Source: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5520404&fecha=23/04/2018
Timestamp: 2019-02-22 11:12:32
Document Index: 286392546

Matched Legal Cases: ['artículo 41', 'artículo 30', 'artículo 41', 'artículo 232', 'artículo 226', 'artículo 226', 'artículo 237', 'artículo 270', 'artículo 79', 'artículo 237', 'artículo 241', 'artículo 238', 'artículo 238', 'artículo 35', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 58', 'artículo 55', 'artículo 101', 'Artículo 101', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 101', 'artículo 55', 'artículo 58', 'artículo 55', 'artículo 101', 'artículo 95', 'artículo 101', 'artículo 101', 'artículo 95', 'artículo 55', 'artículo 32', 'artículo 38', 'artículo 55', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 38', 'ARTÍCULO 38', 'artículo 133', 'artículo 25', 'artículo 35', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 51', 'artículo 58', 'artículo 30', 'artículo 32', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 55', 'artículo 91', 'artículo 276', 'artículo 232', 'artículo 233', 'artículo 232', 'artículo 234', 'artículo 234', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 282', 'artículo 3', 'artículo 282', 'artículo 3', 'artículo 241', 'artículo 238', 'artículo 238', 'artículo 232', 'artículo 387', 'artículo 11', 'artículo 87', 'artículo 239', 'artículo 240', 'artículo 44']

ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Senadoras y Senadores al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los parti
ACUERDO del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que, en ejercicio de la facultad supletoria, se registran las candidaturas a Senadoras y Senadores al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, presentadas por los partidos políticos nacionales y coaliciones con registro vigente, así como las candidaturas a Senadoras y Senadores por el principio de representación proporcional, con el fin de participar en el Proceso Electoral Federal 2017-2018.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional Electoral.- Consejo General.- INE/CG298/2018.
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A SENADORAS Y SENADORES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON REGISTRO VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS A SENADORAS Y SENADORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2017-2018
I. En sesión extraordinaria celebrada el día ocho de septiembre de dos mil diecisiete, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establece el período de precampañas, para el Proceso Electoral Federal 2014-2015, así como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas, identificado con el número INE/CG427/2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete.
II. En sesión ordinaria celebrada el día treinta de octubre de dos mil diecisiete, fue aprobado el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se aprueba el Instructivo que deberán observar los Partidos Políticos Nacionales que busquen formar coaliciones para las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de senadores y de diputados por el principio de mayoría relativa, en sus diversas modalidades, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, identificado con el número INE/CG504/2017, publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete.
III. El ocho de noviembre de dos mil diecisiete, el máximo órgano de dirección de este Instituto, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diversos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 (en adelante los Criterios), identificado con el número INE/CG508/2017 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil diecisiete.
IV. El acuerdo referido en el antecedente que precede, fue impugnado por el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Encuentro Social y diversos ciudadanos, correspondiéndole el número de expediente SUP-RAP-726/2017 y acumulados, en el cual la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, el catorce de diciembre de dos mil diecisiete dictó sentencia modificando el acuerdo referido en lo que fue materia de la impugnación.
1. El artículo 41, párrafo segundo, Base V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante Constitución), en relación con el artículo 30, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo subsecuente LGIPE), establece que el Instituto Nacional Electoral en el ejercicio de su función, tiene como principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.
2. Conforme a lo establecido por el ya señalado artículo 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución; los artículos 23, párrafo 1, inciso e); y 85, párrafo 2 de la Ley General de Partidos Políticos (en adelante Ley de Partidos); así como por el artículo 232, párrafo 1, de la LGIPE, es derecho de los Partidos Políticos Nacionales y, para este Proceso Electoral Federal, de las coaliciones formadas por ellos, registrar candidatos a cargos de elección popular, sin perjuicio de las candidaturas independientes que sean registradas ante este Instituto.
3. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 9 y 41, párrafo segundo, Base I de la Constitución, el sistema de Partidos Políticos Nacionales en México, actualmente se compone por nueve
organizaciones que cuentan con registro vigente ante este Instituto, a saber:
Partido Acción Nacional;
Partido Verde Ecologista de México;
Movimiento Ciudadano;
Nueva Alianza;
Morena; y
4. Entre el veintisiete de septiembre y el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, los partidos políticos determinaron e informaron a este Instituto los métodos para la selección de sus candidaturas, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 226, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el Punto Segundo del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establece el período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas.
5. El ocho de diciembre de dos mil diecisiete, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, presentó al Consejo General de este Instituto el informe relativo a las acciones efectuadas por los Partidos Políticos Nacionales en cumplimiento al artículo 226, párrafo 2 de la LGIPE, así como a los puntos primero y segundo del Acuerdo referido en el considerando 4 del presente documento.
6. En sesión extraordinaria celebrada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, el Consejo General de este Instituto, mediante resoluciones INE/CG633/2017 e INE/CG634/2017 y con fundamento en los artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; y 87, de la Ley de Partidos, otorgó a los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, el registro de la coalición parcial denominada Coalición Por México al Frente para la postulación de candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa; así como a los partidos del Trabajo, Morena y Encuentro Social, el registro de la coalición parcial denominada Juntos Haremos Historia, para postular candidaturas a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, senadurías y diputaciones por el principio de mayoría relativa.
7. En sesión extraordinaria celebrada el cinco de enero de dos mil dieciocho, el Consejo General de este Instituto, mediante Resolución INE/CG07/2018, con fundamento en los artículos 23, párrafo 1, inciso f); 85, párrafo 2; y 87, de la Ley de Partidos, otorgó a los Partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, el registro de la coalición para postular candidatura a la Presidencia de los Estados Unidos Mexicanos, parcial para candidaturas al Senado por el principio de mayoría relativa y flexible para candidaturas a diputaciones por el mismo principio; posteriormente aprobó la modificación a la denominación de la coalición como "Todos por México", mediante Resolución INE/CG39/2018, aprobada el veintidós de enero de dos mil dieciocho.
8. Las coaliciones "Por México al Frente", "Juntos Haremos Historia" y "Todos por México"; así como los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena y Encuentro Social, presentaron y obtuvieron el registro de su Plataforma Electoral para contender en las elecciones federales del año dos mil dieciocho, por resoluciones y acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobados el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, cinco y treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.
9. En cumplimiento al artículo 237, párrafo 3, de la LGIPE, en relación con el Punto Segundo de los Criterios, este Instituto dio amplia difusión a la apertura del registro de las candidaturas y al plazo a que se refiere el párrafo 1, inciso a) del citado artículo, publicando el aviso correspondiente en el Diario Oficial de la Federación, así como en la página electrónica del Instituto.
10. En el periodo comprendido entre el trece de diciembre de dos mil diecisiete y once de febrero de dos mil dieciocho, los Partidos Políticos Nacionales capturaron la información de sus precandidatos, en el
Sistema Nacional de Registro de Precandidatos y Candidatos (SNR), en cumplimiento a lo establecido por el artículo 270, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones, en relación con el Punto Quinto del Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se establece el período de precampañas para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, así como diversos criterios y plazos de procedimientos relacionados con las mismas.
11. El veintiuno de febrero de dos mil dieciocho venció el plazo para que, en cumplimiento al artículo 79, párrafo 1, inciso a), fracción III de la Ley de Partidos, los partidos políticos presentaran los informes de gastos de precampaña ante este Instituto.
12. En cumplimiento al Punto Octavo del Acuerdo del Consejo General por el que se establecen los Criterios para el registro de las candidaturas, con fecha primero de marzo del año en curso se giró oficio a cada uno de los representantes de los Partidos Políticos Nacionales ante el Consejo General, a fin de requerirles que precisaran en un plazo de cinco días contado a partir de la notificación del mismo: a) cuál es la instancia facultada para suscribir las solicitudes de registro de sus candidatos; y b) cuál es la instancia facultada para manifestar por escrito que los candidatos cuyos registros se soliciten fueron seleccionados de conformidad con las normas estatutarias del propio partido.
A este respecto, todos los Partidos Políticos Nacionales dieron cumplimiento en tiempo y forma a la solicitud mencionada.
13. Asimismo, el ocho de marzo del presente año, se giró oficio circular a los Presidentes de los Consejos Locales y Distritales para comunicarles la información aportada por los partidos políticos, respecto de la instancia facultada para suscribir las solicitudes de registro de candidatos y candidatas a Senadurías y Diputaciones por el principio de mayoría relativa, así como para manifestar por escrito que las y los candidatos cuyo registro se solicite fueron seleccionados conforme a las normas estatutarias aplicables.
14. Mediante oficio INE/UTF/DPN/23741/2018 recibido el veintiocho de marzo del presente año, la Unidad Técnica de Fiscalización, en cumplimiento a lo establecido en el Punto Décimo primero del Acuerdo INE/CG427/2017, informó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos los nombres de los precandidatos y las precandidatas que no presentaron el informe de gastos de precampaña, de lo cual se desprende que ninguno de los candidatos y las candidatas postulados por los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones se ubicaron en ese supuesto.
15. El plazo para que los partidos políticos y las coaliciones presentaran las solicitudes de registro de candidatas y candidatos a Senadurías por ambos principios, ante los Consejos General, y Locales del Instituto, corrió del once al dieciocho de marzo del presente año, en términos de lo dispuesto por los artículos 44, párrafo 1, incisos s) y t); 68, párrafo 1, inciso h); y 237, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, con la salvedad de que en el caso de los partidos políticos que optaron por registrar ante este Consejo General, de manera supletoria, a sus candidatas y candidatos por el principio de mayoría relativa, el plazo venció el día quince del mismo mes y año, de conformidad con lo establecido en el párrafo 4 del mencionado artículo 237.
16. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 88, párrafos 1, 5 y 6, de la Ley General de Partidos Políticos; 44 párrafo 1, incisos s) y t); y 237, párrafo 1, inciso a), de la LGIPE, así como en el Punto Tercero de los Criterios, los Partidos Políticos Nacionales y coaliciones, a través de sus representantes o dirigentes, debidamente acreditados ante este Instituto, presentaron ante el Consejo General sus solicitudes de registro de las candidatas y los candidatos que nos ocupan en las siguientes fechas:
En tal virtud, las citadas solicitudes de registro de candidatas y candidatos a senadoras y senadores por ambos principios, para las elecciones federales del año dos mil dieciocho, fueron presentadas dentro del plazo legal.
17. Los partidos políticos y coaliciones, en ejercicio del derecho que les otorga el artículo 241, párrafo 1, incisos a) y b) de la LGIPE, realizaron diversas sustituciones de las candidaturas presentadas tanto ante los Consejos Locales, y el Consejo General, mismas que al contener los requisitos establecidos en el artículo 238, párrafos 1 al 3 del referido ordenamiento legal, se presentan para su registro ante este máximo órgano de dirección.
18. Las solicitudes de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Morena, y Encuentro Social; de las coaliciones Por México al Frente, Todos por México y Juntos Haremos Historia, se presentaron acompañadas de la información y documentación a que se refiere el artículo 238, párrafos 1, 2 y 3, de la LGIPE por lo que se dio cabal cumplimiento a dicho precepto legal, así como a los Criterios.
19. Requisitos de elegibilidad y casos particulares. Los requisitos de elegibilidad son las calidades (circunstancias, condiciones, requisitos o términos) establecidas por la CPEUM y en la Ley, que una persona debe cumplir para poder ocupar un cargo de elección popular.
Esto es, los requisitos de elegibilidad son aquellos límites o condiciones impuestos al derecho de sufragio pasivo en aras de garantizar la igualdad de oportunidades de las y los distintos contendientes en una elección, así como toda aquella calidad exigida constitucional y legalmente al amparo del artículo 35, fracciones I y II, de la CPEUM, que dispone que son derechos del ciudadano, entre otros, votar en las elecciones populares y ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley.
Esto es así, debido a que cada cargo de elección exige a las y los ciudadanos cumplir con determinados requisitos, condiciones y términos, establecidos tanto por la Constitución Federal como por la legislación que emana de ella.
En ese sentido, los requisitos de elegibilidad buscan tutelar que, quienes se presenten ante el electorado como aspirantes a desempeñar un cargo público derivado del sufragio popular, cuenten con las calidades exigidas por el sistema democrático, que los coloquen en un estado óptimo y con una solvencia tal, que pueda asegurarse que se encuentran libres de toda injerencia que pueda afectar su autonomía e independencia en el ejercicio del poder público. Asimismo, tutelan el principio de igualdad, en cuanto impiden que las cualidades que ostentan determinados sujetos, que son precisamente las causas de inelegibilidad, puedan afectar ésta, evitando todo tipo de ventaja indebida en el Proceso Electoral que pudiera derivar del cargo o circunstancia que genera la inelegibilidad.
En este contexto, los requisitos de elegibilidad suponen condiciones al ejercicio del derecho al sufragio pasivo, cuyas motivaciones y fundamentos son de diversa naturaleza, pero su finalidad, en todos los casos, es la protección del sistema representativo y democrático de gobierno que se acoge en los artículos 40, 41 y 116 constitucionales, en tanto quienes han de ocupar la titularidad de los Poderes de la Federación y de los estados de la República, en representación del pueblo mexicano, requieren cumplir ciertos requisitos de la máxima relevancia que los vincule a la nación mexicana, tales como la nacionalidad o la residencia, así como de idoneidad y compatibilidad para el cargo, entre los que se cuenta la edad o algunas prohibiciones que se establecen en la propia Constitución y en las leyes secundarias.
Estos requisitos son de carácter positivo (por ejemplo, ser ciudadano mexicano, contar con determinada edad, residir en un lugar determinado por cierto tiempo, etcétera). Así también se prevén otros supuestos denominados de incompatibilidad para el ejercicio del cargo, que se llegan a considerar como aspectos de carácter negativo para determinar la inelegibilidad de un candidato (por ejemplo, no ser ministro de un algún culto religioso, no desempeñar determinado empleo o cargo, no pertenecer al ejército, etcétera).
A fin de clarificar lo anterior, conviene hacer alusión a la tesis relevante LXXVI/2001, emitida por la Sala Superior del TEPJF, cuyo rubro y texto se expone a continuación:
ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME
NO SE SATISFACEN.-En las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia.
De tal suerte, resulta de suma importancia el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad previstos en la Constitución y en la ley, entendidos como las calidades, circunstancias o condiciones necesarias para que una o un ciudadano pueda ser votado y, en su caso, pueda ocupar un cargo de elección popular, destacándose que, la falta de surtimiento de alguno de tales requisitos o la existencia de alguno de los supuestos de incompatibilidad para desempeñar el cargo, impide que la o el ciudadano pueda contender en una elección popular, o bien, en su caso, provoque la nulidad de la elección respectiva.
Al respecto, ha sido criterio reiterado del TEPJF que los requisitos de elegibilidad son de carácter restrictivo, por lo que la ausencia de uno solo de ellos produce la declaración de inelegibilidad correspondiente y, consecuentemente, la determinación de que no se es apto para acceder al cargo de elección popular pretendido.
No obstante lo anterior, es importante señalar que, a efecto de dotar de razonabilidad y objetividad al sistema representativo y democrático de gobierno, las disposiciones legislativas no deben establecer restricciones excesivas o gravosas en cuanto a los requisitos para acceder a un cargo público, en tanto que el establecimiento de condiciones o exigencias de esa índole, pueden afectar de manera relevante al derecho fundamental a ser votado, en contravención a lo dispuesto en los artículos primero, 35, fracción II, 40 y 133 de la CPEUM, en correlación con lo previsto en el 23, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En efecto, tratándose de la restricción al ejercicio de los Derechos Humanos, dentro de los que se encuentran los derechos político-electorales, debe atenderse a lo dispuesto en el artículo 1° Constitucional, en el que se establece, entre otros aspectos, que el ejercicio de estos derechos sólo se puede restringir en los casos expresamente delimitados en la propia Constitución.(1)
En este punto, cobra relevancia lo sostenido por el TEPJF, referente a que los derechos fundamentales de carácter político-electoral, como lo es el derecho a ser votado, deben interpretarse de forma amplia y no restrictiva.
Sobre este aspecto, el Tribunal ha señalado que:
"Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia representativa, habida cuenta que,
conforme con lo dispuesto en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o ilimitados".(2)
Lo anterior, es coincidente con lo dispuesto en la tesis P.LXIX/2011, emitida por la SCJN al resolver el expediente varios 912/2010, cuyo rubro y texto es el siguiente:
PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.
De lo hasta aquí expuesto, se concluye que, ante el reconocimiento de un derecho humano, como lo es el derecho político-electoral a ser votado, debe favorecerse en todo tiempo su protección más amplia. Lo anterior, en el entendido de que, cuando en la Constitución se establece una restricción expresa al ejercicio de ese derecho, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional.(3)
Por esta razón, previo al registro de las candidaturas solicitadas por los partidos políticos o coaliciones, o por las y los ciudadanos que hayan solicitado su registro de manera independiente, este Instituto debe verificar que cada uno de las y los aspirantes a candidaturas cumplan con los requisitos de elegibilidad para el cargo al que pretenden ser postulados, toda vez que únicamente de ese modo se garantiza que las y los ciudadanos que eventualmente resulten electos, se encuentren en aptitud para desempeñar el cargo, al cubrir todos los supuestos constitucionales y legales que le son exigidos.
Los requisitos de elegibilidad que se deben verificar de forma previa al registro de candidaturas, son, como ya se ha dicho, de carácter general y exigibles a toda persona postulada para ocupar un cargo de elección popular, con independencia del partido político o coalición que la postule, o que de manera personal lo hagan las y los ciudadanos que aspiran a una candidatura independiente. Dichos requisitos previstos en la propia CPEUM y la LGIPE, son cuestiones de orden público respecto a la idoneidad de cada persona para obtener su registro como candidata o candidato a un cargo de elección popular y, en su caso, a ocuparlo. De este modo, la verificación previa de los requisitos de elegibilidad de las y los candidatos, salvaguarda los principios rectores de certeza y legalidad en materia electoral.
Lo anterior cobra relevancia en el presente apartado, porque si bien las y los candidatos a un cargo
de elección popular han presentado su documentación comprobatoria para acreditar los requisitos de carácter positivo y negativo, es un hecho público y notorio que existen personas que han sido postuladas por partidos políticos y que por su trayectoria personal o profesional, de alguna forma, existe duda, respecto de la acreditación de éstos.
En consecuencia, a continuación, de manera particular y sólo respecto de las personas que se precisan a continuación, este Consejo General procede al análisis de los requisitos de elegibilidad, precisando que el derecho a ser votado sólo puede ser limitado por aquellas restricciones que se encuentren expresamente contenidas en la Constitución y en la ley, siempre que no resulten irracionales, injustificadas y desproporcionadas; esto acorde al principio pro persona consagrado en el artículo primero de nuestra Carta fundamental, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en tanto que, se debe privilegiar siempre cualquier interpretación a favor de la potenciación de los derechos de las y los ciudadanos de este país.
Lo anterior, en apego a la Jurisprudencia 11/97 emitida por la Sala Superior del TEPJF, aprobada en la sesión celebrada el 25 de septiembre de 1997, de rubro ELEGIBILIDAD DE CANDIDATOS. OPORTUNIDAD PARA SU ANÁLISIS E IMPUGNACIÓN, que dispone que el análisis de la elegibilidad de las y los candidatos puede presentarse en dos momentos: el primero, como es el caso concreto, cuando se lleva a cabo el registro de las y los candidatos ante esta autoridad electoral; y el segundo, cuando se califica la elección. En este segundo caso pueden existir dos instancias: la primera, ante la autoridad electoral, y la segunda en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional; ya que, al referirse la elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron propuestos e incluso indispensables para el ejercicio del mismo, no basta que en el momento en que se realice el registro de una candidatura para contender en un Proceso Electoral se haga la calificación, sino que también resulta trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo final, antes de proceder a realizar la declaración de validez y otorgamiento de constancia de mayoría y validez de las cuestiones relativas a la elegibilidad de las y los candidatos que hayan resultado triunfadores en la contienda electoral, pues sólo de esa manera quedará garantizado que estén cumpliendo los requisitos constitucionales y legales, para que las y los ciudadanos que obtuvieron el mayor número de votos puedan desempeñar los cargos para los que son postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial.
20. Registro procedente de la candidatura de Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas como senadora de representación proporcional postulada por Morena.
El artículo 58 de la CPEUM dispone que para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado.
El diverso artículo 55, fracción V, segundo párrafo, de la Constitución, señala que para ser diputado se requiere:
"... No ser Ministro de la SCJN, ni Magistrado, ni Secretario del TEPJF, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, locales o distritales del INE, ni Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección...".
Por su parte, el artículo 101, párrafos segundo y tercero, de la CPEUM señala que:
"Artículo 101...
Las personas que hayan ocupado el cargo de Ministro de la SCJN, Magistrados de Circuito, Juez de Distrito o Consejero de la Judicatura Federal, así como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, dentro de los dos años siguientes a la fecha de su RETIRO, actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso ante los órganos del Poder Judicial de la Federación.
Durante dicho plazo, las personas que se hayan desempeñado como Ministros, salvo que lo hubieran hecho con el carácter de provisional o interino, no podrán ocupar los cargos señalados en la fracción VI del artículo 95 de esta Constitución".
El citado artículo 95, fracción VI, dispone que para ser electo ministro de la SCJN se necesita no haber sido Secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular
del poder ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de su nombramiento.
Por su parte, en la exposición de motivos expuesta en la sesión celebrada en el Senado, como Cámara de origen, el 5 de diciembre de 1994, se dijo que la reforma al citado artículo 101(misma que se publicó en el DOF el 31 de diciembre de 1994), consistía en que "...durante los 2 años siguientes a su retiro del cargo de ministro, la persona que lo hubiere ocupado quede impedida para desempeñarse como Secretario de Estado, Jefe de Departamento Administrativo, Jefe del Distrito Federal, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal, Senador, Diputado Federal o Gobernador de algún estado, así como para actuar como patronos, abogados o representantes ante los órganos del Poder Judicial de la Federación".
Bajo dichas premisas constitucionales, se tiene como hecho público y notorio que Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas terminó su encargo como ministra de la SCJN el 30 de noviembre de 2015, mismo que el Senado de la República le hizo con efectos a partir del 1 de febrero de 1995, de conformidad con el artículo cuarto transitorio, tercer párrafo, del Decreto publicado en el DOF el 31 de diciembre de 1994, mediante el cual se declararon reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123 de la CPEUM, que dispuso que el período de los Ministros vencería, como fue el caso de ella, el último día de noviembre del año 2015.
En razón de lo anterior, se puede afirmar que la ex ministra no se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 55, fracción V, segundo párrafo, aplicable conforme al diverso artículo 58, ambos de la Constitución, ya que no se separó del encargo que sustentaba, sino se retiró al concluir o fenecer el período por el cual fue designada.
En efecto, el Constituyente Permanente previó en el artículo 55, fracción V, segundo párrafo, relacionado con el diverso 58, que en el caso de los ministros de la SCJN, entre otros, no pueden ser diputados o senadores, salvo que se separen de su encargo, de manera definitiva, 3 años antes del día de la elección; es decir, la hipótesis constitucional prevé, para ese supuesto, que el período en que fueron designados los Ministros de la SCJN, Magistrados de Circuito, Juez de Distrito o Consejeros de la Judicatura Federal, así como Magistrado de Sala Superior del Tribunal Electoral, estén en funciones y por ende transcurriendo el período para el cual fueron electos, para lo cual, sin que concluya éste, de manera voluntaria, ellos deciden renunciar de manera definitiva, 3 años antes de la elección, dejando o renunciando al encargo para el que fueron designados, logrando así estar en condiciones de poder ser electos como diputados o senadores. En consecuencia, en el caso de la ciudadana Sánchez Cordero de García Villegas no se actualizan tales elementos de la hipótesis constitucional citada, ya que ella no renunció al encargo que el Senado de la República le hizo del 1 de febrero de 1995 al 30 de noviembre de 2015 como ministra de la SCJN, sino que éste venció y, por ende, procedió su retiro como impartidora de justicia federal, al cumplir totalmente el período para el cual fue designada como ministra del máximo Tribunal Constitucional de este país.
En razón de lo expuesto, se puede afirmar que Olga María del Carmen Sánchez Cordero sí puede ser registrada como candidata a una senaduría, al cumplirse lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero, del artículo 101, de la CPEUM, ya que si bien es cierto que ocupó el cargo de ministra de la SCJN, también lo es que ya han transcurrido más de 2 años desde la fecha de su retiro y, por ende, puede ocupar cualquiera de los cargos señalados en la fracción VI, del artículo 95 de la Ley Fundamental, entre ellos el de senadora de la República.
Lo anterior es así, ya que la citada prohibición constitucional prevista en los párrafos segundo y tercero, del artículo 101, de la CPEUM, para aquellas personas que hayan ocupado el cargo de ministros y estén en retiro ya transcurrió y fue del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembrede 2017, por lo que Olga María del Carmen Sánchez Cordero está en condiciones de contender para ocupar el cargo de senadora -o diputada federal- a partir del 1 de diciembre de 2017, derivado del vencimiento de la designación que el Senado de la República le hizo como Ministra de la SCJN, por el período del 1 de febrero de 1995 al 30 de noviembre de 2015 y haberse retirado de éste.
En consecuencia, resulta procedente que este Consejo General se pronuncie respecto de la solicitud de Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas como candidata a una senaduría por el principio de representación proporcional por el partido político Morena, al acreditarse que se ubica en lo dispuesto en los párrafos segundo y tercero, del artículo 101, de la CPEUM, y haber concluido el plazo de los 2 años siguientes a la fecha de su retiro como ministra de la SCJN, contados a partir del 1 de diciembre de 2015; por lo que, en consecuencia, puede ocupar los cargos
señalados en la fracción VI, del artículo 95 de la Ley Fundamental, dentro de los que se encuentra, entre otros, el de senadora, y cumplir lo dispuesto en el artículo 55 de la CPEUM, en relación con el 58 de la misma Ley Suprema.
21. Registro de la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, como senador de representación proporcional por el partido político morena, es procedente.
De conformidad con los artículos 55, fracciones I y III, y 58, ambos de la Constitución, para ser senador de la República se requiere ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; y ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino de esta con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella y, para figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales, se requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.
Por su parte, el artículo 32, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, ordena que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
El artículo 38, fracciones II y V, constitucional, prevén que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: II. por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; y por, V. estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.
De dichos artículos constitucionales, este Consejo General considera procedente pronunciarse respecto de la solicitud que presentó Napoleón Gómez Urrutia, como candidato a una senaduría de representación proporcional por el partido político Morena, por las siguientes razones de derecho.
1. Napoleón Gómez Urrutia es ciudadano mexicano por nacimiento y, al contender por una candidatura al Senado de representación proporcional, cumple también con ser originario de una entidad federativa que comprende la circunscripción plurinominal nacional en la que se realizará la elección, que es todo el territorio nacional, de acuerdo con los artículos 55, fracciones I y III, y 58, de la CPEUM. Lo anterior se puede afirmar, ya que de la copia certificada del acta de nacimiento que se exhibió adjunta con la solicitud de registro de la candidatura, se desprende indubitablemente que Napoleón Gómez Urrutia es ciudadano mexicano, por nacimiento, al haber nacido en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, el 18 de agosto de 1944. Por lo cual, además de cumplir con el requisito constitucional de ser ciudadano mexicano por nacimiento, al ser originario del estado de Nuevo León, entidad federativa que forma parte de la circunscripción plurinominal nacional de los candidatos que serán electos por el principio de representación proporcional a un escaño al Senado, también es originario de una entidad que comprende la circunscripción plurinominal nacional al Senado; es decir, el candidato en cuestión sólo necesita acreditar, como lo ha hecho, el haber nacido en cualquier estado de la República Mexicana para ubicarse en lo previsto en los artículos 55, fracción III, y 58, de la Ley Fundamental.
No pasa desapercibido para esta autoridad, la manifestación en la documentación que acompaña la solicitud de registro de la candidatura del señor Napoleón Gómez Urrutia que reside en la ciudad de Burnaby, provincia de Columbia Británica, Vancouver, Canadá; sin embargo, como ya se expuso, la fracción III, del artículo 55, de la CPEUM, exige ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o la diversa hipótesis de ser vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre; por lo que, al cumplir con ser originario de Nuevo León, entidad federativa que conforma la República Mexicana, resulta acreditada dicha exigencia para ser postulado como candidato a una senaduría por el principio de representación proporcional conforme a la lista de circunscripción nacional que presentó el partido político que lo postula.
2. Napoleón Gómez Urrutia no tiene suspendidos sus derechos o prerrogativas como ciudadano mexicano, de acuerdo con los artículos 55, fracción I, y 58, en relación con el 38, fracciones II y V, de la CPEUM, que prevén que para ser senador de la República se debe estar en el ejercicio de sus derechos; y que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; y por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal.
No obstante que es un hecho conocido y notorio que el C. Napoleón Gómez Urrutia estuvo sujeto a procesos penales, resulta pertinente esclarecer los derechos que, en su caso, este Consejo General
debe maximizar respecto de dicho Ciudadano.
Al respecto, el Tribunal Pleno de la SCJN, el 22 agosto de 2011, aprobó con el número 33/2011 la tesis jurisprudencial de rubro DERECHO AL VOTO. SE SUSPENDE POR EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN O DE VINCULACIÓN A PROCESO, SÓLO CUANDO EL PROCESADO ESTÉ EFECTIVAMENTE PRIVADO DE SU LIBERTAD, en la que se señala que el principio de presunción de inocencia y el derecho a votar constituyen derechos fundamentales, cuya evolución y desarrollo constitucional llevan a atemperar la citada restricción constitucional. Ahora bien, la interpretación armónica de tal restricción con el indicado principio conduce a concluir que el derecho al voto del ciudadano se suspende por el dictado del auto de formal prisión o de vinculación a proceso, sólo cuando el procesado esté efectivamente privado de su libertad, supuesto que implica su imposibilidad física para ejercer ese derecho, lo que no se presenta cuando está materialmente en libertad, supuesto en el cual, en tanto no se dicte una sentencia condenatoria, no existe impedimento para el ejercicio del derecho al sufragio activo (Contradicción de tesis 6/2008-PL. Entre las sustentadas por la Sala Superior del TEPJF XV/2007 de rubro SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD; y la jurisprudencia 1ª./J.171/2007 de la Primera Sala de la SCJN de rubro DERECHOS POLÍTICOS. DEBEN DECLARARSE SUSPENDIDOS DESDE EL DICTADO DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 38, FRACCIÓN II, DE LA CPEUM).
Posteriormente y congruente con lo anterior, la Sala Superior del TEPJF en su sesión pública celebrada el 18 de septiembre de 2013, aprobó la jurisprudencia 39/2013 de rubro SUSPENSIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 38 CONSTITUCIONAL. SÓLO PROCEDE CUANDO SE PRIVE DE LA LIBERTAD, en la que expuso que de la interpretación sistemática de los artículos 14, 16, 19, 21, 102 y 133 de la CPEUM; 14, párrafo 2, y 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, párrafo 5, y 8, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende que la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión no es absoluta ni categórica, ya que, las citadas disposiciones establecen las bases para admitir que, aun cuando el ciudadano haya sido sujeto a proceso penal, al habérsele otorgado la libertad caucional y materialmente no se le hubiere recluido a prisión, no hay razones válidas para justificar la suspensión de sus derechos político-electorales; pues resulta innegable que, salvo la limitación referida, al no haberse privado la libertad personal del sujeto y al operar en su favor la presunción de inocencia, debe continuar con el uso y goce de sus derechos. Por lo anterior, congruentes con la presunción de inocencia reconocida en la Constitución Federal como derecho fundamental y recogida en los citados instrumentos internacionales, aprobados y ratificados en términos del artículo 133 de la CPEUM, la suspensión de derechos consistente en la restricción particular y transitoria del ejercicio de los derechos del ciudadano relativos a la participación política, debe basarse en criterios objetivos y razonables. Por tanto, tal situación resulta suficiente para considerar que, mientras no se le prive de la libertad y, por ende, se le impida el ejercicio de sus derechos y prerrogativas constitucionales, tampoco hay razones que justifiquen la suspensión o merma en el derecho político-electoral de votar del ciudadano.
Lo anterior es así, derivado de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 20, apartado B, fracción I, y 38, fracción II, de la CPEUM; 14, párrafo 2 y 25, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, párrafo 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, párrafo 5, y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme con lo cual no puede ser candidato a un puesto de elección popular la o el ciudadano que se encuentre sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, siempre y cuando esté privado de su libertad.
Dicho criterio ha sido reiterado por la Sala Superior del TEPJF en sus diversas sentencias de las que derivaron la jurisprudencia 39/2013, en las que sostuvo que el cúmulo de derechos o prerrogativas reconocidos en la Constitución a favor del ciudadano no deben traducirse como un catálogo rígido, invariable y limitativo de derechos, que deban interpretarse de forma restringida, ya que ello desvirtuaría la esencia misma de los derechos fundamentales. Por el contrario, en el ámbito electoral, dichas garantías constitucionales deben concebirse como principios o Lineamientos mínimos; los cuales, al no encontrarse constreñidos a los consignados de manera taxativa en la norma constitucional, deben considerarse susceptibles de ser ampliados por el legislador ordinario, o por
convenios internacionales celebrados por el Presidente de la República y aprobados por el Senado de la República.
En ese orden de ideas, la Sala Superior ha señalado que resulta aplicable al caso en estudio el artículo 25 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, al establecer que la suspensión de derechos no debe ser indebida, al tenor de lo siguiente:
El alcance normativo de dicho precepto fue fijado por el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas en la Observación General número 25 de su 57º período de sesiones en 1996, en el sentido de que: "a las personas a quienes se prive de la libertad pero que no hayan sido condenadas no se les debe impedir que ejerzan su derecho a votar"; lo anterior, aunado a que, conforme al mismo Comité, cualquier condición que se establezca para el ejercicio de los derechos político-electorales debe basarse en criterios objetivos y razonables.
Así, la Sala Superior señaló que resulta válido atender a estos criterios en el sentido de que, al estar sujeto a proceso y no encontrarse privado de la libertad, debe permitirse al ciudadano ejercer el derecho a ser registrado como candidato a un cargo de elección popular, aun cuando se encuentre sujeto a un proceso penal con motivo del dictado de un auto de formal prisión, porque está en aptitud de ejercer su derecho mientras no sea privado de su libertad y operar en su favor el principio de presunción de inocencia.
En consecuencia, tal situación resulta suficiente para considerar que, como no hay una pena privativa de libertad que verdaderamente reprima al sujeto activo en su esfera jurídica y, por ende, le impida materialmente ejercer los derechos y prerrogativas constitucionales, tampoco hay razones fácticas que justifiquen la suspensión o merma en su derecho a ser registrado como candidato.
Consecuentemente, puede afirmarse que la suspensión de derechos consiste en la restricción particular y transitoria del ejercicio de los derechos del ciudadano, cuando a éste se le hubiere comprobado el incumplimiento de sus correlativas obligaciones o se hubiere acreditado su responsabilidad en la infracción de algún ordenamiento legal y, como consecuencia de ello, se hubiere privado de su libertad al ciudadano.
En ese orden de ideas, si bien los derechos y prerrogativas de los ciudadanos consagrados en el artículo 35 de la Constitución Federal no son de carácter absoluto, todo límite o condición que se aplica a los derechos relativos a la participación política debe basarse en criterios objetivos y razonables.
De conformidad con la fracción II del artículo 38 de la CPEUM relativa a una de las causas que generan la suspensión de los derechos y prerrogativas del ciudadano, esto es, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión; la suspensión de derechos obedece, en este supuesto, al estado jurídico que guarda el ciudadano que se encuentra en sujeción a proceso.
Empero esa circunstancia legal no califica al procesado en nuestro orden constitucional como culpable o infractor de las normas jurídicas, sino únicamente como presunto responsable, lo cual no resulta suficiente para suspenderle sus derechos.
En efecto, la Sala Superior ha señalado que si la calidad de sujeto a proceso no significa una condena, debe entenderse entonces que la suspensión de los derechos prevista en la fracción II del artículo 38 de la Ley Fundamental, es consecuencia de la privación de la libertad y con ello de la imposibilidad material y jurídica de ejercer un cúmulo de diversos derechos que integran la esfera
jurídica del gobernado.
En consecuencia, bajo dichas directrices tanto de la SCJN como de la Sala Superior del TEPJF, este Consejo General considera procedente que se pronuncie respeto de la solicitud que presentó Napoleón Gómez Urrutia para contender como candidato a una senaduría por representación proporcional, o cualquier otra u otro candidato que estuviera bajo dicho supuesto de tener una instrucción de indagatoria o denuncia penal en su contra, para cualquier cargo de elección popular, mientras no estén privados de su libertad y tener a su favor la presunción de inocencia.
Lo anterior, en razón de que lo dispuesto en el artículo 38, fracción II, de la CPEUM, no puede subsistir como una prohibición absoluta que restrinja el ejercicio de los derechos políticos de manera lisa y llana, en el caso el derecho al voto, por el solo dictado del auto de formal prisión, sin distinguir ningún supuesto o condición. En ese orden de ideas, la citada causa de suspensión en análisis, sólo sería exigible a Napoleón Gómez Urrutia o a cualquier otra u otro aspirante a una candidatura a un cargo de elección popular, cuando efectivamente se encuentre privado de su libertad, pronunciamiento que hace este Consejo General de conformidad con la documentación que presentan las y los aspirantes, y el hecho que al día de la emisión de esta Resolución, ninguna autoridad de cualquier orden, ha notificado la suspensión de los derechos de las y los aspirantes a obtener su registro como candidatos a un cargo de elección popular, o bien, que se encuentren prófugos de la justicia.
3. Napoleón Gómez Urrutia ostenta la nacionalidad mexicana y cumple, por ende, con lo dispuesto en el artículo 32, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, que ordena que el ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad.
En efecto, el Pleno de la SCJN, en la Novena Época, estableció en la tesis aislada P. III/2013, de rubro NACIONALIDAD MEXICANA POR NACIMIENTO. LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR UNA DIVERSA, COMO REQUISITO INDISPENSABLE PARA OCUPAR DETERMINADOS CARGOS PÚBLICOS, NO ES ABSOLUTA, que si bien es cierto que la exigencia establecida en el artículo 32 de la CPEUM consistente en ser mexicano por nacimiento y no adquirir otra nacionalidad para ocupar determinados cargos públicos, constituye una restricción para quien tiene doble nacionalidad, también lo es que no constituye una prohibición total para ocuparlos, ya que conforme a los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad, los mexicanos por nacimiento a los que un Estado extranjero considere como sus nacionales, que pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera no tener otra nacionalidad, deben presentar el certificado de nacionalidad mexicana, el cual podrán solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, únicamente para los efectos referidos, para lo cual deben formular renuncia expresa de la nacionalidad que les sea atribuida, a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero, especialmente la de aquel que les atribuya la otra nacionalidad, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas, y a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros; de igual forma, protestarán adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se abstendrán de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero; además de que el certificado referido se expedirá una vez que el interesado haya cumplido con los requisitos que señala la propia ley y su reglamento; de ahí que, satisfecho dicho procedimiento, los mexicanos por nacimiento con doble nacionalidad podrán acceder al cargo en cuestión.
Por su parte, la Sala Superior del TEPJF al resolver el 6 de mayo de 2015 el expediente SUP-JDC-886/2015, señaló que el certificado de nacionalidad es el instrumento jurídico a través del cual los ciudadanos mexicanos que se ubiquen en el supuesto de la doble nacionalidad, superan el potencial conflicto de intereses que se puede generar al mantener vínculos jurídicos con la otra Nación derivado del cumplimiento de sus funciones como representante de la Nación Mexicana, en términos del artículo 51 de la Ley Fundamental; en consecuencia, la Sala Superior concluyó que en aquellos casos en que mexicanos considerados nacionales por otros Estados o que se ostentaran ante autoridades de otro país como su ciudadano, y aspiren a ocupar el cargo de Diputado Federal, están obligados a obtener de la Secretaría de Relaciones el certificado de nacionalidad correspondiente y a exhibirlo ante el Instituto Nacional Electoral, con el propósito de acreditar el requisito de elegibilidad. Este precedente resulta aplicable al caso concreto, ya que el artículo 58 de la CPEUM dispone que para ser senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado.
En razón de los criterios anteriores, aunque la Constitución no condiciona como requisito para ser diputado o senador que no se tenga doble nacionalidad, este Consejo advierte que de la documentación presentada con la solicitud de registro de la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia, se desprende que exhibió un Certificado de Nacionalidad Mexicana por Nacimiento número 439, emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, el 9 de marzo de 2018, mismo que contiene todos los elementos descritos en la citada tesis aislada P. III/2013, del Pleno de la SCJN; es decir, señala que Napoleón Gómez Urrutia es mexicano por nacimiento, en términos del artículo 30, apartado A, fracción I, de la CPEUM, en atención a que nació en Monterrey, Nuevo León, el día 18 de agosto de 1944; que para los efectos legales a que haya lugar, se hizo constar que Napoleón Gómez Urrutia renunció a toda sumisión, obediencia y fidelidad a cualquier Estado extranjero; especialmente al de Canadá, a toda protección extraña a las leyes y autoridades mexicanas; a todo derecho que los tratados o convenciones internacionales concedan a los extranjeros. Asimismo, se hace constar que Napoleón Gómez Urrutia protestó adhesión, obediencia y sumisión a las leyes y autoridades mexicanas y se comprometió a abstenerse de realizar cualquier conducta que implique sumisión a un Estado extranjero, de conformidad con lo establecido por los artículos 32 de la CPEUM, 15, 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad.
Así, Napoleón Gómez Urrutia cumple con lo dispuesto en el artículo 32, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, al no tener diversa nacionalidad a la mexicana y ser mexicano por nacimiento.
22. Procedencia del registro de la candidatura de Miguel Ángel Mancera Espinosa por el Partido Acción Nacional como senador por el principio de representación proporcional.
La Sala Superior del TEPJF, en su sesión celebrada el 28 de marzo de 2018, al resolver los autos del expediente SUP-JDC-108/2018, revocó la resolución de la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional dictada el 29 (sic) de febrero de 2018 en el juicio de inconformidad CJ/JIN/29/2018, para efectos de que fundase y motivase la misma conforme a los agravios que le fueron planteados, en plenitud de atribuciones y dentro del plazo de 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, producto de un análisis completo, exhaustivo, fundado y motivado de la totalidad de los conceptos de violación que la actora planteó en su escrito de juicio de inconformidad. Asimismo, para que en plenitud de sus atribuciones se pronunciase sobre el escrito de ampliación de demanda y el escrito de José María Martínez Martínez, toda vez que los mismos están directamente vinculados con la controversia a resolver.
En la resolución intrapartidista que fue revocada, se declararon infundados los agravios de la actora, Mirelle Alejandra Montes Agredano, dirigidos a impugnar, entre otros aspectos, su remoción de la lista de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional del PAN, en los que alegó la supuesta violación al proceso de elección de candidaturas a Senadores de Representación Proporcional, por la indebida integración de la fórmula encabezada por el Ciudadano Miguel Ángel Mancera Espinosa a la lista como propuestas de fórmula para ocupar las candidaturas al Senado de la República por el principio de representación proporcional.
En atención a que la Sala Superior solamente revocó la resolución intrapartidista y dejó en plenitud de atribuciones a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional para resolver la inconformidad CJ/JIN/29/2018, el escrito de ampliación y el diverso ocurso del ciudadano José María Martínez Martínez, pero no dejó sin efecto el procedimiento interno que llevó a cabo ese partido político para asignar a Miguel Ángel Mancera Espinosa la candidatura para el Senado de la República por el principio de representación proporcional, entonces se considera que no existe impedimento alguno para que este Consejo General se pronuncie, conforme a derecho, sobre la solicitud de registro de Miguel Ángel Mancera Espinosa, al no existir impedimento legal para ello, ni mandamiento jurisdiccional que haya vinculado a esta autoridad a no hacerlo. Siendo así, se procede a realizar el análisis siguiente:
Es un hecho público y notorio que Miguel Ángel Mancera Espinosa fue designado como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México por el período comprendido del 5 de diciembre de 2012 al 4 de diciembre de 2018.
Al respecto, se considera que resulta procedente el registro de la candidatura a una senaduría por el principio de representación proporcional de Miguel Ángel Mancera Espinosa, en razón de que éste no se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 55, fracción V, tercer párrafo, relacionado con el diverso 58, ambos de la Constitución.
En efecto, Miguel Ángel Mancera Espinosa aspira a una candidatura de representación proporcional al Senado de la República y, en consecuencia, ha sido ingresado a la lista por una circunscripción plurinominal nacional del Partido Acción Nacional, por lo que no se ubica en el párrafo tercero de la fracción V, del artículo 55, de la CPEUM, porque no sería electo sólo en la Ciudad de México donde ha ejercido el cargo de Jefe de Gobierno, sino en una circunscripción única nacional y, al respecto, la Constitución no hace una prohibición.
En efecto, en el DOF de 19 de junio de 2007 se publicó el Decreto que reformó la fracción V, del artículo 55, de la CPEUM, en el que se estableció, en el tercer párrafo de la fracción V, que los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal -hoy Ciudad de México- no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos; y en la exposición de motivos de dicha reforma, sólo se advierte como razón el evitar un conflicto de intereses. En la discusión de la revisora, es decir, en la sesión de la Cámara de Diputados de 12 de septiembre de 2005, el diputado Rubén Maximiliano Alexander Rábago expuso, entre otros, que la propuesta de homologar al Jefe de Gobierno del Distrito Federal con los gobernadores, en el sentido de que durante el período de su encargo no puedan ser postulados a diputados y por ende a senadores, fue porque son los mismos.
En efecto, la participación de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos políticos supone tener en cuenta dos dimensiones trascendentes, una tiene que relación con la integración de la representación política, elegir y ser elegido, y otra con el derecho a intervenir en los asuntos relacionados con el Estado, es decir, hacerse presente en la toma de decisiones políticas. El sistema político tiene la obligación de garantizar estas dos dimensiones de los derechos políticos de los ciudadanos.
En el mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Estado debe definir mediante ley y "de manera precisa" los requisitos para que los ciudadanos
puedan participar en la contienda electoral, así como los impedimentos a los cuales están sometidos los candidatos. Así las cosas, se tiene un principio de legalidad en materia de derechos humanos que entraña un principio de reserva de ley, de modo que el ejercicio de estos solamente puede limitarse legalmente.
La interpretación de la legalidad debe hacerse en la forma más favorable para el ejercicio del derecho fundamental de participación política. Por ende, la aplicación extensiva de una causade inelegibilidad vulnera el derecho a ser votado.
En ese tenor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55, fracción V, párrafo tercero, en correlación con el 58, ambos de la CPEUM, no existen elementos para impedir el registro de Miguel Ángel Mancera Espinosa como senador por el principio de representación proporcional, pues se trataría de una restricción al derecho humano a ser votado no prevista por el Constituyente Permanente como causa de inelegibilidad.
Adicionalmente, cabe señalar que apoya este criterio la tesis 1a. XXVI/2012, correspondiente a la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la SCJN, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, en materia constitucional, de rubro PRINCIPIO PRO PERSONAE. EL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS DERECHOS HUMANOS DEBEN ANALIZARSE A PARTIR DE AQUÉL, que señala que el segundo párrafo del artículo 1º de la CPEUM exige que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la propia Constitución y con los tratados internacionales de los que México es parte, de forma que favorezca ampliamente a las personas, lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de tales derechos a partir del principio pro personae que es un criterio hermenéutico que informa todo el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en virtud del cual debe acudirse a la norma más amplia, o a la interpretación más extensiva cuando se trata de reconocer derechos protegidos, e inversamente, a la norma o a la interpretación más restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o de su suspensión extraordinaria, es decir, dicho principio permite, por un lado, definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues ante la existencia de varias posibilidades de solución a un mismo problema, obliga a optar por la que protege en términos más amplios. Esto implica acudir a la norma jurídica que
consagre el derecho más extenso y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. Por tanto, la aplicación del principio pro personae en el análisis de los derechos humanos es un componente esencial que debe utilizarse imperiosamente en el establecimiento e interpretación de normas relacionadas con la protección de la persona, a efecto de lograr su adecuada protección y el desarrollo de la jurisprudencia emitida en la materia, de manera que represente el estándar mínimo a partir del cual deben entenderse las obligaciones estatales en este rubro.
Por tanto, al no fijarse en la Ley Fundamental dicha restricción para el caso de los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para ser electos a un cargo a nivel nacional, sino sólo preverse para las elecciones en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, resulta procedente al amparo del principio pro personae que este Instituto atienda la solicitud de registro como candidato al Senado de la República de Miguel Ángel Mancera Espinosa, por un escaño de representación proporcional nacional.
El Partido Acción Nacional impugnó esta resolución ante la Sala Superior, alegando que la interpretación de la normativa local realizada por la responsable fue incorrecta, ya que la norma constitucional que exige separación del cargo cuando menos 100 días naturales antes dela fecha de la elección es aplicable a todos los presidentes municipales, con independencia de que se pretendan postular a las diputaciones locales por el principio de mayoría relativa o de representación proporcional.
Al resolver el SUP-REC-101/2018, la Sala Superior determinó confirmar la sentencia de la Sala Regional Monterrey, considerando que, aunque el principio pro persona no era necesario aplicar, lo relevante es que no existe una restricción para que el presidente municipal deba separarse del cargo. El Pleno señaló que la norma solamente prevé una restricción para las y los presidentes
municipales que quieran ser postulados como candidatos en la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa, de ahí que, al no haber una prohibición específica, no se puede hacer extensiva para candidaturas por el principio de representación proporcional.
Asimismo, señalaron que las normas que obligan a los funcionarios en funciones separarse de su cargo, están encaminadas a la protección del principio constitucional de la equidad en la contienda. Sin embargo, consideraron que el exentar a las y los presidentes de separarse de sus funciones durante el periodo de las campañas electorales, no implica que puedan utilizar los recursos públicos que están bajo su responsabilidad para influir en la contienda electoral. En consecuencia, la Sala Superior confirmó la sentencia de la Sala Regional y, con ello, la falta de obligación de que Cienfuegos Martínez se separe de su cargo.
En conclusión, bajo los razonamientos antes expuesto se concluye que el cargo al que aspira Miguel Ángel Mancera Espinosa es de representación proporcional nacional, y por ende, no le es aplicable la prohibición prevista en el párrafo tercero de la fracción V, del artículo 55, de la CPEUM, relacionado con el diverso 58, porque no sería electo sólo en la Ciudad de México donde ha ejercido el cargo de Jefe de Gobierno, sino en una circunscripción única nacional y, al respecto, en la Constitución y en la Legislación Electoral en consecuencia, no se prevé ninguna prohibición.
23. El Punto Décimo noveno de los Criterios, señala que: "En caso de existir convenio de coalición de dos o más partidos políticos, para solicitar el registro de candidaturas a senadurías o diputaciones por el principio de mayoría relativa, el requisito de acreditar que se cumplió con lo dispuesto en la LGPP y LGIPE, se tendrá por cumplido si el convenio de coalición correspondiente fue registrado por este Consejo General, quedando las solicitudes de registro respectivas, sujetas a la verificación de la documentación que se anexe y que deberá presentarse durante el plazo legal."
24. El artículo 91, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Partidos, en relación con el artículo 276, párrafo 3, inciso e) del Reglamento de Elecciones indica como uno de los requisitos que deberá contener el Convenio de Coalición, "el señalamiento, de ser el caso, del partido político al que pertenece originalmente cada uno de los candidatos registrados por la coalición y el señalamiento del grupo parlamentario o partido político en el que quedarían comprendidos en el caso de resultar electos."
Al respecto, la Secretaría del Consejo General a través de la citada Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que el convenio de la Coalición Por México al Frente indica en el anexo de su cláusula cuarta, así como en la modificación respectiva, la distribución de candidaturas entre los partidos políticos coaligados, al tenor de lo siguiente:
PARTIDO DE ORIGEN
Aunado a lo anterior, la Secretaría del Consejo General de este Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, también constató que el convenio registrado por la Coalición "Todos por México", así como su modificación respectiva, en su cláusula séptima, señaló el origen partidario de sus candidaturas conforme a lo siguiente:
Asimismo, precisó que las y los candidatos a Senadurías postulados por la Coalición, de resultar electos pertenecerán al grupo o fracción parlamentaria señalado en el cuadro que antecede.
Finalmente, la Secretaría del Consejo General de este Instituto, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, también constató que el convenio registrado por la Coalición "Juntos Haremos Historia", en el anexo referido en la cláusula quinta establece la distribución de candidaturas entre los partidos políticos coaligados, al tenor de lo siguiente:
25. El artículo 232, párrafo 1, de la LGIPE, dispone que las candidaturas a senadores a elegirse por el principio de mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo para efectos de la votación, motivo por el cual la Secretaría del Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que todas las fórmulas de candidatas y candidatos a senadoras y senadores por ambos principios se encontraran integradas por personas del mismo género.
26. El artículo 233, párrafo 1, de la LGIPE establece que de la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a senadoras y senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros mandatada en la Constitución y en la referida Ley.
27. Los puntos décimo sexto y décimo séptimo de los Criterios, a la letra señalan:
"DÉCIMO SEXTO. Las fórmulas de candidaturas para senadurías y diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten para su registro los partidos políticos y, en su caso, coaliciones, deberán integrarse por personas del mismo género.
DÉCIMO SÉPTIMO. La totalidad de solicitudes de registro de candidaturas a senadurías y diputaciones, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, que presenten los partidos políticos o, en su caso, las coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre los géneros.
28. De conformidad con lo establecido por el artículo 232, párrafo 3, de la LGIPE, la Secretaría del Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que las coaliciones y los Partidos Políticos Nacionales, adoptaron las medidas para promover y garantizar la paridad de género, en la postulación de candidatos y candidatas a senadoras y senadores, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, para la integración del Congreso de la Unión.
29. Del análisis realizado a las solicitudes presentadas por los partidos políticos y coaliciones, se advirtió el cumplimiento a las disposiciones referidas en los cuatro considerandos anteriores, conforme a lo siguiente:
Porcentaje por género de las candidatas y los candidatos a senadoras y
senadores por el principio de mayoría relativa
30. De conformidad con lo estipulado por el artículo 234, párrafo 1, de la LGIPE, las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismos género, y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.
31. El Punto Décimo octavo de los Criterios, a la letra señala:
"DÉCIMO OCTAVO. En las listas de representación proporcional se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.
32. En razón de lo anterior, el Secretario del Consejo, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, constató que las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, se integraron conforme a lo señalado en el artículo 234, párrafo 1 de la LGIPE, en relación con el Punto Décimo octavo de los Criterios, siendo el caso que todos los partidos políticos cumplieron a cabalidad con las disposiciones señaladas.
33. El Punto Décimo noveno de los Criterios, a la letra indica:
"DÉCIMO NOVENO. Para el caso de senadurías por el principio de mayoría relativa, deberá observarse el principio de paridad vertical y horizontal, esto es:
a) La primera fórmula que integra la lista de candidatas y candidatos que se presenten para cada entidad federativa, deberá ser de género distinto a la segunda.
b) De la totalidad de las listas de candidaturas por entidad federativa, el 50% deberá estar encabezada por hombres y el 50% por mujeres."
34. Del análisis realizado a las solicitudes presentadas por los partidos políticos y coaliciones, se advirtió que todos los partidos políticos y coaliciones observaron el principio de paridad vertical en la integración de sus listas de candidaturas por entidad, con la salvedad del Partido Verde Ecologista de México, cuya lista correspondiente al estado de Querétaro, se encuentra conformada por dos fórmulas de mujeres; al respecto, en el considerando 17 del Acuerdo del Consejo General de este Instituto, identificado con el número INE/CG508/2018, a la letra se señala:
"(...) las acciones afirmativas tienen como característica el ser temporales, proporcionales, razonables y objetivas, teniendo como fin último el promover una igualdad sustancial entre los miembros de la sociedad y los grupos a los cuales pertenecen. La mejor manera de representar este ideal es por medio de la universalidad de derechos, es decir, la exigencia de que todos los hombres y mujeres sin distinción gocen de los mismos derechos universales.
Por lo anterior es válido sostener que todo acto que se adopte de manera temporal, razonable, proporcional y objetiva, a fin de privilegiar a las personas del género femenino, y que derive de una situación de desigualdad entre hombres y mujeres es acorde con el principio pro persona previsto en el artículo 1 de la Constitución."
Por su parte, en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Recurso de Reconsideración identificado con el número de expediente SUP-REC-1198/2017 y acumulados, se menciona:
"(...) el principio de paridad no debe observarse de forma rígida en el cumplimiento estrictamente numérico de los porcentajes exigidos, ya que la interpretación teleológica del principio de paridad previsto en la legislación, conduce a sostener que el cincuenta por ciento (50%) constituye el mínimo de municipios en los que se debe postular a candidatas del género femenino, por lo que dicho porcentaje no representa un tope máximo; (...)
(...) los preceptos en análisis constituyen un mecanismo para hacer efectiva una política de Estado, encaminada a garantizar una mayor participación de la mujer en la vida pública, por lo que teniendo en cuenta que la medida afirmativa se encamina a beneficiar al género femenino, es claro que el establecimiento de una base mínima para efectos de la postulación no limita la posibilidad de que se beneficie en mayor medida a sus destinatarios, permitiéndoles participar en un rango mayor a la base mínima establecida."
En razón de lo anterior, esta autoridad considera que la postulación en una entidad federativa de dos fórmulas integradas por mujeres, promueve la participación efectiva de éstas en la vida política del país, además de resultar una medida compensatoria respecto de la desventaja en que el género
femenino se ha encontrado históricamente, por lo que al resultar una acción afirmativa de carácter temporal es factible su implementación para el presente Proceso Electoral Federal.
35. Por lo que hace a la paridad horizontal en la conformación de las listas de candidaturas, se constató que el 50% de las mismas iniciaran con un género distinto al restante 50%, por lo que el cumplimiento al Punto Décimo noveno de los Criterios se verificó conforme a lo siguiente:
Número de listas de las candidatas y los candidatos a senadoras y
36. El artículo 3, numeral 4 de la Ley de Partidos establece que cada partido político determinará y hará públicos los criterios para garantizar la paridad de género en las candidaturas a legisladores federales y locales, mismos que deben ser objetivos y asegurar condiciones de igualdad.
Asimismo, el numeral 5 del artículo 3 de la Ley de Partidos dispone que, en ningún caso, se admitirán criterios que tengan como resultado que a alguno de los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos Distritos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más bajos en el Proceso Electoral anterior.
En el mismo sentido, el artículo 282, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Elecciones, establecen:
2. Asimismo, los partidos políticos y coaliciones deberán observar lo dispuesto en el artículo 3, numeral 5 de la LGPP, esto es, garantizar el criterio respecto a las posibilidades reales de participación, evitando que en cada Distrito exista un sesgo evidente en contra de un género.
3. De acuerdo a lo establecido en el numeral anterior, para determinar las entidades o Distritos con porcentaje de votación más bajo, se estará a lo siguiente:
a) Respecto de cada partido, se enlistarán todas las entidades federativas en los que se presentó una candidatura, ordenados de menor a mayor conforme al porcentaje de votación válida que en cada uno de ellos hubiere recibido en el Proceso Electoral anterior.
b) Se dividirá la lista en tres bloques, correspondiente cada uno a un tercio de las entidades enlistadas: el primer bloque, con las entidades en las que el partido obtuvo la votación más baja; el segundo, donde obtuvo una votación media; y el tercero, en las que obtuvo la votación más alta.
c) El primer bloque de entidades con votación más baja, se analizará de la manera siguiente:
I. Se revisará la totalidad de las entidades de este bloque, para identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro;
II. Se revisarán únicamente las seis entidades de este bloque, en las que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior. Ello, para identificar si en este grupo más pequeño es o no apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara
significativamente a un género en particular; es decir, si se encuentra una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro;
III. Para efectos de la división en bloques, si se trata de un número no divisible entre tres, el remanente se considerará en el bloque de entidades de menor votación.
4. Lo anterior no será aplicable para los partidos políticos que recientemente hayan obtenido su registro, únicamente respecto del primer Proceso Electoral tanto federal como local en el que participen. Sin embargo, deberán postular candidaturas en condiciones de igualdad de oportunidades para ambos géneros.
Por su parte, los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo de los Criterios, establecen:
"VIGÉSIMO PRIMERO. En el supuesto de coaliciones, se estará a lo siguiente:
a) En caso de que los partidos políticos que integran la coalición hubieran participado en forma individual en el Proceso Electoral anterior, se considerará la suma de la votación obtenida por cada partido político que integre la coalición correspondiente.
b) En caso de que los partidos políticos que participen en forma individual, lo hayan hecho en coalición en el Proceso Electoral anterior, se considerará la votación obtenida por cada partido en lo individual.
VIGÉSIMO SEGUNDO. Para determinar las entidades o Distritos con porcentaje de votación más bajo se estará a lo siguiente:
a) Para Senadurías: Respecto de los Partidos Políticos Nacionales que participaron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, se tomará la votación válida de la elección de senadores del Proceso Electoral Federal 2012. En el caso de los Partidos Políticos Nacionales Morena y Encuentro Social, que no participaron en el Proceso Electoral Federal 2011-2012 por haber obtenido su registro en 2014, a efecto de aplicar un criterio objetivo es que, no les aplicará la verificación señalada en el Reglamento de elecciones, sin embargo deberán postular candidaturas en condiciones de igualdad de oportunidades para ambos géneros.
Así, esta autoridad verificó que la distribución realizada con base en los criterios antes expresados no únicamente cumpliera con criterios de cantidad o porcentaje, sino también de oportunidad respecto a las posibilidades reales de participación.
Por tanto, es preciso determinar con claridad la metodología que esta autoridad empleó para verificar que los partidos políticos observaran la obligación de no destinar exclusivamente un solo género a aquellos Distritos en los que tuvieran los porcentajes de votación más bajos.
Para ello, cabe señalar que esta autoridad considera que el concepto de "exclusividad" no debe ser entendido como la designación de la "totalidad" de Distritos de porcentaje de votación más bajo a un solo género, pues tal interpretación posibilitaría la inaplicación de la disposición aludida mediante la designación de un solo candidato del género contrario a dichos principios, lo que violentaría el principio que la mencionada norma tutela.
En este sentido, esta autoridad considera que la disposición referida debe interpretarse en concordancia con la obligación de garantizar la paridad de género, por lo que la no "exclusividad" se refiere a una protección más amplia, que supone asegurar que, dentro del grupo de las candidaturas para Distritos en los que se hubieran obtenido los porcentajes de votación más bajos, no exista un sesgo evidente en contra de un género.
Dicho esto, corresponde explicar la forma en que se llevó a cabo el análisis para cada uno de los sujetos que participan en el presente Proceso Electoral, a partir de las coaliciones celebradas por los partidos políticos.
En el caso de la coalición Por México al Frente, dado que el Partido Acción Nacional contendió de forma individual durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012 y que los partidos de la Revolución
Democrática y Movimiento Ciudadano, participaron en una coalición integrada por otro partido distinto al que hoy conforma la coalición mencionada, se consideró la votación que obtuvieron los partidos políticos en lo individual y se sumaron las de todos sus integrantes, a efecto de determinar las entidades de menor a mayor votación.
Por lo que hace a la coalición Todos por México, toda vez que los partidos políticos que la conforman, si bien participaron en coalición durante el Proceso Electoral Federal 2011-2012, las misma consideró entidades distintas a las que hoy integran la coalición, motivo por el cual, de igual manera se considerará la votación de cada partido político en lo individual y se sumarán las de todos sus integrantes a efecto de determinar las entidades de menor a mayor votación.
Finalmente, por lo que hace a la coalición Juntos Haremos Historia, toda vez que de conformidad con lo establecido en el artículo 282, párrafo 4 del Reglamento de Elecciones, en relación con el punto vigésimo segundo, inciso a) de los Criterios, a los partidos Morena y Encuentro Social no les es aplicable la verificación sobre el cumplimiento a lo establecido en el artículo 3, párrafo 5 de la Ley General de Partidos Políticos, y que únicamente el Partido del Trabajo participó en la elección de 2011-2012, es entonces que la votación a considerar a efecto de la verificación de la coalición, sólo será la relativa a dicho partido.
Hecho lo anterior, se ordenaron de menor a mayor votación se realizó la división en tres bloques, dejando el número de entidades remanente en el bloque que corresponde a las de menor votación.
a) El primer bloque, de entidades con "votación más baja", se analizó de la siguiente manera:
 En primer lugar, se revisó la totalidad de las entidades de este bloque, para identificar, en su caso, si fuera apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara a un género en particular; es decir, si se encontraba una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro. Cabe mencionar que para tales efectos, se consideró únicamente a la fórmula que encabeza la lista.
 En segundo lugar, se revisaron únicamente las últimas entidades de este bloque, es decir, las entidades en las que el partido obtuvo la votación más baja en la elección anterior, a efecto de identificar si en este grupo más pequeño era, o no, apreciable un sesgo que favoreciera o perjudicara significativamente a un género en particular; es decir, si se encontraba una notoria disparidad en el número de personas de un género comparado con el de otro.
Así, se verificó que ninguno de los partidos políticos o coaliciones tuvo una distribución notoriamente sesgada en contra de un género en el total de entidades con porcentajes de votación más baja.
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (15 Entidades)
NUEVA ALIANZA (15 Entidades)
POR MÉXICO AL FRENTE (30 Entidades)
TODOS POR MÉXICO (17 Entidades)
JUNTOS HAREMOS HISTORIA (31 Entidades)
37. En el caso de que los partidos políticos y coaliciones ejerzan el derecho que el artículo 241, párrafo 1, incisos b) y c) de la LGIPE les otorga para realizar sustituciones, invariablemente deberán ajustarse a lo establecido en los artículos 232, párrafo 2, 233, párrafo 1 y 234, párrafo 1 de la mencionada ley, en relación con los puntos décimo sexto, décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno y vigésimo de los Criterios.
38. El artículo 238, párrafo 5, de la LGIPE señala que "la solicitud de cada partido político para el registro de la lista nacional de candidaturas a senadores por el principio de representación proporcional para la circunscripción plurinominal nacional, deberá acompañarse, además de los documentos referidos en los párrafos anteriores, de la constancia de registro de por lo menos 21 listas con las dos fórmulas por entidad federativa de las candidaturas a senadores por el principio de mayoría relativa, las que se podrán acreditar con las registradas por el propio partido y las que correspondan a la coalición parcial o flexible a la que, en su caso, pertenezca."
Al respecto, en el Punto Séptimo de los Criterios, se determinó que: "Para el registro de candidaturas por el principio de representación proporcional, se tendrá por cumplido el requisito a que se refieren los párrafos 4 y 5 del artículo 238 de la LGIPE, siempre y cuando los partidos políticos hayan presentado para su registro al menos 200 fórmulas de candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y 21 listas con las dos fórmulas por entidad federativa de las candidaturas a senaduría por el principio de mayoría relativa, siempre que dicho registro haya resultado procedente".
Es el caso que todos los partidos políticos presentaron para su registro más de 21 listas con las dos fórmulas de candidaturas a senadoras y senadores por el principio de mayoría relativa.
39. El artículo 232, párrafo 5, de la LGIPE, establece que en el caso de que para un mismo cargo de elección popular sean registrados diferentes candidatos por un mismo partido político, el Secretario del Consejo una vez detectada esta situación requerirá al partido político a efecto de que informe al Consejo General, en un término de cuarenta y ocho horas qué candidato o fórmula prevalece.
40. El artículo 387, párrafo 2, de la LGIPE, establece que los candidatos independientes que hayan sido registrados no podrán ser postulados como candidatos por un partido político o coalición en el mismo Proceso Electoral.
En tal virtud, el Secretario del Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas
y Partidos Políticos, constató que ninguna de las solicitudes de registro de candidatos presentada por los partidos políticos, fuera coincidente con el registro de candidatos independientes.
41. El artículo 11 de la LGIPE señala en su párrafo 3 que "los partidos políticos no podrán registrar simultáneamente, en un mismo Proceso Electoral, más de 6 candidatos a Senador por mayoría relativa y por representación proporcional". Atento a lo anterior, la Secretaría del Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó en la base de datos respectiva, los registros de candidaturas a Senadurías por el principio de mayoría relativa, a fin de identificar aquellos de los cuales se solicitó simultáneamente el registro como candidatos a senadoras o senadores por el principio de representación proporcional. Como resultado de lo anterior, se identificó que ningún partido excedió el número de candidaturas simultáneas.
42. De conformidad con lo establecido en el artículo 87, párrafo 6, de la Ley de Partidos, ningún partido político podrá registrar un candidato de otro partido político; en razón de lo anterior, el Secretario del Consejo General, a través de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, verificó que ninguna de las candidaturas se ubicara en dicho supuesto.
43. La Jurisprudencia 10/2013, sostenida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la letra indica:
Recurso de apelación. SUP-RAP-188/2012.-Actor: Partido Nueva Alianza.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-9 de mayo de 2012.-Unanimidad de cinco votos.-Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.-Secretario: Carlos Vargas Baca.Recurso de apelación.
SUP-RAP-232/2012.-Actor: Nueva Alianza.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-23 de mayo de 2012.-Unanimidad de votos.-Ponente: Pedro Esteban Penagos López.-Secretario: Víctor Manuel Rosas Leal.Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.
Con base en lo anterior, los partidos y coaliciones solicitaron adicionar el sobrenombre de algunos de sus candidatos para que así se plasmara en la boleta electoral.
44. Según lo establecido por el artículo 239, párrafo 5, de la LGIPE, en relación con el Punto Décimo cuarto del Acuerdo por el que se establecieron los criterios para el registro de candidatos, se instruyó a los Consejos Distritales para que la sesión de registro de las candidaturas, se llevara a cabo el día veintinueve de marzo del presente año. En virtud de que los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y la coalición Todos Por México presentaron solicitudes de registro ante los Consejos Locales, éstos sesionaron para registrar candidaturas a Senadurías por el principio de mayoría relativa, además de las candidaturas independientes respectivas.
45. De conformidad con lo establecido por el artículo 240, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales este Consejo General solicitará la publicación en el Diario Oficial de la Federación de los nombres de los candidatos y las candidatas, así como de los partidos o coaliciones que los postulan. Asimismo, publicará y difundirá, por el mismo medio, las sustituciones de candidatos y candidatas y/o cancelaciones de registro que, en su caso, sean presentadas.
En razón de los considerandos expresados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 9, y 41, párrafo segundo, bases I y V, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, párrafos 4 y 5; 23, párrafo 1, incisos e) y f); 79, párrafo 1, inciso a), fracción III; 85, párrafo 2; 87, párrafos 1,3, 4, 5, 6 y 7; 88, párrafos 1, 5 y 6; 91, párrafo 1, inciso e); de la Ley General de Partidos Políticos; 11, párrafos 1 y 3; 30, párrafo 2; 68, párrafo 1, inciso h); 226, párrafo 2; 232, párrafos 1, 2, 3 y 5; 233, párrafo 1; 234, párrafo 1; 237, párrafos 1, inciso a), 3 y 4; 238, párrafos 1, 2, 3, 5 y 7; 239, párrafos 3 y 5; 240,párrafo 1; 241; y 387, párrafo 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 270, 276, párrafo 3, inciso e); y 282, párrafos 2 y 3 del Reglamento de Elecciones; el Acuerdo por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las Coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 44, párrafo 1, incisos s) y t); del citado ordenamiento legal, emite el siguiente:
PRIMERO.- Se registran supletoriamente las fórmulas de candidatas y candidatos a Senadoras y Senadores por el principio de mayoría relativa para las elecciones federales del año dos mil dieciocho, presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, Morena y Encuentro Social así como las presentadas por las Coaliciones Por México al Frente, Todos por México y Juntos Haremos Historia ante este Consejo General del Instituto Nacional Electoral, conforme a continuación se relacionan:
RELACIÓN DE FÓRMULAS DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS A
SENADORAS Y SENADORES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA
ERIKA CORTES MARTINEZ
EVELYN ANEL AYALA PINO
JOSE FRANCISCO AGUILAR CONTRERAS
SERGIO RENE QUEVEDO NUÑEZ
VICTOR OSWALDO FUENTES SOLIS
JESUS HORACIO GONZALEZ
ALEJANDRA MARIA SADA ALANIS
VERONICA SADA PEREZ
LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ
GUSTAVO ADOLFO GRANADOS CORZO
FEMATT TORRES
JUAN ALBERTO FEDERICO VALDIVIA
OLACHEA PEDRIN
CLAUDIA LETICIA HIRALES MEZA
IRMA PAOLA ESCOBOSA
JOSE REYES BAEZA TERRAZAS
MELENDEZ ORTEGA
ANA GEORGINA ZAPATA LUCERO
MAYRA DIAZ GUERRA
MARIA BEATRIZ PAGES LLERGO
JOSE ENCARNACION ALFARO CAZARES
MARIA DEL ROCIO REBOLLO MENDOZA
ALIA LORENA IBARRA
JOSE RICARDO LOPEZ PESCADOR
MANUEL JESUS AVILA
ALMA EVELIA MORAN
JOSE GERARDO ZAVALA PROCELL
DENNY GIOVANI
ELVIA DORA GARCIA
GONZALEZ APODACA
JUAN ANTONIO IXTLAHUAC ORIHUELA
XOCHITL GABRIELA RUIZ GONZALEZ
SANCHEZ CACHU
JASMINE MARIA BUGARIN RODRIGUEZ
PARTIDA GUZMAN
MANUEL NARVAEZ NAVARRO
JOSE MARTIN MEJIA
EDGAR RODOLFO OLAIZ
MARTHA DE LOS SANTOS GONZALEZ
LORENA CANO LOPEZ
JUAN CARLOS LASTIRI QUIROS
XITLALIC CEJA GARCIA
ANA BERTHA SILVA SOLORZANO
MA ISABEL EMMA
TEJEIDA RIVAS
CANDITA VICTORIA GIL JIMENEZ
YRMA DEL CARMEN
BOCANEGRA BROCA
DIEGO ROSIQUE LEON
ERICK AGUSTIN SILVA
RICARDO CALVO HUERTA
PASCUAL FLORES MIRANDA
JOSE ROBERTO MEDINA MARTINEZ
THELMA CORA GARZA SALINAS
HERRERA SAUCEDA
MAXIMO JIMENEZ RAMIREZ
JORGE ANTONIO YAÑEZ
GLORIA LIZBETH DELGADILLO ISLAS
GABRIELA SARAI ORNELAS ALVAREZ
XOCHIQUETZAL EDITH
ALVAREZ MEJIA
CESAR LOZANO HERRERA
OSCAR ALBERTO CHAVEZ
VERONICA JUDITH CORONA GONZALEZ
OFELIA PATRICIA FLORES
PAAT IRIDIAN SAPIEN
HINOJOZA
HERNAN RIVERA CAVAZOS
LAURA LORENA GONZALEZ GARCÍA
MONTSERRAT FERNANDEZ CRUZ
MARINA EMILIA SANCHEZ
MARIA GUADALUPE SOTO NAVA
MIRYAM KARINA CAMPOS
VICTOR HUGO PINEDA MARTINEZ
JORGE GÓMEZ SALAZAR
MARISOL ÁLVAREZ PÉREZ
ARTURO ALBERTO JHEMAN ZETINA
SENTIES RIVAS
GERARDO ANDRES HERRERA PEREZ
LILIANA BERENICE
ARREDONDO LOPEZ
SANDRA LUZ RANGEL LOMELI
ANA LILIANA RODRIGUEZ
JAVIER CASTAÑEDA IBARRA