Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-13393-de-marzo-27-de-2003?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041de27f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-26 19:54:17
Document Index: 295307915

Matched Legal Cases: ['artículo 828', 'artículo 1434', 'artículo 1424', 'artículo 826', 'artículo 564', 'artículo 137', 'artículo 563', 'artículo 561', 'artículo 817', 'artículo 826', 'artículo 1434', 'artículo 793', 'artículo 828', 'artículo 137', 'artículo 831', 'artículo 85', 'artículo 835', 'artículo 137', 'artículo 64', 'artículo 793', 'artículo 828', 'artículo 9', 'artículo 68', 'artículo 1434', 'artículo 1434', 'artículo 565', 'artículo 1434']

﻿ SENTENCIA 13393 DE MARZO 27 DE 2003
SENTENCIA 13393 DE 27 DE MARZO DE 2003
CONTENIDO:COBRO COACTIVO. NO ES VÁLIDA LA VINCULACIÓN DE DEUDORES SOLIDARIOS DIRECTAMENTE EN EL MANDAMIENTO DE PAGO, PUES ÉSTA DEBE HACERSE MEDIANTE UN ACTO ADMINISTRATIVO PREVIO NOTIFICADO EN DEBIDA FORMA A LOS DEUDORES SOLIDARIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:COBRO COACTIVO DE DEUDA FISCAL, DEUDOR SOLIDARIO, COBRO COACTIVO POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Sentencia 13393 de marzo 27 de 2003
Rad.: 17001-23-31-000-2000-0890-01-13393
Actor: Jaime Ocampo Charry y otros.
Cobro coactivo. Renta – 1989.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte actora contra la sentencia de mayo 2 de 2002 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho incoado contra los actos administrativos que decidieron sobre las excepciones propuestas en el proceso de cobro coactivo, adelantado por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales contra los herederos del causante señor Alberto Ocampo García.
El 27 de octubre de 1994 la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales profirió la Resolución 161, mediante la cual sancionó al señor Alberto Ocampo García con la suma de $ 11.521.000, por no declarar impuesto de renta por el año gravable de 1989.
El 15 de febrero de 1995 la misma administración expidió la liquidación de aforo 18 en la cual fijó la suma de $ 11.138.000 como impuesto de renta correspondiente al año gravable de 1989, a cargo del mismo contribuyente señor Alberto Ocampo García.
El 26 de noviembre de 1999 la división de cobranzas libró mandamientos de pago, entre otros, contra los señores Jaime Ocampo Charry, Patricia Ocampo de Giraldo, Gabriel Jaramillo Ocampo, Iván Velasco Delgado, Enrique Jaramillo Ocampo, Guiomar Jaramillo Londoño, Frida Ocampo Pope, Jorge Hernán Ocampo Pope, Luis Fernando Ocampo Pope, Yolanda Velasco Delgado, Margarita María Jaramillo de Botero, Luis Alberto Velasco Delgado, Dolly María Velasco Delgado, Armando Jaramillo L., y el 14 de febrero de 2000, contra Olga María Velasco Delgado, María Adriana Jaramillo, Rosa Cristina Jaramillo y Felipe Hernán Jaramillo, en su condición de herederos del señor Alberto Ocampo García, con el fin de hacer efectivo el pago del impuesto de renta y la sanción determinados en los actos administrativos antes reseñados.
Contra los mandamientos de pago los citados herederos, propusieron por intermedio de apoderada, las excepciones de falta de ejecutoria del título ejecutivo y falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió, y adicionalmente se argumentó la nulidad de los procesos de liquidación y cobro coactivo, por violación al debido proceso.
Las excepciones propuestas fueron decididas con la Resolución 1 de enero 27 de 2000, declarando no probadas las mismas y negando la nulidad de la liquidación oficial así como de lo actuado en el proceso de cobro.
Mediante Resolución 1 de marzo 22 de 2000 se decidió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución, confirmando el acto recurrido.
Ante el Tribunal Administrativo de Caldas, por intermedio de apoderada, los herederos del señor Alberto Ocampo García, solicitaron la nulidad de resoluciones que decidieron las excepciones propuestas, y a título de restablecimiento del derecho la cancelación, en las cuentas corrientes de los herederos, de los valores surgidos como consecuencia de la Resolución Sanción 161 de 1994 y liquidación de aforo 18 de 1995.
Consideran violados los artículos 29 y 85 de la Constitución Política; 2º, 36 y 85 del Código Contencioso Administrativo, 562-1, 563, 580, 826, 828, 828-1 y 831 del estatuto tributario; 1012 y 1034 del Código Civil. El concepto de violación se resume así:
De acuerdo con los numerales 2º y 3º del artículo 828 del estatuto tributario constituyen título ejecutivo la liquidación de aforo y la resolución sanción, sin embargo es requisito que dichos actos sean notificados, lo cual fue desconocido por los funcionarios de cobranzas, al pretender el cobro a los herederos sin otro argumento diferente a que ellos tenían la obligación de conocer los actos a través del albacea de la sucesión, atentando así contra al debido proceso.
El causante Alberto Ocampo García tenía el asiento principal de sus negocios en la ciudad de Pereira, sitio donde igualmente se adelantó el proceso de sucesión, por lo que el hecho de que el contribuyente hubiera presentado dos de sus declaraciones en la ciudad de Manizales no modifica su domicilio fiscal, pues para ello era necesario diligenciar el formato de cambio de dirección. Así que correspondía tener como no presentadas tales declaraciones.
Falta de ejecutoria del título ejecutivo. Se desconoce la garantía del debido proceso cuando se adelanta el cobro coactivo sin la debida vinculación de los herederos, en relación con las eventuales obligaciones del causante de la sucesión ilíquida a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias, afectando el principio de la buena fe, máxime cuando dentro del grupo de herederos se encontraban personas fallecidas.
La vinculación de los herederos al proceso administrativo por las obligaciones del impuesto de renta de 1989 del señor Alberto Ocampo García, sólo se vino a efectuar el 26 de noviembre de 1999, cuando se les debió notificar con ocasión de la Resolución Sanción 161 del 27 de octubre de 1994 y de la liquidación de aforo 18 de febrero 25 de 1995, para que pudieran ejercer su derecho de defensa.
Prescripción. El término de prescripción es de cinco años contados a partir de la fecha en que la obligación se hizo legalmente exigible. Dicha prescripción se cuenta desde la fecha de ejecutoria del acto administrativo correspondiente, por lo cual los 5 años vencieron el día 27 de octubre de 1999 respecto de la Resolución Sanción 161 y 15 de febrero del año 2000 para la liquidación de aforo 18. Se concluye en la perdida de fuerza ejecutoria, dada la extemporaneidad en la ejecución de los actos.
Vinculación de deudores solidarios. La jurisprudencia ha reiterado que la vinculación de deudores solidarios debe hacerse mediante la notificación a cada uno de ellos, creando un título ejecutivo a cada deudor, donde se establezcan los fundamentos de hecho y de derecho que permitan hacerles responsables de las obligaciones del deudor principal, título que debe ir suscrito por la administración, previa la concesión del recurso de reconsideración, de manera que puedan ejercer el derecho de defensa.
En el caso concreto de la vinculación de los herederos, el artículo 1434 del Código Civil determina que los mismos títulos que prestan mérito ejecutivo contra el causante lo hacen contra sus herederos, previa su notificación, quienes en adelante obrarán en nombre del causante.
El proceso de cobro adelantado a los herederos de señor Alberto Ocampo García está viciado de nulidad, no obstante que la administración haya considerado que no era la etapa para pronunciarse al respecto.
El apoderado de la administración manifestó oponerse a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, y al efecto observó que fue exacta la aplicación del artículo 1424 del Código Civil al informar sobre la existencia de los títulos ejecutivos contra el causante, mediante citación en el diario “La Patria”, por desconocerse la dirección de los herederos, librando posteriormente los respectivos mandamientos de pago.
Mediante el fallo apelado el tribunal de instancia negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes consideraciones:
Violación al debido proceso. La Resolución 161 de 1994 y la liquidación de Aforo 18 de 1995, constituyen los títulos ejecutivos contra el causante sobre los cuales se libró el mandamiento de pago 367 de mayo 30 de 1995, notificado el 20 de junio del mismo año. La administración al tener conocimiento de la muerte del señor Alberto Ocampo García, debió citar y notificar los mandamientos de pago a cada uno de los demandantes como herederos, tal como lo autoriza el artículo 826 del Código Tributario, en armonía con el artículo 564 del Código de Procedimiento Civil.
Sin embargo estimó que al no invocar en la demanda normas de procedimiento tributario, se incumplió con lo estatuido en el artículo 137-4 del Código Contencioso Administrativo, por lo que no le era permitido de manera oficiosa ubicar las disposiciones “infraconstitucionales” supuestamente violadas.
Domicilio. Indicó que si bien el domicilio del causante era la ciudad de Pereira, la administración de Manizales acudió para las notificaciones a la dirección informada por él en sus declaraciones de 1987 y 1988, que eran válidas al tenor del inciso 1º del artículo 563 del estatuto tributario. Además porque conforme los artículos 571 y 572 ib., la actuación podía surtirse con el albacea, y si éste no actúo, no podía endilgarse a la administración fallas en el procedimiento de notificación.
Falta de ejecutoria del título ejecutivo. Señaló que muchos preceptos de la Carta Política son principios abstractos que para su concreción requieren desarrollo legal, por lo que tales normas resultarían violadas de manera indirecta y lo serían de manera directa las disposiciones de ley. Con base en lo anterior concluyó que como la accionante no indicó de manera precisa cuáles eran las normas del estatuto tributario, del Código de Procedimiento Civil y del Código Contencioso Administrativo, presuntamente violadas, el tribunal debía relevarse de analizar el cargo.
Prescripción. Previa referencia al artículo 561 del Código Civil advirtió que en la vía gubernativa no se planteó la prescripción, razón por la cual se relevaría de pronunciamiento sobre el particular. Sin embargo indicó que el plazo de prescripción a que alude el artículo 817 el estatuto tributario, no se dio, toda vez que entre la ejecutoria tanto de resolución sanción como de la liquidación de aforo y la notificación del mandamiento de pago 367 de mayo 30 de 1995, que lo fue el 20 de junio de 1995, no había transcurrido el término de cinco años, como tampoco entre aquél mandamiento de pago y la notificación de los mandamientos librados contra los demandantes, los que fueron notificados antes de cumplirse el quinquenio referido, ya que al no haber sido posible notificarlos por correo, se hizo a través del diario ”La Patria”, como lo autoriza el artículo 826 ib.
Vinculación de deudores solidarios. Tomando como referencia lo expresado en sentencia de abril 20 de 2001, expediente 11150 de la corporación, donde se razonó acerca de la vinculación de deudor solidario, así como lo estipulado en los artículos 1434 del Código Civil y 792 del estatuto tributario, indicó que en el sub lite no se discute la calidad de deudor solidario, sino la forma en que se dio su vinculación, por lo que en principio sería improcedente el cargo.
Concluyó que dada la dispendiosa labor que tuvo la administración para obtener datos sobre la muerte del contribuyente, al igual que para la localización de los herederos, no puede desentrañarse violación al artículo 1434 del Código Civil.
La apoderada de la parte actora sustenta el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:
Además de la liquidación de aforo, que no fue conocida en vida por el señor Ocampo García, ni comunicada a los herederos, se impuso la sanción por no declarar, lo cual está prohibido por el principio non bis in idem, y es ratificado en el concepto 4320 de enero 25 de 1999 de la DIAN.
Esa fue la primera irregularidad cometida por parte de la administración, la cual no pudo ser controvertida ni por el contribuyente ni por los herederos, que solo vinieron a enterarse de la presunta deuda a su cargo 10 años después, por una notificación en un diario, y es precisamente lo que constituye violación del debido proceso, pues para la época del cobro coactivo sólo quedaba por excepcionar el mandamiento de pago.
La citada violación es ratificada por la forma en que se adelantó la vinculación a los herederos en su calidad de presuntos deudores solidarios, pues era necesario que a cada uno de ellos se les hubiese individualizado el título ejecutivo, indicando el concepto, monto y cuantía de la obligación por la que se hacían responsables, teniendo presente que no responden por sanciones ni intereses. Si ese título no se expidió, es obvio que la obligación no tiene título ejecutivo adecuado que preste mérito obligatorio, pues no existe una obligación dará, expresa y exigible.
Es precisamente la falta de título ejecutivo, artículos 828 y 828-1 del estatuto tributario, cuya violación fue desarrollada en el texto de la demanda. Además allí se hizo referencia a los artículos 562-1 y 563 ib.
El tribunal no tuvo en cuenta la manifestación que hizo la administración de Pereira, de que el contribuyente no poseía deudas pendientes, lo que precisamente permitió adelantar el trámite sucesoral.
La solidaridad establecida en el artículo 793 del estatuto tributario para salvaguardar los intereses del Estado, no implica el desconocimiento absoluto de las formas y el debido proceso, ni aprovechar precisamente el desconocimiento de las actuaciones oficiales para el pago de impuestos no cobrados oportunamente.
La parte actora reitera sus argumentos y conceptúa y enfatiza que la herencia se distribuyó luego de cumplir todo el procedimiento que le es propio inclusive el fiscal, lo cual ocurrió el 17 de agosto de 1993, a través de la escritura pública 3757 de la Notaría Cuarta de Pereira, y posteriormente se expidieron los actos de liquidación de aforo y sanción por no declarar.
La parte demandada considera que, contrario a lo afirmado por la apelante, existen los correspondientes títulos ejecutivos relacionados con la sanción por no declarar y la liquidación de aforo, los que fueron enviados a la última dirección informada por el contribuyente en su declaración de renta de 1988 presentada en la ciudad de Manizales y se encuentran debidamente ejecutoriados, toda vez que no se interpuso por parte de los herederos de la sucesión el respectivo recurso, sin que sea pertinente objetarlos dentro del proceso coactivo.
Acerca de la vinculación de los herederos como deudores solidarios, advierte que se dio cumplimiento a lo normado en el artículo 828-1 del estatuto tributario, mediante la notificación del respectivo mandamiento de pago, lo cual les permitido excepcionar.
Representado por la procuradora sexta delegada ante la corporación solicita se revoque la sentencia apelada y en su lugar se declare la nulidad de la actuación demandada. Al efecto expone:
No es de recibo lo expuesto por el tribunal en el sentido que la actora sólo esgrimió normas de carácter constitucional e incumplió el artículo 137-4 del Código Contencioso Administrativo al no señalar las normas vulneradas con precisión, pues si bien no desarrolló de manera técnica la formulación del concepto de violación, sí indicó claramente en este que “Si bien los herederos ocupan el lugar en cuanto a deberes y obligaciones del de cujus, es necesario que se surta un procedimiento en el que enterados de los títulos ejecutivos que puedan existir en su contra, en razón de la representación que ostenta el causante, para evitar la circunstancia de que ignorando la existencia de dichos títulos, se les sorprenda como ocurrió en este caso”, y conjuntamente con lo anterior citó como norma violada, entre otras, el artículo 831 del estatuto tributario.
Frente a la excepción de falta de ejecutoria se observa que en el aviso publicado el 21 de octubre de 1999 en un diario de amplia circulación, la división de cobranzas cita a los herederos del contribuyente, para que se notifiquen de la existencia de los títulos que prestan mérito ejecutivo contra el causante, por lo que se precisa que una cosa es la comparecencia de los herederos como representantes del contribuyente ante su fallecimiento, para efectos de controvertir la liquidación de aforo y la resolución sanción, y otra, su condición de deudores solidarios para efectos del cobro coactivo. Se advierte que únicamente con la ocurrencia del primero de los eventos citados, se podía dar la ejecutoria tanto de la liquidación como de la resolución, para que sirvieran de título ejecutivo en la respectiva acción de cobro coactivo, dada su condición de herederos.
Es evidente que la citación efectuada mediante el aviso mencionado se relaciona únicamente con el proceso de cobro, pero no con la liquidación de aforo y la resolución sanción, como actos que la administración debió notificarles conforme los artículos 563 y 565 del estatuto tributario, lo cual permite inferir que no tuvo ocurrencia la ejecutoria de la liquidación de aforo ni de la resolución sanción que sirven de título ejecutivo.
Previa decisión de los cargos en que se sustenta el recurso de apelación interpuesto, la Sala observa:
Consta en el proceso que mediante escrito radicado ante la Administración de Impuestos Nacionales de Manizales, división de cobranzas (fl. 170 c.a.), las siguientes personas, por intermedio de apoderada, según poderes debidamente acreditados, y en su condición de herederos del causante Alberto Ocampo García, propusieron excepciones contra los respectivos mandamientos de pago así:
Nombre N° mandamiento Fecha
Jaime Ocampo Charry 00040 26-11-99
Patricia Ocampo de Giraldo 00056 26-11-99
Olga María Velasco D.
Gabriel Jaramillo Ocampo 00041 26-11-99
María Adriana Jaramillo
Frida Ocampo Pope 00047 26-11-99
Jorge Hernán Ocampo Pope 00053 26-11-99
Luis Fernando Ocampo Pope 00052 26-11-99
Rosa Cristina Jaramillo
Yolanda Velasco Delgado 00051 26-11-99
Margarita María Jaramillo 00049 26-11-99
Iván Velasco Delgado 00043 26-11-99
Luis Alberto Velasco Delgado 00044 26-11-99
Dolly María Velasco D. 00042 26-11-99
Armando Jaramillo Londoño 00036 26-11-99
Guiomar Jaramillo Londoño 00037 26-11-99
Enrique Jaramillo Ocampo 00039 26-11-99
Felipe Jaramillo Ocampo
Adicionalmente en aquella oportunidad, la apoderada manifestó, actuar como agente oficiosa de los demás herederos.
En la Resolución 1 de enero 27 de 2000 por la cual se decidieron las excepciones propuestas, se resolvió “Reconocer personería jurídica para actuar dentro del presente proceso administrativo coactivo contra el causante Alberto Ocampo García, a la doctora Análida Nauffal Correa ...” solo respecto de los herederos de los cuales se acreditó el poder debidamente conferido, (primero) y se decidió “No aceptar personería para actuar dentro del proceso administrativo coactivo a la doctora Análida Nauffal Correa... para actuar como agente oficiosa de los demás herederos no relacionados en el punto anterior” (segundo).
La anterior decisión no fue controvertida con ocasión del recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1 de enero 27 de 2000, tal como se aprecia en el escrito respectivo radicado el 25 de febrero de 2000 (fls. 270 y ss. c.a.) y se confirma por lo expuesto en la Resolución 1 de marzo 22 de 2000, la cual se decidió el recurso propuesto.
En las circunstancias anotadas, no están legitimados para accionar ante la jurisdicción María José Jaramillo Jaramillo ni Ligia Ocampo Castaño, quienes según los términos de los poderes allegados con la demanda (fls. 15 y 17) invocando su condición de herederos del causante Alberto Ocampo García, pretenden la nulidad de las resoluciones 1 de enero 27 de 2000 y 1º de marzo 22 de 2000, objeto de la demanda, puesto que como se observa, respecto de ellos no se surtió el trámite de las excepciones a que se refieren dichos actos administrativos.
Se tiene entonces que no existe acto administrativo particular que los vincule al proceso, que pueda ser objeto de control de legalidad ante la jurisdicción por vía de la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, ya que dentro del proceso de cobro coactivo sólo son demandables ante la jurisdicción contencioso administrativa las resoluciones que fallan las excepciones, tal como está previsto en el artículo 835 del estatuto tributario.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que el tribunal mediante auto de agosto 30 de 2000 (fl. 55 c.p.) admitió la demanda respecto de todos los demandantes, no obstante que como se explicó anteriormente dos de ellos carecen de legitimación en la causa por activa, la Sala se inhibirá para proferir un pronunciamiento de fondo respecto de las pretensiones de los citados demandantes.
En cuanto a las razones de inconformidad expuestas por la apelante, advierte la Sala en primer término que si bien la demanda no constituye precisamente un modelo de técnica jurídica en cuanto a la formulación de los cargos y el concepto de las violaciones denunciadas, sí es posible deducir de los términos de la misma el cumplimiento del presupuesto procesal previsto en el numeral 4º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, que alude a los fundamentos de derecho de las pretensiones.
En efecto, se indican en el texto de la demanda como normas violadas los artículos 29 y 85 de la Constitución Política 2º, 36 y 85 del Código Contencioso Administrativo, 562-1, 563, 580, 826, 828, 828-1, 831 del estatuto tributario; 1012 y 1034 del Código Civil y al desarrollar el concepto de su violación se enuncian y desarrollan los temas sobre la nulidad del proceso de cobro, falta de ejecutoria del título ejecutivo, prescripción y vinculación de deudores solidarios, lo cual resulta suficiente para decidir acerca de la pretensión de nulidad de los actos acusados, en virtud de las facultades de interpretación que asisten al fallador.
La anterior precisión resulta necesaria, pues como bien lo señala el Ministerio Público, concluye el tribunal, que la demanda no cumple con el presupuesto procesal aludido, por no citar las normas que se estiman violadas y que por tal circunstancia se relevaría de un pronunciamiento, decisión que no se ajusta a la realidad procesal y en tal caso conllevaría a una decisión inhibitoria, que evidentemente resulta improcedente.
Ahora bien, consta en los actos acusados y demás antecedentes administrativos que los títulos ejecutivos que sirvieron de fundamento a los mandamientos de pago librados a cargo de los herederos demandantes, son la Resolución Sanción 161 de octubre 27 de 1994 y la Liquidación de Aforo 18 del 15 de febrero de 1995, actos proferidos a cargo del causante Alberto Ocampo García, los que se encuentran amparados por la presunción de legalidad y al estar en firme tienen fuerza ejecutoria. Se tendría entonces, en principio, que la administración podía ejecutar válidamente los actos necesarios para su cumplimiento, tal como se desprende del artículo 64 del Código Contencioso Administrativo, que reza: “Salvo norma expresa en contrario, los actos que queden en firme al concluir el procedimiento administrativo serán suficientes, por sí mismos, para que la administración pueda ejecutar de inmediato los actos necesarios para su cumplimiento. La firmeza de tales actos es indispensable para la ejecución contra la voluntad de los interesados”.
De esta forma, las irregularidades que señalan los demandantes, relativas al proceso sancionatorio y de determinación oficial del impuesto, como que se violó el principio non bis in ídem, al proferir sanción por no declarar y a su vez determinar oficialmente el impuesto a cargo, así como el haber expedido y notificado dichos actos con posterioridad al fallecimiento del contribuyente, son hechos que se ventilan en la etapa de discusión del impuesto, y posteriormente, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por lo que las pretendidas irregularidades no tienen cabida dentro del proceso administrativo coactivo, y en consecuencia no es procedente acceder a lo pretendido por la apelante al respecto.
En relación con el cargo de la apelación que alude a la indebida vinculación de los herederos al proceso de cobro coactivo, por no haber individualizado el título ejecutivo indicando el concepto y cuantía de la obligación en su calidad de presuntos deudores solidarios, se observa:
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 793 del estatuto tributario, son solidariamente responsables con el contribuyente, por el pago del tributo “a) los herederos y los legatarios, por las obligaciones del causante y de la sucesión ilíquida, a prorrata de sus respectivas cuotas hereditarias o legales y sin perjuicio del beneficio de inventario”. Su vinculación está prevista en los términos del artículo 828-1 ib, —antes de ser modificado por el artículo 9º de la Ley 788 de 2002—, “mediante la notificación del mandamiento de pago”.
Ha dicho la Sala en reiteradas oportunidades, que no es válida la vinculación de los deudores solidarios directamente en el mandamiento de pago, pues ésta debe hacerse mediante un acto administrativo previo notificado en debida forma a los deudores solidarios, donde se establezca tal calidad, la proporción de su participación, los períodos gravables a que corresponden las deudas objeto del cobro y la cuantía de las mismas. (Sent. de feb. 14/97, exp. 7991; ago. 4/2000, exp. 10159; y ago. 25/2000, exp. 10446, entre otras).
La notificación del mandamiento de pago a los deudores solidarios, es una actuación “que se entiende restringida al proceso administrativo de cobro coactivo, no a la actuación precedente de formación del título ejecutivo, que necesariamente debe cumplirse, porque el proceso de cobro, que se inicia con la notificación del mandamiento de pago no tiene como finalidad la declaración o constitución de obligaciones, sino hacer efectivas las obligaciones claras, expresas y exigibles, previamente definidas a favor de la Nación y a cargo de los contribuyentes, por lo que para la ejecución se requiere la existencia previa de un título, tal como se colige de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Contencioso Administrativo, según el cual, “Prestarán mérito ejecutivo por jurisdicción coactiva, siempre que en ellos conste una obligación clara expresa y actualmente exigible”, entre otros, “Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de la Nación, de una entidad territorial, o de un establecimiento público de cualquier orden, la obligación de pagar una suma de dinero, en los casos previstos en la ley”.
Como en repetidas oportunidades lo ha precisado la corporación, no es potestativo de la autoridad administrativa proceder o no a la notificación, pues el conocimiento de los actos que interesen a un particular es cuestión no solo de seguridad jurídica, sino del debido proceso. Así, pretender que el acto administrativo no notificado al deudor solidario, en las condiciones previstas en la ley, le sea oponible, es afirmar el principio de la arbitrariedad, que es justamente lo que previó el legislador en el Código Contencioso Administrativo, en lo relacionado con el deber de información y notificación de los actos administrativos.
En el caso que se analiza la administración ha sostenido haber dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1434 del Código Civil para la vinculación de los deudores solidarios y dice haber efectuado la notificación de los títulos ejecutivos a los herederos en su condición de deudores solidarios del contribuyente, mediante el aviso publicado el 21 de octubre de 1999 en el diario “La Patria”.
Obra en el proceso el aviso de notificación referido, donde consta que en cumplimiento del artículo 1434 del Código Civil, la división de cobranzas, cita a las personas que allí se relacionan en su calidad de herederos determinados del señor Ocampo García Alberto NIP 4.489.946, “para que se notifiquen de la existencia de los títulos que prestan mérito ejecutivo, en contra del causante y demás herederos indeterminados que se sientan con igual derecho a intervenir en el presente proceso ejecutivo que por jurisdicción coactiva adelanta la Nación”.
Como se observa, la citación efectuada mediante el aviso mencionado, tiene relación con el proceso de cobro coactivo, como allí se indica expresamente, pero no con los procesos sancionatorios y de determinación oficial del impuesto que generaron los actos administrativos cuyo cobro se pretende, de los cuales no aparece constancia en el proceso de notificación alguna a los herederos conforme el artículo 565 del estatuto tributario.
Así las cosas, es válido inferir la inexistencia de título ejecutivo y su falta de ejecutoria, lo cual no permitía a la administración exigir válidamente las obligaciones tributarias determinadas a cargo del causante, pues si bien es cierto que según el artículo 1434 del Código Civil “los títulos ejecutivos contra el difunto lo serán igualmente contra los herederos”, también lo es, que conforme a la misma norma sólo es posible llevar adelante la ejecución pasados ocho días de la “notificación judicial de sus títulos”. Es decir que si bien los acreedores pueden obrar contra los herederos de su obligado, de la misma manera que contra el causante, debe cumplirse previamente el requisito de la notificación al heredero de la existencia del crédito, ya que si bien este está obligado a responder por las deudas del causante, también es titular del ejercicio de los derechos del de cujus.
En conclusión, no comparte la Sala las consideraciones de la administración en cuanto estima suficiente el aviso de notificación de los mandamientos de pago librados a cargo de los herederos para entender debidamente ejecutoriado el título ejecutivo integrado por la resolución sanción y la liquidación de aforo practicadas a cargo del causante señor Alberto Ocampo García, por lo que habrá de revocarse la sentencia apelada, para en su lugar dar prosperidad a la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo, y como causa de ello declarar la nulidad de los actos demandados.
Se aclara que si bien los mandamientos de pago 42, 40, 41 y 39 librados, en su orden, a cargo de los herederos Olga María Velasco Delgado, María Adriana Jaramillo, Rosa Cristina Jaramillo y Felipe Hernán Jaramillo, fueron expedidos y notificados el 14 de febrero de 2000, según constancias de “citación para notificación” que obran en el proceso (fls. 266, 269, 255, 261 y 251 c.a.), respecto de ellos se surtió el trámite de las excepciones propuestas por su apoderada, tal como consta en los actos acusados.
1. DECLÁRASE la Sala inhibida para un pronunciamiento de mérito respecto de las pretensiones de nulidad formuladas por los demandantes María José Jaramillo y Ligia Ocampo Castaño, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. REVÓCASE la sentencia apelada. En su lugar se dispone:
3. DECLÁRASE la nulidad de las resoluciones 1 de 4(sic) enero 27 de 2000 y 1 de marzo 22 de 2000 expedidas por la división de cobranzas de la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales de Manizales, por medio de las cuales se resuelven las excepciones propuestas por los demandantes Jaime Ocampo Charry, Patricia Ocampo de Giraldo, Gabriel Jaramillo Ocampo, Frida Ocampo Pope, Jorge Hernán Ocampo Pope, Luis Fernando Ocampo Pope, Yolanda Velasco Delgado, Margarita María Jaramillo, Iván Velasco Delgado, Luis Alberto Velasco Delgado, Dolly María Velasco D., Armando Jaramillo Londoño, Guiomar Jaramillo Londoño, Enrique Jaramillo Ocampo contra los mandamientos de pago 40, 56, 41, 47, 53, 52, 51, 49, 43, 44, 42, 36, 37, 39 de noviembre 26 de 1999, respectivamente, y Olga María Velasco D., María Adriana Jaramillo, Rosa Cristina Jaramillo, y Felipe Jaramillo Ocampo contra los mandamientos de pago 42, 40, 41, 39 del 14 de febrero de 2000.
4. DECLÁRASE probada la excepción de falta de ejecutoria del título ejecutivo propuesta por los demandantes señalados en el punto anterior, contra los mandamientos de pago allí indicados.
5. En consecuencia, cese toda ejecución contra los mencionados demandantes y ordénase el levantamiento de las medidas cautelares vigentes, respecto de las obligaciones fiscales correspondientes al año gravable 1989 a cargo del causante Alberto Ocampo García NIT 4.489.946.
6. Reconocer personería a la doctora Edna Patricia Díaz Marín, como apoderada de la Nación, en los términos del poder que obra al folio 147.