Source: http://milansabogados.com/author/milansabogados2016
Timestamp: 2020-03-28 11:38:52
Document Index: 291399094

Matched Legal Cases: ['artículo 106', 'artículo 32', 'artículo 8', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 54', 'artículo 7', 'artículo 20', 'artículo 10', 'artículo 35', 'artículo 556', 'artículo 556']

Milans del Bosch Abogados – Milans Abogados
Cinco consideraciones de Milans del Bosch Abogados sobre la responsabilidad patrimonial del estado ante el coronavirus
viernes, 27 marzo 2020 por Milans del Bosch Abogados
Lo primero es solidarizarnos de todo corazón con los millones de afectados como consecuencia de esta crisis, especialmente con los enfermos y los familiares de estos y de los que han fallecido. Y también con los que empiezan a padecer necesidades básicas y exclusiones sociales, pérdidas de puestos de trabajo, negocios y todo tipo de daño económico. Esta solidaridad lleva implícita el agradecimiento a todo el personal que se está desviviendo por ayudar a los demás, con su entrega -poniendo muchas veces en riesgo hasta la propia vida- y dedicación, con sus donaciones y también con sus asistencias espirituales.
Lo que sigue son algunas consideraciones para evaluar la eventual responsabilidad patrimonial del Estado, reconocida y alentada en el artículo 106 de la Constitución española, ante su cobertura del COVID 19.
1.-Nos encontramos ante una crisis sanitaria jamás conocida en España. Y ante las múltiples solicitudes de información que nos hacen creemos ajustado a derecho ir recabando la información necesaria que nos permita, de forma crítica, ponderar si se han producido daños en la esfera de los particulares, de naturaleza antijurídica, y que sean susceptibles de indemnización individualizada. Es fundamental siempre -y esto es una norma de este despacho- ajustar su proceder al ordenamiento jurídico y al derecho constitucional de defensa que tiene todo individuo, lo que implica en este caso, que, ante la catástrofe producida en vidas humanas, y en quebranto económico para el país, haya que distinguir los daños que de forma capilar se han irrogado a todos (nadie va a salir indemne de este proceso), de aquéllos, que bien podían haberse eludido de haber tomado decisiones a tiempo.
2.- La responsabilidad patrimonial está regulada en el artículo 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público cuando señala que: “Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley”.
Es un hecho indubitado, que, a lo largo de este período de crisis, se han adoptado una serie de medidas, de diferente índole, que pueden llevar aparejadas la asunción de responsabilidad patrimonial por el Estado. Algunas de ellas derivan de una posible y tardía toma de decisiones que han contribuido indefectiblemente a que determinados daños escapen a su juridicidad, no debiendo ser asumidos por quienes los han sufrido. Otras, derivadas del Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que supusieron la mayor restricción en los derechos de los ciudadanos, desde el anterior estado de alarma proclamado en el conflicto de los controladores aéreos.
El artículo 8 del Decreto referido señala que “1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo once b) de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, las autoridades competentes delegadas podrán acordar, de oficio o a solicitud de las comunidades autónomas o de las entidades locales, que se practiquen requisas temporales de todo tipo de bienes necesarios para el cumplimiento de los fines previstos en este real decreto, en particular para la prestación de los servicios de seguridad o de los operadores críticos y esenciales”.
Su artículo 13 prosigue señalando que: “El Ministro de sanidad podrá: a) Impartir las órdenes necesarias para asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública. b) intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico. C) practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria”. Según se hayan ejecutado estas acciones, entendemos que se podrán derivar indemnizaciones a quienes hayan visto “expropiados” sus hoteles, hospitales y a las empresas a las que se les haya incautado sus provisiones, siempre y cuando se pueda probar que se podía haber actuado con la diligencia y previsión que requiere la adopción de políticas públicas de contención de calamidades, haciendo innecesarias estas decisiones, como parece advirtieron diferentes organismos internacionales como la OMS.
3.- Las decisiones, inmediatamente enmendadas por el propio gobierno, acerca de la compra centralizada de productos sanitarios de necesidad emergente, han provocado daños, no solo a los pacientes afectados, sino lo que es más grave, al propio personal médico. Nuestro Tribunal Supremo ha resuelto en pacífica jurisprudencia que los daños provocados a los facultativos en el desarrollo de sus funciones no son indemnizables por cuanto se producen en una esfera donde el daño no es antijurídico; ahora bien, en los miles de casos como parece se están produciendo, donde médicos y enfermeras carecen de los medios mínimos para no sufrir penalidades personales, producidos por decisiones erróneas, indeseadas e involuntarias, pero enervadas de toda justificación, en estos casos, la responsabilidad patrimonial sanitaria, nos parece evidente que el nexo causal entre el daño y la acción tardía y fallida del gobierno, existe.
4.- Si acudimos a la normativa del propio estado de alarma, parece que las reclamaciones indemnizatorias por los comportamientos referidos, sí pueden prosperar. Así es el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio establece que “quienes como consecuencia de la aplicación de los actos y disposiciones adoptadas durante la vigencia de estos estados sufran, de forma directa, o en su persona, derechos o bienes, daños o perjuicios por actos que no les sean imputables, tendrán derecho a ser indemnizados de acuerdo con lo dispuesto en las leyes”.
Por otra parte, de forma contradictoria con la Ley Orgánica, el artículo 54.2 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública faculta a las autoridades sanitarias competentes, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, a:” a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias. b) La intervención de medios materiales o personales. c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias. d) La suspensión del ejercicio de actividades. e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas. f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley”, sin derecho a indemnización, ya que el mismo precepto prescribe que “(…) los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo de la persona o empresa responsable”.
Lo que está claro es que este precepto se refiere a los supuestos en los que el riesgo para la salud pública que ha provocado la intervención administrativa dañosa, tiene que haber sido generada por dichas personas o empresas, lo que no acontece en esta crisis, que, no siendo creada por la administración, bien podía haberla mitigado con decisiones correctas. La clave será determinar que el daño es individualizable respecto a una persona o un grupo de personas, y no un daño “social” general, que no sería susceptible de indemnización.
5. Si tenemos en cuenta que la existencia de fuerza mayor es lo suficientemente entitativa como para exonerar de responsabilidad patrimonial a las administraciones, admitiremos que los daños sufridos por los ciudadanos con ocasión de la crisis del COVID-19 que las Administraciones sanitarias hayan podido causar, solo serán indemnizables si la omisión en la adopción de medidas precautorias adecuadas, puede considerarse culposa. Es un hecho cierto, que la magnitud de este virus tiene una fuerza irresistible, ahora bien, ¿fue imprevisible? ¿Se pudieron adoptar medidas tendentes a paliar los efectos letales que acontecen a diario?
La Audiencia Nacional ya se pronunció desfavorablemente sobre la posibilidad de indemnizar a los particulares por el caos aéreo provocado por los controladores (se decretó el primer estado de alarma de la democracia), o en el caso de FORUM, donde se denegó la responsabilidad patrimonial del Estado. Ahora bien, los presupuestos de hecho de esta crisis, tienen su arraigo en un fenómeno irresistible, con la salvedad, de que la función del estado no es agravar sus efectos, sino minorarlos.
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martes, 24 marzo 2020 por Milans del Bosch Abogados
cerradocontagiocoronaviruscrisisMilans del Bosch Abogadosteletrabajo
Consecuencias punitivas por incumplimiento del estado de alarma
miércoles, 18 marzo 2020 por Milans del Bosch Abogados
El pasado 14 de marzo de 2020 el Ministerio del Interior y, a través de fuentes de la Policía Local, avanzaba una serie de medidas y pautas que deben seguir todo el conjunto de los españoles de cara a la lucha contra el Covid-19 (Coronavirus).
Dichas medidas reguladas en el RD 463/2020, de 14 de marzo, abarcan limitaciones a que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas que recogen los artículos 9 y 10 así como la restricción a la libertad de circulación de los ciudadanos del artículo 7, salvo las expresamente exceptuadas.
¿Qué ocurre si los ciudadanos o empresas no respetan las medidas acordadas e impuestas? El Real Decreto señala escuetamente en su artículo 20 que se establecerá un régimen sancionador aplicándose los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.
Dichas infracciones administrativas pueden acarrear multas de gran importancia. Estas se regulan en la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la seguridad ciudadana, que contempla infracciones y sanciones que pueden resultar de aplicación en los supuestos del mencionado Real Decreto, regulándose como infracción grave: “La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito…”.
Esta infracción prevé, como hemos mencionado, sanciones considerables: multa de 600 a 30.000 euros por infracciones graves y multas de 30.001 a 600.000 euros para infracciones muy graves en los supuestos del artículo 35 de la mencionada ley como son las reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad; la fabricación, reparación, almacenamiento, circulación, comercio, transporte, distribución (…); celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas así como proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, cobre los pilotos o conductores de medio de transporte. Además, se permiten sanciones accesorias como el comiso de bienes, medios con los que se haya ejecutado la infracción y, por los efectos que pueda producir, se puede llegar a la suspensión temporal de las licencias, autorizaciones o permisos durante el tiempo contemplado en la norma.
Pero aparte de lo dicho, no se ha de olvidar, que la desobediencia grave a la autoridad o a un agente de la autoridad (condición otorgada a los miembros de las Fuerzas Armadas por virtud de la Disposición Adicional Quinta del mencionado Decreto que establece el estado de alarma) puede ser constitutivo de un delito de desobediencia tipificado en el artículo 556 del código penal, para lo que es preciso que se den una serie de requisitos:
La desobediencia exige que previamente se haya emitido una orden directa al destinatario por parte de la autoridad o sus agentes en el ejercicio de sus funciones y por la que se imponga al particular una conducta determinada activa o pasiva (por ejemplo, cerrar un establecimiento).
Debe de haber una negativa, oposición o resistencia a cumplir dicha orden.
Además la desobediencia debe de ser “grave”.
En este supuesto la pena sería de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses, contemplándose, asimismo, aquellos que faltaren al respeto y consideración a la autoridad en el desarrollo de sus funciones serán castigados con pena de multa de uno a tres meses (artículo 556.2 del Código Penal).
Texto: Paula Moreno Font
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Suspensión de todas las actuaciones judiciales y los plazos procesales en Madrid y otras localidades
viernes, 13 marzo 2020 por Milans del Bosch Abogados
Con motivo de la crisis del coronavirus publicamos el acuerdo del CGPJ de hoy 13 de marzo de 2020, que aplica el escenario 3 en la Comunidad de Madrid, País Vasco y los partidos judiciales de Haro e Igualada.
Dicho escenario 3 acuerda “la suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas y los plazos procesales”.
Puede acceder al acuerdo a través de este enlace.
CGPJcoronaviruscrisismadridsuspensión
Segundo comunicado a los abogados y personal de Milans del Bosch Abogados sobre las medidas a adoptar por razón de la ‘crisis del coronavirus’
jueves, 12 marzo 2020 por Milans del Bosch Abogados
Como continuación a las medidas higiénicas ampliadas y a las indicaciones dadas al respecto la semana pasada, desdela dirección de Milans del Bosch Abogados damos cuenta de las nuevas medidas a adoptar de inmediato, apelando a la responsabilidad individual para ayudar a reducir las posibilidades de contagio por coronavirus; y como entendemos que en los lugares donde la tasa de expansión es más alta (Madrid) hay que tomar medidas algo más duras para evitar la propagación, estamos haciendo un esfuerzo por teletrabajar desde los domicilios todo lo que se pueda, viendo en esa situación una oportunidad de crecimiento profesional y de entrega personal.
Todos cuantos trabajan en el despacho que se encuentren en una situación de mayor vulnerabilidad (pensando especialmente en los mayores de 60, en los que se desplazan en transportes públicos, en los que tienen niños pequeños a su cargo, en quienes tienen su domicilio familiar fuera de Madrid…) han de trabajar, de manera excepcional y temporal, desde su domicilio valoración con responsabilidad el mantenimiento de citas urgentes o ineludibles o la necesidad de tener que venir para algo en concreto y necesario.
La estrategia de actuación se está llevando a cabo todo lo rápido que podemos. Así, ya hemos suspendido varias reuniones presenciales eludibles y sustituido otras por videoconferencias. Las nuevas tecnologías y la gestión humana de cuantos han intervenido en ello, con la participación de todos vosotros, demuestra lo fantástico que somos los españoles solucionando problemas en tiempo récord.
El despacho, claro, sigue funcionando, atendiendo a las personas, los casos y las causas; y siempre existiránprofesionales para atender cualquier eventualidad. Todo esto va a ser una experiencia profesional muy interesante y, al tiempo, muy gratificante desde el punto de vista personal.
Damos gracias a Dios por permitirnos seguir trabajando y poder garantizar la ataención a nuestros clientes, especialmente a los más necesitados o cuyos plazos perentorios exigen nuestra máxima dedicación, pese a las dificultades -y riesgos- que puedan suponer las asistencias a diligencias judiciales y los desplazamientos que ello exige, mientras estas no se suspendan. Y también Le pedimos al Señor por los enfermos y fallecidos por esta enfermedad, por su pronto restablecimiento y por el consuelo de sus familiares.
#solidaridad #responsabilidad #prevención #cuarentena
coronavirus crisis teletrabajo
Reseña periodística en ESdiario: «Caso IVAM: Milans del Bosch nuevo abogado del hijo de Rueda»
jueves, 05 marzo 2020 por Milans del Bosch Abogados
Varios aspectos están cambiando en el proceso contra la ex directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno por la compra de obra supuestamente falsificada del escultor Gerardo Rueda.
El denominado Caso IVAM, por el que se sentará en el banquillo la ex directora del Museo Consuelo Císcar junto a su subdirector económico Juan Carlos Lledó y el hijo del escultor, José Luis Rueda, da un nuevo giro tras la sustitución del exjuez Gómez Bermúdez por el también exjuez y exfiscal Santiago Milans del Bosch.
Milans ejerció primeramente como juez de Primera Instancia e Instrucción en Mataró, después como Fiscal de la Audiencia Provincial de Tenerife y posteriormente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
CíscarIVAMLledóMilans del Bosch AbogadosRuedaSantiago Milans del Bosch
Nueva publicación de nuestro director Santiago Milans del Bosch en Cuadernos de Derecho Local
jueves, 27 febrero 2020 por Milans del Bosch Abogados
Nueva publicación de Santiago Milans del Bosch, director de MILANS DEL BOSCH ABOGADOS, en el nº 51 de los CUADERNOS DE DERECHO LOCAL, editados por la Fundación Democracia y Gobierno Local con el título “Doctrina jurisprudencial sobre mociones, interpelaciones, ruegos y preguntas: su relación directa con los derechos de libertad de expresión y acceso a los cargos públicos”.
A través de este link se puede acceder a la citada publicación que responde a la ponencia presentada el 26 de abril de 2019 en el Ciclo de Seminarios de Actualización Jurídica Local Josep Maria Esquerda 2019, organizado por la Diputación de Barcelona.
cargos públicosCDLCuadernos de Derecho Localinterpelacionesjurisprudencialibertad de expresiónMilans del Bosch AbogadosmocionesSantiago Milans del Bosch
jueves, 06 febrero 2020 por Milans del Bosch Abogados
No es la primera vez -ni será la última- que, tras decir que soy abogada, me preguntan “de qué” y la respuesta deja al otro interviniente con la cara que se me quedaría a mí si me hablaran de “anticuerpos monoclonales” del mundo de la medicina.
A continuación, expondré de forma clara (espero) lo básico para iniciarse en el derecho.
Lo equivalente a un departamento en una empresa o a una especialidad en Medicina, en el Derecho procesal se denomina Orden Jurisdiccional. Por cada Orden jurisdiccional hay juzgados o tribunales que tratan los temas que engloba su jurisdicción. En España, el Derecho se organiza en cuatro órdenes jurisdiccionales ordinarios:
– Orden Jurisdiccional Civil: engloba todo lo relacionado con el Derecho Civil, es decir, las relaciones jurídicas entre los particulares (sean personas físicas o jurídicas). Son ámbitos como los derechos sobre los bienes, los contratos (compraventas, arrendamientos, etc.), las hipotecas, las herencias, regímenes matrimoniales, divorcios…
Dentro de esta jurisdicción existen “dos especialidades” que son los juzgados de lo Mercantil y los juzgados de Familia. El primero trata situaciones concursales o de competencia desleal cuando uno de los sujetos es una sociedad mercantil y el segundo los asuntos relacionados con el ámbito de la familia, tal y como indica su nombre.
– Orden Jurisdiccional Social: esta jurisdicción se encarga de los conflictos individuales que pudieran surgir entre el trabajador y el empresario con ocasión del contrato de trabajo y la relación laboral: despidos, negociación colectiva, pensiones, seguridad social…
– Orden Jurisdiccional Penal: Corresponde al orden penal el conocimiento de las causas y juicios criminales, es decir, todo lo derivado de la comisión de un delito (hurtos, peleas, fraude fiscal, blanqueo de capitales…) que esté recogido como tal en el Código Penal o alguna Ley especial.
Dentro de esta jurisdicción existen diferentes especialidades por motivo de la materia como los juzgados de Violencia sobre la mujer, de Vigilancia penitenciaria, de Menores.
– Orden Jurisdiccional Contencioso-administrativo: corresponde a este orden el control de la legalidad de la actuación de las administraciones públicas. Es decir, lo derivado de una relación en la que, al menos uno de los intervinientes, sea una administración pública. Las actuaciones comunes son las multas, resoluciones tributarias, responsabilidad patrimonial, nombramientos, licencias urbanísticas, etc.
Además de estas, existen dos jurisdicciones más “exclusivas” por razón de la persona o la materia:
– Jurisdicción Militar: se trata del ámbito penal militar, es decir, delitos cometidos por un militar y que se regulan en el Código Penal Militar.
– Tribunal Constitucional: La vulneración de los derechos recogidos en nuestra Constitución Española son tratados en este Tribunal, garante e intérprete de la misma. Además, controla la constitucionalidad de las leyes y normas aprobadas por el Parlamento o Asambleas Legislativas.
Pues bien, llegados a este punto puedo deciros, con la seguridad de que me entenderéis, que Milans del Bosch Abogados es un despacho especializado en el Derecho Público, el cual engloba, el Administrativo y Contencioso-administrativo (ante los órganos jurisdiccionales) y el Derecho Penal-económico (preventivo y ante los tribunales)
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Recordamos a todos nuestros clientes que en MIL...
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