Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2006/12/12/inundaciones-en-el-garage-responsabilidad-del-gobierno-de-la-ciudad/
Timestamp: 2020-04-09 23:48:38
Document Index: 330676414

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 514', 'artículo 377', 'artículo 265', 'artículo 265', 'artículo 266', 'artículo 22']

Inundaciones en el garage. Responsabilidad del Gobierno de la Ciudad – AL DÍA | ARGENTINA
Ed. Microjuris.com Argentina	en 12 diciembre 2006
Partes: Boada Osvaldo Norberto c/Consorcio de Prop. Av. Cramer 1754 y otros s/ daños y perjuicios
Fecha: 12-dic-2006
Cita: MJ-JU-M-10212-AR | MJJ10212 | MJJ10212
1.-Para que los hechos de la naturaleza constituyan caso fortuito o fuerza mayor tienen que asumir caracteres extraordinarios.
2.-Es responsable el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños sufridos en el automóvil del accionante a raíz de la inundación del garaje en la que estaba estacionado, si el demandado no ha logrado acreditar -con sujeción a la carga impuesta por el art. 377 del CPCCN.-, que las condiciones climatológicas imperantes al momento en que tuvo lugar el anegamiento fueran excepcionales, o hubiesen provocado daños imprevisibles e inevitables en el ámbito en que el fenómeno meteorológico acaeció. Ello así, pues lo que la experiencia indica es que, con alarmante frecuencia, cuando acaecen tormentas o lluvias de regular intensidad, se produce la inundación y/o anegamiento de algunas zonas de la Capital Federal cuyo cuidado y custodia se encuentra a cargo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, circunstancia ésta que excluye la existencia del caso fortuito aún en supuestos de las características del que aquí se ventila, porque por lo general las lluvias o tormentas -aún las de menor intensidad a la que provocó el siniestro de marras- producen el desborde de los conductos de desagüe, hecho que no resulta, en principio, imprevisible ni imposible de evitar para la demandada.
3.-No puede excusarse la responsabilidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños sufridos en el automóvil del accionante a raíz de la inundación del garaje en la que estaba estacionado, si la falta de obras de infraestructura adecuada por parte del municipio para evitar los desbordes de los canales, arroyos y desagües que se encuentran bajo tierra y que aún hoy desbordan ante lluvias intensas, torna responsable al demandado por los daños ocasionados por su omisión, sin que pueda concluirse en la configuración del caso fortuito a su respecto, o al menos no de forma tal que excluya absolutamente su responsabilidad. Ello así, pues en el caso de autos, se da la situación de que el daño es el efecto de la conjunción de dos causas autónomas, una es el caso fortuito de las lluvias intensas y otra la negligencia de la ex-Municipalidad de Buenos Aires y actual gobierno de la Ciudad, quien incumplió las obligaciones dentro del marco de su respectiva competencia.
4.-Corresponde confirmar la sentencia de primera instancia que declaró responsable al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los daños sufridos en el automóvil del accionante a raíz de la inundación del garaje en la que estaba estacionado, si se advierte que las circunstancias que configuran el caso fortuito fueron analizadas debidamente por la sentenciante, quien apreció en particular el mantenimiento de la limpieza de los desagües y el nivel de agua caído y entendió que no correspondía eximir a la comuna en grado alguno, y que dicho análisis no encuentra fundamentos en los agravios de la recurrente que permitan modificar lo decidido en la instancia de grado, máxime considerando que fue la propia demandada quien reconoció en su informe que la zona afectada es proclive a anegamientos en la magnitud y características que le son propias al barrio de Belgrano como es de público conocimiento, lo que impide considerar -a todas luces-, en lo que a ella respecta, que se haya tratado de un caso fortuito.
5.-Es acertada la decisión de la sentenciante de la anterior instancia de excluir de responsabilidad al consorcio de propietarios y a los locadores por los daños sufridos en el automóvil del accionante a raíz de la inundación del garaje de la planta baja en la que estaba estacionado el rodado, si el consorcio cumplió con las obligaciones a su cargo a fin de prevenir los efectos de las intensas lluvias, aunque no resultaran suficientes el día del hecho. Pues como quedara acreditado con el informe pericial el portón de acceso al garaje de marras y la bomba de achique son los elementos adecuados al edificio de autos, el consorcio cuenta con bomba de achique para evitar el anegamiento de las cocheras, estando la misma dimensionada para bombear un caudal de 2.000 lts/hora, que sería lo normal para un anegamiento común del garaje de planta baja, pero ante una precipitación extraordinaria como la que causó la inundación, que duró dos horas y anegó el garaje con 323.000 lts. de agua, era absolutamente imposible evacuar ese caudal con la bomba de achique.
6.-No puede prosperar el agravio del dueño del rodado que sufrió daños a raíz de la inundación del garaje donde estaba estacionado que señaló al respecto que el ingreso de la masa de agua se produjo por deficiencias en el estado de conservación del portón de entrada, si el perito ingeniero hidráulico constató que la antigüedad de la instalación de marras era de veintiséis años y su mantenimiento y estado era bueno y que dado que el portón de entrada al garaje tenía una chapa ciega hasta 1,00m. de altura no podía producirse una inundación como la ocurrida a menos que cediera la estructura del mismo, lo cual aconteció dada la extraordinaria cantidad de agua acumulada y su empuje, y en consecuencia no hubo negligencia de los responsables del garaje, ya que el portón cedió por la fuerza del caudal de agua acumulado que éste contenía y no, como sostiene el demandante, por un vicio en la cosa.
7.-A los fines de la determinación de la existencia del daño en concepto de desvalorización del rodado, la falta de inspección del automotor por parte del experto impide la procedencia del reclamo, pues la imposibilidad del examen en concreto -por haber sido vendido el automóvil- no puede suplirse con generalizaciones teóricas acerca de lo que ocurre en la mayoría de los casos, desde que se trata -sin por ello dejar de hacer mérito de los conocimientos técnicos del experto- de meras conjeturas inidóneas a los efectos de acreditar el perjuicio en el caso concreto.
8.-Para la determinación de la presencia de daño en concepto de desvalorización del rodado, resulta indispensable su inspección por parte del técnico, a fin de que su opinión sobre las secuelas se funde en la directa verificación de ellas y no en inferencias o generalidades que, sin bien derivan de sus conocimientos en la materia, no tiene respaldo en el examen de la cosa singular.
9.-Si bien se ha señalado que en materia de desvalorización del rodado se exige que los daños causados sean no sólo en chapa y pintura o partes intercambiables, sino en aquello permanente en donde cualquier reparación, aún la mejor realizada, deja secuelas a simple vista y ello no ocurre en esta clase de deterioros ocasionados por una inundación, salvo que hayan sido realizados en forma incorrecta, en cuyo caso la responsabilidad alcanza a quien contrató y recibió el defectuosamente hecho y no en el responsable del perjuicio.
10.-Es ajustado a derecho el rechazo dispuesto en la sentencia recurrida respecto a la pérdida del valor venal del automotor del accionante en virtud de que no se encontraban acreditados daños estructurales que lo justifiquen, si el perito ingeniero mecánico y electricista designado informó que las piezas averiadas se remplazaron por nuevas, que de haberse presentado problemas al momento de la revisión éstos se hubieran solucionado oportunamente y que es lógico suponer que no se esperan dificultades posteriores, razón por la cual concluyó que no corresponde contemplar desvalorización porque además no se afectó la estructura del vehículo, aparte de que éste no fue presentado a la inspección citada.
11.-Corresponde el rechazo de la pretensión requerida por la codemandada gobierno de la Ciudad de Buenos Aires relativa a la aplicación del art. 22 de la ley 23.982 para el cumplimiento de la condena, pues el monto por el que prospera la demanda lo asemeja a un crédito de naturaleza alimentaria, lo que torna inaplicable dicho régimen (ver art. 395 , CCAyTCBA).
En Buenos Aires, a 12 días del mes de diciembre del año 2006, hallándose reunidos los señores Jueces integrantes de la Sala “H” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a los efectos de dictar sentencia en los autos:”Boada Osvaldo Norberto c/Consorcio de Prop. Av. Cramer 1754 y otros s/Daños y Perjuicios” y habiendo acordado seguir en la deliberación y voto el orden de sorteo de estudio el Dr. Kiper dijo:
Contra la sentencia de primera instancia que acogió favorablemente la demanda respecto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la rechazó respecto de los propietarios de la cochera, del Consorcio y de CASE SACIFIE (ver fojas 854/866), expresaron agravios el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a fojas 905/907 y el actor a fs. 909/911. Las contestaciones de las partes fueron agregadas a fojas 922/924 y fs. 926/928, respectivamente, por lo que corresponde dictar el pronunciamiento definitivo en estos autos.
En su presentación ante la Cámara, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se agravia por haber sido declarado exclusivo responsable de los daños sufridos por el actor, mientras que se excluyó de responsabilidad al Consorcio demandado. Sostiene que la Sentenciante de grado, pese a haber tenido en cuenta la excepcionalidad de las precipitaciones del día del hecho, consideró que no existió imprevisibilidad ni que ello haya sido la única causa del daño, razón por la cual no consideró configurada la existencia del caso fortuito invocado por la comuna. Indica que había cumplido con las tareas de limpieza y mantenimiento de las bocas de tormenta y desagües a su cargo, sin perjuicio de lo cual, debido a lo extraordinario del suceso meteorológico, no se pudo evitar el anegamiento de la zona.Destaca que no resulta cierto que no haya habido obras de su parte ya que, anteriormente a que se hiciera cargo de la red pluvial, la zona se inundaba, mientras que actualmente sólo se producen anegamientos lo que importa que el agua escurra rápidamente. Señala que, no obstante la existencia de caso fortuito, el Consorcio de Propietarios debió haber realizado trabajos de infraestructura para hacer frente a problemas climáticos. Por último, y para el caso de que se confirme el pronunciamiento de primera instancia, pide que se aplique el artículo 22 de la ley 23.982 en lo que respecta al plazo para el cumplimiento de la condena.
El actor se agravia, en primer lugar, de que se haya dispuesto en la sentencia de grado la eximición de responsabilidad del Consorcio y de los propietarios de la cochera debido a que no se demostró que la inundación se haya producido por acción u omisión de éstos. Sostiene que ello no es correcto ya que el día del hecho recibió una llamada de un dependiente del Consorcio quien le avisó que había entrado agua en las cocheras. Invoca pasividad de parte de los representantes del consorcio y sus dependientes, por lo cual solicitó la presencia de un escribano. Sostiene que el Consorcio reconoció la existencia de vicios de mantenimiento en las defensas del portón del edificio, por cuanto éstas cedieron ante la rotura de los mecanismos del portón izquierdo. Asimismo, que los propietarios, en su carácter de locadores, también tenían la obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado. Que, por ello, el mantenimiento de las instalaciones era una obligación que pesaba sobre los demandados. Se agravia también ante el rechazo del reclamo por pérdida del valor venal del automóvil ya que, a su entender, resulta claro que el hecho de que el rodado haya estado sumergido, producirá daños que seguramente redundarán en una disminución de su precio de venta en un futuro.Extiende su queja a los montos fijados en concepto de daño emergente y privación de uso, por considerarlos exiguos.
I. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que acaeció el hecho descripto no es materia de agravios en esta instancia. En efecto, las partes son contestes en reconocer que el día 15 de marzo de 1994 en horas del mediodía se desencadenó una lluvia de inusual intensidad. Ello se encuentra debidamente corroborado con el informe del Departamento de Hidrometeorología de la Fuerza Aérea Argentina que a fs. 531 indica que Ael evento precipitante acaecido el 15 de marzo de 1994 fue un hecho extraordinario. Según los registros obtenidos en las estaciones sinópticas de superficie Aeroparque Buenos Aires y Buenos Aires (Ezeiza) puede observarse que en la primera de ellas se registró 125 mm en aproximadamente dos horas. Si se tiene en cuenta que la precipitación estadísticamente esperada para el mes de marzo, según la estadística 1981-90, debe ser de 142.7 mm, el evento puede ser considerado extraordinario ya que en el lapso de aproximadamente dos horas precipitó un 87,5% del valor estadístico esperado para el mes. Además en el informe adjunto se destaca que la precipitación registrada en sesenta (60) minutos, para el evento en cuestión se convirtió en récord absoluto par el período 1955-90. Lo que confirma aún más lo expuesto en el párrafo anterior .”
Sobre las eximentes de responsabilidad, dice Jorge Joaquín Llambías: “Puede ocurrir que el incumplimiento de la obligación le sea impuesto al deudor por un hecho ajeno a él: es lo que se denomina “caso fortuito” o “fuerza mayor”. Es éste un supuesto de inimputabilidad, ya que no es el autor moral del incumplimiento y no debe responder del daño que se siga” (“Código Civil Anotado”, T.II-A, página 124).-
En la nota al artículo 514 , el Codificador menciona, con cita de Troplong, que el caso fortuito se refiere a lo producido por la naturaleza y la fuerza mayor a lo generado por el hombre. En la misma nota, Vélez vuelve a citar a Troplong y sostiene: “Mas los accidentes de la naturaleza no constituyen casos fortuitos mientras que por su intensidad no salgan del orden común”. El Codificador no ha determinado una diferencia entre “caso fortuito” y “fuerza mayor” en la normativa legal. Tanto es así que no se establece distinción en los artículos 513, 893 , 1522 , y 1568 , entre otros. Afirma Belluscio: “También la jurisprudencia ha reputado uniformemente, de “lege data”, que el caso fortuito y la fuerza mayor se equiparan” (“Código Civil y leyes complementarias”, T. 2, página 662). “Así, las lluvias, vientos o huracanes, ciclones, tornados, sequías, etc., de tal magnitud que sobre pasen las características ordinarias propias de esos fenómenos, teniendo en cuenta las circunstancias del lugar en que ocurren y en tanto desencadenen un desastre realmente de excepción que determine la imposibilidad de cumplimiento de la obligación” (ob. cit., página 666, E.D. 73-257; La Ley, 135-1049).-
Pues bien, aunque la cuestión puede presentar matices opinables en relación a lo que debe interpretarse como “imprevisible” o “inevitable”, me parece conveniente recordar que para que los hechos de la naturaleza constituyan caso fortuito o fuerza mayor tienen que asumir caracteres extraordinarios.En el caso, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha logrado acreditar -con sujeción a la carga impuesta por el artículo 377 del Código Procesal-, que las condiciones climatológicas imperantes al momento en que tuvo lugar el anegamiento fueran excepcionales, o hubiesen provocado daños imprevisibles e inevitables en el ámbito en que el fenómeno meteorológico acaeció. Por el contrario, lo que la experiencia indica es que, con alarmante frecuencia, cuando acaecen tormentas o lluvias de regular intensidad, se produce la inundación y/o anegamiento de algunas zonas de la Capital Federal cuyo cuidado y custodia se encuentra -ello no fue materia de debate-, a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esta última circunstancia excluye, en mi opinión, la existencia del caso fortuito aún en supuestos de las características del que aquí se ventila, porque por lo general las lluvias o tormentas -aún las de menor intensidad a la del día 15 de marzo de 1994- producen el desborde de los conductos de desagüe, hecho que no resulta, en principio, imprevisible ni imposible de evitar para la demandada.
De acuerdo a todo lo expuesto, entiendo que la falta de obras de infraestructura adecuada por parte del municipio para evitar los desbordes de los canales, arroyos y desagües que se encuentran bajo tierra que aún hoy desbordan ante lluvias intensas como es de público conocimiento, torna responsable al Gobierno de la Ciudad por los daños ocasionados por su omisión, sin que pueda concluirse en la configuración del caso fortuito a su respecto, o al menos no de forma tal que excluya absolutamente su responsabilidad.
A tal fin, resulta sumamente ilustrativo un precedente de la Sala F de esta Exma. Cámara Nacional de Apelaciones en el cual se resolvió un caso análogo al que ahora se trata (cfr. CNCiv., Sala F del 6/6/95 en autos “Bodenheimer, Ernesto c/ Obras Sanitarias de la Nación y otros s/Ds.Ps.”, en JA 1996-I-178). Bien vale dejar sentado que el fallo citado se dicta en el marco de un reclamo por inundaciones registradas como consecuencia de intensas lluvias sucedidas en el primer semestre del año 1985 y que, el presente, trata los efectos derivados de idéntica causa ocurrido diez años después.
La Dra. Ana María Conde en su condición de vocal preopinante, expuso que la cuestión a tratar radicaba en determinar si el evento fortuito absorbe todo el daño acontecido o, por el contrario, mediaron otras causas ajenas a aquél, imputables a los demandados que comprometen parcialmente sus respectivas responsabilidades.
Al respecto señaló que existen juristas, entre ellos Alfredo Orgaz (“La culpa”, págs. 265/266, n° 108) que entienden que por aplicación del “principio de la causa adecuada, es prácticamente imposible que se dé concurrencia del caso fortuito con la culpa del responsable, de modo que la responsabilidad de éste fuese sólo parcial: ambos se rechazan mutuamente o por entero. La solución puede ser distinta con la teoría de la equivalencia de condiciones, en que las condiciones sine qua non del suceso son consideradas, cada una, como la causa total del resultado” (“El daño resarcible”, n°s 16 y ss).
Sin embargo, una importante corriente doctrinaria nacional, que se apoya en parte de la jurisprudencia y doctrina francesa admite la posibilidad de computar ambos factores y hacer una graduación de la responsabilidad, debiendo el deudor soportar sólo el porcentaje que le es imputable.
Señalan Henri y León Mazeaud y André Tunc (cfr. “Tratado Teórico y Práctico de la Responsabilidad Civil, Delictual y Contractual”, t. II, vol. II, p. 225, n. 1611), que es posible que el daño tenga a la vez por causas un caso de fuerza mayor -o más exactamente, un fenómeno natural- y una culpa del demandado. Si cierto acontecimiento natural no se hubiera producido, el daño no hubiera tenido lugar; pero tampoco se habría producido si el demandado no hubiera incurrido en culpa.Esa situación, añaden dichos autores, es diferente de aquélla otra en que la culpa del demandado ha llevado consigo la realización del caso de fuerza mayor: aquí ese hecho no es imputable al demandado, no es el resultado de la culpa cometida por éste último; el fenómeno natural y la culpa son independientes; exactamente dos causas autónomas del daño.
Destacan, además, que los tribunales podrán encontrarse ante la situación considerada no sólo cuando se prueba la culpa del demandado, sino también cuando exista una presunción de responsabilidad. En efecto, la existencia de semejante presunción no le impide al juez, desde el instante en que uno de los factores del daño esté probado, tratar de descubrir los restantes factores y sopesar su respectivo papel (cfr. también Planiol, Ripert y Esmeir, “Tratado Práctico de Derecho Civil”, vol. VI, p. 749 n. 541).
En Francia, en el año 1951, la Corte de Casación en el caso del naufragio de Lamoriciere, valoró ambos factores de riesgo, sopesando la proporción de responsabilidad que debió soportar la compañía naviera, en función de la conducta torpe que correspondía atribuir al capitán del buque, quien contribuyó a la catástrofe en un quinto del daño (cfr. Mazeaud-Tunc, ob. y t. cit., p. 226, n. 1612 (2) y Llambías, “Obligaciones”, t. III, p. 751, nota 282, que enuncia otros fallos en igual sentido).
Dentro de la doctrina nacional, comparten este criterio Acuña Anzorena (en Salvat, “Fuentes de las obligaciones. Hechos ilícitos”, pág. 56, n° 2725 b); Busso, E (“Código Civil anotado”, t. III, p. 327, n° 216); Llambías, Jorge J. (“Tratado de Derecho Civil. Obligaciones”, t. I, pág. 257, n° 212 bis y t. III, pág. 751, n° 2310); Cazeaux, P. N. (en Cazeaux y Trigo Represas, “Derecho y Obligaciones”, t. I, pág. 372, n° 2; Sup. Corte Bs.As., LL 106-179 [6]).
Coincido con mi colega en que ésta doctrina resulta ser más equitativa.
En el caso de autos, se da la situación de que el daño es el efecto de la conjunción de dos causas autónomas, una es el caso fortuito y otra la negligencia de la ex-Municipalidad de Buenos Aires y actual Gobierno de la Ciudad, quien incumplió las obligaciones dentro del marco de su respectiva competencia.
Ahora bien, se advierte que las circunstancias que configuran el caso fortuito fueron analizadas debidamente por la Sra. Juez, quien apreció en particular el mantenimiento de la limpieza de los desagües y el nivel de agua caído -que en esta instancia también se valoran- la a quo entendió que no correspondía eximir a la comuna en grado alguno y que dicho análisis no encuentra fundamentos en los agravios de la recurrente que permitan modificar lo decidido en la instancia de grado. Máxime, considerando que fue la propia demandada quien reconoció en su informe de fs. 502 que “. la zona afectada es proclive a anegamientos en la magnitud y características que le son propias al Barrio de Belgrano como es de público conocimiento .”, lo que impide considerar -a todas luces-, en lo que a ella respecta, que se haya tratado de un caso fortuito. Por las consideraciones y antecedentes expuestos precedentemente propongo al Acuerdo que se confirme este aspecto del fallo recurrido.
II.- Responsabilidad del Consorcio y los propietarios de la cochera.
Los agravios vertidos por el punto por el Gobierno de la Ciudad no reúnen los requisitos mínimos que requiere el artículo 265 del Código Procesal, por lo que propongo que los mismos sean declarados desiertos en los términos del art.266 del cuerpo legal citado.
El actor por su parte, funda sus agravios sosteniendo que tanto el Consorcio como los propietarios de la cochera no cumplieron con la obligación a su cargo de mantener en condiciones las instalaciones del inmueble de modo tal que se pudieran evitar consecuencias dañosas como las que aquí se debaten. También, que la actitud de los dependientes del Consorcio ante la emergencia fue de absoluta pasividad. Finalmente, que ambos (Consorcio y locadores) deben responder por los daños producidos a su vehículo.
Anticipo que considero acertada la solución brindada sobre el punto en la anterior instancia. Es que, contrariamente a lo sostenido por el demandante, el Consorcio sí cumplió con las obligaciones a su cargo a fin de prevenir los efectos de las intensas lluvias, aunque no resultaran suficientes el día del hecho. En efecto, como quedara acreditado con el informe pericial de fs. 610/611 ( parcialmente citado por el actor en sus agravios) y su aclaración de fs. 661, el portón de acceso al garage de marras y la bomba de achique son los elementos adecuados al edificio de autos (fs. 610 vta., respuesta d). Asimismo, señaló el experto que el consorcio cuenta con bomba de achique para evitar el anegamiento de las cocheras. Tal como se indica en los puntos a) y c) del cuestionario de la actora, estando la misma dimensionada para bombear un caudal de 2.000 lts/hora, que sería lo normal para un anegamiento común del garage de planta baja, pero ante una precipitación extraordinaria como la del 15/3/94 que duró 2 horas y anegó el garage con 323.000 lts. de agua, era absolutamente imposible evacuar ese caudal con la bomba de autos (fs. 611, respuesta 3).
La parte actora señaló al respecto que el ingreso de la masa de agua se produjo por deficiencias en el estado de conservación del portón de entrada.Sobre el punto el perito ingeniero hidráulico constató que la antigüedad de la instalación de marras es de 26 años y su mantenimiento y estado es bueno (cfr. fs. 611, respuesta 4, último párrafo). Asimismo, y este es el único extracto que el demandante hace de la pericia, indicó el experto que dado que el portón de entrada al garage tiene una chapa ciega hasta 1,00m. de altura no puede producirse una inundación como la del garage aún con lluvias intensas como la del 15/3/94, a menos que ceda la estructura del mismo (cfr. fs. 611 vta., respuesta 5). Pero omite el recurrente considerar que al contestar las observaciones, el perito concluyó que, dada la extraordinaria cantidad de agua acumulada, la estructura del portón de marras cedió ante el empuje de las aguas y en consecuencia no hubo negligencia de los responsables del garage (cfr. fs. 661 vta). Es decir, el portón cedió por la fuerza del caudal de agua acumulado que éste contenía y no, como sostiene el demandante, por un vicio en la cosa.
Entonces, no habiendo otras razones que justifiquen su condena, considero acertada la decisión de mi colega de la anterior instancia de excluir de responsabilidad por el hecho que aquí se dilucida al Consorcio de Propietarios y a los locadores, por lo que propongo se que confirme también este aspecto de la sentencia apelada.
III. Daños.
Dilucidado el tema atinente a la responsabilidad, me pronunciaré sobre la cuantía de los rubros que conforman la indemnización devengada a favor del actor.
A) En cuanto al ítem “pérdida del valor venal”, se agravia el demandante ante el rechazo de la partida reclamada, por haber considerado la Sra. Juez de primera instancia que no se encontraban acreditados daños estructurales que lo justifiquen.Sostiene el recurrente que el mero hecho de que el rodado se haya encontrado sumergido produce una pérdida en su valor pues habrá oxidación de algunas partes y que, dicha circunstancia, desalentará a futuros compradores.
En punto a la determinación de la existencia del daño en concepto de desvalorización del rodado, entiendo que la falta de inspección del rodado por parte del experto impide la procedencia del reclamo. La imposibilidad del experto de examinar en concreto el rodado -por haber sido vendido- no puede suplirse con generalizaciones teóricas acerca de lo que ocurre en la mayoría de los casos, desde que se trata -sin por ello dejar de hacer mérito de los conocimientos técnicos del experto- de meras conjeturas inidóneas a los efectos de acreditar el perjuicio en el caso concreto.
Resulta indispensable -se ha señalado- la inspección del rodado por parte del técnico, a fin de que su opinión sobre las secuelas del impacto se funde en la directa verificación de ellas y no en inferencias o generalidades que, sin bien derivan de sus conocimientos en la materia, no tiene respaldo en el examen de la cosa singular (id. Sala II, “Minetti c. Empresa de Transportes La Cabaña SRL s. Sumario” del 28.8.84).
También se ha señalado que en materia de desvalorización del rodado se exige que los daños causados sean no sólo en chapa y pintura o partes intercambiables, sino en aquello permanente en donde cualquier reparación aún la mejor realizada deja secuelas a simple vista y ello no ocurre en esta clase de deterioros, salvo que hayan sido realizados en forma incorrecta, en cuyo caso la responsabilidad alcanza a quien contrató y recibió el defectuosamente hecho y no en el responsable del perjuicio (“Catalano Sebastián c/ Manani Luis s/ sumario”,expte nro.81.719).
Tal como se señaló en el pronunciamiento recurrido, el perito i ngeniero mecánico y electricista designado informó que las piezas averiadas se remplazaron por nuevas, que de haberse presentado problemas al momento de la revisión éstos se hubieran solucionado oportunamente y que es lógico suponer que no se esperan dificultades posteriores, razón por la cual concluyó que no corresponde contemplar desvalorización porque además no se afectó la estructura del vehículo. Asimismo, que el vehículo no fue presentado a la inspección citada (cfr. fs. 665 vta, respuesta 2 y fs. 666, respuesta 3, b).
En consecuencia, estimo ajustado el rechazo dispuesto en la sentencia recurrida y propongo que sea confirmado en esta Alzada.
B) En cuanto a las sumas fijadas en la anterior instancia en concepto de “daño emergente” y “privación de uso”, la mera disconformidad manifestada por el recurrente al respecto no importa una crítica concreta y razonada tal como lo exige el artículo 265 del Código Procesal. Por ello, considerando adecuados los montos que, con fundamentos que comparto, fueran otorgados en la anterior instancia, considero que los agravios sobre el punto deberán ser declarados desiertos en los términos del artículo 266 del Código Procesal.
IV. En lo que concierne a la aplicación del artículo 22 de la ley 23.982 requerida por la co-demandada Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el cumplimiento de la condena, si bien comparto las consideraciones vertidas por el Sr. Fiscal de Cámara en su dictamen de fojas 431/432, lo cierto es que el monto por el que prospera la demanda lo asemeja a un crédito de naturaleza alimentaria, lo que torna inaplicable dicho régimen (ver art. 395 , CCAyTCBA).
V. En virtud de las consideraciones expuestas, doctrina, jurisprudencia y normas legales citadas, propongo confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide y constituyó motivo de agravios.Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en atención a la forma en que se deciden las cuestiones propuestas a la Cámara.
La Dra. Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna y el Dr. Giardulli por las consideraciones expuestas por el Dr. Kiper, adhieren al voto que antecede. Con lo que se dio por terminado el acto firmando los señores Jueces por ante mí, que doy fe. Fdo. Jorge A. Giardulli, Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna y Claudio M. Kiper.
Buenos Aires, de diciembre de 2006.
Confirmar la sentencia recurrida en todo lo que decide y constituyó motivo de agravios. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado, en atención a la forma en que se deciden las cuestiones propuestas a la Cámara (arts. 68, párrafo segundo y 71 del Código Procesal)
Jorge A. Giardulli
Elsa H. Gatzke Reinoso de Gauna
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