Source: https://studylib.es/doc/8753336/%C2%BFel-c%C3%B3nyuge-del-presidente-de-la-rep%C3%BAblica
Timestamp: 2018-10-22 12:04:17
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¿El Cónyuge del Presidente de la República
Resumen: el presente artículo examina las posiciones que se plantean
en Panamá respecto a la potencial candidatura del cónyuge de un Presidente de la República, examinando tanto la concepción del poder previsto en la Constitución como el texto de su artículo 192. Se analizan los
argumentos a favor y en contra de esa posibilidad, para concluir con
una reflexión en función del momento político actual, en el que se resalta la alternabilidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo como principio
constitucional central.
Palabras clave: Presidente de la República, postulación, incompatibilidad, elecciones, constitución.
Abstract: This article examines the positions that arise in Panama regarding the potential application of the spouse of a President, examining the concept of power under the Constitution and its article 192.
The author e analyze the arguments for and against that possibility, to
conclude with a reflection based on the current political moment, which
highlights the alternation in the exercise of executive power as central
Keywords: President of the Republic, postulation, incompatibility, elections, constitution.
El tema objeto de debate
Nuestra Constitución establece, en su artículo 192, de manera expresa,
quién no podrá ser elegido presidente de la República. En los dos numerales del
citado precepto constitucional, en efecto, se deja prevista la persona que en manera alguna puede aspirar, con respecto a quien está ejerciendo la Presidencia de la
¿El Cónyuge del Presidente de la República puede
Candidatizarse a Dicho Cargo?
Lo constitucionalmente correcto
¿El cónyuge del Presidente de la República, puede candidatizarse a dicho cargo?...
República, a ocupar dicho alto cargo. Los supuestos son los siguientes:
1) La persona que haya ocupado la Presidencia, al haberse producido la
falta absoluta por parte de quien ejercía esta, cuando la hubiera ejercido,
“en cualquier tiempo durante los tres años inmediatamente anteriores al
periodo para el cual se hace la elección”. Este supuesto es el que está regulado en numeral 1 del artículo 192 de la Constitución. Con esto lo que
busca impedirse es la reelección inmediata de quien llega a la presidencia por haberse producido la vacante absoluta del titular de la misma.
2) Tampoco podrán ser elegidos para dicho cargo, los que tengan la
condición de parientes, “dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad del Presidente de la República que haya ejercido
sus funciones en el periodo inmediatamente anterior o los del ciudadano
indicado en el numeral uno de este artículo”. Esta otra inhabilitación,
para ser elegido presidente de la República, está regulada en el numeral
2 del artículo 192 de la Constitución. Según este otro supuesto lo que
se busca impedir es la continuidad, en el poder, de los familiares más
cercanos al presidente de la República.
En lo que respecta a lo previsto en el artículo 192 de la Constitución
vigente, el debate que se ha planteado tiene que ver con quien tiene la condición
de cónyuge del presidente de la República. Ahora bien, ¿en qué consiste dicho
debate? Éste se da y ha surgido, no tanto por lo que formalmente establece y tiene
prohibido constitucionalmente la disposición en referencia, sino por lo que de
manera expresa no señala. Es decir, sobre lo que no existe duda alguna ni nadie
ha aducido lo contrario, es que los parientes del presidente de la República, que
estén dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, no podrán
ser elegidos para ocupar este cargo, cuando la persona con la que mantienen tal
vínculo de parentesco, haya ejercido la Presidencia en el periodo inmediatamente
anterior al que se daría la elección para un nuevo periodo o cuando el parentesco
exista con respecto al que esté ocupando esta.
El debate o polémica que se produce o surge no es, por tanto, con los aludidos parientes, sino con respecto al cónyuge de quien ejerce la Presidencia de la
República. Y dicho debate consiste o se plantea, en cuanto a si a esta persona le es
aplicable o no, lo que en el artículo 192 de la Constitución se prevé. La pregunta
que cabe formular, de ahí, es la siguiente, ¿puede el cónyuge, de quien ejerce o
está por terminar su periodo presidencial, ser elegido para el cargo de presidente
REVISTA PANAMEÑA DE POLÍTICA - N° 15, Enero - Junio 2013
Qué tipo de tema se debate y las posiciones que se plantean.
Cuando se dice o afirma que tal o cual tema o materia son objeto de debate, cualquiera que este o esta sean, lo que se está afirmando es que sobre el mismo
existen más de una posición o criterio. De lo que se trata, por tanto, es conocer, en
primer lugar, cuál es el tipo de tema o materia objeto de debate y, en segundo lugar, establecer cuáles son las distintas posiciones que se dan con relación al tema
o materia sobre el que se debate. Esto tiene mayor relevancia, cuando se está ante
situaciones o hechos que tienen que ver con el poder, ya sea que se trate de su ejercicio o de su continuidad. En el caso específico de lo que se regula en el artículo
192 de la Constitución, lo que en dicha disposición constitucional se regula, tiene
que ver con la continuidad en el ejercicio del poder por parte de quien desempeña
el cargo de presidente de la República. Lo que significa, de ahí, que al identificar
el tema que genera el debate, nos permite afirmar que se trata de uno que tiene que
ver con el poder, concretamente, con su continuidad. No se trata, como se ve, de
cualquier tema. La continuidad en el ejercicio del poder siempre será de aquellos
temas que generarán polémica.
En lo que respecta a las posiciones o criterios que existen sobre el tema
alrededor del cual se debate, estas podemos resumirlas entre los que considerarán
que el impedimento o inhabilitación que establece el artículo 192 de la Constitución no abarca, y por consiguiente, no sería aplicable al cónyuge del presidente
de la República. Según esta, nada impide que el cónyuge pueda optar a ocupar la
presidencia de la República, de manera inmediata, al periodo de quien ejerce o
está ejerciendo dicho cargo, aun cuando mantiene o tiene la condición de cónyuge
del presidente de la República. Este vínculo, dicho de otra manera, no debe ser
impedimento o no es una condición que le impida ser elegida, a dicha persona,
La otra posición consistiría en negar tal posibilidad. Según esta, pese a
que la Constitución, en su artículo 192, no alude de manera expresa al cónyuge del presidente, lo que prohíbe a los parientes del Presidente de la República,
también le sería aplicable a esta persona, con la consecuencia que no podría ser
Desde luego, si se afirma que este es el tema a debatir, ello significa que
hay o va a haber más de una respuesta y posición sobre la pregunta formulada.
Siendo esto así, hay que saber cuáles son estas para, conociéndolas, señalar o sostener qué es lo constitucionalmente correcto o, lo que es lo mismo, qué es lo que
sería cónsono o conforme con la Constitución.
elegida para ocupar tal cargo. No se trata de si la Constitución, formalmente, no
señala al cónyuge entre las personas que no pueden ser elegidas para el cargo de
presidente de la República, sino que conforme a una interpretación constitucional
cónsona con los valores y principios previstos en esta, al cónyuge del Presidente
de la República le es aplicable lo regulado en el artículo 192 de la Constitución.
De lo expuesto queda claro, pues, cuál es el tipo o en qué consiste el
tema objeto de debate y cuáles son las posiciones o criterios que se plantean con
respecto al mismo. Sabiendo que dicho tema tiene que ver con el problema de la
continuidad en el ejercicio del poder, nos permitirá comprender el sentido, no sólo
del artículo 192 de la Constitución, sino la concepción constitucional a la que éste
responde. Un aspecto importante, con relación a la interpretación que habrá que
darle al aludido precepto constitucional, tiene que ver con lo que nos advierte y
recuerda el jurista y constitucionalista panameño, Carlos Bolívar Pedreschi, cuando expresa que, los problemas o fenómenos constitucionales tienen que ser abordados “con una visión universal, esto es, con una visión comprensiva del todo, y
no puramente angular o parcial”, a lo que adiciona que según este principio, “el
Derecho Constitucional no constituye un mundo autónomo, no es nada separado
del resto del mundo social a que pertenece, ni, incluso, nada separado del mundo
físico o material, dentro del que, finalmente, se proyecta”1. Ello hará posible comprender, a su vez, que las posiciones que se adoptan como las interpretaciones que
se hacen de las normas constitucionales, en este caso, las relacionadas con el tema
objeto de debate, no pueden tomarse a la ligera ni de manera ingenua.
No está de más recordar, finalmente y para ubicar el tema a debatir en
el entorno que le corresponde, la tan citada frase de Ferdinand Lassalle, cuando manifestaba que, “los problemas constitucionales no son, primordialmente,
problemas de derecho, sino de poder”2, y no cabe duda alguna que el tema que
genera estas reflexiones está caracterizado y tiene que ver, ineludiblemente, con
un problema, además de jurídico, relacionado con el poder.
La posición que sostiene que el cónyuge del presidente de la República puede
ser candidato o candidata a la presidencia.
Una vez establecido qué tipo de tema es sobre el que se debate así como
las posiciones que existen con respecto al mismo, lo que procede es entrar al aná1. Pedreschi, Carlos Bolívar. La Constitución de 1972: Análisis y Comentarios. Edit. Chen, Panamá,
2002, p.2
2. Lassalle, Ferdinand. ¿Qué es una constitución? Edit. Ariel, España, 1984, p119
3. En el sitio http://horacero.com.pa edición de 16 de enero de 2013
lisis, con detenimiento, de las aludidas posiciones o criterios. Se hace necesario,
por ende, no solo saber lo que caracteriza al tema en cuestión, por qué este resulta
polémico, cuáles son las distintas posiciones que existen con relación al mismo,
sino también cuáles son los argumentos que sirven a quienes sustentan esta posición.
Como se indicó, el argumento que sirve de fundamento a quienes sostienen que el cónyuge del presidente de la República, puede ser elegido al mismo
cargo que este ejerce, parten de un supuesto concreto: en el artículo 192 de la
Constitución no se establece, de manera expresa, prohibición alguna que impida
al cónyuge del presidente de la República, la posibilidad de poder ser elegido para
ocupar dicho cargo. Afirman, sin duda alguna, que si bien la Constitución dispone,
que ciertos parientes del Presidente no pueden ser elegidos como presidente de la
República, el cónyuge sí podría optar a ocupar la Presidencia, toda vez que este
no queda comprendido en el citado precepto constitucional ni le aplica lo establecido en él. Esta argumentación la sustentan, a su vez, con esta otra: al no tener los
cónyuges la condición de parientes entre sí, mal se le puede aplicar al cónyuge
del presidente de la República, lo que de manera expresa la Constitución dispone
para quienes sí lo son. De manera que, si los cónyuges no son parientes entre sí
mal se le puede impedir o aplicar, lo previsto en el artículo 192 de la Constitución,
al cónyuge del presidente de la República, por lo que podrá ser elegido para el
mismo cargo que ejerce quien es su cónyuge, es lo que vienen a decirnos quienes
sostienen y defienden esta posición.
Expuesto lo que sería la sustentación de la posición que afirma que el cónyuge del presidente de la República, puede ser elegido para ocupar dicho cargo,
veamos cuáles son los argumentos de los que defienden este criterio. Tenemos así
que el jurista Ernesto Cedeño, en opinión recogida en la edición de la Hora Cero
de 16 de enero de 2013, manifestaba que, “algunas personas están considerando la
figura de la primera dama de Panamá, para que pueda correr para la más alta magistratura de este país”, situación que lo lleva a sostener que, “a la verdad, constitucionalmente hablando, opino que no tendría ningún impedimento, al menos
para ser considerada como candidata”. Su posición la fundamenta sobre la base
que, “la primera dama no es pariente del presidente, al tenor de lo que precisa el
Código de la Familia”, específicamente en su artículo 23. Termina señalando el citado jurista panameño que, “en algunos países han incorporado en la Carta Magna
el impedimento hacia el consorte del presidente, para el cargo del presidente, que
no es el caso en Panamá”3.
Por otra parte, en la edición del sábado 19 de enero de 2013 del diario
La Estrella, se recogen y se hace referencia, a las declaraciones de dos diputados
que con relación al tema dan su opinión. Una de ellas es la que corresponde a
la del diputado del Partido Revolucionario Democrático, Leandro Ávila, quien
manifestaba que, “la primera dama, como toda panameña, cumple con todos los
requisitos para ser candidata a la Presidencia de la República”. Otra declaración
al respecto es la manifestada por el diputado del Partido Panameñista, José Isabel
Blandón, el que expresaba, según dicho diario, que “es constitucionalmente viable” que el cónyuge del presidente de la República pueda ser elegido a tal cargo,
pero adicionando que, hablar de tal posibilidad, “podría ser lo mismo que hablar
de la reelección del presidente”4.
Como se observa, tanto uno y como otro diputado, aunque de partidos diferentes, coinciden en sostener similar criterio, en el sentido que la actual primera
dama, en este caso, cónyuge del presidente de la República, puede ser candidata a
objeto de ocupar dicho cargo.
Sobre el tema en debate se le preguntó a uno de los magistrados del Tribunal Electoral, específicamente a Erasmo Pinilla, quien si bien no adoptó una posición, en el sentido de señalar si el cónyuge del presidente de la República puede
ser o no candidato a la Presidencia, es del parecer que, “en principio hay teorías
interpretativas sobre el parentesco, de que si el cónyuge es o no pariente, allí debe
centrarse la discusión”5. Es decir, a juicio del referido magistrado del Tribunal
Electoral, el problema, al tratarse de índole interpretativa, debe centrarse sobre
lo que implica, para los efectos, el parentesco por afinidad lo que llevaría a tener
que determinar, cuál es la situación que se produce con relación a este tipo de parentesco por afinidad, entre quienes tienen la condición de cónyuges. Conforme
a esta opinión, el problema en debate se reduce, más que a un problema sobre la
continuidad en el ejercicio del poder, en este caso en el cargo de presidente de la
República por parte de sus familiares, en determinar si, entre los cónyuges, existe
o no algún tipo de parentesco, en este caso, por afinidad.
En un artículo de opinión publicado en el diario la Crítica.com.pa del 5
de febrero de 2013, el jurista panameño, Italo Antinori Bolaños, hace un análisis
detenido del tema en el que, en lo medular, sostiene lo siguiente:
1) Conforme a la evolución constitucional panameña, “desde la primera
Constitución Política de la República de Panamá de 1904 –y hasta la
actual de 1972 –existe la prohibición de ser candidatos a la presiden4. Edición del diario La Estrella de 19 de enero de 2013
5. Declaración aparecida en la edición del diario La Prensa de 19 de enero de 2013.
cia a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad (padres,
hermanos, tíos y primos) y segundo de afinidad (suegros, cuñados), con
relación al presidente en funciones. Pero la precitada prohibición, nunca
se ha extendido ni se ha mencionado expresamente al cónyuge”.
2) De acuerdo con lo que se ha regulado en nuestra legislación, que incluye lo que al respecto establecía desde 1917 el Código Civil y lo que
hoy día prevé el Código de la Familia, los cónyuges no son entre sí parientes por afinidad, de ahí que, “en el caso del Derecho Constitucional
panameño”, la prohibición a la que alude el artículo 192 en su numeral 2
de la Constitución vigente, “no se extiende ni abarca a la Primera Dama
de la República”, por lo que esta, a juicio del citado jurista, “podría constitucionalmente ser candidata a la Presidencia o a la Vicepresidencia de
la República”6.
Como es fácil deducir, quienes son del parecer que el cónyuge del presidente de la República puede ser elegido para ocupar el mismo cargo que ocupa
la persona con la que tiene tal vínculo, centran su argumentación en dos aspectos
básicos a saber: que de manera expresa, el artículo 192 de la Constitución, no incluye al cónyuge de quien ejerce la presidencia entre las personas que no pueden
optar a ocupar el cargo de presidente de la República, ello por un lado, y por el
otro, que no siendo los cónyuges parientes entre sí, a este no le debe ser aplicado
el impedimento o prohibición que para los parientes por afinidad dispone el citado
artículo 192 de la Constitución.
De acuerdo con lo antes expuesto, quienes mantienen esta posición no
entran a analizar, de manera conjunta, sistemática o de forma integral, lo que
se regula en el artículo 192 de la Constitución, con otras normas constitucionales. Tampoco, y es lo que llama poderosamente la atención, quienes consideran
que el cónyuge del presidente sí puede ser elegido u optar al cargo de presidente
de la República, hacen referencia, salvo el diputado Blandón, al problema de la
continuidad en el ejercicio del poder por parte de los familiares del presidente de
la República, que es de lo que trata, en conjunto con otras normas, lo regulado
en el artículo 192 de la Constitución. Cuando se entra a analizar o interpretar lo
dispuesto en el citado artículo constitucional, no se puede pasar por alto lo que
con este se pretende o persigue y es que los familiares más cercano del presidente de la República no puedan ser elegidos para ocupar el mismo cargo que
viene ejerciendo su familiar como presidente, lo que se establece a fin de evitar la
continuidad, en el ejercicio del poder, por parte de un mismo grupo familiar. Se
6. En la edición del diario la Crítica.com.pa de 5 de febrero de 2013
limitan a reducir el tema a un simple problema de dilucidar si los cónyuges son o
no parientes por afinidad entre sí, sin prestar atención al problema de fondo que
sobre la continuidad en el poder viene a regular el artículo 192 de la Constitución.
En concreto, lo que regula el artículo 192 de la Constitución no trata de
un tema o un problema que consista en determinar, si los cónyuges son o no parientes entre sí o si estos son o no parientes por afinidad. Ese no es el tema y, por
consiguiente, tampoco es el problema a afrontar. Ya se dijo, con anterioridad, que
el tema en debate tiene que ver con un problema relacionado con el poder, de manera específica, con la continuidad en el ejercicio del poder. Por tanto, el estudio
e interpretación del artículo 192 de la Constitución, tiene que tener presente la
concepción que sobre esta problemática prevé la Constitución vigente en nuestro
El tema planteado con respecto a la concepción del poder previsto en la Constitución.
Nos dice Karl Loewenstein que “los tres incentivos fundamentales que
dominan la vida del hombre en la sociedad y rigen la totalidad de las relaciones
humanas, son: el amor, la fe y el poder; de una manera misteriosa, están unidos
y entrelazados”. A ello adiciona el citado autor, en el caso específico del poder
político, que “aunque puede aparecer en cualquier tipo de relaciones humanas, el
poder, en esa tríada de motivaciones, tiene una importancia decisiva en el campo
sociopolítico. La política no es sino la lucha por el poder. Así, la ciencia política
y la filosofía política no han podido dejar de estudiar en los últimos años, cada
vez de una manera más intensa, el fenómeno del poder”7. Así como “el fenómeno
del poder” es objeto de estudio “de manera intensa”, tanto por la ciencia política
como por la filosofía política, tal como lo advierte Loewenstein, la existencia de
este constituye una realidad que ha ameritado, y sigue ameritando, distintas fórmulas a la hora de regularlo en las diversas Constituciones que se han establecido
a través de los tiempos. Ello a objeto de limitarlo o restringirlo en sus efectos o
Siempre que un pueblo o sus representantes se han enfrentado a la necesidad de darse una nueva Constitución o de reformar esta, uno de los temas que
más debate ha planteado y al que más atención se le ha prestado, es el referente a
la regulación del poder político. Con base en qué parámetros regularlo, qué límites imponerle, sobre qué base estructurarlo, cuáles han de ser las reglas a cumplir
7. Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución. Edit. Ariel, España, 1979, pp.23-24
8. Jiménez Asensio, Rafael. El constitucionalismo. Proceso de formación y fundamento del Derecho
Constitucional. Edit. Marcial Pons, España, 2005, p.24
para acceder a él, cuánto tiempo fijar a quien va a estar en ejercicio del mismo,
entre otras, han sido y continuarán siendo las interrogantes que se han planteado
quienes, desde la óptica del constitucionalismo, o se han dedicado a su estudio o
les ha correspondido regularlo. No hay que olvidar, por lo demás, como bien lo señala Rafael Jiménez Asensio, que “el fenómeno del constitucionalismo no es otra
cosa que la lucha por la limitación del poder y la conquista de la libertad frente a
la arbitrariedad y el despotismo”8.
Estas palabras y reflexiones introductorias, acerca de la importancia del
poder político, las que nos permiten tenerlas como marco de referencia para una
mejor comprensión del tema en debate, nos llevan a tener que formularnos las
siguientes preguntas, ¿Cómo está regulado el poder político en la Constitución
panameña? ¿Cuáles han sido los límites que se han previsto, en cuanto a su ejercicio, facultades y el tiempo durante el cual se iría a ejercer este? ¿Con base en cuál
principio se fundamenta? Estas y otras más serían las preguntas que pudiéramos
plantearnos y cuyas respuestas vamos a encontrar en la Constitución. Qué nos va
a permitir conocer, ¿cómo está estructurado el poder político en nuestra Constitución? Pues, poder determinar a cuál concepción y, por tanto, a cuáles valores
responde lo previsto en el artículo 192 de la Constitución, y así poder comprender,
y ubicarlo, en el contexto total de tal norma jurídica.
Se observa, en ese sentido, que en el artículo 1 de la Constitución se deja
señalado, desde un principio, que el Gobierno del Estado panameño “es unitario,
republicano, democrático y representativo”, y en el artículo 2, en cuanto a lo que
nos interesa resaltar, no se duda en consignar que, “el Poder Público solo emana
del pueblo”. ¿Qué implica esto? ¿Cuál es el significado de un gobierno republicano, democrático y representativo? ¿Qué se quiere dejar establecido cuando se
señala que, “el Poder Público solo emana del pueblo”? Como la Constitución no
define lo que se ha de entender por un gobierno republicano, democrático y representativo, como tampoco nos dice qué significa eso que, “el Poder Público solo
emana del pueblo”, hay que recurrir a lo que en la doctrina se ha entendido por tal
tipo de gobierno y qué implica decir o establecer que el poder público emana del
Nos dicen Gaspar Caballero Sierra y Marcela Anzola Gil, con respecto
a lo que significa e implica una república, que “etimológicamente la palabra ‘república’ significa cosa pública (res publica), como opuesto a cosa privada (res
privata). El término república”, adicionan los citados autores, “trae por tanto la
connotación de interés general, social o nacional, en oposición al simple interés
particular o individual. La cosa pública, res publica, constituye por así decirlo el
patrimonio económico, moral y cultural de todos los miembros del cuerpo social,
sin distinción de clases y tiene como bases fundamentales el interés de la patria,
la igualdad, el derecho y la justicia. La res publica”, terminan señalando Caballero Sierra y Anzola Gil, “está conformada por los intereses superiores de la
comunidad”9.
Por su parte, el Dr. César Quintero, en su tan conocida como citada obra,
Principios de Ciencia Política, luego de hacer la explicación y distinción entre lo
que implica una monarquía y una república, manifiesta que, “la esencia, pues, del
régimen republicano estriba en que el jefe del Estado debe ser elegido, temporal y
responsable. La elección, la periodicidad, la alternabilidad y la responsabilidad
públicas son, así, características esenciales del gobierno republicano”10.
Como se ve, hablar de república, y si es democrática aún más, no implica
cualquier régimen político, o si se quiere, no es cualquier cosa. La república, el
gobierno republicano, conlleva una serie de valores, de principios que hay que
preservar y fortalecer para que esta no pierda sus particularidades, para que no
sea desnaturalizada. La república, como la democracia, en fin, no es una cosa o
régimen de unos pocos, de unos cuantos ni de unos muchos sino de todos los que
la constituyen, aún cuando puedan existir discrepancias en la forma de afrontar
ciertos temas o materias. Eso es lo que se quiere decir cuando se manifiesta que la
república es la cosa pública, es decir, lo que a todos atañe. Por eso quienes vayan
a gobernar la república, la cosa de todas y de todos, tienen y deben ser elegidos,
tienen y deben ser responsables y tienen y deben ejercer el poder de manera temporal.
Y en cuanto al polémico tema del principio de soberanía popular, que es
al que alude el artículo 2 de la Constitución, cuando se señala o reconoce que el
“Poder Público solo emana del pueblo”, lo que se está diciendo es que la titularidad del poder que ejercen las autoridades, sean éstas de elección popular o no,
tiene como origen y titular al pueblo. Lo que en la práctica viene a significar que
las autoridades constituidas o reguladas en la Constitución y la ley, ejercen un
poder que no les pertenece, que son simples detentadores temporales del mismo
y que, por tanto, tienen que rendir cuentas y son responsables ante su titular. En
otras palabras, y de manera concreta, el soberano no es la autoridad sino el pueblo,
que es de donde emana dicho poder.
9. Caballero Sierra, Gaspar y Anzola Gil, Marcela. Teoría constitucional. Edit. Temis, Colombia,
1995, p.100
10. Quintero, César. Principios de Ciencia Política. Editado por Mafer, S. A., Panamá, 1997, p.303
¿Cómo se concreta y toma forma toda esta concepción del poder político
que formula nuestra Constitución en las normas antes citadas? En cuanto a la forma y tiempo para el que son elegidos, se puede apreciar que en el artículo 146 de
la Constitución se señala que los miembros de la Asamblea Nacional, “serán elegidos mediante postulación partidista o por libre postulación, mediante votación
popular directa” y en el artículo 148 se señala que éstos “serán elegidos por un
periodo de cinco años”. En el caso del presidente de la República el artículo177
dispone que, “será elegido por sufragio popular y por la mayoría de votos, para un
periodo de cinco años”. De acuerdo a los artículos citados, quedan establecidas las
reglas para ser miembros de la Asamblea Nacional y presidente de la República,
así como el periodo para el cual son electos unos y otro.
Lo que nos vienen a decir estas normas constitucionales es algo muy claro: como el poder para legislar y ejercer el poder ejecutivo de la República es un
poder público, cuyo titular es el pueblo, quienes quieran o aspiren a uno u otro
no pueden disponer ejercerlo, por su propia cuenta, deseo, interés o capricho, ya
que para ello requerirán ser electos mediante votación popular. No hay otra forma
constitucionalmente hablando. Pero de igual manera, quienes resulten electos, ya
sea para ser diputado o presidente de la República, no pueden disponer, a su antojo e interés, por cuánto tiempo podrán ejercer dicho poder. La Constitución les
señala el tiempo en el que estarán en ejercicio del mismo, esto no queda a discrecionalidad de quien ocupe un cargo u otro. De manera que por más que se sientan
predestinados, iluminados o que se crean los mejores y únicos con la capacidad
para ejercer dichos cargos o que simplemente les gusten estos, el tiempo para el
cual son electos no lo pueden ajustar a su deseo o a su antojo, pues este queda
fijado en la Constitución. Se está, por tanto, ante un tiempo fijo e inalterable.
La existencia de un tiempo fijo es lo que viene a permitir la alternabilidad
en el ejercicio de uno u otro cargo. Lo que significa que, así como unos pudieron
aspirar y ocupar los cargos en referencia, porque resultaron electos en unas elecciones populares, otros también pueden aspirar a ocupar y desempeñar los mismos cargos, toda vez que pasado el tiempo para el que fueron electos, habrá que
llevar a cabo otras elecciones para la renovación de estos. Y si bien para el caso
de quien había resultado electo diputado, podrá postularse para un nuevo periodo,
toda vez que la Constitución no se lo impide, para el caso del cargo de presidente
de la República las reglas van a ser otras.
¿Qué dispone la Constitución con relación a la posibilidad de la continuidad en el ejercicio del poder que compete al presidente de la República? Pues que,
a diferencia de quien había sido electo diputado, quien venía desempeñándose
como presidente, terminado su periodo, no podrá ser reelegido para continuar des-
empeñándose como presidente, por más que quiera. No hay otra opción, ya que la
Constitución se lo impide. En efecto, en el artículo 178 de la citada norma fundamental se establece que, “los funcionarios que hayan sido elegidos Presidente o
Vicepresidente, no podrán ser reelegidos para el mismo cargo en los dos periodos
presidenciales inmediatamente siguientes”. Lo que significa que tal cargo no solo
es de elección popular, que no sólo tiene un periodo fijo, que con relación al mismo existe la alternabilidad, sino que a su vez no es posible la reelección inmediata
del mismo, lo que se impide por dos periodos presidenciales seguidos.
En cuanto a esto, no se trata de entrar a discutir, al final de un periodo presidencial, si el presidente, en ejercicio de sus funciones, lo hizo bien o mal, si fue
un presidente con credibilidad o no, si estuvo a la altura o no de lo que se espera de
una persona que llega a ocupar tan alto cargo en la estructura del Estado. Tampoco
se trata de establecer si llenó a cabalidad o no su cometido, es decir el cometido de
lo que implica, además de ser un jefe de gobierno, ser también un jefe de Estado,
sino que en la Constitución se ha establecido que el presidente de la República no
se puede reelegir de forma inmediata. De manera que, en cuanto al problema de lo
que conlleva tener que dilucidar si un presidente, al final de su gestión, va a optar
o no por un nuevo periodo presidencial, en nuestro país la regla es clara y el principio al que esta responde es contundente: no se quiere la continuidad de dicha
persona en el ejercicio del poder presidencial. Pero además, para asegurar que tal
principio sea efectivo, es por lo que se ha establecido que el grupo familiar más
cercano al presidente de la República, tampoco pueda optar o ser elegido para tan
relevante cargo para el periodo inmediato al que está por terminar el mandatario.
Esto es lo que explica lo previsto en el artículo 192 de la Constitución y es esta la
concepción del poder a la que dicha norma responde.
Se sigue, de lo antes expuesto, que la interpretación del referido artículo
192 no puede, ni debe hacerse, desconociendo dicha concepción del poder político configurado en nuestra Constitución, norma constitucional cuyo contenido
tiene que ver, como se ha indicado, con la problemática de la continuidad en el
ejercicio del poder, en este caso, por parte de quien se desempeña como presidente
de la República y cuyo periodo está por terminar. En concreto, el cargo de presidente de la República, previsto en nuestra Constitución, responde a los valores
de un régimen republicano, democrático y representativo, cuyo ejercicio en el
tiempo está fijado para un periodo claramente determinado, sin la posibilidad de
ser reelegido de forma inmediata, principio que va a quedar fortalecido al impedir,
que el núcleo familiar más cercano al presidente, pueda optar al mismo cargo una
vez que su familiar deje la presidencia de la República.
Antes de entrar a desarrollar el tema en debate, desde la posición que
considera que el cónyuge del presidente de la República no puede ser candidato a
ocupar dicho cargo, criterio con el que nos identificamos, se hace necesario dejar
consignado, aunque de manera sucinta, unas consideraciones sobre el problema
de la interpretación constitucional. Con esto lo que se quiere dejar establecido,
desde un principio, es que estamos ante un tema que se enmarca dentro de toda la
problemática que gira alrededor de lo que conlleva la interpretación constitucional. No entenderlo así sería partir en falso, con los resultados ya antes anotados,
y que fueron resaltados cuando nos referimos a la posición que sostiene que el
cónyuge del presidente sí puede ser candidato a la presidencia de la República.
En ese sentido, una primera idea, que por lo demás es elemental en cuanto al problema de la interpretación jurídica, consiste en señalar que en materia
de interpretación constitucional, como nos lo recuerda Agustín Pérez Carrillo,
“las normas de la Constitución, como toda norma jurídica, no sólo admite una
interpretación que sea la correcta, justa o adecuada. La idea del único sentido de
las normas jurídicas se basa esencialmente en la creencia de que ese solo sentido
o significado debe coincidir con la ‘voluntad del legislador’ o con el ‘espíritu de
la Ley’…por el contrario”, nos dice el citado autor, “de la norma constitucional
se pueden ofrecer distintas interpretaciones dentro de los límites señalados en la
misma norma jurídica, la cual se presenta, como dice Kelsen, como un marco
abierto a varias posibilidades de interpretación y todas ellas son válidas en la
consideración científica, por no existir argumento objetivo para rechazar alguna ni
para sostener otra como verdadera”11. A la hora de entrar a desentrañar, mediante
su interpretación, el sentido del artículo 192 de la Constitución, por consiguiente,
mal se podrá sostener o afirmar, categóricamente, que dicha norma solo permite
un único sentido, como si este contuviera una única verdad y solo esa.
Otra idea tiene que ver con lo que se conoce, en la doctrina, como la interpretación sistemática de la Constitución, principio de interpretación según el
cual, la Constitución se debe interpretar como un todo, por lo que sus normas o
artículos no deben interpretarse de manera aislada como si de normas por separado se tratasen. Conforme a este principio de interpretación constitucional, que
también es de conocimiento elemental de la hermenéutica jurídica, el artículo 192
de la Constitución no debe ser interpretado, de manera separada, del resto de las
11. Pérez Carrillo, Agustín. La interpretación constitucional, trabajo recopilado en la obra La interpretación constitucional, consultable en el sitio http://biblio.juridicas.unam.mx, pp.83-84
Posición que niega la posibilidad que el cónyuge del presidente de la
República pueda candidatizarse para la presidencia de la República.
otras disposiciones constitucionales y, menos aún, de las que de manera específica
guardan relación con este y que regulan la concepción del poder en cuanto a su
También resulta importante tener presente, en materia de interpretación
constitucional, que es la ley o las demás normas jurídicas, las que se interpretan
desde la Constitución y no la Constitución desde las demás normas jurídicas que
conforman el ordenamiento jurídico. Esto por algo elemental, es la ley la que debe
ajustarse a la Constitución y no la Constitución a la ley. Esto es lo que se conoce
como la interpretación del ordenamiento jurídico conforme a la Constitución. Y
es lo que explica, entre otros aspectos, la existencia del control de la constitucionalidad. Lo que quiere decirse con esto es que lo previsto en el artículo 192 de la
Constitución no debe ser interpretado con lo establecido, por ejemplo, en el artículo 23 del Código de la Familia, precepto al que aluden quienes sostienen que el
cónyuge del presidente sí puede ser elegido para ocupar el cargo de presidente de
la República, sino en relación con las otras normas constitucionales que, en conjunto, regulan la problemática de la concepción que sobre el poder se estructura
Finalmente, en lo que respecta a estas consideraciones introductorias, no
hay que olvidar que los problemas que entraña la interpretación constitucional
están condicionados, en gran medida, al contexto jurídico –político en el que estos
se plantean. Lo que se quiere decir y dar a entender con esto es que, en última
instancia, muchas de las soluciones que se dan, vía la interpretación constitucional, van a depender más que de su aspecto jurídico, de su componente político. Y
cuando los grupos que determinan estas realidades políticas terminan imponiendo
sus intereses, más allá de lo que establece y permite la Constitución, termina ocurriendo lo que señala Werner Kägi, cuando nos dice que, “la interpretación del Derecho conscientemente condicionada por la coyuntura y por los intereses habrá de
conducir hacia esa degradante jurisprudencia circunstancial (Situationsjurisprudenz), que contribuye, en una amplia e imponderable medida, a la desvalorización
de la ‘majestad del Derecho’ en la vida estatal, a la decadencia de lo normativo y
al descrédito de la Constitución”12.
Dicho lo anterior, pasamos al análisis del artículo 192 de la Constitución
conforme a los argumentos antes expresados. Como hubo oportunidad de ver, uno
de los aspectos a los que se alude, para sustentar que el cónyuge del presidente de
la República sí puede ser candidato a la presidencia, es al de la evolución constitucional. Se dice, así, que lo establecido en el artículo 192 de la Constitución es
12. Kägi, Werner. La Constitución como ordenamiento jurídico fundamental del Estado. Edit. Dykinson, España, 2005, p.66
acorde con lo que, desde la primera Constitución de la era republicana, la de 1904,
hasta la de nuestros días, la de 1972 con sus reformas, se ha previsto en cuanto a
la prohibición para ser candidato a la presidencia a quienes son parientes del presidente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad pero sin
incluir, de manera expresa, al cónyuge, por lo que dicha prohibición no le puede
ser aplicada a este. Esta sustentación no tiene asidero ya que pasa por alto un tema
de gran relevancia. Afirmamos esto por lo siguiente. Es cierto, sin duda alguna,
que en el artículo 83 de la Constitución de 1904 se establecía que, “ningún pariente” del presidente “comprendido dentro del cuarto grado civil de consanguinidad
o segundo de afinidad…podrá ser elegido” para dicho cargo, sin incluir o aludir
expresamente al cónyuge. Ahora bien, decir y reconocer esto no es suficiente para
sustentar, desde el punto de vista de nuestra evolución constitucional, que el cónyuge del presidente pueda ser candidato a la presidencia.
Esto es así, ya que para el momento en el que se elaboró y aprobó la
Constitución de 1904, la condición de ciudadano quedaba reservada a los hombres. A las mujeres no se les consideraba ciudadanas, es decir, no se les permitía
la participación en la política. Por tanto, mal podían ser candidatas a nada. Si a
las mujeres se les impedía la participación en la política, no tenía sentido ni razón
que se estableciera, en el artículo 83 de la Constitución de 1904, que el cónyuge
del presidente de la República no podía ser candidato a dicho cargo. ¿Quién otro,
en un sistema político en el que solo podían participar los hombres, podría ser el
cónyuge del presidente de la República como para incluirlo en tal prohibición? En
otras palabras, el problema de determinar si el cónyuge del presidente, puede o no
ser candidato a la presidencia, solo puede platearse como problema, cuando tanto
el hombre como la mujer pueden participar, como ciudadanos en condiciones de
igualdad, en la política. En esas condiciones, cuando se alude al cónyuge, se ha
de entender que este puede ser tanto el hombre como la mujer, pero cuando solo
el hombre es el que puede participar en la política, aludir al cónyuge en algún tipo
de inhabilitación, no tiene sentido alguno pues en dichos supuestos, como ocurría
a inicios de nuestra republica, el cónyuge solo puede ser la mujer y ésta no podría
aspirar a ocupar cargo alguno, menos al de presidente de la República.
Todavía en 1941, cuando entra en vigencia la Constitución panameña de
dicha época, lo más que se reconoció, con respecto a los derechos ciudadanos de
las mujeres, como se dispuso en el artículo 61 de dicha Constitución, fue que,
“el Legislador podrá conferir a las mujeres panameñas mayores de veintiún años
la ciudadanía, con las limitaciones y los requisitos que la Ley establezca”, esto
porque en el citado precepto constitucional se establecía que, “son ciudadanos de
la República todos los panameños varones mayores de veintiún años”. De ahí que
aludir a la evolución constitucional, para sustentar que el cónyuge del presidente
de la República, sí puede ser candidato a la presidencia, no tiene mayor peso por
las razones ya expresadas.
Descartado dicho aspecto, pasamos a exponer y sustentar nuestra posición en el sentido que el cónyuge del presidente de la República no puede ser candidato a la presidencia. Para ello partimos afirmando lo siguiente: el hecho que de
manera expresa no se mencione al cónyuge en el artículo 192 de la Constitución,
no significa que el impedimento en tal norma establecido no alcance a este. Esta
aseveración la fundamentamos, a su vez, con base en la siguiente argumentación:
lo que permite hablar de parientes por afinidad, a diferencia de lo que ocurre con
los parientes consanguíneos, es un hecho cierto e incontrastabl, la existencia previa del vínculo matrimonial. Si no hay matrimonio no hay parientes por afinidad,
así de simple. Lo que significa que, para los efectos constitucionales y legales,
este parentesco surge cuando se formaliza el matrimonio. Dispone, en ese sentido, el artículo 57 de la Constitución, que “el matrimonio es el fundamento legal
de la familia”. Los cónyuges vendrían a ser esa familia a la que se refiere dicho
artículo y, los parientes por afinidad, constituirían la familia extendida de quienes
legalmente han contraído ese matrimonio.
Explicado de otra manera, los cónyuges no serán parientes entre sí, lo que
no se discute, pero sin duda alguna, lo que sí son es familia, y familia de estos,
por afinidad, vendría a ser los suegros y los cuñados. Estos, en conjunto con los
parientes por consanguinidad, constituyen un núcleo familiar. Pues bien, entre los
cónyuges ¿cuál es el familiar más cercano, una vez contraído el matrimonio? ¿El
suegro, los cuñados o el cónyuge? La respuesta es simple, en la familia el miembro de esta más cercano del cónyuge, es su propio cónyuge. Por tanto, de su grupo
o núcleo familiar, cuando un presidente está casado, la persona más cercana a él es
su cónyuge, no sus suegros ni sus cuñados. Y si, de sus parientes por afinidad, están inhabilitados para ser candidatos a la presidencia de la República, sus suegros
y sus cuñados, ¿cómo no lo va a estar su cónyuge? ¿Qué justifica que se impida,
que los suegros y cuñados del presidente, no puedan ser elegidos al cargo que desempeña su familiar por afinidad pero sí el cónyuge de éste, quien por estar casado
con el presidente, es el que da lugar a la existencia del parentesco por afinidad?
Una interpretación, se sigue de lo expuesto, cónsona con la concepción
del poder regulada en la Constitución, con los valores de lo que significa e implica
un régimen republicano, democrático y representativo, nos lleva a sostener que,
al cónyuge del presidente de la República, también le es aplicable la prohibición
establecida en el artículo 192 de la Constitución. No tiene sentido, y va contra
toda lógica, que se diga que los parientes por afinidad del presidente, en este caso,
sus suegros y cuñados, están impedidos para ser elegidos al mismo cargo que su
familiar pero que, quien da origen a que exista tal vínculo familiar y es a su vez el
familiar más cercano, en este caso el cónyuge con el que está unido en matrimonio
quien ocupa la presidencia, sí puede ser elegido para suceder a su cónyuge. Dicha
interpretación va en contra del sentido de lo que se establece en el artículo 192
de la Constitución, en relación con lo previsto en el artículo 178, conforme a los
cuales el presidente de la República no puede reelegirse de forma inmediata como
tampoco puede ser candidato al mismo cargo que su familiar, los parientes dentro
del cuarto grado de consanguinidad y los parientes dentro del segundo grado por
Dicho de otra manera, de acuerdo con la concepción del poder, regulada
en la Constitución, en cuanto a impedir la continuidad en el ejercicio de este por
una misma persona y su núcleo o grupo familiar más cercano, la prohibición que
en el artículo 192 de la Constitución se ha previsto para los parientes consanguíneos y por afinidad del presidente de la República, le es aplicable a su cónyuge.
Y le es aplicable porque el cónyuge del presidente no es una persona ajena ni extraña al núcleo o grupo familiar más cercano a la persona que ejerce y ocupa tan
relevante cargo de la estructura política del Estado panameño. Esta prohibición
alcanza al cónyuge por tratarse, sin que haya al respecto duda alguna, del familiar
más cercano a la persona que ocupa la presidencia de la República, incluso más
cercano que todos los miembros de su familia, sean quienes sean éstos tengan el
grado que tengan con el presidente de la República. El cónyuge es familia del presidente y forma parte del núcleo familiar del presidente a los que la Constitución
prohíbe ser elegidos al cargo de presidente de la República, ello con el propósito
de impedir que estos vayan a dar continuidad, en el ejercicio del poder, en el mismo cargo que desempeña su familiar como presidente.
Si el constituyente dispuso que, para hacer efectivo el principio de no
reelección inmediata del presidente, sus familiares dentro del cuarto grado por
consanguinidad y los que están comprendidos dentro del segundo grado por afinidad no pudieran ser elegidos a dicho cargo, a objeto de impedir la continuidad
en el ejercicio del poder de un mismo núcleo o grupo familiar, la interpretación
coherente y constitucionalmente correcta es que tal prohibición también alcance
al cónyuge del presidente. Con ello se preservan los valores de un gobierno republicano, según los cuales los asuntos de éste deben ser una cosa de todos y de
todas los que la conforman y no de unos cuantos mucho menos de unos cuantos
familiares del presidente de la república, entre los que está incluido, piénsese
lo que se quiera pensar, su cónyuge. Es esto lo que nos lleva a sostener que, de
acuerdo al sentido de lo previsto en el artículo 192 de la Constitución, en cuanto
a prohibir la continuidad en el ejercicio del poder por los familiares más cercanos
al presidente, el cónyuge del presidente de la República no puede ser candidato a
Una reflexión final con respecto al tema debatido. No debe existir duda
alguna que la solución de temas como el aquí abordado van más allá de simples consideraciones jurídicas, independientemente de la posición que se termine
adoptando. Pensar que de plantearse, ante las instancias electorales o judiciales, la
posible postulación del cónyuge del presidente de la República, va a conllevar una
solución estrictamente jurídica es una ingenuidad. Estos son temas que no se pueden analizar sin tomar en cuenta el contexto político en el que surge y se afronta.
No es casual que el tema se haya traído a debate al estar por finalizar el periodo
presidencial del actual presidente. Lo que iría a estar en juego, de optarse porque
el cónyuge del presidente pueda ser candidato a la presidencia, son los principios
democráticos y la concepción del poder republicano regulados en nuestra Constitución.
De ahí que, si se cree que debe imperar la alternabilidad y la no continuidad de un mismo grupo familiar en el ejercicio del poder, se tendrá que entender
que lo establecido en el artículo 192 de la Constitución es aplicable al cónyuge del
presidente. Por el contrario, si lo que termina prevaleciendo es que el cónyuge del
presidente sí puede ser candidato a la presidencia, se estará dando paso a una perversión y desnaturalización de los valores del gobierno republicano que previeron
quienes concibieron esta forma de gobierno cuando nos erigimos como Estado
independiente. Tal posibilidad significaría todo un retroceso en el fortalecimiento
de los valores que inspiraron a quienes se opusieron y lucharon contra la dictadura
militar que imperó por más de veinte años en nuestro país.
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