Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-11-junio-2012-direccion-general-registros-notariado-recurso-interpuesto-contra-negativa-registradora-propiedad-roses-n-2-inscribir-escritura-compraventa-n9981779
Timestamp: 2019-12-16 08:46:41
Document Index: 333819535

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 98', 'artículo 324', 'artículo 80']

Resolución de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Roses n.º 2, a inscribir una escritura de compraventa. | Iberley
Resolución de 11 de junio de 2012, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Roses n.º 2, a inscribir una escritura de compraventa., - Boletín Oficial del Estado, de 26 de Julio de 2012
La registradora de la Propiedad de Roses número 2 emitió informe del siguiente tenor: «Ester Sais Re, registradora titular del Registro de la Propiedad de Roses número 2, en relación con el recurso interpuesto por Rafael Márquez Montoro, como notario autorizante, con entrada en este Registro en fecha 19 de marzo de 2012, contra la nota de calificación de fecha 2 de febrero de 2012 en relación con el título autorizado por el notario recurrente en fecha 2 de marzo de 2011 y que causó el asiento 1234 del Diario 48 de este Registro de la Propiedad, ha resuelto mantener la nota de calificación recurrida de conformidad con los siguientes hechos y fundamentos de Derecho: Hechos: 1. Se presenta escritura de compraventa de la finca 6556 de Castelló d'Empúries. 2. La sociedad compradora aparece representada por el señor L. M. L., como administrador único de la sociedad. 3. El citado representante no acredita su representación. 4. Mediante diligencia en el propio título el notario autorizante hace constar que le ha sido acreditado el cargo y las facultades que de él se derivan y que juzga al señor L. con la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la escritura que antecede. 5. No se formula juicio notarial de suficiencia de las facultades representativas del representante de la sociedad compradora. Cuestiones previas. 1. La escritura calificada fue presentada en el Registro de la Propiedad de Roses número 2, causando el asiento de presentación 1234 del Diario 48, con número de entrada 95; y ello, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento Hipotecario, puesto que el asiento de presentación precedente, correspondiente al mismo título, se hallaba caducado en el momento de dicha nueva presentación. 2. La presentación del título en el Registro de la Propiedad no se realizó vía telemática. 3. El título presentado fue calificado negativamente mediante nota de calificación de fecha 2 de febrero de 2012, de conformidad con lo prevenido por el artículo 18 de la Ley Hipotecaria. 4. Dicha nota de calificación negativa fue notificada, dentro de los plazos legalmente establecidos, al presentante, a la Notaría en la que había sido otorgado el título, actuando el notario como sustituto, y al propio notario autorizante en la Notaría en la que ejerce como titular. 5. Dichas notificaciones se realizaron por fax en fecha 10 de febrero de 2012, como se acredita con los oportunos justificantes. 6. En fecha 15 de febrero de 2012 se remitió escrito por el notario autorizante -y recurrente- en la que el mismo «insiste en recordar -a la registradora- que la notificación de la calificación debe efectuarse por cualquier medio que permita dejar constancia de su contenido y que, según reiterada doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado, el telefax no es medio adecuado. Por ello, de nuevo le ruego que utilice para notificar calificaciones la vía telemática existente al efecto. 7. El notario recurrente insiste en ello en su recurso, señalando expresamente: a) que la calificación negativa no fue notificada en forma al notario. b) Que el notario tuvo conocimiento de la calificación negativa en fecha 13 de febrero de 2012, y que dicha fecha determina el inicio del cómputo del plazo para recurrir gubernativamente. c) Que se expresa queja por la falta de notificación en forma sobre todo porque constituye práctica reiteradísima de la registradora, Ester Sais Re. 8. Frente a las manifestaciones del notario autorizante en su recurso, la registradora que suscribe formula las siguientes alegaciones: a) Que no puede sostener el notario recurrente que no se le notificó en forma, se le notificó por fax, que es forma de notificación admitida por el Tribunal Supremo, (Sentencia de 20/9/2011), y por la propia Dirección General de los Registros y del Notariado, (Resoluciones de 24 de enero de 2011, 6 de junio de 2011, 16 de octubre de 2011 y 2 de febrero de 2012). b) Que el fax fue remitido al notario recurrente en su propia Notaría (Figueres) en fecha 10 de febrero de 2012; con lo que si bien, el notario puede alegar como fecha de conocimiento el día 13 de febrero, la fecha de notificación es el día 10 de febrero, que es cuando se remitió el fax. c) En cuanto al medio de notificación, es práctica reiterada del notario recurrente acosar a la registradora que suscribe para que se le notifique vía telemática; lo que la registradora que suscribe por supuesto siempre efectúa cuando la presentación del título se ha verificado telemáticamente. Ahora bien, cuando la presentación del título no es telemática -como en el presente supuesto- las notificaciones relacionadas con el mismo no se verifican telemáticamente, sino por fax o por correo certificado con acuse de recibo. d) La notificación por fax al notario autorizante está amparada por la Sentencia y Resoluciones anteriormente citadas, por lo que resulta totalmente infundada la «queja» del notario recurrente, evidenciándose su desconocimiento de las Sentencias del Tribunal Supremo y Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado al respecto. Fundamentos de Derecho: … Conclusiones: 1. El título calificado no contiene el juicio notarial de suficiencia de facultades del representante de la sociedad, limitándose el notario recurrente a hacer constar que le ha sido acreditado el cargo y las facultades que de él se derivan, sin manifestar que a su juicio las facultades del representante son suficientes. El juicio de la suficiencia de facultades representativas debe efectuarse por el notario autorizante también en los supuestos de representación orgánica, en aplicación de lo prevenido por el artículo 98 de la Ley 24/2001. No puede estimarse formulado el juicio de suficiencia de facultades por el hecho de indicar el notario autorizante que le ha sido acreditado el cargo y las facultades que de él se derivan, puesto que ello equivaldría a eliminar la exigencia del juicio de suficiencia en la representación orgánica, siendo suficiente la acreditación del cargo, conculcando el citado artículo 98 de la Ley 24/2001. 2. El notario recurrente formula el juicio de capacidad legal del representante orgánico de la sociedad. No puede confundirse el juicio de suficiencia de facultades representativas con el juicio de capacidad legal, ni puede entenderse efectuado el primero por el hecho de haberse realizado el segundo como se desprende del título calificado y del recurso interpuesto. 3. Junto con la reseña del título del que emanan las facultades representativas y el juicio de suficiencia de dichas facultades, el artículo 98 de la Ley 24/2001 recoge el requisito de la congruencia; en cuyo sentido es doctrina reiterada de la Dirección General -sostenida en numerosas resoluciones- que el juicio de suficiencia de facultades debe ser concreto al acto o negocio realizado. Dicho requisito puede flexibilizarse en sede representación orgánica, atendiendo al ámbito de dicha representación; ahora bien, ello no excluye la exigencia de que el título contenga el juicio notarial de suficiencia de facultades representativas, lo que no sucede en el presente supuesto, limitándose el notario a hacer constar que se le ha acreditado el cargo y a formular el juicio de capacidad legal del compareciente. Conforme a lo expuesto, la registradora que suscribe solicita que se estime el presente informe y se mantenga la nota de calificación. Ester Sais Re. Registradora titular del Registro de Roses número 2. En Roses, a 28 de marzo de 2012. Sigue firma ilegible y sello del Registro». La Registradora remitió las actuaciones a este Centro Directivo para su resolución.
1. Se debate en este recurso si es o no inscribible una escritura de compraventa por la que dos personas físicas venden a una sociedad de responsabilidad limitada una finca urbana, estando representada la sociedad compradora por su administrador único, nombrado por plazo indefinido en la propia escritura pública de constitución de la sociedad, siendo su objeto social el inmobiliario y la explotación y disposición de toda clase de bienes inmuebles, sin que conste en la escritura publica de compraventa la expresión de que el notario juzga suficientes las facultades representativas acreditadas del administrador de la sociedad compradora para este acto de compraventa, aunque si expresando que una vez acreditado el cargo, le juzga con la capacidad legal necesaria para el otorgamiento de la escritura. La registradora de la Propiedad considera que el artículo 98 de la Ley 24/2001 es aplicable no sólo a la representación voluntaria, sino también a la orgánica, y exige un juicio expreso de suficiencia. El notario, por su parte, estima que no hace falta un juicio de suficiencia expreso en el caso de que las facultades estén atribuidas y delimitadas legalmente, como en el caso del representante orgánico o administrador, y formula un juicio de capacidad legal en relación con el propio cargo de administrador y de sus facultades para el negocio documentado.
2. Como cuestión preliminar, cabe volver a hacer referencia en este momento a la validez de la notificación de la nota de calificación de la registradora al Notario autorizante por fax, (cfr. artículos 322 de la Ley Hipotecaria, 58, 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 107 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre -que expresamente establece la obligatoriedad de sistemas telemáticos para la emisión, transmisión, comunicación y recepción de información, en lo que ha de incluirse la notificación de la calificación negativa, pues el régimen ha de ser el mismo que en los demás actos de comunicación entre notarios y registradores al no hacer la ley distinción alguna-, Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2011, Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de noviembre de 2011), así como la competencia de esta Dirección General para la resolución del presente recurso gubernativo por no versar exclusivamente sobre la aplicación de normas de derecho civil foral o propio de las Comunidades Autónomas (cfr. artículo 324 de la Ley Hipotecaria; Resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 19 de abril de 2006 y 14 de junio de 2011).
3. Entrando ya en el fondo de la cuestión, acreditada la inscripción del cargo de administrador en el Registro Mercantil, el recurso podría (y debería) evitarse, y con ello las consiguientes molestias a los usuarios, si la registradora, antes de poner la nota, hubiese consultado directamente el Registro Mercantil y se procurase los datos que sean necesarios para practicar la inscripción por cuanto le resultan fácilmente accesibles. El «principio de rogación registral, en efecto, se ha dicho recientemente por este Centro Directivo, es perfectamente compatible con el reconocimiento al registrador de un principio de aportación de prueba. Es cierto que en los procedimientos de inscripción registral, como en general ocurre en todos los iniciados a instancia de parte, la carga de la prueba corresponde, en principio, a quien pretende la inscripción. Ahora bien, ello no exime al registrador de la facultad, y también del deber, de aportar la que se encuentre en su poder por resultar de los asientos del registro y de proveerse de la que esté a su alcance, esto es, de aquella que el propio interesado le debería entregar pero a la que él puede acceder con facilidad, no paralizando así el procedimiento y sirviendo, en consecuencia, al principio de celeridad y, en último término, a la satisfacción del interés general. Una circunstancia que claramente se dará en los casos en los que esa prueba se encuentre en otros Registros públicos y sea fácilmente accesible. Así deriva de los principios de facilidad probatoria, proporcionalidad y, en particular, los constitucionales de eficacia, legalidad y tutela del interés público, plenamente aplicables, como no podía ser de otro modo, a todos los procedimientos, como es el caso de los de inscripción en los registros de la propiedad, de aplicación del Derecho en el ejercicio de funciones públicas». Un principio, por lo demás, que ha «recogido ejemplarmente el artículo 80.2 de la nueva Ley del Registro Civil cuando veda a administraciones y funcionarios exigir a los ciudadanos la presentación de certificados registrales siempre que los datos obren en su poder o fuere posible su obtención directamente por medios electrónicos». Doctrina, por lo demás, «perfectamente compatible con los principios que tradicionalmente vienen organizando el registro de la propiedad. No se perjudica, en efecto, la rogación -ya que el registro no inscribe lo que no se le pide sino que, en todo caso, no inscribe lo que se le pide (y no procede)- ni tampoco a la prioridad (ya que no se da prioridad a alguien que no la pide sino que se impide que quien no tenga derecho a ella, y la solicite, pueda llegar a conseguirla)». No existe por ello, en tales supuestos, «rogación de oficio alguna de derechos susceptibles de inscripción separada y especial, sino sólo toma en consideración de datos necesarios, oficiales y públicos, que no pueden producir por sí mismos ninguna inscripción independiente de derechos pero que sí enervan (o limitan) la eficacia entre partes o contra terceros de los mismos títulos que se quiere inscribir».
Madrid, 11 de junio de 2012.-El Director General de los Registros y del Notariado, Joaquín José Rodríguez Hernández.
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Orden: Civil Fecha: 21/09/2011 Tribunal: Ap - Tarragona Ponente: Carril Pan, Antonio Num. Sentencia: 355/2011 Num. Recurso: 309/2011
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