Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/97421
Timestamp: 2019-10-22 16:41:53
Document Index: 300639816

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 81', 'Artículo 71', 'artículo 8', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 81', 'Artículo 81', 'Artículo 5', 'artículo 38', 'artículo 21', 'Artículo 5', 'artículo 21', 'artículo 81']

Gaceta: LXIV/1SPR-23/97421
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY GENERAL DE SALUD.
Quienes suscriben, Sen. Antares G. Vázquez Alatorre y Sen. Miguel Ángel Navarro Quintero, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el Artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 8, fracción, I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General para la Prohibición de la Fractura Hidráulica, al tenor de la siguiente:
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente adopta una posición federalista muy clara respecto a la atribución para normar las profesiones, ya que en su Artículo 5º establece que cada estado deberá determinar cuáles son las profesiones que necesitan Título Profesional para su ejercicio, así como las condiciones que deben cumplirse para obtenerlo.
Es así que el Congreso de la Unión promulgó la Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, el 26 de mayo de 1945, para regular el Ejercicio de las Profesiones del entonces Distrito Federal por lo que hace al orden común, y en toda la República en asuntos de orden federal; dando vida a la Dirección General de Profesiones (DGP) como la unidad responsable de vigilar el ejercicio profesional, además de ser el órgano de conexión entre el Estado y los Colegios de Profesionistas, ello con el fin de dar certeza a la sociedad de que quienes se ostenten como profesionistas, cumplan con la formación académica necesaria y los requerimientos legales para ejercer una profesión [*] .
Lamentablemente, por diversos factores de naturaleza conceptual, social, política y jurídica, la claridad que se aprecia en las normas constitucionales y el criterio jurisprudencial en materia de la competencia no se ha observado adecuadamente ni en los congresos locales ni a nivel federal, por lo que incluso en otras Leyes Generales se han producido antinomias jurídicas que conllevan graves costos sociales y económicos para nuestro país a causa de la invasión de facultades de una Ley sobre otra, ante la falta de armonización legislativa. Uno de los casos más evidentes es el que afecta directamente a las personas profesionales de la ciencia médica.
Quienes poseen un Título de Médico Cirujano o equivalente de acuerdo con la escuela o facultad de medicina que expidió el Título Profesional y que practican la medicina en general, atienden al 80 u 85 por ciento de los problemas de salud que afectan a la población mexicana [*] ; de sus conocimientos, habilidades, destrezas, actitud de humanismo y sentido de la responsabilidad no sólo depende el resolver satisfactoriamente las necesidades que en materia de salud tienen,
Es así como la reforma constitucional en materia de Salud publicada el 1 de septiembre de 2011 en el Diario Oficial de la Federación contiene una de las violaciones más graves al sistema jurídico mexicano, al otorgar en el artículo 81 de la Ley General de Salud, las siguientes facultades al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM):
Artículo 81.- La emisión de los diplomas de especialidades médicas corresponde a las instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.
Para la realización de los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.
El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de la misma en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.
Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas [*] .
Como se deriva de la Ley General de Profesiones, reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, los documentos legales para ejercer la profesión médica son los Títulos Universitarios y las cédulas Profesionales y de Especialidad que otorga la dirección General de Profesiones (DGP), que son requisitos básicos para solicitar la certificación y la recertificación de la Actualización Médica Continua.
Por lo que hace a las especialidades, la certificación y la recertificación, encontramos en la Ley General de Profesiones que:
ARTICULO 5o.- Para el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo comprobarse previamente:
1.- Haber obtenido título relativo a una profesión en los términos de esta Ley;
2.- Comprobar, en forma idónea, haber realizado estudios especiales de perfeccionamiento técnico científico, en la ciencia o rama de la ciencia de que se trate.
Por lo que hace a la certificación y recertificación, el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que:
I. al XV. …
XVII al XXXI. …
Por su parte, el artículo 21 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5°, mandata:
ARTICULO 21.- Dependiente de la Secretaría de Educación Pública se establecerá una dirección que se denominará: Dirección General de Profesiones, que se encargará de la vigilancia del ejercicio profesional y será el órgano de conexión entre el Estado y los colegios de profesionistas.
Es decir, la normativa PREVIA a la reforma constitucional otorgaba a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la facultad de vigilar el correcto ejercicio de las profesiones (certificación y recertificacion) mediante la Dirección General de Profesiones, con el auxilio –que no autorización– de las asociaciones de profesionistas, específicamente de los colegios.
La certificación profesional representa un medio idóneo para demostrar a la sociedad quiénes son los profesionistas que han alcanzado la actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional, obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización [*] .
Las asociaciones y colegios de profesionistas han desempeñado un papel destacado en la difusión de normas éticas y en el ejercicio honrado y digno de la actividad profesional. Algunos han desarrollado esquemas de evaluación y procedimientos para la certificación de los conocimientos y la experiencia de quienes ejercen una profesión con responsabilidad. Con estos procesos se han certificado profesionistas con diversos niveles de especialización.
La Secretaría de Educación Pública, en uso de las atribuciones que las normas legales le confieren, debe vigilar que los procesos de certificación de profesionistas cumplan con márgenes de seguridad jurídica, imparcialidad, honestidad y equidad, a efecto de evitar conflictos de intereses y calificar la idoneidad de esos procesos que las asociaciones y colegios de profesionistas realizan, ya que la certificación profesional es una evaluación del ejercicio de una profesión y la vigilancia de su correcto desempeño, que le corresponde a la autoridad educativa federal.
En consecuencia, en ejercicio de esta atribución, la Dirección General de Profesiones ha considerado necesario invitar a las asociaciones y colegios de profesionistas que califiquen como idóneas, a que realicen la vigilancia del correcto ejercicio de la profesión y, en consecuencia, obtengan de la Secretaría de Educación Pública la calificación de idoneidad de sus procesos de certificación profesional.
Como uno de los mecanismos para calificar la idoneidad de quienes ofrecen certificación de profesionistas, con fecha 22 de julio de 2004, la autoridad educativa federal instaló el Consejo Consultivo de Certificación Profesional, integrado por las autoridades en materia de profesiones de ocho entidades federativas; las Secretarías de Economía, Salud, Trabajo y Previsión Social y Educación Pública; la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos; la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C.
Con el apoyo de este Consejo, la Dirección General de Profesiones ha definido las características que deberán reunir las asociaciones y colegios de profesionistas que podrán ser considerados como idóneas para auxiliar a la Dirección General de Profesiones, en la vigilancia del ejercicio profesional en lo que se refiere al aspecto de la certificación profesional.
Sin embargo, la Reforma Constitucional en comento exentó de facto al Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas de todas las restricciones que la misma Ley General de Profesiones establece a las asociaciones que quieren participar de la evaluación de profesiones.
La facultad otorgada a la Conacem en la Ley General de Salud rebasa la facultad del Estado dada a la SEP mediante la Dirección General de Profesiones, que dejó de ser la única autoridad responsable –junto con las instancias educativas debidamente acreditadas– de otorgar cédulas de especialización, a tener que consultar de manera OBLIGATORIA la opinión de una asociación civil que, además, ha sido señalada reiteradamente de cobros exorbitantes a los profesionales de la medicina.
Tan solo en esta Legislatura, en un evento organizado por la Colegisladora, se hizo un reclamo público ante la poca transparencia y el uso de recursos del Comité, encargado de certificar a cada uno de los 140 mil médicos que se dedican a esa labor, por encima de la Secretaría de Educación Pública y de la propia Dirección General de Profesiones.
Bajo el argumento de que la Conacem opera con 47 consejos de especialidad, cuyas sedes tienen que ser sostenidas por lo que hace al pago de rentas, salarios y equipos, [*] lo que «justificaría» —bajo su criterio— que a cada uno de los 147 mil médicos especialistas se le cobren hasta 30 mil pesos por certificación y recertificación.
Sin embargo, las molestias son claras y constantes. «En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), estudiantes y médicos de carreras de pediatría y de oftalmología insistieron en la denuncia que debe ser la Secretaria de Educación Pública (SEP) quién lleve a cabo los procesos de certificación, ya que la Conacem funciona con opacidad y de manera arbitraria y así desmantelar el llamado «cartel de la salud».
“La Conacem supervisa, certifica o recertifica el entrenamiento, destrezas de habilidades con cobros de hasta 30 mil pesos, cuando debería de ser la SEP la que nos certifique; además, cuando se termina la carrera tenemos una cédula que avala que somos especialistas, al final de cuentas es un mecanismo ilegal y poco transparente”.
En este mismo sentido, especialistas señalan que resulta inadmisible que una asociación civil sea quien certifique o recertifique las habilidades médicas «cuando nosotros estamos en constante actualización».
«Este es un tema que se viene arrastrando desde hace ya mucho tiempo. Ahora para continuar trabajando es necesario recertificarnos cada 5 años. Además, es una asociación civil que se dice ser auxiliar del Gobierno y que cobra dinero sin que se sepa el destino de los mismos». [*]
Como expresamos al inicio de la Exposición de Motivos, la falta de armonización legal genera vacíos en los cuales se cometen excesos, pero también se abandonan otras responsabilidades legislativas que permiten fallos que ponen en franco riesgo la salud de la población mexicana, como ocurre en el otorgamiento de licencias de especialidad a personas que no han cursado los estudios necesarios y carecen de la práctica que los perfecciona, como en el caso de los mal llamados «médicos estéticos», que a la fecha operan al amparo de los vacíos legales, mientras que a médicas y médicos que han cursado una especialidad y cumplen todos los requisitos se les obliga al pago exorbitante de su cédula o certificación, ignorando todos los procesos educativos que han cursado desde la obtención de su Cédula Profesional como Médicos Cirujanos.
Ante el nuevo paradigma de gobierno bajo el principio de austeridad, es imperativa la modificación del Marco Normativo Legal que haya generado o genere estructuras paralelas al gobierno con una clara visión de negocios por encima del fortalecimiento del Estado.
A fin de brindar mayor certeza respecto a la modificación que a lugar debería realizarse, se incluye el siguiente cuadro comparativo:
El Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas tendrá la naturaleza de organismo auxiliar de la Administración Pública Federal a efecto de supervisar el entrenamiento, habilidades, destrezas y calificación de la pericia que se requiere para la certificación y recertificación de esta en las diferentes especialidades de la medicina reconocidas por el Comité y en las instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes.
Para la expedición de la cédula de médico especialista las autoridades educativas competentes solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas
Para la realización de todos los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de los mismos estos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes, que cumpla con los requisitos del párrafo inmediato anterior y que cuente con cédula de médico especialista.
Para La expedición de la cédula de médico especialista será responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones. solicitarán la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.
Por lo antes expuesto y fundado, sometemos a esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
ÚNICO. Se reforma el artículo 81 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue:
Para la realización de todos los procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad se requiere que el especialista haya sido entrenado para la realización de estos en instituciones de salud oficialmente reconocidas ante las autoridades correspondientes, que cumpla con los requisitos del párrafo inmediato anterior y que cuente con cédula de médico especialista.
La expedición de la cédula de médico especialista será responsabilidad de Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Profesiones.
SEGUNDO. Se tendrán por derogadas todas las disposiciones que contravengan el presente Decreto.
Dado en el Senado de la República, a los 17 días del mes de julio de 2019.
SEN. ANTARES G. VÁZQUEZ ALATORRE SEN. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO
[*] Información completa de la DGP, tal como sus funciones, fundamento y facultades se encuentran disponibles en el enlace http://168.255.251.96/ses/dgp/ Última revisión: 09 de junio de 2019.
[*] Información proporcionada por el Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense A.C.
[*] Negritas añadidas para énfasis.
[*] Información disponible en el enlace https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/direccion-general-de-profesiones-certificacion-profesional Última revisión: 09 de junio de 2019.
[*] https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/14/certificacion-de-especialistas-medicos-por-conacem-genera-polemica-1395.html
[*] https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/sociedad/medicos-y-estudiantes-se-unen-contra-el-cartel-de-la-salud-3849806.html