Source: https://www.slideshare.net/RobertoMontoyaAlarcon/manual-sistema-peruano
Timestamp: 2018-03-18 14:23:52
Document Index: 326232303

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1. 1 Manual del sistema peruano de justicia
2. 2 Presentación
3. 3 Manual del sistema peruano de justicia Manual del sistema peruano de justicia
4. 4 Presentación
5. 5 Manual del sistema peruano de justicia Manual del sistema peruano de justicia Instituto de Defensa Legal Pontificia Universidad Católica del Perú Facultad y Departamento de Derecho Jueces para la Justicia y Democracia
6. 6 Presentación Cuidado de la edición: Rocío Moscoso Diagramación y diseño de carátula: Juan Carlos García Miguel 226-1568 Tirada: 2000 ejemplares. Segunda edición. Impresión:Ali arte gráfico publicaciones SRL Américo Vespucio 107 Covima, La Molina 349-6636 / aliarte@terra.com.pe © 2003 Octubre del 2003 © Justicia Viva es el proyecto que viene ejecutando el consorcio integrado por el Instituto de Defensa Legal, la Facultad y Depar- tamento de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y la Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia. Manuel Villavicencio 1191, Lince Teléfono; (1) 422 0244 / Fax: (1) 422 1832 Correo electrónico: justiciaviva@idl.org.pe web: www.justiciaviva.org.pe Lima, octubre del 2003 Depósito legal “Esta publicación fue posible a través del apoyo provisto por la Oficina de Iniciativas Democrá- ticas de la Agencia para el Desarrollo Internacional de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo al Convenio suscrito Nº 527-A-00-02-00221-11. Las opiniones expresadas en esta publi- cación pertenecen a sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de la Agencia para el Desarrollo Internacional de la Embajada de los Estados Unidos, USAID.” ISBN 9972-9758-2-7 Depósitolegal:1501142003-4975
7. 7 Manual del sistema peruano de justicia
8. 8 Presentación
9. 9 Manual del sistema peruano de justicia
10. 10 Presentación
11. 11 Manual del sistema peruano de justicia
12. 12 Presentación
13. 13 Manual del sistema peruano de justicia Uno de los temas sobre el que hay unanimidad en el complejo mundo de la justicia latinoamericana es el desconocimiento –y la consiguiente lejanía– de todos los ciudadanos que no sean abogados o magistrados respecto al alcance, la estructura y el funcionamiento del sistema dirigido a resolver pacíficamente sus controversias. Esto obedece a que, además de la existencia de una vasta y confu- sa red de instituciones y procedimientos, se ha generado una copiosa jerga jurí- dica que mantiene al margen a los no iniciados y recubre con un halo de cientificismo tanto el lenguaje de los distintos operadores como los pronuncia- mientos jurisdiccionales y los textos doctrinarios. Viendo que este contexto es todavía más notorio en el Perú, habida cuenta de nuestra multiculturalidad, el Consorcio Justicia Viva se ha propuesto elaborar un manual en el que se presente en sociedad el entramado institucional y funcio- nal del sistema de justicia en toda su extensión. En este proyecto, no sólo se ha considerado al Poder Judicial ni tampoco a éste más los tres organismos consti- tucionales restantes que conforman el núcleo duro del sistema –el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y el Consejo Nacional de la Magistratura– sino también a cada uno de sus componentes. Creemos que todos ellos merecen nuestra dedicación, tanto para cubrir la totalidad del espectro correspondiente, cuanto porque la visión de conjunto permite establecer una serie de interrelaciones imprescindibles para tener una perspectiva sistémica. Por ello, y para completar la exposición de la jurisdicción ordinaria, a los organismos ya mencionados hemos agregado el estudio y la presentación de la justicia de paz, la defensa de oficio, la conciliación extrajudicial, la policía –en Presentación
14. 14 Presentación su relación con la administración de justicia–, el sistema penitenciario, y la inde- pendencia y el asociacionismo judiciales. Finalmente, se desarrolla el tema de las jurisdicciones especiales en los ámbitos constitucional y de comunidades cam- pesinas y nativas, los tribunales militares, el arbitraje y el Sistema Interamerica- no de Justicia. Se trata, pues, de un abordaje integral inédito en nuestro país. La finalidad principal de esta obra es acercar –de manera sencilla pero rigu- rosa– el mundo de los medios formales de solución de conflictos a la ciudadanía y, especialmente, a los periodistas, líderes sociales, estudiantes universitarios y demás comunicadores y activistas de todo el país. En función de ello, la obra culmina con un glosario jurídico cuyo propósito es coadyuvar a la comprensión de los términos técnicos que, inevitablemente, tienen que utilizarse. Se busca colaborar con la ruptura del velo que separa al ciudadano común del sistema de justicia y que sólo le deja ver sombras poco definidas e incompren- sibles. Por esto, hemos optado por una presentación más bien esquemática y simple, que no pretende competir con la literatura especializada sino que persi- gue volver asequibles las líneas maestras del sistema, de la manera más sencilla posible pero siempre en el marco de una exposición concienzuda. Como actividad primordial para concretar esta finalidad, y a partir de la elaboración de este manual, se ha previsto la realización permanente, a lo lar- go de todo el país, de un conjunto de talleres de formación dirigidos a los colectivos priorizados. Así, esta obra no concluirá con su mera publicación sino que está destinada a un trajín más grande, a una lectura a solas pero también a una discusión colectiva, por lo que nuestro mayor deseo sería que se use como libro de consulta cotidiana en muchas casas y escritorios de toda la geografía nacional. Se trata, además, de una obra coral, tanto porque en ella ha participado un significativo número de profesionales, cuanto porque los ensayos han buscado articularse formal y sustantivamente a partir de criterios comunes. De esta ma- nera, se ha diseñado un producto que recoge las opiniones de los diversos espe- cialistas, aunque sin renunciar a un enfoque común que le dé consistencia y ho- mogeneidad. En tal sentido, la responsabilidad del capítulo dedicado al Poder Judicial corresponde a Abraham Siles, en tanto que el referente a la Justicia de Paz a Wilfredo Ardito. El capítulo del Ministerio Público ha estado a cargo de Carlos
15. 15 Manual del sistema peruano de justicia Rivera, Edwar Álvarez y César Bazán. Inés de Vinatea se ha responsabilizado de la Defensa de oficio; Javier La Rosa de la Conciliación extrajudicial; Miguel Huerta de Policía; Carlos Rivera del Sistema penitenciario; Eduardo Castillo de la Defensoría del Pueblo, la Independencia judicial y las Asociaciones judiciales, y Ernesto de la Jara del Consejo Nacional de la Magistratura. De otro lado, el capítulo de Jurisdicción constitucional tuvo como responsable a Francisco Eguiguren, en tanto que Jurisdicción de las comunidades campesinas y nativas correspondió a Juan Carlos Ruiz, Tribunales militares a David Lovatón, Arbitraje a Alfredo Villavicencio y, por último, Sistema Interamericano de Justicia a Alfredo Villavicencio y César Bazán. La dirección y coordinación general de la obra estuvo a cargo de Alfredo Villavicencio. Somos conscientes tanto de las limitaciones de esta obra cuanto de su im- portancia como primer paso para aproximarse al sistema de justicia. Espera- mos que su utilidad vaya de la mano con el entusiasmo e ilusión que pusimos en su elaboración.
16. 17 Manual del sistema peruano de justicia Primera Parte Jurisdicción ordinaria: el Poder Judicial y el tejido institucional complementario
17. 18 Capítulo I: El Poder Judicial
18. 19 Manual del sistema peruano de justicia Capítulo I: El Poder Judicial
19. 20 Capítulo I: El Poder Judicial
20. 21 Manual del sistema peruano de justicia Introducción El Judicial, junto con el Legislativo y el Ejecutivo, es uno de los tres poderes clásicos del Estado liberal moderno. Desde el inicio de la era republicana, ha exis- tido en el Perú un Poder Judicial concebido como independiente de los otros pode- res del Estado, al que se encomienda la potestad jurisdiccional. Así lo consagró la primera Constitución peruana, la de 1823 (artículos 95 y siguientes), y ha sido reiterado por las posteriores cartas fundamentales del país. En el marco del Estado constitucional y democrático de Derecho, el Poder Judicial desempeña un papel de gran importancia, ya que su concurso asegura la efectividad de los derechos de las personas, así como el control del ejercicio del poder. Mediante la solución de los conflictos o litigios, en aplicación de la Consti- tución y la ley, los jueces y tribunales ordinarios tienen la misión de garantizar la convivencia civilizada y la paz social. De allí la necesidad de que jueces y tribunales estén dotados de independencia e imparcialidad, para no doblegarse ante presiones externas ni internas de ningún tipo (políticas, económicas, sociales, etcétera), ni favorecer ni perjudicar de mane- ra indebida a ninguna de las partes de los litigios por razones inválidas o ilegales. El ejercicio de la potestad jurisdiccional –o potestad de “administrar justicia”, como la llama la actual Constitución peruana (artículo 138, párrafo 1)– comprende al menos los siguientes actos: 1. La tutela de los derechos fundamentales. 2. La tutela de los derechos ordinarios e intereses legítimos. 3. La sanción de los delitos. 4. El control de la legalidad de la actuación de las autoridades administrativas. 5. El control de la constitucionalidad y la legalidad del ejercicio de la potestad reglamentaria. 6. Elcontroldifusodelaconstitucionalidaddelasleyesynormasconrangodeley.
21. 22 Capítulo I: El Poder Judicial Para el cumplimiento de sus tareas, el Poder Judicial se organiza en un cuerpo jerárquico y se rige por los principios de unidad y exclusividad. La existencia de jerarquía no significa que quienes ocupan los peldaños superiores de la escala judi- cial puedan dar órdenes a quienes están en posición “inferior” (éstos no son sus subordinados), ya que ello importaría una vulneración de la independencia que debe caracterizar a todo juez y tribunal, cualquiera sea su grado. El criterio jerár- quico se justifica únicamente en razón de permitir la revisión de las decisiones jurisdiccionales por órganos distintos (normalmente colegiados), como una garan- tía básica de los sujetos del litigio. Por otra parte, el Poder Judicial conforma una entidad “unitaria”, ya que el principio de igualdad ante la ley exige que todas las personas estén sometidas a los mismos tribunales –entiéndase tribunales de una misma naturaleza–, sin que sea posible la existencia de fueros especiales o de privilegio en razón de características personales o sociales. No obstante, conforme a la misma Constitución vigente, subsiste aún el Fuero Privativo Militar, encargado principalmente de sancionar los denominados “delitos de función” en que incurran los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional (artículos 139.1, 141 y 173, Constitución). Desde luego, la unidad jurisdiccional no quiere decir que la ley esté impedida de establecer la especialización de los juzgados y tribunales, por razón de la mate- ria, en distintos órdenes judiciales (civil, penal, laboral, de familia, etcétera), ya que la exigencia es que sean juzgados y tribunales integrados en el Poder Judicial, y en ese sentido provistos del mismo estatuto o régimen legal, los que ejerzan la potestad jurisdiccional. Y es que, en definitiva, el fundamento del propio principio de unidad es que todos los órganos jurisdiccionales deben estar dotados de idénti- cas garantías (independencia, motivación de las decisiones, publicidad del juicio y del fallo, etcétera). En realidad, cuando se reconoce el principio de unidad jurisdiccional como la base de la organización y funcionamiento de la administración de justicia no se ataca la posibilidad de crear órganos judiciales diferenciados por la competencia, lo que es plenamente admisible. Lo que se procura evitar es, más bien, la existencia de tribunales no independientes, sometidos por el poder político mediante la altera- ción del estatuto legal de los magistrados, situación recurrente, en nuestro país y en otras latitudes, en un pasado no tan lejano. Así, el principio de unidad jurisdiccional conlleva que todos los jueces han de sujetarse a un estatuto orgánico único, el que será de tal naturaleza y característi- cas que garantice la independencia. En última instancia, entonces, el principio de
22. 23 Manual del sistema peruano de justicia unidad jurisdiccional ha de entenderse como una garantía de la independencia judi- cial, lo que acarrea los siguientes rasgos comunes a toda la judicatura ordinaria: (i) estatuto personal único, (ii) jueces técnicos (letrados) y de carrera, (iii) formación de un cuerpo único (el Poder Judicial) y (iv) sujeción a los órganos de gobierno del Poder Judicial. Por último, vale la pena explicitar que el principio de unidad jurisdiccional también determina que no sea posible, en el marco del proceso de descentralización regulado constitucionalmente, la creación de juzgados y tribunales distintos y sepa- rados del Poder Judicial a nivel regional o local. En otras palabras, la autonomía de los gobiernos regionales y locales, consagrada por la Carta Política (artículos 191 y 194, Constitución, según la Ley 27680, de reforma constitucional, publicada el 7 de marzo del 2002), no les autoriza a crear o tener organizaciones jurisdiccionales propias. En cuanto al principio de “exclusividad”, éste deriva del anteriormente comen- tado principio de unidad jurisdiccional, en la medida en que supone la prohibición, contenida en la propia Carta Fundamental, de que se atribuya potestad jurisdiccio- nal a órganos que no formen parte del Poder Judicial. En este sentido positivo, el principio de exclusividad es el resultado de la confluencia del principio de separa- ción de poderes (artículo 43, párrafo 3, Constitución) y del derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 139.3, párrafo 1, Constitución). En sentido negativo, que es el sentido propio, la exclusividad judicial significa que los jueces y tribunales ordinarios no pueden ejercer nada más que la potestad jurisdiccional, quedando así excluidos de otras funciones y cometidos públicos. Por cierto, el principio de exclusividad no es absoluto, sino que admite determi- nadas excepciones. En sentido positivo, la más obvia es la del Tribunal Constitu- cional, que es, indudablemente, un órgano jurisdiccional, pese a no estar integrado al Poder Judicial. Empero, debe indicarse que, además del Tribunal Constitucional, otros órganos o sujetos también han sido dotados de jurisdicción por el Texto Fun- damental. Es el caso, al menos, del Jurado Nacional de Elecciones (artículo 178.4, Constitución) y de las comunidades campesinas y nativas (artículo 149, Constitu- ción). En sentido negativo, la propia Constitución admite que los jueces se dedi- quen también a la enseñanza y a “otras tareas expresamente previstas por la ley” (artículo 146, párrafo 2). Pero no sólo interesan los principios orgánicos de jerarquía, unidad y exclusivi- dad, sino también los principios funcionales conforme a los cuales el Poder Judicial despliega su labor principal. A este respecto, conviene poner de relieve, ante todo,
23. 24 Capítulo I: El Poder Judicial que la actividad jurisdiccional se desarrolla en el marco de un proceso, lo que implica la existencia de una controversia entre dos o más partes sobre la aplicación del Derecho a un caso determinado, así como que éstas cuenten con la oportunidad de esgrimir y probar sus argumentos a lo largo de una sucesión ordenada de actos, bajo la dirección y decisión final de un tercero ajeno a los litigantes, que actúa investido de autoridad. Para que esté dotado de validez jurídica, el proceso en el cual se ejerce la potestad jurisdiccional debe cumplir un conjunto de “garantías mínimas” común- mente conocidas como “debido proceso legal”, las mismas que han sido formula- das en el ámbito del Derecho Penal, pero que se extienden igualmente a otros órde- nes judiciales (civil, laboral, fiscal, etcétera). Tales garantías mínimas incluyen el derecho de recibir asistencia gratuita de traductor o intérprete, la comunicación previa y detallada de la acusación, la concesión del tiempo y los medios adecuados para la preparación de la defensa, el derecho a la defensa personal y letrada, el derecho de interrogar a los testigos y de hacer comparecer en juicio a otras perso- nas, el derecho a no declarar contra sí mismo y a no reconocer culpabilidad, y el derecho de interponer recursos impugnatorios (artículo 8.2, Convención America- na de Derechos Humanos). Un último rasgo que se debe destacar de la potestad jurisdiccional es que su ejercicio es expresión del “imperio” (ius imperium) del que está dotado el Estado, lo que determina la obligatoriedad de los mandatos emitidos por jueces y tribunales en el marco de los procesos a su cargo. Las decisiones jurisdiccionales son de naturaleza vinculante (son obligatorias) y, una vez que adquieren firmeza en razón de no poder ser ya impugnadas (cuando no cabe ya interponer ningún recurso con- tra ellas), deben ser ejecutadas en sus propios términos, pudiendo ser impuestas con el auxilio de la fuerza pública. De las resoluciones judiciales firmes –que son inimpugnables, irrevocables, inmodificables y coercitivas– se dice que constituyen “cosa juzgada” (artículos 139.2 y 139.13, Constitución). El Poder Ejecutivo, por prescripción constitucional, debe prestar su colaboración al Poder Judicial y “cum- plir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales” (artículo 118.9, Constitución). 1. La organización judicial El Judicial, en tanto poder del Estado, titular único y exclusivo de la potestad jurisdiccional en todo el territorio de la República, requiere una organización vasta
24. 25 Manual del sistema peruano de justicia y compleja (jerárquica) a fin de cumplir cabalmente sus cometidos constituciona- les. El régimen legal básico de los juzgados y tribunales ordinarios se halla previsto en la propia Constitución Política, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y los códigos y principales leyes procesales. La actual Constitución peruana estipula que “el Poder Judicial está integrado por órganos jurisdiccionales que administran justicia en nombre de la Nación, y por órganos que ejercen su gobierno y administración” (artículo 143, párrafo 1, Constitución). La distinción entre lo jurisdiccional y, por otra parte, lo gubernativo y administrativo, es saludable en la medida en que contribuye a crear un modelo de organización judicial más racional y eficiente, al mismo tiempo que permite a los jueces concentrarse en el cumplimiento de su función esencial –el procesamiento y la resolución de los litigios–, aligerados de la pesada carga de asuntos de dirección y gestión institucional. Ello no significa que los jueces, como corporación, queden excluidos de las tareas de política y administración judicial, sino que cada juez individualmente, en tanto tenga asignada labor jurisdiccional, se ve eximido de atender tales asuntos, al menos más allá del límite de lo razonable. Considerados como cuerpo unitario, sin embargo, los jueces son siempre los titulares de las potestades de dirección y admi- nistración institucional, las mismas que ejercen a través de los órganos previstos para ello. Los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial son los siguientes: 1. La Corte Suprema de Justicia. 2. Las cortes superiores de justicia. 3. Los juzgados especializados y mixtos. 4. Los juzgados de paz letrados. 5. Los juzgados de paz. Los órganos de gobierno del Poder Judicial son los siguientes: 1. El presidente del Poder Judicial. 2. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. 3. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 4. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). 5. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los órganos administrativos del Poder Judicial son los siguientes: 1. La Gerencia General del Poder Judicial. 2. La Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial.
25. 26 Capítulo I: El Poder Judicial Junto con los antes mencionados, el Poder Judicial cuenta con órganos auxilia- res (secretarios y relatores de salas de la Corte Suprema y de las cortes superiores de justicia, secretarios de juzgados especializados o mixtos y de juzgados de paz letrados, y oficiales auxiliares de justicia, así como peritos, martilleros, Policía Judicial, etcétera) y órganos de formación e investigación (laAcademia de la Ma- gistratura y el Centro de Investigaciones Judiciales). Para un adecuado desarrollo de sus actividades de todo orden (jurisdiccionales, gubernativas y administrativas), el Poder Judicial se organiza en un conjunto de circunscripciones territoriales denominadas distritos judiciales, cada una de las cuales está bajo la dirección y responsabilidad de una Corte Superior de Justicia. En líneas generales, puede decirse que los distritos judiciales suelen coincidir con la demarcación política de los departamentos del país, aunque se observa también algunas notorias diferencias. Así, existen 27 distritos judiciales a nivel nacional, siendo de destacar que en la capital de la República operan dos cortes superiores, a saber, la Corte Superior de Justicia de Lima (la más grande del país) y la Corte Superior de Justicia del Cono Norte, a las cuales se suma, por su proximidad terri- torial, la Corte Superior del Callao. En cada Corte Superior de Justicia, se reproduce grosso modo el modelo organizativo judicial de carácter nacional, lo que equivale a decir que las diversas cortes superiores cuentan con órganos jurisdiccionales de distintas instancias (mo- delo jerárquico), así como con órganos de gobierno y de administración, con las particularidades que más adelante son objeto de precisión y comentario. 2. Órganos jurisdiccionales 2.1 Corte Suprema de Justicia La actual Constitución peruana ha estatuido que “corresponde a la Corte Su- prema fallar en casación, o en última instancia, cuando la acción se inicia en una Corte Superior o ante la propia Corte Suprema conforme a ley”, añadiendo que “asimismo, conoce en casación las resoluciones del Fuero Militar, con las limita- ciones que establece el artículo 173”, el cual se refiere a los muy excepcionales supuestos de imposición de pena de muerte (artículo 141, Constitución). Las funciones casatorias de la Corte Suprema están relacionadas con el control que debe ejercer el máximo tribunal de justicia ordinaria sobre la correcta aplica- ción del Derecho por los juzgados y tribunales inferiores, así como con la labor de
26. 27 Manual del sistema peruano de justicia unificación jurisprudencial (sentencias uniformes y reiteradas) que el principio de igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica exigen del Poder Judicial. Por contraste, la intervención jurisdiccional como “última instancia” importa que la Corte Suprema expida sentencias sobre el fondo de las controversias, resolvién- dolas de manera definitiva. Lo que el Texto Fundamental vigente procura, con estas regulaciones, es forta- lecer el rol de elaboración jurisprudencial y de orientación a la comunidad jurídica que está a cargo de la Corte Suprema de Justicia, mediante el desarrollo de sus fun- ciones casatorias. El presupuesto de ello es, desde luego, la reducción del número de procesos que son elevados a conocimiento del máximo tribunal como instancia de fallo, a fin de que pueda concentrarse en aquellos casos que ameritan el desarrollo de lineamientos interpretativos y aplicativos del Derecho que tengan alcance general. La reducción del volumen de causas que reclaman un pronunciamiento de la Corte Suprema, en vía de recurso de apelación o de nulidad (instancia de fallo), requiere, sin embargo, la concurrencia de otros factores, tales como reformas lega- les, modificaciones de la organización judicial y cambios en la cultura jurídica y litigiosa peruana. Como quiera que fuere, la Corte Suprema de Justicia, que tiene su sede en la capital de la República, extiende su competencia jurisdiccional a todo el territorio patrio, y es el más alto tribunal de la judicatura ordinaria del país. Para su trabajo resolutorio de conflictos, se divide en salas especializadas permanentes y transito- rias (estas últimas, desde luego, debieran tener carácter excepcional). Cada sala está integrada por cinco vocales (órganos colegiados) y es presidida por quien de- signe el presidente de la Corte Suprema. Las especialidades son tres: de Derecho Civil, de Derecho Penal y de Derecho Constitucional y Social. En la actualidad, existen tres salas permanentes y tres salas transitorias supremas. Conforme a la LOPJ, la Corte Suprema conoce, como órgano de instancia de fallo, los siguientes procesos: a) Los iniciados en las cortes superiores. b) Los de materia constitucional. c) Los originados en la propia Corte Suprema. d) Los demás que señala la ley (artículo 31, LOPJ). A la vez, la LOPJ contiene una norma de remisión en materia casatoria, al indicar que el tribunal supremo “conoce de los procesos en vía de casación con arreglo a lo establecido en la ley procesal respectiva” (artículo 32, LOPJ), añadien- do que “conoce igualmente en vía de casación, las sentencias expedidas por las
27. 28 Capítulo I: El Poder Judicial Salas de Familia en cualquier materia de su competencia e independientemente de la Ley que norme el proceso respectivo” y que, “en cualquier caso, el recurso debe reunir los requisitos de forma y fondo establecidos por el Código Procesal Civil” (conforme a la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 27155, publica- da el 11 de julio de 1999). La competencia jurisdiccional de las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, conforme a la LOPJ, es la siguiente: Las salas civiles conocen: 1. De los recursos de apelación y de casación de su competencia. 2. De las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad, conforme al Código Procesal Civil. 3. De los procesos de responsabilidad civil contra los vocales de la propia Cor- te Suprema y de las cortes superiores, así como contra miembros del Conse- jo Supremo de Justicia Militar y otros funcionarios, conforme a la Constitu- ción y las leyes, en primera instancia. 4. En primera instancia, de las acciones contencioso-administrativas, en los casos en que la ley así lo establece. 5. De los demás procesos que señala la ley (artículo 33, LOPJ). Las salas penales conocen: 1. El recurso de apelación en procesos sentenciados por las cortes superiores en materia penal, que sean de su competencia. 2. De los recursos de casación conforme a ley. 3. De las contiendas y transferencias de competencia, conforme a ley. 4. De la investigación y juzgamiento de los delitos que se imputan contra los funcionarios comprendidos en el artículo 183 de la Constitución, fiscales y vocales superiores, miembros del Consejo Supremo de Justicia Militar y contra los demás funcionarios que señala la ley, conforme a las disposicio- nes legales pertinentes (artículo 99 de la actual Constitución de 1993). 5. De las extradiciones activas y pasivas. 6. De los demás procesos previstos en la ley (artículo 34, LOPJ). Las salas de Derecho Constitucional y Social conocen: 1. En última instancia, de las acciones de hábeas corpus y amparo (inciso dero- gado por el artículo 41 de la Ley 26435, Ley Orgánica del Tribunal Consti- tucional, LOTC, publicada el 10 de enero de 1995).
28. 29 Manual del sistema peruano de justicia 2. Del recurso de apelación de las resoluciones dictadas por las salas civiles supremas y superiores, en las acciones contencioso-administrativas que ellas conocen en primera instancia. 3. De las contiendas de competencia y de los conflictos de autoridad que les son propias. 4. De los recursos de casación en materia de Derecho Laboral y Agrario cuan- do la ley expresamente lo señala. 5. En última instancia, de los procesos promovidos por acción popular confor- me al artículo 295 de la Constitución (artículo 200.5 de la actual Constitu- ción de 1993), y por responsabilidad civil en los casos señalados en el inciso 3) del artículo 33 de esta Ley. 6. Del recurso de casación en las acciones de expropiación, conforme a ley. 7. En segunda instancia, de los procesos de responsabilidad civil resueltos por la Sala Civil Suprema. 8. De los demás asuntos que establece la ley (artículo 35, LOPJ). 2.2 Cortes superiores de justicia Las cortes superiores de justicia, que tienen como sede la ciudad indicada en cada caso por la ley, extienden su competencia jurisdiccional a todo el ámbito del respectivo distrito judicial. Cada una de ellas cuenta con las salas especializadas o mixtas que señala el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, según las necesidades del correspondiente distrito judicial. Las salas superiores pueden funcionar en una ciudad o provincia distinta de la sede de la Corte Superior. Cada sala está integrada por tres vocales superiores y es presidida por el de mayor antigüedad. Conforme a la LOPJ, las salas de las cortes superiores resuelven en segunda y última instancia, con las excepciones que esta- blece la ley (artículo 39, LOPJ). Si la Corte Superior tiene más de una sala de la misma especialidad, los procesos han de ingresar por turnos que fija el Consejo Ejecutivo Distrital (artículo 44, LOPJ). La competencia jurisdiccional de las salas especializadas de las cortes superio- res de justicia, conforme a la LOPJ, es la siguiente: Las salas civiles conocen: 1. De los recursos de apelación de su competencia conforme a ley. 2. De las quejas de derecho, contiendas de competencia y conflictos de autori- dad que les corresponden conforme a ley.
29. 30 Capítulo I: El Poder Judicial 3. En primera instancia, de los procesos sobre responsabilidad civil derivados del ejercicio de sus funciones, contra los jueces especializados o mixtos, los jueces de paz letrados y los jueces de paz. 4. De las contiendas de competencia entre los jueces civiles. 5. Como primera instancia, de las acciones contencioso-administrativas de su competencia. 6. De los demás procesos que establece la ley (artículo 40, LOPJ). Las salas penales conocen: 1. De los recursos de apelación de su competencia conforme a ley. 2. Del juzgamiento oral de los procesos establecidos por la ley. 3. De las quejas de derecho y contiendas de competencia promovidas en mate- ria penal que les corresponden. 4. En primera instancia, de los procesos por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones por los jueces especializados o mixtos, jueces de paz letrados, jueces de paz y otros funcionarios señalados por la ley, aunque hayan cesado en el cargo. 5. De los demás asuntos que correspondan conforme a ley (artículo 41, LOPJ). Las salas laborales conocen: 1. De la acción popular en materia laboral. 2. De la impugnación de laudos arbitrales emanados de una negociación colec- tiva. 3. De la acción contencioso-administrativa en materia laboral y de seguridad social. 4. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo, y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial. 5. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y las autoridades admi- nistrativas, en los casos previstos por la ley. 6. Las quejas de derecho por denegatoria de recurso de apelación. 7. La homologación de conciliaciones privadas. 8. Los demás asuntos que señale la ley (artículo 42, LOPJ). Las salas agrarias conocen: 1. En grado de apelación, los procesos resueltos por los juzgados agrarios. 2. En primera instancia, las acciones contencioso-administrativas y las accio- nes populares, en materia agraria.
30. 31 Manual del sistema peruano de justicia 3. De los conflictos de autoridad entre juzgados agrarios y autoridades admi- nistrativas, en los casos previstos por la ley. 4. De las contiendas de competencia entre juzgados agrarios, o entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad de su jurisdicción territorial. 5. De las quejas de derecho por denegatoria del recurso de apelación. 6. De los demás asuntos que señala la ley (artículo 43, LOPJ). Las salas de familia conocen: 1. En grado de apelación, los procesos resueltos por los juzgados de familia. 2. De las contiendas de competencia promovidas entre juzgados de familia del mismo distrito judicial, y entre éstos y otros juzgados de distinta especiali- dad de su jurisdicción territorial. 3. De las quejas de derecho por denegatoria del recurso de apelación. 4. De los demás asuntos que la Ley señala [normas añadidas por el artículo 2 de la Ley 27155, publicada el 11 de julio de 1999] (artículo 43-A, LOPJ). 2.3 Presidentes de salas supremas y superiores Quienes presiden las salas especializadas o mixtas de la Corte Suprema y de las cortes superiores de justicia tienen una serie de atribuciones y deberes de direc- ción jurisdiccional que son propios del cargo encomendado: 1. Designar la vista de las causas, según riguroso orden de ingreso, y atendien- do la naturaleza y el grado de las mismas, bajo responsabilidad. 2. Distribuir equitativamente los procesos, designando al ponente por sorteo. La designación se mantiene en reserva hasta después de la firma de la res- pectiva resolución. 3. Controlar, bajo responsabilidad, que las causas y discordias se resuelvan dentro de los términos señalados por la ley. 4. Suscribir las comunicaciones, los exhortos, los poderes y demás documentos. 5. Remitir al Consejo Ejecutivo respectivo, al vencimiento de cada mes, el in- forme de la labor jurisdiccional realizada por cada uno de los vocales. 6. Emitir los informes solicitados a la sala. 7. Supervisar la publicación de la tabla y la crónica judicial. 8. Controlar la asistencia y puntualidad de los miembros de la sala y de su perso- nal auxiliar y administrativo, dando cuenta al Consejo Ejecutivo respectivo.
31. 32 Capítulo I: El Poder Judicial 9. Controlar que las audiencias e informes orales se inicien a la hora señalada, bajo responsabilidad (artículo 45, LOPJ). 2.4 Juzgados especializados y mixtos Los juzgados especializados y mixtos, cuya sede es la capital de la provincia, extienden su competencia jurisdiccional a todo el ámbito provincial, salvo disposi- ción distinta de la ley o del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Si son más de uno de la misma especialidad, los juzgados se distinguen por numeración correlativa. El Consejo Ejecutivo Distrital organiza el sistema de dis- tribución de causas entre juzgados de la misma especialidad. Las especialidades de los juzgados, conforme a la LOPJ, son las siguientes: (i) civil, (ii) penal, (iii) de trabajo, (iv) agrario y (v) de menores. La Corte Suprema de Justicia, siempre según la LOPJ, atendiendo a las necesidades del servicio judicial y a la carga procesal, puede crear otros juzgados de distinta especialidad, definien- do su competencia. Allí donde no haya juzgados especializados, el despacho debe ser atendido por un juzgado mixto, con la competencia que ha de establecer el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Todos los juzgados especializados y mixtos tienen la misma jerarquía. En las provincias debe haber jueces especializados o mixtos supernumerarios, a ra- zón de uno por cada seis jueces de tal jerarquía, a quienes reemplazan, de ser necesario. La competencia jurisdiccional de los juzgados especializados y mixtos, confor- me a la LOPJ, es la siguiente: Los juzgados civiles conocen: 1. De los asuntos en materia civil que no sean de competencia de otros juzga- dos especializados. 2. De las acciones de amparo. 3. De los asuntos que les corresponden a los juzgados de familia, de trabajo y agrario, en los lugares donde no existan éstos. 4. De los asuntos civiles contra el Estado, en las sedes de los distritos judicia- les. 5. En grado de apelación, los asuntos de su competencia que resuelven los juzgados de paz letrados. 6. De los demás asuntos que les corresponda conforme a ley (artículo 49, LOPJ).
32. 33 Manual del sistema peruano de justicia Los juzgados penales conocen: 1. De los procesos penales de su competencia, con las facultades y los trámites señalados por ley. 2. De las acciones de hábeas corpus. 3. En grado de apelación, los asuntos de su competencia que resuelven los juzgados de paz letrados. 4. De los demás asuntos que les corresponda conforme a ley (artículo 50, LOPJ). Los juzgados de trabajo conocen: 1. De la impugnación del despido. 2. Del cese de actos de hostilidad del empleador. 3. Del incumplimiento de disposiciones y normas laborales, cualquiera fuera su naturaleza. 4. Del pago de remuneraciones y beneficios económicos, siempre que excedan de 10 (diez) unidades de referencia procesal (URP). 5. De la ejecución de resoluciones administrativas, sentencias emitidas por las salas laborales, laudos arbitrales firmes que ponen fin a conflictos jurídicos o títulos de otra índole que la ley señale. 6. De la actuación de prueba anticipada sobre derechos de carácter laboral. 7. De la impugnación de actas de conciliación celebradas ante las autoridades administrativas de trabajo, reglamentos internos de trabajo, estatutos sindi- cales. 8. De la entrega, cancelación o redención de certificados, pólizas, acciones y demás documentos que contengan derechos o beneficios laborales. 9. De los conflictos intra e intersindicales. 10. De la indemnización por daños y perjuicios derivados de la comisión de falta grave que cause perjuicio económico al empleador, incumplimiento del con- trato y de las normas laborales, cualquiera fuera su naturaleza, por parte de los trabajadores. 11. De los demás que no sean de competencia de los juzgados de paz letrados y los que la ley señale (artículo 51, LOPJ) [conforme a la modificación intro- ducida por el artículo 3 de la Ley 27242, publicada el 24 de diciembre de 1999]. Los juzgados agrarios conocen: 1. De los procesos ordinarios, sumarios y especiales que correspondan, confor- me a ley de la materia.
33. 34 Capítulo I: El Poder Judicial 2. De los procesos de expropiación de predios rústicos. 3. De los procesos ejecutivos, por préstamos otorgados con fines agropecuarios o de comercialización de productos agrarios. 4. De los demás asuntos que les correspondan conforme a ley (artículo 52, LOPJ). Los juzgados de familia conocen: En materia civil: 1. Las pretensiones relativas a las disposiciones generales del Derecho de Fa- milia y a la sociedad conyugal, contenidas en las secciones Primera y Segun- da del Libro III del Código Civil y en el capítulo X del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños yAdolescentes. 2. Las pretensiones concernientes a la sociedad paterno-filial, con excepción de la adopción de niños y adolescentes, contenidas en la Sección Tercera del Libro III del Código Civil, y en los capítulos I, II, III, VIII y IX del Libro Tercero del Código de los Niños yAdolescentes. 3. Las pretensiones referidas al derecho alimentario contenidas en el Capítulo I del Título I de la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil y en el Capítulo IV del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes. 4. Los procesos no contenciosos de inventarios, administración judicial de bie- nes, declaración judicial de desaparición, ausencia o muerte presunta y la inscripción de partidas a que se refiere la Sección Sexta del Código Procesal Civil, si involucran a niños o adolescentes; así como la constitución de patri- monio familiar si el constituyente es un menor de edad. 5. Las acciones por intereses difusos regulados por el artículo 204 del Código de los Niños y Adolescentes. 6. Las autorizaciones de competencia judicial por viaje con niños y adolescentes. 7. Las medidas cautelares y de protección, y las demás de naturaleza civil. En materia tutelar: 1. La investigación tutelar en todos los casos que refiere el Código de los Niños y Adolescentes. 2. Las pretensiones referidas a la adopción de niños y adolescentes, contenidas en el Título II del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes. 3. Las pretensiones relativas a la prevención y protección frente a la violencia familiar que norman las leyes 26260 y 26763, y su Texto Único Ordenado aprobado por Decreto Supremo 006-97-JUS y su Reglamento.
34. 35 Manual del sistema peruano de justicia 4. Las pretensiones referidas a la protección de los derechos de los niños y adolescentes contenidas en el Código de los Niños y Adolescentes, con ex- cepción de las que se indican en el artículo 5. 5. Las pretensiones concernientes al estado y capacidad de la persona, conteni- das en la Sección Primera del Libro I del Código Civil. 6. Las pretensiones referidas a las instituciones de amparo familiar, con excep- ción de las concernientes al derecho alimentario, contenidas en la Sección Cuarta del Libro III del Código Civil, y en los capítulos V, VI y VII del Título I del Libro Tercero del Código de los Niños y Adolescentes. En materia de infracciones: 1. Las infracciones a la ley penal cometidas por niños y adolescentes como autores o como partícipes de un hecho punible tipificado como delito o falta (artículo 53, LOPJ) [conforme a la modificación establecida por el artículo 1 de la Ley 27155, publicada el 11 de julio de 1999]. 2.5 Juzgados de paz letrados los juzgados de paz letrados, cuya sede es determinada por el Consejo Ejecuti- vo Distrital respectivo, extienden su competencia jurisdiccional al ámbito que esta- blece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Este último crea los juzgados de paz letrados considerando los volúmenes demográficos, rurales y urbanos de los distri- tos, y señala los requisitos que deben cumplirse para tal creación. Corresponde al Consejo Ejecutivo Distrital fijar el sistema de distribución de los procesos entre los juzgados de paz letrados cuando sea necesario. También puede disponer su especialización, si ello conviene a la mejor administración de justicia y lo amerita la carga procesal. Los jueces de paz letrados deben rotar por lo menos cada dos años en la misma provincia. En los lugares donde hay un Juzgado de Paz Letrado, no puede haber un Juzgado de Paz; aquél debe asumir la competencia en las acciones y los asuntos propios de éste, para lo que aplica las normas de procedimiento correspondientes a la Justicia de Paz. Tanto las resoluciones de los juzgados de paz letrados como de los juzgados de paz son conocidas en grado de apelación por los respectivos juzgados especializa- dos o mixtos.
35. 36 Capítulo I: El Poder Judicial La competencia jurisdiccional de los juzgados de paz letrados, conforme a la LOPJ, es la siguiente: En materia civil: 1. Acciones derivadas de actos o contratos civiles o comerciales, inclusive las acciones interdictales, posesorias o de propiedad de bienes muebles o inmuebles, siempre que estén dentro de la cuantía señalada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 2. Acciones de desahucio y de aviso de despedida conforme a la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 3. Procedimientos de jurisdicción voluntaria que establezca la ley, diligencias preparatorias y legalización de libros contables y otros. 4. Acciones relativas al derecho alimentario, con la cuantía y los requisitos señalados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 5. Tercerías excluyentes de propiedad, derivadas de los procesos de su conoci- miento. Si en éstas no se dispone el levantamiento del embargo, el juez de paz letrado remite lo actuado al juez especializado que corresponda, para la continuación del trámite. En los otros casos, levanta el embargo, dando por terminada la tercería. 6. Asuntos relativos a indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito, siem- pre que estén dentro de la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 7. Procesos ejecutivos hasta la cuantía que señale el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 8. Los demás que señala la ley. En materia penal: 1. Procesos por faltas, expidiendo fallo apelable ante el juez penal o juez de apelación. 2. Los demás asuntos que señala la ley. En materia laboral: Pretensiones individuales sobre: 1. Pago de remuneraciones, compensaciones y derechos similares que sean de obligación del empleador y tengan expresión monetaria líquida hasta un máximo de 10 (diez) unidades de referencia procesal (URP).
36. 37 Manual del sistema peruano de justicia 2. Impugnación de las sanciones disciplinarias impuestas por el empleador du- rante la vigencia de la relación laboral. 3. Reconocimiento de los derechos comprendidos en el régimen de trabajo del hogar, cualquiera que fuere su cuantía. 4. Materia relativa al sistema privado de pensiones, incluida la cobranza de aportes previsionales retenidos por el empleador. 5. Las demás que la Ley señale (artículo 57, LOPJ) [conforme a la modifica- ción establecida por el artículo 3 de la Ley 27242, publicada el 24 de diciem- bre de 1999]. En materia de familia: 1. Acciones relativas al derecho alimentario y el ofrecimiento de pago y consig- nación de alimentos, siempre que exista prueba indubitable del vinculo fami- liar y no estén acumuladas a otras pretensiones en la demanda; en caso con- trario, son competentes los juzgados de familia. Estas pretensiones se tramitan en la vía del proceso único del Código de los Niños y Adolescentes, sin intervención del fiscal. Las sentencias de los juzgados de paz letrados son apelables ante los juzgados de fa- milia. 2. Oposición a que se celebre un matrimonio, confirmación de la validez del matrimonio anulable del impúber y conformación y funcionamiento del con- sejo de familia para un incapaz, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil, las que se tramitan en la vía procedimental que corresponda según su naturaleza [párrafo agregado por el artículo 2 de la Ley 27155, publicada el 11 de julio de 1999] (art. 57, LOPJ). Los juzgados de paz letrados cuya sede se encuentra a más de 10 kilómetros de distancia del lugar de residencia de un notario público, o en los que por vacancia no lo hubiera, o en los que el notario esté ausente por más de 15 días continuos, tienen además, respecto de las personas, bienes y asuntos de su competencia, las siguien- tes funciones notariales: 1. Escrituras imperfectas Llevar un registro en el que anoten, mediante acta, la fecha de presentación de la minuta; el nombre, apellidos, estado civil, nacionalidad, ocupación, domicilio y documentos de identidad de los otorgantes y de sus cónyuges; la naturaleza del acto o contrato; el derecho o cosa a que se refiere; su valor, si se lo anuncia; el monto de los impuestos pagados y los derechos cobrados,
37. 38 Capítulo I: El Poder Judicial anotándose fecha y número de los recibos correspondientes. Anotan, así mis- mo, su apreciación sobre la capacidad de los otorgantes. El acta es firmada por el juez, los otorgantes y dos testigos mayores de edad y vecinos del lugar. Las actas se extienden en estricto orden cronológico, una a continuación de otra sin dejar espacios libres. Asentada y firmada el acta, el juez devuelve la escritura imperfecta a los interesados, dejando constancia del folio y libro, así como de la fecha de inscripción en su registro. 2. Protestos Efectuar el protesto de letras de cambio y demás documentos susceptibles de esta diligencia, con las formalidades establecidas en la ley de la materia. De la diligencia se asienta un acta en el registro al que se refiere el inciso ante- rior, en estricto orden cronológico. En el documento objeto de la diligencia, el juez imprime la palabra protesto mediante un sello o en cualquier otra forma. 3. Legalizaciones Legalizar las firmas de un documento cuando el otorgante lo solicite y se halla en su presencia. Asentar el acta respectiva en el libro referido en los incisos anteriores y poner la constancia en el documento firmado (artículo 58, LOPJ). 2.6 Juzgados de paz Los juzgados de paz son órganos jurisdiccionales sui géneris, de características muy especiales, debido a que sus titulares no son jueces profesionales, sino legos en Derecho. De allí que su forma de actuación difiera radicalmente de aquella que distingue al resto del Poder Judicial, integrado, como se ha dicho, por jueces profe- sionales, expertos en Derecho. Considerando que en este manual se dedica un capítulo específico a la Justicia de Paz, mencionaremos aquí únicamente sus rasgos más relevantes. Ante todo, debe indicarse que ha de establecerse al menos un Juzgado de Paz en todo centro poblado que alcance el volumen demográfico, rural y urbano que señale el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, correspondiendo al Consejo Ejecutivo Distrital res- pectivo fijar el número de jueces de paz de cada lugar. Por otra parte, los jueces de paz son esencialmente jueces conciliadores, es- tán facultados para proponer alternativas de solución a las partes con el fin de
38. 39 Manual del sistema peruano de justicia facilitar el avenimiento. Correlativamente, les está prohibido imponer soluciones bajo la apariencia de acuerdos voluntarios. No obstante, si no se logra la concilia- ción, los jueces de paz están legalmente habilitados para expedir sentencias, en los procesos de su competencia y dentro de la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo. De cualquier modo, existe impedimento legal expreso para que la Justicia de Paz intervenga, bajo modalidad conciliatoria o de fallo, en determinados asuntos, que por su importancia o complejidad exigen el concurso de la justicia profesional. Tales asuntos son los relativos al vínculo matrimonial, la nulidad y anulabilidad de actos jurídicos o contratos, la declaratoria de herederos, los derechos sucesorios, los testamentos, los derechos constitucionales y aquellos que expresamente señala la ley (artículo 67, LOPJ). Conforme a la LOPJ, la competencia jurisdiccional de los juzgados de paz que los habilita para emitir sentencias en caso de fracasar la conciliación es la siguiente: 1. Alimentos, siempre que el vínculo de entroncamiento esté acreditado de ma- nera indubitable 2. Desahucio y aviso de despedida. 3. Pago de dinero. 4. Interdictos de retener y de recobrar respecto de bienes muebles. 5. Intervenciones sumarias respecto de menores que han cometido acto antiso- cial, y con el solo objeto de dictar órdenes provisionales y urgentes sobre tenencia o guarda del menor en situación de abandono o peligro moral. Con- cluida su intervención, el juez de paz remite de inmediato lo actuado al juez de familia o al juez que corresponda. 6. Los demás casos que correspondan conforme a ley (artículo 65, LOPJ). En la sustanciación de los procesos, los jueces de paz deben levantar acta de la conciliación propuesta y de los acuerdos adoptados; los concurrentes deben firmar después del juez. Además, se hallan sometidos a las normas establecidas en el reglamento de jueces de paz. No obstante, la sentencia la pronuncian “según su leal saber y entender”, aunque habrá de estar debidamente motivada, no siendo obliga- torio, empero, fundamentarla en términos jurídicos. Por el contrario, en el desarro- llo de su labor, los jueces de paz, sobre la base de los valores que la Constitución consagra, se orientan por la cultura y las costumbres del lugar. Los jueces de paz tienen las mismas funciones notariales que los jueces de paz letrados, dentro del ámbito de su competencia.
39. 40 Capítulo I: El Poder Judicial Finalmente, hay que indicar que, según la LOPJ, la Justicia de Paz es gratuita, salvo que la diligencia o actuación se realice fuera del despacho judicial, en cuyo caso han de percibir los derechos que fije el respectivo Consejo Ejecutivo Distrital (artículo 70, LOPJ). 3. Órganos de gobierno La función de gobierno del Poder Judicial debe ser diferenciada de la función administrativa de la entidad. En realidad, atendiendo a su naturaleza e importancia, la primera subordina a la segunda, y estipula las pautas específicas conforme a las cuales ésta debe ser cumplida. El rol gubernativo está relacionado con la “conduc- ción” del Poder Judicial y consiste en la potestad de decidir la marcha institucional en sus diversos planos de actividad. Las funciones de gobierno judicial comprenden las siguientes tareas especí- ficas: 1. Fijar las políticas generales. 2. Aprobar los planes de desarrollo de la institución. 3. Aprobar los presupuestos, asignando los recursos necesarios para alcanzar los objetivos de la institución. 4. Proyectar el comportamiento futuro de la organización. 5. Dictar normas y reglamentos para la administración del propio Poder Judicial. 6. Mantener relaciones institucionales con los otros poderes y organismos pú- blicos y privados. 7. Establecer mecanismos de comunicación interna y externa. 8. Designar autoridades judiciales. 9. Seleccionar y designar a los integrantes de la organización. 10. Realizar el control institucional. Como se ha indicado antes, los órganos de gobierno del Poder Judicial son: el presidente del Poder Judicial, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, la Ofici- na de Control de la Magistratura (OCMA) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). A continuación, presentamos cada uno de estos órganos, a excepción del Consejo Nacional de la Magistratura, que es objeto de análisis por separado, en el capítulo IX de este manual.
40. 41 Manual del sistema peruano de justicia 3.1 Presidente del Poder Judicial Conforme a la Carta Política vigente, “el presidente de la Corte Suprema lo es también del Poder Judicial” (artículo 144, Constitución). En tal condición, según declara la Ley Orgánica del Poder Judicial, “le corresponde la categoría de titular de uno de los poderes del Estado” (artículo 73, LOPJ). El presidente de la Corte Suprema de Justicia y del Poder Judicial es, pues, la primera autoridad ejecutiva de la institución. La modalidad de elección del máximo representante del gobierno judicial es la siguiente: es elegido entre los vocales supremos titulares reunidos en Sala Plena, por mayoría absoluta, por un período de dos años, mediante votación secreta, ha- llándose prohibida la reelección (artículo 74, párrafo 1, LOPJ). La elección debe realizarse el primer jueves de diciembre del año que corres- ponda. Si ningún candidato obtiene la mitad más uno de los votos, se procede a segunda elección, en la misma fecha, entre quienes merecieron las dos más altas mayorías relativas, requiriéndose ahora sólo mayoría simple. Si el empate persis- tiera, será electo el candidato de mayor antigüedad (artículo 74, párrafo 2, LOPJ). Las atribuciones del presidente del Poder Judicial, conforme a la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 27465 (El Peruano, 30 de mayo del 2001), son las siguientes: 1. Representar al Poder Judicial. 2. Convocar y, conforme a reglamento, presidir la Sala Plena de la Corte Supre- ma de Justicia, con derecho a voto dirimente, salvo las excepciones de ley. 3. Disponer la ejecución de los acuerdos adoptados por la Sala Plena de su Corte. 4. Ejercer la titularidad del Pliego Presupuestario del Poder Judicial. 5. Designar a los vocales integrantes de las salas especializadas de la Corte Suprema. 6. Designar a los vocales supremos para cargos especiales. 7. Las demás que señale la ley y el reglamento. 8. En aplicación del artículo 154.3 de la Constitución Política, solicitar al Con- sejo Nacional de la Magistratura, en nombre y representación de la Corte Suprema, en un plazo no mayor de 15 días naturales, la aplicación de las medidas de separación o destitución propuestas por la Oficina de Control de la Magistratura del Poder Judicial. La remisión del Expediente deberá com- prender el incidente de suspensión provisional [inciso añadido por el artículo 1 de la Ley 27536, publicada el 23 de octubre del 2001].
41. 42 Capítulo I: El Poder Judicial El presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial, en la ceremonia de inicio del año judicial, dirige un mensaje a la nación en el que da cuenta de la labor jurisdiccional, de las más importantes actividades realizadas, del cumplimiento de la política de desarrollo del Poder Judicial, así como de las mejoras y reformas que estima necesario efectuar durante el año que se inicia. También informa acerca de los vacíos y deficiencias de las leyes. El mensaje debe ser publicado en el diario oficial El Peruano (artículo 78, LOPJ). 3.2 Sala Plena de la Corte Suprema La actual Constitución señala que “la Sala Plena de la Corte Suprema es el órgano máximo de deliberación del Poder Judicial” (artículo 144, Constitución). En tal sentido, “decide sobre la marcha institucional de dicho Poder y sobre todos los asuntos que no sean de competencia exclusiva de otros órganos”, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 79, LOPJ, con- forme a la modificación introducida por el artículo 4 de la Ley 27362, publicada el 31 de octubre del 2000). La Sala Plena del máximo tribunal es presidida por el presidente de la Corte Suprema e integrada por los vocales titulares de la misma, siendo de notar que el vocal jefe de la OCMA no debe intervenir en los casos que haya conocido con anterioridad. La Sala Plena de la Corte Suprema se reúne en sesiones ordinarias y extraor- dinarias. Las sesiones ordinarias se realizan al menos dos veces al año; una de ellas es con ocasión de la apertura del año judicial. Las sesiones extraordina- rias se efectúan por convocatoria del presidente de la Corte Suprema, cuando medie solicitud de un tercio de sus miembros, cuando lo acuerde el Consejo Ejecutivo o cuando lo señale la ley. El quórum es de la mitad más uno del número total de vocales en ejercicio de la Corte, adoptándose los acuerdos por mayoría simple. Las atribuciones de la asamblea de vocales supremos, conforme a la modifica- ción introducida por el artículo 2 de la Ley 27465 (El Peruano, 30 de mayo del 2001), son las siguientes: 1. Aprobar la política general del Poder Judicial a propuesta de su Consejo Ejecutivo. 2. Elegir en votación secreta, entre sus magistrados jubilados o en actividad, al representante de la Corte Suprema ante el Jurado Nacional de Elecciones.
42. 43 Manual del sistema peruano de justicia 3. Elegir en votación secreta al representante ante el Consejo Nacional de la Magistratura. 4. Sistematizar y difundir la jurisprudencia de las salas especializadas de la Corte Suprema, y disponer la publicación trimestral de las ejecutorias que fijen principios jurisprudenciales de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. 5. Designar a los vocales supremos integrantes del Consejo Ejecutivo del Po- der Judicial. 6. Designar al vocal jefe de la Oficina de Control de la Magistratura. 7. Ejercer el derecho a iniciativa legislativa. 8. Las demás que señalan la Constitución, la ley y el reglamento. 3.3 Consejo Ejecutivo del Poder Judicial El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es el tercer órgano de gobierno de la institución y constituye una novedad respecto del antiguo sistema gubernativo, que descansaba sólo sobre el presidente de la Corte Suprema y la Sala Plena del máxi- mo tribunal. El Consejo Ejecutivo, que ha sido diseñado sobre la base del Consejo General del Poder Judicial establecido por la Constitución española, recibe, en la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en el Perú desde 1992, importantes atribu- ciones de dirección de la entidad. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial es un organismo de composición plu- ral, en el que participan magistrados de diversos grados y un representante del gremio de los abogados (sociedad civil). Su composición, conforme a la modifica- ción introducida por el artículo 2 de la Ley 27465 (El Peruano, 30 de mayo del 2001), es la siguiente: 1. El presidente del Poder Judicial, quien lo preside y tiene voto dirimente. 2. Dos vocales supremos titulares elegidos por la Sala Plena. 3. Un vocal superior titular en ejercicio elegido por los presidentes de las cortes superiores de justicia de la República, en sufragio directo, entre los candida- tos designados por las salas plenas de las cortes superiores. 4. Un juez titular especializado o mixto, elegido, entre ellos mismos, por los candidatos designados por las asambleas de jueces celebradas al efecto en cada distrito judicial. 5. Un representante elegido por la Junta de Decanos de los Colegios de Aboga- dos del Perú (artículo 81, LOPJ).
43. 44 Capítulo I: El Poder Judicial El mandato de los integrantes del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tiene una duración de dos años. Mientras ejercen sus cargos, los miembros del Consejo Ejecutivo que no son vocales supremos tienen las mismas prerrogativas, categorías y consideraciones que éstos. La larga lista de funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judi- cial, conforme a la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 27465 (El Peruano, 30 de mayo del 2001), es la siguiente: 1. Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema la política general del Poder Judicial y aprobar el Plan de Desarrollo del mismo. 2. Fijar el número de vocales supremos titulares. 3. Determinar el número de salas especializadas permanentes y, excepcional- mente, el número de salas transitorias de la Corte Suprema. 4. Aprobar el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial propuesto por la Ge- rencia General y ejecutarlo una vez sancionado legalmente. 5. Velar por el respeto de las atribuciones y garantías del Poder Judicial. 6. Resolver en última instancia las reclamaciones contra los acuerdos y resolu- ciones de los consejos ejecutivos distritales. 7. Acordar el horario del despacho judicial de la Corte Suprema. 8. Aprobar el Cuadro de Términos de la Distancia, así como revisar periódica- mente el valor de los costos, multas y depósitos correspondientes, y otros que se establezcan en el futuro. 9. Distribuir la labor individual o por comisiones que corresponda a sus inte- grantes. 10. Absolver las consultas de carácter administrativo que formulen las salas plenas de los distritos judiciales. 11. Resolver en última instancia las medidas de apercibimiento, multa y suspen- sión impuestas por la Oficina de Control de la Magistratura, en contra de los magistrados [inciso derogado por el artículo 3 de la Ley 27536 (El Peruano, 23 de octubre del 2001)]. 12. Resolver, conforme a su reglamento, los asuntos relativos a traslados de magistrados, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial. 13. Fijar las cuantías y sus reajustes para determinar las competencias jerárqui- cas. 14. Designar comisiones de asesoramiento, investigación y estudio. 15. Designar al gerente general del Poder Judicial y a los demás funcionarios que señalen la ley y los reglamentos.
44. 45 Manual del sistema peruano de justicia 16. Emitir los informes que le solicite el Congreso de la República, la Sala Plena de la Corte Suprema y el fiscal de la Nación sobre los asuntos de su compe- tencia, y solicitar los que se relacionen con sus funciones. 17. Supervisar la conservación y buen recaudo de los bienes incautados cuya libre disposición está supeditada a la resolución de los juicios penales, con- forme a ley. 18. Proponer a la Sala Plena de la Corte Suprema, en forma excepcional, la distribución de causas entre las salas especializadas, fijando su competencia a fin de descongestionar la carga judicial, pudiendo conformar salas transi- torias por un término no mayor de tres meses, en casos estrictamente necesa- rios. 19. Asegurar la progresiva habilitación y adecuación de locales judiciales a ni- vel nacional, en los cuales funcionen los órganos jurisdiccionales con su respectivo personal auxiliar. 20. Disponer y supervisar el desarrollo de los sistemas de informática que faci- liten una eficiente función de gestión, el eficaz control de la conducta funcio- nal y del trabajo jurisdiccional de todos los miembros del Poder Judicial y la organización estadística judicial, conforme con las propuestas que le formu- le la Gerencia General. 21. Celebrar toda clase de convenios de cooperación e intercambio con entida- des nacionales o extranjeras, dentro de la Constitución y las leyes, para ase- gurar el financiamiento de sus programas y el cumplimiento de sus fines; en tal sentido, fijar la metodología pertinente y ejercer el control de la aplica- ción de los fondos respectivos, dando cuenta a la Sala Plena de la Corte Suprema. 22. Coordinar con la Academia de la Magistratura el desarrollo de actividades de capacitación para los magistrados. 23. Asegurar el pago íntegro de las remuneraciones de los magistrados y demás servidores del Poder Judicial, según lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial. 24. Crear y suprimir distritos judiciales, salas de cortes superiores y juzgados, cuando así se requiera para la más rápida y eficaz administración de justicia, y crear salas superiores descentralizadas en ciudades diferentes de las sedes de los distritos judiciales, de acuerdo con las necesidades de éstos. 25. Reubicar salas de cortes superiores y juzgados a nivel nacional, así como aprobar la demarcación de los distritos judiciales y la modificación de sus
45. 46 Capítulo I: El Poder Judicial ámbitos de competencia territorial; excepcionalmente puede incorporar sa- las de cortes superiores especializadas y juzgados especializados o mixtos con competencia supraprovincial. 26. Adoptar acuerdos y demás medidas necesarias para que las dependencias del Poder Judicial funcionen con celeridad y eficiencia, y para que los magistra- dos y demás servidores del Poder Judicial se desempeñen con la mejor con- ducta funcional. 27. Aprobar el reglamento para la organización y correcta realización de los procesos electorales del Poder Judicial. 28. Designar al jefe de la Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial. 29. Aprobar el Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial y los demás que requiera conforme a ley. 30. Definir las políticas para la concesión de los servicios conexos y comple- mentarios a la administración de justicia. 31. Las demás que le señalen las leyes y los reglamentos (artículo 82, LOPJ). 3.4 Presidente de Corte Superior En cada una de las cortes superiores del país debe haber un presidente, quien es la primera autoridad de la corte respectiva. Ejerce, en su circunscripción, fun- ciones análogas a las que desempeña el presidente del Poder Judicial a nivel nacional. Los presidentes de las cortes superiores son elegidos por dos años por los voca- les superiores titulares de la corte correspondiente, reunidos en sala plena, por mayoría absoluta. El procedimiento eleccionario es el mismo que se prevé para la elección del presidente de la Corte Suprema (véase supra punto 3.1.). El presidente de la Corte Superior tiene la potestad de designar a los integrantes de las salas especializadas, pero con respeto de su especialidad (artículo 91, LOPJ). De otro lado, en la ceremonia de inicio del año judicial, el presidente de la corte lee su Memoria, a semejanza de lo que ocurre en el caso del presidente del Poder Judicial (artículo 92, LOPJ). Las atribuciones y obligaciones de los presidentes de cortes superiores son las siguientes: 1. Representar al Poder Judicial en su respectivo distrito judicial. 2. Convocar, presidir y dirigir las salas plenas y las sesiones del Consejo Eje- cutivo Distrital, con voto dirimente en ambos casos.
46. 47 Manual del sistema peruano de justicia 3. Dirigir la aplicación de la política del Poder Judicial en su distrito, en coor- dinación con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 4. Cautelar la pronta administración de justicia, así como el cumplimiento de las obligaciones de los magistrados del distrito judicial. 5. Supervisar la asistencia y puntualidad de los magistrados, cautelando que la información se registre en su legajo personal. 6. Ejecutar los acuerdos de la Sala Plena y del Consejo Ejecutivo Distrital. 7. Conformar las salas de acuerdo con el criterio de especialización. 8. Coordinar y supervigilar el cumplimiento de las labores del Consejo Ejecu- tivo Distrital. 9. Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes y los regla- mentos. 3.5 Sala Plena de la Corte Superior La Sala Plena de la Corte Superior está integrada por todos los vocales supe- riores titulares y provisionales que ocupen cargo vacante, siendo de notar que los vocales de la Oficina de Control de la Magistratura y del Consejo Ejecutivo están impedidos de intervenir en los casos que hubieren conocido en el ejercicio de sus funciones (artículo 93, párrafo 1, LOPJ). El quórum es de la mitad más uno del número de vocales en ejercicio, requiriéndose mayoría simple para la adopción de acuerdos. La Sala Plena debe reunirse para la ceremonia de inicio del Año Judicial, o si la convoca el presidente, o si lo solicitan tres o más de sus integrantes; no obstante esto, si la corte tiene más de 15 vocales, es necesario un tercio del número total de los mismos (artículo 93, párrafos 2 y 3, LOPJ). Las atribuciones de la Sala Plena de la Corte Superior son las siguientes: 1. Asumir las funciones del Consejo Ejecutivo Distrital, cuando no exista éste. 2. Elevar a la Corte Suprema las propuestas de ley que elabore y, acompañadas de un informe, las que eleven los jueces especializados y de paz letrados, conforme a ley. 3. Designar al vocal jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura, cuando sea procedente. 4. Dar cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial de las deficiencias en el funcionamiento del Consejo Ejecutivo Distrital. 5. Nombrar y remover al síndico departamental de quiebras.
47. 48 Capítulo I: El Poder Judicial 6. Conocer en última instancia las medidas disciplinarias que aplican los jueces especializados o mixtos, y en su caso los jueces de paz letrados, a los funcio- narios y auxiliares de justicia, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judi- cial y al reglamento. 7. Las demás que señalen la ley y los reglamentos (artículo 94, LOPJ). 3.6 Consejo Ejecutivo Distrital El Consejo Ejecutivo Distrital debe existir en aquellas cortes superiores en las que haya seis o más salas especializadas, en cuyo caso estará integrado por cinco miembros, con la siguiente composición: 1. El presidente de la Corte Superior, quien lo preside. 2. El vocal jefe de la Oficina Distrital de Control de la Magistratura. 3. Un vocal designado por la Sala Plena de la Corte Superior, que será el últi- mo ex presidente de dicha corte, cuando sea un vocal en ejercicio. 4. Un juez especializado o mixto elegido por los jueces especializados o mixtos del respectivo distrito judicial. 5. Una persona de reconocida experiencia en la gerencia pública o privada, designada por el Colegio de Abogados de la localidad (artículo 95, párrafo 1, LOPJ). De manera semejante a lo previsto respecto del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, mientras se encuentren en el ejercicio de sus cargos, los miem- bros del Consejo Ejecutivo Distrital que no son vocales superiores tienen las mismas prerrogativas, categoría y consideraciones que éstos (artículo 95, pá- rrafo 2, LOPJ). Las funciones y atribuciones del Consejo Ejecutivo Distrital, desde luego bas- tante numerosas, son las siguientes: 1. Emitir los informes que requiera el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 2. Designar magistrados visitadores y disponer las medidas de control corres- pondientes, cuando fuere necesario. 3. Vigilar la pronta administración de justicia, debiendo requerir con tal fin a los jueces especializados o mixtos, jueces de paz letrados, jueces de paz y auxiliares de justicia. 4. Proponer la creación o supresión de nuevas salas, así como de nuevos juzga- dos especializados o mixtos y de paz letrados.
48. 49 Manual del sistema peruano de justicia 5. Conceder o negar las licencias solicitadas por los vocales, jueces especiali- zados o mixtos, jueces de paz letrados, así como por los auxiliares de justicia y por el personal administrativo del distrito judicial. 6. Fijar los turnos de las salas y juzgados, así como las horas del despacho judicial. 7. Cuidar que los magistrados residan en el lugar que les corresponde, pudien- do autorizar residencias temporales fuera de su jurisdicción en casos justifi- cados, de lo cual se dará cuenta al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 8. Expedir los títulos correspondientes a los secretarios administrativos, secre- tarios y relatores de sala, y secretarios de juzgado. 9. Autorizar la inscripción del título de abogado para su registro correspon- diente, siempre que reúna los requisitos señalados de acuerdo con el regla- mento. 10. Adoptar las medidas que requiera el régimen interior del distrito judicial y nombrar a sus auxiliares de justicia y al personal administrativo del distrito. 11. Señalar el radio urbano dentro del cual debe fijarse el domicilio de los litigantes. 12. Proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la adopción de las medidas que juzgue pertinentes para mejorar la administración de justicia. 13. Proponer a la Sala Plena de la Corte Superior las modificaciones reglamen- tarias que juzgue procedente. 14. Ejecutar los acuerdos de los órganos jerárquicos superiores en cuanto fuere pertinente. 15. Designar el periódico en que deben hacerse las publicaciones judiciales y autorizar las tarifas correspondientes. 16. Resolver los asuntos relativos a traslados, reasignaciones, reubicaciones de funcionarios y demás servidores dentro del distrito judicial. 17. Resolver en primera instancia las medidas de separación y destitución im- puestas contra los jueces de paz, funcionarios, auxiliares de justicia y, en última instancia, las que correspondan al personal administrativo de su distrito. 18. Resolver en última instancia las apelaciones contra las sanciones de aperci- bimiento, multa o suspensión impuestas contra los jueces especializados o mixtos, de paz letrados, de paz, auxiliares de justicia, funcionarios y demás servidores del Poder Judicial, y las que imponga el director de Administra- ción del Poder Judicial.
49. 50 Capítulo I: El Poder Judicial 19. Adoptar los acuerdos y demás medidas necesarias para que las correspon- dientes dependencias del Poder Judicial funcionen con eficiencia y oportuni- dad, de modo que los magistrados y demás servidores del distrito judicial se desempeñen con la mejor conducta funcional. 20. Atendiendo a las necesidades judiciales, reglamentar la recepción y posterior distribución equitativa de las demandas y denuncias entre los juzgados espe- cializados o mixtos y las secretarías respectivas. 21. Las demás funciones que señalan las leyes y los reglamentos (artículo 96, LOPJ). 3.7 Juntas de jueces especializados o mixtos De conformidad con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los distritos judi- ciales ejercen también funciones de dirección, además del presidente de la Corte Superior, la Sala Plena de la misma y el Consejo Ejecutivo Distrital (si lo hubiere), las así denominadas juntas de jueces especializados o mixtos (artículo 72, LOPJ). En aquellas provincias que cuentan con tres o más jueces especializados o mixtos, el cargo de decano corresponde al juez de mayor antigüedad, quien preside la Junta de Jueces (artículo 98, LOPJ). El juez decano tiene por funciones: (i) ejecutar los acuerdos de los órganos jerárquicos superiores y de la Junta de Jueces, (ii) adoptar y proponer medidas tendentes a mejorar el servicio judicial, (iii) velar por la buena utilización y cuidado de los locales judiciales, (iv) las demás señaladas por la ley y el reglamento. No obstante, las funciones mencionadas en los puntos (ii) y (iii) no son ejercidas por los decanos en las sedes de las cortes (artículo 99, LOPJ). La Junta de Jueces es convocada por el decano y debe realizarse al menos una vez al mes o cuando lo pida el 30% de sus integrantes. Tiene la atribución de proponer medidas de política judicial a fin de mejorar la administración de justicia y tratar asuntos de interés común relativos a las funciones del Poder Judicial (artí- culo 100, LOPJ). La Junta se reúne válidamente cuando asiste la mitad más uno de sus miembros y adopta acuerdos por mayoría simple (artículo 101, LOPJ). 3.8 Oficina de Control de la Magistratura La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) tiene a su cargo la función disciplinaria al interior del aparato de administración de justicia, y ejerce atribucio-
50. 51 Manual del sistema peruano de justicia nes tanto sobre los jueces como sobre los auxiliares de justicia. En tal sentido, la Ley Orgánica del Poder Judicial estipula que la Oficina de Control de la Magistra- tura “es el órgano que tiene por función investigar regularmente la conducta fun- cional, la idoneidad y el desempeño de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial”, facultad que, sin embargo, “no excluye la evaluación perma- nente que deben ejercer los órganos jurisdiccionales al conocer los procesos en grado” (artículo 102, LOPJ). La Oficina de Control de la Magistratura es dirigida por un vocal supremo designado por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. La integran vocales superiores y jueces especializados o mixtos, a dedicación exclusiva, en el número determinado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que los nombra por un período improrrogable de tres años (artículo 103, LOPJ). La Oficina de Control de la Magistratura tiene una Oficina Central con sede en Lima, cuya competencia se extiende a todo el territorio nacional. El Consejo Ejecu- tivo del Poder Judicial puede crear oficinas descentralizadas de Control de la Ma- gistratura que comprenden uno o más distritos judiciales, fijando su ámbito de competencia, así como sus facultades de sanción (artículo 104, LOPJ). Las funciones de la Oficina de Control de la Magistratura son las siguientes: 1. Verificar que los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judicial cumplan las normas legales y administrativas de su competencia, así como las que dicta la Sala Plena de la Corte Suprema y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. 2. Realizar de oficio, por mandato de la Sala Plena de la Corte Suprema, del Consejo Ejecutivo o del presidente de la Corte Suprema, inspecciones e in- vestigaciones en la Corte Suprema, las cortes superiores, las salas, los juz- gados especializados y mixtos, las oficinas de los auxiliares jurisdiccionales, y del mismo modo en relación con la conducta funcional de magistrados y auxiliares jurisdiccionales. 3. Procesar las quejas de hecho y las reclamaciones contra los magistrados y auxiliares jurisdiccionales. 4. Dar trámite a lo actuado en el cumplimiento de las funciones de su compe- tencia. 5. Informar al Consejo Ejecutivo y al presidente de la Corte Suprema sobre todas las infracciones que detecte, dentro de los treinta días siguientes. 6. Verificar el cumplimiento de las medidas disciplinarias que se hubieren dic- tado.
51. 52 Capítulo I: El Poder Judicial 7. Poner en conocimiento del fiscal de la Nación los casos de conducta indebida y las irregularidades procesales en que incurren los representantes del Mi- nisterio Público, para los fines de ley. 8. Recibir y procesar las denuncias que formulen los representantes del Minis- terio Público sobre la conducta funcional de los magistrados y auxiliares jurisdiccionales, a través de los organismos de control del Ministerio Públi- co. 9. Rechazar de plano las quejas manifiestamente maliciosas, o que no sean de carácter funcional sino jurisdiccional, y aplican al quejoso las sanciones y las multas previstas en el artículo 297 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 10. Llevar un registro actualizado de las sanciones ejecutoriadas, así como de los estímulos a los magistrados y auxiliares jurisdiccionales del Poder Judi- cial, al que tienen acceso los interesados y el público en general. 11. Las demás que señala la presente Ley y el reglamento. 12. Aplicar las medidas disciplinarias de apercibimiento y multa, debiendo el reglamento establecer la garantía de la doble instancia. 13. Aplicar en primera instancia la medida disciplinaria de suspensión. La reso- lución podrá ser apelada en el plazo de cinco días, y será resuelta en última instancia por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en el término de treinta días útiles [incisos 12 y 13 añadidos por el artículo 2 de la Ley 27536 (El Peruano, 23 de octubre del 2001)] (artículo 105, LOPJ). Las sanciones que se aplicarán a los magistrados y auxiliares jurisdiccionales son las establecidas en el Capítulo VI del Título III de la Sección Cuarta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, excepto las medidas de separación y destitución, que, en su caso, la Oficina de Control de la Magistratura debe proponer al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El presidente del Poder Judicial tiene voto dirimente. Las propuestas de separación y destitución son resueltas en primera instancia por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dentro de treinta días. El hecho de que la resolución sea impugnada no suspende la ejecución de la sanción. La Sala Plena de la Corte Suprema absuelve el grado en un plazo igual (artículo 106, LOPJ). Una importante norma de la Ley Orgánica del Poder Judicial autoriza a la Oficina de Control de la Magistratura a solicitar a los jueces y auxiliares jurisdic- cionales que muestren signos exteriores de riqueza que los justifiquen documen- talmente, concediendo un plazo de quince días y decretando la suspensión de quie- nes no lo hagan, para que lo verifiquen dentro de igual término. De no producirse la justificación mientras corre la suspensión, se pone el hecho en conocimiento del
52. 53 Manual del sistema peruano de justicia Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para que proceda a destituir al responsable (artículo 107, LOPJ). 4. Órganos de administración Las tareas administrativas, subordinadas como están a la función de gobierno, consisten en la ejecución y aplicación de las políticas generales establecidas por los órganos gubernativos, para la consecución de los fines institucionales de manera eficaz y eficiente. La administración proporciona, pues, el soporte técnico y organizativo de apoyo al mejor desempeño de la función jurisdiccional, conforme a las directivas señaladas por el gobierno judicial. En concreto, las funciones administrativas implican el desarrollo de las siguientes labores: 1. Aplicación de las políticas y normas. 2. Ejecución de los planes institucionales. 3. Ejecución del presupuesto. 4. Adopción de las medidas necesarias para que los órganos administrativos cumplan su rol. 5. Resolución de asuntos surgidos en el cumplimiento de las actividades y de las normas de la entidad. Como se ha apuntado previamente, los principales órganos administrativos del Poder Judicial son: (i) la Gerencia General y (ii) la Oficina de Inspectoría General. En seguida, presentamos sus características básicas. 4.1 Gerencia General del Poder Judicial La Ley Orgánica del Poder Judicial, según la modificación introducida por el artículo 2 de la Ley 27465 (El Peruano, 30 de mayo del 2001), define a la Gerencia General como “el órgano ejecutivo, técnico y administrativo del Poder Judicial que tiene a su cargo las funciones de ejecución, coordinación y supervisión de las acti- vidades administrativas no jurisdiccionales del Poder Judicial” (artículo 83, LOPJ). Ahora bien, la Gerencia General depende directamente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, que nombra a su titular (artículo 82.15, LOPJ). Éste tiene la condición de “funcionario de confianza” y “un mandato igual al del Consejo Ejecu- tivo del Poder Judicial” (artículo 84, párrafo 1, LOPJ). El gerente general “asiste a
53. 54 Capítulo I: El Poder Judicial las sesiones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial con voz, pero sin voto, y actúa como Secretario de este órgano” (artículo 84, párrafo 2, LOPJ). La estructura de la Gerencia General es compleja. Está integrada por una Gerencia de Administración y Finanzas, una Gerencia de Informática y una Ge- rencia de Personal y Escalafón Judicial. Es posible que tomando en cuenta las necesidades del Poder Judicial (artículo 86, LOPJ), el Consejo Ejecutivo del Po- der Judicial cree otras gerencias distintas, dependientes de la Gerencia General, así como subgerencias. La reglamentación de las atribuciones de la Gerencia General corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, el mismo que ha de delimitar las funciones de cada una de las gerencias y subgerencias de aquélla (artículo 87, LOPJ). 4.2 Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial La Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial es un órgano de control administrativo. La Ley Orgánica del Poder Judicial estipula que “la gestión admi- nistrativa, económica y financiera del Poder Judicial está sometida al control de la Oficina de Inspectoría General, de conformidad con las normas del Sistema Nacio- nal de Control” (artículo 108, párrafo 1, LOPJ). La Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial es dirigida por un auditor general o contador público colegiado, que designa el Consejo Ejecutivo de la insti- tución. No obstante, el Consejo Ejecutivo se halla impedido de remover, cesar o destituir al jefe de la Oficina de Inspectoría General sin que medie pronunciamiento de la Contraloría General de la República. La Oficina de Inspectoría General está constituida por un Oficina Central con sede en Lima y que tiene competencia nacional. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, empero, puede crear oficinas descentralizadas de inspectoría, que abar- quen uno o más distritos judiciales, fijando su ámbito de competencia, así como sus facultades de sanción. Así mismo, el Consejo Ejecutivo tiene a su cargo la formu- lación y aprobación del reglamento de organización y funciones de la Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial. Las funciones de la Oficina de Inspectoría General del Poder Judicial son las siguientes: 1. Realizar auditorías, exámenes especiales, inspecciones e investigaciones en todas las dependencias del Poder Judicial, procediendo de oficio o por man- dato del Consejo Ejecutivo o del presidente de la Corte Suprema.
54. 55 Manual del sistema peruano de justicia 2. Verificar que los funcionarios, empleados y servidores en general del Poder Judicial cumplan las normas legales y administrativas de su competencia, así como las que dicta el Consejo Ejecutivo. 3. Realizar de oficio, o por mandato del Consejo Ejecutivo o del presidente de la Corte Suprema, inspecciones e investigaciones con relación a la conducta funcional de funcionarios, empleados y servidores en general de dicho poder. 4. Procesar las quejas de hecho y las reclamaciones contra el personal adminis- trativo del Poder Judicial. 5. Informar al Consejo Ejecutivo, al presidente de la Corte Suprema, y simultá- neamente al Sistema Nacional de Control, sobre infracciones administrati- vas, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control. 6. Dar trámite a lo actuado en el cumplimiento de las funciones de su compe- tencia. 7. Informar al Consejo Ejecutivo y al presidente de la Corte Suprema sobre todas las infracciones que detecte, dentro de los treinta días siguientes. 8. Verificar, en el orden administrativo, el cumplimiento de las medidas correctivas que se dictan. 9. Llevar un registro actualizado de las sanciones ejecutoriadas de los funcio- narios, empleados y servidores en general del Poder Judicial. 10. Las demás que señala la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Reglamento (artículo 110, LOPJ). 5. Órganos auxiliares Los órganos auxiliares del Poder Judicial son de dos tipos. De un lado, están los propiamente llamados “auxiliares jurisdiccionales”, que son funcionarios de carrera y, en tal sentido, forman parte de la organización judicial y se integran a una estructura jerárquica (secretarios y relatores de salas de la Corte Suprema y de las cortes superiores de justicia, secretarios de juzgados especializados o mix- tos y de juzgados de paz letrados, y oficiales auxiliares de justicia). De otro lado, están los así denominados “órganos de auxilio judicial”, que, sin pertenecer a la institución, prestan asistencia de diferentes maneras a la labor de juzgados y tribunales (peritos, Policía Judicial, traductores e intérpretes, martilleros públi- cos, etcétera). A continuación damos cuenta de sus características más relevantes.
55. 56 Capítulo I: El Poder Judicial 5.1 Auxiliares jurisdiccionales La carrera auxiliar jurisdiccional comprende los siguientes grados: 1. Secretarios y relatores de salas de la Corte Suprema. 2. Secretarios y relatores de salas de las cortes superiores. 3. Secretarios de juzgados especializados y mixtos y de juzgados de paz le- trados. 4. Oficiales auxiliares de justicia (artículo 249, LOPJ). Tanto en el ámbito de las salas jurisdiccionales de la Corte Suprema como de las cortes superiores, los secretarios y relatores deben ser abogados. También de- ben serlo quienes se desempeñen como secretarios de juzgados especializados y mixtos y de juzgados de paz letrados, aunque en este caso se admite, por excepción, a bachilleres o egresados de Derecho o testigos actuarios, allí donde no haya postulantes letrados. Los oficiales auxiliares de justicia pueden ser estudiantes o egresados de Derecho, o en su defecto personas que hayan completado estudios secundarios. Todos los auxiliares jurisdiccionales son nombrados por el Consejo Ejecutivo Distrital respectivo, previo concurso. 5.1.1 Secretarios de sala Los secretarios de sala de la Corte Suprema y de las cortes superiores tienen las siguientes obligaciones: 1. Atender en su oficina dentro del horario establecido. 2. Recibir, mediante Mesa de Partes, los expedientes que los magistrados o salas envíen en grado o en consulta, y los escritos o recursos que entreguen los interesados. 3. Consignar al margen de las notas de remisión y de los escritos y recursos, cuando sean de término o lo pida el interesado, bajo su firma o la del emplea- do que los recibe, la fecha y hora en que llegan a la Mesa de Partes; así mismo, anotar en la correspondiente libreta los procesos y copias que sean entregados. 4. Entregar diariamente a la sala los expedientes que están al despacho. 5. Refrendar las resoluciones el mismo día que se expidan y autorizar las actas de comparendos, poderes y declaraciones en el acto en que se lleven a cabo, después de obtener las firmas de las personas que intervengan en dichas diligencias.
56. 57 Manual del sistema peruano de justicia 6. Recibir de Relatoría, bajo cargo, el despacho de cada día para la prosecu- ción de su trámite. 7. Devolver inmediatamente a los juzgados y las cortes superiores de proceden- cia los expedientes resueltos, después de que venzan los términos de ley, sin retardo alguno, bajo responsabilidad. 8. Vigilar que se cumplan, en el menor tiempo posible, las peticiones y devolu- ciones de expedientes en trámite para mejor resolver. 9. Informar diariamente al presidente de la sala sobre los procesos cuyos térmi- nos hayan vencido, para que sean resueltos. 10. Guardar secreto sobre lo que ocurra en la sala. 11. Facilitar a los interesados y a sus abogados, en la Oficina de la Secretaría, el estudio de los expedientes. 12. Cuidar que se notifiquen las resoluciones en los términos y formas de ley. 13. Ejercer las demás atribuciones que señala la ley (artículo 259, LOPJ). Además de las obligaciones que se acaba de enumerar, los secretarios de salas penales tienen las siguientes atribuciones: 1. Controlar que el personal autorizado redacte las actas de audiencia, durante el juzgamiento. 2. Cuidar que las actas de audiencia sean agregadas al expediente respectivo en el término de 48 horas de realizada la diligencia. 3. Dar cuenta al presidente de la Sala, en forma inmediata, del retardo en que se incurra en la redacción de las actas correspondientes (artículo 260, LOPJ). 5.1.2 Relatores Las salas de la Corte Suprema y de las cortes superiores tienen su respectivo relator letrado, cuyas obligaciones son las siguientes: 1. Concurrir a las cortes antes de que comience el despacho. 2. Guardar secreto de lo que ocurre en la sala. 3. Nodarrazóndeldespachoantesdequelasresolucioneshayansidoautorizadas. 4. Recibir, bajo constancia, los procesos que deben ser tramitados o resueltos durante las horas de despacho, dando cuenta a la sala el mismo día. 5. Hacer presente a la sala y al vocal ponente en su caso, las nulidades y omi- siones que advierta en los autos, así como las insuficiencias de los poderes. 6. Hacer presente a la sala, antes de empezar la audiencia, si de autos resulta que alguno de los vocales está impedido.
57. 58 Capítulo I: El Poder Judicial 7. Hacer relación verbal de las causas en el acto de su vista. 8. Escribir las resoluciones que expide la sala. 9. Cuidar que no quede ninguna resolución que no haya sido firmada por los magistrados, el mismo día en que se dicta. 10. Cuidar que la nominación de los vocales, al margen de las resoluciones, corresponda exactamente a los miembros de la sala que las haya dictado, bajo responsabilidad que les es exclusiva y que hace efectiva la misma sala aplicando la medida disciplinaria que corresponda. 11. Devolver los expedientes a la Secretaría, el mismo día en que son despacha- dos, bajo cargo firmado en el libro respectivo. 12. Registrar en los libros respectivos, con el visto bueno del presidente de la sala, la distribución de las causas entre los ponentes y su devolución, así como los votos, en caso de discordia. 13. Llevar un registro en el que se anota diariamente, con el visto bueno del vocal menos antiguo de la sala, las partidas relativas a los autos y sentencias que se dicten, extractando la parte resolutiva e indicando los nombres de los litigantes objeto de la causa y los nombres de los magistrados. 14. Comunicar de palabra a los magistrados llamados a dirimir discordia el de- creto por el que se los llama, y poner en autos la constancia respectiva. 15. Presentar semanalmente al presidente de la sala una razón de las causas que hayan quedado al voto, con indicación de la fecha en que se vieron. 16. Concurrir a las audiencias e informes orales y leer las piezas del proceso que el presidente ordene. 17. Llevar un libro en el que se anote el día y la hora señalados para las audien- cias o informes orales, con indicación de los nombres de las partes, su situa- ción procesal, el nombre del fiscal que debe actuar, si fuera el caso, los nombres de los defensores designados, así como el juzgado del que procede la causa. 18. Las demás que correspondan conforme a la ley y al reglamento (artículo 263, LOPJ). 5.1.3 Secretarios de juzgados Corresponde al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial regular la organización de las secretarías de juzgado, determinar su número, fijar sus obligaciones específicas y reglamentar su funcionamiento, otorgando prioridad a la atención de las áreas básicas de actividad procesal de los juzgados (artículo 265, párrafo 1, LOPJ).
58. 59 Manual del sistema peruano de justicia Tales áreas básicas son las siguientes: 1. Mesa de Partes. 2. Preparación del despacho y diligencias en el local del juzgado. 3. Diligencias fuera del local del juzgado. 4. Notificaciones (artículo 264, LOPJ). Las obligaciones y atribuciones genéricas de los secretarios de juzgado son las que se enumera a continuación: 1. Actuar únicamente en su juzgado y residir en la localidad donde aquel fun- ciona. 2. Cumplir estrictamente el horario establecido y atender personalmente a abo- gados y litigantes. 3. Guardar secreto en todos los asuntos a su cargo, hasta cuando se hayan traducido en actos procesales concretos. 4. Vigilar que se coloque al margen de los escritos y recursos el día y la hora en que se reciben, firmando la constancia respectiva cuando no existe control automático de recepción. 5. Dar cuenta al juez de los recursos y escritos a más tardar dentro del día siguiente de su recepción, bajo responsabilidad. 6. Autorizar las diligencias y las resoluciones que correspondan según la ley y el reglamento. 7. Actuar personalmente en las diligencias a que están obligados, salvo en los casos en que, por disposición de la ley o mandato del juez, pueda comisionarse a los oficiales auxiliares de justicia u otro personal de auxilio judicial. 8. Vigilar que se notifique la resolución al día siguiente de que se expida, salvo el caso de sentencia, en que la notificación se debe hacer dentro de dos días de dictada. 9. Emitir las razones e informes que ordene su superior. 10. Facilitar el conocimiento de los expedientes a las partes y a sus abogados, así como a las personas que tienen interés legítimo acreditado, con las res- pectivas seguridades. En el caso de expedientes archivados, se puede facili- tar su conocimiento a cualquier persona, debidamente identificada, que los solicite por escrito. 11. Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que giran a su cargo, responsabilizándose por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de las responsabilidades del personal auxiliar.