Source: http://aele.com/node/11569
Timestamp: 2019-12-09 22:05:57
Document Index: 156359767

Matched Legal Cases: ['artículo 12', 'artículo 19', 'artículo 170', 'artículo 28', 'artículo 52', 'artículo 27']

19.09.05 | AELE
Publican “Convención Colectiva de Trabajo - Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2019 - 2020” (05.09.19) (37)
Por R. M. Nº 212-2019-TR, se dispone publicar el documento denominado “Convención Colectiva de Trabajo - Acta Final de Negociación Colectiva en Construcción Civil 2019 - 2020”, suscrito el pasado 22 de julio de 2019, entre la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) y la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP). Dicha acta tendrá vigencia por un año a partir del 1 de junio de 2019.
A continuación, resumimos sus principales alcances:
A favor de todos los trabajadores en construcción civil del ámbito nacional que laboren en obras de construcción civil públicas o privadas, con excepción de lo dispuesto en el artículo 12° del Dec. Leg. Nº 727.
Incremento de remuneración, sobre el jornal básico
OPERARIO: S/ 3.10 soles
OFICIAL : S/ 1.70 soles
PEÓN : S/ 1.60 soles
Bonificación por movilidad
Por día efectivamente laborado de lunes a sábado: S/ 8.00.
Por los domingos y feriados efectivamente trabajados: S/ 5.00.
* Esta bonificación no se otorgará a los trabajadores que residan en campamentos, ni a aquellos trabajadores cuyas empresas le proporcionan directamente transporte al inicio y/o al término de la jornada diaria o semanal de trabajo.
Asimismo, esta bonificación no será computable para el pago de ningún beneficio social, de acuerdo al artículo 19° del Dec. Leg. N° 650, salvo el Impuesto a la Renta.
Capacitación técnica y certificación
Las partes se comprometen:
* Coordinar con SENCICO y el MTPE, acciones de capacitación técnica y certificación a favor de los trabajadores del gremio de construcción civil.
* Gestionar ante los Ministerios de Trabajo y Educación a fin que el INSTITUTO CAPECO y el CONAFOVICER, sean autorizados como entidades certificadoras.
Elevar el monto de la bonificación por altitud de S/ 2.00 a S/ 2.50 por día efectivamente laborado, a todos los trabajadores que presten servicios en obras o centros de trabajos ubicados a partir de los 3 mil metros sobre el nivel del mar.
Monto que no será computable para el cálculo de los beneficios sociales.
Aprueban directiva para selección de casos en defensa de intereses colectivos o difusos por conductas de competencia desleal (05.09.19) (56)
Mediante R. P. D. I. N° 130-2019-INDECOPI/COD se aprueba la Directiva para la selección de casos en defensa de intereses colectivos o difusos por conductas de competencia desleal.
CÓDIGO TRIBUTARIO: Corte Suprema define los alcances de la duplicidad de criterio para efectos de la inaplicación de intereses y sanciones tributarias
En la sentencia de Casación N° 2256-2015-Lima, la Corte Suprema resuelve una controversia que gira en torno a determinar si se produjo una duplicidad de criterio respecto a la clasificación arancelaria que la Administración Tributaria reconoció a los productos denominados “focos ahorrativos”, y si como consecuencia de ello, correspondía la aplicación del numeral 2) del artículo 170° del Código Tributario, que actualmente establece que “no procede la aplicación de intereses, la actualización en función al Índice de Precios al Consumidor de corresponder, ni la aplicación de sanciones si: (…) 2) La Administración Tributaria haya tenido duplicidad de criterio en la aplicación de la norma y sólo respecto de los hechos producidos, mientras el criterio anterior estuvo vigente.”
Al respecto, detalló que “se produce duplicidad de criterio cuando la Administración Tributaria asume posiciones interpretativas distintas para la aplicación de un mismo dispositivo normativo, vale decir, la autoridad administrativa acoge una primera interpretación a la norma y, posteriormente, la cambia para otorgarle un sentido distinto”.
Señaló que “sobre la forma que deben adoptar los criterios aprobados por la Administración Tributaria, estos bien pueden haberse manifestado o aplicado, expresa o tácitamente, mediante resoluciones de carácter general, directivas o circulares públicas; asimismo, avisos en periódicos, esquelas, respuestas a consultas gremiales, incluso reiterada y manifiesta práctica administrativa contenida en instructivos, entre otros, o para casos particulares, lo señalado o resuelto expresamente en resoluciones de la administración, que indujeron la actuación del deudor tributario”.
Además, indicó que existen dos formas por las cuales la Administración Tributaria fija un criterio interpretativo: (i) mediante el procedimiento formal: elaboración y emisión de una resolución de carácter general que establezca la posición de la SUNAT sobre la aplicación de alguna disposición; y, (ii) en pronunciamientos concretos en el trato directo que mantiene con los administrados (si bien no plasma su posición interpretativa con efectos generales, lo hace en actuaciones que resuelven situaciones particulares de las que es posible extraer una regla que revela el criterio asumido, la que puede ser utilizada en casos similares).
De este modo, la Corte Suprema determinó que, en relación a la clasificación arancelaria de mercancías, la norma invocada se aplica cuando, en un primer momento, la SUNAT otorga a un determinado producto una clasificación arancelaria y, posteriormente, opina que le corresponde una clasificación distinta, en cuyo caso las actuaciones realizadas por el agente de comercio exterior conforme al criterio anterior no resultarían sancionables.
Respecto al caso concreto, la Corte Suprema observó que la SUNAT había reconoció que resultaba válida la asignación arancelaria que un importador otorgó al producto comercial ‘lámpara ahorradora’, lo que se verificó cuando transitó por revisión documentaria sin que la autoridad administrativa hiciera observación alguna respecto a que dicha clasificación resultaba errónea. A partir de este criterio, el importador tramitó la importación del mismo tipo de producto, con la denominación ‘foco ahorrativo’, asignándole la misma subpartida arancelaria reconocida. Para la Corte Suprema, la empresa demandada actuó amparada en la vigencia del criterio asumido por la SUNAT para un caso concreto similar anterior. Sin embargo, dicha entidad determinó que al mencionado producto le correspondía otra clasificación, criterio que adoptó a partir de su labor de fiscalización posterior.
Por ello, la Corte Suprema concluyó que en el caso materia de análisis se produjo la figura de duplicidad de criterio.
Incumplimiento de brindar información y capacitación respecto de los riesgos existentes en las funciones desarrolladas en el puesto de trabajo.
Mediante R. I. N° N° 123-2019-SUNAFIL/ILM, de fecha 26 de febrero de 2019, la Intendencia de Fiscalización Laboral de Lima Metropolitana de la SUNAFIL analizó si el accidente de trabajo sufrido por una trabajadora de una entidad municipal (en adelante “la empresa inspeccionada”), responde a la falta de capacitación respecto a los riesgos inherentes a las funciones desarrolladas en el puesto de trabajo. Máxime si a la fecha del accidente, la empresa inspeccionada no contaba con la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos.
Según el acta de infracción que sustenta la sanción pecuniaria, la empresa inspeccionada incumplió las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, al no capacitar a la trabajadora sobre los peligros y riesgos existentes en el desempeño de las labores, barrido de calles, y no contar con la identificación de los peligros y la evaluación de riesgos, lo que contribuyó al accidente de trabajo, pues la trabajadora afectada al intentar alcanzar el recolector de basura, tropieza accidentalmente con el capacho (cilindro donde se deposita la basura), cayéndole encima de su pierna izquierda, causándole desgarro de menisco interno y pequeño quiste parameniscal posterior.
La autoridad administrativa señaló que el informe “Registro de entrenamiento” de fecha anterior a la ocurrencia del accidente, que incluye en su contenido “fijarse en las calles y avenidas que tenga que cruzar”, “manejo correcto del capacho”, etc., no constituye prueba suficiente ni genera certeza que la trabajadora afectada haya recibido formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, toda vez que no se advierte en él su firma.
Esto conllevó a que la referida Intendencia imponga una multa por la comisión de la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, por vulnerar el artículo 52° de la Ley N° 29783, y el artículo 27° del Reglamento de la norma precitada.
Cotización de oferta y demanda tipo de cambio promedio ponderado publicado el día 04.09.2019
S/ 3,392
S/ 3,690
S/ 3,987