Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2015-01083-23043-de-septiembre-25-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_7e7e965bfa804c7c8061d64bb132c5f7&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-23 20:49:08
Document Index: 88713011

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 85', 'artículo 85', 'ARTÍCULO 370', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 2', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 2', 'artículo 85', 'artículo 2', 'artículo 187', 'artículo 2', 'artículo 365', 'artículo 366', 'artículo 365', 'artículo 85', 'artículo 2', 'artículo 187', 'artículo 192', 'artículo 195', 'artículo 192', 'artículo 192', 'artículo 195', 'artículo 192', 'artículo 206', 'artículo 365', 'artículo 366']

﻿ SENTENCIA 2015-01083/23043 DE SEPTIEMBRE 25 DE 2017
SENTENCIA 2015-01083 DE 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:LA BASE GRAVABLE DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A FAVOR DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, DEBE CORRESPONDER A LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. SE ESTABLECE QUE EL ARTÍCULO 85 DE LA LEY 142 DE 1994 DEFINIÓ LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL A CARGO DE LAS ENTIDADES SOMETIDAS A INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA, LA CUAL DEBE LIQUIDARSE Y PAGARSE TENIENDO EN CUENTA: I) LOS COSTOS DE SERVICIOS QUE PRESTA LA SUPERINTENDENCIA REFERENTES A TODOS LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE ESTA, AL IGUAL QUE LA DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN U OBSOLESCENCIA DE SUS ACTIVOS EN EL PERIODO ANUAL RESPECTIVO Y II) PRESUPUESTAR SUS GASTOS ANUALES Y DENTRO DEL LÍMITE LEGAL PARA OBRAR LA TARIFA QUE ARROJE EL VALOR NECESARIO DESTINADO A CUBRIR EL PRESUPUESTO ANUALLA TARIFA MÁXIMA DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL ES EL 1% Y LA BASE GRAVABLE ES EL VALOR DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS AL SERVICIO SOMETIDO A REGULACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRIBUYENTE. EN ESE SENTIDO, LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SON LOS QUE TIENEN UNA RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA, PERO NECESARIA E INESCINDIBLE CON LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SOMETIDOS A LA VIGILANCIA, CONTROL Y REGULACIÓN DE LA ENTIDADSIN EMBARGO, LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN NO HACEN PARTE DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, PUES SON EROGACIONES ASOCIADAS DIRECTAMENTE CON LA PRODUCCIÓN DE LOS BIENES O PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDIANTE LOS CUALES LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS OBTIENEN SUS INGRESOS EN DESARROLLO DE SU ACTIVIDADEN CONSECUENCIA, NO SON PARTE DE LA BASE GRAVABLE DE LIQUIDACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN RELACIONADOS CON SERVICIOS PERSONALES, GENERALES, ARRENDAMIENTOS, LICENCIAS DE OPERACIÓN DE SERVICIO, COMITÉ DE ESTRATIFICACIÓN, ÓRDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN, HONORARIO, SERVICIOS PÚBLICOS, SEGUROS, ENTRE OTRAS COSTOS DE OPERACIÓN, MATERIALES, ÓRDENES Y CONTRATOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:BASE GRAVABLE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS, TRIBUTO, CONTRIBUCIONES ESPECIALES, COSTOS DE PRODUCCIÓN, GASTOS DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Sentencia 2015-01083/23043 de septiembre 25 de 2017
Rad.: 25000-23-37-000-2015-01083-01 [23043]
Demandante: Electrificadora de Santander S.A. E.S.P.
Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Contribución especial año 2014
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes demandante y demandada, la Sala determina lo siguiente:
1. Si procede la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la superintendencia.
2. Si las sumas pertenecientes a las cuentas del Grupo 75 - costos de producción de servicios personales (7505), generales (7510), arrendamientos (7517), licencia de operación de servicio (753508), comité de estratificación (753513), órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones (7540), honorarios (7542), servicios públicos (7545), materiales y otros costos de operación (7550), seguros (7560), órdenes y contratos por otros servicios (7570) hacen parte de la base gravable de la contribución especial del año gravable 2014, a cargo de la actora.
3. Si procede la devolución del mayor valor pagado por concepto de la contribución especial del año 2014 y en qué términos.
Excepción de inconstitucionalidad del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994. Reiteración(21)
“La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia y de las comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente”. (Subraya la Sala)
“ARTÍCULO 370. Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”.
1. Para definir los costos de los servicios que presta la superintendencia deben tenerse en cuenta todos los gastos de funcionamiento de esta, al igual que la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos en el periodo anual respectivo (artículo 85.1 de la Ley 142 de 1994).
Así, la tarifa del tributo denominado contribución especial es máximo del 1% y la base gravable es el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación dela entidad contribuyente.
De acuerdo con lo anterior, no procede la interpretación que dio la demandada a la expresión “de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación”, del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994. Por lo tanto, la Sala declara no probada lo que la demandada denominó como excepción de inconstitucionalidad.
Base gravable de la contribución especial a favor de la SSPD
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 y 85 de la Ley 142 de 1994, la superintendencia expidió la Resolución SSPD Nº 20141300018055 del 29 de mayo de 2014, mediante la cual fijó la tarifa de la contribución especial para la vigencia 2014, en el 0.9299% de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio de la entidad contribuyente, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia a través del sistema único de información, SUI, a 31 de diciembre de 2013.
En el artículo 2º del acto en comentario, la SSPD señaló que “las erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2014, una vez aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las siguientes cuentas:
Por su parte, la SSPD profirió la Liquidación Oficial 20145340018936 de 9 de junio de 2014, por la que determinó a la Electrificadora de Santander S.A. E.S.P., una contribución especial, correspondiente al año 2014, así:(22)
Gastos de administración 72.575.511.865
Impuestos, tasas y contribuciones -11.477.796.701
Servicios personales 45.458.801.955
Generales 36.641.955.025
Arrendamientos 3.782.207.960
Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones 34.058.717.353
Honorarios 2.603.749.068
Servicios públicos 1.299.924.962
Materiales y otros costos de operación 16.415.296.354
Seguros 4.894.638.327
Órdenes y contratos por otros servicios 24.200.534.067
Licencia de operación del servicio 0
Comité de estratificación 0
Total base 230.449.540.236
Total contribución porcentaje 0.9299% 2.142.950.000
Total pagado anticipo 1.063.931.000
Total a pagar 1.079.019.000
Conforme con el artículo 85 [85.2] de la Ley 142 de 1994, la base gravable de la contribución especial corresponde al valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación.
En idéntico sentido, la Sección ha precisado que los costos de producción no hacen parte de la base gravable de la contribución especial. Y ha señalado, igualmente, que tampoco hacen parte de dicha base los gastos de funcionamiento que no estén asociados al servicio sometido a vigilancia de la superintendencia(23).
En efecto, en sentencia del 23 de septiembre de 2010, la Sala anuló el inciso 6º de la descripción de la clase 5 - gastos del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, contenido en la Resolución 20051300033635 de 2005 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios(24), porque no todo gasto puede ser considerado de funcionamiento para establecer la base gravable de la contribución especial.
Y sostuvo que de acuerdo con la definición de gastos del Plan General de Contabilidad Pública(25) y la definición literal de la expresión “funcionamiento”(26) son gastos de funcionamiento “la salida de recursos que de manera directa o indirecta se utilizan para ejecutar o cumplir las funciones propias de la actividad, que son equivalentes a los gastos operacionales u ordinarios, es decir los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico o, lo que es lo mismo, los gastos asociados al servicio sometido a regulación, de manera que deberán excluirse aquellas erogaciones que no estén relacionadas con la prestación del servicio público domiciliario”.
La anterior noción de gastos de funcionamiento fue acogida por la Sección en la sentencia del 23 de septiembre de 2010, a la que se está refiriendo la Sala(27) y concluyó que las cuentas contenidas en el grupo 75 - costos de producción, no hacen parte de la base de la contribución especial(28). Al respecto, sostuvo lo siguiente:
[...] si bien los costos de producción comprenden las erogaciones asociadas clara y directamente con la producción o la prestación de servicios de los cuales el ente prestador obtiene sus ingresos, lo que los haría, en principio, integrantes de la base gravable, al realizar una interpretación gramatical y conforme al sentido técnico de las palabras a voces de los artículos 27 a 29 del Código Civil, la noción de costosno se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994,ya que de haber sido esa la intención del legislador así lohubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable comentada.
En tales condiciones, para la Sala, le asiste razón al actor al considerar que lo previsto en el inciso 6º de la descripción de la clase 5 - gastos y en las cuentas del grupo 75 de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo dispuesto en el artículo 85 numeral 85.2 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, pues los gastos de funcionamiento sólo deben referirse a aquellos que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible(29) con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación de los entes encargados de tal función constitucional y legal.
Por todo lo anterior, el aparte demandado de la Resolución 20051300033635 de 2005 vulnera lo señalado en el artículo 85.1 inciso 2º de la Ley 142 de 1994, al incluir dentro de la base gravable de las contribuciones a favor de la Superintendencia de Servicios Públicos y de las Comisiones de Regulación, todas las cuentas de la clase 5 - gastos, así como tas cuentas del grupo 75 - costos de producción, pues, como se explicó, no todas las cuentas de gastos allí previstas encuadran dentro del concepto “gastos de funcionamiento” que expresamente señaló el legislador”. (Subraya la Sala).
En consecuencia, solo hacen parte de la base gravable de la contribución especial, prevista en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, esto es, en palabras de la sección, “aquellos [gastos] que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación” de la entidad demandada”.
Entonces, no hacen parte de dicha base los gastos que no sean de funcionamiento o, que siendo de funcionamiento, no estén asociados al servicio sometido a regulación o vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Tampoco hacen parte de dicha base, los costos de producción.
Como se precisó, el artículo 2º de la Resolución SSPD 20141300018055 del 29 de mayo de 2014 dispuso que hacen parte de la base gravable de la contribución especial para el año gravable 2014, las cuentas 7505, 7510, 753508, 753513, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570 del grupo 75 - costos de producción.
Es de anotar que sobre los costos de producción, la Sala precisó lo siguiente(30):
De lo anterior se tiene que sí bien los costos de producción comprenden las erogaciones asociadas clara y directamente con la producción o la prestación de servicios de los cuales el ente prestador obtiene sus ingresos, lo que los haría, en principio, integrantes de la base gravable, al realizar una interpretación gramatical y conforme al sentido técnico de las palabras a voces de los artículos 27 a 29 del Código Civil, la noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene fa base gravable comentada”.
En ese orden de ideas, la inclusión de los costos de producción (grupo 75 del Plan de Contabilidad para Entes Prestadores de Servicios), dentro de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado que hizo la Resolución SSPD 20141300018055 del 29 de mayo de 2014 es contraria al artículo 85 [85.2] de la Ley 142 de 1994, dado que amplía la base gravable del tributo con erogaciones que hacen parte de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas.
En idéntico sentido, la Sala ha inaplicado actos generales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuanto han incluido las cuentas del grupo 75 - costos de producción dentro de la base gravable de la contribución especial(31), toda vez que pertenecen al grupo 75 - costos de producción y la noción de costos “no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable comentada”.
En consecuencia, es ilegal el artículo 2º de la Resolución SSPD 20141300018055 del 29 de mayo de 2014. Por ello, se inaplica la citada norma y así se declara en la parte resolutiva de esta sentencia.
Por lo anterior, de la base gravable de la liquidación de la contribución especial a cargo de la actora por el año 2014, se excluyen las cuentas del grupo 75 - costos de producción de servicios personales (7505), generales (7510), arrendamientos (7517), licencia de operación de servicio (753508), comité de estratificación (753513), órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones (7540), honorarios (7542), servicios públicos (7545), materiales y otros costos de operación (7550), seguros (7560), órdenes y contratos por otros servicios (7570), por lo cual la liquidación es la siguiente:
Grupo / cuenta Concepto Liquidación SSPD Liquidación contribuyente Liquidación Consejo de Estado
51 Gastos de administración 72.575.511.865 72.575.511.865 72.575.511.865
5120 Impuestos tasas y contribuciones -11.477.796.701 -11.477.796.701 -11.477.796 701
7505 Servicios personales 45.456.801.956 0 0
7510 Generales 36.641.955.025 0 0
7517 Arrendamientos 3.782.207.960 0 0
7540 Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones 34.056.717.353 0 0
7542 Honorarios 2.603.749.068 0 0
7545 Servicios públicos 1.299.924.962 0 0
7550 Materiales y costos de operación 16.415.296.354 0 0
7560 Seguros 4.894.638.327 0 0
7570 Órdenes y contratos por otros servicios 24.200.534.067 0 0
753508 Licencias de operación de Servicio 0 0 0
753513 Comité de estratificación 0 0 0
Total erogaciones base para liquidar 230.449.540.236 61.097.715.164 61.097.715.164
Contribución - tarifa del 0.7397% 2.142.950.000 568.148.000 568.148.000
Valor pagado anticipo 1.063.931.000 1.063.931.000 1.063.931.000
Comoquiera que la actora pagó el total de la contribución especial que le impuso la SSPD en la Liquidación Oficial 20145340018936 de 9 de junio de 2014 ($2.142.950.000)(32) y solo debía pagar $568.148.000, tiene derecho a que se le devuelva lo pagado en exceso, esto es, la suma de $1.574.802.000.
Así, la devolución a la actora del mayor valor pagado por concepto de la contribución especial, procede en los siguientes términos:(33)
a) La suma devuelta, es decir, $1.574.802.000, debe ajustarse teniendo como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA(34). De manera que el ajuste se hará atendiendo la siguiente fórmula:
b) Además, con base en los artículos 192 inciso 3º y 195 numeral 4º del CPACA(35), sobre los $1.574.802.000, debidamente actualizados, se causan intereses de mora a una tasa equivalente al DTF, a partir de la ejecutoria de esta sentencia hasta la fecha del pago a la actora, que deberá realizarse en un plazo máximo de 10 meses, a partir de la ejecutoria(36). Vencido este término o el de los 5 días siguientes a la recepción de los recursos, que tiene la entidad demandada para pagar la condena(37), lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago, la suma adeudada causará intereses de mora a la tasa comercial(38).
Las razones anteriores son suficientes para confirmar la nulidad parcial de los actos demandados, como lo dispuso el a quo en el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada. No obstante, se modifica dicho numeral para adicionarlo en el sentido de declarar no probada la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la demandada e inaplicar por ilegal el artículo 2º de la Resolución SSPD 20141300018055 del 29 de mayo de 2014.
También se modifica el numeral 2º de la sentencia apelada, en cuanto al restablecimiento el derecho para declarar que la contribución especial a cargo de la actora por el año 2014 es de $568.148.000. Así mismo, el numeral 3º, que prevé la orden de devolución, para precisar que la suma devuelta es $1.574.802.000, que dicha suma debe ser debidamente actualizada y que la suma indexada devenga intereses de mora, en los términos fijados en esta providencia. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.
“2. La condena se hará en sentencia o auto que resuelva fa actuación que dio lugar a aquella.
“3. En la providencia del superior que confirme en todas sus parles la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda.
“6. Cuando fueren dos (2) o más litigantes que deban pagar las costas, el juez los condenará en proporción a su interés en el proceso; si nada se dispone al respecto, se entenderán distribuidas por parles iguales entre ellos.
“9. Las estipulaciones de las parles en materia de costas se tendrán por no escritas. Sin embargo podrán renunciarse después de decretadas y en los casos de desistimiento o transacción.·(Resalta la Sala).
Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente(39):
“La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe. o siquieraculpabledelapartecondenada, sinoqueesresultadodesuderrotaen el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365(40). Al momento deliquidarlas, conforme al artículo 366(41), se precisa que tanto las costas como lasagencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiariadelacondenaincurrióenelproceso,siemprequeexistapruebade su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. (Resalta la Sala)
En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 5º del artículo 365 del Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012), por cuanto se accede parcialmente a las súplicas de la demanda. Sin embargo, como lo ha precisado la Sala(42) estas circunstancias deben analizarse en conjunto con la regla del numeral 8º, que dispone que “Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación”.
1. MODIFICAR el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, que, en consecuencia, queda así:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de inconstitucionalidad de la expresión “de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación” del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, que propuso la superintendencia.
INAPLICAR por ilegal el artículo 2º de la Resolución SSPD 20141300018055 del 29 de mayo de 2014.
ANULAR parcialmente la Liquidación oficial Nº 20145340018936 de 9 de junio de 2014, y las resoluciones SSPD-201453020034675 de 4 de agosto de 2014 y SSPD-20145000041545 de 23 de septiembre de 2014, proferidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios de acuerdo con las razones en la parte considerativa de este fallo.
2. MODIFICAR los numerales segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia apelada, relativo al restablecimiento del derecho, que quedan así:
SEGUNDO: En consecuencia y a título de restablecimiento del derecho, se DECLARA que la contribución especial a cargo de Electrificadora Santander S.A. E.S.P. por el año 2014, es de $568.148.000.
TERCERO: ORDENA a la demandada devolver a la actora la suma de $1.574.802.000, ajustada conforme con lo dispuesto en la parte motiva. Dicha suma devengará intereses de mora en los términos fijados en la parte motiva de esta providencia.
21 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de mayo de 2017, número interno 20179, C. P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
22 Folio 49 c. p.
23 Sentencia de 23 de septiembre de 2010, Exp. 16874, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Reiterada en sentencias de 12 de noviembre de 2015, Exp. 21737, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 11 de mayo de 2017, Exp. 20179, C. P. Milton Chaves García.
24 El inciso sexto de la Resolución SSPD 20051300033635 de 28 de diciembre de 2005 preveía lo siguiente:
25 Citada sentencia de 17 de abril de 2008, Exp. 15771, C. P. María Inés Ortiz Barbosa, en los siguientes términos:
284. Los gastos se revelan de acuerdo con las funciones que desempeña la entidad contable pública la naturaleza del gasto, la ocurrencia de eventos extraordinarios y hechos no transaccionales, y las relaciones con otras entidades del sector público; se clasifican en: administrativos, operativos, gastos estimados, transferencias, gasto público social, operaciones interinstitucionales y otros gastos.
286. Los gastos de operaciónse originan en el desarrollo de la operación básica o principal de la entidadcontable pública,siempre que no deban registrar costos de producción y ventas, o gasto público social de conformidad con las normas respectivas”. (Subrayas fuera de texto).
26 En sentencia de 9 de noviembre de 2001, Exp. 11790, C. P. María Inés Ortiz Barbosa, la Sala precisó que “La expresión “funcionamiento” significa: Acción y efecto de funcionar. Funcionar. Ejecutar una persona, máquina, etc. Las funciones que le son propias. De donde se deduce que los gastos de funcionamiento son aquellos flujos de salida de recursos que generan disminuciones del patrimonio realizados para ejecutar o cumplir las funciones propias de su actividad, lo que en términos técnico contables simbolizan los gastos operacionales u ordinarios, es decir los normalmente ejecutados dentro del objeto social principal del ente económico”.
27 Exp.16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
28 Expediente 16874, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
29 Bajo este criterio la Sala, en sentencias del 17 de abril de 2008, Exp. 15771, M.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y del4 de febrero de 2010, Exp. 17206, M.P. Dr. William Giralda Giraldo, ha analizado silos gastos de pensiones, como gastos de funcionamiento, son inherentes al servicio prestado por la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios obligada al pago de la contribución especial y ha señalado que “aunque el gasto de pensiones no tenga una relación directa con el cometido estatal de prestación del servicio público, si sirve de apoyo para el cumplimiento de la misión y por tal razón es un gasto de funcionamiento”.
31 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencias de 12 de noviembre de 2015, Exp. 21737, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, de 25 de abril de 2016, Exp. 21246, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
32 Pago de anticipo de $1.063.931.000 - Folio 44 y pago del saldo de $1.079.019.000 - Folio 47.
33 En igual sentido se ha pronunciado la Sala en las sentencias de 12 de noviembre de 2015, Exp. 21737, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 25 de abril de 2016, Exp. 21246, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.
34 El artículo 187 inciso final del CPACA prevé que las condenas al pago o devolución de una cantidad liquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor”.
35 El artículo 192 inciso 3º del CPACA dispone que “Las cantidades líquidas reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación devengarán intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia o del auto, según lo previsto en este código.
El artículo 195 numeral 4º del CPACA señala que “Las sumas de dinero reconocidas en providencias que impongan o liquiden una condena o que aprueben una conciliación, devengarán intereses moratorias a una tasa equivalente al DTF desde su ejecutoria. No obstante, una vez vencido el término de los diez (10) meses de que trata el inciso segundo del artículo 192 de este código o el de los cinco (5) días establecidos en el numeral anterior, lo que ocurra primero, sin que la entidad obligada hubiese realizado el pago efectivo del crédito judicialmente reconocido, las cantidades líquidas adeudadas causarán un interés moratoria a la tasa comercial”.
36 El artículo 192 inciso 2º del CPACA señala que “Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada”.
37 El artículo 195 numeral 3º del CPACA dispone que “La entidad obligada deberá realizar el pago efectivo de la condena al beneficiario, dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de los recursos.
38 De conformidad con el artículo 192 inciso 5º del CPACA se dejan de causar intereses de mora si pasados tres meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide una condena los beneficiarios no han acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva. La causación de intereses cesa desde que vence el plazo en mención hasta cuando se presente la solicitud.
39 Cfr. La Sentencia C-157/13, M. P. Mauricio González Cuervo, en la que se declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción –por falta de demostración de los perjuicios–, no procede cuando la cauda de la misma sea imputable a hecho o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.
40 Se transcribe el artículo 365 de CGP.
41 Se transcribe el artículo 366 de CGP.
42 Se reitera el criterio de la Sala expuesto en sentencia complementaria del 24 de julio de 2015, Exp. 20485, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia.