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Timestamp: 2020-02-17 16:02:53
Document Index: 102529670

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 11', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 27', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 26', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 26', 'artículo 4']

Registro de Contratos de seguro con cobertura de fallecimiento. Informe 125/ PDF Descargar libre
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Julia Toro Figueroa
1 Registro de Contratos de seguro con cobertura de fallecimiento. Informe 125/2006 La consulta plantea tres cuestiones relacionadas con la aplicación de la Ley 20/2005, de 14 de noviembre, de creación del Registro de Contratos de Seguros con Cobertura de Fallecimiento. I En primer lugar se plantea si deberá darse cumplimiento por las entidades aseguradoras al deber de información al afectado, al que se refieren los artículos 5 y 27 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal. Como cuestión previa, debe efectuarse una observación en relación con la aplicación de los dos preceptos citados: Según dispone el artículo 5.4 de la Ley Orgánica 15/1999, Cuando los datos de carácter personal no hayan sido recabados del interesado, éste deberá ser informado de forma expresa, precisa e inequívoca, por el responsable del fichero o su representante, dentro de los tres meses siguientes al momento del registro de los datos, salvo que ya hubiera sido informado con anterioridad, del contenido del tratamiento, de la procedencia de los datos, así como de lo previsto en las letras a), d) y e) del apartado 1 del presente artículo. Dicho precepto complementa lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999 que impone el citado deber de información en caso de recogida de los datos del propio afectado, debiendo cumplimentarse esta obligación en el momento de la recogida. Por su parte, el artículo 27.1 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que El responsable del fichero, en el momento en que se efectúe la primera cesión de datos, deberá informar de ello a los afectados, indicando, asimismo, la finalidad del fichero, la naturaleza de los datos que han sido cedidos y el nombre y dirección del cesionario. Ambos preceptos son transposición al derecho interno del artículo 11.1 de la Directiva 95/46/CE, que impone el deber de información al afectado, estableciendo que cuando los datos no hayan sido recabados del interesado, los Estados miembros dispondrán que el responsable del tratamiento o su representante deberán, desde el momento del registro de los datos o, en caso de que se piense comunicar datos a un tercero, a más tardar, en el momento de la primera comunicación de datos, comunicar al interesado por lo menos la información que se enumera a continuación, salvo si el interesado ya hubiera sido informado de ello.
2 Del precepto transcrito debe concluirse que los artículos 5.4 y 17.1 de la Ley Orgánica 15/1999 imponen deberes que han de ser considerados como complementarios. De este modo, el responsable del fichero estaría obligado a informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos en el plazo máximo de tres meses, salvo que dichos datos fueran a ser objeto de cesión o comunicación, en cuyo caso el artículo 27.1 de la Ley Orgánica le impone la obligación de cumplir dicho deber antes de ceder los datos por primera vez. Así, en caso de que la cesión fuera a efectuarse en los tres meses posteriores al tratamiento, deberá informarse al afectado antes de dicha cesión. Si, por el contrario, dicha comunicación es posterior, el plazo máximo de cumplimiento del deber de informar expirará a los tres meses contados desde el tratamiento de los datos. II Dicho esto, y como bien señala la consulta, tanto el artículo 5.5 como el artículo 27.1 de la Ley Orgánica 15/1999 exceptúan del mencionado deber de información los supuestos en que la cesión o el tratamiento se encuentren previstos en una norma con rango de Ley. La Agencia Española de Protección de Datos ya ha tenido la ocasión de pronunciarse acerca de la interpretación que ha de darse a la excepción contenida en el artículo 5.5, tomando en consideración el tenor de la ya citada Directiva 95/46/CE. De este modo, en informe de 8 de noviembre de 2004, en que se señalaba lo siguiente El artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 viene a establecer un deber impuesto en general a los responsables de los tratamientos, de tal suerte que, en principio, será necesario informar al afectado del tratamiento de sus datos de carácter personal, tanto en los supuestos en que el mismo cuenta con el consentimiento del mismo como en los casos en que el tratamiento se encuentra habilitado por otras causas admitidas por el artículo 6 de la propia Ley. Según lo dispuesto en el propio artículo 5, el cumplimiento de dicho deber debería ser inmediato en caso de que los datos fueran recogidos de los afectados o verificarse en el plazo de tres meses desde la recogida, si el origen de los datos no fuera el propio afectado. No obstante, esta regla admite determinadas excepciones o matizaciones para supuestos excepcionales. Así, en caso de que los datos no sean recogidos directamente de los afectados, el artículo 5.5 establece en su párrafo primero que No será de aplicación lo dispuesto en el apartado anterior cuando expresamente una Ley lo prevea, cuando
3 el tratamiento tenga fines históricos, estadísticos o científicos, o cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados, a criterio de la Agencia Española de Protección de Datos o del organismo autonómico equivalente, en consideración al número de interesados, a la antigüedad de los datos y a las posibles medidas compensatorias. El precepto transcrito tiene su origen en lo establecido en el artículo 11.2 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, de la que la Ley Orgánica 15/1999 es transposición al Ordenamiento español. Según dicho precepto Las disposiciones del apartado 1 (referido al deber de información en caso de recogida de los datos de fuentes distintas al propio afectado) no se aplicarán, en particular para el tratamiento con fines estadísticos o de investigación histórica o científica, cuando la información al interesado resulte imposible o exija esfuerzos desproporcionados o el registro o la comunicación a un tercero estén expresamente prescritos por ley. En tales casos, los Estados miembros establecerán las garantías apropiadas. De este modo, una interpretación coherente del artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999, a la vista de lo establecido en la Directiva 95/46/CE de que trae causa, implica que el deber de información al afectado quedará exceptuado en los supuestos en que el tratamiento o cesión de datos venga expresamente regulado en una norma con rango de Ley. El párrafo primero del artículo 5.1 de la Ley 20/2005 dispone que Las entidades aseguradoras que celebren o hayan celebrado contratos de seguros a los que sea de aplicación esta Ley, y siempre que los mismos se encuentren vigentes, tienen el deber de comunicar al Registro General de Actos de Última Voluntad, con la periodicidad y mediante el procedimiento que se determinen reglamentariamente, los datos que se especifican en el apartado siguiente. Tales datos podrán ser objeto de tratamiento automatizado. En consecuencia, dicha norma establece una obligación legal de cesión de los datos por parte de las compañías aseguradoras al Registro que crea la propia Ley, habilitando asimismo expresamente el tratamiento de dichos datos por el Registro. De este modo, tanto el tratamiento como la cesión de los datos son objeto de habilitación legal expresa, lo que implicará, conforme a lo que se ha señalado en el presente informe, la exención del deber de informar, conforme a lo dispuesto en el artículo 5.5 de la Ley Orgánica 15/1999. De este modo, y sin perjuicio de que la Disposición adicional primera de la Ley 20/2005 únicamente haga referencia a la Dirección General de los
4 Registros y del Notariado como exenta del mencionado deber, debe considerarse que quedarán igualmente exentas del mismo las entidades aseguradoras. III En segundo lugar, se plantea si procedería la creación o modificación de los ficheros de los que son responsables las entidades aseguradoras. El artículo 26.2 de la Ley Orgánica 15/1999 dispone que en la inscripción de los ficheros en el Registro General de Protección de Datos deberán constar las cesiones de datos de carácter personal que se prevean realizar. Según se indica en la consulta, los datos objeto de cesión no serán sino parte integrante de ficheros ya existentes de las entidades aseguradoras, que habrán sido objeto de notificación al Registro General de Protección de Datos. Por su parte, el artículo 6 g) del Real decreto 1332/1994, de 20 de junio, en vigor según lo dispuesto en la Disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica 15/1999 dispoen que la persona o entidad que pretenda crear un fichero de datos de carácter personal lo notificará previamente a la Agencia de Protección de Datos mediante escrito o soporte informático en modelo normalizado que al efecto elabore la Agencia, en el que se especificarán los siguientes extremos (...) g) Cesiones de datos previstas. Igualmente, el artículo 8.2 del citado Real Decreto dispone que cuando se trate de ficheros de titularidad privada, cualquier modificación posterior en el contenido de los extremos a que se refiere el artículo 6 del presente Real Decreto se comunicará, a efectos de inscripción, en su caso, a la Agencia de Protección de Datos dentro del mes siguiente a la fecha en que aquélla se hubiera producido. Los formularios de notificación de la creación, modificación o supresión de ficheros al Registro General de Protección de Datos fueron aprobados por Resolución del Director de la Agencia de 30 de mayo de En dicha Resolución se incluían junto con los formularios las instrucciones para su cumplimentación, que también formaban parte integrante de aquélla. Pues bien, en relación con la modificación de ficheros, se indicaba en las mencionadas instrucciones que el responsable que pretenda notificar la modificación del fichero Deberá cumplimentar la hoja de solicitud, el apartado de modificación de la página 12 y las páginas correspondientes a los apartados que (..) desee modificar. Por tanto, éstas serán las páginas del formulario que deberán facilitarse en la notificación, debiendo así notificarse en el formulario electrónico
5 únicamente el apartado correspondiente a las cesiones de datos a efectuar, así como la hoja de solicitud. IV Por último, se plantea el nivel de seguridad aplicable a la cesión y, en particular, si resultaría aplicable a la comunicación lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento de Medidas de Seguridad, aprobado por Real Decreto 994/1999, de 11 de noviembre. Como indica el artículo 4.2 del Reglamento dispone que Los ficheros que contengan datos relativos a la comisión de infracciones administrativas o penales, Hacienda Pública, servicios financieros y aquellos ficheros cuyo funcionamiento se rija por el artículo 28 de la Ley Orgánica 5/1992, deberán reunir, además de las medidas de nivel básico, las calificadas como de nivel medio, habiendo reiteradamente señalado esta Agencia que los ficheros vinculados a la actividad aseguradora han de considerarse incluidos en la expresión servicios financieros, por lo que serán de aplicación las mencionadas medidas de nivel medio. Por este motivo, y dado que el artículo 26 del Reglamento se encuentra incluido entre las normas reguladoras de las medidas de seguridad de nivel alto, no sería exigible a las comunicaciones efectuadas al Registro. No obstante, debe recordarse que conforme indica el artículo 4.5 del Reglamento cada uno de los niveles descritos anteriormente tienen la condición de mínimos exigibles, sin perjuicio de las disposiciones legales o reglamentarias específicas vigentes. De este modo, en caso de que así se acordase o lo estableciese la normativa reglamentaria reguladora del Registro, a la que se refiere la propia Ley 20/2005 en diversos preceptos, podrían establecerse medidas de seguridad más altas a las contenidas en el Reglamento para el nivel medio.