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Timestamp: 2018-10-22 12:44:00
Document Index: 389863539

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 13', 'artículo 345', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 86', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA SU-400 DE AGOSTO 28 DE 1997 UNIFICACION
SENTENCIA SU-400 DE 28 DE AGOSTO DE 1997
CONTENIDO:TUTELA PARA OBTENER PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES. SE RECONOCE INDEXACIÓN PERO NO INTERESES MORATORIOS
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, INDEXACIÓN, INTERÉS MORATORIO, PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:311 DE NOVIEMBRE DE 1997, PÁG.1741
Sentencia SU-400 de agosto 28 de 1997
Ref.: Expedientes acumulados T-121324, 135594, 119740, 123621, 120415, 121065, 125630, 135868, 123121, 120652, 122288, 132430, 125909, 123857, 136133, 120954, 122309, 121337, 134144, 122772, 135695, 119091, 120416, 121208, 123273, 124373, 135755, 136441, 121329, 123733, 121563, 123102, 119095, 127704, 123855, 121983, 121463, 124419, 125281, 122966, 126557, 123306, 116668, 126480, 123471, 126699, 129020, 121343, 122172, 125361, 123043, 122785, 124141, 122737, 123205, 121998, 121538, 126551, 124344, 123705, 123696, 121325, 119713, 120483, 121365, 129280, 126202, 122448, 124212, 120423, 121521, 121380, 120470, 127073, 122012, 120455, 135679, 120687, 136241, 121030, 124984, 119180, 123283, 129386, 124309, 121940, 136270, 120462, 129663, 126766, 124254, 128384, 121960, 124122, 123337, 131554, 124399, 119175, 123101, 130675, 130002, 126780, 122823, 123098, 120457, 128630, 119077, 120710, 122964, 136499, 130465, 125632, 123042, 122653, 131462, 136208, 121067, 121959, 129247, 121996, 122794, 121977, 129326, 123368, 129623, 129328, 124142, 132563, 124547, 126302, 135698, 123688, 122786, 123721, 121097, 132672, 130650, 123848, 127103, 123048, 119716, 119657, 128929, 136419, 132702, 123294, 122900, 135763, 124958, 119096, 122670, 121351, 134610, 130082, 123118, 120852, 124648, 131865, 120667, 130791, 119090, 120871, 129332, 135077, 120458, 125908, 121101, 123067, 130266, 122671, 123317, 119171, 125370, 119230, 121642, 126483, 119528, 123766, 122306, 136122, 127358, 120043, 121355, 121579, 121750, 126250, 119232, 120657, 130673, 128571, 121340, 120673, 134191, 122951, 124662, 117922, 122225, 122939, 123069, 121382, 123447, 136275, 124865, 126562, 119743, 121831, 121938, 123904, 120685, 123448, 123966, 121788, 128903, 124870, 121307, 122627, 120456, 124253, 126217, 124580, 136386, 134958, 121437, 123576, 127523, 125487, 129019, 122927, 127164, 124091, 126363, 126687, 120463, 136041, 123851, 125636, 131513, 129997, 124410, 119656, 120958, 124268, 130651, 121588, 113896, 124143, 123202, 123801, 129334, 119207, 123490, 123775, 129317, 124273, 120650, 122879, 123802, 123673, 136079, 125634, 128289, 119094, 120429, 128390, 120680, 120808, 126402, 121928, 123931, 120675, 120461, 126262, 128388, 128576, 122672, 120894, 121932, 128380, 130563, 124772, 123187, 128057, 120454, 122820, 121358, 124372, 122639, 127527, 120668, 121999, 120460, 127251, 127367, 121102, 121948, 130993, 123339, 122226, 122314, 120659, 136170, 121832, 122308, 130096, 136105, 131866, 126506, 131265, 120452, 128187, 131449, 132666, 123661, 123928, 120928, 127241, 123347, 128430, 123738, 119741, 123055, 123847, 120536, 123085, 118740, 123349, 120588, 123020, 121109, 120688, 121381, 125605, 122901, 121942, 124500, 122228, 127808, 121141, 121834, 123047, 121213, 121683, 124155, 120971, 119231, 120949, 123608, 124910, 132527, 125225, 120724, 127637, 119170, 129339, 132561, 128026, 120669, 123086, 121386, 130658, 129664, 121323, 135840, 119208, 123203, 135376, 136148, 135049, 122769, 125360, 123470, 127579, 125392, 124538, 119089, 127439, 130131, 126568, 124165, 119819, 136132, 126681, 121643, 121110, 125591, 130000, 128469, 134599, 122906, 122991, 113878, 113083, 121566, 120417, 122154, 126561, 121979, 121997, 124969, 122441, 135912, 120453, 119193, 120959, 124392, 125296, 119712
Dr. José Gregorio Hernandez Galindo
Acciones de tutela instauradas por María del Carmen Agudelo Castrillón y otros contra el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y direcciones seccionales de administración judicial
Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a veintiocho de agosto de mil novecientos noventa y siete.
Fue el derecho a la igualdad (C.P., art. 13) el invocado en todos los casos, ya que los accionantes se sintieron discriminados respecto de aquellos servidores públicos que se acogieron al nuevo régimen de cesantías en la Rama Judicial, establecido en los decretos 57 y 110 de 1993, quienes, cuando solicitan la cancelación de sus cesantías parciales, la consiguen de los fondos privados en pocos días, sin que exista justificación alguna para el trato diferente.
La Sala Quinta de Revisión decidió traer el caso a conocimiento de la Sala Plena, con el objeto de que se definiera lo relativo al pago de intereses de mora solicitado por algunos de los reclamantes, punto este en el que la corporación establecerá la doctrina aplicable a los casos de cesantías parciales.
II.(sic) Decisiones judiciales
Esta Corte es competente para revisar los fallos judiciales proferidos en los procesos acumulados de la referencia, según lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política y los artículos 30 y siguientes del Decreto 2591 de 1991.
2. Aplicación de la doctrina constitucional a los casos bajo estudio.
Como ya lo expresó esta Corte en Sentencia T-175 del 8 de abril de 1997, cuando —como ocurre en los casos analizados— se puede establecer que las circunstancias de los solicitantes coinciden con aquellas que ya fueron objeto de examen en procesos diferentes, es menester, para no vulnerar el principio de igualdad, aplicar las mismas reglas, surgidas de la interpretación que la Corte Constitucional ha hecho de los preceptos fundamentales.
En efecto, puede verse en los casos aquí acumulados una evidente identidad con los que fueron analizados en las sentencias T-418 del 9 de septiembre de 1996 y T-175 del 8 de abril de 1997, tanto en el tipo de solicitud elevada ante las autoridades administrativas (petición de cesantía parcial), en la actitud observada por estas, en la patente discriminación entre servidores públicos y, también, en las pretensiones que los actores formularon mediante el ejercicio de la acción de tutela.
Dijo la Corte, a propósito de la necesaria observancia de la doctrina constitucional por parte de los jueces de tutela en casos iguales —como aquí acontece—, lo siguiente:
“Las pautas doctrinales que traza la Corte en los fallos de revisión de tutelas "indican a todos los jueces el sentido y los alcances de la normatividad fundamental y a ellas deben atenerse" (Cfr. Sent. T-260/95), por lo cual, cuando, no existiendo norma legal aplicable al caso controvertido, ignoran o contrarían la doctrina constitucional “no se apartan simplemente de una jurisprudencia —como podría ser la penal, la civil o la contencioso administrativa— sino que violan la Constitución, en cuanto la aplican de manera contraria a aquella en que ha sido entendida por el juez de constitucionalidad ...”.
Por eso, la Sala Plena, en Sentencia C-083 del 1º de marzo de 1995 (M.P. Carlos Gaviria Díaz), reafirmó, sobre los alcances del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, que, en el expresado evento (la ausencia de norma legal específica que rija el caso), “si las normas (constitucionales) que van a aplicarse han sido interpretadas por la Corte Constitucional, de ese modo deben aplicarse”, lo cual corresponde a “una razonable exigencia en guarda de la seguridad jurídica”.
Las sentencias de revisión pronunciadas por la Corte Constitucional, cuando interpretan el ordenamiento fundamental, construyen también doctrina constitucional, que, según lo dicho, debe ser acatada por los jueces, a falta de disposición legal expresa, al resolver sobre casos iguales a aquellos que dieron lugar a la interpretación efectuada. No podría sustraerse tal función, que busca específicamente preservar el genuino alcance de la Carta Política en materia de derechos fundamentales, de la básica y genérica responsabilidad de la Corte, que, según el artículo 241 ibídem, consiste en la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución.
El control de constitucionalidad admite, según resulta de dicha norma, modalidades diversas, algunas de las cuales se pueden agrupar bajo el concepto de control abstracto, al que dan lugar la mayor parte de sus numerales, siendo evidente que, cuando la Corte revisa, en la forma en que determina la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales (art. 241, num. 9º), verifica la constitucionalidad de tales actuaciones de los jueces, corrigiéndolas cuando las halla erróneas, y, a la vez, interpretando el contenido de los preceptos superiores aplicables, con miras a la unificación de la jurisprudencia.
Pero, además, de aceptarse la tesis según la cual lo expresado por la Corte Constitucional en un fallo de revisión llega tan solo hasta los confines del asunto particular fallado en las instancias, sin proyección doctrinal alguna, se consagraría, en abierta violación del artículo 13 de la Carta, un mecanismo selectivo e injustificado de tercera instancia, por cuya virtud algunos pocos de los individuos enfrentados en procesos de tutela —aquellos escogidos discrecionalmente por la propia Corte— gozarían del privilegio de una nueva ocasión de estudio de sus casos, al paso que los demás —la inmensa mayoría— debería conformarse con dos instancias de amparo, pues despojada la función del efecto multiplicador que debe tener la doctrina constitucional, la Corte no sería sino otro superior jerárquico limitado a fallar de nuevo sobre lo resuelto en niveles inferiores de la jurisdicción.
Tales sentencias tienen un doble aspecto, con consecuencias jurídicas distintas : unosubjetivo, circunscrito y limitado al caso concreto, bien que se confirme lo resuelto en instancia, ya sea que se revoque o modifique (D. 2591/91, art. 36 y L. 270/96, art. 48), y otro objetivo, con consecuencias generales, que implica el establecimiento de jurisprudencia, merced a la decantación de criterios jurídicos y a su reiteración en el tiempo, y que, cuando plasma la interpretación de normas constitucionales, definiendo el alcance y el sentido en que se las debe entender y aplicar —lo cual no siempre ocurre—, puede comportar también la creación de doctrina constitucional, vinculante para los jueces en casos cuyos fundamentos fácticos encajen en el arquetipo objeto del análisis constitucional efectuado, siempre que tales eventos no estén regulados de manera expresa por normas legales imperativas” (Cfr. C. Const. S. Quinta de Revisión. Sent. T-175, abr. 8/97).
En consecuencia, encontrándose que fueron vulnerados los derechos fundamentales de los accionantes, en particular el de igualdad, la Sala revocará las decisiones judiciales que negaron la tutela y confirmará aquellas que la concedieron, para que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, si todavía no lo ha hecho, proceda a situar los fondos necesarios para el pago de las cesantías parciales adeudadas a los accionantes y de su indexación, y a la administración judicial que efectúe los pagos correspondientes dentro de los cinco (5) días siguientes a la recepción de tales recursos.
3. La indexación de las sumas debidas por concepto de cesantías parciales.
Ya expresó la Corte al respecto que “la necesidad de recibir los dineros de sus cesantías, que pertenecen a los trabajadores y no al Estado, no es menor en el caso de quienes prefirieron el nuevo régimen que en el de quienes permanecieron en el antiguo”. Lo cual pone de presente el perjuicio ocasionado al trabajador a quien el pago se ha demorado.
Bien es cierto que desde el punto de vista de la entidad pública obligada, esta, de conformidad con el artículo 345 de la Constitución, no podría efectuar el correspondiente gasto público sin la suficiente disponibilidad presupuestal, pero no lo es menos que, por una parte, el tiempo que transcurra entre la liquidación y el desembolso, inclusive por causas presupuestales, implica un deterioro del poder adquisitivo de la moneda, y por otra, que el costo respectivo no debe asumirlo el trabajador sino el patrono. Si este desea que tal costo disminuya, habrá de procurar el pronto pago, mediante la agilización de los trámites presupuestales, pero no le será lícito prolongar indefinidamente la iniciación de los mismos, cargando al trabajador con las consecuencias.
Así, si el trabajador, mientras se produce el pago efectivo, ha contratado un empréstito y debe pagar unos intereses, sería del todo injusto y profundizaría la desigualdad respecto del empleado a quien sí se cancela con rapidez la cesantía parcial, pretender que aquel no tenga derecho a la actualización monetaria de las cantidades que la administración le adeuda.
La Corte Constitucional, en Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996, dejó en claro que los obligados al pago de salarios, prestaciones y pensiones deben asumir, además del cubrimiento íntegro de las sumas correspondientes, la actualización de los valores que hayan venido reteniendo a los trabajadores, desde el momento en que adquirieron el derecho al pago hasta el instante en que este se produzca efectivamente.
Tal actualización, según lo destacó la Sala Plena en Sentencia C-448 de 1996, desarrolla claros principios constitucionales, en especial el que surge del artículo 53 C.P., a cuyo tenor la remuneración laboral debe ser móvil, a fin de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, lo que se logra normalmente mediante la indexación de las sumas adeudadas, para que estas no se deterioren en términos reales con el paso del tiempo, sin detrimento de los cargos que pueda hacerse a la entidad incumplida en cuanto a la indemnización de otros perjuicios que su ineficiencia y demora puedan generar al afectado.
Salvo los eventos contemplados en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 —en los cuales se parte del supuesto de que el afectado no dispone de otro medio judicial, de que la violación del derecho es manifiesta y consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria, y de que la indemnización del daño emergente resulta indispensable para asegurar el goce efectivo del derecho—, no es la acción de tutela el mecanismo indicado para obtener que tales reconocimientos y pagos se efectúen.
Cuando la Sala Quinta de Revisión accedió a ordenar el pago de intereses moratorios, como lo hizo en el caso resuelto mediante Sentencia T-418 del 9 de septiembre de 1996, lo hizo asignando tal concepto al necesario resarcimiento del daño ocasionado por la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, lo que ha evolucionado en la jurisprudencia de la Corte, a partir de la Sentencia de Sala Plena C-448 del 19 de septiembre de 1996, hacia la obligatoria inclusión de la indexación de las sumas debidas. Obsérvese que en aquella oportunidad no se ordenó el pago de cantidades indexadas, pues el papel de la actualización del poder adquisitivo de la moneda lo cumplían en esa perspectiva los intereses de mora.
Otra cosa acontece con la indexación, que resarce también un perjuicio —el ocasionado por la depreciación del dinero en una economía inflacionaria—, pero que no exige el análisis de cada caso concreto para establecer si existen o no, en las circunstancias del peticionario, otra clase de perjuicios, pues siempre los montos por pagar tendrán que indexarse para sostener su valor real.
4. Situaciones concretas.
También es cierto que, con algunas contadas excepciones, todos solicitaron el pago de cesantías parciales y se les liquidó y ordenó su pago mediante resolución que en realidad no se ha traducido en desembolso efectivo, por deficiencias en la disponibilidad presupuestal, excusa que sería aceptable si a la situación actual —dentro de la presente vigencia— acabara de llegarse por la solicitud sorpresiva del pago mencionado. Lo acontecido en verdad indica, en la mayor parte de los casos, que han transcurrido dos y tres años desde el momento de la solicitud sin que nada se hubiera adelantado para efectuar las provisiones presupuestales indispensables. En tales eventos, cabe la tutela, que se concederá por esta Corte, revocando los fallos que la denegaron.
5. Cuando las acciones de tutela tienen objetos diferentes, aunque las partes sean las mismas, no hay temeridad.
Encuentra la Corte que varios de los accionantes —Andrade Gualy Manuel, Cardona de Reyes Martha Rocío, Millán Bonilla Mariella, Polanía Andrade Jairo, Rengifo Hernández Gladys— aparecen demandando a la administración judicial y al Ministerio de Hacienda en expedientes distintos que hacen parte de la presente acumulación, o de la anterior (Sent. T-175, abr. 8/97).
El objeto de la acción de tutela radica en la protección efectiva por la vía judicial de uno o más derechos fundamentales. La vulneración o amenaza de uno solo de tales derechos justifica la iniciación y trámite del proceso correspondiente, y la presentación de la demanda no obstruye la posibilidad de incoar una diferente, así sea contra la misma autoridad, si el objeto es distinto, es decir si los hechos divergen de los ya alegados e implican una vulneración o amenaza de otros derechos fundamentales.
Además, es previsible, y aceptable a la luz del artículo 86 de la Constitución Política, que, habiéndose presentado el fenómeno de la sustracción de materia o carencia actual de objeto en torno a determinada pretensión, por ejemplo, cuando ya ha sido satisfecha después de incoada la demanda, lo cual conduce a la resolución judicial adversa, deba el actor acudir de nuevo al mecanismo del amparo si, aun sobre ese supuesto, prosigue o se genera la violación de derechos fundamentales distintos por acciones u omisiones concomitantes o sobrevinientes de la misma autoridad.
1. REVOCAR los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia, Salas Civil Penal y Laboral; el Consejo de Estado, secciones Primera, Segunda, Tercera, Cuarta y Quinta; el Tribunal Superior de Bogotá, salas Civil, Penal, Familia y Laboral; el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Primera; el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Salas Penal, Laboral y Civil; el Tribunal Superior de Neiva, Sala Penal; el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil; el Tribunal Superior de Tunja, Salas Civil y Penal; el Tribunal Superior de Ibagué, Sala Civil; el Tribunal Superior de Manizales, Salas Civil y Penal; el Tribunal Superior de Buga, Salas Laboral y de Familia; el Tribunal Superior de Popayán, Sala Civil; el Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral; el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral; el Tribunal Superior de Pasto, Salas Civil y Penal; el Tribunal Administrativo del Magdalena; el Tribunal Administrativo de Nariño; el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección 2; el Tribunal Superior de Cali, Sala Penal y Sala Civil; el Tribunal Superior de San Gil, Sala Penal; el Tribunal Superior de Florencia, Sala Civil; el Juzgado 1 Penal del Circuito de Armenia; los juzgados 1 y 2 civiles del Circuito de Duitama; el Juzgado 10 Laboral del Circuito de Medellín; los juzgados 1, 3, 4 y 5 civiles del Circuito de Ibagué; los juzgados 1 y 2 civiles del Circuito de Florencia; el Juzgado 67 Penal del Circuito de Bogotá; el Juzgado 5 Penal del Circuito de Barranquilla; el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá; los juzgados 4 y 5 civiles del Circuito de Medellín; el Juzgado 2 Penal del Circuito de San Gil; el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama; los juzgados 7 y 17 penales del Circuito de Cali; los Juzgados 9, y 13 Civiles del Circuito de Cali; los juzgados 1 y 2 Laboral del Circuito de Popayán; el Juzgado 1 Penal del Circuito de Duitama; el Juzgado 2 Civil del Circuito de Duitama; el Juzgado 21 Civil Municipal de Medellín; los juzgados 35 y 43 civiles municipales de Bogotá; Juzgado 25 Civil Municipal de Cali, al resolver sobre las acciones de tutela radicadas bajo los siguientes números y correspondientes a los accionantes que se indican a continuación:
T-121382 Barón Sánchez Álvaro Enrique
T-119231 García Fernando Arturo
T-123368 Gutiérrez Arias Héctor Darío
T-128576 Landínez Ocampo Plutarco
T-124344 Medina Orozco Álvaro
T-136386 Morillo Miguel Ángel
T-121643 Otalvaro Ochoa Oscar Darío
T-131866 Rodríguez Núñez José Erney
T-124309 Silva Calixto Rosa Lilia
T-127358 Tocora Miguel Ángel
T-134191 Torres Avila Ángel María
T-126506 Velásquez Durán Ángel José
2. CONFIRMAR PARCIALMENTE los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, el Consejo de Estado secciones Tercera y Quinta; el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Civil; el Tribunal Superior de Armenia, Sala Laboral; el Tribunal Superior de Cali, salas Civil y Laboral; el Tribunal Superior de Popayán Sala de Tutela; el Tribunal Superior de Valledupar, Sala Laboral; el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo, Sala Laboral; los juzgados 5 y 11 civiles del Circuito de Cali; el Juzgado 4 Penal del Circuito de Villavicencio; el Juzgado 24 Penal del Circuito de Cali; el Juzgado 1 Civil del Circuito de Florencia; los juzgados 2 y 3 laborales del Circuito de Valledupar; el Juzgado 16 Civil del Circuito de Bogotá y el Juzgado 5 Civil del Circuito de Medellín, en cuanto protegieron el derecho de petición de los accionantes a los cuales se refieren los siguientes expedientes:
T-123904 Herrera Motoa Héctor Hernando
3. En relación con todos los expedientes citados en los ordinales 1 y 2, CONCÉDENSE las tutelas solicitadas por violación del derecho a la igualdad y en consecuencia, ordénase al Ministro de Hacienda y Crédito Público que, a más tardar, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente fallo, proceda a situar, si ya no lo hubiere hecho, los fondos indispensables para el pago de cesantías parciales solicitadas por los accionantes junto con su correspondiente indexación, siempre que hubiere apropiación presupuestal suficiente.
4. ORDÉNASE a la Dirección Nacional de Administración Judicial y a las respectivas seccionales, que, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes al momento en que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público sitúe los fondos respectivos, procedan, si ya no lo hubieren hecho, al pago de las cesantías parciales que se adeudan a los accionantes, indexando las sumas debidas.
5. CONFIRMAR totalmente los fallos proferidos por la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil; Consejo de Estado, secciones Segunda, Tercera y Cuarta; el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Laboral; el Tribunal Superior de Bogotá, salas Penal y Civil; el Tribunal Superior de Neiva, salas Penal y Civil; el Tribunal Superior de Villavicencio, Sala Penal; el Tribunal Superior de Ibagué, salas Civil y Laboral; el Tribunal Administrativo del Valle Sección Segunda; el Tribunal Superior de Cali, salas Civil, Penal y Laboral; el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil; el Tribunal Superior Santa Rosa de Viterbo, Sala Civil; el Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal; el Juzgado 8 Penal del Circuito de Bogotá, los juzgados 1 y 5 Civil del Circuito de Ibagué; los juzgados 4, 6, 10, 11, 12 y 14 civiles del Circuito de Cali; el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán; el Juzgado 4 Civil del Circuito de Santa Marta; el Juzgado 3 Civil Municipal de Cali, los juzgados 6, 11, 19 y 24 penales del Circuito de Medellín; los juzgados 4, 6, 11 y 12 civiles del Circuito de Medellín; el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá; el Juzgado 2 Penal del Circuito de Tunja; el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Ibagué; el Juzgado 19 Penal Municipal de Medellín, al resolver sobre las acciones de tutela correspondientes a los expedientes que se citan a continuación, en el entendido de que, cuando se hubieren concedido las tutelas, se reconocerá el valor correspondiente a la indexación:
T-136499 Arbeláez Zuluaga Darío Jesús
T-135077 Avella Arenas Víctor Julio
T-127637 López Ortiz Meterlin
T-136105 Olaya Rodríguez Álvaro
T-120871 Ramírez Gómez Edda
T-134958 Rengifo Hernández Gladus
6. NIÉGANSE las pretensiones de los siguientes accionantes por carencia actual de objeto, en cuanto al derecho de petición, ya que este se satisfizo al reconocerles la prestación solicitada, sin perjuicio de que la administración judicial les cancele lo adeudado en la oportunidad que esta sentencia contempla, con sumas indexadas, siempre que no lo hubiere hecho todavía:
7. Remítase copia de esta sentencia al Procurador General de la Nación para que se investigue la conducta disciplinaria de los servidores públicos que han omitido dar cumplimiento oportuno a los trámites de pago de cesantías parciales de los accionantes.
8. Por secretaría, líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991.
Magistrados: Antonio Barrera Carbonell—Jorge Arango Mejía—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—Susana Montes—José Gregorio Hernández Galindo—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz—Vladimiro Naranjo Mesa.
Con el debido respeto y consideración por la mayoría de la Sala Plena de la honorable Corte Constitucional, procedemos a consignar las razones de nuestro disentimiento parcial con la decisión contenida en la providencia de fecha 28 de agosto de 1997, número SU-400/97.
b. Sin embargo, por vía de tutela, como lo ha reiterado la honorable Corte Constitucional, no es dable analizar ni mucho menos reconocer, los perjuicios pasados, causados a los accionantes. Cuando mucho se podrá buscar que se evite un perjuicio eventual y futuro que podría ser irreparable.
Uno de tales perjuicios es, naturalmente, la pérdida del poder adquisitivo del dinero por el transcurso del tiempo, el cual también requiere para su reconocimiento individual, de prueba que acredite en cada caso, la variación del índice de precios al consumidor (IPC), entre la fecha en que debió hacerse el pago y aquella en que efectivamente se realice, mediante certificación de autoridad competente (DANE).
Jorge Arango Mejía—Susana Montes de Echeverri—Vladimiro Naranjo Mesa