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Timestamp: 2019-12-12 01:39:46
Document Index: 71756923

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 117', 'artículo 107', 'artículo 120', 'artículo 119', 'artículo 137']

BOCG. Senado, serie II, núm. 127-a, de 22/05/2003
Núm. 127 (a)
Con fecha 22 de mayo de 2003, ha tenido entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados, relativo al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de competencia y organización de la Jurisdicción Militar.
En virtud de lo establecido en el artículo 107.1 del Reglamento del Senado, el plazo para la presentación de enmiendas terminará el próximo día 3 de junio, martes.
Palacio del Senado, 22 de mayo de 2003.--P. D., Manuel Cavero Gómez, Letrado Mayor del Senado.
La Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, dictada en desarrollo del artículo 117.5 de la Constitución, ha demostrado durante los más de quince años de vigencia y aplicación que el actual modelo jurisdiccional militar está plenamente consolidado y satisface de modo adecuado las garantías propias
de una Administración de Justicia organizada conforme a los principios del Estado de Derecho, tal y como se recogen en el Título VI de nuestro Texto Constitucional.
Dejando aparte ciertos matices o debates que no son del caso, la imparcialidad objetiva de un Tribunal puede verse comprometida --según dicha doctrina- cuando alguno de los miembros que lo forman ha intervenido con anterioridad adoptando algún tipo de decisión en el seno del mismo procedimiento que le haya obligado a entrar en contacto con el material probatorio obrante en aquél o emitido alguna valoración o juicio sobre los hechos investigados, susceptible de producir algún prejuicio sobre la culpabilidad del acusado. Así se apreció por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, precisamente en procedimientos seguidos ante la jurisdicción militar, en sentencias de fechas 28 de octubre de 1998 y 25 de julio de 2002.
Pues bien, la actual estructura orgánica de los Tribunales Militares condiciona de manera inevitable la necesidad de que al menos uno de los vocales que han intervenido en alguna actuación procesal previa --recursos contra el auto de procesamiento o adopción de medidas cautelares- deba formar Sala en la vista oral que ha de conocer el fondo del asunto.
Se modifican los artículos 23.2, 39, 41, 46.2, 49, 51, 62, 63 segundo párrafo, 79. tercera, 119, segundo párrafo y 122 de la Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, que quedan redactados como sigue:
2.Con antelación suficiente a la fecha de la vista para juicio oral, a presencia del Auditor Presidente, dando fe el Secretario Relator y con citación
de las partes que hayan de intervenir en las actuaciones a celebrar, se insacularán los nombres de la lista del Ejército correspondiente y se extraerán dos nombres. El primero de los extraídos formará parte del Tribunal, como Vocal Militar titular, y el segundo será suplente. Si en el momento de llevarse a cabo la insaculación alguno de los sorteados fuera incompatible, no estuviera ya destinado en los órganos citados, hubiera ascendido, variado de situación militar o no pudiera asistir por causa justificada, se procederá a extraer otro nombre de la misma lista.
No podrán ser nombrados Instructores ni Secretarios de expedientes disciplinarios, salvo lo dispuesto en los artículos 122 y 140 de esta Ley, ni de expedientes administrativos salvo en el caso del artículo 107 de la Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, cuando estos expedientes se sigan contra quienes ejerzan un cargo judicial, fiscal o Secretario relator ni desempeñarán funciones distintas de las atribuidas expresamente por ley en garantía de algún derecho.»
Las faltas comprendidas en la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas
que, como militares y cuando no actúen en el ejercicio de sus funciones, cometan los miembros de los Tribunales Militares, Jueces Togados Militares, Fiscales y Secretarios Relatores, serán sancionadas con arreglo a la citada Ley.
3.La intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier tipo, en la aplicación o interpretación de las leyes que corresponda a cualquier otro órgano judicial.
6.Provocar el propio nombramiento para cargos judiciales, fiscales o de secretaría relatoría cuando concurra alguna de las situaciones de incompatibilidad o prohibición previstas en el artículo 120 de esta Ley, o mantenerse en el desempeño
de su cargo sin poner en conocimiento del órgano competente las circunstancias necesarias para proceder al cese en el destino.
6.Dejar de promover la exigencia de la responsabilidad disciplinaria que proceda a sus subordinados cuando conociesen o debiesen conocer el incumplimiento grave por aquéllos de los deberes que les corresponden.
12.El ejercicio de cualquier actividad de las consideradas compatibilizables a que se refiere el artículo 119 de esta Ley sin obtener, cuando esté prevista, la pertinente autorización o habiéndola obtenido con falta de veracidad en los presupuestos alegados.
15.La comisión de una falta leve habiendo sido anteriormente sancionado por resolución firme por otras dos faltas leves, sin que hubieran sido canceladas o procedido la cancelación de las
correspondientes anotaciones, conforme a lo establecido en el artículo 137.
La cancelación de las anotaciones producirá el efecto de anular la inscripción sin que pueda certificarse de ella, salvo cuando lo soliciten las autoridades competentes a los exclusivos efectos
de las clasificaciones reglamentarias, de concesión de recompensas y del otorgamiento de aquellos destinos cuyo desempeño se considere incompatible con la naturaleza de las conductas que hubiesen determinado las sanciones de que se trata.
Cuando aparezcan indicios racionales de la comisión de una falta muy grave la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, por propia iniciativa, oído el Instructor del expediente o a propuesta de éste, previa audiencia del expedientado, del Fiscal Jurídico Militar y de la Sala de Gobierno del Tribunal Militar Central, podrá acordar cautelarmente la suspensión provisional
del expedientado, por un período máximo de seis meses.
Las Sentencias definitivas y los Autos se notificarán a todos los que sean parte y a sus representantes, si los tuvieren, el mismo día de su firma o al siguiente.»
Quienes a la entrada en vigor de la presente Ley ocupen cargos judiciales con empleo militar distinto al aquí establecido, continuarán ejerciéndolo hasta que cesen en el cargo por alguna de las causas legales.