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Timestamp: 2017-06-23 07:22:43
Document Index: 273195711

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 4']

Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia. TÍTULO I. Del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia (Vigente hasta el 09 de Marzo de 2011).
Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia (Vigente hasta el 09 de Marzo de 2011).
Vigencia desde 22 de Octubre de 2004. Esta revisión vigente desde 22 de Octubre de 2004 hasta 09 de Marzo de 2011
Título IDel Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia
Véase D [GALICIA] 20/2005, 3 febrero, de desarrollo de la Ley 6/2004, de 12 de julio, reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia («D.O.G.» 16 febrero).
Naturaleza jurídica 1. Se crea el Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia como organismo autónomo de carácter administrativo, dotado de personalidad jurídica y presupuesto propios, con capacidad de obrar y plena independencia en el ejercicio de sus competencias.
2. El Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia se adscribe a la consellería competente en materia de economía y hacienda.
Fines El Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia tiene como fin general preservar el funcionamiento competitivo de los mercados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia, garantizando la existencia en los mismos de una competencia efectiva.
Funciones De acuerdo con el régimen establecido en la Ley de coordinación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia, corresponde al tribunal:
1. Resolver los procedimientos sancionadores que tengan por objeto:
a) Acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas, o prácticas concertadas o conscientemente paralelas, prohibidas en el número 1 del artículo 1 de la Ley de defensa de la competencia.
b) Conductas de explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en el mercado, o de una situación de dependencia económica, prohibidas ambas en el artículo 6 de la Ley de defensa de la competencia.
c) Actos de competencia desleal que por falsear la libre competencia resulten prohibidos con arreglo al artículo 7 de la Ley de defensa de la competencia.Asimismo, el tribunal, a propuesta del Servicio Gallego de Defensa de la Competencia, podrá adoptar, conforme a lo establecido en la legislación estatal, las medidas preventivas necesarias tendentes a asegurar la eficacia de la resolución que se dicte en su momento.
2. Resolver los procedimientos en materia de autorización de acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 1 de la Ley de defensa de la competencia, en los supuestos y con los requisitos previstos en el artículo 3 de la mencionada ley.
3. Las siguientes competencias consultivas y de emisión de informes:
a) Emitir informe, preceptivamente, sobre los proyectos de ley por los que se modifique o derogue, total o parcialmente, este texto legal, así como los proyectos de normas reglamentarias que lo desarrollen.
b) Emitir informe en los procedimientos de control de las operaciones de concentración económica regulados en la Ley de defensa de la competencia cuando así lo solicite el Tribunal de Defensa de la Competencia de la Administración general del Estado.
c) Enviar al Tribunal de Defensa de la Competencia de la Administración general del Estado la información que le pueda recabar en el marco del procedimiento de control de concentraciones regulado en la Ley de defensa de la competencia.
d) Solicitar personarse en los procedimientos de control de las operaciones de concentración económica regulados en la Ley de defensa de la competencia, cuando el proyecto o la operación afecte a empresas radicadas o con establecimientos abiertos en el territorio de la Comunidad gallega.
e) Emitir, a requerimiento del Servicio de Defensa de la Competencia de la Administración general del Estado, el informe preceptivo, no vinculante, en relación con aquellas conductas que, afectando a un ámbito supraautonómico o al conjunto del mercado nacional, incidan, de forma significativa, en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia, a que se refiere el artículo 5.4 de la Ley de coordinación de competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
f) Emitir informe con carácter no vinculante sobre la apertura de grandes establecimientos comerciales en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Galicia.
g) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le encomienden las leyes.
h) Elaborar el informe que, a petición del órgano judicial competente, prevé el artículo 13 de la Ley de defensa de la competencia sobre las eventuales indemnizaciones de daños y perjuicios derivados de las conductas previstas en los artículos 1, 6 y 7 de la mencionada ley, cuando los procedimientos que tengan por objeto tales conductas prohibidas correspondiesen a la Comunidad Autónoma de Galicia, de acuerdo con los puntos de conexión establecidos en la Ley de coordinación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
i) Emitir informe, con carácter facultativo y no vinculante, sobre los proyectos de concesión de ayudas a empresas con cargo a los recursos públicos, en relación con sus efectos sobre las condiciones de competencia, sin perjuicio de las competencias que en esta materia corresponden al Tribunal de Defensa de la Competencia de la Administración general del Estado y a la Comisión Europea. A estos efectos, el concepto de ayuda pública será el que define el artículo 19.2 de la Ley de defensa de la competencia.
j) Elaborar una memoria anual.
k) Remitir anualmente al Parlamento la memoria de actividades y un informe sobre la situación de la competencia en Galicia.
4. Otorgar las autorizaciones singulares previstas en el artículo 4 de la Ley de defensa de la competencia, de acuerdo con lo establecido en la Ley de coordinación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en la materia.Asimismo, le corresponderá asumir todas aquellas competencias que le atribuya la legislación aplicable en materia de defensa de la competencia.
Composición 1. El Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia estará regido por el pleno, integrado por el presidente o presidenta y dos vocales.
2. El presidente o la presidenta y los vocales tienen la consideración de altos cargos y serán nombrados por el Consello de la Xunta de Galicia, a propuesta del conselleiro competente en materia de economía y hacienda, entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional.
3. El nombramiento del presidente o presidenta y de los vocales será por un periodo de cinco años, renovable por una sola vez. No obstante, al expirar el plazo de su mandato continuarán en el ejercicio de sus funciones hasta la toma de posesión de los nuevos vocales o, en su caso, del presidente o presidenta.
El presidente o presidenta, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad y salvo delegación expresa en alguno de los vocales, será sustituido por el vocal de mayor antigüedad y, a igualdad de antigüedad, por el de mayor edad.
4. Los miembros del tribunal ejercerán su función con dedicación absoluta y estarán sometidos al régimen de incompatibilidades establecido con carácter general para los altos cargos de la Administración autonómica.
Causas de cese y suspensión en el ejercicio del cargo 1. Los cargos de presidente o presidenta y vocal son inamovibles, sin que puedan ser cesados, suspendidos ni declarados incapaces, salvo en los casos y en la forma previstos en las leyes.
2. El presidente o presidenta y los vocales cesarán en su cargo:
c) Por incompatibilidad sobrevenida, estimada por decisión administrativa o judicial firme, de acuerdo con el régimen de incompatibilidades de altos cargos.
d) Por haber sido condenados por delito.
f) Por destitución, acordada por el Consello de la Xunta de Galicia, a iniciativa, al menos, de algún miembro del tribunal, por incumplimiento grave de los deberes de su cargo.
3. El presidente o presidenta y los vocales del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia sólo podrán ser suspendidos en el ejercicio de su cargo:
a) Cuando se hubiera dictado contra ellos auto de procesamiento o de apertura de juicio oral en procedimientos por delito.
b) Cuando se acuerde en expediente disciplinario o de declaración de incapacidad transitoria.
Capítulo IIIEl presidente o presidenta del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia
Funciones 1. Corresponden al presidente o presidenta del tribunal las siguientes funciones:
La representación ordinaria de éste y la convocatoria de las sesiones del Pleno.
b) Mantener el buen orden y el gobierno del tribunal, velando por el adecuado cumplimiento y la aplicación de sus normas de organización y funcionamiento.
c) Representar a la Comunidad Autónoma de Galicia en el Consejo de Defensa de la Competencia, creado por la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las competencias del Estado y de las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia.
d) La jefatura del personal del organismo.
e) La ordenación del gasto y autorización de ingresos.
f) Presentar la memoria anual del tribunal mediante comparecencia ante la Comisión de Economía del Parlamento de Galicia antes del 30 de junio de cada año, en la que dará cuenta de las actividades del tribunal en el ejercicio anterior y de sus objetivos para el siguiente.
2. El presidente o presidenta del tribunal podrá delegar en cualquiera de los vocales las funciones que estime adecuadas.
Funcionamiento del tribunal 1. El pleno del tribunal quedará válidamente constituido cuando esté presente el presidente o presidenta y la mitad al menos de los vocales. En los casos de sustitución del presidente o presidenta previstos en el artículo 4.3, para la válida constitución del tribunal, deberán estar presentes los dos vocales.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos de los asistentes. En caso de empate decidirá el voto de quien presida.
2. Su funcionamiento se regulará por la presente ley y por la normativa de desarrollo de la misma y, en su defecto, por la legislación aplicable a los órganos colegiados de las administraciones públicas.
3. Actuará como secretario un funcionario del cuerpo superior de la Administración de la Xunta de Galicia adscrito a la consellería competente en materia de economía y hacienda.
Capítulo VRégimen económico y de personal
De los recursos del tribunal Para el cumplimiento de sus fines, el Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia dispondrá de los siguientes recursos económicos:
b) Los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, así como, en su caso, los productos y las rentas de los mismos.
d) Cualquier otro recurso que le pueda corresponder, de conformidad con lo previsto en las leyes.
Del régimen presupuestario y contable 1. El Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia elaborará anualmente un anteproyecto de presupuesto con la estructura que señale la consellería competente en materia de economía y hacienda y lo remitirá a ésta para, en su caso, proceder a su elevación al Consello de la Xunta y posterior remisión al Parlamento integrado en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma.
2. Corresponde al tribunal la administración, gestión y recaudación de sus propios derechos económicos así como la autorización de los gastos contenidos en sus presupuestos y la ordenación de sus pagos.
3. Su régimen presupuestario, económico-financiero y de contabilidad será el establecido para los organismos autónomos en la Ley de régimen financiero y presupuestario de Galicia.
Del personal y de la contratación El personal al servicio del Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia será funcionario o laboral en los mismos términos que los establecidos por la normativa aplicable en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.
La contratación del tribunal se regirá por las normas generales de contratación de las administraciones públicas.