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Timestamp: 2019-02-17 00:51:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 20', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 6', 'artículo 6']

Diferencias entre el derecho a la legítima defensa y el derecho a la defensa | Legis.pe
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Fundamento destacado: 3. En principio, llama la atención la afirmación del accionante respecto de la presunta afectación a su derecho a la legítima defensa, el cual es distinto del correspondiente a la defensa, pues en el primer caso, en términos latos, estamos frente a la respuesta o actuación que puede realizar cualquier ciudadano en caso de ser agredido de manera sorpresiva o irregular y que además va a influir en el análisis que vaya a realizar el juez penal; mientras que en el segundo caso, estamos frente al derecho fundamental que tiene todo ciudadano en los procesos en que sea parte o en los que se vea incurso; en consecuencia, a pesar del error advertido en cuanto al derecho invocado, este Colegiado tendrá presente las afirmaciones a efectos de determinar cual o cuales resultan siendo los derechos presuntamente afectados.
EXP. N° 3802-2004-AA/TC, HUAURA
ELGAR MARREROS SAUCEDO
En Lima, a los 25 días del mes de enero de 2005, reunida la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, con la presencia de los señores Magistrados Bardelli Lartirigoyen, Vergara Gotelli y Landa Arroyo, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso extraordinario interpuesto por don José Elgar Matreros Saucedo contra la sentencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huaura, de fojas 375, su fecha 5 de octubre de 2004, que declaró infundada la demanda de autos.
Con fecha 5 de febrero de 2004, don Elgar Marreros Saucedo interpone demanda de acción de amparo contra don Jorge Córdova Espinoza, don Oscar Alfredo Alpiste Chang, don Pedro Díaz Frete, doña Carmela Judith Echevarría Sifuentes, don Teófilo Garay Sánchez, doña Aurora Celestina Jaime de Aguilar, doña Haydee Larrea de De la Rocha, don Antonio Eugenio Portilla Zuloaga, don Jorge Martín Toboada Samanamud, don Ricardo Ronald Zender Sánchez y doña Mary Luz Salazar Toledo, con el objeto que se declare que la votación para remover al representante ante la Junta General de Accionistas de la Empresa SEMAPA Barranca S.A., realizada el 4 de febrero de 2004, violó el derecho constitucional del accionante a la legítima defensa (sic), al debido proceso y constituye un abuso de derecho; en tal sentido solicita que se deje sin efecto el precitado acuerdo.
Sostiene el demandante que él es quien viene ejerciendo la representación legal de la Municipalidad Provincial de Barranca ante la Junta General de Accionistas de SEMAPA Barranca S.A., de conformidad con la Ley Orgánica de Municipalidades; agrega que, los emplazados, Regidores de la precitada Municipalidad, el 5 de enero de 2004, solicitaron al Alcalde Provincial que convoque a Sesión Extraordinaria para tratar dicho tema, efectuándose la Sesión el 28 de enero de 2004 sin que se presentara prueba alguna que sustente la remoción y, que ante la falta de garantías existentes, se suspendió dicho acto, para ser continuado el 4 de febrero de 2004, en que se dispuso su remoción.
Don Jorge Córdova Espinoza conjuntamente con don Oscar Alfredo Alpiste Chang, doña Carmela Judith Echevarría Sifuentes, doña Aurora Celestina Jaime de Aguilar, doña Haydee Larrea viuda de De la Rocha, don Antonio Eugenio Portilla Zuloaga, don Jorge Martín Toboada Samanamud, don Ricardo Ronald Zender Sánchez y doña Mary Luz Salazar Toledo contestan la demanda deduciendo las excepciones de incompetencia y falta de legitimidad para obrar del demandante, afirmando que conforme al artículo 18° del Estatuto de la empresa, la Junta General de Accionistas está integrada por los representantes de las municipalidades accionistas designadas por acuerdo del Concejo correspondiente, constituyendo, por tanto único requisito haber sido designado por Acuerdo del Concejo respectivo. Por otro lado, exponen también que el demandante no puede argumentar haber sido recortado en su derecho a la defensa, pues en la sesión del 28 de enero de 2004, se hizo representar por 2 abogados, como se puede apreciar del acta correspondiente.
Posteriormente se apersonó a este proceso, contestando la demanda, don Teófilo Gary Sánchez, quien expuso que su voto al momento del acuerdo de remoción del representante de la Municipalidad de Barranca ante SEMAPA Barranca S.A., fue de abstención.
El Juzgado Mixto de Barranca, con fecha 26 de abril de 2004, declaró fundada la demanda, por considerar que conforme al artículo 6° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, señalando el artículo 20° de la acotada ley las atribuciones y facultades que le corresponden al Alcalde, las que pueden ser delegadas a un Regidor o al Gerente Municipal, resultando en consecuencia, que la condición de Alcalde es indelegable, por lo que debe aplicarse de manera preferente la Ley Orgánica de Municipalidades frente al Estatuto de la empresa SEMAPA Barranca S.A.
La recurrida revocó la apelada, luego de desestimar las excepciones deducidas; en ese sentido, declaró infundada la demanda en atención a que la empresa SEMAPA Barranca S.A. es una sociedad anónima sujeta a la Ley General de Sociedades, señalándose en esta que es el Estatuto el que rige la vida de la sociedad; así, la persona jurídica anotada es distinta de la Municipalidad Provincial de Barranca, por lo que el representante de dicha corporación en la referida empresa, no necesariamente tiene que ser el alcalde, sino cualquier persona que sea designada conforme al Estatuto, más aún cuando la atribución del demandante como representante de la Municipalidad Provincial de Barranca ante la Junta General de Accionistas de SEMAPA Barranca S.A., no surge de la Ley Orgánica de Municipalidades ni de la Ley General de Saneamiento, sino del Acuerdo de Concejo N° 005-2003-AL/EMS-MPB de fecha 3 de enero de 2003 (fojas 4), por lo que para su remoción no se requería la formulación de cargos, bastando para ello el voto mayoritario de los miembros que conforman el Concejo.
1. Es materia de la demanda de autos determinar si la decisión adoptada por los Regidores de la Municipalidad Provincial de Barranca, al elegir como nuevo representante de la corporación municipal ante la Junta General de Accionistas de la empresa de saneamiento EMAPA Barranca S.A. a persona distinta del Alcalde, afecta los derechos fundamentales de aquél, principalmente los correspondientes al debido proceso y a la legítima defensa (sic), además precisarse si el acuerdo ha sido adoptado incurriéndose en abuso de derecho.
2. La excepción de incompetencia así como la de falta de legitimidad para obrar del accionante deben ser desestimadas, en tanto que, en el primer caso, habiéndose alegado la presunta afectación de diversos derechos fundamentales, conforme a la normatividad vigente al momento de interponerse la demanda, el Tribunal Constitucional es competente a efectos de pronunciarse sobre el particular; igualmente, en el caso de la excepción de falta de legitimidad deducida, queda claro que el presuntamente afectado por los actos de los regidores de la Municipalidad Provincial de Barranca es quien ha interpuesto la demanda.
Precisión sobre los derechos presuntamente afectados
3. En principio, llama la atención la afirmación del accionante respecto de la presunta afectación a su derecho a la legítima defensa, el cual es distinto del correspondiente a la defensa, pues en el primer caso, en términos latos, estamos frente a la respuesta o actuación que puede realizar cualquier ciudadano en caso de ser agredido de manera sorpresiva o irregular y que además va a influir en el análisis que vaya a realizar el juez penal; mientras que en el segundo caso, estamos frente al derecho fundamental que tiene todo ciudadano en los procesos en que sea parte o en los que se vea incurso; en consecuencia, a pesar del error advertido en cuanto al derecho invocado, este Colegiado tendrá presente las afirmaciones a efectos de determinar cual o cuales resultan siendo los derechos presuntamente afectados.
Naturaleza jurídica de la designación de representantes ante la Junta General de Accionistas de EMAPA Barranca S.A.
4. En principio, y con vista del Estatuto de EMAPA Barranca S.A., que corren a fojas 12 y siguientes de autos, tenemos que el artículo 18°, expresamente dispone que la Junta General de Accionistas está integrada por los representantes de las municipalidades accionistas, quienes a su vez, deben ser designados por el Concejo correspondiente.
5. Así, resulta que el Estatuto de la empresa, deja abierta la representación de los Concejos Municipales a quienes sean designados por ellos, pues en puridad los accionistas son las corporaciones municipales que se detallan en el artículo T del Estatuto, y no ninguna persona natural.
6. No obstante ello, la aplicación del artículo 18° no puede colisionar con normas imperativas que regulen la estructura y competencias de las Municipalidades accionistas, ni mucho menos puede contravenir la moral, el orden público o buenas costumbres; así, corresponde a este Colegiado determinar si dicho dispositivo colisiona con el artículo 6o de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), Ley N° 27972, en tanto que la última señala que “La alcaldía es el órgano ejecutivo del gobierno local. El alcalde es el representante legal de la municipalidad y su máxima autoridad administrativa”.
7. Sobre el particular, este Colegiado considera que no existe oposición o contradicción en la aplicación de las normas precitadas, pues la representación que se otorga por mandato de la LOM lo es con respecto de las funciones y atribuciones propias de las corporaciones municipales, mientras que la norma Estatutaria dispone que quienes representan a las municipalidades accionistas, deben ser quienes sean designados por decisión del Concejo Municipal, designación que puede recaer sobre el propio Alcalde o sobre cualquier otra persona que no tenga impedimento para desempeñar la representación de la municipalidad en la empresa.
8. En consecuencia, no considera este Colegiado que exista contradicción entre una y otra disposición, en tanto que ambas regulan supuestos distintos, como ya ha quedado expuesto; a más abundar, consideramos que la representación en el caso puntual debe ser determinada por el Concejo Municipal en tanto que no nace de norma legal expresa alguna -tampoco puede inferirse que derive del artículo 6° de la LOM-, pues la representación que se ejerce en el caso de la empresa de saneamiento, es un mandato que vincula al Concejo Municipal y no únicamente al Alcalde, mientras que este último puede desarrollar las labores de representación expresamente previstas en la LOM a su favor, siendo responsable por los actos y decisiones adoptadas por él, en el ejercicio reglar de sus funciones.
9. De otro lado, la decisión de designar a uno u otro representante ante la Junta al de Accionistas de la empresa de saneamiento, no requiere de expresión de causa; ni mucho menos de la realización de un procedimiento administrativo previo, en tanto que la representación o mandato otorgado, no sólo no genera vínculo laboral de ningún tipo entre el representante y la representada, ni mucho menos entre aquél y la empresa en la que se va a desempeñar el encargo; así, no resulta necesario que se inicie un procedimiento administrativo, se imputen cargos, se garantice el derecho de defensa y el debido proceso, entre otros, puesto que basta únicamente la decisión mayoritaria del Concejo Municipal en el sentido de remover a un representante para designar a otro en su lugar.
10. Esto obviamente tampoco puede ser interpretado como una afectación al derecho al honor de quien ha sido removido en el cargo de representante, puesto que el desempeño de dicho cargo no recae en persona previamente designada por norma legal alguna, sino, en quien goza de la confianza y aprobación del Concejo Municipal, siendo tal vez el único requisito, el de no encontrarse impedido para el desempeño del cargo encomendado, conforme a la legislación sustantiva pertinente, esto es, la contenida en la propia LOM o en el Estatuto de la empresa.
11. Finalmente, corresponde señalar que en el caso de autos, la vida institucional de la empresa SEMAPA Barranca S.A. no se ha visto afectada en modo alguno; por el contrario, se ha consolidado al contar con la participación de un representante de la Municipalidad Provincial de Barranca, elegido democráticamente por el Concejo Municipal de la precitada provincia, no escapando al conocimiento del Tribunal Constitucional que en su oportunidad el accionante ejerció la representación de dicha Municipalidad Provincial por decisión libre y democrática de su Consejo y, que, ahora, pretende impugnar una decisión adoptada por los Regidores de la misma Municipalidad, porque tal determinación le es singularmente desfavorable, pues ha sido elegida como representante ante SEMAPA Barranca S.A., otra persona.
1. Declarar Infundadas las excepciones deducidas.
2. Declarar INFUNDADA la demanda de amparo interpuesta.