolución del recurso de apelación puede consultarse el pronunciamiento efectuado recientemente por la Sala, mediante providencia fechada en abril 1º de 2009, dentro del expediente 32.800, con ponencia de la señora magistrado Ruth Stella Correa Palacio, en la cual se puntualizó: “De conformidad con el principio de congruencia, al superior, cuando resuelve el recurso de apelación, sólo le es permitido emitir un pronunciamiento en relación con los aspectos recurridos de la providencia del inferior, razón por la cual la potestad del juez en este caso se encuentra limitada a confrontar lo decidido con lo impugnado en el respectivo recurso y en el evento en que exceda las facultades que posee en virtud del mismo, se configurará la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, relativa a la falta de competencia funcional”.
23 Dicho principio ha sido definido por la doctrina como: “La facultad exclusiva del individuo de reclamar la tutela jurídica del Estado para su derecho, y en la facultad concurrente del individuo con el órgano jurisdiccional, de aportar elementos formativos del proceso y determinarlo a darle fin”. O como dice COUTURE, es el principio procesal que asigna a las partes y no a los órganos de la jurisdicción la iniciativa, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso”.
“Son características de esta regla las siguientes: “(…). El campo de decisión del juez queda determinado especial y esencialmente por las pretensiones del demandante debido a que el juez no puede decidir sobre objeto diverso a lo en ellas contemplado” (resaltados adicionales). López Blanco, Hernán Fabio, Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano, Parte General, Tomo I, Dupré Editores, Bogotá, 2005, pág. 106.
24 Al respecto, ver por ejemplo, sentencia de la Corte Constitucional C-583 de 1997.
25 Puede verse sentencia de 9 de junio de 2010, expediente 17605 y 9 de febrero de 2012, expediente 21060.
26 Al respecto consultar, por ejemplo, sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, de 23 de abril del 2009, expediente 17160 y de 20 de mayo de ese mismo año, expediente 16.925.
27 La Sección Tercera del Consejo de Estado en múltiples decisiones ha determinado la operancia del fenómeno jurídico procesal de la caducidad de la acción ejercida, así como también ha encontrado acreditada la existencia de la falta de legitimación en la causa —por activa o por pasiva— e incluso la ineptitud sustantiva de la demanda, casos en los cuales ha denegado las pretensiones de la demanda o se ha inhibido de fallar, según el caso, con independencia de si tales presupuestos o aspectos hubieren sido, o no, advertidos por el juez de primera instancia o por alguno de los sujetos procesales, incluido, claro está, aquel que hubiere impugnado la providencia del juez a quo. Sentencia de Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado de 9 de febrero de 2012, expediente 21060.
28 Sentencia Sala Plena de fecha 17 de octubre de 2013, expediente 23354 (M.P. Mauricio Fajardo Gómez) Radicación: 52001233100019967459-01.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 1º de octubre de 1992, expediente 7058. Sentencia del 13 de agosto de 1993, expediente 7869 y sentencia de 18 de septiembre de 1997, expediente 12686.
30 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 31164. En este sentido véanse también las sentencias del 16 de febrero de 2006, expediente 14307 y de 15 de abril de 2010, expediente 17507.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, expediente 31164. En este sentido véase también la Sentencia de 10 de mayo de 2001, expediente 12719.
32 Sección Tercera, sentencia del 11 de agosto de 2010, expediente 17301.
33 Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos.
34 Sentencia, Sección Tercera del Consejo de Estado de 11 de febrero de 2009, expediente 17145.
35 Sentencia de 13 de agosto de 2008, expediente 17042, M.P. Enrique Gil Botero.