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Timestamp: 2020-07-08 02:51:05
Document Index: 399501191

Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'artículo 7', 'artículo 3284', 'artículo 75', 'artículo 14', 'artículo 6', 'artículo 356', 'artículo 154', 'artículo 18', 'artículo 111', 'artículo 17', 'artículo 60', 'artículo 12', 'artículo 172', 'artículo 10', 'artículo 120', 'artículo 59', 'artículo 418', 'artículo 415', 'artículo 1']

Procesal 1 (Teoria General Del Proceso) Resumen m2 | Jurisdicción | Ley procesal
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Resumen Procesal 1(Teoria General Del Proceso)MD4
DERECHO PROCESAL 1 (TEORIA GENERAL DEL PROCESO) / MODULO: 2
Nahuel F. Fernández / UES21
Jurisdicción y competencia / Lectura 1
*Jurisdicción. Definición. Caracteres. Límites. Elementos. Momentos de su ejercicio:
-Jurisdicción: es la función pública de administrar justicia emanada de la soberanía del Estado y ejercida por un
órgano especial. Tiene por fin la declaración o realización del derecho y la tutela de la libertad individual y del orden jurídico, mediante la aplicación de la ley en los casos concretos, para obtener la armonía y paz social. Es el poder-deber que tiene el Estado de aplicar justicia al caso concreto y nace desde el momento en que la sociedad
eliminando la actuación directa de sus
decide realizar indirectamente el derecho en su actuación coactiva,
En sentido amplio, la función jurisdiccional comprende la creación y constitución de los órganos encargados de administrar justicia, la determinación de sus facultades y la fijación de las reglas para la tramitación de los juicios.
En un sentido restringido, se refiere al poder o facultad conferido a ciertos órganos para administrar justicia en los casos que les son presentados.
La jurisdicción es un poder que puede asimilarse a los poderes de acción y de excepción. Estos últimos implican poner en actividad poderes que exhiben pretensiones subjetivas de las partes y se manifiestan como simples o meras facultades o eventualmente, como cargas procesales. La jurisdicción, en cambio, se presenta como el poder de actuación de un órgano público con un criterio objetivo de justicia. La jurisdicción es ejercida por el estado de manera monopólica y en consecuencia, se prohíbe la justicia por mano propia. La autodefensa es permitida en contadas excepciones que la misma ley señala y precisa.
-La sentencia: es el acto jurisdiccional por excelencia, ya que pone fin al pleito.
de todo el proceso mediante el dictado de decretos, autos o providencias en general. Comprende desde el acto inicial de simple admisión de la demanda hasta la sentencia definitiva. Por último, cabe destacar que el fin de la función jurisdiccional es el de proteger el orden jurídico preestablecido, por ello, al existir algún quiebre de ese orden sustantivo-formal, es misión del órgano judicial la de reestablecerlo por medio del proceso judicial.
La jurisdicción se manifiesta a lo largo
-Caracteres : La jurisdicción es pública, única, exclusiva y excluyente, indelegable e inderogable.
▪Pública, por su naturaleza. Es una potestad del Estado cumplida por órganos públicos y en consecuencia también es pública la naturaleza del acto jurisdiccional. Tanto el órgano como la actividad tienen carácter público, aunque fueren privados los conflictos o situaciones sometidas a juzgamiento. ▪Única, porque la jurisdicción es una sola. La Constitución de la Provincia de Córdoba en su artículo 153 dispone que el ejercicio de la función judicial corresponde exclusivamente al Poder Judicial de la Provincia. Como poder o función del poder no puede ser dividida, sin embargo, atendiendo a razones de división del trabajo, extensión del territorio, naturaleza de las cuestiones y necesidad de especialización, existe lo que se denominan reglas de competencia, que imponen a determinados tribunales la obligación de entender en ciertas cuestiones por razones prácticas vinculadas al territorio, el grado y la materia a elucidar. ▪Exclusiva y excluyente, exclusiva porque solamente el Estado está habilitado para ejercerla legítimamente a través de sus tribunales como representantes del órgano jurisdiccional. Es excluyente ya que rechaza cualquier interferencia de particulares y de los demás poderes respecto del ejercicio de la función jurisdiccional. ▪Indelegable, toda vez que el juez en el que el Estado ha delegado la facultad de administrar justicia no puede despojarse de su ejercicio, para dejar que otras personas lo asuman en el caso concreto y ejerzan las funciones de juez. No obstante ello, no se impide la delegación en ciertos casos para la comisión de medidas específicas por diferentes razones (art. 291 C.P.C.). ▪Inderogable, porque no puede ser atribuida a otros órganos. Se trata de un poder-deber que proviene de la soberanía del Estado y por ende no puede ser modificado por voluntad de los justiciables. En casos especiales la ley otorga a los particulares un reducido ámbito para elegir otros métodos para la resolución de su conflicto (ejs. arbitraje, conciliación, mediación, etc.).
-Límites: para el ejercicio de la jurisdicción, o sea para la actuación del órgano jurisdiccional, deben darse los siguientes requisitos: Límite territorial, caso concreto, ley anterior y excitación extraña.
▪Límite territorial: la primera delimitación de la jurisdicción está dada por una cuestión geográfica ya que la soberanía del Estado se ejerce dentro de su límite territorial, por ende, la jurisdicción es ejercida solamente dentro de los límites de su territorio. ▪Caso concreto: el juez no resuelve en abstracto, no aplica la ley a un caso hipotético elaborado por la imaginación. Esa es tarea de la ciencia del derecho y del legislador. El órgano jurisdiccional requiere de la existencia de un caso de la vida real donde se encuentren relacionadas personas físicas o jurídicas, con un verdadero conflicto de intereses. Ese conflicto de intereses implica un hecho histórico, circunstancias de modo, tiempo, lugar y personas y un derecho sustantivo que luego se aplica al primero, dando lugar a una sentencia definitiva. ▪Ley anterior: el juez no crea derecho, lo interpreta y aplica. Por ese motivo el conflicto se tiene que haber generado en situaciones de hecho contempladas por una norma vigente al tiempo de su producción, es decir, conductas reguladas previamente por el derecho. En materia penal y en virtud del principio de legalidad, el juez jamás podrá juzgar como delictiva a una conducta no tipificada en la ley previamente, ya que no se admite la analogía. En materia civil, la analogía si está permitida y autoriza asimilar una conducta no regulada específicamente con una norma jurídica que contemple una conducta cuyos elementos relevantes sean similares la juzgada. ▪Excitación extraña: en materia civil, el juez no actúa de oficio, se hace indispensable que el titular del interés solicite su actuación de acuerdo con las previsiones del orden jurídico. La demanda del actor producirá esa excitación y fijará además los límites fácticos que serán impuestos al juzgador de modo tal que toda extensión efectuada por este será invalida. En materia penal, corresponde al Ministerio Público ya no la facultad, sino la potestad de excitar la jurisdicción, de promover la acción penal ante la hipótesis de comisión de un delito de acción pública. Su actuación se funda en los principios de oficialidad y de legalidad. Una vez excitada la jurisdicción, su ejercicio es ineludible para el órgano jurisdiccional o el Ministerio Público.
-Elementos: tradicionalmente, la jurisdicción se descomponía en los siguientes elementos:
I. Notio: facultad conferida al órgano jurisdiccional para conocer una determinada cuestión litigiosa. Se trata de un poder que habitualmente ejercita el juez en materia civil, familiar o laboral cuando le es presentado el caso. Ello no sucede en el procedimiento penal, ya que esta facultad de conocimiento puede ocurrir antes del juicio propiamente dicho, durante la investigación penal preparatoria.
II. Vocatio: facultad o poder de llamar a las partes para que comparezcan o prosigan el juicio. En materia civil y
familiar, el juez convocará al demandado para que dentro del plazo fijado por el tribunal asuma su calidad. Ello importa una carga procesal, por lo que en caso de no hacerlo, la ley le atribuye al juez la facultad de ordenar la prosecución del juicio en rebeldía. En el proceso penal, la rebeldía es un estado de hecho en que se coloca el imputado en relación con la causa que se le sigue en su contra. El prevenido debe intervenir ya que su participación importa una carga pública. La declaración de rebeldía trae aparejada la orden de detención del imputado y el
consiguiente pedido
de rebeldía no
investigación, pero si fuere declarada durante el juicio, este se suspende en relación al rebelde y continua para los demás imputados presentes. Cuando el rebelde comparezca, la causa continuará según su estado (arts. 86 a 90 C.P.P).
III. Coertio: facultad para utilizar la fuerza pública a fin de hacer cumplir las resoluciones que se dicten con motivo del
proceso y durante este. En todas las leyes de forma se prevén medidas para asegurar los fines del proceso tales como el traslado por la fuerza pública para los testigos que no comparecieren voluntariamente, la posibilidad de ordenar el allanamiento de un domicilio en búsqueda de medidas probatorias en el fuero penal o para el secuestro de bienes o ejecución de alguna cautelar en materia civil.
IV. Iudicium: es el poder-deber de resolver el litigio. Se exterioriza en la sentencia que pone fin al pleito y su efecto especial y trascendente es que adquiere autoridad de cosa juzgada.
V. Executio: facultad para hacer cumplir la sentencia. La sentencia puede cumplirse de manera espontánea, pero si
no es así, y dicha resolución se encontrara firme y ejecutoriada, puede concederse su ejecución previo requerimiento
de parte, de acuerdo a los trámites establecidos y aún con el empleo de la fuerza pública. En el proceso penal, la ejecución es dispuesta de oficio por el tribunal. En la actualidad están cinco categorías se limitan a cuatro pero en esencia siguen cumpliendo la misma función. I. Poder de decisión: se puede dividir en dos aspectos:
Uno formal o extrínseco, se tienen en cuenta la forma en que se expresa el órgano jurisdiccional en su facultad de juzgar. Ella se manifiesta a través de diferentes pronunciamientos como sentencias, autos interlocutorios, decretos, etc. Otro material o intrínseco, se refiere al contenido del poder de decisión y se resume en el acto de autoridad dado por el juez y que comprende un juicio y un mandato. El juez tiene el deber de emitir el juicio conforme a derecho, para lo cual debe explicitar los fundamentos que le han llevado a resolver en un sentido determinado con fundamentación lógica y legal. La motivación es un deber de la jurisdicción impuesto por la ley como garantía para los justiciables (art. 155 Const. Cba.). II. Poder de ejecución: facultad del órgano jurisdiccional para producir actos coactivos tendientes a la realización práctica del interés tutelado sobre el cual ha recaído una afirmación jurisdiccional de existencia. En materia civil solamente puede ser ejercido a instancia de parte porque satisface su interés (ej. inscripción del pronunciamiento final en un registro). En materia penal, los actos de ejecución se realizan de manera compulsiva (ej. secuestro, requisa personal, etc.). III. Poder de coerción: facultad conferida al juez para imponer sanciones a los sujetos que con su conducta obstaculicen la tarea de administrar justicia. También comprende la facultad de emplear la fuerza para el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Alcanza facultades propias de la coertio y executio. IV. Poder de instrumentación: posibilidad de dar el carácter de instrumento público a las actuaciones que se realizan con la intervención del Tribunal. Comprende la facultad que tiene el mismo tribunal de conservar documentos y el deber de custodia.
-Momentos de su ejercicio: pueden distinguirse tres momentos distintos:
a) Momento cognoscitivo: se inicia con la demanda, continúa con la contestación y producción de las pruebas y
finaliza con los alegatos de las partes.
b) Momento resolutivo: luego de fijado el hecho y de la subsunción del mismo en el derecho, el juez resuelve acerca
de las pretensiones esgrimidas.
c) Momento ejecutivo: tiene carácter eventual cuando el condenado no acata lo resuelto de manera voluntaria. En
ese caso el juez ejercita su imperium (poder de coerción) para hacer cumplir lo resuelto.
*Competencia, definición, caracteres y fundamentos:
-La competencia: responde a exigencias técnico-jurídicas de política procesal, a cuestiones de orden práctico
fraccionamiento del órgano jurisdiccional. Es la facultad que cada juez tiene para ejercer la jurisdicción en
determinados asuntos y dentro de cierto territorio.
-Sus caracteres son: debe estar prevista legalmente, es de orden público, es indelegable y es improrrogable.
▪Debe estar fijada previamente por ley: el justiciable debe saber de antemano que existe un órgano jurisdiccional con competencia atribuida en la ley para conocer del asunto que le aqueja. ▪Orden público: los particulares no pueden disponer de la regla de la competencia ni modificarla en cuanto a su distribución. ▪Indelegable: los actos atribuidos al juez deben ser cumplidos indefectiblemente por él, salvo excepciones en que puede encomendarse a otros órganos (art. 291 C.P.C.). ▪Improrrogable: la competencia no es prorrogable, la distribución pertenece a la ley y las partes no podrán conferir otras competencias ya sea por razón de la materia, grado o valor a otro órgano jurisdiccional. La competencia es prorrogable solamente cuando en el caso concreto no prima el interés público y las partes, mediante un convenio escrito, hayan elegido otro juez para que conozca el conflicto (expresa), o cuando una de las partes realice actos que
impliquen renunciar a la competencia del juez determinado por ley y la otra no se oponga, ej. interponer demanda ante un juez incompetente y que el demandado no se oponga (tácita).
PRORROGA DE LA COMPETENCIA: alude al permiso que la ley confiere a las partes para alterar las reglas de competencia, que puede ser una prorroga expresa de la competencia ( mediante un convenio especial), o una prorroga tacita de la competencia. La prorroga admitida por la ley es la prorroga de la competencia territorial solo en asuntos de contenido patrimonial.
 Prorroga expresa: (domicilio especial y convenciones hechas en los contratos- arts. 101 y 1197 CC).(Arts. 1 y 2 CPCCN-para la validez debe ser en la forma escrita.
 Prorroga tacita: es la renuncia implícita de las partes de someter el litigio a la decisión del juez al que le corresponderia haber intervenido según la ley o sgun lo convenido en un pacto anterior. (art. 2, 2 parte CPCCN).
La prorroga tacita se produce:
Para el actor si entabla la demanda ante un juez distinto.
Para el demandado, cuando no opone la excepcion de incompetencia.
No se admite la prorroga de la competencia : atribuida por la ley en razón, de la materia, del grado o del valor.
Caso especial: las partes pueden renunciar a la competencia federal cuando esta corresponda en razon de las
Prorroga de la competencia a favor de jueces o arbitros extranjeros en asuntos de indole internacional ( art. 1. parr. 2 CPCCN): se deben dar los siguientes presupuestos.
a. debe ser una controversia de carácter internacional ( con algun elemento extranjero).
b. el asunto debe ser exclusivamente patrimonial.
c. la cuestion no debe ser de competencia exclusiva de jueces argentinos
d. no debe existir prohibición legal para convenir la prorroga.
-Fundamentos: el legislador ha considerado diferentes factores para fundamentar el reparto de la competencia, entre ellos podemos mencionar a los siguientes:
a) Criterio institucional: existe un doble orden judicial fijado por la Constitución. Ello da lugar a la justicia ordinaria
de cada provincia y a la justicia nacional, federal de excepción distribuida en todo el país. La primera existe en virtud de la reserva efectuada por las provincias de organizar su Poder Judicial (art. 1 y 5 C.N.). La federal de excepción se fundamenta en los artículos 116, 117 y 75, inciso 12 de la C.N.
b) Especialización y naturaleza de las causas: sería inconcebible que un magistrado tuviera que conocer todas las
ramas del derecho y resolver con serenidad y justicia en cada una de ellas. A través de la competencia, a cada magistrado se facilita la tarea de comprender cuál es la naturaleza de la cuestión a resolver, el objeto del litigio, el estado civil de las personas, el valor económico de la pretensión. Esto es lo que se denomina competencia material y permite dividir la jurisdicción en civil, comercial, familia, penal, laboral, etc.
c) Territorio: tampoco es posible que un mismo tribunal atienda los conflictos suscitados en un extenso ámbito
territorial o densamente poblado. Surge la competencia territorial por la que se distribuyen zonalmente las causas de una misma materia entre diversos tribunales. Esta distribución persigue la aproximación del tribunal a la persona,
cosa o hecho que debe considerarse como el centro del despliegue jurisdiccional en la correspondiente causa. En razón del territorio, la competencia puede distribuirse por el lugar de la cosa, el domicilio del demandado, el lugar de cumplimiento del contrato o el lugar del contrato.
d) Funcional: este criterio se funda en la conveniencia de establecer la diversificación del órgano jurisdiccional para
el ejercicio de la función cognoscitiva y la ejecutiva. En los sistemas que admiten más de una instancia, el criterio
funcional se manifiesta en la existencia de tribunales de mérito y tribunales de alzada. Se trata de la competencia por razón del grado.
e) Turno: entre jueces de una misma circunscripción judicial que atienden la misma materia y dentro del mismo
grado, existe además otra división del trabajo en virtud de la cual se distribuyen las causas que ingresan. Existen dos
(utilizado en materia penal, cada fiscalía
métodos: la recepción de causas dentro de un período limitado de tiempo
de instrucción se encuentra de turno una semana); y la recepción de un número determinado de causas (se utiliza en materia civil).
-Competencia provincial: criterios para su determinación:
De acuerdo al régimen de Estado Federal instituido en los artículos 5 y 75, inciso 12 de la C.N., nuestro Estado se caracteriza por la coexistencia de dos órbitas judiciales: la de las provincias y la de la Nación.
-El Poder Judicial provincial se encarga de todas las cuestiones relacionadas con el derecho común ocurridas dentro de sus respectivos territorios, a excepción de las materias expresamente delegas a la Nación, cuyo conocimiento compete a la Justicia Nacional. La competencia material es el límite que la ley impone al juez para que pueda resolver sólo ciertos asuntos relacionados con la rama del derecho aplicable. Divide en razón de la diversas naturaleza de las causas y por el criterio de especialización. En la Provincia de Córdoba en razón de la materia, la competencia se divide en los siguientes fueros: Civil y Comercial, Concursos y Sociedades, Penal, Laboral, Familia y Contencioso Administrativo.
-Desplazamiento de la competencia: (EN CORDOBA) por regla general, la competencia es de orden público e improrrogable, sin embargo, existen supuestos excepcionales que permiten que le pleito se radique ante un tribunal distinto al que tenía que intervenir. Los desplazamientos encuentran motivo algunas veces en la voluntad de las partes intervinientes, en una disposición de la ley, por circunstancias de conexidad o por efecto del fuero de atracción.
incompetente. Son prorrogables las cuestiones claramente patrimoniales y en relación al territorio, sin embargo,
prorrogables la competencia en razón del grado y la materia. Conexidad: por razones de economía procesal, cuando entre dos o más asuntos haya alguna conexión, la ley determina que sea un mismo juez el que intervenga. Existen causas de interés público y privado en la acumulación. Las primeras porque tienden a evitar el dictado de sentencia contradictorias entre asuntos relacionados. Las razones de interés privado se vinculan con la economía procesal y el ahorro de costos y esfuerzos. La conexión puede existir por razones subjetivas, objetivas o causales y será competente para entender el juez que entienda sobre la materia principal o el que intervino primero en el tiempo. En materia civil se encuentra una amplia casuística en el artículo 7 del C.P.C, mientras que en el fuero penal, la conexidad está regulada en los artículos 47, 48 y 49 del C.P.P. Fuero de atracción: tiene aplicación en los procesos universales como los juicios de sucesión y concursos o quiebras. El desplazamiento se justifica en la necesidad de tratar en forma conjunta y simultánea todas las pretensiones deducidas contra el caudal común. De esta forma se otorga certeza al derecho que se declara en acciones independientes pero que se encuentran vinculadas. En materia de sucesiones, el fuero de atracción está contemplado en el artículo 3284 del Código Civil, siendo por ello, una norma procesal en un código de fondo y por tanto, con alcance nacional, aunque solamente alcanza a las pretensiones con contenido patrimonial, toda vez que las acciones personales deberán tramitarse por ante el juez de familia.
Al imponerse por razones de orden público por el hecho de que pueden verse afectadas muchas personas, por lo general indeterminadas, el fuero de atracción es improrrogable e irrenunciable y en consecuencia debe ser aplicado de oficio por el tribunal. Una vez concluido el juicio sucesorio o finiquitada la quiebra o el concurso, el fuero de atracción también finaliza.
*Competencia federal:
-Definición: facultad reconocida a los órganos que integran el Poder Judicial de la Nación para ejercer sus funciones en los casos, respecto de las personas y en los lugares especialmente determinados por la Constitución Nacional. Se establece especialmente en las provincias respecto de las materias que estas delegaron a la Nación. Los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional establecen los asuntos que incumben a la competencia federal.
a) limitada: la C.N. establece taxativamente sus límites, no hay ley, interpretación ni voluntad de parte que pueda
b) privativa: a contrario sensu, en las causas asignadas a la justicia federal resulta excluida la justicia provincial que
no puede entender en dichas cuestiones y debe declarar su incompetencia de oficio en cualquier estado del proceso. En casos de competencia concurrente entre Nación y provincias, la ley nº 927 sustrajo del fuero federal este tipo de causas (en casos en que el fuero federal proceda por distinta vecindad o nacionalidad de las partes, cuando la
cuantía del asunto no exceda de un determinado monto, así como los juicios universales).
-Criterios para su determinación:
● En razón del territorio, la competencia nacional corresponde cuando se hayan afectado derechos federales o
intereses nacionales en aquellos lugares que sean de propiedad del Estado Nacional, adquiridos a las provincias o cesión de estas, con el objeto de instalar allí establecimientos de utilidad nacional (ej. Universidad Nacional de Córdoba). El solo hecho que se trate de un lugar propiedad del Estado Nacional no le atribuye toda la potestad legislativa, administrativa y judicial en forma exclusiva y excluyente, esta solo corresponde a la Justicia Nacional cuando se haya interferido directa o indirectamente en la satisfacción del servicio de interés público que requiere el establecimiento nacional (ej. Municipios y provincias conservan la facultad de controlar las normas de tránsito dentro de la órbita territorial de su competencia sobre rutas nacionales).
● En razón de la materia, está relacionada al conocimiento de los litigios que impliquen aplicación de la legislación federal. Dentro del país existen leyes federales, leyes comunes y leyes provinciales.
La legislación federal se integra por la Constitución Nacional, los tratados con las naciones extrajeras o con los organismos internaciones de carácter público y las leyes dictadas por el Congreso que regulan la actividad propia de la Nación y sus organismos descentralizados (ej. Convención Americana sobre Derechos Humanos, decretos del Ministerio de Economía de la Nación, resoluciones del Banco Central de la República). La legislación común es aquella dictada por el Congreso de la Nación, haciendo uso de las facultades que las provincias le delegaron en virtud del artículo 75, inciso 12 de la C.N. y comprende materias sustantivas de nuestro ordenamiento jurídico. Pueden ser aplicadas por los tribunales federales y por los tribunales de provincia. La legislación provincial es dictada por cada provincia, con validez espacial circunscripta al ámbito territorial de la provincia que la dictó. Comprende todas las facultades no delegadas (ejs. Códigos de procedimiento civil, penal, laboral, etc.).
● En razón de las personas, la competencia federal se arroga teniendo en cuenta la cualidad especial de las personas que son parte en la controversia (ej. Si en el pleito intervienen ministros o embajadores extranjeros) o por la presencia del Estado Nacional en el juicio, si existiese un interés federal en disputa.
-Competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación:
1. Competencia originaria y exclusiva:
1.1 Asuntos que se susciten entre dos o más provincias; entre una provincia y los vecinos de otra; entre los vecinos de
1.2 Causas concernientes a embajadores y otros ministros diplomáticos extranjeros, personas que compongan la
delegación e individuos de sus familias.
1.3 Causas que versen sobre privilegios y exenciones de los cónsules extranjeros en su carácter público, es decir, por
2. Competencia derivada:
2.1 Competencia por apelación extraordinaria: prevista por ley 48, artículo 14, ley 4.055, artículo 6 y recursos
directos deducidos con motivo de la denegatoria del recurso extraordinario. Esta vía permite elevar a la Corte Suprema un litigio sobre el cual haya recaído sentencia definitiva emanada de un tribunal superior de justicia de la
provincia donde se tramitó el pleito. Esta competencia atiende al control judicial de la constitucionalidad de las
normas para el cual la Corte Suprema es el máximo y último tribunal que puede decidir acerca de ella en el caso concreto. No obstante ello, todos los tribunales pueden ejercer el control de constitucionalidad en el caso concreto. Esta vía del recurso extraordinario tiene como finalidad mantener la supremacía de los preceptos constitucionales asegurando una uniforme interpretación de ellos.
2.2 Competencia por apelación ordinaria: Se trata de un recurso contra las sentencias definitivas de las Cámaras
- Causas suscitadas por apresamiento o embargos marítimos en tiempos de guerra, sobre salvamento militar y sobre
nacionalidad del buque, legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles.
*Organización judicial:
-Toda organización judicial responde a las siguientes reglas:
organización del Poder Judicial se halla instrumentada por reglas de naturaleza procesal que integran el orden público.
b) Jerarquía: Existe una relación de subordinación manifestada en un grado de dependencia del juez inferior al juez
superior, en lo atinente al aspecto funcional (control de legalidad y de legitimidad), que resulta delimitado por las normas adjetivas.
c) Sedentariedad: El tribunal tiene su asiento en un determinado lugar geográfico. Existen sedes en que funciona el
poder judicial y cada una tiene su ámbito espacial en que habrá de administrar justicia.
d) Permanente: Se estructura sobre la base del criterio funcional, independientemente del sujeto que tiene a su cargo
En la provincia de Córdoba, la organización judicial se estructura basándose en el siguiente esquema: Tribunal Superior, Cámaras de Apelación, Cámaras de juicio, Jueces de primera instancia, Jueces penales, de familia y conciliación, Jueces de paz y otros funcionarios judiciales y auxiliares de la justicia.
es posible concebir
una organización judicial
, lo cual resulta contingente.
-Tribunal Superior de Justicia: es la cabeza del Poder Judicial, está estructurado en forma colegiada con siete miembros y tiene una competencia limitada y acotada material y funcionalmente. Además de ello, tiene funciones de control y vigilancia de los demás miembros del Poder judicial conocidas como funciones de superintendencia y, por último, su presidente ejerce la representación del Poder Judicial.
-Cámaras de apelación: órganos colegiados que tienen competencia para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los jueces letrados de primera instancia por lo que constituye un tribunal de segunda instancia. Además conoce de las recusaciones de sus propios miembros, con exclusión del recusado, y entiende en la recusación con causa de los jueces de primera instancia y de los funcionarios del Ministerio Público. Por último, conoce de los recursos de retardada justicia contra los jueces. Funcionan principalmente en casos de procedimientos escritos.
-Cámaras de juicio: Son las Cámaras del crimen, de familia y del trabajo. Son órganos colegiados que tienen por fin decidir sobre la pretensión esgrimida y dictar sentencia.
Las Cámaras del crimen son aquellas ante las que se lleva a cabo el juicio plenario que habrá de resolver sobre si existe certeza de que el acusado es penalmente responsable del delito que se le atribuye y eventualmente imponerle una pena. Pueden funcionar a través de salas unipersonales (art. 34 C.P.P.). Las Cámaras de familia intervienen en el juicio oral de instancia única para el denominado juicio común y actúa únicamente a través de un tribunal colegiado. La Cámara del trabajo constituye el órgano de sentencia que actúa luego que el juez de conciliación concluye con la instrucción de la causa. Se encuentra autorizada para actuar de manera unipersonal y también conoce y resuelve las apelaciones deducidas en contra de las resoluciones dictadas por los jueces de conciliación.
-Jueces de primera instancia: son el primer escalón en la justicia, conocen el objeto litigioso en toda su extensión, convocan a las partes, dirigen el proceso, reciben las pruebas y deciden sobre las pretensiones hechas vales en juicio por ellas.
-Jueces penales, de familia y de conciliación: el juez de instrucción lleva adelante la investigación penal preparatoria
cuando el imputado goce de privilegios constitucionales, juzga como tribunal de única instancia en los casos del juicio abreviado previsto en el artículo 356 del C.P.P., ejerce control jurisdiccional y resuelve las oposiciones planteadas por el imputado o su defensa en contra de las resoluciones del Fiscal de Instrucción como juez de garantías. El juez de familia puede intervenir como juez instructor o como tribunal de sentencia. En el primer caso lo hace en cuestiones que deben tramitarse como juicio común, tales como divorcio, adopción o filiación. Como tribunal de sentencia actúa en juicios especiales como medidas cautelares, guarda, tenencia o cuota alimentaria. Los jueces de conciliación actúan como jueces instructores en el caso de los procesos de conocimientos y son jueces de sentencia para las cuestiones incidentales. En el primer caso, conocen de las actuaciones que se practiquen para entablar y contestar la demanda y operan la conciliación previa propia del proceso laboral. Además, cuentan con atribuciones para resolver las cuestiones incidentales, el despacho de las medidas precautorias y en la ejecución de sentencia.
-Jueces de paz: los jueces de paz son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Poder Legislativo y durante el período de su ejercicio sólo pueden ser removidos por el Tribunal Superior de Justicia si concurren las causales del artículo 154 de la Constitución Provincial. El procedimiento ante ellos es verbal, sumarísimo, gratuito y de características arbitrales. Ostentan una escasa competencia y actúan como delegados del Estado como amigable componedor.
-Otros funcionarios judiciales y auxiliares de la justicia: Dentro de las personas que colaboran de manera directa con el juez se encuentra el secretario que es el jefe de oficina, prepara el despacho, vigila a los empleados, lleva los libros reglamentarios, entrega bienes, expedientes y documentos a las personas que la ley autorice, entre otras funciones.
El prosecretario, que colabora de manera directa con el secretario, cumple las tareas que éste le indique y lo reemplaza en sus funciones. Firma cédulas de notificación, citaciones, oficios, cargos de escritos y mantiene actualizados los ficheros de jurisprudencia.
También integran la organización judicial los oficiales de justicia que ejecutan mandamientos de embargo, secuestro
o desalojo. Los notificadotes y ujieres, que practican las notificaciones dentro y fuera del radio respectivo y demás oficinas administrativas que colaboran con la justicia, como la Dirección de Superintendencia, la Dirección de Administración o la Dirección de Servicios Judiciales.
*El juez o tribunal:
-Definición: el juez o tribunal es uno de los sujetos esenciales en el proceso, sin el juez no puede haber un proceso propiamente dicho. Cumple la función jurisdiccional del Estado y se encuentra compuesto por un juez o un conjunto impar de jueces.
El tribunal tiene a su cargo la administración de justicia y concurre con los otros órganos del Estado al cumplimiento
integral de la función judicial. Es un presupuesto procesal esencial, que tiene la potestad de juzgar y cumple la función realizadora del derecho. Los poderes otorgados al juez son los de dirección formal y material del proceso, disciplinarios y ordenatorios, de iniciativa probatoria y de decisión. Su deber fundamental consiste en administrar justicia legalmente, no pudiendo
dejar de juzgar bajo pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes.
a) Público: el tribunal es un órgano público creado para la administración de justicia. Su representación física es un
magistrado o funcionario del Estado.
b) Permanente: en virtud del artículo 18 de la C.N. el tribunal reviste el carácter de permanente, prohibiéndose la
constitución de comisiones especiales designadas para resolver jurisdiccionalmente un caso determinado. Los jueces no son permanentes sino inamovibles en el cargo salvo renuncia, fallecimiento, jubilación o remoción.
c) Sedentario: no existen los tribunales ambulantes. Cada uno desempeña sus funciones en un ámbito territorial
determinado establecido como sede.
d) Letrado: el juez debe tener título de abogado, además de otros requisitos que la Constitución establece. Los jueces
de paz no necesitan ser abogados.
e) Normativo: Solamente la ley puede crear, modificar o extinguir un ordenamiento jurisdiccional. Fuera de la ley no
puede haber organización judicial.
-Poderes y atribuciones: los poderes y facultades que se otorgan a los jueces tienen íntima vinculación con las facultades, deberes y cargas que se conceden a las partes en el proceso civil o al imputado en el proceso penal.
La exteriorización de ésta, por
excelencia, es la decisoria que se realiza por medio del dictado de decretos, autos interlocutorios y sentencias. La sentencia es el acto jurisdiccional de mayor trascendencia y condensa la potestad del juez de resolver en forma definitiva sobre las pretensiones esgrimidas por las partes. Además pueden corregir errores materiales, aclarar conceptos oscuros o suplir cualquier omisión en que hubieren
El poder característico de la función judicial es el estrictamente jurisdiccional.
incurrido en su sentencia. Tienen facultades ordenatorias que se ejercen a lo largo del juicio y que se manifiestan por
el proveimiento que efectúan los tribunales a las peticiones de las partes o a las necesidades en el trámite o en casos
excepcionales, oficiosamente. También tienen facultades instructorias con el fin de facilitar su tarea tendiente a esclarecer la verdad y ella solo puede ejercerse en la medida que no se quiebre la igualdad de las partes. Por último, tienen facultades disciplinarias que pueden ejercer a lo largo del trámite y que, generalmente, se manifiestan con la imposición de multas u otras sanciones a los litigantes que violenten las reglas de la lealtad y
-Deberes y garantías: es deber fundamental y primario de los jueces, el de administrar justicia cada vez que tal actividad les sea requerida en un caso concreto. Se trata de un poder-deber propio de la jurisdicción que impone al juez pronunciarse sobre las pretensiones hechas valer en juicio.
Por otra parte, entre los deberes formales, cabe destacar que los magistrados y funcionarios judiciales tienen el deber de prestar juramento antes de asumir sus funciones, están obligados a concurrir a sus despachos en los horarios de atención al público y deben resolver las causas dentro de los plazos fatales que las leyes procesales establezcan con fundamentación lógica y legal. En cuanto a las garantías funcionales, vale destacar la inamovilidad de sus cargos mientras dure su buena conducta y
la intangibilidad de sus remuneraciones.
-Sistemas de designación: estos sistemas son variados y responden a motivaciones políticas y jurídicas, aunque todos en mayor o menor medida, pretenden hacer del sistema elegido el más seguro para proveer al imperativo de imparcialidad de la administración de justicia.
Entre ellos su puede distinguir a los siguientes:
a) Por elección popular: sólo podría funcionar en sociedades de gran cultura cívica para evitar riesgos que afecten la
garantía de imparcialidad necesaria.
b) Por designación del máximo tribunal: conforme a un sistema de promoción y concursos o designación efectuada
por el tribunal jerárquicamente superior.
c) Por designación efectuada por los poderes públicos: utilizando métodos que tengan en cuenta la capacidad,
idoneidad, condiciones morales y antigüedad en la función judicial o en el ejercicio profesional.
-Modos de designación en la justicia nacional:
1. Miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: designados por el Presidente de la Nación con acuerdo del
Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada al efecto (art. 99, inc. 4, párr. 1,
C.N.). Para ser miembro de este máximo tribunal se requiere cumplimentar con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Carta Magna.
2. Jueces de tribunales inferiores: son designados por el Presidente de la Nación sobre la base de una propuesta en
terna vinculante emitida (previo concurso público) por el Consejo de la Magistratura, mediante acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura es un órgano consagrado en la reforma constitucional como una entidad integrada de modo de procurar equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de matrícula nacional, como así también de personas del ámbito académico y científico (art. 114, C.N.).
-Modos de designación en la justicia provincial: por ley nº 8802 del año 1999 se crea el Consejo de la Magistratura que asiste al Poder Ejecutivo en la tarea de selección de los jueces y magistrados. La designación comienza con una convocatoria pública y abierta para que los aspirantes se inscriban y así accedan a la evaluación prevista consistente en oposición escrita, oral y de antecedentes. Sobre la base del resultado, el Consejo confecciona un orden de mérito que es remitido al Poder Ejecutivo y que este no puede alterar.
-Remoción: la remoción implica la separación del cargo. En el ámbito nacional los jueces sólo pueden ser separados de sus cargos mediante el procedimiento del juicio político (arts. 53, 110 y 115 C.N.) que puede iniciarse por mal desempeño o delito en el ejercicio de la función o por crímenes comunes.
El juicio político contra un miembro de la Corte requiere de acusación de la Cámara de diputados que debe declarar por mayoría de dos terceras partes de sus miembros que hay lugar a la formación de causa. Efectuada la acusación, el juicio es realizado por el Senado y se requiere para la declaración de culpabilidad el voto de dos tercios de los miembros presentes. Su fallo tiene el efecto de destituir al acusado, quien quedará sujeto a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes y ante los tribunales ordinarios si fuere el caso. Respecto de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación, la facultad de decidir la apertura del procedimiento y de ordenar, en su caso, la suspensión, corresponde al Consejo de la Magistratura y el juicio se realiza por un jurado integrado por legisladores, magistrados y abogados. Su fallo es irrecurrible. En el ámbito de la provincia de Córdoba, los miembros del Tribunal Superior de Justicia sólo pueden ser separados de sus cargos mediante juicio político, en tanto para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio
enjuiciamiento” que tiene como único efecto la destitución del acusado.
político, la ley
“juri
Esta ley determina como causales de destitución las siguientes:
a) Mal desempeño;
b) Negligencia grave;
c) Desconocimiento inexcusable del derecho;
d) Supuesta comisión de delito. En el caso de delitos culposos, cuando tenga incidencia funcional;
e) Inhabilitación física o psíquica;
f) Morosidad. Salvo prueba en contrario, se presumirá configurada esta causal en caso de omisión reiterada de
establecidos por las leyes. El Fiscal General llevará un registro y promoverá automáticamente el procedimiento
cuando se verifique la tercera omisión o en caso de inobservancia inexcusable.
-Inhibición y recusación: la recusación del juez es el medio por el que se exterioriza la voluntad de parte legítima del
proceso para que un juez determinado se separe de su conocimiento por sospecharse, por algún motivo, de su imparcialidad. Es una garantía de imparcialidad y un respaldo a la debida consideración de la magistratura. La inhibición es el medio que permite que el juez, al concurrir alguna de las circunstancias anteriores, se aparte espontáneamente del conocimiento de la causa. La recusación puede realizarse con o sin causa, en este último caso, se admite como garantía para el litigante, pues le permite ejercer ese derecho cuando existiendo una causal legal, le resulta dificultosa o imposible la prueba de los hechos, o se pueda afectar la dignidad de la magistratura. Atento que este recurso ha sido utilizado de manera abusiva para entorpecer los trámites, la jurisprudencia ha limitado el recurso de la recusación sin causa a casos excepcionales y de interpretación restrictiva.
Recusación sin causa: en el proceso civil, las partes podrán recusar sin expresión de causa al juez, al entablar o contestar la demanda u oponer excepciones dentro de los tres días de notificado el llamamiento de autos para definitiva o el decreto de avocamiento. A uno de los miembros de la Cámara y del Tribunal Superior de Justicia, dentro de los tres días de llegados los autos ante el superior, de notificado el decreto a estudio o el de integración del tribunal. Las partes podrán ejercer una sola vez este derecho y cuando sean varios los actores o los demandados, únicamente uno de ellos podrá hacer uso de este derecho. No procede en las cuestiones incidentales ni en la ejecución de sentencia (art. 19 C.P.C.). Tampoco procede en los procesos concursales (art. 18, inc. 1º), en las diligencias preparatorias de los juicios, en las que tienen por objeto asegurar el resultado del juicio, en la ejecución de diligencias comisionadas, a menos que fuesen probatorias y en las diligencias para la ejecución de la sentencia, a no ser por causas nacidas con posterioridad a ella (art. 24 C.P.C.).
Recusación con causa: el fundamento de este instituto se encuentra en la extensión de la independencia del poder judicial a la persona del juez. Por razones de economía y de seguridad jurídica, se establecen límites temporales para deducir incidente de recusación con causa. Cuando la causa de recusación fuese anterior a la iniciación del pleito, deberá ser propuesta en el primer escrito que se presente. Cuando fuese posterior o anterior no conocida, se propondrá dentro de los tres días de haber llegado a conocimiento de la parte (art. 22 C.P.C.). El tribunal competente para entender en la recusación es el superior inmediato al recusado: del juez de primera instancia y funcionarios del Ministerio Público, la Cámara; de los vocales del Tribunal Superior y de la Cámara, los restantes miembros.
En general, las causales son similares en todas las ramas del ordenamiento por lo que sólo consideraremos algunas de ellas y nos remitiremos al estudio de las restantes. En el C.P.C. se encuentran previstas en el artículo 17; en el C.P.P. están reguladas en el artículo 60; en la ley procesal del trabajo en el artículo 12
Son causales de recusación:
1. El parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad en línea recta y colateral hasta el segundo grado.
2. Interés del juez en el pleito.
3. Sociedad, salvo el caso de sociedad por acciones o cooperativas.
4. Pleito pendiente.
5. Crédito o deuda.
6. Denuncia o querella. Haber sido el juez denunciante o acusador o haber sido acusado o denunciado por la parte.
7. Prejuzgamiento. Haber anticipado el juez opinión sobre el litigio en cualquier carácter.
8. Beneficio de importancia que haya recibido el juez o sus parientes de alguno de los litigantes.
9. Amistad o enemistad manifiesta.
10. Haber producido en el procedimiento nulidad que haya sido declarada judicialmente.
11. Haber dado lugar a la queja por retardada justicia.
*El Ministerio Público Fiscal:
-Definición: es el órgano estatal encargado de hacer valer ante el órgano jurisdiccional la representación y defensa de los intereses públicos y sociales del Estado. En nuestro país, laConstitución de la Provincia de Córdoba (art. 171), elMinisterio Público fue incluido como órgano perteneciente al Poder Judicial; en el orden Nacional (Art. 120) el Ministerio Público es un órgano EXTRAPODER.
Los funcionarios que integran el Ministerio Público carecen de facultades de decisión, las que se reservan al órgano jurisdiccional. Los ordenamientos procesales penales les acuerdan, en diverso grado, facultades de instrucción. En el proceso civil, los funcionarios del Ministerio Público aparecen en ocasiones como representantes de parte y en otras desempeñando funciones de vigilancia. El Ministerio Público se divide en Ministerio Público Fiscal y Pupilar. Dentro del primero de ellos se encuentra el que actúa ante los tribunales penales, civiles y de familia. El pupilar se encarga de la defensa de los incapaces y de los que se hallen en inferioridad de condiciones. Su intervención en el proceso reviste un carácter formal, no sustancial, en tanto se lo considera un representante de la ley, no de un particular ni de la sociedad. Defiende el interés público y por ende, su actuación es imparcial.
Su organización se asienta en el principio de unidad orgánica y su actuación; en los de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y dependencia jerárquica.
a) Unidad orgánica: el Ministerio Público es único, a pesar de que para el ejercicio de sus funciones se efectúen
dentro de él una división del trabajo.
b) Legalidad: como defensor de la legalidad, su actuación es reglada y no se admite la discrecionalidad.
c) Imparcialidad: su actuación tiene carácter objetivo y formal. Su función es hacer prevalecer con imparcialidad la
ley. De allí que puede pedir la absolución o la condena del imputado.
d) Unidad de actuación: el dictamen o resolución de un miembro del ministerio público lo representa a todo.
e) Subordinación jerárquica: implica que un inferior debe obedecer las órdenes de su inmediato superior. Esta
subordinación no existe en los oficios del Poder Judicial. En la provincia de Córdoba se encuentra regulado en la ley orgánica del Ministerio Público nº 7826 que en sus artículos 11 a 13 establece las características de la subordinación jerárquica. En el orden penal, el Ministerio Público es el titular de la función requirente y actúa bajo las reglas de la oficiosidad y del principio de legalidad. Cumple la función de excitar y requerir a los jueces a fin de que se obtenga una decisión adecuada a una pretensión jurídico-penal. Es el encargado del ejercicio de la acción penal que constituye una función pública que forma parte de la función judicial en sentido amplio. En el ámbito civil y comercial, el Ministerio Público Fiscal interviene en todos los procesos que rocen al orden público y su intervención cesa cuando se encuentre desinteresado el orden social.
En los procesos de familia, su actuación responde al interés comunitario que se proyecta desde el estado en la tutela de ciertas instituciones que deben ser protegidas en su realización jurisdiccional.
-El Ministerio Público Fiscal en la provincia de Córdoba:
El Ministerio Público esta compuesto por un fiscal general, dos fiscales adjuntos y los fiscales de cámara, en lo correccional, de instrucción, en lo civil y comercial, de familia, de menores y en lo electoral. El fiscal general tiene a su cargo la misión de fijar las políticas de persecución penal e instruir a los fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus funciones.
Las funciones del Ministerio Público están explicitadas en el artículo 172 de la Constitución Provincial y ellas son:
2. Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia
y procurar ante aquellos la satisfacción del interés social.
3. Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos que las
leyes acuerden a los particulares.
El artículo 10 de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal establece cuales son sus atribuciones, entre las que se
a) Interesarse en cualquier proceso judicial al sólo efecto de observar la normal prestación del servicio, denunciando
las irregularidades que observare.
b) Concurrir a los lugares de detención cuando lo estime conveniente.
c) Requerir el auxilio de las autoridades provinciales y de la fuerza pública.
d) Impartir órdenes e instrucciones generales y particulares a los integrantes de la Policía Judicial.
e) Impartir instrucciones a los inferiores jerárquicos.
Por su parte, compete a los fiscales civiles y comerciales:
1) deducir toda acción fiscal que interese al orden público, con excepción de los asuntos encomendados a otros
funcionarios; si el proceso ya se hubiese iniciado y se encontrare comprometido el orden público, se corre vista al Fiscal a los fines que se expida mediante dictamen. Así, cuando se solicita el beneficio de litigar sin gastos, se corre vista al fiscal en protección de los intereses del fisco y de otros organismos (caja de abogados) 2) intervenir en los conflictos de competencia, en los juicios concursales, en los procesos sucesorios, actos de jurisdicción voluntaria, en lo relativo al estado civil de las personas cuando no le corresponda intervenir al Fiscal de Familia.
En lo que corresponde al ministerio pupilar, el constituyente local ha hecho caso omiso a su referencia por lo que ha sido la ley 7982, conocida como de Asistencia Jurídica Gratuita, la que ha salvado el olvido del legislador. Así, se instituyen Asesores Letrados en lo civil y comercial, penal, de familia, de menores y de trabajo. Los asesores letrados en lo penal defienden a los imputados que no hayan designado abogado, representan y defienden los intereses de los imputados no individualizados y también pueden intervenir como querellante particular cuando la víctima careciere de recursos. Los asesores letrados en lo civil y comercial, representan en juicio a los incapaces en cuanto interese a su persona y sus bienes, ejerce la representación y defensa en juicio de los que hubiesen sido declarados rebeldes, en los casos que el código determine, defiende a los pobres o carenciados en los términos de la ley de Asistencia Jurídica Gratuita, lo que importa que brindará asesoramiento jurídico, dará consejos y esgrimirá la defensa técnica que a su juicio requiera la causa. Presentara escritos, ofrecerá prueba, etc. Cuenta con las mismas atribuciones y sujeciones que las partes, con la salvedad de que al Ministerio Pupilar no se le impondrán costas por las actuaciones que promueva o por los recursos que entable en cumplimiento de sus funciones (art. 137 C.P.C.). -Ministerio Público Nacional:
El artículo 120 de la Constitución Nacional instituye: “el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera, que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de
la legalidad, de los intereses generales de la sociedad, en coordinación con las demás autoridades de la República. Está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establece. Sus miembros gozan de inmunidades funcionales e intangibilidad de remuneraciones”. En el orden nacional, el Ministerio Público comprende tanto al fiscal como al pupilar, no forma parte del Poder Judicial, ni se encuentra subordinado al Ejecutivo. Se trata de un órgano extrapoder de característica bicéfalo porque por una parte está el procurador general de la Nación y por otra el defensor general de la Nación.
Funciones de los integrantes del Ministerio Público Fiscal:
a) Promueve la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad.
b) Representa y defiende el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera.
c) Promueve y ejerce la acción pública en las causas criminales y correccionales, salvo cuando fuese necesario
instancia o requerimiento de parte.
d) Promueve la acción civil en los casos previstos por la ley.
e) Interviene en los procesos de nulidad de matrimonio y divorcio, filiación, venias supletorias, declaraciones de
f) Vela por la observancia de la Constitución Nacional, las leyes de la República y por el efectivo cumplimiento del debido proceso legal.
g) Vela por la defensa de los derechos humanos en los establecimientos carcelarios, judiciales, de policía y de
internación psiquiátrica.
Deberes y atribuciones del defensor general de la Nación:
Es la cabeza del Ministerio Público de la Defensa y tiene las siguientes atribuciones:
a) Ejerce ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, las facultades del Ministerio Público de la Defensa.
b) Delega sus funciones en los defensores oficiales ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
c) Imparte instrucciones generales o particulares a los integrantes del Ministerio Público de la Defensa para la
adopción de todas las medidas necesarias y conducentes al ejercicio de las funciones y atribuciones que las leyes le confieren.
d) Promueve y ejecuta políticas para facilitar el acceso a la justicia de los sectores discriminados.
e) Asegura la debida asistencia de cada una de las partes con intereses contrapuestos, designando diversos
defensores cuando así lo exija la naturaleza de las pretensiones de las partes. Pueden distinguirse en la función, los defensores públicos de Menores e Incapaces y los defensores públicos oficiales. Los defensores públicos de Menores e Incapaces aseguran en las instancias y fueros en que actúen, la representación promiscua del artículo 59 C.C., por consiguiente, entablan en defensa de los menores e incapaces las acciones y recursos pertinentes, ya sea en forma autónoma o junto con sus representantes necesarios, v.gr. padres, tutores o curadores. Los defensores públicos oficiales tienen como función la de proveer lo necesario para la defensa de la persona y los
derechos de los justiciables en las causas penales y en otros fueros cuando aquellos fueren pobres o estuvieren ausentes.
*Clasificación de los procesos:
-Estructura del proceso civil:
El proceso civil presenta una estructura dialéctica, se inicia por actos de postulación en los que se plasman la pretensión esgrimida por el actor que se integra con la contestación de la demanda u otra actitud que puede asumir el demandado frente a ella y se desarrolla en etapas posteriores, de prueba, de discusión y de sentencia. De acuerdo al criterio utilizado, el proceso civil puede clasificarse:
1. Por la naturaleza del órgano:
Proceso judicial hace referencia al que se desarrolla ante el órgano jurisdiccional o tribunales públicos y constituye el proceso por excelencia. Se realiza ante un juez investido por el Estado de la potestad de administrar justicia con todas las facultades que le son inherentes. Su fundamento constitucional deriva de los principios de juez natural y
Proceso arbitral, a diferencia del proceso judicial, es aquel que se lleva adelante ante un árbitro que recibe el mandato de las partes o de la ley, con el fin de dirimir la contienda, respetando las garantías de imparcialidad y ecuanimidad. El órgano jurisdiccional se sustituye por un juez privado elegido por las partes. El límite está dado por los puntos propuestos por las partes y por tanto carece de coertio y de executio. Sólo puede conocer y llamar a las partes para que comparezcan y se defiendan y dicta sentencia que se denomina “laudo arbitral”. Para que éste tenga posibilidades de ser ejecutado, debe ser inscripto en los libros de un juzgado ordinario ante el que se llevaran a cabo los trámites de ejecución de sentencia.
Existen procesos universales y singulares. Los primeros tienden a la distribución del patrimonio de una persona por
causa de muerte o falencia. En estos juicios resulta de aplicación el denominado “fuero de atracción” por lo que todas las actuaciones personales que tengan terceros contra el causante de la sucesión o el fallido, se acumulan por ante el juez que entiende en la sucesión o la quiebra. Los procesos universales regulados en nuestro derecho son el juicio sucesorio, el proceso concursal (art. 22, ley nº 24.552) y el juicio de quiebra (art. 136, ley 24.552). Se denominan procesos singulares a aquellos en los que existen partes individuales en conflicto. Tanto actor como demandado se encuentran en una posición doble, igual y contradictoria y deben contar con capacidad procesal. Doble, porque deben existir dos partes con poderes de acción y excepción respectivamente. Iguales, en cuanto a oportunidades para defenderse y probar y contradictoria porque ante la pretensión del actor se esgrime una pretensión negativa u opuesta del demandado.
3. Por la existencia o no de conflicto
Se distingue entre procedimientos contenciosos y de jurisdicción voluntaria. Son procesos contenciosos aquellos que tienden a la obtención de un pronunciamiento que dirima un conflicto u oposición de intereses suscitado entre dos o más personas identificados como partes. Ante la pretensión del actor, el demandado puede tomar la postura de comparecer y contestar la demanda, en cuyo caso se da la plena vigencia del contradictorio ya que podrá ofrecer y producir pruebas y discutir las pretensiones
hechas valer por el actor. Caso contrario y de no comparecer, el demandado es declarado rebelde y el proceso
continuará su curso teniéndoselo por notificado de las resoluciones dictadas en el futuro. Por el contrario, se consideran actos de jurisdicción voluntaria a aquellos que tiene por objeto integrar, constituir o dar eficacia a ciertos estados o relaciones jurídicas privadas frente a la sociedad. En ellos participa un miembro del Ministerio Público Fiscal para garantizar el contradictorio. Últimamente y para descongestionar la actividad del Poder Judicial, se ha sostenido que sería conveniente que estos procesos se tramitasen en sede administrativa.
Esta clasificación atiende al resultado del proceso y permite clasificarlo en declarativos, ejecutivos y cautelares. Son juicios declarativos aquellos que tiene por objeto una pretensión inicialmente incierta y que busca lograr que el tribunal que conoce el problema reciba la prueba y dicte la sentencia decidiendo sobre el fondo de la cuestión, en definitiva, se pretende la declaración de un derecho. Dentro de los juicios declarativos se encuentran el juicio ordinario y el abreviado (art. 411 C.P.C.). La sentencia que se
dicte en estos procesos produce el efecto de cosa juzgada material, es decir, una vez firme y ejecutoriada goza de inmutabilidad y no puede ser modificada. En este tipo de procesos, las partes tienen la posibilidad de discutir y alegar abiertamente sus pretensiones como así también de ofrecer y diligenciar todas las medidas de pruebas pertinentes. Son juicios ejecutivos aquellos en los cuales preexistiendo un derecho cierto o presumiblemente cierto, se procura su efectivización para satisfacer el interés del titular. Se procura la efectivización coactiva de un derecho reconocido en
una sentencia o en un título de ejecución. Por último, los procedimientos cautelares son aquellos instituidos para garantizar los derechos del actor o evitar que
ellos se tornen ilusorios durante la tramitación del proceso principal, ente la demanda y la sentencia. Se tramitan inaudita parte.
5. Por su estructura Los juicios contenciosos declarativos y ejecutivos por su estructura, se subclasifican en especiales y generales, atendiendo a las formas procesales asignadas para su trámite. Cuando la ley procesal no prevé un trámite especial, el juicio se lleva adelante por el procedimiento general o de conocimiento amplio. Esta regla general está expresamente instituida en los artículos 420 y 423 del C.P.C., mientras que el artículo 418 de idéntico cuerpo normativo contempla los casos de aplicación del trámite abreviado.
a) Juicio ordinario: pueden plantearse y decidirse en forma definitiva la totalidad de las cuestiones jurídicas derivadas de un conflicto entre partes. Es la forma más común de tramitación de una litis. La sentencia produce el efecto de cosa juzgada material por lo que no podrá realizarse otro juicio entre las mismas partes, con el mismo objeto y por la misma causa. b) Juicio abreviado: se reserva para cuestiones de menor cuantía económica con un trámite más escueto. Toda demanda cuya cuantía no exceda de doscientos cincuenta Jus, con excepción de las que persigan la condenación de daños y perjuicios que siempre se sustanciarán por el trámite ordinario. También comprende los juicios por consignación de alquileres, la acción declarativa de certeza, el pedido de alimentos y litis expensas, los incidentes y todos los casos para los cuales la ley sustantiva establece el juicio sumario u otra expresión equivalente (art. 418 C.P.C.). La sentencia produce el efecto de cosa juzgada material.
Juicio ejecutivo general: es el procedimiento que permite a través de una sustanciación ágil obtener la realización del
crédito plasmado en el título, título ejecutivo que goza de una presunción de autenticidad, siempre que contenga ciertas condiciones indispensables como la de contener una obligación de pagar una suma de dinero, que la cantidad sea líquida o fácilmente liquidable por una simple operación aritmética sobre la base que el mismo título suministre y que resulte exigible, o sea de plazo vencido, no sujeta a condición. Produce el efecto de cosa juzgada formal por lo que tanto actor como demandado podrán entablar demanda en juicio declarativo (art. 529 y 557), aunque no pueden volver a discutirse las defensas que hayan sido motivo de pronunciamiento.
-Derecho procesal civil actual. Modernas tendencias:
En búsqueda de superar el excesivo formalismo del proceso escrito y dispositivo, en la actualidad se intenta encontrar una propuesta superadora y alentadora para tornar el deficiente proceso civil en una herramienta ágil y útil para la solución de conflictos.
oralidad con
En pos de superar estos viejos problemas, las tendencias actuales implican un paso hacia la
participación activa del juez que pasa de ser un mero espectador, a transformarse en un verdadero director del proceso. Juntamente con ello, se intenta instaurar el denominado proceso por audiencias. En este proceso, se pasa de un trámite completamente escrito como el que existe en la actualidad, a uno eminentemente mixto que comprenda un escrito inicial y luego una audiencia de prueba y otra de debate con el dictado de la sentencia al final de esta última. Ambas audiencias se realizan de manera oral. En la primera de ellas o audiencia preliminar, todos los sujetos procesales se reúnen luego de que ellos hubieren aportado los hechos y el derecho por escrito. El procedimiento se
completa con la audiencia de vista de causa en la que se lleva a cabo el debate oral de las cuestiones oportunamente introducidas. Luego se cierra el trámite al que solo resta agregarle el dictado de sentencia.
-Estructura del proceso penal:
1) investigación penal preparatoria es llevado adelante por el Fiscal de Instrucción y excepcionalmente por el Juez de
Instrucción (arts. 301 y 339 C.P.P.). Culmina con la requisitoria fiscal de elevación a juicio siempre que hubiere elementos de convicción suficientes para sostener como probable la participación punible del imputado en el hecho
intimado (art. 354 C.P.P.). 2) juicio plenario, oral, público y contradictorio que se realiza ante el tribunal de sentencia. La Cámara del Crimen que conoce en forma unipersonal o colegiada. El tribunal de juicio resuelve en forma definitiva. En el libro tercero del C.P.P., además del juicio común se regulan los procedimientos especiales que comprenden el juicio correccional, el juicio abreviado y el juicio por delitos de acción privada.
El juicio abreviado regulado en el artículo 415 de dicho cuerpo normativo está previsto para casos en que el imputado
confiese circunstanciada y llanamente su culpabilidad, ocasión en que podrá omitirse la recepción de la prueba tendiente a acreditarla, siempre que estuvieren de acuerdo el Tribunal, el Fiscal y los defensores. El fundamento de dudosa constitucionalidad que se da al juicio abreviado, se encuentra en buscar una solución que otorgue al justiciable una salida rápida y justa a su conflicto, aunque al fundarse en las pruebas recogidas durante la investigación penal preparatoria, se afecta sensiblemente su legítimo derecho de defensa en juicio. El verdadero motivo del juicio abreviado es el descongestionamiento del Estado en su tarea de administrar justicia, reduciendo el juicio oral y público a una audiencia en la que el imputado confiesa el hecho y el tribunal le aplica una pena previamente acordada con el fiscal y el defensor. El proceso de menores se rige por idénticas normas del C.P.P., con algunas salvedades como por ejemplo la no
aplicación de las normas relativas a la prisión preventiva y la audiencia de debate a puertas cerradas para preservar
la intimidad de los menores.
-Estructura del proceso laboral y de familia:
En el proceso de familia, las normas procesales se encuentran en la ley procesal provincial y algunas en el Código Civil. Existe lo que se denomina juicio común que es de trámite oral y reservado, de única instancia, con tribunal colegiado
e impulso procesal de oficio. Por esta forma de sustanciación se resuelven en general los asuntos referidos a divorcio,
separación personal y nulidad de matrimonio, filiación y adopción. Es un procedimiento mixto que prevé el impulso procesal de oficio y potestades jurisdiccionales para proponer y diligenciar pruebas. También se prevén para diversas materias juicios especiales más breves para cuestiones menores tales como la determinación de la guarda de menores no sometidos a patronato, fijación de régimen de visitas o cuotas alimentarias y autorizaciones en general. El conocimiento y resolución de estos juicios especiales están atribuidos al juez de familia quien también es el juez de sentencia. Sus resoluciones son apelables ante la Cámara de Familia.
El ordenamiento procesal laboral comprende la regulación de los conflictos individuales de trabajo derivados de la
relación de contrato de trabajo, las acciones emergentes de la ley nacional de accidentes y enfermedades del trabajo
y acciones de cobros de aportes y contribuciones de fondos sindicales. Este procedimiento de trámite común se
resuelve en forma de juicio con trámite de juicio oral, público y continuo en instancia única. También la ley del fuero laboral prevé procedimientos especiales como un trámite ejecutivo para el cobro de deudas
plasmadas en títulos ejecutivos que provengan de una relación laboral o para el cobro de costas judiciales (art. 68, ley nº 7987). Asimismo, prevé el juicio de desalojo cuando se pretenda obtener el lanzamiento de un trabajador de
la vivienda proporcionada por el patrón (art. 77).
-Medios alternativos para la resolución de conflictos:
Arbitraje El arbitraje es un modo de solucionar con equidad, sabiduría y humanidad una controversia sin ataduras jurídicas rígidas. Con este proceso se intenta arribar a una solución efectiva en una leal paridad, sin recurrir a la tramitación formal, en busca de una amigable composición.
A pesar de ser un procedimiento útil, tiene poco uso por la concepción tradicionalista de soberanía estatal en la
resolución de conflictos, la deficiente legislación en la materia y la desconfianza y desconocimiento de los abogados y sus clientes sobre ella.
El arbitraje puede ser voluntario o forzoso. El primero de ellos está regulado en los artículos 601 y 602 del C.P.C.,
mientras que el forzoso está previsto un artículo después y comprende los juicios declarativos generales entre ascendientes y descendientes o entre hermanos y todas las cuestiones que deban decidirse por árbitros conforme la
legislación de fondo. Árbitro es la persona elegida por las partes de un litigio para que decida la cuestión suscitada entre ellas, sustrayendo de ese modo el asunto del tribunal de derecho al que hubiese correspondido. Se consagra de ese modo una excepción al proceso ordinario porque la decisión de recurrir al arbitraje debe ser tomada por todos los interesados. Los árbitros serán uno o tres, nombrados de común acuerdo por los interesados. Compromiso arbitral es el acto por el cual, en cumplimiento de una cláusula compromisoria, de una manifestación de voluntad posterior a ella o de una disposición de la ley, las partes someten a la decisión arbitral las cuestiones concretas que en él se determinen, fijándose los árbitros, las normas de procedimiento y las condiciones e impugnaciones del laudo. Cláusula compromisoria es el acuerdo en virtud del cual las partes se comprometen a someter cualquier controversia que se suscite en relación con el acto jurídico que celebran, a un juicio arbitral.
El procedimiento arbitral está establecido en los artículos 624 a 629 del C.P.C. y el fallo de los árbitros recibe la
denominación de laudo arbitral que se diferencia de la sentencia judicial porque en esta, el órgano jurisdiccional está obligado a fallar, mientras que el laudo puede no ser pronunciado puesto que los árbitros carecen de la potestad otorgada por la constitución a los jueces.
Mediación La ley nº 24.573 de Mediación y Conciliación impone para todo proceso judicial nacional, una instancia de conciliación obligatoria y consecuente con ella, modifica disposiciones del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Nación.
El artículo 1 establece el objetivo de la mediación que responde a la intención de proveer a las partes de una
instancia que les permita, sin importantes erogaciones, alcanzar una solución extrajudicial para la cuestión entre
ellas suscitada.
El régimen de mediación, si tiene éxito, estimulará un cambio de mentalidad hacia la elección de sistemas que,
aunque no se impongan de manera obligatoria, permitan encausar los diferendos sin necesidad de iniciar trámite judicial alguno, salvo, por supuesto, que no se logre el avenimiento buscado. Por lo pronto, el C.P.C. de la Nación no admite una demanda que no sea acompañada del certificado en el que conste
la realización de la mediación.
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