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Timestamp: 2019-10-14 16:02:45
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 4', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 4', 'artículo 40', 'artículo 49', 'artículo 46', 'artículo 49', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 4']

﻿ Sentencia 2005-08901 de mayo 12 de 2011
SENTENCIA 2005-08901 DE 12 DE MAYO DE 2011
CONTENIDO:MARCO NORMATIVO Y JURISPRUDENCIAL APLICABLE AL RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN GRACIA. PENSIÓN GRACIA PARA ACCEDER A LA PENSIÓN GRACIA, ADEMÁS DEL CUMPLIMIENTO DE LA EDAD, ES NECESARIO QUE EL ACTOR ACREDITE LOS REQUISITOS EXPRESAMENTE SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 4 DE LA LEY 114 DE 1913, ES DECIR, QUE EN EL EMPLEO SE HAYA DESEMPEÑADO CON HONRADEZ, CONSAGRACIÓN Y BUENA CONDUCTA, QUE NO HAYA RECIBIDO NI RECIBA ACTUALMENTE OTRA PENSIÓN O RECOMPENSA DE CARÁCTER NACIONAL, Y QUE ACREDITE 20 AÑOS DE SERVICIO EN PLANTELES EDUCATIVOS DEL ORDEN MUNICIPAL O DEPARTAMENTAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN, RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, PENSIÓN DEL DOCENTE
Sentencia 2005-08901 de mayo 12 de 2011
Rad.: 25000-23-25-000-2005-08901-01(2045-09)
Actor: Pedro Pablo Jiménez Moreno
Corresponde a la Sala precisar si la solicitud de reconocimiento de una pensión gracia formulada por el demandante reúne los requisitos previstos por la Ley 114 de 1913, teniendo en cuenta su exclusión del escalafón docente y consecuente destitución, al haber incurrido en falta disciplinaria por abandono del cargo.
Resolución 010393 de 16 de marzo de 2005, por medio de la cual la gerencia general de la Caja Nacional de Previsión Social, le negó al señor Pedro Pablo Jiménez Moreno el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación, con el argumento de no haber acreditado la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913, entre ellos, la buena conducta.
El actor nació el 27 de junio de 1948 en el municipio de Junín, departamento de Cundinamarca, según consta en la copia de su cédula de ciudadanía visible a folio 4 del expediente.
De acuerdo con el formato único para la expedición de certificados de historia laboral, de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, el demandante se vinculó al servicio docente a partir del 8 de abril de 1970 (fl. 99, cdno. 1).
Según Resolución 0012 de 5 de febrero de 1991 la Junta Seccional de Escalafón Nacional ante Bogotá, decidió excluir del escalafón docente al señor Pedro Pablo Jiménez Moreno como consecuencia del abandono del cargo en que incurrió entre el 31 de marzo al 6 de junio de 1986 (fls. 103 a 105, cdno. 1).
El 15 de junio de 1992, el Alcalde Mayor del Distrito Capital mediante Resolución 1772 dispuso la destitución del señor Pedro Pablo Jiménez Moreno como docente dependiente de la división de educación básica primaria, al tiempo que le impuso una inhabilidad para el desempeño de funciones públicas, por el término de un año (fls. 110 a 111, cdno. 1).
El 16 de marzo de 2005, mediante Resolución 010393, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia al actor por no haber demostrado buena conducta durante el desempeño de sus funciones como docente (fls. 2 a 3, cdno. 1).
Marco normativo y jurisprudencial aplicable al reconocimiento de la pensión gracia
Posteriormente, el literal a) del numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, preceptuó que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieren desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación.
En resumen, de conformidad con las leyes antes citadas, han tenido derecho al reconocimiento y pago de la pensión gracia, los maestros de enseñanza primaria oficial, empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública y maestros que hubieran completado los servicios en establecimientos de enseñanza secundaria, prestación a la que, a partir de las precisiones que se hicieron por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en sentencia de 26 de agosto de 1997, dictada en el proceso S-699 de la cual fue ponente el magistrado Dr. Nicolás Pájaro Peñaranda, solo acceden aquellos docentes que hubieran prestado los servicios en planteles municipales, distritales o departamentales. No tienen derecho a ella, aquellos que hubieran servido en centros educativos de carácter nacional.
Destaca la Sala que, al sujetarse la regla transcrita a las exigencias de la Ley 114 de 1913 para que pudiera tenerse derecho a la pensión gracia, dejó vigente lo que este ordenamiento prescribía en el sentido de que dicha prerrogativa no se otorgaba a docentes que recibieran pensión o recompensa nacional.
Y la Ley 37 de 1933 (inc. 2º, art. 3º) lo que hizo simplemente fue extender la pensión aludida, sin cambio alguno de requisitos, a los maestros de establecimientos de enseñanza secundaria.
2. Se repite que a partir de 1975, por virtud de la Ley 43, empieza el proceso de nacionalización de la educación primaria y secundaria oficiales a que se refieren los ordenamientos anteriormente citados (L.114/13: L. 116/28, y L. 28/33); proceso que culminó en 1980.
“A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme el Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación”.
4. La disposición transcrita se refiere de manera exclusiva a aquellos docentes departamentales o regionales y municipales que quedaron comprendidos en el mencionado proceso de nacionalización. A ellos, por habérseles sometido repentinamente a este cambio de tratamiento, se les dio la oportunidad de que se les reconociera la referida pensión, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos y que hubiesen estado vinculados de conformidad con las leyes 114 de 1913, 116 de 1928 y 37 de 1933, con el aditamento de su compatibilidad “… con la pensión ordinaria de jubilación, aun en el evento de estar esta a cargo total o parcial de la Nación”; hecho que modificó la Ley 114 de 1913 para dichos docentes, en cuanto esta señalaba que no podía disfrutar de la pensión gracia quien recibiera “… otra pensión o recompensa de carácter nacional”.
Como quedó visto, el artículo 15, numeral 2º, literal a de la Ley 91 de 1989, consagra que los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuvieren o llegaren a tener derecho a la pensión gracia, se les continuará reconociendo siempre que cumplan la totalidad de los requisitos.
Por tanto, para acceder a la pensión gracia, además del cumplimiento de la edad, es necesario que el actor acredite los requisitos expresamente señalados en el artículo 4º de la Ley 114 de 1913, es decir, que en el empleo se haya desempeñado con honradez, consagración y buena conducta, que no haya recibido ni reciba actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional, y que acredite 20 años de servicio en planteles educativos del orden municipal o departamental.
Del escrito de la demanda y el recurso de apelación, que obran a folios 5 y 234 del cuaderno 1 del expediente, respectivamente, se advierte que el actor en su condición de docente oficial solicitó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación al estimar que reunía la totalidad de los requisitos exigidos por la Ley 114 de 1913.
Empero, la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal, mediante Resolución 010393 de 16 de marzo de 2005, acto acusado, le negó al señor Pedro Pablo Jiménez Moreno la referida solicitud, con el argumento de no haber observado buena conducta en su desempeño como docente en el Distrito Capital. Así se lee en la citada resolución (fls. 2 a 3, cdno. 1):
Caja Nacional de Previsión Social EICE
Resolución 010393 de 16 de marzo de 2005
Radicado 6125/2005
Por la cual se niega una solicitud de pensión gracia
Con fecha 18 de junio de 2004 el señor Jiménez Moreno Pedro Pablo identificado (a) con C.C. Nº 499866 de Puerto Carreño mediante apoderado, solicita de esta entidad el reconocimiento y pago de una pensión gracia en los términos de la Ley 114/13, 116/28 y Ley 37/33.
Que esta entidad mediante Resolución 32545 del 27 de noviembre de 2002, negó el reconocimiento de la pensión gracia, por no haber demostrado buena conducta en el desempeño de sus funciones como docente.
En efecto, tal como quedó dicho en el acápite, que antecede, denominado marco normativo y jurisprudencial de la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 en su artículo 4º establece, entre otros requisitos, para que proceda el reconocimiento de la citada prestación pensional la buena conducta de los docentes en el ejercicio de sus funciones. Así se advierte en la citada norma:
1º Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.
2º Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres.
3º Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la Nación y por un departamento.
4º Que observa buena conducta.
5º Que si es mujer, está soltera o viuda.
6º Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento”.
Sobre este particular, el Decreto 2277 de 24 de septiembre de 1979, por el cual se adoptan normas sobre el ejercicio de la profesión docente, establece en su artículo 46 las causales de mala conducta e ineficiencia profesional en la actividad docente.
Para mayor ilustración se transcribe el referido artículo 46:
b) El homosexualismo o la práctica de aberraciones sexuales.
d) El tráfico con calificaciones, certificados de estudio, de trabajo o documentos públicos.
f) El incumplimiento sistemático de los deberes o la violación reiterada de las prohibiciones:
j) El abandono del cargo”.
De acuerdo con la norma transcrita, estima la Sala que el abandono del cargo por parte de un educador debe entenderse como una causal de mala conducta, hecho que de acuerdo a lo previsto por el legislador en el numeral 4º del artículo 4º de la Ley 114 de 1993, impide el reconocimiento y pago de la pensión gracia.
Bajo estos supuestos, observa la Sala que en el caso concreto la Junta Seccional del Escalafón Nacional ante Bogotá, mediante Resolución 0012 de 5 de febrero de 1991, excluyó del escalafón docente al señor Pedro Pablo Jiménez Moreno, al quedar demostrado su abandono del cargo como docente dependiente de la División de Educación Básica Primaria de Bogotá, D.C., lo que con posterioridad, de acuerdo con el artículo 40 del Decreto 2480 de 1986, trajo como consecuencia que el Alcalde Mayor del Distrito Capital por Resolución 1772 de 15 de junio de 1992 ejecutará su destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas por el término de un año.
Al efecto, resulta pertinente transcribir apartes de la Resolución 0012 de 5 de febrero de 1991, suscrita por la Junta Regional de Escalafón Nacional ante Bogotá, D.C.:
“Que mediante oficio del 16 de junio de 1986, la entidad nominadora solicitó el inicio de una acción disciplinaria contra el educador Pedro Pablo Jiménez Moreno por presunto abandono del cargo desde el 31 de marzo al 6 de junio de 1986.
Que por medio del Decreto 0962 del 22 de julio de 1986, emanado de la Secretaría de Educación Distrital, se suspendió provisionalmente al encausado por un término de 60 días y ordenada la investigación correspondiente a través de esta seccional.
Que mediante auto de julio 23 de 1986, el secretario ejecutivo de esta seccional designó a la doctora María Rubby Suárez, para que inicie las diligencias preliminares.
Que a folio 22 del expediente aparece una fotocopia autenticada con fecha del 28 de octubre de 1986, suscrito por el encausado y enviado desde la ciudad de Boston, EE. UU., en la cual en alguno de sus apartes menciona lo siguiente: “Al presentárseme la oportunidad de estudio y trabajo en ese país, la acepté inmediatamente, de la salida apresurada relativamente no me dieron tiempo de nada, en relación con mi trabajo, dejé encargada a una tercera persona de resolver mi situación, presentando oportunamente solicitud de licencia y seguidamente renuncia al cargo, cosa que no se realizó y muy al contrario se tergiversó totalmente ocasionando algunos inconvenientes de lo cual tardíamente me enteré, por ello mi renuncia hasta el momento”.
Que a folio 72 y 73 del expediente obra el auto de febrero 26 de 1987, por medio del cual se corre pliego de cargos al encartado Pedro Pablo Jiménez Moreno.
Que a folios 74 al 80 del expediente obra memorial de descargos suscrito por el encausado debidamente autenticado ante el Consulado de Colombia radicado en la ciudad de Boston, EE. UU., y presentado en esta seccional por la señora Nora Laverde Casas, el día 25 de marzo de 1987, quien manifiesta ser la esposa del investigado. (…)
Vencido el término para alegar de conclusión no fue presentado ningún alegato por parte del encartado.
Que por auto de 25 de mayo de 1990, el abogado investigador comisionado rinde concepto ante la junta seccional de escalafón Nacional ante Bogotá, D.E., en el sentido de que se le dé aplicación al artículo 49 numeral 3º, del Decreto 2277 de 1979. “Exclusión del escalafón que determina la destitución del cargo”.
Que por lo anteriormente expuesto en la parte motiva.
ART. 1º—Exclúyese del Escalafón Nacional Docente al educador Pedro Pablo Jiménez Moreno, identificado con la CC Nº 4.999.866 de Puerto Carreño, por violación al literal J, del artículo 46 del Decreto 2277 de 1979, y ordénese la destitución del cargo de acuerdo a lo normado por el numeral 3º del artículo 49 del mismo decreto. (…)”.
En este punto, la Sala considera pertinente aclarar que de acuerdo con el artículo 70 del Decreto 2480 de 1986 la exclusión de un docente del escalafón conlleva su destitución, como en efecto ocurrió en el caso concreto. Así se observa en la citada norma:
ART. 70.—Ejecución de la sanción de exclusión del escalafón. “Ver resumen de notas de vigencia”. En firme la decisión que imponga la sanción de exclusión del escalafón a un educador, el secretario ejecutivo de la junta seccional dará aviso inmediato a la autoridad nominadora para que dentro del plazo de diez (10) días contados a partir de la fecha de su recibo, proceda a decretar la destitución del docente”.
De acuerdo con los razonamientos que anteceden, el hecho de que la investigación disciplinaria adelantada en contra del señor Pedro Pablo Jiménez Moreno hubiera comprobado el abandono de su cargo, como docente, y en consecuencia solicitado su exclusión del escalafón docente y destitución del cargo, a juicio de la Sala constituyen hechos de tal gravedad que claramente afectan la prestación del servicio docente.
Una de las características fundamentales de todo proceso pedagógico es su continuidad, la cual adquiere mayor relevancia cuando involucra menores de edad, razón por la cual, estima la Sala que el hecho de que un docente abandone intempestivamente sus deberes sin manifestar las causas y sin previo aviso (tal como se infiere de la Resolución 0012 de 1991 proferida por la Junta Seccional del Escalafón Nacional ante Bogotá) resulta reprochable dado que, como ocurrió en el caso concreto, tal circunstancia trajo consigo traumatismos en la prestación de los servicios educativos.
Así las cosas, la conducta sancionada al actor, esto es, el abandono del cargo, claramente constituye causal de mala conducta, debidamente comprobada, de tal gravedad que como quedó visto ameritó no solo la imposición de la exclusión del escalafón docente y la destitución del cargo sino también, la inhabilidad por el término de un año para el ejercicio de funciones públicas.
La Sala no pasa por alto que, en relación con el requisito de la buena conducta exigido para el reconocimiento de la pensión gracia, se ha venido sosteniendo que los hechos considerados como causales de mala conducta deben ser reiterados durante el ejercicio de la actividad docente o aislados, pero de tal gravedad, que ameriten la negativa del reconocimiento prestacional(1). No obstante lo anterior, como quedo visto, en el caso concreto al demandante le fue impuesta la sanción más drástica de que puede ser objeto un docente, esto es, la exclusión del escalafón lo que le trajo consigo la destitución del cargo que venía desempeñando en el Distrito Capital, en virtud de lo dispuesto en el artículo 70 del Decreto 2480 de 1986, con ocasión de haberse acreditado mediante proceso disciplinario el abandono de su cargo como docente oficial.
Sobre este mismo particular, debe decirse que la Sala en sentencia de 18 de junio de 2009. Radicación 0325-2008, M.P. Dr. Víctor Alvarado Ardila se ocupó de un caso en el que accedió al reconocimiento y pago de una pensión gracia, a favor de un docente, pese a haber incurrido en abandono de su cargo. Sin embargo, cabe precisar que los hechos que en esa oportunidad analizó la Sala difieren de los que rodean la situación particular del señor Pedro Pablo Jiménez Moreno, en tanto que al citado proceso no se allegó prueba que demostrara que al docente interesado se le hubiera impuesto una sanción disciplinaria o que hubiera sido excluido del escalafón docente y consecuencia destituido de su cargo, como si quedó demostrado en el caso concreto.
Con fundamento en las anteriores consideraciones, estima la Sala que el actor no cumplió con la totalidad de los requisitos para acceder a la pensión gracia, conforme al régimen jurídico vigente, toda vez que, como quedó visto, y debidamente comprobado, el abandono del cargo como docente dependiente de la División de Educación Básica Primaria de Bogotá, D.C., constituye causal de mala conducta que claramente contraría lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 4º de la Ley 114 de 1913.
Finalmente, en relación con el argumento de la parte demandante según el cual el actor volvió a prestar sus de servicios como docente del Distrito Capital, con posterioridad a la sanción de destitución que le fue impuesta, dirá la Sala que, de acuerdo con Resolución 0012 de 5 de febrero de 1991, el abandono del cargo en que incurrió el señor Pedro Pablo Jiménez Moreno ocurrió durante el periodo comprendido entre el 31 de marzo y el 6 de junio de 1986, lapso que hace parte de los 20 años de servicios que hoy pretende acreditar para obtener el reconocimiento y pago de la pensión gracia, lo cual no varía por el hecho de haber cumplido, con posterioridad, la sanción de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas.
En este mismo sentido, debe decirse que el hecho de que el señor Pedro Pablo Jiménez Moreno hubiera vuelto a desempeñarse como docente del Distrito Capital por sí solo, no implica que el abandono del cargo en que incurrió como docente no hubiera sido una conducta reprochable en su momento y merecedora de una sanción ejemplarizante como lo fue su destitución del cargo y la inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, por el término de un año, lo que hoy impide el reconocimiento de una pensión gracia en los términos de la Ley 114 de 1913.
Así las cosas, la Sala encuentra que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre el acto administrativo demandado.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia del 10 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, mediante la cual se negaron las súplicas de la demanda.
CONFÍRMASE la sentencia de 10 de julio de 2009 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda interpuesta por Pedro Pablo Jiménez Moreno contra la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal.
(1) Al respecto pueden verse las sentencias de 21 de mayo de 2009. Radicación 2040-2006, M.P. Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez; Sentencia de 1º de octubre de 2007. Radicación 0417-2007, M.P. Dr. Gustavo Gómez Aranguren y sentencia de 24 de abril de 2003. Radiación 4251-2002, M.P. Dr. Jesús María Lemos Bustamante.