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Timestamp: 2018-09-25 16:14:26
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FIV EN Costa Rica. Caso Artavia Murillo y Otros ( Fecundación in Vitro ) v. Costa Rica. Por qué es importante este caso? 1. - PDF
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Eva Fernández Cruz
1 FIV EN Costa Rica Caso Artavia Murillo y Otros ( Fecundación in Vitro ) v. Costa Rica 1. CONTEXTO GENERAL En Costa Rica, la fertilización in vitro (en adelante FIV ) fue autorizada y regulada por primera vez en , y se practicó durante casi 5 años con mucho éxito. Poco después de su aprobación, también en 1995, se presentó una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto que regulaba la práctica, alegando que este método de reproducción asistida violaba el derecho a la vida de los embriones. El 15 de marzo del año 2000, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica declaró inconstitucional la FIV, principalmente por atentar contra la vida y la dignidad del ser humano. La Sala Constitucional argumentó que, a partir del momento en que un óvulo es fertilizado, existe una persona con un derecho a la vida absolutamente inviolable, y que en consecuencia el embrión no puede ser tratado como objeto, para fines de investigación, ser sometido a procesos de selección, conservado en congelación, [o] expuesto a un riesgo desproporcionado de muerte 2. Este último supuesto afectaba especialmente a la FIV porque, según la Corte, la técnica comportaba una elevada pérdida de embriones que no se implantarían. A partir de ésta decisión, Costa Rica pasó a ser el único Estado en el mundo donde la FIV estaba prohibida. Por qué es importante este caso? Este caso representa un avance determinante en el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos en la región de América Latina y el Caribe. En el caso, la Corte IDH: 1) reconoció por primera vez que los derechos reproductivos son derechos humanos, pues se encuentran incorporados en la obligación de respeto y garantía de los derechos a la privacidad, a conformar una familia, a la libertad y la integridad personal; 2) fijó el alcance de la protección del derecho a la vida prenatal a la luz de la Convención Americana, determinando que la protección inicia con la implantación y no con la fertilización, que no se trata de un derecho absoluto sino gradual e incremental, de acuerdo al desarrollo de la vida y a los otros derechos involucrados, y que a la luz de la Convención Americana, el embrión no es una persona; y 3) estableció que la prohibición de servicios de salud reproductiva puede tener un impacto discriminatorio basado en i) el género, al considerar que los derechos del embrión deben prevalecer sobre los de la mujer, y al entender que la mujer es un instrumento de reproducción; ii) la discapacidad, dada la condición de salud e infertilidad de las víctimas; y iii) el estatus socioeconómico, dado que las personas que no tienen recursos para practicarse la FIV en otro país quedaron imposibilitadas para acceder a tratamientos contra la infertilidad. reproductiverights.org/es
2 2. HECHOS El 19 de enero de 2001, nueve parejas que padecían de infertilidad presentaron una demanda contra el Estado de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH ), esgrimiendo la violación de sus derechos humanos, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana ), como consecuencia de la prohibición de la FIV. 3 El 29 de julio de 2011, la CIDH presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la Corte IDH ). En su informe de fondo, la CIDH determinó que el Estado de Costa Rica era responsable por la violación de los derechos a la privacidad, la familia y la igualdad ante la ley de las nueve parejas. 4 El 28 de noviembre de 2012 la Corte IDH emitió la sentencia. El Estado de Costa Rica fue declarado responsable por la violación a los derechos consagrados en la Convención Americana a la integridad personal (Artículo 5.1), la libertad personal (Artículo 7.1), la vida privada (Artículo 11.2) y familiar (Artículo 17.2) y la igualdad (Artículo 1.1) en el ejercicio de estos derechos por parte del Estado. La sentencia establece un importante precedente en el desarrollo de la jurisprudencia sobre derechos reproductivos en la región de América Latina. A continuación se presenta un análisis de los aspectos más importantes de dicho precedente. 3. SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 3.1 Los derechos reproductivos deben ser salvaguardados para asegurar la protección del derecho a la integridad personal, la libertad personal, y la vida privada y familiar. La Corte IDH estableció que el derecho a la libertad comprende el derecho de toda persona a organizar su vida individual y social conforme a sus opciones y convicciones particulares. Por otro lado, estableció también que el derecho a la vida privada comprende la decisión de ser madre o padre en el sentido genético o biológico. La Corte IDH reiteró a su vez que la integridad personal está directa e inmediatamente vinculada con la atención de la salud. Finalmente, y dado el vínculo entre la autonomía personal, la libertad reproductiva y la integridad física y psicológica 5, la Corte IDH estableció que la falta de salvaguardas legales para tomar en consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave del derecho a la autonomía y la libertad reproductiva La protección del derecho a la vida se da a partir del momento de la implantación, debe ser incremental conforme al desarrollo gestacional, y debe ponderarse con todos los derechos humanos involucrados. El Estado y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica consideraron que el artículo 4.1 de la Convención Americana obliga a los Estados a proteger de forma absoluta el derecho a la vida de los embriones. Esta interpretación fue el fundamento de la prohibición total de la FIV. La sentencia de la Corte IDH responde a esta interpretación fijando el alcance de la protección del derecho a la vida. Para la Corte IDH, algunos planteamientos que ven en los óvulos fecundados una vida humana plena, [ ] pueden ser asociados a concepciones que le confieren ciertos atributos metafísicos a los embriones 7, lo que sin embargo no podría justificar que se otorgue prevalencia a cierto tipo de literatura científica al momento de interpretar el alcance del derecho a la vida consagrado en la Convención Americana, pues ello implicaría imponer un tipo de creencias específicas a otras personas que no las comparten 8. La sentencia explica que, cuando la Convención Americana establece que el derecho a la vida está protegido desde la concepción, el término concepción no puede ser comprendido como un momento o proceso excluyente del cuerpo de la mujer, dado que un embrión no tiene ninguna posibilidad de supervivencia si la implantación no sucede 9. En consecuencia, la Corte IDH determinó que la concepción se da en el momento de la implantación, y estableció que antes de este evento no procede aplicar el artículo 4 de la Convención Americana 10. Por otro lado, la Convención Americana establece que dicha protección comienza en general a partir del momento de la concepción, lo que significa que deben existir excepciones 11. Puesto que la interpretación corriente del significado del artículo 4.1 no lo precisa, la Corte IDH realizó una interpretación histórica y sistemática del mismo para determinar cuál es el alcance de dichas excepciones. En lo que respecta a la interpretación histórica, la Corte IDH analizó los trabajos preparatorios de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana, y concluyó que los mismos no daban una respuesta definitiva. En lo que respecta a la interpretación sistemática, la Corte IDH analizó todos los artículos de la Convención Americana y de la Declaración Americana que utilizan la expresióntoda persona, y encontró que no resulta factible sostener que un embrión sea
3 titular y ejerza los derechos consagrados en cada uno de dichos artículos 12. La Corte IDH examinó a continuación el derecho a la vida en el derecho internacional comparado. En su revisión de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño y los sistemas africano y europeo de derechos humanos, la Corte IDH concluyó que las tendencias de regulación en el derecho internacional no llevan a la conclusión que el embrión sea tratado de manera igual a una persona o que tenga un derecho a la vida (énfasis agregado) 13. Finalmente, la Corte IDH interpretó que el objeto y fin de la cláusula en general del artículo 4.1 de la Convención es la de permitir, según corresponda, un adecuado balance entre derechos e intereses en conflicto 14. En el caso en cuestión, dicho objeto y fin implica que no pueda alegarse la protección absoluta del embrión anulando otros derechos 15. Así, la Corte IDH concluyó que: el embrión no puede ser entendido como persona para efectos del artículo 4.1 de la Convención Americana. Asimismo, luego de un análisis de las bases científicas disponibles, [...la concepción en el sentido del artículo 4.1 tiene lugar desde el momento en que el embrión se implanta en el útero, razón por la cual antes de este evento no habría lugar a la aplicación del artículo 4 de la Convención. Además, es posible concluir de las palabras en general que la protección del derecho a la vida con arreglo a dicha disposición no es absoluta, sino es gradual e incremental según su desarrollo, debido a que no constituye un deber absoluto e incondicional, sino que implica entender la procedencia de excepciones a la regla general La prohibición de la fertilización in vitro para proteger el derecho a la vida del embrión afecta desproporcionadamente el derecho de las parejas infértiles a fundar una familia, la privacidad, la integridad personal y la libertad. La Corte IDH reconoció que las parejas sufrieron una interferencia severa en relación con la toma de decisiones respecto a los métodos o prácticas que deseaban intentar con el fin de procrear un hijo o hija biológico. Pero también existieron impactos diferenciados en relación con la situación de discapacidad, el género y la situación económica, aspectos relacionados con lo alegado por las partes respecto a la posible discriminación indirecta en el presente caso 17. Para la Corte IDH, se produjo así una violación de los derechos a la integridad personal, la libertad personal, la vida privada, la intimidad, la autonomía reproductiva, el acceso a servicios de salud reproductiva y a fundar una familia, ya que dichos derechos son anulados en la práctica para aquellas personas cuyo único tratamiento posible de la infertilidad era la FIV 18. En contraste, la afectación del embrión en la FIV es muy leve, puesto que la pérdida embrionaria se da tanto en la FIV como en la concepción natural. La Corte IDH concluyó que al otorgarle una protección absoluta al embrión, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica no había ponderado ni considerado los demás derechos en conflicto. En esta medida, la Sala interfirió arbitraria y excesivamente en la vida privada y familiar de las víctimas, lo que además tuvo efectos discriminatorios contra las parejas infértiles por razones de género, discapacidad y situación económica. 3.4 Discriminación sufrida por las víctimas del caso La Corte IDH consideró que la sentencia de inconstitucionalidad emitida por el alto tribunal costarricense tuvo efectos sobre la protección del derecho a la vida privada y a fundar una familia. En su análisis, la Corte determinó que el principio de derecho imperativo de protección igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación determina que los Estados deben abstenerse de producir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos discriminatorios en los diferentes grupos de una población al momento de ejercer sus derechos 19. En este caso, las personas o parejas infértiles constituirían uno de esos grupos La prohibición de técnicas para superar la infertilidad constituye una discriminación y una violación de los derechos de las personas con discapacidad, incluyendo el derecho a acceder a técnicas que les permitan superar enfermedades reproductivas. La Corte IDH reconoció que la infertilidad es una limitación que, al interactuar con ciertas barreras sociales, impide a una persona gozar plenamente de sus derechos y libertades. Para contrarrestar estas barreras, los Estados deben adoptar medidas para garantizar a las personas con discapacidad la igualdad de condiciones, oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que las limitaciones anteriormente descritas sean desmanteladas 20. Reconociendo la infertilidad como una discapacidad, la Corte IDH concluyó que la infertilidad es una limitación funcional reconocida como una enfermedad y que las personas con infertilidad en Costa Rica, al enfrentar las barreras generadas por la decisión de la Sala Constitucional, debían considerarse protegidas por los derechos de las personas con discapacidad,
4 que incluyen el derecho de acceder a las técnicas necesarias para resolver problemas de salud reproductiva. Dicha condición demanda una atención especial para que se desarrolle la autonomía reproductiva La prohibición de la FIV en razón de la protección del embrión tiene un impacto discriminatorio y diferenciado basado en el género. La Corte IDH reconoció que el impacto de la prohibición de la FIV fue diferente para los hombres y las mujeres. Argumentando que la decisión de prohibir la FIV estuvo basada en estereotipos de género, la Corte IDH observó que la OMS ha señalado que si bien el papel y la condición de la mujer en la sociedad no deberían ser definidos únicamente por su capacidad reproductiva, la feminidad es definida muchas veces a través de la maternidad 22. Según la sentencia, este estereotipo de género afectó a las víctimas del caso, exacerbando su sufrimiento. Además de esta vinculación de la feminidad -como atributo inherente a una mujer- con su fertilidad, la Corte IDH identificó otro estereotipo que impactó desproporcionadamente a las mujeres víctimas del caso: su consideración prioritaria como instrumentos de reproducción, que hace prevalecer la protección de la vida prenatal por encima de la salud de la mujer. En su argumentación, la Corte IDH estableció una analogía con lo ocurrido en el caso L.C. v. Perú, decidido por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el que se reconoció la existencia de este estereotipo y la discriminación que produce. 23 Asimismo, la Corte IDH determinó que la prohibición impactó de manera desproporcionada a las mujeres, pues fue en sus cuerpos donde se concretizaban intervenciones como la inducción ovárica u otras intervenciones destinadas a realizar el proyecto familiar asociado a la FIV 24. La Corte IDH también reconoció que la infertilidad genera discriminación contra los hombres por razón de género, en la medida en que ésta crea un fuerte sentimiento de impotencia y como resultado un cuestionamiento de su identidad de género REPARACIONES 4.1 Reparaciones individuales La Corte IDH impuso al Estado la obligación de: 1) Brindar tratamiento psicológico inmediato y gratuito a las víctimas, de una duración de hasta cuatro años. Este tratamiento debía considerar las necesidades y circunstancias particulares de cada víctima e incluir medicamentos, transporte y gastos relacionados. 2) Pagar US$ a cada víctima que tuvo que viajar al exterior para acceder a la FIV. 3) Pagar a cada víctima US$20.000, dados los sufrimientos y el cambio en sus condiciones de vida. 4.2 Reparaciones colectivas y/o de no repetición La Corte ordenó al Estado: 1) Publicar la sentencia en el Diario Oficial, en un diario de amplia circulación nacional y en el sitio web oficial de la rama judicial. 2) Tomar medidas para permitir la práctica de la FIV y regular su implementación, incluyendo sistemas de inspección y control de calidad para quienes la practiquen. 3) Incluir la FIV dentro de los tratamientos para la infertilidad ofrecidos por la Caja Costarricense de Seguro Social. 4) Implementar programas y cursos educativos para funcionarios judiciales en materia de derechos humanos, derechos reproductivos y no discriminación, con especial énfasis en esta sentencia y en precedentes relacionados La prohibición de servicios de salud que son necesarios para la reproducción de personas con infertilidad constituye una discriminación por razón de estatus socioeconómico de las personas que no pueden costear dichos tratamientos en el extranjero. La Corte IDH estableció que la prohibición de la FIV tuvo un impacto desproporcionado en las parejas infértiles que no contaban con los recursos económicos para practicarse la FIV en el extranjero 26, lo que constituye una discriminación de las parejas de menor nivel socio-económico.
5 Provisiones relevantes en materia de derechos humanos CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos: Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de [ ] sexo, [ ] posición económica [ ] o cualquier otra condición social. Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno los Estados Partes se comprometen a adoptar [ ] las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Artículo 4. Derecho a la Vida: Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal: 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad: 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada [ ]. Artículo 17. Protección a la Familia: 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Artículo 1: Propósito- promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. Artículo 25: Salud- los Estados Partes: a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población. PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES PROTOCOLO DE SAN SALVADOR Artículo 10: Derecho a la Salud- 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: [ ] b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; [ ] d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; [ ] f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. Artículo 18: Protección de los Minusválidos- Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad. Con tal fin, los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para ese propósito y en especial a: a) ejecutar programas específicos destinados a proporcionar a los minusválidos los recursos y el ambiente necesario para alcanzar ese objetivo [ ]. CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Artículo I: Para los efectos de la presente Convención, se entiende por: 1. Discapacidad- El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social.
6 Endnotes 1 Decreto Ejecutivo No S de 3 de febrero de 1995, emitido por el Ministerio de Salud. 2 Sentencia No de 15 de marzo de 2000, emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Expediente No CO (expediente de anexos al informe, tomo I, folio 85). 3 [ ] los representantes de las víctimas [ ] plantearon [la violación de] [ ] los artículos 11.2 (Respeto de la Honra y de la Dignidad), 17.2 (Protección a la Familia) y 24 (Igualdad ante la Ley), en relación con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno), todos de la Convención. Pero es igualmente verdad que uno de los representante invocó, además, los artículos 4.1 (Derecho a la vida), 5.1 (Derecho a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) y que la citada Resolución expresamente se sustenta en el citado artículo 4.1. Caso Artavia Murillo y otros (fecundación in vitro) vs. Costa Rica [en adelante Caso Artavia], Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Corte IDH (ser. C) No. 257, Voto Disidente p. 3 (28 Nov., 2012). 4 Específicamente los artículos 11.2 (protección de la vida privada), 17.2 (derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia) y 24 (igualdad ante la ley) de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 (obligación de respetar los derechos sin distinción) y 2 (deber de adoptar disposiciones de derecho interno) de dicho instrumento. Ver Caso Artavia, supra nota 3, párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Id. párr Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer [Comité CEDAW], L.C. c. Perú, Comunicación No. 22/2009, Doc. de la ONU CEDAW/C/50/D/22/2009 (2011) [en lo sucesivo Comité CEDAW L.C. c. Perú]. Este caso fue litigado por el Centro de Derechos Reproductivos. 24 Caso Artavia, supra nota 3, párr Id. párr Id. párr. 303.
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