Source: https://issuu.com/hchr/docs/20clavesdesc_web
Timestamp: 2020-05-28 11:52:08
Document Index: 271491802

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'Artículo 11', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 13', 'Artículo 15', 'artículo 12', 'Artículo 2']

20 claves para conocer y comprender mejor los Derechos Económicos, Sociales y Culturales by ONU-DH México - Issuu
20 CLAVES PARA CONOCER Y COMPRENDER MEJOR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 1ª Edición, 2016 DR (c) Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH). Alejandro Dumas 165, Col. Polanco, Del. Miguel Hidalgo, CP 11560, Ciudad de México. www.hchr.org.mx Publicado por ONU-DH ISBN: 978-607-8296-11-8 Coordinación editorial: Gabriela Gorjón y Sandra Martínez Platas (ONU-DH) Compilación y contenidos: Eric Díaz, Reynaldo Saldívar, Bernardo Serrano, Abigayl Islas y Nira Cárdenas (ONU-DH) Ilustraciones y diseño editorial: Armando López Castañeda Impreso en México. El material contenido en esta obra puede citarse o reproducirse libremente, a condición de que se mencione su procedencia y se envíe un ejemplar de la publicación que contenga el material reproducido a la ONU-DH.
20 CLAVES PARA CONOCER
Y COMPRENDER MEJOR
LOS DERECHOS ECONÃ&#x201C;MICOS,
Aclaraciones sobre los DESC
Los DESC en el Sistema Universal
Los DESC en el Sistema Interamericano
Casos DESC en la Corte Interamericana
Los DESC en el Sistema Nacional
La Exigibilidad de los DESC
La Justiciabilidad de los DESC
1¿Qué son los
Los abusos generalizados de los derechos humanos y libertades fundamentales durante el decenio de 1930, que culminaron en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), pusieron fin a la idea de que cada Estado por su cuenta tenía la última palabra en el trato que daba a su ciudadanía. La firma de la Carta de las Naciones Unidas en junio de 1945 situó los derechos humanos en la esfera del derecho internacional. Todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron adoptar medidas para proteger los derechos humanos. Tres años más tarde, la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos proporcionó al mundo “un ideal común para todos los pueblos y naciones”, basado en el “reconocimiento de la dignidad intrínseca de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” como establece en su Preámbulo. Los derechos humanos son el conjunto de derechos y libertades fundamentales para el disfrute de la vida humana en condiciones de plena dignidad y se definen como intrínsecos a toda persona por el mero hecho de pertenecer al género humano, sin distinción alguna de raza, color, género, lengua, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
La legislación en materia de derechos humanos obliga principalmente a los gobiernos y a algunos actores no gubernamentales a cumplir determinados deberes (a hacer ciertas cosas) y les establece ciertas prohibiciones (les impide hacer otras). Entre las principales características de los derechos humanos cabe citar las siguientes: • Son universales, por ser derechos inalienables de todos los seres humanos • Se centran en el valor igual de todos los seres humanos • Son indivisibles e interdependientes • No pueden ser suspendidos o retirados • Imponen obligaciones, particularmente a los Estados y los agentes de los Estados • Han sido reconocidos por la comunidad internacional • Están protegidos por la ley • Protegen a las personas y a los grupos Si deseas saber más consulta: 20 Claves para conocer y comprender mejor los Derechos Humanos.
2 somos iguales Todas las personas
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 1.
La igualdad y no discriminación es un principio esencial entre las obligaciones del Estado sobre los Derechos Humanos. El Estado debe formular un marco legal que garantice la igualdad entre todas las personas (igualdad formal), pero como no siempre basta con la ley para conseguir el ejercicio igualitario de los derechos, también debe dar un trato diferenciado para colocar a algunas personas en igualdad de condiciones con las demás (acciones afirmativas para conseguir una igualdad sustantiva). Finalmente, pensar desde la igualdad permitirá construir una sociedad más justa, en la que tenga espacio la diversidad y se elimine progresivamente la discriminación, para que todas las personas tengan oportunidad de disfrutar de una vida digna. La discriminación muchas veces se esconde ante nuestros ojos, aun estando a plena vista. Así sucede, por ejemplo, cuando las mujeres tienen más dificultades para encontrar trabajo, cuando reciben un sueldo menor por las mismas labores que hace un hombre, o cuando son maltratadas en los servicios médicos; otro ejemplo son los servicios públicos sin acceso para las personas con discapacidad, o los trámites que son poco comprensibles para las personas de pueblos y comunidades indígenas al no estar en sus idiomas o al no haber quien se los explique de una forma respetuosa y culturalmente adecuada; también sucede cuando la legislación no permite el matrimonio entre parejas que no sean hombre y mujer. Son situaciones que para muchas personas podrían parecen naturales, al haber crecido viéndolas o incluso viviéndolas en sus hogares, y esa naturalización es la que dificulta su reconocimiento como un verdadero problema.
Pretende garantizar que todas las personas gocen y ejerzan los derechos humanos con igualdad
Cuando una persona es sujeta a distinciones arbitrarias e injustas se dice que existe discriminación, lo cual vulnera el...
En principio la igualdad se logra con una igualdad formal en la ley
Ello no implica que necesariamente siempre deba darse el mismo trato a todas las personas
Un trato diferente es admisible para lograr una igualdad sustancial, lo que se puede hacer a partir de una...
Derecho a la no discriminación La igualdad no es la eliminación de la diversidad, sino el reconocimiento de las diferencias existentes entre las personas y los grupos sociales
La igualdad es un término que se contrapone con el de desigualdad no con la diferencia
Acción afirmativa: constituye un trato diferente a una persona para colocarla en situación de igualdad respecto a las demás
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) no son derechos nuevos. Muchos de ellos fueron la base de diversas declaraciones y normas ejemplares, incluyendo la Constitución Mexicana de 1917. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) no hace distinción entre los Derechos Civiles y Políticos, y los DESC, no obstante emergen como pactos distintos producto de las tensiones de la Guerra Fría entre los países del Este y el Oeste. Con la Declaración de Viena, en 1993, se devolvió a los derechos su sentido original de universalidad e integralidad plasmado en la DUDH. Los DESC son los derechos humanos vinculados a la satisfacción de diversas necesidades, aquellas que permiten a la personas vivir de forma digna y desarrollar sus capacidades al máximo a partir de la libre determinación. Entre estas necesidades es fácil ubicar la alimentación, el agua, el trabajo, la salud, la vivienda, la educación, la seguridad social y la cultura. El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar progresivamente la satisfacción de todos los DESC, por lo que las personas tiene la facultad de exigir su continuo cumplimiento. En este sentido, los DESC son también herramientas jurídicas para avanzar en el combate contra la desnutrición, el desempleo, los riesgos a la salud, el analfabetismo, la marginación, la pobreza y la desigualdad, entre otros muchos flagelos sociales.
Características de los DESC Disponibilidad. Significa que los medios que ofrece el Estado para ejercer los derechos deben ser suficientes. Accesibilidad. Quiere decir que los medios que ofrece el Estado para ejercer los derechos deben poder ser utilizados por todas las personas sin discriminación, y que no hay impedimentos físicos o económicos que dificulten su goce. Aceptabilidad. Significa que los medios que ofrece el Estado para ejercer los derechos sean aceptados y atiendan a las necesidades de las personas, incluidas aquellas que emergen de la cultura, el sexo, el género, la edad, etc. Adaptabilidad. Quiere decir que los medios que ofrece el Estado para ejercer los derechos deben tener la flexibilidad necesaria para poder ser modificados, si así se requiere, a fin de adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación, y responder a contextos culturales y sociales variados. Calidad. Significa que los medios que ofrece el Estado para ejercer los derechos cumplen con los requerimientos y propiedades para satisfacer efectivamente las necesidades de las personas. Si quieres saber más consulta: • Las Observaciones Generales aprobadas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. • La Declaración y Programa de Acción de Viena. • La publicación: Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Exigibles y Justiciables. Preguntas y respuestas sobre los DESC y el Protocolo Facultativo del PIDESC.
Existen algunos aspectos de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que pueden generar confusiones y que vale la pena aclarar. A continuación incluimos algunos de las principales:
Confusión Los DESC son derechos secundarios, totalmente diferentes a los Derechos Civiles y Políticos (DCyP).
Aclaración Los DESC constituyen la base esencial para la supervivencia de las personas, para satisfacer sus necesidades básicas y para desplegar al máximo sus capacidades. Los DESC, al igual que los DCyP, implican obligaciones de respetar, proteger y garantizar para los Estados.
La protección de los DESC no es prioritaria.
La denegación de los DESC puede tener consecuencias muy graves para la vida de muchas personas, como la malnutrición, el desalojo forzoso o la contaminación de aguas, por lo que su atención es de suma urgencia y relevancia.
Los DESC requieren un mayor grado de inversión que los DCyP.
No necesariamente, algunas medidas para los DCyP implican altos costos, como las de infraestructura para los sistemas penitenciarios, mientras que algunas para los DESC, como la abstención de intervenir ante la libre conformación de sindicatos, no requieren de recursos.
La “realización progresiva” de los DESC significa que su atención depende de los recursos disponibles y por eso no requiere una atención inmediata.
La falta de recursos no justifica la inacción o el aplazamiento indefinido. Los Estados tiene la obligación inmediata de adoptar medidas apropiadas para lograr la efectividad de los DESC independientemente de los recursos de que dispongan.
Los DESC dan lugar a que la gente dependa de la asistencia social.
Un objetivo fundamental de los DESC es que las personas cuenten con la capacidad y libertad necesarias para vivir con dignidad, por lo tanto requieren mucho más que la prestación de asistencia social para eliminar las barreras sociales que obstaculizan la plena participación en la vida económica, social y cultural.
El Estado sólo debe de cumplir con las obligaciones mínimas esenciales de los DESC.
La cobertura de los niveles mínimos de los DESC es un elemento fundamental para su adecuada atención, sin embargo conforme a los principios de realización progresiva, de máximo uso de los recursos disponibles y a la prohibición de medidas regresivas, las obligaciones de los Estados no terminan, ni se limitan ante estas medidas mínimas.
Si quieres saber más consulta: Folleto Informativo No. 33, Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OHCHR.
Probablemente el mayor obstáculo para el ejercicio de los derechos humanos es la pobreza. Mientras el fin último de los derechos humanos es la dignidad y la autonomía de la persona, lo que sólo es alcanzable mediante el desarrollo de todo su potencial, la pobreza se interpone como barrera entre la persona y la expresión de su mayor potencial. La pobreza puede definirse como una condición humana que se caracteriza por la privación continua o crónica de los recursos, la capacidad, las opciones, la seguridad y el poder necesarios para disfrutar de un nivel de vida adecuado y de otros derechos humanos. El derecho a un nivel de vida adecuado no se trata sólo de cumplir con los mínimos indispensables para la subsistencia, sino de disfrutar de lo suficiente como para poder crecer y desarrollarse de forma continua en todos los aspectos. Estar en situación de pobreza implica el riesgo de no contar con alimentos suficientes, con vestuario y vivienda que provean abrigo y seguridad, de no tener la tranquilidad de gozar de atención médica o de una educación que desarrolle nuestras capacidades e intereses. Las mediciones realizadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL) indican que casi la mitad de la población de México vive en situación de pobreza, lo que representa aproximadamente 55.3 millones de personas, de las cuales 1 de cada 10 vive en situación de pobreza extrema; por otra parte 63.8 millones de personas no pueden comprar los alimentos y otros bienes y servicios básicos (transporte, educación, salud, vivienda, cultura, comunicación, limpieza y cuidados de la casa, entre otros); y 24.6 millones de personas ni siquiera tiene el ingreso necesario para comprar los alimentos suficientes durante el mes. 12
Los DESC, basándose en los principios de igualdad y no discriminación, de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, buscan que el Estado proteja y actúe para que todas las personas gocen de condiciones materiales que les permitan alcanzar lo mejor de sí mismas.
Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los DH: 1 1. Dignidad, universalidad, indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de todos los derechos; 2. Disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por las personas que viven en la extrema pobreza; 3. Igualdad entre hombres y mujeres; 4. Derechos de las niñas y niños; 5. Capacidad de actuación y autonomía de las personas que viven en la extrema pobreza; 6. Participación y empoderamiento; 7. Transparencia y acceso a la información; y 8. Rendición de cuentas.
Elaborados por la Ex Relatora Especial sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, Sra. Magdalena Sepúlveda, y aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, el 27 de septiembre, en la resolución 21/11.
6 El derecho a la vivienda Un elemento primordial para que cualquier persona pueda alcanzar y sostener un nivel de vida adecuado es la vivienda. Este espacio donde encontramos el descanso, el refugio diario, y la posibilidad de convivir con nuestra familia y amistades, es un derecho humano, y el Estado tiene la obligación de respetarlo, protegerlo, y desarrollar acciones que permitan a las personas disponer de una vivienda adecuada.
¿Qué es una vivienda adecuada? Seguridad jurídica de la tenencia. Todas las personas deben tener un cierto grado de seguridad respecto a su presencia en una vivienda determinada y a su uso, por medio de una protección legal y consultada contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas. Gastos soportables. Los gastos personales o del hogar relacionados con la vivienda no deben impedir ni comprometer la posibilidad de las personas para satisfacer sus demás necesidades básicas. El estado debe tomar las medidas que permitan un balance entre los ingresos y estos gastos, así como adoptar medidas de financiación y de subsidios. Habitabilidad. La vivienda y el entorno deben ser seguros, tener espacio suficiente y proteger del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y de cualquier otra amenaza natural, estructural o de salud. Disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura. La vivienda debe permitir el acceso al agua potable, a instalaciones sanitarias y de aseo, a energía, incluyendo calefacción y alumbrado, almacenamiento de alimentos, eliminación de desechos, y a cualquier otro servicio indispensable para la salud, la nutrición, la comodidad y la seguridad. Asequibilidad. El precio de la vivienda o de la tierra no debe ser excesivo, para que todas las personas puedan acceder a un lugar donde vivir, principalmente los grupos marginalizados y en situación de desventaja, como las personas de escasos recursos, las personas con alguna discapacidad, o las víctimas de desastres naturales. 14
“(...) El derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”, PIDESC, Artículo 11.
Lugar. La vivienda debe encontrarse en una ubicación que no implique riesgos a las personas o costos excesivos de traslado y que les permita el acceso a opciones de empleo, a la atención sanitaria, escuelas, centros de atención para niños y niñas y otros servicios sociales. Adecuación cultural. La vivienda y las políticas en que se apoya deben considerar y permitir la expresión de la identidad cultural, del modo de vida y de la diversidad, asegurando servicios adecuados y modernos. Si deseas saber más consulta: • Observación General N°4, Comité DESC • Observación General N°7, Comité DESC • Folleto Informativo 21, El derecho a una vivienda adecuada, OHCHR.
7 El derecho al trabajo “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado”, PIDESC, Artículo 6.
El trabajo es un derecho esencial para que las personas puedan lograr su supervivencia, su realización y su integración a la comunidad. Este derecho comprende la accesibilidad efectiva a un trabajo digno, incluyendo orientación y formación técnico-profesional, la libertad para elegirlo o aceptarlo, así como el impedimento de labores forzadas y de privaciones injustificadas. Un trabajo digno: • • • • • •
respeta los derechos fundamentales de las personas, incluyendo su integridad; otorga una remuneración que permite vivir con dignidad; se realiza en un ambiente seguro; permite el desarrollo personal y profesional; comprende jornadas laborales razonables; y brinda la posibilidad de disfrutar de vacaciones periódicas y remuneradas.
El derecho al trabajo también comprende una dimensión colectiva, las personas tienen el derecho de fundar y afiliarse a sindicatos, así como formar parte de federaciones y confederaciones nacionales e internacionales sin restricción, de tal forma que cuenten con mecanismos que les permitan defender la calidad y aceptabilidad de sus trabajos. Un ejemplo de estos mecanismos es la huelga, que también es un derecho. 16
Es importante mencionar que el derecho al trabajo contempla algunos elementos particulares respecto a los diferentes grupos de población en situación de vulnerabilidad, por ejemplo: El periodo pre y postnatal remunerado para las mujeres; la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral ordinario; o la edad mínima bajo la cual el empleo de niñas y niños queda absolutamente prohibido y sancionado.
Si deseas saber más consulta: • Observación General N°18, Comité DESC. • Observación General N°23, Comité DESC. • Derecho al Trabajo, OIT.
La seguridad social es un derecho crucial para mitigar la pobreza y prevenir la exclusión, ya que contempla el derecho de todas las personas a obtener y mantener prestaciones sociales, como dinero, bienes y servicios, con el objetivo de contar con protección ante riesgos, imprevistos o cualquier situación que impida adquirir los ingresos necesarios para vivir dignamente, como aquellas personas que necesitan cubrir gastos excesivos de salud, o quienes no tienen recursos suficientes para mantener a su grupo familiar. El derecho a la seguridad social debe cumplir con algunas características fundamentales: • El Estado debe disponer de un sistema estructurado para la seguridad social, bajo el amparo de las autoridades públicas, que garantice un nivel de vida digno. • Este sistema debe considerar al menos los siguientes elementos: asegurar servicios de salud; proporcionar prestaciones en efectivo a las personas que por enfermedad estén imposibilitadas para trabajar, así como prestaciones de invalidez ante su prolongación; establecer una edad de jubilación apropiada y prestaciones para las personas adultas mayores; otorgar asistencia social y prestaciones para todo tipo de trabajadores ante la pérdida de empleo o la incapacidad de obtenerlo y mantenerlo; costear gastos y pérdidas de ingreso a los trabajadores y sus familias ante accidentes laborales; brindar prestaciones familiares sin discriminación; proteger la maternidad incluyendo licencia pre y post natal, así como la atención médica necesaria; prestar apoyo digno y suficiente a las personas con discapacidad que enfrenten dificultades relacionadas con el empleo; y proteger a sobrevivientes y huérfanos cuando el sostén de la familia fallece.
“Los Estados (...) reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”, PIDESC, Artículo 9.
• También debe otorgar sus servicios sin impedimentos, es decir: de manera universal; las condiciones de afiliación son razonables, proporcionadas y transparentes; si existe cobro, este es conocido y no daña el presupuesto familiar; es participativo y provee información; la distancia, la discapacidad u otras causas ajenas a la voluntad no son un impedimento para utilizar los servicios. Si deseas saber más consulta: • Observación General N°19, Comité DESC. • Protección Social, OIT.
9 El derecho al agua
“El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”, Observación General No. 15 del Comité DESC.
El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. Es parte del derecho a un nivel de vida adecuado, y por tanto la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho al agua definiéndolo como el derecho de todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico; y el derecho al saneamiento básico como el derecho de tener acceso a un sistema de recogida, transporte, tratamiento y eliminación de los desechos humanos, y la correspondiente promoción de la higiene, esencial para reducir las enfermedades que anualmente provocan millones de muertes en los países en desarrollo. El hecho de que el agua sea un bien público significa que el agua es propiedad de todas las personas dentro del territorio, y que el Estado debe asegurarse de que todas disfruten de ella. Es indispensable que el Estado respete este derecho, lo que significa que no debe hacer cosas que nieguen o dificulten el acceso de las personas al agua, y debe impedir que cualquier persona lo haga; así como proteger las fuentes de agua de daños como los provocados por la contaminación, entre otros; además debe informar a las personas sobre la situación del agua y el ejercicio de este derecho.
El derecho al agua puede ejercerse de manera adecuada si esta es: Suficiente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada persona debiera disponer de una cantidad entre 50 y 100 litros de agua por día para las necesidades más básicas. Saludable. El agua debe estar libre de ustancias químicas, microorganismos, y otros peligros que amenacen la salud. Aceptable. El agua debe tener un color, olor y sabor apropiado tanto para uso personal como doméstico, las instalaciones y servicios de agua deben ser culturalmente adecuados, sensibles al género, al ciclo de la vida y a la privacidad. Accesible. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1000 metros del hogar, y las personas no debieran desplazarse más de 30 minutos para conseguirla. Asequible. De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el costo del agua no debería superar el 3% de los ingresos del hogar. Si deseas saber más consulta: • Observación General N°15, Comité DESC. • Folleto Informativo No. 35, El derecho al agua, OHCHR.
“(...) Los Estados Partes (…) reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado (…), incluso alimentación”, PIDESC, Artículo 11.
El derecho a la alimentación tiene una vinculación muy importante con la dignidad inherente a las personas y al disfrute de todos sus derechos. Este derecho se ejerce cuando una persona, por sí misma o de manera colectiva, tiene acceso físico y económico, de manera libre y sostenida, a una alimentación adecuada o a los medios para conseguirla. El hecho de que sea “adecuada” tiene varias implicaciones sociales, económicas, culturales y ecológicas, que predominan en un momento determinado. Este concepto está muy vinculado a la “sostenibilidad” que comprende la disponibilidad y el acceso a los alimentos en el largo plazo; a la “seguridad alimentaria” que considera a las generaciones presentes y futuras; y a la “soberanía alimentaria” que concibe a los alimentos como algo más que mercancías y promueve la diversidad y la sustentabilidad. Para que sea una alimentación adecuada: •	la disponibilidad de alimentos, ya sea directa mediante la explotación de fuentes naturales o indirecta mediante sistemas de elaboración y distribución, debe ser en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de las personas, sin sustancias nocivas y de una manera culturalmente aceptable, que tome en cuenta los valores, las tradiciones y otras particularidades que se asocien a los alimentos. •	la accesibilidad a estos alimentos debe ser sostenible y no debe dificultar el goce de otros derechos humanos. •	debe satisfacer las necesidades de dieta teniendo en cuenta la edad de la persona, sus condiciones de vida, salud, ocupación, sexo, etc. La alimentación con gran densidad de energía y escaso valor nutritivo, que puede contribuir a la obesidad y otras enfermedades, es un claro ejemplo de alimentación inadecuada. 22
Las “necesidades alimentarias” deben entenderse como necesidades fisiológicas en todas las etapas del ciclo de vida, incluyendo el desarrollo físico y mental, por lo que el régimen de alimentación debe aportar una combinación de elementos nutritivos para satisfacer estas necesidades, y se deben tomar las medidas pertinentes para mantener, adaptar o fortalecer la variedad de alimentos, las pautas de alimentación y su consumo adecuado, cuidando en todo momento que los cambios en disponibilidad y acceso no afecten negativamente la composición e ingesta de alimentos. El derecho a la alimentación adquiere particular relevancia en relación con los grupos de población que enfrentan diversas condiciones de vulnerabilidad como la pobreza, la exclusión social y la malnutrición, algunos ejemplos son los pueblos y comunidades indígenas a los que se les restringe el acceso y uso de sus tierras ancestrales, las mujeres durante el embarazo y la lactancia, o las personas que viven en zonas propensas a los desastres.
Si deseas saber más consulta: • Observación General N°12, Comité DESC. • Folleto Informativo No. 34, El derecho a la alimentación adecuada, OHCHR. • Seguridad y Soberanía Alimentaria, FAO
11El derecho a la salud La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la salud no es sólo la ausencia de enfermedad, sino un completo estado de bienestar, tanto físico como mental, en el que tienen especial importancia las condiciones de vida. Es obvio que una persona no podrá lograr su mayor nivel de bienestar si no cuenta con comida y nutrición adecuada, agua potable, vivienda adecuada y un trabajo y medio ambiente saludable -lo que es un claro ejemplo de la interdependencia de los derechos humanos-. El Comité DESC los llama “factores determinantes básicos de la salud”. Es por eso que el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, y en este sentido, el Estado debe mantener servicios que permitan a las personas buscar ayuda médica cuando están enfermas (como hospitales, médicos y medicamentos, por ejemplo), pero también debe entregar información suficiente sobre cómo cuidar la propia salud, una educación que enseñe cómo hacer esto, y condiciones de trabajo en que las personas se puedan desarrollar. Cuando las personas enferman es importante que cuenten con ayuda médica, pero no basta sólo con que haya hospitales, médicos y medicamentos. Todos los servicios cuyo objetivo es proteger la salud deben cumplir con los elementos esenciales de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad. 26
“(...) el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”, PIDESC, Artículo 12.
El derecho a la salud no debe entenderse como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades como aquellas para controlar el cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, o para no padecer injerencias, como el sometimiento a un tratamiento médico sin el propio consentimiento, así como otros derechos: •	El derecho a un sistema de protección de la salud que brinde a todas las personas las mismas oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud; •	El derecho a la prevención y tratamiento de las enfermedades, y la lucha contra ellas; •	El acceso a medicamentos esenciales; •	La salud materna, infantil y reproductiva; •	El acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos; •	El acceso a la educación y la información sobre cuestiones relacionadas con la salud; •	La participación de la población en el proceso de adopción de decisiones en cuestiones relacionadas con la salud a nivel comunitario y nacional. El derecho a la salud adquiere particular relevancia para los grupos de población que enfrentan condiciones de vulnerabilidad, como las personas adultas mayores que pueden requerir medidas de rehabilitación física y psicológica destinadas a mantener la funcionalidad y la autonomía. Si deseas saber más consulta: • Observación General N° 14, Comité DESC. • Folleto Informativo 31, El derecho a la salud, OHCHR.
12 El derecho a la educación “(...) el derecho de toda persona a la educación (...), la que debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad”, PIDESC, artículo 13.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha indicado que la educación debe ser vista como un facilitador del desarrollo humano y de la funcionalidad de todas las personas, independientemente de las barreras que enfrenten, ésta debe permitir que alcancen todo su potencial en términos de capacidades cognitivas, emocionales y creativas. Ejercer el derecho a la educación significa poder disfrutar de los distintos niveles educativos (primaria, secundaria y superior) esperando además que la educación tenga alternativas gratuitas para todas las personas, principalmente en la educación primaria (que además es obligatoria), y que la educación secundaria y superior también avancen a la gratuidad. La enseñanza técnica y profesional constituye un elemento integral de todos los niveles de la enseñanza. La educación, en todas sus formas y en todos los niveles, debe contar con las características interrelacionadas de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad, y deberá tener en cuenta ante todo los intereses superiores de las y los alumnos. La educación formal puede darse en instituciones distintas de las creadas por las autoridades públicas, pues las familias tienen derecho a elegir libremente cómo educar a sus niños y niñas, incluidas las cuestiones religiosas o morales, pero el Estado aún en estos casos tiene la obligación de velar porque dichas instituciones cumplan con estándares de calidad. La educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, y debe favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre las diferentes naciones y grupos raciales, étnicos o religiosos, así como promover la paz. La prohibición de la discriminación no depende de los tiempos o recursos disponibles, se aplica plena e inmediatamente a todos los aspectos de la educación y abarca todos los motivos de discriminación rechazados internacionalmente. 28
Educación a lo largo de la vida La edad no es una limitante para la educación. Las personas adultas que por cualquier motivo no completaron durante su infancia la educación obligatoria, conservan el derecho de hacerlo. La educación permanente y el continuo desarrollo de las capacidades también es una meta para el debido ejercicio del derecho a la educación. Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana. Si deseas saber más consulta: • Observación General N°13, Comité DESC • Guidelines for Inclusion: Ensuring Access to Education for All, UNESCO
“(...) Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a participar en la vida cultural”, PIDESC, Artículo 15. En un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural, los derechos culturales son esenciales para la interacción social positiva. La cultura no debe entenderse como una serie de expresiones aisladas, sino como un proceso inclusivo, dinámico y evolutivo a través del cual los individuos y las comunidades, manteniendo sus particularidades y sus fines, dan expresión a la existencia de la humanidad. La cultura comprende, entre otras cosas, las formas de vida, el lenguaje, la música, los sistemas de creencias, los métodos de producción; el entorno natural y el producido por el ser humano, como el vestido, las artes, costumbres y tradiciones, por los cuales individuos, grupos y comunidades expresan el sentido que dan a su existencia, y configuran una visión del mundo que representa su encuentro con las fuerzas externas que afectan a sus vidas. El derecho a participar o a tomar parte en la vida cultural tiene, entre otros, tres componentes principales relacionados entre sí: a) La participación en la vida cultural, que comprende el derecho de toda persona (sola, en asociación con otras o como una comunidad) a actuar libremente; a escoger su propia identidad; a identificarse con una o con varias comunidades; a ejercer sus propias prácticas culturales y a expresarse en la lengua de su elección; así como a buscar, desarrollar y compartir con otros sus conocimientos y expresiones culturales de manera creativa. b) El acceso a la vida cultural, que comprende el derecho de toda persona a conocer y comprender su propia cultura y la de otros, a través de la educación y la información; a conocer formas de expresión y difusión por cualquier medio; a seguir un estilo de vida asociado al uso de bienes culturales y de recursos como la tierra, el agua, y el lenguaje; y a beneficiarse del patrimonio cultural y de las creaciones de otros individuos y comunidades. 30
c) La contribución a la vida cultural, que se refiere al derecho de toda persona a contribuir a la creación de las manifestaciones espirituales, materiales, intelectuales y emocionales de la comunidad; y a participar en el desarrollo de la comunidad a la que pertenece. El derecho de toda persona a participar en la vida cultural se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; con el derecho de toda persona a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora; y con el derecho a la libertad para la investigación científica y la actividad creadora. Los Estados deben prestar particular atención a los derechos culturales de los grupos minoritarios e indígenas, entre otros, y proporcionar oportunidades tanto para preservar su cultura como para formar su desarrollo cultural y social, incluyendo la relación con el lenguaje, la tierra y los recursos naturales.
Si deseas saber más consulta: • Observación General N°21, Comité DESC. • Folleto Informativo No. 9, Los pueblos indígenas y el sistema de derechos humanos de las Naciones Unidas, OHCHR.
“Toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y su bienestar”, Resolución de la Asamblea General de la ONU A/RES/45/94.
Todos los seres humanos dependemos del medio ambiente en el que vivimos. Un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible es esencial para el pleno disfrute de una amplia gama de derechos humanos, entre ellos los derechos a la vida, la salud, la alimentación, el agua y el saneamiento. Sin un medio ambiente saludable, no podemos hacer realidad nuestras aspiraciones, ni podemos vivir en un nivel acorde con las condiciones mínimas de dignidad humana. El reconocimiento de la estrecha relación que existe entre los derechos humanos y el medio ambiente ha adoptado principalmente dos formas: la adopción de un nuevo derecho explícito al medio ambiente, caracterizado como saludable, sin riesgos, satisfactorio o sostenible; y una mayor atención a los vínculos con el medio ambiente de derechos ya reconocidos, como los derechos a la vida y a la salud. Las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente se han desplazado de la periferia al centro de los esfuerzos humanos dedicados al logro del desarrollo económico y social. Algunos tratados mundiales de derechos humanos se refieren explícitamente a las amenazas ambientales, particularmente en relación con el derecho a la salud, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 menciona “[e]l mejoramiento en todos sus aspectos […] del medio ambiente”, el cual abarca, entre otras cosas, la necesidad de velar por el suministro adecuado de agua limpia potable y la creación de condiciones sanitarias básicas; así como la prevención y reducción de la exposición de la población a sustancias nocivas u otros factores ambientales perjudiciales que afectan directa o indirectamente a la salud de los seres humanos. 32
El acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente es un elemento fundamental de este derecho, e incluye la información sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en las comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. Es importante destacar la función de determinados grupos en situación de vulnerabilidad, como la de las personas de los pueblos y comunidades indígenas, en la formulación de políticas ambientales, ya que corren especial riesgo de múltiples tipos de daños ambientales en razón de su dependencia cultural y económica de los recursos ambientales. El pleno disfrute de los derechos humanos depende de la diversidad biológica. Su conservación, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que genera son elementos muy importantes que se relacionan con el medio ambiente y que conducen a un futuro sostenible. Es indispensable también considerar el papel del cambio climático y sus consecuencias claras e inmediatas para el pleno disfrute de los derechos humanos. Para finalizar, es importante mencionar que las obligaciones de los Estados de proteger los derechos humanos contra las violaciones cometidas por agentes privados se extienden a los daños ambientales causados por agentes no estatales, como las empresas. Si deseas saber más consulta: • Los Informes del Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. • Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos.
en el 15 Los DESC Sistema Universal
El sistema universal de derechos humanos está compuesto principalmente por los tratados de derechos humanos y los órganos de tratados de las Naciones Unidas, estos últimos están integrados por personas expertas independientes responsables de supervisar la implementación nacional de las obligaciones contenidas en los tratados. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el tratado internacional que proporciona el marco jurídico del sistema universal para el reconocimiento y protección de los DESC. Fue aprobado el 16 de diciembre de 1966, después de casi 20 años de debates sobre su contenido, y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Por ser un tratado internacional de derechos humanos, el PIDESC crea obligaciones internacionales legalmente vinculantes para los Estados que han aceptado sus estándares. (Artículo 2 del Pacto) El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es el órgano del sistema universal que desde su establecimiento, el 28 de mayo 1985, supervisa la aplicación del PIDESC. Es un órgano compuesto por 18 expertas y expertos independientes ante el cual los países que se rigen por el PIDESC deben presentar informes cada cinco años sobre la forma en que se ejercen los DESC en su territorio. De la revisión de estos informes, el Comité emite recomendaciones para fortalecer el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en los países.2 Además, el Comité ha realizado el trabajo de interpretar el PIDESC, dando orientación para que los Estados y las personas entiendan de mejor forma los diferentes derechos y su aplicación. Estas interpretaciones del Comité DESC son llamadas “Observaciones Generales”, y hasta ahora ha emitido 23. 34
El Protocolo Facultativo del PIDESC es un tratado internacional, adicional al Pacto, que establece mecanismos o procedimientos para atender violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales,3 incluyendo: •	un procedimiento que permite presentar quejas individuales o colectivas ante el Comité DESC; •	un procedimiento que permite a un Estado Parte denunciar que otro Estado Parte no ha cumplido con sus obligaciones bajo el PIDESC; •	la adopción de medidas provisionales a fin de evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de una supuesta violación; •	un procedimiento que permite al Comité DESC iniciar una investigación cuando reciba información fiable que indique la existencia de violaciones graves o sistemáticas de los derechos consagrados en el PIDESC. *Las Naciones Unidas también cuentan con procedimientos especiales (del Consejo de Derechos Humanos), que se integran por personas expertas independientes para supervisan situaciones de países concretos o cuestiones temáticas. Varios de estos procedimientos se concentran en los DESC, como el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. 2 La
sociedad civil también puede enviar información al Comité DESC, quien la considerará en la elaboración de sus recomendaciones; las organizaciones suelen coordinarse para integrar y enviar un “informe sombra”. Ante la enorme cantidad de datos que debe procesar el Comité, se sugiere que la información adicional se presente de manera breve y precisa. 3 México se adhirió al PIDESC desde el año 1981, pero aún no ha ratificado el Protocolo Facultativo, a pesar de haber aceptado, en marzo de 2014, la recomendación hecha en 2013 por Portugal y Bosnia Herzegovina de ratificarlo (Examen Periódico Universal).
16 Los DESC en el
El sistema interamericano de derechos humanos, es el sistema regional de las Américas, conformado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) y los instrumentos jurídicos regionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de la cual México forma parte. La Comisión Interamericana realiza una supervisión general y temática de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA y recibe, analiza e investiga peticiones/denuncias de personas respecto a las violaciones de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y otros tratados regionales, como el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador). Cuando la Comisión encuentra una violación a los derechos humanos en los casos recibidos, emite un informe con recomendaciones para que el Estado las implemente, dicta medidas de seguimiento, y de ser necesario, puede llevar el caso ante la CoIDH, para fomentar su cumplimiento. Además la CIDH puede solicitar a los Estados que adopten medidas cautelares para la protección de personas o grupos que se encuentren en situaciones que por su gravedad y urgencia puedan generar perjuicios irremediables. La competencia contenciosa de la Corte Interamericana se refiere a su función para conocer y resolver los casos referidos por la CIDH en los cuales las personas alegan que sus derechos humanos han sido violados por Estados, que como México, han adoptado la CADH y han aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte. Las sentencias de la CoIDH son vinculantes, definitivas y no pueden ser apeladas frente a ningún otro tribunal. 36
Para supervisar el cumplimiento de sus sentencias, la CoIDH puede emitir órdenes de cumplimiento, solicitar información al Estado, e incluso celebrar audiencias de supervisión. Cuando se presenta un incumplimiento, este se incluye en el informe anual que la Corte entrega a la Asamblea General de la OEA, la cual puede incluir entre sus actividades la discusión de los casos de Estados que han incumplido o efectuar recomendaciones e imponer sanciones a estos Estados. La CoIDH también puede otorgar medidas provisionales para la protección de las personas que se encuentren en situación de riesgo, y emitir opiniones consultivas, cuando los Estados solicitan la interpretación de los instrumentos jurídicos del sistema interamericano para comprender mejor su contenido y aplicación. 37
Casos DESC en la
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha conocido casos importantes en relación con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a continuación se exponen algunos de ellos:
Caso Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs Nicaragua (31 de agosto de 2001) En 1992, con ocasión de un proyecto de extracción forestal, la Comunidad indígena nicaragüense Awas Tingni firmó un contrato con la empresa MADENSA, con la finalidad de determinar el manejo integral del bosque, reconociéndose ciertos derechos en virtud a su “posesión histórica”. La compañía se comprometió a facilitar la “definición” de las tierras comunales y a no menoscabar las aspiraciones territoriales de la Comunidad. Sin embargo, en 1996, el Estado otorgó una concesión a la empresa SOLCARSA por treinta años para el manejo y aprovechamiento forestal de más de sesenta mil hectáreas, sin que la Comunidad hubiese sido consultada al respecto. Pese a las distintas solicitudes presentadas ante diversos organismos estatales para no avanzar con el otorgamiento de la concesión y a la vez delimitar su territorio, ninguna fue atendida. Con posterioridad, presentaron distintos recursos jurisdiccionales, los cuales tampoco arrojaron resultados positivos. En su resolución, la Corte Interamericana reconoció por primera ocasión el derecho comunitario de los pueblos indígenas a su tierra ancestral. Como resultado de la sentencia, el Gobierno nicaragüense y representantes de la comunidad Awas Tingni establecieron dos comisiones encargadas de la implementación de ciertos aspectos de la resolución. Una de las comisiones conjuntas supervisó la inversión de 50.000 dólares, derivada de las medidas de reparación integral a favor de la comunidad por concepto de daño inmaterial, y utilizó los fondos para la construcción de una residencia para estudiantes Awas Tingni.
Caso Suárez Peralta vs Ecuador (21 de mayo de 2013) En el año 2000, Melba del Carmen Suárez Peralta acudió a una consulta en el Policlínico de la Comisión de Tránsito de Guayas, Ecuador. Los síntomas que presentó en ese momento eran dolor abdominal, vómitos y fiebre. El médico que la atendió le diagnosticó una apendicitis crónica y le indicó la necesidad de realizar una intervención quirúrgica urgente. Dicha operación fue realizada en una institución privada. Con posterioridad a la operación, Melba padeció los mismos dolores y otras complicaciones. El 11 de junio acudió a otro hospital en donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente, realizándose, entre otros procedimientos, una laparoscopía reexploradora, mediante la cual encontró “deshicencia de muñón apendicular, peritonitis localizada y natas de fibrina”. En agosto del año 2000, la madre de Melba presentó una denuncia en contra del personal médico responsable de su primera intervención. Dicho procedimiento finalizó en 2005 con la declaración de la prescripción de la acción por parte del Tribunal correspondiente. Posteriormente, entre los años 2006 y 2012, la señora Suárez Peralta se realizó una serie de procedimientos médicos relacionados con su condición de salud, los cuales tuvieron diversas consecuencias económicas, laborales y personales. En su resolución, la CoIDH señaló la interdependencia e indivisibilidad existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos sociales y culturales; y determinó que los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones.
Caso González Lluy y otros vs. Ecuador (01 de septiembre de 2015) A los tres años de edad, Talía Gabriela González Lluy fue contagiada con el virus del VIH al recibir una transfusión de sangre (a la que no se le habían realizado las pruebas serológicas pertinentes), en una clínica de salud privada. Posterior al contagio, la madre de Talía, interpuso distintas acciones penales y civiles buscando que se sancionara a las personas responsables del contagio de su hija, así como el pago de daños y perjuicios. Dichas acciones no prosperaron. A los cinco años de edad, Talía fue inscrita en una escuela pública donde asistió con normalidad los primeros dos meses, hasta que el director de la institución, decidió suspenderla al enterarse de su enfermedad. La madre de Talía presentó una acción de amparo constitucional en contra del Ministerio de Educación y Cultura y del director de la escuela, en razón de la privación del derecho a la educación. El Tribunal Distrital declaró inadmisible el recurso de amparo, considerando que existía un conflicto de intereses entre los derechos individuales de Talía y los intereses de los estudiantes, colisión en la que deben predominar los derechos sociales o colectivos. De acuerdo con las declaraciones de Talía y su familia, fueron obligadas a mudarse en múltiples ocasiones debido a la exclusión y el rechazo por la condición de Talía. En su resolución, la CoIDH consideró que debido a la precariedad e irregularidades en las que funcionaba el banco de sangre correspondiente, el Estado ecuatoriano fue responsable por la violación de la obligación de fiscalización y supervisión de la prestación de servicios de salud, en el marco del derecho a la vida. Asimismo, la Corte determinó la violación al derecho a la integridad personal en razón de que la discriminación que sufrió Talía y su familia por parte de las autoridades fue resultado del estigma generado por su condición de persona viviendo con VIH, colocándolos en una posición de vulnerabilidad que se vio agravada con el paso del tiempo e impactó en diversos aspectos de su vida como el acceso a la vivienda, al trabajo y a la educación de Talía y de sus familiares.
En lo que respecta al derecho a la educación, en relación con los derechos de la niña y al principio de no discriminación, la Corte consideró que la decisión tomada a nivel interno por parte de las autoridades educativas y judiciales de retirar a Talía de su escuela tuvo como fundamento principal su situación médica de persona con VIH; dicha decisión fue construida con argumentos abstractos y estereotipados para fundamentar una decisión que resultó extrema e innecesaria, por lo que dichas decisiones constituyeron un trato discriminatorio. Además, la Corte determinó que en el caso confluyeron múltiples factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados a su condición de niña, mujer, persona en situación de pobreza y persona con VIH.
Todas estas sentencias se pueden consultar en: http://www.corteidh.or.cr/index.php/jurisprudencia
18 Sistema Nacional Los DESC en el
La Constitución de México reconoce los derechos económicos, sociales y culturales a través de diversos artículos, como el 3° sobre la educación o el 4° sobre la salud, la alimentación, el agua, la vivienda y la cultura, por mencionar algunos ejemplos. Adicionalmente, la reforma constitucional del 2011 amplió el reconocimiento de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como el PIDESC y la CADH, por lo que las obligaciones del estado en materia DESC deben de cumplir con los estándares internacionales. Además de la Constitución, existen diversas normas del sistema nacional que contienen regulación sobre los diferentes derechos económicos sociales y culturales, como la Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Salud o la Ley General de Educación, sin embargo la implementación de estas normas y el debido cumplimiento de los DESC han enfrentado diversas problemáticas en la práctica, por lo que muchos casos han terminado ante diversas instancias judiciales: Caso Mini Numa. La comunidad de indígenas Na’savi de Mini Numa, Metlatónoc, utilizó la vía legal, para defender su derecho a la salud y a la no discriminación. La localidad carecía de servicios de salud, encontrándose los más cercanos a varias horas de camino, producto de lo cual, habían muerto seis personas en dos años por enfermedades perfectamente curables. La resolución del juicio otorgó la protección a la comunidad en favor del derecho de acceso a la salud, y el Estado de Guerrero debió tomar medidas para mejorar los servicios de atención de salud en la localidad. Caso de la presa El Zapotillo. En Jalisco, la construcción de la presa El Zapotillo generaría el desplazamiento de cientos de personas cuyos principales ingresos provenían de la agricultura y remesas. Ante esta situación, las personas afectadas presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco quien emitió una recomendación que derivó en un juicio de amparo por cuanto el proyecto violaba los derechos a un ambiente sano y a la vivienda, entre otros. El amparo fue concedido, ordenando la suspensión de la obra. 42
Caso Colonia Ampliación Tres de Mayo/Valle Dorado. En este caso, un Tribunal Colegiado determinó la violación del derecho al agua y saneamiento por la ausencia de red hídrica, tomas de agua y saneamiento en una Colonia de Morelos, y ordenó a las autoridades responsables tomar las medidas necesarias para el ejercicio efectivo de estos derechos. A raíz de esta decisión, el Sistema de Agua Potable del Municipio dotó a las familias residentes en la zona con tubería de mala calidad. El litigio duró 3 años, y finalmente la Suprema Corte determinó que el agua debía proporcionarse de conformidad con los lineamientos de la OMS y que las autoridades responsables debían tomar acciones a la brevedad para brindar el acceso efectivo al agua y al saneamiento de las personas de la comunidad. Caso Pabellón 13. En 2007, las autoridades del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) aprobaron la construcción de una clínica especializada para atender a las y los pacientes con VIH, denominado Pabellón 13. Sin embargo, en marzo de 2012 comunicaron de manera informal que, pese al presupuesto previamente asignado, la obra estaba suspendida por falta de recursos. Ante esta medida, la Suprema Corte determinó que las autoridades del INER atentaron en contra de la obligación estatal de garantizar la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más algo riesgo o vulnerabilidad, como las personas con VIH, y en relación con la supuesta falta de presupuesto, indicó que de conformidad con las obligaciones internacionales del estado mexicano, se debía acreditar la realización de todos los esfuerzos posibles para utilizar hasta el máximo de los recursos disponibles, previo estudio de la aplicación de opciones menos lascivas, lo cual no fue acreditado. 43
19 La Exigibilidad de los DESC A pesar de que los derechos humanos imponen obligaciones concretas a los Estados, uno de los desafíos más importantes que enfrentan es lograr un efectivo reconocimiento y exigibilidad. En este aspecto los derechos civiles y políticos han tenido avances notables en el ámbito universal, interamericano y nacional. Sin embargo, los DESC actualmente enfrentan múltiples obstáculos que han dificultado su desarrollo, incluyendo las concepciones erróneas que los sitúan como derechos secundarios o que los vinculan a costos excesivos, así como el desarrollo de programas de gobierno asistencialistas. Considerando el gran número de dificultades que enfrentan los DESC, es importante considerar algunos factores fundamentales que pueden impulsar su exigibilidad: •	La creación y armonización de normas con base en los estándares internacionales; •	El desarrollo de políticas públicas con enfoque de derechos humanos; •	El uso de indicadores para promover, vigilar y evaluar la implementación de estos derechos; •	La capacitación de actores en materia DESC; •	La movilización de la sociedad civil en temas DESC; •	El litigio estratégico; •	La justiciabilidad directa de los DESC; •	La retención de la jurisdicción judicial para supervisar el cumplimiento de sentencias; y •	La creación de mecanismos y procedimientos para la implementación de recomendaciones y decisiones emitidas por órganos internacionales y nacionales de derechos humanos. 44
20 Lade Justiciabilidad los DESC Todos los derechos humanos, incluyendo a los DESC, comprenden elementos o dimensiones cuyo cumplimiento puede ser exigido a través de la vía judicial. Eso no significa que esta vía sea el único o el mejor medio para proteger los DESC. No obstante, la protección judicial contribuye enormemente a que se comprendan mejor estos derechos, ofrece recursos en casos de violaciones manifiestas y permite adoptar decisiones en causas que sientan un precedente y que pueden dar lugar a cambios institucionales sistemáticos, a fin de evitar futuras violaciones de los DESC. La efectividad de los DESC depende en gran medida de las políticas de los gobiernos. Sin embargo, la revisión de esas políticas en la esfera judicial, puede garantizar que se ajusten a los principios constitucionales y a las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Existe una tendencia creciente sobre casos DESC en regiones muy diversas del mundo. El conocimiento de esos casos puede generar nuevas perspectivas y herramientas para lograr un avance en México. A continuación se presentan algunos ejemplos: En India, a raíz de la pobreza y la crisis causada por una grave sequía y hambruna, el Tribunal Supremo decidió, en el año 2001, que el sistema de distribución público de alimentos (SDP) constituía un derecho constitucionalmente protegido y dio sugerencias sobre cómo el Gobierno debería implementar los programas de distribución. A medida que el caso avanzaba, el Tribunal comenzó a incluir otros programas concernientes al derecho a la alimentación: programas específicos de distribución pública, el programa de comidas de mediodía, el programa nacional de pensiones de ancianidad, el programa integrado de desarrollo infantil, el programa nacional de beneficios de maternidad y el programa nacional de beneficios familiares. Hoy, el SDP de la India es el programa más grande e integral diseñado para garantizar la seguridad alimentaria.
En Colombia, ante el contexto de desplazamiento interno forzado, la Corte Constitucional, en el año 2004, acumuló 108 acciones constitucionales que denunciaban violaciones de los derechos de 1150 familias desplazadas internamente. La Corte concluyó que el desplazamiento forzado había causado una violación masiva de derechos humanos y que la política pública adoptada por el Estado para ocuparse del problema era incoherente, insuficiente y no se basaba en los estándares de derechos humanos, por lo que decidió declarar “un estado de cosas inconstitucional” y ordenó al Gobierno tomar las medidas necesarias para resolver los problemas enfrentados por las personas internamente desplazadas. En Sudáfrica, un programa de renovación en la ciudad de Johannesburgo implicaba el desalojo forzado de 400 residentes, sin que se les proporcionara un alojamiento alternativo. En 2008, la Corte Constitucional ordenó a las partes tener entre sí intercambios sustantivos y presentar memorandos sobre los resultados de la participación, además tomó medidas provisionales que suspendían el desalojo de las y los residentes. Al final del proceso de intercambio, los demandantes y la ciudad habían llegado a un acuerdo en el que se harían habitables los edificios en cuestión y se proporcionaría un alojamiento alternativo y temporal. La orden fue cumplida y, antes de que los residentes fueran reubicados, la ciudad les proporcionó agua, retretes portátiles, recogida de residuos y extinguidores de incendios. Posteriormente fueron reubicados de manera voluntaria en viviendas más adecuadas, con acceso al agua, la electricidad, y el alcantarillado. Si deseas saber más consulta: • Folleto Informativo No. 33, Preguntas frecuentes sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, OHCHR. • Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Exigibles y Justiciables. • Guía para implementar decisiones sobre derechos sociales, Dejusticia.
20 CLAVES PARA CONOCER Y COMPRENDER MEJOR LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES se terminó de imprimir en septiembre de 2017, en los talleres de ideas en punto, Almería 21, Colonia Postal, Del. Benito Juárez, Ciudad de México. Tiraje: 3000 ejemplares más sobrantes para reposición.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) presenta este folleto ilustrado que cont...