Source: http://derechoambientalki.blogspot.com/2011/10/los-actos-administrativos-en-materia.html
Timestamp: 2017-06-28 17:17:12
Document Index: 164874259

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 51', 'artículo 9', 'artículo 47', 'artículo 67', 'artículo 334', 'artículo 49']

DERECHO AMBIENTAL: LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL (APOYARSE EN LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS)
LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA AMBIENTAL (APOYARSE EN LA LEY DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS)
En primer lugar en bueno recordar que el artículo 7 de la LOPA, que es la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos la cual está dirigida a los órganos de la Administración Pública nacional y descentralizada, define el acto administrativo, como toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley, por los órganos de la administración pública.
En el caso que corresponde, el órgano de la Administración Pública está representado por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y los Recursos Naturales, por ende todo lo concerniente a los actos administrativos emanados de este órgano, así como todo lo relacionado con la parte procedimental de la responsabilidad administrativa, debe ajustarse a los principios y reglas establecidos en la LOPA.
Entonces, toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad o funcionario público en materia ambiental, sobre los asuntos que sean de su competencia, y de obtener oportuna y adecuada respuesta, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 51 de la CRBV y desarrollado en el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y 3 de la LOPA. Este es un derecho adjetivo, por cuanto su ejercicio implica el inicio de los procedimientos administrativos con las garantías del debido proceso, como por ejemplo, aquellos derivados de las denuncias efectuadas por los órganos auxiliares del servicio de guardería ambiental.
Igualmente, todos los ciudadanos que se sientan lesionados o amenazados por afectaciones ambientales, tienen el derecho de realizar sus solicitudes o denuncias respectivas ante el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente y de los Recursos Naturales, el Ministerio del Poder Popular para la Salud y Desarrollo Social, la Guardia Nacional, la Dirección de Ambiente de la Fiscalía General de la República, entre otros.
Por último, la LOPA contempla los tipos de procedimientos administrativos que deben seguirse, como son el procedimiento ordinario establecido en el artículo 47, que establece que los procedimientos administrativos contenidos en leyes especiales se aplicarán con preferencia al procedimiento ordinario, en las materias que constituyan su especialidad. Además, contempla el procedimiento sumario establecido en el artículo 67; que expresa que cuando la administración lo estime conveniente podrá seguir un procedimiento sumario para dictar sus decisiones, el cual se iniciará de oficio y deberá concluir en el término de treinta (30) días. La actividad administrativa del estado venezolano con relación al ambiente (apóyense en la Constitución)
Por lo que se podría decir, que la Constitución venezolana prevé dentro de sus principios rectores: el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho al debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la participación; principios bajo los cuales se deberá desarrollar la actividad administrativa del Estado en materia ambiental. Los cuales están desarrollados en el artículo 334 que establece la obligación de los jueces que, en el ámbito de sus competencias deben destacar la parte dogmática de la Constitución, especialmente la relacionada con el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa. Igualmente, el artículo 49 de la Carta Magna, en su numeral 1, consagra que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas, por lo que la defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso, teniendo la persona interesada derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, a acceder a las pruebas y a disponer del tiempo necesario y de los medios adecuados para ejercer su defensa.
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