Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-atencion-discapacidad-andalucia-71499509
Timestamp: 2019-01-19 14:23:10
Document Index: 305613018

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'ARTÍCULO 2', 'ARTÍCULO 3', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'ARTÍCULO 12', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18', 'ARTÍCULO 19', 'Artículo 20', 'ARTÍCULO 20', 'ARTÍCULO 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'Artículo 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'Artículo 27', 'ARTÍCULO 27', 'Artículo 28', 'ARTÍCULO 28', 'Artículo 29', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 36', 'Artículo 37', 'ARTÍCULO 37', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 39', 'Artículo 40', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'ARTÍCULO 44', 'ARTÍCULO 45', 'ARTÍCULO 46', 'ARTÍCULO 47', 'Artículo 48', 'ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 49', 'ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 51', 'ARTÍCULO 52', 'ARTÍCULO 53', 'artículo 50', 'ARTÍCULO 54', 'Artículo 55', 'ARTÍCULO 55', 'ARTÍCULO 56', 'ARTÍCULO 57', 'ARTÍCULO 58', 'ARTÍCULO 59', 'ARTÍCULO 60', 'ARTÍCULO 61', 'Artículo 62', 'ARTÍCULO 62', 'ARTÍCULO 63', 'ARTÍCULO 64', 'ARTÍCULO 65', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'ARTÍCULO 66', 'ARTÍCULO 67', 'artículo 35', 'ARTÍCULO 69', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 54', 'artículo 56', 'artículo 54', 'ARTÍCULO 72', 'Artículo 73', 'ARTÍCULO 73', 'ARTÍCULO 74', 'ARTÍCULO 75', 'ARTÍCULO 76', 'Artículo 77', 'artículo 42', 'artículo 31']

Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo) - Normativa de Andalucía - Legislación - VLEX 71499509
Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía (Ley 1/1999, de 31 de marzo)
TÍTULO I. Principios generales - arts. 1 a 8
CAPÍTULO I. Prevención de las discapacidades - arts. 9 a 11
CAPÍTULO II. Asistencia sanitaria y rehabilitación médico-funcional - arts. 12 y 13
TÍTULO III. De atención a las necesidades educativas especiales - arts. 14 a 18
CAPÍTULO I. Formación Profesional Ocupacional - art. 20
CAPÍTULO II. Inserción laboral - arts. 21 a 26
CAPÍTULO III. Medidas complementarias - art. 27
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - art. 28
CAPÍTULO II. Atención comunitaria - art. 29
CAPÍTULO III. Servicios Sociales Especializados - arts. 30 a 36
CAPÍTULO IV. Recursos tutelares - art. 37
CAPÍTULO V. Protección económica
SECCIÓN 1ª. Principios generales - arts. 38 y 39
SECCIÓN 2ª. Protección de necesidades básicas a través de prestaciones de carácter periódico - art. 40
SECCIÓN 3ª. Protección de necesidades específicas a través de prestaciones de carácter no periódico - arts. 41 a 43
TÍTULO VI. Del ocio, la cultura y el deporte - arts. 44 y 45
CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 46 y 47
CAPÍTULO II. Accesibilidad urbanística y de las infraestructuras - art. 48
CAPÍTULO III. Accesibilidad a edificios, establecimientos e instalaciones
SECCIÓN 1ª. Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública - arts. 49 a 51
SECCIÓN 2ª. Edificaciones de viviendas - arts. 52 a 54
CAPÍTULO IV. Accesibilidad en el transporte - art. 55
CAPÍTULO V. Accesibilidad en comunicación - arts. 56 a 58
CAPÍTULO VI. Medidas de control - arts. 59 a 61
CAPÍTULO VII. Medidas de fomento - art. 62
TÍTULO VIII. De la gestión, coordinación interadministrativa y financiación
CAPÍTULO I. De la gestión y coordinación interadministrativa - arts. 63 a 65
CAPÍTULO II. De la financiación - art. 66
CAPÍTULO I. Infracciones - arts. 67 a 72
CAPÍTULO II. Medidas cautelares - art. 73
CAPÍTULO III. Sanciones - arts. 74 a 78
Norma citada en: 12 sentencias, 7 artículos doctrinales, 3 noticias
Ley 1/1999, de 31 de marzo aplicada por Orden de 24 septiembre 2001, publicado en BO. Junta de Andalucía el 8 de noviembre de 2001.
Ley 1/1999, de 31 de marzo desarrollada por Acuerdo de 2 diciembre 2003, publicado en BO. Junta de Andalucía el 7 de enero de 2004.
Ley 1/1999, de 31 de marzo desarrollado por Decreto 293/2009, de 7 julio, publicado en BO. Junta de Andalucía el 21 de julio de 2009.
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley de atención a las personas con discapacidad en Andalucía.
Asimismo, el artículo 49 de la Ley Fundamental determina que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con deficiencias físicas, sensoriales y psíquicas, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que en su Título primero otorga a todos los ciudadanos.
Ahora bien, el panorama actual del desarrollo de todas las normas existentes en aras a la especial protección de las personas con discapacidad en Andalucía hace necesario establecer en nuestra Comunidad Autónoma el marco adecuado que, desde una perspectiva integradora, asegure una respuesta uniforme y coordinada de todos los sistemas públicos de protección social a la problemática de las personas con discapacidad en base a las competencias que el Estatuto de Autonomía de Andalucía confiere a nuestra Comunidad Autónoma:
Sanidad, educación, asistencia y servicios sociales, desarrollo comunitario, régimen local, ordenación del territorio, urbanismo y vivienda, deporte y ocio, cultura, seguridad social, así como autoorganización. Ha sido reivindicación del mismo movimiento asociativo, representante de este colectivo, disponer de una Ley andaluza que dé respuestas a sus necesidades.
Por último, conviene referir que se han considerado las recomendaciones recogidas en los últimos informes del Consejo Económico y Social, del Defensor del Pueblo y del Defensor del Pueblo Andaluz, referentes a la situación del empleo, a la atención residencial de las personas con discapacidad, a la problemática de la atención a los enfermos mentales y a las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación en Andalucía.
El grupo de personas con discapacidad está integrado por una población heterogénea. Las personas con discapacidad psíquica, visual, auditiva o del habla, las que tienen movilidad reducida..., todas ellas se enfrentan a obstáculos distintos, de índole diversa, que han de superarse, en cada caso, de manera diferente.
En la descripción, valoración y clasificación de este grupo de personas se emplean los términos de deficiencia, discapacidad y minusvalía, siendo diferente el alcance de cada uno de estos términos, tal como ha establecido la Organización Mundial de la Salud.
Así, internacionalmente se viene optando por utilizar el término de 'personas con discapacidad' de forma general. Por una parte, para evitar la sustantivación de los adjetivos que entrañan las palabras 'discapacitado' o 'deficiente' o 'minusválido'. Por otra parte, porque no todas las personas con deficiencia tienen discapacidad, y porque no todas las personas con discapacidad tienen minusvalía, siendo 'discapacidad' el término que menos connotaciones negativas alberga.
Así pues, en el texto legal se utiliza generalmente 'persona con discapacidad' y sólo se habla de 'minusvalía' cuando sea obligado por las derivaciones legales que conlleva.
En lo que se refiere al acceso a la Función Pública, se reserva un cupo no inferior al 3 por 100 del conjunto de las plazas vacantes de las ofertas de empleo público para las personas con discapacidad, con objeto de que progresivamente se alcance el 2 por 100 de los efectivos reales de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales.
En materia de protección económica se da un gran avance al configurar como prestaciones de derecho las prestaciones no periódicas de carácter individual que cubren necesidades específicas a las personas con discapacidad, de forma que desaparece el carácter de graciabilidad que hasta ahora venían ostentando.
Asimismo, se complementan las prestaciones existentes con una nueva, la ayuda de habilitación profesional, que viene a cubrir las necesidades de un sector de la población que, no obteniendo el grado de minusvalía suficiente para obtener otro tipo de prestaciones económicas, sí necesita una ayuda que, condicionada a la realización de un programa de habilitación profesional, les capacite para su posible inserción laboral.
En materia de ocio, cultura y deporte se hace la distinción entre la necesaria integración del colectivo de personas con discapacidad en las actuaciones destinadas a toda la población y, en su caso, la atención a las características individuales de estas personas.
El Título VII, referido a la accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el transporte y la comunicación, contempla por primera vez en el panorama legislativo andaluz las normas para hacer accesible la comunicación a las personas con discapacidad visual, auditiva, motórica o de otra índole.
Finalmente, el Título IX regula el régimen sancionador, en el que se hace especial referencia a aquellos aspectos derivados del incumplimiento de las normas sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte, cuestión ésta muy reivindicada por el movimiento asociativo.
TÍTULO I Principios generales Artículos 1 a 8
ARTÍCULO 2 Medios.
La Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales de Andalucía, así como los organismos, entidades y empresas públicas, dependientes o vinculadas a cualesquiera de ellas, realizarán las actuaciones precisas para la plena efectividad de lo previsto en esta Ley, de acuerdo con sus competencias y destinarán los recursos necesarios para que los derechos enunciados se hagan efectivos.
ARTÍCULO 3 Participación de la iniciativa social.
Las administraciones públicas ampararán la iniciativa privada sin ánimo de lucro, colaborando en el desarrollo de estas actividades mediante asesoramiento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico.
Especial atención recibirán las instituciones, asociaciones y fundaciones sin fin de lucro, promovidas por las personas con discapacidad, sus familiares o sus representantes legales.
Asimismo, la iniciativa privada podrá colaborar con los poderes públicos en la prestación de servicios en el marco de la legislación vigente.
Será requisito indispensable para recibir financiación de los poderes públicos que las actuaciones privadas se adecuen a las líneas y exigencias de la planificación sectorial que se establezca por parte de las administraciones públicas.
Artículo 3, apartado 1.1 desarrollado por Decreto 258/2005, de 29 noviembre, publicado en BO. Junta de Andalucía el 27 de diciembre de 2005.
ARTÍCULO 4 Principio de integración.
ARTÍCULO 5 Principio de normalización.
ARTÍCULO 6 Fomento de la investigación.
Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el marco de sus respectivas competencias, promoverán planes de investigación sobre las deficiencias, especialmente en el ámbito de la prevención, detección y tratamiento, con el fin de buscar nuevas alternativas para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 7 Definición de conceptos.
Persona con discapacidad: Toda aquella que tenga una ausencia o restricción de la capacidad de realizar una actividad como consecuencia de una deficiencia.
Persona con minusvalía: Aquella que, como consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, se encuentra en una situación de desventaja que le limita o impide el desempeño de un papel, que es normal, en su caso, en función de su edad, factores sociales y culturales, y así haya sido calificada la minusvalía por los órganos de las administraciones públicas que tengan atribuida esta competencia, de acuerdo con la legislación vigente.
ARTÍCULO 8 Reconocimiento de derechos.
El reconocimiento del derecho a la aplicación de los beneficios previstos en esta Ley deberá ser efectuado de manera personalizada por los distintos órganos de la Administración previo informe o calificación, en su caso, del correspondiente equipo de valoración y orientación.
Los servicios, prestaciones y demás beneficios previstos en esta Ley se otorgarán a cuantas personas con discapacidad o minusvalía tengan su domicilio en Andalucía.
TÍTULO II De la salud Artículos 9 a 13
CAPÍTULO I Prevención de las discapacidades Artículos 9 a 11
ARTÍCULO 9 Prevención de las discapacidades.
Las administraciones públicas desarrollarán una política orientada a la prevención de las discapacidades a fin de evitar que se produzcan deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales, así como reducir la repercusión negativa de las mismas en los aspectos físicos, psicológicos y sociales de las personas, fomentando las medidas encaminadas a potenciar las capacidades residuales en cualquier edad y desde el momento de su aparición.
A efectos del reconocimiento del derecho a los servicios y actuaciones que tiendan a prevenir la aparición de la discapacidad, se asimilan a dicha situación los estados previos, entendidos como procesos en evolución que puedan llegar a ocasionar una discapacidad.
ARTÍCULO 10 Medidas prioritarias.
Orientación, planificación familiar y asesoramiento genético en grupos de riesgo.
Diagnóstico precoz y prevención de discapacidades desde el inicio del embarazo.
Seguridad en el tráfico vial.
Control higiénico sanitario de los alimentos.
ARTÍCULO 11 Detección de las deficiencias y atención temprana.
Se establecerán sistemas de prevención y detección de las deficiencias y de atención temprana una vez diagnosticadas éstas, a través de programas y protocolos de actuación que se realizarán de forma continuada sobre las personas con discapacidad.
Entendida como intervención múltiple dirigida al niño, a la familia y a la comunidad, quedará garantizada la atención infantil temprana, que comprende información, detección, diagnóstico, tratamiento, orientación y apoyo familiar.
El sistema público de salud establecerá los sistemas y protocolos de actuación técnicos necesarios, para que desde la atención primaria en adelante quede asegurado el asesoramiento y tratamiento necesario, de acuerdo con lo establecido en los apartados anteriores.
CAPÍTULO II Asistencia sanitaria y rehabilitación médico-funcional Artículos 12 y 13
ARTÍCULO 12 Garantía de prestaciones.
Quedarán garantizadas, de acuerdo con el régimen de Seguridad Social aplicable, las prestaciones sanitarias, farmacéuticas y, en su caso, los tratamientos dietoterápicos complejos, para la correcta atención a las personas con discapacidad cuando sea imprescindible para su desarrollo físico y psíquico.
ARTÍCULO 13 Rehabilitación médico-funcional.
Toda persona con deficiencia tendrá derecho a beneficiarse de la rehabilitación médico-funcional necesaria para compensar o mantener su estado físico, psíquico o sensorial para su integración educativa, laboral y social.
Se entiende por rehabilitación médico-funcional el proceso orientado a la recuperación o adiestramiento de una función o habilidad perdida, ya sea por causa congénita o adquirida, teniendo por objeto la prestación de los servicios y ayudas técnicas dirigidas a la consecución de la recuperación de las personas con discapacidad, o, en su defecto, la aminoración de las secuelas resultantes y del desarrollo de las capacidades residuales.
Cuando se estime necesario, este proceso de rehabilitación exigirá un tratamiento continuado y permanente.
Reglamentariamente se desarrollarán las prestaciones rehabilitadoras y su adaptación a las circunstancias de los beneficiarios.
TÍTULO III De atención a las necesidades educativas especiales Artículos 14 a 18
ARTÍCULO 14 Disposiciones generales.
La presente Ley reconoce a las personas con una discapacidad de tipo físico, psíquico o sensorial, en sus diversos grados y manifestaciones, el derecho a recibir la atención educativa específica que por sus necesidades educativas especiales requieran, tan pronto como se adviertan circunstancias que aconsejen tal atención o se detecte riesgo de aparición de la discapacidad, con el fin de garantizar su derecho a la educación y al desarrollo de un proceso educativo adecuado y asistido con los complementos y apoyos necesarios.
Las personas con discapacidad tendrán derecho, en cualquiera de las etapas educativas, obligatorias y no obligatorias, a:
La prevención, detección y atención temprana de sus especiales necesidades educativas.
La evaluación psicopedagógica que determine sus necesidades educativas, las medidas curriculares y de escolarización, y los apoyos y recursos necesarios para atenderlas. Así como a la evaluación de su aprendizaje a través de las adaptaciones de tiempo y medios apropiados a las posibilidades y características de cada persona.
El uso de sistemas de comunicación alternativos y la utilización de medios técnicos y didácticos que faciliten los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, así como las necesarias adaptaciones del puesto escolar.
El uso de nuevas tecnologías que mejoren y ayuden a la integración de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 15 Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria.
ARTÍCULO 16 Acceso a estudios superiores.
Los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales que hayan obtenido el título de Graduado en Educación Secundaria tendrán prioridad para ocupar puestos escolares en los niveles de enseñanza postobligatoria, en centros sostenidos con fondos públicos que impartan las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional. Asimismo, se velará para que estos centros dispongan de los medios personales y materiales necesarios y para que este alumnado pueda continuar sus estudios con las adaptaciones curriculares pertinentes.
El alumnado con necesidades educativas especiales que curse estudios universitarios podrá realizarlo con las adaptaciones que se consideren necesarias en determinadas materias o prácticas, cuando por limitación de sus capacidades éstas planteen dificultades especiales y siempre que tales adaptaciones no impidan alcanzar un desarrollo suficiente de los objetivos generales previstos para estos estudios, ya sean de ciclo medio o largo.
ARTÍCULO 17 Servicios complementarios.
ARTÍCULO 18 Orientación posescolarización.
TÍTULO IV De la integración laboral Artículos 19 a 27
Título IV desarrollado por Decreto 30/2006, de 7 febrero, publicado en BO. Junta de Andalucía el 24 de febrero de 2006.
ARTÍCULO 19 Objetivos.
Posibilitar una Formación Profesional Ocupacional que les capacite para su integración en el mercado de trabajo.
Potenciar la inserción laboral prioritariamente en el sistema ordinario de trabajo.
CAPÍTULO I Formación Profesional Ocupacional Artículo 20
ARTÍCULO 20 Integración en los centros ordinarios y atención especial.
La Formación Profesional Ocupacional dirigida a las personas con discapacidad posibilitará:
La integración de los alumnos en los centros de Formación Profesional Ocupacional, facilitando, para ello, los recursos técnicos y personales adecuados.
La programación de módulos de Formación Profesional Ocupacional adaptados a aquellos alumnos cuyas características individuales le impidan su acceso a centros ordinarios.
El fomento de prácticas profesionales en centros laborales o centros especiales de empleo.
A estos efectos, se desarrollarán actuaciones tendentes a la mejora de la calidad de la enseñanza para las personas con discapacidad dentro del marco de las reguladas mediante normas estatales y autonómicas, posibilitando lo siguiente:
Aplicación de los medios y recursos aportados por la investigación e innovación tecnológica.
Orientación e inserción profesional.
Formación permanente y actualización profesional del personal especializado en formación.
CAPÍTULO II Inserción laboral Artículos 21 a 26
ARTÍCULO 21 Empleo ordinario y protegido.
Acciones de integración laboral en el mercado ordinario de trabajo. Para ello, las administraciones públi cas competentes evaluarán de forma permanente las posibilidades de integración en el mercado laboral de las personas con discapacidad.
Iniciativas de empleo protegido.
ARTÍCULO 22 Medidas de fomento.
ARTÍCULO 23 Acceso a la Función Pública.
Se garantiza la igualdad de condiciones con los demás aspirantes a las personas con minusvalía que concurran a las pruebas selectivas para ingreso en los cuerpos de funcionarios y en las categorías de personal laboral y estatutario al servicio de la Administración de la Junta de Andalucía y de las entidades locales. Para ello se reservará un cupo no inferior al 3 por 100 del conjunto de las plazas vacantes de la Oferta de Empleo Público para las personas cuya minusvalía se determine reglamentariamente.
Estas personas deberán superar las pruebas selectivas que realizarán en condiciones de igualdad con los aspirantes del turno correspondiente.
En atención a la naturaleza de las funciones a desarrollar, en las convocatorias se podrá establecer la exención de alguna de las pruebas o la modulación de las mismas a fin de posibilitar, efectivamente, el acceso al empleo público a las personas con retraso mental.
Artículo 23 desarrollado por Decreto 93/2006, de 9 mayo, publicado en BO. Junta de Andalucía el 22 de mayo de 2006.
ARTÍCULO 24 Ayudas a las empresas para la integración laboral.
ARTÍCULO 25 Centros especiales de empleo.
ARTÍCULO 26 Empleo con apoyo.
CAPÍTULO III Medidas complementarias Artículo 27
ARTÍCULO 27 Servicios de apoyo a la integración laboral.
TÍTULO V De los servicios sociales a las personas con discapacidad Artículos 28 a 43
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículo 28
ARTÍCULO 28 Norma general.
CAPÍTULO II Atención comunitaria Artículo 29
ARTÍCULO 29 Servicios Sociales Comunitarios.
Los Servicios Sociales Comunitarios, en cuanto estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, configuran el primer nivel de atención a las personas con discapacidad.
Estos servicios dispensarán prestaciones de carácter personalizado, incidiendo especialmente en aquellas actuaciones de tipo preventivo, con la participación de los propios afectados en la cobertura de sus necesidades.
A las necesidades de las personas con discapacidad, los Servicios Sociales Comunitarios responderán mediante información sobre los recursos existentes, gestión de prestaciones, ayuda a domicilio y, en general, mediante la atención especial a personas con problemas de integración social.
Los Servicios Sociales Comunitarios actuarán tanto a nivel individual como grupal, dando apoyo a las asociaciones de personas con discapacidad, a sus familiares o a sus representantes legales, promoviendo, en su caso, recursos sociales especializados.
CAPÍTULO III Servicios Sociales Especializados Artículos 30 a 36
ARTÍCULO 30 Clasificación.
ARTÍCULO 31 Centros de valoración y orientación.
Los centros de valoración y orientación se configuran como la estructura física y funcional de carácter público destinada a la valoración y orientación de las personas con discapacidad.
Corresponde a los centros de valoración y orientación, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la valoración y calificación de la minusvalía, determinando su tipo y grado.
ARTÍCULO 32 Centros residenciales.
Los centros residenciales se configuran como recursos de atención integral destinados a aquellas personas que, al no poder ser asistidos en su medio familiar, lo precisen temporal o permanentemente.
A estos efectos, deberá distinguirse entre aquellos centros que atiendan a personas con una discapacidad tan grave que precisen de la ayuda de otra persona para la realización de actividades de la vida diaria, de aquellos otros que atiendan a personas con cierta autonomía personal.
Para mantener los posibles vínculos familiares existentes se favorecerá que los servicios residenciales acojan a las personas con discapacidad acompañadas de sus padres o familiares más cercanos cuando éstos también precisen de atención por su edad o situación física.
ARTÍCULO 33 Centros de día.
Los centros de día se configuran como establecimientos destinados a la atención de aquellas personas que no puedan integrarse --transitoria o permanentemente-en un medio laboral normalizado o que por su gravedad, requiriendo de atención continuada, no puedan ser atendidos por su núcleo familiar durante el día.
ARTÍCULO 34 Derechos de los usuarios de los centros residenciales y de día.
A participar y ser oídos, por sí o sus representantes legales, en aquellas decisiones o medidas relacionadas con la atención que han de recibir en ellos.
En los supuestos en que dichas decisiones o medidas supongan aislamiento, restricciones de libertades u otras de carácter extraordinario, deberán ser aprobadas por la autoridad judicial, salvo que razones de urgencia hiciesen necesaria la inmediata adopción de la medida, en cuyo caso se pondrá en conocimiento de aquélla cuanto antes.
A un trato digno, tanto por parte del personal del centro o servicio como de los otros usuarios.
Al secreto profesional de los datos de su historia sanitaria y social.
A mantener relaciones interpersonales, incluido el derecho a recibir visitas, siendo obligación de la dirección de los centros promover las relaciones periódicas con sus familiares o tutores.
A la máxima intimidad y privacidad, siendo necesario hacer compatible este derecho con las exigencias derivadas de la protección de su vida, de su salud y de su seguridad.
A que se les facilite las prestaciones sanitaria, farmacéutica, formativa, recreativas y similares, así como a la satisfacción de las necesidades que sean imprescindibles para conseguir un adecuado desarrollo personal.
A cesar en la utilización de los servicios o en la permanencia en el centro por voluntad propia o de sus representantes legales, sin perjuicio de los supuestos en los que la permanencia en el centro esté sometida a decisión judicial.
ARTÍCULO 35 Deberes de los usuarios de centros residenciales y de día.
Abonar el importe de las liquidaciones de estancias y los precios de los servicios que se establezcan.
Respetar los derechos regulados en los números 2 y 6 del artículo anterior.
Conocer y cumplir, en función de sus capacidades, las normas que rijan el funcionamiento del centro.
ARTÍCULO 36 Atención en supuestos de penas de privación de libertad.
CAPÍTULO IV Recursos tutelares Artículo 37
ARTÍCULO 37 Fomento de entidades tutelares.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá, coordinada con la autoridad judicial, la atención a las personas presumiblemente incapaces o incapacitadas total o parcialmente, promoviendo entidades sociales sin ánimo de lucro que puedan desempeñar la tutela o curatela de aquéllas, de acuerdo con lo previsto en el Código Civil.
CAPÍTULO V Protección económica Artículos 38 a 43
SECCIÓN 1ª Principios generales Artículos 38 y 39
ARTÍCULO 38 Seguridad económica y social.
ARTÍCULO 39 Coherencia entre las medidas protectoras e integradoras.
Las administraciones públicas competentes en esta materia velarán por la necesaria coherencia entre las pensiones y las medidas de habilitación profesional e inserción laboral, de forma que aquéllas no sean un freno para la inserción laboral.
SECCIÓN 2ª Protección de necesidades básicas a través de prestaciones de carácter periódico Artículo 40
ARTÍCULO 40 Prestaciones económicas.
SECCIÓN 3ª Protección de necesidades específicas a través de prestaciones de carácter no periódico Artículos 41 a 43
ARTÍCULO 41 Acción protectora.
La acción protectora consistirá en aportaciones económicas que financien total o parcialmente los gastos derivados de la adquisición de ayudas técnicas, asistencia en centros, adaptación funcional del hogar, ayudas a la movilidad y a la comunicación, así como aquellas otras que favorezcan su integración social.
ARTÍCULO 42 Ayuda de habilitación profesional.
Con objeto de sufragar las necesidades de aquellas personas con minusvalía que, no alcanzando el grado necesario para acceder a una pensión no contributiva de invalidez, y teniendo dificultades de integración laboral, realicen un programa de habilitación profesional que les capacite para su posible inserción laboral, se establece una prestación económica de carácter temporal, en las condiciones y con los límites que se determinan reglamentariamente, denominada ayuda de habilitación profesional.
ARTÍCULO 43 Requisitos.
TÍTULO VI Del ocio, la cultura y el deporte Artículos 44 y 45
ARTÍCULO 44 Integración y atención especial.
ARTÍCULO 45 Medidas de fomento.
TÍTULO VII De la accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el transporte y la comunicación Artículos 46 a 62
CAPÍTULO I Disposiciones generales Artículos 46 y 47
ARTÍCULO 46 Disposiciones generales sobre accesibilidad.
ARTÍCULO 47 Definiciones.
Accesibilidad: Conjunto de características de las infraestructuras, del urbanismo, los edificios, establecimientos e instalaciones, el transporte o las comunicaciones que permiten a cualquier persona su utilización y disfrute en condiciones de seguridad.
Barreras: Todas aquellas trabas u obstáculos, físicos o sensoriales, que limitan o impiden el normal desenvolvimiento o uso de los bienes y servicios por las personas con discapacidad.
Edificios, establecimientos o instalaciones de concurrencia pública: Aquellos que son susceptibles de ser utilizados por una pluralidad indeterminada de personas para la realización de actividades de interés social, recreativo, deportivo, cultural, educativo, comercial, administrativo, asistencial, residencial, religioso, sanitario u otras análogas o por el público en general.
Cambio de actividad: El que, aun manteniendo el uso anterior, implique otros servicios o prestaciones diferentes que puedan suponer alteraciones de aforo o afluencia de público.
Obras de reforma: El conjunto de obras de ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo de un bien inmueble ya existente.
Instalaciones: Las construcciones y dotaciones, permanentes o efímeras, abiertas y descubiertas total o parcialmente, destinadas a fines deportivos, recreativos, culturales, comerciales u otros.
Ayuda técnica: Cualquier medio o sistema que, actuando como intermediario entre la persona con discapacidad y el entorno, posibilita la eliminación o minoración de cuanto dificulte su autonomía o desarrollo personal.
Espacios de utilización colectiva: Aquellos que pueden ser utilizados por una o más personas y su uso no está limitado o restringido.
CAPÍTULO II Accesibilidad urbanística y de las infraestructuras Artículo 48
ARTÍCULO 48 Normas generales.
La planificación territorial y urbanística atenderá a que los medios urbanos e interurbanos resulten accesibles. Para ello, los planes de ordenación urbana contemplarán la accesibilidad de manera expresa en sus estudios y determinaciones.
La planificación, el diseño y la urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público se realizarán de manera que éstos resulten accesibles a las personas con discapacidad. A tal efecto, los distintos instrumentos de planeamiento, así como los proyectos de urbanización y de obras ordinarias, garantizarán la accesibilidad a los espacios de uso público, siendo indispensable para su aprobación la observación de las determinaciones y principios básicos de la presente Ley y de las normas que la desarrollen.
Los itinerarios peatonales y espacios libres públicos y privados, de uso comunitario, de utilización y concurrencia pública se diseñarán de forma que sus trazados, dimensiones, dotaciones y calidades de terminación permitan el uso y circulación en condiciones de seguridad a las personas con discapacidad.
En las zonas de estacionamiento de vehículos, así como en cualquier instalación en la que se disponga de asientos para el público, emplazados en las vías o espacios públicos, se reservará un porcentaje de plazas para las personas con discapacidad, que será determinado reglamentariamente, garantizando a éstas su uso exclusivo.
Las vías y espacios libres de uso público ya existentes, así como los elementos de urbanización, infraestructura y elementos de mobiliario del entorno urbano consolidado, se adaptarán gradualmente a los parámetros de accesibilidad. Para ello, los entes locales elaborarán planes especiales de actuación que garanticen, de acuerdo a un orden de prioridades y plazos, la adaptación de los espacios urbanos y sus elementos a las determinaciones y principios básicos de la presente Ley y las normas que la desarrollen, consignando en sus presupuestos anuales cuantías necesarias para la financiación de estas actuaciones.
CAPÍTULO III Accesibilidad a edificios, establecimientos e instalaciones Artículos 49 a 54
SECCIÓN 1ª Edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública Artículos 49 a 51
ARTÍCULO 49 Normas generales.
Para la construcción, reforma, cambio de uso o de actividad de edificios, establecimientos e instalaciones que impliquen concurrencia de público, será preceptivo que los espacios y dependencias, exteriores e interiores, de utilización colectiva, resulten accesibles a las personas con cualquier tipo de discapacidad.
En los edificios, establecimientos e instalaciones de las administraciones y empresas públicas, lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a la totalidad de sus áreas y recintos.
Para ello, los poderes públicos elaborarán planes de actuación que garanticen, de acuerdo con un orden de prioridades y las disponibilidades presupuestarias, la accesibilidad de sus edificios, estableciendo un porcentaje mínimo en sus presupuestos anuales hasta conseguir la completa eliminación de las barreras existentes en un plazo de tiempo limitado.
Las zonas y elementos de urbanización de utilización colectiva situados en los espacios exteriores de los edificios, establecimientos e instalaciones, deberán cumplir las condiciones establecidas en el capítulo II.
ARTÍCULO 50 Itinerarios y espacios accesibles.
Deberán ser accesibles para personas con movilidad reducida, al menos, los siguientes espacios e itinerarios:
Las áreas y dependencias de utilización colectiva.
La comunicación entre el exterior y el interior del edificio, establecimiento e instalación.
La comunicación entre los accesos del edificio, establecimiento o instalación y las áreas y dependencias de utilización colectiva.
Las dependencias de utilización colectiva, cuyo uso requiera condiciones de intimidad.
Con independencia de que existan escaleras, el acceso a las zonas de utilización colectiva, situadas en las distintas plantas de los edificios, establecimientos e instalaciones, y a todas las áreas y recintos en los de las administraciones y empresas públicas, se realizará mediante ascensor, rampa o tapiz rodante que permitan la movilidad y utilización, en condiciones de seguridad, a las personas con discapacidad, cuyo número y características se determinará reglamentariamente en función del uso, actividad y aforo.
Cuando por imposibilidad física en las obras de reforma sean inviables las soluciones anteriores, se podrá admitir la instalación de ayudas técnicas siempre que estén debidamente homologadas según se determine reglamentariamente.
ARTÍCULO 51 Reserva de espacios.
Cuando se dispongan aseos, vestuarios, duchas, probadores, dormitorios u otras dependencias de utilización colectiva, cuyo uso requiera condiciones de intimidad, se reservará un número de ellos que serán accesibles para personas con movilidad reducida o con discapacidad sensorial en función del uso, actividad y aforo del edificio, establecimiento, instalación o número de habitaciones, en caso de establecimientos hoteleros, turísticos y similares, y según se establezca en las normas de desarrollo a la presente Ley.
Cuando existan aparcamientos de utilización colectiva, se reservará permanentemente un número de plazas en proporción del número total, dimensionadas y señalizadas de forma que puedan ser utilizadas exclusivamente por personas con movilidad reducida. Dichas plazas estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos al interior del edificio, establecimiento o instalación.
En las aulas, salas de reunión, locales de espectáculos y otros análogos, se dispondrán espacios adaptados destinados a ser ocupados por personas con discapacidad.
SECCIÓN 2ª Edificaciones de viviendas Artículos 52 a 54
ARTÍCULO 52 Normas generales.
Las instalaciones, establecimientos y edificaciones complementarias de uso comunitario de las viviendas se regirán por lo establecido en la sección 1.' del presente capítulo.
ARTÍCULO 53 Itinerarios y espacios accesibles.
Las áreas y dependencias comunitarias.
La comunicación entre el exterior y el interior del edificio.
Cuando sea obligatorio por las disposiciones vigentes la instalación del ascensor, al menos un recorrido hasta el mismo desde un acceso del edificio, debiendo reunir éste las condiciones establecidas en el artículo 50.2 de la presente Ley.
Los recorridos de conexión, en cada planta, entre las zonas comunitarias y las viviendas.
Al menos un recorrido de conexión entre las zonas y servicios de uso comunitario, exteriores e interiores, y las viviendas para usuarios de sillas de ruedas, en su caso.
ARTÍCULO 54 Reservas de viviendas.
A fin de garantizar a las personas con movilidad reducida por causa de su minusvalía el acceso a una vivienda, en los proyectos de viviendas de protección oficial y de cualquier otro carácter que se construyan, promuevan, financien o subvencionen por las administraciones públicas y demás entidades vinculadas o dependientes de éstas, se reservará un mínimo del 3 por 100 de viviendas de las promociones referidas, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente.
En el supuesto de que las viviendas objeto de esta reserva no fueran adquiridas por personas con movilidad reducida por causa de su minusvalía, habrán de ser ofrecidas a entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro para que las destinen a vivienda de estos colectivos.
Los promotores privados, en aplicación de la mencionada reserva, podrán sustituir la adecuación interior de las viviendas, a que estuviesen obligados, por la constitución de un aval de entidad financiera que garantice la realización de las obras necesarias para las adaptaciones correspondientes.
Cuando se trate de promociones públicas, las viviendas de reserva se diseñarán de forma que reúnan las mismas condiciones que el resto de la promoción en cuanto se refiere a programas familiares y emplazamientos.
CAPÍTULO IV Accesibilidad en el transporte Artículo 55
ARTÍCULO 55 Normas generales.
Los transportes públicos de viajeros cuya competencia corresponda a las administraciones autonómica y local habrán de cumplir las condiciones de accesibilidad establecidas en la presente Ley y en las disposiciones de carácter reglamentario que regulen las mismas.
Las administraciones públicas competentes en el ámbito del transporte público elaborarán y mantendrán permanentemente actualizado un plan de supresión de barreras.
En las poblaciones en que reglamentariamente se determine existirán vehículos especiales o taxis adaptados que cubrirán las necesidades de desplazamiento de personas con movilidad reducida. El número y características de estos vehículos se determinará reglamentariamente en función de la demanda existente.
CAPÍTULO V Accesibilidad en comunicación Artículos 56 a 58
ARTÍCULO 56 Normas generales.
ARTÍCULO 57 Intérpretes y guías.
ARTÍCULO 58 Medios audiovisuales.
CAPÍTULO VI Medidas de control Artículos 59 a 61
ARTÍCULO 59 Licencias y autorizaciones.
El cumplimiento de las previsiones contenidas en el presente Título y de las normas que lo desarrollen será exigible para el visado y supervisión de los proyectos y documentos técnicos, para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, proyectos y documentos técnicos, para la concesión de las preceptivas licencias de edificación y uso del suelo y para el otorgamiento de cualquier concesión, calificación, o autorización administrativa.
A efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, en las memorias de los proyectos o documentos técnicos que hayan de presentarse para la obtención de licencias, calificaciones, concesiones y autorizaciones administrativas, se justificará el cumplimiento del presente Título y sus disposiciones de desarrollo.
ARTÍCULO 60 Contratación administrativa.
ARTÍCULO 61 Inspecciones técnicas.
CAPÍTULO VII Medidas de fomento Artículo 62
ARTÍCULO 62 Criterio general.
TÍTULO VIII De la gestión, coordinación interadministrativa y financiación Artículos 63 a 66
CAPÍTULO I De la gestión y coordinación interadministrativa Artículos 63 a 65
ARTÍCULO 63 Gestión de las prestaciones.
ARTÍCULO 64 Coordinación entre las prestaciones económicas y las de integración laboral.
ARTÍCULO 65 Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad.
Se crea, con naturaleza de órgano asesor, el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad con el objeto de promover el impulso y la coordinación de las actuaciones previstas en esta Ley, velar por su cumplimiento y hacer un seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza.
El Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad estará integrado por representantes de la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales, del movimiento asociativo de personas con discapacidad y, en su caso, de sus familiares o representantes legales, así como de los agentes económicos y sociales.
Emitir informes de asesoramiento a todas las administraciones públicas con competencias en el sector para la elaboración de cualquier proyecto o iniciativa normativa que afecte específicamente a la población andaluza con discapacidad.
Elaborar informes anuales sobre el nivel de ejecución de esta Ley, proponiendo iniciativas, recomendaciones y programas para cada una de las áreas de actuación.
Aquellas otras que se determinen reglamentariamente.
Artículo 65 desarrollado por Decreto 301/2000, de 13 junio, publicado en BO. Junta de Andalucía el 17 de junio de 2000.
CAPÍTULO II De la financiación Artículo 66
ARTÍCULO 66 Fondo para la supresión de barreras.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de las consejerías competentes, creará un fondo destinado a subvencionar la supresión de barreras. Este fondo se nutrirá de las correspondientes dotaciones presupuestarias y del importe percibido de las sanciones pecuniarias impuestas por la Comisión de infracciones tipificadas en la presente Ley.
El 50 por 100 del fondo citado en el apartado anterior irá destinado a subvencionar los programas específicos que elaboren los entes locales para la supresión de barreras en el espacio urbano, en los edificios de uso público y en el transporte de su término municipal.
Estos programas específicos de actuación estarán integrados, como mínimo, por un inventario de los espacios, edificios, locales y medios de transporte que deban ser objeto de adaptaciones, el orden de prioridades en que se llevarán a cabo, las fases de ejecución del plan y el presupuesto correspondiente.
Tendrán prioridad para gozar de la citada financiación aquellos entes locales que se comprometan, mediante Convenio, a asignar, con destino a la supresión de las barreras existentes en los mismos, un porcentaje de sus partidas presupuestarias de inversión directa en los elementos de urbanización e infraestructura, edificios, establecimientos e instalaciones, medios de transporte y comunicación de uso público, de su titularidad o sobre los cuales disponga por cualquier título del derecho de uso.
Reglamentariamente se determinará la forma de reparto de los recursos de este fondo, siendo destinada una parte del mismo a subvencionar a entidades privadas y a particulares para la supresión de barreras.
TÍTULO IX Régimen sancionador Artículos 67 a 78
CAPÍTULO I Infracciones Artículos 67 a 72
ARTÍCULO 67 Definición y clasificación.
Constituyen infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las obligaciones para con las personas con discapacidad y que estén previstas como tales infracciones en la presente Ley, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden en que se pueda incurrir.
El incumplimiento por parte de los usuarios de los centros residenciales y de día de los deberes establecidos en el artículo 35.2.
El incumplimiento de las normas contenidas en los capítulos II, III y IV del Título VII, siempre que no obstaculicen, limiten o impidan la utilización del espacio, el equipamiento, la vivienda o el medio de transporte para personas con discapacidad.
ARTÍCULO 69 Infracciones graves.
En relación a los usuarios de los centros a que se refieren los artículos 32 y 33 de esta Ley:
La imposición de cualquier forma de renuncia o menoscabo a sus legítimos derechos, salvo que ello esté autorizado de acuerdo con lo previsto en la normativa que resulte de aplicación.
La vulneración del derecho a la intimidad y a un trato digno de cualquier otro derecho reconocido a los usuarios en las disposiciones reguladoras de la organización y funcionamiento del centro.
El incumplimiento del deber de sigilo y confidencialidad con respecto a sus datos sanitarios y personales.
La omisión o inadecuada prestación de la asistencia sanitaria y farmacéutica que necesiten.
La omisión o inadecuada prestación del tratamiento técnico-científico y asistencial que, conforme a la finalidad del centro, corresponda a las necesidades básicas de los usuarios.
En relación a la accesibilidad urbanística, arquitectónica, en el transporte y la comunicación:
El incumplimiento de las normas técnicas sobre accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público, así como sobre el mobiliario urbano, que obstaculice o limite su acceso o utilización por las personas con discapacidad.
El incumplimiento de las previsiones efectuadas en el artículo 48.5, en lo referente a la elaboración de los planes especiales de actuación para la adaptación de los espacios urbanos y de sus elementos.
El incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública, que obstaculice o limite su acceso o utilización por las personas con discapacidad.
El incumplimiento de la reserva de espacios regulada en el artículo 51.
El incumplimiento de las normas de accesibilidad reguladas en los artículos 52 y 53, que obstaculice o limite su acceso o utilización por las personas con discapacidad.
El incumplimiento no superior al 50 por 100 de la reserva de viviendas establecida en el artículo 54, cuando no se haya constituido el aval a que se hace referencia en el mismo.
El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los transportes públicos de viajeros, que obs taculice o limite su acceso o utilización por las personas con discapacidad.
El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los sistemas de comunicación y señalización regulados en el artículo 56, conforme a sus normas de desarrollo.
Tendrán también la consideración de infracción grave la comisión de tres infracciones leves en el plazo de un año.
En relación a los usuarios de los centros residenciales y de día, las infracciones establecidas en el apartado 1 del artículo anterior, cuando supongan un peligro cierto o un perjuicio efectivo que afecte gravemente a la integridad física o moral de los usuarios.
En relación a la accesibilidad urbanística y arquitectónica:
El incumplimiento de las normas técnicas sobre accesibilidad en la planificación, diseño y urbanización de las vías y demás espacios libres de uso público, así como sobre el mobiliario urbano, que impida el libre acceso y utilización por las personas con discapacidad.
El incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad en edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública, que impida el libre acceso y utilización por las personas con discapacidad.
El incumplimiento de las normas de accesibilidad reguladas en los artículos 52 y 53, que impida el libre acceso y utilización por las personas con discapacidad.
El incumplimiento superior al 50 por 100 de la reserva de viviendas establecida en el artículo 54, cuando no se haya constituido el aval a que se hace referencia en el mismo.
El incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en los transportes públicos de viajeros, que impida el libre acceso y utilización por las personas con discapacidad.
Tendrán también la consideración de infracciones muy graves la comisión de tres infracciones graves en el plazo de un año.
La responsabilidad administrativa por las infracciones cometidas podrá corresponder, en cada caso, a:
Las personas físicas o jurídicas titulares de los centros de atención a personas con discapacidad.
Los representantes legítimos de estos centros.
Los usuarios de estos centros, sus familiares y, en su caso, sus representantes legales.
Las personas físicas o jurídicas titulares de los edificios, establecimientos e instalaciones de concurrencia pública.
En las obras que se ejecutasen sin licencia o con inobservancia de sus cláusulas serán responsables el promotor, el empresario de las obras y el Técnico Director de éstas.
En las obras amparadas por una licencia municipal, cuyo contenido sea manifiestamente constitutivo de una infracción grave o muy grave, serán igualmente responsables el facultativo que hubiese informado favorablemente el proyecto y los miembros de la corporación que hubiesen votado a favor del otorgamiento de la licencia sin el informe técnico previo, o cuando éste fuera desfavorable en razón de aquella infracción, o se hubiese hecho por el Secretario de aquélla la advertencia de ilegalidad.
Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley afecten conjuntamente a varias personas, éstas responderán de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan.
En general, serán responsables las personas a las que, en cada caso, se impongan las obligaciones o prescripciones cuyo incumplimiento se tipifica como infracción, así como los titulares de los centros por las infracciones cometidas por el personal que preste sus servicios en los mismos.
Las responsabilidades administrativas que se deriven del procedimiento sancionador serán compatibles con la exigencia al infractor, en su caso, de la reposición de la situación alterada, así como con la indemnización de los daños y perjuicios causados.
ARTÍCULO 72 Prescripción de las infracciones.
A los seis meses, las infracciones leves.
A los dos años, las infracciones graves.
A los tres años, las infracciones muy graves.
CAPÍTULO II Medidas cautelares Artículo 73
ARTÍCULO 73 Medidas cautelares.
El órgano competente para resolver podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, el buen fin del procedimiento, evitar el mantenimiento de los efectos de la infracción y las exigencias de los intereses generales.
En el supuesto de infracciones muy graves que supongan un grave riesgo para la salud física o mental de las personas con discapacidad, el Consejero que tenga atribuida la competencia en la materia de que se trate podrá acordar como medida cautelar, y por razones de urgencia inaplazables, el cierre temporal del centro o establecimiento, hasta tanto se subsanen por su titular las deficiencias detectadas en el mismo.
Las medidas cautelares deberán ser acordes con la naturaleza y prioridades de los objetivos que se pretendan alcanzar en cada supuesto concreto.
CAPÍTULO III Sanciones Artículos 74 a 78
ARTÍCULO 74 Multas.
Las infracciones previstas en la presente Ley serán sancionadas con multa, con arreglo a la siguiente escala:
Las infracciones leves se sancionarán con multa de 25.000 hasta 1.000.000 de pesetas.
Las infracciones graves se sancionarán con multa desde 1.000.001 hasta 10.000.000 de pesetas.
Las infracciones muy graves se sancionarán con multa desde 10.000.001 hasta 50.000.000 de pesetas.
Las cuantías señaladas en este artículo podrán ser actualizadas por Decreto del Consejo de Gobierno en función del índice de precios al consumo.
ARTÍCULO 75 Otras sanciones.
Con independencia de las multas que puedan imponerse a los titulares de los centros o servicios de atención a las personas con discapacidad, en los supuestos de faltas muy graves y en función de la naturaleza de las circunstancias que concurran en la infracción, el órgano competente podrá acordar:
El cierre temporal del centro o la suspensión del servicio hasta tanto se subsanen las deficiencias constitutivas de la infracción, si ello fuera posible.
El cierre o prohibición definitivos del centro o servicio, si tales deficiencias no fueran subsanables.
Los usuarios de los centros a que se refieren los artículos 32 y 33 de esta Ley, responsables de las infracciones tipificadas en este Título, podrán ser sancionados con la pérdida temporal de la condición de usuario de estos centros con arreglo a la siguiente escala:
Infracciones leves, de un día a quince días.
Con carácter accesorio, el órgano sancionador podrá acordar, en la resolución del expediente sancionador, la publicación de las sanciones impuestas, una vez hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos, denominación o razón social de los sujetos responsables y de la naturaleza y características de las infracciones en el 'Boletín Oficial de la Junta de Andalucía', en los de la provincia y a través de los medios de comunicación social.
ARTÍCULO 76 Graduación de sanciones.
La trascendencia social de la infracción en conexión con la naturaleza de los perjuicios causados.
Existencia de intencionalidad del infractor.
La reincidencia por comisión en el plazo de un año de dos infracciones de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.
La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde a:
No obstante lo anterior, la competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores relativos a infracciones en materia de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte corresponde:
Artículo 77 modificado por disposición final tercera de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, publicada en el Boletin Oficial de la Junta de Andalucía el 23/6/2010
A los tres años, las impuestas por infracciones muy graves.
A los dos años, las impuestas por infracciones graves.
A los seis meses, las impuestas por infracciones leves.
En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará las normas reguladoras de los ingresos y traslados en los centros regulados en los artículos 32 y 33, de la ayuda de habilitación profesional del artículo 42, de los centros de valoración y orientación conforme al artículo 31, del Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, de las ayudas económicas que protejan las necesidades específicas individuales de las personas con discapacidad a través de las prestaciones de carácter no periódico recogidas en la sección 3.a del capítulo V, Título V de esta Ley, así como las disposiciones reguladoras de las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de las barreras arquitectónicas, urbanísticas, en el transporte y en la comunicación en Andalucía.
La presente Ley entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el 'Boletín Oficial de la Junta de Andalucía'.
Ley sobre el Estatuto de las Personas con Discapacidad de Valencia (Ley 11/2003, de 10 de abril)
DECRET 143/2010, de 19 d'octubre, del Registre de Fitxers Estadístics i de les cessions de dades sotmeses a secret estadístic.
Real Decreto sobre creación del Instituto de Estudios Sociales.
DECRETO 202/2002, de 30 de agosto, por el que se adapta a las prescripciones de la Ley 7/1990, del Patrimonio Cultural Vasco, el expediente de Bien Cultural Calificado, con la categoría de Monumento, a favor del Palacio Moiua, sito en Bergara (Gipuzkoa).