Source: https://www.scribd.com/document/272206889/Fallo-Massa
Timestamp: 2019-01-19 02:09:39
Document Index: 337423051

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 99', 'artículo 87', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 14', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 76', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 64', 'artículo 6', 'artículo 99', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 99', 'artículo 99', 'artículo 17', 'artículo 99']

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Fallo Massa de la Cortes Suprema de Justicia de la Nación Argentina.
NOCIONES PRELIMINARES- COMPENDIO CONSTITUCIONAL. CAP.docx
Nación(C
Publicado Sup. Esp. Pesificación de los dépósitos bancarios 2006 (diciembre), 45, con nota de Eduardo S. Barcesat;
Alberto B. Bianchi; Roberto J. Boico; Walter F. Carnota; Andrés Gil Domínguez; Douglas Elespe; María
Angélica Gelli; Horacio Tomás Liendo (h.); Pablo L. Manili - DJ 10/01/2007, 54, con nota de Andrés Gil
Domínguez; Walter F. Carnota - DJ 07/02/2007, 234, con nota de Pablo Descalzi - IMP 2007-3, 306 - DJ
14/02/2007, 306, con nota de Gregorio Jorge Larroca - Sup. Esp. La emergencia y el caso Massa 2007
(febrero), 113
Norma analizada: DECRETO - 214/2002
El titular de una caja de ahorro en dólares interpuso una acción de amparo a fin de que se declare la
inconstitucionalidad del decreto 214/02 y sus normas complementarias. El juez de primera instancia hizo
lugar a la acción incoada. La Cámara confirmó el fallo apelado. La entidad depositaria dedujo un
recurso extraordinario. La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto la sentencia recurrida.
1. El actor, en su carácter de titular de una caja de ahorro en dólares, tiene derecho a obtener del
banco demandado el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de $ 1,40 por
cada dólar, ajustado por el C.E.R hasta el momento de su pago, más los intereses calculados a la
tasa del 4% anual no capitalizable, debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que
dicha entidad hubiese abonado con relación al referido depósito durante el transcurso del pleito,
así como las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares.
la notoria recuperación del sistema financiero y la evolución de las variables económicas. resulta inoficioso un pronunciamiento respecto de la validez o invalidez constitucional de la alteración de la moneda en que fue concertado el contrato de depósito entre las partes. Teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales se dispuso la conversión a pesos de los depósitos bancarios pactados en dólares. 75 inc. lo cual sería contrario a la pauta interpretativa que obliga a ponderar las consecuencias que derivan de las decisiones judiciales. 7. El reintegro de la propiedad puede dilatarse en el tiempo que abarque la emergencia. Atento al tiempo transcurrido desde que fuera promovida la acción de amparo tendiente a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la normativa de emergencia referida a la pesificación de los depósitos bancarios. 44) en cuanto a la preservación del capital perteneciente a los ahorristas. la cual contempla la totalidad de los intereses devengados con finalidad compensatoria. por delegación legislativa expresa y fundada. quien tiene el derecho a reclamar los daños y perjuicios .2. desde el momento en que comenzaron a regir las normas que restringieron su disponibilidad o desde la fecha de vencimiento del contrato en el caso de que esta última haya sido posterior a la entrada en vigor de tales normas o a partir del 28 de febrero de 2002. 11 y 76 de la Constitución Nacional facultan al Congreso y al Poder Ejecutivo.40 por cada dólar. y en consecuencia decida sobre el fondo de la causa. debe concluirse que el bloque legislativo de emergencia que fundamenta jurídicamente a la pesificación es constitucional. y hasta la fecha de su efectivo pago. 16 segunda parte de la ley 48 (Adla. Una interpretación contraria a la pesificación efectuada varios años después de establecida traería secuelas institucionales gravísimas. El hecho de que en el marco de una acción de amparo se resuelva que la entidad bancaria demandada deba abonar a la actora su depósito convertido a pesos –incluyendo los intereses pactados-. Abrir Jurisprudencia y Doctrina Vinculada 9.40 por cada dólar debe aplicarse. a la relación de $1. 5. más los intereses calculados a la tasa del 4% anual. La tasa de interés del 4% anual fijada para los depósitos bancarios convertidos a pesos a la relación de $ 1. 3. Abrir Jurisprudencia y Doctrina Vinculada 6. 1852-1880. Fayt). a la relación de $1. en el caso de que el vencimiento de aquél hubiese operado con posterioridad a esa fecha. 364). pero necesariamente debe restituirse al titular. Si bien la aplicación del C. En virtud de que la entidad bancaria demandada deberá abonar a la actora su depósito convertido a pesos –incluyendo los intereses pactados-. esta es la solución que mejor se compadece con el propósito enunciado en el 4° párrafo del art. a fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras para reestablecer el orden económico. no obsta a que el ahorrista que haya padecido perjuicios en virtud de la indisponibilidad del capital durante un prolongado lapso pueda reclamar su indemnización a través de un juicio posterior que persiga tal objeto (del voto del doctor Fayt). a efectos de fijar el quantum que la entidad bancaria receptora debe reintegrar al depositante. corresponde aplicar una tasa de interés del 4% anual no capitalizable. 4. Visto que los arts. en tanto ha sido preservada la sustancia del valor adquisitivo del derecho creditorio de la accionante (del voto del Dr. ajustado por el CER. su vigencia debe extenderse para los casos en que sus titulares hubiesen iniciado acciones judiciales y éstas se encuentren pendientes de resolución desde que. aun aquellos de fuente convencional.R estuvo prevista para el lapso de reprogramación de los depósitos. 8. resulta procedente que la Corte Suprema de Justicia de la Nación haga uso de la facultad que le confiere el art. 6 de la ley 25.E. 10. más los intereses calculados a la tasa del 4% anual. y la trascendencia institucional de las cuestiones planteadas. LXIIA. ajustado por el CER.561 (Adla.40 por cada dólar.
15.) 6/02" (fs. que es un supuesto del derecho a ejercer toda industria lícita –art. que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho —art.que hubiera sufrido (del voto del doctor Fayt). fs. diciembre 27 de 2006. 99. El ahorro que hace el ciudadano para resguardarse frente a las inclemencias del futuro o para aumentar su patrimonio. abierta en el Bank Boston NA. de la Constitución Nacional. 11. 17. 12. 155 vta. . lo cual produjo una profunda y también injustificada lesión a su derecho de propiedad. este es el efecto jurídico preciso de la calificación del contrato dentro del concepto de propiedad constitucional. Considerando: 1°) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de la anterior instancia —que había hecho lugar a la acción de amparo— en lo relativo a la declaración de invalidez del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatorias.475. 14 de la Constitución Nacional— y de libertad económica dentro de las reglas de la competencia —art. 3°) Que contra tal sentencia. La inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía que la Constitución Nacional consagra y cuya intangibilidad e incolumidad es un deber de la Corte Suprema de Justicia de la Nación proteger contra los avances del poder aún en casos de emergencia (del voto del doctor Fayt). mediante la cual se ocasionó una manifiesta privación de la propiedad —art. cuyo saldo al 31 de diciembre de 2001 era de U$S 184. al disponer la conversión a pesos de los depósitos constituidos en moneda extranjera a una paridad sensiblemente inferior a la del mercado libre de cambios. LXII-A. inc. el que no podría extenderse más allá del mes de septiembre de 2005 "previsto para la devolución de los depósitos en la originaria resolución (M. imputando como pago a cuenta lo percibido en razón de la medida cautelar dictada en autos. 4°) Que el actor promovió este amparo en razón de ser titular de una caja de ahorros en dólares.). 117) constituye una disposición legislativa contraria a la prohibición contenida en el art. y respecto del reconocimiento del derecho de la parte actora sobre los fondos que tenía depositados en el Bank Boston en dólares estadounidenses. 182/183). es el fundamento del respeto recíproco y es el principal impulsor del crecimiento económico que sólo puede ser realizado en el marco de instituciones estables (de la ampliación de fundamentos del doctor Lorenzetti). el tribunal de alzada ordenó a tal entidad bancaria que entregase a la actora la suma de cien mil dólares —o su equivalente en pesos para adquirir esa cantidad en el mercado libre de cambios— y la emplazó para que dentro de los treinta días de notificada esa sentencia presentara en autos un cronograma de pagos del monto que excediere aquel importe.75 (confr. TEXTO COMPLETO: Buenos Aires. en síntesis. 3 segundo párrafo. 43 de la Constitución Nacional— (de la ampliación de fundamentos del doctor Lorenzetti). Si bien el decreto 214/02 dictado por el Presidente (Adla. la entidad depositaria (Bank Boston NA) dedujo recurso extraordinario que fue concedido por el a quo en cuanto se encuentra en discusión la constitucionalidad del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatorias. Es regla de interpretación que todo aquel que pretenda restringir un derecho de propiedad constitucional tiene la carga argumentativa de justificar la legitimidad de su decisión. provocó una mutación injustificada en la sustancia o esencia del derecho de los ahorristas. 2° del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatorias—.E. y denegado en lo referente a la tacha de arbitrariedad (confr. 14. 19 de la Constitución Nacional—. auto de fs. 2/5. debe ser protegido por los jueces. como la de configurar el contenido del contrato. ya que la regla es la libertad. esta regla es la base de la tranquilidad que nuestro pueblo tiene derecho a gozar en una sociedad organizada. 2°) Que para decidir en el sentido indicado. El contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva. razones de gravedad institucional tornan prudente arribar a una sentencia unánime en el resultado económico que ponga fin a la gran cantidad de reclamos pendientes de solución (del voto concurrente de la doctora Argibay) 13. cualesquiera sean las finalidades lícitas que persiga el depositante. Al respecto. dicha tutela comprende tanto la libertad de contratación. que la normativa de emergencia referente a los depósitos bancarios —en particular el art. Constitución Nacional—. mientras que toda limitación debe ser fundada (de la ampliación de fundamentos del doctor Lorenzetti). 7 y 31). el a quo citó precedentes de esa Sala en los que juzgó.
decretos 1570/01. y por haber sido padecida de una u otra manera por todos los argentinos. el accionante solicitó su ejecución en los términos del art. como es sabido. 42/43). los depósitos existentes en el sistema financiero a fines del año 2001 fueron sometidos inicialmente a restricciones a su disponibilidad que se tradujeron poco tiempo después —en lo que respecta a imposiciones como la que dio origen a estos autos— en un régimen de reprogramación. 12) Que a lo expresado debe añadirse la insoslayable consideración de las circunstancias actualmente existentes. en atención a la naturaleza de la materia debatida —la constitucionalidad de las normas dictadas para superar la situación de emergencia antes aludida— y el interés de amplios sectores de la sociedad en la decisión de estas causas. lo cual generó una situación sin precedentes en los tribunales federales de todo el país. 11) Que esta sentencia constituye.803 (fs. corresponde que este Tribunal. 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. determina que quienes la suscriben lo hagan sin perjuicio de las apreciaciones formuladas en conocidos precedentes sobre determinados aspectos de las cuestiones debatidas. 314:568. el corolario de un prolongado y fecundo debate entre los miembros de este Tribunal que. entre muchos otros). Muchas de esas causas se encuentran actualmente radicadas en la Corte. por lo tanto. 8°) Que en tales condiciones. en pos de dar una respuesta institucional a una controversia de inusitadas características. que es la más alta función que le cabe a la Corte Suprema siguiendo los lineamientos fijados en el Preámbulo de la Constitución Nacional. 2 y 4 del decreto 214/ 02). La obtención de tal consenso. Además. 71/02. 10) Que tal respuesta institucional. decretos 1570/01. es el fruto de una decisión consensuada entre los ministros que integran esta Corte.que resultó afectada por las normas de emergencia dictadas en aquel momento (ley 25. 7°) Que en el contexto de la aludida situación de emergencia el Estado Nacional dictó medidas por las cuales se restringió la disponibilidad de los depósitos bancarios y se estableció la conversión a pesos de los efectuados en moneda extranjera (confr. por cierto.40 por cada dólar estadounidense y ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) sin perjuicio del reconocimiento de intereses (confr. . 9°) Que ello implica. como cabeza del Poder Judicial de la Nación y habida cuenta del nítido carácter federal de las cuestiones planteadas en las aludidas causas —que habilita su intervención en los términos del art. Por ser conocida. 315:2684.561. 318:342. Ello dio lugar a la promoción de una cantidad extraordinaria de acciones de amparo por parte de quienes se sintieron afectados por tales medidas. el ejercicio de la más alta función institucional asignada a esta Corte. en aras del elevado propósito de poner fin a un litigio de indudable trascendencia institucional y social. 141/02 y 214/02. que deben ser ponderadas en virtud de la invariable jurisprudencia de esta Corte según la cual sus sentencias deben atender a la situación existente al momento de decidir (Fallos: 311:870. en la medida en que su decisión fue confirmatoria de lo resuelto en la anterior instancia. a adoptarse mediante la presente sentencia. entre otros. resulta innecesario extenderse en la descripción de esa crisis. 14 de la ley 48— decida de modo definitivo las cuestiones tan largamente discutidas entre los depositantes y las entidades bancarias. ley 25. los constituidos en moneda extranjera. 13) Que. fueron convertidos a pesos a la relación de $ 1. 188 consta la formación del incidente respectivo. entre otras). 49). Posteriormente.. al haber obtenido sentencias favorables en primera y en segunda instancia. el actor obtuvo la entrega de U$S 44. han dado prioridad a los puntos de coincidencia en cuanto a la ponderación de los resultados para lograr la paz social. 5°) Que a raíz de la medida cautelar dictada en autos (fs. A fs. arts. lo cual fue admitido por la cámara en el mismo auto por el cual concedió el recurso extraordinario.561 y decreto 214/02). 6°) Que a partir de los últimos meses del año 2001 se produjo en la República Argentina una gravísima crisis —de alcances nunca antes vistos en la historia de nuestro país— que no sólo afectó a las relaciones económico-financieras sino que trascendió a todos los ámbitos sociales e institucionales. a las cuales aquél tacha de inconstitucionales.
15) Que al respecto cabe destacar en primer lugar que si bien la aplicación del CER estuvo prevista para el lapso de la reprogramación de los depósitos. "se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos". en el supuesto de que el vencimiento de aquél hubiese operado con posterioridad a esa fecha (conf. teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales fue dispuesta la conversión a pesos de los depósitos en dólares.14) Que al haber vencido los plazos de reprogramación. establecer. y hasta la fecha de su efectivo pago. ha cesado la indisponibilidad que pesó sobre tales depósitos. su vigencia debe extenderse para los casos en que sus titulares hubiesen iniciado acciones judiciales y éstas se encuentren pendientes de resolución. más los intereses calculados a la tasa del 4% anual. en síntesis. 14 y 17 de la Constitución Nacional) aducido por los demandantes. con la regulación general del régimen monetario y la fijación del valor de la moneda.561 y sus modificatorias en cuanto a la preservación del capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/01. 19) Que. ajustado por el CER. de la ley 25. En lo referente a tal cuestión corresponde. la notoria recuperación y el fortalecimiento del sistema financiero respecto de su situación —cercana al colapso— existente en la época en que se dictaron las medidas en examen. La tasa de interés fijada por la autoridad regulatoria y ampliada judicialmente mediante esta decisión. por lo tanto. punto 2.3 de la Comunicación A 3828 del Banco Central). párrafo cuarto. En el caso de los depósitos —que es el que tiene relevancia en causas como la presente— el Banco Central fijó esa tasa en el 2% nominal anual. y la evolución de las variables económicas. y en virtud del resultado que se obtiene según lo expuesto en el considerando que antecede. al quantum que la entidad bancaria receptora de la imposición debe abonar al depositante. aun aquellos de fuente convencional. y al encontrarse las partes en litigio. de lo expresado en los considerandos anteriores resulta que la entidad bancaria debe abonar a la actora su depósito —incluyendo los intereses pactados con la limitación temporal señalada— convertido a pesos. punto 1. El problema se circunscribe. que ha dado motivo a la promoción de este amparo y de muchos otros litigios. 18) Que el mencionado interés del 4% debe aplicarse desde el momento en que comenzaron a regir las normas que dispusieron restricciones a la disponibilidad de los depósitos bancarios o desde la fecha de vencimiento del contrato en el caso de que esta última haya sido posterior a la entrada en vigencia de tales normas o a partir del 28 de febrero de 2002. 6°.40 por cada dólar. resulta adecuado fijar una tasa de interés del 4% anual. 17) Que en función de lo expuesto. en primer lugar. sin perjuicio de la que pudiere resultar de su afectación a causas judiciales en trámite. ella es la que mejor se adecua al propósito enunciado en el art.5 de la Comunicación A 3828 del Banco Central. en la inteligencia de que no podrá superponerse en un mismo lapso el interés aquí establecido con el contractualmente pactado. 20) Que con esta comprensión. dejando a salvo la mayor que pudiese pactarse (confr. más allá del sustento que esta conclusión puede encontrar en lo dispuesto en el punto 6. En efecto. cabe concluir que la aplicación de la normativa de emergencia. Sobre este aspecto ha habido precedentes constantes acerca de su constitucionalidad . en las actuales circunstancias. 21) Que en el presente caso cabe examinar la compatibilidad de la protección del patrimonio del ahorrista. con arreglo a la normativa de emergencia —y según los alcances que a ella corresponde otorgar conforme el juicio de esta Corte en el contexto de la situación suscitada— sobre qué bases debe determinarse la obligación de las entidades bancarias emergente de los respectivos contratos de depósito para verificar si su resultado. contempla la totalidad de los intereses devengados con finalidad compensatoria. apartados i y iv). no ocasiona lesión al derecho de propiedad de la actora. no capitalizable.2 de la Comunicación A 3828. De tal manera. a la ya indicada relación de $ 1. afirmada en considerandos anteriores. puesto que el mencionado artículo del decreto 214 no impide que se acuerde una superior. además de la aplicación del coeficiente al que se hizo referencia. 4 del decreto 214/02 establece que. y por lo tanto debe ser íntegramente soportada por el banco deudor. 16) Que el art. el Tribunal se encuentra facultado para establecer la tasa de interés que estime más adecuada. conduce a un menoscabo del derecho constitucional de propiedad (arts.
2004-F. el tribunal de alzada ordenó a tal entidad bancaria que entregase a la actora la suma de cien mil dólares —o su equivalente en pesos para adquirir esa cantidad en el mercado libre de cambios— y la emplazó para que dentro de los treinta días de notificada esa sentencia presentara en autos un cronograma de pagos del monto que excediere aquel importe. Raúl Zaffaroni. 68. 2° del . 214:650. en consecuencia sobre el fondo de la causa (confr. se declara procedente el recurso extraordinario.— Elena I. 431 y 149:187. inc.— Carmen M. están facultados para fijar la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras a fin de restablecer el orden público económico (arts. y respecto del reconocimiento del derecho de la parte actora sobre los fondos que tenía depositados en el Bank Boston en dólares estadounidenses. Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado en atención a los fundamentos de la presente (art. entre otros). Siguiendo esta centenaria jurisprudencia.40 por cada dólar estadounidense.) 6/02" (fs. 22) Que no obsta a lo precedentemente señalado la circunstancia de que la actora haya obtenido a lo largo de este pleito la entrega de sumas de dinero provenientes del depósito sobre el que versan estas actuaciones. el bloque legislativo de emergencia que fundamenta jurídicamente la regla general de la pesificación es constitucional. El reconocimiento de tal derecho lo es. Argibay (según su voto). sin perjuicio de lo que se opine sobre su conveniencia. 311:762 y 1003. Una interpretación contraria a esta regla fundamental del funcionamiento económico. así como las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares. y 76 de la Constitución Nacional). el que no podría extenderse más allá del mes de septiembre de 2005 "previsto para la devolución de los depósitos en la originaria resolución (M. y la trascendencia institucional de las cuestiones planteadas. en su caso. En lo atinente a las irrogadas en las anteriores instancias. 240:356. en virtud de la excepcional situación suscitada en esta clase de causas. 220:1107.E. más la aplicación sobre el monto así obtenido de intereses a la tasa del 4% anual —no capitalizable— debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que —con relación a dicho depósito— hubiese abonado la aludida entidad a lo largo de este pleito.fundados en el principio de la "soberanía monetaria" (Fallos: 52:413. con el límite pecuniario que resulta de lo decidido por la cámara. sin perjuicio de lo cual. en síntesis. Por ello. en tanto su sentencia no ha sido apelada por la actora. efectuada años después de establecida. De acuerdo con esta centenaria jurisprudencia y en las circunstancias actuales resulta evidente que no se ocasiona lesión al derecho de propiedad. Fayt (según su voto). el a quo citó precedentes de esa Sala en los que juzgó.— Carlos S. imputando como pago a cuenta lo percibido en razón de la medida cautelar dictada en autos. Lorenzetti (con ampliación de fundamentos). Al respecto. el Tribunal estima que corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el art. por delegación legislativa expresa y fundada. 16. Highton de Nolasco. ajustado por el CER hasta el momento de su pago. lo cual sería contrario al canon interpretativo que obliga a ponderar las consecuencias que derivan de las decisiones judiciales (Fallos: 312:156). en virtud de los fundamentos de la presente. de la ley 48 y decidir. El Congreso y el Poder Ejecutivo. en este aspecto.— Ricardo L.— E. 11. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). segunda parte. causa "Bustos". Fallos: 327: 4495 —LA LEY. 2°) Que para decidir en el sentido indicado. se declara el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de $ 1. con lo ya resuelto por esta Corte (confr. 713—). que la normativa de emergencia referente a los depósitos bancarios —en particular el art. segunda parte. coincidiendo. 75.). ya que tales percepciones deben ser tomadas como pagos a cuenta e imputadas como tales. y se deja sin efecto la sentencia apelada. 195). Voto del doctor Fayt Considerando: 1°) Que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la sentencia de la anterior instancia —que había hecho lugar a la acción de amparo— en lo relativo a la declaración de invalidez del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatorias. Fallos: 189:292. se mantiene lo dispuesto sobre el punto por el tribunal a quo. 155 vta. 212:64. 23) Que dado el tiempo transcurrido desde que se iniciaron los presentes autos. traería secuelas institucionales gravísimas. 223:172.
49). el accionante solicitó su ejecución en los términos del art. 182/183).561 y decreto 214/02). lo cual fue admitido por la cámara en el mismo auto por el cual concedió el recurso extraordinario. Muchas de esas causas se encuentran actualmente radicadas en la Corte. es el fruto de una decisión consensuada entre los ministros que integran esta Corte. lo cual produjo una profunda y también injustificada lesión a su derecho de propiedad. 42/43). el actor obtuvo la entrega de U$S 44. 9°) Que ello implica. habida cuenta de la naturaleza de la materia debatida —la constitucionalidad de las normas dictadas para superar la situación de emergencia antes aludida— y el interés de amplios sectores de la sociedad en la decisión de estas causas. por lo tanto. abierta en el Bank Boston NA. 14 de la ley 48— decida de modo definitivo las cuestiones tan largamente discutidas entre los depositantes y las entidades bancarias.803 (fs. en la medida en que su decisión fue confirmatoria de lo resuelto en la anterior instancia. resulta innecesario extenderse en la descripción de esa crisis. 6°) Que a partir de los últimos meses del año 2001 se produjo en la República Argentina una gravísima crisis —de alcances nunca antes vistos en la historia de nuestro país— que no sólo afectó a las relaciones económico-financieras sino que trascendió a todos los ámbitos sociales e institucionales. Posteriormente. 141/02 y 214/02. 4°) Que el actor promovió este amparo en razón de ser titular de una caja de ahorros en dólares. han dado prioridad a los puntos de coincidencia en la interpretación de la normativa de emergencia y a la ponderación de los resultados a los que ella conduce. entre otros. Ello dio lugar a la promoción de una cantidad extraordinaria de acciones de amparo por parte de quienes se sintieron afectados por tales medidas. 258 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. entre otras). fs. por cierto. por sobre aquéllos respecto de los cuales las opiniones puedan diferir. 11) Que esta sentencia constituye. . La obtención de tal consenso. ley 25. 7°) Que en el contexto de la aludida situación de emergencia el Estado Nacional dictó medidas por las cuales se restringió la disponibilidad de los depósitos bancarios y se estableció la conversión a pesos de los efectuados en moneda extranjera (confr. 2/5. cuyo saldo al 31 de diciembre de 2001 era de U$S 184. como cabeza del Poder Judicial de la Nación y habida cuenta del nítido carácter federal de las cuestiones planteadas en las aludidas causas —que habilita su intervención en los términos del art. 8°) Que en tales condiciones. al disponer la conversión a pesos de los depósitos constituidos en moneda extranjera a una paridad sensiblemente inferior a la del mercado libre de cambios. 10) Que tal respuesta institucional. al haber obtenido sentencias favorables en primera y en segunda instancia. auto de fs. y por haber sido padecida de una u otra manera por todos los argentinos.75 (confr. 3°) Que contra tal sentencia. decretos 1570/01. en pos de dar una respuesta institucional a una controversia de inusitadas características. Por ser conocida. y denegado en lo referente a la tacha de arbitrariedad (confr. A fs. en aras del elevado propósito de poner fin a un litigio de indudable trascendencia institucional y social. 71/02. decretos 1570/01. corresponde que este Tribunal. que resultó afectada por las normas de emergencia dictadas en aquel momento (ley 25. el ejercicio de la más alta función institucional asignada a esta Corte. el corolario de un prolongado y fecundo debate entre los miembros de este Tribunal que.561.475.decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatorias—. la entidad depositaria (Bank Boston NA) dedujo recurso extraordinario que fue concedido por el a quo en cuanto se encuentra en discusión la constitucionalidad del decreto 214/02 y sus normas complementarias y modificatorias. 188 consta la formación del incidente respectivo. provocó una mutación injustificada en la sustancia o esencia del derecho de los ahorristas.. 7 y 31). 5°) Que a raíz de la medida cautelar dictada en autos (fs. a adoptarse mediante la presente sentencia. lo cual generó una situación sin precedentes en los tribunales federales de todo el país. a las cuales aquél tacha de inconstitucionales. determina que quienes la suscriben lo hagan sin perjuicio de las apreciaciones formuladas en conocidos precedentes sobre determinados aspectos de las cuestiones debatidas.
318:342. que deben ser ponderadas en virtud de la invariable jurisprudencia de esta Corte según la cual sus sentencias deben atender a la situación existente al momento de decidir (Fallos: 311:870. establecer. en primer lugar. 6°.2 de la Comunicación A 3828. . su vigencia debe extenderse para los casos en que sus titulares hubiesen iniciado acciones judiciales y éstas se encuentren pendientes de resolución. 15) Que al respecto cabe destacar en primer lugar que si bien la aplicación del CER estuvo prevista para el lapso de la reprogramación de los depósitos. punto 1. los constituidos en moneda extranjera. 13) Que. De tal manera. 16) Que el art. En lo referente a tal cuestión corresponde. los depósitos existentes en el sistema financiero a fines del año 2001 fueron sometidos inicialmente a restricciones a su disponibilidad que se tradujeron poco tiempo después —en lo que respecta a imposiciones como la que dio origen a estos autos— en un régimen de reprogramación. la notoria recuperación y el fortalecimiento del sistema financiero respecto de su situación —cercana al colapso— existente en la época en que se dictaron las medidas en examen. y al encontrarse las partes en litigio. El problema se circunscribe. en cuanto a la preservación del capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/01. sin perjuicio de la que pudiere resultar de su afectación a causas judiciales en trámite. teniendo en cuenta las condiciones bajo las cuales fue dispuesta la conversión a pesos de los depósitos en dólares. punto 2.5 de la Comunicación A 3828 del Banco Central. apartados i y iv). arts. 2 y 4 del decreto 214/ 02). 315:2684. 4 del decreto 214/02 establece que. 14 y 17 de la Constitución Nacional) aducido por los demandantes. ha cesado la indisponibilidad que pesó sobre tales depósitos. debe ser íntegramente soportado por el banco deudor. con arreglo a la normativa de emergencia —y según los alcances que a ella corresponde otorgar conforme el juicio de esta Corte en el contexto de la situación suscitada— sobre qué bases debe determinarse la obligación de las entidades bancarias emergente de los respectivos contratos de depósito para verificar si su resultado. puesto que el mencionado artículo del decreto 214 no impide que se acuerde una superior. en la inteligencia de que no podrá superponerse en un mismo lapso el interés aquí establecido con el contractualmente pactado. entre muchos otros). Además. en las actuales circunstancias. y al tener como causa el contrato de depósito. ella es la que mejor se adecua al propósito enunciado en el art. al quantum que la entidad bancaria receptora de la imposición debe abonar al depositante. 18) Que el mencionado interés del 4% debe aplicarse desde el momento en que comenzaron a regir las normas que dispusieron restricciones a la disponibilidad de los depósitos bancarios o desde la fecha de vencimiento del contrato en el caso de que esta última haya sido posterior a la entrada en vigencia de tales normas o a partir del 28 de febrero de 2002. párrafo cuarto. por lo tanto.3 de la Comunicación A 3828 del Banco Central). no capitalizable. dejando a salvo la mayor que pudiese pactarse (confr. y la evolución de las variables económicas. como es sabido. resulta adecuado fijar una tasa de interés del 4% anual.12) Que a lo expresado debe añadirse la insoslayable consideración de las circunstancias actualmente existentes. En el caso de los depósitos —que es el que tiene relevancia en causas como la presente— el Banco Central fijó esa tasa en el 2% nominal anual.561 y sus modif. "se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos". dado su carácter eminentemente compensatorio del tiempo transcurrido. conduce a un menoscabo del derecho constitucional de propiedad (arts. además de la aplicación del coeficiente al que se hizo referencia. En efecto. 314:568. en el supuesto de que el vencimiento de aquél hubiese operado con posterioridad a esa fecha (conf. 17) Que en función de lo expuesto.40 por cada dólar estadounidense y ajustados por el coeficiente de estabilización de referencia (CER) sin perjuicio del reconocimiento de intereses (confr. más allá del sustento que esta conclusión puede encontrar en lo dispuesto en el punto 6. y hasta la fecha de su efectivo pago. Dicho interés. fueron convertidos a pesos a la relación de $ 1. 14) Que al haber vencido los plazos de reprogramación. de la ley 25. el Tribunal se encuentra facultado para establecer la que estime más adecuada.
en virtud de los fundamentos de la presente. en tanto ha sido preservada la sustancia del valor adquisitivo de su derecho creditorio. más los intereses calculados a la tasa del 4% anual. Las costas de esta instancia se distribuyen en el orden causado en atención a los fundamentos de la presente (art. segunda parte. por último.40 por cada dólar estadounidense. 311:762 y 1003. ajustado por el CER hasta el momento de su pago. quien tiene derecho a reclamar los daños y perjuicios que hubiera sufrido. Voto de la doctora Argibay . En consecuencia. y la trascendencia institucional de las cuestiones planteadas. 23) Que dado el tiempo transcurrido desde que se iniciaron los presentes autos. El reconocimiento de tal derecho lo es. 68. a la ya indicada relación de $ 1. quienes lo padecieron puedan reclamar su indemnización a través de un juicio posterior que persiga tal objeto. Fayt. En lo atinente a las irrogadas en las anteriores instancias. 21) Que no obsta a lo precedentemente señalado la circunstancia de que la actora haya obtenido a lo largo de este pleito la entrega de sumas de dinero provenientes del depósito sobre el que versan estas actuaciones. en síntesis. ajustado por el CER.19) Que. y en virtud del resultado que se obtiene según lo expuesto en el considerando que antecede.40 por cada dólar. no ocasiona actualmente lesión al derecho de propiedad de la actora. resulta inoficioso un pronunciamiento respecto de la validez o invalidez constitucional de la alteración de la moneda en que fue concertado el contrato de depósito entre la accionante y la entidad bancaria. Teniendo en cuenta que las circunstancias económicas hoy permiten a los ahorristas recuperar su capital. de haberse ocasionado tales daños. 240:356. sin perjuicio de lo cual. 22) Que. Empero. 220:1107. Solo cabe dejar establecido ahora que esta decisión no obsta a que. Tal conclusión. en consecuencia sobre el fondo de la causa (confr. 214:650. naturalmente. en las indicadas circunstancias. de lo expresado en los considerandos anteriores resulta que la entidad bancaria debe abonar a la actora su depósito —incluyendo los intereses pactados con la limitación temporal señalada— convertido a pesos. 16. Fallos: 189:292. más la aplicación sobre el monto así obtenido de intereses a la tasa del 4% anual —no capitalizable— debiendo computarse como pagos a cuenta las sumas que —con relación a dicho depósito— hubiese abonado la aludida entidad a lo largo de este pleito. cabe recordar que la inviolabilidad de la propiedad privada es una garantía que la Constitución Nacional consagra. pero necesariamente debe restituirse al titular. El término abstracto no es el jurídicamente correcto a la decisión de la Corte que restituye el capital y no impide que el titular demande por la vía ordinaria los daños y perjuicios que hubiere sufrido en su condición de ahorrista. De tal manera. y se deja sin efecto la sentencia apelada. del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). por lo cual no pueden dar lugar a reintegros. 223:172. en virtud de la excepcional situación suscitada en esta clase de causas. cabe concluir que la aplicación de la normativa de emergencia. de la ley 48 y decidir. entre otros). más allá de la moneda en que éste ha quedado expresado. no implica que la indisponibilidad del capital durante un prolongado lapso no hubiera producido a los ahorristas perjuicios de distinta índole. que ha dado motivo a la promoción de este amparo y de muchos otros litigios. se mantiene lo dispuesto sobre el punto por el tribunal a quo. 20) Que con esta comprensión. 212:64. en tanto su sentencia no ha sido apelada por la actora. con el límite pecuniario que resulta de lo decidido por la cámara. el Tribunal estima que corresponde hacer uso de la facultad que le confiere el art. Por ello.— Carlos S. reitero el criterio que he sostenido en votos anteriores. así como las que hubiera entregado en cumplimiento de medidas cautelares. El reintegro de la propiedad puede dilatarse en el tiempo que abarque la emergencia. segunda parte. ya que tales percepciones deben ser tomadas como pagos a cuenta e imputadas como tales. no es este el cauce procesal para decidir a su respecto. y cuya intangibilidad e incolumidad es un deber de la Corte Suprema proteger contra los avances del poder aún en casos de emergencia. en su caso. se declara el derecho de la actora a obtener de la entidad bancaria el reintegro de su depósito convertido en pesos a la relación de $ 1. se declara procedente el recurso extraordinario. esta Corte se encuentra examinando los alcances de su sentencia.
los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos. y no se trate de normas que regulen materia penal. En efecto. emitir disposiciones de carácter legislativo". a los considerandos 1° a 5° del voto suscripto por la mayoría. de la Constitución Nacional. El Presidente. por vía de su artículo 17. al dictar el decreto 214. Por otra parte. a saber. por razones de brevedad. remito. puesto que no es materia de discusión que tal es el alcance de la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Nacional. ha privado a estos últimos de su derecho de propiedad y vulnerado así la garantía establecida en el artículo 17 de la Constitución Nacional. presunción ésta que sólo puede ser abatida por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida en la Constitución a la prohibición general antes sentada. en la medida que el Presidente. de la Constitución Nacional establece la siguiente prohibición general: "El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable. cualquier disposición de carácter legislativo emitida por el Poder Ejecutivo debe reputarse prima facie inconstitucional.3. de modo tal que nuestra Constitución. por lo tanto. segundo párrafo. otorga una protección similar a . "El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente. Debe señalarse en primer término que el artículo 99. en particular el art. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento.Autos y Vistos: 1°) En lo que se refiere a la descripción del caso y a los argumentos en que las partes han apoyado sus pretensiones. segundo párrafo. conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. tampoco está en discusión que luego de dictado el decreto 214 se omitió completamente el procedimiento legislativo previsto en el tercer párrafo y que. el que de inmediato considerarán las Cámaras. radica en la denuncia de que. al impedir el cumplimiento de las obligaciones que los bancos tenían hacia los titulares de depósitos. 4°) El otro motivo para atacar la presunción de constitucionalidad del decreto 214. Ahora bien. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso". Por lo tanto. la entidad financiera. por ser el funcionario que desempeña el Poder Ejecutivo (artículo 87 CN) está especialmente alcanzado por esta prohibición. el derecho contractual de los titulares de depósitos bancarios tiene por objeto la correlativa obligación del deudor. podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia. En consecuencia. Tales derechos personales forman parte de la propiedad de las personas.3: "Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes. tributaria.3. electoral o el régimen de los partidos políticos. 3°) Uno de los cuestionamientos que se ha dirigido contra el artículo 2° del decreto 214 se apoya en la restricción que pesa sobre el Presidente para emitir leyes. no hubo pronunciamiento oportuno por parte de las Cámaras del Congreso. la descripta en los dos párrafos siguientes del artículo 99. se encuentran reunidos los requisitos exigidos por el artículo 14 de la ley 48 para habilitar la competencia apelada de esta Corte. está fuera de toda controversia que se trata de una disposición de carácter legislativo. no habiéndose cumplido el procedimiento propio de la excepción. cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. de entregar la cantidad depositada en la calidad y especie comprometida. 2 del decreto 214 y la decisión definitiva ha sido contraria al interés de los recurrentes. el decreto 214 debe reputarse dictado en trasgresión al principio general establecido en el artículo 99.3. El titular de este derecho se encuentra protegido contra su privación por parte de las autoridades. 2°) En la medida que en el pleito se ha controvertido la validez constitucional de normas dictadas por el gobierno federal. invocó la facultad prevista en el artículo 99.
(290 U. En efecto. tanto en su versión argentina como en la seguida por la corte norteamericana. 6° y 12. mucho menos llevar esa carga al extremo de incluir la prueba de que el Ejecutivo no ha cumplido con los requisitos de "transitoriedad" y "no sustancialidad" que desde el precedente "Avico" deben llenar las normas de emergencia para superar el examen de constitucionalidad. fallo éste al que se adhirieron los jueces que formaron mayoría en aquél (Fallos: 172:21. entonces. considerandos 5°. quien no lo cumpliría sino a lo largo de los diez años subsiguientes. . por consiguiente. la "sustancia" del derecho. considerandos 40 a 44 y 52 —LA LEY. 1991-C. Russo —243:467— (La Ley Online). prohibida en principio por el artículo 99. 5°) Si bien esta Corte ha desarrollado a lo largo de su historia. en particular por referencia al precedente "Blaisdell". por consiguiente. como es el decreto 214. En estas condiciones no encuentro margen para insistir en que el decreto 214 es una norma que cuenta con presunción de constitucionalidad y que. Sin embargo. 172:21. en la propiedad de las personas. Así fue en "Avico" y había sido antes en "Ercolano". en particular los artículos 2° y 3°.la norteamericana que expresamente prohíbe a los estados dictar normas que abroguen obligaciones contractuales (Fallos: 145:307. a saber: ha de recaer sobre los plazos para la exigibilidad judicial y renta pactada. White de Torrent —264:344—. En vista de ello. 398) de la Corte Suprema de los Estados Unidos que fuera recogido en el ya citado caso "Avico". la carga de demostrar todos los extremos concernientes a su pretendida invalidez corresponde a quien la impugna. El esfuerzo que puede advertirse en la sentencia dictada en "Peralta" (Fallos: 313:1513. y en particular a partir del caso "Avico" (La Ley Online). considerando 9° —La Ley Online).S. dicha línea jurisprudencial. 137:47. Por otra parte. la queja levantada por los actores tiene también aptitud para invertir la presunción de constitucionalidad del decreto 214/2002. más allá de la zona dentro de la cual esta Corte ha reconocido presunción de constitucionalidad a las interferencias estatales. pero no sobre el capital. había reconocido que el Estado nacional no alteraría las condiciones pactadas entre los depositantes y las entidades financieras. la gran mayoría de los fallos convalidaron leyes que establecían demoras en la exigibilidad de ciertos derechos y limitaciones a la renta. En lo que se refiere especialmente a la interferencia de contratos entre particulares. 158—) por incluir las restricciones como una mera "reprogramación" y mantener así su convalidación dentro del esquema tradicional. la tradición jurisprudencial antes mencionada fue citada en algunos votos del fallo dictado en el caso "Bustos". ha dejado subsistente una limitación a las restricciones que el gobierno puede introducir.3 de la Constitución Nacional. Así reza el correspondiente cliché con la lista de requisitos que deben cumplir las leyes de emergencia. 173:65). el mismo Congreso. de su propiedad. pese a todos sus meandros e interrupciones. el Estado (decreto 739/2003). creo que incluso desde esta perspectiva jurisprudencial más flexible. 67-68. por razones de emergencia. va más allá de lo que históricamente hubiera resultado admisible para el Legislativo. pierde toda consistencia la afirmación de que el acreedor no ha sufrido. es decir. a otro deudor. sin la conformidad del acreedor. Este límite ha sido traspasado también por el decreto 214/2002 que alteró de manera definitiva los derechos creditorios de los depositantes al limitar el cumplimiento de la obligación del banco deudor a un determinado monto (decreto 214/2002) y transferir el saldo. El artículo 2° del decreto 214 se sitúa. descansa en la premisa implícita de que incluso una medida de emergencia puede resultar inconstitucional por violación de la propiedad si afecta los derechos de manera "sustancial" y definitiva. por virtud de la intervención del gobierno. resulta que el Poder Ejecutivo mediante una "disposición de carácter legislativo". un extenso repertorio de decisiones en favor de las interferencias del Estado en la propiedad privada como remedio para las recurrentes crisis sociales y económicas. 6°) De lo que vengo señalando hasta aquí. introdujo una restricción en la propiedad de los titulares de depósitos bancarios que. al tiempo que incluyó expresamente a los derechos derivados de los depósitos bancarios en la ya referida cláusula constitucional. alteración alguna de su derecho personal y. Y ese fue el caso también en los precedentes Nadur —243:449—. mediante la ley 25.466. prima facie.
a) La apelación a un estado de necesidad que habría hecho inevitable el dictado del decreto 214. Pero no es ésta la única razón para rechazar tales argumentos. sólo en deudas con el sistema financiero cuyo importe en origen no fuese superior a DOLARES CIEN MIL (U$S 100. En su artículo 1° el Congreso declaró la emergencia pública. resulta de relevancia para lo que aquí se discute. sancionada en diciembre de 2004.466 hasta tanto el Poder Ejecutivo considere superada la emergencia del sistema financiero.000) con relación a: a) Créditos hipotecarios destinados a la adquisición de vivienda. supone necesariamente que las medidas autorizadas poco antes por la ley 25.561 eran inconvenientes. 7°) Para justificar el régimen inaugurado por el artículo 2° del decreto 214/2002 se ha argumentado que la gravedad de la crisis reinante al momento de su dictado. en las personas de existencia visible o ideal que mantuviesen con el sistema financiero deudas nominadas en dólares estadounidenses u otras divisas extranjeras. La misma cláusula fija las bases de la delegación de funciones en el Poder Ejecutivo. 7. El Poder Ejecutivo nacional podrá establecer medidas compensatorias que eviten desequilibrios en las entidades financieras comprendidas y emergentes del impacto producido por las medidas autorizadas en el párrafo precedente. En efecto. También debe recordarse que el artículo 15 suspendió la vigencia de la ley de intangibilidad de depósitos bancarios 25. con arreglo a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Nacional. administrativa. sin necesidad de ninguna demostración empírica adicional. llamada de Emergencia y Reforma del Régimen Cambiario. b) A la construcción. estableciendo la relación de cambio UN PESO ($ 1) = UN DOLAR (U$S 1). El artículo 2° facultó al ejecutivo para establecer el sistema cambiario y dictar las regulaciones correspondientes.967. c) Créditos personales. En primer lugar. económica. en materia social. Una vez dispuesto el campo del modo que entiendo correcto. declarada por el artículo 1° de la ley 25. A fin de constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de CINCO (5) años facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer la . estos modos de convalidar un decreto de necesidad y urgencia no se encuentran admitidos por la Constitución Nacional y ello basta para rechazarlos según el enfoque que he adoptado precedentemente. cabe sí pasar a considerar los argumentos que se han ofrecido para intentar revertir la inconstitucionalidad que aqueja al decreto 214/2002. las que podrán incluir la emisión de títulos del Gobierno nacional en moneda extranjera garantizados. entre las medidas autorizadas no se encontraba la pesificación de depósitos bancarios. la cual fue promulgada ese mismo día (casi tres años después la ley 25. pequeña y mediana empresa (MIPyME). decía: ARTICULO 6° — El Poder Ejecutivo nacional dispondrá medidas tendientes a disminuir el impacto producido por la modificación de la relación de cambio dispuesta en el artículo 2° de la presente ley. el 6 de enero había sido sancionada la ley 25. O hasta a esa suma cuando fuere mayor en los casos del inciso a) si el crédito fue aplicado a la adquisición de la vivienda única y familiar y en el caso del inciso e). sino más bien todo lo contrario. y e) A los de créditos de personas físicas o jurídicas que cumplan con los requisitos de micro. refacción y/o ampliación de vivienda.928. El Poder Ejecutivo nacional reestructurará las deudas con el sector financiero. hizo imprescindible tal medida. En el artículo 3° derogó el sistema de convertibilidad que había creado la ley 23. También se ha invocado el artículo 64 de la ley 25. tal como fue sancionado.Por el contrario. el artículo 6° que.820). el Congreso se encontraba en sesiones en ese momento y pocas semanas antes había establecido el programa al que debía sujetarse el Presidente para enfrentar la crisis que atravesaba el país a principios de 2002.561. por el cual se lo "ratifica". De la ley referida. Al efecto dispondrá normas necesarias para su adecuación. según he explicado en los párrafos precedentes. es innecesario producir prueba alguna de la restricción definitiva y sustancial a los derechos de la parte actora. como hemos visto.561 fue modificada por la ley 25.561. puesto que. En efecto. tal restricción surge del texto mismo del decreto 214. d) Créditos prendarios para la adquisición de automotores. financiera y cambiaria.
A ese mismo fin. la imposibilidad de seguir los trámites legislativos. tienen la carga de justificar la validez del decreto 214/2002. para llenar la exigencia del artículo 99. según ya lo he mencionado. diputado Jorge Rubén Matzkin. eventualmente. que fue atendido por el cuerpo. quienes. ni siquiera fue mencionada entre las consideraciones que le sirven de motivación.b) La tardía ratificación por el Congreso. mediante una ley. es decir. insoslayable cuando se trata de atacar por su ineficacia o inconveniencia normas que cuentan con presunción de constitucionalidad. Esa protección comprenderá a los depósitos efectuados en divisas extranjeras. correspondiente al 5 de enero de 2002). puesto que no sólo se . pero solamente mediante la prórroga de plazos contractuales y topes en la renta pactada. Pero dicho estándar no funciona en sentido inverso.561 resultó insuficiente para poner remedio a la crisis y que no bastaba con prorrogar plazos o limitar intereses de los depósitos bancarios. fundamentalmente en los plazos y.3 de la Constitución. en particular en la aprobación del proyecto por la Cámara de Diputados. a que debía sujetarse el Ejecutivo y 2) que en su artículo 6°. El objetivo central del párrafo es ratificar. es cierto. concluido con la sanción de la ley 25. dio al requerimiento del diputado Cappelleri sobre la interpretación que la comisión respectiva daba al texto en cuestión: "el último párrafo del artículo 6°. Cabe puntualizar que lo señalado precedentemente no implica volver sobre la antigua y sostenida deferencia que esta Corte otorga a los juicios de conveniencia y justicia que subyacen a las decisiones de las otras ramas del gobierno. Más aún. la voluntad del Congreso en el sentido de que esos depósitos serán devueltos en la moneda en que fueron hechos" (Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación. para interferir en la propiedad de las personas. En ningún caso el derecho a la exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor boca de pozo. en las tasas de interés. sin mayor debate.alícuota correspondiente. El Poder Ejecutivo nacional dispondrá las medidas tendientes a preservar el capital perteneciente a los ahorristas que hubieren realizado depósitos en entidades financieras a la fecha de entrada en vigencia del decreto 1570/2001. Para comprender la importancia que este último párrafo tuvo en la decisión del Congreso. Así quedó expresamente plasmado en la respuesta que el miembro informante. mediante un artículo incluido en la ley de presupuesto 25. como ya dije.967. que el programa de emergencia contenido en la ley 25. muestra 1) que al momento de dictarse el decreto 214 era un sinsentido invocar. casi tres años más tarde. esta insuficiencia de los medios aprobados por la ley 25. reestructurando las obligaciones originarias de modo compatible con la evolución de la solvencia del sistema financiero.561 en la que se establecieron los lineamientos generales. para el cálculo y pago de regalías a las provincias productoras. pretende decir que habrá reestructuraciones que será necesario realizar. hipotéticamente. Dicha actitud es. se estableció un programa de emergencia que otorgaba al Presidente competencia. es de todo punto de vista inaceptable. cuando se pretende purgar la inconstitucionalidad de un acto de gobierno sobre la base de su utilidad. es menester recordar que su aparente exclusión dio lugar a un firme reclamo por parte de algunos legisladores. no ha sido demostrada de ninguna manera por los demandados. podrán afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales.561 y que resultan coincidentes con los que esta Corte ha declarado admisibles constitucionalmente. pero claros. Podría replicarse. En este segundo caso. 7. los tribunales han de exigir más intensamente una demostración plena y convincente de que se trata de una medida insustituible y justa para atender una necesidad cuya satisfacción es impostergable. con la expresa mención de que la protección del capital de los ahorristas implicaba la obligación de restituir sus depósitos bancarios en la moneda en que fueron hechos y que la expresión "reestructuración" otorgaba herramientas para operar fundamentalmente sobre los plazos y eventualmente sobre los intereses esperados. eficacia o conveniencia. La intensa deliberación que precedió a la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Diputados. puesto que tales trámites ya habían tenido lugar y. Sin embargo. ciertamente. vinculado con la situación de aquellas personas que están dentro del 'corralito'.
de un modo erróneo. 240—) La importación de esos fallos al contexto en que debemos fallar se ha hecho. not of policy). mucho menos desde la perspectiva del depositante. es decir. He de añadir ahora. puesto que la devaluación general de la economía argentina mantuvo el poder de compra del peso argentino al reducir proporcionalmente el valor de los bienes y servicios ofrecidos. sin fundamento alguno.561 que. A este argumento suele agregarse que el tipo de cambio fijado en el artículo 2° del decreto 214 es un cuarenta por ciento más elevado que el fijado para el resto de las obligaciones en dólares alcanzadas por la "pesificación". En la medida que la verdad de esta premisa económica se invoca para revertir el defecto constitucional de la interferencia estatal. por ende.3. que el capital depositado estaba destinado a comprar bienes en el mercado interno y. de fecha 5 de junio de 1933) de que el cumplimiento de las cláusulas contractuales de ajuste en función de la cotización del oro interferían directamente en el ejercicio de las atribuciones constitucionales de ese cuerpo para establecer la moneda y fijar su valor (así surge del párrafo que inaugura el voto del chief justice Hughes y es afirmado más adelante en 294 U. La brevedad de los plazos contenidos en el tercer párrafo del artículo 99.S. pese a que fue emitido como decreto de necesidad y urgencia. . v. en interés de la parte demandada. que estas argumentaciones no se encuentran respaldadas por ninguna demostración de la supuesta equivalencia económica entre el capital depositado por la parte actora y el reconocido por el decreto 214. Si fuese así. entablado la presente demanda. ("Perry v. United States" —294 U.S. 297. Esto se debería a que los titulares de depósitos bancarios habrían recibido una cantidad de pesos que compensaba adecuadamente el poder adquisitivo del capital originalmente expresado en dólares al momento de ser depositado en el banco. cual es la de asegurar una deliberación oportuna y pública en el seno del Congreso para decidir sobre la ratificación o rechazo de los decretos de necesidad y urgencia. vedada por la Constitución al Presidente. pueda seguir la deliberación legislativa. cuando señala: The question before the Court is one of power.561. a mi entender. sino que la ratio decidendi se apoyó en la declaración emitida por el Congreso (Joint Resolution. La corte norteamericana no tuvo como fundamento central la conveniencia económica de las medidas tomadas por los otros dos poderes. por ejemplo). 9°) Una última argumentación que se ha dado a favor del decreto 214 y el régimen posterior que lo complementó. Ya he dado las razones por las cuales no comparto este enfoque del derecho contractual cuyo amparo se pretende.aparta del procedimiento constitucional en sentido literal. El Congreso argentino de enero de 2002 no sólo no emitió ninguna resolución semejante que avalara la interferencia del Presidente en los contratos de depósito bancario. sino que frustra la finalidad misma del artículo 99. El dispositivo constitucional creado a tales fines sería perfectamente superfluo si esta Corte acepta como sucedáneo el atajo de la ratificación de los decretos de necesidad y urgencia mediante un artículo incluido de manera descontextualizada en una ley de presupuesto dictada años más tarde. finca en la autoridad de los fallos mediante los cuales la Suprema Corte de los Estados Unidos convalidó la derogación de la convertibilidad oro del dólar en la década de 1930. ordenó preservar el capital de los ahorristas. el decreto 214 tampoco habría excedido los límites establecidos por el plan de emergencia aprobado por la ley 25. no se trate de una disposición de carácter legislativo y. sino que. puesto que para ello hay que suponer. por tratarse de un tema actual y vigente. 330— y "U.3 busca precisamente evitar que el decreto presidencial se transforme en un hecho consumado de difícil reversión por el Congreso y que la ciudadanía. es paradójico que la total ausencia de pruebas que la respalden se cargue en perjuicio quien ha padecido esa interferencia y. por el contrario. 240. aún en ese caso. bienes cuyo precio no ha seguido la evolución del dólar (como ha sucedido con los inmuebles.S.S." —294 U. Tal objetivo habría sido plenamente respetado por el decreto 214. por ello. como hemos visto. dictó la ley 25. Bankers Trust Co. La opinión de que ningún perjuicio económico infiere el decreto 214 a los titulares de certificados de depósitos bancarios ha sido fundada en que la expectativa de las personas que efectuaron depósitos en dólares en el sistema financiero era el de preservar el poder adquisitivo de su capital en el mercado interno. 8°) Cabe considerar la posibilidad de que el decreto 214.
se ha debido tener en cuenta: 1) que la legislación promulgada en los años 2001 y 2002 ha tenido como base precedentes de esta propia Corte y que afectaría la seguridad jurídica cambiarlos retroactivamente. cabe prescindir de la declaración de inconstitucionalidad de una norma cuando se puede encontrar la solución en el derecho vigente.— Carmen M. sino de afirmar que la libertad. 7) que es necesario dar una solución definitiva a este tipo de pleitos para alcanzar la paz social sobre la base de considerar los resultados y en especial el respeto del patrimonio del ahorrista. Por ello. cumpliendo así la misión institucional que la Constitución confiere a esta Corte Suprema. arribar a una solución que.10) En síntesis. en la medida que ello resulte posible. permita arribar a una sentencia que. 3) que es necesario evaluar las consecuencias sobre las reglas macroeconómicas fijadas reiteradamente por parte del Honorable Congreso de la Nación en el período mencionado. 4) que la interpretación que los jueces realicen sobre la protección constitucional del contrato y de la propiedad tiene efectos importantísimos sobre la evolución futura de las instituciones. en cuanto el monto que ella ordena reintegrar a la parte actora resulta coincidente con el mencionado en los párrafos precedentes y. que es un aspecto de la autonomía personal a la que todo ciudadano tiene derecho (art. 19 Constitución Nacional). No se trata de indagar si hay un derecho real o creditorio. Que expresado el contexto en el que se debe dictar la presente decisión. reflejan la disparidad de criterios existentes en la sociedad. 5) que. las razones de gravedad institucional relatadas por la mayoría y que. en gran medida. en mi opinión. 6) que han habido diferentes opiniones entre los jueces que. se admite el derecho del ahorrista a la restitución del cien por ciento de su crédito en pesos. el derecho subjetivo y la . 11) De lo expuesto precedentemente. en lo demás que resuelve acerca de la distribución de costas entre las partes. Es en este sentido como debe ser interpretado el término "propiedad" constitucional (art. también. segundo párrafo de la Constitución Nacional. 25) Que el contrato y la propiedad tienen protección constitucional en el derecho argentino y toda limitación que se disponga es de interpretación restrictiva. No obstante lo expuesto hasta aquí. tornan prudente. cuyo seguimiento debe ser la base para evitar la repetición futura de los graves sucesos que ha vivido la república y que afectaron a sus ciudadanos. Argibay. que es un supuesto del derecho a ejercer una industria lícita (art. la demanda de amparo promovida es procedente en lo que respecta a la inmediata restitución por el banco demandado de la cantidad de dólares depositados o la de pesos necesaria para adquirir esos dólares al tipo de cambio vendedor que corresponda a la fecha del efectivo pago. es necesario identificar los principios que rigen nuestro sistema constitucional. se desprende que. mediante la cual se ocasionó una manifiesta privación de la propiedad (artículo 17 de la Constitución) en lo que se refiere a la alteración del capital depositado en las entidades financieras. en función de esta conclusión. La libertad de contratar. en líneas generales comparto. Ampliación de fundamentos del doctor Lorenzetti Considerando: 24) Que conforme surge del considerando anterior. el decreto 214/02 dictado por el Presidente. como la de configurar el contenido del contrato. más allá de las diferencias en los fundamentos. de competir y de configurar el contenido de un contrato. habiendo transcurrido casi cinco años de los hechos. lo cual requiere una ampliación de fundamentos para satisfacer el derecho de los actores y demandados a conocer la razón de las decisiones judiciales que los afectan. en tanto unánime en el resultado económico. 14 Constitución Nacional) y de libertad económica dentro de las relaciones de competencia (art. ponga fin a la gran cantidad de reclamos pendientes de solución.3. 43 Constitución Nacional). deben considerarse las implicancias sobre miles de situaciones jurídicas particulares que han tenido una variedad de soluciones transaccionales o judiciales ya consolidadas. Que para dictar esta sentencia. concurro con la parte resolutiva propuesta por la mayoría. 2) que. 17 Constitución Nacional). Esta tutela comprende tanto la libertad de contratar. constituyen una posición jurídica que esta Corte debe proteger como tribunal de las garantías constitucionales. constituye una disposición legislativa contraria a la prohibición contenida en el artículo 99. con arreglo a los precedentes de esta Corte.
con el voto de los jueces Sagarna. muestra el claro predominio de una interpretación tolerante de amplias restricciones. consistente con la jurisprudencia de esta Corte. para permitir su adaptación a los tiempos. el del juez Repetto. Sagarna. En el año 1990." (Fallos: 199:483 —La Ley Online —). disidencia del juez Repetto).. En el año 1944. pero esta labor no debe desnaturalizar los valores y principios. que prohibía cobrar.741. ha existido también una interpretación más restrictiva de las intervenciones legales en los contratos por razones de emergencia económica. destinados a habitación.157. Este es el efecto jurídico preciso de la calificación del contrato dentro del concepto de propiedad constitucional. Agustín" (Fallos: 136:161). en el precedente "Ercolano. con el voto de los jueces Repetto. afirmando esta Corte que "de las medidas adoptadas por el gobierno no resulta menoscabo de la propiedad protegida por el art. ya que siempre debe buscarse la . esta Corte dijo que. de que su titular disponga de una acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en el goce del mismo" (Fallos: 145:307. 17 de la Constitución Nacional". Nazar Anchorena. Carlos Fayt. Las reglas de la Constitución han sido expresadas con sabia amplitud. Pera.. todos los intereses apreciables que un ser humano puede poseer fuera de sí mismo. por la locación de casas. sino limitados por las leyes reglamentarias de los mismos. como lo ha dicho esta Corte. Rodolfo Barra. fuera de su vida y de su libertad. un precio mayor que el que se pagaba por los mismos el 1° de enero de 1920 era constitucional. dado en el año 1922. integra el concepto constitucional de propiedad a condición. en el precedente "Pedro Inchauspe Hnos. Mariano Cavagna Martínez. en el precedente "Avico. 27) Que el estudio de los principales precedentes de este Tribunal sobre la extensión con que puede ser afectado un derecho contractual por razones de emergencia económica. mientras toda limitación es una excepción que debe ser fundada. Que el significado de la restricción admisible surge de la interpretación de la Constitución. Esta es la interpretación consolidada por los precedentes de este Tribunal al sostener "que el vocablo propiedad.posición jurídica relativas al contrato tienen rango constitucional. Julio Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor —los jueces Belluscio y Oyhanarte firmaron sendas disidencias de fundamentos—. Oscar" (Fallos: 172:21). 29) Que resulta necesario establecer criterios de corrección para una interpretación estable. Figueroa Alcorta y Méndez. Emergencia Económica y Teoría del Derecho 2003-142—). empleado por la Constitución comprende. Luis A. se consideró constitucional el decreto 36/90 en cuanto dispuso que la devolución de los depósitos a plazo fijo que excediesen determinada cantidad. que reducía el interés y prorrogaba el plazo para el pago del capital en un préstamo hipotecario. teniendo en cuenta las consecuencias que ella ha tenido en la práctica constitucional. ya que la regla es la libertad. en el año 1960. Que en esta causa se discute la legitimidad de la restricción impuesta por razones de emergencia económica a la libertad de configurar el contenido del contrato y la afectación de la posición contractual. piezas y departamentos. Fallos: 172:21. fuesen abonados con títulos de la deuda pública. en el precedente "Peralta. Todo derecho que tenga un valor reconocido como tal por la ley. 26) Que es regla de interpretación que todo aquel que pretenda restringir un derecho de propiedad constitucional tiene la carga argumentativa de justificar la legitimidad de su decisión. entre los criterios amplios y restringidos. Que la referida interpretación amplia fue sostenida en un largo período histórico y por numerosos jueces integrantes de esta Corte. con el voto de los jueces Palacio. en el precedente "Avico.". había optado por el criterio "amplio porque está más de acuerdo con nuestra Constitución. en el año 1934. durante dos años contados desde su promulgación. Pueden recordarse el voto del juez Bermejo. en el precedente "Cine Callao" (Fallos: 247:121 —Supl. y otro" (Fallos: 313:1513). que no ha reconocido derechos absolutos de propiedad ni de libertad. sea que se origine en las relaciones privadas sea que nazca de actos administrativos. En el año 1934. Linares. 28) Que si bien ha sido minoritaria. Nazar Anchorena y Ramos Mejía. el Tribunal declaró que la ley 11. con el voto de los jueces Ricardo Levene (h). Oscar" (Fallos: 172:21) o el del juez Boffi Boggero. comercio o industria. en el precedente "Ercolano" (Fallos: 136:161). compatible con los valores constitucionales y apta para constituirse en una base sólida para el futuro de la Nación. la Corte declaró la constitucionalidad de la ley 11. En el año 1922.
Esta regla es la base de la tranquilidad que nuestro pueblo tiene derecho a gozar en una sociedad organizada. que constituyen la base de la dignidad humana. es el fundamento del respeto recíproco y es el principal impulsor del crecimiento económico que sólo puede ser realizado en el marco de instituciones estables. Quienes redactaron nuestra Constitución sabían lo que eran las emergencias ya que obraron en un momento en que la Nación misma estaba en peligro de disolución.— Ricardo L. De tal modo la excepción se ha convertido en regla y los remedios normales han sido sustituidos por la anormalidad de los remedios. y que esta Corte debe tutelar.coherencia sobre la base de que no hay un sistema jurídico emergencial o de hecho extraño al que tiene como base la Carta Magna. ya que la emergencia permanente destruye todo cálculo de riesgos y restringe el funcionamiento económico. Esta fundamentación de la regla de derecho debilita el compromiso de los individuos con las leyes y los contratos. Un sistema estable de reglas y no su apartamiento por necesidades urgentes es lo que permite construir un Estado de Derecho. Es un principio que todos los individuos tienen derechos fundamentales con un contenido mínimo para que puedan desplegar plenamente su valor eminente como agentes morales autónomos. El ahorro que hace el ciudadano para resguardarse frente a las inclemencias del futuro o para aumentar su patrimonio. pero decidieron sujetarse rígidamente a una Carta Magna con el propósito de no caer en la tentación de apartarse de ella frente a necesidades del momento. Las legislaciones de excepción tienen un plazo para que se produzca su propia extinción. Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de modo concluyente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad y que es necesario volver a la normalidad. debe ser protegido por los jueces. pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los mecanismos de autodestrucción y han alimentado los que permiten su conservación. 30) Que también cabe valorar las consecuencias de la amplia tolerancia a las restricciones de los derechos contractuales por razones de emergencia consolidada a lo largo más de setenta años. . cualesquiera sean las finalidades lícitas que persiga el depositante. Que la Constitución y la ley deben actuar como mecanismos de compromiso elaborados por el cuerpo político con el fin de protegerse a sí mismo contra la previsible tendencia humana a tomar decisiones precipitadas. Lorenzetti.
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