Source: http://www.creativecommons.uy/tag/derechos-de-autor/
Timestamp: 2020-02-27 11:05:00
Document Index: 413529804

Matched Legal Cases: ['in fine', 'Artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 2', 'in fine', 'in fine', 'artículo 2', 'artículo 46', 'in fine', 'in fine']

derechos de autor - Creative Commons
Comunicado de REDLACDA sobre el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay
Equipo de CC Uruguay, enero 7th, 2020
* Reproducimos el comunicado publicado por REDLACDA, en el que la red internacional manifiesta preocupación por el impacto que tendrá el aumento del plazo de derecho de autor en Uruguay sobre el acceso a la información y a la cultura.
La Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA) es un grupo conformado por profesionales de la información de distintos países de la región. Hacemos parte de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones – IFLA (por sus siglas en inglés), a traves del Copyright and other Legal Matters (CLM) Advisory Committee, y velamos porque haya respeto por el derecho de autor en equilibrio con el derecho de acceso a la información para tener leyes justas e incluyentes, tanto para creadores e intermediarios como para usuarios y lectores, es decir: para todas las personas.
Lamentamos profundamente el aumento de los plazos de protección del derecho de autor en Uruguay el pasado 18 de Diciembre del año en curso, que afectan gravemente al dominio público. Este tipo de legislaciones concluye de forma preocupante en la privatización de los bienes comunes, beneficiando a un pequeño grupo de la sociedad, que en el mayor de los casos no compone a los creadores directos, sino a sus herederos, y en detrimento de los bienes que además de beneficiar a los ciudadanos uruguayos, incluiría a las personas de todo el mundo. Entendemos que el dominio público es la norma y no una excepción[1] y hay que cuidarlo: es el insumo con el que las bibliotecas, archivos y museos permiten que nuevos creadores tengan acceso a referentes culturales para enriquecer nuevas creaciones sin necesidad de trámites o burocracias adicionales. Esta decisión retrasará la capacidad de creación de contenidos locales, afectando nuestra identidad como latinoamericanos y nuestra capacidad para competir con industrias culturales mucho más grandes de otras latitudes.
Este aumento de plazos en la protección afecta la salvaguarda del interés público en la difusión de la cultura y el conocimiento y afectan nuestra capacidad de producir memoria para nuestras futuras generaciones, condenando al olvido nuestro patrimonio porque esta medida resulta desproporcionada. ¿Qué sucede con quienes no pueden acceder porque no pueden pagar? Nos preocupa la falta de empatía y sensibilidad entre sectores con quienes padecen las desigualdades de nuestras sociedades modernas.
El aumento de los plazos de protección al derecho de autor afectando el dominio público encarece nuestra capacidad de acceso a la información, haciendo que sólo puedan acceder aquellos que pueden pagar por ella. ¿Y qué sucederá con las medidas de preservación digital de aquellos objetos que se encontraban en dominio público y hoy se ven sometidos al dominio privado? Tememos gravemente por la posibilidad de que hayan obras que desaparezcan para siempre al ser retiradas del dominio público y no contarse con copias de preservación. No debe olvidarse que existen numerosísimas obras de todo tipo que se encuentran dentro de los plazos de protección y que no son publicadas porque no presentan interés comercial para ninguna editorial. Esas obras están ocultas, como si estuvieran secuestradas.
Por favor, no nos malinterpreten: nuestras instituciones se nutren de las obras que el derecho de autor protege y lo valoramos. Sin embargo, esta medida va en contra de un justo equilibrio entre la protección y el interés público, recordando con pesar, que Argentina y Uruguay cuentan con dominio público pagante. Prolongar los plazos de proteccion no incentiva la creación de nuevo conocimiento, sólo retrasa su entrada al dominio público.
Red de Latinoamérica y del Caribe de Derecho de Autor, del Acceso a la Información, la Cultura y otros temas relativos (REDLACDA)
Etiquetas: #LeyMieres, #NoALos70, declaración, derechos culturales, derechos de autor, dominio público, ley de derecho de autor, plazos de derecho de autor, REDLACDA
El Parlamento uruguayo aprobó la extensión del plazo de derecho de autor a 70 años post mortem
Equipo de CC Uruguay, diciembre 20th, 2019
Las obras humorísticas de Peloduro, así como las obras completas, literarias y musicales, de Felisberto Hernández y los cuadros de Petrona Viera, entre tantísimas otras obras de autores y autoras de Uruguay, vuelven al dominio privado.
Ambas cámaras del Parlamento convirtieron en ley el miércoles 18 de diciembre, en un trámite express, prácticamente sin ningún debate, la extensión del plazo de derecho de autor a 70 años post mortem. También se extienden los derechos de propiedad intelectual de intérpretes, productores de fonogramas (discográficas) y organismos de radiodifusión (empresas de radio y TV) a 70 años desde la grabación de los fonogramas o emisiones. La ley aprobada incluye además una disposición que devuelve retroactivamente las obras, interpretaciones, fonogramas y emisiones de radiodifusión que ingresaron en dominio público en los últimos 20 años.
Es un día en el que se han afectado los derechos culturales de toda la ciudadanía uruguaya, así como el patrimonio cultural de nuestro país. Los beneficiados fueron principalmente las discográficas multinacionales, que presionaron para no perder los derechos sobre las grabaciones de la década de 1960. Agadu y Sudei, sociedades de recaudación de derechos de propiedad intelectual, también aplaudieron la privatización de dos décadas de cultura. En cambio, las bibliotecas, archivos y museos, las instituciones educativas, los repositorios en línea y la sociedad en general se enfrentarán a nuevas barreras para difundir materiales culturales, acceder a ellos y compartirlos. Los artistas también se verán perjudicados debido a que se privatizó un acervo de obras en dominio público sobre el que habitualmente se realizan adaptaciones (muy comunes en el teatro y el cine), así como otros tipos de reutilizaciones y obras derivadas.
El Parlamento no estuvo a la altura de lo que Uruguay necesita en materia de derechos culturales. La educación, las bibliotecas, archivos y museos aún no cuentan con excepciones y limitaciones para preservar el patrimonio cultural de la sociedad y para poder promover, sin amenazas legales, el acceso a la cultura y a los materiales de estudio. Después de 6 años de discusión en dos períodos parlamentarios, los legisladores fueron incapaces de votar la ley de excepciones por el derecho a estudiar, pero en el día de hoy, en unas pocas horas, votaron una ley que privatiza todas las obras de autores y autoras fallecidos entre 1949 y 1968, y todos los fonogramas y emisiones de radio y TV grabados en esos años.
De cara al futuro seguiremos militando, junto al movimiento social y junto a las instituciones culturales y educativas, para lograr la aprobación de la ley de excepciones y limitaciones al derecho de autor. También seguiremos promoviendo políticas públicas de licenciamiento abierto, así como el uso de las licencias Creative Commons en las distintas comunidades de creadores y creadoras. El objetivo es contribuir al derecho de acceso y participación en la vida cultural, promoviendo los bienes comunes culturales y luchando por una legislación de propiedad intelectual más justa y equilibrada.
*Ilustración: Portada de la Revista «Peloduro». n°73. Año IV. 4 de junio de 1947. Remix por Paula Domínguez Font.
Etiquetas: #LeyMieres, #NoALos70, derechos culturales, derechos de autor, plazos de derecho de autor
El Parlamento, a punto de privatizar 20 años de patrimonio cultural
Equipo de CC Uruguay, diciembre 18th, 2019
Hoy 18 de diciembre el Parlamento se dispone a aprobar en ambas cámaras la extensión del plazo de propiedad intelectual sobre las obras autorales a 70 años después de la muerte de los autores.
La Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay publicó una declaración la semana pasada, advirtiendo que un plazo de derecho de autor de 70 años post mortem sería un abuso, y reclamó que se le dé aprobación definitiva al proyecto de ley de excepciones al derecho de autor para educación y bibliotecas que cuenta con media sanción.
El Programa de Entornos Virtuales de Aprendizaje y el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos de la Udelar alertaron sobre los efectos perjudiciales que el aumento del plazo a 70 años causaría sobre la educación, y reclamaron una ley equilibrada.
El colectivo Derecho a la Cultura realizó una declaración donde explicó que la extensión del copyright afectaría gravemente el acceso al patrimonio cultural.
Desde Creative Commons Uruguay, a través de nuestro proyecto autores.uy, mostramos que el aumento del plazo de derecho de autor causaría el borrado masivo de obras de Internet, impidiendo el acceso digital que proveen portales nacionales sin fines de lucro.
El Consejo de Derechos de Autor del MEC presentó el 4 de setiembre un informe ante la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores, desaconsejando el aumento del plazo a 70 años y señalando que el reclamo de los intérpretes de obras musicales ya está contemplado en la ley vigente.
A pesar de la opinión de las instituciones educativas, de las bibliotecas, de las organizaciones de la sociedad civil y del propio MEC, el Parlamento se dispone a aprobar el aumento del plazo del copyright a 70 años post mortem.
Desde el ámbito de la educación, de las instituciones culturales y de las organizaciones de la sociedad civil que promovemos el acceso a la cultura, hemos alertado una y otra vez que este proyecto de ley pone el interés privado de un puñado de empresas del entretenimiento y de herederos por encima del derecho de toda la ciudadanía de acceder a la cultura. Implicará la privatización lisa y llana de 20 años de patrimonio cultural que hoy se encuentra en dominio público y es de libre acceso. Se privilegiará el lucro privado por sobre la preservación y el acceso a bienes comunes culturales de toda la sociedad.
Por eso, llamamos a los legisladores y legisladoras a rechazar el proyecto de ley que extiende el plazo de propiedad intelectual a 70 años post mortem, y a aprobar antes de que termine el período parlamentario el proyecto de ley de excepciones al derecho de autor para el acceso a materiales de estudio y bibliotecas.
#NoALos70
Etiquetas: derechos culturales, derechos de autor, dominio público, ley de derecho de autor, plazos de derecho de autor
Clase sobre derecho de autor, licencias libres y dominio público en Humanidades
Equipo de CC Uruguay, octubre 15th, 2019
El viernes 11 de octubre estuvimos en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Universidad de la República, brindando una clase dentro del Espacio de Formación Integral «Digitalización y cultura letrada en el marco de las Humanidades Digitales», cuyos docentes referentes son Alejandro Gortázar, Lucía Alonso e Ignacio Saraiva.
La clase sirvió para conversar y aprender sobre aspectos básicos del derecho de autor, las licencias libres y el dominio público, con el fin de hacer viables los proyectos de digitalización y puesta a disposición en Internet de la cultura letrada.
Agradecemos la invitación y esperamos seguir colaborando en futuras actividades académicas.
Etiquetas: derechos de autor, dominio público, Facultad de Humanidades, humanidades digitales, licencias libres
Equipo de CC Uruguay, abril 8th, 2018
Por Timothy Vollmer. Publicado originalmente en inglés el 6 de abril de 2018 en creativecommons.org, bajo licencia CC BY.
Un borrador recientemente filtrado del tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea muestra pequeñas mejoras en el capítulo sobre propiedad intelectual. Parece que la extensión innecesaria e injustificada de 20 años de duración del derecho de autor ahora se elimina del acuerdo, y las partes han introducido cierta flexibilidad para que los usuarios eviten las medidas tecnológicas de protección con el fin de ejercer sus derechos. Pero en su mayor parte, las negociaciones continúan favoreciendo un mayor endurecimiento de los derechos de autor a expensas de las protecciones para los derechos de los usuarios y los bienes comunes. Como explicamos a continuación, las medidas para proteger el dominio público continúan diluidas, la disposición que requiere una compensación obligatoria -independientemente de que los creadores la quieran o no- se mantiene y la sección de excepciones y limitaciones al derecho de autor se reduce a un mínimo.
El año pasado, en colaboración con varios capítulos de nuestra red global, Creative Commons publicó un análisis que abarca diversos temas relacionados con el derecho de autor presentados en un borrador del capítulo de propiedad intelectual del tratado de libre comercio Mercosur-UE.
La Unión Europea (UE) y el Mercosur han estado negociando este tratado de libre comercio (TLC) desde el año 2000. El tratado es expansivo y se ocupa de aspectos tan dispares como el comercio de bienes industriales y agrícolas, cambios potenciales a las reglas que rigen a las pequeñas y medianas empresas, compras gubernamentales y disposiciones de propiedad intelectual, incluyendo los derechos de autor y las patentes. En nuestro análisis del año pasado, examinamos cuestiones que afectarían el dominio público, la creatividad y el intercambio de conocimiento, así como los derechos de los usuarios en la era digital.
Las negociaciones del TLC entre el Mercosur y la UE tienen lugar en un entorno en el que se está definiendo de manera creciente la regulación de derecho de autor a través de acuerdos comerciales multilaterales. En nuestro informe, los principales puntos que discutimos fueron los siguientes:
los plazos de derecho de autor no deben extenderse,
los derechos de los usuarios deben protegerse expandiendo las limitaciones y excepciones al derecho de autor,
la remuneración obligatoria interfiere con el licenciamiento Creative Commons,
las medidas tecnológicas de protección no deben limitar el ejercicio de los derechos de los usuarios.
También recordamos el principio de sentido común según el cual las negociaciones de tratados comerciales deben ser transparentes e involucrar a la ciudadanía, no secretas y decididas a puerta cerrada.
Desde nuestro análisis del año pasado, ha habido dos nuevos borradores filtrados del capítulo sobre propiedad intelectual. Uno fue publicado por Greenpeace en diciembre de 2017 en base a la 28ª ronda de negociaciones. Otro fue publicado la semana pasada por el sitio web bilaterals.org, basado en el texto consolidado tal como quedó al final de la 32ª ronda de negociaciones que finalizó el mes pasado.
Como Jorge Gemetto escribió en el blog de la Asociación Communia, el borrador del capítulo de propiedad intelectual filtrado por Greenpeace reveló un gran desacuerdo entre las partes.
«Se advierte fácilmente que, mientras el interés de la Unión Europea es el de aumentar los plazos y áreas de protección de la propiedad intelectual, así como imponer nuevas sanciones penales para las infracciones, los países del Mercosur buscan evitar estándares más altos de propiedad intelectual, incorporar excepciones y limitaciones obligatorias al derecho de autor, y favorecer la identificación y protección del dominio público.»
Como lo advierte Gemetto, existe un gran desbalance entre el poder de negociación de cada parte, y la UE claramente tiene la ventaja. Estando la UE ya alineada con el marco restrictivo de propiedad intelectual «TRIPS Plus«, busca exportar a otros lugares estas medidas de incremento de la protección y su aplicación.
Finalmente, llegamos al borrador del capítulo de propiedad intelectual filtrado recientemente que publicó bilaterals.org. Hay algunos cambios importantes desde la versión publicada por Greenpeace.
La mención del dominio público se diluirá y quedará sepultada
La filtración de Greenpeace de diciembre de 2017 encontró que las partes discutían si (y cómo) debía mencionarse el apoyo al dominio público en el Artículo 4 (Principios). La UE propuso el texto: «Las Partes reconocen la importancia de un dominio público robusto, rico y accesible», mientras que los países del Mercosur abogaron por: «Las Partes tendrán debidamente en cuenta la necesidad de preservar un dominio público robusto, rico y accesible, y cooperarán entre sí para identificar los diferentes materiales que han ingresado en dominio público».
La versión de la UE ganó. El texto consolidado compartido por bilaterals.org ahora dice: «Las Partes reconocen la importancia de un dominio público robusto, rico y accesible». Además, una nota en el documento mueve el texto de la sección «Principios» a la sección «Cooperación».
La remuneración obligatoria permanece
La borrador anterior, publicado por Greenpeace, mostraba que las partes discutían si habría una remuneración obligatoria (Artículo 9.6) para los intérpretes, ejecutantes y productores de música. La UE quería que el texto dijera: «Las Partes otorgarán un derecho para garantizar que el usuario pague una única remuneración equitativa a los artistas intérpretes o ejecutantes y productores de fonogramas, si un fonograma publicado con fines comerciales, o una reproducción de dicho fonograma, se utiliza para la transmisión por medios inalámbricos o para cualquier comunicación al público.» El Mercosur quería que este derecho fuera opcional, sugiriendo que el texto dijera: «Las Partes pueden otorgar…».
La versión de la UE ganó. El texto consolidado ahora dice «otorgarán». Este cambio muestra un esquema que se repite en las negociaciones: las disposiciones que tienen que ver con la aplicación de la propiedad intelectual y la protección de los titulares de derechos son obligatorias («deberán»), mientras que las disposiciones que beneficiarían a los usuarios y al interés público son solo opcionales («pueden»). Este tipo de disposición interferiría con el funcionamiento de algunas licencias Creative Commons, exigiendo un pago incluso cuando la intención del autor es compartir su trabajo creativo con el mundo de forma gratuita.
La extensión del plazo de derecho de autor fue puesta en suspenso
El borrador filtrado por Greenpeace reveló que las partes continuaban discutiendo sobre el plazo de derecho de autor (Artículo 9.7). La UE quería la vida de autor + 70 años, mientras que el Mercosur quería la vida + 50 años.
El texto consolidado ahora dice «transcurrirá durante la vida del autor y no menos de 50 años o por 70 años cuando así lo disponga la legislación nacional de las Partes…».
La versión del Mercosur ganó porque el texto indica que se aplicarán los términos nacionales existentes. Esta es una mejora significativa en el sentido de que no obliga a aumentar el plazo a los países que tienen un plazo más corto. Ampliar aún más los plazos de derecho de autor no hace nada por promover la creación de nuevas obras, e incluso exacerba los desafíos relacionados con los plazos extensos, como el problema de las obras huérfanas.
Las excepciones y limitaciones fueron reducidas al mínimo
La filtración de Greenpeace mostró que las partes discutían sobre el alcance de la sección sobre limitaciones y excepciones (Artículo 9.9). El Mercosur quería incluir una lista no exhaustiva de usos aceptables para ser cubiertos bajo limitaciones y excepciones, incluyendo la crítica, la cobertura de noticias, la enseñanza y la investigación.
Sin embargo, el texto consolidado publicado por bilaterals.org no incluye la lista no exhaustiva. En su lugar, esencialmente vuelve a apoyarse en el texto de la regla de los tres pasos («Cada Parte establecerá excepciones y limitaciones a los derechos exclusivos solo en ciertos casos especiales que no entren en conflicto con la explotación normal de la obra y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos de los titulares de derechos»).
La protección del derecho de autor y las medidas de aplicación de dicha protección siempre deben equilibrarse con consideraciones de interés público; en otras palabras, los derechos de los autores siempre deben limitarse, reconociendo y defendiendo los derechos de los usuarios en el ecosistema del derecho de autor. El texto consolidado solo proporciona una mínima consideración para los derechos de los usuarios.
Una cierta flexibilidad para ejercer los derechos bajo los esquemas de medidas tecnológicas de protección
Por último, la versión publicada por Greenpeace reveló que la UE estaba proponiendo un nuevo texto en torno a las medidas tecnológicas de protección (TPM, por sus siglas en inglés) (Artículo X.15). En ese borrador anterior, no se incluía ningún texto que autorizara a eludir las medidas tecnológicas para que un usuario pueda ejercer sus derechos bajo una excepción o limitación.
Sin embargo, el texto consolidado ahora incluye el siguiente texto: «Las Partes (UE: cuando sea permisible de conformidad con su legislación nacional) deberán (UE: podrán) garantizar que los titulares de derechos pongan a disposición del beneficiario de una excepción o limitación los medios para beneficiarse de esa excepción o limitación, en la medida necesaria para beneficiarse de esa excepción o limitación». Por lo tanto, parece que habrá al menos alguna consideración legal para proteger la capacidad de los usuarios de eludir las TPM para ejercer sus derechos bajo una excepción o limitación.
Si bien es positivo que al menos las partes están llegando a la conclusión de renunciar a la extensión innecesaria del plazo de derecho de autor, la mayoría de los cambios en el texto consolidado muestran un persistente endurecimiento de la protección del derecho de autor, que favorece a los titulares de derechos a expensas de los usuarios y de los bienes comunes.
Además, las negociaciones siguen siendo esencialmente secretas y cerradas, con escaso conocimiento público salvo estas útiles filtraciones, y con pocas oportunidades para que la ciudadanía exprese sus preocupaciones. Es preciso reformar las negociaciones para apoyar plenamente un proceso que sea transparente, inclusivo y responsable.
Etiquetas: Creative Commons, derechos de autor, dominio público, TLC Mercosur - Unión Europea
Equipo de CC Uruguay, diciembre 25th, 2017
El 13 de diciembre Serpaj presentó el informe 2017 sobre Derechos Humanos en el Uruguay. Este año, al igual que en el informe de 2015, Creative Commons Uruguay colaboró con un capítulo donde se hace una puesta al día del impacto del sistema de derecho de autor sobre los derechos humanos. El informe repasa casos recientes en los que se vieron afectados derechos humanos por el inadecuado régimen autoral vigente. También se hacen recomendaciones legislativas y de política pública para corregir estos graves problemas.
El informe 2017 de Serpaj se puede leer y descargar desde este enlace. Es de destacar que se publica bajo una licencia Creative Commons que permite acceder y compartirlo sin barreras. Los invitamos también a visitar el repositorio digital de Serpaj, que cuenta con una gran cantidad de documentos de interés de acceso libre.
A continuación compartimos con ustedes el texto de nuestra contribución.
Por Creative Commons Uruguay*
Ilustración: Cristhian Orta (Corta la bocha). Licencia CC BY-SA.
En el Informe Anual 2015 de Serpaj sobre Derechos Humanos en Uruguay, el equipo de Creative Commons Uruguay escribió un capítulo acerca del impacto de la ley de derecho de autor sobre los derechos humanos. En ese texto destacamos, en primer lugar, la importancia de abordar la legislación de derecho de autor desde la perspectiva de derechos humanos, siguiendo el criterio de la Relatoría Especial sobre los Derechos Culturales de la ONU, que en 2014 estudió el impacto de los regímenes de propiedad intelectual para el goce del derecho a la ciencia y a la cultura, y brindó recomendaciones a los Estados.1 Señalamos que la ley uruguaya 9.739 referida al derecho de autor, que data de 1937, se encuentra en conflicto con las prácticas culturales contemporáneas y afecta injustificadamente el derecho a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión. Esta afectación a los derechos humanos se hizo más evidente en los últimos años, principalmente a causa de la generalización del uso de las tecnologías digitales. Mientras que estas tecnologías permiten reproducir y distribuir información a bajo costo, facilitando el ejercicio de derechos, la ley criminaliza muchas de las principales prácticas tendientes a ejercerlos.
El jurista argentino Eugenio Zaffaroni, en su obra Derecho Penal – Parte general,2 explicaba ya a principios de los 2000 los problemas que traía la falta de adecuación de las normas de propiedad intelectual a la realidad contemporánea. Debido a los cambios tecnológicos y culturales ocurridos en las últimas décadas, el texto de la ley de derecho de autor pasó a abarcar un ámbito de prohibición inusitadamente amplio. Mientras que en la década de 1930 solo era posible reproducir las obras con recursos técnicos muy costosos, la tecnología permite hoy la copia de obras enteras, o de partes de ellas, prácticamente sin costo. La conducta de reproducir, penada en el texto legal, se encuentra generalizada y, en los hechos, resulta imposible criminalizar a todas las personas que hacen copias para uso personal. Sin embargo, la mayoría de la población incurre cotidianamente en delitos conforme al texto y cualquier persona podría ser criminalizada arbitrariamente. Dado que el ámbito de las conductas criminalizadas es de extensión inusitada y no estuvo previsto en el contexto originario del texto, el resultado es un espacio selectivo de criminalización que alcanza los límites máximos de arbitrariedad. Zaffaroni concluye afirmando que un tipo penal no puede erigirse en instrumento para la criminalización indiscriminada y que la omisión de las instituciones políticas frente a cambios de contexto cultural o tecnológico que alteran la extensión punitiva de un texto legal constituye una renuncia a su función, que no es constitucionalmente admisible. En otras palabras, buena parte de la ley de derecho de autor, incluyendo algunas de sus disposiciones penales, son inconstitucionales.
El ejemplo más obvio de inconstitucionalidad en la ley uruguaya de derecho de autor se puede encontrar en el literal E del artículo 46, que establece:
El que reprodujere o hiciere reproducir, por cualquier medio o procedimiento, sin ánimo de lucro o de causar un perjuicio injustificado, una obra, interpretación, fonograma o emisión, sin la autorización escrita de su respectivo titular, será castigado con multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 1.500 UR (mil quinientas unidades reajustables).
El artículo 2 detalla qué se entiende por reproducir:
Con este tipo penal y esta definición de reproducción, prácticamente la totalidad de la población uruguaya comete delitos de manera cotidiana. El funcionamiento de Internet implica que, cuando una persona accede a un sitio web desde su computadora, se generan y almacenan copias temporales de los contenidos en el dispositivo local. Al no contar con la autorización por escrito de los titulares de derechos de autor de cada sitio web, todas las personas que navegan por Internet en Uruguay cometen el delito penal comprendido en el literal E del artículo 46.
Este no es el único ejemplo de inconstitucionalidad. Otro caso es el que se da respecto del préstamo de ejemplares de obras. De acuerdo al artículo 2 de la ley 9.739, el préstamo también es una facultad exclusiva de los titulares de derechos de autor. Por lo tanto, prestar libros, discos o cualquier otro tipo de obras, ya sea de manera pública en una biblioteca o de manera privada entre personas individuales, sin la autorización expresa del titular de derechos, también constituye un ilícito de acuerdo a esta ley.
Los graves problemas ya mencionados, así como muchos otros presentes en el texto de la ley, dejan a todas las personas, en tanto usuarias de obras intelectuales, en situación de precariedad legal e indefensión, estando sujetas a posibles usos arbitrarios de la ley en su contra. Asimismo, se ven vulnerados sensiblemente los derechos a la educación, a la participación en la vida cultural y a la libertad de expresión.
Casos recientes de vulneración de derechos
Un conjunto de casos ocurridos en los últimos años sirven para ilustrar una situación que, aunque por lo general no es percibida como apremiante, suele estallar en casos de abrupta arbitrariedad. A continuación pondremos el foco en algunos de estos casos.
El más notorio en los años recientes afectó el derecho a la educación, cuando en octubre de 2013, una serie de allanamientos policiales a fotocopiadoras cercanas a la Universidad de la República dejaron sin materiales de estudio a miles de estudiantes de Derecho. Las fotocopias son desde hace décadas una de las principales vías de acceso a materiales de estudio. La necesidad de fotocopiar se ve incrementada por el alto costo de los libros,3 y la disponibilidad de ejemplares en las bibliotecas no alcanza para satisfacer la demanda.
Los allanamientos a las fotocopiadoras dejaron como saldo 32 personas detenidas, decenas de máquinas incautadas y más de 10 locales clausurados. Miles de estudiantes sufrieron dificultades importantes para acceder a los materiales de estudio durante meses. La situación posteriormente se estabilizó, como era previsible, con el desplazamiento de la demanda a otros centros de fotocopiado y a grupos de intercambio en Internet, entre otras formas de acceso informal que complementan las insuficientes vías de acceso legal.
En octubre de 2016 la causa culminó con 14 personas condenadas a 7 meses de prisión por la reproducción y distribución de fotocopias en los centros de fotocopiado.
A comienzos de 2015, otro caso puso de relieve la afectación de la ley de derecho de autor a la libertad de expresión. El 18 de febrero de ese año una jueza penal ordenó la incautación de los equipos informáticos del semanario El Eco, en el departamento de Colonia. La incautación se ordenó ante una denuncia iniciada en agosto de 2014 por la Cámara Antipiratería del Uruguay, un consorcio de representantes legales de empresas multinacionales de software. Dicha denuncia, realizada por el supuesto uso de software privativo sin licencia, derivó en la desproporcionada medida judicial, que fue particularmente grave porque violó la libertad de expresión de un medio de prensa. La incautación de los equipos que gestionaban los trabajadores de prensa amenazó seriamente la actividad normal del periódico. El sindicato de trabajadores de prensa y otras organizaciones sociales realizaron una declaración pública en contra de la medida judicial, reclamando por la violación a la libertad de expresión.4 Medios de prensa de todo el país apoyaron la declaración y repudiaron la medida judicial. Días más tarde se supo que el denunciante actuó sin la autorización de la empresa de software a la que alegaba representar, por lo cual la causa no derivó en condenas al medio de prensa. No obstante, cabe resaltar que la medida judicial a través de la cual se ordenó la incautación de equipos se apoyó en la ley de derecho de autor. Desde 2003, esta ley considera el software como una obra autoral, y prevé sanciones penales de hasta tres años de penitenciaría e incautación de equipos ante el uso de programas sin licencia. Este ilícito penal tan ampliamente extendido5 derivó en la existencia de entidades privadas, que, bajo modelos de dudosa legalidad, alegan representar a las empresas titulares de derechos, y, bajo la amenaza de denuncia penal, buscan cobrar “multas” u otros tipos de penalidades para “regularizar” a los infractores. Si bien el caso del periódico El Eco fue el que más notoriedad pública cobró, otros medios de prensa también fueron asediados, así como profesionales y pequeñas empresas de distintos sectores, como arquitectos, diseñadores e imprentas.
A comienzos de 2017, otro caso notorio afectó la libertad de expresión. El 23 de febrero la empresa a cargo de los derechos de Los Pitufos, Estudio Peyos SA, intimó a la editorial uruguaya Índice y a la profesora Silvana Pera, autora del libro de Historia Uy-siglo XX, dirigido a estudiantes de sexto año de escuela, a retirar todos los ejemplares de circulación, bajo la advertencia de entablar acciones judiciales en caso de no cumplir la exigencia. El representante de la firma, Juan Eduardo Vanrell, afirmó: “La primera medida es que los ejemplares salgan del mercado, luego vamos a evaluar la cantidad de libros vendidos y los daños que se le ocasionó a la empresa”.6 Semanas después de la intimación, la editorial Índice publicó un comunicado informando que eliminó del libro «cualquier mención o referencia a Los Pitufos, ya sea en forma de texto o diseño», para evitar las acciones judiciales.7
Los derechos que administra Estudio Peyos SA provienen del autor original de los personajes de Los Pitufos, el dibujante Pierre Culliford, apodado Peyo, que falleció en 1992. La empresa realizó la intimación por el uso de una imagen de Los Pitufos en el libro educativo de Silvana Pera, quien usó el ejemplo de Los Pitufos para ilustrar el concepto de comunismo, presente en los programas de estudio de sexto año. La intimación se basó en la ley de derecho de autor, que en nuestro país carece de excepciones para ejercer el derecho a la cita de imágenes, sonidos y obras audiovisuales, una práctica habitual en nuestros días para realizar comentarios, críticas y explicaciones didácticas. El derecho a citar es una de las excepciones al derecho de autor básicas para proteger la actividad educativa, ya que, como explica la autora Raquel Xalabarder, “muchos de los usos que se realizan como parte de la actividad educativa son propiamente citas de obras ajenas”.8
Más allá de la polémica mediática acerca del libro, desde una perspectiva de derechos humanos debe señalarse con preocupación que una empresa privada haya ejercido una censura directa sobre una obra con la cual tenía diferencias ideológicas. Esta parece ser la única explicación posible de la amenaza legal, considerando que la imagen citada en el libro no competía de forma alguna con la venta de los productos relacionados a los personajes de Los Pitufos, y que lo que se exigió no fue una compensación sino el retiro de la circulación. La falta de ciertas excepciones básicas en la ley de derecho de autor actual permite su empleo para silenciar ideas y obras con las cuales se está en desacuerdo, empleando, entre otros argumentos, el del uso no autorizado de imágenes o pequeños fragmentos de obras a modo de cita.
En los últimos años también han existido amenazas al derecho de acceso y participación en la vida cultural, relacionadas con el inadecuado sistema de derecho de autor. Han sido persistentes las intimaciones y denuncias de la Cámara Uruguaya del Disco y de la Asociación General de Autores del Uruguay (Agadu) contra personas y colectivos sin fines de lucro que contribuyen a la preservación del patrimonio cultural a través de la digitalización y puesta en línea de materiales que se encuentran fuera del mercado. Estas entidades apelan recurrentemente, de manera abusiva, a los mecanismos de notificación y baja de contenidos de las principales plataformas digitales, como YouTube o Facebook. Las grandes plataformas, pertenecientes a corporaciones sujetas a la legislación estadounidense, suelen dar inmediatamente de baja los contenidos sin valorar adecuadamente los descargos de los usuarios denunciados. Lo grave de este tipo de procedimientos es que se establece una suerte de justicia privada, donde las plataformas reemplazan al sistema judicial para la determinación y sanción de las infracciones al derecho de autor.
Por otra parte, Agadu realiza habitualmente cobros arbitrarios y desproporcionados por la realización de festivales y otras actividades sin fines de lucro en espacios públicos, y ha llegado a exigir el pago por ensayos de carnaval en la calle. Desde 2015, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) también ha comenzado a realizar cobros arbitrarios en espacios públicos y pequeños comercios por la supuesta utilización de obras audiovisuales. La prácticas mencionadas dan cuenta de la debilidad de los mecanismos estatales para fiscalizar a las sociedades de gestión colectiva de derechos de autor, así como para corregir y sancionar los abusos que estas frecuentemente cometen.
Las situaciones de vulneración de derechos que hemos presentado no son atribuibles exclusivamente a una falta de actualización de la ley del año 1937. A modo de ejemplo, la redacción del artículo 2, que incluye dentro de las facultades exclusivas de los titulares de derechos tanto a las copias electrónicas temporales como al préstamo de ejemplares de obras, fue incorporada en una reforma del año 2003 a través de la ley 17.616. Esta reforma se realizó con el objetivo de ajustar la ley de nuestro país a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), uno de los acuerdos del sistema de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establecida en 1995. Dicho acuerdo aborda la propiedad intelectual como un asunto vinculado al comercio, cuestión que ha traído a los países miembros de la OMC enormes desafíos para compatibilizarlo con las obligaciones del sistema internacional de derechos humanos. Nuestro país lamentablemente estuvo lejos de realizar la adecuación de la ley de derecho de autor a ADPIC prestando atención a las obligaciones de derechos humanos. La reforma de la ley buscó satisfacer las demandas de las cámaras y entidades sectoriales de la industria cultural. El resultado fue que el texto aprobado en 2003 fue incluso más allá de los cambios exigidos por la OMC. Así, se acentuó el desbalance entre los derechos de los intermediarios y los derechos de los autores y usuarios. Mientras que se amplió el alcance y el plazo de las facultades otorgadas a las empresas titulares de derechos, no se creó ni se adaptó ninguna de las pocas excepciones consagradas en 1937, que quedaron desactualizadas y prácticamente inaplicables. Tampoco se pusieron límites a los contratos de cesión de derechos a través de los cuales en innumerables ocasiones los autores son privados de los beneficios de su trabajo por las empresas intermediarias.
Avances y retrocesos en el proyecto de ley de reforma del derecho de autor
Luego de los allanamientos de 2013 a las fotocopiadoras, el Centro de Estudiantes de Derecho presentó a fines de ese año un proyecto de ley para reformar la ley de derecho de autor, colocando en la opinión pública el debate en torno al derecho a estudiar. El proyecto inicial fue avalado por la firma de 10.000 estudiantes universitarios. Si bien desde algunas cámaras empresariales y entidades recaudadoras se denominó a este proyecto “la ley fotocopia”, en realidad se trataba de una propuesta que amparaba diversas prácticas necesarias para la educación y el acceso a la cultura.
Realizamos a continuación un breve resumen de la historia de este proyecto de ley, que ya lleva cuatro años. El proyecto original proponía añadir nuevas excepciones al derecho de autor. En particular, la excepción de ilustración de enseñanza, diversas excepciones para las actividades de las bibliotecas,9 la excepción de copia para uso personal y la despenalización del literal E del artículo 46. La iniciativa no llegó a ser tratada por el Parlamento y perdió estado parlamentario con el cambio de administración. En 2015 el mismo proyecto fue presentado nuevamente en el Senado, y legisladores de todos los partidos se comprometieron a tratarlo y aprobarlo. El texto fue analizado cuidadosamente durante casi un año en la Comisión de Educación y Cultura del Senado, recibiendo los aportes del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a través de su Consejo de Derechos de Autor. El resultado del proceso en el Senado fue un proyecto superador, que recogió los reclamos de los estudiantes y de numerosas organizaciones sociales, y añadió la solidez técnica de los especialistas del MEC.
En abril de 2016 el Senado dio media sanción a este proyecto de ley, lo que constituyó un paso adelante hacia la ampliación de los derechos culturales de la ciudadanía, actualizando la ley y corrigiendo algunos de los desbalances añadidos en 2003. Sin embargo, luego de la media sanción, sobrevino la reacción de la Cámara Uruguaya del Libro (CUL) y de Agadu, entidades intermediarias que buscaron imponer la idea de que el proyecto afectaba a la industria editorial y al sector cultural.
Toda ley de derecho de autor debe equilibrar los intereses de usuarios, autores e intermediarios. En ningún país los titulares tienen un monopolio absoluto sobre las obras, dado que el conocimiento es un bien construido socialmente y de utilidad pública. Más aún, el proyecto que recibió la media sanción del Senado incorporó el reconocimiento de nuevos derechos para los autores, como el derecho de hacer parodias, fotografiar y filmar obras expuestas en espacios públicos, citar obras escritas, sonoras, audiovisuales, plásticas y fotográficas, entre otras disposiciones. Lejos de dañar el interés de los creadores, el proyecto apunta a consolidar el derecho de los autores a la libertad de expresión y creación, protegiéndolos de abusos de empresas intermediarias. Todo lo cual lo convierte en un proyecto equilibrado, que sirve para terminar con el atraso que tiene Uruguay respecto de otros países.
Sin embargo, las operaciones políticas de la CUL y de Agadu derivaron en un ámbito de negociación ad hoc entre esas entidades y la Federación de Estudiantes Universitarios de Uruguay (FEUU). Por presión de la CUL y de Agadu, de este ámbito de negociación se vieron excluidas otras organizaciones igualmente relevantes en el tema, entre ellas la Universidad de la República, la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay, instituciones y colectivos docentes, de investigación y de usuarios de cultura.
Si bien en un principio la CUL y Agadu habían afirmado oponerse únicamente a dos artículos del proyecto aprobado en el Senado (el artículo de copia para uso personal y el que deroga la criminalización de las infracciones sin ánimo de lucro ni de perjudicar al autor), durante la negociación no solamente lograron eliminar esos artículos, sino que desnaturalizaron también la enorme mayoría del resto del articulado referido a educación y a bibliotecas. Lo que resultó de ese ámbito de negociación desbalanceado fue una propuesta que, por efecto de las numerosas restricciones añadidas a casi cada excepción, sería prácticamente inaplicable y dejaría a las bibliotecas, docentes, estudiantes y a toda la ciudadanía casi en la misma situación en que están actualmente. De aprobarse la propuesta acordada entre Agadu, FEUU y CUL, el Parlamento estaría legitimando muchas de las restricciones que en principio buscaba superar.
A modo de ejemplo, atendiendo a que, como ya dijimos, el préstamo bibliotecario es hoy una actividad ilegal en nuestro país, el Senado incorporó una excepción para que todas las bibliotecas puedan prestar todo tipo de obras de manera legal. En cambio, el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL restringe el préstamo únicamente a bibliotecas de instituciones sin fines de lucro y a obras expresadas por escrito, excluyendo libros de fotografías, obras visuales, discos, obras audiovisuales y cualquier otro tipo de materiales que las bibliotecas prestan día a día. Así, mientras que hoy el préstamo es ilegal pero esta ilegalidad cae por la fuerza de la costumbre, en caso de aprobarse el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se estaría legitimando en 2017 una norma que prohíbe a las bibliotecas prestar todo tipo de materiales excepto textos.
En las comparecencias de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes se hizo notorio el posicionamiento de la Universidad de la República, de la Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay y del Poder Ejecutivo, quienes abogaron por no atarse al texto del acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL, y por rescatar en la mayor medida posible el proyecto del Senado para su aprobación definitiva. Otras organizaciones sociales se sumaron al reclamo a través de un documento conjunto10 donde respaldan el proyecto del Senado. También cientos de autores, bibliotecólogos, estudiantes, investigadores, trabajadores y personalidades relacionadas con la cultura enviaron al parlamento una petición en apoyo al proyecto con media sanción del Senado.11
En octubre de 2017, tanto el proyecto con media sanción del Senado como el acuerdo entre Agadu, FEUU y CUL se encuentran en tratamiento en la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.
Excepción al derecho de autor en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso
Consideramos relevante incluir en este informe un importante avance para el ejercicio de los derechos culturales. Se trata del decreto 295/017,12 que reglamenta la excepción al derecho de autor aprobada por el Parlamento en octubre de 2013 en beneficio de personas ciegas o con dificultades para acceder al texto impreso. Esta reglamentación, promulgada el 16 de octubre de 2017 por el Poder Ejecutivo, hace también efectivo el Tratado de Marrakech, firmado por nuestro país en 2013 y ratificado al año siguiente.
Gracias a este decreto reglamentario, miles de personas con dificultades para acceder a obras impresas contarán con mejores posibilidades de acceder a la cultura en igualdad de condiciones con las personas sin discapacidad. Podrán hacerlo a través de bibliotecas digitales como la Biblioteca Digital y Accesible (un proyecto conjunto de la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay y la Universidad de la República) o a iniciativa propia. La normativa permite reproducir, distribuir, adaptar y poner a disposición las obras en favor de las personas beneficiarias, sin necesidad de pedir permiso ni de pagar a los titulares de derecho de autor.
Las personas beneficiarias incluyen a las personas ciegas, con baja visión o con otra discapacidad visual, pero también a personas con otras dificultades para acceder a obras impresas (por discapacidades motrices o intelectuales, o por diferentes tipos de trastornos que afectan la lectura). Este decreto pone las bases para saldar una deuda histórica del Estado con las personas ciegas, un colectivo que sufre una fuerte desigualdad para el acceso a la cultura y a la educación; pero además, beneficia y protege a toda la ciudadanía en la medida en que todas las personas están expuestas a sufrir patologías que dificultan la lectura. Sin ir más lejos, una gran proporción de personas adultas mayores sufren dificultades visuales o motrices que suelen impedirles el disfrute y el derecho de la lectura.
A partir del decreto reglamentario las obras se pueden reproducir y adaptar a audiolibro u otros formatos accesibles para las personas beneficiarias. Los formatos deberán ser abiertos para garantizar el acceso, en consonancia con la ley 19.179 de software libre y formatos abiertos. Además, se creará un registro de obras e instituciones, así como una base de datos pública de las mismas, que facilitará que cualquier persona beneficiaria encuentre las obras que necesita. Del mismo modo, se autoriza la importación y exportación de obras en formatos accesibles, por lo cual las instituciones y personas beneficiarias uruguayas podrán acceder desde repositorios de otros países, así como las personas e instituciones extranjeras podrán acceder a las obras desde repositorios uruguayos.
Oportunidades para seguir avanzando
El Senado dio media sanción a una reforma que, en caso de aprobarse, consagraría excepciones y limitaciones al derecho de autor para contemplar adecuadamente los derechos culturales, especialmente el derecho a estudiar. Asimismo, el Poder Ejecutivo acaba de reglamentar una ley que favorece el acceso a la cultura de las personas ciegas o con otras dificultades para acceder al texto impreso. Pero la discusión normativa debe ir acompañada de políticas públicas que promuevan el ejercicio de los derechos culturales.
En este sentido, Uruguay aprobó a principios de 2017 la Agenda Uruguay Digital 2020. Bajo el lema “Transformación con equidad”, la agenda incluye, entre otros objetivos, la “creación del Sistema Nacional de Repositorios para compartir y consultar todos los artículos científicos, tesis y libros de textos de producción nacional a nivel universitario”.13 La creación de un sistema de repositorios digitales implica destinar recursos públicos y orientar esfuerzos a garantizar el acceso abierto a la investigación científica nacional y a materiales educativos. Cabe esperar que este esfuerzo se complemente con el impulso a la digitalización del patrimonio cultural que albergan las bibliotecas, museos y archivos públicos, para ponerlo a disposición de la ciudadanía, respetando los derechos autorales, pero haciendo uso del dominio público y de las escasas excepciones contempladas por la ley en favor del acceso a la cultura, la educación y la ciencia.
El derecho de la ciudadanía a participar en la vida cultural, que es de rango constitucional en Uruguay en virtud de los tratados de derechos humanos de los que el país es firmante, implica una responsabilidad por parte del Estado. Nuestro país debe salir de la actual situación desequilibrada en cuanto a legislación en materia de derecho de autor para garantizar a la ciudadanía el goce de sus derechos culturales. Estudiantes y docentes deben poder utilizar materiales de estudio sin verse expuestos a sanciones penales. Las bibliotecas e instituciones culturales deben poder cumplir su misión sin entrar en contradicción con la ley. Las personas que crean obras intelectuales deben poder hacerlo sin dejar de expresar sus ideas para cuidarse de posibles represalias legales. Así como lo ha hecho con la firma, ratificación y reglamentación del Tratado de Marrakech, Uruguay tiene la oportunidad de continuar avanzando con más excepciones al derecho de autor y con más políticas públicas que permitan a las personas ejercer sus derechos a la hora de aprender, informarse y crear. El Estado, en lugar de ser un agente de represión de las prácticas culturales de la población, debe transformarse en un garante de derechos a través de una legislación adecuada al siglo XXI, y en un facilitador de su ejercicio mediante el desarrollo de políticas públicas de acceso a la cultura.
* Creative Commons Uruguay es un colectivo sin fines de lucro que promueve la creatividad y el acceso democrático al conocimiento. Forma parte de la red internacional de Creative Commons, que ha desarrollado licencias de derecho de autor del mismo nombre.
1 Shaheed, Farida. Políticas sobre los derechos de autor y el derecho a la ciencia y la cultura. Informe de la Relatora Especial sobre los derechos culturales. Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 24 de diciembre de 2014.
2 Zaffaroni, Eugenio Raúl et al. Derecho penal – Parte general. Buenos Aires, Ediar, 2002.
3 Rodés, Virginia y Pérez Casas, Alén. Percepciones, actitudes y prácticas respecto a los libros de texto y al uso de libros digitales en formatos abiertos por parte de estudiantes de la Universidad de la República. Montevideo, Udelar, 2013.
4 Declaración disponible en: http://www.apu.org.uy/secretaria-interior/procedimiento-judicial-contra-el-semanario-el-eco-de-colonia-incautacion-de-equipos-dispuesta-por-la-justicia-viola-la-libertad-de-expresion/
5 Según un estudio de la Business Software Alliance, una cámara empresarial internacional del sector del software dedicada al ejercer presión en materia de propiedad intelectual, en 2015 el 68% del software instalado en Uruguay no contaba con licencia. Ver: Seizing opportunity through license compliance. BSA global software survey. Mayo de 2016. Disponible en: http://globalstudy.bsa.org/2016/downloads/studies/BSA_GSS_US.pdf
6 Uypress. Pitufos comunistas con leyes capitalistas: piden retirar de circulación el libro. 24 de febrero de 2017. Disponible en: http://www.uypress.net/auc.aspx?75360
7 Montevideo Portal. Tras acuerdo legal, quitaron referencia a Los Pitufos en libro escolar. 27 de julio de 2017. Disponible en: http://www.montevideo.com.uy/Noticias/Tras-acuerdo-legal-quitaron-referencia-a-Los-Pitufos-en-libro-escolar-uc350069
8 Xalabarder, Raquel. Los límites a los derechos de propiedad intelectual para fines educativos en internet. Revista pe.i., n. 29, Madrid, mayo-agosto 2008, pág. 22.
9 Uruguay es uno de los 21 países que aún no cuenta con ninguna excepción en favor de las bibliotecas. Para más información, ver Crews, Kenneth. Copyright exceptions & limitations: libraries and archives. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Diciembre de 2014. Disponible en: http://www.wipo.int/edocs/mdocs/copyright/en/sccr_29/sccr_29_presentations.pdf
10 El documento puede leerse en: http://www.creativecommons.uy/excepciones-a-la-ley-de-derecho-de-autor-documento-conjunto-de-organizaciones-sociales/
11 Petición disponible en: https://www.todosganamosderechos.org/
12 Decreto reglamentario disponible en: https://www.impo.com.uy/bases/decretos/295-2017
13 Jackson, Matías. Nueva Agenda Digital Uruguay 2016-2020. 23 de enero de 2017. Disponible en: https://www.mjackson.uy/nueva-agenda-digital-uruguay-2016-2020/
Etiquetas: acceso a la cultura, derechos culturales, derechos de autor, Derechos Humanos, dominio público, informe, reforma del derecho de autor, SERPAJ
Equipo de CC Uruguay, mayo 22nd, 2017
Desde que Creative Commons Uruguay se conformó a comienzos de 2013, una de nuestras áreas prioritarias es la formación sobre derecho de autor, dominio público y licencias Creative Commons. Creemos que esta formación es muy necesaria, dado que es un tema de enorme importancia para el ejercicio de los derechos culturales en el siglo XXI y que sin embargo casi no se ve en los programas de estudio de nuestro sistema educativo. Lo que es peor, en los pocos casos en que el tema se aborda en las currículas, se lo hace desde una perspectiva sesgada: desde la visión tradicional de las industrias culturales, en detrimento de la perspectiva del interés público que incluye a los usuarios de la cultura.
En este post les compartimos los repositorios de materiales generados a lo largo de los cursos que hemos brindado y coorganizado desde 2013. Todos los materiales tienen licencias libres, por lo cual se pueden copiar, adaptar, traducir y reutilizar libremente. Los temas abordados incluyen el marco legal de derecho de autor en Uruguay, las licencias Creative Commons, los recursos educativos abiertos, el acceso abierto a la investigación científica, las políticas públicas de acceso a la cultura, la reforma del derecho de autor, el dominio público y la digitalización del patrimonio, entre otros.
Dominio público y digitalización del patrimonio cultural
En 2015 y 2016 brindamos un curso presencial sobre dominio público y digitalización del patrimonio cultural, en colaboración con la Universidad de la República.
Cultura Libre y Creative Commons en Uruguay
En 2015 brindamos el curso presencial «Cultura Libre y Creative Commons en Uruguay», orientado a voluntarios de nuestra organización, y cuyos contenidos aportan a la formación política en temas de acceso a la cultura y derecho de autor.
Serie de cursos sobre educación abierta
En conjunto con la Universidad de la República, en 2014 brindamos una serie de cursos sobre Creative Commons, educación abierta, derecho de autor y acceso abierto a la investigación científica.
Repositorio del curso «Recursos educativos abiertos y Creative Commons»
Repositorio del curso «Acceso abierto y Creative Commons»
Repositorio del curso «Derechos de autor y licencias Creative Commons»
Durante 2014 realizamos el curso online abierto «ABC del Derecho de Autor para Bibliotecarios de América Latina» en conjunto con CC Colombia y CC El Salvador.
En 2013 y 2014 colaboramos en la organización de dos ediciones del curso online abierto “Arte y cultura en circulación”, en conjunto con Ártica – Centro Cultural Online, Fundación Vía Libre, CC Argentina y CC Paraguay.
Repositorio del curso – Edición 2013 – Crear y compartir en tiempos digitales
Repositorio del curso – Edición 2014 – Políticas públicas y gestión de lo común
Etiquetas: Creative Commons, curso, derechos de autor, dominio público, recursos educativos abiertos, repositorio
Equipo de CC Uruguay, agosto 4th, 2016
Una de las preguntas más habituales que recibimos de parte de los músicos que publican sus obras con licencias Creative Commons es por qué razón se ven sometidos a descuentos en sus cachets, en concepto de “derecho de autor” o de “AGADU”, cada vez que brindan un recital en vivo. En particular, nos preguntan esto las bandas que interpretan temas de autoría propia y cuyos miembros no son socios de la Asociación General de Autores del Uruguay (AGADU).
En Uruguay la gestión colectiva de derecho de autor es facultativa, es decir que los autores pueden decidir ejercer sus derechos de autor a través de entidades dedicadas a la gestión, o pueden decidir ejercer sus derechos directamente, sin intermediarios.
En el caso de los recitales en vivo, el concepto por el cual los músicos suelen recibir los descuentos en sus cachets es el de “ejecución pública”. Este concepto se refiere a las regalías que los intérpretes deben pagar a los autores en el caso de que estos últimos no los hayan autorizado a interpretar las canciones de manera gratuita.
Sin embargo, cuando quien ejecuta un repertorio de canciones es el propio autor, el pago por “ejecución pública” se vuelve innecesario, sobre todo teniendo en cuenta que AGADU cobra un porcentaje administrativo por la gestión de dichos fondos, por lo cual el músico, al ir a cobrar como autor el dinero que previamente pagó en calidad de intérprete, termina sufriendo un descuento importante.
Este problema es de difícil solución en el caso de los músicos que son socios de AGADU, dado que sus estatutos obligan al autor a ceder totalmente a la entidad la potestad de administrar sus derechos de autor y les prohíben la administración directa. Sumado a esto, AGADU gestiona todas las obras como si tuvieran todos los derechos reservados, por lo cual no respeta la voluntad de aquellos autores que prefieren usar licencias más permisivas, como es el caso de las Creative Commons. En cualquier caso, son los propios socios de dicha entidad quienes, de manera organizada, podrían reclamar por el cambio de los estatutos.
No obstante lo anterior, es muy habitual que incluso quienes no son socios de AGADU, en los casos en que interpretan un repertorio compuesto en su totalidad por canciones de autoría propia, sufran también dicho descuento.
Con el fin de resolver esta cuestión es que el sello Vía Láctea Ediciones creó un modelo de carta para que los músicos no socios de AGADU, que interpreten un repertorio propio, entreguen a AGADU antes de cada recital. En dicho documento se informa además que las canciones interpretadas cuentan con licencias libres.
Por supuesto, lo ideal sería que los músicos no necesitaran molestarse en enviar esta nota a AGADU antes de cada recital. Pero hasta tanto los protocolos para efectuar los cobros no se adapten a la realidad de que cada vez más músicos deciden usar licencias libres y no ser socios de AGADU, esta carta demuestra ser la vía más efectiva para evitar los descuentos inapropiados.
Adjuntamos a continuación el modelo de carta utilizado por el sello Vía Láctea, dado que puede ser de utilidad para otros músicos que se encuentren en la misma situación.
Descargar el modelo de carta
Etiquetas: AGADU, derechos de autor, gestión colectiva, licencias libres, música libre, recitales