Source: http://docplayer.es/2668716-128-dpr-299-el-pueblo-de-puerto-rico-apelado-lydia-echevarria-rodriguez-acusada-apelante-num-cr-86-58.html
Timestamp: 2017-08-23 10:45:04
Document Index: 315699466

Matched Legal Cases: ['Artículo 137', 'Artículo 137', 'Artículo 137', 'Artículo 63', 'Artículo 63', 'Artículo 137']

128 DPR 299. El Pueblo de Puerto Rico Apelado. Lydia Echevarría Rodríguez Acusada-Apelante. Núm. CR PDF
128 DPR 299. El Pueblo de Puerto Rico Apelado. Lydia Echevarría Rodríguez Acusada-Apelante. Núm. CR-86-58
Download "128 DPR 299. El Pueblo de Puerto Rico Apelado. Lydia Echevarría Rodríguez Acusada-Apelante. Núm. CR-86-58"
Amparo Alcaraz Castro
1 128 DPR 299 El Pueblo de Puerto Rico Apelado v. Lydia Echevarría Rodríguez Acusada-Apelante Núm. CR Sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan Hon. Laura Nieves de Van Rhyn, J. APELACION ASESINATO EN PRIMER GRADO, SECUESTRO AGRAVADO, CONSPIRACION Y DAÑOS AGRAVADOS El Pueblo de Puerto Rico Apelado v. David López Watts Acusado-Apelante Núm. CR Sentencia del Tribunal Superior, Sala de San Juan Hon. Laura Nieves de Van Rhyn, J. APELACION ASESINATO EN PRIMER GRADO, SECUESTRO AGRAVADO, CONSPIRACION Y DAÑOS AGRAVADOS San Juan, Puerto Rico, a 25 de abril de 1991 CITESE 91 JTS 43 OPINION DEL TRIBUNAL EMITIDA POR EL JUEZ PRESIDENTE SR. PONS NUÑEZ Abogado de la parte apelante (Lydia Echevarría): Héctor Lugo Bougal. Abogado de la parte apelante (David López Watts): Carmen Ana Rodríguez Maldonado (Sociedad Para Asistencia Legal de P.R.) Abogado de la parte apelada: Hon. Rafael Ortiz Carrión, Procurador General de P.R. 1
2 El Tribunal Supremo resuelve aquí apelaciones consolidadas de los acusados con relación al secuestro y asesinato del señor Luis Vigoreaux. Mediante Opinión emitida por el Juez Presidente señor Pons Núñez, se confirman todas las sentencias apeladas al resolverse que no se cometió error alguno que acarree revocación y que tampoco cabe aplicar la norma de revocación por efecto combinado de errores no perjudiciales. En la opinión se abordan importantes aspectos de derecho probatorio y de procedimiento criminal, así como normas sobre el alcance del delito de secuestro en Puerto Rico. Se resolvió, en suma, que no se cometieron los errores invocados por los apelantes y que, en cualquier caso, cualquier error cometido no tiene el efecto de revocación. El Juez Asociado señor Negrón García concurre con el resultado. El Juez Asociado señor Rebollo López emitió Opinión Disidente. RESUMEN NORMATIVO * 1. Evidencia, Procedimiento Criminal, Derecho Constitucional, Duda Razonable, Presunción de Inocencia, Apreciación de la Prueba en Revisión o Apelación. En virtud del derecho constitucional de todo acusado a que su culpabilidad sea determinada más allá de duda razonable -corolario indiscutible de la presunción de inocencia- la apreciación que hace el juzgador sobre la culpabilidad del acusado es cuestión mixta de hechos y de derecho; de ahí que la determinación de si se probó tal culpabilidad más allá de duda razonable es revisable en apelación como cuestión de derecho. 2. Evidencia, Apreciación de la Prueba en Revisión o Apelación. Al revisar en apelación la determinación de culpabilidad del acusado, el tribunal apelativo debe reconocer la inigualable posición en que se halla el juzgador para tal determinación; de ahí que en la medida en que los jueces de instancia y los jurados se encuentran en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba presentada, su apreciación merecerá gran deferencia por el tribunal apelativo, el cual no intervendrá con ella en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad o error manifiesto. 3. Evidencia, Procedimiento Criminal, Corroboración de Confesiones. Nuestro ordenamiento procesal penal requiere la corroboración de la confesión de un acusado con evidencia independiente del corpus delicti, a fin de evitar una convicción basada en una confesión falsa; la norma asegura que nadie puede ser castigado por la comisión de un delito con la solitaria constancia de su propia confesión. 4. Evidencia, Procedimiento Criminal, Testimonio de Co-autor. Nuestro ordenamiento procesal penal no exige que el testimonio de un co-autor sea corroborado; la Regla 156 de Procedimiento Criminal solo tiene el efecto de orientar al juzgador en relación con el valor probatorio del testimonio. 5. Id. El solo testimonio de un co-autor, creído más allá de duda razonable por el juzgador es suficiente para sostener una convicción. 6. Evidencia, Competencia Testifical, Impugnación de Testigos, Carácter Mendaz. El carácter mendaz de una persona no tiene el efecto de incapacitarle como testigo; su efecto es afectar la credibilidad que debe merecerle su testimonio al juzgador. 2
3 7. Procedimiento Criminal, Acumulación de Delitos o Acusados, Separación de Juicios. Mientras la Regla 89 de Procedimiento Criminal gobierna, en términos generales, todo lo relativo a acumulación de causas, la Regla 90 provee para la celebración de juicios por separado cuando se demuestre la existencia de perjuicio potencial para el acusado o para el Pueblo en caso de ventilarse los casos en conjunto. 8. Id., Evidencia, Prueba de Referencia, Declaraciones de Conspiradores. Las Reglas 91 y 92 de Procedimiento Criminal establecen un tratamiento especial para la separación de juicios cuando se imputa el delito de conspiración; este tratamiento especial obedece a la admisibilidad de declaraciones de un conspirador como prueba contra otro conspirador -Regla 62(E) de Evidencia-: si lo declarado por un conspirador durante el curso de la conspiración es admisible contra los demás conspiradores, se desvanece el peligro que acarrea un juicio conjunto en cuanto a declaraciones de un co-autor. 9. Evidencia, Prueba de Referencia, Declaraciones de Conspiradores. Sobre si para la admisión de declaraciones de conspiradores bajo la Regla 62(E) de Evidencia se exige prueba independiente de la conspiración y de la participación de declarante y acusado en tal conspiración, quaere. 10. Id., Derecho Constitucional, Confrontación. La norma de rango constitucional de que es inadmisible una declaración de un co-autor contra el co-autor acusado, por violación al derecho a confrontación, no es aplicable cuando tal declaración es admisible contra el acusado bajo la regla de los conspiradores -Regla 62(E) de Evidencia Procedimiento Criminal, Derecho Constitucional, Debido Proceso de Ley, Descubrimiento de Prueba. El descubrimiento de prueba es uno consustancial al derecho de todo acusado a defenderse en un proceso criminal en su contra; la regla 95 de Procedimiento Criminal establece límites a esta prerrogativa a fin de desalentar las llamadas "expediciones de pesca" en los archivos del ministerio fiscal. 12. Procedimiento Criminal, Descubrimiento de Prueba, Efecto de No Descubrir Prueba. No procede revocar una convicción a base de que el ministerio público no descubrió cierta declaración jurada a la defensa, si surge que la defensa tuvo acceso a esa prueba con anterioridad a la celebración del juicio. 13. Procedimiento Criminal, Descubrimiento de Prueba, Declaraciones de Co-autor. Si las declaraciones de un conspirador, co-autor, hechas durante el transcurso de la conspiración deben ser consideradas como declaraciones del propio acusado -y, por ende, descubribles bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal, quaere. 14. Procedimiento Criminal, Publicidad de los Procedimientos, Evidencia, Conocimiento Judicial. Cuando la amplia exposición de un caso criminal en los medios de comunicación masiva es notoria o palpable, puede tomarse conocimiento judicial de ello. 15. Procedimiento Criminal, Publicidad de los Procedimientos, Derecho Constitucional, Juicio Justo e Imparcial. Procede la revocación de una convicción por publicidad excesiva del 3
4 procedimiento cuando se establece claramente la ingerencia de factores ajenos al mecanismo decisional, que afectan la noción de juicio justo e imparcial que la Constitución garantiza a todo acusado. 16. Id. En ciertas circunstancias, para garantizar el derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial, se justifica la imposición de medidas tendentes a restringir el margen o radio de acción de los medios informativos en su gestión de cubrir las incidencias de un proceso judicial. 17. Derecho Constitucional, Procedimiento Criminal, Juicio Público, Libertad de Expresión, Libertad de Prensa. El derecho del acusado a un juicio público, bajo la Enmienda Sexta, no implica, a su vez, garantía irrestricta a un juicio privado; al amparo de las Enmiendas Quinta y Decimocuarta se reconoce el derecho de los medios noticiosos a informar lo que acontece en el juicio en su fondo en un caso criminal. 18. Procedimiento Criminal, Publicidad de los Procedimentos. En virtud de la presunción de regularidad y corrección que ampara a la adjudicación del juzgador de hechos, quien impugna el veredicto de culpabilidad de un acusado a base del efecto de publicidad del procedimiento, tiene la carga de establecer la irregularidad y que ésta afectó sustancialmente el resultado del caso. 19. Id., Derecho Constitucional, Juicio Justo e Imparcial. La mera publicación de informaciones noticiosas en torno a un proceso judicial no perjudica por sí solo la garantía constitucional a un juicio justo; recae sobre el acusado demostrar que la publicidad del caso lo privó de tal derecho; ni siquiera la sola incorrección de información periodística que reseña la prueba desfilada constituye perjuicio que acarree revocación. 20. Id. El acusado que invoca publicidad excesiva como fundamento para revocar una convicción debe -para refutar la presunción de regularidad y corrección de los procedimientosdemostrar la existencia de publicidad parcializada, inflamatoria o tan intensa, de la cual pueda inferirse con razonable certeza una atmósfera de pasión contra el acusado, o que hubiera justificado el traslado del caso debido a la creación de una atmósfera de prejuicios, odios y pasiones. 21. Id. Para rebatir la presunción de regularidad y corrección de un proceso criminal, debe probarse la existencia de publicidad parcializada, inflamatoria o tan intensa de la cual pueda inferirse con razonable certeza una atmósfera de pasión contra el acusado, o que justifique el traslado del caso debido a la creación de una atmósfera de prejuicios, odios y pasiones contra el acusado o contra el Estado que sostiene la acusación. 22. Id. Al impugnarse un veredicto a base del efecto de publicidad adversa, lo decisivo es el estado mental que pudo haber imperado en los miembros del jurado; la pregunta clave no es si el público en general conoció o recuerda el caso en particular, sino si el jurado pudo, a pesar de ello, juzgar imparcialmente al acusado. 23. Procedimiento Criminal, Juicio Por Jurado, Selección del Jurado, Publicidad de los Procedimientos. Un candidato a jurado no debe ser descualificado por el mero hecho de haber 4
5 leído, visto o estado expuesto de cualquier otra forma a informaciones periodísticas; debe examinársele en torno a cómo ha sido influenciado por la información concernida. 24. Id. Para evitar que los miembros del jurado advengan a juzgar con una opinión ya formada - por efecto de publicidad del caso- el tribunal puede tomar las siguientes medidas cautelares: (1) permitir el llevar a cabo un voir dire extenso y riguroso, (2) otorgar, si fuera necesario, recusaciones perentorias adicionales a las provistas en la Regla 123 de Procedimiento Criminal, (3) secuestrar al jurado, e, (4) impartir instrucciones cuidadosas y exhaustivas sobre su responsabilidad de rendir un veredicto basado en la prueba admitida en el juicio, y no a base de información obtenida de otras fuentes. 25. Procedimiento Criminal, Publicidad de los Procedimientos. Un planteamiento de un apelante que impugna su convicción por efecto de publicidad adversa, queda debilitado por el hecho de que hubiera solicitado vista preliminar pública, a pesar de que el ordenamiento le daba derecho a una vista preliminar privada. 26. Evidencia, Regla de la Mejor Evidencia. La regla de la mejor evidencia -Regla 69(A)-, que es particularmente invocada cuando se trata de prueba documental- exige que cuando se descansa en el contenido de un escrito, éste sea presentado para efectos de constatar tal contenido. 27. Id. La regla de la mejor evidencia no requiere la presentación de un escrito cuando sólo se trata de probar la existencia de tal escrito y no su contenido. 28. Id. Para probar la existencia de un contrato y la motivación de éste, la regla de la mejor evidencia no requiere la presentación del escrito en el que consta tal contrato. 29. Id. Como una de las excepciones a la regla de la mejor evidencia, la Regla 70(A) permite evidencia sobre el contenido de un escrito sin presentar el escrito mismo, cuando éste se ha extraviado o destruido. 30. Evidencia, Regla de la Totalidad (Regla 8). La Regla 8 de Evidencia sólo da derecho a la parte contraria a exigir que se presente la totalidad de la documentación que debe ser considerada conjuntamente con la evidencia ofrecida, para su más cabal comprensión; la regla no tiene el efecto de inadmisibilidad, de por sí, de la documentación parcial ofrecida por el proponente. 31. Id. El propósito de la regla de la totalidad -Regla 8 de Evidencia- es fomentar la presentación simultánea de toda la documentación relacionada con cierta documentación que presenta el proponente, sin la parte adversa tener que esperar a un momento posterior para presentar la documentación relacionada, necesaria para la más cabal comprensión de la evidencia; la tonalidad de la regla es permisiva más que mandatoria. 32. Derecho Constitucional, Procedimiento Criminal, Debido Proceso de Ley, Descubrimiento de Prueba, Prueba Exculpatoria. Evidencia exculpatoria -a los fines del alcance de la obligación del ministerio fiscal de revelar a la defensa tal evidencia- es aquella que resulta favorable al acusado y que tiene relevancia en cuanto a la culpabilidad y castigo del acusado, independientemente de la buena o mala fe exhibida por el ministerio fiscal. 5
6 33. Id. Al considerar en apelación un planteamiento de revocación de convicción basado en que el ministerio fiscal no reveló a la defensa evidencia exculpatoria, el tribunal apelativo debe considerar -más allá de la relevancia de la evidencia- si la prueba exculpatoria suprimida, con una razonable probabilidad, hubiera alterado el fallo o veredicto, o el castigo impuesto, de haber sido presentada al juzgador de los hechos; no se trata, pues, solo de si el fiscal ocultó evidencia exculpatoria, sino también de la calidad y peso de tal evidencia, en términos de su suficiencia para producir una razonable probabilidad de que el fallo o veredicto de culpabilidad, o la pena impuesta, pudieran haber sido distintas si el juzgador hubiera considerado tal evidencia. 34. Id. Los peritos forman una clase particular de testigos; de ahí que las reglas de evidencia les brindan especial consideración y ordenan evaluación particular de sus testimonios. 35. Id., Cualificación de Peritos. Bajo la Regla 53 de Evidencia, no sólo cualifican como peritos los expertos y profesionales, sino cualquier persona que a juicio del juez tenga alguna preparación o conocimiento especial de la materia sobre la cual declara. 36. Id. La cualificación de un médico perito no depende de hechos escuetos de si posee una licencia para practicar su profesión en determinado lugar, sino, más bien, de su preparación, entrenamiento y experiencia. 37. Procedimiento Criminal, Debido Proceso de Ley, Testimonio Perjuro. Una convicción obtenida a base de testimonio perjuro es fundamentalmente injusta y debe ser revocada si hay alguna base para intimar que el testimonio falso pudo haber afectado el fallo o veredicto; toda convicción así obtenida viola el debido proceso de ley, ya sea que el ministerio fiscal conozca y estimule la falsedad o que, sin haberla estimulado, permita su presentación a pesar de conocer la incorrección del testimonio. 38. Procedimiento Criminal, Juicio Por Jurado, Veredictos Inconsistentes. Los veredictos inconsistentes productos de instrucciones erróneas al jurado pueden ser alterados en apelación con resultado de revocación de una convicción. 39. Procedimiento Criminal, Derecho Constitucional, Juicio Por Jurado, Alcance del Derecho a Juicio Por Jurado. La opción de un juicio ante un panel de jurados implica conferir a éstos la administración de la justicia, esto es, la determinación final sobre culpabilidad o no culpabilidad. El Jurado, compuesto por una muestra representativa de la comunidad del acusado tiene como encomienda evaluar la prueba, recibir instrucciones sobre el derecho aplicable, deliberar en secreto y rendir un veredicto final. De entender el Jurado que el acusado incurrió en responsabilidad criminal por los hechos que se le imputan deberá determinar el delito específico o el grado del mismo, por el cual éste deberá responderle a la sociedad. 40. Id. Durante el proceso de deliberación, los jurados pares del acusado y legos en materia de derecho, pueden atemperar la ley a su propio sentido de justicia y así atemperada aplicarla; de ahí que en muchas ocasiones el jurado emita veredictos que parecen incongruentes e ilógicos. 41. Procedimiento Criminal, Juicio Por Jurado, Veredictos Inconsistentes. Por más inconsistentes que parezcan ciertos veredictos del jurado y a pesar del afán por tener una explicación de la 6
7 razón para los veredictos inconsistentes, el proceso de razonamiento individual o colectivo del jurado no puede ser develado, ya que tal intromisión acarrearía la desaparición de la franqueza y libertad de discusión; de ahí las disposiciones de la Regla 42 de Evidencia. 42. Id. Las reglas 148 y 149 de Procedimiento Criminal han previsto la ocurrencia de veredictos irregulares o inconsistentes. 43. Id. Para sostener una convicción, no es necesario establecer la consistencia lógica entre los veredictos del jurado; el hecho de que el jurado -olvidándose o descartando las instrucciones del juez, y tal vez, inspirado por excesivo sentido de clemencia- se incline a favorecer a un imputado de delito y emitir un veredicto de inocencia o de culpabilidad por un delito menor (incluído en el imputado) no acarrea la nulidad del veredicto de culpabilidad respecto a otros cargos. 44. Id. La validez de veredictos inconsistentes, no productos de las instrucciones del juez al jurado sino de las prerrogativas del jurado, se extiende no sólo a veredictos con relación a varios cargos contra un mismo acusado, sino también a veredictos contra co-acusados. 45. Procedimiento Criminal, Juicio Por Jurado, Presunción de Regularidad en las Funciones del Jurado. Existe una presunción de que los jurados siguen las instrucciones impartidas por el juez y de que han descargado su función conforme a derecho y sin prejuicios contra el acusado; compete al acusado refutar tal presunción, sin acceso al proceso de deliberación del jurado. 46. Procedimiento Criminal, Juicio Por Jurado, Instrucciones al Jurado. En juicio criminal por jurado, el tribunal debe impartir las instrucciones de rigor, haciendo un resumen de la evidencia y exponiendo el derecho aplicable; estas instrucciones deben ser correctas, claras, precisas y lógicas. 47. Id., Manual de Instrucciones al Jurado. A fin de viabilizar la tarea judicial de impartir instrucciones al jurado, el Tribunal Supremo aprobó un Manual de Instrucciones al Jurado para (i) alcanzar un mayor grado de certeza y estabilidad en los procedimientos, (ii) acelerar los trámites judiciales, (iii) lograr mayor claridad y comprensión de las instrucciones por los jurados y (iv) eliminar el lenguaje parcializado o argumentativo en las instrucciones. 48. Id. Aunque la utilización del Manual de Instrucciones al Jurado es discrecional, constituye una buena práctica utilizarlo en aras de disminuir las probabilidades de error en las instrucciones al jurado y lograr mayor uniformidad en la administración de la justicia criminal; la falta de uniformidad puede resultar injusta para algunos acusados. 49. Id. Las instrucciones impartidas según rezan en el Manual de Instrucciones al Jurado están cobijadas por una presunción de corrección. 50. Procedimiento Criminal, Juicio Por Jurado, Instrucciones al Jurado. Para determinar la corrección o incorrección de ciertas instrucciones al jurado, hay que considerar las instrucciones pertinentes en su totalidad y no por frases aisladas. 7
8 51. Id., Error en las Instrucciones. Como regla general, no se atenderá un planteamiento de error en las instrucciones al jurado -por comisión u omisión- si no hubo el señalamiento correspondiente ante el tribunal, antes de que el jurado se retirara a deliberar, exponiendo claramente los fundamentos de la impugnación o solicitud; esta exigencia persigue brindarle al juez una oportunidad de corregir los errores que puede haber cometido. No obstante, si la instrucción tuviera el efecto de lesionar derechos fundamentales del acusado, puede hacerse el señalamiento de error por primera vez en apelación. 52. Evidencia, Evidencia Demostrativa. El término genérico de "evidencia demostrativa" ha sido adoptado formalmente en la Regla 80 de Evidencia, al igual que en la jurisdicción federal y en la jurisprudencia. 53. Id., Autenticación. La admisibilidad de evidencia demostrativa está sujeta a que el proponente, haciendo uso de cualquier evidencia admisible, demuestre con el grado de certeza requerido que la evidencia ofrecida es justamente lo que alega que es; hasta esto para autenticar la evidencia. 54. Evidencia, Autenticación. La autenticidad de la evidencia ofrecida no implica su admisibilidad, pues podría resultar aplicable alguna regla de exclusión. 55. Id., Evidencia Demostrativa, Cadena de Custodia. La cadena de evidencia es un modo de establecer fehacientemente la integridad de la evidencia propuesta mediante un enlace consecutivo de eventos en la custodia de un objeto desde su ocupación hasta su presentación en la vista; se trata de una serie de precauciones para fortalecer la identificación de evidencia física y la confiabilidad de la prueba ofrecida. 56. Id. La cadena de evidencia puede ser condición suficiente, pero no necesaria, para satisfacer el principio general establecido por la regla de autenticidad; así, pues, si el proponente de la evidencia logra satisfacer las exigencias de autenticación, ya sea por la cadena de custodia o por testimonio de identificación, ha superado la barrera que dejaba en suspenso la admisibilidad. 57. Id. Admitida evidencia demostrativa tras su autenticación mediante cadena de custodia, corresponde al jurado sopesar el valor probatorio de la cadena de custodia presentada; la cuestión de si el proponente de la evidencia ha probado una adecuada cadena de custodia se dirige al peso, más que a la admisibilidad, de la evidencia y queda reservado para el jurado. 58. Evidencia, Evidencia Demostrativa, Autenticación. Una vez que el juzgador decide admitir cierta evidencia demostrativa, por estimar que se presentó prueba suficiente para autenticar el objeto, tal determinación no deberá ser alterada en apelación a no ser por un claro abuso de discreción. 59. Id., Cadena de Custodia. La ausencia de etiquetas (tags) en un objeto que se presenta como evidencia demostrativa no impide la autenticación de ese objeto mediante otra forma, como establecer una adecuada cadena de custodia. 8
9 60. Evidencia, Evidencia Demostrativa, Autenticación, Fotografías, Discreción del Tribunal Para Excluir Evidencia (Regla 19). De conformidad con la Regla 80 de Evidencia, la admisibilidad de fotografías que constituyen evidencia demostrativa con el propósito de ilustrar otra prueba, dependerá de que (1) sean pertinentes a tenor con la Regla 18, (2) sean autenticadas, (3) no sea necesario excluirlas bajo la Regla 19; esto es, una vez superados los problemas de pertinencia y autenticación, el tribunal deberá sopesar el valor probatorio de la evidencia demostrativa frente al perjuicio, confusión o desorientación que podría acarrear su admisión. 61. Evidencia, Admisibilidad de Fotografías. Cuando un tribunal, en caso criminal por jurado, considera la admisibilidad de fotografías, debe estimar si el proponente persigue un fin legítimo de ilustración o un intento de prejuiciar el ánimo del jurado; no obstante, el mero hecho de que una fotografía pueda impresionar desfavorablemente al jurado no justifica su exclusión. 62. Id. El tribunal debe admitir unas fotografías si al ponderar su valor probatorio y el efecto adverso que podría tener su admisión en el jurado, determina que la evidencia tiene el propósito legítimo de ilustrar hechos esenciales sobre los cuales han declarado los testigos, o demostrar lesiones sufridas, o para corroborar el testimonio de algún testigo. 63. Id. No abusa de su discreción el tribunal que admite unas fotografías relacionadas con los hallazgos de los forenses al practicar la autopsia del occiso, presentadas con el propósito de corroborar la versión de un testigo -en oposición a la declaración de otro- sobre la forma en que se le causó la muerte a la víctima, y aclarar ciertas inconsistencias en las declaraciones de un patólogo forense, sobre el objeto con que se propinaron los punzonasos a la víctima; a pesar de la probabilidad de que las fotografías inflamen el ánimo del jurado, la balanza se inclina aquí hacia la admisibilidad en virtud del valor probatorio de la evidencia. 64. Evidencia, Impugnación de Testigos, Medios de Impugnación. La norma general que gobierna la impugnación de testigos está contenida en la Regla 44 de Evidencia: la credibilidad de un testigo puede ser impugnada mediante cualquier evidencia pertinente al asunto de su credibilidad, es decir, a la veracidad o mendacidad del testigo. 65. Evidencia, Impugnación de Testigos, Carácter y Conducta Sobre Mendacidad o Veracidad. La regla 45 de Evidencia permite, como medida de aquilatar la credibilidad de un testigo, evidencia sobre su carácter veraz o mendaz, así como de conducta específica, pero sólo si ésta se refiere directamente al asunto de la veracidad o mendacidad del testigo. 66. Id. Bajo la Regla 45 de Evidencia, sólo se permite impugnar la credibilidad de un testigo mediante evidencia de su carácter o conducta que se refiera al aspecto de veracidad o mendacidad del testigo. 67. Id., Carácter o Conducta Inmoral. No es admisible, a los fines de impugnar la credibilidad de un testigo, evidencia sobre su carácter o conducta inmoral en ciertos aspectos de su vida, pero no directamente vinculados al aspecto central de si el testigo es persona veraz o mendaz; evidencia de carácter o conducta "inmoral" en algunos aspectos de la vida del testigo, desvinculados de su credibilidad o mendacidad, no implica que el testigo no es digno de credibilidad, y no es admisible a fines de impugnación. 9
10 68. Derecho Penal, Secuestro. Nuestro estatuto sobre secuestro -Artículos 137 y 137(A) del Código Penal- sigue la tradición del "Common Law"; al interpretar estos artículos, los tribunales deben referirse a la profusa experiencia del derecho común, sobre todo la de California, de donde proviene nuestro estatuto. 69. Id. El Artículo 137(A) del Código Penal establece unas modalidades agravadas del delito de secuestro, con penas mucho más severas que las contempladas para el secuestro simple establecidas en el Artículo Interpretación de Estatutos, Estatutos Originados en Otros Estados, Interpretación en el Estado de Origen. Aunque la regla general de hermenéutica es a los efectos de que al adoptarse un estatuto de un estado también se adopta la interpretación que el más alto tribunal del estado ha dado al estatuto, los tribunales de Puerto Rico no están obligados a seguir tal regla en todos los casos, pues se trata de una regla sujeta a limitaciones o excepciones. Cuando la interpretación del más alto tribunal del estado de origen es posterior a la adopción del estatuto en Puerto Rico, sólo tendrá valor persuasivo en nuestra jurisdicción. 71. Derecho Penal, Secuestro. Como regla general, se excluye como conducta constitutiva de secuestro la sustracción incidental de la víctima con miras a la comisión de algún delito; esta norma no se aplica cuando la víctima ha sido trasladada a través de una distancia considerable o sustancial. 72. Id. Habida cuenta de que al cometerse delitos tales como robo, violación y asesinato es común que se mueva a la víctima de un lugar a otro, resulta inapropiado considerar movimientos breves, incidentales a la comisión del delito principal, como secuestro; lo apropiado es acoger el criterio de traslado de la víctima a través de una distancia sustancial. 73. Id. El traslado de la víctima, incidental a la comisión de un delito, dentro de la misma residencia o negocio en que se hallaba, y aún dentro del área o vecindario inmediato en que se encontraba al ocurrir los hechos, no es suficiente para configurar el delito de secuestro; para configurar el delito de secuestro se requiere una distancia sustancial o trasladar a la víctima fuera del lugar de residencia o de negocio en que se hallaba. 74. Id. En puerto Rico no se configura el delito de secuestro por el traslado de la víctima incidental a la comisión de un delito, sólo porque tal traslado aumenta el riesgo de daño a la víctima, ya en cuanto a facilitación del delito primario o riesgo más allá de tal delito. 75. Id., Interpretación de Estatutos, Principio de Legalidad, Interpretación Restrictiva de la Ley Penal. El estatuto de secuestro debe ser interpretado restrictivamente, no solo en virtud del principio de legalidad y especifidad de la norma penal, sino por la severa penalidad que acarrea este delito, aun en su modalidad simple. 76. Derecho Penal, Secuestro. Para que se configure el delito de secuestro, tanto en su modalidad simple como en la agravada -incluyendo el inciso (b) del Artículo 137(A) del Código Penal-, la sustracción de la víctima tiene que ser sustancial y no meramente incidental a la comisión de algún delito. 10
11 77. Id. El hecho de que el propósito último de la privación de libertad de la víctima sea darle muerte no implica que no se satisfaga el elemento de intención de privar a la víctima de su libertad, esencial para el delito de secuestro; que la intención específica de privar a la víctima de libertad persiga el fin ulterior de matarla o cometer otro delito no es defensa ante la acusación por secuestro. 78. Id. El hecho de que no hubiera un plan preconcebido para privar a la víctima de su libertad no implica la ausencia de intención específica de privarla de libertad, a los fines del delito de secuestro; no se requiere previa planificación ni concebir la privación de libertad con mucho tiempo de antelación a los hechos. 79. Id. El secuestro agravado bajo la modalidad del Artículo 137(b) del Código Penal es independiente a los delitos de mutilación, tentativa de asesinato o agresión agravada de naturaleza grave que pueden concurrir como parte de un curso de conducta durante el secuestro. 80. Id., Concurso de Delitos, Asesinato. Cuando una persona traslada a la víctima por un tiempo y distancia considerables, con el fin último de darle muerte, y efectivamente le da muerte luego del traslado o sustracción, esa persona comete los delitos de secuestro y asesinato, sin que sea aplicable el Artículo 63 del Código Penal y la figura del concurso; no hay impedimento para castigos múltiples. 81. Derecho Penal, Concurso de Delitos. El Artículo 63 del Código Penal no es de aplicación cuando el acusado persigue varios objetivos criminales independientes entre sí y no meramente incidentales, por lo que no hay impedimento para castigos múltiples; el acusado puede ser castigado por los delitos independientes cometidos en la persecución de cada objetivo, aunque los delitos dependan de actos comunes o sean parte del curso de conducta de otra forma indivisible. 82. Derecho Penal, Interpretación de la Ley Penal, Vaguedad. El hecho de que un estatuto penal requiera interpretación no significa que adolece de vaguedad; una ley penal no es nula por vaguedad sólo porque requiera interpretación. 83. Id., Secuestro. El estatuto que define el delito de secuestro -Artículo 137 del Código Penalno adolece de vaguedad. 84. Derecho Penal, Penas, Discreción del Tribunal en la Imposición de la Pena. Como norma general, un tribunal apelativo no ha de intervenir con el ejercicio de la discreción del juez de instancia en la imposición de la pena, salvo en casos claros de abuso de discreción; tal discreción, sin embargo, debe ser ejercida sabia y prudentemente. 85. Derecho Penal, Pena Con Circunstancias Agravantes. Al sentenciar a un acusado convicto con agravantes, el tribunal debe seguir los criterios establecidos en la Regla 171 de Procedimiento Criminal, a tenor con los hechos y circunstancias de cada caso en particular y la situación individual de cada convicto. 11
12 86. Id. No es necesario celebrar una vista sobre agravantes, como requisito para sentenciar al convicto con circunstancias agravantes, cuando no hay controversia a la luz de la prueba presentada en el juicio, sobre la presencia de una o más circunstancias agravantes; en tal caso, no hay controversia sobre hecho "material" alguno que requiera la presentación de la prueba. 87. Derecho Penal, Penas, Derecho Constitucional, Castigo Cruel e Inusitado. La protección constitucional contra castigo cruel e inusitado exige que haya una razonable proporción entre la pena y la conducta delictiva; para determinar la existencia de tal proporción el tribunal debe considerar, por un lado, la severidad de la pena, y del otro lado, la gravedad de la conducta criminal, a la luz de estos factores: (a) daño causado a la víctima y a la sociedad, y (b) forma de culpabilidad del convicto (mens rea). 88. Id. Al considerar un planteamiento de castigo cruel e inusitado por desproporción entre pena y conducta delictiva, los tribunales deben considerar si el convicto tendrá oportunidad de disfrutar del beneficio de libertad bajo palabra. 89. Derecho Penal, Penas, Pena Con Circunstancias Agravantes, Secuestro. El hecho de que en caso donde se imputa a un acusado secuestro y asesinato el jurado absuelva por el asesinato y condene por el secuestro, aun en circunstancias bajo las cuales quepa hablar de veredictos inconsistentes, no afecta la facultad del tribunal de sentenciar al convicto con circunstancias agravantes en cuanto al secuestro, si hay prueba de tales circunstancias. 90. Procedimiento Criminal, Desestimación de la Acusación, Impedimento Para Nuevo Proceso. La desestimación de una acusación bajo la Regla 64(p) de Procedimiento Criminal -por no haberse determinado causa probable para acusar conforme a derecho- no impide el inicio de un nuevo procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Regla 67 de Procedimiento Criminal. 91. Procedimiento Criminal, Investigación del Crimen, Exhumación de Cadáver de la Víctima. En proceso por asesinato, el acusado no puede hacer un planteamiento de que no se le notificara de la exhumación del cadáver de la víctima; tal exhumación es asunto que sólo compete a los familiares de la víctima -que pueden invocar su derecho a la intimidad- o a las autoridades públicas. 92. Procedimiento Criminal, Investigación del Crimen, Segunda Autopsia del Cadáver de la Víctima. El ministerio fiscal, dentro de su función de investigar cualquier muerte ilegal, tiene la facultad de practicar nuevas autopsias si considera que la hecha previamente no fue adecuada, o necesita una nueva autopsia para esclarecer su investigación. 93. Id. Un acusado de asesinato no puede quejarse de que se hiciera una segunda autopsia a la víctima, cuando tuvo oportunidad de impugnarla y obtuvo copia del protocolo de esa autopsia, además de que tuvo amplia oportunidad en el juicio de interrogar a los médicos que practicaron la autopsia, sobre sus propósitos y hallazgos. 94. Derecho Constitucional, Debido Proceso de Ley, Procedimiento Criminal, Descubrimiento de Prueba, Evidencia Exculpatoria, Testimonio Perjuro. Por imperativos del debido proceso de 12
13 ley, el ministerio fiscal tiene el deber de revelar a la defensa cualquier evidencia exculpatoria, testimonio perjuro o indicios de falsedad en la prueba que tenga en su poder. 95. Procedimiento Criminal, Descubrimiento de Prueba. Bajo la Regla 95 de Procedimiento Criminal, un acusado tiene derecho a inspeccionar libros, documentos, objetos y a obtener cualquier declaración jurada propia, pero no las de otras personas mientras éstas no hayan declarado en el examen directo. 96. Id., Efecto de No Descubrir Prueba. Es insuficiente, para revocar una convicción, un señalamiento de que el fiscal no reveló a la defensa cierta evidencia durante el descubrimiento de prueba, cuando para el acto del juicio tuvo acceso a esa evidencia, y no puede establecer perjuicio por la tardanza en el acceso a ella. 97. Evidencia, Testimonio de Identificación de Acusado, Impugnación y Rehabilitación de Testigo. Cuando la defensa contrainterroga e impugna al testigo de cargo que identificó al acusado en corte durante su examen directo, el ministerio público puede rehabilitar a su testigo mediante una identificación previa -fuera de corte- que había hecho el testigo. 98. Evidencia, Efecto de Error, Admisión Errónea de Evidencia. Un error en la admisión de cierta evidencia testifical sobre identificación del acusado no acarrea revocación de una convicción cuando no se hubiera alterado el veredicto del jurado si no se hubiera admitido la evidencia. 99. Procedimiento Criminal, Descubrimiento de Prueba, Sumario Fiscal. Las declaraciones juradas de los testigos del fiscal pertenecen al sumario fiscal, por lo que no son susceptibles de descubrimiento de prueba, sino hasta después del examen directo del testigo Procedimiento Criminal, Evidencia, Efecto de Errores, Efecto Acumulativo de Errores. Cuando se cometen varios errores de derecho probatorio o procesal, ninguno de los cuales, de por sí, es suficiente para revocar una convicción en apelación, puede ocurrir que al considerar el efecto de la comisión de todos los errores considerados conjuntamente, el tribunal apelativo estime que de no haberse cometido todos ellos, el resultado hubiera sido distinto; en ese caso, cabe la revocación por el efecto acumulativo de los errores Derecho Constitucional, Juicio Justo e Imparcial. El derecho de un acusado a un juicio justo e imparcial no significa un derecho a un juicio perfecto. TEXTO COMPLETO DE LA OPINION {DPR 312} El presente caso envuelve un drama que ha capturado la imaginación pública tanto por su contenido como por la fama que han tenido en nuestra sociedad sus principales protagonistas. El proceso generó un voluminoso récord de más de cinco mil (5,000) páginas y en apelación extensos alegatos. Hemos considerado minuciosamente ese récord y los alegatos y es en consecuencia de ello que formulamos nuestras conclusiones. No podemos, sin embargo, dejar de reconocer el laudable 13
14 esfuerzo desplegado en este recurso por los representantes legales de las partes especialmente cuando consideramos que por circunstancias fortuitas algunos de ellos han advenido a ostentar la representación de sus clientes en apelación sin el beneficio de haberlos representado en el juicio celebrado en instancia. I BREVE RELACION DE HECHOS: El 14 de abril de 1985 el Ministerio Público de Puerto Rico sometió denuncias contra la Sra. Lydia Echevarría Rodríguez y contra el Sr. David López Watts por los delitos de asesinato en primer grado, secuestro agravado, conspiración y daños agravados. [1] Tras la celebración de un juicio en su fondo iniciado el día 11 de febrero de 1986 y finalizado el día 1ro. de mayo del mismo año, el panel de jurados rindió veredicto de culpabilidad contra la señora Echevarría Rodríguez por los delitos de asesinato en primer grado, secuestro agravado y dos cargos por conspiración, mientras que al Sr. López Watts lo halló culpable por los delitos {DPR 313} de secuestro agravado, dos cargos por conspiración y daños agravados. [2] El 20 de junio siguiente el Tribunal Superior, Sala de San Juan (Laura Nieves de Van Rhyn, J.) dictó las sentencias apeladas imponiendo las penas estatuidas con agravantes y disponiendo su cumplimiento en forma consecutiva. [3] Según la teoría de fiscalía, [4] los hechos que originaron las acusaciones -y que fueron creídos por el jurado- son los siguientes: A principios de la pasada década la apelante Echevarría Rodríguez estaba sufriendo una crisis matrimonial originada por la separación de su esposo la cual se agravó por los celos que ella sentía. La situación desembocó en serias desaveniencias con su cónyuge, el productor de televisión y destacado miembro de la farándula, Sr. Luis Vigoreaux. Para mediados de 1982 la apelante Echevarría comenzó a gestionar la contratación de una persona con el fin de "liquidar" tanto al señor Vigoreaux como a su "amiga", la Srta. Nydia Castillo. Para tales fines se comunicó con quien eventualmente resultó ser el testigo clave de este caso, el Sr. Francisco "Papo" Newman, para que éste se ocupara de encontrar alguna persona dispuesta a realizar su objetivo. A principios del año 1983, Newman consiguió por fin a una persona dispuesta a aceptar la oferta: el aquí apelante Sr. David López Watts. Adujo el Ministerio Público que los apelantes y Newman se reunieron en casa de la señora Echevarría Rodríguez con el fin de planificar los pormenores del acto delictivo a cometerse. Así las cosas, y tras la ocurrencia de varios incidentes desagradables dentro del triángulo amoroso, la apelante Echevarría Rodríguez procedió a informarle a Newman que para el día 17 de enero de 1983 se llevaría a cabo una reunión entre Vigoreaux, ella y sus respectivos abogados en el Condominio El {DPR 314} Centro de Hato Rey con el propósito de finalizar los trámites del divorcio. Con esta información a su haber, Newman y el apelante López Watts se apostaron cerca del lugar donde se celebraba la reunión y esperaron su conclusión. Una vez Vigoreaux se marchó del lugar con su abogado, Newman y López Watts procedieron a seguir el automóvil de Vigoreaux en el cual éste se dirigió hasta la oficina de su abogado, donde se quedó este último. Acto seguido, Vigoreaux, sólo en su auto, se dirigió en dirección a la residencia de la señorita Castillo. 14
15 Al detenerse en una intersección en el expreso de Trujillo Alto con el propósito de virar a la izquierda, Vigoreaux fue interceptado por Newman, quien logró acceso al interior del automóvil por el lado del pasajero con una llave que le suministró la apelante Echevarría Rodríguez y ordenó a Vigoreaux dirigirse a un apartado sector conocido como Los Guanos en Cupey. López Watts les siguió en el otro automóvil. Una vez arribaron al paraje solitario, López Watts le infligió a Vigoreaux varias heridas con un objeto punzante [5] en distintas partes del cuerpo y luego, dándole por muerto ambos, lo echaron en el baúl de su propio automóvil. Cometida la fechoría, decidieron quemar el vehículo. En ese momento Newman recordó que la apelante Echevarría le había pedido que sacara un maletín del baúl y al abrir el mismo, Vigoreaux, aún con vida, le agarró una mano. Entonces Newman le asestó un golpe en la cabeza con una llave de sacar tuercas que estaba en el baúl y volvió a cerrar el mismo. Inmediatamente después López Watts y Newman se dirigieron a buscar gasolina. [6] López Watts consiguió en casa de una amiga un envase para la gasolina y compró la misma en una gasolinera sita en Venus Gardens. Regresaron al sector los Guanos. Allí Newman regó la gasolina sobre el Mercedes, descartó el envase y procedió a incendiarlo con la víctima aún viva y aprisionada en el baúl del auto. {DPR 315} Mediante apelación, oportunamente radicada ante nos, la apelante Lydia Echevarría Rodríguez imputa la comisión de quince errores [7] y el apelante López Watts imputa la comisión de diecisiete errores por parte del foro juzgador, los cuales a continuación procedemos a analizar. II DISCUSION DE LOS ERRORES IMPUTADOS AL FORO JUZGADOR POR LA APELANTE LYDIA ECHEVARRIA RODRIGUEZ A. Primer señalamiento de error: "El veredicto dictado en el presente caso es contrario a derecho, ya que se basó en la declaración única de Papo Newman, cuyo historial de mendacidad e inmoralidad hace su testimonio prueba insatisfactoria e insuficiente para dar validez jurídica a un veredicto de culpabilidad. Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545 (1974); Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 60 (1966). Al efecto las propias instrucciones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, adoptadas para casos de esta naturaleza, página 47, establecen: "En este caso el Ministerio Fiscal ha presentado como testigo de cargo a una persona que supuestamente participó voluntaria e intencionalmente en la comisión del delito por el cual se está enjuiciando al acusado. Debido a su supuesta participación en el acto delictivo, dicho testigo está sujeto a ser procesado o encausado por el mismo delito que la persona aquí acusada. Por esta razón, y ante la posibilidad de que su testimonio pueda estar basado en una promesa de inmunidad hecha por el Ministerio Fiscal, o en cualquier otra circunstancia o beneficio, su testimonio debe ser examinado con desconfianza. Ustedes le darán el peso y credibilidad que les merezca, si alguno, luego de examinar su testimonio con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso". 15
16 La cuestión medular que obviamente resalta en este primer señalamiento es que el veredicto aquí cuestionado únicamente encuentra base en el testimonio de un solo testigo {DPR 316} (Newman) quien testificó bajo inmunidad y cuya veracidad quedó en entredicho. Por lo tanto, según la apelante, su testimonio sería insuficiente para convalidar el veredicto emitido. Este señalamiento acarrea que reiteremos, en primer lugar, la vigencia de dos principios cardinales del sistema de justicia adjudicativo de índole adversativo. En primer lugar, no existe controversia alguna en torno a la naturaleza que rodea el derecho de todo acusado a que su culpabilidad sea determinada más allá de duda razonable, corolario indiscutible de la presunción de inocencia que establece nuestra Ley Suprema. Constitución del E.L.A. de Puerto Rico. Art. II. Sec. 11. Por tal motivo, nuestra casuística reconoce a su vez que la apreciación hecha por el juzgador de hechos sobre la culpabilidad de todo acusado es una cuestión mixta de hecho y de derecho, por lo que la determinación de culpabilidad más allá de duda razonable es una revisable en apelación como cuestión de derecho. Pueblo v. Cabán Torres, 117 D.P.R. 645 (1986); Pueblo v. Miranda Ortiz, 117 D.P.R. 188 (1986); Pueblo v. Pagán Díaz, 111 D.P.R. 608, 621 (1981); Pueblo v. Carrasquillo Carrasquillo, 102 D.P.R. 545, 552 (1974); Pueblo v. Serrano Nieves, 93 D.P.R. 56, 60 (1966). En segundo lugar, la correcta adjudicación a nivel apelativo de la sabiduría que pueda contener un veredicto apelado, debe albergar como elemento sine qua non, que al apreciar la evidencia presentada necesariamente debemos reconocer la inigualable posición en que se encuentra el foro juzgador para hacerlo. Por ello y con el fin de mantener un adecuado balance al evaluar el veredicto recaído, hemos reiterado que -en la medida en que los jueces de instancia y los jurados se encuentran en mejor posición de apreciar y aquilatar la prueba presentada- su apreciación merecerá gran deferencia de este Tribunal y no intervendremos con ella en ausencia de pasión, prejuicio, parcialidad, o error manifiesto, o cuando un análisis integral de la prueba así lo justifique. Pueblo v. Fradera Olmo, Op. de 30 de junio de 1988, 88 J.T.S. 95, pág. 6087, 122 D.P.R., {DPR 317} y casos allí citados; Pueblo v. Márquez Díaz, Op. de 30 de junio de 1988, 88 J.T.S. 91, pág. 6064, 122 D.P.R., y casos allí citados; Pueblo v. Mattei Torres. Op. de 16 de junio de 1988, 88 J.T.S. 86, pág. 6003, 121 D.P.R.; Pueblo v. Mendoza Lozada, Op. de 13 de abril de 1988, 88 J.T.S. 38, pág. 5680, 120 D.P.R. ; Pueblo v. Bonilla Romero c/o Felo Bonilla, Op. de 10 de diciembre de 1987, 87 J.T.S. 117, pág En este caso para sustentar su posición, en primer lugar, la apelante cita varios extractos del contrainterrogatorio al testigo Newman, para finalmente cuestionar la pertinencia y admisibilidad de su testimonio a base de las disposiciones de la Regla 46(A) de las de Evidencia. Analizadas las expresiones señaladas por la apelante, entendemos que las mismas realmente son pertinentes a los efectos de juzgar la credibilidad del testigo y que si a alguien podría perjudicar el desfile y admisión de esta prueba era al Ministerio Público y no a la apelante. Lo realmente importante en cuanto este primer señalamiento de error es el argumento de que el testimonio de Newman era insuficiente en derecho para sostener una convicción por lo que se requería la presentación de evidencia corroborativa del mismo, lo que se alega no ocurrió en este caso. En cuanto a este aspecto, debemos concurrir con la postura del Ministerio Público. Una cosa es requerir la corroboración de la confesión de un acusado con evidencia independiente del corpus delicti a fin de evitar una convicción basada en una confesión falsa y otra muy distinta es 16
17 el trato que requiere el testimonio de un co-autor del evento delictivo al aquilatarlo como evidencia inculpatoria. El requisito de corroboración de la confesión de un acusado con prueba aliunde es una doctrina de sólido arraigo en nuestra jurisprudencia. Sanas normas de prudencia judicial nos han llevado a imponer este requisito con el fin de asegurar que nadie pueda ser castigado por la comisión de un delito con la solitaria constancia de su propia confesión. Pueblo v. Fradera Olmo, supra, pág y casos allí citados; Pueblo v. Morales Rivera, 112 D.P.R. 463, 471 (1982); Pueblo v. Pérez Fernández, 95 D.P.R. 919, 922 (1968); Wong Sun v. United States, 371 U.S. 471, (1963). El testimonio o "confesión" de un co-autor que se esgrime contra el acusado no requiere corroboración y se rige por la norma prescrita en la Regla 156 de las de Procedimiento Criminal: {DPR 318} "El testimonio de un co-autor será examinado con desconfianza y se le dará el peso que estime el juez o el jurado luego de examinarlo con cautela a la luz de toda la evidencia presentada en el caso. En los casos celebrados por jurado se le ofrecerán al jurado instrucciones a esos efectos." No obstante su ubicación dentro del ámbito procesal-penal, la función de esta Regla es la de orientar al juzgador de hechos con respecto al valor probatorio que ha de merecerle este particular tipo de testimonio. Mediante la misma se pretende atenuar su potencial valor probatorio ante los ojos del juzgador debido a la naturaleza particular de dicho testimonio. En vista de lo expresado, podemos concluir que este error no fue cometido por cuanto el testimonio de Newman no requería corroboración. Más aún, de los autos surge prueba suficiente que corrobora el mismo. Véase en tal sentido los testimonios citados por el Pueblo a las págs de su alegato. Debe añadirse que a pesar de la cautela dispuesta por la Regla, una vez aquilatado en esa forma y creído más allá de duda razonable, dicho testimonio es suficiente para sostener la convicción del acusado. El último segmento de este señalamiento de error nos presenta un argumento que, en síntesis, sostiene que la admisión del testimonio de Newman desvirtúa el "espíritu" que anima a la Regla 37 de Evidencia, la cual dispone: "Descalificación de testigos Una persona no podrá servir como testigo si el tribunal determina que ella es incapaz de expresarse en relación al asunto sobre el cual declararía, en forma tal que pueda ser entendida, bien por sí misma o mediante intérprete, o que ella es incapaz de comprender la obligación de un testigo de decir la verdad." (Subrayado nuestro) El señalamiento de la apelante no alberga el alcance que ésta pretende. El hecho de que un testigo sea tachado de "mentiroso compulsivo", según alega la apelante, tal atributo no lo hace incapaz de entender su obligación de decir la verdad. Tal y {DPR 319} como nos señala el 17
18 Profesor Chiesa, la condición o defecto del testigo sólo tendrá efecto de incapacidad si, con relación al asunto sobre el cual declararía, no puede prestar testimonio inteligible o confiable. Práctica Procesal Puertorriqueña-Evidencia, Publicaciones J.T.S., San Juan, 1985, Cap. VI, pág El procedimiento correcto fue el seguido en definitiva por el foro juzgador al permitir el acceso del testimonio al Jurado para que éste, como juzgador de los hechos, determinara la credibilidad que habría de merecerle. Pueblo v. Millán, 110 D.P.R. 171, (1980); Pueblo v. Mendoza Lozada, supra, pág B. Segundo señalamiento de error: "El testigo Papo Newman, único testigo del Pueblo que pretende relacionar a la compareciente con los hechos del presente caso, es a todas luces un testigo co-autor o cómplice, cuya declaración se intentó corroborar con un testimonio inconstitucionalmente admisible, (sic) violatorio de un debido procedimiento de ley y un juicio justo e imparcial, según se establece en Lee v. Illinois, Tribunal Supremo de los Estados Unidos, 4 de junio de 1986, Vol. 39, No. 10 The Criminal Law Reporter." Este segundo señalamiento no merece más consideración que la que hemos dado al primer señalamiento de error, ya que ambos se fundan en una igual premisa: la alegada necesidad de la presentación de evidencia "corroborativa" habida cuenta de la participación de Newman en calidad de co-autor en los eventos delictivos. Por ello, nos remitimos a nuestras expresiones en torno al primer señalamiento. C. Tercer y séptimo señalamientos de error: "Este Honorable Tribunal cometió grave error de derecho al celebrar juicios conjuntos contra la acusada por diversos hechos y circunstancias que nada tenían que ver con el delito principal ni eran parte de la misma transacción, violentando el derecho de un juicio justo e imparcial y a un debido procedimiento de ley, lo que también infringió la doctrina establecida por el Honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico en Pueblo v. Maya Pérez, 99 D.P.R. 823 (1971). Véase también Ward v. U.S., 289 F.2d 877 (1961). {DPR 320} Constituyó grave error cometido por este Honorable Tribunal al permitir la continuación del proceso, no obstante haber surgido en el curso del juicio las manifestaciones de un cómplice o co-autor en contra de la compareciente, prueba inadmisible que invalidó el derecho constitucional de la compareciente a la no autoincriminación, a un juicio justo e imparcial y a un debido procedimiento de ley. En consecuencia, por acto impropio del Ministerio Fiscal se produjo una situación que afectó los derechos constitucionales de la compareciente y su inviolable derecho a un juicio justo e imparcial." Conviene aquí hacer un paréntesis en la discusión con el fin de exponer con claridad los hechos que eventualmente dan lugar a estos señalamientos. Uno de los testigos más importantes en todo el proceso lo fue el Sr. William Cartagena Rosa, amigo tanto del apelante López Watts como del testigo Newman. Como parte de su testimonio, Cartagena narró la conversación que sostuvo con aquellos el día 12 de enero de 1983, esto es, cinco días antes de los eventos delictivos. [8] A 18
19 preguntas del Ministerio Público y como parte de su narración -y en presencia del Jurado- Cartagena testificó lo siguiente: [9] "Testigo: Bien. Cuando estamos hablando, que él me habla de un contrato, yo le pregunto a él si eso tenía que ver con la persona a la cual pertenecía el arma. Si tenía que ver con la persona a la cual pertenecía el arma. P. Y qué le dijo él? R. David me contestó que sí. Ahí yo le indiqué que si estaban conscientes de lo que verdaderamente estaban hablando, cometer un asesinato con pago de dinero, eso no, o sea, no, no lo podía cuadrar con ellos. Y me indicó que la Sra. Echevarría lo que quería era no divorciarse de su esposo. Esos fueron los comentarios de Papo. P. Le pregunto testigo si en esta conversación surgió la perso..., el nombre de la persona que se iba a matar. R. Sí señor. {DPR 321} P. Quién era? R. El Sr. Luis Vigoreaux." A base de este incidente, la apelante sostiene que debió concedérsele un juicio por separado en vista de que se había violado su derecho a la confrontación a la luz de la admisión hecha por López Watts y que la implicaba a ella, y que la misma era igualmente inadmisible en tanto el Ministerio Público denegó esta información no obstante habérsele requerido en el descubrimiento de prueba. En cuanto a estos aspectos, el alegato del Pueblo hace un exhaustivo análisis en torno al derecho aplicable y los méritos de los planteamientos de la apelante. [10] La Regla 89 de las de Procedimiento Criminal gobierna, en términos generales, todo lo relativo a la acumulación de causas. Por su parte, la Regla 90 del mismo cuerpo provee para la celebración de juicios por separado cuando quedare demostrado la existencia de un perjuicio potencial para el acusado o para el Pueblo de ventilarse todos los casos en conjunto. Encontramos que la Regla 91 provee, sin embargo, tratamiento distinto para aquellos casos en que uno de los delitos imputados -o el único- lo es el de conspiración: "JUICIO POR SEPARADO; ADMISIONES POR UN COACUSADO A solicitud de un coacusado el tribunal ordenará la celebración de un juicio por separado cuando se acusare a varias personas y una de ellas hubiere hecho declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al caso que afectaren adversamente a dicho coacusado, a menos que el fiscal anunciare que no ofrecerá tales declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y que tampoco hará, en forma alguna, referencia a las mismas durante el juicio. 19
20 Esta regla no será aplicable a juicios por el delito de conspiración." (Subrayado nuestro) {DPR 322} La razón de excluir el juicio por el delito de conspiración de esta regla que ordena la celebración de juicios por separado en caso de declaraciones, admisiones o confesiones de un coacusado, responde a la arraigada doctrina que se encarna en la Regla 62(E) de Evidencia de que toda declaración hecha por un conspirador durante el curso de la conspiración y en la consecución del objetivo de ésta es admisible como excepción a la regla general de exclusión de prueba de referencia. El razonamiento que sustenta la celebración del juicio en conjunto en este tipo de caso es sencillo: dado el hecho de que lo declarado por un conspirador durante el curso de la conspiración es admisible contra los demás conspiradores, no existe peligro de perjuicio alguno y, por ende, no encuentra justificación la celebración de juicios por separado. Es por tal motivo que la Regla 92 limita el alcance de la Regla anterior a declaraciones de conspiradores que ocurran durante el trámite delictivo: "JUICIO POR SEPARADO; DELITO DE CONSPIRACION Cuando fueren acusadas conjuntamente varias personas por el delito de conspiración, el tribunal a solicitud de una de ellas, ordenará para ésta la celebración de un juicio por separado si demostrare que alguno de los otros conspiradores, después de realizado o fracasado el objetivo para el cual se tramó la alegada conspiración, hizo declaraciones, admisiones o confesiones pertinentes al caso que han de afectar adversamente a la persona que solicitare el juicio por separado, a menos que el fiscal anunciare que no ofrecerá tales declaraciones, admisiones o confesiones como prueba y que tampoco hará, en forma alguna, referencia a las mismas durante el juicio." (Enfasis suplido) En este sentido, la citada Regla 62(E) de Evidencia guarda similar resonancia. Se ha señalado que la aplicación de esta regla posee tres requisitos, a saber: "1) que la declaración cuya admisión se pretende fue hecha durante la vigencia del trámite delictivo; 2) que existe prueba independiente de la conspiración y; {DPR 323} 3) que existe igualmente prueba independiente de la conexión del declarante y del acusado con dicha conspiración. [11] Por nuestra parte, no nos hemos pronunciado sobre si estos dos últimos requisitos, a la luz de jurisprudencia federal de reciente cuño, son exigibles para la admisión de este tipo de declaración. Pueblo v. Rivero Diodonet, Op. de 26 de mayo de 1988, 88 J.T.S. 69, pág. 5928, 121 D.P.R., nota al calce Núm. 4. [12] Tampoco es necesario que nos pronunciemos en este caso sobre tales requisitos, ya que la evidencia presentada por el Ministerio Público cumple con los mismos. Pasemos ahora al señalamiento de la apelante en el sentido de que se le infringió el derecho a la confrontación a la luz de Lee v. Illinois, 476 U.S. 530 (1986). Concluímos que su planteamiento 20