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Timestamp: 2018-09-21 01:42:45
Document Index: 159861289

Matched Legal Cases: ['artículo 117', 'artículo 55', 'artículo 20', 'artículo 268', 'artículo 578', 'artículo 578', 'artículo 20']

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12/07/2018 :: Nacionales PP.Catalans, Estado español
x Aurora Turmeda (miembro de los CDR Mallorca)
El número de sentencias por «enaltecimiento del terrorismo» se ha multiplicado por cuatro desde la retirada de ETA del escenario político
La metáfora entre rejas
Uno de los rasgos de la legislación excepcional de contrainsurgencia en España es su carácter expansivo. En el ámbito judicial, esto se ha mostrado en el aumento de competencias del órgano jurisdiccional especial creado para enjuiciar los actos violentos de motivación política contra el estado. En efecto, el mismo día en que el segundo gobierno de la dictadura coronada decretaba la disolución del Tribunal de Orden Público (el órgano de la Administración de justicia franquista que, junto con la jurisdicción militar, ejercía la represión judicial del oposición política), aprobaba la constitución de la Audiencia Nacional (AN), a la que atribuía el conocimiento, entre otros, de los delitos de «terrorismo» (reales decretos ley 1/1977 y 3/1977, de 4 de enero ), salvo los actos contra fuerzas policiales y militares, donde la competencia permanecía en la jurisdicción militar. Como se ha denunciado a menudo, sin embargo, el hecho de que un tipo concreto de delito sea enjuiciado por un tribunal especial centralizado vulnera el derecho a ser juzgado en el partido judicial donde han tenido lugar los hechos investigados, inherente al principio de «unidad jurisdiccional »reconocido en el apartado quinto del artículo 117 de la Constitución de 1978.
Con la Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, «contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución», la jurisdicción militar quedó apartada del conocimiento de estos delitos, en beneficio de la AN (art. 11), pero, al mismo tiempo, se instituyó un delito específico de «apología del terrorismo» (art. 1.1), con penas de entre seis meses y un día y seis años de prisión y multa de entre 150.000 y 750.000 pesetas y con la autorización al tribunal para clausurar el medio donde se publicassin las expresiones enjuiciadas (art. 10.1). La competencia para conocer de estos delitos se atribuía también al AN (art. 11). En realidad, este tipo penal suponía una profundización en la legislación restrictiva de los derechos fundamentales propia del franquismo, dado que el Código penal de 1973 ya tipificaba como delito la «apología de acciones calificadas por la ley de delito» (art. 566.4, con pena de multa de entre 100 y 500 pesetas), así como la de los «delitos contra la seguridad interior del Estado "(art. 268, con penas de entre seis meses y un día y seis años de prisión), con el agravante de que ahora debería juzgar en un tribunal especial. El mantenimiento y extensión de estos tipos penales evidencian la baja calidad democrática del régimen de la monarquía reinstaurada, dado que los delitos de «apología» implican una restricción grave del derecho a la libertad de expresión, declarado a la letra con penas de entre seis meses y un día y seis años de prisión), con el agravante de que ahora debería juzgar en un tribunal especial. El mantenimiento y extensión de estos tipos penales evidencian la baja calidad democrática del régimen de la monarquía reinstaurada, dado que los delitos de «apología» implican una restricción grave del derecho a la libertad de expresión, declarado a la letra con penas de entre seis meses y un día y seis años de prisión), con el agravante de que ahora debería juzgar en un tribunal especial. El mantenimiento y extensión de estos tipos penales evidencian la baja calidad democrática del régimen de la monarquía reinstaurada, dado que los delitos de «apología» implican una restricción grave del derecho a la libertad de expresión, declarado a la letraa del apartado primero del artículo 20 de la Constitución de 1978, y significan la penalización de la mera opinión.
La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, «del poder judicial», aumentó aún más las competencias de la AN, atribuyéndole el conocimiento de los «[d] elictes contra el titular de la Corona, sus consorte , sucesores, altos organismos de la nación y forma de gobierno »(art. 65.1. a). Entre estos «delitos» había, de acuerdo con el Código penal entonces vigente, las «injurias o amenazas al jefe del Estado por escrito o con publicidad», castigadas con penas de entre seis años y un día y doce años de prisión (art. 147). El Código penal de 1995 (llamado por sus impulsores «el Código penal de la democracia») ha mantenido este «delito», con penas de entre seis meses y dos años, si las «injurias» son «graves», y multa de entre seis y doce meses, si no lo son (art. 490.3). La aplicación de este precepto ha motivado numerosas condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra el Reino de España. La AN ha fundamentado las sentencias condenatorias revocadas por el alto tribunal europeo en «la protección jurídica singular y reforzada que el legislador penal otorga a la Corona, al igual que hace con otras altas instituciones del estado, para defender el mismo estado constitucional, ya que así lo corrobora el hecho de que el delito de injurias a la Corona no figure en el título XI del Código penal, relativo a los delitos contra el honor, sino al título XXII, dedicado precisamente a los delitos contra la Constitución »(SAN 4/2017, de 21 de febrero, FD 2). Sin embargo, es precisamente esta sobreprotección lo que cuestiona el TEDH. Así, ala última condena contra el Reino de España por este motivo , el alto tribunal europeo recuerda que «una protección aumentada por una ley especial en materia de ofensas [a un jefe de Estado] no es, en principio, conforme al espíritu de la Convención »europea para la salvaguarda de los derechos humanos y la protección de la libertades fundamentales, dado que« el interés de un estado a proteger la reputación de su propio jefe de estado no puede justificar de conferirle un privilegio o una protección especial ante el derecho a informar y expresar opiniones sobre él »(STEDH, Asunto Stern Taulats y Roura Capellades contra España , de 13 de marzo de 2018).
La sobreprotección jurídica de que goza la monarquía española responde a la voluntad política de sustraer de la crítica esta institución reinstaurada por el franquismo e impuesta como condición sine qua non para las élites franquistas para aceptar la transformación del régimen del 18 de julio en una democracia parlamentaria. Y es que ni más ni menos que la ley fundamental del régimen español actual sanciona la irresponsabilidad penal del jefe del Estado (art. 56.3 CE), por lo que, si el objetivo de la sobreprotección penal de que éste goza fuera sólo proteger a la persona física que lo ostenta, esta sería superflua, dado que los hechos que, calumniosamente o no, se le pueda atribuir nunca tendrán repercusión penal.
En 1988 la Ley Orgánica 9/1984 fue derogada (Ley orgánica 3/1988, de 25 de mayo, «de reforma del Código penal»), pero la disposición transitoria de otra ley orgánica del mismo día que la norma derogatoria (Ley orgánica 4/1988, de 25 de mayo, «de reforma de la Ley de Enjuiciamiento criminal») mantuvo la competencia de la AN para las «causas por delitos cometidos por personas integradas en bandas armadas o relacionadas con elementos terroristas ». Con la derogación de la Ley orgánica 9/1984 desaparecía el tipo específico de «apología del terrorismo», la cual quedaba subsumida en el artículo 268 del Código penal de 1973. Sin embargo, los delitos de opinión en relación específica con la violencia insurgente se reintroduce con la reforma de 2000 del artículo 578 del Código penal de 1995, con el nombre de «enaltecimiento del terrorismo», con penas de prisión de entre uno y dos años. La reforma de 2015 de este artículo ha aumentado las penas hasta tres años, las cuales, además, se impondrán en su mitad superior cuando las expresiones se hayan publicado en medios de comunicación o por Internet (apartado 2) , como también ha añadido una multa de entre 12 y 18 meses (apartado 1). En cuanto a la competencia jurisdiccional para enjuiciar estos «delitos», desde que se derogó la Ley Orgánica 9/1984 no hay base jurídica para atribuirla a la AN, pero, en una interpretación extensiva de la disposición transitoria de la Ley orgánica 4/1988, la AN se lo ha autoatribuïda, pretendiendo que el «apología del terrorismo» es un delito «conexo» al «terrorismo», una falacia que supone equiparar la supuesta apología del delito con la participación en el hecho delictivo. La reforma de 2015 de este artículo ha aumentado las penas hasta tres años, las cuales, además, se impondrán en su mitad superior cuando las expresiones se hayan publicado en medios de comunicación o por Internet (apartado 2) , como también ha añadido una multa de entre 12 y 18 meses (apartado 1). En cuanto a la competencia jurisdiccional para enjuiciar estos «delitos», desde que se derogó la Ley Orgánica 9/1984 no hay base jurídica para atribuirla a la AN, pero, en una interpretación extensiva de la disposición transitoria de la Ley orgánica 4/1988, la AN se lo ha autoatribuïda, pretendiendo que el «apología del terrorismo» es un delito «conexo» al «terrorismo», una falacia que supone equiparar la supuesta apología del delito con la participación en el hecho delictivo. La reforma de 2015 de este artículo ha aumentado las penas hasta tres años, las cuales, además, se impondrán en su mitad superior cuando las expresiones se hayan publicado en medios de comunicación o por Internet (apartado 2) , como también ha añadido una multa de entre 12 y 18 meses (apartado 1). En cuanto a la competencia jurisdiccional para enjuiciar estos «delitos», desde que se derogó la Ley Orgánica 9/1984 no hay base jurídica para atribuirla a la AN, pero, en una interpretación extensiva de la disposición transitoria de la Ley orgánica 4/1988, la AN se lo ha autoatribuïda, pretendiendo que el «apología del terrorismo» es un delito «conexo» al «terrorismo», una falacia que supone equiparar la supuesta apología del delito con la participación en el hecho delictivo. se impondrán en su mitad superior cuando las expresiones se hayan publicado en medios de comunicación o por Internet (apartado 2), como también ha añadido una multa de entre 12 y 18 meses (apartado 1). En cuanto a la competencia jurisdiccional para enjuiciar estos «delitos», desde que se derogó la Ley Orgánica 9/1984 no hay base jurídica para atribuirla a la AN, pero, en una interpretación extensiva de la disposición transitoria de la Ley orgánica 4/1988, la AN se lo ha autoatribuïda, pretendiendo que el «apología del terrorismo» es un delito «conexo» al «terrorismo», una falacia que supone equiparar la supuesta apología del delito con la participación en el hecho delictivo. se impondrán en su mitad superior cuando las expresiones se hayan publicado en medios de comunicación o por Internet (apartado 2), como también ha añadido una multa de entre 12 y 18 meses (apartado 1). En cuanto a la competencia jurisdiccional para enjuiciar estos «delitos», desde que se derogó la Ley Orgánica 9/1984 no hay base jurídica para atribuirla a la AN, pero, en una interpretación extensiva de la disposición transitoria de la Ley orgánica 4/1988, la AN se lo ha autoatribuïda, pretendiendo que el «apología del terrorismo» es un delito «conexo» al «terrorismo», una falacia que supone equiparar la supuesta apología del delito con la participación en el hecho delictivo.
La tendencia expansiva de las competencias de la Audiencia Nacional (AN), como órgano especial para el enjuiciamiento de los delitos de «terrorismo», ha transcurrido en paralelo a la extensión de los objetivos de la represión. Si la legislación excepcional empezó con la construcción de tipos penales especiales para infracciones de naturaleza común pero con motivación política y tuvo como paso siguiente el hecho de tipificar como delito la simple opinión política -ahora ya sin concurrencia de ningún tipo penal de carácter común-, en el momento actual nos encontramos con la persecución de mensajes expresados no ya en textos políticos de carácter convencional, sino incluso en composiciones con intención artística, lo que implica también la conculcación del derecho a la creación artística declarado a la propia Constitución (art. 20.1. b). La aplicación de los delitos de opinión a artistas por el contenido de sus canciones supone un salto cualitativamente muy relevante en la represión política, dado que implica pasar de la restricción de la libertad de expresión mediante la censura política a la restricción de la libertad de creación a través de la censura cultural. Y no es casual que cantantes de un estilo como el rap, que tiene entre sus rasgos esenciales la contestación social, la transgresión cultural y la provocación, hayan sido los objetivos prioritarios de esta ofensiva.
Por lo pronto, hay que decir que es cuestionable que haya base jurídica para fiscalizar la actividad artística. Y es que el apartado segundo del artículo 578 del Código penal se refiere a los «medios de comunicación o Internet», pero no menciona las obras de creación, lo que hace pensar que el legislador no considera que ésta pueda ser enjuiciable penalmente . Sin embargo, si bien es inaceptable la judicialización de la actividad artística y no hay ningún precepto penal que la regule específicamente, es especialmente grave que, cuando se enjuician obras de creación, no se tome en consideración su formato específico. Esto es especialmente visible en la sentencia de la AN contra el rapero Josep Miquel Arenas Valtònyc, Donde el tribunal subsume el caso de las letras de sus canciones en los límites a la libertad de expresión, ni siquiera menciona la letra b del apartado primero del artículo 20 de la Constitución y, erróneamente, identifica este caso con otros procesos por «enaltecimiento del terrorismo» donde lo que se enjuicie eran Tweets (SAN 4/2017, de 21 de febrero, FD 4, que cita las sentencias del Tribunal Supremo 820/2016, de 2 de noviembre, y 4 / 2017, de 18 de enero). El mismo Valtònycha hecho notar la diferencia entre el formato estrictamente político-y el artístico-: «Utilizamos la música como queja y basta. Sería diferente si publicàssim esto en un panfleto o los medios de comunicación. »Aún más lamentable es el hecho de que el tribunal juzgador del caso de Valtònyc haya limitado a reunir frases de canciones y ni siquiera haya hecho una simple análisis lingüístico individualizada (que es el mínimo exigible cuando se pretende enjuiciar la letra de una composición), negligencia que contrasta con el rigor de otros magistrados de la misma AN en casos en que lo juzgado ni siquiera eran textos de creación (como en las sentencias 20/2016, de 18 de julio, y 12/2017, de 21 de marzo). En la sentencia sobre unas Tweets del abogado Arkaitz Terrón que la Fiscalía consideraba constitutivas de «enaltecimiento del terrorismo» , el tribunal hizo notar que «el texto emplea el modo condicional simple, que sólo es idóneo para sugerir un deseo; no hay alabanza ni justificación, porque tampoco contiene ninguna llamada a la acción »(SAN 12/2017, FJ 2.2). Lo mismo se puede decir de los textos de las canciones de Valtònyc que el juzgador alega como pruebas, donde abunda el modo condicional, así como meras expresiones de sentimientos ( Mérito, Queremos , Me cansa ), de incredulidad ( Dudo que próximamente hueso pegan un tiro en la nuca), juicios estéticos ( Tu bandera española está más bonita en llamas ) o puras metáforas ( somos temibles bombas de racimo ). El uso del condicional ( habria que) También es destacado en la sentencia absolutoria de la AN sobre unas Tweets del cantante César Strawberry ( SAN 20/2016,FD 2), donde el tribunal también advierte el contenido metafórico, por inverosímil, del «roscón bomba» (FD 3) que la Fiscalía consideraba incriminatorio, lo que es igualmente predicable de la hiperbólica «bomba nuclear» alegada contra Valtònyc. Como ha destacado recientemente el artista Santiago Sierra, «es muy sencillo entender que cuando Julio Iglesias canta una canción de amor no significa que esté enamorado». Aún más importante es el motivo siguiente expuesto por el juzgador de los twitts de Terrón contra las pretensiones de la Fiscalía: para que una expresión sea constitutiva de «enaltecimiento del terrorismo», «hay una incitación inminente a la violencia y la conexión directa e inmediata entre la expresión y la probabilidad o evento de una tal violencia »(SAN 12/2017, FJ 2.1).E TA había anuncio at un alto fuego «permanente» y «general», mientras que el último atentado de los GRAPO tuvo lugar en febrero de 2006 y actualmente se considera un grupo desarticulado, por lo que es inverosímil suponer que, de las letras del rapero mallorquín, pueda derivarse ninguna acción violenta cometida por ninguna de las dos organizaciones. Y, recientemente, la misma AN alegó la ausencia de grupos insurgentes en activo en el Reino de España para absolver el tuitaire Kaiet Prieto, procesado por el contenido de unas twitts que la Fiscalía consideraba «enaltecimiento del terrorismo» ( SAN 3 / 2018, De 2 de febrero, RJ 3). En este sentido, es especialmente reprobable que tantos magistrados de los órganos jurisdiccionales españoles no sigan el principio básico contenido en el apartado primero del artículo tercero del Código civil (y, en este caso, aún más aplicable en el derecho penal) según el que hay que interpretar las normas jurídicas de acuerdo con "la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas». En el contexto actual, una inteligencia medianita debería ser capaz de comprender que, si no hay «terrorismo», tampoco puede haber «enaltecimiento del terrorismo».
Sin embargo, la realidad es que el número de sentencias por «enaltecimiento del terrorismo» se ha multiplicado por cuatro desde la retirada de ETA del escenario político , lo que muestra que este tipo penal, además de restringir gravemente la libertad de expresión e incluso de creación, se emplea como instrumento para reprimir la disidencia y patente la dinámica expansiva a que tipo la legislación excepcional de contrainsurgencia. En este sentido, es significativo que los tres miembros del tribunal que ha condenado Josep Miquel Arenas ( Concepción Espejel , Enrique López y Juan González ) hayan sido apartados del caso Gürtelpor afinidad con el partido de los procesados, el que los designó vocales del Consejo General del Poder Judicial y, en el caso de López, también magistrado del Tribunal Constitucional . Si la proximidad ideológica, política y personal con un partido que representa el ala derecha del régimen español y que, según sentencia de la misma AN (SAN 20/2018, de 17 de mayo, FD IV.1. A), Formó una trama definida como una «organización constituida para delinquir» impedía a estos magistrados de conocer de un caso que implicaba directamente este partido, no se puede esperar más imparcialidad en el proceso a un rapero cuyas canciones contienen críticas directas al régimen ya este mismo partido. Muestras del carácter puramente ideológico de los «argumentos» condenatorios es que se aleguen como delictivas frases como «mis compañeros están allí fuera, están luchando por la autodeterminación, una lengua, una cultura, un país, somos fuertes y nosotros ganaremos »o, en una muestra de estulticia difícilmente superable,« Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza: ETA es una gran nación », ignorando -o haciendo ver que ignora, lo que rozaría la prevaricació- que se trata de una alusión satírica a uno de los célebres lapsus del ex presidente del gobierno español M. Rajoy; sí, el presidente del partido considerado por la misma AN responsable civil de malversación de caudales públicos, en el juicio del que los tres magistrados engarjoladors de raperos fueron apartados, por afinidad con los condenados.
Aurora Turmeda . CDR Mallorca. Texto publicado en partes a Diario de Baleares , 9 y 16 de junio de 2018,