Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-113-de-febrero-22-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_82cb1cd0f2f04933a529bf546fdbd833&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-13 14:13:13
Document Index: 224182494

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 32', 'artículo 32', 'artículo 24', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 45', 'artículo 44', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 13', 'artículo 259', 'artículo 46', 'artículo 39', 'artículo 89', 'artículo 67', 'artículo 4', 'artículo 198', 'artículo 35', 'artículo 68', 'artículo 62', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 241', 'artículo 191', 'artículo 41', 'artículo 80', 'artículo 44', 'artículo 64', 'artículo 66', 'artículo 68', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 115', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 198', 'Artículo 59', 'Artículo 32', 'artículo 35', 'artículo 44', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 34', 'artículo 88', 'artículo 209', 'artículo 241']

﻿ SENTENCIA C-113 DE FEBRERO 22 DE 2017
SENTENCIA C-113 DE 22 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:VALIDEZ O INVALIDEZ DEL USO DE CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS COMO CRITERIOS DE RESTRICCIÓN O LIMITACIÓN DE DERECHOS DEPENDE DEL ÁMBITO EN QUE SE ENCUENTREN INSERTOS. SE ACLARA ENTONCES QUE EL TÉRMINO DE BUENAS COSTUMBRES, ES VÁLIDO EN EL MARCO DE RESTRICCIÓN DE LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN Y REUNIÓN DEL MENOR, PORQUE PERSIGUE UNA FINALIDAD LEGÍTIMA E IMPERIOSA, COMO AQUELLA DESTINADA A GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN UN ESCENARIO DE PROTECCIÓN INTEGRAL, Y ES IDÓNEA PARA ALCANZARLO CON TAL OBJETO. TAL RESTRICCIÓN TAMBIÉN ES NECESARIA, PUES NO SE EVIDENCIA UNA MEDIDA ALTERNATIVA, MENOS LESIVA, QUE PUEDA CUMPLIR CON LA FINALIDAD PARA LA CUAL LA ESTIPULÓ EL LEGISLADOR, ESTO ES, CUBRIR CONDUCTAS NO INSERTAS DENTRO DEL SISTEMA JURÍDICO PERO QUE, POR SU RELEVANCIA PARA EL DERECHO, PUEDEN TENER TRASCENDENCIA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA ASOCIACIÓN Y REUNIÓN. FINALMENTE, EN RAZÓN A QUE LA INDETERMINACIÓN CONSTITUCIONALMENTE ACEPTABLE SE ASUME POR EL DESARROLLO JURISPRUDENCIAL QUE SE HA DADO AL CONCEPTO DE “MORAL SOCIAL”, SE CONSIDERA NECESARIO CONDICIONAR EL SENTIDO DEL ENUNCIADO DEMANDADO A QUE SU ENTENDIMIENTO SE REALICE EN TÉRMINOS DE “MORAL SOCIAL”. POR LO ANTERIOR, SE DECLARA EXEQUIBLE EL ENUNCIADO “LAS BUENAS COSTUMBRES” DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1098 DE 2006, BAJO EL ENTENDIDO EN QUE “BUENAS COSTUMBRES” SIGNIFICA LO QUE LA CORTE CONSTITUCIONAL HA COMPRENDIDO POR “MORAL SOCIAL”.
TEMAS ESPECÍFICOS:MORAL, DERECHO DE ASOCIACIÓN, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, DECLARATORIA DE EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ASOCIACIÓ, DERECHOS DEL MENOR DE EDAD, PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR DE EDAD
Sentencia C-113 de febrero 22 de 2017
Ref.: Exp. D-11576
Bogotá D.C., veintidós de febrero de dos mil diecisiete.
A continuación se transcribe la disposición parcialmente objeto de demanda, conforme a su publicación en el Diario Oficial 46.446 del ocho (8) de noviembre de dos mil seis (2006), destacándose el aparte cuestionado:
Diario Oficial 46.446 de 8 de noviembre de 2006
ART. 32.—Derecho de asociación y reunión. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, lasbuenascostumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor.
Los impúberes deberán contar con la autorización de sus padres o representantes legales para participar en estas actividades. Esta autorización se extenderá a todos los actos propios de la actividad asociativa. Los padres solo podrán revocar esta autorización por justa causa”.
2.1. A propósito de la primera solicitud del Ministerio, cabe precisar que la acción pública de inconstitucionalidad, cuyos alcances han sido objeto de reiterados pronunciamientos por parte de esta corporación(32), materializa no solo el derecho de participación en una democracia como la prevista por el Constituyente de 1991, sino la posibilidad efectiva por parte de la ciudadanía de controlar la actuación principal del Congreso, y de aquellas autoridades que excepcionalmente tienen la facultad de proferir normas con contenido material de Ley; mediante un instrumento que se invoca ante la Corte Constitucional, quien debe establecer, en cumplimiento de su función principal como guardiana de la integridad y supremacía de la Constitución Política(33), la sujeción de las actuaciones legislativas a esa norma superior. En tal sentido, en la Sentencia C-128 de 2011(34), la Sala Plena manifestó:
“5. Reiterando la jurisprudencia de este tribunal(35), la acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, con el cual se desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º, y 3º de la Constitución, de ser Colombia un Estado social de derecho, democrático y participativo. Dicha acción está destinada a provocar que la Corte Constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras el adelanto de un proceso, produzca una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo”.
El ejercicio de la acción , empero, no está desprovisto del cumplimiento de unas cargas por parte de quienes se encuentran legitimados para su interposición, por lo menos por tres razones fundamentales, la primera, porque la ley goza de una presunción de corrección de origen que deriva del carácter epistémico del proceso democrático; la segunda, porque la demanda debe permitir la apertura de un debate en el que cada uno de los que intervengan tengan claridad sobre aquello que se discute; y, la tercera, porque la Corte no puede asumir motu proprio la formulación de razones de inconformidad, so pena de interferir intensamente en el rol que le concedió el Constituyente al Congreso(36).
Lo dicho no obsta para que, en aplicación del principio pro actione, se prefiera efectuar un pronunciamiento de fondo en beneficio tanto de la existencia de un sistema jurídico coherente y consistente, como del derecho de acción del promotor, por lo que estos requisitos deben ser analizados razonablemente(37).
“(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”(38).
Finalmente, la Corte Constitucional ha reiterado que la admisión de la demanda por parte del Magistrado ponente de cada acción de inconstitucionalidad es un momento oportuno para determinar el cumplimiento de los requisitos antes citados; sin embargo, también ha indicado, que el hecho de que se supere esa primera mirada, que es sumaria, no impone un pronunciamiento de fondo, pues finalmente es en la Sala Plena de la corporación, integrada por todos sus magistrados, en quien recae la competencia de proferir una sentencia, en donde se determina, previo un debate deliberativo, si la demanda es apta o no, contando con la intervención además de quienes hayan sido convocados y del Ministerio Público(39).
2.2.2. Los promotores de la acción expusieron las razones por las cuales consideran que con la expresión demandada, “buenas costumbres”, se quebrantan los artículos 2º, 16, 20, 38, 44, 45 de la Constitución. Dicho análisis goza de las siguientes características:
2.2.2.2. Certeza(40), dado que el motivo general de inconformidad parte de una asignación de contenido normativo razonable al enunciado previsto en artículo 32 de la Ley 1098 de 2015, esto es, la consideración de que un criterio valorativo indeterminado es la fuente de la restricción de derechos fundamentales del menor, así como del principio de dignidad humana. El Ministerio de Educación afirma que no se satisface este requisito en la medida en que los accionantes no interpretaron el enunciado en el contexto integral, que consiste en el reconocimiento de que no existen derechos absolutos.
2.2.2.4. Pertinencia, en razón a que los argumentos expuestos por los demandantes ponen de relieve cómo, según su análisis, el aparte demandado lesionan mandatos derivados de la Carta Política(41).
2.2.2.5. Suficiencia(42), en tanto los argumentos expuestos por los interesados ofrecen elementos para adelantar el juicio de confrontación normativa y, a su turno, generan una duda inicial que, tras el estudio de fondo, permitirá determinar su sujeción o no a la normativa superior.
1. La Ley 1098 de 2006, o Código de la Infancia y la Adolescencia, fue producto de un largo esfuerzo por parte de diferentes actores que concurrieron en el impulso de un cuerpo normativo imprescindible para un grupo poblacional que, desde el derecho internacional de los derechos humanos y el marco constitucional introducido por la Carta de 1991, exigía un tratamiento acorde con sus particularidades, en un escenario de protección integral. En este sentido resulta ilustrativa la exposición de motivos del proyecto de ley estatutaria 85 de 2005 Cámara(43), que culminó con la aprobación en el Congreso de la Ley 1098 de 2006, y que reseña que desde el año 1994 organizaciones internacionales como la Unicef, entidades nacionales como la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, y comisiones específicas, trabajaron para derogar el anterior Código del Menor, el Decreto 2737 de 1989, expedido bajo la doctrina de “la situación irregular”(44), en aras de dar un paso normativo fundamental(45) en la reivindicación de los menores como individuos titulares de derechos y a quienes debe reconocérseles su dignidad y, en consecuencia, autonomía para intervenir también en la construcción propia de sus planes de vida(46).
El enfoque actual de la normativa aplicable a los menores de edad, niños, niñas y adolescentes, parte de su consideración como sujetos de especial protección por parte de la familia, el Estado y la sociedad, dadas las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran, asociadas, entre otras razones, al proceso de maduración físico, intelectual y ético en el que se encuentran, aún no concluido. Por tal motivo, la finalidad que subyace a la normativa especial en su favor, que parte de su capacidad como sujetos de derechos, es garantizar su desarrollo armónico e integral, para contar con miembros libres, completamente autónomos y partícipes de la sociedad democrática en el futuro(47).
2. En el ámbito internacional de los derechos humanos, el primer instrumento que se refirió a la protección debida a los menores de edad fue la Declaración de Ginebra de 1924(48), que recogió en cinco (5) artículos mandatos tan urgentes como (i) el de reconocer la necesidad de poner al niño en condiciones de desarrollarse normalmente, material y espiritualmente; (ii) el deber de ayuda en casos de hambre, enfermedad o abandono; (iii) la prioridad de su atención en caso de calamidad; (iv) su fortalecimiento como ser autónomo; y, (v) el deber de educarlo con miras a poner sus cualidades al servicio del prójimo. Más adelante, en el año 1959 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, previendo expresamente el principio del interés superior del menor de 18 años, así como el deber de proveerlo de los instrumentos necesarios para su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad y dignidad(49).
- El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, que en su artículo 24(50) estableció que los niños gozarían de especial protección, a cargo de la familia, la sociedad y el Estado.
- El Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1966, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, cuyo artículo 10 numeral 3(51) se refiere a la protección del menor contra la explotación social y económica.
- La Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, aprobada por la Ley 16 de 1972, que dispuso en el artículo 19(52) el derecho del niño a que se tomen todas las medidas para su protección por parte de la familia, la sociedad y el Estado.
- La Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, aprobada por la Ley 12 de 1991, que de manera expresa previó en el artículo 3º el interés superior del menor de 18 años como mandato exigible a autoridades públicas y particulares, administrativas, legislativas o judiciales, en la aplicación de todas las medidas que involucre a dicho grupo poblacional. En este instrumento, además, se recogió un catálogo de derechos fundamentales con diversidad de facetas (de abstención y positivas - prestacionales) necesarias para su protección integral(53), y se regularon de manera específica algunas situaciones especiales tales como la de los niños en contextos de conflicto armado.
3. De otro lado, en nuestro ordenamiento superior el artículo 44 contiene los presupuestos básicos para la comprensión de los derechos de los menores de edad. Esta disposición consagra, en primer término, la fundamentalidad expresa y prevalente de sus derechos, y no solo de aquellos a los que hace referencia el mismo enunciado(54) sino de los demás previstos en la Constitución, en la Ley y en los Tratados Internacionales ratificados por el país. En segundo término, el artículo prevé un mandato de protección frente a cualquier situación que atente, entre otros aspectos, contra su condición física y moral; mandato que, además, involucra a la familia, a la sociedad y al Estado. En tercer término, consecuencia necesaria de su dignidad, se establece que la finalidad de la protección debida a los menores consiste en garantizar su desarrollo armónico e integral, así como el ejercicio pleno de sus derechos. El alcance normativo de esta disposición fue analizado en la Sentencia C-055 de 2010(55), en los siguientes términos:
“Se alude, por una parte, al artículo 44 constitucional, en el cual se consagran con carácter iusfundamental expreso, los derechos de los niños, la máxima pluralidad de sujetos obligados a la asistencia y protección del niño (familia, sociedad, Estado), la exigibilidad de las posiciones jurídicas de los derechos consagradas, y, finalmente, su carácter prevaleciente respecto de los derechos de los demás. En sentido semejante, el artículo 45 establece respecto del adolescente su derecho a la protección y la formación integral, así como el de participar en todas las instituciones que tengan bajo su responsabilidad la protección, educación y progreso de la juventud.”(56).
4. De los instrumentos internacionales referidos, así como del alcance del artículo 44 constitucional, se ha derivado la transversalidad del principio universal del interés superior del niño(57), que legalmente también fue recogido en el Código de la Infancia y la Adolescencia. En esta última normativa se reconoce que los menores de 18 años son sujetos titulares de derechos (art. 3º); que su protección integral implica, además de reconocerles tal condición, la garantía del cumplimiento de tales derechos, en desarrollo del principio del interés superior (art. 7º); el cual, por su parte, fue delimitado como un imperativo para todos, familia, sociedad y Estado, de garantizar la satisfacción integral de sus derechos, bajo una comprensión universal, prevalente e interdependiente de los bienes de los que son titulares (art. 8º).
5. La jurisprudencia constitucional ha avanzado en la identificación de lo que implica la sujeción al interés superior del niño, advirtiendo que “[d]esde sus primeras decisiones precisó que… ‘es un concepto de suma importancia que transformó sustancialmente el enfoque tradicional que informaba el tratamiento de los menores de edad’, donde se abandona su concepción como incapaces para en su lugar reconocerles la potencialidad de involucrarse en la toma de decisiones que les conciernen(58). De esta manera ‘de ser sujetos incapaces con derechos restringidos y hondas limitaciones para poder ejercerlos pasaron a ser concebidos como personas libres y autónomas con plenitud de derechos, que de acuerdo a su edad y a su madurez pueden decidir sobre su propia vida y asumir responsabilidades”(59).
Su aplicación(60), como principio, ha involucrado la realización de varios derechos fundamentales de los que son titulares los menores de edad, y su referencia se ha dado tanto en el marco del control abstracto como en el de control concreto de constitucionalidad(61). De manera unánime y reiterada se ha afirmado que tal máxima implica “una caracterización jurídica específica”, consistente en el reconocimiento de sus derechos en un contexto de especial protección integral, en el marco de un Estado Social y de Derecho, como expresión del principio de solidaridad, con la finalidad de garantizar la formación de todos los integrantes de este grupo como seres autónomos y libres y que vincula a la familia, la sociedad y el Estado. Además, se ha expresado que tiene una connotación “relacional” y “real”. Esto último implica que su valoración y, posterior aplicación, involucra un estudio particular de los derechos en conflicto y de la situación del niño, niña o adolescente. Al respecto, en la Sentencia C-683 de 2015(62) se sintetizó:
“La Corte ha afirmado que el significado de este principio, que constituye a la vez un criterio hermenéutico para dar una lectura prevalente del ordenamiento con base en sus derechos, ‘únicamente se puede dar desde las circunstancias de cada caso y de cada niño en particular’; lo cual se explica si se tiene en cuenta que su contenido es de naturaleza real y relacional, es decir, que `sólo se puede establecer prestando la debida consideración a las circunstancias individuales, únicas e irrepetibles de cada menor de edad”.
Esta consideración se efectuó en sentencia de 24 de febrero de 2012, caso Atala Riffo y Niñas vs Chile, en el que se decidió un asunto en el que argumentos abstractos, estereotipados (derivados de la condición sexual) y/o discriminatorios determinaron la concesión de la custodia de unas menores de edad a su padre, dado que su madre hacía vida en común con una persona de su mismo sexo.
8. Finalmente es oportuno advertir que en la observación general 14 del Comité de los Derechos del Niño se efectuaron algunas precisiones sobre este tópico, bajo el título “sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial”. De manera relevante, el intérprete autorizado de la Convención, advierte que el interés superior posee una triple dimensión: (i) como derechosustantivo a que su interés superior sea una consideración primordial a evaluarse e incidir en la decisión a adoptar, de aplicación inmediata e invocación directa ante los tribunales; (ii) como principiojurídicointerpretativo, en virtud del cual ante la posibilidad de más de una interpretación sobre una disposición debe preferirse la que satisfaga tal exigencia; y, (iii) como normadeprocedimiento, en virtud de la cual en todo caso en el que se encuentre de por medio los intereses de un menor deben estimarse las repercusiones de la solución. Dicha estimación, se agrega, requiere de garantías procesales. La justificación de la decisión del funcionario respectivo, finalmente, debe evidenciar que se ha respetado el derecho al interés superior del niño(63).
En conclusión, en el ordenamiento jurídico actual, es indiscutible el reconocimiento de los menores de edad como sujetos de derecho; que, en ejercicio de la dignidad, son partícipes activos en el destino de su propia existencia, y que, atendiendo a condiciones especiales de vulnerabilidad, deben ser protegidos integralmente por parte de la familia, la sociedad y el Estado con miras a lograr el pleno desarrollo de sus capacidades, de manera autónoma y libre. En este escenario, el interés superior del menor se constituye en un eje transversal con efecto expansivo, no solo desde el punto de vista de los destinatarios en su garantía, sino del mismo contenido de tal enunciado, dado que, siguiendo lo establecido por el Comité de la Convención de los Derechos del Niño en su observación 14, adquiere una triple condición: de derecho sustantivo, de principio interpretativo y de norma de procedimiento.
El enunciado del derecho de asociación y reunión previsto en el artículo 32, específicamente el inciso 1º, además de reconocer la titularidad de los menores de tal bien fundamental -como ya lo había hecho la Constitución y la Convención Internacional de los Derechos del Niño-, estableció, a título enunciativo, algunos fines para los cuales podían agruparse, entre los que se encuentran, los sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, y políticos. Aunado a lo anterior, y como consecuencia de una concepción no absolutista de los derechos, fijó las siguientes restricciones o límites para su ejercicio: (i) la ley, (ii) las buenas costumbres, (iii) la salubridad física o mental, y (iv) el bienestar del menor(64).
A continuación: (i) el inciso 2º prevé que este derecho comprende la facultad promover y constituir asociaciones dentro del mismo grupo poblacional al que se aplica, y la de formar parte de asociaciones, incluso de sus órganos directivos; (ii) el inciso 3º(65) establece que la eficacia de los actos de los menores se atendrá a lo dispuesto en la ley, precisando, no obstante, que los menores adultos se entienden habilitados para la adopción de todas las decisiones propias de la actividad asociativa, siempre que no afecten negativamente su patrimonio; y, por último, (iii) el inciso 4º estipula que los impúberes deben contar para estas actividades asociativas con la autorización de sus padres, que solo podrá ser revocada por justa causa.
10. Analizados los antecedentes legislativos del Código de la Infancia y la Adolescencia, específicamente del inciso 1º del artículo 32, se encuentra que en el proyecto radicado ante la Cámara y que pasó los dos primeros debates (en Comisión y Plenaria(66)) la disposición acudía a los siguientes criterios como límites al libre ejercicio del derecho: (i) el carácter lícito y (ii) la conformidad a la ley(67). No obstante, en la ponencia para primer debate en Senado(68), se efectuaron modificaciones en su redacción incluyendo el término “buenas costumbres”, enunciado que finalmente fue aprobado como parte integrante del artículo 32 de la Ley 1098 de 2006 y que es actualmente objeto de demanda.
Tal como lo ha sostenido esta Corporación en varias oportunidades(69), el derecho acude para la formulación de enunciados normativos al lenguaje natural; y, por lo tanto, comparte su indeterminación relativa(70). En consecuencia, es frecuente que la asignación o identificación del contenido de ciertos enunciados previstos dentro del sistema jurídico enfrente problemas asociados a la ambigüedad de las palabras(71) y a la vaguedad de los conceptos. Sobre el alcance de cada uno de estos términos, en la Sentencia C-350 de 2009(72), se afirmó:
“Se entiende que una expresión es ambigua cuando “(…) puede tener distintos significados según los diferentes contextos en que vaya insertada, o bien [cuando] una misma palabra pueda tener distintos matices de significado en función de esos contextos diversos”(73).
(…) una expresión es vaga cuando “(…) el foco de significado es único y no plural ni parcelado, pero (su modo de empleo) hace que sea incierta o dudosa la inclusión de un hecho o de un objeto concreto dentro del campo de acción de ella.”(74). (…)”. (Destaca la Sala).
- En la Sentencia C-224 de 1994(75) la Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 13 de la Ley 153 de 1887(76), que establece que la costumbre praeter legem constituye derecho, siempre y cuando reúna dos características, la primera, que sea general y, la segunda, que sea conforme a la moral cristiana. La Corporación concluyó que la disposición se ajustaba al ordenamiento superior, solo en el sentido en que por “moral cristiana” se entendiera “moral general” o “moral social”.
La demanda estuvo enfocada a sostener que la adscripción a un conjunto valorativo propio de una confesión, en el marco de un estado pluralista, vulneraba el preámbulo y los artículos 1º, 7º, 13 y 19 de la Constitución Política.
Para solucionar el referido reparo de inconstitucionalidad, la mayoría de la Sala Plena precisó aspectos tales como: (i) la innegable conexión entre la moral y el derecho, y el sustrato moral de muchas de las normas que hacen parte del ordenamiento jurídico, pese a que cada uno de esos sistemas pertenecen a realidades diferenciables; (ii) la existencia de una moral social, diferente de la individual, que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia; (iii) la comprensión de que, dado que en su momento era la moral mayoritariamente compartida, el legislador se haya referido a la moral cristiana como la moral general(77), destacando que, no obstante, lo relevante es la opinio iuris, elemento constitutivo de la costumbre que se traduce en la convicción de obligatoriedad por la comunidad que la observa:
- En la providencia C-427 de 1994(78) se declaró la exequibilidad de la prohibición para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación de ejecutar en el lugar de trabajo o en sitio público actos contra la moral o buenas costumbres(79). Con tal objeto, la Corte consideró que, dada la diferencia existente entre el derecho sancionador disciplinario y el derecho sancionador penal, era dable permitir en el primer escenario tipos abiertos, cuyas conductas, en todo caso, fueran identificadas de manera razonable.
- En la C-404 de 1998(80) la Corte declaró la exequibilidad del artículo 259 del Código Penal(81), que prevé al incesto como delito. La demanda tuvo por objeto cuestionar la norma referida al amparo del derecho al libre desarrollo de la personalidad, tras sostener que la conducta tipificada no afectaba a la sociedad y que hacía parte del fuero individual, de la moral individual.
La corporación fundamentó su decisión en dos tipos de razones. De un lado, afirmó que el incesto tenía por objeto proteger un bien constitucionalmente relevante: la familia, cuya desestabilización por las prácticas sexuales endogámicas se encontraba acreditada desde diferentes disciplinas empíricas. Agregó que la restricción al libre derecho de la personalidad era, en este caso, constitucional, pues la norma no solo buscaba proteger un bien relevante sino porque, en virtud del principio de solidaridad, cualquier comportamiento o actitud de uno de los miembros de la familia frente a otro incidía en el núcleo primario de la sociedad(82):
“… los comportamientos desestabilizadores de la institución familiar resultan atentatorios no sólo de ella (bien indiscutible para el Constituyente), sino de otro principio axial de la Carta: la solidaridad. La restricción al libre desarrollo de la personalidad dentro de la familia, resulta entonces no sólo debida sino necesaria, en vista de su preservación”.
De otro lado, la Corte afirmó que la disposición era exequible porque encontraba sustento relevante en la moralidad pública(83). La Corte consideró que, atendiendo a que los intervinientes insistieron en que la disposición que penalizaba el incesto encontraba un soporte moral, era oportuno referirse a “si el argumento moral es también pertinente para adoptar decisiones constitucionales en uno u otro sentido”(84).
En esa línea, se afirmó que: (i) la adecuación de una norma al ordenamiento superior no puede dejar de lado la referencia a las condiciones sociales, de las que hacen parte los principios morales; (ii) conforme a lo dispuesto en diversos instrumentos internacionales, la moralidad pública puede generar restricciones legítimas al ejercicio de los derechos constitucionales; (iii) tales restricciones, empero, no pueden justificarse solamente en razones de la moralidad general, pues en ese caso la Constitución fracasaría en su función de proteger los derechos de las minorías, de la tolerancia y del pluralismo; (iv) los principios morales, entonces, no se elevan como razones suficientes, máxime en aquellos casos en los que está de por medio la imposición de una sanción consistente en la privación de la libertad; (v) para analizar la sujeción al ordenamiento de una restricción que tiene fundamento en un principio moral, entonces, (v.1) debe recurrirse al juicio de proporcionalidad, en virtud del cual se analiza si la finalidad de la restricción corresponde efectivamente a un principio de moralidad pública; su utilidad, necesariedad y proporcionalidad en sentido estricto(85); y, (v.2.) debe tenerse claridad sobre lo que se entiende por moralidad pública en el marco constitucional vigente:
- En la providencia C-010 de 2000(86) la Corte se pronunció sobre varias disposiciones de la Ley 74 de 1966, “por la cual se reglamenta la transmisión de programas por los servicios de radiodifusión”; entre ellas la que establecía que, sin perjuicio de la libertad de información, en los programas radiales debía “atenderse a los dictados universales del decoro y el buen gusto”. Esta última expresión fue retirada del ordenamiento, por considerar que la indeterminación de tales dictados podía resultar privilegiando el uso de algunos discursos sobre otros, con el agravante de que quien tenía competencia para determinar la violación de la norma era, ex post facto, la autoridad controladora de la actividad radial, desconociendo que, como lo había sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tales restricciones debían ser reguladas legalmente de manera expresa, taxativa y previa(87).
- En la Sentencia C-567 de 2000(88) se declaró la inconstitucionalidad de la expresión “o a las buenas costumbres” prevista en el artículo 46 de la Ley 50 de 1990 como condición para que la respectiva autoridad administrativa inscribiera un sindicato. La Corte consideró, acogiendo la tesis central de la Sentencia C-010 de 2000, que la restricción a la libertad sindical debía ser excepcional y reglada, y no de manera ambigua como lo permitía esta disposición. Aunado a lo anterior, se verificó que en este caso la valoración del requisito para inscribir sindicatos se confería a una autoridad administrativa, pese a que las limitaciones sindicales debían valorarse por el juez (artículo 39 de la CP y Convenio 87 de la OIT).
- En la providencia C-814 de 2001(89) la corporación declaró la exequibilidad de la condición de aptitud moral impuesta al adoptante o adoptantes de un menor de 18 años, prevista en el artículo 89 del Decreto 2737 de 1989, anterior Código del Menor(90).
“9. Así pues se tiene que los tratados internacionales relativos a derechos humanos, que por lo mismo conforman el llamado ´bloque de constitucionalidad´, consideran válida la limitación de los derechos fundamentales por razones de moralidad pública, y además hacen referencia explícita a la moralidad social como objeto jurídico protegido. La doctrina clásica y la Filosofía del Derecho contemporánea, igualmente acogen criterios morales como nociones informadores del orden jurídico. También, la jurisprudencia de esta corporación, como se vio, ha precisado que dentro de un Estado pluralista y democrático, como el que prefigura la Constitución Política, la ley puede acoger conceptos morales para definir situaciones jurídicas, o para limitar derechos de las personas, pero siempre y cuando tales conceptos hagan referencia a la moral social o moral pública”.
En consecuencia, precisó la Sala en esta decisión, si por moral se entiende moral social o pública, sin referencia específica a un sistema particular valorativo —ético, la disposición se sujeta a la Carta Política, pues en un estado pluralista, en todo caso, la condición moral del adoptante no es indiferente en un escenario en donde lo relevante es el interés superior del niño, y por tanto debe garantizarse el desarrollo armónico que le permita su mejor adaptación a un entorno socio— cultural dado. Al amparo del artículo 67, agregó, el Estado tiene la obligación de velar por la mejor formación moral de los educandos y, en consecuencia, las exigencias morales al interior de la familia repercuten en tal objetivo.
“… Pudiera decirse que en la tensión que se presenta entre el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los pretendientes adoptantes, quienes aspiran a ser padres, y el derecho de los menores a la educación moral, la Constitución misma se decide por la prevalencia de éste último (C.P., art. 44), y de todos los demás derechos que están ínsitos en la condición de hijo de familia. A juicio de la Corte la norma acusada garantiza esta prevalencia y en este sentido es un desarrollo constitucional”.
- C-373 de 2002(91). En esta providencia se decidió la demanda invocada contra el parágrafo 2º (parcial) del artículo 4º(92) de la Ley 588 de 2000(93), que establece como inhabilidad para aspirar al cargo de notario haber incurrido en las faltas previstas en el artículo 198 del Decreto - Ley 960 de 1970(94). Atendiendo al alcance del aparte cuestionado, se integró al estudio a esta última disposición, declarándose la inexequibilidad de sus numerales 1º y 6º, que consagraban como falta disciplinaria (1) la embriaguez habitual, la práctica de juegos prohibidos, el uso de estupefacientes, el amancebamiento, la concurrencia a lugares indecorosos, el homosexualismo, el abandono del hogar, y, en general, un mal comportamiento social; y, (6) ejercer directa o indirectamente actividades incompatibles con el decoro del cargo o que en alguna forma atenten contra su dignidad.
Se afirmó que la consagración de tales conductas como constitutivas de sanción disciplinaria era un “rezago de un Estado autoritario” y que, por lo tanto, no encontraban “cabida en una democracia constitucional dada su manifiesta contrariedad con los principios que la soportan”. Se precisó que en materia disciplinaria era válida la descripción de tipos abiertos, sin perder de vista, no obstante, que el objeto es atender a los deberes funcionales y evitar la incursión en las alternativas existenciales que no tienen relación alguna con el anterior criterio. Contrariando tal pretensión, las conductas previstas en los numerales 1º y 6º desconocen el fundamento de la imputación del ilícito disciplinario, y son contrarias a la libertad y a la dignidad humana.
- Siguiendo una línea similar, en la Sentencia C-098 de 2003(95) la Corte declaró la inexequibilidad de algunas disposiciones del estatuto del ejercicio de la abogacía que regulaban las faltas contra la dignidad de la profesión, por considerar que lesionaban el derecho al libre desarrollo de la personalidad por no atender a los deberes y funciones propios, sino regular aspectos de la esfera individual o que, trascendiendo a la social, no tenían que ver con el ejercicio adecuado de la profesión.
- En la Sentencia C-431 de 2004(96) se declaró la inexequibilidad de algunas disposiciones del régimen disciplinario aplicable a las Fuerzas Militares(97). Entre los enunciados analizados se incluyó el que establecía como falta grave la ejecución, en establecimiento militar, de actos contra la moral o las buenas costumbres(98). La Corte Constitucional afirmó su no sujeción a la Carta Política por considerar que “si bien el legislador puede elevar a la categoría de falta disciplinaria aquellos actos que repudian a la moral social entendida como “la que prevalece en cada pueblo en su propia circunstancia”, y proscribir estos comportamientos en el ámbito de las instalaciones militares, al hacerlo debe establecer clara y precisamente cuáles son aquellos actos “inmorales” que eleva a la categoría de falta disciplinaria. De otra manera, desacata el principio de legalidad que le impone precisar las conductas sancionables como falta disciplinaria dejando a la libre apreciación subjetiva de quien impone la sanción el decidir si un comportamiento es contrario o no a dicho concepto de “moral social” y si, en consecuencia, procede o no la sanción”.
- En la Sentencia C-570 de 2004(99) la Corte Constitucional estudio una demanda de inconstitucionalidad contra varias disposiciones de la Ley 842 de 2003(100). En concreto se pronunció la prohibición dirigida a todos quienes ejercen la ingeniería, profesiones afines y auxiliares de cometer actos que atenten contra la moral y las buenas costumbres(101), advirtiendo que aunque en el ámbito disciplinario se permite una tipificación más flexible, a través de tipos abiertos, la indeterminación debe ser constitucionalmente aceptable, lo que no ocurre con tal previsión, en razón a que acude a conceptos absolutamente imprecisos que permiten el ejercicio de la discrecionalidad del juzgador:
“… las expresiones que se encuentran entre comillas con completamente imprecisas e inciertas, situación que entraña que las personas disciplinables se encuentran a merced de los pareceres subjetivos de los funcionarios disciplinantes. Esta situación es contraria al debido proceso, derecho que persigue, entre otras cosas, establecer con claridad cuáles son las conductas punibles y, por lo tanto, cuáles son las conductas de las que deben abstenerse los profesionales de la ingeniería y sus disciplinas afines y auxiliares”(102).
- En la Sentencia C-350 de 2009(103) la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del numeral 9º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002(104), que incluía dentro de las prohibiciones aplicables a los servidores públicos: la ejecución, en el lugar de trabajo, de actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres.
La Sala Plena reafirmó la regla según la cual “se viola la prohibición de tipos sancionatorios disciplinarios indeterminados cuando estos emplean conceptos que no tienen un `grado de indeterminación aceptable constitucionalmente´”, destacando que los conceptos de “moral” y “buenas costumbres” eran demasiado vagos y ambiguos, incluso si se hacía referencia a la “moral social”. La corporación , tras referirse al sentido de los términos vaguedad y ambigüedad, así como a la textura abierta del lenguaje, afirmó que el ordenamiento jurídico incorporaba, de hecho, expresiones con tales características, conceptos jurídicos indeterminados como “moral”; y que ello no era inconstitucional, pues esta última condición no se predicaba de las palabras en sí mismas consideradas. No obstante, continuó, existen escenarios en los que su uso no es válido, pues compromete el ejercicio y goce de derechos constitucionales, “[p]or ejemplo, la Corte ha considerado inconstitucionales las normas de este grado de indeterminación que afecten irrazonablemente las libertades de expresión, sindical o de ejercer profesión u oficio, comprometiendo a la vez, la autonomía personal y el libre desarrollo de las personas”.
“4.4. El concepto de moral, en especial el de “moral pública” o “moralidad pública”, son importantes y relevantes constitucionalmente. Tal como lo señala la Constitución, y fue resaltado en la presente sentencia, las acciones populares protegen, entre otros valores jurídicos, la “moralidad pública” (art. 88, CP) y la “moralidad”, en sí misma considerada, constituye uno de los principios que fundamenta la función administrativa (C.P., art. 209,). Por tanto, no puede entenderse la presente decisión que se adopta en esta sentencia, en modo alguno, como un desconocimiento del alto valor que tiene la moralidad pública en un estado social de derecho. Lo que se defiende, es que la protección de este valor constitucional no se haga mediante normas con un grado de indeterminación tal que generen inseguridad jurídica y pongan en riesgo derecho fundamentales de las personas”(105).
- En la C-710 de 2012(106) la Corte Constitucional se declaró inhibida para pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 68 (parcial) del Código de la Infancia y de la Adolescencia, que prevé que quienes están interesados en la adopción de menores deben acreditar, entre otros requisitos, idoneidad moral.
En la demanda se argumentó(107) que la condición moral referida en la disposición impedía la conformación familiar, mediante la adopción, por parte de parejas del mismo sexo(108), en detrimento además del interés superior del niño. Consideraron los promotores de la acción que no existía cosa juzgada, en virtud del pronunciamiento efectuado en la Sentencia C-814 de 2001(109), dado que había un nuevo contexto, jurisprudencialmente reconocido en la providencia C-577 de 2011(110), que permitía emitir un nuevo juicio.
- En la Sentencia C-931 de 2014(111) la Corporación declaró la exequibilidad del artículo 62, literal A, numeral 5º (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo, que prevé como causal de terminación unilateral del contrato de trabajo por el empleador la comisión de actos inmorales por parte del trabajador, en el lugar de trabajo o en el que desempeñe sus funciones. Para arribar a dicha conclusión la Sala efectuó un extenso análisis sobre la línea jurisprudencial construida por esta Corporación alrededor del uso de términos jurídicos indeterminados, específicamente de la expresión moral social, y a su consideración en instrumentos internacionales de derechos humanos.
- En la providencia C-958 de 2014(112) la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de los artículos 1º, numeral 2º, y 15 de la Ley 1708 de 2014(113), que definen la actividad ilícita que da lugar a la extinción de dominio y la extinción de dominio acudiendo a las conductas tipificadas como delictivas y a aquellas que el legislador establezca por deteriorar la moral social(114). La demanda se fundó en el presunto desconocimiento del artículo 34 de la Carta, en razón a que no se determinaron con claridad las causales que dan lugar a la extinción, dada la amplitud, específicamente, del término “moral social”.
Para resolver de fondo el problema jurídico la Sala, además de referirse a la acción de extinción de dominio en el marco constitucional y legal, se pronunció sobre el concepto de “moral social”, básicamente teniendo en cuenta que: (i) en el marco constitucional, la moral debe entenderse como social, pública o administrativa, desprovista de connotaciones religiosas en virtud del pluralismo y de la libertad de conciencia; (ii) esta corporación ha destacado en varios de sus pronunciamientos que el término “moral” fue utilizado por el constituyente en los artículos 34(115) y 209(116) y que, además, es un criterio válido para el legislador a efectos de servir como referente de aplicación normativa(117); y, que (iii) la validez de limitar el ejercicio de ciertos derechos acudiendo a la “moral social” se reafirma en varios instrumentos internacionales(118), concluyendo:
Con fundamento en tales presupuestos, la Corte procedió al estudio de fondo del cargo invocado contra las disposiciones previstas en los artículos 1º, numeral 2º, y 15 de la Ley 1708 de 2014, afirmando que el concepto de “moral social” no era indefinible o ambiguo atendiendo a diversos pronunciamientos doctrinales y jurisprudenciales, y que si bien la Corporación había declarado la inexequibilidad de tal expresión, o de aquellas equiparables, en contextos sancionatorios, en este caso el legislador dejó abierto su ámbito de proyección a los desarrollos normativos y jurisprudenciales(119). Adicionalmente, advierte que la Constitución dotó de fuerza jurídica conceptos indeterminados que no era posible desarrollar con rigor, por técnica constitucional; y que, por lo tanto, esa labor le corresponde al legislador en el marco de su potestad de configuración normativa, agregó:
“Como se recordó, en reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha reconocido que la moral social o pública puede definir situaciones judiciales, o limitar derechos y libertades de las personas. En este sentido, mal podría haber definido el legislador en la Ley 1708 de 2014 cuáles son los hechos que configuran la extinción de dominio por “grave deterioro de la moral social”, cuando esto es un ejercicio que tendrá que hacer el operador judicial en virtud de su autonomía”.
A continuación, la Sala precisó que en el numeral 2º del artículo 1º de la Ley 1708 de 2014 el legislador estableció que por actividad ilícita debía entenderse, además de las conductas tipificadas como tal, aquellas que “el legislador considere susceptible de aplicación de esta ley por deteriorar la moral social”, advirtiendo que: el concepto de moral social fue dejado en indeterminación por el Constituyente y que las normas que profiera el legislador para su desarrollo quedan sometidas a control de constitucionalidad, “En este sentido, una norma que prevé que en el futuro el legislador ejerza su potestad de configuración normativa no puede ser inconstitucional en sí misma. Todo lo contrario, se adecúa a las previsiones de los numerales 1º y 2º del artículo 150 de la Constitución Política”. Concluyó:
2. La posibilidad de redactar disposiciones de este tipo no está proscrita en nuestro ordenamiento jurídico(120), primero, porque la propia Constitución Política de 1991 alude a la moral(121), aunque no utiliza la expresión ‘buenas costumbres’; y, segundo, por la amplia facultad de configuración del Derecho, que ostenta el Legislador. Sin embargo, con el propósito de dotar de cierta precisión su contenido, y atendiendo a su contenido valorativo, la Corte ha considerado que ambas expresiones pueden reconducirse al término de moral social o moral pública(122).
4. El término moral social o moral pública es un concepto indeterminado(123). No obstante, existe un grado de indeterminación que es aceptable constitucionalmente; y, de otro lado, puede ser válido que en el contexto específico en que es utilizado, y atendiendo a los derechos involucrados, sea dable dotar de contenido su alcance, con referencia a otros parámetros normativos.
Así, por ejemplo, a partir de la práctica judicial que ha efectuado la Corte Constitucional en varios casos sometidos a su consideración es posible afirmar que el uso de tal término “moral”, o de otros con alto grado de indeterminación, en escenarios sancionatorios no es en principio adecuado(124), mientras que no supone un problema de relevancia constitucional en otros ámbitos.
En otros ámbitos, por ejemplo en el derecho laboral, según el caso analizado en la providencia C-931 de 2014(125), la Corte encontró ajustada la Carta una norma según la cual la comisión de una conducta inmoral por parte del trabajador, en vigencia de una relación laboral de derecho privado, es causal de terminación unilateral del contrato. En criterio de este Tribunal, de un lado, en este campo no rige un principio de tipicidad estricta similar al del derecho sancionatorio y, por otro, el concepto de “moral social” no adolece de excesiva indeterminación, teniendo en cuenta aspectos como el contexto de las relaciones laborales y el reglamento interno de trabajo.
Teniendo en cuenta la formulación del problema jurídico, las intervenciones recibidas en este trámite y las precisiones efectuadas en los dos acápites precedentes, la Sala deberá determinar si el enunciado “buenas costumbres”, en el contexto particular de la disposición parcialmente demandada, puede ser determinado razonablemente o, por lo menos, sobrepasa una indeterminación constitucionalmente aceptable o admisible, en un marco de restricción específico frente a derechos de los menores de edad.
El derecho a la libre expresión, protegido en los artículos 20 y 44 de la Constitución, así como en instrumentos internacionales tales como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se caracteriza por la amplitud de su ámbito de protección y por la preferencia prima facie en las colisiones que puedan surgir frente a la eficacia de otros derechos. Además de su evidente relación con la dignidad humana y la posibilidad de autorrealización que envuelve la posibilidad de difundir e intercambiar las ideas propias, la Corte ha atribuido esta fuerza especial de la libertad de expresión a otros factores, como su relación con la construcción de sociedades democráticas, la formación de ciudadanos críticos, la oposición a la arbitrariedad y el uso abusivo del poder y el poder de denuncia(126).
Alrededor de este derecho, la Corte construyó: una presunción general a favor de la libertad de expresión, integrada por dos presunciones especiales: (1) toda expresión se considera en principio amparada por el artículo 20 constitucional, salvo una justificación convincente efectuada a través de una ponderación, y (2) la primacía de la posición de libertad y, por tanto, su prevalencia inicial en un caso de colisión; y, una sospecha, de inconstitucionalidad en las restricciones o limitaciones. Asociados a los anteriores presupuestos, existen unas cargas correlativas: definitoria, argumentativa y probatoria, con el objeto de que la autoridad explique las razones para las limitaciones o restricciones y, además, las justifique y soporte en una base empírica(127).
Segundo, aunque la disposición acude a varios criterios para garantizar el ejercicio del derecho de asociación y reunión para los menores de 18 años, el de buenas costumbres se refiere a conductas no consideradas aún por el derecho para ser reguladas dentro del sistema pero que podrían interesar, ostentar relevancia(128), atendiendo al contexto de regulación, para efectos de conducir la garantía de un bien fundamental en un Estado como el diseñado por el Constituyente de 1991. Esto es, por considerar la posible existencia de conductas que ordinariamente no entrarían dentro del contexto de “ley” en sentido estricto, es que se acude al concepto en estudio, buenas costumbres.
Tercero, para cubrir tales conductas con relevancia para el derecho, el legislador, entonces, acudió al concepto referido sin que encuentre la Sala una alternativa que por brindar un espectro de aplicación más determinado pueda satisfacer el objetivo para el cual fue adoptada, concluyéndose, entonces, que la restricción fundada en el concepto de buenas costumbres —reconducido al ámbito de cobertura del concepto de moral social o moral pública—, es necesaria.
Conforme a lo ha sostenido la Corte Constitucional, la dignidad humana supone el reconocimiento de la autonomía del individuo, que comprende “vivir como quiera”, “vivir bien” y “vivir sin humillaciones”(129). También ha afirmado esta Corte, que un enfoque protección integral”, a partir de instrumentos internacionales y de la misma Carta Política, exige la comprensión de los niños, niñas y adolescentes como verdaderos sujetos de derecho, atendiendo a sus especificidades propias, esto es, a que se encuentran en un proceso formativo, en pro de su madurez desde todos los puntos de vista y que, por tanto, la garantía de sus derechos tienen como mira atender a su interés superior.
(i) Tal como lo precisó el Comité de los Derechos del Niño, intérprete autorizado de la Convención de los Derechos del Niño, en la Observación 14, el interés superior del niño es predicable de todas las instancias involucradas, esto es, legislativas, judiciales, administrativas, etc, que deban asumir el conocimiento y decisión de asuntos relacionados con el ejercicio de derechos por parte de los menores de 18 años. Y este interés, no es una fórmula retórica, sin contenido, sino que involucra la justificación de la razón por la cual en un caso determinado se adopta una decisión un uno u otro sentido;
(ii) El concepto de “buenas costumbres”, asociado al concepto de “moral social”, no está exento de pautas que ofrecen su determinación en casos concretos, destacándose cómo para esta Corte tal concepto involucra también una valoración en el marco valorativo y de principios ofrecido por la Carta Política; y,
(iii) Finalmente, el derecho al libre desarrollo de la personalidad para menores de 18 años lleva implícita la consideración de su interés superior, se insiste, atendiendo a las circunstancias especiales en que se encuentran, que lo hacen sujetos que demandan una protección especial por parte de la familia, la sociedad y el Estado.
Ahora bien, parte importante de la afirmación de que el término “buenas costumbres” no es absolutamente indeterminado se deriva de la asociación que aquí se ha efectuado frente al término de “moral social”, cuyo ámbito de comprensión sí ha sido objeto de construcción por parte de la corporación. En esta situación(130), en la medida en que la lectura del simple enunciado demandado podría evidenciar una indeterminación muy amplia y, por tanto, escapar a un grado en que se estime como constitucionalmente admisible, debe adoptarse una decisión condicionada, que opera cuando, como en este evento, de la disposición jurídica se derivan varios significados y sólo uno de ellos se ajusta a los parámetros superiores de orden constitucional. En este caso, el sentido que se ajusta a la Constitución es aquél que remite a su lectura como moral social, dado que este concepto está dotado de unas características mayores de concreción, estudiadas por la misma jurisprudencia de la Corte, tal y como se expuso en el acápite pertinente. Por lo tanto, la Sala Plena considera necesario condicionar el sentido del enunciado demandado al de “moral social”, pues solo bajo este entendimiento la norma satisface los parámetros constitucionales, en beneficio, además, del principio de conservación del derecho.
32 En la Sentencia C-673 de 2015, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva (unánime), la Sala Plena de la corporación consideró que: “7. De forma reiterada, esta corporación ha explicado que la acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo judicial de control objetivo o abstracto, en virtud del cual quienes están legitimados pueden acudir ante el Tribunal Constitucional para solicitar que, previo el cumplimiento de un proceso, la Corporación se pronuncie sobre la conformidad de un precepto legal demandado con relación a lo establecido en el texto de la Carta Política”.
33 El artículo 241 de la Carta establece: “A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. (...)”.
34 MP. Juan Carlos Henao Pérez (unánime).
35 Sentencias C-914 de 2010 MP Juan Carlos Henao Pérez, AV Humberto Antonio Sierra Porto y C-761 de 2009 MP Juan Carlos Henao Pérez, SV Nilson Pinilla Pinilla. María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo y Jorge Iván Palacio Palacio. Así mismo, entre muchas otras, sentencias C-041 de 2002 MP Marco Gerardo Monroy Cabra (unánime), C-1095 de 2001 MP Jaime Córdoba Triviño (unánime) y C-405 de 2009 MP Luis Ernesto Vargas Silva.
36 Al respecto, en la Sentencia C-128 de 2011 MP Juan Carlos Henao Pérez (unánime) se afirmó: “(…) la regulación del derecho a accionar contra las leyes, busca ponderar entre el interés perseguido por el actor al demandar y los demás bienes jurídicos llamados a ser protegidos, como aquellos que recoge la norma acusada y ordenados a partir del poder de configuración legislativa del Congreso, así como los relacionados con la seguridad jurídica y el principio de estabilidad del Derecho, con los cuales se protege la confianza en el sistema normativo y en las reglas que lo integran”.
37 Al respecto en la Sentencia C-330 de 2016, con ponencia de la magistrada María Victoria Calle Correa, se sostuvo que: “Ahora bien, la acción de inconstitucionalidad es de naturaleza pública y constituye una de las herramientas más poderosas de defensa de la supremacía de la Constitución y un derecho político de todo ciudadano. Por ello, la Corte ha explicado que la evaluación de los requisitos mencionados debe efectuarse con base en el principio pro actione, y que estas condiciones no son formalidades, sino herramientas para verificar si la demanda genera un auténtico problema de constitucionalidad”. En el mismo sentido ver las Sentencias C-330 de 2013 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, C-533 de 2012 MP. Nilson Pinilla Pinilla, C-100 de 2011 MP. María Victoria Calle Correa y C-978 de 2010 MP. Luis Ernesto Vargas Silva.
38 En el mismo sentido ver las sentencias C-229 de 2003 MP Rodrigo Escobar Gil, C-653 de 2003 MP Jaime Córdoba Triviño, C-856 de 2005 MP Clara Inés Vargas Hernández, C-128 de 2011 MP Juan Carlos Henao Pérez, C-508 de 2014 MP Mauricio González Cuervo, C-055 de 2016 MP Luis Ernesto Vargas Silva, AV Alejandro Linares Cantillo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Luis Ernesto Vargas Silva y SV Alberto Rojas Ríos, y C-207 de 2016 MP Alejandro Linares Cantillo.
39 En tal sentido ver, entre otras, las sentencias C-623 de 2008 MP Rodrigo Escobar Gil (unánime), C-894 de 2009 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo (unánime), C-508 de 2014 MP Mauricio González Cuervo (unánime) y C-207 de 2016 MP Alejandro Linares Cantillo (unánime). En la segunda de las citadas providencias, la Corte afirmó: “Apoyada en tales razonamientos, la propia jurisprudencia ha dejado claro, que la Corte se encuentra habilitada para adelantar un nuevo estudio de procedibilidad de la demanda en la Sentencia, cuando de la valoración de los elementos fácticos allegados al proceso, se infiere una inobservancia de los requisitos mínimos de procedibilidad en la acusación, que a su vez no permite delimitar el ámbito de competencia de la Corte para pronunciarse. Se ha explicado al respecto, que en esa instancia procesal, el análisis resulta de mayor relevancia, si se tiene en cuenta que para ese momento, “además del contenido de la demanda, la Corte cuenta con la opinión expresada por los distintos intervinientes y con el concepto del Ministerio Público, quienes de acuerdo con el régimen legal aplicable al proceso de inconstitucionalidad, [solo] participan en el juicio con posterioridad al auto admisorio”.
40 Sobre este requisito, la Sala Plena de la corporación en la Sentencia C-673 de 2015, con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva (unánime), expresó que: “10.2. La certeza de las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad, refiere a que éstos se dirijan contra una disposición “real y existente”. Significa lo anterior que los cargos cuestionen una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no sobre una distinta, inferida por el demandante, implícita o que hace parte de normas que no fueron objeto de demanda. (…)”.
41 En relación con el alcance de este requisito, se expuso en la sentencia antes mencionada que: “son inaceptables los cargos que se sustenten (i) en la interpretación subjetiva de las normas acusadas a partir de su aplicación en un problema particular y concreto; (ii) en el análisis sobre la conveniencia de las disposiciones consideradas inconstitucionales; (iii) en las simples interpretaciones legales o doctrinarias de la norma cuestionada; o (iv) en calificar la norma como inocua, innecesaria o reiterativa a partir de una valoración parcial de sus efectos.”.
42 La suficiencia fue entendida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, en la Sentencia C-050 de 2015 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva (unánime), así: “(…) que la carga argumentativa que recae sobre el actor, debe desarrollarse de una forma mínima y proporcional al objetivo de demostrar la inconstitucionalidad del enunciado normativo demandado. De esta manera, se deben exponer razonamientos lo bastante fundados para que pueda pretender desvirtuar la presunción de constitucionalidad de las normas del ordenamiento jurídico, presunción de corrección frente al texto constitucional que se deriva del principio democrático y de las reglas formales y sustanciales del procedimiento democrático de producción de normas y por tanto amerite el adelantamiento de un estudio de constitucionalidad”.
43 A este proyecto de ley se acumuló, por decisión de la mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara, el proyecto de Ley 96 de 2005 Cámara, presentándose una ponencia conjunta para primer debate en la que se justificó, además, el por qué este asunto no debía tramitarse como ley estatutaria sino como una ley ordinaria que, de manera integral, armónica, coherente y sistemática, conformaba un código (Gaceta Nº 751 de 31 de octubre de 2005): “En resolución, existan serios argumentos para optar por un trámite de ley ordinaria en la aprobación de los dos proyectos objeto de estudio en esta ponencia. Si alguna duda pudiera surgir ella se referiría sólo respecto a aquellos artículos que abarcan la parte inicial de ambos proyectos dedicados y que se ocupan de formulaciones generales, pautas orientadoras puramente declarativas en materia de derechos fundamentales y directrices abstractas sobre políticas públicas para la niñez y la adolescencia. En cambio hay plena certeza de que la parte sustantiva, estrictamente normativa y con alcances institucionales prácticos de las dos iniciativas ¿(sic) las relativas a medidas de protección, procedimientos de adopción, deberes alimentarios, responsabilidad penal del menor, trabajo de menores, etc. deben recibir el trámite de una ley ordinaria.”. Al final del trámite legislativo de los proyectos de Ley 85 y 96 de 2005 Cámara se aprobó la Ley 1098 de 2006.
44 El paso de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral implicó “pasar de una concepción de los “menores” —una parte del universo de la infancia— como objetos de tutela y protección segregativa, a considerar a niños y jóvenes como sujetos plenos de derecho”. Tomado de “justicia y derechos del niño”, número 1, “Modelo de la protección integral de los derechos del niño y de la situación irregular: un modelo para armar y otro para desarmar” – Mary Beloff. Unicef - Fondo de Naciones Unidas para la Infancia - oficina de área para Argentina, Chile y Uruguay, Ministerio de Justicia, Santiago de Chile, 1999.
45 Colombia fue uno de los últimos países de Latinoamérica que, en cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas con la suscripción y adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 4º), ajustó su normativa para garantizar los derechos reconocidos en tal instrumento. Incluso, el Comité de los Derechos del Niño, en su 25º periodo de sesiones del 27 de septiembre de 2000, al presentar sus observaciones finales llamó la atención sobre el incumplimiento a tal obligación: “14. Sigue preocupando al Comité que la legislación del Estado Parte sobre los derechos del niño no sea todavía enteramente compatible con los principios y disposiciones de la Convención, en particular porque la revisión del Código del Menor (1989), que comenzó en 1995, se retrasa.
46 Gaceta No. 555 de 23 de agosto de 2005.
47 Al respecto, en la providencia C-684 de 2009 que declaró la inconstitucionalidad parcial del artículo 191 de la Ley 1098 de 2006 sobre el trámite de la detención en flagrancia, se afirmó frente al mandato de especial protección a los menores que: “La jurisprudencia constitucional ha sostenido que los mandatos constitucionales de especial protección a la infancia tienen origen , entre otras razones, en la falta de madurez física y mental de los niños, circunstancia que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos , y que hacen imprescindibles la adopción de medidas de protección para garantizar su desarrollo armónico e integral y “proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad. Los niños se tornan de esta manera en sujetos de especial protección constitucional, cuyos derechos e intereses tienen carácter superior y prevaleciente.”. (MP Humberto Antonio Sierra Porto – unánime).
48 Aprobada por la sociedad de naciones.
49 “Principio II: El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a la que se atendrá será el interés superior del niño.”.
50 “1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado.
51 “(…).
52 “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado.”.
53 En el artículo 41 de este instrumento, empero, se aclara que los mandatos que se derivan de su adopción no se oponen a la aplicación de otras normativas internas o internacionales que conduzcan en mejor medida a la realización de sus derechos.
54 Derechos a la vida, a la integridad física, a la salud y la seguridad social, a la alimentación equilibrada, a su nombre y nacionalidad, a tener una familia y no ser separados de ella, al cuidado y amor, a la educación y la cultura, a la recreación y a la libre expresión de su opinión.
55 En esta providencia se efectuó un pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los artículos 129 y 158 (parciales) del Código de la Infancia y la adolescencia. MP Juan Carlos Henao.
56 En la Sentencia C-149 de 2009 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SV Humberto Antonio Sierra Porto) se analizó la conformidad del artículo 80 de la Ley 1098 de 2006 con el ordenamiento superior, disposición que regula las calidades exigidas a los defensores de familia, se afirmó que: “… los contenidos del artículo 44 Superior representan “verdaderos valores y principios que no solo están llamados a irradiar la expedición, interpretación y aplicación de todas las normas de justicia imputable a los menores, sino también a orientar la promoción de políticas y la realización de acciones concretas dirigidas al logro de su bienestar físico, moral, intelectual y espiritual[41]; entendiendo dicho bienestar como una de las causas finales de la sociedad y del Estado, y como un objetivo del sistema jurídico[42]”[43]. En ese mismo contexto, también destaca la jurisprudencia que el principio de protección especial del menor debe proyectarse sobre toda la acción del Estado y la sociedad, “de manera que tanto las autoridades públicas como los particulares, en el ejercicio de sus competencias y en el cumplimiento de las acciones relacionadas con asuntos de menores, deben proceder conforme a dicho principio, haciendo prevalecer en todo caso el deber de asistencia y protección a la población infantil, en procura de garantizar su desarrollo físico, mental, moral, espiritual y social, así como sus condiciones de libertad y dignidad”[44].
57 Conforme a lo sostenido por el Comité de los Derechos del Niño en su observación general 5, además del principio del interés superior del niño, son principios generales de la Convención: (i) el de no discriminación (art. 2º); (ii) la garantía del derecho a la vida, y la obligación estatal de garantizar en la máxima medida posible su supervivencia y desarrollo (art. 6º); y, (iii) el derecho a expresar su opinión libre en todos los asuntos que le afectan (art. 12).
58 Corte Constitucional, Sentencia T-408 de 1995 (…). MP Eduardo Cifuentes Muñoz – unánime.
59 Corte Constitucional, Sentencia C-507 de 2004. La Corte declaró inexequible la norma que establecía la nulidad del matrimonio celebrado por una mujer menor de doce (12) años, y exequible la que establecía en catorce 814) años la edad mínima del hombre para contraer matrimonio, “siempre y cuando se entienda que la edad para la mujer es también de catorce años”. Con ello equiparó la edad mínima de ambos sexos”. MP Manuel José Cepeda – unánime.
60 Para la síntesis del alcance que la Corte le ha dado al principio del interés superior del menor se tomarán como referentes relevantes las siguientes decisiones: (i) C-256 de 2008 (MP Manuel José Cepeda Espinosa, SV Jaime Araujo), que declaró la exequibilidad de los artículos 86 num. 6º y 106 de la Ley 1098 de 2006, parcialmente demandados, que se refieren al allanamiento y rescate con afectación de menores, en el entendido en que, previamente, el defensor o el comisario de familia deberá en una decisión escrita, valorar las pruebas que demuestran que se reúnen en cada caso los requisitos para que proceda el allanamiento con la finalidad exclusiva de efectuar el rescate y proteger al menor de edad. (ii) C-071 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; SP y AV Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Martha Sáchica Méndez; AV Luis Guillermo Guerrero Pérez, José Roberto Herrera Vergara; y SV Luis Ernesto Vargas Silva ) sobre adopción, que condicionó el alcance del numeral 5º del artículo 64, del artículo 66 y del numeral 5º del artículo 68 de la Ley 1098 de 2006, en el entendido que dentro de su ámbito de aplicación también están comprendidas las parejas del mismo sexo cuando la solicitud de adopción recaiga en el hijo biológico de su compañero o compañera permanente. (iii) C-900 de 2011(MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), que declaró la exequibilidad del artículo 46 num. 6º del Código de la Infancia y la Adolescencia, sobre la intervención médica en casos de urgencia. Y (iv) C-683 de 2015 (MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Myriam Ávila Roldán, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), que declaró la exequibilidad de las expresiones demandadas de los artículos 64, 66 y 68 (nums. 3º y 5º) de la Ley 1098 de 2006, y del artículo 1º (parcial) de la Ley 54 de 1990, bajo el entendido que, en virtud del interés superior del menor, dentro de su ámbito de aplicación están comprendidas también las parejas del mismo sexo que conforman una familia.
61 En la Sentencia C-256 de 2008 se recogen algunos pronunciamientos sobre el principio del interés superior del niño frente a la protección de los derechos a tener una familia (T-090 de 2007, T-510 de 2003, T-577 de 2007), al mínimo vital (T-1051 de 2003, T-324 de 2004 y C-653 de 2003), al cuidado y al amor (C-273 de 2003, T-184 de 2003; a los que podría adicionarse recientemente la sentencia T-129 de 2015), al debido proceso (T-495 de 2005), y a la salud (T-585 de 2007 y T-227 de 2006).
62 MP Jorge Iván Palacio Palacio; AV Myriam Ávila Roldán, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva; SV Luis Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
63 En las observaciones finales sobre los informes periódicos cuarto y quinto combinados de Colombia, del 6 de marzo de 2015, el Comité de Derechos del Niño llamó la atención sobre la materialización del interés superior del niño en los siguientes términos: “Interés superior del niño. 21. El Comité toma nota del reconocimiento legal del derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial. No obstante, le preocupa la información según la cual ese derecho no ha sido aplicado sistemáticamente en la práctica debido a la falta de claridad conceptual sobre su contenido. 22. A la luz de su observación general Nº 14 (2013), sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración primordial, el Comité recomienda al Estado parte que redoble sus esfuerzos para velar por que ese derecho sea debidamente integrado y consistentemente aplicado en todos los procedimientos y decisiones de carácter legislativo, administrativo y judicial, así como en todas las políticas, programas y proyectos que tengan pertinencia para los niños y los afecten. Se alienta al Estado parte a que elabore criterios para ayudar a todas las autoridades competentes a determinar el interés superior del niño en todas las esferas y a darle la debida importancia como consideración primordial”.
64 “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho de reunión y asociación con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos o de cualquier otra índole, sin más limitación que las que imponen la ley, las buenas costumbres, la salubridad física o mental y el bienestar del menor.”.
65 Corregido por el artículo 1º del decreto 4011 de 2006. La Corte para su estudio acudirá al texto corregido de este inciso, sin que ello implique un pronunciamiento de conformidad sobre la forma en la que tal actuación se adelantó, pues no hace parte del enunciado demandado un mucho menos de los cargos invocados.
66 Gacetas 551, 751 y 887 de 2005.
67 “ART. 34.—Derecho a la libertad de asociación y de celebrar reuniones pacíficas. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de asociarse libremente con otras personas con fines sociales, culturales, deportivos, recreativos, religiosos, políticos, laborales o de cualquier otra índole, siempre que sean de carácter lícito y de conformidad con la ley. Este derecho comprende especialmente el de formar parte de asociaciones, inclusive de sus órganos directivos, y el de promover y constituir asociaciones conformadas por niños, niñas y adolescentes.”. Negrilla y cursiva fuera de texto.
68 Proyecto de ley 215 Senado, 085 de 2005 Cámara, Gaceta 128 de 18 de mayo de 2006.
69 Pueden verse las sentencias C-539 de 2016 (MP Luis Ernesto Vargas Silva, AV Alejandro Linares Cantillo y Alberto Rojas Ríos); C-742 de 2012 (MP María Victoria Calle Correa, SP Alexei Julio Estrada, SV Luis Ernesto Vargas Silva y Jorge Iván Palacio Palacio); y, C-350 de 2009 (MP María Victoria Calle Correa, SV Nilson Pinilla Pinilla, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).
70 Al respecto, H.L.A. Hart afirmó: “… En todos los campos de experiencia, no sólo en el de las reglas, hay un límite, inherente en la naturaleza del lenguaje, a la orientación que el lenguaje general puede proporcionar. (…)”. El concepto del derecho, Traducción Genaro Carrió, Editorial Abeledo-Perrot, 3ª ed, Buenos Aires, 2009, pág. 157.
71 Asociada a problemas (i) semánticos, cuando el término empleado es susceptible de asumir diferentes significados (polisemia); (ii) sintácticos, cuando se afecta la estructura lógica de los enunciados; y, (iii) pragmáticos, cuando el enunciado puede presentar diferentes usos o funciones del lenguaje, sin que el contexto otorgue un criterio de asignación de significado. Ricardo Guastini, Le fonti del diritto e l´interpretazione, Milano, Giufrè, 351-355.
72 MP María Victoria Calle Correa, SV Nilson Pinilla Pinilla, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
73 Carrió, Genaro (1970): Algunas palabras sobre las palabras de la ley. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, 1971, pg. 15.
74 Carrió, Genaro (1970): Algunas palabras sobre las palabras de la ley. Op cit, pág. 17.
75 MP Jorge Arango Mejía y SV Eduardo Cifuentes Muñoz, Fabio Morón Díaz, Alejandro Martínez Caballero y Carlos Gaviria Díaz. Los Magistrados Eduardo Cifuentes Muños, Fabio Morón Díaz y Alejandro Martínez Caballero presentaron un voto disidente conjunto, en el que pusieron de manifiesto que, en su opinión, la Sala adoptó formalmente una decisión condicionada aunque materialmente de inexequibilidad, pues simplemente restaron eficacia al adjetivo “cristiano”. Concluyeron que: “Al aceptar la diversidad moral se descarta toda diferenciación fundada en la legitimidad de las mayorías. La aceptación del pluralismo —incluso político— entraña el derecho igual de todas las manifestaciones a participar. Esta igualdad cultural, política o moral, no desconoce la posibilidad de que en un juego político alguna de ellas adquiera mayor legitimidad que las otras. Sin embargo, dicha legitimidad es posterior y no afecta de ninguna manera el derecho de las minorías de mantener su propia entidad y a no confundirse con los vencedores.”. Por su parte, el Magistrado Carlos Gaviria fundó su salvamento en la desaparición del ordenamiento jurídico, a partir de la carta de 1991, de la costumbre praeter legem.
76 “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales, la Ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
77 “Se dijo “moral cristiana” refiriéndose a la religión de la mayoría de la población, como en Turquía habría debido decirse “la moral islámica”. La ley se limitó a reconocer un hecho social.
78 MP Fabio Morón Díaz (unánime).
79 Artículo 115, literal b) del Decreto 2699 de 1991.
80 MP. Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz y AV Antonio Barrera Carbonell, Alfredo Beltrán Sierra, Alejandro Martínez Caballeo y Carlos Gaviria Díaz.
81 Decreto 100 de 1980.
82 La Corte encontró que en este caso la restricción del tal derecho era justificable, al amparo de los requisitos previstos por la misma jurisprudencia: “… los límites al libre desarrollo de la personalidad, `no sólo deben tener sustento constitucional, sino que, además, no pueden llegar a anular la posibilidad que tienen las personas de construir autónomamente su modelo de realización personal´. Por tanto, cualquier decisión que afecte la esfera íntima del individuo, aquella que sólo a él interesa, debe ser excluida de cualquier tipo de intervención arbitraria.”.
83 Los magistrados que aclararon el voto, manifestaron, acudiendo al sentido dado a la “navaja de Occam”, que en este caso no era preciso acudir a este otro tipo de razones para justificar la exequibilidad de la disposición demandada. El siguiente apartado es relevante para la comprensión de su aclaración:
“¿Para qué entonces enturbiar lo que es claro agregando algo tan abstruso como que, además, el incesto es atentatorio de la moralidad pública y ésta constituye un límite al libre desarrollo de la personalidad?
Unas pocas inquietudes ponen de presente lo que implícitamente se afirma en la pregunta. I) ¿Cómo se reconoce esa `moralidad pública´? ¿Existe algún criterio objetivo para reconocerla, análogo a la regla de reconocimiento propuesta por Hart como instrumento conceptual que permite identificar las normas de un ordenamiento jurídico? ii) Y si tal es el caso, cómo saber con certeza, o con un alto grado de probabilidad, que esa `moralidad pública´ que repudia el incesto, clama porque se le desestimule con una sanción penal? Porque bien puede ocurrir que a alguien le pregunten, verbigracia, cómo juzga el adulterio responda: `me parece censurable. Peri si se le inquiere: c que ni siquiera puede consagrarse como causal de mala onducta? dicho la Corte (con el voto favorable de algunos magistrados ac que ni siquiera puede consagrarse como causal de mala onducta? dicho la Corte (con el voto favorable de algunos magistrados ac que ni siquiera puede consagrarse como causal de mala onducta? dicho la Corte (con el voto favorable de algunos magistrados a¿y se debe castigar?, conteste: ese es un asunto de cada uno. ¿Y qué tal el homosexualismo, tan generalmente repudiado, acerca del cual ha dicho la Corte (con el voto favorable de algunos magistrados adalides de la “moral pública”) que ni siquiera puede consagrarse como causal de mala conducta? iii) Y dentro de una sociedad pluralista como la colombiana, cabe preguntar: ¿Hay una sola moralidad pública, o hay varias? Si hay una sola, ¿quién la determina? y si hay varias, ¿cuál prevalece y por qué?
84 “… la cuestión central que se debate reside en determinar si el juez constitucional debe permanecer absolutamente marginado de las razones morales que explican o justifican la existencia de determinadas normas legales.”.
85 Conforme a lo sostenido por la Corte en aquella oportunidad, una sanción restrictiva de la libertad no sería proporcional en sentido estricto si, además del fundamento moral, no se encuentra soportada en la garantía de bienes jurídicamente protegidos: “En todo caso, la sanción penal consistente en una limitación a la libertad personal no puede fundarse exclusivamente en la defensa de principios de moralidad pública que, a su turno, no amparen derechos o bienes constitucionalmente protegidos”.
86 Alejandro Martínez Caballero
87 Los Magistrados José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo y Álvaro Tafur Galvis se apartaron parcialmente de tal decisión, por considerar que si bien la expresión “buen gusto” podía ser indeterminada, así no lo era “el decoro”, ya que sobre este último sí existían consensos claros.
88 MP Alfredo Beltrán Sierra, AV Eduardo Cifuentes y Vladimiro Naranjo Mesa, SP José Gregorio Hernández Galindo, Vladimiro Naranjo y Álvaro Tafur Galvis. Los salvamentos parciales se presentaron frente a la inexequibilidad de la expresión “o a las buenas costumbres”, por considerar que era completamente válida una restricción en tales términos. En concreto, en el voto disidente suscrito por los magistrados Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Galvis sostuvieron: “En dicho salvamento de voto [el suscrito en la Sentencia C-010 de 2000], a cuyo contenido nos remitimos, se explica cómo ciertos valores, principios y conductas de permanente vigencia en cualquier sociedad civilizada, están implícitos además en la protección de derechos fundamentales consagrados en la Carta Política, y por tanto no pueden ser considerados como vulneratorios de otros de igual o menor rango. Así ocurre, en el caso presente, con la expresión buenas costumbres, ahora declarada inexequible. Con todo respeto, no consideramos que tenga suficiente base jurídica y constitucional sostener que esa expresión “resulta ambigua” y que, además, “desconoce el pluralismo y la autonomía moral de las personas”. Lejos de ser ambigua, la expresión buenas costumbres es, repetimos, un concepto universalmente admitido, que, por cierto, ha figurado en la mayoría de nuestras constituciones a lo largo de la historia, y que por ello no puede descalificarse como algo que queda al criterio subjetivo de cada quien. (…)”.
89 MP Marco Gerardo Monroy Cabra; SP Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Eduardo Montealegre Lynett; y, SP y AV Jaime Araujo Rentería.
90 En este pronunciamiento la Corte también declaró la exequibilidad de la expresión “La pareja formada por el hombre y la mujer que demuestre una convivencia ininterrumpida de por lo menos tres (3) años”, contenida en el numeral 2º del artículo 90 del Decreto 2737 de 1989. Los salvamentos parciales de voto estuvieron dirigidos a separarse de la decisión adoptada frente al aparte del artículo 90 demandado.
91 MP Jaime Córdoba Triviño, SV Rodrigo Escobar Gil y Eduardo Montealegre Lynett. Los salvamentos no recayeron sobre la decisión de inconstitucionalidad de los numerales 1º y 6º del artículo 198 del Decreto - Ley 960 de 1970
92 De manera relevante se reiteró la inexistencia de derechos absolutos y, por lo tanto, la competencia del legislador para limitar el acceso a cargos públicos en procura de la realización del interés general y los principios de la función administrativa, competencia que, sin embargo, debe ejercerse atendiendo a los principios de proporcionalidad y razonabilidad. También se destacó que era válida en esta materia la inhabilidad intemporal, y que en la medida en que no se hacía diferenciación alguna en la gravedad de la falta para configurar la inhabilidad, debía entenderse que no era predicable de aquella que causaba como sanción simplemente la multa. Por lo anterior, se declaró la exequibilidad del parágrafo 2º (parcial) demandado, en el entendido en que la inhabilidad no se extiende a quienes fueron condenados con sanción de multa, en los términos del Decreto-Ley 960 de 1970.
93 “Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la actividad notarial”.
94 “Por el cual se expide el estatuto del notariado”.
95 MP Jaime Araujo Rentería, AV Jaime Araujo Rentería.
96 MP Marco Gerardo Monroy Cabra; SP Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil, Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández. El magistrado Rodrigo Escobar Gil sostuvo en el salvamento parcial de voto que no compartía la decisión adoptada sobre la inconstitucionalidad de la falta disciplinaria que se fundaba en los conceptos de “moral y buenas costumbres” dado que, en su opinión, eran conceptos determinados que remitían a la moral social o pública. Sobre este último concepto, se remitió a las consideraciones efectuadas en las sentencias T-620 de 1995 y C-224 de 1994. Afirmó, entonces, que: “Así entendida, la moral social es connatural a la misma vida en sociedad, en cuanto tiene como único propósito unir a los distintos grupos y a las distintas opciones de pensamiento, buscando su colaboración para que la comunidad acceda a un mayor grado de humanización y haga realidad el postulado de un orden público y social justo. Según lo dijo este Tribunal, “como el orden público es un derecho de todos los asociados —que implica los correlativos deberes—, y la moral social es parte integrante de él, todos los asociados tienen derecho a ser beneficiarios de condiciones de moralidad, en el entorno que rodea sus vidas”. Adujo que la Corte había venido avalando la incorporación legal de criterios relacionados con la moral social y que ello derivaba de la misma Constitución, que había acogido un concepto de moral social, entre otros, en los artículos 34, 44 y 209.
97 Ley 836 de 2003, “por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares”.
98 Artículo 59 numeral 1º ibídem.
99 MP Manuel José Cepeda Espinosa y SP Rodrigo Escobar Gil. En su salvamento parcial de voto el Magistrado Escobar Gil reiteró lo que había manifestado ya en el salvamento de voto a la Sentencia C-431 de 2004.
100 “por la cual se modifica la reglamentación del ejercicio de la ingeniería, de sus profesiones afines y de sus profesiones auxiliares, se adopta el Código de Ética Profesional y se dictan otras disposiciones”.
101 Artículo 32 literal a): “Prohibiciones generales a los profesionales. Son prohibiciones generales a los profesionales:
102 Similar decisión se adoptó en la providencia C-537 de 2005 (MP Alfredo Beltrán Sierra - unánime) sobre una disposición de la Ley 35 de 1989, sobre ética del odontólogo colombiano, que imponía la obligación de denuncia ante el Tribunal Ético Profesional de cualquier acto cometido por un colega contra la moral. Este término se declaró inexequible siguiendo la línea jurisprudencial referida.
103 MP María Victoria Calle Correa, SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
104 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.
105 En el salvamento de voto el Magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo consideró que la mayoría de la Sala no tuvo en cuenta el desarrollo jurisprudencial alrededor del concepto de “moralidad pública”, elemento recogido por la Carta Política, que tiene relación directa con los derechos humanos y el principio de dignidad humana: “A mi modo de ver el desempeño de las funciones de los servidores públicos está orientado por los conceptos probidad, imparcialidad, decoro y dignidad, sin ninguna connotación confesional o subjetiva, sino propio de la moral media o social que contiene la Constitución, en los preceptos citados, que consagran los principios de la función pública e integran el catálogo de buenas costumbres de la administración y de una moral del servidor público.
A mi juicio, es necesario reconocer que entre la moral y los valores reconocidos por la Constitución hay numerosos puntos de contacto, en gran medida porque una y otros se fundamentan en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de la persona humana, consecuentemente considero que el numeral 9º del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, demandado, respeta en su integridad los mandatos constitucionales, de manera que la prohibición a que se realicen “actos que atenten contra la moral o las buenas costumbres”, obedece a la naturaleza propia de la administración pública y al buen desarrollo del servicio público, por cuanto, las funciones públicas deben ser desarrolladas por el servidor público de manera idónea, correcta, eficiente, eficaz, diligente e imparcial y de conformidad con la Constitución, la ley y el reglamento, y el cumplimiento de las mismas deberá valorarse y determinarse en cada caso, de conformidad, con la naturaleza y características propias del cargo o función pública encomendada”.
106 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV María Victoria Calle Correa.
107 Apoyaron su pretensión en el artículo 44 de la CP; en el preámbulo y artículos 2,3,4,18,21,27 y 39 de la Convención sobre los Derechos del Niño; en el artículo 16-3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el artículo 1º del Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales; en el artículo 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, en el artículo 1º del Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de adopción Internacional.
108 “la demanda se fundamenta en la siguiente interpretación: la idoneidad moral que exige el precepto demandado para adoptar, de la mano de la Sentencia C-814 de 2001, no es compatible con el ´modelo de vida homosexual´, por esta razón, las personas homosexuales, específicamente las parejas del mismo sexo, no cumplen el requisito de idoneidad moral y no pueden adoptar.”.
109 MP Marco Gerardo Monroy Cabra; SP Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Eduardo Montealegre Lynett; AV y SP Jaime Araujo Rentería.
110 MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo; AV Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva; SV María Victoria Calle Correa.
111 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva.
112 MP Martha Victoria Sáchica Méndez - unánime.
113 “Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio”.
114 En esta providencia la Sala Plena decidió, además, inhibirse de efectuar un pronunciamiento de fondo frente al artículo 16 ibídem.
115 “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
116 “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.
117 Al respecto citó las sentencias C-224 de 1994, C-404 de 1998 y C-814 de 2001.
118 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: derecho a la libre circulación (art. 12), derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión (art. 18 numeral 3º), derechos a la libertad de expresión y opinión, reunión y asociación (arts. 19, 21 y 22); Convención Americana de Derechos Humanos, libertades de conciencia, religión, pensamiento, expresión, reunión y asociación (arts. 12, 13, 15, 16 y 22).
119 La Sala analiza cómo en dos ocasiones anteriores el legislador se ocupó de manera expresa de la regulación de las conductas atentatorias de la moral social que configuraban el supuesto para viabilizar la extinción de dominio (L. 333/96 y L. 793/2002).
120 Tal como se sostuvo en la Sentencia C-350 de 2009, MP María Victoria Calle Correa; SV Nilson Pinilla Pinilla, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo y Jorge Ignacio Pretelt Chaljub), la inconstitucionalidad o constitucionalidad no se predica de un término o concepto, ello sería un error categorial.
121 Al respecto, el inciso 2º del artículo 34 de la Carta establece que la extinción de dominio sobre bienes procede, entre otros supuestos, por el grave deterioro de la moral social. Un uso similar se evidencia en el artículo 88, que establece como garantía de la moralidad administrativa a la acción popular; y, el artículo 209, en el que se invoca la moralidad como principio de la función administrativa.
122 Tal es el caso analizado en la providencia C-431 de 2004, MP Marco Gerardo Monroy Cabra; SP Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil, Alfredo Beltrán Sierra y Clara Inés Vargas Hernández.
123 En su obra “El concepto del derecho”, H.L.A. Hart afirmó: “… la palabra “moral” y todas las asociadas a ella o casi sinónimas de ella, como “ética”, tienen su considerable área de vaguedad o “textura abierta”. Hay ciertas formas de principios o reglas que algunos calificarían de morales y otros que no.”. Abeledo-Perrot, pág. 209.
124 Tal como se sostuvo en la Sentencia C-350 de 2009, ya citada.
125 MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, AV Luis Ernesto Vargas Silva.
126 La sentencia hito relevante en la comprensión de este derecho es la T-391 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV Rodrigo Escobar Gil). Por desbordar el objeto de este pronunciamiento, empero, no se efectuará una síntesis extensa de sus principales reglas, sin embargo a ella se remite la Sala al referirse al contenido del derecho a la libertad de expresión.
127 Estas cargas se flexibilizan cuando menores de edad pueden ser afectados con el derecho de otros a la libertad de expresión, como por ejemplo por el contenido que se difunde en medios de comunicación.
128 Por supuesto, aquí también debe aclararse que fuera de las conductas no reguladas por el sistema jurídico existe un gran universo, y dentro de éste debe diferenciarse aquellas que, pese a ser reiteradas por una sociedad, evidentemente no revisten trascendencia para el derecho.
129 Sentencia T-881 de 2002, MP Eduardo Montealegre Lynett (unánime).
130 Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 241 de la Carta y lo sostenido por la Corte Constitucional, entre otras, en las sentencias C-113 de 1993 (MP Alejandro Martínez Caballero - unánime) y C-131 de 1993 (MP. Alejandro Martínez Caballero - unánime), la Corte tiene la facultad de modular sus fallos, con el objeto de guardar la integridad y supremacía de la Constitución.