Source: https://www.slideshare.net/luisvegavergara/derechos-humanos-en-la-poltica-ambiental-de-la-provincia-de-san-luis-7731294
Timestamp: 2017-07-28 11:35:31
Document Index: 308836671

Matched Legal Cases: ['artículo 504', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 121', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 13', 'artículo 123', 'artículo 41', 'artículo 124', 'artículo 41', 'ARTÍCULO 16', 'ARTÍCULO 20', 'artículo 41']

DD.HH, POLÍTICAS AMBIENTALES, SOCIEDAD CIVIL, INFRACCIÓN DE LEYES AMBIENTALES
Tags politica ambiental
Derechos humanos en la política ambiental de la Provincia de San Luis. Autor: Prof. Lic Luis Vega Vergara. 1 2.
1. Resumen ejecutivo. La investigación de los Derechos humanos en la políticaambiental de la Provincia de San Luis, incluye las evaluaciones de Impactoambiental de la localidad de Potreros de los Funes , (caso emblemático deviolación de derechos humanos)algunos aspectos que no se consideraron en laconstrucción del dique de Río Claro, un breve análisis de las evaluaciones deImpacto ambiental de Río Claro,y por ultimo examinaremos brevemente elproceso de ordenamiento territorial de los Bosque Nativos que recientemente seha presentado como anteproyecto de ley. del mismo modo consideraremos losprocesos administrativos del Órgano de Aplicación provincial y ver si estos nohan violado algún derecho ciudadano . La investigación comenzara con el establecimiento delfundamento legal , donde se contemplara algunos aspectos de los tratadosinternacionales firmados por el Estado Argentino , luego se procederá a analizaralgunos fundamentos y principios constitucionales , y nos centremosespecíficamente en los presupuestos mínimos de protección ambiental en la leygeneral del ambiente Ley 25.675, y la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos deProtección Ambiental de los Bosques Nativos. Objetivo general: realización de un relevamiento de lasituación de los Derechos Humanos a un medio ambiente sano y equilibrado, enla zona de influencia del Observatorio de Derechos Humanos de San Luis. Objetivos específicos: identificar los principalesimpedimentos que impiden a los ciudadanos que habitan en San Luis , elejercicio y goce efectivo de los derechos humanos sobre el medio ambientereconocidos en los ámbitos nacional e internacional. Alcance de la investigación: Esta investigación se enfocaen la participación de la Sociedad civil Organizada en la protección de losDerechos Humanos del Medio Ambiente, el accionar de éstas en casos concretos,con y sin judicializacion de la misma. De igual forma se tomaran en cuentaelementos de la Jurisprudencia internacional que sean necesario para explicar demanera más clara el tema. 2 3.
Delimitaciones y limitaciones: abarca la información deuna de las principales ONG referentes de San Luis: en las temáticas señaladas eneste diagnostico análisis documental de la legislación nacional en la medidaque se consideran los procesos de evaluación de impacto ambiental, y losprocesos de participación ciudadana, especialmente desde la Sociedad CivilOrganizada. Relevancia del tema: El tema del la participaciónciudadana, el rol de las instituciones de la sociedad civil y sistema jurídicovigente no debe ser tomado como un elemento más de los derechos humanosen políticas ambientales, éste es el elemento base de garantía a vivir en un medioambiente sano y equilibrado, estando íntimamente relacionado con lasustentabilidad de un Estado. Se debe comprender que el deterioro del medio ambientey de la articulación de las políticas públicas no participativas lesionan derechosde las personas que en ella viven, por lo tanto es vital que se superen los vacíoslegales , y se promueva la participación genuina en todo lo que hace a lasdecisiones en políticas ambientales. 2. Introducción. En este apartado desarrollaremos el sistema de protecciónde derechos humanos ambientales, del mismo modo indicaremos la base jurídicaque lo sustenta, y por últimos veremos algunos casos puntuales de la Provincia deSan Luis, para tales efectos es importante señalar que históricamente siemprepreexistió una inquietud sobre la relación entre el hombre y el ecosistema, de talmodo que el tema ambiental contemporáneo deriva de una concepción"holística" que forja el ambiente como un sistema en el cual sus distintoscomponentes (bióticos y abióticos) generan un conjunto. También se percibe queexiste una relación entre la acción humana y el problema ambiental que generaresponsabilidad y compromiso ciudadano. El problema ambiental no es fruto delas casualidades o de los extravagancias de la naturaleza, sino es un efecto 3 4.
(deseado o no) de las actividades antrópicas del hombre. Por ello, es posibleregularlo. Debido a que los derechos humanos evolucionan a la parde las necesidades humanas, algunos autores han dado a estas prerrogativas unacategorización de acuerdo con su origen histórico y su ubicación porgeneraciones. Así, se habla de derechos de primera, segunda, tercera, y comienzaya a hablarse de una cuarta generación, se refiere a la generación de los derechosciviles y políticos, la de los derechos económicos, sociales y culturales y la de losderechos de la solidaridad, dentro de los cuales han ubicado al derecho a unmedioambiente sano. Otros autores encuentran esta clasificación incorrecta, yaque consideran que no importa como se les catalogue, éstos siempre van a seguirsiendo de naturaleza esencialmente complementaria. Los derechos interactúanentre sí y no se sustituyen unos a otros, son indivisibles. Los derechos humanosrelacionados al medio ambiente se encuentran establecidos en los tratados básicosde derechos humanos e incluyen: • El derecho a un medio ambiente seguro y saludable. • El derecho a un alto estándar de salud. • El derecho a un desarrollo ecológicamente sustentable. • El derecho a un estándar de vida adecuado, incluyendoel acceso a alimentación y agua potable. • El derecho de los niños para vivir en un medioambiente apropiado para su desarrollo físico y mental. • El derecho a una participación completa y equitativa detodas las personas en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente, laplanificación de desarrollo y decisiones y políticas que afecten a la comunidad aun nivel local, nacional e internacional. 4 5.
• El derecho a gozar de condiciones seguras de trabajo,incluyendo garantías para mujeres embarazadas y en lactancia. El derecho a la protección para la no -discriminación encualquier área. • El derecho a la educación e información incluyendo larelacionada con vínculos entre salud y medio ambiente. • El derecho a compartir los beneficios del progresocientífico. La asociación entre los derechos humanos y el ambiente,no solo se halla en términos académicos y legales, sino que son además reales yprácticos. El proceso de los casos ambientales desde la perspectiva de derechoshumanos, siempre ha estipulado una protección judicial más amplia. Es decir, altratar los problemas ambientales también desde el ámbito de los derechoshumanos, se abren nuevas contingencias de protección jurisdiccional, pudiendoentonces acudir tanto a las acciones judiciales ambientales provinciales,nacionales e internacionales como a las de protección de los derechos humanos. El tema con los Derechos Humanos y el Ambiente, es untema que desde hace un tiempo se trabaja desde la afectación de la vida eintegridad personal y/o el derecho a la propiedad, reconociendo quesubsidiariamente se lo ha vinculado con el derecho a la información. Esto últimocon base en que la idea conceptual es que habrá una protección más adecuada, silas personas pueden participar en la toma de decisiones fundamentales que afectansus DHs, incluyendo plenamente a los sectores de las Sociedad Civil Organizada,recibir información, participar de audiencia publicas y procesos de evaluación deimpacto ambiental como así mismo interponer acciones legales cuando seannecesario. En estado constitucional de derecho y de democraciaparticipativa no debieran existir dudas sobre el carácter jurídico y la jerarquíasuprema de las disposiciones que contienen normas relativas a los derechos 5 6.
humanos, sea que ellas se encuentren en ordenamientos local, nacionales, o seincorporen con motivo de fuentes internacionales, como tampoco sería deesperarse que se presenten intentos de disminuir los efectos vinculantes de lasinterpretaciones más favorables a su garantía, sin importar su procedencia. 3. Derechos humanos ambientales: Normativaambiental. En el ámbito internacional, dentro de la Declaración de lasNaciones Unidas de 1948 hallamos la primera base para el reconocimiento alderecho al medioambiente adecuado, al instituirse que “toda persona tienederecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, lasalud y el bienestar”. A partir de esta Declaración se consolida el desarrollo deinstrumentos tanto de carácter ambiental como de estructura de reconocimiento alos derechos humanos, en donde se establece el vínculo entre el medio ambiente ylos derechos humanos. En la Declaración de la Conferencia de las NacionesUnidas sobre el Medio Ambiente Humano, refrendada en Estocolmo en 1972, seestablece como derecho del hombre a tener “condiciones de vida satisfactorias enun ambiente cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar”. Dosdécadas más tarde, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre MedioAmbiente y Desarrollo, realizada en Río de Janeiro (1992), se reunierondelegados de diversos países y reconocieron la interdependencia entre la paz, eldesarrollo sustentable y el medioambiente. Desde ese momento histórico, sepromueve el desarrollo de instrumentos internacionales tendientes a proteger elmedioambiente y a garantizar la subsistencia del ser humano en el planeta.,especialmente en el marco jurídico internacional y de los países asociados.Dentro de la misma Conferencia, se discutieron cinco documentos: el Conveniosobre la Diversidad Biológica, la Declaración de Principios sobre los Bosques, elPrograma 21 (como un conjunto de principios y acciones que los países seproponen cumplir en el siglo XXI), la Declaración de Río sobre el MedioAmbiente y el Desarrollo y la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre elCambio Climático. 6 7.
Por otra parte la relación entre derechos humanos yambiente fue reconocido explícitamente en una declaración de la relatora especialsobre derechos humanos y ambiente de la Organización de las Naciones Unidas(ONU), Fatma Zohra Ksentini, presentada en 1994 ante la Subcomisión dePrevención de la Discriminación y Protección de Minorías. En su observación, Ksentini concluyó que el dañoambiental tiene un efecto contraproducente sobre el goce de una serie de derechoshumanos y que por su parte, las violaciones de los derechos humanos generandaño en el ambiente. Es importante señalar que el derecho ambiental es unadisciplina y especialidad nueva dentro del Derecho, lo que hace que haya undesconocimientos casi generalizado de los ciudadanos de estos derechos queprotegen al ciudadano y por ende Al ambiente en donde éste se desarrolla .En unconcepto amplio el Derecho Ambiental es la rama del derecho autónoma,constituido por las normas, principios e institutos que sistemáticamente regulanlas actividades humanas en su interacción con el ambiente e incluye lossiguientes aspectos: • Transversal – horizontal • Interdisciplinario • Regula “derechos humanos” de 3era. Y 4ta. Generación. “Para algunos especialistas, principalmente europeos, elderecho ambiental es un derecho “horizontal”, en el sentido que se solapa y cruzaa través las distintas ramas del derecho (derecho civil, derecho administrativo,derecho penal, derecho internacional, etc.) y es un derecho de “reagrupamiento”,en cuanto se limita a reunir y aglutinar disposiciones dispersas en una pluralidadde textos normativos. Más que una nueva rama del derecho, con principios,instituciones y reglas propias, el derecho ambiental, para quienes piensan de estaforma, tiende únicamente a penetrar todas las especialidades jurídicas reconocidas 7 8.
y consagradas por la doctrina para orientarlas en un sentido ambientalista, lo que equivale a sostener que carece de especificidad sistemática propia”.1 Desde otro punto de vista, Pigretti2 ve en el derecho ambiental un desafío que replantea la relación del hombre con la naturaleza, como asimismo la relación del hombre con el grupo social, que aún no tiene recepción adecuada del derecho, aunque está en juego en la cuestión, el derecho a la vida y la integridad personal. Esta postura sostiene que la responsabilidad es patrimonial de hombre a hombre. El derecho civil desarrolla únicamente un derecho micro, entre personas individuales que llevan sus cuestiones al juez. Por tal razón es difícil concebir la existencia de los llamados intereses difusos acciones de clases o acciones ecológicas, que suponen una interrelación del hombre con el grupo social y que en consecuencia, superan la relación patrimonial individual. Del mismo modo , cabe destacar que el derecho ambiental se registra dentro de los llamados “derechos de tercera generación”, según la clasificación de derechos humanos que distingue, de acuerdo con su naturaleza, tres grupos3: los derechos de “primera generación” (civiles y políticos),de “segunda generación” (sociales, económicos y culturales) y los de “tercera generación”, fundados en la solidaridad, entre los que se encuentra el derecho a la paz, al medio ambiente y al desarrollo. Para otros autores se considera que el derecho ambiental, encierra Derechos de Cuarta generación, por su carácter intergeneracional, en favor de los que se exteriorizarán en el futuro, por tanto sobrelleva un deber actual exigible: de conservación, preservación de los recursos naturales, según la regla1 Cano, Guillermo J., “Derecho, Política y Administración Ambientales”, p. 37, Depalma, 1978.2 Pigretti, Eduardo: “Derecho Ambiental”, p. 52, Depalma, 1993. Así sostiene que “el derecho ambiental parte del supuesto de quesu consideración respecto del hombre y la naturaleza, es totalizadora, es decir, que sus alcances legislativos se refieren a aspectosglobales, de conjunto y no a aspectos particulares o puntuales”. 40 Pigretti,3 López Ramos, Neófito: Prólogo, p. 14, de las “Memorias del Primer Encuentro Internacional delDerecho Ambiental”, organizado por la Semarnat Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales -INE Instituto Nacional de Ecología ,su publicación, impreso en México, 1º edición, octubre 2003. 8 9.
del artículo 504 CC, estipulación en favor de un tercero, constituida por un grupo igualmente protegido: las generaciones futuras.4. En lo concerniente a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la línea que puede llegar a aparecer entre la práctica cotidiana y el modelo trazado por los ordenamientos fundamentales, tiende a ser más pronunciada, razón por la que en tales ejes, adquiere mayor trascendencia la exigencia de dilucidar los medios de control de constitucionalidad, incluido nuestro Juicio de Amparo, con el objetivo de que alcancen todo su potencial garantista, antes que continuar aguardando eventuales reformas legislativas que los perfeccionen. La Constitución Nacional, reformada en el año 1994, introdujo la protección al Medio Ambiente como derecho inalienable de todos los habitantes, así como también el deber de preservarlo, introduce el concepto de Desarrollo Sustentable y otros conceptos a los que nos vamos a referir después. La legislación de nuestro país en materia ambiental es profusa, dispersa y en muchos casos incoherente. Pese a lo anterior, artículo 41 de la Constitución Nacional señala que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. Aparece un nuevo sujeto grupal: generaciones futuras; las que tienen necesidades que no pueden ser comprometidas para la satisfacción de las necesidades presentes, además incluye ”El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al4 Morello, Augusto M., “pagina 172.Los Derechos del Hombre de Tercera y Cuarta Generación”,p. 950, en su obra:“Estudios de Derecho Procesal. Nuevas demandas. Nuevas respuestas”, Librería Editora Platense, 1998. 9 10.
territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de losradiactivos". En el primer párrafo cuando dice ..”y para que lasactividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometerlas de las generaciones futuras” se está dando el concepto de DesarrolloSostenible o Sustentable, es decir que dicho concepto posee ahora en nuestroordenamiento jurídico raigambre constitucional. En este sentido en Argentina diversas provincias del paísya se habían adelantado a incluir en sus constituciones locales este apartadojurídico. Así la Constitución de Catamarca (1988), Córdoba (1987), Corrientes(1993), Formosa (1991), Jujuy (1986), La Rioja (1986), Río Negro (1988), Salta(1986), San Juan (1986), San Luis (1987), Santiago del Estero (1986), Tierra delFuego (1991) y Tucumán (1990), muchas de las cuales contienen mandatos quehan sido tomados como base para el citado artículo 41. Sin embargo laConstitución Nacional incluye una idea mas amplia, incorporando la obligaciónde recomponer el daño ambiental a cargo de quién lo ha causado. 4. Principios de la Política Ambiental Argentina PRESUPUESTOS MINIMOS DE PROTECCIONAMBIENTAL Se trata de normas de base, umbral, de piso, uniformes,comunes, sobre las cuáles se va a construir el edificio total normativo de laproblemática ambiental en la Argentina, de organización federal. Toda norma que concede una tutela ambiental uniforme ocomún para todo el territorio nacional, y tiene por objeto imponer condicionesnecesarias para asegurar la protección ambiental. La leyes actuales son: • Ley 25.612 (Residuos industriales). • Ley 25.670 (PCBs) • Ley 25.675 (Ley general del ambiente) • Ley 25.688 (Gestión de aguas) 10 11.
• Ley 25.831 (Libre acceso a la información pública ambiental) • Ley 25.916 (Residuos domiciliarios) • Ley 26.331 de Protección ambiental de los bosques nativos Pero entiéndase bien, el alcance de dichas normas depresupuestos mínimos, deberá interpretarse de manera restrictiva, no extensiva.No se debe de esta forma, devaluar la existencia de facultades concurrentes (o sealas que pertenecen en común al estado federal y a las provincias), a favor de laNación, porque el poder originario corresponde a las Provincias, conformeartículo 121 CN, del cual deriva el poder federal, central o nacional, el quesiempre es competencia de excepción., el Articulo 124 de la ConstituciónNacional que no deja espacio para ninguna interpretación que no sea la siguiente:“los recursos naturales pertenecen a las provincias”. Este articulo ha permitidouna serie de interpretaciones de gobiernos provinciales, lo cual ha permitidoviolar sistemáticamente derechos constitucionales y de leyes nacionales, talcual como ha ocurrido con el desmonte de bosques nativos en las provinciasde Chaco y San Luis, audiencias publicas amañadas, restricción a la solicitudde información ambiental ,talleres participativos sin audiencias publicas,evaluaciones de impactos ambientales efectuadas al 50% de las obrascomenzadas, proyectos de leyes ambientales sin participación de los actoreslocales. De allí que en este apartado analizaremos la cuestiónambiental en las provincia de San Luis, lo que a nuestro criterio se enmarcandentro de la violación de derechos humanos a vivir en medio ambiente saludable,para tales efectos analizaremos algunos casos puntuales confrontándolo con lalegislación ambiental disponible. 5.. Evaluación de impacto ambiental, fundamentosjurídicos. Uno de los elementos esenciales para proteger ymejorar la salud y la calidad de vida de las personas, conservar, proteger ymejorar la calidad del Medio Ambiente y usar racionalmente los recursos 11 12.
naturales, así como para constituir criterios para la prevención y mitigacion del daño ambiental , es aplicar el principio de cautela, de acción preventiva y correctora, a los planes, programas y proyectos de obras publicas o privadas, o intervención en los ecosistemas , todo esto mediante la redacción de los oportunos Estudios de Impacto Ambiental y los procedimientos de valoración y evaluación de impactos ambientales y de autorización ambiental de los organismo de aplicación. La Evaluación de Impacto Ambiental es un instrumento de gestión, que presupone una estrategia de actuación. Cada una de las palabras con las que se denota este instrumento tiene una significación particular, y deben ser utilizadas en el momento oportuno. Su cometido principal es, como se ha dicho, “evaluar, dentro de lo que sea factible, la variedad total de impactos que las alteraciones de los hombres pueden producir en el medio ambiente de modo que se puedan tomar decisiones óptimas y evitar las consecuencias adversas” 5 . La complejidad de lo legislado en la evaluación de impacto ambiental, ha llevado a “vericueto de interpretaciones “, que han dificultado el accionar de las instituciones de la sociedad civil “que habitualmente es quienes exigen, cuando a algún gobierno municipal o provincial se le olvida” en un somero análisis veremos donde encontramos la legislación sobre este meta, y tenemos que: • La ley general de ambiente (25.675), instituye entre “los instrumentos de la política y la gestión ambiental” a la “evaluación de impacto ambiental” (art. 8º) • El artículo 11 instituye que “toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente” estará sujeta a una evaluación de impacto “previa a su ejecución” • El artículo 12 señala que las personas físicas o jurídicas “darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades5 1 Barlett, Robert V. y Caldwell, Lyndon K._ Política Nacional del Medio Ambiente a través de la EIA:la experiencia estadounidense, citado por Sabsay, Daniel: “La Evaluación de Impacto Ambiental”,Revista de Derecho Público, Tomo 2005-I, pág. 196. 12 13.
afectarán el ambiente”. Luego –continúa el artículo “Las autoridadescompetentes determinarán la presentación de un estudio de impactoambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, enconsecuencia deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitiruna declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobacióno rechazo de los artículos presentados” • El artículo 13 enuncia que “los estudios de impactoambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada delproyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de lasconsecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar losefectos negativos”. • Sobre la materia, es la legislación provincial la quecontendrá las disposiciones particulares, que no podrán contradecir lasnormas generales establecidas por la ley 25.675. Por otra parte, cabe también a los municipioscontribuir en este materia. La autonomía municipal consagrada por laConstitución Nacional en su artículo 123, y por la mayoría de lasconstituciones provinciales justifica el ejercicio del poder de policía en estamateria por el gobierno local, el cual está instituido por la configuraciónconstitucional y legal que en cada jurisdicción provincial se hace de dichaautonomía y de la extensión del poder de policía. 6. Factores de violaciones en DD.HH en la crisis medio ambiental que vivimos: a) Participación de la sociedad civil en los derechoshumanos de tercera generación. En San Luis durante los últimos 10 años surgieron unaserie de instituciones de la sociedad civil, una de las mas antiguas con presencia yreconocimiento social es la Fundación Inti Cuyum, y Equilibrio Vital.Posteriormente, surgen las ONGs Pircas, Samay Huasi, Apeyus, la ONG 13 14.
Braislosky, FOAPRA, (federación que integra a casi la mayoría de las ONG deSan Luis Capital), y por último en el año 2007 nace Ecocultura. Algunas de estas ONG, surgieron del seno de la UNSL, yde profesionales que allí se desempeñan es el caso de Samay Huasi, Pircas, yApeyus. Las características de estas ONG son disímiles, cada unade ellas se dedican a actividades diferentes, y tienen poco involucramiento social,existen contrastes organizacionales bien marcados, que las podemos categorizardel siguiente modo: • ONG Profesionalizada pero sin mayor involucramientosocial. • ONG Profesionalizada y con involucramiento social. • ONG Sin estructuración. La gran mayoría de las ONGs ambientales de San Luistienen demasiado objetivos generales, y mal definidos sus objetivos específicos,como del mismo modo carecen de estrategias efectivas en los trabajos concretosen políticas ambientales por estar falto de formación y capacitación en lasmismas, no poseen sistematizadas sus acciones en cuanto a archivos de prensa,archivos de notas, comunicaciones institucionales, instrumentos de medición y/oanálisis de FODA institucional, del mismo modo carecen de conocimientos delimpacto de su actividad . También se observa que el voluntarismo de estasasociaciones es escaso, hay casos de instituciones que poseen un alto número desocios y solamente participan algunos miembros de la comisión directiva, otrospuntuales en donde solamente figuran algunos dirigentes y se encuentran en totalacefalía y es sostenida la institución por dos o tres personas. Y en casos puntualesdonde la ONG es presidida por una sola persona, legalmente inscripta con sociosque nunca participan. Entre estas organizaciones ambientales suelen darseintercalación de políticas, algunas carecen totalmente de marcos teóricos ymetodologías de trabajos, y en caso de las que tienen también se observa que 14 15.
algunas compiten para obtener subsidios, se observa una carencia metodológicapara articular políticas publicas con el gobierno provincial. En cuanto a las políticas de DD. HH. que estasinstituciones dicen defender, nos encontramos con que varias de ellas poseenestatutos copiados, sus objetivos no dejan claramente definidas sus políticas, susmetas no están lo suficientemente delineadas. Del Mismo modo se observa que enla mayoría de estas ONG, no tienen incluidas en sus estatutos la defensa jurídicade los derechos humanos a proteger, puntualmente nos referimos que si unaONG no esta facultada para presentar un recurso de amparo, o presentar unademanda judicial, cualquier tribunal puede desechar este petitorio, por no estarincluido en sus estatutos. Las principales dificultades de estas instituciones es queno poseen subsidios, y las posibilidades de que le aprueben un proyecto a nivelprovincial son escasas, ya que el principal competidor de estas instituciones sonlos grupos de servicios de la UNSL, que poseen el capital humano, tecnológico,laboratorios, espacios físicos de una institución pública al servicio de las políticasambientales provinciales, especialmente en lo que se refiere a evaluaciones deimpacto ambiental. Las ONGs no pueden ofrecer estos servicios por los costosque ello implicaría. Por otro se suma a esto la falta de reconocimiento delestado provincial sobre el rol y la función de las instituciones de la sociedad civil. Al menos 4 ONGS de San Luis, surgieron frente a laspolíticas ambientales desatinadas del gobierno provincial de San Luis, caso deSamay huasi, Braisloky, Foapra y Ecocultura, las que usualmente son tildadas de“opositoras”. La mayoría de las ONGs ambientales perciben una totalfalta de interés del Gobierno Nacional en promover los derechos humanosambientales, no existen proyectos de capacitación, ni proyectos que estimulen estaárea de defensa de los derechos civiles. 15 16.
b) Políticas ambientales y Derechos Humanos. Las competencias de Provincias, municipios y comunas enmateria ambiental en primer lugar, se ubican intrínsecamente en el sistemajurídico ambiental nacional, ello quedó plasmado en la Constitución Nacional de1994 y con él, la relación entre dos niveles de gobierno: el de la Nación y el de lasprovincias. Recuérdese que en nuestra carta magna se declara un principiointernacional al establecer en su artículo 41 que: “Todos los habitantes gozan delderecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y paraque las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sincomprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. La constitución también señala que: “Corresponde a laNación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección,y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquellas alterenlas jurisdicciones locales”. Viene a cerrar este esquema normativo el artículo 124de la Constitución Nacional al establecer que: “Corresponde a las provincias eldominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. El Art. 124. ha sido interpretado por diversos gobiernosprovinciales de forma antojadiza, creyendo que por ello son dueños de losrecursos naturales de las provincias, una de esas interpretaciones es la que sesostiene en San Luis, por opinión continua de un asesor letrado del Ministerio deMedio ambiente de San Luis, dicho frente a frente a diversas reuniones, yavalado por su Ministro. En argentina ya hace algunos años (2002) se sancionaronlos presupuestos Mínimos ambientales y ello tiene validez en toda la NaciónArgentina, los presupuestos mínimos ambientales constituyen un nivel deprotección ambiental coordinado entre los poderes concurrentes de Nación yProvincias, que firmaron el Acuerdo, incluido la Provincia de San Luis, por elcual incumbe a la Nación fijar las normas de base, y a las provincias mejorarlasmediante sus propias normas, garantizando el respeto de las gobiernos locales, 16 17.
alcanzándose así maximizar lo mínimo. Es decir que los presupuestos mínimosserían principios jurídicos globales, del cual las provincias pueden legislar enmateria ambiental. De este modo se logra una cierta coherencia y homogeneidaden la protección jurídica del ambiente, garantizando a todos los habitantes de laRepública Argentina, la calidad del ambiente a nivel nacional y respetando almismo tiempo las diversidades locales naturales y culturales. Ahora bien para que se comprenda mejor esto laConstitución ha reservado la competencia para ejecutar las leyes de presupuestosmínimos a los gobiernos locales. Al Gobierno federal, a través de su autoridadambiental, le corresponde aplicar la ley de presupuestos mínimos no en el sentidoestricto de ejecutar una ley federal, sino en un sentido institucional y político- consustanciado con el espíritu del tercer párrafo de la cláusula ambiental de laConstitución -. Lo anterior tiene implicancia trascendentales en laslegislaciones provinciales ya que las infracciones a los presupuestos mínimosentrañarán responsabilidad en el orden administrativo, de estricto competenciaprovincial, con motivo del dictado de las normas "complementarias" a que aludeel tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional, fija el plazo deprescripción de las respectivas acciones sancionatorias. Si se tratara de figuraspenales, la Nación podría fijar un plazo de prescripción (Art. 75, inc. 12, Const.Nac.), pero no sucede ello con las penalidades administrativas, que pertenecen alámbito del Derecho Administrativo, el cual es de naturaleza local. c). El derecho a la información. Argentina, en comparación a otros estados vecinos, hamanifestado su inquietud por el Medioambiente y el derecho al libre acceso de lainformación medioambiental, muy en el sentido descripto en la Declaración deRío de 1992 (que ha resultado ser, también, fuente de inspiración para el derechoargentino). La información ambiental está regulada, básicamente, en el Art. 41 dela Constitución Nacional y en la Ley Nº 25.831 y la ley 25.675. 17 18.
La Ley Argentina Nº 25.831 de Régimen de Libre Accesoa la Información Pública Ambiental, promulgada el 6 de Enero de 2004 entiendepor información ambiental toda aquella información en cualquier forma deexpresión o soporte relacionada con el ambiente, los recursos naturales oculturales y el desarrollo sustentable. En particular: El estado del ambiente o alguno de los componentesnaturales o culturales, incluidas sus interacciones recíprocas, así como lasactividades y obras que los afecten o puedan afectarlos definitivamente. Las políticas, los planes, los programas y las accionesreferidas a la gestión del ambiente. En la Ley 25.675 se señala: ARTÍCULO 16-Las personas físicas y jurídicas, públicaso privadas, deberán proporcionar la información que esté relacionada con lacalidad ambiental y referida a las actividades que desarrollan. Todo habitantepodrá obtener de las autoridades la información ambiental que administren y queno se encuentre contemplada legalmente como reservada. ARTICULO 17-La autoridad de aplicación deberádesarrollar un sistema nacional integrado de información que administre los datossignificativos y relevantes del ambiente, y evalúe la información ambientaldisponible; asimismo, deberá proyectar y mantener un sistema de toma de datossobre los parámetros ambientales básicos, estableciendo los mecanismosnecesarios para la instrumentación efectiva a través del Consejo Federal de MedioAmbiente (COFEMA). El ejercicio de este “derecho de acceso a lainformación” está, además, íntimamente vinculado con el tema de laparticipación ciudadana en la toma de decisiones, la cual demanda lainformación clara y oportuna que permita hacer eficaz la participación. El derecho de información radica en la posibilidad real deacceder a la información ambiental que, por uno u otro motivo, se solicita; en lapráctica el ejercicio de este derecho no ha resultado tan sencillo, por variasrazones, entre érase destacan: 18 19.
Discrecionalidad de los funcionarios en la aplicaciónde la legislación que regula el acceso a la información y, en ocasiones, falta deconocimiento sobre la jurisprudencia vinculante. Caso desde San Luis desde elaño 2006 se empezó a solicitar información ambiental, Foapra solicitoespecíficamente por la Riña de Gallo nunca se otorgo, del mismo modo losambientalistas solicitaron información sobre los proyectos de Río Claro y larealización de la evaluación de impacto ambiental, al no contar con esta elentonces Ministro de Medio Ambiente Arq. Hugo Larramendi (nota enviada el 30de Enero 2008) llama al grupo de servicio de la UNSL liderado por el Dr. RubénLijerot, y lo efectúan cuando la presa tenía un 30 %de avance de la obra, violandoSISTEMATICAMENTE LAS LEYES NACIONALES AL RESPECTO. Lomismo ocurrió con el Proyecto del Circuito Internacional Potreros de los Funes,no contaba con su respectiva evaluación de impacto ambiental al solicitarse lainformación la consultora Sodemin grupo de trabajo de la UNSL lo efectúacuando esta llevaba un 20% de avance de la obra Otras de las dificultades para impedir la libreinformación ambiental es la inadecuada definición de algunos conceptos,especialmente tratándose de excepciones al derecho de acceso a la información, La libertad de expresión no puede desarrollarseplenamente si no se cuenta con la posibilidad de conocer aquellas decisionesque afectan la vida de los hombres. En el caso puntual de San Luis Los datos usualmente seencuentran desorganizados y los mecanismos de entrega son limitados. No entodos los casos funcionan bien “los contacto” encargados de orientar al usuariopara obtener la información requerida. d) Casos Puntuales de violación de derechos CASO 1. En relación al informe ambiental sobre lasobras Presa sobre RIO CLARO- APROVECHAMIENTO SANFRANCISCO ETAPA II. 19 20.
Las obras Publicas afectan de muy diversa manera a losrecursos naturales: agua, suelo, flora y fauna y a las condiciones económico-sociales del área. Por ejemplo la generación de una Presa, Embalse, Dique;provocan alteraciones en los ecosistemas tanto aguas arriba como aguas abajo. Esasimismo reveladora la incidencia de estas obras sobre los aspectos sociales,económicos, políticos y culturales de la región. Entre otros, se enfatizan losefectos sobre la salud, las expectativas de nuevas actividades productivas que segeneran en las comunidades locales, los efectos de las relocalizaciones deasentamientos humanos y actividades productivas, los cambios culturales, lasobras de equipamiento social, las alteraciones en el uso del espacio, lasmutaciones en el mercado de trabajo y el sistema de precios, los cambios en losvalores de propiedad, las condiciones laborales y de seguridad de los recursoshumanos que participan en la misma. Si la idea es elevar la calidad de vida de lapoblación y propender al uso racional, integrado y sostenido de los recursos, atañepor tanto desarrollar una gestión ambiental desde el inicio del proyecto ycustodiarla durante la vida útil de las obras, a fin de minimizar los efectosnegativos y maximizar los beneficios de estas obras de desarrollo, asegurando laóptima asignación y utilización de la inversión pública y del uso de los recursosexistentes en su área de dominio. La correcta gestión ambiental debe contribuirtambién al mejoramiento del diseño y funcionalidad de la obra y a la reducción desus costos globales, minimizando imprevistos, atenuando conflictos yconcurriendo a la preservación de la obra y del medio en el marco de unaplanificación integral. Estamos conscientes que los planes y programasque involucran las cuestiones de desarrollo y el ordenamiento ambiental soncompetencia de las autoridades provinciales y municipales. Pero considerando queestas obras producen modificaciones importantes en el área de influencia, losorganismos responsables de las mismas deberán generar mecanismos adecuados afin de encontrar, conjuntamente con las autoridades competentes, los caminos que 20 21.
permitan potenciar las acciones de las obras en función del desarrollo de la región,fijando la normativa ambiental requerida para el racional uso de los recursos. Por lo tanto, el organismo responsable de laelaboración y ejecución del proyecto no puede limitarse a la realización deestudios técnicos para el mero conocimiento del medio natural y socioeconómico,sino que, igualmente, debe estructurar una instancia ejecutiva que sintetice losresultados de los estudios y determine, a través de mecanismos de concertacióncon las autoridades competentes nacionales (Organismo Regulador de laSeguridad de Presas ORSEP) y provinciales, articulado con diagnosticoparticipativos de la comunidad involucrada, la participación de la sociedad civil,entres otros. EL primer Informe sobre el caso analizado(GRUPO DE SERVICIOS AMBIENTALES - EGAS - DE LA UNIVERSIDADDE SAN LUIS que elaboró el E.I.A. solicitado por el Ministerio de MedioAmbiente, este se entregó a los ambientalistas tres meses después de haberlosolicitado, ya que este grupo consultor lo efectuó cuando la obra pública seencontraba en construcción . Este informe de EGAS no cumple con diversosrequisitos esenciales de evaluación de impacto ambiental entre los cuales sepueden citar: • En su primera etapa, no se consignan los diagnosticoprevios que incluyan el marco jurídico-administrativo, el procedimientocomunitario que contenga la normativa provincial y nacional, y los tratadosfirmados por el Estado Argentino. • El inventario ambiental de la zona en estudio estáincompleto. Entre los cuales se debe señalar como mínimo, la descripcióngeneral del proyecto, evaluación de los efectos directos e indirectos del proyectosobre cada factor ambiental, medidas preventivas, resumen del estudio,conclusiones comprensibles y el programa de vigilancia ambiental que sepropone por parte de la empresa y el Estado Provincial, que los consultores deEGAS, debían sugerir. • No se explica cuales serán los impactos ambientalessobre el medio y los que la dinámica de este produce sobre las obras, lo que dará 21 22.
lugar a la conformación de un nuevo sistema ambiental, expresado por unadiferente relación entre sus componentes, no se indican los mismos ni cuales setrabajarán, aunque esta sea una primera etapa, debe consignarse. Tales comopor ejemplo: a) derivación de aguas. b) caminos y pistas de montaje. c) infraestructura (canales, electricidad, conductos). d) obras de construcción propiamente dichas. e) transporte de materiales. f) movimientos de maquinas pesadas. g) vertidos de tierras y otros materiales. h) edificios obradores. i) deforestación y limpieza del vaso. j) reposición de caminos destruidos e inundados. k) expropiaciones. l) incorporación de mano de obra. m) Tampoco se indican cuales han sido los factoresimpactados en la primera etapa de la obra, para su posterior corrección. Talescomo: • aire: cambio en los gases y partículas de polvo,evaporación, heladas. • tierra: perdida de suelo fértil, extracción de recursos,erosión, perdida de estabilidad de laderas, sedimentación, inundaciones, etc. • agua: calidad de los recursos, recarga de acuíferos,contaminación del agua superficial, cambios en la velocidad de la corriente,estratificación térmica, salinización, eutrofización, no se detalla si habrá unamodificación en la calidad del agua de la presa por los procesos de cambio en lascondiciones de nutrientes, lo que puede ser un problema serio. • flora: cambios en la diversidad, especies endémicas,estabilidad, cambios en las comunidades vegetales, eutrofización de sectoresribereños 22 23.
• fauna: destrucción directa, destrucción de hábitat,migración, corredores de migración, rupturas de cadenas tróficas,desestabilización, barreras. La modificación del régimen hídrico aguas abajo, lasdificultades que tendrán los peces de mantener su natural migración aguas arribapara el desove, y el impacto que tendría la obra sobre los suelos en cuanto a losprocesos de erosión, salinización y recarga de la napa freática, entre otras. Percibimos que dentro del informe de losconsultores, no hay un facilitador grupal, para el diagnostico sociocultural yeconómico, no se ha incluido a la comunidad, en un diagnostico participativocomunal, tal como lo sugieren las políticas nacionales e internacionales alrespecto. Con respecto al marco conceptual de lasdiferentes etapas de las obras, no se consignan, ni se especifica prácticamentenada de los posibles aprovechamientos energéticos: evaluación del recurso,inventario de posibles aprovechamientos, prefactibilidad, factilidad, proyectoejecutivo, construcción y operación. Al no estar consignado la etapa deevaluación del recurso que debió consignarse a partir de un diagnostico previo,se desconoce si se efectuará una primera optimización global -a nivel de cuenca-del uso del recurso hídrico tomando en cuenta todas sus posibilidades: riego,consumo humano, animal e industrial, energía, desarrollo demicroemprendimiento, recreación y turismo, control de inundaciones y control dela calidad de las aguas. En este informe no se aportan elementos de juicio paraconocer la situación actual de uso del recurso y estimar su proyección futura,dentro de un horizonte de planificación para cada uno de los usos. Al no consignarse la etapa de inventario, y alno estar totalmente definida la región de análisis especifica del sistema hídrico,en base a un estudio de evaluación de prefactibilidad y a las pautas globales deasignación y de desarrollo del recurso a nivel cuenca, no se puede conocer elplanteo de los aprovechamientos multipropósito que el medio permite. 23 24.
Es importante conocer el objetivo de la etapa deinventario, ya que ello nos brinda al nivel de decisión, la información necesariapara ajustar los usos del recurso asignados a esa zona en la etapa previa y que enésta son definidos a un nivel de optimización mayor. Al cabo de esta etapa, debenquedar establecidos, por ejemplo, la incorporación o no de esclusas y para quécalado, la cantidad y oportunidad de agua para riego y la superficie regadaasociada a cada obra, la potencia instalada, energía generada y régimen deoperaciones de cada obra, los niveles de embalse y caudales mínimos derestitución, los criterios de calidad de agua en la Presa y aguas abajo a adoptar enfunción de los usos. En la etapa de factibilidad, considerada central desde elpunto de vista del desarrollo ulterior del proyecto, la gestión ambiental hará eje enla preparación del mas completo diagnostico del sistema global en el que la obraestaría incluida; en la ponderación de los diversos tipos de impactos asociados asu implantación y en la preparación de los términos de referencia que garanticenla incorporación de los requerimientos ambientales al diseño de la ingeniería delproyecto de la obra principal y complementarias. Esa Información tampocoesta consignada. La obra ya llevaba mas de un 30% de su obraconstruida, Esta practica habitual reñida por las normativas nacionales einternacionales, de someter el proyecto a Evaluación una vez que el mismo sehalla finalizado, circunscribe el papel de la EIA a un “juicio final” en que laDeclaración de Impacto Ambiental da a menudo el visto bueno a la obra, a pesarde la persistencia de graves efectos ambientales o sociales (o alternativamente laparaliza, abortando un proceso de varios años, incluso décadas, de trabajo, con elperjuicio económico que ello conlleva). Por tanto es inminente modificar estaspractica, que son violatoria de las normas internacionales, incluyendo el mismoprotocolo de Kyoto, lo cual es grave porque la Provincia no estaría incluyendolos indicadores de sustentabilidad, ni de calidad ambiental que exige elmencionado Protocolo. Del Mismo Modo el estado provincial no puedeabandonar su papel rector , por tanto debe fijar criterio claros en cuanto tieneque participar, y cuando deben hacerlos los privados y en que tramos del 24 25.
proyecto deben hacerlo conjuntamente. El estado debe asumir la gestiónambiental por parte del gobierno provincial, que se ocupe de ajustar a partir dela plena operación del Plan Director de Gestión Ambiental- todas las acciones queresulten de la ejecución del proyecto, controlando el desarrollo de los programas yproyectos ambientales específicos, observando la aplicación de la normativapreparada en cada caso, normas ISO 14.000 en adelante , por parte de laempresa constructora, y proponiendo los cursos de acción que se consideren masadecuados para el tratamiento de las nuevas situaciones ambientales que segeneren. Durante la etapa de operación de las obras de la Presa lagestión debió estar básicamente orientada a mantener bajo evaluaciónpermanente el estado de evolución del sistema ambiental global, controlando quelos parámetros que caracterizan las normas de calidad ambiental se encuentrendentro de los valores oportunamente establecidos, y observando que lasprevisiones para posibilitar mediante la obra el desarrollo inducido se cumplansegún las pautas indicadas. En esta Obra publica y su evaluación de impactoambiental nunca se efectuó la audiencia pública que prevé la Ley 25675. CASO 2. Caso Potreros de los Funes. Para quienes venimos trabajando voluntariamente enla protección de los recursos naturales y la defensa del medio ambiente denuestra provincia , esta obra y las actividades antrópicas( carreras de autos)previstas a realizar, constituyen un hecho emblemático de derecho ambientalargentino, pues se transgredieron diversas normativas, como se podrá observaren el desarrollo de este tema. Los trabajos tuvieron como fecha de inicio el 24-08-2007. Foapra y Ecocultura enterada de este proyecto procedió con fecha 19 deseptiembre de 2007 a poner en conocimiento al defensor del Pueblo de la 25 26.
Nación, Lic. Eduardo Mondino nuestra preocupación por la construcción deeste autodromo que provocaría inminentes daños ambientales y trastornos a lapoblación que vera limitada su libertad de circular libremente por la zona. Eldía 25 del mismo mes recibimos acuse de recibo, solicitándonos el envió dela mayor cantidad de información de antecedentes de la Obra. Por expediente Nº 69095/07, de fecha 19 de octubre de2007 se requirió al Poder Ejecutivo Provincial. a) Copia del Proyecto de obras. b) Copia del Informe de Evaluación de ImpactoAmbiental. c) Copia del Plan de Manejo o Gestión del ÁreaProtegida “Monumento Ecológico y Cultural-Dique Potreros de los Funes y suszonas aledañas”. Transcurrieron 4 meses y no se obtuvo respuesta, mientrastanto el Grupo Sodemin de la UNSL, iniciaba el EIA cuando el autodromo seencontraba en su construcción, a pesar de que nos amparamos en los derechosconsagrados por la Ley General Ambiental Nº 25675 Y Ley Nacional Nº 25831de “Libre Acceso a la Información Ambiental”. Solamente, al quinto mes seobtuvo el EIA elaborado por el grupo de servicio de la UNSL. La Provincia de San Luis con la Ley Nº IX-0309-2004(5421)320, de “Áreas Naturales Protegidas”, y en consecuencia se hacreado todo un sistema de Áreas dentro de ciertos limites bien definidos,adoptando para tal efecto la definición de Área Natural, el criterio utilizadopor la UNESCO en el Art. 1º de la Convención para la Protección delPatrimonio Mundial Cultural y Natural. Si tenemos en cuenta que por Ley Nº IX-0325-2004(5386)336, LA Provincia declara Monumento Ecológico y Cultural alDique Potreros de los Funes y sus Zonas Aledañas, implicaría por tanto unPlan de Manejo, o Plan de Gestión, de conformidad con el criteriohomologado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 26 27.
y los Recursos Naturales (U.I.C.N), donde debe considerarse: la Gestión y laprotección propiamente dicha del recurso natural; el uso humano(incluidoturismo y educación); la investigación y la administración de los recursosnaturales, todo esto apuntando fundamentalmente a la protección general delárea y orientar el desarrollo de la región de influencia.. Todos los que habitamos San Luis sabemos que elPotrero de Funes es parte del conjunto orográfico” Sierra de San Luis”, endonde se ubica el dique Homónimo, uno de los mas antiguos de la RepublicaArgentina: su primera construcción por parte de los lugareños data de lamitad del siglo XIX, el que fue destruido debido a su precariedad por unacreciente del Río Molles en el año 1860; posteriormente, en 1876, en el mismoenclave se construye un dique intermedio en el que en 1927 fue reemplazadopor el actual dique que comprende un arco de 33 mts de altura:.- Un elemento de contradicción en esta Obra Publica ,es que la misma Ley Nº IX-0309-2004, sostiene en su Art. 47 de nuestraconstitución que “Todos los habitantes tienen el derecho a un ambientehumano de vida salubre y ecológicamente equilibrada y el deber deconservarla.( la negrita es nuestra). La Constitución Nacional, es clara al respecto, ya que apartir de su Art. 41 y actuando en consecuencia , el Congreso Nacional dicta laLey Nº 25675, conocida como la ley Federal del Ambiente, disponiéndose entreotros aspectos, las bases mínimas necesarias para el logro de una gestiónsustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de ladiversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable. Constituyeen consecuencia una Ley Marco al que el resto de las legislaciones en materiaambiental a nivel nacional, provincial y municipal deberá adecuarse. Lamentablemente debemos decir que el GobiernoProvincial no ha seguido las disposiciones del Derecho Ambiental , encuanto a la ejecución de las obras y las actividades que generan dañoambiental. 27 28.
En cuanto a la Obligatoriedad del procedimiento deEvaluación de Impacto Ambiental, queda este bien definido en el Art. 11 de laLey Nº 25675, y es lo suficientemente clara cuando dispone que debe serefectuado previo a la ejecución de toda obra o actividad. El gobierno Provincial no puede aducirdesconocimiento de todo lo normado al respecto , porque además laDefensoria del Pueblo de la Provincia mediante Resolución Nº 051-DdeP-03,le sugiere al poder ejecutivo de la provincia , implemente la realización deEstudios de Impacto Ambiental en forma institucionalizada en toda ObraPública bajo su Jurisdicción , en forma previa a la ejecución de la misma,todo esto en el marco de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre elMedio Ambiente y Desarrollo- Río de Janeiro (1992) que establece laconveniencia de que se adopte este mecanismo de gestión ambiental.(Principio Nº 17) 2.1. Los principales daño de esta obra: • Las actividades ántropicas previstas a desarrollardarán origen a importantes daños ambientales: contaminación lumínica, sonoracon impacto negativo hacia la fauna nativa, a los habitantes del lugar, turistasque buscan la tranquilidad del paraje, como así mismo se aumentara lacontaminación por aumento de efluentes cloacales, contaminación poracumulación de basuras en las lomas que serán utilizadas como tribunasnaturales, alta probabilidad de incendios de la vegetación nativa y sudestrucción por pisoteos de las personas, mas todos los inconvenientes quesufrirán quienes viven de manera permanente cuando deseen ingresar o salirde la localidad durante las competencias que no se limitan a una sola vía. La localización del proyecto se encuentras en unárea declarada por Ley Provincial IX-0325-2004(5386)336, Monumento 28 29.
Ecológico y Cultural al Dique Potreros de los Funes y sus Zonas Aledañas “MONUMENTO ECOLOGICO Y CULTURAL . Posteriormente a través de la Sanción Parlamentaria Nº5421 del 26 /11/2003( Actual Ley nº IX 0309-2004) se crea el Sistema deÁreas Naturales Protegidas de San Luis, incorpora a los Diques y Embalses,,entre ello el Dique Potreros de los Funes, como parte integrante fr la RED (Art. 3 Inc. Q.) disponiéndose que la Autoridad de Aplicación elabore un Plande Manejo que comprenda íntegramente el Uso de los Espejos y un Perilagode extensión acorde a las características de cada uno de ello. Esto refiere aque el Poder Ejecutivo debió haber fijado , a través de dicha normativa degestión, los limites que exceden al lago mismo( zonas aledañas) y dentro deellas: el área de protección absoluta( área núcleo) y las áreas que tendríanhabilitación restringidas o condicionadas e incluso establecer las prohibicionesen función de los recursos y las limitaciones que pudieran existir. Nada de estose ha hecho a lo largo de estos cuatro años de vigencia de las leyes citadas. Corresponde aclarar que la categoría Monumentossegún lo estipulado internacionalmente por la UICN, define a las “ áreas ositios que contienen uno o varios elementos de notable importancia nacional ,provincial, poblaciones animales o vegetales, vivas o fósiles, de interés estético,valor histórico o científico a la cual se le acuerda Protección Absoluta,garantizando su integridad a perpetuidad”, esto también esta confirmado enla misma Ley Nº IX- 0309-2004. en su Art. 4º- Categoría III. Esta última Ley es consecuencia del Art. 47ª de laconstitución Provincial. En cuanto al informe que pretende ser una Evaluación deImpacto Ambiental, emitido por el grupo Consultor SODEMIN, no se ajusta alos procedimientos legales y viola sistemáticamente la Ley Nacional 25.675, ylas normativas Jurídicas y Técnicas internacionales. 29 30.
Por tal motivo se objeto como valido este documentodebido a la observación de los siguientes aspectos que sintetizamos: Las causas concretas por la que rechazo losestudios del Grupo SODEMIN. 1. la EIA, no tienen suficientes antecedentes paravisualizar el proyecto y sus características, incluyendo los aspectos económicos ysus distintas etapas de diseño, construcción, operación y abandono. 2. . No están claramente descritos los objetivos, lajustificación del proyecto, y no se analizan las alternativas posibles. 3. No se muestran las consecuencias de la presencia físicadel proyecto en el medio ambiente, así como los cambios más importantes que seproducirán. 4. Entre los aspectos biológicos están que los estudios quesoportan el EIA son desactualizados y solamente se recurrió a la estadística yaconocida, la evaluación de campo insuficiente, omisión de datos de lacomposición de la flora y fauna. 5. . No están indicadas las duraciones de las fases deconstrucción, operación y abandono del proyecto, y sus conexiones con otrasactividades o proyectos, tales como el posterior helipuerto. 6. No están adecuadamente descritas y presentadas lalocalización del proyecto y sus conexiones. 7. La Normativa Jurídica solamente esta citada y nodesarrollada, no dice absolutamente nada en que criterios legales se puedeefectuar una obra de estas características en una Área Protegida. 8. No están indicadas las restricciones a la localizacióncontempladas en las leyes tales como planes de ordenamiento, áreas protegidas,áreas declaradas monumento provincial, etc. con respecto a dónde se va alocalizar el proyecto. TODO LO CONTRARIO CITAN LA LEY Y OBVIANEL CONTENIDO DE LA LEY QUE INDICA EL CARÁCTER DE AREASPROTEGIDAS. 9. No se presenta el Plan de Participación para dar aconocer el estudio de impacto ambiental y para mitigar impactos sobre lapoblación. 30 31.
10. No está adecuadamente consultada laciudadanía, no se demuestra su participación durante la realización del estudio deimpacto ambiental. 11. La supuesta consulta ciudadana fue un procesoamañado que no tiene validez científica por la forma y fondo de cómo fuesupuestamente realizados se violaron los Art. 19. — Toda persona tiene derechoa ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionencon la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general oparticular, y de alcance general. Art.20. — Las autoridades deberáninstitucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas comoinstancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedangenerar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión uobjeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes;pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzadosen la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública. ART.21. — La participación ciudadana deberá asegurarse, principalmente, en losprocedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programasde ordenamiento ambiental del territorio, en particular, en las etapas deplanificación y evaluación de resultados. 12. No fueron consultados, ni elaborados losinventarios y levantamientos de información básica que dan una imagen de lasituación actual (línea de base) de los elementos del medio ambiente a serafectados, ni cómo evolucionaría éste si el proyecto no fuera realizado. 13. No establecieron metodología científica paradeterminar el peso científico de los impactos que generaría este proyecto y comola línea base es absolutamente deficiente los impactos sobre el medio del proyectono fueron descritos o identificados correctamente, y NO han sido determinados apartir de la línea de base (situación sin proyecto). Esto incluye además evaluaciónde pérdida en calidad para los ciudadanos, pérdida de riquezas naturales,paisajísticos y sitios de recreación y educación. Igualmente se pierde capacidadespara aumentar valor turístico, entre otras cosas. 14. No está explicado el modo en que seidentificaron los impactos, Ni está bien explicada la metodología utilizada. 31 32.
15. No están adecuadamente jerarquizados yvalorados los impactos significativos del proyecto, ni descritos las metodologíasutilizadas. 16. No están adecuadamente jerarquizados yvalorados los impactos significativos del proyecto, ni descritos las metodologíasutilizadas. 17. No están descritos los métodos de predicción dela magnitud de los impactos, y NO son apropiados a la significación de lasperturbaciones ambientales esperadas. 18. No han considerado alternativas posibles para lainstalación del proyecto, discutiendo las ventajas y desventajas de cada una enfunción de los impactos no deseados y señalando las razones para la elecciónfinal. 19. No han considerado los impactos adversosimportantes para definir las medidas de mitigación de impactos, de prevención deriesgos, medidas de contingencia y medidas compensatorias y no se presentaalguna evidencia de que éstas serán efectivas. 20. . No están indicadas las medidas de control paralos impactos, así como un cronograma para su aplicación y NO aparecenindicados los impactos no mitigados y las razones de ello. 21. No se establece un compromiso del responsabledel proyecto para llevar a cabo las medidas de control señaladas y se presentanplanes detallados de cómo se harán. 22. No se proponen programas de seguimiento(monitoreo), vigilancia y control detallado de los impactos principales durante lasfases de construcción, operación y abandono. 23. No están las certificaciones de los análisis yestudios de acuerdo a protocolos y normativas internacionales. Tampoco seindica los instrumentos que se utilizaron en la UNSL , si fueron estoscalibrados, si los laboratorios utilizados están legalmente autorizados para unE.I.A. Se violo el Ley Nº 25.675 en su ARTÍCULO 20, quedice: — Las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o 32 33.
audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente. La opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública. O sea habla de institucionalizar procedimientos de consultas y audiencias publicas, antes de efectuar una obra o actividad. El Ministerio de Medio Ambiente6 no evaluó el E.I.A. No se elaboraron Inspecciones acordadas entre el Programa de Kyoto, Áreas Protegidas y Recursos Naturales, para asesorar la construcción de la Obra Publica de Potreros de los Funes., de acuerdo al marco jurídico, protocolos y estándares ;responsables directos de actuación administrativa, nada hicieron, por tanto se ha demostrado que el Ministerio de Medio Ambiente no se ha complementado con funcionarios competentes, probos e idóneos, y con suficiente capacidad gerencial al frente de las diversas reparticiones de medio ambiente. Este procedimiento termino con un llamado a audiencia publica retroactiva a través de RESOLUCION Nº 37-MMA-2008.San Luis, 14 de Mayo de 2008.Las organizaciones ambientalistas se negaron a participar por considerarla ilegitima En este caso puntual se vio involucrada la Universidad Nacional de San Luis, ya que el grupo consultor Sodemin efectuó el E.I.A, quien en definitiva legitimo este proceso, se envió nota al rector de la Universidad Nacional de San Luis, quien nunca respondió. Caso 3. Anteproyecto de Ley de Ordenamiento territorial en cumplimiento de la Ley Nacional Nº 26.331. EL Ordenamiento Ambiental del territorio ha sido normado como el primer instrumento de la política y la gestión ambiental por la6 Algunas de las notas se encuentran publicadas en http://www.federacionambientalista.blogspot.com/ 33 34.
Ley General del Ambiente Nº 25.675, expresando que servirán para desplegar la estructura de funcionamiento global del territorio y que se genera mediante la coordinación interjurisdiccional, debiendo considerar la concertación de intereses de los distintos sectores de la sociedad entre sí y de éstos con la administración pública (Art. 9º); Que, asimismo, la misma ley determina con alcance obligatorio nacional que “El proceso de ordenamiento ambiental, teniendo en cuenta los aspectos políticos, físicos, sociales, tecnológicos, culturales, económicos, jurídicos y ecológicos de la realidad local, regional y nacional, deberá asegurar el uso ambientalmente adecuado de los recursos ambientales, viabilizar la máxima producción y utilización de los diferentes ecosistemas, garantizar la mínima degradación y desaprovechamiento y promover la participación social, en las decisiones fundamentales del desarrollo sustentable”. El primero de octubre de 2009 una serie de organizaciones ambientales, liderada por FOAPRA y APATA7, reclaman al Ministerio de Medio Ambiente la exclusión de las ONGs ambientales en el proceso de participación ciudadana del anteproyecto de Ley, de ahí en mas el ministerio articula una serie de talleres participativos donde se invita a algunas OSC, la Ambientalista Ecocultura es excluida y solicita por escrito su participación.Estos talleres no se efectúan de modo multisectorial, el gobierno provincial prefiere hacerlo con cada sector en particular. El procedimiento para efectuar este ordenamiento territorial careció de base metodológicas, de instrumentos técnicos, y de diagnósticos previos, y no cumple mismamente con los indicadores de la Ley 26.331, las falencias encontradas en la documentación entregada en la reunión de las ONGs por parte del Ministerio de Medio Ambiente , enviadas por mail. Dos Mapas, y una copia de la Ley 26.331. Ello constituyo la única documentación entregada a entender de Ecocultura8, la OSC que participo activamente de la misma , no se contó con la información necesaria y suficiente para implementar7 http://sanluiscontaminada.blogspot.com/2009/12/trabajo-de-apata-por-ley-de-bosques-san.html8 www.ecoculturaargentina.blogspot.com/ www.econoticiaargentina.blogspot.com 34 35.
un trabajo serio de tal envergadura. De acuerdo a la misma postura Ecoculturapúblicamente denuncio el porque este procedimiento era ilegal:* Las metodologías de los talleres son expositivos, y no se han entregado losdocumentos tales como: diagnósticos y otros para su deliberación, exceptuandoclaro esta los dos mapas de Zonificación, donde la sociedad civil y los entesinvolucrados no participaron en su confección. Por tanto no se complementa ni ensus formas y sus tiempos con lo que dice el Art. 6 de la Ley 26.331 dePresupuestos Mínimos de Conservación del Bosque Nativo.* Ausencia de Inventario provincial actualizado de flora y fauna nativa.* Ausencia de Diagnóstico de la situación previa a la intervención desde lo socialeconómico.* Ausencia de Indicadores socioeconómicos.* Ausencia de indicadores de sustentabilidad.* Caracterización del suelo.* Caracterización de la biomasa.* Se carece de información de la Identificación de alternativas posibles en loproductivo (fronteras agropecuarias), para los que estén en la zona roja oamarillas.* No se dispone de una evaluación de resultados biológico y socioeconómico delas actividades agropecuarias, actividades forestales y de desmontes.* Se carece de un diagnostico de impacto ambiental de las casi 200 mil hectáreasquemadas.* No se dispone de evaluaciones de impacto ambiental sobre la actividadforestal y de desmonte a nivel provincial, siendo que la Ley 26.331 LOPROHIBE DESDE SU SANCIÓN. 35 36.
* Se carece información de Relevamiento Forestal- Ordenamiento predial.* Se carece de una evaluación del pastizal natural.* No existen relevamientos de suelos de las áreas involucradas.* No se ha considerado la evaluación de la producción apícola.* No se ha incluidos a las comunidades aborígenes (Mas allá de que la zona deGuanacache este en zona roja. En este punto para una efectiva protección de lasuperficie de bosque nativo y sitio Ramsar resulta necesario garantizar su activaparticipación en el proceso de discusión del ordenamiento territorial.* Se desconoce la evaluación del “valor que los pueblos originarios ycampesinos” otorgan a las áreas boscosas o sus áreas contiguas y el uso quepueden hacer de sus recursos naturales a los fines de su supervivencia y elmantenimiento de su cultura”(criterio 10 del Anexo de la Ley nacional 26.331),la situación de tenencia de la tierra de los pueblos originarios deben establecersu proyección futura de uso, por tanto es necesario evaluar la relevancia de lasecuencia de ciertos sectores de bosque nativo y emprendimientos de caprinos yotros ( base de trabajos de los pueblos originarios de San Luis) y generar un plande acciones estratégicas que permitan solucionar o al menos que permita mitigarlos problemas que pudieran ser detectados en el mediano plazo”.* En la Propuesta de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos de laProvincia del San Luis se desconocen los criterios de evaluación que plantea laLey nacional 26.331, a la hora de plasmarlos en el mapa de zonificación, este esun mapa de PDF, y otros presentado luego, el cual no posee ningún criterioespecifico de base para elaborar un ordenamiento territorial, se desconoce ademásla delimitacion la frontera agropecuaria., y cuanto es el espacio real que ocupa, ycual ha sido su ampliación a partir de la vigencia de la Ley 26.331. Por ultimo el titular de Ecocultura sostiene: "Nosencontrábamos en un proceso participativo en la Universidad de la Punta el día 36 37.
13 de noviembre. donde por primera vez nos encontramos los ruralista yciudadanos del campo, y por otro lado las ONGs ambientalista, el gobierno incluíapor mesa de entrada de Diputados el anteproyecto a la misma hora de la reunión” ,este proceso estuvo dirigido por el Consultor Externo Dr. Omar Saa, , IngenieroGuillermo Aguado( no sabemos en calidad de que), y el Jefe de recursosnaturales, los demás funcionarios, diputado locales y los partidos políticos de SanLuis, nunca estuvieron presente. El anteproyecto tuvo media sanción en laprimera semana de Diciembre, actualmente es Ley a partir del mes deEnero del 2010. Bibliografía: 1. ACOT, PASCAL . Historia de la ecología. Madrid:Taurus Ediciones S.A., 1990 2. AGENCIA EUROPEA DE MEDIO AMBIENTE Medio ambiente en Europa, el informe Dobris / Agencia Europea DeMedio Ambiente. Madrid : Ministerio de Medio Ambiente, 3. AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DELOS ESTADOS UNIDOS / Comisión Nacional del Medio Ambiente. 1993.Principios de Evaluación de Impacto Ambiental. Alfabeta Impresores. Santiago,Chile. 4. AGUILÓ, M. Y RAMOS, A. 1991. Directrices yTécnicas para la Estimación de Impactos. Universidad Politécnica de Madrid,España. 5. AGUILÓ, M., ET AL. 1991. Guía para la Elaboraciónde Estudios del Medio Físico: Contenidos y metodologías. Ministerio de ObrasPúblicas y Transportes. Tercera edición. Madrid. 6. BUSTAMANTE ALSINA, J. “El daño ambiental y lasvías procesales de acceso a la jurisdicción”, en JA 1996-IV. 7. BUSTAMANTE ALSINA, J. Derecho Ambiental.Fundamentos y Normativa,Ed. Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1995. 8. BUSTAMANTE, M. N. y OLIVA, M. A., “El MedioAmbiente: Su protecciónen la Nación, la Provincia y la Municipalidad deCórdoba”, La Ley D/J diciembre de 1997-año XIV N° 12. 37 38.
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21. PROGRAMA 21: Informe realizado por laONU tras la Cumbre de RIO 92. 22. PROTOCOLO DE SAN SALVADOR: RO nº175 en 32/04/1993. 23. SABSAY, D. A. “El nuevo artículo 41 de laConstitución Nacional y la distribución de competencias Nación-Provincias”, LaLey, T.2 D/J, 1997. 24. SABSAY, D. A. y DI PAOLA, M. E. “Elfederalismo y la nueva ley general del ambiente”, ADLA 2003, A- 138. Sitios Web consultados. www.eclac.cl www.isealalliance.org www.johannesburgsummit.org www.mercosur.org.uy www.oecd.org www.un.org www.aladi.org.uy www.unpe.org www.undp.org www.scar.org www.camlarr.org www.fao.org http://www.farn.org.ar/ 39 40.
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