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Timestamp: 2019-12-08 15:09:17
Document Index: 237313321

Matched Legal Cases: ['Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'artículo 38', 'artículo 75', 'artículo 16', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 44', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 75', 'artículo 7']

J. Artículo 18 - Ccpr/C/arg/4 08-40968
1. Convenio Nº 169 de la OIT
2. Encuesta complementaria de pueblos indígenas
4. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas
5. Consejo de Participación Indígena
6. Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas
7. Personería jurídica a) Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) 8
Total general de comunidades registradas inscritas por el INAI o algún organismo provincial competente
J. Artículo 18
288. En adición a lo manifestado en la primera parte del presente informe en relación al párrafo 16 de las observaciones finales, en lo que se refiere a la libertad de cultos en la República Argentina se señala lo siguiente.
289. La reforma constitucional de 1994 derogó tres disposiciones constitucionales controvertidas existentes desde 1853, en relación con temas discriminatorios en materia religiosa:
a) Conversión de los indígenas al catolicismo. La reforma de 1994 establece una generosa cláusula (art. 67, inciso 17) al reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y asegura derechos que tienden a su protección material y de identidad cultural.
b) Exigencia de que el Presidente y Vicepresidente de la nación fueran católicos. La reforma del año 1994 no sólo derogó el requisito de pertenencia a la religión católica apostólica romana (art. 89), sino que hizo constar que el juramento ante el Congreso de la Nación se hará respetando cada creencia (art. 93).
c) El régimen de patronato. Se refiere a la intervención del Estado en la designación de altos dignatarios de la Iglesia, práctica que deriva de la época colonial y que generó muchas controversias entre el Estado y la Iglesia católica. Esto fue subsanado en la reforma de 1994 al abolir la figura del patronato.
290. La República Argentina cuenta con instrumentos nacionales que contribuyen a garantizar o proteger contra la discriminación basada en la religión o la fe. Dichas garantías o derechos se encuentran en: la Constitución nacional, distintas leyes, entre otras se destaca la Ley Nº 23592 (actos discriminatorios), y todos los instrumentos internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado argentino, en especial la Declaración y Programa de Acción de la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001).
291. Como políticas nacionales pueden señalarse la adopción del Plan nacional contra la discriminación6, aprobado por el Decreto Nº 1086/2005 en el que se confiere al INADI la coordinación y ejecución de propuestas que el mismo contiene.
292. Asimismo, el INADI lleva a cabo una campaña de prevención a través de debates, producción de materiales, etc. que contribuyen a sensibilizar a la comunidad respecto de cualquier tipo de discriminación contra religiones.
293. El INADI también recibe denuncias a través de su Centro de Denuncias, donde tanto el afectado como cualquier otra persona o institución puede denunciar la circulación de contenidos agraviantes para una u otra religión. El Instituto promueve el tratamiento de la situación y emite un dictamen acerca del hecho. En los casos donde hay abierta una investigación judicial, el juez generalmente, incorpora el dictamen del INADI como elemento que le permite sancionar a los ejecutores de los hechos.
294. En este contexto, en los medios de comunicación (radio y televisión) se observan y sancionan todas las expresiones que contengan ideas racistas y xenófobas y que puedan dirigirse a cualquier religión. El Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) es el organismo encargado de actuar frente a los mismos.
295. El INADI ha organizado en la actualidad el Foro de medios de comunicación. Este foro, que actualmente integran organizaciones de periodistas o comunicadores, se propone especialmente realizar un control de la información que se difunde en los medios de comunicación y que pudiera estar incidiendo en la promoción de situaciones de violencia, xenofobia, intolerancia, etc., y propone al INADI intervenir ante los hechos observados.
296. Paralelamente, la Ley federal de educación, de reciente aprobación, constituye un avance significativo en el tratamiento de la diversidad religiosa como tema a ser incorporado en los contenidos de la educación básica. Sin embargo, las dificultades respecto de un tratamiento igualitario en todo el país aún no están garantizadas ya que los procesos de incorporación de los contenidos en los programas escolares no tienen el mismo desarrollo en todas las provincias.
297. Por otro lado, cabe señalar como parte integrante de las medidas adoptadas, los cambios efectuados en el servicio penitenciario al haberse permitido constituir vicarías de todos los cultos. Esto está ya en funcionamiento en un número importante de cárceles del país.
298. También cabe destacar que el acceso a la educación primaria y secundaria está garantizada para todos los grupos religiosos. La escuela pública en la Argentina es laica y gratuita. Si bien es cierto que el Estado subvenciona a escuelas católicas, este tema es parte de la agenda pública hoy en debate, puesto que estaría significando una situación de inequidad para otras instituciones de culto no católico que no se ven favorecidas con el aporte del Estado.
299. El INADI ha diseñado, a través del área Políticas antidiscriminatorias, una serie de campañas tendientes a sensibilizar y promover el debate sobre la diversidad cultural, religiosa y otras. Se promueve el tratamiento de todas las diversidades y se están diseñando proyectos específicos de alcance nacional. Estas propuestas son elaboradas en forma conjunta con representantes de los distintos cultos.
300. Por su parte, la Secretaría de Culto de la Nación7 promueve la reflexión, el análisis y el intercambio de información y de opiniones a partir de la realización de conferencias a cargo de reconocidos especialistas nacionales y extranjeros, tal como lo refleja el Simposio sobre "Holocausto-Shoá, sus efectos en la teología y la vida cristiana, en la Argentina y en América Latina"; el Congreso Internacional "América Latina y el mundo islámico: civilización y cultura" y la Mesa redonda sobre "Asís, la profecía de paz de Juan Pablo II (1986-2006)".
301. Con motivo del "Día internacional de conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto" y en homenaje a los religiosos y religiosas víctimas del terrorismo de Estado, se realizaron actos en el marco del 30º aniversario del último golpe militar.
302. Como símbolo de un firme y racional llamado a la paz ante la violencia suscitada en Oriente Medio, se promovió la firma del documento "La vocación de paz y el diálogo entre las comunidades", suscrito por Luis Grynwald, presidente de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA); Samir Salech, presidente del Centro Islámico de la República Argentina (CIRA); Monseñor Horacio Benites Astoul, por el Arzobispado de Buenos Aires, y el Embajador Guillermo Oliveri, Secretario de Culto de la nación.
303. Se realizó un reconocimiento histórico a la espiritualidad aborigen inscribiéndose en el Registro Nacional de Cultos a dos comunidades originarias: la comunidad mbyá guaraní de Santa Ana Mirí (Misiones) y la comunidad pomis isawo de la provincia de Salta.
304. Se procuró un mayor acercamiento a los diversos cultos a través de la visita a sus templos y continuando con el reconocimiento a la presencia histórica de varios de ellos.
305. Se ha participado en numerosos actos y ceremonias religiosas, difundiendo los valores del pluralismo y la convivencia. Así, la Secretaría de Culto estuvo presente en el panel sobre "Globalización de la solidaridad" en la ciudad de Asís, Italia; en la octava Conferencia mundial sobre religión y paz en Kioto, Japón; en el 13º Simposio internacional de derecho y religión de la Brigham Young University, Provo, Utah, Estados Unidos de América, y en Caracas (Venezuela) donde se continuó con la labor iniciada en el Seminario de Culto del MERCOSUR.
306. Finalmente, es importante mencionar que se fortaleció el pluralismo, el intercambio y la convivencia entre niños y docentes de diversas comunidades religiosas, organizándose juntamente con la Secretaría de Deporte y la Dirección Nacional de Juventud la "Primera jornada deportiva por la convivencia". Juntamente con los Ministerios de Educación de la nación y de la ciudad de Buenos Aires, se realizó la "Jornada educativa por la libertad religiosa y de conciencia".
K. Artículo 20
307. Sin perjuicio de lo señalado a lo largo del presente informe, así como en el último informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, es importante mencionar lo siguiente.
308. En referencia a la cuestión de la incitación y fomento al odio nacional, religioso o racial en el debate político y a la promoción a la discriminación desde plataformas políticas, resulta importante tener presente las consideraciones receptadas en el documento del Plan nacional contra la discriminación: "... entre las medidas adoptadas para contrarrestar eventuales plataformas discriminatorias o racistas de los partidos políticos, cabe consignar el artículo 38 de la Constitución nacional, que establece que los partidos políticos deben organizarse respetando las principales convenciones internacionales de derechos humanos, entre ellas, por supuesto, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; a su vez también la Constitución nacional, en el artículo 75, inciso 22, señala el carácter jerárquico superior a las leyes de los tratados internacionales de derechos humanos enumerados por ella".
309. En el mismo sentido, la Ley Nº 23592 sobre actos discriminatorios y el artículo 16 de la Ley Nº 23298 orgánica de partidos políticos recogen específicamente estos principios al enunciar que el nombre del partido "... no podrá contener designaciones personales, ni derivadas de ellas, ni las expresiones argentino, nacional, internacional ni sus derivados, ni aquellas cuyo significado afecte o pueda afectar las relaciones internacionales de la nación, ni palabras que exterioricen antagonismos raciales, de clases, religiosos, o conduzcan a provocarlos".
L. Artículo 23
310. En diciembre de 2002, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promulgó la Ley Nº 1004 que entiende por unión civil aquella que está "conformada libremente por dos personas con independencia de su sexo u orientación sexual".
311. Dicha norma surge del entendimiento de que tanto el texto de la Constitución nacional como el de los tratados internacionales garantizan el derecho de las personas a contraer matrimonio y fundar una familia. En ese sentido, se alega que no existe una definición de familia que limite su acepción a la unión entre un hombre y una mujer, a la vez que tampoco existe prohibición alguna respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo.
312. Pese a la inexistencia de una ley de identidad de género que garantice a las personas trans el derecho a su identidad, es decir, el reconocimiento legal de su nombre y la rectificación de sus documentos de identidad, cabe señalar que este derecho ha sido reconocido en la Argentina tanto a nivel doctrinario como en la jurisprudencia.
313. En ese sentido, cabe señalar que el 21 de marzo de 2007, en la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema bonaerense resolvió la causa C. 86.197, "C. H. C. Cambio de nombre". En la sentencia se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto por una persona transexual y se dispuso la modificación de aquella parte del acta de nacimiento del registro civil de la ciudad de Buenos Aires, en el que se consigna el sexo de la interesada, debiendo corregirse su asignación como varón e inscribirla como perteneciente al sexo femenino. Asimismo, la Corte dispuso el cambio de nombre.
314. El máximo Tribunal bonaerense dispuso a su vez la emisión de un nuevo documento de identidad, con la corrección del nombre y sexo de la interesada, y la rectificación de dichos datos en toda documentación de repatriaciones públicas o instituciones privadas.
LL. Artículo 24
315. Como punto de partida, es importante tener en cuenta que en los informes periódicos presentados por la República Argentina en virtud del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, obra información sobre la protección de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país.
316. Sin perjuicio de ello, es importante destacar que en el mes de septiembre de 2005 se sancionó la Ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes (Ley Nº 26061, véase anexo V), con el fin de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Argentina sea parte.
317. La ley prevé que los derechos en ella reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y sustentados en el principio del interés superior del niño. La omisión en la observancia de los deberes que corresponden a los órganos gubernamentales del Estado, habilita a todo ciudadano a interponer las acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
318. Por su parte, el artículo 2 establece la aplicación obligatoria de la Convención sobre los Derechos del Niño en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los 18 años de edad.
319. En cuanto al principio de no discriminación, el artículo 28 de la ley consagra que las disposiciones de la misma "se aplicarán por igual a todas las niñas, niños y adolescentes, sin discriminación alguna fundada en motivos raciales, de sexo, color, edad, idioma, religión, creencias, opinión política, cultura, posición económica, origen social o étnico, capacidades especiales, salud, apariencia física o impedimento físico, de salud, el nacimiento o cualquier otra condición del niño o de sus padres o de sus representantes legales".
320. En el derecho argentino, el principio del interés superior del niño es una pauta general, en tanto consagrada en un tratado internacional que goza de jerarquía constitucional. A su vez, ha sido consagrada en la Ley de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, conforme fuera señalado precedentemente, entendiéndose como tal "la máxima satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la ley, debiéndose respetar: a) su condición de sujeto de derecho; b) el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta; c) el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social y cultural; d) su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones personales; e) el equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y las exigencias del bien común; f) su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia. Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros".
321. En este sentido, el decidido compromiso de los tribunales nacionales de dar una protección especial al niño en atención a su interés superior puede verse reflejado en la variada jurisprudencia que así lo establece. De esta forma los tribunales han expresado: "El interés superior de los niños es débil frente a otros poderosos, como son el interés del poder y del dinero, aunque todos ellos se desarrollen en la más pura y diáfana legalidad. Por ello, es necesaria una firme y comprometida jurisprudencia que muestre a la comunidad cuál es el camino para el amparo de sus niños, máxime cuando la familia y la escuela aparecen impotentes frente al avance de las empresas periodísticas, quienes no pueden entrometerse en la vida de los niños amparándose en el derecho a la libertad de expresión y a la publicación de noticias sin censura previa (CNCiv., sala C, octubre 3, 1996-P., V.A).
322. También los tribunales han señalado que "El niño tiene derecho a una protección especial. Por ello, la tutela de sus derechos debe prevalecer como factor primordial de toda relación judicial de modo que, ante cualquier conflicto de intereses de igual rango, el interés moral y material de los menores debe tener prioridad sobre cualquier otra circunstancia que ocurra en cada caso" (CNCiv., Sala A, mayo 28, 1996).
323. La Ley de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes establece la creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, en el ámbito del poder ejecutivo nacional, como el organismo especializado en materia de derechos de infancia y adolescencia, y que funcionará con representación interministerial y de las organizaciones de la sociedad civil.
324. Por Decreto Nº 416/2006 se estableció dicha Secretaría en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social. Son funciones de este organismo, entre otras:
a) Diseñar normas generales de funcionamiento que deberán cumplir las instituciones públicas o privadas de asistencia y protección de los derechos del niño;
b) Apoyar a las ONG en la definición de sus objetivos institucionales hacia la promoción de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y la prevención de su institucionalización;
c) Coordinar acciones consensuadas con los organismos gubernamentales y no gubernamentales, fomentando la participación activa de niñas, niños y adolescentes;
d) Propiciar acciones de asistencia técnica y capacitación a organismos provinciales y municipales y agentes comunitarios;
e) Organizar un sistema de información único y descentralizado que incluya indicadores para el monitoreo, evaluación y control de las políticas y programas de niñez, adolescencia y familia;
f) Realizar los informes previstos en el artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y ejercer la representación del Estado nacional en su presentación, constituyéndose en depositario de las recomendaciones que se efectúen.
325. La mencionada ley también establece la creación del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. Este organismo está integrado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que ejerce la presidencia, y por los representantes de los órganos de protección de los derechos de la niñez, la adolescencia y la familia existentes o a crearse en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
326. El Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tiene funciones deliberativas, consultivas, de formulación de propuestas y de políticas de concertación, cuyo alcance y contenido se fijará en el acta constitutiva. Posee entre sus funciones las de concertar y hacer efectivas las políticas de protección integral de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias; participar en la elaboración, en coordinación con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, de un Plan nacional de acción como política de derechos para el área específica, e impulsar reformas legislativas e institucionales destinadas a la concreción de los principios establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño.
327. Por su parte, la ley también prevé la creación de la figura del Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el cual tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y las leyes nacionales. El Defensor debe ser propuesto, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que tendrá a su cargo la evaluación de la designación mediante un concurso público de antecedentes y oposición. Son funciones del Defensor las siguientes:
c) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso. Para ello, puede tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la persona o autoridad reclamada, y efectuar recomendaciones con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las niñas, niños y adolescentes, determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;
f) Requerir para el desempeño de sus funciones el auxilio de la fuerza pública, de los servicios medicoasistenciales y educativos, sean públicos o privados;
h) Asesorar a las niñas, niños, adolescentes y a sus familias acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios donde puedan recurrir para la solución de su problemática;
j) Recibir todo tipo de reclamo formulado por los niños, niñas o adolescentes o cualquier denuncia que se efectúe con relación a ellos, ya sea personalmente o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente debiéndose dar curso de inmediato al requerimiento de que se trate.
328. Finalmente, es importante destacar que el Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes deberá dar cuenta al Congreso de la Nación de su labor en un informe anual. Por otra parte, el Defensor en forma personal, deberá concurrir trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de cada una de las Cámaras del Congreso Nacional a brindar los informes que se le requieran, o en cualquier momento cuando la Comisión así lo requiera.
M. Artículo 26
329. Sin perjuicio de lo señalado a lo largo del presente informe, se remite a lo informado en el último informe argentino presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/476/Add.2,) para mayor información sobre las acciones emprendidas por la República Argentina en cumplimiento del presente artículo.
N. Artículo 27
330. Respecto a las minorías indígenas en la República Argentina, tal como fuera señalado en el tercer informe periódico argentino, el artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional argentina establece que "son atribuciones del Congreso: Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano -ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos-, asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones".
331. A partir de este reconocimiento constitucional, se ha configurado para los pueblos indígenas una situación de derecho específico y particular, que encierra nuevos derechos que tiene un contenido esencial que encierra la obligación de readecuar el marco del Estado y sus instituciones en función del reconocimiento de su pluralidad étnica y cultural.
332. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) es el organismo del Estado creado por la Ley Nº 23302 para diseñar y llevar a cabo las políticas de los pueblos indígenas argentinos. Constituye una entidad descentralizada que funciona en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social.
333. En este orden, en relación con las consultas efectuadas por el Comité respecto al presente tema en ocasión del examen del tercer informe argentino, se señala lo siguiente.
334. En el año 1992, la República Argentina firmó el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre "poblaciones indígenas y tribales en países independientes". Dicho instrumento fue aprobado a través de la Ley Nº 24071, y ratificado el 3 de julio de 2000.
La importancia de este Convenio radica en que es uno de los primeros tratados internacionales que toman a las poblaciones indígenas como protagonistas, a la vez que en él se encuentra la primera definición de pueblos indígenas de valor jurídico.
335. El Estado nacional no cuenta con información suficiente que permita determinar con cierta precisión la situación sociodemográfica y la ubicación geográfica de los pueblos indígenas y sus comunidades. Si bien la Encuesta complementaria de pueblos indígenas (ECPI), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), constituye la primera experiencia nacional de medición de la población indígena en el marco de un censo general de población, no puede decirse que sea una muestra valida de estas poblaciones, ya que no puede dar cuenta, en números absolutos, de la cantidad y las características básicas de dichas poblaciones. Los datos, resultados del ECPI, pueden consultarse en la página Internet de dicho organismo: http://www.indec.mecon.gov.ar/webcenso/ECPI/index_ecpi.asp.
336. Actualmente se está realizando un relevamiento socioeconómico en todas las comunidades indígenas. En tal sentido, se espera que la encuesta de comunidades indígenas permita conocer el proceso de desarrollo de las distintas variables, y posibilite la inteligibilidad de la realidad social de las comunidades y sus características particulares: población, vivienda, educación, salud, economía, trabajo, programas sociales, problemas más relevantes, etc.
3. Programa de regularización de documentos
337. Con respecto a la información sobre Programas de regularización de documentos para población indígena, desde hace varios años, el Estado ha venido aplicando medidas legislativas para ampliar el acceso al documento de identidad.
338. Así, en el Decreto Nº 262/03 se declara la gratuidad en el otorgamiento del primer documento nacional de identidad a todos los niños de de hasta 6 meses de edad nacidos en el territorio nacional.
339. En referencia a los pueblos indígenas específicamente, el INAI está financiando la regularización de documentos en la provincia de Misiones, dado que se ha detectado que es la provincia donde se encuentra uno de los porcentajes más elevados de población indígena indocumentada.
340. Este proyecto se puso en marcha en el año 2005 en respuesta a un pedido del Consejo de Ancianos y Guías Espirituales de la Nación Mbya Guaraní y la Dirección Provincial de Asuntos Guaraníes, dependiente del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Misiones. Así, si bien se han implementado distintas acciones desde diferentes organismos del Estado, no existe en la actualidad un programa específico de regularización de documentos para las poblaciones indígenas.
341. En el mes de abril del año 2006, se dictó el Decreto P.E.N. Nº 410/06 en el cual se aprueba la estructura organizativa del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), cuyo organigrama establece una presidencia, una vicepresidencia, dos direcciones, la Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) y la Dirección de Desarrollo de Comunidades Indígenas, y dos consejos, de Coordinación y Asesor.
342. A fin de cumplimentar los mandatos tendientes a promover el desarrollo integral y sustentable de las comunidades indígenas, el INAI elaboró un plan de trabajo que consiste en:
- Asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas, garantizando el respeto a sus derechos constitucionales y otros reconocidos internacionalmente y sus formas de organización tradicionales, promoviendo el fortalecimiento de las identidades étnicas y culturales, y facilitando su participación en el diseño y gestión de las políticas de Estado que los involucran.
- Crear las bases para un desarrollo integral, sostenido y compatible con la preservación del medio ambiente y los territorios en los que habitan las comunidades indígenas, asegurando canales de acceso a bienes y servicios en las tierras que ocupan, garantizando el acceso a una mejor calidad de vida, diversificando los componentes de su ingreso y generando mejoras en las condiciones locales.
- Dentro de estas líneas generales, las acciones que se promueven a través de este Instituto responden a una estrategia de intervención que se basa no sólo en la transferencia de bienes y servicios a los beneficiarios, sino también en el desarrollo y fortalecimiento de capacidades operativas y de gestión de las comunidades para la formulación, ejecución y evaluación de proyectos, a través de actividades de capacitación, formación gerencial y apoyo técnico y financiero a las iniciativas que impulsen.
343. El INAI se encuentra en un proceso de generar y consolidar mecanismos de participación efectiva de los pueblos indígenas en la elaboración, decisión, ejecución y control de las políticas públicas que los atañen.
344. Dicha participación indígena se instrumenta por medio de la conformación del Consejo de Participación Indígena (CPI), creado por Resolución INAI Nº 152, del 6 de agosto de 2004 y su modificatoria Nº 301/04 y, posteriormente, del Consejo de Coordinación, establecido por la Ley Nº 23302 (art. 5).
345. El CPI determina los mecanismos de designación de los representantes indígenas que integrarán el Consejo de Coordinación. Esta instancia participativa en los diseños de las políticas públicas se propone responder al mandato constitucional en su artículo 75, inciso 17, y a la Ley Nº 24071, aprobatoria del Convenio Nº 169 de la OIT.
346. La creación del CPI en el ámbito del INAI fue el inicio de un proceso de consulta y participación entre el Estado nacional y los pueblos originarios; es un espacio para todos los asuntos que afecten a estos últimos.
347. Durante 2005 se realizaron asambleas de los diferentes pueblos indígenas en cada una de las provincias, 37 en total, para elegir a los representantes del CPI. En dichas asambleas participaron las autoridades de las comunidades, respetando las pautas organizativas y culturales de cada pueblo.
348. Luego de esta elección, se realizaron reuniones regionales con el fin de dar comienzo al proceso de participación en la definición de problemáticas comunes y la búsqueda de solución a las mismas.
349. Estas reuniones marcan el comienzo de un nuevo período en el cual toma protagonismo la participación de las comunidades y pueblos indígenas, por medio de sus representantes, para tener una voz propia y poder discutir la mejor manera de realizar los cambios necesarios que mejoren la vida de las comunidades. La participación de los representantes aborígenes en el CPI garantizaría que las acciones de política pública indígena respondan a las urgencias y demandas genuinas de las comunidades y se establezcan los mecanismos de preservación y protección de los conocimientos tradicionales, como también los de consulta.
350. Por otra parte, en una segunda etapa, se prevé la conformación del Consejo de Coordinación, que estará constituido por representantes indígenas y por representantes de los Ministerios del Interior, Economía, Trabajo, Educación, Justicia y de cada una de las provincias que se adhieran a la Ley Nº 23302 y ejercerá las funciones dispuestas en el artículo 7 del Decreto Nº 155/89, que entre otras destaca:
a) Realizar los estudios necesarios acerca de la situación de las comunidades indígenas e individualizar los problemas que los afectan;
b) Proponer al Presidente un orden de prioridades para la solución de los problemas que hayan identificado, los medios y las acciones para que ellos sean resueltos y objetivos y programas de actividades para el INAI a mediano y largo plazo;
c) Estudiar planes de adjudicación y, cuando corresponda, expropiación de tierras con los alcances de la Ley Nº 23302 y elaborar proyectos de explotación a través de las comisiones ad hoc y la participación de las comunidades específicas a fin de elevarlos al Presidente;
d) Tomar conocimiento y aprobar el análisis de la situación de las comunidades indígenas del país, el informe de las actividades del INAI y la evaluación de sus resultados. Aprobar la gestión economicofinanciera previamente a su elevación al Ministerio de Desarrollo Social;
e) Estudiar los mecanismos a sugerir a las comunidades indígenas para que puedan elegir a sus representantes conforme a lo establecido en el artículo 3, inciso II), como asimismo los procedimientos para que las comunidades logren una organización formal a los fines previstos en la Ley Nº 23302 y la presente reglamentación;
f) Supervisar y dictaminar sobre el funcionamiento del Registro Nacional de Comunidades Indígenas acerca del cual informarán al Presidente;
g) Dictaminar acerca de los programas de adjudicación de tierras que se efectúen;
h) Dictaminar sobre cualquier otro asunto que sea sometido a su consideración.
351. Cabe destacar que los representantes indígenas que integran el Consejo de Participación deberán ser miembros de una comunidad de los pueblos existentes en el país, que tengan domicilio permanente en ella y participen de sus formas de vida y actividades habituales. Todo ello para garantizar la mayor participación posible, de tal forma que los delegados sean auténticamente representativos de las mismas.
352. La Dirección de Tierras y Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) tiene la responsabilidad primaria de planificar, elaborar y ejecutar programas de regularización dominial de tierras con el objeto de reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano.
353. La propiedad de la tierra ha sido tradicionalmente el núcleo neurálgico de la problemática indígena y se ha convertido en la principal demanda de los pueblos indígenas argentinos. El artículo 75, inciso 17, de la Constitución nacional menciona dos situaciones distintas que deben tenerse en cuenta en la implementación de políticas con respecto a las tierras indígenas:
a) Se refiere al "reconocimiento de la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan"; el Estado asume una realidad fáctica a la que otorga derechos de envergadura constitucional;
b) Trata sobre la "regulación del acceso a tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano", lo que implica obligación estatal de atender a las necesidades presentes y futuras de los pueblos indígenas respecto de la tierra.
354. En otro orden, la Ley Nº 23302 en su artículo 7 dispone que: "la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes".
355. A su vez, la Ley Nº 24071 que ratifica el Convenio Nº 169 de la OIT, instruye a los gobiernos a "garantizar la protección efectiva de los derechos de propiedad y posesión" de las tierras que ocupan tradicionalmente, debiendo instituirse para ello "procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional".
356. De esta manera, el INAI interviene en el relevamiento territorial indígena; diseña, ejecuta y financia, junto con los gobiernos provinciales y las comunidades, programas de regularización dominial de las tierras que habitan, y ejecuta y financia los procesos de expropiación y compra.
357. El INAI entiende, con respecto a la posesión indígena de la tierra que es sensiblemente distinta a la regulada en el Código Civil. A pesar de la sutileza con que aparecen los signos de la posesión, los sitios de asentamiento periódico, las aguadas, los pozos, los territorios de caza, las zonas de recolección o de pesca, los casi imperceptibles cementerios, etc., están marcados de forma indeleble en la memoria histórica de los pueblos indígenas.
358. Esa memoria histórica, indisociable de la geografía, es la principal señal de posesión tradicional, que ahora posee rango constitucional, y que el INAI debe respetar en sus políticas de tierras. Tradicionalmente la territorialidad no estaba acompañada por ningún concepto de propiedad que implicara derechos exclusivos de posesión y uso de la tierra.
359. La intención del legislador de la reforma constitucional y que el INAI debe implementar, de referir al concepto de territorio, cuando habla de "las tierras que tradicionalmente ocupan" ‑y no a las parcelas mínimas en donde hoy puedan hallarse hacinados- se ve robustecida y respaldada por el carácter indisoluble que otorga a esos territorios al establecer la restricción del dominio mediante la "inenajenabilidad, intransmisibilidad, inembargabilidad". Esto es así por la unión indisoluble entre la identidad étnica de los pueblos indígenas y los territorios que ocupan tradicionalmente.
360. El INAI sostiene que la propiedad comunitaria es la figura que más se aproxima a la forma de relacionarse con la tierra que tienen estos pueblos y lo que justifica con mayor fuerza la utilización de la categoría institucional de comunidad para encuadrarlos jurídicamente en forma conjunta. Se trata de una institución novedosa, reconocida y aceptada por la legislación existente, pero sin que exista un criterio uniforme para su caracterización, ya que algunas leyes la asimilaban equivocadamente a formas asociativas aceptadas por el Código Civil. Esta confusión viene a ser salvada por la reforma constitucional que, a la vez que otorga rango constitucional a esta forma de propiedad, establece que la misma debe ser definida respetando la identidad y atendiendo a la preexistencia étnica y cultural de los indígenas. Así se vislumbra el desafío para el INAI, en la necesidad de impulsar la adecuación de los textos legales a la nueva realidad jurídica.