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Timestamp: 2019-11-15 19:17:26
Document Index: 50571735

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 35', 'ARTÍCULO 35', 'artículo 41', 'artículo 25', 'artículo 41', 'artículo 102', 'artículo 102']

﻿ Sentencia 2002-00191 de junio 13 de 2013
SENTENCIA 2002-00191 DE 13 DE JUNIO DE 2013
CONTENIDO:ERRÓNEA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 35-3 DEL CÓDIGO ÚNICO DISCIPLINARIO. LA PROHIBICIÓN CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 35-3 DEL CÓDIGO DISCIPLINARIO ÚNICO, LEÍDA EN SU INTEGRIDAD, ES SUFICIENTEMENTE UNIFORME Y HOMOGÉNEA PARA PODER CONSIDERARSE COMO UNA ÚNICA DESCRIPCIÓN LEGAL, REGIDA POR UN ÚNICO VERBO RECTOR “SOLICITAR”-, CONDUCTA QUE PUEDE RECAER SOBRE DISTINTOS OBJETOS ENUMERADOS A TÍTULO MERAMENTE ENUNCIATIVO POR LA PROPIA LEY COMO: DÁDIVAS, AGASAJOS, REGALOS, FAVORES, O CUALQUIER OTRA CLASE DE BENEFICIOS-, EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA. LA DIFERENCIA ENTRE LOS DISTINTOS OBJETOS SOBRE LOS QUE PUEDE RECAER LA CONDUCTA PROSCRITA, LOS CUALES, SE NOMBRAN EN FORMA ILUSTRATIVA Y NO EXHAUSTIVA, NO ES LO SUFICIENTEMENTE AMPLIA COMO PARA CONFIGURAR DOS SUB-PROHIBICIONES DISCIPLINARIAS DIFERENTES. DE ESTA MANERA, NO VULNERA ESTA ENUNCIACIÓN NINGUNA NORMA SUPERIOR, Y DE ELLA NO SE DERIVA TAMPOCO NINGUNA IMPRECISIÓN O VAGUEDAD EN LA REDACCIÓN DE LA NORMA, LA CUAL NO SE PRESTA A EQUÍVOCOS CON RESPECTO A LA CONDUCTA QUE ALLÍ SE PROSCRIBE. SE TRATA, POR LO TANTO, DE UNA SOLA PROHIBICIÓN DISCIPLINARIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTROL DISCIPLINARIO, JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, POTESTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO, CONTROL JUDICIAL DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA DEL ESTADO, COMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, ACTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
Sentencia 2002-00191 de junio 13 de 2013
Rad.: 050012331000200200191 01
Núm. interno: 2639-2012
Actor: Luis Hernando Echeverri Arenas
Bogotá D.C., trece de junio de dos mil trece
El problema jurídico se contrae a establecer si en el presente asunto entre el actor y el municipio de Medellín se configuró una relación laboral, legal o reglamentaria a pesar de su vinculación mediante contratos de prestación de servicios y en caso afirmativo, si tiene derecho al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales.
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las súplicas de la demanda por considerar que a pesar de que el actor acreditó la subordinación o dependencia respecto del empleador en el cumplimiento de las labores ejercidas como vigilante, se había configurado la prescripción, pues había perdido el derecho a exigir las obligaciones que la entidad pudo haber contraído con él en virtud de los sucesivos contratos de prestación de servicios que fueron pactados, en razón de que la relación laboral culminó el 15 de agosto de 1997 y el actor no presentó la demanda dentro de los tres años siguientes a la exigibilidad del derecho como lo dispone el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968.
Se argumentaba la irrenunciabilidad de los derechos contra expresa prohibición legal (C.P. art. 53) y que al desnaturalizarse una relación laboral para convertirla en la contractualregulada por la Ley 80 de 1993, tales cláusulas no regían para el derecho por falta de existencia,caso en el cual no se requería de pronunciamiento judicial.
El criterio jurisprudencial anteriormente mencionado fue modificado por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de noviembre 18 de 2003, expediente IJ-0039, actor. María Zulay Ramírez. Para mayor ilustración resulta pertinente transcribir los aportes de mayor relevancia jurídica de tal sentencia:
3. No existe violación del derecho de igualdad por el hecho de la suscripción de los contratos de prestación de servicios, puesto que la situación del empleado público, la cual se estructura por la concurrencia de elementos sin los cuales dicha relación no tiene vida jurídica (C.P. art. 122), es distinta de la que se origina en razón de un contrato de prestación de servicios. Esta última no genera una relación laboral ni prestaciones sociales.
Igualmente la mencionada situación del empleado público es diferente a la que da lugar al contrato de trabajo que con la administración solo tiene ocurrencia cuando se trata de la construcción y mantenimiento de obras públicas.
Así mismo que aunque se haya realizado una vinculación bajo la forma de contrato de prestación de servicios, si el interesado logra desvirtuar su existencia al demostrar la presencia de la subordinación o dependencia respecto del empleador, tendrá derecho al pago de prestaciones sociales en aplicación del principio de prevalencia de la realidad sobre las formas en las relaciones de trabajo, (C.P. art. 53).
Criterio que esta corporación(1) ha compartido en los siguientes términos, insistiendo en la importancia de la subordinación
Las estipulaciones anteriores permiten concluir que cuando la demandante desarrolló su actividad bajo la figura de contratos u órdenes de prestación de servicios lo hizo para cumplir una relación de tipo laboral, pues el cumplimiento de labores encomendadas se llevó a efecto en desarrollo de instrucciones impartidas por sus superiores y debía reportar a estos el desarrollo de la actividad, numeral 4...” (Exp. 245/03, Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje SENA).
“... si bien es cierto que la actividad del contratista puede ser igual a la de empleados de planta, no es menos evidente que ello puede deberse a que este personal no alcance para colmar la aspiración del servicio público; situación que hace imperiosa la contratación de personas ajenas a la entidad. Y si ello es así, resulta obvio que deben someterse a las pautas de ésta y a la forma como en ella se encuentran coordinadas las distintas actividades. Sería absurdo que contratistas encargados del aseo, que deben requerirse con urgencia durante la jornada ordinaria de trabajo de los empleados, laboren como ruedas sueltas y a horas en que no se les necesita. Y lo propio puede afirmarse respecto del servicio de cafetería, cuya prestación no puede adelantarse sino cuando se encuentra presente el personal de planta. En vez de una subordinación lo que surge es una actividad coordinada con el quehacer diario de la entidad, basada en las cláusulas contractuales.” (se resalta).
De la situación particular de los vigilantes
Lo anterior permite concluir que para cumplir con las labores de vigilancia, la persona contratada para tal fin, debe atender y obedecer las órdenes de sus superiores, a quienes les corresponde determinar en qué forma, horario y dependencia se debe prestar el servicio, es decir, que el elemento de la subordinación es indispensable para que se pueda desarrollar tal servicio.
Luis Hernando Echeverri Arenas solicitó al alcalde del municipio de Medellín (Antioquia), se declare la existencia de la relación laboral y se condene a la demandada al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y las cuotas de la seguridad social canceladas por el actor durante el período que laboró, para lo cual, alega la existencia de una relación laboral, por los siguientes periodos:
Contrato Vigencia Objeto del contrato
0185-1996 24-06-96 al 23-09-96 Vigilante
1875-1996 01-10-96 al 31-12-96 Vigilante
0066-1997 01-01-97 al 31-01-97 Vigilante
0382-1997 01-02-97 al 30-06-97 Vigilante
1097-1997 01-07-97 al 01-08-97 Vigilante
1227-1997 01-08-97 al 15-08-97 Vigilante
En los diferentes contratos suscritos entre el señor Luis Hernando Echeverri Arenas y el municipio de Medellín, aparece como objeto que:
“EL CONTRATISTA se obliga para con el Municipio, Secretaría de Educación y Cultura, a prestar sus servicios como vigilante en el sitio que le sea asignado”.
Es decir, debía laborar donde se le indicara, escenario que permite demostrar que el demandante estaba subordinado a las directrices que se le impartieran.
Por otra parte, se observa que en los mismos contratos se determinaba que el actor debía cumplir con las siguientes funciones:
1. Colaborar para permitir la seguridad del público, poniendo la mayor diligencia en practicar las instrucciones que le imparta el jefe.
2. Informar al jefe en el momento oportuno de cualquier anormalidad o situación que atente contra la seguridad de las personas.
3. Colaborar el controlar la disciplina de la entidad a la cual esté asignado, de acuerdo con el reglamento institucional y orientaciones especiales del jefe.
4. Elaborar un informe de turno registrando las novedades que se presentaron durante el mismo.
5. Desempeñar las de más funciones propias del cargo que le sean asignadas por el jefe.
6. Brindar a la comunidad y el público un trato amable y respetuoso.
De lo anterior se colige el sometimiento del interesado a órdenes de un superior para el cabal cumplimiento de sus funciones y desvirtúa la independencia en el ejercicio de sus funciones así como el hecho de que el demandante no desarrolló labores ocasionales o temporales, para las cuales la Ley 80 de 1993 previó la figura del contrato de prestación de servicios. Por el contrario, el señor Luis Hernando Echeverri Arenas laboró para el municipio de Medellín por más de un año, situación que conlleva a determinar que existió una verdadera relación laboral por la actividad que desarrollaba como vigilante.
Tampoco es posible afirmar que las actividades que desempeñó el actor requerían de conocimientos técnicos o científicos específicos, los cuales son elemento esencial para la celebración del contrato de prestación de servicios.
Debe aclararse que el material probatorio obrante en el expediente, permite inferir que la administración pretendió evitar el pago de prestaciones sociales encubriendo la existencia de una verdadera relación laboral, por cuanto como se mencionó anteriormente, la subordinación y la dependencia se encuentran ínsitas en la labor que desarrollan los vigilantes o celadores es decir, son consustanciales al servicio de cada entidad.
No desconoce la Sala lo que se ha expuesto en otras oportunidades, en el sentido de que la parte interesada en que se declare la existencia de una relación laboral, legal y reglamentaria, debe revestir el proceso de pruebas documentales y testimoniales que permitan llegar a la convicción de que realmente no se trataba de un contrato de prestación de servicios, y si bien, en el presente asunto no obra prueba abundante, la que reposa es suficiente para deducir los elementos de la relación laboral, por cuanto del empleo mismo se deduce su falta de libertad para llevar a cabo las funciones de Celador e igualmente que no se trataba de labores de carácter científico, siendo necesaria además la prestación personal del servicio dentro de los horarios regulares de funcionamiento de la entidad y la remuneración igualmente están probadas.
En consecuencia, los servicios que prestó el actor, de manera personal, dependiente o subordinada, cumpliendo un horario de trabajo, desde el 24 de junio de 1996 al 15 de agosto de 1997 desvirtúan la existencia del contrato de prestación de servicios y en aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas entre los sujetos de la relación laboral (C.P. art. 53), es necesaria la protección especial del Estado, que garantiza el artículo 25 de la Carta Política.
Así las cosas y conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, existía una relación laboral, que impone la especial protección del Estado en igualdad de condiciones a la de los vigilantes de planta, según términos de los artículos 13 y 25 de la Carta.
En lo referente a la prescripción trienal de carácter laboral debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, que estipula que las acciones que emanen de los derechos consagrados en dicho decreto “prescribirán en tres años contados desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual”.
A su turno el Decreto 1848 de 1969, en su artículo 102, señala que las acciones que emanan de los derechos consagrados en el Decreto 3135 de 1968 y tal preceptiva, “prescriben en tres años, contados a partir de la fecha en que la respectiva obligación se haya hecho exigible. El simple reclamo escrito del empleado o trabajador ante la autoridad competente sobre un derecho o prestación debidamente determinado interrumpe la prescripción pero solo por un lapso igual”.
Como se observa, el término de prescripción de tres años se cuenta desde que la obligación se hace exigible, pero debe tenerse en cuenta que en el contrato de prestación de servicios, el derecho surge desde el momento en que la sentencia lo constituye a favor del contratista junto al restablecimiento, porque previo a la expedición de la sentencia que declara la primacía de la realidad laboral sobre la contractual, no existe ningún derecho a favor del contratista de prestación de servicios emanado de un vínculo laboral, con lo que resulta, que es imposible que se pueda predicar la prescripción de un derecho que no ha nacido a la vida jurídica.
Así las cosas, a partir de la sentencia que constituye el derecho en cabeza del contratista, es que queda autorizado para reclamar ante las autoridades administrativas las prestaciones sociales reconocidas, porque antes de la anulación, el contrato de prestación de servicios gozaba de la presunción de legalidad y el derecho a obtener el pago de las prestaciones sociales materialmente no existía.
Así lo ha manifestado esta corporación(2) en los siguientes términos:
Esta Sala en anteriores oportunidades, ha declarado la prescripción trienal de los derechos que surgen del contrato realidad, aceptando que dicho fenómeno se interrumpe desde la fecha de presentación de la solicitud ante la entidad demandada. Sin embargo, en esta oportunidad replantea este criterio por las razones que a continuación se explican: De conformidad con algunos estatutos que han regido esta materia, los derechos prescriben al cabo de determinado tiempo o plazo contado a partir de la fecha en que ellos se hacen exigibles, decisión que se adopta con base en el estatuto que consagra dicho fenómeno. (Vr. Gr. D. 3135/68 art. 41). En situaciones como la presente en las cuales no hay fecha a partir de la cual se pueda predicar la exigibilidad del derecho, no es procedente sancionar al beneficiario con la prescripción o extinción del derecho que reclama; en efecto, en estos asuntos en los cuales se reclaman derechos laborales no obstante mediar un contrato de prestación de servicios, no hay un referente para afirmar la exigibilidad de salarios o prestaciones distintos al valor pactado en el contrato. Es a partir de la decisión judicial que desestima los elementos de la esencia del contrato de prestación de servicios que se hace exigible la reclamación de derechos laborales tanto salariales como prestacionales, porque conforme a la doctrina esta es de las denominadas sentencias constitutivas, ya que el derecho surge a partir de ella, y por ende la morosidad empieza a contarse a partir de la ejecutoria de esta sentencia. Por lo tanto, entendiendo que el término trienal de prescripción se cuenta a partir del momento en que la obligación se hizo exigible en la sentencia ejecutoriada, es justamente a partir de este momento que se contarían los tres (3) años de prescripción de los derechos de la relación laboral hacía el futuro, situación que operaría en caso de que continuara la relación laboral, empero como el sub lite se contrae al reconocimiento de una situación anterior no existe prescripción pues la obligación, como se dijo, surge con la presente sentencia, tesis que la Sala en esta oportunidad acoge en su integridad.
En efecto, para que el fenómeno de la prescripción surta efectos, es indispensable que la exigibilidad de los derechos, objeto de la controversia, sea evidente.
En asuntos como el presente, en los cuales se reclaman derechos de carácter laboral, por considerar que la figura del contrato de prestación de servicios no era la vía adecuada, sino que con ella se disfrazó una relación laboral, la exigibilidad de los mismos solo aparece a partir de la sentencia que así lo declara. Antes no obra con claridad dicho elemento (exigibilidad), motivo por el cual no es viable en la sentencia declarar prescripción de los derechos, siempre y cuando en que el interesado ha reclamado ante la administración dentro de los 3 años siguientes a la terminación del contrato de prestación de servicios suscrito de conformidad con lo establecido en el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969.
En el presente asunto, el retiro del actor se produjo el 15 de agosto de 1997 y la solicitud ante la entidad demandada el 13 de agosto de 1997, es decir, aún cuando no había finalizado la relación laboral para tal efecto.
En consecuencia, se revocará el fallo en cuanto negó el reconocimiento y pago de los salarios y prestaciones y en su lugar se condenará a la entidad a título de restablecimiento del derecho a pagar a favor de Luis Hernando Echeverri Arenas, el valor de las prestaciones surgidas en la prestación del servicio y, el correspondiente cómputo del tiempo laborado para efectos pensionales lo que conlleva al pago de las cotizaciones legales tomando como base el valor de lo pactado en los contratos u órdenes de trabajo por los periodos acreditados y transcritos anteriormente, tal y como se planteó en sentencia de 17 de abril de 2008, proferida por esta Subsección con ponencia del doctor Jaime Moreno García, en la que se precisó:
No hay lugar al reconocimiento de la indemnización moratoria, toda vez que esta sentencia es constitutiva de derecho y es a partir de ella que nacen las prestaciones en cabeza del beneficiario, por lo cual no hay viabilidad a reconocer esta sanción por incumplimiento.
Finalmente, en lo relativo a las prestaciones sociales comunes u ordinarias, esta Sala no advierte dificultad para su condena y liquidación, pues están establecidas en las normas especiales que rigen dicha situación y su pago en el presente asunto se determinará por la cuota parte que la entidad demandada no trasladó al respectivo fondo de pensiones o empresa prestadora de salud, debiéndose pagar al actor quien finalmente tenía la obligación de efectuar dichos aportes como contratista o trabajador independiente.
REVOCAR la sentencia de 21 de junio de 2012 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, mediante la cual declaró la prescripción y negó las pretensiones de la demanda formulada por el señor Luis Hernando Echeverri Arenas.
DECRETAR la nulidad de las resoluciones 1029 de 21 de septiembre y 1198 de 18 de noviembre ambas de 2001, por medio de las cuales el Municipio de Medellín negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales del señor Luis Hernando Echeverri Arenas.
Como consecuencia de la nulidad y a título de restablecimiento del derecho se ORDENA al municipio de Medellín reconocer y pagar al señor Luis Hernando Echeverri Arenas las prestaciones sociales dejadas de percibir, durante el periodo correspondiente del 24 de junio de 1996 al 15 de agosto de 1997, e igualmente computar el tiempo laborado para efectos pensionales, para lo cual la entidad hará las correspondientes cotizaciones.
La entidad demandada deberá reconocer y pagar al demandante los porcentajes de cotización correspondientes a pensión y salud que debió trasladar a los Fondos correspondientes durante el periodo antes mencionado. Dichas sumas serán ajustadas conforme quedó expuesto.
Según la cual el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por el demandante por concepto de prestaciones sociales desde el 24 de junio de 1996 al 15 de agosto de 1997, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en que fue debió hacerse el pago).
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo la formula se aplicará separadamente, mes por mes teniendo en cuenta que el índice inicial es el vigente al momento de la causación de cada uno de ellos.
(1) Expediente 245-2003.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2009, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, Número Interno 3074-2005, Actor: Ana Reinalda Triana Viuchi.