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Timestamp: 2019-10-16 19:53:56
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 47', 'artículo 29', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 29', 'artículo 53', 'artículo 4', 'artículo 47']

BOE.es - Documento BOE-A-1993-22952
Documento BOE-A-1993-22952
«BOE» núm. 220, de 14 de septiembre de 1993, páginas 26923 a 26933 (11 págs.)
BOE-A-1993-22952
https://www.boe.es/eli/es-an/l/1993/07/27/7
El ejercicio de las competencias estatutarias junto a la experiencia adquirida por la Administración Autónoma permiten y demandan un nuevo paso en la promulgación de la legislación de desarrollo, ya iniciada con la Ley 11/1987, de 26 de diciembre, reguladora de las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y las Diputaciones Provinciales de su territorio y delimitada por los artículos 149.1.18 de la Constitución, el 13.3 del Estatuto Andaluz y la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local. Desde el respeto preceptivo a las reservas que en esta materia sigue conservando el Estado y el carácter exclusivo otorgado por la norma estatutaria, se ha pretendido, en todo momento, definir lo más nítidamente posible ambas esferas, construyendo reglas asimilables a las emanadas de las Cortes Generales del Estado que permitan el mutuo complemento, con vistas al ideal de fusión de ambos ordenamientos jurídicos en un complejo normativo armonioso que facilite el desenvolvimiento de los entes locales andaluces.
En esta línea, dentro del marco de política global del Estado que representa el común denominador normativo -Ley 7/1985, de 2 de abril-, en esta Ley se contemplan las peculiaridades que ofrece la realidad andaluza en materia de demarcación municipal, entendida ésta como espacio penetrable por otras Administraciones que se superponen y tienden a confundirse en una constante búsqueda de elementos de relación que faciliten la articulación de todo el sistema administrativo, sin pérdida de la esencia autónoma de cada municipio.
Atravesando los umbrales de la parte dispositiva de la propia Ley, se ha de destacar la fijación por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de unos niveles homogéneos de prestación de los servicios públicos de carácter básico para toda la población andaluza, en garantía de unas cotas de igualdad para todos los ciudadanos.
Una de las facetas más espinosas a afrontar es la de las modificaciones de términos municipales. Sin duda, las fusiones y segregaciones son los temas claves a regular; en cuanto a las primeras, y sin perjuicio de una política generalizada de fomento dirigida a conseguir un mapa más acorde para la mejor gestión de los servicios públicos, se han evitado aquellas medidas coercitivas que pudieran forzar a una pérdida de representatividad política de núcleos de población, en beneficio de una supuesta funcionalidad. Se trata, en definitiva, de garantizar la eficacia, mediante toda una serie de actuaciones que conforman la razón de ser de la propia Ley, alterando lo menos posible la realidad municipal andaluza. Por lo que respecta a la creación de nuevos municipios, por segregación de parte de otros previamente existentes, había que optar entre las dos soluciones radicales con que se puede afrontar tan candente cuestión, o se facilitaban las tendencias centrífugas que pretenden obtener respaldo jurídico, y aun filosófico, a partir de una peculiar interpretación de la cláusula institucional de salvaguardia de la autonomía municipal, o por el contrario, se seguía el criterio del legislador básico que, en buena doctrina y en consonancia con el ideal antes apuntado de creación de un complejo armonioso entre los ordenamientos jurídicos estatal y autonómico, la nueva reflexión y el buen sentido demandan. Siguiendo esta línea, se ha estimado prudente fijar unos mínimos de población y distancia del núcleo que se pretende segregar del originario, que avalen la viabilidad de aquél en el supuesto de que se culmine el proceso de independencia.
En otro orden de ideas, la tendencia a adecuar los diversos ámbitos territoriales de las Administraciones Públicas a las exigencias derivadas del desarrollo económico y social, se hace cada día más acusada, aceptándose que un servicio público de calidad, cuya prestación esté presidida, entre otros, por principios de eficacia y eficiencia, aconseja la potenciación de fórmulas asociativas que racionalicen y aúnen esfuerzos y recursos, siempre que no debiliten o vacíen de contenido la autonomía o la gestión propia de cada municipio.
A tal fin, la Ley contempla y regula de modo singular las figuras de las Mancomunidades de municipios y de los Consorcios como opciones ciertamente válidas para que, en el ámbito local, se haga efectiva en adecuadas condiciones la prestación de determinados servicios públicos en los que su coste, su territorialidad, la aplicación de modernas tecnologías, etc., aconsejan fórmulas asociativas específicas con la participación, incluso, de otras Administraciones.
En las mismas consideraciones hay que enmarcar la regulación del area metropolitana si bien la complejidad de tal figura, y la singularidad de cada caso en concreto, aconsejan tan sólo un esbozo de aquélla, dejando la regulación específica y minuciosa de cada uno de los supuestos que puedan plantearse a la Ley propia que los cree.
Por último frente a la actitud rigorista que mantiene la Ley respecto a la creación de municipios, la regulación que ofrece de las Entidades locales autónomas aparece con elementos originales suficientes como para hacerlas sumamente atractivas y capacitadas para polarizar las posibles corrientes segregacionistas en Andalucía que, en definitiva, buscan una mayor proximidad de los ciudadanos del medio rural a la gestión de sus propios intereses; así, los acuerdos del Consejo de Gobierno creando estas Entidades habrán de fijar simultáneamente sus límites territoriales, en evitación de dificultades y frustraciones posteriores, la correspondiente separación patrimonial, sus competencias propias, así como aquellas otras que le puedan ser delegadas, con fijación de un catálogo de servicios mínimos a prestas por la Junta Vecinal. Junto a todo esto, en materia de Hacienda, y con independencia de fijarse los recursos propios tradicionales, es de destacar la obligatoriedad impuesta a los municipios que cuenten en su territorio con Entidades de este tipo, de consignar anualmente en sus presupuestos una asignación económica destinada a nutrir el de éstas y cuyo importe será actualizado en función del volumen de sus obligaciones. Para el caso de no existir inteligencia sobre el particular entre el municipio y su Entidad local autónoma, será la propia Comunidad Autónoma la que resuelva, sin perjuicio de la actuación posterior de los Tribunales competentes.
En sustancia, se podría afirmar que el objetivo de la presente Ley no es otro que la búsqueda de un régimen local andaluz que sea ámbito auténtico de participación política de sus habitantes y de eficaz gestión administrativa, en estrecha colaboración con su Comunidad Autónoma.
Artículo 1. 1. De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 3.2 y 13.3 del Estatuto de Autonomía y en desarrollo de las previsiones contenidas en la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, la presente Ley tiene por objeto la regulación de las modificaciones que afecten a la demarcación de los municipios andaluces, así como del régimen de constitución y funcionamiento de las Mancomunidades, Consorcios y otras asociaciones de municipios y de las Entidades locales autónomas. Asimismo, se fijan las disposiciones que habrán de regir las áreas metropolitanas que se creen.
Art. 2. A los efectos del ejercicio de las competencias propias del municipio, el término municipal abarcará tanto el suelo como el vuelo y el subsuelo del territorio a que aquél se extiende, comprendiendo, en su caso, dentro del mismo la zona marítimo-terrestre, las playas, zonas portuarias y los terrenos ganados al mar, sin perjuicio de las competencias que según la legislación específica correspondan sobre los mismos al Estado o a la Junta de Andalucía.
Art. 3. 1. La planificación territorial de la Junta de Andalucía, previo informe del Consejo Andaluz de Municipios, determinará las directrices que deban presidir las modificaciones de los términos municipales y la creación de áreas metropolitanas y de Entidades locales autónomas, como consecuencia de la fijación de nuevas áreas territoriales para la prestación de servicios, de la ejecución de programas de desarrollo regional, de actuaciones de colonización o de otros supuestos de naturaleza similar.
Art. 4. 1. Los Ayuntamientos andaluces están obligados a garantizar a la población residente en sus términos un mismo nivel de prestación de los servicios
públicos de carácter básico de su competencia, sin distinción alguna por razón de la localidad territorial de aquélla o de su distanciamiento del núcleo principal.
2. El Consejo de Gobierno aprobará, a propuesta del Consejo Andaluz de Municipios y a los efectos de lo dispuesto en este artículo, los niveles homogéneos de prestación de cada uno de los servicios, mediante la fijación de resultados, de características técnicas o de modalidades de prestación que deban conseguirse.
Art. 5. La Comunidad Autónoma favorecerá todas aquellas modificaciones a que se refiere esta Ley, tendentes a establecer una demarcación del territorio de la Comunidad más adecuada para la gestión de los asuntos públicos, a través de actuaciones encaminadas a:
b) Establecer líneas de créditos y subvenciones específicas para cubrir los gastos que se originen por la fusión o incorporación de municipios a otros limítrofes, fundamentalmente para la instalación de nuevos servicios, en los mismos términos de colaboración con las Diputaciones Provinciales reseñados en el apartado anterior.
Art. 6. La creación de municipios podrá tener lugar:
Art. 7. Podrá acordarse la fusión de dos o más municipios limítrofes cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:
Art. 8. Podrá crearse un nuevo municipio, por segregación de parte de otro u otros, cuando concurran, de forma simultánea, las siguientes circunstancias:
3. Que la segregación no implique una disminución en la calidad media de los servicios que vienen siendo prestados, determinando, por el contrario, una mejora en los que pasen a ser gestionados por el nuevo municipio, teniendo en cuenta los niveles a que se refiere el artículo 4. de esta Ley.
Art. 9. 1. La supresión de municipios se producirá:
b) Al incorporarse uno o varios municipios, en su totalidad, a otro u otros limítrofes.
c) Al extinguirse o desaparecer de hecho, como consecuencia de grandes obras hidráulicas o cuando, como resultado de la despoblación del núcleo, resulte técnicamente desaconsejable la prestación de los servicios públicos obligatorios por tal municipio. En este último supuesto, la prestación de tales servicios se realizará por el municipio al que se agregue el que desaparezca.
Art. 10. 1. La alteración de un término municipal se producirá por la segregación de parte del mismo para su agregación a otro limítrofe.
Art. 11. No podrá llevarse a efecto la alteración de términos municipales cuando suponga para alguno de los municipios afectados privación de los recursos necesarios para prestar los servicios mínimos establecidos legalmente.
Art. 12. 1. Los expedientes de creación y supresión de municipios o de alteración de sus términos, podrán iniciarse por los Ayuntamientos interesados, por las Diputaciones Provinciales a que pertenezcan o, de oficio, por la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía.
Art. 13. 1. Cuando los expedientes a que se refiere el artículo anterior se inicien por los Ayuntamientos interesados, éstos habrán de adoptar acuerdo con el quórum cualificado que exige el artículo 47.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
Art. 14. 1. Los expedientes a que se refieren los dos artículos anteriores, estarán integrados por la siguiente documentación:
2. En los expedientes de segregación para la constitución de un nuevo municipio, además de la documentación exigida en el artículo anterior, figurará la siguiente:
Art. 15. 1. La Consejería de Gobernación, una vez recibida la iniciativa de modificación con la documentación correspondiente, comprobará si ha surgido de todos los municipios afectados o sólo de parte de ellos.
2. La Consejería, tanto en el supuesto previsto en el párrafo anterior como en los casos de iniciativa vecinal, antes de cualquier otro trámite, concederá audiencia por plazo de cuatro meses a los municipios que no hayan participado en la iniciativa, a fin de que puedan pronunciarse motivadamente sobre la misma, aportando, en su caso, la documentación que estimen conveniente. Se entenderá que el municipio que no se pronuncie expresamente sobre la iniciativa, dentro del señalado plazo, muestra su conformidad.
3. Recibida la iniciativa y cumplido, en su caso, el requisito a que se refiere el párrafo anterior, se someterá a información pública durante el plazo de un mes, mediante anuncios insertos en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía> y <Boletín Oficial> de la provincia, así como en los tablones de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados.
Art. 16. 1. Cuando la iniciativa corresponda a la Consejería de Gobernación o a la Diputación Provincial se procederá a ponerla en conocimiento de los municipios afectados a fin de que puedan pronunciarse motivadamente en el plazo de cuatro meses, aportando, en su caso, la documentación que estimen conveniente. Se entenderá que el municipio que no se pronuncie expresamente sobre la iniciativa, dentro del señalado plazo, muestra su conformidad.
2. Tanto la iniciativa de la Consejería de Gobernación como los acuerdos municipales adoptados, en su caso, serán sometidos por la propia Consejería a información pública por plazo de un mes, mediante anuncios insertos en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía> y <Boletín Oficial> de la provincia, así como en los tablones de anuncios del Ayuntamiento o Ayuntamientos interesados.
Art. 17. 1. Todos los expedientes de creación o supresión de municipios, así como los de alteración de términos municipales serán resueltos por Decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta del Consejero de Gobernación.
Art. 18. 1. En los casos de creación de un nuevo municipio por segregación de parte del término de uno o varios, durante el período que medie hasta la constitución de los nuevos Ayuntamientos que resulten elegidos en las primeras elecciones municipales, aquéllos que experimenten la segregación permanecerán con el mismo número de Concejales que tenían.
2. El nuevo municipio se regirá y administrará por una Comisión Gestora de igual número al de Concejales que le correspondan legalmente, designada por la Diputación Provincial, con arreglo a los resultados de las últimas elecciones municipales en la mesa o mesas correspondientes al territorio segregado, a propuesta de los partidos, coaliciones o agrupaciones de electores.
Art. 19. En el caso de que la parte del término que se segregue constituyese una Entidad local autónoma, se procederá de acuerdo con lo establecido en el artículo anterior para la constitución de la Comisión Gestora, que, en todo caso, estará presidida por el Alcalde de la Entidad local autónoma.
Art. 20. Cuando se trate de la creación de un nuevo municipio mediante la fusión de dos o más limítrofes, cesarán todos los Alcaldes y Concejales y se designará de entre ellos una Comisión Gestora por la Diputación Provincial integrada por un número de Vocales gestores igual al que correspondiese de Concejales según la población total resultante del nuevo municipio. La designación se hará en favor de los Concejales que obtengan mayores cocientes, después de sumar los votos conseguidos por todas las candidaturas presentadas en los municipios fusionados en las últimas elecciones municipales y de dividir dichas sumas, tal como establece la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, tantas veces cuantas sean los puestos de Concejales correspondientes al nuevo municipio.
Art. 21. 1. De segregarse parte de un municipio para su agregación a otro limítrofe, el municipio que experimenta la segregación permanecerá con el mismo número de Concejales que tenía.
Art. 22. Los Presidentes y Vocales de las Comisiones Gestoras citadas en los artículos precedentes tendrán los mismos derechos y obligaciones que los establecidos en la legislación de régimen local para los Alcaldes y Concejales, respectivamente.
Art. 23. Los municipios andaluces tiene derecho a asociarse entre sí en Mancomunidades para el establecimiento, gestión o ejecución en común de obras y servicios determinados de su competencia. Su ámbito de actuación no podrá extenderse a la totalidad de las competencias asignadas a los propios municipios que las integran.
Art. 24. La Comunidad Autónoma podrá colaborar con las Mancomunidades de municipios mediante las siguientes actuaciones:
b) Subvenciones u otras medidas de caracter financiero para la ejecución de obras e instalación de servicios.
Art. 25. 1. Las Mancomunidades tienen personalidad y capacidad jurídica para el cumplimiento de sus fines, pudiendo corresponderles, de acuerdo con sus respectivos Estatutos, las siguientes potestades y prerrogativas:
a) De autoorganización y de reglamentación de los serviciois que gestionen.
h) De inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las Leyes, prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de la Comunidad Autónoma.
Art. 26. La iniciativa para la constitución de Mancomunidades deberá refrendarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de cada uno de los Ayuntamientos que la asuman.
Art. 27. 1. Los Concejales de los municipios promotores de la Mancomunidad, constituidos en asamblea, elaborarán sus Estatutos. La Presidencia y la Secretaría de la Asamblea serán desempeñadas por el Alcalde y el Secretario del Ayuntamiento en que se celebren las sesiones.
Art. 28. Los Estatutos regularán, al menos, los siguientes aspectos:
Art. 29. 1. Los Ayuntamientos mancomunados estarán obligados a transferir a la Mancomunidad, en los períodos que se fijen, el importe de los recursos recaudados correspondientes a los servicios que se presten. Dichos recursos tendrán carácter finalista.
Art. 30. 1. La Asamblea, una vez aprobado inicialmente el proyecto de Estatutos, con el voto favorable de la mayoría de los miembros asistentes, lo someterá sucesivamente a los siguientes trámites:
a) Información pública durante el plazo de treinta días, que será anunciada simultáneamente en los tablones de edictos de los Ayuntamientos interesados, en el <Boletín Oficial> de las provincias respectivas y en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía>.
b) Lo remitirá, en unión de todo lo actuado, a la Consejería de Gobernación, la cual, en el plazo de treinta días, emitirá informe, advirtiendo, en su caso, de las ilegalidades que pudieran existir en el expediente. También podrá formular las sugerencias que estime oportunas para la más completa acomodación del proyecto de Estatutos a los principios que informan la política territorial de la Comunidad Autónoma. De no emitirse dicho informe en el plazo señalado, se presumirá que es favorable.
Art. 31. 1. La publicación de los Estatutos de la Mancomunidad en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía> determinará el nacimiento de la misma, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro de Entidades Locales.
Art. 32. En el supuesto de que los acuerdos definitivos de los Ayuntamientos aprobando los Estatutos infrinjan el ordenamiento jurídico o menoscaben competencias de la Comunidad Autónoma, ésta los impugnará directamente, sin necesidad de previo requerimiento, ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar del siguiente día al de la recepción del último de los citados acuerdos.
Art. 33. 1. Las Entidades locales podrán constituir Consorcios con cualquier otra Administración Pública o Entidad privada sin ánimo de lucro que persiga fines de interés público concurrentes con los de las Administraciones Públicas para la realización de actuaciones conjuntas, la coordinación de actividades y la consecución de fines de interés común.
Art. 34. La Comunidad Autónoma podrá colaborar a la constitución de Consorcios mediante las siguientes actuaciones:
c) Determinación de prioridades en los Planes Provinciales de Obras y Servicios
y en los Programas de Cooperación Municipal.
Art. 35. Los Consorcios tendrán personalidad jurídica propia y se regirán por el Derecho administrativo.
Art. 36. 1. Los Estatutos de los Consorcios contendrán como mínimo los siguientes extremos:
2. Los Estatutos deberán ser aprobados por todas las Entidades consorciadas de acuerdo con su legislación específica y remitidos a la Comunidad Autónoma para su inscripción, registro y publicación en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía>.
3. Los órganos de representación de los Consorcios estarán integrados por comisionados de todas las Entidades consorciadas en la proporción que se fije en los Estatutos. 4. En los Consorcios constituidos para la prestación de servicios supramunicipales serán de aplicación las normas contenidas en el artículo 29 de la presente Ley.
Art. 37. 1. Los Convenios deberán pronunciarse expresamente sobre: Objeto, derechos y obligaciones de los firmantes, ámbito temporal, previsiones concretas, en su caso, sobre el traspaso de medios financieros, personales y patrimoniales y causas de extinción y sus efectos.
2. Los Convenios que se suscriban se enviarán a la Comunidad Autónoma para su publicación en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía>.
Art. 38. 1. Podrán constituirse Sociedades para fines de interés público bajo la forma de Sociedad mercantil con participación de capital público de una o varias Administraciones Públicas y, en su caso, de capital privado.
2. Sus Estatutos se remitirán a la Comunidad Autónoma para su publicación en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía>.
Art. 39. La celebración de Convenios o la constitución de Sociedades que así lo requieran podrán prever, junto con el traspaso de los servicios correspondientes, el del personal adscrito a los mismos y el de medios patrimoniales y económicos.
Art. 40. Si el Convenio asociativo implica transferencia de medios económicos, el Organismo o Entidad que deba recibirlos podrá solicitar de la Comunidad Autónoma la retención y entrega de las aportaciones no satisfechas en los plazos previstos, previa audiencia del municipio afectado.
Art. 41. 1. El personal funcionario adscrito a los servicios traspasados quedará en situación de servicio activo en la Administración de procedencia y en calidad de comisión de servicios en el Organismo o Entidad al que el servicio se adscribió, con respeto de todos sus derechos. En la misma situación quedará cualquier otro funcionario que, sin haber estado adscrito originariamente al servicio de que se trate, acepte voluntariamente su adscripción.
Art. 42. 1. La adscripción de bienes y medios patrimoniales se llevará a cabo mediante la cesión del uso de los mismos, en las condiciones que se establezcan en cada caso.
Art. 43. Las áreas metropolitanas son Entidades locales supramunicipales, con personalidad jurídica propria y plena capacidad para el ejercicio de sus competencias, integradas por municipios de grandes aglomeraciones urbanas entre cuyos núcleos de población existan vínculos urbanísticos, económicos y sociales, que se constituyen como división territorial óptima para la planificación conjunta y la gestión coordinada de determinadas obras y servicios.
Art. 44. 1. En el marco de la regulación general establecida en la presente Ley, la creación, modificación o supresión de estas Entidades se efectuará singularmente por Ley del Parlamento de Andalucía, con audiencia de la Administración del Estado y de los Ayuntamientos y Diputaciones interesadas.
2. La Ley especial de creación de cada área metropolitana establecerá:
a) Los órganos de gobierno y administración, con representación en todo caso, de los entes locales afectos, y que serán, al menos, el Consejo Metropolitano y el Presidente.
b) El régimen económico que garantice la justa y proporcional distribución de las cargas de la nueva Entidad y la prestación de los servicios asumidos.
c) El régimen de funcionamiento que salvaguarde la participación en la toma de decisiones de los entes locales que la integren.
d) Los servicios y obras que constituyen su objeto y sus modos de gestión y ejecución.
e) Las potestades que, de entre las enumeradas en el artículo 4.2 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, sean necesarias para el cumplimiento de los fines del ente. La potestad tributaria quedará limitada a las contribuciones especiales y las tasas que fueren de aplicación, sin perjuicio de que puedan delegárseles la gestión y recaudación de algunos impuestos.
3. Creada la nueva Entidad y constituidos sus órganos de gobierno, se solicitará por su Presidente la inscripción en el Registro de Entidades Locales.
Art. 45. 1. Serán competencia de las áreas metropolitanas aquellas materias que, siendo del interés propio de la colectividad de su territorio, contribuyan a satisfacer sus necesidades y aspiraciones, como son las enumeradas en el párrafo segundo del artículo 25 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local y se determinen en la Ley creadora del respectivo ente metropolitano.
2. Para el ejercicio de sus competencias tendrán como funciones generales la planificación conjunta y la coordinación, control y gestión de aquellos servicios municipales que por las características económicas, sociales y urbanas concurrentes en los respectivos ámbitos territoriales hagan necesaria una actuación de carácter supramunicipal.
Art. 46. Las áreas metropolitanas dispondrán de los recursos propios que, de acuerdo con la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sean previstos en su respectiva Ley creadora. En ningún caso su régimen financiero alterará el propio de los Ayuntamientos que la integran.
Art. 47. 1. Los núcleos separados de población dentro de un término municipal podrán acceder a la administración de sus propios intereses, constituyéndose en Entidades locales autónomas y bajo la denominación de <pedanías, villas, aldeas>, o cualquier otra de reconocida implantación en el lugar, de conformidad con el principio de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. Las Entidades locales autónomas que se creen al amparo de la presente Ley tendrán la condición y tratamiento de Entidades locales, igualmente gozarán de tal condición aquellas Entidades creadas con anterioridad a la aprobación de esta Ley por el Parlamento de Andalucía, salvo que los vecinos en forma mayoritaria y directa, muestren su voluntad contraria.
Art. 48. 1. Las Entidades locales autónomas se crearán por acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Art. 49. 1. Cuando la iniciativa corresponda al Ayuntamiento, se requerirá acuerdo del Pleno de la Corporación.
c) Informe del Ayuntamiento en cuyo término radique el núcleo separado de población, sobre la petición y reclamaciones formuladas, emitido en el plazo máximo de un mes, ampliable, por causas justificadas, en otro más.
Art. 50. 1. Adoptada la iniciativa en cualquiera de las formas previstas en el artículo anterior, el Ayuntamiento o una Comisión Gestora nombrada a tal efecto por los vecinos confeccionará una Memoria o estudio justificativo de la conveniencia de la constitución de la nueva Entidad, con referencia a:
2. Tanto la iniciativa como la Memoria serán sometidas a información pública por plazo de treinta días, debiendo publicarse tanto en el tablón de edictos del Ayuntamiento como en el <Boletín Oficial> de la provincia y en el <Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma>.
Art. 51. El acuerdo del Consejo de Gobierno de creación de la nueva Entidad deberá pronunciarse expresamente sobre sus límites territoriales, separación patrimonial que corresponda, competencias propias asumidas y las correspondientes asignaciones presupuestarias.
Art. 52. 1. Las Entidades locales autónomas tendrán, en la esfera de su competencia, las siguientes potestades y prerrogativas:
a) De autoorganización y reglamentaria.
Art. 53. 1. Las Entidades locales autónomas, en el ejercicio de sus competencias propias, prestarán, como mínimo, los siguientes servicios:
Art. 54. 1. Los acuerdos municipales que tengan por objeto la delegación de competencias a que se refiere el artículo anterior deberán precisar las facultades que se transfieren o delegan, las directrices y objetivos que deban observarse en su ejercicio, los medios que se traspasan y los mecanismos de vigilancia y control que se reserva el municipio. En todo caso, el acuerdo de delegación deberá contener la valoración económica del coste efectivo de los servicios objeto del mismo.
Art. 55. 1. Los órganos de gobierno de la Entidad local autónoma son la Junta Vecinal y el Presidente o Alcalde de la Entidad local autónoma.
Art. 56. 1. El Alcalde de la Entidad local autónoma preside y ejecuta los acuerdos de la Junta Vecinal, representa a la Entidad y dirige su gobierno y administración. Además, ostenta respecto a aquélla las funciones que la legislación de Régimen Local atribuye al Alcalde, en cuanto se correspondan con el ámbito de su competencia. El Alcalde de la Entidad local autónoma podá delegar en los Vocales de la Junta Vecinal la dirección inmediata de los servicios que preste la Entidad.
Art. 57. 1. No obstante lo dispuesto en los artículosanteriores, las Entidades locales autónomas podrán optar por el sistema de concejo abierto, en los supuestos previstos por el artículo 29.1 de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local.
Art. 58. 1. El régimen de sesiones de la Junta Vecinal, de adopción de acuerdos, así como de redacción y formalización de las actas correspondientes, será el establecido, con carácter general, en la legislación de Régimen Local.
Art. 59. 1. Los actos de las Entidades locales autónomas son inmediatamente ejecutivos en los términos que establece la legislación de Régimen Local.
Art. 60. Las Entidades locales autónomas responderán directamente de los daños y perjuicios causados a los particulares en sus bienes y derechos como consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos o de la actuación de sus autoridades, funcionarios o agentes, en los términos establecidos en la legislación general sobre responsabilidad administrativa.
Art. 61. 1. Los conflictos de atribuciones que surjan entre dos o más Entidades locales autónomas de un mismo municipio serán resueltos por el Pleno del Ayuntamiento.
Art. 62. 1. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma a iniciativa propia o a solicitud del Ayuntamiento correspondiente, previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá resolver, una vez recabados los informes que estime oportunos, y en todo caso los del Consejo Andaluz de Municipios, de la Diputación Provincial respectiva y del Consejo Consultivo de Andalucía, la disolución de los órganos de gobierno de las Entidades locales autónomas, en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. No obstante, con carácter previo, podrá requerir a la Junta Vecinal para que rectifique las actuaciones que motivan tal medida, independientemente del cumplimiento del trámite de audiencia del interesado.
Art. 63. 1. El personal al servicio de las Entidades locales autónomas podrá ser propio o de los Ayuntamientos a cuyo ámbito pertenezcan.
Art. 64. 1. La Hacienda de las Entidades locales autónomas estará constituida por los recursos siguientes:
b) Por participación en los tributos del municipio, mediante las asignaciones que se establezcan en el Presupuesto de aquél.
Art. 65. 1. Los Ayuntamientos en cuyo término existan Entidades locales autónomas deberán consignar anualmente en sus presupuestos una asignación económica destinada a nutrir el de ésta, cuyo importe se actualizará en función de lo determinado en el acuerdo de creación y del coste de las competencias y servicios propios gestionados por las mismas, y del número de sus habitantes.
Art. 66. Los acuerdos municipales que tengan por objeto la delegación de competencias a que se refiere el artículo 53.2 deberán precisar la valoración económica del coste efectivo de los servicios objeto de las mismas.
Art. 67. 1. Las Entidades locales autónomas elaborarán y aprobarán anualmente un presupuesto único que comprederá todos los ingresos y gastos de la Entidad, con sujeción a las normas económico-financieras que rigen para las Corporaciones Locales.
Art. 68. 1. Las Entidades locales autónomas podrán ser suprimidas en los siguientes casos:
c) Cuando la iniciativa vecinal, mostrada por el mismo procedimiento que para la creación de la Entidad, sea contraria a su mantenimiento.
3. El acuerdo de supresión será adoptado, en todo caso, por el Consejo de Gobierno, previa audiencia de todas las partes interesadas e informes de la Diputación Provincial y del Consejo Andaluz de Municipios.
Art. 69. 1. Acordada la supresión de la Entidad local autónoma, el Ayuntamiento se hará cargo de todos sus bienes, recursos y obligaciones.
2. La liquidación de las deudas y créditos contraídos se llevará a cabo en la forma y condiciones previstas en el correspondiente acuerdo de supresión.
Art. 70. 1. Los acuerdos de constitución, modificación o supresión de las Entidades locales autónomas se publicarán en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía> y en el de la provincia a que pertenezcan, así como en el tablón de anuncios del municipio en que estén integradas.
Primera.-La aprobación por el Consejo de Gobierno de los niveles homogéneos a que se refire el artículo 4.2 habilitará a los Ayuntamientos para variar las condiciones de los servicios públicos gestionados indirectamente, a fin de ajustarlos a dichos niveles.
Segunda.-El nombre y capitalidad de los municipios y de las Entidades locales autónomas podrá ser alterado, previo acuerdo del Ayuntamiento o Junta Vecinal, con el quórum establecido en el artículo 47.2.d) de la Ley reguladora de las Bases del Régimen Local, información pública por plazo de treinta días, informe de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento, en su caso, y aprobación por resolución del Consejo de Gobierno. Este acuerdo se publicará en el <Boletín Oficial> de la provincia y en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía>, así como en el <Boletín Oficial del Estado>, y se inscribirá en el Registro de Entidades Locales.
Primera.-Las Mancomunidades, Consorcios y demás asociaciones locales, constituidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, adaptarán a la misma sus normas fundacionales o reguladoras, a cuyo efecto enviarán a la Consejería de Gobernación la documentación correspondiente en el plazo de seis meses.
Segunda.-La Consejería de Gobernación regulará el proceso de adaptación de las Entidades de ámbito inferior al municipio, que incluirá, en todo caso, audiencias de las partes interesadas.
Tercera.-Los expedientes de modificación de términos municipales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se sustanciarán de conformidad con el contenido de la misma.
Sevilla, 27 de julio de 1993.
ANGEL MARTIN LAGOS,
(Publicada en el <Boletín Oficial de la Junta de Andalucía> número 86, de 7 de agosto de 1993)
Fecha de publicación: 14/09/1993
Publicada en el BOJA núm. 86, de 7 de agosto de 1993.
Fecha de derogación: 23/07/2010
SE DEROGA, por Ley 5/2010, de 11 de junio (Ref. BOE-A-2010-11491).
SE MODIFICA el art. 14.1, por Ley 18/2003, de 29 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-1739).
SE DICTA EN RELACION, sobre simbolos, tratamientos y registro de las entidades locales: Ley 6/2003, de 9 de octubre (Ref. BOE-A-2003-21192).
DE CONFORMIDAD con los arts. 3.2 y 13.3 del Estatuto aprobado por Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1982-633).