Source: https://habitatcolombia.org/andres-lafaurie-restrepo-el-derecho-a-la-vivienda-digna/
Timestamp: 2018-12-17 02:31:48
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Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 93', 'artículo 25', 'artículo 11', 'artículo 34', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 43', 'artículo 28', 'artículo 14']

Andrés Lafaurie Restrepo - El derecho a la vivienda digna
Andrés Lafaurie Restrepo – El derecho a la vivienda digna
Andrés Lafaurie , Vivienda
Andrés Lafaurie Restrepo experto en emprendimiento, nos comparte este interesante articulo
“…se puede deducir que está el sujeto activo, el cual debe auto-imponerse deberes para garantizar el efectivo cumplimiento de ese derecho; ahora bien, es claro que por parte del Gobierno que es a quien se le atribuye dicha obligación, debe establecer el marco normativo adecuado para el eficaz reconocimiento. En este sentido, el Estado asume la posición de garante de los derechos constitucionales de los residentes en el territorio colombiano”
​La vivienda familiar constituye uno de los elementos más esenciales el desarrollo de la vida del ser humano. Esto junto con la alimentación, el vestido y el estudio conforman lo indispensable para el desarrollo individual y social de cada persona, así como su núcleo familiar. Dicho marco espacial permite al coadministrado -y a su familia- la provisión de elementos necesarios para la satisfacción de necesidades biológicas, personales, así como necesidades sociales, ya que permiten establecer relaciones de convivencia y de vecindad más amenas.
Visto desde una óptica de la fundamentalidad del derecho a la vivienda, esta multiplicidad de fines en la que se enmarcar las incidencias de la vivienda tienen correlato en la concreción de las prerrogativas atenientes al derecho a una vida digna, pues supone el reflejo directo que atribuye al normal desarrollo de su dimensión social, a partir de este supuesto, el andamiaje del poder estatal ha buscado la forma que la protección y garantía de ese derecho quedando plasmado, reconocido y sancionado en nuestra Carta Política de 1991, cuya inspiración se remonta a tiempos pasados.
Tomando como primer antecedente, la Constitución de Weimar de 1918 se erige como la primera constitución en el mundo que hace alusión a disposiciones relacionadas con los derechos sociales asistencias, concretamente la existencia digna, las obligaciones sociales de la propiedad, la vivienda, el patrimonio familiar, la protección de la mano de obra y los seguros sociales; estas normas fueron impulsadas por la socialdemocracia alemana que propendía por la protección a los citados derechos. En Colombia, en el constituyente de 1936 acogió dichos planteamientos normativos que dominaban Alemania, encaminados a la protección derechos sociales asistenciales sanitarios, consagrados en derechos y no como caridad. Sin embargo, para el año 1978, y en los meses pre-constitucionales, las influencias vinieron concretamente del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), diciembre 10 de 1948 que dispone (Cancillería de Colombia, 2014):
Consecuentemente el precepto precitado fue establecido en el Art. 11[1] del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[2] del cual hace parte el Estado colombiano, que vino a recoger, de manera casi idéntica el tenor del Art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, referente al derecho a la vivienda digna.
¿Cómo se encuentra establecido este derecho en la Carta Magna de 1991?
En consecuencia, el tenor de este artículo se encuentra plasmado en la Constitución en el artículo 51 que reza: “Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna”. Ello ya dibuja los primeros conceptos indeterminados, a saber; ¿Qué se entiende entonces por vivienda digna? Se debe comprender este derecho a la vivienda digna no solo desde el punto de vista del otorgamiento de un lugar habitable, ya que esto va más allá de la definición del hecho meramente material. Por consiguiente, se circunscribe este concepto al amparo de prerrogativas de carácter eminentemente fundamentales, tales como la igualdad, la dignidad, la salud, la intimidad, el libre desarrollo de la personalidad, la educación, la salvaguarda de los menores y de los adultos mayores entre otros.
El apartado prosigue estableciendo que: “El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”. El meollo del asunto de esta sección a modo de interpretación y cuestionamiento tiene que ver sobre el cómo se puede deducirse de ésta el sujeto activo, el cual debe auto-imponerse deberes para garantizar el efectivo cumplimiento de ese derecho; ahora bien es claro que por parte del Gobierno que es a quien se le atribuye dicha obligación, debe establecer el marco normativo adecuado para el eficaz reconocimiento. En este sentido, el Estado asume la posición de garante de los derechos constitucionales de los residentes en el territorio colombiano.
Partiendo de lo anterior, mucho se ha discutido sobre la categoría donde debe estar situado este derecho, si debía ser reconocido como derecho fundamental, como derecho civil o si debía ser un principio rector de la política social y económica que guarde estrecha relación y tenga asidero en el poder público. Si bien es cierto, nen nuestra Carta Política este derecho se encuentra en el Capítulo II De los Derecho Sociales, Económicos y Culturares, el debate se ha centrado en el contenido de ese derecho. Ciertamente esta discusión ha tocado diferentes aspectos tales como, si debía ser un derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada únicamente o si este posee una categoría de derecho fundamental, pero la cuestión en el ámbito nacional tuvo una inicial respuesta a partir de lo planteado en palabras de (Olano Garcia, 2011), donde la se dejo claro que no es un derecho fundamental pero opera como tal cuando se aplica la conexidad, así:
“Es un derecho de carácter asistencial que requiere de un desarrollo legal previo y que debe ser prestado directamente por la administración o por las entidades asociativas que sean creadas para tal fin. La Corte Constitucional ha establecido que aunque este derecho no es de carácter fundamental el Estado debe proporcionar las medidas necesarias para proporcionar a los colombianos una vivienda bajo unas condiciones de igualdad, y unos parámetros legales específicos. Debido a que no constituye un derecho fundamental sólo goza de amparo constitucional dado el caso en que su vulneración o desconocimiento pueda acarrear la violación de la dignidad humana del hombre”.
Es claro que la Corte puede asumir diferentes posturas a través de su facultad como único órgano de interpretación de las normas constitucionales, por lo tanto, el análisis de esta temática debe ir mas allá de lo preceptuado por la Corporación respecto al tema y echar un vistazo a la realidad, esto es la forma en que se debe materializar el cumplimiento del derecho, lo primero que se nos viene a la mente es los proyectos de viviendas que se han venido llevando a cabo en el país, los cuales han gozado de la colaboración de los entes públicos, y es notorio que la comunidad ha participado pero dicha situación no deja de alejarse del ejercicio polítiquero y del interés sobre el dominio del caudal electoral que recae sobre los beneficiarios de subsidio, situación que aparta de plano la fundamentalidad que trae consigo este derecho, en el entendido que por sí mismo no es derecho esencial pero sus efectos están conexos a otros que son de categoría fundamental como anteriormente se ha mencionado. Es así como deja de ser esto una prerrogativa constitucionalmente reconocida, si no que pasa a ser una deuda electoral de los ciudadanos para con sus dirigentes en tiempos de elecciones.
Posición de la Corte Constitucional respecto del derecho a la vivienda digna como Derecho Fundamental
La Corte ha analizado este precepto constitucional evidenciando lo pertinente recordar que la vigencia del derecho a la vivienda digna dentro del ordenamiento interno no sólo obedece a su consagración en el artículo 51 de la Constitución, pues también está estipulado en instrumentos jurídicos internacionales como se señaló al inicio[3], prevalentes en el orden interno al estar ratificados por el Estado colombiano, de acuerdo con el artículo 93 ibídem, además de otra amplia gama de enfoques internacionales, comentados por ejemplo en la Sentencia T-908 de noviembre 7 de 2012.
El máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional itera que, tratándose de la naturaleza jurídica del derecho a la vivienda digna, es indiscutible su carácter subjetivo, fundamental y exigible, por cuanto en el ordenamiento colombiano no solo es derecho fundamental aquél expresamente reseñado como tal en la carta política, sino también aquellos que puedan adscribirse a normas constitucionales en las que se valoran bienes jurídicos cardinales, como elementos merecedores de protección especial[4].
Es por esto resulta incuestionablemente, que la vivienda digna constituya un elemento de trascendental magnitud esto porque conlleva a la materialización y efectividad de la dignidad humana, la cual le es inmanente. Por tanto, al carecer las personas de un lugar decoroso de habitación, les impide sobrellevar la pervivencia con intimidad, autoestima, conformación familiar y protección, además de conllevar adicionales riesgos contra la salud a consecuencia de la intemperie.
De esa manera, a fuer de ser derecho social, económico y cultural de máxima dimensión, por sí mismo y por su inescindible interrelación con la dignidad humana, Por esto La Corte ha reconocido reiteradamente a la vivienda digna su connatural nivel de derecho fundamental[5], frente al cual el Estado tiene el deber de fijar las condiciones necesarias para hacerlo real y efectivo, sin distinción, con tres campos específicos de regulación, en torno a la realización de planes de vivienda de interés social; el establecimiento de sistemas adecuados de financiación a largo plazo; y las formas asociativas de ejecución de programas[6].
Es así que uno de los aportes jurisprudenciales más importantes adoptados por esta Jurisdicción consolida el derecho a la vivienda digna como fundamental por lo que puede ser exigido mediante tutela, de acuerdo a su contenido mínimo, ya que debe comprender la posibilidad real de gozar de un espacio material delimitado y exclusivo, en el cual la persona y su familia puedan habitar y llevar a cabo los respectivos proyectos de vida, en condiciones que permitan desarrollarse como individuos dignos, integrados a la sociedad. Por consiguiente, la tutela del derecho fundamental a la vivienda digna procede de manera directa, sin necesidad de apelar a la conexidad, admitiendo la acción de amparo acorde con los requisitos generales determinados al efecto, esto sustentado en la Sentencia T – 583 de 2013.
Con todo, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional señala que no puede pretermitirse que el derecho fundamental a la vivienda digna este sujeto a un criterio de progresividad en su cobertura, que permite que su ejecución siga parámetros de justicia distributiva, debiendo priorizarse cuando se requiera con mayor apremio, por razones de edad (niñez, senectud), embarazo y discapacidad, entre otras.
En primer lugar, es evidente que el Estado colombiano ha demostrado esfuerzos para dar cumplimiento a los propósitos y objetivos encaminados a la creación de políticas en pro del derecho a la vivienda digna como índice de reducción de la pobreza e inequidad contexto real de nuestro país. Gracias a los fallos de la Corte Constitucional se ha logrado comprender desde un punto de vista más jurisprudencial la fundamentalidad de dicho derecho. Muestra han sido las sentencias precitadas donde se desarrolla por parte de la misma Corporación consideraciones claras de lo discutido, así como la obligatoriedad de políticas como “Casa Ya” desarrolladas a su vez por el Gobierno de Juan Manuel Santos, en cabeza de la Vicepresidencia de la Republica y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dando cumplimiento a las directrices trazadas en el Decreto 428 de 2015 el cual otorga el beneficio de vivienda de interés social hasta un 100% a través de la financiación y recursos aportados por el mismo estado para tal fin.
Sin embargo, lo fundamental de este derecho no llega hasta ahí, si bien es una obligación que impone la Constituyente del 91 al estado en cabeza del gobierno garantizar la provisión de vivienda diga a los Colombianos que no posean la capacidad de obtenerla queda en el tintero si las políticas están acordes y ceñidas a la protección de dichos derechos y al cumplimiento del precepto constitucional y la jurisprudencia desarrollada por el Máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, que para este caso se torna vinculante. Es aquí donde es necesario que la supervisión, evaluación y control efectivo desarrollo y ejecución de dichas políticas, esto es sobre el presupuesto destinado, que no se convierta este en un fortín político o como lo que ha sucedido en la actualidad, y es disfrazar una política de desarrollo social para la entrega de viviendas en el respaldo presidencia del saliente vicepresidente. Por otro lado y como se señaló al principio de este artículo es claro que el mero hecho de entregar una casa no concreta el cumplimiento al derecho a la vivienda digna, por tanto se hace perentorio el control de calidad adecuada tanto en los diseños, como en los materiales con los que se construyen, otorgar las licitaciones a los contratistas que en verdad sean idóneos y que no solo busquen un beneficio económicos particular como lo es la rentabilidad esperada con posterioridad a la finalización de los proyectos y a la venta de los lugares de habitación construidos, sean casas o apartamentos.
Finalmente, no existe razón pues en términos jurídicos, económicos, sociales y éticos para que la efectividad del cumplimiento de este derecho tan esencial y que constituye un elemento para la vida humana deba quedar a merced de los caprichos de los gobernantes de turno. Y con el consiguiente endeudamiento de las familias que ello ha supuesto.
Pero lo que el mismo no fue introducido en la Carta Política de manera casual. La situación que deja clara la Corte es que de tal derecho se encuentra establecido en el texto constitucional y que para poder exigirlo no debe mediar argumento de conexidad para poder acudir a la tutela, dado que es si mismo perse es un derecho de tal categoría y que en caso de ser vulnerado se puede acudir al amparo constitucional.
[1] Véase Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Resolución No. 2200 A (XXI) de la Asamblea General, aprobada el 16 de diciembre de 1966.
[3] Véase el numeral 1° del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales de 1966; artículo 34 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos; artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño; artículo 21 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados; artículo 5.2 del Convenio 117 de la Organización Internacional del Trabajo sobre política social; artículo 5°, literal e, iii de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; artículo 43.1, literal d de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; artículo 28.1 y 2, literal d de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad; artículo 14.2 literal h de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; artículos 14, 16 y 17 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.
[4] Sentencia T-1094 de diciembre 19 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
[5] Cfr., además de las sentencias ya citadas en este acápite, T-791 de agosto 23 de 2003, M. P. Jaime Araújo Rentería; T-1091 de octubre 26 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-1103 de noviembre 6 de 2008, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto; T-065 de febrero 4 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo; T-484 de junio 20 de 2011, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.
[6] Véase la Sentencia T-1094 de diciembre 19 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla
[7] Cancilleria de Colombia. (04 de Febrero de 2014). Cancilleria. Obtenido de Cancilleria : https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/colombia_frente_a_los_instrumentos_internacionales_de_derechos_humanos_y_dih-feb2014_3.pdf
[8] Olano Garcia, H. (2011). El derecho a la vivienda digna en Colombia. Díkaion Universidad de la Sabana, 106 – 112..
Asesor Jurídico Corporación Club Rotario de Lorica, Jefe de Departamento para Asuntos Jurídicos FUNPOLISOCIAL | Montería