Source: http://abogadopoblete.blogspot.com/2007/02/
Timestamp: 2017-05-24 11:41:10
Document Index: 146453844

Matched Legal Cases: ['artículo 157', 'artículo 248', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 157', 'artículo 11', 'artículo 306', 'artículo 306', 'artículo 336', 'artículo 454', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 31']

Camara Criminal y Correccional Federal Sala IPRIETO, Manuel E.Causa 39.397 Reg. 1128“Buenos Aires, 19 de octubre de 2006.Y VISTOS: Y CONSIDERANDO:I-Llegan las presentes actuaciones a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuestos por las defensas de Manuel Enrique Prieto (fs. 1160/1161) y de Diego Eduardo Pizarro (fs. 1150/1151) contra el pronunciamiento del Juez a quo que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva y embargo de los nombrados. Al primero lo encontró prima facie responsable del delito dispuesto en el artículo 157 bis inciso 2°, en concurso ideal con el artículo 248 del Código Penal y al segundo del dispuesto en el artículo 157 bis, inciso 1° del Código Penal.El origen de esta causa tuvo lugar el día 19 de enero de 2005 en razón de una presentación efectuada por Mariano Jara, abogado del Área de Actuaciones Penales de la ANSES, ante la U.F.I.S.E.S (Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Fiscal). En tal oportunidad, y en el momento de prestar declaración testimonial, dio cuenta de la presunta comisión de un hecho ilícito en relación a la irregular obtención, remisión, manipulación y destino impreso de información confidencial de la referida Administración, en el que estaría involucrado personal de la ANSES (fs. 17). Posteriormente, el Sr. Fiscal Guillermo Marijuan (Titular de la U.F.I.S.E.S.) formuló formal denuncia (fs. 63/66) y a fs. 70/71 formuló el debido requerimiento de instrucción.El hecho que se le imputa a Prieto es haber entregado, traspasado, o copiado ilegítimamente, o haber intervenido en ello, en función del cargo de gerente de la Gerencia de Control de la ANSES que ostentaba, en fecha no determinada con exactitud, pero posiblemente comprendida entre los días 6 y 12 del mes de octubre de 2004, dos discos compactos –u otro soporte– que contenían información confidencial consistente en las bases de datos correspondientes al padrón de afiliados a las obras sociales y la de desempleados, a terceros ajenos al organismo, especialmente a la empresa P&P BDP S.A., en procura de un beneficio propio o de un tercero y en contravención a lo normado en los artículos 7, 9, 10, 11 inc. d y e, 32 inc. 2, de la ley 25.326 y su reglamentación.El hecho que se le imputa a Pizarro –gerente de la empresa P&P BDP S.A.– es haber accedido a sabiendas e ilegítimamente, en fecha no determinada con exactitud, pero posiblemente comprendida entre los días 6 y 12 del mes de octubre de 2004, y violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, a dos discos compactos –u otro soporte– que contenían información confidencial consistente en las bases de datos correspondientes al padrón de afiliados a las obras sociales y la de desempleados, todo ello en procura de un beneficio propio o de un tercero, en contravención a lo normado en la ley 25.326 y su reglamentación.II- Situación procesal de Manuel Enrique PrietoEn primer lugar, la materialidad de los hechos imputados no se encuentra acreditada con el grado de conocimiento que se requiere en esta etapa del proceso.En efecto, en estos actuados no se encuentra discutido que Prieto –en su calidad de gerente de la Gerencia de Control de la ANSES– haya tenido en su poder los dos CD con la información discutida, ni que Pizarro –en su calidad de gerente de la empresa “P&P”– haya contado con la información, sino que el primero se la haya traspasado al segundo.De las probanzas de autos surge que Prieto habría solicitado la información contenida en los CD antedichos desde que inició su gestión como gerente del Área de Control de la ANSES, en el mes de marzo de 2004 (según surge de la declaración de Xamena a fs. 23/25 del incidente y de la declaración de Prieto a fs. 26/30 del incidente). De esta forma, la solicitud de los datos habría sido realizada ocho meses antes de tenerlos efectivamente y del intercambio de los correos electrónicos relevantes con la empresa P&P BDP S.A.Por otro lado, las bases de datos contenidas en los CD y las que constaban en las computadoras de la empresa no eran idénticas (según surge de la pericia obrante a fs. 651/763 y de la declaración del perito informático obrante a fs. 767/8). Si bien existe la posibilidad de que la empresa “P&P” haya recibido la base de datos de la Gerencia de Control de la ANSES y la haya modificado agregándole información, lo cierto es que esa alternativa no ha sido acreditada con el grado de certeza necesario en esta etapa.Además, las bases de datos de “P&P” fueron creadas con anterioridad a que Prieto recibiera los CD (del allanamiento de la empresa que consta a fs. 270 surge que las bases fueron creadas el 16/5/2002). Si bien el personal de la empresa manifestó que la información que constaba en las bases era actualizada constantemente, este elemento corrobora la imposibilidad de tener por acreditada la conducta achacada a Prieto con las probanzas de estos actuados.Consecuentemente, y escindido de toda discusión relativa al carácter efectivamente confidencial de la información de marras, lo cierto es que no hay elementos para procesar a Prieto por haber revelado la información consistente en las bases de datos.III- Situación procesal de Diego Eduardo PizarroPor su parte, y en relación con la imputación de Pizarro, el inciso 1° del artículo 157 castiga a aquel que “A sabiendas e ilegítimamente, o violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos, accediere, de cualquier forma, a un banco de datos personales”. Este inciso castiga no solo al que accediere a un banco de datos personales mediante la violación de un sistema de confidencialidad o seguridad, sino también al que accediere a aquél de cualquier modo ilegítimo y a sabiendas. En definitiva, este tipo penal incluye dos conductas alternativas que llegan al mismo resultado típico – acceso a banco de datos personales –. La primera conducta consiste en que el autor actúe a sabiendas e ilegítimamente (elemento normativo que implica que la conducta esté prohibida y que el autor no tenga ningún tipo de permiso o autorización) y la segunda en que viole sistemas de confidencialidad y seguridad de datos.En relación a la segunda de las alternativas, advertimos inmediatamente la ausencia en el caso de marras de un elemento típico. Sostiene Carlos Parma:“...el ´acceso´ también puede ser entonces ´violando sistemas de confidencialidad y seguridad de datos´, de allí que cada acceso permitido o bien si el usuario lo practica sin ninguna traba, tipo de registración, contraseña, clave, etc., no sería típico”(Carlos Parma. Habeas Data. El artículo 157 del Código Penal.En: Martínez R., Juan Carlos, Delitos de blanqueo y lavado de activos, en el marco de operaciones sospechosas. Notas sobre la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero, 2002, Buenos Aires, El Autor, págs 43 a 56). En autos, no se advierte la violación a ningún sistema de seguridad.De esta manera, corresponde analizar la configuración en autos de la otra alternativa típica. En este sentido, con los elementos de autos sólo puede pensarse en las siguientes maniobras. Pizarro pudo haber accedido a las bases de datos mediante la transferencia de esa información por parte de Prieto o de cualquier otro funcionario. También pudo haber accedido a la información mediante la utilización de un programa “robot” o a través de la búsqueda individual en la página web –ninguna de ellas, claro está, implica la violación a sistema de seguridad alguno.La ilegitimidad de la primera de las posibilidades mencionadas derivaría del artículo 11 párrafo tercero del anexo I del decreto reglamentario de la ley de Hábeas Data N° 1558/01que en su parte pertinente establece: “La cesión masiva de datos personales de registros públicos a registros privados sólo puede ser autorizada por ley o por decisión del funcionario responsable, si los datos son de acceso público y se ha garantizado el respeto a los principios de protección establecidos en la Ley N° 25.326...”.Otra de las hipótesis consiste entonces en que Prieto habría accedido a las bases de datos mediante la utilización de un programa “ráfaga” o “robot” en la página web de la ANSES. La ilegitimidad de tal accionar derivaría de la RES. C. S. I. 0003/04 que prohíbe el uso de ráfagas de transacciones sobre los recursos informáticos de la ANSES, tanto para los usuarios internos como externos.Finalmente, y tal como Pizarro dijo que sucedieron los hechos, éste podría haber accedido a los datos individualmente extrayéndolos de la página web de la Superintendencia de Salud. Este accionar no podría ser considerado ilegítimo al no contrariar disposición normativa alguna.Con respecto a la primera hipótesis, corresponde efectuar las mismas consideraciones realizadas al momento de analizar la situación procesal de Prieto y expresar que no hay elementos suficientes en la causa para tener por acreditado tal accionar conforme lo exige el artículo 306 del CPPN.En relación con la hipótesis segunda, advertimos que no existen elementos en la causa que permitan tenerla por corroborada o descartada. De tal forma, corresponde continuar con la investigación a fin de establecer si la eventual utilización del programa robot en los términos investigados constituye una de las conductas prohibidas por la resolución antes mencionada.Por último, corresponde investigar la verosimilitud del descargo de Pizarro y determinar si es posible acceder y descargar la totalidad de los datos contenidos en la base de datos de la empresa “P&P” individualmente desde la página web de la Superintendencia de Salud.En base a estas consideraciones, es que este Tribunal considera que no existe en autos el mérito exigido por el artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual se decretará la falta de mérito de los imputados, dado que de momento tampoco hay elementos para desvincularlos definitivamente del proceso.Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:–REVOCAR la resolución del a quo que dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Manuel Enrique Prieto y de Diego Eduardo Pizarro y trabó embargo sobre sus bienes por el monto de veinte mil pesos ($20.000); y DECLARAR LA FALTA DE MÉRITO de los nombrados, debiendo el Juez a quo continuar con la investigación en el sentido indicado en los considerandos.Regístrese, hágase saber al Ministerio Público Fiscal y remítase a la anterior instancia a fin de que se practiquen las notificaciones de rigor.Sirva la presente de muy atenta nota de envío.”Jueces: Freiler - Cavallo 1 comentarios
C.C.C. Fed. Sala I Jueces de Cámara Dres. Freiler - Cavallo"AVENA, Damián s/sobreseimiento"Caus 38.775 Reg. 1089 ."Buenos Aires, 5 de octubre de 2006.Y VISTOS Y CONSIDERANDO:I)Llegan las presentes actuaciones a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el Señor Fiscal a fs. 123/4, contra la resolución de fs. 119/122 que decretó el sobreseimiento de Damián Avena (artículo 336, inciso 3°, del código ritual).La Sra. Fiscal General Adjunta mantuvo el recurso e informó en los términos que prevé el artículo 454 del Código Procesal Penal de la Nación. Su desarrollo de los agravios expresados por el apelante se dirige a acreditar la infracción, de donde postula agravar la situación procesal en orden a la figura prevista por el artículo 31, inc. d de la ley 22.362.El caso traído a estudio involucra la venta ambulante, en condiciones precarias e informales -se había montado una suerte de exhibidor sobre dos cajones de manzanas-, de más de una treintena de discos compactos. Las cajas que los contenían ostentaban láminas a simple vista diferentes de las originales, puesto que, además de provenir de otros sistemas de impresión, sólo tratábase de una foja, cuando las auténticas poseen en su interior las letras de las diferentes canciones, duración de los temas, junto con una serie de fotografías del conjunto o cantante correspondiente, entre otras inscripciones, sin mencionar específicos sistemas de control - p. ej. códigos de barras- (v. pericia obrante a fs. 30/31). Varios de los discos, vale agregar, siquiera presentaban sello discográfico.Las circunstancias particulares del caso en estudio hacen necesario determinar si este tipo de conductas caracterizadas por su tosquedad y mínima trascendencia son típicas a partir de su sola comparación con la redacción de la norma -artículo 31, inciso d, de la ley 22.362-; o si debe incluirse en el análisis el grado de afectación al bien jurídico protegido, necesaria consecuencia del principio de lesividad.Sucede que, mientras una comparación tan solo formal -mecánica- con la figura legal puede llevarnos a afirmar la tipicidad, la inclusión de la necesidad de lesión -en sentido estricto o bien como peligro- al bien jurídico que la norma busca proteger, puede conducirnos a la solución contraria.Para ello, en primer lugar, resulta imprescindible delimitar qué se intenta tutelar a través del régimen penal marcario, que, desde un vamos hay que aclarar, no debe ser confundido con todo el régimen de protección marcaria que se extiende por las distintas ramas del derecho. Tampoco puede reconocérsele naturaleza penal a todas las disposiciones de la ley 22.362. La mencionada ley tiende a proteger dos intereses: el del industrial, para que su producto, resultado de su labor y experiencia y exponente de sus procedimientos y cuidados, no sea confundido, cuando la reputación y aceptación en el público se han obtenido tras largo y paciente trabajo, con otros productos similares que otros productores lancen a la circulación bajo apariencia análoga, que permita a éstos aprovecharse del beneficio de la actividad desarrollada por aquél; y en segundo lugar, el interés del público consumidor en conocer la procedencia del artículo que adquiere, en su derecho a elegir y ejercitar la preferencia de su gusto (c. Navarro, Rafael, rta. 17/5/05).Pasar por alto que, en lo que atañe a las figuras penales que incorpora, el legislador ha reparado especialmente en el engaño y descrédito para la confianza pública que se produce como consecuencia de la falsificación (v. Exposición de motivos, comentario al artículo 32, en Legislación Argentina, 1981, A). Fue la protección del interés del público consumidor la que justificó la conversión de un delito que requería la instancia del damnificado en un delito de acción pública.En este sentido se ha dicho que “aunque la ley 22.362 se oriente tanto al comerciante como al consumidor en el ámbito penal, en lo que respecta a la acción pública el acento está puesto en la protección del público, esto es, el consumidor, antes que el titular de la marca” (CNCP, Sala III, voto de la Dra. Angela Ledesma en causa “Ostrowiecki, Guido”, rta. 14/3/05).A partir de allí es razonable preguntarse qué sucede cuando la falsificación es burda y, por consiguiente, se descarta la posibilidad de engaño al público. En ese caso resta comprobar si subsiste un remanente de afectación al fabricante o industrial que podría ver perjudicada la reputación de su marca, por ejemplo, ante el sólo hecho de su uso masivo.Por eso, cuando la ley 22.362 llevó a cabo la conversión de las figuras especiales hacia delitos de acción pública lo justificó refiriendo exclusivamente a la protección de la confianza pública, como no podía ser de otro modo.El interrogante tiene fácil respuesta ante la presencia en el proceso de la víctima que constituida como querellante invoca su perjuicio y hace tangible la lesividad de la conducta reprochada. El problema se da cuando se descarta la afectación de la confianza pública por la inidoneidad de la falsificación y nadie ha ejercido ese derecho de constituirse en acusador privado. A veces, siquiera hay denunciante y todo comienza con el actuar preventor de alguna fuerza de seguridad que practica la selección de motus propio.Ante este tipo de supuestos, iniciados por prevención policial y donde no existe querellante, la afectación o potencial afectación al bien jurídico protegido por la norma, entonces, debe traducirse en la posibilidad concreta de un engaño al público consumidor. Si éste fuese desechado, la conducta perseguida debe reunir una serie de características que hagan presumir un perjuicio hacia el titular de la marca -aún frente a su pasividad-, vale decir, dimensiones considerables, giro comercial importante y efectos negativos apreciables.Sólo bajo esas circunstancias se supera el umbral constitucional que resulta del principio de lesividad mencionado en un comienzo y la persecución penal se hace viable, pues aparece el “fin” que justifica y da sentido a la injerencia penal en la libertad de acción del individuo (v. Hassemer, Winfried, “Bienes jurídicos en el derecho penal”,en “Estudios sobre Justicia Penal. Homenaje al Profesor Julio B.J. Maier”, Ed. Del Puerto, Bs. As., 2005, pág. 74).En los parámetros señalados la conducta de quien en forma precaria, sobre dos cajones, exhibió en la vía pública es que a simple vista presentaban sus láminas fotocopiadas y contenían soportes “vírgenes”. De allí deriva su atipicidad, al menos, en cuanto concierne a las figuras penales marcarias.En coincidencia, es doctrina de la Sala II de este Tribunal que Ano se vislumbra una afectación al titular marcario ni al público general que interese al régimen de protección penal instaurado por la ley 22.362, cuando la baja calidad de los objetos incautados, la escasa cantidad de prendas que corresponden a cada una de las marcas involucradas y las circunstancias de su comercialización, no comprometen la marca de sus productos ni son idóneas para crear confusión sobre su procedencia original en quien eventualmente los adquiera (ver de esta Sala, causa n° 20.298 "GABRIEL AÑAÑOS", reg. n° 21.502 del 2/9/03; causa n° 20.745 "MISCI" reg. n° 21.759 del 13/11/03 y causa n° 20.728 "BALMACEDA", reg. n° 22.009 del 3/2/04) (c. 23.046 "CORRADO, Rául A. y otro s/falta de mérito", rta. 18/10/05).En cuanto a la posibilidad de que la conducta atribuida a Damián Avena fuese constitutiva de alguna infracción prevista por la ley 11.723, lo cierto es que la referencia escasa incluida en el auto de sobreseimiento, prácticamente no tuvo contestación en el escrito de apelación. Tanto la resolución del juez como el dictamen fiscal parecen equiparar las conductas previstas en una y otra ley, en un caso para desincriminar y, en el otro, para afirmar la tipicidad. En lo que respecta al Ministerio Público Fiscal, tal proceder se traduce en que ante esta Alzada se solicitase el agravamiento de la situación procesal exclusivamente en orden al artículo 31 inc. “d” de la ley 22.362 (fs. 135/136).Dicho esto, sujeta la revisión a la medida del agravio (cfr. art. 445 C.P.P.), los párrafos precedentes bastan para darle respuesta, más allá de destacar la incorrección en que ncurren ambos magistrados de la anterior instancia al asimilar figuras penales diversas.Por todo lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:CONFIRMAR la resolución obrante a fs. 119/22 en todo cuanto decide y fue materia de apelación.Vuélvase a la anterior instancia donde deberán practicarse el resto de las notificaciones que correspondan.Sirva la presente de muy atenta nota de envío." 0
LEY 26200CONVENIOS INTERNACIONALESOrganización de las Naciones Unidas (ONU)ORGANISMOS INTERNACIONALESCorte Penal Internacional. Estatuto de Roma. Implementaciónsanc. 13/12/2006; promul. 05/01/2007; publ. 09/01/2007El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de ley:LEY DE IMPLEMENTACIÓN DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONALTÍTULO I:DISPOSICIONES GENERALESObjetoArt. 1.– La presente ley tiene como objeto implementar las disposiciones del Estatuto de Roma suscripto el 17 de julio de 1998, aprobado por la ley 25390 y ratificado el 16 de enero de 2001, y regular las relaciones de cooperación entre el Estado Argentino y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de las funciones encomendadas a este organismo por el citado instrumento y su normativa complementaria, mediante la atribución de competencia a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, en lo no previsto en el Estatuto de Roma y sus normas complementarias, en particular las Reglas de Procedimiento y Prueba.AlcanceArt. 2.– El sistema penal previsto en el Estatuto de Roma y la presente ley sólo son de aplicación para los crímenes y delitos respecto de los cuales la Corte Penal Internacional es competente.Las conductas descriptas en los arts. 6 , 7 , 8 y 70 del Estatuto de Roma y todos aquellos delitos y crímenes que en lo sucesivo sean de competencia de la Corte Penal Internacional, serán punibles para la República Argentina en la forma que esta ley prevé.Toda vez que el Estatuto de Roma hace referencia a crímenes debe entenderse como delitos.Ámbito de aplicaciónArt. 3.– Esta ley se aplica:a) A los delitos cometidos o cuyos efectos deban producirse en el territorio de la República Argentina, o en los lugares sometidos a su jurisdicción;b) A los delitos cometidos en el extranjero por agentes o empleados de autoridades argentinas en desempeño de su cargo;c) A los delitos cometidos fuera del territorio argentino por nacionales argentinos o por personas domiciliadas en la República Argentina, siempre que el imputado no haya sido absuelto o condenado en el extranjero o, en este último caso, no haya cumplido la pena;d) En los casos previstos en convenios internacionales de los que la República Argentina es parte.Principio aut dedere aut iudicareArt. 4.– Cuando se encuentre en territorio de la República Argentina o en lugares sometidos a su jurisdicción una persona sospechada de haber cometido un crimen definido en la presente ley y no se procediera a su extradición o entrega a la Corte Penal Internacional, la República Argentina tomará todas las medidas necesarias para ejercer su jurisdicción respecto de dicho delito.CompetenciaArt. 5.– La competencia por la comisión de los delitos previstos en el Estatuto de Roma y en la presente ley corresponde a los Tribunales Federales con competencia en lo penal.Aplicación supletoriaArt. 6.– Con carácter supletorio a la presente ley se aplican los principios y reglas del derecho penal internacional, los principios generales del derecho argentino y las normas contenidas en el Código Penal, en el Código Procesal Penal de la Nación y en sus leyes complementarias.TÍTULO II:PENAS Y PRINCIPIOS GENERALESInterpretaciónArt. 7.– Toda vez que el Estatuto de Roma hace referencia a reclusión como una especie de pena, debe entenderse prisión.Penas aplicables en los casos de genocidioArt. 8.– En los casos previstos en el art. 6 del Estatuto de Roma la pena aplicable es de 5 a 25 años de prisión. Si ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua.Penas aplicables en los casos de crímenes de lesa humanidadArt. 9.– En los casos previstos en el art. 7 del Estatuto de Roma la pena aplicable es de 3 a 25 años de prisión. Si ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua.Penas aplicables en los casos de crímenes de guerra. InterpretaciónArt. 10.– En los casos previstos en el art. 8 del Estatuto de Roma y en el art. 85 párr. 3 incs. c) y d) y párr. 4 inc. b) del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 la pena aplicable es de 3 a 25 años de prisión. Si ocurre la muerte, la pena será de prisión perpetua.Cuando el Estatuto de Roma se refiere a reclutar o alistar niños menores de 15 años, la República Argentina entenderá que se trata de menores de 18 años.Cuando el Estatuto de Roma se refiere a hacer padecer intencionalmente hambre a la población civil como método de hacer la guerra, previsto como tipo de violación grave de la ley y uso aplicable en los conflictos armados internacionales dentro del marco establecido de derecho internacional, la República Argentina lo hará extensivo a conflictos armados de cualquier naturaleza.ImprescriptibilidadArt. 11.– La acción y la pena de los delitos previstos en los arts. 8 , 9 y 10 de la presente ley y aquellos que en el futuro sean de competencia de la Corte Penal Internacional, son imprescriptibles.Graduación de la penaArt. 12.– La pena aplicable a los delitos previstos en los arts. 8 , 9 y 10 de la presente ley, en ningún caso podrá ser inferior a la que le pudiera corresponder si fuera condenado por las normas dispuestas en el Código Penal de la Nación.Además de lo previsto en el art. 78 del Estatuto de Roma, a fin de graduar la pena es de aplicación lo dispuesto en el art. 41 del Código Penal.Principio de legalidadArt. 13.– Ninguno de los delitos previstos en el Estatuto de Roma ni en la presente ley puede ser aplicado en violación al principio de legalidad consagrado en el art. 18 de la Constitución Nacional. En tal caso, el juzgamiento de esos hechos debe efectuarse de acuerdo con las normas previstas en nuestro derecho vigente.TÍTULO III:DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONALFalso testimonioArt. 14.– El que dé falso testimonio ante la Corte Penal Internacional cuando esté obligado a decir verdad de conformidad con el párr. 1 del art. 69 del Estatuto de Roma, será reprimido con la pena de 1 a 10 años de prisión.Falsificación de pruebasArt. 15.– El que presente pruebas ante la Corte Penal Internacional a sabiendas de que son falsas o hayan sido falsificadas, será reprimido con la pena de 1 a 10 años de prisión.Corrupción de testigosArt. 16.– El que corrompa a un testigo que debe testificar ante la Corte Penal Internacional, obstruya su comparecencia o testimonio o interfiera en ellos, será reprimido con la pena de 1 a 10 años de prisión.Represalias contra testigosArt. 17.– El que tome represalias contra un testigo por su declaración prestada ante la Corte Penal Internacional, será reprimido con la pena de 3 a 10 años de prisión.Destrucción o alteración de pruebasArt. 18.– El que destruya, altere pruebas o interfiera en las diligencias de prueba en un procedimiento de la Corte Penal Internacional, será reprimido con la pena de 1 a 10 años de prisión.Intimidación o corrupción de funcionariosArt. 19.– El que ponga trabas, intimide o corrompa a un funcionario de la Corte Penal Internacional para obligarlo o inducirlo a que no cumpla sus funciones o a que lo haga de manera indebida, será reprimido con la pena de 3 a 10 años de prisión.Atentado contra funcionariosArt. 20.– El que tome represalias contra un funcionario de la Corte Penal Internacional en razón de funciones que hubiere desempeñado él u otro funcionario, será reprimido con la pena de 3 a 10 años de prisión.SobornoArt. 21.– El que solicite o acepte un soborno en calidad de funcionario de la Corte Penal Internacional y en relación con esas funciones oficiales, será reprimido con la pena de 8 a 15 años de prisión.TÍTULO IV:RELACIONES CON LA CORTE PENAL INTERNACIONALCAPÍTULO I:DISPOSICIONES GENERALESAutoridades competentesArt. 22.– Son autoridades competentes para la aplicación de esta ley:a) El Poder Ejecutivo.b) Los órganos de la Justicia Federal con competencia en lo penal.ComunicacionesArt. 23.– Las comunicaciones a la Corte Penal Internacional y a la Fiscalía se realizan por vía diplomática.CAPÍTULO II:REMISIONES A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL E IMPUGNACIÓN DE COMPETENCIA O ADMISIBILIDADRemisión y reconsideraciónArt. 24.– Corresponde al Poder Ejecutivo decidir la presentación de la denuncia de una situación ante el fiscal de la Corte Penal Internacional, de conformidad con los arts. 13 , ap. a) y 14 del Estatuto de Roma, y en su caso, instar a la Sala de Cuestiones Preliminares para que el fiscal reconsidere su decisión de no iniciar actuaciones, conforme el art. 53.3.a) del Estatuto de Roma.Requerimiento de inhibición al fiscal de la Corte. Deber de informarArt. 25.– 1. Recibida por el Poder Ejecutivo notificación del fiscal de la Corte o de la propia Corte, conforme el art. 18.1 del Estatuto de Roma, de tratarse de hechos cuyo conocimiento puede corresponder a la jurisdicción argentina, el Poder Ejecutivo solicitará a la Procuración General de la Nación, a las Cámaras Federales con competencia en lo penal y a quienes estime conveniente en cada caso en particular que le informen, en un plazo no mayor a 10 días, la existencia de actuaciones penales que que se sigan o que se hayan seguido en relación con los hechos objeto de la investigación.2. Cuando de la información suministrada surja que se ha ejercido jurisdicción en la República Argentina, que se está ejerciendo o que, como consecuencia de la notificación recibida se ha iniciado una investigación en el país, el Poder Ejecutivo decidirá si sostiene la competencia de la justicia argentina, y en su caso, formulará la petición de inhibición al fiscal de la Corte, conforme el art. 18.2 del estatuto, en un plazo no mayor de treinta días de recibida la notificación prevista en el art. 18.1 del estatuto.3. El Poder Ejecutivo debe responder con carácter urgente cualquier petición de información del fiscal de la Corte referida a la marcha de las investigaciones que se siguen en Argentina y del juicio ulterior que ha sido objeto de petición de inhibición.4. Cuando de la información suministrada por la Procuración General de la Nación y/o por las Cámaras Federales con competencia en lo penal y/o por otro organismo consultado surge que no se ha ejercido, no se está ejerciendo, ni se ejercerá la jurisdicción argentina, el Poder Ejecutivo lo comunicará en forma urgente al fiscal de la Corte y/o a la Corte.Impugnación de la competencia de la Corte Penal Internacional o de la admisibilidad de la causa. Apelación ante la Sala de Cuestiones PreliminaresArt. 26.– 1. Corresponde al Poder Ejecutivo resolver la impugnación de la competencia de la Corte o de la admisibilidad de la causa de conformidad con lo previsto en los arts. 17 , 18.7 y 19 del Estatuto de Roma, cuando la justicia argentina haya conocido en el asunto y haya recaído sentencia, o se haya decretado el sobreseimiento o esté conociendo en el asunto.2. La impugnación se formalizará a la mayor brevedad posible teniendo en cuenta lo prescripto en los arts. 18.7 y 19.4 del Estatuto de Roma.3. Igual procedimiento se observará para apelar una decisión ante la Sala de Cuestiones Preliminares de conformidad con el art. 82.2 del Estatuto de Roma.Inhibición de la jurisdicción argentina a favor de la Corte Penal InternacionalArt. 27.– Si a pesar de la solicitud de inhibición al fiscal de la Corte, prevista en el art. 25 de la presente ley, o de la impugnación de competencia o la admisibilidad de la causa, contemplada en el art. 26 , la Sala competente de la Corte autoriza al fiscal a proceder a la investigación o mantiene su competencia, el órgano jurisdiccional argentino se inhibirá a favor de la Corte y a su solicitud le remitirá todo lo actuado.CAPÍTULO III:ELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y REPRESENTANTES EN LA ASAMBLEA DE LOS ESTADOS PARTESMecanismo para la elección de magistradosArt. 28.– Cuando la República Argentina proponga candidatos para las elecciones de magistrados de la Corte Penal Internacional, éstos serán designados mediante el procedimiento regulado en el art. 99 inc. 4 de la Constitución Nacional para el nombramiento de los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.Mecanismo para la elección de representantes en la AsambleaArt. 29.– El representante de la República Argentina en la Asamblea de los Estados Partes prevista en el art. 112 del Estatuto de Roma y su suplente, serán nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado.CAPÍTULO IV:COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y ASISTENCIA JUDICIALSolicitud de detención y entrega, y de detención provisional de personas a la CorteArt. 30.– El Poder Ejecutivo al recibir una solicitud de detención y entrega determinará si la solicitud cumple con los requisitos formales establecidos en el art. 91 del estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.Si recibe una solicitud de detención provisional, analizará si ésta contiene los presupuestos previstos en el art. 92.1 y 2 del estatuto y las Reglas de Procedimiento y Prueba.Si la solicitud no cumple con alguno de los recaudos exigidos en las normas citadas en el párrafo precedente, el Poder Ejecutivo reservará las actuaciones mientras realiza las consultas que resulten pertinentes con la Corte.Remisión autoridad competente. DetenciónArt. 31.– Cuando el Poder Ejecutivo dé curso a una solicitud de detención y entrega o de detención provisional, la enviará a la autoridad judicial competente establecida en el art. 5 de la presente ley, quien librará la orden respectiva si la persona requerida no se encuentra detenida.AudienciaArt. 32.– El juez competente oirá a la persona detenida, asistida de abogado defensor y, en su caso, de intérprete y al Ministerio Público Fiscal dentro de las 24 horas siguientes a su puesta en disposición judicial. Después de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detención y las circunstancias previstas en el art. 59.2 del estatuto, le hará saber al detenido del contenido de la orden y de su derecho a solicitar la libertad provisional.Libertad provisionalArt. 33.– El detenido tiene derecho a solicitar la libertad provisional antes de su entrega a la Corte. En tal caso se seguirá el procedimiento dispuesto en el art. 59 del Estatuto de Roma.Consentimiento para la entrega. Comunicación a la CorteArt. 34.– En cualquier estado del proceso el requerido puede dar su consentimiento libre y expreso para ser entregado a la Corte. En tal caso, el juez debe resolver sin más trámite acordando su entrega. Acto seguido remitirá de inmediato copia del auto al Poder Ejecutivo para que le informe en forma urgente a la Corte y le solicite indicaciones para realizar el traslado. El Poder Ejecutivo una vez recibidas las instrucciones las comunicará de inmediato al juez a los fines de la entrega.Excepción de cosa juzgada o litispendenciaArt. 35.– En el caso previsto en el art. 89.2 del estatuto, si la Corte declaró admisible la causa, el tribunal competente rechazará la excepción de cosa juzgada o litispendencia.Solicitudes concurrentesArt. 36.– En el caso de ocurrir el supuesto previsto en el art. 90.1 del Estatuto de Roma, la República Argentina a través del Poder Ejecutivo notificará a la Corte y al Estado o a los Estados requirentes el hecho y adoptará una decisión conforme a las pautas dispuestas en el art. 90.2.3.4.5.6.7 y 8 del estatuto y, cuando corresponda, a lo establecido en las Reglas de Procedimiento y Prueba.Procedimiento aplicableArt. 37.– Si el Poder Ejecutivo decide darle prioridad en la entrega a la Corte, seguirá el trámite previsto en la presente ley. De lo contrario, seguirá el trámite de extradición previsto en el tratado vigente o, en su defecto, el contemplado en la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal que se encuentra en vigor.Entrega en tránsito de personasArt. 38.– El Poder Ejecutivo autorizará el tránsito por el territorio de la República Argentina de una persona que otro Estado entregue a la Corte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 89.3 del estatuto. La persona transportada permanecerá detenida en dependencias del Servicio Penitenciario Federal por un plazo no mayor a 96 horas. Cumplido dicho plazo sin que se haya presentado la solicitud de tránsito, la persona será puesta en libertad. Ello no obstará a que se introduzca un pedido de detención y entrega o de detención provisional ulterior.Entrega temporal de personasArt. 39.– Cuando la persona requerida esté detenida en territorio argentino y esté siendo enjuiciada o cumpliendo una condena por un delito distinto por el cual se pide su entrega a la Corte, el Poder Ejecutivo efectuará consultas con la Corte respecto de las condiciones a las cuales se sujetará la entrega temporal.CAPÍTULO V:OTRAS FORMAS DE COOPERACIÓN CON LA CORTE PENAL INTERNACIONALSolicitudes de cooperación. Requisitos. RemisiónArt. 40.– Las autoridades de aplicación de la presente ley cumplirán con las solicitudes de cooperación formuladas por la Corte previstas en el estatuto.El Poder Ejecutivo dictaminará si la solicitud de asistencia contiene los requisitos previstos en el art. 96.1 y 2 del estatuto y la remitirá a las autoridades que correspondan según el tipo de asistencia solicitada. Seguidamente, informará a la Corte acerca del órgano o de los órganos internos al que se haya remitido la solicitud.Procedimiento para llevar a cabo las medidasArt. 41.– Las condiciones y formas en que se llevarán a cabo las medidas requeridas se regirán por los procedimientos previstos en el estatuto, en las Reglas de Procedimiento y Prueba y en el ordenamiento interno. Si el cumplimiento de la solicitud está prohibido por un principio fundamental de derecho existente en la legislación interna y que es de aplicación general, el Poder Ejecutivo celebrará consultas con la Corte, a fin de establecer si se puede prestar la asistencia de otra manera o sujeta a determinadas condiciones.Denegación de asistenciaArt. 42.– La República Argentina no dará lugar a una solicitud de asistencia, en su totalidad o en parte, de conformidad con lo dispuesto en el art. 93.4 del estatuto únicamente si la solicitud se refiere a la presentación de documentos o a la divulgación de pruebas que afecten la seguridad nacional, conforme sea ésta definida por ley del Congreso.Cuando la solicitud de la Corte tenga por objeto documentos o información que hubieren sido transmitidos a la República Argentina con carácter confidencial por un Estado, una organización internacional o una organización intergubernamental, el Poder Ejecutivo lo comunicará de inmediato a la Corte.Comunicación a la Corte o al fiscalArt. 43.– El Poder Ejecutivo comunicará sin demora a la Corte o al fiscal los motivos por los cuales no se hará lugar a una solicitud de asistencia.Actuación del fiscalArt. 44.– El fiscal de la Corte podrá ejecutar directamente en territorio argentino una solicitud de asistencia que no requiera medidas coercitivas en los supuestos contemplados en el art. 99.4 del estatuto.CAPÍTULO VI:RECURSOSApelaciónArt. 45.– Contra las resoluciones adoptadas por el juez federal competente relativas a la situación procesal del reclamado por la Corte, podrá interponerse recurso de apelación ordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.CAPÍTULO VII:EROGACIONES A CARGO DEL ESTADO ARGENTINOFondos y gastosArt. 46.– En el presupuesto anual se destinará una partida equivalente al monto de la cuota prevista en el art. 115 y concs. del Estatuto de Roma a fin de solventar los gastos de la Corte y de la Asamblea de los Estados Partes.Asimismo, se establecerá un fondo de reserva específico para atender los gastos derivados del cumplimiento de las obligaciones previstas en el estatuto, de acuerdo con lo establecido en su art. 100 .CAPÍTULO VIII:EJECUCIÓN DE PENASRecepción de condenadosArt. 47.– Si el Poder Ejecutivo decide integrar la lista de Estados dispuestos a recibir condenados, manifestará a la Corte bajo qué condiciones lo hará, conforme lo estipula el art. 103.1 del Estatuto de Roma.De resultar designada la República Argentina en un caso determinado el Poder Ejecutivo indicará sin demora a la Corte si acepta la designación.Organo de ejecuciónArt. 48.– El Servicio Penitenciario Federal, en caso de que la República Argentina integre la lista de Estados dispuestos a recibir condenados, tendrá a su cargo la ejecución de la sentencia conforme las reglas del Estatuto de Roma y las normas establecidas en el Código Procesal Penal de la Nación.Ejecución de multas, orden de decomiso y de reparaciónArt. 49.– Cuando la petición de ejecución de la Corte se refiere a una multa, orden de decomiso o de reparación, el Poder Ejecutivo remitirá la documentación pertinente al órgano judicial competente para que inste la ejecución y en su caso, se pongan a disposición del Poder Ejecutivo los bienes o sumas obtenidas, para su transferencia a la Corte.El órgano judicial competente dará cumplimiento a la orden en forma directa y sin procedimiento de exequátur.CAPÍTULO IX:DISPOSICIONES FINALESArt. 50.– Las Reglas de Procedimiento y Prueba y los Elementos de los Crímenes dictados por la Asamblea de los Estados Partes de conformidad con lo dispuesto por los arts. 51 y 9 del Estatuto de Roma, deben publicarse en el Boletín Oficial de la Nación.Art. 51.– Todas las remisiones hechas al Estatuto de Roma se refieren al texto oficial en español.Art. 52.– Comuníquese, etc.Balestrini - Pampuro - Hidalgo - Estrada Etiquetas:
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