Source: http://cij-uaz.net/lez/htm/043.htm
Timestamp: 2019-03-26 16:03:28
Document Index: 66837492

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 123', 'artículo 12', 'artículo 26', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 140', 'artículo 59', 'artículo 146', 'artículo 10', 'artículo 61', 'artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 112', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 20', 'artículo 43', 'artículo 48']

Primero. La educación no debe circunscribirse a un concepto rígido, cerrado y ajeno a la influencia de factores sociales que van delineando el tipo y modelo de educación que la propia sociedad demanda para lograr su desarrollo; es por contrario, amplia, incluyente y universal de la que nadie puede apropiarse; en tal sentido, la educación es una responsabilidad que compartimos autoridades de los tres niveles de gobierno, organizaciones, agrupaciones sindicales, docentes, padres de familia y en general la sociedad; sin embargo, al Estado y específicamente a la autoridad educativa, le compete establecer las bases normativas en torno a las cuales el servicio público de la educación, como derecho humano, se garantice objetivamente en la ley.
Segundo. La educación es la base del desarrollo de toda sociedad, por lo que su pertinencia y calidad es de interés público y, por tanto, la autoridad se guía bajo los imperativos de eficiencia, eficacia, calidad y pertinencia social, esto es, una educación por encima de la reproducción del conocimiento en sí mismo, sino aquella que atiende a la universalidad del conocimiento, formadora de valores y responsable de una sociedad con intereses comunes y compartidos, formadora de personas útiles a la sociedad, con capacidad de conocimiento competitivo a nivel global.
Lo señalado es compatible con el gran reto del milenio de todas las naciones del mundo, en tanto que las políticas públicas de las naciones, deben establecer como base de su desarrollo, el respeto y defensa de los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad, objetivos que indiscutiblemente se pueden alcanzar a través de una educación de calidad.
Por eso se requiere de una ley de educación integral con objetivos pedagógicos y sociales concretos, que sea plataforma para que el Estado, municipios, organismos públicos y particulares, construyan el nuevo paradigma de la educación de calidad, articulando las voluntades de todos los actores sociales, autoridad educativa, profesores, organizaciones sindicales, padres de familia, niños, niñas, jóvenes y adultos.
En las recientes décadas, se han hecho esfuerzos importantes para impulsar, a través de la planeación y administración de la educación, programas educativos de mediana y larga visión, a fin de que los índices de aprovechamiento, la capacidad del razonamiento, la deducción, la investigación y el desarrollo del pensamiento humanístico y científico, sean parte de la esencia de un país que se inserta exitosamente en un mundo globalizado, competitivo y exigente, que sin perder la riqueza y esencia de su historia, tenga la visión en nuevos paradigmas que logren superar estructuras cuestionadas socialmente y cerrar la brecha de desigualdad y pobreza.
La consecución de los fines que se enuncian, sólo será posible con una educación de calidad en todos sus niveles, de modo que permita a los educandos adquirir los conocimiento, habilidades y competencias suficientes, para incorporarse activa y productivamente en su comunidad, al tiempo que procure, que los estudiantes se conviertan en promotores del desarrollo cultural, social y económico del país, fomentando la investigación para el progreso y desarrollo de la ciencia y tecnología, superando fronteras físicas en privilegio de horizontes globales.
Si el país y Zacatecas a poco mas de 100 años de haberse consignado en la Constitución Política Nacional el derecho social a la educación, hoy en día puede decirse en cuanto a cobertura universal a nivel primaria se ha logrado totalmente, sin embargo en los niveles preescolar, secundaria, media superior y superior, las cifras si bien son indicadores de avance, es fundamental avanzar en lo cuantitativo, pero principalmente de forma cualitativa a través de la calidad educativa. El reto no es menor y las decisiones no admiten mayor demora.
A nivel local, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y el Programa Estatal de Educación, sustentan las tareas del pueblo y gobierno en materia educativa; en estos documentos se basa el propósito institucional de actualizar la normatividad, para hacerla más flexible a la participación de la sociedad en un tema, como ya se dijo, fundamental para el desarrollo futuro de Zacatecas como es la educación de calidad.
Tercero. El Poder Legislativo del Estado de Zacatecas como parte del Constituyente Permanente, aprobó las recientes reformas y adiciones a los artículos 3º y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; reglamentarias de dichas disposiciones fueron aprobadas las reformas y adiciones a la Ley General de Educación, aprobándose la Ley General del Servicio Profesional Docente y del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que por su jerarquía normativa son de observancia y aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.
No es por tanto potestativo su cumplimiento, sino obligatorio en un Estado de Derecho que, como el nuestro, la Constitución y la ley, son el basamento de las relaciones intergubernamentales y entre éstas y los ciudadanos obligados igualmente a su puntual cumplimiento.
Son estas premisas las que el Ejecutivo del Estado considera para sustentar la presente Iniciativa de Ley de Educación bajo tres líneas estratégicas fundamentales; la primera, el reconocimiento de la realidad de Zacatecas, de su dispersión y rezago en infraestructura y servicios, de sus limitaciones presupuestales y de la urgencia de optimizar el recurso público bajo parámetros de calidad, eficiencia, eficacia y oportunidad; la segunda, la necesidad de homologar las disposiciones locales a las federales en un ejercicio elemental de simetría normativa que facilite la aplicación de programas y financiación del sistema educativo nacional y, la tercera, el respeto de los derechos laborales de profesores, con base en una evaluación formativa permanente, sustentada en el estudio, actualización y capacitación, que ataje los índices de bajo aprovechamiento, deserción y deterioro social.
Cuarto. Educar a niños, jóvenes y adultos es invertir en un mejor país y en un mejor Estado. Bajo esta premisa, el costo financiero del gasto educativo debe asumirse con responsabilidad, porque de no hacerlo, el costo social no tiene cuantificación económica, porque tener niños sin escuela, adolescentes sin oportunidades de estudio, jóvenes y adultos sin opciones académicas y sin posibilidad de acceso a un desarrollo integral, es el escenario ideal para la distracción en actividades de confrontación social.
El compromiso con la educación de los zacatecanos tiene que atenderse día a día, con la convicción de que nuestros niños, jóvenes, mujeres y hombres del campo y de la ciudad, al mantener una alta expectativa en sus autoridades, éstas tienen la obligación legal y social de generar las condiciones básicas para que la educación, como derecho humano, sea a la vez de formativa, competitiva en el desempeño de una actividad profesional y de vanguardia para una acertada toma de decisiones en la vida de la persona en sociedad.
Quinto. En Zacatecas la vigente Ley de Educación requiere una revisión integral. Es claro que las condiciones programáticas, presupuestales y administrativas de la educación, la nomenclatura de instancias gubernamentales del Estado y municipios, son diferentes a las que prevalecían en el mes de julio de 1999, fecha en que fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Hoy son otros los retos que es necesario afrontar con decisión, como es el caso, por ejemplo de la universalidad, de la no discriminación, equidad, integración e inclusión de todos los sectores de la sociedad, calidad, participación, responsabilidad y transparencia, la promoción de programas que favorezcan la introducción de nuevas técnicas, de los avances científicos en las actividades culturales, agropecuarias, mineras, forestales e industriales, de servicios y demás que requiera la Entidad, sin soslayar desde luego, la evaluación y rendición de cuentas de los logros educativos.
En la estructura de la presente Iniciativa, destaca la base normativa para la modernización de los procesos administrativos, la optimización de los recursos públicos hacia la inversión y mejoramiento de la infraestructura educativa, la obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la educación, su calidad y pertinencia social, así como la evaluación formativa al sistema educativo en su conjunto, incluido el desempeño laboral, la productividad y los resultados.
No solo era necesario modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sus leyes reglamentarias y demás disposiciones de naturaleza operativa, sino que además y en el contexto del federalismo educativo que priva en México, a las entidades nos corresponde hacer lo propio en nuestra legislación local, porque de esta forma la responsabilidad concurrente de la educación en el país tendrá una línea estratégica y de acción única, sobre la cual sea posible edificar un nuevo modelo que solo será exitoso con la participación social, de los maestros, padres de familia y organizaciones.
En este contexto, modificar la Ley de Educación del Estado es un imperativo insoslayable, porque con este nuevo instrumento legal, la autoridad educativa y los actores del proceso enseñanza aprendizaje tendremos claridad en objetivos y metas, logrando con ello una educación de calidad como lo demandan los zacatecanos."
Considerando único. En fecha 21 de enero del año próximo pasado, esta Soberanía Popular aprobó la Minuta Proyecto de Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación.
Con dicha aprobación, esta Representación Popular, como parte integrante del Poder Reformador de la Constitución, contribuyó a la aprobación de una de las reformas estructurales de mayor trascendencia en las últimas décadas.
La referida modificación constitucional sirvió de cimiente para la aprobación de las reformas a la Ley General de Educación y la emisión de la nueva Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, disposiciones que permitirán desarrollar una innovadora arquitectura educativa en el país.
Atento a lo anterior, por cuestiones de método, se realizó un análisis de la reforma educativa en comento, la cual realizamos en los términos siguientes:
En México la acción educativa es decisiva para el futuro de la nación, la cual tiene como uno de sus principales objetivos el fortalecimiento de la soberanía y del Estado de Derecho.
Los mexicanos estamos ciertos que el país históricamente ha requerido de la educación para su avance y progreso, al ser una de las más básicas obligaciones que tiene el Estado, de igual forma, como uno de los derechos humanos de mayor trascendencia en una sociedad.
Durante el siglo pasado se realizaron una gran cantidad de cambios en materia de educación, se llevó a cabo la apertura de nuevos centros educativos, se facilitó la formación de docentes, así como la apertura de escuelas normales, la repartición de libros de texto gratuitos y una definición de la función educativa como un objetivo del Estado.
Muestra de lo anterior, es que uno de los principales reclamos sociales que dio origen al movimiento revolucionario de 1910, consistió en la necesidad de contar con instituciones que sirvieran de pilar para el desarrollo social, económico y cultural de México, entre ellas, resultaba inaplazable crear instituciones educativas sólidas y de largo aliento.
Es de tal magnitud la función educativa, que inclusive durante el debate para la aprobación de la Constitución del diecisiete, en especial, la discusión del artículo 3° constitucional, se mencionó que «estamos en el momento más solemne de la revolución… ningún momento, señores, de los que la revolución ha pasado, ha sido tan grande, tan palpitante, tan solemne como el momento en que el Congreso Constituyente, aquí reunido, trata de discutir el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos».
Efectivamente, el estruendo revolucionario se centraba en la lucha por la tierra, la libertad, pero también, por una jornada laboral digna y una educación que permitiera abandonar el camino de las armas y los conflictos sociales, para ubicarse en crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social, como bien se establecía en los preludios del artículo 3° del Código Fundamental de la Nación.
Queda de manifiesto que esta disposición constitucional ha sido protagonista de un largo trascender en la historia constitucional, política y jurídica de la nación; generando ricos y apasionados debates, como hasta la fecha se han venido dando.
Es por ello la coincidencia con esta reforma de gran calado, el cual constituye un nuevo paradigma en el sistema educativo en México, por esa razón, se convierte en el primer escalón para el diseño e implementación de nuevos modelos e instituciones educativas con la capacidad de conjugar y sintonizar las aspiraciones y anhelos de los estudiantes, docentes, sociedad civil y autoridades; ya que sólo así se cumplimentará con las expectativas del conjunto social en materia de educación.
Estamos conscientes que estas reformas mejorarán sustancialmente la calidad educativa y, por tanto, la calidad de vida de muchos mexicanos, un nuevo rostro en el Estado comienza a surgir a partir de dicha enmienda, que fructificará y abonará a los trabajos de diversas reformas que en conjunto lograrán una virtuosa transformación a la educación.
Una de las principales bondades de la reforma educativa que hoy se concreta, hace notar que la educación no es ni será nunca un gasto, sino la mejor inversión, superando las resistencias con buenos resultados que den ejemplo de renovación en las prácticas que beneficien a los maestros de México, continuando así con su ánimo siempre luchador y empeñado en el progreso de sus alumnos, quienes serán los mexicanos que el día de mañana tendrá nuestro Zacatecas para su conducción y desarrollo y, ese camino ha comenzado hoy.
Es por ello que se fortalece ahora, la obligación del Estado en la educación, garantizando al alumno que el docente tendrá los conocimientos técnicos, científicos y aptitudes necesarias para ello, de igual forma al docente se le otorga el derecho a una capacitación idónea y gratuita para su crecimiento personal y profesional, garantizando así sus derechos laborales adquiridos y los que en el futuro se otorguen.
Estamos en una etapa que viene a revolucionar el Sistema Educativo en México, en donde docentes, alumnos, autoridades y sociedad pueden estar seguros que se han implementado los lineamientos jurídicos idóneos y los mecanismos respectivos que asegurarán el desarrollo pleno y el goce de las garantías educativas a las que todos los involucrados tienen derecho, dando como resultado mejores alumnos, mejores maestros y una mejor sociedad que pronto llegará al desarrollo económico, social y cultural necesarios y merecedores de una gran nación.
En esta porción normativa se encierra la importancia de la educación, como herramienta para transformar a México en una nación próspera y con un nivel de desarrollo progresivo que haga posible la realización de los postulados constitucionales.
Nadie duda que la educación es uno de los principales derechos humanos, ya que su positivación es fundamental para el desarrollo de la persona humana.
De acuerdo con lo anterior, se establecieron en el articulado de la reforma diversas disposiciones que obligan al Estado a otorgar una educación inclusiva, que permita y facilite la prestación de los servicios educativos a las personas con discapacidad, realizando, incluso, las adecuaciones pertinentes a los espacios físicos.
Las previsiones establecidas contribuirán a erradicar todas las formas de discriminación y propiciarán la generación de un ambiente escolar más igualitario y la formación de niñas y niños más conscientes, tolerantes y respetuosos.
Posteriormente, la reforma educativa del 5 de marzo del 1993, mediante la cual quedó estipulado el derecho de todo individuo a recibir educación, constituyó otro episodio importante en el camino hacia la construcción de una educación con amplios estándares de calidad.
De ese nivel es la implementación de las reformas educativas, las cuales por su alto grado de importancia, impactan positivamente en el porvenir de nuestra niñez, nuestra juventud y en general, de la sociedad mexicana.
Nuestro orden constitucional ha evolucionado y junto a él las instituciones del Estado Nacional. Por esa razón, es válido seguir llevando a cabo reformas profundas en diversos temas, en especial, en aquellos que impactan directamente en la conciencia social, como viene a ser la educación.
No es casualidad que uno de los primeros artículos de nuestro máximo Código Político, se refiera a la educación, cuestión que resulta significativa, porque evidencia la importancia de este rubro para el crecimiento de nuestra patria.
También se hace referencia a la profesionalización de los docentes y la configuración de una base de datos que nos permita tener una radiografía confiable de las instituciones de educación ubicadas a lo largo y ancho del país, así como de sus particularidades y características.
En estricto sentido, se trata de una verdadera política nacional para la evaluación de la educación, es decir, una política de Estado cuya finalidad consiste en mejorar la calidad de los servicios educativos, asegurar la idoneidad de los conocimientos y capacidades del personal docente. En resumen, se trata de atender un reclamo histórico de los propios docentes.
El eje en el que gira la reforma educativa que hoy da pauta es, sin duda, el establecimiento del servicio profesional docente, el cual tiene como premisa básica, crear un servicio de carrera mediante el cual el ingreso, la promoción, la permanencia, la capacitación y la actualización, son el punto de partida para la impartición de educación de calidad, pero también, para la permanencia de aquellos docentes comprometidos con la patria.
Que la acción de evaluar contribuya a incentivar a los docentes a alcanzar mayores niveles de preparación, pero a su vez, instrumentar una educación de calidad en toda la extensión de la palabra, sabedores que las actuales y nuevas generaciones contarán con las herramientas educativas necesarias para hacer de México una nación competitiva, capaz de insertarse en el concierto mundial con total éxito.
La reforma constitucional a que hemos hecho referencia, claramente dispone que la educación será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo logro académico de los educandos y para lograrlo, se crea el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, instrumentado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.
El nuevo sistema de evaluación no pretende, en modo alguno, la afectación de los derechos laborales de los trabajadores de la educación, pues consideramos que no ha sido ese el objetivo de la reforma educativa; por el contrario, el nuevo paradigma educativo tiene como sustento el reconocimiento a la labor cotidiana de los maestros por su entrega y profesionalismo.
En tal sentido, esta Asamblea Popular ha sido especialmente cuidadosa para proteger los derechos adquiridos de los docentes y, para ello, ha precisado que la Secretaría de Educación deberá respetarlos.
De la misma forma y en el supuesto de que los maestros no llegaran a aprobar una tercera evaluación, se precisó un orden de preferencia para su readscripción, tratando de no afectar innecesariamente su derecho de vecindad.
Por tal motivo, surge la necesidad de tener una nueva legislación local en materia de educación, debidamente alineada con la Carta Magna y las citadas leyes en la materia.
Por todo lo anterior, esta Soberanía estima que esta reforma debe ser el alimento intelectual para que nuestro glorioso Estado adquiera una nueva faz de progreso y grandeza. Hoy sembramos la semilla de un cambio profundo que mañana cristalizará en el disfrute de una vida más digna para las y los zacatecanos.
Resultando cuarto. En sesión ordinaria de fecha 7 de marzo del 2014, en la fase de discusión y aprobación del dictamen respecto de la Iniciativa de Ley de Educación del Estado de Zacatecas, el Diputado Alfredo Femat Bañuelos, presentó en la etapa de la discusión en lo particular, una reserva a los artículos 22, 53, 74, 75, 77 y 89. En ese sentido, con 18 votos a favor, el Pleno de la Asamblea rechazó dicha Reserva, quedando el presente Instrumento legislativo en los términos propuestos. De igual forma, el Diputado Rafael Flores Mendoza, en la propia fase de discusión, presentó una reserva al artículo primero del dictamen en comento, misma que fuera retirada por el mismo Diputado proponente.
Artículo primero. Esta Ley tiene por objeto regular la educación que sea impartida por el Estado, municipios, organismos descentralizados y particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
Art. 2º La educación que impartan el Estado, los municipios, los organismos descentralizados y los particulares, estará sujeta a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política del Estado de Zacatecas, la Ley General de Educación, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación del Estado de Zacatecas; y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en materia de educación básica, y por esta Ley; además:
I. Se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, actos discriminatorios, servidumbres, fanatismos y prejuicios;
II. Será democrática, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo;
III. Será nacional, en cuanto –sin hostilidades ni exclusivismos–, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica, a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura;
IV. Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto por los ejemplos que aporte, cuanto por su cuidado en sustentar ideales de fraternidad, igualdad y derechos para todos; y
V. Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad.
Art. 3º La educación que el Estado imparta será laica y, por lo tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa.
Art. 4º Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:
I. Autoridad educativa estatal, al titular del Poder Ejecutivo del Estado;
II. Autoridad educativa federal, a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal;
IV. El Estado, al Gobierno del Estado, municipios y organismos descentralizados;
V. Secretaría, a la Secretaría de Educación;
VI. Educación inclusiva, a la educación que propicia la integración de personas con discapacidad a los planteles de educación básica regular, mediante la aplicación de métodos, técnicas y materiales específicos, proporcionándoles programas educativos apropiados, estimulantes y adecuados a las necesidades específicas de cada tipo de discapacidad;
VII. Educación especial, al servicio educativo destinado a los alumnos y alumnas que presentan necesidades educativas especiales, con mayor prioridad a los que tienen discapacidad o aquellos con aptitudes sobresalientes. Atiende a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad social; y
VIII. Ajustes razonables, a las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
IX. Deserción escolar, abandono definitivo de las clases por parte del alumno menor de edad de educación básica y media superior, ocurrida durante el ciclo escolar o por falta de inscripción al grado siguiente que corresponda;
X. Educación básica, a la impartida en los niveles preescolar, primaria y secundaria; y
XI. Educación media superior, a la que comprende el nivel de bachillerato, los demás niveles equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.
Art. 5º Constituyen el sistema educativo estatal:
I. Los educandos, educadores y padres de familia;
II. Las autoridades educativas estatal, municipales y de los organismos descentralizados;
V. Las instituciones educativas del Estado, municipios y organismos descentralizados;
VI. Las instituciones creadas por particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios;
IX. El sistema estatal de información educativa; y
X. La infraestructura educativa.
Art. 6º El Estado está obligado a prestar servicios educativos de calidad, con un enfoque inclusivo y sin discriminación alguna, a manera que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior.
Art. 7º Es obligación de las instituciones educativas públicas y privadas, alcanzar los fines específicos siguientes:
I. Sustentar el proceso educativo en los principios de libertad, respeto a la diversidad y responsabilidad crítica, que aseguren la armonía de relaciones entre educandos y educadores, y promover el trabajo en grupo para asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones públicas y privadas;
II. Contribuir al desarrollo integral del individuo;
III. Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos y estimular la libre discusión de las ideas y la reflexión propia, fortaleciendo sus habilidades racionales, emocionales y de inclusión social;
IV. Fortalecer la conciencia de identidad nacional y de soberanía; el aprecio por la historia, el respeto a los símbolos patrios y a las instituciones; la valoración de las tradiciones, el respeto de la diversidad y particularidades culturales;
V. Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de vida que permita a todos participar en la toma de decisiones;
VI. Promover el valor de la justicia, la observancia de la Ley y la igualdad de los individuos;
VII. Impulsar la creación, apreciación y expresión artística en todos sus ámbitos y modalidades;
VIII. Propiciar la apropiación, enriquecimiento y difusión de los bienes de la cultura universal, en especial del patrimonio cultural de la Nación y del Estado;
IX. Estimular el desarrollo psicomotriz, fortaleciendo la educación física, la práctica del deporte y la recreación;
X. Desarrollar actitudes solidarias y el valor de la convivencia; la conciencia sobre la preservación de la salud y la planeación familiar, sin menoscabo de la libertad y el respeto absoluto de la dignidad humana;
XI. Fomentar las actitudes solidarias para preservar el equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el aprovechamiento integral sustentable de los recursos naturales;
XII. Fomentar las actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, la productividad, el ahorro y el bienestar general;
XIII. Promover, a través de apoyos financieros o de otros medios, todos los tipos y modalidades de educación, necesarios para el progreso de la Entidad;
XIV. Impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología;
XV. Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la autoestima de niños y niñas, y la concepción de la igualdad entre hombres y mujeres;
XVI. Promover una cultura de hábitos alimenticios saludables;
XVII. Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y el conocimiento en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental, así como las mejores prácticas para ejercerlo;
XVIII. Promover y fomentar los buenos hábitos de lectura y de su comprensión integral; y
XIX. Promover y fortalecer el aprendizaje y el reconocimiento de los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, para estimular la inclusión en los educandos.
Art. 8º La educación que imparta el Estado quedará a cargo de la Secretaría. A ésta compete, con el concurso de las demás autoridades educativas, vigilar que la educación sea de calidad en términos de relevancia, eficacia, equidad, eficiencia, pertinencia social, inclusión y competitividad.
Art. 9º Son facultades y obligaciones de la Secretaría:
I. Diseñar, proporcionar, regular, modificar y dirigir por sí o a través de sus organismos descentralizados, la actividad educativa, de conformidad con la legislación aplicable y con las políticas estatales, objetivos y metas que determine la autoridad educativa estatal;
II. Acordar con la autoridad educativa estatal, los asuntos que así lo ameriten, desempeñar las comisiones y funciones que le confiera y mantenerla informada sobre su cumplimiento y desarrollo;
IV. Proponer a la autoridad educativa estatal, los proyectos de iniciativas de ley, decreto, reglamentos, acuerdos y órdenes sobre los asuntos de su competencia;
V. Proponer a la autoridad educativa estatal, las políticas y acciones de planeación que requiera la instrumentación de los programas sectoriales a su cargo;
VI. Dar cuenta a la Legislatura del Estado, una vez abierto el primer período de sesiones ordinarias, del estado que guarda su ramo, e informar además, cuando aquello lo cite, así como en los casos que se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a sus actividades;
VII. Presentar a la autoridad educativa estatal el anteproyecto de presupuesto de egresos de la Secretaría;
VIII. Ejercer el presupuesto asignado y rendir cuentas de su ejercicio;
IX. Otorgar y promover la educación preescolar, primaria secundaria, media superior, especial, superior y normal; asimismo coordinar, unificar, fortalecer y desarrollar las acciones educativas de las instituciones públicas y de las privadas que presten servicios de educación media superior y superior, y prestar servicio de actualización de maestros;
X. Proponer a la autoridad educativa federal los contenidos regionales para incluirse en programas de primaria, secundaria y normal;
XI. Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo;
XII. Prestar en forma sistemática y gratuita, servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional de maestros;
XIII. Expedir certificados y otorgar constancias, diplomas o grados académicos a quienes cubran los requisitos establecidos;
XIV. Otorgar, negar y revocar autorización a particulares para impartir educación en cualquier nivel, tipo o modalidad;
XV. Llevar un registro y control de todas las instituciones que ofrezcan servicios educativos de cualquier tipo, nivel o modalidad;
XVI. Establecer programas educativos con contenidos históricos, nacionales y estatales, que permitan el conocimiento de las culturas indígenas, la promoción de la cultura cívico-democrática, el respeto de los derechos humanos y de los migrantes;
XVII. Promover el rescate, conservación y difusión de las tradiciones culturales regionales;
XVIII. Promover la difusión de programas de radio y televisión que impulsen el desarrollo cultural y educativo de la población, exaltando los valores humanos en que se sustenta la convivencia armónica de la población; así como promover que los contenidos de los medios de comunicación sean coadyuvantes del proceso educativo;
XIX. Promover el establecimiento de centros de cultura a nivel estatal y regional;
XX. Concertar acciones y convenios con instituciones de educación superior, para que sus egresados presten servicio social en comunidades rurales y zonas urbanas marginadas;
XXI. Promover y apoyar la participación de los padres de familia y de la sociedad en el hecho educativo, a través de las asociaciones correspondientes y de los consejos de participación social, de conformidad con la normatividad aplicable;
XXII. Administrar los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales que requieran las unidades departamentales, regiones y centros de las subsecretarías que integran la Secretaría;
XXIII. Promover la realización de congresos, reuniones, concursos y demás actividades de carácter educativo, científico, artístico-cultural y deportivo;
XXIV. Realizar un Congreso Estatal cada tres años sobre mecanismos de evaluación;
XXV. Promover y vigilar la realización de actos cívicos escolares de acuerdo con el calendario oficial;
XXVI. Vigilar el cumplimiento del artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la legislación vigente;
XXVII. Fomentar las relaciones educativas y culturales con otras entidades;
XXVIII. Planear, ejecutar y evaluar programas de educación para prevenir y erradicar la discriminación, la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo, la violencia familiar y la delincuencia juvenil, por sí y en coordinación con otras instancias;
XXIX. Administrar los planteles de la Entidad conforme al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XXX. Supervisar los servicios educativos que impartan el Estado y los particulares con autorización;
XXXI. Asumir el control educativo de los planteles escolares federalizados y estatales a través de las respectivas subsecretarías;
XXXII. Establecer un sistema de becas para apoyar la educación de alumnos de escasos recursos económicos;
XXXIII. Instituir un órgano dependiente de la Secretaría para la asesoría y consulta en la planeación y evaluación del sistema educativo estatal;
XXXIV. Promover y apoyar la realización de la investigación educativa;
XXXV. Organizar y administrar internados y albergues conforme al respectivo reglamento;
XXXVI. Coordinarse con la autoridad educativa federal y los Servicios de Salud del Estado, para implementar políticas públicas que fomenten en los educandos y sus familias, el consumo de alimentos con alto valor nutricional, la activación física y la práctica de ejercicio saludable, así como también establecer lineamientos generales para regular y evitar la venta o consumo de alimentos y bebidas con bajo o nulo valor nutricional en las tiendas escolares y, en general, en los espacios en donde se expenden alimentos en las instituciones de nivel básico;
XXXVII. Diseñar y ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas, en los términos de la Ley General de Educación;
XXXVIII. Participar en las actividades tendientes a realizar evaluaciones para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional docente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Servicio Profesional Docente;
XXXIX. Establecer, de manera adicional, a la obligación de la autoridad educativa federal, las estrategias necesarias para la formación, actualización y evaluación integral y permanente de los educadores, con el fin de que puedan cumplir cabalmente con sus responsabilidades en la conducción del proceso educativo;
XL. Ejecutar programas para la inducción, actualización, capacitación y superación de maestros de educación media superior, los que deberán sujetarse, en lo conducente, a lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente;
XLI. Participar en la aplicación, en forma periódica y sistemática, de exámenes de evaluación a los educandos;
XLII. [Derogada];
XLIII. Coordinar y operar un sistema de asesoría y acompañamiento a las escuelas públicas de educación básica y media superior, como apoyo a la mejora de la práctica profesional, bajo la responsabilidad de los supervisores escolares;
XLIV. Promover la transparencia en las escuelas públicas y particulares en las que se imparta educación obligatoria, vigilando que se rinda ante toda la comunidad, después de cada ciclo escolar, un informe de sus actividades y rendición de cuentas, a cargo del director del plantel; y
XLV. Instrumentar un sistema accesible a los ciudadanos y docentes para la presentación y seguimiento de quejas y sugerencias respecto del servicio público educativo;
XLVI. Implementar programas específicos que prevengan y atiendan de forma permanente los casos de ausentismo y deserción escolar, integrando en ellos un procedimiento de registro, seguimiento y activación de alertas de ausentismo y deserción escolar, con el fin de lograr que los educandos menores de edad se reintegren lo más pronto posible a su instrucción básica o media superior; y
XLVII. Celebrar convenios de colaboración con el DIF estatal, el DIF municipal, así como con cualquier ente público de los demás niveles de gobierno, con el objeto de emprender acciones orientadas a lograr la permanencia en la institución escolar del alumno menor de edad.
Art. 10. Además de las funciones anteriores, corresponde a las autoridades educativas federal, estatal y municipales, de manera concurrente, las atribuciones siguientes:
I. Prestar los servicios de educación inicial, básica –incluyendo la indígena–, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros;
II. Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los previstos en la fracción I del artículo 12 de la Ley General de Educación;
III. Revalidar, otorgar o retirar reconocimientos de validez de estudios, de acuerdo con los lineamientos de la autoridad educativa federal;
IV. Editar libros y producir otros materiales en sistema braille, macro textos, audio textos, iconográficos y de fácil lectura, distintos a los libros de texto;
V. Prestar servicios bibliotecarios accesibles en infraestructura y materiales, procurando contar con servicios a población abierta para la enseñanza del sistema braille y el lenguaje de señas;
VI. El municipio auxiliará a equipar y mantener el edificio escolar; y
VII. Promover la investigación y el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación y fomentar su enseñanza, diseminación en acceso abierto y su divulgación, cuando el conocimiento científico y tecnológico sea financiado con recursos públicos o que se haya utilizado infraestructura pública en su realización, sin perjuicio de las disposiciones en materia de patentes, protección de la propiedad intelectual o industrial, seguridad nacional, derechos de autor, entre otras, así como aquella información que, por razón de su naturaleza o decisión del autor, sea confidencial o reservada.
Art. 11. El logro de la calidad es responsabilidad de todos los actores del sistema educativo. En forma específica, a las autoridades educativas corresponde vigilar que:
I. Los padres de familia o tutores envíen a sus hijos o pupilos a la escuela desde el nivel de preescolar y apoyen el esfuerzo de profesores y educandos para que se alcancen los objetivos de aprendizaje;
II. Los trabajadores de la educación desarrollen su trabajo con responsabilidad, vocación, competencia y eficacia;
IV. Los directivos y supervisores realicen su tarea ofreciendo los apoyos pedagógicos y administrativos que se requieran para el adecuado funcionamiento de los centros escolares;
V. Las actividades de otras instituciones o áreas de la administración pública que involucren a las escuelas, se integren adecuadamente a los programas de trabajo de cada plantel, para que se realicen de manera productiva y enriquezcan el quehacer educativo; y
VI. Los planteles de educación básica cuenten con su proyecto escolar.
Art. 12. [Derogado].
Art. 13. [Derogado].
Art. 14. La Secretaría, con base en lo establecido en la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás normatividad aplicable, desarrollará en la Entidad el proceso de formación, actualización, capacitación y superación profesional para docentes, con la finalidad de:
I. Regular un sistema nacional de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros de educación básica. Dicho sistema deberá sujetarse a los lineamientos, medidas, programas, acciones y demás disposiciones generales que resulten de la aplicación de la Ley General del Servicio Profesional Docente; y
Art. 15. Para ejercer la docencia en instituciones establecidas por el Estado, los maestros deberán satisfacer los requisitos que, en su caso, señalen las autoridades competentes; en el caso de la educación básica y media superior, deberán observar lo dispuesto por la Ley General del Servicio Profesional Docente.
Art. 16. Para garantizar la calidad de la educación obligatoria brindada por los particulares, las autoridades educativas, en el ámbito de sus atribuciones, evaluarán el desempeño de docentes que prestan sus servicios en estas instituciones.
Art. 17. En el caso de docentes de educación indígena que no tengan licenciatura como nivel mínimo de formación, deberán participar en los programas de capacitación que diseñen las autoridades educativas y certificar su bilingüismo en la lengua indígena que corresponda y en español, asimismo conocer la cultura del pueblo o comunidad indígena en el que se desempeñen.
Art. 18. El Estado otorgará un salario profesional digno, que permita al profesorado de los planteles de la Entidad, alcanzar un nivel de vida decoroso en lo individual y para su familia, arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda digna, así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y profesional.
Art. 19. El Estado tomará las medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso, aprendizaje y permanencia en los servicios educativos. Estas medidas estarán dirigidas, de manera preferente, a los grupos y regiones con mayor rezago o que enfrenten condiciones de discapacidad, económicas y sociales de desventaja.
Art. 20. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, el Estado llevará a cabo las acciones siguientes:
I. Atenderá de manera especial las escuelas en que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o deserciones, mediante la asignación de elementos de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de dichas localidades;
II. Desarrollará programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin de fomentar el arraigo en sus comunidades;
III. Promoverá centros de desarrollo infantil, centros de integración social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles con un enfoque inclusivo, que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de los alumnos;
IV. Prestará servicios educativos incluyentes para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en situación de rezago educativo para que concluyan la educación básica y media superior, otorgando, especialmente, facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso a las mujeres. Estos servicios se contemplarán con las siguientes acciones:
a) Elaborar un sistema de registro de los alumnos con elevados índices de ausentismo, a fin de establecer indicadores de riesgo de deserción escolar a partir de los cuales identifiquen los centros educativos y los alumnos susceptibles de ser sujetos de programas especiales, en su caso, recibir apoyos, estímulos o becas; y
b) Aplicar campañas de difusión sobre la información relativa a la prevención, atención, o erradicación del ausentismo y la deserción escolar, con sus respectivos protocolos y líneas de actuación dirigidas tanto a la comunidad educativa escolar como a las unidades familiares y a los propios alumnos;
V. Fortalecerá la educación especial y la educación inicial, incluyendo a las personas con discapacidad;
VI. Otorgará apoyos pedagógicos a grupos con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a eliminar retrasos en el aprovechamiento escolar de los alumnos;
VII. Establecerá sistemas de educación a distancia;
VIII. Realizará campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de bienestar de la población, tales como programas de alfabetización y educación comunitaria, con un enfoque inclusivo;
IX. Desarrollará programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos;
X. Impulsará programas y escuelas dirigidos a los padres de familia o tutores, que les permitan dar mejor atención a sus hijos o pupilos, para lo cual se aprovechará la capacidad escolar instalada, en horarios y días en que no se presten los servicios educativos ordinarios;
XI. Promoverá mayor participación de la sociedad en la educación, así como el apoyo de los particulares al financiamiento y a las actividades a que se refiere esta sección;
XII. Concederá reconocimientos y distinciones a quienes contribuyan a la consecución de los propósitos mencionados en la fracción anterior;
XIII. Realizará las demás actividades que permitan ampliar la calidad y la cobertura de los servicios educativos;
XIV. Llevará a cabo programas asistenciales, culturales, políticos, de práctica inclusiva, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a establecer las condiciones sociales que incidan en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos;
XV. Realizará las demás actividades que permitan mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios educativos, y alcanzar los propósitos mencionados en el artículo anterior;
XVI. Apoyará y desarrollará programas, cursos y actividades que fortalezcan la enseñanza de los padres de familia respecto al valor de la igualdad y solidaridad entre las hijas e hijos, la prevención de la violencia escolar desde el hogar, la no discriminación y el respeto a sus maestros;
XVII. Establecerá, de forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal, escuelas de tiempo completo con jornadas de entre 6 y 8 horas diarias, para aprovechar mejor el tiempo disponible en el desarrollo académico, deportivo y cultural;
XVIII. Impulsará esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para alumnos a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten, conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria;
XIX. Planeará, ejecutará y evaluará programas de educación para prevenir la drogadicción, el alcoholismo, el pandillerismo, la violencia familiar y la delincuencia juvenil, la discriminación, por sí y en coordinación con otras instancias; El Estado también llevará a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y demás medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos; y
XX. Realizará ajustes razonables para la eliminación de las barreras de aprendizaje y participación que enfrentan los educandos, en especial las personas con discapacidad.
Art. 21. El Estado garantizará el desarrollo científico y tecnológico, a través de la investigación como eje en que se sustenta la transformación social, económica y cultural de la Entidad.
Art. 22. Corresponde al Estado establecer el Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología y el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología.
Art. 23. Además de los servicios educativos, a la autoridad educativa estatal, a través de la Secretaría, le corresponde la prestación de los servicios de cultura, deporte y recreación.
Art. 24. Las actividades culturales serán desarrolladas por las instituciones educativas, en todos los niveles, tipos y modalidades, con un enfoque inclusivo, y estarán orientadas a:
I. Propiciar la investigación de la cultura;
II. Preservar y difundir la cultura regional, nacional y universal;
III. Fomentar la capacidad de iniciativa y creatividad mediante la actividad artística; y
IV. Transmitir el legado cultural y artístico de la Entidad.
Art. 25. Corresponde a la Secretaría, a través de la instancia competente que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado:
I. Promover la enseñanza, investigación, conservación, restauración, preservación y difusión del patrimonio histórico cultural;
II. Realizar inventarios del acervo cultural del Estado;
III. Recuperar el patrimonio cultural vinculado a la identidad de los zacatecanos y su diversidad regional;
IV. Representar a la autoridad educativa estatal, ante organismos culturales;
V. Proponer, elaborar, revisar y, en su caso, ejecutar los acuerdos o convenios en materia cultural que celebre la autoridad educativa estatal con los gobiernos federal, estatal y municipales, así como con los sectores social y privado;
VI. Asesorar en la creación de organismos municipales de cultura; y
VII. Las demás que le asigne la Ley o la autoridad educativa estatal.
Art. 26. Corresponde además a la Secretaría, en coordinación con las instancias de la juventud y cultura:
I. Promover el establecimiento de centros deportivos y programas de recreación y esparcimiento, con un enfoque inclusivo, en las comunidades;
II. Promover y apoyar programas deportivos, nutricionales y de recreación, para preservar la salud física y mental de los niños, jóvenes, adultos y de la tercera edad, sin distinción de sus capacidades psicomotrices o mentales;
III. Coadyuvar en la construcción y mantenimiento de espacios deportivos y de recreación inclusivos;
IV. Crear escuelas de iniciación deportiva acordes a la edad y aptitudes físicas del educando;
V. Otorgar becas y apoyos para alumnos y maestros destacados en el área deportiva; y
VI. Crear espacios y programas inclusivos para el deporte y la recreación para las personas con discapacidad.
Art. 27. La Secretaría, en coordinación con las instancias de juventud y cultura, fomentará y apoyará la celebración de eventos deportivos y la participación de representaciones deportivas locales en el país y en el extranjero, sin menoscabo de aquellos que organicen los planteles educativos.
Art. 28. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, la Secretaría, en coordinación con las instancias de juventud y cultura, llevará a cabo las siguientes actividades:
I. Representar a la autoridad educativa estatal, ante todo tipo de organismos;
II. Proponer, elaborar, revisar y, en su caso, ejecutar los acuerdos o convenios en materia recreativa, deportiva y de bienestar social, que celebre el Estado con los gobiernos Federal, Estatal y municipales, así como con los sectores social y privado; y
III. Las demás que le señale la Ley o le asigne la autoridad educativa estatal.
Art. 29. Para cumplir lo dispuesto en la fracción II del artículo 26 de esta Ley, la Secretaría, en coordinación con los Servicios de Salud del Estado, promoverá cursos, talleres y seminarios de capacitación para docentes, alumnos y padres de familia, que contribuyan a crear conciencia en el seno de nuestra sociedad, sobre los males que causa la obesidad y la importancia de tener hábitos alimenticios saludables y mejorar la nutrición de los niños y los adolescentes.
Art. 30. Es responsabilidad del Estado, ofrecer o autorizar los servicios de educación, con un enfoque inclusivo, en las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, conforme a los tipos siguientes:
I. Básica. Está compuesta por los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria;
II. Media superior. Comprende el nivel de bachillerato, los demás estudios equivalentes a éste, así como la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes. Se organizará, bajo el principio de respeto a la diversidad, a través del sistema nacional de educación media superior, el cual establecerá un marco curricular común a nivel nacional y la revalidación y reconocimiento de estudios entre las opciones que ofrece este tipo educativo; y
III. Superior. Es el que se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Comprende la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como por opciones terminales; incluye además, la educación normal en todos sus niveles y especialidades.
Art. 31. El Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos, incluida la educación inicial, especial y superior, necesarios para el desarrollo. Apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el fortalecimiento y la difusión de la cultura universal.
Art. 32. La educación básica tendrá las adaptaciones necesarias para atender a la población rural dispersa y a los grupos migratorios, así como en su caso, responder a las características lingüísticas y culturales de grupos indígenas. Queda comprendida la educación especial, la educación para menores infractores y la educación para adultos.
Art. 33. La educación básica que imparta el Estado en sus tres niveles, deberá responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los diversos grupos de la Entidad, así como de la población rural dispersa y grupos migratorios.
Art. 34. La educación inicial estará dirigida a la población infantil menor de cuatro años de edad, con un enfoque inclusivo, y puede ser ofrecida por instituciones públicas o privadas; tiene como propósito potenciar las funciones y arquitectura cerebra, contribuir a la cimentación armónica y equilibrada de la personalidad de los niños, con la finalidad de lograr la formación de un perfil más apto y capaz de enfrentar con éxito los retos de su trayecto educativo y en la vida.
I. Coordinar su vinculación con la educación preescolar;
II. Apoyar el incremento del número de centros de desarrollo infantil con infraestructura física adecuada a las necesidades educativas, programas de enseñanza regulados, avalados y supervisados por las autoridades educativas para atender la demanda de las madres trabajadoras que así lo requieran, tanto por la vía institucional como por las vías no formales;
III. Procurar que el personal adscrito a las instituciones de educación inicial esté formado dentro del marco de las neurociencias para conformar un equipo interdisciplinario y tengan el perfil profesional correspondiente a la función que desempeña, establecido por la autoridad educativa;
IV. Desarrollar programas de orientación y apoyo para los padres o tutores, a fin de que la educación que den a sus hijos o pupilos en el hogar, pueda, entre otros principios de educación inicial, ayudarlos a convertirse en individuos capaces de tener iniciativa propia, responsables de sus acciones, arquitectos de su propia identidad que los definirá como jóvenes y adultos, que sus actos individuales y en sociedad no sean para obtener la aprobación de los demás, sino para alcanzar sus propios objetivos; y
V. Ofrecer servicios médicos, psicológicos, pedagógicos, de trabajo social y de nutrición, que contribuyan al desarrollo integral del niño y la niña, tomando en cuenta que es durante los primeros años de vida que el ser humano exige alimentación óptima, salud, higiene, estabilidad emocional, aprovechamiento de su plasticidad cerebral y atención profesional de profesores, padres y tutores.
Art. 35. La educación preescolar deberá impartirse en establecimientos denominados jardines de niños o centros de desarrollo infantil, y tiene como propósito fundamental la socialización, procurando que adquieran los conocimientos básicos sobre la naturaleza, la vida, la sociedad, el desarrollo de competencias para la vida en el lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comprensión del mundo natural y social, desarrollo personal, habilidades y destrezas físico-corporales para la convivencia, y orientará su desarrollo hacia la creatividad.
La educación preescolar, es el antecedente obligatorio de la educación primaria.
Art. 36. La educación preescolar tiene como objetivo aplicar, bajo criterios de eficiencia, calidad, equidad y con un enfoque inclusivo, los programas institucionales del nivel de preescolar con el fin de facilitar a los niños y niñas el inicio del proceso educativo, fortaleciendo el desarrollo integral del educando en todas sus etapas para lograr sus fundamentos esenciales que lo preparen intelectual y cognoscitivamente en el plano afectivo-motivacional y en las posibilidades regulativas para iniciar con éxito el aprendizaje.
Art. 37. La educación primaria deberá aplicar criterios de eficiencia, calidad, inclusión y equidad en los programas institucionales del nivel primaria, con el fin de continuar en los niños y niñas el proceso educativo, desarrollando las competencias básicas y procurando el conocimiento de su entorno escolar, familiar y social.
Art. 38. En la impartición de educación para menores de edad, se tomarán medidas que aseguren al educando la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su edad.
Art. 39. La educación secundaria incluye las escuelas generales, técnicas y telesecundarias, y tendrá un enfoque inclusivo. Tiene como propósito alentar el proceso de madurez de la personalidad del educando, para orientar sus opciones vocacionales y favorecer su superación académica.
Art. 40. El bachillerato o la preparatoria son antecedentes obligatorios de la educación superior, y tendrá un enfoque inclusivo. Puede ser propedéutica, tecnológica o bivalente, que oriente al educando a cursar estudios de educación superior.
Art. 41. El nivel superior se imparte después del bachillerato o de sus equivalentes. Comprende la licenciatura, la especialidad, la maestría y el doctorado, así como otras opciones terminales. Incluye la educación normal en sus diferentes modalidades.
Las personas con discapacidad tendrán acceso general a la educación básica y media superior y a la formación profesional.
Art. 42. De acuerdo con lo señalado en la Ley General de Educación, en su artículo 20, las autoridades educativas federal y estatal, en el ámbito de sus respectivas competencias, constituirán el sistema estatal de formación, actualización, capacitación y superación profesional para maestros que tendrá las finalidades siguientes:
I. La formación, con nivel de licenciatura, de maestros de educación inicial, básica–incluyendo la de aquellos para la atención de la educación indígena–especial y de educación física, con base en un plan de estudios que considere el fortalecimiento de valores con responsabilidad, patriotismo, superación, generosidad, respeto, solidaridad, honestidad, amistad y compañerismo; conocimientos en el área de neurociencias, etapas del desarrollo, inteligencias múltiples, neuronutrición, didácticas del aprendizaje, psicología infantil y capacidad de interactuar de manera responsable, con su medio ambiente, diseño de planes y programas curriculares para el desarrollo de escuelas para padres y capacidad de realizar la educación inicial por días no formales o institucionales;
III. La realización de programas de especialización, maestría y doctorado, adecuados a las necesidades y recursos educativos de la Entidad;
IV. El desarrollo de la investigación pedagógica y la difusión de la cultura educativa;
V. La formación y capacitación docente incluirá la toma de conciencia social sobre la discapacidad y el uso de los modos, medios y formatos de comunicación alternativos y aumentativos apropiados y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad; y
VI. Propiciará las relaciones interinstitucionales incluidas las organizaciones de la sociedad civil, de y para las personas con discapacidad para la promoción y el desarrollo de programas de difusión de la cultura pedagógica y la extensión educativa.
Art. 43. Corresponden de manera exclusiva a la autoridad educativa estatal, en su respectiva competencia, las atribuciones siguientes:
I. Prestar los servicios de educación inicial, básica -incluyendo indígena–, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros;
II. Proponer a la Secretaría, los contenidos regionales que hayan de incluirse en los planes y programas de estudio para la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
III. Ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, con respeto al calendario y horario escolar fijado por la Secretaría;
V. Revalidar y otorgar equivalencias de estudios de la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida;
VI. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de educación básica;
VII. Participar en la integración y operación de un sistema nacional de educación media superior que establezca un marco curricular común para este tipo educativo, con respecto a la autonomía universitaria y a la diversidad educativa;
VIII. Coordinar y operar un padrón estatal de alumnos, docentes, instituciones y centros escolares; un registro estatal de emisión, validación e inscripción de documentos académicos y establecer un sistema estatal de información educativa. Para estos efectos las autoridades educativas locales deberán coordinarse en el marco del sistema de información y gestión educativa, de conformidad con los lineamientos que al efecto expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables.
IX. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración escolar;
X. Prestar los servicios de formación, actualización, capacitación y superación profesional para docentes de educación básica, de conformidad con las disposiciones generales que la autoridad educativa federal determine y conforme a lo dispuesto por la Ley General de Servicio Profesional Docente;
XI. La autoridad educativa estatal deberá implementar y tener actualizado un sistema estatal de información y gestión educativa, mismo que deberá proporcionar información para satisfacer las necesidades de operación del sistema educativo estatal; asimismo, participará en la actualización e integración permanente del sistema de información y gestión educativa;
XII. Participar con la autoridad educativa federal en la operación de los mecanismos de administración escolar; y
XIII. Aplicar los programas compensatorios implementados por la autoridad educativa federal, a través de los recursos específicos asignados, considerando preferentemente las regiones con mayores rezagos educativos, previa celebración de convenios en los que se establezcan las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que la Secretaría deba realizar para prevenir y hacer frente al ausentismo y la deserción escolar;
XIV. Prestar servicios educativos especiales para atender a quienes abandonaron el sistema regular y se encuentran en condición de rezago educativo, a efecto que concluyan la educación básica y media superior; otorgando facilidades de acceso, reingreso, permanencia y egreso a los jóvenes y niños;
XV. Coordinarse con autoridades de los niveles de gobierno federal y municipal para la realización y difusión de campañas para erradicar el ausentismo y la deserción escolar en el Estado de Zacatecas;
XVI. Impartir capacitaciones permanentes al personal de trabajo social, encargado de efectuar y dar seguimiento a los procedimientos para enfrentar y erradicar el ausentismo y la deserción escolar; y
XVII. Las demás que con tal carácter establezca esta Ley y otras disposiciones aplicables.
Art. 44. Se considera a la educación a distancia como una modalidad más de la educación que puede impartirse por diversos medios de comunicación, conforme a la Ley y bajo la vigilancia de las autoridades competentes, misma que deberá incluir sistemas alternativos y aumentativos de comunicación.
Art. 45. La educación para adultos está destinada a individuos mayores de quince años, incluidas las personas con discapacidad, que no hayan cursado o concluido la educación básica y comprende, entre otras, la alfabetización, la educación primaria, la educación secundaria, media superior y la capacitación para el trabajo.
Art. 46. La autoridad educativa estatal estará obligada, en la medida de sus posibilidades, a destinar de manera creciente recursos humanos profesionales y materiales, para alcanzar los objetivos de que todos los adultos de la Entidad tengan educación básica y media superior completa, fundamentando toda esta acción en el principio de solidaridad social que establece la Ley General de Educación.
Art. 47. La educación especial está destinada a personas con discapacidad definitiva o transitoria, así como a aquellas con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social, incluyente, de conformidad con lo que establecen la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para Prevenir y Erradicar toda forma de Discriminación del Estado de Zacatecas; y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Art. 48. El Estado garantizará la educación inclusiva para personas con discapacidad en educación básica y demás subsistemas de educación. Las personas con discapacidad, sus padres o tutores podrán elegir si la persona con discapacidad cursa sus estudios en escuela regular o en algún otro servicio de atención que preste la Secretaría.
Art. 49. La formación para el trabajo es un proceso integral y continuo; tiene como objetivo propiciar la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes que permitan a los individuos que la reciben, incluidas las personas con discapacidad, desarrollar una actividad productiva demandada en el mercado, mediante algún oficio calificado.
Art. 50. La autoridad educativa estatal podrá emitir, en forma adicional, lineamientos generales para la definición de aquellos conocimientos, habilidades y destrezas susceptibles de certificación, así como los procedimientos de evaluación correspondientes.
Art. 51. La Secretaría pondrá a la consideración y, en su caso, autorización de la autoridad educativa federal, proyectos curriculares y programas de estudio con contenidos regionales que sin detrimento del carácter nacional de la educación, permitan que los educandos adquieran un mejor conocimiento de la historia, la geografía, el cuidado y conservación del ambiente, la formación en los valores, las costumbres, las tradiciones y demás aspectos propios de la Entidad y municipios, a través de documentos elaborados para este fin.
Art. 52. La orientación y contenidos de la educación serán definidos en proyectos curriculares, planes y programas de estudio. En los currículos deberá establecerse:
I. Una fundamentación donde se analice el contexto socio-económico en que se desarrolla el programa de educación de que se trate, y la inserción del egresado ante los problemas y necesidades sociales que atenderá o que se resolverán con su formación; así como un análisis comparativo de estudios similares que se ofrecen en los ámbitos local, regional y nacional. Incluirá los referentes normativos que permiten su creación o existencia;
II. Una explicación de la propuesta pedagógica que le da sustento a planes y programas de estudio; y
III. Una explicación de la propuesta metodológica que permita desarrollar los planes y programas de estudio, así como el esquema de evaluación para dar seguimiento y comprender el éxito o fracaso del proyecto curricular en cuestión.
Art. 53. Los planes y programas de estudio regional que la autoridad educativa federal determine en cumplimiento a las disposiciones oficiales, así como sus modificaciones, deberán publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado.
Art. 54. La Secretaría realizará revisiones y evaluaciones sistemáticas y continuas al aplicar los planes y programas de estudio, para sugerir su permanente actualización.
De la evaluación del sistema educativo estatal
De las funciones en materia de evaluación
educativa a cargo del Estado
Art. 61. [Derogado].
Art. 62. [Derogado].
Art. 63. [Derogado].
Art. 64. [Derogado].
Art. 65. [Derogado].
Art. 66. [Derogado].
Art. 68. [Derogado].
Art. 69. [Derogado].
Art. 70. [Derogado]..
Art. 71. [Derogado].
Art. 72. [Derogado].
Art. 73. [Derogado].
De la promoción a cargos con funciones
Art. 87.[Derogado].
Art. 103. La evaluación de los educandos consistirá en un proceso de estudio sistematizado que permita comprender el proceso formativo del alumno en lo individual y en lo colectivo, acerca de los conocimientos, las habilidades, las destrezas y, en general, del logro de los propósitos establecidos en planes y programas de estudio y que al mismo tiempo, permita tomar las decisiones concernientes a la acreditación del aprendizaje.
Art. 104. Las instituciones deberán informar periódicamente a los educandos y a los padres de familia o tutores, los resultados y calificaciones de las evaluaciones parciales y finales; y de haberlas, aquellas observaciones sobre el desempeño académico, los procesos de aprendizaje de los educandos que incidan en el aprovechamiento escolar.
Art. 105. El calendario escolar se sujetará a las reglas siguientes:
I. La autoridad educativa estatal podrá ajustar, en su caso, el calendario escolar para cada ciclo lectivo de las escuelas oficiales y particulares incorporadas de todos y cada uno de los tipos y niveles de educación comprendidos en esta Ley, con respecto a lo establecido por la autoridad educativa federal, garantizando como mínimo 200 días de clase;
II. Con respecto al calendario fijado por la autoridad educativa federal, el calendario escolar aplicable en la entidad, deberá publicarse en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado;
III. En días laborables, las horas de actividad escolar se dedicarán a la práctica docente con los educandos, conforme a lo previsto en los planes y programas de estudio aplicables;
IV. Las actividades no previstas en los planes y programas de estudio, o bien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad educativa estatal. Estas autorizaciones se concederán, únicamente, en casos extraordinarios, cuando no impliquen incumplimiento de los planes, programas o calendario oficial;
V. De presentarse interrupciones por caso extraordinario o fuerza mayor, la autoridad educativa estatal tomará las medidas para recuperar los días y horas perdidos. Si la modificación al calendario escolar implica más días de clase que los establecidos oficialmente, los docentes serán debidamente remunerados, siempre y cuando el motivo de la suspensión no tenga un origen ilegal.
Financiamiento y administración de la
Art. 106. El Estado en concurrencia con el Ejecutivo federal, así como los gobiernos de los municipios, de conformidad con lo establecido en sus respectivas leyes de ingresos, presupuestos de egresos, y demás normatividad aplicable, concurrirán en el financiamiento educativo e invertirán recursos económicos que propicien el funcionamiento adecuado de los servicios educativos públicos para la educación básica, media superior y normal en la Entidad.
Art. 107. La autoridad educativa estatal otorgará las facilidades necesarias para que el Ejecutivo federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos, así como el funcionamiento y evaluación de las escuelas e instituciones para hacer efectiva la rendición de cuentas a la sociedad, respecto de las políticas, acciones y el uso del presupuesto asignado al sector educativo.
Art. 108. La autoridad educativa estatal estará obligada a incluir en el proyecto de presupuesto que someta a la aprobación del Congreso Estatal, los recursos suficientes para fortalecer la autonomía de la gestión escolar, de acuerdo con lo establecido en esta Ley.
Art. 109. Las autoridades educativas estatal y municipales en el ámbito de sus atribuciones, deberán ejecutar programas y acciones tendientes a fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas; tratándose de educación básica, observarán los lineamientos que expida la autoridad educativa federal para formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como objetivos:
II. Desarrollar una planeación anual de actividades, con metas verificables y puestas en conocimiento de la autoridad educativa estatal y la comunidad escolar; y
III. Administrar en forma transparente y eficiente los recursos que reciba para mejorar su infraestructura, adquirir materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta.
Art. 110. La autoridad educativa estatal, de conformidad con la legislación aplicable, dispondrá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos a fin de que cumpla con las responsabilidades que con base en el artículo 15 de la Ley General de Educación estén a cargo del municipio.
Art. 111. La educación pública es de carácter prioritario para el desarrollo estatal y, por ende, el nacional; virtud a ello, se deberá cumplir con los artículos que anteceden en materia de financiamiento y administración.
Art. 112. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades, de conformidad con las disposiciones siguientes:
I. Por lo que concierne a la educación primaria, la secundaria, la normal y la relativa a la formación de maestros de educación básica, deberán obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa de la Secretaría;
II. Cuando se trate de niveles y modalidades distintos a los mencionados en la fracción anterior, deberán obtener el registro y el reconocimiento de validez oficial de estudios de la Secretaría;
III. Por lo que se refiere a la educación inicial, preescolar y especial, deberán previamente obtener el registro ante la Secretaría, así como cumplir los requisitos y principios señalados en los artículos 34 y 42 de esta Ley para el funcionamiento que establezca la propia autoridad educativa; y
IV. La Secretaría vigilará la observancia de los requisitos pedagógicos establecidos por la autoridad educativa federal, en los planes y programas, así como en los esquemas curriculares y cocurriculares que se establezcan en cada centro escolar como fortalecimiento a la educación inicial, preescolar y especial, en los términos que marca la presente Ley.
Art. 113. Tratándose de estudios impartidos por los particulares se estará, además, a lo siguiente:
I. La autorización, el registro y el reconocimiento de validez oficial serán específicos para cada plan de estudios y lugar. Para distintos niveles de educación a impartirlos en otro lugar, se requerirá nueva autorización, registro o reconocimiento de validez oficial de estudios; y
II. La autorización, el registro y el reconocimiento incorporan al sistema educativo estatal, a las instituciones que los obtengan respecto de los niveles educativos a que la propia autorización, registro o reconocimiento se refieren.
Art. 114. Las autorizaciones, registros y reconocimientos de validez oficial de estudios impartidos por particulares se otorgarán cuando los solicitantes cuenten:
I. Con personal que acredite la preparación adecuada y, en su caso, satisfagan los demás requisitos a que se refiere la Ley;
II. Con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización, registro o reconocimiento de validez oficial de estudios; y
III. Con planes y programas de estudios que la autoridad otorgante considere procedentes, en el caso de educación distinta a la primaria, la secundaria y normal.
Art. 115. Con una anticipación de treinta días previos al inicio de cada ciclo escolar, la Secretaría publicará en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, una relación de las instituciones a las que haya concedido autorización, registro o reconocimiento de validez oficial de estudios.
Art. 116. La Secretaría deberá entregar a las escuelas particulares, un reporte de los resultados que hayan obtenido sus docentes y alumnos en las evaluaciones correspondientes.
Art. 117. Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos. Las autoridades deberán llevar a cabo una visita de inspección por lo menos una vez al año.
Art. 118. En el caso de educación inicial, los particulares deberán, además, contar con personal que acredite la preparación adecuada, contar con instalaciones y demás personal que satisfagan las condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas que la autoridad educativa determine; cumplir los requisitos a que alude la presente Ley y presentar las evaluaciones que correspondan en el marco del sistema nacional de evaluación educativa, así como facilitar la inspección y vigilancia de las autoridades competentes.
De la validez oficial de los estudios y de
la certificación de conocimientos
Art. 119. Los estudios realizados en la entidad, integrados al Sistema Educativo Nacional, tendrán validez en toda la República.
Art. 120. De acuerdo con las normas y criterios generales, determinados por la autoridad educativa federal, la Secretaría podrá revalidar y otorgar equivalencias de estudios, cuando estén referidos a planes y programas de estudios que se equiparen con los que se imparten en el sistema educativo estatal.
Art. 121. La Secretaría podrá otorgar revalidaciones y equivalencias, únicamente cuando sean referidas a planes y programas de estudios que se impartan en el sistema educativo estatal, las cuales tendrán validez en toda la República.
Art. 122. La Secretaría podrá expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes acrediten conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia laboral.
Art. 123. Todos los habitantes del Estado tienen derecho a las mismas oportunidades de educación, con sólo satisfacer los requisitos establecidos en la Ley y los ordenamientos que de ella se deriven.
Art. 124. Todos los habitantes del Estado deberán cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior; es obligación de los padres, tutores o representantes legales de los menores de edad, hacer que cursen los citados niveles educativos.
I. Obtener inscripción en escuelas públicas de la Entidad para que sus hijos o pupilos menores de edad, que satisfagan los requisitos aplicables, reciban la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;
II. Participar a las autoridades de la escuela donde estén inscritos sus hijos o pupilos, cualquier problema relacionado con la educación de éstos, a fin de que se aboquen a su solución;
III. Conocer la relación oficial del personal docente y de apoyo, adscrito en la escuela en la que estén inscritos sus hijos o pupilos, misma que será proporcionada por la autoridad escolar;
IV. Ser observadores en las evaluaciones a personal docente y directivo, para lo cual deberán cumplir con los lineamientos que al efecto emita el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación;
V. Conocer los criterios y resultados de las evaluaciones de la escuela a la que asistan sus hijos o pupilos;
VI. Opinar a través de los consejos de participación, respecto a las actualizaciones y revisiones de los planes y programas de estudio;
VII. Conocer el presupuesto asignado a cada escuela, así como su aplicación y los resultados de su ejecución;
VIII. Presentar quejas ante las autoridades educativas correspondientes, en los términos establecidos en la presente Ley, sobre el desempeño del personal docente, directivo, de supervisión y de asesoría técnico pedagógica, de sus hijos o pupilos menores de edad y sobre las condiciones de la escuela a la que asisten; y
IX. Tener la facultad única de decidir, cuando se trate de la educación de personas con discapacidad, la escuela, sea regular o especial, para su escolarización.
I. Hacer que sus hijas, hijos o pupilos, menores de edad, reciban la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior;
II. Apoyar el proceso educativo de sus hijas, hijos, o pupilos, de conformidad con lo señalado en los programas educativos del Estado, y colaborar con las instituciones educativas donde estén inscritos, en las actividades cívicas que dichas instituciones realicen; así como cumplir la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales; y
III. En el caso de tutores, presentar ante quien corresponda el documento legal de tutoría, expedido por la autoridad competente o de mayor jerarquía política del lugar donde se ubique el centro escolar que corresponda.
Art. 127. Las asociaciones de padres de familia tendrán por objeto:
II. Colaborar para una mejor integración de la comunidad escolar, así como en el mejoramiento de los planteles;
III. Informar a las autoridades educativas y escolares sobre cualquier irregularidad de que sean objeto los educandos;
V. Participar en la aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios que, en su caso, hagan las propias asociaciones al establecimiento escolar. Estas cooperaciones serán de carácter voluntario y, según lo dispuesto por esta Ley, en ningún caso se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.
Art. 128. La organización y el funcionamiento de las asociaciones de padres de familia, en lo concerniente a sus relaciones con las autoridades y personal de los establecimientos escolares, se sujetarán a las disposiciones que señalen la Ley, los reglamentos y las autoridades educativas; además se abstendrán de participar en cuestiones políticas y religiosas y de intervenir en los aspectos laborales y pedagógicos de las escuelas públicas de educación básica.
Art. 129. Para asegurar el apoyo de la sociedad en el logro de los fines de la educación pública de calidad, las autoridades educativas del Estado promoverán en los términos de las disposiciones aplicables, la integración de:
I. Un consejo escolar de participación social en cada institución de educación básica, integrado por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros, directivos de la escuela, exalumnos, representación sindical de los maestros, así como miembros de la comunidad interesados en el desarrollo educativo. En las escuelas particulares de educación básica, podrán instituirse consejos análogos;
II. Un consejo municipal de participación social en la educación, en cada municipio, integrado por las autoridades municipales, padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y directivos de escuelas, representación sindical de los maestros, así como representantes de organizaciones sociales y demás interesados en el mejoramiento de la educación; y
III. Un consejo estatal de participación social que como órgano de consulta, orientación y apoyo, contribuya a elevar la calidad de la educación mediante la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, autoridades educativas estatales y municipales, así como de sectores sociales en la Entidad especialmente interesados en la educación.
Art. 130. Los consejos de participación social tendrán las funciones establecidas en la Ley General de Educación y se regirán por los lineamientos generales que emita la autoridad educativa federal; además se abstendrán de participar en cuestiones políticas y religiosas y de intervenir en los aspectos laborales de las escuelas públicas de educación básica.
Art. 131. La estructura y forma de operación de los consejos escolares, deberá ser sencilla y flexible, al reducir al mínimo las comisiones permanentes y procurar, por el contrario, establecer grupos de trabajo funcionales y de duración variable, organizados en relación con las tareas prioritarias del proyecto escolar, del proyecto educativo del municipio y del programa estatal de educación, según corresponda.
Art. 132. Las autoridades escolares harán lo conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de participación social, el cual estará integrado por:
I. Padres de familia y representantes de sus asociaciones;
II. Docentes y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores;
III. Personal directivo de la escuela;
IV. Exalumnos; y
V. Representantes y demás integrantes de la comunidad con interés en el desarrollo de su propia escuela.
Art. 133. Corresponde a los consejos escolares de participación social proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a alumnos, maestros, directivos y empleados de la escuela, para ser considerados por los programas de reconocimiento que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente y demás programas que al efecto determine la autoridad educativa federal y las autoridades competentes.
Art. 134. En cada municipio operará un consejo municipal de participación social en la educación, los cuales estarán integrados por:
I. Autoridades municipales;
II. Padres de familia y representantes de sus asociaciones;
III. Docentes;
IV. Personal directivo de escuelas;
V. Representantes de la organización sindical de los maestros, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores; y
VI. Representantes de organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto sea la educación y demás interesados en el mejoramiento de la educación.
Art. 135. El consejo estatal de participación social en la educación deberá integrarse por:
I. Autoridades educativas estatales;
II. Autoridades educativas municipales;
III. Padres de familia y representantes de sus asociaciones;
IV. Maestros y representantes de su organización sindical, quienes acudirán como representantes de los intereses laborales de los trabajadores;
V. Instituciones formadoras de maestros; y
VI. Organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores social y productivo de la Entidad especialmente interesados en la educación.
Art. 136. Los medios de comunicación masiva, en el desarrollo de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades previstas en el artículo 7º de la presente Ley y conforme a los criterios establecidos en el artículo 8º de la Ley General de Educación.
Art. 137. Las autoridades educativas y los particulares, promoverán mediante programas, concursos, estímulos o cualquier otra actividad similar, el fomento de la cultura cívica, de valores en comunidad, cumplimiento de la Ley y de conocimientos básicos en lo económico, político y social.
Art. 138. Las autoridades educativas podrán obtener colaboraciones diversas como tiempo o espacio en emisiones de radio, televisión, prensa escrita, Internet u otras similares, para promover ediciones especiales, de difusión o asesoría de programas educativos públicos en investigación, ciencia, cultura y artes. Los convenios que al efecto se celebren, podrán tener cobertura regional, estatal, nacional o internacional y los contenidos, en todos los casos, atenderán a la política de comunicación social adecuada para los fines de la educación, el aprecio social y el respeto por la labor del magisterio, así como el impulso a las instituciones educativas.
Art. 139. En el ámbito de su competencia, las autoridades educativas solicitarán a la autoridad competente, la vigilancia de los mensajes, publicidad, promociones, avisos, invitaciones que se emitan, que pudieran ser contrarios a los principios contenidos en el artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
I. El incumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley;
V. Incumplir los lineamientos generales para el uso de material educativo para la educación preescolar, la primaria y la secundaria;
VI. Dar a conocer antes de su aplicación, los exámenes o cualesquiera otros instrumentos de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de presentarlos;
VII. Expedir certificados, constancias, diplomas o títulos a quienes no cumplan los requisitos aplicables;
XII. Contravenir las disposiciones contempladas en esta Ley en sus artículos 7º, 16, 38 tercer párrafo, por lo que corresponde a las autoridades educativas, y en el 116 segundo párrafo;
XIII. Incumplir cualesquiera de los demás preceptos de esta Ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella;
XIV. Administrar a los educandos, sin previa prescripción médica y consentimiento informado de los padres o tutores, medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;
XV. Promover en los educandos, por cualquier medio, el uso de medicamentos que contengan sustancias psicotrópicas o estupefacientes;
XVI. Expulsar o negarse a prestar el servicio educativo a personas que presenten problemas de aprendizaje o condicionar su aceptación o permanencia en el plantel a someterse a tratamientos médicos específicos, o bien, presionar de cualquier manera a los padres o tutores para que acudan a médicos o clínicas específicas para la atención de problemas de aprendizaje de los educandos; y
XVII. Incumplir con las medidas correctivas derivadas de las visitas de inspección.
Art. 141. Corresponde a la Secretaría, por conducto del área administrativa que señale el ordenamiento respectivo, sancionar las infracciones enumeradas en el artículo anterior, de conformidad con lo siguiente:
I. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de reincidencia; y
II. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios correspondiente. La imposición de esta sanción, no excluye la posibilidad de que se imponga multa al infractor, en los términos de la fracción anterior.
Art. 142. Además de las previstas en el artículo 140, también son infracciones a esta Ley:
I. Ostentarse como plantel incorporado sin estarlo;
II. Incumplir con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley General de Educación;
III. Impartir la educación preescolar, primaria, secundaria, la normal y demás para la formación de maestros de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente; y
IV. Impartir educación inicial, sin contar con el registro correspondiente.
Art. 143. Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del servicio, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para que, dentro de un plazo de quince días naturales, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los datos y documentos que le sean requeridos.
Art. 144. El retiro del reconocimiento de la validez oficial, se hará mediante resolución que se notificará al interesado, con sujeción a las reglas siguientes:
I. La resolución surtirá efectos a partir de la fecha en que se notifique;
II. Los estudios realizados en el periodo en que la institución contaba con el reconocimiento, mantendrán su validez oficial;
III. Cuando la revocación o retiro, según sea el caso, se dicte durante un ejercicio lectivo, la institución podrá seguir prestando el servicio, a juicio y bajo la vigilancia de la Secretaría, hasta que dicho ciclo concluya; y
IV. La Secretaría adoptará las medidas que sean necesarias para evitar perjuicios a los educandos.
Art. 145. En contra de las resoluciones de la Secretaría dictadas con fundamento en las disposiciones de esta Ley y demás derivadas de ésta, podrá interponerse recurso de revisión dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.
Art. 146. El recurso de revisión se interpondrá de conformidad con los siguientes requisitos:
III. Dirigirse a la autoridad educativa que emitió o ejecutó el acto impugnado y presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes al de su notificación;
Art. 147. El promovente deberá acompañar al escrito en que se interponga el recurso:
Art. 148. En el recurso de revisión podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional a cargo de autoridades educativas. Si se ofrecen pruebas que requieran desahogo especial, se abrirá un plazo no menor de cinco ni mayor de treinta días hábiles para tales efectos. La autoridad educativa que esté conociendo del recurso, podrá allegarse los elementos de convicción adicionales que considere necesarios.
Art. 149. La Secretaría, a través del área administrativa correspondiente, recibirá el escrito de impugnación; deberá sellarlo o firmarlo de recibido; anotar la fecha y hora en que se presente y el número de anexos que en su caso se acompañen; en el mismo acto, entregará copia debidamente sellada o firmada al interesado.
Art. 150. Es improcedente el recurso de revisión cuando se haga valer contra resoluciones, actos u omisiones:
III. Que se hayan consentido, de manera expresa y cuando no se promovió el recurso en el plazo señalado al efecto;
IV. Si son revocados los actos por la Secretaría; y
V. Por no cumplir alguno de los requisitos señalados en el artículo 146 de esta Ley.
Art. 151. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada en cuanto al pago de multas.
I. Que lo solicite el recurrente;
II. Que el recurso haya sido admitido;
III. Que de otorgarse no implique la continuación o consumación de actos u omisiones que ocasionen infracciones a esta Ley; y
IV. Que no ocasionen daños o perjuicios a los educandos o terceros en términos de esta Ley.
Art. 152. Las resoluciones que se emitan, dejarán invariablemente a salvo los derechos del o de los promoventes para deducirlos en la vía y forma que convenga a sus intereses.
Art. 2º Se abroga la Ley de Educación del Estado de Zacatecas, publicada en suplemento 2 al número 57 del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado, correspondiente al sábado 17 de julio de 1999.
Art. 3º Dentro del término de 90 días naturales contados a partir de la vigencia de la presente Ley, el Ejecutivo del Estado deberá actualizar la reglamentación de conformidad con las presentes disposiciones.
Art. 4º Con el propósito de dar cumplimiento a la obligación de garantizar la calidad en la educación obligatoria, en el marco de las disposiciones que regulan el servicio profesional docente, el Ejecutivo del Estado, las autoridades municipales y los organismos descentralizados, adecuarán su normativa de naturaleza laboral y administrativa, debiendo dejar sin efectos la que se oponga o limite el cumplimiento de dicha obligación.
Art. 5º Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan a la presente Ley.
Art. 6º El Estado reconoce a todas las organizaciones sindicales del ámbito educativo, que cuenten con el reconocimiento legal, como las titulares de las relaciones laborales, en términos de su registro vigente y de acuerdo con las disposiciones legales aplicables.
Art. 7º El personal docente y el personal con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica o media superior impartida por el Estado, que a la entrada en vigor de esta Ley tenga nombramiento provisional, continuará en la función que desempeña y será sujeto de la evaluación que la propia Ley establece.
a) Se niegue a participar en los procesos de evaluación;
b) No se incorpore al programa de regularización correspondiente, cuando obtenga resultados insuficientes en el primero o segundo proceso de evaluación establecido en la presente Ley.
Dado en la sala de sesiones de la Honorable Sexagésima Primera Legislatura del Estado de Zacatecas, a los 7 días del mes de marzo del año 2014. Diputado presidente: Cliserio del Real Hernández; Diputados secretarios: Cuauhtémoc Calderón Galván y Carlos Alberto Pedroza Morales. Rúbricas.
Dado en el despacho del Poder Ejecutivo del Estado, a los 14 días del mes de marzo del año 2014.
113 27 02-abril-2014 03-abril-2014 LXI
Se modifica la fracción VI y se adiciona una fracción VII, al artículo 10.
132 74 16-septiembre-2017 17-septiembre-2017 LXII
Se derogan los artículos 5° fracción III; 9° fracciones III y XLII; 11 fracción III; 12; 13; 14 fracción II; 43, fracción IV; así las secciones cuarta, con los artículos 55 y 56 y quinta con los artículos 57, 58, 59, y 60 del capítulo II y las secciones de la primera a la octava con los artículo 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 y 102 del capítulo III, al igual que su artículo séptimo transitorio.
163 74 16-septiembre-2017 17-septiembre-2017 LXII
Se reforma el primer párrafo y las fracciones II, III, IV y V del artículo 34; se reforman los artículos 35 y 36; se reforma la fracción I del artículo 42 y se reforman las fracciones III y IV del artículo 112.
Se adicionan las fracciones IX, X y XI al artículo 4°; se adicionan las fracciones XLVI y XLVII al artículo 9°; se reforman y se adiciona la fracción IV del artículo 20 y se adicionan las fracciones XIII, XIV, XV, XVI y XVII, recorriéndose la última en su orden al artículo 43.
207 4 13-enero-2018 14-enero-2018 LXII
Se adiciona un segundo párrafo recorriéndose el siguiente en su orden al artículo 48