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Timestamp: 2018-11-16 18:20:47
Document Index: 282787207

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21']

Ley de Regulación de Impuestos.
por Juli el Mar Abr 09, 2013 8:18 pm
Ley de regulación de los impuestos del Principado y del fraude fiscal
La Constitución del Principado de Cataluña en el Título III, Artículo XII, letra k) reconoce all Gobierno de la Generalitat de Cataluña la competencia sobre la política ejecutiva del Principado, incluyendo la recaudación de impuestos.; y en el Artículo XIV, letra e) reconoce a los ayuntamientos la competencia sobre la política local del Principado, incluyendo, también, la recaudación de impuestos.
Así mismo, el Estatuto de la ciudadanía del Principado de Cataluña en el artículo VI.f establece como un deber de todos los ciudadanos el de satisfacer los impuestos emitidos por el Gobierno y los Ayuntamientos .
Por otro lado y de acuerdo con lo que establece el Código Penal, en el Título Quinto, Artículo XXVI, letra b): serán considerados delitos de traición "Aquellos actos que tengan como objetivo la desestabilización de la economía del Condado; incluyendo el impago de los impuestos estipulados por los Ayuntamientos o por otras instituciones del Principado, siempre que exista una normativa local o general, que regule el procedimiento de comunicación de la deuda y las vías para satisfacer los impuestos impagados"
Así pues, se hace necesario dotar al Principado de Cataluña de una normativa general básica que regule el procedimiento al cual se refiere el Título Quinto, artículo XXVI, letra b) del Código Penal, que sirva de norma para el Gobierno y que se pueda utilizar de manera subsidiaria por los ayuntamientos mientras no adaptan su ordenamiento jurídico a la presente Ley.
En la redacción de esta ley el Gobierno ha querido tener en cuenta la experiencia de algunos ayuntamiento pioneros en este ámbito, como el de Urgell, así como las dificultades con que se encuentran muchos ayuntamientos para recaudar los impuestos, y muchos ciudadanos para hacerlos efectivos cuando se encuentran enfermos, de viaje fuera del Principado, en retiro espiritual o sirviendo en el ejército. También ha querido poner las trabas necesarias para que en caso de asalto ilegal a un ayuntamiento se minimice los efectos sobre la población y el ayuntamiento en caso de que el asaltante pusiera impuestos.
Finalmente, en la aplicación de la Ley, el Gobierno quiere dejar claro que no se trata de una herramienta represiva y por eso la dota de mecanismos que aseguran que el ciudadano ha sido informado reiteradamente de su deber y de su deuda antes de pedir la intervención del poder judicial.
La Ley respeta en todos sus puntos la Constitución del Principado y el Código Penal vigente, y consta de VI Títulos, veintiun artículos, una disposición transitoria, una disposición adicional, una disposición derogatoria y una disposición final.
Título I: Objeto de la ley
Artículo 1.- Esta ley tiene por objeto establecer las bases del procedimiento general para poder asegurar que todos los ciudadanos de Cataluña cumplen con el deber establecido en el artículo VI del Estatuto de la Ciudadanía del Principado de satisfacer los impuestos que impongan el Gobierno i/o los Ayuntamientos.
Título II: Sobre los impuestos
Artículo 2.- Tienen competencia para imponer impuestos a los ciudadanos, y dentro de sus respectivos ámbitos:
-Los alcaldes de cada ciudad
-El Gobierno del Principado
Artículo 3.- Los ciudadanos del Principado tienen el derecho de ser informados en tiempo y forma de los impuestos que los alcaldes quieran imponer por cada propiedad (campo), y por cada taller (oficio). La comunicación se hará con antelación y mediante correo personal.
En el caso de impuestos del Gobierno, este lo comunicará a los alcaldes porque lo hagan saber a sus ciudadanos mediante correo personal
Artículo 4.- Los ciudadanos del Principado tienen el deber de pagar los impuestos que pongan los alcaldes y el Gobierno del Principado dentro del plazo explicitado para hacerlo. En caso contrario tendrán que pagar los recargos correspondientes.
Título III: Sobre el fraude fiscal
Artículo 5.- Se considera fraude fiscal la negativa por parte de un ciudadano de satisfacer los impuestos puestos por un ayuntamiento o por el gobierno.
El fraude fiscal es considerado un delito de traición de acuerdo con lo que establece el Título Quinto del Código Penal, Artículo XXVI, letra b): Aquellos actos que tengan como objetivo la desestabilización de la economía del Condado; incluyendo el impago de los impuestos estipulados por los Ayuntamientos o por otras instituciones del Principado, siempre que exista una normativa local o general, que regule el procedimiento de comunicación de la deuda y las vías para satisfacer los impuestos impagados
Artículo 6.- Para poder iniciar un juicio por delito de fraude fiscal a un ciudadano del Principado tienen que cumplirse los requisitos que se especifican en el Título IV de esta ley. Las denuncias que se formulen contra ciudadanos por delito de fraude fiscal tendrán que aportar todas y cada una de las pruebas que se detallan en este Título IV, sin perjuicio que el denunciante quiera aportar otras pruebas que considere aclaratorias de los hechos.
Titol IV: Procedimiento previo a la denuncia por fraude fiscal
Artículo 7.- Para poder denunciar a un ciudadano por fraude fiscal , hace falta que previamente el Alcalde o el Bayle del Principado, según el caso, le haya hecho una notificación advirtiéndole que tienen impuestos pendientes de pago, la fecha en qué fueron impuestos, la cantidad que debe con los recargos correspondientes, el plazo para pagarlos, que no podrá ser inferior a 5 días ni superior a 10 y la advertencia que en el caso que no lo haga se tramitará la correspondiente denuncia por un delito de traición de acuerdo con lo que prevé el artículo XXVI, letra b) del Título Quinto del Código Penal.
Artículo 8.- La notificación a que hace referencia el artículo 7 no se puede hacer hasta que no haya pasado un mes desde la fecha de fin del plazo inicial que se había dado a toda la población para pagar los impuestos, sin recargo, y para que sea efectiva, y se pueda utilizar como prueba, es necesario que conste la fecha de notificación, que sea enviada al domicilio particular del ciudadano (1) y que sea publicada (2)
Artículo 9.- La autoridad competente para hacer las notificaciones e iniciar el procedimiento es el Alcalde en caso de impuestos municipales y el Bayle en caso de impuestos del Gobierno.
Artículo 10.- Una vez transcurrido el plazo dado en la notificación de advertencia sin que la persona haya pagado los impuestos, el Alcalde o el Bayle cursará la correspondiente denuncia al policía de la ciudad y aportará como pruebas los documentos que acrediten que la persona es un deudor y la acreditación conforme ha hecho la notificación previa correctamente publicada. El policía tramitará la denuncia al Fiscal según el procedimiento habitual.
Artículo 11.-En cualquier momento durante el juicio, durante su turno de palabra, el acusado puede aportar pruebas que ha pagado los impuestos con los recargos correspondientes, aunque los haya satisfecho después de iniciarse el juicio. En este caso y siempre que el acusado no sea reincidente por el mismo tipo de delito, el Juez puede sobreseer el caso. Si fuera reincidente, el Juez valorará la minorización de la pena de acuerdo con aquello previsto en la Ley.
Artículo 12.- Se pueden acumular deudas pendientes de diferentes periodos impositivos a criterio del Bayle o el Alcalde de la ciudad en una sola denuncia o bien hacerlo en denuncias diferentes.
Artículo 13.- En ningún caso la condena por fraude fiscal supone la condonación de la deuda. Ésta continuará existiendo y será un agravante en posteriores juicios por otras deudas que pueda contraer.(3)
Título V: Supuestos especiales
Artículo 14.- Los ciudadanos que hayan estado de retiro espiritual, enfermos que no puedan salir de casa (4), y los viajeros que hayan estado fuera del Principado , tienen la obligación de satisfacer la deuda acumulada durante los primeros 5 días de su regreso.
En el supuesto que la satisfacción de la deuda en aquel momento comprometa la propia viabilidad económica pueden pedir a la autoridad competente un aplazamiento del pago que le permita continuar viviendo sin peligro de su economía. Este aplazamiento se pactará caso por caso con la autoridad impositiva, se formalizará en un documento escrito y obligará a ambas partes. (5)
A efectos del presente artículo se entenderá que se ve comprometida la viabilidad económica de un ciudadano cuando después del pago de la deuda, el dinero restante sea inferior al equivalente de un día de sueldo mínimo multiplicado por el número de campos, más el taller. (6)
Artículo 15.- Los policías de la ciudad están obligados, si así se lo pide el Alcalde o el Gobierno, a comprobar la veracidad de los supuestos especiales contemplados en el artículo 14 de esta ley Por eso, los alcaldes pueden facilitar una relación de ciudadanos a los policías para que hagan las investigaciones oportunas. Los datos de esta relación tienen carácter confidencial y su divulgación se considerará una falta grave del policía que podrá ser sancionado según prevé su ordenamiento jurídico.
Artículo 16.- Los soldados que hayan prestado servicio en el ejército del Principado también se podrán acoger al derecho del aplazamiento de la deuda. Además los intereses generados mientras han estado sirviendo a su país serán condonados.(7) En caso de ser necesario acreditar la condición de soldado activo se hará vía Prefecto de Mariscales
En cualquier caso, la condición de soldado al servicio del Principado será considerada un atenuante en los posibles juicios por fraude fiscal.
Artículo 17.- Los impuestos creados y notificados por Alcaldes que hayan accedido al cargo mediante asalto ilegal del ayuntamiento, es decir, sin autorización del Presidente de la Generalitat, serán considerados ilegales y los ciudadanos no tienen la obligación de pagarlos hasta que el Ayuntamiento no vuelva a estar ocupado por un Alcalde reconocido legalmente, ya sea por asalto legal o por elección.
Con el fin de no perjudicar a los ciudadanos que tendrán que pagar impuestos no previstos , el nuevo Alcalde puede optar por una de estas dos soluciones:
- que los ciudadanos paguen los impuestos y el Alcalde devuelva el importe satisfecho, o su equivalente, mediante mandato.
- que los ciudadanos paguen los impuestos y el Alcalde considere la cantidad satisfecha como un adelanto de futuros impuestos, cosa que lo obligará a ajustar sus previsiones impositivas a los pagos ya efectuados.
El Alcalde tendrá que notificar la solución adoptada a los ciudadanos mediante correo personal, donde especificará toda la información necesaria. (8 )
Se considerará un agravante del delito de assalto a un ayuntamiento el hecho de poner impuestos ilegales
Título VI: Del Registro de impagados
Artículo 18.- A los efectos de esta Ley, se consideran impagados aquellos ciudadanos que se han negado a pagar impuestos después de haber finalizado el procedimiento previo a la denuncia por fraude fiscal que prevé el Titol IV, con independencia de haberse iniciado o no el procedimiento judicial[/color]
Artículo 19.- Los alcaldes harán públicas las listas de impagados de su cuidad . En estas listas, que tienen que mantener una unidad de estructura para todos los ciudadanos, tiene que quedar muy especificado el nombre de la persona, el dinero de la deuda,con los recargos correspondientes y el periodo impositivo, sin perjuicio de hacer constar otros datos, a criterio del Alcalde.
Artículo 20.- Los alcaldes son los responsables de la veracidad de los datos publicados y de mantener al día el registro.
Artículo 21.- Una vez pagada la deuda , la persona tiene derecho a que se le borre del registro de impagados.
A la entrada en vigor de esta ley, los alcaldes dispondrán de un mes para enviar una notificación personal a los ciudadanos que tengan una deuda pendiente derivada del impago de impuestos. En la notificación ha de constar el total de la deuda, el plazo de que disponen para pagarla, que no puede ser inferior a 5 días, y la advertencia que en caso de no hacerlo se le puede denunciar por un delito de traición, de acuerdo con lo que prevé el artículo XXVI, letra b) del Título Quinto del Código Penal. Todo ello, sin perjuicio que la persona deudora pueda acogerse a alguno de los supuestos especiales previstos en el Título V de la presente Ley
Los alcaldes tendrán que adaptar sus ordenanzas, presentes y futuras, a esta Ley. Mientras tanto, en ausencia de norma local, la presente ley tendrá carácter subsidiario y podrá ser aplicada en cualquier ciudad del Principado.
Quedan derogadas todas las disposiciones con rango de Ley o inferior, sean de carácter general o especial que se opongan a la presente Ley.
Toda modificación de la presente Ley, contendrá una redacción completa de las normas afectadas.
Esta ley entrará en vigor el día siguiente de la aprobación por las Cortes del Principado.
(1) Captura de pantalla del mp a punto de ser enviado al ciudadano en que se vea claramente el destinatario, a pantalla completa donde se vea el bienvenido a la villa, y a continuación captura de pantalla con la notificación de mensaje enviado que hace el juego.
(2) Publicación al Foro Oficial: de la Nave de la Vila (impuestos municipales) y en la Fonda (impuestos municipales y del Gobierno): todas las publicaciones tienen que ser visibles en todo el Principado, por seguridad jurídica, paara que sean visibles por los ciudadanos y por las autoridades judiciales.
(3) No se puede juzgar una misma persona dos veces por un mismo delito. Por tanto,no se podrá volver a juzgar por no haber pagado aquellos impuestos, pero sí, si más tarde la persona continúa sin pagar otros impuestos. La deuda no se le perdona porque sino saldría más a cuenta no pagar y que te juzguen que pagar.
(4) Muertos por desconexión que reviven a los pocos días.
(5)Servirá un mp del alcalde al ciudadano donde especifique las condiciones del aplazamiento
(6) 1campo: 15 escudos
2 campos, o 1 campo + un taller : 30 escudos
2 campo + 1 taller: : 45 escudos
(7) Regreso de los intereses vía mandato del alcalde.
(8 ) No se pueden cancelar ig los impuestos una vez creados, por lo que se ha tenido que buscar una solución alternativa que dé el mismo resultado que cancelar los impuestos y que permita diferentes opciones a los alcaldes legales una vez recuperado el ayuntamiento en función del estado económico en que haya quedado el ayuntamiento después del asalto. Si el alcalde opta por devolver los impuestos pagados mediante mandato tendrá que especificar en el mp a los ciudadanos el plazo en que va a devolverlos.
En Barcelona, a 1 de marzo de 1459
Tinzu de Titagrossa i Matafregida. Molt Honorable President del Principat
Sancionado en el Palacio de Pedralbes el 8 de agosto de 1459
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