Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-128-de-marzo-19-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204165f5f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-04-07 07:17:54
Document Index: 225227048

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 345', 'artículo 215', 'artículo 83', 'artículo 345', 'artículo 241', 'artículo 16', 'artículo 4']

﻿ SENTENCIA C-128 DE MARZO 19 DE 1997
SENTENCIA C-128 DE 19 DE MARZO DE 1997
CONTENIDO:DECLARA INEXEQUIBLE EL DECRETO 82 DE 1997, " POR EL CUAL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 1997"
TEMAS ESPECÍFICOS:PRESUPUESTO DE LA NACIÓN, PRINCIPIOS DEL PRESUPUESTO DE LA NACIÓ, APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA NACIÓN
Sentencia C-128 de marzo 19 de 1997
Ref.: RE 089
Revisión del Decreto 082 del 13 de enero de 1997 “por el cual se modifica el presupuesto general de la Nación para la vigencia fiscal de 1997”.
Santafé de Bogotá, D.C., diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y siete.
EXTRACTOS: «II. Antecedentes
1. El secretario jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación el día siguiente a su expedición copia del Decreto 082 del 13 de enero de 1997.
2. Asumido el conocimiento de la revisión del decreto de la referencia, se ordenó al Ministerio de Hacienda que informara las razones que llevaron a la expedición del Decreto 082 de 1997.
3. El director del departamento administrativo de la Presidencia y el representante del Ministerio de Desarrollo Económico intervinieron en favor de la constitucionalidad del decreto.
4. El Procurador General de la Nación solicitó a esta corporación que declara la exequibilidad de las normas acusadas.
III. Pruebas-Informe del Ministro de Hacienda y Crédito Público
El Ministro de Hacienda informa que las razones que llevaron al Gobierno Nacional a expedir el decreto objeto de revisión son las siguientes:
En primer lugar, de conformidad con el Decreto 081 de 1997, la Nación es sujeto pasivo del impuesto sobre la financiación en moneda externa, lo que obliga a asignar recursos para atender las obligaciones resultantes del pago de tales obligaciones tributarias. Para tal efecto el artículo 3º del Decreto 082 de 1997 dispone una adición presupuestal por 70.000 millones de pesos.
En segundo lugar, la adición responde a las expectativas de recaudo por concepto del impuesto creado mediante el Decreto 081 de 1997.
Finalmente, la reducción de los ingresos prevista en el artículo 2º, obedece a “la caída en el recaudo del impuesto a la renta y complementarios que pretende ser sustituida con una parte importante del recaudo que se genere con el impuesto sobre la financiación en moneda extranjera”.
En consecuencia afirma el ministro, las medidas adoptadas tienen un efecto neutro “y se limitan estrictamente a ajustar el presupuesto general de la Nación a las decisiones adoptadas durante el estado de emergencia”.
El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Desarrollo actuando en nombre de la Nación-Ministerio de Desarrollo Económico interviene para defender la constitucionalidad del Decreto 082 de 1997.
Manifiesta el interviniente que el decreto en cuestión guarda relación directa con el Decreto 081 de 1997, que creó el impuesto al endeudamiento externo. Sostiene que en la medida en que los ingresos generados mediante la aplicación del citado impuesto no se encontraban incorporados al presupuesto de la Nación, era necesario adoptar “medidas operacionales al presupuesto general de la Nación”, para lo cual se adicionó y se redujo el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal de 1997.
Intervención del departamento administrativo de la Presidencia de la República
El director del departamento administrativo de la Presidencia de la República interviene en favor de la constitucionalidad del Decreto 082 de 1997. Luego de exponer que el decreto cumple con los requisitos formales, entra al análisis de fondo del decreto.
En punto a la conexidad, sostiene que el Decreto 082 de 1997 guarda relación directa con el Decreto 081 de 1997. El cumplimiento de los fines previstos con su expedición, exige realizar algunas operaciones en el presupuesto de la Nación. lo que se realiza mediante el decreto objeto de control y cuyas razones fueron expuestas en el concepto emitido por el Ministerio de Hacienda al responder al cuestionario de la Corte, al cual se remite.
Por otra parte, manifiesta el interviniente, que el artículo 345 de la Carta exige que todo gasto a efectuar o recurso a percibir esté debidamente presupuestado (principio de legalidad del presupuesto), lo cual en tiempos de normalidad corresponde a los órganos de elección popular, y respecto de la Nación, al Congreso de la República.
Sin embargo, en épocas de anormalidad, tal función es competencia del Presidente de la República, toda vez que el artículo 215 autoriza la concentración del principio de legalidad del ingreso y del gasto en cabeza de éste.
La ley orgánica del presupuesto recoge este principio en el artículo 83 del Decreto 111 de 1996 (L. 38/89, art. 69; L. 179/94, art. 36), que señala:
“Los créditos adicionales y los traslados al presupuesto general de la Nación destinados a atender gastos ocasionados por los estados de excepción, serán efectuados por el gobierno en los términos que éste señale. La fuente de gasto público será el decreto que declare el estado de excepción respectivo”.
Cabe poner de presente que el Decreto 080 de 1997 autorizó al gobierno para realizar las operaciones presupuestales derivadas de las medidas dictadas en desarrollo del estado de emergencia.
Respecto de la constitucionalidad de estas actuaciones, la corte se ha manifestado en su favor en la Sentencia C-448 de 1992.
Primeramente señala el Procurador que el Decreto 082 de 1997 cumple con todas las exigencias formales establecidas en la Carta. Luego en cuanto al contenido material del decreto, sostiene que el Decreto 081 de 1997 alteró el cómputo de rentas y de gastos previstos en el presupuesto para la vigencia fiscal de 1997, razón por la cual resultaba indispensable expedir el decreto objeto de revisión, “con el objeto de adecuar los estados financieros de la Nación a las previsiones económicas elaboradas teniendo en cuenta el recaudo que se pueda lograr con la aplicación de los instrumentos creados en virtud del Decreto 081 de 1997”.
En tercer lugar, analiza la competencia del Presidente de la República para modificar el presupuesto bajo el estado de emergencia. Considera que el artículo 345 de la Carta avala dicha potestad, toda vez que consagra el principio según el cual en tiempos de paz corresponde a los órganos de elección popular la expedición del presupuesto, lo que no acontece bajo estados de excepción, “pues frente a situaciones de crisis las decisiones han de tomarse en forma pronta y oportuna, para atender la situación que se presenta”.
Por otra parte, si bien la ley estatutaria de estados de excepción no regula esta facultad en relación con el estado de emergencia la Corte ha avalado dicha atribución (Sent. C-376/97)
Finalmente, cabe señalar que el Decreto 080 de 1997 autorizó al gobierno para “realizar las operaciones presupuestales derivadas de las medidas excepcionales que fueran adoptadas”.
Vl. Fundamentos
1. En los términos del artículo 241-7, la Corte Constitucional es competente para conocer de la constitucionalidad del Decreto Legislativo 082 del 13 de enero de 1997.
Inexequibilidad del Decreto 080 de 1997.
2. Mediante Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad del Decreto 080 de 1997, mediante el cual se decretó el estado de emergencia. Como quiera que el decreto objeto de revisión se expidió en desarrollo del citado decreto, la Corte procederá a declarar su inexequibilidad.
1. Declarar INEXEQUIBLE el Decreto 082 de 1997.
2. Los efectos de la presente sentencia se producirán a partir del día siguiente a la notificación de la Sentencia C-122 de 1997 por medio de la cual se declaró inexequible el Decreto 80 de 1997.
Antonio Barrera Carbonell, Presidente—Jorge Arango Mejía—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz, con salvamento de voto—José Gregorio Hernández Galindo, con salvamento de voto—Hernando Herrera Vergara—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.
Pese a haber compartido lo que aprobó la Corte desde el 2 de noviembre de 1995, cuando en similares circunstancias, debió pronunciarse sobre la inexequibilidad de los decretos de un estado de conmoción interior declarado inexequible, he reflexionado en la tesis expuesta por el H. magistrado Carlos Gaviria Díaz y he terminado por persuadirme de que tiene razón, al menos en que los fallos relativos a los decretos dictados con base en el decreto declaratorio del estado excepcional, hallado inexequible por la Corte, deben ser inhibitorios por carencia de objeto.
2. ¿En ese caso, a partir de cuándo desaparece del sistema jurídico la medida declarada inexequible?
A la primera de tales preguntas, creo yo, ha debido responderse negativamente, pues a nadie se oculta que las medidas adoptadas al amparo del estado de emergencia perdieron toda base jurídica desde el momento en que se declaró la inexequibilidad del decreto principal, es decir, desde ese instante cayeron en la inconstitucionalidad. Aunque todavía tal decisión no se ha notificado por edicto en los términos del artículo 16 del Decreto 2067 de 1991, su adopción es un hecho notorio que nadie ignora en el país y, por si fuera poco, el Presidente de la República se notificó del fallo por conducta concluyente cuando en Cartagena, el día 13 de marzo, formuló irrespetuosas críticas a la providencia y anunció públicamente su propuesta de reformar la constitución para quitar a la Corte la facultad que dio base al pronunciamiento que no gustó al ejecutivo.
Aunque para algunos magistrados lo resuelto ahora es un avance, muy respetuosamente digo que me parece, por el contrario, un retroceso, ya que, por una parte, se ha incurrido en la inconsecuencia procesal de unir la iniciación de los efectos jurídicos de la sentencia con la cual culmina un determinado proceso al momento de notificación de una sentencia diferente, y de otro lado, por paradoja —al menos en los decretos que han sido objeto de fallo en esta fecha—, la fórmula acogida en noviembre de 1995 habría permitido la más pronta efectividad de cada sentencia, transmitiendo a los destinatarios de las pertinentes normas una mayor certeza.
La notificación formal, en mi criterio, no es indispensable, para que se produzcan los efectos de los fallos, cuando los interesados saben lo que ha dispuesto el juez. No otra cosa ha acontecido en este evento, en que el gobierno y todos los gremios y sectores económicos han hecho declaraciones públicas explícitas y la prensa ha comentado con lujo de despliegue sobre lo decidido y, más todavía, cuando el ejecutivo, la Junta Directiva del Banco de la República y otras agencias estatales han adoptado medias sobre la base cierta, conocida e indudable de la declaración de inconstitucionalidad de la emergencia económica.
Me pregunto lo que, a juicio de la Corte, ocurrirá cuando, ya notificado formalmente y con toda solemnidad el fallo C-122 del 12 de marzo, relativo al Decreto 080 de 1997, y sin haber resuelto todavía la corporación sobre los decretos cuyo examen constitucional sigue en turno, deba ella definir a partir de cuando dejan de tener efecto y obligatoriedad. ¿Las medidas correspondientes, después de tal notificación y aunque todavía no hay fallo de mérito específico sobre cada una de ellas, quedan privadas de sus efectos desde antes de las respectivas sentencias? ¿O por el contrario, siguen produciendo efectos? ¿Los fallos que declaren inexequibles esos decretos después de la notificación de la primera sentencia, surtirán efecto retroactivo al 12 de marzo? ¿Qué aplicabilidad tienen las medidas en el interregno? ¿Habría lugar a devoluciones de impuestos por lo pagado en ese lapso?
Estimo, finalmente, que una ocasión como esta, en que la incompatibilidad entre la constitución y normas jurídicas de inferior jerarquía (los decretos “sobrevivientes” de emergencia) es manifiesta e indudable, como que la declaró esta Corte, es la más propicia para hacer valer el artículo 4º de la Constitución, que dice: “la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
Con el debido respeto, me aparto de la decisión mayoritaria por las razones que he tenido la oportunidad de exponer en ocasiones anteriores frente a la declaración de inexequibilidad de los decretos legislativos expedidos con fundamento en el estado de conmoción interior, las cuales resultan aplicables a los decretos legislativos dictados por el Presidente de la República en desarrollo de la emergencia económica y social contenida en el Decreto 080 de 1997, también declarada inexequible por esta corporación en Sentencia C-122 del 12 de marzo de 1997.