Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-872-de-noviembre-4-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_9a9757afea16004ee0430a010151004e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-16 01:43:40
Document Index: 166970442

Matched Legal Cases: ['artículo 129', 'artículo 44', 'artículo 133', 'artículo 86', 'artículo 82', 'artículo 29', 'artículo 44', 'artículo 129', 'artículo 129', 'Artículo 133', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 139', 'Artículo 21', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 144', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 44']

﻿ Sentencia T-872 de noviembre 4 de 2010
SENTENCIA T-872 DE 04 DE NOVIEMBRE DE 2010
CONTENIDO:DISMINUCIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA Y LA PROTECCIÓN AL MENOR A RECIBIR ALIMENTOS. LA FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CUOTA ALIMENTARIA, Y LA FIJACIÓN QUE HACE EL JUEZ DEL NUEVO VALOR DE LOS ALIMENTOS A PARTIR DE UNA CIFRA INEXISTENTE Y DEJANDO DE APLICAR LA DISPOSICIÓN LEGAL, CONFIGURA UN DEFECTO SUSTANCIAL QUE VULNERA DE MANERA CLARA EL DERECHO DEL ADOLESCENTE A LOS ALIMENTOS QUE SE ENCUENTRA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL DEBIDO PROCESO, PROCESO DE ALIMENTOS, DERECHO DE ALIMENTOS, PROTECCIÓN AL MENOR DE EDAD, PRINCIPIO DE DERECHOS MÍNIMOS DEL TRABAJADOR, CUANTÍA DEL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL, ERROR EN LA NOTIFICACIÓN
Sentencia T-872 de noviembre 4 de 2010
Ref.: Expediente T-2677843
Acción de tutela instaurada por María Alejandra Ortiz Rojas, en su representación de su hijo Juan Carlos Ortiz Monje contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña
Dentro del proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, confirmatorio del proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en la acción de tutela instaurada por María Alejandra Ortiz Rojas contra el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña.
1. Expresa la accionante, que el 7 de octubre de 1993 contrajo matrimonio con Juan Carlos Monje Paque, de cuya unión nació el menor Juan Carlos Monje Ortiz el 6 de octubre de 1994.
2. Ante la terminación del matrimonio de la accionante con el señor Monje Paque, en audiencia conciliatoria celebrada el mes de julio de 1998, el padre del menor ofreció de manera voluntaria pagar la suma de $ 300.000 mensuales por alimentos, dicha cifra estaría sujeta a los incrementos anuales del salario mínimo legal. Para el año 2009 la cuota mensual debía estar en $ 734.623 según cálculos presentados por la actora.
3. Manifiesta la accionante que la cifra pactada se pagó puntualmente durante los primeros años, pero, ante el posterior incumplimiento del padre del menor, se vio en la necesidad de iniciar proceso penal por inasistencia alimentaria. Al finalizar la primera instancia de este, el Juzgado Noveno Penal Municipal de Bucaramanga, en sentencia de 29 de agosto de 2008, condenó al señor Monje Paque a 24 meses de prisión y al pago de los perjuicios causados.
4. El 30 de marzo de 2007 el señor Monje Paque presentó demanda de disminución de alimentos contra su menor hijo en la ciudad de Bucaramanga, correspondiéndole por reparto al Juzgado Sexto de Familia de la mencionada ciudad. En dicha oportunidad, manifiesta la accionante, se presentaron irregularidades en la dirección que se colocó para su notificación.
5. Una vez admitida la demanda de disminución de cuota alimentaria, la representante del señor Monje Paque solicitó al juez de conocimiento, remitir la demanda al juez que considerara competente, toda vez que la madre del menor trasladó su domicilio a la ciudad de Ocaña, antes de enviarse la notificación personal del auto que admite la demanda(1).
6. Por la anterior manifestación, el proceso es remitido al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña. Dentro del curso del proceso de familia el juez del caso emite una serie de autos solicitando al demandante darle impulso al proceso, en especial que se notifique el auto admisorio de la demanda a la madre del menor(2).
7. El 25 de julio de 2008(3), el señor Monje Paque se presentó ante la secretaria del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña, solicitando la notificación de la señora Ortiz, para lo cual indicó que la dirección de la madre del menor es la transversal 93 Nº 34-180 condominio Monterrey torre 4 apartamento 1102 de Bucaramanga.
8. Indica la accionante que la dirección correcta es transversal 93 Nº 34-180 condominio Monterrey - torre 3 apartamento 803, ciudad de Bucaramanga.
9. Manifestó la accionante que, el 6 de octubre del año 2009, encontrándose su madre en la ciudad de Bucaramanga con ocasión de unas citas médicas, le fue entregada por el arrendatario del apartamento que ella posee en esa ciudad (transversal 93 Nº 34-180 condominio Monterrey torre 4 apto. 1102), una correspondencia a nombre de la señora María Alejandra Ortiz Rojas, hoy accionante, que daba cuenta de una citación a diligencia de carácter civil dentro de un proceso de regulación de cuota alimentaria adelantado en el municipio de Ocaña.
10. Indica la madre del menor, que el día 6 de octubre de 2009 se comunicó con el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña para expresarle que había recibido una correspondencia sobre una citación a ese despacho en una dirección que no era la suya, e indicándole que el niño Juan Camilo Monje Ortiz residía en la ciudad de Bucaramanga y no en Ocaña(4).
11. Señala la actora, que el día 15 de octubre de 2009, su madre, se presentó en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña con una solicitud de nulidad por la irregularidad que dio en la notificación de la demanda y demás actos procesales.
12. Finalmente, indicó la accionante, que en esa misma fecha, 15 de octubre de 2009, se celebró audiencia que finalizó con la decisión de reducir la cuota alimentaria de $ 300.000 a $ 180.000, sin prueba diferente al dicho del actor, sin actualizar el valor de la mensualidad y sin la presencia de la parte demandada, el Ministerio Público y el defensor de familia.
13. Con fundamento en los hechos narrados, la ciudadana María Alejandra Ortiz Rojas, en representación de su hijo Juan Carlos Monje Ortiz, reclama la protección de los derechos fundamentales de su hijo al debido proceso, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia, los cuales considera vulnerados por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ocaña, dentro del proceso de disminución de cuota alimentaria por la siguientes razones:
En primer lugar, señala la accionante que el proceso fue fallado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, a pesar de que el juzgado demandado tenía conocimiento de que ella y su menor hijo, vivían en la ciudad de Bucaramanga, lo que configuró; un error en la asignación de la competencia, pues esta viene dada por el lugar de domicilio del menor.
En segundo lugar, indica la parte actora que el juzgado demandado debió citar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para que ejerciera la representación y defensa de los intereses del menor dentro del proceso, ya que la madre, representante legal del menor, no compareció al mismo.
En tercer lugar, señala que se presentó un error en la fijación del monto de la cuota alimentaria al momento de la presentación de la demanda, pues se tomó como base los $ 300.000 pactados en el año 1998 y no se actualizó la cifra al año 2009, fecha en la cual la suma ascendía a $ 734.623.
(Sic) 12. El Juez Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña, en su escrito de contestación manifestó que la demanda de alimentos fue instaurada en el distrito judicial de Bucaramanga, correspondiéndole al Juzgado Sexto de Familia de ese circuito, y luego de admitida, la apoderada de la parte actora sostiene que el domicilio del extremo pasivo es Ocaña, remitiendo la notificación personal a esta localidad, donde fue recibido por el adolescente Juan Carlos Monje Ortiz, circunstancias por las cuales el Juzgado Sexto de Familia con auto de 15 de abril de 2008 se declara sin competencia territorial y remite la admisión al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Ocaña, el cual fue avocado para conocimiento.
Así mismo, indicó que es falsa la manifestación de la actora referente a la hora de inicio de la audiencia de conciliación y fallo del proceso, pues esta inició a las dos de la tarde y no, a las dos y treinta.
Posteriormente, señaló que es cierto que la actora presentó, por medio de su madre un memorial a ese despacho, pero después de las dos y treinta de la tarde del 15 de octubre de 2009, precisamente cuando se estaba dictando la parte resolutiva de la sentencia, lo que puede ser confirmado por el demandante Monje Paque, quien se encontraba presente en el momento que el citador entró al despacho y le informó del escrito.
Finalmente, en lo que respecta a la cuota alimentaria, indicó el juez segundo promiscuo de familia de Ocaña que, se tuvo como base lo estipulado en la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Neiva en junio 25 de 1998 y posteriormente en febrero veintidós de 1999, ante la notaria tercera de Neiva, ocasión en la cual por mutuo acuerdo entre las partes, se disminuyó la cuota de alimentos estipulada en $ 50.000.
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta declaró improcedente el amparo solicitado, por considerar que existió vulneración de los derechos fundamentales de la accionante y su menor hijo (sic).
Así mismo, señaló que la notificación cumplió con la ritualidad propia del Código de Procedimiento Civil, pues una vez el padre del menor informó al juzgado accionado el cambio de domicilio de la actora, se ordenó notificar a esta en la ciudad de Bucaramanga, en donde la misma firmó el recibido y a pesar de ello no procedió a notificarse personalmente al despacho.
En lo atinente de la disminución de la cuota el fallador indicó que el juez segundo promiscuo de familia de Ocaña utilizó las pruebas arrimadas al proceso, las cuales debieron ser controvertidas por la hoy accionante en su oportunidad.
1. Proceso de disminución de cuota alimentaria iniciado en la ciudad de Bucaramanga y terminado en el municipio de Ocaña(5).
2. Sentencia del Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña(6).
3. Copia del memorial allegado por la señora María Alejandra Ortiz al juzgado accionado en el que solicita la nulidad por indebida notificación(7).
4. Copia de la sentencia del proceso penal, emitida por el Juzgado Noveno Penal Municipal de Bucaramanga(8).
5. Copia de la certificación emitida por la administradora del conjunto residencial Monterrey(9).
2. En atención a lo expuesto, esta Sala de Revisión debe determinar si se configuran las causales generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales. Así mismo corresponde a esta Sala determinar si se incurrió en los siguientes defectos:
— Defecto orgánico por indebida asignación de la competencia.
— Defecto material por, disminuir la cuota alimentaria sin haber actualizado el valor de la cifra pactada en 1998 conforme lo prescribe el artículo 129 del Código de la Infancia y la Adolescencia.
— Violación directa de la Constitución por indebida notificación a la parte demandada e inasistencia del defensor de familia dentro del trámite del proceso de disminución de cuota alimentaria adelantado por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña.
3. A fin de resolver el asunto, la Sala se pronunciará sobre los siguientes tópicos: (i) el derecho fundamental de los menores a recibir alimentos, (ii) el proceso de disminución de cuota alimentaria, (iii) la acción de tutela frente a providencias judiciales, y (iv) el caso concreto.
i. El derecho fundamental de los menores a recibir alimentos
El derecho de los menores a recibir alimentos es en sí un derecho fundamental. El artículo 44 de la Constitución establece que “son ‘derechos fundamentales’ de los niños la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión”.
El anterior precepto constitucional va íntimamente relacionado con la noción de alimentos del menor dispuesta en la legislación civil, de familia y en el Código de la Infancia y la Adolescencia, pues como veremos en adelante, este concepto encierra lo necesario para el desarrollo físico, sicológico, espiritual, moral, cultural y social del niño y adolescente. El reconocimiento que se hace a los menores del derecho a los alimentos tiene una finalidad protectora integral basada en el interés superior del menor.
El artículo 133 del Código del Menor —Decreto 2737 de 1989— definía los alimentos de la siguiente manera:
“Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de embarazo y parto”.
ii. El proceso de disminución de cuota alimentaria
En esta oportunidad se hará énfasis en el proceso de disminución de cuota alimentaria, por ser este el proceso dentro del cual se presentaron las presuntas irregularidades que dieron origen a la presente acción de tutela.
El proceso de disminución de cuota alimentaria hace parte de los procesos declarativos en materia de familia y tiene como objeto la revisión de una cuota de alimentos fijados de manera judicial, administrativa o convencionalmente, a fin de reducirla en caso de cumplirse los requisitos previstos para ello(10). En estos procesos es de suma importancia estudiar la capacidad económica del deudor de alimentos y las necesidades del menor acreedor de los mismos.
Estos procesos se encuentran regulados por la Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia (arts. 129 y 217), por Decreto 2737 de 1989 o Código del Menor, el cual se encuentra vigente en aspectos relacionados con el juicio especial de alimentos, y por el Código de Procedimiento Civil.
El juez competente para adelantar este tipo de procesos, es el juez de familia(11) del domicilio del menor(12), y en determinados casos el del lugar de residencia del mismo(13). Vale la pena resaltar que, con la presentación y admisión de la demanda se perpetúa la competencia, a pesar de los cambios de domicilio que tenga el menor posteriormente(14).
“ART. 139.—Los representantes legales del menor, la persona que lo tenga bajo su cuidado y el Defensor de Familia podrán demandar ante el juez de familia o, en su defecto, ante el juez municipal del lugar de residencia del menor, la fijación o revisión de alimentos, que se tramitará por el procedimiento que regulan los artículos siguientes. El juez, de oficio, podrá también abrir el proceso”.
Así mismo, a la demanda se acompañarán los documentos que estén en poder del demandante, y esta podrá presentarse por escrito o verbalmente ante el secretario del juzgado. En el último caso se extenderá un acta que firmarán este y el demandante; igualmente, mediante acta el secretario corregirá la demanda que no cumpla los requisitos legales(15).
1. El juez admitirá la demanda, mediante auto que se notificará al demandado como disponen los artículos 314 y 315 del Código de Procedimiento Civil modificado por el Decreto 2282 de 1989, con la entrega de copia de la demanda o del acta respectiva, según fuere el caso, con el objeto de que el demandado la conteste dentro de los cuatros (4) días siguientes a la notificación(16).
2. La contestación de la demanda podrá hacerse por escrito o verbalmente. En el último caso se extenderá un acta que firmarán el demandado y el secretario.
3. Con la contestación de la demanda deberán aportarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse en ella las demás pruebas que se pretenda hacer valer. Si se propusieren excepciones de mérito, se dará traslado de estas al demandante por tres (3) días con el objeto de que pida las pruebas que estimen convenientes en relación con estas. En este proceso no podrán proponerse excepciones previas y los hechos que las configuran deberán alegarse haciendo uso del recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda(17).
4. Vencido el término de traslado de la demanda y el de las excepciones de mérito, si se hubieren propuesto, el juez señalará fecha para la audiencia, por auto que no tendrá recursos, y prevendrá a las partes para que en ella presenten los documentos y testigos(18).
5. En el auto que señale fecha para la audiencia, el juez, a petición de parte o de oficio, adoptará las medidas necesarias para el saneamiento del proceso, con el fin de evitar nulidades y sentencias inhibitorias. En el mismo auto citará a las partes para que en ella absuelvan sus interrogatorios(19).
6. En el trámite de la audiencia habrá lugar a conciliación, fijación del litigio y saneamiento de nulidades. En la misma audiencia el juez decretará y practicará las pruebas pedidas por las partes o las que de oficio considere necesarias. Las partes podrán presentar los documentos que no se hubieren anexado a la demanda o a su contestación, así como los testigos cuya declaración se hubiere solicitado(20).
7. Surtida la instrucción, el juez oirá hasta por veinte (20) minutos a cada parte y proferirá la sentencia en la misma audiencia si ello fuere posible o en otra que convocará para dentro de los seis (6) días siguientes, en la que emitirá el fallo aunque no se encuentren presentes ni las partes ni sus apoderados(21). En dicha audiencia se interpondrán los recursos contra la decisión.
A lo largo de todo este proceso se debe tener en cuenta el interés superior del menor, quien se verá afectado directamente con la decisión que se tome dentro del mismo, de allí que se deba garantizar una debida representación del niño o adolescente en todas las etapas procesales y en la audiencia con la que este finaliza.
iii. Acción de tutela frente a providencias judiciales
En una consolidada línea jurisprudencial(22), la Corte Constitucional ha establecido con precisión los requisitos que deben cumplirse para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
No obstante, en esta sentencia se estableció la conducencia excepcional de la acción de tutela cuando el juez vulnerara derechos fundamentales(23).
En jurisprudencia posterior la Corte llenaría de contenido esta consideración, con el objetivo de establecer los eventos específicos en los cuales la solicitud de amparo está llamada a proceder y a prosperar.
Esta corporación ha instituido una línea jurisprudencial consolidada, en relación con las que ha denominado causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales(24).
Así, en diversos pronunciamientos la Corte ha planteado que para que la tutela en contra de una decisión judicial sea procedente, y por ende, su conocimiento pueda ser avocado por el juez constitucional se debe verificar:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional a la luz de la protección de los derechos fundamentales de las partes. Exigencia que busca evitar que la acción de tutela se torne en un instrumento apto para involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones(25).
b. Que se hayan agotado todos los medios —ordinarios y extraordinarios— de defensa judicial existentes para dirimir la controversia, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(26).
c. Que la acción de tutela sea interpuesta en un término razonable a partir del momento en que se produjo la vulneración o amenaza del derecho fundamental(27), cumpliendo con denominado requisito de la inmediatez. Lo anterior, con el objeto de preservar los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, tan caros en nuestro sistema jurídico.
d. Que la irregularidad procesal alegada tenga un efecto determinante en la sentencia que se impugna y que conculque los derechos fundamentales del actor(28).
e. Que la parte actora haya advertido tal vulneración de sus derechos fundamentales en el trámite del proceso ordinario, siempre que esto hubiere sido posible(29).
f. Que no se trate de sentencias proferidas en el trámite de una acción de tutela(30). De forma tal, que se evite que las controversias relativas a la protección de los derechos fundamentales se prolonguen de forma indefinida.
Una vez establecido el cumplimiento de los anteriores requisitos, el juez de tutela solo podrá conceder el amparo cuando halle probada la ocurrencia de alguno(s) de los defectos constitutivos de las que han sido llamadas causales específicas de procedibilidad de la tutela contra sentencias(31), a saber:
Señala la accionante, que el proceso fue fallado en el municipio de Ocaña, Norte de Santander, a pesar de que el juzgado demandado sabía que ella y su menor hijo vivían en la ciudad de Bucaramanga, configurándose así un error en la asignación de la competencia, pues esta viene dada por el domicilio o residencia del menor, la cual no se encontraba acreditada dentro del expediente.
Así mismo, indica la actora que el juzgado demandado debió citar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para que ejerciera la representación y defensa de los intereses del menor dentro del proceso, ya que la madre no compareció al mismo.
Por otro lado, señala que se incurrió en un error en la fijación del monto de la cuota alimentaria al momento de la presentación de la demanda, pues se tomó como base los $ 300.000 pactados en el año 1998 y no se actualizó la suma a 2009.
Así mismo, el amparo constitucional solicitado por la señora María Alejandra Ortiz, fue impetrado oportunamente, pues la providencia emitida por el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña data del 15 de octubre de 2009, y la acción de tutela es interpuesta el 6 de noviembre del mismo año, cumpliéndose en consecuencia el requisito de inmediatez previsto en el artículo 86 superior.
En primer lugar, en lo referente a la falta de competencia alegada por la accionante, como se indicó en las consideraciones de esta providencia, en los procesos de alimentos la competencia viene dada por la jurisdicción de los jueces de familia y por el factor territorial, para lo cual se tiene en cuenta el domicilio del menor. Así mismo, se señaló que una vez presentada y admitida la demanda, la competencia se perpetua (perpetuatio in jurisdicctionis), a pesar de los cambios de domicilio que pueda tener el infante o adolescente.
En el caso objeto de estudio, la demanda fue inicialmente presentada y admitida por el Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, el 29 de noviembre de 2007(32), pues en el escrito de presentación de la misma el demandante, señor Juan Carlos Monje Paque, indicó que esta ciudad era el domicilio de la señora María Alejandra Ortiz y su menor hijo.
Posteriormente, la representante del señor Monje Paque, informó al Juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga que la señora Ortiz y el menor habían cambiado su domicilio a la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, antes de enviarse la comunicación personal del auto admisorio de la demanda(33), por lo que solicita enviar la demanda y sus anexos al juez que considere competente. Por lo anterior, el juzgado Sexto de Familia de Bucaramanga, en providencia del 15 de abril de 2008(34) se declara incompetente y envía el expediente al juez promiscuo de familia de Ocaña.
El Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña asume la competencia del caso el 25 de julio de 2008(35), y, en actos posteriores requiere al señor Monje Paque para que le dé impulso al proceso de disminución de cuota alimentaria(36), por lo que es necesario que se notifique personalmente a la demandada, señora María Alejandra Ortiz.
El 25 de junio del año 2009, el señor Monje Paque, se presentó al Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña solicitando que se hiciera la notificación personal a la señora María Alejandra Ortiz y para ello indica que la dirección de la demandada es la transversal 93 Nº 34-180 condominio Monterrey torre cuatro de la ciudad de Bucaramanga.
En contra del anterior argumento se podría decir que el menor se encontraba domiciliado en Ocaña, pues existe un recibido firmado por este en el mencionado municipio, pero a lo largo del proceso el padre del menor señala que la señora Ortiz reside en la ciudad de Bucaramanga, lo cual es confirmado por esta última a través de los escritos que anexa al expediente(37), por ello, no es de recibo, la conclusión que adjudica competencia al juez segundo promiscuo de familia de Ocaña, sino que por el contrario, se reitera, el juez competente era el sexto de familia de Bucaramanga, y la no tramitación por parte de este configura el defecto orgánico alegado.
En relación, con la falta de representación del menor dentro del proceso de disminución de cuota alimentaria, y en particular en la audiencia celebrada el 15 de octubre de 2009 que finalizó con la reducción de la cuota, encuentra la Sala que efectivamente a ella, solo compareció el señor Juan Carlos Monje Paque, quien hacía las veces de demandante en el mencionado proceso, sin que se encontrara presente la madre del menor, el defensor de familia o un representante del Ministerio Público.
En relación con este punto, obra en el expediente(38) respuesta emitida por el defensor de familia centro zonal 4 - Ocaña en la que informa que la defensora de familia para la época del curso del proceso, se notificó personalmente el 14 de agosto de 2008 del desarrollo del proceso de disminución de cuota alimentaria aquí estudiado. Así mismo, informó que el Juzgado Segundo de Familia de Ocaña no solicitó la presencia del defensor de familia para la celebración de la audiencia de 15 de octubre de 2009, así como para alguna otra diligencia.
La falta de notificación de la audiencia que pondría fin al proceso al defensor de familia impidió que este ejerciera las funciones consagradas en el artículo 82 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en especial las consagradas en los numerales 10 y 11 del mencionado artículo que prescriben lo siguiente:
“ART. 81.—Funciones del defensor de familia.
12. Representar a los niños, las niñas o los adolescentes en las actuaciones judiciales o administrativas, cuando carezcan de representante(39) , o este se halle ausente o incapacitado, o sea el agente de la amenaza o vulneración de derechos”.
La falta de asistencia del defensor de familia, cobra gran importancia en el presente caso, pues dentro de la audiencia celebrada el 15 de octubre de 2009 el menor careció por completo de representación, ya que a ella no asistió su representante, ni ninguna autoridad que velara por los intereses superiores del adolescente. De allí que el juez segundo de familia tuviera por ciertas todas las afirmaciones realizadas por el señor Monje Paque, y que no existiera controversia del material probatorio arrimado al proceso, y menos aun, que se dispusieran pruebas tendientes a establecer las necesidades del menor. Es de gran importancia recordar, como bien se señaló en la parte considerativa de esta providencia, que en los procesos de revisión de cuota alimentaria, no basta estudiar la capacidad económica del deudor de alimentos, sino que, resulta necesario verificar las necesidades del acreedor de los mismos, en este caso el joven Carlos Monje Ortiz, lo cual no se realizó en el presente caso, pues todas las pruebas apuntaban a la incapacidad del demandante de cumplir con su obligación.
La inasistencia del defensor de familia a la audiencia con la que finalizó el proceso de disminución de cuota alimentaria, en este caso en particular viola de manera directa la Constitución, en especial el artículo 29 y el interés superior del menor que debe prevalecer en estos casos. Lo anterior por cuanto el joven Juan Carlos Monje Ortiz careció por completo de defensa dentro del proceso, en la medida que nadie veló por sus intereses, no se solicitaran pruebas tendientes a acreditar sus necesidades y no se verificó el monto vigente de la cuota alimentaria. De allí que si bien, no existe norma expresa que requiera al defensor de familia en dicha actuación, en el caso en particular esta se hacía necesaria y su no asistencia, se reitera, configura una violación directa de la Constitución, y en especial, los derechos de los menores consagrados en el artículo 44 superior.
“ART. 129.—Alimentos
(...) La cuota alimentaria fijada en providencia judicial, en audiencia de conciliación o en acuerdo privado se entenderá reajustada a partir del 1º de enero siguiente y anualmente en la misma fecha, en porcentaje igual al índice de precios al consumidor, sin perjuicio de que el juez, o las partes de común acuerdo, establezcan otra fórmula de reajuste periódico”.
El valor de la cuota a cargo del señor Juan Carlos Monje Paque fue fijado en la audiencia de conciliación de divorcio contencioso ante la juez cuarta de familia de Neiva en el año 1998, en dicha oportunidad el padre del menor ofreció voluntariamente la suma de $ 300.000 mensuales por concepto de alimentos, esta cuota estaba sujeta a los incrementos anuales que decrete el Gobierno Nacional al salario mínimo. Así mismo, obra en el expediente(40) escrito de 22 de febrero de 1999, firmado por la madre del menor, señora María Alejandra Ortiz, en el que se pacta un descuento en la cuota mensual alimentaria por valor de $ 50.000, quedando establecida la mensualidad en $ 250.000 para el año 1999. Era obligación del Juzgado Segundo de Familia de Ocaña actualizar el último valor de conformidad a lo establecido en el artículo 129 del Código de la Infancia y Adolescencia anteriormente señalado al momento de fijar el nuevo valor de la cifra, de allí que el no reajuste del valor inicial constituye un error en la aplicación de la normatividad vigente dentro de los procesos de revisión de cuota alimentaria.
Lo anterior desconoce la finalidad de los alimentos, pues no toma en cuenta para la reducción la posible afectación del derecho a estos del menor.
La falta de actualización de la cuota alimentaria, y la fijación que hizo el juez segundo promiscuo de familia del nuevo valor de los alimentos a partir de una cifra inexistente y dejando de aplicar la disposición legal, configura un defecto sustancial que vulnera de manera clara el derecho del adolescente a los alimentos que se encuentra constitucionalmente protegido(41).
Finalmente, en relación con la notificación del auto admisorio de la demanda a la madre del menor, existen dentro del expediente pruebas que permiten inferir la falta de efectividad de la misma, pues si bien se envió la notificación a la transversal 93 Nº 34-180 condominio Monterrey torre cuatro apartamento 1102 de Bucaramanga, obran en el expediente constancia de la administradora de dicho conjunto en la que manifiesta que la señora María Alejandra Ortiz es residente de él, pero en la torre 6 apartamento 803(42). Así mismo, expresa la administradora que por error en el servicio de vigilancia, fue recibida una correspondencia que fue entregada en el apartamento 1102 de la torre 4, que llegó a nombre de la señora Ortiz, quien no reside en ese apartamento desde agosto de 2006(43). De allí que la señora Ortiz se enterara tardíamente de la existencia del proceso de disminución de cuota alimentaria y procediera a comunicarse telefónicamente con el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia de Ocaña el 6 de octubre de 2009(44), manifestando que había recibido una boleta de citación para presentarse a audiencia en dicho juzgado el 15 de octubre, pero que ella no residía en Ocaña. En esa oportunidad el citador del juzgado le indicó que si tenía algo que alegar, dirigiera un escrito al despacho manifestando lo que a bien quisiera(45).
En atención a lo señalado por el citador del juzgado accionado, la señora Ortiz dirige un escrito solicitando la nulidad de lo actuado desde el auto admisorio por indebida notificación, pues las citaciones se habían enviado a una dirección errada. El mencionado escrito fue recibido en el Juzgado Segundo Promiscuo de Familia el 15 de octubre de 2009, a las 2:20 p.m.(46), pero en ese momento ya se estaba desarrollando la audiencia con la cual finalizó el proceso.
Lo anterior permite inferir la ocurrencia de irregularidades en el proceso de notificación de la madre del menor, las cuales impidieron que esta interviniera dentro del juicio de revisión de cuota alimentaria defendiendo los intereses de menor hijo.
— Defecto orgánico, por indebida asignación de la competencia. Como se indicó en el presente caso se vulneró el principio de la perpetuatio in jurisdicctionis.
— Defecto material al no aplicar el inciso octavo del artículo 129 del Código de la Infancia y la Adolescencia, en lo referente a la actualización del monto de la cuota alimentaria dentro del proceso, y
— Violación directa de la Constitución por indebida notificación a la representante del menor e inasistencia del defensor de familia.
1. Revocar la decisión proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia el 26 de abril de 2010, que confirmó la emitida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, en la cual se declaró improcedente el amparo solicitado.
2. Tutelar los derechos fundamentales del actor al debido proceso y mínimo vital del joven Juan Carlos Monje Ortiz.
3. Declarar la nulidad de todo lo actuado en el proceso de disminución de cuota alimentaria iniciado por Juan Carlos Monje Paque contra María Alejandra Ortiz Rojas.
(1) Folio 37, cuaderno de pruebas.
(2) Folios 54, 55, 56, cuaderno de pruebas.
(3) Folio 57, cuaderno de pruebas.
(4) Folio 68, cuaderno de pruebas.
(5) Cuaderno de pruebas.
(6) Folio 86 cuaderno 1.
(8) Folio 119, cuaderno 1.
(9) Folio 141, cuaderno principal.
(10) Artículo 133 y s.s. Código del Menor.
(11) Artículo 5º, literal i del Decreto 2272 de 1989.
(12) Artículo 8º del Decreto 2272 de 1989.
(13) Artículo 139 del Código del Menor.
(14) Artículo 21 del Código de Procedimiento Civil.
(15) Artículo 140 del Código del Menor.
(16) Artículo 141, Código del Menor.
(17) Artículo 142 ibídem.
(18) Artículo 143, Código del Menor.
(19) Artículo 144 ibídem.
(20) Artículo 145, Código del Menor.
(21) Artículo 146 ibídem.
(22) Sentencias T-328 de 2005, T-1226 de 2004, T-853 de 2003, T-420 de 2003, T-1004 de 2004, T-328 de 2005, T-842 de 2004, T-328 de 2005, T-842 de 2004, T-836 de 2004, T-778 de 2005, T-684 de 2004, T-1069 de 2003, T-803 de 2004, T-685 de 2003, T-1222704 (sic), entre otras.
(23) De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo, que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe contra los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales.
(24) En Sentencia T-774 de 2004 esta corporación afirmó que este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar “(...) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad”.
(25) Sentencia T-173 de 1993.
(27) Ver entre otras la Sentencia T-315 de 2005.
(31) Desarrollados in extenso en la Sentencia C-590 de 2005.
(32) Folio 21, cuaderno de pruebas.
(33) Folio 36, cuaderno de pruebas.
(34) Folio 38, cuaderno de pruebas.
(35) Folio 48, ibídem.
(36) Folios 54, 55 y 56, cuaderno de pruebas.
(37) Folio 143, cuaderno 1, en este se indica que al momento de la presentación de la demanda la señora Ortiz residía en Bucaramanga y a folio 144 cuaderno 1 se indica que la accionante se trasladó a Ocaña el 19 de mayo de 2008, fecha en la cual se encontraba admitida la demanda.
(38) Folio 196, cuaderno principal.
(39) Resaltado fuera del texto original.
(40) Folio 7, cuaderno de pruebas.
(41) Artículo 44 de la Constitución.
(42) Folio 141, cuaderno principal.
(43) Folio 141, cuaderno principal.
(44) Folio 67, cuaderno de pruebas.
(45) Folio 67, ibídem.
(46) Folio 75, cuaderno de pruebas.