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Timestamp: 2018-11-13 03:51:58
Document Index: 249389707

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 110', 'artículo 940', 'artículo 956', 'artículo 31', 'artículo 113', 'artículo 2062', 'artículo 112', 'artículo 118', 'artículo 32', 'Artículo 2108', 'Artículo 2109', 'artículo 50', 'artículo 32', 'artículo 5', 'artículo 110', 'artículo 113', 'artículo 32']

Deducibilidad de indemnizaciones laborales - PDF
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Ana Belén Henríquez Maldonado
1 LABORAL Deducibilidad de indemnizaciones laborales 136 Lic. Víctor M. Barajas Barrera, Asociado El presente artículo 1 analiza la procedencia de la deducción de los pagos efectuados al trabajador por indemnización laboral en el caso más extremo de estos conflictos, que es aquel que ocurre cuando el trabajador demanda a su empleador ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y resulta favorecido con una sentencia que condena a su patrón a pagar diversas prestaciones 1 Con la colaboración y aportaciones de los licenciados Sofía Gómez Bautista y Raúl Beltrán García
2 INTRODUCCIÓN Como toda relación humana, las relaciones laborales entre empresas y trabajadores no son indefinidas y la mayoría de las veces (salvo en el caso de la jubilación), terminan por decisión de alguna de las partes. Si el trabajador decide separarse de la relación laboral, usualmente presenta la renuncia a sus derechos laborales, con lo que concluye su relación de trabajo de forma voluntaria y, por ende, la responsabilidad de la empresa de pagarle una indemnización por despido injustificado. En ese sentido, es claro que los pagos que efectúa la empresa como consecuencia de la separación del empleado de la relación de trabajo, constituyen ingresos para éste de los comprendidos en el Capítulo I De los ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado del Título IV De las personas físicas de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR) (artículo 110) y, por tanto, un concepto deducible para la empresa, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos de las deducciones, incluyendo el relativo a efectuar la retención del impuesto sobre la renta (ISR) correspondiente (artículos 31, fracción V; 112; 113, antepenúltimo párrafo, y 118, fracción I de la LISR). Sin embargo, en otras ocasiones, es el empleador quien decide dar por terminada la relación laboral, estando obligado en los términos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y de la Carta Magna a indemnizar al trabajador. De no hacerlo de manera adecuada o generarse una insatisfacción por parte del trabajador respecto de la indemnización, ello suele conducir a conflictos que pueden terminar siendo dirimidos en las juntas de conciliación y arbitraje. El presente artículo analiza la procedencia de la deducción de los pagos efectuados al trabajador por indemnización laboral en el caso más extremo de estos conflictos, que es aquel que ocurre cuando el trabajador demanda a su empleador ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y resulta favorecido con una sentencia que condena a su patrón a pagar diversas prestaciones, como pueden ser: el aguinaldo, la prima vacacional, horas extras, días festivos, comisiones devengadas no pagadas y reparto de utilidades, salarios caídos, así como la indemnización constitucional, consistente en tres meses de sueldo y la indemnización legal de 20 días por cada año laborado. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE LAUDOS LABORALES. El artículo 940 de la LFT establece que corresponde al presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje la ejecución del laudo laboral, para cuyo fin está facultado para dictar las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita. En ese sentido, en aquellos casos en que la sentencia condenatoria ha quedado firme y el patrón no ha formulado el pago dentro del plazo legal que otorga la ley (15 días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación), se faculta a la Junta a proceder al embargo de bienes, lo cual incluye los fondos de las cuentas bancarias de la empresa. El artículo 956 de la LFT dispone que: Si los bienes embargados fuesen dinero o créditos realizables en el acto, el Actuario trabará embargo y los pondrá a disposición del Presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago del actor. De ahí que es que una práctica común entre las juntas locales de conciliación y arbitraje, que se ordene embargar fondos suficientes de las cuentas bancarias del patrón, en cuyo caso las instituciones de crédito están obligadas a girar cheques en contra de la cuenta bancaria de éste, hasta por el importe de la condena (o del saldo total de la cuenta si no hay fondos suficientes para cubrir la condena en su integridad) y entregarlo al presidente de la Junta para su posterior cobro por el trabajador en ejecución del laudo laboral. En estos casos, es el presidente de la Junta quien ordena el embargo de los fondos de las cuentas bancarias y entrega al trabajador (actor) los cheques girados por el banco para su cobro inmediato. El principal problema radica en que la mayoría de las juntas locales de conciliación y arbitraje no actúan con la diligencia debida a efecto de retener el ISR a cargo del trabajador, que se encuentra obligado a efectuar el patrón al momento del pago con motivo de la terminación de la relación de trabajo. 137
3 138 Lo anterior nos lleva a analizar si el pago efectuado por el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje del laudo laboral es o no, deducible para el patrón para el ISR y si ello otorga el derecho a un crédito para el impuesto empresarial a tasa única (IETU), dado que: (i) no fue efectuada la retención del impuesto correspondiente al trabajador, y (ii) puede ser considerado como una indemnización por daños y perjuicios (no deducible). REQUISITOS DE LAS DEDUCCIONES DEL ISR No cabe duda que conforme a los artículos 106, 110 y 112 de la LISR, los ingresos que obtienen los trabajadores como consecuencia de la ejecución de un laudo laboral califican como ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, habida cuenta que en éstos se incluyen los salarios, demás prestaciones que deriven de una relación laboral y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. De ahí que el desembolso que afecta al patrón (o a través del retiro de recursos económicos de sus cuentas bancarias por el presidente de la Junta) con motivo del cumplimiento del laudo, califica como un gasto deducible siempre y cuando cumpla con los requisitos de las deducciones. Dentro de los requisitos de las deducciones previstos en el artículo 31 de la LISR, se encuentra el cumplir con las obligaciones en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros o que, en su caso, se recabe de éstos copia de los documentos en que conste el pago de los impuestos (fracción V). Sobre este particular, el artículo 113 de la LISR establece que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere ese Capítulo, dentro de los cuales se encuentran las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral, están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales los cuales tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. De lo anterior se advierte que sólo quienes efectúen pagos por los conceptos gravados por el Capítulo I del Título IV de la LISR están obligados a retener, en calidad de pago provisional, el impuesto que les corresponda pagar a los contribuyentes que reciban 2 Artículos 2065, 2066, 2067 y 2068 del CCF el pago; por lo que, a contrario sensu, tal obligación no es extensiva a quienes no efectúen pagos, como es el caso de los patrones (personas morales) a quienes se ejecute un laudo laboral mediante el embargo y retiro de fondos de sus cuentas bancarias. Por otra parte, el artículo 2062 del Código Civil Federal (CCF) dispone que pago o cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida, o la prestación del servicio que se hubiere prometido. Cabe señalar que el pago puede ser hecho por diferentes personas, como son: (i) el mismo deudor; (ii) sus representantes; (iii) por cualquiera otra persona que tenga interés jurídico en el cumplimiento de la obligación; (iv) por un tercero no interesado en el cumplimiento de la obligación, que obre con consentimiento expreso o presunto del deudor; (v) por un tercero ignorándolo el deudor, e incluso (vi) contra la voluntad del deudor. 2 En ese sentido, si bien en la especie puede existir un pago al trabajador, ello no significa que el mismo se efectúe directamente por el patrón ni por algún mandatario de éste, sino por mandato judicial. Más aún, en este caso el pago ni siquiera se hace con el consentimiento del deudor, y de forma debida, es decir, con la retención del pago de los impuestos respectivos que ordena la ley, sino que se efectúa por el presidente de la Junta en su carácter de autoridad judicial sin observar otras disposiciones jurídicas, como es aquella que ordena que del monto que se deba entregar el empleado, se separe ( retenga ) el ISR respectivo. De ahí que es posible concluir, que si bien en estos casos se realiza un pago al trabajador, el mismo no es efectuado por el patrón, pues de haberlo hecho éste hubiese podido dar cumplimiento a las obligaciones fiscales correspondientes que ordena la LISR, como son el retener el impuesto. Derivado de lo anterior, en estos casos el patrón no sólo queda liberado de la obligación de retener el impuesto a cargo del perceptor del ingreso, sino que está imposibilitado materialmente para hacerlo, habida cuenta que es el presidente de la Junta quien efectúa el pago con los recursos del patrón y, por ende, en quien recae la obligación de separar del monto del laudo una cantidad suficiente para retener
4 y enterar a las autoridades fiscales el impuesto correspondiente al mismo. Lo anterior se fortalece con el principio general de derecho que señala que: Ad impossibilia nemo tenetur, o Nadie está obligado a cosas imposibles, pues el pago no se hace con el consentimiento del patrón, quien en todo caso está imposibilitado para retener el impuesto respectivo. Cabe señalar que ello no significa que el trabajador quede relevado de su obligación de pagar el impuesto a su cargo, pues el artículo 112 de la LISR lo obliga, en lo personal, a calcular y enterar el impuesto anual correspondiente a los ingresos por pagos que perciba por separación laboral. En consecuencia, toda vez que el patrón no tiene la obligación en materia de retención y entero de impuestos a cargo de terceros, está facultado para realizar la deducción del gasto, sin necesidad de obtener la documentación en la que conste que el trabajador hubiere pagado el impuesto. Lo anterior con independencia de la responsabilidad solidaria en que incurre el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, por la ejecución de laudos de esta manera. Las mismas consideraciones aplican a lo dispuesto en el artículo 118, fracción I de la LISR, que obligan al patrón a retener al trabajador el ISR correspondiente a los pagos que le realice. INDEMNIZACIONES NO DEDUCIBLES PARA EL ISR El artículo 32, fracción VI de la LISR establece que no son deducibles para las personas morales: VI. Las sanciones, las indemnizaciones por daños y perjuicios o las penas convencionales. Las indemnizaciones por daños y perjuicios y las penas convencionales, podrán deducirse cuando la Ley imponga la obligación de pagarlas por provenir de riesgos creados, responsabilidad objetiva, caso fortuito, fuerza mayor o por actos de terceros, salvo que los daños y los perjuicios o la causa que dio origen a la pena convencional, se hayan originado por culpa imputable al contribuyente. De lo anterior se advierte que la LISR impide la deducción de las indemnizaciones por daños y 3 Artículo 2108 del CCF 4 Artículo 2109 del CCF perjuicios pagadas, salvo en algunos casos muy concretos en que la ley imponga la obligación de pagarlas por actos de terceros, a menos que los daños y perjuicios se hayan originado por culpa imputable al contribuyente. Jurídicamente, la indemnización por daños y perjuicios tiene lugar en el momento en que se origina una responsabilidad civil, como consecuencia del incumplimiento de una obligación contractual. La responsabilidad civil consiste en la obligación que tiene una persona de indemnizar a otra por los daños y perjuicios que se le han causado. El incumplimiento de una obligación contractual se actualiza cuando no se realiza o se abstenga de realizar una conducta previamente convenida en un contrato. Por daño se entiende: la pérdida o menoscabo que el contratante haya sufrido en su patrimonio por la falta de cumplimiento de la obligación. 3 Se reputa perjuicio a la privación de cualquiera ganancia lícita, que debiera haberse obtenido con el cumplimiento de la obligación. 4 En el caso que nos ocupa, es decir, en materia laboral, la existencia de la relación de trabajo no emana de la celebración de un contrato, pues es suficiente con que se produzca materialmente la prestación del servicio para que nazca la relación de trabajo. El contrato individual de trabajo solamente tiene por objeto establecer la forma y términos pactados entre las partes, por virtud del cual, una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de un salario. En ese sentido, al ser la materia laboral una rama del Derecho cuyos principios y normas jurídicas se rigen bajo un sistema normativo, heterónomo y autónomo, bajo ninguno de los apartados de la LFT se considera el pago de una indemnización por daños y perjuicios para el caso de no haber realizado o abstenerse de realizar una conducta previamente convenida en el contrato individual de trabajo; más bien, a lo que daría lugar, en términos de la legislación, es a la terminación de la relación de trabajo para el trabajador o para el patrón, dependiendo de la causa de incumplimiento. 139
5 140 Otra de las razones fundamentales por la cual la legislación laboral no contempla el pago de una indemnización por daños y perjuicios, recae en el principio fundamental de estabilidad en el empleo. De acuerdo con el jurista Mario de la Cueva, la indemnización laboral es sólo una forma de resarcir al trabajador, cuando por causas ajenas a él, se ve impedido a desempeñar su actividad ordinaria. Es de señalarse que, independientemente de las características doctrinales relativas a la indemnización por daños y perjuicios, encontramos que la indemnización laboral no deriva de la relación laboral, sino de la ruptura de ésta por causas imputables al patrón. Por lo que se refiere a los salarios caídos o vencidos, es importante destacar que la problemática de determinar la naturaleza jurídica de éstos, radica en la imprecisión y falta de rigor terminológico de la ley laboral, pues ésta parte del supuesto de que constituyen una indemnización generada por la violación patronal de los derechos del trabajador. Sin embargo, también se advierte la intención de utilizar el salario como una medida para calcular el importe de las indemnizaciones establecidas en el artículo 50 de la LFT (indemnización constitucional e indemnización legal). Por tanto, en realidad el término salario vencido es una consecuencia indemnizatoria, mas no una indemnización. En consecuencia, se puede afirmar que de las diversas prestaciones a que se puede condenar a un patrón en un laudo laboral, sólo los conceptos de indemnización constitucional y la consistente en el pago de 20 días de salario por año laborado constituyen verdaderas indemnizaciones laborales, en tanto que los demás conceptos que conforman la condena, constituyen prestaciones laborales que debieron haberse pagado al trabajador, por lo que constituyen prestaciones derivadas de la relación laboral que no se pagaron en su oportunidad. No obstante ser indemnizaciones laborales, los conceptos de indemnización constitucional y el pago de 20 días de salario por año laborado, no se identifican con la indemnización por daños y perjuicios a que se refiere el artículo 32, fracción VI de la LISR, por lo que a nuestro juicio, en los casos como el que se plantea, no existe impedimento legal para que el patrón proceda a la deducción del total del gasto erogado a favor del trabajador, con motivo de su separación laboral, incluso por lo que se refiere a indemnización constitucional y 20 días de salario por año laborado, antes referidos. CRÉDITO PARA IETU Si bien el artículo 5, fracción I, segundo párrafo de la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única (LIETU) determina la deducción de erogaciones como las que nos ocupan en este análisis (ingresos de los previstos en el artículo 110 de la LISR para la persona), los artículos 8 y 10 del mismo ordenamiento otorgan un crédito por las erogaciones efectivamente pagadas por remuneraciones por la prestación de un servicio personal subordinado, dentro de las que se incluyen las percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. En ese sentido, si bien las erogaciones que efectúan los patrones en los casos que nos ocupan, no son deducibles para el impuesto empresarial a tasa única (IETU), son acreditables el cálculo y entero de los pagos provisionales y del impuesto anual. Lo anterior sin perjuicio de lo dispuesto en el último párrafo de los artículos 8 y 10 de la LIETU, que establece que el crédito a que se refieren esos preceptos sólo será aplicable siempre que los contribuyentes cumplan con la obligación de enterar las retenciones a que se refiere el artículo 113 de la LISR, atendiendo a las mismas consideraciones antes señaladas. COROLARIO Considerando lo anterior, puede concluirse que el cumplimiento de un laudo laboral mediante la adjudicación que realiza el presidente de la Junta de fondos de la cuenta bancaria del patrón en beneficio del trabajador, sin haber retenido el ISR correspondiente al mismo, constituye un gasto deducible para el patrón para el ISR y un crédito aplicable contra el IETU, habida cuenta de la imposibilidad del patrón para efectuar la retención de impuestos y a que se trata de una indemnización diversa a la señalada por el artículo 32, fracción IV de la LISR.