Source: https://supremo.vlex.es/vid/extracontractual-ferroviario-omision-negligente-35762192
Timestamp: 2019-10-19 17:00:17
Document Index: 243942490

Matched Legal Cases: ['Artículo 691', 'Artículo 693', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 1692', 'artículo 25', 'artículo 5', 'artículo 24', 'artículo 359', 'artículo 24', 'artículo 1692', 'artículo 1715']

STS 1324/2007, 5 de Diciembre de 2007 - Jurisprudencia - VLEX 35762192
Número de Recurso: 2748/2000
Número de Resolución: 1324/2007
"RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. ACCIDENTE FERROVIARIO. OMISIÓN NEGLIGENTE. El actor reclama indemnización por el fallecimiento de su madre ocurrido en accidente ferroviario. No puede reconocerse, como se hizo en apelación, omisión negligente alguna en la entidad demandada, por cuanto tal actuación ilícita (la omisión referida) debe circunscribirse a la falta de adopción de las medidas necesarias para evitar los perjuicios previsibles; y consta acreditado en el presente caso que la demandada atendió tales exigencias, estando perfectamente señalizada tanto la dirección de la salida subterránea como la prohibición de cruzar las vías por lugares no habilitados. En primera instancia se rechaza la demanda. Se estima el recurso de casación."
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, como consecuencia de autos, juicio de menor cuantía número 70/1997, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 40 de Madrid, sobre reclamación de cantidad a resultas de accidente ferroviario, el cual fue interpuesto por la entidad "RED NACIONAL DE FERROCARRILES ESPAÑOLES", representada por la Procuradora de los Tribunales Doña Isabel Ramos Cervantes, después sustituida por el Procurador Don Manuel Lanchares Perlado, en el que es recurrido Don Eloy, representado por la Procuradora Doña Esperanza Azpeitia Calvín.
Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 40 de Madrid, fueron vistos los autos, juicio de menor cuantía, promovidos a instancia de Don Eloy, contra "Red Nacional de Ferrocarriles Españoles" (RENFE), sobre reclamación de cantidad a resultas de accidente ferroviario.
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho: "dictar Sentencia condenando a dicha entidad al pago de QUINCE MILLONES DE PESETAS, y los intereses correspondientes desde la interposición de la presente demanda, a DON Eloy, con imposición de costas a la demandada".
Admitida a trámite la demanda, la demandada contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y, previa alegación de las excepciones de falta de jurisdicción por falta de competencia funcional y litis consorcio pasivo necesario, terminó suplicando al Juzgado: "dicte en su día alternativa, conjunta o subsidiariamente: PRIMERO.- AUTO, en sede Procesal del Artículo 691 y fondo jurídico de la Regla 4ª del Artículo 693, ambos de la LEC, por el que entendiendo insubsanables los defectos alegados en todas o alguna de las Excepciones alegadas por esta parte, se sobresea el proceso ordenando el archivo de los Autos con expresa imposición de Costas a la Actora.- SEGUNDO.- SENTENCIA, por la que, si no se hubiera dictado el Auto, se admitan todas o alguna de las Excepciones planteadas en el presente Escrito, y no se entre a conocer del fondo del asunto, desestimándose la Demanda con expresa imposición de Costas a la actora.- TERCERO.- SENTENCIA, por la que, desestimándose las Excepciones planteadas, se entre a conocer del fondo del asunto, absolviendo a mi Representada de los pedimentos realizados por la Demandante en su contra, con expresa imposición de Costas a la Actora.".
Por el Juzgado se dictó Sentencia con fecha 8 de julio de 1997, cuya parte dispositiva es como sigue: "Debo de desestimar y desestimo la demanda interpuesta por D. Eloy contra R.E.N.F.E., debo de absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos incluidos en el suplico de la demanda; todo ello con imposición de costas a la parte actora".
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación que fue admitido y, sustanciado éste, la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Novena, dictó Sentencia con fecha 9 de diciembre de 1999
, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Eloy contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado Juez del juzgado de primera instancia nº 40 de Madrid en fecha 8 de julio de 1997, se revoca la citada sentencia, condenando a RENFE a que abone al actor la cantidad de 5.000.000 ptas. Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas de primera instancia, ni de las costas de esta alzada".
La Procuradora Doña Isabel Ramos Cervantes, después sustituida por Don Manuel Lanchares Perlado, en representación de la entidad "RENFE", formalizó recurso de casación que funda en los siguientes motivos:
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española.
Al amparo de lo dispuesto en el párrafo 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, por infracción de lo dispuesto en los artículos 1902 y 1903 del Código Civil y doctrina jurisprudencial referente a tales preceptos.
Admitido el recurso por Auto de fecha 8 de julio de 2003 y evacuando el traslado conferido, la Procuradora Doña Esperanza Azpeitia Calvín, en representación de Don Eloy, presentó escrito de impugnación al recurso mencionado y terminaba suplicando a esta Sala: "se dicte Sentencia por la que se desestime el mencionado Recurso de Casación en su totalidad, confirmando íntegramente la Sentencia recurrida, con imposición de las costas a la parte recurrente".
Con carácter previo al señalamiento para votación y fallo del recurso se requirió a la entidad recurrente para que aportase nueva copia del escrito de interposición del recurso al no estar completa la inicialmente aportada. Cumplimentado dicho requerimiento fue señalado el recurso para su deliberación y votación, trámie suspendido al efecto de conferir nuevo traslado del escrito íntegro de interposición al recurrido, sin que el mismo presentase escrito alguno, tras lo que fue señalado nuevamente el recurso para la votación y fallo el día veintinueve de noviembre del año en curso.
El procedimiento de que el presente recurso trae causa comenzó en virtud de demanda del ahora recurrido, quien, en su condición de perjudicado por el fallecimiento de su madre Estíbaliz, interesaba la condena de la "Red Nacional de Ferrocarriles Españoles", al pago de la indemnización de 15.000.000 de pesetas, como responsable civil de la muerte de aquélla, acaecida el 30 de octubre de 1995, cuando, una vez se hubo apeado del tren de cercanías en que se había desplazado a la estación de Vallecas y estando cruzando las vías por un paso entarimado, junto con el resto de viajeros, fue arrollada por un convoy. Denunciaba el actor en su demanda que el referido acceso era ancho, estaba al ras de la vía, perfectamente pavimentado, y no existía cartel alguno de prohibición del paso, señales indicadoras de la existencia de un paso subterráneo en la estación, ni muros o vallas de cerramiento de la vía férrea al paso del pueblo de Vallecas.
La demandada, en cuanto al fondo del asunto, esgrimió la culpa exclusiva de la víctima, ponderando y llamando la atención sobre otras circunstancias fácticas concurrentes, a saber: distancia desde la zona de parada del tren hasta el paso de traviesas utilizado por la accidentada; velocidad a que circulaba el tren que la arrolló (por debajo de la máxima permitida); existencia efectiva, en la zona cubierta de andenes, de carteles anunciadores tanto de la dirección de salida (paso subterráneo) como de la prohibición de cruzar las vías; señales acústicas y luminosas del referido tren al hacer entrada en la estación; megafonía que avisó de la llegada del tren; conocimiento previo de la estación por la fallecida y distracción a la hora de cruzar la vía.
El Juzgado de Primera Instancia, rechazando las excepciones opuestas por la demandada, desestimó la demanda al tener por ciertas las circunstancias fácticas que expuso la demandada en su escrito de contestación, por lo que debía apreciarse la culpa exclusiva de la víctima.
Recurrida la sentencia en apelación, reconoció la Sala a quo, con recurso al régimen de responsabilidad objetiva plasmado en el artículo 25 de la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios, que la demandada había infringido los deberes reglamentarios que, en materia de policía de ferrocarriles, tiene encomendados (debió, dice la Sentencia, proceder incluso a la imposición de su cumplimiento). No obstante lo anterior, consideró también concurrente la conducta imprudente de la víctima al tener por cierto que "en la estación donde se produjo el arrollamiento existían numerosas señales que indicaban la prohibición de cruce de las vías, y de indicación de la salida de la estación", que "el accidente se produjo en una recta con unos 500 metros de visibilidad", que "el tren que arrolló a la víctima hizo uso tanto del silbato como del sistema de luces". Tales consideraciones condujeron a una estimación parcial del recurso y, consecuentemente, de la demanda, con condena a la entidad demandada al abono de 5.000.000 pesetas.
El primer motivo del presente recurso de casación lo formula la parte recurrente al amparo del artículo 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se alega infracción del artículo 24.1 de la Constitución Española, con denuncia implícita de un pretendido vicio de incongruencia de que, a su juicio, adolece la resolución recurrida, por el recurso a una normativa, la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que no fue esgrimida como fundamento de la pretensión ejercitada en la demanda.
Como recuerda la Sentencia de 11 de julio de 2003, "la doctrina de esta Sala tiene proclamado hasta el cansancio, que no se produce incongruencia por el cambio del punto de vista del Tribunal respecto al mantenido por los interesados, siempre que se observe por aquel el absoluto respeto para los hechos que son los únicos elementos que pertenecen a la exclusiva disposición de las partes -sentencias de 28 de octubre de 1970, 6 de marzo de 1981, 27 de octubre de 1982, 9 de abril y 13 de diciembre de 1985, 10 de junio de 1988, 3 de marzo, 10 de junio y 26 de octubre de 1992, 24 de junio y 19 de octubre de 1993 -. El principio iura novit curia autoriza al juzgador, sin que ello implique incidir en incongruencia y siempre que se guarde respeto a los componentes fácticos, a emitir un juicio crítico y valorativo sobre los mismos, incluso aplicando normas no invocadas por las partes, dado que la congruencia no le impide aplicar los preceptos legales que estima más oportunos al caso controvertido -sentencia de 29 de diciembre de 1987 -. Y en esta misma línea, las sentencias de 7 de octubre de 1987, 27 de mayo y 16 de junio de 1993 y 18 de marzo de 1995, sostienen que tal principio autoriza al Juez civil a aplicar las normas jurídicas que estime procedentes, así como modificar el fundamento jurídico en que se basan las pretensiones de las partes, habiendo dictado en este punto la sentencia nº 369/93, de 13 de diciembre del Tribunal Constitucional, que no está obligado a los razonamientos jurídicos empleados por las partes. Por ello, siempre que se respete la causa petendi, los Tribunales pueden aportar sus propios fundamentos jurídicos, que no precisan de un ajuste exacto a los alegados por las partes, a las que no están sometidos, ya que dicho precepto les faculta para desvincularse de los mismos - sentencias de 27 de mayo y 20 de julio de 1993, 18 de marzo de 1995 y 31º de enero de 1997 -. Sólo es posible la incongruencia por alteración de la causa petendi y no por el cambio de punto de vista jurídico -sentencias de 26 de enero de 1982, 8 de octubre de 1985, 3 de enero de 1986, 16 de marzo y 19 de octubre de 1987 -".
Lo anterior, que está proclamado de forma constante por la doctrina jurisprudencial de esta Sala, se recoge hoy en el art. 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que en su apartado 1 segundo recoge: "El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes". En conclusión, si bien la alteración de la causa o razón de pedir invocada, al apartarse el Tribunal de los fundamentos fijados en los escritos básicos de las partes, constituye infracción del deber de congruencia que proclama el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, pues coloca al litigante perjudicado por el pronunciamiento judicial en una situación prohibida por el artículo 24 de la Constitución Española, dado que le priva de la posibilidad de rebatir lo que no fue objeto de alegación, la doctrina de la sustanciación que sigue esta Sala en la identificación de aquella causa (causa petendi), permite que, extraída de las alegaciones la esencia de los hechos, se apliquen las reglas da mihi factum, dabo tibi ius y iura novit curia, bien que con el límite referido de que no se altere la causa de pedir. Como recuerda la Sentencia de 8 de marzo de 2006, "son, en definitiva, los hechos que integran el supuesto al que la norma vincula la consecuencia jurídica los que permiten individualizar la pretensión".
En el presente supuesto la parte actora fundó su pretensión tanto en sede de responsabilidad extracontractual, con cita de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil, como por infracción de la contraparte de las obligaciones que, en el ámbito de la prestación del servicio de transporte, tiene asumidas. No puede entenderse, desde tal premisa, incongruente la Sentencia de apelación que recurre a la normativa contenida en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios en el entendimiento que el contrato de transporte estaba vigente al tiempo del luctuoso suceso, y todo ello con independencia de la bondad jurídica de tal solución.
En el segundo motivo del recurso (erróneamente enunciado como tercero) se denuncia, al amparo ya del ordinal 4º del artículo 1692, la infracción de los artículos 1902 y 1903 del Código Civil .
Se impugna por este cauce la declaración de responsabilidad de RENFE, cuya actuación negligente apreció la Audiencia aún apreciando culpa concurrente de la víctima; y así, la Sentencia recurrida, que reconoce que la víctima incurrió en una "importante negligencia" ("en la estación donde se produjo el arrollamiento existían numerosas señales que indicaban la prohibición de cruce de las vías, y de indicación de la salida de la estación", "el accidente se produjo en una recta con unos 500 metros de visibilidad", "el tren que arrolló a la víctima hizo uso tanto del silbato como del sistema de luces"), proclama también la existencia por parte de la demandada de un incumplimiento de las normas de policía a ella encomendadas, en el entendimiento que "no basta que se pongan carteles indicadores en la estación de la salida y de la prohibición de cruzar las vías, toda vez que dichas obligaciones reglamentarias van más allá, debiendo proceder incluso a la imposición de su cumplimiento". Así pues, considera la Audiencia que la demandada incurrió en dejación de sus funciones, "no solo por no haber procedido a imponer el cumplimiento de dichas medidas, sino también por mantener parte de la estación sin vallar lo que facilitaba que los pasajeros usaran de forma indebida la salida a través de las vías".
Frente a tal planteamiento, aduce la recurrente la improcedencia de la objetivización de responsabilidad operada, así como el carácter desproporcionado de los criterios de imputación que sirven a la Audiencia para exigirle a ella responsabilidad, habiendo agotado la diligencia máxima que podría serle exigida.
Ha de comenzarse por significar que es reiterada la doctrina de esta Sala, recogida, entre otras, en la Sentencia de 19 de enero de 2007, y las que en ella se citan, en virtud de la cual "la tendencia jurisprudencial hacia una objetivación de la culpa extracontractual, mediante los mecanismos de la inversión de la carga de la prueba y de la teoría del riesgo, no excluye de manera total y absoluta el esencial elemento psicológico o culpabilístico, como inexcusable ingrediente integrador, atenuado pero no suprimido, de la responsabilidad por culpa extracontractual, de tal modo que si de la prueba practicada, con inversión o sin ella, aparece plenamente acreditado que en la producción del resultado dañoso, por muy lamentable que sea, no intervino ninguna culpa por parte del demandado o demandados, ha de excluirse la responsabilidad de los mismos". Por otra parte, según refiere la Sentencia de 12 de junio de 2001, con las que en ella se citan, "cualquier nexo causal entre la conducta del agente y el resultado dañoso se rompe y la aludida responsabilidad por riesgo desaparece, en aquellos supuestos en que el evento lesivo se ha producido exclusivamente debido a la falta de diligencia de la víctima".
Pues bien, en el presente caso, desde la declaración de hechos probados contenida en la Sentencia de apelación, que sirvió para proclamar la "importante negligencia" en que había incurrido la accidentada, ha de concluirse necesariamente, con el Juzgador de Primera Instancia, que es exclusivamente la conducta de la víctima la única que merece reproche culpabilístico.
Cierto es, como tiene dicho esta Sala, que "la culpa extracontractual no consiste en la omisión de normas inexcusables o aconsejadas por la más vulgar o elemental experiencia sino en el actuar no ajustado a la diligencia exigible según las circunstancias del caso concreto, de las personas, tiempo y lugar" (SSTS 24 de julio de 1997 y las que en ella se citan). Pero en el caso de autos no puede reconocerse, como se hizo en apelación, omisión negligente alguna en la entidad demandada, por cuanto tal actuación ilícita (la omisión referida) debe circunscribirse a la falta de adopción de las medidas necesarias para evitar los perjuicios previsibles; y consta acreditado en el presente caso que la demandada atendió tales exigencias, estando perfectamente señalizada tanto la dirección de la salida subterránea como la prohibición de cruzar las vías por lugares no habilitados, habiendo cumplimentado, en definitiva, todas las medidas de seguridad adecuadas tendentes a evitar el paso por lugares inadecuados. Debe tenerse en cuenta además, como recordaba la Sentencia de 19 de enero de 2007, que "la inexistencia de vallas protectoras no puede generar de por sí la responsabilidad de la empresa ferroviaria", y ello por cuanto se trata de una medida que no se ordena a evitar accidentes como el tristemente acaecido, en el que prima exclusivamente la conducta negligente de los usuarios del servicio ferroviario, a quienes, por lo demás, no se les puede imponer coercitivamente, en el modo que reseña la resolución recurrida, el cumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes.
Procede por lo expuesto, y como ya se ha dicho, estimar este motivo de casación, y por ello, casar y anular la sentencia recurrida, asumiendo funciones de instancia, por lo que se debe confirmar la sentencia recaída en la primera instancia, que desestimó la demanda formulada, con la preceptiva imposición de costas.
La estimación del recurso determina que no se efectúe especial pronunciamiento sobre las costas del recurso a tenor del artículo 1715.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como tampoco se imponen las causadas en segunda instancia.
- Estimar el recurso de casación formulado por "Red Nacional de Ferrocarriles Españoles" (RENFE), frente a la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid, de fecha 9 de diciembre de 1999 .
- Casar y anular dicha sentencia, y en su lugar confirmamos el fallo de la sentencia recaída en primera instancia.
- Todo ello sin efectuar expresa condena en las costas de este recurso, ni en relación con las causadas en la segunda instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Juan Antonio Xiol Ríos.- José Antonio Seijas Quintana.- Ignacio Sierra Gil de la Cuesta.- Firmado.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Ignacio Sierra Gil de la Cuesta, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
STSJ Islas Baleares , 9 de Diciembre de 2002
SAP Córdoba 36/2001, 25 de Enero de 2001