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Timestamp: 2019-07-18 09:19:37
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﻿ LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
LEY 270 DE 07 DE MARZO DE 1996
CONTENIDO:ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1043 DE MARZO 30 DE 1996, PG. 802
DIARIO OFICIAL N°:42745 DE MARZO 15 DE 1996
LEY ESTATUTARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIALEY 270 DE 1996
“Estatutaria de la administración de justicia”.
ART. 1º—Administración de justicia. La administración de justicia es la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr y mantener la concordia Nacional.
ART. 2º—Acceso a la justicia. El Estado garantiza el acceso de todos los asociados a la administración de justicia. Será de su cargo el amparo de pobreza y el servicio de defensoría pública. En cada municipio habrá como mínimo un defensor público.
ART. 3º—Derecho de defensa. En toda clase de actuaciones judiciales y administrativas se garantiza, sin excepción alguna, el derecho de defensa, de acuerdo con la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia y la ley. Los estudiantes de derecho pertenecientes a los consultorios jurídicos de las universidades debidamente reconocidas por el Estado podrán ejercer la defensa técnica con las limitaciones que señale la ley, siempre y cuando la universidad certifique que son idóneos para ejercerla.
ART. 4º—(Modificado).* Celeridad. La administración de justicia debe ser pronta y cumplida. Los términos procesales serán perentorios y de estricto cumplimiento por parte de los funcionarios judiciales. Su violación constituye causal de mala conducta, sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar.
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 1º)
ART. 5º—Autonomía e independencia de la rama judicial. La rama judicial es independiente y autónoma en el ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia.
ART. 6º—(Modificado).* Gratuidad. La administración de justicia será gratuita y su funcionamiento estará a cargo del Estado, sin perjuicio de las expensas, agencias en derecho y costas judiciales.
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 2º)
ART. 7º—(Modificado).*Eficiencia. La administración de justicia debe ser eficiente. Los funcionarios y empleados judiciales deben ser diligentes en la sustanciación de los asuntos a su cargo, sin perjuicio de la calidad de los fallos que deban proferir conforme a la competencia que les fije la ley.
*(Nota: Modificado por el Decreto 2637 de 2004 artículo 1º del Ministerio del Interior y de Justicia).
ART. 8º—(Modificado).* Alternatividad. La ley podrá establecer mecanismos diferentes al proceso judicial para solucionar los conflictos que se presenten entre los asociados y señalará los casos en los cuales habrá lugar al cobro de honorarios por estos servicios.
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 3º)
(Nota: Derogado el inciso segundo parte final del presente artículo por la Ley 1564 de 2012 artículo 626)
ART. 9º—Respeto de los derechos. Es deber de los funcionarios judiciales respetar, garantizar y velar por la salvaguarda de los derechos de quienes intervienen en el proceso.
ART. 10.—Declarado inexequible.
ART. 11.—(Modificado).* La rama judicial del poder público está constituida por:
3. Juzgados civiles, laborales, penales, agrarios, de familia y los demás especializados y promiscuos que se creen conforme a la ley;
d) De la jurisdicción de paz: jueces de paz, y
PAR. 1º—(Modificado).* La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, tienen competencia en todo el territorio nacional. Los tribunales superiores, los tribunales administrativos y los consejos seccionales de la judicatura, tienen competencia en el correspondiente distrito judicial o administrativo. Los jueces del circuito tienen competencia en el respectivo circuito y los jueces municipales en el respectivo municipio.
(Nota: Modificado por la Ley 585 de 2000 artículo 1º)
(Nota: Modificado el parágrafo 1º por el Decreto 2637 de 2004 artículo 2º del Ministerio del Interior y de Justicia)
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 4º)
ART. 12.—(Modificado).* Del ejercicio de la función jurisdiccional por la rama judicial. La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo, según se precisa en la Constitución Política y en la presente ley estatutaria.
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 5º)
ART. 13.—(Modificado).* Del ejercicio de la función jurisdiccional por otras autoridades y por particulares. Ejercen función jurisdiccional de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política:
2. Las autoridades administrativas, de acuerdo con las normas sobre competencia y procedimiento previstas en las leyes. Tales autoridades no podrán, en ningún caso, realizar funciones de instrucción o juzgamiento de carácter penal.
3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. Tratándose de arbitraje las leyes especiales de cada materia establecerán las reglas del proceso, sin perjuicio de que los particulares puedan acordarlas. Los árbitros, según lo determine la ley, podrán proferir sus fallos en derecho o en equidad.
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 6º)
ART. 14.—Declarado inexequible.
ELECCIÓN DEL MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAPERÍODO DEL MAGISTRADO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ART. 15.—Integración. La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y está integrada por veintitrés (23) magistrados, elegidos por la misma corporación para períodos individuales de ocho años, de listas superiores a cinco (5) candidatos que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El presidente elegido por la corporación la representará y tendrá las funciones que le señalen la ley y el reglamento.
PAR.—El período individual de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegidos con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará a contarse a partir de esta última fecha.
(Nota: Adicionado nuevo inciso por el Decreto 2637 de 2004 artículo 3º del Ministerio del Interior y de Justicia).
PAR. 2º— (Nota: Adicionado por la Ley 1781 de 2016 artículo 1° del Congreso de la República)
ART. 16.—(Modificado).* Salas. La Corte Suprema de Justicia cumplirá sus funciones por medio de cinco salas, integradas así: la Sala Plena, por todos los magistrados de la corporación; la Sala de Gobierno, integrada por el presidente, el vicepresidente y los presidentes de cada una de las salas especializadas; la Sala de Casación Civil y Agraria, integrada por siete magistrados; la Sala de Casación Laboral, integrada por siete magistrados y la Sala de Casación Penal, integrada por nueve magistrados.
Las salas de casación civil y agraria, laboral, y penal, actuarán según su especialidad como tribunal de casación. También conocerán de los conflictos de competencia que, en el ámbito de sus especialidades, se susciten entre las salas de un mismo tribunal, o entre tribunales, o entre éstos y juzgados de otro distrito, o entre juzgados de diferentes distritos.
(Nota: Modificado el inciso primero de este artículo por el Decreto 2637 de 2004 artículo 4º del Ministerio del Interior y de Justicia).
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 7º)
PAR.— (Nota: Adicionado por la Ley 1781 de 2016 artículo 2° del Congreso de la República)
SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ART. 17.—De la Sala Plena. La Sala Plena cumplirá las siguientes funciones:
1.(Modificado).* Elegir al secretario general y designar a los demás empleados de la corporación, con excepción de los de las salas y despachos, los cuales serán designados por cada una de aquéllas o por los respectivos magistrados.
5.(Modificado).* Hacer, previo el estudio en cada Sala de Casación, la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los magistrados de los tribunales superiores del distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral.
7. (sic) Las demás que le prescriban la Constitución, la ley o el reglamento.
PAR. TRANS.—Mientras subsista el Tribunal Nacional en su condición de tribunal de instancia de los jueces regionales, corresponde a la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, elegir a sus magistrados.
*(Nota: Los numerales 1º y 5º fueron modificados por la Ley 585 de 2000 artículo 2º).
ART. 18.—Conflictos de competencia. Los conflictos de competencia que se susciten entre autoridades de la jurisdicción ordinaria que tengan distinta especialidad jurisdiccional y que pertenezcan a distintos distritos, serán resueltos por la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación que de acuerdo con la ley tenga el carácter de superior funcional de las autoridades en conflicto, y en cualquier otro evento por la Sala Plena de la Corporación.
2. De los tribunales superiores de distrito judicial
ART. 19.—Jurisdicción. Los tribunales superiores son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial. Tienen el número de magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres.
Los tribunales superiores ejercerán sus funciones por conducto de la sala plena, integrada por la totalidad de los magistrados, por la sala de gobierno, por las salas especializadas y por las demás salas de decisión plurales e impares, de acuerdo con la ley.
PAR. TRANS. 1º—Mientras se integran las salas de decisión impares en aquellos lugares donde existen salas duales, éstas seguirán cumpliendo las funciones que vienen desarrollando.
PAR. TRANS. 2º—Los tribunales superiores de distrito judicial creados con anterioridad a la presente ley, continuarán cumpliendo las funciones previstas en el ordenamiento jurídico.
(Nota: Modificado el inciso primero de este artículo por el Decreto 2637 de 2004 artículo 5º del Ministerio del Interior y de Justicia).
ART. 20.—De la Sala Plena. Corresponde a la Sala Plena de los tribunales superiores de distrito judicial, ejercer las siguientes funciones administrativas:
1.(Modificado).* Elegir los jueces del respectivo distrito judicial, de listas elaboradas por la Sala Administrativa del respectivo consejo seccional de la judicatura, en la calidad que corresponda, según el régimen de la carrera judicial.
4.(Modificado).* Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los jueces del respectivo distrito judicial, que servirá de base para la calificación integral.
*(Nota: Los numerales 1º y 4º fueron modificados por la Ley 585 de 2000 artículo 3º).
ART. 21.—Integración. La célula básica de la organización judicial es el juzgado, cualquiera que sea su categoría y especialidad y se integrará por el juez titular, el secretario, los asistentes que la especialidad demande y por el personal auxiliar calificado que determine el Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 22.—(Modificado).* Régimen. Los juzgados civiles, penales, agrarios, de familia, laborales y de ejecución de penas que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción ordinaria. Sus características, denominación y número son establecidos por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
Cuando el número de asuntos así lo justifique, los juzgados podrán ser promiscuos para el conocimiento de procesos civiles, penales, laborales, agrarios o de familia.
(Nota: Modificado el inciso primero de este artículo por el Decreto 2637 de 2004 artículo 6º del Ministerio del Interior y de Justicia).
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 8º)
De la investigación y acusación de los delitos De la Fiscalía General de la Nación
ART. 23.—Función básica. Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio, mediante denuncia o querella, por petición del Procurador General de la Nación, del Defensor del Pueblo o por informe de funcionario público, investigar los delitos, declarar precluidas las investigaciones realizadas, calificar mediante acusación o preclusión y sustentar la acusación de los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes, excepto los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
PAR.—La fiscalía está obligada a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable al imputado y a respetar sus derechos y garantías procesales. En consecuencia, no podrá negarse a responder sus alegatos y peticiones ni a decretar aquellas pruebas que solicite para su defensa, salvo en los casos previstos en la ley.
ART. 24.—Declarado inexequible.
ART. 25.—Declarado inexequible.
ART. 26.—Principios. La Fiscalía General de la Nación ejercerá las funciones de investigación y acusación señaladas en la Constitución Política y en las normas con fuerza de ley. En el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales previstas en ella, son aplicables a la fiscalía los principios de la administración de justicia de que trata la Constitución Política, los tratados internacionales vigentes ratificados por Colombia, esta ley estatutaria y las demás normas con fuerza de ley.
PAR.—Los funcionarios judiciales de la fiscalía encargados en forma exclusiva de tramitar los recursos de apelación entrarán a ejercer sus funciones a más tardar dentro de los dos años siguientes a la vigencia de esta ley.
ART. 28.—Autonomía administrativa y presupuestal. La Fiscalía General de la Nación hace parte de la rama judicial y tiene autonomía administrativa y presupuestal, sin perjuicio del control fiscal ejercido por el Contralor General de la Nación.
ART. 29.—Elección. El Fiscal General de la Nación será elegido para un período de cuatro años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el Presidente de la República y no podrá ser reelegido.
ART. 30.—Estructura administrativa de la Fiscalía General de la Nación. Corresponde a la ley determinar la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación. El fiscal general desarrollará dicha estructura con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley. En desarrollo de tal facultad, asignará la planta de personal que corresponda a cada dependencia, podrá variarla cuando lo considere necesario y establecerá el manual de requisitos y funciones de cada uno de los empleos.
ART. 31.—Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Adscrito a la Fiscalía General de la Nación funciona el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, como una entidad de derecho público, dotada de personería jurídica, con autonomía administrativa y patrimonial y organizado con el carácter de establecimiento público del orden nacional. El instituto está encargado de prestar auxilio y soporte técnico y científico a la administración de justicia en todo el territorio nacional en lo concerniente a medicina legal y las ciencias forenses, de organizar y dirigir el sistema único de medicina legal y ciencias forenses y controlar su funcionamiento y de cumplir las demás funciones que le atribuya la ley.
ART. 32.—Declarado inexequible.
ART. 33.—Dirección, coordinación y control de las funciones de policía judicial. El Fiscal General de la Nación o sus delegados tienen a su cargo dirigir, coordinar y controlar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional, demás organismos previstos en la ley y los restantes entes públicos a los cuales de manera transitoria el fiscal general les haya atribuido tales funciones, todas las cuales ejercerá con arreglo a la ley, de manera permanente, especial o transitoria directamente o por conducto de los organismos que ésta señale.
PAR.—Se exceptúa de lo dispuesto en este artículo la estructura y funciones de policía judicial de la Procuraduría General de la Nación, de acuerdo con lo señalado por el artículo 277 de la Constitución Política.
ART. 34.—(Modificado).* Integración y composición. El Consejo de Estado es el máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y está integrado por veintisiete (27) magistrados, elegidos por la misma Corporación para períodos individuales de ocho años, de listas superiores a cinco (5) candidatos, que reúnan los requisitos constitucionales, por cada vacante que se presente, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El Consejo de Estado ejerce sus funciones por medio de tres (3) salas, integradas así: la plena, por todos sus miembros; la de lo contencioso administrativo, por veintitrés (23) consejeros, y la de consulta y servicio civil, por los cuatro consejeros restantes.
PAR.—El período individual de los magistrados del Consejo de Estado elegidos con anterioridad al 7 de julio de 1991, comenzará a contarse a partir de esta última fecha.
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 9º)
ART. 35.—Atribuciones de la Sala Plena. La Sala Plena del Consejo de Estado tendrá las siguientes atribuciones administrativas:
1. Elegir los consejeros para proveer los nuevos cargos que se creen, llenar las vacantes de conformidad con la Constitución y la ley.
2. Elegir al secretario general, y demás empleados de la corporación, con excepción de los de las salas, secciones y despachos, los cuales serán designados por cada una de aquéllas o por los respectivos consejeros.
3. Elegir, conforme a la ley, a los miembros del Consejo Nacional Electoral.
5. Distribuir, mediante acuerdo, las funciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo que no deban ser ejercidas en pleno, entre las secciones que la constituyen, con base en un criterio de especialización y de volumen de trabajo.
6. Integrar las comisiones que deba designar, de conformidad con la ley o el reglamento.
7. Hacer la evaluación del factor cualitativo de la calificación de servicios de los magistrados de los tribunales administrativos, que servirá de base para la calificación integral.
9. Elegir, de terna enviada por la Corte Suprema de Justicia, para períodos de dos años, al auditor ante la Contraloría General de la República o a quien deba reemplazarlo en sus faltas temporales o absolutas, sin que en ningún caso pueda reelegirlo.
10. Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley y el reglamento.
ART. 36.—(Modificado).* De la Sala de lo Contencioso Administrativo. La Sala de lo Contencioso Administrativo se dividirá en cinco secciones, cada una de las cuales con la integración que se indica a continuación:
1. Sección 1ª integrada por cuatro magistrados.
2. Sección 2ª integrada por seis magistrados.
3. Sección 3ª integrada por cinco magistrados.
4. Sección 4ª integrada por cuatro magistrados.
5. Sección 5ª integrada por cuatro magistrados.
Cada sección ejercerá separadamente las funciones que de conformidad con su especialidad y cantidad de trabajo le asigne la Sala Plena del Consejo de Estado de acuerdo con la ley.
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 10)
ART. 36A.—(Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 11)
1. (Modificado).* Resolver los conflictos de competencia entre las secciones del Consejo de Estado, los tribunales administrativos y las secciones de los tribunales administrativos, y entre los tribunales y jueces de la jurisdicción contencioso administrativa pertenecientes a distintos distritos judiciales administrativos y entre jueces administrativos de los diferentes distritos judiciales administrativos.
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 12)
2. Conocer de todos los procesos contencioso administrativos cuyo juzgamiento atribuya la ley al Consejo de Estado y que específicamente no se hayan asignado a las secciones.
5. Resolver los asuntos que le remitan las secciones por su importancia jurídica o trascendencia social si, por estimar fundado el motivo, resuelve asumir competencia.
7. Conocer de los casos de la pérdida de investidura de los congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley. Las sentencias que ordenen la pérdida de la investidura deberán ser aprobadas por los miembros de la sala plena y por las causales establecidas taxativamente en la Constitución.
8. Conocer de los recursos contra las sentencias dictadas por la sección de asuntos electorales, en los casos en que determine la ley.
Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley.
PAR.—(Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 12)
ART. 38.—De la Sala de Consulta y Servicio Civil. La Sala de Consulta y Servicio Civil tendrá las siguientes atribuciones:
2. Preparar los proyectos de ley y de códigos que le encomiende el Gobierno Nacional. El proyecto se entregará al gobierno por conducto del ministro o director de departamento administrativo correspondiente, para su presentación a la consideración del Congreso.
4. Conceptuar sobre los contratos que se proyecte celebrar con empresas privadas colombianas, escogidas por concurso público de méritos, en los casos especiales autorizados por la ley, para efectuar el control fiscal de la gestión administrativa nacional.
5. Verificar, de conformidad con el Código Electoral, si cada candidato a la Presidencia de la República reúne o no los requisitos constitucionales y expedir la correspondiente certificación.
ART. 39.—Conformación de quórum en la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en casos especiales. De las providencias dictadas por las secciones del Consejo de Estado, cuando a ello hubiere lugar de acuerdo con la ley, conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusión de los consejeros de la sección que profirió la decisión, sin perjuicio de que éstos puedan ser llamados a explicarlas.
2. De los tribunales administrativos
ART. 40.—Jurisdicción. Los tribunales administrativos son creados por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que determine la ley procesal en cada distrito judicial administrativo. Tienen el número de magistrados que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que, en todo caso, no será menor de tres.
PAR. TRANS. 2º—Los tribunales administrativos creados con anterioridad a la presente ley, continuarán cumpliendo las funciones previstas en el ordenamiento jurídico.
ART. 41.—Sala Plena. La Sala Plena de los tribunales administrativos, conformada por la totalidad de los magistrados que integran la Corporación ejercerá las siguientes funciones:
3. De los juzgados administrativos
ART. 42.—Régimen. Los juzgados administrativos que de conformidad con las necesidades de la administración de justicia determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para el cumplimiento de las funciones que prevea la ley procesal en cada circuito o municipio, integran la jurisdicción contencioso administrativa. Sus características, denominación y número serán establecidas por esa misma Corporación, de conformidad con lo establecido en la presente ley.
ART. 42A.—(Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 13)
ART. 43.—Estructura de la jurisdicción constitucional. La Corte Constitucional ejerce la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de los artículos 241 al 244 de la Constitución Política. El Consejo de Estado conoce de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional.
ART. 44.—Integración de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional está integrada por nueve (9) magistrados, elegidos por el Senado de la República para períodos individuales de ocho años, de ternas que presentan: tres (3) el Presidente de la República, tres (3) la Corte Suprema de Justicia y tres (3) el Consejo de Estado.
Cuando se presente una falta absoluta entre los magistrados de la Corte Constitucional, corresponde al órgano que presentó la terna de la cual fue elegido el titular presentar una nueva para que el Senado de la República haga la elección correspondiente.
ART. 45.—Reglas sobre los efectos de las sentencias proferidas en desarrollo del control judicial de constitucionalidad. Las sentencias que profiera la Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario.
ART. 46.—Control integral y cosa juzgada constitucional. En desarrollo del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional deberá confrontar las disposiciones sometidas a su control con la totalidad de los preceptos de la Constitución.
ART. 47.—Gaceta de la Corte Constitucional. Todas las providencias que profiera la Corte Constitucional serán publicadas en la “Gaceta de la Corte Constitucional”, la cual deberá publicarse mensualmente por la Imprenta Nacional. Sendos ejemplares de la gaceta serán distribuidos a cada uno de los miembros del Congreso de la República y a todos los despachos judiciales del país.
ART. 48.—Alcance de las sentencias en el ejercicio del control constitucional. Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el siguiente efecto:
ART. 49.—Control de constitucionalidad de los decretos dictados por el gobierno cuya competencia no haya sido atribuida a la Corte Constitucional de conformidad con el numeral segundo del artículo 237 de la Constitución Política. El Consejo de Estado decidirá sobre las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional, cuya competencia no corresponda a la Corte Constitucional ni al propio Consejo de Estado como tribunal supremo de lo contencioso administrativo.
ART. 50.—Desconcentración y división del territorio para efectos judiciales. Con el objeto de desconcentrar el funcionamiento de la administración de justicia, y sin perjuicio de lo dispuesto en normas especiales, para efectos judiciales el territorio de la Nación se divide en distritos judiciales o distritos judiciales administrativos y éstos en circuitos. En la jurisdicción ordinaria, los circuitos estarán integrados por jurisdicciones municipales.
La división judicial podrá no coincidir con la división político administrativa y se hará procurando realizar los principios de fácil acceso, proporcionalidad de cargas de trabajo, proximidad y fácil comunicación entre los distintos despachos, cercanía del juez, con los lugares en que hubieren ocurrido los hechos, oportunidad y celeridad del control ejercido mediante la segunda instancia y suficiencia de recursos para atender la demanda de justicia.
ART. 51.—Organización básica de los despachos judiciales. La organización básica interna de cada despacho judicial será establecida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con sujeción a los siguientes parámetros:
ART. 52.—Zonas judiciales especiales de frontera. Créanse las zonas judiciales especiales de frontera. La ley determina su jurisdicción y funcionamiento.
ART. 53.—Elección de magistrados y consejeros. Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado proveer las vacantes que se presenten en la respectiva corporación, de listas superiores a cinco (5) candidatos, enviadas por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Estos magistrados no son reelegibles y tomarán posesión ante el Presidente de la República.
Con el objeto de elaborar las listas a que se refiere este artículo, el Consejo Superior de la Judicatura invitará a todos los abogados que reúnan los requisitos y que aspiren a ser magistrados, para que presenten su hoja de vida y acrediten las calidades mínimas requeridas. Al definir la lista, el Consejo Superior de la Judicatura deberá indicar y explicar las razones por las cuales se incluyen los nombres de los aspirantes que aparecen en ella.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, de los tribunales, los jueces y los fiscales no podrán nombrar a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil, o con quien estén ligados por matrimonio o unión permanente. Así mismo, los citados funcionarios, una vez elegidos o nombrados, no podrán nombrar a personas vinculadas por los mismos lazos con los servidores públicos competentes que hayan intervenido en su postulación o designación.
PAR. 2º—Los funcionarios públicos en cuya postulación o designación intervinieron funcionarios de la rama judicial, no podrán designar a personas con las cuales los postulantes o nominadores tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Constituye causal de mala conducta la violación a esta disposición.
ART. 54.—Quórum deliberatorio y decisorio. Todas las decisiones que las corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la corporación, sala o sección. Es obligación de todos los magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la corporación en pleno y, en su caso, por la Sala o la Sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo. La violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta.
Cuando quiera que el número de los magistrados que deban separarse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces.
(Nota: Modificado el inciso tercero del presente artículo por el Decreto 2637 de 2004 artículo 7º del Ministerio del Interior y de Justicia).
ART. 55.—Elaboración de las providencias judiciales. Las sentencias judiciales deberán referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos procesales.
“Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley”.
La pulcritud del lenguaje; la claridad, la precisión y la concreción de los hechos materia de los debates y de las pruebas que los respaldan que los magistrados y jueces hagan en las providencias judiciales, se tendrán en cuenta como factores esenciales en la evaluación del factor cualitativo de la calificación de sus servicios.
ART. 56.—Firma y fecha de providencias y conceptos. El reglamento interno de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo de Estado, respectivamente, determinará, entre otras, la forma como serán expedidas y firmadas las providencias, conceptos o dictámenes adoptados. En dicho reglamento se deberá además incluir un término perentorio para consignar en el salvamento o la aclaración del voto los motivos de los magistrados que disientan de la decisión jurisdiccional mayoritaria, sin perjuicio de la publicidad de la sentencia. La sentencia tendrá la fecha en que se adopte.
ART. 57.—Publicidad y reserva de las actas. Son de acceso público las actas de las sesiones de la Sala Plena y de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de las salas administrativas de los consejos seccionales y de las corporaciones citadas en el inciso anterior, y los documentos otorgados por los funcionarios de la rama judicial en los cuales consten actuaciones y decisiones de carácter administrativo.
Las actas de las sesiones de las salas y secciones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, de la comisión de investigación y acusaciones de la Cámara de Representantes, de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales y de los tribunales en las cuales consten actuaciones y decisiones judiciales o disciplinarias de carácter individual, de grupo o colectivos, son reservadas excepto para los sujetos procesales, sin perjuicio de las atribuciones de las autoridades competentes. Son de acceso público las decisiones que se adopten.
ART. 58.—Medidas correccionales. Los magistrados, los fiscales y los jueces tienen la facultad correccional, en virtud de la cual pueden sancionar como a los particulares, en los siguientes casos:
4. (Nota: Adicionado por el Decreto 2637 de 2004 artículo 8º del Ministerio del Interior y de Justicia).
ART. 59.—Procedimiento. El magistrado o juez hará saber al infractor que su conducta acarrea la correspondiente sanción y de inmediato oirá las explicaciones que éste quiera suministrar en su defensa. Si éstas no fueren satisfactorias, procederá a señalar la sanción en resolución motivada contra la cual solamente procede el recurso de reposición interpuesto en el momento de la notificación. El sancionado dispone de veinticuatro horas para sustentar y el funcionario de un tiempo igual para resolverlo.
ART. 60.—Sanciones. Cuando se trate de un particular, la sanción correccional consistirá, según la gravedad de la falta, en multa hasta de 10 salarios mínimos mensuales.
ART. 60A.—(Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 14)
ART. 61.—De los conjueces. Serán designados conjueces, de acuerdo con las leyes procesales y los reglamentos de las corporaciones judiciales, las personas que reúnan los requisitos para desempeñar los cargos en propiedad, las cuales en todo caso no podrán ser miembros de las corporaciones públicas, empleados o trabajadores de ninguna entidad que cumpla funciones públicas, durante el período de sus funciones. Sus servicios serán remunerados.
PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2637 de 2004 artículo 9º del Ministerio del Interior y de Justicia).
ART. 62.—Declarado inexequible.
ART. 63.—(Modificado).*Descongestión. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en caso de congestión de los despachos judiciales, podrá regular la forma como las corporaciones pueden redistribuir los asuntos que tengan para fallo entre los tribunales y despachos judiciales que se encuentren al día; seleccionar los procesos cuyas pruebas, incluso inspecciones, puedan ser practicadas mediante comisión conferida por el juez del conocimiento, y determinar los jueces que deban trasladarse fuera del lugar de su sede para instruir y practicar pruebas en procesos que estén conociendo otros jueces.
Igualmente, podrá crear, con carácter transitorio cargos de jueces o magistrados sustanciadores o de fallo, de acuerdo con la ley de presupuesto.
(Nota: Véase el Acuerdo 738 de 2000 del Consejo Superior de la Judicatura).
(Nota: Modificado por el Decreto 2637 de 2004 artículo 10 del Ministerio del Interior y de Justicia)
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 15)
ART. 63A.—(Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 16)
ART. 64.—Comunicación y divulgación. Ningún servidor público podrá en materia penal o disciplinaria divulgar, revelar o publicar las actuaciones que conozca en ejercicio de sus funciones y por razón de su actividad, mientras no se encuentre en firme la resolución de acusación o el fallo disciplinario, respectivamente.
Las decisiones en firme podrán ser consultadas en las oficinas abiertas al público que existan en cada corporación, para tal efecto o en las secretarías de los demás despachos judiciales, salvo que exista reserva legal sobre ellas. Toda persona tiene derecho a acceder a los archivos que contengan las providencias judiciales y a obtener copia, fotocopia o reproducción exacta por cualquier medio técnico adecuado, las cuales deberán expedirse, a costa del interesado.
PAR.—En el término de tres meses, contados a partir de la vigencia de la presente ley, será contratada la instalación de una red que conecte la oficina de archivos de las sentencias de la Corte Constitucional con las comisiones primeras constitucionales permanentes del Congreso de la República y de las secciones de leyes.
ART. 70.—Culpa exclusiva de la víctima. El daño se entenderá como debido a culpa exclusiva de la víctima cuando ésta haya actuado con culpa grave o dolo, o no haya interpuesto los recursos de ley. En estos eventos se exonerará de responsabilidad al Estado.
ART. 72.—Acción de repetición. La responsabilidad de los funcionarios y empleados judiciales por cuya conducta dolosa o gravemente culposa haya sido condenado el Estado, será exigida mediante la acción civil de repetición de la que éste es titular, excepto el ejercicio de la acción civil respecto de conductas que puedan configurar hechos punibles.
ART. 73.—Competencia. De las acciones de reparación directa y de repetición de que tratan los artículos anteriores, conocerá de modo privativo la jurisdicción contencioso-administrativa conforme al procedimiento ordinario y de acuerdo con las reglas comunes de distribución de competencia entre el Consejo de Estado y los tribunales administrativos.
En consecuencia, en los preceptos que anteceden los términos “funcionario o empleado judicial” comprende a todas las personas señaladas en el inciso anterior.
De la administración, gestión y control de la rama judicial
ART. 75.—Funciones básicas. Al Consejo Superior de la Judicatura le corresponde la administración de la rama judicial y ejercer la función disciplinaria, de conformidad con la Constitución Política y lo dispuesto en esta ley.
ART. 76.—De las salas del Consejo Superior de la Judicatura. Para el ejercicio de las funciones especializadas que le atribuyen la Constitución y la ley, el Consejo Superior de la Judicatura se divide en dos salas:
1. La sala administrativa, integrada por seis magistrados elegidos para un período de ocho años, así: uno por la Corte Constitucional, dos por la Corte Suprema de Justicia, y tres por el Consejo de Estado.
ART. 77.—Requisitos. Para ser magistrado del Consejo Superior de la Judicatura se requiere ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta y cinco años; tener título de abogado, y haber ejercido la profesión durante diez años con buen crédito. Los miembros del consejo no podrán ser escogidos entre los magistrados de las mismas corporaciones postulantes.
ART. 78.—Posesión y permanencia. Los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tomarán posesión de sus cargos ante el Presidente de la República y permanecerán en el ejercicio de aquéllos por todo el tiempo para el cual fueron elegidos, mientras observen buena conducta y no hayan llegado a la edad de retiro forzoso.
ART. 79.—Del consejo en pleno. Las dos salas del Consejo Superior de la Judicatura, se reunirán en un solo cuerpo para el cumplimiento de las siguientes funciones:
2. Adoptar, previo concepto de la comisión interinstitucional de la rama judicial, el plan de desarrollo de la rama judicial y presentarlo al Gobierno Nacional para su incorporación en el plan nacional de desarrollo.
3. Dictar los reglamentos necesarios para el eficaz funcionamiento de la administración de justicia.
4. Adoptar y proponer proyectos de ley relativos a la administración de justicia y a los códigos sustantivos y procedimentales.
5. Elegir al presidente del consejo, quien tendrá la representación institucional de la corporación frente a las demás ramas y autoridades del poder público, así como frente a los particulares. Así mismo, elegir al vicepresidente de la corporación.
6. Promover y contribuir a la buena imagen de la rama judicial, en todos sus órdenes frente a la comunidad.
ART. 80.—Presentación y contenido del informe. El informe anual a que se refiere el artículo anterior, deberá ser presentado al Congreso de la República, dentro de los primeros diez días del segundo período de cada legislatura, por el presidente de la corporación, y no podrá versar sobre las decisiones jurisdiccionales.
1. Las políticas, objetivos y planes que desarrollará a mediano y largo plazo el Consejo Superior de la Judicatura.
8. Los estados financieros, junto con sus notas, correspondientes al año anterior, debidamente auditados.
ART. 81.—Derecho de petición. Podrá ejercerse el derecho de petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, en los términos de la Ley 57 de 1985 y demás disposiciones que la desarrollen y complementen.
ART. 82.—Consejos seccionales de la judicatura. Habrá consejos seccionales de la judicatura en las ciudades cabeceras de distrito judicial que a juicio de la Sala Administrativa del Consejo Superior resulte necesario. Éste podrá agrupar varios distritos judiciales bajo la competencia de un consejo seccional. La Sala Administrativa del Consejo Superior fijará el número de sus miembros.
(Nota: Adicionado nuevo inciso por el Decreto 2637 de 2004 artículo 11 del Ministerio del Interior y de Justicia).
ART. 83.—Elección de los magistrados de los consejos seccionales. Los magistrados de los consejos seccionales se designarán así:
ART. 84.—Requisitos. Los magistrados de las salas administrativas de los consejos seccionales deberán tener título de abogado; especialización en ciencias administrativas, económicas o financieras, y una experiencia específica no inferior a cinco años en dichos campos. La especialización puede compensarse con tres años de experiencia específica en los mismos campos. Los magistrados de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales deberán acreditar los mismos requisitos exigidos para ser magistrado del tribunal superior. Todos tendrán su mismo régimen salarial y prestacional y sus mismas prerrogativas, responsabilidades e inhabilidades y no podrán tener antecedentes disciplinarios.
23. Elaborar y desarrollar el plan de formación, capacitación y adiestramiento de los funcionarios y empleados de la rama judicial.
25. Designar al director de la escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla”.
(Nota: Adicionado inciso por el Decreto 2637 de 2004 artículo 12 del Ministerio del Interior y de Justicia)
30. Las demás que le señale la ley.
PAR.—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá delegar en sus distintos órganos administrativos el ejercicio de sus funciones administrativas.
PAR. TRANS.—La designación del director de la escuela judicial se efectuará a partir de cuando la misma haga parte del Consejo Superior de la Judicatura.
(Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 17)
ART. 86.—Coordinación. Sin perjuicio de la autonomía que para el ejercicio de la función administrativa le confiere la Constitución, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura actuará en coordinación con los órganos de las otras ramas del poder público y organizaciones vinculadas al sector justicia.
ART. 87.—Plan de desarrollo de la rama judicial. El plan sectorial de desarrollo para la rama judicial debe comprender entre otros, los siguientes aspectos:
ART. 88.—Elaboración del proyecto de presupuesto para la rama judicial. El proyecto de presupuesto para la rama judicial deberá reflejar el plan sectorial de desarrollo, incorporará el de la Fiscalía General de la Nación y se elaborará con sujeción a las siguientes reglas:
3. La fiscalía presentará su proyecto de presupuesto a la sala administrativa para su incorporación al proyecto de presupuesto general de la rama, a más tardar dentro de los últimos diez días del mes de marzo de cada año.
ART. 89.—Reglas para la división judicial del territorio. La fijación de la división del territorio para efectos judiciales se hará conforme a las siguientes reglas:
2. La división del territorio para efectos judiciales puede no coincidir con la división político-administrativa del país.
6. Por razones de servicio podrá variarse la comprensión geográfica de los distritos judiciales, incorporando a un distrito municipios que hacían parte de otro. Así mismo podrá variarse la distribución territorial en el distrito, creando, suprimiendo o fusionando circuitos, o cambiando la distribución de los municipios entre éstos.
En ejercicio de la redistribución funcional, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura puede disponer que los despachos de uno o varios magistrados de tribunal, o de uno o de varios juzgados se transformen, conservando su categoría, a una especialidad distinta de aquella en la que venían operando dentro de la respectiva jurisdicción.
Los funcionarios, secretarios, auxiliares de magistrado, oficiales mayores y sustanciadores escalafonados en carrera que, por virtud de la redistribución prevista en este artículo, queden ubicados en una especialidad de la jurisdicción distinta de aquella en la cual se encuentran inscritos, podrán optar, conforme lo reglamente la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, por una de las siguientes alternativas:
2. Sin solución de continuidad en su situación de carrera, prestar de manera provisional sus servicios en el nuevo cargo, con el derecho a ser incorporados en el primer cargo de la misma especialidad y categoría de aquel en el que se encuentren inscritos, en el que exista vacancia definitiva en el distrito, aun cuando esté provisto en provisionalidad.
4. En la alternativa a que se refiere el numeral segundo de este artículo, si el funcionario o empleado no acepta la designación en el primer cargo vacante de su misma especialidad y categoría, o transcurren seis meses sin que exista vacancia disponible, será inscrito en el cargo en el cual por virtud de éste la redistribución esté prestando sus servicios. En el mismo evento de no aceptación, el funcionario o empleado que hubiese optado por la alternativa prevista en el numeral tercero se entenderá que renuncia a sus derechos de carrera y quedará desvinculado de la misma.
ART. 91.—Creación, fusión y supresión de despachos judiciales. La creación de tribunales o de sus salas y de los juzgados, se debe realizar en función de áreas de geografía uniforme, los volúmenes demográficos rural y urbano, la demanda de justicia en las diferentes ramas del derecho y la existencia de vías de comunicación y medios de transporte que garanticen a la población respectiva un fácil acceso al órgano jurisdiccional.
PAR.—(Nota: Adicionado por el Decreto 2637 de 2004 artículo 13 del Ministerio del Interior y de Justicia).
ART. 92.—Supresión de cargos. En el evento de supresión de cargos de funcionarios y empleados escalafonados en la carrera judicial, ellos serán incorporados, dentro de los seis meses siguientes, en el primer cargo vacante definitivamente de su misma denominación, categoría y especialidad que exista en el distrito, sin que al efecto obste la circunstancia de encontrarse vinculado al mismo persona designada en provisionalidad.
Para efectos del derecho de incorporación previsto en este artículo se establece como criterio de prelación la antigüedad de los servidores públicos involucrados.
ART. 93.—Del principio de legalidad en los trámites judiciales y administrativos. La facultad de la sala administrativa para regular los trámites judiciales y administrativos que se adelanten en los despachos judiciales en ningún caso comprenderá la regulación del ejercicio de las acciones judiciales ni de las etapas del proceso que conforme a los principios de legalidad y del debido proceso corresponden exclusivamente al legislador.
PAR.—(Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 18)
ART. 94.—Estudios especiales. Los planes de desarrollo, los presupuestos y su ejecución, la división del territorio para efectos judiciales, la ubicación y redistribución de despachos judiciales, la creación, supresión, fusión y traslado de cargos en la administración de justicia, deben orientarse a la solución de los problemas que la afecten, de acuerdo con el resultado de estudios, especialmente de orden sociológico, que debe realizar anualmente el Consejo Superior de la Judicatura.
Tales estudios deben incluir, entre otras cosas, encuestas tanto al interior de la rama como entre los usuarios de la misma, que permitan establecer, en forma concreta, la demanda de justicia no satisfecha, las cargas de trabajo en términos de tiempos y movimientos, el costo de operación y los sectores en donde se presenten los mayores problemas para gozar de una convivencia pacífica.
ART. 95.—Tecnología al servicio de la administración de justicia. El Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporación de tecnología de avanzada al servicio de la administración de justicia. Esta acción se enfocará principalmente a mejorar la práctica de las pruebas, la formación, conservación y reproducción de los expedientes, la comunicación entre los despachos y a garantizar el funcionamiento razonable del sistema de información.
Los procesos que se tramiten con soporte informático garantizarán la identificación y el ejercicio de la función jurisdiccional por el órgano que la ejerce así como la confidencialidad, privacidad y seguridad de los datos de carácter personal que contengan en los términos que establezca la ley.
ART. 96.—De la comisión interinstitucional de la rama judicial. Habrá una comisión interinstitucional de la rama judicial integrada por los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, del Consejo Superior de la Judicatura, el Fiscal General de la Nación y un representante de los funcionarios y empleados de la rama elegido por éstos, en la forma que señale el reglamento.
ART. 97.—Funciones de la comisión. Son funciones de la comisión interinstitucional de la rama judicial:
3. Emitir concepto previo para el ejercicio de las facultades previstas, los numerales 5º, 9º, 16 y 23 del artículo 85 de la presente ley que le corresponde cumplir a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
4. Emitir concepto previo sobre el proyecto de presupuesto unificado y sobre el proyecto de plan sectorial de desarrollo para la rama judicial antes de que sean adoptados por la sala administrativa y el consejo en pleno respectivamente.
(Nota: Véase Acto Legislativo 2 de 2015 artículo 18)
ART. 98.—De la dirección ejecutiva de la administración judicial. La dirección ejecutiva de administración judicial es el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la rama judicial, con sujeción a las políticas y decisiones de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 99.—Del director ejecutivo de administración judicial. El director ejecutivo de administración judicial deberá tener título profesional, maestría en ciencias económicas, financieras o administrativas y experiencia no inferior a cinco años en dichos campos. Su categoría, prerrogativas y remuneración serán las mismas de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura.
8. Representar a la Nación-rama judicial, en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales.
ART. 100.—Funciones de la sala plena de los consejos seccionales. Las salas plenas de los consejos seccionales tendrán las siguientes funciones:
2. Promover la imagen de la rama judicial en todos sus órdenes, frente a la comunidad.
3. Designar y remover libremente a los empleados del consejo seccional, excepto los que sean de libre nombramiento y remoción de cada magistrado y aquellos cuyo nombramiento corresponda a otra sala o al director ejecutivo seccional.
ART. 101.—Funciones de las salas administrativas de los consejos seccionales. Las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura tendrán las siguientes funciones:
11. Vigilar que los magistrados y jueces residan en el lugar que les corresponde pudiendo autorizar residencias temporales fuera de su jurisdicción en casos justificados, dando cuenta a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
12. Las demás que le señale la ley o el reglamento, o que le delegue la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 102.—Comisión seccional interinstitucional. Habrá una comisión seccional interinstitucional de la rama judicial, integrada por el presidente del tribunal superior de distrito judicial, y si hay más de uno, por los presidentes; por el presidente del tribunal contencioso administrativo; por el director seccional de fiscalías; por el presidente del consejo seccional de la judicatura, quien lo presidirá, y por un representante de los funcionarios y empleados de la rama judicial elegidos por éstos, en la forma que señale el reglamento.
3. Suscribir en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura, los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de delegación que expida el director ejecutivo de administración judicial.
4. Nombrar y remover a los empleados del consejo seccional de la judicatura, excepto los que sean de libre nombramiento y remoción de cada magistrado y aquellos cuyo nombramiento corresponda a una sala.
7. Representar a la Nación-rama judicial, en los procesos judiciales para lo cual podrá constituir apoderados especiales.
10. Enviar al Consejo Superior de la Judicatura a más tardar en el mes de diciembre de cada año, los informes, cómputos y cálculos necesarios para la elaboración del proyecto de presupuesto de la rama judicial del año siguiente. Así mismo, emitir los informes que en cualquier tiempo requiera dicha sala.
PAR.—El director seccional de administración judicial deberá tener título profesional en ciencias jurídicas, económicas, financieras o administrativas, y experiencia no inferior a cinco (5) años en dichos campos. Su categoría, prerrogativas y remuneración serán las mismas de los magistrados de los consejos seccionales de la judicatura.
ART. 104.—Informes que deben rendir los despachos judiciales. La Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General de la Nación, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, los tribunales y los juzgados deberán presentar, conforme a la metodología que señalen los reglamentos de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, los informes que ésta solicite para el cabal ejercicio de sus funciones.
ART. 105.—Control interno. Para asegurar la realización de los principios que gobiernan la administración de justicia, el Consejo Superior de la Judicatura debe implantar, mantener y perfeccionar un adecuado control interno, integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación, por un sistema de prevención de riesgos y de aprovechamiento de oportunidades, procesos de información y comunicación, procedimientos de control y mecanismos de supervisión, que operen en forma eficaz y continua en todos los niveles que componen la rama judicial.
ART. 106.—(Modificado).* Sistemas de información. Con sujeción a las normas legales que sean aplicables, el Consejo Superior de la Judicatura debe diseñar, desarrollar, poner y mantener en funcionamiento, unos adecuados sistemas de información, que incluyan, entre otros, los relativos a información financiera, recursos humanos, costos, información presupuestaria, gestión judicial y acceso de los servidores de la rama, en forma completa y oportuna, al conocimiento de las fuentes formales del derecho, tanto nacionales como internacionales.
Cada corporación o despacho judicial tiene el deber de suministrar la información necesaria para mantener actualizados los datos incorporados al sistema.
*(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 19)
Del sistema nacional de estadísticas judiciales
ART. 107.—Creación. Créase el sistema nacional de estadísticas judiciales, el cual tendrá por objeto el acopio, procesamiento y análisis de información que contribuya a mejorar la toma de decisiones administrativas en el sector justicia al llevar el control de rendimiento de las corporaciones y despachos judiciales y a proveer la información básica esencial para la formulación de la política judicial y criminal del país.
ART. 108.—Reporte de información. Las entidades oficiales que sean productoras de información estadística referida al sector justicia, deberán reportar esta información al Consejo Superior de la Judicatura en la forma y con la periodicidad que éste determine.
ART. 109.—Funciones especiales del Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura con la colaboración de las entidades que conforman el sistema nacional de estadísticas judiciales, cumplirá las siguientes funciones:
1. Elaborará el plan estadístico judicial, el cual será consolidado con el plan estadístico nacional.
4. Organizará y administrará el centro de documentación socio jurídica y el banco de datos estadísticos, como fuente de consulta permanente.
ART. 110.—Comité técnico interinstitucional. Créase el comité técnico interinstitucional conformado por todos los directores de los organismos que forman parte del sistema nacional de estadísticas judiciales, el cual estará presidido por el director ejecutivo de administración judicial. Como secretario del mismo actuará el delegado del Departamento Nacional de Planeación.
El comité tiene por objeto implantar y desarrollar de manera coordinada los intercambios electrónicos entre todos los organismos que forman parte del sistema nacional de estadísticas judiciales. Para tal efecto, dictará todas las disposiciones indispensables a la interoperabilidad técnica y funcional del sistema. Así mismo, el comité tiene a su cargo el buen funcionamiento de la red telemática que será perfeccionada por todos los organismos que forman parte del sistema, la cual se deberá implantar en un plazo máximo de dos años contados a partir de la vigencia de la presente ley, y del control de su funcionamiento.
ART. 111.—Alcance. Mediante el ejercicio de la función jurisdiccional disciplinaria se resuelven los procesos que por infracción a sus regímenes disciplinarios, se adelanten contra los funcionarios de la rama judicial, salvo sobre aquellos que gocen de fuero especial según la Constitución Política, los abogados y aquellas personas que ejerzan función jurisdiccional de manera transitoria u ocasional. Dicha función la ejerce el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus salas disciplinarias.
5. Designar a los magistrados de la sala jurisdiccional disciplinaria de los consejos seccionales de la judicatura, de las listas de aspirantes que hayan aprobado el concurso previamente convocado por la dirección de administración judicial.
PAR. 1º—Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los consejos seccionales de la judicatura y no fueren apeladas serán consultadas cuando fueren desfavorables a los procesados.
PAR. 2º—Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación en materia disciplinaria están sujetos al régimen previsto por los artículos 174, 175 y 178 de la Constitución Política, para lo cual el Congreso de la República adelantará el proceso disciplinario por conducto de la comisión legal de investigación y acusación de la Cámara de Representantes y la comisión instructora del Senado de la República.
ART. 113.—Secretario. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura tendrá un secretario de su libre nombramiento y remoción.
ART. 114.—Funciones de las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura. Corresponde a las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura:
4. Resolver los impedimentos y recusaciones que se presenten con ocasión de las actuaciones de los magistrados del consejo seccional.
ART. 115.—Competencia de otras corporaciones, funcionarios y empleados judiciales. Corresponde a las corporaciones, funcionarios y empleados pertenecientes a la rama judicial, conocer de los procesos disciplinarios contra los empleados respecto de los cuales sean sus superiores jerárquicos, sin perjuicio de la atribución que la Constitución Política confiere al Procurador General de la Nación de ejercer preferentemente el poder disciplinario, conforme al procedimiento que se establezca en leyes especiales.
Las decisiones que se adopten podrán ser impugnadas ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, previo agotamiento de la vía gubernativa, en cuyo evento los respectivos recursos se tramitarán conforme con el artículo 50 del Código Contencioso Administrativo.
ART. 116.—Declarado inexequible.
ART. 117.—Declarado inexequible.
ART. 118.—Declarado inexequible.
ART. 119.—Declarado inexequible.
ART. 120.—Informes especiales. Las respectivas salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura deben preparar informes sobre su gestión en los cuales resuma, entre otros, los hechos y circunstancias observados que atenten contra la realización de los principios que gobiernan la administración de justicia.
ART. 121.—Posesión. Los funcionarios y empleados de los consejos superior y seccionales de la judicatura, salvo lo dispuesto en el artículo 78, tomarán posesión de su cargo ante el respectivo nominador o ante quien éste delegue.
ART. 122.—Tarjetas profesionales. El presidente del Consejo Superior de la Judicatura firmará las tarjetas profesionales de abogado.
ART. 123.—Declarado inexequible.
ART. 124.—Declarado inexequible.
La administración de justicia es un servicio público esencial.
ART. 126.—Condiciones éticas del servidor judicial. Solamente podrá desempeñar cargos en la rama judicial quien observe una conducta acorde con la dignidad de la función.
2. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a la ley, salvo el caso de los jueces de paz.
ART. 128.—Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de funcionarios en la rama judicial. Para ejercer los cargos de funcionario de la rama judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley:
1. Para el cargo de juez municipal: tener experiencia profesional no inferior a dos años.
3. Para el cargo de magistrado de tribunal: tener experiencia profesional por lapso no inferior a ocho años.
Los delegados de la fiscalía deberán tener los mismos requisitos exigidos a los funcionarios ante los cuales actúan.
PAR. 1º—La experiencia de que trata el presente artículo, deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas, ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, para estos efectos computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado.
ART. 129.—Requisitos para el desempeño de cargos de empleados de la rama judicial. Los empleados de la rama judicial deberán ser ciudadanos en ejercicio y reunir las condiciones y requisitos que para cada cargo establezca la ley.
Los funcionarios a que se refieren los incisos anteriores permanecerán en sus cargos durante todo el período, salvo que antes de su vencimiento intervenga sanción disciplinaria de destitución por mala conducta o lleguen a la edad de retiro forzoso.
Son de carrera los cargos de magistrado de los tribunales superiores de distrito judicial y de los tribunales contencioso administrativos de las salas disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura; de los fiscales no previstos en los incisos anteriores; de juez de la República, y los demás cargos de empleados de la rama judicial.
PAR. TRANS.—Mientras subsistan el Tribunal Nacional y los juzgados regionales, son de libre nombramiento y remoción los magistrados, jueces a ellos vinculados, lo mismo que los fiscales delegados ante el Tribunal Nacional y los fiscales regionales.
ART. 131.—Autoridades nominadoras de la rama judicial. Las autoridades nominadoras de la rama judicial son:
1. Para los cargos de las corporaciones: las respectivas corporaciones en pleno.
2. Para los cargos adscritos a las presidencias y vicepresidencias: la respectiva corporación o sala.
3. Para los cargos de las salas: la respectiva sala.
4. Para los cargos del despacho de los magistrados: el respectivo magistrado.
5. Para los cargos de magistrados de los tribunales: la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado, según el caso.
6. Para los cargos de magistrados de los consejos seccionales: la sala respectiva del Consejo Superior de la Judicatura.
7. Para los cargos de jueces de la República: el respectivo tribunal.
8. Para los cargos de los juzgados: el respectivo juez.
9. Para los cargos de director de unidad y jefe de división del Consejo Superior de la Judicatura: la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
10. Para los cargos de los consejos seccionales de la judicatura: la correspondiente sala del respectivo consejo seccional.
11. Para los cargos de las unidades del Consejo Superior de la Judicatura: los respectivos directores de unidad.
ART. 132.—Formas de provisión de cargos en la rama judicial. La provisión de cargos en la rama judicial se podrá hacer de las siguientes maneras:
3. En encargo. El nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad, según sea el caso, de conformidad con las normas respectivas.
PAR.—Cuando la autoridad que deba efectuar el nombramiento se encuentre en vacaciones, la sala administrativa del respectivo consejo seccional, designará un encargado mientras se provee la vacante por el competente, a quien dará aviso inmediato.
La autoridad competente para hacer la confirmación sólo podrá negarla cuando no se alleguen oportunamente las pruebas mencionadas o se establezca que el nombrado se encuentra inhabilitado o impedido moral o legalmente para el ejercicio del cargo.
PAR.—El término para la posesión en el cargo podrá ser prorrogado por el nominador por una sola vez, siempre que considere justa la causa invocada y que la solicitud se formule antes del vencimiento.
ART. 134.—(Modificado).* Traslado. Se produce traslado cuando se provee un cargo con un funcionario o empleado que ocupa en propiedad otro de funciones afines, de la misma categoría y para el cual se exijan los mismos requisitos, aunque tengan distinta sede territorial. Nunca podrá haber traslado entre las dos salas de los consejos seccionales de la judicatura.
1. Cuando lo decida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura por razones de seguridad, siempre que ello no implique condiciones menos favorables para el funcionario y que medie su consentimiento expreso.
En este caso, tendrá el carácter de obligatorio para los nominadores, de conformidad con el reglamento que al efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
2. Los traslados recíprocos entre funcionarios o empleados de diferentes sedes territoriales sólo procederán previa autorización de la sala administrativa de los consejos superior o seccional de la judicatura, por razones de fuerza mayor que ésta encontrare plenamente justificadas.
(Nota: Modificado por la Ley 771 de 2002 artículo 1º de la Presidencia de la República).
ART. 135.—Situaciones administrativas. Los funcionarios y empleados pueden hallarse en alguna de las siguientes situaciones administrativas:
2. Separados temporalmente del ejercicio de sus funciones, esto es: en licencia remunerada que comprende las que se derivan de la incapacidad por enfermedad o accidente de trabajo o por el hecho de la maternidad, y las no remuneradas; en uso de permiso; en vacaciones; suspendidos por medida penal o disciplinaria o prestando servicio militar.
ART. 136.—Comisión de servicios. La comisión de servicios, se confiere por el superior, bien para ejercer las funciones propias del empleo en lugar diferente al de la sede, o para cumplir ciertas misiones, como asistir a reuniones, conferencias o seminarios, o realizar visitas de observación que interesen a la administración de justicia. Puede dar lugar al pago de viáticos y gastos de transporte, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia, aunque la comisión sea fuera del territorio nacional.
ART. 137.—Duración. En el acto administrativo que confiere la comisión de servicio deberá expresarse su duración, que podrá ser hasta por treinta días, prorrogables por razones del servicio, y por una sola vez hasta por treinta días más. Prohíbese toda comisión de servicios de carácter permanente. Dentro de los ocho días siguientes al vencimiento de toda comisión de servicios, deberá rendirse informe sobre su cumplimiento.
ART. 138.—Provisión de la vacante temporal. Cuando la comisión de servicios implique la separación temporal del ejercicio de funciones, como cuando se trate del cumplimiento de misiones especiales que interesen a la administración de justicia, el nominador hará la correspondiente designación en encargo. El funcionario en encargo tendrá derecho a percibir la diferencia salarial, cuando previamente se hubieren efectuado los movimientos presupuestales correspondientes.
ART. 139.—Comisión especial para magistrados de tribunales y jueces de la República. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, puede conferir, a instancias de los respectivos superiores jerárquicos, comisiones a los magistrados de los tribunales o de los consejos seccionales de la judicatura y a los jueces de la República para adelantar cursos de especialización hasta por dos años y para cumplir actividades de asesoría al Estado o realizar investigaciones científicas o estudios relacionados con las funciones de la rama jurisdiccional hasta por seis meses.
Cuando se trate de cursos de especialización que sólo requieran tiempo parcial y que no afecten la prestación del servicio, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá autorizar permisos especiales.
ART. 140.—Comisión especial. La sala plena de la respectiva corporación, concederá comisión especial hasta por el término de tres meses a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura, para cumplir actividades de asesoría al Estado o realizar investigaciones científicas o estudios relacionados con las funciones de la rama jurisdiccional.
ART. 141.—Disponibilidad presupuestal. Toda comisión que conlleve erogación con cargo al tesoro público sólo podrá concederse previa expedición del correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal.
ART. 142.—Licencia no remunerada. Los funcionarios y empleados tienen derecho a licencia no remunerada hasta por tres meses por cada año calendario, en forma continua o discontinua según lo solicite el interesado. Esta licencia no es revocable ni prorrogable por quien la concede, pero es renunciable por el beneficiario. El superior la concederá teniendo en cuenta las necesidades del servicio.
PAR.—Los funcionarios y empleados en carrera también tienen derecho a licencia, cuando hallándose en propiedad pasen a ejercer hasta por el término de dos años, un cargo vacante transitoriamente en la rama judicial.
ART. 143.—Otorgamiento. Las licencias serán concedidas por la sala de gobierno de la corporación nominadora, o por la entidad o funcionario que haya hecho el nombramiento.
Respecto de los funcionarios designados por las cámaras legislativas, la licencia la concederá en receso de éstas, el Presidente de la República.
ART. 144.—Permisos. Los funcionarios y empleados de la rama judicial tienen derecho a permiso remunerado por causa justificada.
Tales permisos serán concedidos por el presidente de la corporación a que pertenezca el magistrado o de la cual dependa el juez, o por el superior del empleado.
ART. 145.—Invitaciones de gobiernos extranjeros. Todos los funcionarios de la rama judicial deberán obtener la autorización del Presidente de la República para aceptar cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros u organismos internacionales y para celebrar contratos con ellos.
ART. 146.—Vacaciones. Las vacaciones de los funcionarios y empleados de la rama judicial serán colectivas, salvo las de los de la sala administrativa de los consejos superior y seccionales de la judicatura, las de los del Tribunal Nacional, las de los juzgados regionales mientras existan, de menores, promiscuos de familia, penales municipales y de ejecución de penas; y, las de los de la fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
Las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la sala administrativa del Consejo Superior y seccionales de la Judicatura por la sala de gobierno del respectivo tribunal a los jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de veintidós días continuos por cada año de servicio.
ART. 147.—Suspensión en el empleo. La suspensión en el ejercicio del empleo se produce como sanción disciplinaria o por orden de autoridad judicial.
El funcionario suspendido provisionalmente en un proceso penal o disciplinario que sea reintegrado a su empleo, tendrá derecho a reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante ese período y ese tiempo se le computará para todos los efectos legales en los siguientes casos:
PAR.—La suspensión en el empleo genera vacancia temporal del respectivo cargo. En consecuencia la autoridad nominadora procederá a efectuar el respectivo nombramiento provisional o el encargo que corresponda, para la atención de las respectivas funciones.
ART. 148.—Servicio militar. El funcionario o empleado de la rama que sea llamado a prestar servicio militar o convocado en su calidad de reservista, deberá comunicarlo a la corporación o funcionario que hizo la designación, quien autorizará su separación del servicio por todo el tiempo de la conscripción o de la convocatoria y designará su reemplazo, bien sea por vía del encargo o nombramiento provisional.
ART. 149.—Retiro del servicio. La cesación definitiva de las funciones se produce en los siguientes casos:
ART. 150.—Inhabilidades para ejercer cargos en la rama judicial. No podrá ser nombrado para ejercer cargos en la rama judicial:
PAR.—Los nombramientos que se hagan en contravención de lo dispuesto en el presente artículo y aquellos respecto de los cuales surgiere inhabilidad en forma sobreviniente, serán declarados insubsistentes mediante providencia motivada, aunque el funcionario o empleado se encuentre escalafonado en la carrera judicial.
ART. 151.—Incompatibilidades para ejercer cargos en la rama judicial. Además de las provisiones de la Constitución Política, el ejercicio de cargos en la rama judicial es incompatible con:
PAR. 3º—Las inhabilidades e incompatibilidades comprendidas en los artículos 150 y 151 se aplicarán a los actuales funcionarios y empleados de la rama judicial.
ART. 152.—Derechos. Además de los que le corresponden como servidor público, todo funcionario o empleado de la rama judicial tiene derecho, de acuerdo con las disposiciones legales y reglamentarias a:
1. Participar en programas de capacitación, siempre que no afecte la prestación del servicio.
2. Participar en los procesos de selección que le permitan obtener promociones dentro del servicio.
3. Participar en los programas de bienestar social.
4. Asociarse con fines de apoyo mutuo, de carácter cultural y asistencial, cooperativo y otros similares.
5. Permanecer en su cargo mientras observe buena conducta, tenga rendimiento satisfactorio, no haya llegado a la edad del retiro forzoso y en las demás circunstancias previstas en la ley.
6. (Modificado).* Ser trasladado, a su solicitud y previa evaluación, cuando por razones de salud o de seguridad debidamente comprobadas, no sea posible continuar en el cargo.
(Nota: Modificado por la Ley 771 de 2002 artículo 2º).
7. Percibir una remuneración acorde con su función, dignidad y jerarquía, la que no puede ser disminuida de manera alguna.
8. La protección y seguridad de su integridad física y la de sus familiares.
5. Realizar personalmente las tareas que le sean confiadas y responder del uso de la autoridad que les haya sido otorgada o de la ejecución de las órdenes que pueda impartir, sin que en ningún caso quede exento de la responsabilidad que le incumbe por la que corresponda a sus subordinados.
6. Guardar la reserva que requieran los asuntos relacionados con su trabajo, aun después de haber cesado en el ejercicio del cargo y sin perjuicio de la obligación de denunciar cualquier hecho delictuoso.
8. Dedicar la totalidad del tiempo reglamentario del trabajo al desempeño de las funciones que les han sido encomendadas.
9. Permanecer en el desempeño de sus funciones mientras no se haya hecho cargo de ellas quien deba reemplazarlo.
11. Responder por la conservación de los documentos, útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y rendir oportunamente cuenta de su utilización, y por la decorosa presentación del despacho.
12. Poner en conocimiento del superior los hechos que puedan perjudicar la administración y las iniciativas que se estimen útiles para el mejoramiento del servicio.
13. Antes de tomar posesión del cargo; cada dos años; al retirarse del mismo, cuando la autoridad competente se lo solicite o cada vez que su patrimonio y rentas varíen significativamente, declarar bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.
15. Resolver los asuntos sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función jurisdiccional.
16. Declarado inexequible.
17. Declarado inexequible.
18. Dedicarse exclusivamente a la función judicial, con la excepción prevista en el parágrafo segundo del artículo 151.
19. Residir en el lugar donde ejerce el cargo, o en otro lugar cercano de fácil e inmediata comunicación. Para este último caso se requiere autorización previa del consejo seccional respectivo.
20. Evitar la lentitud procesal, sancionando las maniobras dilatorias así como todos aquellos actos contrarios a los deberes de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe.
21. Denegar de plano los pedidos maliciosos y rechazar los escritos y exposiciones que sean contrarios a la decencia o la respetabilidad de las personas, sin perjuicio de la respectiva sanción.
22. Denunciar ante las autoridades competentes los casos de ejercicio ilegal de la abogacía.
23. Cumplir con las demás obligaciones señaladas por la ley.
1. Realizar actividades ajenas al ejercicio de sus funciones durante la jornada de trabajo, salvo la excepción prevista en el parágrafo segundo del artículo 151.
2. Abandonar o suspender sus labores sin autorización previa.
4. Proporcionar noticias o informes e intervenir en debates de cualquier naturaleza sobre asuntos de la administración de justicia que lleguen a su conocimiento con ocasión del servicio.
5. Participar en actividades que lleven a la interrupción o mengua de la prestación del servicio público de administración de justicia.
6. Realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia.
7. La embriaguez habitual o el uso de sustancias prohibidas por la ley.
8. Tomar interés directa o indirectamente en remates o ventas en pública subasta de bienes que se hagan en cualquier despacho judicial.
9. Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los asuntos que están llamados a fallar.
10. Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que escogerá esta o aquella persona al hacer nombramientos. Se sancionará con suspensión a quien se comprobare que ha violado esta prohibición.
11. Facilitar o coadyuvar, de cualquier forma, para que personas no autorizadas por la ley ejerzan la abogacía, o suministrar a éstas datos o consejos, mostrarles expedientes, documentos u otras piezas procesales.
12. Dirigir felicitaciones o censura por sus actos públicos a funcionarios y a corporaciones oficiales.
13. Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales.
14. Interesarse indebidamente, de cualquier modo que sea, en asuntos pendientes ante los demás despachos judiciales o emitir conceptos sobre ellos.
15. Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un proceso, por actividades relacionadas con el ejercicio del cargo.
16. Aceptar de las partes o de sus apoderados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios, atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos.
17. Ejercer el comercio o la industria personalmente o como gestor, asesor, empleado, funcionario o miembro o consejero de juntas, directorios o de cualquier organismo de entidad dedicada a actividad lucrativa.
18. Las demás señaladas en la ley.
ART. 155.—Estímulos y distinciones. Los funcionarios y empleados que se distingan en la prestación de sus servicios, en los términos del reglamento, se harán acreedores a los estímulos y distinciones que determine la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
El superior funcional podrá postular los funcionarios y empleados que considere candidatos idóneos para hacerse acreedores a esas distinciones. En todo caso, dicha selección se hará con base en los siguientes criterios:
1. La oportuna y correcta tramitación y resolución de los procesos a su cargo.
2. Su idoneidad moral.
3. Los grados académicos y estudios de perfeccionamiento debidamente acreditados.
4. Las publicaciones de índole jurídica.
5. Las distinciones y condecoraciones.
ART. 156.—Fundamentos de la carrera judicial. La carrera judicial se basa en el carácter profesional de funcionarios y empleados, en la eficacia de su gestión, en la garantía de igualdad en las posibilidades de acceso a la función para todos los ciudadanos aptos al efecto y en la consideración del mérito como fundamento principal para el ingreso, la permanencia y la promoción en el servicio.
ART. 157.—Administración de la carrera judicial. La administración de la carrera judicial se orientará a atraer y retener los servidores más idóneos, a procurarles una justa remuneración, programas adecuados de bienestar y salud ocupacional, capacitación continua que incluya la preparación de funcionarios y empleados en técnicas de gestión y control necesarias para asegurar la calidad del servicio, exigiéndoles, al mismo tiempo, en forma permanente conducta intachable y un nivel satisfactorio de rendimiento.
ART. 158.—Campo de aplicación. Son de carrera los cargos de magistrados de los tribunales y de las salas de los consejos seccionales de la judicatura, jueces y empleados que por disposición expresa de la ley no sean de libre nombramiento y remoción.
ART. 159.—Régimen de carrera de la fiscalía. La Fiscalía General de la Nación tendrá su propio régimen autónomo de carrera, sujeto a los principios del concurso de méritos y calificación de servicios, orientado a garantizar la igualdad de oportunidades para el ingreso, permanencia y ascenso en el servicio de los funcionarios y empleados que la conforman.
ART. 160.—Requisitos especiales para ocupar cargos en la carrera judicial. Para el ejercicio de cargos de carrera en la rama judicial se requiere, además de los requisitos exigidos en disposiciones generales, haber superado satisfactoriamente el proceso de selección y aprobado las evaluaciones previstas por la ley y realizadas de conformidad con los reglamentos que para tal efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
PAR.—Los funcionarios de carrera que acrediten haber realizado el curso de formación judicial, no están obligados a repetirlo para obtener eventuales ascensos y, en este caso, se tomarán las respectivas calificaciones de servicio como factor sustitutivo de evaluación.
PAR. TRANS.—Con arreglo a la presente ley y dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará todas las medidas que sean necesarias para que el curso de formación judicial sea exigible, con los alcances que esta ley indica, a partir del 1º de enero de 1997.
ART. 161.—Requisitos adicionales para el desempeño de cargos de empleados de carrera en la rama judicial. Para ejercer los cargos de empleados de la rama judicial en carrera deben reunirse, adicionalmente a los señalados en las disposiciones generales y a aquellos que fije la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura sobre experiencia, capacitación y especialidad para el acceso y ejercicio de cada cargo en particular, de acuerdo con la clasificación que establezca y las necesidades del servicio, los siguientes requisitos mínimos:
PAR. 2º—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura determinará los casos en que, por tratarse de despachos judiciales situados en provincias de difícil acceso, puedan vincularse a cargos de empleados personas sin los títulos académicos mínimos señalados en este artículo.
ART. 162.—Etapas del proceso de selección. El sistema de ingreso a los cargos de carrera judicial comprende las siguientes etapas:
PAR.—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, conforme a lo dispuesto en la presente ley, reglamentará la forma, clase, contenido, alcances y los demás aspectos de cada una de las etapas. Los reglamentos respectivos deberán garantizar la publicidad y contradicción de las decisiones.
ART. 164.—Concurso de méritos. El concurso de méritos es el proceso mediante el cual, a través de la evaluación de conocimientos, destrezas, aptitud, experiencia, idoneidad moral y condiciones de personalidad de los aspirantes a ocupar cargos en la carrera judicial, se determina su inclusión en el registro de elegibles y se fija su ubicación en el mismo.
PAR. 2º—Las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado.
PAR.—En cada caso, de conformidad con el reglamento, los aspirantes, en cualquier momento, podrán manifestar las sedes territoriales de su interés.
ART. 166.—Lista de candidatos. La provisión de cargos se hará de listas superiores a cinco (5) candidatos con inscripción vigente en el registro de elegibles y que para cada caso envíen las salas administrativas del consejo superior o seccionales de la judicatura.
ART. 167.—Nombramiento. Cada vez que se presente una vacante en cargo de funcionario, la entidad nominadora comunicará la novedad, a más tardar dentro de los tres días siguientes, a la correspondiente Sala Administrativa del Consejo Superior o seccional de la Judicatura, según el caso. Recibida la lista de candidatos, procederá al nombramiento dentro de los diez días siguientes.
Tratándose de vacantes de empleados, el nominador, a más tardar dentro de los tres días siguientes, solicitará a la sala administrativa del consejo superior o seccional que corresponda, el envío de la lista de elegibles que se integrará con quienes ocupen los primeros cinco lugares en el correspondiente registro de elegibles, previa verificación de su disponibilidad. La sala remitirá la lista dentro de los tres (3) días siguientes y el nombramiento se hará a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes.
ART. 168.—Curso de formación judicial. El curso tiene por objeto formar profesional y científicamente al aspirante para el adecuado desempeño de la función judicial. Puede realizarse como parte del proceso de selección, caso en el cual revestirá, con efecto eliminatorio, la modalidad del curso-concurso, o contemplarse como requisito previo para el ingreso a la función judicial. En este último caso, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará los contenidos del curso y las condiciones y modalidades en las que el mismo podrá ser ofrecido por las instituciones de educación superior.
PAR. TRANS.—Hasta tanto la escuela judicial Rodrigo Lara Bonilla se encuentre en condiciones de ofrecer los cursos de formación de acuerdo con lo previsto en este artículo, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá contratar su prestación con centros universitarios públicos o privados de reconocida trayectoria académica.
ART. 169.—Evaluación de servicios. La evaluación de servicios tiene como objetivo verificar que los servidores de la rama judicial mantengan en el desempeño de sus funciones los niveles de idoneidad, calidad y eficiencia que justifican la permanencia en el cargo.
Las corporaciones y los despachos judiciales, prestarán el apoyo que se requiera para estos efectos y suministrarán toda la información que posean sobre el desempeño de los funcionarios que deban ser evaluados.
ART. 170.—Factores para la evaluación. La evaluación de servicios de conformidad con el reglamento que expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, deberá ser motivada y resultante de un control permanente del desempeño del funcionario o empleado. Comprenderá calidad, eficiencia o rendimiento y organización del trabajo y publicaciones.
En todo caso se le informará al funcionario acerca de los resultados de la evaluación.
ART. 171.—Evaluación de empleados. Los empleados de carrera serán evaluados por sus superiores jerárquicos anualmente, sin perjuicio de que, a juicio de aquéllos, por necesidades del servicio se anticipe la misma.
La calificación insatisfactoria de servicios dará lugar al retiro del empleado. Contra esta decisión proceden los recursos de la vía gubernativa.
ART. 172.—Evaluación de funcionarios. Los funcionarios de carrera serán evaluados por la sala administrativa de los consejos superior o seccional de la judicatura. Los superiores funcionales del calificado, remitirán de conformidad con el reglamento, el resultado de la evaluación del factor calidad, el cual servirá de base para la calificación integral.
ART. 173.—Causales de retiro de la carrera judicial. La exclusión de la carrera judicial de los funcionarios y empleados se produce por las causales genéricas del retiro del servicio y la evaluación de servicios no satisfactoria.
PAR.—El retiro de la carrera judicial lleva consigo el retiro del servicio y se efectuará mediante acto motivado, susceptible de los recursos de la vía gubernativa.
ART. 174.—Competencia para administrar la carrera. La carrera judicial será administrada por las salas administrativas de los consejos superior o seccionales de la judicatura, con la participación de las corporaciones judiciales y de los jueces de la República en los términos de la presente ley y los reglamentos.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará y definirá, conforme a lo dispuesto en esta ley, los mecanismos conforme a los cuales habrá de llevarse a efecto la administración de la carrera y la participación de que trata el inciso anterior.
ART. 175.—Atribuciones de las corporaciones judiciales y los jueces de la República. Corresponde a las corporaciones judiciales y a los jueces de la República con relación a la administración de la carrera judicial, cumplir las siguientes funciones:
4. Comunicar a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura o a los consejos seccionales de la judicatura, las novedades administrativas y las circunstancias del mismo orden que requieran de la intervención de éstos.
ART. 176.—La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura promoverá la capacitación y actualización de los funcionarios y empleados de la rama judicial.
La persona que sea nombrada por primera vez para desempeñar cualquier cargo de la rama judicial deberá adelantar hasta por tres meses un curso de inducción en administración judicial, el cual conllevará la práctica que se adelantará en un despacho judicial bajo la supervisión del funcionario o empleado de mayor jerarquía en el despacho.
Los funcionarios judiciales que no hayan tomado cursos de especialización, maestría o doctorado, deberán cuando menos, cada dos años tomar un curso de actualización judicial, cuya intensidad no sea inferior a 50 horas y presentar las pruebas pertinentes en la escuela judicial.
Los empleados deberán tomar cursos de capacitación y actualización en técnicas de administración y gestión judicial cuando menos cada tres años.
ART. 177.—Escuela judicial. La escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla”, hará parte del Consejo Superior de la Judicatura, junto con su planta de personal, a partir del primero de enero de 1998 y se constituirá en el centro de formación inicial y continuada de funcionarios y empleados al servicio de la administración de justicia.
La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura reglamentará su funcionamiento.
Durante el período de transición, el director de la escuela judicial “Rodrigo Lara Bonilla” será designado por el Ministro de Justicia y del Derecho y actuará con sujeción a los planes y programas que se establezcan en coordinación con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y con el concurso de los jueces y empleados de la rama judicial.
Del ejercicio de la función jurisdiccional por parte del Congreso de la República
ART. 178.—De la función jurisdiccional del Congreso de la República. La función jurisdiccional del Congreso de la República será ejercida de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de Colombia en relación con las acusaciones que se formulen contra el Presidente de la República o quien haga sus veces; contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación, aunque hubieren cesado en el ejercicio de sus cargos. En este caso sólo conocerá por hechos u omisiones ocurridos en el desempeño de los mismos. Los procedimientos serán los contemplados en la Constitución Política y en la ley.
ART. 179.—De la comisión de investigación y acusación. La comisión de investigación y acusación, forma parte de la Cámara de Representantes, desempeña funciones judiciales de investigación y acusación en los juicios especiales que tramita dicha cámara; y conoce del régimen disciplinario contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado, de la Corte Constitucional, del Consejo Superior de la Judicatura y el Fiscal General de la Nación.
En los procesos disciplinarios que se adelanten contra los citados funcionarios, sometidos a fuero especial, se oirá el concepto previo del Procurador General de la Nación.
ART. 180.—Funciones. La comisión de investigación y acusación ejercerá las siguientes funciones:
4. Preparar proyectos de acusación que deberá aprobar el pleno de la cámara, ante el Senado, cuando hubiere causas constitucionales al Presidente de la República o a quien haga sus veces, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al Fiscal General de la Nación.
5. Conocer de las denuncias y quejas por las faltas disciplinarias que ante ella se presenten por el Fiscal General de la Nación, demás autoridades o por los particulares contra los expresados funcionarios y que presten mérito para fundar en ella acusaciones ante el Senado.
6. Requerir el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de las actividades que le competen, y comisionar para la práctica de pruebas cuando lo considere conveniente. La iniciación de la investigación también procederá de oficio.
7. Declarado inexequible.
8. Ejercer las demás funciones que le prescriban la Constitución, la ley y el reglamento.
ART. 181.—Requisitos de la denuncia. La denuncia se hará bajo juramento por escrito. El juramento y la ratificación se entenderán prestados por la sola presentación de la denuncia, dejando constancia del día y hora de su presentación y contendrá una relación detallada de los hechos que conozca el denunciante.
ART. 182.—Investigación previa. Si surgiere alguna duda sobre la procedencia de la apertura de la investigación, se ordenará abrir a diligencias previas por el término máximo de seis (6) meses, con el objeto de establecer si hay lugar o no al ejercicio de la acción penal.
PAR.—Una vez vencido el término anterior el representante investigador, dictará auto inhibitorio o de apertura de investigación. El auto inhibitorio será discutido y aprobado por la comisión de acusación en pleno.
ART. 183.—Apertura de la investigación. El representante investigador, ordenará y practicará las pruebas conducentes al esclarecimiento de los hechos, las circunstancias en que ocurrieron y descubrir a los autores o partícipes que hubieren infringido la ley.
ART. 184.—Declarado inexequible.
ART. 185.—Declarado inexequible.
ART. 186.—Declarado inexequible.
ART. 187.—Declarado inexequible.
ART. 188.—Declarado inexequible.
ART. 189.—Declarado inexequible.
ART. 190.—Declarado inexequible.
ART. 191.—(Modificado).* Declarado inexequible.
*(Nota:Modificado por la Ley 1743 de 2014 artículo 8°)
ART. 192.—(Modificado).* Declarado inexequible.
(Nota:Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 21)
*(Nota:Modificado por la Ley 1743 de 2014 artículo 3°)
ART. 192A.—(Nota: Adicionado por la Ley 1743 de 2014 artículo 4°)
ART. 192B.—(Nota: Adicionado por la Ley 1743 de 2014 artículo 5°)
ART. 193.—Permanencia en la carrera. Con el fin de determinar su ingreso a la carrera, los funcionarios y empleados que se hallen en período de prueba serán evaluados, por una sola vez, en su desempeño durante todo el tiempo en que hayan ejercido el cargo con tal carácter, en la forma que establezca el reglamento que para el efecto expida la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.
ART. 194.—Evaluación de servicios de las personas actualmente vinculadas al servicio. A los actuales funcionarios y empleados judiciales en carrera, se les efectuará la primera evaluación de servicios de acuerdo con los criterios, directrices y efectos previstos en este estatuto, dentro del año siguiente a la entrada en vigencia del mismo.
PAR.—Se excluyen de lo dispuesto en este artículo los funcionarios en provisionalidad o en encargo, quienes deberán someterse a las reglas generales del concurso de méritos.
ART. 195.—Exención de requisitos nuevos para los actuales funcionarios y empleados de carrera. El curso de formación judicial previsto en este capítulo no es requisito para la continuación en el desempeño del cargo al cual los actuales integrantes de la carrera judicial estén vinculados por el sistema de méritos en el momento de entrar en vigencia esta ley estatutaria, ni para el nombramiento en otro de igual categoría en la misma especialidad.
ART. 196.—Declarado inexequible.
ART. 197.—Competencia de los jueces administrativos. Las competencias de los jueces administrativos estarán previstas en el Código Contencioso Administrativo, las cuales no incluirán las de tramitar y decidir acciones de nulidad contra actos administrativos de carácter general. Mientras se establezcan sus competencias, los jueces administrativos podrán conocer de las acciones de tutela, de las acciones de cumplimiento, según las competencias que determina la ley y podrán ser comisionados por el Consejo de Estado o por los tribunales administrativos para la práctica de pruebas.
ART. 198.—Publicaciones. La Imprenta Nacional podrá dar en concesión la publicación oficial de la jurisprudencia, sentencias y demás providencias de las corporaciones y despachos judiciales, así como la edición oficial de las leyes y decretos cuya compilación haya sido aprobada por el Ministerio de Justicia y del Derecho, sin perjuicio de que pueda realizarlas directamente y de la facultad de los particulares de reproducirla conforme a la ley. El contrato de concesión se celebrará teniendo en cuenta la obligación de los concesionarios de entregar un número de ejemplares suficientes para todas las corporaciones de justicia y los despachos judiciales, así como para las bibliotecas públicas.
El concesionario también se obligará a entregar un número de ejemplares suficientes para el Congreso de la República.
ART. 199.—Estructura del Consejo Superior de la Judicatura. Dentro del mes siguiente, contado a partir de la vigencia de la presente ley, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las decisiones que sean necesarias para poner en funcionamiento la estructura administrativa definida en la presente ley. Entre tanto, las actuales direcciones nacional y seccionales de administración judicial seguirán cumpliendo las funciones que les atribuyen las normas actualmente vigentes.
Dentro del mismo término previsto en este artículo será designado el director ejecutivo de administración judicial.
ART. 200.—Con el objeto de adecuar la estructura de la rama judicial a la división político-administrativa consagrada en la Constitución y satisfacer adecuadamente la demanda actual de justicia, dentro de los tres meses siguientes a la vigencia de la presente ley, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura deberá en ejercicio de la función prevista en el numeral 6º del artículo 85, expedir las normas sobre el nuevo mapa judicial y reordenar los recursos humanos al servicio de la rama.
ART. 201.—Declarado inexequible.
ART. 202.—Los juzgados agrarios que funcionen actualmente, suspenderán sus labores tres (3) meses después de la vigencia de la presente ley, hasta cuando entren a operar la totalidad de los juzgados agrarios creados por el artículo 9º del Decreto 2303 de 1989. En su defecto, la jurisdicción agraria será ejercida, en primera y única instancia, por los juzgados civiles del circuito correspondiente.
PAR.—El Consejo Superior de la Judicatura, dentro de los dos años siguientes a la vigencia de la presente ley, dispondrá todo lo necesario para que la jurisdicción agraria, creada por el Decreto 2303 de 1989, entre a operar en su totalidad con el funcionamiento de todas las salas agrarias y juzgados del circuito judicial agrario allí consagrados.
ART. 203.—(Modificado).* Las cantidades de dinero que, de conformidad con las disposiciones legales vigentes, deban consignarse en el Banco Popular a órdenes de los despachos de la rama judicial, autoridades de policía y, además las sumas que los arrendatarios consignen en favor de sus arrendadores, con base en las normas que existen sobre el particular, se depositarán en la Caja de Crédito Agrario Industrial y Minero, a partir del momento en que se produzca la reducción de participación de la Nación en el capital del Banco Popular.
Igualmente, los depósitos antes mencionados recibidos hasta este mismo momento por el Banco Popular, serán transferidos por dicha institución a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, de acuerdo con el programa de desmonte que señale la Superintendencia Bancaria.
La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, continuará dando cumplimiento a las disposiciones legales que regulan las obligaciones relacionadas con el manejo, disposición y el destino de los depósitos mencionados en este artículo.
(Nota: Modificado por la Ley 1285 de 2009 artículo 20 y derogado por el artículo 26)
ART. 204.—Hasta tanto se expida la ley ordinaria que regule la carrera judicial y establezca el régimen para las situaciones laborales administrativas de los funcionarios y empleados judiciales, continuarán vigentes, en lo pertinente el Decreto-Ley 052 de 1987 y el Decreto 1660 de 1978, siempre que sus (las) disposiciones (que) no sean contrarias a la Constitución Política y a la presente ley.
ART. 205.—Transitorio. Mientras subsistan, el Tribunal Nacional y los juzgados regionales forman parte de la rama judicial. Los fiscales delegados ante ellos forman parte de la Fiscalía General de la Nación.
En todo caso, la justicia regional dejará de funcionar a más tardar el 30 de junio de 1999.
ART. 206.—Declarado inexequible.
ART. 207.—Declarado inexequible.
ART. 208.—El Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas que sean necesarias para que en todas las instalaciones en las que funcionen dependencias de la rama judicial abiertas al público, haya acceso sin barreras arquitectónicas para todas las personas con limitaciones físicas.
PAR.—Con el objeto de adecuar las instalaciones en las que actualmente funcionan oficinas de la rama judicial abiertas al público, el Consejo Superior de la Judicatura dispone de un plazo de un (1) año, contado a partir de la vigencia de esta ley.
ART. 209.—Declarado inexequible.
ART. 209Bis.—(Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 22)
ART. 209A.—(Derogado).* (Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 23)
ART. 209B.—(Derogado).* (Nota: Adicionado por la Ley 1285 de 2009 artículo 24)
ART. 210.—Vigencia. La presente ley tiene vigencia a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le contrarias, en especial el Decreto 2652 de 1991.
Surtida la revisión por parte de la honorable Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 153 y 241, numeral 8º de la Constitución Política.