Source: https://www.scribd.com/document/85275440/PLENARIO-KOSUTA
Timestamp: 2017-06-24 05:55:08
Document Index: 144523926

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PLENARIO - KOSUTAUploaded by Tati MartiRelated InterestsCriminal LawPunishmentsFelonyCase LawJudgeRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedView MoreCopyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as DOC, PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentPlenario N° 5, “KOSUTA, Teresa R. s/ recurso de casación”.En la ciudad de Buenos Aires, a los 17 días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve, reunidos los señores jueces de la Cámara Nacional de Casación Penal, en virtud de la autoconvocatoria admitida en la causa N° 1403 del registro de la Sala III, caratulada “Kosuta, Teresa Ramona s/ recurso de casación”, Los señores jueces doctores Jorge Osvaldo Casanovas y Guillermo José Tragant dijeron: Primero: El marco expositivo de esta convocatoria aparece constreñido conceptualmente a los siguientes interrogantes: “I) Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal; II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación; III) Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión del juicio a prueba; IV) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba, excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación”. No escapa que otras problemáticas de singular relevancia a los fines de asegurar la homogeneidad interpretativa (vgr. obligatoriedad de la realización de la audiencia prevista en el art. 293 del C.P.P.N.; aplicación de la suspensión del juicio a prueba a los imputados de los delitos previstos en las leyes n° 23.771 y n° 23.737; control judicial de la razonabilidad del ofrecimiento de reparación del daño; oportunidad para solicitar la suspensión del juicio a prueba) aparecen ajenos a esta encuesta, aunque todavía no encontraron respuesta definitiva (vid. “Scublinsky, D. G. s/inaplicabilidad”, C.N.C.P. - S.J., causa n° 38). Lo cierto es que las lecturas divergentes que ofrecen distintos pronunciamientos del órgano reclaman que se proporcione de una vez la inteligencia correcta. Conviene recordar que la deficitaria técnica legislativa que campea en la redacción de la ley 24.316 es, sin duda, generadora de cantidad de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales contradictorias entre sí, y seguramente -en su generalidad- contribuyentes a la falta de certeza jurisdiccional sobre los extremos abiertos, situación que habrá de ser pacificada por fruto de la labor que ahora convoca. Segundo: A partir de las reformas introducidas en el código penal (art. 76 bis conforme ley nº 24.316, B.O. nº 27.895 del 19 de mayo de 1994), cobró vigencia en la legislación argentina el sistema de suspensión de juicio a prueba, técnicamente –aunque en forma equivocadadenominado “probation”. Con anterioridad, ya el ordenamiento procedimental nacional había anticipado su incorporación (art. 293 C.P.P.N. según ley nº 23.984, B.O. nº 27.215 del 9 de septiembre de 1991). Esta medida guarda filiación con las formas de simplificación procesal y un conjunto de alternativas al encierro carcelario tradicional que proliferaron en el contexto políticocriminal internacional a partir de los años sesenta, que afectaron fundamentalmente a aquella franja de delitos menores y/o realizados por jóvenes o drogadependientes (vgr. art. 18 de la ley n° 23.737). Todo ello fue abordado desde distintos planteamientos: unos de corte predominantemente asistencial y paternalista, de inspiración correctora y educacional, acompañados de otros resignadamente reformistas que proponen la sustitución limitada de la prisión como una línea de avance en las exigencias de una mínima intervención penal. Frente a ellos, otros desarrollos esencialmente críticos denuncian la legitimación paralela del sistema carcelario que conllevan las medidas alternativas, a la par de alertar acerca del paradójico aumento del control punitivo, toda vez que -lejos de reemplazar- las supuestas alternativas terminan complementando a la cárcel (vid., por todos, Cohen “Visiones del control social”, P.P.U., Barcelona, 1988).
Y desde esta configuración previa brindada por la experiencia comparada, la tarea emprendida no puede desatender la trascendencia político criminal del tema, tanto más cuando la solución a que se arribe será adoptada como doctrina vinculante. Con todo, menester es destacar que estas alternativas surgen como consecuencia de una valoración negativa de los fines asignados a la pena privativa de la libertad como “reina de las penas”, y desde la perspectiva de la economización y racionalización de la intervención penal. Ese, y no otro, es el marco que guía la incorporación de estas medidas. Tercero: Sentados estos brevísimos antecedentes, cabe sindicar respecto del primer punto de la compulsa fijada, las opiniones que marcan el rumbo sobre el extremo, esto es: (a) aquella que sostiene la postura restringida con base en la pena conminada en abstracto, y (b) la defensora de la tesis amplia con soporte en la pena aplicable en concreto. En apoyo de la primera, a partir de una interpretación literal y en especial auténtica del legislador, se sostiene que: (a) En el proceso legislativo se suprimió expresamente la posibilidad de conceder la suspensión en caso de penas mayores a tres años. En tal sentido, ponderando la supresión que se había efectuado del proyecto del Poder Ejecutivo -que admitía en lineamientos generales una extensión del instituto-, se repara en las expresiones vertidas por el diputado Antonio Hernández y por el senador Augusto Alasino (“Antecedentes Parlamentarios”, año 1994, N° 2, Ley 24.316 - Probation, “La Ley” parágrafos 34, 41, 90, 91, 94, 95, 125 y 160) (vid. García “Suspensión del juicio a Prueba”, en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal” N° 1-2, Ad Hoc, Bs. As., 1996, pág. 324; Tamini-Freeland López Lecube “La probation y la suspensión del juicio penal a prueba (comentarios a la ley 24.316)”, “La Ley”, Bs. As., t. 1994-D, pág. 854; Reynaga “La ley 24.316: análisis y aplicación de los institutos”, “La Ley”, Bs. As., t. 1995-D, pág. 1486; Kent-García Torres “Probation. Un fallo que recepta una exégesis adecuada de la institución”, “La Ley”, Bs. As., t. 1994-E, pág. 495). (b) El instituto abarca tan sólo los delitos considerados leves, de competencia correccional (cfr. Edwards “La probation en el Código Penal Argentino”, Lerner, Córdoba, 1994, págs. 48 y 58; Ochoa “La suspensión del juicio a prueba”, “La Ley”, Bs. As., t. 1995-C, pág. 1274; Saez Zamora-Fantini “Reflexiones sobre la implementación de la ley 24.316 en nuestro sistema penal”, “La Ley”, Bs. As., t. 1995-D, pág. 1136). (c) La declaración del carácter grave o leve de un delito debe necesariamente hacerse en un juicio ya que el tribunal no puede hacer un pronóstico sobre la pena a recaer (vid. causa n° 634 -Sala IV-, “Roitman, Adrián Raúl P. s/recurso de casación”, reg. n° 983, rta. el 30/10/97). Con base en estas líneas argumentales, ésta ha sido la posición mayoritaria de esta cámara (causa n° 923 -Sala I- “Celestino, Leonardo s/recurso de casación”, reg. n° 1259, rta. el 29/11/96; causa n° 1208, de esa misma Sala “Agüero, Patricia s/recurso de casación”, reg. n° 1500, rta. el 17/4/97; causa n° 1580, -Sala II-, “Wasyluk, Carlos José s/recurso de casación”, reg. n° 2038, rta. el 16/6/98; causa n° 471 -Sala IV- “Muñoz Saavedra, Juan S. s/recurso de casación”, reg. n° 773, rta. el 7/3/97, y causa n° 634 de esa misma Sala, “Roitman, Adrián Raúl P. s/recurso de casación”; vid. también el voto del doctor Riggi en la causa n° 1510 -Sala III-, “Córdoba Grande, Jorge Antonio s/recurso de casación”, reg. n° 189, rta. el 15/5/98). Con anterioridad, la aplicación del postulado que veda la reforma en perjuicio impidió al conjunto de esta sala el tratamiento de este extremo, al sostenerse que “el principio que prohíbe la “reformatio in pejus” sin recurso acusatorio establece como máximo de la pena que puede imponerse aquél del pronunciamiento declarado nulo por impugnación de la defensa... De este modo, la garantía de la defensa en juicio establece un límite superior que en la especie no puede superar el monto de tres años de prisión” (Causa n° 1022, “Losada, Aldo y otros s/recurso de casación”, reg. n° 184/99, rta. el 30/4/99).
Vitale “Suspensión del proceso penal a prueba”. pág. “La Ley”. pág. De esta forma. 1994. Bs.. t. As.. 603). “La Ley”. As. 1996.. Editores del Puerto. al calibrar las coordenadas que enmarcan el ámbito de aplicación selectivo con el objeto de incrementar la idoneidad en la persecución y la penalización de los delitos de elevada gravedad.. “La Ley”. pág. As. (b) Tanto el primero como el segundo párrafo prevén distintas especies de penas privativas de la libertad (pena de reclusión o prisión y pena de prisión –como consecuencia del reenvío al artículo 26 antes citado-. cit. (c) En razón del uso que la ley hace de los términos “juez” en el tercer párrafo del artículo 76 bis y “tribunal” utilizada en el cuarto. evitando que los tribunales vean perturbado su funcionamiento por el tratamiento de las causas más leves. puede admitirse la existencia de dos supuestos de procedencia al resultar compatibles con el órgano jurisdiccional que en la etapa de debate puede acordar la suspensión del proceso a prueba (órgano unipersonal para los delitos leves representado por el juez correccional) y órgano colegiado para los delitos de mayor gravedad (o sea. Bs. As. (e) Corresponde tomar en cuenta la finalidad perseguida con la incorporación de este instituto (vid.. t. 177). As. 413. pág. Solimine “La suspensión del proceso a prueba para los delitos criminales en la ley 24. Devoto “Probation e institutos análogos”. Ello se sostiene al considerar que: (a) En el primer párrafo se prevé pena en abstracto (pena cuyo máximo no exceda de tres años). Bs. 1995-B. Bovino “La suspensión del procedimiento en el Código Penal argentino y la “diversión” (Un análisis comparativo)”. respectivamente) (cfr. de Olazábal. Bs. pág. Bs. As. “Doctrina Judicial”.a la necesidad de echar mano a mecanismos que modernamente se utilizan para limitar los efectos estigmatizantes de la reacción penal. págs. 176 y ss. Coleff-Garrigós “Primeras experiencias en la aplicación de la probation”.. “La Ley”. Ríos “La interpretación de la ley y el juez penal. se pone en consideración la necesidad de incorporar una herramienta eficaz para el descongestionamiento de los puntos críticos de toda la organización judicial. 813. “La Ley”.. As. Bs.. 1090. Vitale. Din. 1998-C. pág. As. De otro lado se sostiene que la incorporación del instituto responde -como reajuste de la política criminal. (d) La exigencia de dictamen fiscal favorable en el cuarto párrafo patentiza la existencia de dos supuestos diferentes (Vitale.. As. 65/6. Saenz “La suspensión a prueba del proceso penal (Probation)”. en tanto que en el cuarto párrafo se considera la pena en concreto. A propósito de la procedencia de la suspensión del juicio a prueba”. circunstancia que no obstaculiza la concesión. “Suspensión del proceso a prueba –Análisis de la ley 24. 1997-A. As. Editores del Puerto. y de los efectos de la condena que quedarán como un sello en sus antecedentes personales..
. Bs. t. 1347. el tribunal de juicio) (cfr. “La Ley”. Bs. “Probation y juicio abreviado”. 1997. cit.). Orgeira-Vaiani “La suspensión del juicio a prueba y los delitos con pena mayor de tres años”. Bs.316 (Probation)”. ob. pág. págs.. del 22/12/94). 1995.. Bs. As. pág. t. 1994-2. 947). t. Molero. pág. Astrea. con clara alusión al artículo 26 del digesto sustantivo (pena aplicable) (vid. 1996-E. que permiten bajo ciertas condiciones liberar al imputado o acusado del juicio de la desaprobación que posiblemente habría de formulársele por el hecho cometido. Bs. 1994-C.. 83.Cuarto: Mas. “La Ley”. t. Incluso por vía de la “unidad de la norma” se dice que en todos los casos la ley exige el dictamen fiscal favorable y la posibilidad de condena condicional (vid. 69). probation”-. 43 y ss. pág. pág. Cafferata Nores “Cuestiones actuales sobre el proceso penal”. Bs. Almeyra “Probation ¿Sólo para los delitos de bagatela?”. 75 y 79. As. ob. de otra banda.. la tesis contraria de carácter amplio se funda en una interpretación gramatical y teleológica. a partir de que la ley se refiere a cada grupo de delitos en párrafos diferentes.316.
julio 1994. disponiéndose en la nueva redacción que “el imputado por delito de acción pública podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba cuando pudiese corresponderle condena de ejecución condicional. se conoce que la primera regla de interpretación de las leyes es darle pleno efecto a la intención del legislador (Fallos: 302:973). así como que los jueces no deben sustituir al legislador sino aplicar la norma tal como éste la concibió (Fallos: 300:700). Por fin. págs. del 31/12/98. sesiones ordinarias de 1999. 20) y el Procurador General de la Nación. La Comisión consideró que desde la incorporación de este instituto en el Código Penal. no es correcta la afirmación a la luz de la normativa procesal vigente. adoptan el criterio restrictivo 8 tribunales y el amplio 22. (“El Derecho”. 2 adoptan el criterio restrictivo y 4 el amplio. Cámara de Senadores. a modo de refutación respecto del argumento que sostiene que la declaración de delito grave o leve debe hacerse judicialmente ya que el órgano no puede hacer un pronóstico de la pena a recaer. Quinto: En orden al segundo de los extremos propuestos -procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación-. págs. Analizar nuevamente la cuestión. (c) que en el año 1997 ingresaron a los juzgados de ejecución penal provenientes de juzgados correccionales 742 expedientes contra 2025 provenientes del juzgados o tribunales de instrucción (168 de los tribunales orales en lo federal. 1843 de los tribunales orales en lo criminal. 4505/4520).” (Dirección Publicaciones. n° 191/98. doctor León Carlos Arslanian (“Plenario. también las leyes deben interpretarse conforme el sentido propio de las palabras que emplean sin molestar su significado específico (Fallos: 295:376). Por lo tanto. doctor Nicolás Eduardo Becerra.. 4). Cámara de Senadores. En la misma orientación se dirige el actual trámite parlamentario en la cámara alta (Dirección de Publicaciones. Solo resta consignar el proyecto de ley aprobado por la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación (sesiones ordinarias de 1998. Emilio s/recurso de casación” (reg. 14 de los juzgados de instrucción). por lo tanto. hubo ocasión de señalar que “desde los parámetros brindados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. por medio del voto del juez Casanovas. a partir de la causa n° 1509 del registro de la sala III. Congreso Nacional. En efecto. ( b) de 6 tribunales orales federales. orden del día n° 405. numerosas interpretaciones judiciales contradictorias entre sí han impedido una plena e igualitaria aplicación del mismo. Congreso Nacional. más alla de los reparos que pueda generar la simplificada categorización. el 15/5/98). generado como consecuencia del cuadro de situación expuesto. como resulta del trabajo efectuado por la Oficina de Estadísticas del Poder Judicial de la Nación de la cual se extrae que en Capital Federal (a) de 30 tribunales orales en lo criminal. a poco de ver que los artículos 312 y 316 del rito autorizan al juez a formular un pronóstico de la pena a imponer a los efectos de dictar el auto de prisión preventiva y denegar la excarcelación. esta tesis amplia recibe -a no dudarlo. Bs. 1513 y ss). siendo “el instituto ajeno a nuestra tradición jurídica continental. el entonces Ministro de Justicia de la Nación que motorizara la reforma. orden del día n° 1200). también cabe el paso inicial respecto de una opinión que se insinúa como minoritaria. rta.Se suman con su adhesión a la tesis amplia. debe primero entenderse en sus fines y luego aplicarse con el criterio más lógico para que esos mismos fines se cumplan a través de la ley”. orden del día n° 1200.. lleva a reafirmar una vez más la opinión oportunamente sustentada. Publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires”. Sobre la base de lo expuesto se establece sustituir el artículo 76 bis del Código Penal. pág. si el juez puede preveer la pena que habrá de recaer en caso que se dicte una sentencia condenatoria. sesiones ordinarias de 1998. Como se sindicara. en detrimento de los justiciables y de la seguridad jurídica…” y que. a los efectos de dictar la prisión preventiva. y la primaria fuente para determinar esa voluntad es la letra de la ley (Fallos: 299:167). mediante la instrucción a los fiscales (resolución PGN 39/97)..el respaldo de la jurisprudencia ampliamente prevaleciente. pág. caratulada “Vázquez. máxime cuando aquél concuerda con la acepción
. cabe preguntarse por qué tendrá vedado formular ese mismo pronóstico para evaluar la procedencia del instituto. As.
tanto los anteriores proyectos cuanto los que aparecen consensuados en la ley 24.. existe una política social del Código Penal.316. De otro lado.lo que pretende este instituto es atender a cada delincuente primario. por ejemplo. el que las concilie y deje a todas con valor y efecto (Fallos: 1:300). “En último lugar corresponde destacar en orden a los antecedentes parlamentarios que. "Antecedentes parlamentarios".. Ley nac. pág. “Huelga significar. 75 inc. voto conjunto de los tres integrantes de la sala en el plenario n° 3 "Molina. Al respecto no resulta ocioso señalar que en anteriores pasajes discursivos el propio legislador parece significar lo contrario (op. claro queda pues que no puede dejarse de atender en el "subexámine" los clásicos estándares interpretativos que parten de los criterios literal. Roberto Carlos". positivado ahora en nuestra norma fundamental (art.N. como verdadero. por todo lo que no debe prescindirse de las consecuencias que derivan de cada criterio. “En segundo término -y en orden al sentido auténtico de la interpretación-. no puedo dejar de evocar clarificadoras palabras del mensaje del miembro informante senador Augusto Alasino en el debate parlamentario del Senado de la Nación cuando dijo:". en cuanto enseña que la configuración legislativa y la aplicación judicial de cualquier clase de medidas restrictivas de la libertad han de ajustarse al cumplimiento de sus exigencias superiores que reclaman un derecho penal que sea "mínimamente intenso. “De otra banda también merece computarse la lista de delitos a los que se aplica la probation acompañada por la inserción del diputado Víctor Hugo Sodero Nievas -autor de un proyecto y activo protagonista legislativo. art. art. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de la O. lo menos aflictivo y estigmatizante para los que infrinjan los mandatos y las prohibiciones penales" (vid. y en esa dirección va encaminado" (vid. menester es destacar cuanto se sostuvo desde el derecho internacional de los derechos humanos.). 1448)”. "La Ley". con subrayado que me pertenece).313-. 5 inc. para todo lo cual se deben computar la totalidad de sus preceptos de manera que armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 312:11). ocasional o que comete un delito una sola vez en la vida. en donde se establece también el homicidio culposo ("Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación". destruyendo las unas por las otras y adoptando. Aclaro esto porque tal vez lo soslayé cuando brindé el respectivo informe. 1994. evitando darles aquel sentido que ponga en pugna sus disposiciones.316.054-. 10. pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en que está engarzada la norma (Fallos: 307:1018)”. que apunta a contemplar la situación de aquellos delincuentes que en determinados delitos culposos terminan siendo condenados porque las circunstancias del caso lo conducen a la condena siendo que tal vez nunca más esa persona vuelva a cometer un delito. del 16/8/95.corriente en el entendimiento común y la técnica legal empleada en el ordenamiento jurídico vigente (Fallos: 295:376).-.660 de Ejecución de la Pena Privativa de Libertad)”. “A partir de estas coordenadas. n° 2. Un homicidio culposo. sistemático y teleológico a la hora de desentrañar el sentido y alcance de la unidad textual contenida en el último párrafo del artículo 76 del Código Penal”. en referencia al canon sistemático. Por eso.Probation. art. no contemplaban como obstáculo a la probation la pena de inhabilitación (vid.
. 22 C. 75 inc. n° 23. auténtico. 6° de la Convención Americana de Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica. n° 23. pág. 58. “Aunque respecto del extremo gramatical concurre en nuestro ámbito el postulado de interpretación restrictiva establecido en el precepto que consagra el artículo 2 del ritual que obstaculiza cualquier inteligencia extensiva de las normas penales.en la reunión octava del 16 de junio de 1993. sería el caso de quien atropella a una persona con un vehículo. 40).. Ley 24. 22 de la Constitución Nacional. Debe tenerse en cuenta que esa es la política criminal a la que apunta este instituto. mas el sentido aclaratorio y posterior de sus expresiones despejan cualquier sospecha sobre el propósito que animó su labor”. es decir. cit.3 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -Ley nac.N.U. de 1957 -regla 63 y ss. que cualquier intervención estatal en materia penal debe obedecer a los postulados constitucionales de la resocialización (art. 1 Ley 24. con sus citas)”. pág.
". 5 inc. Jurisprudencia Argentina.. 95. Córdoba. "Antecedentes . “Claro queda a mi ver que a cualquier télesis no se le puede escapar la inconsistencia que resulta del criterio de favorecer con el instituto a los imputados por delitos reprimidos con pena privativa de libertad y de impedirla para aquellos perseguidos por delitos que incluyen en su conminación la menor de las reacciones punitivas establecidas en el artículo 5 del ordenamiento. debe propiciarse el establecimiento del criterio favorable al acordamiento de la suspensión del proceso penal a prueba mediando comisión de delito reprimido con pena de inhabilitación especial prevista en forma conjunta”. 1994. Bs. 1995. 146 y ss. año XVII. Más aún: dentro de los delitos imprudentes. “Cuestiones actuales sobre el proceso penal”. “En este orden de ideas. así como también de beneficiar a los imputados de delitos dolosos (vgr. Bs. en el referido precedente “Vázquez”. 264. art.". 855. Devoto "Probation e institutos análogos". “La Ley”. pág. Córdoba. 1986. por tanto ¿Tampoco cabría en esos casos la concesión de la "probation"? La razonabilidad y el postulado de igualdad impiden acompañar esa lectura”. “Por fin. pág. 260.P. desde la capacitación técnica hasta la misma prohibición de conducción de vehículos automotores (arts.. pág. As. precisamente impide considerar a un legislador contradictorio. “Por lo demás.)”. Alagia "Probation y pena de inhabilitación".) que aparecen impedidos por la regla anterior expresa. y 310 del C. 76 ter. As. 18)”. con pena de inhabilitación en forma alternativa (vgr.. con el soporte de la doctrina que reputo mayoritaria (vid. pág.P.. a poco de observar que el universo de conductas en las que puede verse comprometido como sujeto activo excede el estrecho marco de estas figuras delictivas.680. el juez Tragant sostuvo que “tal interpretación se concilia plenamente con la jurisprudencia fijada por esta Cámara en orden al
. "Doctrina Penal". As. Bs. 1996. 1997.. pág. As. Tamini-Freeland "La 'probation' y la suspensión del juicio a prueba (comentarios a la ley 24. cit. cit. Manny (op. no pueden caber dudas de los postulados político-criminales que orientaron la modificación del Título XII del Libro Primero del digesto de fondo a través de la incorporación de los artículos 76 bis. pág. Tarditti "Probation -ley 24316-: lo bueno y lo malo". 29). Din. Editores del Puerto. entre otros. Vitale "Suspensión del proceso a prueba". 671 y ss. cit.. ley de abastecimiento n° 20. 27 bis. d)”.N. el argumento que señala que los únicos delitos previstos en la parte especial del código con pena de inhabilitación exclusiva vinculan a funcionarios públicos (arts. Sexto: Por su parte. y en cuanto hace al patrón teleológico. del C. Semanario Jurídico.) o la contemplaban en la modalidad absoluta (vid. en base a las consideraciones y transcripciones que anteceden. 31)”. “En suma. 1995..proyectos Maier y Zaffaroni.. 62). pág. 1997. Del Puerto. Edwards "La probation en el Código Penal argentino. y "Doctrina Penal". y que cristalinamente se expresan en el mensaje de elevación del poder ejecutivo al congreso nacional: reformar sustancialmente el funcionamiento real del sistema judicial penal de nuestro país con una programación eficaz de su actuación.P. 134 y ss.316)". nos enfrentaríamos a la imposibilidad de imponer esta categoría de pena. n° 7.. cabe precisar la existencia de leyes penales especiales que reprimen conductas de sujetos que no responden a esa calidad. pág. con exclusión del presentado únicamente por el diputado José J. Lerner. 1988.. Cafferata Nores.316". donde el agente quiso lo que hizo) y perjudicar a los de delitos culposos (vgr.P. As. párrafo 1°.. pág. 76 ter y 76 quater. proyecto del diputado y miembro informante Antonio María Hernández. 273 y 274 del C. anteúltimo párrafo. Bs. 30/8/94. "Cuadernos de doctrina y jurisprudencia penal". 837. As. destáquese que el fin preventivo que pretende defender la opinión contraria debe necesariamente atender que puede hallarse satisfecho con la imposición de las reglas de conducta que cabe adoptar junto con el acordamiento (esto es. 176 y ss. en donde el instituto de la suspensión del proceso a prueba se encuentra respaldado por fundamentales razones de orden práctico ("Antecedentes . donde media discordancia entre el querer y el resultado). pág. n° 165. ley 24. Pessoa "Suspensión del juicio a prueba: esquema de análisis". Bs. de suerte que no puede advertirse redundancia y/o absurdo en el texto legal.. A mayor abundamiento. pág.. año III.. tratándose de actividades no reguladas.. 21/6/94. Bs.
de manera tal que una adecuada hermenéutica conduce a la conclusión de que es el orden del artículo 5° del Código Penal el que resuelve esta situación". en atención a las manifestaciones vertidas tanto por el miembro informante en la Cámara de Diputados. debe atenderse para analizar la procedencia del recurso de casación primero a la calidad de las mismas y luego. al monto de la más severa para verificar si ella encuadra en los supuestos contemplados en el mentado artículo 459 del código de rito (del voto conjunto del Dr. se ha reconocido unánimemente en nuestro país.requisito de procedencia del recurso de casación mediando imposición de pena de inhabilitación. Este precepto debe interpretarse en consonancia con las prescripciones del artículo 34 del mismo ordenamiento que se refiere para determinar la competencia en la hipótesis de un delito reprimido con varias clases de pena. una vez definida esta cuestión. Madueño y el suscripto. n° 73 de la Sala III. no lo es menos la circunstancia que nadie ha considerado que esta modalidad de condena no procede cuando la multa o la inhabilitación acompañan a la pena de prisión. 6° Reunión.Probation". Devoto. pág. “La Ley”. cuando por expresa disposición legal no es procedente la condena condicional respecto de las penas de multa e inhabilitación”. reg. para poder acceder a la probation”. en general. la condena condicional no ha impedido que. junio 2 de 1993. por ello. si bien la exclusión de la multa e inhabilitación del régimen de la condena condicional ha dado lugar a serias discusiones (sosteniendo algunos que pueden ser suspendidos cuando son accesorias de la pena de prisión). “Que desde otra línea argumental parece claro que uno de los propósitos que conlleva la pena es el fin preventivo. en el sentido que "los límites a tenerse en cuenta para habilitar la instancia son los previstos en el artículo 459 del Código Procesal Penal que en su inciso 2°) establece que cuando se trata de pena de prisión. pág. Es decir. causa n° 74 "Ciancio. reg. 1321) cuanto lo primigeniamente expresado por el senador Augusto Alasino en la cámara revisora ("Antecedentes parlamentarios -Ley 24. se disponga el cumplimiento efectivo de la inhabilitación. como está previsto en el art. en la causa n° 78 "Frías. rta. “En los procesos que se relacionan con delitos que se refieren a supuestos de impericia. a la cualitativamente más grave. en punto a que “según la norma examinada. resulta a mi juicio innecesario que éstos sean tramitados hasta el veredicto definitivo. Eduardo Rafael Riggi. “Probation e institutos análogos”. Sin embargo. en los delitos sancionados con prisión e inhabilitación en forma conjunta. Año 1994 n° 2.Sala I. el 17/10/95). al que adhirió el colega Dr. 49) francamente no se alcanza a comprender por qué sería más comprometedor para la comunidad un médico imperito o un conductor omisivo del deber de cuidado que un disparador de arma de fuego.316.
"De lo precedentemente expuesto se desprende entonces que cuando las sanciones inflictas son varias. en caso de recaer condena.. Claudio Martín s/recurso de casación” (causa n° 518 . la misma debe superar los tres años. Si bien ello es cierto. el 21/12/93. en procura de su resocialización. previéndose además determinados mínimos para la multa y la inhabilitación . un encubridor o un maltratador familiar (cfr. n° 774. inobservancia de los reglamentos o deberes del cargo. s/rec. “Nótese que bastaría con que el autor de lesiones culposas. 27 bis del código sustantivo”. modificara la causal del resultado en intencional. el 13/12/93 reg. evitando así el desgaste jurisdiccional. que la condenación condicional procede aún cuando la multa o inhabilitación acompañan en la ley a la pena de prisión. entre muchas otras)”. n° 68 de la Sala II. de queja". diputado Antonio María Hernández (DSCDN. Nora Elba s/recurso de queja" rta. según sus fundamentos. aún mintiendo. mediante el sometimiento del imputado a reglas de conducta enderezadas a modificar su comportamiento disvalioso. Raúl R. rta.. 94/95)”. junto con la suspensión de la pena de prisión. parágrafo 88. cuando el propósito del instituto es evitar la prosecución de juicios que revistan escasa entidad penal.. ésta pudiese ser dejada en suspenso. Ese cuadro argumental puede completarse además con aquel motivo que parte de la observación efectuada en el precedente “Asenjo. es requisito de procedibilidad un examen de probabilidad de que. pág. Ramiro E.
Se impone pues necesariamente el pluralismo metodológico. y ello conduce a caminos erróneos (Bobbio. por lo menos en aquellos casos en los que se haga cumplir efectivamente la inhabilitación durante el período de prueba. As. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. toda vez que desde Savigny se conoce que los criterios deben actuar en forma conjunta y recíproca (Larenz “Metodología de la ciencia del derecho”. pág. ob. en muchos casos decisivo. se señala que el más importante de los criterios de interpretación. 1992. en donde la dialéctica concreta entre la norma y la decisión debe correcta y coherentemente atender las tres perspectivas de lo jurídico: validez.1967. la plataforma teórica. Debate. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. parecen agotarse las formulaciones sobre los argumentos de las respectivas tesis. el debate debe ser planteado en un terreno más amplio. o la validez a la eficacia.
. Menester es destacar entonces. cit. es el teleológico. (cfr. Bs. Klug “Problemas de filosofía del derecho”. con el mismo criterio deberá aceptarse la procedencia de la suspensión del proceso a prueba en el cual se investiga un delito reprimido con prisión e inhabilitación.Si ello es así. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica”. no puede ser indiferente como directriz de la labor interpretativa la previsión de las consecuencias y efectos que pueda tener en la sociedad la aplicación de las normas. pág. 140). en forma conjunta. Madrid. 68). la justicia a la validez. Tecnos.124). Ariel.. Madrid. La labor interpretativa es mucho más ardua y los parámetros delimitadores que la gobiernan aparecen demarcados por (a) la imposibilidad de hacer justicia con total independencia de la ley. 110. Sur. “Teoría General del Derecho”. la histórica y constante réplica a la concepción del juez como mero ejecutor del derecho que signó la evolución del método interpretativo: “la boca muda que pronuncia las palabras de la ley”. Engisch “Introducción al pensamiento jurídico”. pero difícilmente real. tal como se expusiera en el mentado precedente “Vázquez”. Séptimo: Con el panorama descripto y las posturas sostenidas en los distintos pronunciamientos de las salas. Estos dos extremos señalan los contornos entre los que se mueve la tarea. 1966. págs. Si algo enseña la complejidad judicial es a escapar de los esquemas reduccionistas o simplificatorios. 1989. a la par de advertir del error en la polarización de algunos de ellos. Este punto de vista positivista del sometimiento a la ley según la cual el juez es su esclavo dejó de ser defendido ya en la segunda mitad del siglo XIX. 1966. sea del fin subjetivo del legislador u objetivo de la ley (Gimbernat Ordeig “Concepto y método de la ciencia del derecho penal”. Barcelona. Guadarrama. Madrid. Cualquiera de estas tres concepciones en términos absolutos están viciadas de reduccionismos y mutilan los elementos constitutivos de lo jurídico. pág. Por lo demás. y (b) la imposibilidad de aplicar una ley con total independencia de justicia. Bs. pág. pág. Aunque no faltan intentos de establecer una jerarquización de los métodos (vgr.es de “escapar a la doble amenaza del conformismo amoral y de la arbitrariedad subjetiva” (Díaz “Sociología y Filosofía del Derecho”. 1999. Vitale. pág. As. Sentada pues. 77). 1989). 1998). lo que se da en llamar interpretación previsora (Sagüés “La interpretación judicial de la Constitución”. Alchourrón y Buligyn “Análisis lógico y derecho”. Depalma. 234 y 270. Este modelo silogístico deductivo que aún hoy guarda plena vigencia con algunas doctrinas aplicativistas (vgr. Madrid. y tiene que ver con los principios que gobiernan la hermenéutica. eficacia y legitimidad. puede resultar deseable. Alexy “Teoría de la argumentación jurídica. dado que de lo que se trata –como sostiene Díaz con cita de Vlachos. 1991). 40). pretendiéndose reducir la validez a la justicia. Taurus.
Y no se trata de arrogarse ilegítimamente facultades legislativas. Martín Patricio”. ni que una interpretación inadecuada aparezca siendo más restrictiva para la libertad y determinando al sistema judicial hacia el dispendio y la inoperancia. No parece equitativo que el costo por las inconsistencias o los defectos en la técnica legislativa deba ponerse a cargo del justiciable. mérito o conveniencia que escapan a la revisión judicial” (causa n° 418 “Silvera Silva. ninguna de las dos puede tener un fundamento completo. As. 26 del Código Penal. al punto de reconocérsele a sus fallos un sentido ejemplificador . un primero que encierra los delitos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supera los tres años (párrafos 1° y 2°)..
. si bien la opinión que preconizan las posturas restrictivas que enfatizan la literalidad o la supuesta voluntad del legislador no son tan categóricas a la luz de los variados patrones interpretativos –lo que conduce a la reserva sobre el acierto de estas tesis-. Hammurabi. debe adoptarse como doctrina aplicable que: I) El artículo 76 bis comprende dos grupos de ilícitos. dos opciones aquí son posibles: (a) la primera consistente en sostener que la diferencia esencial entre los dos supuestos deriva en la vinculabilidad del juez sólo para el supuesto del cuarto inciso. Y al respecto. estableciéndolo como tribunal de grado superior que atrae para sí las resoluciones discordantes y las unifica. pág.. O en otros términos: es el legislador quien analiza la distinta utilidad de la prevención penal como remedio para determinada clase de criminalidad en base a criterios de oportunidad.(párrafo 4°). no cabe considerar sino que en caso de colisión de dos interpretaciones posibles de un texto legal.Como se dijo. con sus citas). Lo que se trata a través de la lectura postulada es de interpretar de modo coherente la política criminal delineada por los órganos habilitados. 95 y ss. a través de un fallo plenario. y II) Procede el instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación especial en forma conjunta. Por lo demás. con subrayado que nos pertenece).parten de lecturas tan lícitas como defendibles de la cuestión. que conlleva su obligatoriedad vinculante por parte de los órganos jurisdiccionales correspondientes. permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso -art. De modo que entre las posturas definidas corresponde decidirse en favor de aquella menos lesiva para el sujeto y que reduzca el campo de intervención de la justicia penal. y un segundo que comprende a delitos –no incluidos en el primer grupo. Desde siempre se sostuvo que “no es posible revisar judicialmente postulados de política criminal propios de otras esferas de los poderes del estado. n° 66. Bs. voto del juez Casanovas en el plenario “Villarino.que previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años de privación de la libertad. (b) la segunda que reside en defender que la conformidad es exigible tanto en esta hipótesis como en la del inciso primero. reg. el 21/7/95. 1999.. y la uniformidad y legalidad de las decisiones judiciales” (vid. para asegurar la inalterabilidad de las leyes. rta. Por ello “no debe olvidarse el poder interpretativo unificador con que el legislador dotó al tribunal. se arriba a la finalidad política de la casación que se encuentra en la función de uniformar la jurisprudencia con el objeto de asegurar la unidad del derecho objetivo en procura de la seguridad jurídica que brinda la certeza de contenido de las normas jurídicas. s/ recurso de casación”. José G. corresponde puntualizar que cualquier solución descansa exclusivamente en la opción en favor de alguna de las dos posiciones que -imperioso es resaltar. por lo que la decisión a favor de una u otra no puede apoyarse en el mejor fundamento lógico o hermenéutico de alguna de las interpretaciones posibles: estamos ante un conflicto de más o menos libertad (Bacigalupo “Principios constitucionales de derecho penal”. Con base en estas consideraciones. con sus citas).. Octavo: En lo atingente a la tercera cuestión planteada. Es esta concentración del poder interpretativo la verdadera esencia y naturaleza que desde sus orígenes como órgano único y específico del estado ostenta la Casación.
Saenz. y de modo sintético. cit. Reynaga. Bs. ob. Orgeira-Vaiani. cit. pág. Almeyra. 365. para lo cual -claro está.946). pág 1278. cualquiera que esta sea. solo su negativa fundada -dado que no puede quedar librada a la arbitrariedad-. cit. Ríos. hoy órgano independiente. Sólo tiene relevancia en cuanto a la manifestación negativa tendiente al acordamiento. Sala II. 181 ). cit. ob. Va sin decir también. García. también el voto del doctor Riggi en causa “Córdoba Grande. rta. pág. a denegar la petición a pesar de la opinión favorable del representante del Ministerio Público Fiscal. cit. Y si por vía de hipótesis ha de sostenerse que la suspensión del juicio a prueba constituye una excepción al principio de legalidad.. ob. “Roitman.. ob. en tanto que.. rta. el 8/7/98. el 30/10/98. 838).. Vitale. y muy a pesar del sentido que recoge la jurisprudencia de las restantes salas de esta cámara (vid. 949. “Olivares Cusín. pág. y la ley acuña el precepto “consentimiento”. conlleva la necesaria conformidad del Ministerio Público Fiscal. Ochoa. pág. pese a tener el Ministerio Público a su cargo el ejercicio de la acción penal. pág. 1352. se requerirá tan sólo para el supuesto previsto en el cuarto párrafo del artículo 76 del Código Penal (vid. ob. Tamini-Freeland. causa n° 518 “Asenjo. Adrián s/recurso de casación”. Claudio Martín s/recurso de casación”. 1090. En resumen. En cuanto hace al núcleo de este interrogante.. resulta vinculante para el órgano decisor (vid. cit. cit. Kent-García Torres. Molero... 25. el 23/9/96).. Jorge Antonio s/recurso de casación”.. Noveno: Finalmente. 858. Bovino. Sin embargo. reg. ob. pág. 503. cit. citada). rta. de los intereses legales de la sociedad. sólo cabe apuntar que la envergadura en función de la gravedad de los montos punitivos de los delitos que puedan dar lugar a la hipótesis del cuarto inciso. cit. Oscar Genaro s/recurso de casación”. 605. si no se quiere caer en un burdo paternalismo o desatender la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio contenidos en la Constitución Nacional. vid. voto del juez Casanovas en la causa n° 737. ob. pág. 815. Sala I. rta. cit. pág. ob. Editores del Puerto. Saez Zamora-Fantini ob.Un señalamiento previo fuerza a indicar que con la última reforma de la Constitución Nacional el Ministerio Público Fiscal. pág. en el mismo sentido Maier. puesto que ello refleja la voluntad de continuar con el ejercicio de la acción penal. As. Nada impide al tribunal. 1488).” (art. cit. el 17/10/95.la actual impronta doctrinaria en favor del mayor protagonismo de la víctima en materia penal y. de admitirse la tesis amplia. no puede desatenderse -en primer lugar.debe articular la acción penal ante todo delito del que tome conocimiento (art..no quedará para su partidario otra posibilidad que declarar su inconstitucionalidad y reclamar la modificación de la ley misma. a través de un criterio de oportunidad expreso o reglado (Caferatta. en lo que respecta a su intervención en el proceso
. particularmente. Véase que desde la postura restringida siempre es requerido el dictamen fiscal favorable (vid. Tomo I. Sala IV. pág. “Derecho Procesal Penal”. en punto a la encuesta que se formula en relación a la legitimación recursiva del querellante más allá del monto de la reparación. pág. op. cit. ob. no debe obviarse que la crítica que invoca tal excepción apunta al establecimiento del propio instituto y no a su interpretación. Fundamentos.. Rodrigo s/recurso de casación”. pág. 180. De ello puede inferirse que -a tenor de lo normado en el artículo 71 del Código Penal. tiene por función “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad. ob.. cit. y en atención a la caracterización de la primera de las cuestiones.. ob. la vinculación del tribunal con la pretensión del fiscal no es de carácter estricto. cit. pág. Solimine. que el consentimiento fiscal no puede reemplazar la petición del imputado. causa n° 1492 “Campitelli. pág. 120). ob. solo cabe sostener la pretensión fiscal vinculante como dictamen desfavorable al otorgamiento en la hipótesis del cuarto párrafo del artículo 76 bis. 1143. cit. pág. 1996. 417. atento a la vinculación relativa. 25 de la ley n° 24. ob. habida cuenta que ésta es un presupuesto general de aplicación del instituto y debe concurrir en cualquier hipótesis. n° 283. Por otro lado.
Schneider “La posición jurídica de la víctima del delito en el derecho y en el proceso penal. aprobó por consenso la resolución 40/34 y la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder” en las que se recomienda que se adopten medidas a diversos niveles para mejorar el acceso a la justicia y el trato justo a las víctimas de delitos. 136. pág. al aprobar la Declaración. 1992).XXXIV “Santini. en una concepción igualitariamente digna con la de la persona del encausado. especialmente en cuanto hace al ejercicio de la acción penal. el 13/8/98).401. San Sebastián. 1989. párrafo primero. que por la acordada n° 2/94 solicitó la integración y puesta en marcha de la oficina de asesoramiento y asistencia a la víctima y testigos que estableció el nuevo ordenamiento procedimental. en los planos internacional y regional. rta. De esta manera. la que aún a la fecha no ha sido creada. Maier “La víctima y el sistema penal” (en) “De los delitos y de las víctimas”. Libro-Homenaje al profesor Antonio Beristain”. en cualquier etapa de desarrollo y en todos los sistemas.(vid. como posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617. Ad-Hoc. al sostener que “todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el artículo 18 de la Constitución Nacional. hace cuanto menos una década que los organismos internacionales dirigen recomendaciones en el sentido de dotar de mayor participación a la víctima dentro del sistema penal. sin perjuicio de la acción civil) cuanto del imputado. del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (causa n° S. Y esta preocupación por la víctima debe ser correlativa con la adopción de criterios eficaces que resguarden de modo útil la exigencia de la tutela judicial de sus derechos. sin discriminación. es coincidente con el que reconocen los artículos 8°. 99 y ss. El 29 de noviembre de 1985. Los Principios Fundamentales se aplican. se adoptaran medidas para establecer medios de proporcionar un recurso a las víctimas cuando los procedimientos nacionales resultaran insuficientes. Bs. en “Criminología y Derecho Penal al servicio de la persona. entre otros). dentro del procedimiento penal. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14. en donde se sostuvo que todo aquel a quién la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus
. Alejandra Valentina s/homicidio culposo”. circunstancia que debe obligar a renovar la inquietud del cuerpo en ese propósito. considerando 2°). Bs. La Asamblea General.N. Ángelo y otra s/su solicitud por denegación de justicia en la causa n° 27. de la República Federal Alemana. y que se les otorgue reparación. 305:2150. Ello en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el artículo 18 de la Carta Magna y cuyo alcance.XXXII. “Santillán. en un balance que indica una valorización equivalente que les asegure el carácter de protagonistas del proceso penal.. 1997. del 3/12/98. recomendó que. Bovino “Problemas del derecho procesal penal contemporáneo”. mediante resarcimiento o indemnización. la Asamblea General de la O. 1009... En este sentido debe relevarse la preocupación de esta cámara.). así como a todas las víctimas (Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente. Bs.. que asegura a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma (Fallos: 268:266.1. Eser “Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal”. la Corte Suprema de Justicia de la Nación le reconoció facultades activas. Efectivamente. a todos los países. aparecen reiterados por la corte nacional en la causa n° S. del Consejo de Europa y de Naciones Unidas”. sicológica y social que sea necesaria. así como la asistencia material. Editores del Puerto. As. se procura garantizar la persona del damnificado con su reconocimiento como efectivo sujeto de derecho. pág. Editores del Puerto. 27 de agosto a 7 de septiembre de 1990). As.480" “González. 1998.U. La Habana (Cuba). médica. Así. lo que también se releva positivamente respecto del instituto en cuestión (Cafferata Nores “Cuestiones actuales sobre el proceso penal”. Nuevos desarrollos en la política criminal de los Estados Unidos. As. Francisco Agustín s/recurso de casación”. Estos preceptos. tanto más si el instituto apunta al beneficio de la víctima (por vía de la reparación económica del daño. Hirsch “Acerca de la posición de la víctima en el Derecho penal y en el Derecho procesal penal”.
P. Los señores jueces doctores Eduardo Rafael Riggi. pág. Juan C. cual puede ser la base para otorgar distinto tratamiento a quien acude ante un tribunal peticionando el reconocimiento o la declaración de sus derechos -así fuere el de obtener la imposición de una pena. Gustavo Mitchell. reg n° 8/93. Décimo: En conclusión. Ana María Capolupo de Durañona y Vedia. 26 del Código Penal.derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional. 29). corresponde pronunciarse en favor de la legitimación autónoma del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. Rodríguez Basavilbaso. Al respecto.. un primero que encierra a aquellos que tienen prevista una pena de reclusión o prisión cuyo máximo no supera los tres años (párrafos 1° y 2°). 1995. en el tiempo y en el espacio la sentencia. IV) El querellante posee legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. Bosch. en mérito a las consideraciones expuestas. Raúl R.(párrafo 4°). n° 40) de esta Cámara Nacional de Casación Penal de fecha 12 de febrero de 1999. tanto este conjunto de actividades que posibilitarán. II) Procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito imputado tiene prevista pena de inhabilitación especial en forma conjunta. permiten el dictado de una condena cuyo cumplimiento puede dejarse en suspenso -art. puesto que la carta fundamental garantiza a todos los litigantes por igual el derecho a obtener una sentencia fundada previo juicio llevado en legal forma. colaborar y coadyuvar en el referido proceso. Liliana E. Madueño.” (causa n° 5 “Acervo.y el de quien se opone a tal pretensión. previendo la ley penal un máximo de pena superior a los tres años de privación de la libertad. No se observa. ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si éste existe y tiene fundamento en la Constitución. Hornos y Juan E. sea que actúe como acusador o acusado. como la adaptación a derecho de este acto jurisdiccional (Suau Morey “Tutela constitucional de los recursos en el proceso penal”. Gustavo M. Por lo demás. como demandado o demandante. y un segundo que comprende a delitos –no incluidos en el primer grupo. rta. comprende dos grupos de delitos. de manera que el sujeto que no logró un pronunciamiento judicial que lo reconozca como tal no puede acceder a esta instancia extraordinaria. Alfredo H. no debe dejarse de aclarar que para ejercer la vía impugnativa el recurrente debe encontrarse debidamente habilitado para interponer el recurso pues tal como lo ha sostenido esta sala “cuando el artículo 460 menciona a la parte querellante lo hace dando por sentado que esa calidad no se encuentra en discusión. Catucci. controlando a través del recurso.de que se trate (Fallos 268:266). debe adoptarse como doctrina aplicable que: I) El artículo 76 bis del C..P. Bisordi. Néstor Horacio s/recurso de casación”. el 31/5/93). dijeron: La Resolución (S. Amelia L. Barcelona. nos convoca a expedirnos respecto del instituto “De la suspensión del
. III) El dictamen del fiscal desfavorable es vinculante para el órgano decisor a fin de resolver la suspensión del juicio a prueba prevista en el cuarto párrafo del artículo 76 bis del C. no debe soslayarse que el derecho al recurso es un medio imprescindible para que los que son parte puedan. W. referente a ésta última cuestión. Consecuentemente.. Fégoli. Berraz de Vidal.J.que. cualquiera que sea la naturaleza del procedimiento -civil o criminal.
el artículo 76 bis del Código Penal contempla un único supuesto que concentra todos los requisitos exigidos para la concesión del beneficio. se intenta además contribuir a un mayor control de esta franja de conductas delictivas. para así aplicarla al caso concreto. Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación en Antecedentes Parlamentarios. se introdujo en nuestro ordenamiento penal vigente el instituto de la "suspensión del juicio a prueba" con el objeto de evitar la imposición innecesaria de penas a personas que.que implica la imposición de una pena (sustituyéndola por una serie de reglas de conducta) y procurando su rápida reintegración a la sociedad.O. permitiendo "obtener un rendimiento mejor que el observado hoy por la sociedad" (conf. y la otra para los supuestos en que razonablemente se pueda pensar que la pena será en suspenso (sin límite en la amenaza penal abstracta). excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación. y de acuerdo al restante. esta norma plantea dos hipótesis: una relativa a los delitos con pena de prisión que no exceda de tres años. abstracta y genérica por naturaleza. PRIMERO: Observamos en nuestro análisis y desarrollo argumental. recordamos que el interpretar la ley requiere de una investigación de carácter dogmático cuyo objetivo es descubrir su sentido. Asimismo. Ahora bien. la aplicación de esta moderna técnica posibilita la descongestión de puntos críticos de la organización judicial argentina. se consagra excluir del juzgamiento penal -mediante la paralización del proceso. en cuyo caso será necesario el consentimiento fiscal para suspender el juicio. II) Procedencia o no del instituto cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación. p. Así advertimos que -genéricamente y con ciertos matices.316 ha traído numerosos inconvenientes en su aplicación práctica. del 19/5/94). habiendo cometido delitos de escasa gravedad. las que anteriormente hubiesen sido castigadas con condenas de ejecución condicional sobre las cuales no se ejercía contralor alguno.la gran variedad de delitos conminados con penas que no superan los tres (3) años de prisión.316.316 al Libro Primero del Código Penal. por el contrario. ter y quater del título XII.juicio a prueba” regulado por los artículos 76 bis. III) Carácter vinculante o no del dictamen fiscal en la suspensión del juicio a prueba. sin perjuicio de efectuar un breve relevamiento de consideraciones relativas al instituto que nos ocupa. En efecto. año 1994 N° 2. Para resolver esta disyuntiva. sancionada el 4 de mayo de 1994 y promulgada el día 13 del mismo mes y año (B. constriñendo el debate al siguiente temario: I) Pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal. y IV) Legitimidad o no del querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba. evitando el mal -la estigmatización que dificulta su resocialización. Según el primero de ellos. 18).se han generado dos criterios interpretativos mayoritarios. comúnmente denominados "insignificantes" o "de lesión mínima al ordenamiento jurídico" o "faltas de baja potencialidad ofensiva" o "delitos de bagatela". el orden establecido en el descripto temario aprobado. sin otras exigencias (al interesado le bastará con ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible). Con la ley 24. con lo concreto y variable del caso particular" (Vincenzo Manzini en
. en beneficio del delincuente primario u ocasional. la ambigua redacción de la ley 24. La Ley. agregado por la ley 24. se sometan a los requisitos previstos en dicha norma. Mediante este sistema. Es una operación que busca "poner de acuerdo a la ley penal.
XXVII. los que atacan los bienes jurídicos que más deben ser protegidos. aun con el fin de adecuación a principios y garantías constitucionales. durante la discusión del proyecto en el Congreso.se tendría que afirmar que para el segundo supuesto -delitos con pena máxima de más de tres años.. susceptibles de condenación condicional. Astrea.. en definitiva. rta. pero además la misión judicial no se agota en ello. Parte General". ésta debe ser tomada en su totalidad. que preveía el proyecto enviado por el P. En efecto. ob. "es la regla más segura de interpretación la de que esos términos no son superfluos sino que han sido empleados con algún propósito. cit. aun cuando -de lege ferenda. no pueden prescindir de la intención del legislador y del espíritu de la norma. ya que fuerza -a nuestro juicio. Asimismo repárese en que "en el proceso legislativo se suprimió expresamente la posibilidad. entendemos que excede el marco legal y el ordenamiento jurídico restante en su conjunto. 254.pudiera resultar más útil para aliviar el funcionamiento del sistema judicial. Hernández. y otra". y en función de las demás razones y fundamentos que se expondrán. Martín Alejo y otra s/ nulidad de resolución". 324). K.sólo se requiere el consentimiento fiscal sin que se exija la necesaria solicitud del interesado al respecto. cuando en la ley se emplean varios términos sucesivos. 78). Teniendo todo ello presente. extremo que resulta inaceptable en nuestro sistema republicano. íntegra. que consagraría una mayor discrecionalidad judicial y. podría imponer severas reglas de conducta a una persona cuyo estado de inocencia no ha sido desvirtuado por una sentencia condenatoria. E. el 5/12/92). XX. c/ Jujuy.E. de manera que las conclusiones armonicen con el ordenamiento jurídico restante y con los principios y garantías de la Constitución Nacional" (conf. debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu” (V. el que debe buscarse no en significaciones oscuras o abstractas sino en el sentido más obvio al entendimiento común” (conf. rta. las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable. pues de acuerdo con la separada lectura del cuarto párrafo del artículo. "Vera González. sin fraccionarla ni dividirla. ya que el significado de sus vocablos puede variar al separarlos del resto del texto (conf. y de menor efecto estigmatizante. de conceder la suspensión también en caso de penas mayores a tres años. Si los bienes
. p. el 23/12/92). Asimismo. Diputado Antonio M. Ad Hoc. manifestó que ". todo esto. ofreciere hacerse cargo de reparar el daño en la medida de lo posible. La otra hipótesis (la amplia). el Miembro Informante de la Comisión de Legislación Penal. a su vez. otorgaría mayores posibilidades de aplicación a la “suspensión del juicio a prueba”. en cuanto servidores del derecho para la realización de la justicia. es expresa en el debate parlamentario" (conf. Luis M. apreciamos que la conclusión adecuada sobre el sentido jurídico que debe acordársele a la norma en estudio es la que conceptúa que el artículo 76 bis del Código Penal plantea un único e indivisible supuesto en virtud del cual se podrá conceder el beneficio de la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años. debemos tener presente que para la interpretación de una norma. rta. sean condenados como corresponde. 171. 1996. García "Suspensión del Juicio a Prueba". 50. Provincia de s/ daños y perjuicios".E. y sin la expresa petición concreta del interesado de someterse al régimen del instituto en estudio. También ha expresado el Alto Tribunal que no es admisible una interpretación de la ley "que equivalga a prescindir del texto legal si no media debate y declaración de inconstitucionalidad. en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. "Kasdorf SA. al principio de inocencia y al derecho a obtener una decisión judicial definitiva que resuelva su situación ante la ley y la sociedad. Ed. pues la exégesis de la norma. Alcídes Juan c/ Radio y Televisión Riojana S. el tribunal con la sola conformidad fiscal. "Estado Nacional c/ Rudaz. p. Ed. Buenos Aires."Tratado de Derecho Penal". La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho reiteradamente que "La primera fuente de interpretación de la ley es su letra. Y esto último se traduce en una afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio. y que. ya que los jueces. 81). 1992. La voluntad de votar una ley más restrictiva que la que había propuesto el P. Ello así.E. citado por Carlos Creus "Derecho Penal. Creus. siempre que él lo solicitare. pág.. la institución del juicio a prueba va a significar no sólo la viabilización del nuevo código de procedimientos en materia penal sino la posibilidad de que a través del nuevo procedimiento oral penal los delincuentes que más ofenden a la sociedad argentina. y mediase consentimiento Fiscal. el 95-05-04).la interpretación al extremo que -de ser consecuentes y observando un ejemplo. XXII.
316 cuando establece que: "Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación" (artículo 76 bis del Código Penal. el entonces Senador Fernando De La Rúa (Conf.. el 7/3/97. SEGUNDO: Siguiendo con el estudio propuesto. Hemos establecido como límite para la aplicabilidad de la suspensión del juicio la reclusión o prisión de tres años. y nosotros sabemos la situación de colapso en que se encuentra la justicia correccional de la Capital Federal. o sea los delitos de menor entidad. N° 1259 del 29/11/96. Gabriel F. N° 189/98 del 15/5/98 y N° 1513 “Patiño. N° 785 "Sarril. quien ante la propuesta del Senador Alberto Rodríguez Saa de aplicar el instituto de la suspensión del proceso a los delitos cuya pena no exceda los seis años. Cada uno puede tener un enfoque distinto con relación a los delitos que pretende incorporar a esta figura. N° 2038 del 16/6/98). b) que fuese aplicable al caso la condena de ejecución condicional. Dicha generalidad que presenta el texto legal no logra satisfacer autónomamente el verdadero alcance o sentido que debe asignársele. Estos. Juan Augusto s/recurso de casación". desde un principio advertimos que el referido dispositivo legal no efectúa distinción alguna en cuanto al carácter de dicha pena como principal. Reg. Jorge Nelson y Pirro. Antecedentes Parlamentarios. de casación” Reg. cuando señaló que ".". c) que el imputado ofrezca hacerse cargo de la reparación de los daños del delito. s/recurso de casación”. Bernardo Javier s/ rec. y aclaró que ".a su literalidad y además a la voluntad del legislador. año 1994 N° 2. Carlos José s/ rec. N° 238. Patricia s/rec. de casación” Reg.. s/ rec. conjunta o alternativa. permite una mayor celeridad en la administración de justicia y su avocamiento a los delitos de mayor envergadura que son los que más costos (económicos y sociales) producen . N° 1552 “D’amico.. de queja"." (conf. y N° 794 “Villalba. Ricardo Alberto s/recurso de casación". del 30/8/94. que en la mayoría de los casos -sobre todo en muchas provinciasculminan en los procesos correccionales. Decimos rápidamente que para que se pueda suspender el juicio deben darse cuatro condiciones: a) que el delito tenga una pena menor de tres años. Jorge Antonio s/ rec. Claudio M. el 20/2/98 de la Sala IV.personales y materiales con que cuenta la administración de justicia son destinados a juzgar los delitos más graves. y causas N° 471 "Muñoz Saavedra. N° 2091 del 13/3/98 de la Sala I. s/ rec. último párrafo). N° 1132 rta. N° 548 "Fortes. N° 1802 del 3/10/97. s/rec. N° 1936 del 4/12/97 y N° 1621 “Aquilino. en la Capital Federal. Se trata de aquellos casos en donde el juez se muestra muy diligente con condenas a veces inútiles o injustas. o sea la instrucción. Cristian s/recurso de casación". s/recurso de casación".. Este también fue el sentido que la Sala II de esta Cámara otorgó a la ley 24. En la misma inteligencia se pronunció el Miembro Informante de la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios.. ni diferencia un orden o escala de gravedad referente a las penas de inhabilitación y prisión. Ver asimismo causas N° 923 “Celestino. 95. diría muy menores. Reg. La Ley. pero de ninguna manera es para aquellos delitos mayores o que tengan que ver con bienes jurídicos sobre los que el Código tiene una más alta consideración .. Senador Augusto Alasino. año 1994 N° 2. N° 1500 del 17/10/97. a pesar de no compartir la oportunidad ni la técnica utilizada. Leonardo M. pero es prudente pensar que los tres años prefijados están encaminados simplemente hacia delitos menores. de casación” Reg. La Ley. causa “Agüero.. 125 y 160). de casación”. no la primera parte del proceso. Juan s/recurso de casación" rta. extremo que nos impone efectuar su interpretación. Aclaramos que lo que [se] suspende es el juicio. 94. Viviana Adriana s/recurso de casación” Reg. Anibal A. Reg... y d) que el imputado abandone en favor del Estado los bienes que resultarían decomisados en caso de condena" (Conf. Fernando A. de casación”. parágrafos 34 y 41). de casación” Reg. entre otras). Antecedentes Parlamentarios. Fernando s/ rec.. Carina Verónica s/ rec.. Diego A. parágrafos 90. N° 1420 “Multisanti. se modificará la credibilidad en la justicia penal . obviando la celebración del juicio en los casos de menor cuantía. N° 190/98 del 15/5/98 de la Sala III. de casación”. causa N° 230 "Monti. y causa N° 1580 “Wasyluk. También coincidió con esta posición. a los principios e
. N° 618 "Pirro. Reg. ahora en cuanto al alcance que cabe otorgar a la ley 24. Al limitar su aplicación a los delitos cuya pena no exceda los tres años. los votos en minoría del doctor Eduardo Rafael Riggi en las causas N° 1510 “Córdoba Grande. de casación”.". son de competencia de los jueces correccionales. N° 656 "Bafaro. Reg. manifestó que ".. s/recurso de casación". atendiendo -como ya hemos dicho. N° 667 "Gorosito. N° 741 "Tassile. 91.316.
Reg. por considerar que esta última sanción penal tiene un efecto y consecuencias diferentes que. N° 859 "Arasco. Si bien es cierto que en una intervención posterior -al tiempo de contestar las observaciones formuladas por otros señores Senadores. a aquellos casos de delitos que pudieran ser reprimidos con pena de prisión únicamente. N° 1055 “Faingenbaum. Adrián Andrés s/ rec. alcancen su culminación con la sentencia definitiva para proveer a la corrección de la conducta que al Estado le interesa (conforme exposiciones del señor Diputado Antonio M. N° 1978. pág. Entendemos que la inhabilitación. También limitamos este instituto en nuestro proyecto. causas N° 518 "Asenjo. prohibiéndose en los supuestos de delitos reprimidos con prisión e inhabilitación. N° 2335
. 17/10/95. A ello se suma la voluntad del legislador que aparece evidente desde el inicio de la labor parlamentaria. al médico que cometió este delito provocando una ceguera total. En esa inteligencia. decasación”. al día siguiente de cometerlo. y N° 1621 “Aquilino. reunión -continuación de la 1a. 40). n° 2.316. s/rec. Reg. sobre la base exclusiva de un argumento brindado "como ejemplo" -no con la intención de ampliar el institutoluego de desarrollar ciertas precisiones sobre su finalidad. de casación". el 22/4/98. Hernández. un caso de mala praxis médica que ocasionara la pérdida de la vista a la víctima. conceptuamos que el aislado ejemplo utilizado fuera de contexto del tema concreto en tratamiento.. Reg. Ricardo Ariel s/rec. Ariel Ricardo s/ rec. op. N°: 774. N° 1390 del 24/2/97. no debe asimilarse a una contradicción que logre desvirtuar lo categóricamente definido. causa N° 1430 “Herrera. cuando la Comisión de Legislación Penal de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación incluyó dicha prohibición apartándose del proyecto originario del Poder Ejecutivo. N° 1975 rta. todas estas penas están vinculadas con una actitud profesional o una cualidad del agente. 1446/1447).(ver Antecedentes Parlamentarios citados. este es también el criterio sostenido por tres Salas de esta Cámara Nacional de Casación Penal. Por otro lado. que eventualmente debía tener para cometerlo" (Antecedentes Parlamentarios. junio 16 de 1993. causa N° 1499 "Drab. Gustavo s/ rec. el propio legislador recurre a dar un ejemplo que podría inducir a confusión. Ello así deriva del análisis de los antecedentes parlamentarios. N°: 1093. donde se infiere que se ha considerado necesario que los juicios seguidos por la comisión presunta de ilícitos que aparejan impericia o inobservancia de deberes o reglamentos a cargo del agente. Reg. Si se aplicara este instituto. el 14/5/98. Pablo Luis s/ rec. el 1/10/98. y por el doctor Eduardo Rafael Riggi -en minoría. sesión ordinaria-. N° 2091 del 13/3/98 de la Sala I. en el caso de que el delito tenga pena excluyente o secundaria de inhabilitación. causa N° 1509 “Lorín. Juan Carlos s/rec. el 7/9/98. N° 1940 rta. obviamente sin desentendernos de la integridad de la norma que genera este instituto. N° 2171 rta. Senador Augusto Alasino. rta. de casación".. podría continuar con su tarea como si nada hubiera pasado. parágrafo 88). de casación”. quien incluyó el homicidio culposo en la lista acompañada de delitos susceptibles del beneficio que consagra este instituto. Reg.. Juan Pablo s/ rec. rta. En un sentido coincidente se pronunció el señor Miembro Informante de la Comisión del Senado sobre Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios. Reg. de casación". En esa tarea. no lo es menos que lo definido y precisado dogmáticamente -detallado "ut supra". causa N° 1392 “Gianni.. después de afirmar que ". de casación” Reg. 8a. rta. 14/8/96. Lo propio ocurre con la inserción del señor Diputado Víctor Hugo Sodero Nievas. Fernando s/ rec. tal como sucede con el artículo 26 in fine del Código Penal. el 14/5/98. Claudio M. de casación”. Reg. Gabriel José s/ rec. de ningún modo deberían dejarse de aplicar. Esto también es entendible. comenzamos advirtiendo que el contenido concreto de la redacción legal es claro en cuanto excluye la aplicabilidad de la suspensión del proceso a prueba a los delitos para los que se encuentra establecida sanción de inhabilitación. La Ley 1994. Antecedentes Parlamentarios de la ley 24. así como de la totalidad del ordenamiento jurídico vigente. de casación” Reg. de casación”.en la Sala III del Tribunal (confr. de casación”. N° 2209. porque. causa N° 1620 “Acceta. debe ser de cumplimiento efectivo" (Diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación.. cit.no merece una interpretación que controvierta tan claras y categóricas afirmaciones. parágrafo 158). señalando que no procede la suspensión del juicio ".intereses que lo animan. Supongamos al respecto. págs. Reg. rta. causa N° 1767 “Gatto. indudablemente.
causa N° 860 “Sordetti. Nótese que el Diputado Antonio M. N° 517 “Rogante. es la que se concilia mejor con el criterio rector de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la interpretación de las leyes -expuesto “ut supra” (ver considerando primero). Diego Alejandro s/ rec. por la Sala II en causa N° 1499 “Drab. y N° 987 “Ortiz. que éste no se lleve a cabo siempre y cuando se establezcan determinadas reglas de conducta. Reg. N° 807 rta. de casación”.rta. tal como adelantáramos.. de casación" Reg. rta. En consecuencia. N° 1390 del 24/2/97. el 15/12/98. el 8/7/98. N° 1975. dado que la negativa de este último enerva la posibilidad de aplicar este instituto" (conf. Adolfo Luis Tamini y Alejandro Freeland López Lecube.y en el Código Procesal Penal de la Nación (artículos 65 y cc. Antonio s/ rec. expresando en forma clara y concisa que ". Rodrigo s/ rec. entre otros de las distintas Salas). N° 1974 rta. Ramón s/ rec. Sección I. de casación” Reg. y causas N° 468 "Muraca. Reg. Gustavo s/ rec. de casación” Reg. causa N° 1767 “Gatto. de casación”. Reg. N° 859 “Arasco.en la reciente Ley Orgánica del Ministerio Público (N° 24. el 14/5/98. y por la Sala IV (voto del doctor Hornos “Faroldi. de casación". L. Reg. N° 774 del 17/10/95. Cámara Nacional de Casación Penal en las causas N° 518 "Asenjo. 'La probation y la suspensión del juicio penal a prueba'. cuya opinión adversa constituía un impedimento para otorgar el beneficio. 863 del 20-697 y causa N° 741. También el Senador Augusto Alasino se pronunció sobre la cuestión. N° 1993 rta. Susana Catalina s/rec. artículo 25): "a) Promover
.... rto..de permanente cita y observancia por este tribunal (conf. casación”. Reg. de casación”. advertimos que la norma así interpretada guarda absoluta coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. casación”. N° 2171 rta. Es que el carácter vinculante de la oposición fiscal deriva de que a esa parte le incumbe la promoción y el ejercicio de la acción pública por mandato del artículo 120 de la Constitución Nacional. Alberto s/ rec. Rodolfo A. Adrián Andrés s/ rec.). 'Reflexión sobre la implementación de la ley 24. sancionada el 11/3/98 y promulgada parcialmente el 18/3/98. el 15/12/98. Reg. el juez deberá también recurrir al consentimiento del fiscal. La Ley. el 15/5/98 de la Sala III. Juan C. y N° 1418 "Ruffini.L. y particular concordancia con el art. luego de realizada la primera parte del proceso penal y antes del juicio. Reg. habida cuenta del rol que el ministerio público tiene en el juicio oral en función requirente (en similar sentido confr. de casación”. de la Sala II. además de la reparación del daño causado por el delito". siendo su oposición vinculante para el Juez o Tribunal. Antecedentes Parla-mentarios. N° 1390 rta. y Daniel Sáez Zamora. 1098 del 2-2-98). 6/3/97. de que esa facultad privativa se encuentra expresamente prevista no sólo en la ley que estamos estudiando -como ya se ha visto. 14/4/97. En esta última resolución claramente se advirtió que ". de casación”. Hernández (conf. entendemos que la exégesis adoptada. del 30/8/ 1994. Claudio Martín s/ rec. Reg. Reg. L. causa N° 1509 “Vázquez. de casación". Ricardo s/ rec. N° 1422 del 12/3/97. de casación”. Reg. 4/8/98 de la Sala IV. N° 772. “Tassile. Jorge Hugo s/ rec. rta.L. del 23/3/98). Esa y no otra es la intención que ha tenido el legislador. N° 2075 rta. Gabriel José s/ rec. N° 2335 rta. N° 1074 “Sartini. año 1994 N° 2. rta. parágrafo 87). Reg. Antecedentes Parlamentarios. el 7/9/98. Reg. N° 1093 del 14/8/96. causa N° 1626 “Muchewicz. B. cuando señala entre las funciones que corresponden al Ministerio Público (Título II. N° 191/98. el 13/12/96. consideramos que es una condición necesaria e ineludible para suspender el juicio en los términos del artículo 76 bis del Código Penal. En igual sentido. de casación”. resultaba necesaria la expresa conformidad del fiscal de la causa. año 1994 N° 2. s/ rec. y en particular.O. del 25/8/1995). entre otras). s/ rec. causa N° 1492 “Campitelli. Reg.. TERCERO: En cuanto al consentimiento del representante del Ministerio Público Fiscal. causa N° 1392 “Gianni. N° 1731 del 26/8/97. de casación”. Dante Justo s/ rec. La Ley. Emilio M. sino también -en consonancia con la referida norma constitucional. Oscar Alberto s/rec. de casación". de casación” Reg. el 14/5/98. de casación” . 26 del Código Penal. Fallo Plenario N° 4 de esta Cámara "Jalile.946. que expresamente establece la exclusión de la condena condicional respecto de las penas de multa o inhabilitación. Acuerdo N° 5/96. el 22/5/98. Ricardo Ariel s/ rec. el juez puede resolver. Por lo demás. parágrafo 25) explicaba que "cuando se trata de delitos de acción pública que no tienen una pena mayor de tres años. N° 1055 “Faingenbaum. Dicho criterio ha sido seguido también por la Sala I de esta Excma. s/ rec. con acuerdo del imputado y del fiscal.316'.
. no ejerce jurisdicción sino que manifiesta su voluntad de continuar ejerciendo la acción. depende de la conformidad fiscal" (Luis M. es una flexibilización del principio de legalidad que existe en la materia". o de poca peligrosidad. Ed. . en Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal. año 1994 N° 2. Adrián R. no está de más mencionar que -a nuestro juicio. cuando el fiscal expresa su oposición a la suspensión del proceso. y que en particular. siempre que las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la pena aplicable y hubiese consentimiento Fiscal.316. establece que: "Cuando se tratare de
. García.. otra razón -puesta de manifiesto por el doctor Eduardo R. ocasionales. y en inequívoca referencia a leyes especiales como la que nos convoca. Por otro lado. b) Representar y defender el interés público en todas las causas y asuntos que conforme a la ley se requiera. ...316) sólo procede en los casos de delitos de acción pública reprimidos con penas cuyos máximos no excedan de tres años. de casación”. 365). de casación" de la Sala I de esta Cámara (Causa N° 802 bis..".. reiteramos -conforme con lo expuesto precedentemente. cit. rta. sin duda alguna la forma en que se expiden está sujeta al control de su legalidad y fundamentación. advertimos otro argumento que también confronta con la posibilidad de sostener la interpretación amplia y que consolida el acierto de la conclusión que sostenemos al respecto. la conformidad fiscal resulta imprescindible para suspender el juicio. En esa misma linea.. Héctor s/rec.. encontramos de interés para definir el sentido que corresponde acordar a la ley 24. ".la concesión o el rechazo de la medida solicitada por el imputado (Sala IV en causa N° 634. pág. la mencionada Ley Orgánica del Ministerio Público (24. el 30/10/97). En concordancia con ello.. sin duda alguna pensado para delincuentes primarios. rta. y su oposición "es vinculante para el tribunal.. Por todo ello. con lo cual se frustraría el régimen legal de la condena de ejecución condicional (que expresamente se mantuvo en esta reforma). como es el de la oportunidad". N° 1023.que se advierte a partir de las expresiones del Diputado Antonio M. que carece de poderes autónomos para su promoción y ejercicio. cuando ". Hernández (Conf. 1996. pues la ley no se contenta con la mera 'citación' o 'traslado' al fiscal.que el imputado condenado por otros hechos con anterioridad (en suspenso o a cumplimiento efectivo) obtenga mediante la suspensión del proceso lo que no podría lograr por la vía del artículo 26 del Código Penal. ob.946) en su artículo 29. toda vez que se llegaría a la incongruencia de que un imputado por delitos con pena menor a los tres años. “Roitman. el 31/5/96)... el tribunal. s/ rec. Antecedentes Parlamen-tarios. Ad Hoc. Ver también en el mismo sentido la causa "Dyke. p. y que. Y puesto que la suspensión del proceso a prueba no es otra cosa que la suspensión del ejercicio de la acción penal. y a adoptar una interpretación contraria al sentido más obvio al entendimiento común.. Ahora bien. y cumplidos los demás requisitos exigidos por la norma. pero una vez que se cuenta con el beneplácito del representante del ministerio público. c) Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales . La Ley. sino que exige consentimiento" (conf. tal como se expresara. Reg. la que no podría obtener por la vía del artículo 26 del Código Penal. 365). Por último. Observamos así que dicha conceptualización nos llevaría a prescindir del texto expreso de la ley sin mediar declaración de inconstitucionalidad a su respecto. Riggi en su voto en los pronunciamientos ya citados “Córdoba Grande” y “Patiño” de la Sala III. Por ello. violentando su letra y su espíritu. García "Suspensión del Juicio a Prueba".la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. el cual queda demostrado por el absurdo de suponer -en el caso de interpretar la existencia de dos supuestos. pudiera conseguir su libertad mediante la suspensión del juicio a prueba. Por ello.que la suspensión del juicio a prueba (ley 24. y ello sin tener que cumplir con el término previsto en el artículo 27 del mismo cuerpo legal. tampoco tiene poder de decisión sobre la suspensión de ese ejercicio. bajo el título "Principio de Legalidad". los jueces tienen amplias facultades para decidir -fundadamente. señaló que ". desde hace tiempo se requiere el establecimiento de otro principio. resulta manifiestamente contrario a los fundamentos de este instituto. aun cuando haya sido condenado (en suspenso o con cumplimiento efectivo) por otros hechos más graves con anterioridad -incluso declarado reincidente-. parágrafo 31) quien al subrayar la importancia del instituto en examen.rige también aquí la carga para los fiscales de motivar las conclusiones de sus dictámenes sobre el particular (artículo 69 del Código Procesal Penal de la Nación).
. por lo que apreciamos que nos arrogaríamos ilegítimamente facultades legislativas." (conf. o que ocurre rara vez". coincidimos con la conclusión expuesta en el considerando noveno del voto de los colegas preopinantes.. los explicitados por el legislador (ver citas del debate parlamentario "ut supra"). sino al principio de oficialidad en el ejercicio de las acciones (artículo 71 del Código Penal). ello así. y a fin de determinar si tiene legitimación el querellante para recurrir la suspensión del juicio a prueba. Fallos: 268:266).. la suspensión del juicio a prueba se encuentra estrictamente regulada por la norma en todo lo que hace a sus condiciones de procedibilidad. resulta evidente que la suspensión del juicio a prueba tiene un inequívoco carácter excepcional ("Que constituye excepción de la regla común. La improcedencia de ello deriva asimismo de la imposibilidad de revisar judicialmente postulados de política criminal propios de otras esferas de los poderes del Estado.razones o criterios de política criminal naturalmente ajenos al control judicial. Madrid. tiene que promover la acción . Teniendo ello presente.. y hace prevalecer -dentro del marco de las particularísimas circunstancias y exigencias que establece. Vigésima primera edición. Astrea. ". La persecución penal de los delitos de acción pública deberá ser promovida inmediatamente después de la noticia de la comisión de un hecho punible y no se podrá suspender.J. sin perjuicio de que la ley disponga otra cosa o plantee excepciones (sobre la base del principio de oportunidad) .S. por lo demás. En efecto. doctores Jorge Osvaldo Casanovas y Guillermo José Tragant. año 1994 N° 2. así como los fines perseguidos por el dispositivo legal. 36). si extendiéramos más allá de la norma y de la manifiesta intención del legislador la aplicabilidad del instituto de la suspensión del juicio a prueba. Mensaje del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación en Antecedentes Parlamentarios. no quedando éstas sujetas a la discrecionalidad de ningún funcionario que facilite desigualdades arbitrarias (artículo 16 de la Carta Magna). interrumpir o hacer cesar. en especial. que forzosamente debe estarse a lo taxativamente previsto en el dispositivo jurídico e interpretarse en forma restrictiva y no de modo amplio o extensivo. mérito o conveniencia que escapan a este control jurisdiccional o judicial. 1996.N. Buenos Aires. 17). La Ley. p. en virtud del cual cuando un representante del Ministerio Fiscal toma conocimiento de un hecho que puede constituir delito de acción pública. el Ministerio Público actuará de oficio. El instituto incorporado a nuestro sistema legal por la ley 24. excluido el supuesto correspondiente al monto de la reparación (punto IV del temario aprobado en la presente autoconvocatoria a Acuerdo Plenario). cuidando que ella se despliegue impulsando su continuación en el respectivo proceso. salvo en los casos y bajo las formas expresamente previstas en la ley". toda vez que concede el beneficio de interrumpir la continuación del proceso evitando la imposición de pena -secuela necesaria de la comisión de un ilícito penal-.” (C... ya que en todo caso media interés institucional en reparar el agravio si existe y tiene fundamento en la Constitución . Aclarado ello. Carlos Creus . Que se aparta de lo ordinario. 1992). máxime cuando ha sido el propio legislador quien ha hecho mérito y precisado la distinta utilidad de la prevención penal como remedio para determinada clase de criminalidad con fundamento en criterios de oportunidad.. y es debido a que se trata de una excepción al principio de oficialidad o de legalidad procesal.316. p. CUARTO: Finalmente. Diccionario de la Lengua Española. respeta los medios arbitrados y. sea que actúe como acusador o acusado. por lo que no se altera en forma alguna el mandato contenido en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Conf. Ed. "Derecho Procesal Penal".. conceptuamos que la interpretación que adoptamos. en cuanto a que corresponde pronunciarse en favor de la legitimación autónoma del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. además de estar ajustada a la letra expresa de la ley. también llamado "principio de legalidad procesal".una acción pública.. como demandante o demandado. Excepción: "Cosa que se aparta de la regla o condición general de las demás de su especie". toda vez que “. Lo propio cabe concluir con fundamento en lo dispuesto por los artículos 18° de la Declaración Americana de
. todo aquél a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional.. en rigor no importa una excepción al principio de legalidad constitucional.
8° apartado 1 y 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969). rta. IV°) El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. causa N° 2120 de la Sala I. II°) No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal. sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional. rta.
El señor juez doctor Pedro R. QUINTO: Por todo lo expuesto. “Waschman. Claudio D. ellos son: el ministerio fiscal. la parte querellante. y de conformidad con el criterio que consideramos como la exégesis más adecuada y debida respuesta al temario propuesto con relación a la norma en tratamiento. Francisco A. 1026. Adrián P. y si su derecho a la jurisdicción. s/ rec. el 26/11/97. causa N° 634 de la Sala IV de esta Cámara. y siendo que el mismo cuerpo legal reconoce al querellante personería para actuar en juicio criminal por delito de acción pública (artículo 82). el 30/10/97. cuna de la institución. de queja”. el 13/8/98). “Roitman. s/ rec. David dijo: CONSIDERACIONES GENERALES DE POLÍTICA CRIMINAL “En primer término.los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá 2 de mayo de 1948). N° 2136 rta. el dictado de una sentencia condenatoria (causa S. sentencia del 13 de agosto de 1998). debemos hacer constar que en el Derecho y la práctica Anglosajona. Reg. todos ellos con jerarquía constitucional en virtud de lo establecido por el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional (texto según reforma de 1994). habilita. En coincidencia con este criterio. esto es
. aún en ausencia del requerimiento fiscal. en acatamiento a la garantía del debido proceso es examinado en la forma señalada precedentemente por el Alto Tribunal. el imputado o su defensor. de casación”. Alberto Jorge s/ rec. el 12/11/98.XXXII “Santillán. de queja”. 8° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Resolución N° 217 A [III] de las Naciones Unidas del 10 de diciembre de 1948). de casación”. de casación”. tanto más. rta. los artículos 458 a 462 del Código Procesal Penal de la Nación clara y expresamente establecen qué sujetos procesales -que revisten la calidad de partes legalmente constituidas. causa N° 786 “Close. propiciamos al Acuerdo y extendemos nuestro voto por fijar la siguiente doctrina plenaria: I°) La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años. Reg. es vinculante para el otorgamiento del beneficio. conjunta o alternativa. s/ rec. III°) La oposición del Ministerio Público Fiscal. desde que la Corte se ha pronunciado recientemente afirmando que la acusación del querellante en la oportunidad del artículo 393 del ordenamiento ritual. la medida es fundamentalmente de naturaleza social. “Torcoletti. resulta evidente que debe conferírsele aptitud subjetiva para recurrir decisiones que hacen imposible la continuación de las actuaciones (conf.están facultados para intentar el remedio recursivo casatorio.1009. y en determinadas circunstancias el civilmente demandado y el actor civil. 2° apartado 3 y 14° apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Resolución N° 2200 [XXI] de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 16 de diciembre de 1966). Y ello así. Fernando Rubén s/ rec. causa N° 1703 de la Sala II.
esas dos características se hacen presentes. ayudarle a reintegrarse dentro de la comunidad. para lograr que los asuntos de menor gravedad penal-criminológica. en segundo lugar. por un lado. un propósito de prevención general. Estos dos elementos fundamentales que implican: de un lado.” “En nuestro país uno de los problemas fundamentales en el Probation ha sido que adoptamos la legislación pero no establecemos los recursos para crear un cuerpo de oficiales de Probation.reintegrar al delincuente en la comunidad a través de apoyaturas efectivas de inserción laboral. el sujeto debe observar. evitar nuevos delitos. Más tarde y especialmente. por ese Programa. La misma queda librada más allá de los recursos institucionales a la capacidad innovadora y creativa de nuestros jueces.
. en un estudio comparado de la institución. no solamente la actitud de no imponerle sanciones sino de sujetar esa no imposición a una serie de condiciones que durante un tiempo determinado. La estructura de la opción de Probation envolvió siempre dos componentes fundamentales. mediante un seguimiento cuidadoso buscando encontrar la solución de sus problemas. creando un cuerpo activo de voluntarios y recursos para hacer realidad esta opción. educativa. Se trata no solamente del desencanto con la prisión. Pero al mismo tiempo creando un organismo especializado que permita. y apoyos familiares y personalitarios incluso socio-psicológicos. asistencia al sujeto de la institución para su readaptación en la comunidad. ya que tenemos que aprender a institucionalizarlas de una forma rigurosa de modo que puedan ser evaluados. control y del otro. especialmente orientarlo con respecto a sus problemas familiares. estableciendo sus condiciones de capacitación. se utiliza la Probation como una medida también de implicancia procesal. se produjo una inversión del énfasis. dio a luz una de sus normas más conocidas: Las Reglas Mínimas para el Tratamiento del Recluso. ayuda. sino también de una cuestión de humanización de la justicia y una aplicación más racional de recursos. sean soluciona-dos sin necesidad de recurrir a condenas judiciales privativas de libertad y en lo posible. que receptaron la institución del Probation. en Inglaterra y Estados Unidos. para ser resueltos de una forma expeditiva y pronta por los jueces o fiscales a cargo del proceso. tanto en los países del sistema del Derecho Continental. Con el fin de evitar las sanciones privativas de la libertad. evitar los efectos negativos de las sanciones privativas de la libertad o sea los problemas asociados con el encarcelamiento.” “El propósito de la institución de la suspensión del juicio a prueba o más comúnmente denominada desde su origen “Probation” en los sistemas del Derecho anglosajón tanto en Inglaterra como en los Estados Unidos y Australia.” “Recordemos aquí que hace 50 años Naciones Unidas. en ausencia de un cuerpo debidamente reglamentado de Probation y de los recursos adecuados. en el Congreso de Ginebra. en el 8° Congreso se aprueban las Reglas Mínimas de Tokyo. el sistema de Probation requiere. de trabajo. Otorgamos el Probation pero el seguimiento y control por nuestros jueces de ejecución es casi imposible por la ausencia de un cuerpo de probation especializado. ha sido así en primer término. en el grupo o sector social al que pertenezca este. En 1990. de hecho tenemos solamente una dimensión normativa. Haciendo estudio de las condiciones de Probation. desde la prisión a las medidas alternativas o sanciones no privativas de libertad. luego de su adopción en Europa continental. para que los casos de Probation puedan ser atendidos también. Las reformas no deben ser solamente normativas. han estado siempre intrínsecamente unidos de un modo muy estrecho. asistencia. La Cámara Nacional de Casación Penal ha firmado un convenio con el Patronato de Liberados. esto es. o las Directrices para las sanciones no privativas de libertad. Aún hoy. desprovista de su contenido profundo de orientación y apoyo social. En esos casi 50 años al presente. como en los países donde se estableció originariamente. sobre el estudio de la personalidad del sujeto. La reglamentación de la ley de Probation nunca se ha dictado y por ello la institución navega como una técnica de alcances procesales.
Actualidad 24 de marzo de 1998. Juan C. ¿Sólo para los delitos de bagatela?” L.
Para el primero el art.1486. dichas “ambigüedades” tomaron cuerpo ocasionando.L. La Globalización.L.L. Algo más acerca de su alcance normativo” D. Para el segundo el art. un debate doctrinario y jurisprudencial significativo. José María Orgeira y Eduardo M. Raul Guillermo López Camelo. Carlos Edwards “La probation en el Código Penal Argentino”. 1136. Pág. L.L. Diversas son las razones que me inclinan a adoptar la postura distintiva de dos supuestos en el art.316: análisis y aplicación de los institutos” L. De Zavalía. Octubre 29 de 1997.L. “La Probation (A propósito de su incroporación al Código Penal Argentino)” L. luego de su publicación. 19 y “Suspensión del Juicio a Prueba (Ideas para una posible reforma legislativa de los actuales arts. 1996-E Pág. 76 bis encierra un solo supuesto.. 7. Vitale. y B) El supuesto del cuarto párrafo: delitos que según las “circunstancias del caso” permitirían “dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable”. 13). A grandes rasgos la doctrina se ha dividido en dos grupos con criterios interpretativos disímiles. As. 24 de agosto de 1998. Reynaga. 1274. Carlos Arturo Ochoa “La suspensión del juicio a prueba” L. 76 bis del Código Penal. Marcos Lerner Editora. la redacción (de la ley) es una suerte de síntesis. Eleonora Devoto. Becerra “Probation: ¿Aplicación amplia o restringida?” J. desde su puesta en práctica. 76 bis encierra dos supuestos escindibles: A) El supuesto del primer párrafo: “delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años”. Miguel Angel Almeyra. 1999 -en prensa-). Saez Zamora y Verónica Fantini “Reflexiones sobre la implementación de la ley 24.A. “Suspensión del proceso penal a prueba. “Suspensión del Juicio a Prueba (Motivos que justifican su aplicación)” J. 1997-2 pág. agosto 13 de 1997. pág. sin crearse un cuerpo específico con los recursos necesarios para dar cumplimiento real a la ley” (David Pedro Rubens. de diversos proyectos de ley sobre la misma materia. Ranuschio. “La ley 24. Una vez que hubo cobrado vida la norma. 813 y otros). Carlos M. Edit. “Probation.L. Marco Antonio Molero. Vale decir. 28 de febrero de 1997.L. Publicado en “Antecedentes Parlamentarios” Pág. PENA La cuestión a resolver es la interpretación a dar al art.316. Pág. desgraciadamente muy parecida al sincretismo. T. Ya en ocasión del debate parlamentario sobre la ley 24. Alberto Bovino. “Probation y Juicio abreviado cuando los cambios vienen marchando”. Alejandro M.L. Bossi y Daniel C. Editores del Puerto 1996. A. Parágrafo 129). delitos reprimidos con pena privativa de la libertad cuyo máximo no excede de 3 años y que las circunstancias del caso “permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable”.J. T. Senador Villarroel en el Tratamiento de la ley en el Senado de la Nación. “La suspensión del procedimiento en el Código Penal Argentino y la ‘diversion’ estadounidense (Un análisis comparativo)”.
. 1995-D pág. 23 de agosto de 1994. (Así. 1995-C pág. L.L.Pero desde luego es solamente una opción coyuntural. son esas consideraciones llamadas políticas que cuando se trata de asuntos de técnica legislativa estricta y nada menos que relativas al Código Penal muestran su defecto”(Confr. Daniel A. T. 1995-D pág. 76 bis y 76 ter del Código Penal)” L. en definitiva. Suplemento de Jurisprudencia Penal. Bs. el Senador Villarroel advertía sobre “ciertas ambigüedades” que a su entender obedecían “a que. 76 bis. 635.316 en nuestro sistema penal” L. (En este sentido: Gustavo L. 182. Vaiani L. “Probation. sin perjuicio de los distintos matices que toma ese análisis en la diversidad de autores que conforman uno u otro criterio. la Prevención del Delito y la Justicia Penal. aunque con los matices que explicaré en mi exposición.
Pág. en las experiencias concretas de numerosos servicios de probation. y de otra parte que los delincuentes que los cometen no son susceptibles de ser pasibles de una probation con un resultado exitoso. más allá de la formulación normativa. 41 y 26 del Código Penal. la más amplia discrecionalidad a los jueces que deben también valorar la efectividad real de los servicios en el medio (Conf. Department of Social Affairs). No obstante no habría inconveniente. Decía ut supra que esta discrecionalidad que se le acuerda al juez no debe vulnerar las normas legales. Pues bien.Es cierto que la ley establece en el art. ONU. cómo operan esos objetivos valorativos y fácticos en el caso concreto que juzga. 231-235-1951. se basa en consideraciones de prevención general. Cit. En efecto. ambiental económica y psico-sociológica reviste. en cada caso. La exclusión por la norma de delitos graves. sociales y características de hecho a las que se refieren explícitamente los arts. menciona las circunstancias del caso. mediante un juicio predictivo acerca de las posibilidades de resocialización y conveniencia de la suspensión en el caso concreto (art. ob. Por ello la decisión del juez no ha de limitarse solamente al juego de esos requisitos normativos mínimos. atento a la naturaleza de la probation. cuarto párrafo. 4 Código Penal). Probation and related measures pág. una importancia central al momento de decidir la elegibilidad de una persona para beneficiarse con el instituto. incluye en esta referencia la más amplia enumeración de circunstancias personales. 76 bis párr. Además. Debe apreciar. Por ello con respecto a la polarización de una tesis restrictiva y otra ampliada en que se debate predominantemente la jurisprudencia. esto es que los delitos más graves deben recibir pena. existen razones interpretativo-sistemáticas indicativas de que la admisión de la probation para delitos de bagatela en el primer párrafo y en casos
. cuando el art. Los criterios desde luego no son absolutos y tienen sus excepciones. Si bien la legislación establece límites respecto a la naturaleza y gravedad del delito. que el juez con el consentimiento fiscal pueda otorgarla en casos que excedan ese límite. los mismos son requisitos mínimos orientados a satisfacer los dos criterios fundamentales que rigen la medida: a) la posibilidad concreta de la persona de responder con éxito a la medida y b) consideraciones de prevención general. esa investigación ha de determinar el tipo más adecuado de medidas que constituyen el contenido de la probation en cada caso concreto (confr. así como en la literatura criminológica. Por ello es que la investigación personal. soy partidario de una tercera vía que abre al juez en todos los casos un amplio criterio para decidirla. teniendo en cuenta los objetivos valorativos en cada caso y las circunstancias reales del desarrollo del instituto en nuestro medio tanto respecto a las dimensiones de control como de ayuda que toda probation supone. que muchas personas que resultan excluidas por una interpretación restrictiva de la norma pueden beneficiarse con la probation si se cuenta con un servicio altamente capacitado y con amplios recursos técnicos y económicos que provean efectivamente una supervisión intensiva y oportunidades de ayuda efectivamente a las personas en tratamiento. 76 bis. Está ampliamente demostrado. sin violentar las normas legales. exhaustivamente. previa a la medida. 76 bis primer párrafo como derecho del imputado el que se le otorgue la probation en caso de delitos que no excedan de 3 años de reclusión o prisión. circunstancias todas que debe ponderar el juez más allá de escuetas consideraciones de tipo normativo legal. 229). así como la circunstancia de no ser reincidente y la reparación del daño a la víctima como condiciones de la aplicación de la probation. Por ello la mejor solución para el problema de la elegibilidad de las personas en probation es acordar. Naciones Unidas.
las consideraciones de política criminal.P. “Suspensión del proceso a prueba (probation)”.(en este sentido León Carlos Arslanián. en efecto de conciliar el texto legal que se analiza.Desde el punto de vista teleológico. 2. A su turno el párrafo cuarto del mismo artículo indica que para otorgar el beneficio. es la lectura correcta a hacerse de la norma del 76 bis del Código Penal.057 (Adla. Miguel Ángel Almeyra. pág. Suplemento de Jurisprudencia Penal. conjunta o alternativa (en este sentido las Salas I.. sistemáticamente se convalida con la existencia en nuestra ley procesal de casos similares -vgr. 26 permite obtener la ejecución condicional de la condena al sentenciado por primera vez a pena de “prisión” que no exceda de tres años. esgrimidas al inicio de este pronunciamiento.P. No está permitido al intérprete hacer caso omiso de la letra de la ley. sólo puede interpretarse el primer párrafo del dispositivo analizado a partir de la idea de que cuando se trata de un delito menor. implica entender que en el texto legal
. op. conjunta o alternativa..”Probation” ¿Sólo para los delitos de bagatela?. se han sostenido principalmente dos posturas. Y más adelante “no hay otra forma.como referida a los delitos reprimidos exclusivamente con esa clase de pena”(Gustavo L. la improcedencia de la suspensión del juicio a prueba en los delitos reprimidos con pena de inhabilitación debe entenderse que involucra a todos los casos en los que está presente esta especie de pena. Ello así pues no debemos distinguir donde la ley no lo hace.excepcionales para los de mediana gravedad en el del cuarto párrafo. inc. Lo escueto de la norma ha llamado a debate también en este punto. pues si es inadmisible que una condena a reclusión por tres años o menos se imponga en suspenso. julio de 1994). cit. Pág..El párrafo primero del art. Así. Art. 3° del C.. publicación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Para la primera.. 1265). como rigiendo situaciones diferentes”. 76 bis acuerda la posibilidad de solicitar la suspensión del juicio a prueba al imputado de un delito reprimido con pena de “reclusión” o prisión cuyo máximo no exceda de tres años. así como “no cabe presumir la contradicción o el absurdo en los términos de la ley. Pág. Revista Plenario. Se ha dicho que pretender excluir del régimen de probation a los delitos reprimidos exclusivamente con pena de inhabilitación. la eventualidad de una condena suspensiva no es presupuesto que defina la suspensión del proceso a prueba y que el recaudo si es necesario cuando la escala penal prevista por la ley supere ese margen” (Conf. INHABILITACIÓN El texto de la ley establece que “tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación”. “la exclusión de la suspensión del proceso a prueba para delitos reprimidos con pena de inhabilitación debe ser interpretada -de una manera que guarda alguna analogía con la exclusión de los funcionarios públicos. 135). A los efectos de clarificar la antinomia que suscita una lectura restrictiva del artículo. 317. Para la segunda.N. 22. los cuales deben ser entendidos como coherentes”.La posibilidad de un juicio predictivo en el caso del 4° párrafo. sin distinguir su carácter de principal o accesoria. traigo a colación que el art. Así: 1. 3. parece extremadamente claro que no existe otra posibilidad que interpretar los dos párrafos transcriptos. así lo aconsejan. Soy de la opinión de que sujetándonos a la letra de la ley no es posible hacer ninguna distinción entre pena de inhabilitación como pena única. II y IV de esta Cámara). 7 ). Al decir de Almeyra: “si la pena de reclusión ha sido implícitamente excluida del beneficio de la condicionalidad por la ley 23. las circunstancias del caso deben permitir dejar en suspenso la condena aplicable. XLIV-B. Esta interpretación permite la aplicación de la probation para delitos reprimidos con pena de inhabilitación en forma conjunta con una pena privativa de la libertad. Vitale.
en lugar de someterse a criterios reglados. Ruiz Badillo E. Gustavo L. “No se admite la suspensión del juicio a prueba para los dos siguientes casos: a) cuando del delito hubiese participado un funcionario público y b) cuando el delito tuviese pena de inhabilitación. 168. por razones de conveniencia. que el artículo 76 bis del Código Penal. rta. A mayor abundamiento. como sostiene el distinguido jurista español Enrique Ruiz Badillo. Ilustrativa es la opinión de Alberto Bovino: “El sentido de la necesidad del consentimiento del fiscal en este segundo supuesto se vincula a la gran variedad de casos comprendidos en él. Libro-Homenaje al Profesor Antonio Beristain.“Etchecolatz. La claridad en el dictado normativo de los requisitos es fundamental ya que “cuando la oportunidad. Cándido Conde Pumpido Ferreiro op. Atento a lo manifestado hasta aquí. se pudiera dejar en suspenso la ejecución de la condena (segundo párrafo). Más aun. en virtud de la cual el Estado puede renunciar a investigar y juzgar ciertos delitos.r. recientemente desaparecido cuando la oportunidad viene establecida por la ley y está sometida a determinadas reglas o pautas de comportamiento. se convierte a la voluntad de aquél en la dueña del proceso penal y de la posibilidad del castigo de los delitos. y no el del legislador. el segundo supuesto. adelanto. op. 1996). SOBRE EL EFECTO VINCULANTE DEL DICTAMEN FISCAL Tengo para mí. no resulta absurdo pensar que razones de política criminal hayan guiado a los legisladores en el convencimiento de que estos delitos deben ser perseguidos hasta sus últimas consecuencias. pues es susceptible. se conjuga con la admisión de la discrecionalidad dejando que sea el libre criterio del Fiscal. Así surge de los dichos del Diputado Hernández A. el fiscal no puede disponer arbitrariamente de la potestad acusatoria. Pág. Importa una aplicación del principio de oportunidad en el proceso penal -aunque reglado por la ley y condicionado.existe una redundancia. de otro modo. “Alternativas a la pena privativa de la libertad y Principio de oportunidad reglada en el proceso penal” pág. a una decisión judicial-. 1012 en “Criminología y Derecho Penal al servicio de la Persona. Esta variedad reclama un juicio de oportunidad político-criminal acerca de la conveniencia de continuar o interrumpir la persecución penal. consagra en nuestra legislación sustantiva el principio de oportunidad reglada que “constituye una excepción más al principio de legalidad en su aspecto procesal. porque en este caso existe un especial interés del Estado en esclarecer la responsabilidad del imputado para adoptar prevenciones al respecto” (Parágrafo 42. Saez Zamora y Verónica Fantini. San Sebastián 1989. “La actuación del Ministerio Fiscal en el Proceso Penal” citado por Cándido Conde . que el carácter vinculante o no del consentimiento fiscal. cit. el 13 de mayo de 1999). 1010/1011). Antecedentes Parlamentarios). Esta se ve determinada por juicios valorativos positivos respecto del cumplimiento de condiciones. desde ya. Sin embargo. reg. en cambio. El principio de oportunidad se vincula al de legalidad a través del establecimiento de esas condiciones.M. 76 bis (confr. s/recurso de casación”. 76 bis del Código Penal.l. pero que por las circunstancias del caso. Miguel O.). Mientras que el supuesto anterior comprende casos de escasa gravedad que no presentan grandes diferencias entre sí. sino por poder ser utilizado en función de espúreas motivaciones de oportunidad no jurídica sino política. en nuestra legislación. Editores del Puerto s. 2767.Pumpido Ferreiro. en el análisis sistemático del art. Daniel A. El primero. Ello así puesto que del catálogo de ilícitos resulta que los delitos reprimidos únicamente con pena de inhabilitación son los cometidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y este supuesto ya está comprendido en el 7° párrafo del art. Vitale “Suspensión del proceso penal a prueba”. puede abarcar casos
. de producir un elemento corruptor del proceso no sólo por contagiar al mismo de los errores de valoración del Fiscal. está íntimamente relacionado con la existencia de dos supuestos distintos.” (Cfr.” (Cfr. causa n° 2211 -Sala I. dominio que precisa de algún mecanismo correctivo. Pág. Instituto Vasco de Criminología.” edit. cit. que las hace prevalecer sobre el castigo del delincuente por el hecho concreto con una pena privativa de libertad. quien determine los casos en que es o no conveniente ejercitar la acción penal. cuando el diagnóstico es favorable. claramente dirigido a los llamados “delitos de bagatela” (primer párrafo) y el segundo abarcativo de delitos que no reúnen las condiciones de éstos. “la oportunidad reglada se hace legalidad y su aplicación es correcta y ortodoxa” (Conf.
como veremos luego. 28/2/1997 Pág. Además como sostuve en autos “Ávila. José María Orgeira y Eduardo M. atenta la naturaleza del beneficio que requiere en todos los casos. desde que se trata de lo atinente a la más acertada organización del juicio criminal (Fallos: 253:31). “La suspensión del procedimiento en el Código Penal argentino y la ‘diversion’ estadounidense. en tanto y en cuanto se reúnan dos requisitos taxativamente enumerados. no obstante. Sin embargo. y b) que el ilícito se encuentre “reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años”. 4).muy diversos. además de esos requisitos mínimos. que por disposición del art. debe formularse motivadamente. Así en la “Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder” (La Habana. se consagra el derecho del imputado como norma general de obtener la suspensión del juicio a prueba. La ley no hace mención alguna al consentimiento fiscal para el otorgamiento de la suspensión del juicio en este supuesto.” La Corte Suprema de Justicia haciendo eco de este clamor. no obstante el carácter vinculante que con esta interpretación le adjudico al dictamen fiscal en este excepcional y restrictivo supuesto. 76 bis primer párrafo. Vaiani “La suspensión del juicio a prueba y los delitos con pena mayor de tres años” L. a saber: a) que se trate de un “delito de acción pública”. la posibilidad concreta de la persona de responder con éxito a la medida y a consideraciones de prevención general. sin perjuicio del acusado y de acuerdo con el sistema de justicia penal correspondiente. “Los jueces están siempre habilitados para efectuar un examen de razonabilidad sobre los criterios emanados del Ministerio Público en sus dictámenes. Pero el juez. N° 18. Se trata de abarcar delitos que. Cuba. aunque no contemplados en el art.L. Blanca Noemí s/ Recurso de Casación e Inconstitucionalidad” (Reg. el Fiscal debe siempre ser oído. 18 de la Constitución
. Es oportuno aclarar que. visualizar el rol que se le ha asignado a la víctima en los últimos tiempos a través de diversos instrumentos internacionales. haciendo valer la pretensión jurídico penal que se basa en el delito. 29 de noviembre de 1985) se afirma la necesidad de adoptar medidas nacionales e internacionales con el fin de garantizar el reconocimiento y el respeto universales y efectivos de los derechos de las víctimas de delitos. debe valorar la conveniencia o no de otorgarla fundamentando siempre su decisión. (Un análisis comparativo)”. Por el primer párrafo.” (Conf. 2 de julio de 1993) en un sistema acusatorio mixto como el consagrado en la sistemática de nuestro Código Procesal Penal “el Tribunal es quien ejerce la función jurisdiccional. 69 del C. El cuarto párrafo. inc. actúa como tal un órgano específico del Estado (Ministerio Público)”. Sala II. LEGITIMIDAD DEL QUERELLANTE PARA RECURRIR Es sumamente importante al analizar la legitimidad del querellante para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba. regulando una situación diferente. dicho dictamen.N.P.” (Conf. 813). dijo: “Que si bien incumbe a la discreción del legislador regular el marco y las condiciones del ejercicio de la acción penal y la participación asignada al querellante particular en su promoción y desarrollo. Es claro en este sentido el artículo 6.P. y b) que exista “consentimiento fiscal”. pero el juez puede otorgar el beneficio incluso con la oposición de aquel. 1995-E pág. b: “Se facilitará la adecuación de los procedimientos judiciales y administrativos a las necesidades de las víctimas: b)Permitiendo que las opiniones y preocupaciones de las víctimas sean presentadas y examinadas en etapas apropiadas de las actuaciones siempre que estén en juego sus intereses. queda igualmente sujeto al control de su legalidad y fundamentación por parte del juez. L. todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal consagrada por el art. consagra un caso de excepción en la sistemática del instituto de probation. El actor penal es el sujeto que ejerce la acción penal.L. sean merecedores de probation reuniendo los siguientes requisitos: a) que “las circunstancias del caso” permitan “dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable”. generalmente.
conjunta o alternativa. Ante mí: doctora Claudia B. Catucci. 76 bis del C. W. Jorge O. Juan C. como la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes (Fallos: 199:617. Raúl R. 8°. Jueces de Cámara. los puntos 1°. en ningún caso. 4°) El querellante tiene legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos. Berraz de Vidal. Y más adelante consideró que ello era así “en el marco del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en el art. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14. Juan E. que siguen a continuación: 1°) La pena sobre la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto no exceda de tres años. rta. párr..1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos” (C. Primero. según las circunstancias del caso. entre otros). quedando sujeto siempre al control de legalidad y fundamentación por parte del juez. Amelia L. Firmado: doctores Liliana E. 2°) aquellos que previstos con pena mayor de 3 años.P. permitirían dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable (4° párrafo).---------------------------------
. para delitos reprimidos con pena de inhabilitación.N. Tragant. Ana María Capolupo de Durañona y Vedia. Fégoli. Gustavo M. Francisco A. 1984-B. 2°). Alfredo H.Nacional (Fallos: 268:266. el Tribunal establece la siguiente doctrina plenaria. D) Que el querellante posee legitimación autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio a prueba. Regístrese. Guillermo J. sujeta al control de logicidad y fundamentación por parte del órgano jurisdiccional. 305:2150 -La Ley. y por unanimidad el punto 4°.J. Bisordi. mediante un juicio predictivo. consid. por mayoría. 76 bis. Secretaria de Jurisprudencia. 3°) La oposición del Ministerio Público Fiscal. abarca dos grupos de delitos: 1°) aquellos delitos de acción pública que tienen prevista pena de prisión o reclusión cuyo máximo no exceda de 3 años (primer párrafo). “Santillán. 206-. Riggi. 18 de la Carta Magna y cuyo alcance. 2°) No procede la suspensión del juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de inhabilitación como principal. hágase saber y archívese. 13 de agosto de 1998). Casanovas. Madueño. CONCLUSIONES Por todo lo dicho propugno: A) Que el art. David. Moscato de Santamaria. es coincidente con el que reconocen los arts. B) Que no procede la suspensión del juicio a prueba. Eduardo R. Rodríguez Basavilbaso. Por el mérito que ofrece la votación que antecede. Hornos y Pedro R. Gustavo Mitchell. C) Que es vinculante el dictamen fiscal en los delitos comprendidos en el 4° párrafo del art.S. es vinculante para el otorgamiento del beneficio. 2° y 3°.
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