Source: https://es.scribd.com/document/207349394/04-Hector-Fix-Zamudio-El-Juicio-de-Amparo-Mexicano-Su-Proyeccion-en-Latinoamerica-Imprimir
Timestamp: 2019-06-24 11:41:23
Document Index: 156470082

Matched Legal Cases: ['artículo 123', 'artículo 101', 'artículo 137', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 16', 'artículo 33', 'artículo 73', 'artículo 100', 'artículo 111', 'artículo 110', 'artículo 43', 'artículo 19', 'artículo 48', 'artículo 95', 'artículo 247', 'artículo 265', 'artículo 183', 'artículo 188', 'artículo 50', 'artículo 128', 'artículo 200', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 321', 'artículo 43', 'artículo 321', 'artículo 498', 'artículo 43', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 93', 'artículo 75', 'artículo 105', 'artículo 5', 'artículo 142', 'artículo 105', 'artículo 5', 'artículo 23', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 45', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 17', 'artículo 50', 'artículo 5', 'artículo 17', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 135', 'artículo 200', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 94', 'artículo\n28', 'e contrario', 'artículo 5', 'artículo 283', 'artículo 200', 'artículo 5', 'artículo 88', 'artículo 43', 'artículo 107', 'artículo\n43', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 14', 'artículo 105', 'artículo 107', 'artículo 76', 'artículo 84', 'artículo 21', 'artículo 166']

04 - Hector Fix-Zamudio_ El Juicio de Amparo Mexicano_ Su Proyeccion en Latinoamerica-Imprimir | Derecho Constitucional | Constitución
Cargado por Lourdes Guzman
guardarGuardar 04 - Hector Fix-Zamudio_ El Juicio de Amparo Mexic... para más tarde
Apuntes Constitucional Hasta 17.04
España y Mexico7
unidad 3 derecho procesal administrativo
Test Tema 1 ADMJA.pdf
amparoconstitucionaltipnisultimo-120725152918-phpapp02
SU PROYECCIÓN EN Y EN LOS INSTRUMENTOS
INTERNAQONALES
Investigador Emento del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Miembro de El Colegio Naáonal.
SUMARIO. I. Introducción. II. El juicio de amparo mexicano. Sus orígenes y su evolución posterior. III. El desarrollo del derecho de amparo en Latinoamérica y los instrumentos similares. IV. El derecho de amparo en España, Macao y Cabo Verde. V. El amparo en los tratados internacionales de derechos humanos. VI. Los nuevos mecanismos latino- americanos equivalentes: mandado de seguranza colectivo, hábeas data, mandado de injuní:áo, acción de incumplimiento y acciones populares. VIL El juicio de amparo mexi- cano en la actualidad y sus diversos sectores. VIII. Hacia una nueva ley de amparo.
1. Es muy complicado hacer una descripción de una institución tan com- pleja como lo es en la actualidad el juicio de amparo mexicano, que ha servido de paradigma para el establecimiento y la regulación de otros instrumentos similares de protección de los derechos humanos, espe- cialmente en Latinoamérica, pero también en España y otros países, así como en varios instrumentos internacionales. Sin embargo, la institución ha sufrido transformaciones esenciales en la legislación mexicana que lo apartan del modelo original. 2. Debemos tener como punto de partida la circunstancia que el dere- cho de amparo en México surgió como un instrumento procesal que tenía la función de tutelar los derechos fundamentales, entonces exclu- sivamente de carácter individual, contra leyes o actos de cualquier
autoridad, tanto de la Federación como de los Estados, y este concepto original se transformó de manera paulatina para incorporar otros me- canismos procesales, especialmente el recurso de casación, con lo cual, además de la protección de los derechos humanos también se extendió a la defensa de los derechos ordinarios, de tal manera que además de un sistema de control estrictamente constitucional, abarcó un control de legalidad, todo ello de forma tan amplia que en la actualidad tutela, salvo muy contadas excepciones, todo el orden jurídico nacional mexi- cano, desde las normas constitucionales hasta las de un modesto regla- mento municipal.
3. De acuerdo con lo anterior, el derecho de amparo en México es un
medio de impugnación de los actos y resoluciones tanto de las autorida- des legislativas como de la administración y de todos los tribunales del país, por lo que se ha apartado de manera considerable de su concepción original. La paradoja que debemos señalar es que el paradigma mexicano que ha trascendido a otros ordenamientos y a los tratados internacionales es exclusivamente el instrumento primitivo, es decir, el mecanismo pro- cesal para tutelar los derechos fundamentales, pero no el derecho de amparo actual, que es sumamente complejo, como se ha señalado, ya que varios de los procesos que comprende, se regulan con el mismo nom- bre o con otros similares y de manera independiente en la mayoría de los ordenamientos de otros pEÚses.
II. EL JUICIO DE AMPARO MEXICANO. SuS ORÍGENES YSU EVOLUCIÓN POSTERIOR
4. Para comprender a la institución mexicana es necesario explicar muy brevemente las influencias externas que motivaron su creación, esta última en varias etapas, hasta su consagración en la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857, en la cual se configuró el modelo original, que a partir de entonces experimentó una gradual pero sustancial evolución hasta llegar a su regulación actual.
5. Lo anterior complica sustancialmente el estudio comparativo e inter-
nacional del derecho de amparo, pero haremos el intento en este modesto
estudio, para proporcionar una visión panorámica de este instrumento en su aspecto esencial de protección de los derechos humanos, ya que es en este ámbito en el cual ha tenido una expansión considerable.
El juicio de amparo mexicano fiíe el resultado de una lenta y do-
lorosa evolución, en la que se combinaron elementos externos y factores nacionales J
7. La influenáa extema puede dividirse en tres grandes corrientes: norte-
americana, española y francesa.
8. a) La más ostensible es la que proviene del derecho público de Estados
Unidos, como ocurrió también en la mayoría de los países latinoamerica- nos en los primeros años de su independencia de España y de Portugal,^ ya que los creadores del amparo mexicano pretendieron introducir los principios esenciales de la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes de Estados Unidos, pero entendiéndolo en la forma en que la ha- bía divulgado la clásica obra de Alexis de Tocqueville, La Democracia en América del Norte,^ cuya traducción castellana de D. A. Sánchez de Busta-
mante apareció en París en 1836, se conoció en México el año siguiente, y además se hizo ima reimpresión de la misma en 1855, año de la convo- catoria del Congreso Constituyente del cual emanó la carta federal de
9. También debe señalarse la influencia de la clásica institución anglo-
americana del habeos corpus, que se incorporó al juicio de amparo pero sin
el nombre tradicional con el cual se le conoce en los demás países latino- americanos y actualmente en España.''
10. El mismo derecho público tuvo gran ascendiente en la adopción el régimen federal, cuya tutela se encomendó posteriormente al juicio de
^ Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El juicio de amparo mexicano y el derecho constitucio- nal comparado", en su libro Ensayos sobre el derecho de amparo, 2*. ed., México, UNAM-Porrúa, 1999, pp. 425-466. 2 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, 'Influencia del derecho angloamericano en la protección
de los derechos humanos en América Latina",
en Festschrifi frir Kart Loezuenstein (libro de
homenaje para Karl Loewenstein), Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1971, pp. 485-
508; reproducido en el libro del mismo autor, Latinoamérica; Constitución, proceso y derechos humanos, México, UDUAL-Miguel Ángel Porrúa, 1988, pp. 131-154.
^ La primera edición en francés fue publicada en París en 1835, mismo año en que apareció una traducida al inglés por Henry Reeve, Democracy in America, Londres, Saun- ders and Oley. De esta última se han hecho múltiples reimpresiones en diferentes épocas, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. ^ De la Democraáa en América del Norte, trad. de D. A. Sánchez de Bustamante, 2 vols., México, Imprenta de Ignacio Cumplido, 1855. ^ Cfr. el clásico estudio de Eder, Phanor J., "Habeas corpus disemboided. Latin Ame-
rican Experience",
en la obra xxth Century Comparative and Conflicts Laws. Legal Essays in
Honor of HesselE. FníCT/io, Leyden, 1961, pp. 473 y ss.
amparo, y también la denominación de los tribunales federales que son los que resuelven este medio de impugnación.^
11. b) La influencia española fue menos evidente, pero después de tres
siglos de dominación cultural y política en la Nueva España, el nombre
mismo del amparo proviene de antecedentes castellanos y aragoneses,' y también le debemos el centralismo judicial que predominó en la época
colonial, que determinó la concentración posterior de todos los asuntos judiciales del país en los tribunales federales, y durante una larga época en la Suprema Corte de Justicia, por medio del propio juicio de amparo, y que debe estimarse contraria a la estructura del régimen federal que, como se ha dicho, se tomó de la Constitución Norteamericana de 1787.^
12. c) Advertimos un influjo del derecho francés,
en primer término por
conducto de las declaraciones de los derechos del hombre, calificados en nuestras constituciones como "garantías individuales"^ que en principio se estimaron como el contenido de la protección del juicio de amparo; ^^ en segundo lugar, en cuanto se pretendió implantar una copia del Senado
Conservador de la Constitución francesa del año vin, por conducto del llamado Supremo Poder Conservador, introducido en las leyes constitu- cionales de 1836," y en una tercera dirección, que estimamos la más
6 En efecto, la primera Constitución de la época independiente expedida el 4 de oc- tubre de 1824, recibió el nombre de Constitución Federal de los Estados Unidos Mexica- nos, y el artículo 123 de dicha carta fundamental estableció: "El poder judicial de la Federación residirá en una Corte Suprema de Justicia, en los tribunales de circuito y en los de distrito", lo que reflejó la influencia directa de la organización judicial federal norteamericana,
'' Mucho se ha escrito sobre los antecedentes hispánicos del juicio de amparo, pero nos limitamos a señalar la influencia de los fueros aragoneses, especialmente el de "manifes- tación", en el erudito y documentado estudio de! historiador y jurista español Fairén Guillen, Víctor, Antecedentes aragoneses de los piídos de amparo, México, UNAM, 19V1. Las aportaciones del derecho de Castilla que se aplicaron directamente en las colonias espa- ñolas en América han sido expuestas por Lira González, Andrés, El amparo cobnialy eljuiáo de amparo mexicano, México, Fondo de Cultura Económica, 1972. Véase también el estu-
dio de Coy, P. E. B-, 'Justice for the Indian in Eighteenth Cenfury México", en Ammcan
Journal of LegalHistory, 1968, pp.
4M9.
^ Cfr. Noriega Cantú. Alfonso, "El origen nacional y los antecedentes hispánicos del
juicio de amparo", enjtis,
México, septiembre de 1942, pp. 151-172: id., Lecciones de Am-
paro, 5-. ed., revisada por José Luis Soberanes, México, Porrúa, 1997, tomo 1, pp. 59-86.
^ Cfr. Burgoa Orihuela, Ignacio, Las garantías individuales, 18- ed., México, Porrúa, 1984, pp. 154-200.
^'* La Constitución Federal de 1857 estableció en la fracción I de su artículo 101, que el amparo procedería solamente en contra de la violación de las garantías individuales. "
Esta institución fue introducida en la Segunda de las Leyes Constitucionales de 20 de diciembre de 1835, que se refiere exclusivamente a la organización y funciones del
trascendente, también influyeron en el juicio de amparo varios elementos de la casación francesa.''-^ 13. Por lo que se refiere a los factores de carácter nacional, éstos se tradu- jeron en la convicción de los hombres públicos y los juristas mexicanos de la necesidad de crear un instrumento procesal para la tutela de los dere- chos fundamentales de los gobernados frente al poder público, que inclu- yera la impugnación de la inconsütucionalidad de las leyes. Para no citar sino algunos ejemplos, en la primera Constitución Federal de octubre de 1824 se combinaron, por un lado, el ejemplo de la Carta española de Cádiz de 1812 (esta última vigente en México en los últimos años del do- minio colonial, así fiíera de manera intermitente), que confirió al órgano legislativo (Congreso General) la facultad de decidir sobre las infracciones de la Constitución (artículos 164 y 165), pero también por otro lado la in- fluencia de la Ley Suprema de los Estados Unidos, al atribuir a la Suprema Corte de Justicia el conocimiento de las infracciones a la Constitución y las leyes generales (artículo 137, fracción V, inciso sexto), aun cuando predominó claramente el paradigma español, en cuanto el Congreso General declaró entre 1827 y 1829 la nulidad de varias leyes expedidas por las legislaturas de los Estados, por considerarlas contrarias a la Carta Federal. 1^
14. Hemos citado la creación del Supremo Poder Conservador en las Leyes Constitucionales centralistas de 1836 (ver supra párrafo 12), cuyas fa-
Supremo Poder Conservador, inspirado como se ha dicho en la institución francesa de la Carta de 1799, de acuerdo con las ideas del abate Sieyés. Respecto a esta insritución francesa puede consultarse, entre otros, a Blondel, André, Le controle jurisdictionnel de la constitutionalité des tais: étude critique comparativeEtats Unis-France, París, 1928, pp. 173, y sobre el Supremo Poder Conservador en México, cfr. Noriega Cantú, Alfonso, El pensamiento conservador y el conservadurismo mexicano, México, UNAM, 1972, tomo I, pp. 207-248; Moreno, Daniel, "El Supremo Poder Conservador", en Revista de la Facultad de Derecho de México, núms., 69-70, enero-junio de 1968, pp. 255-296; Fix-Zamudio, Héctor, "Tres instituciones francesas revolucionarias y el derecho constitucional mexicano", en la obra Bicentenaño de la Revolución francesa, México, UNAM, 1991, pp. 60-64.
'2 Esta última influencia ha sido reconocida ampliamente por la doctrina mexicana, especialmente por el jurista Vega, Femando, "El juicio de amparo y el recurso de casación francés", que apareció originalmente en la Revista de Legislación y Jurisprudencia, México, 1889, pp. 69-86, y reimpreso en la Revista de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, julio- sepdembre de 1946, pp. 221-238. '3 Varias declaraciones hechas por el Congreso General (Federal) anularon varias leyes de los Estados por considerarlas inconstitucionales, en particular durante el año de 1829, pueden consultarse en la obra de Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación mexi- cana, México, 1876, vol. ii, pp. 89-223.
cultades desorbitadas y más bien ingenuas, para anular las disposiciones normativas o los actos y resoluciones de cada uno de los tres órganos del poder, a petición de alguno de ellos, determinaron su fracaso. Por otra parte, en varios proyectos que se elaboraron entre los años de 1840 y 1842, con el propósito de reformar las citadas Leyes de 1836, o bien para susti- tuirlas con otro documento constitucional, inclusive para restaurar el ré- gimen federal, se propuso la supresión del mencionado Supremo Poder Conservador (el cual fiíe abolido efectivamente en el año de 1841), para sustituirlo por un instrumento procesal que recibió en varios de estos documentos el nombre de reclamo, el que debía ejercitarse ante los tribu- nales federales, y particularmente ante la Suprema Corte de Justicia, con objeto de proteger tanto las normas constitucionales en general como "las garantías individuales", es decir los derechos humanos en lo particu- lar. •* Si bien estos proyectos no llegaron a obtener consagración legisla- tiva, es evidente que prepararon el terreno a fin de que pudiera implan- tarse pocos años más tarde el juicio de amparo en el ámbito nacional. 15. Posteriormente a estos ensayos y como resultado de una confluencia de las influencias externas que hemos mencionado, podemos afirmar que el amparo mexicano se creó de manera paulatina en tres etapas sucesivas, por conducto de las cuales se perfiló y perfeccionó la institución. 16. a) En primer término el amparo surgió, inclusive con ese nombre, en la Constitución del Estado de Yucatán de 31 de marzo de 1841, según el proyecto elaborado en el mes de diciembre de 1840 por el ilustre ju- rista y político mexicano Manuel Crescencio Rejón, estimado con toda razón como uno de los creadores de la máxima institución procesal me- xicana, y también el primero que en Latinoamérica inició la consagración legal de la revisión judicial de la constituciónalidad de las leyes de ori- gen estadounidense.^5 17. El motivo por el cual el amparo mexicano apareció en una entidad federativa se debe a que esa época se libraba una lucha encarnizada en- tre los partidarios del restablecimiento del sistema federal, que eran los miembros de la corriente liberal, y los conservadores, que sostenían el régimen unitario consagrado en las mencionadas Siete Leyes Constitu-
'^ Cjr. entre otros, Gaxiola, Jorge, F., "Los tres proyectos de la Constitución de 1842", en la obra Derechos del Pueblo Mexicano. México a través de sus Constituáones, 3- ed., México, Cámara de Diputados-Miguel Ángel Porrúa, 1985, t. iii, pp. 67-107. '5 Cjr. Eder, Phanor E., 'Judicial Review in Latin America", en Ohio State Laxo Journal 1960, pp. 571-572.
Clónales de 1836, y en esos momentos dominaba en el estado de Yucatán un gobierno local partidario de la unión federal.^^
18. b) En el ámbito nacional, el amparo fue establecido en
el docu-
mento denominado Acta Constitutiva y de Reformas expedido el 18 de mayo de 1847, que introdujo modificaciones a la Constitución Federal de 1824, cuya vigencia había sido restablecida. 19. La citada Acta de Reformas se inspiró de forma indiscutible en el proyecto redactado por otro distinguido jurista y político mexicano Ma- riano Otero, considerado como el segundo padre del amparo, ya que en el artículo 25 del propio documento constitucional se introdujo la dispo- sición calificada como "fórmula Otero", que todavía subsiste y de acuerdo con la cual la sentencia que otorgue el amparo no debe contener declara- ciones generales, de manera que cuando se combate la inconstitucionali- dad de una ley, dicha tutela se traduce en la desaplicación del ordena- miento impugnado exclusivamente en beneficio de la parte reclamante.^'^ 20. c) Apoyándose en la evolución anterior, los miembros del Con- greso Constituyente de 1856-1857, entre los cuales sobresalieron Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo y León Guzmán, establecieron en los artículos
'^ Cfr. el volumen publicado por la Suprema Corte de Justicia, Homenaje a don Manuel Crescendo Rejón, México, 1960; Fix-Zamudio, Héctor, "Algunos aspectos de la obra jurídica de Manuel Crescencio García Rejón", en Edición Conmemorativa. Medio Siglo de la Revista de la Facultad de Derecho de México, México, UNAM, 1991, pp. 488-501. ''^ El citado artículo 25 del Acta de Reformas mencionada, disponía: "Los tribunales d e
la federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos qxie le concedan esta Constitución y las leyes constituáonales, contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre que verse el proceso sin hacer ninguna
declaración general respecto de la ley o acto que la motivaré'. La bibliografía sobre la obra de Otero es muy amplia, y entre los estudios principales, citamos a Reyes Heroles, Jesús, "Estudio preliminar", en Otero. Obras, México, Porrúa, pp. 74^2, y 349-383, respectivamente; Fix- Zamudio, Héctor, Acta Constitutiva y de Reformas de 1847, Santa Fe de Bogotá, Instituto de Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita, Universidad Extemado de Colom- bia, Temas de Derecho Público, 46, 1997, pp. 46-60; reproducido en la obra compilada por Patricia Galena, México y sus Constituciones, México, Archivo General de la Nación- Fondo de Cultura Económica, 1999, pp. 229-240; Sánchez Vázquez, Rafael, "La impront a
de don Mariano Otero en
el Acta de Reformas de 1847", en el volumen La actualidad de
la defensa de la Constitución. Memoria del Coloquio Internacional en la celebración del Sesquicente- nario del Acta de Reformas Constitucionales de 1847, origen federal del juicio de amparo mexicano; México, Suprema Corte de Justicia de laNación-UNAM, 1997, pp. 309-341; Oñate, Santiago, "El Acta de Reformas de 1847", en la obra Derechos del Pueblo Mexicano, cit. supra nota 14, t. III, pp. 142-150, González Oropeza, Manuel (estudio introductorio y compilación), La reforma del Estado Federal. Acta de Reformas de 1847, México, UNAM, 1998.
101 y 102 de la Constitución Federal de 5 de febrero de 1857 los linea- mientos fundamentales del juicio de amparo en su concepción original, algunos de los cuales han llegado hasta la actualidad, por lo que debe considerarse como la etapa final en el nacimiento de la institución y el punto de partida de su desarrollo posterior, hasta alcanzar el alto grado de complejidad con el que se le conoce en nuestros díasJ*^ 21. A partir de la Constitución de 1857 advertimos un notable desarro- llo del juicio de amparo que, no obstante haber nacido exclusivamente como un instrumento procesal para la tutela de las llamadas "garantías individuales", su ámbito protector se amplió de manera paulatina, y para explicar brevemente esa evolución podemos trazar las siguientes etapas:
22. a) El amparo se perfeccionó en los diversos ordenamientos regla- mentarios que se expidieron con apoyo en los citados artículos 101 y 102 constitucionales, como lo fueron las Leyes de Amparo de 1861, 1869, y 1882, habiéndose incorporado posteriormente en los Códigos de Proce- dimientos Civiles Federales de 1897 y 1908,^9 ordenamientos que reco- gieron las enseñanzas de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, la que transformó este medio de impugnación de un instrumento sin contornos precisos en un verdadero proceso contra las autoridades infrac- toras, para proteger preferentemente la vida y la libertad de los goberna- dos, ya que con frecuencia se utilizó para arrancar de los pelotones de fusilamiento a los condenados a muerte por delitos políticos o bien evitó, así sea con limitaciones, el servicio forzado de las armas o las detenciones indebidas, lo que otorgó a la institución el prestigio popular que conserva actualmente.'-^" 23. De acuerdo con estas leyes reglamentarias y las disposiciones rela- tivas de los códigos mencionados, el juicio de amparo se tramitaba por medio de un procedimiento de doble instancia: la primera ante los jueces federales de distrito, y la segunda, de oficio ante la Suprema Corte de
^^ Cfr. Zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857), México, El Colegio de México, 1956, pp. 988-989. '9 Cfr. el documentado estudio de Soberanes Fernández, José Luis, Evolución de la Ley de Amparo, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas-Comisión Nacional de Dere- chos Humanos, 1994, obra en la cual se hace el cotejo, artículo por artículo, de la actual Ley de Amparo con los ordenamientos anteriores de la materia.
2" Los orígenes, los debales y el desarrollo de las primeras leyes de amparo han
analizados por el jurista mexicano Barragán Barragán, José, Pñmera Ley de Amparo de 1861 y Proceso de discusión de la Ley de Amparo de 1869, ambas obras publicadas en México, UNAM, 1980, y reimpresas en 1987, así como Proceso de discusión de la Ley de Amparo de 1882, México, UNAM, 1993.
Justicia, con independencia de los actos que se reclamaran y de las par- tes que intervinieran.
24. b) Pero la transformación más importante fue la introducción del
juicio de amparo contra sentencias judiciales por incorrecta aplicación de la ley secundaria, y esto ocurrió debido a una serie de causas de ca- rácter social y político, que presionaron a la Suprema Corte para aceptar la interpretación sumamente discutible del artículo 14 de la citada Cons- títución Federal de 1857.21
25. En efecto, debido a tres siglos de centralismo judicial en la época
colonial española, que a su vez provocó la concentración de los abogados en las ciudades de México y Guadalajara, en las cuales residían las únicas audiencias (tribunales de apelación), con posterioridad a la independen- cia fue preciso integrar con magistrados improvisados los tribunales su- periores de las entidades federativas, con la consiguiente falta de confianza en dichos tribunales locales, los que también quedaron sujetos a influen- cia política de los gobernadores de las propias entidades federativas.
26. Debido a lo anterior, los abogados mexicanos acudieron a todos
los medios, inclusive a la mencionada interpretación del artículo 14 cons- titucional, para sustraer los asuntos judiciales de manos de los tribunales locales, aun tratándose de la aplicación de las leyes de los Estados, para llevarlos a los tribunales federales por conducto del juicio de amparo, y finalmente a la Suprema Corte de Justicia, la que concentró así todos los asuntos judiciales del país, movimiento incontenible que llevó a la pro- pia Suprema Corte a declarar la inconstítucionalidad del artículo 8- de la Ley de Amparo de 1869 que prohibió expresamente la interposición del juicio de amparo contra resoluciones judiciales.22
21 El citado artículo 14 constitucional, disponía: "No se podrá expedir ninguna ley re- troactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él, por el tribunal que previamente haya establecido la ley". Dicho precepto, como se ha demostrado por la doctrina, sólo consagraba el derecho al debido proceso legal, pero se le interpretó indebidamente como si estableciera el derecho a la legalidad en los procesos judiciales. Cjr. Rabasa, Emilio, El juicio constitu- donal. El artícuh 14, México. Porrua, 1955. 22 Dicho precepto disponía de manera categórica: "No es admisible el recurso de amparo en negocios judiciales". Existe una amplia bibliografía sobre esta disposición y su posterior inconstítucionalidad establecida de manera implícita por la Suprema Corte de Justicia. Podemos mencionar entre otros estudios, los de Noriega Cantú, Alfonso, La consolidación del juicio de amparo (El caso del artículo 8° de la Ley de 1869), México, Círculo de Santa Mar- garita, México, 1980, pp. 9-21; Barragán Barragán, Proceso de discusión de la Ley de Amparo de 1869, cit. supra nota 20, pp. 25-33, y Carrillo Flores Antonio, "La Suprema Corte Mexicana como poder y como tribunal", en su libro La Constitución, la Suprema Corte y los derechos humanos, México, Porrúa, 1981, pp. 57-84.
27. c) La Constitución vigente del 5 de febrero de 1917 recogió la evo- lución anterior y estableció en sus artículos 103 y 107 los lineamientos esenciales del jiücio de amparo, particularmente en el segundo, que regula en ocasiones con minuciosidad las bases de la institución, que se han reformado en numerosas ocasiones.
28. Al respecto debe llamarse la atención
Constituyente de Querétaro de 1916-1917, después de acalorados deba- tes, consagró expresamente en el artículo 14 de la Carta Federal vigente la procedencia del amparo contra sentencias judiciales por la violación de las leyes secundarias. Si se toma en cuenta además el principio de legalidad del artículo 16 constítucional,23 la esfera del amparo se ha am- pliado al grado que, a partir de entonces, y salvo los casos limitados en los que la Constitución y la ley reglamentaria señalan en los cuales no pro- cede la impugnación, el amparo protege todo el orden jurídico nacional, lo que explica la complejidad que ha asumido la institución en nuestros días.24 El desarrollo, que ha sido considerable, del amparo mexicano con posterioridad a su consagración en el texto original de nuestra Carta Federal vigente de 1917 lo señalaremos en el inciso Vil, párrafos 101- 118 de este trabajo.
2^ El citado artículo 14 de la Constitución federal de 1917, dispone, en su parte con- ducente, que: "{•••) En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por sim- ple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra, o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de éste se fundará en los principios generales del derecho". La llamada "garantía de legali- dad" se consagra en la parte relativa del artículo 16 de la misma Carta Fundamental, el que en su parte conducente establece: "(-••) Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posiciones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento".
^•* En efecto, el juicio de amparo mexicano tutela todo el orden jurídico nacional, con
excepción de algunas hipótesis, ya que la Carta Federal y la Ley de Amparo establecen escasas limitaciones a la procedencia del propio juicio de amparo. Entre las restricciones podemos mencionar la expulsión de extranjeros indeseables, sin previo juicio, por parte del Ejecutivo Federal {artículo 33 constitucional, que ha sido objeto de numerosas criticas doctrinales); las resoluciones en materia electoral (artículo 73, fracciones VII y VIII, de la Ley de Amparo) y que actualmente se pueden combatir ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (artículo 100 de la Constitución reformado en agosto de 1996) y sobre la procedibilidad del enjuiciamiento de los altos funcionarios federales y locales delitos comunes (artículo 111 constitucional) o sobre la responsabilidad política de los mismos funcionarios (artículo 110 de la misma Carta Fundamental). Sobre esta
puede consultar: Burgoa Orihuela, Ignacio, El juicio de amparo, 21" ed., México,
Porrúa. 1984, pp. 451-499.
III. EL DESARROLLO DEL AMPARO EN LATINOAMÉRICA
Y LOS INSTRUMENTOS SIMILARES
29. Como lo señalamos con anterioridad, el amparo mexicano, en sus
lincamientos originales, fue el paradigma de numerosos ordenamientos latinoamericanos, en los cuales, aun cuando con matices y modalidades,
tiene el significado original de instrumento procesal sencillo y rápido para proteger los derechos humanos consagrados constitución alm en te, con excepción de la libertad y la integridad personal, que en la mayoría de los citados ordenamientos de nuestra región se tutelan por medio del
habeos corpus.^^
30. Debe destacarse que desde fines del siglo XK se introdujo el derecho
de amparo en algunos ordenamientos latinoamericanos, de acuerdo con el modelo de la institución mexicana del mismo nombre, en su concep- ción original. Así, se puede constatar que el primer país que introdujo el amparo con posterioridad a su consagración en la Constitución Fede- ral mexicana de 1857 lo fue El Salvador, en su Carta Fundamental de 13 de agosto de 1886, y le siguen Honduras y Nicaragua en sus Constitucio- nes y Leyes de Amparo, en los dos casos, de 1894; Guatemala en la re- forma constitucional de 11 de marzo y Argentina, en la Carta de la Pro- vincia de Santa Fe de 13 de agosto, ambas de 1921, y posteriormente se extendió a otros ordenamientos fundamentales, hasta llegar a la situación actual que se describe en el párrafo siguiente.26
31. Con estas características y con la excepción del ordenamiento me-
xicano, que es más complejo, la institución ha sido establecida en las siguientes constituciones latinoamericanas, citadas por orden alfabético:
Argentina (1853-1860, texto reformado en agosto de 1994), artículo 43, primero y segundo párrafos, y consagrado también en varias constitucio- nes provinciales; Solivia (1967), artículo 19; Costa Rica (1949, reformada en 1989), artículo 48; Ecuador (1978, texto revisado en 1998), artículo 95;
25 Cfr. Brewer Carias, Alian R., El
amparo a los derechos humanos y las libertades fundamen-
tales (una aproximación comparativa), Caracas, Editorial Jurídica Venezolana, 1993; Ayala Corao, Carlos, Del amparo constitucional al amparo latinoamericano como institutos para la pro- tección de los derechos humanos, Caracas-San José, Instituto Interamericano de Derechos Humanos-Editorial Jurídica Venezolana, 1998.
26 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Diversos significados jurídicos del amparo en el derecho
iberoamericano", en Boletín del Instituto de Derecho Comparado de México, núm. 52, enero-
abril de 1965, pp. 119-132; reproducido en Rivista di diritto agrario. Milano, julio-septiembre
de 1967, pp. 502-518, e incorporado posteriormente en el libro del mismo autor, Latino-
américa: Constitución, proceso y derechos humanos, cit. supra nota
2, pp. 17-52.
El Salvador (1983), artículo 247; Guatemala (1985), artículo 265; Hondu- ras (1982), artículo 183; México (1917), artículos 103 y 107; Nicaragua (1987), artículo 188; Panamá (1972-1983), artículo 50; Paraguay (1992), artículo 128; Perú (1993), artículo 200.2; Uruguay (1966), implícitamente artículos 7- y 72; Venezuela (1999), artículo 27. Pero además del derecho de amparo en sentido estricto, se han establecido otros instrumentos simi- lares, es decir, que también tienen como objeto la protección de los dere- chos humanos establecidos en las Cartas Fundamentales latinoameri- canas, con la excepción de la libertad e integridad personal, que está tutelada por el habeos corpus. Aun cuando no utilizan la misma denomi- nación, pero sí nombres que pueden considerarse como sinónimos, los otros medios procesales pueden comprenderse de manera amplia den- tro del concepto del derecho de amparo.2' 32. a) El primero en aparecer de dichos instrumentos equivalentes al amparo lo fue el llamado mandado de seguranza (que algunos autores traducen al castellano, por sus semejanzas con el primero, como man- damiento de amparo), ya que fue creado en la Constitución Federal de 1934, y actualmente está regulado por el artículo 5, parágrafo LXix, de la vigente Carta Federal brasileña de 5 de octubre de 1988. Dicho precepto está todavía reglamentado por la ley número 1533, de 31 de diciembre de 1951 (expedida bajo la vigencia de la Constitución Federal de 1946), reformada en varias ocasiones posteriores."^^ 33. El mandado de seguranfa, o "mandamiento de amparo", procede esen- cialmente contra los actos inconstitucionales o ilegales de autoridades administrativas y, en general, contra actos administrativos de cualquier autoridad que afecten los derechos de los gobernados, y sólo de manera excepcional puede promoverse contra resoluciones judiciales. En prin- cipio tampoco puede interponerse directamente en contra de las dispo- siciones legislativas que se consideren inconstitucionales, ya que única- mente pueden impugnarse los actos o resoluciones administrativas que
-'^ Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Amparo y tutela", en Memoria de El Colegio Nacional,
México, 1997, pp, 61-92, reimpreso en su libro Ensayos sobre el derecho de amparo, cit. nota l,pp . 695-726.
28 La doctrina sobre este instrumento brasileño es muy amplia, por lo que citamos sólo algunos estudios recientes, Sidou, José Othon, '^Rabeas corpus", mandado de seguranza, mandadú d^injunfáo, "habeos data", amo popular. As garantías ativas dos direitos coletivos, 5- ed., Río de Janeiro, Forense, 1998; Flaks, Milton, Do mandado de seguranza. Pressupostos de impetrafao, Río de Janeiro, Forense, 1980; Barbi, Celso Agrícola. Do mandado de seguranza,
3- ed-, Río de Janeiro, Forense, 1980; Da Silva, José Afonso, Curso de direito constitucional
positivo, 9^ ed., 3- reimpresión, Sao Paulo, Malheiros, 1993, pp. 390-391.
se apoyen en dichos ordenamientos, si bien se han elaborado proyectos legislativos, que no han tenido éxito, a fin de que, por excepción, se pu- dieran combatir leyes en abstracto, cuando se demostrara que sus efectos futuros pudieran causar daños de difícil o incierta reparación. 34. b) El llamado recurso de protecáón fue consagrado por el Acta Insti- tucional número 3, expedida por el gobierno militar chileno y publicada el 13 de septiembre de 1976. Fue reglamentado por el Auto Acordado de la Corte Suprema de 2 de abril de 1977. Este mismo instrumento fue incorporado al artículo 20 de la Constitución aprobada por plebiscito de septiembre de 1980. De acuerdo con estos ordenamientos, el citado recurso tiene por objeto proteger los derechos fundamentales consagra- dos constítucionalmente contra los actos violatorios que provengan de autoridades públicas, con excepción de la libertad personal tutelada por el habeos corpus (que también se conoce como recurso de amparo), este úl- timo consagrado en el artículo 21 de las mencionada Carta Fundamental. 35. Como puede observarse, se trata en realidad de un proceso de amparo con otra denominación equivalente, y que sólo se denominó como recurso de protección, debido a que se había utilizado con anterio- ridad y todavía se emplea esta denominación respecto de la institución consagrada en los artículos 16 de la Carta anterior de 1925 y 21 de la vigente de 1980, que equivale al hábeas corpus^''^ Con la restauración del orden constitucional democrático, en virtud del plebiscito de 30 de julio de 1989, el recurso de protección inició un desarrollo sobre bases más firmes.-"^^ 36. c) La llamada acción de tutela establecida por la Constitución colombiana de 7 de julio de 1991, posee funciones similares a las del amparo en el ámbito latinoamericano, y por este motivo se propuso la denominación de "derecho de amparo" en el proyecto presentado por
29 Cfi: El constitución alista chileno Estévez Gasmuri, Carlos, Elementos de derecho consti- íudonal, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1949, pp. 143-144, se refiere a la institución anterior calificándola de "amparo" o de "hábeas corpus". Utiliza las mismas denomina- ciones. Caffarena de Giles, Elena, El recurso de amparo frente a los regímenes de emergencia, Santiago, 1957, pp. 152 y 187; Verdugo Marinkovic, Mario, Pfeffer Urquiaga, Emilio y Nogueira Alcalá, Humberto, Derecho constituáonal Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994, tomo I, pp. 330-337. •*0 Cfr. Soto Kloss, Eduardo, El recurso de protecáón. Orígenes, doctrina y jurisprudencia, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1989; Lira Herrera, Sergio, El recurso de protecáón.
Naturaleza jurídica, doctrina y jurispmdenáa, Santiago de Chile, 1990; Verdugo Marinkovic,
Marío, PfefFer Urquiaga, Emilio, Nogueira Alcalá, Humberto, Derecho Constituáonal, citado
nota anterior, tomo i, pp. 337-346.
el gobierno ante la Asamblea Constituyente.^^ De acuerdo con el artículo
de la citada Carta Fundamental, ese instrumento puede hacerse valer:
por cualquier persona en todo momento y lugar ante los órganos juris-
diccionales, mediante un procedimiento preferente y sumario, con el objeto de obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales funda- mentales, cuando los mismos sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad. Dicha acción sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo cuando aquélla se utilice como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreparable. La protección debe consistir en una orden para que aquel respecto de quien se solicite, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo será de inmediato cumpli- miento y puede impugnarse ante juez competente, pero en todo caso dicho juzgador debe remitirlo a la Corte Constitucional para su eventual revisión.^^
37. Este precepto constitucional fue desarrollado por el decreto 2591 de
de noviembre 1991, que a su vez fue reglamentado por el decreto presi-
dencial 306 de 19 de febrero de 1992, pero también debe tomarse en cuenta para la tramitación de la revisióii de la acción de tutela ante la Corte Constitucional, el Decreto 2067 de 4 de septiembre de 1991, que re- gula el Régimen Procedimental de los juicios ante la Corte Constitucional, y el Acuerdo de la Sala Plena de la propia Corte de 15 de ocmbre de 1992, que contiene el Reglamento Unificado de la Corte Constitucional, artícu- los 49-55.33
38. Como no sería posible en un breve estudio como este proporcio- nar una visión, así sea aproximada, de la evolución del derecho de am- paro en los ordenamientos, la doctrina y la jurisprudencia latinoameri- canas, tanto por lo que respecta a la institución en sentido estricto, como considerada en conjunto con los mencionados instrumentos equivalen- tes antes mencionados, citaremos algunos ejemplos de dicho desarrollo progresivo, al menos en dos aspectos: a) en la protección de los derechos
^^ Cfr. Proyecto de Acto Reformatorio de la Constitución Política de Colombia, Bogotá, Presi-
dencia de la República, febrero de 1991, p. 203, "Derecho de Ajnparo".
32 Cfr. entre otros, Arenas Salazar, Jorge, IM tutela. Una acción humanitaria, 2- ed., Santa Fe de Bogotá, Ediciones Doctrina y Ley, 1993; Charry, J. M., La acción de tutela, reimpresión, Santa Fe de Bogotá, Temis, 1992; Monroy Torres, Marcia y Álvarez Rojas, Fernando, Jurispnidenáa de la Corte Constitucional, vols. III y IV, La acción de tutela, Santa Fe de
Bogotá, Juris Editores, 1993.
33 Estos ordenamientos pueden consultarse en el apéndice legislativo del libro de Tob o Rodríguez, Javier, La Coríe Constitucional y el control d£ constitucionalidad, Santa Fe de Bogotá,
Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 1996, pp. 327-386.
fundamentales fi-ente a los sectores sociales predominantes, y b) en cuanto a la aplicación directa de los derechos humanos establecidos en los pactos internacionales aprobados y ratificados por los gobiernos de Latinoamérica.
39. a) El primer aspecto se refiere a lo que la jurisprudencia de la
Corte Suprema Argentina calificó en los años cincuenta como amparo contra particulares, pero que en realidad se refiere a la protección de los derechos ñindamentales respecto a la conducta de grupos de presión, es decir, respecto a sectores privados en una situación de predominio.
Desde un punto de vista genérico la doctrina europea, y particulamente la alemana, con repercusiones posteriores en los tribunales y cortes cons- titucionales de Europa Continental, ha desarrollado el concepto de Drittuñrkung der Grunderechte, que significa la eficacia mediata o indirecta de los derechos humanos en las relaciones entre los particulares.^^
40. En la Región latinoamericana el planteamiento surgió, como se
ha dicho, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina, que por cierto no tuvo su inspiración en la referida doctrina europea, sino en la idea de que era necesario tutelar los derechos fundamentales frente a ciertos sectores sociales, y no respecto de individuos particu- lares en sentido estricto, no obstante la terminología que se adoptó entonces, y todavía se utiliza en la actualidad. En efecto, este criterio se inició en el clásico fallo de dicha Corte Suprema en el caso ''Samuel Kot" resuelto el 5 de septiembre de 1958, en el cual consideró dicho tribunal que la acción de amparo, que no estaba regulada entonces en la Consti- tución Federal, sino que había sido considerada por la misma Corte como una garantía constitucional implícita (en el caso anterior ''Ángel Siri", resuelto el 27 de diciembre de 1957), procedía no sólo respecto de la violación de los derechos humanos por parte de las autoridades públicas (dentro de las cuales se incluían los organismos descentralizados), sino también cuando la infracción procedía de "particulares", pero en el caso que dio lugar a dicho fallo, el amparo se interpuso por un empre- sario contra un sindicato de trabajadores, es decir de un grupo de presión.
^^ Cfr. el clásico estudio de Lombardi, Giorgio, Poterepñvato
e diritti fondamentali, Torino,
Giappichelli Editore, 1970; Fernández Segado, Francisco, "La dinamización de los meca- nismos de garantía de los derechos y de los intereses difusos en el Estado Social", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, nüm. 83, mayo-agosto de 1995, pp. 597-603, que hace refe- rencia no sólo a la situación europea sino también a América Latina; Quadra Salcedo, Tomás, El recurso de amparo y los derechos fundamentales entre particulares, Madrid, Civitas, 1981, pp. 47-79.
Sobre estos lineamientos se desarrolló una jurisprudencia muy dinámica en los años anteriores a las dictaduras militares de los años sesenta.^^ 41. LaLeyNacional sobre Acción de Amparo de 18 de octubre de 1966, expedida por un gobierno militar, restringió la procedencia del amparo exclusivamente a la conducta de las autoridades públicas, y además introdujo otras limitaciones que la doctrina consideró indebidas,^'' pero al poco tiempo esta ley federal fue completada por el llamado juicio su- marísimo, regulado por el artículo 321 del Código Procesal Civil y Co- mercial de la Nación de 20 de septiembre de 1967, en vigor el 1 de enero de 1968, y que protegía los derechos fundamentales cuando fuesen lesionados por actos de "particulares" y no por la autoridad pública.^'^ 42. Esta incertidumbre sobre la acción de amparo argentina contra los llamados actos de "particulares" se disipó en la reforma constitucional de agosto de 1994, ya que el actual artículo 43, primer párrafo, de la Carta Federal admite expresamente la procedencia de la acción de amparo contra todo acto u omisión de "autoridades públicas o de particulares"."^^
3^ Es muy amplia la bibliografía sobre este desarrollo jurisprudencial, por lo que nos limitamos a señalar algunos estudios significativos: Linares Quintana , Segund o V., "Modificación de la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el amparo de la libertad", en La Ley, Buenos Aires, 7 de marzo de 1958, pp. 1-2; Repetto, Roberto, "El recurso de amparo en la nueva interpretación de la Corte Suprema de la Nación, en Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 18 y 19 de junio de 1958: Carrió, Genaro, Recurso de amparo y téc- nica judicial, Buenos Aires, Perrot, 1959; Houssay, Abel, Amparo judicial El caso Kot y su influencia en la jurisprudencia, Buenos Aires, 1961; Tagle, Carlos A , "El amparo judicial de los derechos ñindamentales, en Jurisprudencia Argentina, Buenos Aires, 4 de noviembre de 1958, pp. 1-5; Vocos Conesa, Eduardo, 'X,a demanda de amparo en la jurisprudencia de la Corte Suprema Nacional, desde Siri y Kot hasta el 25 de octubre de 1969", enjurispru- denáa Argentina, Buenos Aires, 12 y 15 de diciembre de 1969, pp. 11-31 y 19-29, respecti- vamente.
36 Este ordenamiento tenía aplicación en la Capital Federal, el Territorio de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y por los jueces federales en las Provincias cuando el acto impugnado procediera de autoridad "nacional". Cfr. entre otros, Bidart Campos, Germán, iíégimCTi&g-a/)'/um/mw/rnaa; di/amparo, Buenos Aires, Ediar, 1968, pp. 108-109.
3'^ Dicho artículo 321 disponía: "Proceso sumarísimo. Será aplicable el procedimiento establecido por el artículo 498 (muy rápido y concentrado), cuando se reclamase contra un acto u omisión de un particular (\ue. en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, algún derecho o garantía expUáta o implí- citamente reconocido por la Constitución Nacional, siempre que fuere necesaria la reparación urgente del perjuicio o de la cesación inmediata de los efectos del acto y la cuestión, por su naturaleza, no deba sustanciarse por alguno de los procesos establecidos por este Código u otras leyes". Cfr. Bidart Campos, Germán J., op. uü. ai , pp. 113-118.
38 Cfr. Seisdedos, Felipe, "Amparo, Hábeas Data y Hábeas Corpus en la Reforma
1994", en \-A ohrdi Derecho constitucional de Ui reforma de 1994, Mendoza, Instituto Argentino
43. El ejemplo del derecho de amparo argentino contra actos de "particulares", entendidos éstos, como se ha dicho, como grupos de pre- sión (ver supra párrafo 38), tuvo una amplia repercusión en otros ordena- mientos latinoamericanos. Aun cuando son numerosos, nos limitamos a proporcionar una visión sintética de esta tendencia que se incrementa de manera paulatina, si tomamos en cuenta, por otra parte, que con la globalización y la apertura de las economías nacionales, se han incre- mentado las privatizaciones de algunos servicios públicos que antes estaban en manos de las autoridades públicas, y que ahora son objeto de concesión a empresas particulares, por lo que los destinatarios de di- chos servicios requieren de una protección más rápida y eficaz que la que proporcionan los instrumentos procesales ordinarios. 44. Así, ya sea de manera expresa en las constituciones o en las leyes reglamentarias respectivas, se ha admitido la procedencia del amparo y de algunos instrumentos similares con diversas modalidades, contra la conducta de grupos privados en situación de predominio, considerados como "particulares", además de Argentina (ámbitos nacional y provin- cial), en los ordenamientos de Bolivia; Chile (recurso de protección); Colombia (acción de tutela); Costa Rica; Guatemala; Paraguay; Perú; Uruguay y Venezuela.39 45. b) Existe en los ordenamientos latinoamericanos la tendencia cada vez más vigorosa hacia la protección de los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales por medio del derecho de amparo, tanto en su sentido estricto como por conducto de los instrumentos similares a que hemos hecho referencia (mandamiento de amparo, recurso de protec- ción y acción de tutela), en ocasiones por disposición expresa y en otras en virtud de la jurisprudencia de los tribunales respectivos. También en esta ocasión, debido al carácter sintético de este trabajo, nos limitamos a mencionar algunos ejemplos, sin pretender abarcar todas las hipótesis,
de Estudios Constitucionales y Políticos, Ediciones Depalma, 1995, tomo i, pp. 431-443; Gozaini, Osvaldo A,, El derecho de amparo. Los nuevos derechos y garantías del artículo 43 de la Constitución Nacional, 2* ed., Buenos Aires, Depalma, 1998, pp. 35-82; Sagüés, Pedro Néstor, Derecho procesal constitución al, tomo lll. Acción de amparo, 4- ed., Buenos Aires, Astrea, 1995, autor que dedica un extenso capítulo {xxiv, pp. 563-587) de su documen- tado estudio al "amparo contra actos de particulares", tanto en el ámbito nacional como provincial, ya que algunas constituciones y leyes de amparo locales también lo regulan. 3^ Cfr. Brewer Canas, Alian R., El amparo a los derechos humanos y a las libertades Junda- mentaks, cit. supraxxoXs. 25, pp. 87-92; Fernández Segado, Francisco, "La. dinamización de los mecanismos de garantía de los derechos y de los intereses difusos en el Estado Social", cit. suprano\2>. 33, pp. 600-603.
pero n o sin destacar la preeminencia que h a adquirido el derecho inter- nacional de los derechos humanos en las Constituciones más recientes de Latinoamérica.
46. De manera directa dicha protección se ha establecido en la reforma
a la Constitución de Costa Rica de 1949, por decreto legislativo promul-
de 1989, que modificó los artículos 10 y 48 de dicha
Carta. El primero creó una Sala Constitucional en la Suprema Corte de
Justicia y en el segundo se establece que;
Toda persona tiene el derecho al recurso de hábeas corpas para garantizar su libertad e integridad personal y al recurso de amparo para mantener o restablecer el goce de otros derechos establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la República. Ambos recursos serán de competencia de la Sala indicada en el artículo 10.'^o
47. Dicha Sala Constitucional ha realizado en forma muy amplia la
aplicación directa, en su nutrida jurisprudencia, de los citados tratados internacionales de derechos humanos, no obstante los escasos años que tiene de funcionamiento.*'
48. Como antecedente de lo anterior debe agregarse que con anterio-
ridad a la reforma mencionada de 1989, el artículo 7- primer párrafo de la citada Constitución de Costa Rica, dispone: "Los tratados públicos, las convenciones internacionales y los concordatos debidamente aprobados por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes.''
49. En otros ordenamientos constitucionales no se consagra una norma
similar que establezca la aplicación directa de los tratados internacionales de derechos humanos por conducto del derecho de amparo, pero debido a la primacía de dichos tratados en el derecho interno, los tribunales res- pectivos, generalmente especializados en la solución de conflictos cons- titucionales, han hecho aplicación en numerosas ocasiones del derecho internacional de los derechos humanos. Sólo como ejemplo podemos mencionar a la Corte Constitucional colombiana, la que ha invocado con
40 Tanto el derecho de amparo como los demás instrumentos de control constitu- cional fueron reglamentados por la Ley de la Jurisdicción Constitucional, de 11 de octu- bre de 1989, y al llamado "recurso de amparo", se refieren los artículos 29 a 65.
41 Cfr. Hernández, Rubén,
tutela de bs derechos fundamentales, San José, Costa Rica,
Editorial Juricentro, 1990, pp. 144-1456; Id. Derecho procesal constitucional, San José, Costa
Rica, Editorial Juricentro, 1995, pp. 189-276.
frecuencia los derechos establecidos en los citados tratados internacio- nales que han sido ratificados por ese país, al resolver las "acciones de
tutela".42
Esta aplicación del derecho internacional de los derechos huma-
nos por parte de la Corte Constitucional de Colombia tiene su apoyo en lo dispuesto por el artículo 93 de la Carta de 1991, según el cual:
Los tratados y convenios intemaáonales ratificados por el Congreso, que reconocen los
derechos humanos y prohiben su limitación en los estados de excepción, prevalece en el de- recho interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de con-
los tratados intemaáonales
La situación es todavía más evidente cuando se reconoce de manera
expresa jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre de- rechos humanos como en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución ar- gentina de 1853-1860, reformada el 22 de agosto de 1994. En la primera parte de dicho precepto (que es bastante extenso y se refiere a las facul- tades legislativas del Congreso Nacional), se dispone, en principio, la naturaleza superior de los tratados internacionales y los concordatos, pero otorga rango constitucional a algunos instrumentos sobre derechos humanos, al señalar de manera precisa que:
en las condiáones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan
artículo de la primera parte de la Constitución {que se refiere a los derechos funda- mentales) y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconoáda. Sólo podrán ser denunáados, en su caso, por el Poder Ejecutivo, previa aprobación de dos terceras partes de los miembros de las Cámaras.'^^
Esta simación también era muy clara en el artículo 105 de la Cons-
titución peruana de 1979, que de manera expresa establecía: "Los preceptos
contenidos en los tratados relativos a los derechos humanos,
"^2 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Amparo y tutela", op. cit. supra nota 26, pp. 61-92. •^3 Los instrumentos internacionales enumerados por el citado precepto de la Consti- tución argentina son los siguientes: la Declaración Americana de Derechos y Deberes de! Hombre; la Declaración Universal de los Derechos del Hombre; la Convención Ameri- cana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Adicional; la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Geno- cidio; la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de Discriminación sobre la Mujer; la Convención sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes y la Convención sobre Derechos del Niño.
tuáonal No pueden ser modificados por el procedimiento que ñge para la reforma
de la Constitución."'^ Sin embargo, en la nueva Carta Fundamental de 1993 se suprimió dicho precepto, y en su lugar se introdujo la disposi- ción final Cuarta, la cual dispone que las normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de con- formidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratifica- dos por el Perú, precepto similar al contenido en los artículos 16 y 10, respectivamente, de las Cartas portuguesa de 1976-1982 y española de
53. En esta dirección también debemos destacar la parte relativa del
artículo 5- de la Constitución chilena de 1980, tal como fue
en el plebiscito de 30 de julio de 1989:
El ejercido de la soberanía reconoce como limitación el respeto de los derechos esenciales
Es deber de los órganos del Estado res-
petar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.'^'^
54. Se advierte esta tendencia para conferir rango constitucional a los
tratados internacionales de derechos humanos en el artículo 142 de la Constitución de Paraguay de 1992, en el cual se establece de manera ex- presa: "Los tratados internacionales relativos a los derechos humanos no podrán ser denunciados sino por los procedimientos que rigen para la enmienda de la Constitución". A nuestro modo de ver, lo anterior equivale a disponer de manera implícita que dichos tratados poseen un rango
similar al de las normas fundamentales. Lo que de cierta manera se ase- meja a lo que disponía el artículo 105 de la Carta peruana de 1979, men- cionada anteriormente (ver supra párrafo 52).
55. En esta dirección debe destacarse lo dispuesto por el artículo 5^,
parágrafo Lxxvn, inciso 2- de la Constitución brasileña de octubre de 1988, de acuerdo con el cual: "Los derechos y garantías expresados en
** CJr. García Sayán, "Constitución peruana y política exterior", en La Constitución diez años después, Lima, 1989, Constitución y Sociedad-Fundación Friedrich Naumann, pp.
^^ CJr. Ciurlizza, Javier, "La inserción y jerarquía de los tratados
1993: retrocesos y conflictos", en La Constitución de 1993. Análisis y comentario II, Lima, Comisión Andina de Jurístas-Konrad Adenauer Stiftung, 1995, pp. 65-83.
Cfr. Blanc Renard, Neville y otros. La Constitución Chilena, Valparaíso, Universidad Católica, 1990, tomo i, pp. 36-40.
esta Constitución n o excluyen otros derivados de! régimen y de
los prin-
cipios por ella adoptados, o de los tratados internacionales en que la República del Brasil sea parte." Lo anterior significa, en nuestro concepto, que los derechos consagrados en dichos tratados forman parte de maner a implí- cita de los de carácter fundamental consagrados expresamente por dicha Ley Suprema, cuando los primeros amplían y complementan los segundos.
56. La Carta Fundamental latinoamericana más reciente, es decir, la
venezolana de 1999, siguió el ejemplo de las Constituciones de Perú de 1979 y la reforma constítucional argentina de agosto de 1994, y recono- ció de maner a expresa la jerarquía constitucional de los tratados sobre dere-
chos humanos en su artículo 23, en cual se dispone:
Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jeraquía constitucional y prevalecen en el
orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejer- cicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y la ley de la República, y son de aplicación inmedita y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público.'*'^
57. En el ordenamiento constitucional mexicano n o se h a iniciado
toda\áa un desarrollo similar, puesto que conserva el criterio tradicional sobre la jerarquí a de los tratados internacionales que se inspira en el artículo VI de la Constitución Federal de los Estados Unidos, de 1787, es decir que los mismos, una vez aprobados por el Senado, adquieren la naturaleza de leyes federales, las que n o pueden contrariar las norma s de la Carta Fundamental, ya que el artículo 133 de la Constitución mexi- cana es una traducción casi literal del precepto norteamericano citado.'*^
58. Sin embargo, en una fecha muy reciente la Suprema Corte de Jus-
ticia de México modificó su criterio tradicional sobre la equiparación de los tratados al nivel de las leyes federales, y estableció un a nueva tesis, en
el sentido de que los tratados internacional se ubican jerárquicamente por enáma
^"^ Cjr. Brewer-Carías, Alian R., La Constituáón de 1999. Comentada, Caracas, Editorial Arte 2000, p. 161, quien considera que este precepto debe calificarse como una de las grandes innovaciones de esa Carta Fundamental. '*^ El mencionado artículo 133 de la Carta Federal dispone en su parte conducente: "La Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados
que estén de acuerdo con la misma y que se celebren por el Presidente de la República
con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión ..."
Cfr. Carpizo, Jorge,
"La interpretación del artículo 133 constitucional", en su libro Estudios constitucionales,
6* ed. México, Porrúa-UNAM, 1999, pp. 22-24.
de las leyes federales y en un segundo plano respecto de la Constitución Federal, lo que constituye una nueva interpretación del artículo 133 de la Constitu- ción Federal, que se apoya esencialmente, entre otros argumentos, en los que señalan que los compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional y que en esta materia no existe limi- tación competencia! entre la Federación y las entidades federativas.^^
59. Además, de acuerdo con una interpretación progresiva, en particu- lar en el campo del derecho internacional de los derechos humanos,'''*
puede conducir, aun sin modificar dicho precepto, hacia la incorpora- ción de los derechos consagrados por los tratados internacionales ratifi- cados por nuestro país (que han sido muy numerosos en los íiltimos años) en los términos del citado 133 de la Carta Fundamental, como parte integrante de ios preceptos constitucionales que consagran derechos fiíndamentales, cuando no los limiten o contradigan, sino por el contrarío, los complementen o desarrollen. En tales condiciones, en nuestro con- cepto, dichos derechos de fiíente internacional, pero incorporados a nues- tro derecho interno, cuando establezcan condiciones más favorables que las que contienen las disposiciones fundamentales de nuestra Carta Fede-
ral, deben considerarse al nivel jerárquico de la misma
Constitución.^^
60. Coincidimos con las reflexiones del destacado jurísta mexicano Antonio Carríllo Flores en cuanto sostuvo hacía varios años que en la si-
tuación mencionada anteriormente, era procedente el juicio de
para proteger los derechos establecidos por los tratados internacional es,-^2 y por el contrario disentimos de la opinión del no menos distinguido
•*^ Cfr. Este criterio se estableció por unanimidad de diez votos, al resolver el Tribunal en Pleno el 11 de mayo de 1999, el amparo en revisión 1475/98, promovido por el Sin- dicato Nacional de Controiadores de Tránsito Aéreo. Tesis LXXvii/99, publicada en el Informe de Labores de la Suprema Corte de Justicia, 1999. Anexo dejurispnidenáa, pp. 841-843. ••''' Una corriente doctrinal cada vez más vigorosa sostiene, a nuestro modo de ver certe- ramente, que dicho derecho internacional de los derechos humanos debe interpretarse, desarrollarse y aplicarse progresivamente. Cfr. Nikken, Pedro, La protección internacional de los derechos humanos. Su desarrollo progresivo, Madrid, Ci vi tas-Instituto Interamericano de Derechos Humanos, 1987. ••'1 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Ochenta años de evolución consdtucional del juicio de amparo mexicano", en la obra Ochenta años de vida constitucional en México, México, Insti- tuto de Investigaciones Jurídicas UNAM-Cámara de Diputados LVII Legislatura, 1998, pp. 42142, reimpreso en el libro del mismo autor, Ensayos sobre el derecho de amparo, cit. supra nota 1, pp. 783-784. '^'^ En su libro, La Constituáón, la Suprema Corte y los derechos humanos, México, Porrúa, 1981, p. 248.
constitucionalista Antonio Martínez Báez, quien afirmó que los derechos humanos instituidos por tratados sólo podían protegerse por los organis- mos internacionales, pues el amparo mexicano sólo tutela los consagra- dos por la Consütución Federales
IV. EL DERECHO DE AMPARO EN ESPAÑA, EN MACAO Y CABO VERDE
61. El derecho de amparo se ha desarrollado con ese nombre de tra- dición hispánica en Latinoamérica, pero también se ha introducido en otros ordenamientos, entre ellos en el de España, lo que resulta compren- sible si se toma en cuenta que tuvo sus antecedentes remotos en la Me- trópoli y se aplicó a las colonias americanas durante la época virreinal.
62. En primer término debemos señalar que el recurso de amparo de garantías constituáonales se introdujo en los artículos 105 y 121, inciso b), de la Constitución republicana de 9 de diciembre de 1931, y regulado en forma bastante escueta por los artículos 44-53 de la Ley del Tribunal de Garantías Constitucionales de 14 de junio de 1933, reformado el 10 de julio y el 9 de septiembre del mismo año, así como por el título VII, artículos 76 a 82 del Reglamento del propio Tribunal de Garantías, for- mulado por el mismo.^4 £1 citado Tribunal de Garantías Constitucionales se estableció en dicho ordenamiento fundamental por influencia del pen- samiento de Hans Kelsen que se tradujo en la creación de la Corte Constitucional {Verfassungsgerichtshof), en la Carta Fundamental Federal Austriaca de 1920, también en España como el organismo jurisdiccional que debía resolver los conflictos derivados de la aplicación de las nor- mas fundamentales, especialmente por conducto de los recursos de am- paro y de inconsütucionalidad de las leyes.^s
53 "Correlación entre la Constitución y los Pactos de las Naciones Unidas", en la obra Los tratados sobre derechos humanos y la legislación mexicana, México, UNAM, 1981, pp. 26-29.
-^'^ Cfr. entre otros: Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, "Significado y funciones
bunal de Garantías Constitucionales", en su libro Ensayos de derecho procesal civil, penal y cons- titucional, Buenos Aires, Revista de Jurisprudencia Argentina, 1944, pp. 524-526; y García Ruiz, José Luis, El recurso de amparo en el derecho español, Madrid, Editora Nacional, 1980, pp. 51-56. Sobre la influencia recíproca del derecho de amparo en México y España, puede consultarse la obra reciente del jurista mexicano Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, La acción constitucional de amparo en México y en España, México, Porrúa, 2000, pp. 3-42.
55 Cfr. la cuidadosa reseña elaborada por el jurista español Cascajo Castro, José Luis, sobre el Congreso organizado por el Instituto Español de Esludios Jurídicos en la ciudad de Roma el 30 de marzo de 1977 precisamente sobre el tema "Kelsen y la Constitución
63. La doctrina española ha reconocido expresamente que la crea-
ción del derecho de amparo se debe a la influencia del amparo mexicano por conducto de las enseñanzas del jurista Rodolfo Reyes, quien residió durante bastantes años en España, en la cual se refugió debido a los ava- lares de la Revolución mexicana iniciada en 1910.''*^
64. De acuerdo con el artículo 45 de la referida Ley Orgánica del Tri-
bunal de Garantías Constitucionales, se requerían dos condiciones; a) que existiera un acto concreto de autoridades gubernativa, judicial o de cual- quier otro orden* que con respecto a determinado individuo hubiese infringido alguno de los derechos fundamentales consagrados en la Ley Suprema, y b) que no hubiese sido admitida o resuelta la petición del amparo dentro del plazo legal, por el Tribunal de Urgencia previsto por el articulo 105 de la mencionada Constitución republicana, o que dicho tribunal hubiese dictado resolución denegatoria.
65. Por tanto, el Tribunal de Garantías funcionaba como un órgano
de última instancia para los procesos de amparo, encomendados en pri- mer grado a los referidos tribunales de urgencia, pero como estos últimos no fueron creados, el mencionado recurso de amparo se tramitó de acuerdo con la disposición transitoria segunda de la referida Ley Orgá- nica del propio Tribunal de Garantías, según la cual sólo podía acudirse ante el mismo cuando hubiese resultado ineficaz la reclamación ante la autoridad competente, entendida como el superior jeráiquico inmediato del agente o autoridad que hubiese causado el agravio. Debe aclararse que no se distinguía entre el hateas corpus, que no se reguló específica- mente por la Carta de 1931 y el amparo propiamente dicho, por lo que este último procedía también contra actos privativos de la libertad o afectasen la integridad personal.'''^
66. Debido a las convulsiones políticas que precedieron a la guerra
civil, la que concluyó a su vez con la supresión del régimen republicano
para sustituirlo por uno autoritario, el amparo español tuvo una apli-
española de 1931", en Revista de Estudios Políticos, Madrid, enero-febrero de 1978, pp. 243-255. ^^ Cjr. Reyes, Rodolfo, La defensa constitucional Madrid, Espasa Calpe, 1934; Fix-Zamudio, Héctor, "El derecho de amparo en México y en España. Su influencia recíproca", en Revista de Estudios Políticos, Madrid, enero-febrero de 1979, pp. 227-267, reimpreso en el libro del mismo autor, Ensayos sobre el derecho de amparo, cit. siipra nota 1, pp. 285-328.
^'^ Cfr. García Ruiz, José Luis, El recurso de amparo, cit. supra nota 51, pp. 69-95. Pérez
Serrano Nicolás, La Constitución Española de 19 de diciembre de 193L
Antecedentes, textos,
coTnentarios, Madrid, 1932, pp. 304-305; Ruiz Lapeña, Rosa María, El Tribunal de Garantías
Constitucionales en la IIRepública Española, Barcelona, Bosh, 1982, pp. 234-284.
cación limitada durante la vigencia de la Carta de 1931, y por otra parte sólo con posterioridad se inició el análisis de los fallos que en esta mate- ria pronunció el citado Tribunal de Garantías Constitucionales, que sólo fueron treinta y cinco entre noviembre de 1934 y septiembre de 1936.^^ 67. El amparo como institución procesal no desapareció con ese nom- bre del ordenamiento jurídico español posterior a la guerra civil, ya sub- sistió en la legislación del régimen fi"anquista pero reducido a una mínima expresión, y por supuesto, con la pérdida de su carácter de instrumento específico para la tutela de los derechos humanos, lo que resulta explica- ble en un régimen político autoritario, ya que sólo tuvo aplicación dentro del sistema sindical de carácter corporativo y vertical, para la impug- nación de actos muy concretos de organismos gremiales, de acuerdo con los decretos de 12 de febrero de 1944 y 12 de enero de 1958, y las órdenes de 12 de enero de 1948 y 17 de abril de 1963.59 68. El recurso de amparo constitucional como institución protectora de los derechos fundamentales se restableció en los artículos 53.2, 16.1 y 162.2, de la Constitución democrática española expedida en octubre de 1978, y que entró en vigor con posterioridad de haber sido sometida a referéndum, el 29 de diciembre siguiente. Estos preceptos fueron reglamentados por Ley Orgánica del Tribunal Constitucional promulgada el 3 de octubre de 1979.^^ Dicho Tribunal inició sus funciones el 15 de
^^ El texto de estos treinta y cinco fallos de amparo pueden consultarse en el libro del profesor García Ruiz, citado en la nota anterior, pp. 185-272. Véanse también los comen- tarios a la jurisprudencia establecida en estas resoluciones en el estudio de Ruiz Lapeña, Rosa María, también en la nota anterior, pp. 274-284; Bassols Coma, Manuel, La jurispru- dencia del Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1981; Cruz Villalón, Pedro, La formación del sistema europeo de con- trol de constituáonalidad (1918-1939), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. 336-340.
^^ Cfr. González Pérez, Jesús, Derecho procesal administrativo, Madrid, Instituto de Estudios Políticos, tomo ITI, 2- ed., 1967, pp. 277-280; Almagro Nosete,José, 'Protección procesal de los derechos humanos", en Revista de Derecho Procesaílberoamericana, MSidñd, 1973, pp. 27-29. ^^ Cfr. González Pérez, Jesús, Derecho procesal constitucional, Madrid, Civitas, 1980, pp. 277-330; Almagro Nocete, José,/lííízaa constitucional (Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), Madrid, Dykinson, 1980, pp. 189-272; González Deleito, Domingo Nicolás, Tribunales Constitucionales. Organización y funcionamiento, Madrid, Tecnos, 1980, pp. 45-51; Pérez Tremps, Pablo, "El recurso de amparo en la Constitución de 1978", Apéndice al libro de García Ruiz, José Luis, El recurso de amparo, cit. supra nota 51, pp. 275-294.
6' Ver el folleto sobre la inauguración de las actividades de dicho organismo jurisdic- cional. El Tribunal Constitucional, Madrid, 1980.
69. De acuerdo con las referidas disposiciones constitucionales, el ci-
tado recurso de amparo puede ser interpuesto por cualquier ciudadano, el Defensor del Pueblo {Ombuds-man),^^ o por el Ministerio Fiscal, contra la violación realizada por toda clase de autoridades, pero esencialmente las administrativas, de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la referida Constitución, después de haberse agotado un proceso judicial previo basado en los principios de preferencia y sumariedad.
70. Lo anterior significa que el amparo constitucional está regulado
como un recurso en sentido estricto, ya que sólo puede interponerse en último grado ante el referido Tribunal Constitucional contra la resolución
recaída en la vía judicial previa seguida
ante los tribunales ordinarios.^s
71. De acuerdo con la disposición transitoria segunda de la referida
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en tanto no sea expedida la Ley reglamentaria correspondiente, se tendrá que la vía judicial previa será la contenciosa administrativa ordinaria o la establecida por la ley de 26 de diciembre de 1978, intitulada de Prolecdón jurisdiccional de los derechos fun- damentales de ¡apersona, la que comprende tres sectores: a) garantía juris- diccional penal; b) garantía contencioso-administraüva, y c) garantía ju- risdiccional civil, que se tramitan en procesos más concentrados y menos formalistas que los regulados por las leyes procesales ordinarias.
72. Contrariamente a lo que ocurría en la Carta Republicana de 1931
(ver supra nota 65), la libertad y la integridad personal queda excluida de la tutela del amparo constitucional, ya que en la citada Constitución de
1978 se introdujo en forma expresa el hábeas corpus tradicional en
artículo 17, inciso 4, en cuya parte relativa se dispone que "La ley regu-
lará el procedimiento de hábeas corpus para producir la inmediata puesta a disposición judicial toda persona detenida ilegalmente". Dicho orde-
62 Sobre esta institución española inspirada en el modelo escandinavo del Comisio- nado Parlamentario y que ha tenido gran influencia en los ordenamientos latinoameri- canos, Cfr. Gil Robles y Gil Delgado, Alvaro, El control parlamentario de la administración (El Ombudsman), 2- ed., Madrid, Instituto Nacional de la Administración Pública, 1981; Pai- ren GuiWén,Vícior, El Defensor del Pu^bb (Ombudsman), 2 vols., Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1982 y 1986; y en relación con su legitimación para interponer el amparo, Pérez Tremps, Pablo, "El recurso de amparo", cit. supra nota 60, pp. 290-291. Véase además la obra editada por el mismo Defensor del Pueblo Elspañol, Recursos ante el Tribunal Constitucional (1983-1987), Madrid, 1987.
6^ Estos procedimientos ante los tribunales ordinarios es calificado por los juristas es- pañoles Gimeno Sendra, Vicente y Garberi Llobregat, José, como proceso de amparo ordina- rio, en su libro Los procesos de amparo. (Ordinario. Constitucional e internacional), Madrid, Editorial Colex, 1994, pp. 39-146.
namiento reglamentario fue expedido el 24 de mayo de 1984, sobre el procedimiento de "habeos corpus",^ 73. Después de casi veinte años de actividad de la Corte Constitucio- nal española como órgano jurisdiccional de última instancia para conocer del recurso de amparo, se ha establecido una abundante jurisprudencia sobre la procedencia, objeto y finalidades de este instrumento de pro- tección de los derechos fundamentales, que es el que en proporción muy elevada ocupa el primer lugar respecto de los restantes procesos consti- tucionales que se promueven ante dicho tribunal, y por ello también se ha elaborado una amplia bibliografía sobre dicho recurso de amparo.^'^
74. Si bien la jurisprudencia del citado Tribunal Constitucional en materia de amparo se ha referido a un sector importante de los derechos fundamentales que tutela dicho instrumento,^'' debe destacarse que el mayor número de recursos se refiere a la violación de los lincamientos procesales establecidos por el artículo 24 de la Constitución española de
1978, que consagra el llamado derecho a la tutela judiáal
efectiva^ y que
Sobre esta institución del hábeas corpas español pueden consultarse los documen-
tados estudios del destacado procesalista Fairén Guillen, Víctor, "La defensa procesal de la libertad y dignidad personales en una futura Consütución española: el proceso cautelar de manifestación", y "Comentarios a la Constitución de 1978: el hábeas corpus del artículo 17.4 y la manifestación de las personas", ambos trabajos publicados en la Revista de Admi- nistración Pública, números 83 y 88, Madrid, mayo-agosto de 1977 y enero-abril de 1979,
pp. 9-57 y 7-54, respectivamente. También puede consultarse el libro del distinguido procesalista Gimeno Sendra, Vicente, El proceso de hábeas corpus, Madrid, Tecnos, 1985. *i5 Nos limitamos a señalar los estudios más recientes sobre esta institución tutelar y sin mencionar a los numerosos estudios sobre el tribunal constitucional en su conjunto. Cfr. Cascajo Castro, José Luis y Gimeno Sendra, Vicente, El recurso de amparo, la. ed., la.
reimpresión, Madrid,
Tecnos, 1985; Fernández
Farreras, Germán, El recurso de amparo
según ki jurisprudencia constitucional, Madrid, Marcial Pons, 1994; Gimeno Sendra, Vicente y Garberi Lobregat, José, Los procesos de amparo cit. supra nota 60; Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, La sentencia de amparo constitucional, Madrid, Centro de
Estudios Constitucionales, 1996.
^•^ En esta dirección es muy significativo el cuidadoso estudio elaborado por el cono- cido constitucionalista Rubio Llórente, Francisco y un grupo de colaboradores Derechos fundamentales y principios constitucionales (Doctrina juiisprudendal), Madrid, Ariel, 1995 en
el que se analiza
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre cada uno de
los preceptos de la Carta de 1978 que regula derechos fundamentales. 6'^ Dicho precepto dispone: 1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso pueda producirse indefensión. 2. Asimismo, todos denen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones
han abarrotado al citado Tribunal debido a la tendencia de los abogados de llevar los asuntos hasta la última instancia posible y la dificultad de señalar con precisión los límites entre las violaciones estrictamente legales de las constitucionales en materia procesal. Para evitar lo que ha ocurrido en el derecho mexicano (ver supra párrafos 24 a 28) en el que el juicio de amparo contra resoluciones judiciales se ha convertido en un recurso de casación, se reformó el artículo 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional español por ley de 6 de junio de 1988, para facultar a la Sección de la Sala respectiva {integrada por el respectivo Presidente de la Sala o quien lo sustituya y dos magistrados), para declarar mediante providencia tomada por unanimidad de sus miembros, la inadmisión del recurso de amparo constitucional en supuestos de notoria improcedecia del mismo.fis
75. Finalmente haremos una breve referencia a la reciente introduc-
ción del derecho de amparo en el ordenamiento jurídico de Macao y de las islas de Cabo Verde, territorios de colonización portuguesa, que no obstante su vinculación con el ordenamiento metropolitano, en el cual no existe un instrumento específico de tutela de los derechos humanos (que sí se estableció en Brasil, supra párrafos 32-33), ni tampoco se ha uülizado el vocablo amparo, que como se ha señalado (ver supra párrafo 11), es de origen hispánico, en años recientes han introducido este me- canismo similar en sus funciones al establecido en varios ordenamientos laünoamericanos, pero también con la misma denominación.
76. a) El Territorio de Macao, situado en China y antigua colonia por-
tuguesa, tiene de acuerdo con el artículo 5^, inciso 4, de la Constitución
indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profe- sional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos. "Sobre este precepto puede consultarse el estudio del notable procesalista español González Pérez, Jesús, El derecho a la tutela jurisdiccional, 2- ed., Madrid, Civitas, 1989. Respecto a la nutrida jurisprudencia constitucional en relación con esta norma fundamental, son de gran utilidad los comentarios de Rubio Llórente, Francisco y colaboradores. Derechos fun- damentales y principios constitucionales, citado en la nota anterior, pp. 261-383.
^^ En el inciso 3 del citado precepto, se dispone que de no haber unanimidad, la Sec- ción, previa audiencia del solicitante de amparo y el Ministerio Fiscal, por plazo común que no excederá de diez días, podrá acordar mediante auto (fundamentado), la inadmi- sión del recurso. Cfr. Rubio Llórente, Francisco, "El trámite de admisión del recurso de amparo (Comentario a la Ley Orgánica 6/1988)", en el libro del mismo autor, La forma del Poder (Estudios sobre la Constitución), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, pp. 537-566.
de Portugal de 1976-1982, una situación peculiar,69 ya que se rige por un estatuto que conserva la administración de la metrópoli, pero que se vincula mediante un tratado con la República Popular de China, deno- minado "Declaración Conjunta", según el cual en diciembre de 1999, la citada República reasumió la soberanía de dicho Territorio, pero consi- derado como de administración especial y con alto grado de autonomía.™
77. En el artículo 17 de la Ley número 112, de 29 de agosto de 1991,
ordenamiento que establece las bases de organización judicial de Macao, se introdiyo el recurso de amparo, como medio directo de impugnación interpuesto por violación de los derechos ñindamentales garantizados
por el Estatuto Orgánico de Macao, ante: a) el Pleno del Tribunal Supe-
de Justicia contra las decisiones de los tribunales del citado Territorio,
y b) ante los tribunales de jurisdicción administrativa contra actos admi-
nistrativos o por vía de hecho de los poderes públicos.
78. Dicho medio de impugnación que puede ser impuesto por los
afectados en sus derechos humanos en sus dos sectores, judicial y admi- nistrativo, no ha sido toda\ía reglamentado en el ordenamiento del citado Territorio, y por ello no se ha desarrollado de manera suficiente, ya que ha sido regulado únicamente por vía jurisprudencial y con apoyo en la doctrina, de acuerdo con la cual, como el artículo 2- del citado Estatuto Orgánico, incorpora los derechos, libertades y garantías establecidos por la Constitución Portuguesa de 1976-1986, que además contiene en una disposición abierta sobre la inclusión de las libertades y garantías materiales,''' se considera que el amparo tutela los derechos fundamenta- les establecidos en la mencionada Carta Portuguesa, pero también aquellas que se establecen en las disposiciones ordinarias de carácter lo- cal y también en los tratados internacionales de los derechos humanos.'^
*i9 Cfr. Gomes Canotilho, J. J. y Moreira, Vital, Constituifáo da República Portuguesa. Anotada, Coimbra, Coimbra Editora, 1980, pp. S9-40.
™ Cfr. Miranda. Jorge, Manual de Direito Constitucional,
Coimbra, Coimbra Editora,
tomo 111, 1994, pp. 249-251. '^ Sobre la amplitud de los derechos fundamentales en la Constitución Portuguesa puede consultarse al destacado constitucionalista mencionado en la nota anterior, que dedica integralmente a esta materia el tomo iv de su libro. Manual deDiráto Constitucional, Coimbra, 1993. "^2 Cfr. el documentado estudio comparativo del destacado jurista Cardinale, Paulo, "O amparo de direitos fundamentáis no direito comparado e no ordenamiento jurídico de Macau", en Retñsta Jurídica de Macau (bilingüe, portugués-chino), vol. ni, núm. 1, 1996, pp. 51-92, especialmente, pp. 51-53, 72-92.
79. b) Por lo que respecta al archipiél^o de Cabo Verde, antigua colo-
nia portuguesa, el artículo 19 de la Constitución de 1992, que tiene como epígrafe 'Tutela de los derechos, libertades y garantías", consagra expre- samente el recurso de amparo que se reconoce a todos los ciudadanos, los que tíenen el derecho de acudir al Supremo Tribunal de Justicia para soli- citar la tutela de sus derechos, libertades y garantías fundamentales reco- nocidos constitucionalmente, en los términos de la ley. Se establecen como Hneamientos de este instrumento: a) que sólo puede ser interpuesto con- tra actos u omisiones de los poderes públicos lesivos de dichos derechos fundamentales, después de haberse agotado todas las vías de recurso ordinario, y b) que el citado recurso de amparo puede ser promovido por conducto de un simple escrito y tiene carácter urgente, por lo que su procedimiento debe basarse en el principio de sumariedad.'^
V. EL AMPARO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES
80. El derecho de amparo, inclusive con ese nombre fue promovido
por los diplomáticos mexicanos en las reuniones internacionales que aprobaron varias declaraciones y tratados de derechos humanos, pero siempre en cuanto a su versión histórica y original de instrumento sen- cillo y breve de protección de los derechos fundamentales, con exclusión de la libertad e integridad personal, tutelada en dichos instrumentos por el habeos corpus.
81. La doctrina ha puesto de relieve la influencia del amparo mexicano
en los documentos internacionales en ios cuales se ha consagrado el esta-
blecimiento de un recurso efectivo (sencillo y breve) ante los tribunales y organismos internos, como requisito previo para acudir a las instancias
internacionales.'^4
82. a) En esta dirección pueden enorgullecerse los juristas mexicanos,
al haber aportado sus esfuerzos para la consagración en los artículos
XVII,?'^ y 8-,'6 respectivamente, de las Declaraciones Americana y Universal
"^^ Cfr. Cardinale. Paulo, op. ult. cit., pp. 65-66, '^•* Cfr. Martens, Fierre, Le droit de recours effectif deuant les instances nationaks en cas de violation d'un droit de Vhomme, Bruxelles, Université de Bruxelles, 1973, 2-23, 31-46. '^5 El citado precepto dispone: 'Toda persona puede ocurrir a los tribunales para ha- cer valer sus derechos. Asimismo, debe disponer de un procedimiento senállo y breue por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que viole en su perjuicio, alguno de ¡os derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". Cfr. Fernández del Castillo, Germán, "La decla-
de los Derechos del Hombre , respecto del reconocimiento o consagra- ción de un juicio sencillo y breve que ampare (como lo consigna el texto oficial en castellano), a los particulares contra la violación de los derechos de la persona human a reconocido en los ordenamientos nacionales.
83. b) El artículo 2, inciso segundo, del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, aprobado por las Naciones Unidas el 16 de
diciembre de 1966 y en vigor el 23 de marzo de 1976, establece conducente:
2. Cada uno de los Estados en el presente Pacto se compromete a garantizar que: a) toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el Presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando la violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legis- lativa, o cualquiera otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y a desarrollar las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión que se haya estímado procedente en el recurso.
84. c) El artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969 y \'igente a partir del 18 de julio de 1978, con el epígrafe de "Protección Judicial", üene una redacción simileír a la del Pacto de Naciones Unidas, pero utiliza expresament e el vocablo amparo en su versión oficial e n castellano:
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la
ración Americana de Derechos y Deberes del Hombre", en el volumen, México en la IX Conferencia Internacional Americana, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, 1948, pp. 149-166. "^^ La norma citada establece; 'Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconoc por la Constitución o por la ley". Cfr. Tena Ramírez, Felipe, "El aspecto mundial del amparo. Su expansión internacional", en el volumen México ante el pensamiento juridico-social de Occidente, México, Jus, 1955, pp. 120-152. Id. "El amparo mexicano medio de protección de los derechos humanos", en el volumen El amparo mexicano y los derechos humanos (Dos ensayos), México, Suprema Corte de Justicia, 1975, pp. 61-75.
Constitución, la ley o la presente Convención (es decir, que la tutela la extiende también a los derechos consagrados en dicho instrumento internacional), aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados partes se comprometen: a) a garanü- zar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado de- cidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desa- rrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.
85. d) Aun cuando no existe un a influencia directa del amparo mexi-
cano y latinoamericano, el artículo 13 de la Convención Europea para
la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, suscrita en Roma el 4 de noviembre de 1950, en vigor el 3 de septiembre de 1953, dispone que: "Toda persona cuyos derechos y libertades reco- nocidos en la presente Convención hubiesen sido violados, tiene dere- cho a que se conceda un recurso efectivo ante un a autoridad nacional,
incluso cuand o la actúen en ejercicio
violación hubiese sido cometida por personas qu e de sus funciones oficiales. "^'^
86. Si bien no puede afirmarse que se hubiesen establecido en cumpli- miento del citado precepto de la Convención europea, sí deben queda r comprendidos dentro del mismo los recursos constituáonales, similares al derecho de amparo que se han establecido con el nombr e genérico de Beschiverde (literalmente: queja) en los ordenamientos de la República Federal de Alemania, de Austria y de Suiza, que realizan una función muy parecida al amparo mexicano e iberoamericano.'^8
87. No pretendemos hacer un análisis de dichos instrumentos tutelares de los derechos humanos, que se interponen en última instancia ante el Tribunal Federal Constitucional alemán, la Corte Constitucional austríaca o el Tribunal Federal de Suiza, pero sí podemos destacar que el que tiene mayor aproximación con el recurso de amparo latinoamericano y el español, es la Verfassungsbeschwerde alemana (literalmente: queja constitu-
^"^ Se ha destacado la responsabilidad de los gobiernos que han suscrito la mencionada Convención, cuando los ordenamientos respectivos no regulen adecuadamente esta ins- tancia procesal interna. Cfr. Martens, Fierre, Le droit de recours effectif devant les instances nationales en cas de violation d'un droit de l'homme, cit. supra nota 74, pp. 47-98. '^^ Cjr. Schuler, Andrea, Hans, Der Verfassungsbeschwerde in der Schwáz, der Bundesreplulñk Dmtschland und Ósterrách (El recurso constitucional en Suiza, la República Federal de Ale- mania y de Austria), Zürich, 1968.
cional),™ y por este motivo los juristas españoles traducen al castellano dicho vocablo como recurso de amparofi^
VI. Los NUEVOS MECANISMOS: MANDADO DE SEGURANCA COLECTIVO;
HABEAS DATA, MANDADO DE INJUNCAO, ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y ACCIONES POPULARES
88. A partir de la entrada en vigor de la Constitución Federal brasileña de octubre de 1988, que ñie muy fructífera en nuevos instrumentos de protección de derechos humanos, se han desarrollado otros mecanismos diversos de los tradicionales del hábeas corpus y del derecho del amparo en sentido amplio que hemos examinado con anterioridad (ver supra párrafos 29-37).
El primero de ellos fue el Mandado de seguranza colectivo consa-
grado actualmente por el artículo 5-, parágrafo LXX, de la citada Carta Federal brasileña, y que constituye una ampliación de la misma instítu- ción en su ámbito individual, que como hemos señalado anteriormente sólo puede interponerse por los particulares afectados por la violación de sus derechos fundamentales (ver supra pirraíos 32-33). El nuevo ins- trumento protege derechos de carácter colectívo por medio del proce- dimiento breve y rápido que caracteriza al mandamiento de amparo indi- vidual, ya que el nuevo medio tutelar puede ser interpuesto por partidos políticos con representación en el Congreso Nacional; por organiza- ciones sindicales; por entidades gremiales; o por asociaciones legal- ment e constituidas y en funcionamiento, que tengan cuando menos u n año, en defensa de los intereses de sus miembros o asociados.^^
^^ Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El juicio de amparo mexicano y el recurso constitucional federal alemán (Breves reflexiones comparativas)," en Boletín Mexicano d£ Derecho Com- parado, núm. 77, mayo-agosto de 1973, pp. 461-488, reproducido en el libro del mismo autor, Ensayos soln-e el derecho de amparo, cit. supra nota 1, pp. 667-694. ^'^ Como ejemplos podemos citar a Simón, Helmut, "La Jurisdicción constitucional. 2. b) "Recursos de amparo de los ciudadanos", en la obra colectiva de Benda, Ernesto y otros, Manual de derecho constituáonal, trad. castellana, Madrid, Marcial Pons, 1996, pp. 834-835, Haberle, Peter, "El recurso de amparo en el sistema Germano-Federal de juris- dicción constitucional", trad. de Carlos Ruiz Miguel, en la obra editada por Domingo García Belaúnde y Francisco Fernández Segado, La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, Madrid, Dykinson, 1997, pp. 227-282. ^' Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Avances y perspectivas de la protección procesal de los derechos humanos en Latinoamérica", en Memorias VI Congreso Iberoamericano de Derecho Constituáonal, Santa Fe de Bogotá, Universidad Extemado de Colombia, 1998, tomo ii,
90. b) El instrumento que ha tenido una mayor repercusión en el de-
recho constitucional latinoamericano, es el calificado como hábeas data introducido por el artículo 5°, fracción LXXXII, de la citada Constitución brasileña de 1988, el que procede para lograr el conocimiento de infor- maciones relativas al promovente y que consten en registros o bancos de datos pertenecientes a entidades gubernamentales de carácter público, o bien para obtener la rectificación de datos, cuando el afectado no pre- fiere hacerlo por conducto de un proceso reservado, ya sea judicial o administrativo. Como puede observarse, dicho instrumento tiene por objeto proteger a los gobernados contra las posibles afectaciones de la información electrónica, que se ha extendido de manera notable en nuestra época y que puede lesionar gravemente a los particulares.
91. Con toda razón la doctrina ha estimado que tanto en el caso de esta
institución como de otras establecidas por vez primera en la Carta brasi- leña, aun cuando no se expida de inmediato la ley reglamentaria, deben aplicarse directamente las normas fundamentales. Pero para facilitar esta aplicación, poco tiempo después de promulgada dicha Ley Suprema, el Tribunal Federal de Recursos (en la actualidad Tribunal Superior de Jusücia) expidió el Auto (acordado) número 1245 de 13 de diciembre de 1988, en el que establece las directrices del procedimiento tanto del hábeas data como del mandado de injunfáo, y les otorgan preferencia sobre todos los actos judiciales, con exclusión del mandamiento de am- paro y del hábeas corpusP-
92. Debido a los problemas que puede generar la informática en los
derechos de los gobernados, el hábeas data ha tenido, con esa denomi- nación, una amplia repercusión en los ordenamientos constitucionales posteriores a la Carta brasileña de 1988 que creó dicha institución, y así fue consagrada en las Constituciones de Paraguay de 1992; de Perú de 1993 y en la reforma constitucional argentina de 1994; en el texto de la Ley Fundamental de Ecuador, revisado en 1998 y en la Constitución de Venezuela de 1999.
pp. 805-858, reimpreso en el libro del mismo autor, Proteccióri jurídica de los derechos humanos. Estudios comparativos, 2- ed., México, Comisión Nacional de Derechos Huma- nos, 1999, pp. 413-454. ^2 Cfr. Sidou, Othón, J. M., "Las nuevas figuras del derecho procesal constitucional brasileño: mandado de injungáo y hábeas data", trad. de Héctor Fix-Zamudio, en Boletín Mexicano deDerecho Comparado, núm. 70, enero-abril de 1991, pp. 179-186; y Da Silva, José Afonso, Mandado de injunfáo e hábeas data, Sao Paulo, Revista dos Tribunais, 1989, 53-69.
93. a) El artículo 135 de la Carta Fundamental de Paraguay de junio
de 1992, establece al respecto:
Del habeos data. Toda persona puede acceder a la información y los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes obren en registros oficiales o privados de carácter público, así como conocer el uso que se haga de los mismos y de su fmalidad. Podrá solicitar ante el magistrado competente la actualización de la rectificación o la destrucción de aquéllos, si fuesen erróneos o afectaran ile- galmente sus derechos.
94. b) El artículo 200, inciso 3, de la Constitución peruana de 1993,
inspirándose en la institución brasileña, establece como garantía consti- tucional la "acción de habeos data que procede contra el hecho u omisión, por parte cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o ame- naza los derechos a que se refiere el artículo 2-, incisos 5), 6) y 7) de la Constitución". Sin embargo, mediant e ley 26,470 del 12 de juni o de 1995, se suprimió de la protección del hábeas data, lo dispuesto por el citado inciso 7 del artículo 2- de dicha Carta, por lo que los preceptos fundamentales que quedan comprendidos en dicha tutela, disponen en su parte conducent e que;
Artículo 2-, Toda persona tiene derecho: (
5) a solicitar sin expresión de
causa la información que requiera y recibirla de cualquier entidad pública,
en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las infor- maciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se exclu-
yan por ley o por razones de seguridad nacional {
6) A que los servicios
informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren infor- maciones que afecten la intimidad personal y familiar.
95. Como lo señala correctamente el constítucionalista peruano Víctor
Julio Ortecho Villena, el objeto de este procedimiento es la exigencia de que los registros, archivos y centros de información contengan datos verdaderos, actualizados y dignos de credibilidad, y además, la pro- tección del honor, la buena reputación, así como la intimidad personal y familiar.83 Se consideró tan importante este nuevo mecanismo tutelar, que el mismo Congreso Constituyente expidió el 2 de mayo de 1994,
83 Cfr. entre otros, Ortecho Villena, Víctor Julio, Junstíícaon constituáonal Procesos cons-
ütuáonaks, Trujillo, Perú, Fondo Editorial de la Universidad Antenor Orrego de Trujillo,
1998, p. 193.
u n a ley provisional para establecer el procedimiento que debía seguirse al tramitarse este instrumento, y en su artículo 3-, dispuso la aplicación supletoria de la Ley de Amparo y Habeos Corpus.^'*
96. c) El tercer ordenamiento que acogió esta institución de
brasileño lo fue la Carta Federal argentina e n su texto reformad o
en agosto de 1994. Al respecto, establece el penúltimo párrafo del ar- tículo 43 constitucional:
Habeos Data. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conoci- miento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, con- fidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísüca.
97. La doctrina considera que dicho instrumento tutela esencialmente
el derecho a la intimidad frente al desarrollo vertiginoso de la informá-
tica. Aun
cuando se estima que debe expedirse una ley
de la disposición constitucional transcrita {se han presentado varias ini- ciativas en el Congreso Nacional), en tanto que esto no ocurra se sostiene que después de hacerse las gestiones previas para solicitar la información o las rectificaciones pertínentes, si n o se obtiene una reparación satisfac- toria, puede acudirse a la acción de amparo.*'''
98. d). En la Constítución ecuatoriana, de acuerdo con su texto codi-
ficado en 1998, Título iil. Capítulo VI, De las garantías de los derechos, Sección II, Del Hábeas Data, artículo 94, en el cual se establece;
Toda persona tendrá derecho a acceder a los documentos, bancos de datos e informes que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en entidades pú-
^•* Cfr. Ortecho Villena, Víctor Julio, op. últ. cit. pp. 191-206; Rodríguez Domínguez, Elvito A., Derecho procesal constitucional, Lima, Grijley, 1997, pp. 151-165, Abad Yupanqui, Samuel B., '^Habeos data y conflicto entre órganos consdtucionales. Dos nuevos procesos constitucionales", en La Constitución de 1993. Análisis y coméntanos I, Lima, Comisión Andina de Juristas, 1994, pp. 265-272.
^5 Cff. Ekmekdjian, Miguel Ángel yPizzolo, Calogero, hijo, Hábeas Data. El derecho a la intimidad frente a la revolución informática, Buenos Aires, Depalma, 1996, pp. 95-115; Sagüés.
Néstor Pedro, Derecho procesal constitucional, 3, Acdón de amparo, 4- ed
.. 1995, Capítulo XXVII, "Amparo y Hábeas Data en la reforma constitucional de 1994", pp. 663-687; Seisdedos, Felipe, "Amparo, Hábeas Data y Hábeas Corpus en la reforma de 1994", cit. supra nota 38, pp. 445-448.
blicas o privadas, así como a conocer el uso que se haga de ellos y su propósito. Podrá solicitar ante el funcionario respectivo la actualización de los datos o su rectificación, eliminación o anulación si fueren erróneos o afectaren ilegíti- mamente sus derechos. Si la falta de atención causare perjuicio, el afectado podrá demandar indemnización. La ley establecerá un procedimiento especial para acceder a los datos personales que consten en los archivos relacionados con la defensa nacional.^^
99. e) Finalmente, el artículo
28 de la Constitución venezolana
consagra de maner a expresa el derecho y acáón
de habeos
data en los siguientes términos:
Toda persona tiene derecho de acceder a la información y a los datos que so- bre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados, con las excepciones que establezca la ley, así como de conocer el uso que se haga de los mismos y su finalidad, y a solicitar ante el tribunal competente la actua- lización, la rectificación o la destrucción de aquéllos, si fuesen erróneos o afec- tasen ilegítimamente sus derechos. Igualmente, podrá acceder a documentos de cualquier naturaleza que contengan información cuyo conocimiento sea de interés para comunidades o grupos de personas. Queda a salvo el secreto de la ñjente de información periodística y de ouas profesiones que determine la ley.
100. c) El tercer instrumento novedoso introducido por la Constitu-
brasileña de octubre de 1988, recibe el nombr e equívoco de man-
dado de injungáo, ya que no obstante esa denominación que tiene similitud con el lorit ofinjundion angloamericano, que tiene un significado diverso e inclusive contrario, pues en tanto que este último se traduce en un man- dato prohibitivo, ya sea provisional o definitivo, la institución brasileña regulada por el artículo 5", fracción LXXI constitucional, procede cuando la ausencia de una norma reglamentaria impida el ejercicio de los dere- chos y libertades constitucionales o de las prerrogativas que se refieren a la nacionalidad, la soberanía y la ciudadanía, lo que implica que se trata de un mecanismo para lograr que se supere la omisión en que incurre u n a autoridad con facultades legislativas para dictar disposiciones regla- mentarias.^'
^^ Cfr. Salgado Pesantes, Hernán, "La jurisdicción constitucional en el Ecuador", en la obra, La jurisdicción constitucional en Iberoamérica, cit. supra nota 80, pp. 586-587. ^'^ CJr. Sidou, Othón J. M., "Las nuevas figuras de derecho procesal constitucional bra- sileño,: Mandado de Injungáo y Habeos Data, y Da Silva, José Afonso, Mandado de injunfáo y habeos data, ambos citados supra nota 82, pp. 169-179, y 9-52, respectivamente.
101. Esta es una institución que plantea problemas complicados, ya
que en principio supone la existencia de la llamada "inconstitucionalidad por omisión de disposiciones legislativas", que resulta difícil de aplicación, como lo ha demostrado la jurisprudencia de las Cortes y Tribunales Cons- titucionales europeos, los que han admitido que cuando el legislador incurre en una omisión que afecta derechos fundamentales de los gober- nados, que no pueden aplicarse sin la reglamentación legislativa, el juez constitucional puede integrar la norma faltante para hacer posible el respeto del derecho afectado, sin perjuicio de que el mismo legislador cumpla con su deber normativo.*^^ El único ordenamiento constitucional europeo que regula de manera expresa la declaración de inconstitucio- nalidad por omisión es la Carta portuguesa de 1976-1982, la cual dispone en su actual artículo 283, que el Tribunal Constitucional, cuando no se hubiesen expedido las disposiciones legislativas necesarias para lograr el cumplimiento de las disposiciones constitucionales, podrá recomendar a los órganos legislativos que las expidan en un plazo razonable.f*9
102. Es posible que el nuevo instrumento procesal brasileño se ins-
pirara tanto en el modelo portugués como en la jurisprudencia de otros tribunales constitucionales europeos, pero no resulta sencilla su aplica- ción en la práctica, porque implica mayores facultades de integración para los jueces constitucionales, y por ello resulta bastante novedoso este instrumento en el ámbito latinoamericano, pero no obstante sus problemas, esperamos que pueda extenderse a otros ordenamientos de nuestra región.^^
103. d) Hacemos una breve mención de la llamada acáón de cumpli-
miento, que como garantía constitucional fue establecida por el artículo 200.6 de la Constitución peruana de 1993, de la siguiente manera: "La acción de cumplimiento, que procede contra cualquier autoridad o fun- cionario renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo, sin
^^ La doctrina consdtucional italiana al referirse a los fallos de la Corte Consütucional, señala que las sentencias pueden ser additive, sustitutive o legislative cuando establecen disposiciones normativ'as que debieron haber sido expedidas por el legislador. Cfr. Mar-
tínez, Temístocles, Diritto Pubblico, 2* ed
Milano, Giuffré, 1992, pp. 439-440; Vergottini,
.. Giuseppe de, Diritto Costituzionak, Milano, Cedam, 1997, pp. 643-645. ^^ Cfr. Miranda, Jorge, Manual di Diráto Constituáonal, Coimbra, cit. supra nota 71, tomo II, 1990, pp. 507-527. 90 Cfr. Fernández Segado, Francisco "La dinamización de los mecanismos de garantía de los derechos y de los intereses difusos en el Estado Social", cit. supra nota 34, pp. 608-627, quien realiza un excelente estudio comparativo sobre esta cuestión de la inconstitucio- nalidad por omisión.
perjuicio de las responsabilidades de ley". Este instrumento procesal fue reglamentado, conjuntamente con la acción de habeos data, por la Ley 26,301, promulgada el 2 de mayo de 1994 y expedida por el mismo Congreso Constituyente (con la denominación de "Ley de Hábeas Data y de Acción de Cumplimiento"), y como se ha mencionado tiene aplica- ción supletoria la Ley de Amparo y Hábeas Corpus.^^ 104. Esta institución tiene cierta similitud con el llamado tvrit ofman- damus del derecho angloamericano, que significa la petición de una orden judicial para obligar a una autoridad remisa que cumpla con una obliga-
ción legal.92 ]sjo debemos olvidar que el clásico fallo dictado en el asunto Marbury versus Madison, que inició el desarrollo de la revisión judicial en los Estados, se dictó con motivo de una petición de orden de mandamus.93 Como antecedente en Latinoamérica podemos mencionar los llamados ''mandamientos de Recudan" que conjuntamente con los de "prohibición" (estos últimos similares al zvrit ofinjunction angloamericano) (ver supra párrafo 100), fueron introducidos en códigos y constituciones provincia- les argentinos a fines de los años cincuenta.^^ Según la doctrina peruana, el antecedente inmediato de la acción de cumplimiento se encuentra en el
colombiana de 1991, según el cual: 'Toda per-
sona podrá acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cum-
plimiento de una ley o de un acto administrativo." 105. e) Las acciones populares como instrumentos de garantía constitucio- nal han asumido diversos significados en el derecho latinoamericano. En una visión panorámica y de resumen podemos señalar varias categorías:
a) como medio para ejercer una acción abstracta de inconstitucionalidad; b) como una acción para reclamar la inconsütucionalidad o ilegalidad contra reglamentos, normas y disposiciones generales de carácter admi- nistrativo, y c) como instancia para tutelar derechos o intereses difusos
^1 Cfr. Ortecho Villena, VíciorJuWo, Jurisdicción constitucional Procesos constitucionales, cit. supra nota 83, pp. 207-210, Rodríguez Domínguez, Elvito, Derecho procesal constitucional, cit. supra nota 84, pp. 169-170. ^2 CJr. Alien, Richard B., "Mandamus, quo warranto, prohibition and ne exeat", en The University oflUinois LawForum, primavera de 1960, pp. 102 y ss. Lawson, F. H., Remedies of English Law, Middlesex, Inglaterra, 1972, pp. 205-210. '^^ Cfr. Garraty, John A., 'The Case of the Missing Commissions (Marbury vs. Madison, J. Cranch 137)", en el libro colectivo editado por el mismo autor, Quarrels that Shaped the Constitution, New York, Harper S: Row, 1966, pp. 1-14. ^** Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, La protección jurídica y procesal de hs derechos humanos ante las jurisdicciones naáonales, Madrid, UNAM-Civitas, 1982, pp, 93-96, Linares Quintana, Segundo V., Derecho constitucional de las nuevas promnáas, Buenos Aires, Depalma, 1962.
o trascendentales, y en general, de carácter colectivo. Es en esta última dirección en que las citadas acciones populares tienen similitud con el derecho de amparo, y por ello sólo nos referiremos a este sector y no a los otros que hemos señalado. 106. La citada tercera categoría de acciones populares de carácter constitucional se integra con las consagradas en los ordenamientos cons- titucionales de Brasil y Colombia, las que están dirigidas a la protección de los llamados intereses (en realidad derechos) difusos o trascendentales, que asumen cada vez mayor importancia en esta época de desarrollo tecno- lógico y económico, en el que con frecuencia se afecta la esfera jurídica de un número indeterminado de personas, las que no pueden ser tute- ladas jurídicamente por medio de los instrumentos procesales tradicio- nales. 107. No pretendemos por la brevedad de este estudio hacer un examen de la evolución que ha experimentado esta categoría de intereses y dere- chos en numerosos ordenamientos contemporáneos,^^ pero debemos destacar que también se han desarrollado instrumentos procesales para proteger dichos intereses en los las legislaciones latinoamericanas-^E» En
^•^ Destacan en este campo dos eventos académicos de particular relieve, efectuados,
el primero en la ciudad de Pa\T'a, Italia, los días II y 12 de junio de 1974, cuyos trabajos se
publicaron en el volumen intitulado Le azioni a tutela di interesse colettivi, Padova,
1976; con acento en el análisis de varias ramas procesales, es decir, en las materias admi- nistrativa, civil y penal, y el segundo con los estudios discutidos en III Congreso de la
Asociación Internacional de Derecho Comparado realizado en la Universidad de Salerno los días 22-25 de mayo de 1975, que fueron publicados en la obra La tutela degli interessi dijussi in diritto compáralo con particulare riguardo alta protezione dell'ambiente e dei consumatori,
Milano, GiufFré, 1976. A los anteriores debe agregarse el estudio relativo a "La protección
de los intereses difusos, fragmentarios y colectivos en el proceso civil" (Der Schutz diffuser kolleMiver Tnteressen in ZivilproTzesrecht), presentado en el VII Congreso Internacional de Derecho Procesal efectuado en Würzburg, República Federal de Alemania, y cuya po- nencia general estuvo a cargo de los profesores Mauro Cappelleti y Brian Garth. Este tra-
bajo apareció en la obra colectiva editada por Walter J.
und Veifassungsmássige Ordnung. Effectivinnes of Judicial
Habscheid, Effektiver Rechtsschutz Protection and Constitutional Order,
Bielefeld, Gieseking Verlag, 1984; Lozano-Higuero y Pinto, Manuel, La protecáón procesal de los intereses difusas, Madrid, 1983. Recientemente la joven investigadora mexicana Her- nández Martínez, María del Pilar, publicó el documentado estudio comparativo Mecanis- mos de tutela de los intereses difusos y colectivos, México, UNAM, 1997.
3^ Podemos citar algunos ejemplos de estudios doctrinales: Morello, Mario Augusto, "Legidmación procesal de los colegios profesionales, de las organizaciones de protección de los consumidores y de defensa de intereses difusos", en la obra colectiva La justicia entre dos épocas. La Plata, Librería Editora Platense, 1983, pp. 181-206; Fernández Segado, Francisco, "La dinamización de los mecanismos de garantía de los derechos y de los intere-
primer lugar debemos hacer referencia a la acción popular de la Consti- tución brasileña, qu e ya habí a sido regulada por las Constituciones
Federales anteriores de 1946 y 1967, por lo que fue regulada por la Ley
4717 de 29 de junio de
1965, la que amplió la esfera de las norma s
titucionales para comprende r la tutela de los intereses difusos de los sec- tores sociales no organizados. Dicha acción popular está regulada por el artículo 5^, fracción LXXIII, de la Carta Federal vigente de 1988, de la siguiente manera:
Cualquier ciudadano es parte legítima para proponer la acción popular que pretende anular un acto lesivo para el patrimonio público o de una entidad en que el Estado participe, para la moralidad administrativa, para el medio ambiente o para el patrimonio histórico y cultural, quedando el actor, salvo las del carácter procesal al vencido.^'^
108. La Constitución colombiana de 1991 regula acción popular cons-
titucional de maner a más amplia en su
artículo 88, según el cual:
La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre compe- tencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. Tam- bién regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particu- lares.^^
109. Aun cuando no corresponde a este sector de las acciones colecti- vas, el artículo 43 de la Constitución argentina reformada en agosto de
1994, recogió esta evolución sobre la tutela de los intereses o
ses difusos en el Estado Social", cit. supra nota 34, pp. 582-597; Fix-Zamudio, Héctor, "Ejercicio de las garantías constitucionales sobre la eficacia del proceso", en el libro del propio autor, Latinoamérica: Constitución, proceso y derechos humanos, cit. supra nota 2, pp. 488-493. ^^ Cfr. Barbosa Moreira, José Carlos, "Legitimación para la defensa de los intereses di- fusos", en la obra Congreso Nacional de Derecho Procesal, La Plata, 1981, t. II, pp. 1240-1288; Neves, Celso, "Legitimacáo processual e a nova Constítuifáo", en Beoista de Proceso, núm. 56, octubre-diciembre de 1989, pp. 1-40; Da Silva, José Afonso, Curso di Direito Constitucional Positivo, cit. supra nota 28 pp. 400-408. ^° Cfr. Sáchica, Luis Carlos, Nuevo derecho constitudonal colombiano, 10^ ed., Santa Fe de Bogotá, Temis, 1992, pp. 213-222.
difusos, pero en lugar de encomendarlo a un a acción específica, com-
prendió dicha protección expresamente en
la acción de amparo, ya qu e
el segundo párrafo de dicho precepto, se dispuso claramente.
Podrán interponer esta acción (de amparo) contra cualquier forma de dis- criminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la com- petencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Si bien no se legitima a cualquier persona, se extiende de manera consi- derable dicha ley al Ombudsman y a las asociaciones de defensa de dichos dere- chos colectivos. Por ese motivo la doctrina considera que se ha creado un "amparo colectivo".^^
110. Con mayor razón en nuestra región, que tanto ha padecido du-
rante las dictaduras militares y gobiernos autoritarios, y que no obstante
que el péndulo se ha inclinado por
gobiernos civiles democráticos, no h a
podido desterrar por completo las infracciones a los derechos humanos de sus habitantes, la labor de los Tribunales, Cortes, Salas Constituciona- les, que ha sido muy significativa en los últimos años, asume particular importancia en cuanto la jurisprudencia, en algunos ordenamientos muy abundante , como la última instancia protectora de las garantías consti- tucionales protectoras de los derechos humanos.
VIL EL JUICIO DE AMPARO MEXICANO EN LA ACTUALIDAD Y SUS DIVERSOS SECTORES
111. Señalamos anteriormente las etapas del nacimiento del juicio de
amparo mexicano y su evolución en la Constitución de 1857 y su con- sagración en los artículos 103 y 107 de la Carta Federal vigente de 5 de febrero de 1917, en su texto original (ver supra párrafos 27-28). La re- dacción original del citado artículo 107 constitucional fue minuciosa, prác- ticamente reglamentaria, en virtud de que ya entonces el citado juicio de amparo era muy complejo y comprendía tanto aspectos estrictamente
^ Cjr. Gozaíni, Osvaldo A., El derecho de amparo. Los nuevos derechos y garantías del artículo
43 de la Constitución Nacional, cit. supra nota 37, pp. 86-100; Natale, Alberto, Comentarios
sobre la Constituáón. La reforma de 1994, Buenos Aires, Depalma, 1995, pp. 66-69.
constitucionales como de control de legalidad de disposiciones legales secundarias, y a partir de entonces se ha producido un desarrollo muy difícil, que todavía no debemos considerar concluido. 112. Los mencionados artículos 103 y 107 constitucionales han sido desarrollados por dos Leyes Reglamentarias, la de 18 de octubre 1919
y la actual de 30 de diciembre de 1935, que
entró en vigor el 10 de enero
de 1936. Tanto el artículo 107 como la Ley de Amparo vigente han sufri- do constantes modificaciones, si bien varias de ellas se han inspirado en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en su mayor parte han tenido como propósito abatir el enorme rezago de los tribunales federa- les, a los que compete decidir los procesos de amparo, precisamente por el gran cúmulo de asuntos, en crecimiento continuo, de los propios juicios de amparo. Desde fines del siglo anterior, el ilustre jurista mexicano Emilio Rabasa había señalado que la tarea de la Suprema Corte de Justi- cia, a la que competía la última instancia de todos los juicios de amparo y en particular los promovidos contra las resoluciones de todos los jue- ces y tribunales del país, debía considerarse como "imposible".^oo Por otra parte, el mismo Rabasa consideró que el juicio de amparo contra las reso- luciones judiciales por violaciones a las disposiciones legales ordinarias debía considerarse no como un verdadero proceso sino como un "re- curso de casación",'oi y este pensamiento influyó en el Constituyente de 1916-1917, y por ello en el referido artículo 107, se configuró el amparo contra resoluciones judiciales con los lincamientos del propio recurso de casación, en una sola instancia,^"^ de manera que en la regulación actual del juicio de amparo mexicano existen dos formas de procedimiento, una de dos instancias para las impugnaciones diversas de las de las resolu- ciones judiciales, y otro de un solo grado para estas últimas, consideradas como un recurso y no un verdadero proceso.
113. La mayoría de las modificaciones que ha sufrido las normas cons- titucionales y legales que regulan el derecho de amparo mexicano han tenido por objeto desahogar a la Suprema Corte de Justicia del conoci-
^00 Cfr. el capítulo XIII del clásico libro del citado jurista
mexicano, El artículo 14.
Estudio constitucional, publicado conjuntamente con la obra del mismo autor, Eljuiáo Cons- tituáonal, se denomina precisamente "La imposible tarea de la Corte". El primer estudio apareció originalmente en 1906, y ambos fueron reimpresos por Editorial Porrüa, México, 1955, pp. 103-110. 101 C^.ú¿í.ríí.pp. 95-102. lO^ CJr. Fix-Zamudio, Héctor, "Presente y futuro de la casación civil a través del juicio de amparo", en Memoria deEl ColegioNaáonal, 1978, México, 1979, pp. 91-138, reproducido en la obra del mismo autor. Ensayos sobre derecho de amparo, cit. supra nota 1, pp. 233-284.
miento de la citada institución tutelar, especialmente por lo que respecta a la impugnación de las resoluciones judiciales por infracción de dispo-
siciones legislativas ordinarias. Así en 1928 y 1934, se dividió a la Suprema
Corte de Justicia en tres y cuatro salas, divididas por materias
(penal, admi-
nistrativa, civil y laboral), para la resolución de los juicios de amparo que anteriormente se conocían únicamente por el Pleno del citado tri- bunal supremo. 114. En 1951 se crearon los tribunales colegiados de circuito, integra- dos por tres magistrados, para auxiliar a la propia Suprema Corte de Justicia en el conocimiento de los juicios de amparo (de acuerdo con el modelo de los tribunales de circuito de apelación de Estados Unidos establecidos en 1891 con el mismo propósito) ¡i**^ en 1968, se hizo una profunda revisión de las reglas de competencia, y se llevó a los citados tribunales de circuito un acervo importante de los juicios de amparo y se conservaron en la Suprema Corte únicamente los de mayor importan- cia económica, social yjurídica, y esta evolución continuó en los años pos- teriores. 115. Este desarrollo culminó con dos importantes reformas constitu- cionales y legales sobre la estructura del poder judicial federal y particu- larmente en cuanto a su conocimiento de los juicios de amparo. En efecto, en 1988 se realizó una modificación sustancial en el conoci- miento del juicio de amparo, de tal manera que sólo se atribuyó a la Suprema Corte de Justicia la competencia para conocer de los juicios de amparo de doble instancia en los cuales se planteara una cuestión estric- tamente constitucional, y todos los demás asuntos en los cuales se dis- cutiera un problema de legalidad, es decir, de aplicación de disposiciones legales ordinarias, se trasladaron a los tribunales colegiados de circuito, distribuidos en las ciudades más importantes del país y cuyo número se incrementó de manera considerable. Lo anterior modificó la tradición implantada desde el siglo anterior en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia se había convertido esencialmente en un tribunal federal de casación y sólo en algunos aspectos conocía de cuestiones directas de constitucionalidad. Debido a esta sustancial transformación, aun cuando conservó su denominación, la Suprema Corte de Justicia se transformó en un verdadero tribunal constitucional en sentido material.i»*
1'^^ Cfr. sobre la creación de los tribunales de circuito de apelación, Brent Swisher, Cari, El desarrollo constitucional de los Estados Unidos, trad. de Hugo Cbarny, Editorial Bibliográfica Argentina, 1958, tomo i, pp. 437-438. 104 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La Suprema Corte como Tribunal Constitucional", en los libros Las nuevas bases constitucionales y legales del sistema m£xicano. La reforma judiáal de
116. Las reformas constitucionales y legales de 1995 consolidaron la naturaleza de la Suprema Corte de Justicia como tribunal constitucio-
nal, ya que redujeron el número de magistrados de dicho alto tribunal,
de 26 {21 numerarios y 5 supernumerarios) a 11, número más
al de la mayoría de los organismos jurisdiccionales especializados en la
resolución de conflictos constitucionales, y conservaron como principal
de conocer en segundo grado de los juicios de amparo {la
primera instancia corresponde a los jueces federales de distrito y en ca- sos excepcionales, a los tribunales colegiados de circuito), en los cuales se plantearan cuestiones estrictamente constitucionales, y además, se amplió la esfera de las llamadas "controversias constitucionales", para comprender no sólo los conflictos de competencia entre las entidades federales y locales, sino también los llamados de "atribución" entre los órganos legislativos y ejecutivos de las diversas instancias, y además se in- trodujo una acáón abstracta de inconstituáonaUdad que pueden interponer el 33% de los integrantes de las legislaturas federales, locales y del Distrito Federal en sus respectivas esferas, y el Procurador General de República
en todos los casos {artículo 105 de la Carta Federal y Ley Reglamentaria de 11 de mayo de 1995).105
117. En forma muy resumida podemos afirmar que actualmente el co- nocimiento del juicio de amparo se divide en dos grandes sectores, el que podemos considerar estrictamente constitucional corresponde en exclu- siva a la Suprema Corte de Justicia en segunda instancia, y los que pode- mos considerar pertenecientes al control de legalidad secundaria, y que en su mayor parte implica la impugnación de las resoluciones judiciales de todos los tribunales del país, se atribuye a los tribunales colegiados de circuito, distribuidos en las ciudades y regiones más importantes del país, y cuyo número se ha aumentado constantemente. Estos tribunales cole- giados pueden considerarse como tribunales de casación, pero si excep- cionalmente deciden sobre juicios de amparo en los cuales se discuta la inconstituciónalidad de una ley o de un precepto de la Carta Federal, dichas decisiones se pueden combatir en segundo grado ante la propia
1988, y Reformas constitucionales de la renovación nacional, ambos publicados en México, Porrúa, 1987, pp. 345-390 y 495-541, respectivamente. 1'^^ La biblio^afía sobre las controversias constitucionales y la acción abstracta de in- constitucionalidad, que conoce la Suprema Corte de Justicia en única instancia, es muy abundante, pero como no es nuestro propósito analizar estas instituciones, únicamente citamos la obra más amplia sobre esta materia, Cfr., Castro Juventino V., El articulo 105 ccmstitucional, 3- ed-, México, Porrúa, 2000.
Suprema Corte de Justicia, cuyas Salas (actualmente dos divididas por materias: civil y penal, administrativa y laboral) están facultadas para decidir sobre las tesis contradictorias de los mencionados tribunales cole- giados de circuito en materia de amparo, y establecer la tesis que obliga- toriamente deben prevalecer.^oe
118. De acuerdo con la breve descripción anterior, debemos destacar
que el juicio de amparo mexicano comprende varias instituciones que se le incorporaron de manera paulatina y que rebasaron sus propósitos originales (que fueron los que sirvieron de modelo a los ordenamien- tos y tratados internacionales que adoptaron la institución de protección de los derechos humanos), y que en la mayoría de las legislaciones que consagran el derecho de amparo y las instituciones similares, regulan de manera independiente a dicha institución titular.
119. De una manera muy esquemátíca podemos afirmar que en la ac-
tualidad el juicio de amparo mexicano comprende anco sectores: a) el há- beas Corpus; b) la impugnación de inconstitucionalidad de las leyes, c) el amparo contra resoluciones judiciales, d) el amparo contra actos o reso- luciones de la administración federal y local, y e) el amparo en materia social agraria.
120. A) El sector del amparo que puede asimilarse al hábeas corpus,
regulado de manera autónoma en la mayoría de las legislaciones con- temporáneas, o al menos por medio de un procedimiento específico, está regulado como un aspecto del amparo, pero con las características clási- cas de este instrumento tutelar: procede contra actos u omisiones que afectan la libertad y la dignidad personal fuera de procedimiento judi- cial (en detenciones realizadas por autoridades administrativas, o sea, policiacas o del ministerio público), puede interponerse por cualquier
persona, inclusive un menor de edad; por escrito o de manera oral (y en
casos urgentes ante jueces locales que inician el procedimiento en
se envía al juez federal, así como por telegrama, y ahora por oUos me- dios de comunicación); el juez debe hacer las gestiones necesarias para lo- grar la presencia del afectado y dictar las medidas precautorias para evitar daños graves o irreparables; el procedimiento es muy breve y sin formalis- mos; no existe plazo preclusivo para presentar la demanda, etcétera (artículos 17,18, 22, fracción I; 23, segundo párrafo; 38, 39, 40, 117 y 119, de la Ley de Amparo).
106 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Ochenta años de evolución constitucional del juicio de amparo mexicano", en la obra Ochenta años de vida constitucional en México, México, UNAM- Cámara de Diputados, 1998, pp. 371-430, incluido en la obra del mismo autor. Ensayos sobre el derecho de amparo, cit. supranot2i 1, pp. 760-770.
121. B) Una segunda institución ha sido calificada como amparo con-
tra leyes, y es el procedimiento para combatir las disposiciones legislativas
consideradas inconstitucionales por medio del amparo. Existen dos moda-
lidades: a) la que podemos calificar de acción de inconstituüonalidad (pero de carácter concreto), que significa se interpone contra los actos de expedi- ción, promulgación de las propias disposiciones legislativas (entendidas en sentido material, es decir, leyes, reglamentos y tratados internacionales aprobados estos últimos por el Senado Federal), y deben señalarse como autoridades demandadas a las que han intervenido en el procedimiento legislativo, Congreso de la Unión, legislaturas locales, Asamblea Legisla- tiva del Distrito Federal, Presidente de la República, Gobernadores de los Estados yjefes de Gobierno del Distrito Federal. La primera instancia se
sigue ante los jueces federales de distrito (distribuidos por todo el
torio nacional y en algunos circuitos especializados por materias) y el se- gundo grado por medio el llamado recurso de revisión, ante la Suprema Corte de Justicia (artículos 107, fracciones VII y VIII, de la Constitución Federal; 83, fracción IV; 84, fracción I, incisos a) y c); 114, fracción I, de la Ley de Amparo; así como 10, fracciones II, incisos a) y c) y III; 51, frac- ción IIII; 54, fracción II, y 55 fracción II, según la materia, de la Orgánica del Poder Judicial de la Federación).
122. b). El segundo aspecto del amparo contra leyes lo podemos de-
nominar recurso de inconstituáonalidad, y se caracteriza por la vía incidental o prejudicial, es decir, que el planteamiento de la inconstitucionalidad de la ley aplicada en una resolución judicial se plantea en los juicios de amparo de una sola instancia (recurso de casación), ante los tribunales colegiados de circuito, los que deben decidir en el fallo sobre la citada inconstitucionalidad como una cuestión incidental, y el fallo respectivo, sólo en cuanto a este aspecto, puede impugnarse en revisión (apela- ción) ante la Suprema Corte de Justicia, la que únicamente debe resolver sobre la cuestión de constitucionalidad, ya que si se considera esta cues- tión improcedente o infundada, el fondo sobre la ilegalidad de la apli- cación corresponde al tribunal colegiado de circuito correspondiente.i*^^
123. Respecto de la acción de inconstitucionalidad que hemos men-
cionado anteriormente, es preciso señalar que la sentencia de inconsti-
tucionalidad dictada por la Suprema Corte se traduce exclusivamente
1""^ La bibliografía sobre el amparo contra leyes, además de incluir las obras generales sobre el juicio de amparo en general, comprende un número amplio de estudios especí- ficos. Sobre estos últimos citamos el de Aguilar Álvarez y de Alba, Ernesto, El amparo contra leyes, México, Trillas, 1989.
en la desaplicación de las disposiciones normativas impugnadas en bene- ficio del promovente, sin poder hacer una declaración general debido
a la tradición establecida desde 1847 por medio de la llamada "fórmula Otero" (ver supra párrafo 19), que subsiste en nuestra Constitución vigente en la Ley de Amparo,^^^ disposición que ha sido motivo de debate doctrinal, en virtud de que en la mayoría de los ordenamientos latinoame-
ricanos predominan los efectos erga omnes de
las sentencias de inconsti-
tucionalidad pronunciadas por los tribunales constitucionales o supremos, sin perjuicio de establecer la desaplicación en cada caso concreto en las impugnaciones en vía incidental, y por ello se ha propuesto, que sin perjuicio de un periodo de adaptación, en la impugnación directa de las disposiciones legislativas por medio del juicio de amparo, se intro- duzca la declaración general,io9 yg. que se considera que dicha fórmula Otero implantada en 1847, ha cumplido ya su misión histórica y debe superarse.
124. C). El sector cuantitativamente más importante es el amparo con- tra resoluciones judiciales, y que se ha calificado como amparo judiáal o amparo casaáón, ya que se ha traducido en un recurso de casación fede- ral, aun cuando no utiliza esta denominación, por medio del cual se pueden impugnar todas las resoluciones judiciales del país, tanto locales como federales y de las distintas materias, en una sola instancia, actual- mente ante los tribunales colegiados de circuito, que son ahora los tri- bunales de casación, pero con la posibilidad de que las Salas de la Su- prema Corte puedan determinar el criterio que debe imponerse cuando existen contradicciones de tesis entre los citados tribunales colegiados. Es un aspecto que ha crecido constantemente, ya que en 1936 se le in- corporaron las sentencias de los tribunales del trabajo, en 1968, las de los tribunales administrativos, y finalmente en 1992, los fallos de los tribu- nales federales agrarios creados en esa época.
125. D) Un aspecto del juicio de amparo que ha decrecido en los últi- mos años es el de la impugnación de los actos y resoluciones de las auto-
i*'8 La fracción n del artículo 107 de la Carta Federal vigente dispone en lo conducente:
"La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el verse la queja, sin hacer una decla- ración general respecto de la ley o acto que la motivare", disposición que reproduce con ligeros cambios el artículo 76 de la Ley de Amparo. 10^ Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La declaración general de inconstitucionalidad y el juicio de amparo", en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núms. 10-11, enero-agosto de 1971, pp. 53-98, reproducido en el libro del mismo autor. Ensayos sobre el derecho de amparo, cit. suprano\2L \, pp. 183-236.
ridades administrativas federales y locales, que podía calificarse como un proceso de lo contenáoso administrativo. Pero este sector se ha reducido de manera paulatina debido a la creación de tribunales de lo contencioso administrativo tanto en el Distrito Federal como en numerosos Estados. En materia federal se estableció el Tribunal Fiscal de la Federación desde el año de 1936, pero actualmente tiene plena autonomía para dictar sus fallos, que además ha incrementado su competencia en varias materias administrativas, por lo que no está lejano el tiempo en que tenga com- petencia genérica en esta materia.
126. Desde 1968 se estableció en amparo de una instancia contra los fallos de dichos tribunales administrativos, por lo que se ha aumentado de manera constante la casación administrativa y disminuido en la misma proporción la función contenciosa administrativa de los tribunales de am- paro. Es un campo que tiende a desaparecer dentro del juicio de amparo (artículos 107, fracciones VII y VIII último párrafo, de la Constitución Federal; 85, fracción II; y 114, fracción II; de la Ley de Amparo; así como 52, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación) .^^o
127. D) Finalmente en el año de 1963, con antecedente en la reforma constitucional de 1962, se introdujo en la Ley de Amparo un conjunto de modificaciones para establecer ventajas procesales en beneficio de los campesinos sujetos al régimen de reforma agraria (ejidatarios y comu- neros y sus respectivas comunidades), para equilibrar su situación frente a los propietarios agrícolas y ganaderos y las autoridades administrativas federales encargadas de desarrollar dicha reforma agraria, en virtud de que se consideró que dichos campesinos carecían en numerosos casos de asesoramiento jurídico para intervenir en las controversias agrarias. Debido a la importancia que se otorgó a dichas reglas procesales, en el año de 1976 se dividió la Ley de Amparo en dos libros que antes no exis- tían, uno sobre el amparo en general y otro sobre el amparo en materia agraria. Como no abarcaba todas las controversias agrarias, la doctrina calificó este sector como amparo social agraríoM^
^"^ Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, Introducción a la justicia administrativa en el ordenamiento mexicano, México, El Colegio Nacional, 1983, pp. 111-121; González Pérez, Jesús, Derecho procesal administrativo mexicano, 2-. ed., con la colaboración de José Luis Vázquez Alfaro, México, Porrúa, 1997, pp. 709-799. ^^' La bibliografía es amplia, pero citamos sólo algunos estudios recientes, Fix-Zamudio,
Héctor, "El juicio de
amparo en materia agraria, en Revista delaFacultad de Derecho de Mé-
xico, núm. 116, mayo-agosto de 1980, pp. 439-463; reproducido en el libro Ensayos sobre el derecho de amparo, cit. supra nota 1, pp. 329-358; Lanz Cárdenas, Fernando, El juicio de am- paro en materia agraria, México, Jus, 1977; Ponce de León, Luis M., Derecho procesal agrario,
128. Sin embargo, en nuestros días este aspecto del juicio de amparo tiende a desaparecer debido a que en el año de 1992 se reformó el ar- tículo 27 constitucional para establecer los tribunales federales agrarios, integrados por un Tribunal Superior de cinco magistrados y varios regio- nales unitarios, que se encargan actualmente de conocer de los conflictos agrarios que anteriormente competían a las autoridades administrativas federales (Leyes Agraria y Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, am- bas publicadas el 26 de febrero de 1992). Contra las sentencias de di- chos tribunales procede el amparo de una sola instancia ante los tribu- nales colegiados de circuito, y por tanto se incorpora esta materia al amparo contra resoluciones judiciales o amparo-casación (ver supra pá- rrafo 118), de manera que el procedimiento específico, que era de doble instancia, sólo se promueve en forma excepcional. 129. Por tanto debemos concluir, que de acuerdo con la tendencia que se observa en el amparo mexicano, si bien todavía comprende cinco pro- cesos diversos, en realidad se dirige a conservar sólo tres en un futuro próximo, es decir, hábeas corpus, amparo contra leyes, y amparo judicial o de casación. El amparo en estricto sentido no se ha regulado de manera especial, sino que debe quedar comprendido dentro de la impugnación de la conducta de cualquier autoridad, cuando la misma afecta directa- mente un derecho consagrado en la Constitución Federal. En nuestro concepto también debe quedar comprendida la \'iolación de los derechos establecidos en los tratados internacionales ratificados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado Federal, aun cuando esta posibilidad toda\áa no se ha analizado con la debida profundidad, pero sí resulta muy clara en otros ordenamientos latinoamericanos (ver supra párrafos
43-56).
VIII. HACIA UNA NUEVA LEY DE AMPARO
130. Las reflexiones anteriores nos conducen a considerar que el juicio de amparo mexicano en su concepción original de instrumento procesal para tutelar las llamadas garantías individuales {ver supra párrafo 15-20)"2 sirvió de ejemplo e inspiración a varios ordenamientos latino-
México, Trillas, 1988; García Ramírez, Sergio. Elementos de derecho procesal agrario, México, Porrúa, 1993,
' '2 Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "El juicio de amparo mexicano como instrumento pro- tector de los derechos humanos", en la obra del mismo autor. Ensayos sobre el dereclio de amparo, cit. supranoXA 1, pp. 619-666.
americanos que consagraron la institución inclusive con el mismo nom- bre debido a su tradición hispánica y que también sirvió de modelo en cierta manera para otras instituciones con funciones similares o equi- valentes. Además el derecho de amparo mexicano influyó en su estableci- miento con esa denominación en la Carta Republicana española de 1931, y actualmente en la Constitución democrática de 1978, así como en varios instrumentos internacionales sobre derechos humanos y de manera indirecta, también en las instituciones que han tomado como ejemplo el derecho de amparo español como ha ocurrido recientemente en Macau y Cabo Verde, y en los establecidos en la República Federal de Alema- nia, Austria y Suiza, instrumentos para tutelar los derechos fundamen- tales y que han sido traducidos el español como "recurso de amparo".
131. Sin embargo, debemos reconocer que el derecho de amparo en
Latinoamérica y España, y las instituciones similares y equivalentes, han experimentado una evolución y ampliación en su esfera protectora de los derechos fundamentales y modificaciones en sus lincamientos de carácter procesal, que han dejado atrás al amparo mexicano en varios aspectos, los que ahora debemos tomar en consideración para incorporar aquellos lineamientos que permitan actualizar nuestra máxima institución procesal, especialmente en su función primigenia de proteger los derechos hu- manos tanto de carácter individual como de carácter económico, social y cultural, en la que desafortunadamente se ha quedado rezagada, y por ello se requiere de una profunda revisión para que vuelva a asumir, al menos en este sector esencial, su carácter paradigmático.'^^
132. Ya desde hacía tiempo se ha advertido la necesidad de modificar
sustancialmente, renovar o sustimir la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal (Ley de Amparo), que es aquella que ha durado más tiempo de todas las anteriores, ya que fue publicada el 31 de diciembre de 1935 y entró en vigor el 10 de enero de 1936, es decir, con una vigencia de más de seis décadas, pues además ha sido ob- jeto de numerosas reformas, en ocasiones bastante significativas, que han complicado excesivamente su texto. Además debemos tomar en conside- ración que la regulación de la estructura y funcionamiento de los tribu- nales federales que conocen del amparo, ha sido objeto de dos ordena- mientos posteriores a la que entró en vigor en la misma fecha de la Ley de Amparo. En efecto, se han expedido dos nuevas Leyes Orgánicas del
1 '^ Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "Ochenta años de evolución constitucional del juicio de amparo mexicano", cit. su/íranota 106, pp. 770-793.
Poder Judicial de la Federación, la de enero de 1988 y la de febrero de 1995, esta última reformada en noviembre de 1996.
133. Recientemente se advierte una fuerte tendencia de los juristas,
jueces y abogados mexicanos, para solicitar una revisión profunda de la legislación de amparo, que incluye también a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, así como del texto de los artículos 103 y 107 de la Carta Suprema, que establecen los lineamientos del derecho de amparo mexi- cano. Podemos citar en vía de ejemplo dos publicaciones actuales en las que proponen modificaciones esenciales, y que provienen de dos cono- cidos juristas mexicanos, Ignacio Burgoa Orihuela'i'* y Nicolás Martínez Cerda. "5
134. Todo este movimiento, que conforme ha pasado el tiempo se ha
hecho muy dinámico debido a la importante iniciativa de la Suprema
Corte de Justicia, la cual el 3 de diciembre de
1999 convocó a la comu-
nidad jurídica mexicana de todo el país, para formular propuestas para la elaboración de una nueva Ley de Amparo, y además el 17 de noviembre
anterior designó una Comisión de Análisis de Propuestas para una Nueva Ley de Amparo, coordinada por el Ministro de la misma Suprema Corte de Justicia Humberto Román Palacios, y que se ha reunido en numero- sas ocasiones desde esa fecha en que fue formalmente instalada."*'
135. La consulta ha sido muy amplia en todo el país y en ella han par-
ticipado con entusiasmo ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces Federales, magistrados yjueces de las Entidades Federativas, abo- gados, agentes del ministerio público y numerosos académicos, todos los cuales han hecho numerosas propuestas que el equipo técnico de la Comisión ha compilado en cinco gruesos volúmenes y además ordenado dichas propuestas en relación con los artículos de la Ley del Amparo respecto de las cuales se formulan.
136. A lo anterior debe agregarse que se han elaborado tres antepro-
yectos, que también deben ser estudiados por la citada Comisión, a) En
primer lugar se realizó un cuidadoso análisis por una comisión presidida por el ministro Arturo Serrano Robles, entonces Director del Instituto
^^'^ Renovación de la Ley de Amparo, México, 2000. "••' Reformas a la Ley de Amparo, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de Criminología, 2000. 116 Dicha Comisión está integrada además de su coordinador, Ministro Humberto Román Palacios, por el también Ministro Juan N. Silva Nava, por los magistrados federa- les César Rsquinca Muñoz y Manuel Ernesto Saloma Vera y por los abogados y académicos José Ramón Cossio Díaz, Héctor Fix-Zamudio, Javier Quijano Baz y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia, e integrada por ministros y magistrados Federales, y que presentó ese anteproyecto al Presidente de la Suprema Corte el 17 de junio de 1987; b) un ante- proyecto propiciado en 1995 por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en la cual participó un selecto grupo de académicos en su mayor parte del Instítuto Tecnológico Autónomo de México, y c) un antepro- yecto más reciente elaborado por una Comisión designada por la misma Suprema Corte de Justicia.
137. Por otra parte, existe una polémica entre abogados y académicos
sobre el alcance de las modificaciones que deben hacerse a la legisla- ción de amparo, pues en tanto que un grupo encabezado por el destacado jurista mexicano Ignacio Burgoa Orihuela considera que no se requiere de una Nueva Ley de Amparo sino de una renovación de la actualmente en vigor,!''' otra corriente de la que participa el que esto escribe considera que ya es preciso expedir un nuevo ordenamiento, bajo lincamientos procesales más actuales, tomando en cuenta, además, los cambios sus- tanciales en la estructura y funcionamiento de los tribunales federales que conocen del juicio de amparo, especialmente de la Suprema Corte de Jvisticia en las reformas constitucionales y legales de 1988 y 1995 {ver 5u/jra párrafos 115-116).
138. Por supuesto que una nueva Ley de Amparo no puede descono-
cer el desarrollo histórico de nuestro derecho de amparo, por medio de una evolución legislativa y jurisprudencial que se ha incorporado de ma- nera progresiva en los diversos textos normativos como las leyes de 1961, 1969, 1982, los Códigos de Procedimientos Civiles Federales de 1897 y 1908, y los ordenamientos de 1919 y la toda\ía vigente de 1936. Además de los numerosos comentarios doctrinales de cada uno de estas disposi- ciones legislativas, dicho progreso puede observarse en el cuidadoso análisis del destacado jurista mexicano José Luis Soberanes Fernández."'^
139. Por otra parte debe tomarse en consideración que la jurispru-
dencia reciente tanto de la Suprema Corte de Justicia como de los tribuna- les colegiados de circuito ha modernizado ciertos criterios tradicionales sobre el derecho de amparo, que ya resultaban anacrónicos, y entre éstos podemos citar, únicamente en vía de ejemplo, los relativos a) la verosilimi- tud o apariencia del buen derecho y el peligro en la demora como bases para superar el criterio de que la llamada suspensión del acto reclamado sólo podía tener efectos estrictamente conservativos, de manera que actual-
^^' Renovación
de la Ley de Amparo, cit. supranota
114, pp. 7-14.
^^^ Evolución
de la Ley de Amparo,
cit. supra nota 19.
ment e cuando esa medida cautelar resulte ineficaz en la simple paraliza- ción del acto reclamado, con apoyo en dichos principios se deben dictar medidas que impliquen no una restitución sino un adelanto provisional del dere- cho cuestionado^ para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto recla- mado es o no inconstitucional (o ilegal) M^
.140. b) Otro criterio jurisprudencial anticuado que fue sustituido por u n a nueva jurisprudencia lo fue en relación con el concepto de autoridad
para efectos del amparo, si se toma en cuenta que la tesis tradicional era en el sentido de que el término autoridades para efecto del amparo com-
prende todas
aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud
de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que por lo mismo están en
disposición de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, po r el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.^-^ Con fundamento en esta tesis jurisprudencial quedaban fuera de este concepto de autoridad los organismos públicos descentralizados del Estado, con exclusión de aque- llos actos de los citados organismos que de acuerdo con sus leyes, corres- pondieran a su carácter de organismos fiscales autónomos (Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo de la Vivienda par a los Trabajadores).
141. La Suprema Corte de Justicia en su fallo de 14 de noviembre de 1966, al resolver el amparo en revisión 1195/92, promovido por Óscar Treviño Aguilar, estimó que la tesis tradicional conducía a la indefensión de los afectados por actos o resoluciones de organismos públicos descen- tralizados, ya que en su actuación:
con independencia de la disposición directa que llegaren a tener para
o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden
emitir actos unilaterales a través de los niales crean, modifican
o extinguen
ante sí, situaciones jurídicas que afectan ki esfera jurídica de los gobemadm, sin acudir
a los órganos judiciales ni
del consenso déla voluntad
del afectado (
^í9 Tesis publicada en El Semanario Judicial y su Gaceta, Tribunal en Pleno, parte ni, abril de 1996, P. J. 16/96, p. 36, así como la tesis 15/96, p. 16, Cfr. Góngora Pimentel, Genaro David, "La apareciencia del buen derecho en la suspensión del acto reclamado", en
Actualidad de la defensa de la Constitución. Memoria del Coloquio Internacional en la cektiraáón del Sesquicentenario dd Acta de Reformas Comtituríonales de 1847, cit. supranoi-a. 17, pp. 151-178, especialmente p. 153. Este distinguido jurista mexicano, actualmente Presidente de la Suprema Corte de Justicia, en su función anterior de magistrado de circuito fue el pri- mero en plantear un cambio de la jurispnidencia tradicional en esta materia.
1^** Tesis 300, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación aparecido
en 1988. Vol. i, Salas y Tesis Comunes, p. 519. 121 Cfr. ATWCO al Informe Anual de la Suprema Corte deJiistida de la Nación, 1977, pp. 112-113.
142. c) Un tercer ejemplo de modernización jurisprudencial lo pode-
mos destacar respecto del criterio reciente de la Suprema Corte de Justi- cia que modificó la tesis jurisprudencial tradicional sobre los tratados internacionales considerados al mismo nivel de las leyes federales, ya que en la actualidad nuestro máximo tribunal considera que dichos tratados tienen una categoría jerárquica superior a la de las citadas leyes federa- les, en un nivel inmediatamente inferior al de las normas de la Constitu- ción Federal (ver supra párrafo 58).
143. Como no sería posible, por el propósito de este breve estudio,
plantear las modificaciones concretas que deben incorporarse a un nuevo texto de la legislación de amparo, nos limitamos a señalar, a título estric- tamente personal, es decir, que las proposiciones que se señalaran a con- tinuación no corresponden forzosamente a las que estudia la Comisión de la que tenemos honor de formar parte (ver supra párrafo 134).
144. En tal virtud, más que reformas a los preceptos respectivos,
puede ser útil establecer la posible estructura de una verdadera Nueva Ley de Amparo, ya que en nuestro concepto debe modificarse su formato actual, para adoptar otro diverso, en el cual se regulen específicamente los procesos concretos que integran actualmente el juicio de amparo, ya que los preceptos vigentes sobre los mismos se encuentran dispersos, pero además es preciso elaborar nuevas disposiciones para establecer con claridad los lincamientos de dichos procesos.
145. Estimamos que un ordenamiento para ser considerado nove-
doso y actual debe dividirse en dos libros, pero no de la manera artificial que se realizó en 1976, al realizar esa separación que todavía subsiste (ver supra párrafo 127). En efecto, sería conveniente un primer libro que tuviera las disposiciones generales, que son bastantes y que se pueden aplicar a todos los procesos, incluyendo los dos procedimientos de una o dos instancias, sin incluir aspectos específicos.
146. El segundo libro se dividiría en Títulos y en Capítulos. En nues-
tro concepto deberían establecerse cuatro procesos, cada uno con su tí- tulo respectivo. Esos cuatro títulos abarcarían los aspectos peculiares de los tipos de proceso que contiene el juicio de amparo, ya que como hemos señalado anteriormente, el procedimiento especial para el amparo so- cial agrario (regulado en la Ley de Amparo en vigor nada menos que por un segundo libro de unos cuantos artículos), tiende a desaparecer por la creación de los tribunales federales agrarios en 1992 (ver supra párrafo 128), y podría ser objeto de artículos transitorios.
147. a) El primer título de ese segundo libro podría intitularse Del
amparo contra actos privativos de la libertad (amparo-Ziá^^os
cmpus o amparo
de la libertad o integridad personales), que comprendería las reglas para establecer el procedimiento específico de la protección contra ac- tos que afectasen la libertad y la integridad personal de los gobernados por parte de autoridades administrativas (policiacas y del ministerio pú- blico), ya que cuando el asunto ha sido consignado a un juez, procede el amparo contra resoluciones judiciales de un solo grado ante los tribu- nales colegiados de circuito (sin perjuicio de los medios de impugnación internos en el proceso penal). Un precepto concreto que sí debe esta- blecerse, como lo hace la legislación brasileña con el habeos corpus, sería la tramitación absolutamente preferente de este sector del amparo, respecto de todos los demás asuntos de competencia del juez federal.
148. b) El segundo proceso que debía regularse en el título respectivo es el relativo al amparo en sentido estñcto y el de materia administrativa. Res- pecto del amparo como instrumento protector de los derechos humanos fundamentales, que es el original de la institución, según se ha dicho en varias ocasiones, y el que ha trascendido a otras legislaciones especial- mente latinoamericanas, no se regula de manera específica en nuestra Ley de Amparo, no obstante su denominación y la invocación constante en la misma legislación y la jurisprudencia sobre la violación de "garan- tías" o "derechos constitucionales". Esta es una de las ostensibles para- dojas de nuestra Ley de Amparo actualmente en vigor, pues una lectura cuidadosa de la misma sólo nos permite descubrir un precepto específico sobre esta materia, o sea, la norma del artículo 84, fracción I, de dicho ordenamiento en el cual se dispone que las sentencias dictadas por los jueces de distrito pueden ser impugnadas en revisión ante la Suprema
Corte de Justicia, cuando en las mismas se decida sobre
la constituciona-
lidad de una ley (en sentido material) o se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución, y persista en la impugnación la cuestión de constitucionalidad, ya que es este último el supuesto en el cual el juez federal puede aplicar de manera inmediata los preceptos fundamen- tales que regulan los derechos humanos de los gobernados establecidos en la Carta Fundamental. Esta disposición tiene su correspondencia en el artículo 21, fracción II, inciso a), de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que otorga competencia a la Sala respectiva de la Suprema Corte de Justicia para decidir sobre el mencionado recurso de revisión.
149. La regulación de un procedimiento específico sobre el amparo en estricto sentido es de carácter prioritario, ya que, como lo hemos dicho anteriormente (ver supra párrafo 131), es el sector de nuestro juicio de
amparo que ha quedado más rezagado si tomamos en cuenta los avan- ces que ha experimentado este instrumento de tutela de los derechos humanos en los ordenamientos latinoamericanos. Es por ello que se de- ben tener presentes estos adelantos en el procedimiento específico que debe introducirse en esta materia en una Nueva Ley de Amparo. Recorda- mos en esta dirección la procedencia del amparo respecto de los derechos humanos de fuente internacional incorporados a nuestro derecho in- terno y que en nuestro particular punto de vista se integran a nuestros derechos fundamentales regulados en nuestra Carta Federal cuando no los contradicen, sino por el contrario complementan, perfeccionan o establecen situaciones más favorables para los gobernados (ver supra párrafo 59). 150. También debemos tomar en cuenta la evolución de la protec- ción de los derechos humanos por medio del amparo o de las institucio- nes similares o equivalentes en relación con la tutela de los propios derechos respecto de grupos sociales en situación de predominio (califi- cados indebidamente como "particulares"); la protección de los llamados intereses (en realidad, derechos) difusos o transpersonales; en cuanto a la ausencia de disposiciones legales necesarias para proteger los pro- pios derechos fundamentales (inconstitucionalidad negativa); la posibili- dad de proteger a los gobernados respecto a los datos o informaciones erróneos o deficientes (que en algunos ordenamientos se tutelan por medio del llamado hábeas data) (ver supra párrafos 90-99), todo ello no precisamente para incorporarlo al derecho de amparo, ya muy recar- gado por su complejidad actual, pero al menos para encontrar instru- mentos similares o equivalentes que puedan tutelar estos derechos huma- nos que han surgido en las sociedades contemporáneas.
151. Por otra parte y como lo establecen los artículos 2°, inciso segundo del Pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (ver supra párrafos 83-84), el procedimiento para el amparo en estricto sentido debe cumplir con los requisitos de efectividad, sencillez y rapidez; debe resolverse en un plazo razonable, y provisto de medidas cautelares rápidas y adecuadas, y con preferencia a otros procesos del conocimiento de los jueces y tribunales de amparo, con excepción del instrumento similar al hábeas corpas, es decir del proceso de amparo para proteger la libertad y la integridad personal (ver supra párrafo 120). 152. Por lo que respecta al amparo en materia administrativa como equi- valente a un proceso de lo contencioso administrativo, si bien señalamos
anteriormente que tiende a desaparecer con el establecimiento cre- ciente de los tribunales administrativos de plena autonomía, tanto en la esfera federal como en las entidades federativas {ver supra párrafo 125- 126), sin embargo todavía subsiste este sector y puede permanecer por algunos años, por lo que resultaría conveniente, aun cuando implica un control de legalidad y no de constitucionalidad regular en el mismo proce- dimiento a los procesos de amparo para tutelar los derechos fundamen- tales y los de los administrados, si se toma en cuenta que son las autori- dades administrativas las que por su constante intervención en la esfera jurídica de los particulares, las que con mayor frecuencia suelen violar o desconocer los derechos tanto fundamentales como legales de los go- bernados, si se toma en consideración que en la vida contemporánea se ha extendido la esfera jurídica de los administrados, que ahora se iden- tifica prácticamente con la de los gobernados.^-^
153. c) El tercer proceso que debe regular una futura legislación es el denominado amparo contra leyes, que se integra con el procedimiento de doble instancia que hemos calificado como acción (concreta) de inconstitu- áonalidad de las disposiciones legislativas, es decir, el sector que se traduce en un impugnación directa contra la expedición, promulgación y publi- cación de las propias normas cuando afecten la esfera jurídica de los parüculares, en la inteligencia de que deben señalarse en la demanda respecüva como autoridades responsables aquellas que han intervenido en el procedimiento legislativo, es decir el Congreso de la Unión, la Asam- blea Legislativa del Distrito Federal o las legislaturas de los Estados, así como el Presidente de la República, Jefe del Gobierno del Distrito Federal o los Gobernadores de los Estados, respectivamente (ver supra párrafo 121). En otras palabras, lo que se ha calificado como "proceso al legis- lador".'^'^ En esta materia la Ley de Amparo condene varios preceptos que son el resultado del desarrollo de este proceso durante bastantes años, a los cuales deben incorporarse, por medio de nuevas normas, al- gunos criterios jurisprudenciales recientes.
154. Por
parte, y por
como recurso de inconstituáonalidad (ver supra párrafo 122), su primera instancia debe quedar comprendida dentro de las reglas del amparo ju- dicial, ya que esta impugnación se plantea en forma incidental o perjudi- cial, con motivo de una sentencia de un juez o tribunal ordinario, ya
122 Cfr. González Pérez,Jesús, Administración pública y libertad, México, UNAM, 1971. '23 Cfr. Carnelutti, Francesco, "Aspetti problematici del processo al legislatore", en Ri- vista di Diritto Processuak, P3.dov?L, 1969, pp. 10-13.
que esta cuestión puede señalarse únicamente como concepto de viola- ción en la demanda respectiva.124 Por el contrario, si la decisión del Tri- bunal Colegiado se pronuncia o debiera pronunciarse sobre la citada cons- titucionalidad de las disposiciones legislativas impugnadas, y el fallo es impugnado por el afectado por medio del llamado recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, esta impugnación debiera ser regulada, como actualmente lo está, dentro de este sector del amparo contra leyes (artículos 83, fracción V; 84, fracción II y 93 de la Ley de Amparo, y 10, fracción III, así como 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación). 155. Uno de los aspectos del amparo contra leyes que deben ser objeto de revisión y de cambio en una nueva legislación es la relativa a los efectos particulares de la sentenáa de inconstituüonalidad de acuerdo con la llamada fórmula Otero consagrada en los artículos 107, fracción II, de la Consti- tución Federal y 76 de la Ley de Amparo (ver supra párrafo 124). Existe ya una fuerte corriente de opinión en la doctrina mexicana para modifi- car ese principio, sin suprimirlo totalmente (pues se aplicaría en el lla- mado recurso de inconstitucionalidad) para adoptar la corriente predo- minante en los ordenamientos contemporáneos, sobre la declaración de inconstitucionalidad de las disposiciones legislativas, tal vez con un periodo de adaptación, es decir, que dicha declaración general con efectos erga omnes pueda adoptarse por la Suprema Corte de Justicia una vez que se establezca jurisprudencia obligatoria, la que pudiera formarse no con cinco fallos como ocurre actualmente, sino por tres, número que sería más razo- nable en una jurisprudencia más dinámica, como la que ahora existe {nota 125); por otra parte, ya existe la experiencia de la declaración ge- neral en las sentencias pronunciadas por la Suprema Corte de Justicia de México al resolver controversias constitucionales respecto de disposi-
^^^ En el segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 166 de la Ley de Amparo, pre- cepto que se refiere a los requisitos de la demanda en una sola instancia ante los Tribuna- les Colegiados de Circuito contra sentencias judiciales, que se adicionó en las reformas de 1984, se dispone "(•••) Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la ley, el tratado o el regla- mento aplicado, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, el tratado o el reglamento, y la cali- ficación de éste por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la senten- cia". Cfr. Fix-Zamudio, Héctor, "La reforma en el derecho de amparo", publicado en Reforma procesal. Estudios en memoria de Niceto Alcalá-Zamora y Castillo, México, UNAM, 1987, pp. 265-299, reproducido en el libro del mismo autor, Ensayos sobre el derecho de amparo, cit. supra, nota 1, pp. 581-617, esp. pp. 588-590.
ciones legislativas y en las acciones de inconstitucionalidad, con apoyo en las fracciones I y II de la Carta Fundamental y la Ley Reglamentaria corres- pondiente (ver supra párrafo 116).
c) El cuarto y último proceso de amparo (en sentido propio, recur-
so), que debe regularse en una futura Ley de Amparo, es el relativo al
amparo judicial o amparo casación, que no estaba previsto en la institución original, pero que se impuso durante la segunda mitad del siglo XIX, pri- mero en la jurisprudencia y posteriormente en la legislación, por la des-
confianza en lo.s tribunales locales, que subsistía cuando se expidió la Constitución Federal vigente de 1917 (ver supra párrafos 27-28), y que im- plica la concentración de todos los asuntos judiciales del país en los tri- bunales federales, actualmente en los tribunales colegiados de circuito, que son las cortes de casación federal de nuestro país.
En este sector son numerosas las disposiciones que se han incor-
porado a las diversas leyes de amparo para regular el procedimiento,
que es de una sola instancia de acuerdo con lo establecido por el artículo
de la Carta Federal vigente, actualmente fracción V (si bien lo fue
de dos instancias en todas las materias durante la \'igencia de la Consti- tución de 1857, a partir de la ley de 1882, que fue la primera en regular el amparo judicial). Por tanto, sólo resulta necesaria una revisión cuida- dosa de esa regulación, ya que debe tomarse en cuenta que se han pro- ducido modificaciones en los diversos códigos procesales que regulan el recurso de casación, para suprimir formalidades innecesarias que fue- ron establecidas en las primeras etapas de esta institución.^^5 ¡3^ todas maneras sería conveniente realizar una depuración del complicado pro- cedimiento actualmente en vigor.
De las breves reflexiones anteriores podemos llegar a las siguien-
Primera. El amparo mexicano surgió de manera paulatina en varios
documentos constitucionales del siglo anterior y se consagró definitiva-
12-'' Si bien el amparo judicial como recurso de casación se inspiró en sus inicios en la institución francesa, debido a que todavía subsiste el reenvío de la sentencia de fondo, no debieran pasarse por alto las modalidades que se han establecido recientemente al recurso de casación español, en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil publicada el 8 de enero del 2000, artículos 249-287.
mente en la Carta Federal de 1857, como resultado de influencias externas (norteamericana, española y francesa), pero como un transplante de la revisión judicial de Estados Unidos. En su origen el amparo mexicano surgió para tutelar los derechos de la persona humana (entonces consi- deradas como "garantías individuales"), contra las leyes o actos de cual- quier autoridad, pero posteriormente se le incorporaron otros instru- mentos procesales como la impugnación de las resoluciones judiciales de todos los tribunales del país por violación de normas legales ordinarias y también de actos y resoluciones administrativas también por razones de legalidad.
160. Segunda. El amparo mexicano en su concepción original de ins-
trumento procesal para la tutela de los derechos fundamentales sirvió de modelo para otros mecanismos que con el mismo nombre surgieron en varios ordenamientos latinoamericanos, así como en España en la Carta Republicana de 1931 y actualmente en la Constitución de 1978. El mismo amparo mexicano fue reconocido, en su acepción original, en Declaraciones y Tratados de Derechos Humanos. Recientemente con la misma denominación también se consagró el derecho de amparo en otros países como Macao y el archipiélago de Cabo Verde. Además otras legislaciones latinoamericanas han establecido mecanismos similares pero con otros nombres, como el mandado de segaranga brasileño (tradu- cido al castellano como "mandamiento de amparo"), el recurso de pro- tección chileno y la acción de tutela colombiana. Además en las recientes constituciones de Latinoamérica han surgido mecanismos de tutela de los derechos humanos, como el mandado se segaranga colectivo, el hábeas data, el mandado de injungáo, acción de incumplimiento y algunas accio- nes populares, que han complementado la tutela de los derechos huma- nos en dicha región.
161. Tercera. Se observa una evolución también en Latinoamérica en
cuanto al derecho de amparo y otros instrumentos similares, en cuanto han incorporado la protección de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales, respecto de la tutela de los llamados intere-
ses o derechos difusos o transpersonales, o en cuanto a la violación de los propios derechos fundamentales por sectores o grupos sociales en situa- ción de predominio.
162. Cuarta. Existe una vigorosa tendencia para la elaboración de una
nueva Ley de Amparo, que no sólo signifique la revisión y renovación de la actual de 1936, que con numerosas reformas es la que ha durado mayor tiempo en vigencia, sino la formación de una nueva estructura,
por medio de la cual se reconozca que el juicio de amparo mexicano está integrado por varios procesos, cada uno con sus aspectos pecu- liares. En el concepto personal del que esto escribe, este nuevo ordena- miento debería estar formada por dos libros. El primero se integraría por todas las disposiciones generales que pueden aplicarse a todos los secto- res del derecho de amparo, que son numerosas. 164. Quinta. Un segundo libro de una nueva Ley de Amparo compren- dería las disposiciones específicas de cada uno de los cuatro procesos que forman parte del amparo mexicano, a) el amparo para la protección de los derechos de libertad e integridad personal fuera de procedimiento ju- dicial, equivalente al habeos corpus: b) el proceso de amparo en estricto sentido, es decir, para la tutela de los derechos fundamentales estable- cidos en nuestra Carta Federal pero también los de fuente internacional incorporados al derecho interno en cuanto complementen o perfeccio- nen a los primeros. En esta materia sí es necesario incorporar disposi- ciones nuevas ya que constituye una paradoja que este proceso de amparo, que ha servido de paradigma a varios instrumentos latinoamericanos y documentos internacionales, no ha sido regulado por nuestra legis- lación actual. En este sector se podría también comprender el amparo contra actos y decisiones administrativas; c) un tercer sector compren- dería el amparo contra leyes, especialmente cuando se trate de lo que hemos denominado "acción de inconstitucionalidad", en el cual se se- ñalen como actos reclamados la expedición, promulgación y publica- ción de las disposiciones legislativas y como autoridades demandadas a aquellas que han intervenido en el procedimiento legislativo. También la regulación del recurso de revisión contra los fallos de los tribunales colegiados de circuito cuando en amparo de una sola instancia decida o debe decidir sobre la inconstitucionalidad de una ley, d) finalmente ese segundo libro deberia contener la regulación de la impugnación en una sola instancia de las resoluciones judiciales de los tribunales federa- les y locales, por medio de lo que se ha denominado "amparo judicial" o "amparo casación".
Documentos similares a 04 - Hector Fix-Zamudio_ El Juicio de Amparo Mexicano_ Su Proyeccion en Latinoamerica-Imprimir
maria isabel garcia denis
Más de Lourdes Guzman
caso2_u7a2
Diplomado -Familiar Agosto 15
Catalogo Oferta Educariva UNAM
Guia-titulacion -Ampliacion y Profundizacion de Conocimientos Diplomado
HERRAMIENTAS M2
Contrato de Arrendamiento Financiero. Efectos Fiscales Para El Adquirente-material
ResumenContratoFianza
Pereznieto_u2!1!15.Unindad 2 Actividad 2.d.i.publico
ACTA DE INSTALACIÓN CTS CONVO 128 12 PLAZAS FORÁNEAS-SALTILLO COAHUILA
Aviso Pagoanual Ded
693778 Cuestionario d Internacional Privado Examen
Medicina Forence Area XI-Ciencias Penales