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Timestamp: 2017-08-21 08:31:18
Document Index: 396216366

Matched Legal Cases: ['artículo 674', 'artículo 874', 'artículo 1238', 'artículo 725', 'artículo 714', 'artículo 1174', 'artículo 1003', 'artículo 1012', 'artículo 502', 'artículo 501', 'artículo 1090', 'artículo 739', 'artículo 874', 'artículo 582', 'artículo 680', 'artículo 509', 'artículo 986', 'artículo 798', 'artículo 45']

Jorge Fabián Villalba: Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación. Libro Tercero, Título I.-
Anteproyecto del Código Civil y Comercial de la Nación. Libro Tercero, Título I.-
LIBRO TERCERO. DE LOS DERECHOS PERSONALES.
TÍTULO I. De las obligaciones en general
1. El concepto de obligación
Los miembros de la Comisión y todos los especialistas que fueron consultados coincidieron en la conveniencia de un concepto normativo de obligación. Por ello se comienza diciendo que es "una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y, ante el incumplimiento, a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés".
La definición propuesta pone de manifiesto los rasgos más relevantes de la figura y remarca, además, la verdadera estructura institucional de la obligación, en la que, armónicamente, aparecen el débito y la responsabilidad como tramos de una misma relación obligatoria. Tiene implicancia normativa en cuanto conduce a descartar el carácter obligacional de las denominadas obligaciones naturales, categoría cuya supresión se propone, por considerar que no son verdaderas obligaciones por defecto de exigibilidad.
En este aspecto hay un apartamiento del Proyecto de 1998 que decidió mantenerlas, y un seguimiento de otra tendencia, que considera que se trata de “deberes morales” y no jurídicos. La consecuencia de la irrepetibilidad se funda en razones de paz e interés social, más que en función y base estrictamente jurídica. En consecuencia se dice que lo entregado en cumplimiento de deberes morales o de conciencia es irrepetible.
2. La regulación de la causa del acto jurídico, de la obligación y del contrato.
El Proyecto de 1998 incorpora dentro de los actos jurídicos la regulación del objeto (art 251) sin definirlo, elementos prohibidos y convalidación (arts. 251 y ss); en relación a la causa (artículos 253, y cc) sin definirla, se refiere a la causa licita, presunción de causa, falsedad, relevancia de los motivos, frustración de causa. En las obligaciones trata la causa fuente (obligación sin causa artículo 674). En los contratos regula el objeto sin definirlo, y se remite al libro II, título IV, cap II, sec 2, es decir, al objeto de los actos jurídicos; luego la causa, sin definirla, reenvía a la causa de los actos jurídicos y trata la necesidad de causa, presunción, falsedad, ilicitud.
La critica que se ha hecho a este método es la repetición, la dificultad que generan las remisiones, y que además no resuelve las discusiones de la doctrina y jurisprudencia acerca de la causa fuente, fin, objeto, motivo, etc.
El proyecto de 1992 regula los actos jurídicos incluyendo dos breves normas sobre la prohibición del objeto y el plazo; dedica más sustancia a la causa (arts. 579 y ss) fines lícitos, alteración de la causa, móviles. Estos temas son tratados centralmente en materia contractual, donde regula el objeto (artículo 874, coordinado con la noción de objeto de los actos jurídicos), luego la causa y la forma.
En otros modelos, que no tienen disposiciones importantes sobre actos jurídicos, la regulación del objeto y la causa se concentra en el título de los contratos. En cuanto al derecho comparado tenemos el Código de Quebec que define y regula el objeto y la causa en la teoría general del contrato (arts. 1410/1413). Entre los proyectos recientes que circulan en Europa, está la "Propuesta para la modernización del Derecho de las Obligaciones y Contratos" para España, 2010, dirigido por Luis Diez Picazo, artículo 1238, ap. 1 y 2. Lo propio acontece con el Anteproyecto de reforma del Código civil francés" (Catalá) que incluyen ambos temas en la teoría general del contrato (objeto, artículos 1121 a 1123) y causa en los artículos 1124 a 1126-1.
El primer elemento a tener en cuenta es que hay una regulación del acto jurídico. Esta decisión importa que el acto jurídico sea un género, en el que se deben incluir las disposiciones generales sobre el objeto y la causa, mientras que en obligaciones y contratos, corresponde incluir normas de aplicación específica. Por lo tanto las nociones referidas son aplicables a toda clase de actos, evitándose la pluralidad y superposición de normas. De lo contrario, habría que regular una causa para el acto, otra para el contrato y otra para los testamentos lo que sería incoherente con un código que regula al acto jurídico pues la especie se volvería género.
El segundo elemento es que se evita, en lo posible, dar definiciones que son propias de la doctrina. En consecuencia lo que interesan son las reglas y su grado de generalidad, lo cual permite ajustar cada una de ellas al ámbito en que se aplican.
Para ayudar a comprender con más claridad como ha quedado resuelta esta cuestión, desarrollaremos seguidamente los principales aspectos.
2.2 Objeto. Actos jurídicos. Obligaciones.Contratos
No se define el objeto del acto ni de las obligaciones ni del contrato, ya que es una labor doctrinal. Se incluye una regla general en materia de actos jurídicos que luego se va repitiendo con mayor especificidad en los distintos supuestos.
En actos jurídicos se dice que no debe ser un hecho imposible o prohibido por la ley, contrario a la moral, a las buenas costumbres, al orden público o lesivo de los derechos ajenos o de la dignidad humana. Tampoco puede ser un bien que por un motivo especial se hubiese prohibido que lo sea.
En este aspecto cabe resaltar la referencia a la dignidad humana como límite del objeto que comprende una gran cantidad de supuestos que han sido tratados por la doctrina argentina. Se afirma también que el acto jurídico es válido, aunque el objeto haya sido inicialmente imposible, si deviene posible antes del vencimiento del plazo o del cumplimiento de la condición.
El artículo 725 se refiere a la prestación, que constituye el objeto de la obligación, y dice que debe ser material y jurídicamente posible, lícita, determinada o determinable, susceptible de valoración económica y debe corresponder a un interés patrimonial o extrapatrimonial del acreedor. Se han tomado como fuentes Art. 675 del Proyecto de 1998, artículo 714 del Proyecto de 1992 y artículo 1174 Cód. italiano.
El artículo 1003 dice que se aplican al objeto del contrato las disposiciones del Libro Segundo, Título IV, Capítulo II, Sección Segunda de este Código. Debe ser lícito, posible, determinado o determinable, susceptible de valoración económica y corresponder a un interés de las partes, aun cuando éste no sea patrimonial. Luego se regula el objeto prohibido del contrato, su determinación, la contratación sobre bienes futuros, ajenos, litigiosos, y los vínculos de larga duración.
2.3. Causa fin. Acto jurídico:
En cuanto a los actos jurídicos se dice que "la causa es el fin inmediato autorizado por el ordenamiento jurídico que ha sido determinante de la voluntad. También integran la causa los motivos exteriorizados cuando sean lícitos y hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.
De esta definición surge con toda claridad que la causa fin es materia del acto jurídico y aplicable a todo el género. En este concepto se incluye el fin inmediato que ha sido determinante de la voluntad, tema sobre el cual existe un amplio concepto en la doctrina. A renglón seguido se dice que integran la causa los motivos exteriorizados cuando hayan sido incorporados al acto en forma expresa, o tácitamente si son esenciales para ambas partes.
De ello se desprende que al causa fin abarca tres posibilidades:
fin inmediato determinante de la voluntad
motivo exteriorizados e incorporados expresamente
motivos esenciales para ambas partes, supuesto en el cual, aunque no sean expresos, pueden ser tácitamente deducidos.
El artículo 1012 dice que se aplican a la causa de los contratos las disposiciones del Libro Segundo, Título IV , Capítulo 2, Sección 3ª de este Código. También se afirma que la causa debe existir en la formación del contrato y durante su celebración y subsistir durante su ejecución. La falta de causa da lugar, según los casos, a la invalidez, a la adecuación o a la extinción del contrato. Finalmente, se regula la causa ilícita.
También la presunción de causa se incluye dentro de los actos jurídicos, como lo ha reclamado la doctrina. Se dice que, aunque la causa no esté expresada en el acto se presume que existe mientras no se pruebe lo contrario. El acto es válido aunque la causa expresada sea falsa si se funda en otra causa verdadera.
2.5. Causa fuente. Obligaciones:
No se considera conveniente incluir en esta parte del código el supuesto de invalidez de la obligación cuya causa es ilícita (previsto en el artículo 502 del código civil), por ser contraria a la ley, la moral o las buenas costumbres, por cuanto se trata de una cuestión que es tratada con la causa del acto jurídico (causa fin) y no de la obligación (causa fuente). De igual modo, se suprime el supuesto de causa simulada contemplado en el artículo 501, el cual constituye una innecesaria reiteración de normas generales que se regulan en materia de simulación del acto jurídico.
En consecuencia, se dice que no hay obligación sin causa, es decir sin que derive de algún hecho idóneo para producirla, de conformidad con el ordenamiento jurídico. Luego se afirma que la existencia de la obligación no se presume. La interpretación respecto de la existencia y extensión de la obligación es restrictiva. Probada la obligación, se presume que nace de fuente legítima mientras no se acredite lo contrario.
2.6. Frustración del fin del contrato: si bien es un tema relativo a la causa, se lo regula en contratos porque es su ámbito de aplicación más frecuente.
La norma dice (artículo 1090) dice que "la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su rescisión, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y supera el riesgo asumido por la que es afectada. La rescisión es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria, habrá derecho a rescisión sólo si se impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial.
En cuanto a los efectos, siendo tan importantes, corresponde aclarar el sistema vigente, distinguiendo el acreedor, deudor y las acciones que les corresponden a fin de mejorar la comprensión.
Un aspecto muy controvertido de las obligaciones ha sido el incumplimiento de los auxiliares, sobre cuyos caracteres se ha escrito mucho, con diferentes opiniones y doctrinas. Se propone una norma muy sencilla que dice que el incumplimiento de las personas de las que el deudor se sirve para la ejecución de la obligación se equipara al derivado del propio hecho del obligado. Su fundamento puede encontrarse en la estructura del vínculo obligatorio ya que se dan dos connotaciones esenciales "irrelevancia jurídica de la sustitución" y "equivalencia de comportamientos". La primera de ellas significa que a menudo, al acreedor no le interesa que el cumplimiento de la prestación a cargo del deudor sea realizado por éste o por un sustituto; solo le interesa que cumpla. La equivalencia de comportamientos sugiere que frente al acreedor, tanto la conducta del deudor, como la de sus sustitutos o auxiliares representan a un mero quid facti, ambas se unifican considerándose como una sola. Ese ensanchamiento del vínculo obligatorio debe redundar en un beneficio para el acreedor, por lo que necesariamente el deber de responder por los hechos del dependiente que pesa sobre el principal, es irrefragable. En virtud de ambos elementos, surge la responsabilidad directa del deudor contractual por el hecho de sus sustitutos o auxiliares.
En cuanto al reconocimiento de las obligaciones se consagra una norma general, que dice que consiste en una manifestación de voluntad, expresa o tácita, por la que el deudor admite estar obligado al cumplimiento de una prestación. A renglón seguido, se establece el reconocimiento autónomo, siguiendo a la normativa del B.G.B.(arts. 780 a 782), las ideas de Bibiloni y el proyecto de 1936, a fin de poder dar una mayor agilidad en las transacciones comerciales e incorporar un negocio de abstracción.
4. De las acciones y de la garantía común de los acreedores.
Se regulan en forma agrupada y sistemática las acciones directa y subrogatoria, así como la garantía común de los acreedores, con la finalidad de brindar mayor claridad en estos temas.
En cuanto a la acción directa se dice que es la que compete al acreedor para percibir lo que un tercero debe a su deudor, hasta el importe del propio crédito. El acreedor la ejerce por derecho propio y en su exclusivo beneficio. Tiene carácter excepcional, es de interpretación restrictiva, y sólo procede en los casos expresamente previstos por la ley. Luego se establecen los requisitos de ejercicio y sus efectos.
En cuanto a la acción subrogatoria el artículo 739 dice que el acreedor de un crédito cierto, exigible o no, puede ejercer judicialmente los derechos patrimoniales de su deudor, si éste es remiso en hacerlo y esa omisión afecta el cobro de su acreencia. El acreedor no goza de preferencia alguna sobre los bienes obtenidos por ese medio. Luego se fijan los requisitos, los derechos excluidos y las defensas oponibles. Han sido fuentes consultadas el artículo 874 del Anteproyecto de 1954, 680 del Proyecto de 1998 y artículo 582 del Proyecto de 1936. Se elimina la exigencia contemplada en el artículo 680 del Proyecto de 1998 de que el crédito del subrogante sea exigible, atendiendo a la naturaleza esencialmente conservatoria de la acción subrogatoria.
Se establece que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores. El acreedor puede exigir la venta judicial de los bienes del deudor, pero sólo en la medida necesaria para satisfacer su crédito. Todos los acreedores pueden ejecutar estos bienes en posición igualitaria, excepto que exista una causa legal de preferencia. Luego se enumeran los bienes excluidos, entre los cuales cabe destacar, por su relevancia, las indemnizaciones que correspondan al deudor por daño moral y por daño material derivado de lesiones a su integridad psicofísica, y las indemnizaciones por homicidio, lo necesario para alimentos del cónyuge, del conviviente y de los hijos con derecho alimentario.
La solución propuesta respeta adecuadamente el carácter unitario que debe tener la regulación de la garantía patrimonial del deudor, de los bienes que la comprenden, y sus exclusiones, que no deberían razonablemente mutar por el carácter individual o colectivo que tenga el proceso de ejecución. Si en una hipótesis de máxima gravedad como es la ejecución colectiva de los bienes del deudor, opera la mentada exclusión, la solución no puede ser diferente en un supuesto de menor gravedad, como es la ejecución individual.
Se establece la prioridad del primer embargante, diciendo que: el acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor tiene derecho a cobrar su crédito, intereses y costas, con preferencia a otros acreedores. Esta prioridad sólo es oponible a los acreedores quirografarios en los procesos individuales. Si varios acreedores hubiesen embargado el mismo bien del deudor, el rango entre ellos se determina por la fecha de la traba de la medida. Los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedare después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores.
Por tratarse de una cuestión esencial, que hace a la sustancia misma de las relaciones entre acreedores y deudores, y en particular a la configuración de una causa de preferencia, se considera apropiada su inclusión en el código civil, por ser legislación de fondo.
En las disposiciones generales se han seguido criterios ampliamente compartidos por la doctrina, receptados en el Proyecto de 1998, con algunas modificaciones. También se tuvieron en cuenta normas del proyecto de 1992 y de 1954.
Se comienza con los efectos, estableciendo que el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el mismo estado en que se encontraba cuando contrajo la obligación, y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. Luego se reconoce el derecho de inspección; la presunción derivada de la recepción; el supuesto de entrega de cosa bajo cubierta.
En la obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales, se han establecido reglas compatibles con todo el sistema, basado en la tradición y la inscripción declarativa, que se regula en el libro correspondiente. Así, se dice que el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de la tradición, excepto disposición legal en contrario se definen las mejoras, frutos, riesgos, del modo más claro y sencillo posible. También se ha buscado el mismo propósito ordenando las reglas de concurrencia de acreedores en bienes inmuebles y muebles.
En las obligaciones para restituir, se dispone que el deudor debe entregar la cosa al acreedor, que por su parte puede exigirla. Si el deudor se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el dueño tiene mejor derecho. Luego se regulan los casos de entrega de la cosa a quien no es propietario diferenciando bienes registrables y no registrables.
En cuanto a las obligaciones de género, que recaen sobre cosas determinadas sólo por su especie y cantidad, deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. La elección debe recaer sobre cosa de calidad media, y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita.
6. Obligaciones de dar dinero
Hemos respetado los principios del derecho monetario argentino, así como los grandes lineamientos de la doctrina y jurisprudencia. En particular, se mantiene el sistema nominalista reafirmado por la ley 23.928, así como la equiparación entre la moneda nacional y la moneda extranjera. Se trata de la derivación necesaria, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("López c/ Explotación Pesquera de la Patagonia S.A."), de "un proceso de estabilización de la economía”.
En este caso, es necesaria una definición de carácter normativo que establezca con claridad y precisión el alcance de la obligación. Por eso se dice que es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constitución de la obligación. Si, por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiera estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero. Se dispone que el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada, tanto si la moneda tiene curso legal en la República como si no lo tiene.
En cuanto a los intereses se ha procurado simplificar el sistema para hacerlo comprensible. Se clasifican en
Compensatorios. la obligación puede llevar intereses y son válidos los que se hubiesen convenido entre el deudor y el acreedor, como también la tasa fijada para su liquidación. Si no fuese fijada por las partes, ni por las leyes, ni resultase de los usos, la tasa de interés compensatorio puede ser fijada por los jueces.
Moratorios. A partir de su mora el deudor debe los intereses correspondientes. La tasa se determina por lo que acordaren las partes; por lo que dispongan las leyes especiales; en subsidio, por tasas que se fijen según las reglamentaciones del Banco Central. No se adopta la tasa activa como se propiciara en el Proyecto de 1998, porque se considera que hay supuestos de hecho muy diversos y es necesario disponer de mayor flexibilidad a fin de adoptar la solución más justa para el caso.
Punitorios. Los intereses punitorios convencionales se rigen por las normas que regulan la cláusula penal.
Se regula el anatocismo estableciendo que los intereses devengan intereses solo si una cláusula expresa autoriza la acumulación de los intereses al capital con una periodicidad no inferior a tres meses; o la obligación se demanda judicialmente; en este caso, la acumulación opera desde la fecha de la notificación de la demanda; o la obligación se liquida judicialmente; en este caso, la capitalización se produce desde que el juez manda pagar la suma resultante y el deudor es moroso en hacerlo; u otras disposiciones legales prevén la acumulación.
Se reconoce la facultad judicial de reducir los intereses cuando la tasa fijada o el resultado que provoque la capitalización anticipada de intereses excediere, sin justificación y desproporcionadamente, el costo medio del dinero para deudores y operaciones similares en el lugar donde se contrajo la obligación. Los intereses pagados en exceso se imputan al capital y, una vez extinguido éste, pueden ser repetidos.
Se recoge el distingo entre obligaciones de dar dinero y de valor, ampliamente reconocido en la doctrina. Si la deuda consiste en cierto valor, su cuantificación en dinero no puede ser realizada empleando exclusivamente índices generales de precios. El monto resultante debe corresponder al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección. Esta norma es importante para evitar distorsiones derivadas de la aplicación de índices, tema sobre el cual hubo una extensa experiencia en la historia argentina. El valor real es el que tiene prioridad.
7. Obligaciones de hacer y de no hacer
Se sostiene que la obligación de hacer es aquella cuyo objeto consiste en la prestación de un servicio o en la realización de un hecho, en el tiempo, lugar y modo acordados por las partes.
en realizar cierta actividad, con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios, o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso;
en procurar al acreedor cierto resultado concreto, con independencia de su eficacia;
en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprendida en este inciso;
El obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en tiempo y modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera, la prestación se tiene por incumplida, y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho, siempre que tal exigencia no sea abusiva.
La prestación puede ser ejecutada por persona distinta del deudor, a no ser que de la convención, de la naturaleza de la obligación o de las circunstancias resulte que éste fue elegido por sus cualidades para realizarla personalmente. Esta elección se presume en los contratos que suponen una confianza especial.
El incumplimiento imputable de la prestación le da derecho al acreedor a:
exigir el cumplimiento específico; hacerlo cumplir por terceros a costa del deudor;
En cuanto a la obligación de no hacer, es aquélla que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. Su incumplimiento imputable permite reclamar la destrucción física de lo hecho, y los daños y perjuicios.
8. Obligaciones alternativas y facultativas
La obligación alternativa tiene por objeto una prestación entre varias que son independientes y distintas entre sí. El deudor está obligado a cumplir una sola de ellas. En cuanto a la elección, se dice que, excepto estipulación en contrario, la facultad de elegir corresponde al deudor. La opción que corresponde a varias personas requiere unanimidad. Si la parte a quien corresponde la elección no se pronuncia oportunamente, la facultad de opción pasa a la otra. Si esa facultad se ha deferido a un tercero y éste no opta en el plazo fijado, corresponde al deudor designar el objeto del pago. En las obligaciones periódicas, la elección efectuada una vez no implica renuncia a la facultad de optar en lo sucesivo. La elección es irrevocable desde que se la comunica a la otra parte o desde que el deudor ejecuta alguna de las prestaciones, aunque sea parcialmente. Una vez realizada, la prestación escogida se considera única desde su origen, y se aplican las reglas de las obligaciones de dar, de hacer o de no hacer, según corresponda.
Se regula también la obligación alternativa regular y la irregular, así como la elección por un tercero.
La obligación facultativa tiene una prestación principal y otra accesoria. El acreedor solo puede exigir la principal, pero el deudor puede liberarse cumpliendo la accesoria. El deudor dispone hasta el momento del pago para ejercitar la facultad de optar. Se regulan los casos de extinción, duda y opción entre modalidades y circunstancias.
9. Obligaciones con cláusula penal y sanciones conminatorias
La cláusula penal es aquélla por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación. Puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero. Se dispone que el deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente. También se contempla la relación con la indemnización y la ejecución. Se precisa que en las obligaciones de no hacer, corre desde el momento en que se ejecute el acto del cual se obligó a abstenerse. Se regulan también los casos de disminución proporcional, divisibilidad e indivisibilidad, nulidad y extinción de la obligación principal.
Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.
En cuanto a las sanciones pecuniarias conminatorias, los jueces podrán imponerlas quienes no cumplieron deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o reajustadas si aquél desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente su proceder.
10. Obligaciones divisibles, indivisibles, de sujeto plural, rendición de cuentas
En esta materia se han receptado reglas ampliamente compartidas por la doctrina, tratando de simplificar la redacción y los conceptos con la finalidad de obtener mayor claridad.
La obligación divisible es la que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial. Se requiere que su objeto, la prestación, sea materialmente fraccionable, de modo que cada una de sus partes tenga la misma calidad del todo; y que no quedar afectado significativamente el valor del objeto. Luego se regulan sus efectos, el principio de división, el límite de la divisibilidad, derecho al reintegro, la participación entre los acreedores.
La obligación es indivisible cuando no es susceptible de cumplimiento parcial, lo cual sucede cuando la prestación no puede ser materialmente dividida o si la indivisibilidad es convenida. Se regulan los casos de prestaciones indivisibles, el derecho de los acreedores al pago total, los modos extintivos, la responsabilidad de cada codeudor, contribución, participación y prescripción.
La regulación de las obligaciones de sujeto plural también ha perseguido el objetivo de hacer más claras las reglas y los conceptos. A tales fines se dividen en simplemente mancomunada, solidaria y concurrente.
La obligación simplemente mancomunada es aquélla en la que el crédito o la deuda se fracciona en tantas relaciones particulares independientes entre sí como acreedores o deudores haya. Las cuotas respectivas se consideran deudas o créditos distintos los unos de los otros.
Las obligaciones son solidarias cuando hay pluralidad de sujetos y son originadas en una causa única cuando, en razón del título constitutivo o de la ley, su cumplimiento total puede exigirse a cualquiera de los deudores, por cualquiera de los acreedores. Se aclara que la solidaridad no se presume y debe surgir inequívocamente de la ley o del título constitutivo de la obligación. Se regulan las circunstancias de los vínculos, las defensas. Respecto de la cosa juzgada se establece que la sentencia dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero éstos podrán invocarla cuando no se funde en circunstancias personales del codeudor demandado. Se regulan los supuestos de solidaridad pasiva y activa.
Se introduce una regulación de las obligaciones concurrentes, que tienen amplia aplicación en la práctica jurisprudencial.
Las obligaciones concurrentes son aquéllas en las que varios deudores deben el mismo objeto en razón de causas diferentes, lo cual las diferencia claramente de las solidarias. Se regulan sus efectos, disponiendo que el acreedor tiene derecho a requerir el pago a uno, a varios o a todos los codeudores, simultánea o sucesivamente; que el pago realizado por uno de los deudores extingue la obligación de los otros obligados concurrentes; que la dación en pago, la transacción, la novación y la compensación realizadas con uno de los deudores concurrentes, en tanto satisfagan íntegramente el interés del acreedor, extinguen la obligación de los otros obligados concurrentes o, en su caso, la extinguen parcialmente en la medida de lo satisfecho; que la confusión entre el acreedor y uno de los deudores concurrentes y la renuncia al crédito a favor de uno de los deudores no extingue la deuda de los otros obligados concurrentes; que la prescripción cumplida y la interrupción y suspensión de su curso no producen efectos expansivos respecto de los otros obligados concurrentes; que la mora de uno de los deudores no produce efectos expansivos con respecto a los otros codeudores; que la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero éstos pueden invocarla cuando no se funde en circunstancias personales del codeudor demandado; que la acción de contribución del deudor que pagó la deuda contra los otros obligados concurrentes se rige por las relaciones causales que originaron la concurrencia.
También se propone una regulación de las obligaciones disyuntivas, principales y accesorias.
La rendición de cuentas es regulada sistemáticamente con la finalidad de hacer coherentes la aplicación de este instituto en numerosos ámbitos. Se define que la cuenta es la descripción de los antecedentes, hechos y resultados pecuniarios de un negocio, aunque consista en un acto singular y que su rendición existe cuando se las pone en conocimiento de la persona interesada. Se detallan sus requisitos, los obligados, la oportunidad, la aprobación, los saldos y documentos.
La regulación del pago ha sido siempre una materia compleja, que ha dado lugar a múltiples discusiones. Se han tomado en cuenta los aspectos controvertidos dándoles solución, y se han introducido institutos reclamados por la doctrina.
El pago es el cumplimiento de la prestación que constituye el objeto de la obligación, y se le aplican las reglas de los actos jurídicos.
identidad: el acreedor no está obligado a recibir y el deudor no tiene derecho a cumplir una prestación distinta a la debida, cualquiera sea su valor.
integridad. el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, excepto disposición legal o convencional en contrario. Si la obligación es en parte líquida y en parte ilíquida, el deudor puede pagar la parte líquida.
puntualidad: en la obligación de exigibilidad inmediata, el pago debe hacerse en el momento de su nacimiento. Si hubiere un plazo determinado, cierto o incierto, debe hacerse el día de su vencimiento. Si el plazo es tácito, en la fecha que conforme a los usos y la buena fe, debe cumplirse. Si el plazo fuera indeterminado, en el tiempo que fije el juez, a solicitud de cualquiera de las partes, mediante el procedimiento más breve que prevea la ley local. el pago anterior al vencimiento del plazo no da derecho a exigir descuentos.
localización: el lugar de pago puede ser establecido por acuerdo de las partes, de manera expresa o tácita. Si nada se ha indicado, el lugar de pago es el domicilio del deudor al tiempo del nacimiento de la obligación. Si el deudor se muda, el acreedor tiene derecho a exigir el pago en el domicilio actual o en el anterior. Igual opción corresponde al deudor, cuando el lugar de pago sea el domicilio del acreedor.
También se regula la validez, el pago en fraude a los acreedores, el de créditos embargados o prendados, la necesidad de disponer de la propiedad de la cosa, la legitimación activa, y los efectos.
La regulación de la mora se ha incluido dentro de la materia obligacional y no como un elemento de la responsabilidad civil, como lo hiciera el Proyecto de 1998. Se trata de un elemento que es aplicable a un genero de situaciones muy amplio, que excede el campo de la responsabilidad.
Luego se enumeran los supuestos de excepción, únicos en los cuales el sistema se aparta del principio de la mora automática. Se mantiene, en lo sustancial, la redacción del artículo 509 CC, que además de ser apropiada ha sido adecuadamente interpretada por una aquilatada doctrina y jurisprudencia. El último párrafo procura resolver el que, quizás, es el problema más delicado que en la aplicación práctica tiene la norma, y que se plasma en aquellos supuestos en los cuales resulta muy difícil de precisar si el plazo es tácito o indeterminado propiamente dicho. En tal supuesto, la norma proyectada prevé que, ante la duda, se considerará que el plazo es tácito, haciéndose eco, en buena medida, de una solución que a principios de la década del setenta ya contaba con apoyo de la doctrina y jurisprudencia. Para diferenciar un supuesto de del otro, debe indagarse la voluntad de las partes, plasmada en las cláusulas contractuales pertinentes, y determinar si lo que efectivamente ellas han querido es integrar el convenio con una decisión judicial relativa al momento preciso en que la obligación debe cumplirse (plazo indeterminado propiamente dicho) o ,simplemente, diferir los efectos hacia el futuro, sin tener en cuenta intervención judicial alguna (plazo indeterminado tácito). En este último supuesto lo único que corresponde al juez es verificar si teniendo en cuenta la naturaleza y circunstancias de la obligación, ha transcurrido o no dicho plazo al tiempo de promoverse la demanda. En cambio, en el primer supuesto, debe intervenir para fijar el plazo e integrar de tal modo el contrato. De tal modo, el plazo se considerará indeterminado sólo cuando resulte inequívoco para el juez que las partes han querido diferirlo a fijación judicial. Ante la duda, se considerará que es tácito, con lo cual se alcanza una solución mucho más dinámica, previsible y eficiente desde el punto de vista de la economía del proceso.
También se precisa la eximición, diciendo que el deudor debe probar que no le es imputable, cualquiera sea el lugar de pago de la obligación.
En secciones diferentes se proponen disposiciones sobre el pago a mejor fortuna y el beneficio de competencia.
Consideramos conveniente dedicar una sección a la carga de la prueba, que es una materia importantísima, que necesita de reglas claras.
Se establece que la carga de la prueba pesa:
en las obligaciones de dar y de hacer, sobre quien invoca el pago;
en las obligaciones de no hacer, sobre el acreedor que invoca el incumplimiento.
Luego se habilitan todos los medios de prueba, excepto que de la estipulación o de la ley resulte previsto el empleo de uno determinado, o revestido de ciertas formalidades.
El recibo es definido como un instrumento público o privado en el que el acreedor reconoce haber recibido la prestación debida, y que el deudor tiene derecho a exigirlo. El acreedor está obligado a consignar en el recibo las reservas de derechos manifestadas por quien realiza el pago. La inclusión de estas reservas no perjudica los derechos de quien extiende el recibo.
En materia de imputación se establece que, si las obligaciones para con un solo acreedor tienen por objeto prestaciones de la misma naturaleza, el deudor tiene la facultad de declarar, al tiempo de hacer el pago, por cual de ellas debe entenderse que lo hace. La elección debe recaer sobre deuda líquida y de plazo vencido. Si adeuda capital e intereses, el pago no puede imputarse a la deuda principal sin consentimiento del acreedor. Si el deudor no imputa el pago, el acreedor se encuentra facultado a hacerlo en el momento de recibirlo.
Hemos considerado necesario proyectar varios artículos destinados al pago por consignación.
Se regula la consignación judicial, en términos más modernos y adecuados que los del Código Civil, proveyendo una fórmula general para su procedencia, según lo hicieron el Anteproyecto de 1954 (artículo 986) y el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993 (artículo 798). Se superan las desinteligencias doctrinales respecto de los efectos de la consignación, estableciendo que, si no es impugnada por el acreedor, o si es declarada válida por reunir los requisitos del pago, extingue la deuda desde el día en que se notifica la demanda; pero, si es defectuosa, y el deudor subsana ulteriormente sus defectos, la extinción de la deuda se produce desde la fecha de notificación de la sentencia que la admite.
Una novedad introducida por el Proyecto del Poder Ejecutivo de 1993, con antecedente en la consignación cambiaría que previó el artículo 45 del decreto ley 4965/63, es la consignación privada. Se la regula en detalle, en la inteligencia de que va a ser un instrumento útil para disminuir la litigiosidad.
También hay una sección dedicada al pago por subrogación, aclarando que transmite al tercero que paga todos los derechos y acciones del acreedor. La subrogación puede ser legal o convencional, y se fijan sus presupuestos, requisitos, efectos y límites.
La compensación tiene lugar cuando dos personas, por derecho propio, reúnen la calidad de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las causas de una y otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago las dos deudas, hasta el monto de la menor, desde el tiempo en que ambas obligaciones comenzaron a coexistir en condiciones de ser compensables. Puede ser legal, convencional, facultativa o judicial. Se establecen sus requisitos, efectos, la fianza, la facultativa, convencional, las obligaciones no compensables.
La obligación se extingue por confusión cuando las calidades de acreedor y de deudor se reúnen en una misma persona y en un mismo patrimonio.
También se extingue, total o parcialmente, en proporción a la parte de la deuda en que se produce la confusión.
La novación es la extinción de una obligación por la creación de otra nueva, destinada a reemplazarla. La voluntad de novar es requisito esencial de la novación. En caso de duda, se presume que la nueva obligación contraída para cumplir la anterior no causa su extinción. Se establecen las modificaciones que no importan novación, el cambio del deudor, de acreedor, las circunstancias de la obligación anterior y de la nueva, así como sus efectos.
La obligación se extingue cuando el acreedor voluntariamente acepta en pago una prestación diversa de la adeudada y se rige por las disposiciones aplicables al contrato con el que la prestación diversa tenga mayor afinidad.
Se establece la regla general de que toda persona puede renunciar a los derechos conferidos por la ley cuando la renuncia no esté prohibida y sólo afecte intereses privados. La renuncia general de las leyes no tendrá ningún valor. No se admitirá la renuncia anticipada de las defensas que pudieren hacerse valer en juicio. Puede ser onerosa o gratuita, se fijan las condiciones de aceptación, retractación, prueba, forma, caracteres de la remisión.
Finalmente, se dispone que la imposibilidad sobrevenida, objetiva, absoluta y definitiva de la prestación, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación, sin responsabilidad. Si la imposibilidad sobreviene debido a causas imputables al deudor, la obligación modifica su objeto y se convierte en la de pagar una indemnización de los daños causados.
Publicado por Jorge Fabián Villalba en 3:43 p. m.