Source: http://pensamientocivil.com.ar/legislacion/2998-ley-procesal-para-justicia-familia-mendoza-primera-parte-parte-gral
Timestamp: 2018-01-18 04:00:45
Document Index: 12998165

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo\u3000114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo\u3000122', 'Artículo\u3000123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'Artículo 183', 'Artículo 184', 'Artículo 185', 'Artículo 266', 'Artículo 267', 'Artículo 268', 'Artículo 269', 'Artículo 270', 'Artículo 271', 'Artículo 272', 'Artículo 273', 'Artículo 274', 'Artículo 275', 'Artículo 276', 'Artículo 277', 'Artículo 278', 'Artículo 279', 'Artículo 280', 'Artículo 281', 'Artículo 282', 'Artículo 283', 'Artículo 284', 'Artículo 285', 'Artículo 286', 'Artículo 287', 'Artículo 288', 'Artículo 289']

LEY PROCESAL PARA LA JUSTICIA DE FAMILIA DE MENDOZA. Primera parte. Parte Gral | Pensamiento Civil
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LEY PROCESAL PARA LA JUSTICIA DE FAMILIA DE MENDOZA. Primera parte. Parte Gral
ley procesal para la justicia de familia de Mendoza parte general primera parte procesos de familia
Artículo 1. Fines del proceso e interpretación y aplicación de las normas procesales. La finalidad del proceso de familia es la efectiva operatividad de las normas del derecho sustancial.
Las disposiciones de esta ley y del código procesal civil de la provincia, en cuanto es aplicable por remisión expresa u omisión de esta ley, deben ser interpretadas y aplicadas en consonancia con la Constitución Nacional, la Constitución de la Provincia de Mendoza, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos en los que la Nación sea parte, el Libro Segundo del Código Civil y Comercial de la Nación y los principios y reglas generales de los procesos de familia enunciados en este Título.
Artículo 2. Principios y reglas de los procesos de familia. El proceso de familia debe respetar el debido proceso y, en especial, asegurar la tutela judicial efectiva de los derechos.
Los jueces tienen el deber de prevenir y sancionar todo apartamiento de la buena fe y lealtad procesal, y de dirigir el proceso para asegurar su observancia.
Rigen en el trámite las reglas de oficiosidad, oralidad, inmediación, gratuidad y acceso limitado al expediente.
Artículo 3. Acceso a la justicia de personas en situación de vulnerabilidad. Las normas que rigen el procedimiento deben ser aplicadas de modo de facilitar el acceso a la justicia, especialmente tratándose de personas en situación de vulnerabilidad.
Se consideran personas en situación de vulnerabilidad aquellas que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante la justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
Los jueces deben evitar que la desigualdad entre las personas por razones de vulnerabilidad afecte el desarrollo o resultado del proceso.
Artículo 4. Especialidad e interdisciplina. Los jueces deben ser especializados y contar con un equipo interdisciplinario.
Artículo 5. Interés superior del niño. Toda decisión que se dicte en un proceso en el que están involucrados derechos de niños, niñas o adolescentes, debe tener en cuenta su interés superior.
Artículo 6. Resolución consensuada de los conflictos. La resolución de los conflictos familiares debe procurar y preferir soluciones consensuadas, sea por el juez, sea por profesionales especializados.
La expresión resolución consensuada comprende la conciliación, la transacción, la mediación y toda otra vía de solución no contenciosa.
Artículo 7. Participación en el proceso de personas con capacidad restringida, incapaces, y niños, niñas y adolescentes. Las personas con capacidad restringida, los incapaces, y los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser oídos en todos los procesos e instancias que los afecten directamente. Su opinión debe ser tenida en cuenta y valorada según su grado de madurez y discernimiento, y la cuestión debatida en el proceso.
Los actos procesales en los que participen personas con capacidad restringida e incapaces, y niños, niñas y adolescentes deben:
a) Utilizar un lenguaje sencillo, de fácil comprensión y evitar formalismos innecesarios;
b) Realizarse en un hábitat adecuado. Si fuese conveniente y beneficioso para estas personas, el juez y/o los demás integrantes del juzgado pueden trasladarse al lugar donde ellas se encuentren.
Artículo 8. Oralidad e inmediación. Proceso por audiencias. Excepto disposición en contrario de esta ley, el proceso se desarrolla mediante audiencias.
El trámite debe conducirse observando las reglas de celeridad, concentración, saneamiento y eventualidad.
Artículo 9. Oficiosidad. El impulso procesal está a cargo del juez, quien puede, oficiosamente:
ordenar pruebas.
disponer medidas no patrimoniales urgentes, cautelares y no cautelares.
La caducidad de la instancia no opera en los casos en que el impulso oficioso del trámite corresponde al juez. En los demás supuestos, la instancia caduca conforme lo dispuesto en el código procesal civil de la provincia.
Artículo 10. Gratuidad. Los procedimientos regulados por esta ley carentes de contenido económico son gratuitos y, en consecuencia, están exentos del pago de cualquier tipo de tributo o carga.
En los demás procesos, quien alegue insuficiencia de bienes e ingresos para afrontar los gastos causídicos debe presentar una declaración jurada por ante el funcionario que recibe demandas, quien le informará sobre las consecuencias de la eventual falsedad. A ese fin, una copia de la declaración jurada será remitida a los organismos recaudadores, quienes deben actuar en los plazos y con las consecuencias administrativas, fiscales y procesales establecidas en el ordenamiento jurídico.
Artículo 11. Acceso limitado al expediente. El acceso al expediente está limitado a las partes, sus representantes y letrados, y a los auxiliares designados en el proceso.
En caso de que las actuaciones sean ofrecidas como prueba ante otro juzgado, la remisión se ordena sólo si la finalidad de la petición lo justifica y se garantiza su reserva.
Artículo 12. Lenguaje. Las resoluciones judiciales deben redactarse mediante construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio de su rigor técnico.
Las notificaciones, requerimientos y demás actos procesales deben utilizar términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a la situación particular de las partes. Las expresiones o elementos intimidatorios deben evitarse, excepto que el uso de expresiones conminatorias sea necesario para comprender las consecuencias del incumplimiento.
Los tribunales deben facilitar los medios para superar cualquier impedimento de comprensión y, en especial, contar con servicios de traductor e intérprete para los procesos en que intervienen extranjeros, personas con discapacidad e integrantes de pueblos originarios.
Artículo 13. Doble instancia. El proceso tiene dos instancias, excepto disposición en contrario.
Artículo 14. Flexibilidad de las formas del proceso. Para evitar excesos rituales, el juez puede adaptar las formas sin conculcar el debido proceso. El pedido y la causa de la petición pueden ser interpretados extensivamente.
Artículo 15. Principios relativos a la prueba. Los procesos de familia se rigen por los principios de libertad, amplitud y flexibilidad de la prueba.
La carga de la prueba pesa sobre quien está en mejores condiciones de probar.
Artículo 16. Aplicación supletoria. El código procesal civil de la provincia de Mendoza es de aplicación supletoria en todo lo no reglado, siempre que sea compatible con los principios y reglas establecidos en este título.
TÍTULO II. ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA DE FAMILIA DE MENDOZA
Artículo 17. Integración. La justicia de familia está integrada por:
Juzgados de violencia familiar y de género.
Juzgados de paz en las materias en las que tienen competencia de conformidad con lo dispuesto en el art. 6 de la ley 8279
Ministerio Público Fiscal de familia.
Ministerio Público Pupilar de familia.
Artículo 18. Organismos auxiliares. Asisten a la justicia de familia los siguientes organismos:
Cuerpo auxiliar interdisciplinario.
Registro único de adopción.
Cuerpo de mediadores.
Cuerpo de codefensores de familia.
Otros que se creen al efecto.
Artículo 19. Cámaras de familia. Las Cámaras de familia se componen de tres (3) jueces; todos deben tener reconocida versación en derecho de familia, niñez y adolescencia, violencia familiar y de género y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser integrante de una Cámara de Apelaciones.
Artículo 20. Juzgados de familia. Los Juzgados de familia están a cargo de un (1) juez; debe tener reconocida versación en derecho de familia, niñez y adolescencia, y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser Juez letrado de primera instancia.
Artículo 21. Juzgados de violencia familiar y de género. Los Juzgados de violencia familiar y de género están a cargo de un (1) juez; debe tener reconocida versación en derecho de familia, niñez, adolescencia y violencia familiar y de género, y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser Juez letrado de primera instancia.
Artículo 22. Consejero de familia. Cada juzgado de familia debe contar con dos consejeros de familia; ambos deben tener reconocida versación en derecho de familia, niñez y adolescencia, formación y prácica en métodos no adversariales de resolución de conflictos y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser juez letrado de primera instancia.
Cada juzgado de violencia familiar y de género debe contar con un consejero de familia especializado en derecho de familia, niñez, adolescencia, violencia familiar y de género y cumplimentar los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser juez letrado de primera instancia.
Artículo 23. Ministerio Público de familia. El Ministerio Público Fiscal y Pupilar de familia está integrado por las Fiscalías y las Asesorías de personas menores de edad, con capacidad restringida e incapaces.
Los fiscales y los asesores deben tener reconocida versación en derecho de familia, niñez y adolescencia y violencia familiar y de género y reunir los requisitos establecidos por la Constitución de Mendoza para ser fiscal de primera instancia o asesor, respectivamente.
Artículo 24. Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario. El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario(CAI) asiste a la justicia de familia en los asuntos que le sean requeridos por el Juez; cumple sus funciones bajo la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que ejerce la superintendencia sobre el organismo y sus integrantes; a ese efecto, la Suprema Corte dicta las normas referidas al nombramiento de los profesionales integrantes, sus responsabilidades (éticas y administrativas), sanciones, incompatibilidades, capacitación, y todas aquellas necesarias para el correcto funcionamiento de este organismo auxiliar.
Artículo 25. Integración. El Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario se integra por un plantel de profesionales especializados en las distintas áreas de la problemática de la familia, niñez y adolescencia.
Cuenta con una unidad especializada en violencia familiar y de género, compuesta por profesionales del área médica, de la psicología y del trabajo social, que presta servicios con exclusividad a los jueces de violencia familiar y de género, de modo de garantizar atención inmediata.
Artículo 26. Registro único de adopción. El Registro único de adopción (RUA) funciona como organismo dependiente de la Secretaría Administrativa de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Posee competencia en toda la provincia de Mendoza y puede habilitar delegaciones en cada una de las circunscripciones judiciales. Cada delegación coordina sus actividades con los organismos del Sistema de Protección de Derechos y los Juzgados de familia a los fines del control y procesamiento de la información susceptible de registración.
El RUA está integrado por un Director y un equipo Interdisciplinario. Su función es evaluar a los pretensos adoptantes según criterios técnicos científicos, y elaborar los informes sobre las aptitudes de los inscriptos, incluidos en el legajo de cada uno de los pretensos adoptantes.
Artículo 27. Cuerpo de Mediadores. El Cuerpo de Mediadores cumple sus funciones bajo la dependencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, quien ejerce la superintendencia sobre el organismo y sus integrantes; a ese efecto, la Suprema Corte dictará normas referidas al nombramiento de los mediadores, sus responsabilidades (éticas y administrativas), sanciones, incompatibilidades, capacitación, y todas aquellas necesarias para el correcto funcionamiento de este organismo auxiliar.
Artículo 28. Comité de Bioética. El Comité de Bioética es multidisciplinario y multisectorial. Se integra con personas de reconocida solvencia en su campo de conocimiento y tiene por finalidad dictaminar sobre los aspectos científicos, éticos y jurídicos que le sean encomendados.
Artículo 29. Convocatoria para su intervención. Por auto fundado, y cuando lo considere conveniente en razón de la materia implicada, el tribunal convoca al Comité de Bioética a fin de que dictamine sobre el tema propuesto.
Artículo 30. Integración. El Comité de Bioética está integrado por siete miembros, representantes de los siguientes campos del conocimiento:
Antropología o sociología.
Ética o filosofía.
Los integrantes del Comité se designan, para cada pedido de dictamen, de una lista que elabora anualmente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza.
Ningún integrante del Comité puede delegar sus funciones. Ante impedimentos transitorios o incompatibilidades, puede ser reemplazado por decisión fundada del juez que ha requerido su intervención.
Las pautas para su funcionamiento e intervención son acordadas por el propio Comité en la primera reunión.
Artículo 31. Organización y funcionamiento. La presidencia del Comité es ejercida por un integrante designado por mayoría de sus miembros.
El Comité requiere para sesionar, como mínimo, cuatro de sus integrantes.
Los dictámenes deben ser emitidos, como mínimo, por cuatro de sus integrantes y deben ser evacuados en el plazo que el juez determine, el que puede ser prorrogado por una sola vez, a solicitud del Presidente del Comité, peticionada con anterioridad al cumplimiento de plazo inicialmente fijado.
Emitido el dictamen, se regulan honorarios conforme el procedimiento para los peritos y se disuelve el comité creado para ese asunto.
TÍTULO III. ÁMBITO DE aplicación Y REGLAS DE COMPETENCIA
Artículo 32. Competencia material de los Juzgados de familia. Las normas de esta ley se aplican a los siguientes asuntos:
Acciones derivadas de capacidad de las personas humanas y su restricción.
Acciones derivadas del matrimonio, nulidad y divorcio.
Acciones derivadas del régimen patrimonial del matrimonio, excepto la etapa de la liquidación si se ha declarado el concurso o la quiebra de uno o ambos cónyuges o que se produzca la muerte de alguno de los cónyuges.
Acciones derivadas de las uniones convivenciales.
Acciones derivadas del parentesco.
Acciones derivadas de la filiación por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida y adoptiva.
Acciones derivadas de la responsabilidad parental.
Acciones derivadas de la guarda y de la tutela.
Acciones resarcitorias derivadas de las relaciones de familia.
Acciones derivadas de la inscripción de nacimientos, identidad de género, nombre de las personas, estado civil y sus registraciones.
Cuestiones vinculadas con las directivas médicas anticipadas.
Cuestiones que se susciten con posterioridad al deceso de las personas sobre disponibilidad de su cuerpo o alguno de sus órganos.
Acciones por restitución internacional de niños y demás cuestiones de derechos internacional privado en las relaciones de familia.
Medidas urgentes (cautelares y no cautelares), preparatorias, y preliminares en las relaciones de familia.
Acciones colectivas relativas a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Cualquier cuestión conexa o accesoria de las enumeradas en los incisos anteriores, con excepción de las atinentes al derecho sucesorio.
Trámite del exequátur para la ejecución de sentencias o resoluciones en las materias enumeradas en este artículo emanadas de tribunales extranjeros.
Artículo 33. Competencia material de los juzgados de violencia familiar y de género. Los juzgados de violencia familiar y de género son competentes para todas las acciones derivadas de la violencia familiar y de género con el alcance previsto en esta ley.
Artículo 34. Competencia territorial. Carácter. La competencia territorial atribuida a los jueces es improrrogable.
Las Cámaras de familia, los Juzgados de familia, y los Juzgados de violencia familiar y de género, ejercen la función jurisdiccional en el territorio que indiquen las leyes de su creación, de conformidad con la presente ley, la Ley Orgánica de Tribunales, el Código Procesal Civil de Mendoza en lo que resulte compatible, y las acordadas que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Provincia.
La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza tiene facultad para asignar competencia territorial a los Juzgados de familia y de violencia familiar y de género, Cámaras de familia y otros tribunales con competencia material de familia, según criterios de conveniencia y oportunidad razonablemente motivados.
La competencia no puede ser delegada, excepto que se trate de la realización de diligencias determinadas fuera de la jurisdicción y siempre que la delegación y las dilaciones no pongan en riesgo a personas vulnerables. El juez que interviene en el proceso de familia goza de atribuciones extraterritoriales dentro del país para el cumplimiento de trámites que no admiten aplazamiento alguno.
Artículo 35. Juzgados de Paz con competencia en asuntos de familia. Los Juzgados de Paz tienen competencia en asuntos de familia, conforme las previsiones del art. 6 de la ley 8279, en los procesos referidos a:
Juicio de dispensa de edad y autorización para contraer matrimonio.
b) Acciones de divorcio, si se declara que no existen bienes.
c) El control de legalidad y dictado de medidas conexas en las causas originadas por aplicación de la Ley 26.061. Si corresponde, declara la situación de adoptabilidad y remite las actuaciones al uez de familia con competencia de conformidad con lo dispuesto en el art 37 inc. k.
Causas originadas en situaciones de violencia familiar y de género
Acciones derivadas del ejercicio de la responsabilidad parental y guarda de personas menores de edad.
Cuestiones derivadas de las uniones convivenciales, si se declara que no existen bienes.
Artículo 36. Competencia territorial. Centro de vida. A los efectos de la competencia, la expresión centro de vida se refiere al de las personas menores de edad, con capacidad restringida, e incapaces.
Artículo 37. Reglas de competencia territorial. La competencia se determina por la naturaleza de las pretensiones deducidas en la demanda y no por las defensas opuestas por el demandado.
En las acciones de restricciones a la capacidad, el juez del domicilio de la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso, o residencia habitual del denunciado o el del lugar de internación mientras ésta subsista, según el caso.
En los procesos de separación judicial de bienes, el del último domicilio conyugal efectivo o el del demandado, a elección del actor.
En los procesos de liquidación del régimen de bienes en el matrimonio, el que intervino en la causal de extinción, excepto en caso de concurso o quiebra, en el que conoce el juez del proceso colectivo.
En las acciones de guarda y en todas aquellas cuestiones referidas al ejercicio de la responsabilidad parental, o en el que se decidan de modo principal derechos de niños, niñas y adolescentes, el del domicilio que corresponda a su centro de vida. Si el centro de vida ha sido modificado ilícitamente por una persona plenamente capaz, el expediente se remite al juez competente por la materia de la jurisdicción territorial pertinente.
En las acciones por alimentos, a elección del demandante, el juez de su domicilio, de su residencia habitual, de su centro de vida, del domicilio o residencia habitual del demandado, o donde éste tenga bienes susceptibles de ejecución.
Si la acción de alimentos se promueve entre cónyuges, el del último domicilio conyugal, o el del domicilio o residencia habitual del demandado, o el que haya entendido en la disolución del vínculo.
Si la acción de alimentos se promueve entre convivientes, el de su residencia habitual.
De emplazamiento, a elección del actor, el del centro de vida, el del domicilio de quien lo reclama, o el del domicilio del pretendido progenitor.
De desplazamiento, a elección del actor, el del centro de vida o el del domicilio del hijo.
En las acciones derivadas de la filiación adoptiva:
En la declaración de situación de adoptabilidad y otorgamiento de guarda con fines de adopción, el del centro de vida. Para el caso que se desconozca dicho domicilio, el que ejerció el control de legalidad de las medidas excepcionales, o en su defecto, el del lugar en que se encuentre el niño, niña o adolescente.
En el juicio de adopción, es competente el juez que declaró la situación de adoptabilidad y otorgó la guarda con fines de adopción, o a elección de los pretensos adoptantes, el del centro de vida si el traslado fue tenido en consideración en esa decisión.
Artículo 38. Competencia por conexidad. El juez de familia que ha entendido en medidas urgentes, cautelares o no cautelares, preliminares, preparatorias y provisionales debe seguir interviniendo en los demás procesos conexos o que deriven del mismo conflicto familiar, excepto que haya tomado esas medidas sin ser competente, o exista disposición expresa en contrario.
Ante el juez de familia que intervino primero tramitan todas las acciones referidas al grupo familiar implicado en el conflicto por el cual se abrió la jurisdicción.
TÍTULO III. SUJETOS PROCESALES.
Artículo 39. Deberes y atribuciones del juez. Son deberes y atribuciones del juez:
Resolver las causas dentro de los plazos fijados.
Aplicar la normativa procesal regulada en esta ley de manera proactiva, a fin de lograr la solución más justa y eficaz al conflicto que se le presenta.
Asumir una actitud dinámica y responsable, no inquisidora ni espectadora, respetuosa de la intimidad familiar y la autonomía personal, utilizando razonablemente los instrumentos jurídicos procesales que se regulan.
Conducir el proceso velando por la igualdad real de las partes y la garantía de la defensa.
Prevenir y sancionar todo acto contrario a los deberes de lealtad, probidad y buena fe.
Sancionar el fraude procesal.
Recurrir al cuerpo interdisciplinario a fin de ampliar el conocimiento sobre el conflicto planteado.
Convocar al Comité de Bioética cuando lo considere conveniente en razón de la materia implicada
Escuchar de manera directa a los niños, niñas y adolescentes involucrados y valorar su opinión según su edad y grado de madurez.
Escuchar de manera directa a las personas con capacidad restringida y valorar su opinión conforme su posibilidad de comprensión del tema a decidir.
Mantener relación directa con las personas incapaces.
Motivar los decretos denegatorios, los autos, y toda sentencia, de conformidad con las normas vigentes y en correspondencia con las alegaciones y pruebas arrimadas en el proceso.
Ejercer sus deberes y atribuciones en materia probatoria, especialmente, al decidir la admisión o no de elementos de prueba presentados por las partes e intervinientes, y disponer, de oficio, la utilización de otros medios eficaces.
Autorizar la utilización de recursos y medios tecnológicos que considere pertinentes.
Disponer de oficio o a petición de parte, por resolución fundada, la suspensión del procedimiento por un plazo que no podrá superar un año.
Cumplir con el principio de inmediación, debiendo participar en todas las audiencias cuya presencia se exige en esta ley, bajo apercibimiento de multas que serán impuestas por la sala administrativa de la Suprema Corte de Justicia sobre la base de un baremo que deberá ser reglamentado por ese mismo Tribunal dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de esta ley, y lo actualizará la primera semana de febrero de cada año.
Establecer el plazo dentro del cual las partes tienen la carga de realizar determinada actividad procesal cuando no ha sido previsto en esta ley, en el código procesal civil de la provincia de Mendoza, o en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Actualizar los conocimientos sobre la problemática de su competencia mediante la capacitación necesaria y continua.
Artículo 40. Deberes y atribuciones del consejero de familia. Son deberes y atribuciones del consejero de familia:
a) Dirigir la etapa jurisdiccional no litigiosa denominada en esta ley etapa previa, tendiente a alcanzar la resolución consensuada del conflicto.
b) Asesorar y orientar a las partes procurando la solución consensuada, teniendo en cuenta el interés superior del niño, la protección de las personas en situación de vulnerabilidad y el interés familiar, tanto en la etapa previa como en la contenciosa.
c) Proponer la presencia de determinadas personas y/u organismos que puedan colaborar en la resolución del caso.
d) Elaborar, conjuntamente con el Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario, estrategias de intervención o alternativas tendientes a encontrar soluciones que eviten el proceso contencioso judicial o su continuación.
e) Colaborar con el juez e informarle sobre los avances de su intervención cuando así se lo requiera.
f) Solicitar el acompañamiento del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario para el abordaje conjunto de la problemática familiar planteada.
g) Actualizar los conocimientos sobre la problemática del derecho de familia, infancia y adolescencia y violencia familiar y de género mediante la capacitación necesaria y continua.
Artículo 41. Consejero de familia. Recusación sin expresión de causa. El consejero de familia puede ser recusado sin expresión de causa. En ese caso, debe intervenir el otro consejero de familia del mismo tribunal. Si no lo hubiese, en el término de tres días, la Suprema Corte decide qué consejero debe intervenir.
Artículo 42. Consejero de familia. Recusación con expresión de causa. El consejero de familia puede ser recusado y debe excusarse, siempre que se encuentre comprendido en las causales de recusación prevista para los jueces.
Deducida la recusación, el consejero informa al juez sobre el hecho denunciado dentro del plazo de dos (2) días; sin más trámite, el juez dicta resolución, que es inapelable.
Si prospera la recusación, interviene el otro Consejero de familia del tribunal. Si no lo hubiese, en el término de tres días, la Suprema Corte decide qué Consejero debe intervenir.
Artículo 43. Deberes y atribuciones de los integrantes del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario: Son deberes y atribuciones de los integrantes del cuerpo auxiliar interdisciplinario:
Intervenir en los procesos judiciales en los que se solicite y/o disponga su intervención.
Asesorar al juez y al consejero de familia en las materias relacionadas con su especialidad.
Elaborar informes a solicitud del juez o del consejero de familia hábiles para la resolución del conflicto.
Prestar contención emocional y atención profesional en casos de urgencia por disposición del juez o a solicitud de los organismos auxiliares.
Colaborar en las diferentes estrategias indicadas por el juez o el consejero de familia para la resolución de los conflictos.
Evitar la revictimización de las personas involucradas en el proceso.
Realizar cualquier otra actividad ordenada por el juez que sea atinente y compatible con su función.
Cumplir con las demás funciones que se les asigne de conformidad con las normativas que se dicten.
Actualizar los conocimientos sobre la problemática del derecho de familia, infancia y adolescencia y violencia familiar y de género mediante la capacitación necesaria y continua.
Artículo 44. Intervención del Ministerio Público Pupilar.
La intervención de las Asesorías de personas menores de edad, con capacidad restringida e incapaces se rige por las disposiciones de esta ley, lo dispuesto en el Art. 103 del Código Civil y Comercial de la Nación y, en lo no reglado, por las leyes de Protección Integral de niños, niñas y adolescentes, la ley del Ministerio Público y la Ley Orgánica de Tribunales, en cuanto fueran compatibles.
TÍTULO I. ETAPA PREVIA.
Artículo 74. Objetivo. La etapa previa consiste en un procedimiento judicial y obligatorio de resolución consensuada de conflictos, en el que un funcionario especializado del juzgado, denominado consejero de familia, informa, orienta, acompaña y asiste a las personas involucradas en un conflicto familiar para que arriben a un acuerdo justo, duradero y estable que:
Evite procedimientos contenciosos.
Ponga fin a los ya iniciados.
Disminuya los alcances de los ya iniciados.
Artículo 75. Ámbito de Aplicación. La etapa previa rige para cualquier conflicto familiar que verse sobre materias que el ordenamiento jurídico reconoce que son de libre disponibilidad de las partes, o que pueden ser acordadas si son judicialmente homologadas.
Excepto disposición en contrario, todos los procedimientos que regula esta ley comienzan con la etapa previa prevista en este Título.
Artículo 76. Reglas generales. La etapa previa se rige por las siguientes reglas:
Flexibilidad e informalidad: se desarrolla sin sujeción a reglas prefijadas, excepto los requisitos mínimos que esta ley establece.
Carácter personalísimo: los intervinientes deben asistir en forma personal a todas las audiencias, excepto razones debidamente fundadas, admitidas por el consejero de familia.
Imparcialidad y neutralidad: el consejero de familia debe respetar las diferentes posturas que sostienen las partes, preservar la igualdad real, y resguardar los intereses de las personas vulnerables, en especial, las personas menores de edad y con capacidad restringida.
Artículo 77. Inicio de la etapa previa. Formulario. La etapa previa exige patrocinio letrado y se promueve mediante la presentación de un formulario, redactado de conformidad a la reglamentación que establezca la Suprema Corte de Justicia. La solicitud debe presentarse ante la Mesa de Entradas de la Justicia de familia y puede iniciarse sin patrocinio letrado cuando razones de urgencia lo justifiquen.
Nombre, apellido domicilio real del presentante;
Nombre, apellido y domicilio real de las personas involucradas en el problema. En caso de no conocerse el domicilio real, puede denunciarse el lugar de trabajo o cualquier otro que permita su citación
Objeto de la presentación;
Breve relato de la cuestión que lleva al presentante a iniciar el trámite.
Artículo 78. Trámite. Presentado el formulario, de inmediato, se da intervención al consejero de familia quien, dentro de las 24 (veinticuatro) horas, decide sobre la admisibilidad de la etapa previa.
Si la considera inadmisible, en el mismo plazo, de oficio, eleva las actuaciones al juez para que resuelva según corresponda.
Si la considera admisible, dentro de 5 (cinco) días, cita a una audiencia a las partes y demás interesados.
Artículo 79. Atribuciones del consejero de familia. El consejero de familia es el director del procedimiento de la etapa previa y, en cuanto tal, debe procurar tener conocimiento acabado del conflicto, los intereses comprometidos y las posturas de las partes. Para el mejor ejercicio de sus funciones está facultado para:
Requerir a las partes toda información pertinente.
Requerir informes técnicos a organismos públicos o privados.
Convocar a personas o entidades especializadas para realizar abordajes interdisciplinarios de la conflictiva familiar, que faciliten la consecución de los objetivos de la etapa.
Disponer el retiro transitorio de la audiencia de alguna de las partes, sus abogados o terceros intervinientes, siempre que respete los principios y reglas mencionados en esta ley.
Artículo 80. Intervención del cuerpo auxiliar interdisciplinario. Si lo considera conveniente, en cualquier momento de la etapa previa, el consejero de familia puede solicitar la intervención del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario a fin de que preste colaboración para:
Fijar estrategias que faciliten la realización de un acuerdo.
Realizar el seguimiento del acuerdo al que se hubiese llegado.
Requerir la presencia de uno o varios de los integrantes del equipo en cualquiera de las audiencias.
Artículo 81. Audiencia. Si el consejero de familia considera que es posible lograr un acuerdo:
Establece la forma de intervención.
Deja constancia de las obligaciones que asumen las partes y, en su caso, los terceros intervinientes y personas o instituciones especializadas.
Cualquiera sea el resultado de la audiencia, se levanta un acta que da cuenta de lo acontecido, firmada por todos los intervinientes.
Si no fue posible lograr un acuerdo, el consejero de familia cierra la etapa previa, mediante un informe que notifica al juez dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de clausurada la audiencia.
Artículo 82. Acuerdo. El acuerdo al que arriben las partes debe ser remitido por el consejero de familia al juez dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de su celebración. El juez puede observar el acuerdo si está en contra de disposiciones legales, o perjudica de modo manifiesto los intereses de alguno de los integrantes del grupo familiar, o de terceros interesados. Si estima que las observaciones pueden ser corregidas, el juez convoca a una audiencia, dentro del plazo de 10 (diez) días de tomar conocimiento del acuerdo, a la que deben comparecer las partes, el consejero de familia y los terceros interesados, si correspondiere. Si comparecen y se salva la observación, el juez procede a homologar el acuerdo con las modificaciones introducidas.
Artículo 83. Incomparecencia. Si alguna de las partes no comparece, ni acredita justa causa de incomparecencia, el consejero de familia levanta acta conclusiva de la etapa previa y la remite al Juez a fin de proceder a la apertura del proceso que corresponda.
Por única vez, y por razones debidamente justificadas, el consejero de familia puede diferir la audiencia.
La incomparecencia injustificada debe ser especialmente valorada en el proceso
Artículo 84. Duración. La etapa previa no puede exceder los 40 (cuarenta) días computados desde la presentación del formulario.
Excepcionalmente, a pedido de parte, del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario o de un tercero interesado, el consejero de familia puede prorrogar la duración de la etapa previa por un plazo no mayor a 30 (treinta) días. Vencido este último plazo, a pedido de las partes, el consejero puede extenderlo por 30 días más.
Artículo 85. Conclusión de la etapa previa sin acuerdo. Si no hubo acuerdo en el plazo máximo establecido, o antes, si el consejero de familia considera que ese acuerdo no es posible, mediante informe debidamente fundado, da por finalizada la etapa previa y remite las actuaciones al juez interviniente para continuar el proceso.
Dentro de las 24 (veinticuatro) horas de recibida las actuaciones, el juez dicta una resolución dando por concluida la etapa previa. La resolución debe ser notificada a las partes y es irrecurrible.
TÍTULO iI. PROCEso ORDINARIO POR AUDIENCIAS
Artículo 86. Carácter supletorio. Los procesos que no tengan asignado un trámite especial se rigen por el trámite del proceso ordinario por audiencias, que se regula en este capítulo.
Artículo 87. Facultades judiciales. El juez, en atención a la mayor o menor complejidad de la cuestión, puede cambiar el tipo de proceso mediante resolución fundada, intimando por cédula a las partes para que dentro del plazo de diez (10) días adecuen sus peticiones conforme a su decisión. Esta decisión sólo es susceptible de recurso de reposición.
Artículo 88. Etapa de postulación. La demanda, contestación, reconvención, oposición de excepciones y sus contestaciones exigen forma escrita.
Artículo 89. Resolución sobre competencia. Si la competencia no resulta claramente de la cuestión propuesta, se emplaza al demandante para que formule precisiones. Vencido el plazo conferido, el juez resuelve en tres días.
Artículo 90. Traslado de la demanda. Presentada la demanda en la forma prescripta, el juez da traslado de ella al demandado para que comparezca y la conteste dentro del plazo de diez (10) días.
Artículo 91. Hechos no invocados en la demanda o contrademanda. Cuando en la contestación de la demanda o de la reconvención se alude a hechos no invocados en la demanda o contrademanda, los demandantes o reconvinientes, según el caso, pueden ofrecer prueba y agregar la documental referente a esos hechos, dentro de los 5 (cinco) días de notificado fictamente el decreto que tiene por contestada la demanda.
Artículo 92. Demanda y contestación conjunta. El demandante y el demandado, de común acuerdo, pueden presentar al juez la demanda y contestación, precisando la cuestión a resolver y ofreciendo la prueba en el mismo escrito.
Artículo 93. Causa de puro derecho. El juez, sin otro trámite, dispone el llamamiento de autos para resolver si la causa es de puro derecho.
Artículo 94. Reconvención. En el escrito de contestación el demandado debe deducir reconvención. Si no lo hace, no puede ser deducida después, excepto su derecho para hacer valer su pretensión en otro juicio.
La reconvención es admisible si las pretensiones en ella deducidas derivan de la misma relación jurídica o son conexas con las invocadas en la demanda.
Artículo 95. Trámite posterior. Contestado el traslado de la demanda o reconvención, en su caso, o vencidos los plazos para hacerlo, el juez:
Declara, aún de oficio, la improponibilidad objetiva de la demanda o la ausencia de legitimación manifiesta, sea activa o pasiva.
Si existen hechos controvertidos, recibe la causa a prueba y convoca a la audiencia preliminar que debe realizarse en el plazo de 15 días
Artículo 96. Audiencia preliminar. Reglas generales. La audiencia preliminar se rige por las siguientes reglas:
Debe ser presidida por el juez. Esta función es indelegable.
Las partes deben comparecer en forma personal, excepto que exista motivo fundado a criterio del juez, que justifique la comparecencia por representante. Las personas jurídicas y las personas incapaces comparecen por intermedio de sus representantes.
Las personas con capacidad restringida comparecen con sus apoyos.
Las personas con capacidad restringida y menores de edad que cuentan con edad y grado de madurez suficiente pueden comparecer asistidas por su abogado; además, el juez puede citar al integrante del equipo técnico que estime conveniente.
Si por razones de fuerza mayor, debidamente acreditadas, una de las partes no puede comparecer, la audiencia puede diferirse por una sola vez. La decisión sobre el diferimiento se tiene por notificada el mismo día de su dictado.
La inasistencia no justificada de la parte actora importa el desistimiento de su pretensión, incluso si la parte demandada tampoco comparece.
La inasistencia injustificada del demandado permite tener por ciertos los hechos afirmados por el actor en todo lo que no exista prueba en contrario, excepto que esté comprometido el orden público o se trate de derechos indisponibles. Su inasistencia no impide que el juez disponga oficiosamente medidas para sanear el proceso, fije el objeto de la prueba y decida sobre los medios probatorios a producir.
Artículo 97. Audiencia preliminar. Contenido. En la audiencia preliminar el juez:
a) Interroga informalmente a las partes sobre las circunstancias conducentes para la delimitación de las cuestiones en disputa.
b) Invita a las partes a una conciliación total o parcial del conflicto. Si se arriba a un acuerdo conciliatorio, se labra acta en la que conste su contenido y la homologación por el juez interviniente. El acuerdo homologado tiene efecto de cosa juzgada. Si no hubiera acuerdo entre las partes, en el acta se hace constar esta circunstancia, sin expresión de causas. Los intervinientes no pueden ser interrogados en ninguna etapa posterior del proceso acerca de lo acontecido en la audiencia preliminar.
c) Si no se llega a un acuerdo, y lo considera pertinente, puede invitar a las partes a derivar la cuestión a un mediador.
d) Fija el objeto del proceso y de la prueba y se pronuncia sobre los medios probatorios solicitados por las partes, rechazando los que sean inadmisibles, innecesarios o inconducentes; también puede disponer prueba de oficio.
e) Subsana eventuales defectos u omisiones que advierta en el trámite del proceso, con el objeto de evitar o sanear nulidades.
f) Decide sobre los hechos nuevos planteados y la prueba ofrecida para acreditarlos.
g) Ordena la producción y diligenciamiento de la prueba admitida y fija la fecha para la audiencia complementaria de prueba en un plazo que no puede exceder de cuarenta días, teniendo en cuenta que ínterin debe producirse toda la que no puede realizarse en audiencia.
h) Dicta el auto por el que se resuelven las excepciones previas.
i) Si corresponde, declara que la cuestión debe ser resuelta como de puro derecho; en tal caso, la causa queda en estado de dictar sentencia.
Las manifestaciones del juez en la audiencia preliminar, en cuanto están ordenadas al cumplimiento de las actividades previstas, no importan prejuzgamiento en ningún caso.
Artículo 98. Resoluciones dictadas en la audiencia preliminar. Las resoluciones dictadas en el curso de la audiencia:
Se notifican a las partes en la misma audiencia.
Admiten recurso de reposición, que debe interponerse en la misma audiencia y decidirse en forma inmediata por el tribunal.
Todas las excepciones se resuelven en forma conjunta, excepto si se declara la incompetencia, en cuyo caso no corresponde pronunciarse sobre las otras cuestiones.
La sentencia que hace lugar a las excepciones previas de incompetencia, litispendencia, prescripción, caducidad, cosa juzgada, desistimiento, transacción, conciliación u otro medio de resolución consensuada del conflicto que, además, pone fin al proceso, es apelable con trámite inmediato, debiendo indicarse el efecto, suspensivo o no, al conceder el recurso.
Artículo 99. Audiencia de prueba. Reglas generales. En la audiencia de prueba el juez:
Intenta la conciliación o cualquier otro medio para arribar a un acuerdo.
Recibe la declaración de las partes; también la de las personas con capacidad restringida y la de los niños, niñas y adolescentes con edad y grado de madurez suficiente, si correspondiese.
Toma declaración a los testigos.
Requiere explicaciones a los peritos respecto de los dictámenes presentados.
Artículo 100. Audiencia de prueba. Trámite. Abierto el acto:
Se da lectura resumida a las conclusiones de la prueba y diligencias realizadas desde la audiencia preliminar, excepto que las partes prescindan de ella por considerarse suficientemente instruidas.
Se recibe la prueba.
Excepto el intento de acuerdo, el resto del desarrollo de la audiencia se registra por medios electrónicos o audiovisuales, quedando incorporado el archivo audiovisual al sistema informático. Sólo se firma un acta abreviada que dé cuenta de la comparecencia de las partes y, en su caso, de los otros sujetos involucrados.
La audiencia de prueba concluye cuando la totalidad de las cuestiones propuestas han sido tratadas. Sin embargo, excepcionalmente, el juez puede suspenderla por causas de fuerza mayor o por la necesidad de incorporar un elemento de juicio considerado indispensable, en cuyo caso debe fijar la fecha de reanudación a la mayor brevedad.
Terminada la audiencia y durante diez (10) minutos, las partes pueden alegar en el orden que el juez determine. El juez puede requerir aclaraciones y precisiones tanto durante el curso del alegato, como a su finalización.
Finalizado el debate concluye la audiencia y, previa vista al Ministerio Público, si corresponde, el juez llama autos para sentencia.
Artículo 101. Efectos del llamamiento de autos para resolver. Desde el llamamiento de autos para resolver toda discusión queda cerrada y no pueden presentarse más escritos ni producirse más pruebas, excepto las que el juez disponga como medida para mejor proveer. Tales medidas deben ser ordenadas en un solo acto y la resolución que las dispone debe ser notificada de oficio.
Artículo 102. Notificación de la sentencia. La sentencia debe ser notificada de oficio, dentro de los tres (3) días de su dictado. En la cédula se transcribe la parte dispositiva. Al litigante que lo pida, se le entrega una copia simple de la sentencia, firmada por el secretario.
TÍTULO III. PROCEso ABREVIADO.
Artículo 103. Procedencia. El proceso abreviado se aplica cuando así lo dispone esta ley, o en los supuestos que el juez lo resuelva expresamente.
Artículo 104. Reglas. El proceso abreviado se rige por las reglas del proceso ordinario, en cuanto sea pertinente, con las siguientes modificaciones:
El juez da traslado de la demanda para que el demandado comparezca y conteste dentro del plazo de cinco (5) días.
El trámite se concentra en una sola audiencia. La inasistencia de las partes se rige por lo dispuesto en el Art. 96.
Después de la contestación de la demanda, el juez se pronuncia sobre la prueba, fija la fecha de la audiencia y dispone que se produzca la que no puede ser recibida en esa audiencia, de modo tal que, a la fecha de aquélla, ésta se encuentre diligenciada.
El juez ejerce la facultad de limitar la prueba ofrecida y desestimar la inadmisible, impertinente, manifiestamente innecesaria o inconducente, teniendo especialmente en cuenta la naturaleza abreviada del trámite
El juez se pronuncia en una única decisión sobre todas las excepciones y defensas. Si acoge la excepción de incompetencia puede omitir pronunciarse sobre las otras.
En la segunda instancia no se admite otra prueba que la que el tribunal ordene como medida para mejor proveer.
Artículo 105. Recursos. Contra la decisión dictada en proceso abreviado procede la apelación restringida.
TÍTULO IV. PROCeso URGENTE NO CAUTELAR.
Artículo 106. Adaptación. Potestades judiciales. En casos de extrema urgencia, si es necesario para salvaguardar derechos fundamentales de las personas, el juez puede resolver la pretensión del peticionario acortando los plazos previstos para el proceso abreviado y disponiendo las medidas que juzgue necesarias para una tutela real y efectiva.
Excepcionalmente, cuando existe prueba fehaciente y evidencia del derecho invocado, puede resolverse sin sustanciación.
Artículo 107. Presupuestos. Para la procedencia del proceso urgente no cautelar deben cumplirse los siguientes presupuestos:
Existencia de la necesidad de satisfacer una obligación incondicionada impuesta por ley, o de hacer cesar de inmediato conductas o vías de hecho, producidas o inminentes, contrarias a derecho, según la legislación de fondo.
Petición limitada a obtener una solución de urgencia no cautelar, que no involucre la declaración judicial de derechos conexos o afines, y que la protección de su interés jurídico no requiera de la ulterior promoción de un proceso de conocimiento.
El juez puede exigir al peticionante que preste garantía suficiente, de conformidad con las particularidades del caso.
Artículo 108. Trámite. Sustanciación:
No procede la etapa previa.
La contraparte debe ser oída por el juez, en la audiencia que debe fijarse dentro de los 5 días de presentada la demanda.
Si el derecho es evidente o la urgencia es extrema, puede ordenar la medida de modo inmediato, posponiendo la sustanciación para cuando lo ordenado se haya cumplido.
En todos los casos, la resolución debe ser notificada personalmente o por cédula. Si no ha mediado traslado previo, con la notificación de la resolución se cita a la contraria a ejercer su derecho de defensa, haciéndole saber que debe cumplir la medida ordenada, aunque formule oposición a la pretensión.
Artículo 109. Oposición. El legitimado que se ha opuesto a la pretensión urgente no cautelar puede impugnar la resolución, mediante recurso de apelación, sin efecto suspensivo, o mediante juicio declarativo de oposición, que tramita por las normas del proceso abreviado, ante el juez que dictó la resolución impugnada.
PARTE TERCERA. PROCESOS ESPECIALES.
TÍTULO I. PROCESO DECLARATIVO DE RESTRICCIÓN A LA CAPACIDAD E INCAPACIDAD.
Artículo 110. Iniciación del trámite. En los procesos de declaración de restricción de capacidad o incapacidad no procede la etapa previa.
La presentación de cualquiera de los legitimados debe:
Exponer los hechos, debiendo especificar: motivación para iniciar el proceso; diagnóstico y pronóstico; época en la que se presentó la situación; recursos personales, familiares y sociales existentes; régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía.
Acompañar dos certificados de profesionales que den cuenta del estado de salud mental. Cuando no fuere posible acompañarlos, el juez, a pedido de parte o de oficio, debe requerir al servicio de salud que haya prestado asistencia a la persona que, en el plazo de cinco días, remita las constancias que tenga en su poder, priorizando las más próximas en el tiempo.
De no existir servicio de salud que pueda proporcionar esta información, el estado de salud debe ser probado sumariamente por el peticionante.
Proponer un sistema de apoyos o curatela.
Si el trámite no ha sido iniciado por el Ministerio Público, presentada la demanda, el juez le corre vista.
Artículo 111. Notificaciones. La persona en cuyo beneficio se realiza el proceso debe ser notificada en forma personal de las siguientes resoluciones:
La que da curso a la petición inicial.
La que dispone la producción de la prueba.
La sentencia que decide sobre la declaración de capacidad restringida o de incapacidad.
La sentencia que decide el pedido de cese de la incapacidad o de la capacidad restringida.
La resolución que desestima la petición de declaración de capacidad restringida o de incapacidad.
Todas las notificaciones deben realizarse con los ajustes razonables a fin de eliminar las barreras sociales que el proceso implique.
Artículo 112. Traslado de la demanda a la persona en cuyo beneficio se inició el proceso de restricción de capacidad. Contestada la vista por el Ministerio Público o vencido el plazo para hacerlo en caso de corresponder, el juez corre traslado de la demanda a la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso, para que comparezca en el plazo de 10 días haciéndole saber que puede presentarse con asistencia letrada para el ejercicio de sus derechos y que, en caso de no hacerlo o de carecer de medios, se le designará un abogado del Estado.
Artículo 113. Informe del equipo interdisciplinario. Contestada la demanda o vencido el plazo, de oficio, el juez ordena al cuerpo interdisciplinario la realización de un informe, que debe contener datos, con la mayor precisión posible, sobre:
Fecha aproximada en que la situación que da fundamento al proceso se manifestó.
Abordaje aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible.
Recursos personales, familiares y sociales existentes.
Artículo　114. Entrevista personal. Atribuciones del juez. Incorporado al expediente el informe del equipo interdisciplinario, el juez fija una fecha para mantener una entrevista con la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso, a quien debe asegurarse asistencia letrada. La entrevista debe realizarse en un plazo no mayor de 10 días a partir de la incorporación del informe.
El juez debe mantener relación directa con la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso y, a tal efecto, está facultado para realizar todos los ajustes razonables del procedimiento, según las circunstancias del caso lo requieran.
Artículo 115. Proponibilidad de la demanda. Desestimación. Medidas de protección. Finalizada la entrevista personal, el juez resuelve fundadamente si:
a) Declara proponible la demanda excepcional de incapacidad o restrictiva de la capacidad.
b) Desestima la demanda sin más trámite.
c) Desestima la demanda; no obstante, si advierte que en el caso existen derechos económicos, sociales y culturales vulnerados, notifica a los organismos estatales que corresponden.
En cualquier etapa del proceso, el juez debe ordenar medidas necesarias para garantizar los derechos personales y patrimoniales de la persona en cuyo beneficio se realiza el proceso.
Artículo 116. Resolución de proponiblidad. La resolución que declara la proponibilidad de la demanda debe:
Notificar los informes interdisciplinarios incorporados en la causa a la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso.
Resolver sobre la admisibilidad de la prueba ofrecida y ordenar su producción, incluida la que acredite la idoneidad del apoyo propuesto, y toda otra que las partes quieran aportar o el juez disponga de oficio.
Artículo 117. Producción de pruebas. La prueba debe rendirse dentro de los treinta (30) días computados a partir de la resolución que la admitió, si fue peticionada por las partes, o a partir de que fue ordenada oficiosamente por el juez.
Artículo 118. Alegatos y sentencia. Producida la prueba, se ponen los autos para alegar por el plazo de cinco días comunes, sin retiro del expediente. El juez dicta sentencia previa nueva vista al Ministerio Público.
Si la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso se presentó y manifestó su conformidad con lo peticionado en la demanda, el juez dicta sentencia sin presentación de alegatos.
Artículo 119. Sentencia que restringe la capacidad. La sentencia de restricción a la capacidad debe precisar la extensión y alcance de la limitación, cuales son los actos que la persona no puede realizar por sí misma y designar el o los apoyos que fueran necesarios para que dichos actos puedan ser otorgados. Los apoyos pueden ser propuestos por la parte interesada.
Debe indicar el abordaje aconsejable para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible; a ese efecto, se debe tener en cuenta el mejor interés de la persona con discapacidad, disponiéndose las medidas que no resulten discriminatorias a la dignidad de su persona.
Se puede designar redes de apoyo institucionales y personas que actúen con funciones específicas durante un determinado tiempo.
El sistema de apoyos designado para la toma de decisiones de la persona está sujeto al debido contralor judicial, con intervención del Ministerio Público.
Artículo 120. Sentencia que declara la incapacidad. Si de la prueba resulta inequívocamente que la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y de expresar su voluntad por cualquier modo o medio, y que el sistema de apoyos resulta ineficaz para que tome decisiones autónomas, el juez, con carácter excepcional, puede declarar la incapacidad de la persona para ejercer por sí sus derechos.
Se debe designar uno o más curadores como representantes por el plazo máximo de tres (3) años, estableciéndose el alcance y extensión de sus funciones.
Se puede designar uno o varios apoyos y establecer las funciones representativas que mejor contemplen los intereses de la persona protegida.
Los actos realizados en representación de la persona cuya incapacidad ha sido declarada están sujetos a control judicial, con la intervención del ministerio público.
La sentencia debe ser notificada por el secretario.
Artículo 121. Apelación, La sentencia es apelable dentro del quinto (5) día, por el solicitante de la declaración, la persona en cuyo beneficio se tramita el proceso, el apoyo, el curador, y el Ministerio Público.
La apelación se concede de modo restringido.
Artículo　122. Registración de la sentencia. La sentencia declarativa de restricción a la capacidad o la incapacidad de una persona debe inscribirse en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y anotarse al margen del acta de nacimiento. A tal efecto, se librará oficio con copia certificada de la sentencia.
Artículo　123. Revisión de las designaciones. Las designaciones de los apoyos, curadores, redes de sostenes y otras personas con funciones específicas pueden ser revisadas en cualquier momento.
Artículo 124. Costas. Las costas son a cargo de la persona en cuyo favor se declara la restricción a la capacidad o la declaración de incapacidad y no pueden exceder, en conjunto, del diez (10) por ciento del monto de sus bienes.
Los gastos causídicos son a cargo del solicitante de la declaración si el juez considera que la petición fue formulada con malicia o con error inexcusable.
TÍTULO II. AUTORIZACIONES JUDICIALES
CAPÍTULO 1. DISPENSA Y AUTORIZACIÓN PARA CONTRAER MATRIMONIO
Artículo 125. Dispensa para celebrar matrimonio a las personas indicadas en Art. 403 inc. g) del Código Civil y Comercial de la Nación. Legitimación. Las personas que padecen falta permanente o transitoria de salud mental que no les impide tener discernimiento para el acto matrimonial pueden pedir dispensa judicial para contraer matrimonio.
Artículo 126. Trámite del pedido de dispensa. El pedido de dispensa requiere dictamen del cuerpo interdisciplinario sobre la comprensión de las consecuencias jurídicas del acto matrimonial y de la aptitud para la vida de relación por parte de la persona que pretende contraer matrimonio.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes; también puede hacerlo con su o sus apoyos, cuidadores, representantes legales, si lo considera pertinente.
La entrevista se realiza con presencia del asesor de personas menores, con capacidad restringida e incapaces.
Artículo 127. Apelación. La resolución que otorga la dispensa para contraer matrimonio es apelable dentro de quinto (5) día. La cámara convoca a una audiencia a los pretensos contrayentes, sus representantes legales y/o apoyos y el Ministerio Público en un plazo máximo de diez (10) días; escucha a los convocados y dicta sentencia en el mismo acto.
Artículo 128. Dispensa para contraer matrimonio de las personas menores de dieciséis (16) años.
La persona menor de edad que desea contraer matrimonio, que tiene menos de dieciséis años y cuenta con grado de madurez suficiente, está legitimada para solicitar la dispensa judicial
Debe intervenir con patrocinio letrado y notificar a ambos progenitores. Si no comparecen al proceso, debe intervenir el defensor oficial.
No se aplica la etapa previa.
El juez debe mantener una entrevista personal con los futuros contrayentes y con sus representantes legales, con intervención del asesor de personas menores de edad, incapaces y capacidad restringida.
Artículo 129. Dispensa para el matrimonio entre tutor o sus descendientes y el tutelado. La dispensa para contraer matrimonio entre el tutor o sus descendientes con la persona bajo su tutela se rige por las reglas previstas en el artículo anterior, teniéndose en cuenta los requisitos establecidos por la última parte del Art. 404 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 130. Autorización judicial para celebrar matrimonio de adolescentes entre 16 y 18 años. En el supuesto de que los padres o tutores no presten autorización para la celebración de matrimonio de adolescentes entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años, ya sea por negativa expresa o por ausencia, cumplida la etapa previa, el pretenso contrayente adolescente puede solicitar la correspondiente autorización judicial supletoria.
Artículo 131. Patrocinio letrado. Los pretensos contrayentes adolescentes deben comparecer con el correspondiente patrocinio letrado.
Artículo 132. Trámite. De la petición se corre traslado por cinco (5) días a los representantes legales para que expresen los motivos de su negativa.
En caso de ausencia o desconocimiento del paradero de los representantes legales, acreditada de modo indubitable, el juez convoca a una audiencia dentro de los cinco (5) días y resuelve la petición en ese acto.
Si la ausencia o desconocimiento del paradero de los representantes legales no se encuentra debidamente probada, previamente, debe acreditarse por el trámite de la información sumaria.
Artículo 133. Intervención de los representantes legales. Los representantes legales, excepto que estén ausentes o se desconozca su paradero, deben expresar los motivos de su negativa, que podrán fundarse en alguna de las siguientes razones:
La existencia de alguno de los impedimentos legales.
La falta de madurez del adolescente que solicita autorización para casarse.
Artículo 134. Audiencia y sentencia. El juez debe mantener una audiencia con todos los involucrados y dictar sentencia en ese mismo acto. La audiencia se realiza en presencia del asesor de personas menores, con capacidad restringida e incapaces.
Artículo 135. Apelación. La resolución que otorga autorización para contraer matrimonio es apelable dentro de quinto (5) día. La cámara convoca a una audiencia a los pretensos contrayentes, sus representantes legales y el Ministerio Público en un plazo máximo de diez (10) días; escucha a los convocados y dicta sentencia en el mismo acto.
CAPÍTULO 2. AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA SALIR DEL PAÍS.
Artículo 136. Legitimación. Los representantes legales, quienes tengan a una persona menor de edad bajo su cuidado o el propio niño, niña o adolescente si cuenta con edad y grado de madurez suficiente con el correspondiente patrocinio letrado, pueden solicitar autorización judicial para que los niños, niñas y adolescentes salgan del país ante la negativa o ausencia de uno o ambos representantes legales.
En caso de ejercicio de responsabilidad parental compartida, el trámite previsto en este capítulo resulta aplicable para solicitar el cambio de residencia permanente del hijo fuera de la provincia.
Artículo 137. Trámite. Recibida la petición, el juez convoca a una audiencia a la cual deben comparecer todos los interesados con la prueba que consideren pertinente. Si se desconoce el domicilio de uno o ambos representantes legales, se debe dar intervención al defensor oficial. En este caso, el peticionante debe declarar, bajo juramento y su propia responsabilidad, que desconoce el domicilio.
Si el juez lo considera conveniente, puede derivar la petición al consejero de familia o a mediación.
Artículo 138. Audiencia y sentencia. Al concluir la audiencia, el juez resuelve el pedido de autorización, excepto que según las circunstancias del caso ordene la realización de pruebas, que deben incorporarse al proceso en un plazo no superior a 10 (diez) días.
Artículo 139. Apelación. La resolución es apelable dentro de las cuarenta y ocho (48) horas. La cámara convoca a una audiencia a los niños, niñas y adolescentes que cuentan con edad y grado de madurez suficiente involucrados, sus representantes legales y el Ministerio Público en un plazo máximo de cinco (5) días; escucha a los convocados y dicta sentencia en el mismo acto.
CAPÍTULO 3. AUTORIZACIÓN SUPLETORIA PARA ACTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL ENTRE CÓNYUGES O CONVIVIENTES
Artículo 140. Ámbito de Aplicación. En todos los casos en los que el Código Civil y Comercial de la Nación requiere el asentimiento de un cónyuge o conviviente para un acto de carácter patrimonial y éste se niegue a prestarlo, el otro cónyuge o conviviente puede solicitar la correspondiente autorización judicial supletoria.
Artículo 141. Trámite. Cumplida la etapa previa, rigen las reglas del proceso abreviado, con las modificaciones dispuestas en este capítulo.
Artículo 142. Audiencia y sentencia. Al concluir la audiencia, el juez resuelve el pedido de autorización, excepto que según las circunstancias del caso ordene la realización de prueba, que debe incorporarse al proceso en un plazo máximo de 10 (diez) días.
Artículo 143. Apelación. La resolución es apelable dentro del quinto día. La apelación se concede en forma restringida. La cámara debe pronunciarse en el plazo de diez (10) días.
TÍTULO III. PROCESO DE ALIMENTOS
Artículo 144. Reglas generales. Los procesos de alimentos se rigen por las siguientes reglas:
Autonomía progresiva: los niños, niñas y adolescentes con edad y grado de madurez suficiente están legitimados para peticionar alimentos; deben intervenir con patrocinio letrado.
Incremento de las necesidades alimentarias: a mayor edad de los niños y adolescentes, aumentan las necesidades materiales, ampliándose la obligación alimentaria.
Irrepetibilidad: los alimentos son irrepetibles; el alimentado no puede ser obligado a compensación alguna, ni a prestar fianza o caución para restituir los alimentos percibidos, aun cuando la sentencia que los fijó sea revocada.
Actividad probatoria oficiosa: la facultad judicial de ordenar prueba se acentúa si el alimentado es una persona menor de edad o con capacidad restringida.
Artículo 145. Legitimación de personas menores de edad. Están legitimados para reclamar alimentos a favor de una persona menor de edad, los representantes legales, toda persona que acredite fehacientemente tener al niño bajo su cuidado, y el Ministerio Público.
La persona menor de edad con edad y grado de madurez suficiente puede reclamar con patrocinio letrado. Si se trata de alimentos fundados en la responsabilidad parental, en el mismo proceso se puede demandar a los abuelos y demás legitimados pasivos de conformidad con lo dispuesto en el Título VI del Código Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 146. Legitimación de hijos entre 18 y 21 años. El hijo mayor de edad que aún no ha cumplido los veintiún (21) años está legitimado para reclamar alimentos a sus progenitores y demás obligados.
Si convive con uno de sus progenitores, ese progenitor está legitimado para obtener la contribución del otro hasta que el hijo cumpla los veintiún (21) años.
El progenitor con el que convive puede iniciar el proceso de alimentos o, en su caso, continuar el ya promovido durante la minoría de edad del hijo para que el juez determine la cuota que corresponde al otro progenitor.
Las partes de común acuerdo, o el juez, a pedido de alguno de los progenitores o del hijo, pueden fijar una suma que el hijo debe percibir directamente del progenitor no conviviente, de conformidad con lo previsto en el Art. 662 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Artículo 147. Legitimación hijo mayor de edad que estudia o se capacita. El hijo mayor de edad hasta los veinticinco (25) años está legitimado para peticionar alimentos si la prosecución de estudios o preparación profesional de un arte u oficio le impide proveerse de medios necesarios para sostenerse de manera independiente.
La legitimación del progenitor con el que el alimentado convive se rige por lo dispuesto en el artículo anterior.
Artículo 148. Legitimación de personas con capacidad restringida. Están legitimados para reclamar la fijación de una cuota alimentaria en beneficio de una persona con capacidad restringida:
a) El beneficiario de los alimentos
b) Su representante legal, el o los apoyos designados.
Artículo 149. Demanda. La demanda de alimentos debe:
a) Contener datos suficientes para acreditar el vínculo y/o las circunstancias en las que se funda.
b) Estimar el monto que se reclama.
c) Acompañar toda la documentación que el actor tuviese en su poder y que haga a su derecho.
d) Ofrecer la prueba testimonial, hasta un máximo de tres (3) testigos, acompañando el interrogatorio y, en su caso, la declaración de éstos, de conformidad con las disposiciones generales previstas en esta ley, y firmada por ellos.
e) Si se tiene conocimiento, denunciar los ingresos que el demandado percibe.
f) Si se trata de alimentos que no involucran a personas menores de edad o con capacidad restringida, denunciar también los ingresos que percibe quien reclama.
Artículo 150. Notificaciones. Todas las notificaciones se realizan con habilitación de días y horas inhábiles.
A pedido de parte, puede disponerse que las notificaciones se practiquen en el domicilio laboral o comercial del demandado.
Artículo 151. Prueba de informes o dictámenes periciales. La falsedad u omisión de datos en la contestación de los pedidos de informes o dictámenes hace solidariamente responsable al informante o perito por el daño causado. Los oficios o cédulas de notificación deben transcribir esta disposición.
Artículo 152. Modo de cumplimiento. Excepto acuerdo de partes, la cuota alimentaria en dinero se deposita en el banco de depósitos judiciales y se entrega al beneficiario o su representante legal o apoyo a su sola presentación. El apoderado convencional puede percibirla sólo si existe resolución fundada que lo autorice.
La percepción de la cuota alimentaria en especie se determina por la naturaleza de las prestaciones acordadas o judicialmente fijadas.
Artículo 153. Repetición. En caso de haber más de un obligado al pago de los alimentos, quien los haya prestado puede repetir de los otros obligados en la proporción que corresponda a cada uno. Esta solicitud puede ser peticionada en el mismo proceso en el que ha sido demandado, o de manera autónoma según las reglas previstas para el proceso abreviado.
Artículo 154. Medidas ante el incumplimiento. Apelación. El juez interviniente en un proceso de alimentos está facultado para aplicar cualquier tipo de sanciones conminatorias que resulten eficaces, adecuadas y razonables a los fines de obtener el cumplimiento en tiempo y forma del pago de la obligación alimentaria y asegurar la eficacia de la sentencia.
Las sanciones son apelables sin efecto suspensivo.
Artículo 155. Retención directa y embargo sobre sueldo y otra remuneración. Si el alimentante posee un empleo en relación de dependencia, el juez puede ordenar la retención directa de sus haberes.
Quien no cumple la orden judicial de depositar la suma que debió descontar a su dependiente o a cualquier otro acreedor es deudor solidario de la obligación alimentaria. Constatado el incumplimiento, se comunica al empleador la resolución que declara la solidaridad. Contra dicha resolución procede recurso de apelación sin efecto suspensivo.
Artículo 156. Medidas cautelares. El juez puede disponer la traba de cualquier medida cautelar para asegurar el pago de alimentos futuros, provisionales, definitivos o convenidos. El obligado puede ofrecer en sustitución otras garantías suficientes.
Artículo 157. Salida del país. De oficio o a pedido de parte, el juez puede prohibir la salida del país del deudor hasta tanto cumpla con su obligación, excepto que preste caución suficiente para satisfacerla.
Artículo 158. Registro de deudores alimentarios. El juez puede disponer se anote a la persona deudora de cuotas alimentarias provisorias o definitivas en el registro de deudores alimentarios local si:
a) Las cuotas fueron fijadas por resolución judicial o acuerdo homologado judicialmente.
b) El obligado ha incumplido con el pago de tres (3) cuotas consecutivas o cinco (5) alternadas de manera total o parcial.
c) Se ha intimado judicialmente al pago.
Artículo 159. Obligación alimentaria subsidiaria del Estado provincial. Fondo de garantía local. El Estado provincial debe prestar asistencia inmediata a las personas menores de edad, con capacidad restringida o incapaz, si en un proceso de alimentos se prueba que los progenitores u otras personas obligadas están imposibilitados de proveerles lo necesario para su subsistencia.
El juez debe ordenar a los órganos competentes que dentro de un término perentorio:
a) arbitren las medidas indispensables para asegurarles las prestaciones necesarias para cubrir sus necesidades básicas;
b) se le informe qué medidas se han adoptado.
Una ley especial debe regular el funcionamiento del fondo de garantía.
Artículo 160. Tasa de interés. Las sumas adeudadas por el incumplimiento de la obligación alimentaria devengan una tasa de interés equivalente a la más alta que cobran los bancos a sus clientes, según las reglamentaciones del Banco Central, a la que se adiciona la que el juez fije según las circunstancias del caso.
Artículo 161. Sentencia. La sentencia tiene efectos retroactivos a la fecha de la constitución en mora, siempre que la demanda se hubiese interpuesto dentro de un término no mayor a seis (6) meses contados desde la interpelación.
En caso de no haber mediado interpelación fehaciente o de no haberse deducido la demanda en el referido plazo, la condena se retrotrae a la fecha del inicio de la etapa previa o de la interposición de la demanda, la que fuese anterior, según corresponda.
Artículo 162. Costas. Regla general. Las costas son a cargo del demandado aun cuando se hubiese allanado, la suma propuesta por él coincida con la fijada en la sentencia, o se hubiese arribado a un acuerdo.
Artículo 163. Costas. Excepción. Excepcionalmente, las costas pueden imponerse al peticionante cuando el juez verifique que el derecho ha sido ejercido de modo manifiestamente abusivo.
Esta excepción no se aplica cuando el alimentado es una persona menor de edad o con capacidad restringida o incapaz, en cuyo caso las costas pueden imponerse a su representante o apoyo, según el caso.
Artículo 164. Apelación. Las resoluciones que establecen obligaciones alimentarias, cualquiera sea su naturaleza y procedimiento, son apelables sin efecto suspensivo. Deducida la apelación, se expide copia certificada de la sentencia para su ejecución y las actuaciones se remiten a la cámara, inmediatamente.
La apelación interpuesta contra la resolución que hace lugar la reducción de cuota se concede con efecto suspensivo.
CAPÍTULO 2. ALIMENTOS PROVISIONALES.
Artículo 165. Trámite. Rigen, supletoriamente, las disposiciones sobre medidas cautelares previstas en el CPC, en lo que sean compatibles. Si el peticionante es persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz, rige supletoriamente, lo dispuesto en el art. 107 relativo al proceso urgente no cautelar.
Artículo 166. Citación a audiencia. Dentro de los dos (2) días de interpuesta la demanda, el juez cita a las partes a una audiencia a realizarse dentro de los tres (3) días, con el fin de determinar provisoriamente la cuota alimentaria que corresponda.
La citación a la audiencia debe mencionar:
a) La carga de presentar la prueba documental que haga a su derecho de conformidad con lo previsto en el artículo anterior
b) La advertencia de que, si no comparece, el juez fija los alimentos conforme la pretensión deducida.
Artículo 167. Trámite de la audiencia. La audiencia se realiza con la presencia de las partes, conforme las siguientes reglas:
a) El juez debe intentar la solución consensuada del conflicto. En el caso de arribarse a un acuerdo, en la misma audiencia, lo homologa y entrega una copia certificada a las partes.
b) En el caso de no existir acuerdo, el juez fija un plazo máximo de cinco (5) días para la producción de la prueba ofrecida.
c) Si el demandado no acompaña documentación fehaciente que acredite sus ingresos, el juez tiene por cierta la suma que el demandante haya denunciado.
d) Si se hubiesen ofrecido testigos, se fija una audiencia para que comparezcan a prestar declaración dentro de los tres (3) días posteriores; las partes quedan notificadas de la fecha fijada en el mismo acto.
e) No son admisibles excepciones previas.
Artículo 168. Audiencia de prueba. Reglas. La audiencia de prueba se rige por las siguientes reglas:
a) Si la parte demandada no comparece ni ha acreditado previamente justa causa de su inasistencia, el juez resuelve en ese mismo acto con los elementos de convicción aportados al proceso.
b) Si la parte actora no comparece ni ha acreditado previamente justa causa de incomparecencia, se la tiene por desistida del proceso. Esta regla no rige si la actora es una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz, en cuyo caso debe darse vista al asesor de personas menores, incapaces y capacidad restringida.
c) La comparecencia de los testigos a esa audiencia es carga de las partes.
d) Rendida la prueba, el juez dicta sentencia en ese acto.
Artículo 169. Sentencia. La resolución que fija los alimentos provisorios debe mencionar expresamente que su incumplimiento da lugar:
a) Al proceso ejecutivo.
b) A la inscripción en el registro de deudores alimentarios.
Artículo 170. Caducidad. Fijada la cuota alimentaria provisional, el alimentado debe iniciar las acciones pertinentes para la fijación de los alimentos definitivos mediante el proceso previsto en el capítulo siguiente en un plazo de seis (6) meses. El alimentante puede solicitar la caducidad de la cuota alimentaria provisoria si el alimentado incumple la carga de iniciar la demanda dentro de ese término.
La caducidad no se aplica si se trata de alimentos fijados:
a) Al cónyuge pendiente el trámite de divorcio.
b) Al presunto hijo en el marco de un proceso de filiación, que se rige por lo dispuesto en el art. 664 del Código Civil y Comercial de la Nación.
CAPÍTULO 3. ALIMENTOS
Artículo 171. Trámite. La pretensión por alimentos no es acumulable a otra pretensión.
Tramita por el proceso abreviado, respetándose las reglas de este capítulo.
Artículo 172. Apertura del proceso. Concluida la etapa previa sin haberse arribado a acuerdo, el consejero de familia elabora informe fundado de clausura y remite las actuaciones al Juez.
En el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de recibidos el informe y conclusión de la etapa previa del consejero de familia, el juez dispone las medidas probatorias solicitadas, y fija la fecha de la audiencia preliminar.
La audiencia preliminar debe tener lugar dentro de un plazo que no puede exceder de cinco (5) días, contados desde la fecha de clausura de la etapa previa.
Artículo 173. Audiencia preliminar. Las partes deben comparecer a la audiencia preliminar personalmente.
El juez puede disponer la comparecencia del alimentado que cuenta con edad y grado de madurez suficiente, aunque intervenga mediante su representante legal.
El juez debe procurar que las partes arriben a un acuerdo. Si las partes acuerdan, en el mismo acto, el juez homologa el acuerdo y da por concluido el proceso.
Artículo 174. Incomparecencia injustificada del demandado. Si la parte demandada no comparece ni ha acreditado previamente justa causa de su inasistencia, en el mismo acto el juez debe:
a) Aplicar una multa pecuniaria cuyo monto tiene en cuenta la situación económica del demandado, según surge de la demanda. El importe debe depositarse dentro del tercer (3) día de notificada de la resolución que impone la multa.
b) Fijar una nueva audiencia dentro del quinto (5) día, que se notifica con habilitación de día y hora, bajo apercibimiento de establecer la cuota alimentaria de conformidad con las pretensiones de la parte actora y lo que resulte del expediente.
Artículo 175. Incomparecencia injustificada de la actora. Si la parte actora no comparece ni ha acreditado previamente justa causa de su incomparecencia, el juez fija una nueva audiencia, en la misma forma y plazo previstos en el artículo anterior, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de su pretensión si no concurriese.
Esta regla no se aplica si el alimentado es una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz. En este caso, el expediente se remite al Ministerio Público para que evalúe la situación de incomparecencia y dictamine según corresponda.
Artículo 176. Incomparecencia justificada. Si alguna parte no comparece por razones justificadas, el mismo día de la audiencia el juez fija otra fecha dentro del plazo de tres (3) días de explicadas las razones de la incomparecencia.
La incomparecencia puede justificarse una (1) sola vez.
Artículo 177. Intervención de la parte demandada. En la audiencia preliminar, la parte demandada puede oponer y probar:
a) La falta de título o de derecho de quien peticiona los alimentos.
b) La situación patrimonial propia o la de quien solicita alimentos.
A ese fin tiene la carga de:
(i) Acompañar prueba documental sobre su situación patrimonial y de la parte actora.
(ii) Solicitar informes cuyo diligenciamiento está a su cargo, debiendo agregarse al expediente en el plazo máximo de diez (10) días a partir de la audiencia preliminar.
(iii) En el supuesto de ofrecer testigos, exponer las razones de la utilidad de este medio de prueba y presentar los interrogatorios correspondientes. La prueba de testigos debe sustanciarse dentro del plazo de cinco (5) días a contar desde la audiencia preliminar.
Artículo 178. Decisión. Sustanciada la prueba, en el plazo máximo de cinco (5) días, sin necesidad de petición de parte, si admite la demanda, el juez fija los alimentos de conformidad con las constancias y pruebas agregadas y ordena pagar por meses anticipados.
Artículo 179. Alimentos atrasados. Inactividad procesal del alimentado. La inactividad procesal del alimentado crea la presunción de falta de necesidad. Según las circunstancias, el juez puede determinar la caducidad del derecho a cobrar las cuotas atrasadas referidas al período correspondiente a la inactividad.
Esta caducidad no se aplica:
a) Si el alimentado es una persona menor de edad, con capacidad restringida o incapaz.
b) Si la aparente inactividad del interesado es provocada por la inconducta del alimentante.
c) Si el interesado prueba causas justificantes de su inactividad.
Artículo 180. Alimentos devengados durante el proceso. Cuota suplementaria. La sentencia que admite la demanda debe ordenar que se abonen las cuotas atrasadas devengadas desde la fecha de la interpelación fehaciente o la solicitud de trámite de la etapa previa.
El juez determina el monto de la cuota suplementaria, teniendo en cuenta la cuantía de la deuda y la capacidad económica del alimentante.
Las cuotas mensuales suplementarias devengan intereses desde la fecha fijada en la sentencia para el pago de cada una de ellas.
Artículo 181. Alimentos atrasados. Pago en cuotas. El condenado a pagar alimentos puede solicitar pagar los alimentos atrasados en cuotas. Si las razones invocadas tienen fundamentación suficiente, el juez está facultado para hacer lugar a la petición en forma total, parcial, o establecer otra propuesta de pago.
Artículo 182. Cuota extraordinaria. Si se pretende una cuota extraordinaria, la petición tramita por el proceso abreviado, siempre que sea compatible con la naturaleza alimentaria del reclamo.
CAPÍTULO 4. EJECUCIÓN DE ALIMENTOS.
Artículo 183. Título ejecutivo. Dictada la resolución judicial que homologa el acuerdo o que fija los alimentos provisionales o definitivos, si el alimentante no cumple su obligación, la vía ejecutiva queda habilitada.
Si dentro del tercer (3) día de intimado al pago el demandado no cumple o plantea las excepciones previstas en el art. 184, el juez ordena el embargo y la subasta de los bienes necesarios para cubrir el importe de la deuda.
Artículo 184. Excepción. El alimentante sólo puede oponer la excepción de pago documentado y prescripción.
Artículo 185. Recurso. El recurso de apelación debe interponerse dentro de los tres días. Tramita sin efecto suspensivo.
TÍTULO VII. PROCESO DE RESTITUCIÓN INTERNACIONAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Artículo 266. Objeto. El proceso de restitución tiene por finalidad garantizar la restitución inmediata de los niños trasladados y/o retenidos de manera ilícita y velar por que se respeten los derechos de custodia y de visita conforme al el Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores y lo dispuesto en el art. 2642 del CCyC.
El niño niña o adolescente debe ser menor de dieciséis (16) años de edad.
El objeto es
verificar si el traslado y/o retención ha sido ilícito
acceder a la restitución, si procediese, de modo seguro para el niño o adolescente,
asegurar la resolución rápida del conflicto planteado.
Artículo 267. Legitimación. La legitimación activa corresponde a la persona, institución u organismo que sea titular del derecho de custodia, conforme el régimen jurídico del país de residencia habitual del niño antes de su traslado o retención. Tal derecho puede resultar de la aplicación de pleno derecho de una norma legal, de una decisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el derecho de dicho Estado. Este derecho debe haber sido ejercido en forma efectiva, ya sea individual o conjuntamente, por padres, madres, tutores, guardadores o instituciones, inmediatamente antes del hecho.
Legitimado pasivo es la persona que ha sustraído y/o retenido en forma ilícita al niño o adolescente cuyo desplazamiento-retención constituye la causa de la solicitud.
Se excluye expresamente de este proceso la decisión sobre el fondo del asunto de la custodia, la que es materia privativa de la jurisdicción del Estado de residencia habitual del niño anterior al desplazamiento.
La tramitación de la solicitud de restitución suspende mientras dure los procesos tendientes a resolver sobre el fondo de la custodia, que puedan encontrarse en trámite.
Se consagra como criterio orientador de interpretación y en su caso de integración, el del interés superior del niño. Considerándose por tal a los efectos del presente proceso, el derecho a no ser trasladado o retenido ilícitamente y a que se dilucide ante el Juez del Estado de su residencia habitual la decisión sobre su custodia; a mantener contacto fluido con ambos progenitores y sus familias y a obtener una rápida resolución de la solicitud de restitución o de visita internacional.
Artículo 268. Autoridad Central. Intervención en el procedimiento. La Autoridad Central designada por el Poder Ejecutivo conforme el Convenio de La Haya sobre Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores debe ser informada del trámite de las actuaciones, y tiene libre acceso a ellas en cualquier etapa del trámite.
Artículo 269. Etapa preliminar. La petición de localización debe cumplir los requisitos establecidos por esta ley y los que resultan de los Artículos 8 de la Convención de La Haya de 1980 y 9 de la Convención Interamericana. Puede ser presentada de modo directo ante el juzgado, por medio de exhorto, o por comunicación judicial directa ante la Autoridad Central.
Inmediatamente después de presentada la petición en el juzgado, se deben disponer las medidas necesarias para la localización y las cautelares de protección del niño o adolescente, como así también, si correspondiera, la del adulto que lo acompaña. Verificada la localización, el juez debe comunicarlo de inmediato al Estado requirente vía Autoridad Central.
Dentro del plazo de treinta (30) días de conocida la localización, debe presentarse la demanda de restitución acompañada de la documentación que acredite la legitimación activa y demás recaudos.
En caso de no ser presentada en término, se produce la caducidad de las medidas preliminares dispuestas. La documentación agregada a la demanda debe estar traducida, si correspondiere, pero no requiere legalización.
Artículo 270. Demanda y sentencia. Presentada la demanda de restitución, el juez debe analizar las condiciones de admisibilidad de la acción y la verosimilitud del derecho del peticionante por encontrarse el peticionante en ejercicio de derecho de custodia.
Si el pedido se considera procedente, el juez debe dictar resolución que ordene la restitución dentro de las veinticuatro (24) horas. En la misma resolución, el juez:
Dispone las medidas necesarias para la protección del niño o adolescente, y en su caso para el adulto que lo acompaña, y para mantener o modificar las medidas cautelares y provisionales adoptadas inicialmente, durante la etapa preliminar.
Ordena la citación del accionado para que oponga alguna de las defensas previstas en el artículo siguiente.
Si no mediare oposición, la orden de restitución queda firme y se libra mandamiento para hacerla efectiva, con comunicación a la Autoridad Central.
La resolución que rechaza la demanda sin sustanciación requiere motivación suficiente de acuerdo a lo establecido en las Convenciones vigentes.
Artículo 271. Recurso. La resolución que rechaza la demanda es apelable dentro del plazo de tres (3) días. Debe fundarse en el mismo escrito de interposición.
El expediente debe elevarse a la Cámara de Apelaciones dentro de las veinticuatro (24) horas de concedido el recurso.
La cámara debe resolver en el plazo máximo de cinco (5) días. Se resolverá sin sustanciación.
Artículo 272. Defensas. La resolución que dispone la restitución debe citar al accionado por el plazo de cinco (5) días para oponer defensas u oposiciones. La defensa del demandado debe realizarse en escrito fundado, acompañado de toda la prueba de que haya de valerse. Es válida la oposición cuando se funde y se demuestre que:
a) La persona, institución u organismo que tenía a su cargo al niño en el momento en que él fue trasladado o retenido, no ejercía su cuidado de modo efectivo, o había consentido o posteriormente aceptado el traslado o retención.
b) Existe grave riesgo de que la restitución del niño lo exponga a un peligro físico o psíquico o que de cualquier otra manera lo someta a una situación intolerable.
c) La restitución es manifiestamente violatoria de los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de los derechos humanos y libertades fundamentales.
El juzgado debe rechazar sin sustanciación toda defensa que no sea de las enumeradas en el presente artículo y el anterior.
Artículo 273. Trámite. Prueba. Opuestas excepciones, se sustanciarán con un traslado al requirente por el término de seis días. Contestado el traslado o vencido el plazo para ello el juez determina los medios probatorios admisibles y desestima la prueba inconducente, dilatoria o carente de utilidad.
La realización de un informe pericial psicológico sólo puede ofrecerse en caso de invocarse como defensa que existe grave riesgo para el niño o adolescente. En este supuesto, el juez debe pedir un informe al equipo técnico multidisciplinario del juzgado a los fines de establecer la existencia o no del grave riesgo.
La resolución que desestime alguna prueba es inapelable y no impide que, ulteriormente, pueda disponerse como medida para mejor proveer.
Artículo 274. Audiencia. La decisión procesal que decide sobre la prueba fija una audiencia a realizarse en el plazo máximo de cinco días. La audiencia es presidida por el juez bajo pena de nulidad, y se celebra aún en ausencia de los citados. El accionado debe comparecer en forma personal junto con el niño, niña o adolescente, bajo apercibimiento de ser llevado por la fuerza pública.
El accionante puede concurrir por medio de apoderado, pero debe hacerlo personalmente si se encuentra en el país.
Artículo 275. Realización de la audiencia. En la audiencia, el juez debe procurar la solución consensuada del conflicto. Si se arriba a un acuerdo, el juez lo homologa en el mismo acto.
En caso de no existir acuerdo, el juez fija los puntos de debate, recibe la prueba testimonial y dispone la presentación de los informes periciales, si correspondiere.
El juez debe escuchar a las partes, al niño con edad y grado de madurez suficientes y al Ministerio Público. Debe labrarse acta del comparendo, pudiendo disponerse la filmación de las declaraciones y entrevistas.
Una vez presentados los informes periciales, si hubieran sido ordenados, se corre traslado por el plazo de dos (2) días a las partes, al solo efecto de que formulen observaciones sobre el valor probatorio.
Ningún informe pericial puede ser presentado vencidos dos (2) días de celebrada la audiencia.
Artículo 276. Resolución. Dentro del plazo de cinco (5) días de celebrada la audiencia o de vencido el plazo para formular observaciones a los informes periciales, el juez debe dictar resolución sobre las oposiciones planteadas.
Artículo 277. Apelación. La resolución es apelable dentro de los tres (3) días de notificada, por escrito que debe presentarse fundado. De los fundamentos se corre traslado por igual plazo a la contraria, al Ministerio Público y, en su caso, al niño, niña o adolescente que interviene con su patrocinio letrado.
El expediente debe ser elevado a la cámara dentro del plazo de veinticuatro (24) horas de contestados los traslados o de vencido el plazo para hacerlo de concedido el recurso, que tramita en forma abreviada.
La cámara debe escuchar al niño, niña o adolescente y dictar resolución, confirmando o revocando la resolución apelada dentro del plazo de diez (10) días de esa audiencia.
Artículo 278. Contenido de la sentencia y restitución segura. La sentencia debe ordenar la restitución en todos los casos en los que un niño, niña o adolescente menor de 16 años de edad ha sido trasladado o retenido ilícitamente en violación de un derecho de custodia y no se ha acreditado ninguna de las defensas previstas en este título.
En la sentencia se deben disponer las medidas complementarias tendientes a garantizar el regreso seguro del niño, niña o adolescente en caso que resultare necesario, fomentando las soluciones que conduzcan al cumplimiento voluntario de la decisión.
La negativa a la restitución de un niño de conformidad con lo dispuesto por el inciso b) del Art. 13 del Convenio de la Haya de 1980 y b) del Art. 11 de la Convención Interamericana de 1989 (grave riesgo de peligro físico o psíquico) no es procedente cuando se prueba que se han tomado las medidas adecuadas para garantizar su protección tras la restitución.
Artículo 279. Restitución en los casos de petición posterior al año de la sustracción o retención ilícitas. Según las circunstancias del caso, la restitución puede ser ordenada, pese al transcurso de un lapso mayor a un (1) año entre la fecha de la solicitud o de demanda de restitución y la sustracción o retención ilícitos. La restitución no procede en este supuesto si se prueba que el niño, niña o adolescente se encuentra integrado en su nuevo ambiente y la permanencia resulta favorable a su interés superior.
Artículo 280. Atribuciones judiciales. El juez puede recurrir a la Autoridad Central para solicitar, por su intermedio, información relacionada con las medidas de protección y los servicios disponibles en el Estado requirente y contactar al juez de la Red Internacional de Jueces de La Haya, o al juez competente del Estado de residencia habitual del niño o adolescente con el objeto de determinar y establecer las medidas de retorno seguro que fueren pertinentes, así como para requerir la cooperación que fuere necesaria. El juez podrá establecer comunicaciones judiciales directas para este propósito.
Artículo 281. Notificaciones. Las notificaciones judiciales en el presente proceso monitorio se realizan en forma automática, excepto disposición en contrario.
Las notificaciones por cédula se deben practicar de oficio, con habilitación de días y horas inhábiles. Se prevé la habilitación de la feria judicial para todos los casos previstos en el presente Título.
Artículo 282. Recursos. Sin perjuicio de lo dispuesto de los artículos anteriores, son apelables:
Las resoluciones relativas a medidas urgentes, cautelares o no cautelares. La concesión de la apelación no suspende su cumplimiento.
Artículo 283. Recurso contra la sentencia que resuelve la apelación. Contra la sentencia de cámara no procede recurso ordinario alguno.
Artículo 284. Derecho de comunicación. Durante el trámite de restitución puede solicitarse y ordenarse, aun de oficio, un régimen de comunicación con los niños, niñas y adolescentes.
La solicitud que tiene por objeto hacer efectivo el derecho de visita previsto en las Convenciones seguirán el procedimiento establecido en este título. Este derecho comprende el de llevar al niño, niña o adolescentes, por un período de tiempo limitado, a otro lugar diferente a aquél donde tiene su residencia al momento de la tramitación del proceso.
En ambos supuestos podrá también establecerse el contacto periódico mediante medios tecnológicos.
Artículo 285. Cooperación judicial internacional. El juez puede recurrir a la Autoridad Central y a la Red Internacional de Jueces de La Haya o al juez competente del Estado de residencia habitual del niño, niña o adolescente con el objeto de requerir la cooperación que fuere necesaria. Tales requerimientos pueden establecerse por medio de comunicaciones judiciales directas debiéndose dejar constancia en el expediente.
DISPOSICIONES　COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS
Artículo 286. Vigencia
La presente ley regirá a partir de los noventa (90) días de su publicación. Se aplicará a los juicios que se inicien a partir de esa fecha y también a los que se encuentren en trámite, siempre que su aplicación resulte compatible con los actos procesales　ya cumplidos.
Artículo 287. Cuerpo de mediadores.
Los mediadores que al momento de la sanción de esta ley integran el cuerpo de mediadores podrán solicitar la conversión de sus funciones en las de consejero de familia, si reúnen los requisitos previstos en esta ley.
Si no reúnen las condiciones, y están incorporados a la planta permanente de empleados y funcionarios del Poder Judicial de la provincia, la Suprema Corte decidirá si permanecen como mediadores en la Justicia de familia o pasan a la justicia civil.
Artículo 288. Juzgados de violencia familiar. La Suprema Corte establecerá cuales juzgados de familia pasan a ser juzgados de violencia familiar y de género y qué funcionarios que forman parte del cuerpo interdisciplinario de los tribunales de familia pasarán a cumplir funciones en los equipos de protección contra la violencia familiar.
Artículo 289. Comisión de seguimiento. Créase una comisión de seguimiento del funcionamiento de esta ley procesal para la justicia de familia, integrada por tres personas de reconocida versación en la materia. Los integrantes son designados: uno, por el Ministerio de Justicia de la provincia; otro por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, y el tercero, por el Colegio de Abogados de la Provincia.
Las funciones de la comisión son: Recoger
información sobre las dificultades generadas en la interpretación y aplicación de la presente ley;
Formular propuestas de reforma, como mínimo, cada tres años.
Artículo. Derogación. Se derogan los siguientes artículos:
Artículos 127, 129 y 302 al 314 del Código Procesal Civil (CPC) de Mendoza.
Las leyes 6354 y 6672.
Artículo. Adaptación　por contradicciones. Las leyes, decretos y otro tipo de　resoluciones　que contradigan la presente ley deben considerarse implícitamente derogados.