Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-572-de-julio-30-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_0942811a47db001ee0530a010151001e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-14 11:46:38
Document Index: 29300669

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 15', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 72', 'artículo 102', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 70', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 15']

SENTENCIA C-572 DE 30 DE JULIO DE 2014
CONTENIDO:PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO. RESPECTO A EL ARTICULO 3 Y AL NUMERAL 2 DE LA LEY 1675 DE 2013, SE ORDENA ESTARSE A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA C-264 DE 2014RESPECTO AL ARTÍCULO 15, NUMERAL 2 SE ORDENA ESTARSE A LO RESUELTO EN LA SENTENCIA C-554 DE 2014Y EN RELACIÓN AL NUMERAL 4 DEL MISMO ARTÍCULO SE DECLARA EXEQUIBLE EN TANTO REGULA LA REMUNERACIÓN DEL CONTRATISTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, INTERVENCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO, EXPLORACIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO, CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO, HALLAZGO DE PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO
Sentencia C-572 de julio 30 de 2014
Bogotá D. C., treinta de julio de dos mil catorce.
A continuación se transcriben los textos de los artículos 3 y 15 de la Ley 1675 de 2013, según su publicación en el Diario Oficial 48.867 de 30 de julio de 2013 y se subrayan los apartes demandados.
“ART. 3º—Criterios aplicables al Patrimonio Cultural Sumergido: Para efectos de la presente ley, se aplicarán los siguientes criterios:
“ART. 15—Valor del contrato y remuneración del contratista. Para determinar la remuneración del contratista en aquellos casos en que se haya contratado la actividad de la exploración separadamente de la intervención, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:
2. En los hallazgos que estén constituidos por bienes y materiales que no hagan parte del patrimonio cultural de la Nación definidos en el artículo 3º de la presente ley, se remunerará al contratista hasta con el 50% del valor de los bienes que no constituyen patrimonio cultural de la Nación. En este caso el Ministerio de Cultura podrá optar por pagar esta remuneración hasta con el 50% de las especies rescatadas que no constituyan patrimonio cultural de la Nación o con su valor en dinero. En este último caso, el valor de los bienes se establecerá mediante un sistema de peritaje internacional aceptado de común acuerdo por las partes.
El demandante considera que las expresiones objeto de censura constitucional, contenidas en los artículos 3º y 15 de la Ley 1675 de 2013 contravienen lo dispuesto en los artículos 8º, 63, 70 y 72 de la Constitución Política.
Señala que en el artículo 8º de la Carta Fundamental, el constituyente no indicó qué elementos componen la riqueza cultural de la Nación, que después denominó patrimonio cultural, por consiguiente, es inconstitucional que el legislador consagre, en los apartes acusados, un criterio subjetivo para determinar qué forma parte dicho patrimonio y qué no, ello con el fin de establecer el valor de la remuneración que recibirá el contratista que adelante la exploración del patrimonio cultural sumergido.
Afirma que el Congreso de la República, con el fin de proteger de forma efectiva el patrimonio cultural y arqueológico de la Nación, puede definir la naturaleza y las características de los bienes que constituyen el patrimonio cultural sumergido. Así lo señaló la Corte Constitucional, en Sentencia C-191 de 1998, cuando estudió la constitucionalidad del artículo 9º de la Ley 397 de 1997, “la Corte debe indicar que la mencionada disposición no solo no viola los preceptos constitucionales, sino que constituye desarrollo directo de mandatos superiores.
En efecto, el artículo 72 de la Constitución Política de Colombia señala (1) que ‘el patrimonio cultural de la nación está bajo la protección del Estado’, (2) ‘que el patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles’ y (3) que corresponde al legislador establecer las regulaciones relativas a este tipo de bienes. De otro lado, el artículo 102 de la Constitución determina que ‘el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenecen a la Nación’”.
Refiere que el artículo 14 de la Ley 1675 de 2013 dispone que “el contratista deberá entregar al Ministerio de Cultura la totalidad de los materiales que sean extraídos. El Ministerio de Cultura levantará el respectivo inventario técnico, realizará la clasificación de los bienes y presentará informe al Consejo Nacional de patrimonio cultural, quien expedirá la resolución, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 3º de esta ley, de los hallazgos que constituyan o no patrimonio cultural de la Nación”.
Advierte que el legislador al regular la materia del patrimonio cultural sumergido tuvo en cuenta que el Estado no tiene los recursos suficientes para extraerlo, por consiguiente consagró unas estipulaciones que favorecen a los particulares con el fin de que a estos les interese adelantar dicho proceso de extracción. Ello permite que se protejan los bienes que constituyen el patrimonio cultural sumergido y que, a su vez, el Estado perciba recursos por aquellos bienes que no forman parte de dicho patrimonio.
Aduce que el artículo 18 de la Ley 1675 de 2013 dispone que “al menos un diez por ciento (10%) del producto neto que reciba el Estado colombiano por concepto de las actividades de aprovechamiento económico descritas en esta ley, así como por la comercialización de bienes que no pertenecen al patrimonio cultural sumergido, será destinado a los presupuestos generales del Ministerio de Cultura y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH”.
Finalmente, considera que las normas demandadas no violan la Constitución Política sino que la desarrollan, pues establecen mecanismos para que el Estado cumpla de forma adecuada su deber de proteger el patrimonio cultural de la Nación. En consecuencia, solicita a esta corporación que declare la exequibilidad de los artículos 3º (inc. 2º y 3º) y 15 (núm. 2º, 3º y 4º) de la Ley 1675 de 2013.
En primer lugar, señala que los cargos planteados contra los criterios de repetición y singularidad parten de una lectura e interpretación errónea de la ley, pues, la demanda solo se dirige contra estos creyendo que son los únicos factores a tener en cuenta para calificar el valor de los distintos bienes, así mismo, al considerar que el legislador excluyó del patrimonio cultural sumergido a aquellos bienes que presenten cierto carácter serial o repetido.
De conformidad con lo expuesto, el interviniente solicita a la corporación que declare exequibles los artículos 3º y 15 de la Ley 1675 de 2013.
De manera previa a la presentación de sus consideraciones, el interviniente hace referencia a los antecedentes legislativos de la Ley 1675 de 2013 en el Congreso de la República. Refiere que en dicha corporación, la Ministra de Cultura advirtió que el proyecto de ley 125 de 2011 (en Cámara de Representantes) pretende resolver una problemática de índole jurídica que se ha presentado por la ambigüedad que existe sobre sí los tesoros arqueológicos son o no de carácter comercial, pues terceros que suscribieron contratos de exploración de especies naufragas con el Estado han reclamado por ellos.
De igual manera, la Ministra de Cultura indicó que el proyecto de ley contiene las reglas señalas por la Corte Constitucional sobre la materia, por ejemplo, el inciso 2º del artículo 1º reproduce la ratio decidendi de las sentencias C-474 de 2003 y C-668 de 2005, respecto al carácter inembargable, inalienable e imprescriptible del patrimonio cultural sumergido. Así mismo, en el artículo 15 del proyecto se acogen los postulados de la Sentencia C-474 de 2003, al establecer el porcentaje con el cual podrá ser remunerado un contratista que explore o intervenga el patrimonio cultural de la Nación, pues en dicha providencia se dijo que tal mecanismo constituye un estímulo para que los particulares realicen exploraciones que contribuyan a la recuperación del patrimonio.
El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5743 de 7 de marzo de 2014, solicitó a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en el proceso D-9966 o declarar exequible las expresiones acusadas de los artículos 3º y 15 de la Ley 1675 de 2013.
De manera previa a la presentación de sus consideraciones, advierte que, “en cuanto al criterio de singularidad contenido en el artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, y en lo referente a la remuneración del contratista con quien se haya contratado la intervención de un hallazgo donde el 80% o más esté constituido por bienes que hagan parte del patrimonio cultural de la Nación, mediante su valor equivalente en dinero hasta por el 50% de las especies rescatadas, según lo regulado al respecto en el numeral 2º del artículo 15 ibídem, el Ministerio Público no los tendrá en cuenta para hacer su intervención, porque el actor, si bien los indica como normas demandadas, en su razonamiento no se refiere a ellos en forma específica y concreta para constituir o formular un cargo de inconstitucionalidad contra los mismos”.
De igual manera, considera que “se debe tener en cuenta que el último aparte del parágrafo del artículo 2º de la Ley 1675 de 2013, que no fue objeto de cuestionamiento por el libelista, se refiere a que no se consideran como patrimonio cultural sumergido los bienes hallados en hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido más de 100 años a partir de su ocurrencia, y que no reúnan las condiciones para ser considerados pertenecientes al patrimonio cultural Sumergido. Como ese tema tiene una relación de conexidad temática inescindible con los apartes demandados del artículo 3ºde la misma norma, se solicitará se declare su unidad normativa para efectos que se dicte una sentencia integrada”.
Aclara que “Como este es un asunto que ya fue tratado en forma integral dentro de los expedientes D-9878 y D-9966, lo que incluyó lo referente a la regulación del valor del contrato y remuneración del contratista para las labores de exploración y explotación de bienes sumergidos que no hagan parte del patrimonio cultural de la Nación, el Ministerio Público se remitirá a lo expresado dentro de los mismos a través de los Conceptos Fiscales de constitucionalidad 5681 de 26 de noviembre de 2013 y 5732 de fecha 25 de febrero de 2014”.
Posteriormente, advirtió que “el artículo 8º de la Carta Política establece que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales de la Nación, lo que incluye el patrimonio arqueológico”, lo cual “significa que le corresponde al Legislador definir o declarar qué se entiende por riquezas culturales de la Nación y qué no, y cómo las puede proteger”.
Según el Jefe del Ministerio Público, “visto que el Congreso de la República “goza de amplias facultades constitucionales para definir qué se entiende por patrimonio cultural sumergido y qué no, lo siguiente a determinar es si la forma cuestionada se ajusta al orden superior” y tras exponer algunas consideraciones de carácter histórico concluye que tratándose de los bines (sic) seriados o repetidos, “ese exceso de riqueza en sí mismo considerado, por su valor intrínseco, no resulta necesario en su totalidad absoluta para representar identidades de grupos sociales en momentos históricos definidos, porque su carácter repetitivo en bruto o seriado lo impide. En esas circunstancias, el patrimonio cultural sumergido, si se logra extraer, se puede proteger en su concepto de bien cultural mediante otras técnicas y decisiones más ponderadas frente a la realidad descrita, como se verá más adelante. Por esta razón, tampoco resulta aceptable la afirmación de una violación del derecho de todos de acceder a la cultura, ya que no se necesita la totalidad de la riqueza repetida en bruto o seriada para que todos tengamos acceso a su representación cultural, histórica o arqueológica”.
Añadió que “tampoco resulta aceptable la aseveración según la cual se vulnera el principio de progresividad establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y cultural es porque con la norma anteriormente vigente, el artículo 9º de la Ley 397 de 1997, el país no logró ningún resultado en relación con el patrimonio cultural sumergido. La norma actual es mucho más completa y protectora del patrimonio cultural sumergido que la anterior a partir del contexto científico y técnico arqueológico actualmente existente en el país y el resto del mundo”.
El Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional “ORDENAR ESTARSE a lo que haya decidido en dentro del proceso D-9966, o declarar EXEQUIBLES las expresiones “Tampoco se consideran aquellos bienes hallados en hundimientos, naufragios o echazones que hayan cumplido más de 100 años a partir de su ocurrencia, y que no reúnan las condiciones para ser considerados pertenecientes al patrimonio cultural sumergido”, “Repetición: Cualidad de un bien o conjunto de bienes muebles por la cual resultan similares, dadas sus características, su condición seriada y por tener valor de cambio o fiscal, tales como monedas, lingotes de oro y plata o piedras preciosas en bruto” y “2. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes”, contenidas en el parágrafo del artículo 2º y en el artículo 3º, respectivamente, de la Ley 1675 de 2013, así como los numerales 2º y 4º del artículo 15 de la misma ley, bajo los siguientes entendidos:
“iii) El Estado colombiano a través del Ministerio de Cultura, antes de acudir al mercado para contratar las labores de exploración e intervención del patrimonio cultural sumergido, debe intentar asumir directamente las mismas haciendo los contratos interadministrativos pertinentes con las entidades públicas nacionales y del resto del mundo, y solo si él llega a determinar que no le es posible realizar directamente dichas labores sí puede acudir a su contratación, nacional o internacional.
“vi) Los bienes extraídos declarados no patrimonio cultural subacuático que le pertenezcan al Estado deben enajenarse a personas y organismos públicos y privados nacionales e internacionales a partir de su valor histórico agregado y no solo por el valor precioso intrínseco de los mismos. Lo que finalmente no se pueda disponer por esta vía, debe destinarse por la vía fiscal o comercial más eficiente posible.
A propósito de este artículo constitucional, el actor reitera que “el legislador violó los límites constitucionales al entregarle como forma de pago o recompensa al particular, bienes del patrimonio reclamado y no dinero correspondiente aun (sic) porcentaje sobre el valor de los hallazgos”, habida cuenta de que las especies náufragas “son patrimonio arqueológico” y de que el Congreso de la República no podía “desnaturalizar y desconocer su esencia”, porque el carácter de inalienable, imprescriptible e inembargable lo tiene este patrimonio desde la Constitución y no se necesita una declaración para que adquiera este carácter”.
En la Sentencia C-264 de 2014(1), la Corte estimó que el criterio de repetición es uno de los cinco que de forma razonable deberá ponderar el Consejo Nacional del patrimonio cultural para determinar, de entre los bienes que conforman la totalidad de un hallazgo, cuáles entran a formar parte del patrimonio cultural sumergido y cuáles no, sin que le sea factible al mencionado Consejo excluir todos de los bienes que cumplan las características descritas en el inciso 4º del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013, pues la competencia está concedida para determinar si debe ser reservada una muestra representativa de tales bienes al Estado, en cuanto medida necesaria para garantizar el acceso a la cultura, lo que asegura el cumplimiento del mandato constitucional de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de condiciones, consignado en el artículo 70 superior.
El objeto es el precepto que se considera contrario a la Constitución, mientras que el concepto de la violación “supone la exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”(2), siendo posible que se presente una de tres situaciones, a saber: (i) que el actor no exponga los motivos por los que considere que el concreto precepto que acusa es contrario a la Constitución, (ii) que los exponga de una manera tal que el cargo sea apto por cumplimiento de los requisitos de claridad, especificidad, certeza, pertinencia y suficiencia y (iii) que exponga las aludidas razones, pero de tal modo que incumpla los requisitos mencionados o alguno de ellos, de lo que resultará la ineptitud de la demanda.
El libelista complementa su alegato indicando que las disposiciones demandadas permiten que les sean entregados a particulares bienes que “por su naturaleza no deberían poder enajenarse del poder del Estado y de la Nación”, dado que se trata de “bienes inembargables, imprescriptibles e inalienables”, por lo cual “no puede reconocérsele a quien las rescata de las profundidades, en tratándose de patrimonio sumergido, una recompensa sobre la cosa en sí misma, sino un porcentaje en dinero de la valoración que sobre el precio de la cosa se haga”.
Al fallar el proceso al que dio origen la demanda D-9966 la Corte precisó que quienes fueron demandantes en esa causa manifestaron que el numeral 2º del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013 vulnera los artículos 8º, 63, 70 y 72 de la Constitución, por establecer una remuneración mediante pagos con bienes inalienables y dotados de valor cultural, lo que, según el criterio de la Corte, constituye un cargo que cumple con los requisitos de certeza, claridad, pertinencia, suficiencia y especificidad que, adicionalmente, plantea como problema jurídico determinar si el pago realizado con bienes que hacen parte del hallazgo desconoce los artículos 8º, 63, 70 y 72 de la Carta.
1. En relación con los apartes demandados del artículo 3º de la Ley 1675 de 2013:
- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-264 de 2014 que declaró exequible el criterio de repetición contenido en el inciso 4º.
- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-264 de 2014 que declaró inexequible el numeral 2º.
- INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto del criterio de singularidad contenido en el inciso 3º, por ausencia de cargo de inconstitucionalidad.
2. En relación con los apartes demandados del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013:
- ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-553 de 2014 que declaró exequible el numeral 2º.
- INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo respecto del numeral 3º, por ineptitud sustancial de la demanda, debida al incumplimiento del requisito de certeza.
- Declarar EXEQUIBLE el numeral 4º, por los cargos analizados en la presente sentencia.
(1) Con ponencia del h. Magistrado Alberto Rojas Ríos.