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Timestamp: 2016-10-26 04:02:32
Document Index: 11010184

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 60', 'artículo 214', 'artículo 13', 'artículo 214', 'artículo 13', 'artículo 59', 'artículo 59', 'artículo 111', 'artículo 60', 'artículo 3', 'Artículo 1', 'artículo 33', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 105', 'ARTÍCULO 105']

Eva María Blázquez Torregrosa
1 Sentencia TSE Dios, Patria y Libertad En nombre de la República, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral (TSE), integrado por los magistrados Mariano Américo Rodríguez Rijo, presidente; Mabel Ybelca Féliz Báez, John Newton Guiliani Valenzuela, José Manuel Hernández Peguero y Fausto Marino Mendoza Rodríguez, jueces titulares, asistidos por la Suplente de la Secretaria General, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil catorce (2014), año 171 de la Independencia y 151 de la Restauración, con el voto concurrente de todos los magistrados y en audiencia pública, ha dictado la siguiente sentencia: Con motivo de la Demanda en Nulidad de Contrato de Cuota Litis incoada el 31 de enero de 2014 por Raquel Sierra Valdez, dominicana, mayor de edad, Cédula Identidad y Electoral Núm , domiciliada y residente en Cabarete, Sosúa, Puerto Plata, en calidad de subdirectora en funciones del distrito municipal de Cabarete; quien tiene como abogado constituido y apoderado especial al Lic. Ángel Lockward, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm , con estudio profesional abierto en la calle Doctores Mallén, Núm. 240, sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional. Contra: 1) El Dr. Pedro Virginio Balbuena Batista, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm , y 2) El Dr.Rolando José Martínez Almonte, dominicano, mayor de edad, Cédula de Identidad y Electoral Núm ; debidamente representados por el Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas, dominicano, mayor de edad, Cédula2 de Identidad y Electoral Núm , con estudio profesional abierto en la avenida Roberto Pastoriza, Núm. 870, ensanche Quisqueya, Distrito Nacional. Vista: La supraindicada instancia con todos los documentos que conforman el expediente. Visto: El Acto Núm. 128/2014, del 6 de febrero de 2014, instrumentado por Jesús Castillo Polanco, Alguacil Ordinario de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, depositado el 10 de febrero de 2014 por el Lic. Ángel Lockward, abogado de Raquel Sierra Valdez, parte demandante. Vista: La instancia contentiva de la solicitud de fijación de audiencia, depositada el 12 de febrero de 2014 por el Lic. Ángel Lockward, abogado de Raquel Sierra Valdez, parte demandante. Visto: El inventario de documento depositado el 26 de febrero de 2014 por el Lic. Ángel Lockward, abogado de Raquel Sierra Valdez, parte demandante. Visto: El escrito de conclusiones depositado en audiencia la pública del 12 de marzo de 2014 por el Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas, abogado de Pedro Virginio Balbuena Batista y Rolando José Martínez Almonte, parte demandada. Visto: El escrito justificativo de conclusiones depositado el 21 de marzo de 2014 por Raquel Sierra Valdez, parte demandante, a través de su abogado, Lic. Ángel Lockward. Visto: El escrito ampliativo y justificativo en relación a la Demanda en Nulidad de Cuota Litis, depositado el 24 de marzo de 2014, por Rolando José Martínez Almonte y Pedro Virgilio Balbuena Batista, parte demandada, a través de su abogado, Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas. Página 2 de 143 Vista: La Constitución de la República Dominicana del 26 de enero de Vista: La Ley Orgánica del Tribunal Superior Electoral, Núm , del 20 de enero de Vista: La Convención Americana de los Derechos Humanos. Vista: La Ley Núm , del Distrito Nacional y los Municipios, del 17 de julio de Visto: El Código Civil de la República Dominicana. Visto: El Código de Procedimiento Civil de la República Dominicana. Vista: La Ley Núm. 834 del 15 de julio de Resulta: Que el 31 de enero de 2014 este Tribunal fue apoderado de una Demanda en Nulidad de Contrato de Cuota Litis, incoada por Raquel Sierra Valdez, contra Pedro Virginio Balbuena Batista y Rolando José Martínez Almonte, cuyas conclusiones son las siguientes: PRIMERO, declarar bueno y valida la presente instancia en nulidad de contrato de cuota litis, por ser contrario a las normas indicadas y su consecuente factura, por haber sido ésta interpuesta en el marco de la ley. SEGUNDO, que por los motivos planteados, a) que la señora Claritsa Ruíz, carece de calidad para firmar pago de honorarios o contratos de cuota litis del Distrito Municipal, b) que los contratos de cuota litis, se ejecutan en contra de una masa, en caso de salir gananciosos, que no es el caso, c) que dicho contrato nunca fue parte de las piezas depositadas por los abogados que reclaman el pago, d) que el mismo contrato indica que se pagó a la firma y, en consecuencia, DECLARAR nulo y sin valor jurídico alguno, frente al Distrito Municipal de Cabarete, dicho contrato de cuota litis y la factura que se le adjunta por valor de RD$1,383, pesos. TERCERO, que siendo no siendo ya, el presente proceso, en materia de amparo, aunque surgió a consecuencia suya, se condene a los letrados Pedro Balbuena y Rolando Martínez al pago de las costas y gastos procesales, en beneficio del Página 3 de 144 abogado actuante, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. Bajo reservas. (Sic) Resulta: Que en la audiencia pública celebrada el 11 de febrero de 2014 el Tribunal procedió a cancelar el conocimiento de la misma, por la incomparecencia tanto de la parte demandante, Raquel Sierra Valdez, como de la parte demandada, Pedro Virginio Balbuena Batista y Rolando José Martínez Almonte. Resulta: Que el 12 de febrero de 2014, la parte demandante, Raquel Sierra Valdez, solicitó fijación de la audiencia, la cual fue fijada para el día miércoles 26 de febrero de Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 26 de febrero de 2014 compareció el Dr. Ángel Lokward, en nombre y representación de Raquel Sierra Valdez, parte demandante y el Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas, en nombre y representación Pedro Virginio Balbuena Batista y Rolando José Martínez Almonte, parte demandada, quienes procedieron a concluir de la manera siguiente: La parte demandada: Solicitamos el aplazamiento de la presente audiencia a fin de aportar documentos y tomar comunicación de documentos que se nos ha hecho difícil obtenerla ahora por la distancia, que la audiencia sea fijada a la mayor brevedad posible. (Sic) La parte demandante: Que se rechace el pedimento y procedamos con el presente caso. (Sic) Haciendo uso de su derecho a réplica, el abogado de la parte demandada concluyó de la manera siguiente: Nosotros por un principio de igualdad de ambos y que no está depositada esa documentación, vamos a suplicar a vosotros y dentro de su aspecto de función, el aplazamiento si entiende que no procede no tenemos más alternativas que emitir. (Sic) Página 4 de 145 Resulta: Que el Tribunal Superior Electoral falló de la manera siguiente: Primero: El Tribunal aplaza el conocimiento de la presente audiencia a los fines de dar oportunidad a la parte demandada para que haga el depósito y la comunicación de los documentos que tiene a bien hacer valer en el presente caso. Segundo: Fija para el día 12 del mes marzo del año en curso a las 9:00 horas de la mañana. Tercero: Vale citación para las partes presentes y representadas. (Sic) Resulta: Que a la audiencia pública celebrada el 12 de marzo de 2014 compareció el Dr. Ángel Lokward, en nombre y representación de la parte demandante, Raquel Sierra, y el Dr. Porfirio Bienvenido López Rojas, en nombre y representación de la parte demandada, Pedro Virginio Balbuena Batista y Rolando José Martínez Almonte, quienes procedieron a concluir de la manera siguiente: La parte demandante: PRIMERO: Declarar bueno y valida la presente instancia en nulidad de contrato de cuota litis, por ser contrario a las normas indicadas, contrario a la constitución de la República y a la ley de organización municipal y sus consecuentes facturas, las facturas son las que han acompañado al cobro del contrato presentado en el mes de enero y por haber sido ésta instancia sometida al tribunal en el marco de la ley. SEGUNDO: Que por los motivos planteados: a) Que la señora Claritza Ruíz, carece de calidad para firmar el pago de honorarios o contratos de cuota litis por el Distrito Municipal; b) Que los contratos de cuota litis, se ejecutan en contra de una masa, en caso de salir gananciosa la parte que lo ha suscrito, que no es el caso, porque además la otra parte resultó perdidosa, en esa acción amparo; c) Que no existen condenaciones en costas, honorarios o gastos en materia de amparo; d) Que dicho contrato nunca fue parte de las piezas depositadas por los abogados que reclaman el pago; d) Que el mismo contrato indica que se pagó a la firma la suma de seiscientos veintidós mil pesos (RDS$622,000.00) y en consecuencia, DECLARAR nulo y sin valor jurídico alguno, frente al Distrito Municipal de Cabarete, dicho contrato de cuota litis y la factura que se le adjunta por valor de RD$1,383, pesos. TERCERO: Que no siendo ya, el presente proceso, en materia de amparo, aunque surgió a consecuencia suya, se condene a los letrados Pedro Balbuena y Rolando Martínez al pago de las costas y gastos procesales, en beneficio del abogado actuante, quien afirma haberlas avanzado en su totalidad. Bajo reservas. (Sic) Página 5 de 146 La parte demandada: Primero: Declarar la incompetencia, de atribución de este honorable Tribunal Superior Electoral, en merito de los artículos 4, 10 párrafo 13 y 19, ya que no está dentro de las atribuciones del Tribunal Superior Electoral, el cuestionamiento de un contrato, de naturaleza civil, como es el contrato de mandato o poder de Cuota Litis suscrito entre la Junta Distrital de Cabarete y los abogados apoderados por estas, Licdos. Rolando José Martínez Almonte y Pedro Virginio Balbuena Batista, por los siguientes motivos, a saber: 1ro. Porque el contrato del abogado está sujeto a las disposiciones del mandato contenido en el titulo XIII, capítulos I-IV, dentro de los artículos del Código Civil; 2do. Porque además los honorarios de los abogados se rigen por la Ley 302 del 1961, la cual es una ley especial que establece el doble grado de jurisdicción, que es el juez natural para juzgar este tipo de proceso en merito de su artículo 11; Segundo: Que este honorable Tribunal Superior Electoral, proceda a enviar el presente expediente al Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia de Puerto Plata, a fin de conocer sobre la demanda en nulidad de contrato de cuota litis, por ser esta la jurisdicción competente; Tercero: Que condenéis a la parte demandante, al pago de las costas y en provecho del abogado que os habla por haberlas avanzado en su totalidad. Cuarto: Que se nos conceda un plazo de diez (10) días para un escrito ampliatorio de las presentes conclusiones; Y haréis justicia. Bajo las más amplias reservas de derecho y acciones. (Sic) Haciendo uso de su derecho a réplica, el abogado de la parte demandante concluyó de la manera siguiente: Solicitamos al Tribunal que rechace la excepción de incompetencia presentado por la contraparte y que el tribunal se avoque a conocer el fondo de la demanda. (Sic) Haciendo uso de su derecho a réplica, el abogado de la parte demandada concluyó de la manera siguiente: Nosotros rogamos encarecidamente que se reiteren nuestras conclusiones. (Sic) Resulta: Que el Tribunal Superior Electoral falló de la manera siguiente: Único: El Tribunal acumula el incidente y le invita a presentar conclusiones al fondo. (Sic) Página 6 de 147 Las partes concluyeron de la manera siguiente: La parte demandada: Primero: Que declaréis la nulidad de la presente demanda en razón del procedimiento a seguir y por vía de consecuencia la inadmisibilidad ya que el tribunal competente para conocer de este asunto, es el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia de Puerto Plata, en atribuciones contencioso administrativo; Segundo: Y por último que se rechace la presente demanda por improcedente mal fundada y carente de base legal. Tercero: Concedernos un plazo de diez (10) días a vencimiento al de la contra parte, para un escrito ampliatorio de las presentes conclusiones. (Sic) La parte demandante: Que se declare competente el Tribunal rechazando la solicitud de incompetencia presentada por el colega en virtud de que es muy claro el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil; Ratificamos nuestras conclusiones, vertidas en nuestra intervención anterior. Sobre la inadmisibilidad: Pedimos al tribunal que rechace la inadmisibilidad planteada y que nos referiremos en el plazo que pedimos al tribunal. Que el plazo sea concurrente de 10 días. (Sic) Resulta: Que el Tribunal Superior Electoral falló de la manera siguiente: Primero: El Tribunal declara cerrados los debates en el presente caso. Segundo: Se reserva el fallo para una próxima audiencia; acumula los incidentes planteados para ser decididos con el fondo y por disposiciones distintas. Tercero: Otorga un plazo de diez días recíprocos, a partir de la fecha, a ambas partes para que hagan el depósito de su escrito de los fundamentos de sus conclusiones. (Sic) El Tribunal Superior Electoral, después de haber examinado el expediente y deliberado: Considerando: Que en la audiencia pública celebrada el 12 de marzo del 2014 las partes presentaron conclusiones incidentales y al fondo; en ese sentido, la parte demandada, Pedro Virginio Balbuena Batista y Rolando José Martínez Almonte, en síntesis planteó lo siguiente: a) Declarar la incompetencia, de atribución de este honorable Tribunal Superior Electoral, en merito de los artículos 4, 10 párrafo 13 y 19, ya que no está dentro de las atribuciones del Tribunal Superior Electoral, el cuestionamiento de un contrato, de naturaleza civil, como es el Página 7 de 148 contrato de mandato o poder de Cuota Litis; b) que declaréis la nulidad de la presente demanda en razón del procedimiento a seguir y por vía de consecuencia la inadmisibilidad ya que el tribunal competente para conocer de este asunto, es el Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de la provincia de Puerto Plata, en atribuciones contencioso administrativo; mientras que la parte demandante, Raquel Sierra, concluyó solicitando que se rechazara la excepción de incompetencia y la nulidad planteadas por la parte demandada. Considerando: Que en un correcto orden procesal el Tribunal debe decidir primero la excepción de incompetencia y luego la excepción de nulidad propuesta por la parte demandada, Pedro Virginio Balbuena Batista y Rolando José Martínez Almonte, y en caso de ser rechazados estos, entonces procederá a conocer y decidir sobre el fondo de la presente demanda en nulidad de contrato cuota litis. I.- Con relación a la excepción de incompetencia. Considerando: Que del estudio y ponderación de los documentos que reposan en el expediente, así como de los argumentos de las partes, se advierte la concurrencia de los hechos siguientes: a) Que la Junta de Vocales de Cabarete, representada por Claritza Ruiz y Elio Antonio Gutiérrez, suscribieron un contrato cuota litis con Pedro Virginio Balbuena Batista y Rolando José Martínez Almonte, mediante el cual los primeros se comprometían a pagar la suma de veinticinco mil dólares (US$25,000.00) para que los segundos llevaran la defensa por ante este Tribunal en ocasión de un proceso de amparo, bajo la modalidad del 50% al inicio del proceso y el 50% al culminar el mismo; b) Que Raquel Sierra Valdez fue designada por este Tribunal como directora provisional, en sustitución de Gabriel Antonio Mora Ramírez, mediante Sentencia Núm. TSE , hasta que intervenga sentencia definitiva con relación al proceso penal seguido a este último; Página 8 de 149 c) Que una vez culminado el conocimiento de la acción de amparo para la cual fueron apoderados los Licdos. Pedro Virginio Balbuena Batista y Rolando José Martínez Almonte, los mismos realizaron la gestión del cobro del 50% restante de sus honorarios por ante la Junta Distrital de Cabarete. d) Que Raquel Sierra Valdez interpuso la presente demanda en nulidad del contrato de cuota litis, alegando la falta de calidad de Claritza Ruiz y Elio Antonio Gutiérrez para comprometer el patrimonio de la Junta Distrital de Cabarete. Considerando: Que al respecto de la excepción de incompetencia propuesta por la parte demandada, es oportuno señalar que la presente demanda procura que este Tribunal declare la nulidad de un contrato cuota litis, es decir, un contrato civil. En este sentido, la competencia de este Tribunal Superior Electoral está delimitada por las disposiciones del artículo 214 de la Constitución de la República, así como por la Ley Núm , específicamente su artículo 13. Considerando: que en este sentido, el artículo 214 de la Constitución proclamada el 26 de enero de 2010 establece expresamente lo siguiente: Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos. Reglamentará, de conformidad con la ley, los procedimientos de su competencia y todo lo relativo a su organización y funcionamiento administrativo y financiero. (Sic) Considerando: que en ese mismo orden, el artículo 13 de la Ley 29-11, Orgánica del Tribunal Superior Electoral, dispone textualmente lo siguiente: Instancia única. El Tribunal Superior Electoral tiene las siguientes atribuciones en instancia única: 1) Conocer de los recursos de apelación a las decisiones adoptadas por las Juntas Electorales, conforme lo dispuesto por la presente ley. 2) Conocer de los conflictos internos que se produjeren en los partidos y organizaciones políticas Página 9 de 1410 reconocidos o entre éstos, sobre la base de apoderamiento por una o más partes involucradas y siempre circunscribiendo su intervención a los casos en los cuales se violen disposiciones de la Constitución, la ley, los reglamentos o los estatutos partidarios. 3) Conocer de las impugnaciones y recusaciones de los miembros de las Juntas Electorales, de conformidad con lo que dispone la Ley Electoral. 4) Decidir respecto de los recursos de revisión contra sus propias decisiones cuando concurran las condiciones establecidas por el derecho común. 5) Ordenar la celebración de nuevas elecciones cuando hubieren sido anuladas, las que se hayan celebrado en determinados colegios electorales, siempre que la votación en éstos sea susceptible de afectar el resultado de la elección. 6) Conocer de las rectificaciones de las actas del Estado Civil que tengan un carácter judicial, de conformidad con las leyes vigentes. Las acciones de rectificación serán tramitadas a través de las Juntas Electorales de cada municipio y el Distrito Nacional. 7) Conocer de los conflictos surgidos a raíz de la celebración de plebiscitos y referéndums. Párrafo.- Para los fines del Numeral 2 del presente artículo, no se consideran conflictos internos las sanciones disciplinarias que los organismos de los partidos tomen contra cualquier dirigente o militante, si en ello no estuvieren envueltos discusiones de candidaturas a cargos electivos o a cargos internos de los órganos directivos de los partidos políticos. Considerando: Que al examinar las disposiciones de los textos legales previamente transcritos, se comprueba que en ninguna de sus partes se le otorga competencia a este Tribunal Superior Electoral para conocer y decidir acerca de la validez o nulidad de un contrato meramente civil, como lo plantea la parte demandante. Considerando: Que la competencia alude a la idoneidad atribuida a un tribunal para conocer o fallar los asuntos que le sean sometidos; en tal sentido, esta obedece a razones prácticas que le permiten llevar a cabo el juzgamiento. Considerando: Que en materia electoral, el criterio para determinar la competencia de atribución se instaura en virtud de la naturaleza del conflicto que tiene como objeto el litigio, es decir, en razón de su causa, y más aún de las cuestiones jurídicas que conforman el proceso. Que el punto de atribución de la competencia tiene que centrarse en el derecho reclamado por el accionante, ya Página 10 de 1411 que se debe afincar la capacidad objetiva del órgano encargado de juzgar, en la calidad o actividades que realiza y la conculcación de los derechos del demandante. Considerando: Que la competencia funcional es entendida por la índole de la actividad que desenvuelve el Tribunal; que en este sentido, no es discutido que corresponde a esta jurisdicción conocer y fallar sobre los asuntos contenciosos que involucren a las agrupaciones políticas en su relación con sus miembros y los derechos que les reconoce la Constitución y las leyes. Considerando: Que dentro de la esfera del Derecho Civil, específicamente en materia de contratos y obligaciones, se encuentran los denominados contratos sinalagmáticos, en los cuales una parte se compromete a entregar una cosa, o cumplir con un servicio, bajo la condición de ser remunerado con un pago por su accionar. Que al examinar las connotaciones de un contrato de cuota litis, en el cual una parte se compromete a representar a otra bajo la condición de una remuneración económica, se advierte que reúne todas las características de un contrato sinalagmático; por tanto, cualquier diferendo que surja respecto de su cumplimiento o validez debe ser dirimido por los tribunales civiles, por aplicación del principio de jurisdiccionalidad. Considerando: Que en este sentido, es preciso señalar que la competencia para conocer de la validez o nulidad de un contrato, conforme a las disposiciones del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, es única y exclusiva de los tribunales de Primera Instancia en sus atribuciones civiles. En efecto, el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil dispone expresamente lo siguiente: Art En materia personal, el demandado será emplazado para ante el tribunal de su domicilio: si no tuviere domicilio, para ante el tribunal de su residencia: si hubiere muchos demandados, para ante el tribunal del domicilio de uno de ellos, a opción del demandante. En materia real, para ante el tribunal donde radique el objeto litigioso. En materia mixta, para ante el tribunal donde radique el objeto litigioso, o para ante el del domicilio del demandado. En materia de sociedad, en Página 11 de 1412 tanto que exista, para ante el tribunal del lugar en que se halle establecida. En materia de sucesión, para ante el tribunal en donde se haya abierto ésta, en los casos siguientes: 1o. en las demandas entre herederos, hasta la divisoria inclusive; 2o. en las demandas intentadas por los acreedores del difunto antes de la divisoria; y 3o. en las relativas a la ejecución de las disposiciones testamentarias, hasta la sentencia definitiva. En materia de quiebra, para ante el tribunal del domicilio del quebrado. En materia de garantía, para que el tribunal ante el cual se halle pendiente la demanda originaria. Finalmente, en el caso de elección de domicilio, para la ejecución de un acto, para ante el tribunal del domicilio designado, o el del domicilio real del demandado, de conformidad al artículo 111 del Código Civil. Considerando: Que en este sentido, materia personal se entiende como materia de crédito; en efecto, el derecho personal es sinónimo de derecho de crédito, que es el que otorga a su titular (acreedor) el poder de exigir de otra persona (deudor) una prestación consistente en dar, hacer o no hacer una cosa. Que si bien es cierto que en el contrato cuya nulidad se procura interviene una persona de derecho público o una persona administrativa, en este caso la Junta de Vocales del Distrito Municipal de Cabarete y que en atención a ello pudiera entenderse que la jurisdicción competente para conocer y decidir sobre la presente demanda es la contenciosa administrativa, no es menos cierto que el contrato cuestionado en nulidad no constituye un contrato público o administrativo; que más aún, la presente acción o demanda va dirigida contra un particular. Considerando: Que sobre este aspecto, es oportuno apuntar que de acuerdo a una parte de la doctrina, con la cual está conteste este Tribunal, existen tres (3) categorías de contratos públicos o administrativos, a saber: 1) aquellos contratos en que uno de los contratantes, por lo menos, sea una persona administrativa y que tenga por objeto la ejecución de un trabajo público (contrato de obras públicas); 2) aquellos contratos que conlleven la ocupación de un bien del dominio público; 3) todos los contratos que, siempre bajo la condición de que una de las partes sea una persona administrativa, reúna una u otra de estas dos condiciones: a) que el objeto de la obligación de la otra parte es la ejecución misma de un servicio público (contrato de concesión); b) si el objeto es solamente la ejecución de un servicio público directa o indirectamente, el contrato contenga de Página 12 de 1413 las llamadas cláusulas exorbitantes del derecho común. (René Mueses Henríquez, Derecho Administrativo Dominicano) Considerando: Que la parte demandante alegó como sustento de sus pretensiones el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: Las demandas intentadas por los abogados y oficiales ministeriales, en pago de honorarios, se discutirán por ante el tribunal en donde se hubiesen encausado dichos honorarios. Considerando: Que sobre este aspecto es oportuno señalar que la presente demanda no procura hacer efectivo el cobro de un crédito originado en un contrato de cuota litis, tal como establece el precitado artículo, sino que por el contrario, procura que el Tribunal ordene la nulidad del mismo, bajo el alegato de falta de calidad del contratante principal. Considerando: Que en el presente caso se procura la nulidad de un contrato de cuota litis, el cual se comprueba que se trata de un contrato eminentemente de derecho privado o civil y en el cual las partes que intervienen en el mismo tienen su domicilio en la ciudad de Puerto Plata; por tanto, resulta ostensible que la presente demanda en nulidad debió ser incoada por ante el Tribunal de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Puerto Plata, por ser dicha jurisdicción la competente en sus atribuciones civiles, tanto en razón de la materia como en razón del territorio; en consecuencia, procede declarar la incompetencia de este Tribunal para decidir el presente asunto, conforme a las disposiciones del artículo 3 de la Ley Núm. 834 del 15 de julio de Por todos los motivos expuestos, el Tribunal Superior Electoral, FALLA: Primero: Declara la incompetencia de este Tribunal, en razón de la materia, para conocer y decidir respecto de la demanda en nulidad de contrato de cuota litis incoada el 31 de enero de 2014 por Raquel Sierra Valdez, contra Pedro Virginio Balbuena y Rolando José Martínez Página 13 de 1414 Almonte, por los motivos previamente expuestos en esta sentencia. Segundo: Declarar que la jurisdicción competente para conocer y decidir del presente asunto es la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puerto Plata, en sus atribuciones civiles, en virtud de los motivos ut supra indicados. Tercero: Remite el expediente por ante el Tribunal competente, previamente señalado, para los fines legales correspondientes. Cuarto: Ordena que la presente sentencia sea publicada y notificada a las partes en litis, para los fines de lugar correspondientes. Dada por el Tribunal Superior Electoral y la sentencia pronunciada por el mismo, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, a los veinticinco (25) días del mes de abril de dos mil catorce (2014), año 171º de la Independencia y 151º de la Restauración. Firmada por los Magistrados, Dr. Mariano Américo Rodríguez Rijo, juez presidente; Dra. Mabel Ybelca Féliz Báez, Dr. John Newton Guiliani Valenzuela, Dr. José Manuel Hernández Peguero y Dr. Fausto Marino Mendoza Rodríguez, jueces titulares y la Dra. Sheila Rosario, suplente de la secretaria general. Quien suscribe, Dra. Sheila Rosario, suplente de la secretaria general del Tribunal Superior Electoral (TSE), certifico y doy fe, que la presente copia es fiel y conforme al original de la Sentencia TSE , de fecha 25 de abril del año dos mil catorce (2014), que reposa en los archivos puestos a mi cargo, la cual consta de 14 páginas, escrita por un solo lado, debidamente firmadas por los Magistrados que figuran en la misma, en el mes y año en ella expresado, leída y publicada por mí, que certifico. En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, hoy día veinticinco (25) del mes de abril del año dos mil catorce (2014); años 171º de la Independencia y 151º de la Restauración. Sheila Rosario Suplente de la Secretaria General Página 14 de 14 Documentos relacionados
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