Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-36784-de-septiembre-21-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_addf2fc351b3005ce0430a010151005c&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-21 12:29:42
Document Index: 230181314

Matched Legal Cases: ['artículo 339', 'artículo 16', 'artículo 60', 'artículo 84', 'artículo 54', 'artículo 56']

﻿ Auto 36784 de septiembre 21 de 2011
AUTO 36784 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:AUNQUE PERSONAS RECONOCIDAS COMO VÍCTIMAS INTERVENGAN EN LA ELECCIÓN DE UN MAGISTRADO, NO SE VICIA LA IMPARCIALIDAD Y AUTONOMÍA DEL JUEZ. EL SIMPLE HECHO DE QUE EN SU ELECCIÓN, HAYAN INTERVENIDO VARIAS DE LAS PERSONAS RECONOCIDAS HOY COMO VÍCTIMAS DENTRO DEL PROCESO. ELLO NO BASTA, PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE IMPEDIMENTO, DE QUE EXISTA ALGUNA RELACIÓN ENTRE EL JUEZ Y ALGUNO DE LOS SUJETOS PROCESALES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CAUSALES DE IMPEDIMENTO, CALIDADES PARA SER MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CONJUEZ
Auto 36784 de septiembre 21 de 2011
SALA CON CONJUECES
Dr. Luis Gonzalo Velásquez Posada
Aprobado acta 342
Bogotá, D.C., 21 de septiembre de 2011
Procede esta Sala de Conjueces a decidir sobre la recusación formulada por el defensor del procesado Bernardo Moreno Villegas dentro de la audiencia pública de formulación de acusación, en contra de todos los miembros de la Sala Penal que viene conociendo de este asunto, tanto de los honorables magistrados titulares Fernando Alberto Castro Caballero y José Luis Barceló Camacho, como contra los señores conjueces Guillermo Angulo González, Luis Bernardo Alzate Gómez, José Francisco Acuña Vizcaya, Paula Cadavid Londoño, Alfonso Daza González, Ricardo Posada Maya y Juan Carlos Prías Bernal.
Se decidirá, igualmente, respecto del impedimento manifestado por el honorable conjuez Julio Andrés Sampedro Arrubla, quien asegura encontrarse impedido por su íntima amistad con el señor defensor del procesado Bernardo Moreno Villegas.
1. La señora Fiscal General de la Nación presentó ante la Corte Suprema de Justicia, el pasado 17 de junio, escrito de acusación en contra de los doctores María del Pilar Hurtado Afanador, ex directora del Departamento Administrativo de Seguridad y Bernardo Moreno Villegas, ex director del departamento administrativo de La Presidencia de la República.
2. De acuerdo con el relato efectuado por la señora Fiscal General de la Nación en el referido escrito, se acusa a los precitados funcionarios de haber incurrido en presuntas conductas delictivas, entre los años 2007 y 2008, en contra de varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunos ex miembros del Congreso de la República y otros ciudadanos. Los presuntos comportamientos delictivos, según el escrito de acusación, consistieron en el “despliegue de actividades de inteligencia sin razón legítima”, “infiltración de personal para obtener grabaciones de sesiones reservadas”, “seguimientos patrimoniales y consulta de datos reservados”. En lo que a los magistrados de la Sala Penal de la Corte se refiere, advierte la señora Fiscal General de la Nación que los procesados realizaron una serie de actos, que señala de manera expresa, mientras se “adoptaban trascendentales decisiones que declaraban o investigaban la relación de algunos congresistas con los paramilitares”.
3. Relaciona el escrito de acusación varias personas como presuntas víctimas de los hechos investigados, entre ellas varios de los actuales magistrados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos los doctores Julio Enrique Socha Salamanca, María del Rosario González de Lemos, Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, Alfredo Gómez Quintero, Augusto J. Ibáñez Guzmán, Javier de Jesús Zapata Ortiz y José Leonidas Bustos Martínez.
4. Una vez recibido el escrito de acusación en la Corte, los honorables magistrados citados en el acápite precedente procedieron a manifestar su impedimento para conocer del asunto, no así los honorables magistrados Fernando Alberto Castro Caballero y José Luis Barceló Camacho, quienes no fueron víctimas de acto ilícito alguno por parte de los procesados.
5. En vista de lo anterior, ante la separación del conocimiento de siete de los nueve magistrados titulares de la Sala Penal de la Corte, se ordenó conforme a la ley, el sorteo de igual número de conjueces para integrar la Sala en orden a decidir lo pertinente.
6. Una vez posesionados los conjueces, tres de ellos manifestaron encontrarse impedidos, haciéndose necesario reemplazarlos, una vez declarados fundados por la Sala los respectivos impedimentos.
7. Reconformada la Sala, procedió ésta a pronunciarse sobre el impedimento manifestado por los magistrados titulares y con fecha 16 de agosto pasado decidió “Declarar fundado el impedimento manifestado por los magistrados de la Sala de Casación Penal, doctores José Leonidas Bustos Martínez, Sigifredo de Jesús Espinosa Pérez, Alfredo Gómez Quintero, María del Rosario González de Lemos, Augusto J. Ibáñez Guzmán, Julio Enrique Socha Salamanca y Javier de Jesús Zapata Ortiz, quienes por tanto quedan separados del conocimiento del proceso que se sigue en contra de María del Pilar Hurtado Afanador y Bernardo Moreno Villegas. Consecuencia de lo anterior, el juzgamiento de los aquí acusados será adelantado por la Sala de Magistrados y Conjueces que adopta la presente decisión”.
8. El día 13 de los corrientes mes y año, siendo las 9:02 de la mañana y en cumplimiento del auto proferido el 23 de de agosto anterior, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada en este caso por los dos magistrados titulares antes nombrados y por siete conjueces, se constituyó en audiencia pública de formulación de acusación, conforme a las previsiones del artículo 339 de la Ley 906 de 2004.
9. El defensor del procesado Bernardo Moreno Villegas, dentro de la audiencia anterior, formuló recusación contra los dos magistrados titulares y los siete conjueces que conforman la Sala Penal que conoce de este asunto con base en la causal primera del art. 56 de la Ley 906 de 2004, que ad litteram expresa:“
“ART. 56. Son causales de impedimento:
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la actuación judicial”
“Nadie —empieza diciendo el recusante, citando a un conocido autor— puede ser juez o árbitro en su propia causa”. Acto seguido y en extensa intervención, concreta sus reparos a la Sala aduciendo que siete de los miembros titulares de la Sala Penal de la Corte, los mismos que manifestaron estar impedidos para conocer del asunto por ostentar la calidad de víctimas en el mismo, tienen evidente interés en las resultas del proceso. Asegura el señor defensor que no descalifica en modo alguno a los miembros de la Sala, tanto a los dos magistrados titulares como a los siete conjueces, pero que, dadas las circunstancias, no existen en este caso las garantías necesarias de imparcialidad objetiva. Insiste, trayendo a colación la Sentencia C-095 de la Corte Constitucional, con ponencia del honorable magistrado Rodrigo Escobar Gil, en que la valoración de la imparcialidad no se realiza a partir de posiciones morales, éticas o psicológicas sino que deriva de un juicio exterior proveniente de la interrelación del juzgador con las partes y la comunidad en general. En el sub judice, reitera, podrían presentarse fundadas dudas respecto de la imparcialidad objetiva de los juzgadores, pues no basta ser imparcial, es necesario parecer imparcial...
La Corte Constitucional, asegura, ha afirmado lo anterior con base en posturas de las cortes internacionales. De la Corte Europea, inicialmente y también de la Corte Interamericana Derechos Humanos. Esta última, en pronunciamiento de agosto 5 de 2008, afirmó que la recusación no es un enjuiciamiento de la rectitud moral del recusado sino una herramienta que brinda confianza a quienes solicitan la intervención de órganos públicos que deben ser y parecer imparciales. Todo acusado tiene derecho a un juicio imparcial. No es admisible, como lo ha expresado la Corte Constitucional colombiana, que una autoridad funja como juez y parte en una misma causa. Los jueces no deben abrigar ninguna preconcepción acerca del asunto antes de que éste les sea puesto de presente y tampoco pueden actuar promoviendo el interés de una de las partes.
En el escrito de acusación, añade el señor defensor, se hace expresa alusión a la Corte Suprema de Justicia como afectada con las conductas que son materia de la acusación. Existía, dice el recusante, un público enfrentamiento del Presidente Álvaro Uribe Vélez con el alto tribunal. Fue ese el contexto de las acciones supuestamente perpetradas en contra de este último. Es la Corte Suprema de Justicia, como institución y su Sala Penal, en particular, víctima directa de los actos investigados.
En un proceso anterior, radicado bajo el Nº 33870, aseguró la Sala Penal de la corporación que, atendidos los hechos jurídicos relevantes en ese proceso, la corporación ostentaba la condición de víctima y con miras a garantizar la imparcialidad debida de todos los integrantes de la Sala, todos ellos decidieron apartarse del conocimiento. En el proceso que nos concita en este momento, según el recusante, aunque siete de los magistrados integrantes de la Sala Penal de la Corte manifestaron su impedimento y se separaron del conocimiento, eso no es suficiente para garantizar la imparcialidad objetiva.
En el caso concreto del honorable magistrado Fernando Alberto Castro Caballero, observa el señor defensor que fue elegido en el año 2010 para reemplazar al doctor Yezid Ramírez Bastidas, quien se retiró del cargo por haber cumplido su período constitucional de ocho años. Es de notorio conocimiento en Colombia que entre el ex Presidente Álvaro Uribe Vélez y dicho ex magistrado existió y aún subsiste una pública confrontación que ha sido llevada a las instancias judiciales competentes, dado que existen procesos penales en curso en este momento en la Comisión de Acusaciones de la honorable Cámara de Representantes.
La Sala de Casación Penal de la Corte, por otra parte, ha hecho expresa referencia al enfrentamiento de la Presidencia de la República del cuatrienio pasado, en general y en especial en relación con el asunto conocido en los medios de comunicación como el “escándalo de las chuzadas” y lo ha entendido como un verdadero ataque institucional, a la institucionalidad misma de la corporación, específicamente a su Sala de Casación Penal.
Para ser elegido magistrado titular, añade el recusante, el doctor Fernando Castro debió contar con el apoyo de sus colegas actuales, quienes en esa época eran magistrados titulares de la corporación. Conforme al procedimiento establecido, son los magistrados de las salas respectivas los que postulan uno, dos o tres nombres ante el pleno de la corporación. Más de dos o tres de los magistrados que ostentan la condición de víctimas en este caso y que se han declarado impedidos, participaron en el proceso de elección del doctor Castro Caballero. Adicionalmente, en este último año, en que el doctor Castro ha fungido en el cargo, ha tenido que realizar tareas propias de colegaje, crear consensos, construir una relación profesional y personal con sus hoy colegas, los mismos que aparecen y han sido formalmente reconocidos como víctimas.
En lo que respecta al doctor José Luis Barceló Camacho, hace poco más de siete meses fue elegido magistrado titular de la corporación, después de prestar sus servicios a la misma por un espacio superior a los quince años como magistrado auxiliar del doctor Jorge Luis Quintero Milanés, siendo el primer magistrado auxiliar en llegar a ser magistrado titular de la corporación. El doctor Barceló, además, actuó o ha actuado, primero para ser elegido con el apoyo de sus hoy colegas (víctimas en el proceso) y ha tenido la oportunidad de crear y sostener, como el doctor Castro, relaciones de colegaje y de trabajo en equipo con sus compañeros de Sala, dado el carácter colegiado de la Corte. El doctor Barceló, pues, podría tener una relación especial con alguna o algunas de las partes, al igual que el doctor Castro Caballero. El doctor Barceló, además, fungió como magistrado auxiliar de la Sala Penal en la época en que ocurrieron los hechos investigados, que involucran como víctimas a varios de los miembros de la Sala Penal, trabajó y vivió de cerca los hechos que han llevado al doctor Bernardo Moreno ante la justicia. Desde una perspectiva ex ante y externa pudiera, pues, el doctor Barceló Camacho, sentir un sentimiento de solidaridad institucional con la causa que afecta a una amplia mayoría de los miembros de la Sala Penal, de la que forman parte los siete magistrados reconocidos como víctimas en este proceso.
Dado el objeto mismo de esta controversia, podría preguntarse hasta qué punto todas estas circunstancias externas y objetivas, generan en un observador externo la suficiente confianza sobre la forma absolutamente imparcial como debe adelantarse el juicio. Adicionalmente, en el caso específico de uno de los honorables conjueces, concretamente el doctor José Francisco Acuña Vizcaya, hay que observar que se encuentra actualmente nominado para ser elegido magistrado titular de la Sala Penal de la Corte, en reemplazo del honorable magistrado Alfredo Gómez Quintero, quien se retirará próximamente de la corporación por vencimiento de su período constitucional y si se le da crédito a algunos de los medios de comunicación, por el número de votos que tiene a su favor tiene grandes posibilidades de resultar elegido.
Respecto de los honorables conjueces Paula Cadavid, Juan Carlos Prías, Alfonso Daza, Ricardo Posada, Guillermo Angulo y Luis Bernardo Alzate, el señor defensor del procesado Moreno Villegas los recusa, no por sus condiciones personales, respecto de las cuales no tiene ningún reparo, al contrario, sino por la naturaleza misma de la figura del conjuez. La ley estatutaria de la administración de justicia establece que deben sortease conjueces cuando haya que separar del conocimiento a magistrados y que los conjueces serán nombrados de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales respectivas. En el Decreto 1265 de 1970 se determinó que en los meses de diciembre de cada año las salas de las corporaciones judiciales deben formar una lista de conjueces en un número doble al de los magistrados que integran la Sala. Los conjueces reemplazarán a los magistrados impedidos o recusados.
El Reglamento de la Corte, expedido según Acuerdo 006 de 2002, en su artículo 16 establece que cada una de las salas de decisión debe elegir oportunamente a sus conjueces. En virtud del Acuerdo 15 de abril 27 de 2011 algunos de los profesionales elegidos como conjueces son ex magistrados de la Sala Penal y ostentan la calidad de víctimas en este proceso. ¿Pueden las víctimas de un delito, acaso, ser jueces de ese delito? Hace referencia el recurrente a antecedentes en el orden internacional y termina afirmando que no hay garantía alguna de imparcialidad objetiva en un proceso en el que puede haber alguna injerencia de una de las víctimas.
No basta, insiste el señor defensor, con que se haga justicia, es necesario que se vea que se hace justicia. Debe haber garantía de imparcialidad objetiva. Y ello no se logra si se desconocen esas garantías en alguno de los siguientes puntos: la forma como son nominados los jueces, el término o período de sus cargos, la salvaguarda frente a presiones externas y la apariencia misma de imparcialidad.
No se dan aquí, de manera clara, todas esas garantías. Varias de las víctimas escogieron a los jueces que van a decidir de fondo este juicio oral y ello permite inferir, desde un punto de vista externo, que el sistema de elección de conjueces no garantiza en el sub judice la independencia del juez y la imparcialidad desde el punto de vista objetivo. Todos los actuales conjueces deberían apartarse del conocimiento de este asunto, dada su evidente interrelación objetiva con algunas de las personas reconocidas expresamente como víctimas de los hechos materia del juzgamiento.
10. En vista de lo anterior, la Sala que conoce del asunto, dentro de la audiencia de formulación de acusación se pronunció negativamente respecto de la recusación formulada y, atendiendo a las previsiones legales, dispuso el sorteo inmediato de una sala especial de conjueces para resolver sobre la misma, conforme a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 60 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 84 de la Ley 1395 de 2010, en concordancia con el inciso final del artículo 54 de la Ley 270 de 1996.
11. Integrada la Sala por seis conjueces de la lista oficial, uno de ellos, el honorable conjuez Julio Andrés Sampedro Arrubla, manifestó encontrarse impedido por su íntima amistad con el señor defensor del procesado Bernardo Moreno Villegas, aspecto respecto del cual habrá de pronunciarse también esta Sala.
La finalidad esencial del instituto de los impedimentos, como lo ha dicho la Corte en oportunidades anteriores, no es otra que la de preservar la transparencia y objetividad de las decisiones judiciales, pues es así como se materializa el derecho fundamental de igualdad de trato ante la ley, tal como lo exigen la Constitución Política y los tratados internacionales de derechos humanos(1). Así las cosas, no cabe duda de que en este caso estaba llamada a prosperar la manifestación de impedimento expresada por los siete magistrados de la Sala que han fungido como víctimas de los hechos materia de la acusación. Mal podrían los perjudicados con las conductas investigadas fungir como jueces de esos mismos actos.
Algo similar cabe predicar de la manifestación de impedimento realizada por el honorable conjuez Julio Andrés Sampedro Arrubla. La amistad íntima y la enemistad grave del juez con uno de los sujetos procesales están consagradas como causales de impedimento en el numeral 5º del art. 56 de la Ley 906 de 2004. Debe evitarse, de cara a los sujetos procesales y al colectivo social, en general, cualquier sensación de parcialidad de los juzgadores o de interés suyo en las resultas del proceso. No sólo debe administrarse justicia, sino hacerlo en un contexto que otorgue plenas garantías de objetividad, autonomía y transparencia. En consecuencia, se declarará fundado el impedimento expresado por el honorable conjuez.
En lo que atañe a la recusación de los dos magistrados titulares que intervienen en la Sala de conocimiento, cabe observar que su imparcialidad y autonomía no se ven vulneradas o amenazadas por el simple hecho de que en su elección hayan intervenido varias de las personas reconocidas hoy como víctimas dentro del proceso. No basta, para que se configure la causal de impedimento a que se contrae el ordinal primero del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, con que exista alguna relación entre el juez y alguno de los sujetos procesales. Es necesario acreditar de manera clara que existe en ellos un inequívoco interés directo o indirecto en las resultas del proceso, un interés que no puede presumirse por la mera existencia de esa relación. El interés en la actuación procesal, constitutivo de la causal de impedimento que nos ocupa, no deriva de relaciones eventuales como la anotada. La vida en comunidad impone permanentemente este tipo de relaciones y, salvo en circunstancias muy especiales, que habría que establecer procesalmente de manera clara y concreta, se reitera, podría considerarse que tienen la entidad suficiente para poner en entredicho la imparcialidad y autonomía que son de esperar en todo juzgador.
El procedimiento de elección de los dos magistrados recusados, como bien lo anotó la Sala de conocimiento al pronunciarse al respecto, no fue escogido o diseñado por los magistrados recusados, sino que es un mecanismo establecido en la Carta Política y en la ley. Toda elección producida conforme a estas regulaciones —lo anotó también la misma Sala— es manifestación del cumplimiento del ordenamiento superior y mal podría considerársele violatoria o contraria al orden legal. Los magistrados deben ser nombrados por los miembros de la corporación, conforme a un proceso dispendioso establecido en la normatividad vigente, con intervención previa de la Sala Administrativa de Consejo Superior de la Judicatura, que convoca y hace la lista de elegibles, la pone a consideración de la Sala Plena de la Corte para que sea ella quien haga los nombramientos del caso. Los criterios de elección no obedecen en estos casos a íntima amistad del aspirante con los magistrados titulares que hacen la elección, ni resulta del criterio de un solo magistrado, sino que es una decisión colegiada, basada en la idoneidad de los candidatos y en factores diversos, que están muy por encima de cualquier relación personal.
Tampoco puede afirmarse que por interés en asegurar su permanencia en el cargo los magistrados recusados tendrían interés en que las decisiones por proferir se ajusten a las pretensiones de sus electores. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no son funcionarios de libre nombramiento y remoción y son elegidos para un período fijo establecido en la Constitución Política. Ninguna relación de dependencia jerárquica tienen, por otra parte, con los magistrados que participaron en su elección.
Presumir que por solidaridad de cuerpo o por espíritu de compañerismo con los magistrados reconocidos como víctimas los recusados tendrían comprometido su criterio carece también de fundamento. Sería presumir la mala fe y dar por sentado algo que no es más que el resultado de una especulación sin bases racionales ni demostración objetiva en los autos.
Para la prosperidad de la causal invocada no basta con afirmaciones abstractas respecto del pretendido interés de los recusados en las resultas del proceso. Es necesario concretar de manera particular y objetiva ese interés por favorecer a las víctimas y en el caso que nos concita, mostrar por qué el hecho de haber intervenido en su elección es un factor determinante en las decisiones que deban proferir los recusados.
Tampoco asiste razón al señor defensor al sostener que por la mera mención que en el escrito de acusación y en algunos medios periodísticos se hace de la Corte Suprema de Justicia como ente perjudicado con el ilícito, está corporación, como tal, también se considera perjudicada.
Como bien lo anotó la Sala de conocimiento en la audiencia de formulación de acusación los bienes jurídicos vulnerados a través de los hechos atribuidos a los procesados, al menos en lo atinente a la violación ilícita de comunicaciones, no son de carácter supraindividual como para que estén en cabeza de la corporación, sino que son de carácter particular e intransferible, cuya titularidad se reputa individualmente en cada uno de los magistrados víctimas. Fue por eso, precisamente, que no se reconocieron como víctimas en el proceso al Polo Democrático Alternativo y al Colectivo de Abogados Jose Alvear Restrepo, decisión compartida por el defensor recusante. No puede confundirse el interés particular de algunos de los miembros de la corporación con el interés colectivo de la misma.
Algo similar cabe predicar respecto de los siete conjueces sorteados para reemplazar a los magistrados titulares impedidos por su condición de víctimas reconocidas en el proceso. Su elección se hizo, no sólo para este proceso específico y mucho antes de que la Fiscalía General de La Nación radicara su escrito de acusación. La elección se hizo con sujeción a un procedimiento riguroso establecido en la ley y en el reglamento de la Corte Suprema de Justicia. No se trata, pues, de un tribunal ad hoc, constituido para este particular asunto. No fueron las víctimas quienes eligieron al juez de su caso.
Sólo es procedente la recusación, se insiste, cuando se encuentran debidamente acreditadas en el proceso la causal o causales invocadas, taxativamente contempladas en la ley.
Esta Sala especial de conjueces, en consecuencias, RECHAZARÁ por las razones anotadas, la recusación formulada por el señor Defensor del procesado Bernardo Moreno Villegas.
1. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por el honorable conjuez Julio Andrés Sampedro Arrubla y en consecuencia declararlo separado del conocimiento.
2. RECHAZAR la recusación de los magistrados titulares Fernando Alberto Castro Caballero y Jose Luis Barceló Camacho, al igual que la de los honorables conjueces Guillermo Angulo González, Luis Bernardo Alzate Gómez, José Francisco Acuña Vizcaya, Paula Cadavid Londoño, Alfonso Daza González, Ricardo Posada Maya y Juan Carlos Prias Bernal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
(1) Auto del 10 de diciembre de 2008, Rad. 30.943.