Source: https://elderecho.com/urbanismo-y-nuevo-recurso-de-casacion-contencioso-administrativo-i
Timestamp: 2018-12-17 00:44:24
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Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 89', 'artículo 90', 'artículo 88', 'artículo 86', 'artículo 149', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 88']

Urbanismo y nuevo recurso de casación contencioso-administrativo (I) - El Derecho
Foro 17-06-2016	Coordinador: Dimitry Berberoff Ayuda
La reforma operada en nuestro sistema casacional a través de la ...
Nos referimos a cuestiones relativas al procedimiento administrativo, la expropiación forzosa en el ámbito urbanístico o la responsabilidad patrimonial en este aspecto de la acción sectorial de las Administraciones Públicas. Las cuestiones relativas a la interpretación de la legislación estatal quedan reservadas al Tribunal Supremo y las de la legislación autonómica a los Tribunales Superiores de Justicia, salvo en este último caso cuando la legislación estatal reproduzca un precepto estatal de carácter básico, supuestos en los que podrá recurrirse en casación ante el Tribunal Supremo -Auto del Tribunal Supremo de 8 de Julio de 2004 -EDJ 2004/187869-, o cuando aun no teniendo ese carácter básico, se invoque la infracción de la jurisprudencia sobre ese precepto cuando tenga un contenido idéntico el precepto autonómico en que se funde la sentencia del TSJ que sea objeto de impugnación -sentencia de 24 de Mayo de 2004 -EDJ 2004/44749-.
Un supuesto peculiar lo recoge la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de Octubre de 2014, RC 403/2012 -EDJ 2014/188281 , donde con relación a la impugnación de un plan parcial, por falta de estudio o memoria económica financiera, la sentencia entiende que se infringe la legislación estatal, en concreto el artículo 57 del Reglamento de Planeamiento de 1978 -EDL 1978/2744-, y no la legislación autonómica urbanística, que no deja clara la necesidad de que exista ese estudio. En todo caso, no parece que nada impida un recurso simultáneo por infracción de ambas legislaciones.
Si nos interrogamos a propósito de qué facetas del urbanismo podrían ser o...
Más allá de las singularidades descritas anteriormente, cabría predicar la casación estatal de determinadas parcelas -que no de todas de la normativa contenida en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (TRLS), aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre –EDL 2015/188203-. Y lo mismo cabría afirmar a propósito de sus normas reglamentarias de desarrollo.
Mediando norma autonómica, la casación estatal en materia de principios y directrices contenidos en el TRLS, debería ceñirse a aquellos supuestos en los que el derecho autonómico constituyese una negación manifiesta de aquéllos o de aquéllas. Y no sin descartar -cuando fuese preciso por razones de rango el previo planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad.
-El dictado de resoluciones judiciales portadoras de una interpretación del derecho gravemente dañosa para los intereses generales, por verse amenazados por la misma –más allá del caso concreto bienes o expectativas de carácter colectivo; principios supralegales relacionados con el estatuto de la propiedad, el urbanismo o el medio ambiente; o la posición rectora de las Administraciones actuantes.
Por su parte, el nuevo art 88.3 LJCA –EDL 1998/44323 enumera aquellos supuestos en los que cabrá presumir el interés casacional objetivo.
Se trata de una previsión que, por abierta, puede atraer un número ingente de recursos de casación en materia de urbanismo, pues no son pocos los actos y las normas de esa naturaleza (planes incluidos) que habitualmente son el resultado de una decisión gubernamental en sede autonómica. Con mayor razón si, por añadidura, tenemos en cuenta la faceta o vertiente urbanística de otras disciplinas, como por ejemplo la medioambiental. Ello no obstante, también en este supuesto la casación podrá ser inadmitida mediante Auto motivado si se justifica -en los términos que hemos visto anteriormente la carencia manifiesta de interés casacional.
En cualquier caso, sobre el recurso de casación que entrará en vigor el próximo 22 de julio planean dos amenazas. La primera: la eventual resistencia que pueda ofrecer nuestra cultura jurídica frente a un régimen de casación inspirado en el gestado por la cultura jurídica norteamericana. Y la segunda: la inexistencia –hoy por hoy de un aparato de apoyo –muy especialmente en los Tribunales Superiores de Justicia-, susceptible de recibir el alud de casaciones que ahora mismo cabe presumir, para, acto seguido, ordenarlas y traducirlas en datos asequibles y sistematizados con los que facilitar la tarea de los Magistrados en el trámite de admisión.
En el anterior sentido, no estoy convencido de la utilidad de establecer de antemano una minuta –para uso interno de supuestos prácticos de admisión o inadmisión. Por esa vía podríamos deslizarnos nuevamente a la casación reglada.
Creo que uno de los mayores problemas que ofrece nuestro proceso contencioso-...
A lo anterior se une un primer filtro, en la Sala que pronunció la sentencia recurrida, al prever el artículo 89.2 de la nueva LJCA –EDL 1998/44323 que se dicte auto de admisión en el que se motive suficientemente la concurrencia de los requisitos exigidos por el apartado 2 del mismo artículo, y un segundo filtro, ya ante el Tribunal Supremo (¿o TSJ? En esto no entro ahora y lo dejo para el tema siguiente) cuando impone el artículo 90.4 de la nueva LJCA que los autos de admisión identifiquen la norma o normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación.
El criterio del apartado 2.a) del artículo 88 –EDL 1998/44323 (resoluciones contradictorias) me parece el más interesante desde la óptica de la unidad de soluciones. En el ámbito urbanístico creo que debe tenerse en cuenta que hay Comunidades Autónomas que, a partir de la declaración de inconstitucionalidad del TR de la Ley del Suelo de 1992 –EDL 1992/15748 en 1997, han desarrollado soluciones propias que, de alguna manera, se han desacoplado de la regulación estatal representada por el TR de 1992 y del TR de 1976 –EDL 1976/979-, que devino de aplicación subsidiaria tras la declaración de inconstitucionalidad del TR de la Ley del Suelo de 1992.
La reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo, o...
La reforma del recurso de casación en el orden contencioso-administrativo, operada por la disposición final tercera de la LO 7/2015 -EDL 2015/124945 dejará huella en el ámbito del urbanismo, si bien, evidentemente, aún es pronto para valorar su impacto.
Como anuncia SANTAMARÍA PASTOR, el alcance de las novedades sólo podrá apreciarse una vez que transcurran u0022algunos meses, o añosu0022. Así que por ahora sólo podremos hacer reflexiones generales, manifestar nuestra sorpresa inicial, o aventurar conjeturas, pero nada más.
Este recurso de casación por infracción del Derecho autonómico ya ha sido objeto de críticas; SANTAMARÍA PASTOR lo califica de u0022asimetría sin fundamentou0022. En todo caso, la clave del arco está en deslindar claramente qué se entiende por normativa urbanística estatal o autonómica, a los efectos de determinar la competencia del órgano judicial.
Por otro lado, el criterio fundamental de admisión del recurso pasa a ser la existencia de un u0022interés casacional objetivo para la formación de jurisprudenciau0022 (nueva redacción del art. 88.1 de la LJCA–EDL 1998/44323-), que es un novedoso concepto indeterminado de dificilísimo control. Como avanza J.R. CHAVES, por mucho que la Ley se esfuerce en ofrecer pistas de los asuntos que serán admitidos o rechazados en casación (art. 88.2 y 3 LJCA), será el Tribunal Supremo, caso por caso, quien decidirá si se admite o rechaza el recurso.
El criterio definitivo para la admisión se completa según se impugnen sentencias de los juzgados o de las salas, ya que cuando se trata de los juzgados deberán ser sentencias que u0022contengan doctrina que se reputa gravemente dañosa para los intereses generales y sean susceptibles de extensión de efectosu0022 (nuevo art. 86.1, segundo párrafo, LJCA–EDL 1998/44323-). El juego conjunto de estos requisitos hace augurar un futuro nada halagüeño para los recursos de casación que se interpongan contra sentencias de los órganos judiciales unipersonales (SANTAMARÍA PASTOR); y en materia urbanística, buena parte de los asuntos se deciden ante los juzgados, teniendo en cuenta también la dificultad de identificar un interés u0022generalu0022 en sentencias que versan mayoritariamente sobre cuestiones de ámbito municipal.
Desde luego, si tomamos como referencia la STC 61/1997, de 20 de marzo –EDJ 1997/860 y la afirmación de que u0022casi es un anatema hablar de un Derecho urbanístico estatalu0022, pues el Estado no tiene competencias urbanísticas (BAÑO LEÓN), llegaríamos a la conclusión de que el recurso de casación en el ámbito urbanístico no podrá ser competencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, esta conclusión precipitada se desdibuja, porque existe un u0022Derecho urbanístico comúnu0022 (de nuevo BAÑO LEÓN), llámese o no estatal, que trasciende del estrecho campo de la distribución de competencias y condiciona el margen de acción de la normativa autonómica.
Por otro lado, el tenor literal del nuevo artículo 86.3, segundo párrafo–EDL 1998/44323-, nos lleva a pensar que es Derecho urbanístico estatal todo aquél que no emane directamente de la Comunidad Autónoma. El precepto dice exactamente u0022cuando el recurso se fundare en infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónomau0022, así que cuando se invoquen u0022normas emanadas del Estadou0022 la competencia será del Tribunal Supremo.
Es evidente que existen normas urbanísticas u0022emanadas del Estadou0022: el Texto Refundido de la Ley del Suelo es una norma urbanística estatal, como lo es también la legislación del catastro inmobiliario, la legislación estatal en materia de vivienda, la legislación estatal sobre valoraciones y expropiaciones urbanísticas o la responsabilidad patrimonial por decisiones urbanísticas. Tampoco hay que olvidar la irradiación del Derecho ambiental al urbanismo y la supremacía de la ordenación territorial, aspectos ambos que pueden hacer más visible el Derecho estatal y el interés supramunicipal-general subyacente.
De hecho, en materia de vivienda, la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 93/2015, de 14 mayo -EDJ 2015/76546 ) parece haber reforzado los márgenes del Derecho estatal, sorprendentemente, ex artículo 149.1.13º de la Constitución –EDL 1978/3879-. En efecto, el TC ha dado por bueno que el Estado, en virtud de dicho título competencial, pueda imponer de modo excluyente la solución a un problema social y económico como es el de la vivienda, cerrando el paso a que las Comunidades Autónomas desarrollen sus propias políticas, con constreñimiento de competencias autonómicas y distorsión del sistema competencial.
Con independencia del tribunal de casación competente, debemos pronunciarnos también sobre qué aspectos del Derecho urbanístico comportarían, a nuestro juicio, un interés casacional objetivo a los efectos del artículo 88.2 de la LJCA –EDL 1998/44323 (criterios) y si existen supuestos en el ámbito urbanístico en los que cabría presumir un interés casacional objetivo, a tenor del artículo 88.3 de la LJCA (presunciones). Debo reconocer que esta distinción entre las circunstancias que permiten u0022apreciar que existe interés casacional objetivou0022 (apdo. 2) y aquellas otras en las que u0022se presumirá que existe interés casacional objetivou0022 (apdo. 3) me parece forzada y enigmática.
En ambos listados se enumeran situaciones puramente indiciarias y que no agotan la definición del interés casacional objetivo, porque no constituyen un numerus clausus de supuestos y además su apreciación es libre para el órgano judicial que debe decidir sobre su admisión. No obstante, quizás en el ámbito urbanístico tenga un peso mayor la presunción de la letra c) del artículo 88.3 de la LJCA –EDL 1998/44323-, u0022cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter generalu0022, cuando se impugne un plan urbanístico que tiene naturaleza normativa. Como hace notar SANTAMARÍA PASTOR, es previsible que se utilicen más las presunciones del apartado 3, aunque sólo sea porque la negativa a aplicarlas exigirá una motivación específica del órgano judicial.
En efecto, la exigencia de motivación es distinta según se trate de u0022criteriosu0022 (apdo. 2) o de u0022presuncionesu0022 (apdo. 3), si bien la posibilidad de que un asunto sea considerado o no de interés casacional dependerá mucho más de las características del problema concreto, de su interés para la sociedad y que sirva para u0022crear jurisprudenciau0022, que de la concurrencia de un listado o del otro.
Se solicita de nosotros, en primer lugar, que apuntemos algunos criterios que...
El art. 86.3 LJCA –EDL 1998/44323 deslinda las competencias entre la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores a partir del origen de la norma en cuya infracción se funde el recurso, de modo que corresponde a aquella el conocimiento de los recursos en los que se denuncie infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea y a estos cuando la denuncie verse sobre infracción de normas autonómicas.
La Sentencia acaba declarando la inconstitucionalidad del precepto legal fundándose en una argumentación que si bien se atiene formalmente a la doctrina constante en la materia, conforme a la cual el art. 33.3 CE –EDL 1978/3879 no impone ese valor de mercado como criterio de fijación de la indemnización correspondiente en cada caso (por todas, STC 141/2014, de 11 de septiembre -EDJ 2014/153641-), subrepticiamente hace de ese mismo valor de mercado criterio de referencia última al que deben tender las normas de valoración objetiva del suelo.
La problemática que seguramente generará la nueva regulación del recurso d...
En todo caso, ya de entrada, parece advertirse que va a continuar existiendo una dificultad evidente en orden a dar solución a los casos, no sólo de deslinde entre el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y el recurso de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia, sino en aquellos casos en que pueda ser procedente recurso de casación ante el Tribunal Supremo –al fundarse en infracción de normas de Derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora y también sea procedente recurso de casación ante los Tribunales Superiores de Justicia -por fundarse en el derecho autonómico-.
Cuando en la resolución impugnada se hayan aplicado normas en las que se sustente la razón de decidir sobre las que no exista jurisprudencia. Supuesto de notoria concurrencia cuando es conocida la veleidad de los legisladores en materia de urbanismo dotando incesantemente de nuevas ordenaciones legales y reglamentarias en tan breves espacios temporales.
Cuando la resolución impugnada se aparte deliberadamente de la jurisprudencia existente al considerarla errónea.
En atención a la vía de cuestión de ilegalidad -a resolver en el procedimiento especial o en el correspondiente recurso de apelación-, si así se ha establecido, lo que podría formar parte de la infracción de la jurisprudencia, cuando la resolución recurrida sea contraria a los pronunciamientos de esa naturaleza.
Cuando la sentencia recurrida declare nula una disposición de carácter general y entre ellas las de las figuras de planeamiento urbanístico habida cuenta de su naturaleza.
Y todo ello con las adecuadas cautelas previstas legalmente de inadmisión cuando el Tribunal aprecie que el asunto carece manifiestamente de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia y a fin y efecto de evitar fallos contradictorios, en su caso de los Juzgados de lo Contencioso Administrativo –cuantitativamente tan importantes y, si es posible, dotando de una doctrina jurisprudencial a la altura que le es exigible.