Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=654182
Timestamp: 2019-05-21 05:53:52
Document Index: 409297089

Matched Legal Cases: ['artículo 70', 'artículo 82', 'artículo 14', 'artículo 68', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 132', 'artículo 127', 'artículo 174', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 124', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 58']

NUEVA FECHA PARA ELECCIONES PARLAMENTARIAS DE 2001
MODIFICACIÓN DE LEY GENERAL DE COOPERATIVAS
LOS DESAFÍOS DE LA TELEVISIÓN EN CHILE. OFICIOS
PRIORIDAD PARA AGRICULTURA TRADICIONAL EN PRESUPUESTO DE 2002. OFICIOS
PREVENCIÓN DE DAÑO ECOLÓGICO POR ACCIDENTES DE NAVES DE RIESGO EN CANALES DE ZONA AUSTRAL. OFICIOS
EXCLUSIÓN DE FRANJAS FISCALES EN DECLARACIÓN DE SANTUARIO DE LA NATURALEZA. OFICIOS
Sesión 14ª, en martes 17 de julio de 2001
(De 10:49 a 14:8)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ANDRÉS ZALDÍVAR, PRESIDENTE, Y MARIO RÍOS, VICEPRESIDENTE
Proyecto de ley, en segundo trámite, que establece fecha para elecciones de Diputados y Senadores (2757-06) (se aprueba en general y particular)
Proyecto de ley, en segundo trámite, que modifica la Ley General de Cooperativas (855-03) (se aprueba en particular)
Los desafíos de la televisión en Chile. Oficios (observaciones del señor Cantero)
Prioridad para agricultura tradicional en Presupuesto de 2002. Oficios (observaciones del señor Moreno)
Prevención de daño ecológico por accidentes de naves de riesgo en canales de zona Austral. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Exclusión de franjas fiscales en declaración de santuario de la naturaleza. Oficios (observaciones del señor Horvath)
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior; de Defensa Nacional; de Hacienda ; Secretario General de la Presidencia ; del Trabajo y Previsión Social, y de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales; y los señores Subsecretario Subrogante de Economía y Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía .
Las actas de las sesiones 12 y 13ª, ordinarias, en 10 y 11 de julio del presente año, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero comunica que resolvió no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 70 de la Constitución Política de la República en cuanto al proyecto de ley que autoriza a las municipalidades para otorgar prestaciones de bienestar a sus funcionarios (Boletín Nº 2.566-06).
--Se toma conocimiento y se manda remitir el proyecto al Excelentísimo Tribunal Constitucional, en cumplimiento de lo establecido en el inciso tercero del artículo 82 de la Carta Fundamental, en relación con el inciso primero, Nº 1º, de esa misma disposición.
Con los dos siguientes retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "suma", acerca de los proyectos de ley que se indican a continuación:
1) El que flexibiliza las inversiones de los fondos mutuos y compañías de seguros, crea la Administradora General de Fondos, facilita la internacionalización de la banca y perfecciona leyes de sociedades anónimas y de fondos de inversión (Boletín Nº 2.722-05), y
2) El que introduce adecuaciones de índole tributaria al mercado de capitales y flexibiliza el mecanismo de ahorro voluntario (Boletín Nº 2.720-05).
Con el primero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que autoriza la erección de un monumento en memoria de los payadores de Chile en la comuna de Casablanca (Boletín Nº 2.690-04).
Con el segundo hace presente que dio su aprobación al proyecto de ley que establece temporalmente una exención del impuesto de timbres y estampillas, rebaja en los pagos de derechos de reprogramación de deudas hipotecarias y modifica normas tributarias que indica, con urgencia calificada de "suma" (Boletín Nº 2.741-05).
Con el tercero comunica que ha dado su aprobación al proyecto de ley que establece fecha de elección para Diputados y Senadores, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 2.757-06).
Del Excelentísimo Tribunal Constitucional, con el que remite copia autorizada de la sentencia dictada en el control de constitucionalidad del proyecto que modifica el inciso tercero del artículo 14 de la ley Nº 18.840, Orgánica del Banco Central de Chile, ampliando la causal de incompatibilidad de los consejeros establecida en la misma norma (Boletín Nº 2.038-05).
Con el primero acusa recibo de un oficio enviado en nombre del Senador señor Moreno, relativo a la situación de la agricultura chilena.
Con los dos siguientes responde tres oficios enviados en nombre del Senador señor Horvath, referidos a la declaración como Santuario de la Naturaleza del área geográfica denominada "Parque Pumalín".
Del señor Ministro de Economía , Minería y Energía, con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lavandero, referido a los problemas derivados de la producción de cobre.
Del señor Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a los alcances del Plan Integral para la zona de Alto Hospicio, Primera Región.
Del señor Ministro de Bienes Nacionales , con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Stange, referido a la ubicación y superficie de los terrenos fiscales, en la provincia de Palena y en la comuna de Cochamó, que no han sido entregados, a cualquier título, a persona natural o jurídica alguna.
Del señor Contralor General de la República , con el que solicita que toda información o antecedente de que tuvieren conocimiento los señores Senadores con relación a hechos irregulares que afectarían a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena la comuniquen o la hagan llegar a la Fiscalía que instruye el sumario administrativo sobre la materia, en documento dirigido a nombre del señor Fiscal de la causa, calle Bulnes Nº 590, tercer piso, Contraloría Regional de La Araucanía, Temuco, si así lo estimaren pertinente.
--Queda a disposición de los señores Senadores para los efectos a que haya lugar.
Del señor Director Ejecutivo subrogante de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido al accidente protagonizado por el buque-tanque José Fuchs, en el canal Moraleda, Undécima Región.
De la señora Directora Ejecutiva del Centro de Información de Recursos Naturales , CIREN, con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Cantero, relativo a las observaciones y comentarios que le merece el documento denominado "Proposición de una Política Nacional; Sistema Nacional de Información Territorial".
Del señor Gerente General de la Empresa de Ferrocarriles del Estado , con el que contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relativo a los trabajos de reconstrucción de la línea férrea que une Arica con La Paz.
De la señora Subjefa de la División Auditoría Administrativa de la Contraloría General de la República, con el que responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Lagos, relacionado con la construcción del embalse de Umiña, en la comuna de Camiña.
Del señor Jefe de Gabinete del General Director de Carabineros , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre del Senador señor Horvath, referido a los resultados de la investigación de diversos casos de desaparecimiento de personas ocurridos en los últimos años en la Undécima Región.
Uno de la Comisión de Relaciones Exteriores y otro de la de Hacienda, recaídos en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Costa Rica, ambos suscritos en Ciudad de Guatemala el 18 de octubre de 1999 (Boletín Nº 2.467-10).
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de América, adoptado por cambio de notas de fechas 5 de mayo y 22 de junio de 1999, por el cual se renueva el Acuerdo Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre ambos Gobiernos (Boletín Nº 2.613-10).
Segundo informe de la Comisión de Salud e informe de la Comisión de Hacienda, recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre sistemas de prevención de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana, con urgencia calificada de "simple" (Boletín Nº 2.020-11).
De la Comisión Mixta constituida, en conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Carta Fundamental, para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la discusión del proyecto que modifica el artículo 3º de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza y el artículo 1º del D.F.L. Nº 5.291, de 1930, Ley de Educación Primaria Obligatoria, para establecer la obligatoriedad del nivel de educación parvularia dentro del sistema de educación pública. (Boletín Nº 1.738-04).
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece fecha de elección para Diputados y Senadores, con urgencia calificada de "discusión inmediata" (Boletín Nº 2.757-06).
Del Comité Renovación Nacional, con el que, para los fines reglamentarios pertinentes, informa que ha designado como sus representantes a los Senadores señores Díez y Cantero.
Del Senador señor Bitar, con la que, en conformidad a lo establecido en el artículo 132 del Reglamento de la Corporación, manifiesta su voluntad de retirar de tramitación el proyecto, iniciado en moción de Su Señoría, que modifica las leyes de propiedad intelectual y de fomento al libro y la lectura, para que las especies decomisadas puedan ser destinadas a un fin educacional, cultural o de instrucción (Boletín Nº 2.554-04).
--Queda retirado el proyecto y se manda archivar junto a sus antecedentes.
La unanimidad de los Comités, en sesión de hoy, adoptó los siguientes acuerdos:
1) Postergar hasta el miércoles 1 de agosto, de 12 a 14, la sesión especial citada para mañana a fin de analizar la política del Estado sobre inmigración y sus proyecciones.
2) Tratar como si fuera de fácil despacho el proyecto atinente a cambio de fecha de la próxima elección de Diputados y Senadores.
3) Colocar en el primer lugar de la tabla de la sesión ordinaria de mañana el proyecto que aprueba el Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, así como el Protocolo Bilateral al Tratado de Libre Comercio entre Chile y Centroamérica, adoptado entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Costa Rica, ambos suscritos en Ciudad de Guatemala el 18 de octubre de 1999.
4) Si el proyecto que modifica la Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Vinagres no fuera despachado en la sesión de hoy, tratarlo en la sesión ordinaria de mañana, en segundo lugar, votándolo a más tardar a las 18.
5) Fijar el lunes 23 de julio, a las 12, como nuevo plazo para presentar indicaciones al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor.
Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional e iniciado en mensaje, que establece una nueva fecha para las elecciones de Diputados y Senadores, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (2757-06) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 14ª, en 17 de julio de 2001.
Legislación, sesión 14ª, en 17 de julio de 2001.
La iniciativa tiene por objeto agregar a la ley Nº 18.700, Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, una disposición transitoria que establece como nueva fecha para las elecciones parlamentarias del año en curso el domingo 16 de diciembre.
En consecuencia, el acto de constitución de las mesas receptoras de sufragios se llevará a cabo a las 9 horas del sábado 15 de diciembre de 2001, y las actuaciones electorales y administrativas cuya oportunidad debe determinarse en consideración al día de la elección se efectuarán sobre la base de la nueva fecha que se fija.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, luego de reseñar en el informe la discusión habida en su seno, deja constancia de la aprobación general y particular del proyecto por la unanimidad de sus miembros: Honorables señores Aburto, Chadwick, Díez, Hamilton y Silva.
Cabe destacar que la iniciativa requiere para su aprobación la conformidad de cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio, es decir, 27 votos.
Finalmente, según lo preceptuado en el artículo 127 del Reglamento, el proyecto debe ser discutido en general y particular a la vez.
Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por la unanimidad de sus miembros, aprobó el proyecto de la Cámara de Diputados que establece una nueva fecha para la elección de Diputados y Senadores de 2001.
Como Presidente de ese organismo, me referiré en primer lugar a su informe.
El artículo 174 de la ley Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios señala que "Las elecciones periódicas de Diputados y Senadores se harán conjuntamente, pero en cédulas separadas, noventa días antes de aquel en que deban renovarse la Cámara de Diputados y el Senado.". En consecuencia, esta norma orgánica constitucional puede ser modificada por una de igual jerarquía que no viole, respecto de otros plazos, los parámetros consignados en la Carta Fundamental.
La Comisión analizó cuidadosamente el mensaje. Concordó con el Presidente de la República en que es bueno que las elecciones se efectúen los domingos. Sin embargo, tuvo perfecta conciencia de que esta iniciativa no se originó en la rebaja de costos que significa celebrar comicios esos días, sino en la necesidad de solucionar el problema en que se encuentra nuestro sistema político por el inexplicable error de un partido que, al no cumplir los requisitos consagrados en la Constitución, deja a un número importante de aspirantes a Senadores y Diputados fuera de la elección que debía llevarse a cabo el 11 de diciembre de 2001.
Consideramos que el respeto a la ciudadanía, por sobre todo; el permitir que los próximos comicios constituyan un acto absolutamente normal, donde la voluntad del electorado se refleje fielmente, y el que no se produzcan circunstancias políticas anómalas por el simple error de un funcionario de un partido, ameritan la celeridad del Congreso Nacional para despachar este proyecto de ley.
También deseo dejar constancia de nuestro asombro por una celeridad que el Gobierno no ha manifestado antes. En esta ocasión usó el mecanismo constitucional de la urgencia para el rápido despacho del proyecto en análisis. Sin embargo, en otras oportunidades ha denostado al Parlamento por la lentitud con que tramita las iniciativas de ley.
En particular, la postergación de la elección permite resolver el problema de la Democracia Cristiana sin violar ninguno de los derechos adquiridos de las personas emanados de la Carta Fundamental.
Del mismo modo, nos parece bien que la constitución de las mesas receptoras de sufragios, que debía realizarse el 8 de diciembre (esta fecha produce trastornos, por ser el Día de la Inmaculada Concepción), se lleve a cabo a las 9 horas del sábado 15 de diciembre de 2001.
Los Senadores de Renovación Nacional votaremos a favor del proyecto, porque lo consideramos una obligación de lealtad para con nuestro sistema político y nuestra vocación democrática. Nos parece que, habiendo mecanismos constitucionales y legales para subsanar inconvenientes como el ocurrido a la Democracia Cristiana, aquello corresponde al trato digno y honorable dentro de una democracia, que es leal, no sólo con la letra de las leyes, sino básicamente con el espíritu de la Carta Fundamental, que desea que la participación de la ciudadanía sea lo más verdadera posible, lo que no ocurriría si no aprobáramos esta iniciativa de ley.
Recuerdo a Sus Señorías que los Comités acordaron tratar este proyecto como si fuera de fácil despacho. En tal virtud, hay diez minutos para la discusión, divididos en partes iguales entre los Senadores que sostengan la iniciativa y aquellos que la impugnen. Ello, sin perjuicio del derecho a fundar el voto.
Tiene la palabra en primer lugar el Honorable señor Ruiz-Esquide, y luego, los Senadores señores Martínez y Muñoz Barra.
Señor Presidente , se está votando un proyecto que, de acuerdo con las definiciones y antecedentes que dio el Senador informante de la Comisión de Constitución, tiene derechamente dos aspectos.
Primero, en el texto enviado se recoge una opinión que hubo anteriormente en el Senado en cuanto a cambiar los días de las elecciones para los domingos, lo cual genera una serie de ventajas que todos conocemos; sin embargo, ante distintas observaciones que se formularon, no fue posible concretar la enmienda pertinente. Por tanto, ése es el primer elemento del proyecto: un factor destinado a optimizar el funcionamiento del sistema electoral, precisamente para que la ciudadanía se exprese de la mejor manera posible.
Empero, asimismo, nadie puede negar que hay una situación especial, que el Senador señor Díez describió al explicar los acuerdos de la Comisión: el problema planteado con el Partido Demócrata Cristiano, al que tenemos el honor de representar en el Parlamento.
Hubo interpretaciones equivocadas, erradas, posiblemente no atinadas o tal vez visualizadas de manera diferente. Pero lo concreto es que ese hecho, que reconocemos con hidalguía, genera un conflicto a la Democracia Cristiana y, más que eso -como se ha expuesto aquí; y lo hemos expresado nosotros mismos-, una situación insólita (ello pudo ocurrir a cualquiera de las colectividades aquí representadas) que impide al electorado elegir abierta y claramente de entre las diversas opciones que ofrece el espectro político nacional.
Por eso, sin negar la existencia de nuestro problema y viendo cómo se ha ido desenvolviendo la situación, valoramos desde estas bancas (con mucha honestidad y franqueza y con la lealtad con que siempre hemos trabajado entre nosotros) la decisión de los partidos políticos representados en el Senado de recoger tal circunstancia y colocarla en el sitio que merece la ciudadanía, e instamos a aprobar el proyecto en los términos en que lo despachó la Cámara de Diputados. Y lo señalo en forma expresa para poner de relieve la actitud asumida por todos los miembros de los partidos representados en nuestra Comisión de Constitución, que presumiblemente nos permitirá aprobar esta iniciativa y resolver el problema.
Termino, señor Presidente , manifestando algo que me nace muy de adentro.
En los debates del Senado, siempre -no sólo ahora- hemos tratado de buscar acuerdos, pero con mucha claridad en nuestros puntos de vista. Me parece que aquí se ha dado eso. Sin desmerecer las razones que cualquier persona o partido pueda tener para votar, yo y los Senadores democratracristianos valoramos el hecho de que, por sobre ello, se ha tenido respeto por las ideas centrales que marcan la democracia, es decir, en el entendido de que ésta no es sólo una forma de gobierno, sino también una manera de vivir la vida. Esto no lo digo con un afán vanidoso de demostrar lo que estamos haciendo, sino con el deseo de evidenciar que la democracia constituye también una forma de respeto, de actitud y, por lo tanto, de cómo se enfrentan las discusiones y las distintas posiciones.
Por eso, en un momento en que la política no siempre es bien comprendida ni se le da la seriedad que debe tener o que debe ser reconocida por el país, gestos como los manifestados en estas últimas 48 ó 24 horas, a mi juicio, valoran el ejercicio del quehacer político y la relación con que normalmente trabajamos en el Parlamento. Y esta valoración le hará bien a la política chilena en el sentido de que, por encima de acciones personales -como se ha querido mostrar en el último tiempo- y de instituciones o intereses partidarios, se está dando un ejemplo de cómo resolver materias que hoy pueden afectar a la Democracia Cristiana y, tal vez -ojalá nunca-, mañana a otros partidos.
En nombre de los Senadores democratacristianos, deseo valorar la actitud de los partidos de la Concertación, la de la Oposición y la de los Senadores institucionales en cuanto al proyecto en debate, el que naturalmente votaremos favorablemente.
Señor Presidente , sin duda alguna analizamos, y debemos pronunciarnos, sobre un proyecto extraordinariamente excepcional, inesperado, sorpresivo y, por cierto, no deseado por ningún Senador presente en la Sala.
En mi opinión, esta normativa no debe ser debatida considerando sus bondades jurídicas o sus términos legislativos, o si está bien o mal formulada. Si a esta bancada se le hubiera consultado o propuesto una iniciativa para modificar la fecha de la elección de Diputados y Senadores sin otro fundamento que el trasladarla o postergarla, sin duda alguna la habría votado en contra. Lo que nos motiva es algo completamente distinto. Como muy bien señaló el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, un Partido, como la Democracia Cristiana, ha incurrido en un lamentable e injustificado error al inscribir sus candidaturas parlamentarias, dejándolo en una situación absolutamente insólita: virtualmente la totalidad de sus candidatos al Congreso no podrían postularse en los próximos comicios.
Cuando uno enfrenta un problema de esta gravedad, de esta envergadura, obviamente caben dos actitudes: o se busca sacar un pequeño provecho electoral o político, desligándose de los efectos que ello puede generar en el país; o bien se coloca en la obligación y deber ético -que todos quienes actuamos en el servicio público debemos siempre hacer prevalecer- de mirar las cosas con un sentido de bien común.
Ayer, cuando a primera hora de la mañana la directiva de la Democracia Cristiana nos planteó el problema que la afectaba, la Unión Demócrata Independiente le respondió de inmediato que, frente a su gravedad, asumía la voluntad y disposición de buscar una solución. Y lo hicimos motivados fundamentalmente por dos razones muy profundas. En primer lugar, por un sentido de responsabilidad política, de responsabilidad con el sistema democrático. Resultaría fácil, como algunos señalaron, ampararse en una especie de majestuosidad de la ley o de imperio irrestricto de la ley, desligándose por completo de los efectos que ello pudiera traer consigo y olvidando que el significado más profundo de la ley siempre debe estar vinculado a la justicia y, fundamentalmente, al compromiso con el bien común. En esta oportunidad, -puede alguien en esta Sala desligarse de la posibilidad de que en la próxima elección parlamentaria tenga lugar un proceso democrático en el cual un partido -en este caso, mayoritario del país- no pueda competir, dado que, por el incumplimiento de un requisito formal, todos sus candidatos quedaron impedidos de presentarse a dicha elección? En términos reales -y digamos las cosas como son-, es imposible que un sistema político pueda aceptar ese escenario. Los efectos de asumir algo así serían extraordinariamente más nocivos que la solución legal que estamos dando al problema que enfrenta el Partido Demócrata Cristiano. No podemos desligarnos de esos efectos ni actuar con falta de realismo político ni desvincularnos por completo de los compromisos con el sistema democrático, porque, como digo, sus efectos serían mucho más perniciosos. ¿Qué legitimidad podría tener esa elección? ¿Qué escenario político podría surgir después de ello? ¿Qué conflictos graves podrían producirse? Serían totalmente insospechados. Por lo tanto, por un sentido de responsabilidad política, había que buscar una solución al problema que afecta al proceso de inscripción de los candidatos democratacristianos.
La segunda razón para actuar como lo hemos hecho radica en algo muy profundo para nosotros, que es el desarrollo, en la vida democrática, de la vocación y voluntad de compromiso valórico, ético, de honestidad política. No deseamos representar una fuerza política enfrentada a adversarios políticos a quienes pretende derrotar a cualquier precio y en cualquier circunstancia. No queremos ser una fuerza política que busque enfrentarse a adversarios políticos sin consideración de conductas éticas o valóricas, o que esté dispuesta a cualquier cosa con tal de ganar una elección. La vocación democrática guarda relación no sólo con los compromisos con el sistema democrático, sus leyes y reglas de juego, sino que también lleva envuelto, por sobre toda consideración, un compromiso ético, valórico, con conductas democráticas, con reglas de juego, con honestidad, con transparencia; es decir, con un sentido valórico de la política y no con uno de tipo instrumental o con miras a obtener triunfos electorales a cualquier precio o en cualquier circunstancia.
En consideración a esas dos razones muy profundas relativas a valoración de la democracia -por un lado, de responsabilidad con el sistema político y, por otro, de una visión ética y valórica de las conductas democráticas-, desde el inicio hemos decidido dar solución al problema que afecta a la Democracia Cristiana.
Entonces, porque el proyecto procura resolver una dificultad y, por sobre todo, dar consistencia ética al sistema democrático que hoy vive el país, lo votaremos favorablemente.
Restan dos inscritos: los Honorables señores Martínez y Muñoz Barra.
Sin embargo, como concluyó el tiempo de Fácil Despacho, los señores Senadores que deseen intervenir pueden hacerlo en la fundamentación del voto. Ése fue el acuerdo de Comités.
Señor Presidente , debido a un aspecto de manejo administrativo, regulado en el artículo correspondiente de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios, un partido político se ha visto en serias dificultades para cumplir dicha normativa.
Más allá de los aspectos internos -que no corresponde analizar a quien habla- aparece algo fundamental. ¿Cuál es la razón por la cual la ciudadanía elige a sus autoridades políticas y, esencialmente, a quienes integran el Parlamento? Es, sencillamente, para poder escuchar, comparar y entender los diferentes planteamientos y las visiones relativos a la conducción general del país. Por lo tanto, es absolutamente necesaria la competencia entre ideas políticas que representan las personas. Eso es, a mi juicio, esencialmente la democracia moderna: una competencia de ideas, de planteamientos, dentro del marco legal que la regula. Y, por supuesto, parecería absurdo, en ese sentido, no aprobar este proyecto, pues, al fijar una nueva fecha para los próximos comicios parlamentarios, permite solucionar un problema administrativo, acontecido porque los seres humanos se equivocan.
Lo anterior me lleva a hacer dos planteamientos. Primero, el Comité Institucionales 1 aprueba, con especial agrado, la iniciativa; y segundo, que nuestro Comité no es político, pues el Senado está compuesto no sólo por distinguidos Senadores representantes de colectividades políticas, sino también por personas que, proveniendo de una elección que hace tanto la Corte Suprema como el Consejo de Seguridad Nacional, son parte de esta Corporación y de su funcionamiento.
Como Comité Institucional 1, damos nuestro apoyo a la competencia libre de las ideas, y esperamos que esta normativa facilite la inscripción de los candidatos en la lista partidaria correspondiente.
Señor Presidente , la democracia lleva implícita la idea de la participación. No es concebible pensar en la existencia plena de un régimen democrático si por razones administrativas o de forma, aunque exigidas por una ley, se impida la participación electoral de un partido político, como es el hecho que hoy analizamos, por un lamentable error de buena fe.
La participación es, por consiguiente, inherente a la democracia. Al contrario, la no participación se convierte en una deslegitimación de la democracia, en una apariencia de democracia.
No podemos concebir que la próxima elección parlamentaria deje fuera a los candidatos del Partido Demócrata Cristiano por el hecho de no haber cumplido un requisito de forma exigido por la ley. Se trata, indudablemente, de la colectividad política que representa a la mayor corriente de opinión ciudadana, según la última elección efectuada, y el que cuenta con la mayor cantidad de Parlamentarios.
¿Cómo decir convincentemente a los ciudadanos que se identifican con la Democracia Cristiana que en la próxima elección parlamentaria, sus ideales, sus aspiraciones, su confianza en quienes reconocen liderazgo y capacidad de representación no podrán manifestarse, porque faltó uno de los requisitos formales para inscribir sus candidaturas?
Pero más grave aún, ¿cómo decir a los electores de dicha colectividad política y a la ciudadanía en general, que los Parlamentarios en ejercicio fuimos incapaces de ponernos de acuerdo para resolver esta situación de suya absurda, lo que felizmente estamos consiguiendo? Con seguridad, no nos entenderían. Concluirían que, por cálculo pequeño, las demás organizaciones políticas nada hicimos por remediar un problema que no es de fondo, sino de forma; concluirían que la política y los políticos carecen de nobleza, y concluirían que la política, que según los sondeos de opinión pública no cuenta con una aceptable valoración ciudadana, es una actividad carente de ética y proclive al pragmatismo utilitarista y mezquino.
Poseemos una legislación electoral anacrónica y formalista en exceso. Éste es el momento de dar pasos rectificadores, de demostrar que quienes representamos a la ciudadanía en el Congreso Nacional -institución que es la expresión más alta de la democracia, porque permite que en su seno participen todas las manifestaciones ciudadanas- actuemos con grandeza, con preocupación por los destinos de la patria, los que no lograremos proscribiendo a un sector organizado políticamente, sino permitiendo su participación; permitiendo el debate plural que enriquece, y permitiendo el esfuerzo por alcanzar consensos y por dar gobernabilidad al país.
La pluralidad se vería gravemente resentida si se hubiere marginado a la Democracia Cristiana de la posibilidad de tener representantes en el Congreso. Y la ética política sería cuestionada -con justicia- si no llegamos a un acuerdo, expresado en una nueva ley que permita la corrección de un error cometido de buena fe por dicho partido.
Estoy seguro de que así lo haremos, por el bien del país y de la democracia que aspiramos perfeccionar. Confío en que, ante esta situación inédita y extraña, actuaremos con nobleza.
Por supuesto, el Partido Por la Democracia se pronunciará afirmativamente.
Señor Presidente , estamos legislando para reparar un lamentable error cometido por el aparato electoral de la Democracia Cristiana, que no cumplió con una solemnidad del acto jurídico de inscripción de sus candidatos, que requería escritura pública. En verdad, cuando se exige esa solemnidad, es básicamente para que haya autenticidad de que el representante inscribe a las personas que corresponde. Eso es lo que se resguarda. Y aquí, en el fondo, ningún candidato ha reclamado que se ha abusado de su personería, sino, al contrario, que no fueron bien inscritos. A nadie se ha inscrito contra su voluntad. Entonces, en el fondo, no se ha incurrido en un vicio. Se trata de un error formal. Podrá estimarse inexplicable, pero es formal.
Por eso, así como tal vez no se justifica tal vicio, tampoco se justifican los discursos grandilocuente relativos a la generosidad que supondría votar a favor del proyecto. Éste es obvio. A nadie le puede convenir una elección trunca. Entonces, no se aprueba por generosidad democrática ni por grandes principios éticos, sino simplemente porque es obvio; porque 2 más 2 son 4.
En consecuencia, no hagamos gárgaras de generosidad cuando solamente estamos aprobando algo obvio.
Señor Presidente , sin duda hubo un error inexcusable. Pero más allá de lo que puede significar este error para la Democracia Cristiana, que es importante -desde ya agradezco la forma como se ha tomado este asunto-, pienso que lo relevante es que no sólo estamos dando un paso para superarlo, sino también para afirmar y confirmar un sistema político. ¡Eso es lo fundamental!
La democracia, más que un sistema político, es un estilo de vida. Con este gesto damos contenido a ese concepto que estimo esencial y que debe clavarse profundamente en nuestra sociedad para perfeccionarla y hacerla cada vez más amplia.
Pero, sin lugar a dudas, cuando un problema formal es resuelto con grandeza y con altura de miras, nos permite garantizar una vez más que las formas están para confirmar el fondo y no como muchas personas creen algunas veces que aquéllas tienen más importancia que el fondo. En tal sentido, el paso que estamos dando no sólo va a permitir superar este inconveniente, sino que orientará la democracia chilena por donde siempre ha debido transitar.
La democracia es un sistema político basado realmente en algo mucho más amplio, que es un estilo de vida, y ello debe traducirse en los hechos de cada uno de nosotros con lealtad.
La forma como superaremos este problema cimentará el camino para que en el futuro podamos y debamos actuar siempre con grandeza y no con la pequeñez que destruye los sistemas políticos y la convivencia entre nosotros. ¡Esto es lo importante!
Aquí no se ha buscado el atajo ni una salida fácil. Se ha enfrentado con la verdad un error y ha habido generosidad de parte de todos para superarlo.
Señor Presidente , me hubiese gustado que se aprovechara esta ocasión para agregar una simple modificación tendiente a flexibilizar la normativa vigente. La norma actual habla de escritura pública. Sin embargo, mi criterio apunta a que perfectamente bastaría una autorización privada escrita del candidato respectivo. Lo que la ley persigue es resguardar la autenticidad y la fe pública. Y esta última, además del documento escrito del candidato, está garantizada por la propia afirmación del candidato ante la ciudadanía que lo elige.
Por lo tanto, junto con votar a favor el proyecto, dejo registrado mi punto de vista, que ayudaría a que no seamos tan formalistas en nuestras formulaciones legales, dándose mayores márgenes de flexibilidad para ahorrarnos tanto un problema como éste, que es absolutamente secundario, como también las sesiones del Congreso destinadas a resolverlo por la vía de una ley.
Señor Presidente , a las palabras del Honorable señor Chadwick -que hago mías- sólo quisiera agregar que el sentido de bien común que desde un comienzo ha inspirado la voluntad favorable de estas bancas hacia el proyecto, se funda en el respeto que sentimos por un conjunto muy importante de chilenos que, de no haber mediado esta solución, se habrían visto impedidos de ejercer sus derechos a causa del error cometido. Y creo que precisamente eso es lo que motiva nuestra decisión, por la que no estamos pidiendo que se nos agradezca ni reconozca nada. Por lo contrario, hemos considerado un deber de conciencia y de ética, al participar de la vida política del país, hacer lo que correspondía.
Por lo mismo, señor Presidente , y para despejar toda duda, debemos aclarar que nuestra postura no obedece a negociación ni pedido de especie alguna a partido o autoridad de Gobierno. De modo que cuando hablamos de un compromiso ético, como al que a nuestro juicio debíamos dar cumplimiento -lo cual hicimos con mucha serenidad, no obstante las críticas que se formulan o los malos entendidos que puedan existir en la opinión pública, tal vez muy respetables y razonables-, lo hacemos con la clara convicción de que era lo único que nos motivaba.
Y queremos decirlo aquí, aunque no era mi intención hacerlo, movidos precisamente por las afirmaciones que acabamos de escuchar -a mi entender, muy desafortunadas y que probablemente enmendará en su momento- al Senador señor Viera-Gallo . Porque no se trata de un simple error: es un error muy profundo el cometido al omitir el cumplimiento de disposiciones legales, y que este proyecto pretende enmendar. Si fuera tan simple, le preguntaría al Honorable señor Viera-Gallo qué sucedería si comprara una casa sin la correspondiente escritura pública: el contrato no tendría validez alguna de haberse omitido esta formalidad. Por algo semejante estamos sentados acá, para resolver un problema, dada su gravedad.
Por eso, lamentando las desafortunadas palabras del Senador señor Viera-Gallo , queremos decirle que no buscamos ni reconocimientos ni gratitudes especiales, ni nada que se parezca. Hemos cumplido un deber para que un grupo importante de ciudadanos de este país, conforme a su voluntad, pueda manifestar su opinión en las próximas elecciones.
Deseamos dejar muy en claro que no nos vamos a sentar en estas bancas sin que medie la voluntad popular, ni pretendemos ganar una elección por secretaría. Eso no nos legitima como Parlamentarios ni mucho menos en el marco de nuestras ideas. Deseamos triunfar en la próxima elección, en una competencia libre en la que estén todos los actores representados.
De allí nuestra posición, en la que no pretendemos refregar un error que sí se cometió, que es muy lamentable y cuya responsabilidad deberán asumir quienes incurrieron en él, pero nuestra voluntad, pensando en el bien común y asumiendo todo lo dicho por el Honorable señor Chadwick , es la de suscribir, con valores éticos, un compromiso serio, cabal y profundo con la democracia a la que todos juntos, en el Senado y en el Parlamento, hemos contribuido a levantar en estos años.
Señor Presidente , nos encontramos frente a un proyecto de "discusión inmediata" cuya idea matriz, quiero decirlo derechamente, no comparto. No me parece adecuado a estas alturas pensar en cambiar la fecha de la elección. No comparto -repito- la idea matriz, pero entiendo que, en realidad, estamos jugando un verdadero baile de máscaras. Se ha tratado de evitar reconocer públicamente un error. Me habría gustado más que se hubiese presentado un proyecto de ley en términos claros. Considero que hay una actitud un tanto hipócrita. La ciudadanía nos mira con desconfianza, con recelo. Lo cierto es que la Democracia Cristiana cometió un error garrafal en materia de inscripción. Ésa es la verdad, ésa es la idea matriz que me inspira a analizar este iniciativa, y no la idea matriz de mentira que el Gobierno en pocas horas ha inventado. Me habría gustado también una mayor franqueza por parte del Gobierno en el planteamiento de su mensaje. Da la impresión que intenta burlar la realidad, o eludir la causa real, y no lo estimo adecuado.
Considero también importante señalar lo siguiente. Si esto hubiese ocurrido a un independiente, ¿se habría atendido con la misma oportunidad, con la misma velocidad, con el mismo interés? Cada cual podrá formarse su propio juicio en torno al tema.
Aquí hay otro punto que me interesa destacar. Muchas veces el Gobierno nos ha imputado responsabilidades por la lentitud en la tramitación de los proyectos de ley. Hoy día ha quedado demostrado que cuando al Ejecutivo le interesa despachar rápidamente un proyecto de ley, lo hace en menos de doce horas, como lo hemos podido comprobar esta tarde. Por eso, no me parece bueno jugar con el prestigio del Senado. Creo que el Gobierno no atina en esa intención. Cuando la urgencia y la prioridad interesan, hay urgencias muy particulares como la que hemos visto en el día de hoy. Mucha gente se pregunta por qué mi proyecto, por qué mi problema, por qué esa idea que yo espero que el Senado despache se demora dos, tres, cuatro y cinco años, pero cuando a los políticos les interesa, entonces sale rápido. Opino que esa gente tiene derecho a que uno le diga que vamos a intentar que todos los proyectos se despachen con mayor rapidez. Creo que ése es el compromiso que debe surgir de la experiencia que estamos viviendo. Sin embargo, no estoy dispuesto a que, por secretaría, tengamos ventajas o ganemos distritos donde podría haberse dado una competencia franca y leal.
No estoy dispuesto a inhibir o impedir el derecho de los electores que quieran votar por un candidato de la Democracia Cristiana. Tienen derecho a equivocarse; podrían votar por un RN... Pero, bueno, ése es su derecho. De manera que en esto hay que ser mucho más directo y mucho más franco. Creo también que habría sido interesante analizar la posibilidad de alargar el período de inscripción, acortando el proceso de la campaña que tanto cuesta, que tanto dinero reclama, que tanto esfuerzo, en definitiva, demanda, y que tanto daño genera en las ciudades, por los costos que esto representa.
Con todo -repito-, no es la idea matriz de este proyecto lo que me motiva porque creo que la postergación en sí misma no se justifica, sino que lo hago para permitir que los candidatos de la Democracia Cristiana puedan participar en este contienda electoral y podamos actuar en democracia.
Voto a favor por tal razón.
Señor Presidente , el proyecto que estamos analizando tiene por objeto, como se ha dicho, resolver un grave error y, obviamente, existían distintas alternativas o posibilidades para enfrentar el tema. Creo que habría otras maneras de hacerlo, desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, hemos contribuido a aprobar este proyecto, el cual votaremos a favor por creer que lo importante es buscar la solución, más allá de la fórmula que pudiera emplearse.
Probablemente, por la vía de haber corrido el plazo de la inscripción, esto es, haber permitido un mayor plazo para inscribir las candidaturas partidistas, pudo haberse encontrado una solución en esta materia. También, haberse hecho a través del instrumento mismo, es decir, de la escritura pública. Pero, en fin, son alternativas que, a mi juicio, hoy día dejan de tener importancia frente a la cuestión principal, que es encontrar una solución.
Ahora, ¿por qué estoy por facilitar la salida al problema? No porque las solemnidades carezcan de importancia -como aquí se ha dicho, ellas están para cumplirse, de lo contrario habría que eliminarlas y dictar una norma definitiva; además, no debemos olvidar que muchas veces ha habido candidatos impedidos de participar en un proceso eleccionario precisamente por el incumplimiento de estas solemnidades-, sino porque creemos que aquí se encuentran gravemente comprometidos valores fundamentales de nuestra democracia. No sería explicable que un partido tan importante como la Democracia Cristiana no pudiera participar en un proceso eleccionario (eso no sería entendido ni aquí ni en el extranjero; en ninguna parte) y que, además, fuéramos incapaces de encontrar una salida al asunto. De tal manera que estamos frente a la necesidad de encontrar una solución adecuada a la situación que se nos ha presentado.
Por otro lado, creemos que, en el evento de que esto no se hubiera resuelto en la forma como lo estamos haciendo, habríamos llegado a una elección en donde una parte importante de electorado no hubiera podido participar y, lo que es más grave, las Cámaras elegidas como consecuencia de ese acto electoral ¿qué valor jurídico, qué legitimidad democrática habrían tenido en los cuatro años en que deberían cumplir con sus funciones? Se habría comprometido gravemente todo nuestro sistema electoral.
Por esa razón votaremos a favor del proyecto, por creer que hay un principio de responsabilidad política envuelto en él, el afianzamiento de nuestro régimen democrático y, además, valores que resulta importante que se vayan robusteciendo, como la amistad cívica y la lealtad en el cumplimiento de los deberes políticos que, más allá de los intereses de un partido, o sus diferencias con otros conglomerados políticos, deben fortalecerse porque son pilares fundamentales del régimen democrático.
Señor Presidente , votaré a favor de esta iniciativa, porque, sin lugar a dudas, la elección de diciembre sin la participación de un sector tan importante del espectro político del país como lo es la Democracia Cristiana, no sería legítima ni representativa, aunque esto fuese motivo de un error -involuntario, ciertamente, e inexplicable a ratos; pero de todas maneras un error- en el cumplimiento de un aspecto formal que no puede impedir el debido pronunciamiento democrático de la ciudadanía. De manera que nos sumamos a la fórmula a la que se ha llegado, aunque pudo haberse buscado otras para resolver el problema.
Sin embargo, no puedo dejar de manifestar dos consideraciones que me parecen relevantes a la hora de aprobar la iniciativa.
La primera tiene que ver con el mensaje que acompaña la iniciativa a que estamos abocados.
Señor Presidente , leí su texto, y da la impresión de que esto estuviese ocurriendo en un país diferente y en otro momento histórico. No hay en él ni una sola referencia a la razón de fondo que justifica la iniciativa. En realidad, esto es lo único grandilocuente que he encontrado en el debate. No sé si es posible separar el mensaje, retirarlo o no aprobarlo, porque parece que estuviéramos escribiendo ciencia-ficción.
Creo que es hora de que digamos las cosas como son.
Aquí estamos resolviendo un problema y lo hacemos de buena voluntad, porque sabemos que hay que concurrir a su solución. Pero el mensaje que acompaña al proyecto es completamente ajeno a la discusión y a la razón por la cual lo aprobaremos.
En segundo lugar, pienso que la calificación de mera formalidad o solemnidad -como aquí se ha tratado de minimizar- no es apropiada.
Creo que debemos hacernos cargo de una crítica que se ha hecho a esta iniciativa, porque pareciera que "el club de los políticos se está arreglando los bigotes", lo cual no puede hacer la ciudadanía. Porque cuando un ciudadano se atrasa un día en el pago de los impuestos o no cumple con una formalidad, debe pagar multas, mora e intereses. Por cierto, la voluntad pudo haber sido pagar oportunamente; pero a lo mejor existió un motivo para no hacerlo. Y la ley, por esa solemnidad, no lo perdona y le obliga a pagar más. De manera que las solemnidades y formalidades no son meras bagatelas, sino actos de la esencia.
Y, en este caso, se está buscando una solución, no para "arreglarnos los bigotes" -al contrario, quizás lo hubiese sido no haber encontrado tal solución, pues eso habría traído algún tipo de beneficio político para otro sector distinto del afectado-, sino por una razón de bien común.
Por eso, lamento que se hayan vertido ciertas expresiones que minimizan el significado de ponerse rápidamente en disposición de resolver un problema sin cuestionar nada, sin pedir nada a cambio, más que simplemente darse a la razón de que, de otra manera, las elecciones no serían ni legítimas, ni democráticas, ni representativas.
Repito que votaremos a favor de esta iniciativa.
Empero, sí debo lamentar que el fundamento que el Ejecutivo le dio haya sido tan irreal -como el que leímos- y que se hayan manifestado expresiones indebidas, como si las formalidades exigidas por la ley o las solemnidades de los actos jurídicos no fueran necesarias. Porque si eso fuera así, prácticamente la mitad de las normas que aprobamos periódicamente no tendrían sentido porque, precisamente, éstas consisten en establecer requisitos formales para que los actos tengan validez jurídica.
Señor Presidente , los partidos hoy, a diferencia de ayer, son instituciones de derecho público, y los representan sus autoridades, como el Presidente y el Secretario . Por lo tanto, me parece un exceso burocrático la exigencia tan formalizada a una autoridad pública que cuenta, además, con un poder por escritura pública para inscribir a sus candidatos, sobre todo cuando la ley le da la representación del partido.
Me parece habría que corregir esto hacia el futuro.
Confieso que en la presente ocasión dudé en votar, tal vez pensé en abstenerme. Pero dos razones me han empujado a pronunciarme.
La primera es que tengo el mandato por escritura pública, efectuado en una notaría de Temuco con anterioridad al 14 de julio, fecha del vencimiento de inscripción de candidaturas.
La segunda es que me parece, más que una cuestión personal, un problema con la raíz de la representación democrática. Y, por tanto, situaciones como ésta no son menores, ni personales.
Lo que hoy ha estado en juego es la representatividad democrática por sobre un doble trámite, a mi juicio innecesario.
Por tales razones, no tengo ninguna duda en manifestar mi opinión favorable a este proyecto.
Señor Presidente , a mi juicio, más que un acto de generosidad, lo que hemos presenciado en esta oportunidad tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado ha sido un acto de gran responsabilidad política de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento. Porque era perfectamente posible que se generara una discusión absurda -como la sostenida en diversas oportunidades a propósito de otras materias- y una crisis política de gran envergadura no en la Democracia Cristiana, que -digámoslo francamente- cometió un error, sino en el país en general.
El sistema político chileno descansa sobre pies débiles; no es suficientemente sólido para enfrentar este tipo de situaciones con facilidad. Por el contrario, no sólo él se encuentra de alguna manera cuestionado, sino también los partidos políticos. Más o menos todas las colectividades políticas sufren un grave deterioro frente a la opinión pública, al igual que el sistema que las rige. Porque nuestro sistema electoral es absolutamente imperfecto, y -lo digo con sinceridad- en algún momento las fuerzas democráticas en Chile debemos sentarnos a conversar seriamente para tener uno que efectivamente represente la voluntad soberana de la ciudadanía.
En la actualidad, el sistema binominal genera una cantidad de problemas que lleva a muchos Senadores o Diputados a sufrir eventuales dificultades de legitimidad en sus mandatos.
Podría haber ocurrido que la Democracia Cristiana quedara fuera de la elección, pero sus parlamentarios que eventualmente resultaren "beneficiados" tendrían un grave problema de ilegitimidad; es decir, por ley podrían ocupar el cargo respectivo, pero carecerían de legitimidad política y moral para ello.
En consecuencia, lo que hemos realizado es un acto de responsabilidad política que habla bien del Parlamento, de las fuerzas políticas en él representadas y, en definitiva, de la sensatez que hemos demostrado frente al país.
Sin embargo, señor Presidente , quiero hacer una observación. Hace alrededor de seis años el ex Senador señor Cantuarias , con el Honorable señor Ríos y el que habla presentamos un proyecto para perfeccionar un detalle muy importante de la Ley sobre Votaciones Populares y Escrutinios que dice relación al tema que afectó a la Democracia Cristiana. Todavía nos sigue pareciendo absurdo que los presidentes nacionales de nuestros partidos políticos -yo lo fui hasta hace poco tiempo de mi propia colectividad- sean los encargados de presentar ante el Director del Servicio Electoral los candidatos de cada una de las comunas cuando se trata de elecciones municipales o de las circunscripciones o distritos según corresponda para las elecciones parlamentarias.
Jamás he entendido por qué el Senado no aprobó esa idea. Nosotros mismos rechazamos una moción -creo que el Senador señor Ríos estará de acuerdo conmigo- que a mi juicio debe reponerse, pues hay que dotar a nuestros representantes en cada una de las regiones de la facultad para presentar los candidatos ante el Director Regional del mismo servicio. No existe ninguna razón para que los señores Ricardo Hormazábal o Pablo Longueira sean quienes deben inscribir los candidatos, cuando tenemos dirigentes regionales que, en representación de nuestras direcciones nacionales, pueden realizarlo en cada región.
Por lo tanto, si queremos hablar de descentralización, uno de los actos necesarios para que el sistema político chileno funcione es introducirle grados crecientes de descentralización, porque los partidos políticos chilenos en general adolecen de un alto centralismo. Y creo que una de las dificultades de la Democracia Cristiana, más allá del error grave que cometió, es que también padece -así como nos ocurre a los socialistas- de un grave centralismo, el cual lleva a que este tipo de inscripciones, que debieran ser normales, fáciles, menos burocráticas, se compliquen de la manera como sucedió a una de las principales colectividades del sistema político nacional.
En consecuencia, por el acto de responsabilidad demostrado, voto a favor del proyecto.
Señor Presidente , al parecer todos concordamos en que esta situación insólita -como fue calificada- debe repararse, porque de otra forma tendría gravísimas consecuencias. No es concebible una elección parlamentaria como la de diciembre próximo sin la participación de la mayor parte de los candidatos del Partido Demócrata Cristiano. Los resultados de esos comicios estarían marcados por una peligrosa distorsión, y es nuestra obligación elemental evitar la ocurrencia de algo semejante.
En democracia la competencia debe realizarse sobre la base de conquistar votos, la adhesión de la ciudadanía, y nadie puede pretender obtener triunfos por secretaría, por la vía administrativa.
Sin embargo, creo que también se debe ser claro en lo siguiente: más allá de nuestros discursos; más allá de los agradecimientos que se puedan hacer a la grandeza o a la responsabilidad con que estamos actuando, yo creo que esta situación no es sin costo frente a la ciudadanía. Habrá más de alguien pensando que aquí se hacen trajes a la medida y que se resuelven los problemas de algunas personas y no de otras.
En ese sentido, considero fundamental que, junto con aprobar el proyecto, se haga un esfuerzo para explicar -en función de la claridad y transparencia con que actuamos- los errores que han obligado al Parlamento a pronunciarse a través de la ley en proyecto con el objeto de corregir tal situación, y ojalá pudiésemos comprometernos para actuar con la misma rapidez cada vez que los problemas de los ciudadanos requieran también un tratamiento expedito de parte del Congreso Nacional.
Por esas consideraciones, voto a favor.
Señor Presidente , lamento que a lo largo del debate se haya silenciado la circunstancia de que el proyecto tiene una disposición de efectos permanentes, la cual fue planteada ya en un mensaje anterior del Ejecutivo y mereció el respaldo prácticamente unánime de esta Sala. Más allá de la elección de diciembre próximo, va a quedar en pie el hecho de que en el futuro las elecciones en nuestro país tendrán necesariamente lugar un día domingo. Ello, sin duda es sano, y fue el propósito que en su momento compartió el Senado.
En segundo lugar, no puede silenciarse tampoco el que la normativa que nos ocupa, como toda ley, es de alcance general y que, frente al plazo adicional que ella va a generar para los efectos de inscribir nuevos candidatos o de reemplazar a los que ya lo habían hecho al 14 de julio, no caben renuncias anteladas. Sólo al vencimiento del nuevo plazo conoceremos quienes hicieron uso de la ley y los que no la utilizaron.
Pero sobre todo he querido fundamentar mi voto para expresar mi esperanza en que las expresiones vertidas esta tarde en la Sala hagan posible de verdad una revisión integral y sustantiva de nuestra legislación política. La Ley de los Partidos Políticos y la de Votaciones Populares y Escrutinios están llenas de formalidades y de mecanismos que debilitan la expresión ciudadana, que someten a los partidos políticos -comprometiendo incluso su supervivencia- a exigencias de carácter secundario e impiden en los hechos que se desarrolle una efectiva competencia en los procesos electorales.
Señor Presidente , ¡cuántas distorsiones se han presentado en todos los procesos electorales vividos en los últimos años! La reciente elección municipal "alcaldizada" en los hechos, no fue posible llevarla a cabo en un ambiente de real transparencia y competencia, porque se impidió -invocando razones de oportunidad- modificar la ley para los efectos de separar las elecciones de alcaldes y concejales. Y el mismo Congreso que impidió materializar tal modificación en forma oportuna, la aprobó casi unánimemente sólo semanas después de haberse producido el referido evento eleccionario.
Ojalá que, en consecuencia con el espíritu reflejado por las intervenciones escuchadas en la Sala, podamos dar pasos más significativos y de efectos permanentes, a fin de dar a nuestro sistema político mayor apertura y capacidad para interpretar a la ciudadanía.
Señor Presidente , no quisiera ahondar en los argumentos expresados con relación a cómo funcionan las instituciones democráticas, a la honorabilidad, al "fair play" que debe existir entre los distintos actores y a la necesidad de que una elección libre frente a la ciudadanía permita a ésta escoger entre todas las opciones que se presentan.
No creo, por lo demás, que el culpable de la situación sea un partido político determinado. No lo son sus parlamentarios ni sus concejales. Lo es un funcionario, y media, quizás, la negligencia de algunos miembros de la mesa directiva.
Sin embargo, al leer el mensaje -como lo ha dicho el Senador señor Larraín -, en el que no hay ninguna línea vinculada a los motivos que han originado el proyecto, da la sensación de que en esta sesión correspondería rendir un homenaje al ex Senador señor Hormazábal , porque gracias a éste el Gobierno descubrió que era mejor cambiar las elecciones de un martes a un domingo. Y todos sabemos que la iniciativa obedece a otro fundamento.
Así como el error de una colectividad política fue cometido por un funcionario, supongo que el del Ministerio del Interior es imputable a un abogado.
Pero, en definitiva, juzgo que en un proyecto de ley es muy importante la fidelidad que deben guardar sus motivos con el articulado mismo, así como la transparencia y lealtad que las instituciones políticas deben mantener con la opinión pública.
Señor Presidente , pienso que la opinión pública se encuentra muy distante del actual debate y probablemente no entenderá el alcance de lo que hoy hace el Congreso. La noticia -y no sus fundamentos- será muy escueta y dará cuenta de una votación registrada en una determinada circunstancia. Estoy cierto de que esa información será criticada muy severamente, porque nadie entenderá que el Gobierno haga llegar un proyecto que en ninguna de sus líneas mencione el verdadero sentido de lo que se discute y aprueba. ¡Cuántas situaciones legítimas y que afectan a tantos chilenos no correrán la misma suerte que las normas en estudio! A mi juicio, el principio de la ley pareja está siendo gravemente lesionado con la iniciativa que se trata.
Estimo que una de las cuestiones que más deben preocuparnos es demostrar la más clara transparencia respecto de lo que hacemos. Y me parece que no rendimos homenaje ni a la transparencia ni a nada que se parezca a la claridad en una cuestión respecto de la cual el Gobierno presenta un proyecto en que no se dice absolutamente nada de lo que realmente ocurrió y en la medida en que en el debate simplemente nos referimos a una situación completamente ajena a lo señalado por el mensaje.
En realidad, me parece que nos encontramos no solamente en un baile de máscaras. Nos hallamos en un caso relativamente peor: estamos dando la espalda a una opinión pública cada vez más distante de lo que pensamos y somos.
Y deseo ser muy franco. Sé que puede ser mal interpretada una decisión que no favorezca el dar una salida a la dificultad real. Por mi parte, considero que esa salida se debe dar, pero no me parece que sea éste el camino adecuado. Ni al país ni a la opinión pública les hace bien un debate enmascarado. Ni una línea del mensaje -repito- alude a la verdad objetiva de lo sucedido. Sin embargo, nadie en Chile tendrá duda alguna de que se resuelve una situación particular, respecto de la cual todo el mundo sustenta una opinión.
Reitero que estoy de acuerdo en la necesidad de evitar un hecho que dejaría al margen a un número relevante de candidatos de un partido importante. Pero de algún modo debemos reflexionar acerca de si la vía que se escoge -no el fondo del asunto- es la apropiada.
Y, en ese aspecto, señor Presidente , lamento sinceramente tener que abstenerme, aun cuando sea una excepción en la Sala. Creo que interpreto a muchos chilenos. Por lo menos, dejaré de manifiesto un fundamento que probablemente la gran mayoría de mis Honorables colegas que han votado a favor también han tenido presente.
Me ha pedido la palabra el señor Ministro del Interior , conforme al artículo 37 de la Constitución, por haber sido mencionado en algunas de las intervenciones con relación a sus propias responsabilidades.
Puede usar de ella el señor Ministro.
Señor Presidente , en efecto, en virtud de la disposición citada, los Ministros pueden participar en los debates, etcétera, y durante la votación podrán rectificar "los conceptos emitidos por cualquier diputado o senador al fundamentar su voto.".
Cabe dejar establecido que para solucionar la situación presentada existían numerosas alternativas. Optamos por una que era perfectamente coherente con lo que habíamos hecho. El Ejecutivo había presentado ante el Congreso Nacional una propuesta a fin de adelantar la elección para un domingo. Y ello fue aprobado por el Senado, entiendo que por unanimidad. Por desgracia, el Tribunal Constitucional estimó que la medida no era pertinente, por acortar determinados plazos -no los alargaba-, y, en consecuencia, la única posibilidad era atrasar los comicios.
Al resolver la cuestión en análisis, por lo tanto, decidimos usar ese mismo proyecto y, en definitiva, los mismos fundamentos. La normativa no dice relación a ningún tema que no sea el de cambiar la fecha de la elección, de modo que no corresponde exponer otros motivos en el mensaje. Pero lo que se ha dicho claramente ante el país se refiere al asunto de fondo. Si algún señor Senador desea abstenerse, o votar en contra, o dejar registrada su opinión, ello está muy bien, pero que no se afirme que el Ejecutivo no ha sido claro al presentar el texto, lo que no es en absoluto efectivo. Basta con consignar lo planteado en la Cámara, en el Senado y ante el público. Y la iniciativa fundamenta el postergar la elección para un domingo, habiendo sido tomado el mensaje exactamente del mismo proyecto que los señores Senadores tuvieron a la vista cuando aprobaron adelantar los comicios para el domingo 2 de diciembre.
Señor Presidente , cuando se constató la omisión o error, no dudé un instante de que se iba a buscar una solución. Porque fui miembro de la Cámara de Diputados y conocer a sus integrantes, así como a mis colegas Senadores, sé que todos nos hallamos inspirados por principios de una alta política y no de politiquería barata.
Sé que a estas bancadas se llega combatiendo ideas y principios, y buscando el apoyo de la ciudadanía, y no sobre la base de argucias o de errores cometidos por otros partidos políticos. Ésa es la esencia de la democracia. Y, por ello, todas las ideas están hoy en día postulando; inclusive el Partido Comunista que, por el sistema electoral, no ha podido ocupar un escaño. Pero eso es otra cosa. Y la Democracia Cristiana, en la actualidad el partido más grande de Chile, no podía hallarse ausente de una justa electoral.
Por tal motivo, tengo claro el apoyo que nos dan todos para que reparemos el error u omisión. Y hoy día quisiera recordar el pensamiento del célebre escritor y filósofo francés Voltaire: "Estoy en completo desacuerdo con sus ideas, pero daría mi vida por el derecho de poderlas expresar".
De esa forma Voltaire está presente en cada uno de ustedes.
Señor Presidente , agradezco al señor Ministro las explicaciones que ha dado para complementar la fundamentación de este proyecto, a pesar de que no las comparto.
Lo que estamos haciendo ahora es lanzar un salvavidas a un importante Partido político, lo cual debe ser muy justificado por el bien común. Lamento sí que haya sido un error el que indujo a esta situación. Sin embargo, es del caso señalar que la ley imperante es conocida por todos y debe ser respetada.
Aquí estamos solucionando un problema político. Por ello, pensando en el bien común, no votaré en contra del proyecto, sino que me abstendré.
Señor Presidente , me había alegrado del debate sostenido en esta Sala, porque permitía aclarar dos aspectos importantes.
Primero, que no se trataba en este caso de celebrar o no las elecciones en un día domingo, materia sobre la cual discrepo, pues las elecciones más importantes del mundo no se efectúan necesariamente ese día. Y segundo, que se determinaba el verdadero fundamento de este proyecto de ley.
Me alegraba de eso, porque de alguna manera el Senado de la República estaba demostrando, mediante este debate, que no tenía miedo a la verdad, la cual es evidente: esta iniciativa no fue enviada al Congreso para que las elecciones se efectuaran en un día domingo, y este envío tampoco corresponde a un antiguo criterio del Gobierno sobre el particular, sino que el propósito específico de tal envío es subsanar un problema que se le presentó a la Democracia Cristiana. Si no fuera así, no se habría solicitado tratarla con "discusión inmediata", lo que es absolutamente imprescindible para llevar a cabo el objetivo perseguido mediante este proyecto.
Por lo anterior, lamento que el señor Ministro haya agregado acá, para tratar de cohonestar una actitud, ciertos argumentos respecto al verdadero engaño que significó el envío de esta iniciativa, en la que no se hace mención alguna de su razón de ser, como si no existiera el problema que se desea corregir.
Es evidente, y así se desprende de las intervenciones de veinte señores Senadores y del debate habido en la Cámara de Diputados, como la opinión pública lo sabe, que se pretende subsanar un lamentable error cometido por la Democracia Cristiana.
En consecuencia, quiero reivindicar el papel que el Senado está cumpliendo en orden a decir la verdad al pueblo: acá estamos legislando específicamente por esa circunstancia y no por otra. Porque nada justificaría el hecho de que, respecto de cierta normativa, se solicite despacho inmediato, que es el mecanismo requerido para que pasado mañana sea posible subsanar el problema, lo cual, obviamente, no se lograría con un proyecto cualquiera.
Como lo han expresado algunos Senadores de estas bancas, deseo señalar que, no obstante tratarse de un error ajeno que de alguna manera podría favorecernos, en ningún momento hemos pensado en las ventajas que podrían derivarse de ello. En este sentido, por respeto a la democracia y a la voluntad popular, hemos manifestado que estamos dispuestos a que, mediante una vía legal, se corrija ese lamentable error. Además, de esta forma -y es bueno dejar constancia de esto; ojalá lo hubiera escuchado el señor Ministro - es posible sanear un vicio que hoy existe.
Ése es el objetivo del proyecto y lo que nos induce a su aprobación, vale decir, el deseo de que las cosas se hagan bien.
Lo anterior podría hacerse extensivo a los particulares, quienes -como se lo comentaba a un Honorable colega que me antecedió en el uso de la palabra- muchas veces no tienen la posibilidad de corregir un error y deben pagar multas. Más aún, el ciudadano que olvida su carné de identidad no puede votar el día de las elecciones. Sin embargo, en este caso específico, quien se olvida de cumplir un trámite esencial sí podrá participar en los comicios electorales.
Deseo insistir -y me alegro de ello- en la reivindicación del Parlamento, en cuanto a no tener miedo a la verdad y decir al país lo que estamos haciendo. Si en este momento votamos a favor del proyecto es porque de esa manera podrá sanearse un lamentable error cometido y porque en absoluto deseamos obtener ventaja de él.
Por tales razones, señor Presidente, junto con dejar constancia de mi punto de vista sobre la materia, voto favorablemente la iniciativa.
Señor Presidente , debo manifestar, con entera sinceridad, que para un democratacristiano no es fácil hablar en este momento en el Senado. Pero sí deseo expresar que no observo hipocresía en la actitud de nadie y veo que se trata de lograr un doble efecto.
Agradezco la actitud de quienes han comprendido la naturaleza de esta situación, particularmente la del Senador señor Díez , quien informó sobre el proyecto a la Sala.
Reconozco que se ha cometido un error inexplicable, porque las leyes se hacen para cumplirlas y no para pasar por encima de ellas. Ésta es una verdad.
Como dijo el Honorable señor Parra , esta iniciativa legal es complicada. A mi juicio, todas las legislaciones lo son. Y en el Derecho Público, campo donde nos encontramos, hay que respetarlas, sobre todo quienes estamos por doble razón convirtiendo en ley nuestras propias opiniones.
Sin perjuicio de lo anterior, creo que deberíamos aprovechar esta ocasión para introducir alguna enmienda a la legislación en comento, simplificándola y, al mismo tiempo, considerando en ella algo que es de lógica jurídica y política: quien recibe la documentación de las candidaturas -vale decir, el Director del Servicio Electoral ; persona intachable que merece todo nuestro respeto- debería disponer de un plazo para certificar si los antecedentes se encuentran en orden y advertir al candidato que los tenga incompletos que corrija su situación dentro de un cierto lapso, aunque sea breve.
A mi juicio, debería corregirse este plazo mortal, establecido para verificar si se cumplió o no con lo requerido y para averiguar si se ha cometido alguna estafa o algún engaño, cosa que no ha ocurrido en este caso.
Como democratacristiano, agradezco personalmente esta votación. No creo que sea un acto de compasión. No me siento feliz, sino muy triste por estar en esta situación. Pero, al mismo tiempo, considero que las razones dadas para apoyar el proyecto no son ni de compasión, ni de simpatía, ni de amistad. Son de peso político, y deben ser evaluadas en ese contexto.
Nadie se ha aprovechado de tal error: ni los que lo cometieron, ni aquellos a quienes podía haber beneficiado. Creo importante recalcar esto.
En ese acto no hubo dolo. Hubo error. Un error grave, pero subsanable porque no afecta, no compromete ni engaña a nadie.
La presente votación indica que en Chile tenemos una vida política civilizada (la democracia exige un grado de civilización; vale decir, de respeto de unos hacia otros), y si se hubiera tratado de una colectividad distinta, yo me habría pronunciado en la misma forma.
Lamento que mi partido, tan grande, tan antiguo y que me merece todo respeto por ser el de mi familia, haya cometido ese error, el que -felizmente- hoy se ha levantado gracias a la actitud de los Diputados y Senadores chilenos.
Señor Presidente , como ya se ha abundado bastante en el tema, sólo...
Reglamentariamente, a Su Señoría no le corresponde fundar el voto ahora.
Sí me corresponde.
Cuando un señor Senador no se encuentra en la Sala en el momento de ser llamado para emitir su voto, en una segunda instancia pierde el derecho a fundarlo.	Sin embargo, como parece haber consenso, puede hacerlo brevemente.
--Se aprueba en general y particular el proyecto (42 votos afirmativos y 2 abstenciones), dejándose constancia de que se cumple con el quórum constitucional exigido.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Bitar, Boeninger, Bombal, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Gazmuri, Hamilton, Horvath, Larraín, Lavandero, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Muñoz Barra, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pérez, Pizarro, Prat, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Romero y Stange.
Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la Ley General de Cooperativas, con segundo informe de la Comisión de Economía e informe de la de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (855-03) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 30ª, en 6 de abril de 1999.
Economía, sesión 17ª, en 21 de julio de 1999.
Economía (segundo), sesión 9ª, en 3 de julio de 2001.
Hacienda, sesión 9ª, en 3 de julio de 2001.
Sesiones 20ª, en 10 de agosto de 1999 (queda aplazada su discusión); 23ª, en 17 de agosto de 1999 (se aprueba en general).
El proyecto fue aprobado en general por la Sala en sesión de 17 de agosto de 1999.
En su segundo informe, la Comisión de Economía deja constancia de que en el artículo 1º no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los siguientes números del texto final propuesto: 3, 4, 5, 6, 8, 11, 14, 16, 17, 22, 24, 35, 41, 45, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 74, 75, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 92, 95, 96, 103, 104, 105, 106, 108, 110, 113, 119, 120, 122, 124, 125, 127, 128, 131, 132, 133, 134, 135, 140, 141, 142 y 143.
En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 124 del Reglamento, corresponde darlos por aprobados.
Asimismo, a los números 9, 87 (que pasó a ser 79) y 88 (que pasó a ser 80) del mismo artículo 1º, se les formularon indicaciones que fueron rechazadas por unanimidad. Como hasta el momento no ha llegado a la Mesa ninguna indicación renovada respecto de ellos, también deben aprobarse reglamentariamente.
Las demás constancias reglamentarias aparecen en la página 2 del informe.
Cabe señalar que desde la página 175 a la 229 se consignan las modificaciones introducidas al proyecto de ley aprobado en general, todas las cuales fueron acordadas por unanimidad.
Por su parte, la Comisión de Hacienda propone dos modificaciones al texto despachado por la Comisión de Economía: una al Nº 93 y otra al Nº 115, las que fueron aprobadas por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Foxley, Novoa, Prat y Sabag.
En consecuencia, en conformidad al inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, se votarían sin debate todas estas modificaciones, salvo que algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición de las Comisiones respecto de alguna de ellas o que hubiere indicaciones renovadas.
La Secretaría elaboró un boletín comparado -que Sus Señorías tienen a la vista-, dividido en siete columnas, que contemplan el texto legal vigente, el aprobado en general, las indicaciones formuladas, las modificaciones introducidas por la Comisión de Economía, el texto aprobado por ésta, las modificaciones planteadas por la Comisión de Hacienda y el texto final si se aprobaran todas las propuestas de ambos órganos técnicos.
Por último, es preciso señalar que, según el informe de la Comisión de Economía, la derogación de los artículos 32 y 33 de la Ley General de Cooperativas, efectuada en los numerales 28 y 29, así como los artículos 65, 77, 133 y 133 A, 133 C y 133 G, contenidos en los Nºs. 59, 73, 138 y 139, respectivamente, todos del artículo 1º del proyecto, tienen carácter de ley orgánica constitucional y, por lo tanto, requieren el voto conforme de los cuatro séptimos de los señores Senadores en ejercicio, es decir, de 27 señores Senadores.
Señor Presidente, deseo hacer una consulta sobre un aspecto reglamentario.
De acuerdo a lo señalado por el señor Secretario -tal vez entendí mal-, el numeral 60, que fue suprimido por unanimidad, podría ser discutido previa solicitud en este sentido.
Entonces, pido que se discuta y vote separadamente.
Hemos tomado nota, señor Senador.
En realidad, no lo mencioné. Pero está bien.
Señor Presidente, este proyecto lleva prácticamente ocho años de tramitación legislativa, siete de ellos en la Cámara de Diputados y poco más de uno en el Senado. Considerando el tiempo transcurrido desde su presentación, el Ejecutivo planteó la necesidad de introducir modificaciones bastante sustanciales, las que fueron estudiadas por la Comisión de Economía y aprobadas por unanimidad.
En el seno de dicha Comisión se hizo notar, fundamentalmente, que el desarrollo económico y productivo de nuestra economía se sustenta en la iniciativa de las empresas privadas, para lo cual es necesario que el ordenamiento jurídico reconozca los mayores espacios de libertad posibles, agregándose que si bien las cooperativas tienen una identidad especial y sus propias particularidades, también deben adecuarse a este contexto. La iniciativa tiende a facilitar al máximo la constitución de distintos tipos de cooperativas.
Además, se señaló que en el transcurso del tiempo se vio la necesidad de reformular la manera en que el Estado debe intervenir, sea en la constitución de las cooperativas, en la normativa de ellas o en su fiscalización, llegándose al convencimiento de que también era preciso modificar la actual estructura de control.
Por eso, la discusión de todas las modificaciones a la ley vigente se radicó en algunos puntos fundamentales:
En primer término, se propone que la constitución, reforma y disolución de las cooperativas, así como el registro y certificación de estos actos y, en general, la administración de las mismas, se rijan por normas similares a las que se aplican en la actualidad a las sociedades. Esto, porque ya se ha hecho algo bastante común, internalizado en la cultura de todos, la forma como se constituyen y administran las sociedades. Naturalmente, se mantiene el principio básico de las cooperativas en orden a que los votos se determinan en función de los cooperados y no de la participación que ellos tengan en el capital; vale decir, la administración de las cooperativas y las resoluciones que se toman en estas entidades siguen rigiéndose por el concepto de "un hombre," (un cooperado) "un voto".
En segundo lugar, en cuanto al desarrollo del marco normativo del sector cooperativo, las funciones permanecen radicadas en el Ministerio de Economía, siendo las principales estudiar, diseñar y promover las políticas gubernamentales destinadas a obtener una adecuada inserción de las cooperativas en el sistema y actividades económicas del país, y dictar las normas que las cooperativas no sometidas a fiscalización especializada deban adoptar con el objeto de perfeccionar su funcionamiento.
En tercer lugar, en materia de fiscalización, control y supervigilancia, se establece que las cooperativas que persigan un objetivo específico quedarán sometidas a la fiscalización de la entidad propia del área -por ejemplo, las que ejerzan funciones de préstamo y captación de dinero del público serán supervigiladas por la Superintendencia de Bancos cuando adquieran cierto tamaño-, manteniéndose fiscalizadas por el Departamento de Cooperativas las cooperativas de ahorro y crédito no sometidas a la supervigilancia de dicha Superintendencia; las de vivienda, fundamentalmente las abiertas, y, en general, las que en aquel Departamento se denominan "de importancia económica", vale decir, aquellas que posean un patrimonio superior a cierta cantidad, establecida en la ley, o que cuenten con más de 500 cooperados.
En cuarto término, se plantea que la función de aplicar la Ley de Cooperativas, su reglamento y los estatutos en lo que diga relación a los conflictos que se produzcan entre los miembros de aquéllas quede radicada en instancias de carácter jurisdiccional o de arbitraje, al igual como ocurre en las sociedades.
Finalmente, se reformuló el tratamiento que las cooperativas deben dar a los aportes económicos de los socios, reemplazándose el concepto de "cuotas de capital" o "acciones" por el de "cuotas de participación" que se valorizan en forma permanente, de manera que si un cooperado decide retirarse no pierda el valor de su inversión.
Se había producido una situación que afectaba a muchas personas, pues las cooperativas, al ir acumulando fondos de reserva, mantenían cautivos a los cooperados, quienes, si se retiraban, recibían sólo el valor nominal de su aporte y no el valor real, con frecuencia muy superior al valor inicial de aquél.
Al reemplazar, entonces, el concepto de cuotas de capital por el de cuotas de participación con valorización anual, se protegen de mejor manera los intereses de los cooperados.
Señor Presidente , debo destacar que la Comisión de Economía, en su segundo informe, revisó todos los artículos del proyecto -como sabemos, para la discusión general en la Sala no corresponde un estudio pormenorizado-, independiente de si fueron o no objeto de indicaciones.
Dejo constancia, por otra parte, de que todos los acuerdos, no sólo fueron adoptados en forma unánime por los miembros de la Comisión, sino que además contaron con el consenso del Poder Ejecutivo , representado fundamentalmente por el Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía , señor Carlos Rubio , quien realizó un aporte muy valioso a la discusión de la ley en proyecto.
Del mismo modo, hago constar que el trabajo técnico llevado a cabo por el señor Rubio se hizo con la colaboración de doña Hedy Matthei , asesora de nuestra bancada, quien también participó en forma muy dedicada (por tanto, expreso a ella al menos mi reconocimiento personal). Ambos contribuyeron a elaborar un texto que, junto con satisfacer la necesidad de que las cooperativas puedan desenvolverse en el mundo actual, mantiene los principios fundamentales de esas entidades.
Pienso que el proyecto es adecuado para estimular el desarrollo de una de las formas como es factible realizar actividades económicas y que, bien aprovechado, puede ser ventajoso para el progreso del país.
Solicito autorización para que ingresen a la Sala el Subsecretario de Economía subrogante, don Enrique Sepúlveda, y el Jefe del Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía , don Carlos Rubio.
Corresponde poner en votación todo el proyecto, excepto el número 60, que, a petición del Senador señor Viera-Gallo , será votado en forma separada.
Antes, me pidió la palabra el Honorable señor Vega.
Señor Presidente, quiero hacer presentes algunos aspectos generales del proyecto, atendida su gran importancia actual.
Fueron a conversar conmigo numerosos integrantes de cooperativas, quienes me manifestaron su preocupación por el tiempo que ha demorado el despacho de esta iniciativa.
Entonces, y también sobre la base de lo indicado por el señor Presidente de la Comisión de Economía , me parece relevante abordar aspectos globales del proyecto, ya que no pude hacerlo en su momento, pues no estaba en el Senado.
El sistema de cooperativas constituye una alternativa bastante especial para la asociación de personas que se unen a los efectos de alcanzar objetivos que individualmente no pueden lograr. Pertenecí a cooperativas habitacionales que se organizaron en el pasado, y tuvimos pleno éxito en conseguir vivienda propia.
En Chile funcionan de manera activa más de mil cooperativas, que asocian a alrededor de 900 mil personas. Es decir, en nuestro país cerca de 20 por ciento de la población económicamente activa pertenece a entidades de tal naturaleza.
Encontramos cooperativas de diversos tipos, desde cooperativas para la vivienda hasta las de ahorro y crédito, donde los socios obtienen servicios financieros.
También existen cooperativas agrícolas y campesinas, en que sus miembros reciben prestaciones vinculadas a sus actividades productivas; son ejemplos de éxito al respecto -me llamaron bastante la atención- CAPEL (Cooperativa Agrícola Pisquera Elqui) , Pisco Control, COLUN (Cooperativa Lechera La Unión), entre muchos otros.
Igualmente, hay organizaciones cooperativas muy eficientes en segmentos de la distribución del agua potable rural, de la distribución de electricidad rural, de los servicios de salud, etcétera, destacándose en este último ámbito el caso de PROMEPART, y en el de la electricidad, el de ELECMAMIÑA.
Asimismo, es destacable el esfuerzo promocional realizado a través de la Universidad de Chile -con la que tuve numerosos contactos-, dando énfasis a las cooperativas de servicios escolares y universitarios, que sin duda son una solución al problema educacional de sectores de la clase media.
El sistema cooperativo ha funcionado en el mundo en los más diversos esquemas socioeconómicos, siendo los desarrollos más eficientes los alcanzados en Canadá, España , Suecia y Estados Unidos. La única condición es que el sistema socioeconómico no les imponga trabas o limitaciones.
Por lo tanto, considero que con la modernización de los aspectos jurídico-institucionales mediante el proyecto sobre cooperativas se logrará un repotenciamiento de estas eficientes estructuras organizativas.
Por esa razón y por muchas otras que quedaron pendientes, votaré a favor de la iniciativa.
Señor Presidente , sumaré mi voto favorable al proyecto en todos sus artículos.
Se ha efectuado un extenso trabajo para modernizar la anticuada legislación vigente en materia de cooperativas. Además, se trata de una iniciativa que lleva muchos años en el Congreso.
En particular, como fundamento de mi voto -según anuncié, será afirmativo-, quiero destacar la importancia que reviste hoy para el sector financiero la existencia de cooperativas de ahorro y crédito.
El Senado y la ciudadanía han presenciado muy bien en el último tiempo el claro deterioro de los sistemas de financiamiento de la pequeña empresa en Chile para proyectos familiares e iniciativas que signifiquen desarrollar la capacidad de emprender.
Las cifras de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras nos revelan que, en cuanto al crédito a las pequeñas empresas, las tasas de interés se han mantenido constantes a lo largo del tiempo, a pesar de las bajas determinadas por el Banco Central. La apreciación del riesgo respecto de dicho sector es alta, al igual que el costo de administración de los bancos. Y todo ello ha derivado en que los pequeños empresarios hayan tenido poco acceso al crédito, lo cual ha dañado nuestra capacidad productiva.
También sabe el país -y es un tema que se ha discutido últimamente- que entre los años 1984 y 2000 no se autorizó la instalación de ningún nuevo banco en Chile, no obstante que el aumento de estas instituciones es indispensable -recién se están dando los primeros pasos al respecto- para elevar la competencia.
La presencia de cooperativas de ahorro y crédito, financieras, con una nueva regulación, constituye un aliento para incrementar la competencia y el acceso de los pequeños empresarios al crédito. Y ése es un hecho de la mayor relevancia estratégica para el desarrollo de la economía nacional.
Más aún, en su reciente visita a Chile, el presidente del llamado "Banco de los Pobres", el Grameen Bank, de Bangladesh, el economista Muhammad Yunus , puso en evidencia cómo es posible realizar operaciones exitosas con otra filosofía, destinada a los pequeños y microempresarios, y en el caso particular de ese banco, a la mujer: la de los microcréditos. La mujer -según lo expresado por dicho economista-, de acuerdo con la experiencia de aquella entidad bancaria, representa una forma de pago mucho más responsable que la del hombre y, además, ha permitido levantar a la familia completa; conforme a las experiencias internacionales, ella destina una parte mayor del crédito a su hogar y tiene una mirada de más largo plazo que la del hombre.
Por todo lo anterior, me parece indispensable analizar el proyecto a la luz de esa realidad y, asimismo, pensar otras iniciativas.
En el último tiempo he estado planteando la conveniencia, por ejemplo, de que en el sector público fusionemos y reorganicemos la parte financiera del INDAP, del FOSIS, de la ENAMI (en el caso de los pequeños empresarios) y de la Gerencia de Microempresas del Banco del Estado en una entidad moderna, focalizada hacia la microempresa y la pequeña empresa, con un estatuto especial y a la que también puedan adscribirse los bancos privados. Y he llegado al convencimiento de que las instituciones bancarias formales grandes no van a atender a la microempresa y a la pequeña empresa, que son indispensables para la generación de iniciativas a futuro.
El presidente del Grameen Bank , en una de las conclusiones que expuso ayer durante un almuerzo en el Banco del Estado, expresó que su gran lección es que la legislación existente para la banca normal no sirve a esos fines y que resulta indispensable tener una institucionalidad específica para desarrollar la microempresa e impulsar entre los más pobres la capacidad de emprender.
Menciono lo anterior como marco general y porque se trata de argumentos válidos para el paso que daremos hoy, pues, en mi concepto, las cooperativas de ahorro y crédito son un factor que va en la dirección que he señalado.
Por ello, insto a los señores Senadores a que votemos favorablemente el proyecto.
En votación todas las proposiciones planteadas por la Comisión, excepto la relativa al número 60.
--Se aprueban (35 votos afirmativos).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Boeninger, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Díez, Fernández, Foxley, Gazmuri, Hamilton, Larraín, Lavandero, Martínez, Matta, Matthei, Moreno, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Prat, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Se pidió votación separada del número 60, que la Comisión de Economía, en su segundo informe, propone suprimir.
Perdón, señor Presidente , pero deseo plantear un problema reglamentario.
Para tal efecto, tiene la palabra Su Señoría.
Señor Presidente, yo planteé la votación separada del número 60, no obstante que los números 60, 61 y 62 deben tomarse como un todo, pues se hallan lógicamente unidos.
Señor Presidente, la Comisión de Economía acordó suprimir los artículos referentes a los descuentos por planilla que se hacen a los trabajadores, por considerar que esas materias están reguladas en el Código del Trabajo, donde se establecen los descuentos máximos que pueden afectar a las remuneraciones.
No nos pareció procedente que en distintas leyes se agreguen descuentos y nos encontremos luego con el problema -de ordinaria ocurrencia- de trabajadores que reciben una liquidación de sueldo con cero peso o, incluso, con saldo en contra.
No vemos razón para innovar en la Ley de Cooperativas respecto de normas del Código Laboral que tienden fundamentalmente a proteger a los trabajadores con el propósito de que a fin de mes puedan recibir una parte sustancial de su sueldo.
De existir una norma que permitiera descontar por planilla los préstamos que las cooperativas hacen a los cooperados, no habría razón para que los bancos, las casas comerciales o cualesquiera otras entidades no pretendieran lo mismo.
Hallándose regulada la materia en el Código del Trabajo, donde se fijan los montos máximos de descuentos que se pueden efectuar a los trabajadores, no estimamos conveniente innovar al respecto y sentar el precedente de que cada ley, por razones muy plausibles, puede sujetar el sueldo de aquéllos a deducciones como la planteada.
Por eso, la Comisión de Economía recomienda rechazar los números en cuestión.
Señor Presidente, el problema es que el texto aprobado por la Cámara de Diputados permite, como señaló el Senador señor Novoa, el descuento por planilla de las remuneraciones de las personas afiliadas a una cooperativa, sin necesidad de contar con el beneplácito del empleador. En cambio, el proyecto despachado por la Comisión de Economía, en segundo informe, eliminó dicho precepto y dejó tal materia sujeta a las normas del Código del Trabajo. En efecto, los incisos primero y segundo del artículo 58 de este cuerpo legal otorgan carácter imperativo sólo a los descuentos que se realicen a favor de las cooperativas de vivienda, dejando en difícil situación a las restantes cooperativas, particularmente a las de consumo, que quedan sujetas a la voluntad del empleador para efectuarlos.
Si bien desde 1981 hasta el momento las cooperativas no cuentan con la referida facultad, salvo las de vivienda, todo el movimiento cooperativo estima que sería muy oportuno reponer la situación existente hasta 1981, con el objeto de facilitar su actividad y robustecerla. Más aún, cabe señalar que dicha facultad se mantiene vigente para otros organismos que han incursionado en el crédito de consumo, como son las cajas de compensación.
Por eso, lo que planteamos varios señores Senadores es rechazar en este punto la modificación que introdujo la Comisión de Economía, para dejar subsistente el artículo aprobado por la Cámara de Diputados, donde además se establece un porcentaje máximo al cual podrán aproximarse esos descuentos, a fin de evitar lo señalado por el Senador señor Novoa , en el sentido de que al final el trabajador reciba una suma insignificante por concepto de estipendio directo.
Por lo tanto, el asunto es bastante simple. Hay quienes estamos a favor de que se efectúe el descuento por planilla, aun sin el consentimiento del empleador, para todas las cooperativas, y los que, en cambio, sostienen que sólo debería realizarse con acuerdo del empleador, salvo en el caso de las cooperativas de vivienda.
Señor Presidente, adhiero al planteamiento que acabamos de escuchar al Senador señor Viera-Gallo y abogo también por el rechazo del informe en la parte de que se trata, a fin de que quede vigente lo aprobado por la Cámara de Diputados.
Me parece que lo más importante es tener presente que el artículo 58 del Código del Trabajo posee un campo de aplicación muchísimo más restrictivo que el contemplado en el proyecto despachado por la Cámara de Diputados y que deseamos reponer. Aquél, por su propia naturaleza, es aplicable únicamente a las relaciones laborales regidas por esa normativa, conforme al artículo 1º del Código; no es aplicable, por regla general, a los trabajadores del sector público, ni tampoco a los pensionados de distintas instituciones previsionales. En cambio, la norma que introdujo la Cámara de Baja y que constaba en el artículo 58, según se lee en la segunda columna del boletín comparado, tiene una aplicación verdaderamente universal.
No puede olvidarse que el movimiento cooperativo ha estado históricamente vinculado a los sectores laborales y de ingresos medios y bajos en todo el mundo. Eso fue lo que llevó a la Organización de las Naciones Unidas a poner en el ámbito de trabajo de la OIT lo que dice relación al movimiento cooperativo. Y ello fue lo que en el pasado impulsó al Estado de Chile a tener una política de fomento y respaldo activo al movimiento cooperativo. El proyecto en análisis, en gran medida, retira ese apoyo que históricamente la sociedad chilena, a través del Estado, dio al cooperativismo.
Sin embargo, un instrumento mínimo, esencial para que cooperativas de vivienda, de consumo y de ahorro y crédito puedan tener éxito es, justamente, el descuento por planilla, que existió permanentemente en la legislación de cooperativas, que estuvo suprimido durante un tiempo y que, con ocasión del proyecto que nos ocupa, el Gobierno, oyendo justamente la demanda del movimiento cooperativo, ha tratado de reponer.
Por otro lado, hay que tener presente que el descuento por planilla debe estar vinculado únicamente al acto voluntario de compromiso personal que asume el propio trabajador. No existe razón para que se halle vinculado a un compromiso con un tercero como es la cooperativa y depender de la voluntad de alguien ajeno del todo a esa relación, en este caso el empleador, como lo establece el artículo 58 del Código del Trabajo.
Por eso, por respeto al movimiento cooperativo y con el objeto de darle los instrumentos que requiere para un adecuado funcionamiento, votamos, en esta parte, en contra del informe de la Comisión.
Hago presente a la Sala que el Orden del Día concluye en cuatro minutos más. Por lo tanto, pido a Su Señoría, con todo respeto, que sea lo más breve posible, para votar ahora el proyecto.
Con todo agrado, señor Presidente.
Desde luego, deseo adherir a las intervenciones de los Senadores señores Viera-Gallo y Parra, en el sentido de rechazar la modificación que introdujo al proyecto la Comisión de Economía y dejar el texto en la forma como viene aprobado por la Cámara de Diputados, que cuenta también con el patrocinio del Ejecutivo.
Una de las conquistas históricas de las cooperativas es el descuento por planilla. Si esto no se hiciere, aquéllas sencillamente quedarían muy desvalidas para recuperar sus recursos. Por lo demás, los mencionados descuentos tienen la limitante de que no podrán exceder del 40 por ciento del total de la remuneración.
Por lo tanto, es una conquista de la que siempre han gozado las cooperativas y pedimos que se mantenga.
En consecuencia, votamos en contra de la modificación introducida por la Comisión de Economía y a favor de lo aprobado por la Cámara de Diputados, lo cual satisfaría a todos.
Señor Presidente , sé que la COOPEUCH está pidiendo reponer la norma aprobada por la Cámara de Diputados. Sin embargo, deseo señalar qué ha ocurrido en el Senado.
El año recién pasado, en la Comisión de Régimen Interior, junto con el señor Secretario del Senado -quien en esa época era Tesorero- y otros señores Senadores, tuvimos que abocarnos a los problemas que había generado la COOPEUCH en nuestro propio personal. Había 14 funcionarios, por lo menos, que no recibían sueldo -esto es, cero remuneración- a final de mes, porque la COOPEUCH había dado préstamos que equivalían a 15, 16 ó 17 sueldos. Además, como dicha entidad no cruza información con los bancos y éstos, a su vez, no reciben antecedentes acerca de cuánto dinero han prestado las cooperativas a las distintas personas, se sobrepasan todas las normas racionales de crédito.
Los bancos tienen un sistema de información obligada entre ellos, de modo que, al prestar dinero a una persona, pueden saber, a través del RUT, el endeudamiento que mantiene en el sistema financiero. Obviamente, no sabrán en qué entidad ni a qué tasa, pero sí el monto. En cambio, las cooperativas no están sujetas a dicho procedimiento. Es así como -repito-, dentro de nuestro propio personal, que se supone que es gente más educada que el común de los habitantes de nuestro país, se dio el caso de que al menos 14 funcionarios recibían cero sueldo.
Eso no puede ser. Ayer sostuvimos una reunión en Santiago en la Comisión de Hacienda para estudiar cómo obligar a las casas comerciales y cooperativas a cruzar la información sobre los créditos que otorgan.
En este sentido, se produce una situación muy grave. Las personas obtienen seis o siete tarjetas de créditos en distintas casas comerciales y, además, se endeudan con bancos, financieras y cooperativas de ahorro y crédito. Al final, las pobres dueñas de casa sufren las consecuencias cuando llega el fin de mes y no tienen dinero para comprar alimentos para sus hijos.
Señor Presidente , tengo mucha simpatía por la COOPEUCH. Sé que está pidiendo que se legisle sobre esta materia. Pero la verdad es que ha tenido un comportamiento bastante irresponsable y lo hemos visto aquí con los funcionarios de nuestra propia Corporación.
Por lo tanto, ruego a los señores Senadores que mediten nuevamente sobre esta materia, porque las consecuencias han sido nefastas y las hemos sufrido en la Cámara Alta.
Por eso se fija en 40 por ciento de la remuneración el descuento máximo por planilla.
Solicito el acuerdo unánime de la Sala para prorrogar el Orden del Día hasta terminar la votación del proyecto.
En votación la proposición de la Comisión, que consiste en suprimir el número 60.
Señor Presidente, voto a favor del informe.
Mi experiencia de muchos años en la Administración Pública me demuestra -y así pudo comprobarlo la Contraloría General de la República en reiteradísimas oportunidades- que los descuentos por planilla dejan a los empleados sin sueldos.
Me permitiré relatar lo siguiente. Un funcionario auxiliar de la Contraloría, haciendo uso del descuento por planilla, se compró un refrigerador. A la semana le pregunté cómo le había ido con dicho artefacto. Me contestó que no lo había podido usar, porque no tenía nada que ponerle adentro. Y ésta fue una realidad que se vivió durante muchos años.
En consecuencia, salvo que se efectúe una regulación muy rigurosa -la verdad es que para los funcionarios del sector público los descuentos por planilla resultaron deplorablemente un fracaso-, no veo cómo puede cambiar tal situación.
--Se aprueba la supresión de los números 60, 61 y 62 (18 votos contra 13).
Votaron por la afirmativa los señores Bitar, Cantero, Cariola, Cordero, Chadwick, Fernández, Horvath, Martínez, Matthei, Novoa, Prat, Ríos, Silva, Stange, Urenda, Valdés, Vega, Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Boeninger, Gazmuri, Lavandero, Moreno, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Viera-Gallo y Zaldívar (don Adolfo).
¿Me permite, señor Presidente, para dejar una constancia?
La Comisión de Hacienda emitió un informe sobre el mismo proyecto y le introdujo dos modificaciones que fueron aprobadas por unanimidad. Entiendo que ellas quedaron incluidas en el texto que se aprobó.
Así es, señor Senador. fueron incluidas y aprobadas.
--Los oficios cuyo anuncio se envía son los siguientes:
Al señor Ministro de Obras Públicas , respecto de ENSANCHE DE CAMINO VECINAL "EL PEÑASCO" DE COMUNA DE COLBÚN (SÉPTIMA REGIÓN).
A los señores Ministro de Transportes y Telecomunicaciones y Presidente de la Empresa de Ferrocarriles del Estado , sobre PROPOSICIÓN DE PLAN DE SEGURIDAD EN FERROVÍA DE SANTIAGO AL SUR.
A la señora Ministra de Educación , en cuanto a REDESTINACIÓN A ESCUELA PUNTILLA DE TENGLO DE RECURSOS ASIGNADOS EN 1994 (DÉCIMA REGIÓN).
Al señor Alcalde de Puerto Montt relativo a CAMBIO DE TIPIFICACIÓN DE PUNTILLA DE TENGLO EN PLANO REGULADOR DE PUERTO MONTT (DÉCIMA REGIÓN).
A los señores Intendente de la Región de Los Lagos, Superintendente de Servicios Sanitarios y Gerente de ESSAL S.A., concerniente a AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN COMUNA DE CHAITÉN (DÉCIMA REGIÓN).
El primer turno corresponde al Comité UDI e Independientes.
El caso de Televisión Nacional
Señor Presidente , deseo referirme a un tema de la mayor importancia. Se trata de los desafíos que, en mi concepto, corresponden a Televisión Nacional de Chile.
En efecto, Televisión Nacional de Chile, la principal red, que cuenta con una amplia cobertura en todo el territorio nacional y una señal internacional, es un canal estatal. Su Directorio, al cual corresponde su administración, surge de una proposición presidencial que debe ser aprobada por el Senado, cautelando siempre mantener el pluralismo para constituirlo realmente en "un canal de todos y para todos los chilenos".
Su clara definición como un canal público, muy distinto de uno estatal o del Gobierno, fue fruto de un amplio debate que definió su actual estado legal, contenido en la ley Nº 19.132, de 1992, la que dispone su pluralismo y objetividad en la programación, especialmente en noticiarios y programas de análisis político, y manda al Directorio dictar normas y pautas generales de programación.
Desde esta Alta Tribuna del Senado, deseo expresar, serena y respetuosamente, mi preocupación por lo que califico como atentatorio contra los superiores intereses del país. Me refiero a la línea editorial que se refleja en la programación del canal nacional, especialmente en sus noticiarios, donde se observa una cultura polar, confrontacional, que exalta casi exclusivamente hechos negativos.
Me motiva estimular una reflexión sobre, por ejemplo, ¿cuáles son los valores que se busca promover? ¿Con qué criterio se asignan los espacios y tiempos en Televisión Nacional? ¿Existe un parámetro para fomentar el aprendizaje de habilidades que el país requiere, como la colaboración, la tolerancia y la aceptación del otro?
Por cierto, tales preguntas no sólo son validas para Televisión Nacional de Chile, sino para todos los canales. Dirijo mi crítica hacia la estación estatal porque participo en el nombramiento de su Directorio, pero, a mi juicio, aquélla es perfectamente legítima para cualquiera de los canales chilenos.
En mi opinión, la red de Televisión Nacional no puede actuar como una esclava del "people meter". Si la televisión fuera sólo eso, entonces no se justificaría la composición de su Directorio ni la existencia de un canal público. Por importante que sea el "rating", los miembros del Directorio no pueden actuar como esporas que se dejan llevar según las corrientes del medio ambiente. El Directorio está para dirigir y no para ser dirigido; para establecer criterios generales y de validez universal, con una visión amplia, plural y tolerante de la sociedad, y definir la línea editorial que oriente a sus profesionales, periodistas y editores. Además, su tarea incluye velar permanentemente por el cumplimiento efectivo de dichos criterios generales.
La página "web" de Televisión Nacional de Chile informa sobre los objetivos. Allí se lee:
"1.-Promover la integración de la Nación en la diversidad y el pluralismo.
"2.-Incentivar la comunicación entre los chilenos, brindando la oportunidad de expresarse y escucharse.
"3.-Promover el crecimiento y desarrollo personal de los chilenos, en aras de su enriquecimiento emocional, cognitivo y cultural.
"4.- Proveer una ventana al mundo y con ello la oportunidad de integración y diferenciación con los demás países.
"5.- Otorgar espacios de presencia e interlocución a las diferentes regiones del país.
"6.- Estimular el pensamiento crítico y analítico, fomentando un procesamiento de la información que destaque la complejidad de los hechos y presente los diversos puntos de vista y sus implicancias éticas.
"	7.- Garantizar el derecho a la información en sus aspectos políticos, culturales y sociales, tanto en el plano nacional como en el internacional.
"8.- Promover la tolerancia, el respeto, la solidaridad y la responsabilidad como ejes de la convivencia social entre los chilenos.
"	"9.- Proporcionar un entretenimiento sano, que valore el lenguaje lúdico de la televisión y sus diversos géneros de entretención.".
Objetivos muy nobles, por cierto, que, sin embargo, poco se condicen con la realidad, hay una escasa coherencia entre los dichos y los hechos.
En cuanto a la línea editorial, leemos que "una de las preocupaciones primordiales del directorio de TVN fue fijar, desde un comienzo, una clara política editorial.". Añade que dicho documento, aprobado por la unanimidad del directorio, "ha reflejado adecuadamente las exigencias que impone el correcto funcionamiento de este servicio televisivo, a través del permanente respeto en su programación a los valores de la dignidad de las personas, la protección de la familia, el pluralismo, la democracia, la paz, la protección del medio ambiente y la formación espiritual de la niñez y la juventud". Agrega que "la política editorial ha permitido orientar el conjunto de la programación del canal en sus diversos géneros de programas y aunque provee criterios comunes de referencias, no pretende desconocer ni mucho menos ocultar la diversidad de la sociedad y los distintos enfoques de quienes viven esos mismos valores de distinta manera"; concluyendo con la afirmación de que "Televisión Nacional de Chile no es neutral ni ajena al debate público, sino que aspira a estimular la adecuada expresión de los distintos sectores de la sociedad dentro del respeto al marco valórico que se ha trazado como medio comunicacional".
Por último, se señala que en 1997 el directorio aprobó las "orientaciones programáticas", precisando que "al aprobar estas pautas el directorio tuvo en consideración que un medio televisivo que se concibe como un servicio público pluralista, objetivo y abierto a la sociedad debe cuidar el estilo y los comportamientos de sus trabajadores, los que deben ceñirse a ciertas reglas que, sin dañar la independencia y autonomía de cada uno, aseguren el respeto a los valores y principios que identifican a Televisión Nacional de Chile frente a las audiencias".
Pero no obstante estas declaraciones y orientaciones, ¿cuál es la fría realidad de los hechos? Parece asumirse que lo normal, lo correcto, lo adecuado, lo bueno, lo positivo, lo unitario, no interesa al público masivo, no es noticia, no vende y, en consecuencia, no merece espacio.
Nuestros noticiarios reflejan con elocuente fuerza una realidad sesgada hacia lo violento, lo confrontacional, la exaltación de lo negativo. Una especie de apología de la mediocridad. Es muy claro el mensaje de nuestros directores, editores y periodistas: haga algo negativo, violento, descalificatorio, agresivo, anormal, morboso y tendrá espacio en los medios y noticiarios, mientras más agresivo o aberrante, mayor será ese espacio.
No creemos que ello obedezca a una preferencia ética o a una inclinación del personal que allí labora. Debemos concluir que lo que parece haberse formado inadvertidamente es una especie de cultura valóricamente neutra, indiferente, en la que el único y supremo valor es el "rating", apelando al sensacionalismo y a la anormalidad como medio para captar fácilmente el interés del público.
En los círculos políticos del país, tan dependientes de su interacción con los medios de comunicación, desde hace años corre un chiste: "si quieres salir en televisión, el camino no está en trabajar duro, con seriedad y responsabilidad. Preocuparse por la tarea no es noticia. Si se quiere ganar espacio en los noticiarios basta con agredir a alguien, con dar algunos empujones o cachetadas de payaso, descalificar a una persona o autoridad, mientras más importante, mayor espacio se le asignará. Ahora, si la agresión es física, con alta exposición a los medios, tanto mayor será la cobertura. De no tomar ese camino, existe otra alternativa, se debe participar en algún accidente y entonces se tendrá más imágenes de las que nunca se pudo haber imaginado, mientras más sangriento el accidente, mayor será el espacio".
Hasta allí la cita del chiste que corre por los pasillos del ámbito político.
En efecto, si alguno de ustedes va a un canal de televisión y pide que se cubra un evento positivo, que se destaque alguna persona o institución por su noble aporte al país, comprobará el sentido del ridículo, porque nadie le tomará asunto. Pero si visita ese mismo medio, o aprovecha una de sus cámaras para agredir, insultar o generar un bochorno, tendrá todo el espacio. Una exaltación de las conductas equívocas, casi un perverso estímulo televisivo para cualquier extraviado que desee notoriedad fácil y gratuita o para quienes anhelan una exhibición sensacionalista. Personas que no tienen mérito se vuelven celebridades si cometen un exabrupto delante de las cámaras de un canal. En mi opinión, con esa actitud, con esa línea editorial, se promueven antivalores, una sinergia negativa en el país. El manejo de estos medios se hace manipulando las emociones negativas, exaltando la emocionalidad extraviada. No se considera que la forma más eficaz de aprendizaje es la observación de modelos directamente, o en forma vicaria; es decir, observación indirecta.
Los hechos indican que los directores de Televisión Nacional de Chile, en el resultado de su tarea no se diferencian en nada en esta materia. Por el contrario, tengo la impresión de que se persevera con mayor vehemencia. Así, por lo demás, lo he comprobado personalmente conversando el tema con editores o jefes de crónica que me han señalado que "es la línea editorial del canal".
Sólo cabe asumir que ésa es la verdadera línea editorial definida o tolerada por sus directores. Sería impensable asumir que emerge de la costumbre o simplemente de la iniciativa de sus departamentos de prensa. Más aún, se ha promovido un tipo de periodismo que confunde calidad y éxito con la obtención de enojo del entrevistado, emisión de juicios negativos sobre otro, para generar impacto o descalificaciones sobre la base de lograr mostrar inconsistencia en sus juicios. La mayoría de las veces interrumpen las respuestas cuando perciben que no van a lograr algunos de esos objetivos.
Pienso que la responsabilidad social de un medio de comunicación de la importancia de Televisión Nacional de Chile no se agota en la ecuanimidad o en el equilibrio político. Tiene que ver con modelos que se repiten con alta exposición y que son asumidos y copiados por la sociedad, especialmente los más jóvenes. La televisión es un espejo en el que se refleja y se mira la sociedad. Por ello, una visión parcial, sesgada o interesada, más tarde que temprano provoca un daño en la sociedad. La violencia y otras conductas indeseables, no son sólo herencia genética, como lo han demostrado las ciencias sociales y otras disciplinas médicas. También surgen de los modelos sociales que se transmiten por los medios, es decir, la herencia cultural. Este problema de desequilibrio en la percepción de la emocionalidad del ser humano, la apreciación de las emociones con un fuerte sesgo hacia lo negativo, repetido durante todo el año, termina por promover conductas inadecuadas. Lo anterior reviste mayor gravedad si consideramos los avances de la neuropsicología en este ámbito, por cuanto esas habilidades negativas se aprenderán como forma de relación cotidiana.
Este tema, en mi opinión, resulta particularmente grave en televisión, especialmente si es Televisión Nacional de Chile, un canal público, que no fue concebido como un negocio más en el sector de las comunicaciones, que debiera esforzarse más en mostrar un modelo o imagen normal de la sociedad chilena, más allá de la subordinación al "rating".
Hoy la sociedad de la información y el conocimiento, nos pone frente a nuevos desafíos y paradigmas, caracterizados por la importancia de la asociatividad, la complementariedad, la valoración por la diversidad, entendida como una fortaleza que orienta las fuerzas de todos con sentido positivo hacia un objetivo común. Nuestro país necesita evolucionar, se requiere comprender que el mundo ha cambiado, que la cultura confrontacional y divergente ha caído, la cultura de la guerra fría de la segunda mitad del siglo XX ha perdido su vigencia. Sin embargo, los modelos transmitidos por nuestra televisión pública son en general negativos, de confrontación, lo que genera una sinergia negativa en el país, reforzada por cuestiones del pasado que retroalimentan un ambiente de negatividad y desconfianza.
Desde esta Alta Tribuna del Senado elevo mi voz para pedir un cambio real y efectivo en la línea editorial de Televisión Nacional. Debemos ser capaces de mostrar una televisión más acorde a lo que verdaderamente es Chile, que refleje una imagen coherente con la realidad del país, respetando, además, su diversidad social y geográfica. La perseverancia, la responsabilidad, la convivencia en la diversidad, la colaboración y la generosidad deben ser estimuladas como elementos de aprendizaje.
Busquemos construir un ambiente social que permita y estimule la sinergia positiva de nuestros compatriotas. El desarrollo es una transformación global, social y personal, que exige el compromiso de todos los chilenos. Más allá del conocimiento experto indispensable, se requiere el surgimiento de líderes y políticos capaces de conducir el cambio institucional hacia nuevas y mejores fórmulas de acción colectiva en el país. El liderazgo para la gobernabilidad y el desarrollo debe ser, necesariamente, transformacional y habilitante.
Vosotros, los directores de Televisión Nacional de Chile, estáis llamados a asumir un liderazgo como agentes de cambio social, con sentido de equilibrio y buen juicio. Vuestro liderazgo debe ser con visión de futuro; una percepción de los equilibrios en los arreglos institucionales vigentes; en el consenso nacional; conciencia de los impactos que las tendencias y cambios van a tener sobre la sociedad y sus principales actores.
Los liderazgos para la sociedad que emerge requieren la capacidad para tratar adecuadamente el conflicto y conciencia de los costos de mantenimiento del statu quo. No se trata de que nuestros noticiarios rehuyan el conflicto o el drama, sino de que lo utilicen como un estímulo del proceso de desarrollo y aprendizaje social. La democracia es una arena para el reconocimiento y tratamiento civilizado del conflicto. Para ello, necesitamos desarrollar la capacidad de convertir demandas, valores y motivaciones conflictivas en cursos de acción coherentes, que competirán en la arena política con otros alternativos. La capacidad para provocar y conducir estos procesos es quizás la demanda más sobresaliente en el liderazgo actual.
La sociedad de la información y del conocimiento implica cambios importantes para las naciones como Chile, que ven que sus modelos van perdiendo fuerza, van quedando desgastados, emergiendo nuevos patrones de acción que mejoran la gobernabilidad, potencian el desarrollo, contribuyen a aprovechar las oportunidades de la globalización y ayudan a superar sus retos. El liderazgo es un elemento clave para el desarrollo. Éste ya no es un asunto exclusivo de los Estados, sino un proceso colectivo, en el que se hace necesaria la emergencia de líderes, emprendedores y visionarios capaces de conducir el cambio. Y a todo esto los directores de Televisión Nacional de Chile no resultan ajenos, sino, por el contrario, tienen una inmensa responsabilidad.
A eso los llamo, a eso los convoco, ésa es la reflexión que quisiera invitarles a asumir en esta tarde.
Señor Presidente , solicito que se oficie, en mi nombre, a la Presidencia de la República , al Ministerio Secretaría General de Gobierno, y al Ministerio Secretaría General de la Presidencia remitiendo esta intervención y solicitando que tengan a bien hacer llegar al Senado los conceptos que hayan desarrollado sobre esta materia. También pido que mi intervención sea enviada al Consejo Nacional de Televisión y a cada uno de los miembros del directorio de Televisión Nacional de Chile, solicitando que, en el evento de que tengan alguna reflexión o trabajo que permita orientar un esfuerzo en el sentido planteado, lo hagan llegar a esta Corporación.
Los Comités Institucionales 1, Socialista, Institucionales 2 y Mixto Partido por la Democracia no intervendrán.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Moreno.
Señor Presidente , hablo en nombre de los dieciséis Senadores de la Democracia Cristiana, quienes deseamos una vez más señalar nuestra inquietud por la situación que enfrenta la llamada agricultura tradicional, campesina o sustituidora de importaciones.
Al respecto, el 19 de junio recién pasado propusimos 11 medidas concretas que van en la dirección de solucionar los problemas que aquejan al sector y sobre las cuales se ha acordado con el Presidente de la República conformar un grupo de trabajo con representantes de nuestra Sala de Senadores y los Ministros de Hacienda, Secretaría General de la Presidencia y de Agricultura, con el objeto de implementar dichas medidas.
La situación del empleo en nuestro país sigue siendo delicada y está golpeando fuertemente a las familias campesinas. En tal sentido, deseamos señalar que los resultados de la última encuesta CASEN reflejan que los niveles de pobreza en el sector rural son mayores que en el sector urbano: 23,8 y 20,1 por ciento, respectivamente. Asimismo, la indigencia en el sector rural es de 8,3 por ciento contra 5,3 por ciento, en el sector urbano.
Queremos hacer notar que además del 5,9 por ciento de aporte directo al Producto Interno Bruto del sector agrícola, el complejo agroalimentario chileno representa alrededor de 30 por ciento del Producto Interno Bruto, y de 35 por ciento del empleo nacional; es decir, cerca de 3 millones de personas tienen su fuente de trabajo vinculada al sector agroalimentario. En varias Regiones del país el aporte de la agricultura, con sus efectos multiplicadores, llega a superar el 70 por ciento del Producto Interno Bruto regional.
Por otra parte, en la actualidad, el sector agrícola aporta alrededor de 760 mil empleos de manera directa, habiéndose reducido éstos desde 850 mil en 1990; o sea, en el curso de una década, 100 mil empleos se han restado a esa actividad. Esta baja se debe tanto al efecto de mejora de productividad, como a migraciones forzadas por la difícil situación que enfrenta este amplio sector de la agricultura nacional, todo lo cual hace aun más difícil la situación de las ciudades que reciben a estas poblaciones, y la de ellas mismas.
Por lo expresado precedentemente es que la inversión en programas sociales y productivos en el sector agrícola y rural en general se hace urgentemente necesaria.
La pobreza rural se combate desde su base económica, es decir, generando riqueza y puestos de trabajo desde el propio sector agropecuario. Por ello, afirmamos que, fortaleciendo la economía agraria, se pueden reducir los niveles de pobreza existentes.
El costo de un empleo en el sector agrícola es mucho menor que en otros sectores de la economía. Y, por eso, con bajos niveles de inversión pueden lograrse importantes efectos en el nivel del empleo.
Es por esta preocupación que solicitamos a Su Excelencia el Presidente de la República que el Presupuesto del sector agrícola, fundamentalmente aquel destinado hacia los sectores más débiles del campo, pueda incrementarse mediante asignaciones presupuestarias adicionales, como también con reasignaciones de presupuesto, sobre todo de las que se llaman compensaciones derivadas del MERCOSUR, las que en no más del 50 por ciento están dirigidas hacia la agricultura campesina.
Hay oportunidades en la agricultura familiar campesina que se pueden desarrollar y poner al servicio del desarrollo económico, social y cultural de todo el país. Con los recursos y capacidades adecuadas, ésta actividad puede alcanzar niveles de competitividad que quizás la agricultura de exportación no tenga. Algunas de sus ventajas más claras son las que dicen relación con su disponibilidad de mano de obra propia, la producción de alimentos sanos y de calidad y una gran capacidad de reconversión productiva. Por lo tanto, apoyar a la agricultura familiar campesina no sólo constituye un deber de ayuda hacia los más pobres del campo, sino también una inversión en un sector que tiene posibilidades claras de incorporarse al desarrollo nacional. Desde este punto de vista, sería más bien una inversión que el país puede hacer.
El INDAP, institución creada por el Estado para ocuparse de la agricultura familiar campesina, debe contar con un presupuesto que permita atender eficientemente a por lo menos 130 mil campesinos (de un total de 240 mil potenciales beneficiarios), de acuerdo con el compromiso contraído por el actual Presidente de la República durante su campaña en Chimbarongo con los campesinos. Ello implica un incremento real anual de su presupuesto de 40 por ciento en los próximos dos años, pasando de 100 mil millones de pesos aproximadamente este año a 140 mil millones en 2003.
La transformación de la economía campesina o tradicional de Chile será sólo posible en la medida en que se inyecten los recursos financieros necesarios para ello. Es decir, desarrollar líneas de financiamiento para capital de operación y de inversión acordes con las características del sector. En este sentido, se requiere capital para mejorar los factores de producción de la explotación agropecuaria; optimizar la tecnología, maquinarias y equipos; incrementar los procesos de innovación tecnológica y de mayor valor agregado y, en muchos casos, financiar los cambios de rubros o de cultivos. Esto último significa, por ejemplo, pasar de niveles de inversión anual del orden de los mil dólares por hectárea en dichos cultivos a cerca de 10 mil dólares por hectárea en plantaciones frutales.
La pregunta es: ¿cómo se financia esta transformación productiva?	También se requieren recursos para dar oportunidades a los jóvenes del campo. Es momento de pensar y dedicarse a formar la generación de recambio que el agro chileno necesita. Actualmente aquéllos poseen mayor nivel educacional que sus padres y están mejor preparados para enfrentar los procesos modernizadores que la agricultura reclama. Hoy estos jóvenes deben "competir" por crédito y asistencia técnica con sus padres, dado que la institución que se encarga de ello no puede financiar a ambos.
Por estas razones, pensamos que se debe además establecer un "Programa de Transformación Estructural de la Agricultura", que sea financiado con créditos internacionales provenientes del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo u otras fuentes de financiamiento internacional que permitan disponer de recursos económicos de largo plazo para implementar un gran programa de transformación nacional y modernizar de manera integral la agricultura, el cual debería llevarse a cabo en un período no menor a 10 años. Estos fondos debieran tener una proporción importante de subsidios para proyectos de superación de la pobreza en comunas pobres, mediante el desarrollo de actividades productivas, a través de programas como el PRODECOP. Este programa fue financiado por el Banco Mundial y se gestó a través de una misión conjunta de la FAO y dicho banco. Desgraciadamente dicho proyecto terminó y este año se ha mantenido sólo gracias al financiamiento del Estado. El año próximo debería continuar en sus acciones con el financiamiento fiscal. Es urgente ampliar programas de esta naturaleza, porque ellos van más allá de las líneas normales de acción del INDAP, y permiten realmente introducir actividades innovadoras en el medio campesino chileno.
La transformación y modernización de la agricultura nacional solamente será posible si se cuenta con recursos adicionales aplicados en programas integrales que se orienten a desarrollar nuevos rubros; mejorar la productividad y competitividad de otros; perfeccionar las capacidades de gestión; incrementar los programas de innovación y transferencias tecnológica, y optimizar la inserción de los productos chilenos en los mercados internacionales.
Los Senadores de la Democracia Cristiana estamos disponibles para apoyar un proceso de modernización de la institucionalidad del sector silvoagropecuario y de los recursos naturales de nuestro país, mediante la conformación de un Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y Recursos Naturales Renovables, que integre lo agropecuario, lo forestal, lo pesquero y la gestión de las aguas o cuencas hidrográficas. Cada uno de estos subsectores estaría representado bajo la forma de una subsecretaría, la que, en el esquema actual, implicaría crear la Subsecretaría Forestal -como lo consignaba el proyecto que fue votado originalmente por la Cámara de Diputados en la parte que se preocupa de la institucionalidad forestal- y pasar la Subsecretaría de Pesca, que actualmente depende del Ministerio de Economía, junto con el Servicio Nacional de Pesca, al nuevo Ministerio. De esta manera, al igual que en otros países del mundo, se concentrarían en una sola mano y bajo una única coordinación los sectores que explotan recursos naturales renovables.
Además de la creación de esa instancia superior con sus subsecretarías, deberían incorporarse algunas instituciones que hoy se encuentran bajo otros esquemas de dependencia, tales como los institutos CORFO vinculados a los recursos naturales. Desde esta óptica, concebimos un Ministerio de Agricultura con una institucionalidad fuerte y capaz de coordinarse con otros Ministerios y servicios, en una acción mancomunada al servicio del desarrollo rural.
En nuestra visión, la nueva institucionalidad debe estar fuertemente descentralizada y desconcentrrada; o sea, muy regionalizada.
Propiciamos la creación de los llamados "Servicios Regionales de Desarrollo Rural", que pueden atender de manera integral las acciones del Estado hacia dicho sector. En la actualidad, varios de los servicios operan en el mundo rural, procediendo muchas veces de manera descoordinada e, incluso, incoherente entre ellos. A modo de ilustración, podemos señalar que dentro de un mismo sector de la agricultura chilena pueden estar actuando, sin la debida coordinación, el INDAP, el PRORURAL, el PRODECOP, el PRODESAL, la PRODEMU-INDAP, el Servicio de Cooperación Técnica, el FOSIS, la Fundación para la Innovación Agraria, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, el Servicio Agrícola y Ganadero, la CONAF, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la CONADI, la Comisión Nacional de Riego y otras instituciones que podría continuar mencionando en esta exposición.
Los Servicios Regionales de Desarrollo Rural tendrían el propósito de coordinar todos estos esfuerzos dispersos bajo una misma autoridad regional con un enfoque territorial más cercano a las demandas de los campesinos y sectores rurales de cada región.
Los Senadores democratacristianos que hacemos esta presentación estamos convencidos de que es posible avanzar en la construcción de un país moderno e integrado al mundo globalizado sin provocar traumas a otros sectores o regiones del territorio. El sector agrícola puede ser competitivo en este esquema, si el país le otorga el apoyo financiero necesario para capitalizar sus empresas y el soporte jurídico e institucional adecuado para una justa protección ante prácticas comerciales desleales que hoy perjudican gravemente dicha integración.
Éste es el soporte que solicitamos al Primer Mandatario , porque es necesario construirlo con la máxima urgencia.
Firman la declaración los dieciséis Senadores que conforman la bancada de la Democracia Cristiana.
Termino mis palabras, señor Presidente , pidiendo que este texto sea enviado oficialmente a Su Excelencia el Presidente de la República , y a los Ministros del Interior, de Hacienda , Secretario General de la Presidencia , de Agricultura y de Economía y a las distintas autoridades que tengan vinculación con la materia.
Al mismo tiempo, a requerimiento expreso del Honorable señor Lavandero , quien apoya iniciativas como la que hemos desarrollado -cuya finalidad es colocar en una sola orientación la multiplicidad de servicios que operan en las regiones-, solicito que se oficie al Intendente de la Novena Región , al Gobernador de Cautín y a la Ministra de MIDEPLAN , para pedirles que se organice un seminario, donde se puedan discutir estos asuntos en los términos que aquí han sido planteados.
--Se anuncia el envío de los oficios solicitados en nombre del señor Senador, de conformidad al Reglamento.
Cedemos algunos minutos de nuestro tiempo al Senador señor Horvath.
Tiene la palabra, el Honorable señor Horvath.
Señor Presidente , me referiré, en primer lugar, al derrame de petróleo ocurrido el 25 de mayo pasado, provocado por la nave de bandera panameña " José Fuchs ", que transportaba 57 millones de litros de crudo desde Argentina a Talcahuano. Ese buque-tanque sufrió un accidente en la entrada del canal Moraleda y, por desgracia, en vez de detenerse para evitar el derrame, como correspondía, siguió navegando por casi 70 millas y dispersó aproximadamente 320 mil litros de petróleo en el principal canal de la Región de Aisén y de la zona austral, afectando, de acuerdo con datos oficiales de la Comisión de Medio Ambiente, a centros de mariscos, áreas de turismo y a la salmonicultura.
Hoy recibimos la noticia de otro derrame, de 2 mil 500 litros, desde la nave "Jalmar II", en la isla Llancahué, fiordo Comau , Décima Región sur. Es un área con termas, salmonicultura y bancos de mariscos.
Creo que esos episodios dan una alerta, a fin de salvaguardar la condición ecológica de privilegio de la zona austral y todo su mar interior, fundamentalmente por las actividades potenciales de acuicultura, turismo, pesca y otras de recreación, que serán sin duda significativas, desde el punto de vista económico. Y ya lo son en algunos sectores.
Por ello, me permito solicitar que el Gobierno destine un presupuesto adicional para la Undécima Región de Aisén y, en lo que competa, para la Décima Región, a fin de poder evaluar, reforzar las labores de limpieza y realizar mejor acciones de prevención.
Dos líneas de acción sugerimos ante la situación expuesta -y seguiremos haciendo hincapié en ellas-, una de las cuales apunta a que se implemente el posicionador satelital respecto de todas las naves riesgosas que utilicen esa área. Existe una iniciativa parlamentaria sobre el particular y, por la vía de las indicaciones, se podría dar prioridad a lo relativo a los buques que transporten cargas peligrosas y no cuenten con doble fondo o que se puedan transformar en una fuente de contaminación.
Y, en segundo lugar, cabe contemplar todo lo referente a la prohibición o restricción de navegación de naves riesgos. Ello es posible a través de una enmienda a los títulos correspondientes del reglamento de practicaje y pilotaje. Creemos que ese tipo de riesgos no pueden ocurrir en la zona de mayor potencial productivo en los rubros señalados.
En consecuencia, me permito insistir en que se oficie sobre el particular a los señores Comandante en Jefe de la Armada ; al Director del Territorio Marítimo y Marina Mercante Nacional; al Ministro del Interior ; a la señora Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional del Medio Ambiente; a las Intendencias de la Décima y Undécima Regiones; a la Asociación de Productores de Salmón y Trucha, y al Servicio Nacional de Pesca.
En especial, también, quiero consignar que la Organización Marítima Internacional considera el año 2010 como plazo para que los buques de la marina mercante queden obligados a disponer de posicionador satelital. Estimamos que es una fecha demasiado lejana -aun cuando corresponde a la celebración del bicentenario-, ya que se ha probado la eficacia del sistema y el bajo costo que significa para naves nacionales y extranjeras que naveguen por aguas jurisdiccionales chilenas, el cual ha sido incluido en la Ley General de Pesca y Acuicultura.
Señor Presidente , hemos recibido respuesta, finalmente, del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , en cuanto a la posible declaración de santuario de la naturaleza del sector de la Décima Región sur entre los fiordos Comau y Reñihué, en el área geográfica denominada "Parque Pumalín".
En ese sentido, el señor Ministro expresa que solamente se espera la conclusión de la etapa final del procedimiento para que una fundación obtenga personalidad jurídica. Formará parte del Directorio el Intendente de la Décima Región, lo que sería aceptado públicamente por las organizaciones que lidera el señor Douglas Tompkins.
Desearía que se excluyeran del área del santuario, a través de un acuerdo con el propietario respectivo -o con los propietarios-, las franjas fiscales para la vía sin trasbordo del Camino Austral, desde Puerto Montt al sur, de manera de no complicar los trámites que se efectuarán en el futuro próximo para la realización de esa obra.
Por tal razón, me permito reiterar ese punto y solicito que se oficie al respecto al Ministro Secretario General de la Presidencia y al Ministro de Obras Públicas, quienes recibieron los antecedentes en la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado.
Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.