Source: https://www.iberley.es/resoluciones/resolucion-teaf-navarra-970189-02-03-2001-96481
Timestamp: 2020-07-05 17:40:48
Document Index: 97050460

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'artículo 30', 'artículo 29', 'artículo 74', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 39']

Resolución de TEAF Navarra, 970189, 02-03-2001 | Iberley
Solicita por un lado el recurrente la admisión de la deducción por gastos de enfermedad de los importes satisfechos a Colegio dependiente del Insituto Navarro de Bienestar Social, en razón del internamiento de su hija, discapacitada psíquica profunda. Se desestima en este punto el recurso ya que la deducibilidad de tales gastos sólo engloba los gastos que, por la situación de minusvalía, supongan un plus con respecto a los necesarios para la atención de cualquier persona. Por otro lado solicita el recurrente la exención de la pensión percibida por hijo minusválido a su cargo. Se estima el recurso en este extremo ya que si se admite tal exención en caso de acogimiento de persona extraña, con más razón se admitirá por el acogimiento de un hijo.
1º) Deducción por gastos de enfermedad. 2º) Exención de pensión recibida por hijo minusválido a cargo.
Examinado escrito presentado por Don (AAA), con D.N.I. nº (?) y domicilio en (...) (Navarra), respecto a liquidación provisional girada por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1992 a 1995.
SEGUNDO.- Practicadas liquidaciones provisionales modificativas de las declaraciones-liquidaciones correspondientes a los años 1994 y 1995 y tras alguna vicisitud impugnatoria, referida exclusivamente al año 1995, que dio lugar a su rechazo por la Sección gestora del Impuesto, viene ahora el interesado a interponer recurso de alzada ante este Organo, mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda de (?) de 1997, solicitando la admisión de la deducción por gastos de enfermedad de los importes satisfechos al Colegio (?), dependiente del Instituto Navarro de Bienestar Social, en razón del internamiento de la hija del recurrente, discapacitada psíquica profunda.
SEGUNDO.- El artículo 74.2 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece una deducción del 15 por ciento ?de los gastos sufragados por el sujeto pasivo durante el período impositivo por razones de enfermedad, accidentes o invalidez propios o de las personas por las que tenga derecho a deducción en la cuota, así como de los gastos satisfechos por honorarios profesionales médicos y por clínica con motivo del nacimiento de los hijos del sujeto pasivo y de las cuotas satisfechas a Mutualidades o Sociedades de Seguros Médicos?. Dicho precepto ha sido desarrollado por el artículo 30 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, cuyo apartado uno contiene, para empezar, una cláusula general de idéntico tenor al del correlativo precepto de rango legal y, a continuación, un elenco puramente ejemplificativo de supuestos que deben considerarse encuadrados entre los gastos de enfermedad. Dentro de éstos, se dispone en la letra g): ?Los producidos a minusválidos, en el grado establecido en el artículo 29 de este Reglamento, que se refieran tanto a personas como a medios para su necesario cuidado y posible vida normal.?
Ahora bien, la documentación aportada por el recurrente en apoyo de sus alegaciones consiste, exclusivamente, en sendos certificados del Administrador del Colegio (?), dependiente del Instituto Navarro de Bienestar Social, en el que se hace constar el abono de ciertas cantidades anuales por estancias o internamientos de Doña (BBB), hija del recurrente que, conforme a otra documentación que acompaña a las correspondientes autoliquidaciones del Impuesto, está afectada por la minusvalía de deficiencia mental profunda (síndrome de Down) habiéndose reconocido la oportuna deducción. No parece, sin embargo, que dichos gastos tengan acomodo en la deducción regulada en el artículo 74.2 de la Ley Foral 6/1992 y su desarrollo reglamentario. En efecto, la norma habla de gastos que posibiliten el cuidado y vida normal de la persona afectada por la minusvalía, pero debemos entender que sólo aquellos gastos que supongan un plus con respecto a los necesarios para la atención de cualquier persona y en tanto en cuanto dichos gastos procedan de la situación de minusvalía. En este sentido, los certificados hablan de estancias e internamientos, sin que de los mismos pueda razonablemente deducirse que parte de los mismos hacen referencia a esa especial atención derivada de la situación de minusvalía referida. En consecuencia, no puede admitirse la deducción pretendida.
TERCERO.- Cuestión distinta es la también pretensión del recurrente de que las cantidades percibidas como pensión por hijo minusválido a cargo sean declaradas exentas del Impuesto. La pensión del caso tiene su origen en la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. La exposición de motivos de esta norma dice que con las disposiciones de esta Ley ?vienen a completarse las reformas básicas del Sistema de la Seguridad Social iniciadas con la Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, cuyo preámbulo ya preveía que el siguiente paso habría de ser ?una regulación unitaria de las distintas acciones de los poderes públicos para integrarlas en un nivel no contributivo de pensiones en favor de aquellos ciudadanos que, encontrándose en situación de necesidad protegible, carezcan de recursos económicos propios suficientes para su subsistencia?. Según el legislador esta norma responde a ?una de las demandas prioritarias de la sociedad?, cual es ?la garantía de pensiones públicas para todos los ancianos o inválidos sin recursos que, por las causas que fueren, no acceden a las prestaciones hoy vigentes?, aspiración que ha sido recogida por diferentes Organizaciones inter o supranacionales, que recomiendan la extensión del ámbito de la Seguridad Social procurando ?asegurar a los ciudadanos, particularmente a quienes se encuentran en estado de necesidad, unas prestaciones mínimas?. En este ámbito debe enmarcarse la reforma encaminada a la generalización de las prestaciones por hijos a favor de todos los ciudadanos, actuación legislativa animada por ?un criterio redistributivo, que se concreta en el establecimiento de unos niveles máximos de ingresos para acceder a dichas prestaciones?. Vista la naturaleza de la prestación percibida por el interesado (que no vendría sino a compensar la especial carga económica que suponen las atenciones que han de dispensarse a un hijo afectado por una minusvalía), procede ahora examinar si una tal renta puede encajarse en el supuesto de exención previsto en la letra j) del artículo 10 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dicho precepto establece la exención de ?las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas mayores de 65 años o afectadas por minusvalías en el grado reglamentariamente determinado?. Lo procedente, a continuación, es determinar el alcance del término ?acogimiento? que aparece en este precepto. Y así, cuando el Código Civil se refiere a la institución del acogimiento (artículos 172 y siguientes), hace expresa y exclusiva referencia al acogimiento de menores. Por su parte, nuestro Fuero Nuevo también hace referencia entre sus normas al acogimiento, a través de la institución del acogimiento a la Casa. Ahora bien: en el presente caso debe interpretarse el término ?acogimiento? en un sentido usual y no jurídico (precisamente atendiendo a esa preocupación social de que se hace eco el legislador en materia de Seguridad Social), puesto que la propia norma se está refiriendo a supuestos ajenos a los contemplados por la normativa civil (tanto el de minusválidos, en general, como el de personas mayores de 65 años): así que ?acoger? significaría aquí simplemente recibir en el propio domicilio a una persona de las reseñadas en el artículo 10.j) y prestarle toda clase de atenciones. Por otro lado, debe tenerse en consideración que de la redacción literal del artículo 10.j) se desprende que la persona acogida que da lugar a la renta que se declara exenta puede ser perfectamente un extraño, por lo que si se establece un tal beneficio fiscal en estos casos, con más razón habrá de entenderse comprendido en este precepto el supuesto de que el acogido sea un hijo, en virtud del principio de protección social, económica y jurídica de la familia, recogido en el artículo 39 de la Constitución.
En consecuencia, procede la revisión de las autoliquidaciones presentadas por el interesado, con exclusión de las cantidades percibidas en concepto de pensión por hijo a cargo, excepción hecha de la declaración-liquidación correspondiente al año 1994, respecto de la cual, como ya se ha indicado en los Antecedentes de hecho, se practicó liquidación provisional modificativa, oportunamente notificada, en la que, precisamente, se incrementaba el importe de los rendimientos del trabajo personal en el importe de la citada prestación, no habiéndose impugnado dicha liquidación en tiempo oportuno.
Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte el recurso de alzada interpuesto por Don (AAA) en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1992 a 1995, ordenándose la práctica de las oportunas liquidaciones en las que se declare la exención de las prestaciones percibidas por hijo minusválido a cargo en los términos establecidos en la fundamentación del presente Acuerdo.