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Timestamp: 2017-04-27 16:49:28
Document Index: 386737070

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 173', 'artículo\n282', 'artículo 139', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 44', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 7', 'artículo 28', 'artículo 7', 'artículo 7', 'e contrario']

Capítulo 727 - Donde nos referimos a la Comisión Europea para la Democracia a través de la ley, órgano consultivo del Consejo de Europa, y cuya existencia es ignorada por nuestra Justicia. (continuación)
“El ataque generalizado debe interpretarse como un ataque
masivo o a
gran escala —que
desencadene un número significativo de víctimas. El ataque será
sistemático cuando
forme parte de un programa
de ejecución metódica y previamente planificado; no se requiere que sea una política del Estado, pero debe haber algún tipo de regla de acción o plan preconcebido. De conformidad con el artículo 7.2.a°
del Estatuto Penal de la Corte Penal Internacional, el ataque generalizado o sistemático
debe haberse realizado "de
conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer esos actos para promover esa política', no siendo necesario que aquella sea expresa o declarada en forma clara y precisa, ni que se decida al más alto nivel. El elemento político debe ser apreciado en función a las circunstancias concurrentes”. “Un solo acto ilícito como los mencionados cometido dentro del contexto descrito
y con conocimiento aunque sea parcial basta para que se produzca un crimen de lesa humanidad y
genere responsabilidad penal individual del agente. No
se requieren de numerosas ofensas para ello, pues un único asesinato puede configurar este delito. La
existencia de crímenes
contra la humanidad, cometidos en el marco de una acción sistemática o a gran
escala, no impide
considerar que cada
ataque individual constituye un
crimen contra la humanidad. Al
desvincularlos de
la situación de guerra,
puede tener sentido buscar
una situación general o
colectiva similar para encuadrar los crímenes de lesa humanidad, la que puede ser definida por la magnitud de sus efectos ("masiva") o por su forma ("sistemática"). “De modo que los crímenes de lesa humanidad deben
ser cometidos en el
acción masiva o sistemática,
dirigida, organizada
o tolerada por el poder político de iure o de facto. En resumen un acto constituye un crimen de lesa humanidad (fundamento 49):
cuando por su
naturaleza y carácter denota una grave
afectación de la dignidad humana,
violando la vida o produciendo un grave daño en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en
su derecho a la libertad personal o en su derecho
a la igualdad; cuando se realiza como parte de un ataque generalizado o sistemático: cuando responde a una política (no necesariamente formalmente declarada) promovida o consentida por el
cuando se dirige contra población civil. Estas condiciones deben presentarse copulativamente.
presupone un comportamiento típico, resultados
y circunstancias típicas, elementos subjetivos
especiales de responsabilidad y elementos o circunstancias
comisión es un asunto que debe ser determinado por jueces y tribunales penales (fundamento
50) Los jueces
tienen la obligación de observar las
garantías que conforman el principio derecho de legalidad penal; en particular, el que se
deriva del sub-principio de lex eta, que exige una
interpretación rigurosa de la ley penal y
por tanto, prohibe la analogía in malam partem. En cuanto a la presunción de inocencia, que
informa a todo el proceso penal, el juez debe realizar la calificación de los
hechos, siempre que existan fundamentos y suficientes elementos de convicción
para estimar la comisión del delito por el imputado como autor o partícipe
(fundamento 51)”.
“Con fecha 7 de junio de 2011, el Pleno
del Tribunal Constitucional acordó solicitar a la Comisión Europea para la
Democracia a través de la Ley su participación a efectos de recibir su opinión en la materia
la Democracia a través de la Ley, conocida como Comisión de Venecia, creada en 1990, es el órgano consultivo del Consejo de Europa especializado en el ámbito constitucional. Es así que su principal actividad
consiste en prestar asesoramiento para la preparación de las constituciones,
enmiendas constitucionales y legislación para-constitucional; de igual forma
con respecto a legislación sobre protección de minorías, instituciones
estatales, partidos políticos y los asuntos electorales, con excepción de la
observación. Al respecto,
se consultó acerca
de cómo han sentenciado los casos vinculados a la comisión de crímenes de lesa
humanidad otros
tribunales o cortes constitucionales del mundo, cómo han definido y configurado esta clase de delitos y, a raíz de dicha jurisprudencia, qué hechos han sido calificados como tales. Es
así que la Comisión de Venecia remitió
a este Tribunal su informe,
que fuera adoptado en su 88' sesión plenaria realizada en octubre de
“En el informe
se precisa las características de los crímenes de lesa humanidad. Al respecto,
considera que un crimen contra la humanidad
normalmente se compone de los siguientes elementos: Uno o varios elementos objetivos (un acto inhumano -como el
asesinato-), un elemento contextual (ataque
generalizado o sistemático contra la población civil), un elemento subjetivo (el
conocimiento de ambos elementos, el objetivo y el elemento contextual). A tal efecto. haciendo referencia a los "Elementos de
los crímenes" de la Corte Penal Internacional, refiere que el asesinato, en tanto crimen de lesa
humanidad, requiere que' "(I) El autor haya dado muerte a uno o más
personas, (2) Que la conducta se cometa como
parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra una población civil, (3) El autor sabía que la
conducta era parte de o el intento de conducta era parte de un ataque
generalizado o sistemático contra una población civil". 48 Sobre el
asesinato, el elemento objetivo consiste en que el agresor dé muerte a una o más
personas. Incluso si el acto
una sola víctima puede constituir un crimen contra la humanidad cuando se comete en el contexto de un
ataque generalizado.
la premeditación no es necesaria. Además, no se admite como justificante la
necesidad de luchar contra el terrorismo o similares. 40. En cuanto al requisito atinente a que se trate de un ataque contra la
población civil, entiende
que deben reconocerse
como tales no solo a los civiles en un sentido estricto sino a todas las personas que, habiendo tomado parte de un
enfrentamiento armado, ya no
forman parte de las hostilidades por haber quedado fuera de combate o ser prisioneros que se encuentran desarmados.” Publicado por
Donde nos referimos a la Comisión Europea para la Democracia a través de la ley,
y cuya existencia es ignorada por nuestra Justicia
Capítulo 726 - Lo que a la ligera y "malam parte" se calificaría en la Argentina, como delito de lesa humanidad, en los Tribunales del Perú merece otra calificación. Esta resolución del tribunal peruano, trae a
colación un agudo estudio de sus integrantes, relacionado con la calificación
de delito de lesa humanidad, lo que autorizaría una investigación judicial sine
die. Demás está decir que tal calificación incidiría en la aptitud de la
prescripción de la acción penal. Nos señala seguidamente: “2.1 Prescripción de
la acción penal y crímenes de lesa humanidad. 39
La prescripción de la acción penal, como ya lo ha referido la jurisprudencia de
este tribunal Constitucional, es una institución destinada a impedir el exceso del
poder estatal en la persecución penal del individuo, evitando que el sujeto se
convierta en objeto de la política criminal. A su vez, una lectura
de la Constitución conforme al principio de unidad de la Constitución, debe
compatibilizar esta limitación de la potestad punitiva del Estado con el deber
estatal de investigar las graves violaciones a los derechos humanos Así, la
prescripción de la acción penal, que supone la defensa del individuo contra los
excesos del poder estatal, no puede ser utilizada con la finalidad de avalar el
encubrimiento que el Estado haya realizado de hechos que deben ser investigados
(Cfr. Exp. N° 218-2009-PHC/TC; 03693-2008-PHC/TC). •
“4 -En este orden de
ideas, la necesidad de investigación de
hechos graves puede hacer ceder las expectativas
de seguridad jurídica derivadas de la prescripción de la acción estatal. Es por ello que en caso de que una grave violación de los derechos humanos configure un
crimen de lesa humanidad, la persecución
penal será imprescriptible. (Confr. Exp N° 024-2010-PUTC). Un crimen de lesa humanidad será tal: a) cuando por su naturaleza y carácter
denota una grave afectación de la dignidad humana, violando la vida o produciendo un grave
daño en el derecho a la integridad física o mental de la víctima, en su derecho a la libertad personal
o en su derecho a la igualdad; b)
cuando se realiza como
sistemático; c)
cuando responde a una política (no
necesariamente formalmente declarada) promovida o consentida por el Estado, y, d) cuando se dirige contra población civil. Estas
condiciones deben
presentarse copulativamente
(Cfr Exp. N° 024-2010-P1/TC). (…)”
“41 La dilucidación para el caso concreto de si se configura
un hecho delictivo constituye en esencia labor del juez ordinario. Ello en virtud de que determinar la responsabilidad
penal implica la
actuación y valoración de medios probatorios que al efecto se incorporan al
proceso penal. Estos aspectos no pueden cuestionarse a través de la
constitucional. Sin embargo, al margen de tales
aspectos -reservados de manera exclusiva a la
justicia ordinaria- este Tribunal ha reconocido la posibilidad de efectuar un control
constitucional de la resolución que declara que
un hecho constituye un crimen de lesa
humanidad: "No obstante constituir una
atribución del Juez Penal calificar si un hecho
constituye un delito de lesa humanidad, cl
Tribunal Constitucional recuerda que también es competencia de la
jurisdicción constitucional ejercer el control sobre la subsunción de los hechos en los tipos penales
que resulten violatorios del principio-derecho fundamental a la legalidad penal" (Exp N ° 0024-2010-PI/TC, fundamento 52) 42
No obstante, la posibilidad de efectuar un control constitucional no se
sustenta sólo en el principio de legalidad penal. Y es que para el
caso de los crímenes de lesa humanidad, se trata más bien de determinar si en
el caso el hecho constituye una violación de derechos tan grave que autoriza
una persecución penal sin límites temporales. En efecto, en virtud de una ponderación entre la gravedad del hecho y la necesidad de
investigación, por un lado, y del otro, la seguridad jurídica,
este Tribunal ha determinado que resulta constitucionalmente legítimo mantener
una persecución penal sin límites en el tiempo (imprescriptible) en caso de que una muy
grave violación de los derechos humanos configure,
por sus especiales características (formar parte
de un ataque sistemático o generalizado,
entre otras Supra, fundamento 40) un crimen de lesa humanidad. (Exp. N° 024-2010-PETC).3 De este modo, la
justicia constitucional puede determinar si los hechos considerados en el
proceso penal se condicen con los elementos que caracterizan a un crimen de
lesa humanidad 44 De otro lado, dada la
grave consecuencia jurídica que comporta declarar la imprescriptibilidad de la
acción penal, la imputación de la comisión de un
crimen de lesa humanidad a un imputado
merece, por parte de la judicatura, una
justificación esencialmente prolija. (…) (Cfr. Exp. N.° 0728-2008- IIC/TC, fundamento
18; Exp. N.° 6358-2008-PHC/TC, fundamento 6).45 En el Expediente N.°
00024-2010-PI/TC, el Tribunal Constitucional dictó el marco que le permite
realizar control constitucional de las resoluciones dictadas en la jurisdicción
ordinaria, en las que se ha calificado uno o un conjunto de hechos como si de
crímenes de lesa humanidad se tratara. Un crimen de lesa humanidad se presenta
como consecuencia de la violación de algunos derechos, cuando menos de los
relativos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal e
igualdad (fundamento 46) No basta la violación de este núcleo esencial de los
derechos fundamentales para que se configure un crimen de lesa humanidad. Es
necesario que la afectación revele un abierto y doloso desprecio de la dignidad
humana (actos de singular inhumanidad y gravedad en razón de su naturaleza y
carácter); de modo que o todo homicidio importa una 'violación al derecho a la
vida, pero sólo constituye crimen de lesa humanidad cuando es ejecutado con
ferocidad, crueldad o alevosía (asesinato), en un contexto determinado. Toda
lesión física o psíquica ocasionada dolosamente da lugar a una violación al derecho
a la integridad personal, pero para significar un crimen de lesa humanidad, deben
generarse dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales, o el sometimiento
a condiciones o métodos que anulen la personalidad del individuo o disminuyan
su capacidad física o mental con el objeto de castigarla, intimidarla o coaccionarla
(tortura); todo ello en un contexto determinado (fundamento 47). Además, el
acto debe ser ejecutado en el contexto de un ataque generalizado o sistemático
contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Este es el factor determinante, que permite que un delito común se configure como crimen de lesa humanidad (fundamento 48)".
como delito de lesa humanidad,
en los Tribunales del Perú merece otra calificación.,
Lo que a la ligera y "malam parte" se calificaría en la Argentina
Capítulo 725 - Señaló la Corte Constitucional del Perú, que es inconstitucional se mantenga una persecución indefinida en el tiempo, atentatoria al plazo razonable del proceso penal. (continuación) “Como se sabe,
los Decretos Supremos No. 012-86-IN y No 006-86-JUS de 2 y 19 de junio de 1986,
respectivamente, declararon prorrogado el estado de emergencia en las Provincias
de Lima y el Callao, y establecieron como zona
militar restringida, bajo la jurisdicción del
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, tres establecimientos penales, entre ellos el ubicado en la isla El Frontón, mientras durara el estado de emergencia (Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Durand y
Ugarte, sentencia de fondo, párrafo 98) Al
respecto, tal como lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, si bien los mencionados decretos supremos no suspendieron en forma
expresa la vigencia del proceso de hábeas corpus, el cumplimiento que el Estado dio a dichos
decretos produjo de hecho, la ineficacia de
este mecanismo de tutela constitucional, por
cuanto los jueces ordinarios no podían ingresar a los penales por ser éstos zonas militares restringidas y dichas disposiciones impedían investigar y determinar el
paradero de las personas a favor de las cuales se había interpuesto el hábeas
corpus (Durand y Ugarte. fondo, párr.
100, Neira Alegría, fondo, párr 77). 27. Esta situación motivó que el Estado peruano haya sido condenado por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos por violación al derecho a un recurso efectivo para tutelar los derechos, lo que abona aún más en favor de la necesidad de la investigación
judicial del presente caso. 28 Asimismo, en el auto de apertura de
instrucción se afirma que todo el proceso posterior a la muerte de los
internos, como a la remoción de escombros, recuperación y examen de los cadáveres e inhumaciones de las víctimas, se caracterizó por un estricto secreto que
rodeó estas operaciones y que los fallecidos habrían sido enterrados de manera clandestina,
lo que deberá ser materia de probanza al interior del proceso penal:" … al
no haberse podido desaparecer todos los cuerpos, se procedió a trasladarlos a diversos
cementerios en grupos pequeños con la finalidad de que no sean descubiertos (fundamento
quincuagésimo primero).(. ) Igualmente tenemos que trabajadores de algunos de
los cementerios mencionados como lugares donde se procedió al entierro clandestino
de las víctimas, presenciarían tal hecho..." (Fundamento quincuagésimo segundo).”
“De otro lado, la posterior
investigación de los hechos no fue llevada a cabo por jueces competentes, sino por la justicia militar, la que terminó absolviendo a los militares involucrados en
los hechos (Caso Durand y Ligarte, párrafos, 59,1 y 119) Al
respecto, conforme al artículo 173° de la Constitución de 1993, y al artículo
282 de la Constitución de 1979, entonces vigente, los miembros de las Fuerzas
Armadas y Fuerzas Policiales están sujetos al fuero militar en caso de la
comisión de delitos de función. Al respecto, este Tribunal Constitucional ha precisado
que los delitos de función "...están conectados
directamente con las funciones constitucionales y legales de los institutos armados...” (Exp. N° 001-2009-P1/TC, fundamento 127), y que, en ese sentido, la
justicia militar no es competente para conocer de procesos en los que se perseguía dilucidar
violaciones a los derechos humanos (Exp.
N.° 0012-2006-PUTC). La Corte Interamericana de Derechos humanos fue
del mismo parecer al conocer de casos
relacionados con los hechos de la isla El Frontón: 118 En el
presente caso, los militares encargados de la debelación del motín ocurrido en
el penal El Frontón hicieron un uso desproporcionado de la fuerza, que excedió en mucho los límites de su función, lo que provocó la muerte de un gran número de reclusos. Por lo tanto, los actos que llevaron a este desenlace no pueden ser considerados delitos
militares sino delitos comunes.
Por lo que la investigación y sanción de los mismos debió haber recaído en la
justicia ordinaria, independientemente de que los supuestos autores hubieran
sido militares o no (…)
“En suma, a través
de una serie de actos el Estado ha impedido la investigación de estos
lamentables hechos. En un primer momento, al declarar la isla como zona
militar restringida, impidió a las autoridades judiciales tramitar
procesos de hábeas corpus que hubieran sido útiles para ubicar los cuerpos de
los cadáveres o incluso evitar daños mayores De otro lado, se le otorgó competencia a
un fuero abiertamente incompetente para juzgar violaciones de derechos humanos,
absolvió a todos los implicados. Caso Durand y ligarte, fondo, párrafos 59,1y
119). (…) De 1o expuesto, este Tribunal
Constitucional entiende que dada la negativa
inicial del Estado peruano a iniciar una
investigación cabal de lo acontecido, resulta
imperativo la instrucción de un proceso judicial que permita de una manera definitiva conocer la verdad y sancionar a
los responsables, si los hubiera. Como lo ha
señalado este Tribunal Constitucional: "Tenemos,
en efecto, el derecho a saber, pero también el deber de conocer qué es lo que sucedió
en nuestro país, a fin de enmendar el camino y
fortalecer las condiciones mínimas y necesarias que requiere
una sociedad auténticamente democrática,
presupuesto de un efectivo ejercicio de los derechos fundamentales ( …) e investigación sobre las
violaciones a los derechos humanos, desde luego, no sólo están las demandas de justicia con
las víctimas y familiares, sino también la
exigencia al Estado y la sociedad civil para que
adopten medidas necesarias a fin de evitar que en el futuro se repitan tales
hechos" (Exp N°
2488-2002-HC, fundamento 17; N.' 0024-2010-Al/TC, fundamento
fundamentación “33” de la resolución del
Tribunal Constitucional del Perú señala taxativamente que “La investigación, procesamiento y sanción a los responsables constituye una obligación del
derivada de la sentencia
emitida con fecha 16 de agosto de 2000 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso
Durand y Ligarte,
en la que dispuso (punto 7 del fallo de la sentencia de
fondo) "(...) que el Estado está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para
localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares, así como para investigar los hechos y
procesar y sancionar a los responsables", lo que tuvo que ser requerido nuevamente al Estado peruano a
través de la sentencia de
cumplimiento de sentencia de 27 de noviembre de 2002 (caso Durand y
Ligarte): (…) “A
su vez, este tribunal (Constitucional) entiende que las necesidades de
investigación y sanción no se
verán satisfechas únicamente con el inicio de un proceso judicial, sino que es necesaria una sentencia en la que de
manera definitiva y oficial se
determinen las responsabilidades penales a que hubiera lugar.35. En efecto, habiendo ocurrido los hechos en el año 1986, resulta indebido que hasta el día de hoy el proceso siga su
curso sin haber concluido en una sentencia definitiva. (…). A renglón seguido,
el Tribunal Constitucional hace referencia a algo que nuestra Justicia pasa por
alto, evidenciando que al parecer, sólo a sedicentes víctimas de violación de
sus derechos humanos, parece importarle que se sancione penalmente a quienes
son imputados de esos delitos. Añade el Tribunal algo que se relaciona
con la lentitud en el proceso penal en nuestro país, lentitud que eventualmente
hace mella en el derecho de defensa de los justiciables, en los conocidos casos
de los juicios a los militares, imputados de haber violado derechos humanos.
Hacinados en inmundas cárceles, sin haber sido condenados a pena de prisión
medran años y más años con un interlocutorio de medida cautelar de orden
personal, sin que se les haya dictado sentencia definitiva, a fin de esclarecer
su situación procesal. . Y nos dice: “El hecho de que no se haya dictado una sentencia mantiene a los imputados en un estado de
permanente sospecha. Al
respecto, ya este
Tribunal ha señalado en
reiterada jurisprudencia que resulta
prima facie inconstitucional que se mantenga una
persecución penal indefinida en el tiempo. A su vez, esta situación podría resultar atentatoria del derecho al plazo razonable del proceso. En suma, seguir ad
infinitum con el proceso penal genera, de un lado, impunidad (que agravia a las víctimas del hecho) y de otro lado afecta
indebidamente los
derechos de los implicados en estos hechos. Es por ello que este Tribunal considera que la solución del presente caso pasa por evitar acciones que dilaten aún más el
proceso penal. Dadas las circunstancias es preciso, entonces, conceder al Poder
Judicial un
plazo perentorio para
la conclusión del proceso.”
atentatoria al plazo razonable del proceso penal.,
eñaló la Corte Constitucional del Perú,
que es inconstitucional se mantenga una persecución indefinida en el tiempo
Capítulo 724 - Ante la posible comisión de delitos, prima facie, de lesa humanidad, la Justicia de Perú se inclina por la presunta violación de la tutela judicial. (continuación)
“Así, en el caso
Nora Alegría la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) señaló que: “Sin
aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los
detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que
estuvieren armados, no
llegan a constituir, en opinión de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en éste y en los
otros penales amotinados y
que se entendió como una confrontación
política entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (…). De acuerdo con lo expuesto, y conforme a
la declaración de testigos y peritos, la Corte (Interamericana de Derechos Humanos) tiene por demostrado que el Pabellón
Azul fue demolido por las fuerzas de la Marina peruana, quienes hicieron un uso
desproporcionado de la fuerza en
relación con el peligro que entrañaba el motín (supra párr 59.t)
situación que provocó que muchos de los detenidos murieran por aplastamiento,
según se revela en las necropsias correspondientes. (Párrafo N°
68).”
derecho al uso de la fuerza, del que goza un Estado, se explayó el Tribunal
Constitucional citado precedentemente, afirmando a continuación “Al respecto, como ya ha
señalado este Tribunal Constitucional, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas tiene
cobertura constitucional en virtud de los artículos 44 y 165 de la
Constitución (que coinciden en este aspecto con los artículos 80 y 275 de la
Constitución de 1979). Sin embargo, todo empleo
de las armas debe enmarcarse bajo los
principios de proporcionalidad, necesidad, legitimidad y humanidad (STC
002- 2008-PI/PC, fundamento 2). Y es que "...en aras de mantener el orden interno el Estado no cuenta con medios ilimitados, especialmente en lo referido al uso de la fuerza. Por esta razón, dicho empleo debe estar circunscrito a las personas que efectivamente sean una amenaza y que se
encuentren en situaciones preestablecidas por la ley" (Exp.
002-2008-P1/TC, fundamento 54). Además, el uso de la fuerza sólo puede operar en el caso de que
no haya otra alternativa menos gravosa que resulte igualmente satisfactoria (principio
de necesidad). Es
así que el criterio para emplear la fuerza letal
es que esté en peligro la vida de otra
persona (Exp. 02-2008-Al/TC, fundamento
56) Por tanto, el uso de la fuerza letal no está autorizado cuando se trate de
personas que no representan ningún peligro.”
“21. Así también lo ha
entendido la Corte Interamericana de Derechos Humanos para quien sólo podrá hacerse uso de la fuerza o de instrumentos de
coerción en casos excepcionales, cuando se hayan
agotado y hayan fracasado todos los demás medios de control. (Caso Montero Aranguren y otros Vs. Venezuela párr
67; Caso del Centro Penitenciario
Regional Capital Yare I y II. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte
de 30 de marzo de 2006, párr. 15). Evidentemente, tal y como lo ha reconocido el
referido tribunal internacional, en un mayor grado de excepcionalidad se ubica el uso de la fuerza letal y las armas de fuego por parte de
agentes de seguridad estatales contra las
personas, lo cual debe estar prohibido como regla general. Su uso excepcional deberá estar formulado por ley y ser interpretado
restrictivamente de manera que sea minimizado en
toda circunstancia, no siendo más que el "absolutamente
necesario" en relación con la fuerza o
amenaza que se pretende repeler (Caso Montero Aranguren y otros Vs.
Venezuela párr. 68; caso Zambrano párr. 84). Como ya quedó establecido en las sentencias de la Corte Interamericana a través de los casos Neira Alegría y Durand y Ugarte, el Estado peruano incurrió en un excesivo uso de la fuerza al
debelar el motín protagonizado por los
internos del establecimiento penal San Juan Bautista, lo que merece
investigación judicial y una respuesta definitiva por parte del Estado acerca
del modo en que sucedieron los hechos”.
Tribunal Constitucional afirmando, en base a los antecedentes que cita, que
habría existido en el caso, una violación del derecho de tutela judicial
efectiva y de investigación de los hechos. Expresó: “23. El derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido por
nuestra Constitución en su artículo 139.3 cobra especial relevancia ante casos de violaciones de los
que no es posible garantizar ninguno si no existen mecanismos judiciales para hacer frente a actos que los vulneren o amenacen. Este ámbito del derecho a la tutela judicial efectiva está previsto en el artículo 3, literal "a" del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que establece que "Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en
el presente Pacto hayan sido violados podrá
interponer un recurso efectivo". Asimismo, la
Convención Americana sobre Derechos Humanos establece, en su artículo 25.1, que
"Toda persona tiene derecho a un recurso
o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes,
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la
presente Convención". En virtud de ello este Tribunal Constitucional
ha considerado que "A la condición de derechos subjetivos del más alto
nivel y, al mismo tiempo, de valores materiales
de nuestro ordenamiento jurídico, le es
consustancial el establecimiento de mecanismos encargados de tutelarlos, pues es evidente que derechos sin garantías no
son sino afirmaciones programáticas, desprovistas de valor normativo"
N° 1230-2002-1-1C/TC]. 24. Asimismo,
este Tribunal, a través de reiterada jurisprudencia, ha derivado del deber estatal
de protección de derechos fundamentales (artículo 44 de la Constitución) la necesidad
de investigar y sancionar todo acto violatorio de los derechos humanos (Exp. N°
2488-2002-H0TC fundamentos 21-23; Exp. N° 2798-2004-HC/TC, fundamento 10; Exp.
N° 03693-2008-PHC/TC, fundamento 16; Exp. N° 0218-2009-PHGTC)
16) Ello adquiere
particular relevancia en casos de violaciones del derecho a la vida derivados
de un excesivo uso de la fuerza letal. Al respecto, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha señalado lo siguiente: “La prohibición general a los agentes del
Estado de privar de la vida arbitrariamente seria ineficaz si no existieran procedimientos para verificar la legalidad del uso letal de la fuerza ejercida por agentes estatales. La Corte ha entendido que la obligación general de
garantizar los derechos humanos consagrados en la Convención, contenida en el artículo 1 1 de la misma contiene la obligación de investigar los casos de
violaciones del derecho sustantivo que debe ser
amparado, protegido o garantizado. Esta
obligación general se ve especialmente acentuada en casos de uso de la fuerza
letal. Toda vez que se tenga conocimiento de que
sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias
letales, el Estado está obligado a iniciar ex
officio y sin dilación, una investigación seria, independiente, imparcial y efectiva
(caso Zambrano Vélez, fundamento 88). 25 Conforme a lo determinado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso se habría violado el derecho a la protección
judicial en virtud de la declaración del
establecimiento penal como zona militar restringida, y el posterior juzgamiento de los hechos por el fuero militar." Publicado por
Ante la posible comisión de delitos,
la Justicia de Perú se inclina por la presunta violación de la tutela judicial.,
Capítulo 723 - La Justicia del Perú no participa de la interpretación que hace nuestra justicia sobre el delito de lesa humanidad. (continuación)
interpretación que hizo la Justicia peruana, en relación a las normas
internacionales que gobiernan todo lo relacionado con la calificación de
ciertos eventos, como delitos de lesa humanidad, no es uniforme. Lo que podríamos considerar que constituye un singular
atentado contra el derecho de defensa de los eventuales imputados. Es la defensa uno
de los más importantes derechos humanos, no suficientemente ponderado por los
sedicentes defensores de ellos. Defensores
éstos que, contemporáneamente, abundan por doquier. Con relación a éste y otros
controvertidos problemas que presenta la defensa de esos derechos y la sanción
a quienes los violan, nos detendremos en un caso singular por las consecuencias
jurídicas que se ponen de resalto, y cuyo eco a la fecha, es escaso. Un ejemplo que resulta una suerte de leading case lo constituye la resolución recaída en el Recurso
de agravio constitucional, interpuesto ante el Tribunal Constitucional del Perú por Humberto Bocanegra Chávez, contra la resolución
expedida en mayoría por la Segunda Sala Especializada en lo Penal para Procesos
con Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, Perú de fecha 29 de
octubre de 2010, que declaró infundada la demanda de hábeas corpus de autos.(http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2013/01969-2011-HC.pdf).
la ocasión el Tribunal Constitucional del Perú se pronunció sobre ciertos
puntos de interés para el tema aludido. Es digno de destacar la
opinión ilustrada del mismo y la equitativa postura jurídica que ha adoptado, lejos de
la que comúnmente siguen los tribunales argentinos, sobre idéntico tema. La asimetría es prácticamente total, en lo
que se refiere a las exigencias del tipo penal del delito de lesa humanidad.
acabadamente que para que un evento pueda ser calificado de
tal forma, el hecho debe reunir requisitos
necesarios que viabilicen tal calificación.
Extraemos en conclusión, del examen de la opinión del mismo, que deben
extremarse las exigencias del tipo a fin de no vulnerar los derechos humanos
del encartado. Sostiene el
Tribunal Constitucional que, oportunamente se solicitó a la Justicia que se declare nulo el auto de apertura de instrucción emitido por el juez del Cuarto Juzgado Penal
Supraprovincial con fecha 9 de enero de 2009
(Exp. N° 2007-00213-0-1801-JR-PE-04). Alegaron los presentantes que
cuando se emitió dicha resolución judicial el juez emplazado tenía
conocimiento de que una sala penal superior había
declarado prescrita la acción penal para el
caso del coprocesado Teodorico Bernabé Montoya, lo que incluso fue confirmado
por el Tribunal Constitucional (Exp.
N.° 3173-2008-PHC/TC). Al respecto, considera que los efectos de la referida
sentencia le son extensivos al caso de los favorecidos al tratarse de sujetos
en una situación idéntica. En este sentido considera
que siendo los favorecidos, al igual que
Teodorico Bernabé Montoya, presuntos autores de los
hechos ocurridos en el establecimiento penal San Juan Bautista (El Frontón) el 19 de
junio de 1986, les corresponde igualmente la
Conforme a lo señalado en el auto de apertura de instrucción cuestionado, los acontecimientos que dieron lugar al
proceso penal se originaron en virtud de tres motines que se produjeron de
los establecimientos penales San Juan Bautista (El Frontón),
Santa Bárbara y San Pedro (Lurigancho) el día 18 de junio de 1986. La perturbación
del orden interno al interior de los penales fue originada por los internos
condenados y procesados por delito de terrorismo. Simultáneamente, cuando el
estadio procesal lo permitió, se concretó la respectiva denuncia y se dio intervención
a la Corte Interamericana de los Derechos humanos, para que se expida acerca de
la presunta responsabilidad que le pudo caber al Estado peruano en tales hechos
criminosos, por la conducta aparentemente ilícita que eventualmente
se les puede endilgar a los funcionarios peruanos que participaron en esos
eventos. Reseña el
Tribunal interamericano, en las actuaciones del caso: “(…) el 18 de junio de 1986 se produjeron motines simultáneos en tres centros penitenciarios de Lima el
Centro de Readaptación Social -CRAS- -'Santa Bárbara", el Centro de
Readaptación Social -CRAS- San Pedro (ex-'Lurigancho") y el Pabellón Azul
del CRAS- San Juan Bautista, (ex-El Frontón). En este último se encontraban
detenidos Nolberto Durand Ugarte y Gabriel Pablo Ugarte Rivera, los presos
asumieron el control de los pabellones, luego de haber tomado a efectivos de
la Guardia Republicana como rehenes y de haberse apoderado de las armas de
fuego que portaban algunos de ellos. Ante esta situación, las autoridades
penitenciarias, en coordinación con las autoridades judiciales competentes,
iniciaron negociaciones con los amotinados, en las que se avanzó hasta conocer
sus reclamos; 17. Según lo descrito en el auto de apertura de instrucción,
luego de reiterados intentos para que los internos depongan su actitud
beligerante, se
inició el operativo de debelamiento a
cargo del general Raúl Jares Gago, disponiendo que se abra un boquete en el extremo sur
del Pabellón Azul para facilitar el ingreso de los efectivos policiales
(fundamento quinto), .por lo que se habrían efectuado disparos de cohetes
Ambrush contra la puerta principal y la pared lateral sin obtener el resultado
requerido.” “En ese momento,
el operador lanzacohetes (...) sería alcanzado por un proyectil de arma de fuego a la altura
del cráneo, el cual provendría de la acción
de algún interno, lo que generó un intercambio
de disparos. Las fuerzas del orden usarían además granadas fumígeras
y lacrimógenas, que ocasionarían incendios al interior del pabellón; al tener
resultados negativos con los lanzacohetes se utilizaría explosivos C-4, así
como mayores disparos de cohetes contra las paredes del edificio, logrando
abrirse una brecha en el muro posterior del edificio. Originando el
desmoronamiento y caída del segundo piso" (fundamento sexto).
Sostiene el tribunal
peruano: “Resulta
absolutamente claro para este Tribunal (Constitucional) que el amotinamiento de los internos y la toma de rehenes autorizaba la intervención estatal. Como lo ha reconocido la
Interamericana de Derechos Humanos, ante situaciones como las
descritas. El Estado tiene la
obligación de intervenir para garantizar la
seguridad y mantener el orden público (Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto de Brasil. Medidas
Provisionales, Resolución de 22 de abril
de 2004, considerando décimo; Resolución de 7 de julio de 2004,
considerando duodécimo; Montero Aranguren. Párr. 70; Asunto del Centro Penitenciario Regional Capital Yace I y II.
Medidas Provisionales. Resolución de 30 de marzo de 2006, considerando 15;). Sin embargo, como lo ha establecido la
misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (casos Neira Alegría,
y Durand y Ugarte), dicho
episodio fue combatido a través de un uso
desproporcionado de la fuerza.” Publicado por
La Justicia del Perú no participa de la interpretación que hace nuestra justicia sobre el delito de lesa humanidad.
Capítulo 722 - Interesante postura del Tribunal de Colombia relacionada con la comisión del delito de lesa humanidad. (continuación)
"Es generalizada la postura a nivel
interno e internacional acerca de cómo la regla de prescripción no opera para
los casos de las infracciones a los derechos humanos y ello debido al compromiso
de los Estados de luchar contra estas infracciones no solo a nivel
sancionatorio sino también preventivo y de evitar la impunidad de tales
comportamientos. Podría incluso decirse que la imprescriptibilidad es uno de
los atributos característicos de esta clase de delitos. El
argumento del juzgado de primera instancia se soporta en la sentencia C-580 de
2002 en la que nuestra Corte Constitucional señala que los términos de
prescripción empezarán a correr una vez el acusado haya sido vinculado al
proceso, criterio que debe extenderse a todos los delitos de lesa humanidad y
no únicamente al de desaparición forzada que es del cual se ocupa
específicamente esta sentencia de constitucionalidad. Por su parte el Estatuto
de Roma en el artículo 29 consagró como uno de sus principios la
imprescriptibilidad de los crímenes cuya competencia radica en la Corte Penal
Internacional, dentro de los cuales se encuentran." "Es oportuno precisar que la
sentencia de constitucionalidad citada analizó la Ley 707 de 2002, aprobatoria
de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en cuyo
artículo 7º, que es el tema que nos interesa para resolver el presente caso,
indica: "La acción penal
derivada de la desaparición forzada de personas y la pena que se imponga
judicialmente al responsable de la misma no estarán sujetas a prescripción. Sin
embargo, cuando existiera
una norma de carácter fundamental que
impidiera la aplicación de lo estipulado en el párrafo anterior, el período de prescripción deberá ser igual al del
delito más grave en la legislación
interna del respectivo Estado Parte". "Frente a esta parte del articulado la
Corte Constitucional hace un análisis separado de la prescripción de la pena y
la prescripción de la acción penal, para concluir frente a la primera figura
que como existe una norma constitucional interna, artículo 28 superior, que
prohíbe las penas imprescriptibles, debe entonces aplicarse la regla del
artículo 7º de la referida convención y entonces la pena para el delito de
desaparición forzada prescribe en un tiempo igual al de la prescripción para el
delito más grave según la normatividad interna. En torno a la
imprescriptibilidad de la acción penal, afirmó la Corte que como no existe en
el ordenamiento nacional una norma que indique que la acción penal es
imprescriptible, como sí ocurre respecto de las penas, debía definirse si se
aplicaba el inciso 1º del artículo 7º de la Convención, o el inciso 2º, y por
lo tanto, si la imprescriptibilidad de la acción penal para el delito de desaparición
forzada resultaba acorde con la Constitución Política de Colombia". "Así las cosas, al hacer el análisis de
proporcionalidad en torno a la imprescriptibilidad de la acción penal del
delito de desaparición forzada, concluyó la Corte
que efectivamente era un mecanismo eficaz para evitar la impunidad en delitos
en los que resulta especialmente difícil la labor de recaudar pruebas e
identificar a los responsables. Igualmente,
estimó que a través de la
imprescriptibilidad de la acción penal para el delito de desaparición forzada se garantiza el derecho a conocer la verdad, a que se atribuyan las responsabilidades
individuales e institucionales y se materialicen los
derechos a la justicia y al
restablecimiento del derecho que les asiste a las víctimas."
"Estos fines del proceso
penal y el deber del Estado de garantizarlos, entran en contraposición con el derecho del reo a que no se prolongue
injustificadamente su vinculación a un proceso penal y el principio de prontitud de la administración de
justicia. No obstante, se dio más relevancia a
los primeros, al concluirse que el interés del Estado
en castigar determinadas conductas no podía sobreponerse para sacrificar y
hacer nugatorio el derecho al debido proceso: "En esa medida,
frente a una desaparición forzada de personas, la acción penal es el medio más
eficaz para proteger los intereses en juego, y su imprescriptibilidad es un
mecanismo que en determinadas circunstancias puede resultar necesario para
establecer la verdad de los hechos y para atribuir responsabilidades
individuales e institucionales. En tal medida, frente a la garantía de seguridad jurídica y de
recibir pronta justicia, es necesario
entonces concluir que prevalecen el interés en erradicar el delito de
desaparición forzada y en reparar a las víctimas". Sin
embargo, el interés estatal
en proteger a las personas contra la desaparición forzada no puede hacer nugatorio el derecho a un debido
proceso sin dilaciones injustificadas" "Para solucionar la cuestión, la Corte
Constitucional puso un límite a la medida de imprescriptibilidad de la acción
penal para el delito de desaparición forzada, indicando que en caso de que ya
se haya iniciado la investigación, se tenga identificado al responsable, y haya
sido vinculado al proceso a través de indagatoria, se activa la prescripción de la acción penal como garantía de que la facultad del Estado de
investigar y juzgar no se tornará intemporal, como tampoco las medidas restrictivas de la libertad de carácter
preventivo que pueden imponerse en desarrollo del proceso."
"La siguiente es la conclusión a la que
arribó la Corte Constitucional: "Por lo
anterior, la imprescriptibilidad de la acción penal resulta conforme a la Carta
Política, siempre y cuando no se haya vinculado a la persona al proceso a
través de indagatoria. Cuando el acusado ya ha sido vinculado, empezarán a
correr los términos de prescripción de la acción penal, si el delito está
"Conforme con lo anterior, es viable
fijar la regla de imprescriptibilidad de la acción penal para el delito de
desaparición forzada sin que ello resulte contrario a la constitución, pero se
establece como regla de excepción que si el delito está consumado el término de
prescripción se activa siempre que el procesado ya esté vinculado a la
investigación. Así las cosas, resulta claro que la circunstancia de la
consumación del comportamiento es lo que permite predicar la prescripción de la
acción penal en este crimen de lesa humanidad, y como quiera que el delito de
desaparición forzada es un delito continuo que no culmina hasta tanto se
conozca el paradero de la persona desparecida, es sólo en el momento en que
ello se conozca y que se vincule al presunto responsable, que se puede afirmar
que la acción penal para el delito de desaparición forzada, prescribe. "No cabe duda que la
Corte Constitucional abrió la puerta
para que en un crimen de lesa humanidad, como lo es el de desaparición forzada,
se pueda decretar la prescripción de la acción penal, pero no porque se estén desconociendo los
compromisos internacionales del Estado Colombiano en la defensa de los derechos
humanos, sino por dos razones principales: la primera, porque la propia
Convención Interamericana sobre desaparición forzada permite a los Estados partes la inaplicación de la
norma que prevé la imprescriptibilidad de la acción penal en estos delitos, cuando normas internas de carácter fundamental, o
en nuestros términos, constitucional, impida la intemporalidad de la acción
punitiva del Estado, como así lo
concluyó la Corte Constitucional con
argumentos firmes, y la segunda, derivada de la complejidad del delito de
desaparición forzada, cuyo momento
consumativo es de muy difícil verificación, pues
son extraños los casos en los que se conoce el paradero de la persona
desaparecida, momento en el cual
sí se permite afirmar la prescripción de la acción penal. Es decir, prácticamente se mantiene la intemporalidad de la
acción penal para el delito de desaparición forzada, pues por lo general, dado el carácter continuo del
delito y la exigencia que se
hace para que se entienda agotado, casi nunca llega a su fase de consumación y por contera casi nunca se activa el término de
prescripción en los términos indicados por la Corte Constitucional."
"Para esta Sala es incorrecto entonces concluir, como sí lo hizo la
juez de primera instancia, que la acción penal
prescribe para delitos de lesa humanidad como sucede con los delitos comunes,
siempre que el delito esté consumado y el procesado esté vinculado a la
investigación, pues estas reglas operan de manera excepcional sólo para el
delito de desaparición forzada y no para otros crímenes de lesa humanidad, como el caso del asesinato, que por ser un
delito de ejecución instantánea permite más fácilmente determinar su momento
consumativo y por ende la prescripción de la acción penal, lo cual raya con intereses de índole superior, como
son evitar la impunidad, preservar los
derechos de las víctimas, materializar el fin de
la justicia y conocer la verdad, entre otros, que en
tratándose de delitos de lesa humanidad, prevalecen incluso sobre garantías del
procesado como la de no poder seguir siendo procesado penalmente cuando por el
trascurso del tiempo haya operado el fenómeno jurídico de la prescripción de la
acción penal. "Adicional a lo anterior, debe recordarse que la Convención cuyo análisis oficioso de constitucionalidad hace
la Corte, corresponde al
Sistema Interamericano de defensa de los derechos humanos que permite la modulación del principio de
imprescriptibilidad de la acción penal en
el delito de desaparición forzada, como no ocurre con el Estatuto de
Roma y con la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra
y de lesa humanidad, que pertenecen al sistema universal de defensa de los
derechos humanos al cual se encuentra vinculado el Estado Colombiano, en cuyos
artículos 29 y 1º, respectivamente, se establece sin ningún tipo de condicionamiento
la imprescriptibilidad de la acción penal tanto para crímenes de guerra como
para crímenes de lesa humanidad."
"Esta norma imperativa
es legítima no sólo por el hecho de
hacer parte del Estatuto de Roma, sino debido al
compromiso adquirido por los Estados firmantes consistente
en adoptar todas las medidas necesarias para la defensa de los derechos humanos, entre las que se incluye la de garantizar que en
las graves violaciones a los derechos humanos no reine la impunidad a través de figuras jurídicas como la prescripción
de la acción penal. Este ha sido el
criterio acogido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en varios de sus casos ha indicado la
inadmisibilidad de leyes de prescripción respecto de graves atentados contra
los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, con el fin de evitar la impunidad de tales
comportamientos.” En
nuestro país, en la Argentina, al parecer el criterio de nuestra Justicia no es el mismo ya
que, por ejemplo en el caso del atentado con tras las oficinas de Coordinación Federal
de la Policía Federal, anteriormente citado, la justicia se expidió alegando que se
trataba de un delito común por lo que debía procederse a la declaración de
prescripción de la acción penal, por extinción de la misma en virtud
del tiempo transcurrido desde la fecha del evento investigado." "Así las cosas, resulta equivocada la
determinación del a quo al decretar la prescripción del delito contra la
vida que se perpetró en el asalto al Palacio de Justicia en el mes de noviembre
de 1985, por tratarse de un delito de lesa
atentatorio contra el derecho fundamental de la vida que se torna
imprescriptible a la luz de la normatividad internacional de defensa de los
derechos humanos que en virtud del
bloque de constitucionalidad hace parte del ordenamiento jurídico nacional, sin que la
sentencia C-580 de 2002 sirva de fundamento para afirmar que en ciertas
circunstancias la prescripción de la acción penal opera para los delitos de
lesa humanidad."
"De otra parte, para el
Tribunal es claro que la prescripción de
la acción penal inherente a los delitos de hurto, uso de documento público
falso, rebelión y secuestro sí es admisible en el
presente caso, pues aunque se trata de delitos conexos con el de homicidio,
no son crímenes de lesa humanidad, siendo éste el único elemento para
sustentar su imprescriptibilidad. Por lo tanto, frente a los punibles
acusados distintos del homicidio, la prescripción de la acción penal decretada
en primera instancia sí se encuentra acertada y en tal virtud se confirmará, en
razón que desde la ejecutoria de la resolución de acusación que tuvo lugar el
31 de enero de 1989 han trascurrido más de 20 años y según voces del art. 86
del C.P., el término de prescripción en la etapa de juzgamiento no puede ser
superior a 10 años.” Publicado por
Interesante postura del Tribunal de Colombia relacionada con la comisión del delito de lesa humanidad.