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Timestamp: 2020-08-14 05:35:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 88', 'artículo 4']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 291, de 27/05/2009
Año 2009 IX Legislatura Núm. 291
Sesión núm. 17 celebrada el miércoles 27 de mayo de 2009
- Sobre el sistema estadístico de seguridad del Ministerio del Interior.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000548.) ... (Página 3)
- Sobre la revocación de las últimas modificaciones introducidas por la orden general número 5 sobre regulación de pabellones oficiales de la Guardia Civil. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/000631.) ... (Página 7)
- Relativa a las penas alternativas a la prisión. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001067.) ... (Página 9)
Sobre la aplicación efectiva de la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo, singularmente con respecto al terrorismo nacionalista vasco, y a la transposición de las Directivas 2005/60/CE del Parlamento Europeo y el Consejo y 2006/70/CE de la Comisión. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000707.)... (Página 12)
- Licitación de las obras de construcción del cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Onda (Castellón) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045816). (Número de expediente 181/001672.) ... (Página 18)
- Adjudicación e inicio de la ejecución de las obras de construcción del cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Onda (Castellón) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/045817). (Número de expediente 181/001673.) ... (Página 18)
- Estimación presupuestaria para la construcción del cuartel de la Guardia Civil en el municipio de Onda (Castellón) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/045818). (Número de expediente 181/001674.) ... (Página 18)
- Desglose por comunidades autónomas y por provincias del número de infracciones penales conocidas por el conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (incluidas Policías Autonómicas) en el primer semestre de los años 2006 a 2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/023428). (Número de expediente 181/001395.) ... (Página 20)
- Número de sanciones disciplinarias de carácter leve, grave o muy grave en la Guardia Civil en los años 2004 a 2007 y primer semestre del 2008 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/025662).
(Número de expediente 181/001410.) ... (Página 22)
- Relación de mancomunidades de policías locales que existen a fecha actual (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/025672). (Número de expediente 181/001411.).... (Página 24)
- Número de alumnos del centro de formación de Policías de Ávila sometidos a un test de droga, así como que dio positivo en el mismo, en los últimos seis meses (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/030072). (Número de expediente 181/001412.) ... (Página 26)
- Número de componentes de organizaciones dedicadas al crimen organizado detenidos en nuestro país en el año 2007 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/044224). (Número de expediente 181/001423.) ... (Página 27)
- Situación del servicio de criminalística de la Guardia Civil en relación a los peritajes relacionados con delitos contra la propiedad intelectual e industrial (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/048834). (Número de expediente 181/001426.) ... (Página 29)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a dar inicio a esta reunión de la Comisión de Interior.
Propongo -lo he comentado con casi todos los diputados y diputadas- cambiar el orden del orden del día de hoy, para primero tramitar las proposiciones no de ley de los grupos parlamentarios y, después de la votación de las proposiciones no de ley, pasaríamos a las preguntas orales al compareciente del Gobierno que vendrá a responderlas.
Si no hay inconveniente, el Grupo Mixto también me ha pedido que se posponga para el final el debate de su PNL porque no podía venir al principio de la sesión. Como siempre, aceptamos estos cambios en el orden del día, que no había comentado.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000548.)
La señora PRESIDENTA: Empezamos por la PNL del Grupo Parlamentario Popular, sobre el sistema estadístico de seguridad del Ministerio del Interior. Antes de darle la palabra al portavoz del Grupo Popular, les diré que calculo que votaremos las PNL no antes de las cinco y media o un poco después, cuando se termine.
Para defender su proposición no de ley tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Hay una película excelente, que seguro que muchos de ustedes han visto, que se llama La vida de los otros en la que se describe, entre otras cosas, que, ante el espectacular aumento de suicidios que se produjo en la República Democrática de Alemania, el Gobierno lo que decidió fue eliminar la estadística de suicidios, con lo cual, en gran parte se había solucionado el problema. Salvando las distancias, algo de esto está ocurriendo con la estadística de delincuencia en nuestro país.
Cuando yo pregunto al Gobierno cuál es el número de delitos que se comenten en una determinada provincia, el Gobierno tiene dos tipos de respuesta. En la primera -y les leo textualmente- me dice que con motivo de la entrada en vigor del nuevo sistema de estadística criminal, y teniendo en cuenta el sucesivo proceso de integración de los diferentes cuerpos policiales en el referido sistema, aún no están disponibles los datos solicitados por S.S. al día de la fecha. Este es un tipo de respuesta. El otro tipo de respuesta es que en relación con la información solicitada, se señala a S.S. lo manifestado por el ministro del Interior en su comparecencia del 28 de octubre de 2008 ante la Comisión de Interior, relativa a estadísticas de criminalidad referidas al año 2007 y en la que, como base de la exposición, se repartió el documento Evolución de la criminalidad en 2007, que se acompaña con anexo pero donde no están los datos que yo solicito sobre el número de delitos que se cometen en cada una de las provincias. Sin embargo, no solamente en las respuestas parlamentarias, en la memoria del Ministerio del Interior, como ya he explicado en esta Comisión, ha desaparecido cualquier dato sobre la evolución de la delincuencia referida a provincias, a comunidades autónomas, a cuerpos de seguridad o a tipo de delito concreto. La memoria del Ministerio del Interior, en su capítulo dedicado a seguridad ciudadana, ha pasado de una memoria de 126 páginas en el año 2006 a una de 24 páginas en el año 2007, en la que, insisto, se omiten todos los datos territorializados sobre evolución de la delincuencia. Pero es más, hay un mandato, como bien saben, unánime en esta Comisión de Interior para que el ministro del Interior comparezca e informe a la Comisión en el que expresamente se le pide al ministro que informe de datos territorializados, y nunca el ministro del Interior, ni en sus comparecencias, ni en los informes que ha entregado a esta Comisión, ha dado un solo dato territorializado sobre evolución de la delincuencia.
Es un dato objetivo, por tanto, que hay un intento deliberado de ocultar los datos de la delincuencia, al menos de ocultarlos en su expresión territorial de evolución de la delincuencia. Y esto es muy sencillo, es muy sencillo porque como la delincuencia está aumentando de forma muy espectacular en muchas comunidades autónomas, con porcentajes de incremento anual en ocasiones, como es el caso de Castilla y León, por encima del 20 por ciento, el ministro únicamente quiere dar cifras globales, donde, por la transferencia de competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los Mossos d'Esquadra, la cifra global no tiene un crecimiento tan espectacular, pero en la medida en que el ministro aportara datos territorializados, seríamos muy conscientes de cuál es el incremento real de la delincuencia que se está produciendo en cada territorio, que puedo asegurarles que es muy espectacular.
Mi grupo considera que es incompatible con un Estado democrático esta política de ocultación sistemática de la información y que es un derecho de los ciudadanos conocer cuál es la realidad de la seguridad ciudadana en su provincia y en su comunidad autónoma, de la misma forma que pueden conocer los datos del paro o pueden conocer los datos sobre el índice de precios al consumo. El objetivo, por tanto, de esta proposición no de ley es dar un paso más a la que ya aprobamos en su día, insisto, con muy escaso éxito, y reclamar ese derecho a información no solamente para los parlamentarios sino también para los ciudadanos, y lo basamos en tres puntos. Voy a ser lo más sintético posible, presidenta, que tenemos un orden del día bastante largo.
En primer lugar, que se culmine el sistema estadístico de seguridad. En el año 2005, para ser precisos, el 9 de
junio de 2005, el secretario de Estado dio una instrucción, la 9/2005, sobre difusión de datos estadísticos sobre la evolución de la criminalidad, en la que señalaba que es un compromiso electoral del Gobierno proceder a la racionalización y modernización del actual sistema estadístico de seguridad con la finalidad de que, sobre la base de una adecuada metodología científica, puedan realizarse análisis de situación y de prospectiva sobre el comportamiento y las tendencias de criminalidad en España. En respuesta parlamentaria, con fecha 15 de octubre de 2008, se me contesta que en estos momentos se está implantando un nuevo sistema de estadística criminal más claro y completo cuyos ajustes aún no han concluido. Es decir, en más de tres años, desde el 9 de junio de 2005 hasta el 15 de octubre de 2008, el ministerio seguía poniendo en marcha el nuevo sistema estadístico de seguridad. ¡Ni la obra de El Escorial, señores diputados! Pedimos, por tanto, que si no se ha concluido, y les daba una fecha (15 de octubre de 2008), pues que se concluya en el plazo de un mes, porque ya está bien cuatro años para desarrollar un nuevo sistema estadístico.
El segundo punto, que es el más importante desde el punto de vista de mi grupo, es solicitar al Gobierno que incluya en la página web del Ministerio del Interior el número de delitos y faltas por provincias y por tipo de delito. Cualquiera de ustedes, y tengo aquí todas las páginas web, puede conocer que en la ciudad de Londres durante el mes de abril de 2009 se cometieron exactamente 68.731, y si uno navega por esta página web puede saber qué tipos de delito, puede saber en qué barrios se cometieron estos delitos. Si uno visita la página web del Ministerio del Interior en Francia, puede saber que en el mes de abril del año 2009 se cometieron 301.176 delitos, y hay también una información bastante pormenorizada sobre el tipo de delito y sobre la distribución geográfica de los mismos. Y como en esto los americanos son muy avanzados, si usted visita la página de la policía de Nueva York, entonces puede tener la información no mensual sino puede tener la información semanal sobre el número de delitos que se cometen en la ciudad de Nueva York, con todo lujo de detalles. Incluso en nuestro país, la policía autónoma vasca daba información mensual en su página web sobre el número de delitos que se cometían en el País Vasco, divididos por cada una de las provincias, bien es cierto que hasta que llegó el nuevo Gobierno, porque no sé si siguiendo instrucción del señor Rubalcaba, el consejero de Interior ha dejado inoperativa, quizás por algún fallo técnico, tampoco quiero prejuzgar, la página web en la que se daba información mensual sobre la evolución del número de delitos. La pregunta es por qué un ciudadano español puede conocer los datos de criminalidad de Londres, de Francia, de Nueva York y, hasta fecha reciente, incluso del País Vasco y no podemos conocer los datos de España, de Castilla y León o de Palencia, es decir, cuál es la razón para que eso no se pueda conocer. Técnicamente es absolutamente posible con los medios con los que cuenta en estos momentos el Ministerio del Interior, es únicamente un problema de voluntad política de no ocultación de la realidad de la seguridad ciudadana en nuestro país.
La tercera petición es una petición que debería sonrojar a cualquier Gobierno, porque lo que pedimos en ese punto es que el Gobierno conteste a lo que se le pregunta y no el tipo de respuestas que les he leído anteriormente, que me parecen, si me lo permiten, más propias de un país con muy escaso respeto al Parlamento. En esas respuestas del Gobierno se dicen dos mentiras. La primera es que los datos no están disponibles, cuando eso es absolutamente falso porque esos datos están perfectamente disponibles. La segunda, y les vuelvo a leer textualmente, es que se dice que en relación a la información solicitada por S.S., se señala que los datos relativos a criminalidad del año 2008 se facilitarán en la forma acordada entre los grupos parlamentarios en la proposición no de ley relativa a los datos de criminalidad, aprobada en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados en su sesión de 21 de octubre de 2008. Pues miren ustedes, aquí, en estos momentos, hay una portavoz de Convergència i Unió que estuvo en la última reunión que celebramos en el Ministerio del Interior, y sabe bien que mi intervención en esa reunión fue decir: Nos parece bien que se ponga en marcha este nuevo sistema estadístico, pero esto no obvia para que el Gobierno tenga la obligación, como la tiene, de contestar a las preguntas parlamentarias que cada parlamentario pueda hacer en relación con su provincia. Bueno, pues esta es la interpretación que hace el Gobierno. Por tanto, en este tercer punto lo que pedimos es que el Gobierno responda.
Yo sé que en muchas ocasiones se alega que es que la oposición pregunta demasiado, pero, claro, nosotros preguntamos demasiado porque no nos contestan nada. Yo lo que les digo es que si aprobamos la proposición no de ley que hoy mi grupo ha presentado, no solamente estaremos prestando un servicio al ciudadano, que tendrá derecho a conocer cuál es la situación de la seguridad en su provincia, en su comunidad autónoma, no solamente estaremos mejorando la calidad de nuestra democracia porque estaremos haciendo un sistema más transparente, sino que le estaremos evitando al Gobierno tener que responder a muchas preguntas de la oposición porque esa información ya la tendríamos disponible, como cualquier ciudadano, en la página web del Ministerio del Interior.
No me queda más que pedir al resto de los grupos que apoyen nuestra proposición no de ley en los términos que la hemos planteado.
La señora PRESIDENTA: Hay una enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el diputado señor Bar Cendón.
El señor BAR CENDÓN: Señor Cosidó, para empezar, y para empezar por la exposición de motivos
de su proposición no de ley y luego con su propia intervención, yo tengo que comenzar por negar la mayor o, mejor dicho, las mayores, porque ni incremento de la criminalidad, como ustedes citan en la exposición de motivos de su proposición no de ley, ni ocultación de la información.
Desde luego, ustedes no tenían ninguna obligación de plantearlo así, pero, una vez planteado, a mí me corresponde la obligación desde luego de contestarlo. Más valdría quizá que fuese de otra manera.
Vayamos por partes. No ha citado en su intervención porque ya sería quizá demasiado reiterativo, pero sí lo cita en la exposición de motivos de su proposición no de ley, el tema de los datos de la fiscalía, y dicen ustedes, más o menos: La delincuencia ha aumentado porque así lo desvela la memoria anual de la fiscalía. Ustedes establecen aquí el siguiente silogismo: los datos de la Policía y la Guardia Civil no coinciden con los de la fiscalía, los de la fiscalía crecen más y, por tanto, responden más a las expectativas que mi grupo tiene -no los deseos, digo las expectativas, no se me confunda-; luego los de la fiscalía son ciertos porque indican un aumento y, en cambio, los de la Policía y la Guardia Civil son falsos o están manipulados porque hablan de disminución.
Yo lo que creo es que no es que falten ya al más elemental de los rigores en el manejo de los datos estadísticos, sino que incluso faltan a la mínima fidelidad a las fuentes que ustedes mismos manejan. La propia memoria de la fiscalía, y traigo aquí un extracto, se lo leo textualmente, dice: Las estadísticas del ministerio fiscal coexisten con las que genera la actividad de los órganos judiciales y con las que se elaboran por los diversos cuerpos policiales. Cada una de ellas es reflejo del ejercicio de la actividad específica de cada organismo, y, en consecuencia, estas estadísticas ofrecen resultados diferentes porque son reflejo de ámbitos de actuación que no son totalmente coincidentes. Y más adelante dice: Los resultados estadísticos de unos y otros serán necesariamente distintos al reflejar distintas realidades. La existencia de diferencias es un hecho conocido y, en buena medida, inevitable. Los principales factores que dan lugar a estas discrepancias deben ser tenidos en cuenta y utilizados prudentemente (páginas 179 a 181 de la memoria de la fiscalía). Es decir, están advirtiendo en contra del uso de su informe al modo en que ustedes precisamente lo hacen, que considero que es bastante espurio.
Dejémonos de, cómo llamarlo, monsergas. El récord absoluto en número de delitos y en tasa de criminalidad lo batió su Gobierno en el año 2002, no ha aumentado desde entonces, y con datos oficiales homogeneizados, que es lo que da fiabilidad a una estadística. Otro día, quizá con más tiempo, podríamos hablar de las dos exigencias fundamentales que tienen las estadísticas, que son validez y fiabilidad, y podría explicárselo, pero hoy no tenemos más tiempo. En resumen, se lo recuerdo, en el año 2002 se conocieron 2.020.000 delitos y en 2008, 1.858.000. La tasa de criminalidad fue entonces del 52,1 y descendió al 47,6 en el año 2008. En este último año, tanto la tasa como el número total, desde 2007, se han mantenido con respecto a 2008 bastante estables, incrementándose, sin embargo, como ya se le explicó en la comparecencia del ministro, los indicadores de eficacia policial.
Aunque tengamos mucho camino por recorrer, no debe haber aquí autocomplacencia, hay cosas que mejorar efectivamente y elementos que nos preocupan. España, como usted ya sabe, con datos contrastados por Eurostat, es hoy uno de los países más seguros de Europa. Por más que lo repitan, por más que lo repitan no va a ser cierto lo que ustedes dicen.
La criminalidad ha descendido, no ha aumentado, y es lógico porque, además, han aumentado -y con eso sí que correlaciona-, han aumentado y no disminuido, como en sus tiempos, los efectivos policiales, sus recursos y su coordinación. Esta es la principal razón, no hay un mérito especial en la dirección del ministerio salvo en eso, en aumentar recursos, en aumentar efectivos y en aumentar coordinación, y eso es lógico.
La segunda cuestión es la de la opacidad. Leyendo su exposición de motivos también y escuchando su intervención, a mí me parece que me retrotraigan al túnel del tiempo porque describen con tanta precisión como indignación justamente lo que ocurría cuando ustedes gobernaban, pero no ahora, entonces, no ahora. El actual ministro ha comparecido para explicar los datos de criminalidad dos veces en los últimos seis meses, hagan una comparación con los escasos veinte minutos que el señor Mayor Oreja, su actual eurocandidato, compareció en su día, veinte minutillos escasos, y por primera vez se envían y se enviarán, también por acuerdo unánime de esta Comisión, el informe global anual y el semestral.
En cuanto a las preguntas que el Gobierno tiene obligación desde luego de atender, permítame darle los siguientes datos. Entre noviembre y marzo -tomo estas fechas porque son las de la Comisión anterior y las de la comparecencia del ministro- se formularon 29.497 preguntas para respuesta escrita, de las cuales se contestó a 29.466, y desde entonces se han registrado mil más. ¿Con qué intencionalidad o con qué sentido de la responsabilidad se llegan a presentar 5.194 preguntas en un solo día o 30.000 en cuatro meses?
Le voy a leer lo que respondió el señor Morenés, usted lo recordará, secretario de Estado de Seguridad en 2002, ante la Comisión de Interior el 13 de junio de 2002. Dice: En estos momentos, contestar a todas las preguntas que se han realizado, municipio a municipio de España, desglosadas por tipos de delitos, es absolutamente colapsante. En cuanto a la dejadez, le digo que exactamente lo contrario. Nosotros hemos contestado a -fíjese usted qué barbaridad- 5.497 preguntas escritas desde el año 1998 hasta ahora, en cuatro años, 5.400. En cuanto a la ineficacia, lo que decimos es que se está produciendo un colapso del sistema, pero no trato de ocultar información, añadía. Pues fíjese, eso es a lo que en aquel momento llamaban colapsante. Consejos vendo pero para mí no tengo. Llevan ustedes 46.000 preguntas en lo
que va de legislatura y vamos por la cuarta parte de la legislatura: más del doble de lo que ustedes recibieron en dos legislaturas completas, y se ha contestado a más del 80 por ciento, sin aumentar, por cierto, el número de funcionarios dedicados a ello porque ustedes enseguida se quejarían del aumento de funcionarios. Así es que, miren, yo puedo hablarles de contumacia, pero no nos hablen ustedes de opacidad. Le he contestado a todo esto muy a mi pesar, le he contestado por obligación, no por deseo, porque ambas falacias, la de los incrementos en delincuencia y la del ocultismo, debían ser necesariamente contestadas.
Muy rápidamente, vamos a entrar en el tema de su proposición no de ley. La presentan ustedes tan sólo quince días después de aprobar aquí, y por unanimidad, una determinada metodología de trabajo y de presentación de los datos de criminalidad, quince días después. Aquí se acuerda entre todos los grupos y por unanimidad una cosa y quince días después ustedes presentan otra. Señorías, para mí esto no puede definirse como lealtad a lo acordado. No parecen saber muy bien además qué pedir. Según lo acordado, los informes deben ofrecerse semestralmente; según la moción que presentan en el Senado hoy por la mañana, trimestralmente, y ahora aquí, en su proposición no de ley, estadística mensual y en una página web. Mire, pónganse de acuerdo entre ustedes mismos. Nosotros, señorías, no rompemos lo acordado, no vamos a romper lo acordado en esta misma comisión el día 21 de octubre, primero, porque implica una metodología de trabajo cuya satisfacción ha de comprobarse con una perspectiva temporal que aún no ha transcurrido, y segundo, porque se está cumpliendo fielmente en lo que se refiere al impulso del nuevo sistema estadístico de seguridad de interior, que ya está en marcha, que ya funciona. No necesitamos ese plazo de un mes, ya funciona, a falta, desde luego, de algunas adaptaciones precisamente para el volcado no de los datos, como ocurría en sus tiempos, de Guardia Civil y Policía Nacional, sino para el volcado de los datos de policías autonómicas y locales. Hay una comisión técnica ahora mismo funcionando y trabajando en ello, pero la primera prueba de que el sistema estadístico de seguridad de Interior está en marcha es que en la comparecencia del ministro del mes pasado, del mes de marzo, precisamente se utilizaron los datos obtenidos a través de este sistema, como usted tiene en la copia del informe que se le ha facilitado. Se está cumpliendo también en los otros aspectos: las comparecencias, la remisión de informes, la contestación a las preguntas escritas y orales. En fin, no voy a entrar en una de las cosas que ustedes piden, en la complejidad técnica o la utilidad o conveniencia de la presentación mensual, tal vez esto pudiera ser materia de debate en otra ocasión, en su día, pero ahora cumplamos con lo comprometido entre todos los grupos. Eso es lo que estamos planteando, lo que es la exigencia de los acuerdos que se cumplen, que los acuerdos son de fiar porque los grupos acuerdan y los grupos son de fiar también. Este es el sentido de la enmienda que presentamos. Nosotros presentamos una enmienda en la que simplemente ponemos énfasis, corroboramos e instamos al cumplimiento de lo acordado y que se respete por todas las partes.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir por el Grupo de CiU? La señora Surroca tiene la palabra.
La señora SURROCA I COMAS: Muy brevemente. Convergència i Unió en otras ocasiones, y en el marco de este debate sobre el sistema estadístico de seguridad del Ministerio del Interior, ya se ha pronunciado sobre la necesidad de información continua, clara y pública, porque ésa es una exigencia democrática, entendemos que eso aquí nadie lo va a discutir, pero, ahora bien, dicho esto, voy a entrar en cada uno de los puntos de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
Nosotros creemos que en el primer punto es prematura y se contradice con lo trabajado en esta legislatura. En ese sentido, debe tenerse en cuenta que en esta misma Comisión de Interior el pasado 24 de noviembre de 2008 se aprobó ya una proposición no de ley, presentada precisamente también por el Grupo Popular, que ya instaba a que se publicaran los datos de criminalidad. Dicha proposición resultaba contradictoria también con lo pactado por los grupos en secretaría de Estado. Más recientemente, se ha establecido un nuevo sistema estadístico que homologa los datos con el resto de Estados de la Unión Europea. Por todo ello, desde Convergència i Unió entendemos que hay que dar tiempo a que dicho sistema se implemente.
Además, en una reciente moción, de 28 de abril de 2009, el Pleno del Congreso ya aprobó que dicha información se facilitaría cada seis meses, dando así un plazo razonable para su implementación. No ha pasado ni un mes, y, por consiguiente, nos mostramos contrarios al primer punto de la proposición no de ley. Ahora bien, si el Gobierno dispone de los datos estadísticos, nos mostramos favorables a su publicación en la página web, tal y como ustedes mencionan en el segundo punto de la proposición no de ley; es decir, incluir en la página web del Ministerio del Interior la evolución mensual de delitos y faltas conocidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por tipos de delitos y provincias. Creemos que este es un punto importante, tal y como se recoge en la proposición no de ley, en consecuencia, estaríamos a favor.
En la línea del punto anterior, también estamos de acuerdo en que el Gobierno informe puntualmente y como es debido a la Cámara a través de las preguntas que presentan los diputados. A título de ejemplo, esta portavoz ha tenido que solicitar, en dos ocasiones en lo que va de legislatura, amparo a la Mesa porque no recibía respuesta a sus preguntas parlamentarias. Por lo tanto, también estaríamos a favor del tercer punto de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: El señor Cosidó tendrá que manifestarse acerca de la enmienda presentada.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Lo que yo pediría, señora presidenta, es que hubiera una votación separada de los tres puntos.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Terminamos entonces el debate de esta proposición no de ley.
- SOBRE LA REVOCACIÓN DE LAS ÚLTIMAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS POR LA ORDEN GENERAL NÚMERO 5 SOBRE REGULACIÓN DE PABELLONES OFICIALES DE LA GUARDIA CIVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/000631.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, sobre la revocación de las últimas modificaciones introducidas por la orden general número 5, sobre regulación de pabellones oficiales de la Guardia Civil. Para su defensa, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU REINÉS: Señoras y señores diputados, sirvan estas mis primeras palabras para agradecer este cambio en el orden del día, que nos va a permitir a los que no tenemos más remedio que utilizar las líneas aéreas regulares para desplazarnos hasta nuestro domicilio esta noche.
La siguiente proposición no de ley trata sobre la conveniencia de revocar las últimas modificaciones introducidas en la orden general número 5 sobre regulación de pabellones oficiales de la Guardia Civil.
Tal y como viene explicado en la exposición de motivos, el pasado día 29 de mayo de 2008, el director general de la Guardia Civil y de la Policía, don Francisco Javier Velázquez, modificó cuatro artículos de la orden general número 5, sobre regulación de pabellones oficiales de la Guardia Civil. Las modificaciones planteadas son las siguientes: se modifica el artículo 5, que determina a quién están reservados los pabellones de cargo; se modifica el artículo 8, dando competencias al director general para adjudicar pabellones tanto de representación como de cargo; también se modifica el artículo 12, que hace referencia al criterio de asignación, y el artículo 17, que plantea que el derecho a uso del pabellón continuará en tanto no desaparezcan las circunstancias que aconsejaron su adjudicación. Todas estas modificaciones solo obedecen a una cuestión que es la de dar cobertura legal a una situación irregular como es que el actual secretario de Estado de Turismo, don Joan Mesquida, siga viviendo en uno de los pabellones de la Guardia Civil y pueda así tener una vivienda en Madrid de forma gratuita.
El pasado mes de octubre ya se preguntó al ministro del Interior sobre si consideraba esta situación anómala compatible con la decencia y el código de buen gobierno. La respuesta del ministro fue que sí, la respuesta fue que el hecho de que el secretario de Estado de Turismo viviera en un pabellón de la Guardia Civil se debía a que era más seguro para él y más barato para el Estado. Nadie pone en cuestión que los miembros del Gobierno, ya sean ministros, ya sean secretarios de Estado, deban gozar de las medidas de seguridad suficientes; sin embargo, no es tan lógico que para ello se deban ceder los pabellones de la Guardia Civil como vivienda para que dichos miembros del Gobierno estén seguros, de hecho, es la primera vez en la historia que un secretario de Estado de Turismo vive en un pabellón de la Guardia Civil por cuestiones de seguridad. Si el motivo fuera la seguridad y el coste, entonces prácticamente todo el Gobierno debería vivir en pabellones de la Guardia Civil, de esta manera se cumplirían así las motivaciones del ministro Rubalcaba, más seguridad y menos coste para el Estado, y, sin embargo, el único que necesita este tipo de seguridad es el secretario de Estado de Turismo, algo que no se entiende. Además, lo que llama poderosamente la atención es que para que el señor Mesquida pueda vivir en un pabellón de la Guardia Civil se haya modificado la normativa vigente, haciendo una modificación de las normas a medida y dando cobertura legal al hecho de que el señor Mesquida pueda disfrutar de una vivienda gratis total en Madrid.
Señoras y señores diputados, no ponemos en cuestión la trayectoria política del señor Mesquida y no ponemos en cuestión tampoco su labor al frente de la Guardia Civil, y mucho menos utilizamos esta PNL para atacar al señor Mesquida por el hecho de que sea mallorquín, como dijo el señor Rubalcaba, al contrario, yo mismo como menorquín estoy orgulloso de que el primer director general de la Guardia Civil y la Policía fuera de mis islas. Queremos soslayar cualquier particularismo, y precisamente por este motivo entendemos que no queda ni estética ni éticamente correcto que un alto cargo del Gobierno siga ocupando los pabellones de la Guardia Civil una vez ha dejado de desempeñar el cargo que le daba derecho al uso de estas instalaciones, y menos estético y ético es aún el hecho de que se modifique la normativa para hacer legal una práctica contraria a la lógica y al sentido común. Lo peor del caso es que esta decisión ha determinado forzosamente que una familia de la Guardia Civil no pueda vivir en ese pabellón debido a que ahora lo utiliza el secretario de Estado de Turismo. En efecto, posiblemente una familia que sí necesita esa vivienda no podrá utilizarla precisamente porque nuestro secretario de Estado de Turismo necesita una casa en Madrid. No es extraño que esta decisión haya causado un cierto malestar dentro del Cuerpo de la Guardia Civil e incluso se hayan conocido, mediante diversos comunicados de las asociaciones profesionales, las críticas que se han hecho a los cambios introducidos en la orden general número 5.
Por otra parte, es evidente que las administraciones públicas deben velar siempre para que se defienda el interés general por encima del particular. Nunca es aceptable que las disposiciones de carácter general estén
supeditadas a intereses particulares de una persona o de un grupo de personas. El caso que nos ocupa es un caso clarísimo en el que ha primado el interés particular por encima del general. Así se ha querido resolver un problema particular, concretamente el problema de vivienda del secretario de Estado de Turismo, aunque para ello se conculcara el interés general del propio Cuerpo de la Guardia Civil. Sin ninguna duda, se han equivocado, es un error modificar la orden general número 5 para legalizar una situación claramente anómala, es un error modificar una norma para favorecer el interés particular de una persona en concreto y es un error mirar por el interés particular despreciando el interés general.
Por este motivo, y con el único objetivo de restablecer el sentido común, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente proposición no de ley, que tiene por objeto instar al Gobierno para que revoque las modificaciones introducidas por la orden general número 5 sobre regulación de los pabellones oficiales de la Guardia Civil.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que quieran plantear su posición ante esta PNL, puesto que no tenemos ninguna enmienda recibida a la misma? Señor Canongia Gerona, tiene la palabra.
El señor CANONGIA GERONA: Señoras y señores diputados, sinceramente, esta es una de aquellas intervenciones que uno no quisiera tener que hacer en este Parlamento, sinceramente, y de corazón se lo digo. Esta proposición no de ley que le ha tocado defender a un diputado menorquín está presentada por el señor Cosidó, persona a la cual yo tengo por muy inteligente, preparada y eficaz, y la verdad es que conociendo sus antecedentes, que no es una persona nueva en este mundo ni en este campo, que ha conocido las entrañas del ministerio desde dentro y por lo tanto sabe cómo funciona el mundo de la seguridad en este país, se hace difícil poder aceptar en sede parlamentaria semejante proposición sobre el argumento de que el secretario de Estado de Turismo resida en un pabellón de la Guardia Civil. Sinceramente, el argumento que ustedes han dado de buen gobierno, etcétera, de la ética, la estética y estas cosas, conocidas ya de antemano, están bien para tertulia de café pero no para esta sede parlamentaria. Seamos un poco rigurosos y serios porque estamos hablando de cosas muy serias, muy, muy, muy serias.
Si esta proposición a mí me la hubiera presentado Unión, Progreso y Democracia, casi lo entendería, lo podría llegar a entender, no a justificar, digo a entender, simplemente porque no ha tenido responsabilidades de gobierno y muy probablemente no aspire a tenerlas a corto plazo -como mucho, lo que hará será aspirar a influir en las decisiones que tome un gobierno-, pero de una organización política como el Partido Popular, que ha estado gobernando España, que gobierna comunidades autónomas y que pretende volver a gobernar -esperemos que tarde un poco más de tiempo porque como continúen así seguro que no conseguirán la confianza de los ciudadanos, seguro que no lo van a conseguir como continúen así-, es inadmisible.
Dicen: se ha cambiado la normativa a medida. Si quieren que les diga la verdad, pues sí, para qué nos vamos a engañar, pues sí, pero es que la realidad es la que es, y a veces las normas hay que cambiarlas para adaptarlas a la realidad. Señor Cosidó, usted es el firmante de esta proposición y a usted se lo digo directamente. ¿Usted cree que es sensato, digo sensato, que un director general de la Guardia Civil, de un día para el otro, como es el caso, abandone la residencia en la cual estaba con una protección y pase a ser un ciudadano de calle sin ninguna protección? Me dirá que no, seguro que no. Señor Cosidó, usted es del oficio, usted sabe que proteger a un alto cargo seriamente amenazado, porque todos sabemos que quien pasa por ese sitio pasa a ser objetivo prioritario de los bandidos, malvados o malhechores, lo que ustedes quieran, de aquella organización -la cual todos deseamos que desaparezca de nuestras vidas, y estoy convencido de que ustedes tanto como nosotros-, y que cubrir su seguridad, usted lo sabe, cuesta un mínimo de seis agentes. ¡Muy bien!, y entonces claman al cielo porque se cambia la norma para que, de una manera transitoria, este señor pueda residir en el pabellón hasta que su nueva vivienda en Madrid, no en su lugar de origen, en Madrid, tenga las medidas de seguridad pasiva que necesita un antiguo director general de la Guardia Civil para poder ser protegido como Dios manda. ¿Ustedes claman al cielo por esto? ¿A ustedes les parece que esto es un gran disparate? Por favor, seamos serios, estamos hablando de la vida de personas concretas que han servido y sirven a este país. Es muy grave lo que están pidiendo ustedes, ¿o es que quieren que empecemos a poner agentes y agentes y agentes y los distraigamos de otros menesteres? Seamos serios, es muy grave, muy grave, raya en la demagogia, por no decir otra cosa. Vuelvo a repetir, un partido que ha gobernado y aspira a gobernar España no puede proponer esto en este Parlamento, no lo puede proponer, es inaceptable. Es inaceptable, señor Cosidó, que usted, que lo conoce desde dentro, haya firmado esto. ¡Por favor! Estoy convencido de que usted ha pasado muchas horas sin dormir en su vida, estoy convencido.
Sepan que hoy no hay nadie que viva en ningún pabellón de la Guardia Civil que no sea miembro de la Guardia Civil, a no ser que sea el director general, el subdirector general técnico o el jefe del gabinete técnico, que son a los que corresponde según la normativa anterior, se lo digo para su tranquilidad. El señor Mesquida hoy ya reside en una residencia en Madrid con todos los instrumentos de seguridad pasiva en su casa para que, de esta forma, a todos los españoles nos cueste menos dinero su seguridad. Pero, por favor, por favor, se lo digo con toda la humildad del mundo, señor Cosidó. (El señor Cosidó Gutiérrez pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Debe ir concluyendo.
El señor CANONGIA GERONA: Señora presidenta, sin más, aquí se queda.
La señora PRESIDENTA: Ha habido una intervención por parte del grupo proponente, y ya sé que me va a decir que ha sido aludido, seguramente.
De antemano le digo que le voy a dar la palabra, pero su alusión no ha sido más que en la categoría de firmante de la PNL, lo cual es absolutamente cierto. Por tanto, no se puede entender como ninguna alusión a ninguna otra cuestión sino como firmante de esta PNL. Así y todo, como firmante de la PNL, le daré por un minuto la palabra.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: He sido reiteradamente aludido y en algún momento yo creo que con algún elemento no sé si descalificador pero, en todo caso, cuestionable.
Su intervención me ha recordado mucho a la de presidente del Gobierno esta mañana cuando se le acusaba de haber utilizado un bien público para ir a un mitin, y también el presidente del Gobierno hacía dos cosas: primero, apelar a la seguridad, pero en segundo lugar, y sobre todo, rasgarse las vestiduras de cómo un partido como el Partido Popular podía hacer semejante acusación. Tienen ustedes un problema de distinción entre bien público y bien privado, y yo creo que es importante delimitar claramente dónde están los términos.
He de aclararle, porque a lo mejor ha quedado dudoso en su intervención, que tengo tanto interés como el que más en garantizar la seguridad del señor Mesquida y de todos y cada uno de los directores generales que han pasado por la Guardia Civil. El único caso en la historia, en los ciento cincuenta y tantos años de historia de la Guardia Civil, en el que un director general ha continuado ocupando un pabellón ha sido el señor Mesquida, y aun así, ni el tenor de la proposición no de ley ni en el tenor de la intervención ha habido ningún tipo de descalificación personal, sino la petición de una modificación de una orden general, que en ningún caso puede atender a un interés particular sino, ese ha sido el argumento, a un interés general. Por último, el tono de la intervención de mi compañero y el tono en el que estaba planteada esta proposición no de ley era un tono escrupulosamente respetuoso e incluso, en ocasiones, por parte de mi compañero con consideración política hacia el señor Mesquida. Lo que pedimos es la modificación de una orden general, no pedimos que se adopte ningún tipo de crítica ni de medida absolutamente contra nadie. Eso no se ha hecho bien y creo que esa orden general, y más con la información que usted nos aporta de que el señor Mesquida ya no reside en este pabellón, debe volver a los términos en los que estaba redactada porque esas modificaciones no son necesarias.
La señora PRESIDENTA: Señor Cosidó, no entremos de nuevo en el debate que ya está hecho. (El señor Canongia Gerona pide la palabra.) Le permito un segundo, cinco segundos.
El señor CANONGIA GERONA: Sencillamente, es para señalar al señor Cosidó que el problema que tienen es que los que confunden lo público y lo privado son ustedes, en otros campos, no en el de la seguridad, y éste es el problema que tienen ustedes.
La señora PRESIDENTA: Vamos a dejar la cuestión porque ya está debatida.
Hemos dado un turno que no es habitual y vamos a intentar no reiniciar los debates una vez terminados.
- RELATIVA A LAS PENAS ALTERNATIVAS A LA PRISIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001067.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente proposición no de ley, la 1067, relativa a las penas alternativas a la prisión, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Arnaiz.
La señora ARNAIZ GARCÍA: El Grupo Parlamentario Socialista trae hoy aquí la presente iniciativa que trata sobre el impulso de los trabajos en beneficio de la comunidad, en colaboración, como no puede ser de otra manera, con el resto de administraciones públicas y con entidades privadas, para posibilitar que estas penas alternativas a la prisión puedan ser ejecutadas en plazos razonables. Es una iniciativa oportuna y necesaria que merece una especial atención por las razones que intentaré desarrollar a continuación.
La idea de convertir el trabajo a favor de la comunidad en sanción alternativa a la prisión tiene su origen en la resolución del Consejo de Europa de 9 de marzo de 1976 que recomendaba a los distintos legisladores de los países miembros incorporar esta nueva medida punitiva en su legislación. Posteriormente, en recomendaciones de los años 1992 y 2000, también se insistía en este mismo sentido. En la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico recoge esta pena alternativa en los artículos 88 y siguientes del Código Penal, modificado por la Ley Orgánica 15/2003 y por el Real Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin de semana.
Como SS.SS. conocen, las numerosas reformas penales han incorporado nuevos tipos penales y la aprobación de nuevas leyes también, como la Ley integral contra la violencia de género y la Ley de Seguridad Vial, ha provocado un incremento de la población reclusa al que nos enfrentamos, a pesar de tener una tasa de criminalidad por debajo de la media de los países europeos. Compartirán conmigo que el recurso a la prisión debe ser la última y no la única forma de penalizar las conductas que se separan de la norma y que el cumplimiento de penas alternativas se ha revelado muy eficaz para los pequeños delitos con bajo riesgo de reincidencia. En estos momentos, junto a este incremento de la población
reclusa, también ha habido un aumento considerable de las personas condenadas a medidas alternativas. Por ilustrar lo mencionado, les daré unos datos reveladores de cómo han experimentado una evolución exponencial las sentencias impuestas en relación a medidas alternativas, que pasaron de 2.300 en el año 2004 a 17.000 en el año 2006 y a 60.000 el año pasado, en concreto, el trabajo en beneficio de la comunidad acumula en estos momentos 54.000 sentencias. Estas nuevas formas de sanción penal contribuyen decisivamente a disminuir la reincidencia, tienen un menor coste humano, familiar, laboral, de desarraigo y de estigmatización y también económico, al mismo tiempo que facilitan la reparación, la reeducación y la integración del penado, por tanto, tratan de dar cumplimiento al mandato constitucional que, en su artículo 25.2, establece que las penas han de estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social. Pero el cumplimiento de penas alternativas lleva implícito un compromiso de la sociedad, que debe corresponsabilizarse en la tarea de integrar a las personas que transgreden la ley, promoviendo una justicia reparadora a través del trabajo en beneficio de la comunidad, devolviendo a ésta parte del daño que se causó.
¿Qué es lo que se ha realizado desde la administración penitenciaria en este sentido? Pues en la pasada legislatura se creó la Dirección General de Coordinación Territorial y Medio Abierto, que asume este aspecto tan importante de la política penitenciaria. Se ha hecho también un esfuerzo serio tanto a nivel normativo como a nivel de convenios, reflejado en los Presupuestos Generales del Estado de este mismo año, del año 2009, donde esta partida se ha incrementado un 600 por ciento. Se han editado también unos trípticos informativos para dar a conocer los trabajos en beneficio de la comunidad. Y, recientemente, se ha aprobado el Real Decreto 2131/2008, de 26 de diciembre, que regula la protección de seguridad social de los sometidos a penas de trabajo en beneficio de la comunidad para desbloquear una situación que estaba enquistada y que condicionaba el número de adhesiones de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, de interés social a la colaboración en el ofrecimiento de plazas para el cumplimiento de estas penas. Esta modificación recoge la asunción por parte del Ministerio del Interior de la obligación de la cobertura por contingencias profesionales que antes asumía la entidad beneficiaria. Todas estas actuaciones han facilitado el número de convenios y de plazas ofertadas, llegando a alcanzar cerca de 15.600 las plazas disponibles. La Administración penitenciaria también ha puesto a disposición del sistema aproximadamente 5.400 plazas para su cumplimiento en los servicios penitenciarios. ¿Es suficiente por sí solo? Pues no. A la vista está la diferencia tan grande entre las penas impuestas de trabajo en beneficio de la comunidad y el número de plazas disponibles.
Así, es absolutamente imprescindible el concurso de las distintas administraciones -ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas- e instituciones privadas para incrementar el número de plazas y facilitar así que estas sanciones puedan cumplirse en su propia naturaleza y finalidad. Ellas tienen que establecer dónde se pueden desarrollar esos trabajos. Es un campo abierto en el que pueden darse una gran variedad de tareas: cuidado de jardines, atención en centros sociales, acompañamiento a personas con necesidades especiales, actuaciones en seguridad vial, etcétera, actividades todas ellas de utilidad pública, con un claro interés social y valor educativo, tendente a servir de reparación para la comunidad perjudicada por el ilícito penal. Por tanto, se trata de una medida en la que claramente salen beneficiadas ambas partes: el penado, al que se le exige una actitud más activa en el proceso de reeducación y reinserción social, y la colectividad social, que logra una disminución de los prejuicios existentes con estas personas y la realización de tareas útiles que redunden en la generalidad o en las personas más necesitadas de la sociedad.
Por ello no entendemos la enmienda que el Grupo Popular ha presentado y que desnaturaliza el fin de la medida alternativa. No se trata de crear nuevos puestos públicos ni de sustituirlos, se trata de cubrir necesidades de la colectividad a través de una prestación personal no retribuida que repare los perjuicios causados. No puedo aceptarles su enmienda y les requiero que si de verdad se cree que estas medidas son realmente eficaces para luchar contra la reincidencia de pequeños delitos y la reinserción social de los penados, apoyen esta iniciativa porque en el conjunto del Estado español su partido político gobierna en muchas administraciones, súmense al interés general porque el conjunto de la ciudadanía claramente se lo agradecerá. Los esfuerzos de todos tendrán como resultado la agilización en plazos razonables del proceso penal, la descongestión del sistema penitenciario, se dará una respuesta más adecuada y ajustada al delito cometido y se estará más cerca de conseguir el fin último de la pena: la reeducación y la resocialización de los penados, en consonancia con las necesidades de la sociedad actual. En este sentido pido el apoyo de todos los grupos de la Cámara votando a favor de la proposición no de ley que es objeto de este debate.
La señora PRESIDENTA: Corresponde ahora el turno al Grupo Popular para defender su enmienda. Tiene la palabra la señora Navarro.
La señora NAVARRO CRUZ: Efectivamente, la portavoz del Grupo Socialista, señora Arnaiz, ha dicho que la propuesta que acaban de presentar es una propuesta oportuna y necesaria. Para nosotros por supuesto que es necesaria, desde luego oportuna, y no tenemos más remedio que compartirlo puesto que tenemos una absolutamente de las mismas características registrada cuatro meses antes, por tanto, fíjese si compartimos y nos creemos exactamente todo lo que usted hoy nos acaba de decir.
Efectivamente, el Partido Popular está convencido de que es necesario humanizar la justicia
penal, está absolutamente convencido de que ese cumplimiento de penas es necesario además, como su nombre indica, que se cumplan, de hecho, además, estas penas tienen unas características especiales, y las características especiales que tienen precisamente son que solo pueden imponerse con el consentimiento del reo, otra de las que tiene es que los trabajos no pueden atentar contra la dignidad del penado y, por supuesto, no pueden tener ningún tipo de beneficio económico; el reo, además, debe de gozar de la protección de los penados por la legislación penitenciaria en Seguridad Social, al igual que los demás, y una muy importante que es que el trabajo debe de ser facilitado por la Administración y que su desarrollo debe de controlarse por el juez de Vigilancia Penitenciaria.
La señora Arnaiz ha hablado de las modificaciones de 1995. También es cierto que cuando esto se propuso en 1995 fue una gran novedad, pero no podemos olvidarnos de que muchísimas de esas penas no llegaron a cumplirse de esa forma. En 2003 se hizo una nueva reforma en el Código Penal, por la cual esta pena se elevó a rango de pena principal directa en varios delitos y además ha permitido, en los supuestos previstos en el artículo 88 como se ha citado anteriormente, que sea sustitutiva de la pena de prisión -nosotros estamos absolutamente convencidos de que lo peor que se le puede hacer a una persona es precisamente privarla de libertad-, Por tanto, si esto es posible, somos los primeros interesados en que así sea. Concretamente en el Real Decreto 515 de mayo de 2005, en su artículo 4, se dice que el trabajo en beneficio de la comunidad será facilitado por la Administración penitenciaria, que a tal fin podrá establecer los oportunos convenios con administraciones públicas y con otro tipo de administraciones privadas para que se desarrollen las actividades de utilidad pública para el penado. Lo que en realidad está ocurriendo es que muchos de los penados, como la señora Arnaiz acaba de decir, al final no cumplen ningún tipo de pena. Efectivamente estamos convencidos de esa doble vertiente a la que se ha referido, por una parte el cumplimiento y la sanción y por otra la reinserción y reeducación del penado, pero a lo que no estamos dispuestos es a que no se cumpla y a que el penado tenga una absoluta impunidad después de haber cometido un delito. Por eso creemos que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias debe de hacerse cargo de que se cumplan, porque además es su obligación, y si no se consiguen los convenios con las administraciones oportunas, mi partido cree y está convencido que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias no tiene más remedio que hacerse cargo y responsabilizarse de ese asunto, porque lo que no puede ser es que delinquir al final salga gratis, esa es la cuestión importante y es lo que planteamos cuando hacemos una serie de enmiendas, que desde luego a nuestro juicio no desnaturalizan en absoluto la proposición que ustedes han hecho. Lo que nosotros creemos es que deben asumir el compromiso aquellas personas que están gobernando. En este caso el Gobierno está sustentado por su partido, por el Partido Socialista, y ese compromiso de conveniar es precisamente de su Gobierno. Ustedes, al fin y al cabo, lo que vienen a decir es quiero instar a mi Gobierno a que haga lo que realmente tendría que estar haciendo, que es facilitar esos puestos de trabajo para esas personas que tienen que cumplir ese tipo de condenas.
Ustedes llevan cinco años gobernando y la verdad es que usted misma acaba de dar unos datos según los cuales 15.600 plazas han sido conveniadas y 5.500 las asumen las propias instituciones penitenciarias. Yo he comentado con bastantes alcaldes, con algunas personas que podrían tener perfectamente convenios con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para esto y no tienen conocimiento o no se les ha informado lo suficiente de que esto es así. A lo mejor los trípticos informativos no son suficientes. Yo simplemente como medida le sugiero que una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias podría ser interesante a la hora de que, al menos, las personas que podrían facilitar ese trabajo lo conozcan. La realidad es que no lo conocen, la realidad es que yo creo que nuestra enmienda no desnaturaliza nada porque lo único que hace es concretar. En la primera parte, al igual que su propuesta, dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Nosotros solamente hemos incluido eso porque creemos que es responsabilidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que se lleve a cabo la consecución de ese tipo de convenios. Y en el segundo punto lo que decimos es: En el caso de que dichos convenios no pudieran realizarse, el coste del cumplimiento de estas penas será a cargo del presupuesto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Explico esto. El coste de esa pena es un coste mínimo que, al fin y al cabo, en lo único que repercute es a lo mejor en el transporte o en el desayuno del reo. Es un coste mínimo y lo que estamos diciendo es que si el Gobierno no tiene capacidad para conveniar o no saben cómo hacerlo con los ayuntamientos, porque tampoco les facilitan la información adecuada, al menos se hagan cargo de dicho coste, porque lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es que delinquir salga absolutamente gratis, y usted sabe igual que yo que hay muchísimas personas que han estado condenadas a ese tipo de penas al servicio de la comunidad -y estamos absolutamente convencidos de que son una magnífica forma de cumplirlas- y que sin embargo pasa el tiempo y no han cumplido absolutamente ninguna.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo desea intervenir para fijar posición? (Pausa.) Tiene la palabra la señora Surroca.
La señora SURROCA I COMAS: Desde Convergència i Unió estamos de acuerdo con las líneas que traza la proposición no de ley del Grupo Socialista.
Se trata aquí de ahondar en un mandato constitucional que por
medio de la reforma del Código Penal ha permitido incluir los sistemas alternativos a las penas de prisión, que a nosotros nos parece un buen instrumento; por consiguiente, ya anunciamos que vamos a votar favorablemente a esta proposición no de ley del Grupo Socialista. En todo caso, queremos destacar dos cuestiones. En primer lugar, se trata de una proposición que quizás en su parte dispositiva no concreta exactamente los términos en los que se va a llevar a cabo esta ejecución en plazos razonables de las penas alternativas a la prisión, pero yo creo que eso viene en consonancia con que confluyen varias competencias aquí, por una parte, en el caso de Cataluña, de la Generalitat, o de las comunidades autónomas que correspondan y también de los municipios, a los cuales se ha referido la portavoz del Grupo Popular. Entendemos que confluyen distintas competencias y la propia proposición no de ley ya recoge que para que se puedan ejecutar estas penas alternativas a la prisión intervengan todas las administraciones públicas competentes. En este aspecto queremos destacar en segundo lugar que se acompañen los recursos necesarios, evidentemente, porque si no estaremos en el mismo punto de partida, y eso no lo podríamos aceptar, porque no llevaría a ninguna efectividad lo que en su caso finalmente se concrete en esta proposición no de ley. En conclusión, vamos a votar favorablemente la iniciativa del Grupo Socialista.
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo más desea intervenir en relación con esta proposición no de ley? (Pausa.) Damos por finalizado el debate y entendemos que el Grupo Socialista no acepta la enmienda presentada.
La señora ARNAIZ GARCÍA: No.
La señora PRESIDENTA: Queda, pues, vista la proposición para su votación posterior.
- SOBRE LA APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY 12/2003, DE 21 DE MAYO, DE PREVENCIÓN Y BLOQUEO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, SINGULARMENTE CON RESPECTO AL TERRORISMO NACIONALISTA VASCO, Y A LA TRASPOSICIÓN DE LAS DIRECTIVAS 2005/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO Y 2006/70/CE DE LA COMISIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000707.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley, que era la primera que aparecía en el orden del día, sobre la aplicación efectiva de la Ley 12/2003, y sigue el título, del Grupo Parlamentario Mixto, que va a defender la señora Díez.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, disculpen la precipitación.
Efectivamente, como su propio nombre indica, esta proposición no de ley tiene como objetivo que se ordene la tarea del Ejecutivo para de una mejor manera prevenir y bloquear la financiación del terrorismo y, por tanto, contribuir a una mejor defensa de los intereses generales de los ciudadanos y particularmente de nuestras libertades. A nuestro juicio y según se relata en la exposición de motivos, la lucha contra la financiación del terrorismo ha sido en España muy débil y ha dado escasos resultados. Hemos avanzado mucho, pero el hecho de no haber traspuesto las dos directivas a las que luego me referiré ha debilitado nuestra posición. Tenemos mucho que aprender en ese sentido. En especial con respecto de ETA, hemos adolecido de severas limitaciones jurídicas y, sobre todo, hemos carecido, a mi juicio, del impulso político que se requería para alcanzar el éxito en la derrota de la organización terrorista.
Quisiera destacar en esta breve intervención que desde el Parlamento Europeo ya en junio de 2008 y para confirmar este relato de hechos que les hago -lo digo por si alguien pudiera pensar que estoy haciendo un relato exagerado, aunque creo que no es el caso porque SS.SS. conocen perfectamente esta materia-, el diputado David Hammerstein -que está en el Parlamento Europeo en el Grupo Verde, de izquierda, pero que es un diputado que fue en la lista del Partido Socialista en las últimas elecciones, por tanto un diputado que conoce el tema y que lo conoce también desde España a pesar de tener ese apellido- registró una queja comunitaria por el hecho de que España no hubiera efectuado la trasposición de las dos directivas. Asimismo quiero mencionar que según las autoridades de la Comisión Europea, la incuria, la actuación del Gobierno de España en esta materia ha tenido una severa repercusión negativa sobre la efectividad de la unidad de inteligencia financiera en cuanto a la supervisión de operaciones sospechosas de financiación del terrorismo, que termina afectándonos no solamente a los españoles, naturalmente, sino al conjunto de los europeos. Nos ha costado mucho a los españoles, SS.SS. lo saben, convencer a las instituciones europeas y a los diputados de otros países de que cuando en un estado miembro de la Unión se sufre el terrorismo es la democracia europea la que sufre el terrorismo, que aquellos Estados miembros que lo sufren de cerca viven, vivimos un drama, como es el caso de España, pero quien realmente tiene una asignatura que resolver es la democracia europea, y por tanto nos costó mucho convencerlos de que teníamos que pasar de la solidaridad que los europeos nos ofrecían en los últimos años a la acción común, que significa lo que ustedes saben que significa, una política común y una acción común para combatir lo que se considera un problema no de los españoles, insisto, sino de la democracia europea.
Cuando nosotros no trasponemos directivas para proteger precisamente de la financiación del terrorismo, directivas que promueven el bloqueo y que nos protegen
a todos los europeos de la financiación del terrorismo, no solamente nos perjudicamos como españoles sino que perjudicamos al resto de los europeos, y esto verdaderamente, además de que es un retroceso en términos generales, es difícilmente explicable para un país como el nuestro que lo ha sufrido, que lo sufre en primera línea y que, por tanto, debe valorar y valora mejor que nadie lo que representa cualquiera de estos instrumentos que se han puesto y que se ponen en marcha. Por ello presento una vez más -hice una iniciativa similar en la Comisión de Economía, que ya se trató, sin éxito, he de decir, en el sentido de que no fue aprobada- hoy aquí en la Comisión de Interior esta iniciativa que plantea la necesidad de que se elabore una lista actualizada y que se completen las organizaciones de ámbito nacional o de operativa nacional consideradas terroristas, así como las personas físicas, y que esa lista sea conocida por las personas jurídicas y las administraciones competentes, en especial las ubicadas en el País Vasco y Navarra. Planteo también la necesidad de que se proceda a reforzar las plantillas del Sepblac y a la trasposición al ordenamiento español de las directivas 2005/60 del Parlamento Europeo y del Consejo y 2006/70 de la Comisión.
Esta proposición no de ley ha tenido dos enmiendas -ya aprovecho este turno de intervención para darles mi opinión al respecto-, una del Grupo Socialista que podríamos considerar, así lo ha considerado el grupo proponente, de supresión, y otra enmienda, de adición, del Grupo Popular.
Yo había preparado una transaccional en la que admito la enmienda del Grupo Popular, que es un añadido, un punto 5, y admitía dos puntos de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Creo que el Grupo Socialista no me acepta finalmente esta transaccional y entonces yo sometería a la Mesa la votación del texto de la proposición tal y como la he planteado con la enmienda del Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para defender su enmienda la portavoz del Grupo Popular, señora Álvarez de Toledo. (Rumores.)
Rogaría a las personas que están en la sala que guardaran silencio o bajaran el tono, porque esto es un poco pequeño, se oye todo y se molesta mucho.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: La iniciativa del Grupo Mixto, de la señora Díez, nos parece efectivamente oportuna y también nos ofrece una oportunidad muy importante. Como decía la señora Díez, resultó muy difícil para España durante mucho tiempo convencer a nuestros socios de la Unión Europea de la importancia de luchar conjuntamente contra el terrorismo y eso se consiguió gracias en muy buena medida a la labor de los gobiernos del Partido Popular, que presentaron muchas iniciativas en Europa y asumieron el liderazgo de la lucha antiterrorista en Europa y dentro de esas muchas iniciativas están medidas conocidas por todos como la orden europea de detención y entrega, también la inclusión de organizaciones o partidos políticos vinculados a ETA dentro de la lista de organizaciones terroristas en la Unión Europea. Esa iniciativa que se adoptó durante la época de los gobiernos del Partido Popular, efectivamente, como también recoge esta proposición no de ley, ha sufrido un paso atrás en la última legislatura, en los últimos años, y específicamente en un capítulo que a nosotros nos parece de la máxima trascendencia y que esta iniciativa recoge en dos aspectos -y por eso la vamos a apoyar con esa enmienda que voy a pasar a detallar a continuación-, que son, primero, la importancia de que España lidere la lucha antiterrorista en Europa y, segundo, la importancia de atacar las líneas de financiación del terrorismo.
En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tras los atentados del 11 de septiembre, se aprobó por unanimidad una resolución que ordenaba a los Estados a adoptar medidas para prevenir y reprimir la financiación del terrorismo, ordenando que se congelaran los recursos económicos de personas o entidades que cometan, participen o faciliten comisión de actos terroristas. Fue precisamente al calor de esa resolución de Naciones Unidas y conociendo todo el bagaje y experiencia que tenemos en España, cuando se aprobó la Ley 12/2003 a la que hace referencia esta proposición no de ley, por la que se crea la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, que es una comisión que aparentemente ha estado bastante poco activa en los últimos años, pero que tiene importantísimas competencias a la hora de bloquear incluso todo lo que sean cuentas, valores o movimientos de partidos políticos, de entidades o de personas vinculadas o que pudieran considerarse sospechosas de estar vinculadas a organizaciones terroristas.
Quiero explicar primero el motivo por el que apoyamos esta proposición no de ley y es que consideramos que la rectificación que el Gobierno socialista ha hecho de su política antiterrorista, pasando de la política de negociación de la pasada legislatura a una política mucho más cercana a la que siempre ha defendido el Partido Popular, debe incluir también una rectificación en el aspecto de la financiación y debe incluir sobre todo un nuevo impulso decidido y enérgico de liderazgo en Europa y también de liderazgo en la lucha contra la financiación del terrorismo.
Dentro de esa rectificación hago un inciso porque efectivamente, como decía la señora Díez y lo quiero enfatizar, parece insólito que España haya pasado de ser el país paladín o campeón de la lucha contra el terrorismo en Europa, uno de los pioneros y de los principales impulsores, a ser una rémora e incluso objeto de denuncia. Eso parece realmente insólito y es algo que tenemos que remediar. Insisto, ese proceso de rectificación que incluye ahora empezar a actuar de manera decidida no solamente en la detención de comandos, en el campo de la acción concertada con los demás grupos políticos para acabar con el terrorismo, sino también, por supuesto, en el campo de la lucha contra la financiación de todo lo que es el entorno de la
investigación y poner sobre la mesa los datos de financiación de actividades terroristas, debe pasar por la reactivación de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
Para nosotros, y aquí viene el punto donde planteamos una enmienda de adición, la principal tarea de esa comisión ahora mismo debe ser ponerse manos a la obra de manera inmediata para investigar todo lo que tiene que ver con las cuentas y la financiación de aquellos partidos políticos u organizaciones sobre las que penden, hay sospechas o indicios de que pudieran formar parte o estar vinculados a una organización terrorista y, concretamente, a la organización terrorista ETA. No hace falta ir demasiado lejos -todas las portadas de los periódicos nos lo marcan todos los días-, hay un partido político en concreto sobre el que existen serios indicios de tener una vinculación con el entorno de ETA, con la propia organización, que es Iniciativa Internacionalista, cuyo nombre entero es Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos.
Nosotros consideramos que el Gobierno tiene la obligación política, moral y legal de reactivar hoy mismo esa comisión para investigar y examinar todas las actividades, cuentas, movimientos y operaciones financieras de dicho partido para ponerlos a disposición de los tribunales, por un motivo que es muy sencillo y muy importante, porque esos datos pueden constituir pruebas decisivas para su ilegalización por parte de los tribunales de Justicia. Por nosotros no puede quedar y es quizá difícil comprender que ese trabajo no se haya hecho, pero la realidad es que es así y que en las fuentes de la financiación de Iniciativa Internacionalista podemos quizás encontrar las fuentes para su ilegalización.
Hay preguntas clave que yo creo que todos nos hacemos, que hay que intentar responder y que obligación sería de esa comisión responderlas de manera inmediata, que es con qué dinero está financiando Iniciativa Internacionalista su campaña, sus actos, sus mítines, cuáles son sus fuentes de financiación, si esas mismas fuentes de financiación son las que tenía por ejemplo HB en su día, Batasuna, ANV o el PCTV. Insisto, ayer tuvimos el ejemplo de un mitin. ¿De dónde sale el dinero para pagar el mítin que dieron ayer en Pamplona Otegi y sus compañeros o amigos de Iniciativa Internacionalista? Esas son preguntas yo creo que bastante elementales y que la comisión consideramos que podría responder, que el Gobierno tiene capacidad para responder, porque, insisto, esa comisión tiene muchísimas competencias y facultades para hacerlo, y en las respuestas a esas preguntas quizás encontremos la posibilidad de impedir que los amigos de terroristas tengan voz y voto en el Parlamento Europeo, la posibilidad de impedir que a Otegi y a sus amigos les llegue eso que llaman aire fresco del que, como se jactaba ayer Otegi, están disfrutando.
Por último, esencialmente, yo creo que algo de bastante sentido común es que no podemos permitir que España pase de ser el líder de la lucha contra el terrorismo en Europa a ser el país que deja que un partido cercano a terroristas o que forme parte de ellos tenga voz y voto en Europa, voz y voto que, por supuesto, utilizarán siempre contra las libertades, contra los intereses de los españoles, contra los intereses de la democracia española. Eso lo podemos remediar, está al alcance de nuestra mano y la aprobación de esta iniciativa con la enmienda que hoy presentamos yo creo que es un paso en esa dirección. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Tiene el turno ahora el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor GONZÁLEZ SERNA: Se dice en las conclusiones de la comunicación de 20 de octubre de 2004 de la Comisión Europea al Consejo y también al Parlamento Europeo que dificultar a los terroristas la recaudación de fondos es uno de los elementos claves de la lucha contra el terrorismo.
Esta es una afirmación con la que mi grupo está totalmente de acuerdo y es también una afirmación que constituye una de las piezas claves del trabajo que está haciendo el Gobierno de España, del trabajo que viene haciendo el Gobierno del Partido Socialista en estos cinco años en materia de lucha contra el terrorismo, luchar para dificultar a los terroristas encontrar fuentes de financiación de su actividad.
Yo iría a la mayor y haría una reflexión en torno al trabajo que está haciendo el Gobierno, el Ministerio del Interior, en materia de lucha antiterrorista, y yo creo que está avanzándose en la dirección correcta.
En materia de lucha contra el terrorismo se está haciendo bien ahora, como se hizo bien en el pasado, como también lo hizo bien el Gobierno del señor Aznar. Hoy, producto del trabajo de los gobiernos anterior y actual, ETA se encuentra en una situación de grave debilidad y ETA está absolutamente arrinconada por los demócratas, y lo digo con moderación, lo digo con prudencia, porque cuando hablamos de estos asuntos todos sabemos que, a pesar de su debilidad, a pesar de estar arrinconada, conserva una importante capacidad para hacer daño, porque para matar cobardemente hace falta muy poco. Por eso hago esta afirmación sin triunfalismo, sin euforia, pero siendo también conscientes de que en estos años se han dado pasos muy importantes en la lucha contra el terrorismo. Esta debilidad de ETA, por lo tanto, no es casual, sino que es consecuencia del buen funcionamiento de las herramientas del Estado de derecho, y subrayo, de todas las herramientas de las que nos hemos dotado los demócratas para luchar contra el terrorismo, y eso significa que lo estamos haciendo bien en este terreno como consecuencia del asedio policial, como consecuencia del asedio de la Policía, como consecuencia del asedio también de la Guardia Civil al terrorismo, de la presión judicial, de la cooperación internacional, singularmente con Francia, y también muy importante, y lo resalto, de la posición de firmeza y de unidad -unas veces en mayor medida, otras en menor- de las fuerzas políticas democráticas y también de la consecuente y creciente
deslegitimación social del terrorismo que padece desde hace años. Por lo tanto, lo estamos haciendo bien, no es casual y es producto del buen funcionamiento, como decía, de todas, absolutamente todas las líneas de trabajo que se siguen en el Estado de derecho.
Cuando me refiero a ese buen funcionamiento también incluyo el trabajo que está haciendo el Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía y Hacienda en la tarea de dificultar ese aspecto tan importante que es la financiación del terrorismo y que es el objeto del debate de esta tarde.
Creo que se ha trabajado con mucha seriedad por parte del Ministerio de Economía y del Ministerio del Interior, por parte en definitiva del Gobierno en dificultar la financiación del terrorismo, y por eso no compartimos afirmaciones que se han hecho esta tarde aquí que me parecen graves.
No compartimos que se haya dicho y que se haya puesto por escrito que la lucha contra la financiación del terrorismo es en España muy débil y ha dado escasos resultados y, sobre todo, que carece del impulso político que se requiere para alcanzar el éxito en la derrota de las organizaciones armadas. No compartimos esa afirmación y no compartimos tampoco que se diga que España es una rémora en Europa en esta materia, ni mucho menos. Estamos convencidos de que se está haciendo un buen trabajo. Ahí están los resultados. Hay muchas afirmaciones en la proposición no de ley que estamos discutiendo que son absolutamente injustas, pero en cualquier caso yo creo que esta es una proposición no de ley que sobre todo es inoportuna, injusta y también -permítanme que lo diga con respeto- poco responsable.
Ni este diputado ni ningún miembro del Grupo Parlamentario Socialista harían públicamente afirmaciones que están escritas en esta proposición no de ley, nunca, jamás, aunque fueran ciertas, aunque fueran absolutamente ciertas, que no es el caso. Ni este diputado ni su grupo acusarían nunca de pasividad a la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo. Creemos que no es prudente, pero es que no es cierto, no es prudente pero, además, no es cierto. Yo nunca tampoco minusvaloraría la capacidad de actuación del servicio ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales, porque es injusto, es inmerecido y no es en absoluto cierto, porque, por ejemplo, esta comisión ha abordado más de mil asuntos relacionados con el terrorismo en estos cinco años de Gobierno y está contribuyendo decididamente a poner coto a las líneas de financiación del terrorismo. Yo nunca tacharía tampoco de negligente al Gobierno en materia de terrorismo por no trasponer en plazo una directiva comunitaria en la materia. Yo no diría que eso es negligencia, yo no diría que eso es incuria, ni mucho menos, no lo diría aunque fuera cierto, pero no es en absoluto cierto.
En estos momentos, y yo creo que la ponente de la proposición no de ley lo sabe perfectamente, el Gobierno tiene en exposición pública, en audiencia pública el anteproyecto de ley que traspone estas directivas. Está por lo tanto en fase de tramitación. El Gobierno demuestra su interés en incorporar al derecho español estas directivas europeas. Pero es que además no somos los únicos, como se dice en la proposición no de ley, yo creo que con interés de afear la posición del Gobierno en materia de lucha contra el terrorismo. La Comisión Europea abrió expediente a quince países por no incorporar esta directiva. ¿Y saben por qué? Porque, lamentablemente, la incorporación a los derechos nacionales de las directivas europeas es un proceso largo y es un proceso que en muchas ocasiones requiere del estímulo y del impulso de la propia Comisión Europea. Además, yo creo que al margen de que no se hayan incorporado y se esté trabajando en la incorporación al derecho español de las referidas directivas, no se puede omitir que en estos cinco años ha habido una intensa producción normativa del Gobierno para intentar seguir avanzando y mejorando nuestros instrumentos jurídicos para atajar la financiación del terrorismo. Eso no se puede omitir porque ese trabajo está ahí, porque esa intensa producción normativa es cierta, es real, está en el Boletín Oficial del Estado y está dando resultados en la lucha contra el terrorismo.
Por otro lado, hay opiniones muy cualificadas que quiero traer a colación y acabo haciendo referencia al informe del Grupo de Acción Financiera que tras el examen del sistema español contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, hace afirmaciones sustancial y radicalmente distintas de las que hemos podido oír aquí por parte de los grupos que me precedieron en el uso de la palabra. El Grupo de Acción Financiera estimó en uno de sus informes que España es el segundo país, junto con Bélgica, que más recomendaciones cumple en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en concreto, 46 de sus 49 recomendaciones. El GAFI estima también que, en términos generales, España cuenta con un sistema integral de prevención del blanqueo de capitales efectivo y que sus estructuras -atención- de lucha contra la financiación del terrorismo son también muy efectivas y muy eficaces; una opinión, un criterio el del Grupo de Acción Financiera sustancialmente distinto, como decía, de lo que hemos podido escuchar. Y dice también que el sistema español se sitúa muy por encima de la media de los países evaluados por este organismo intergubernamental. En definitiva, el informe de evaluación reconoce los notables esfuerzos desplegados en los últimos años por el Gobierno de España para mejorar sus mecanismos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Como decía anteriormente, hemos propuesto una enmienda que consideramos razonable y equilibrada, que no ha sido aceptada, legítimamente, por la portavoz del Grupo Mixto, una enmienda que entendemos que plantea aspectos muy importantes para mejorar el trabajo del Estado dirigido a conseguir el objetivo de dificultar a los terroristas el acceso a la financiación. En consecuencia, nos vemos obligados a anunciar nuestra negativa a la enmienda transaccional y también nuestra
negativa en consecuencia a la proposición no de ley planteada por el Grupo Mixto.
La señora PRESIDENTA: La señora Díez tiene un turno breve para pronunciarse sobre las enmiendas. (El señor Olabarría Muñoz pide la palabra.). Perdón, ¿quería intervenir el señor Olabarría?
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Para fijar posición.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra antes de que se la dé a la autora de la proposición no de ley.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señora presidenta, voy a intervenir con brevedad, brevedad cierta en este momento, no es una falsa expectativa de derecho que no pretendo generar.
La señora Díez ha presentado una proposición no de ley con una apariencia aséptica y neutra e incluso su posición ha sido ponderada y su defensa razonable desde sus postulados ideológicos, y lo digo con énfasis para que no me vuelva a reprochar ella que siempre la critico al iniciar mis intervenciones. Lo que pasa es que ya hemos sabido cuál es el contenido exacto de la proposición, aunque es lo que se pretende, porque la proposición ha sido reinterpretada no en sus propios términos materiales, sino en cuanto a la finalidad preconizada por algún grupo parlamentario.
Me parecen particularmente duras, señora presidenta, las reflexiones realizadas por la portavoz del Grupo Popular, a la que, por cierto, me permito ya felicitar por su feliz alumbramiento pero no por su argumentario en relación con esta proposición no de ley. (Risas.) La verdad es que hemos oído cosas muy graves con relación a determinada plataforma electoral que concurre a los comicios europeos, plataforma electoral cuya legalidad, como todo el mundo sabe en esta Comisión, ha sido validada por el Tribunal Constitucional. Sabe la presidenta de esta Comisión que cuando el Tribunal Constitucional es acusado, tácita o expresamente, de prevaricación, es uno de los pocos casos en los que el ministerio fiscal, el fiscal general del Estado puede actuar de oficio en defensa de la legalidad y en defensa de la honorabilidad de este órgano judicial. Lo mismo ocurre con el Consejo General del Poder Judicial.
Yo, con toda honestidad, y se lo digo con cariño y respeto a doña Cayetana, creo que su argumentación ha rayado en una acusación de prevaricación a la actuación del Tribunal Constitucional, y, claro, una acusación de prevaricación en un país que no puede ser acusado de lábil en su política antiterrorista, que no puede ser acusado de lábil no solo por la extensa argumentación realizada por el portavoz del Grupo Socialista, sino porque el Gobierno español ha sido partícipe, incluso cofundador de estructuras multinacionales de actuación contra las bandas armadas y organizaciones terroristas, y me estoy refiriendo a organizaciones como Europol, Eurojust, incluso con una participación muy activa en Interpol, donde existen comisiones específicas como la relativa al blanqueo de capitales, que no existen en todos los países.
Desde esta perspectiva, podría uno compartir la pertinencia de trasponer dos directivas. Si fuera un problema la no trasposición de directivas, en el Estado español estaríamos en una situación calamitosa verdaderamente.
Las directivas se trasponen cuando se pueden trasponer, se trasponen normalmente además traduciéndolas indebidamente. Pero al margen de esta circunstancia que es de entidad menor, lo que se ha dicho en el fondo es una velada acusación de prevaricación nada menos que al Tribunal Constitucional con relación a la concurrencia a unos comicios electorales, y esto es muy grave, señora presidenta. Aquí todos somos aforados y espero que nadie tenga problemas con la justicia, con la Administración de Justicia, por la realización de determinadas afirmaciones, pero en un país en donde además de que la actuación policial y la actuación gubernativa y gubernamental del Gobierno central y de los gobiernos autonómicos, de las policías integrales contra el terrorismo, es particularmente eficiente, es particularmente agresiva, y debe serlo porque no hay nada más atroz que una organización terrorista que lleva conviviendo con nosotros, desafortunadamente, cincuenta años, y donde además existe una ley de partidos políticos que permite legalizar o ilegalizar en un ámbito de la más absoluta inseguridad jurídica, con criterios que están vinculados o bien al arbitrismo judicial o a la falta de independencia de la justicia -y quizá yo esté también cometiendo algo que raya ya en el injusto penal con esto que estoy diciendo-, hacer estas afirmaciones me parece tan injusto, señora presidenta, que, con mucho entusiasmo, voy a votar en contra de la proposición no de ley presentada por la señora Díez, y en este caso, señora Díez, se lo digo con amabilidad, no por sus argumentos sino por los de otros. (Risas.)
La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo más desea intervenir? (Pausa.)
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Señora presidenta, ¿puedo contestar en relación con la intervención del señor Olabarría?
La señora PRESIDENTA: Es un debate normal, cada uno puede interpretar como quiera las palabras.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Quisiera tranquilizar al diputado Olabarría.
La señora PRESIDENTA: Le doy la palabra, pero muy brevemente.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Primero quiero darle las gracias por su felicitación y segundo tranquilizarle porque en ningún caso ni
para nada estoy aludiendo a un posible delito de prevaricación del Tribunal Constitucional, todo lo contrario, lo que estoy diciendo es que el Gobierno tiene la capacidad, la tenemos incluso todos desde aquí si aprobamos esto, de aportar más pruebas para intentar avanzar en esclarecer los posibles vínculos que el Tribunal Supremo sí veía entre Iniciativa Internacionalista y el entorno de la organización Batasuna. No estoy diciendo que el Tribunal Constitucional haya prevaricado, al contrario, estoy diciendo que el Gobierno lo que tiene es la obligación política, moral y legal, he dicho, de aportar todas las pruebas posibles que podamos encontrar sobre esa vinculación. Tengo entendido que en la demanda que se presentó hay muy poca información sobre el tema de la financiación. Yo creo que la financiación de las organizaciones vinculadas o sospechosas o sobre las que puedan existir suficientes indicios es un asunto muy importante y clave que tenemos que abordar entre todos.
La señora ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA RAMOS: Espero haber tranquilizado al señor Olabarría con estas reflexiones.
La señora PRESIDENTA: Su explicación queda reflejada en el "Diario de Sesiones". Damos por tanto por terminado el debate de esta proposición no de ley, salvo que la señora Díez se pronuncie sobre cómo ha quedado la enmienda.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Yo quisiera, y le aseguro, señora presidenta, que voy a hacerlo de forma muy breve, terminar mi argumentación, redondearla si es posible, sobre todo en relación con la intervención del portavoz del Grupo Socialista. Me voy a referir a lo que he dicho y no a las cuestiones que otros, a mi izquierda geográficamente, han planteado.
Le querría decir a portavoz del Grupo Socialista lo primero de todo que no hace falta que defienda aquello de lo que no se acusa al Gobierno. No hace falta que en este o en todos los trámites en los que vengamos a hablar de una proposición no de ley, que tiene un objetivo muy concreto, que es el que está escrito en la misma, tengamos que insistir en lo bien que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en lo...
La señora PRESIDENTA: Señora Díez, este turno es solamente para pronunciarse sobre las enmiendas. Los debates son interminables y podemos tener argumentación para todo el tiempo que queramos, pero en este turno a usted le corresponde asumir o no las enmiendas presentadas, pronunciarse sobre las mismas y se termina el debate. Le ruego que se pronuncie en ese sentido.
La señora DÍEZ GONZÁLEZ: Pues no voy a poder asumir la enmienda que me ha presentado el Grupo Socialista, entre otras cosas porque ha calificado esta proposición -la ha calificado y no la ha argumentado-, de inoportuna, de injusta y de poco responsable, lo que se corresponde mal con alguien que presenta una enmienda de totalidad insistiendo dentro de ella en la necesidad de mejorar algunas de las cosas que no hacemos bien desde el punto de vista de la financiación del delito de terrorismo. Yo he dado argumentos, señora presidenta, que pueden ser compartidos o no por los miembros de esta Comisión, pero argumentos a los que me gustaría que, aunque fuera por una vez y sin que sirviera de precedente, se me contestara con argumentos y no con adjetivos.
La señora PRESIDENTA: Entendemos por lo tanto que no se aceptan las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Respecto a la enmienda del Grupo Popular ya dijo la señora Díez antes que la asumía.
Como dijimos que no se votaba antes de las cinco y media y son las seis y cuarto, sin más, si los grupos lo estiman pertinente, pasamos a la votación de las PNL. Iniciamos, por lo tanto, las votaciones de las proposiciones no de ley en el mismo orden que han sido debatidas.
Votamos primero la proposición no de ley número 548, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene una enmienda que no ha sido aceptada, entiendo yo.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Lo que pedimos, señora presidenta, si le parece bien, es que se vote el punto 1 y luego los otros dos puntos acumulados para evitarnos más votaciones.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Entonces pasamos a votar el punto 1 de la proposición no de ley número 548.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 19; abstenciones, una.
Pasamos a votar los puntos 2 y 3 de la misma PNL.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; votos en contra, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!.-Aplausos.)
Pasamos a votar la siguiente proposición no de ley, la número 631, del Grupo Parlamentario Popular, a la que no se ha hecho ninguna enmienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; votos en contra, 18; abstenciones, dos.
Votamos la proposición no de ley número 1067, del Grupo Parlamentario Socialista, cuya enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular no ha sido aceptada, por tanto, se vota en el tenor de la PNL.
Por último, votamos la proposición no de ley número 707, del Grupo Mixto, con la enmienda del Grupo Popular, que ha sido aceptada por la proponente, que incluye un apartado 5.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Señora presidenta, en la votación anterior eran 19 votos a favor. El Grupo Mixto también ha votado a favor.
La señora PRESIDENTA: Gracias. Yo no cuento los votos, los cuenta la letrada y no se habrá dado cuenta. (Pausa.) Está bien como estaba, no hay ninguna variación.
Votamos, pues, la proposición no de ley número 707, con la enmienda de adición del Grupo Popular.
Con estas votaciones hemos terminado la parte del orden del día que versa sobre las proposiciones no de ley y en unos minutos reanudamos la sesión.
- LICITACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE ONDA (CASTELLÓN) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045816). (Número de expediente 181/001672.)
- ADJUDICACIÓN E INICIO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE ONDA (CASTELLÓN) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045817). (Número de expediente 181/001673.)
- ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE LA GUARDIA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE ONDA (CASTELLÓN) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/045818). (Número de expediente 181/001674.)
La señora PRESIDENTA: Seguimos con el orden del día y pasamos a las preguntas, también cambiando un poco el orden de las mismas. Empezamos con las que corresponden a los puntos 7.º, 8.º y 9.º, que son las preguntas 1672, 1673 y 1674, que han pasado a respuesta oral procedentes de una pregunta al Gobierno con respuesta escrita. En este caso, las tres preguntas son del señor Barrachina, que se tramitarán conjuntamente, con el tiempo flexible que estime oportuno, aunque yo miraré de todas maneras para no pasarnos demasiado. Tiene la palabra el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor compareciente, por su paciencia y además, seguro, por los datos y la luz que va a arrojar sobre una de las múltiples actuaciones que el ministerio tiene anunciadas en la provincia de Castellón y que, desgraciadamente, no están viéndose realidad. La pregunta sobre el cuartel del municipio de Onda, que atiende a diez ayuntamientos, a diez municipios del interior de mi provincia, es exponente de los incumplimientos del Ministerio del Interior en una provincia, en la mía, en la cual se han inaugurado o se han concluido dos cuarteles de la Guardia Civil, el de Segorbe, financiado fundamentalmente por la Diputación Provincial de Castellón, y el de Villafamés, financiado fundamentalmente por su ayuntamiento, y tan solo hay una iniciativa y es que ha comenzado, felizmente, el cuartel de Morella. Este es el resumen, en cuanto a cuarteles, de la gestión de cinco años y el caso de Onda es llamativo por el desconcierto en el que se ha sumido a sus vecinos.
Yo tengo aquí el programa electoral de 2004, con el que ustedes perdieron en Castellón pero ganaron en España, por el cual en este municipio de Onda y en otros tres más, iban a hacer comisarías de la policía. Después de 2004 anunciaron en 2005 el inminente inicio para 2006. En 2006 salió el alcalde, el señor Navarro, para decir que como las cosas iban lentas, el propio ayuntamiento iba a financiar -y financió y costeó- el proyecto de construcción de este cuartel de la Guardia Civil durante 2006 para así iniciar las obras en la primavera de 2007. El ayuntamiento se gastó el dinero de los ondenses costeando ese proyecto hecho en 2006 y, naturalmente, en 2007 no comenzó. Llegaron las elecciones de 2008 y en el programa electoral, que aquí lo tengo, la promesa que en 2004 era la número dos y era una comisaría se convirtió en la promesa número nueve y era, en lugar de una comisaría, un cuartel. Pues bien, será un cuartel.
Con posterioridad a eso, hay una respuesta a una pregunta mía por la cual me dicen que en 2008, en ese mismo año, comenzaba la construcción de este cuartel de la Guardia Civil. Después de eso incluso el propio ministro, en el plan que ustedes autotitularon de ejecución inmediata, promete tres cuarteles en el plan especial de inversión en infraestructuras, en Oropesa y Alcora, que no están comenzados, y en Morella, que sí está iniciado, antes del 13 de abril de 2009; de los tres, uno, y además de eso, el subdelegado del Gobierno hizo una nota de prensa diciendo que iba a haber no solo los tres que prometía Rubalcaba sino dos más -aquí tengo la nota de prensa del final de 2008.
Como digo, tienen sumida a la población en un absoluto desconcierto porque las últimas declaraciones del subdelegado rebajan la prioridad, la urgencia de la construcción de este cuartel diciendo que hay otros en la provincia más urgentes. Por tanto, lo que le imploramos aquí es claridad.
El propio portavoz del Grupo Popular en el ayuntamiento, don Salvador Aguilella, me preguntaba ayer: Si comparece, tendrá que decir la verdad, ¿no? Digo, hombre, la verdad seguro que la dice, pero es que también tenían la obligación de habernos contado la verdad en los cinco años anteriores, en los cuales, como usted podrá comprobar por el testimonio escrito que traigo, sinceramente, aunque tengan la mejor voluntad, no han acertado ni una, es decir, todo aquello que han ido diciendo se ha ido desmintiendo con el simple paso de los días. En consecuencia simplemente le reclamo un ejercicio de franqueza y que nos diga que el cuartel se va a licitar. Previamente tendrán que aprobar el proyecto. Desconozco si ustedes van a atender al que el propio ayuntamiento redactó, costeó y, según ellos, presentó a la mesa de licitación, o va a ser un proyecto distinto, y, por tanto, queremos conocer simplemente los plazos de la ejecución de obras, en definitiva, que cumplan, como el propio presidente del Gobierno hablaba, con su palabra dada. Espero su respuesta y le agradezco de antemano su intervención.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para responder el señor director general de la Policía y de la Guardia Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Muchas gracias, señor Barrachina, por el tono de su intervención, pero voy a intentar, por supuesto, darle todas las explicaciones de este caso concreto, el caso del cuartel de la Guardia Civil en Onda, que espero que le satisfagan, y no le quepa duda de que, por supuesto, le contestaré solamente con la verdad.
En lo que se refiere a la situación de las obras del cuartel de la Guardia Civil en Onda (Castellón) y concretamente acerca del plazo de ejecución, así como la estimación presupuestaria de las mismas, que son los temas sobre los que usted me pregunta, efectivamente, en junio del año 2007 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento de Onda para la construcción de una casa cuartel, en el que el ayuntamiento recibía las antiguas instalaciones ubicadas en el casco urbano y cedía otros terrenos fuera de él. El proyecto de ejecución, cuya realización correspondía al ayuntamiento de acuerdo con los términos del convenio, fue presentado a finales de febrero del año 2008, sin embargo, debido a determinadas circunstancias, tales como la adaptación del expediente de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que fue aprobada antes de que se publicara la obra en el Boletín Oficial del Estado, con el consiguiente retraso al tener que reiniciarse el expediente en los términos establecidos por esta, así como el posterior ajuste presupuestario que se produjo a comienzos del año 2009, todo ello motivó el establecimiento de nuevos plazos y una nueva distribución de anualidades. Teniendo en cuenta todas estas circunstancias, se ha iniciado de nuevo su tramitación en el mes de mayo y se procederá a su licitación y adjudicación en los próximos meses. En consecuencia, está previsto que se inicien las obras en el mes de marzo del año 2010, con un presupuesto total de 3.214.552,30 euros, distribuidos en dos anualidades: en el ejercicio 2010, 1.504.157,65 euros y en el ejercicio 2011, 1.710.394,75 euros.
Quiero señalar, por otra parte, que en la provincia de Castellón las inversiones previstas para el año actual, 2009, correspondientes a créditos tanto de Policía como de Guardia Civil, ascienden a 9.591.911 euros, inversiones que se inscriben en el plan estratégico de infraestructuras 2009-2012 de la dirección general, que para este año cuenta con un presupuesto global de 398.975.153 euros. En este sentido, es necesario resaltar el esfuerzo presupuestario realizado por el Gobierno en los últimos años para dotar de infraestructuras y establecimientos modernos y adecuados a las funciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen encomendadas y que han supuesto un salto adelante de extraordinarias proporciones. Baste recordar que el presupuesto de inversiones en el año 2003 era de 59 millones de euros y, como acabo de señalar, en 2009 alcanza casi los 400 millones, lo que significa un incremento respecto al año 2003 del 569 por ciento.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra de nuevo el señor Barrachina.
El señor BARRACHINA ROS: Intervengo con muchísima brevedad y para agradecerle la información. He de confesarle que usted me merece todo el crédito y conozco de su buena fe y de su buen hacer como director general de la Policía y de la Guardia Civil, pero es que el ministerio del que usted forma parte nos ha venido anunciando con reiteración cifras parecidas en años anteriores. Yo recuerdo incluso la visita del propio ministro del Interior, el señor Rubalcaba, cuando se construyó un centro penitenciario ya iniciado, diciendo que iba a servir para descongestionar el anterior, pero
ahora tenemos más gente en el anterior de la que había en aquella época; es algo absolutamente inaudito. Por tanto, como provincialmente el nivel de incumplimiento es tan grande, el crédito ministerial está bajo cero, no el suyo que para mí es del cien por cien, pero sí de aquellos que le acompañan en la gestión ministerial. Me gustaría contárselo al revés y poder hoy, por todos los cuarteles que hubiéramos abierto, agradecérselos a ustedes, pero no es así, porque los dos únicos que se han hecho en cinco años han sido costeados por la Diputación y por el Ayuntamiento de Villafamés, siendo competencia exclusiva suya. Por eso, el hecho de que se anuncie ya esta demora para 2010 del inicio del cuartel. La última de las fotocopias que tengo es del concejal de Seguridad Vicente Gil, que informa del número de delitos; dato que por cierto el Grupo Popular no obtiene jamás en respuesta parlamentaria y el concejal socialista sí tiene. Se nos anuncia que el cuartel ya es una realidad, que se han hecho todos los trámites y ya es una realidad el 1 de marzo de 2008, cuando entregó el proyecto; por tanto, que anuncie que las obras serán durante 2010 y 2011 da la sensación, sinceramente, de que con un pequeño retraso más en esta legislatura no veremos esa construcción. Me gustaría que se abordase y que en marzo del próximo año veamos el inicio de las obras y este no sea el enésimo anuncio que se ve incumplido en la provincia. Nos armaremos, señor director general, de toda la paciencia del mundo. Al igual que usted tiene buena voluntad, nosotros, por obligación, debemos tener buena memoria y, si no, leeremos el "Diario de Sesiones" para exigirle -esta vez sí, como viene haciendo de manera insistente Salvador Aguilella y el grupo municipal en el Ayuntamiento de Onda, que ha costeado ya en 2007 el proyecto que debía haber visto la luz- naturalmente, el cumplimiento y el inicio de las obras en marzo para que, aunque sea en la próxima legislatura, cumplan el compromiso que anunciaron de forma inminente en marzo de 2004. Se lo vengo a decir porque entre marzo de 2004 y marzo de 2010 van seis años y, en fin, ya me conformaría, ya firmaría por que el retraso fuese solo de esos seis ejercicios.
Le reitero mi agradecimiento por su comparecencia.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere intervenir, señor director general?
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Quiero informarle, porque le interesan a usted y a todos los datos relativos a la provincia de Castellón, que con cargo a los créditos extraordinarios del Plan especial, del Plan E, se acometerá -una de ellas ya ha sido reconocida por usted- la construcción de un nuevo cuartel en Morella, por 1.579.000 euros, que está ya haciéndose, y están a punto de comenzar los de Alcora y Oropesa. La inversión en Alcora es para rehabilitación del actual cuartel, que serán 665.000 euros, y en Oropesa del Mar es construcción de un nuevo cuartel, que va a comenzar de forma inmediata con cargo a este crédito extraordinario, y la inversión es de 4.101.000 euros. Por tanto, el total de las inversiones durante el año 2009 relativas a cuarteles de la Guardia Civil en el Plan Especial es de 6.345.000 euros, a los que hay que añadir en el año 2009 los 239.000 euros de las obras concretas que se están realizando ya en algunos, de menor cuantía quizás comparado con los créditos extraordinarios durante el año 2009, pero es que en el año 2010 la previsión es de 2.325.000 euros y en el año 2011 de 3.310.000 euros.
También hemos hecho un esfuerzo importante en lo que se refiere al catálogo de puestos de trabajo. Para tranquilidad de la población y para satisfacción de aquella que es inmediatamente asistida por las personas que están destinadas en el puesto de Onda, en el año 2005 teníamos en catálogo 18 guardias y en este momento 48 y efectivos 46. Por tanto, es verdad que no hemos acometido todavía, aunque hemos empezado su tramitación, la construcción del puesto de Onda, pero es verdad que el número de efectivos se ha triplicado, por tanto creo que la población está convenientemente asistida. En todo caso, tanto al ministerio como a la dirección general le gustaría haber acometido este tipo de obras con una mayor celeridad, pero, como usted conoce, estamos inmersos en una importante crisis económica que ha provocado que determinados asuntos, que determinadas obras hayan tenido que retrasarse en beneficio de otras; en este caso le ha tocado al municipio de Onda y al cuartel de la Guardia Civil, pero le insisto en que el número de efectivos sin embargo se ha triplicado y, por tanto, las personas están más seguras que antes.
La señora PRESIDENTA: Hemos terminado las tres preguntas del señor Barrachina.
- DESGLOSE POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y POR PROVINCIAS DEL NÚMERO DE INFRACCIONES PENALES CONOCIDAS POR EL CONJUNTO DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (INCLUIDAS POLICÍAS AUTONÓMICAS) EN EL PRIMER SEMESTRE DE LOS AÑOS 2006 A 2008 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/023428). (Número de expediente 181/001395.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto primero del orden del día, que es la pregunta número 1395 del señor Cosidó. Tiene la palabra.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Quiero decirle al director general que, a pesar de que conoce que mi grupo
ha reprobado una decisión concreta suya, eso no es en absoluto óbice para que yo le dé en términos lo más afectuosos y corteses posibles la bienvenida a esta Comisión. Es más, lo único que mi grupo lamenta de su presencia en esta Comisión es que venga usted exclusivamente cuando el Reglamento nos obliga -el Reglamento nos obliga a todos- porque hay preguntas que necesariamente deben de ser contestadas en la primera reunión que se produzca en la Comisión, en vez de acudir para atender cuestiones incluso de más actualidad, más relevantes políticamente y que usted sabe que tiene pendientes con esta Comisión.
Yo me alegro mucho de que se les haya traspapelado esta pregunta y no la hayan contestado porque, le digo con toda sinceridad, para lo que nos contestan en lo que se refiere a datos de delincuencia -no quiero generalizar porque hay otras cuestiones a las que el Ministerio del Interior, el Gobierno está respondiendo en forma, en lo que yo interpreto-, a datos de criminalidad me da igual que me responda o no porque en ningún caso nos dan la información que solicitamos. Esta pregunta que se les ha traspapelado me da pie para que usted transmita al Gobierno del que forma parte que mi grupo considera una absoluta falta de respeto al Parlamento y -le diría más- en ocasiones un insulto a la inteligencia del preguntante algunas de las respuestas, que no le leo porque las acabo de leer en un debate anterior, pero que verdaderamente me parecían más propias de un régimen como el de la República Democrática de Alemania que de un régimen democrático como el que, por fortuna, nosotros disfrutamos.
Hemos tenido un intenso debate que creo que se ha saldado muy satisfactoriamente en esta Comisión. El portavoz socialista me ha desviado a dos extremos que yo no quiero. Usted, por supuesto, es muy libre de decir lo que quiera, pero en principio mi pregunta no es ni para acusarle del incremento de la delincuencia, que no es el objeto de la pregunta, ni siquiera para poner en cuestión la fiabilidad de los datos, que ya le aviso que en algún momento tendremos que traer porque nos están llegando algunas informaciones que, cuando menos, creo que requerirán alguna explicación. En todo caso, no es el debate que yo quiero traer esta tarde. Yo le pido los datos, que no es mucho pedir, que se mencionan en esta pregunta. Ya no tengo ninguna confianza en su generosidad, permítame que se lo diga, y por tanto sé que si la pregunta se refería al primer semestre de 2008 usted me va a dar exclusivamente el primer semestre de 2008, no me va a dar los datos de 2008. Yo le pido los datos del número de delitos y faltas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad por provincias y por comunidades autónomas, que sinceramente entiendo que no es mucho pedir, y que al menos en lo que se refiere al primer semestre de 2008 espero que usted me facilite.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, un par de apreciaciones antes de comenzar la respuesta. La primera es que este director general viene cuando la Presidencia le cita, y en consecuencia, está encantado de venir tantas veces como sea necesario, sobre todo para suministrarles la información que precisen. La segunda es que no se preocupe, porque en este caso concreto, en esta pregunta, le vamos a dar mucha y abundante documentación, incluso, si la presidenta así lo considera oportuno, por escrito.
Voy a intentar contestarle a la pregunta acerca del número de infracciones penales desglosadas por comunidades autónomas y provincias en el primer semestre de los años 2006, 2007 y 2008, pero, en primer lugar, quisiera exponerle algunas precisiones metodológicas para que todos estemos hablando de las mismas cuestiones. Los datos que pongo a disposición de SS.SS. corresponden a las infracciones penales conocidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, por tanto, no reflejan aquellos ámbitos territoriales en los que las competencias están atribuidas a las policías autónomas, es decir al País Vasco y Cataluña. Entiendo que es la forma más homogénea de conocer y analizar la evolución de estas cifras, en consonancia con lo expuesto por el ministro del Interior en su comparecencia del pasado mes de marzo ante esta misma Comisión para presentar los datos de criminalidad correspondientes a 2008, en cumplimiento de la proposición no de ley que todos los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad al comienzo de esta legislatura.
Respecto a la Comunidad Autónoma de Navarra, en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía foral comparten competencias, también están consignados los datos debido a estas especiales características. Por otra parte, hay que tener presente el efecto de las modificaciones introducidas en el Código Penal, de manera que el posible aumento del número de delitos no significa siempre que aumente la criminalidad, sino que se han tipificado comportamientos que antes no estaban penalizados, lo cual, lógicamente, tiene incidencia en las cifras finales. Esto es lo que ha sucedido con las modificaciones del Código Penal en materia de seguridad vial, considerando delitos conducir con tasas de alcohol excesivas o a velocidades peligrosas, concretamente en el año 2007 se produjeron 18.500 delitos de seguridad vial y en 2008 la cifra pasó a 40.500. Un último aspecto que me gustaría destacar es la influencia de lo que podríamos denominar el afloramiento de delitos por violencia de género. Una vez modificado el Código Penal en esta materia, incluyendo los malos tratos habituales en el ámbito familiar como nuevo delito y elevando algunas faltas a la categoría de delitos, estamos asistiendo a un incremento sostenido de denuncias tanto por las mujeres que son objeto de malos tratos como por su entorno y por las instituciones. Esto es claramente positivo y responde al propósito del legislador de defender la dignidad y seguridad de las mujeres, pero desde el punto de vista
de los datos globales que les presentamos también hace que se incremente el número de infracciones penales conocidas, algo que, como acabo de señalar, no puede interpretarse como un dato negativo sino como una reacción muy favorable de la sociedad española frente a comportamientos indeseables.
Para una mejor comprensión y manejo de los datos solicitados, los pongo a su disposición por escrito, no obstante, si S.S. lo considera oportuno, puedo también proceder a su lectura. Señora presidenta, aquí tiene usted una copia en número suficiente para todos los diputados existentes. En todo caso, podrán apreciar que los valores absolutos de infracciones penales conocidos, teniendo en cuenta las precisiones metodológicas a las que me he referido y valorando que estamos tomando solo periodos semestrales, reflejan una situación de la criminalidad en España que sin duda puede calificarse de positiva y en la que se aprecia que somos un país seguro, que España es uno de los países más seguros de la Unión Europea. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continúan y continuarán redoblando sus esfuerzos para hacerlo posible y para mejorar aquellas situaciones de inseguridad que por razones a veces coyunturales o por surgimiento de nuevas formas delictivas exigen una atención particular, una asignación de efectivos más precisa o una adaptación de recursos tecnológicos acorde con el tipo de delitos y de organizaciones criminales a las que se debe hacer frente.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: De manera brevísima, presidenta, únicamente quiero decirle al director general que desde luego por mi grupo, y casi puedo asegurarle que de todos los grupos de la Comisión, tiene usted barra libre en ella. Es decir, todas las veces que usted solicite venir aquí mi grupo estará no solamente encantado sino agradecido, y estoy seguro de que por la Mesa, que es a quien corresponde convocarla, tampoco habrá ningún inconveniente.
En segundo lugar, espero que sea la última vez que le pregunte por estos datos porque, según la proposición no de ley aprobada por la Comisión esta tarde, ustedes van a estar obligados a darla mensualmente en Internet, por tanto usted y yo nos vamos a ahorrar muchos trámites como el que estamos sustanciando esta tarde. En tercer lugar, quiero los datos de las policías autonómicas, porque si de algo presume el ministro del Interior -aunque no es la modestia su mayor virtud, también he de reconocerlo- es de cómo ha impulsado y mejorado la coordinación con las policías autónomas. Los datos serán homogéneos en la medida en que comparemos datos homogéneos, es decir con comunidades y sin comunidades, pero me alarmaría mucho, le digo con sinceridad, que el Ministerio del Interior no dispusiera de ellos. Por último, acabo de recibir los datos, pero son 45.000 infracciones penales más en el primer semestre de 2008 en relación con el primer semestre del año 2006. A falta de más análisis no son estos los datos que el ministro nos ofreció en el año 2007 y en el año 2008 en sus comparecencias parlamentarias, donde incluso lo que se producía era una disminución en términos reales del número de delitos.
Por tanto, no sabe lo que le agradezco esta información e insisto en que nada agradaría más a este portavoz que no tener que volver a preguntarle sobre estos datos porque fueran accesibles no para este parlamentario sino para todos los ciudadanos.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, lea usted bien los datos. Entiendo que se los acabo de suministrar. Estamos comparando semestres, no estamos comparando el año completo. El año completo en lo que se refiere al número de delitos es de 1.858.000, es algo inferior al año 2007, es decir que la información que el ministro del Interior le suministró es absolutamente coincidente con la que nosotros le acabamos de ofrecer. Si distinguiéramos estos datos y despejáramos cuándo se trata de delitos contra la seguridad vial, este número bajaría todavía más y sería de 1.817.000, es decir 50.000 menos que el año anterior.
En todo caso, señor Cosidó, en relación con el devenir futuro, por los datos, tenga usted claro que, por supuesto, el Ministerio del Interior seguirá suministrando todos aquellos de los que dispone y en el momento en que los tiene. A veces hay responsabilidad de otras administraciones públicas porque se suministran los datos pero no exactamente a la misma velocidad que los puede tener el Ministerio del Interior cuando se trata de los propios.
- NÚMERO DE SANCIONES DISCIPLINARIAS DE CARÁCTER LEVE, GRAVE O MUY GRAVE EN LA GUARDIA CIVIL EN LOS AÑOS 2004 A 2007 Y PRIMER SEMESTRE DE 2008 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/025662). (Número de expediente 181/001410.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al número de pregunta 1410. Tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Me quiero resistir a hilar debates, señora presidenta, pero 45.000 infracciones penales más comparando primer semestre y disminución comparando año completo, no sé; ya digo que lo estudiaremos un poco más. Si ustedes no disponen de los datos de 2006, 2007 y 2008 de las comunidades autónomas, desde luego es una muestra de la excelente
colaboración y coordinación que debe existir entre el Ministerio del Interior y las policías autonómicas.
En todo caso, entrando en la segunda pregunta, en primer lugar, quiero agradecerle que en este caso me haya facilitado los datos concretos sobre el número de sanciones disciplinarias en la Guardia Civil. He de manifestarle tres preocupaciones que me sugirieron: en primer lugar, el aumento en la gravedad de las faltas, porque así como disminuyen las faltas leves hay un aumento en las graves y en las muy graves; en segundo lugar, disparidad entre el Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil en lo que se refiere a aplicación del régimen disciplinario. La tasa de infracciones o de expedientes disciplinarios, de sanciones disciplinarias en Guardia Civil es de 18 por cada 1.000 guardias anualmente y la tasa del Cuerpo Nacional de Policía es de 9; me parece que hay una excesiva disparidad. En tercer lugar, quiero manifestarle también nuestra preocupación por la disminución que se ha producido, según los datos que ustedes también me han facilitado sobre el Cuerpo Nacional de Policía, del número de sanciones, que también se ha dado en el caso de la Guardia Civil pero en mucha menor cuantía, con lo cual la diferencia en esta aplicación del régimen disciplinario entre ambos cuerpos se incrementa.
Son cuerpos distintos, regímenes disciplinarios diferentes, pero creo que no es bueno que haya este aumento de la divergencia en la utilización del régimen disciplinario en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el que usted y yo compartimos un criterio de que tenemos que ir hacia una cierta equiparación en las condiciones profesionales entre ambos cuerpos.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Muchas gracias, señor Cosidó, por el tono de su intervención y por su agradecimiento del suministro de los datos. Antes de leerle los datos concretos, en los que voy a incluir el resultado de la ley disciplinaria actual de la Guardia Civil para que tenga usted la información correspondiente, le comentaré dos cuestiones que usted conoce perfectamente. La primera es que el régimen jurídico es distinto y en consecuencia hay determinados comportamientos que son sancionados de forma diferente en lo que se refiere a Policía y Guardia Civil; la segunda, que la conclusión de los datos que le voy a suministrar es positiva en el sentido de lo que usted estaba señalando, es decir no hay un aumento, hay una disminución, sobre en lo que se refiere al año 2009.
Todo lo que lleva de aplicación el nuevo régimen disciplinario de la Guardia Civil genera, como usted verá ahora por las explicaciones que le voy a dar, una disminución en el número de sanciones, lo que significa que hemos eliminado determinados tipos o que hay un comportamiento habitualmente más correcto tanto por los mandos como por los miembros de la Guardia Civil.
Le voy a dar los datos, que básicamente son los que usted tiene, pero se los leo rápidamente. En lo que se refiere a las faltas leves, en una secuencia entre el año 2004 y el primer semestre del año 2008, hemos pasado de 1.091 en 2004 a 1.084 en 2005, 1.061 en 2006, 940 en 2007 y en el primer semestre de 2008 son 239; por tanto tenemos aquí una disminución drástica y que coincide, como verá usted ahora, con la aplicación de la ley disciplinaria. En lo que se refiere a las faltas graves, hay un mantenimiento de la tendencia: 2004, 234; 2005, 217; 2006, 231; 2007, 230; 2008, descenso de nuevo, 118 en lo que se refiere por supuesto al primer semestre. En las muy graves la bajada es absolutamente espectacular: en el año 2004 hubo 62; 2005, 60; 2006, 59; 2007, 82; primer semestre 2008, 26. Hay que tener presente, en primer lugar, que nos estamos refiriendo a valores absolutos, y si consideramos el incremento de efectivos que se ha producido, como usted conoce, en la Guardia Civil en estos años los datos relativos son aún más alentadores.
En todo caso, en las faltas leves, como acabamos de ver, hay una disminución constante, pasando de 1.091, como le acabo de decir, a 940 en 2007, es decir se ha producido un descenso del 13,8 por ciento. En las graves nos encontramos ante una ligera oscilación anual que las sitúan en torno a los 230 anuales. Por lo que respecta a las muy graves se mantienen en las 60 anuales, con un repunte, es cierto, en el año 2007, para volver a descender, como veremos a continuación, en 2008, datos que le voy a suministrar.
Es necesario hacer un comentario aparte de las cifras de este año 2008.
Con la aprobación de la Ley Orgánica 11/2007, reguladora de los derechos y obligaciones de los miembros de la Guardia Civil, y de la Ley Orgánica 12/2007, del régimen disciplinario de la Guardia Civil, se configuró el nuevo marco estatutario de la institución y, en consecuencia, su régimen disciplinario. Ambas leyes, como usted recuerda, entraron en vigor el 23 de enero de 2008, y en virtud del nuevo ordenamiento las sanciones leves han disminuido notablemente, sin que ello haya ido en detrimento de la necesaria disciplina que preside todas las actuaciones de la Guardia Civil y de los excelentes resultados que ha seguido obteniendo. Así, en el año 2008 el número de faltas leves ha sido de 611, es decir un 35 por ciento menos que en el año anterior y un 71,5 por ciento menos que en el año 2004. Las faltas graves, con 225 en el año 2008, se mantienen en el mismo entorno de años precedentes, en tanto que las faltas muy graves han sido 59, es decir el repunte del año 2007 ha sido coyuntural, volviendo al nivel de las 60 faltas muy graves al año que aproximadamente se producen desde el año 2004.
En una primera aproximación podemos apreciar que para un colectivo de 82.000 miembros, aproximadamente, que por su naturaleza y el tipo de cometidos que desarrolla está sujeto a una disciplina que excede necesariamente a la del funcionario público ordinario, el número de sanciones es reducido. Baste mencionar que
las faltas muy graves representan menos del 0,7 por mil, algo que pone de relieve el papel esencial de la asunción de los valores de la Guardia Civil por parte de todos y cada uno de los componentes como el elemento esencial para el excelente funcionamiento de la institución, como usted sabe y comparte. Pero más allá de los aspectos cuantitativos, hay que recordar también la importancia que tienen en ello las modificaciones legales a las que ahora me he referido. Las nuevas exigencias que en materia de seguridad demanda la sociedad española no solo han supuesto un proceso acelerado y constante de modernización de la Guardia Civil, una creciente especialización y una mejor formación y utilización de métodos científicos en la investigación y en la información, también era necesario dotar a la Guardia Civil de un marco regulador interno adaptado a la nueva situación y que por tanto respondiera a la realidad social del cuerpo y a las funciones que hoy tiene encomendadas. Esto es lo que nos han aportado las dos leyes orgánicas, y en particular la de régimen disciplinario, que aúnan las formas de funcionamiento y organización propias de un instituto armado de naturaleza militar con el desempeño eficaz de sus funciones policiales. Quiero recordar que esta ley se inscribe en el marco regulador de la actividad de las administraciones públicas y responde a un modelo rigurosamente garantista tanto en la parte sustantiva del régimen disciplinario como en la parte procesal. Es decir, se ha encontrado el necesario equilibrio entre el ejercicio de la potestad disciplinaria como medio para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios y el respeto a las garantías de los miembros de la institución, garantías que han sido reforzadas en todo el procedimiento disciplinario, incluida la clarificación del inicio del procedimiento o la implantación de un procedimiento simplificado escrito para las faltas leves a diferencia del oral en vigor, como usted conoce, desde el año 1991, aspecto éste que, como han podido apreciar SS.SS., se ha trasladado de inmediato al número de sanciones leves del último año.
En suma, señor Cosidó, señorías, con el nuevo régimen disciplinario se vela por la disciplina necesaria para cumplir los objetivos que tiene encomendados la Guardia Civil al tiempo que se impide toda posibilidad de indefensión y de subjetividad en el régimen disciplinario aplicable a sus miembros.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: De forma brevísima, señora presidenta. No está entre las funciones de la oposición, pero yo moderaría un poco su optimismo en relación con la aplicación de la nueva ley. La disminución de las faltas leves es una constante histórica no en los cuatro o cinco últimos años sino en la última década. Por el contrario, con los datos que me aporta del año 2008, 225 faltas graves y 60 faltas muy graves, percibo que esa disminución no es similar en lo que se refiere a las faltas muy graves, con la consideración de que, como bien conoce el director general, las faltas leves las imponen los mandos inferiores y las faltas graves las imponen los mandos superiores. Yo creo que valoramos todos positivamente que disminuya el número de sanciones disciplinarias porque eso denota un mejor funcionamiento de la institución, yo creo que compartimos el principio de que la aplicación del régimen disciplinario debe tener un carácter excepcional, es decir, que se trata de corregir situaciones límites y debe ser utilizado como último recurso para mejorar el funcionamiento de las unidades, pero, insisto, esta evolución, siendo positiva porque disminuye el número total de sanciones, creo que tiene este matiz que resulta importante.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Yo creo que coincidimos, señor diputado, en el sentido de que ambos estamos contentos en la medida en que disminuyen las faltas leves, han disminuido más drásticamente en los últimos años, y que nos gustaría que disminuyeran más las faltas graves y muy graves. Estamos totalmente de acuerdo, pero ha de tenerse en cuenta, primero, que disminuyen, aunque nos gustaría que disminuyeran más rápidamente, y segundo, que el número de efectivos de la Guardia Civil ha crecido exponencialmente en estos últimos cuatro años y, en consecuencia, también es razonable que se produzca algún tipo de repunte. En todo caso, estoy de acuerdo con usted en que nos gustaría todavía más continuar con un proceso en el que hubiese menos supuestos en los que se hubiera de aplicar el régimen disciplinario.
- RELACIÓN DE MANCOMUNIDADES DE POLICÍAS LOCALES QUE EXISTEN A FECHA ACTUAL. (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/025672). (Número de expediente 181/001411.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 1411. Tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: La Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, de manera un poco sorprendente porque es una ley que trata sobre el desarrollo sostenible del medio rural, incluye una disposición adicional quinta que dice que en los supuestos en los que dos o más municipios limítrofes pertenecientes a una misma comunidad autónoma no dispongan separadamente de recursos suficientes para la prestación de los servicios de policía local, podrán asociarse para la ejecución de las funciones asignadas a dichas policías en esta ley. En todo caso, el acuerdo de colaboración para la prestación de servicios por los cuerpos de policía local
dependientes de los respectivos municipios respetará las condiciones que se determinen por el Ministerio del Interior y contará con la autorización de éste o, en su caso, de la comunidad autónoma correspondiente.
La pregunta es evidente. Entiendo que estamos en un ámbito que sobrepasa claramente sus competencias, que son el mando de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero como a usted el Gobierno lo tiene especializado en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, pues a usted le formulo la pregunta: ¿Ha hecho ya el Ministerio del Interior las disposiciones a que le obliga esta disposición adicional quinta? Y segundo, ¿cuál es el resultado de esta disposición, es decir, qué número de policías locales se han mancomunado hasta la fecha?
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, me tiene usted confuso, por una parte, me dice que no vengo aquí suficiente y, por otra parte, me dice que el Gobierno me tiene especializado en venir a la Comisión; no sé con qué parte quedarme, pero, en todo caso, yo creo que es una licencia y como tal la tomo.
Voy a intentar responderle a esta pregunta, y, por supuesto, le suministro toda la información de que disponemos. Primera afirmación, no se tiene constancia hasta esta fecha de que se haya constituido ninguna mancomunidad en esta materia. Este es un dato que conocemos ambos y, por tanto, se lo ratifico. La posibilidad de asociarse dos o más municipios limítrofes de una misma comunidad autónoma para la prestación de los servicios de policía local fue establecida en la ley orgánica que usted ha referido -y ha leído el artículo correspondiente-, la Ley Orgánica 16/2007, de 13 de diciembre, complementaria de la Ley para el desarrollo sostenible del medio rural, que añade, como usted muy bien ha señalado, una disposición adicional quinta a la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las mancomunidades de municipios como institución del derecho administrativo concebida para poner en común recursos económicos y medios humanos y técnicos entre corporaciones locales, puede ser, y así lo establece esta ley orgánica, un instrumento de gran utilidad, por la economía de escala que representa, para dotar de un mejor servicio a los ciudadanos en el ámbito de mayor proximidad a ellos como es el local. Por esta razón se ha promovido su aplicación en materia policial.
Debido tanto a la reciente regulación normativa como a las dificultades inherentes a la constitución formal de las mancomunidades, todavía no se han llegado a constituir en ninguna corporación, si bien se está estudiando esta posibilidad en algunos ayuntamientos con la creación de figuras intermedias que permiten la coordinación entre policías locales y también, especialmente, en algunos municipios limítrofes. Se han suscrito acuerdos de colaboración entre las respectivas corporaciones en esta materia, aunque sin alcanzar el rango de mancomunidad. Esta es la información de la que disponemos hasta el momento.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Le aclaro su confusión. Usted, a nuestro criterio, viene poco y el Gobierno, menos, es decir, que cuando tiene obligación de venir, le mandan a usted porque ni el secretario de Estado ni el ministro han venido a contestar este tipo de preguntas. Y coincidirá conmigo en que este área escapa de sus competencias, lo que he querido poner de manifiesto en mi introducción.
Segundo, coincidirá también conmigo el director general en que es un éxito la reforma, es decir, estamos hablando de diciembre del año 2007, estamos en mayo de 2009 y usted me reconoce que ni una. No sé si le he entendido mal, pero esta ley obliga al Gobierno a establecer las condiciones en las que se producirán estas mancomunidades o mancomunizaciones de policía local. La pregunta es: ¿ha hecho el Gobierno los deberes, es decir, ha establecido ya las condiciones? Y si es así, en qué rango y dónde.
Por último, en la primera comparecencia que tuvo el ministro del Interior, para informar sobre las líneas generales de su departamento, nos habló de una reforma parcial de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que afectaba además -el ministro insistía mucho en ello- a las limitaciones de esta reforma, porque no quería tocar el modelo pero sí que quería tocar determinados aspectos relacionados con las policías locales. Mi pregunta es: ¿Tiene usted conocimiento de que alguien en el Ministerio del Interior esté trabajando en esa reforma y tienen alguna idea de cómo solucionar los problemas que hoy nos encontramos en el funcionamiento de las policías locales en su heterogeneidad, en su participación en la política de prevención de seguridad ciudadana o en su controvertido carácter de policía judicial en algunos supuestos?
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra para cerrar este turno el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, sin ocultar los datos concretos en relación con la modificación de la ley orgánica, que, efectivamente, no hay ninguna, me referiré a varias cuestiones. La primera, que el ministerio está trabajando en la materia, está trabajando con el asesoramiento de la Federación Española de Municipios y Provincias, que fue, de alguna manera, la demandante de esta situación en relación con los municipios pequeños, y, en consecuencia, esperamos que en los próximos meses tengamos algún tipo de adelanto en esta materia. Hay que tener en cuenta que se trata de municipios muy pequeñitos, hay que tener en
cuenta que la voluntad política de estos municipios algunas veces no es manifestada de una forma muy clara y hay que tener en cuenta que es una figura nueva también en nuestro derecho y que además, como usted conoce, hay numerosas sentencias del Tribunal Constitucional en relación con la competencia de las comunidades autónomas y las corporaciones locales relacionadas con las policías locales. En virtud de ello, no se trata de una tarea fácil, pero, en todo caso, tenga usted conciencia de que el ministerio está trabajando en la materia.
En relación con el segundo aspecto al que usted se refiere, han de distinguirse dos cuestiones distintas. Primero, que la posibilidad de llegar a acuerdos con municipios concretos en lo que se refiere al acceso a determinado tipo de datos o bases de datos de la Policía Nacional o de la Guardia Civil por parte de policías locales es ya una realidad, como usted conoce, desde hace tiempo y se incrementa sucesivamente el número de municipios que trabajan de forma coordinada con la Policía y la Guardia Civil. De hecho, hemos elaborado de común acuerdo un convenio general con la Federación Española de Municipios y Provincias, al que posteriormente deberán seguir aquellos convenios concretos que los municipios quieran establecer en relación con determinadas actuaciones en coordinación con la Policía y la Guardia Civil. En ello estamos, pero, como usted conoce, esto es siempre a demanda de determinados municipios, y en algunos casos nosotros también los incentivamos si tenemos especial voluntad.
En relación con el último tema que usted planteaba, que se refiere a las modificaciones de la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, le diré que en el ministerio y en la dirección general trabajamos en la materia en este momento, que incluso algunos de los aspectos son susceptibles de acuerdo con las organizaciones sindicales, asunto en el que nos encontramos en este momento, y que muy probablemente a finales del mes de junio lleguemos a algún tipo de arreglo con las organizaciones sindicales en el sentido de trabajar con mayor profundidad y celeridad en la modificación de algunos de estos aspectos, al menos ésa es la intención del ministerio.
- NÚMERO DE ALUMNOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE POLICÍAS DE ÁVILA SOMETIDOS A UN TEST DE DROGA, ASÍ COMO QUE DIERON POSITIVO EN EL MISMO, EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES. (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/030072). (Número de expediente 181/001412.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 1412. Tiene la palabra el señor diputado.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: El origen o la motivación de esta pregunta sobre el número de alumnos que habían dado positivo en un test de droga en el centro de formación de la Policía Nacional en Ávila tuvo su origen en una noticia que apareció en medios de comunicación, en la que se decía que uno de cada cinco alumnos había dado positivo, lo cual, sinceramente, generó preocupación. En este caso, su respuesta ha tenido un efecto tranquilizador en el sentido de que se afirma que, de 636 tests realizados, se produjeron 11 casos positivos, que entiendo que es un dato mucho más razonable que el anterior. En todo caso, siendo mucho menor, es verdad que detecta que hay un problema, y en ese sentido me gustaría que el director general nos pudiera explicar, una vez que se detecta que un alumno de un centro de formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado consume droga, cuáles son las medidas que se adoptan por parte de la dirección general respecto a este alumno.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, tiene usted los datos. Coincido con usted en el planteamiento y en su valoración. Como puede apreciarse, los casos positivos son muy escasos, afortunadamente para todos, tanto respecto al número de alumnos que han pasado las pruebas como respecto a los 2.762 alumnos que componen la promoción a la que nos estamos refiriendo; los casos positivos representan solamente el 0,5 por ciento. El nivel de profesionalidad, de dedicación y de comportamiento regular por parte de los ciudadanos aspirantes al Cuerpo Nacional de Policía es absolutamente positivo.
Le preocupa a usted qué hacemos a continuación, y se lo voy a explicar. En los supuestos en que se detecta consumo de estupefacientes se incoa al alumno el correspondiente expediente disciplinario por falta muy grave, de acuerdo con lo dispuesto en el reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía, orden de 19 de octubre de 1981, que puede suponer una sanción de baja en la escuela, pérdida del curso o pérdida de quince a veinticinco puntos en las calificaciones obtenidas al final del mismo.
Quiero resaltar que, en cualquier caso, si se acredita la toxicomanía se incurre en causa de exclusión que implica la baja automática del proceso selectivo, es decir, en esos supuestos, que son escasos, son pequeños, en el caso en que se detecten, se incoa el expediente disciplinario y la sanción es por falta muy grave.
La señora PRESIDENTA: Si quiere, puede hacer un turno de réplica en esta pregunta, señor diputado.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Sí, de forma muy breve, señora presidenta.
Dentro del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, ¿por falta muy grave es de aplicación la baja en el centro de formación? Es decir, por ser concreto en mi pregunta: De los once casos detectados, ¿se ha producido la baja de alguno de ellos en el centro de formación? Porque yo creo que ahí puede haber, si me lo permite, cierta laguna jurídica en relación con la aplicación directa del régimen disciplinario en el caso de los alumnos. Esa es una duda que me surge.
En todo caso, tenemos la mala fortuna -y usted coincidirá conmigo en que no es un dato positivo- de una reducción muy importante en el número de plazas convocadas para los centros de formación. Las limitaciones de capacidad del centro, en concreto, del Cuerpo Nacional de Policía en Ávila obligaron a una cierta masificación del mismo y, lo que es más preocupante, a acortar los períodos de formación presencial. Dado que la situación económica obliga a una reducción significativa del número de candidatos o del número de alumnos, cosa que sabe que mi grupo no comparte, quizás fuera el momento de replantearse que volvamos a un período de mayor presencia en el centro de formación, porque yo creo que ambos compartimos que la formación básica del policía es fundamental para mejorar la calidad del personal que va a estar prestando servicio en las calles. Quería aprovechar esta situación que se ha producido con el tema del control de drogas, que yo animo incluso, director general, a intensificar porque sabe que el consumo de droga en el servicio o el consumo habitual de droga en ambos regímenes disciplinarios está considerado falta muy grave. Es muy importante que el Gobierno efectúe estos tests con carácter preventivo lo más generalizadamente posible para evitar que después podamos tener casos que obliguen a sanciones disciplinarias.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, primera cuestión importante, los alumnos no son policías, y como no son policías no se les aplica el régimen disciplinario; se les aplica -.yo se lo he leído- el reglamento provisional de la Escuela Superior de Policía, y este reglamento provisional, el reglamento de una institución para los alumnos, califica como faltas muy graves el consumo o la toxicomanía. Para su tranquilidad, de los once casos, o han sido personas que han sido expulsadas o han renunciado, ninguno de ellos ha permanecido.
Segunda cuestión que usted plantea y en la que, lamentablemente, la Administración en este caso se ha adelantado, la permanencia en la escuela y por tanto no utilizar masivamente los períodos de práctica o los períodos de formación virtual, como hemos hecho en estos cuatro últimos años, está relacionado, obviamente, con el número de personas, con las cohortes que formaban parte de la oferta de empleo público. Al disminuir la oferta, especialmente en este año 2009, el período de formación volverá a ser superior a nueve meses, por tanto, se incrementa también porque caben, a pesar de que hemos multiplicado, como usted conoce perfectamente, la capacidad de la escuela con fuertes inversiones o incluso introduciendo en las habitaciones más personas para que tengan la cabida correspondiente.
Y en último lugar, nos agrada mucho que usted comparta que haya un gran número de personas en el ámbito de la policía; solo lamentamos que hubiera una serie de años, durante el Gobierno del Partido Popular, donde esto no pudieran ustedes hacerlo.
- NÚMERO DE COMPONENTES DE ORGANIZACIONES DEDICADAS AL CRIMEN ORGANIZADO DETENIDOS EN NUESTRO PAÍS EN EL AÑO 2007. (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/044224). (Número de expediente 181/001423.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, que es la número 1423. Tiene la palabra el señor diputado.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Es una pregunta sobre el número de detenidos dentro del crimen organizado. Ya le adelanto que es evidente que tenemos todos acceso al informe anual de Europol sobre crimen organizado, sobre el que después me gustaría hacer alguna reflexión que seguro que compartimos, pero sería de mucho interés que el ministerio, si no pudiera hacerlo público porque tuviera algún tipo de información que no conviniese, al menos que a esta Comisión le pudiera hacer llegar el informe anual que al efecto elabora el CICO, porque igual que Europol hace público su informe, quizás fuera también interesante que pudiéramos conocer el informe anual elaborado por el Ministerio del Interior.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, voy a intentar responderle con los datos de que disponemos en este momento en relación con los diversos aspectos de la lucha contra el crimen organizado. No revelamos especialmente ningún secreto porque lo que se detecta, y se viene detectando en los diez o quince últimos años, es el incremento de bandas organizadas, esto es algo que concierne a España y que concierne a todos los países europeos, y casi diría que es casi un requisito de la globalización. Está ocurriendo que no solo aumentan los delitos por crimen organizado, sino que el número de grupos se incrementa y que además son polinacionales,
es decir, que son personas procedentes de diversas nacionalidades.
La criminalidad organizada constituye uno de los grandes retos a los que en materia de seguridad se enfrentan todas las sociedades democráticas y, junto con el terrorismo, representa la mayor amenaza. Como usted conoce, es un fenómeno creciente, de extremada gravedad y que no puede abordarse de manera eficaz o independientemente por parte de cada uno de los Estados, de manera aislada. Forman a menudo grupos transnacionales con estructura jerarquizada y gran movilidad geográfica, dotados de medios técnicos y financieros altamente sofisticados y cuya actividad puede generar redes de intereses ilegales capaces de afectar en ocasiones a la vida económica y al tejido de la propia sociedad, como usted conoce. En suma, nos enfrentamos a un problema global de graves repercusiones y que, en consecuencia, debe ser abordado de manera global.
Por eso, en el Plan Estratégico 2009-2012 de la dirección general la lucha contra el crimen organizado constituye un eje de actuación prioritario, cuyos objetivos se centran en identificar y desarticular a los grupos de delincuencia organizada, en particular en materia de narcotráfico, blanqueo de capitales y delincuencia económica, delitos telemáticos o de carácter violento. En este sentido, se han incrementado las unidades especializadas y los efectivos destinados en ellas, duplicando los actuales GRECO y ECO, de manera que los recursos humanos disponibles en la lucha contra el crimen organizado han pasado de 3.491 en el año 2003 a 6.032 en el año 2008, lo que representa un incremento del 72,8 por ciento. Asimismo, se han incrementado medios y recursos para dotar a policías y guardias civiles de formación en metodologías y técnicas operativas contra las formas emergentes del crimen organizado, aspecto éste que por su naturaleza exige una permanente actualización. Y por último, aunque no por ello de menor importancia, hay que destacar el papel absolutamente primordial de la cooperación internacional, en la que España ocupa una posición, como usted conoce, cada vez más destacada.
Consecuencia de todo ello es la detención por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el año 2007 de 5.025 componentes de organizaciones criminales, cifra que en el año 2008 asciende a 5.767, es decir, casi un 15 por ciento más que en el año anterior, en tanto que el número de grupos desarticulados total o parcialmente ha pasado de 415 a 467. En definitiva, el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Policía, está poniendo a disposición de Policía y Guardia Civil los medios necesarios para combatir uno de los fenómenos que mayor inseguridad crea en la sociedad actual y, por su parte, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están respondiendo a este reto, como lo demuestra el progresivo avance en el número de grupos desarticulados y de detenidos, y, por tanto, con un alto grado de eficacia.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Primero, si este informe no es secreto, yo le agradecía que me lo hiciera llegar. En todo caso, lo pediré por el mecanismo reglamentario correspondiente, pero ya le manifiesto que sería para mi grupo de gran interés poder disponer de él. Segundo, cuando usted se refiere a estas cifras de aumento de efectivos, ¿se está refiriendo a un aumento de catálogo o a un aumento de los efectivos reales destinados en las unidades? Nuevamente, lo preguntaré por el conducto reglamentario, pero en las modificaciones de catálogo de la Cecir que el Gobierno me ha ido enviando le digo con sinceridad, a falta de explicación, que a mí no me cuadran exactamente los números. Tercero, transmita la felicitación, y quiero que conste en acta, de mi grupo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por la eficacia que están demostrando en la lucha contra este tipo de terrorismo, por el aumento de detenidos y de grupos desarticulados. Cuarto, yo creo que deberíamos revisar la estrategia en la lucha contra el crimen organizado y lo creo por dos motivos, en primer lugar, porque usted mismo ha reconocido en su primera intervención que estamos asistiendo a un aumento, que ciertamente viene de más atrás, que no es exclusivamente de estos últimos años, pero que en todo caso ha seguido produciéndose en los últimos años en la presencia de grupos de crimen organizado en nuestro país; en segundo lugar, porque siendo verdad que en el caso de la crisis económica estamos ante un problema europeo y ante un problema global, que no es un problema específicamente español, como usted puede ver en el informe de Europol, tenemos un problema especialmente grave en el caso español, al menos en dos ámbitos que son dos actividades principales del crimen organizado: en narcotráfico y en inmigración ilegal. En narcotráfico las razones son complejas: proximidad a África y de alguna manera vinculación al mundo iberoamericano, pero es evidente que España es la principal puerta de entrada de droga, de cocaína y de hachís particularmente, para su distribución en todo el resto de la Unión Europea. En materia de inmigración ilegal, sabe también el director general que, nuevamente por nuestra proximidad a África, España es el principal receptor de todo el continente europeo. Podemos resignarnos a asumir esta realidad como algo inevitable o podemos pensar qué podemos hacer, primero, para invertir esta tendencia constante de incremento de criminalidad organizada en nuestro país, cada vez más violenta además, que utiliza España no solamente como plataforma sino como campo de actuación, y, en segundo lugar, para conseguir que España deje de ser la puerta de entrada de droga para el resto de la Unión Europea y la puerta de entrada de inmigración ilegal en muchos casos también para quedarse aquí o, en otras ocasiones, para moverse libremente por la Unión Europea. Se lo digo en el tono más constructivo. Creo que sería bueno que hiciéramos
una reflexión, en la cual mi grupo estaría encantado de colaborar, sobre cómo podemos hacer frente a este fenómeno que supone una amenaza tan seria para nuestra seguridad interior.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra de nuevo el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Estoy básicamente de acuerdo en la reflexión de carácter general y esto es algo que nos preocupa en las reuniones internacionales. Usted ha citado Europol y alguno de sus informes, pero también es motivo de debate continuo con las autoridades italianas, francesas, marroquíes, portuguesas, etcétera, con las que tenemos una relación más inmediata, o con Alemania, cuyos representantes han estado aquí estos días y vuelven la semana que viene. Primero, las relaciones son fluidas y constantes; segundo, lo que está haciendo el Gobierno en relación con este tema es incrementar el número de efectivos, y le voy a leer algún dato. En general hablamos siempre de catálogo, comparamos siempre números de catálogo en un determinado momento, en un año respecto a otro. Como usted conoce, la cobertura de lo catálogos es un poco distinta en las diversas provincias españolas, pero en este tipo de unidades los catálogos están prácticamente llenos, porque se trata de unidades bastante de élite, de una investigación muy continua y son unidades de gran prestigio dentro de la Policía judicial española.
Usted se ha referido específicamente al narcotráfico y a la lucha contra la inmigración ilegal de la Comisaría de Extranjería. Los hemos incrementado fuertemente, y si usted va a hacer otra pregunta en un momento determinado, le suministraremos los datos, por supuesto, pero me gustaría destacar la última cuestión que usted ha señalado: qué hace el Gobierno o cómo vamos a reflexionar de forma conjunta hacia el futuro. Yo le diré que, por ejemplo, de los 668 grupos conocidos en el año 2008, hemos desarticulado ya 467 y estamos en investigación prácticamente en 300. Quiere decir que nuestro grado de acercamiento para romper, destruir y encarcelar en su caso a los miembros de estos grupos es altísimo, nuestro grado de eficacia es muy alto y yo creo que todos tenemos que estar orgullosos del sinfín de noticias que aparecen todos los días en los medios de comunicación relativas a la desarticulación de estos grupos organizados.
En concreto le diré que mientras que en el año 2007 el número de detenidos de estos grupos fue de 5.025, en el año 2008 ha sido de 5.767, con un incremento del 14,77 por ciento. Le diré que además no se trata de grupos solo formados por extranjeros o por españoles, sino que, por ejemplo, de estos 668 grupos detectados, 464 son mixtos, es decir con personas de nacionalidad española o de otra nacionalidad; formados solo por extranjeros, 114 y por españoles, 90. Estamos yo creo que con un grado de eficacia alto, lo que no quita buena parte de su reflexión, es decir, cuantos más efectivos destaquemos en esta actuación, cuanto mayor número de medios y de personas destinemos a este importante problema del narcotráfico y de la inmigración ilegal, probablemente obtendremos un mayor grado de eficacia, que es lo que todos pretendemos.
- SITUACIÓN DEL SERVICIO DE CRIMINALÍSTICA DE LA GUARDIA CIVIL EN RELACIÓN CON LOS PERITAJES RELACIONADOS CON DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/048834). (Número de expediente 181/001426.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, pregunta número 1426. Tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Señor director, usted sabe mejor que yo que tenemos un problema en los laboratorios del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil y de la Comisaría de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía porque no dan abasto, lamentablemente, en el número de peritajes y de informes que tienen que elevar. Una reciente información parlamentaria que ustedes me remitían hablaba de 14.524 informes pendientes en el caso del Cuerpo Nacional de Policía y de 11.677 en el caso de Guardia Civil, no sé si actualmente serán más o serán menos.
En el caso de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial, la decisión ha sido drástica, ha sido decirles a los órganos judiciales que no van a hacer más peritajes de este tipo, con alguna muy rara excepcionalidad -me hablaba de siete casos en el año 2008-. Es una solución, pero no sé si es la mejor y si es algo que podamos extrapolar a otro tipo de delitos, simplemente comunicar a los órganos judiciales que busquen otro tipo de peritajes porque las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no los van a hacer más.
Ustedes tenían en el programa electoral la idea de crear algo, no recuerdo exactamente, seguro que lo sabe usted mejor que yo, una agencia de Policía científica o algo por el estilo. Me gustaría saber cuáles son las medidas, más allá de no hacer informes, que está adoptando el Gobierno para acabar con este atasco tan importante que hay en los laboratorios de Policía y de Guardia Civil.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, la pregunta en concreto se refiere, creo recordar, a las cuestiones de propiedad intelectual e industrial.
Usted se ha referido en su intervención en general a las cuestiones de Policía científica. Yo le puedo responder a ambas. Le respondo primero a las cuestiones de propiedad intelectual e industrial.
Desde el año 2003 se ha producido un incremento de peticiones de informes periciales sobre este tipo de delitos como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 15/2003, que reforma, entre otros, algunos aspectos del Código Penal en materia de protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial. En función del tipo de materiales que deben ser analizados, los departamentos de grafística y de electrónica e informática de la Guardia Civil se hacen cargo de realizar las pruebas periciales oportunas. Durante los años 2008 y 2009, a fecha 22 de mayo, el Servicio de Criminalística ha cerrado ocho informes policiales, quedando pendientes de realizar seis en esta misma fecha.
El Servicio de Criminalística tiene establecido un orden de prioridad para evacuar informes periciales en función de la naturaleza y gravedad de los delitos. Así, en primer lugar figuran los relativos al terrorismo, seguidos de asesinatos, homicidios, agresiones sexuales y violencia de género, así como otros de especial trascendencia o repercusión social.
Por otra parte, los peritajes relacionados con la propiedad intelectual e industrial pueden ser asumidos y realizados con enteras garantías por peritos de los colegios profesionales, cuyas listas son actualizadas anualmente por los tribunales superiores de Justicia de acuerdo con el protocolo de actuación del servicio común procesal para la asignación de peritos judiciales, aprobado por el pleno del Consejo General del Poder Judicial el 9 de febrero de 2005. Asimismo, el Ministerio de Cultura dispone de una lista oficial de peritos independientes que pueden asumir también las pericias referentes a la propiedad intelectual e industrial.
Así pues, para mantener el orden de prioridades periciales ya mencionado, cuya trascendencia tanto para la seguridad pública como para los procedimientos penales es manifiesta, y procurar al mismo tiempo la mayor agilidad con todas las garantías procesales en la realización de este tipo de pruebas periciales, se propone al juzgado que estos informes sean evacuados por los peritos a los que me acabo de referir. En cualquier caso, cuando esto no es posible, nunca dejan de atenderse las peticiones de aquellos casos en los que expresamente así se indica por parte de los tribunales. Estamos hablando de los peritajes, como usted había preguntado, de la Guardia Civil relacionados con delitos contra la propiedad intelectual e industrial.
Luego usted se ha referido a la Policía científica y aquí debo señalar dos cuestiones. Una es el orgullo que este director general, el Ministerio del Interior y yo creo que España entera tienen por la resolución del lamentable accidente que hubo en España el pasado mes de agosto en Madrid en relación con los 152 fallecidos, creo recordar, de los que España en ocho días consiguió hacer la identificación por ADN, elemento este el más sofisticado por parte de la Policía científica de cualquiera de los países. Este es un aspecto distinto en el que también le diré que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil están muy orgullosos del nuevo edificio de la Comisaría General de Policía Científica, adonde por supuesto, presidenta, quedan invitados todos los miembros de esta Comisión para que puedan visitarlo, en el sentido de que muy probablemente en este momento son las instalaciones más avanzadas del mundo en relación con la Policía, y también las tiene la Guardia Civil, pero el edificio de la Policía acabamos de inaugurarlo. Quiero decir con ello que el ministerio camina en el proceso de sustanciar cada vez más rápidamente los procedimientos relacionados con la Policía científica y en particular con las huellas dactilares o los elementos relacionados con los estudios, que son prácticamente estudios porque son los primeros que se hacen en el mundo, de la entomología forense y algunas otras cuestiones, sobre todo en lo que se refiere a los laboratorios de ADN. Vamos caminando en el cumplimiento del programa electoral del partido en el Gobierno en el sentido sobre todo de lograr que no por falta de medios no consigamos descubrir y acelerar el esclarecimiento de los delitos que se cometen.
La señora PRESIDENTA: Señor director general, por supuesto, queda recogida en el "Diario de Sesiones" su invitación, que sin duda, si podemos, haremos efectiva. De nuevo tiene la palabra el señor Cosidó.
El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Primero, aceptamos encantados la invitación por parte de mi grupo, a la espera de que la presidenta pueda concretar con el ministerio la fecha que pueda ser oportuna.
En segundo lugar, tenemos un problema, aunque usted no lo quiera reconocer, que es una saturación en el número de casos pendientes por parte de los laboratorios. Los peritajes a los que nos hemos referido contra la propiedad intelectual también son elaborados por los laboratorios en los servicios correspondientes, ya sean de informática o ya sean de caligrafía, en función de lo que nos ocupe, y ahí lo que tenemos es un problema de medios; por tanto, el edificio, a falta de conocerlo, será espléndido y los medios serán estupendos, pero quizás el elemento más crítico que tengamos ahora mismo para poder poner al día el atasco de informes pendientes que mantienen ambos cuerpos será una cuestión también relacionada con el personal, que tiene su complejidad porque es personal muy altamente especializado y, por tanto, cubrir ese tipo de vacantes no resulta fácil.
Tercero, yo tengo serias dudas sobre su compromiso electoral. Usted nos dice que es aumentar los medios, que compartimos al cien por cien, pero ustedes hablaban -o yo interpretaba, usted me corregirá- de una idea de unificación de laboratorios. A mí me parece que es un terreno en el que debemos movernos con mucha prudencia, y en la medida en que tengamos servicios de Policía judicial diferenciados en ambos cuerpos, con esa
cercanía entre el laboratorio y su correspondiente servicio de Policia judicial, creo que la centralización no aporta necesariamente un valor añadido. Muchas veces la centralización genera otros problemas, a veces más graves de los que soluciona. Por eso le preguntaba, porque tenía cierto interés en que me detallara si el ministerio ha dado algún paso en esa idea que ustedes tenían ya desde el programa del año 2004, no solamente en el año 2008, en que lo reiteran, de creación de una especie de agencia que de alguna manera viniera a unificar. Tengo información también un poco confusa, de que en realidad no se trata de unificar laboratorios sino de unificar un poco la dirección. Le pregunto si usted nos puede dar alguna pista, en el bien entendido de que es una cuestión que solo muy colateralmente tiene que ver con la pregunta concreta que le formulaba sobre el número de peritajes relacionados con la propiedad intelectual e industrial.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA Y DE LA GUARDIA CIVIL (Velázquez López): Señor Cosidó, como usted ha señalado, saca algunos temas no previstos, pero en todo caso le daré la información de la que dispongo en este momento. Me refiero a un apunte anterior. Como muchas de las actuaciones que la Administración pública puede llevar a cabo, se pueden realizar directamente por medio de funcionarios públicos o, con relación a lo que usted se está refiriendo, los laboratorios de ADN, se pueden realizar también en colaboración con determinadas universidades, como es el caso y como es conocido desde hace años por parte de la Guardia Civil.
En el caso de la Policía, se realizan más bien directamente. Los resultados son espléndidos en ambos supuestos.
Usted ha señalado que hay un atasco. No es tal, pero sí es verdad que hay una demanda de personal de ambos servicios. En este momento creo recordar que en lo que se refiere a la Comisaría General de Policía Científica, estamos hablando de casi 2.000 personas repartidas por todo el territorio nacional; en el caso de la Guardia Civil estamos hablando quizá de menos -no tengo los datos aquí en este momento-. Sí le digo que, uno, constituye una prioridad grande para la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil y constituye una prioridad que se realice una adecuada coordinación entre ambos servicios, Criminalística y Policía científica. Y quiero decirle algo que nos debe de llenar, antes dije de orgullo, ahora diré de satisfacción a todos. En el caso del accidente del avión de Spanair trabajaron tanto la Guardia Civil como la Policía y trabajaron muy rápidamente y muy bien. Esta es un poco la línea por la que queremos ir en el futuro, la de la colaboración de ambos servicios.
En lo que se refiere al programa electoral, no se habla de una agencia, se habla de un servicio nacional de Policía científica, cuya instrumentación se está decantando cada vez más desde el punto de vista de lo que yo le estoy señalando, es decir de la capacidad de resolver temas de forma conjunta en los momentos en que se considere adecuado, necesario y conveniente.
La señora PRESIDENTA: Con esta intervención hemos concluido el orden del día.
Quiero agradecer al director general de la Policía y de la Guardia Civil su presencia de nuevo hoy aquí, con el orden del día que hemos establecido en esta Mesa de manera democrática, como es lógico, y quiero agradecer también la presencia de los diputados que nos acompañan hasta el final de esta larga sesión.