Source: http://prevantrv.aztlansoluciones.es/consideraciones-generales-sobre-prl/responsabilidades-y-sanciones/
Timestamp: 2019-07-21 19:43:51
Document Index: 224569187

Matched Legal Cases: ['artículo 42', 'Artículo 316', 'artículo 142', 'artículo 152', 'artículo 164', 'artículo 29', 'artículo 58']

Responsabilidades y sanciones – prevantrv
El sector del mantenimiento y la reparación de vehículos
Principales puestos de trabajo/tareas
Situación en materia de Prevención de Riesgos Laborales
Herramienta para la valoración de la implantación de la Prevención de Riesgos Laborales en un taller de reparación de vehículos
Consideraciones generales sobre Prevención de Riesgos Laborales
Inclusión de la perspectiva de género en la actividad preventiva del sector
Principales referencias legales en relación a la Protección de la Seguridad y Salud de la mujer en el trabajo
Protección de la maternidad y la lactancia
Recursos y documentación complementaria
Manual de Prevención de Riesgos Laborales dirigido a los talleres de mantenimiento y reparación de vehículos
Consideraciones generales sobre PRL
Empresario Trabajador
El artículo 42 de la Ley de Riesgos Laborales establece que:
El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en materia de prevención der riesgos laborales dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a responsabilidades penales y a las civiles por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento
Es un tipo de responsabilidad por incumplimiento de deberes y obligaciones en materia de prevención de riesgos, al margen de la producción de un resultado dañoso, de naturaleza público-sancionadora.
Las actuaciones derivadas del incumplimiento de la normativa en Prevención de Riesgos Laborales podrá suponer:
Paralización de los trabajos.
Recargos de prestaciones económicas a la Seguridad Social.
Suspensión o cierre del centro de trabajo.
Incremento de las primas.
Limitación temporal a la facultad de contratar con la Administración.
Sanciones económicas: multas.
El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) establece que: “son infracciones laborales en materia de Prevención de Riesgos Laborales las acciones u omisiones de los empresarios que incumplan las normas legales, reglamentarias y cláusulas de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud laboral, sujetos a responsabilidad conforme a la presente Ley”.
Estas infracciones se someten a los requisitos de tipificación y graduación, pudiendo ser calificadas de: leves, graves y muy graves, según sea la naturaleza del deber infringido y la entidad del derecho afectado.
Toda infracción legalmente tipificada lleva aparejada la sanción administrativa correspondiente. Las sanciones podrán imponerse en los grados de mínimo, medio y máximo, en función de diferentes factores a valorar:
El carácter permanente o transitorio de los riesgos inherentes a las mencionadas actividades.
Las medidas de protección individual o colectiva adoptadas por el empresario y las instrucciones impartidas por este en orden a la prevención de los riesgos.
Leves 40 – 405 € 406 – 815 € 816 – 2.045 €
Graves 2.046 – 8.195 € 8.196 – 20.490 € 20.491 – 40.985 €
Muy graves 40.986 – 163.955 € 163.956 – 409.890 € 409.891 – 819.780 €
La responsabilidad penal se producirá como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención de Riesgos Laborales, por los daños y perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.
Responsabilidad penal. Delito de Riesgo
Artículo 316 del Código Penal: “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física, serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.”
Responsabilidad penal. Delito de resultado
HOMICIDIO (artículo 142 del Código Penal):
“El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años”.
“Cuando el homicidio fuere cometido por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años”.
LESIONES (artículo 152 del Código Penal):
Prisión de tres a seis meses o multa de seis a dieciocho meses, siempre que la lesión requiera, además de una primera asistencia facultativa, tratamiento médico o quirúrgico.
Prisión de uno a tres años, si se trata de lesiones que causan la pérdida o la inutilidad de un órgano, miembro principal o de un sentido, impotencia, esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica.
Prisión de seis meses a dos años, si se trata de que lesiones que causan la pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro no principal, o su deformidad.
“Si las lesiones hubieran sido cometidas por imprudencia profesional, se impondrá además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de seis meses a cuatro años.”
La responsabilidad civil tiene lugar cuando a consecuencia de una conducta inadecuada se produce un daño para la salud o la integridad física del trabajador, o incluso su fallecimiento.
Aparte del daño para la salud, tienen que darse otros condicionantes, que son la negligencia y la causalidad.
La responsabilidad civil consiste en la imposición de una indemnización por los daños y perjuicios causados, que será fijada por la autoridad judicial competente en función de los daños ocasionados.
La responsabilidad civil es asegurable y compatible con las responsabilidades administrativas y con el recargo de las prestaciones económicas al Sistema de Seguridad Social, y el plazo de prescripción de la misma es de un año.
Recargo de las prestaciones económicas del Sistema de Seguridad Social
Supone un aumento de la cuantía de todas las prestaciones económicas derivadas de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, siendo este recargo no asegurable e independiente y compatible con el resto de las responsabilidades.
Es necesario que se cumplan los siguientes requisitos:
Existencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional que dé lugar a las prestaciones ordinarias del sistema de la Seguridad Social.
Lesión provocada por incumplimiento de alguna obligación en materia de seguridad y salud, existiendo culpa o negligencia del empresario.
Existencia de un nexo causal entre la falta y el siniestro.
Existencia de un perjuicio causado por el siniestro.
El artículo 164 de la Ley General de la Seguridad Social establece que:
“Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador.”
El artículo 29.3 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que el incumplimiento por parte de los trabajadores de cualquiera de sus obligaciones tendrá consideración de incumplimiento laboral a los efectos disciplinarios previstos en el artículo 58 del Estatuto de los Trabajadores.
Buena parte de los Convenios Colectivos aplicables a los talleres de reparación y mantenimiento de vehículos recogen las situaciones que podrían dar a incumplimiento de las obligaciones de los/as trabajadores/as en materia de Prevención de Riesgos Laborales, así como la sanción aplicable en cada caso.
Así mismo, el trabajador podrá tener:
Responsabilidad civil: indemnización de daños y perjuicios causados al perjudicado.
La utilización en esta web del masculino cuando nos referimos a mujeres y hombres en el trabajo como colectivo no tiene intención discriminatoria alguna, sino la aplicar la ley lingüística de la economía expresiva, para facilitar la lectura con el menor esfuerzo posible.
Proyecto desarrollado por la ANTRV en el marco de la Convocatoria 2017 de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos sobre riesgos laborales del Servicio de Trabajo - Sección de Relaciones Laborales y Prevención de Riesgos, Gobierno de Navarra.