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Timestamp: 2018-11-15 06:43:58
Document Index: 53311587

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'artículo 66', 'artículo 145', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 28', 'artículo 117']

﻿ SENTENCIA SL9189-2016/48508 DE JUNIO 8 DE 2016
SENTENCIA SL9189-2016 DE 08 DE JUNIO DE 2016
CONTENIDO:INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS POR IMPOSIBILIDAD DE REINTEGRO. EN LOS CASOS DE DESPIDO INJUSTO EN LOS QUE SE ORDENE EL REINTEGRO DEL TRABAJADOR, LA CARGA DE DEMOSTRAR EL VALOR ECONÓMICO DE LOS PERJUICIOS RECAE SOBRE QUIEN ASPIRA A SER INDEMNIZADO, ASÍ MISMO LA PROVIDENCIA REITERA QUE CUANDO RESULTA FÍSICA Y JURÍDICAMENTE IMPOSIBLE EL REINTEGRO Y EL TRABAJADOR NO DEMUESTRA EL VALOR DEL PERJUICIO, LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDE A LOS SALARIOS CAUSADOS DESDE LA FECHA DE DESVINCULACIÓN HASTA LA FECHA EN QUE SE REGISTRE EL ACTO DE LIQUIDACIÓN EN EL CERTIFICADO DE CÁMARA DE COMERCIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REINTEGRO LABORAL, INDEMNIZACIÓN LABORAL, DEMANDA DE REINTEGRO LABORAL, RECURSO DE CASACIÓN, REINTEGRO LABORAL, PROCEDIMIENTO DE LA ACCIÓN DE REINTEGRO LABORAL, EXCEPCIÓN DEL REINTEGRO LABORAL
Sentencia SL9189-2016/48508 de junio 8 de 2016
SL9189-2016
Radicación 48508
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación, contra la sentencia proferida el 14 de abril de 2010, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso que promovió contra Manuel Alfonso Gutiérrez Silva.
La entidad accionante solicitó se declarara que conforme al estatuto orgánico del sistema financiero y la Resolución 1726 de 1999 de la Superintendencia Bancaria, únicamente se encuentra obligada a desarrollar las gestiones conducentes a su liquidación y que desde el 26 de junio de 1999, suprimió todos los empleos y cargos; en consecuencia, debe declararse la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo de reintegro proferido en favor del accionado, que de todas maneras fue acatado al ordenar el pago de salarios dejados de devengar desde la terminación del contrato de trabajo, mediante Resolución 3001 de 25 de abril de 2005, en compensación por dicha imposibilidad.
Expuso que en virtud de lo dispuesto en los artículos 8º y 15 de los decretos-leyes 1064 y 1065 de 1999, dio por finalizado el contrato de trabajo con el demandado, quien obtuvo por sentencias de 1ª y 2ª instancia, ya ejecutoriadas, el reintegro a un cargo igual al que ocupaba antes de la desvinculación, junto con el pago de los salarios dejados de devengar. Que en obedecimiento a la orden judicial impartida, emitió la Resolución 3001 del 25 de abril de 2005, por la cual declaró imposible el reintegro de Gutiérrez Silva y dispuso el pago de salarios y prestaciones desde el 28 de junio de 1999 hasta la fecha de notificación del acto administrativo referido, que se encuentra en firme. Que mediante fallo de tutela de 29 de marzo de 2006, el Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá amparó los derechos fundamentales del convocado a juicio, en cuanto advirtió que en caso de imposibilidad física del reintegro, la actora debía promover demanda ordinaria para que así se declarara (fls. 112 a 123).
El apoderado del demandado se opuso al éxito de las pretensiones y solicitó que se cumpliera la sentencia que puso fin al proceso de fuero sindical y se le resarcieran los perjuicios ocasionados por la falta de reintegro, propuso las excepciones previas de cosa juzgada y prescripción; de fondo, las de existencia de planta de personal en la Caja Agraria en liquidación; inexistencia del pago de la totalidad de los salarios, prestaciones sociales, con sus incrementos legales y/o convencionales, indemnizaciones y demás garantías legales y convencionales devengados desde la fecha del despido hasta el momento en que se efectúe el reintegro; compensación y “genérica”.
De los hechos relevantes para la decisión del recurso, admitió la liquidación de la Caja Agraria, la ejecutoriedad del fallo del proceso de fuero sindical y adujo que los decretos-leyes 1064 y 1065 de 1999 se declararon inexequibles. Negó la imposibilidad de reintegro, dado que el trámite liquidatorio de la entidad no ha culminado (fls. 193 a 209).
A su vez, el enjuiciado presentó demanda de reconvención, con la que pretende se declare que entre las partes existe un contrato de trabajo desde el 16 de junio de 1995, terminado por despido injusto el 12 de agosto de 1998, cuando se encontraba amparado por fuero sindical. También, pidió se declarara que existe una planta de personal en la Caja Agraria y que esta entidad no ha dado cumplimiento a la sentencia que puso fin a la acción de reintegro. En consecuencia, pidió se conminara a su contradictora a cumplir la orden judicial de reintegro y el pago de salarios indexados. En subsidio, peticionó el pago de salarios y prestaciones sociales desde la fecha del despido hasta aquella en que “se materialice la eventual decisión judicial ejecutoriada de declarar imposible física y jurídicamente el reintegro”. En este mismo nivel, solicitó la indemnización por despido injusto convencional, la indexación, daños y perjuicios y costas en todo caso.
Hizo una exposición de hechos que no es necesario reproducir, dado que en general, coinciden con los que se resumieron en la contestación a la demanda inicial (fls. 210 a 222).
La Caja Agraria no hizo pronunciamiento alguno sobre el libelo en reconvención (fl. 229).
La dictó el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta el 22 de julio de 2008. Declaró que la inicial demandante se encuentra imposibilitada para reintegrar al accionado y la condenó a pagar el valor de los salarios “causados” desde el 13 de agosto de 1998 hasta la fecha en que quede ejecutoriada la decisión, a título de indemnización generada en la imposibilidad del reintegro, “con base en la suma de $ 584.949,22 mensuales”. Dispuso indexar las condenas, absolvió de las pretensiones de la demanda de reconvención e impuso costas a la demandante.
Al desatar el recurso de apelación interpuesto por las partes, el ad quem confirmó la declaratoria de imposibilidad del reintegro; modificó la orden de pagar salarios en punto al extremo final que lo fijó en la fecha en que finalizó el proceso de liquidación de la Caja Agraria, el 28 de julio de 2008, con base en el mismo salario adoptado por el a quo, “con la advertencia de que al valor total que ascienda esta condena deberá descontársele los pagos que haya recibido el señor Gutiérrez Silva por salarios dejados de percibir con posterioridad al 12 de agosto de 1998”, condena que dijo sería atendida por el Patrimonio Autónomo Remanentes Caja Agraria en liquidación; revocó la orden de indexar las condenas, así como la absolución por indemnización convencional por despido injusto y, en su lugar, condenó por este concepto, de la que debe descontarse lo recibido por el mismo rubro “después de su primera desvinculación ocurrida el 12 de agosto de 1998”, que también será atendida por el PAR mencionado. Confirmó la absolución por las pretensiones de la demanda de reconvención.
En relación a la imposibilidad del reintegro, copió un pasaje de las sentencias T-323 de 4 de abril de 2005, T-360 y T-383 de 10 y 18 de mayo de 2007, así como otra de tutela de 4 de junio de 2009 del Consejo de Estado, y a partir de lo regulado por los decretos-leyes que dispusieron disolver y liquidar la Caja Agraria, las resoluciones de la Superintendencia Bancaria que ordenaron la toma y posesión de bienes de la entidad y la terminación de la liquidación, y a pesar del fallo judicial que decretó el reintegro del demandado, concluyó que no era física ni jurídicamente viable el retorno del trabajador a su puesto de trabajo, dada la inexistencia del mismo.
No obstante, estimó que tal imposibilidad no generaba la extinción de la obligación, dado que subsistía la de pagar los salarios dejados de percibir, por lo cual se hacía necesario determinar la fecha hasta la cual corría dicha obligación. Tras descartar un par de opciones para solucionar este problema jurídico, consideró que lo más adecuado era tomar como fecha final de causación de salarios el 28 de julio de 2008, cuando se declaró la terminación del trámite liquidatorio de la entidad, pues dicha alternativa “cuenta con mejor fundamento de juridicidad y de legalidad teniendo en cuenta la trascendencia de la condición de aforado sindical del reclamante que nos remite a la necesidad de respetar el derecho fundamental de asociación sindical íntimamente relacionado con la organización a que él pertenecía pues el fuero sindical que lo protegía tenía razón de ser en cuanto se refiriera a aquella”.
Concluyó, entonces, que el salario base para calcular el monto de los salarios dejados de percibir debía ser el referenciado por el tribunal superior en el fallo que puso fin al proceso de fuero sindical, “haciendo la salvedad de que al valor total a que ascienda la liquidación mencionada deberá descontársele los pagos que se le hayan hecho por el mismo concepto (...), pues a partir del día en que culminó la liquidación (...) puede afirmarse que dicha entidad dejó de existir en el mundo jurídico y por lo tanto no podía subsistir a cargo del ente (...) la obligación de pagar concepto laboral alguno cuya causación se produjera con posterioridad a su desaparición legal, además de la incidencia definitiva que tiene, para el evento que ocupa a la Sala, la inexistencia del cargo cuyo desempeño hubiera servido como causa legal y jurídica para la generación y posterior pago de los emolumentos en discusión; ausente la causa no existe posibilidad lógica de predicar o esperar efecto alguno, por sustracción de materia a menos que como ocurre en el presente asunto deba acudirse a la ficción de que tratan algunos de los antecedentes jurisprudenciales citados en esta sentencia”.
Luego de reproducir a espacio la Sentencia de Casación 34422 de 14 de julio de 2009, consideró viable despachar favorablemente la indemnización por despido injusto, impetrada como pretensión subsidiaria en la demanda de reconvención, con fundamento en lo previsto en la convención colectiva de trabajo vigente para los años 1998 y 1999,
bajo la ficción de que el contrato de trabajo que lo vinculó a la entidad liquidada existió hasta el 28 de julio de 2008 para que a título de compensación por no haberse producido el reintegro se considere el lapso comprendido entre el 13 de agosto de 1998 y el 28 de julio de 2008 con el propósito de liquidar la indemnización convencional prevista para el caso de despido injusto (...) que si bien ocurrió el 12 de agosto de 1998 por virtud del pronunciamiento definitivo hecho en el proceso de fuero sindical promovido por el extrabajador mencionado debería entenderse bajo la forma de una ficción en el presente caso, por lo ya expuesto con amplitud, que el vínculo laboral subsistió hasta la fecha en que tuvo existencia legal y jurídica la entidad empleadora, ficción que, dicho sea de paso, no resulta ilógico aplicarla toda vez que puede decirse bajo la forma que se ha planteado que tal vínculo terminó sin justa causa aunque sí en forma legal cuando se extinguió la vida jurídica de la Caja de Crédito Agrario (...) haciendo nugatorio en forma definitiva el derecho adquirido del señor Gutiérrez Silva al reintegro ordenado a su favor. En esta forma estima la Sala se compensa la prestación inicial de la obligación impuesta por la jurisdicción laboral en el ya citado proceso especial de fuero sindical no siendo procedente el reconocimiento y pago de los demás derechos laborales pretendidos por el accionante en reconvención pues ello constituiría una modificación a los fallos dictados en el proceso antes mencionado en tanto que con el reconocimiento de la indemnización, se insiste, bajo la ficción a que se ha hecho referencia se satisface el propósito indicado por la jurisprudencia y pretendido por el interesado sin que sea del caso acoger el peritazgo practicado en el proceso de un lado porque fue objetado por error grave por aquel y de otro porque no corresponde al alcance que considera esta corporación se le deba dar a la sustitución o compensación del objeto o prestación de la obligación de reintegro tantas veces citada.
Como la Caja Agraria le pagó por indemnización por despido al actor $ 5.016.522 el 16 de agosto de 1998 (fl. 366), ordenó que se descontara este importe del total que arroje la liquidación de la indemnización, conforme al artículo 45 de la convención colectiva de trabajo, sin que resulte viable ordenar la indexación de lo que deba ser reconocido al inicial enjuiciado, ni de las que este deba restituir.
Propuesto por la Caja Agraria y concedido por el tribunal, fue admitido por la Corte, que procede a resolver los 2 cargos formulados, replicados en tiempo.
Propone la casación parcial del pronunciamiento impugnado “en cuanto a sus numerales segundo, cuarto y quinto que modificó el fallo del a quo condenando a mi representada a conceptos que no corresponden”. En instancia, pide que se reforme el fallo de primer grado, “absolviendo a la entidad demandada de todas las condenas impuestas”.
Por vía indirecta, denuncia aplicación indebida de “los artículos 305 del Código de Procedimiento Civil (...), 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; en relación con el artículo 66 A (...), con el artículo 145 del C. de P. T y S.S., con el artículo 29 de la C.N. lo que condujo a la violación del Decreto-Ley 663 de 1993, Ley 510 de 1999, Decreto 2211 de 2004, el artículo(s) 120 de la Ley 489 de 1998, los decretos 1064 y 1065 de 1999, artículo 1º de la Ley 6ª de 1945, artículos 1º, 2º y 47 del Decreto 2127 de 1945; 5º del Decreto 3135 de 1968; del Decreto 1848 de 1969(sic), artículo 122 de la Carta Fundamental (...)”.
Los quebrantos anteriores obedecieron a la comisión de los siguientes errores de hecho:
— No dar por demostrado estándolo que en las pretensiones [de la] demanda solo se pidió la declaratoria de conformidad con el estatuto orgánico del sistema financiero y Resolución 1726 de 1992 emanada de la Superintendencia Bancaria la Caja Agraria en liquidación(sic) que esta entidad, se encuentra obligada —únicamente— a desarrollar actividades que tiendan a su liquidación. Y que el 26 de junio de 1999 se suprimieron la totalidad de empleos y cargos que existían antes de su liquidación.
— No dar por demostrado estándolo que también dentro de las pretensiones se pidió que se declarara que la Caja Agraria en liquidación para cumplir con los fallos de la justicia ordinaria reconoció y ordenó pagar la totalidad de los salarios y prestaciones dejados de devengar desde el momento de la terminación del contrato de trabajo, 13 de agosto de 1998 conforme con la Resolución 3001 del 25 de abril de 2005.
— No dar por acreditado que dentro de los hechos de la demanda solo se refirió a que desde el 26 de junio de 1999 no existen cargos ni empleos, por cuanto los mismos fueron objeto de supresión. Y que (en) la Caja Agraria en Liquidación no cuenta con planta de cargos, ni existe el empleo de cajero principal I grado 3. Que dentro del fallo del Juzgado 16 Laboral del Circuito de Bogotá ordenó pagarle a título de indemnización los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la producción del reintegro, sentencia que el tribunal adicionó autorizando para que de los salarios dejados de percibir se descontara la suma que el actor recibió por cesantía total y por indemnización.
— No dar por demostrado, estándolo que en la respuesta a la demanda, la demandada se pronunció expresamente sobre la pretensión cuarta de la demanda en cuanto a que la Caja Agraria tan solo liquidó los salarios, sin justificar el monto de los mismos, desde la fecha del despido (ago. 12/98) hasta el 26 de junio de 1999. Y al responder el demandado al hecho 21 que la acción de tutela estaba encaminada al pago de salarios desde el despido hasta la expedición de la resolución.
— No dar por demostrado estándolo, que tampoco en la apelación se mencionó la petición de que el pago de los salarios fuera hasta la liquidación definitiva de la Caja Agraria en liquidación.
— Dar por demostrado sin estarlo que el demandante debe pagar los salarios dejados de percibir desde el 12 de agosto de 1998 hasta la fecha de liquidación definitiva de la Caja Agraria en liquidación el 28 de julio de 2008.
Los anteriores errores, provienen de la apreciación errónea de la demanda y su contestación (fls. 112 a 123 y 193 a 206); los decretos 1064 y 1065 de 1999 (fls. 8 a 26); la Resolución 1726 de 19 de noviembre de 1999 de la Superbancaria (fls. 27 a 29); las resoluciones 3001 de 25 de abril de 2005 (fls. 83 y 84), 3008 de 29 de julio del mismo año (fls. 86 a 91) y 3022 de 10 de abril de 2006 (fls. 100 a 109), de la Caja Agraria; sentencias del juzgado y el tribunal dictadas en el proceso de fuero sindical (fls. 59 a 79); liquidación de la indemnización (fl. 85); comunicación AL No. 0001 de 2 de enero de 2006 (fls. 137 a 140); fallo del Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá (fls. 92 a 99); demanda de reconvención (fls. 210 a 222); certificación CL-0063 de 2 de marzo de 2007 (fls. 257 a 258); tarjeta de control y hoja de vida (fls. 359 a 361; polígrafo 096 de 10 de agosto de 1998 (fls. 363 y 364); liquidación de cesantías parciales e indemnización (fls. 365 a 368); contratos de trabajo y afiliaciones a seguridad social (fls. 369 a 377); convención colectiva 1998-1999 (fls. 391 a 463); fallo de primer grado (fls. 631 a 637); recurso de apelación (fls. 638 y 645 a 646) e interrogatorio de parte (fls. 627 a 629, cdno. 2).
Según la impugnante, basta revisar la demanda inicial para darse cuenta que allí no se peticionó el reconocimiento de los salarios dejados de devengar entre el 12 de agosto de 1998 y el 28 de julio de 2008, sino que lo que sí se enfatizó en dicha pieza procesal fue en la ineludible necesidad de liquidar la entidad, lo cual no fue refutado en la respuesta a la demanda. Tampoco, “en la demanda de reconvención se alude a que los efectos del no pago de salarios dejados de percibir fueran hasta la fecha de la liquidación definitiva de la Caja Agraria en liquidación, esto es el 28 de julio de 2008”, ni en las sentencias dictadas en el proceso de acción de reintegro así se dispuso; menos en la alzada interpuesta por las partes “se pidió el pago de los salarios dejados de percibir y que llegar hasta la liquidación definitiva de la Caja Agraria en liquidación el 28 de julio de 2008”. Para finalizar, expuso:
Pese a la claridad del petitum de la demanda, que le daba al tribunal el límite de su pronunciamiento final, consideró que estaba facultado aun por encima de las atribuciones del juez de primer grado, para reconocer una prestación no pedida, violando con ellos el principio de la congruencia que impone al juzgador que su sentencia debe estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda, y con las excepciones que hubieren sido probadas y alegadas. Con lo que también se vulnera el debido proceso recogido en la Carta Fundamental.
Con base en lo anterior, la H. Corte Suprema de Justicia, en sede de instancia debe reformar la sentencia de primera instancia en cuanto al ordinal segundo que condena a mi representada al pago de salarios dejados de percibir desde la desvinculación el 12 de agosto de 1998 hasta el 28 de julio de 2008, condenando en costas a la parte demandada, para en su lugar absolverla.
Pide que se desestime este cargo, debido a que la censura se limita a enlistar unas pruebas, “no dice nada acerca de cuál fue la valoración que el tribunal le dio a esas pruebas y cuál era el verdadero alcance que a esa pruebas debía dar el ad quem”. Además, en la proposición jurídica no se incluyeron los artículos 467 y 476 del Código Sustantivo del Trabajo, no obstante que las pretensiones tienen fuente convencional.
Defiende la legalidad del fallo confutado y añade que sí peticionó el pago de los salarios y prestaciones sociales desde la vinculación hasta la ejecutoria de la decisión judicial.
Aunque la demanda no se trata propiamente de un modelo a seguir, de la sustentación presentada por la inicial accionante es dable colegir que su reproche pasa por una supuesta falta de congruencia entre las pretensiones del escrito con que se promovió esta contención y la sentencia del ad quem, así como una eventual inconsonancia entre las razones de inconformidad del demandado con la motivación del fallo que puso fin a la instancia inicial.
De entrada es posible anticipar que no se presentaron las incorrecciones que denuncia la censura, en la medida en que, seguramente, por premura desapercibe que en la demanda de reconvención, Manuel Alfonso Gutiérrez solicitó que se condenara a la Caja Agraria “al reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones sociales dejadas de devengar (...) desde el momento de su despido hasta el momento en que se efectúe su reintegro, con sus respectivos incrementos legales y/o convencionales (...)”.
De otra parte, ante la imposibilidad física y jurídica del reintegro, el fallador de primera instancia restringió la condena a “los salarios causados desde el 13 de agosto de 1998 hasta la ejecutoria de esta providencia, por concepto de la indemnización derivada de dicha imposibilidad (...)”.
La Caja Agraria mostró su desacuerdo con la decisión y solicitó que el tribunal revocara este punto de la providencia; a su vez, el original demandado pidió que se diera cumplimiento a la sentencia dictada en la acción de fuero sindical, en el sentido de ordenar el reintegro y extender el pago de salarios hasta la fecha del retorno a su puesto de trabajo.
El tribunal redujo el lapso de causación de los salarios impuestos para compensar la imposibilidad de la reinstalación, puesto que definió como extremo final el de la culminación del trámite liquidatorio de la Caja Agraria, el 28 de julio de 2008, data que obtuvo de la providencia de radicación 34422 de 14 de julio de 2009; es decir, accedió parcialmente a la apelación de la parte actora y desestimó la del accionado, de suerte que muy fácil resulta concluir que lejos estuvo el ad quem de cometer los desaciertos fácticos que le imputa la censura, puesto que finalmente, frente a las pretensiones de la demanda de reconvención, el extrabajador obtuvo una sentencia mínima petita, en tanto aspiró a que se le reconocieran salarios hasta la fecha en que efectivamente fuera reintegrado, empero se le reconocieron solo hasta la fecha de la extinción jurídica de quien fuera su empleadora.
Ahora bien, contrario a lo que afirma la recurrente, la imposibilidad del reintegro de Gutiérrez Silva fue precisamente el punto de partida del ejercicio de juzgamiento del tribunal para concluir en la determinación del valor con que debía compensar la Caja Agraria a aquel por la imposibilidad del reintegro, de suerte que no pudo haber ignorado que el retorno del trabajador a su puesto de trabajo era imposible en términos jurídicos y fácticos.
Acusa violación directa de la ley, por interpretación errónea “de los artículos 46 a 51 y 114 a 117 del Decreto-Ley 663 de 1993; artículos 20, 21, 22, 23 de la Ley 510 de 1999, Decreto 2211 de 2004, el artículo(s) 120 de la Ley 489 de 1998, los decretos 1064 y 1065 de 1999, artículo 1º de la Ley 6ª de 1945, artículos 1º, 2º y 47 del Decreto 2127 de 1945; 5º del Decreto 3135 de 1968; del Decreto 1848 de 1969(sic), en relación con los artículos 8º de la Ley 153 de 1887; 1º, 408, 414 del C. S de T y S.S. (sic); 145 del C.P.L.; en relación con los artículos 20 transitorio, 122 y 150 de la Carta Política; 222 y 457 del Código de Comercio.
En la demostración, sostiene que el tribunal se equivocó al seleccionar la fecha en que la empleadora dejó de existir jurídicamente, como extremo final para la causación de los salarios que ordenó pagar, es decir el 28 de julio de 2008. En esa dirección, expone:
Dentro de una hermenéutica lógica se desprende que esta interpretación no es la correcta si se tiene que la jurisprudencia de la Corte Constitucional Sentencia SU-879 de 2000 ante la situación jurídica y financiera de la Caja Agraria consideró que además de ser de absoluta inviabilidad, reflejaba la inexistencia de cargos, empleos y contratos de trabajo, por cuanto los mismos habían sido objeto de supresión y terminación por disposición de las normas legales para entonces vigentes. Esta situación de inviabilidad implicó la disolución y liquidación conforme a las disposiciones del estatuto orgánico del sistema financiero y el Código de Comercio que prevén que una vez disuelta la sociedad se procederá a su liquidación y no podrá iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su objeto social, sino las propias de la liquidación.
Reproduce las sentencias de casación de 2 de diciembre de 1997 y de 18 de febrero de 2003 que recogen los fallos T-360 y T-383 de 10 y 18 de mayo de 2007, las cuales, dice, no respaldan la opción acogida por el ad quem, como tampoco la Sentencia T-323 de 2005, “ya que además de considerar que el reintegro no resulta posible, no dispone el pago de otros emolumentos”. Enseguida, discurre:
En consecuencia no resulta atinada la interpretación que efectúa el ad quem en el fallo atacado y contraria a la jurisprudencia, cuando por una parte, fija su posición en cuanto a que el reintegro no es posible habida cuenta que como lo cita al texto el fallo la supresión: “data del 26 de junio de 1999”, y cuando descarta el planteamiento del a quo en cuanto a la que denomina opción c) cuando afirma: “el ad quem no considera procedente, en el asunto sub examine, la opción c) acogida por el señor juez a quo pues no hay razón para que después de desaparecida la entidad patrono del mundo jurídico y legal pueda subsistir una relación laboral así sea ficta so pretexto de la existencia del fuero sindical que amparaba al demandado inicial; esta alternativa no resulta lógica desde el punto de vista jurídico por lo que no se encuentra respaldo legal o jurisprudencial para sostenerla. Además no se le podría imponer una carga a un ente inexistente...”. Pero contrario a lo anterior elige la alternativa d) para imponer a mi representada el pago de salarios y prestaciones sociales como reza el texto: “d. Hasta la fecha en que dejó de existir jurídica y legalmente la entidad empleadora, o sea, hasta el 28 de julio de 2008.
Las glosas a esta acusación comienzan por la no inclusión de las normas del Código Sustantivo del Trabajo mencionadas en el primer cargo y prosigue con una crítica a los cuestionamientos fácticos que hace el recurrente, a pesar de que seleccionó la vía directa. En lo sustancial, asegura que la opción escogida por el juez de la alzada, cuenta con respaldo jurisprudencial.
La inconformidad de la censura se contrae a que de acuerdo a pronunciamientos emitidos por la Corte Constitucional al resolver algunas acciones de tutela, la operatividad de la entidad demandante solo pudo darse hasta la expedición de los decretos que impusieron su liquidación y disolución los cuales datan de 1999, de tal manera que fijar como fecha límite para el pago de salarios el 28 de julio de 2008, en su criterio, resulta un equívoco del sentenciador de segundo grado.
En los casos en que se pretende una indemnización por la imposibilidad de reintegrar a un trabajador injustamente despedido, la carga de demostrar el valor económico de los perjuicios gravita sobre quien aspira a ser indemnizado, así se dijo en la sentencia de radicación 43226 del 25 de junio de 2014; pero cuando no se demuestra la dimensión del daño, la Sala había precisado, en procesos seguidos contra la aquí demandante, que esta satisfacía la obligación cancelando los salarios causados desde la fecha de la desvinculación injusta hasta que el acto administrativo que declara la imposibilidad jurídica y física de acatamiento a la disposición judicial estuviere en firme, posición que ha de variarse en tanto al examinar nuevamente el asunto, se advierte que los certificados de cámara de comercio constituyen prueba de la liquidación total de la entidad, ya que una de las funciones del registro mercantil consiste en publicitar los actos y contratos inscritos a efecto de facilitar su conocimiento público y servir de prueba de estos para brindar certeza en las transacciones mercantiles; así las cosas, como el artículo 28 del Código de Comercio, entre otras funciones le fija a dichas cámaras el registro del acto de liquidación de las sociedades, se entiende que una vez se inscribe la realización de dicha actuación, el respectivo certificado da fe de que ello ocurrió.
Así en ningún desacierto pudo incurrir el sentenciador de segundo grado, pues a pesar de que la situación financiera de la extinta Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, obligó a la toma de posesión de la entidad por parte de la Superintendencia Bancaria en aplicación del Decreto 663 de 1993, la misma tuvo innegable existencia hasta el momento en que así se consignó en el registro mercantil, es decir el 28 de julio de 2008, tal y como lo señaló al referirse al hecho notorio de la inscripción en la cámara de comercio de la escritura pública 3483 del 23 de septiembre de 2008.
Valga la pena resaltar que la desaparición real de las personas jurídicas no ocurre ipso facto, con la declaratoria de su disolución ni con la toma por parte de la entidad competente, sino que a renglón seguido comienza su liquidación la cual implica transitar el trámite, previamente establecido por la ley, en el que el encargado de verificar dicho procedimiento se ocupa de resolver los asuntos relativos a los bienes, a la recuperación de los créditos y demás obligaciones existentes al igual que a la cancelación de las que sean exigibles, entre otras actividades administrativas, de tal suerte que la muerte jurídica y física puede tardar meses y hasta años, como lo fija el artículo 117 del estatuto orgánico del sistema financiero.
En ese interregno, perfectamente es viable el reintegro decretado judicialmente a favor de los trabajadores desvinculados de manera injustificada, pues para tal efecto lo único que se exige es la existencia de la empresa, la cual se itera, va hasta el momento en que así se certifique ante la cámara de comercio.
De otra parte y aun cuando el ad quem no explicó cuáles fueron los fundamentos de juridicidad que tuvo en cuenta para inclinar su decisión por la opción que seleccionó, más allá de la referencia jurisprudencial que registró al igual que de la condición de aforado del extrabajador para resaltar la trascendencia del derecho de asociación sindical, sobre cuya importancia la Sala no tiene duda, en el anhelo de construcción de un modelo de Estado social de derecho, de conformidad con la Constitución Política de 1991, esos argumentos que resultan plenamente válidos, no fueron atacados por el casacionista y por ende dan respaldo a la providencia recurrida y la dejan incólume dada la doble presunción de acierto y legalidad que la acompañan.
Dado que se presentó réplica, las costas por el recurso a cargo de la impugnante Caja de Crédito Industrial y Minero en liquidación, con inclusión de $ 6.300.000.oo, como agencias en derecho.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia emitida el 14 de abril de 2010 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en el proceso ordinario promovido por Manuel Alfonso Gutiérrez Silva contra la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, en liquidación.