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Timestamp: 2014-10-22 09:32:41
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Matched Legal Cases: ['Artículo 119', 'Artículo 122', 'Artículo 223', 'Artículo 224', 'Artículo 1', 'Artículo 171']

La Relación entre Legalidad y Legitimidad en Bolivia
La Relación entre Legalidad y Legitimidad[>1] en Bolivia
Palabras clave : Bolivia ; América del Sur Gobernanza legal ; Gobernanza legítima Contenido
La Relación entre Legalidad y Legitimidad1 en Bolivia
La relación entre legalidad y legitimidad no es armoniosa; muchas veces las situaciones son legales pero no son legítimas. El triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS1) en las elecciones de 2005 en Bolivia, alcanzando casi un porcentaje del 54% de los votos, y la posterior ratificación del Presidente Morales en el referéndum revocatorio de 2008, por un 67%, plantea sin embargo la posibilidad de que legalidad y legitimidad coincidan. En la elección de Evo Morales en 2005 confluyeron varios factores que la hicieron posible: la institucionalidad democrática construida a partir de 1978, con permanentes modificaciones a las normas legales electorales; el desgaste del sistema de partidos vigente en Bolivia; la acumulación política del MAS, gestada en innumerables movilizaciones sociales. A partir de ello, tuvo lugar un uso alternativo del Derecho por el MAS, que le permitió llegar al poder, dando paso a una coincidencia entre legalidad y legitimidad.
El 10 de octubre de 1982, Bolivia retornó a la democracia, después de 18 años de gobiernos dictatoriales y/o de facto2 y de tres elecciones sucesivas (1978-1980). La Unidad Democrática y Popular (UDP)3 accedió al gobierno, bajo la presidencia de Hernán Siles Zuazo y la vicepresidencia de Jaime Paz Zamora, dando inicio al proceso democrático que continúa hasta hoy.
La imparable crisis económica iniciada varios años antes del ascenso de la UDP al gobierno, la permanente indefinición gubernamental de entonces, las pugnas y divisiones internas que se dieron en su seno, la actitud de permanente hostilidad de la Central Obrera Boliviana (COB) y el accionar de la mayoría parlamentaria del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y la Acción Democrática Nacionalista (ADN), forzaron –en noviembre de 1984– el acortamiento del mandato del presidente Siles, que se hizo efectivo el 6 de agosto del año siguiente, con la elección –en el Congreso- de Víctor Paz Estenssoro como Presidente de la República, que dio inicio a un modelo neoliberal de organización del Estado y la sociedad, que se prolonga hasta hoy.
Esta etapa de la historia de Bolivia puede examinarse de diversas maneras. En esta ocasión se examinarán, por un lado y brevemente, las modificaciones producidas en materia económica y, por otro, con alguna extensión mayor, las transformaciones en la institucionalidad democrática.
El modelo neoliberal en Bolivia
El 29 de agosto de 1985, se dictó el famoso Decreto Supremo Nº 21060, que instauró en Bolivia un sistema económico neoliberal, bajo la justificación de que Bolivia se moría y había que operarla de urgencia.
Libre flotación cambiaria, libre fijación de precios en el mercado, libre contratación, libre importación y exportación de bienes y servicios y libre competencia, fueron la base fundamental del modelo. Una drástica reducción del gasto público, despidos masivos de trabajadores de las empresas sobre todo públicas, achicamiento del Estado, privatización de empresas estatales y otras similares, fueron algunas de las medidas adoptadas en tales momentos.
La izquierda había sufrido una dura derrota en las elecciones del 14 de julio de 1985, quedando la resistencia al nuevo modelo en manos de la COB, organización sindical que declaró sucesivos paros, una huelga general indefinida y, finalmente, una huelga de hambre, que dio lugar a la imposición de un estado de sitio, detención y confinamiento de las principales figuras de la oposición y desarticulación de la resistencia al modelo. La detención y confinamiento de dirigentes hizo que las acciones se dirigieran a obtener su libertad, dejando de lado la protesta en contra del modelo impuesto.
El 15 de octubre de 1985, MNR y ADN –enfrentados en el momento de elegir al nuevo presidente- suscribieron el “Pacto por la Democracia”, dando inicio a una etapa de “democracia pactada”, que haría crisis veinte años después, en 2005, si bien es cierto que las primeras manifestaciones de la misma tuvieron lugar en 2000.
El programa de ajuste estructural aplicado privilegió aspectos macroeconómicos de estabilidad económica y control fiscal, y descuidó aspectos sociales, dando lugar a un desempleo y subempleo importantes, profundización de la pobreza, aumento de actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico, y crecimiento de la economía informal.
Las medidas adoptadas por el gobierno del MNR se orientaron a frenar el proceso hiperinflacionario que vivía Bolivia (26.000% de inflación acumulada entre enero y julio de 1985), vía una drástica reducción del gasto público: congelamiento de sueldos y salarios, eliminación de bonos, prohibición de incrementos salariales y de recontratación de personas despedidas o retiradas del Estado, supresión de la pulpería barata para los trabajadores mineros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL).
Con tinte económico, pero profundamente política, fue la aplicación de la “relocalización”, término eufemístico con el que se designó a lo que en realidad fueron despidos masivos de trabajadores. En COMIBOL, por entonces la más grande empresa estatal del país, la libre contratación y la relocalización, a las que se agregó la vigencia de beneficios “extralegales” para incentivar el retiro voluntario de los trabajadores, pagándoseles como si se tratara de despido intempestivo y la supresión de la pulpería barata, dio lugar a una drástica disminución del número de mineros, de 27.000 a 2.000, aproximadamente. Con los despidos de los trabajadores mineros de COMIBOL, la COB perdió su principal sustento que era la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) y con ello el poder con que contaba.
Posteriormente se adoptaron otras medidas como la creación del Fondo Social de Emergencia; el establecimiento de nuevas modalidades de relocalización, que terminaron por retirar al Estado de su participación en la economía; la Reforma Tributaria; privatización, primero y, más adelante, capitalización de las principales empresas estatales bolivianas, que pasaron a manos privadas: Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), Lloyd Aéreo Boliviano (LAB), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) y la Empresa Metalúrgica Vinto (ENAF).
El modelo adoptado en 1985 consiguió alcanzar índices macroeconómicos positivos, frenó en seco la hiperinflación, la inflación fue desde entonces y hasta 2008, de un solo dígito. Todo esto fue utilizado por los sucesivos gobiernos (Paz Estenssoro, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer y nuevamente Sánchez de Lozada) para hacer expresas las bondades del modelo instaurado en agosto de 1985.
En el ámbito social, podría señalarse la Ley de Participación Popular (abril de 1994) como uno de los instrumentos más importantes, que estableció una redistribución de los impuestos nacionales, a la vez que el reconocimiento de las denominadas “Organizaciones Territoriales de Base” (OTB): Juntas Vecinales en las ciudades y Comunidades Campesinas y Pueblos indígenas en el área rural.
Las reformas institucionales y políticas
En el ámbito institucional y político, se adoptaron también medidas de diferente tipo que, a diferencia de lo sucedido en lo económico, permitieron evidentes avances en la materia. En lo que sigue, se hace una referencia a las mismas, tomando como referente en el orden de su tratamiento, la jerarquía de las normas que las pusieren en vigencia.
En 1994 y 2004 tuvieron lugar reformas a la Constitución Política del Estado, de las cual se hace referencia a las siguientes: Diputaciones uninominales; creación del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura, Defensor del Pueblo; y la ruptura del monopolio partidista para la intermediación política.
Diputaciones uninominales
La mitad de los diputados que conformaban la respectiva cámara comenzaron a elegirse por circunscripciones uninominales y la otra mitad en circunscripciones plurinominales departamentales, de listas encabezadas por los candidatos a presidente, vicepresidente y senadores. La reforma constitucional de 1994, que incluyó esta medida, dispuso que si la distribución de escaños para cualquier departamento resultase impar, se daría preferencia a la asignación de escaños uninominales, razón por la cual existieron hasta las elecciones de 2005, 68 diputaciones uninominales y 62 plurinominales.
Esta fórmula abrió la posibilidad de que personas individuales conocidas en diferentes ciudades y departamentos del país, pudiesen participar en elecciones nacionales y postularse a alguna diputación uninominal, aunque en el momento de ponerse en vigencia la reforma, debían hacerlo vía partido político; su postulación a través de las agrupaciones ciudadanas, tuvo lugar más adelante, en ocasión de la siguiente reforma constitucional.
Creación del Tribunal Constitucional, Consejo de la Judicatura y Defensor del Pueblo
El Artículo 119 de la Constitución reformada en 1994 creó el Tribunal Constitucional como órgano encargado del control de constitucionalidad, independiente y sometido sólo a la Constitución, dejando atrás el sistema de control difuso de la constitucionalidad, que tenía en la Corte Suprema el ente encargado de llevarlo a efecto. La reforma constitucional se completó en 1998, con la promulgación de la Ley Nº 1836, del Tribunal Constitucional.
El Consejo de la Judicatura se estableció en el Artículo 122 de la Constitución, como órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial, encargado además de la proposición de ternas para la designación de Ministros de la Corte Suprema, Vocales de Cortes Superiores, Jueces, Notarios y Registradores de Derechos Reales. La intención fue evitar la evidente influencia que los políticos (sobre todo oficialistas) tenían en la conformación del Poder Judicial. También en 1998, se promulgó la Ley Nº 1817, del Consejo de la Judicatura.
Por último, en los Artículos 127 y siguientes de la Constitución, se estableció la vigencia del Defensor del Pueblo, como alto comisionado del Poder Legislativo, encargado de velar por la vigencia y el cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en relación a la actividad administrativa de todo el sector público, así como de la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos. La Ley Nº 1818, del Defensor del Pueblo, se promulgó igualmente en 1998
La ruptura del monopolio partidista
En la reforma de 2004, el texto del Artículo 223 de la Constitución Política del Estado sufrió una importante reforma. Antes de ello establecía que la representación popular se ejercía por medio de los partidos políticos y los frentes o coaliciones formadas por éstos, autorizando a las agrupaciones cívicas representativas de las fuerza vivas, con personería jurídica reconocida, a participar en elecciones formando parte de los frentes o coaliciones, y postulando sus candidatos a presidente, vicepresidente, senadores, diputados o concejales.
En los hechos, la representación política era monopólicamente partidista y sólo los Comités Cívicos, tradicionalmente alineados a la derecha, podían participar “desde afuera”, pero en alianza con los partidos políticos o los frentes o coaliciones conformados por éstos.
Desde 2004, la representación popular se ejerció no sólo a través de los partidos políticos, sino también de las agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas. Por disposición del Artículo 224 de la Constitución, todos ellos pueden presentar sus candidatos en elecciones generales y/o municipales.
La reforma constitucional de 1994 introdujo en el Artículo 1 la caracterización de Bolivia como país multiétnico y pluricultural y dispuso el reconocimiento, protección y respeto, en el marco de la ley, de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan el territorio de Bolivia, dando especial énfasis a los referidos a sus Tierras Comunitarias de Origen (TCO) y a la aplicación de normas de sus sistemas jurídicos, siempre y cuando no fuesen contrarias a la Constitución y las leyes (Artículo 171).
Otras normas, como las Leyes Nº 1777 (Código de Minería); 1700 (Ley Forestal) o la 1689 (Ley de Hidrocarburos), reconocieron también el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras comunitarias de origen, en consonancia con el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por último, la Ley Nº 1554, de Participación Popular, también reconoció a los pueblos indígenas y a sus autoridades, en los marcos de su regulación. Todo ello se añade a la consideración de los pueblos indígenas como sujetos políticos, en los términos señalados líneas arriba.
Aquí habría que volver de manera más analítica sobre las consecuencias de estos ejemplos sobre la relación en Bolivia de la legalidad y de la legitimidad, definiendo anteriormente estos términos comparativamente.
Los cambios que se han señalado fueron adoptados por gobiernos neoliberales, conscientes seguramente de la importancia que tenía la adopción de los mismos en orden a la pervivencia del modelo. Fueron, sin embargo, instrumentos que permitirían, años después, el triunfo del MAS y la confluencia entre legalidad y legitimidad.
Los procesos políticos bolivianos, en épocas de democracia, se desarrollaron en los marcos de una Ley Electoral que en el período que se analiza, mereció diversas modificaciones.
En 1978, año del primer proceso electoral después de las dictaduras y los gobiernos de facto, estaba en vigencia una Ley Electoral que establecía la vigencia de papeletas separadas para cada partido político o frente que participaba en las mismas, lo que dio lugar, sobre todo durante los gobiernos del MNR (1952 – 1964), a fraudes electorales a favor del partido gobernante.
En 1979, luego de producido un descarado fraude que pretendió favorecer al candidato del Gral. Banzer, Juan Pereda Asbún (candidato de la Unión Nacionalista del Pueblo –UNP), se adoptó la modalidad de la papeleta multicolor y multisigno,4 lo que constituyó un evidente avance en la materia, que se mantiene hasta la fecha.
En cuanto a la distribución de diputados, la norma que se menciona disponía que el partido que obtuviese el primer lugar en un departamento, llevaría consigo 4/5 de los diputados asignados al mismo, y el segundo, el restante 1/5. Con esta modalidad, en la práctica el parlamento –en sus dos cámaras- estaba conformado prácticamente por representantes de los partidos que obtuvieron el primer y segundo lugar en la votación nacional, con clara predominancia del que ocupaba el primer lugar. Los casos de participación de diputados de otras fuerzas políticas, eran muy raros.
A partir de 1979, se fueron estableciendo nuevas formas de distribución de las diputaciones, como por ejemplo la cifra repartidora, la doble cifra repartidora, el sistema D’Hont de divisores impares y, en la actualidad, el sistema D’Hont de números naturales, que se aplica para las diputaciones plurinominales. Las diputaciones uninominales se eligen por simple mayoría de votos.5
La adopción de estas formas de distribución de diputaciones, permitió que partidos minoritarios pudiesen acceder a la Cámara de Diputados, dejando atrás la excluyente distribución anterior, que sólo favorecía a las fuerzas más numerosas. Este es, ni duda cabe, otro avance importante en materia de democracia.
Gracias a los acuerdos de febrero de 1991, alcanzados entre los principales partidos políticos de entonces (MNR – ADN – MIR), se lograron otros avances en materia electoral, que se tradujeron en la aprobación de la Ley Electoral que estableció un órgano electoral independiente, la transferencia del Registro Civil a control de la Corte Electoral, la creación del Registro Unico Nacional (RUN) y la definición de que los resultados de las mesas electorales no podían ser modificados por nadie con posterioridad al escrutinio.
En virtud de estos acuerdos, la Corte Nacional y las Cortes Departamentales Electorales fueron conformadas por personajes de reconocida idoneidad y honestidad, que pudieron actuar con total independencia en los sucesivos procesos electorales.
Fruto de los acuerdos de 1992, se dio paso a la constitucionalización de los dos tercios para la elección de las Cortes Nacional y Departamentales Electorales, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Defensor del Pueblo,6 determinación que exigía concertación entre las principales fuerzas políticas para la conformación de dichas instancias.
Las reformas señaladas permitieron avances importantes en materia de institucionalidad y de participación de los ciudadanos en procesos electorales. Se superó el fantasma del fraude electoral, se conformó el órgano electoral y otras instancias estatales con los mejores ciudadanos, se eliminó el monopolio partidista en los procesos electorales.
Sin embargo, estas reformas se tornaron insuficientes frente a aspectos que, en algunos casos sin formar parte del ámbito político y en otros sí, determinaron la insurgencia popular que a partir del año 2000 tuvo lugar en Bolivia.
En efecto, la participación de la población quedó circunscrita a los procesos electorales, en los cuales, además, los partidos neoliberales (MNR, ADN, MIR, UCS, NFR), que contaban con importantes recursos económicos financieros, manipularon a la población otorgándole regalos como cuadernos, bolígrafos, camisetas, poleras y otros similares a cambio de su voto. La democracia pactada se convirtió en democracia para la distribución de cargos (pegas) entre los militantes de los partidos políticos mayoritarios y sus amigos, compadres y parientes. La prebenda y la deshonestidad se hicieron comunes en los partidos y esto, sin duda, generó una decepción en la población. El descontento generalizado que se fue instalando recibió, además, otro ingrediente para su desarrollo, expresado en la poca y/o insuficiente atención que los distintos gobiernos prestaron al tema social.
La dualidad del proceso político boliviano
A partir de 1985, Bolivia vivió una suerte de dualidad en sus procesos políticos. Por una parte, los partidos que expresaban el modelo neoliberal alcanzaban la victoria en las urnas, llegando a porcentajes de hasta el 70%, sumando los votos obtenidos por cada uno de ellos; pero, por otra, las diferentes organizaciones sociales que actuaban en el país, representando los intereses y derechos de las mayorías desplazadas que habitaban tanto en las ciudades como en el área rural, se volcaban a las calles para expresar su protesta por las medidas adoptadas por los gobiernos y para exigir a viva voz sus reivindicaciones. De este ámbito corporativo – reivindicativo, pasaron más adelante a las acciones de corte evidentemente político.
Los resultados de las elecciones generales realizadas en el período comprendido entre loa años 1985 a 2002, muestran que MNR, ADN y MIR, los principales partidos que expresaban de una u otra manera el modelo neoliberal vigente desde la puesta en vigencia del ya mencionado Decreto Supremo Nº 21060, a los que se añadieron posteriormente otros como la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), Nueva Fuerza Republicana (NFR) y la propia Conciencia de Patria (CONDEPA) alcanzaban para sí un alto porcentaje de la votación, como se muestra en el siguiente cuadro:
PARTIDO19851989199319972002Observaciones
MNR30,3625,6535,5618,2022,46
ADN32,8325,2421,0522,263,40
MIR10,1821,83***16,7716,32En 1993, el MIR participó en alianza con ADN
CONDEPA-------12,2514,2917,160,37CONDEPA no participó en 1985
NFR[note 7]----------------------------20,91NFR no participó en 1985, 1989, 1993 y 1997
MAS----------------------------20,94MAS no participó en 1985, 1989, 1993 y 1997
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Mesa Gisbert, Carlos Derpic: “Presidentes de Bolivia. Entre urnas y fusiles”.
En las elecciones de 1985, los partidos que expresaban el neoliberalismo alcanzaron el 73,37 de la votación; en 1989, el porcentaje de votos obtenidos por el MNR, ADN y MIR llegó al 72,72%; en 1993, al 56,61; en 1997, al 57,23, aunque en este porcentaje podría incluirse el obtenido por CONDEPA que, finalmente, formó parte de la megacoalición, con lo que la cifra sería del 74,39; en 2002, el 42,18.
El voto popular, como se ve, favorecía a las expresiones neoliberales y, aunque ninguno de los partidos obtuvo por sí solo un porcentaje que le permitiese llegar al gobierno y alcanzar gobernabilidad, estos partidos se daban modos para llevar adelante su proyecto. Tan sólo CONDEPA en las elecciones de 1989, 1993 y 1997, en un proceso “in crescendo”, parecía poner en riesgo esta hegemonía, pero su participación en la megacoalición que apoyó a Banzer terminó con cualquier ilusión al respecto. El Movimiento al Socialismo (MAS) hizo su aparición “peligrosa” en 2002, cuando obtuvo el segundo lugar.
En 1985, aunque no hubo co-gobierno, MNR y ADN suscribieron el “Pacto por la Democracia”, por el cual alcanzaron mayoría parlamentaria para la puesta en vigencia de normativa que ponga en ejecución el modelo neoliberal, así como para la ejecución de tareas de fiscalización del Poder Ejecutivo e incluso para la aprobación de los estados de sitio que se dictaron en 1985 y 1986.
En 1989, contra todo pronóstico y pese a que ocupó el tercer lugar en las elecciones, fue elegido Presidente Jaime Paz Zamora, que gobernó respaldado por el “Acuerdo Patriótico” conformado por MIR y ADN, con amplia mayoría parlamentaria.
En 1993, el MNR, liderado ya por Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue su candidato a Presidente, concurrió a las elecciones en alianza con el Movimiento Revolucionario Tupaj Katari - Liberación (MRTK-L), liderado por el intelectual aymara Víctor Hugo Cárdenas, que fue finalmente elegido como Vicepresidente de la República. Luego del acto eleccionario, el MNR conformó una coalición con Unión Cívica Solidaridad (UCS) del empresario cervecero Max Fernández Rojas y con el Movimiento Bolivia Libre (MBL), liderado por Antonio Araníbar Quiroga.
En 1997, ADN –encabezada por Hugo Banzer Suárez- ganó las elecciones y conformó gobierno en coalición con el MIR, UCS y CONDEPA. La cantidad de siglas que conformaron la coalición, así como el número de votos que representaban, dio lugar a que esa coalición se denomine “megacoalición”.
En 2002, el MNR alcanzó el primer lugar, el MAS el segundo, NFR el tercero y el MIR el cuarto. Luego del triunfo de la UDP en las elecciones de 1980 y de 20 años de democracia, era la primera vez que un partido no alineado en el neoliberalismo alcanzaba una votación importante, superior al 20%.
Además de lo señalado, no debe olvidarse que las movilizaciones sociales en contra de las medidas neoliberales estuvieron siempre presentes en las calles. A un inicio fue la COB la que vanguardizó las mismas y, al perder poder ésta, otras organizaciones sindicales, vecinales, indígenas y campesinas tuvieron a su cargo la realización de movilizaciones en contra de las medidas gubernamentales. Es interesante anotar que las medidas adoptadas por estas organizaciones, contaban con fuerte presencia y respaldo de la población.
El sistema de partidos políticos de Bolivia, que funcionó en la lógica brevemente descrita en líneas precedentes, entró en crisis, dando paso a un proceso de acumulación que, en definitiva, permitió al MAS llegar al poder en 2005.
Esta crisis puede expresarse en varios aspectos: Representatividad, falta de credibilidad, pactos partidarios y escándalos de corrupción.8
Los partidos políticos defraudaron las expectativas de la población al no ser capaces de solucionar sus problemas básicos, con lo que dejaron de constituirse en sus representantes. Otros órganos, como las Juntas Vecinales, Sindicatos, Comités Cívicos, Federaciones, ocuparon el lugar dejado por los partidos políticos.
Las permanentes promesas incumplidas por los partidos políticos, hizo de ellos una de las entidades con menor credibilidad entre la población boliviana, que vio cómo los movimientos sociales se constituían paulatinamente en instrumentos más creíbles para la solución de sus problemas.
La imposibilidad de los partidos políticos de alcanzar la mitad más uno de los votos que exigía la Constitución vigente hasta hace poco, los llevó a la celebración de pactos de lo más diversos.9 Estos pactos repercutieron negativamente en la imagen de los partidos, porque como consecuencia de ellos, resultaba elegido como presidente y/o vicepresidente de la República, una persona a quien la población no había votado;10 y porque se hicieron, las más de las veces, para que el poder y los cargos sean distribuidos entre los militantes de los partidos pactantes.
La corrupción, por último, fue una constante en la época que se analiza, no sólo por la mencionada distribución de cargos, sino porque quienes llegaban a ellos, lo hacían para llenar sus bolsillos y no para construir nada que beneficie al país ni a sus habitantes.
El MAS y sus cualidades
El MAS, contrariamente a lo que hacían los demás partidos políticos, fue apareciendo paulatinamente como un partido que representaba a la mayoría de la población y que era capaz de cumplir con sus promesas. Evo Morales dio varias muestras de compromiso y renuncia por sus ideales, lo que le valió el apoyo de la población. El MAS se mostró, entonces, como una alternativa en la que se podía confiar.
Por otro lado, la figura de Evo Morales representaba a las mayorías tradicionalmente excluidas de los procesos de toma de decisiones en Bolivia. Ni siquiera los partidos de izquierda habían sido capaces de permitir a los indígenas y campesinos ascender dentro de sus estructuras,11 cosa que sí era visible en el MAS.
Por último, dos circunstancias coyunturales potenciaron al MAS. El desafuero de Evo Morales en 2002, que más allá de los acontecimientos producidos en Sacaba que terminaron con la muerte de tres campesinos, tres militares y un policía, fue entendido como una imposición de la embajada de EE.UU. y de la denominada “clase política boliviana”. Luego de ser desaforado, Morales dijo: “No fui expulsado por corrupto, delincuente ni por ser paramilitar. Me siento orgulloso de que la clase política corrupta me expulse”.
La segunda circunstancia está referida a que un poco después de su desafuero, a pocos días de las elecciones de 2002, el embajador norteamericano en Bolivia, Manuel Rocha, llamó a la población boliviana a no votar por Evo Morales, advirtiendo que si era elegido presidente, pondría en riesgo la ayuda de EE.UU. a Bolivia. Esta intromisión permitió un ascenso evidente en la preferencia electoral del MAS en los comicios de 2002.
Finalmente, el MAS cosechó los frutos de la debacle del sistema de partidos y del descontento popular, ganando ampliamente las elecciones de diciembre de 2005 y alcanzando un porcentaje cercano al 54% de los votos, con lo que Evo Morales se convirtió en el primer candidato elegido directamente por votación popular y no en el Congreso, desde el retorno al sistema democrático en 1982. Los presidentes elegidos desde 1982 hasta 2005, lo fueron en el Congreso, como fruto de acuerdos políticos: Siles Zuazo (1982), Paz Estensoro (1985), Paz Zamora (1989), Sánchez de Lozada (1993), Banzer (1997) y nuevamente Sánchez de Lozada (2002).
El uso alternativo del Derecho por parte del MAS
Desde hace mucho tiempo existen, entre otras, dos posiciones en materia de relación entre el Derecho y lo social. Una, que señala que mientras mejores leyes tenga un país, mejores serán las condiciones en que vivan sus habitantes. La otra, que ve en el Derecho solamente un instrumento de opresión de la clase dominante.
Respecto de la primera, basta señalar que en muchos lugares del mundo existen leyes que pueden ser catalogadas como muy buenas o excelentes, lo cual no trae como consecuencia automática el que las personas vivan mejor. No hace falta mayor fundamentación para demostrar que ésta es una pretensión sin asidero real, asentada en un secante positivismo jurídico.
Respecto de la segunda, hay que convenir que también la práctica ha demostrado que existen, por una parte, varias normas que favorecen de manera expresa a los sectores desposeídos, porque entre otras cosas son fruto de la lucha de ellos mismos por conseguir que se las ponga en vigencia; y, por otra, que aquellas otras normas que tienen un aparente carácter “neutro”, pueden ser utilizadas políticamente en un sentido inverso al que sus autores quisieran.12 Sustento teórico de este planteamiento se encuentra en el concepto de “bloque histórico” de Gramsci, desarrollado por abogados como Perfecto Andrés Ibáñez en España y Jesús Antonio de la Torre Rangel y Amado Bravo, entre otros, en México. DAR BIBLIOGRAFÍA13
El MAS usó alternativamente el Derecho, pues su ascenso al poder en enero de 2006 fue consecuencia de la utilización de la normativa electoral a la que se hizo referencia anteriormente y que fue puesta en vigencia durante gobiernos neoliberales. De carácter aparentemente “neutro”, dicha normativa había sido puesta al servicio de los partidos políticos que llevaron adelante el modelo neoliberal, pero pudo ser aprovechada por el MAS, convertido en el único órgano político contrario a dicho modelo, por lo menos en teoría.
Y no sólo usó de este Derecho en ocasión de las elecciones de 2005, sino también en las de 2006, en las cuales se eligieron constituyentes para la conformación de la Asamblea Constituyente que funcionó en Bolivia entre 2006 y 2007; y en otros eventos electorales anteriores a la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009.
La confluencia entre legalidad y legitimidad
El porcentaje alcanzado por el MAS en las elecciones de 2005 fue el más alto desde el 10 de octubre de 1982, en que se produjo la reconquista de la democracia en Bolivia. Lo mismo ocurrió con las elecciones de constituyentes en 2006, el referéndum revocatorio de 2008 y el convocado para la aprobación del nuevo texto de Constitución Política del Estado en enero de 2009.14 Encuestas que se realizan ya con miras a las elecciones generales del 6 de diciembre del 2009, dan también al MAS el primer lugar en las preferencias electorales, muy por encima de quienes se ubican en segundo lugar.
Detrás del presidente Morales se encuentra el grueso de la población boliviana que a lo largo de muchos años fue marginada del proceso de toma de decisiones e incluso de la participación simple y llana en proceso electorales. Los excluidos de antes se sienten ahora representados y ello se ha expresado en que, a diferencia de muchas otras oportunidades, ha confluido legalidad y legitimidad para la conformación del poder político en Bolivia.
Esto es evidente porque, por un lado, los que en el pasado tomaban las decisiones, como la oligarquía cruceña que alineó a un sector de la población detrás de la propuesta autonomista, no encuentran ahora posibilidades de profundizar sus propuestas, en tanto los pobres son escuchados por el gobierno, si bien es cierto que no existe un proceso de plena participación y toma de decisiones por parte de las bases, sino que el mismo está en manos de los dirigentes de los movimientos sociales.
La confluencia entre legalidad y legitimidad se da en el hecho de que la mayoría de la población respalda al gobierno, que llegó a dicha situación mediante la utilización de la legalidad vigente.
Lo que pase más adelante, con la pretensión gubernamental de imponer un ordenamiento jurídico electoral a su medida, que haga prácticamente inviable la existencia de oposición en Bolivia, no corresponde al presente documento. Tan sólo reconocer que, en el período 2005-2009, se produjo esa coincidencia entre legalidad y legitimidad que, la mayoría de las veces, suele mostrar a ambas como opuestas.
Oscar Correas, filósofo del Derecho argentino radicado en México, se refiere al Derecho como un discurso prescriptivo producido por quien detenta el poder. Con ello, Correas sale de los marcos del marxismo dogmático, que ve en el Derecho tan sólo un instrumento de opresión que favorece a la clase dominante, que además lo produjo, y admite la posibilidad de que sean los excluidos los que, ejerciendo aunque sea precariamente el poder, puedan producir un ordenamiento jurídico que sea también legítimo, en la medida en que responda a los intereses de la mayoría y no de unos cuantos.
En definitiva, la resistencia al modelo neoliberal en Bolivia, originada en el mismo momento en que se puso en vigencia el Decreto Supremo Nº 21060 y que hizo eclosión a partir del año 2000, la crisis del sistema de partidos y la “normativa político-electoral” puesta en vigencia a partir de finales de la década de los ’70, fueron utilizadas por el MAS para llegar al poder, dando paso a una coincidencia entre legalidad y legitimidad.
1 Por legitimidad se entiende aquella capacidad de ser obedecido sin recurrir a la coacción, en tanto la legalidad es el medio por el que un hecho se impone por la fuerza de autoridad.
2 Boliviano y militante de la democracia y los derechos humanos, Carlos Derpic es abogado, ex adjunto al Defensor del Pueblo, profesor en La Paz de la Universidad Católica Boliviana, de la Universidad Mayor de San Andrés y de la Universidad La Salle.
3 Véase al final del documento la explicación de las siglas.
4 Se denomina gobierno “de facto” a aquel que no es producto de un proceso electoral. Los gobiernos de Alfredo Ovando Candia (26-09-69/07-10-70) y de Juan José Tórrez (07-10-70/21-08-71), fueron de facto pero no tuvieron carácter dictatorial, pese a las contradicciones del primero.
5 La UDP estuvo conformada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB).
6 Esta papeleta lleva los colores, fotografías y nombres de todos los candidatos a Presidente y Vicepresidente. Antes de su utilización, cada partido o frente tenía una papeleta exclusiva.
7 Hasta 1979 las diputaciones se distribuían en 4/5 para el ganador y 1/5 para el segundo, lo que excluía a muchas fuerzas minoritarias. El sistema D’Hont de números naturales consiste en dividir sucesivamente el total de votos válidos entre 1, 2, 3, etc., otorgando un diputado a cada partido que obtenga el cociente respectivo, hasta agotar el número de diputaciones que se asigna por departamento.
8 Según la Constitución vigente hasta el 7 de febrero de 2009, sólo los ministros de la Corte Suprema de Justicia debía ser elegidos por dos tercios de los miembros del Congreso, en tanto los otros sólo por dos tercios de los miembros presentes en el momento de la sesión respectiva.
9 NFR es la sigla de Nueva Fuerza Republicana, partido encabezado por el ex-militar y ex-alcalde de Cochabamba Manfred Reyes Villa.
10 Los planteamientos que siguen se basan en Derpic, Ana. Estudio de la Ley de Agrupaciones Ciudadanas y su aplicación en el sistema electoral boliviano. Tesis de Grado, Universidad Católica Boliviana, La Paz, 2005.
11 En 1989 el pacto fue entre ADN y MIR; en 1993, entre MNR – MRTK-L, UCS y MBL; en 1997 entre ADN, MIR, UCS y CONDEPA; en 2002 entre MNR, MIR y NFR.
12 Así ocurrió, por ejemplo, cuando fue elegido el Dr. Víctor Paz Estenssoro en 1985, con los votos del MIR, a cambio de la presidencia de la Cámara de Diputados; o cuando se eligió como presidente a Jaime Paz Zamora, tercero en la votación general, con el apoyo de ADN - en qué fecha?
13 El PCB, el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), el MIR y otros partidos, tenían en sus cúpulas a representantes de las clases media o alta y nunca a campesinos o indígenas.
14 En realidad toda norma responde a determinados intereses, pero el Derecho Moderno se elabora con un aparente carácter de universalidad, de neutralidad, de igualdad, cuando en los hechos no sucede lo que la norma manda. Sin embargo, el carácter formal “neutro” hace que la norma pueda ser usada políticamente en sentido inverso al que le dieron sus autores.
15 Cfr. De la Torre Rangel, Jesús Antonio y Bravo, Amado. Posibilidad y Sentido del Uso del Derecho al servicio del pueblo. Revista Christus, México, 1982.
16 El referéndum revocatorio de 2088 tuvo carácter inconstitucional, al no estar contemplado en la anterior Constitución Política del Estado; y el proceso de aprobación del nuevo texto constitucional adoleció de varias anormalidades que no se examinan en esta oportunidad.
ADN Acción Democrática Nacionalista, partido de Hugo Banzer Suárez.
COB Central Obrera Boliviana, el más grande e importante sindicato de Bolivia. Agrupaba a trabajadores, campesinos y clases medias empobrecidas.
COMIBOL Corporación Minera de Bolivia, principal empresa estatal boliviana hasta 1985. Dedicada a la minería.
CONDEPA Conciencia de Patria, partido de Carlos Palenque Aviles
EE.UU. Estados Unidos.
ENAF Empresa Nacional de Fundiciones.
ENFE Empresa Nacional de Ferrocarriles.
ENTEL Empresa Nacional de Telecomunicaciones.
FSTMB Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia.
LAB Lloyd Aéreo Boliviano, empresa de aeronavegación.
MAS Movimiento al Socialismo, partido del Presidente Evo Morales Aima.
MBL Movimiento Bolivia Libre, partido de Antonio Aranibar Quiroga
MIR Movimiento de la Izquierda Revolucionaria, partido de Jaime Paz Zamora.
MNR Movimiento Nacionalista Revolucionario, partido de Víctor Paz Estensoro y Gonzalo Sánchez de Lozada.
MNRI Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, partido de Hernán Siles Zuazo.
MRTK-L Movimiento Revolucionario Tupaj Katari, partido de Víctor Hugo Cárdenas.
NFR Nueva Fuerza Republicana, partido de Manfred Reyes Villa.
OIT Organización Internacional del Trabajo.
OTB Organización Territorial de Base.
PCB Partido Comunista de Bolivia., Formó parte de la UDP
RUN Registro Unico Nacional.
TCO Tierra Comunitaria de Origen.
UCS Unión Cívica Solidaridad, partido de Max Fernandez Rojas.
UDP Unidad Democrática y Popular, que presidió el Dr. Hernán Siles Zuazo.
UNP Unión Nacionalista del Pueblo, partido de efímera duración en la década de los 70.