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Timestamp: 2018-12-12 23:40:55
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Matched Legal Cases: ['artículo 843', 'artículo 2', 'artículo 135', 'artículo 121', 'artículo 121', 'artículo 12', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 12', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 14']

¿ CUALES SON LOS REQUISITOS PARA LA INSCRIPCION DE UNA DEFUNCION ANTE EL REGISTRO CIVIL DE MEXICO ?
Para la inscripcion de un fallecimiento o defunción ante la Oficialia del Registro Civil se requieren generalmente varios requisitos entre los que se encuentran:
CERTIFICADO MEDICO DE DEFUNCION ORIGINAL
LLENAR EL FORMATO DE IDENTIFICACION DEL CADAVER. El formato se les proporciona en el Registro Civil cuando se tramita la orden de inhumación.
DOS COPIAS DEL ACTA DE NACIMIENTO DEL FINADO.
1 COPIA DEL ACTA DE NACIMEINTO CUANDO EL FINADO ESTE REGISTRADO EN OTRO ESTADO.
1 COPIA DE LA CREDENCIAL DE ELECTOR DEL FINADO.
1 COPIA DEL CURP DEL FINADO.
1 COPIA DEL ACTA DE MATRIMONIO ACTUALIZADA O CON SEIS MESES DE VIGENCIA.
1 COPIA DE LA ORDEN DE INHUMACION.
PRESENTAR 3 TESTIGOS IDENTIFICADOS Y CON COPIA DE SUS CREDENCIALES.
EN CASO DE MUERTE VIOLENTA PRESENTAR LOS OFICIOS DIRIGIDOS AL REGISTRO CIVIL Y AL ADMINISTRADOR DEL SERVICIO MEDICO FORENSE.
EL TRAMITE DEBE HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS NATURALES SIGUIENTES A LA DEFUNCION.
PAGO DE DERECHOS E IMPUESTOS.
¿ COMO ES UN ACTA DE DEFUNCION?
El acta de defuncion es el documento publico que hace constar el fallecimiento de una persona.
¿ COMO ES UNA ORDEN DE INHUMACION ?
La orden de inhumacion es un documento oficial que autoriza la sepultura de una persona en un panteon o cementerio.
¿COMO ES UN CERTIFICADO DE DEFUNCION?
Es un documento oficial que emite un facultativo medico que determina las causas de un fallecimiento o muerte y datos necesarios para la debida identificacion del cadaver.
JURISPRUDENCIA SOBRE ACTA DE DEFUNCION.
Del artículo 843 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, se desprenden los requisitos de la denuncia de un juicio sucesorio ab intestato, los cuales consisten en la exhibición de las probanzas que demuestren el fallecimiento del autor de la herencia; la manifestación, bajo protesta de decir verdad, de los nombres y domicilios de los parientes en línea recta y del cónyuge sobreviviente o, en su caso, el de los colaterales dentro del cuarto grado; de ser factible, las copias de las partidas del Registro Civil con las que se justifique el parentesco, y las copias del escrito de denuncia y de los documentos mencionados. De lo que se sigue que de dicho precepto no se advierte facultad otorgada al Juez para que deseche una denuncia si falta alguna de esas exigencias. En ese contexto, si el acta de defunción exhibida para hacer su denuncia se levantó en el extranjero y carece de la apostilla prevista en el artículo 2o. de la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros, debe prevenirse al promovente para que en el término de cinco días subsane las irregularidades (conforme al artículo 135 del cuerpo de leyes referido, que precisa que cuando para la práctica de algún acto judicial o el ejercicio de un derecho no exista término establecido en tal ordenamiento, se concederá el plazo aludido), con fundamento en el principio de legalidad que estriba en que las autoridades sólo pueden actuar en los términos en que la legislación se los permite, aunado al diverso de especialidad referente a que las leyes reguladoras de supuestos particulares deben ser aplicadas preferentemente a las que contemplan hipótesis generales; sobre todo si se toma en cuenta que el juicio sucesorio es un proceso de carácter universal en el que regularmente no existe pugna entre los interesados, toda vez que se trata de un trámite que no implica un ejercicio potestativo de una acción real o personal, además es de orden público e interés social, no violentándose con ese proceder derecho contra persona alguna.
BIENES INTESTADOS
¿ CUALES SON LOS REQUISITOS PARA OBTENER EL ACTA DE DIVORCIO. MEXICO?
Despues de llevar ante Juzgados tu juicio de divorcio, se tienen que realizar tramites ante el Registro Civil del lugar donde te casaste.
La Oficialia del Registro Civil del lugar del casamiento generalmente pide los siguientes requisitos:
Presentar copias certificadas de la sentencia de divorcio ejecutoriada dictada por el Juez Civil o Familiar y copia simple.
Dos copias del acta de matrimonio actualizada o cotejada del año 2003.
Cuatro copias del acta de nacimiento actualizada o cotejada del año 2003, de cada uno de los divorciados.
Dos copias de la credencial de elector de cada uno de los divorciados.
Copia del CURP (clave unica del registro de poblacion).
PAGO DE DERECHOS O IMPUESTOS DEL REGISTRO DE DIVORCIO. $$$$.
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ARTICULO 121 DE LEY DE AMPARO
LA PRUEBA DOCUMENTAL DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO.
Cuando se tramita un juicio de amparo indirecto, puede ofrecerse la prueba documental precisamente exhibiendola.
Si el quejoso no cuenta con el documento en sus manos, y se encuentra en poder de alguna autoridad debe solicitarla directamente. En caso de que no sea expedida, pueda solicitar al Juez de Distrito requiera la expedición de la documental.
Sin embargo, tratándose de documentos publicos consistentes en actuaciones concluidad o expedientes originales, puede solicitarse al Juez de Distrito requiera a la autoridad la exhibición de tal actuacion original, sin necesidad de acreditar haberla solicitado previamente.
El artículo 121 de la Ley de Amparo determina:
" A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los servidores publicos tienen la obligacion de expedir con toda oportunidad, las copias o ducmentos que aquellos les hubieren solicitado. Si no lo hacen, la parte interesada una vez que acredita haber hecho la peticion, solicitará al organo jurisdiccional que requiera a los omisos y difiera la audiencia, lo que se acordará siempre que la solicitud se hubiere hecho con cinco dias habiles antes del señalado para su celebracion, sin contar el de la solicitud ni el señalado para la audiencia. El organo jurisdiccional hara el requerimiento de que se le envien directamente los documentos o copias dentro de un plazo que no exceda de diez dias.
Si apesar del requerimiento no se le envian oportunamente los documentos o copias, el organo jurisdiccional, a peticion de parte, podra diferiir la audiencia hasta en tanto se envíen; hará uso de los medios de apremio y agotados éstos, si persiste el incumplimiento denunciará los hechos al Ministerio Publico de la Federacion.
Si se trata de actuaciones concluidas, podrán pedirse originales a instancia de cualquiera de las partes."
Tal cuestión fue planteada ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante contradicción de tesis resolviéndose lo siguiente:
Registro: 2016648
Libro 53, Abril de 2018, Tomo I
Tesis: P./J. 9/2018 (10a.)
El precepto citado regula los dos supuestos en que el juzgador puede requerir a otras autoridades la remisión de documentos ofrecidos como pruebas por las partes en el juicio de amparo indirecto, esto es, cuando: a) estén bajo el resguardo de algún servidor público, ante la eventualidad de que su expedición o entrega no se lleve a cabo a pesar de haber sido requeridos oportunamente; y, b) se trate de actuaciones concluidas originales, a petición de cualquiera de las partes. En el primer caso, para que el Juez de amparo requiera a otra autoridad, las partes deben demostrar haber solicitado oportunamente su expedición, lo que se explica por la mayor facilidad que tienen de obtenerlos tomando en cuenta que las autoridades están obligadas a expedir oportunamente las copias al solicitante y que éste tiene interés en que lleguen al procedimiento de amparo, y es sólo frente a la contumacia de las autoridades que tienen a su cargo la expedición que interviene el órgano jurisdiccional para entablar un diálogo directo con aquéllas y exigirles el cumplimiento de las obligaciones a su cargo; sin embargo, en relación con las actuaciones concluidas originales no opera la misma razón para exigir a las partes que acrediten haber formulado tal solicitud con antelación ante el servidor público respectivo, porque la racionalidad que orienta el contenido de la primera parte del artículo 121 de la Ley de Amparo no opera para su último párrafo, pues tratándose de las actuaciones concluidas originales, éstas no pueden entregarse a las partes, sino que son las autoridades las que deben mantenerlas bajo su resguardo. Luego, sobre la base de que las cargas que se imponen a las partes en la prosecución de un juicio deben descansar en una base objetiva y razonable, se concluye que no es el caso de imponer al justiciable que se ubica en el último párrafo de la norma apuntada la misma carga que consta en su primera parte, pues ninguna utilidad tiene que solicite la entrega de las actuaciones concluidas originales si a ningún fin práctico llevaría esa exigencia cuando de antemano se conoce que no verá satisfecha su petición. Por esa razón, basta con que las partes soliciten al Juez de amparo que requiera las actuaciones concluidas originales a la autoridad respectiva y que éstas guarden relación objetiva con la litis constitucional, para que aquél las requiera y ésta las remita a dicho juzgador federal, sin que sea necesario que previamente los interesados acrediten haberlas solicitado.
Contradicción de tesis 388/2016. Entre las sustentadas por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 1 de marzo de 2018. Unanimidad de nueve votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz.
Tesis I.6o.A.2 K (10a.), de título y subtítulo: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE EL JUZGADOR REQUIERA LAS ACTUACIONES ORIGINALES CONCLUIDAS, ES SUFICIENTE CON QUE GUARDEN RELACIÓN OBJETIVA CON LA LITIS CONSTITUCIONAL, SIN QUE EL OFERENTE DEBA ACREDITAR HABERLAS SOLICITADO PREVIAMENTE A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE.", aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2556, y
El sustentado por el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 227/2016.
El Tribunal Pleno, el nueve de abril en curso, aprobó, con el número 9/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a nueve de abril de dos mil dieciocho.
Esta tesis se publicó el viernes 20 de abril de 2018 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 23 de abril de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
¿ QUE SON LAS FINTECH ?
Son empresas de tecnología financiera " financial technology " que ofrecen servicios y productos financieros mediante la web, redes sociales o aplicaciones para mobiles.
¿ CUALES SERVICIOS OFRECEN LAS FINTECH ?
Gestión de finanzas empresariales y personales.
Financiamiento de proyectos (crowdfunding).
Educacion financiera y de ahorro.
Soluciones de scoring, fraude e identidad.
Mercados y trading.
CUALES SON ALGUNAS EMPRESAS FINTECH EN MEXICO.?
CLIP. Tramita pagos con tarjeta a traves de celulares y tablets.
PRESTADERO. Fondear proyectos.
VISOOR. Contabilidad y pagos de impuestos.
KUBO FINANCIERO. Inversion y acceso a créditos.
CONECKTA. Procesal pagos electronicos.
SR PAGO. Transferencias de dinero en la web, telefonos y tablets.
¿ SON LEGALES LAS EMPRESAS FINTECH EN MEXICO ?
Son legales, y se han emitido lineamientos legales para su debido funcionamiento y control legal.
El 9 de marzo del 2018, se publico en el DOF la legislacion para regular las ITF o Ley de Instituciones de Tecnología Financiera. Ver ley.
De igual manera, el 10 de septiembre del 2018 se publicaron las disposiciones de caracter general ordenadas en el articulo 58 de la Ley para regulas las Instituciones de Tecnología Financiera, emitidas por la SHCP. Ver disposiciones.
Las empresas extranjeras que dan servicios fintech en internet dentro de Mexico o sus efectos financieros se realizan dentro de la republica mexicana, estan sujetas a las leyes de México y deben reunir los requisitos legales.
Todo ello para evitar las practicas de lavado de dinero (dinero de procedencia ilícita ) y para evitar el financiamiento al terrorismo.
¿ QUE HACER LEGALMENTE CONTRA UNA FINTECH ?
Inicialmente, ante un problema legal generado dentro de una fintech, debemos acudir en via de queja, y denuncia ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y dar seguimiento puntual a las indicaciones de tales autoridades publicas.
Promover en su momento, un juicio civil o mercantil para exigir el pago de daños y perjuicios, el cumplimiento de obligaciones, y el resarcimiento de derechos.
Procedimientos administrativos que contemple la ley para el caso concreto.
Denuncias penales para evitar involucramiento en delitos relacionados a operaciones con recursos de procedencia ilícita (delincuencia organizada) o financiamiento al terrorismo.
Arbitrajes ante la propia FINTECH.
Otros recursos legales.
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SON VALIDAS LAS PRUEBAS OBTENIDAS EN INTERNET?
CUANTIA JUZGADOS DE JALISCO.
LA COMPETENCIA POR CUANTIA DE LOS JUZGADOS DE PAZ, MENORES, Y DE PRIMERA INSTANCIA DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO.
Los articulos 101, 118,119 del Poder Judicial del Estado de Jalisco determinan la competencia por cuantía de los Juzgados de paz, menores y de primera instancia de lo civil.
JUZGADOS DE PAZ. DE $ 1.00 A $ 8,060.00.
JUZGADOS MENORES DE $ 8,061 A $ 14,508.00
INSTANCIA DE LO CIVIL. DE $ 14,509.00 EN ADELANTE.
JURISPRUDENCIA SOBRE COMPETENCIA DE JALISCO.
Registro: 2000324
Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 2
Tesis: I.11o.C.1 C (10a.)
Página: 1084
COMPETENCIA ANTE PLURALIDAD DE DEMANDADOS CON DISTINTOS DOMICILIOS. CUANDO LA ACCIÓN ES PERSONAL PERO NO SE BASA EN LA MISMA CAUSA O HECHOS, NO SE ACTUALIZA LA FACULTAD DEL ACTOR DE ELEGIR AL JUEZ COMPETENTE DEL DOMICILIO DE CUALQUIERA DE ELLOS.
Los artículos 156, fracción IV y 161, fracción IV, de los respectivos Códigos de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y para el Estado de Jalisco, coinciden en señalar que es Juez competente, el del domicilio del demandado, si se trata del ejercicio de una acción personal, y cuando sean varios los demandados y tuvieren diversos domicilios, será competente el Juez del domicilio que elija el actor. No obstante, dichas normas por sí solas son insuficientes para resolver el conflicto de competencia que surge cuando el actor decide acumular en una sola demanda acciones personales contra dos demandados y la acción no se basa en la misma causa o hechos, sino que del examen de la demanda queda evidenciado que son acciones apoyadas en hechos diferentes y que por tanto guardan plena autonomía una de la otra y no existe litisconsorcio pasivo necesario, de manera que el actor puede obtener un fallo favorable de cada demandado en juicio separado; por lo que a fin de resolver el conflicto habrá de acudirse a la interpretación sistemática y teleológica-funcional de los citados preceptos, con los artículos 31 de la legislación procesal local para el Distrito Federal y su correlativo 27 de la del Estado de Jalisco, pues el sistema jurídico tiene una lógica interna propia y posee una coherencia intrínseca y objetiva que justifica acudir a unos preceptos, para aclarar el significado de otros y así dotar de comprensión y coherencia al sistema, que permita la economía procesal, y evitar el dictado de sentencias contradictorias. Estos últimos preceptos disponen que, cuando haya varias acciones contra una misma persona, respecto de una misma cosa y provengan de una misma causa, deben intentarse en una sola demanda, y que no pueden acumularse en la misma acciones contrarias o contradictorias; ni las posesorias con las petitorias, ni cuando una dependa del resultado de la otra, o acciones que por su cuantía o naturaleza, corresponden a jurisdicciones diferentes; esto es, la norma que autoriza acumular acciones exige que, entre otros supuestos, el que no se alteren las reglas de la competencia, pues son de orden público. En este tenor, si donde existe la misma razón debe regir la misma disposición, tratándose de acciones personales, si las acciones tienen cosas, causas o hechos distintos no hay posibilidad de acumularlas y, por ende, no se puede admitir que si son varios demandados y tienen distintos domicilios, el actor pueda elegir al Juez competente, pues ello violaría las reglas de la competencia, ya que se permitiría enjuiciar a varias personas en un mismo proceso por causas o hechos diferentes. Consecuentemente, si en determinado caso, se trata de relaciones jurídicas autónomas, que pueden decidirse con absoluta independencia, no se está en presencia de un caso en que el actor pueda elegir al Juez competente, pues estaría abarcando jurisdicciones diferentes en un caso no permitido.
Competencia 4/2011. Suscitada entre el Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Federal y el Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. 11 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales. Secretario: Eduardo Jacobo Nieto García.
¿ QUE ES APOSTILLAR DOCUMENTOS ?
Consiste en autenticar documentos para su uso en países extranjeros adheridos a la Convención de la Haya, distintos al emisor del documento. Principalmente se certifica la autenticidad de la firma de los funcionarios públicos que suscriben el documento.
Respecto a la autenticación de documentos para que surtan efectos en países no adheridos a la Convención de la Haya, se debe agotar un procedimiento de LEGALIZACION DE DOCUMENTOS.
Texto de la Convención de la Haya
“CONVENCION DE LA HAYA SOBRE LA APOSTILLA.
Art. 2.- Deposítese el instrumento de adhesión respectivo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, según lo dispone el artículo 12 de dicha convención.
Art. 3.- Publíquese en el Registro Oficial el texto del mencionado instrumento internacional, al cual declara Ley de la República, comprometiendo para su observancia el Honor Nacional.
Art. 4.- El presente decreto de adhesión entrará en vigencia a partir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial y de su ejecución encárguese al Ministro de Relaciones Exteriores.
Dada por Decreto Ejecutivo No. 1700, publicada en Registro Oficial No. 357 de 16 de Junio del 2004.
(Convención de La Haya sobre la Apostilla)
XII CONVENCION PARA SUPRIMIR LA LEGALIZACION DE LOS DOCUMENTOS PUBLICOS EXTRANJEROS
(celebrada el 5 de octubre de 1961)
Deseosos de abolir el requisito de legalización diplomática o consular para los documentos públicos extranjeros,
Han resuelto celebrar una Convención para este efecto y han acordado las siguientes disposiciones.
Art. 1.- La presente Convención se aplicará a los documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de uno de los Estados contratantes y que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante.
Art. 2.- Cada uno de los Estados contratantes exonerará de legalización a los documentos a los que se aplica la presente Convención y que deben ser exhibidos en su territorio. La legalización en el sentido de la presente Convención se refiere solamente a la formalidad por la cual los agentes diplomáticos o consulares del país en el territorio del cual se debe exhibir el documento certifican la veracidad de la firma, la calidad en virtud de la cual la persona que firma el documento lo ha hecho y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre colocado en el documento.
Art. 3.- La única formalidad que puede exigirse para certificar la veracidad de la firma, la calidad de la persona que la firma y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre colocado sobre el documento, es la adición de la apostilla definida en el artículo 4, emitida por la autoridad competente del Estado de donde emana el documento.
Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo anterior no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos vigentes en el Estado donde se exhibe el documento, o un entendimiento entre dos o más Estados contratantes, la hayan abolido, simplificado o cuando exoneran al documento mismo de ser legalizado.
Art. 4.- La apostilla prevista en el artículo 3, primer párrafo, será colocada sobre el documento o en una extensión del mismo, y deberá conformarse al modelo anexado a la presente Convención.
Sin embargo, la apostilla podrá ser redactada en el idioma oficial de la autoridad que lo emite. Los términos estándar que aparecen en la misma pueden también estar en un segundo idioma. El título "Apostille (Convention de La Haye du 5 de octobre 1961)" deberá estar en idioma francés.
Art. 5.- La apostilla será emitida a petición del signatario o del portador del documento.
Debidamente llena, la apostilla certificará la autenticidad de la firma, la calidad de la persona que firma el documento y, cuando proceda, la identidad del sello o timbre que porta el documento.
La firma, el sello o el timbre que aparecen en la apostilla están exentos de toda certificación.
Art. 6.- Cada Estado contratante designará, por referencia a sus funciones oficiales, a las autoridades que serán competentes para emitir la apostilla prevista en el artículo 3, primer párrafo.
Cada Estado deberá también notificar esta designación al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o accesión o de su declaración de extensión. También deberá comunicarle cualquier otra modificación de las autoridades designadas.
Art. 7.- Cada una de las autoridades designadas de conformidad con el artículo 6 debe mantener un registro o fichero en donde registrará las apostillas emitidas, indicando:
a) El número y fecha de la apostilla; y,
b) El nombre del signatario del documento público y la calidad en virtud de la cual actuó, o en el caso de un documento sin firma, el nombre de la autoridad que ha colocado el sello o timbre.
A petición de cualquier interesado, la autoridad que emitió la apostilla deberá verificar que el contenido de la apostilla corresponda a los datos del registro o fichero.
Art. 8.- Cuando existe un tratado, convención o acuerdo entre dos o más estados contratantes que contiene disposiciones que someten la certificación de una firma, del sello o del timbre a ciertas formalidades, la presente convención prevalecerá sobre dichas formalidades solamente si son más rigurosas que aquella mencionada en los artículos 3 y 4.
Art. 9.- Cada Estado contratante tomará las medidas necesarias para evitar que sus agentes diplomáticos o consulares efectúen legalizaciones en los casos en los que la presente Convención prevé su exoneración.
Art. 10.- La presente Convención estará abierta para su firma por los estados presentes en la Novena Sesión de la Conferencia de la Haya sobre Derecho Internacional Privado así como a Islandia, Irlanda, Liechtenstein y Turquía.
La Convención deberá ser ratificada y los instrumentos de ratificación deberán ser depositados ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.
Art. 11.- La presente Convención entrará en vigor el sexagésimo día después del depósito del tercer instrumento de ratificación previsto en el artículo 10, segundo párrafo.
La Convención entrará en vigor, para cada Estado signatario que la ratifica posteriormente, el sexagésimo día después del depósito de su instrumento de ratificación.
Art. 12.- Cualquier Estado no mencionado en el artículo 10 puede acceder a la presente Convención después de su entrada en vigor de conformidad con el primer párrafo del artículo 11. El instrumento de accesión será depositado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.
Esta accesión tendrá efecto sólo en lo concerniente a las relaciones entre los estados adherentes y los estados contratantes que no han presentado objeciones a su adhesión en un plazo de seis meses desde la recepción de la notificación mencionada en el literal d) del artículo 15. Cualquier objeción será notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos.
La Convención entrará en vigor entre el Estado adherente y los estados que no han planteado objeciones a su adhesión sesenta días después de la expiración del período de seis meses mencionado en el párrafo anterior.
Art. 13.- Cualquier Estado puede, en el momento de la firma, ratificación o adhesión, declarar que la presente Convención se extenderá al conjunto de los territorios que representa en el plano internacional, o a uno o varios de ellos. Esta declaración se hará efectiva en el momento de la entrada en vigor de la Convención para dicho Estado.
Posteriormente, toda extensión de este tipo deberá ser notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos. Cuando la declaración de extensión es realizada por un Estado que ha firmado y ratificado la Convención, ésta entrará en vigor para los territorios previstos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11. Cuando la declaración de extensión es realizada por un Estado que ha adherido a la Convención, ésta entrará en vigor para los territorios previstos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.
Art. 14.- La presente Convención tendrá una duración de cinco años a partir de la fecha de su entrada en vigor de conformidad con el artículo 11, primer párrafo, incluso para los estados que la ratifiquen o se adhieran a ella posteriormente.
La Convención será renovada tácitamente cada cinco años.
La denuncia deberá ser notificada al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos por lo menos seis meses antes de la expiración del plazo de cinco años.
La denuncia puede limitarse a ciertos territorios a los que se aplica la Convención.
La denuncia sólo tendrá efecto en relación con el Estado que la ha notificado. La Convención seguirá vigente para todos los otros estados contratantes.
Art. 15.- El Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos notificará lo siguiente a los estados contemplados en el artículo 10, y a los estados que han adherido a la Convención de conformidad con el artículo 12.
a) Las notificaciones previstas en el artículo 6, párrafo 2;
b) Las firmas y ratificaciones mencionadas en el artículo 10;
c) La fecha en la cual la presente Convención entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, primer párrafo;
d) Las adhesiones y objeciones previstas en el artículo 12 y la fecha en que dichas adhesiones se harán efectivas;
e) Las extensiones previstas en el artículo 13 y la fecha en la que se harán efectivas; y,
f) Las denuncias previstas en el artículo 14, párrafo 3.
En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados para hacerlo, han firmado la presente Convención. ANEXO AL CONVENIO. Modelo de Apostilla."