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Timestamp: 2018-02-24 22:08:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 57', 'artículo 71', 'artículo 528', 'artículo 67']

¿LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES ENCARCELADOS PUEDEN CONCURRIR A LAS ELECCIONES Y ACUDIR AL PARLAMENTO? - Fundación Sistema
¿LOS INDEPENDENTISTAS CATALANES ENCARCELADOS PUEDEN CONCURRIR A LAS ELECCIONES Y ACUDIR AL PARLAMENTO?
por Javier García Fernández · 8 noviembre, 2017
El abogado del ex Vicepresidente de la Generalidad, Junqueras, al recurrir el auto de prisión incondicional de su cliente, ha señalado que de seguir en prisión se le denegaría el derecho de participación, pues aspira a ser candidato en las elecciones del 21 de diciembre y, por ello, a participar en la campaña electoral. El ex Presidente Puigdemont, cuando le queda un rato libre en que, cual Antonio Pérez, no denigra y desprestigia a España, ha anunciado también que quiere ser candidato a las elecciones. Por eso es pertinente preguntarse: a) si los encarcelados con prisión provisional pueden ser candidatos a unas elecciones autonómicas; b) si fueran elegidos Diputados y siguieran en prisión, ¿podrían acudir al Parlamento? ¿El Parlamento tendría que conceder algún suplicatorio?; Y C) si un parlamentario acusado de un delito y en prisión `provisional, ¿podría ser elegido Presidente de la Generalidad si su partido obtiene escaños suficientes?
Antes de avanzar conviene recordar que Cataluña no tiene Ley electoral propia. La confrontación entre la antigua CiU, a quien interesaba una circunscripción provincial que diera peso electoral a las tres Provincias de Tarragona, Lérida y Gerona a pesar de su escasa población, y el PSC, interesado en que se reconociera el peso electoral del Municipio de Barcelona y Municipios periféricos, dio lugar a un bloqueo que provocó que Cataluña sea la única Comunidad Autónoma que carece de Ley electoral propia, lo que dio lugar, incluso, a que se aprobara una Ley, la 5/1984, de 5 de marzo, que establecía que las elecciones al Parlamento catalán se regirían por el Decreto-Ley de 1977, entonces vigente. Luego en las próximas elecciones catalanas estará vigente la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG).
I. Los encarcelados con prisión provisional pueden ser candidatos a unas elecciones autonómicas.
El artículo 46.2 de la LOREG establece que el escrito de presentación de candidaturas que presenten los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones debe ir acompañado de declaración de aceptación de candidatura, así como de los documentos acreditativos de que cada candidato es elegible. ¿Cómo se sabe que el candidato es elegible? La misma LOREG, en su artículo 2, señala las causas de inelegibilidad y además del desempeño de diversos cargos, son inelegibles los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad (pero solo durante el tiempo en que dure la pena) y los condenados, aunque la sentencia no sea firme, por los delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Publica o las instituciones del Estado siempre que la sentencia haya establecido la pena de inhabilitación o de suspensión de empleo o cargo público. La LOREG no da más especificaciones pero la Junta Electoral Central, en su Acuerdo 119/1986, de 19 de mayo, estableció que basta con que los candidatos hayan firmado el escrito de aceptación de candidaturas y certificación de inscripción en el ceso, junto con una copia simple del DNI, sin que sea necesaria su comparecencia personal ante la Junta correspondiente. Y varios meses después, el Acuerdo 125/1986, de 13 de septiembre, sólo exigió fotocopia simple del DNI, certificado acreditativo de la inscripción en el censo electoral, declaración de no estar incurso en causa de inelegibilidad o de incompatibilidad y aceptación de la candidatura. Por consiguiente, tanto los Consejeros en situación de prisión provisional como los que están huidos fuera de España pueden concurrir como candidatos pues ninguno está condenado. Si Puigdemont y sus compañeros de fuga no hubieran comparecido ante el Juez belga en la demanda de extradición y por el contrario estuvieran en paradero desconocido, la Junta Electoral Provincial competente quizá podría requerir una prueba adicional de su existencia, pero es notorio que están en Bélgica. Luego, todos los miembros del disuelto Gobierno catalán pueden ser candidatos a las elecciones del próximo 21 de diciembre. Lo mismo podemos decir de los miembros de la Mesa del Parlamento que comparecerán próximamente ante el Tribunal Supremo, sea cual sea la decisión que adopte éste.
II. Si los miembros del Gobierno de la Mesa del Parlamento fueran elegidos Diputados y siguieran en prisión, ¿podrían acudir al Parlamento y el Parlamento tendría que conceder algún suplicatorio para proseguir su enjuiciamiento?
Las únicas prerrogativas de los parlamentarios que contiene el Estatuto de Autonomía (artículo 57) son la inviolabilidad, en virtud de la cual no pueden ser perseguidos por los votos y opiniones emitidos en el ejercicio de su cargo, y una inmunidad parcial o limitada por la que durante su mandato no pueden ser detenidos salvo caso de flagrante delito, más el fuero procesal en virtud del cual en las causas contra estos parlamentarios será competente el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma, aunque fuera de ésta la responsabilidad penal es exigible ante el Tribunal Supremo. Decimos que la inmunidad no es plena porque el Estatuto catalán no contempla la exigencia de autorización previa de la Cámara para ser inculpados o procesados, como lo contiene el artículo 71.2 de la Constitución para Diputados y Senadores, regulando a estos efectos el suplicatorio. Es más, la Ley vasca 2/1081, de 12 de febrero, intentó introducir el suplicatorio, como prerrogativa de los Diputados vascos, lo que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional en su Sentencia 36/1981, de 12 noviembre, porque al guardar silencio la Constitución sobre esta prerrogativa para los parlamentarios autonómicos, hubiera debido ser el Estatuto de Autonomía el que lo estableciera.
Luego, la elección de un candidato que esté en la situación procesal de prisión provisional no comporta directamente su puesta en libertad. Su situación seguirá dependiendo del órgano juzgador. Éste podría permitir que asistiera sólo a las sesiones aunque también podría acordar, tras la proclamación como electo, la libertad provisional al amparo del artículo 528 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establece que la prisión provisional sólo durará lo que subsistan las motivos que la hayan aconsejado. Eso sí, si los miembros del disuelto Gobierno fueran elegidos parlamentarios la causa pasaría al Tribunal Supremo, si es que no ha pasado ya. En consecuencia, si es elegido Diputado algún encausado en situación procesal de prisión provisional, será el Tribunal al que esté sometido el que podrá acordar la libertad provisional o un régimen de prisión atenuado. En todo caso, la elección como parlamentario autonómico de un imputado en situación de prisión provisional no le otorga ningún derecho a la libertad provisional. Esto es especialmente importante porque si el exPresidente Puigdemont se presentara a las elecciones y fuera elegido, al llegar a España a perfeccionar su condición podría ser detenido por haber una demanda previa de extradición.
III. ¿Un parlamentario acusado de un delito y en prisión `provisional, podría ser elegido Presidente de la Generalidad si su partido obtiene escaños suficientes?
Esta materia es específica del ordenamiento autonómico (Estatuto de Autonomía y legislación autonómica) pues la Constitución no descienda a estas materias. El Estatuto es a su vez muy escueto, porque se limita a señalar que el Presidente de la Generalidad cesa por condena firme que comporte la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos (artículo 67.7), que no sería aún el caso. Por su parte, la Ley catalana 13/2008, de 5 de noviembre, de la Presidencia de la Generalitat y del Gobierno, repite lo establecido por el Estatuto y no añade más precisiones, por lo que en pura hipótesis un Diputado sometido a prisión provisional podría ser elegido Presidente de la Generalitat y ello no le daría, jurídicamente hablando, la libertad provisional. Evidentemente, sería una situación insostenible, porque no parece que el Presidente de una Comunidad Autónoma vaya a evadirse de la Justicia, con lo que la prisión provisional, que es excepcional, no estará justificada.