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Timestamp: 2017-05-27 13:46:25
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Juicio Penal Internacional a Calderón: octubre 2011
Se denunciará a Felipe Calderón y a narcotraficantes ante la Corte Penal Internacional en la Haya
México, D.F., Martes, 11 de octubre de 2011 BOLETIN DE PRENSA
La errada estrategia militar contra el narcotráfico y la sociedad ha devastado al país entero. En México se cometen crímenes de guerra y de lesa humanidad.
Es urgente utilizar todas las vías pacíficas y legales a nuestro alcance para detener el derramamiento de sangre. La Corte Penal Internacional es un tribunal que juzga la responsabilidad de individuos en la comisión de los crímenes más graves en contra de la humanidad: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y agresión. Este tribunal internacional comenzó a funcionar en el año 2002. México ratificó el Tratado Internacional que la creó en el año 2005 e incorporó su reconocimiento en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los Crímenes de guerra en un conflicto armado -artículo 8, párrafo 2, inciso c, del Estatuto de Roma- consisten en actos cometidos contra personas que no participan directamente en las hostilidades como el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles y la tortura; ataques contra la población civil; ataques contra edificios, material, unidades y vehículos sanitarios; ataques contra edificios en que se agrupa a enfermos y heridos; actos de violación y esclavitud sexual; reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15 años en las fuerzas armadas o su utilización para participar activamente en hostilidades; y en el sometimiento de las personas que estén en poder de otra parte en el conflicto a mutilaciones físicas, entre otros. En México se han cometido tales actos de forma masiva. Por ejemplo, la mutilación de enemigos –decapitaciones- es ya una práctica absolutamente cotidiana, que lamentablemente comienza a ser empleada incluso por las fuerzas armadas mexicanas (la ejecución de Arturo Beltrán Leyva y su mutilación con evidentes fines intimidatorios estuvo claramente documentada por la gran mayoría de los medios de comunicación destacadamente el periódico español “El País” 18-12-2009). Como ha sido documentado por los diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos internacionales como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano también ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además de forma muy preocupante, se ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en su recomendación 45/2010.
Los Crímenes de lesa humanidad - descritos en el artículo 7 del Estatuto de Roma- implican un ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque, en el que se somete a las personas a esclavitud, tortura, desaparición forzada de personas, asesinato, violación, esclavitud sexual y prostitución forzada entre otros. En México este tipo de crímenes se cometen cotidianamente, especialmente en contra de los migrantes centroamericanos que tratan de llegar hacia los Estados Unidos. Lo más preocupante es que la CNDH documentó desde 2009 que el Instituto Nacional de Migración participa de estas ominosas prácticas por ejemplo a través de la comercialización de personas indocumentadas. La petición que hoy presentamos no implica enjuiciar a Calderón simplemente por su errada estrategia antinarcóticos, o a los narcotraficantes por el simple hecho de vender drogas. Ésos juicios pueden y deben realizarse todavía en nuestro país. Lo que solicitamos al fiscal de la CPI es una investigación por las desapariciones forzadas, por el reclutamiento de niños menores de 15 años como sicarios, por las ejecuciones extrajudiciales cometidas por soldados, por la mutilación de enemigos como forma de intimidación, por los ataques a la población civil, por el desplazamiento forzado de personas, por la violación sexual de mujeres y niñas, por los actos de tortura perpetrados y tolerados por el Ejército, por los ataques a centros de rehabilitación de enfermos, así como por el secuestro, venta y esclavización de migrantes por parte de miembros del Instituto Nacional de Migración. El Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes. Aunque todos ellos podrían alegar no haber cometido ningún asesinato directamente, ni ordenado los graves crímenes que aquí se les imputan, son responsables de encubrir y proteger a los sicarios, policías y soldados que directamente los cometen. Con ello la brutal violencia que azota a nuestro país se ha institucionalizado y se ha convertido en práctica cotidiana.
Desde el 25 de mayo de 2011 se solicitó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana, ejerciera su facultad de investigación sobre violaciones graves a los derechos humanos, en relación con la guerra al narcotráfico iniciada por Felipe Calderón –antes de que esta facultad fuera transferida a la CNDH-. A la fecha, la SCJN no ha tomado ninguna determinación al respecto demostrando que no está dispuesta a deslindar responsabilidades en la crisis que vivimos. Adicionalmente México no está en condiciones de llevar a cabo la investigación y el juicio en contra de Felipe Calderón, Joaquín Guzmán Loera, Genaro García Luna, Guillermo Galván Galván, Francisco Saynez Mendoza y demás autoridades, militares y narcotraficantes, debido a que en nuestra legislación penal no se han tipificado los crímenes de guerra ni de lesa humanidad. Esto implica que en nuestro país es imposible juzgar a cualquier persona por las conductas especialmente graves que hemos señalado, porque no existe el tipo penal para sancionarlos. Así mismo, la falta de autonomía de la Procuraduría General de la República y la inmunidad del Ejecutivo Federal generan una situación en la que es prácticamente imposible juzgar dentro de las instancias nacionales a los altos funcionarios civiles y castrenses por su responsabilidad en esta crisis humanitaria.
La petición ha sido firmada por 20 mil mexicanos –tanto de forma autógrafa, como a través de Internet- con lo que será la denuncia civil más grande que haya recibido la Corte Penal Internacional en su historia. Dicha petición sigue abierta para su firma por todos los interesados en el sitio http://www.petitiononline.com/CPI/petition.html mismo que garantiza la identidad de las personas y la no duplicidad de las firmas que respaldan esta petición. El plazo para seguir firmando esta iniciativa cerrará el 20 de noviembre de este año.
Claudia Cruz Santiago (Directora General del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia)
Manuel Fuentes Muñiz (Presidente, Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD)
José Francisco Gallardo Rodríguez (General Brigadier y Doctor en Administración Pública)
Olga Harmony (Decana de la crítica teatral)
Sanjuana Martínez (Periodista) Profesor Davir Martínez-Amador M.A. (Universidad Jesuita de Guatemala, experto en narcotráfico)
Lauro Sol (Abogado, ex-presidente de la Asoc. Nac. de Abogados Democráticos ANAD)
Tiaré Scanda (Actriz, estríctamente a título personal)
Lorenzo Vignal (Embajador) William Weaver (Universidad de Texas, El Paso)
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Felipe Calderón ha quintuplicado la violencia y la muerte en México. Los homicidios dolosos vinculados al crimen organizado pasaron de menos de 3 mil en 2007 a más de 15 mil en 2010. Frente a ello, el Ejecutivo continúa negándose a instrumentar un plan para el regreso del Ejército a los cuarteles a pesar de que existen propuestas serias y contundentes en este sentido, como la presentada por la Universidad Nacional Autónoma de México el pasado 8 de agosto.Calderón reiteró en su encuentro con el escritor Javier Sicilia su explicación sobre el aumento de las ejecuciones: sostiene que las organizaciones criminales dejaron de ver nuestro país como un espacio para el tránsito de drogas y comenzaron a disputarse los mercados locales.Los datos lo desmienten. El Distrito Federal es la tercera entidad con mayor número de adictos a las drogas y la primera en el número de personas que consumen drogas ilegales sin llegar a la adicción (Encuesta nacional de adicciones 2008). Sin embargo, la capital del país ocupa el lugar decimotercero entre las entidades con más fallecimientos relacionados con el narcotráfico, de acuerdo con la base de datos de fallecimientos del gobierno federal (actualizada a diciembre 2010). El argumento también es insostenible a nivel internacional. El país con el principal mercado de consumidores de droga en el mundo no es el más violento. Estados Unidos asume una política de tolerancia hacia el consumo de drogas, considera la marihuana como medicina y no vive una guerra interna.Es claro que la violencia no proviene de un crecimiento del consumo o de la lucha por los mercados locales sino del sesgado intento de Calderón por combatir solamente a algunos cárteles de la droga, en beneficio del cártel de Sinaloa. A partir de la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox y durante el gobierno de Calderón, sólo 2 por ciento de los detenidos en relación con la narcoguerra pertenecían a éste (“Organised crime in Mexico: outsmarted by Sinaloa”, The Economist, enero de 2010).Manuel Clouthier, panista de cepa, señala que “el narco no ha sido tocado en Sinaloa”. Y tiene toda la razón. Las acusaciones en contra de servidores públicos por recibir sobornos de algún cártel son ilustradoras. Por pagos provenientes del cártel de Sinaloa sólo suman 19. En contraste, las acusaciones en contra de los Beltrán Leyva duplican las del de Sinaloa; para el cártel de Tijuana, resultan ser el triple; y por los sobornos provenientes del cártel del Golfo y de los Zetas, hay 13 veces más acusaciones (“Mexico seems to favor Sinaloa cartel in drug war”, mayo de 2010, National Public Radio).Lo que padecemos es en realidad una guerra capitalista por el monopolio del narcotráfico. A largo plazo, el Chapo será una figura prescindible, tal como sucedió con Osama bin Laden. Joaquín Guzmán Loera será traicionado por los gobiernos mexicano y estadunidense, probablemente cuando decidan legalizar las drogas y tomar el control directo del gran negocio monopólico. Pero por ahora es necesario para eliminar la competencia.Se descalifica a quienes criticamos la estrategia del gobierno al argumentar que no ofrecemos alternativas. ¿Por qué no escuchan cuando insistimos en dotar de autonomía plena a la Procuraduría General de la República?Urge instituir protocolos de actuación para los cuerpos policiacos, como lo indica la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Atenco. Debemos ampliar la matrícula en la educación superior de forma inminente. Otra propuesta es combatir realmente el lavado de dinero. Y finalmente, exigir que las autoridades cómplices de los criminales sean juzgadas. Por ello hemos impulsado el juicio penal contra de Felipe Calderón y sus mandos militares ante la Corte Penal Internacional (CPI).La competencia de la CPI se actualiza, entre otras cosas, porque México carece de un tipo penal que prevenga posibles crímenes de guerra y de lesa humanidad. La eventual aprobación de una nueva Ley de Seguridad Nacional, que legaliza la utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, también ratifica la existencia de una política de Estado violatoria de derechos humanos.La violación y el ultraje de mujeres se han convertido en una estrategia represiva cotidiana por parte del Ejército que es encubierta y fomentada por Calderón. Ello también actualiza la competencia de la CPI.Los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad; además, atacaron generalizadamente a la población civil –detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos– mientras buscaban narcotraficantes (recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). La decisión de no sancionar a los responsables es evidentemente parte de una política de Estado.Si quedara alguna duda de la responsabilidad directa de Calderón, hay que recordar que en mayo de 2007 firmó y publicó un decreto para crear el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal bajo el mando directo del Ejecutivo. No obstante, en 2007 sus propias cifras reconocieron 2 mil 826 homicidios ligados a la narcoguerra. Las órdenes directas que giró a ese Cuerpo Especial llevaron a la muerte a muchas de esas personas.Las decisiones del Ejecutivo Federal arrastran al país a un conflicto armado permanente. Cada día la vida de nuestra sociedad se encuentra más lacerada. Sabemos que Calderón es responsable de la muerte de cerca de 50 mil personas y la desaparición forzada de más de 3 mil (Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, 2011). Llevémoslo a él y a los capos que protege ante la CPI para que sean juzgados por sus crímenes.
Los más de 40 mil seres humanos que han muerto en los últimos cuatro años nos colocan frente a una crisis humanitaria sin paragón. Ni la guerra de Estados Unidos contra Afganistán, ni la emprendida en contra de Pakistán han generado tal cantidad de muertos (Barómetro de Conflictos, Universidad de Heidelberg, Alemania). La violencia en México también ha dejado más desplazados que cualquier otro conflicto armado reciente, alrededor de 120 mil personas de acuerdo con el Internal Displacement Monitoring Center. La vulnerabilidad de los más jóvenes es particularmente grave: mil 226 de las muertes ocurridas entre 2006 y 2010 corresponden a niños y adolescentes (Red por los Derechos de la Infancia en México). En estrictos términos legales y de acuerdo con los criterios internacionales en la materia, esta situación se clasifica como un conflicto armado de índole no internacional.El responsable directo de esta grave situación es Felipe Calderón. Fue él quien declaró una guerra en el país y decidió utilizar al Ejército y la Marina para atacar selectivamente los cárteles de la droga. Fue el Ejecutivo quien de forma obstinada prosiguió con esta estrategia bélica a pesar de que diversos órganos de la ONU le han solicitado suspender la utilización de los militares en tareas policiacas, recientemente el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, en marzo de 2011.Como han documentado diversos informes sobre derechos humanos elaborados por organismos como Amnistía Internacional, el Ejército Mexicano ha llegado al extremo de asesinar y torturar a civiles completamente ajenos al conflicto, en retenes militares y durante sus operativos. Además, ha intentado encubrir estos hechos para garantizar impunidad a los responsables. Recordemos al respecto el caso de los estudiantes asesinados en el Tec de Monterrey el 19 de marzo de 2010, señalado por la CNDH en su recomendación 45/2010.Las fuerzas armadas también han dejado impune la violación sexual de mujeres indígenas cometida por soldados durante sus operativos, con lo que ha fomentado el empleo de tan deleznable práctica (caso Fernández Ortega y otros vs. México, así como el caso Rosendo Cantú y otra vs. México –Corte Interamericana de Derechos Humanos).Por su parte los cárteles de la droga también practican terribles crímenes contra la población civil. Reclutan niños menores de 15 años de edad para convertirlos en sicarios. Se estima que entre 30 y 43 mil menores de edad han sido reclutados por grupos criminales. Además, los ataques a los centros de rehabilitación de enfermos y adictos a las drogas se han generalizado. Los arteros ataques del 26 de junio en Durango, el 5 de diciembre y 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua –todos en 2010– son sólo tres ejemplos.Los tribunales de nuestro país se encuentran prácticamente impedidos para juzgar al Ejecutivo Federal (artículo 108 onstitucional). A ello se añade la falta de autonomía de la PGR, lo que se traduce en impunidad a los funcionarios civiles y militares responsables de esta crisis.Tampoco es viable someter a la justicia nacional a los soldados responsables de violaciones, torturas, desapariciones y asesinatos debido al inaceptable alcance del fuero militar, que permite que estos hechos sean juzgados por tribunales militares (artículo 57 Código de Justicia Militar). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado contundentemente que la jurisdicción penal militar no es competente para investigar, juzgar y sancionar a los autores de violaciones de derechos humanos (caso Radilla Pacheco vs. México), pero Calderón se ha opuesto a cumplir con las sentencias que ordenan modificar el marco jurídico para adaptarlo a los estándares internacionales.Ante la imposibilidad de juzgar a los violadores de los derechos humanos en nuestro propio país es urgente que hoy, bajo el principio de complementariedad, acudamos a la Corte Penal Internacional (CPI). Ello parece difícil dado que la Constitución señala que es el Ejecutivo (con aprobación del Senado) quien reconoce la competencia de la CPI. Sin embargo ninguna norma de derecho interno puede invocarse para incumplir obligaciones contraídas en el ámbito internacional (Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, artículo 27) por lo que cuando Calderón y sus mandos militares las invoquen, sus argumentos serán rechazados por la CPI.Para robustecer esta denuncia hace falta que participen la población y los defensores de derechos humanos del país. Por ejemplo, habría que incluir en el expediente de denuncia las declaraciones de los familiares de quienes han sido asesinados en operativos militares. Además, la mayor cantidad posible de ciudadanos mexicanos debemos firmar la petición que exige ante la CPI, detener el derramamiento de sangre. Contamos ya con miles de firmas recabadas en la marcha del 8 de mayo pero todavía es tiempo de que nuevas firmas respalden la denuncia.Calderón ordenó el empleo de estrategias anticonstitucionales y violatorias del derecho internacional para combatir al narcotráfico y ello ha llevado a la sistemática violación de los derechos humanos en nuestro país. Bajo el artículo 8 párrafo 2, inciso c, numerales I y IV, así como el inciso e, numerales I, IV y VII del Estatuto de Roma, debe ser juzgado por crímenes de guerra en la CPI.
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