Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/Marzo/198-4311-2011-10-0659.html
Timestamp: 2017-02-27 20:32:56
Document Index: 309190953

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 49', 'artículo 42', 'artículo 26', 'artículo 103', 'artículo 1', 'artículo 103', 'artículo 114', 'artículo\n138', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo\n313', 'artículo 111', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 19', 'artículo 49', 'artículo\n103', 'artículo 314', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 28', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 102', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 26', 'artículo 49', 'artículo\n79', 'artículo 103', 'artículo 79', 'artículo 103', 'artículo 103', 'artículo 49', 'artículo 314', 'artículo 103', 'artículo 25', 'artículo 64', 'artículo 49', 'artículo 195', 'artículo 103', 'artículo 314', 'artículo 28', 'artículo 49', 'artículo 314', 'artículo 103', 'artículo 314', 'artículo 28', 'artículo 103', 'artículo 314', 'artículo 103', 'artículo 434', 'artículo 64', 'artículo 25', 'artículo 4', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 42', 'artículo 103', 'artículo 122', 'artículo 49', 'artículo 15', 'artículo 42', 'artículo 122']

2010, ante la Secretaría de esta Sala Constitucional, las abogadas Isabella M.
Vecchionacce Queremel y Yamarilis Yaguaramay Carvajal, en su carácter de
fiscales del Ministerio Público, Fiscal Principal y Auxiliar de la Fiscalía Centésima Trigésima Primera (131°) del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad
con los artículos 16, cardinales 1 y 2; y 37, cardinal 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, “(…) representando los intereses y derechos” de
la ciudadana YACXI CAROLINA BRICEÑO PARRA, venezolana, mayor de edad y
titular de la cédula de identidad Núm. 20.027.986 interpusieron acción de
amparo constitucional contra la decisión dictada el 9 de marzo de 2010, “[…]
por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal
Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área
Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, la cual declaró la nulidad de la audiencia preliminar (…) por violación de la garantía
del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decretando en consecuencia el Archivo
Judicial de las Actuaciones […]”; todo ello con ocasión del proceso
comisión del delito de violencia física en perjuicio de la prenombrada
ciudadana, quien penalmente ostenta la condición de víctima. El 23 de junio de 2010, se dio cuenta en Sala y
se designó ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán.
alfanumérico N° FTSJ-5-2010-001 de la misma fecha, la Doctora Teolinda Ramos, Fiscala Quinta del Ministerio Público ante las Salas de Casación y
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia remitió “[…]
comunicación N° 01-F131-MM-270-2010, procedente de la fiscalía Centésima
Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, relacionada con la acción de
amparo constitucional, intentada por el Ministerio Público (…). Asimismo,
adjunta copias certificadas de escrito de recurso de apelación, así como de la
sentencia recurrida […]”.
actora reiteró su interés en la acción de amparo de autos y solicitó a la Sala celeridad en su admisión y demás trámites subsiguientes.
Vista la designación
realizada en sesión del 7 de diciembre de 2010 por la Asamblea Nacional de nuevos Magistrados y Magistradas del Tribunal Supremo de Justicia la
cual fue publicada en la Gaceta Oficial N° 39.569 del 8 de diciembre de 2010,
esta Sala Constitucional quedó reconstituida de la siguiente manera: Luisa
Estella Morales Lamuño, en su condición de Presidenta, Francisco Antonio
Carrasquero López, como Vicepresidente, y los Magistrados Marcos Tulio Dugarte
Padrón, Carmen A. Zuleta de Merchán, Arcadio Delgado Rosales, Juan José Mendoza
Jover y Gladys María Gutiérrez Alvarado; ratificándose en su condición de ponente a la Magistrada Doctora Carmen Zuleta de Merchán, quien con tal carácter suscribe la presente
Mediante Oficio Nº 01-F131ª518-2011 de fecha 16
Centésima Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, remite escrito a fin de impulsar
Público, respectivamente, de la Fiscalía Centésima Trigésima Primera (131°) del Área Metropolitana de Caracas, en representación de la ciudadana Yacxi Carolina
Briceño Parra, fundamentaron su acción de amparo constitucional bajo los
alegatos que a continuación esta Sala resume:
Que “[c]onstituye un acto lesivo la decisión
judicial emitida (sic) por considerar que el juzgado agraviante infringió
doblemente el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre Derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, por errónea aplicación al invadir competencia
Medidas con Competencia en Violencia Contra la Mujer y por errónea interpretación al entender la frase ‘sin actuación por parte del Ministerio Público’,
por haber emitido esta representación fiscal el libelo acusatorio posterior al
transcurso de los cuatro meses de la investigación”.
Que la errónea interpretación “[…] se basa en
el orden procesal, lesionando el debido proceso al infringir por errónea
aplicación el artículo 103 de la ley orgánica de Género (sic)”.
Que “[e]l artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (sic) establece:
‘Si vencidos los plazos, el o la Fiscal del Ministerio Público no dictare el acto conclusivo correspondiente, el juez o la
jueza de Control, Audiencia y Medidas notificará dicha omisión a él (sic) o la fiscal
Superior, quien dentro de los dos días siguientes deberá comisionar a un nuevo
o una nueva Fiscal para que presente las conclusiones de la investigación en un
lapso que no excederá de diez días continuos contados a partir de la
notificación o de la comisión, sin perjuicio de las sanciones civiles, penales
y administrativas que sean aplicables a el o a la Fiscal omisivo u omisiva. Transcurrida la prórroga extraordinaria a que se refiere el
presente artículo, sin actuación por parte del Ministerio Público, el
Tribunal de Control, Audiencia y Medidas decretará el archivo judicial,
conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (Subrayado y
negrillas fiscal)’. Que
“[d]e la norma antes transcrita se puede colegir que la atribución específica
para decretar el archivo judicial, le está dada exclusivamente al Juzgado de
favor de entender éste requisito de procedencia como un error grave en la
interpretación del derecho debatido, capaz de vulnerar un derecho
constitucional, como lo es el debido proceso, previsto en el artículo 49
cuanto a la errónea interpretación, alegó la parte accionante que “[…] la
norma invocada dispone en su último parte: ‘…Transcurrida la prórroga
extraordinaria a que se refiere el presente artículo, sin actuación por parte
del Ministerio Público, el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas
decretará el archivo judicial, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico
Procesal Penal’ (Subrayado y resaltado fiscal)”.
Que “[d]e la norma
ante la inactividad del Ministerio Público, el juzgado de control, intervendrá,
sin embargo, se evidencia en autos, que esta fiscalía 131 del Ministerio
Público con competencia contra la mujer (sic), presento (sic) escrito
acusatorio en contra del ciudadano Roque Cabarca, por la presunta comisión del
delito de Violencia Física, previsto y sancionado en el artículo 42,
eiusdem, en consecuencia no hubo omisión fiscal, como erróneamente aduce la
sala, visto que corre inserto en autos acusación fiscal, por lo cual, el
efectiva, prevista en el artículo 26 de la carta magna, ya que a pesar de que
la víctima obtuvo una respuesta positiva en ejercicio de sus derechos con el
acto conclusivo (acusación), somete inoficiosamente a la misma a una dilación
injustificada por la suspensión de la investigación; investigación que para el
Ministerio fiscal está concluida en virtud de la emisión del acto conclusivo,
victimizándola doblemente al someterla a la espera de la aparición de nuevos
elementos de convicción, arriesgándola a ser víctima nuevamente de violencia y
más grave aún es el cese de las medidas de protección a favor de esta (sic), a
pesar de que en la fase de investigación el Ministerio Público consiguió
elementos de convicción serios que dieron lugar a la presentación del libelo
Que “[…] la Sala decretó dicho ‘Archivo Judicial’ sin que se diera cabal cumplimiento a lo establecido en
el artículo 103 de la LOSDMVLV (sic), es decir, fijarle un lapso a ésta
representación fiscal para que diera término con la investigación seguida en
Accidental incurrió en ultra petita al decretar el ‘Archivo Judicial’ de
sería, lo dispuesto en el artículo 1 de la LOSDMVLV, ya que éste despacho fiscal en primer término no fue debidamente notificada por el Fiscal Superior del
Área Metropolitana de Caracas de la existencia de un supuesto relevo, como
erróneamente interpreta la decisión de la ya tantas veces mencionada Sala
Especializado, emitió oficio a la Fiscalía Superior, se debe entender que esta Representación Fiscal, no podía actuar en la causa penal y por ende no podía
continuar con la investigación. Al no estar este despacho fiscal notificada por
la Fiscalía Superior de la existencia del mencionado oficio judicial, no podía
desprenderse de la causa y menos aún dejar de ejercer la acción penal, tal como
se hizo”.
Que “[…] de haberse
supuestamente aplicado el artículo 103 de la LOSDMVLV (sic), insistimos que en ningún momento se le indicó a ésta representación fiscal
que debía culminar con la investigación en un lapso previamente fijado por el Fiscal
Superior del Área (sic), y por último mal podría entonces éste despacho fiscal
cesar en sus funciones debidamente atribuidas en el artículo 114 de la LOSDMVLV (sic), como lo es la de ejercer la acción penal en contra de los hechos que
constituyan delitos previstos y sancionados en la referida Ley, así como la de
ciudadana Yaxci Briceño”.
“[…] la Sala Accidental de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio
de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana
de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, en su decisión, erróneamente considera que una vez que la Fiscalía Superior ha sido notificada de la solicitud de relevo del fiscal actuante, es en ese
momento según su criterio que debe comprenderse que esta fiscalía inicial no
el debido proceso”.
Que “[e]l artículo
138 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dispone que ´Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos’, y visto que la Sala (Tribunal Agraviante) ha actuado fuera de su competencia al decretar ‘Archivo Judicial’
sin que se le hayan permitido al Fiscal del Ministerio Público, conocer del
supuesto lapso fijado por el Fiscal Superior del Área Metropolitana de Caracas,
incurrió en ultra petita y en virtud de ello, consideramos que la
decisión dictada por la Sala Accidental de Reenvío en lo Penal para el Régimen
Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer (Tribunal Agraviante) debe ser revisada por ese órgano constitucional y declarando en
consecuencia su NULIDAD. Así respetuosamente lo pedimos”.
Que la Sala Accidental de la Corte de Apelaciones en mención, al decretar el archivo judicial de las
actuaciones infringió por errónea aplicación el artículo 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que “[…]
Contra la Mujer, siendo el órgano competente por ley, deben dar cumplimiento a
lo previsto en los artículos 313 y 314 del Código Adjetivo Penal, siendo estas
normas las que concatenadas con lo previsto en el artículo 79 y 103 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con base a los derechos constitucionales de las
partes, la doctrina y la jurisprudencia señalada garantizarán la participación
efectiva de las partes del derecho del archivo judicial”.
Luego de citar
textualmente un extracto de una sentencia dictada el 7 de julio de 2009, por la Sala de Casación Penal de este Tribunal Supremo de Justicia, recaída en el expediente N°
09-104, la parte accionante adujo que “[c]on basamento a la decisión
señalada, podemos hacer un alcance con la Ley de género, la cual si bien es cierto no prevé una audiencia para escuchar a las partes antes de fijar un
lapso para culminar la investigación, proponemos que el juzgado competente de
oficio fije, una reunión con las partes, conforme a lo previsto en el artículo
313 del Código Orgánico Procesal Penal, garantizando de esta manera una situación
efectiva de todas las partes”.
Que “[l]o que
pretende esta Representación fiscal, es que antes de aplicar el relevo de
señalar el estatus de la investigación, el desarrollo de la misma, y las
Público, igualmente el interés de la víctima como parte directamente afectada
en las resultas de la investigación, así como el mantenimiento de las medidas
de protección y seguridad y por último igual interés del imputado en el
finiquito de la resolución de la averiguación”.
proceso, la parte accionante alegó la “[…] infracción por falta de
aplicación de las normas previstas en los artículos 111 y 112 de la Ley Orgánica Sobre los Derechos de las Mujeres a Vivir una Vida Libre de Violencia (sic)
lesionando con esa omisión el derecho constitucional de ser oído”.
la parte agraviante considera que la decisión presuntamente agraviante “[…]
es flagrante, ya que ignoro (sic) lo previsto en los artículo 111 y 112 de la
ley Orgánica Sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia
(sic) […]”.
Luego de transcribir el
contenido de los señalados artículos alega que “[…] esta lesión
jurídica que la decisión agraviante (Archivo Judicial) genera, ya que afecta de
manera directa a la víctima al cercenarle su derecho posible de reparación o
restablecimiento por el daño presuntamente sufrido, afecta igualmente al
imputado al ser sometido por tiempo indeterminado a una averiguación en
suspenso, y al Ministerio Fiscal, que pese al acto conclusivo (acusación)
acción penal”.
Que la sentencia
accionada infringe “[…] por inobservancia y valoración de los artículos
22, 23, 26 y 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al no estimar <la aplicabilidad necesaria e impretermitible
Que “[e]specíficamente,
invocamos la inobservancia, por la sentencia, de la Convención de Belém Do Pará que en su artículo 4,1 consagra el derecho de toda persona a la
vida y la cual a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999 adquirió rango constitucional debiendo ser observada y aplicada por los
tribunales y demás órganos del Poder Público. Asimismo, alegamos la violación
del artículo 30 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que imponen al Estado la obligación de proteger a las
víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños
causados e igualmente indemnizar a las víctimas de violaciones de derechos
humanos que le sean imputables”.
Que “[t]omando en
cuenta lo que establece el articulo (sic) 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual consagra la obligación de
siendo que la Corte obvio (sic) tal disposición y por ende coloco (sic) de un
Que “[l]a Sala
Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio
de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer, al decretar la nulidad de las actuaciones, a nuestro criterio, vulneró
progresividad a que hace referencia el artículo 19 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que por disposición constitucional
y como ante el Estado, debió garantizarle el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible
e interdependiente de los derechos humanos a la ciudadana Yacxi Briceño,
así como su respeto y garantía por haber sido en fecha 13/Abril/2010 víctima de
uno de los delitos previsto y sancionados en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Violencia Física
de Archivo Judicial’ impidió el goce efectivo, real y el respeto del derecho
humano […]”.
Que “[v]ale la pena
mencionar, que la exposición de motivos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define la
violencia cometida contra la mujer ‘como un grave problema de salud pública
y de violación sistemática de sus derechos humanos, lo que después de años
de lucha permitió incluir y reconocer que la violencia cometida contra la mujer
es un obstáculo que menoscaba el disfrute oportuno de los derechos humanos, por
ende observamos que la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el
Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia contra la Mujer al emitir su pronunciamiento en fecha 09/Marzo/2010, decretando de oficio el ‘archivo
judicial’ de las actuaciones, vulneró principios y garantías constitucionales,
referidas a los derechos humanos de la ciudadana Yaxci Briceño, victima
(sic) del delito de Violencia Física por parte de su concubino, Roque
Cabarcas”.
Luego de que la parte
la misma, solicita que se “[…] 1. ADMITA la acción de amparo
interpuesta en contra de la decisión dictada por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con
violación de la garantía del debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decretando el ARCHIVO JUDICIAL
DE LAS ACTUACIONES , de conformidad con lo establecido en el artículo
103 de la Ley de Género en relación con el artículo 314 del Código Orgánico
Procesal Penal 2. Declare CON LUGAR la acción de amparo ejercida;
nulidad por inconstitucionalidad de la decisión dictada por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con
ser oído, ORDENANDO al Tribunal de Juicio que fija (sic) la audiencia
oral y pública”. […] II
DE LA ACTUACIÓN JUDICIAL SUPUESTAMENTE LESIVA
El 9 de marzo de 2010, la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con
Competencia en Violencia contra la Mujer, al resolver la apelación interpuesta
por el defensor del ciudadano Roque Cabarca Peralta, consideró lo siguiente:
“[…] Estudiadas como han sido todas las
decidir el correspondiente recurso de apelación, previo las siguientes
pública presentó acto conclusivo (acusación) un (1) mes y cinco (5) días
después de vencido el lapso a que se contrae el artículo 79 en concordancia con
el artículo 103, ambos de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia, por lo que señala que tal acusación es total y
absolutamente extemporánea, vulnerando expresamente el debido proceso y la
tutela judicial efectiva toda vez que se trata de lapsos de orden público que
no pueden ser relajados ni aún por convenio entre los particulares. Por su parte la Representación Fiscal señala que no hay extemporaneidad en la presentación del acto
conclusivo por cuanto el Ministerio Público en la persona de la Fiscal Centésima Trigésima Primera DRA. ISABELLA VECCHIONACHE QUEREMEL, lo presentó en fecha
11 de agosto de 2009 ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos
de septiembre de 2009 ante la referida Unidad ‘ya que se encontraban de
vacaciones judiciales, lo cual dificultó la consignación del escrito en
la misma fecha’. En este orden de ideas señala
el Ministerio Público en su escrito de contestación, que el lapso a que se
contrae el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una
Vida Libre de Violencia es ‘solo (sic) y exclusivamente’ para
garantizarle a la mujer víctima “eficacia y celeridad” en su reclamo ante
organismos del estado y así garantizarle sin dilación, la protección de sus
extinción de la acción penal, por cuanto estima que el lapso del artículo 79 de
la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
Asimismo la Representante del Ministerio Público acota que el lapso previsto en el artículo 79 de la Ley especial, es decir, los cuatro meses para culminar la investigación, la prórroga
ordinaria y la extraordinaria, no se establecieron para cercenarle a la Fiscalía la opción de ejercer la acción penal, ni mucho menos para que las mujeres queden
podemos innovar en materia de causales de extinción de la acción penal, por
cuanto no estamos en presencia de la prescripción de la acción y no existe la
extinción de la acción como consecuencia de la no presentación del acto
conclusivo. Ahora bien el Juez de la Primera Instancia, declaró sin lugar la excepción opuesta por la defensa contra la acusación
fiscal, contenida en el artículo 28. numeral 4, literal H, referida a la acción
promovida ilegalmente, por haber operado la caducidad de la acción penal, al
considerar que no existe caducidad de la acción penal por la preclusión del
lapso para la presentación del acto conclusivo, toda vez que así lo ha
diferenciar en materia penal las causas de extinción de la acción penal, no
siendo en consecuencia una de ellas la preclusión del lapso en mención,
señalando que la acción penal en estos casos se mantiene en vigencia mientras
tanto no se encuentre evidentemente prescrita. Así se observa que el Juez en
la recurrida, estableció tímidamente que en todo caso habría operado el
Archivo de las Actuaciones, no obstante, consideró que el acto
conclusivo fue presentado durante el trámite procesal establecido en el
artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, lo cual no se verificó en su totalidad y trajo como
consecuencia que la Fiscal 131º del Ministerio Público de esta Circunscripción
Judicial, concluyera la investigación y presentara el acto conclusivo, el cual
consideró el referido juez de la causa como ‘legítimo’. Este Tribunal Superior
Colegiado debe señalar lo siguiente: El artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, preceptúa: ‘Lapso para la investigación.
El Ministerio Público dará término a la investigación en un plazo que no
excederá de cuatro meses. Si la complejidad del caso lo amerita, el
Ministerio Público podrá solicitar fundadamente ante el Tribunal de
Medidas, competente, con al menos diez días de antelación al vencimiento
de dicho lapso, una prórroga que no podrá ser menor de quince ni mayor
de noventa días. El Tribunal decidirá, mediante
auto razonado, dentro de los tres días hábiles siguientes a la solicitud
fiscal. La decisión que acuerde o
niegue la prórroga podrá ser apelada en un solo efecto…’. (Subrayado y
establece en el artículo 102 ejusdem: ‘Concluida la investigación,
conforme a lo previsto en el artículo 79 o el supuesto especial previsto en el
artículo 103 de esta Ley, el Ministerio Público procederá a dictar el acto
conclusivo correspondiente’. (Subrayado y negrillas de la Sala). Y la consecuencia de la
preclusión del lapso y la no presentación del acto conclusivo en el plazo
establecido se desprende del contenido del artículo 103 ibídem, así: ‘Si vencidos todos los plazos,
el o la Fiscal del Ministerio Público no dictare el acto conclusivo
correspondiente, el juez o la jueza de Control, Audiencia y Medidas notificará
dicha omisión a el o la Fiscal Superior, quien dentro de los dos días
siguientes deberá comisionar a un nuevo o una nueva Fiscal para que presente
las conclusiones de la investigación en un lapso que no excederá de diez días
continuos contados a partir de la notificación o de la comisión, sin perjuicio
a la Fiscal omisivo u omisiva. Transcurrida la prórroga
del Ministerio Público, el Tribunal de Control, Audiencia y Medidas decretará
el archivo judicial, conforme a lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal
Penal’. (Subrayado y negrillas de la Sala). Desarrollando las normas que
anteceden debemos destacar que, la preclusión se entiende, en general, como la pérdida
o extinción de una facultad o potestad procesal. El fundamento de la
preclusión se encuentra en el orden consecutivo del proceso, es decir, en la
especial disposición en que se han de desarrollar los actos procesales. Para
algunos ese orden consecutivo es estrictamente legal. Para otros es jurídico,
esto es, abierto a diversas fuentes, pero sometido al principio de legalidad. También se precisa que el
trate de cualquier orden el que se disponga en el proceso, sino de uno que esté
fundamentado en razones o valores jurídicos propios de un Estado de Derecho. Desde el punto de vista
discusión del proceso y garantizando, a su vez, evitar el caer en dilaciones
indebidas. En principio, la preclusión es pro parte, es decir, cercena o
la preclusión es un modo de extinción de derechos u obligaciones, de extinción
de obrar válidamente en un proceso determinado, en función del tiempo. El
cuales deben cumplirse uno o más actos determinados, con la consecuencia de que
está asignado. Por efecto de la preclusión adquieren carácter firme los actos
cumplidos dentro del periodo o sección pertinente y se extinguen las
(Resaltado de la Sala). Por otra parte, la conclusión
de la preclusión de los lapsos a los cuales hace referencia el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en concordancia
con el artículo 103 eiusdem, es el decreto de archivo judicial de las
actuaciones de oficio; decisión ésta que debe tomarse en aras de la seguridad
jurídica, el cual es uno de los fines principales del derecho y debe entenderse
como la certeza que tiene el individuo de que su situación jurídica no será
modificada más que por procedimiento regulares, establecidos previamente. Así las cosas tenemos que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en múltiples decisiones ha sostenido el
criterio sobre el principio del órden (sic) público de los lapsos procesales
destacando: ‘...A todo evento, por demás,
jurisdiccionalmente aplicados puedan considerarse ‘formalidades’ per se, sino
que éstos son elementos temporales ordenadores del proceso, esenciales al mismo
y de eminente orden público, en el sentido de que son garantías del derecho de
defensa de las partes que por ellos se guían (debido proceso y seguridad
jurídica)”.
(s.S.C. nº 208 de 04.04.00. En el mismo sentido, entre otras, s.S.C. nº 160 de
09.02.01. Destacado añadido)…’. A mayor abundamiento,
respecto a la seguridad jurídica, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 3180 del 15 de
asentó lo siguiente: ‘…Seguridad Jurídica se
refiere a la cualidad del ordenamiento jurídico, que implica certeza de sus
normas y consiguientemente la posibilidad de su aplicación. En este sentido en
Venezuela existe total seguridad jurídica desde el momento que la normativa
vigente es la que se ha publicado, después de cumplir con los diversos pasos
para su formación, en los órganos de publicidad oficiales, por lo que surge una
ficción de conocimiento para todos los habitantes del país, y aún los del
exterior, de cuál es el ordenamiento jurídico vigente, el cual no puede ser
de validez en su formación, y con los de publicidad. Pero, a juicio de esta Sala,
este no es sino un aspecto de la seguridad jurídica, ya que el principio lo que
persigue es la existencia de confianza por parte de la población del país en el
ordenamiento jurídico y en su aplicación, por lo que el principio abarca el que
se cambian o modifican las leyes; y porque la interpretación de la ley se hace
cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogerán. Estos
otros dos contenidos generales de la seguridad jurídica (a los cuales como
contenido particular se añade el de la cosa juzgada), se encuentran
garantizados constitucionalmente así: el primero, por la irretroactividad de la Ley Sustantiva, lo que incluye aspectos de las leyes procesales que generan derechos a las
partes dentro del proceso (artículo 24 Constitucional); y el segundo, en la
garantía de que la justicia se administrará en forma imparcial, idónea,
transparente y responsable (artículo 26 Constitucional), lo que conduce a que
la interpretación jurídica que hagan los Tribunales, en especial el Tribunal
Supremo de Justicia, sea considerada idónea y responsable y no caprichosa, sujeta
a los vaivenes de las diversas causas, lo que de ocurrir conduciría a un caos
interpretativo, que afecta la transparencia y la imparcialidad…’. Ahora bien, debe señalarse que
el proceso como conjunto de actos, está sometido a ciertas formalidades. Según
éstas, los actos deben realizarse de acuerdo con condiciones de tiempo y lugar,
actos están sometidos a reglas; unas generales y otras especiales para cada uno
en particular, y precisamente esas formas y reglas significan una garantía para
la mejor administración de justicia y la aplicación del Derecho, obteniéndose
así ciertos valores como la seguridad jurídica y la certeza. Esta Sala se permite referirse
necesarias, en cuanto cumplan un fin y representen una garantía, por eso la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código
Orgánico Procesal Penal, no formulan unas normas rígidas, sino idóneas para
cumplir su función. Las formalidades en el proceso son impuestas por la ley,
para la reclamación de sus derechos, quedaría librada a un acto gracioso de la
autoridad, que podría ser arbitrario, creándose así un caos. Las formalidades deben ser
reglas que regulan el proceso. Así las cosas, observa este
Tribunal Superior Colegiado, que la violación a las formas esenciales
población y precisamente la consecuencia del no cumplimiento de las formas es
no es sólo una garantía de justicia, sino también una condición necesaria de la
alcanzado efectivamente su fin jurídico, o sea, el de conducir el exacto
conocimiento de la verdad, sino que es preciso que esto sea creído por el
pueblo. Tal es el fin político de las formas procesales, y cuando estas formas
no se observan, entonces la confianza pública en la justicia del fallo no sería
ya sino confianza en la sabiduría y la integridad del hombre que juzga y que no
todos pueden tenerla; pero cuando esas formas se observan, la confianza pública
legitimidad, que se hace clara la perspectiva política muy alejada del
ritualismo y las formas huecas. Es así como se debe enfatizar
en el contenido del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela el cual contiene implícitamente los postulados que se deben aplicar
a todas las actuaciones, tanto de índole administrativas como judiciales, y a
definición dada por la Sala Constitucional de nuestro Tribunal Supremo de
Justicia, así: ‘Se denomina debido
proceso, a aquel proceso que reúne las garantías indispensables para que exista
una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude al artículo 49 de
la Constitución de 1999, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a
todas las actuaciones judiciales y administrativas’ Vista la anterior definición,
los postulados contenidos en los ocho (8) numerales del artículo 49 de la Constitución Nacional, indefectiblemente se estará desconociendo la tutela judicial
efectiva, a que se contrae el artículo 26 de nuestra Carta Magna, no solo
basta que se respete el principio de la igualdad entre las partes, asegurándose
que se respeten todas las garantías procesales establecidas en la ley a los
constitucional establecido en el artículo 49 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el cual se preceptúa que: “El
debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas.
(…) Corresponde a los órganos del
procedimientos que determine las leyes... De allí que deba esta Alzada,
se inició en fecha 13 de abril de 2009, cuando la ciudadana víctima
YACXI CAROLINA BRICEÑO PARRA, interpuso denuncia contra el ciudadano ROQUE
CABARCA PERALTA, ante la Policía Municipal del Municipio Sucre del Estado
cuatro meses después, es decir, vencido el lapso a que se contrae el artículo
79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de
dictó decisión conforme a la cual estableció: ‘…Siendo que en el presente
caso, no hubo solicitud de prórroga por parte de la representación fiscal
CENTÉCIMA (sic) TRIGÉSIMA PRIMERA (131º) del Ministerio Público que inició la
investigación, es por lo que se acuerda en consecuencia notificar al
Fiscal Superior del Ministerio Público del Área Metropolitana de Caracas a
conclusivo a que haya lugar dentro de los diez días continuos. De otra parte se acuerda
solicitar al Fiscal Superior del Ministerio Público, que una vez
comisionado el caso, informe a este Despacho Judicial qué (sic) fiscala o
fiscal fue comisionado y la fecha de su notificación efectiva, ello con
que se refiere el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. (Subrayado y
la Fiscalía Superior recibió la notificación de la decisión que concedía la
prórroga extraordinaria y la obligación de comisionar a otro u otra fiscal e
informar al Tribunal una vez que éste o ésta fuera comisionado de concluir la
investigación, relevándose de esta manera a la Fiscalía Centésima Trigésima Primera por decisión jurisdiccional y por disposición legal, al
investigación. En fecha 27 de agosto de 2009,
venció el plazo para que el Fiscal Superior del Ministerio Público de esta
Circunscripción Judicial comisionara a otro u otra fiscal del Ministerio
Público especializado o especializada en la materia de violencia contra la
mujer para que presentara las conclusiones de la investigación dentro de los
diez (10) días siguientes contados a partir de la notificación de la comisión. Siendo ello así, a la presente
fecha, habiendo transcurrido más de CINCO (5) MESES desde que el Fiscal
Superior del Ministerio Público se dio por notificado de la prórroga
respuesta al Tribunal a quo sobre el cumplimiento de la referida obligación,
por lo cual se entiende que no hubo la comisión en mención y por ende,
transcurrió holgadamente el lapso de los diez días continuos para que el o la
nueva fiscal presentara el acto conclusivo de la investigación, lo contrario
sería admitir que el lapso de la prórroga extraordinaria pudiera ser superior
al lapso de cuatro (4) meses para concluir la investigación, y que el Fiscal
comisión del nuevo o la nueva fiscal que debe presentar las conclusiones de la
investigación en un lapso que no podrá ser mayor a los diez días continuos a
partir de la notificación de la comisión en mención. De tal forma que venció la
prórroga extraordinaria el día 05 de septiembre de 2009, por cuanto debe
inferirse que es deber del Fiscal Superior del Ministerio Público el comisionar
a otra u otro fiscal para que una vez designado a más tardar en fecha 27 de
agosto de 2009, dentro de los diez (10) días siguientes presentara el acto
conclusivo de la investigación. No obstante, la Fiscalía Centésima Trigésima Primera (131º) del Ministerio Público de esta Circunscripción
Judicial, luego de pronunciada dicha decisión, señala que presentó
el acto conclusivo de acusación ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Penales de este Circuito Judicial Penal y sede, en fecha 11
dificultó la consignación del escrito en la misma fecha, sin embargo, no
presentó ninguna prueba de la ‘presentación’ del acto conclusivo en fecha 11 de
agosto de 2009, y es claro que ese día fue martes, y en fecha viernes 14 de
agosto de 2009 se produjo la decisión del Tribunal A quo, ordenando la
notificación al Fiscal Superior a los fines que designara otra u otro fiscal
judicial comenzó el día quince (15) de agosto, no el once (11) ni el catorce
(14) de agosto de 2009, por lo cual, resulta en una expresión ligera e ingénua
(sic), la excusa de la representante fiscal, quien señala que ‘las vacaciones
judiciales’ le dificultó a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos
de este Circuito Judicial Penal y sede, tramitar la ‘presentación del acto
conclusivo’, cuando, como se dijo, el once (11) de agosto de 2009, fecha en la
cual señala la Representante Fiscal que presentó el acto conclusivo, no había
receso judicial y cualquier acusación que se presentara en dicha fecha debía
ser recibida, pero además, si así no hubiese pasado, la Representante del Ministerio Público debió interponer la queja correspondiente ante la Presidencia de este Circuito Judicial Penal y sede, a los fines que se recibiera y tramitara
la consignación del acto conclusivo en mención, y no sacrificar ese deber por
admisible o no, sin ningún tipo de pruebas sobre esa presentación en fecha 11
de agosto de 2009 ante la Oficina en cuestión. De allí que se observa que no
es sino hasta el día 18 de septiembre de 2009, cuando la vindicta
pública, consigna efectivamente (porque así se desprende del sello húmedo de
recibo de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito
Judicial Penal y sede) el escrito de acusación. Siendo ello así, está claro
que se desmorona la excusa de la Fiscalía, cuando se observa con meridiana
claridad que durante el receso judicial se recibían los escritos de acusación,
toda vez que si así no se estableciere, en todos los supuestos de la privación
judicial de libertad, habrían salido en libertad los imputados en cuyos
procesos se hubiere vencido el lapso a contrae el parágrafo único del artículo
argumento de la Fiscal del Ministerio Público, la Sala advierte que el receso judicial culminó el quince (15) de septiembre de 2009, siendo que
el dieciséis (16) fue día Miércoles y el diecisiete (17) jueves, lo que
demuestra que al día viernes dieciocho (18) ya habían transcurrido dos días de
actividades fuera de las ‘vacaciones judiciales’ a las cuales hizo referencia
anterior, es claro que no estamos en presencia de la caducidad de la acción
penal como causa de extinción de la misma, no existe prescripción de la acción
penal, y es cierto que se encuentra viva la acción penal y la investigación
derivada de la denuncia tienen toda su eficacia legal, no obstante no podía la Fiscal Centésima Trigésima Primera del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial,
presentar las conclusiones de la investigación, toda vez que fue relevada de la
misma en fecha 14 de agosto de 2009 por decisión del Tribunal Quinto de
Circuito Judicial Penal, en razón de haberse vencido el lapso para concluir la
investigación sin que la misma hubiese solicitado la prórroga de ley
establecida en el artículo 79 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y al ser así, ya no estaba facultada para
actuar en la investigación toda vez que es claro el artículo 103 de la
(sic) por concluida la investigación, el Juez o Jueza deberá notificar al
Fiscal Superior del Ministerio Público, quien deberá dentro de los dos
(2) días siguientes comisionar a otro u otra fiscal para que presente
las conclusiones dentro de los diez (10) días siguientes a esa comisión
al haberse vencido la prórroga extraordinaria que jurisdiccionalmente decidió
debió decretar el archivo judicial de las actuaciones como lo dispone
expresamente el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y no fijar la audiencia preliminar con un
acto conclusivo que se presentó fuera del lapso y por una fiscal que no se
encontraba facultada para presentarlo, a tenor de la decisión que ya había
notificación de la prórroga extraordinaria en fecha 25 de agosto de 2009. De manera pues que, al no
las decisiones como consecuencia de su vencimiento, se violentó el debido proceso,
garantía consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo cual debe esta Sala declarar la
nulidad de la audiencia preliminar que se fijó y celebró en contravención a las
mujer, específicamente las previstas en los artículos 79, 102 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente como se
encontraba la decisión de fecha 14 de agosto de 2009, así como la norma del
artículo 314, segundo aparte, del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por
remisión del citado artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de tal forma que lo procedente y ajustado en
Derecho es declarar la nulidad de la tramitación para la fijación de la
audiencia preliminar, la audiencia preliminar y como consecuencia la decisión
dictada al término de la misma relativa a la admisión de la acusación, la
admisión de los medios probatorios y el pase al juicio oral, así como toda la
tramitación para la convocatoria al juicio oral realizada en el Tribunal
el citado artículo 25 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 190 y
191 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicables por remisión del artículo 64
de la Ley Orgánica Sobre El Derecho de Las Mujeres a Una Vida Libre de
Violencia, por violación de la garantía del debido proceso prevista en el
artículo 49 constitucional, puesto que hubo incumplimiento de los lapsos
los folios 55 al 65 del cuaderno de apelación, cuando el Ministerio Público
señala en su escrito de contestación al Recurso de Apelación opuesto por la
defensa, que se le presentaron obstáculos para consignar la acusación, no
acompañando medios probatorios que indicaran la certeza de su afirmación. Actuando de conformidad con lo
previsto en el artículo 195 del texto adjetivo penal, se individualiza el acto
primera pieza del expediente, (audiencia preliminar y decisión al término de la
audiencia referidos a la tramitación en la fijación de la misma cursantes a los
folios 54 al 91 de la primera pieza del expediente, así como a los actos
realizados con posterioridad relacionados con la tramitación en la fijación del
ROQUE CABARCA PERALTA, titular de la Cédula de Identidad Nº 83.908.235, por la presunta comisión de delitos previstos en la referida ley especial, en
las cuales aparece como victima la ciudadana YACXI CAROLINA BRICEÑO PARRA,
titular de la Cédula de Identidad Nº 20.027.986, y por consiguiente decretar
igualmente el CESE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD y PROTECCIÓN dictadas por
el Tribunal Quinto de Violencia Contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial Penal, en fecha 13 de abril de 2009,
igual forma y como consecuencia de la decisión aquí pronunciada se decreta el CESE
la Cédula de Identidad Nro. V. 83.908.235, todo de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con el artículo 314 del Código
Orgánico Procesal Penal, declarándose así con lugar el presente recurso de
apelación, pero con la consecuencia establecida en la presente decisión y no la
excepción prevista en el artículo 28 numeral 4 literal h por cuanto esta Sala
considera que no existe caducidad de la acción pero si, preclusión del lapso
esta Sala Segunda de Reenvío para el Régimen Procesal Transitorio con
Competencia en Violencia Contra la Mujer del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia, en Nombre
de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley:
PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación,
interpuesto por la abogada ELIANA CAROLYN MORA PAEZ, Defensora Pública Penal
Sexta (6º) con competencia en Materia de Violencia Contra la Mujer, adscrita a la Unidad de Defensoría Pública Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, defensora del imputado ROQUE
CABARCA PERALTA, contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Violencia
cual declaró sin lugar las excepciones opuestas por la defensa, admitió la
acusación presentada por la representante del Ministerio Público, y ordenó el
enjuiciamiento del ya aludido ciudadano y como consecuencia DECLARA LA NULIDAD de la audiencia preliminar celebrada en dicho Juzgado, la decisión dictada al
término de la misma, así como toda la tramitación para la convocatoria al
juicio oral realizada en el Tribunal Segundo de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal y sede, por violación de la
garantía del debido proceso consagrada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por haberse fijado y celebrado en
contravención a las normas que rigen el procedimiento penal en materia de
violencia contra la mujer, específicamente las previstas en los artículos 79,
102 y 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, vigente como se encontraba la decisión de fecha 14 de agosto de
2009, así como la norma del artículo 314, segundo aparte, del Código Orgánico
Procesal Penal, aplicable por remisión del citado artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, todo de
conformidad con lo establecido en los artículos 25 constitucional y 190, 191 y
195, todos del Código Orgánico Procesal Penal, pero con la consecuencia
establecida en el artículo 314 del Código Orgánico Procesal y no la requerida
por la recurrente, referida a la declaratoria con lugar de la excepción
prevista en el artículo 28 numeral 4 literal h por cuanto esta Sala considera
que no existe caducidad de la acción pero si, preclusión del lapso para
PERALTA, titular de la Cédula de Identidad Nº 83.908.235, por la presunta
comisión de delitos previstos en la referida ley especial, en las cuales
aparece como victima la ciudadana YACXI CAROLINA BRICEÑO PARRA, titular
de la Cédula de Identidad Nº 20.027.986, y por consiguiente decreta igualmente
el CESE DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD y PROTECCIÓN dictadas por el
Tribunal Quinto de Violencia Contra la Mujer en Función de Control, Audiencia y
originales. De igual forma y como consecuencia de la decisión aquí pronunciada
CABARCA PERALTA, titular de la Cédula de Identidad Nro. V.83.908.235, todo
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en relación con el
artículo 314 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable por remisión del
citado artículo 103 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una
presente decisión al Tribunal Quinto de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas de este Circuito Judicial Penal y sede y
la remisión de las actuaciones a un Tribunal distinto al que conoció, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 434 del Código Orgánico Procesal
Penal, aplicable por remisión del artículo 64 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a los fines que se
ejecute la presente decisión librándose los oficios y notificaciones a que haya
su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, a
La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de
Justicia en el numeral 20 de su artículo 25, establece que a esta Sala le
corresponde conocer las demandas de amparo constitucional autónomo contra las
decisiones que dicten, en última instancia, los Juzgados Superiores de la República, salvo las incoadas contra las de los Juzgados Superiores en lo Contencioso
Ello así, visto que la acción de amparo
constitucional bajo examen tiene por objeto una decisión dictada por la Sala Accidental de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del área Metropolitana de Caracas con
con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías
sentencia. Así se establece. IV
de la presente acción y, en tal sentido, observa que la misma cumple, prima facie,
con todas las exigencias del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Además, no se desprende
contempladas en el artículo 6 eiusdem, motivo por el cual esta Sala
Constitucional admite la presente acción de amparo, junto a la cual se consignó
la respectiva copia certificada de la sentencia señalada como lesiva, y así se
mérito del amparo de autos, esta Sala Constitucional estima necesario, a
tenor de lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, requerir del Juzgado Quinto de
Primera Instancia de Violencia Contra la Mujer en Funciones de Control, Audiencia y Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, las copias certificadas del expediente
comisión del delito de violencia física, previsto en el artículo 42 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; todo ello con el
objeto de verificar el trámite procesal cumplido según lo prevé el artículo 103
eiusdem previo a la presentación del correspondiente acto conclusivo por
parte del Ministerio Público, trámite procesal éste que constituye el aspecto
medular de la tutela constitucional invocada. En vista de lo anterior, se ordena a la Secretaría de esta Sala oficie al referido Juzgado a fin de que, dentro de cinco (5)
siguientes a su notificación, remita a esta Sala las copias certificadas
requeridas en la presente decisión.
Por último se la hace saber al señalado órgano jurisdiccional que de no enviar las
copias certificadas requeridas en el presente auto dentro del lapso señalado,
esta Sala Constitucional impondrá la sanción contenida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, dicta los siguientes pronunciamientos
y ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta por las abogadas Isabella
M. Vecchionacce Queremel y Yamarilis Yaguaramay Carvajal, en su carácter de
con los artículos 16, cardinales 1 y 2; y 37, cardinal 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, en representación de la ciudadana YACXI CAROLINA
BRICEÑO PARRA, contra la decisión dictada “[…] por la Sala Accidental Segunda de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia
en Violencia contra la Mujer, la cual declaró la nulidad de la audiencia
preliminar (…) por violación de la garantía del debido proceso consagrado en el
artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, decretando en consecuencia el Archivo Judicial de las
Actuaciones […]”; todo ello con ocasión del proceso penal iniciado
contra el ciudadano Roque Cabarca Peralta por la presunta comisión del delito
de violencia física en perjuicio de la prenombrada ciudadana, quien penalmente
ostenta la condición de víctima. SEGUNDO.- Se ORDENA la
notificación del Presidente de la Sala Accidental de Reenvío en lo Penal para el Régimen Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas con Competencia en Violencia
contra la Mujer, o quien haga sus veces, para que comparezca ante la Secretaría de esta Sala, a fin de conocer el día y la hora en que se celebrará la audiencia
oral y pública, la cual será fijada dentro de las noventa y seis (96) horas
siguientes a la oportunidad en que conste en el expediente la última de las
de la presente decisión y del escrito contentivo de la acción adjunto a la
notificación ordenada. Se deja constancia que la ausencia en el acto del
referido Juez no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones
TERCERO.- Se ORDENA la notificación de la
ciudadana Fiscala General de la República sobre el inicio del presente
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. CUARTO.- Se ORDENA a la
notificación del ciudadano Roque Cabarca Peralta, quien aparece como presunto
agresor en la investigación penal que dio lugar al amparo de autos, acerca de
la admisión de la presente acción de amparo, debiendo la referida Sala
QUINTO.- Se ordena remitir
Medidas del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a fin de que, dentro de cinco (5)
siguientes a su notificación, remita a esta Sala las copias certificadas del
la presunta comisión del delito de violencia física, previsto en el artículo 42
requeridas en el presente fallo, dentro del lapso señalado, esta Sala
Constitucional impondrá la sanción contenida en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.
Publíquese, regístrese, comuníquese y cúmplase
en el Salón de Despacho de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los 04 días del mes de marzo de dos mil once (2011). Años: 200º
de la Independencia y 152º de la Federación.
Vicepresidente, Francisco
A. Carrasquero López