Source: https://www.scribd.com/document/133314520/alt-31-pp-7-21-poole-pdf
Timestamp: 2018-12-15 08:54:12
Document Index: 283171477

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 418', 'artículo 183', 'artículo 4', 'artículo 30', 'artículo 28']

La justicia en tiempos de globalización
This paper offers some reflections about sovereignty and law in the context of neoliberalism. se apunta que la antropología jurídica tiene mucho que aportar al análisis teórico de los espacios estatales de decisión jurídica y.edu . La antropología y las mismas organizaciones indígenas y comunales consideran estas áreas de reforma una conquista del espacio político y jurídico del Estado. neoliberalism. ** Investigadora y docente del Departamento de Antropología. Johns Hopkins University. neoliberalismo. antropología D e forma similar a lo ocurrido en otras regiones del globo. Por un lado. En este trabajo se ofrecen algunas reflexiones teóricas y etnográficas sobre el discurso del pluralismo manejado por los reformadores y políticos neoliberales. the study of the institutional and discursive spaces that constitute “the state” can also help us to rethink how we use concepts such as locality. Se sugiere que las reformas judiciales recientes han rearticulado la comprensión tanto oficial como popular de lo que son los límites territoriales. Baltimore. and of law. using ethnographic examples from Mexico and Peru. que el estudio de estos espacios discursivos e institucionales que constituyen “el Estado” también puede contribuir a repensar el manejo de los conceptos de localidad. dpoole@jhu. costumbre. Palabras clave: Estado. On the other hand. MD 21218. la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Mundial impulsaron reformas para “hacer más * Artículo recibido el 29/11/05 y aceptado el 10/07/06. los años noventa trajeron a América Latina una oleada de demandas para una reforma judicial. Key words: State. y de la ley. and of the law and the state. Sin negar las luchas políticas y sociales que se han realizado para lograr estos cambios. por el otro. margin. it is important to ask what kind of vision of a state. 9-21 Los usos de la costumbre Hacia una antropología jurídica del Estado neoliberal* DEBORAH POOLE** Abstract THE USES OF CUSTOM. autonomy and pluralism within anthropology. anthropology Resumen Este artículo ofrece algunas reflexiones sobre la soberanía y la ley en el neoliberalismo. Animadas por un discurso moralizante que prometía eliminar la corrupción y la ineficiencia. Both anthropologists and indigenous organizations have viewed these reforms as a conquest of political and legal space from the state. Yet without denying that political and social struggles have achieved changes in the law. autonomía y pluralismo en la antropología. jurisdiccionales y conceptuales de la ley y del Estado. TOWARDS A JURIDICAL ANTHROPOLOGY OF THE NEOLIBERAL STATE. made these openings to local autonomy possible. It suggests that recent judicial reforms have rearticulated both official and popular conceptions of territorial and jurisdictional limits. utilizando ejemplos etnográficos de México y Perú. custom. que anima y posibilita la apertura oficial hacia las autonomías. margen. I suggest that legal anthropology has much to contribute to theoretical analysis of spaces of state legal decision.ALTERIDADES. es importante también preguntarse cuál es la visión del Estado. instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). 2006 16 (31): Págs. In this paper I offer theoretical and ethnographic reflections about the discourse of pluralism as used by politicians and neoliberal reformers.
ilegibilidad y soberanía jurídica. entre otros. para desarrollar algunas reflexiones teóricas sobre el papel que desempeñan los conceptos antropológicos derecho consuetudinario y costumbre en las reformas jurídicas neoliberales.1 Para hacer frente a este problema. Sobre los Pueblos Indígenas y Tribales en los Países Independientes. en muchas ocasiones éste podía supervisarlos. en Perú). aprobado por la Organización de Trabajo. 1061/OC-PE.2 Aunque estos centros se crearon independientes del Poder Judicial. O’Donnell y Pinheiro (2002). el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) especifica en su primer artículo que uno de los atributos necesa1 rios para identificar a los pueblos indígenas o tribales sujetos al convenio es que “estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres y tradiciones. o por una legislación especial”. Sobre el concepto de margen del Estado. por lo tanto. 10 . En todas las reformas constitucionales donde los Estados nacionales han reconocido o creado fueros judiciales relativos a las comunidades locales.htm]. Lejos de considerar esta ambigüedad una falla o laguna en la ley.htm]. en México. por ejemplo. se instauraron centros de conciliación. y en otros como ilícitas.gov/locations/latin_america_caribbean/ df/dg_conflict. 15 de noviembre de 1997. junio 1989. sugiero que la figura de lo consuetudinario toma valor o sentido dentro de las reformas neoliberales precisamente por su “ilegibilidad” como concepto jurídico y.unhchr.) OIT Convenio 169. su carácter “informal” significaba que la reconciliación no implicaría una posible sanción o castigo en caso de su incumplimiento. Sin embargo. las costumbres indígenas parecen gozar de cierta autonomía respecto de las sociedades coloniales o nacionales. Barié (2003). 1987. 2 * 3 4 5 6 Perú: Improving Access to the Justice System. consultado el 4 de enero de 2006 [disponible en http://www. a la vez. localidad y soberanía empleados por la antropología jurídica en su crítica al Estado neoliberal. lo cual generó un espacio ambiguo donde toda resolución –por “informal” que fuera– se tomaba bajo la sombra de las leyes del Estado.3 En esta instancia. 1985. mientras que en las áreas rurales esta misma relación de ilegibilidad* se institucionaliza mediante el concepto netamente antropológico de lo consuetudinario. véase “USAID Supports Alternative Dispute Resolution in Latin America and the Caribbean”.unhchr. OIT 169. En las áreas urbanas. ADR) desarrollado en los años setenta en Gran Bretaña y Estados Unidos (Harrington. Lo que caracteriza en las zonas urbanas al nuevo sistema de resolución de conflictos como un sistema de “derecho informal” es la imposibilidad de saber si las promesas personales (con que sellan las reconciliaciones) tienen o no una relación con la ley del Estado. Hofrichter. Para un resumen de las reformas constitucionales en la región. Concluyo con algunas consideraciones relativas al reto que estas reformas judiciales representan para los modelos de Estado. el hecho de que su relación con el Estado fuera incierta introducía la posibilidad de que trajera algo de la “fuerza de la ley”. 2005: 17-211). véase Das y Poole (2004). entre otros. (N.5 En el presente ensayo me baso en el problema de la relación o frontera entre la costumbre y la ley. consultado el 20 de diciembre de 2005 [disponible en http://www. por la flexibilidad que la categoría de lo consuetudinario ofrece al Estado en sus relaciones con poblaciones “marginales”. del E. véase. sobre las reformas judiciales en América Latina.”4 Esta misma condición se repite en todas las constituciones nacionales en las que los Estados latinoamericanos reconocen el derecho consuetudinario. la figura de la costumbre ha jugado un papel importante. véase. Así. o en la de Huamanga. Incluso en algunos casos (como en la ciudad de Puebla.ch/spansh/ html/menu3/b/62_sp. artículo 8 (2). el convenio añade la condición de que: “Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.6 Como ejemplos de este vínculo entre costumbre. sin embargo. el pluriculturalismo y los derechos culturales como elementos propios de la normatividad constitucional y jurídica nacional. Por un lado. al detallar la relación entre costumbres y ley. El concepto de ilegibilidad se refiere a la condición de ambigüedad o ambivalencia que caracteriza ciertos dominios creados por el Estado. tomo los casos de Perú (Ayacucho y Arequipa) y México (Oaxaca). siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Me interesa sobre todo la ambigüedad inherente a la costumbre: en algunos contextos se refiere a prácticas caracterizadas como jurídicas. consultado el 20 de diciembre de 2005 [disponible en http://www. Operation núm. las reformas consideraban conformar centros de mediación “anexos” al Poder Judicial Federal. artículo 1 (a). Acerca de las reformas en América Latina. los encargados de la reforma crearon arenas locales o “informales” destinadas a la mediación de conflictos. a las etnicidades o a los grupos indígenas. BID. tomando como modelo el sistema de mediación de disputas (Alternative Dispute Resolution. Méndez. extender la cobertura del Poder Judicial a sectores de la población que no contaban con un adecuado acceso a la justicia estatal.Los usos de la costumbre eficiente” la administración de justicia y.usaid. y Nadar.ch/spansh/html/menu3/ b/62_sp. Por el otro.pdf].
una supuesta normatividad– que sostienen las reglas. Para otros (como Gluckman). emergió acompañada de los otros dos atributos definitivos de la “civilización”: la escritura y la propiedad privada. para Maine. el particularismo histórico y el concepto de cultura. 1986 [1861]). Los precedentes legales sirven para dar validez a los fallos jurídicos en tanto que forman parte de una historia jurídica y. la cultura) tenían una fuerza normativa cuyo carácter “legal” se basaba en la presión o coerción que la tradición ejercía sobre los deseos y comportamientos de las personas (Malinowski. Para Malinowski. Para Henry Maine. véase Collier (1995 y 2002). la justicia radicaba en el carácter normativo de la ley. los antropólogos empezaron a alejarse de estas teorías evolucionistas que adjudicaban la ley a las sociedades con escritura y propiedad privada. véase Merryman (1985: cap. Para estos antropólogos. En los países latinoamericanos esta distancia se profundizaba aún más por la brecha que separa los conceptos de ley y costumbre en el derecho romano. mientras el término derecho consuetudinario tenía el mérito de reconocer el carácter legal o jurídico de las sociedades primitivas o sin Estado. Mientras estas relaciones pudieran considerarse “jurídicas” (y por lo tanto no naturales). la “ley”. las dos teorías también presentaban distintas perspectivas acerca de la relación entre justicia y ley. y sobre la “fijación en las reglas” en el derecho civil. al igual que para Marx.7 Lo que unía a las dos teorías antropológicas sobre el derecho consuetudinario era el vínculo entre este derecho y la idea de que la normatividad (o fuerza normativa) inherente a las prácticas y tradiciones se debía a su antigüedad o “ancestralidad”. los jueces sustentan sus fallos o decisiones en el estudio de los antecedentes jurídicos. por lo tanto. se debatía si era posible extender el concepto de ley hacia las sociedades que no contaban con un Estado. y para la antropología jurídica actual. Como prácticas o 7 8 Para un resumen en español de estos debates dentro de la antropología inglesa y estadounidense. y “la costumbre” a las sociedades preestatales (o premodernas). Las elaboraciones teóricas de Marx. 11 . mediante ellas. consideradas los fundamentos de la antropología jurídica. al argüir casos con base en esta historia. la antigüedad es una prueba de que existen precedentes –y. en el derecho romano y latino– sino como una forma de imponer orden mediante la continua reinterpretación de la historia. Weber. Weber y Durkheim. 1930). Para algunos (piénsese en Malinowski). Estas tradiciones eran consideradas consuetudinarias porque reflejaban las prácticas recibidas o ancestrales y porque constituían un modelo del derecho en el cual la ley no se imaginaba como una regla fija o dada –tal como sucedía. las relaciones de parentesco se fundaban en una lógica netamente jurídica en cuanto que el alcance de la relación familiar dependía no tanto de los lazos biológicos o “de sangre”. Dentro de estos nuevos paradigmas dominados por el sincronismo y el holismo. Durkheim y Maine. mientras que el proceso legislativo se caracteriza “como un método deliberativo y centralizado para la creación de la ley” (Zamora et al. los castigos y las otras prácticas jurídicas que reconocemos como el derecho consuetudinario. tenían como objetivo encontrar el origen de la ley en las formaciones sociales más “simples” (por ejemplo la familia y las alianzas interfamiliares). las prácticas y los conceptos jurídicos que los antropólogos observaban en las sociedades “primitivas” no tuvieran ninguna relación con los sistemas legales de los Estados coloniales y europeos. Esta preocupación por el valor probativo de precedente (o antigüedad) refleja la influencia del derecho anglosajón vigente en las colonias en donde estos antropólogos trabajaban. sino del reconocimiento del ámbito de poder del padre como patriarca con capacidad de mando y de control sobre los demás miembros de su familia (Maine. 2). Hacia principios del siglo XX. la designación de “legal” podía extenderse sólo a las sociedades que otorgaban a sus autoridades el poder discrecional para resolver conflictos e imponer castigos o sanciones (Gluckman. Dentro de esta filosofía legal. En este sentido. por su parte. En su lugar aparecieron el funcionalismo.Deborah Poole La costumbre y las fuentes del derecho El concepto antropológico de derecho consuetudinario parte de una oposición entre sociedades con Estado y sin Estado. los jueces sostienen su visión de la justicia como una tradición consensual heredada del pasado. compartía la teoría positivista que señalaba que la justicia no necesaria- mente formaba parte de la ley en cuanto ésta era producto de los arreglos (o pactos) políticos en los cuales se funda una sociedad. En esta tradición jurídica el concepto de la ley se refiere a “la ordenación de la razón dirigida al bien común”. 2004: 89).. el hecho de que este mismo término siempre apelara al pasado ancestral o precolonial servía también para revalidar la idea de que las autoridades.8 De esta manera. las fallas. en cuanto autoridad universal y coercitiva. la cohesión que hacía posible la supervivencia de una sociedad partía del hecho de que las tradiciones (y. 1955). Jenks (1958). Gluckman. por ejemplo.
artículos 10. Latin): hábito. De hecho. su raíz latina –consuetud– expresa de forma muy elocuente este doble carácter al referirse.catholic. Por otro lado. difícilmente cabe dentro del orden jurídico establecido. aventura sexual” (William Whitaker. preestatal y “prerracional” (McHugh. es parte de los hábitos. en esta filosofía jurídica. Sin embargo. en sus textos sobre la cultura y la organización social de los nativos. en cuanto normas culturales. intimidad.exe?consuetudo]). no comparte esta visión de la costumbre como ilícita y espontánea.. y a la intimidad menos favorable de una relación ilícita o sexual. “viola los principios de racionalismo y sistematización que dan sustento al derecho romano y al sistema legal mexicano” (Zamora et al. en Lewis y Short (1879).Los usos de la costumbre normas que no están sistematizadas por medio de la codificación o la escritura. convención. por ende. Véase al respecto el Código Civil Federal Mexicano. aun cuando se reconoce como tal en algunas constituciones y códigos civiles. 2751 y 2754. al asignar múltiples significados a la categoría de tradición. la costumbre.. por el mero hecho de que pertenece a la esfera no institucionalizada. relación sexual o ilícita. “un proceso espontáneo y descentralizado” que. Este tarea se vuelve más apremiante en el contexto actual por dos motivos. 999. lo consuetudinario constituye. heredada del derecho anglosajón. Words. esta preocupación por deslindar la racionalidad del Estado de la irracionalidad de lo consuetudinario también se hace patente en las nuevas constituciones y reformas legislativas llevadas a cabo en México y en otros países latinoamericanos. por lo tanto. indígenas o locales. los antropólogos se apoyan en un concepto de lo consuetudinario más afín al anglosajón: las prácticas cotidianas se clasifican como “costumbres” debido a la continuidad que parecen demostrar como prácticas ancestrales.11 Para los legisladores latinoamericanos. las costumbres y lo cotidiano. Como veremos. Más bien todo antropólogo entiende que. experiencia. En primer lugar. los tratados internacionales y su reglamentación” (Zamora et al. en consecuencia. En los dos casos. consultado el 26 de noviembre de 2005 [disponible en http//:www. y que tiene sus orígenes en una tradición jurídica en la cual tanto la cultura como la costumbre sirven para anclar “las identidades” (y los derechos) culturales al pasado. menos lícita y menos racional. Dentro de la tradición jurídica anglosajona. donde se delimitan las circunstancias muy específicas en que se reconoce la costumbre como una fuente de la ley. los antropólogos también entienden que las tradiciones son flexibles en el sentido de estar sujetas a la continua reinterpretación. a la vez. el carácter dudoso o ilícito de lo consuetudinario no se asocia tanto con la relación entre la costumbre y el pasado. La antropología jurídica latinoamericana. 2004: 90). sino con que lo consuetudinario siempre queda al margen del racionalismo del proceso legislativo. Véase al respecto Povinelli (2002). indigenista y antropológico (donde se entiende como un ensamblaje de prácticas que existen independientemente de su reconocimiento por el Estado). donde el derecho consuetudinario se reconoce como una categoría residual “a la que se pued[e] apelar solamente en casos no cubiertos explícitamente por la Constitución. La ironía para estos sujetos aborígenes o nativos es doble: por un lado. la influencia (o el dominio) que las costumbres ejercían sobre el comportamiento del ser humano siempre apelaba a un campo marcado por su actual o potencial ilegitimidad. los derechos de los aborígenes o nativos se fundamentan en la condición inherentemente ilegítima y sospechosa de pertenecer a culturas y sociedades no civilizadas. a la intimidad asociada con lo habitual y lo aceptado. para el derecho romano. 2004: 89). y las sociedades primitivas. 997.10 Lo que el derecho romano comparte con la antropología y el derecho anglosajón es la idea de la separación o brecha insuperable entre las distintas lógicas (o “culturas”) jurídicas propias de las sociedades con Estado o universales. 2004). el derecho consuetudinario también pone en cuestión la estabilidad y validez de “la cultura” local subyacente. esta brecha tiene connotaciones para la legitimidad moral de las costumbres como fuente de derechos. Uno de los desafíos más urgentes para la antropología jurídica latinoamericana es desentrañar este concepto de costumbre tal como circula hoy día en el discurso político. por supuesto. 12 . véase también “Consuetud”. la “legitimidad” de las costumbres como fuente del derecho y de la normatividad locales supone una cierta estabilidad respecto a su reproducción e interpretación.nd. tradición. las reformas judiciales y constitucionales promovidas por el neoliberalismo en las últimas décadas del siglo XX 9 10 11 “Consuetud (nom.archives. práctica general o normal. conocimiento empírico.9 Mientras la fuerza coercitiva de la ley se fundaba en la razón. no estatalizada y. En otras palabras –y siempre dentro de la racionalidad colonial y jurídica–.edu/cgi-bin/words. el pasado que constituía prueba de su existencia como una sociedad con derechos políticos y territoriales apelaba a una época anterior a la del Estado moderno. que la antropología jurídica pretende defender la legitimidad de las costumbres como prácticas ancestrales que puedan –y deban– servir como fuente del derecho. costumbre. Entonces. la ilegitimidad de lo consuetudinario se relaciona con que las sociedades “ab-originales” tienen que argüir la validez de sus costumbres como fuente de derecho por el hecho de que descienden de un pasado precolonial y. Por este motivo. Es mediante esta visión teórica de lo consuetudinario. la legislación codificada.
. a los conceptos antropológicos de cultura y costumbre para legitimar una nueva distribución de los recursos estatales. entre otros. Este impulso se complica aún más porque el modelo de la descentralización jurídica se originó en Inglaterra y en Estados Unidos. sobre todo.menuPK:407808~pagePK:149018~piPK: 149093~theSitePK:407802. por ejemplo. en algunos casos. liberar a las judicaturas nacionales y federales de su ya legendaria ineficiencia y alta carga procesal. la autonomía política y cultural). cuando abogados e intelectuales indigenistas formularon el 12 13 14 Véase. y. y que es a partir del reconocimiento de éstas que las reformas judiciales puedan llegar al pleno reconocimiento de los derechos humanos y culturales de los pueblos indígenas y marginales. en Perú. y 2) el estado de Oaxaca. Por otra parte.14 En este acercamiento al problema. Muchos antropólogos han caracterizado este fenómeno como producto de la brecha filosófica o epistemológica que separa el derecho positivo del derecho consuetudinario. utilizaré dos ejemplos de las nuevas formas del derecho consuetudinario: 1) los departamentos (estados) de Ayacucho y Arequipa. Para esclarecer la inherente ambigüedad jurídica de lo consuetudinario. hay importantes diferencias entre el derecho romano y el anglosajón que dan origen al concepto de derecho consuetudinario manejado por la antropología y por los reformadores neoliberales. debemos celebrar las luchas indígenas que han contribuido a la apertura de los Estados latinoamericanos hacia el principio del reconocimiento de los usos y costumbres (e incluso. Banco Mundial. sino del principio administrativo de la descentralización jurídica. es también pertinente preguntarnos por qué los proyectos y las reformas judiciales celebran los mismos valores de localidad y cultura que los antropólogos y las organizaciones indígenas. Por ejemplo Ballon (1990) y De Trazegnies (1993). segundo. 13 . las reformas neoliberales en América Latina no parten de un deseo humanístico de ayuda a los pueblos indígenas. donde la Ley de Derechos Indígenas nos ofrece amplio material para una investigación sobre los conceptos neoliberales de comunidad y costumbre. Véase Merryman (1981). las reformas judiciales y constitucionales latinoamericanas han contribuido a la creación de un concepto de lo consuetudinario inherentemente ilegible en el sentido de que se ubica al mismo tiempo dentro y fuera de la ley. quisiera concentrarme. al apelar a un concepto de costumbre. se supone que la brecha se debe a las diferencias culturales. de esta manera.worldbank. qué contradicciones surgen entre el concepto de costumbre manejado por los antropólogos y las reformas judiciales. sección “Pueblos Indígenas” [disponible en http://web. en los que realicé investigaciones etnográficas sobre la justicia de paz y las reformas judiciales. Perú: la costumbre como chivo expiatorio Los orígenes de la antropología jurídica peruana se remontan a las primeras décadas del siglo XX.Deborah Poole apelan. Como antropólogos.00. Primero.13 Dentro de este modelo. y un contexto jurídico en el que lo consuetudinario siempre lleva la amenaza de estar delegado al dominio de lo ilegítimo e ilícito. Sin negar la importancia de tal enfoque normativo. No obstante. el principio del derecho consuetudinario funciona para relegar la responsabilidad (y el riesgo) de la administración de justicia a las localidades y.html]. cuya genealogía proviene de otra tradición jurídica. Al institucionalizar sistemas de derecho consuetudinario y otros mecanismos comunales para la resolución de conflictos.12 En segundo lugar. cuáles son las nuevas formas de soberanía jurídica asociadas con este reconocimiento del derecho consuetudinario.org/WBSITE/ EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTINDPEOPLE/0. países donde domina el derecho anglosajón. y como hemos visto. en México. en dos aspectos de la realidad actual.
las rondas juegan un papel importante en los nuevos sistemas de derecho consuetudinario. Las rondas se conformaron no sólo para proteger a las comunidades campesinas de las incursiones y abusos del Partido Comunista Peruano “Sendero Luminoso” (PCP-SL). para inscribirse en el registro estipulado por la nueva legislación se requería que las comunidades indígenas presentaran un documento generado por el mismo Estado que les ofrecía la posibilidad de registrarse como sujetos jurídicos. sin embargo. y definía “la comunidad” por su adopción de ciertos criterios administrativos.f. véase De la Cadena (2000) y Poole (2001). En 1930 se decretó una ley que reconocía por primera vez a “la comunidad indígena” como persona jurídica. el derecho consuetudinario es un derecho político que existe al margen de la afiliación cultural de los miembros de las rondas campesinas. tenían que abandonar tanto la cultura como las costumbres que les daban forma. su éxito en combatir al PCP-SL motivó a éste a organizar “grupos de autodefensa” parecidos a los que se crearon en Guatemala como parte de la estrategia de contrainsurgencia. sino también de las fuerzas armadas peruanas. y 2002). el pensamiento indigenista concibió la relación entre el Estado y los indígenas de manera mutuamente excluyente. se enfrentaron al problema de cómo plasmar esta visión bastante idealizada del mundo indígena en un proyecto legislativo que lograra el reconocimiento jurídico de las comunidades y sujetos indígenas. el artículo 2 de la Constitución peruana estipula que “toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. la cultura y la identidad étnica son derechos que pertenecen (como si fueran una propiedad) al individuo. por ende. 14 . la historia. la comunidad o ayllu se caracterizaba por la armonía. que fuera crucial para la visión indigenista (y antropológica) de la comunidad indígena. promulgada por el gobierno autoritario y neoliberal de Alberto Fujimori. la palabra costumbre simplemente no figura en la Carta Magna en la cual se funda el sistema normativo jurídico peruano. Así. sino como un derecho político propio de las rondas campesinas que se formaron y consolidaron durante la guerra interna de los ochenta. Hoy en día. de las historias que unían a los indígenas a las economías y políticas del Estado). La necesidad de esta legislación se justificó mediante las investigaciones sociológicas y antropológicas en las cuales los propios indigenistas denunciaban las condiciones semifeudales y las discriminaciones de corte regional y racista que contribuían a la marginación y miseria de los indígenas peruanos. Al igual que en las otras constituciones de la región –incluida la de México–. Véase Irigoyen (2000: 272-285. Valga decir que se trata del único artículo donde la Constitución peruana menciona el derecho consuetudinario. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación”.Los usos de la costumbre primer proyecto de ley para lograr el reconocimiento jurídico de “las comunidades nativas” en su país (Poole. Es por este motivo que la reglamentación para el registro excluía explícitamente el uso de títulos coloniales como pruebas de la existencia social y política de las comunidades. Por último. También reconoce la personalidad jurídica de la comunidad y su derecho de ser “autónoma en su organización… dentro del marco que la ley establece”. en última instancia. por otro lado.17 En resumen. el consenso y su relación espiritual con la naturaleza y el paisaje. no aparece en ningún momento en la legislación o en su reglamenta- ción. Castro Pozo (1942: 36-39). Mientras en los títulos coloniales de las comunidades se citaba la autoridad de “los tiempos inmemoriales” con el fin de sostener los títulos y recomposiciones.15 Sin embargo. lo que prevaleció no fue tanto la idea de la explotación (y.). siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona”. en el controvertido artículo 149. sino la imagen de la comunidad o ayllu andino como una especie de comuna. En la imaginación indigenista. llevaba a la degradación cultural corrosiva y al fin de la pureza del indio como sujeto cultural. el mero contacto con la justicia del Estado constituía una fuerza de corrupción que. Más aún. en la cual se reconoce la pluriculturalidad del Estado-nación peruano. Por ejemplo. por último. Para que el indio y su comunidad lograran ser sujetos reconocidos por la ley. Aunque al principio las comunidades organizaron las rondas independientemente del Estado peruano. siendo el único “fuero especial” reconocido en la Constitución peruana de 1993. cuya armonía y sobrevivencia cultural dependían de su capacidad para mantener una cierta distancia de las leyes del Estado. y. 15 16 17 Sobre el indigenismo peruano. se establece como fuero especial el derecho de “ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario. para la Constitución vigente. para indigenistas como Hildebrando Castro Pozo y Luis Valcárcel. la nobleza natural del indígena dependía de su separación cultural e institucional del mundo criollo de las leyes. los tinterillos y los juicios legales. haciendo imposible considerar sus derechos jurídicos como derechos culturales.16 Desde sus comienzos. s. Paradójicamente. en la formulación de los códigos legales en favor de los indígenas. Esta preferencia por el procedimiento sobre la argumentación histórica fue refrendada por la vigente Constitución de 1993. Para los indigenistas. este derecho a la pluriculturalidad se define como un derecho individual. y que éste no se le concede a las comunidades como un derecho cultural.
Así. el primer requisito legal es que los jueces sean “naturales del lugar donde ejercen el cargo” y que vivan en la comunidad. siempre y cuando sus decisiones no “violen el espíritu de la ley”. resulta curioso el estatus del cual gozan los jueces de paz. en qué sentido se consideran distintivos? Sin lugar a dudas. La instrucción de usar el “leal saber” aparece en la reglamentación que establece los procedimientos para la implementación de la justicia de paz. que versa sobre los juzgados de paz. al igual que los reyes medievales. en los principios generales del derecho o en las normas de la propia comunidad” (IDL. Si los problemas que crean los códigos peruanos al juez de paz son tan notorios. De esta manera. y que deben “basar sus decisiones en su propio criterio de justicia. el de carne y hueso. el juez de paz debe ocupar dos cuerpos: uno. y cómo hacerlo. 2) que el único límite que deben tomar en cuenta en sus resoluciones es su concordancia con los derechos humanos reconocidos en la Consti- tución peruana (IDL. sino más bien una amenaza recurrente. y el “sentido común” en la Constitución vigente (de 1993). los jueces de paz constituían 72% de los magistrados en Perú. juzgados de primera instancia ubicados también en las capitales provinciales. tiene lugar “cuando el juez dicta una resolución que contradice claramente el texto de la ley” (artículo 418). deben poseer “cualidades de carácter subjetivo como la honorabilidad. el del funcionario desinteresado que simboliza el espíritu de la ley y. 1999: 11). 2002: 24). el Poder Judicial en el Perú ha estado conformado por una Corte Suprema situada en Lima. ¿Pero.19 La Constitución informa. Brandt (1990). Pero si se supone que el juez no tiene que basarse en “el texto de la ley”. en los manuales jurídicos se advierte a los jueces en formación que: 1) “no están obligados a seguir un procedimiento prestablecido” (CAJ. por ejemplo. Los jueces de paz son a todas luces los representantes de “la ley” con quienes la mayoría de los peruanos tienen más contacto. un número variable de cortes superiores localizadas en las capitales departamentales más importantes. véase Comisión Andina de Juristas (1999). finalmente. Estos valores constituyen el signo distintivo del juez de paz”. Lovatón y Ardito (2002) y Pásara (1979). la cual se revela en la expectativa de que el juez de paz no letrado no deba recurrir a los códigos y procedimientos de la justicia nacional. y a diferencia de todos los demás rangos de la judicatura. 15 . Lo que distingue la honradez del juez de paz de otros funcionarios judiciales es 18 19 De acuerdo con un censo realizado a finales de los años noventa. y 3). y. según el artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.18 Dada su trascendencia en el quehacer diario como representante del Estado en la vida local. ¿cómo saber cuándo éste contradice la ley y cuándo sus acciones y decisiones han pasado al terreno de la extralegalidad? Según este mandato. Además. que el juez de paz “no tiene la obligación de aplicar totalmente la ley y los procedimientos”. el concepto de lo consuetudinario circula con amplitud en el discurso político nacional y antropológico. ¿por qué su persistencia en la ambigüedad –o dualidad– del cargo? La respuesta radica en la importancia que los mismos jueces dan a su cargo como símbolo de la integridad y cultura de su comunidad. pues son los únicos representantes del Estado exentos de la obligación de juzgar y actuar dentro del orden legal establecido. Esta asociación entre el juzgado de paz y el sistema normativo y cultural local tiene sus raíces en las leyes que apoyan e instruyen a los jueces. el otro. Una constante de estas recomendaciones sobre la justicia de paz es la ausencia de estipulación alguna sobre qué “tradiciones” deberían ser aplicadas e interpretadas. El mejor ejemplo de esta situación lo ofrece la controversia sobre la renovación y la reforma de la justicia de paz. Lo que he aprendido de ellos es que no la consideran un privilegio o derecho.Deborah Poole A pesar del silencio de la Constitución y de los códigos sobre los derechos culturales y el derecho consuetudinario. Según las constituciones vigentes hasta 1993. (1999). Sobre la justicia de paz en ese país. Desde la primera Constitución (1823). además. honradez. En mi trabajo etnográfico he tratado de entender cómo sienten y perciben los propios jueces esta doble carga. la honradez y la integridad deberían ser inherentes al desempeño de los jueces en todos los rangos del sistema judicial. los juzgados de paz. los jueces de paz podían actuar basados en su “leal saber y entender” y en su “sentido común”. cuyos poderes van desde las funciones administrativas regulares (matrimonios y titulación) hasta la resolución de conflictos en el ámbito local y del control discrecional sobre qué casos pasan a las instancias superiores. que representa el conocimiento personal y la intimidad con su comunidad. designado en los manuales como “delito propio al cargo de juez de paz”. El prevaricato. pero que a la vez deba “saber” cuándo “sus decisiones contradicen los valores y las normas establecidas en la Constitución”. Lovatón et al. 2002: 10). integridad de conducta y rectitud de sus actos. la Constitución de 1993 –escrita como respaldo a la reformas neoliberales del Estado implantadas por Fujimori– introduce una ambigüedad adicional a las funciones tradicionales del juez de paz. Así.
o sea por su “leal saber”. Como hemos visto en el caso peruano. la amenaza de una denuncia por corrupción les imposibilita seguir en el cargo. que el derecho civil da preferencia a la reglamentación administrativa sobre la documentación histórica en el reconocimiento jurídico de las sociedades. y en menor escala en otras regiones provinciales. debe aparecer por encima de su localidad y su “cultura”–. no obstante. Sin embargo. podemos apreciar un fenómeno similar. es el hecho de que en esta región lo consuetudinario no considera necesariamente las prácticas originadas en el pasado prenacional (o preestatal). véase. por ejemplo. los registros administrativos establecidos con el propósito de reconocer la personalidad jurídica de las comunidades andinas hacían caso omiso de los títulos coloniales que ofrecían prueba de la continuidad. Sobre la invalidez o “ilegibilidad” de los títulos coloniales en el sistema judicial republicano. En ocasiones. y la otra judicial y desinteresada– introduce el espectro de la corrupción en el ámbito local que constituye su jurisdicción.22 En el caso de Oaxaca. los pequeños poderes y las envidias que constituyen las “economías morales” de sus comunidades locales. problema que ha originado la renuncia masiva de jueces de paz en el departamento sureño de Arequipa. Para México. se convierten en ilícitas en el caso de un funcionario del Estado –que además de ser desinteresado. Basadre (1937). Por esto. a los pocos días de asumir su cargo. Si el interés personal y la intimidad social son rasgos “naturales” de la vida cotidiana y la cultura local. que sus decisiones deben fundamentarse en el conocimiento personal de los antecedentes y el carácter de las personas involucradas en el conflicto. los indígenas lograron preservar la autonomía territorial y política a partir del reconocimiento constitucional de las oficinas y 20 21 22 Para un análisis más detallado de estas economías locales y su percepción por los jueces de paz. y tercero. Esta antipatía hacia el pasado tiene por lo menos dos raíces: la primera es la doctrina liberal de la universalidad de la ciudadanía y la eliminación de la categoría de “indio” de las constituciones republicanas. como los testimonios de los jueces nos sugieren. el juez de paz cumple con el mandato de juzgar según su conocimiento de las personas y sus costumbres. Oaxaca: la ilegibilidad de la costumbre Quizá lo que más diferencia el concepto de lo consuetudinario. que el juez debe conocer las costumbres del lugar. ellos tienen que ajustar esta imagen de comunidad con la realidad de los “arreglos”.20 Entonces. también debe ser un funcionario “desinteresado”. entre otros. léase a Poole (2005). El choque entre estas dos “caras” de la justicia de paz –una local e interesada.21 y. la segunda. tal como es concebido en la jurisprudencia anglosajona. En cuanto a México. véase Ferrer Muñoz y Bono López (1998). en la práctica. Por otro lado. como persona privada. en la medida en que los expone al peligro de servir como “chivos expiatorios” en un contexto en donde “la corrupción” resulta ser la acusación más conveniente a la cual recurren individuos y comunidades para deshacerse de una autoridad que no les conviene. por un lado. los jueces entienden esta condición como una trampa. segundo. todos los manuales de capacitación y guías de consulta señalan como primer requisito que la oficina del juez de paz debe establecerse en la comunidad a la cual sirve. y siempre con la idea de servir como representante “orgánico” y honrado de su comunidad. instituciones y colectividades indígenas. Guardino (2005) y Ruiz Medrano (2005). con la comunidad a la que sirve en su condición de funcionario público. por su calidad de representante del Estado nacional. A veces. Es aquí precisamente donde el discurso sobre lo que debe ser la justicia de paz apela a los valores de la armonía y la naturalidad que dan sustento a la imagen indigenista de la comunidad indígena o local. 16 . del derecho civil dominante en América Latina. para el caso peruano. sus territorios y sus culturas.Los usos de la costumbre que su “honradez e integridad” tienen sus raíces en la relación íntima que éste debe mantener. la antigüedad y la integridad de las comunidades.
la doble cara del reconocimiento jurídico estatal origina una especie de “zona gris” o “frontera jurídica” en la que la legitimidad de las prácticas (culturales) siempre está en cuestión (Velásquez. y en forma muy similar al caso que hemos visto de la justicia de paz peruana. de paso. llevada a cabo en 1997. en la siguiente edición del Libro Cuarto. esta legislación apareció como una maniobra partidaria para asegurar el control político sobre municipios en el nuevo contexto de elecciones multipartidarias (Recondo. publicada en 1995. hasta entonces no constitucionalmente reconocido. El criterio del tiempo de vigencia (que pareciera reflejar el concepto netamente antropológico de la costumbre) desaparece. era más precisa al entender “por comunidades de un municipio de usos y costumbres. para controlar mejor el hecho. Vasconcelos Beltrán (1993) y Martínez Vásquez (2004). la educación. En esta definición algo “circular”. La reforma se realizó en dos etapas: en la primera reglamentación. en Oaxaca se introdujo una legislación para conciliar las características culturales que subyacen en los sistemas de gobierno locales y. completamente falsa) de que Oaxaca es poco menos que un paraíso para los grupos indígenas– (Nahmad Sittón. las mujeres. al ponerla en práctica. En la década de 1990. Las imprecisiones relativas a la definición y reglamentación de los usos y costumbres no fueron casuales. 17 . es importante reconocer que la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca –también conocida como ley de “los usos y costumbres”–. Owolabi (2004) y Martínez (2004).Deborah Poole autoridades municipales que proliferaron después de la Independencia (Velásquez. los indígenas gobiernan” (Recondo. como por la existencia de algo que se puede considerar “el derecho consuetudinario”. 2001: 97). Así. 2001: 93). Sin embargo. Por un lado. 2001). y como pieza clave de la política neoliberal de la reforma del Estado. 2001: 97-99). Sobre la política cultural en los sexenios de Heladio Ramírez López (1986-1992) y Carrasco Altamirano (1993-1998). 1998: 150). La segunda reforma a la reglamentación electoral. entre otros. véase. aquellas que desde tiempos inmemoriales o cuando menos durante tres años eligen a sus autoridades mediante mecanismos establecidos por su derecho consuetudinario” (Libro Cuarto del Código de Instituciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de Oaxaca –CIPPEO–. formó parte de un paquete de iniciativas neoliberales para la reorganización de la política cultural y la descentralización de las instituciones culturales en Oaxaca. el estado de Oaxaca ha concentrado sus esfuerzos en “garantizar” el derecho a elegir autoridades municipales por los usos y costumbres. Aunque estos municipios están estructurados con base en “costumbres” como el tequio y los sistemas de servicio comunitarios (los cargos) con fuertes raíces en las culturas indígenas. El pluriculturalismo se reconoce en la Constitución oaxaqueña en 1990. las comunidades que formaron nuevos municipios no se reconocieron por la antigüedad o continuidad de su cultura o territorio.25 El texto de la citada ley abarca una amplia gama de garantías sobre los derechos de las comunidades. Varios estudios referentes al sistema de usos y costumbres en Oaxaca han concluido que la formalización de esta frontera jurídica se complica por la distancia que separa los principios indígenas de 23 24 25 Sobre la ley de usos y costumbres. las lenguas. sino por el hecho de que sus autoridades cumplían con la reglamentación necesaria para constituir un municipio libre. de que “en la gran mayoría de los municipios de Oaxaca. 1998: 15-114. el mismo año en que fue presentada al Congreso Federal la iniciativa presidencial (aprobada en 1992) para enmendar el artículo 4 de la Constitución nacional (Gómez Rivera. las reformas legislativas y constitucionales también respondieron al mandato constitucional para implementar el pluriculturalismo. a no reglamentar directamente los usos y costumbres (Recondo. aprobada en 1998. Recondo. véase también Anaya Muñoz (2003). sin embargo. los argumentos que llevaron a quienes elaboraron la reforma. donde se da un papel central a la decisión de la asamblea comunal que representa el mismo municipio. los recursos naturales y el desarrollo sostenible en territorios indígenas –dando la impresión (por lo menos en este momento. las ambigüedades de la ley tuvieron el efecto intencional de crear un vacío en beneficio del partido gobernante. 2001).23 Por el otro. en Recondo. cit. además del principio del respeto a la autonomía de las comunidades. La variedad de los usos y costumbres y su carácter esencialmente flexible y evolutivo fueron. Como lo señalaron en su protesta los partidos de la oposición (Partido Acción Nacional –PAN– y Partido de la Revolución Democrática –PRD–).24 En este sentido. 2001: 97). la costumbre se define tanto por su continuidad con el pasado. 1997). la decisión respecto a los municipios que serían considerados de usos y costumbres no tomaba en cuenta ni sus características culturales ni la autodefinición de los mismos municipios.
Por tanto “en el estado dichos sistemas se consideran actualmente vigentes y en uso”. en donde ser elegido implica un suerte de transferencia de poder de la comunidad al representante (o delegado) que habla en su nombre. En ese sentido. los ejemplos que hemos presentado de Oaxaca y Perú sugieren que. sino por su historia de servicio a la comunidad (Velásquez. Este criterio netamente antropológico sí rige para los llamados “sistemas normativos” que el Estado reconoce como “sistemas internos de los pueblos y comunidades indígenas. 2001. Velásquez describe el choque entre la filosofía política liberal. Consideremos por un momento la definición del derecho consuetudinario que aparece en la enciclopedia virtual Wikipedia: Derecho consuetudinario: También llamado usos y costumbres. Martínez. En el artículo 30 se especifica que el reconocimiento de estos sistemas normativos internos se extiende exclusivamente al interior de estas comunidades. puede apreciarse que los dos términos conllevan implicancias distintas para el contenido jurídico de las llamadas costumbres y prácticas culturales. véase también Ríos Morales. donde suele emplearse como sinónimo de derecho consuetudinario. autoridad y jurisdicción de los criterios utilizados para valorar y reconocer las capacidades y legitimidad de una autoridad en el sistema electoral estatal (y nacional). Es una fuente del derecho.26 Esta definición comparte con el sentido común antropológico una imagen de la costumbre como algo que es producto de un consenso social.Wikipedia. los usos y costumbres adquieren su valor político precisamente por formar una especie de “puente” entre los fueros locales que corresponden a “la cultura” y el Estado (que se mantiene neutral en cuanto a su identidad cultural).. Difícilmente se puede considerar costumbre una conducta que no tiene antigüedad [. es claro que existen conductas cuyo uso es generalizado y muy repetitivo pero que no constituyen costumbre en tanto no tienen emparejado el concepto de obligatoriedad. y Valdivia Dounce. 2001. consultado el 25 de noviembre de 2005. que se asocia con un grupo social restringido 26 www. pero no a la autoridad del tiempo o de la continuidad que caracteriza la costumbre en el pensamiento antropológico. Así. Sólo con la confluencia de estos dos elementos es que podemos considerar que nos encontramos frente a una costumbre como fuente de derecho. 1998: 152).com/Derechoconsuetudinario. Son normas jurídicas que se desprenden de hechos que se han producido repetidamente en el tiempo en un territorio concreto. la doctrina actual ha logrado identificar dos elementos imprescindibles para que una conducta califique como “costumbre” y tenga efectos jurídicos: a) Uso repetitivo y generalizado. Como prácticas relevantes para elegir autoridades estatales. 2002)...Los usos de la costumbre representación. la costumbre siempre está condicionada por su relación con la ley del Estado.] Esta conducta debe ser una que se repite a través del tiempo. Así. Eso diferencia al derecho de la moral y la religión. En la legislación oaxaqueña.. que sea parte integrante del común actuar de una comunidad. desde el punto de vista del discurso jurídico. 1998. Sin embargo. El artículo 28 define al sistema normativo –que en el nivel local corresponde al sistema normativo jurídico que la Constitución determina para el estado entero– como sistemas internos “basados en sus tradiciones ancestrales. la presunción manejada por el Estado (y los partidos) de que los elegidos se reconocen como legítimos (o no) según su capacidad de ser “fieles reproductores de la voluntad de la asamblea” resulta ser un principio ajeno a la comunidad (Velásquez. De esta manera. es decir. los usos y costumbres están sujetos a la reglamentación legislativa. y la suposición –bastante documentada en la etnografía oaxaqueña– de que “el elegido” es legítimo no tanto por su capacidad de “representar”. 18 . por ejemplo. es decir. Sólo puede considerarse costumbre un comportamiento realizado por todos los miembros de una comunidad [. que goza de obligatoriedad. que se han transmitido oralmente por generaciones”. Aquí también es clave notar la distinción que la ley establece entre sistema normativo y jurisdicción. Los orígenes del derecho consuetudinario se entierran en los mismos orígenes de lo que entendemos por sociedad. Tienen fuerza vinculante y se recurre a él cuando no existe ley (o norma jurídica escrita) aplicable a un hecho. de tal manera que no puede obviarse dicha conducta sin que todos consideren que sea violado un principio que regulaba la vida de la comunidad. así como jurisdicción a las autoridades comunitarias”. Conclusión Si en la imaginación de los antropólogos la costumbre constituye sinónimo de cultura y localidad. Esta distinción se puede –y se debe– comparar con el uso del término sistema normativo en la antropología jurídica. Todos los miembros de una comunidad deben considerar que la conducta común a todos ellos tiene una autoridad.] b) Conciencia de obligatoriedad. fuente de derechos y deberes.
en el caso de la antropología latinoamericana. Si bien el realismo jurídico (o el positivismo) abandonó hace tiempo el pretexto de la equivalencia entre ley y justicia. De hecho. que “la ley” se experimenta en (y se hace parte de) la vida cotidiana. pero siempre con la amenaza de que el Estado los pueda desconocer si sus “costumbres” les resultan inconvenientes o “ilícitas”.Deborah Poole y local. prefiero conceptualizarla como un espacio de ilegibilidad. el Estado neoliberal parece buscar lo inverso: crear zonas de indistinción o ilegibilidad donde las poblaciones marginales asumen la responsabilidad de sus vidas (y su futuro). por lo tanto. Ante este escenario. siempre al borde de la ilegalidad. Rousseau y Kant. En tanto esta condición de incertidumbre se puede caracterizar por su ambigüedad. armonía e inclusión. el Estado concede a las autoridades y comunidades locales el muy peculiar derecho de actualizar una justicia extrajudicial que queda. la legislación pluricultural legitima al Estado como el poder que tiene el derecho de reconocer (y legitimar) lo que es la cultura. Esta genealogía disciplinaria es más que una mera curiosidad. con el contrato social y sus presunciones de igualdad. mientras la justicia (como una disposición moral) se ha relegado a las comunidades locales. mientras el derecho del Estado encarna las propiedades de la coerción. Como se ha observado en los ejemplos aquí presentados de la justicia de paz peruana y las reformas constitucionales en Oaxaca. Como se ha expuesto en los casos de México y Perú. el “nacional” y el subalterno o “cultural”) como una zona en donde las costumbres aparecen a la vez como prácticas cotidianas (o inocuas) e ilícitas (o peligrosas). el derecho comunal o indígena se caracteriza por ser consensual. No obstante. lo que se nota en las reformas neoliberales es una reconfiguración de la vieja oposición entre la ley (o el derecho) como un procedimiento técnico e imparcial (Weber) y la justicia como una disposición moral. entre el derecho estatal y la localidad como sitio de lo consuetudinario. lo tradicional y lo 19 . Dado este panorama nada alentador. violento y coercitivo). Mientras el Estado liberal y modernizante buscaba expandir su dominio con tecnologías estadísticas que hacían más transparente o legible la relación entre el Estado y las poblaciones y comunidades dentro de su territorio. mientras las constituciones establecen la existencia paralela de sistemas normativos locales que no amenazan la soberanía jurídica nacional. nuestra capacidad de acomodar estos modos de indistinción inherentes a la ley ha sido obstaculizada por las dicotomías analíticas mediante las cuales el derecho “formal” (o universal) se distingue de los dominios “informales” de lo consuetudinario. la reglamentación de las leyes configura la frontera entre estos sistemas normativos (esto es. tan bien captada en los textos de filósofos como Hobbes. hace por lo menos un siglo. Al pedir a las comunidades que logren reconciliación y justicia según “costumbres” (o peor. existe una brecha significativa entre el sentido que los antropólogos y los reformadores neoliberales quisiéramos dar a la costumbre. Así. Sin embargo. la antropología jurídica latinoamericana pareciera romper con el discurso jurídico vigente (el derecho romano) al reforzar la idea de que los usos y costumbres derivan su autoridad de la relación genealógica e histórica que demuestran con una cultura ancestral. disposiciones personales como el “sentido común” o “la honradez natural”) que carecen de reconocimiento procesal. Las reformas neoliberales subyacentes tanto en la nueva justicia de paz peruana como en el reconocimiento de los derechos consuetudinarios en Oaxaca han complicado aún más el panorama al institucionalizar la división ya existente. Locke. Al reconocer los “sistemas normativos internos” de las comunidades y municipios indígenas. las costumbres y lo consuetudinario. y que se basa en la autoridad del tiempo y del pasado. este vínculo entre antigüedad y costumbre debe mucho a una genealogía disciplinaria y discursiva en la cual el mero concepto del derecho consuetudinario –tal como lo manejan los antropólogos– se deriva del derecho anglosajón o el common law (que también se conoce como “el derecho consuetudinario”). propongo que el desafío para los antropólogos del presente es reconocer la ambigüedad inherente a la ley como el concepto filosófico mediante el cual los liberales han intentado reconciliar la soberanía (como un principio excluyente. oral y reconciliador. Parece que lo que las reformas han hecho al diferenciar estas dos esferas de la ley es renunciar a la esperanza de que algún día se pueda superar la brecha entre la justicia y la ley. me parece que la tarea de la antropología jurídica no puede restringirse al escrutinio de la autenticidad de las costumbres o el (in)cumplimiento de las leyes que prometen el pleno respeto a los derechos culturales. podemos decir que esta oposición se ha endurecido porque la ley (como procedimiento) pertenece ahora exclusivamente al Estado. Más específicamente. Lo que mi trabajo etnográfico con los jueces de paz me sugiere es que es precisamente a partir de esta ambigüedad. y los límites que el derecho romano impone a los usos y costumbres como fuente de ley. la inscripción (la escritura) y la parcialidad propias de la soberanía. las reformas “pluriculturales” implantadas bajo la bandera del neoliberalismo consideran los derechos culturales como una suerte de frontera para la consolidación de una nueva soberanía jurídica. Así.
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