Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-518-de-septiembre-21-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_5723e9909b244d8a986bcda275f87106&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-26 11:14:33
Document Index: 209091218

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 130', 'ARTÍCULO 134', 'artículo 3', 'artículo 241', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 158', 'artículo 3', 'artículo 11', 'artículo 130', 'artículo 113', 'artículo 113', 'artículo 130', 'artículo 134', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 134', 'artículo 2', 'artículo 134', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 2', 'artículo 134', 'artículo 3']

﻿ SENTENCIA C-518 DE SEPTIEMBRE 21 DE 2016
SENTENCIA C-518 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL - CNSC. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA PUEDEN VERSE COMPROMETIDAS SI SON CONTRATADOS CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. LA AUTONOMÍA DE LA CNSC SOLO SE PUEDE ENTENDER GARANTIZADA EN LA MEDIDA QUE SEA ELLA MISMA QUIEN DETERMINE DE MANERA AUTÓNOMA, DENTRO DEL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS, LA MANERA COMO SE LLEVAN A CABO LOS PROCESOS DE SELECCIÓN PARA LA PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS DE CARRERA EN EL SERVICIO PÚBLICO. LO QUE SÍ CONSTITUYE UNA VULNERACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA COMISIÓN ES IMPONERLE CONTRATAR EN PRIMERA INSTANCIA CON EL ICFES Y, COMO LO SEÑALA LA NORMA IMPUGNADA, SOLO “EN SU DEFECTO” CON LAS UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PUES DE ESA MANERA, SE LE RESTA CAPACIDAD OPERATIVA Y DECISORIA A LA COMISIÓN EN LA RESPONSABILIDAD IMPUESTA POR EL ARTÍCULO 130 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE EJERCER LA ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA. SE DECLARA INEXEQUIBLE LAS EXPRESIONES “EN SU DEFECTO” Y “PARA TAL FIN”. SOMETER LA FIJACIÓN DE LOS COSTOS ASOCIADOS EN LOS CONCURSOS O PROCESOS DE SELECCIÓN A CARGO DE LA CNSC, A LOS ACUERDOS MARCO ESTABLECIDOS POR LA AGENCIA NACIONAL DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA, COLOMBIA EFICIENTE, COMPORTA UNA CLARA Y EVIDENTE INTROMISIÓN DEL EJECUTIVO EN LAS COMPETENCIAS CONSTITUCIONALES ASIGNADAS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA CNSC, PARA ADMINISTRAR LOS REGÍMENES DE CARRERA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. DEL INCISO PRIMERO, EXEQUIBLE CONDICIONALMENTE EL INCISO TERCERO Y EXEQUIBLE ALGUNAS EXPRESIONES CONTENIDAS EN EL INCISO SEGUNDO Y EXEQUIBLE EL PARÁGRAFO TRANSITORIO DEL ARTÍCULO 134 DE LA LEY 1753 DE 2015,
TEMAS ESPECÍFICOS:COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, COMPETENCIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, FUNCIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL, FACULTADES DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL
Sentencia C-518 de septiembre 21 de 2016
Ref.: Expediente D-11266
Demandante: José Elías Acosta Rosero
ART. 134.—Concurso o procesos de selección. Modifíquese el artículo 3º del Decreto ley 760 de 2005, el cual quedará así:
“ART. 3º—Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) a través de contratos o convenios interadministrativos suscritos con el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) o en su defecto con universidades públicas o privadas, instituciones universitarias e instituciones de educación superior acreditadas por el Ministerio de Educación Nacional para tal fin. Dentro de los criterios de acreditación se privilegiará la experiencia e idoneidad del recurso humano que vaya a realizar los concursos.
PAR. TRANS.—Hasta tanto Colombia Compra Eficiente adopte los acuerdos Marco de Precios, los bienes o servicios que requiera la Comisión serán adquiridos a través de la modalidad de contratación que legalmente corresponda”.
1.1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, esta Corporación es competente para decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad que se formula contra el artículo 134 (parcial) de la Ley 1753 de 2015.
1.2. En este punto, cabe aclarar que, conforme lo ha señalado de manera reiterada esta Corporación, el cargo por violación del principio de unidad de materia, no le es aplicable el término de caducidad de un año previsto por la Constitución para las demandas de inconstitucionalidad que se dirijan a demostrar la existencia de vicios de procedimiento (C.P. art. 242-3). Ello, por cuanto el desconocimiento del principio de unidad de materia ha sido considerado como un vicio de contenido material, cuyo análisis implica una confrontación del texto de la norma y no una verificación del trámite de elaboración de la misma.
2.2. Como ya ha sido señalado, el actor considera que el artículo 134 de la Ley 1753 de 2015, al regular el tema de la competencia de la CNSC para adelantar los concursos o procesos de selección para el ingreso a la carrera administrativa, viola el principio de unidad de materia (C.P., art. 158), en cuanto los contenidos en ella previstos no tienen relación de finalidad directa con las temáticas de la referida ley del Plan Nacional de Desarrollo. De igual manera, aduce que las expresiones acusadas que hacen parte del artículo 134 de la Ley 1753 de 2015, desconocen los principios de autonomía y del mérito para acceder a los cargos públicos (C.P. arts. 125 y 130), en cuanto las competencias que a través de ellas se atribuyen al ICFES, al MEN y a Colombia Compra Eficiente, comportan una intromisión indebida y una restricción irrazonable en las funciones asignadas por la Constitución Política a la CNSC.
3.2. Sobre el referido principio, la Corte ha señalado que el mismo “se orienta a lograr un mayor grado de racionalización y tecnificación del proceso legislativo en la instancia parlamentaria, garantizando que el trámite de deliberación y aprobación de las leyes se lleve a cabo sobre materias definidas y conocidas desde el mismo surgimiento de la propuesta legislativa”(47). Al respecto, ha precisado que, “Considerando que el Congreso de la República es el escenario democrático por excelencia, exigir la coherencia normativa interna en los textos legales persigue afianzar el perfil democrático respecto del proceso de producción legislativa y de su producto, garantizando la deliberación pública sobre temas previamente conocidos y evitando que se presenten incongruencias en las leyes que son aprobadas.”(48)
3.4. En relación con el elemento de conexidad, como criterio para definir el alcance del principio de unidad de materia, la Corte ha señalado que el mismo impone que entre la materia o materias dominantes de la ley y cada una de sus disposiciones, exista un vínculo objetivo y razonable de naturaleza, temática, causal, teleológica, metodológica o sistemática(49). Sobre esa base, lo ha dicho esta Corporación, el vínculo o relación puede darse en función de “(i) el área de la realidad social que se ocupa de disciplinar la ley -conexión temática-; (ii) las causas que motivan su expedición -conexión causal-; (iii) las finalidades, propósitos o efectos que se pretende conseguir con la adopción de la ley -conexión teleológica-; (iv) las necesidades de técnica legislativa que justifiquen la incorporación de una determinada disposición -conexidad metodológica-; (v) los contenidos de todas y cada una de las disposiciones de una ley, que hacen que ellas constituyan un cuerpo ordenado que responde a una racionalidad interna -conexión sistemática-”(50).
3.5. A partir de lo anterior, la misma jurisprudencia ha destacado que cuando una disposición legal no guarda relación de conexidad con la materia de la ley de la cual hace parte, puede entonces ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad por violación del principio de unidad de materia(51). No obstante, también la jurisprudencia ha precisado de manera reiterada que, en esos casos, para que la demanda se considere apta, el actor tiene la carga de mostrar: (i) cual es el contenido material o temático de la ley concernida; (ii) cuales son las disposiciones de dicha ley que no guardan relación de conexidad con dicha materia; además de (iii) exponer las razones por las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 de la Carta. Esto último, le impone al actor la carga de explicar por qué considera que una o unas normas en concreto no guardan relación con la materia o materias de la ley, a partir de una comparación normativa de conexidad.
3.9. De igual forma, menciona de manera general el contenido de la norma acusada, señalando que la misma hace parte del Capítulo V denominado “Buen gobierno”, y que, por su intermedio, “el Legislador modificó: (i) la competencia de la CNCS para acreditar a las Universidades e Instituciones de Educación Superior, de que tratan el artículo 3º del Decreto Ley 760 de 2005 y, de contera, el literal b del artículo 11 de la Ley 909 de 2004; (ii) incluyó la obligatoriedad de contemplar como primera opción para el desarrollo de los procesos de selección, al ICFES, y solo de manera excepcional con las Instituciones de Educación Superior, convirtiendo la regla en una mera excepción; y (iii) limitó la determinación de los costos asociados a los concursos de méritos adelantados por la CNCS, a aquellos que se fijen mediante Acuerdos Marco de Precios establecidos, diseñados y adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente”.
4.3. Para resolver el anterior problema jurídico, la Corte se referirá previamente al tema de la autonomía de la Comisión Nacional de Servicio Civil (CNSC), para luego evaluar la constitucionalidad de la norma impugnada.
5.2. Entre tales órganos de carácter autónomo e independiente se encuentra la CNSC, consagrada en el artículo 130 Superior como la “responsable de la administración y vigilancia de las carreras de los servidores públicos, excepción hecha de las que tengan carácter especial”. Sobre la CNSC, esta Corporación ha señalado que se trata de un órgano que no hace parte de ninguna de las ramas del poder público, es de carácter permanente, del nivel nacional y cuenta con una personalidad jurídica, con autonomía administrativa y patrimonio propio(52).
5.3. En este sentido, la configuración de la estructura del Estado que se deriva del artículo 113 de la Carta Política y que supera la clásica división tripartita del ejercicio del poder, ubica a la CNSC como un órgano que goza de autonomía para el ejercicio de sus funciones en relación con los demás órganos del poder público. En tal sentido, este Tribunal ha destacado especialmente su independencia del Ejecutivo, aclarando que no tiene la calidad de “cuerpo asesor o consultivo del Gobierno, ni de junta o consejo directivo de composición paritaria o con mayoría prevalente de los organismos estatales o de los trabajadores, ni de las entidades territoriales en cabeza de sus autoridades”(53).
5.4. El propósito de atribuirle a un órgano autónomo la función de administrar y vigilar el régimen de carrera de los servidores públicos, lo ha dicho la Corte, “no es otro que el de sustraer la carrera y su desarrollo y operación, así como la práctica de los concursos y la implementación de los procesos de selección de personal al servicio del Estado, de la conducción de la Rama Ejecutiva del poder público, que tiene a su cargo los nombramientos en orden estricto de méritos -según los resultados de los concursos-, mas no la función de manejar la carrera, privativa del ente creado por la Carta Política con las funciones muy específicas de administrarla y vigilarla en todas las dependencias estatales”(54), con las excepciones previstas por la propia Constitución.
5.5. En relación con esto último, la jurisprudencia ha explicado que, en la medida que el “Constituyente quiso establecer la carrera administrativa como la regla general para la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, para el ascenso dentro de los mismos y para el retiro del servicio, su criterio consistió en prever un sistema de carrera, coordinado y armónico, técnicamente organizado, confiado a un organismo único de nivel nacional y con jurisdicción en todo el territorio, que garantizara la efectividad del ordenamiento constitucional en la materia, sin depender en su actividad y funcionamiento de ninguna de las ramas del poder público aunque bajo los criterios y directrices trazados por el legislador”(55).
5.9. Así las cosas, compete a la CNSC administrar y vigilar este sistema general de carreras, salvo las carreras de carácter especial a las que se refiere la propia Constitución y que, por tanto, se encomienda a otras entidades. Sobre este aspecto, corresponde tener presente que, como la jurisprudencia constitucional lo ha señalado, existen carreras especiales tanto de tipo constitucional como legal, de manera que, como lo menciona en artículo 113 Superior, la CNSC “queda excluida de la administración y vigilancia de las carreras especiales de origen constitucional. Frente a las segundas, esto es, a los regímenes especiales de carrera de origen legal, existe en la actualidad una jurisprudencia unificada de la Corte en cuanto a que es a esta entidad [a la CNSC] a quien corresponde la administración y vigilancia de dichos regímenes especiales de origen legal”(56).
5.10. Por otra parte, en relación con las funciones relativas a la “administración” y “vigilancia” de las carreras de los servidores públicos, la Corte Constitucional ha definido que el carácter indeterminado de tales expresiones conduce a que, a su vez, la competencia de la CNSC tenga un carácter amplio, pues comprende los posibles contenidos a los que pueda dar lugar el ejercicio de la administración y la vigilancia. De hecho, este Tribunal indicó que a la hora que el legislador desarrolle estas funciones, debe tener en cuenta que “el que se trate de conceptos jurídicos indeterminados y no de nociones jurídicas delimitadas de forma clara y precisa, no quiere decir que pueda el legislador prescindir de algunos contenidos básicos y estructurales de sentido y significación que tienen ambas nociones (…)”(57).
5.11. En este contexto, el alcance de estas competencias está determinado, además del contenido amplio de los términos contenidos en el artículo 130 Superior, por el hecho que la administración y vigilancia son dos funciones que se debe ejercer de forma conjunta, inseparable y privativa por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil y que no pueden ser asignadas, en conjunto o por separado a otros órganos o entidades estatales(58).
5.12. Lo anterior significa que, una vez identificadas las funciones a cargo de la CNSC, es posible fijar el ámbito de autonomía que impide que otros órganos puedan usurpar o limitar su actuación(59) pues, en todo caso, la comisión está configurada como un ente “de la más alta jerarquía en lo referente al manejo y control del sistema de carrera de los servidores públicos”(60).
6.1. La norma acusada en la presente causa es el artículo 134 de la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo”. Conforme lo indica la propia disposición, por su intermedio se modificó el artículo 3º del Decreto Ley 760 de 2005, “por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional del Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones”, expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el numeral 1º del artículo 53 de la Ley 909 de 2004.
6.2. El artículo 3º del Decreto Ley 760 de 2005, objeto de modificación por la norma acusada, era del siguiente tenor:
“ART. 3º— Los concursos o procesos de selección serán adelantados por la Comisión Nacional del Servicio Civil, a través de contratos o convenios Interadministrativos, suscritos con el Departamento Administrativo de la Función Pública, universidades públicas o privadas, instituciones universitarias o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Dentro de los criterios de acreditación que establezca la Comisión se privilegiará la experiencia e idoneidad del recurso humano que vaya a realizar los concursos.
6.6.1. Conforme lo ha señalado de manera reiterada esta Corporación, cuando se demandan apartes específicos de una norma, y se advierte que los mismos, aisladamente considerados, carecen de un alcance regulador propio y autónomo que permita llevar a cabo el examen de constitucionalidad, tal como ocurre en el presente caso, la Corte puede adoptar distintas medidas, entre otras, la de “extender el examen al resto del entorno normativo que, con lo acusado, alcanza un sentido inteligible e independiente”(61). Ello, en el entendido que, para emitir pronunciamiento de fondo respecto de demandas dirigidas contra fracciones normativas, se requiere garantizar, por una parte, que exista proposición jurídica integral en lo acusado y, por otra, que en el supuesto de que proceda una declaratoria de inexequibilidad, los contenidos restantes de la norma conserven coherencia y produzcan efectos jurídicos.(62)
6.6.2. Sobre el particular, ha puesto de presente la Corporación que, en los eventos en que se acusan apartes normativos que por sí mismos resultan incoherentes, se está en presencia del fenómeno jurídico denominado “proposición jurídica incompleta”, que, precisamente, opera “en aquellos casos excepcionales en que el actor no acusa una norma autónoma, por lo cual esta no puede ser estudiada, por carecer de sentido propio”.(63)
6.8.4. Así las cosas, la decisión adoptada en la Sentencia C-1175 de 2005, en torno a la declaratoria de inconstitucionalidad del aparte normativo del artículo 3º del Decreto 760 de 2005, que establecía que los concursos o procesos de selección serían adelantados por la CNSC a través de contratos suscritos con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en principio, no constituye un precedente aplicable al presente caso. Ello, en razón a que, a diferencia de lo estudiado en aquella ocasión, mientras el Departamento Administrativo de la Función Pública es un órgano del sector central de la administración y pertenece en forma centralizada a la Rama Ejecutiva del Poder Público, el ICFES es una entidad descentralizada por servicios que cumple funciones técnicas y especializadas en el ámbito del servicio público de educación, y frente al cual no es predicable la injerencia directa del Ejecutivo por su sola vinculación al MEN.
6.10.1. El acuerdo marco de precios, encuentra fundamento normativo en la Ley 1150 de 2007, “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos”. Dicha ley, para efectos de dar cumplimiento a su objeto, estableció cuatro modalidades de selección de contratistas en los procesos de contratación del Estado, a saber: (i) licitación pública, (ii) selección abreviada, (iii) concurso de méritos y (iv) contratación directa. (art. 2º).
6.10.2. En lo que toca con el mecanismo de selección abreviada, la ley dispuso que este “corresponde a la modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en que por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual”. Aclara dicha ley que una de las causales de selección abreviada es “La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos” (art. 2º).
6.10.3. Frente a la mencionada modalidad de selección abreviada, el inciso 2º, del literal a), del numeral 2, del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, incluyó los acuerdos marco de precios como una herramienta para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, propia de esa modalidad de selección. Para el desarrollo de esa alternativa, la citada norma facultó al Gobierno Nacional para señalar “la entidad o entidades que tendrán a su cargo el diseño, organización y celebración de los acuerdos marco de precios”. En cumplimiento de tal mandato, el numeral 7 del artículo 3º del Decreto 4170 de 2011, encargó a la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, entidad adscrita al Departamento Nacional de Planeación, del diseño, organización y celebración de los Acuerdos Marco de Precios.
6.10.4. En ese contexto, el acuerdo marco de precios consiste en un contrato “celebrado entre uno o más proveedores y Colombia Compra Eficiente, o quien haga sus veces, para la provisión a las Entidades Estatales de Bienes y Servicios de Características Técnicas Uniformes, en la forma, plazo y condiciones establecidas en este”(64). Desde ese punto de vista, los Acuerdos o convenio Marco de Precios “son una herramienta para que el Estado agregue demanda y centralice decisiones de adquisición de bienes, obras o servicios”, en el propósito de “producir economías de escala; incrementar el poder de negociación del Estado; y compartir costos y conocimiento entre las diferentes agencias o departamentos del Estado”(65).
6.10.5. Ahora bien, el Parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, además de reiterar la función que están llamados a cumplir los acuerdos marco de precios, como herramientas que permiten fijar las condiciones de oferta de la adquisición o suministro de bienes y servicios, establece también las reglas de vinculación de las entidades públicas a los mismos acuerdos marco. Con ese propósito, señala que para la Rama Ejecutiva del Poder Público en el Orden Nacional, sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el acuerdo marco tiene carácter vinculante, en las condiciones establecidas en los reglamentos. Del mismo modo, prevé que, para en el caso de los “Organismos Autónomos y de las Ramas Legislativa y Judicial, así como las Entidades Territoriales, las mismas podrán diseñar, organizar y celebrar acuerdos marco de precios propios, sin perjuicio de que puedan adherirse a los acuerdos marco a que se refiere el inciso anterior”.
6.10.8. Desde ese punto de vista, el mandato contenido en el inciso tercero del artículo 134 de Ley 1753 de 2015 que establece que “[l]os costos asociados a los concursos o procesos de selección deberán ser determinados a través de Acuerdos Marco de Precios…”, no afecta la autonomía de la CNSC ni el régimen de carrera, en cuanto que se trata de una modalidad de contratación que, de conformidad con los dispuesto en el parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007, puede ser diseñada, organizada y celebrada directamente por la CNSC. No obstante, sí podría resultar afectada la autonomía de la CNSC y el propio régimen de carrera, si se parte del supuesto que los acuerdos marco para fijar los costos asociados a los concursos o procesos de selección deben ser “establecidos, diseñados y adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente”.
6.10.10. En ese sentido, el inciso tercero del artículo 134 de la Ley 1753 de 2015, a través del cual se establece que: “[l]os costos asociados a los concursos o procesos de selección deberán ser determinados a través de Acuerdos Marco de Precios establecidos, diseñados y adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente”, será declarado exequible, en el entendido que tales Acuerdos Marco de Precios no tienen carácter vinculante para la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien podrá establecer, diseñar y adoptar sus propios acuerdos, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.
6.11. Con respecto al parágrafo transitorio, en la medida que el mismo se limita a permitir que la CNSC lleva acabo los procesos de contratación a través de la modalidad que legalmente le corresponda, hasta tanto Colombia Compra Eficiente adopte los acuerdos Marco de Precios, no se advierte que el mismo afecta su autonomía ni el régimen de carrera. Esto, sobre la base de lo previamente explicado, en el sentido que, en todo caso, los Acuerdos Marco de Precios no tienen carácter vinculante para la Comisión Nacional del Servicio Civil, y que es dicha Comisión quien puede establecer, diseñar y adoptar sus propios acuerdos, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.
1. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el inciso primero del artículo 134 de la Ley 1753 de 2015, salvo las expresiones “en su defecto” y “para tal fin” que se declaran INEXEQUIBLES.
2. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, la expresión “como el Icfes, para las inscripciones, el diseño, la aplicación y la evaluación de las pruebas; el Icfes podrá brindar su apoyo a uno o más concursos de manera simultánea”, contenida en el inciso segundo del artículo 134 de la Ley 1753 de 2015.
3. Declarar EXEQUIBLE el inciso tercero del artículo 134 de la Ley 1753 de 2015, en el entendido que tales Acuerdos Marco de Precios no tienen carácter vinculante para la Comisión Nacional del Servicio Civil, quien podrá establecer, diseñar y adoptar sus propios acuerdos, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 5º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007.
4. Declarar EXEQUIBLE, por los cargos analizados, el parágrafo transitorio del artículo 134 de la Ley 1753 de 2015.
47 Sentencia C-188 de 2006.
48 Sentencia C-188 de 2006.
49 Sentencia C-490 de 2011 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
50 Sentencia C-896 de 2012 (M.P. Mauricio González Cuervo).
51 Cfr. Sentencia C-832 de 2006, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
52 Al respecto ver las sentencias C- 372 de 1999 y C-1230 de 2005.
53 Sentencia C-1230 de 2005.
54 Sentencia C-372 de 1999, reiterada en las Sentencia C-1230 de 2005, entre otras.
55 Sentencia C-372 de 1999, reiterada en sentencias posteriores.
56 Sentencia C-753 de 2008. Lo cual quedó establecido desde la Sentencia C-1230 de 2005 y reiterado, entre otras, por las sentencias, C-1265 de la misma anualidad, C-109 de 2006 y C-471 de 2013.
57 Sentencia C-471 de 2013.
58 En la Sentencia C-1230 de 2005 se explicó este asunto en los siguientes términos:
59 Sentencia C-1230 de 2005.
60 Sentencia C-372 de 1999.
61 C-966 de 2012.
62 Cft. Sentencias C-565 de 1998, C-173 de 2001, C-635 de 2012 y C-966 de 2012, entre otras.
63 Sentencia C-409 de 1994, reiterada, entre otras, en las sentencias C-320 de 1997, C-930 de 2009 y C-966 de 2012.
64 Definido en el artículo 3º del Decreto 1510 de 2013, “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública”.