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Timestamp: 2019-08-24 21:30:03
Document Index: 100058598

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 51', 'artículo 51', 'artículo 49', 'artículo 68', 'artículo 150', 'artículo 189', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 144', 'artículo 140', 'artículo 7', 'artículo 51', 'Artículo 279', 'artículo 104', 'artículo 17', 'artículo 58']

﻿ SENTENCIA 1240-2004 DE FEBRERO 14 DE 2007
SENTENCIA 1240-2004 DE 14 DE FEBRERO DE 2007
CONTENIDO:POLICÍA NACIONAL. DECLÁRASE LA NULIDAD DEL ARTÍCULO 51 DEL DECRETO 1091 DEL 27 DE JUNIO DE 1995.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:426 DE JUNIO DE 2007, PG.900
Sentencia 1240-2004 de febrero 14 de 2007
Asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo.
Ref.: 110010325000200400109 01
Número interno: 1240-2004
El presente asunto se contrae a establecer la legalidad del Decreto 1091 de 1995; por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, en cuanto dispone, en su artículo 51, lo siguiente:
“Asignación de retiro para el personal del nivel ejecutivo. El personal ejecutivo de la Policía Nacional, tendrá derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional, se le pague una asignación mensual de retiro equivalente a un setenta y cinco por ciento (75%) del monto de las partidas de que trata el artículo 49 de este decreto, por los primeros veinte (20) años de servicio y un dos por ciento (2%) más por cada año que exceda de los veinte (20), sin que en ningún caso sobrepase el ciento por ciento (100%) de tales partidas, en las siguientes condiciones:
4. Por haber cumplido sesenta y cinco (65) años de edad los hombres y sesenta (60) de edad las mujeres;
6. Por separación absoluta en las condiciones establecidas en el artículo 68 del Decreto 132 de 1995.
La anterior disposición es expedida por el Presidente de la República, en desarrollo de las normas generales previstas en la Ley 4ª de 1992.
Se alega fundamentalmente en la demanda que el Gobierno Nacional no estaba facultado para regular prestaciones sociales, como en este caso la asignación de retiro de los miembros de la fuerza pública, particularmente de los que pertenecen al nivel ejecutivo, por ser esta una materia reservada al legislador ordinario; es decir, se discute una falta de competencia.
Es claro que la falta de competencia radica en que una autoridad adopta una decisión sin estar legalmente facultado para ello y se configura, dicha causal de nulidad, cuando se desconocen cualesquiera de los elementos que la componen, como por ejemplo, (i) cuando no se tiene atribución sustancial para la expedición de un acto jurídico (competencia material) o (ii) cuando este no puede dictarse sino dentro de determinada jurisdicción (competencia territorial) o (iii) cuando solo se cuenta con un tiempo determinado para su proferimiento (competencia temporal).
De la naturaleza de la asignación de retiro. Indudablemente se constituye en un derecho de carácter prestacional que surge de una relación laboral administrativa, y con la cual se pretende cubrir un riesgo o una contingencia propia de la seguridad social. Se trata entonces de una prestación social de causación o tracto sucesivo que se devenga de manera vitalicia, la cual es irrenunciable en los términos de los artículos 48 (1) y 53 (2) de la Constitución Política. Es así como, una vez observados los presupuestos normativos exigidos en la ley, los miembros de la fuerza pública (fuerzas militares y Policía Nacional), tendrán derecho a su reconocimiento y pago, en tanto su situación fáctica laboral se subsuma dentro de tales supuestos legales.
Es por disposición de la misma Constitución Política que los miembros de la fuerza pública gozan o se benefician de un régimen prestacional especial, en consideración al ejercicio de las excepcionales funciones públicas (3) que desarrollan en cumplimiento de su actividad militar o policial (4) . De ahí, el establecimiento de una normatividad legal diferente a la que se ha configurado respecto de los demás servidores públicos, y obviamente a su exclusión de la aplicación del sistema integral de seguridad social contenido en la Ley 100 de 1993 (5) y en la Ley 797 de 2003.
De las normas que gobiernan la situación. Dispone el artículo 150 de la Constitución Política que el Congreso de la República hace las leyes y, por medio de ellas, ejerce las siguientes atribuciones:
e) Fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la fuerza pública (...)” (se resalta).
El artículo 189 ibídem le confiere al Presidente de la República, como suprema autoridad administrativa, entre otras, la función de “(...) 11. Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes”. Y en relación con el establecimiento del régimen prestacional de los miembros de la Policía Nacional, la Constitución Política fue clara en señalar que dicho régimen estaría determinado por la ley (art. 218 - inc. 2º).
En ejercicio de la mencionada atribución constitucional, el Congreso Nacional expidió la Ley 4ª de 1992 como norma de carácter general y así el gobierno quedó facultado para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública, siguiendo los lineamientos trazados en dicha ley.
La Ley 4ª de 1992, fijó como criterio en su artículo 2º —literal a)— el respeto a los derechos adquiridos de los servidores del Estado tanto en el régimen general, como en los regímenes especiales, y la prohibición para que sus prestaciones sociales fueran desmejoradas; y además señaló, en su artículo 10, que todo régimen salarial o prestacional que se estableciera contraviniendo las disposiciones de la ley carecería de efecto.
Tal régimen anterior, se consagró en los decretos-leyes 1212 y 1213 del 8 de junio de 1990 (6) , por los cuales se reformaron los estatutos de personal de los oficiales, suboficiales y agentes de la Policía Nacional.
En el artículo 144 del citado Decreto 1212 de 1990 se preveía:
“Asignación de retiro. Durante la vigencia del presente estatuto, los oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que sean retirados del servicio activo después de quince (15) años, por llamamiento a calificar servicios, o por mala conducta, o por no asistir al servicio por más de cinco (5) días sin causa justificada, o por voluntad del gobierno o de la Dirección General de la Policía Nacional, o por sobrepasar la edad máxima correspondiente al grado, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por incapacidad profesional, o por conducta deficiente y los que se retiren o sean separados con más de veinte (20) años de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente al cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 140 de este estatuto, por los quince (15) primeros años de servicio y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda a los quince (15), sin que el total sobrepase el ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad.
PAR. 2º—Los oficiales o suboficiales retirados antes del 17 de diciembre de 1968 con treinta (30) o más años de servicio, continuarán percibiendo la asignación de retiro reajustada al noventa y cinco por ciento (95%) de las partidas que se incluyeron en cada caso para la respectiva asignación” (7) .
Posteriormente, con la expedición de la Ley 180 de 1995, se modifica la estructura de la Policía Nacional, quedando integrada así: oficiales, personal del nivel ejecutivo, suboficiales, agentes, alumnos, personal del servicio militar obligatorio y demás personal no uniformado (art. 1º); así mismo, se revistió al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias, hasta por 90 días, para desarrollar, entre otras, la carrera profesional del nivel ejecutivo de la institución policial, a la cual podrían vincularse suboficiales, agentes, personal no uniformado y de incorporación directa (art. 7º).
En esa misma ley, se advierte de manera categórica que la “creación del nivel ejecutivo no podrá discriminar ni desmejorar, en ningún aspecto, la situación actual de quienes estando al servicio de la Policía Nacional ingresen al nivel ejecutivo” (parágrafo del artículo 7º) (se resalta).
En relación con el reparto de competencias entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en cuanto al establecimiento o consagración de los regímenes prestacionales, la Corte Constitucional, al ejercer control respecto del Decreto-Ley 2070 de julio 25 de 2003 (8) , por el cual se regulaba el régimen pensional de las fuerzas militares y de la Policía Nacional (9) , expresó lo siguiente:
“(...) Por consiguiente, las obligaciones que surgen del régimen prestacional de los miembros de la fuerza pública, son susceptibles de regulación exclusivamente mediante ley marco y no admiten, en su desarrollo, otra modalidad normativa, principalmente, a través del ejercicio de facultades extraordinarias por expresa prohibición constitucional (C.P., art. 150, num. 10). En efecto, el otorgamiento de facultades al Presidente de la República para regular de manera general y abstracta un asunto sometido a reserva de ley marco, desconocería el ejercicio de la competencia concurrente que para la regulación de dichas materias ha establecido el constituyente: Entre el Congreso de la República y el Gobierno Nacional.
Le corresponde al gobierno mediante decreto ejecutivo o administrativo, reglamentar los elementos accidentales y variables de dicho régimen, tales como, el trámite para acreditar una discapacidad, el señalamiento de los presupuestos para demostrar la dependencia económica en tratándose de una sustitución pensional, los requisitos de forma para certificar las semanas cotizadas, el tiempo máximo que tiene la administración para reconocer y pagar una pensión o asignación, etc.” (10) (se resalta).
Adicionalmente, dirá esta Sala que al regularse nuevas disposiciones en materia prestacional, sin entrar a diferenciar entre quienes ingresaron al nivel ejecutivo desde el momento de su creación respecto de los que se vincularon con posterioridad y de quienes permanecieron como suboficiales o agentes en la institución policial, esto es, sin consagrarse un régimen de transición, se estarían desconociendo, así mismo, unos postulados constitucionales (arts. 13, 48 y 53) y legales (L. 180/95, art. 7º —parágrafo—), que amparan y protegen de manera especial los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales, los que, de no tenerse en cuenta, violarían el principio de la buena fe y de la confianza legítima.
Si bien no existe derecho a un régimen prestacional inmodificable o que no pueda variarse, el ejercicio de un derecho adquirido (11) solo es dable exigirlo en la medida en que el mismo se haya causado, esto es, que haya ingresado al patrimonio de la persona exhibiendo un justo título. Pero, lo cierto es que en este particular caso el Gobierno Nacional no podía variar ni modificar el régimen prestacional de los miembros de la fuerza pública en tanto —se repite— era una materia que se hallaba reservada a la ley y, de otra parte, existía una clara protección especial para quienes se habían acogido a la carrera de nivel ejecutivo.
Declárase la nulidad del artículo 51 del Decreto 1091 del 27 de junio de 1995, expedido por el Presidente de la República, por el cual se expide el régimen de asignaciones y prestaciones para el personal del nivel ejecutivo de la Policía Nacional, creado mediante Decreto 132 de 1995.
(1) “(...) Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social”.
(2) En el inciso segundo de esta disposición, se consagran principios mínimos fundamentales, el de la “(...) irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en las normas laborales. (...)”.
(3) (i) Defender la independencia nacional y las instituciones públicas (art. 216); (ii) velar por la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional (art. 217); y (iii) mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes convivan en paz (art. 218).
(4) “(...) es indiscutible que dicha prestación cumple un fin constitucional determinado, pues conforme a lo expuesto, tiene como objetivo principal beneficiar a los miembros de la fuerza pública, con un tratamiento diferencial encaminado a mejorar sus condiciones económicas por la ejecución de una función pública que envuelve un riesgo inminente para sus vidas y las de sus familiares” (Sent. C-432/2004)
(5) Artículo 279.
(6) Expedidos por el Presidente de la República, en uso de facultades extraordinarias conferidas por la Ley 66 de 1989.
(7) En sentido similar, se había consagrado una disposición respecto de los agentes, en el artículo 104 del Decreto 1213 de 1990.
(8) Expedido por el Presidente de la República, en ejercicio de facultades extraordinarias conferidas en el artículo 17 —numeral 3º— de la Ley 797 de 2003.
(9) Incluido el del personal del nivel ejecutivo (art. 1º), en donde además se previó, la asignación de retiro para este personal y las partidas computables en su liquidación, así como las causales que operaban para su reconocimiento (arts. 23 y ss.).
(10) Sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
(11) Los derechos se adquieren en tanto se reúnan los dos (2) elementos que exige el artículo 58 de la C.P., como son: el objetivo y el subjetivo.