Source: http://www2.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol3-4/lopez.asp
Timestamp: 2014-03-10 19:47:56
Document Index: 245229946

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 8', 'in fine', 'artículo 6', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'in fine', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo\n6', 'artículo 5']

(Licences for Use of Digital Works
Las licencias de uso de bienes digitales: El dif�cil equilibrio entre los titulares de los derechos y los usuarios (Licences for Use of Digital Works: The Difficult Balance Between Right-holders and Users)
Martinez
Table of Contents: 1. PLANTEAMIENTO 2. LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE BIENES DIGITALES 3. DEFINICI�N Y CARACTER�STICAS DE LAS LICENCIAS DE USO DE BIENES DIGITALES 4. CONDICIONANTES LEGALES DE LAS LICENCIAS DE USO DE BIENES DIGITALES 4.1 L�mites a la elecci�n de ley en las licencias internacionales de uso de bienes digitales 4.2 Condiciones impuestas por la normativa de derechos de propiedad intelectual 4.3 Condiciones impuestos por la normativa sobre contrataci�n 4.4 La normativa de protecci�n del consumidor 5. A MODO DE CONCLUSI�N: APUNTES PARA LA B�SQUEDA DE UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INTERESES DE LOS TITULARES Y DE LOS USUARIOS
Cite as: A Lopez-Tarruella MartinezName, "Las licencias de uso de bienes digitales: El dif�cil equilibrio entre los titulares de los derechos y los usuarios", (2006) 3:4 SCRIPTed 437 <http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol3-4/lopez.asp>
DOI: 10.2966/scrip.030406.437
This article examines the new
legal figure of licensing of use of digital works from the
perspective of Spanish doctrine and jurisprudence, attempting to find
the elusive balance between users and right-holders. Of particular
interest is the existence of extra-contractual obligations arising
from the use of the licensed work, and how that may generate conflict
and imbalance to users. The article analyses the problems of contract
formation for Civil jurisdictions present in the practice of
shrink-wrap and click-wrap agreements, and seeks solutions in
consumer-protection legislation at European level. �
Aurelio Lopez-Tarruella Martinez 2006. This work is licensed through
SCRIPTed Open Licence (SOL). Please click on the link to read the terms and conditions. 1. PLANTEAMIENTO
Se entiende por Sociedad de la
información a la nueva realidad socio-económica
resultante de la sinergia derivada de dos fenómenos
cronológicamente coincidentes e interdependientes: el auge de
las tecnologías de la información y los avances en el
sector de las comunicaciones electrónicas1.
de estos fenómenos resulta de especial importancia la
“digitalización” de la información, es
decir, la reducción de los datos a un lenguaje binario –
de ceros y uno – capaz de ser procesado por programas
informáticos instalados en ordenadores o en otros componentes
de hardware2.
Gracias a la digitalización se facilita el almacenamiento,
compresión y procesamiento de la información. Asimismo,
se permite su difusión en Internet: una vez convertida en 0 y
1, la información puede viajar por las redes de Internet hasta
ordenadores situados en cualquier lugar del mundo.
es objeto de digitalización está protegida por derechos
de propiedad intelectual: hay creaciones intelectuales que son
digitales per se – los programas de ordenador o las
bases de datos electrónicas – y otras que pueden ser
convertidas a formato digital – obras literarias, obras
musicales o audiovisuales –. Con la finalidad
de garantizar la protección de los derechos de los titulares
de estas obras en el entorno digital, se han adoptado instrumentos
tanto a nivel internacional como regional. En este sentido pueden
citarse el Tratado OMPI de derechos de autor de 1996 (en adelante
TDA)3
o la Directiva 2001/29 de la Comunidad Europea sobre los derechos de
autor en la sociedad de la información4.
La simple observancia de estos
instrumentos permite afirmar que ninguno de ellos toma en
consideración un elemento que, a mi modo de ver, posee una
gran importancia práctica: esos bienes digitales protegidos
por derechos de propiedad intelectual son objeto de comercio por
parte de sus titulares, tanto por medios tradicionales como por
medios electrónicos. Esa es una de las maneras en la que estas
personas sacan partido a la inversión realizada en la
elaboración de la creación intelectual objeto de
protección. Para ello acuden a un nuevo modelo de contrato
característico de la Sociedad de la información: las
licencias o cesiones de uso de bienes digitales5.
Ahora bien, ninguno de los instrumentos internacionales o
comunitarios existentes actualmente en materia de propiedad
intelectual contiene disposición alguna sobre estas licencias.
De hecho, las normas sobre contratación de derechos de
propiedad intelectual son escasísimas en los convenios
internacionales6.
Podría pensarse que esta
ausencia de normas se debe a que no son necesarias: los contratos a
partir de los cuales se comercializan estos bienes digitales
encuentran una regulación adecuada en el Derecho general de la
contratación. En mi opinión, esto no es así.
Como se pretende poner de manifiesto en el presente trabajo, la
interacción de las normas de propiedad intelectual y de la
normativa general sobre contratación en la regulación
de las licencias de uso de bienes digitales no conduce a resultados
que puedan considerarse satisfactorios: los intereses de los
titulares de derechos están excesivamente protegidos en
detrimento de los intereses de los usuarios de estos bienes. Para desarrollar esta idea, resulta necesario, en
primer lugar, explicar la protección que las normas de
propiedad intelectual otorgan a estos bienes y a las medidas
tecnológicas de protección que los titulares utilizan
para impedir su explotación no autorizada. Asimismo, debe
prestarse atención a las excepciones al derecho de
exclusividad. En segundo lugar, debe establecerse una definición
de licencias de uso de bienes digitales e identificar los rasgos que
las caracterizan. En tercer lugar, es preciso determinar en qué
medida los titulares de derechos están condicionados por la
normativa sobre propiedad intelectual, el Derecho general de la
contratación y la legislación destinada a proteger a
los usuarios/consumidores a la hora de establecer el contenido de
estas licencias. Sin duda, existen otras normas aplicables a estas
licencias – así, por ejemplo, las de defensa de la
competencia – pero, por razones de espacio, no pueden ser
tratadas en el presente trabajo.
En fin, una vez abordadas todas estas
cuestiones podrán realizarse unos apuntes finales sobre una
controversia político-legislativa que dista mucho de estar
cerrada. 2. LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL SOBRE BIENES DIGITALES
Con carácter general, la
protección por derechos de autor se otorga sobre las obras
artísticas y literarias desde el momento de su creación7,
Dicha protección se otorga tanto si la obra está en un
formato “analógico” o en un formato “digital”,
puesto que, como establece el Art. 2.1 del Convenio de Berna, la
protección se concede “cualquiera se sea el modo o forma
de expresión” de la creación intelectual8.
los bienes digitales susceptibles de protección por derechos
de autor es posible distinguir dos categorías. Por un lado,
las creaciones intelectuales digitales per se:
programas de ordenador – cuya protección como obras
literarias o artísticas viene expresamente establecida por los
Arts. 5 del TDA y 10.1 del ADPIC9
–, bases de datos electrónicas – incluidas en el
ámbito de aplicación del Art. 6 TDA y 10.2 ADPIC –,
videojuegos y obras multimedia – consistentes en un producto
único que integra elementos de diversas categorías de
obras como textos, fotografías, audio, video o programas de
–. Por otro lado, las creaciones intelectuales
digitalizadas: obras literarias convertidas en e-books,
obras musicales en formato mp3, obras audiovisuales en formato DVD,
Como a cualquier otra obra literaria o artística,
los ordenamientos jurídicos conceden a los titulares de
creaciones intelectuales expresadas en formato digital un derecho de
exclusividad sobre las mismas. Este derecho incluye dos tipos de
prerrogativas: morales y económicas. Las primeras están
destinadas a proteger al autor en su condición de creador
intelectual e incluyen, al menos, el derecho a ser reconocido como
tal y a oponerse a cualquier deformación, mutilación o
modificación de la obra que cause perjuicio a su honor o
reputación (Art. 6 bis Convenio de Berna)11.
Las segundas prerrogativas están
destinadas a reservar al autor el monopolio sobre la explotación
económica de la obra. Por un lado, está autorizado a
utilizar la obra con exclusión de terceros. De acuerdo con las
legislaciones nacionales y con los convenios internacionales en la
materia, se reserva al autor el derecho a explotar la obra en
cualquier de su formas y, en particular, el derecho a reproducirla
(Art. 9 C.Berna), transformarla (Art. 12 C. Berna), distribuirla en
cualquiera de sus formas (Art. 6 y 7 TDA) y comunicarla o ponerla a
disposición del público (Art. 8 TDA). Por otro lado, el
autor es el único que puede autorizar a terceros la
utilización o explotación de la obra de cualquiera
manera. Si dicha autorización no existe, el tercero incurrirá
en una infracción de derechos.
De manera adicional a esta
protección jurídica, los titulares de bienes digitales
recurren a medidas técnicas de protección. Se trata de
mecanismos informáticos que los titulares incorporan en estas
obras con una doble finalidad: a) protectora: impiden que terceros no
autorizados puedan acceder a la obra, copiarla o explotarla en
cualquiera de sus formas; b) de gestión: garantizan que las
personas autorizadas sólo explotan la obra en una de las forma
y bajo las condiciones en las que ha sido autorizado12.
Para garantizar la efectividad de
estos mecanismos técnicos de protección, el Art. 11 del
TDA obliga a los Estados parte a sancionar los actos de terceros
destinados a la elusión de estas medidas. Sin embargo, como
veremos, a nivel regional y nacional, la protección a los
mecanismos técnicos de protección se ha extendido a la
fabricación, comercialización, importación,
alquiler y publicidad para venta o alquiler de productos que permiten
su elusión. El derecho de exclusividad no es
absoluto, sino que está sometido a cuatro tipos de límites:
las excepciones al derecho de exclusividad, el plazo de duración
del derecho13,
el principio de agotamiento del derecho14
y las licencias obligatorias15.
De todos ellos, el que presenta un mayor interés para el
presente trabajo es el primero.
Las excepciones al
derecho de exclusividad autorizan a ciertas personas en determinados
supuestos a llevar a cabo actos de explotación de la obra sin
que sea precisa la autorización del titular. Con ellas se
persigue garantizar lo que se conoce como el “copyright
balance”: los derechos de autor son un privilegio que el
Estado concede al autor en recompensa por su aportación
creativa a la comunidad; no obstante, ese privilegio está
subordinado a los intereses generales de la sociedad los cuales están
reflejados en las excepciones. Siguiendo a B. Hugenholtz, las
excepciones pueden clasificarse en tres cateogorías, en
atención a la finalidad que persiguen: a) las destinadas a
garantizar el respeto de ciertas libertades fundamentales como la
libertad de expresión, libertad de prensa o el derecho de
información – parodia, cita, temas de actualidad –;
b) las basadas en la necesidad de facilitar el acceso a la cultura
por parte de la sociedad – bibliotecas, museos, archivos,
sistema educativo –; c) las basadas en disfunciones del mercado
consistentes en situaciones en las que es imposible para el titular
controlar la explotación de sus obras – copia privada
La regulación de estas
excepciones presenta una escasa armonización a nivel
internacional. Tan sólo existe una obligación general
de los Estados de garantizar que las excepciones establecidas en sus
legislaciones cumplan con la llamada “prueba de las tres
fases”: 1) sólo deben establecerse en ciertos casos
especiales, (2) que no atenten a la explotación normal de la
obra (3) ni causen un perjuicio injustificado a los intereses
legítimos del autor (Arts. 10 TDA y 13 ADPIC). La ausencia de
una disposición más concreta ha dado lugar a que, a
nivel nacional y regional, sigan existiendo importantes diferencias
en su regulación. Unos sistemas –
generalmente los de copyright – establecen una cláusula
abierta – fair use doctrine –, que permite la
explotación de la obra, sin autorización del autor,
siempre que esté basada en criterios de equidad17.
Entre las utilizaciones permitidas bajo la fair use doctrine
se incluye la reproducción con fines de investigación,
de crítica, de parodia, de uso en el ámbito primario o,
tratándose de programas de ordenador, la descompilación
destinada a lograr la interoperabilidad. Otros sistemas
establecen listas cerradas de excepciones al derecho de exclusividad:
los actos de explotación de terceros sobre las obras que no
precisan de una autorización son únicamente los
establecidos en la lista. Así, por ejemplo, la Directiva
comunitaria 2001/29 establece hasta veinte excepciones que los
Estados miembros pueden adoptar en sus ordenamientos internos18.
Asimismo, en la Comunidad Europea existen excepciones particulares en
materia de programas de ordenador19
y bases de datos20.
Y CARACTERÍSTICAS DE LAS LICENCIAS DE USO DE BIENES DIGITALES
Como se ha visto, el derecho de
exclusividad concedido al autor sobre la obra tiene una vertiente
negativa – la facultad de prohibir a otros la
explotación de la obra – y otra positiva –
la facultad de explotar la obra y de autorizar a terceros a hacerlo
–. Las licencias de uso de bienes digitales son expresión
de esta segunda vertiente. En ellas, el titular de los derechos
autoriza a un tercero a llevar a cabo actos de explotación
sobre la obra. Las licencias de uso deben ser distinguidas de las
licencias de derechos de explotación sobre bienes digitales.
de derechos de explotación21.
En ellas el autor transmite todos o parte de los derechos
patrimoniales sobre la obra a un tercero para que pueda explotarlos
económicamente. La licencia puede ser exclusiva o no
exclusiva. Asimismo, puede ser otorgada por un periodo de tiempo
limitado o ilimitado y para el territorio de uno o de varios
Estados. Los convenios internacionales no recogen ninguna norma
sobre estos contratos pero sí las legislaciones nacionales.
En los sistemas de droit d’auteur, estas licencias –
denominadas cesiones en España o concessions en
Francia – son objeto de regulación en normas especiales
destinadas a proteger al autor, considerado la parte débil de
la relación. Los sistemas de copyright son mucho más
flexibles: estas licences – o assignment, si su
objeto es la transmisión en exclusiva de todos los derechos –
están reguladas por el Derecho general de la contratación
aunque algunas normas especiales también existen – así,
por ejemplo, el assignment debe celebrarse por escrito –.
de uso. En ellas el titular del derecho autoriza a un tercero a
llevar a cabo los actos de explotación necesarios para la
utilización o el acceso a la obra u obras digitales. Esta
autorización generalmente viene referida al derecho de
reproducción a fines de uso. Mayoritariamente, estas
licencias no tienen carácter de exclusividad, son
intransmisibles y se otorgan sin ningún tipo de restricción
territorial. Para estas licencias tampoco se establece ninguna
regulación a nivel internacional. Además, las normas
especiales establecidas por las legislaciones nacionales para la
primera categoría de contratos no resultan aplicables a las
licencias de uso puesto que la finalidad de las mismas es diferente
y no surge la necesidad de proteger un autor que ocupa una posición
de debilidad en la relación. En definitiva, con la excepción
del Art. 99, párrafo 2º de la LPI española22,
no existe en el Derecho comparado una norma especial que rija estas
licencias. Su regulación, por consiguiente, está
sometida a la normativa general de Derecho de contratos.
Las licencias de uso constituyen
una modalidad de transmisión de derechos de autor
completamente nueva y estrechamente relacionada con los bienes
digitales. El disfrute de las obras literarias o artísticas
tradicionales – leer un libro, escuchar una obra musical, ver
una película en el cine o en el video de casa – no
requiere que el usuario lleve a cabo actos de explotación
sobre la obra, por lo que no es necesaria una autorización. No
obstante, para el disfrute de bienes digitales sí que es
preciso que el usuario, al menos, reproduzca la obra – así,
por ejemplo, para descargar una obra musical o audiovisual, o
instalar o visualizar en pantalla un programa de ordenador –.
Para ello, el titular debe autorizarle, mediante una licencia, a
llevar a cabo esos actos. De lo contrario incurrirá en una
infracción de derechos23.
Dentro de las licencias de uso es preciso distinguir
dos categorías. Por un lado, aquellas por las cuales el
usuario adquiere por medios tradicionales o se descarga de Internet
un bien digital que se le autoriza a utilizar bajo unas condiciones
determinadas. El ejemplo paradigmático de esta categoría
serían las licencias de programas de ordenador para usuario
final. Por otro lado, están las
licencias consistentes en la suscripción a un servicio de
descargas en Internet, por el cual el usuario resulta autorizado para
utilizar el software que da acceso al servicio y a descargar,
gratuitamente o a cambio de una remuneración, una cantidad
determinada o indeterminada de bienes digitales. El ejemplo más
conocido de esta segunda categoría es el servicio “iTunes”
de la compañía Apple, que permite a los usuarios
descargarse obras audiovisuales para reproducirlas en sus “iPods”.
Si bien a efectos de las normas de
propiedad intelectual, la distinción entre ambas categoría
no tiene excesiva relevancia práctica, sí que la tiene
a efectos de la normativa sobre contratación puesto que, el
primer tipo de contratos se asemeja a la compraventa y el segundo a
En cualquiera de los dos casos, la
autorización al adquirente del bien digital para llevar a cabo
los actos de reproducción necesarios para su acceso o
utilización no es la única finalidad de estos
contratos. Teniendo en cuenta que la regulación de estas
licencias viene establecida en el Derecho general de la contratación
y de que uno de los principios básicos del mismo es la
autonomía de la voluntad, en la mayoría de
ocasiones, las licencias de uso de bienes digitales contienen un
clausulado extremadamente detallado como muy diversos objetivos.
lugar, las cláusulas de estas licencias delimitan el uso que
el adquirente puede hacer del bien digital. Se afirma, en este
sentido, que la licencia es el producto – “the
license is the product” – pues es lo que determina
qué es lo que puede hacer el adquirente con bien digital.
Así, por ejemplo, una licencia de software puede establecer
que la copia del programa de ordenador sólo puede ser
instalada en un ordenador, o que sólo puede ser utilizado por
los miembros de una entidad pública o privada o, incluso, que
sólo puede ser utilizado para una determinada finalidad24.
Del mismo modo, los términos de uso de un servicio de
descarga de música en Internet pueden establecer que las
canciones descargadas sólo pueden escucharse en un
determinado reproductor o sólo pueden ser objeto de un número
determinado de copias25.
Para asegurarse de que los usuarios sólo utilizan el bien
digital de acuerdo con las condiciones establecidas en la licencia,
los titulares recurren, adicionalmente, a medidas de protección
tecnológica que impiden que se puedan hacer copias o más
copias de las autorizadas, que accedan más personas de las
autorizadas o que la persona use el bien digital de una manera
determinada26.
lugar, el clausulado de las licencias juega un papel informativo.
Para asegurarse de que los usuarios conocen que los bienes digitales
que están adquiriendo, o a los que se les concede acceso,
están protegidos por derechos de propiedad intelectual, las
licencias lo hacen constar expresamente. El clausulado les informa
de los actos que no están cubiertos por la licencia y de que
su realización constituye una infracción de derechos.
Además de informar, estas cláusulas habilitan una vía
alternativa de protección frente a estas violaciones de
derechos. Efectivamente, en tales supuestos el usuario incurre en
una responsabilidad extracontractual y, a la vez, en incumplimiento
de una obligación contractual de no hacer – no
reproducir la obra más allá de los límites
permitidos en la licencia, no distribuir copias del bien digital, no
alquilar la obra, etc... – circunstancia que permite al
titular presentar la demanda por la vía que más le
interese27.
lugar, estos contratos generalmente incluyen cláusulas de
renuncia a las garantías sobre los bienes digitales y
cláusulas exonerativas o limitativas de la responsabilidad
que se puede derivar para el titular por los daños causados
por los defectos de un bien digital. Con las primeras el titular
obliga al usuario a renunciar o a ver limitados – en el
tiempo, los medios resarcitorios o los motivos – los derechos
que pudieran corresponderle en el caso de que los bienes digitales
resultaran defectuosos28.
Con las segundas, el titular hace saber que no asume ninguna
responsabilidad por los daños que un bien digital en estado
defectuoso pueda causar al usuario o a terceros – piénsese,
por ejemplo, en un virus informático –29.
las licencias de uso de bienes digitales contienen cláusulas
que, ante la posibilidad de que estos contratos adquieran un
carácter internacional, establecen la sumisión a los
tribunales de un determinado Estado30
– generalmente el del domicilio del titular de los derechos –
y la regulación de la relación por la ley de un
Estado31.
Como puede adivinarse, el clausulado de estos
contratos, en ningún caso es negociado por el titular y el
usuario. Las licencias de uso de bienes digitales son contratos en
masa en los que no cabe ninguna negociación: el titular
predispone su contenido y el usuario se limita a aceptar o a rechazar
el mismo. Se trata, por tanto, de contratos de adhesión o
contratos mediante condiciones generales de la contratación.
Por último, la celebración
de las licencias de uso de bienes digital puede llevarse a cabo por
medios tradicionales o por medios electrónicos. En ambos
casos, haciendo uso de la libertad de forma contractual que
garantizan el Derecho de la contratación, los titulares de
derechos acuden, con carácter general, a mecanismos de
expresión del consentimiento muy particulares. Se trata de las
licencias shrink-wrap, click-wrap o web-wrap32.
as licencias
shrink-wrap surgieron con la comercialización de
programas de ordenador en soportes tangibles – software
package – en establecimientos mercantiles o por envío
postal. Los términos de la licencia son visibles a través
del envoltorio que cubre el paquete y vienen acompañados de
un aviso que advierte que la apertura del paquete implica su
aceptación y, por tanto, el perfeccionamiento del contrato.
Si el adquirente no acepta las condiciones debe devolver el paquete
al distribuidor que, generalmente, estará obligado a
reembolsar al usuario el precio pagado33.
Estas licencias son utilizables tanto si el bien digital que
contiene el paquete es el objeto de contrato – piénsese
en la adquisición de programas de ordenador, videojuegos,
obras multimedia, etc... – cuanto si el paquete contiene un
software con el cual se va a poder acceder, a través de
Internet, a los bienes digitales objeto del contrato – así
ocurre, por ejemplo, con los servicios en línea de bases de
datos electrónicas –.
click-wrap constituyen una evolución de esta primera
categoría. El programa de ordenador o bien digital puede ser
adquirido por medios tradicionales – en un paquete – o
puede ser descargado desde un sitio web. En el momento en que el
adquirente procede a su instalación o utilización, se
le obliga a cliquear un icono en señal de aceptación
de los términos del contrato si quiere continuar. De no ser
así, se le obliga a borrar la copia del disco duro o, en su
caso, a devolverla34.
web-wrap se utilizan, exclusivamente, para bienes digitales
que se adquieren o a los que se obtiene acceso a través de
sitios web. Los términos del contrato son presentados al
adquirente o usuario en una página web durante el proceso de
solicitud del bien digital. El usuario debe aceptar esos términos
haciendo click en un icono antes de que empiece su descarga.
En ocasiones, la simple descarga se considera como una manifestación
de aceptación35.
4. CONDICIONANTES
LEGALES DE LAS LICENCIAS DE USO DE BIENES DIGITALES
Tal y como se ha afirmado, el instrumento regulador
básico de las licencias de uso de bienes digitales es la
autonomía de la voluntad de las partes. Ahora bien, como en
cualquier otro contrato, su ejercicio está sometido a límites.
En este sentido, puesto que es el titular de los derechos el que
predispone el contenido de la licencia, puede afirmarse que está
condicionado desde tres puntos de vista: el del Derecho internacional
privado, el de la normativa de propiedad intelectual y el de la
legislación de protección del consumidor. El análisis
de las condiciones impuestas por la estas normas debe servir para
determinar si la regulación de estas licencias es
satisfactoria en atención a dos parámetros: a) si
genera excesivos obstáculos para la comercialización de
bienes digitales por los titulares de derechos a escala
internacional; b) si protege satisfactoriamente los intereses de los
usuarios de bienes digitales36.
a la elección de ley en las licencias internacionales de uso
de bienes digitales
Según se ha visto con anterioridad, resulta
habitual la inclusión de cláusulas de elección
de ley en las licencias de uso de bienes digitales. De esta manera se
garantiza la seguridad jurídica de estas transacciones cuando
adquieren un carácter internacional. Efectivamente, las
licencias puede estar conectada con una infinidad de ordenamientos,
sobre todo cuando el bien digital se comercializa en Internet, por lo
que inevitablemente se pueden despertar dudas entre las partes acerca
de cual es el Derecho aplicable al contrato. Dichas dudas se eliminan
con la inclusión de estas cláusulas: las partes siempre
saben cual es el Derecho al que deben ajustar su conducta. En principio, la elección
de ley en los contratos internacionales está autorizada por la
mayoría de ordenamientos. Así, por ejemplo, en la
Comunidad Europea, el Art. 3 del Convenio de Roma de 198037
establece que la ley aplicable al contrato es la elegida por las
partes. Del mismo modo, en Estados Unidos, la UCITA (Uniform
Commercial Information Transactions Act)38,
destinada a regular las transacciones de bienes digitales, establece
una disposición similar en Sec. 109 (a)39.
Una libertad absoluta para elegir la ley aplicable
conlleva importantes beneficios para los titulares de derechos: las
condiciones legales a las que deben sujetar sus licencias vendrán
establecidos en una ley única para todas sus licencias de uso
de bienes digitales. Existen, sin embargo, intereses a los que el
legislador debe atender, que impiden que esto sea así. Por
ello, la elección de la ley aplicable a las licencias
internacionales de uso de bienes digitales está sujeta a dos
constituye un objetivo de política legislativa común a
cualquier Estado garantizar la regulación uniforme de los
derechos de propiedad intelectual que son explotados en su
territorio. Por esa razón, las cláusulas de elección
de ley despliegan efectos para los aspectos obligacionales de las
licencias pero no para los aspectos de propiedad intelectual. Esta
segunda categoría está referida a todas aquellas
cuestiones que están íntimamente relacionadas con el
régimen jurídico de los derechos cedidos. Entre ellas
se encuentra las excepciones al derecho de exclusividad y la validez
de las medidas técnicas de protección del bien digital.
Tales cuestiones están sometidas al Derecho del Estado donde
se lleva a cabo la explotación de los derechos – la lex
loci protectionis –40,
el cual, generalmente, coincidirá con el del país donde
reside el usuario. Su aplicación no admite excepciones ni
derogaciones por la autonomía conflictual. En este sentido,
cláusulas como la siguiente tienen una validez limitada a los
aspectos obligacionales de la transacción: “This
license is governed by the laws of the State of New York and the
intellectual property laws of the United States of America”41.
la protección de la parte débil de la relación
es otro de los objetivos de política legislativa que comparten
la mayoría de ordenamientos. La validez de las cláusulas
de elección de ley está sujeta a condiciones cuando el
adquirente del bien digital ocupa una posición de debilidad en
el contrato. Así, en UCITA, la Sec 109 (a) aclara que un
acuerdo de elección de ley no será válido en un
contrato de consumo si conlleva la inaplicación de una norma
imperativa de la ley que resultaría aplicable en defecto del
acuerdo42.
Igualmente, en la Comunidad Europea, siempre que se cumplan las
condiciones que establece el Art. 5.2 CR43,
la elección de la ley aplicable a una licencia internacional
de uso de bienes digitales celebrada por un consumidor no puede
conllevar un menoscabo en la protección otorgada a este último
por las disposiciones imperativas de la ley de su residencia
Sobre estos dos límites a la autonomía
conflictual es posible afirmar que: a) perjudican los intereses de
los titulares de derechos los cuales deben tener en cuenta la
legislación sobre propiedad intelectual y sobre protección
del consumidor establecida en cada uno de los países donde
desea comercializar sus bienes digitales; b) los intereses de los
usuarios se ven fortalecidos puesto que se les asegura, al menos, la
protección que les ofrece la normas sobre excepciones a los
derechos de autor y la normativa sobre contratos de consumo
establecidas por la ley de su residencia habitual.
impuestas por la normativa de derechos de propiedad intelectual
Las normas sobre propiedad intelectual que se deben
tener en cuenta en las licencias de uso de bienes digitales son las
que establecen las excepciones al derecho de exclusividad. Los
titulares de derechos de autor deben tener presente estas normas
tanto a la hora de redactar el clausulado contractual cuanto a la
hora de configurar los mecanismos técnicos de protección
de los bienes digitales.
La licencia, la fair use doctrine y las excepciones a
Tal y como se ha analizado en el Epígrafe II,
el derecho de exclusividad está limitado por una serie de
excepciones. En ellas, el ordenamiento jurídico habilita a
determinadas personas a llevar a cabo actos de explotación
sobre la obra sin necesidad de una autorización del autor. Ahora bien,
¿constituyen estas excepciones un condicionante para el
titular de los derechos a la hora de redactar las licencias de uso de
bienes digitales? ¿Pueden estas excepciones ser derogadas por
los términos de la licencia?. Por ejemplo: ¿puede un
contrato obligar a un usuario a renunciar a llevar a cabo actos de
reproducción de la obra para uso privado a los que le autoriza
la ley?, ¿Puede una persona renunciar a su derecho a llevar a
cabo actos de ingeniería inversa en el software que ha
adquirido para lograr su compatibilidad con otros programas de
ordenador?44.
Para responder a estas preguntas es
necesario tener en cuenta la naturaleza jurídica que poseen
las normas que regulan las excepciones al derecho de exclusividad en
cada uno de los ordenamientos jurídicos. ¿Se trata de
disposiciones dispositivas o imperativas?¿Admiten el pacto
contractual en contrario o no?.
derechos de autor están regulados por una ley federal –
Title 17 United State Code – mientras que la normativa
sobre contratos viene establecida por la ley de cada uno de los
Estados. En principio, de acuerdo con la doctrina de la copyright
preemption, si una ley estatal sobre contratos conllevara una
modificación en la extensión de los derechos atribuidos
sobre una obra, la ley federal sobre derechos de autor prevalecerá45.
Ahora bien, resulta generalizada la admisión por los
tribunales de las cláusulas contractuales por las que se
renuncia a llevar a cabo actos que, en principio, estarían
permitidos por la ley en base a la fair use doctrine46.
La justificación de que en estos casos no se aplique la
copyright preemption es que los contratos sólo
despliegan efectos inter-partes, mientras que las leyes
estatales poseen una aplicación general. Las partes son libres
de configurar sus relaciones de la manera que consideren más
adaptada a sus intereses.
que esta jurisprudencia puede ser objeto de crítica por
desconocer por completo todos aquellos objetivos de política
legislativa que se esconden detrás de los límites al
derecho de exclusividad, la conclusión a la que se debe llegar
es que los supuestos cubiertos por la fair use doctrine no son
de reconocimiento imperativo en EEUU y, por consiguiente, no
condicionan el contenido de las licencias de bienes digitales.
En la Comunidad Europea, la respuesta a esta cuestión
puede variar de un ordenamiento a otro puesto que la finalidad de las
directivas sobre derechos de autor es armonizar, pero no unificar,
las leyes de los Estados miembros. Ahora bien, aunque no existe un
régimen jurídico uniforme sobre propiedad intelectual,
a partir de las directivas se pueden realizar una serie de
afirmaciones generales.
comunitario sólo existen dos disposiciones que otorgan un
carácter imperativo a las excepciones al derecho de
exclusividad. Por un lado, el Art. 15 Directiva 96/6 sobre la
protección de las bases de datos – titulado “carácter
imperativo de determinadas disposiciones” – establece que
“serán nulos de pleno derecho cualesquiera pactos
contrarios a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 6 y en
el artículo 8”47.
Por otro lado, el Art. 9.1 in fine de la Directiva 91/250
declara que “cualquier disposición contractual que sea
contraria a lo dispuesto en el artículo 6 o las excepciones
contenidas en los apartados 2 y 3 del artículo 5 se
considerará nula y sin valor ni efecto alguno”48.
Ninguna otra norma comunitaria en
materia de derechos de autor, establece nada al respecto. Así,
por ejemplo, el Art 5 de la Directiva 2001/29 no indica, en ningún
momento, si las excepciones al derecho de exclusividad – Art. 5
– poseen un carácter dispositivo o imperativo. De las
más de veinte excepciones y limitaciones recogidas en esta
disposición, sólo una – la establecida en el
apartado 1 en relación con los actos de reproducción
necesarios para la transmisión digital – es de obligada
incorporación a las leyes internas de los Estados miembros. En
cualquier caso, ni tan siquiera en esta excepción se dice si
los legisladores nacionales están obligados, a la hora de su
incorporación al Derecho interno, a otorgarle un carácter
la ausencia de una norma estableciendo la inderogabilidad de las
excepciones en el contrato invita a pensar que el legislador
comunitario desea que estas normas sean dispositivas. De no ser así,
hubiera establecido una norma que declarara ese carácter
imperativo tal y como ha hecho en muchas otras materias como, por
ejemplo, el Derecho de la competencia49,
la protección de los agentes comerciales50
o, tal y como se verá más adelante, la protección
del consumidor. Se puede defender que la posibilidad de derogar las
excepciones al derecho de exclusividad en las licencias de uso de
bienes digitales resulta necesario para garantizar una efectiva
protección de los derechos de autor. En este sentido, se
afirma que si las licencias permitieran a los adquirentes de bienes
digitales realizar una copia para uso privado correrían el
riesgo de ver mermadas sus posibilidades de negocio: si un usuario
realiza una copia puede ponerla a disposición en Internet al
resto de usuarios por lo que el número de futuros adquirentes
va a disminuir.
carácter dispositivo de las excepciones también
conlleva una distorsión del llamado copyright balance.
Las excepciones al derecho de exclusividad están destinadas a
equilibrar los intereses de los titulares de derechos y los de la
sociedad en general. Si las mismas pueden ser derogadas por contrato,
ese equilibrio se rompe. Se sobreprotegen los intereses de los
titulares de derechos en detrimento de los de la comunidad en general
y de los usuarios51.
Los mecanismos técnicos de protección
del bien digital, la fair use doctrine y las excepciones a los
La posibilidad del usuario de llevar a cabo actos
cubiertos por las excepciones al derecho de exclusividad no sólo
puede prohibirse en el contrato sino también – y de una
manera más eficaz – mediante medidas tecnológicas
de protección. Efectivamente, aunque el contrato no diga nada,
los bienes digitales pueden incorporar dispositivos que impiden al
usuario realizar ciertos tipos de actos. En tales supuestos, si el contrato no
lo prohíbe expresamente, ¿puede el usuario neutralizar
las medidas técnicas de protección para llevar a cabo
actos sobre el bien digital autorizados por una excepción al
derecho de exclusividad?. Así, por ejemplo, cabe preguntarse
si resultaría permitida la utilización de un programa
de ordenador que neutraliza un dispositivo en un DVD o un CD de
música para poder realizar una copia para uso privado en el
disco duro de un ordenador o en otro CD. En ocasiones, esta neutralización
puede ser necesaria no para disfrutar de una excepción sino,
sencillamente, para poder utilizar el DVD o el CD: a) los DVD llevan
un código por el cual sólo pueden ser visualizados en
lectores comercializados en determinadas regiones del planeta, ¿se
puede neutralizar ese código para poder ver el DVD en lectores
de otras regiones?; b) en ocasiones, los CD musicales o los DVDs no
pueden hacerse funcionar en ordenadores o bajo determinados sistemas
operativos – Linux –, ¿se pueden eludir esos
dispositivos para que el usuario pueda utilizar el DVD o CD que ha
adquirido legalmente?.
Si atendemos al Art. 11 TDA, la
respuesta a todas estas preguntas debe ser afirmativa. Efectivamente,
la disposición obliga a los Estados a castigar los actos de
elusión de mecanismos técnicos de protección que
restrinjan actos que: a) no estén autorizados por los autores
o (b) no estén permitidos por la Ley”. A sensu
contrario, la elusión de mecanismos que protegen de actos
que están permitidos por la Ley no debe ser
castigada52.
No obstante, ni la
legislación de Estados Unidos ni la Directiva 2001/29 parecen
haber tenido en cuenta esta disposición convencional a la hora
de regular la materia53.
En los Estados Unidos, en 1998, se
adoptó la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) con la
finalidad de adaptar el Title 17 USC al TDA. La Section
1201 prohíbe la elusión de medidas técnicas de
protección que controlan el acceso a una obra o protegen los
derechos del titular sobre la obra. También se castiga el
tráfico de mecanismos de elusión.
de actos de elusión a los que no les resulta aplicable la
prohibición, pero son muy escasos. En primer lugar, los
realizados con la finalidad de identificar y analizar aquellos
elementos de un programa de ordenador que son necesarios para lograr
su interoperabilidad. Tales actos sólo resultan exceptuados si
son realizados por el adquirente legítimo del software, por lo
que su ámbito de actuación resulta muy reducido. En
segundo lugar, tras las modificaciones incorporadas por la Digital
Media Consumers’ Right Act (DMCRA), en 2003, dejan de
sancionarse ciertos actos de elusión de mecanismos de
protección siempre que no estén destinados a cometer
una infracción de derechos de autor. En principio, puede
interpretarse que esta disposición permitiría la
neutralización de dispositivos técnicos para poder
hacer funcionar un CD musical o un DVD en un lector con un código
de región distinto, en cualquier ordenador, o en cualquier
En análisis de la cuestión en la
regulación de la Comunidad Europea exige distinguir entre los
programas de ordenador y el resto de bienes digitales.
Para los primeros,
la protección frente a los actos de elusión de los
dispositivos técnicos está regulada en el Art. 7 de la
Directiva 91/250. En él se castiga: “a) la puesta en
circulación de una copia de un programa de ordenador
conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima; b) la
tenencia con fines comerciales de una copia de un programa de
ordenador, conociendo o pudiendo suponer su naturaleza ilegítima;
o (c) la puesta en circulación o tenencia con fines
comerciales de cualquier medio cuyo único propósito sea
facilitar la supresión no autorizada o la neutralización
de cualquier dispositivo técnico que se hubiere utilizado para
proteger un programa de ordenador”. Como puede observarse, la
disposición no castiga el acto de elusión como tal por
lo que, mientras no se cometa una infracción de derechos, está
permitido. En este mismo sentido se expresa el considerando 50 de la
Directiva 2001/29 cuando recuerda que las disposiciones sobre
mecanismos técnicos de protección de ese instrumento no
resultan aplicables en materia de programas de ordenador54.
Asimismo, se destaca que dichas medidas “no deben impedir ni
obstaculizar el desarrollo o la utilización de cualquier medio
destinado a neutralizar una medida tecnológica necesaria para
hacer posibles actos realizados de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 3 del artículo 5 y en el artículo 6”.
bienes digitales, el Art. 6.4 de la Directiva 2001/29 establece que
sin perjuicio de la protección jurídica otorgada contra
la elusión de mecanismos técnicos de protección,
los Estados miembros deben tomar las medidas pertinentes “para
que los titulares de los derechos faciliten al beneficiario de
[ciertas] excepciones o limitaciones establecida por el Derecho
nacional55,
los medios adecuados para disfrutar de las mismas, en la medida
necesaria para ese disfrute, siempre y cuando dicho beneficiario
tenga legalmente acceso a la obra o prestación protegidas”.
Entre otras, estas medidas deben adoptarse para habilitar el
ejercicio de la excepción de copia privada si bien, en este
caso, los titulares de los derechos pueden limitar el número
de reproducciones que se pueden hacer. Ahora bien, de acuerdo con el
párrafo 4 del Art. 6.4, ninguna de estas disposiciones resulta
aplicable a bienes digitales “puestos a disposición del
público, con arreglo a lo convenido por contrato, de tal forma
que personas concretas del público puedan acceder a ellas
desde un lugar y en un momento que ella misma haya elegido”. En
tales supuestos, que se corresponden con la descarga de bienes
digitales de sitios web, ya sea para su adquisición o como
parte de un servicio de descarga de música o de video on
demand, el disfrute de las excepciones por los beneficiarios se
hace depender de lo “convenido por contrato”.
Como puede observarse, la Directiva
establece distintas condiciones en relación con las medidas
técnicas de protección y las excepciones al derecho de
exclusividad según la obra digital sea distribuida en soportes
tangibles o sea descargada desde un sitio web accesible en Internet.
En el primer caso, el titular de los derechos está
condicionado a incorporar medidas técnicas de protección
que permitan al usuario disfrutar, hasta cierto punto, de las
excepciones al derecho de exclusividad. En el segundo caso, el
titular no resulta condicionado puesto que el disfrute de las
excepciones depende de lo convenido por contrato. Por consiguiente,
si el titular lo desea, puede impedir a los usuarios de bienes
digitales el disfrute de las excepciones al derecho de exclusividad. La aplicación
de estas disposiciones por los tribunales de los Estados miembros no
parece estar siguiendo, sin embargo, estos cauces reguladores. En
Francia, los tribunales han sostenido la legalidad de mecanismos
técnicos de protección que impiden a los usuarios, por
completo, llevar a cabo actos de copia privada. En el caso
“Mulholland Drive”56,
la Cour de cassation consideró, de manera contraria a
lo que se había decidido en las instancias inferiores, que el
ejercicio de la excepción de copia privada en el entorno
digital puede perjudicar los intereses legítimos del titular
de los derechos y la explotación normal de la obra. Por
consiguiente, la utilización de estos dispositivos está
justificada. En Bélgica57
también se ha sostenido la legalidad de estos mecanismos con
base en que la copia privada es una excepción al derecho de
exclusiva, pero no un derecho de los usuarios cuyo disfrute deba
garantizarse en todos los supuestos. En ninguno de las dos sentencias
se tuvo en cuenta que la Directiva comunitaria – la cual
todavía no había sido incorporada en ninguno de los dos
Estados en el momento de adoptar las sentencias– obliga a que
los mecanismos técnicos de protección permitan un
número limitado de copias.
Resumiendo, se puede afirmar que los ordenamientos
tampoco imponen a los titulares de derechos un gran número de
condiciones a la hora de diseñar los mecanismos técnicos
que protegen los bienes digitales que son objeto de licencias. De
nuevo queda demostrada la sobreprotección de los intereses de
los titulares de derechos, por la normativa de propiedad intelectual,
en detrimento de los de la comunidad en general y de los usuarios.
impuestos por la normativa sobre contratación
Una vez visto que los condicionantes impuestos por
las legislaciones de propiedad intelectual sobre el contenido de las
licencias de uso de bienes digitales son más bien escasos,
procede analizar, a continuación, cuales son los establecidos
por la normativa sobre contratación.
Para ello, debe tenerse en cuenta que
existen ciertas normas aplicables a las licencias de uso de bienes
digitales en general y otras que únicamente resultan
aplicables a las licencias celebradas por consumidores. Normas generales: validez de las licencias
shrink-wrap, click-wrap y web-wrap e incorporación al contrato
de los términos de la licencia
Tal y como se ha explicado, la
mayoría de licencias de uso de bienes digitales se
perfeccionan mediante las modalidades shrink-wrap, click-wrap o
web-wrap. Su utilización puede presentar dos problemas:
¿se consideran válidos estos contratos?¿se
pueden hacer valer los términos de estas licencias ante los
La primera cuestión se
presenta por diversas razones. En primer lugar, debido a la novedad
que suponía la utilización de Internet para las
relaciones jurídicas surgieron dudas acerca de la validez
jurídica de los contratos electrónicos. En Europa,
hasta que entró en vigor la Directiva 2000/31 sobre comercio
electrónico58,
existió cierta incertidumbre acerca del valor jurídico
atribuible a los contratos celebrados mediante el intercambio de
correos electrónicos o mediante las modalidades click-wrap
o web-wrap. Esta incertidumbre desaparece desde el momento en
que el Art. 9.1 de esa Directiva obliga a los Estados miembros a
velar “por que su legislación permita la celebración
de contratos por vía electrónica”. Con esta misma
finalidad, en los Estados Unidos, a la vez que se adoptaba UCITA, se
adoptó la Uniform Electronic Transactions Act (UETA)59.
la existencia de ciertas normas que imponían requisitos
formales de imposible cumplimiento en el mercado electrónico
cuestionaba la validez de estos contratos. Así, por ejemplo,
hasta hace no mucho tiempo, el Art. 47 de la Ley española
7/1996 de ordenación del comercio minorista60
obligaba al profesional de las ventas a distancia a confirmar por
escrito al consumidor de los términos del contrato.
Disposiciones como ésta han sido modificadas para garantizar,
tal y como obliga la Directiva 2000/31 que “el régimen
jurídico aplicable al proceso contractual no entorpece la
utilización real de los contratos por vía electrónica,
ni conduce a privar de efecto y de validez jurídica a este
tipo de contratos en razón de su celebración por vía
electrónica”. Asimismo, tanto en Europa, como en Estados
Unidos – Section 8 UETA61
–, o en los convenios internacionales, resulta generalmente
aceptada la equiparación del “documento escrito”
al documento en “cualquier soporte duradero que resulte
accesible para su ulterior consulta”62.
muchos autores se han cuestionado hasta qué punto el acto de
cliquear un icono en la pantalla de un ordenador era suficiente para
considerarlo una manifestación del consentimiento y, por lo
tanto, suficiente para el perfeccionamiento del contrato63.
En principio, la autonomía de la voluntad en materia
contractual alcanza, también, a la forma del contrato. Las
partes son libres de determinar la forma en la que quieren expresar
su consentimiento64.
Por consiguiente, si el contrato establece que el cliqueo de un icono
en la pantalla implica aceptación, su realización
conllevará el perfeccionamiento del contrato. Cuestión
distinta es, como se ve a continuación, si los términos
de ese contrato, resultarán incorporados al mismo.
La segunda cuestión
anunciada es la más problemática. Las shrink-wrap,
click-wrap o web-wrap son formas válidas de
celebración del contrato. No obstante, la manera en que éstas
se llevan a cabo pueden ocasionar que el usuario: a) no tenga
conocimiento de que el acto de cliquear o de rasgar el envoltorio
implica el perfeccionamiento de un contrato; b) no llegue a conocer
el contenido de las cláusulas predispuestas unilateralmente
por el titular de los derechos en el contrato antes de la realización
del acto de aceptación. Naturalmente esto constituye un
peligro para los intereses de la parte débil de la relación.
Una persona puede estar perfeccionando un contrato que él,
realmente, no quería concluir. Del mismo modo, el usuario
puede estar aceptando un contrato regulado por unas cláusulas
abusivas o, sencillamente, por unas condiciones que, de haberlas
conocido, no hubiera aceptado. Tanto la Comunidad Europea como
Estados Unidos han adoptado medidas para aminorar estos problemas.
En Europa, deben tenerse en cuenta dos disposiciones
de la Directiva 2000/31. Por un lado, según el Art. 10.1, el
titular de los derechos debe facilitar, antes de que el destinatario
del servicio efectúe un pedido, información acerca de
los diferentes pasos técnicos que deben darse para celebrar el
contrato. Por otro lado, el Art. 10.3 establece la obligación
de hacer disponibles las condiciones generales del contrato de tal
manera que el usuario pueda almacenarlas y reproducirlas. De manera
adicional, los titulares de derechos deben prestar atención a
la normativa sobre condiciones generales de la contratación.
Se entienden por tales aquéllas que son unilateralmente
impuestas por un profesional y que son utilizadas de manera general
para comercializar sus productos. Aunque no existe una regulación
comunitaria en la materia, las legislaciones nacionales de los
Estados miembros parecen establecer los mismos requisitos para
otorgarles validez: a) el usuario debe ser informado de que el
contrato que está celebrando está regulados por
condiciones generales; b) el usuario debe tener la oportunidad de
revisar el contenido de esas condiciones antes manifestar su
consentimiento65.
estos requisitos puede resultar problemático en las licencias
shrink-wrap y click-wrap. Si el usuario se ve obligado
a rasgar el envoltorio del paquete o se ve obligado a cliquear en el
icono “Acepto” sin haber tenido opción de revisar
el contenido de las cláusulas de la licencia – por
ejemplo, porque éstas vienen dentro del paquete o porque sólo
son mostradas una vez instalado el software – al menos el
segundo requisito no se cumple. Del mismo modo, en las licencias
web-wrap, este requisito tampoco se cumple si las cláusulas
no vienen expuestas en la misma página en la que se debe
llevar a cabo el acto de aceptación – marcar una
casilla, cliquear en el icono “Acepto” o, sencillamente,
empezar la descarga del bien digital –, o en una página
web que se abre automáticamente al acceder al formulario de
pedido, o en una página a la que se accede mediante un
hipervínculo que no deja lugar a dudas de que allí se
contienen las cláusulas que rigen la contratación.
La sanción que se deriva del
incumplimiento de estos requisitos es que las condiciones generales
no se incorporan al contrato. En la medida en que la nulidad no
afecte a los elementos esenciales de la licencia de uso de bienes
digitales, ésta seguirá existiendo, pero su regulación
se determina a partir de la normativa general de la contratación
aplicable de forma supletoria.
En Estados Unidos, la posibilidad
de hacer valer ante los tribunales las cláusulas de la
licencias – enforceability – está regulada
por las Sections 110, 114, 208 (2) y 209 de UCITA. Las
disposiciones que gobiernan las mass-market licenses y los
web-wrap agreements son similares a las establecidas en
Europa. Ahora bien, la primera disposición, aplicable a las
licencias de software en general, establece que las condiciones
generales pueden presentarse, para su aceptación, una vez que
el usuario ha adquirido el software y ha empezado a utilizarlo –
shrink-wrap o click-wrap – siempre que resultara
razonable para las partes esperar que la transacción se
rigiera por condiciones que son dadas a conocer en un momento
posterior a la celebración del contrato. En cualquier caso,
debe tenerse en cuenta que UCITA no ha sido adoptada por la mayoría
de Estados y que la abundante jurisprudencia sobre este tipo de
contratación difiere, en parte, en lo que respecta a estas
disposiciones66.
La conclusión que se puede extraer de esta
normativa es que, por un lado, favorece los intereses de los
titulares de derechos puesto que facilita la celebración de
licencias de uso de bienes digitales por medios electrónicos.
No obstante, por otro lado, se les obliga a configurar sus contratos
de una manera determinada, circunstancia perjudica sus intereses, a
la vez que beneficia a los usuarios de bienes digitales, considerados
parte débil de la relación. Esta protección del
usuario resulta todavía más evidente en la legislación
de protección del consumidor. 4.4 La normativa
En muchas ocasiones, las licencias
de uso de bienes digitales tienen la condición de “contratos
celebrados por consumidores”67.
En la legislación comunitaria se entiende por tales los
celebrados por una persona física “con una finalidad
ajena a su actividad profesional” o, dicho de otra manera, para
disfrutarlos en un ámbito privado.
Mientras que en el Derecho
estadounidense la normativa de protección del consumidor es
ciertamente escasa, en el Derecho comunitario existe un buen número
de instrumentos sobre la materia. La necesidad de proteger los
intereses económicos de los consumidores, en su condición
de parte débil de la contratación, está incluso
reconocida en el Tratado de la Comunidad Europea (Art. 153).
directivas comunitarias existentes, resultan aplicables a las
licencias de uso de bienes digitales las siguientes: Directiva 93/13
sobre cláusulas abusivas68,
Directiva 99/44 sobre garantías sobre bienes de consumo69
y Directiva 97/7 sobre contratos a distancia. Todas ellas poseen una
naturaleza imperativa por decisión expresa del legislador
comunitario. De hecho, no se trata únicamente de disposiciones
que no pueden ser derogadas por pacto en contrario en el contrato,
sino que tampoco pueden dejar de ser aplicadas cuando las partes han
elegido el Derecho de Estado no comunitario como aplicable al
contrato70.
la Directiva 93/13, una cláusula de la licencia de uso
predispuesta unilateralmente por el titular de los derechos se
considerará abusiva si, “pese a las exigencias de la
buena fe, causa en detrimento del consumidor un desequilibrio
importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se
derivan del contrato” (Art. 3.1)71.
Dicha cláusula será nula y se tendrá por no
puesta si bien, siempre que sea posible, el contrato continuará
existiendo y el resto seguirá vinculando a las partes. Asimismo, estas cláusulas deberán estar
redactadas de forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el
sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación
más favorable para el consumidor (Art. 5).
estas disposiciones en las licencias de uso de bienes digitales es
importante. Muchas de las cláusulas que actualmente se pueden
encontrar en estas licencias son, sin duda alguna, abusivas72.
Bien es cierto, en cualquier caso, que los titulares son conscientes
de ello y asumen el riesgo. Son los problemas que se derivan de la
utilización de un clausulado uniforme para la comercialización
de los bienes digitales a nivel mundial. Las diferencias entre
legislaciones conlleva que, en unos países esas cláusulas
sean válidas, y en otros no. De hecho, en infinidad de
ocasiones, son los propios titulares de derechos los que advierten a
los usuarios que algunas de las disposiciones de la licencia pueden
no resultar aplicables en el Estado en el que se encuentran73.
La Directiva 99/44 sobre garantías sobre
bienes de consumo establece la responsabilidad del titular de los
derechos por la falta de conformidad del bien digital con el
contrato. De acuerdo con el Art. 2, se considera que existe falta de
conformidad: a) cuando el bien no se ajusta a la descripción
realizada por el vendedor o no poseen las cualidades presentadas en
forma de muestra o modelo; b) si no es apto para los usos a los que
ordinariamente se destinen bienes del mismo tipo; c) si no es apto
para un uso especial requerido por el consumidor que éste ha
puesto en conocimiento del vendedor; d) si no presenta la calidad y
las prestaciones habituales de un bien del mismo tipo que el
consumidor puede fundadamente esperar, habida cuenta de la naturaleza
del bien y, en su caso, de las declaraciones públicas sobre
las características concretas de los bienes hechas por el
vendedor, el productor o su representante, salvo que, en el momento
de celebrar el contrato, hayan corregido dichas declaraciones.
En tales supuestos, el consumidor
tiene derecho a exigir la reparación o la sustitución
del bien sin cargo alguno y, subsidiariamente, la reducción
adecuada del precio o la resolución del contrato de acuerdo
con las reglas establecidas en los Arts. 3 a 5. Cuenta, para ello, de
un plazo mínimo de dos años para ejecutar la garantía
desde la entrega del bien – Art. 5.1 –. Tal y como establece el Art. 7.1, las
cláusulas contractuales o los acuerdos celebrados con el
vendedor que excluyan o limiten directa o indirectamente los derechos
conferidos por la presente Directiva se considerarán nulas de
pleno Derecho. Por consiguiente, la cláusulas limitativas o
exonerativas de responsabilidad por los defectos del bien digital que
es corriente encontrar en estas licencias tienen una validez muy
limitada. Ocurre, sin embargo, que estas normas
tan sólo resultan aplicables a contratos que tengan como
objeto un “bien mueble corporal”. La doctrina y la
jurisprudencia resultan favorables a admitir los bienes digital
dentro de esa categoría por lo que la protección de la
Directiva se extiende a los usuarios de bienes digitales adquiridos a
partir de una licencia de uso. Ahora bien, la directiva no resulta
aplicable a los contratos por los que los usuarios se suscriben a
servicios de descargas de Internet puesto que esos contratos son de
prestación de servicios y, consecuentemente, no tienen como
objetivo un “bien mueble corporal”. Por último, la Directiva 97/7 resulta
aplicable a las licencias de uso de bienes digitales celebradas
mediante un medio de comunicación a distancia como, por
ejemplo, Internet. En ella se establecen tres derechos que son
irrenunciables para el consumidor.
Los dos primeros están
destinados a garantizar que el usuario posea toda la información
que se precisa para adoptar decisiones debidamente motivadas. Por un
lado, previamente a la celebración del contrato, y con la
antelación necesaria, se debe poner a su disposición
una serie de datos sobre la identidad del proveedor; las
características esenciales del bien o del servicio; su precio
– incluidos todos los impuestos –; gastos de entrega;
modalidades de pago, entrega o ejecución; existencia de un
derecho de resolución; o el plazo de validez de la oferta o
del precio (Art. 4). Por otro lado, una vez celebrado el contrato, el
usuario debe recibir confirmación por escrito o mediante
cualquier otro soporte duradero así como información
sobre la dirección del titular de los derechos donde se pueden
presentar reclamaciones, los servicios post-ventas ofrecidos o el
procedimiento para resolver el contrato (Art. 5).
El tercer derecho
es el de resolución. De acuerdo con el Art. 6, los
consumidores pueden rescindir el contrato sin penalización
alguna y sin indicación de los motivos en el plazo de los
siete días posteriores a la recepción del bien digital
o la celebración del contrato cuando la licencia implique la
prestación de un servicio de descarga de bienes digitales
desde un sitio web. Ahora bien, salvo que el contrato disponga otra
cosa74,
el usuario no puede ejercer este derecho cuando se trata de licencias
de bienes digitales que tienen como objeto el suministro de
grabaciones sonoras o de vídeo, de discos y de programas
informáticos, que hubiesen sido desprecintados por el
consumidor o que hubiesen sido descargados de un sitio web (Art.
Como puede observarse, las condiciones impuestas al
titular de los derechos por la normativa de protección del
consumidor son considerables. El juego de la autonomía de la
voluntad se ve extremadamente limitado. Con ello se persigue proteger
a la parte débil pero se generan considerables obstáculos
a los titulares de bienes digitales para su comercialización a
CONCLUSIÓN: APUNTES PARA LA BÚSQUEDA DE UN EQUILIBRIO
ENTRE LOS INTERESES DE LOS TITULARES Y DE LOS USUARIOS El análisis de la normativa aplicable a las
licencias de uso de bienes digitales permite constatar dos datos
contrapuestos. Por un lado, las normas de propiedad intelectual
favorecen los intereses de los titulares de los derechos en perjuicio
de los intereses de la comunidad en general y de los usuarios en
particular. Esto es así porque las condiciones impuestas al
juego de la autonomía de la voluntad a la hora de configurar
estos contratos son muy escasas: las excepciones al derecho de
exclusividad pueden ser derogadas por cláusulas del contrato y
su ejercicio puede impedirse mediante la utilización de
dispositivos técnicos de protección. Por otro lado, la normativa sobre
condiciones generales de la contratación y, sobre todo, la de
protección de los consumidores favorecen los intereses de los
usuarios de derechos. Con la finalidad de proteger sus intereses, las
legislaciones – sobre todo de la Comunidad Europea –
exigen que las licencias de uso de bienes digitales cumplan una serie
de condiciones. Esta circunstancia perjudica los intereses de los
titulares de derechos puesto que obstaculiza la comercialización
de los bienes digitales al obligarles a prestar atención a las
condiciones impuestas por una pluralidad de leyes. Se podría pensar que esta situación es
satisfactoria. El equilibrio entre los intereses de los titulares de
derechos y de los usuarios se mantiene puesto que los perjuicios que
generan una categoría de normas se ven compensados por los
beneficios derivados de la otra. Esta afirmación, sin embargo,
no es aceptable. A mi modo de ver, a pesar de los obstáculos
que produce, la normativa de protección del consumidor es
inamovible. Además de su finalidad directa – protección
de los intereses económicos de los consumidores –, estas
normas cumplen una doble finalidad indirecta. Por un lado, el miedo a
ser llevados ante los tribunales, debe servir de incentivo a los
titulares para crear mejores productos y ofrecer mejores servicios –
bienes digitales exentos de fallos, servicios interactivos rápidos
y eficaces, etc –. Por otro lado, esta normativa favorece el
comercio internacional de bienes digitales: la existencia de derechos
irrenunciables reconocidos por los ordenamientos genera confianza en
el consumidor hacia el comercio electrónico.
Lo que sí es modificable es la normativa de
propiedad intelectual. Resulta necesario adaptar el equilibrio entre
los intereses en presencia al entorno digital. Esto no significa ni
que todas las excepciones deban tener una naturaleza imperativa ni
que el ejercicio de todas ellas deba ser habilitado por los
mecanismos técnicos de protección. Cada una de las
excepciones debe ser objeto de un análisis particularizado. En este sentido, debe determinarse si
las excepciones cumplen con el criterio básico en la materia a
la hora de ser aplicadas en el entorno digital: la prueba de las tres
fases (Art. 11 TDA y 13 ADPIC). A aquellas que lo cumplan, se les
debe atribuir un carácter imperativo de manera que no puedan
ser derogadas por una disposición contractual en contrario.
Asimismo, los mecanismos técnicos de protección deben
adaptarse de tal manera que las personas legitimadas puedan
beneficiarse de la excepción. El disfrute de algunas de estas
excepciones deberá garantizarse en todos los casos: así,
por ejemplo, las que están garantizadas en la libertad de
expresión o la libertad de prensa. Ahora bien, para otras
excepciones, tanto el contrato como los dispositivos de protección
deberían poder limitar su disfrute en atención, de
nuevo, a la prueba de las tres fases. En este sentido, es coherente
limitar el número de copias que el usuario puede realizar para
un uso privado, y también lo es que el usuario pueda realizar
los actos necesarios para el disfrute del bien digital adquirido.
Tanto lo uno como lo otro puede garantizarse mediante los mecanismos
técnicos de protección. En principio, este análisis de
la adecuación de las excepciones a la prueba de las tres fases
deberían llevarlo a cabo los Estados respecto de sus leyes
nacionales tomando como base los Arts. 10 TDA y 13 ADPIC. No
obstante, como se ha señalado, ni la Comunidad Europea ni los
Estados Unidos parecen haber tenido estas disposiciones en cuenta a
la hora de regular la materia. Por ello, se hace necesaria una
negociación a nivel internacional que, o bien armonice las
excepciones a los derechos de autor, o bien establezca obligaciones
más concreta a los Estados. En este sentido se
expresaba la propuesta recientemente presentada por Chile ante el
Comité permanente de derechos de autor y derechos conexos de
la OMPI75.
De esta manera se aseguraría un equilibrio entre los intereses
de los titulares de derechos y de los de la comunidad y los usuarios,
cuya validez se extendería a nivel internacional –
puesto que estaría consensuado en un convenio internacional –,
y que favorecería la seguridad jurídica de las
licencias de uso de bienes digitales en el comercio internacional. No
obstante, la propuesta no ha tenido continuidad ni parece que la vaya
a tener en el futuro pues, como refleja los acuerdos adoptados en la
último Asamblea General de la OMPI, los trabajos en materia de
derechos de autor van a ir encaminadas en el sentido contrario76.
Doctor en Derecho. Profesor asociado
de Derecho internacional privado de la Universidad de Alicante
(España). Profesor del Magister Lvcentinus en Propiedad
industrial, intelectual y Sociedad de la información de la
Vid. Comunicación de la Comisión Europea, Libro
Verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones,
y sobre sus consecuencias para la reglamentación (Doc.
COM(1997) 623final); Comunicación de la Comisión, La
Convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación y tecnologías de la información y
sobre sus consecuencias para la reglamentación. Resultados de
la consulta publica sobre el Libro Verde. (Doc. COM(1999)
108final)
Vid. Libro Verde..., 1997, p. 3.
En vigor desde marzo de 2002. En la actualidad son parte de este
Tratado 58 Estados. El texto del Tratado y el estado de las
ratificaciones puede consultarse en
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/wct/index.html
Directiva 2001/29 relativa a la armonización de determinados
aspectos de los derechos de autor y los derechos afines en la
Sociedad de la Información. (DOCE 167/10 de 22 junio 2001)
Vid. P. de Miguel Asensio, “El Derecho internacional
privado ante la globalización”, AEDIPr, t. 1,
2001, pp. 37 – 87, esp. 51.
Como excepción puede citarse el Art. 40 de ADPIC, si bien
resulta discutible que esté concebido para las licencias de
uso de bienes digitales.
En este sentido puede consultarse el Art. 1 del Texto Refundido de
la Ley española de propiedad intelectual (BOE num. 97, de 22
abril de 1996). Algunos Estados, como el Reino Unido, exigen que las
obras hayan sido fijadas en un soporte material para que puedan
acceder a la protección. 8
Convenio de Berna de 1886 para la protección de las obras
literarias y artísticas. Los Estados parte (160) y el texto
del convenio se pueden consultar en
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/berne/index.html
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual
relacionados con el comercio de 15 abril 1994.
Vid. P. de Miguel Asensio, Derecho privado de Internet,
3ª Ed, Madrid, Civitas, 2004, p. 236.
Ahora bien, mientras algunos ordenamientos sólo reconocen
estos dos derechos y permiten su renuncia – sistema de
copyright –; otros establecen un catálogo de
derechos morales más extenso y, además, les otorgan un
carácter irrenunciable e intransferible – sistemas de
droit d’auteur –.
Así, por ejemplo, la mayoría de DVDs incorporan el
dispositivo CSS – Content Scrambling System –
que, aparte de imposibilitar su reproducción, impide que la
obra digital pueda ser visualizada en sistemas no autorizados –
por ejemplo, en ordenadores que utilizan el sistema operativo Linux
–. Del mismo algunos CDs musicales incluyen dispositivos de
protección que impiden copiar los CDs, escucharlos en
ordenadores o, incluso, en los lectores de CD de un coche.
La protección otorgada por derechos de autor caduca
transcurrido un determinado plazo de tiempo. El Art. 7 C. Berna
habla de un mínimo de 50 años después de la
muerte del autor pero los Estados pueden establecer una protección
más larga – así, por ejemplo, en la Comunidad
Europea es de 70 años post mortem auctoris –.
Una vez, transcurrido ese plazo la obra pasa a formar parte del
dominio público y cualquiera puede explotarla.
El principio de agotamiento del derecho – o first sale
doctrine – tiene como finalidad impedir que el titular
siga controlando la distribución de la obra una vez que la
misma ha sido introducida en el mercado mediante venta u otro
contrato translativo de propiedad. Con ello se pretende favorecer el
libre tráfico de las obras una vez puestas en circulación.
En Europa, este principio no resulta aplicable cuando la obra se
divulga en Internet mediante su puesta a disposición en un
web site. Así lo establece, expresamente el Art. 3.3 de la
Directiva 2001/29. La respuesta no resulta tan clara en otros
ordenamientos. Los convenios internacionales no establecen ninguna
condición sobre la aplicación de este principio a
nivel nacional, internacional o regional (Art. 6.2 TDA, Art. 6
ADPIC).
En ocasiones, las autoridades nacionales pueden obligar a los
titulares de derechos a otorgar cesiones sobre sus derechos de
autor. Esta posibilidad está expresamente recogida en algunos
artículos del Convenio de Berna (Arts 13 y 10.bis.2) y en las
Disposiciones especiales para los países en desarrollo
incluidas en su Anexo. 16
Vid. P. B. Hugenholtz, “Adapting Copyright to
the Information Superhighway”, en P. B. Hugenholtz (Ed), The
Future of Copyright in a Digital Environment, La Haya, Kluwer,
1996, pp. 81 – 103, esp. 94.
En la actualidad, la fair use doctrine en EEUU está
regulada en la Sec. 107 Copyright Act 1976. De acuerdo con
esta disposición existen, al menos, cuatro factores a tener
en cuenta para determinar si una utilización de la obra puede
considerarse fair use: 1) si la obra se copia de buena fe, para el
beneficio del público en general o para servir los intereses
económicos del infractor; 2) la naturaleza de la explotación:
si es casual, tiene una finalidad creativa o si se persiguen fines
económicos; 3) el uso de la obra debe ser proporcional como
el fin perseguido; 4) los efectos que la explotación tiene en
el mercado de la obra. Vid. A.
Lepage, “Overview of Exceptions and Limitations to Copyrigth
in the Digital Environment”, e-Copyright Bulletin,
January-March, 2003, p. 5.
Entre ellas, destacan: a) reproducción para uso privado no
comercial acompañada de una compensación equitativa;
b) reproducciones efectuadas por bibliotecas, centros de enseñanza
o museos sin fines lucrativos; c) actos de explotación que
tengan por objeto la ilustración con fines educativos o de
investigación científica; d) explotación de la
obra en beneficio de personas con minusvalías; e)
reproducciones sobre temas de actualidad; f) citas; o (g) parodia.
El usuario no precisa de la autorización del titular para: a)
llevar a cabo los actos de reproducción necesarios para la
utilización del software con arreglo a su finalidad
propuesta, incluida la corrección de errores; b) realizar una
copia de seguridad; c) llevar a cabo actos de ingeniería
inversa para lograr la interoperabilidad del software con otros
programas informáticos (Arts. 5 y 6 Directiva 91/250 sobre la
protección jurídica de los programas de ordenador,
DOCE L 122/42 17 septiembre de 1991)
llevar a cabo los actos que sean necesarios para el acceso al
contenido de la base de datos y a su normal utilización; b)
utilizar la base de datos con fines ilustrativos de enseñanza
o de investigación científica; c) extraer o reutilizar
una parte sustancial de la base de datos con esos mismos fines
(Directiva 96/9 sobre protección jurídica de las bases
de datos, DOCE L 77/20 de 27 de marzo de 1996)
En el presente trabajo se utiliza el término “licencia”
por el uso que se hace del mismo en el entorno digital por influjo
de los sistemas de copyright. Ahora bien, debe precisarse que
estas licencias reciben la denominación de cesiones en
Derecho español o de concessions en Derecho francés.
Art. 99.II LPI: “cuando se produzca cesión del derecho
de uso de un programa de ordenador se entenderá salvo prueba
en contrario, que dicha cesión tiene carácter no
exclusivo e intransferible, presumiéndose, asimismo, que lo
es para satisfacer únicamente las necesidades del usuario”.
23 Vid. WIPO, Intellectual Property on the Internet: a
Survey of Issues, Doc. WIPO/INT/02, Diciembre
2002, disponible en http://ecommerce.wipo.int,
Vid. J. P. Aparicio Vaquero, Licencias de uso no
personalizadas de programas de ordendor, Granada, Comares, 2004,
Por ejemplo, la licencia del servicio de descarga de música
“iTunes” de Apple permite al usuario realizar
reproducciones del archivo musical descargado en un máximo de
cinco ordenadores. El sistema de protección incorporado a
estos archivos impide que se puedan hacer más copias.
Asimismo, el sistema solo permite que estas canciones sean
escuchadas en reproductores iPods comercializados exclusivamente por
Apple. Sobre el particular, vid. U.
Gasser, iTunes: How Copyright, Contract, and Technology Shape the
Business of Digital Media, 2004, disponible en
http://cyber.law.harvard.edu/home/2004-08
Se ha denunciado que algunos DVDs incorporan dispositivos que
impiden a los usuarios saltarse los anuncios antes del comienzo de
la película. Vid. T. B. Lee,
“Circumventing Competition. The Perverse
Consequences of the Digital Millenium Copyright Act”, Policy
Analysis, num 564, The CATO Institute, disponible en
http://www.cato.org/pub_display.php?pub_id=6025.,
Vid. R. Robertson, Legal Protection of Computer Software,
Londres, Longman, 1990, p. 2; J. C. Aparicio Vaquero, Licencias
de uso…, 2004, p. 297.
28 Software AG License Agreement: “Limited Warranty.
The Software is provided “as is” without any warranty
whatsoever. You assume full responsability for the selection of the
Software to achieve your intended results and for the instalation,
use and results from the Software”.
29 Así, las licencias de los programas de ordenador de
Macromedia incluyen la siguiente cláusula:: “MACROMEDIA’S
TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ACTUAL DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER
WILL BE LIMITED TO THE GREATER OF $ 500 US DOLLARS OR THE AMOUNT
PAID BY YOU FOR THE SOFTWARE THAT CAUSED SUCH DAMAGE”
La licencia para el programa de ordenador Jcreator LE de la compañía
Xinox Software, con domicilio social desconocido, establece, en su
cláusula 9.1 que “This licence is governed by Dutch
Law and is subject to exclusive jurisdiction of the Dutch courts”.
31 La cláusula 14.3. de la Licencia del programa Borland
Jbuilder 6 Personal establece: “This license will be
governed by and construed in accordance with the laws of the United
States and the State of California, without giving effect to any
conflicts or choice of laws principles that would require the
application of the laws of a different jurisdiction”
Debe advertirse que la nomenclatura utilizada dista mucho de estar
asentada. Así, muchas veces los conceptos click-wrap y
web-wrap se usan de manera indistinta. Además, es posible
encontrar otras denominaciones para estas mismas formas de
manifestación del consentimiento: browse-wrap agreements,
box-top licences…
El envoltorio del paquete contendrá una leyenda que nos
indica: “BEFORE YOU OPEN THIS PACKAGE: Carefully read the
following legal agreement regarding your use of the enclosed Brand
“X” product. By the act of opening the sealed package,
using the software or permitting its use, you will indicate your
full consent to the terms and conditions of this agreement. If you
don’t agree with what it says, you may return the software
package within 7 days of your receipt for a full refund”.
El ejemplo se encuentra en D. A. Einhorn, “Shrink-wrap
licences: the debate continues”, IDEA – The Journal
of Law and Technology, vol 38, num 3, 1998, pp. 383 – 401,
esp. 383.
La Licencia para usuario final del programa de ordenador Jcreator LE
de la compañía Xinox Software, establece que “....By
installing the Software, you (either and individual or a single
entity) consent to be bound by and become a party to this
Es corriente encontrar licencias de software como las de la compañia
MINOLTA en las que se indica: “Your clicking of the
“accept” button below indicates your acceptance of the
license agreement”, o “Please read carefully the
licence agreement bellow before downloading this software.
Downloading this software indicates your acceptance of the terms and
Sin duda, hay otros parámetros, excluidos del presente
trabajo, a partir de los cuales puede llevarse a cabo este análisis:
distorsión de la competencia en el sector considerado en un
determinado mercado; obstáculos para la innovación
tecnológica y el desarrollo de productos sustitutivos, etc…
hecho en Roma el 19 de junio de 1980 (versión consolidada).
DOUE L 334, 30 diciembre 2005.
Disponible en http://www.law.upenn.edu/bll/ulc/ucita/ucita200.htm
Section 109 (a): “The parties in their agreement may choose
the applicable law […]”.
Así interpreta la doctrina el Art. 5.2 del Convenio de Berna
en aquellos casos en los que no estamos ante una infracción.
vid. P. Torremans, “Copyright in English Private
International Law in the Light of Recent Cases and Developments”,
IPRax, 1998, pp. 495 – 505, esp. 497.
Cláusula de la IBM Public License.
Section 109 (a): “However, the choice is not enforceable in a
consumer contract to the extent it would vary a rule that may not be
varied by agreement under the law of the jurisdiction whose law
would apply under subsections (b) and (c) in the absence of the
“2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3, la
elección por las partes de la ley aplicable no podrá
producir el resultado de privar al consumidor de la protección
que le aseguren las disposiciones imperativas de la ley del país
en que tenga su residencia habitual: -
si la celebración del contrato hubiera sido precedida, en ese
país, por una oferta que le haya sido especialmente dirigida
o por publicidad, y si el consumidor hubiera realizado en ese país
los actos necesarios para la celebración del contrato, o -
si la otra parte contratante o su representante hubiera recibido el
encargo del consumidor en ese país, o
si el contrato fuera una venta de mercancías y el consumidor
se hubiera desplazado de este país a un
y allí hubiera realizado el encargo, siempre que el viaje
hubiera sido organizado por el vendedor con la finalidad de incitar
al consumidor a concluir una venta”.
Así, por ejemplo, Apple Computer incluye en sus licencias de
software de sistema para único usuario la siguiente cláusula:
“ [...] Salvo lo expresamente permitido en esta licencia,
usted no puede copiar, descompilar, invertir o desensamblar el
Software Apple, como tampoco modificar o crear trabajos
derivados o basados en el Software Apple ni en ninguna de sus
partes”. 45
Sentencia de la Corte Suprema Vault v. Quaid Software, 847 F,
2d 255. En la doctrina, vid.
N. Elkin-Koren, “Copyright Policy and the Limits of the
Freedom of Contract”, en Berkeley Technology Law Journal,
vol 12, 1997, p. 93 – 113.
46 Sentencia Court of Appeals Pro CD c. Zeidenberg, 86
F3d, 1447 (7th Cir. 1996). En la doctrina, M. O’Rourke,
“Drawing the Boundary Between Copyright and Contract:
Copyright Preemption of Software License Terms”, Duke Law
Journal, vol 45, 1995, pp. 479 – 558, esp. 482.
Estas disposiciones se refieren a los actos necesarios para el
acceso y utilización de la base de datos y el derecho del
usuario a extraer y utilizar partes no sustanciales de la misma.
El Art. 6 se refiere a los actos de descompilación de
software con fines de interoperabilidad mientras que el Art. 5.1 y 2
regula el derecho de usuario a realizar una copia de seguridad del
programa de ordenador y a estudiar su funcionamiento con el fin de
extraer los principios e ideas subyacentes, respectivamente.
El carácter imperativo se deriva de la sanción que
lleva aparejada la infracción de estas normas: nulidad de
pleno Derecho del acuerdo o práctica restrictiva de la
competencia (Art. 81.2 Tratado de la Comunidad Europea).
Art. 5 Directiva
86/653/CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la
coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo
referente a los agentes comerciales independientes (DOCE L 382, 31
diciembre 1986) y STJCE de
9 noviembre de 2000, C- 381/98, Ingmar c. Eaton, Rec. 2000,
pp. I-9305 y ss
51 Vid. T. Vinje, “Copyright
Imperilled?”, EIPR, vol 4 1999, pp. 192 – 207, p.
195; C. M. Correa, “Fair Use in the
Digital Era”, IIC, vol 33, 2002, pp. 570 – 585,
esp. 582; P. de Miguel Asensio, Derecho
privado…, 2004, p. 225.
Vid. A. Lepage, “Overview….”, 2003, p. 8.
Y ello aunque el primer país ya haya ratificado el Tratado y
la Comunidad Europea y sus Estados miembros estén dispuestos
a hacerlo en cuanto hayan terminado de incorporar la Directiva en
cuestión a sus legislaciones internas.
“[La] protección jurídica armonizada [de las
medidas técnicas de protección] no afecta a las
disposiciones específicas de protección previstas en
la Directiva 91/250/CEE. En concreto, no debe aplicarse a la
protección de medidas tecnológicas utilizadas en
relación con programas informáticos, la cual está
contemplada exclusivamente en dicha Directiva. Tampoco debe impedir
ni obstaculizar el desarrollo o la utilización de cualquier
medio destinado a neutralizar una medida tecnológica
necesaria para hacer posibles actos realizados de conformidad con lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 5 y en el artículo
6 de la Directiva 91/250/CEE. Los artículos 5 y 6 de dicha
Directiva establecen únicamente excepciones a los derechos
exclusivos a los programas informáticos.
En concreto las establecidas de conformidad con las letras a), c),
d), y e) del apartado 2 del artículo 5 o con las letras a),
b) y e) del apartado 3 del mismo artículo.
Sentencia de la Cour de cassation, 28 febrero 2006,
http://www.courdecassation.fr/agenda/agenda_new/I-2006-02-28-0515824-0516002-Decision-civ1.htm
Sentencia de la Cour d’Appel Bruxelles, 9 septembre
2005. http://www.droit-technologie.org/4_1.asp?jurisprudence_id=195
Directiva 2000/31 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la
Sociedad de la Información, en particular el comercio
electrónico en el mercado interior (Directiva sobre comercio
electrónico), (DOCE 178, de 17 Julio 2000, p. 1).
BOE num 15 de 17 enero 1996 modificada por Ley 47/2002, de 19
diciembre (BOE num 304, de 20 diciembre 2002).
Section 8. (a) If parties have agreed to conduct a transaction by
electronic means and a law requires a person to provide, send, or
deliver information in writing to another person, the requirement is
satisfied if the information is provided, sent, or delivered, as the
case may be, in an electronic record capable of retention by the
recipient at the time of receipt.
En este sentido puede consultarse la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Utilización
Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales
de Junio 2005. Disponible en
http://www.uncitral.org/uncitral/es/uncitral_texts/electronic_commerce/2005Convention.html.
Su Art. 9.2. establece que “cuando la ley requiera que una
comunicación o un contrato conste por escrito, o prevea
consecuencias en el caso de que eso no se cumpla, una comunicación
electrónica cumplirá ese requisito si la información
consignada en su texto es accesible para su ulterior consulta”.
Al respecto, vid. J. C. Aparicio Vaquero, Licencias de
uso…, 2004, p. 92 ss y toda la bibliografía allí
Vid., J. C. Aparicio Vaquero, Licencias de uso…,
2004, p. 144.
Arts. 5 y 7 Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales
de la Contratación (BOE num 89, de 14 abril 1998); Art. 305
del BGB alemán, Arts. 1341 y 1342 Código civil
italiano, Arts. 6:233 del BW holandés, Art. 113 y
133-2 del Code de la consommation francés.
En Specht c. Netscape Communications (Sentencia del SD NY,
July 3, 2001, Nota de R. Stern en EIPR num 23, vol 10, 2001,
pp. 155-157 y de H. K. Towle en CRI, vol 5, 2001, pp. 147 -
152) se consideró que la cláusula arbitral contenida
en las condiciones generales no era invocable, ya que no se exigía
a los usuarios visualizar el web-wrap agreement antes de
descargar el programa, por lo que no podían tener
conocimiento de las mismas con anterioridad al perfeccionamiento del
mismo. Otro caso más actual referido a la invalidez de una
cláusula compromisoria incluida en un web-wrap agreement
es Comb v. PayPal (2002 US District, LEXIS 16364). En
TicketMaster v. Tickets.com (2002, US District LEXIS 4553) el
tribunal indicó que la mera colocación de un link a
las condiciones generales no indica la existencia de consentimiento
a las mismas, al no existir prueba de que el adherente haya accedido
a las mismas. Tambien se admitió la cláusula de
sumisión en Forrest c. Verizon Communications (DC, No
01-CV-1101, de 29 agosto de 2002) y en Hughes c. McMenamon y AOL
(Massachussets Civil Action n. 2001-10981-RBC, 28 mayo 2002). En
ambos casos el juez rechazó el argumento de que existía
un “inadequate notice” (Vid. R. Casamiquela,
“Contractual Assent and Enforceability in Cyberspace”,
en Berkeley Technology Law Journal, vol 17, num 1, 2002, pp.
475 – 495, esp. 483). En cambio, en Decker c. Circus Hotel
(F. Supp 2d 743, D N.J. 1999), a pesar de que la cláusula se
exponía en otra página web, se aceptó su
validez porque el hipervínculo no dejaba lugar a dudas sobre
su aplicación al contrato. Del mismo modo, en Caspi v.
Microsoft (LLC 323, N.J Super. 118, (App. Div) cert. denied, 162
N.J. 199(1999) ) se aceptó la validez de la cláusula
de sumisión porque, a medida que se iba tramitando el
contrato, iban apareciendo ventanas con las condiciones generales
que el usuario tuvo la oportunidad de revisar antes del
perfeccionamiento. En, cambio, si se admitió la validez de
la cláusula de elección de foro. Vid.
H. K. Towle, “Online Contract Formation by Conduct”, en
CRI, vol 4, 2001, pp. 97 – 101.
Art. 2 Directiva 97/7/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20
de mayo de 1997, relativa a la protección de los consumidores
en materia de contratos a distancia, (DOCE L 144, de 4 junio 1997,
Directiva 93/13/CE del Consejo sobre las cláusulas abusivas
en los contratos celebrados por los consumidores.(DOCE L 95, 21 de
abril 1993, p. 29)
Directiva 99/44 sobre determinados aspectos de la venta y las
garantías de los bienes de consumo (DOCE L 171/12 de 7 julio
Art. 6.1 de la Directiva 93/13; Art. 12.1 de la Directiva 97/7; el
Art. 7.1 de la Directiva 99/44.
El Anexo de la Directiva incluye un listado declarativo de cláusulas
Así, por ejemplo, en el servicio de descarga de archivos
musicales “iTunes”, la
compañía se reserva “the right to change,
suspend, remove, or disable access... at any time without notice”.
Hasta donde se ha podido conocer, todavía
no ha sido testado ante los tribunales el carácter abusivo de
las cláusulas contractuales que impiden a los usuarios
disfrutar de las excepciones al derecho de exclusividad reconocidas
por las normas de propiedad intelectual. 73
Licencia de Borland JBuilder 6 Personal: “Some States do
exclusion may not apply to you. This limited warranty
gives you specific legal rights, and you may also have other legal
rights, which vary from state to state”.
En Italia, el servicio de descarga de música “Tiscali
Music Club” otorga a sus usuarios el derecho a “devolver”
los archivos de música que se han descargado dentro de los
siete días siguientes a su adquisición.
Propuesta de Chile para el Análisis de las Excepciones y
Limitaciones Doc SCCR/13/5 de noviembre de 2005. Disponible en http://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/es/sccr_13/sccr_13_5.doc
Sobre el particular, ver el comunicado de prensa de la OMPI de 3 de
octubre “Finalizada la serie de reuniones de las asambleas de
la OMPI”, disponible en http://www.wipo.int/edocs/prdocs/es/2006/wipo_pr_2006_462.html