Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-783-de-septiembre-11-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041e64af034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-14 21:06:14
Document Index: 375963616

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﻿ SENTENCIA SU-783 DE SEPTIEMBRE 11 DE 2003 UNIFICACION
SENTENCIA SU-783 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2003
CONTENIDO:DERECHO A LA EDUCACIÓN. AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y LA POSIBILIDAD DE FIJACIÓN DE REQUISITOS DE GRADO. LAS UNIVERSIDADES, ORIENTADAS CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR UNA ÓPTIMA CALIDAD DE SUS EGRESADOS, PUEDEN EXIGIR COMO REQUISITOS DE GRADO LA PRESENTACIÓN DE EXÁMENES PREPARATORIOS, DIFERENTES TIPOS DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO, LA REALIZACIÓN DE CURSOS ESPECIALES PARA LA PROFUNDIZACIÓN EN DETERMINADOS TEMAS O LA DEMOSTRACIÓN SATISFACTORIA DEL DOMINIO DE OTRO IDIOMA. LO ANTERIOR, SIEMPRE Y CUANDO SEAN RAZONABLES Y RESPETEN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO A LA EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD, RÉGIMENES DE LA UNIVERSIDAD, DERECHO DE GRADO, ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
REVISTA TUTELA N°:48 DE DICIEMBRE DE 2003, PÁG.2279
Sentencia SU-783 de septiembre 11 de 2003
Sent. SU-783, sep. 11/2003. Ref. T-732143, T-731921, T-737573, T-744470, T-744456 y 750748
Peticionarios: Manuel Antonio Dueñas Narváez y otros.
Accionado: Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Pasto, Fundación Universitaria de Boyacá —Uniboyacá— y Universidad Libre, seccional Cali.
En el proceso de revisión de las sentencias proferidas por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el 28 de enero de 2003, y el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el 17 de marzo de 2003 (T-732143); el Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, el 13 de febrero de 2003, y el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto, el 17 de marzo de 2003, (T-731921); el Juzgado 1º Civil Municipal de Tunja, el 26 de febrero de 2003, y el Juzgado 4º Civil del Circuito de Tunja, el 20 de marzo de 2003 (T-737573); el Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto, el 13 de febrero de 2003, y el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, el 28 de marzo de 2003 (T-744470); el Juzgado 3º Penal Municipal de Pasto, el 3 de marzo de 2003, y el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto, el 9 de abril de 2003 (T-744456); y el Juzgado 19 Penal Municipal de Cali, el 17 de marzo de 2003, y el Juzgado 5º Penal del Circuito de Cali, el 2 de mayo de 2003 (T-750748).
Por auto del 6 de junio de 2003, la Sala Sexta de Selección decidió acumular al expediente T-732143 el expediente T-731921, por auto del 13 de junio de 2003, la misma Sala de Selección acumuló al T-731921 los expedientes T-737573, T-744456 y T-744470. Finalmente, por auto del 4 de julio de 2003 de la Sala Sexta de Revisión se acumuló el expediente T-750748 al proceso T-731921.
1. El señor Fernando Albeiro Araújo Ordóñez manifiesta que aprobó el plan de estudios en la facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, en el período académico comprendido entre el 1º de febrero de 1995 y el 10 de diciembre de 1999.
4. Señala que según el artículo 2º de la Ley 552 de 1999, la cual fue declarada exequible por la Corte Constitucional —salvo la expresión “antes de la entrada de la presente ley”, que se declaró inexequible—, para optar por el grado de abogado el alumno escogerá entre monografía jurídica y realización de judicatura.
5. Agrega que el 6 de diciembre de 2002, en ejercicio del derecho de petición, solicitó a la Universidad Cooperativa de Colombia —sede Pasto— que se le concediera el título de abogado sin necesidad de presentar los exámenes preparatorios, por haber cumplido con los requisitos señalados en la Ley 552.
1. Manifiesta el señor Manuel Antonio Dueñas Narváez, que cursó y aprobó el plan de estudios de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia en el período comprendido entre el 1º de febrero de 1994 y el 10 de diciembre de 1998.
3. Posteriormente realizó la práctica jurídica, como requisito de grado, la cual fue aprobada por el Consejo Superior de la Judicatura por medio de Resolución 415 del 29 de febrero de 2000.
4. Indica que la Ley 552 de 1999 señala en su artículo 2º que quienes hayan terminado las materias del pénsum académico elegirán entre la elaboración y sustentación de monografía jurídica y la realización de judicatura. Tal ley fue reglamenta por el gobierno mediante Decreto 2802 de 2001, el cual señala en su artículo 5º que “de conformidad con el artículo 2º de la Ley 552 de 1999, el estudiante que haya terminado las materias del pénsum académico, elegirá entre la elaboración y sustentación de una monografía o la realización de la judicatura.
6. El 9 de abril de 2002, la Universidad Cooperativa de Colombia negó tal solicitud, mediante Circular 138, en virtud de que aún no había realizado los exámenes preparatorios y estos, en concordancia con lo dispuesto por la Corte Constitucional en su Sentencia C-1053 de 2001 podían ser necesarios para obtener el título de abogado si así se disponía en ejercicio de la autonomía universitaria.
2. Indica que realizó la judicatura en el período comprendido entre el 22 de noviembre de 1999 y el 22 de agosto de 2001, en la Defensoría del Pueblo, regional Boyacá.
5. El 9 de mayo de 2002 —al día siguiente de resolver su solicitud— la universidad expidió el Acuerdo 339 “por el cual se establece el examen de grado para los estudiantes de carrera de derecho y ciencias políticas y se modifican los acuerdos 48 de 1995 y 166 de 1998”. Según la universidad, este acuerdo se hace extensivo y obligatorio para todos los graduandos que hayan terminado sus estudios, por lo que se vulnera el principio de irretroactividad de la ley. Indica el accionante que esta disposición es contraria a la Constitución, porque la universidad no puede establecer requisitos adicionales a los de ley para otorgar el título de abogado.
6. Agrega que el reglamento estudiantil de la entidad señala que “las carreras en las que existan normas de carácter obligatorio en la legislación colombiana, se aplicarán dichas normas”. En esa medida, los únicos requisitos exigibles son los señalados en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999, lo cual se ve confirmado, de acuerdo al peticionario, en el oficio del Icfes 63859 del 3 de septiembre de 2002 según el cual “de acuerdo con la sentencia a que se hace referencia (C-1053/01), los únicos requisitos que hoy en día se encuentran vigentes, fijados expresamente por el legislador, son los previstos en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999”.
7. Argumenta que si bien los requisitos pueden formar parte del plan de estudios o “esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que forman parte del currículo de los establecimientos educativos” (definición establecida en la L. 115/94, art. 79), la entidad accionada tergiversa lo establecido por la Corte Constitucional pues en la sentencia se señaló que las universidades “pueden exigir los exámenes preparatorios, u otros requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de estudios”. Sin embargo, dentro del plan de estudios de la accionada no se encontraban incluidos los exámenes preparatorios motivo por el cual no podían ser exigidos por disposiciones ajenas a tales planes.
2. Indica que aprobó su tesis de grado según Resolución 41 del 28 de marzo de 2001.
4. La universidad negó tal solicitud puesto que, según esta, para obtener el título de abogado debe cumplir con los requisitos señalados en la normatividad interna de la institución, desarrollados en ejercicio del artículo 69 de la Constitución (acuerdos 14 de nov./97 y 15 del 4 de dic./2002). La devolución de los dineros pagados por los tres exámenes preparatorios presentados fue negada puesto que en el reglamento sólo se contempla la devolución de dineros de matrículas.
Respuesta de la Universidad Cooperativa de Colombia —sede Pasto— en las tutelas T-731921, T-732143, T-744470 y T-744456.
Señala la universidad que el simple cumplimiento del plan de estudios no implica la expedición del título de profesional, sino que se deben agotar todos los requisitos exigidos por la universidad. En virtud de la aplicación del artículo 29 de la Ley 30 de 1992 —que desarrolla el alcance de la autonomía universitaria—, la universidad puede “darse y modificar sus estatutos (...) crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes títulos”.
Por último, argumenta que el Consejo de Estado conoció de una acción de cumplimiento (AC-5200123310002002075201) a través de la cual se pretendió exigir el grado sin preparatorios en virtud de la aplicación de la Ley 552 de 1999, y esta no prosperó por el alcance que le fijó la Corte Constitucional a dicha ley.
Respuesta de la Fundación Universitaria de Boyacá en la tutela T-737573.
Indica la accionada que, contrario a lo señalado por el accionante, lo que hace obligatorio los exámenes preparatorios es que estén contenidos en la estructura curricular —la cual incluye el plan de estudios, el sistema de evaluación, los proyectos de extensión, el perfil profesional y ocupacional y los requisitos de grado—, mas no en el plan de estudios.
Los alumnos al matricularse aceptaron el reglamento que, para todas las carreras que imparte la Fundación Universitaria de Boyacá, contempla el examen de grado o preparatorio. Así se señala en el artículo 96 del Acuerdo 16 de noviembre 16 de 1993: “para obtener cualquier título en la institución el candidato deberá cumplir con los siguientes requisitos: (...) presentar y aprobar los preparatorios en la carrera que los requieran”. Esta norma fue reproducida en los acuerdos 48 del 3 de mayo de 1995, artículo 96; 78 de 26 de junio 1996, artículo 96; 97 del 11 de abril 1997, artículo 96, literal d); 179 del 10 de diciembre de 1998, artículo 97, literal d); 215 del 30 de septiembre de 1999, literal d); 239 del 25 de mayo de 2000, artículo 97, literal d); 294 del 27 de abril de 2001, artículo 97, literal d) (actual reglamento estudiantil de la fundación Universitaria de Boyacá), y el Acuerdo 339 del 9 de mayo de 2002.
Refuerza su argumento con lo contemplado en el Decreto-Ley 196 de 1971 “por el cual se dicta el estatuto del abogado”, artículo 3º, según el cual “es abogado quien obtiene el correspondiente título universitario de conformidad con las exigencias académicas y legales”. Al ser una de las exigencias académicas la presentación de preparatorios, se debe cumplir esta para graduarse de abogado.
Por otro lado, indica que no se entiende cómo el accionante pide que no se le exijan los preparatorios y al mismo tiempo ha presentado dos de estos.
Con respecto a la aplicación de la Ley 552, artículo 2º, indica que si bien esta no contempla los preparatorios, su aplicación debe ser con posterioridad a su promulgación es decir el 1º de enero de 2000. A esto se añade que el entendimiento que la Corte Constitucional dio a la norma en la Sentencia C-1053 de 2001, el cual es definitivo, rige a partir del 4 de octubre de 2001, fecha en que se profirió el fallo, pues las providencias de esta corporación sólo tienen efectos a futuro. Por tanto, tal disposición legal no cobija al accionante toda vez que él terminó materias en el año 1999, época en la cual se encontraban plenamente vigentes los preparatorios.
Señala la universidad que esta sigue fielmente los parámetros señalados por la Constitución, la ley y, en especial, los indicados en su normatividad interna, fijada en virtud de la autonomía universitaria. Existe dentro de la universidad un reglamento de exámenes preparatorios el cual se estableció mediante los acuerdos 14 de noviembre de 1997 y 15 del 4 de diciembre de 2002.
El Juzgado 1º Penal Municipal de Pasto negó la tutela del señor Fernando Albeiro Araújo Ordóñez, mediante sentencia del 13 de febrero de 2003, por considerar que con la decisión de la accionada no se vulnera el derecho a la igualdad, puesto que el accionante no se puede comparar con estudiantes de otras universidades; tampoco se transgrede el libre desarrollo de la personalidad, ya que la universidad no le impide desarrollar sus aptitudes como persona. De igual manera, no se afecta el derecho al trabajo, puesto que obtener un título no es garantía de conseguir trabajo.
Mediante sentencia del 17 de marzo de 2003, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto revocó el fallo del a quo y concedió la tutela. Estima el juzgado que la Ley 552 derogó en su integridad el artículo 149 de la Ley 446 de 1998; no sólo en lo referente al servicio legal popular.
Por otro lado, indica, que si bien la Corte señaló que las universidades podrían introducir el requisito de preparatorios, esta consideración es un obiter dictum al no ser necesaria para tomar la decisión relativa a la constitucionalidad del artículo 2º de la Ley 552 de 1999. La decisión de la Corte se tomó teniendo en cuenta el derecho a la igualdad en la medida en que a todos los alumnos se les debería exigir iguales requisitos; por tanto la ley no debería tener su aplicación restringida a futuro. Dentro de los requisitos exigidos por la ley no se encontraban los preparatorios. En esa medida, por más provechosos que sean, no pueden ser exigidos por la universidad. La ratio decidendi de la Sentencia C-1053 de 2001 sólo indicaba que eran requisitos de grado la terminación y aprobación de materias del pénsum académico y a elección del egresado, la elaboración y sustentación de monografía jurídica o la judicatura.
En consecuencia, ordenó que en el término de 20 días se otorgara el título de abogado al señor Fernando Albeiro Araújo Ordóñez, sin establecer ninguna discriminación en el título so pena de incurrir en desacato.
Mediante sentencia del 17 de marzo de 2003, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto revocó el fallo del a quo y concedió la tutela con argumentos idénticos a los de la tutela T-731921.
El Juzgado 1º Civil Municipal de Tunja, en sentencia del 26 de febrero de 2003 tuteló el derecho a la educación, y al debido proceso del señor Ángel Francisco Ramírez López y ordenó señalar fecha para el grado del accionante “cuando reun[iera] los demás requisitos formales, establecidos por el reglamento estudiantil para tal efecto”.
Considera el juez que si bien al momento de ingreso a la universidad estaba establecido el requisito de los preparatorios, con la entrada en vigencia de la Ley 552 de 1999 éstos habían dejado de ser exigibles. No obstante, la Corte Constitucional había señalado en su Sentencia C-1053 de 2001 que las universidades en ejercicio de su autonomía podían señalar los preparatorios como requisito de grado. Sin embargo, tal señalamiento tenía efecto a futuro. En consecuencia, como el accionante había terminado materias con anterioridad a la sentencia, no le cubría las disposiciones de exámenes preparatorios que señalara la universidad con posterioridad al fallo (Acuerdo 339 de mayo 9/2002). Al haberse proferido la norma interna con posterioridad a la terminación por parte del accionante de requisitos de grado señalados en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999, no se podían menoscabar los derechos de grado adquiridos por el peticionario, los cuales entraron a su patrimonio cuando coincidieron los requisitos de ley y las circunstancias fácticas; es decir, antes de la sentencia de la Corte y el Acuerdo 339 del 9 de mayo de 2002.
El Juzgado 4º Civil de Circuito de Tunja, mediante fallo del 20 de marzo de 2003, confirmó la sentencia del a quo y, además, ordenó que se inaplicarán “por ser contrarios a la Constitución y a la ley, y para este caso en concreto (sic), el Acuerdo 339 del 9 de mayo de 2002 y el ordinal d) del artículo 97 del Acuerdo 294 del 27 de abril de 2001, proferidos por la Fundación Universitaria de Boyacá (...)”.
Considera el juzgado que la Ley 552, en su artículo 2º, estableció únicamente dos requisitos alternativos, de grado: monografía y judicatura. Si bien la Corte señaló en su Sentencia C-1053 de 2001 que las universidades pueden seguir exigiendo exámenes preparatorios como requisitos de grado, esta afirmación desborda y desconoce la facultad legislativa de exigir requisitos para obtener títulos que comprueben la idoneidad del estudiante. Al permitirle a las universidades que de acuerdo con su parecer establezcan los exámenes de grado se abre un camino para la vulneración del derecho a la igualdad de los estudiantes de derecho a nivel nacional.
La discrecionalidad permitida a las universidades en materia de preparatorios es contraria a la Constitución. Si bien se establece en la Carta la autonomía universitaria, ésta tiene como límites la Constitución y la ley y dentro de tales límites está el no usurpar funciones legislativas como lo es el imponer requisitos para obtener un título profesional —tal como fue señalado en la Sentencia C-606 de 2002—. Señala el juez que “solo el legislador puede exigir los requisitos que demuestren la idoneidad para optar un título (sic) y ejercer una profesión, con los límites que le señale la ley”.
Indica que la referencia hecha por la Corte a la posibilidad de fijar preparatorios no es vinculante puesto que no fue incluida en la parte resolutiva de la sentencia y tampoco se hace indispensable para comprender el contenido y alcance de esta. Por tanto, el requisito de preparatorios no puede exigirse. Por otro lado, indicó que si hay unos requisitos vigentes no se pueden exigir unos que no estén vigentes.
Las potestades universitarias se restringen a desarrollar, según su parecer, los requisitos establecidos por la ley. Es así como si existieran, por ley, exámenes preparatorios podrían, regular el número de ellos, el tiempo en que se presentan, la forma, y la nota aprobatoria, entre otros factores.
Con respecto a los derechos fundamentales que se invocaron como violados, considera que en efecto se vulneró el derecho a la educación porque le impusieron requisitos no contemplados en la ley para obtener su grado de abogado, lo que le ha impedido tener un título que le permita avanzar y especializarse en su formación profesional. Después de indicar que el proceso educativo requiere de regulación, la cual debe ser respetuosa de lo establecido en la Constitución y en la ley, afirma que la exigencia de preparatorios no respeta esos parámetros y, en consecuencia, vulnera el debido proceso. Con respecto al derecho al trabajo, indica que este implicaba que no se exigieran más requisitos de los “estrictamente mínimos” para optar por un cargo.
Solicitud de adición de sentencia presentada por la parte accionante.
Oposición a la solicitud de adición de sentencia.
Adición de sentencia.
Respaldándose en la Sentencia T-500 de 2002 que indicó que “en efecto, cuando otras personas se encuentran en condiciones jurídicas y fácticas comunes a las de quienes presentaron acción de tutela, la necesidad de protección efectiva de los derechos fundamentales, así como el carácter preventivo de la acción, autorizan al juez para que su orden se extienda en beneficio de aquellos”, el juez estimó necesario prevenir al rector de la Fundación Universitaria de Boyacá para que “en casos similares en sus aspectos de hecho y de derecho, como el del señor Ángel Francisco Ramírez López, y en lo que tiene que ver con las exigencias para obtener el título de abogado, que no son otros que los consagrados en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999, no v[olviera] a incurrir en la misma conducta y omisión, que motivaron la presente acción de tutela, so pena de ser sancionado de acuerdo al artículo 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991”.
Solicitud de aclaración de sentencia presentada por la parte accionada.
Negativa de aclaración de sentencia.
El Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto revocó el fallo del a quo mediante sentencia del 28 de marzo de 2003, por juzgar que la exigencia de preparatorios, como requisito para optar por el título de abogado, fue suprimida por la Ley 552 de 1999, al derogar el artículo 149 de la Ley 446 de 1998. Tal requisito no puede ser establecido por reglamentación interna de la accionada porque la autonomía universitaria sólo se puede ejercer en el ámbito de la ley y la Constitución.
Estima que el derecho a la educación se ve vulnerado en la medida en que al no obtener el grado, la accionante no ha podido iniciar sus estudios de posgrado. Igualmente, juzga afectado el derecho a la libertad de escoger profesión u oficio toda vez que el no otorgarle el título de abogado limita la realización de las expectativas personales de la peticionaria.
Por último indica que no procede otro mecanismo para proteger los derechos antes mencionados toda vez que la ley limita la procedencia de la acción de cumplimiento cuando se trata de la guarda, de los derechos fundamentales.
En consecuencia, ordenó a la Universidad Cooperativa de Colombia que en el término de veinte días hábiles posteriores a la notificación de la sentencia otorgara el título de abogada a Zuleny Marina Duarte Fajardo.
Además, para la fecha en que se matriculó María del Rosario Garzón en la Universidad Cooperativa, los exámenes preparatorios estaban debidamente estipulados como requisito para optar por el título de abogada, y lo estaban desde 1993. Quienes ingresan a una institución de educación superior aceptan libremente las normas internas de la universidad. De ese vínculo jurídico nace la obligación de cumplir las normas del establecimiento educativo.
El Juzgado 19 Penal Municipal de Cali, mediante sentencia del 17 de marzo de 2003 concedió la tutela al señor Luis Fernando García Fernández y ordenó iniciar los trámites para la graduación de este como abogado, previa presentación de los paz y salvo exigidos por la Ley 552 de 1999.
La determinación de la universidad se constituye en una “talanquera “legal”” para el ejercicio profesional del accionante como abogado.
1. Certificado de terminación de materias de Fernando Albeiro Araújo Ordóñez de la carrera de derecho expedido el 20 de enero de 2000 por la Universidad Cooperativa de Colombia, unidad descentralizada de Pasto.
5. Reglamento de la Universidad Cooperativa de Colombia (Res. 28/93) en el cual se señala en el artículo 107, parágrafo, que, para obtener el grado en la Universidad Cooperativa de Colombia “el requisito final exigido puede ser: monografía de grado, tesis de grado, taller de investigación, práctica profesional, seminarios taller, consultorio profesional, investigación dirigida, curso de perfeccionamiento o preparatorio. Cualquiera que sea el requisito adoptado, debe estar reglamentado por el respectivo consejo académico al momento de adoptar el plan de estudios de cada programa”.
6. Acuerdo 2 de 1994 según el cual (art. 1º) para obtener el título de profesional de abogado en la facultad de derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, deberán, entre otros requisitos, realizarse los exámenes preparatorios.
7. Resolución Rectoral 266 del 28 de julio de 1998 en la cual después de recordar que los examenes preparatorios son un requisito indispensable para obtener el título de abogado, se entra a definirlos.
8. Copia de la Resolución Rectoral 285 del 28 de septiembre de 1998 en la cual después de recordar que los exámenes preparatorios orales o escritos son un requisito indispensable para obtener el título de abogado, se definen estos.
9. Resolución Rectoral 517 del 27 de marzo de 2001 en la cual después de recordar que los exámenes preparatorios son un requisito indispensable para obtener el título de abogado, redefinen estos.
5. Acuerdo 10, del 5 de abril de 2002, de la Universidad de Antioquia según el cual se suprimen los exámenes preparatorios en el programa de derecho.
6. Sentencia del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto del 10 de septiembre de 2002 en la cual se tutelan los derechos al trabajo y a la educación de José Celimo Basante Muñoz y se ordena a la Universidad de Nariño otorgarle a este el título universitario de abogado, sin presentar exámenes preparatorios.
9. Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, del 10 de octubre de 2002, consejero ponente, Camilo Arciniegas Andrade, radicación 52001-23-31-000-2002-0897-01, en la cual se niega el cumplimiento del artículo 2º de la Ley 552 de 1999 en el sentido de no permitir la exigencia de preparatorios como requisito de grado, en virtud de que el imponer este requisito de grado es ejercicio de la autonomía universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia. Además, puesto que la Corte en la Sentencia C-1053 de 2001 ya había fijado el alcance de la ley en el sentido de permitir a las universidades exigir preparatorios, además de los requisitos señalados en el artículo 2º de la mencionada norma.
5. Resolución 1404 del 4 de junio de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura por medio de la cual se acredita el cumplimiento de la práctica jurídica del señor Ángel Francisco Ramírez López.
6. Acuerdo 8 de 1993 el cual señala en su artículo 8º que la universidad otorgará el título de abogado a los estudiantes que, entre otros requisitos, hayan presentado y aprobado los exámenes preparatorios.
7. Acuerdo 48 del 3 de mayo de 1995 por el cual se expide el reglamento estudiantil de la Fundación Universitaria de Boyacá —Uniboyacá—. En el artículo 96, literal e), se señala que para obtener cualquier título en la institución el candidato debe presentar y aprobar los preparatorios en las carreras que lo requieran.
8. Acuerdo 78 del 26 de junio de 1996 en el cual se modifica el reglamento estudiantil. En su artículo 95, literal d), indica que se deben presentar exámenes preparatorios, en las carreras que lo requieran, para obtener el título universitario.
9. Acuerdo 97 del 11 de abril de 1997 en el cual se modifica el reglamento estudiantil. En su artículo 95, literal d), indica que se deben presentar exámenes preparatorios, en las carreras que lo requieran, para obtener el título universitario.
10. Acuerdo 186 del 17 de septiembre de 1998 en el cual se reglamentan los exámenes preparatorios de la carrera de derecho y ciencias políticas de la universidad, en desarrollo del reglamento estudiantil, después de señalar que todos los estudiantes de la facultad de derecho para optar por el título de abogados deben presentar y aprobar los exámenes preparatorios.
11. Acuerdo 194 del 24 de marzo de 1999 en el cual se reforma el plan de estudios de la carrera de derecho y ciencias políticas. En este se enlistan las materias que deben ser aprobadas de 1º a 10 semestre y no se hace mención alguna de los preparatorios.
12. Acuerdo 215 del 30 de septiembre de 1999 en el cual se modifica el reglamento estudiantil. En su artículo 97, literal d), indica que se deben presentar exámenes preparatorios, en las carreras que lo requieran, para obtener el título universitario.
13. Acuerdo 294 del 27 de abril de 2001 por el cual se modifica el reglamento estudiantil, el cual indica en su artículo 97, literal d) que para obtener cualquier título en la institución se deben presentar y aprobar los exámenes preparatorios en las carreras que lo requieran.
14. Acuerdo 339 del 9 de mayo de 2002 en el cual se decide “mantener como requisito obligatorio de grado para optar por el título de abogado la presentación y aprobación del examen de grado”, el cual reúnen las características de exámenes preparatorios. Según el acuerdo, su ámbito de aplicación cubre a todos los estudiantes y graduandos de la carrera de derecho.
15. Respuesta dada el 3 de septiembre de 2002 por el Icfes a estudiantes de derecho, según la cual después de la Sentencia C-1053 de 2001 las universidades podían continuar exigiendo exámenes preparatorios y otros requisitos para otorgar el título de abogado. Indicó además que “se considera oportuno señalar que uno es el plan de estudios, el cual es el esquema estructurado de asignaturas con su respectiva intensidad horaria y el otro el plan curricular, el cual además del primero, incluye (...) inclusive los requisitos de grado, que se deben fijar según los propósitos de formación”.
2. Certificado de terminación de consultorio jurídico de la señora Zuleny Marina Duarte.
3. Resolución 2262 del Consejo Superior de la Judicatura, mediante la cual se acredita el cumplimiento de la práctica jurídica, como requisito para optar por el título de abogado.
2. Resolución 880 del 15 de abril de 2002 mediante la cual el Consejo Superior de la Judicatura acredita la realización de judicatura por parte de la accionante.
3. Derecho de petición presentado por la accionante a la Universidad Cooperativa de Colombia en el cual indica que ya ha cumplido los requisitos legales para la obtención del grado de abogada y pide se le otorgue este.
4. Respuesta del derecho de petición dada por la Universidad Cooperativa el 7 de mayo de 2002. En esta se señala que aun se encuentran vigentes los exámenes preparatorios como requisito de grado, puesto que el Decreto 1221 de 1990 no ha perdido vigencia y, además, estos están consagrados en la normatividad interna de la universidad.
5. Acuerdo 14 de noviembre de 1997 en la cual se señala la exigencia de exámenes preparatorios como requisito de grado, se definen y se señala que serán aplicados a estudiantes y egresados no graduados.
6. Acuerdo 15 de diciembre de 2002 en el cual reitera la exigencia señalada en el Acuerdo 14 de 1997 y redefine algunos aspectos conceptuales.
Insistencia para la selección de los expedientes T-731921, T-732143 y T-737573.
I. El juez de tutela no puede adicionar su propio fallo.
Vencido el plazo de los veinte días o proferido el fallo, bien sea revocatorio o confirmatorio, “dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión” (D. 2591/91, art. 32). Es decir que, después de la fecha del fallo de segunda instancia, no hay lugar a actuación alguna diferente a la de notificación de la sentencia y remisión del expediente a la Corte Constitucional. Por consiguiente, no hay lugar para la adición de sentencia.
El objetivo de la segunda instancia es confirmar la decisión del a quo, o modificarla o revocarla, si el fallo impugnado carece de fundamento. Así lo determina el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La “adición” no se ha establecido en norma alguna del decreto en mención. Si se incurrió en alguna omisión por el juzgador de instancia, la vía adecuada para subsanarla es la revisión ante la Corte Constitucional.
Es importante resaltar que el Decreto 2591 de 1991 señala el procedimiento de la tutela. La remisión al Código de Procedimiento Civil está mencionada en el Decreto 306 de 1992, pero únicamente respecto de “los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a[l Decreto 2591 de 1991]”, no respecto de todas las normas del Código de Procedimiento Civil. El artículo 4º del Código de Procedimiento Civil, dice en su parte final: “...Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código, deberán aclararse mediante la aplicación de los principios generales del derecho procesal, de manera que se cumpla la garantía constitucional del debido proceso, se respete el derecho de defensa y se mantenga la igualdad de las partes”. No puede considerarse como principio general del proceso la facultad de adición de fallos.
Lo anteriormente señalado no obsta para que el juez de tutela pueda tomar decisiones con respecto al caso, con posterioridad a la sentencia, si estas son relativas a la garantía del cumplimiento de la sentencia. Lo anterior en virtud de la competencia señalada en el Decreto 2591 de 2001, artículo 27:
Cuando hay incumplimiento deliberado de una orden de dar o de hacer o de no hacer, el juez que tenga competencia hará cumplir la orden con fundamento en los artículos 23 y 27 del Decreto 2591 de 1991. Si adicionalmente se ha propuesto el incidente de desacato, aplicará la sanción teniendo en cuenta que en este la responsabilidad (sic)subjetiva.
Si considera que la orden ya se cumplió, cesa en su competencia y por consiguiente también finaliza el incidente de desacato que estuviere en trámite” (1) .
(1) Ver Sentencia T-458 de 2003, M.P. Marco Geranio Monroy Cabra (en esta ocasión la Corte conoció de una sentencia en la cual se consideraba que había existido un desacato de una sentencia de esta corporación que el tribunal competente para conocer del incidente no había reconocido).
II. Autonomía universitaria y posibilidad de fijación de requisitos de grado
1. Riesgo social del ejercicio de ciertas profesiones y papel de las universidades en su manejo.
En los incisos 5º y 6º del artículo 67 de la Constitución Política se establece:
La Corte definió la autonomía universitaria como la “(...) capacidad de autorregulación filosófica y de autodeterminación administrativa y por ello al amparo del texto constitucional cada institución universitaria ha de contar con sus propias reglas internas (estatutos), y regirse conforme a ellas; designar sus autoridades académicas y administrativas; crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir, y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales; otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos, adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional” (2) .
(2) Ver Sentencia T-310 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero (en esta ocasión la Corte denegó la tutela a varios estudiantes de una institución universitaria en la cual no se les había permitido la matrícula extemporánea, a pesar de que antes la universidad había accedido a esto. La Corte consideró que la actitud de la universidad se acogía a lo dispuesto en los reglamentos de la institución, establecidos en ejercicio de la autonomía universitaria, motivo por el cual la conducta de la entidad accionada era legítima). Este concepto de autonomía universitaria fue reiterado en la Sentencia C-1435 de 2000, M.P. Cristina Pardo Schlesinger (la Corte encontró que la facultad de las universidades estatales para regular lo referente a su seguridad social era contraria a la Constitución, porque el campo de la autonomía universitaria no comprendía aspectos que, como este, estaban reservados al legislador).
Por ejemplo, en la Sentencia C-505 de 2001, en la cual se estudiaba la exequibilidad de una norma que exigía título profesional para el ejercicio de la biología, se dijo que la aplicación de los conocimientos científicos afectaba directamente la realidad circundante, porque la interpreta y transforma, y por tanto los resultados científicos tenían consecuencias en la noción social del entorno. Dijo la sentencia que “se sabe que esa influencia, provechosa y útil en los más de los casos, puede devenir en perjudicial para el ser humano”.
Ahora, para la Corte es claro que una vez identificada la posibilidad de existencia de riesgo social para que el legislador entre a regular el ejercicio de una determinada labor, se necesita que “la actividad gener[e] (i) un riesgo de magnitud considerable, (ii) que es susceptible de control o de disminución a través de una formación académica específica” (3) .
(3) Ver Sentencia C-964 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero (en esta ocasión se determinó que para trabajar en el oficio conocido como “maestro de obra” se requería el título de técnico en construcción, para cuya obtención se necesitaba cumplir con los requisitos establecidos en la ley, por el riesgo social que esto implicaba. Por tanto, declaró exequible la norma que así lo disponía).
2. Las universidades pueden exigir requisitos que garanticen la mejor calidad de la educación de sus estudiantes.
2.1. En conexión con lo anterior, la Corte ha considerado que las entidades de educación superior, en desarrollo de su autonomía universitaria, están facultadas para tornar medidas en su normatividad interna que garanticen una mejor calidad de la educación. Eso en virtud del rol que posteriormente el profesional va a jugar en la sociedad. Por ejemplo, en una ocasión en la cual se analizaba la legitimidad de la fijación de un determinado promedio de calificaciones para los estudiantes dijo la corporación:
“Los establecimientos de educación superior mediante la expedición de sus normas, en virtud de la garantía institucional de la autonomía, deben procurar por la calidad de la educación. De ahí la importancia de la autorregulación universitaria para que, en ejercicio de la misma, se señalen unas pautas mínimas para que la enseñanza responda a las expectativas y necesidades sociales, dicho en un concepto de calidad de la educación que también tiene consagración constitucional. Por tanto, la conducta de la Universidad de Sucre no lesiona el derecho a la educación, pues no está impidiendo el acceso de los estudiantes a la universidad, sino procurando el respeto a la calidad académica, que es consustancial a la naturaleza y función de la universidad” (4) . (negrilla ajena al texto)
(4) Ver Sentencia T-61 de 1995, M.P. Fabio Morón Díaz (la Corte estudiaba si el hecho de imponer la nota de 35 para aprobar una de las materias de la carrera universitaria que cursaban los accionantes constituía una vulneración al derecho a la educación. La tutela fue negada por estimar que más que una vulneración era una garantía en el sentido de derecho-deber de la educación). En el mismo sentido T-196 de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa (en esta ocasión la Corte denegó la tutela a una estudiante de especialización que consideraba que la exigencia de mantener un promedio superior a 3.5 impuesta por la universidad contrariaba su derecho a la educación. La Corte, al contrario, encontró que esta era una medida para garantizar la calidad de la educación).
“La universidad hace suyo el poder propio del saber, pero sin menoscabo de los valores consagrados constitucionalmente. Esto no obsta para que las universidades en procura de formar individuos en la ciencia y el saber determinen los mecanismos académicos capaces de comprobar la idoneidad del educando. En efecto, la universidad debe trasmitir al interior de la comunidad universitaria los mayores niveles de exigencia, en razón de obtener una integral formación. Razón por la cual los reglamentos académicos señalan las reglas de juegos a las que se compromete el estudiante una vez éste por su propia voluntad decide ingresar a la institución, previo proceso de selección efectuado por el establecimiento universitario” (5) .
(5) Ver Sentencia T-515 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero (arriba reseñada).
En procura de un mejoramiento académico de los egresados, también se ha considerado legítima la exigencia del dominio de un determinado idioma. La Corte ha considerado que “la decisión en cuestión no transgrede desproporcionada e irrazonablemente los derechos fundamentales de la accionante, como quiera que se fundamenta en una política loable de mayor preparación para la práctica de la tecnología en administración financiera” (6) .
(6) Ver Sentencia T-669 de 2000, M.P. Alejandro Martínez Caballero (en esta ocasión se negó la tutela a una estudiante que consideraba que la universidad no le podía exigir el requisito del idioma ingles para la obtención de su título profesional puesto que para el momento de su ingreso a primer semestre de universidad(sic). La Corte, además de encontrar aceptable esta exigencia en el caso concreto la encontró exigible puesto que tal obligación había sido impuesta cuando la estudiante aún no tenía consolidados el resto de sus requisitos de grado).
“la exigencia a que se encuentran sometidos los profesionales de la salud —no sólo de los médicos residentes que interponen esta acción, sino de los demás estudiantes y los mismos facultativos— resulta más intensa que la de otras profesiones liberales; pero también debe admitirse que la responsabilidad que recae sobre ellos, es sin duda enorme: la preservación de la salud y de la vida. Esto lo saben los estudiantes cuando ingresan a las aulas y lo viven a lo largo de su carrera, como una realidad impuesta por su vocación médica.
En estas condiciones, para la Sala resulta justificado y razonable que el programa académico de especialización de la institución accionada contenga las exigencias horarias aquí comentadas, pues además de hacer parte de los puntos cuya regulación está sometida a la autonomía de la institución, reflejan el interés de la misma por impulsar médicos de alta competencia profesional” (7) . (negrilla ajena al texto)
(7) Ver Sentencia T-585 de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
Para el caso en estudio, es de trascendental importancia señalar que la Corte ya había conocido de un caso en el cual para la obtención del grado universitario se exigía la presentación de un examen preparatorio una vez terminadas las materias del pensum académico. En la Sentencia T-870 de 2000, magistrado ponente Alejandro Martínez Caballero se estudiaba la situación de dos alumnas de fisioterapia cuya institución universitaria había establecido la presentación de un preparatorio.
Ellas alegaban que tal obligación no las cubría porque para el momento en que habían ingresado a la carrera este requisito no estaba vigente y ellas habían empezado a desarrollar, con aval de la universidad, el trabajo que anteriormente se tenía como único requisito de grado.
La Corte señaló primero que “la universidad puede libremente colocar nuevos requisitos razonables dentro de sus expectativas académicas, —como por ejemplo el preparatorio que se indica—, pero sin desvirtuar los derechos ya consolidados de algunos estudiantes que se acogieron de buena fe a las opciones establecidas por la misma universidad durante más de cuatro semestres, al cursar la materia denominada “programa fin de carrera” para lograr el título académico. Otra cosa ocurriría frente a los estudiantes que no hubiesen optado por la opción en mención, no hubiesen cursado las materias correspondientes y no hubiesen pagado por los derechos acreditados en la opción A” (negrilla ajena al texto); posteriormente, en el análisis de los casos concretos encontró que una de las estudiantes había solicitado reintegro a la universidad y para hacerlo la institución había exigido acogerse a las normas vigentes, entre ellas la exigencia de preparatorio. En esa medida a ella sí le eran exigibles tales exámenes, mientras que a la otra alumna no, porque la cobijaba la normatividad anterior. Es de resaltar que en esta ocasión la obligación había sido impuesta directamente por la universidad, sin que la ley previamente la hubiera señalado como requisito de grado para fonoaudiología, tal y como ocurre en los casos bajo estudio.
Se hace necesario reiterar que las universidades, en ejercicio de su autonomía constitucionalmente garantizada no sólo pueden imponer exámenes preparatorios, sino diferentes tipos de pruebas de conocimiento, la realización de cursos especiales para la profundización en determinados temas, o —como ya lo ha reconocido la jurisprudencia de la corporación antes citada— la demostración satisfactoria del dominio de un idioma, siempre y cuando sean razonables y respeten la Constitución Política. Estos requisitos impuestos por las universidades para la obtención del grado académico deben cobijar por igual a todos los estudiantes de la institución.
Ahora bien, las universidades pueden establecer diversos requisitos de grado académico, sin perjuicio de los requisitos para el ejercicio de la profesión que establezca la ley, conforme al artículo 26 de la Constitución. Los requisitos para el ejercicio de la profesión de abogacía son iguales y derivan de la ley, conforme a la Constitución, artículo 26.
3. La Sentencia C-1053 de 2001 avaló de manera clara y expresa la posibilidad de que las universidades fijaran exámenes preparatorios como requisito para obtener el título de abogado.
En consideración de la autonomía universitaria, la Sentencia C-1053 de 2001, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis, dejó claro que si bien la Ley 552, artículo 2º había derogado en su totalidad el artículo 19 de la Ley 446 de 1998, el cual fijaba de manera expresa los exámenes preparatorios como requisito de grado, las universidades podían establecer dichas, pruebas para otorgar el título de abogado. Dijo la corporación:
““No obstante, habiendo establecido la Corte que dichos exámenes no se encuentran entre los requisitos impuestos por el legislador para que las universidades puedan otorgar el título de abogado —aunque pueden estar consignados en los planes de estudios diseñados y desarrollados por las universidades con el [fin de otorgar el título de abogado]— corresponde evaluar la constitucionalidad de la distinción existente, en cuanto impone a algunos de los estudiantes que culminaron las materias del plan de estudios de derecho, optar por la elaboración de una monografía jurídica o el desempeño de la judicatura”.
No obstante cabe precisar que los establecimientos educativos que imparten formación a quienes aspiran a obtener el título de abogado, pueden exigir los exámenes preparatorios u otros requisitos distintos a los vigentes para otorgar el título de abogado de acuerdo con sus planes de estudios, con miras al cumplimiento de los objetivos y propósitos de los mismos, en ejercicio de la autonomía universitaria que les reconoce artículo 69 constitucional”. (negrilla ajena al texto)
En la educación formal, dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con el proyecto educativo institucional y con las disposiciones legales vigentes”.
A su vez, el artículo 76 de la Ley general de educación define currículo como “el conjunto de criterios, planes de estudios, programas, metodologías, y procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional”.
Es decir, dentro del currículo que es el conjunto de elementos que contribuyen a la formación integral, a la construcción de la identidad cultural, y demás aspectos señalados en el artículo 76 se encuentra el plan de estudios que está compuesto por los campos de conocimiento o áreas —símil que se puede establecer tomando en cuenta el artículo 23 de la ley en mención—. Si el concepto plan de estudios se toma en sentido estricto (el señalado en la ley), se observa que dentro de este no se podrían incluir los exámenes preparatorios puesto que si bien estos evalúan áreas, como conjunto de asignaturas vistas en la carrera de derecho, no constituyen un área de la carrera de derecho. La conexión entre plan de estudios y exámenes preparatorios se daría en la medida en que los segundos son la evaluación posterior a la terminación del plan de estudios, en sentido estricto, pero no en la inclusión expresa de los primeros dentro del plan.
Se podría argumentar que tales asuntos no tienen relación con la parte resolutiva de la sentencia puesto que para entender que la expresión “antes de la entrada en vigencia de la presente ley” —anteriormente contenida en el artículo 2º de la Ley 552 de 1999— era inexequible por vulnerar el derecho a la igualdad en la medida que los alumnos que terminaron materias de la carrera de derecho antes del 30 de diciembre de 1999 tenían que cumplir o bien con una monografía o con la judicatura para poder graduarse como abogados, mientras que quienes terminaron después de dicha fecha no tenían tal obligación, no es necesario saber si las universidades pueden o no fijar los exámenes preparatorios como requisitos de grado y que, en esa medida, la referencia a estas pruebas, hecha en la sentencia, no es criterio obligatorio.
Por último, vale la pena señalar que el entendimiento de la Sentencia C-1053 de 2001 arriba señalado no es resultado aislado de la lectura del fallo, sino producto de una interpretación sistemática de la jurisprudencia de la Corte en la materia, la cual fue reseñada en el numeral 2º de la presente sentencia.
4. Derecho a la educación implica el deber de cumplir con los requisitos señalados en los reglamentos del establecimiento educativo siempre que sean razonables y respeten la Constitución Política.
La educación es un derecho-deber que conlleva el cumplimiento de las cargas que razonablemente haya impuesto la institución. La Corte ha afirmado que no se puede considerar violado tal derecho si no se ha cumplido con lo establecido en los reglamentos universitarios. Ha dicho la corporación:
“La universidad, goza de autonomía para determinar el nivel de exigencia de sus estudiantes y en razón u esto puede determinar sobre cuáles parámetros, estarán diseñados los sistemas de evaluación académica.
Si bien existe el derecho a la educación como fundamental, dicho derecho comporta el cumplimiento de ciertos deberes y obligaciones para el estudiante, deberes y obligaciones que cada centro, universitario podrá, dentro de la órbita de su autonomía y con respecto a la ley establecer en otras palabras, el goce de ese derecho impone el cumplimiento de ciertos deberes como requisitos indispensables para que pueda no solo acceder a un determinado establecimiento educativo, sino pertenecer en él hasta la culminación de los estudios que hubiere iniciado (8) .
(8) Ver Sentencia T-515 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero (en esta ocasión la Corte conoció de una tutela en la cual una estudiante de música había sido excluida del establecimiento universitario por haber perdido una materia de su “énfasis”, lo cual consideraba desproporcionado y violatorio del derecho a la educación. La corporación estimó que la medida tomada por la universidad no constituía una violación a este derecho puesto que la institución en ejercicio de su autonomía universitaria había fijado en su reglamento como causal de desvinculación del establecimiento el haber perdido esa materia. Recordó la Corte que la educación era un derecho-deber que imponía cumplir con lo dispuesto en los reglamentos de las instituciones educativas).
“Los reglamentos se instituyen, en ese orden de ideas, con el objeto de establecer pautas obligatorias de la estructura interna de los centros educativos, acorde con su misión y fines, así como regulatorias de las relaciones entre las partes del proceso educativo, para facilitar los logros del desarrollo de la formación académica de los educandos, en particular, y del proceso educativo, en general, lo cual redunda en la vigencia del derecho a la educación de todos los estudiantes” (9) .
(9) Ver Sentencia T-974 de 1999, M.P. Álvaro Tafur Galvis (la Corte conoció de una tutela en la cual un alumno de una institución universitaria había pagado extemporáneamente la matrícula, según lo señalado en el reglamento interno —limitación que de manera abstracta se encontró legítima—. No obstante esto lo había hecho con aval de una de las instancias de la universidad, por tal motivo se tuteló el derecho a la educación y se ordenó que se permitiera seguir estudiando al accionante). En el mismo sentido T-460 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis (un esta ocasión se negó la tutela a un estudiante que había intentado formalizar extemporáneamente la matrícula lo cual no había sido permitido por la universidad, puesto que él había incumplido con las fechas indicadas dentro del reglamento estudiantil).
Así, una vez el alumno se matricula en determinada institución educativa de carácter universitario adquiere la obligación de cumplir con lo indicado en los reglamentos (10) educativos dispuestos en ejercicio de la autonomía universitaria, y la universidad, en la medida en que esto se cumpla, queda obligada a suministrar la educación en la forma ofrecida en sus programas. Los reglamentos universitarios son normas vinculantes para la comunidad educativa.
(10) Ver Sentencia T-672 de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara (en esta ocasión la Corte conoció de una tutela en la que sin justificación reglamentaria se había negado la admisión de los accionantes a una universidad, luego —a manera de dádiva— se había permitido la misma y después se había revocado tal decisión. La Corte encontró que la no admisión de los accionantes no tenía sustento reglamentario y además no se había respetado el debido proceso. En esa medida, concedió la tutela y ordenó el ingreso de los demandantes a la universidad).
Según el artículo 1º del Decreto 2591 de 1991 “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, ... la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales...”. El artículo 10 del mismo decreto al hablar de la legitimidad para instaurar la acción, la limita a “...cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante”. De lo anterior se deduce, a primera vista, que el efecto del fallo de tutela proferidos en instancia es “inter partes”.
Empero, tratándose de una sentencia de revisión de la Corte Constitucional, la situación es diferente porque la corporación, como guardiana de la Constitución, puede ir más allá del simple efecto inter partes y de los llamados a prevención por lo siguiente:
a) El interés principal de la revisión es el de unificar la jurisprudencia y dar pautas en la defensa de los derechos fundamentales, por eso, cuando hay modificación de un criterio jurisprudencial la determinación debe tomarse por Sala Plena. Por la misma razón todos los jueces deben respetar la posición que la Corte adopte porque sería un absurdo que la jurisprudencia sólo incidiera en las decisiones de la propia Corte Constitucional y no de la totalidad de los integrantes de la jurisdicción constitucional.
Las salas de revisión de la Corte Constitucional están llamadas a guardar fidelidad a la doctrina de la corporación, pues no de otro modo se explica que el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991 disponga que “Los cambios de jurisprudencia deberán ser decididos por la Sala Plena de la Corte, previo el registro del proyecto de fallo correspondiente”.
Los jueces de tutela deben atenerse a las pautas doctrinales elaboradas por la Corte, como resultado de la interpretación de las normas que consagran los derechos constitucionales fundamentales. Esto tiene que ver con la unidad de la jurisdicción constitucional, en su aspecto material. Adicionalmente, con la certeza del derecho y la seguridad jurídica que, al realizarse, contribuyen a la finalidad última de la unificación que es la real vigencia de los derechos fundamentales de los asociados, en condiciones de igualdad;
b) No tiene sentido que se fallen tutelas de manera distinta para casos iguales al que ya haya sido fallado por la Corte Constitucional. Si las ramas del poder público deben actuar armónica y coordinadamente (C.P. art. 113), con mayor razón los jueces constitucionales tratándose de la protección de los derechos fundamentales. No tiene presentación que la Corte Constitucional tenga que estar revisando fallos que no se ajustan a su jurisprudencia permanentemente, para reiterar lo que ha sido determinado no solo en sentencias de tutela, sino en sentencia de constitucionalidad, que produce efectos de cosa juzgada constitucional.
Ya, en ocasiones, se han dado órdenes generales para evitar la repetición de violaciones a los derechos fundamentales (T-068/98, SU-225/98, SU-559/97, entre otras). Este proceder se ubica, también, dentro de la búsqueda de la igualdad;
c) La Corte Constitucional, en auto 71 del 27 de febrero (11) , habló del efecto inter pares, es decir que una jurisprudencia surte efectos respecto de todos los procesos semejantes para asegurar la efectividad del principio de supremacía constitucional. En los términos de la propia Corte Constitucional:
(11) Un esta ocasión la Corte con ocasión del conocimiento de un conflicto de competencia entre un juzgado civil del circuito y un juzgado civil municipal, en virtud del alto número de casos que se habían presentado con aspectos de fondo altamente similares, determinó que para todos los casos en los cuales se presentara un conflicto de competencias en el cual uno de los jueces de tutela alegara no tener competencia en virtud del Decreto 1382 de 2000, tal decreto debía ser inaplicado por contrariar abiertamente la Constitución, en virtud de la fijación de efectos inter pares de la providencia.
“Los efectos inter pares también aseguran que, ante la evidencia del profundo, grave, generalizado y recurrente perjuicio que para el goce de los derechos fundamentales ha tenido la aplicación de normas administrativas contrarias a la Constitución, la Corte Constitucional como órgano del Estado al cual se le ha confiado la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, cumpla su misión de asegurar la efectividad de los derechos y principios constitucionales, como lo ordena el artículo 2º de la Carta a todas las autoridades del Estado...
Es cierto que los jueces son independientes, pero su independencia es para aplicar las normas, no para dejar de aplicar la Constitución (C.P. art. 230). Un juez no puede invocar su independencia para eludir el imperio de la ley, y mucho menos para no aplicar la ley de leyes, la norma suprema que es la Constitución...
Finalmente, no sobra recordar que dentro del sistema europeo continental de control de constitucionalidad, precisamente debido a sus elementos concentrados dominantes, la regla general cuando una Corte Constitucional ejerce, no el control abstracto de normas, sino el control concreto de constitucionalidad, es que sus providencias también tienen efectos erga omnes. Esa es la regla general adoptada en los países europeos donde existe un control concreto de constitucionalidad independientemente de las características específicas de los diversos mecanismos para desencadenarlo. Hay dos excepciones, la belga y la portuguesa. Sin embargo, en estos dos países existen procedimientos para asegurar que los efectos del control concreto no sean exclusivamente inter pares”.
Por otro lado, en la Sentencia SU-1023 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño, se decretaron efectos inter comunis con respecto a los pensionados de la Flota Mercante Gran Colombiana a los cuales se les adeudaban varias mesadas pensionales, para que la orden de la sentencia que pretendía proteger los derechos fundamentales de los accionantes se extendieran también a todos los ex funcionarios de la entidad accionada que se encontraran en la misma situación. Dijo la corporación:
“En esta oportunidad la decisión de la Corte señala efectos inter comunis frente al proceso de liquidación obligatoria de la CIFM, en consideración a que todos los pensionados pertenecen a una comunidad, en situaciones de igualdad de participación, y con el fin de evitar entre ellos desequilibrios injustificados. Los beneficios de la decisión se extienden a todos aquellos que ostentan la calidad de pensionados de la Compañía de Inversiones de la Flota Mercante S.A. en liquidación obligatoria, en forma independiente de su inclusión o no en el auto de calificación y graduación de créditos proferido por la Superintendencia de Sociedades del 3 de agosto de 2001. Así mismo, cobija a los futuros pensionados cuyo pago de mesadas pensionales quede a cargo de la CIFM”.
En uno de los casos que motiva la presente sentencia, se quiso, por el juez de segunda instancia, en un pronunciamiento cuestionable, como ya se indicó antes, darle efectos inter comunis a su decisión. La Corte advierte que no corresponde al ad quem tomar esta clase de decisiones. Puede ser atribución de la Corte, ya que ella puede señalar el alcance de sus sentencias y lo hará para evitar proliferación de decisiones encontradas, o equivocadas. Por consiguiente, determinar que la jurisprudencia que sustenta el presente fallo y la decisión que se tomará, produce efecto inter pares y, por tanto, debe ser aplicada a todos los casos que reúnan los supuestos legales analizados en esta sentencia.
En la presente ocasión, la Corte Constitucional negará la tutela a los derechos a la educación, a la libertad de escoger profesión u oficio y a la igualdad, de los señores Fernando Albeiro Araújo Ordóñez, Manuel Antonio Dueñas Narváez, Ángel Francisco Ramírez López, Zuleny Marina Duarte Fajardo, y María del Rosario Garzón de Barahona por considerar que (i) las universidades, en ejercicio de la autonomía universitaria, tanto antes como después de la Sentencia C-1053 de 2001, podían y pueden fijar exámenes preparatorios, cursos, otros exámenes de comprobación de conocimiento, exigencia de idiomas, u otros requisitos, como requisito de grado para obtener el título de abogado, (ii) en el momento de ingresar a cursar sus estudios de derecho, los accionantes adquirieron la obligación de cumplir las normas de la universidad dentro de las cuales estaba la presentación de preparatorios, y (iii) entrando al estudio particular de los derechos fundamentales invocados no se encuentra que ninguno de estos se encuentre vulnerado con la exigencia de las universidades. Por otro lado, la Corte estima necesario señalar que (iv) se hace indispensable dejar sin efectos la aclaración de sentencia del Juez 4º Civil del Circuito de Tunja proferida el 28 de marzo de 2003, y las actuaciones que se hayan surtido en su cumplimiento, porque el funcionario judicial carecía de competencia para aclarar su sentencia y, aún más, para fijar efectos inter comunis a un fallo de tutela.
(i) La Sentencia C-1053 de 2001 no sólo autorizó a futuro la exigencia de exámenes preparatorios como requisitos para obtener el título de abogado, así la ley ya no los fijara como requisito, sino que avaló el establecimiento que de estos hubieran hecho, o fueran a hacer, las universidades en su normatividad interna.
Por ejemplo, la Universidad Cooperativa de Colombia ha fijado desde 1993 hasta la actualidad la obligación de presentar exámenes preparatorios. En efecto, la Resolución 28 de 1993 —reglamento de la universidad—, artículo 107, el Acuerdo 2 de 1994, artículo 1º, la Resolución Rectoral 266 del 28 de julio de 1998, la Resolución Rectoral 285 del 28 de septiembre de 1998 y la reciente Resolución Rectoral 517 del 27 de marzo de 2001 fijan la exigencia de exámenes preparatorios para obtener el título profesional.
Por su parte, la Fundación Universitaria de Boyacá, ha fijado la exigencia de preparatorios, desde el año 93, en las siguientes normas artículo 96 del Acuerdo 16 de noviembre 16 de 1993: “para obtener cualquier título en la institución el candidato deberá cumplir con los siguientes requisitos: (...) presentar y aprobar los preparatorios en la carrera que los requiera”. Esta norma fue reproducida en los acuerdos 48 del 3 de mayo de 1995, artículo 96; 78 de 26 de junio 1996, artículo 96; 97 del 11 de abril 1997, artículo 96, literal d); 179 del 10 de diciembre de 1998, artículo 97, literal d); 215 del 30 de septiembre de 1999, literal d); 239 del 25 de mayo de 2000, artículo 97, literal d), 294 del 27 de abril de 2001, artículo 97, literal d) (actual reglamento estudiantil de la Fundación Universitaria de Boyacá), y el Acuerdo 339 del 9 de mayo de 2002.
Por otro lado, la Universidad Libre, seccional Cali, si bien no consagra los exámenes preparatorios como requisito, de grado desde el año 93, sí lo ha hecho desde 1997, a través del Acuerdo 14, cuyas obligaciones se reiteran en el Acuerdo 15 de 2002.
(ii) Como se dijo en la parte considerativa, los estudiantes tienen la obligación de cumplir con los reglamentos de la institución educativa a la cual se vinculan, los cuales pueden cambiar o modificar a lo largo de la carrera siempre y cuando se respeten los derechos de los estudiantes y el principio de buena fe. Todos los accionantes del presente proceso aceptaron al firmar sus matrículas universitarias la obligación de presentar los exámenes preparatorios en la medida en que esta estaba señalada dentro de las normas de las diferentes universidades accionadas. No consta en el expediente ninguna reserva realizada por los peticionarios con respecto a la presentación de exámenes preparatorios.
El señor Fernando Albeiro Araújo Ordóñez cursó sus estudios en la Universidad Cooperativa de Colombia desde 1995 hasta 1999. Como se señaló con anterioridad, esta universidad ha señalado desde 1993, y de manera ininterrumpida, la exigencia de preparatorios para optar por el título de abogado. Por tanto el señor Araújo está en la obligación de cumplir con los mencionados requisitos para poder graduarse.
El señor Ángel Francisco Ramírez López inició sus estudios de derecho en la Fundación Universitaria de Boyacá en el primer semestre de 1994 y los culminó en 1999; desde el inicio de sus estudios, según consta en los recibos de matrícula anexados en el expediente, él se comprometió al cumplimiento de la normatividad interna de la universidad. Esta ha fijado desde 1993, y de manera ininterrumpida hasta la fecha, la exigencia de exámenes preparatorios para la obtención del título de abogado. Por tanto, tal exigencia debe ser cumplida a cabalidad. En este caso hay prueba de que el accionante consideraba tan vinculantes las normas, que ya había presentado en dos ocasiones exámenes preparatorios. No puede entrar a desconocerlas en la actualidad, puesto que las normas que lo vinculan no han variado hasta el momento.
Por otro lado, Zuleny Marina Duarte Fajardo ingresó a la Universidad Cooperativa el 1º de febrero de 1994 y terminó sus estudios en 1998, al igual que María del Rosario Garzón Barahona. Al igual que los demás estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia accionantes en la presente tutela, ellas están vinculadas por las normas que señalan, desde el 93, y tienen la obligación de presentar preparatorios.
(iii) La Sala, después de encontrar plenamente legítima la exigencia de preparatorios como requisitos de grado, considera necesario descartar la existencia de vulneración de los derechos fundamentales a la libertad de escoger profesión u oficio, el trabajo —que se manifestaría en este caso en la libertad de ejercer profesión u oficio— y la educación, para los casos en estudio.
En ningún momento se vio limitada la libertad de escoger profesión u oficio de los accionantes. La jurisprudencia de esta corporación ha entendido que la libertad de escoger profesión u oficio consiste en “un acto de voluntad, cuyo límite es la elección entre lo legalmente factible” (12) . En los presentes casos, esta libertad no se vio siquiera limitada (13) . En efecto, cada uno de ellos pudo ingresar y cursar a satisfacción todas las materias del pénsum académico necesarias para la formación de un abogado, incluyendo consultorio jurídico y judicatura —aspectos que mezclan lo laboral con lo académico—. Ni la Universidad Cooperativa de Colombia ni Uniboyacá pusieron trabas al desarrollo académico de los peticionarios. Por tanto, se negará la tutela de este derecho por ausencia de violación o limitación.
(12) Ver Sentencia C-670 de 2002, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, C-1213 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
(13) Se ha considerado violada cuando, por ejemplo, por cuestiones de sexo no se permitía a una mujer ingresar a la Escuela Naval para ser oficial de infantería marina (T-624/95, M.P. José Gregorio Hernández). Hay entonces vulneración cuando se impide el acceso.
El derecho al trabajo, como libertad de ejercer profesión u oficio, que en este caso se alega vulnerado por la imposibilidad de ejercicio que implica el no tener título, es regulable en los términos de la Constitución. Así, el artículo 26 señala que “la ley podrá exigir títulos de idoneidad”. En consecuencia, toda persona que quiera ejercer una profesión que exija título universitario debe obtener este. Como ya se dijo, las universidades, en ejercicio legítimo de su autonomía, pueden establecer requisitos para la obtención de títulos. Por tanto, si se quiere obtener el título para poder ejercer una profesión de una manera válida, se debe, primero, cumplir con los requisitos de grado. Esta exigencia no ha sido cumplida aún por los accionantes. En el momento en que cumplan con la presentación y aprobación de exámenes preparatorios, en virtud de que ya completaron los demás requisitos de grado, podrán obtener su título de abogados. Solamente pueden ejercer como abogados quienes hayan demostrado su capacidad para hacerlo mediante la presentación de las pruebas en estudio.
Por otro lado, es necesario señalar que ninguno de los peticionarios probó haberse presentado a una universidad para cursar estudios de posgrado o estar haciendo averiguaciones o trámites para tal fin, y haber obtenido una negativa rotunda de todas las instituciones de educación superior para iniciar estudios de especialización antes de obtener el título.
Además, puesto que la nulidad no es sobreviniente sino que el funcionario que la profirió carecía de competencia desde el momento en que se dictó la providencia, en aplicación del artículo 7º del Decreto 306 de 1992 que dispone que “cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya ordenado realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo” se retrotraerán los efectos surtidos en virtud de tal providencia, como en anteriores casos ha ordenado la Corte (14) . Es decir, que todos los grados que se hayan surtido en la Fundación Universitaria de Boyacá, en cumplimiento de la mencionada providencia, quedarán sin efectos.
(14) En Sentencia T-439 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, la apoderada del accionante solicitaba la protección de los derechos al debido proceso, a la libertad y a la igualdad, presuntamente vulnerados por la fiscal 5ª delegada seccional del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena y la fiscal 17 seccional de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública ante el Circuito Penal de Cartagena. La Corte consideró que la providencia de fecha 14 de febrero de 1997 proferida por la fiscal 5ª delegada Seccional del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, no configura una vía de hecho. Con fundamento en el artículo 7º de Decreto 306 de 1992, fueron revocados los fallos proferidos en las dos instancias de la presente tutela y se dejó sin efecto las órdenes impartidas por el Juzgado 7º Penal Municipal de Cartagena de Indias el siete (7) de marzo de 1997, las cuales fueron confirmadas por el Juzgado 4º Penal del Circuito de Cartagena de Indias, el dieciocho (18) de abril del mismo año. En consecuencia, la decisión adoptada por la fiscal 5ª delegada seccional del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena quedó vigente. En la Sentencia T-930 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, en segunda instancia se había ordenado el pago de unas deudas de tipo contractual que tenía el distrito de Barranquilla con la empresa Cizalla Ltda. con tal fin la alcaldía y la empresa habían firmado un acuerdo de pago. Como la sentencia fue revocada por la Corte en sede de revisión, se ordenó, en aplicación del artículo 7º del Decreto 306 de 1992, dejar sin efectos el convenio de pago suscrito.
1. REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto del 17 de marzo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio del señor Albeiro Araújo Ordónez.
2. DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogado del señor Albeiro Araújo Ordóñez, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia del 17 de marzo de 2003 del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto.
3. REVOCAR la sentencia del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto del 17 de marzo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la tutela a los derechos a la educación, al trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio del señor Manuel Antonio Dueñas Narváez.
4. DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogado del señor Manuel Antonio Dueñas Narváez, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia del 17 de marzo de 2003 del Juzgado 2º Penal del Circuito de Pasto.
5. REVOCAR la sentencia del Juzgado 4º Civil del Circuito de Tunja del 20 de marzo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio del señor Ángel Francisco Ramírez López.
6. DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogado del señor Ángel Francisco Ramírez López, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia del 20 de marzo de 2003 del Juzgado 4º Civil del Circuito de Tunja.
7. DEJAR SIN EFECTOS la providencia del Juez 4º Civil del Circuito de Tunja del 28 de marzo de 2003 y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS los grados de los estudiantes de la facultad de derecho que se hayan surtido en la Fundación Universitaria de Tunja en virtud del cumplimiento de tal providencia.
8. REVOCAR la sentencia del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto del 28 de marzo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio de la señora Zuleny Marina Duarte Fajardo.
9. DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogada de la señora Zuleny Marina Duarte Fajardo, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia del 28 de marzo de 2003 del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto.
10. REVOCAR la sentencia del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto del 9 de abril de 2003 y, en su lugar, NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio de la señora María del Rosario Garzón Barahona.
11. DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogada de la señora María del Rosario Garzón Barahona, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia del 9 de abril de 2003 del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pasto.
12. REVOCAR la sentencia del Juzgado 5º Penal del Circuito de Cali del 2 de mayo de 2003 y, en su lugar, NEGAR la tutela a los derechos a la educación, el trabajo y la libertad de escoger profesión u oficio del señor Luis Fernando García Hernández.
13. DEJAR SIN EFECTOS el grado de abogado del señor Luis Fernando García Hernández, en caso de que se haya otorgado en cumplimiento de la sentencia del 2 de mayo de 2003 del Juzgado 5º Penal del Circuito de Cali.
14. Conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia, esta decisión produce efectos inter pares.
15. Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia.
Magistrados: Eduardo Montealegre Lynett—Jaime Araújo Rentería—Alfredo Beltrán Sierra—Manuel José Cepeda Espinosa—Jaime Córdoba Triviño—Rodrigo Escobar Gil—Marco Gerardo Monroy Cabra—Álvaro Tafur Galvis—Clara Inés Vargas Hernández.