Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-36488-de-mayo-29-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e1951fa0167a002ee0430a010151002e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-19 18:20:07
Document Index: 224842693

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 269', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 269', 'artículo 26', 'artículo 269', 'artículo 26', 'artículo 269', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 269', 'artículo 26', 'artículo 269', 'artículo 26']

﻿ Sentencia 36488 de mayo 29 de 2013
SENTENCIA 36488 DE 29 DE MAYO DE 2013
CONTENIDO:REPARACIÓN DELITOS DE EXTORSIÓN. TRATÁNDOSE DE DICHOS DELITOS EL ARTÍCULO 269 DEL CÓDIGO PENAL NO ES APLICABLE POR EXPRESA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121 DE 2006, BAJO EL ENTENDIDO QUE LA DISMINUCIÓN DE LA PENA POR REPARACIÓN ES UN BENEFICIO QUE OTORGA EL LEGISLADOR, PERO PRECISAMENTE LA PROPIA LEY EN CITA DETERMINA LA EXCLUSIÓN DE CUALQUIER CLASE DE BENEFICIO PARA ESTOS DELITOS. ADEMÁS, PARA QUE PROCEDA DICHA DISMINUCIÓN ES NECESARIO QUE SE HAYA DEMOSTRADO QUE SE HA MATERIALIZADO LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA O RESARCIMIENTO DEL DAÑO.
TEMAS ESPECÍFICOS:REPARACIÓN DEL DAÑO, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL DE 2000, REPARACIÓN A LA VÍCTIMA, DISMINUCIÓN DE LA PENA, EXTORSIÓN, REPARACIÓN DE PERJUICIOS
Sentencia 36488 de mayo 29 de 2013
Tanto el actor casacional, como la Fiscalía y Ministerio Público que han intervenido ante esta sede, coinciden, con apoyo en la sentencia citada en precedencia, que la postura más reciente de la Sala, adoptada por mayoría, ha entendido aplicable el artículo 269 del Código Penal, en los casos de reparación frente a delitos de extorsión, bajo la novedosa interpretación del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.
Advirtió el a quo en la sentencia, en criterio ratificado integralmente por el tribunal, que Ricardo García Muñoz no sería acreedor a la rebaja de pena por reparación o indemnización de perjuicios como lo solicitaba la defensa, con el argumento según el cual el artículo 269 del Código Penal no era aplicable por expresa prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, bajo el entendido que la disminución de la pena por reparación es un beneficio que otorga el legislador, pero precisamente la propia ley en cita determina la exclusión de cualquier clase de beneficio para estos delitos.
En efecto, corresponde a la última reflexión jurisprudencial sobre la referida rebaja de pena por reparación en el delito de extorsión, el pensamiento de la Corte contenido en Sentencia 35767 de 2012, acorde con el cual:
“Así que, nacida la Ley 1121 de 2006 en el contexto de una justicia restaurativa, debía proyectar sus efectos teniendo en cuenta dicha situación, y por tanto, ha de dársele alcance a la satisfacción de derechos de la víctima en relación con su participación en el conflicto que no es exclusivo de la justicia penal, y por tanto se debe propiciar y estimular la reparación de los perjuicios por medio de consecuencias favorables para el agresor, como la contenida en el artículo 269 del Código Penal.
En conclusión: se puede afirmar que la mencionada reducción de pena por efecto de la reparación no puede entenderse como otro beneficio legal, y por tanto, se halle cobijada por la prohibición del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006.
Así pues, la Sala, en lo sucesivo, modifica en tal sentido la interpretación sobre el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Su nueva hermenéutica se contrae a que se concede la reducción de pena prevista en el artículo 269 del Código Penal a quienes siendo procesados por el delito de extorsión, repararon los perjuicios en los términos previstos por el artículo 269 del Código Penal; sin que tal situación afecte los extremos punitivos, ya que la disminución se realiza una vez individualizada la pena, y sin efectos en el término de prescripción de la acción penal” (resaltado fuera de texto).
La Corte, como no podía ser de otro modo, es clara en señalar que el precepto cuya aplicación ahora auspicia, para producir los efectos aminorantes que le dan existencia, exige colmados los supuestos normativos del artículo 269, esto es, que debe mediar reparación integral, en el entendido que el responsable ha de restituir el objeto material del delito o su valor, e indemnizar los perjuicios irrogados al ofendido, lo cual debe ocurrir antes de dictarse sentencia de primera o única instancia.
Siendo ello así, la imputación del único cargo relacionada con la aplicación del artículo 269 del Código Penal, que las sentencias de primera y segunda instancia rechazaron, acudiendo inclusive a doctrina de la Corte vigente para dicho momento, que es coadyuvada por la Fiscalía y la Procuraduría, tendría razón en el aspecto estrictamente teórico sobre el alcance restrictivo del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 que no inhibe considerar sus efectos aún frente al delito de extorsión.
No obstante, tanto el libelo como los sujetos procesales que respaldan sus pretensiones, eluden cualquier referencia al hecho de si está demostrado, en los términos exigidos por el precepto en comento, los supuestos para su reconocimiento.
La sentencia de primera instancia se produjo en forma anticipada, pues en desarrollo de la audiencia preparatoria, según se vio, hubo aceptación de cargos por parte de Wilson Orlando García Muñoz. Dicho proveído rechazó la atenuante de la pena del artículo 269 del Código Penal por estar excluida, según su criterio, para delitos como el de extorsión.
La apelación tuvo como propósito, precisamente, el reconocimiento de la referida atemperante de pena, con el argumento según el cual en el asunto adelantado separadamente en contra del coprocesado Juan Camilo Cortés Figueroa existió un acuerdo indemnizatorio con la víctima, pretensión que el Tribunal rechazó por estar prohibida esta clase de rebajas para el delito de extorsión.
La sentencia proferida por el Tribunal Superior de Tunja el 21 de septiembre de 2010 que condenó a Cortés Figueroa, dejó expresa constancia de haberse presentado por la defensa “acuerdo de indemnización integral suscrito entre acusado y víctima”, sin relacionar su contenido ni precisar si se trataba de un acto de reparación integral o de un acuerdo, conforme se anotó, tendiente a su materialización posterior, lo que fue indiferente, pues también se negó la rebaja por expresa prohibición del artículo 26 varias veces citado.
En estas condiciones, el único cargo esbozado no prospera.