Source: http://asecominn.blogspot.com/2013/01/
Timestamp: 2018-06-24 05:08:12
Document Index: 113200279

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 21', 'artículo 90', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 93', 'artículo 21', 'artículo 22']

ASECOMINN, S.L.: enero 2013
La ligitiosidad promovida por los concejales y la ejecución de las sentencias declarativas
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Instrucciones sobre buenas prácticas para la gestión de las contratas de servicios para no incurrir en fraude del personal
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Una reforma local con sentido
En el segundo, el político, está la falta de participación ciudadana y su inmediata consecuencia: la creciente deslegitimación de los concejales y alcaldes. El marco normativo que contempla nuestro ordenamiento para la participación política se conformó hace treinta años dando un gran poder a los partidos políticos para poder arrancar nuestro entonces incipiente sistema democrático. Las normas sirven a su tiempo y circunstancias y han de ir evolucionando. Ahora se trata de trasvasar poder de decisión de los partidos y los ayuntamientos a los vecinos. Nos referimos a poder de decisión, no a participación sin vinculación para el Ayuntamiento, como puede ocurrir ahora por ejemplo en los presupuestos participativos que se ponen en marcha en algunas ciudades. El problema no es que la gente no quiera saber nada de los problemas de su ciudad, el problema es que la gente para poder participar ha de pasar por la militancia en unos partidos, hoy bastante desprestigiados. Salvar esta situación y fomentar la participación, de modo que para ello los ciudadanos no tengan que colocarse en situaciones partidistas, de “frentismo” ideológico y de antagonismos políticos propios de niveles estatales, requiere de listas abiertas y de consultas directas a los ciudadanos. Las listas abiertas permiten que cada vecino pueda dar su voto y ordenar sus preferencias atendiendo a personas. La decisión de quién es mejor dentro de una lista la toman los electores, no los partidos. Esto obligaría a los elegidos a trabajar juntos, en los problemas concretos, a los mejores de cada lista; teniendo que abandonar el “frentismo” politico y partidista de ahora, mas propio del Duelo a Garrotazos de Goya que de voluntad real de resolver los problemas de la gente de cada ciudad.
De otra parte, las consultas a los ciudadanos deben ser algo normal para la toma de decisiones de cuestiones importantes para la ciudad. Estas consultas han de venir promovidas tanto por la propia corporación o parte de sus miembros, como por un porcentaje de ciudadanos que con su firma obliga a la corporación a efectuar una consulta, ya sea en orden a iniciativas a desarrollar en el consistorio, o para someter a consulta la aplicación de acuerdos adoptados por el ayuntamiento; por ejemplo, los sueldos de concejales y alcaldes. Para quienes consideren que estas propuestas pueden rayar lo anarquico les sugiero que se ilustren sobre el modelo de administración local en la poco sospechosa Suiza. Un país con algo menos de ocho millones de habitantes, mas de dos mil municipios, listas abiertas y donde las consultas ciudadanas son algo habitual. Es muy recomendable en este sentido la lectura del libro de Daniel Ordas, España se Merece Democracia Directa.
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Las relaciones de puestos de trabajo no están sujetas a los límites que fija la Ley de Presupuestos Generales para 2013
La recién aprobada Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2013, publicada en el BOE de 28 de diciembre, se ocupa como siempre de establecer el límite máximo de incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público. En esta ocasión, el artículo 22 Dos, dispone, en términos similares a la precedente LPGE para 2012, la “congelación” de las retribuciones, por cuando las mismas no experimentarán incremento con respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012:
Dos. En el año 2013, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2012, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo, y sin tenerse en cuenta la reducción aprobada por el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio.
La anterior previsión legal tiene una incidencia directa e inmediata sobre la aprobación de los Presupuestos de las distintas Entidades Locales para el ejercicio 2013, puesto que viene a condicionar la política retributiva en materia de personal de las distintas Administraciones Locales, y son frecuentes tanto las objeciones internas planteadas por los funcionarios con responsabilidades en esta materia -Interventores, Secretarios o Jefes de Recursos Humanos-, como las impugnaciones posteriores, tras la aprobación, por parte de las Delegaciones o Subdelegaciones del Gobierno.
Ahora bien, partiendo de que la anterior limitación retributiva, la cuestión es la siguiente: ¿las limitaciones que fija la Ley de Presupuestos Generales del Estado afectan a la relación de puestos de trabajo, o instrumento similar, en el sentido de que la misma queda condicionada por el incremento máximo permitido?.
Y frente a lo que se suele considerar con relativa frecuencia, la respuesta que viene dando el Tribunal Supremo ha sido negativa, en el sentido de declarar que no cabe imputar al acuerdo que aprueba la relación de puestos de trabajo el no respetar el límite retributivo fijado en la LPGE.
En efecto, a través de una doctrina jurisprudencial que se inició en 2008 y que ha contado recientemente con diversos pronunciamientos confirmatorios, el Supremo ha destacado la distinta naturaleza que tiene el Presupuesto municipal y los anexos de personal o relación de puestos de trabajo que, si bien forman parte de la documentación que acompaña a los Presupuestos, constituyen realidades distintas.
Así lo pone de manifiesto la reciente Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo contencioso-administrativo) de 20 de mayo de 2011, que partiendo de esta distinta naturaleza del Presupuesto y los anexos de personal, declara que el documento que ha de respetar el incremento de retribuciones de los funcionarios de Administración local que establece anualmente la Ley de Presupuestos del Estado es el Presupuesto municipal, y no otro. Y que por tanto, no cabe imputar al acuerdo que aprueba la relación de puestos de trabajo –en este caso Anexo de personal- el no respetar el límite retributivo fijado en la LPGE:
F.J. 3º
«La sentencia desestima el recurso, porque sigue la doctrina fijada por la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de julio de 2008 ( RJ 2008, 6773) , dictada en el recurso de casación 3.218/2004 , Ponente D. Jose Diaz Delgado. Según la cual, el documento que ha de respetar el incremento de retribuciones de los funcionarios de Administración local que establece anualmente la Ley de Presupuestos Generales del Estado, es el presupuesto municipal, y no otro. Por ello dice esa sentencia: “En consecuencia, es posible que la RPT no se ejecute en su totalidad en el ejercicio presupuestario, precisamente por los límites previstos en los presupuestos o por otras circunstancias.” Por ello, para la sentencia citada del Tribunal Supremo y obviamente para la sentencia aquí recurrida, puede ocurrir que la RPT que contiene las retribuciones complementarias como el complemento específico, no se ejecute en un solo año, en el año en que se aprueba, sino que se puede diferir en dos o más años, por lo que, no cabe imputar al acuerdo aprobatorio de la RPT el no respetar el límite de incremento de retribuciones fijado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
(…) El hecho de que la RPT sea parte de la documentación acompañada a los presupuestos del Ayuntamiento, no basta para negar la distinta realidad jurídica de esa relación y los presupuestos mismos, que es la tesis de la que parte la Sentencia recurrida y la de este Tribunal, cuya doctrina aquella siguió. En todo caso se echa en falta una argumentación convincente en la que pudiera justificarse que la distinción referida sea como dice el recurrente “un argumento formalista” y, lo que es más, que ese argumento formalista no sea aceptable. La diferenciación entre la índole jurídica de dos instrumentos normativos no puede tacharse en modo alguno de “argumento formalista”, ni cabe tachar la referencia a tal diferenciación de modo de evitar el “pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo que aprueba la RPT”.
La sentencia recurrida no ha evitado pronunciarse sobre la legalidad del acuerdo que aprueba la RPT, sino que lo hace de modo inequívoco, sobre la base no desvirtuada en el recurso de casación, de que el vicio de legalidad que el Abogado del Estado le imputaba no le era imputable.”
Reitera la anterior doctrina la Sentencia del Supremo de 30 junio 2011 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 7ª):
(…) El instrumento normativo que debe respetar el límite fijado para el incremento global de las retribuciones del personal no son las Relaciones de Puestos de Trabajo, cualquiera que sea su vigencia temporal, sino los Presupuestos municipales por así venirlo exigido en el apartado 9 del artículo 21 de la Ley 42/2006 y en el apartado 1 del artículo 90 de la Ley 7/1985 cuando señala que ” Corresponde a cada Corporación local aprobar anualmente, a través del Presupuesto, la plantilla que deberá comprender todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual. Las plantillas deberán responder a los principios de racionalidad, economía y eficiencia y establecerse de acuerdo con la ordenación general de la economía, sin que los gastos de personal puedan rebasar los límites que se fije con carácter general”. El resto de acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos superiores, caso de las Relaciones de Puestos de Trabajo, únicamente deberán adecuarse a dicho límite, tal y como prevé el apartado 8 del citado artículo 21.”
Y, nuevamente, llega a la misma conclusión de desestimar la impugnación de la relación de puestos de trabajo que se había planteado por la abogacía del Estado, la Sentencia de 13 de febrero de 2012. En este concreto supuesto se impugnaba el acuerdo plenario de 6 de febrero de 2001, del Ayuntamiento de San Juan de Alicante, puntos 2º, 3º y 4º, en los que se aprueba la valoración de Puestos de Trabajo y otros aspectos relacionados con la misma que afectan a todo el personal que presta servicios en dicho Ayuntamiento, por cuanto la misma determina un incremento retributivo superior al 2% con infracción de lo establecido al respecto en la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de presupuestos Generales del Estado, sin que concurran las excepciones legales previstas en el artículo 21.3 de la dicha norma, de aplicación conforme lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, desestimó el recurso del Abogado del Estado, fundado en el incremento del límite retributivo fijado en la LPGE. Y el Tribunal Supremo, vuelve a pronunciarse en el sentido de que las limitaciones retributivas fijadas en la LPGE son de aplicación, únicamente, al Presupuesto municipal:
“CUARTO.- Aplicando dicha doctrina, como ya se hizo en la referida sentencia de esta Sala y Sección, procede desestimar el recurso deducido por Administración General del Estado y formulado por la Abogacía del Estado, ya que el acuerdo impugnado no supone en sí mismo vulneración de lo establecido en el artículo 21 de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre , de presupuestos Generales del Estado para 2001, ya que éste aunque exceda de las dichas previsiones no determina necesariamente que el presupuesto municipal conlleve el exceso referido que en todo caso lo ha de ser en el presupuesto municipal en los términos de norma cuya vulneración se invoca y que no ha sido objeto de impugnación, pues lo que en realidad se debió de impugnar fue el dicho presupuesto municipal y no el referido documento de valoración de puestos de trabajo objeto del presente recurso.”
En atención a todo lo anterior, no puede imputarse sin más a la relación de puestos de trabajo u instrumento análogo, la infracción las previsiones en materia retributiva contenidas el artículo 22 Dos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013.
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La crisis como excusa en los ayuntamientos
El problema de la financiación municipal se viene arrastrando desde hace décadas. La autonomía local, consagrada en la constitución, se ha ejercido en los últimos treinta años, sin embargo no ha ido acompañada de la suficiencia financiera, prevista también constitucionalmente. El peso relativo del gasto local, en el conjunto del gasto público, ha permanecido prácticamente invariable, por debajo del 15 % aunque el volumen y la importancia de los servicios prestados ha ido en aumento en las últimas décadas, situándose en valores muy superiores a los señalados anteriormente. Esto, que es un hecho, es el verdadero problema de las ciudades. El problema de su financiación en el contexto territorial español.
A este problema, endémico de los municipios españoles (los ayuntamientos nunca han estado bien, han estado mal y ahora peor), se añade la crisis que atravesamos que agrava la situación. Fundamentalmente y por lo general, derivada de una estructura de gasto muy dependiente de ingresos que han tenido la consideración de corrientes cuando eran extraordinarios. Así ocurre con subvenciones estatales y autonómicas y con los tributos que gravan la construcción y el desarrollo urbanístico. El estado y la comunidades están para recibir, no para dar dinero, y el desarrollo económico ligado al ladrillo, está hundido y muerto.
Con este panorama los gobiernos locales, por lo general, han estado ocupados en los planes de ajuste y en el control del gasto durante todo el año pasado.
Durante el año que empieza, (el siguiente y seguramente también el otro), el escenario económico no va a mejorar para los ayuntamientos. Así las cosas, la pregunta que algunos nos hacemos, fría como los días en los que estamos es: ¿Van a seguir los regidores municipales apelando a la falta de dinero para obtener la comprensión de cualquiera, ante cualquier problema, sea de la índole que sea? ¿Es cierto que no se puede hacer otra cosa desde las alcaldías mas que analizar el presupuesto para disminuir el tamaño de la administración? Si no hay otra respuesta mas que la afirmativa a estas preguntas, desde luego estamos ante una legislatura perdida.
Sin embargo creemos que las cosas no son así. La abundancia no llegará y en política, escudarse solo y exclusivamente en la falta de recursos, es tanto como renunciar a ella en sus propios términos. De manera que, como los consistorios han de gobernar sus ciudades y no hay elecciones hasta el 2015, mas vale dejar ya de aludir a la crisis y a la falta de recursos como si de algo noticioso se tratara, porque ya ha habido tiempo suficiente para encajar la situación (la legislatura lleva ya un año y medio) y esto va para largo. Por tanto, puesto que los cargos públicos no son obligatorios a los que decidan quedarse, queremos sugerirles para este año nuevo algunas ocupaciones que no sean solo la recurrente observación de “es que no hay dinero”, (que debe seguir siendo contemplado desde los gobiernos, pero intentando no desanimar a los pocos que quedan con animo, que son indispensables).
El respeto por las normas no es nuestro fuerte, pero quizá donde mas se aprecia la falta de dirección y de orden es en las ciudades. Exigir el cumplimiento de ordenanzas y de todo el conjunto de normas que rigen la vida ciudadana en beneficio de todos sería agradecido por la inmensa mayoría de los vecinos. De igual manera, exigir el cumplimiento de contratos y pliegos de condiciones de concesionarios de los servicios de la ciudad, así como de las normas que han de observar los propios empleados en el terreno laboral, nos colocaría en el camino hacia el destierro de la anarquía gubernativa que aquejaba a nuestras instituciones públicas de la que hablaba Ortega y Gasset en su juventud. Andar este camino no está exento de conflictos y afrontarlos requiere energía. Sin embargo es algo a lo que ha de estar dispuesto un gobernante que no solo aspire a permanecer en el cargo.
Gobernar para las personas.
Las ciudades son su gente. Hay que definir las categorías con las que queremos trabajar. En estos tiempos hay que reorientar la acción de gobierno hacia las personas y los servicios que se les prestan. Han pasado los tiempos de tener la ciudad permanentemente en obras como un proyecto inacabado y de los binomios alcalde-arquitecto (a mayor gloria y posteridad de ambos). En esta nueva orientación se ha de contar con las personas. Es una nueva cultura colaborativa institución-ciudadano en la que gobernar no sea solo dar a la gente, sino que se la tenga en cuenta, hacer cosas con las personas para que tomen parte y se impliquen en su destino. Lo fácil fue hacer el centro cultural con dinero. Ahora, sin dinero, hay que hacer actividades para dar vida a ese centro. Se trata de compartir, mas que de tener. Al final, desde esta perspectiva, puede que todas las ciudades tengan el mismo aspecto, pero su gente y sus instituciones funcionarán de otra manera. Cada ciudad debe definir su discurso.
Gobernar para la personas de manera transparente.
La implicación de las personas requiere de transparencia, de abrir los datos de las instituciones a la ciudadanía. La gente necesita saber de primera mano para participar. Es necesario un esfuerzo de los gobiernos para poner a disposición de todos la información de la que disponen, debidamente anonimizada. Solo desde propuestas muy decididas a trabajar con iniciativas open data será posible involucrar a los ciudadanos de manera que los ayuntamientos no solo sean proveedores de instalaciones y de servicios a golpe de dinero. Abrir los datos cambia la manera de trabajar en las instituciones. En el terreno económico, mientras no se trabaje desde esta perspectiva con los datos públicos, seguirán dándose casos de empresas que sustituyen el papel de la administración a la hora de recopilar datos y ofrecerlos a los ciudadanos causando dos perjuicios. El primero de ellos consiste en que la información a la que accede la empresa es de peor calidad que la que dispone la administración, que es quien la ha generado. El segundo de ellos grava al ciudadano, que ha de pagar por unos datos que provienen de la esfera pública. Corremos el riesgo de que el manejo de la información que debería ser publica acabe siendo un negocio privado.
Finalmente, puestos hablar de cuestiones económicas de la ciudad y para terminar por donde hemos empezado, los regidores deberían de distinguir entre:
Economía pública, que es la que se refiere a los tributos de la ciudad y los gastos municipales, su presupuesto (hoy una obsesión por equilibrarlo).
Economía comercial, aquella que engloba las transacciones de la ciudad.
Economía social, que contempla las prestaciones de diversa índole entre instituciones y personas y que el sistema monetario no es capaz de representar.
El año pasado los alcaldes han estado centrado en la primera, han tenido descuidada la segunda y olvidada la tercera. Un gobierno inteligente será el que contemple las tres vertientes de la economía de su ciudad de una manera equilibrada. Cualquier visión parcial centrada exclusivamente en alguna de ellas ahogará al resto, haciendo la ciudad insostenible.
En la visión de gobierno equilibrada entre las tres perspectivas económicas esta el futuro.
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La reforma del régimen local parece que avanza para concretarse en proyecto de Ley
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