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Timestamp: 2019-10-18 08:32:13
Document Index: 112362341

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 770', 'artículo 777', 'artículo 773', 'artículo 94', 'artículo 773', 'artículo 142', 'artículo 11', 'artículo 93', 'artículo 93', 'artículo 18', 'artículo 93', 'in fine', 'artículo 556']

¿Se puede modificar una medida definitiva en la fase de ejecución sin necesidad de acudir al trámite del art. 775.2 y 3 LEC? - El Derecho
¿Se puede modificar una medida definitiva en la fase de ejecución sin necesidad de acudir al trámite del art. 775.2 y 3 LEC?
Foro 01-05-2013 Coordinador: Prieto Fernández-Layos
El penúltimo párrafo del art. 90 CC (EDL 1889/1) establece que "Las medidas que el Juez adopte en defecto de acuerdo o las convenidas por los cónyuges podrán ser modificadas judicialmente o por nuevo convenio cuando se alteren sustancialmente las circunstancias". Por su parte, el art. 91 in fine del mismo texto legal dispone que "... Estas medidas podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias". Asimismo, el número 1 del art. 775 LEC (EDL 2000/77463) recoge que "El Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados, y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlas"; mientras que el número 2 del citado precepto estipula que "Estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el artículo 770. No obstante, si la petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento establecido en el artículo 777". Por último, el número 3 del artículo susodicho afirma que "Las partes podrán solicitar, en la demanda o en la contestación, la modificación provisional de las medidas definitivas concedidas en un pleito anterior. Esta petición se sustanciará con arreglo a lo previsto en el artículo 773".
La transcripción de estas normas trae causa de la cuestión que se va a plantear a nuestro Consejo de Redacción.
El cauce normal para conseguir de forma contenciosa la modificación de medidas definitivas viene a ser el recogido en el art. 770 LEC como dispone el 775.2 antes reproducido. Pues bien, frente a esta realidad procesal se postula por un sector de profesionales del Derecho de Familia la posibilidad de modificar ciertas medidas definitivas en la fase de ejecución de las resoluciones judiciales a través del cauce previsto para la oposición a la ejecución, en especial cuando concurran circunstancias netamente objetivas que lo permitan: así, por ejemplo, la extinción, por devenir inejecutables, de las pensiones de los hijos mayores de edad, cuando quede probada su incorporación estable al mercado laboral, o la de la pensión compensatoria, cuando se acredite el nuevo matrimonio del acreedor.
Los partidarios de esta posibilidad se basan en el principio de economía procesal, mientras que sus detractores lo hacen en el de seguridad jurídica, máxime cuando existe la vía legal de la modificación provisional a que se refiere el art, 775.3 LEC más arriba copiado.
¿Se puede modificar una medida definitiva en la fase de ejecución de la resolución judicial correspondiente sin necesidad de acudir a los trámites establecidos en el art. 775.2 y 3 LEC?
Este foro ha sido publicado en el "Boletín Derecho de Familia", el 1 de mayo de 2013.
La respuesta categóricamente debe ser negativa. En los procesos de ejecució...
La respuesta categóricamente debe ser negativa. En los procesos de ejecución los motivos que se pueden oponer están tasados en el art. 556 LEC (EDL 2000/77463) y, entre ellos, no se contempla la posible u0022extinciónu0022 de las pensiones alimenticia o compensatoria, sin que puedan utilizarse como motivos de oposición los regulados en el art. 557 LEC fijados exclusivamente para los títulos de naturaleza no judicial. Todo ello aun a pesar de que se fundamenten en causas objetivas, ya que la parte ejecutada no puede introducir nuevas pretensiones en el curso de este estricto, ámbito de ejecución, quedando limitado al debate de la pretensión concreta que se ampare en un título judicial y en los motivos tasados que puedan oponerse, de manera que para esos hechos extintivos introducidos u0022ex novou0022, el legislador tiene reservado el cauce establecido en el art. 775 LEC, sin que con ello se produzca indefensión de clase alguna, dado que queda incorporada a dicha norma la posibilidad de peticionar durante la sustanciación del procedimiento de modificación la adopción de medidas provisionales.
Esta tesis expuesta obtiene cobertura no solamente por el art. 18.2 LOPJ (EDL 1985/8754), conforme al cual las sentencias hay que cumplirlas en sus propios términos, sino porque, además, en fase de ejecución de sentencia no es posible obtener un pronunciamiento declarativo sino, pura y simplemente, de llevar a efecto lo previamente declarado por una resolución judicial firme, garantizando así la intangibilidad de las resoluciones definitivas y firmes dictadas por Jueces y Tribunales.
La extinción de la pensión compensatoria o del derecho a la percepción de alimentos exige de la concurrencia de alguno de los supuestos legales previstos en los arts. 100 y 101 y 152, respectivamente, del CC (EDL 1889/1), lo que exige la necesidad de seguir previamente un proceso declarativo contradictorio por el que se declare y determine la extinción de la obligación de dichas prestaciones, no siendo cauce adecuado para tomar este tipo de decisiones el proceso de ejecución.
Cierto es que la cuestión no es pacífica y que en la jurisprudencia menor se contemplan casos de admisión llevando a cabo una interpretación, a mi modo de ver, forzada de la norma jurídica. Por ejemplo, en la Sentencia de AP Álava de 28 de febrero de 2006 (EDJ 2006/71382), en las que por u0022analogíau0022 equipara la extinción de la pensión compensatoria al pago, con argumentos derivados de la u0022economía procesalu0022. Sin embargo, mayoritaria es la tesis opuesta contenida, entre otras, en las Sentencias de AP Guipúzcoa de 13 de marzo de 2006 (EDJ 2006/72688) y de AP Badajoz de 22 de febrero de 2005 (EDJ 2005/12021).
No obstante lo dicho, considero importante resaltar que en tanto el legislador de la LEC de 2000 fue lo suficientemente cuidadoso para articular aspectos procesales que, bajo el imperio de la legislación anterior, existía un completo vacío normativo generando auténticos problemas interpretativos, ha sido desatento a la hora de regular la ejecución de los procedimientos matrimoniales debiendo de haber entrado con mayor profundidad en la diversidad de cuestiones que pueden plantearse a fin de dar al justiciable una respuesta rápida y eficaz, máxime cuando en numerosos casos entra en juego la defensa del interés de los menores. Así, en tales términos se expuso en las conclusiones del III Encuentro de Magistrados y Jueces de Familia y Asociaciones de Abogados de Familia celebrado en Madrid los días 28, 29 y 30 de octubre de 2008 (EDO 2009/7629), acordando por unanimidad la necesidad de reformar la LEC en materia de ejecución de familia y la necesidad de regular el proceso de ejecución específicamente para adecuarse y poder llevar a cabo la efectividad de las medidas decretadas en los procesos de familia.
En principio, para modificar una medida definitiva debe acudirse al correspon...
En principio, para modificar una medida definitiva debe acudirse al correspondiente procedimiento de modificación de medidas. Excepcionalmente podrá hacerse en fase de ejecución oponiéndose a la medida cuya ejecución se solicita. A esta conclusión se llega tras la lectura del art. 775 LEC (EDL 2000/77463). Establece este precepto en su aptdo. 1º que u0022el Ministerio Fiscal, habiendo hijos menores o incapacitados y, en todo caso, los cónyuges podrán solicitar del tribunal la modificación de las medidas convenidas por los cónyuges o de las adoptadas en defecto de acuerdo, siempre que hayan variado sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta al aprobarlas o acordarlasu0022. Añade su apartado 2º que u0022estas peticiones se tramitarán conforme a lo dispuesto en el art. 770. No obstante, si la petición se hiciera por ambos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro y acompañando propuesta de convenio regulador, regirá el procedimiento establecido en el art. 777u0022.
Como he dicho, la regla general debe ser acudir al procedimiento de modificación de medidas para que, una vez quede acreditada la variación sustancial de las circunstancias que fueron tenidas en cuenta para adoptar una determinada medida, se declare la procedencia de la modificación o extinción de la misma. No obstante, hay determinados supuestos en los que, o por la urgencia del caso, o por la falta de capacidad o legitimación del ejecutante, o incluso acudiendo al principio del enriquecimiento injusto o a la mala fe de quien reclama, es posible en ejecución de sentencia dejar sin efecto o suspender las medidas acordadas en un procedimiento anterior.
Es frecuente que en ejecución de sentencia sea solicitada la suspensión de un régimen de comunicación y visitas con el progenitor no custodio a fin de evitar un perjuicio al menor, y es frecuente también que en ejecución de sentencia se acuerde la modificación o suspensión provisional de las visitas al amparo del art. 158 CC (EDL 1889/1), sin perjuicio de remitir a las partes al correspondiente procedimiento de modificación de medidas para dar una respuesta definitiva a la medida. En este sentido se pronuncia el Auto de la Sección 12ª de AP Barcelona de 10 de octubre de 2003 (EDJ 2003/137711). En la misma se dispone u0022si bien la acomodación procesal de la modificación de medidas, descrita en el anterior razonamiento jurídico, constituye el trámite ordinario, no es menos cierto que en determinadas materias extrañas al principio dispositivo, y sobre las cuales el órgano jurisdiccional tiene amplias facultades al estar investidas del carácter de orden público, tales como las relativas a la guarda y custodia de los hijos del matrimonio, régimen de comunicación y visitas con el progenitor no custodio, prestaciones alimenticias en favor de los menores, etc., el Juzgador podrá adoptar determinadas resoluciones, ante la necesidad y urgencia de efectuarlas, en la vía de la ejecución de la sentencia del proceso matrimonial, sin necesidad de acudir al camino procedimental más largo del procedimiento de modificación de medidas. Así acontece cuando se deba limitar o suspender el régimen de visitas establecido, en razón de la concurrencia de circunstancias que aconsejen tal efecto, o cuando se incumplieren gravemente los deberes impuestos en la resolución judicial, tal y como prescribe el artículo 94 del Código Civilu0022. No deja de ser una opción excepcional pero en todo caso posible.
La misma resolución de AP Barcelona menciona la posibilidad de que en ejecución de sentencia, si bien no puede extinguirse definitivamente, si pueda declararse la improcedencia de la reclamación de prestaciones alimenticias para los hijos mayores de edad por falta de capacidad o representación del ejecutante, y ello por no concurrir las circunstancias exigidas en el art. 93 párrafo 2º CC para la procedencia de la reclamación por los padres de pensión alimenticia para los hijos mayores de edad en el procedimiento matrimonial. En estos casos se suspende la efectividad de la medida, si bien para su extinción y declaración de improcedencia de su reclamación dentro del procedimiento matrimonial deba acudirse al procedimiento de modificación de medidas. Establece la mencionada sentencia que u0022en las demás situaciones fuera del alcance del orden público, tal y como acontece en el caso de autos en que se reclama en ejecución de sentencia de separación matrimonial pensiones devengadas en favor del hijo ya mayor de edad, cabe la posibilidad, en el supuesto de que conste en el proceso ejecutorio, tramitado con audiencia y contradicción de las partes, y con el recibimiento del mismo a prueba, de que se constate la llevanza de vida económicamente independiente del beneficiario de la prestación alimenticia o la no convivencia con alguno de los padres en el domicilio familiar, es decir la inconcurrencia de los presupuestos del párrafo segundo del art. 93 CC y del art. 76.2 del Código de Familia de Catalunya. En tales supuestos si bien no procede la declaración de la extinción de la prestación alimenticia, que deberá ser obtenida, en el supuesto de desacuerdo, en el proceso de modificación de medidas, es lo cierto que pueden ser tenidas en cuenta tales circunstancias para apreciar, siempre que hubiere sido alegada en el proceso de ejecución, la falta de capacidad o de representación del ejecutante que como causa de oposición procesal regula el art. 559.1º.2ª LEC, dado que alcanzada la mayoría de edad, sin la convivencia en el hogar familiar y con plena independencia económica, decaen los presupuestos legales para que uno de los progenitores pueda reclamar, en favor de los hijos mayores de edad, las prestaciones alimenticias, debiendo ser estos quienes, en el supuesto futuro de necesitarlas, puedan instar la reclamación alimenticia en procedimiento distintou0022.
Son numerosas las resoluciones de Audiencias Provinciales que declaran la improcedencia de la reclamación de la pensión alimenticia de los hijos mayores de edad en fase de ejecución, tanto por el motivo expuesto en el auto anteriormente citado de falta de capacidad o representación del ejecutante, como por la existencia de abuso de derecho por parte del progenitor que reclama y con el que ya no conviven los hijos o que ya son independientes económicamente (Auto de AP Madrid, Sec. 24ª, de 19 de septiembre de 2007, EDJ 2007/186787, entre otros), como por la falta de legitimación de la ejecutante. En todos los casos, el resultado es el mismo, la declaración de la improcedencia de la reclamación en el procedimiento de ejecución, la suspensión de la obligación alimenticia, si bien para su extinción definitiva deba acudirse al correspondiente procedimiento de modificación de medidas, sin perjuicio del derecho de los hijos de reclamar directamente a ambos progenitores alimentos si los precisaran en el futuro.
Debo citar finalmente otro supuesto en el que procedería en fase de ejecución, y sin necesidad de acudir a un procedimiento de modificación de medidas, dejar sin efecto una medida acordada en un anterior procedimiento y declarar la improcedencia de la reclamación. Es el caso de que el cónyuge acreedor de la prestación compensatoria haya contraído matrimonio. A fin de evitar un enriquecimiento injusto, o ante el abuso de derecho que supone su reclamación, podría dejarse sin efecto en ejecución de sentencia la reclamación de esta prestación por el solo hecho de aportar la certificación del nuevo matrimonio. La extinción se produce automáticamente, por el solo hecho de haber contraído nuevo matrimonio, no siendo necesario acudir al procedimiento de modificación para declarar la extinción de la prestación.
Como norma general, la normativa señalada en el cuestionario a analizar (art...
Como norma general, la normativa señalada en el cuestionario a analizar (arts. 775, 770, 777 y 733 LEC, EDL 2000/77463), es operativa para propiciar la modificación de medidas definitivas adoptadas en una anterior sentencia, y a través del cauce procesal del denominado procedimiento de modificación de efectos o medidas adoptadas en un anterior procedimiento, modificación que puede operar de modo transitorio o provisional observando el trámite prevenido en el número 3 del art. 775, con remisión al art. 733, o bien de modo definitivo, a través de la sentencia que recaiga en el proceso de modificación de medidas tramitado.
Dicho lo anterior, cabría distinguir entre aquellas medidas que se consideran de carácter personal, relativas a la guarda y custodia, régimen de visitas, etc.
En principio, en el ámbito estrictamente procesal y formal entiendo que el cauce adecuado para dar lugar al cambio de la guarda y custodia de los hijos menores puede propiciarse por dos vías: o bien por medio de las medidas provisionales coetáneas, previa solicitud al respecto que se formule en la demanda de modificación de efectos, por cuanto que no cabe la posibilidad de interesar medidas provisionales previas a la interposición de la demanda de modificación de medidas, lo que sólo está pensado para cuando no existe ninguna regulación previa sobre las medidas señaladas en los arts. 90 y concordantes CC (EDL 1889/1), o bien, por el cauce procesal que permite el art. 158 CC, y para asegurar con carácter de urgencia todas aquellas medidas convenientes a los fines señalados en todos los apartados de dicho precepto, a cuyo texto nos remitimos.
En efecto, adviértase que el párrafo final de dicho precepto recoge la posibilidad de adoptar dichas medidas dentro de cualquier proceso civil o penal, o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntaria, de tal manera que si entendemos el proceso civil en el sentido amplio del término, es decir, hasta la conclusión de la fase de ejecución, el trámite para dar lugar a las medidas señaladas en el art. 158 antes aludido se incluirían en la fase de ejecución, competencia del juzgado que dictó la sentencia.
En lo que se refiere a las funciones propias de la patria potestad, igualmente deberá resolver el juzgado que ha dictado la sentencia, por la vía del art. 156 CC, sin ulterior recurso, y también en fase de ejecución de sentencia.
En lo que se refiere al régimen de visitas, me remito a las consideraciones anteriores para propiciar la modificación, por idénticos cauces procesales, a la sazón, proceso de modificación de medidas, medidas provisionales coetáneas a dicho procedimiento y adopción de medidas por la vía del art. 158 del texto legal señalado anteriormente.
Sin embargo, dando respuesta concreta a los ejemplos que se exponen en el cuestionario a debatir, en relación a la pensión de alimentos, hay que partir de la base de que en fase de ejecución de sentencia no es procedente emitir declaración sobre extinción del derecho a la pensión de alimentos, tanto de hijos mayores como de hijos menores; sin embargo, se pueden distinguir distintos supuestos:
Si se produce un cambio de custodia, de facto, respecto de algún hijo menor, es posible en fase de ejecución de sentencia dejar en suspenso la obligación de abonar la pensión de alimentos, reservando al progenitor que ha ostentado de hecho dicha custodia la posibilidad de acudir al proceso de modificación de medidas, en solicitud, de modo definitivo de adopción de medidas sobre guarda y custodia y, consiguientemente, petición de alimentos a cargo del progenitor no custodio.
Si se trata de un hijo mayor que se incorpora al mundo laboral, también es posible en fase de ejecución de sentencia declarar la suspensión de la obligación de pago de dicha pensión de alimentos, para lo que se hace preciso valorar las concretas circunstancias que concurren en la situación laboral y económica de dicho hijo, y a reservas de la posibilidad del progenitor no custodio, no solamente dejar de abonar la pensión de alimentos, sino de solicitar la extinción definitiva de tal derecho y, por ende, la reclamación de lo indebidamente abonado en el periodo en el que dicho hijo estuvo trabajando y generando ingresos suficientes para su propia manutención.
Dicho lo que antecede, es evidente que para resolver sobre lo anteriormente indicado es necesario respetar en fase de ejecución de sentencia el principio de contradicción, analizando y valorando cuantos argumentos se exponen al respecto en los escritos de oposición, impugnación, sin descartar la posibilidad de celebrar comparecencia para audiencia de hijos, etcétera. De Entiendo que en ningún caso es posible en ejecución de sentencia dejar en suspenso la obligación de abonar los alimentos, o de extinguir tal derecho, tanto de hijos mayores y menores, cuando se alteran las circunstancias económicas de los progenitores o las necesidades de los hijos, todo lo cual deberá hacerse valer en el oportuno proceso de modificación de efectos, sede procesal que permitirá pronunciamiento al respecto sobre la extinción de la pensión de alimentos, incluso, con carácter retroactivo, llegado el caso y las circunstancias que fundamenten tal petición.
Por idéntico razonamiento, entiendo que la fase de ejecución de sentencia no es válida ni admisible para dar lugar a la extinción de la pensión compensatoria, no solamente cuando se acredite el nuevo matrimonio del cónyuge acreedor, sino cuando concurra cualquiera de los circunstancias prevenidas en el art. 100 del texto legal antes citado, es decir, incorporación del cónyuge beneficiario al mercado de trabajo, mejora de su situación patrimonial y económica por cualquier razón, etc.
En estos supuestos, conviene precisar que en la demanda de interposición del proceso de modificación de medidas es posible interesar la extinción de tal derecho con los efectos retroactivos que sean pertinentes, fecha del matrimonio del cónyuge acreedor, fecha de incorporación al mercado de trabajo del mismo, etc.
En definitiva, sólo por razones de urgencias, y por situaciones que en el ámbito personal afecten a los hijos se puede propiciar un cambio inmediato de las medidas por las vías antes indicadas, proceso de modificación de medidas, medidas provisionales coetáneas a solicitar en dicho procedimiento, y la adopción de medidas previstas en el art. 158, que pudieran enmarcarse en la fase de ejecución del proceso civil, como también es posible decretar en fase de ejecución de sentencia la suspensión de obligaciones económicas frente a los hijos.
En respuesta a las anteriores consideraciones cabe esgrimir, no ya el principio de economía procesal, sino el de seguridad jurídica, el de tutela judicial efectiva, y el interés prioritario a proteger afectante a los hijos menores de conformidad con lo establecido en el art. 39 CE (EDL 1978/3879).
En los demás supuestos, se debe evitar el abuso del derecho y el enriquecimiento injusto, en lo que se refiere al pago de lo indebido, con mención a los alimentos en favor de hijos mayores ya incorporados al mundo laboral y con ingresos suficientes para su propia manutención, decretando en vía de ejecución de sentencia la suspensión de la obligación del pago de los alimentos para dichos hijos mayores.
Por tanto, en lo referente a la improcedencia del derecho a la pensión compensatoria, o la imposibilidad del abono de los alimentos, deberá acudirse al oportuno procedimiento de modificación de medidas en solicitud de la extinción de tales derechos, con solicitud sobre declaración de efectos retroactivos de la extinción de tales derechos, si concurren causas y circunstancias que lo justifiquen.
La cuestión sometida a debate en el presente Foro Abierto no es susceptible,...
La cuestión sometida a debate en el presente Foro Abierto no es susceptible, a mi juicio, de una respuesta unívoca, taxativa y sin matizaciones. Para centrar adecuadamente la contestación conviene dejar sentado, ab initio, que nadie discute la viabilidad de una eventual modificación, en fase de ejecución de sentencia, de medidas definitivas de carácter personal afectantes a los menores, como las relativas a la patria potestad, la custodia o al régimen de comunicaciones, visitas y estancias. El art. 158 CC (EDL 1889/1) ampara esa modificación de medidas definitivas en fase de ejecución al decir, en su párrafo 2º, que u0022todas estas medidas podrán adoptarse dentro de cualquier proceso civil o penal o bien en un procedimiento de jurisdicción voluntariau0022, ya que la locución -dentro de cualquier proceso civil comprende todas las fases del proceso, tanto la declarativa hasta sentencia, como la de ejecución a partir de ésta. La doctrina y la jurisprudencia menor de las Audiencias Provinciales son unánimes en aceptar la posibilidad de acordar en ejecución de sentencia cualquier modificación de medidas definitivas encaminadas a apartar al menor de un peligro o evitarle perjuicios, como el cambio de progenitor custodio, la suspensión del régimen de visitas o la imposición de restricciones a las comunicaciones paterno filiales.
Sin embargo, partiendo del planteamiento de la cuestión hecho por el Director del Foro, parece que se nos pide opinión acerca de la posible modificación, en la fase de oposición a la ejecución, de medidas definitivas de carácter o naturaleza dispositiva. En la práctica forense, en la inmensa mayoría de los casos, el problema se plantea en fase de ejecución de la sentencia dictada en los procesos de familia cuando el deudor de una pensión alimenticia o compensatoria, contra quien se dirige una demanda ejecutiva en reclamación de atrasos por impago de tales pensiones, alega en el trámite de oposición a la ejecución, como causa justificativa del impago, que se ha producido una alteración sustancial de circunstancias y solicita que, en base a dicha alteración, se declare definitivamente extinguida o temporalmente suspendida la obligación de pago de pensión en cuya inefectividad se sustenta la demanda ejecutiva, con la lógica petición de que se estime la oposición y se declare que el ejecutado no adeuda, total o parcialmente, la cantidad que se le reclama. Son casos paradigmáticos de este problema el de la reclamación de atrasos por impago de pensión alimenticia de un hijo mayor de edad que ya no convive con el progenitor acreedor de la pensión o que tiene trabajo estable y recursos suficientes para su subsistencia, o el de la reclamación de atrasos por impago de pensión compensatoria cuando el deudor alega que el beneficiario de la pensión ha contraído nuevo matrimonio o convive maritalmente con un tercero. En tales casos, puesto que los hechos alegados por el ejecutado como defensa frente a la demanda ejecutiva contra él deducida no tienen cabida dentro de las causas de oposición a la ejecución que pueden invocarse conforme a lo dispuesto en el art. 556 LEC (EDL 2000/77463), el juez se encuentra en una difícil encrucijada. O aplica un criterio formalista y desestima la oposición a la ejecución por invocarse como defensas frente a la demanda ejecutiva hechos o circunstancias no admisibles como causas o motivos de oposición (aunque lo sean de modificación), en cuyo caso desestimará la oposición y dará lugar a una clara injusticia material si ha quedado acreditada en la ejecución un hecho que es causa de extinción o suspensión de la pensión, o bien, huyendo de formalismos, acude y hace uso de institutos moderadores del rigorismo jurídico como la prohibición del abuso de derecho o la interdicción del enriquecimiento sin causa, para, sin violentar groseramente el procedimiento formalmente establecido en la ley procesal, dar solución equitativa al supuesto de hecho evitando la perpetración de una injusticia material manifiesta. Aplíquese todo lo anterior al caso en que, fijada una pensión compensatoria de 800 euros mensuales en sentencia de divorcio dictada en enero de 2010, se reclaman atrasos de dicha pensión correspondientes a los años 2011, 2012 y 2013 cuando ha quedado acreditado en el proceso de ejecución que el beneficiario -acreedor ejecutante ha contraído nuevo matrimonio en diciembre del año 2010 y se comprenderá fácilmente la problemática que encierra la cuestión planteada.
Pues bien, mi contestación a la cuestión formulada, en los términos en que la he delimitado, ni es abiertamente positiva ni rotundamente negativa. Mi respuesta es ecléctica: no cabe modificar medidas definitivas al resolver el incidente de oposición a la ejecución, en el sentido de que no cabe en ese trámite declarar definitivamente extinguidas o suprimidas medidas definitivas de naturaleza dispositiva, pero sí declarar que durante determinados periodos de tiempo dichas medidas de ordinario obligaciones de pago periódico quedan en suspenso, esto es, que no resultan exigibles por no concurrir los requisitos sustantivos necesarios para el mantenimiento de la vigencia de tales medidas.
Trataré de justificar mi posición, sobre la base de fundamentar, conforme a los preceptos legales aplicables, que ni es admisible permitir siempre la modificación de medidas definitivas en ejecución de sentencia, ni tampoco negar la posibilidad de llevar a cabo una modificación u0022atenuadau0022 de dichas medidas, consistente en su suspensión o ineficacia temporal y con efectos limitados a la ejecución.
Con carácter general, desde una perspectiva jurídica formal, ofrece pocas dudas -habrá de convenirse que la modificación de medidas definitivas establecidas en un proceso de familia, por haberse producido una alteración sustancial de las circunstancias tenidas en consideración por el juez o las partes al tiempo de adoptarlas o acordarlas, ha de llevarse a cabo por el cauce procesal que, indubitadamente, señala el art. 775 LEC, en sus apartados 2 y 3 en relación con los arts. 770, 773 y 777 LEC, esto es, bien a través del proceso contencioso de modificación de medidas, a sustanciar por los trámites previstos en el art. 770 LEC, con la posibilidad de solicitar la modificación provisional contenciosa conforme al artículo 773 de la misma, bien utilizando el proceso de modificación de medidas definitivas de mutuo acuerdo ajustado a los trámites regulados en el art. 777 de dicho cuerpo legal.
El mejor y más consistente argumento que puede esgrimirse para defender que la modificación de las medidas definitivas sólo puede hacerse a través del proceso previsto en el art. 775 LEC es el del necesario respeto al principio de legalidad procesal consagrado en el frontispicio mismo de nuestra vigente LEC, cuyo art. 1 establece: u0022En los procesos civiles, los tribunales y quienes ante ellos acudan e intervengan deberán actuar con arreglo a lo dispuesto en esta Leyu0022. Principio de legalidad procesal que no es sino aplicación al proceso del principio constitucional de sometimiento de todos los poderes públicos al imperio de la ley y, más específicamente, del sometimiento de los jueces y magistrados a la CE y las leyes (art. 117.3 CE, EDL 1978/3879).
El segundo -y tal vez más concluyente argumento legal en contra de la posibilidad de modificar las medidas definitivas en la fase de ejecución de sentencia es la dicción literal del art. 564 LEC, que dispone:
u0022Defensa jurídica del ejecutado fundada en hechos y actos no comprendidos en las causas de oposición a la oposición. Si, después de precluidas las posibilidades de alegación en juicio o con posterioridad a la producción de un título ejecutivo extrajudicial, se produjesen hechos o actos, distintos de los admitidos por esta ley como causas de oposición a la ejecución, pero jurídicamente relevantes respecto de los derechos de la parte ejecutante frente al ejecutado o de los deberes del ejecutado para con el ejecutante, la eficacia jurídica de aquellos hechos o actos podrá hacerse valer en el proceso que corresponda.u0022
El precepto deja bien claro que la eficacia jurídica de los hechos o actos con relevancia jurídica respecto de los derechos del ejecutante u obligaciones del ejecutado, distintos de los admitidos como causas de oposición a la ejecución, ha de hacerse valer a través del proceso que corresponda, en clara referencia al proceso declarativo, lo que, en principio, es tanto como vedar la posibilidad de que la eficacia jurídica de tales hechos o actos se haga valer en la propia ejecución.
El tercero, y no menos sólido, argumento en pro de la necesidad de seguir el cauce procesal previsto en el art. 775 LEC para obtener la modificación de medidas definitivas es la seguridad jurídica inherente a la estricta aplicación de la ley cuando, como en este caso ocurre, la misma no deja lugar a dudas sobre su contenido y alcance, es decir, todos los efectos positivos que para el destinatario de las normas representa la razonable previsibilidad tanto de la respuesta judicial a las controversias como del procedimiento que debe seguir para ventilarlas ante los tribunales.
Los partidarios de la posibilidad de admitir la eventual modificación de medidas definitivas en el trámite de ejecución de sentencia esgrimen en apoyo de su posición el principio de economía procesal, aduciendo que, en determinados casos, la modificación de determinadas medidas depende de ciertos hechos objetivos de fácil constatación y prueba, de modo que el seguimiento de un proceso declarativo completo para obtener un pronunciamiento modificativo supone un auténtico dispendio de medios procesales, recursos económicos y empleo de tiempo que puede, en gran medida, evitarse si el pronunciamiento modificatorio se realiza en el trámite de oposición a la ejecución. Ejemplos paradigmáticos en que, según los partidarios de esta postura, es posible tal modificación en fase de ejecución son el de la extinción de pensión compensatoria por contraer el acreedor nuevo matrimonio o la extinción de la pensión alimenticia de los hijos mayores por su incorporación estable, y acreditada, al mercado laboral.
Pues bien, en mi opinión, tampoco es admisible declarar en el auto resolutorio de la oposición a la ejecución la extinción de obligaciones preexistentes establecidas en la misma resolución judicial ni, en tales supuestos, resulta necesaria la extinción para resolver los problemas que se suscitan en ejecución, y ello por las razones siguientes:
1ª. En primer lugar, la admisión de la posibilidad genérica de modificar medidas definitivas en fase de ejecución de sentencia, vulnera el principio de legalidad procesal (art. 1 en relación con el art. 775 LEC) y conculca gravemente el principio de seguridad jurídica al no ser fácilmente previsible en qué casos deberá el deudor acudir al cauce procesal prevenido en el art. 775 para lograr la modificación y en qué otros le bastará la simple inactividad procesal a la espera de poder alegar, en el trámite de oposición a la ejecución, una vez se presente demanda ejecutiva contra el mismo, la alteración sustancial de circunstancias en que funda la extinción de su obligación. Esa grave inseguridad jurídica derivará no solo de los distintos criterios subjetivos que, al respecto, puedan tener los diferentes juzgados y tribunales, sino, sobre todo, de la imposibilidad de precisar, ante la indeterminación legal al respecto, en qué casos podrá pedirse la extinción de la obligación en ejecución de sentencia y en qué casos no. Así, tomando como ejemplo el de la extinción de pensión alimenticia de un hijo mayor por tener trabajo estable acreditado, ¿en qué casos podremos extinguir la obligación en ejecución y en cuáles no? ¿Cabrá extinguir la pensión alimenticia de un hijo mayor por la circunstancia de no convivir con su progenitor si se presenta en ejecución una certificación de empadronamiento que lo acredite? ¿Bastará para extinguir en ejecución una pensión alimenticia de un hijo mayor el informe de vida laboral del mismo que acredite de modo indiscutible que trabaja desde hace cuatro años? ¿Será suficiente un informe privado de detectives que acredite que el hijo trabaja?
Éstas y otras muchas posibles preguntas nos ponen de manifiesto la improcedencia de utilizar como criterio discriminatorio de cuándo se pueden modificar medidas en ejecución y cuándo no la fuerza acreditativa o poder de corroboración del medio probatorio empleado.
2ª. En caso de admitirse la posibilidad de modificación indiscriminada de medidas en fase de ejecución, dentro del incidente de oposición, se corre el serio riesgo de convertir la vista prevenida en el art. 560 LEC, indebidamente, en la vista del proceso contencioso de modificación de medidas, desvirtuando la naturaleza del proceso de ejecución.
3ª. Es innecesario realizar en ejecución de sentencia un pronunciamiento extintivo de la obligación en cuya inefectividad se sustenta la demanda ejecutiva para resolver los problemas de justicia material que pueden suscitarse en ejecución.
En efecto, el problema se plantea normalmente cuando el acreedor de una pensión alimenticia o compensatoria reclama atrasos por impago de tales pensiones al deudor de las mismas y este considera que no adeuda las cantidades reclamadas por concurrir una causa de extinción o de suspensión de tales pensiones. En esos supuestos, si el juez estima que esa causa concurre puede declarar inexigibles las pensiones cuyo pago se reclama sin necesidad de declarar la extinción de la pensión alimenticia o compensatoria, por corresponder tal pronunciamiento a la sentencia del proceso declarativo. Se trata de reconocer eficacia jurídica, limitada a la ejecución, a ciertos hechos o actos, distintos de los admitidos por la ley como causas de oposición a la ejecución, que son jurídicamente relevantes para enervar las obligaciones del ejecutado para con el ejecutante, en los términos del art. 564 LEC, dejando para el proceso declarativo correspondiente, la extinción formal de dicha obligaciones a través de la sentencia, en la que también podrán hacerse determinados pronunciamientos colaterales derivados de la declaración extintiva de obligaciones, como la fecha a la condena a la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la parte acreedora, ex arts. 1895 y ss CC.
En suma, en el seno del incidente de oposición a la ejecución no debe darse lugar a la modificación formal de medidas definitivas de naturaleza dispositiva mediante pronunciamientos de extinción o supresión formal de obligaciones preexistentes, pero sí es posible declarar la suspensión temporal de tales obligaciones durante determinados periodos de tiempo cuando resulten inexigibles por constar acreditada la falta de concurrencia de los requisitos sustantivos necesarios para el mantenimiento de su vigencia.
Esta es la solución dada por mí a los asuntos en que se ha suscitado la cuestión y es también la doctrina que mantiene la AP Madrid, Sec. 22ª. Veamos. En el caso del Auto -dictado por mí del Juzgado de 1ª Instancia nº 24 de Madrid de fecha 18 de junio de 2007, autos 1037/1990, se estimó íntegramente la oposición a la ejecución por motivos de fondo al estar establecido (por el reconocimiento del acreedor ejecutante y lo establecido en la Sentencia de 10 de abril de 2006, recaída en los autos de modificación de medidas número 1449/05), que los hijos comunes, en el periodo a que afectaba la reclamación de atrasos (febrero de 2004 a abril de 2006) de la pensión alimenticia de los mismos, no habían convivido con el padre custodio -el ejecutante sino que lo hicieron con los abuelos paternos y maternos, con una tía materna, y, finalmente, en el domicilio de la madre. El auto estima la oposición frente a la reclamación de atrasos arguyendo:
u0022...la obligación alimenticia cuyo cumplimiento reclama el ejecutante, carece de causa, al no haber convivido los alimentistas con tal progenitor. Esa convivencia, en cuanto comporta la cobertura por el progenitor custodio (que debe recibir la pensión en dinero del otro progenitor) de todas las necesidades alimenticias del hijo comprendidas en el artículo 142 del Código civil, (...) se erige en presupuesto inexcusable para la prosperabilidad de la reclamación alimenticia, que, por ello, no procede en este caso. Otra cosa supondría, en el presente caso, un ejercicio abusivo del derecho por parte del ejecutante, quien, de recibir en su totalidad las cantidades que reclama en concepto de atrasos de la pensión alimenticia, se vería injustamente enriquecido con la percepción de unas cantidades que no consta hayan sido gastadas por el ejecutante, en cuanto progenitor con quien los alimentistas debían convivir, en cubrir las necesidades alimenticias de dichos descendientes. (...) En suma, la reclamación de atrasos de la pensión alimenticia que dio lugar al despacho de ejecución es totalmente improcedente al carecer de causa la obligación alimenticia cuya ejecución se pide y darse lugar, en caso de mantener la ejecución despachada, a un enriquecimiento sin causa del ejecutante como consecuencia de un ejercicio abusivo de un derecho que debe rechazarse por los juzgados y tribunales, de conformidad con las prescripciones emanadas del artículo 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.u0022
La AP Madrid, Sec. 22ª, si bien no es partidaria de que en ejecución puedan hacerse pronunciamientos extintivos de pensiones de alimentos o compensatoria, admite que pueda declararse la suspensión de tales obligaciones y la subsiguiente inexigibilidad de las mismas. Así, su Auto de 3 de marzo de 2009 (EDJ 2009/68592) señala:
u0022...no es posible admitir planteamientos formalistas cuando se afirma que para dejar sin efecto la pensión de alimentos es necesario acudir a un nuevo procedimiento de modificación de medidas, lo cual es válido, en el ámbito formal, para obtener una declaración sobre la extinción definitiva del derecho a la pensión de alimentos en la litis matrimonial, lo que nada tiene que ver con la posibilidad contemplada en la fase de ejecución si se acreditan las circunstancias para ello, en relación con la suspensión de la obligación de pago de dicha pensiónu0022.
En similares términos, el Auto de AP de Madrid, Sec. 22ª, de 29 de febrero de 2008, rollo de apelación nº 190/2008 (EDJ 2008/46034), refiriéndose a un caso en que aparecía acreditado que la hija mayor con derecho a alimentos estaba dada de alta en la Seguridad Social desde el año 2001, con trabajos prácticamente ininterrumpidos hasta junio de 2004, con una nómina, a dicha fecha de 561 euros. La Sala estima que esos datos evidencia la independencia económica a que se refiere el convenio regulador y el art. 93 y concluye que ello determina:
u0022...la inexigibilidad de las prestaciones alimenticias en los periodos reclamados, pronunciamiento que, sin duda, cabe realizar en fase de ejecución de sentencia como reiteradamente viene sosteniendo esta Sala, a riesgo, en caso contrario, de producir un enriquecimiento injusto en quien realiza la reclamación...u0022.
El Auto de AP Madrid, Sec. 22ª, de 16 de septiembre de 2011, rollo de apelación 245/2011 (EDJ 2011/227636), dice:
u0022También es cierto que en fase de ejecución de sentencia, aunque formalmente no es posible declarar la extinción definitiva de tal derecho, es factible declarar la suspensión de la obligación de abonar la prestación alimenticia, cuando hay no concurren los presupuestos señalados en los artículos 90 y siguientes, y, en especial, en el artículo 93, todos del Código civilu0022.
En igual sentido, el Auto de AP Madrid, Sec. 22ª, de 10 de noviembre de 2009, rollo de apelación 707/2009 (EDJ 2009/319966), entiende que:
u0022...al disponer la sentencia cuya ejecución se pretende, en relación con la pensión alimenticia de los hijos que u0022dicha pensión subsistirá en tanto concurran en los hijos las circunstancias del artículo 93-2 del Cc.u0022, dicha determinación hace que sea procedente el despacho de ejecución conforme al artículo 18-2 de la LOPJ y al derecho de ejecución de las resoluciones judiciales conforme a lo previsto en el fallo, máxime cuando se aporta un documento que apunta a la inexistencia en el hijo Alexis de los requisitos previstos en el párrafo 2º del artículo 93 del CCu0022.
Las medidas definitivas adoptadas en los procesos consensuados de separación...
Las medidas definitivas adoptadas en los procesos consensuados de separación, divorcio y nulidad del matrimonio, en los que se aprueba el convenio regulador suscrito por los cónyuges y ratificado ante la presencia judicial, son susceptibles de ser alteradas con posterioridad por decisión judicial o por nuevo convenio cuando se modifiquen sustancialmente las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de su determinación. En este sentido se expresa el penúltimo párrafo del art. 90 CC (EDL 1889/1).
La misma posibilidad cabe en los procesos contenciosos de nulidad, separación y divorcio del matrimonio, a tenor de lo preceptuado en el art. 91, in fine, CC.
El cauce procedimental adecuado, por decisión del legislador, es el contenido en el art. 775, que remite al art. 770, ambos de la LEC (EDL 2000/77463), para la modificación de medidas de los procesos contenciosos de nulidad, separación y divorcio del matrimonio, con la salvedad, en los procesos consensuados, de acudirse a la vía del art. 777 LEC.
Los sujetos del proceso de modificación de medidas pueden solicitar, en la fase alegatoria del mismo, propia de la demanda o contestación, la adopción de medidas provisionales en base al art. 773 LEC.
Las vías legales de carácter adjetivo son pues claras cuando se pretende la modificación de medidas definitivas de la separación, divorcio y nulidad del matrimonio.
En la fase de ejecución de tales sentencias de nulidad, separación y divorcio, en las que se persigue la realización práctica del contenido dispositivo de las mismas, dentro de la función jurisdiccional, es factible que se revelen hechos de trascendencia para hacer cesar, por causa legal, determinadas medidas definitivas. Así, puede acontecer que se acredite objetivamente que los hijos mayores de edad ya no conviven con uno de los cónyuges, o que ya haya alcanzado la independencia económica, lo que determina, es ambos casos o si se dan los dos, la extinción de la prestación alimenticia, por no concurrencias de los presupuestos del art. 93 CC.
En cuanto a la pensión compensatoria por desequilibrio económico del art. 97 CC, puede suscitarse y acreditarse en fase de ejecución de las sentencias matrimoniales, causas extintivas de la prestación concedida, por cese del desequilibrio económico, por vida marital con otra persona o por contraer nuevo matrimonio la beneficiaria de la pensión de referencia.
Si así acontece, no debe determinarse en el proceso de ejecución, en el auto resolutorio del mismo, la extinción de las pensiones, en los casos indicados u otros semejantes, sino que ha de acudirse al proceso de modificación de medidas definitivas, en la forma ya indicada, en aras de tutelar el principio de la seguridad jurídica.
Si bien ello es así, ha de evitarse en sede del proceso de ejecución la causación de graves perjuicios a la parte ejecutada, cuando se den los antecedentes descritos, para evitar que se sigan devengando las pensiones, no obstante, la concurrencia de causas legales de extinción.
La solución es la de acudir al contenido legal del art. 7.2 CC, cuando explicita que la ley no ampara el abuso del derecho o el ejercicio antisocial del mismo, de tal manera que se decrete no seguir adelante la vía ejecutiva por las pensiones desde la concurrencia de las causas extintivas, sin declarar en la ejecución las mismas, mas dejando expedita la vía del proceso de modificación de medidas, en cuya fase inicial pueden ya solicitarse medidas provisionales, y luego declararse en sentencia la extinción basada en causa legal, de las pensiones de referencia, incluso con apreciación de efecto retroactivo desde la fecha de la concurrencia de la causa extintiva.
Mientras tanto, se evita en el proceso de ejecución que se despache la ejecución, acudiendo al abuso del derecho, a la espera de la sentencia definitiva del proceso de modificación de medidas.
No puede tratarse esta cuestión como una u0022víau0022 nueva para modificar medidas...
No puede tratarse esta cuestión como una u0022víau0022 nueva para modificar medidas definitivas, sino que si en la fase de ejecución de las medidas y en formulación de la oposición se pudieran suscitar cuestiones fuera del cauce previsto en la LEC, en el art. 556 LEC (EDL 2000/77463) sería viable la opción suscitada.
No obstante, entiendo que el carácter tasado de los motivos complica esta cuestión. Es lo cierto que este carácter tasado de los motivos de oposición a la ejecución hace que entienda que, en razón al principio de legalidad y de seguridad jurídica, la opción para modificar las medidas definitivas sea la del art. 775 LEC, y no cualquier otra, porque el legislador ha querido hacer de los motivos de oposición un carácter tasado y no permitir acudir a motivos ajenos a los contemplados en el precepto.
En sede de ejecución hipotecaria, la Sentencia del TJUE de 14 de marzo de 2013(EDJ 2013/21522) ha supuesto la posibilidad de que el juez de la ejecución hipotecaria pueda ahora analizar como motivo de oposición el carácter abusivo de las cláusulas contractuales, siendo que antes no estaba permitida esta opción. Así, ha tenido que ser el TJUE quien resuelva esta cuestión admitiendo una fórmula no prevista legalmente.
Por ello, entendemos que, también en esta materia de familia, si se quiere acudir al camino de la alegación de circunstancias de extinción de las obligaciones fijadas en resolución judicial, no hay otra fórmula que la de acudir al cauce del art. 775 LEC sin que la vía de la oposición a la ejecución de la resolución judicial sea la correcta, cuando la LEC contempla de forma y manera específica un concreto cauce para fijar y resolver el cambio que se postula de las medidas adoptadas en sentencia, sin que sea posible esperar a que se ejecuten las medidas por falta de cumplimiento voluntario para oponerse a ellas y conseguir que, sin acudir al cauce del art. 775 LEC, se pueda estimar una oposición a la ejecución de la medida firme dictada en sentencia, con lo que entiendo que la vía adecuada es la del art. 775 LEC, mientras que el legislador no modifique el carácter tasado de los motivos de oposición, como ha ocurrido con la imperatividad de la reciente sentencia del TJUE en la oposición a la ejecución hipotecaria.
La modificación o extinción de una medida definitiva que se contiene en una...
La modificación o extinción de una medida definitiva que se contiene en una sentencia, en principio, sólo puede llevarse a efecto mediante otra sentencia que se dicte en un posterior procedimiento, bien sea de divorcio si es que la medida se acordó en un proceso de separación, o de modificación de medidas.
Ahora bien, no podemos olvidarnos que, iniciado un proceso de ejecución, pueden presentarse situaciones que justifique la modificación de alguna medida. Me refiero a aquellos supuestos contemplados en el art. 158 CC (EDL 1889/1) que están íntimamente relacionados con la custodia y con el régimen de visitas. Tras la audiencia de las partes, el Juez podrá modificar el sistema de custodia o el régimen de visitas, bien para reducirlo, suspenderlo o modificar alguna cuestión relacionada con el desarrollo de las visitas.
Sin embargo, no considero que el art. 158 CC pueda ser utilizado para modificar o extinguir las pensiones alimenticias de los hijos menores de edad o la atribución del uso de la vivienda familiar ni, por supuesto, el resto de medidas de carácter dispositivo.
No puede negarse que existen situaciones en las que se han alterado las circunstancias que llevaron en su día a la fijación de las medidas, y lo que se acordó ya no responde a la realidad. En estos casos, se presenta el conflicto jurídico de ejecutar unas medidas que se contienen en una resolución judicial firme que no ha sido modificada con posterioridad frente a unos hechos que distan mucho de la situación existente cuando se adoptaron las medidas.
Si uno de los progenitores solicita la ejecución de las medidas que estaban vigentes, y el otro se opone alegando el cambio de circunstancias, el ejecutante rápidamente alegará que dentro de las causas de oposición de títulos judiciales no aparece el cambio de circunstancias, y la respuesta formal del juzgado será desestimar la oposición a la ejecución sin perjuicio de que la parte promueva el correspondiente procedimiento de modificación de medidas. En este sentido, la AP Cádiz, Sec. 5ª, en su Auto de 16 de marzo de 2012 (EDJ 2012/79253) señaló que u0022No puede admitirse cualquier causa de oposición a la ejecución por impago de pensiones alimenticias, y por tanto cuando el hecho extintivo alegado debe probarse en un procedimiento de modificación de medidas, procede continuar la ejecución, pues solo la desidia del ejecutado en presentar la demanda de modificación ha motivado que se mantenga desde hace más de una década la obligación alimenticiau0022. En similares términos se pronunció la AP Granada, Sec. 5ª, en su Auto de 20 de diciembre de 2011 (EDJ 2011/339368): u0022Las sentencias deben ejecutarse en sus propios términos y ello sin perjuicio de que las razones alegadas -que el hijo desempeña un puesto de trabajo y tiene vida independiente puedan plantearse en el oportuno procedimiento de modificación de medidasu0022. También mantuvo este criterio la AP Asturias, Sec. 1ª, en su Auto de 24 de marzo de 2011 (EDJ 2011/82758): u0022No se comparten los razonamientos de otras Audiencias Provinciales y por tanto las medidas no pueden modificarse o dejarse sin efecto en fase de ejecución de sentenciau0022 y la Sec. 7ª de esa misma AP en su Auto de 17 de mayo de 2010 (EDJ 2010/137117): u0022El cambio de circunstancias no está encuadrada en ninguno de los motivos de oposición recogidos en el artículo 556 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y por tanto no puede alegarse para oponerse al impago de pensionesu0022.
Por su parte, la AP Castellón, Sec. 2ª, en su Auto de 5 de noviembre de 2010 (EDJ 2010/298969) precisó que u0022Si se permitiera a un deudor oponerse a la ejecución de una obligación alimenticia, relevándole de tomar la iniciativa procesal de acudir a un procedimiento de modificación de medidas en cuanto detecte una causa de extinción o modificación de la medida, le bastaría dejar cómodamente de cumplir la medida sobre la base de un futura acreditación del factum modificatoriou0022.
Por último, la AP Cáceres, Sec. 1ª, en su Auto de 21 de septiembre de 2010 (EDJ 2010/237338) señaló que u0022Puede ser injusto que, de acreditarse la independencia económica de los dos hijos beneficiarios de la pensión alimenticia, el padre tenga que seguir abonando la misma a la madre tal y como viene condenando en sentencia firme, pero en lugar de dejar de cumplir la sentencia de forma unilateral, pudo y debió acudir al procedimiento previsto en la Ley, cuando se produzca una alteración sustancial de las circunstanciasu0022.
Sin embargo, cada vez son más los tribunales que entienden que determinados cambios de circunstancias pueden tener trascendencia como causa de oposición a la ejecución.
La AP León, Sec. 2ª, en su Auto de 30 de diciembre de 2011 (EDJ 2011/339581) resolvió que u0022Determinados cambios de circunstancias pueden tener trascendencia como causa de oposición a la ejecución, sin hacer necesaria la presentación de una demanda de modificación de medidas. Piénsese, por poner algún ejemplo, en los casos de convivencia estable de los menores con el progenitor no custodio o de vida independiente o con su pareja de los hijos ya mayoresu0022. Y la AP Valencia, Sec. 10ª, en Auto de 19 de mayo de 2011 (EDJ 2011/161230) dispuso que u0022Tomando en consideración que el hijo es mayor de edad, tiene un trabajo adecuado a su situación personal con el que subviene a sus necesidades, se está en el caso de entender que la pretensión de la ejecutante entra en aquellos supuestos en que consideramos que concurre un abuso de derecho, pluspetición o insuficiencia del título para amparar la ejecución, correctamente denegada por la resolución recurridau0022. También la AP Barcelona, Sec. 18ª, en su Auto de 12 de abril de 2011(EDJ 2011/89154) mantiene este criterio: u0022La variación de circunstancias referidas a materias como la pensión de alimentos devengada a favor de los hijos mayores de edad, podrá examinarse en el incidente de ejecución de la propia resolución en que se declaró la obligación siempre que se haya tramitado con audiencia y contradicción de las partes y concurra causa objetiva suficienteu0022, al igual que la AP Sevilla, Sec. 2ª, en su Auto de 8 de febrero de 2010 (EDJ 2010/99963): u0022La resolución apelada no declara extinguida la pensión alimenticia, se limita a considerarla inexigible, dado que resulta jurídicamente abusivo y contrario a la buena fe exigir el pago en vía ejecutiva de una pensión cuando, de manera ostensible e inequívoca, se aprecie, y así se acredite de modo indubitado e incuestionable, la presencia de alguna causa extintiva del derecho a percibirla, pues el hecho de acceder a la pretensión ejecutiva ampararía un abuso de derecho y daría cobertura a una situación de enriquecimiento injustou0022. Finalmente también puede citarse la AP Madrid, Sec. 22ª, que en su Auto de 22 de enero de 2010 (EDJ 2010/34951) dispuso que u0022No es necesario acudir al procedimiento de modificación de medidas para declarar la no exigibilidad de la pensión de alimentos en favor de una hija, de veintiséis años de edad, al constar que concluyó sus estudios universitarios estando incorporada al mercado de trabajou0022.
Por tanto, contestando a la cuestión planteada, me pronuncio en el sentido de que sí pueden modificarse en fase de ejecución de sentencia las medidas que afectan a la guarda y custodia y al régimen de visitas cuando concurren las circunstancias previstas en el art. 158 CC, pero no pueden modificarse ni extinguirse el resto de medidas, ya que para ello será necesario acudir al procedimiento de modificación de medidas. Otra cuestión distinta, y de la que me muestro totalmente partidario, es que pueda acordarse la no exigibilidad de las medidas vigentes cuando se ha producido un cambio sustancial de circunstancias y ha sido acreditado suficientemente dado que los tribunales nunca pueden amparar el abuso de derecho. Lo que en la práctica sucede es que cuando se dicta una resolución declarando la no exigibilidad de una pensión, ya carece de sentido presentar una demanda de modificación de medidas para extinguirla.
Parece que lo dispuesto legalmente está claro, es decir una medida definitiv...
Parece que lo dispuesto legalmente está claro, es decir una medida definitiva, que solo puede modificarse en virtud de una alteración sustancial de las circunstancias, conforme señalan los arts. 90 y 91 CC (EDL 1889/1), y el apartado 1 del 775 LEC (EDL 2000/77463), deberá someterse a los procedimientos que recoge este último en sus apartados 2 y 3: el que señala el art. 770, que son los trámites del procedimiento verbal; los del art. 777 cuando la modificación fuera de acuerdo entre los litigantes o a propuesta de uno con el consentimiento del otro; y, por último, tratándose de medidas acordadas en procedimiento anterior, por el regulado en el art. 773.
La pregunta, sin embargo, puede entenderse con un doble planteamiento: el que encabeza esta respuesta (se refiere en general a la modificación en fase de ejecución, sin introducir cualquier otro aspecto); y un segundo que permite la lectura del comentario aclaratorio, en el que se dice: u0022en especial cuando concurran circunstancias netamente objetivas que lo permitan: así, por ejemplo, la extinción, por devenir inejecutables, de las pensiones de los hijos mayores de edad, cuando quede probada su incorporación estable al mercado laboral, o la de la pensión compensatoria, cuando se acredite el nuevo matrimonio del acreedoru0022, y que parece dejar reducida la cuestión a supuestos en los que el cambio de circunstancias consista en hechos objetivos que prácticamente impiden oposición.
Me parece que es necesario matizar la pregunta para poder concretar la respuesta, pues la primera dimensión (es decir la posibilidad, en cualquier caso, de resolver en fase de ejecución la medida acordada en forma definitiva), me parece que no está permitida legalmente, y supondría un camino procesal al borde de la ley y, en consecuencia, sin su acogimiento, que haría peligrar la seguridad jurídica. Sin embargo, si se reduce a supuestos en los que realmente conste acreditada una circunstancia objetiva, como la mayoría de edad junto con independencia económica de los hijos, o el nuevo matrimonio del cónyuge que está cobrando pensión compensatoria, las cosas cambian radicalmente, pues se trata de hechos que en artículos como el art. 93 o el art. 101, ambos del Código Civil, marcan la terminación del derecho de alimentos de los hijos o de la compensatoria de uno de los cónyuges.
Ahora bien, puesto que en definitiva, se va a tratar también de una cuestión de prueba y, con carácter general, no suelen presentarse las cosas como tan evidentes (porque la independencia económica, más hoy en día, no suele detectarse con claridad, y tampoco es frecuente contraer matrimonio sino establecer convivencias más o menos estables y menos o más encubiertas), es por lo que me inclino a pensar: por un lado, que aquellas situaciones tan manifiestas, consideradas en la explicación de la pregunta como u0022circunstancias objetivasu0022 se dan en contadas ocasiones; y, por el otro, que la redacción del art. 775 LEC, con intención de generalidad, prácticamente comprende todas las posibilidades de cambio de circunstancias, fijándose tres procedimientos diversos para cada una de ellas.
En definitiva, me inclino a responder en contra de la posibilidad de modificar una medida definitiva en fase de ejecución, dado que las modificaciones a las que limitaría esa vía no comprendida en la ley son tan escasas que supondrían excepcionalidades de muy difícil configuración si se trataran de regular. En tal respuesta pesa también, y muy decisivamente, que incluso esas circunstancias han de ser probadas, y su manifestación con toda la dimensión posible sin permitir perjuicio de ninguno de los litigantes, parece que es más sencilla en las vías marcadas legalmente, en concreto en el precepto reseñado, el art. 775 LEC.
Hay que partir de que la ejecución de títulos judiciales ha de acomodarse a...
Hay que partir de que la ejecución de títulos judiciales ha de acomodarse a lo resuelto en el proceso declarativo del que trae causa. En el Capítulo III del Título III de la LEC (EDL 2000/77463) no hay mención de que pueda comprenderse en esta fase resolución declarativa alguna y, desde luego, nada que permita imaginar una rectificación o modificación de lo expresado en el título ejecutivo. El art. 551.1 LEC referido al despacho de la ejecución, exige entre otros presupuestos y requisitos procesales que u0022los actos de ejecución que se solicitan sean conformes con la naturaleza y contenido del títulou0022.
En cuanto al restringido y tasado contenido de la oposición a la ejecución, el art. 556 LEC, con las modificaciones operadas por el art. 15.226 de Ley 13/2009, de 3 de noviembre (EDL 2009/238889), por el art. 4.28 de Ley 37/2011, de 10 de octubre (EDL 2011/222122) y por las Disposiciones Finales 2.18 y 3.21 de Ley 5/2012, de 6 de julio (EDL 2012/130653), dispone en su aptdo. 1, que si fuera una resolución de condena, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, sólo podrá oponerse a ella alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia -que habrá de justificar documentalmente-, la caducidad de la acción ejecutiva, y los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones consten en documento público, sin siquiera suspender el curso de la ejecución, abstracción hecha de los supuestos ajenos al tema que contemplamos, a los que se refiere el núm. 8º del aptdo. 2 del art. 517. Con independencia de ellos sólo se permite la oposición fundada exclusivamente en pluspetición o exceso (art. 558) o por defectos procesales (art. 559).
Es cierto que las circunstancias netamente objetivas como el matrimonio del acreedor, acreditado por la certificación de su inscripción en el Registro Civil (no así el trabajo del alimentista, que habría que ponderar en su cuantía, duración, etc.) debería constituir una causa de oposición a La ejecución, pero no figura incluida en la ley y, a mi juicio, no puede ahora desvirtuarse la naturaleza de la ejecución, que tiene su cauce establecido de modo categórico en la Ley Procesal, permitiendo con toda garantía la aplicación de las normas adjetivas.
La modificación tiene una normativa, plena de garantías, al tramitarse en el supuesto de desacuerdo de conformidad con el art. 770 LEC, sin que la economía procesal pueda justificar prescindir de la contestación a la demanda por escrito, la celebración de un juicio y la proposición y práctica de pruebas en la forma prescrita.
Las razones de premura y la posible pérdida de eficacia de la alteración procedente por el trascurso del tiempo, queda moderada en parte por la ejecutoriedad de lo acordado en primera instancia y muy especialmente por la posibilidad de adoptar medidas provisionales, supuesto éste que no existía en las primitivas normas de procedimiento, incluidas en las Disposiciones Adicionales de la Ley 30/1981, de 7 de julio (EDL 1981/2897).
Rechazado por MAYORÍA DE 6 VOTOS
La mayoría de nuestros colaboradores entiende que cauce normal para conseguir de forma contenciosa la modificación de medidas definitivas viene a ser el recogido en el art. 770 LEC (EDL 2000/77463) como dispone el 775.2 y no se puede modificar una medida definitiva en la fase de ejecución de la resolución judicial correspondiente sin necesidad de acudir a los trámites establecidos en dicho art. 775.
Esta mayoría argumenta entre otras consideraciones que, si se quiere acudir al camino de la alegación de circunstancias de extinción de las obligaciones fijadas en resolución judicial, no hay otra fórmula que la de acudir al cauce del art. 775 LEC, sin que la vía de la oposición a la ejecución de la resolución judicial sea la correcta cuando la LEC contempla de forma y manera específica un concreto cauce para fijar y resolver el cambio que se postula de las medidas adoptadas en sentencia; sin que sea posible esperar a que se ejecuten las medidas por falta de cumplimiento voluntario para oponerse a ellas y conseguir que, sin acudir al cauce del art. 775 LEC, se pueda estimar una oposición a la ejecución de la medida firme dictada en sentencia, con lo que la vía adecuada es la del art. 775 LEC, mientras que el legislador no modifique el carácter tasado de los motivos de oposición.
La posición contraria, integrada por Dña. Gema Espinosa, Don Juan P. González y Don Antonio J. Pérez Martín, entiende sin embargo que la cuestión no es susceptible de una respuesta unívoca, taxativa y sin matizaciones ya que hay determinados supuestos en los que, o por la urgencia del caso, o por la falta de capacidad o legitimación del ejecutante, o incluso acudiendo al principio del enriquecimiento injusto o a la mala fe de quien reclama, es posible en ejecución de sentencia dejar sin efecto o suspender las medidas acordadas en un procedimiento anterior. Además se añade que ni es admisible permitir siempre la modificación de medidas definitivas en ejecución de sentencia, ni tampoco negar la posibilidad de llevar a cabo una modificación u0022atenuadau0022 de dichas medidas, consistente en su suspensión o ineficacia temporal y con efectos limitados a la ejecución.