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Timestamp: 2019-10-19 02:11:44
Document Index: 143366557

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'artículo 11', 'artículo 203', 'artículo 13', 'artículo 379', 'artículo 48', 'artículo 447']

Enlaw Colombia - Tatiana
Por mandato legal corresponde a las Cámaras de Comercio llevar el registro de los comerciantes y de los establecimientos de comercio de su domicilio, para lo cual se permite asignar un número de matrícula mercantil. El registro mercantil permite acreditar la calidad de comerciante, otorgando a su titular los efectos de publicidad y oponibilidad ante terceros, pues dicha información se encuentra disponible no solo para efectos internos de la cámara, si no también, para los interesados en conocer los datos del comerciante inscrito.
Quienes están obligados a matricularse en el registro mercantil
Según los artículos 19 y 26 del Código de Comercio, es obligación de todas las personas que profesionalmente ejerzan actividades de comercio y sus auxiliares, matricularse en el registro mercantil, así como también inscribir en el mismo todos los libros, actos y documentos que la Ley exija respecto de esa formalidad.
La matrícula mercantil está sometida a renovación
La matrícula mercantil debe ser renovada anualmente dentro de los primeros 3 meses de cada año con el fin de actualizar los datos básicos, suministrados en los registros anteriores, de cada comerciante o establecimiento de comercio (Código de Comercio, artículo 33).
Según el Decreto 2153 de 1992, artículo 11, numeral 5, el comerciante que ejerza actividades mercantiles sin estar inscrito en el registro mercantil incurrirá en multa de hasta 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sanción que será impuesta por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin perjuicio de las demás sanciones legales. La misma sanción se aplicará cuando se omita la inscripción o matrícula de un establecimiento de comercio.
La revisoría fiscal es el órgano de control y vigilancia de las empresas, el cual es ejercido por un contador público o una sociedad de contadores con la previa designación por la junta de socios o la asamblea general de accionistas de la compañía, según sea el caso.
Es función del órgano de revisoría fiscal dar fe pública a las autoridades de control y a la asamblea o junta general de socios o accionistas sobre el contenido, la veracidad y las buenas prácticas contables de los estados financieros, la contabilidad e información legal del ente económico.
Pese a que el revisor fiscal es de gran importancia en la estructura empresarial, no todas las empresas o sociedades están obligadas a incorporar dicho órgano.
El código de comercio en el artículo 203 señala cuales sociedades comerciales deben tener reviso fiscal:
Además de lo dispuesto por el Código de Comercio, el artículo 13 de la Ley 43 de 1990 en su parágrafo segundo establece la obligatoriedad del revisor fiscal para todas las sociedades de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, en este caso 2015, sean iguales o superiores al equivalente a cinco mil salarios mínimos.
Activos brutos: 5.000 o más $3.221.750.000
o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean iguales o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos.
Ingresos brutos: 3.000 o más $1.933.050.000
Derecho Inspeccion
El derecho de inspección es una de las potestades políticas de los accionistas de una sociedad anónima, el cual consiste en la facultad de revisar determinados instrumentos de la sociedad. La inspección constituye un derecho de los accionistas y una obligación respecto de los administradores de la compañía, pues estos deben proveer los medios para que aquella se pueda ejercer libremente por el accionista o su apoderado.No obstante, hay que aclarar que el ejercicio del derecho de inspección no es absoluto y se encuentra regulado por el estatuto social, el código de comercio y la Ley.
Así las cosas, para el caso de la sociedad anónima este derecho está regulado en el artículo 379, 447 del Código de Comercio y por el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, en las mencionadas normas se dispone que el accionista tendrá derecho de inspección, como una atribución que le confiere la titularidad de las acciones. Este recae sobre la libertad de examinar los libros y papeles sociales, los libros de accionistas, de actas de Asamblea general y los contratos firmados. Este examen deberá ser efectuado únicamente en las oficinas de la administración del domicilio principal de la sociedad.
Límites al derecho de inspección
De conformidad con lo estipulado en el artículo 447 del C Co, el derecho de inspección debe ejercerse dentro de los 15 días anteriores a la reunión de la asamblea general en la cual se aprueban los balances de fin de ejercicio.
Los accionistas no pueden exigir al administrador informes particulares, listados consolidados, o listados de accionistas con su coeficiente de participación. Por lo anterior queda al libre arbitrio del administrador el suministro de esta información.
Los accionistas no pueden acceder a información de carácter reservado de la sociedad y que en caso de ser divulgados puedan representar riesgo o detrimento para la misma, este límite se extiende también a los elementos o documento que constituyan secreto industrial. Así las cosas, el administrador podrá oponerse a exhibir dichos instrumentos al accionista.
Conflictos derechos de inspección
En caso de presentarse divergencias respecto del alcance, el tipo de información o la persona legitimada para ejercer el derecho de inspección, estas deberán ser resueltas por la entidad que ejerza inspección, vigilancia y control, para el caso de la sociedad anónima será la Superintendencia de Sociedades, quien es la responsable de determinar si hay lugar o no al suministro de información requerida, caso en el cual, impartirá una orden expresa, para que administrador la suministre y la entregue.
Finalmente, los administradores que impidan el ejercicio de este derecho incurrirán en la causal legal de remoción de su cargo. Del mismo modo será sancionado el revisor fiscal que conozca de la obstrucción al derecho y no lo denuncie, lo anterior sin perjuicio de la sanciones o multas que puede imponer la superintendencia por el desconocimiento de sus órdenes, de la Ley o de los estatutos.