Source: https://sinescuela.org/argentina:c._a._r._vs._p._n._b._por_piezas_pertenecientes_sala_ii_de_la_camara_de_apelaciones_en_lo_civil_y_comercial_de_salta
Timestamp: 2019-10-18 11:16:30
Document Index: 335364651

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 19', 'artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 255']

argentina:c._a._r._vs._p._n._b._por_piezas_pertenecientes_sala_ii_de_la_camara_de_apelaciones_en_lo_civil_y_comercial_de_salta [OLASE]
Estás aquí: portada » argentina » c._a._r._vs._p._n._b._por_piezas_pertenecientes_sala_ii_de_la_camara_de_apelaciones_en_lo_civil_y_comercial_de_salta
“C., A. R. vs. P., N. B. POR PIEZAS PERTENECIENTES” Expediente Nº Inc.- 557539/1/18 de Sala II) Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala II de Salta.-
Salta, de mayo de 2019.
Y VISTOS: Estos autos caratulados: “C., A. R. vs. P., N. B. POR PIEZAS PERTENECIENTES” Expediente Nº Inc.- 557539/1/18 del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia 1ª Nominación (INC – 557539/1/18 de Sala II) y,
Para así decidir, la Jueza a quo ponderó que la educación constituye una función humana y social que posibilita el desarrollo armónico e integral de las personas y que el derecho a la educación es concebido por la legislación internacional, nacional y provincial como un derecho fundamental que el Estado y la sociedad deben proteger. A efectos de analizar el pedido de escolarización del niño, invocó los artículos 5, 14 y 75 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales sobre derechos humanos, las leyes 26.061 y 7039, Ley de educación Nacional, el Comité de los Derechos del Niño en Observación General I del año 2001, la Constitución Provincial y la Ley de Educación Provincial 7546; ponderó los informes y dictámenes del Ministerio de Educación de la Provincia, la negativa de certificación legal de la modalidad educativa propuesta por la progenitora; y concluyó que el interés superior del niño debe prevalecer sobre la opinión de la madre respecto del sistema de educación formal y que ésta, con su accionar, está vulnerando el derecho constitucional a la educación de su hijo.
La demandada funda el recurso con el memorial de agravios agregado a fojas 281/289 de estas piezas, donde expresa que actualmente ella garantiza el derecho a la educación de su hijo a través de sus enseñanzas en el hogar y con el sistema adoptado. Refiere que no debe confundirse el derecho a la educación con el derecho a la escolarización pues no toda educación es escolarizada ni tiene por qué serlo. Afirma que las familias que abogan por la forma de educación conocida como “homeschooling” reconocen sus derechos en los artículos 14 y 19 de la Constitución Nacional. Afirma que el artículo 14 de la Constitución Nacional prescribe el derecho de enseñar y aprender, pero no se mencionan escuelas, instituciones que proveen escolarización y no educación necesariamente; que en igual sentido el artículo 19 reafirma el derecho a la privacidad; por lo cual la normativa infraconstitucional no puede restringir tales derechos ni vaciarlos de su contenido esencial. Aduce que de acuerdo con el artículo 13 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado debe fomentar la educación pero sin restringir la libertad de los particulares y entidades para establecer instituciones de enseñanza. Agrega que circunscribir el derecho a la educación a la inserción escolar viola el artículo 28 de la Constitución Nacional y fundamenta la revocación de la resolución de grado.
Por otro lado, invoca el artículo 26 inciso 3º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual prescribe que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos, y sostiene que varias interpretaciones resaltaron en dicha norma la importancia de la educación y de la forma de educar que repercute en intereses a nivel estatal y familiar, pero que el Estado no puede determinar esas formas de manera arbitraria, dejando fuera de control a quienes no acuerden con dichos modos. Manifiesta que, a su criterio, la norma no especifica el tipo de educación que los padres pueden elegir y si la respuesta acerca de su aplicación se circunscribe a las dos únicas opciones de educación (pública o privada), se restringirían derechos en vulneración del artículo 30 del mismo instrumento.
Por último, se queja de la interpretación que realiza la Jueza a quo respecto de la ley de educación Nº 26.206, de la Constitución Provincial y de la ley 7546, y del criterio según el cual el interés superior de su hijo sea su derecho y obligación a la escolarización y que deba prevalecer sobre la opinión materna respecto del sistema formal. Considera que no existe violación del interés superior del niño y que tampoco su opinión sobre la educación formal se oponga o vulnere el derecho de su hijo a la educación, pues ella vela por su integridad y formación, mientras que el padre del menor ha demostrado una actitud caprichosa con respecto a la modalidad escogida por ella sobre la educación del hijo en común. Afirma que ha optado por un método que la norma no prohíbe expresamente, por lo que puede considerarse un derecho no reglado por la ley. Sostiene que en la entrevista con el niño pudo comprobarse que es afable, social y desenvuelto, mostrando los conocimientos que posee y las competencias alcanzadas, que concurre a clases de apoyo en una plataforma llamada “ECI”, en la que recibe instrucción en básquet, huerta, griego e inglés, y que está en contacto con otros niños. Refiere que no se dio una mirada realista al caso, limitándose el fallo a lo normado por la ley, y que en la ciudad existen instituciones que aplican pedagogías como la de Montessori y Waldorf.
Corrido traslado, contesta a fojas 303/305 el actor, quien sostiene que la expresión de agravios es una reedición de lo que la parte sostuvo anteriormente y que no constituye una crítica concreta y razonada del fallo. Solicita que se rechace el recurso, por los motivos que allí expone.
Siguiendo esta premisa, de la lectura del escrito de expresión de agravios presentado por la parte demandada surge que éste contiene elementos críticos concretos y argumentaciones tendientes a rebatir los fundamentos del decisorio por lo que alcanza a cumplir las exigencias prescriptas por el citado artículo 255. En consecuencia, corresponde ingresar al tratamiento del recurso.
En lo que respecta al ejercicio de la responsabilidad parental cuando el menor no convive con ambos progenitores, tal como ocurre en el presente caso, se presume que los actos realizados por uno de ellos cuentan con la conformidad del otro, salvo que se trate de aquellos actos para los cuales la ley requiere el consentimiento de ambos progenitores o que exista expresa oposición, en cuyo caso hace falta una decisión judicial supletoria (conf. arts. 641 inc. “b” y 642; v. Medina, Graciela; Julio C. Rivera, Código Civil y Comercial de la Nación comentado, pág. 494, 1º ed., C.A.B.A., La Ley, año 2014). Al respecto, la jurisprudencia ha señalado que procede la revisión de lo decidido por el progenitor conviviente cuando responda a un ejercicio abusivo o perjudicial para los hijos menores (CNCiv., sala K, 10/02/2005, La Ley, cita Online: 35001082).
Ahora bien, partiendo del supuesto de que ninguno de los progenitores puede decidir o modificar a su arbitrio y unilateralemente la educación de los hijos, el conflicto debe resolverse resguardando el mejor interés del niño, lo que evidentemente se traduce en escoger la mejor alternativa posible asegurándole sus derechos más elementales en lo que concierne a su educación. En este sentido, sustraerlo del sistema de educación oficial y obligatoria, además de no resultar legítimo, podría colocarlo en una situación de desamparo por falta de escolarización (conf. Medina, ob. cit., pág. 509; fallo citado de la CNCiv., Sala K).
Obsérvese, al respecto, que en modo alguno ha demostrado que la modalidad postulada por ella cumpla, entre otras cosas, con los contenidos curriculares exigidos por el sistema escolar vigente en nuestro país, que su negativa opinión sobre el sistema de educación formal no es motivo que otorgue un fundamento de peso para excluir a su hijo y educarlo bajo una modalidad que no ha quedado demostrado que garantice los aspectos que resultan centrales en la formación de la persona. Con respecto a la socialización que ofrece la asistencia a la escuela, no puede compararse con la posibilidad que ofrece de enviarlo a algunos cursos de idiomas o deportes que brinda “Educación Cristiana Independiente”, perteneciente a un culto no inscripto en el Registro Nacional de Cultos (fs. 188) que también es objetado por el padre.
En un caso en que se analizó el tema, aunque no resulta asimilable porque se trataba allí de una pretensión de ambos progenitores, se consideró que la decisión de excluir a un niño de la escuela conlleva consecuencias dañosas para el presente y futuro del niño, quien es una persona diferente a la de sus padres y no debe cargar con las consecuencias de decisiones que se fundan en opciones personales de vida (T.Sup.Neuquén, “Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes c. B. J. s/ acción de amparo”, LLPatagonia 2016-junio, 30/06/2016, la Ley Cita Online: AR/JUR/3780/2016).
Consecuentemente, resulta acertada la sentencia de grado que ordenó la escolarización del hijo menor de edad de las partes, de conformidad con las normas que estructuran el sistema educativo a nivel nacional y provincial que disponen la obligatoriedad escolar desde la edad de cinco años – último año del ciclo de educación inicial - hasta la finalización del nivel de la educación secundaria.
III.- MANDA que se registre, notifique y baje.-
Última modificación: 2019/07/23 11:48