Source: http://www.podersocial.org/blog1.php/proyecto-de-ley-referendos-es
Timestamp: 2018-05-21 14:56:40
Document Index: 394345250

Matched Legal Cases: ['Artículo 70', 'artículo 70', 'Artículo 9', 'Artículo 70', 'artículo 21', 'artículo 62', 'artículo 66', 'artículo 70', 'artículo 71', 'artículo 72', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 203', 'artículo 70', 'artículo 3', 'artículo 102', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 70', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'artículo 102', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 236', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'artículo 233', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'Artículo 86', 'Artículo 87', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104']

En Defensa de tus derechos constitucionales
Diego Arria: El proyecto de ley de referendos refuerza al extremo el poder del CNE »
publicamos las observaciones del Proyecto de Ley Orgánica de Referendos enviadas por un usuario segun normas establecidas para la Consulta Pública sin haber recibido ninguna respuesta ante esta inicitiva legislativa
http://www.asambleanacional.gob.ve/documento/show/id/1584
http://www.asambleanacional.gob.ve/uploads/documentos/doc_4dc59c153496bcee1f9bb859ddd0053e2fd63a38.pdf
Secretaria: Abog. NAREMI SILVA
yo. -----, venezolano, Ci: ------ residente en ------- Municipio ------Estado -------
atendiendo la invitación a participar en la Consulta Pública del Proyecto de Ley Orgánica de Referendos remito las misma segun el formato exigido:
=>1.- ¿Sabe usted que el Artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la obligatoriedad de la realización de una Ley de Referendos?
SI ___ NO_"""""__
a.-el articulo 70 de la CRBV establece la obligatoriedad de la realización de la Ley de Participación Ciudadana y no solamente una Ley de Referendos.
el mencionado articulo dice:
artículo 70 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (C.R.B.V.) : “Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad.
y el referendo es uno de los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político, existen otros como la elección de cargos públicos, la consulta popular, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante que no son incluidas en el Proyecto de la Ley de Referendos.
b.-otra observación importante es que reconocen que luego de 17 años los ciudadanos y ciudadanas hemos participado en decenas de elecciones nacionales, regionales y municipales así como consultas y referendos sin que se legalizara la Participación Ciudadana tal y como se menciona en la pregunta por lo que representa una omisión gravísima dejando los eventos realizados acéfalos constitucionalmente.
c.-el 22 de noviembre del 2001 el entonces diputado Julio Borges participó en la aprobación de la 1° discusión del "Proyecto de Participación Ciudadana" que desarrollaba el precepto constitucional 70 de la CRBV.y cuyo texto se encuentra publicado en esta pagina web http://www.podersocial.org/blog1.php/texto-de-la-ley-de-3 y el cual contiene desarrollados todos los medios obviados de participación del Proyecto de la Ley de Referendos.
=>2.-¿Está Usted de acuerdo con que se apruebe una norma legal que regule los referendos en el país?
SI """""_ NO___
pero debe incluirse los demas medios de participación y protagonismo incluidos en el articulo 70 de la CRBV
=>3- ¿Está Usted de acuerdo con que se establezcan unos mecanismos para que la sociedad civil organizada pueda constituir grupos organizados y, a través de los mismos, hacer convocatorias a referendos?
SI _""""" NO_
pero debe incluirse los demás medios de participación y protagonismo incluidos en el articulo 70 de la CRBV y hacer énfasis en la "Autonomía social organizativa" la cual no está bien especificada en el Proyecto de la Ley de Referendos.
remitimos el articulo 9 del Proyecto de Ley de Participación Ciudadana aprobado en 1° discusión el 22/11/2001
Autonomía social organizativa
Artículo 9.- La actividad de los poderes públicos que se desarrolle a partir de los medios de participación tomará en cuenta el respeto al principio de la autonomía de las organizaciones representativas de los sectores políticos, económicos y sociales involucrados en su aplicación e igualmente el principio constitucional de la progresividad de los derechos humanos.
=>4.- ¿Está Usted de acuerdo con qué se proteja el secreto de las personas solicitantes de las convocatorias a referendos?
SI _X"""""__ NO___
=>5.- ¿Está Usted de acuerdo en la necesidad que cualquier norma que se apruebe en materia de referendos aplique incluso a los procesos refrendarios que se encuentren en curso a la fecha de aprobación de dicha legislación?
SI _""""""__ NO___
de acuerdo a lo expresado con antelación se requiere con "Urgencia" retomar el texto del Proyecto de Ley de Participación Ciudadana aprobado en 1° discusión el 22/11/2001 en el cual el diputado Julio Borges tuvo actuación determinante para cumplir con la obligatoriedad de realizar una Ley de Participación Ciudadana establecida en el Artículo 70 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y que luego fue engavetada por 16 años logrando cercenar por completo los derechos constitucionales en materia de participación y protagonismo de los ciudadanos por no tener el marco legal mencionado y dejar sin efecto el actual "Proyecto de Referendos"
Título: Ley de Participación Ciudadana
Período de Gobierno: 2000-2007
Período Legislativo: Segundo Ordinario de 2001
No. de Expediente: 155
Entrada en Cuenta: 22/11/2001
Proponente: Presentado por la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional
Objeto: La presente Ley tiene el propósito de desarrollar y procedimentar la participación, en los distintos ámbitos del Estado, Nacional, Regional, Municipal y Local de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin perjuicio de otros mecanismos de participación que surjan o se creen en el vital proceso de construcción de la República.
Fecha de la 1º Discusión : 29/11/2001
Fecha de aprobación de la 1º Discusión : 29/11/2001
En el marco de la más acendrada tradición democrática, con profunda inspiración humanista al concebir "los derechos del hombre" como centro de toda acción humana, tesis filosóficas que formulan principios, entre las cuales la formación de la voluntad soberana para constituir el Estado, la toma de decisiones en el ámbito de las políticas públicas y el establecimiento del derecho a participar sin ninguna restricción ni discriminación en esas actividades por parte de todos los ciudadanos, son sólo algunas de las tantas formas y manifestaciones que se prevén en el moderno Derecho Constitucional del concepto de "participación ciudadana". Ha sido preocupación universal a través de la historia, y prueba palmaria de ello, son los tratados, acuerdos y convenios que sucesivamente se han ido formando y acordando entre todos los países del mundo, el establecer la participación ciudadana en todo el quehacer de la vida del hombre, como un derecho humano fundamental, con tendencia a matizarla con rasgos de "derecho- deber", que trascienda más allá de un simple derecho establecido en el orden positivo, sino que sea también obligación y deber ciudadano que derive en la praxis en el ineludible deber del Estado de construir un tejido institucional para que la sociedad civil tenga los mecanismos de acceso a la autorealización del hombre, a la formación de la voluntad del Estado, a la construcción de una sociedad afirmada en los principios de justicia social, de corresponsabilidad ciudadana y en el reconocimiento claro y contundente de la progresividad de los derechos y la protección de ellos por parte del Estado y la sociedad concebida en su totalidad.
En el texto de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos"(1948), en cuyo primer considerando nos habla de "que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana", y mas adelante dice "que los pueblos de las naciones unidas han reafirmado en la Carta su fé en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derecho de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto mas amplio de la libertad", son principios que denotan el supremo interés de todas las naciones del mundo de desarrollar en sus legislaciones internas mecanismos sólidos y específicos que promuevan y permitan el desarrollo pleno de la libertad, la justicia, la igualdad y la participación ciudadana, como formas de desarrollo y defensa de la dignidad y respeto de la persona humana. Es así entonces que en el artículo 21 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos se lee: " 1.- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. 2.- Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. 3.- La voluntad del pueblo es base de la autoridad del poder público, esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto"; en esa misma tradición, y como corolario de estos principios previstos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nuestra novísima Constitución de la República, establece y desarrolla una serie de principios que garantizan precisamente a todos los ciudadanos venezolanos la participación en términos de igualdad, justicia y libertad en todos los ámbitos de la vida ciudadana, siendo la participación ciudadana un medio eficiente de desarrollar los postulados de una democracia participativa y protagónica, postulados éstos que constituyen las bases que sustentan la llamada "revolución democrática" derivada del nuevo orden constitucional.
Y es así entonces que en el texto de la Constitución se establece: a) Que se consagra ampliamente el derecho a la participación en los asuntos públicos de todos los ciudadanos (artículo 62 C.N.); b) La participación en la gestión pública no solo se circunscribe al voto, sino también en el proceso de formación, ejecución y control de la gestión pública (artículos 62 y 63 C.N.); c) El derecho que los ciudadanos tienen de que sus representantes rindan cuentas de su gestión, por intermedio de los mecanismos que prevé la Constitución (artículo 66 C.N.); d) El derecho a postularse y ser elegido (artículos 63 y 67 C.N.); e) Los derechos a la participación protagónica, tanto en el ámbito político, como en lo social y en lo económico (artículo 70 C.N.); f) El derecho a ser consultado cuando se tomen decisiones en materias de especial trascendencia nacional (artículo 71 C.N.); g) El derecho a revocar el mandato de los cargos y magistraturas de elección popular (artículo 72 C.N.); h) El derecho a aprobar o abrogar mediante referendos leyes, tratados, decretos- leyes (artículos 73 y 74 C.N.)
La Constitución Nacional, al establecer los medios generales de participación política y social, prevé en su artículo 70, una norma programática que refiere a la Ley el desarrollo de estos medios. Efectivamente el artículo 70 de la Constitución Nacional dice: " Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocación del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico: las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaria.
La Ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo"; consecuencialmente, se le impone al legislador la obligación de legislar para hacer efectivos y viables todos estos derechos, creando los mecanismos y vías que permitan la concreción real de estos postulados, siendo en efecto ésta, una materia que reglamentariamente pertenece a la esfera exclusiva en el ámbito legislativo nacional a la Comisión Permanente de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional.
Es importante aclarar, que no es posible que esta Comisión, prepare una Ley de Participación Ciudadana, sin que se hicieran todos los esfuerzos que la Constitución y el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional ordenan en el sentido de tener que consultar a todas las personas y grupos interesados en opinar, aportar, discutir y participar en este instrumento legislativo de vital importancia para toda la sociedad. Y es así que atendiendo el mandato constitucional y reglamentario, la Comisión aprobó en su seno realizar una serie de consultas, foros, talleres, encuentros, en los cuales pudieran recogerse en grado máximo las distintas opiniones y sugerencias de todos los sectores de la vida nacional. A estos efectos se realizaron varios foros y jornadas en diferentes sitios del país, comenzando la primera consulta en la Ciudad de Valencia, Estado Carabobo; en Maracaibo, Estado Zulia; en Barquisimeto, Estado Lara; en Carora del mismo Estado; en Puerto Ordaz, Estado Bolívar; en San Felipe, Estado Yaracuy; en el Municipio Diego Ibarra, Estado Carabobo; en la Ciudad de Araure, Estado Portuguesa; en Carúpano, Estado Sucre; en Maturín, Estado Monagas; en Mérida, Estado Mérida; en Porlamar, Estado Nueva Esparta; en Táchira, Estado Táchira; en San Fernando de Apure, Estado Apure; en las ciudades de Calabozo, Valle de la Pascua, y San Juan de los Morros, Estado Guárico; en Caracas, Municipio Libertador; actividades en las cuales se recogieron las opiniones de todas las personas que asistieron y participaron y luego se plasmaron en informes que se aprobaron en el plenario de la Comisión. Además en la propia Comisión, concretamente en la Sub- comisión de Participación Ciudadana que preside el Diputado Wilfredo Febres, acudieron diversas personalidades que opinaron sobre la materia, y semanalmente se recibieron entre otros a Nuria Cunilll, José Vicente Haro, Julio César Fernández, Aristóbulo Istúriz, Clemente Scotto, Luis Gómez de la Vega, José Virtuoso, Carlos Ayala Corao, Nancy Suarez, José Gregorio Delgado, Fernando Flores, Jesús María Casal, quienes aportaron ideas importantes que orientaron los principios para la redacción de la Ley. Capítulo aparte fueron los papeles de trabajos presentados por organizaciones de la sociedad civil como Sinergia, quien consigno un anteproyecto que ayudó a enriquecer el debate; también el Equipo Comunitario Técnico para la Participación coordinado por la diputada Haydee Madríz presentó ideas que fueron de gran utilidad, debiendo resaltarse también que de algunos Estados como Miranda, Lara y Zulia remitieron copias de Proyectos de Leyes Estadales de Participación Ciudadana que también fueron estudiados, sin obviar que la primera tarea que se realizó fue el análisis y examen de la normativa sobre la materia existente en el país, concretamente las normas contenidas en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, relativas al referéndum, las previstas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal y su Reglamento Parcial Nº1 sobre la Participación de la Comunidad, y también se analizó el tema de la participación en la legislación comparada, concretamente en Leyes de Participación de España, Colombia, Nicaragua, Bolivia, Suiza, Estados Unidos.
De todo este proceso nació ésta Ley, que ha sido concebida y desarrollada en el marco de la más pura y ortodoxa democracia participativa. En este proyecto se han vertido las diferentes opiniones, pareceres, posiciones y puntos de vista de la ciudadanía, invirtiendo el proceso de formación del proyecto, puesto que no nació en cotos cerrados bajo la pupila de expertos que elitescamente lo elaboraron, sino que en cada foro que se realizó, la ciudadanía tuvo la oportunidad en cada mesa de trabajo, plena, directa, soberana y libremente de exponer sus puntos de vista, y en cada experiencia se recogieron aportes que fueron enriqueciendo el banco de datos y opiniones que se plasmaron en informes que alimentaron la elaboración de la Ley, y fruto de ese trabajo, de esa consulta nacional, surge este proyecto de Ley Orgánica de Participación Ciudadana.
La Ley tiene rango de Orgánica por ser un texto legal, que de acuerdo al artículo 203 de la Constitución Nacional desarrolla derechos constitucionales, como lo es el derecho a la participación en el esquema de la democracia participativa y protagónica, y a la vez, esta Ley sirve de marco para el desarrollo de otras Leyes, motivado a que la regulación que hace la Ley se limita al establecimiento de los principios generales de la participación ciudadana, concebida como derecho humano fundamental, y la participación en el ámbito político prevista en el artículo 70 de la Carta Magna.
A estos efectos, la Ley ha sido dividida en cinco(5) títulos, algunos de los cuales han sido subdivididos en capítulos para su mayor comprensión y buena técnica legislativa.
El título I establece el objeto general de la Ley, que es básicamente el desarrollo de principios constitucionales, como lo son el establecimiento de mecanismos directos de participación ciudadana, en un esquema de democracia participativa y protagónica, fundamentada la participación en el derecho que tienen todos los ciudadanos venezolanos en tomar parte con plena libertad en la formación, ejecución y control de los asuntos de gestión pública, para colmar el protagonismo necesario que garantice el pleno desarrollo, tanto individual como colectivo de los medios institucionales de participación ciudadana, y por eso se explica que tanto el Estado como la sociedad tienen el deber de fomentar y crear un ambiente favorable que permita la práctica ciudadana de la participación. También se explica en el artículo 3 que la Ley se aplicará en los procesos de participación política, pero dejando que en otras áreas de la sociedad estos principios generales permanezcan como válidos independientemente de los mecanismos de participación que se establezcan en otras Leyes, en especial referencia a los que se establezcan en normas que regulen la actividad participativa en los Estados, Municipios incluyendo a los metropolitanos, dejando también que sea la Ley respectiva la que regule los mecanismos de elección de representantes en cargos públicos. Importante es señalar, que los mecanismos de participación aquí previsto no es una lista cerrada, es decir que sólo se puede participar por estos mecanismos, sino que la Ley deja abierta la posibilidad cierta de que se establezcan otras formas de participación en la vida política, económica, social, cultural, gremial o sindical. También prevé la Ley, los fines fundamentales que se prosiguen con la participación ciudadana, que no son otros que: I) El desarrollo de la persona humana, II) La consolidación de la sociedad democrática, participativa y protagónica, III) El fomento y desarrollo de la organización social, IV) Buscar la superación personal de los ciudadanos y erradicar la pobreza y marginalidad, V) La eficiencia en la toma de decisiones de órganos públicos, que los hagan más legítimos y democráticos, VI) El debido control que los ciudadanos tienen el derecho a ejercer en la gestión pública, VII) Incorporación del pueblo soberano al efectivo ejercicio de la democracia participativa, VIII) La defensa de las libertades democráticas y los derechos humanos.
Todos estos fines que prosigue la Ley están en íntima conexión con los principios rectores de la participación que la Ley desarrolla, que son: a) La participación sin discriminación de ningún tipo, que permita la libre expresión de ideas, b) Que sea una política integral del Estado, c) Que se conciba como derecho ciudadano y obligación del Estado, que permita la incorporación de toda la sociedad en el proceso de toma de decisiones en especial los sectores más marginados, d) Que eleve la calidad de vida de los venezolanos, e) Que sea definitivamente una forma de vida ciudadana y no una mera actividad limitada y coyuntural, que se exprese en todos los ámbitos de la sociedad, f) Que suponga a un funcionario público consustanciado con la participación como responsabilidad de él tanto como funcionario como ciudadano comprometido con ese fin y g) En general, que la participación se desarrolle y establezca en el plano legal, como principio fundamental de la actuación y organización de la administración pública. Por otra parte se establece como obligación que todos los órganos del poder público en sus diferentes niveles, tienen que incorporar la participación ciudadana en todos sus actos, Leyes, Ordenanzas, Decretos u otras normas, reconociéndose la participación ciudadana como derecho humano fundamental establecida no solo en la Constitución Nacional sino también en Convenciones y Tratados Internacionales. Se trata de definir la participación como el hilo conductor de toda la actividad del Estado y la sociedad y de allí su connotación filosófica de "derechos progresivos" que cruzan trascendentalmente todo el quehacer social y todos los niveles del Poder Público.
Importante es la mención que se hace al financiamiento de la participación estableciéndose la obligación a los poderes públicos de identificar las partidas presupuestarias necesarias para el desarrollo de la participación en su ámbito de actuación.
El Título II, Capítulo I de la Ley se denomina "De los Recursos para la Participación", en su Capítulo I se hace una división novedosa de ellos, no circunscribiéndolos sólo a recursos económicos y financieros, sino que se establecen otros tipos como los humanos o técnicos y los organizativos o institucionales, lo que le da un carácter novedoso y revolucionario a la Ley que se desmarca de la concepción tradicional de reducir la idea de recursos sólo a lo económico y financiero, sino que la parte humana, el desarrollo de la técnica, la creación y organización de instituciones para la participación tanto en el sector público como privado son considerados recursos invalorables para el proceso participativo. También se establece el principio de la "coparticipación entre el sector público y el privado para el financiamiento y ejecución de la participación, y por otra parte se prevé otro principio que es la "rendición de cuentas" y los convenios de ejecución.
El Capítulo II " De la Educación para la Participación", desarrolla lo previsto en el artículo 102 de la Constitución Nacional, respecto a la obligación de parte del Estado de establecer en los programas y contenidos del sistema educativo formal, o en programas de educación comunitaria, el tema de la educación y la participación ciudadana, al igual que en la legislación nacional o municipal en materia educativa se establece también dicha obligación, considerando la educación ciudadana para la participación tema de altísimo interés nacional.
El Capítulo III se denomina "De la Organización del Estado para la Participación", establece que tanto la participación como institución y sus mecanismos para hacerse efectiva, serán consustanciales a la forma que deberá adoptar el Estado para que aquella se viabilice, y el Estado pueda dar respuestas a las formas, medios y procedimientos para que se cristalice el derecho a la participación.
Por otra parte se prevé que el Estado en su proceso de organización, facilitará una estructura que propicie y fomente la participación, estableciendo la consulta a la ciudadanía y sus formas organizativas; también se establece el derecho que tienen todos los ciudadanos de presentar propuestas en cualquier instancia del poder público que consoliden el derecho a la participación.
El Título III se denomina "De los medios de Participación Política Directa", en su Capítulo I se establecen los diferentes medios de participación política directa a los cuales tienen derecho todos los ciudadanos, y que básicamente son: a)Las iniciativas legislativas populares, b) Los referendos consultivos, c) Los referendos aprobatorios, d) Los referendos abrogatorios, e) Los referendos revocatorios, f) Los referendos constitucionales, g) Los referendos constituyentes, y h) La Asamblea de ciudadanos. Se excluyen los cabildos abiertos que serán regulados por su Ley especial y las formas y modalidades de participación en otros ámbitos como el económico y el social, que también sean regulados por su Ley especial, pero conservando los principios rectores que orientan la presente Ley.
El Capítulo II "De las Iniciativas Legislativas Populares", prevé los requisitos y modalidades para que los ciudadanos ejerzan el derecho de iniciativa legislativa popular, la forma como deben de presentar las propuestas, ante qué autoridad deben presentarla, el procedimiento para la verificación de las firmas de los presentantes, el trámite del proyecto, la participación de los promotores en la discusión del proyecto, lo cual evidencia la profunda vocación democrática plasmada en el espíritu de la Ley que quiere que la participación no se quede solo en el plano formal, sino que sea real y efectiva; los lapsos y trámites necesarios, la posibilidad de someter a referendo aprobatorio el proyecto, y el encabezamiento que deben llevar las Leyes aprobadas por iniciativa popular. En este capítulo, se estatuye la posibilidad de que el pueblo libre y soberanamente, pueda ejercer el mecanismo de aprobación de leyes, es decir, ejercer "la democracia directa".
El Capítulo III "De los referendos Consultivos" establecen en otras cosas que pueden ser sometidos a Referendo Consultivo tanto las materias de especial trascendencia nacional, como los que se consideren de igual trascendencia en los ámbitos parroquiales, municipales, metropolitanos o estadales, y quienes son los legitimados activos para iniciar la consulta y los requisitos de validez para iniciar el procedimiento. Igualmente se especifican que son materias que deben considerarse de interés nacional, y la posibilidad de que por leyes estadales u ordenanzas, éstas pueden definir que son materias de interés especial en esos ámbitos del poder público.
El Capítulo IV se denomina "De los Referendos Aprobatorios", prevé quienes están legitimados para iniciar el procedimiento y los requisitos de validez de tales decisiones, que debe contener la propuesta que se quiere consultar; también se establece el mecanismo para iniciar el procedimiento de aprobación de Tratados Internacionales, los legitimados activos y requisitos de validez, el contenido de la propuesta y los efectos de los resultados de las consultas; se establecen los supuestos en caso de rechazo del referendo y la remisión a esta Ley de las normas que establezcan referendos aprobatorios en los ámbitos estadales y municipales.
El Capítulo V "De los Referendos Abrogatorios", al igual que los anteriores desarrolla la norma constitucional, estableciendo la forma como se pueden abrogar las leyes y decretos leyes, quienes son los legitimados activos, requisitos de validez del referendo, efectos del referendo y sus limitaciones.
El Capítulo VI "De los Referendos Revocatorios", establece como novedad la posibilidad de revocar el mandato a cualquier funcionario de elección popular, legitimados activos y requisitos de validez, la tramitación del referendo y los efectos de él, debiendo hacerse hincapié en que la posibilidad de revocar el mandato a un funcionario de elección popular, va desde la más alta magistratura, es decir, el Presidente o Presidenta de la República hasta un miembro de un Concejo Municipal; también se establecen las limitaciones al uso de este mecanismo por razones de seguridad institucional. El Capítulo VII "De los Referendos Constitucionales", establece el procedimiento para la aprobación de enmiendas y reformas constitucionales, requisitos de validez, forma de propuestas, su aprobación y su promulgación. En el Capítulo VIII "De los Referendos Constituyentes", se establece el derecho que tiene el pueblo como único poseedor de la soberanía, detentor absoluto del poder originario para convocar una Asamblea Nacional Constituyente para crear un nuevo orden jurídico y redactar una nueva Constitución. Se establece e identifica quienes tienen el poder para convocarla, el contenido que debe tener la convocatoria y los requisitos para que se considere validamente aprobado el referendo constituyente. En el Capítulo IX "Disposiciones Comunes a los Referendos" se prevén disposiciones que serán comunes a todos los referendos, una serie de requisitos que deben tener en su contenido las convocatorias, la verificación que debe hacer el órgano electoral del cumplimiento de los requisitos de Ley y su posterior convocatoria. También se especifican las materias que no son objeto de ser consultadas en referendo y las limitaciones que éstos tienen, y los requisitos electorales que deben cumplirse para concretar el referendo, y por último los posibles recursos judiciales que contra él se pueden ejercer. En el Capítulo X denominado "De las Asambleas de Ciudadanos y Ciudadanas", se especifica claramente qué es una Asamblea de ciudadanos, y lo más importante, cuál es su ámbito de validez, los legitimados activos para convocarla, requisitos de validez, cuál es el objetivo de esta Asamblea, como se celebra y como se toman las decisiones, y un punto que constituye una novedad que es el carácter vinculante que tienen las decisiones de la Asamblea de ciudadanos para las autoridades quienes deben cumplir con el mandato soberano de la Asamblea de ciudadanos.
El Título IV "Disposiciones Finales", le crea la obligación a la Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional de viabilizar y facilitar los mecanismos que permitan el profuso conocimiento de esta Ley en todo el país, utilizando la herramienta de las organizaciones sociales y comunitarias; se establece también la condición para que entre en vigencia la Ley y las normas que ella deroga.
Por último el Título V "Disposiciones Transitorias", prevé un término para que tanto la Asamblea Nacional como el Ejecutivo Nacional tienen que comenzar una política de difusión hacia toda la colectividad para que se conozca la Ley y también la obligación de la Defensoría del pueblo de elaborar un instructivo que informe a las comunidades acerca de los deberes y derechos contenidos en esta Ley.
Con la presentación de este proyecto, la Comisión de Participación Ciudadana, Descentralización y Desarrollo Regional da cumplimiento a lo previsto en la Disposición Transitoria sexta de la Constitución Nacional en cuanto al lapso de presentación de leyes que desarrollen principios constitucionales.
Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto desarrollar las normas relativas a los mecanismos directos de participación ciudadana consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con el propósito de hacer efectivo su fin supremo de refundar una sociedad democrática, participativa y protagónica.
Fundamento de la participación
Artículo 2.- La participación ciudadana se fundamenta en el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas como integrantes del pueblo de Venezuela, a tomar parte libremente en los asuntos públicos a través de la formación, ejecución y control de la gestión pública como medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo.
El derecho ciudadano a la participación tiene como contrapartida deber de la sociedad y la obligación del Estado de facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Artículo 3.- La presente Ley se aplicará a los procesos de participación política directa en el ámbito nacional, sin perjuicio de los demás mecanismos de participación que se establezcan en otras leyes. Los procesos de participación ciudadana directa en los ámbitos estadales, municipales y metropolitanos, se regirán por las disposiciones de la presente ley y las contenidas en sus leyes respectivas.
La participación política mediante la elección de los representantes para ocupar los distintos cargos públicos, será objeto de regulación mediante la ley orgánica respectiva.
Los contenidos normativos de la presente Ley no impiden nuevas formas de participación en la vida política, económica, social, cultural, gremial o sindical, ni el ejercicio de los demás derechos políticos no mencionados en ella.
Artículo 4.- La presente Ley de participación ciudadana tendrá por finalidad el logro de los siguientes objetivos:
Artículo 5.- La participación ciudadana desarrollada en la presente Ley se regirá por los siguientes principios rectores:
1. La participación corresponde a todas las personas por igual, sin discriminación alguna fundada en la raza, color, credo, idioma, sexo, condición social, posición económica, opiniones políticas o de cualquier otra índole.
2. La participación permite la libre expresión de las ideas u opiniones de toda índole, sin censura previa, y sujeta a las responsabilidades civiles ulteriores que expresamente fije la ley dentro de los límites autorizados.
3. La participación requiere de una política del Estado en todas sus instancias y niveles, que promueva la información activa a los ciudadanos y abra los espacios necesarios para la actuación social.
4. La participación es un derecho ciudadano y una obligación del Estado, por lo tanto, los ciudadanos tienen el deber de participar y las autoridades el deber de promoverla y facilitar su ejercicio.
5. La participación debe incentivar la incorporación activa de todos los sectores de la sociedad, con especial énfasis en las mujeres y en los sectores populares, comunitarios, campesinos, obreros, estudiantiles, académicos, productivos, culturales, deportivos, profesionales, pueblos indígenas, afro venezolanos, grupos vulnerables y los discapacitados.
6. La participación debe propender a mejorar la calidad de vida de todos, a hacer efectiva la igualdad social y política, a superar las desigualdades, y al logro de una sociedad más justa y equitativa.
7. La participación debe ser una forma de vida de todos los venezolanos y venezolanas tanto gobernantes como gobernados, y por lo tanto, debe ser asumida en todos los ámbitos del quehacer diario.
8. La participación supone una actitud humilde, tolerante y de servicio activo a todos los ciudadanos y ciudadanas por parte de todos los servidores públicos y servidoras públicas como los legisladores, funcionarios, autoridades, jueces y gobernantes en general.
9. La participación se expresará en el ámbito político, social, económico y cultural mediante actuaciones libres de los ciudadanos y ciudadanas o por intermedio de organizaciones de la sociedad autónomas e independientes de los órganos del Poder Público.
10. La participación se podrá complementar con otros principios y derechos establecidos en la Constitución relacionados con el desarrollo y el bienestar de la persona humana o la convivencia social y el reconocimiento y las actuaciones del Estado democrático y social de derecho y de justicia.
11. En el establecimiento legal de los medios, formas y procedimientos de la participación se actuará de conformidad con los principios de legalidad y colaboración entre los órganos que ejercen las funciones del Poder Público conforme a la Constitución y las leyes.
12. En el desarrollo legislativo de la participación se tomarán en cuenta los principios que rigen las actuaciones de la Administración Pública y de la sociedad en general, y sus diferentes formas de organización en concordancia con las disposiciones constitucionales.
13. En el proceso de la participación se respetarán la publicidad, la información y la rendición de cuentas en las actuaciones de los órganos del Estado y las organizaciones representativas de la sociedad.
Universalidad de la participación
Artículo 6.- La participación como derecho humano y compromiso del Estado democrático, es una prioridad ineludible en todas las áreas y expresiones del poder público. En consecuencia, los órganos del poder legislativo nacional, estadal, metropolitano y municipal deberán incorporar las modalidades de participación ciudadana en todas sus leyes y demás actos. Los órganos del poder ejecutivo nacional, estadal, metropolitano y municipal deberán incorporar la participación ciudadana en las diversas regulaciones, planes y actuaciones de la administración ya sean directas o mediante concesiones, autorizaciones, delegaciones u otras modalidades. Los órganos del poder judicial deberán adoptar las medidas necesarias con base en la Constitución y las leyes, para incorporar la participación ciudadana en sus diversos procedimientos y procesos. Los órganos del poder ciudadano y del poder electoral deberán adoptar las medidas necesarias con base en la Constitución y las leyes, para incorporar la participación ciudadana en sus diversos procedimientos, regulaciones, planes y actuaciones.
- El desarrollo legislativo de la participación como derecho humano, respetará la vigencia y el contenido de los otros derechos de rango constitucional o reconocidos internacionalmente, para complementar la experiencia participativa, como es el caso de los derechos de reunión, Derechos protegidos
Artículo 7.manifestación, información, asociación y petición, entre otros.
Artículo 8.- En el desarrollo de la legislación especial se tomarán en cuenta los medios de participación en la medida en que sean expresión del ejercicio, la defensa o protección de los derechos y las garantías constitucionales que el legislador considere afín con cada una de las diferentes categorías de los medios señalados en el artículo 70 de la Constitución.
Artículo 10.- Las actuaciones que correspondan a los diversos órganos del Estado en ejercicio de las responsabilidades que se derivan de los procesos ciudadanos y sociales de participación, deberán contar con los recursos humanos, materiales y presupuestarios necesarios, previstos en el ordenamiento jurídico correspondiente. A tales efectos, los órganos del poder público deberán identificar las partidas presupuestarias necesarias para llevar a cabo sus responsabilidades en materia de participación ciudadana. Dichas actuaciones deberán realizarse en todo caso, en el marco de los principios de legalidad, transparencia, pluralismo político, imparcialidad, celeridad, separación entre organizaciones políticas y el Estado, corresponsabilidad social y buena fe.
DE LOS RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN
Artículo 11.- A los efectos de esta Ley, los recursos para la participación se clasifican en recursos humanos o técnicos, recursos económicos o financieros y recursos organizativos o institucionales, su contenido y alcance estará definido en la legislación sobre la materia, tomando como referencia la consulta a los ciudadanos y ciudadanas, y las organizaciones que serán sus destinatarios.
Recursos humanos o técnicos
Artículo 12.- A los efectos de la presente Ley, se considerará como recursos humanos o técnicos para la participación, a las personas naturales o los apoyos técnicos de carácter público o privado, que se encuentren directamente o indirectamente relacionadas con el desarrollo del proceso de participación.
Artículo 13.- Son recursos económicos o financieros para la participación, los diferentes aportes o previsiones presupuestarias, las asignaciones derivadas de leyes especiales, los aportes del sector privado o los recursos derivados de tratados, acuerdos o programas de cooperación internacional, que se encuentren directamente o indirectamente relacionadas con el desarrollo del proceso de participación.
Recursos organizativos o institucionales
Artículo 14.- Son recursos organizativos e institucionales para la participación, las instancias, los mecanismos, los espacios y las oficinas o las estructuras organizativas públicas o privadas, dirigidas a facilitar y concretar el ejercicio del derecho a participar o el uso de los medios de participación.
Artículo 15.- En el desarrollo de la participación, entendida como derecho, deber, proceso, distribución del poder de decisión o principio organizativo para el Estado, los poderes públicos o la sociedad en general, se tendrá presente en cada caso la previsión o determinación de los recursos pertinentes y suficientes para el eficaz cumplimiento de las normas aprobadas.
Artículo 16.- A los efectos de las previsiones o asignaciones legales de los recursos para la participación, se tomará en cuenta la coparticipación de los entes públicos y las organizaciones del sector privado, atendiendo a la naturaleza, el ámbito y los medios de participación que se definan en cada caso.
Previsiones gubernamentales
Artículo 17.- A los efectos de dar cumplimiento a la presente ley y la legislación complementaria, las instancias gubernamentales establecerán las previsiones de los recursos necesarios para la participación en concordancia con las políticas, los programas, los proyectos o las acciones, que se encuentren directamente o indirectamente relacionadas con la participación.
Artículo 18.- Las instancias asociativas de los diferentes sectores de la sociedad deberán en la medida de sus posibilidades, hacer las previsiones de los recursos necesarios para la participación en concordancia con las acciones, las propuestas, los programas y los proyectos en los cuales se involucren directamente.
Artículo 19.- A los efectos de la presente ley o la legislación complementaria, las instancias gubernamentales establecerán los medios y los mecanismos para la rendición de cuentas sobre los recursos previstos o efectivamente utilizados para la participación. Cuando se trate de organizaciones no gubernamentales la rendición de cuentas no podrá estar referida a recursos distintos de aquellos que reciban a los efectos de apoyar la participación.
Artículo 20.- A los efectos de la presente ley o la legislación complementaria, las instancias gubernamentales o sociales establecerán los convenios de ejecución que se consideren necesarios, establecidos como mecanismos formales para el uso o la aplicación de los recursos, dirigidos al fortalecimiento y la concreción de los medios y las instancias de participación en cualesquiera de sus modalidades.
Cooperación Estado y sociedad
Artículo 21.- En concordancia con el artículo 102 de la Constitución las instancias gubernamentales establecerán mecanismos de cooperación con las organizaciones representativas de los diferentes sectores de la sociedad, para establecer los programas y los contenidos dirigidos a lograr la educación ciudadana, dentro del sistema educativo formal o en programas de capacitación dirigidos a las comunidades.
Artículo 22.- La legislación y las ordenanzas relacionadas con los diferentes aspectos de la educación ciudadana, deberán establecer las previsiones para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos y las organizaciones sociales en eventos o actividades de capacitación. A los efectos de este artículo los organismos públicos establecerán convenios o programas con las organizaciones de carácter privado que aporten o estén relacionadas con los contenidos de la educación ciudadana.
Prioridad e interés público
Artículo 23.- La educación ciudadana para la participación es considerada una materia de interés nacional de carácter prioritario en los programas, proyectos o las actividades que correspondan a los entes del poder público o en los planes y decisiones que toman en cuenta los ámbitos de actuación del sector privado.
DE LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO PARA LA PARTICIPACIÓN
Artículo 24.- La participación deberá tomar en cuenta las modalidades que debe adoptar el Estado y las entidades que lo conforman, para que se considere organizado y en condición de tomar acciones dirigidas a atender las formas, medios y procedimientos que se establezcan para concretar el derecho a participar y la descentralización participativa reconocidos en la Constitución.
Artículo 25.- El Estado y todas las entidades que lo integran fomentarán y determinará las decisiones que permitan su propia organización para la participación, a estos efectos se establecerán modalidades de consulta con la ciudadanía y las organizaciones representativas de la sociedad.
Artículo 26.- A los efectos de colaborar en la organización del Estado para la participación los ciudadanos y ciudadanas, individual o colectivamente considerados, tienen el derecho de presentar ante las instancias correspondientes las propuestas que consideren pertinentes para el logro de este derecho y esta obligación.
Artículo 27.- Las modalidades de organización que se adopten en concordancia con la presente ley se aplicarán en todas las instancias del poder público. En todo caso se establecerán las normas atendiendo a las funciones específicas, las características propias y las modalidades de organización que correspondan a cada organismo público de conformidad con la Constitución y las leyes.
Artículo 28.- Las medidas organizativas del Estado dirigidas a la promoción de la participación se adoptarán junto con las decisiones legislativas y gubernamentales que permitan las desregulación y la simplificación de los procedimientos en los diferentes organismos públicos.
Artículo 29.- Las medidas organizativas del Estado dirigidas a la participación se adoptarán junto con las decisiones relacionadas a la ejecución de políticas de coordinación, planificación, desconcentración y descentralización.
Artículo 30.- A los efectos de garantizar las modalidades organizativas del Estado y sus organismos representativos que faciliten la participación, por la aplicación de la presente ley o su legislación complementaria, se establecerá la asignación de los recursos necesarios para su efectivo cumplimiento como una obligación de carácter prioritario.
DE LOS MEDIOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA DIRECTA
Artículo 31.- Los medios de participación política directa y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, regulados en la presente Ley son: las iniciativas legislativas populares, los referendos consultivos, referendos aprobatorios, los referendos abrogatorios, los referendos revocatorios, los referendos constitucionales, los referendos constituyentes y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas.
Los cabildos abiertos serán regulados en la ley orgánica sobre régimen municipal.
Artículo 32.- Las demás modalidades y mecanismos de participación social y económica distintos a los medios políticos desarrollados en la presente Ley, serán objeto de reglamentación mediante las leyes especiales en cada sector, con base en los principios y objetivos aquí establecidos.
DE LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS POPULARES
La iniciativa popular de leyes
Artículo 33.- Los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento (0,1%) de los inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral, podrán presentar proyectos de ley ante la Asamblea Nacional. Igualmente, Los electores y electoras en un número no menor del cero coma uno por ciento de los inscritos e inscritas en el Registro Civil y en el Registro Electoral correspondiente de los Estados, Distritos Metropolitanos o Municipios respectivamente, podrán presentar proyectos de ley ante la los órganos legislativos correspondientes de dichas entidades.
Artículo 34.- Las iniciativas presentadas conforme a esta modalidad, deberán estar redactadas en la forma de proyectos de ley, con indicación del título o materia, la exposición de motivos y el articulado respectivo.
Artículo 35.- Los proyectos de ley por iniciativa popular, deberán ser presentados por ante la presidencia, o en su defecto, la secretaría del órgano legislativo correspondiente, conjuntamente con los originales de los formularios contentivos de las firmas de los electores que la respaldan, los cuales deberán identificar con claridad el nombre y apellido, y cédula de identidad correspondiente. Cada una de las hojas de los formularios de firmas deberá tener en el encabezado la identificación del proyecto de ley.
Artículo 36.- Una vez presentado el proyecto de ley, la presidencia del órgano legislativo podrá disponer dentro de los cinco (5) días laborables siguientes, que los nombres, los números de las cédulas y las firmas sean verificadas por el Consejo Nacional Electoral. En este caso, la autoridad electoral dispondrá de un término máximo de diez (10) días laborables para llevar a cabo dicha verificación y devolver las resultas al órgano legislativo.
Artículo 37.- La discusión de los proyectos de ley presentados por iniciativa popular conforme a las disposiciones anteriores, se iniciará a más tardar en el período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado. En todo lo no establecido en contrario en la presente Ley, la discusión y aprobación de estos proyectos de ley se llevará a cabo conforme a los procedimientos constitucionales y reglamentarios.
Artículo 38.- Los promotores del proyecto de ley presentado por iniciativa popular, tendrán el derecho a intervenir directamente o a través de sus representantes o asesores designados al efecto, en las discusiones de dicho proyecto tanto en las comisiones como en la plenaria del órgano legislativo correspondiente.
Lapso para iniciar el debate
Artículo 39.- Si el debate relativo al proyecto de ley presentado por iniciativa popular, no se inicia dentro del período de sesiones ordinarias siguiente al que se haya presentado, el proyecto se someterá a referendo aprobatorio de conformidad con las normas contenidas en la Constitución y en la presente ley.
Referendo aprobatorio y publicación
Artículo 40.- El referendo aprobatorio del proyecto de ley presentado por iniciativa popular, tendrá por objeto someter a los electores la consulta relativa a su aprobación en la forma y contenido como fue realizada por sus proponentes.
El referendo aprobatorio se llevará a cabo conforme a las normas establecidas en la presente Ley.
En caso de resultar aprobado el proyecto por la mayoría requerida éste se convertirá en ley, y dentro de los cinco (5) días siguientes al anuncio oficial del resultado del referendo deberá ser publicado en el órgano oficial de publicación de la República, Estado, Municipio o Distrito Metropolitano correspondiente, con el siguiente encabezamiento: "El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela (Estado, Municipio o Distrito Metropolitano correspondiente, en su caso) decreta la siguiente ley". En este caso, la ley entrará en vigencia el día de su publicación en la gaceta oficial correspondiente, a menos que el proyecto de ley aprobado haya dispuesto una oportunidad posterior.
DE LOS REFERENDOS CONSULTIVOS
Iniciativa. Objeto
Artículo 41.- Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento (10%) de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal, metropolitana y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal, al Cabildo Metropolitano o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento (10%) del total de inscritos e inscritas en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten.
Materias de especial trascendencia nacional
Artículo 42.- Se considerarán materias de especial trascendencia nacional aquellas que por su índole o naturaleza afecten a toda la nación o una parte significante de ella; aquellas que por su repercusión puedan afectar el futuro del país; y todas aquellas que por su contenido correspondan a las materias de la competencia del poder público nacional.
Las leyes estadales, y las ordenanzas municipales y metropolitanas establecerán los parámetros para la identificación de las materias de especial trascendencia en su jurisdicción.
Artículo 43.- La celebración de los referendos consultivos se regirá por las normas contenidas en la presente ley, y supletoriamente en las leyes nacionales, estadales, municipales o metropolitanas que resulten aplicables.
DE LOS REFERENDOS APROBATORIOS
Referendos aprobatorios de leyes. Iniciativa
Artículo 44.- Serán sometidos a referendo aquellos proyectos de ley en discusión por la Asamblea Nacional, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes (2/3) de los o las integrantes de la Asamblea.
Artículo 45.- Los proyectos de ley sometidos a consulta popular conforme a esta modalidad, deberán indicar el título o materia, la exposición de motivos y el articulado respectivo.
Los proyectos de ley serán sometidos a referendo en bloque, pero podrán votarse separadamente aquellos títulos que así lo decidiera un número no menor de una tercera (1/3) parte de los integrantes de la Asamblea Nacional.
Referendos aprobatorios de Tratados. Iniciativa
Artículo 46.- Los tratados, convenios o acuerdos internacionales que pudieren comprometer la soberanía nacional o transferir competencias a órganos supranacionales, podrán ser sometidos a referendo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por el voto de las dos terceras partes (2/3) de los o las integrantes de la Asamblea; o por el quince por ciento (15%) de los electores o electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
Artículo 47.- La consulta popular conforme a esta modalidad, deberá contener el texto del tratado, convenio o acuerdo internacional respectivo.
Resultado favorable del referendo
Artículo 48.- Si el referendo concluye con un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento (25%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral, el proyecto correspondiente será sancionado como ley.
En este caso, el proyecto aprobado popularmente se convertirá directamente en ley, y dentro de los cinco (5) días siguientes a la proclamación de los resultados del referendo la Asamblea Nacional ordenará su publicación en la Gaceta Oficial, con el siguiente encabezamiento: "El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela decreta la siguiente ley". La ley entrará en vigencia el día de su publicación en la Gaceta Oficial correspondiente, a menos que el proyecto de ley así aprobado haya dispuesto una oportunidad posterior.
Rechazo del referendo
Artículo 49.- En caso de que el referendo no obtenga la mayoría indicada en el artículo anterior, la Asamblea Nacional se abstendrá de aprobar la ley correspondiente acordando su archivo.
En caso de que el acto rechazado sea un tratado, convenio o acuerdo internacional, la Asamblea Nacional se abstendrá de aprobarlo mediante ley; y el Ejecutivo Nacional deberá proceder a denunciar dicho instrumento rechazado popularmente, mediante los mecanismos consagrados en el derecho internacional.
Régimen jurídico para los Estados y Municipios
Artículo 50.- La celebración de los referendos aprobatorios de los proyectos de leyes en los Estados, Municipios y Distritos Metropolitanos se llevará a cabo en las materias de su competencia, con base en las normas contenidas en la presente Ley.
DE LOS REFERENDOS ABROGATORIOS
Iniciativa abrogación de leyes
Artículo 51.- Serán sometidas a referendo, para ser abrogadas total o parcialmente, las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento (10%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral o por el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros.
Iniciativa abrogación de decretos-leyes
Artículo 52.- También podrán ser sometidos a referendo abrogatorio los decretos con fuerza de ley que dicte el Presidente o Presidenta de la República en uso de la atribución prescrita en el numeral 8 del artículo 236 de esta Constitución, cuando fuere solicitado por un número no menor del cinco por ciento (5%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
Artículo 53.- La consulta popular conforme a esta modalidad, deberá contener el texto total de la ley o del decreto ley, o en su defecto, el de los artículos sometidos al referendo abrogatorio.
Quórum para el referendo abrogatorio
Artículo 54.- Para la validez del referendo abrogatorio de las leyes y de los decretos leyes será indispensable la concurrencia de, por lo menos, el cuarenta por ciento (40%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el Registro Civil y Electoral.
Resultado del referendo abrogatorio
Artículo 55.- En caso de que la mayoría de los electores y electoras concurrentes según el quórum pautado en el artículo anterior se pronuncien a favor, quedará abrogada la ley o el decreto ley o en su caso los artículos sometidos al referendo abrogatorio.
En este caso, el Consejo Nacional Electoral una vez proclamados los resultados del referendo, ordenará simultáneamente su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los cinco (5) días siguientes, con indicación de la ley o el decreto ley, o en su caso, de los artículos que hayan quedado abrogados. La abrogación de las normas entrará en vigencia el mismo día de la publicación del anuncio aquí indicado.
Limitaciones al referendo abrogatorio
Artículo 56.- No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos, las de crédito público ni las de amnistía, ni aquellas que protejan, garanticen o desarrollen los derechos humanos y las que aprueben tratados internacionales.
Número de referendos abrogatorios
Artículo 57.- No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional para la misma materia.
DE LOS REFERENDOS REVOCATORIOS
Referendos abrogatorios. Iniciativa
Artículo 58.- Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento (20%) de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato.
Artículo 59.- La solicitud de revocatoria deberá ser interpuesta ante el Consejo Nacional Electoral mediante un escrito en el cual se deberá indicar el nombre del funcionario impugnado y el cargo para el cual fue electo con indicación de la fecha de su toma de posesión efectiva. Dicha solicitud deberá ser acompañada de los formularios contentivos de los nombres, apellidos, números de las cédulas de identidad y las firmas respectivas.
Artículo 60.- Una vez presentada la solicitud de revocatoria del mandato respectivo, el Consejo Nacional Electoral verificará los nombres, los números de las cédulas de identidad y las firmas de los solicitantes. La autoridad electoral dispondrá de un término máximo de diez (10) días laborables para llevar a cabo dicha verificación.
Artículo 61.- Una vez verificadas las firmas dentro del lapso indicado en el artículo anterior, el Consejo Nacional procederá a convocar la realización del referendo revocatorio en los lapsos establecidos en la presente Ley.
Quórum de participación y votación
Artículo 62.- Una vez llevada a cabo la consulta popular, si un número igual o mayor de electores o electoras al que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocación, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores o electoras igual o superior al veinticinco por ciento (25%) de los electores o electoras inscritos, se considerará revocado su mandato.
Sustitución del funcionario revocado
Artículo 63.- Una vez proclamado el resultado del referendo, el Consejo Nacional Electoral procederá el mismo día a publicar el resultado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con indicación en su caso del funcionario cuyo cargo ha quedado revocado. La revocatoria del mandato se hará efectiva el mismo día de la publicación de los resultados en la Gaceta Oficial, y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta.
Sustitución de los diputados y diputadas
Artículo 64.- En caso de la revocatoria del mandato de los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, la vacante será llenada por el suplente respectivo por el resto del período.
Sustitución del Presidente o Presidenta
Artículo 65.- En caso de la revocatoria del mandato del Presidente o la Presidenta de la República se procederá a llenar la vacante de conformidad con lo establecido en el artículo 233 de la Constitución.
Sustitución de los funcionarios estadales, metropolitanos y municipales
Artículo 66.- En caso de la revocatoria del mandato de los funcionarios estadales, metropolitanos y municipales se procederá a llenar las vacantes de conformidad con lo dispuesto en las leyes sobre la materia.
Límite a la solicitud de referendo revocatorio
Artículo 67.- No podrá hacerse más de una solicitud de revocación de su mandato durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria.
DE LOS REFERENDOS CONSTITUCIONALES
Referendos aprobatorios de enmiendas constitucionales
Artículo 68.- El proyecto de enmiendas a la Constitución sancionadas por la Asamblea Nacional conforme a los procedimientos en ella previstos, se someterá a referendo para su aprobación. A tales efectos, el proyecto de enmiendas constitucionales adoptadas por la Asamblea Nacional será enviado dentro de los cinco (5) días laborables siguientes al Consejo Nacional Electoral, quien lo someterá a referendo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su recepción formal.
Propuesta de referendo de las enmiendas constitucionales
Artículo 69.- Las enmiendas serán sometidas a referendo en bloque, pero podrán serlo por separado si así lo decidiera un número no menor de una tercera (1/3) parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de enmienda así lo hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la República o un número no menor del cinco por ciento (5%) de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
Aprobación del referendo de las enmiendas constitucionales
Artículo 70.- Se considerarán aprobadas las enmiendas cuando el referendo concluya en un sí aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento (25%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
Referendos aprobatorios de las reformas constitucionales
Artículo 71.- El proyecto de reforma constitucional sancionado por la Asamblea Nacional conforme a los procedimientos en ella previstos, se someterá a referendo. A tales efectos, las enmiendas constitucionales adoptadas por la Asamblea Nacional serán enviadas dentro de los cinco (5) días laborables siguientes al Consejo Nacional Electoral, quien las someterá a referendo dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a su sanción.
Propuesta de referendo de las reformas constitucionales
Artículo 72.- La reforma constitucional será sometida a referendo en bloque, pero podrá votarse separadamente hasta una tercera parte de ella, si así lo decidiera un número no menor de una tercera (1/3) parte de la Asamblea Nacional o si en la iniciativa de reforma así lo hubiere solicitado el Presidente o Presidenta de la República o un número no menor del cinco por ciento (5%) de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
Aprobación del referendo de la reforma constitucional
Artículo 73.- Se declarará aprobada la reforma constitucional si el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento (25%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
La iniciativa de reforma constitucional que no sea aprobada no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional a la Asamblea Nacional.
Promulgación de enmiendas y reformas constitucionales
Artículo 74.- El Presidente o Presidenta de la República estará obligado u obligada a promulgar las enmiendas o reformas dentro de los diez (10) días siguientes a su aprobación. Si no lo hiciere, se aplicará el procedimiento previsto en la Constitución para la publicación de las leyes.
DE LOS REFERENDOS CONSTITUYENTES
Artículo 75.- En ejercicio del poder constituyente originario del cual es depositario, el pueblo de Venezuela puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente, con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
Iniciativa para la convocatoria
Artículo 76.- La iniciativa para la convocatoria a un referendo para que el pueblo se pronuncie sobre la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras (2/3) partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras (2/3) partes de los mismos; o el quince por ciento (15%) de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.
Artículo 77.- La iniciativa para la convocatoria del referendo constituyente deberá presentarse ante el Consejo Nacional Electoral, conjuntamente con las bases comiciales que serán sometidas a la aprobación de los electores y electoras.
Aprobación del referendo constituyente
Artículo 78.- La Asamblea Nacional Constituyente quedará convocada si el número de votos afirmativos emitidos en el referendo es superior al número de votos negativos, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento (25%) de los electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral.
Convocatoria a las elecciones de constituyentes
Artículo 79.- Una vez aprobada la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo Nacional Electoral procederá dentro de los treinta (30) días siguientes a convocar las elecciones de los constituyentes, conforme a las bases comiciales aprobadas en el referendo.
DISPOSICIONES COMUNES A LOS REFERENDOS
Artículo 80.- En todo lo no previsto de manera expresa en contrario en las normas contenidas en los capítulos anteriores relativas a los medios de participación refrendaria, se aplicarán las normas contenidas en el presente capítulo.
Artículo 81.- La convocatoria de los referendos, deberá contener los siguientes requisitos: 1. Formulación de la pregunta en forma clara y precisa, en los términos exactos en que será objeto de la consulta, de tal manera que pueda contestarse con un "sí" o un "no"; y, 2. Exposición breve de los motivos, acerca de la justificación y propósito de la consulta.
Convocatorias por iniciativa popular
Artículo 82.- Las convocatorias de los referendos formuladas por iniciativa popular deberán contener, además de los requisitos establecidos en el artículo anterior, la identificación de los electores y electoras que la suscriben, con indicación de su nombre y apellido, número de cédula de identidad, entidad federal en la que están inscritos para votar y la firma autógrafa o huellas digitales correspondientes.
Parágrafo Único: Recibida la convocatoria de un referendo, la autoridad electoral procederá dentro de los cinco (5) días siguientes a verificar la autenticidad de las firmas y expedirá la constancia a que haya lugar.
Verificación y convocatoria
Artículo 83.- El Consejo Nacional Electoral, dentro de los cinco (5) días siguientes a la presentación de la convocatoria correspondiente, verificará el cumplimiento de los requisitos de Ley, y se pronunciará fijando el día, en el cual deberá celebrarse el Referendo, señalando claramente la pregunta o preguntas propuestas que ha de responder el cuerpo electoral convocado. En todo caso, la fecha para la celebración del referendo deberá fijarse entre los treinta (30) y los noventa (90) días siguientes a la presentación de la solicitud respectiva ante el Consejo Nacional Electoral.
Artículo 84.- No podrán someterse a referendos las siguientes materias:
1. Presupuestarias, fiscales o tributarias;
2. Concesión de amnistía o indultos;
3. Restricción de garantías constitucionales; supresión o disminución de los derechos humanos; y
4. Conflictos de poderes que deban ser decididos por los órganos judiciales.
Artículo 85.- No podrán celebrarse referendos durante la vigencia del estado de excepción, de restricción de garantías constitucionales, o de conmoción interior o exterior, previstos en los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución.
Artículo 86.- La campaña no podrá tener una duración inferior a quince (15) ni superior a treinta (30) días y finalizará a las doce (12) de la noche del día anterior al señalado para la votación.
Artículo 87.- Los solicitantes del referendo a través de grupos organizados, así como las organizaciones políticas, grupos de electores y agrupaciones ciudadanas a favor o en contra sobre el asunto objeto de la consulta a celebrarse, tendrán acceso en igualdad de condiciones, a los medios de comunicación social del Estado.
El Consejo Nacional Electoral distribuirá los espacios, señalará la duración de cada presentación y establecerá las reglas que deberán observarse en los mismos.
En todo caso, durante la campaña se permitirá la realización de propaganda a favor o en contra sobre el asunto objeto de la consulta propuesta, por todos los medios de comunicación social, de acuerdo con la reglamentación que al efecto dicte el Consejo Nacional Electoral, el cual deberá fijar el límite máximo de recursos que podrán ser gastados.
Artículo 88.- La convocatoria del Consejo Nacional Electoral a la celebración de un referendo, fijando la fecha en la cual tendrá lugar, y señalando claramente la pregunta o preguntas correspondientes, deberá ser publicado durante la campaña, por lo menos en tres (3) oportunidades en dos (2) diarios de mayor circulación nacional.
Asimismo, el Consejo Nacional Electoral deberá realizar una campaña divulgativa a través de los medios de comunicación social, para dar a conocer a la ciudadanía el contenido de la propuesta sometida a referendo, para invitar a los ciudadanos y ciudadanas a participar en la votación y para ilustrarlo sobre la organización del mismo. En dicha campaña divulgativa, el Consejo Nacional Electoral se abstendrá de expresar juicio alguno sobre el texto que será votado, ni señalará sus ventajas, implicaciones o desventajas, si las hubiere.
Artículo 89.- En la organización de las Mesas Electorales y en las Juntas Estadales, Municipales y Parroquiales Electorales, en caso de que estas últimas se crearen, el Consejo Nacional Electoral garantizará el acceso de los representantes y testigos, tanto de grupos que apoyan la aprobación de la pregunta o preguntas consultadas, como de los que la oponen, a fin de presenciar y fiscalizar todos los actos del proceso de un Referendo.
Artículo 90.- Las votaciones se realizarán en formatos elaborados por el Consejo Nacional Electoral, los cuales tendrán impreso el texto de la consulta, diseñada de tal forma que los electores puedan votar claramente con un "sí" o un "no".
Artículo 91.- Serán hábiles para votar en los referendos, los electores y las electoras inscritos en el Registro Electoral.
El procedimiento electoral del referendo se regirá, por el régimen electoral general consagrado en la ley y sus Reglamentos.
Límites a la convocatoria de referendos
Artículo 92.- Podrá convocarse la celebración de más de un (1) referendo simultáneamente en una misma fecha, pero no podrán convocarse a más de dos (2) actos de votación sobre distintos referendos durante un mismo año. En todo caso, si la materia objeto de un referendo fuere rechazada, no podrá presentarse de nuevo durante los dos (2) años siguientes.
Artículo 93.- Contra las actuaciones de los organismos electorales relativas a los procesos de referendo, podrán interponerse los recursos administrativos y judiciales previstos en la ley.
Artículo 94.- Los fondos requeridos para el financiamiento de los procesos electorales correspondientes a los referendos, serán cubiertos con presupuesto del Consejo Nacional Electoral, de conformidad con esta Ley.
La Asamblea de ciudadanos y ciudadanas. Convocatoria
Artículo 95.- La asamblea de ciudadanos y ciudadanas es uno de los medios de participación política directa y de protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía. La asamblea de ciudadanos y ciudadanas se llevarán a cabo en el ámbito local como espacio natural y primario de la participación política. Esta asamblea podrá ser convocada a iniciativa del uno por ciento (1%) de los ciudadanos y ciudadanas de la parroquia o del municipio correspondiente, que sean electores y electoras inscritos e inscritas en el registro civil y electoral. La convocatoria deberá hacerse con treinta (30) días de anticipación, mediante escrito dirigido a la Junta Parroquial o al Alcalde Municipal según el caso, indicando el objeto de la convocatoria, el lugar y la hora de reunión. Una vez recibida la convocatoria, la Junta Parroquial o en su caso el Alcalde deberán darle la mayor divulgación posible por los medios de comunicación social y por los mecanismos de información local.
Artículo 96.- La asamblea de ciudadanos y ciudadanas se reunirá en el día y la hora acordada en el lugar indicado. A tales efectos, las autoridades parroquiales y municipales facilitarán gratuitamente el uso de locales públicos, y el apoyo de los recursos materiales, de seguridad y otros que sean necesarios para el buen desarrollo de la asamblea.
Las autoridades parroquiales y municipales deberán acudir a las asambleas de ciudadanos y ciudadanas que sean convocados en su jurisdicción.
Celebración y decisiones
Artículo 97.- La asamblea de ciudadanos y ciudadanas se reunirá bajo la presidencia del grupo de ciudadanos identificados como promotores en el escrito de convocatoria, quienes tendrán la responsabilidad de conducir el objeto de la misma.
La asamblea deberá deliberar en orden el objeto de su convocatoria, y cada punto será sometido a su consideración mediante un mecanismo de votación individual previamente acordado. Los asuntos para ser aprobados requerirán de la mayoría simple de los ciudadanos y ciudadanas presentes en la asamblea.
Los asuntos resueltos por la asamblea serán vertidos en un acta, la cual será suscrita por los presentes, indicando su nombre y apellido, número de cédula de identidad y firma.
Artículo 98.- Las decisiones adoptadas por la asamblea de ciudadanos y ciudadanas conforme a los procedimientos establecidos en la presente ley serán de carácter vinculante para las autoridades. En tal sentido, cuando el pueblo haya adoptado una decisión vinculante, el órgano correspondiente deberá adoptar las medidas para hacerla efectiva.
Parágrafo Primero: Cuando la ejecución requiera de una ley, de una ordenanza, de un acuerdo o de una resolución local, el órgano del poder público responsable deberá expedirla dentro del mismo período de sesiones. Si vencido este plazo, la Asamblea Nacional, el Consejo Legislativo Estadal, el Concejo Municipal, el Cabildo Metropolitano o la Junta Parroquial no la expidiere, el Ejecutivo Nacional, el Gobernador o el Alcalde, dentro de los noventa (90) días siguientes adoptará la medida requerida mediante decreto con fuerza de ley, conforme a los procedimientos constitucionales y legales previstos para ello.
Parágrafo Segundo: Las decisiones vinculantes para los órganos del poder ejecutivo, deberán ser cumplidas dentro de los noventa (90) días siguientes. En caso de que vencido este plazo el órgano competente no haya adoptado la decisión correspondiente, cualquier ciudadano o ciudadana podrá interponer una acción de amparo frente a la abstención o retardo de la administración, y solicitar la aplicación de las sanciones que resulten procedentes.
Artículo 99.- La Asamblea Nacional y el Ejecutivo Nacional tendrán a su cargo la responsabilidad permanente de llevar a cabo los mecanismos y procedimientos permanentes que permitan la divulgación y conocimiento de la presente Ley en todo el país. A tal fin podrán solicitar y facilitar la participación de las organizaciones comunitarias y las demás organizaciones de la sociedad civil.
Publicaciones oficiales de la Ley
Artículo 100.- Las publicaciones oficiales de la presente Ley, deberán ir precedidas por su exposición de motivos, y contendrán asimismo, el texto de los instrumentos internacionales relativos a la participación ciudadana y de la comunidad.
Artículo 101.- Esta Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las normas fundamentales dirigidas al desarrollo de las leyes generales o especiales de carácter complementario, que entrarán en vigencia desde el momento de su publicación respectiva.
Artículo 102.- Se derogan las normas sobre referendos contenidas en la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, sancionada el 13 de noviembre de 1997 y modificada parcialmente mediante la ley sancionada el 27 de mayo de 1998, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 5.233 Extraordinario de fecha 28 de mayo de 1998; y las normas sobre referendos que colidan con la presente Ley, contenidas en la Ley Orgánica de Régimen Municipal, sancionada el 14 de julio de 1989, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 4.409 Extraordinario de fecha 15 de junio de 1989. Igualmente se derogan todas las demás disposiciones del ordenamiento jurídico vigente que colidan con esta Ley.
Artículo 103.- Dentro de los noventa (90) días siguientes a la publicación de esta Ley, el Ejecutivo Nacional y la Asamblea Nacional formularán y comenzarán a ejecutar una política de difusión, dirigida a toda la colectividad, sobre la importancia de la participación de la ciudadana para la democracia y sobre el contenido de la presente Ley. La Defensoría del Pueblo elaborará y comenzará a divulgar durante ese período, un instructivo sobre los derechos y deberes de los ciudadanos relacionados con la participación ciudadana contenida en la presente Ley.
Artículo 104.- Dentro de los ciento veinte (120) días siguientes a la publicación de esta Ley, los diversos órganos del poder público adoptarán las medidas necesarias para adaptar su organización a los requerimientos para la participación ciudadana establecidos en esta Ley.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas a los _ días del mes de _____ de dos mil uno.
Participacion ciudadana, Consulta Leyes, Marco legal
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3.Consejo Federal Gob.
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