Source: https://economiazero.com/vivus-condenada-a-anular-8-prestamos-rapidos-por-aplicar-intereses-de-hasta-el-4-691-tae/
Timestamp: 2019-12-08 19:03:01
Document Index: 61232801

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'artículo 429', 'artículo 249', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 18', 'artículo 394']

VIVUS condenada a anular 8 préstamos con intereses de hasta el 4.691 %
« Anulado un préstamo Moneyman por aplicar intereses abusivos del 1.427,69 % TAE
Anulada una tarjeta Visa Mango BBVA por aplicar intereses usurarios del 24,60 % »
VIVUS condenada a anular 8 préstamos rápidos por aplicar intereses de hasta el 4.691 % TAE
Un usuario de EZ que había contratado varios préstamos rápidos con VIVUS, presentó ante el SAC de la entidad una reclamación solicitando la nulidad de los contratos y la restitución de todas las cuantías pagadas que excedieran el dinero que realmente le había sido prestado. La entidad, como era de esperar, respondió de forma negativa a su reclamación. El asunto fue posteriormente enviado al Despacho dirigido por la Letrada Azucena Natalia Rodríguez Picallo, la cual colabora con Economía Zero y presta sus servicios a nuestros usuarios desde hace varios años.
La sentencia describe de forma detallada todos los préstamos contratados por el consumidor, los tipos de interés tan desproporcionados que han sido aplicados, así como todas las cuantías solicitadas y devueltas, entre ellas las famosas «extensiones», que son pagos desmesurados por aplazar el abono del capital principal adeudado y cuyo importe varía dependiendo de si se aplaza el pago de la cuota 1 semana, 15 días o 1 mes.
La abusividad de estas «extensiones» de VIVUS se aprecia perfectamente en el último préstamo rápido, en el que el usuario solicitó 800 € con una TAE del 4.691 % y en el que se vio obligado a solicitar 15 extensiones, llegando a pagar sólo por ese concepto un total de 2.672 € y encontrándose con que todavía debía 900 €, los cuales acabó pagando en 8 cuotas (7 de 120 € y 1 de 60 €).
En la sentencia, la Jueza anula todos los contratos por aplicar intereses usurarios que son claramente superiores al normal del dinero, dada la enorme diferencia entre la TAE fijada por VIVUS en los contratos y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que éstos fueron concertados. Además de considerar que la desproporción es tan notoria que no necesita de especial prueba, ya que en los últimos 10 años el interés medio de los préstamos al consumo estuvo fijado entre el 7,5 % y el 11,5 % y más concretamente, entre julio de 2013 y julio de 2015 (años durante los que se realizaron las contrataciones), osciló entre el 9,05 % y 10,06 %.
Por otra parte, considera la sentencia que no han concurrido circunstancias jurídicamente atendibles que justificasen esos intereses tan notablemente elevados. Ya que, para la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionada como la que ha tenido lugar en el caso de autos, basándose en el riesgo derivado del alto nivel de impagos y sumado a la concesión ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores, algo que además no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico.
Uno de los principales argumentos utilizados por VIVUS en la contestación a la demanda, era que el sector de los micro préstamos no se podía enmarcar dentro de los créditos al consumo otorgados por bancos o establecimientos de crédito sujetos a la disciplina del Banco de España. A lo que la Jueza contesta que no es óbice para la aplicación de la normativa que en el concreto caso de autos, préstamos a corto plazo o micro préstamos, no se trate de contratos de créditos al consumo, puesto que la flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura permite ser aplicada a operaciones crediticias que, por sus características, puedan ser encuadradas en el ámbito de los créditos al consumo.
Finalmente, se explica que la nulidad de un contrato por usura es radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es insubsanable, ni susceptible de prescripción extintiva. Y que las consecuencias de dicha nulidad son que el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida. Es decir, que VIVUS tendrá que devolver al usuario de EZ todo el dinero cobrado en intereses, extensiones y comisiones, a lo que hay que añadir los intereses legales devengados de dichas cantidades.
VIVUS es también condenada al pago de las costas procesales, cuantía que es destinada al abono de los honorarios del Despacho de Abogados para que el dinero recuperado por el usuario sea íntegramente para él. De este modo se cumple lo que se pretende en este tipo de demandas (tal y como ocurre en la inmensa mayoría de los pleitos que presentan nuestros Abogados colaboradores), es decir, que la entidad demandada (en este caso VIVUS) asuma todos los costes del Abogado y Procurador del consumidor y que éste no tenga que realizar ningún desembolso por este concepto.
!!! ANULA EL CONTRATO DE LOS PRÉSTAMOS RÁPIDOS DE VIVUS Y DE ENTIDADES SIMILARES CON ECONOMÍA ZERO !!!
Si tienes, o has tenido (la usura no tiene prescripción) uno o varios préstamos rápidos con VIVUS, Creditea, Moneyman, Zaplo u otras entidades similares, o una tarjeta de crédito de cualquier entidad financiera (Wizink, Caixabank, Banco Sabadell, Liberbank, etc.), es más que posible que te hayan aplicado intereses usuarios y puedas recuperar todo el dinero pagado que supere el que realmente te prestaron.
JUZGADO 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 1 VILLAVICIOSA
SENTENCIA: 00172/2019
ORD PROCEDIMIENTO ORDINARIO 0000246/2019
Sobre RESTO. ACCIO. INDV. CONDIC. GNRLS. CONTRATACIÓN
DEMANDADO D/ña. 4FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES S.A.U.
SENTENCIA Nº 172/19
En Villaviciosa a 6 de noviembre de 2019.
Vistos por XXXXXX, Juez por sustitución del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Villaviciosa y su partido judicial, los presentes autos de procedimiento ORDINARIO, registrado con el nº 246/2019 promovido por DON XXXXXX representado por la Procuradora delos Tribunales DOÑA XXXXXX y asistido por la Letrado DOÑA AZUCENA NATALIA RODRÍGUEZ PICALLO contra 4 FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES S.A.U. representado por la Procuradora de los Tribunales DOÑA XXXXXX y asistido por la Letrado DOÑA XXXXXX.
PRIMERO.- Por DOÑA XXXXXX, Procuradora de los Tribunales en nombre y representación de DON XXXXXX se presentó escrito de demanda y demás documentos en base a los hechos y fundamentos de derecho que en la misma se expresan y que en aras a la brevedad damos aquí por reproducidos, suplicando que, previos los trámites legales pertinentes, se dicte sentencia en la que se estime íntegramente la demanda acordando que:
1.- Con carácter principal, se declare la nulidad por usura de los siguientes contratos suscritos entre Don XXXXXX y 4 FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U.:
1.1.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 19 de Julio de 2013.
1.2.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 22 de Octubre de 2013, con sus ampliaciones de capital.
1.3.-Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 29 de Noviembre de 2013.
1.4.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 19 de Enero de 2.014.
1.5.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 9 de Septiembre de 2.014.
1.6.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 17 de Octubre de 2014, con sus ampliaciones de capital.
1.7.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 2 de Enero de 2015, con sus ampliaciones de capital.
1.8.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 27 de Julio de 2015, con sus ampliaciones de capital.
Se condene a la entidad demandada a restituir a Don XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan de capital prestado al demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades.
2.- Con carácter subsidiario al punto anterior, se declare la nulidad por abusiva por no superar ni el control de inclusión ni el de transparencia de la cláusula de intereses remuneratorios de los siguientes contratos de préstamo:
2.1.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 19 de Julio de 2013.
2.2.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 22 de Octubre de 2013, con sus ampliaciones de capital.
2.3.-Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 29 de Noviembre de 2013.
2.4.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 19 de Enero de 2.014.
2.5.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 9 de Septiembre de 2.014.
2.6.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 17 de Octubre de 2014, con sus ampliaciones de capital.
2.7.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 2 de Enero de 2015, con sus ampliaciones de capital.
2.8.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 27 de Julio de 2015, con sus ampliaciones de capital.
Se condene a la entidad demandada a restituirle a su representado la totalidad de los intereses remuneratorios abonados, más los intereses legales devengados a dichas cantidades.
SEGUNDO.- Por decreto de fecha 14 de junio de 2019, se admitió a trámite la demanda y documentación presentada, acordándose se sustanciara el proceso por las reglas del juicio ordinario y se emplazara a la demandada con traslado de la documentación acompañada para que la contestara en el plazo de veinte días hábiles con las prevenciones legales pertinentes.
TERCERO.- Por DOÑA XXXXXX, Procuradora de los Tribunales en nombre y representación de 4 FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U. se contestó a la demanda formulada de contrario en base a los hechos y fundamentos de derecho que en la misma se expresan y que en aras a la brevedad damos por reproducidos, suplicando que tras los trámites oportunos:
1) Se acoja la excepción de inadecuación de procedimiento, convirtiéndose el presente en un juicio verbal.
2) Se dicte Sentencia mediante la cual se desestime íntegramente la demanda, todo ello con expresa imposición de costas a la parte demandante.
CUARTO.- Por diligencia de ordenación de fecha 11 de septiembre de 2019 se tuvo por contestada la demanda y por opuesto al demandado, convocándose a las partes a la audiencia previa al juicio con las prevenciones legales pertinentes.
QUINTO.- En el día señalado comparecieron las partes a la celebración de la audiencia previa al juicio, manifestando que no era posible llegar a un acuerdo.
La demandada sostuvo la excepción de inadecuación de procedimiento, dando traslado a la demandante, se desestimó por S.Sª dicha excepción, interpuesto recurso de reposición, previo traslado, se confirmó la resolución recurrida, formulándose por la demandada respetuosa protesta a efectos de apelación.
A continuación actora y demandada se afirmaron en sus respectivos escritos de demanda y contestación, interesando el recibimiento del juicio a prueba.
Recibido a prueba se propusieron como medios por la actora documental por reproducida y más documental consistente en requerimiento a la demandada, proponiéndose por la demandada documental por reproducida.
Renunciado al requerimiento por la actora, se admitieron dichos medios de prueba y al ser la única prueba propuesta se interesó, por las partes, quedaran los autos vistos para dictar sentencia sin previa celebración de juicio, lo que así se acordó por S.Sª, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 429 de la LEC, dándose, acto seguido, por concluida la audiencia, quedando los autos pendientes de dictarse la resolución procedente.
SEXTO.- En la tramitación de los presentes autos se han observado las prescripciones legales.
PRIMERO.- Se ejercita por la actora, con carácter principal, acción de nulidad de varios contratos de préstamo al consumo suscritos con la demandada por usurarios, conforme a lo dispuesto en la Ley de Represión de la Usura, conocida como Ley Azcárate, al contener dichos contratos una TAE superior al doble del tipo de interés de los créditos al consumo y con carácter subsidiario la nulidad de la cláusula de interés remuneratorio de dichos contratos de préstamo por abusiva, al no superar el control de inclusión y tampoco el de transparencia y ello porque en los contratos es muy complicado determinar en las Condiciones Particulares, cual es la TAE aplicada ya que se encuentra al final de las mismas, en letra más pequeña que la del resto del contrato y sin destacar y que en las Condiciones Generales tampoco se hace referencia ni al tipo de interés nominal aplicado ni a la TAE.
Añade que al ser consciente de haber estado sufriendo un perjuicio económico, pues tuvo que realizar muchos pagos para poder amortizar su deuda, presentó el 9 de Agosto de 2018 un primera reclamación ante el Servicio de Atención al Cliente de 4 FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U. y que tras ser recibida esta reclamación por la Asesoría Jurídica de la demandada, remitió un escrito fechado el día 31 de Agosto de 2018 en el que se le informaba que para poder tramitar su solicitud tiene que ir firmada por el titular de los datos y fotocopia legible y fotocopia en vigor de su DNI, presentándose una nueva reclamación el día 10 de enero de 2019 en los mismos términos que la anterior, y que tras ser recibida dicha reclamación el 16 de enero de 2019, la asesoría jurídica de la demandada le remitió una carta de fecha 4 de febrero de 2019 en la que le adjuntaban los contratos de préstamo suscritos con Vivus (condiciones generales y particulares) y el cuadro de movimientos de los referidos préstamos, no accediendo a la nulidad de los contratos ni a la devolución de lo pagado en exceso.
La demandada se opone y en primer lugar entiende que el procedimiento debería ventilarse mediante los cauces del juicio verbal y respecto al contenido alega que es una empresa que tiene por objeto social la concesión de préstamos o créditos no hipotecarios a cualquier persona y que la anterior operativa supone conceder préstamos de pequeñas cantidades a devolver al prestatario en un plazo entre siete y treinta días naturales, sin que el solicitante aporte ninguna garantía más que la propia personal, asumiendo los riesgos y la ventura derivados de tal situación y dicha razón es la que justifica que no puedan compararse los honorarios y gastos anudados a tal concesión con los que se devengan en préstamos que puedan celebrarse en el ámbito bancario en general.
Añade que la TAE media en España a la que se refiere la actora, es aplicable a un sector que no corresponde con el de la actividad de la demandada, no siendo por tanto aplicable al caso, siendo las cifras que aporta predicables de créditos al consumo, otorgados por bancos o establecimientos de crédito sujetos a la disciplina del Banco de España, pero no aplicables a los micro préstamos que otorga, que tienen características especiales que los diferencia de los otorgados por la banca tradicional, en especial por lo que se refiere a la ausencia de garantías y sobre todo al plazo de devolución de los mismos, considerando inaplicable la Ley de la Usura al no darse ninguno de los presupuestos que justificarían su incidencia, la contraprestación que recibe la prestamista responde a la necesaria retribución por la concesión y gestión del préstamo, además no se acredita una situación de necesidad, ni que el mismo se haya concertado a causa de una situación angustiosa o como consecuencia de su inexperiencia, o de lo limitado de sus facultades mentales y tampoco puede calificarse como manifiestamente desproporcionad con las circunstancias del caso, ni notablemente superior al normal del mercado, siendo la TAE establecida notablemente inferior a las demás empresas del sector, por lo tanto ha de compararse con las otras empresas del sector a efectos de establecer su proporcionalidad, por ello no procede la nulidad de dichos contratos y en lo que respecta a la nulidad por abusiva de la cláusula de interés remuneratorio porque la cantidad que cobra a sus clientes constituye una contraprestación fija, que responde al coste de las diferentes gestiones que realiza para conceder y abonar el préstamo solicitado, la celeridad de dicha gestión, así como la ausencia de garantías, siendo el coste una contraprestación fija y además pública, siendo conocidos los costes de procesamiento y gestión del préstamo y que el objeto principal de la relación jurídica, en este caso el precio de la contraprestación, no pueden someterse a un control de contenido, ni los jueces pueden entrar a conocer si son o no dichos precios los adecuados al haber sido establecidos libremente por las partes, en cuanto el prestatario ha gozado, con carácter previo, de la debida información y ha podido contrastar las diferentes ofertas para decidirse por una de las que ofrece el mercado, concluyendo que no pueden considerarse nunca como abusivos.
SEGUNDO.- Respecto a la excepción de inadecuación de procedimiento, se entendió que el juicio elegido, el ordinario, era el adecuado, porque no solo se ejercitaba una acción de nulidad de los intereses remuneratorios por usurarios, sino que también se ejercitaba una acción de nulidad de los intereses remuneratorios por abusivos, por lo que tratándose de condiciones generales de la contratación el procedimiento elegido siempre sería por razón de la materia, correspondiendo el juicio ordinario, artículo 249.1. 5º y respecto a la primera de las acciones, si bien el procedimiento corresponde por el interés económico, tomamos en cuenta para la determinación del juicio ordinario no el importe prestado si no el importe abonado por el prestatario por lo tanto igualmente correspondería el juicio ordinario, además en el decreto de admisión, de fecha 14 de junio de 2019, en el fundamento de derecho cuarto se fijó que la cuantía era indeterminada y dicho decreto quedo firme al no haber sido recurrido y en cualquier caso las garantías procesales del presente procedimiento no minoran ni limitan los medios de defensa ni de impugnación de las partes.
Acreditado en el caso de autos que el actor, consumidor, suscribió los siguientes contratos de préstamo con VIVUS FINANCE S.L., en la actualidad 4 FINANCE SPAIN FINANCIAL SERVICES S.A.U.:
1.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 19 de junio de 2013 por importe de 300 € a devolver en un plazo de 22 días, con una TAE 0 %, que no generó intereses, pero el 11 de julio de 2013 solicitó una extensión del préstamo mediante el pago de 24 €, siendo amortizado el 18 de julio de 2013.
2.- Contrato de préstamo nº XXXXXX2 suscrito el 19 de julio de 2013 por importe de 300 € a devolver en un plazo de 24 días, con una TAE del 1.077 %, lo que supone unos intereses de 53,00 €, el 12 de agosto de 2018 solicitó una extensión del préstamo mediante el pago de 60 €.
El día 13 de agosto de 2013 solicitó una cantidad adicional por importe de 200 €, con un importe total de 500 €, con una TAE DEL 1.077 %, lo que supone unos intereses de 88 €, en la fecha del vencimiento del préstamo tuvo que solicitar dos extensiones: la primera el 10 de septiembre de 2013, mediante el pago de 100 €, la segunda el día 11 de octubre de 2013 por importe de 40 €, finalmente el préstamo fue amortizado el 16 de octubre de 2013 mediante el pago de 588 €.
3.- Contrato de préstamo nº XXXXXX suscrito el 22 de octubre de 2013 por importe de 200 € a devolver en un plazo de 30 días, con una TAE del 819 %, lo que supone unos intereses de 40 €.
El 24 de octubre de 2013 solicitó una cantidad adicional por importe de 100 €, con un importe final de 300 €, con una TAE del 865 %, lo que supone unos intereses de 59 €,el préstamo fue amortizado el 21 de noviembre de 2013 mediante el pago de 359 €.
4.- Contrato de préstamo nº XXXXXX suscrito el 29 de noviembre de 2013 por importe de 500 €, a devolver en un plazo de 30 días, con una TAE del 819 %, lo que supone unos intereses de 100 €, el 30 de diciembre de 2013 solicitó una extensión del préstamo mediante el pago de 60 €, habiendo sido amortizado el 10 de enero de 2014 mediante el pago de 600 €.
5.- Contrato de préstamo nº XXXXXX suscrito el 19 de enero de 2014 por importe de 300 € a devolver en un plazo de 15 días, con una TAE del 2.324 %, lo que supone unos intereses de 42 €, el préstamo fue amortizado mediante dos ingresos, el primero el 30 de enero de 2014 por importe de 300 € y el segundo de 3 de febrero de 2.014 mediante el pago de 42 €.
6.- Contrato de préstamo nº XXXXXX suscrito el 9 de septiembre de 2014 por importe de 400 € a devolver en un plazo de 30 días, con una TAE del 819 %, lo que supone unos intereses de 80 €, el 9 de octubre de 2014 solicitó una extensión del préstamo mediante el pago de 32 €, el préstamo fue amortizado el 16 de octubre de 2014 mediante el abono de 480 €.
7.- Contrato de préstamo nº XXXXXX suscrito el 17 de octubre de 2014 por importe de 520 € a devolver en un plazo de 24 días, con una TAE del 1.091 %, el 23 de octubre solicitó una cantidad adicional por importe de 280 €, con un importe final de 800 €, lo que supone unos intereses de 135 €, el 10 de noviembre de 2014 solicitó una extensión del préstamo mediante el abono de 160 €, finalmente el préstamo fue amortizado el 9 de diciembre de 2014 mediante el pago de 935 €.
8.- Contrato de préstamo nº XXXXXX suscrito el 2 de enero de 2015 por importe de 300 € a devolver en un plazo de 30 días, con una TAE del 819 %, lo que supone un total de 111 € de intereses, solicitando nueve extensiones de los préstamos abonando 84 € por cada una de ellas, en las siguientes fechas: 30 de enero de 2015, 13 de febrero de 2015, 27 de febrero de 2015, 13 de marzo de 2015, 30 de marzo de 2015, 11 de abril de 2015, 28 de abril de 2015, 11 de mayo de 2015 y 23 de mayo de 2015, siendo amortizado el 8 de junio de 2015 mediante el pago de 811 €.
9.- Contrato de préstamo nº XXXXXX suscrito el 27 de julio de 2015 por importe de 800 € a devolver en un plazo de 14 días, con una TAE del 4.691 %, lo que supone unos intereses de 128 €, en la fecha de vencimiento del préstamo tuvo que solicitar quince extensiones: 10 de agosto de 2015 por importe de 192 €, 10 de septiembre de 2015 por importe de 88 €, 17 de septiembre de 2015 por importe de 192 €, 16 de octubre de 2015 por importe de 192 €, 16 de noviembre de 2015 por importe de 192 €, 15 de diciembre de 2015 por importe de 192 €, 18 de enero de 2016 por importe de 192€, 18 de enero de 2016 por importe de 192 €, 12 de febrero de 2016 por importe de 192 €, 14 de marzo de 2016 por importe de 192 €, 12 de abril de 2016 por importe de 192 €, 13 de mayo de 2016 por importe de 192 €, 13 de junio de 2016 por importe de 128 €, 27 de junio de 2016 por importe de 128 €, 11 de julio de 2016 por importe de 88 € y 18 de julio de 2016 por importe de 128 €.
Para amortizar el préstamo tuvo que realizar siete pagos de 120 € los días: 10 de agosto de 2016, 13 de septiembre de 2016, 10 de octubre de 2016, 11 de noviembre de 2016, 9 de diciembre de 2016, 10 de enero de 2017 y 10 de febrero de 2017 y una última cuota de 60 €, el 9 de marzo de 2017.
TERCERO.- Para el examen de la pretensión formulada con carácter principal partimos tanto de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908, como de la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015.
1. El artículo 1 de la mencionada ley establece: «será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».
En cuanto a su aplicabilidad el art. 9 establece: Lo dispuesto por esta Ley se aplicará a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualesquiera que sean la forma que revista el contrato y la garantía que para su cumplimiento se haya ofrecido».
La flexibilidad de la regulación contenida en la Ley de Represión de la Usura ha permitido que la jurisprudencia haya ido adaptando su aplicación a las diversas circunstancias sociales y económicas y así el Tribunal Supremo ha entendido que la citada normativa ha de ser aplicada a operaciones crediticias que, por sus características, pueda ser encuadrada en el ámbito del crédito al consumo (Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2015).
Por lo tanto no es óbice para la aplicación de esta normativa que el concreto caso de autos, préstamos a corto plazo o micro préstamos, no se traten de contratos de crédito al consumo.
2.- El art. 315 del Código de Comercio establece el principio de libertad de la tasa de interés, que en el ámbito reglamentario desarrollaron la Orden Ministerial de 17 de enero de 1981 y actualmente el art. 4.1 Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios.
Mientras que el interés de demora fijado en una cláusula no negociada en un contrato concertado con un consumidor puede ser objeto de control de contenido y ser declarado abusivo si supone una indemnización desproporcionadamente alta al consumidor que no cumpla con sus obligaciones, la normativa sobre cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores no permite el control del carácter ‘abusivo’ del tipo de interés remuneratorio en tanto que la cláusula en que se establece tal interés regula un elemento esencial del contrato, como es el precio del servicio, siempre que cumpla el requisito de transparencia, que es fundamental para asegurar, en primer lugar, que la prestación del consentimiento se ha realizado por el consumidor con pleno conocimiento de la carga onerosa que la concertación de la operación de crédito le supone y, en segundo lugar, que ha podido comparar las distintas ofertas de las entidades de crédito para elegir, entre ellas, la que le resulta más favorable.
3.- No se exige, además, para que un préstamo pudiera considerarse usurario que, concurran todos los requisitos objetivos y subjetivos previstos en el art. 1 de la ley.
Por tanto, para que la operación crediticia pueda ser considerada usuraria, basta con que se den los requisitos previstos en el primer inciso del art. 1 de la ley, esto es, «que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», sin que sea exigible que, acumuladamente, se exija «que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales».
Examinando en el caso de autos las operaciones de crédito litigiosas deben considerarse usurarias, pues concurren los dos requisitos legales mencionados.
La TAE estipulada en los contratos de préstamo son los siguientes:
Contrato nº XXXXXX, TAE 1.077,00 %.
Contrato nº XXXXXX, TAE 819 % y TAE 865 %.
Contrato nº XXXXXX, TAE 819 %.
Contrato nº XXXXXX, TAE 2.324 %.
Contrato nº XXXXXX, TAE 1.091,00 % y TAE 1.711,00 %.
Contrato nº XXXXXX, TAE 819,00 % y TAE 3.747,00 %.
Contrato nº XXXXXX, TAE 4.691,00 %.
4.- Fijado que el interés remuneratorio de los préstamos es el expuesto y dado que conforme al art. 315, párrafo segundo, del Código de Comercio, «se reputará interés toda prestación pactada a favor del acreedor», el porcentaje que ha de tomarse en consideración para determinar si el interés es notablemente superior al normal del dinero no es el nominal, sino la tasa anual equivalente (TAE), que se calcula tomando en consideración cualesquiera pagos que el prestatario ha de realizar al prestamista por razón del préstamo, conforme a unos estándares legalmente predeterminados.
5.- El interés con el que ha de realizarse la comparación es el ‘normal del dinero’. No se trata, por tanto, de compararlo con el interés legal del dinero, sino con el interés «normal o habitual, en concurrencia con las circunstancias del caso y la libertad existente en esta materia».
Para establecer lo que se considera ‘interés normal’ puede acudirse a las estadísticas que publica el Banco de España, tomando como base la información que mensualmente tienen que facilitarle las entidades de crédito sobre los tipos de interés que aplican a diversas modalidades de operaciones activas y pasivas (créditos y préstamos personales hasta un año y hasta tres años, hipotecarios a más de tres años, cuentas corrientes, cuentas de ahorro, cesiones temporales, etc.).
La cuestión no es tanto si es o no excesivo el interés, como si es «notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso», y consideramos que una diferencia de esa envergadura entre la TAE fijada en las operaciones y el interés medio de los préstamos al consumo en la fecha en que fue concertado, (siendo notorio y por lo tanto no necesita de especial prueba que en los últimos diez años dicho interés medio osciló en una horquilla que entre el 7,5 y el 11,5 %,variando en función del año y mes que se tenga en cuenta) y en concreto entre julio de 2013 y julio de 2015 osciló entre el 9,05 % y 10,06 %, permite considerar, a nuestro juicio, los intereses estipulados como «notablemente superiores al normal del dinero».
6.- Para que el préstamo pueda ser considerado usurario es necesario que, además de ser notablemente superior al normal del dinero, el interés estipulado sea «manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso».
En principio, dado que la normalidad no precisa de especial prueba mientras que es la excepcionalidad la que necesita ser alegada y probada, en el supuesto enjuiciado no concurren otras circunstancias que las relativas al carácter del crédito al consumo de la operación cuestionada, o especialidad del mismo, no al prestatario o consumidor.
La entidad financiera que concedió el crédito no ha justificado la concurrencia de circunstancias excepcionales que expliquen la estipulación de un interés notablemente superior al normal en las operaciones de crédito al consumo.
Generalmente, las circunstancias excepcionales que pueden justificar un tipo de interés anormalmente alto están relacionadas con el riesgo de la operación. Cuando el prestatario va a utilizar el dinero obtenido en el préstamo en una operación especialmente lucrativa, pero de alto riesgo, está justificado que quien le financia, al igual que participa del riesgo, participe también de los altos beneficios esperados mediante la fijación de un interés notablemente superior al normal.
Aunque las circunstancias concretas de un determinado préstamo, entre las que se encuentran el mayor riesgo para el prestamista que pueda derivarse de ser menores las garantías concertadas, puede justificar, desde el punto de vista de la aplicación de la Ley de Represión de la Usura, un interés superior al que puede considerarse normal o medio en el mercado, como puede suceder en operaciones de crédito al consumo, no puede justificarse una elevación del tipo de interés tan desproporcionado en operaciones de financiación al consumo como la que ha tenido lugar en el caso de autos, sobre la base del riesgo derivado del alto nivel de impagos anudado a operaciones de crédito al consumo concedidas de un modo ágil y sin comprobar adecuadamente la capacidad de pago del prestatario, por cuanto que la concesión irresponsable de préstamos al consumo a tipos de interés muy superiores a los normales, que facilita el sobreendeudamiento de los consumidores y trae como consecuencia que quienes cumplen regularmente sus obligaciones tengan que cargar con las consecuencias del elevado nivel de impagos, no puede ser objeto de protección por el ordenamiento jurídico, ya que la ley 16/2/2011, de 24 de junio de Crédito al Consumo, siguiendo la línea marcada por la ley 2/2011, de 14 de marzo, de Economía Sostenible, establece la obligación del prestamista, antes de celebrar el contrato de crédito, de evaluar la solvencia del consumidor (artículo 14) y en el mismo sentido se manifiesta el artículo 18 de la O.M. de 28 de octubre de 2011 para cualquier contrato de crédito o préstamo.
Por ello reiteramos que la especialidad del crédito no justifica un interés superior al normal del dinero y añadimos, reproduciendo las consideraciones vertidas en la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Asturias de echa 10-7-2017, que el largo tiempo de la vigencia del contrato y el silencio del actor durante el mismo tengan relevancia alguna cuando se trata de la nulidad de la LRU, tampoco la distinta finalidad de la financiación, identificando la del contrato de préstamo al consumo con la adquisición de bienes duraderos o de servicios pactados de amortización en un plazo largo, mientras que los préstamos rápidos permitiría cubrir necesidades de financiación a corto plazo, no justificaría el mayor interés porque la adquisición de bienes duraderos también puede hacerse mediante estos, depende de lo que se entienda por durabilidad y el precio del bien y el importe del préstamo, no apreciándose diferencia en cuanto al riesgo, pues éste se vincula a la solvencia del prestatario, consumidor o cliente del capital efectivamente dispuesto, tampoco que el importe del capital sea mucho más elevado en los contratos de préstamo al consumo que en el caso de los créditos rápidos, lo que es o puede ser así, pero que no explica la diferencia del interés aplicado en uno u otro caso, ni tampoco el distinto plazo de amortización, superior en el caso del préstamo al consumo por la necesidad de acomodar el importe de la cuota a la capacidad del prestatario.
Lo expuesto determina que hemos de considerar usurarios los préstamos en los que se estipuló un interés notablemente superior al normal del dinero en la fecha en que fue concertado el contrato, sin que concurra ninguna circunstancia jurídicamente atendible que justifique unos intereses tan notablemente elevados.
7.- Por último hemos de decir que no resulta aplicable la doctrina de los actos propios, toda vez que el pago al prestatario durante largo tiempo o la reiterada contratación no sirve para convalidar un contrato o sus cláusulas contractuales afectadas de nulidad, no pudiendo hablarse de confirmación negocial, que solo es predicable de los contratos anulables no de los radicalmente nulos, como es el caso que nos ocupa.
Consecuencias del carácter usurario del crédito.
1.- El carácter usurario del crédito concedido al demandado conlleva su nulidad, que ha de calificarse como «radical, absoluta y originaria, que no admite convalidación confirmatoria, porque es insubsanable, ni susceptible de prescripción extintiva».
2.- Las consecuencias de dicha nulidad son las previstas en el art. 3 de la Ley de Represión de la Usura, esto es, «el prestatario estará obligado a entregar tan sólo la suma recibida.»
Al haberse estimado la pretensión con carácter principal, no procede entrar en la formuladas con carácter subsidiario.
CUARTO.- En cuanto a costas artículo 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la demandada le han de ser impuestas.
Que estimando la demanda formulada por DON XXXXXX representado por la Procuradora de los Tribunales DOÑA XXXXXX contra 4 FINANE SPAIN FINANCIAL SERVICES, S.A.U., representado por la Procuradora de los Tribunales DOÑA XXXXXX, debo declarar y declaro haber lugar a la misma y en consecuencia:
a) Debo declarar la nulidad por usura de los siguientes contratos suscritos entre Don XXXXXX y 4 Finance Spain Financial Services, S.A.U.:
1.3.- Contrato de préstamo nº XXXXXX, suscrito el 29 de Noviembre de 2013.
1. b) Debo condenar a la entidad demandada a restituir a Don XXXXXX la suma de las cantidades percibidas en la vida de los préstamos que excedan de capital prestado al demandante, más los intereses legales devengados de dichas cantidades, que se determinará en ejecución de sentencia.
1. c) Debo condenar en costas a la demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que podrán interponer frente a la misma recurso de apelación en el plazo de los 20 días siguientes al de su notificación.
Llévese el original de esta resolución al libro de sentencias, dejándose testimonio suficiente en autos.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública. DOY FE.
noviembre 23rd, 2019 | Etiquetas: Reclamar a bancos, Vivus | Categorías: Bancos