Source: https://elestadosinderecho.wordpress.com/2012/11/08/recurso-contra-el-pp-las-alegaciones-del-pp-ii/
Timestamp: 2018-01-23 04:05:41
Document Index: 353419540

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 117', 'artículo 53', 'artículo 51', 'artículo 115', 'artículo 51', 'artículo 51', 'Artículo 21']

RECURSO CONTRA EL PP: Las alegaciones del PP (II) | El Estado sin Derecho
RECURSO CONTRA EL PP: Las alegaciones del PP (II)
Esta es la continuación del escrito de alegaciones presentado por el PP, como parte demandada en nuestro recurso por vulneración del Derecho Fundamental a Recibir información veraz, establecido en el artículo 20.1.d de la Constitución Española. En este escrito piden la inadmisión de nuestro recurso por: 1.- Que el tema impugnado no es jurisdicción del Contencioso-administrativo (Artículo anterior); 2.- Que el objeto impugnado por nosotros, no es susceptible de impugnación (primer punto de este artículo); 3.- Que presentamos el recurso fuera de plazo; 4.- Que el Juzgado no es competente para juzgar el caso (en esta tienen razón, es el Tribunal Supremo); y 5.- Que el Partido Popular no forma parte de la administración (en esta tienen razón sólo parcialmente, pero no es nuestro problema). Vaya parrafada. Vamos allá:
“SEGUNDO.- INADMISIBILIDAD DEL RECURSO POR TRATARSE DE ACTIVIDAD NO SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACIÓN.
En el supuesto planteado por la parte actora se ha acudido, no al cauce de revisión ordinario, sino a un proceso especial dotado de manifiestas ventajas procedimentales, que, en gran medida, sólo se justifican por el carácter privilegiado de la protección que el ordenamiento jurídico otorga a los derechos fundamentales.
En consecuencia, el cumplimiento de los requisitos procesales que confieren viabilidad a este procedimiento especial, debe ser examinada por los Tribunales con especial rigor, al tratarse de un proceso especialmente ligado al interés público; y, por ello, el artículo 117 de la Ley Jurisdiccional prevé un incidente que puede derivar en la inadmisión inicial de dicho procedimiento especial, y que consiste – en palabras del TC (STC 143/2003, de 14 de julio)- en “una suerte de “antesala”, tamiz previo, o “antejuicio” sobre la inadmisión de tal clase de procedimiento” a fin de evitar el abuso de su utilización.
Como ha señalado de forma reiterada el Tribunal Constitucional, la limitación del objeto de este proceso especial contencioso-administrativo, hace que “sea inadecuado para tramitar pretensiones que no tengan relación con los derechos fundamentales, que se recogen en el artículo 53.2 de la Constitución. Lo que determina que no pueda admitirse, en efecto, la existencia de una facultad del ciudadano para disponer del proceso especial sin más que la mera invocación de un derecho fundamental…”, de modo que, “cuando el recurrente en vía contencioso-administrativa acude al procedimiento especial, apartándose de modo manifiesto, claro e irrazonado de la vía ordinaria, por sostener que existe una lesión de derechos fundamentales, cuando, prima facie, puede afirmarse sin duda alguna, que el acto impugnado no ha repercutido en el ámbito de los derechos fundamentales alegados, la consecuencia debe ser la inadmisión del recurso”.
Como ha dispuesto reiteradamente el Tribunal Supremo respecto de los requisitos formales que han de ser cumplidos para que pueda ser utilizadoel procedimiento especial para la protección jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la persona, y a los poderes de que dispone el correspondiente órgano jurisdiccional para decidir si la elección de tal procedimiento especial se ha realizado o no de manera correcta, en aras de evitar “ab initio” una indebida o fraudulenta utilización de dicho instrumento procesal -por todas, sentencias de 15 de febrero (F.D. 5º) y 15 de octubre de 2012 (F.D. 3º)-, sostiene una doctrina que puede resumirse del siguiente modo:
“(…) El núcleo de esa doctrina se puede sintetizar en la necesidad de que, ya en el escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo, y los efectos de una primera constatación de la viabilidad del cauce procesal especial utilizado, se han de definir los elementos que permitan comprobar que la pretensión procesal es ejercitada en relación a actos que se considera infringen el derecho fundamental cuya tutela se postula a través del proceso.
Y esa exigencia formal habrá de considerarse cumplida cuando la fundamentación de la pretensión incluya estos elementos: la indicación del derecho fundamental (uno o varios) cuya tutela se reclama; la identificación del acto que se considere causante de la infracción de aquel derecho; y, aunque sea mínimamente, una exposición de las razones y circunstancias por las que se entiende que el concreto acto que se impugna tiene virtualidad para lesionar de manera directa uno o varios derechos fundamentales.
(…) Y debe señalarse, por último, que el examen que a estos efectos ha de realizar el tribunal habrá de limitarse a constatar si la fundamentación de la pretensión incluye esos elementos que antes han sido apuntados, pero no deberá prejuzgar su corrección jurídica ni su certeza, salvo cando la interpretación jurídica avanzada en el escrito de interposición sea abiertamente contraria a lo que sea ya una línea jurisprudencial consolidada o, también, cuando los hechos aducidos sean absurdos o claramente inverosímiles“.
Es preciso destacar que la función que corresponde a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa es esencialmente revisora, lo que en la práctica significa y se traduce, entre otras consecuencias, en que los términos en que la revisión de los actos administrativos se ha de practicar viene condicionada por lo que anteriormente había sometido a la decisión del órgano que los creó y de la respuesta dada por éstos a la concreta pretensión deducida, y ello porque, de otro modo, por una parte, el recurso de esta naturaleza jurisdiccional sería inadmisible por inexistencia del acto, y, por otra, porque llevaría al Tribunal sentenciador a incidir en cierto modo en el vicio de la incongruencia.
Si trasladamos esta doctrina al caso actualmenteplanteado, llegamos a la conclusión que en el escrito de interposición presentado por la parte actora no se identifica de forma clara y razonada el acto o actos que se consideran causantes de la infracción de los derechos que consideran vulnerados, haciendo tan sólo alusión a normas de carácter general, por lo que, sin acto recurrible, falta el primero y esencial requisito de procedibilidad, carencia que legitima la declaración de inadmisión del recurso.
Es unánime la doctrina jurisprudencial que viene afirmando el carácter revisor de la Jurisdicción Contenciosa y los límites a los que está sujeta. En este sentido es preciso poner de manifiesto lo que al respecto dispone el Tribunal Supremo en sus sentencias de 18 de mayo de 1987 y de 25 de octubre de 1990, indicando al respecto que
“(…) No le está permitido a la Administración ordenarle al Gobierno lo que tiene que hacer en materia de desarrollo reglamentario de disposiciones legales, máxime cuando ellas tienen un marcado contenido político y aún de oportunidad política, por cuanto una actuación de tal naturaleza quebrantaría manifiestamente el principio de división de poderes que informa nuestra Constitución.
No toda actuación del Gobierno, cuyas funciones se enuncian en el art. 97 CE está sujeta al Derecho Administrativo. Es indudable, por ejemplo, que no lo están, en general, la que se refieren a las relaciones con otros órganos constitucionales, como son los actos que regula el Título I CE, o la decisión de enviar a las Cortes un Proyecto de ley, u otras semejante, a través de las cuales el Gobierno cumple también la función de la dirección política que el atribuye el mencionado art. 97 CE. A este género de actuaciones del Gobierno, diferentes de la actuación administrativa sometida al control sometida a control judicial (la repetición está en la demanda), pertenecen las decisiones que otorgan prioridad a unas u otras parcelas de la actuación que le corresponde, salvo que tal prioridad resulte obligada en ejecución de lo dispuesto en las leyes.”
Por tanto, y para concluir, esta parte considera que, de acuerdo a lo expuesto anteriormente, estamos en presencia del supuesto previsto en el artículo 51.1.c) de la LJCA que establece que el Juzgado declarará no haber lugar a la admisión del recurso cuando constare de modo inequívoco y manifiesto haberse interpuesto contra actividad no susteptible de impugnación.
TERCERO. INADMISIBILIDAD DEL RECURSO POR HABER CADUCADO EL PLAZO PARA INTERPONER EL MISMO.
Es necesario destacar que el escrito de interposición fue presentado por la parte actora ante ese Juzgado el 25 de septiembre de 2012 de modo extemporáneo, una vez transcurrido con exceso el plazo de diez días al que alude el artículo 115.1 de la LJCA, computados desde el día 14 de julio de 2012, fecha en que se publicó en el BOE núm. 168 el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, al cual hace referencia en su escrito el demandante como una de las medidas aprobadas por el Gobierno de la Nación más significativas en cuanto a la supuesta vulneración de sus derechos.
Ello daría lugar a la causa de inadmisibilidad prevista en el apartado d) del anteriormente citado artículo 51.1, por haber caducado el plazo de interposición del mismo, ya que, de estimarse algunas de las causas alegadas, resultaría improcedente estudiar el fondo del asunto, tal y como señala la jurisprudencia de forma reiterada.
CUARTO.- INADMISIBILIDAD DEL RECURSO POR FALTA DE COMPETENCIA DEL JUZGADO.
Como se ha expuesto anteriormente, se impugnan en el escrito de interposición varias disposiciones de carácter general del Consejo de Ministros, en concreto, el Real Decreto-ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, las cuales habrían producido, supuestamente, una vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.
De acuerdo a lo establecido en el art. 12.1.a) de la LJCA:
“La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocerá en única instancia de los recursos que se deduzcan en relación con:
a. Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones delegadas del Gobierno.”
Así las cosas, resultaría que ese Juzgado es incompetente para resolver sobre la revisión solicitada, correspondiendo su enjuiciamiento a la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo al tener competencia la misma para el conocimiento de los recursos que se ventilan en relación a las disposiciones planteadas. Por ello, estaríamos en presencia de la causa de inadmisibilidad prevista en el segundo inciso del apartado a) del anteriormente citado artículo 51.1 de la LJCA.
QUINTO.- FALTE DE LEGITIMACIÓN PASIVA DE ESTA PARTE.
Los presupuestos procesales de forma y de fondo son requisitos ineludibles para que se genere una relación jurídica válida y para que, por consiguiente, exista proceso válido para resolverse sobre el fondo de lo pretendido.
El Artículo 21 LOPJ dispone que:
“1. Se considera parte demandada:
a) Las administraciones públicas o cualquiera de los órganos mencionados en el art. 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.
b)Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legítimos pudieran quedar afectados por la estimación de las pretensiones del demandante.
En el caso que nos ocupa, es preciso señalar que mi representada carece de legitimación pasiva “ad causam” al no tener condición de administración pública y, también de legitimación “ad processum” por carecer de cualquier potestad en materia legislativa, en virtud de lo cual no se le puede atribuir a mi mandante ningún tipo de responsabilidad en cuanto a la aprobación y entrada en vigor de los diferentes Reales Decretos Ley -o cualquier otra medida legislativa de esa índole- a los que hace alusión en su escrito la parte actora.
Por esa misma razón , esta parte pone de manifiesto que no puede atender el requerimiento efectuado por ese Juzgado de facilitar el expediente administrativo solicitado.
SUPLICO AL JUZGADO. Que teniendo por presentado este escrito, con el documento que se acompaña y sus copias, y por personado y parte en la representación que ostento del PARTIDO POPULAR, y admitiéndolo, se tenga por opuesta a esta parte la admisión del recurso y, previa la tramitación que proceda se dicte en su día auto declarando la inadmisibilidad del presente recurso.
Es justicia que pido en Madrid, a 8 de octubre de 2012
D.xxxxxxxxxxx D. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx”
Bueno, más o menos lo mismo que la Abogada del Diablo, pero con enfoque ligeramente diferente (pa que no se diga).
Etiquetado:Alegaciones, Contencioso administrativo, PP
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