Source: http://economiazero.com/cofidis-obligada-anular-contrato-prestamo-revolving-una-tae-del-2451/
Timestamp: 2018-08-19 23:19:01
Document Index: 409663078

Matched Legal Cases: ['artículo 269', 'artículo 818', 'artículo 818', 'artículo 317', 'artículo 5', 'artículo 80', 'artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 80', 'artículo 282', 'artículo 576', 'artículo 576']

COFIDIS obligada a anular préstamo revolving con TAE del 24,51 %
« Banco CETELEM condenado a devolver lo cobrado de más por un préstamo revolving
Caixabank condenada a devolver 5.881,87 € de comisión de apertura, gastos hipoteca, impuestos y vencimiento anticipado »
COFIDIS obligada a anular el contrato de un préstamo revolving con una TAE del 24,51 %
La Audiencia Provincial de Madrid (Sección 12ª) condena a anular un préstamo revolving concedido por COFIDIS con una TAE del 24,51 %, que deberá devolver todas las comisiones, intereses, y demás cargos cobrados al consumidor que excedan del dinero prestado.
El Tribunal dictamina que la cantidad que debe devolver el consumidor – prestatario, es la diferencia entre el capital prestado por COFIDIS y la cuantía que ya ha devuelto hasta la fecha de la sentencia.
En este procedimiento, como el consumidor no había terminado de pagar el préstamo, el pronunciamiento judicial le condena a pagar a COFIDIS el importe que aún le adeuda, respecto del capital que le fue prestado.
Así, gracias a esta sentencia, el consumidor se ahorra todos los intereses, comisiones y demás cargos que no sean el capital efectivamente prestado por la entidad. Es decir, la entidad le prestó 3.000 €, y tras haber pagado 1.829,55 €, COFIDIS aún le reclamaba 3.383,69 €. Finalmente, el Tribunal sentencia que sólo debe abonar la diferencia entre los 3.000 € prestados realmente y los 1.829,55 € ya devueltos, es decir, 1.170,45 €, en vez de los 3.383,69 € que le reclamaba COFIDIS.
Recurso de Apelación 388/2016
O. Judicial Origen: Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de Madrid
Autos de Juicio Verbal (250.2) 935/2014
APELANTE/DEMANDADO: XXXXXXX
APELADO/DEMANDANTE: COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA
ILMO. SR. MAGISTRADO: XXXXXXX
SENTENCIA Nº 328/2016
En Madrid, a catorce de septiembre de dos mil dieciséis.
Visto en grado de apelación, por el Magistrado de esta Sección Duodécima de la Audiencia Provincial de Madrid, el Ilmo. Sr. D. XXXXXXX, actuando como Tribunal Unipersonal en Segunda Instancia, los presentes autos civiles Juicio Verbal 935/2014 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de Madrid a instancia de D. XXXXXXX apelante – demandado, representado por el Procurador D. XXXXXXX contra COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA apelado – demandante, representado por la Procuradora Dª XXXXXXX, sobre reclamación de cantidad, todo ello en virtud del recurso de apelación interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 19/11/2015.
PRIMERO.- Por Juzgado de 1ª Instancia nº 07 de Madrid se dictó Sentencia de fecha 19/11/2015 , cuyo fallo es el tenor siguiente: “Que ESTIMANDO la demanda formulada por la Procuradora Dña. XXXXXXX, en nombre representación de la entidad Cofidis SA., Sucursal en España, debo CONDENAR Y CONDENO al demandado D. XXXXXXX a que, tan pronto sea firme esta Resolución, abone a la parte actora la cantidad de 3.383,69 euros, mas intereses legales desde la fecha de interpelación judicial, a través de demanda monitoria, e imposición de las costas procesales causadas”.
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes, por D. XXXXXXX se interpuso recurso de apelación alegando cuanto estimó oportuno. Admitido el recurso se dio traslado a la parte contraria que se opuso, y cumplidos los trámites correspondientes, se remitieron los autos originales del juicio a este Tribunal donde han comparecido los litigantes, sustanciándose el recurso en la forma legalmente establecida, y señalándose para dictar sentencia el pasado día 7 de septiembre de 2016.
PRIMERO.- Consecuencia de la reclamación deducida en proceso monitorio, al que el interpelado se opuso, se sustanció en juicio verbal la pretensión de la entidad demandante de obtener el pago de lo adeudado por el crédito concedido al demandado.
En el juicio verbal, éste, ampliando lo que constituyó su oposición al monitorio, planteó la falta de legitimación activa -excepción a la que luego renunció- y la falta de determinación del objeto, señalando además el carácter abusivo de los intereses y de otras cantidades reclamadas.
El Juez de Primera Instancia estimó íntegramente la demanda, recurriendo la sentencia el demandado alegando la infracción del artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), la necesaria aplicación de la legislación tuitiva de consumidores y usuarios, recalcando la indeterminación del objeto de la obligación y la improcedencia del cobro de las partidas reclamadas en la demanda.
Al recurso se opuso la demandante.
SEGUNDO.- Dados los términos en que se plantea la oposición a la demanda y el propio recurso, es preciso, ante todo, dejar sentada la vinculación que pueda producir el precedente proceso monitorio en el juicio declarativo -sea ordinario o verbal- que se siga a consecuencia de la oposición deducida en aquél.
En este sentido, tales procesos plenarios (que se derivan de la oposición del deudor) son independientes y autónomos frente al proceso monitorio, ya fenecido o enervado por la oposición, y en ellos no existe limitación alguna a las alegaciones que las partes puedan hacer en defensa de sus respectivas posiciones respecto al objeto del proceso.
Por eso, ni el deudor se ve limitado a estructurar la contestación a la demanda conforme a los motivos o razones de oposición al requerimiento de pago, ni el acreedor está constreñido a formular su demanda en los exactos términos en que redactara la petición inicial.
Las razones de tal conclusión son claras. Así, en primer término, ni tal limitación la establece expresamente la Ley de Enjuiciamiento Civil al regular la conexión entre el proceso monitorio y el plenario posterior, ni se puede considerar implícita en esa regulación.
En segundo término, y ante tal silencio normativo, la interpretación contraria, esto es, la que impusiera aquellas limitaciones, sería conculcadora del derecho a la tutela judicial efectiva, que implica, obviamente, la mayor libertad y amplitud en el ejercicio de los derechos subjetivos, a no ser que, por motivo fundado y proporcionado, el Legislador introduzca expresamente alguna limitación.
Y, en tercer lugar, sería, desde la propia dinámica procesal, imposible aquella limitación, pues si en la petición inicial, que puede realizarse en un simple formulario, no se exige al solicitante ninguna exposición de los hechos y fundamentos de derecho, ni podría hacerlo con la corrección precisa al no ser preceptiva la intervención de Abogado, se iniciaría un juicio ordinario posterior sin el principal acto procesal de alegación, por la misma razón, no cabría imponer al deudor esa limitación, cuando su oposición no requiere de otra manifestación que la “sucinta” indicación de las razones por las que, a su juicio, no debe en todo o en parte la cantidad reclamada, de manera que limitarle las excepciones y medios de defensa de que pudiera disponer en juicio plenario, supondría, además de un atentado a la tutela efectiva, desnaturalizar la esencia de ese proceso posterior.
Para terminar, la única conexión que cabe detectar entre el proceso monitorio y el plenario posterior, es la identidad de partes y la del crédito, junto con la conexión competencial que se establece, tendente a que el mismo Juez conozca de aquél y éste y pueda activar la sanción en costas para el caso del acreedor que, acudiendo al monitorio, luego no esté dispuesto a poner en liza su derecho de crédito en el plenario posterior (artículo 818.2).
La anterior conclusión es, por lo demás, la que se deduce del tenor literal del artículo 818.1 de la Ley, que prevé que, cuando haya tal oposición “el asunto” se resuelva en juicio ordinario.
Por tanto, no es la simple oposición la que deviene en posible materia de examen, discusión y resolución, sino el “asunto”, término que alude en su acepción más técnica y usual a la “relación jurídica deducida” sin ninguna restricción, y ese “asunto” es el que se constituye en el posible objeto de ese proceso plenario posterior.
TERCERO.- Conforme a lo expuesto, las razones que expone el demandado apelante en el primer motivo del recurso se han de desestimar.
Nada importa ya si la deuda en el proceso monitorio era indeterminada, según la considera el demandado, pues no es el proceso monitorio el que se enjuicia sino la pretensión del demandante y la resistencia u oposición del demandado.
En todo caso, no hay la indeterminación que se aduce sino, en su caso, la falta de correspondencia entre la reclamación y el texto de la obligación o la posible abusividad por falta de claridad de éste, pues lo que reclama el demandante siempre ha estado claro y determinado.
Y, en segundo lugar, las documentos en que funda el demandante su derecho no se pueden limitar a los que pueda presentar con la solicitud monitoria, pues por la aludida falta de vinculación entre el monitorio y el declarativo, con la demanda, que en el juicio verbal es de carácter oral, puede presentar documentos de esa clase, máxime si su aportación está motivada por la oposición del demandado explicitada en el monitorio precedente.
Así pues, consta, y ha de partirse de ello, que el demandado recibió del demandante la cantidad de 3.000 euros en fecha 3 de septiembre de 2.008, como única cantidad dispuesta por el mismo.
CUARTO.- La operación concertada entre las partes, denominada por la demandante como crédito revolving, no supone sino la concesión de crédito con un límite máximo, haciendo las disposiciones a requerimiento del acreditado.
Consta únicamente la “solicitud de crédito” en el que el límite sería de 12.000 euros, y unas condiciones generales en las que se especifica el modo de hacer las disposiciones del capital por el acreditado (con amplitud tal que abarcaba la solicitud telefónica, por fax internet, SMS, etc.), el reembolso en cuotas mensuales, figurando en el anverso del documento en letra ya impresa el importe de las mensualidades de pago desde 19, 35, 65, 95 ó el 3,4 % de la línea, según sea el importe de la línea de crédito, y abajo la siguiente mención “T.A.E. desde 24,51 % (T.I.N. 22,12 %) para importes inferiores a 6.000 euros“.
Para importes superiores, T.A.E. hasta 15,32 % (T.I.N. 22,12 %, 15,76 % o 10,44 % según importe pendiente de amortizar), en función del importe dispuesto y del plazo de amortización. Ver condiciones generales cláusula nº 5”.
En la condición general quinta del contrato se indica que el tipo de interés a aplicarse variará en función del saldo pendiente de la línea de crédito, existiendo 3 tramos:
1- Para saldos pendientes de hasta 6.000 euros se aplicará un T.I.N. anual del 22,12 %.
2- Para saldos pendientes superiores a 6.000 euros e inferiores o iguales a 9.000 euros, el T.I.N. anual será de 15,76 % .
3- Para saldos pendientes superiores a 9.000 euros el T.I.N. anual será del 10,44 %.
El coste del crédito comprende los intereses devengados por el capital utilizado. El tipo de interés podrá ser revisado de conformidad con lo expresado en la condición 12.
La T.A.E. oscilará entre el 24,51 % y el 10,95 % dependiendo del importe dispuesto de la línea de crédito y del plazo de amortización, incluyéndose una tabla relativa al T.A.E.
En la condición general octava –comisión de devolución– se establece que, caso de producirse el impago de alguna cuota a su vencimiento, se devengaría a favor de Cofidis una comisión de devolución por impago de 6 euros por cada cuota devuelta de importe inferior o igual a 30 euros, 12 euros por cada cuota devuelta de importe superior a 30 euros e inferior o igual a 70 euros y del 5 % sobre la cuota devuelta de importe superior a 70 euros, con un mínimo de 18 euros.
Dicha comisión se aplicaría sobre un mismo recibo cada vez que, tras su presentación al cobro resulte devuelto por impago un máximo de 3 veces, no devengándose a partir de ese momento ninguna comisión mas, así como que a los efectos de lo previsto en el artículo 317 del Código de Comercio (LA LEY 1/1885) los intereses de las cuotas no satisfechas se entenderían capitalizados y producirían intereses al mismo tipo que el del crédito.
Y en la condición general novena -Incumplimiento de obligaciones- se recogía que en caso de incumplimiento por los titulares de las obligaciones del contrato, o falta de pago total o parcial de cualquier mensualidad a su vencimiento, Cofidis podría considerar vencida toda la obligación y exigir el reembolso inmediato del capital pendiente de amortizar y de los intereses vencidos y no pagados, comisiones de devolución, penalizaciones o indemnizaciones, pudiendo exigir igualmente un 8 % del capital pendiente de amortización en concepto de indemnización de daños y perjuicios.
Se establece una duración anual, renovable, del propio contrato, aunque ni se prevé un plazo determinado para la devolución de aquello de que se haya dispuesto, sino de manera indirecta, pues se fija el importe de las cuotas mensuales según el importe de lo dispuesto.
QUINTO.- Según consta de la documentación aportada, la demandante reclama al demandado el coste del seguro que se dice concertado, los intereses al tipo del 1,84 % mensual, gastos por el vencimiento anticipado y comisión por devolución de recibos.
De tales conceptos, ante todo, se ha de eliminar el relativo al seguro, pues no consta contratado. Es más, en la solicitud de crédito se significa por el demandado expresamente que no contrata el seguro.
En segundo término, las comisiones por vencimiento anticipado son igualmente injustificadas. Como señala la demandante en la oposición al recurso no hay propiamente plazo en este contrato, por ser una mera posibilidad de disposición de crédito, de modo que es contradictorio con esa ausencia de plazo hablar de vencimiento anticipado, y por eso, en la condición general 9ª, ante el incumplimiento del deudor, lo que se prevé es el bloqueo de la cuenta, esto es, no conceder más disposiciones.
El coste de la comisión, por otro lado, no se explica ni se justifica con un coste real. Y si se ha querido establecer una cláusula penal, falta la imprescindible claridad para su validez y admisibilidad, conforme al artículo 5.4 de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación 4. (“la redacción de las cláusulas generales deberá ajustarse a los criterios de transparencia, claridad, concreción y sencillez”) y artículo 80 del Texto Refundido de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios .
Finalmente, las comisiones por devolución van anudadas a la corrección de lo que se reclamara en los recibos girados al demandado, pues si se incluían conceptos que no eran debidas o no están acordes con el texto contractual, la devolución sería justificada siendo improcedente la reclamación de indemnización alguna ni aun bajo el concepto de comisión, pues como expresa la Sentencia Sección 20ª, 9 de mayo de 2.016 “no se pueden aceptar unos gastos de devolución por impago de unos recibos cuyo importe no se corresponde con lo adeudado”.
SEXTO.- El aspecto más significativo que plantea la reclamación de la demandante es el relativo a los intereses expresamente calificados de retributivos o remuneratorios, que se cifran en el 1,84% mensual, equivalente al 22,08% anual.
La cuestión entraña, en primer término, la admisión de su propia examinabilidad, desde la óptica de la posible abusividad o, en otro caso, de la usura en que pueda incurrir esa tasa de interés.
Desde el primer aspecto, la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo nº 241/2013, de 9 de mayo (LA LEY 34973/2013), señala que “la Directiva 1993/13/CEE, de 5 abril, sobre cláusulas abusivas en contratos celebrados con consumidores, en cuya artículo 4.2 establece que «la apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible», de modo que “el control de contenido que puede llevarse a cabo en orden al posible carácter abusivo de la cláusula no se extiende al equilibrio de las “contraprestaciones”, que identifica con el objeto principal del contrato, a que se refería la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios en el artículo 10.1.c en su redacción originaria, de tal forma que no cabe un control del precio.
En este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo, STJUE) de 30 de abril de 2014, asunto C-26/13 (LA LEY 46630/2014), declara, y la de 26 de febrero de 2015, asunto C-143/13, ratifica, que la exclusión del control de las cláusulas contractuales en lo referente a la relación calidad/precio de un bien o un servicio se explica porque no hay ningún baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar ese control.
Pero, se añadía en la citada sentencia núm. 241/2013 , con la misma referencia a la sentencia anterior, que “una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse la abusividad de su contenido, no supone que el sistema no las someta al doble control de transparencia, en virtud del cual, además del control de incorporación, que atiende a una mera transparencia documental o gramatical, en el sentido de que se redacten de manera clara y comprensible que posibiliten el conocimiento real de su contenido, debe controlarse que no se produzca una alteración subrepticia del objeto del contrato o del equilibrio subjetivo económico sobre el precio y la prestación, tal como se le pudo representar al consumidor”.
SÉPTIMO.- En este caso, el establecimiento del interés, que ahora en el proceso se identifica y califica como remuneratorio, no es trasparente.
Ni siquiera se señala en el único texto contractual con que se cuenta (la “solicitud de crédito”) que el interés que se establece en la cláusula quinta es de ese carácter y no incluye también algún tipo de represión de la mora en que incurra el deudor.
Esa falta de claridad, por el aspecto comentado, llevó ya a esta Sección a considerar que el interés no estaba establecido transparentemente y que podía considerarse, como así se hizo, como abusivo (Sentencia Sección 12ª, de 17 de septiembre de 2.013, Ponente Ilmo. Sr. XXXXXXX), pues “no puede aceptarse la liquidación del préstamo presentada por la financiera actora que aplica un interés del 22,20%, sin especificar su carácter”.
Pero además de ello, el interés reclamado no se corresponde con ninguna de las cifras mencionadas en la condición general quinta, ni se establece en los escritos alegatorios la correspondencia con el TIN o el TAE aplicados de manera efectiva.
Esta falta de transparencia y claridad conlleva la no vinculación del consumidor a la referida cláusula, por su condición de abusiva, conforme al artículo 80.1 a) del Texto Refundido de la Ley para la Defensa de Consumidores y Usuarios y artículos 5.4 y 7 b) de la Ley sobre Condiciones Generales de la Contratación.
En el mismo sentido, se pronunció la Sección 21ª de esta Audiencia, en Sentencia de 21 de julio de 2.015.
OCTAVO.- Aunque ya no sería necesario entrar a conocer si el interés entra en la categoría de usurario, no es ocioso, para dar plena contestación a las cuestiones suscitadas, recordar que la Sentencia del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 25 de noviembre de 2.015 se consideró incurso en la Ley para la Represión de la Usura un interés 24,6% TAE, siendo así que el que se prevé en la condición quinta del contrato es un TAE del 24,51% esto es, prácticamente idéntico.
Por otro lado, los esfuerzos que la apelada hace en su contestación al recurso de apelación para demostrar que el interés aplicado es el normal del dinero, son vanos, en primer término porque parte de unos datos que ella misma afirma sin aportar prueba alguna, falta de prueba que no puede suplir este Tribunal ni aun con la consulta de páginas web, pues las pruebas han de ser aportadas por las partes (artículo 282 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000)) y, en segundo lugar, y en cualquier caso, porque la comparación no puede hacerla con el año 2012 y sucesivos sino con el año 2.008 que fue en el que se contrajo la obligación, y en ese aspecto, nada prueba.
NOVENO.- Queda, en fin, por determinar si el recibo aportado por el demandado al juicio demuestra un pago parcial que no haya sido tenido en cuenta por la demandante.
Se trata de un recibo con fecha de emisión 29 de enero de 2.010, por importe de 135,60 euros, y su posesión demuestra que no está devuelto, ni consta como tal en la relación que la demandante aporta como documento nº 2 de la solicitud monitoria.
En consecuencia, debe ser tenido en cuenta como pago parcial al no existir entre las partes, pues no se ha alegado lo contrario, ninguna otra relación jurídica que explicara el libramiento del recibo.
DÉCIMO.- En consecuencia, si sólo se ha de devolver la cantidad de 3.000 euros, y como consta que ha pagado la diferencia entre los recibos emitidos (2.905,95 euros) y los impagados (1.212 euros) ascendente a 1.693,95 euros, más el recibo de 29 de enero, por importe de 135,60 euros, esto es 1.829,55 euros, la diferencia que queda por pagar, y a la que ha de ser condenado el demandado, es de 1.170,45 euros, que devengará el interés procesal del artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) desde la fecha de esta sentencia, sin que antes haya intereses legales moratorios pues no estaba determinada la cantidad del principal adeudada.
DECIMOPRIMERO.- La estimación parcial de la demanda y del recurso conlleva la no imposición de costas en ninguna de las instancias.
Que ESTIMANDO EN PARTE el recurso de apelación interpuesto por D. XXXXXXX contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Madrid en juicio verbal nº 935/2014 revoco dicha sentencia y en su lugar, estimando en parte la demanda interpuesta por COFIDIS S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA contra D. XXXXXXX condeno al demandado a abonar a la demandante la suma de MIL CIENTO SETENTA EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS (1.170, 45 euros), que devengará a partir de la fecha de esta sentencia el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000) hasta su completo pago.
No hago imposición de las costas causadas en ninguna de las instancias. Contra esta resolución no cabe recurso alguno.
La estimación del recurso determina la devolución del depósito constituido, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 15ª de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio (LA LEY 1694/1985), del Poder Judicial, introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre (LA LEY 19390/2009), complementaria de la ley de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial.
Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
noviembre 22nd, 2017 | Etiquetas: COFIDIS, Otras sentencias comisiones descubierto y similares, Reclamar a bancos, Sentencias COFIDIS, Sentencias COFIDIS Revolving, Sentencias Revolving, Tarjetas revolving | Categorías: Bancos