Source: https://ayudaleyprotecciondatos.es/2017/06/27/lopd-2018/?filter_by=featured
Timestamp: 2017-12-12 18:02:42
Document Index: 184874351

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 28', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 73', 'Artículo 75', 'artículo 13', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 99', 'artículo 18', 'artículo 60', 'artículo 83', 'artículo 45', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 12', 'artículo 20', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 18', 'artículo 21', 'artículo 9', 'artículo 26', 'artículo 3', 'artículo 82', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 77', 'artículo 41', 'artículo 38', 'artículo 41', 'artículo 63', 'artículo 40', 'artículo 64', 'artículo 63', 'artículo 43', 'artículo 64', 'artículo 47', 'artículo 64', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 77', 'artículo 64', 'artículo 49', 'artículo 58', 'artículo 65', 'artículo 58', 'artículo 77', 'artículo 62', 'artículo 6', 'artículo 68', 'artículo 64', 'artículo 60', 'artículo 66', 'artículo 60', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 74', 'artículo 66', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 20', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 12', 'artículo 58', 'artículo 29', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 72', 'artículo 30', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 33', 'artículo 43', 'artículo 40', 'artículo 41', 'artículo 41', 'artículo 12', 'artículo 72', 'artículo 73', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 30', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 34', 'artículo 73', 'artículo 36', 'artículo 37', 'artículo 35', 'artículo 43', 'artículo 41', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 32', 'artículo 45', 'artículo 267', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 40', 'artículo 39', 'artículo 13', 'artículo 61', 'artículo 149', 'artículo 26', 'artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 6', 'artículo 10', 'artículo 15', 'Artículo 15', 'artículo 433', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 33', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 46', 'artículo 53']

Nueva Ley Protección de Datos - Descargar LOPD 2018 en PDF
By Ana González – On 27/06/2017
Artículo 3. Datos de las personas fallecidas.
CAPÍTULO I. Principios generales de protección de datos
Artículo 4. Datos relativos a infracciones y sanciones administrativas.
Artículo 5. Presunción de exactitud.
Artículo 6. Deber de confidencialidad.
Artículo 7. Tratamiento basado en el consentimiento del afectado.
Artículo 8. Consentimiento de los menores de edad.
Artículo 9.Tratamiento de datos amparado por la ley.
Artículo 10. Categorías especiales de datos.
CAPÍTULO II. Disposiciones aplicables a tratamientos concretos
Artículo 11. Licitud de tratamientos.
Artículo 12.Tratamiento de datos de contacto y de empresarios individuales.
Artículo 13. Tratamiento de datos hechos manifiestamente públicos por el afectado.
Artículo 14. Sistemas de información crediticia.
Artículo 16. Sistemas de exclusión publicitaria.
Artículo 18.Tratamientos relacionados con la realización de determinadas operaciones mercantiles.
Artículo 19.Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública.
Artículo 20.Tratamiento de datos de naturaleza penal.
Artículo 21. Transparencia e información al afectado.
Artículo 22. Disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos.
Artículo 23.Derecho de acceso.
Artículo 24. Derecho de rectificación.
Artículo 25. Derecho de supresión.
Artículo 26. Derecho a la limitación del tratamiento.
Artículo 28. Derecho de oposición.
CAPÍTULO III. Obligación de bloqueo
TÍTULO IV. Responsable y encargado del tratamiento
Artículo 31. Supuestos de corresponsabilidad en el tratamiento.
Artículo 32. Representantes de los responsables o encargados del tratamiento no establecidos en la Unión Europea.
Artículo 33. Registro de las actividades de tratamiento.
Artículo 34. Encargado del tratamiento.
Artículo 36. Cualificación del delegado de protección de datos.
Artículo 37. Posición del delegado de protección de datos.
Artículo 38.Intervención del delegado de protección de datos en caso de reclamación ante las autoridades de protección de datos.
Artículo 39. Códigos de conducta.
Artículo 40. Esquemas de certificación.
TÍTULO V. Transferencias internacionales de datos
Artículo 41. Régimen de las transferencias internacionales de datos.
Artículo 42. Supuestos de aprobación por la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 43. Supuestos sometidos a autorización previa de la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 44. Supuestos sometidos a información previa a la autoridad de protección de datos competente.
TÍTULO VI. Autoridades de protección de datos
Artículo 45. Disposiciones generales.
Artículo 47. Régimen económico presupuestario y de personal.
Artículo 48. Funciones y potestades de la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 49. El Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 50. Consejo Consultivo de la Agencia.
Artículo 52. Ámbito y personal competente.
Artículo 53. Deber de colaboración.
Artículo 54. Alcance de la actividad de investigación.
Artículo 55. Planes de auditoría preventiva.
Artículo 56. Potestades de regulación. Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos.
Artículo 57. Acción exterior.
Artículo 58. Autoridades autonómicas de protección de datos.
Artículo 59. Cooperación institucional.
Artículo 60. Tratamientos contrarios al Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.
Artículo 61. Coordinación en caso de emisión de dictamen por el Comité Europeo de Protección de Datos.
Artículo 62. Intervención en caso de tratamientos transfronterizos.
Artículo 63. Coordinación en caso de resolución de conflictos por el Comité Europeo de Protección de Datos.
TÍTULO VII. Procedimiento en caso de reclamaciones tramitadas por la Agencia Española de Protección de Datos
Artículo 64. Régimen jurídico.
Artículo 65. Iniciación de los procedimientos.
Artículo 66. Inadmisión de las reclamaciones.
Artículo 67.Plazo de tramitación de los procedimientos.
Artículo 68. Actuaciones previas de investigación.
Artículo 69. Medidas provisionales.
Artículo 73.Infracciones consideradas graves.
Artículo 75. Interrupción de la prescripción.
Disposición adicional cuarta. Procedimiento en relación con las competencias atribuidas a la Agencia Española de Protección de Datos por otras leyes.
Disposición adicional quinta. Autorización judicial en materia de transferencias internacionales de datos.
Disposición adicional sexta. Registros de apoyo a la Administración de Justicia.
Disposición adicional séptima. Acceso a contenidos de personas fallecidas.
Disposición adicional octava. Incorporación de deudas a sistemas de información crediticia.
Disposición adicional novena. Condiciones adicionales para el tratamiento de categorías especiales de datos.
Disposición adicional décima. Especialidades del régimen jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos.
Disposición transitoria segunda. Códigos tipo inscritos en las autoridades de protección de datos conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
Disposición transitoria tercera.Régimen transitorio de los procedimientos.
Disposición transitoria cuarta. Normas dictadas en desarrollo del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE.
Disposición transitoria quinta. Tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680.
Disposición final quinta. Modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno.
Disposición final sexta. Modificación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
La protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales es un derecho fundamental protegido por el artículo 18.4 de la Constitución española. De esta manera, nuestra Constitución fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal cuando en su artículo 18.4 dispuso que “la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. Se hacía así eco de los trabajos desarrollados desde finales de la década de 1960 en el Consejo de Europa y de las pocas disposiciones legales adoptadas en países de nuestro entorno.
El Tribunal Constitucional señaló en su Sentencia 94/1998, de 4 de mayo,que nos encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualesquiera datos personales, y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados; de esta forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados datos personales sean usados para fines distintos a aquél que justificó su obtención. Por su parte, en la Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre, lo considera como un derecho autónomo e independiente que consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso.
A nivel legislativo, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de datos personales tuvo lugar en sus orígenes mediante la aprobación de la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, reguladora del tratamiento automatizado de datos de carácter personal, conocida como LORTAD. La Ley Orgánica 5/1992 fue reemplazada por la Ley Orgánica 15/1999, de 5 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, a fin de trasponer a nuestro derecho a la Directiva 95/46/CEdel Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Esta ley orgánica supuso un segundo hito en la evolución de la regulación del derecho fundamental a la protección de datos en España y se complementó con una cada vez más abundante jurisprudencia procedente de los órganos de la jurisdicción contencioso-administrativa.
En segundo lugar, también se recoge en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; y en el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Anteriormente, a nivel europeo, se había adoptado la Directiva 95/46/CE citada, cuyo objeto era procurar que la garantía del derecho a la protección de datos de carácter personal no supusiese un obstáculo a la libre circulación de los datos en el seno de la Unión, estableciendo así un espacio común de garantía del derecho que, al propio tiempo, asegurase que en caso de transferencia internacional de los datos, su tratamiento en el país de destino estuviese protegido por salvaguardas adecuadas a las previstas en la propia directiva.
El último hito en esta evolución tuvo lugar con la adopción del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como de la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.
El Reglamento general de protección de datos supone la revisión de las bases legales del modelo europeo de protección de datos más allá de una mera actualización de la vigente normativa. Procede a reforzar la seguridad jurídica y transparencia a la vez que permite que sus normas sean especificadas o restringidas por el Derecho de los Estados miembros en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y para que las disposiciones nacionales sean comprensibles para sus destinatarios. En concreto, los Estados miembros deben estar facultados para mantener o adoptar disposiciones nacionales a fin de especificar en mayor grado la aplicación de las normas del reglamento europeo.
En definitiva, éste es el marco al que los Estados miembros han de adaptar su normativa interna, partiendo de la existencia de un régimen uniforme que deberá también ser aplicado de forma uniforme en toda la Unión, aunque preservando, en lo que no contradiga ese régimen, sus principios y su tradición jurídica. Por este motivo el Reglamento general de protección de datos contiene un buen número de habilitaciones, cuando no imposiciones, a los Estados miembros, a fin de regular determinadas materias, permitiendo incluso en su considerando octavo, y a diferencia de lo que constituye principio general del Derecho de la Unión Europea que, cuando sus normas deban ser especificadas, interpretadas o, excepcionalmente, restringidas por el Derecho de los Estados miembros, éstos tengan la posibilidad de incorporar al derecho nacional previsiones contenidas específicamente en el reglamento, en la medida en que sea necesario por razones de coherencia y comprensión.
Sobre estas bases se adopta la presente ley orgánica, que no pretende reiterar el texto del Reglamento general de protección de datos para que sea asumido como integrante del Derecho interno, sino que trata de clarificar sus disposiciones, dentro de los márgenes que el mismo establece, teniendo en cuenta asimismo la propia tradición jurídica derivada de una regulación de más de veinticinco años de vigencia y de una abundante doctrina judicial generada a lo largo de ese período, tanto en el ámbito interno como en el de la Unión Europea.
En este punto hay que subrayar que no se excluye toda intervención del Derecho interno en los ámbitos concernidos por los reglamentos europeos. Al contrario, tal intervención puede ser procedente, incluso necesaria, tanto para la depuración del ordenamiento nacional como para el desarrollo o complemento del reglamento de que se trate. Así, el principio de seguridad jurídica, en su vertiente positiva, obliga a los Estados miembros a integrar el ordenamiento europeo en el interno de una manera lo suficientemente clara y pública como para permitir su pleno conocimiento tanto por los operadores jurídicos como por los propios ciudadanos, en tanto que, en su vertiente negativa, implica la obligación para tales Estados de eliminar situaciones de incertidumbre derivadas de la existencia de normas en el Derecho nacional incompatibles con el europeo. De esta segunda vertiente se colige la consiguiente obligación de depurar el ordenamiento jurídico.En definitiva, el principio de seguridad jurídica obliga a que la normativa interna que resulte incompatible con el Derecho de la Unión Europea quede definitivamente eliminada “mediante disposiciones internas de carácter obligatorio que tengan el mismo valor jurídico que las disposiciones internas que deban modificarse” (Sentencias del Tribunal de Justicia de 23 de febrero de 2006, asunto Comisión vs. España; de 13 de julio de 2000, asunto Comisión vs. Francia; y de 15 de octubre de 1986, asunto Comisión vs. Italia). Por último, los reglamentos, pese a su característica de aplicabilidad directa, en la práctica pueden exigir otras normas internas complementarias para hacer plenamente efectiva su aplicación. En este sentido, más que de incorporación cabría hablar de “desarrollo” o complemento del Derecho de la Unión Europea.
La adaptación al Reglamento general de protección de datos, queserá aplicable a partir del 25 de mayo de 2018, según establece su artículo 99, requiere, en suma, la elaboración de una nueva ley orgánica que sustituya a la actual.
Esta ley orgánica consta de setenta y ocho artículos estructurados en ocho títulos, diez disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria única y siete disposiciones finales.
El Título I, relativo a las disposiciones generales, comienza regulando el objeto de la ley orgánica, que no es otro que la adaptación del ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, Reglamento general de protección de datos, y completar sus disposiciones. A su vez, establece que el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos de carácter personal, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.
En el Título II, “Principios de protección de datos”, se presumen exactos y actualizados los datos obtenidos directamente del propio afectado y se recoge expresamente el deber de confidencialidad, se regulan garantías específicas y se aplica el principio de minimización de datos para entender desproporcionado el tratamiento de los datos por quien carezca de competencia. Dentro de lo que se viene denominando la “legitimación para el tratamiento”, se alude específicamente al consentimiento, que ha de proceder de una declaración o de una clara acción afirmativa del afectado, excluyendo lo que se conocía como “consentimiento tácito”, se permite la casilla no premarcada en el ámbito de la negociación o formalización de un contrato, y se fija la edad a partir de la cual el menor puede prestar su consentimiento en trece años para asimilar el sistema español al de otros Estados de nuestro entorno.
El Título III, dedicado a los derechos de las personas, adapta al Derecho español el principio de transparencia en el tratamiento del reglamento europeo, que regula el derecho de los afectados a ser informados acerca del tratamiento, se recoge la denominada “información por capas” ya generalmente aceptada en ámbitos como el de la videovigilancia o la instalación de dispositivos de almacenamiento masivo de datos (tales como las “cookies”).
El Título IV se refiere al responsable y al encargado del tratamiento. Es preciso tener en cuenta que la mayor novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de un modelo basado, fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos de carácter personal para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan. Con el fin de aclarar estas novedades, la ley orgánica mantiene la misma denominación del Capítulo IV del Reglamento, dividiendo el articulado en cuatro capítulos dedicados, respectivamente, a las medidas generales de responsabilidad activa, al régimen del encargado del tratamiento, a la figura del delegado de protección de datos y a los mecanismos de autorregulación y certificación.
El Título V, relativo a las transferencias internacionales de datos, procede a la adaptación de lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 y se refiere a las especialidades relacionadas con los procedimientos a través de los cuales las autoridades de protección de datos pueden aprobar modelos contractuales o normas corporativas vinculantes, supuestos de autorización de una determinada transferencia, o información previa.
El Título VI se dedica a las autoridades de protección de datos, que siguiendo el mandato del Reglamento (UE) 2016/679 se ha de establecer por ley nacional. Manteniendo el esquema que se venía recogiendo en sus antecedentes normativos, la ley orgánica regula el régimen de la Agencia Española de Protección de Datos y refleja la existencia de las autoridades autonómicas de protección de datos y la necesaria cooperación entre las autoridades de control. La Agencia Española de Protección de Datos se configura como una autoridad administrativa independiente con arreglo a la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
El Título VII regula el “Procedimiento en caso de reclamaciones tramitadas por la Agencia Española de Protección de Datos”. El Reglamento (UE) 2016/679 establece un sistema novedoso y complejo, evolucionando hacia un modelo de “ventanilla única” en el que existe una autoridad de control principal y otras autoridades interesadas. También se establece un procedimiento de cooperación entre autoridades de los Estados miembros y, en caso de discrepancia, se prevé la decisión vinculante del Comité Europeo de Protección de Datos. En consecuencia, con carácter previo a la tramitación de cualquier procedimiento, será preciso determinar si el tratamiento tiene o no carácter transfronterizo y, en caso de tenerlo, qué autoridad de protección de datos ha de considerarse principal.
La regulación se limita a delimitar el régimen jurídico; la iniciación de los procedimientos, siendo posible que la Agencia Española de Protección de Datos remita la reclamación al delegado de protección de datos o a los órganos o entidades que tengan a su cargo la resolución extrajudicial de conflictos conforme a lo establecido en un código de conducta; la inadmisión de las reclamaciones; el plazo de tramitación de los procedimientos y, en su caso, su suspensión; las actuaciones previas de investigación; y las medidas provisionales, entre las que destaca el bloqueo de los datos. Las especialidades del procedimiento se remiten a desarrollo reglamentario.
El Título VIII, que contempla el régimen sancionador, parte de que el Reglamento (UE) 2016/679 establece un sistema de sanciones o actuaciones correctivas sumamente genérico, en el que no se tipifican las conductas ni se establecen las reacciones concretas ante su comisión. En este marco, la ley orgánica procede a describir las conductas típicas, manteniendo la distinción entre infracciones muy graves, graves y leves, a la vista de la diferenciación que el Reglamento general de protección de datos establece al fijar la cuantía de las sanciones. La categorización de las infracciones afecta también a sus plazos de prescripción. La ley orgánica regula los supuestos de interrupción de la prescripción partiendo de la exigencia constitucional del conocimiento de los hechos que se imputan a la persona, pero teniendo en cuenta la problemática derivada de los procedimientos establecidos en el reglamento europeo, en función de si el procedimiento se tramita exclusivamente por la Agencia Española de Protección de Datos o si se acude al procedimiento coordinado del artículo 60 del Reglamento general de protección de datos.
El Reglamento (UE) 2016/679 establece amplios márgenes para la determinación de la cuantía de las sanciones. La ley orgánica aprovecha la cláusula residual del artículo 83.2 delanorma europea, referida a los factores agravantes o atenuantes, para aclarar que entre los elementos a tener en cuenta podrán incluirse los que ya aparecían en el artículo 45.4 y 5 de la Ley Orgánica 15/1999, y que son conocidos por los operados jurídicos.
Las disposiciones adicionales se refieren a cuestiones como las medidas de seguridad en el ámbito del sector público, protección de datos y transparencia y acceso a la información pública, cómputo de plazos o autorización judicial en materia de transferencias internacionales de datos, entre otros. Las disposiciones transitorias están dedicadasal estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, el régimen transitorio de los procedimientos o los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680.Se recoge únicamente una disposición derogatoria y, a continuación, figuran las disposiciones finales sobre los preceptos con carácter de ley ordinaria, el título competencial, las modificaciones necesarias de la legislación sectorial y la entrada en vigor.
La presente ley orgánica tiene por objeto adaptar el ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, y completar sus disposiciones.
El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos de carácter personal, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.
La presente ley orgánica se aplica a cualquier tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero.
Esta ley orgánica no será de aplicación a los tratamientos a los que se refiere el artículo 2.2 del Reglamento (UE) 2016/679, así como a los siguientes:
Los relativos a datos de personas fallecidas, sin perjuicio de lo establecido en el artículo
Los relativos a información clasificada, que se regirán exclusivamente por su legislación específica.
Los tratamientos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley orgánica a los que no sea directamente aplicable el Reglamento (UE) 2016/679, se regirán por lo dispuesto en su legislación específica si la hubiere y supletoriamente por lo establecido en el citado reglamento y en la presente ley orgánica.
En particular, el tratamiento de datos llevado a cabo con ocasión de la tramitación por los órganos judiciales de los procesos de los que sean competentes, así como el realizado dentro de la gestión de la Oficina Judicial, se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, sin perjuicio de las disposiciones de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, que le sean aplicables.
Los herederos de una persona fallecida que acrediten debidamente tal condición podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella, y, en su caso, su rectificación o supresión.
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley.
El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato expreso para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los datos personales de éste y, en su caso su rectificación o supresión.
En caso de fallecimiento de menores o personas con discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de apoyo, estas facultades podrán ejercerse, en el marco de sus competencias, por el Ministerio
A los efectos del artículo 5.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, el tratamiento de datos relativos a infracciones y sanciones administrativas, incluido el mantenimiento de registros relacionados con las mismas, exigirá:
Que dichos tratamientos sean realizados por los órganos competentes para la declaración de las infracciones o la imposición de las sanciones.
Que el tratamiento se limite a los datos estrictamente necesarios para la finalidad perseguida por aquél.
Fuera de los supuestos señalados en el apartado anterior, los tratamientos de datos referidos a infracciones y sanciones administrativas habrán de estar autorizados por una ley, en la que se regularán, en su caso, garantías adicionales para los derechos y libertades de los afectados.
A los efectos previstos en el artículo 5.1 d) del Reglamento (UE) 2016/679, se presumirán exactos y actualizados los datos obtenidos directamente del afectado.
Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679.
Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán con carácter indefinido, aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.
Se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste claramente dicho consentimiento para cada una de ellas.
Cuando en el marco de un proceso de negociación o formalización de un contrato se solicite el consentimiento del afectado para llevar a cabo un tratamiento cuya finalidad no guarde relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual, deberá garantizarse que el afectado pueda manifestar específicamente su voluntad en relación con este tratamiento poniendo a su disposición un procedimiento sencillo, claro y comprensible.
Este procedimiento podrá consistir, en particular, en la inclusión de una casilla específica en el contrato, siempre y cuando la misma no se encuentre previamente marcada.
El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de trece años.
El tratamiento de los datos de los menores de trece años sólo será lícito si consta el consentimiento del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
El tratamiento de datos de carácter personal sólo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una obligación legal exigible al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo prevea una ley, que deberá determinar las condiciones generales del tratamiento y los tipos de datos objeto del mismo así como las cesiones que procedan como consecuencia del cumplimiento de la obligación legal. La ley podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otras establecidas en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.
El tratamiento de datos de carácter personal sólo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, en los términos previstos en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679, cuando derive de una competencia atribuida por la ley.
La ley podrá considerar fundado un determinado tratamiento en la concurrencia de un interés legítimo del responsable del tratamiento o de un tercero que prevalece sobre los derechos del afectado, en los términos previstos en el artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679.En estos supuestos, la ley podrá exigir al responsable la adopción garantías adicionales.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no impide que el tratamiento de datos personales pueda considerarse lícito al amparo del artículo 6.1 f) del Reglamento (UE) 2016/679, aun cuando no exista una previsión legal específica.
A los efectos del artículo 9.2 a) del Reglamento (UE) 2016/679, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar su ideología, afiliación sindical, religión, orientación sexual, creencias u origen racial o étnico.
Los tratamientos de datos contemplados en las letras g), h) e i) del artículo 9.2. del Reglamento (UE) 2016/679 fundados en el Derecho español deberán estar amparados en una ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad.
En particular, la ley podrá amparar el tratamiento de datos en el ámbito de la salud cuando así lo exija la gestión de los sistemas y servicios de asistencia sanitaria y social, pública y privada, y de los seguros de asistencia sanitaria.
Los tratamientos de datos previstos en el presente Capítulo se entenderán lícitos de acuerdo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679. Deberán respetar lo regulado en esta ley orgánica y en sus disposiciones de desarrollo.
Será lícito el tratamiento de los datos que el propio afectado hubiese hecho manifiestamente públicos siempre y cuando respete los principios establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679, se haya informado al afectado en los términos previstos en el artículo 14 del citado reglamento y se le garantice el ejercicio de sus derechos, en particular los previstos en sus artículos 17 y 19.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a los datos de menores de edad o personas con discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de apoyo.
Será lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos:
Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles y cuya existencia o cuantía no hubiesen sido objeto de reclamación judicial, extrajudicial o administrativa por el deudor.
Que el acreedor, en el momento de celebrar el contrato, haya informado al afectado acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.
Que el acreedor haya requerido previamente de pago al deudor, advirtiéndole de su posible inclusión en el sistema.
La entidad que mantenga el sistema de información crediticia deberá notificar al afectado la inclusión de sus datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.
Los datos podrán mantenerse en el sistema en tanto persista el incumplimiento y, como máximo, un período de cinco años desde que aquél tuvo lugar. La extinción de la deuda, y en particular su pago o cumplimiento, implicará la supresión inmediata de los datos, sin perjuicio de la obligación de bloqueo prevista en esta ley orgánica.
Los datos referidos a un deudor determinado podrán ser consultados en los supuestos previstos en la Ley 16/2011, de 24 de junio, de contratos de crédito al consumo, así como cuando quien consulte el sistema mantuviese una relación contractual con el afectado que implique el abono de una cuantía pecuniaria o éste le hubiera solicitado la celebración de un contrato que suponga financiación, pago aplazado o facturación periódica. En todo caso, será preciso informar al afectado acerca de la posible consulta del sistema.
Si quien consultase el sistema denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, deberá informar al afectado de su resultado, señalándole el sistema de información consultado.
El tratamiento de datos referidos al cumplimiento por los afectados de sus obligaciones dinerarias, financieras y de crédito por los sistemas a los que se refiere este artículo requerirá su consentimiento.
Si en el sistema se incluyesen datos relativos tanto a cumplimientos como a incumplimientos sólo será necesario el consentimiento respecto de los primeros.
Cuando los sistemas de información crediticia fueran mantenidos por entidades distintas de las acreedoras, ambas tendrán la condición de corresponsables del tratamiento de los datos, siendo de aplicación lo establecido por el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679.
En todo caso, el acreedor deberá asegurarse de que concurren los requisitos exigidos para la inclusión y será responsable de su inexistencia o inexactitud.
El presente artículo no ampara los supuestos en que la información crediticia fuese asociada por la entidad que mantuviera el sistema a informaciones adicionales relacionadas con el deudor y obtenidas de otras fuentes, a fin de llevar a cabo un perfilado del mismo, en particular mediante la aplicación de técnicas de calificación crediticia.
Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservadas para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
No será de aplicación a estos tratamientos la obligación de bloqueo prevista en el artículo 29.
El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE)2016/679.
Los empleadores podrán tratar los datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores previstas en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores siempre que les hubieran informado acerca de esta medida.
En el supuesto en que las imágenes hayan captado la comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores bastará haber facilitado la información a la que se refiere el apartado anterior.
Al amparo del artículo 2.2.c) del Reglamento (UE) 2016/679, se considera excluido de su ámbito de aplicación el tratamiento de imágenes llevado a cabo por una persona física en su propio domicilio.
El tratamiento de los datos personales procedentes de las imágenes obtenidas mediante la utilización de cámaras y videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se regirá por su legislación específica y supletoriamente por el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.
Lo regulado en el presente artículo se entiende sin perjuicio de lo previsto en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.
Será lícito el tratamiento de datos de carácter personal que tenga por objeto evitar el envío de comunicaciones comerciales a quienes hubiesen manifestado su negativa u oposición a recibirlas.
A tal efecto, podrán crearse sistemas de información, generales o sectoriales, en los que sólo se incluirán los datos imprescindibles para identificar a los afectados.
Cuando un afectado manifieste a un responsable su deseo de que sus datos no sean tratados con fines de publicidad o prospección comercial, éste deberá informarle de los sistemas de exclusión publicitaria existentes, identificando a su responsable.
Quienes pretendan efectuar un tratamiento relacionado con actividades de publicidad o prospección comercial deberán previamente consultar los sistemas de exclusión publicitaria que pudieran afectar a su actuación, excluyendo del tratamiento los datos de los afectados que hubieran manifestado su oposición o negativa al mismo.
Las entidades responsables de los sistemas de exclusión publicitaria comunicarán su creación, su carácter general o sectorial y el modo en que los afectados pueden incorporarse a los mismos a la Agencia Española de Protección de Datos, que hará pública la citada información.
Será lícita la creación y mantenimiento de sistemas de información a través de los cuales pueda ponerse en conocimiento de una entidad privada, incluso anónimamente, la comisión en el seno de la misma o en la actuación de terceros que contratasen con ella, de actos o conductas que pudieran resultar contrarios a la normativa general o sectorial que le fuera aplicable. Los empleados y terceros deberán ser informados acerca de la existencia de estos sistemas de información.
El acceso a los datos contenidos en estos sistemas quedará limitado exclusivamente al personal que lleve a cabo las funciones de control interno y de cumplimiento de la entidad y, sólo cuando procediera la adopción de medidas disciplinarias contra un trabajador, al personal con funciones de gestión y control de recursos humanos.
Deberán adoptarse las medidas necesarias para preservar la identidad y garantizar la confidencialidad de los datos correspondientes a la persona que hubiera puesto los hechos en conocimiento de la entidad si se hubiera identificado.
Los datos de quien formule la comunicación y de los empleados y terceros deberán conservarse en el sistema únicamente durante el tiempo imprescindible para la averiguación de los hechos denunciados.
En todo caso, transcurridos tres meses desde la introducción de los datos deberá procederse a su supresión del sistema. Si fuera necesaria su conservación para continuar la investigación podrán seguir siendo tratados en un entorno distinto.
Serán lícitos los tratamientos de datos, incluida su comunicación con carácter previo, que pudieran derivarse del desarrollo de cualquier operación de modificación estructural de sociedades o la aportación o transmisión de negocio o de rama de actividad empresarial, siempre que los tratamientos fueran necesarios para el buen fin de la operación y garanticen, cuando proceda, la continuidad en la prestación de los servicios.
El tratamiento de datos de carácter personal llevado a cabo por los organismos que tengan atribuidas las competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública se someterá a lo dispuesto en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, reguladora de la Función estadística pública y la normativa autonómica que resulte en su caso de aplicación y a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.
La comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística sólo se entenderá amparada en el artículo 6.1 e) del Reglamento (UE) 2016/679 en los casos en que la estadística para la que se requiera la información venga exigida por una norma de Derecho de la Unión Europea o se encuentre incluida en los instrumentos de programación estadística legalmente previstos.
Quedan excluidos de esta obligación los datos a los que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679.
Los organismos competentes para el ejercicio de la función estadística pública podrán denegar las solicitudes de ejercicio por los afectados de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 exclusivamente cuando los datos se encuentren amparados por las garantías del secreto estadístico previstas en la legislación estatal o autonómica.
El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridadconexas,para fines distintosde los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, sólo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de Derecho de la Unión, en esta ley orgánica o en otras normas de rango legal.
El Ministerio de Justicia llevará a cabo el tratamiento de datos relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas y mantendrá registros completos de dichos datos.
La información al afectado a la que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 deberá ser clara y concisa, así como fácilmente accesible y comprensible por el destinatario de la misma.
Cuando la información vaya dirigida a menores de edad deberá además estar adaptada a esta circunstancia.
Cuando los datos de carácter personal sean obtenidos del afectado a través de redes de comunicaciones electrónicas o en el marco de la prestación de un servicio de la sociedad de la información, así como en aquellos otros supuestos expresamente establecidos por la ley o cuando así lo autorice la Agencia Española de Protección de Datos, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica para acceder fácilmente a la restante información.
La información básica a la que se refiere el apartado anterior deberá contener al menos:
La identidad del responsable del tratamiento o de su representante, en su caso.
El modo en que el afectado podrá ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que pudieran producir efectos jurídicos sobre él o afectarle significativamente.
Cuando los datos de carácter personal no hubieran sido obtenidos del afectado el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento (UE) 2016/679 facilitando a aquél la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica para acceder fácilmente a la restante información.
Las categorías de datos objeto de tratamiento.
Las fuentes de la que procedieran los datos.
Los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse directamente o por medio de representante legal o voluntario.
La identidad del afectado y, en su caso, la de su representante deberá acreditarse mediante documento válido, incluido aquel que permita su identificación electrónica.
El encargado podrá atender, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule.
Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el Capítulo III del Reglamento (UE) 2016/679, se estará a lo dispuesto en aquéllas.
El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (UE) 2016/679.
Cuando el responsable trate una gran cantidad de información relativa al afectado y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud.
El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice, de modo permanente, el acceso a su totalidad. La comunicación del sistema al afectado permitirá denegar su solicitud de acceso.
Cuando el afectado elija un medio distinto al que se le ofrece asumirá los riesgos y los costes desproporcionados que su elección comporte.
A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de seis meses, a menos que exista causa legítima para ello.
El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/679.
Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia
El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2016/679.
El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en el sistema.
El derecho de oposición se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento (UE) 2016/679.
Los datos bloqueados quedarán a disposición exclusiva del tribunal,el Ministerio Fiscal u otras Administraciones Públicas competentes, en particular de las autoridades de protección de datos, para la exigencia de posibles responsabilidades derivadas del tratamiento y por el plazo de prescripción de las mismas.
La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, dentro del ámbito de sus competencias, podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo establecida en este artículo.
Los responsables y encargados, tras ponderar los riesgos que el tratamiento pueda generar en los derechos de los afectados y en particular en su derecho a la protección de datos, determinarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el Reglamento (UE) 2016/679, con la presente ley orgánica, la legislación sectorial y sus normas de desarrollo. En particular valorarán si proceder la realización de la evaluación de impacto en la protección de datos y la consulta previa a que se refiere la Sección 3ª del Capítulo IV del citado reglamento.
Cuando se produjese el tratamiento no meramente incidental o accesorio de las categorías especiales de datos a las que se refieren los artículos 9 y 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y 10 y 11 de esta ley orgánica o de los datos relacionados con la comisión de infracciones administrativas.
Cuando una norma con rango de ley establezca una habilitación legal para el tratamiento de datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de esta ley orgánica, previendo que varias entidades sean corresponsables del tratamiento, podrá fijar las funciones y relaciones respectivas de los corresponsables en relación con los afectados a los efectos previstos en el artículo 26.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
En los supuestos en que el Reglamento (UE) 2016/679 sea aplicable a un responsable o encargado del tratamiento no establecido en la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en su artículo 3.2 y el tratamiento se refiera a afectados que se hallen en España, la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos podrán imponer al representante, solidariamente con el responsable o encargado del tratamiento, las medidas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679.
Dicha exigencia se entenderá sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera en su caso corresponder al responsable o al encargado del tratamiento y del ejercicio por el representante de la acción de repetición frente a quien proceda.
Asimismo, en caso de exigencia de responsabilidad en los términos previstos en el artículo 82 del Reglamento (UE) 2016/679, los responsables, encargados y representantes responderán solidariamente de los daños y perjuicios causados.
Los responsables y encargados del tratamiento o, en su caso, sus representantes deberán mantener el registro de actividades de tratamiento al que se refiere el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en su apartado 5.
El registro, que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos, deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo y las demás circunstancias establecidas en el citado reglamento.
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos deberán comunicarle cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro.
Las Administraciones Públicas harán público un inventario de sus actividades de tratamiento accesible por medios electrónicos en el que constará la información establecida en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679 y su base legal.
Tendrá la consideración de responsable del tratamiento y no la de encargado quien en su propio nombre establezca relaciones con los afectados aun cuando exista un contrato o acto jurídico con el contenido fijado en el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.
El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de los servicios del encargado, los datos de carácter personal deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso, a un nuevo encargado.
El delegado de protección de datos, sea una persona física o jurídica, deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 37.5 del Reglamento (UE) 2016/679 y demostrar reconocida competencia en la materia. Los requisitos podrán acreditarse por los medios correspondientes, incluidos los mecanismos de certificación.
El delegado de protección de datos actuará como interlocutor del responsable o encargado del tratamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos.
Cuando se trate de una persona física integrada en la organización del responsable o encargado del tratamiento, el delegado de protección de datos no podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones salvo que incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio.
El responsable y el encargado del tratamiento pondrán a disposición del delegado de protección de datos los medios materiales y personales que resulten precisos para el adecuado desempeño de sus funciones, asignándole cuando proceda personal subordinado así como locales, instalaciones y equipos.
En el ejercicio de sus funciones el delegado de protección de datos tendrá acceso a los datos personales y procesos de tratamiento, no pudiendo oponer a este acceso el responsable o el encargado del tratamiento la existencia de cualquier deber de confidencialidad o secreto, incluyendo el previsto en el artículo 6 de esta ley orgánica.
Cuando el responsable o el encargado del tratamiento hubieran designado un delegado de protección de datos será posible, con carácter previo a la presentación de reclamaciones contra aquéllos ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, ante las autoridades autonómicas de protección de datos, que el afectado se dirija al delegado de protección de datos de la entidad contra la que se reclame.
Si transcurrido dicho plazo el delegado de protección de datos no hubiera comunicado a la autoridad de protección de datos competente la respuesta dada a la reclamación, dicha autoridad continuará el procedimiento con arreglo a lo establecido en el Título VII de esta ley orgánica y en sus normas de desarrollo.
Los códigos de conducta regulados por la Sección 5ª del Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679 serán vinculantes para quienes se adhieran a los mismos.
Dichos códigos podrán promoverse, además de por las asociaciones y organismos a los que se refiere el artículo 40.2 del Reglamento (UE) 2016/679, por empresas o grupos de empresas así como por los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica.
Asimismo, podrán ser promovidos por los organismos o entidades que asuman las funciones de supervisión y resolución extrajudicial de conflictos a los que se refiere el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679.
En este supuesto, los responsables o encargados del tratamiento que se adhieran al código de conducta se obligan a someter al organismo o entidad de supervisión las reclamaciones que les fueran formuladas por los afectados en relación con los tratamientos de datos incluidos en su ámbito de aplicación en caso de considerar que no procede atender a lo solicitado en la reclamación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de esta ley orgánica.
En caso de que el organismo o entidad de supervisión rechace o desestime la reclamación, o si el responsable o encargado del tratamiento no somete la reclamación a su decisión, el afectado podrá formularla ante la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, las autoridades autonómicas de protección de datos.
Los códigos de conducta serán aprobados por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, por la autoridad autonómica de protección de datos competente.
En el supuesto al que se refiere el apartado 3 de este artículo la autoridad de protección de datos competente verificará previamente que los organismos o entidades que lo promuevan reúnen los requisitos establecidos en el artículo 41.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
La Agencia Española de Protección de Datos someterá los proyectos de código al procedimiento previsto en el artículo 63 de Reglamento (UE) 2016/679 en los supuestos que procedan según su artículo 40.7. El procedimiento quedará suspendido en tanto el Comité Europeo de Protección de Datos no emita el dictamen al que se refiere el artículo 64.1.b) del citado reglamento.
La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos mantendrán un registro de los códigos de conducta aprobados por las mismas y los aprobados conforme al artículo 63 del Reglamento (UE) 2016/679.
El registro será accesible a través de medios electrónicos.
Mediante real decreto se establecerán el contenido del registro y las especialidades del procedimiento de aprobación de los códigos de conducta.
La acreditación de las instituciones de certificación a las que se refiere el artículo 43.1 del Reglamento (UE) 2016/679 será llevada a cabo por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), que comunicará a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de protección de datos de las comunidades autónomas las concesiones, denegaciones o revocaciones de las acreditaciones.
Las transferencias internacionales de datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica y sus normas de desarrollo aprobadas por el Gobierno, y en las circulares de la Agencia Española de Protección de Datos.
En todo caso se aplicarán a los tratamientos que deriven de la propia transferencia las restantes disposiciones contenidas en dichas normas, en particular las que regulan los principios de protección de datos.
La Agencia Española de Protección de Datos podrá aprobar cláusulas contractuales tipo para la realización de transferencias internacionales de datos, que se someterán previamente al dictamen del Comité Europeo de Protección de Datos previsto en el artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679.
La Agencia Española de Protección de Datos podrá aprobar normas corporativas vinculantes de acuerdo a lo previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679.
El procedimiento se iniciará a instancia de una entidad situada en España y tendrá una duración máxima de un año. Quedará suspendido como consecuencia de la remisión del expediente al Comité Europeo de Protección de Datos para que emita el dictamen al que se refiere el artículo 64.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679, y se reiniciará tras su notificación a la Agencia Española de Protección de Datos.
Las transferencias internacionales de datos a países u organizaciones internacionales que no cuenten con decisión de adecuación aprobada por la Comisión o que no se amparen en alguna de las garantías previstas en el artículo anterior y en el artículo 46.2 del Reglamento (UE) 2016/679 habrán de ser previamente autorizadas por la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, autoridades autonómicas de protección de datos, en los siguientes supuestos:
Cuando la transferencia pretenda fundamentarse en la aportación de cláusulas contractuales que no correspondan a las cláusulas tipo previstas en el artículo 46.2, letras c) y d), del Reglamento (UE) 2016/679.
Cuando la transferencia se lleve a cabo por alguno de los responsables o encargados a los que se refiere el artículo 77.1 de esta ley orgánica y se funde en disposiciones incorporadas a acuerdos internacionales no normativos con otras autoridades u organismos públicos de terceros Estados, en particular a memorandos de entendimiento, siempre que los mismos incluyan derechos efectivos y exigibles para los afectados.
La autorización quedará sometida a la emisión por el Comité Europeo de Protección de Datos del dictamen al que se refiere el artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679. La remisión del expediente al citado comité implicará la suspensión del procedimiento hasta que el dictamen sea notificado a la Agencia española de Protección de Datos o, por conducto de la misma, a la Autoridad de control competente, en su
Los responsables del tratamiento deberán informar a la Agencia Española de Protección de Datos o, en su caso, a las autoridades autonómicas de protección de datos, de cualquier transferencia internacional de datos que pretendan llevar a cabo sobre la base de su necesidad para fines relacionados con intereses legítimos imperiosos perseguidos por aquéllos y la concurrencia del resto de los requisitos previstos en el último párrafo del artículo 49.1 del Reglamento (UE) 2016/679. Asimismo, informarán a los afectados de la transferencia y de los intereses legítimos imperiosos perseguidos.
Esta información deberá facilitarse con carácter previo a la realización de la transferencia.
La Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal, con personalidad jurídica y plena capacidad pública y privada, que actúa con plena independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones.
Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Justicia.
La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial colaborarán en aras del adecuado ejercicio de las respectivas competencias que la Ley Orgánica 6/1985, de 1 julio, del Poder Judicial, les atribuye en materia de protección de datos de carácter personal en el ámbito de la Administración de Justicia.
La Agencia Española de Protección de Datos se rige por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, la presente ley orgánica y sus disposiciones de desarrollo.
El Gobierno, a propuesta de la Agencia, aprobará su Estatuto mediante real decreto.
La Agencia Española de Protección de Datos elaborará y aprobará su presupuesto y lo remitirá al Gobierno para que sea integrado, con independencia, en los Presupuestos Generales del Estado.
El régimen de modificaciones y de vinculación de los créditos de su presupuesto será el establecido en el Estatuto de la Agencia.
La Agencia contará para el cumplimiento de sus fines con las asignaciones que se establezcan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, los bienes y valores que constituyan su patrimonio y los ingresos, ordinarios y extraordinarios derivados del ejercicio de sus actividades, incluidos los derivados del ejercicio de las potestades establecidos en el artículo 58 del Reglamento (UE) 2016/679.
El resultado positivo de sus ingresos se destinará por la Agencia a la dotación de sus
El personal al servicio de la Agencia será funcionario o laboral y se regirá por la normativa reguladora de los empleados públicos.
La Agencia elaborará su relación de puestos de trabajo.
Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos supervisar la aplicación de esta ley orgánica y del Reglamento (UE) 2016/679 y, en particular, ejercer las funciones establecidas en el artículo 65 y las potestades previstas en el artículo 58 del mismo reglamento, en la presente ley orgánica, en otras leyes, en sus disposiciones de desarrollo y en las demás normas de Derecho europeo.
El Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos la dirige, ostenta su representación y dicta sus resoluciones, circulares e directrices.
Ejercerá sus funciones con plena independencia y objetividad y no estará sujeto a instrucción alguna en su desempeño.
El Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos está asimilado a los Secretarios de Estado.
El Presidente de la Agencia será nombrado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Justicia, mediante real decreto entre profesionales de reconocida competencia con conocimientos y experiencia acreditados para el desempeño de sus funciones.
Con carácter previo a su nombramiento, el Gobierno podrá en conocimiento del Congreso de los Diputados el nombre del candidato a fin de que se emita el dictamen acerca de su idoneidad.
El mandato del Presidente de la Agencia tiene una duración de cinco años y puede ser renovado para otro período de igual duración.
El Presidente sólo cesará, antes de la expiración de su mandato, a petición propia o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, por incumplimiento grave de sus obligaciones, incapacidad sobrevenida para el ejercicio de su función, incompatibilidad o condena por delito doloso.
El Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos estará asesorado por un Consejo Consultivo compuesto por los siguientes miembros:
Un representante de la Administración General del Estado, designado por el Gobierno.
Un representante de cada Comunidad Autónoma que haya creado una Autoridad de protección de datos en su ámbito territorial, propuesto de acuerdo con lo que establezca la respectiva Comunidad Autónoma.
Un representante de los usuarios y consumidores, propuesto por el Consejo de Consumidores y Usuarios.
Un representante de las entidades responsables y encargadas de los tratamientos, propuesto por las Organizaciones Empresariales.
Un representante de los profesionales de la protección de datos designado por el Ministro de Justicia.
Un representante designado por el Consejo General del Poder Judicial.
Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por orden del Ministro de
El Consejo Consultivo se reunirá cuando así lo disponga el Presidente de la Agencia y, en todo caso, una vez al año.
El régimen, competencias y funcionamiento del Consejo Consultivo serán los establecidos en el Estatuto Orgánico de la Agencia Española de Protección de Datos.
La Agencia Española de Protección de Datos publicará en la forma que mediante real decreto se determine las resoluciones de su Presidente que declaren haber lugar o no a la atención de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, las que pongan fin a los procedimientos de reclamación, las que archiven las actuaciones previas de investigación, las que sancionen con apercibimiento a las entidades a que se refiere el artículo 77.1 de esta ley, las que impongan medidas cautelares y las demás que disponga su Estatuto.
La Agencia Española de Protección de Datos desarrollará su actividad de investigación a través de las actuaciones previstas en el Título VII y delos planes de auditoría preventivas.
La actividad de investigación se llevará a cabo por los funcionarios de la Agencia o por funcionarios ajenos a ella habilitados expresamente por su Presidente.
En los casos de actuaciones conjuntas de investigación conforme a lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (UE) 2016/679, el personal de las autoridades de control de otros Estados Miembros de Unión Europea que colabore con la Agencia ejercerá sus facultades con arreglo a lo previsto en la presente ley orgánica y bajo la orientación y en presencia del personal de ésta.
El personal que desarrolle actividades de investigación tendrá la consideración de autoridad pública en el ejercicio de sus funciones.
Las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, y los particulares estarán obligadas a proporcionar a la Agencia Española de Protección de Datos los datos, informes, antecedentes y justificantes necesarios para llevar a cabo su actividad de investigación.
Cuando la información contenga datos de carácter personal la comunicación de dichos datos estará amparada por lo dispuesto en el artículo 6.1.c) del Reglamento (UE) 2016/679.
En el marco de las actuaciones previas de investigación, la Agencia podrá recabar de las Administraciones Públicas, incluidas las tributarias y de la Seguridad Social, y de los prestadores de servicios de comunicaciones electrónicas las informaciones y datos, incluidos los de tráfico, necesarios para la identificación de los responsables de las conductas que pudieran ser constitutivas de infracción del Reglamento (UE) 2016/679.
Los inspectores de la Agencia Española de Protección de Datos podrán recabar las informaciones precisas para el cumplimiento de sus funciones, realizar inspecciones, requerir la exhibición o el envío de los documentos y datos necesarios, examinarlos en el lugar en que se encuentren depositados o en donde se lleven a cabo los tratamientos, obtener copia de ellos, inspeccionar los equipos físicos y lógicos y requerir la ejecución de tratamientos y programas o procedimientos de gestión y soporte del tratamiento sujetos a investigación. Los poderes de investigación en lo que se refiere a entrada a domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular deben ejercerse de conformidad de acuerdo con las normas procesales, en particular, en los casos en los que sea precisa la autorización judicial previa.
Cuando se trate de órganos judiciales u Oficinas Judiciales el ejercicio de las facultades de inspección se efectuará a través y por mediación del Consejo General del Poder Judicial.
El Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar la realización de planes de auditoría preventiva, referidos a los tratamientos de un sector concreto de actividad. Tendrán por objeto el análisis del cumplimiento de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica, a partir de la realización de actividades de investigación sobre entidades pertenecientes al sector inspeccionado o sobre los responsables objeto de la auditoría.
A resultas de los planes de auditoría, el Presidente de la Agencia podrá dictar las directrices generales o específicas para un concreto responsable o encargado de los tratamientos precisas para asegurar la plena adaptación del sector o responsable al Reglamento (UE) 2016/679 y a la presente ley orgánica.
Las directrices serán de obligado cumplimiento para el sector o responsable al que se refiera el plan de auditoría.
El Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos podrá dictar las disposiciones de desarrollo y ejecución necesarias para la interpretación y cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, que se denominarán “Circulares de la Agencia Española de Protección de Datos”.
Su elaboración se sujetará al procedimiento establecido para los reglamentos, con las especialidades previstas en el Estatuto de la Agencia.
Las circulares serán obligatorias una vez publicadas en el «Boletín Oficial del Estado».
Corresponde a la Agencia Española de Protección de Datos la titularidad y el ejercicio de las funciones relacionadas con la acción exterior del Estado en materia de protección de datos.
La Agencia es el organismo competente para la protección de las personas físicas en lo relativo al tratamiento de datos de carácter personal derivado de la aplicación de cualquier Convenio Internacional en el que sea parte el Reino de España que atribuya a una autoridad nacional de control esa competencia y la representante común de las autoridades de Protección de Datos en el Comité Europeo de Protección de Datos, conforme a lo dispuesto en el artículo 68.4 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los demás Grupos en materia de protección de datos constituidos al amparo del Derecho de la Unión Europea.
Corresponde además a la Agencia:
Participar en reuniones y foros internacionales de ámbito distinto al de la Unión Europea establecidos de común acuerdo por las autoridades de control independientes en materia de protección de datos.
Participar, como autoridad española, en las organizaciones internacionales competentes en materia de protección de datos, en los comités o grupos de trabajo, de estudio y de colaboración de organizaciones internacionales que traten materias que afecten al derecho fundamental a la protección de datos personales y en otros foros o grupos de trabajo internacionales, en el marco de la acción exterior del Estado.
Colaborar con autoridades, instituciones, organismos y Administraciones de otros Estados a fin de impulsar, promover y desarrollar el derecho fundamental a la protección de datos, en particular en el ámbito iberoamericano, pudiendo suscribir acuerdos internacionales administrativos y no normativos en la materia.
Las autoridades autonómicas de protección de datos de carácter personal podrán ejercer las funciones establecidas en los artículos 57 y 58 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando se refieran a:
Tratamientos de los que sean responsables las entidades integrantes del sector público de la correspondiente Comunidad Autónoma o de las Entidades Locales incluidas en su ámbito territorial o quienes presten servicios a través de cualquier forma de gestión directa o indirecta.
Tratamientos llevados a cabo por personas físicas o jurídicas para el ejercicio de las funciones públicas en materias que sean competencia de la correspondiente Administración Autonómica o Local.
Tratamientos que se encuentren expresamente previstos, en su caso, en los respectivos Estatutos de Autonomía.
El Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos convocará regularmente a las autoridades autonómicas de protección de datos para contribuir a la aplicación coherente del Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.
El Presidente de la Agencia y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán solicitar y deberán intercambiarse mutuamente la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones y, en particular, la relativa a la actividad del Comité Europeo de Protección de Datos.
Cuando el Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos compruebe que un tratamiento llevado a cabo por las comunidades autónomas en materias que fueran competencia de las autoridades autonómicas de protección de datos vulnera el Reglamento (UE) 2016/679 podrá instarlas a que adopten las medidas necesarias para su cesación.
En caso de que la Autoridad autonómica de protección de datos no adopte las medidas en el plazo de un mes, el Presidente de la Agencia podrá requerir a la Administración correspondiente para que adopte las medidas correctoras en el plazo que se señale.
Si la Administración pública no atendiere el requerimiento, la Agencia podrá ejercer las acciones que procedan ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Se practicarán por conducto de la Agencia Española todas las comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos cuando éstas, como autoridades competentes, deban someter su proyecto de decisión al citado comité o le soliciten el examen de un asunto en virtud de lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 64 del Reglamento (UE) 2016/679.
En estos casos, la Española de Protección de Datos será asistida por un representante de la Autoridad autonómica en su intervención ante el Comité.
Las autoridades autonómicas de protección de datos ostentarán la condición de autoridad de control principal o interesada en el procedimiento establecido por el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679 cuando el tratamiento se llevara a cabo por un responsable o encargado del tratamiento de los previstos en el artículo 66 de aquél que no desarrollase significativamente tratamientos de la misma naturaleza en el resto del territorio español.
Corresponderá en estos casos a las autoridades autonómicas intervenir en los procedimientos establecidos en el artículo 60 del Reglamento (UE) 2016/679, informando a la Agencia Española sobre su desarrollo.
Se practicarán por conducto de la Agencia Española todas las comunicaciones entre el Comité Europeo de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos cuando éstas, como autoridades principales, deban solicitar del citado Comité la emisión de una decisión vinculante según lo previsto en el artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679.
Las autoridades autonómicas de protección de datos que tengan la condición de autoridad interesada no principal en un procedimiento de los previstos en el artículo 65 del Reglamento (UE) 2016/679 informarán a la Agencia Española cuando el asunto sea remitido al Comité Europeo de Protección de Datos, facilitándole la documentación e información necesarias para su tramitación.
La Agencia Española será asistida por un representante de la autoridad autonómica interesada en su intervención ante el mencionado comité.
Los procedimientos tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos se regirán por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, en la presente ley orgánica, por las disposiciones reglamentarias dictadas en su desarrollo y, en cuanto no las contradigan, con carácter subsidiario, por las normas generales sobre los procedimientos administrativos.
El Gobierno regulará los procedimientos aplicables a las reclamaciones formuladas por las personas físicas y las demás actuaciones cuya tramitación corresponda a la Agencia Española de Protección de Datos por Real Decreto, asegurando en todo caso los derechos de defensa y audiencia de los interesados.
Los procedimientos se inician por reclamación o por acuerdo de la Agencia Española de Protección de Datos.
Con carácter previo a su iniciación, la Agencia Española de Protección de Datos examinará su competencia y determinará el carácter nacional o transfronterizo, en cualquiera de sus modalidades, del procedimiento a seguir o remitirá la reclamación formulada a la Autoridad de control principal que considere competente.
No procederá la iniciación del procedimiento, aun cuando se hubiere formulado reclamación, en los casos en que el encargado o responsable del tratamiento, previa advertencia formulada por la Agencia Española de Protección de Datos, haya adoptado las medidas correctivas encaminadas a poner fin al posible incumplimiento de la legislación de protección de datos y concurra alguna de las siguientes circunstancias:
Que no se haya causado perjuicio al afectado en el caso de las infracciones previstas en el artículo 74.
Que el derecho del afectado quede plenamente garantizado mediante la aplicación de las medidas.
Cuando las reclamaciones no se hayan formulado previamente ante el delegado de protección de datos designado por el encargado o responsable del tratamiento o ante el organismo de supervisión establecido para la aplicación de los códigos de conducta, la Agencia podrá remitírselas a los efectos previstos en los artículos 38 y 39.3.
La Agencia Española de Protección de Datos inadmitirá las reclamaciones presentadas cuando no versen sobre cuestiones de protección de datos de carácter personal, carezcan manifiestamente de fundamento, sean abusivas o no se aporten elementos que permitan investigar la existencia de una vulneración de los derechos reconocidos.
Los plazos máximos de tramitación de los procedimientos y notificación de las resoluciones que los terminen se establecerán mediante real decreto, que no podrá fijar un plazo superior a 18 meses.
Dichos plazos quedarán automáticamente suspendidos cuando deba recabarse información, consulta o pronunciamiento preceptivo de un órgano de la Unión Europea o de una Autoridad de control conforme con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, por el tiempo que medie entre la solicitud y la notificación del pronunciamiento a la Agencia Española de Protección de Datos.
Antes de la iniciación del procedimiento la Agencia Española de Protección de Datos podrá incoar actuaciones previas de investigación a fin de determinar si concurren circunstancias que lo justifiquen.
El plazo máximo de tramitación de las actuaciones previas de investigación será de un año. Será de aplicación lo dispuesto en el apartado 2 del artículo anterior.
No procederá la apertura de las actuaciones previas de investigación cuando la reclamación verse únicamente sobre la falta de atención de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
Incoadas unas actuaciones previas de investigación o iniciado un procedimiento, la Agencia Española de Protección de Datos podrá acordar motivadamente las medidas provisionales necesarias y proporcionadas para salvaguardar el derecho fundamental a la protección de datos y, en especial, las previstas en el artículo 66.1 del Reglamento (UE) 2016/679, el bloqueo cautelar de los datos y la obligación inmediata de atender el derecho solicitado.
En los casos en que la Agencia Española de Protección de Datos considere que la continuación del tratamiento de los datos de carácter personal, su comunicación o transferencia internacional comportara un menoscabo grave del derecho a la protección de datos de carácter personal, podrá ordenar a los responsables o encargados de los tratamientos el bloqueo de los datos y la cesación de su tratamiento y, caso de incumplirse por éstos dichos mandatos, proceder a su inmovilización.
La imposición de la obligación anticipada de atender el derecho solicitado por el afectado en su reclamación requerirá la previa audiencia del responsable del tratamiento.
Están sujetos al régimen sancionador establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica:
No será de aplicación al delegado de protección de datos el régimen sancionador establecido en este título.
Constituyen infracciones los actos y conductas que supongan una vulneración del contenido de los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 y de la presente ley orgánica.
En función de lo que establece el artículo 83.5 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran muy graves y prescribirán a los tres años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquél, y en particular las siguientes:
El tratamiento de datos personales vulnerando los principios y garantías establecidos en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2016/679.
El tratamiento de datos personales sin que concurra alguna de las condiciones de licitud del tratamiento establecidas en el artículo 6 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 7 del Reglamento (UE) 2016/679 para la validez del consentimiento.
La utilización de los datos para una finalidad que no sea compatible con la finalidad para la cual fueron recogidos, sin contar con el consentimiento del afectado o con una base legal para ello.
El tratamiento de datos personales de las categorías a las que se refiere el artículo 9 del Reglamento (UE) 2016/679, sin que concurra alguna de las circunstancias previstas en dicho precepto y en el artículo 10 de esta ley.
El tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad fuera de los supuestos permitidos por el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/679 y en el artículo 20 de esta ley.
El tratamiento de datos de carácter personal relacionados con infracciones y sanciones administrativas fuera de los supuestos permitidos por el artículo 4.
La omisión del deber de informar al afectado acerca del tratamiento de sus datos de carácter personal conforme a lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 y 21 de esta ley orgánica.
La vulneración del deber de confidencialidad establecido en el artículo 6.
La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información a la que se refieren los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, fuera de los supuestos establecidos en su artículo 12.5.
El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada del ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679.
La transferencia internacional de datos de carácter personal a un destinatario que se encuentre en un tercer país o a una organización internacional, cuando no concurran las garantías, requisitos o excepciones establecidos en los artículos 44 a 49 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento de las resoluciones dictadas por la autoridad de protección de datos competente en ejercicio de los poderes que le confiere el artículo 58.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento de la obligación de bloqueo de los datos establecida en el artículo 29 cuando la misma sea exigible.
No facilitar el acceso del personal de la autoridad de protección de datos competente a los datos personales, información, locales, equipos y medios de tratamiento que sean requeridos por la autoridad de protección de datos para el ejercicio de sus poderes de investigación.
La resistencia u obstrucción del ejercicio de la función inspectora por la autoridad de protección de datos competente.
Tendrán la misma consideración y también prescribirán a los tres años las infracciones a las que se refiere el artículo 83.6 del Reglamento (UE) 2016/679.
En función de lo que establece el artículo 83.4 del Reglamento (UE) 2016/679 se consideran graves y prescribirán a los dos años las infracciones que supongan una vulneración sustancial de los artículos mencionados en aquél, y en particular las siguientes:
El tratamiento de datos de carácter personal de un menor de trece años sin recabar su consentimiento, cuando tenga capacidad para ello, o el del titular de su patria potestad o tutela, conforme al artículo 8 del Reglamento (UE) 2016/679.
No acreditar la realización de esfuerzos razonables para verificar la validez del consentimiento prestado por un menor de trece años o por el titular de su patria potestad o tutela sobre el mismo, conforme a lo requerido por el artículo 8.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
El impedimento o la obstaculización o la no atención reiterada de los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando éste, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación.
La falta de adopción de aquellas medidas técnicas y organizativas que resulten apropiadas para aplicar de forma efectiva los principios de protección de datos desde el diseño y por defecto e integrar las garantías necesarias en el tratamiento, en los términos exigidos por el artículo 25.1 del Reglamento (UE) 2016/679.
La falta de adopción de las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto, sólo se tratarán los datos personales necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento, conforme a lo exigido por el artículo 25.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento de la obligación de designar un representante del responsable o encargado del tratamiento no establecido en el territorio de la Unión Europea, conforme a lo previsto en el artículo 27 del Reglamento (UE) 2016/679.
La falta de atención por el representante en la Unión del responsable o del encargado del tratamiento de las solicitudes efectuadas por la autoridad de protección de datos o por los afectados.
La contratación por el responsable del tratamiento de un encargado de tratamiento que no ofrezca las garantías suficientes para aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas conforme a lo establecido en el Capítulo IV del Reglamento (UE) 2016/679.
Encargar el tratamiento de datos a un tercero sin la previa formalización de un contrato u otro acto jurídico escrito con el contenido exigido por el artículo 28.3 del Reglamento (UE) 2016/679.
La contratación por un encargado del tratamiento de otros encargados sin contar con la autorización previa del responsable, o sin haberle informado sobre los cambios producidos en la subcontratación cuando fueran legalmente exigibles.
La infracción por un encargado del tratamiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica, al determinar los fines y los medios del tratamiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 28.10 del citado
No disponer del registro de actividades de tratamiento establecido en el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.
No poner a disposición de la autoridad de protección de datos que lo haya solicitado, el registro de actividades de tratamiento, conforme al apartado 4 del artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.
No cooperar con las autoridades de control en el desempeño de sus funciones en los supuestos no previstos en el artículo 72 de esta ley orgánica.
El tratamiento de datos de carácter personal sin llevar a cabo una previa valoración de los riesgos que el mismo pudiera generar en los derechos de los afectados, y en particular en su derecho a la protección de datos de carácter personal, conforme a lo dispuesto en el artículo 30.
El incumplimiento del deber del encargado del tratamiento de notificar al responsable del tratamiento las violaciones de seguridad de las que tuviera conocimiento.
El incumplimiento del deber de notificación a la autoridad de protección de datos de una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679 si el responsable del tratamiento hubiera sido requerido por la autoridad de protección de datos para llevar a cabo dicha notificación.
El tratamiento de datos de carácter personal sin haber llevado a cabo la evaluación del impacto de las operaciones de tratamiento en la protección de datos personales en los supuestos en que la misma sea exigible.
El tratamiento de datos de carácter personal sin haber consultado previamente a la autoridad de protección de datos en los casos en que dicha consulta resulta preceptiva conforme al artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679 o cuando la ley establezca la obligación de llevar a cabo esa consulta.
El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible su nombramiento de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 33 de esta ley orgánica.
No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de datos en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus funciones.
La utilización de un sello o certificación en materia de protección de datos que no haya sido otorgado por una entidad de certificación debidamente acreditada o en caso de que la vigencia del mismo hubiera expirado.
Obtener la acreditación como organismo de certificación presentando información inexacta sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679.
El desempeño de funciones que el Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los organismos de certificación, sin haber sido debidamente acreditado conforme a lo establecido en el artículo 40 de esta ley orgánica.
El incumplimiento por parte de un organismo de certificación de los principios y deberes a los que está sometido según lo previsto en los artículos 42 y 43 de Reglamento (UE) 2016/679.
El desempeño de funciones que el artículo 41 del Reglamento (UE) 2016/679 reserva a los organismos de supervisión de códigos de conducta sin haber sido previamente acreditado por la autoridad de protección de datos competente.
La falta de adopción por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de las medidas que resulten oportunas en caso que se hubiera producido una infracción del código, conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento del principio de transparencia de la información o el derecho de información del afectado por no facilitar toda la información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679.
La exigencia del pago de un canon para facilitar al afectado la información exigida por los artículos 13 y 14 del Reglamento (UE) 2016/679 o por atender las solicitudes de ejercicio de derechos de los afectados previstos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, cuando así lo permita su artículo 12.5, si su cuantía excediese el importe de los costes afrontados para facilitar la información o realizar la actuación solicitada.
No atender las solicitudes de ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 72.1.k) de esta ley orgánica.
No atender los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento o a la portabilidad de los datos en tratamientos en los que no se requiere la identificación del afectado, cuando éste, para el ejercicio de esos derechos, haya facilitado información adicional que permita su identificación, salvo que resultase de aplicación lo dispuesto en el artículo 73.c).
El incumplimiento de la obligación de notificación relativa a la rectificación o supresión de datos personales o la limitación del tratamiento exigida por el artículo 19 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento de la obligación de informar al afectado, cuando así lo haya solicitado, de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales rectificados, suprimidos o respecto de los que se ha limitado el tratamiento.
El incumplimiento de la obligación de suprimir los datos referidos a una persona fallecida cuando ello fuera exigible conforme al artículo 3.
La falta de formalización por los corresponsables del tratamiento del acuerdo que determine las obligaciones, funciones y responsabilidades respectivas con respecto al tratamiento de datos personales y sus relaciones con los afectados al que se refiere el artículo 26 del Reglamento (UE) 2016/679 o la inexactitud en la determinación de las mismas.
No poner a disposición de los afectados los aspectos esenciales del acuerdo formalizado entre los corresponsables del tratamiento, conforme exige el artículo 26.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
La falta del cumplimiento de la obligación del encargado del tratamiento de informar al responsable del tratamiento acerca de la posible infracción por una instrucción recibida de éste de las disposiciones del Reglamento (UE) 2016/679 o de esta ley orgánica, conforme a lo exigido por el artículo 28.3 del citado reglamento.
El incumplimiento por encargado o subencargado de las estipulaciones impuestas en el contrato o acto jurídico que regula el tratamiento o las instrucciones del responsable del tratamiento, salvo que esté legalmente obligado a ello conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica o en los supuestos en que fuese necesario para evitar la infracción de la legislación en materia de protección de datos y se hubiese advertido de ello al responsable o al encargado del tratamiento.
Disponer de un Registro de actividades de tratamiento que no incorpore toda la información exigida por el artículo 30 del Reglamento (UE) 2016/679.
La notificación incompleta o defectuosa a la autoridad de protección de datos de la información relacionada con una violación de seguridad de los datos personales de conformidad con lo previsto en el artículo 33 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento de la obligación de documentación de cualquier violación de seguridad, exigida por el artículo 33.5 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento del deber de comunicación al afectado de una violación de la seguridad de los datos que entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades de los afectados, conforme a lo exigido por el artículo 34 del Reglamento (UE) 2016/679, salvo que resulte de aplicación lo previsto en el artículo 73.q) de esta ley orgánica.
Facilitar información inexacta a la Autoridad de protección de datos, en los supuestos en los que el responsable del tratamiento deba elevarla una consulta previa, conforme al artículo 36 del Reglamento (UE) 2016/679.
No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos, o no comunicarlos a la autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible de acuerdo con el artículo 37 del Reglamento (UE) 2016/679 y el artículo 35.3 de esta ley orgánica.
El incumplimiento por los organismos de certificación de la obligación de informar a la autoridad de protección de datos de la expedición, renovación o retirada de una certificación, conforme a lo exigido por los apartados 1 y 5 del artículo 43 del Reglamento (UE) 2016/679.
El incumplimiento por parte de los organismos acreditados de supervisión de un código de conducta de la obligación de informar a las autoridades de protección de datos acerca de las medidas que resulten oportunas en caso de infracción del código, conforme exige el artículo 41.4 del Reglamento (UE) 2016/679.
Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reiniciándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviere paralizado durante más de un año por causas no imputables al presunto infractor.
Las sanciones previstas en los apartados 4, 5 y 6 del artículo 83 del Reglamento (UE) 2016/679 se aplicarán teniendo en cuenta los criterios de graduación establecidos en el apartado 2 del citado artículo.
De acuerdo a lo previsto en el artículo 83.2.k) del Reglamento (UE) 2016/679 también podrán tenerse en cuenta:
La posibilidad de que la conducta del afectado hubiera podido inducir a la comisión de la infracción.
La existencia de un proceso de fusión por absorción posterior a la comisión de la infracción, que no puede imputarse a la entidad absorbente.
Será posible, complementaria o alternativamente, la adopción, cuando proceda, de las restantes medidas correctivas a las que se refiere el artículo 83.2 del Reglamento (UE) 2016/679.
Será objeto de publicación en el Boletín Oficial del Estado la información que identifique al infractor, la infracción cometida y el importe de la sanción impuesta cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, la sanción fuese superior a un millón de euros y el infractor sea una persona jurídica.
El régimen establecido en este artículo será de aplicación a los tratamientos de los que sean responsables o encargados:
Los órganos constitucionales o con relevancia constitucional y las instituciones de las comunidades autónomas análogas a los mismos.
Cuando los responsables o encargados enumerados en el apartado 1 cometiesen alguna de las infracciones a las que se refieren los artículos 72 a 74, la autoridad de protección de datos que resulte competente dictará resolución sancionando a las mismas con apercibimiento. La resolución establecerá asimismo las medidas que proceda adoptar para que cese la conducta o se corrijan los efectos de la infracción que se hubiese cometido.
Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la autoridad de protección de datos podrá proponer también la iniciación de actuaciones disciplinarias. En este caso, el procedimiento y las sanciones a aplicar serán las establecidas en la legislación sobre régimen disciplinario o sancionador que resulte de aplicación.
Cuando la autoridad competente sea la Agencia Española de Protección de Datos, ésta publicará en su página web con la debida separación las resoluciones en que se imponga una sanción a las entidades del apartado 1 de este artículo, con expresa indicación de la identidad del responsable o encargado del tratamiento que hubiera cometido la infracción.
Las sanciones impuestas en aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 y de esta ley prescriben en los siguientes plazos:
Las sanciones por importe inferior a 40.000 euros, prescriben en el plazo de un año.
El Esquema Nacional de Seguridad incluirá las medidas que deban implantarse en caso de tratamiento de datos de carácter personal, para evitar su pérdida, alteración o acceso no autorizado, adaptando los criterios de determinación del
riesgo en el tratamiento de los datos a lo establecido en el artículo 32 del Reglamento (UE) 2016/679.
La publicidad activa y el acceso a la información pública regulados por el Título II de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno se someterán, cuando la información contenga datos de carácter personal, a lo dispuesto en los artículos 5.3 y 15 de la Ley 19/2013, en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la presente ley orgánica.
Los plazos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 o en esta ley orgánica, con independencia de que se refieran a relaciones entre particulares o con entidades del sector público, se regirán por las siguientes reglas:
Cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados
Si el plazo se fija en semanas, concluirá el mismo día de la semana en que se produjo el hecho que determina su iniciación en la semana de vencimiento.
Si el plazo se fija en meses o años, concluirá el mismo día en que se produjo el hecho que determina su iniciación en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
Lo dispuesto en el Título VII y en sus normas de desarrollo será de aplicación a los procedimientos que la Agencia Española de Protección de Datos hubiera de tramitar en ejercicio de las competencias que le fueran atribuidas por otras leyes.
Cuando un afectado cuyos datos personales hayan sido o pudieran ser transferidos a un tercer país beneficiario de una decisión de la Comisión de adecuación, en virtud del artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679, presente ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación por considerar que el tratamiento de datos personales infringe dicha norma, aduciendo la incompatibilidad de la referida decisión con la protección del derecho fundamental a la protección de datos, esta solicitud deberá ser examinada, previa audiencia del responsable del tratamiento habilitado para la transferencia internacional.
En el caso de que la Agencia Española de Protección de Datos considere fundada la reclamación, deberá solicitar de la Sala de lo contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional autorización para declarar contraria a Derecho la transferencia internacional de datos sobre la que versa dicha reclamación. Esta autorización solamente podrá ser concedida si, previo planteamiento de cuestión prejudicial de validez en los términos del artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la decisión de la Comisión Europea fuera declarada inválida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los datos referidos a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad conexas podrán tratarse conforme con lo establecido en el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia.
El acceso a contenidos gestionados por prestadores de servicios de la sociedad de la información a favor de personas fallecidas se regirá por las reglas previstas en el artículo 3, a saber:
Los herederos de la persona fallecida podrán dirigirse a los prestadores de servicios de la sociedad de la información al objeto de acceder a dichos contenidos e impartirles las instrucciones que estimen oportunas sobre su utilización, destino o supresión.
Como excepción, los herederos no podrán acceder a los contenidos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley.
El albacea testamentario así como aquella persona o institución a la que el fallecido hubiese conferido un mandato expreso para ello también podrá solicitar, con arreglo a las instrucciones recibidas, el acceso a los contenidos con vistas a dar cumplimiento a tales instrucciones.
En caso de fallecimiento de menores o personas con discapacidad para las que se hubiesen establecido medidas de apoyo, estas facultades podrán ejercerse, en todo momento, por el Ministerio Fiscal.
Mediante real decreto se establecerán los requisitos y condiciones para acreditar la validez y vigencia de los citados mandatos e instrucciones y, en su caso, el registro de los mismos, que podrá coincidir con el previsto en el artículo 3.
No se incorporarán a los sistemas de información crediticia a los que se refiere el artículo 14.1 deudas en que la cuantía del principal sea inferior a cincuenta euros.
El Gobierno, mediante real decreto, podrá modificar esta cuantía.
El Gobierno en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de esta ley orgánica remitirá a las Cortes un proyecto de ley en el que establecerá condiciones adicionales y, en su caso, limitaciones al tratamiento de datos genéticos, biométricos o relativos a la salud.
No serán de aplicación a la Agencia Española de Protección de Datos los artículos 50.2 c) y 85 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
La Agencia Española podrá adherirse a los sistemas de contratación centralizada establecidos por las Administraciones Públicas y participar en la gestión compartida de servicios comunes.
El Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, continuará vigente en lo que no se oponga a lo establecido en el Título VI.
La previsión contenida en el párrafo tercero del artículo 49.1 y en el párrafo primero del artículo 49.3 se aplicarán una vez expire el mandato de quien ostente la condición de Director o Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos a la entrada en vigor de esta ley orgánica.
Los promotores de los códigos tipo inscritos en el registro de la Agencia Española de Protección de Datos o en las autoridades autonómicas de protección de datos deberán adaptar su contenido a lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento (UE) 2016/679 en el plazo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley orgánica.
Si, transcurrido dicho plazo, no se hubiera solicitado la autorización prevista en el artículo 39.4, se cancelará la inscripción y se comunicará a sus promotores.
Los procedimientos ya iniciados a la entrada en vigor de esta ley orgánica se regirán por la normativa anterior.
Lo dispuesto en el apartado anterior será asimismo de aplicación a los procedimientos respecto de los cuales ya se hubieren iniciado las actuaciones previas a las que se refiere la Sección 2ª del Capítulo III del Título IX del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
Las normas dictadas en aplicación del artículo 13 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995,relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos,que hubiesen entrado en vigor con anterioridad a 25 de mayo de 2018, y en particular los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, seguirán vigentes en tanto no sean expresamente modificadas, sustituidas o derogadas.
Los tratamientos sometidos a la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, continuarán rigiéndose por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, y sus disposiciones de desarrollo en tanto no entre en vigor la norma que trasponga al Derecho español lo dispuesto en la citada directiva.
Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones transitorias cuarta y quinta, quedan derogadas la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal y cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan, o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y la presente ley orgánica.
La presente ley tiene el carácter de ley orgánica, a excepción del Capítulo II del Título II, el Título VI, salvo el artículo 61, el Título VII, el Título VIII, las disposiciones adicionales, salvo la disposición adicional segunda, las disposiciones transitorias y las disposiciones finales, salvo esta disposición final primera.
Esta ley orgánica se dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
El Título VII, la disposición adicional cuarta y la disposición transitoria tercera sólo serán de aplicación a la Administración General del Estado y a sus organismos públicos.
Las modificaciones de textos legales contenidas en las disposiciones finales tercera a séptima de la presente ley se amparan en los títulos competenciales de las normas objeto de modificación.
Se añade una nueva letra h) al apartado 3 del artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el siguiente tenor:
«h) Impacto en materia de protección de datos, si se trata de proyectos normativos que establezcan una habilitación para el tratamiento de datos de carácter personal, con el contenido establecido en el artículo 35.7 del Reglamento (UE) 2016/679, si la habilitación se ampara en lo establecido en las letras c) y e) del artículo 6.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y en los apartados 1 y 2 del artículo 8 de la Ley Orgánica de Protección de datos de carácter personal XXXX ; así como un análisis de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida si la habilitación se ampara en la letra f) del artículo 6.1 del citado reglamento y en el artículo 10.3 de la de la citada ley orgánica.
Lo dispuesto en esta letra no será de aplicación en caso de que la medida normativa venga impuesta por una disposición de Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional de obligado cumplimiento.»
Se modifica el artículo 15 bis de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que queda redactado como sigue:
«Artículo 15 bis. Intervención en procesos de defensa de la competencia y de protección de datos.
La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias podrán intervenir, sin tener la condición de parte, por propia iniciativa o a instancia del órgano judicial, mediante la aportación de información o presentación de observaciones escritas sobre cuestiones relativas a la aplicación de los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o los artículos 1 y 2 de la Ley 5/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Con la venia del correspondiente órgano judicial, podrán presentar también observaciones verbales. A estos efectos, podrán solicitar al órgano jurisdiccional competente que les remita o haga remitir todos los documentos necesarios para realizar una valoración del asunto de que se trate.
La aportación de información no alcanzará a los datos o documentos obtenidos en el ámbito de las circunstancias de aplicación de la exención o reducción del importe de las multas previstas en los artículos 65 y 66 de la Ley 5/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia.
La Comisión Europea, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y los órganos competentes de las comunidades autónomas aportarán la información o presentarán las observaciones previstas en el número anterior diez días antes de la celebración del acto del juicio a que se refiere el artículo 433 o dentro del plazo de oposición o impugnación del recurso interpuesto.
Lo dispuesto en los anteriores apartados en materia de procedimiento será asimismo de aplicación cuando la Comisión Europea, la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos, en el ámbito de sus competencias, consideren precisa su intervención en un proceso que afecte a cuestiones relativas a la aplicación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. »
Se modifica la rúbrica del artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, pasando a ser la siguiente:«Artículo 8. Información económica, presupuestaria, estadística y sobre tratamiento de datos de carácter personal.»
Se añade un nuevo apartado 4 al artículo 8 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, con el siguiente tenor:
«4. Las Administraciones Públicas publicarán el inventario de sus actividades de tratamiento, regulado por el apartado 2 del artículo 33 de la Ley Orgánica –/2018, de —– de Protección de Datos de carácter personal.»
El apartado 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pasa a tener la siguiente redacción:
«2. Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el interesado se opusiera a ello. No cabrá la oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Cuando se trate de informes preceptivos ya elaborados por un órgano administrativo distinto al que tramita el procedimiento, éstos deberán ser remitidos en el plazo de diez días a contar desde su solicitud. Cumplido este plazo, se informará al interesado de que puede aportar este informe o esperar a su remisión por el órgano competente.»
El apartado 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, pasa a tener la siguiente redacción:
«3. Las Administraciones no exigirán a los interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora aplicable establezca lo contrario.
Se añade un párrafo tercero al artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el siguiente tenor:
«Cuando la notificación o publicación contuviera datos de carácter personal del destinatario, se identificará al mismo mediante las iniciales de su nombre y de sus dos apellidos y su número de documento nacional de identidad.»
Se añade un párrafo segundo a la letra c) del apartado 1 del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el siguiente tenor:
«No obstante, cuando se formulen solicitudes por medios electrónicos en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las Administraciones Públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de los datos.»
Se añade un apartado 3 a la disposición adicional primera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, con el siguiente tenor:
«3. Las actuaciones y procedimientos en materia de protección de datos de carácter personal y los tramitados por la Agencia Española de Protección de Datos en el ejercicio de las competencias que expresamente le atribuyan otras leyes se regirán por su normativa específica y, subsidiariamente, por esta ley.»
La presente ley orgánica entrará en vigor el 25 de mayo de 2018.
Descargar anteproyecto Ley de Protección de Datos en PDF
2018leyLOPDnuevo Reglamento