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Timestamp: 2018-06-24 11:00:10
Document Index: 196176716

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'Artículo 15', 'artículo 77', 'artículo 162', 'artículo 7', 'Artículo 141', 'artículo 1', 'artículo 24', 'artículo 141', 'artículo 3']

¿La República Oriental del Uruguay es un Estado de Derecho?
Sábado, 28 de Septiembre de 2002 Actualizado a las 22:20
¿Dónde quedó el dinero pedido al BID para implantación del nuevo CPP Total: US$14,3 millones
"PERFIL II URUGUAY Julio de 1998 TITULO DEL PROYECTO: Fortalecimiento del Sistema Judicial Uruguayo NUMERO DEL PROYECTO: UR-0122 EQUIPO DE PROYECTO: Jefe de División: Juan Manuel Fariña, RE1/OD1; Jefe del Equipo: Marilia Mirza, RE1/OD1; otros miembros: Francisco Mejia (DPP/SCS), Carlos Cordovez (DPP/SCS), y Hugo Davrieux (COF/CUR); también colaboró Juan Enrique Vargas, consultor. FECHA DEL PERFIL I: 1er de abril de 1998 (CPA/98/7) PRESTATARIO: La República Oriental del Uruguay ORGANISMO EJECUTOR: Suprema Corte de Justicia (SCJ) PLAN DE FINANCIAMIENTO: BID (OC): US$ 10,0 millones (70%) Prestatario:US$ 4,3 millones, (30%) Total: US$ 14,3 millones (100%) FECHAS TENTATIVAS: Próxima misión: III trimestre 1998 Misión de análisis: IV trimestre 1998 Directorio: I trimestre de 1999 CESI: 10 de julio de 1998 PTI: No 1.4 (sic) "Los avances y reformas logrados en materia procesal civil y de gestión judicial no se han incorporado, hasta la fecha, a la materia penal. Para cubrir este vacío, en febrero de 1999 entrará en vigencia un nuevo Código del Proceso Penal (CPP)". (sic) "1.6 Desde 1996, con recursos del Programa de Fortalecimiento de las Áreas Sociales (811/OC-UR), se vienen financiado estudios y diagnósticos del sistema judicial ..." B. Descripción 3.2 El Programa tendría alcance nacional e incluiría los siguientes componentes: 1. Implantación del Código del Proceso Penal (cerca del 60% del costo total). Contemplaría: (a) el diseño y puesta en marcha de modelos de gestión para juzgados penales, incluyendo la reorganización de procesos y la agrupación de despachos para el aprovechamiento de economías de escala; (b) construcción o habilitación y equipamiento de locales acorde a los nuevos modelos que se diseñen; y (c) desarrollo de sistemas de información para jueces, funcionarios judiciales, defensores y fiscales. 2. Acceso a la justicia (10% al 15% del costo). Contemplaría: (a) aumento de la cobertura y mejoramiento de la gestión de la defensoría, incluyendo los aspectos de justicia de menores; (b) consolidación y extensión" ( ... ) (SIC) 5.4 Investigación Penal. Se deberá buscar instrumentos para asegurar la coordinación interinstitucional en esta área, dado que las tareas de investigación penal, si bien dependen del Poder Judicial, solo pueden ser realizadas mediante un requerimiento del Fiscal. ( ¿ ... ?).
Uruguay sigue con proceso penal secreto, medioeval, sin respetar los derechos humanos de sus ciudadanos
los dueños de la justicia en el Uruguay son los setenta fiscales que monopolizan la acción penal
Ley 15.032 CODIGO DEL PROCESO PENAL SE APRUEBA. El Consejo de Estado ha aprobado el siguiente PROYECTO DE LEY "CODIGO DEL PROCESO PENAL" Artículo 10. (Principio de oficialidad). - La acción penal es pública, su ejercicio corresponde al Ministerio Público y es necesario en los casos determinados por la ley. "Montevideo, 7 de julio de 1980. Cúmplase, acúsese recibo, comuníquese, publíquese insértese en el Registro Nacional de Leyes y Decretos. APARICIO MENDEZ FERNANDO BAYARDO BENGOA General MANUEL J. NUÑEZ JULIO C. LUPINACCI VALENTIN ARISMENDI WALTER RAVENNA DANIEL DARRACQ EDUARDO J. SAMPSON FRANCISCO D. TOURREILLES CARLOS A. MAESO ANTONIO CAÑELLAS JUAN C. CASSOU"
los dueños de los cargos electivos en el Uruguay son los precandidatos presidenciales
"...el dueño de la lista, elegirá a sus leales para convencionales departamentales y nacionales". Véase "Los vecinos ya no elegirán gobierno" e "Interior pierde autonomía política"..
Reforma 1996. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y ESPECIALES. "Art. 3o. Agrégase a las actuales, las disposiciones transitorias siguientes: W) Las elecciones internas para seleccionar la candidatura presidencial única para las Elecciones Nacionales a celebrarse en 1999, así como las que tengan lugar, en lo sucesivo, y antes de que se dicte la ley prevista en el numeral 12) del art. 77, se realizarán de acuerdo con las siguientes bases: (...) d) En un único acto y hoja de votación se expresará el voto: 1) por el ciudadano a nominar como candidato único del Partido a la Presidencia de la República; 2) por las nóminas de convencionales nacionales y departamentales. (...)"
En Uruguay los fiscales y el Banco Central son los verdaderos dueños del levantamiento del "secreto bancario"
"Montevideo, 26 de abril de 2001
VISTO: lo dispuesto por los artículos 75º a 80º de la Ley 17.016, de 22 de octubre de 1988, modificativa del Decreto-Ley 14.294, de 31 de diciembre de 1974 y por los artículos 13º y 14º del Decreto 398/99, de 15 de diciembre de 1999. RESULTANDO: que en las referidas normas se dispone el trámite a seguir en ocasión de una solicitud de cooperación jurídica penal internacional proveniente de autoridades extranjeras competentes para la investigación o enjuiciamiento de los delitos previstos en la Ley 17.016, de 22 de octubre de 1998 o de delitos conexos. Decreto 139/001. ARTICULO 1º.- Agrégase al Decreto 398/99, de 15 de diciembre de 1999, el siguiente artículo:
"Artículo 15º.- En oportunidad de la intervención fiscal prevista en el artículo 77.1 de la Ley 17.016, de 22 de octubre de 1998, el Ministerio Público y Fiscal requerirá del Banco Central del Uruguay informe fundado sobre la pertinencia de la medida, así como de la urgencia de la misma, en todas aquellas hipótesis en que la solicitud de cooperación penal internacional pudiera estar requiriendo levantamiento de secreto bancario o medidas de confiscación o inmovilización de depósitos bancarios.
El Banco Central del Uruguay deberá expedirse en el plazo de cinco días y su dictamen tendrá los efectos legales pertinentes".-BATLLE,ALBERTO BENSION, GUILLERMO VALLES,ANTONIO MERCADER. http://www.bcu.gub.uy/autoriza/siuiaf/uiafn13901.htm.
DEBATE NACIONAL Bush O'Niel ¿preguntarán: -¿el BID financia estados corruptos??.
En la Argentina los sectores beneficiarios de la convertibilidad (alta burocracia del Estado nacional, provinciales y locales, jubilados de privilegio, grandes importadores, prestamistas y usureros del Estado Mafioso), no piensan en retirarse y se atrincheran en defensa de un Poder Judicial que es garantía de la impunidad del saqueo y vaciamiento institucional, ¿qué sucede en el Uruguay?.
Proponemos este Debate Nacional sabiendo que ya hay opiniones sentadas por ambos lados. Los Beneficiarios del régimen tienen que presentar a su prestamista Contador Enrique Iglesias, Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, un estado, aún en apariencia, democrático que se rige por la legalidad internacional (Carta ONU 1948, Carta OEA, Carta Democrática Interamericana, Cláusula Democrática del MERCOSUR), de lo contrario aparecerán resistencia de EE.UU. para los tan necesarios dólares de la ayuda, ya que los contribuyentes locales están quebrados y fundidos, y además parecen querer rebelarse.
La última movida en este sentido, después de los cuestionamientos de los periodistas por su falta de libertad para trabajar y las centrales sindicales que vieron ahora -mejor tarde- el límite de su libertad sindical, parece ser la ostentosa salida a los medios del nuevo Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Gervasio Guillot, asegurando la legalidad del Estado y el pleno funcionamiento de la Justicia. Pero a poco de asumir comenzó una violenta batalla entre competidores en el siniestro mercado negro del aborto clandestino que produce millones de dólares a las mafias y el Juez Miguel Basil -uno de los más eficientes en la represión del contrabando en Rivera- que llegó cerca de los "recaudadores" de políticos corruptos, fue misteriosamente trasladado a Maldonado por presiones desde la Suprema Corte y desde las mafias riverenses y los políticos afectados en sus "cajeros". Batlle le hizo el mandado a Guillot (¿va' por vos?) de declarar ante la prensa que se preguntaba por el traslado -y posterior despido- poco elegante de Basil que "No quiero incurrir en prácticas (pedirle explicaciones a la administración de justicia del régimen) que se realizan no lejos de nuestra frontera y esas prácticas no deben ser seguidas ni por los gobernantes, ni por la prensa (¿autoritario yo?) ni por los ciudadanos (¿el derecho a controlar a las instituciones del Estado?, -bien gracias)", el martes 26 de febrero de 2002.
El régimen esconde al Fiscal de Corte, Dr. Oscar Peri Valdez, la figura siniestra de la administración de justicia del régimen, mientras lo siguen sosteniendo la mayoría de blancos y colorados y las Logias Masónicas en defensa de muchos de sus miembros. El controla a los setenta fiscales que monopolizan la acción penal (Ley 15.032, Código del Proceso Penal de la Dictadura Militar, art. 10) y por ende, son los dueños de la impunidad. Los grados 33 no quieren que el sistema que han labrado con tanta paciencia en favor suyo y de sus amigos y familiares sospechados e imputados termine.
Pero las grietas ya son muy grandes y sólo la interesada miopía del BID no ve que en el Uruguay no existe Poder Judicial democrático y que la justicia del régimen encarcela a los pobres y a los disidentes políticos, mientras archiva todas las denuncias contra los cortesanos.
El régimen se encuentra muy jaqueado: a) las calificadoras de riesgo caracterizaron a los bonos del estado como "bonos basura" y provocaron una fuerte corrida de depositantes; b) el BID y el FMI fueron responsabilizados en círculos académicos muy escuchados por financiar a estados corruptos como Argentina (y Uruguay) y cortaron los fondos; c) el riesgo país uruguayo llegó a los mil puntos y la cuenta de intereses sube a cuarenta millones de dólares más en el año; d) si bien Batlle tiene la intención -a esta altura "delarruísta"- de seguir pagando a los cien mil privilegiados del régimen y el resto que sobreviva como pueda mientras termina "su" mandato; e) tanto Lacalle como Sanguinetti desesperan por el futuro mientras observan día a día las noticias argentinas. Lacalle quiere entrar ya en el próximo período de gobierno proponiendo su "ajuste político" tallando en la reforma constitucional, mientras Sanguinetti reprocha tal aceptación de errores.
Mayores son las preocupaciones de algunos senadores y diputados. Saben que la mordaza sobre la justicia -aún sobre ésta "justicia"- tiene que apretarse cada vez más para evitar que algunos de sus "recaudadores" se vuelvan locuaces en momentos indeseados.
La estrategia de Batlle le está dando resultados para durar. Mientras puentea con Astori -su votante en 1982- quien se corresponsabilizó de los setenta y tres millones de dólares que los uruguayos (¿otra vez?) tenemos que pagar a los que se robaron 250 millones de dólares del Banco Comercial y de paso cañazo enchastró a todo el Encuentro Progresista, necesita la corresponsabilidad de la Suprema Corte y en eso está. Pero cuando cae el Poder Judicial democrático, cae el Estado de Derecho.
¿Estado de Derecho?. La Justicia Uruguaya quedó como la más ineficiente del MERCOSUR en el caso de los vaciamientos de los bancos Galicia, Comercial y Montevideo, cerca de 2.000 millones de dólares. A pesar de la notoria ilicitud del comportamiento de los banqueros y de los contralores estatales, Banco Central del Uruguay, Brasil vigilaba de cerca a los Rohm, Argentina procesó a uno de ellos, Paraguay pidió la captura internacional de los Peirano, pero en Uruguay el Gobierno no impulsó ningún accionamiento de la Justicia, a pesar de ser sus connacionales los mayores responsables de sucesivas estafas bancarias en la región.
Ministro Bensión y Presidente BCU Rodríguez Batlle
Un día de 1983 fuimos convocados por el Dr. Jorge Batlle a su apartamento en Boulevard España en Montevideo. Quería que la juventud del Partido protestara contra la Dictadura Álvarez y entre los asistentes se manejó la idea de que Sanguinetti era un "timorato", que las negociaciones con los militares iban lentas y había que atrapar en una jugada el espíritu de oposición al régimen. Batlle comenzó a razonar acerca de la potencia asombrosa del humor como instrumento político. Razonando largo rato, propuso que soltáramos quince o veinte lechones disfrazados de Napoleón en la Avenida 18 de Julio de forma de ridiculizar al Tirano. Sería gracioso ver a la policía del regimen correr a los lechones disfrazados, los napolechones, de tricornio, entre las minifaldas de las boutiqueras en las galerías comerciales del centro montevideano. Quedaba llamar a las agencias internacionales, como siempre, para que cubrieran la noticia. El régimen enfrentado a su propio ridículo.
Es una idea para Gustavo López, del SUATT, a quien Batlle Ibáñez intentó inflingirle "una pena lo más leve posible". Batlle Ibáñez, un día de 1983, planeó un escrache con napolechones contra el Tirano Álvarez. No se hizo, no porque no quisiéramos, estábamos encantados con la idea, no se hizo porque el que quedó de conseguir los lechones fue Batlle.
El Juez José Ferrer ("Yo no cobro al grito") desestimó el lunes 26 de agosto un nuevo atentado a las libertades públicas que intentaba perpetrar el Sanguinettista y Fiscal de Corte Oscar Peri Valdez quien pretendió -a través de su subordinada confesa a quien había "encomendado tal cometido" la Fiscal Penal Jacqueline Castelli- encarcelar a Gustavo López, dirigente gremial, por desacato al conceder éste que tanto el Presidente como los políticos pueden ser insultados y escrachados por el pueblo. Con la gran prensa en manos de las camarillas estatales del privilegio el escrache es una de las pocas defensas democráticas con que cuentan los gremialistas ante un régimen partidocrático autoritario aherrojado que está por declarar el colapso financiero del Estado uruguayo.
El mismo Juez de Primera Instancia en lo Penal José Ferrer había sido presionado a través de los medios masivos de comunicación por el propio Presidente Jorge Luis Batlle Ibáñez diciendo que deseaba que "la pena fuera la más leve posible", y nada menos que en declaraciones en el acto patriótico del 25 de agosto.
"Yo actúo como me enseñaron en Facultad" declaró Ferrer a los periodistas. Por "lingua indiretta" equivale a afirmar que el vergonzante Peri Valdéz y su asistente Castelli actúan por otras motivaciones no técnicas.
A pesar de este duro golpe, segundo traspiés de Peri en poco tiempo, la partidocracia uruguaya sigue protegiendo a Peri: quizás sea ésta una de las razones por las cuales "la izquierda tampoco convoca", frase popular que muestra el desencanto ante la inacción y contradicciones de la coalición opositora.
El Ministro del Interior había presionado a la Administración de Justicia del régimen hace pocos días con derogar el artículo 162 del Código Penal, tipificación penal del Abuso de funciones por el cual fue condenado el ex Ministro Sanguinettista Benito Stern.
Y para cerrar esta obsesa vigilancia con la que el Sanguinettismo se detiene cada pocos días en las actividades judiciales, el Vice Presidente de la República, de formación Profesor, se había atrevido a comentar las decisiones judiciales del Juez Eguren quien recurrió a una vieja Ley para encarcelar a los Peirano, una familia de banqueros protegida por altas figuras políticas del oficialismo colorado desde hace más de treinta años. El auto de procesamiento contó con una distinción técnica: en el considerando del examen de legalidad sobre las condiciones de detención y proceso se hace referencia al artículo 7º del Pacto de San José de Costa Rica, abandonándose así el examen basado en el autoritario Código del Proceso Penal, leyes liberticidas preferidas desde hace más de 22 años por los partidos políticos uruguayos para fundar sus "procesamientos".
la teología de la conducta parásita
se impone una "virtual cadena perpetua" inconstitucional de hasta 55 años
La cátedra de Derecho Penal condena el delito de "portación de arma de fuego" incorporado por Ley de Presupuesto.
Publicada Diario Oficial 23 feb/001 - Nº 25714 Ley Nº 17.296 APRUEBASE EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA EL
ACTUAL PERIODO DE GOBIERNO: El Senado y la Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General, DECRETAN:
Artículo 141.- El que portare un arma de fuego habiendo recaído sobre su persona sentencia condenatoria ejecutoriada, cuya fecha no excediera los cinco años, por la comisión de alguna de las figuras delictivas previstas en los artículos 150 (asociación para delinquir); 272 (violación); 273 (atentado violento al pudor); 274 (corrupción); 281 (privación de libertad); 283 (sustracción o retención de una persona menor de edad del poder de sus padres, tutores o curadores); 288 (violencia privada); 310 (homicidio); 311 (circunstancias agravantes especiales); 312 (circunstancias agravantes muy especiales); 316 (lesiones personales); 317 (lesiones graves); 318 (lesiones gravísimas); 319 (lesión o muerte ultraintencional, traumatismo); 321 bis (violencia doméstica); 323 y 323 bis (riña); 340 (hurto); 344 y 344 bis (rapiña y rapiña con privación de libertad, copamiento); 345 (extorsión); 346 (secuestro), y 350 bis (receptación), del Código Penal y artículo 1º de la Ley Nº 8.080, de 27 de mayo de 1927, en la redacción dada por el artículo 24 de la Ley Nº 16.707, de 12 de julio de 1995, (proxenetismo) y delitos previstos en el Decreto-Ley Nº 14.294, de 31 de octubre de 1974 y en la Ley Nº 17.016, de 22 de octubre de 1998 (leyes de estupefacientes), será castigado, por esa sola circunstancia, con una pena de tres a veinticuatro meses de prisión.
Cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal se cometiera con violencia o con intimidación contra las personas mediante el empleo de un arma de fuego, la pena prevista para el delito de que se trate se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo.
Los mismos legisladores que se niegan a validar su representación popular escurriéndole el bulto al plebiscito por el tema Ancel fueron severamente criticados por catedráticos de Derecho Penal de la Facultad de Derecho por haber aprobado un antidemocrático delito de acto de portación de arma de fuego. Luego de afirmar no haber sido consultados en materia penal, los catedráticos coincidieron en el alejamiento de las prácticas democráticas que esto implica. El Estado liberal no puede tipificar delitos de peligro abstracto, conducir ebrio, portar armas, el derecho penal se funda sobre la existencia de una lesión. Sumado al liberticida Código del Proceso Penal, el incorporar este tipo de delitos en la legislación uruguaya, significa que la tendencia fascista burocrática anticapitalista -integrada aún por legisladores que se dicen de izquierda- se afirma en el país en contra de las libertades públicas. Este legislar en contra de la cátedra es muy propio de los últimos dos parlamentos, signo de resentimiento mediocre del cual ya se hizo gala en la campaña por la Constitución autoritaria de 1996, donde un senador de profesión tornero le corregía la plana a los catedráticos de Derecho Constitucional y algún otro de ignota licenciatura les discutía de igual a igual. Aún así y con prensa servil a su favor la Constitución autoritaria fue la menos querida de todas por el pueblo y la que menos durará, igual que este artículo 141.
...pagamos con nuestros impuestos los sueldos de estos policías asesinos y corruptos. Con nuestro dinero les damos el pasaporte para delinquir, extorsionar y atentar contra la seguridad pública a quienes hoy levantan la bandera de la delincuencia, el terror, el secuestro, la extorsión, y son un eslabón más del submundo de la droga y de la delincuencia".
Mientras los legisladores siguen sosteniendo la ficción autoritaria ( artículo 3º Decreto Ley 15.365 Dictadura Álvarez) que los fiscales representan "los intereses generales de la sociedad" un nuevo ejemplo extraído de la realidad desmiente la ficción y hace sospechar lo que encubre. Del Semanario Brecha:
En la proclama leída el lunes 17 de junio al término de una nueva Marcha de Silencio, Walter Trigo, el padre del joven asesinado el 17 de agosto de 1998, volvió a ofrecer datos que involucran en el crimen a funcionarios policiales de Colonia.
Si bien toda esa información estuvo en conocimiento de la familia Trigo desde los últimos meses de 1998, la decisión de hacerla pública ahora responde a la necesidad de que toda la ciudadanía sepa que existen muchas pistas sobre las que se podría estar investigando, si en todos estos años hubiera existido voluntad para ello.
A continuación extractos de lo afirmado por Walter Trigo:
"Primero fue una llamada a las ocho de la mañana (del 17 de agosto de 1998) a Jefatura diciendo que había una persona muerta o herida en una camioneta, a la cual nadie fue. También sabemos de una grabación en la cual se comprueba que la ex novia de Andrés (Karina Carro, hoy radicada en San José) ofreció dinero para que le quitaran la vida. También tenemos al policía (Ricardo Miñón, de Colonia, que cumple funciones en la garita instalada en el kilómetro 109 de ruta 1) que le mostraba a otro funcionario (Rubén Ortiz, de Carmelo) los dólares del asesinato, el cual también era amante de la ex novia de Andrés. También ese policía (Miñón) la mañana del crimen llegó tarde a la guardia en Jefatura, justo a la hora del asesinato. También sabemos que los asesinos eligieron un lugar en el que solamente había algunas casas en construcción y bastante deshabitado. Pero una cosa que no sabían es que la noche anterior al homicidio una familia fue a vivir en una casa a medio hacer.
Esa gente vio muchas cosas.
Para que les quede bien claro, en los días posteriores a la muerte de Andrés, un auto (de Ricardo Miñón) se paraba en forma amenazadora todos los días frente a esa casa.
Esa familia reconoce plenamente el auto como el del policía que contaba los dólares.
Aun con todos estos datos, la Policía y la justicia no han podido encarcelar a los culpables.
Todavía los tenemos trabajando dentro de la Policía sin que nadie mueva un pelo, y si algo de lo que digo no es cierto que alguna autoridad, o quien sea, me lo diga.
La sociedad en su conjunto, cada uno de ustedes, cada uno de los colonienses que habitamos esta hermosa y, hasta el 17 de agosto de 1998, pacífica ciudad, pagamos con nuestros impuestos los sueldos de estos policías asesinos y corruptos. Con nuestro dinero les damos el pasaporte para delinquir, extorsionar y atentar contra la seguridad pública a quienes hoy levantan la bandera de la delincuencia, el terror, el secuestro, la extorsión, y son un eslabón más del submundo de la droga y de la delincuencia".
Como Ven A La Justicia Uruguaya Desde España
"La decadencia del Poder Judicial en Hispanoamérica en los tres primeros cuartos del Siglo XX era motivo de preocupación. Cierto es que en todos los países existen Cortes Supremas y Consejos de la Magistratura encargados de velar por la independencia e inamovilidad de los Jueces, pero en realidad éstos, en connivencia con el poder político, se dedicaban, por lo general, a lo contrario, esto es, a preservar el poder de la actuación de los Jueces y Tribunales. Piénsese en la situación de Argentina, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay en los años setenta. Sin duda, en éstos y en otros países se daban casos personales de jueces probos e independientes, pero la situación general, dominada por la impunidad de las bandas gubernamentales dedicadas al secuestro, al homicidio y al pillaje definían una situación penal poco envidiable ...".
1 EL ENJUICIAMIENTO PENAL EN ESPAÑA Y AMÉRICA EN EL SIGLO XX. LA APORTACIÓN ESPAÑOLA A PARTIR DEL SISTEMA DEL JUICIO ORAL Y PÚBLICO. Manuel de la Hera Oca, Magistrado. Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de Cádiz, 31 de enero de 2002. DeLaHeraOca1.pdf