Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/37525
Timestamp: 2019-10-24 02:21:05
Document Index: 242354721

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 61', 'artículo 62', 'artículo 71', 'artículo 193', 'artículo 198', 'artículo 131', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 12']

Gaceta: LXII/1PPO-32/37525
De la Sen. María Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene proyecto de Ley del Consejo Económico y Social de México.
La Ley que se pretende expedir tiene por objeto establecer las bases para la creación, organización y funcionamiento del Consejo Económico y Social de México. Dicho Consejo Económico y Social de México es un órgano de consulta, asesoría, apoyo técnico y coordinación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con el sector empresarial, las organizaciones sindicales, la academia, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatales.
El Consejo cuenta con autonomía técnica y financiera para el desempeño de sus funciones y tendrá como objeto fungir como una instancia de colaboración, representación y participación económica y social, con carácter consultivo, propositivo y decisorio que coadyuva con el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en la rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento económico y el empleo a corto, mediano y largo plazos, así como en una más justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de los individuos, grupos y clases sociales que conforman el país, transformando la estructura de la economía para elevar la productividad de las empresas y así mejorar el salario y generar empleo.
Entre las funciones del Consejo Económico y Social de México están: analizar las propuestas de reactivación económica y proponer la formulación de políticas públicas para impulsar el desarrollo del país a corto, mediano y largo plazos; promover la participación de los sectores económico, laboral, académico, cultural y social en la formulación de la estrategia de desarrollo económico y social del país a corto, mediano y largo plazos; ser órgano de consulta del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el diseño, evaluación y seguimiento de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia económica y social; entre otras.
El Consejo Económico y Social de México cuenta con la siguiente organización: Asamblea General; Junta Directiva; Secretaría Técnica; Grupos de Trabajo, y Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México.
Se contará con un Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México, que estará integrado con recursos públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, y servirá para impulsar las acciones específicas que se decidan implementar por los grupos de trabajo.
La que suscribeSenadora MARÍA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de esta LXII legislatura, en uso de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como del articulo 8 numeral 1, fracción I,164 numerales 1 y 2, y 169 del Reglamento del Senado de la Republica, someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Senadores la presente INICIATIVA DE LEY DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:
El artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que:
“Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución.
Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado…
La ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social…
Precepto que de acuerdo con el Doctor Jorge Witker debe ser interpretado en el sentido que “reconoce y legítima a la economía mixta bajo la rectoría estatal, con lo cual los sectores sociales y privados adquieren un reconocimiento pleno para participar en las tareas de desarrollo económico y social...”.
Por su parte,el párrafo primero del apartado A del artículo 26 constitucional dispone que "el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la Nación”. En otros términos y siguiendo de nueva cuenta lo dicho por el Doctor Jorge Witker, el referido artículo 26 dispone que la rectoría estatal “debe ejercerse a través de la técnica de planeación, concebida como un ejercicio democrático y participativo que contempla las vertientes obligatoria para la administración pública federal, un esquema de coordinación para armonizar soberanías estatales con los objetivos federales y finalmente lineamientos de concertación para inducir a los sectores social y privado hacia metas de desarrollo nacional integrado”.
Conforme a lo establecido en los preceptos jurídicos señalados es de colegirse lo siguiente: 1) corresponde al Estado mexicano la rectoría del desarrollo económico y social, para lo cual cuenta con la participación social y privada, y 2) la planeación del desarrollo económico y social la hace el Estado de forma concertada con los sectores social y privado.
La presente iniciativa tiene como finalidad la creación de una instancia donde gobierno y sociedad sumen esfuerzos para conseguir el desarrollo económico y social del país a mediano y largo plazos, el Consejo Económico y Social de México.
A nivel internacional existen varios casos que pueden tomarse como antecedentes del Consejo que se propone en esta Iniciativa, entre los que cabe destacar al Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, al Comité Económico y Social Europeo, y al Consejo Económico y Social de España.
La Carta de las Naciones Unidas establece como uno de sus órganos principales al Consejo Económico y Social, que se halla regulado en el Capítulo X de la Carta, está integrado por 54 miembros de las Naciones Unidas elegidos por la Asamblea General (artículo 61) y tiene atribuciones para: 1) hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones sobre tales asuntos a la Asamblea General, a los Miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados; hacer recomendaciones con el objeto de promover el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, y la efectividad de tales derechos y libertades; formular proyectos de convención con respecto a cuestiones de su competencia para someterlos a la Asamblea General, y convocar a conferencias internacionales sobre asuntos de su competencia (artículo 62). Además, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas podrá hacer arreglos para celebrar consultas con organizaciones no gubernamentales que se ocupen de los asuntos de su competencia (artículo 71).
El Comité Económico y Social Europeo surge a raíz del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (Tratado de Roma de 1957), que le otorga un carácter consultivo y una composición basada en representantes de los diferentes sectores de la vida económica y social, como son los productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes, artesanos, profesiones liberales y del interés general (artículo 193). El Comité es consultado por el Consejo o la Comisión Europea en materia de política agrícola común, libre circulación de trabajadores, libertad de establecimiento, libre prestación de servicios, transporte, modificación de disposiciones legales en los Estados Parte, materia social y demás (artículo 198).
La conformación del Comité fue modificada mediante el Tratado de Niza (2000), estableciéndose que estará integrado porrepresentantes de los diferentes componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada, en particular de los productores, agricultores, transportistas, trabajadores, comerciantes y artesanos, así como de las profesiones liberales, de los consumidores y del interés general. Los que se estructuran en torno a tres grupos: Empresarios, Trabajadores y Actividades diversas (agricultores, consumidores, ecologistas, familias, Pymes, ONG’s). De tal manera que el Comité es un "puente" entre las instituciones de la Unión Europea y la sociedad civil organizada; además, es un órgano consultivo de la Unión Europea que ofrece asesoramiento especializado a la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo. Dicha labor la realiza mediante dictámenes que se centran en las propuestas legislativas de la Unión Europea, aunque también elabora dictámenes de iniciativa sobre temas considerados de especial importancia.
El Consejo Económico y Social Español se halla previsto en el artículo 131.2 de la Constitución Española, que señala: “el gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley”.
En este sentido, el 17 de junio de 1991 las Cortes Generales Españolas expidieron la Ley de Creación del Consejo Económico y Social (Ley 21/1991), señalándose en el apartado de exposición de motivos lo siguiente:
“La Constitución Española recoge el mandato, dirigido a los poderes públicos, de promover y facilitar la participación de los ciudadanos, directamente o a través de organizaciones o asociaciones, en la vida económica y social.
Al tiempo que cumple con esta función constitucional, el Consejo Económico y Social sirve de plataforma institucional permanente de diálogo y deliberación, en la medida en que constituye el único órgano donde están representados un amplio conjunto de organizaciones socio-profesionales.
De tal manera que conforme a la Ley 21/1991, el Consejo Económico y Social Español es un órgano de carácter consultivo en materia socioeconómica y laboral (artículo primero punto 2); su naturaleza jurídica es ser un ente de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad, con autonomía orgánica y funcional para el cumplimiento de sus fines, estando adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (artículo primero punto 3); está integrado por 61 miembros divididos en tres grupos: 20 representantes de organizaciones sindicales (primer grupo), 20 representantes de organismos empresariales (segundo grupo), 20 representantes del tercer grupo (3 del sector agrario. 3 del sector marítimo-pesquero, 4 consumidores y usuarios, 4del sector económico-social y 6 expertos en distintas materias) y 1 presidente (artículo segundo); los representantes de los grupos son designados por los propios sectores y duran en su encargo 4 años con posibilidad de reelección (artículo tercero); el presidente y el director general del Consejo son nombrados por el gobierno de la nación y deben contar con el apoyo de dos terceras partes de los consejeros; no se prevé la participación de representantes del Gobierno, dado el carácter del Consejo de órgano consultivo del mismo, y la necesidad, por tanto, de garantizar su independencia en la formación y emisión de sus criterios (artículo cuarto); y cuenta con atribuciones para: emitir dictámenes con carácter preceptivo de anteproyectos de leyes que regulen materias socioeconómicas y laborales, y para elaborar estudios e informes sobre diversas materias (artículo séptimo).
En el ámbito nacional, el 16 de septiembre de 2004 fue publicada la Ley del Consejo Económico y Social del Estado de Jaliscopara el Desarrollo y la Competitividad, de acuerdo con la cual éste es un “órgano ciudadano de naturaleza consultiva de las autoridades estatales, dotado de autonomía técnica y de gestión, que integra la participación de los sectores social y privado en la formulación de recomendaciones para la elaboración de políticas publicas orientadas a impulsar el desarrollo económico y social del Estado de Jalisco” (artículo 1).
El Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco cuenta con atribuciones para: emitir recomendaciones u opiniones a efecto de que sean valoradas en el ejercicio de sus responsabilidades públicas, formular recomendaciones a los órganos públicos estatales respecto de proyectos de leyes o decretos o de propuestas de programas que tengan especial trascendencia en el desarrollo económico y social del Estado, y para ser consultado por las autoridades del Estado, así como por los municipios del Estado, sobre asuntos de desarrollo económico y social (artículos 2, 3 y 4).
El Consejo de Jalisco está integrado por 21 miembros divididos en tres grupos (artículo 11): 7 consejeros representantes del sector privado-empresarial (primer grupo), 7 consejeros representantes del sector social (segundo grupo) y 7 consejeros representantes del sector académico y de asistencia (tercer grupo). Los consejeros son designados por sus sectores y duran 4 años en su encargo con posibilidad de renovación (artículo 12).
En el caso del Distrito Federal, el 30 de diciembre de 2009 fue publicada en la Gaceta Oficial la Ley del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México, mediante la que se sentaron las bases para la creación, organización y funcionamiento de dicho órgano consultivo de la administración pública local en materia de crecimiento y desarrollo económico.
De conformidad con su Ley de creación, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México es un órgano consultivo y vinculante para el Gobierno del Distrito Federal en el diseño de estrategias y políticas públicas para el desarrollo, crecimiento económico, empleo y la justa distribución del ingreso y la riqueza.
El Consejo Económico y Social de la Ciudad de México cuenta con autonomía técnica y financiera. En su integración se da la participación a los sectores privado, social, público y académico. El Jefe de Gobierno funge como presidente honorario, seguido por 7 representantes respectivamente del sector empresarial, académico, civil y sindical, 4 de organizaciones de profesionistas especializados, 2 Diputados federales, 3 Diputados de la Asamblea Legislativa, los titulares de las Secretarías de Finanzas, Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Turismo, Educación, Medio Ambiente, Trabajo y Fomento al Empleo, así como el Director General del Instituto de Ciencia y Tecnología, y los 16 Jefes Delegacionales.
Cabe destacar que como funciones principales del Consejo Económico y Social de la Ciudad de México están las siguientes: analizar las propuestas sobre reactivación económica, promover políticas públicas en materia de desarrollo económico, generar recomendaciones respecto a iniciativas de ley, el Programa General de Desarrollo y el paquete presupuestal anual.
Para el ejercicio de sus funciones cuenta con un Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.
Es de destacarse también en el ámbito nacional la experiencia que arroja el Acuerdo Nacional por el Turismo, que en el año de 2010 firmaron el Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y la Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, junto con el sector empresarial, las organizaciones sindicales, los prestadores de servicios, y representantes de los tres órdenes de gobierno, el Poder Legislativo, universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales.
Como lo muestra la experiencia nacional e internacional cada vez es más común el reconocimiento de la necesidad de la participación ciudadana en tareas de desarrollo económico y social de los países. Ello mediante la creación de órganos consultivos que promueven y facilitan la participación de los agentes económicos y sociales. Dando así respuesta a la legítima aspiración de los ciudadanos para que sus opiniones y propuestas sean tomadas en cuenta a la hora de implementar las políticas públicas.
La Iniciativa de referencia es una expresión de democracia participativa, de democracia post liberal, de lo que en Europa se ha dado por denominar segundo circuito de ciudadanía, y que de acuerdo con el politólogo Benjamín Arditi parte de la idea de que “la política y el proceso democrático trascienden la idea de ciudadanía entendida como participación electoral y se expanden hacia la sociedad civil para constituir un nuevo escenario político, pero este escenario no es una alternativa al gobierno y a los partidos sino un terreno suplementario de la política… [que] puede ser visto como un segundo circuito de la política resultante de la diseminación de espacios y formatos de intercambio político en la sociedad civil, especialmente a través de los movimientos sociales, las ONG y los grupos de interés organizado”.
Se trata entonces de un segundo circuito de lo político que introduce instancias consultivas, procesales y resolutivas para institucionalizar las relaciones entre los organismos estatales y organizacionessociales; que no propone la sustitución del sistema de partidos sino que lo complementa; que permite a las organizaciones incidir en los temas de la agenda de las políticas públicas; que permite a los ciudadanos asignar recursos públicos conforme a sus intereses (presupuesto participativo), y que desarrolla un modo de relación directo entre organizaciones sociales y/o grupos de interés y las agencias gubernamentales, creando un circuito de intercambios políticos paralelo al de las instituciones de democracia representativa.
En estatesitura es donde se inserta esta iniciativa, aunque con sus propias peculiaridades de las que cabe resaltar las siguientes:
Se establece al Consejo Económico y Social de México como un órgano de consulta, asesoría, apoyo técnico y coordinación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos con el sector empresarial, las organizaciones sindicales, la academia, lasorganizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatales.
Se señalan como objetivos del Consejo Económico y Social de México: a) crear y fomentar la producción de bienes y servicios de alto valor agregado mediante cadenas de valor competitivas, b) aumentar la competitividad y el empleo en los sectores estratégicos de la economía de país, y c) consolidar las cadenas productivas en los sectores estratégicos.
Se fijan como sectores estratégicos de la economía mexicana al: energético, turístico, transporte, alimentario, farmacéutico, servicios, comunicación y telecomunicaciones, abasto, médico y de la salud, manufactura, logístico, agropecuario y demás.
Se establecen una serie de compromisos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, los sectores empresarial, social, las organizaciones sindicales, la academia, lasorganizaciones de la sociedad civil y los gobiernos estatales.
Se establece una organización del Consejo Económico y Social de México con base en 5 órganos internos: Asamblea General, Junta Directiva, Secretaría Técnica, Grupos de Trabajo, y Fondo para el Impulso de los Sectores Económicos Estratégicos de México.
En el Distrito Federal, estado del cual soy representante, la V Legislatura de la Asamblea Legislativa, de la que formé parte, se caracterizó por un fuerte impulso a la participación ciudadana, por abrir canales democráticos a las fuerzas ciudadanas para complementar a la democracia representativa con la democracia participativa. De modo tal que aprobamos una serie de leyes de gran calado en la materia de esta iniciativa como son la Ley del Consejo Económico y Social y la Ley de Participación Ciudadana. Mediante la primera, como se señaló párrafos arriba, creamos el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México como “una instancia de representación y participación económica y social, con carácter consultivo, propositivo y decisorio, que coadyuva con el Gobierno… en la rectoría del desarrollo integral y sustentable, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como en una más justa distribución del ingreso y la riqueza…”. Con la segunda reactivamos la participación organizada de la ciudadanía a través de los Comités Ciudadanos, los Consejos del Pueblo y los Consejos Ciudadanos Delegacionales; más importante aún, reconocimos jurídicamente por vez primera en el país la capacidad de los ciudadanos de decidir en forma anual sobre la forma en que se aplicará en sus colonias de residencia el 3% de los presupuestos delegacionales, es decir, instauramos el presupuesto participativo.
Con esta iniciativa refrendo mi compromiso y convicción respecto a la importancia y necesidad de incluir a la participación ciudadana en la toma de decisiones colectivas. La institucionalización del Consejo Económico y Social de México es un paso en esta dirección al erigir un ente en donde los órganos de gobierno y los representantes de los sectores empresarial, laboral, académico y organizaciones sociales puedan generar acuerdos que transformen la situación económica y social del país. Ello en el entendido de que México requiere con urgencia que gobierno y sociedad sumen sus esfuerzos. Lo que constituye por sí mismo un cambio de paradigma respecto a la forma en que el país se construye la estrategia de desarrollo, fortaleciendo la participación de l
De las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos, Primera, en relación con el proyecto de decreto que expedía la Ley del Consejo Económico y Social de México.