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Timestamp: 2019-07-22 12:33:06
Document Index: 395502177

Matched Legal Cases: ['Artículo 24', 'artículo 38', 'artículo 34', 'artículo 42', 'artículo 54', 'artículo 51', 'artículo 79', 'artículo 54', 'artículo 10', 'in fine']

Diario de Sesión: Sesión Especial N° 21
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE A COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
HOMENAJE : Jovino Novoa Vasquez
HOMENAJE : Jorge Patricio Arancibia Reyes
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES S PROKURICA, GARCÍA, ORPIS, ROMERO, SILVA CIMMA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE FIJA PLAZO PARA MODIFICAR INSCRIPCIÓN ELECTORAL POR CAMBIO DE DOMICILIO (3764-06)
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES CANTERO, HORVATH, MUÑOZ BARRA, PÁEZ Y PARRA, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE, POR ESPECIAL GRACIA, LA NACIONALIDAD CHILENA AL SEÑOR IAN THOMSON NEWMAN (3765-07)
Sesión 21ª, en miércoles 15 de diciembre de 2004
(De 12:18 a 13:51)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR LARRAÍN FERNÁNDEZ, PRESIDENTE
III.	CUENTA..................................................................................................................
Reconocimiento y homenaje a Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (se rinde).............................................................................................
--Se abrió la sesión a las 12:18, en presencia de 31 señores Senadores.
De la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, por medio del cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, referido a la situación previsional de la persona que indica.
De la Comisión de Relaciones Exteriores y de la de Hacienda, recaídos en los siguientes proyectos de acuerdo, todos con urgencia calificada de "suma":
1) El que aprueba el "Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal con relación a los Impuestos a la Renta y sobre las Ganancias de Capital", suscrito el 12 de julio de 2003, y las Notas intercambiadas, en igual fecha y lugar, relativas a dicho Convenio (Boletín Nº 3.723-10).
2) El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y la República de Croacia para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación al Impuesto a la Renta" y su Protocolo, suscritos el 24 de junio de 2003 (Boletín Nº 3.724-10).
3) El que aprueba el "Convenio entre la República de Chile y el Reino de Dinamarca para Evitar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal en relación a los Impuestos a la Renta y al Patrimonio" y su Protocolo, suscritos el 20 de septiembre de 2002, y las correcciones introducidas al párrafo 4. del Artículo 24, acordadas por intercambio de Notas de fechas 5 y 20 de noviembre de 2003 (Boletín Nº 3.725-10).
Dos de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, recaídos en las solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentadas por doña Carmen Gloria Álvarez Burgos y don Juan Witaler Jara Navarrete (Boletines Nºs. S 761-04 y S 767-04, respectivamente).
De los Senadores señores Prokurica, García, Orpis, Romero y Silva, con la que inician un proyecto de ley que fija plazo para modificar la inscripción electoral por cambio de domicilio (Boletín Nº 3.764-06).
De los Senadores señores Cantero, Horvath, Muñoz Barra, Páez y Parra, con la que inician un proyecto de ley que concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Ian Thomson Newman (Boletín Nº 3.765-07).
(Esas dos iniciativas no podrán ser consideradas en tanto Su Excelencia el Presidente de la República no las incluya en la convocatoria a la actual Legislatura Extraordinaria de Sesiones del Congreso Nacional).
Del señor Victoriano Quiroz Acuña, por medio de la cual pide la rehabilitación de su ciudadanía (Boletín Nº S 770-04).
La presente sesión fue convocada, a solicitud de los Comités Socialista, Mixto (Partido Por la Democracia), Demócrata Cristiano e Institucionales 2 e Independiente, con el propósito de hacer un reconocimiento y rendir homenaje a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, denominada "Comisión Valech".
Quiero saludar a los integrantes de ese organismo que nos acompañan en las tribunas, encabezados por Monseñor Sergio Valech, y a todas las personas que trabajaron en él. Estamos muy honrados con su presencia. Esperamos desarrollar un debate de gran importancia, dado el tenor del Informe que se ha emitido.
Deseo recordar que, con fecha 10 de junio de 2003, el Senado aprobó un proyecto de acuerdo por medio del cual se solicitó al Presidente de la República enviar al Parlamento una iniciativa de ley destinada tanto a resolver el problema de reparación a los ex presos políticos y a personeros torturados durante el período del Gobierno militar como a lograr la reconciliación nacional.
Con esa finalidad se creó posteriormente -no podemos atribuirnos la autoría- la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, cuyo trabajo se concretó en el Informe que hoy es objeto de discusión.
La sesión se encuentra citada hasta las 13:30 y se han inscrito 11 señores Senadores (mientras más inscritos haya, menos tiempo corresponderá a cada uno). Por lo tanto, cada orador podrá usar de la palabra hasta por 7 minutos. Si alguien ocupara menos -como se ha señalado a la Mesa-, eso permitiría una administración más generosa del tiempo de que se dispone.
Señor Presidente , señores miembros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura:
Esta mañana rendimos homenaje a ese Honorable organismo, autor del Informe a través del cual el país tomó conocimiento del testimonio desgarrador de alrededor de 35 mil chilenas y chilenos que fueron sometidos a diversas formas de crueles torturas durante el Régimen del General Pinochet.
Sin lugar a dudas, después del Informe de la Comisión Rettig, las conclusiones de la Comisión Valech -como se la ha denominado- son un enorme y decisivo paso para que nuestro país siga avanzando en el conocimiento de la verdad histórica y para asegurar el ¡NUNCA MÁS!
Ésta es una gran victoria de la verdad y una gran derrota del olvido y de quienes querían dar vuelta la página.
Por eso, no nos sorprende que voces minoritarias se hayan levantado para expresar su molestia o rechazo. Son los mismos que ayer criticaron el Informe Rettig, que hoy nadie desconoce; son los mismos que con su actuar fueron cómplices, por omisión o por acción, de barbaridades que no tienen justificación alguna.
Sin embargo, hoy la inmensa mayoría del país ha valorado y legitimado este Informe, partiendo por las propias instituciones de las Fuerzas Armadas y de Orden, que han reconocido sus responsabilidades y lamentado que en sus recintos ocurrieran tales hechos.
¡Qué ejemplo de coraje, valentía y humildad de las nuevas generaciones de esas instituciones!, mientras los verdaderos responsables callan o les echan la culpa a las circunstancias. Con su gesto, aquéllas han dado un paso decisivo hacia la reconciliación y el reencuentro entre los chilenos.
Señor Presidente , son esos hechos los que nos han llevado a los Senadores de la Concertación a convocar a esta sesión especial para hacer un reconocimiento a la denominada "Comisión Valech".
Por eso, como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos , Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, quiero agradecer a los hombres y mujeres de variadas inspiraciones espirituales y políticas que integraron dicha Comisión, y muy especialmente, por la altura moral, la dedicación y la seriedad con que cumplieron su cometido. Vayan para ellos todo nuestro respeto y agradecimiento por su noble tarea.
De igual manera, deseamos hacer un reconocimiento a quienes dieron sus testimonios, ya que sabemos que no es fácil expresar ante una comisión hechos tan dolorosos, tan íntimos y degradantes para el ser humano, como los que sufrieron.
De la misma forma, vaya un reconocimiento hacia quienes en el pasado levantaron su voz para denunciar que en Chile se torturaba. Especialmente, a la Iglesia Católica, en la persona del Cardenal Silva Henríquez ; a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, representada por don Jaime Castillo Velasco ; al Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo , representada por el Padre José Aldunate . Ellos, a riesgo de sus vidas, por un imperativo moral, ¡nunca callaron!
Señor Presidente , la tortura es una forma de comportamiento o castigo intencionalmente cruel, inhumana y humillante. Por eso, hoy en día los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos la consideran como un crimen de lesa humanidad -por lo tanto, imprescriptible e inamnistiable-, estableciéndose además el deber de los Estados de reparar a las víctimas.
La tortura es la materialización de una voluntad consciente y planificada del poder político para destruir la dignidad de las personas.
Son conocidos los efectos devastadores de la tortura. El que la ha sufrido tiene dificultades para hablar y escribir sobre ella. Una víctima de la tortura no es capaz de comunicar lo que ha sufrido. Y, sin embargo, el dolor acumulado y retenido quiere ser expresado.
Por ello, en los países donde se ha practicado la tortura se debe vivir el duelo como un proceso, más que dar vuelta la página o tratar de lograr una forzada reconciliación nacional, como algunos proponen.
Ese proceso de duelo es tan sanador que nos permite tomar conciencia de toda la brutalidad que fuimos capaces de soportar. Ello, no para restregar heridas con propósitos vengativos, sino para aumentar la toma de conciencia sobre la irracionalidad a que el hombre puede llegar. Y por eso la verdad y la justicia son elementos fundamentales.
Entonces, cabe preguntarse qué fue lo que llevó a que personas normales, con familia, que profesaban una religión, que eran vecinos y conocidos nuestros, de la noche a la mañana se transformaran en verdugos de sus propios compatriotas, asumiendo la tortura como una forma de vida y de trabajo.
Si bien se ha dicho y sostenido que no existía una doctrina institucional para torturar, en los hechos ella existió. Nadie puede desconocer que los cuadros de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden fueron formadas bajo el imperio de la Doctrina de la Seguridad Nacional, que constituyó el sustento ideológico para esas prácticas.
Tan cierto es aquello, que en todos los países latinoamericanos donde hubo regímenes militares se aplicó la misma lógica, que era ver a sus compatriotas como enemigos a los cuales había que derrotar y destruir dentro del contexto de la guerra.
No nos engañemos: la Doctrina de la Seguridad Nacional fue la base y la sustentación ideológica para la violación sistemática de los derechos humanos, a las cuales nuestras Fuerzas Armadas y de Orden no pudieron estar ajenas.
Pero eso no sólo no fue suficiente. También hubo un clima de polarización, de confrontación y radicalización de la sociedad que llevó a un porcentaje importante de chilenos, en aras de la defensa de la propiedad, de la tranquilidad de la familia, de la seguridad, a hacer vista gorda de lo que sucedía y, en el fondo, a aceptar que todo estaba permitido.
Además, existía una débil cultura de respeto a los derechos humanos. La sociedad fue incapaz de reaccionar ante tan lamentables hechos. Sólo basta recordar los titulares de la prensa de aquella época para darse cuenta de la magnitud de la situación.
En el drama vivido por nuestro país hay diversas responsabilidades: morales, políticas e institucionales. Pero no cabe la menor duda de que los mayores responsables de las violaciones a los derechos humanos son quienes detentaron el poder en aquel entonces, aquellos que entendieron que la Doctrina de la Seguridad Nacional era una supuesta guerra interna, una cruzada contra el comunismo internacional, y declararon la guerra al pueblo, sembrando el terror y la muerte a lo largo y ancho de nuestra tierra.
Señor Presidente , usted me señala que ha expirado mi tiempo. Lo considero lamentable. Pero voy a decir unas últimas palabras, para cerrar mi intervención.
Cuando se conculcó el derecho a la información y se cerraban radioemisoras, diarios y revistas, los que se dicen defensores de la libertad callaron. Y, hasta hoy, siguen guardando silencio.
Cuando personas destacadas e instituciones morales denunciaban las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrían en nuestro país, algunos civiles que ocupaban altas responsabilidades políticas y que hoy forman parte de este Honorable Senado las descalificaban y desprestigiaban.
Señor Presidente , a los socialistas se nos ha acusado de que somos un obstáculo para la reconciliación; de que siempre estamos poniendo dificultades; de que queremos el revanchismo y el linchamiento público de los responsables; de que andamos promoviendo una cacería de brujas.
Queremos ser muy claros.
En nuestro actuar no hay ni odio ni resentimiento, ni menos ánimo de venganza, a pesar de que la inmensa mayoría de las víctimas pertenecen a nuestro Partido.
Hemos asumido nuestras equivocaciones. Pero todas ellas ocurrieron en un clima donde la verdad se discutía a través de la prensa todos los días, donde funcionaban los Poderes del Estado.
Nuestros errores, como asimismo el clima de confrontación que se generó, no pueden servir para justificar las atrocidades cometidas durante el Régimen militar.
No tengo ninguna duda de que, por los principios y valores que hemos sustentado desde nuestro nacimiento, jamás permitiríamos -ni ayer ni hoy- que nuestros adversarios fueran perseguidos, torturados o hechos desaparecer.
Aun pudiendo tener temor, jamás permitiríamos que se violaran los derechos humanos. Bajo ninguna circunstancia, política o excepcional...
Termino, señor Presidente , diciendo que cualquier reparación jamás podrá mitigar tanto dolor y sufrimiento.
Por eso, es necesario reivindicar la legitimidad de la honra de los presos políticos, de los torturados y de sus familias. Debemos señalar una y mil veces que se trató de líderes sociales, de dirigentes sindicales, de campesinos, de integrantes de organizaciones juveniles, de intelectuales, de artistas, de dirigentes políticos, de oficiales y soldados de las Fuerzas Armadas y Orden que tuvieron ideales y creyeron en un Chile justo y solidario. Y también debemos manifestar, con la misma fuerza y decisión, que no eran delincuentes, que no eran terroristas, que no eran antipatriotas, como se les acusó y denigró, sino personas que tenían sueños y esperanzas.
Por último, los socialistas...
Por respeto a los demás Senadores inscritos...
Ya termino, señor Presidente .
Una vez más, los socialistas damos nuestros agradecimientos a los integrantes de la Comisión Valech por su aporte a la verdad y a la reparación moral de las víctimas. Y, al mismo tiempo, queremos pedir disculpas a los presos y torturados por habernos demorado tanto en enfrentar su drama.
Ruego al público asistente abstenerse de efectuar manifestaciones, para poder realizar una reunión lo más normal posible.
Por otra parte, insisto a los señores Senadores en la necesidad de ceñirse al tiempo asignado, porque, en caso contrario, se perjudicará a los otros oradores que también quieren hacer uso de la palabra. Si llegada la hora de término no se acuerda una prórroga, varios de ellos quedarán sin intervenir.
Señor Presidente , en nombre de la bancada de los Senadores de la Democracia Cristiana, quisiera dejar establecido que valoramos muy particularmente, en esta sesión especial, la iniciativa del Primer Mandatario al designar la Comisión Valech. Reconocemos la valentía y coraje del Presidente Ricardo Lagos para señalar ante el país que la violación a los derechos humanos fue una política institucional del Estado.
Y agradecemos esencialmente a los integrantes de la referida Comisión, quienes se hallan aquí con nosotros. Queremos expresarles que con su trascendente trabajo han prestado un invaluable servicio a nuestra patria y a miles de chilenas y chilenos que con seguridad se sentirán más reconocidos y reconfortados, aunque sea en parte, frente a su angustia y dolor.
Los miembros de la Comisión, de distintos pensamientos y experiencias, revelan en el informe una unidad de apreciaciones y conclusiones frente a los hechos declarados. Realizaron una intensa labor ad honórem, con tremenda eficiencia, a lo largo de todo el país. Y contaron con la colaboración de un grupo de jóvenes profesionales, también hoy presentes, quienes fueron tal vez quienes más sufrieron, porque debieron oír todos los testimonios.
El Informe trata de hechos que durante muchos años corrieron de boca en boca y fueron denunciados por pocos medios de comunicación, alternativos, no oficialistas, así como por la Vicaría de la Solidaridad y por las Naciones Unidas. Pero en ese momento muy pocos escucharon. Hoy sabemos que los hechos fueron más graves y masivos de lo que imaginábamos.
Y quisiera decirlo con toda claridad, en nombre de los Senadores de la Democracia Cristiana: ningún contexto político confrontacional o violento permite que las instituciones del Estado usen métodos represivos en contra de la ley chilena o internacional. Toda justificación en ese sentido es una cobardía moral.
Formulamos, asimismo, un llamado a aquellos civiles que participaron en cargos de autoridad en el Gobierno de la dictadura y que por acción u omisión no tomaron las medidas necesarias, para que ahora sepan reconocerlo y también puedan pedir perdón frente al país.
Constituye una herida que debemos sanar. Porque resulta inaceptable justificar lo que sucedió durante el Régimen dictatorial en cuanto a represión, tortura, muerte, envenenamiento, desaparición de personas, ejecuciones políticas, detenciones arbitrarias, exilio y otras acciones de persecución a la disidencia. No se puede argumentar, con un sentido mínimo de conciencia moral, que ello se justifica por errores o violencias vinculadas a hechos anteriores a 1973.
Lo que hoy se denuncia no nos causa sorpresa. Fuimos testigos de lo que sucedía durante la dictadura. Muchos de nuestros camaradas murieron. Otros sufrieron la persecución, el exilio, la detención, la tortura, la cárcel y la exoneración del trabajo.
Para los democratacristianos, la defensa de la dignidad de los seres humanos es un elemento fundamental en nuestra visión de la sociedad. Y es por ello que siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo los derechos humanos de toda persona, sin consideración política o ideológica y sin pensar si es amiga o adversaria.
En esta oportunidad reiteramos nuestro compromiso, porque muchas de las proposiciones de la Comisión Valech requieren la aprobación del Poder Legislativo. Pero no olvidemos que la discusión sobre la reparación se debe hacer partiendo del dolor y el daño sufridos por las víctimas. Por tal motivo, se desplegará agilidad y dedicación, en el caso de nuestra bancada, por respeto a los que sufrieron, quienes han visto abrirse una reparación que sabemos que nunca será suficiente, frente al tremendo perjuicio moral, psíquico y material provocado. Sobre el particular, nos hallamos dispuestos a estudiar las diversas propuestas que se formulen.
Sabemos que en el país se ha generado una mayoritaria conciencia que reconoce la verdad. Hacemos un llamado para que reaccionen los organismos públicos y las personas individuales, que pueden y deben entregar su cooperación para el bien de Chile.
En su momento, ningún estamento del Estado reaccionó como correspondía frente a la ocurrencia de los hechos. En ellos había quienes tomaban las decisiones, quienes las llevaban a la práctica y otros que las apoyaban. Por tal razón, hoy se agigantan aquellos que en esos años se jugaron por la democracia y el respeto a los derechos humanos.
Y no quiero dejar de expresar que el recuerdo de nuestro amado Cardenal don Raúl Silva Henríquez se engrandece en el alma de cada una de las chilenas y chilenos que tuvimos el privilegio de conocerlo, de disfrutar de su amistad o de trabajar con él.
Para terminar, señor Presidente , deseo consignar que con mi familia también estamos recorriendo el duro, incomprendido y largo camino para encontrar la verdad, que cada vez está más cerca de lograrse gracias a que la justicia actúa, como debe ser siempre la tarea de nuestros tribunales.
Hemos aprendido, de tantos testimonios de personas que han sufrido la muerte y desaparición de sus familiares, que se debe saber superar el odio, la ira o la venganza. Pero lo anterior no nos impedirá nunca buscar con constancia la verdad y la justicia, porque sólo ello nos dará paz y la certeza de que quienes puedan tentarse alguna vez con recurrir a métodos inhumanos sabrán que la verdad y la justicia finalmente se imponen.
Gracias, Monseñor Valech . Gracias, Miguel Luis Amunátegui . Gracias, Lucas Sierra . Gracias, José Antonio Gómez . Gracias, Elizabeth Lira , psicóloga que ha estado investigando las consecuencias de la tortura. A María Luisa Sepúlveda y a los abogados Luciano Fouilloux y Álvaro Varela , nuestro cariño, nuestra admiración, nuestro respeto.
Señor Presidente , en 1991, el Informe Rettig permitió esclarecer la real extensión e intensidad que alcanzaron las violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno militar. Hoy, el Informe sobre Prisión Política y Tortura viene a completar la tarea de develar esa parte dolorosa de nuestra historia reciente, cuya comprobación, junto con remover nuestras conciencias, reclama el más claro, categórico e irrevocable rechazo, pues ni el contexto histórico en que los hechos ocurrieron ni las provocaciones que los precedieron pueden justificar prácticas repudiadas por la conciencia de la Humanidad, y menos aún si ellas fueron cometidas por agentes del Estado, quienes son los llamados a proteger la dignidad y los derechos de las personas.
Los miembros de la Comisión que presidió Monseñor Valech merecen un justo reconocimiento por haber efectuado su trabajo con honradez, seriedad y responsabilidad.
El contenido del Informe, más allá de los errores que puede contener producto de las limitaciones que la Comisión enfrentó por no ser un tribunal de la República, evidencian un hecho incontrarrestable: en Chile se violaron gravemente los derechos de las personas.
Nuestra historia reciente debe marcar a fuego la convicción absoluta de que la plenitud democrática y el Estado de Derecho son los únicos diques capaces de contener la violencia, de hacerla inútil y de proscribirla de manera permanente.
Cada vez que se debilita el sistema democrático aumenta el riesgo de que se violen los derechos humanos. La experiencia del pasado así lo demuestra.
¿Qué ocurrió en la sociedad chilena? ¿Qué factores influyeron para que un país como el nuestro, con una arraigada tradición democrática, haya vivido un período donde se violaron gravemente los derechos de las personas?
Quizás la respuesta se encuentre en constatar que el conflicto fundamental del siglo XX fue el antagonismo entre la democracia y las diversas formas de autoritarismo y totalitarismo, hoy en retirada.
Las ideologías que aspiraron a sustituir la democracia se basaban en el desprecio por el derecho y en la apelación a la fuerza. La utopía de creer que la fuerza separada del derecho es controlable parte de una premisa falsa, ya que olvida que la fuerza separada de la ley sólo conduce al abuso, a la arbitrariedad, e inexorablemente, a la violación de los derechos de las personas.
Es útil recordar algunas de las conclusiones del Informe Rettig, preparado al inicio del período democrático, durante el Gobierno de Patricio Aylwin:
"Se destruyen los puntos de consenso entre los chilenos relativos a instituciones, tradiciones, supuestos de convivencia social y política que eran fundamentales para resguardar los derechos humanos.".
"Importantes sectores de la izquierda asumen como propios los planteamientos de la Revolución Cubana y ponen en primer plano la vía armada para conquistar el poder, afirmando que el camino del enfrentamiento es el único real y posible.".
"El profundo ideologismo caracterizado por modelos cerrados e intransables, conduce a la exacerbación de los odios y al desprecio de la persona del adversario, hasta impulsar incluso su eliminación física.".
"Hasta su decisiva intervención en septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas se mantuvieron al margen de la crisis y en el papel de profesionalismo, disciplina, obediencia al poder civil y neutralidad política que la Constitución les asignaba.".
En síntesis, si de verdad aspiramos al reencuentro entre los chilenos, a cerrar las heridas del pasado, no podemos bajo ningún pretexto justificar las violaciones a los derechos humanos, pero tampoco podemos ignorar las causas que generaron el clima de violencia que durante esas décadas afectó a nuestra sociedad.
Nuestro deber es conocer la verdad, asumirla; asumir las responsabilidades políticas y morales que a cada uno le corresponden, con el propósito de liderar y confluir en una visión compartida hacia el futuro.
Sobre esto quisiera expresar las siguientes ideas:
Valoramos en toda su dimensión que el Comandante en Jefe del Ejército haya asumido las responsabilidades que como institución caben al Ejército en los hechos punibles y moralmente inaceptables del pasado. Pero a la vez vemos en este reconocimiento el cumplimiento de un imperativo ético y no un motivo para culpar al Ejército por esos crímenes, pues en un Estado de Derecho democrático las responsabilidades penales son personales y compete a los tribunales esclarecerlas y hacerlas efectivas. Las Fuerzas Armadas y Carabineros son instituciones permanentes que pertenecen a las pasadas, presentes y futuras generaciones, por lo que sería injusto e insensato juzgarlas hoy como responsables de las faltas de algunos de sus mandos que en el pasado no pudieron o no quisieron prevenir y reprimir los abusos y delitos cometidos; y más grave sería estigmatizar a generaciones de soldados que sirvieron lealmente al país, que jamás promovieron, apoyaron ni justificaron las violaciones a los derechos humanos, que, por lo demás, fueron ocultas y sistemáticamente negadas.
Renovación Nacional, desde su fundación, condenó toda violación a los derechos humanos, porque creemos que ellos deben respetarse siempre y en todo lugar, sin excusas ni ambigüedades. Hemos sostenido que una auténtica reconciliación y un reencuentro entre los chilenos sólo son posibles sobre la base de la verdad, sin tergiversaciones, verdades a medias o verdades truncas. En suma, se debe tener una sola línea, sin dobles estándares, sin dobleces.
Mucho se ha hablado de la necesidad de hacer una auténtica autocrítica y asumir sus propias responsabilidades en esta materia.
En 1990 decíamos: "¿Por qué es tan difícil que cada uno de nosotros admita lo que nadie ignora? ¿Puede la izquierda desconocer que introdujo y validó la violencia política en Chile desde mediados de la década de los 60? ¿Pueden los altos mandos de las Fuerzas Armadas negar que no impidieron ni sancionaron ni actuaron con la más elemental diligencia para evitar los graves atentados a los derechos humanos cometidos durante su Gobierno? ¿Pueden los partidarios del Régimen militar, particularmente quienes ejercieron cargos públicos, desconocer que no protestaron ni actuaron con la energía y fuerza suficientes ante hechos de tal gravedad y naturaleza?" ¿Pueden las autoridades del Poder Judicial desconocer que hicieron prevalecer las excusas formales de las autoridades de la época por sobre su obligación de indagar a fondo los atropellos a los derechos de las personas, dándoles la debida protección?
No participé del Gobierno militar ni tuve cargo alguno en él. Por lo mismo, puedo señalar sin dobleces que resulta incomprensible el pretender estigmatizar y hacer un verdadero asesinato de imagen a los civiles que lo apoyaron, gran parte de los cuales lo hicieron inspirados en la necesidad de participar en la instauración de un proceso modernizador del país que permitiera reconstruir nuestra sociedad y devolver a Chile el impulso creador que le abriría nuevas posibilidades de progreso.
Caer en las estigmatizaciones es derechamente entrar en un conflicto sin fin.
Deme un minuto y termino, señor Presidente.
Así no se avanza un ápice en el propósito por todos declarado: lograr la unidad de los chilenos, pacificar los espíritus y proyectar todas nuestras potencialidades para construir un país mejor.
Los líderes políticos no podemos claudicar de nuestras responsabilidades públicas. Esconder la cabeza como el avestruz es lo más cómodo, limitándose a señalar que se ha hecho todo lo posible y que finalmente este proceso que se origina en una crisis política debe simplemente resolverse en el ámbito judicial.
No se trata de ocultar la verdad y de manera soterrada propiciar la impunidad. Simplemente, se trata de actuar con la altura que la historia del país nos exige.
La actual dinámica de los hechos, en que se entrega toda solución a los tribunales, conduce inevitablemente a que la reconciliación sea siempre una ilusión frustrada. Lo correcto y lo bueno para Chile es liderar soluciones políticas que cuenten con el necesario respaldo de la ciudadanía.
El Presidente Lagos ha dicho que el propósito del informe es "sanar las heridas y no reabrirlas".
Si todos señalan haber asumido las lecciones de esta dura realidad, ¿qué nos falta para sanar las heridas y para no reabrirlas?
Primero, ofrecer nuestra solidaridad a las víctimas; nuestro compromiso de reivindicar su honor y su dignidad como seres humanos; apoyar la justa reparación que la sociedad les debe por obligación moral.
Su tiempo, señor Senador.
Segundo, crear de verdad los incentivos para que quienes tienen información sobre la ubicación de los restos de los detenidos desaparecidos la aporten y, finalmente, cada familia afectada pueda conocer dónde están las víctimas y qué ocurrió con ellas.
Tercero, agilizar los procesos que llevan adelante los tribunales, fijando plazos concretos para su término, ya que muchos de ellos se extienden indefinidamente, lo que es contrario a los principios más elementales de un Estado de Derecho. Así los tribunales, mediante sentencias ajustadas a la ley, resolverán la culpabilidad o inocencia de quienes aparecen vinculados a estos casos.
Finalizo en seguida, señor Presidente.
Al concluir, sólo quiero expresar, en nombre de los Senadores de Renovación Nacional, nuestro compromiso de trabajar junto a todos ustedes para lograr que la reconciliación y la paz social no sean sólo el sueño y la esperanza de un país entero, sino una realidad y, quizás, nuestro más importante legado para las futuras generaciones.
Señor Presidente, Honorable colegas, hablo en nombre de los Senadores Radicales y en mi condición de Presidente Nacional del Partido Radical.
El Honorable Senado ha convocado a esta sesión para rendir homenaje a la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.
¡Muy justificado homenaje, señor Presidente!
Es útil empezar recordando la buena idea del Jefe del Estado para llamar a constituir una Comisión de esta naturaleza, sin duda como una forma de continuar el proceso iniciado en el primer Régimen democrático, del Presidente Aylwin : primero, con la Comisión relativa a los detenidos desaparecidos; luego, con la denominada "Mesa de Diálogo", y finalmente, con la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que se abocó a todo lo que significó el terrible período de torturas y de actos de análoga naturaleza contrarios a las más elementales normas de ética y de sentido humano.
Algunos principios fundamentales debiéramos rescatar de todo esto.
Evidentemente, en consonancia con la petición del Presidente de la República , la Comisión Valech ha sabido actuar con plena sensatez y en la convicción de que las medidas que se adopten intenten borrar el pasado en función del daño causado a la tranquilidad de la colectividad chilena, pero sin que esa convicción de borrarlo signifique no hacer justicia y no determinar lo que sea menester para avanzar en un proceso de reparación fundamental a las víctimas.
En el fondo, señor Presidente, estamos culminando un proceso que hace bien a la democracia chilena, a su perfeccionamiento y a su mantención normal.
No podemos dejar de convenir en que los actos informados por estas Comisiones y las medidas que en el último tiempo se han venido implemento apuntan a una finalidad elemental.
¿Será necesario que la sociedad chilena siga lacerándose con el recuerdo de actos deplorables? Honestamente, creo que no.
Ni el Presidente de la República , cuando designó esta Comisión, ni el Comandante en Jefe del Ejército , cuando, en una declaración notable, reconoció que había responsabilidad del Estado y de las Fuerzas Armadas en los casos a que se refirió, evidentemente han querido que se sigan lamentando estos casos a perpetuidad.
No hacemos Chile, no construimos lo que el país necesaria y vehementemente anhela para el futuro si simplemente seguimos manteniendo estas responsabilidades in aeternum.
Aquellos hechos, deplorablemente, se produjeron. Mi Partido los ha lamentado, e hizo lo mismo ante el hecho de que durante muchos años se haya guardado silencio acerca de ellos. Sin embargo, cuando se tiene el coraje de constituir esas comisiones o de hacer planteamientos como los formulados por el Comandante en Jefe del Ejército o por el Senado, se deben sacar conclusiones evidentes.
Consagrar que hubo responsabilidades de Estado en estos casos es un principio notable. Y este elemento permite al Chile de hoy hacer gala ante la comunidad mundial al decir que nuestro país no efectúa un borrón sobre el pasado, sino que reconoce las consecuencias de lo ocurrido, manifiesta la necesidad de solucionarlas y, en su virtud, olvida los daños en función de la reparación que merecen las víctimas de todo ese proceso.
Quién sabe si es una paradoja, señor Presidente , pero me parece curioso un artículo de la Constitución Política de 1980, a la cual hemos estado abocados en el último tiempo, tratando de realizar las modificaciones indispensables sobre disposiciones que no resultan convenientes. Sin embargo, con frecuencia olvidamos otras normas consagradas en la Carta Fundamental que han sido útiles y lo seguirán siendo.
Me refiero especialmente al artículo 38. No quiero olvidar lo que señala ese precepto. Dice que cualquier persona que se sienta lesionada en sus derechos por actos de la Administración del Estado o de sus órganos podrá reclamar la reparación ante los tribunales de justicia.
Ese artículo, señores Senadores, está vigente y, a nuestro juicio, se aplica a las circunstancias que se han planteado, aun cuando muchas de ellas se hayan generado con antelación. No hay que olvidar que se trata de una norma de Derecho Público que regula in actu las situaciones referidas, a pesar de que se hayan originado en acontecimientos del pasado.
En todo caso, cabe tener presente que muchos de los actos descritos en el Informe de la Comisión Valech sucedieron con posterioridad a la aprobación y vigencia de la Constitución de 1980. De tal manera que, cuando se está en presencia de normas activas de índole constitucional, no puedo menos que reflexionar acerca del silencio que se pretende hacer respecto de todos esos hechos.
Sólo necesito un segundo para finalizar, señor Presidente .
Creo que se hace bien en mantener este silencio en los términos que establece el proyecto en estudio en la Cámara de Diputados. Pero hay que hacer una salvedad: cualquiera de los afectados o de sus familiares tiene legítimo derecho a recurrir a los tribunales. En tal evento, la justicia no podría estar impedida, por una norma de silencio, de conocer el caso específico de que se trate.
Por último, señor Presidente , celebro que el Senado de la República haya convocado a esta sesión, pues se trata de un merecido homenaje a quienes entregaron todo su esfuerzo y su convicción ética y moral en actos de mucha relevancia. Con esto se intenta poner término a una situación que yo reflejo de la siguiente forma: olvido del pasado, no; pero sí resguardar, en una concepción perfectamente ética y definida, la necesidad de empezar a solucionar los problemas de reparación y de justicia.
Señor Presidente , señoras Senadoras y señores Senadores:
Chile ha dado un paso más a favor de la reconciliación de su pueblo. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, que presidió el Obispo Sergio Valech , ha elaborado un documento de trascendencia histórica, el cual, después del Informe Rettig, constituye la segunda investigación que deja al descubierto los graves crímenes cometidos bajo el Gobierno que dirigió el General Pinochet.
Debo reconocer, Honorables colegas, que la lectura que hice del Informe Valech me impactó hondamente. No puedo decir que por primera vez supe que en Chile se torturaba; por el contrario, sostengo que ningún chileno puede afirmar que carecía de evidencias respecto de la práctica de la tortura. Sin embargo, al leer el cúmulo de antecedentes y de reflexiones sobre quienes la padecieron, me he sentido profundamente conmovido ante tanta crueldad, ante tanta irracionalidad por parte de los torturadores y ante tanto dolor, desamparo y atropello en contra de la dignidad y los derechos de las víctimas.
Por ello, después de la lectura del Informe de la Comisión , he valorado aún más la enorme importancia de las opiniones del Comandante en Jefe del Ejército , General Juan Emilio Cheyre , cuando ha afirmado: "Nunca más" a la violación de los derechos humanos; "nunca más" al protagonismo impropio de las Fuerzas Armadas -y tampoco a su ostracismo-, y cuando ha señalado, textualmente: "Las violaciones a los derechos humanos nunca, y para nadie, pueden tener justificación ética".
Su documento "Ejército de Chile: el fin de una visión" tiene, para mí, la inteligencia, la valentía y el honor del soldado que explica las raíces profundas de lo ocurrido en Chile y reconoce los errores cometidos por la Institución y por quienes la integran, agregando que el Ejército continuará colaborando con la justicia.
El documento del General Cheyre es, asimismo, un compromiso con la democracia. Este compromiso del Ejército con la verdad, la justicia, el respeto a los derechos humanos y la democracia debe ser también el compromiso, sin excepción, de todos nosotros, los políticos, y de toda la sociedad nacional.
A su modo, aunque no con la misma claridad ni con el mismo énfasis, las demás ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden se han pronunciado sobre estos temas, en términos de altura y de proyección a futuro.
Ahora bien, el Informe de la Comisión que presidió Monseñor Valech es el resultado de una investigación ardua y rigurosa, que recogió el doloroso testimonio de las víctimas de la tortura. Y este recurso deleznable de quienes ejercieron el poder en aquel período no sólo tuvo efecto dañino en lo físico y en el alma de los violentados, sino que también afectó a sus familias y a su entorno social, malogrando vidas, destruyendo hogares y frustrando expectativas de vida personales y familiares.
Los torturados difícilmente pudieron acceder a tratamientos especializados para neutralizar las secuelas de sus experiencias o encontrar fuentes de trabajo, porque sufrieron marginación laboral y social. Además, muchos de ellos optaron por el exilio -a veces este concepto me parece un eufemismo del destierro, una de las más graves penas que se aplican desde la antigüedad- o fueron forzados a ello. Otros -la gran mayoría- continuaron viviendo en Chile, experimentando el temor y el desamparo, porque tampoco existió un Poder Judicial que asumiera la defensa de sus derechos, ya que, según afirma hoy la Corte Suprema -en mi opinión, erradamente-, de haber llevado a cabo acciones más eficaces, "probablemente ello no habría tenido resultados significativos". Es decir, la Alta Corte sostiene que los tribunales no cumplieron su deber de protección de los derechos individuales porque probablemente no habrían tenido éxito. Considero que este hecho significó haber renunciado a ejercer sus atribuciones constitucionales.
La riqueza de la información entregada por las víctimas, la cual fue convalidada por los miembros de la Comisión, nos demuestra que en Chile existió una política de Estado de carácter represivo que se tradujo en la violación sistemática de los derechos humanos. Éste es un hecho inobjetable, que nos obliga a manifestar nuestro repudio.
Señores Senadores, señoras Senadoras, durante años en Chile se negó que hubiera desaparecidos y torturados. Posteriormente, se habló de los excesos cometidos bajo el Gobierno militar. Ello, gracias a las denuncias de los familiares de los detenidos desaparecidos y fusilados sin juicio previo y a la acción de la Vicaría de la Solidaridad, la que, además de asumir la defensa de los perseguidos, denunció públicamente el drama que vivía un sector importante de chilenos que pasaban o habían pasado por lugares de detención públicos y clandestinos.
No obstante, han sido necesarios el Informe Rettig y el Informe Valech para dimensionar públicamente la magnitud de lo ocurrido, tomar conciencia cabal de que este tipo de situaciones nunca más deben repetirse y adoptar todas las providencias del caso para que así ocurra.
Mirar a futuro significa, por consiguiente, asumir la verdad, hacer justicia y otorgar reparaciones.
Han pasado treinta y un años de silencio de las víctimas, de daños que en diversos casos no se han borrado o de experiencias sufridas que fueron llevadas por muchos en lo más recóndito de la intimidad, por vergonzosas, o compartidas solamente en los círculos más cercanos de la familia y de las amistades, todo lo cual significa que la sociedad entera debe abrazar a las víctimas, para consolidar un espíritu de reconciliación y de hermandad.
Los Informes Rettig y Valech contribuyen a este encuentro, ayudan a generar un futuro que permita la reconstrucción de las confianzas. Esta finalidad no se lograría si se escondieran los crímenes o si sus responsables fueran amnistiados. Las sociedades deben conocer y asimilar sus errores para corregirlos y ser superiores; ocultarlos es mentir. Esto compromete de manera relevante a quienes ejercemos el quehacer político, a fin de que la política sea siempre una actividad noble al servicio de la comunidad toda, sin caer en odiosos sectarismos ni en pasiones que desbordan las reglas de nuestra convivencia democrática.
Deseo agregar que las jóvenes generaciones militares no deben verse afectadas por un pasado que involucra a miembros de las Fuerzas Armadas en graves crímenes. Ellas no son responsables, por lo que no les corresponde cargar con las culpas que en rigor comprometieron, no sólo a militares, sino también a civiles.
El futuro debemos construirlo entre todos, civiles y militares, sustentados en los valores de la democracia y del respeto a los derechos humanos y al Estado de Derecho.
No es olvidando los errores como los países sanan sus heridas y recuperan un sentido ético de su historia y de la construcción de su futuro.
Señor Presidente , Honorables colegas, en mi nombre y en el del Senador señor Flores -ambos del Partido Por la Democracia-, agradezco a Monseñor Sergio Valech y a los integrantes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura el trabajo realizado. El informe que nos han entregado es un hito fundamental para construir un país donde el sentimiento de respeto y de hermandad prevalezca por sobre las diferencias y las discrepancias que podamos tener.
Señor Presidente , señoras y señores Senadores, señores miembros de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura: el propósito y el sentido del informe del cual el país ha tomado conocimiento eran mostrar una realidad que no se conocía en toda su magnitud. ¿Para qué? Primero, para hacer que todos los chilenos conociéramos y nos condoliéramos del sufrimiento y daño causados a tantos compatriotas. Segundo, como lo afirmó la propia Comisión, que dicho documento "sea un aporte más al "nunca más" por todos deseado, y al anhelado apretón de manos con que Chile quisiera saldar en hermandad tanta deuda pendiente entre hermanos".
Desde esa perspectiva, el Informe es valioso, porque permite que quienes sufrieron un daño injusto y atroz obtengan el desagravio espiritual que merecen y, también, que la sociedad cumpla con su obligación de darles alguna reparación material. Es valioso, sobre todo, para reafirmar la condena más absoluta de toda violación a los derechos humanos y el compromiso de la sociedad entera con su más pleno respeto.
Sin perjuicio de lo anterior, debe recordarse que esa Comisión no fue una instancia judicial y que su Informe no es una sentencia, sino una visión respetable, pero no contrastada. No pueden derivar de él efectos jurídicos ni puede ser utilizado dicho documento para atribuir responsabilidades individuales. Tampoco puede adjudicársele el carácter de verdad histórica ni "oficial" respecto de las causas ni de las circunstancias sociales, políticas y morales en que se produjeron los hechos allí mencionados.
Sobre esto último, habrá que realizar un debate profundo y, ojalá, lo más desapasionado posible. No queremos entrar ahora en esa discusión, a fin de que no se debilite nuestra condena categórica a la tortura. Pero será necesario profundizar en relación con las causas de lo sucedido en Chile, para que estos hechos nunca más ocurran; para que nunca más el odio, la violencia, el temor se apoderen de la sociedad chilena; para que nunca más haya violaciones a los derechos humanos.
Estamos expuestos a ello porque, como señaló el propio Monseñor Valech , la miseria humana no tiene color político.
Por eso, lo más importante es llevar a la práctica las declaraciones o manifestaciones que hemos hecho. Por lo mismo, es relevante no utilizar el informe para dividir, sino para unir a los chilenos. Por ello, es importante tener el firme propósito de no volver a cometer ninguna violación a los derechos humanos.
El verdadero homenaje que merecen la Comisión Valech y las víctimas de esas violaciones es nuestro firme propósito de no volver a incurrir en esas conductas, punto al cual se referirá más adelante el Senador señor Chadwick . Pero -insisto- hoy día lo medular es ratificar nuestra condena absoluta y total a la tortura y a las demás violaciones a los derechos humanos.
Lo dijimos el primer día -el 29 de noviembre, después de oír el informe que el Presidente de la República diera a conocer al país- y lo señalamos nuevamente en esta Corporación, en nombre de todos los Senadores de la UDI: ¡La tortura constituye un crimen inexcusable, cualesquiera que sean las circunstancias por las cuales atraviese una sociedad! ¡La tortura es moral y jurídicamente inaceptable; nada ni nadie puede justificarla!
La condena a la tortura se funda en el respeto a la dignidad del ser humano, valor fundamental de nuestra cultura, a cuya defensa la UDI se ha comprometido desde su origen. Nuestra conducta ha sido invariable: siempre hemos condenado como ilegítima cualquier acción que afecte los derechos esenciales de las personas.
¡Ésa es y debe ser nuestra norma de conducta permanente!
Por las mismas razones, condenamos también la violencia como método de acción política. Hemos sido contrarios a ideologías que predican el odio, la lucha de clases, la violencia, y hemos condenado a quienes justifican el terrorismo.
En consecuencia, creemos que la sociedad chilena reclama de todos nosotros un claro compromiso: ¡Nunca más violaciones a los derechos humanos! ¡Nunca más legitimar la violencia como medio para alcanzar el poder!
Los últimos cuarenta años de nuestra historia han sido difíciles y dolorosos. Respetando las legítimas interpretaciones acerca de nuestra historia reciente, es obligación de todos no repetir los errores del pasado y reparar, en la medida de lo posible, los daños que muchos sufrieron. Todo ello, con el objeto de sanar las heridas y crear las condiciones para un futuro de mayor unidad entre los chilenos.
En ese sentido, valoramos el espíritu con que el Presidente de la República ha enfrentado el informe de la Comisión Valech y compartimos sus reflexiones sobre el profundo efecto reparador que tendrá para la sociedad chilena hacerse cargo de la verdad de lo ocurrido, por doloroso que esto sea.
Del mismo modo, hacemos nuestro el propósito manifestado por la propia Comisión al expresar su esperanza de que el Informe pueda ayudar a la necesaria reparación a las víctimas y al reencuentro que el país requiere.
Quiero concluir este homenaje con algo que para nosotros constituye lo fundamental y que apunta a la dimensión humana de lo que hemos conocido.
Expresamos nuestra solidaridad con las víctimas de la tortura y la violencia. Más allá de cualquier consideración histórica o política, las violaciones a los derechos humanos causaron y causan un dolor que nosotros también sentimos. Y asumimos públicamente el compromiso de reparar ese dolor en todo lo que sea posible y de evitar que aquéllas vuelvan a repetirse.
Como lo señalé precedentemente: ¡Nunca más odio entre los chilenos! ¡Nunca más violencia! ¡Nunca más violaciones a los derechos humanos!
Señor Presidente , tomo la palabra para hablar desde varias condiciones: como Senador de la República ; como militante de la Izquierda y del Partido Socialista, pero también como sobreviviente de los dolorosos hechos que el Informe de la Comisión presidida por Monseñor Valech nos relata de modo sistemático, riguroso e irrefutable.
Soy sobreviviente, aunque no víctima. Al igual que para muchos chilenos y chilenas, las historias y los nombres de las víctimas mencionadas en el ya referido documento son parte muy esencial de nuestras propias historias. Ahí están tantos amigos, tantos compañeros. Ahí están mi única hermana y mi propio padre; ella, con el número 17.308; él, con el 17.307.
Sin embargo, no es mi ánimo consagrar esta intervención a la expresión de sentimientos personales; eso no corresponde. Permítanme una sola licencia para decirles que el relato que puede hacer un padre a un hijo de las torturas infligidas por sus propios compañeros de armas es de las experiencias más conmovedoras que uno puede vivir. Yo no voy a olvidar nunca la cara, la voz, la desolación, la pena infinita de mi padre.
Pero, señor Presidente , aunque no lo parezca, no estoy triste. Siento que estamos protagonizando un momento importante. Este Informe es un avance crucial en la dirección de la verdad. Es un triunfo, no de unos sobre otros, sino de la memoria sobre el olvido. Aquí no hay ni venganza ni desquite. La gran conclusión de todo esto es que no queremos que nadie, por muy alejado que se encuentre de nuestras convicciones, pueda ser enfrentado a los horrores que tantas y tantos de los nuestros tuvieron que sufrir.
Junto a muchos, batallé intensamente para hacer realidad este momento. La presente sesión fue convocada para rendir homenaje a la Comisión Valech. Me parece de total justicia efectuar tal reconocimiento. Soy testigo directo del esfuerzo que sus integrantes realizaron. Estoy consciente de la conmoción que para ellos significó escuchar testimonios terribles y desgarradores. Creo que el mejor homenaje a Monseñor Valech , a María Luisa Sepúlveda y a los otros comisionados es leer con mucha atención las 646 páginas que componen el Informe y comprometernos a difundir éste por todos los rincones del país.
Señor Presidente , la tortura es el peor padecimiento que se puede infligir a una persona. En situaciones límites como la guerra, se puede incluso matar; pero torturar, nunca. La tortura no pasa: es un estado latente. Es un recuerdo traumático que se entrega incluso en herencia. Es una experiencia invisible, solitaria, que no es posible compartir siquiera con los sobrevivientes. Es indecible. Como lo señalan también muchas víctimas, la tortura las pone en la situación del culpable: "¿Qué hice yo para merecer esto?", se preguntan las víctimas. "Cuando sales de ello, sales sucio, contagioso", se responden.
Se trata de atrocidades sin ninguna lógica. Aquí no se buscaba ganar, sino aniquilar y denigrar, transformando a las víctimas en colaboradores; a mujeres y también a hombres violados, en portadores de una verdad inconfesable que tendrán que sobrellevar como pesadilla por toda la vida.
El daño causado es totalmente irreparable. Volver a la familia, al trabajo, a la vida, es para muchos extraordinariamente difícil. Yo pregunto: ¿cuántas víctimas de prisión política y de tortura ocupan en la actualidad altas responsabilidades en los diferentes ámbitos del quehacer nacional? Sobran, probablemente, los dedos de las manos para distinguirlas.
Como señala el Informe, Chile fue escenario de un despliegue desproporcionado de la fuerza, que se tradujo en un sentimiento generalizado de indefensión y desamparo. Aquí se llegó a la perversidad extrema de buscar el control político mediante el sufrimiento.
Aunque resulte muy duro decirlo, a ojos vistas se estableció una verdadera industria del secuestro, la tortura y la desaparición, en la cual no sólo participaron unos cuantos seres extraviados y aislados.
Por eso es tan grave lo ocurrido. No fue un incidente lamentable, esencialmente circunstancial. No. Lo grave es que fue una decisión política, adoptada y amparada desde las máximas instancias del Estado. Ésta es nuestra terrible realidad, de la cual tenemos que hacernos cargo si queremos legar para el futuro una explicación plausible y decente. Siento que ésa es nuestra obligación hoy día.
Como sociedad, lo que nos corresponde es evitar cualquier atisbo de repetición o recurrencia de situaciones tan lamentables. Eso es lo que se nos pide. Incluso más: lo que se nos exige.
En su intervención para dar a conocer las principales conclusiones del Informe, el Presidente Lagos reconoció, con razón, la dificultad para avanzar una explicación a tanta violencia innecesaria, a tanto ensañamiento, a tanto horror.
Probablemente, nunca tendremos una explicación acabada, porque no puede haberla. La referencia al contexto histórico termina siempre siendo sesgada hacia una justificación que se ha hecho inaceptable. Nadie puede negar la existencia de un cuadro de tensiones crecientes que hacían cada día más difícil la convivencia cívica y la estabilidad democrática. La amplitud de la crisis era evidente. Pero no se puede deducir de allí que el golpe y la política de aniquilación masiva fueran la única solución posible.
El Informe Valech define muy bien el ánimo prevaleciente en el sector de la ciudadanía identificado con el Gobierno del Presidente Allende. Señala el Informe: "entre los partidarios del gobierno depuesto predominó el desconcierto y el miedo". Así fue. Eso era lo que sentíamos: desconcierto y miedo. Aquí, en consecuencia, no hubo ni resistencia ni guerra.
Señor Presidente , lo que hemos vivido tiene seguramente mucho que ver con la falta de internalización de los derechos humanos en nuestras culturas políticas. Decididamente, no estaban en la condición de principios de aplicación absoluta y de validez universal.
Como lo hemos dicho tantas veces, en la Izquierda faltó, también, una adhesión incondicional a la vigencia de la democracia y al respeto de los derechos humanos. Quien la tuvo fue el Presidente Allende . Por eso fue tan incomprendido y criticado de manera ácida, incluso desde nuestras propias filas. Y en virtud de esas convicciones había tomado la valiente decisión de poner en manos de la soberanía popular la continuidad de su propio mandato, como forma de abrir un cauce de salida a la aguda crisis que el país enfrentaba.
Lo que se desata a partir del 11 de septiembre no tiene parangón en la historia de Chile.
Señor Presidente, solicito dos minutos para poder terminar.
Tiene sólo uno más, porque de lo contrario otro Senador no podrá intervenir.
Reitero: lo que se desata a partir del 11 de septiembre no tiene parangón en la historia de Chile. Muchas veces sucede que los países pierden el rumbo. Pero lo más grave es cuando se les extravía el alma. Eso fue lo que nos pasó en Chile.
¿Cómo fue posible que llegaran a funcionar más de mil centros de tortura y detención ante la mirada indiferente de quienes algo podían hacer para poner atajo a esos horrores? ¿Es que no se escuchaban los gritos, o más bien no se quería escucharlos?
Las Fuerzas Armadas y de Orden han reaccionado de modo valeroso, reconociendo sus responsabilidades. Asumieron claramente que sus mandos fallaron y entregaron las excusas respectivas. Con este gesto, que las enaltece, han dado un paso, esta vez decisivo, en su reconciliación definitiva con la ciudadanía.
El Informe Valech ha producido algo que las anteriores iniciativas en este campo no lograron. Ni el Informe de la Comisión Rettig ni el correspondiente a la Mesa de Diálogo habían sido aceptados por todos los sectores como una verdad no sujeta a cuestionamientos, como algo irrefutable. Esto representa un gran avance.
Resulta también muy positivo que se vayan abandonando los análisis justificatorios, tan en boga en los sectores civiles que apoyaron el golpe y participaron del Gobierno militar. Y, en ese aspecto, quiero valorar la intervención del Senador señor Novoa .
El papel de los sectores civiles es en extremo delicado. Ellos no estaban sometidos a la disciplina jerárquica y férrea de los militares. Podrían haber actuado para detener esta vorágine, pero no lo hicieron. ¿Por qué? ¿Porque no sabían? Se los digo francamente: eso no es cierto. Se ha dicho y escrito mucho sobre las intervenciones humanitarias de algunos connotados colaboradores civiles del Régimen militar, entre ellos, Jaime Guzmán , Senador cobardemente asesinado en 1991. Hay testimonios de cómo con sus intervenciones salvó la vida a varios. Pero, discúlpenme, y no quiero molestar ni herir susceptibilidades. Seamos rigurosos. Esas intervenciones, que, no tengo dudas, salvaron a sus beneficiarios, son justamente la demostración de que se sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo: que existían centros clandestinos de detención y tortura y que quien ingresaba allí tenía muy pocas posibilidades de volver vivo. ¿Por qué no se denunció todo esto? ¿Por qué confundir de esa manera la adhesión a un proyecto político con el amparo de crímenes atroces? ¿Por qué, incluso, no se creyó a la Iglesia Católica? Éstas son preguntas que permanecen sin respuesta.
Señor Presidente , termino diciendo que la cuestión de las responsabilidades civiles tiene varias dimensiones. Está la de las actuaciones del Poder Judicial , y comparto lo que aquí se ha manifestado. Está también la de las actuaciones de los medios de comunicación.
En los próximos días, o probablemente esta tarde, tendremos que abocarnos a la discusión del proyecto de ley sobre reparaciones.
Simplemente quiero decir que, en este ámbito, todo lo que se haga es poco. Reparar de acuerdo con el daño producido es una meta, a la postre, incumplible, éste tiene mucho de irreparable.
Espero que, en todo caso, el Senado contribuya a materializar ese esfuerzo con un debate amplio y elevado y que, con respeto y generosidad, ayude al menos a curar las heridas profundas que la prisión política y la tortura provocaron, no sólo en las víctimas directas, sino también en el conjunto del alma nacional.
Tiene a continuación la palabra el Honorable señor Chadwick.
Señor Presidente , en esta sesión convocada para rendir homenaje a la Comisión Valech, quiero, en primer término -reafirmando lo dicho por el Senador señor Novoa -, expresar que valoramos el trabajo de ese organismo, que hemos calificado como honesto y serio.
Pero, más allá, por cierto, de las legítimas dudas que podamos abrigar o que se han expresado acerca de las limitaciones propias del tiempo y de la metodología empleada, como también de las legítimas discrepancias que podamos tener acerca de las circunstancias históricas de que da cuenta el Informe, a nuestro juicio, éste ha permitido conocer en toda su intensidad y dolor la grave realidad que afligió a nuestro país, con violaciones a los derechos humanos, que a todos nos conmueven, especialmente a quienes también hemos conocido el dolor de la violencia política, que no tiene justificación alguna y que rechazamos categóricamente en razón de nuestro profundo compromiso con la dignidad de la persona humana y del respeto a sus derechos fundamentales.
Sin embargo, junto a lo anterior, debo decir que conozco la calidad de los miembros de dicha Comisión, y estoy seguro de que no buscan congratulaciones ni reconocimientos, que pueden ser estrictamente formales o protocolares. Estoy convencido de que ellos consideran que el mejor homenaje que los distintos sectores de la vida política podemos ofrecer es asumir fielmente en el tiempo, en nuestros espíritus y conductas, el objetivo esencial y trascendente de su trabajo.
El Primer Mandatario dijo que había que "reconstruir un alma nacional marcada por la unidad y la paz". Sí, señor Presidente . Así lo señaló expresamente cuando dio vida a la Comisión al expresar: "Es deber de todos los chilenos, y mi deber como Jefe de Estado , impulsar medidas que contribuyan a entregar a las nuevas generaciones una nación cuya alma esté unida y esté en paz." Y, al finalizar su intervención, agregó: "No se humilla quien busca el entendimiento para hacer más fuerte a Chile".
Así también lo expresa el propio informe de la Comisión Valech, cuando en su parte final manifiesta: "Esperamos que este informe logre cumplir con el cometido encargado por el Presidente de la República y que ayude a la necesaria reparación a las víctimas, al reencuentro del país y a la consolidación de un firme compromiso de respeto de la dignidad y de los derechos de todas las personas".
Señor Presidente , estamos a pocas horas -hoy en la tarde- de que el Senado apruebe el proyecto de ley de reparaciones a las víctimas de la tortura. Estamos convencidos de que va a ser ratificado unánimemente, y esperamos que así sea.
También hemos conocido -se escuchó en la Sala- que todos, sin excepción, con igual fuerza y decisión, hemos consolidado nuestro firme compromiso de respeto a la dignidad y derecho de todas las personas. ¡Nunca más la violencia como método de acción política! ¡Nunca más violaciones a los derechos humanos!
Pero así como hemos cumplido estas dos tareas señaladas por la Comisión, vemos con preocupación que uno de los fines más trascendentes del Informe, mirando precisamente hacia el futuro -provocar y motivar el reencuentro de todos los chilenos- aún, lamentablemente, aparece como lejano, se ven amenazas a tal finalidad y se encuentra todavía pendiente.
Vemos con preocupación, por ejemplo, cómo, desde algunos sectores, se esfuerzan permanentemente en azuzar los conflictos, las divisiones y las odiosidades del pasado. Queda a veces la sensación de que preferirían que las divisiones del pasado nunca se superaran, que la lógica de los buenos y de los malos, de los patriotas y de los antipatriotas, de los adversarios y de los enemigos, que conocimos y sufrimos ayer, permanezca hoy y continúe mañana.
No es casualidad, señor Presidente, que las principales acciones legislativas del Presidente de la República destinadas a superar los problemas del pasado encuentren sus mayores obstáculos entre las filas del propio oficialismo en el Congreso.
Vemos con preocupación cómo un medio de comunicación -el órgano oficial del propio Gobierno- se ha dedicado con perseverancia a descalificar y a denostar con todo tipo de imputaciones falsas a todos quienes fueron colaboradores o adherentes al Gobierno militar. En una verdadera persecución política hacen hoy lo mismo que reclaman que se hizo ayer: violar los derechos humanos. ¡Al parecer poco han aprendido hasta el momento!
Vemos finalmente, también con preocupación, que se pone en marcha una nueva judicialización de nuestros problemas políticos del pasado, no con el propósito propio de un Estado de Derecho de buscar la acción de la justicia a través de denuncias precisas y determinadas, sino mediante imputaciones vagas y genéricas, que son pruebas indesmentibles de una obvia intencionalidad política.
El Primer Mandatario lo dijo clara y directamente cuando dio a conocer el informe al país: "Lo hemos hecho no para reavivar rencores y divisiones, sino para fortalecer la convivencia y la unidad de todos los chilenos.".
"Ése es el espíritu de este informe", afirmó categóricamente el Presidente Lagos .
Lamentablemente, de persistir el camino que hemos advertido, de mantenerse vivos los conflictos del pasado, sin duda alguna que el espíritu del Informe Valech se verá fuertemente frustrado. Y la senda del reencuentro se va a desviar y nos va a llevar, por desgracia, a un camino de nuevas odiosidades y de nuevos conflictos.
Por ello, siento que el verdadero y profundo homenaje a la Comisión Valech no está hoy día en precipitaciones formales o protocolares, sino que estará, con la perspectiva del tiempo, cuando nuestras palabras surjan de nuestros espíritus reconciliados, cuando los discursos que hagamos surjan del reencuentro sincero de nuestra convivencia, cuando nosotros, conductores de hoy y no del ayer, podamos entregar a las nuevas generaciones una nación cuya alma esté unida y en paz. Así se habrá cumplido en plenitud su trascendental espíritu y nosotros podremos haber ofrecido el mejor de los homenajes.
Ha terminado el tiempo programado para esta sesión.
Si le parece a la Sala, ofreceré la palabra por tres minutos a los seis señores Senadores inscritos, con el objeto de que puedan intervenir y tengan la posibilidad de adherir al homenaje.
Por cinco minutos, señor Presidente . Terminemos a las 14 horas.
Si digo cinco, se transformarán en seis o siete. Por eso, ruego que dejen administrar el tiempo a la Mesa.
Están inscritos los Senadores señores Ávila, Viera-Gallo, Stange, Boeninger, Cantero y Arancibia.
Señor Presidente , entiendo que reglamentariamente los homenajes se rinden de pie. Si yo hubiese estado en el lugar de quienes, conociendo estas atrocidades, las callaron, lo habría hecho de rodillas. Los gestos en la vida son muy importantes y deben nacer del fondo del alma.
Yo no puedo explicarme cómo se ha necesitado el transcurso de 30 años para que tímidamente comiencen a aflorar los mea culpa.
La denominada "Comisión Valech" es como una esponja que ha absorbido el dolor de miles de chilenas y chilenos. Ha sido para sus miembros una forma de tortura sicológica. No tengo dudas de que al adentrarse en los detalles de los relatos, han podido constatar con gran espanto que el ser humano alberga dentro de sí una bestia despiadada, que sólo puede tener algún control cuando se le cerca debidamente con principios éticos, concepciones morales y una adecuada enseñanza para la paz y no para la guerra.
Recientemente, me correspondió ver de nuevo al alto oficial que tuvo a su cargo el centro de detención hoy llamado " Víctor Jara ". Cuando salí del careo, me sorprendí a mí mismo pensando en que lo había perdonado. A esa persona -ahora, de aspecto digno y de avanzada edad- le estreché la mano. Incluso, avalé -en un aspecto muy preciso- un punto de vista que él manifestó al magistrado de la causa, respecto al cual admití que decía la verdad.
Entonces, concluí que la relación humana es muy importante y que cuando uno mira a un semejante a los ojos genera un tipo de relación que es preciso cultivar, para bien de la sociedad y para tratar de no mantenernos atados de por vida a los odios y recriminaciones, porque ello no nos conduce a ninguna parte.
Señor Presidente , me sorprende enormemente que haya debido transcurrir tanto tiempo para admitir una verdad que era obvia.
Por cierto, valoro el Informe y el trabajo de la denominada "Comisión Valech". Sin embargo, me cuesta imaginar que esto no fuera asumido antes, no sólo por los testimonios personales de gente que uno conocía, sino sobre todo por los informes de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica.
Entonces, me vienen al recuerdo las memorias de Albert Speer , arquitecto de Hitler, donde él señala claramente, al final, que no sabía de los campos de concentración -ello es probable-, pero que no podía menos que haberlo sabido y que su culpa radica en que no tenía excusas para ello. Y esta sociedad no tenía disculpa alguna para no saber lo que aquí ocurría.
En consecuencia, el mérito de la Comisión es haber hecho patente una verdad que, sin embargo, debió haberse difundido y aceptado antes.
Más que recriminar a adversarios y buscar reproches políticos, creo que cada uno debe realizar una introspección de su propia conducta política, para tratar de dilucidar si en algo contribuyó -por error, por exaltación, por pasión- a que Chile llegara a las circunstancias en que estos crímenes se cometieron.
Pienso que el verdadero espíritu no está en apuntar con el dedo acusador a los demás, sino en analizar qué hizo uno en el Gobierno de la Unidad Popular para que al final se alcanzara una situación como la descrita, o qué se sigue haciendo para que los derechos humanos no se respeten a cabalidad.
Ojalá todos adoptaran igual conducta.
Por último, señor Presidente , más que el asunto sobre dinero que vamos a discutir esta tarde, que no consuela a nadie ni repara nada, me gustaría que de esta sesión surgiera un compromiso real y efectivo con los derechos humanos, tanto hoy como mañana, y que hubiera consenso en la necesidad de un instituto, una institución permanente en Chile, que sirviera de conciencia para que no se violaran más los derechos humanos. Porque, como acaba de decir el Senador señor Ávila , es obvio que en una dictadura se violan, pero en una democracia eso también puede suceder.
Y no podemos "hacer la vista gorda", ni en dictadura ni en democracia.
Tiene a continuación la palabra el Honorable señor Cantero.
Señor Presidente , Chile debe valorar y reconocer el Informe Valech. Más allá del contexto y las circunstancias que llevaron a cometer estos crueles hechos, su contenido establece la verdad respecto del tema de "Prisión Política y Tortura".
No es el momento para tener una mirada que apunte al cálculo político, sino que se trata de establecer una verdad común, reconocida y asumida por todos. La verdad es siempre sana, buena y deseable.
En nuestro país hubo prisión política y tortura; existió efectivamente esa situación horrorosa que avergüenza la conciencia de todos nosotros, sin distinción.
Nos corresponde actuar para reparar moral y materialmente a las víctimas y llamar a los victimarios a asumir su propia responsabilidad.
Todo este proceso constituye un gesto "simbólico", nada más que "simbólico", que busca establecer la verdad sobre la prisión política y la tortura en el país, reparar a las víctimas y rescatar el honor y el prestigio de instituciones fundamentales de la República que nos pertenecen a todos y que deben gozar del aprecio y valoración de la sociedad entera.
Lo relevante es que los derechos humanos se constituyan en una doctrina permanente y trascendente: en los principios orientadores de todas las instituciones. Más allá de los hechos del pasado, los derechos humanos son valores trascendentes que sobrepasan cualquier circunstancia y su atropello no se justifica frente a nada.
Quiero señalar que nos estamos haciendo cargo de una enfermedad social, horrenda, dolorosa, cruel. Es muy importante hacerlo con toda la emoción, pasión y compromiso espiritual.
Pero las enfermedades siempre tienen causas, y éstas deben ser analizadas con la misma honestidad, con la misma claridad.
Esas causas apuntan a aquellos que en algún momento entendieron que podían ponerse sobre el otro. Cuando se validó la vía violenta, se aceptó, se sembró el germen, la semilla, del atropello violento a los derechos humanos. Y me parece que eso debe ser reconocido.
Mi conciencia me hace reconocer con vergüenza el atropello a los derechos humanos. Pero también me hace llamar a reconocer y a pedir perdón a quienes sembraron esa semilla. Causalidad y efecto.
Nada puede justificar la vergonzosa situación que ha vivido el país; y nada justifica que aquellos que sembraron ese germen guarden silencio hoy.
Ello, como a muchos que han expresado aquí un tremendo dolor en el alma, nos duele, nos avergüenza, golpea nuestra conciencia. No obstante, para sanarnos todos, para encontrar la reconciliación, sugiero seguir la lógica de Humberto Maturana : aceptemos al "otro" como legítimo, porque ese legítimo "otro" es un legítimo "yo"; y esos "yo" tienen verdades que deben ser aceptadas en uno y otro lado.
Finalmente, estimo que este gesto simbólico tendrá valor sólo si logramos construir en Chile un escenario de reconciliación, un clima o un ambiente que permita mirarnos con respeto y confianza. Porque hablamos de atropello a los derechos humanos.
Quiero señalar que me golpea la conciencia y me avergüenza cada vez que veo en televisión a jóvenes que actúan sin ningún reparo.
Porque decimos: "Éste es un problema cultural, de contexto; no teníamos claramente metido en nuestra genética cultural el tema de los derechos humanos".
La pregunta es: ¿Y hoy día lo tenemos?
¿Cuántas veces en el año hemos visto a jóvenes lanzar bombas incendiarias a los carabineros? Estamos hablando de bombas que pueden matar a un ser humano. ¿Cuántos procesados hay hoy día en tribunales por esa causa? ¿Cuántas veces los jóvenes que en las universidades reclaman por los derechos humanos lanzan balines? Nos estamos refiriendo a proyectiles que son mortales si golpean a una persona.
Hagamos carne los derechos humanos en todos.
Y yo, sin haber tenido participación jamás, fui objeto de una imputación hace un par de semanas por parte de un diario infame, que ya debería estar en una situación muy distinta.
Yo, que no participé en nada, pero que fui parte del Gobierno militar en la década de los 80, no tengo ningún reparo en pedir perdón a todos los que sufrieron. Porque quizás pude haber hecho más para que eso no ocurriera. No era mi momento histórico, ni mi etapa política; tan sólo era un joven estudiante de liceo. Pero diez años después estuve en el Gobierno militar y podría haber aportado.
En consecuencia, no tengo ningún reparo en pedir perdón por todos los dolores causados en el país. Sin embargo, llamo a que cada cual asuma su propia responsabilidad en esta etapa dolorosa de nuestra historia.
Por último, tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
Señor Presidente, señores Senadores, rendir un homenaje es un privilegio de quienes desean hacerlo.
Personalmente, prefiero expresar mi reconocimiento al esfuerzo de un grupo de personas que, en cumplimiento de una disposición presidencial, tuvo que enfrentar un trabajo de tal dimensión. Ello virtualmente imposibilitó una participación directa de los integrantes de la Comisión en la investigación que se estaba realizando, los cuales sí estuvieron disponibles para aportar su nombre a la validación de un trabajo efectuado en forma mayoritaria por asesores de dicho organismo.
Lo anterior, de hecho, les está significando ser objeto de una serie de análisis críticos, que, con justicia, plantean reparos a los alcances y rigurosidad del Informe en comento.
Por eso, deseo expresarles mi reconocimiento, en la esperanza de que su esfuerzo sirva para poder dedicarnos a construir en conjunto el Chile del futuro, superando las divisiones del pasado que tanto daño hicieron a nuestro país y en cuyo seno prosperó el terrorismo y la tortura; lamentables consecuencias de un clima enrarecido por la promoción del odio entre hermanos, entre clases sociales, entre credos, entre tendencias políticas o filosóficas.
Es en esa esperanza que nuestro compromiso para que tales hechos no se repitan nunca más adquiere su verdadera dimensión. Y ello demanda asumir el Informe con grandeza, sin ventajismos pequeños, para que no volvamos a ver en esta Sala la emoción sincera que embargó al Senador señor Ominami cuando leía su cuenta.
Por lo tanto, ruego a Dios que nos ilumine en este desafío del que nadie puede excluirse.
Como ya no quedan señores Senadores inscritos para intervenir, antes de terminar esta sesión, quiero agradecer nuevamente la presencia de los integrantes de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que nos han acompañado: Monseñor Sergio Valech , su Presidente ; señora Maria Luisa Sepúlveda, su Vicepresidenta ; don Miguel Luis Amunátegui, don Luciano Fouilloux, don Lucas Sierra, don José Antonio Gómez, don Álvaro Varela , entre otros, y distintas personas que trabajaron en dicho organismo.
Creo que hemos asistido a un debate profundo, de alta significación, donde hay ciertos hechos que me parece fundamental resaltar.
En todas las intervenciones, más allá de matices y apreciaciones diversas, ha habido un reconocimiento profundo a la importancia de los derechos humanos y una condena absoluta a su violación, a los atropellos y, especialmente, a la tortura; y el compromiso de un "nunca más" que vale la pena destacar.
En ellas ha existido también una necesaria solidaridad con quienes fueron víctimas de torturas y, en general, de violaciones a los derechos humanos. Y, además, se ha expresado la voluntad de una reparación justa en la medida de lo posible.
Asimismo, me parece que hay en todos la voluntad, a partir de estos hechos, de una búsqueda para la reconciliación, para la unidad, que pueda traer la paz al corazón de todos los chilenos.
Por eso esta reunión ha sido relevante. Y, en tal virtud, el informe de dicha Comisión ha dado un paso muy significativo en Chile.
Agradeciendo la presencia de los asistentes y las intervenciones realizadas, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 13:51.
La ley Nº 18.556, Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, regula el procedimiento y requisitos de las inscripciones electorales, estableciendo con claridad que cada elector debe inscribirse únicamente ante la Junta Inscriptora correspondiente a su domicilio. En efecto, dispone en su artículo 34, que la inscripción electoral “deberá realizarse ante la Junta Inscriptora correspondiente al domicilio del ciudadano o del extranjero habilitado para ejercer el derecho a sufragio”, precisando expresamente que “Se tendrá como domicilio aquel que declarare bajo juramento, ante la Junta Inscriptora, la persona que requiere la inscripción”. Su artículo 42 añade que, al momento de la inscripción, la persona será interrogada verbalmente y bajo juramento de su domicilio.
A fin de que los ciudadanos puedan votar en los procesos electorales en la circunscripción correspondiente a su domicilio efectivo, el artículo 54 de la citada ley establece que la persona inscrita que hubiere cambiado de domicilio a un lugar correspondiente al territorio jurisdiccional de una junta distinta de aquella en que se encontrare inscrita, tendrá derecho a requerir una nueva inscripción electoral quedando obligada a solicitar la cancelación de la anterior inscripción.
Estas normas persiguen un doble objetivo, por una parte, facilitar el derecho a sufragio, evitando que los electores deban desplazarse a localidades distantes de su domicilio para hacerlo; y por otra, vincular las votaciones populares con la voluntad de los ciudadanos a quienes afectan, pues es claro que, con excepción de los plebiscitos nacionales y las elecciones de Presidente de la República, las elecciones tienen una clara connotación y vinculación con una zona determinada del país, sea una región, un distrito o una comuna.
No obstante lo anterior, con ocasión de cada acto electoral, es habitual que se formulen denuncias de traslados masivos de inscripciones electorales, cuya promoción se atribuye a determinado candidato interesado, las cuales significan el aumento artificial del número de electores en determinada comuna o distrito, mediante el cambio de las inscripciones de personas domiciliadas en otra localidad, incluso muy alejada del lugar al que trasladan su inscripción, lo que en la práctica redunda en una verdadera adulteración de la voluntad popular, especialmente en las elecciones de mayor representatividad local, pues la elección suele decidirse por personas extrañas a la localidad verdaderamente interesada en el resultado de la elección, porque a ella afectarán las decisiones que de ella deriven, especialmente porque se trata de la elección de representantes al Congreso o de autoridades locales.
La señalada práctica no sólo es ilegal, pudiendo incluso ser constitutiva de delito, sino que atenta gravemente contra el verdadero sentido democrático de las votaciones populares. Sin embargo, no obstante prever la ley, en su artículo 51, la posibilidad de que cualquier persona solicite a la justicia la exclusión de quien haya sido inscrito en contravención a la ley, y en su artículo 79 castiga al que prestare falso testimonio en cuanto a su domicilio o al hecho de no estar ya inscrito, la aplicación de estas normas es escasa, por las dificultades probatorias y los elevados costos de sostener las acciones legales respectivas.
Creemos que una forma eficaz de desincentivar los traslados masivos de electores a fin de favorecer determinada candidatura, puede encontrarse en la ampliación del período anterior a cada elección en que es posible trasladar las inscripciones, pues con ello se aleja la posibilidad que determinados candidatos o sus adherentes puedan verse tentados a incurrir en esta práctica nefasta, ya que será menos probable que estén ya definidas las candidaturas y, por tanto, no se tendrá clara la utilidad del cambio.
En la actualidad, las personas inscritas que deseen cambiar su inscripción a otra localidad, pueden hacerlo hasta la fecha en que se cierran los registros y suspenden su funcionamiento las juntas inscriptoras, esto es, 120 días antes de una elección ordinaria. Nuestra proposición es que las nuevas inscripciones por cambio de domicilio sólo se puedan practicar hasta 180 días antes de una elección ordinaria.
Por las razones expresadas, venirnos en proponeros el siguiente:
Artículo único.— Agrégase al artículo 54 de la ley Nº 18.556, Ley Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, el siguiente inciso final, nuevo:
“En el período que preceda a una elección ordinaria, las nuevas inscripciones a que se refiere el inciso primero sólo podrán practicarse hasta el centésimo octogésimo día anterior a la fecha de ella.”.
(Fdo.): Baldo Prokurica Prokurica.— José García Ruminot.—Jaime Orpis Bouchón.— Sergio Romero Pizarro.— Enrique Silva Cimma.
El Nº 5 del artículo 10 de la Constitución Política de la República establece que son chilenos “los que obtuvieren especial gracia de nacionalización por ley.”
Esa norma ha sido establecida para honrar a quienes han puesto su talento, capacidad, perseverancia y abnegación al servicio de nuestra Patria, sin perder la nacionalidad de origen, como constancia pública del reconocimiento al bien realizado.
Este especial e importante reconocimiento se ha otorgado desde larga data a connotados extranjeros avecindados en Chile, quienes después de una distinguida trayectoria de vida se han destacado por su aporte en actividades intelectuales, científicas, artísticas, empresariales, educacionales, espirituales, sociales u otras obras que han contribuido a mejorar la condición de sectores del país o de su pueblo, o al desarrollo y prestigio del país en general.
Ha sido, así, una tradición premiar con este reconocimiento a extranjeros que han hecho de Chile una segunda Patria, y que en su actividad se ha distinguido por haber prestado un servicio público permanente en bien de la comunidad.
Desde 1990 numerosos extranjeros han recibido este honor, como, por ejemplo, el empresario y hombre de negocios italiano don Anacleto Angelini Fabbri, agraciado mediante ley 19.322 de 12.09.1994; don Adolfo Arata Andreani, nacido en Italia el 18 de abril de 1950, catedrático y Rector de la Universidad Federico Santa María a quien la ley 19.636 de 29.09.1999 concedió la nacionalidad chilena; la ley 19.836 de 08.11.2002, concedió igual beneficio al economista y académico estadounidense don Joseph Rafael Ramos Quiñones; don Michael Martin Kast Schindele la obtuvo por ley 19.421 de 09.11.1995; los artistas e intelectuales señores Giulio Di Girolamo Antonuzzi y Claudio Di Girolamo Carlini, por ley 19.500 de 30.04.1997, y don Giorgio Agostini Visentini, catedrático italiano de la Universidad Católica, Universidad de Chile y Universidad de Santiago, mediante ley 19.860 de 18.03.2003.
Como otras de las personas que han sido agraciados en el pasado, creemos que el señor Ian Thomson Newman, de nacionalidad británica, ha desarrollado en nuestro país una meritoria trayectoria, representada por su valioso aporte en el campo del desarrollo del transporte y de la conservación del patrimonio ferroviario.
El señor Thomson nació en Inglaterra, el 7 de junio de 1945, en la pequeña localidad de Handborugh, Oxfordshire, a la que no ha regresado jamás. Es hijo de Ronald Richard Thomson y Jean Thomson, quienes viven en Sandy, Bedfordshire, Inglaterra. Estudió en la Universidad de Manchester donde obtuvo el título de B.A. en Economía, con mención en estadística. Su trayectoria en nuestro país, ampliamente reconocida, se reseña a continuación:
1.El señor Thomson, Cédula de Identidad Nº12.061.329-4, ha residido en Chile, desde el 16 de mayo de 1976, es decir, desde hace más de 28 años. En su calidad de funcionario internacional de la CEPAL (actualmente, Jefe de la Unidad de Transporte), su estado formal en Chile era de residente oficial, hasta que, excepcionalmente, la permanencia definitiva le fue concedida, en octubre de 2004.
2.Tiene dos hijos, Catarina y David, chilenos por nacimiento. Ambos estudian en universidades chilenas, en la Andrés Bello (psicología) y Católica de Santiago (astronomía), respectivamente.
3.El señor Thomson ha demostrado un gran cariño al país, según lo comprueba una serie de colaboraciones voluntarias y no remuneradas, realizadas a lo largo de los últimos 20 años, en las áreas cultural y técnica, incluidas las siguientes:
a.Promovió la constitución de la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario (entre 1983 y 1986), y presidió el directorio de esa corporación cultural, que no persigue fines de lucro, hasta 1995. Durante ese período, la Asociación, en colaboración con Ferrocarriles del Estado, logró devolver el tren a vapor a los rieles del país, esta vez como atracción turística (Tren de la Araucanía, entre Temuco y Lonquimay; Expreso del Recuerdo, entre Santiago y una serie de destinos en la zona central, como Valparaíso, Cartagena, Los Andes, San Fernando, etc.) y, además: (i) restaurar una serie de coches antiguos; (ii) conseguir que la casa de máquinas de Temuco, con su colección de locomotoras antiguas, fuera declarada Monumento Nacional; (iii) colaborar, en 1986, con otras entidades en conseguir la revocación de la decisión de levantar la vía férrea entre El Melón y Caldera, etc.
b.Es socio fundador de la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, entidad académica dedicada al desarrollo y a la aplicación de las mejoras prácticas en esa rama de la ingeniería, y actualmente es integrante del directorio de la agrupación.
c.Es integrante del directorio de la Corporación del Tren del Vino, una entidad, sin fines de lucro, que ha planificado e implantado, y que ahora opera un servicio ferroviario de turismo por el valle del río Colchagua, ocupando una locomotora a vapor y coches antiguos.
d.Es visitador especial del Consejo de Monumentos Nacionales, reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación a partir 29 de mayo de 2002, dando asesoría a la Secretaría Ejecutiva del Consejo en el área de los ferrocarriles, especialmente, pero también otras, como los locomóviles, los trolebuses de Valparaíso, las oficinas salitreras, etc.
e.Es el único integrante de América Latina en el directorio de la International Association for Railway History, con sede en Paris, y ha propuesto la celebración en Chile del tercer Congreso de esa Asociación, en el año del Bicentenario.
f.Es autor de una larga serie de estudios sobre la historia del país, referentes principalmente al área transporte, publicados en revistas tanto nacionales como “Historia” de la Universidad Católica, “En Tren” de la Asociación Chilena de Conservación del Patrimonio Ferroviario, cuadernos del Consejo de Monumentos Nacionales, e institucionales (Ferrocarril Antofagasta a Bolivia, Ferrocarriles del Estado, Asociación Gremial Metropolitana de Transporte de Pasajeros, etc.) como de otros países (Argentina, España, Estados Unidos, Reino Unido).
g.Es autor del libro “Red Norte: la historia de los ferrocarriles del norte chileno”, de 252 páginas, publicado por el Instituto de Ingenieros de Chile, 2003, y anteriormente, en forma resumida y en inglés, en 1997.
h.Es coautor, con su amigo Dietrich Angerstein, del libro “Historia del ferrocarril en Chile”, de 302 páginas, publicado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en dos ediciones (1997 y 2000, tercera edición en preparación);
i.Es asesor honorario en temas históricos a Ferrocarriles del Estado;
j.Es asesor honorario (anteriormente integrante del directorio) de la Corporación Privada para la Divulgación de la Ciencia y Tecnología, que administra el Museo Ferroviario de la Quinta Normal, en Santiago.
El desinteresado aporte cultural del señor Thomson es unánimemente reconocido en amplios círculos de la vida nacional, no habiéndose, hasta ahora, expresado la gratitud nacional de una forma concreta, debido en gran parte a la modestia y desinterés que caracterizan el silencioso trabajo del señor Thomson, no obstante que es posible hacerlo, haciendo realidad su más antigua y preciada aspiración, cual es obtener la nacionalidad chilena.
Estimamos, por ello, que es justo otorgar un reconocimiento a las acciones de este extranjero cuyo acendrado amor por Chile y por su pueblo es ampliamente reconocido y que, radicado desde hace tanto tiempo en nuestro país, el que siente como su segunda Patria, ha entregado su esfuerzo en beneficio de nuestro patrimonio cultural, expresando este reconocimiento de la forma más solemne, otorgando al señor Ian Thomson Newman, la especial gracia de nacionalización por ley.
Sobre la base a las consideraciones precedentes sometemos a consideración del H. Senado el siguiente
ARTÍCULO ÚNICO. Otórgase la nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor Ian Thomson Newman
(Fdo.): Carlos Cantero Ojeda.- Antonio Horvath Kiss.- Roberto Muñoz Barra.- Sergio Páez Verdugo.- Augusto Parra Muñoz