Source: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=44245
Timestamp: 2018-06-19 02:53:54
Document Index: 178871315

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'Artículo 30', 'artículo 257', 'Artículo 233', 'artículo 278', 'artículo 256', 'artículo 9', 'artículo 51']

Sentencia C-417 de 1993 Corte Constitucional
Sentencia aprobada en santa fe de Bogotá, D.C., mediante acta del cuatro (4) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993).
Decide la corte sobre la acción de inconstitucionalidad instaurada por el ciudadano Edgar Eduardo cortés prieto contra el artículo 51 del decreto 1888 de 1989, que dice:
Analizando en conjunto las normas contentivas del régimen disciplinario aplicable a los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, encontramos que estas contienen tanto el derecho sustancial como el adjetivo, al igual que todos los elementos y objetivos de una jurisdicción, como son: derecho de la autoridad a conocer una cuestión determinada, lo cual corresponde a la instrucción del caso; potestad para constreñir a las partes a comparecer en juicio; fuerza para el cumplimiento de las medidas compulsorias dentro del proceso, como la suspensión provisional del funcionario o empleado investigado; facultad de dictar sentencia con efecto obligatorio para el procesado; esto en relación a los elementos; y en cuanto a los objetivos: la organización de la administración de justicia mediante la determinación del número de jueces, requisitos para desempeñar el cargo, forma de designación, etc.; la regulación de la competencia de los funcionarios que administran justicia disciplinaria o sea de los asuntos atribuidos a cada cual, para evitar la arbitrariedad en el conocimiento de las investigaciones disciplinarias; el procedimiento o forma de actuación ante los funcionarios competentes, para evitar el arbitrio judicial y hacer imperar el orden en el debate".
Fue uniforme la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, con excepción de lo plasmado en sentencia 35 de marzo 14 de 1991, y del Consejo de Estado en atribuirle naturaleza administrativa a la función disciplinaria".
"No obstante, la norma acusada a más de asignar naturaleza judicial a lo que es eminentemente administrativo, se dirige a dos categorías de servidores judiciales los funcionarios y los empleados, diferentes en cuanto a su tratamiento: en Jueces y Magistrados el juzgamiento de la conducta que da lugar a la investigación disciplinaria y a la consecuente decisión, se produce por autoridad o instancia imparcial; en los empleados, cuando de faltas de conocimiento de única instancia se trata, es el mismo superior quien de oficio abre proceso disciplinario contra su subalterno lo que acarrea en abstracto la ocurrencia de parcialidad, excluido el evento en que resulte el implicado sancionado con destitución. (Artículo 30 Decreto 1888 de 1989).
Esa competencia no se disminuye ni afecta por la circunstancia de que el mismo precepto haya sido declarado exequible por el H. Corte Supremo de Justicia cuando tenía a su cargo las funciones de guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, pues tal decisión tuvo lugar el 14 de marzo de 1991 (Sentencia No. 35. C.S.J. Sala Plena. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz), cuando todavía estaba vigente la Carta Política hoy derogada. Ello significa que el juicio de constitucionalidad relativo al fondo de la norma se adelantó con respecto a la normatividad constitucional entonces imperante, luego la cosa juzgada en relación con dicha sentencia no puede hacerse valer ante la Constitución de 1991, pues debe establecerse si respecto de los principios y mandatos de ésta la disposición acusada conserva su validez.
De las transcritas normas se desprende que los citados funcionarios, dada su alta investidura y la necesaria autonomía en el ejercicio de sus atribuciones, únicamente están sometidos al escrutinio y juicio del Senado de la República, cuando incurran en las faltas que la Constitución contempla, y al de la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal- cuando se trate de la comisión de delitos. Por tanto, en razón del mismo fuero, se hallan excluidos del poder disciplinario del Consejo Superior de la Judicatura que, en los términos del artículo 257, numeral 3, de la Constitución, ha de ejercerse por dicha Corporación sobre los funcionarios de la Rama Judicial carentes de fuero y sobre los abogados en el ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley.
"Artículo 233.- Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado serán elegidos para períodos individuales de ocho años, no podrán ser reelegidos y permanecerán en el ejercicio de sus cargos mientras observen buena conducta, tengan rendimiento satisfactorioy no hayan llegado a edad de retiro forzoso" (subraya la Corte).
Son dos sistemas distintos, cada uno de los cuales tienen su propia dinámica y encuadra de determinada manera las relaciones entre los órganos del poder público. Ello explica porqué la Constitución, al hablar de los conceptos que debe emitir el Procurador directamente, lo haga con referencia explícita a "los procesos disciplinarios que se adelanten contra los funcionarios sometidos a fuero especial" (artículo 278, numeral 2 C.N.). De ahí que no sea factible equiparar las funciones del Consejo Superior de la Judicatura y de los consejos seccionales a las que cumplió en su momento el Tribunal Disciplinario.
"Además, a dicho organismo le compete cumplir funciones disciplinarias y algunas judiciales, que corresponden a la Sala Disciplinaria, como las de examinar la conducta y sancionar, en las instancias que señale la ley, las faltas de los funcionarios de la Rama Judicial, así como la de los abogados en el ejercicio de su profesión y la de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones (Art. 256 de la C.N. y 10º del Decreto 2652 de 1991)".
Así la Sala Jurisdiccional Disciplinaria ha sido creada orgánica y funcionalmente en forma autónoma. En efecto, fue creada únicamente para el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria, que, por constituir función pública de administración de justicia actúa como órgano autónomo y con independencia de sus nominadores (art. 228 C. Pol.). Por consiguiente a esta Sala no puede atribuírsele funciones constitucionales administrativas". (Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-265 del 8 de julio de 1993. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz).
Vistas así las cosas, la norma sometida a estudio no choca con la Constitución en lo atinente a funcionarios judiciales, desde luego teniendo presente el ya mencionado poder disciplinario preferente en cabeza de la Procuraduría. Por el contrario, a ese respecto el canon legal en controversia desarrolla el mandato del artículo 256, numeral 3, del Estatuto Fundamental.
Primero.- Declarase INEXEQUIBLE, por desconocer el fuero constitucional de los magistrados de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, el numeral 3º del artículo 9 del Decreto 2652 de 1991 en los siguientes apartes:
Segundo.- Declarase EXEQUIBLE el artículo 51 del Decreto 1888 de 1989, excepto las palabras "...y empleados", que se declaran INEXEQUIBLES.