Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2006/A346-06.htm
Timestamp: 2017-11-23 15:06:35
Document Index: 207350206

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 1']

A346-06
Auto 346/06
SALA PLENA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Conocimiento de conflictos de competencia
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Reglas para trámite
ACCION DE TUTELA CONTRA TELECOM EN LIQUIDACION-Entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional
Referencia: expediente I.C.C. 1044
Conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga y el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bucaramanga.
Bogotá, D. C., cinco (5) de diciembre de dos mil seis (2006)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, adopta la decisión que en derecho corresponde, frente al conflicto de competencia suscitado entre las autoridades judiciales de la referencia, con ocasión de la acción de tutela promovida por el señor Guillermo Torres Chinchilla, contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), hoy Telecom en liquidación o el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) o quien haga sus veces o el Ministerio de Comunicaciones.
1- El señor Guillermo Torres Chinchilla, el tres (3) de octubre de año dos mil seis (2006), mediante escrito dirigido al Juez Penal del Circuito de Bucaramanga, interpuso acción de tutela contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom), hoy Telecom en liquidación o el Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR) o quien haga sus veces o el Ministerio de Comunicaciones, por violación a sus derechos fundamentales a la salud en conexidad con la vida.
2- La acción de tutela le correspondió por reparto al Juzgado Tercero del Circuito Judicial Administrativo de Bucaramanga, el cual mediante auto del cinco (5) de octubre de dos mil seis (2006) se abstuvo de asumir el conocimiento de la acción interpuesta, por considerar que no era el Juez competente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1, numeral 1, penúltimo inciso, del Decreto 1382 de 2000[1], habida consideración que la demanda, se dirigía contra Telecom en liquidación, la cual no ostenta el carácter de entidad pública como quiera que dicha entidad se encuentra liquidada y los recursos que se generaron de la liquidación, constituyen patrimonio autónomo, administrado por la Fiduciaria la Previsora, en su calidad de liquidador y el consorcio de Remanentes de Telecom, conformado por Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A. para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR). Por esta razón, remitió el expediente al Juez Civil Municipal de reparto.
3.- Recibida la demanda de tutela por parte del Juzgado Quinto Civil Municipal de Bucaramanga, mediante auto del diez (10) de octubre de dos mil seis (2006), se abstuvo de conocer la acción interpuesta por considerar que la fiduciaria La Previsora S.A., en su calidad de accionada, es una entidad cuya naturaleza jurídica es de una sociedad de economía mixta, de carácter indirecto y del orden nacional, sometida al régimen de Empresa Industrial y Comercial del Estado, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, En consecuencia, propuso la colisión negativa de competencia atendiendo a lo regulado en el artículo 1, numeral 1, inciso 2 del Decreto 1382 de 2000, remitiendo el expediente a la Corte Constitucional con el propósito de dirimirlo.
3. Una vez se pronunció el organismo competente, continúa vigente el resto de la normatividad contenida en el citado decreto y éste mantiene su obligatoria aplicación, como lo ha reiterado esta Corporación[3].
Analizada la controversia procesal planteada en el presente asunto, la Sala observa que la acción de tutela fue dirigida contra la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Telecom) la cual es una entidad del orden descentralizado por servicios del orden nacional y vinculada al Ministerio de Comunicaciones, donde actúa como ente liquidador la fiduciaria La Previsora S.A., cuya naturaleza jurídica es de una sociedad de economía mixta donde el Estado posee mas del noventa por ciento (90%) del capital social, lo que la somete al régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del Estado, es decir hace parte del sector descentralizado por servicios[4]. En igual sentido, el accionante enfila su demanda contra Fiduagraria S.A. y Fidupopular S.A., las que hacen parte del consorcio del remanente, para la constitución del Patrimonio Autónomo de Remanentes (PAR). Por último, establece el contradictorio contra el Ministerio de Comunicaciones, la cual es una autoridad del perteneciente al sector central de la Rama Ejecutiva. Por lo expuesto, se evidencia que lo pretendido por el actor es que el Juez de tutela determine a que autoridad corresponde hacer efectiva la protección de los derechos que considera vulnerados, en consecuencia el juzgador debe correr traslado a todos lo organismo estatales reseñados y de esta manera determinar si existe vulneración de un derecho fundamental y establecer a su vez cual autoridad es responsable de dicha violación.
Ahora bien, en el presente caso la demanda vinculó al Ministerio de Comunicaciones, el cual es una autoridad pública del orden nacional, en consecuencia la tutela debe ser repartida a un Tribunal Superior de Distrito, según lo consagrado en el artículo 1 numeral 1 del decreto 1382 de 2000, "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", que expresamente consagra: “Artículo 1º.- Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, conforme a las siguientes reglas: 1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional, salvo lo dispuesto en el siguiente inciso, serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, a los tribunales superiores de distrito judicial, administrativos y consejos seccionales de la judicatura”. Por tanto, atendiendo a que existen demandados de diversas categorías, en concordancia a lo establecido en el último inciso del artículo 1 numeral 1º del Decreto 1382 de 2000, norma que señala: “cuando la acción de tutela se promueva contra más de una autoridad y éstas sean de diferente nivel, el reparto se hará al juez de mayor jerarquía”, y teniendo en cuenta que el accionante fijó la competencia a prevención en los jueces de especialidad penal y determinó como territorio de la vulneración el municipio de Bucaramanga, la Sala concluye, como lo ha hecho en otras oportunidades, que el despacho judicial que debe conocer de la solicitud de amparo constitucional impetrada por el accionante es la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga. En este sentido, la actuación será remitida a esa Corporación. A su vez, debe comunicarse la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte, a los entes judiciales involucrados en el presente conflicto de competencia.
PRIMERO: REMITIR el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, para que adelante la correspondiente actuación judicial.
SEGUNDO: Comuníquese al Juzgado Tercero Civil Judicial Administrativo de Bucaramanga y Juzgado Quinto Civil Municipal de Bucaramanga, lo aquí resuelto.
Salvamento de voto al Auto 346/06
Referencia: expediente ICC-1044
Peticionario: GUILLERMO TORRES CHINCHILLA
[1] “a los jueces municipales les será repartidas para su conocimiento en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden distrital o municipal contra particulares.
[3] Cfr. entre otros, auto 108 B del 23 de julio de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis, expediente ICC-395.
[4] Ley 489 Art. 38 numeral 2, inciso b y Parágrafo 1.