Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2008-0099-de-mayo-14-de-2009?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042626df034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-26 00:49:18
Document Index: 379145882

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 55', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 15']

﻿ Sentencia 2008-0099 de mayo 14 de 2009
SENTENCIA 2008-0099 DE 14 DE MAYO DE 2009
CONTENIDO:AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS. EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTIVAS SE RIGEN EN PRIMER LUGAR POR LAS NORMAS DICTADAS POR ESTAS.
Sentencia 2008-0099 de mayo 14 de 2009
Radicación 630012331000-2008-0099-02
Actor: Martha Lucía Murillas Bedoya
De conformidad con lo establecido en los artículos 129 y 231 del Código Contencioso Administrativo, esta Sala es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Quindío.
En este caso se pretende la nulidad del acto que declaró la elección de la señora Carmen Aydé Fernández Rincón como directora del programa de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío para el periodo comprendido entre el 1º de junio de 2008 y el 30 de mayo de 2011.
Para efectos de sustentar esta decisión, la Sala, se ocupará, en primer lugar, del tema de la autonomía de las universidades públicas, en especial, lo relacionado con los procesos de elección de directivas en esas instituciones, para luego analizar el caso concreto.
1. De la autonomía de las universidades públicas.
El Estado facilitará mecanismos financieros que hagan posibles el acceso de todas las personas aptas a la educación superior.
De acuerdo con lo establecido en la norma en comento, la Corte Constitucional, al revisar la constitucionalidad del Decreto 1210 de 1993, por medio del cual se reestructuró el régimen orgánico especial de la Universidad Nacional de Colombia, prescribió que dicha institución es una entidad autónoma en la estructura del Estado. En efecto, entre los motivos principales de la Sentencia C-299 de 1994, se destacan los siguientes:
De igual forma, la referida norma, consagra que las universidades oficiales, al organizarse como entes universitarios autónomos, gozan de autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente y pueden elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las funciones que les corresponden. Además, consagró que dicho régimen especial que se predica de esas instituciones, entre otras cosas, comprende la organización y elección de directivas, así como del personal docente y administrativo.
En ese orden de ideas, como bien lo ha puesto de presente reiterada jurisprudencia de esta sección, en razón al régimen de autonomía que tienen las universidades oficiales, no cabe duda de que, dentro de cualquier proceso de consulta o de elección de directivos, es, en principio, el estatuto general de la universidad, el que se convierte en el derrotero de dicho proceso y, por consiguiente, es la disposición a cumplir por todos los involucrados. Seguida a esta, estarán el acto de convocatoria y las diferentes resoluciones que sobre el particular dicte la respectiva universidad.
En consecuencia, cualquier irregularidad que se presente en las elecciones de directivos en las universidades públicas debe ser analizada bajo lo dispuesto, en primera medida, en el estatuto general, para luego, contrastarlo con lo dicho en el acto de la convocatoria y en las demás resoluciones pertinentes. Entonces a efectos de determinar, como en el presente caso, si determinada actuación está ajustada a derecho, es necesario, como requisito esencial, verificar que ha dispuesto el estatuto general, el acto de convocatoria y las restantes disposiciones sobre ese punto.
La Sala advierte que el único motivo de reparo que el agente del Ministerio Público formuló contra la sentencia de primera instancia consiste en afirmar que, contrario a lo dicho por el a quo, el análisis de las hojas de vida dentro de las elecciones que adelantó la Universidad del Quindío, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 005 de 2005, debió realizarse bajo los parámetros establecidos en el Decreto 1279 de 2002 y no los consagrados en los decretos 2772 de 2005 y 4476 de 2007.
Que en ese sentido, hizo bien el comité electoral cuando evaluó la hoja de vida de la demandada y que, por tanto, no había lugar a la declaratoria de nulidad del acto acusado, pues no está configurada la causal de falsa motivación que invoca el demandante como sustento de la demanda.
Dentro de este contexto, la Sala recuerda que el marco de competencia del juez de segunda instancia está delimitado por los argumentos expuestos en el recurso de apelación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil y, por consiguiente, en este caso, la presente sentencia se limitará a resolver lo planteado en la apelación interpuesta por el agente del Ministerio Público y no los demás cargos expuestos en la demanda.
Así, lo pertinente, en este caso, es determinar si el Decreto 2772 de 2005, modificado por el Decreto 4476 de 2007, es aplicable al proceso de elección de los directores de programa de la Universidad del Quindío, de acuerdo con lo previsto en el estatuto general de esa institución y demás regulaciones que haya dictado al respecto.
Al respecto, la Sala verifica que el tema de la elección de los directores de los programas académicos de la Universidad del Quindío está únicamente regulado en el estatuto general de la institución, esto es, en el Acuerdo 005 del 28 de febrero de 2008 y, por tal razón, esa disposición emerge como el único punto de referencia para analizar la legalidad del acto acusado, en concreto, lo que tiene que ver con la aplicabilidad de los referidos decretos al caso en particular.
En efecto, los artículos 53, 54 y 55 del citado estatuto general, en relación con el tema objeto de estudio, prescriben lo siguiente:
“ART. 53.—Definición y período. El director de programa es la máxima autoridad ejecutiva del programa, responsable de su dirección académica y administrativa y será designado por el rector con base en los lineamientos del estatuto general para un período de tres (3) años.
ART. 54.—Requisitos. Para ser directores de programa de la Universidad del Quindío se requiere: Poseer título profesional universitario y título de postgrado, uno de ellos en una disciplina a fin del programa al cual aspira, 3 años de experiencia docente universitaria y presentar un programa de gestión, acorde con el plan de desarrollo institucional y el proyecto efectivo del programa. No haber sido sancionado en el ejercicio de la profesión y no tener sanciones penales, administrativas o disciplinarias vigentes, salvo por delitos culposos o políticos.
ART. 55.—Elección. El rector designará como director al candidato que obtenga el mayor valor resultante del ponderado entre la hoja de vida 50% y la consulta de opinión a la comunidad universitaria 50%.
Para el análisis de la hoja de vida se tendrán en cuenta aspectos académicos administrativos, empleando los siguientes ponderados: formación académica 12.5%, producción académica e investigativa 12.5%; y teniendo en cuenta para su valoración los criterios establecidos en el Decreto 1279 DE (sic) 2002 o el que reglamente estas actividades. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
De acuerdo con los citados artículos, en especial con lo dicho en la parte final del artículo 55, es cierto que si bien el análisis de los componentes de la hoja vida de los aspirantes al cargo de “director de programa” de la Universidad del Quindío, en principio, tiene como marco el Decreto 1279 proferido por la Presidencia de la República, por medio del cual “se establece el régimen salarial y prestacional de las universidades estatales”, también es verdad que, de forma expresa, el estatuto general de la Universidad del Quindío autoriza que tal evaluación también pueda llevarse a cabo bajo los lineamientos de otro decreto que reglamente el tema.
Así pues, como el Decreto 2772 de 2002, proferido por el Presidente de la República y modificado por el Decreto 4476 de 2007, contiene regulación sobre el tema, es del caso determinar si también regula el proceso de elección de directivos adelantado por la Universidad del Quindío o si, por el contrario, de acuerdo con lo dicho por el agente del Ministerio Público, su reglamentación solo aplica para el sistema de carrera administrativa, que prevé la Ley 909 de 2004.
El Decreto 2772 de 2005, en el artículo 1º consagra:
ART. 1º—de aplicación. La descripción de las funciones y requisitos generales que se establecen en el presente decreto, regirá para los empleos públicos pertenecientes a los ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos, unidades administrativas especiales, corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible, entes universitarios autónomos, empresas sociales del Estado, empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta sometidas al régimen de dichas empresas, del orden nacional.
El presente decreto no se aplica a los organismos y entidades cuyas funciones y requisitos están o sean definidas por la Constitución o la ley”. (Negrilla y subrayado fuera de texto).
En consecuencia, la Universidad del Quindío estaba facultada para tomar como parámetro en la evaluación de la hoja de vida de la demandada el Decreto 1279 de de 2002, pues el Decreto 2772 de 2005 no le era aplicable y, por tal razón, no tenía el deber de efectuar la respectivita evaluación con la observancia de los requisitos que este último prevé sobre el particular. En concreto, no estaba obligada a analizar los certificados de experiencia aportados por la demandante con las formalidades y exigencias que ese decreto consagra a efectos de conceder el porcentaje previsto en el estatuto general.
Sobre este punto, vale la pena resaltar que el artículo 9º del Decreto 1279 de 2002 en lo que tiene que ver con la calificación del criterio de la experiencia y, en concreto, con la certificación de dicha experiencia, a la letra dicen:
“ART. 9º—La experiencia calificada.
a) Por cada año en el equivalente de tiempo completo en experiencia en investigación, en instituciones dedicadas a esta, en cualquier campo de la ciencia, la técnica, las humanidades, el arte o la pedagogía, hasta seis (6) puntos;
Para el cálculo del puntaje se tiene en cuenta la categoría que tenga el docente en el momento de entrar en vigencia este decreto”.
La citada disposición no establece que las certificaciones laborales deben contener una relación de las funciones desempeñadas en los respectivos cargos. Por tanto, la omisión de tal requisito, por obvias razones, no acarrea la consecuencia de que tal certificación no pueda ser tenida en cuenta a efectos de computar el resultado definitivo.
En el presente caso, la demandada aportó la certificación expedida por la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sucre, en la cual consta que la señora Carmen Aydé Fernández Rincón se desempeño como coordinadora del proyecto de salud comunitaria desarrollado en convenio con la alcaldía de Sincelejo “durante el primer y segundo semestre del año 2000 y durante el primer semestre de 2001” (fl. 268 del cdno. 2).
Así mismo, aportó constancia suscrita por el director del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colombia - sede Bogotá, en la que se dice que la demandada estuvo vinculada como coordinadora de la regional del Quindío en el proyecto de investigación de “modelos de movilización social con énfasis en actividad física y estilos de vida saludables para reducir el sedentarismo en las regiones de Bogotá D.C., Antioquia y Quindío”, proyecto de 11 meses del año 2004 (fl. 270 del cdno. 2).
La Sala verifica que, en efecto, en las referidas certificaciones no están relacionadas las funciones que la señora Carmen Aydé Fernández Rincón desempeñó en esos cargos. Sin embargo, tal omisión, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 9º del Decreto 1279 de 2002, que, se reitera, es la norma aplicable al caso objeto de estudio, no daba lugar a que esas certificaciones no pudieran ser tenidas en cuenta para efectuar el cómputo de la calificación de la hoja de vida de la demandada en el proceso de elección de los directores de programas de la Universidad del Quindío.
Entonces, para el caso sub examine, el hecho de que a las certificaciones aportadas por la demandada se les haya otorgado determinado puntaje, contrario a lo dicho por la parte demandante, no configura la causal de falsa motivación del acto acusado, pues tales certificaciones eran válidas en la medida que el requisito que se echa de menos por la parte demandante, previsto en el artículo 15 del Decreto 2772 de 2995, no era exigible en el caso concreto.
A juicio de esta Sala, en el proceso de evaluación de las hojas de vida no era necesario la observancia de las formalidades y requisitos consagrados en el Decreto 2272 de 2005, pues tal disposición, se reitera, no era aplicable en dicho análisis.
En aplicación del principio de autonomía universitaria, la Universidad del Quindío consagró en el estatuto general que el análisis de las hojas de vida en lo que tiene que ver con los directores de programa se realizaría de acuerdo con los criterios establecidos en el Decreto 1279 de 2002. Así, como el Decreto 1279 de 2002 no consagra ninguna clase de requisito o formalidad especial en relación con las certificaciones laborales para que sean tenidas en cuenta al computar la experiencia de los respectivos candidatos, los documentos aportados por la demandada eran aptos producir los efectos deseados.
Las anteriores son razones suficientes para concluir que, como se anticipó, lo que se impone es revocar la sentencia del 12 de diciembre de 2008, que declaró la nulidad de la elección de la señora Carmen Aydé Fernández Rincón como directora del programa de enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Quindío.
1. REVÓCASE la sentencia del 12 de diciembre de 2008, proferida por al Tribunal Administrativo del Quindío.