Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-00952-de-febrero-28-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_d861eaae76cc0114e0430a0101510114&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-21 06:02:20
Document Index: 89994405

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 151', 'artículo 36', 'artículo 259', 'artículo 38', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 75', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 326', 'artículo 2', 'artículo 36', 'artículo 52', 'artículo 36']

﻿ Sentencia 2004-00952 de febrero 28 de 2013
SENTENCIA 2004-00952 DE 28 DE FEBRERO DE 2013
CONTENIDO:INCLUSIÓN EN EL CÁLCULO DE RESERVA ACTUARIAL DE PENSIONES Y BONOS PENSIONALES CONFORME AL PRINCIPIO CONTABLE DE PRUDENCIA. CUANDO EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS EX TRABAJADORES DE UNA INSTITUCIÓN EN TRANSICIÓN, EXCLUIDOS POR LA ENTIDAD DEL CÁLCULO ACTUARIAL DE PENSIONES, SEA EL DEL SECTOR PÚBLICO. SU PENSIÓN DE JUBILACIÓN, CUANDO Y SI CUMPLEN LOS REQUISITOS PARA ELLO, ESTARÁ A CARGO DE LA INSTITUCIÓN HASTA CUANDO SEA ASUMIDA LA PENSIÓN DE VEJEZ POR EL ISS Y SOLO EN EL MONTO QUE ESTA ENTIDAD LA ASUMA, POR LO QUE DEBÍA LA INSTITUCIÓN EMPLEADORA INCLUIR A SUS EX TRABAJADORES EN EL CÁLCULO DE LA RESERVA ACTUARIAL DE PENSIONES Y BONOS PENSIONALES. CON BASE EN EL PRINCIPIO CONTABLE DE PRUDENCIA, PROCEDÍA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS MENCIONADAS CUANDO ESTABAN PENDIENTES LOS RESPECTIVOS PROCESOS LABORALES, SE EXIGE ACORDE A ESTE PRINCIPIO QUE SE OPTE POR LA ALTERNATIVA DE REGISTRAR EL HECHO ECONÓMICO PROBABLE, DE FORMA QUE SE TENGAN MENOS PROBABILIDADES DE SUBESTIMAR LOS PASIVOS PENSIONALES, Y ESA FORMA ES INCLUYÉNDOLOS EN EL CÁLCULO DE RESERVA PENSIONAL, DISEÑADA PRECISAMENTE PARA CREAR SOPORTE FINANCIERO, QUE RESPALDE EL PAGO DE DICHOS PASIVOS, CUANDO SE HAGAN EXIGIBLES.
TEMAS ESPECÍFICOS:RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
Sentencia 2004-00952 de febrero 28 de 2013
Ref.: 25000-23-24-000-2004-00952-01
Número Interno 17614
Para efectos de determinar la procedencia de dicha exclusión, debe establecerse si la pensión de las personas excluidas es de cargo del banco empleador o del Instituto de Seguros Sociales, para lo cual debe analizarse si el régimen de transición a que se refiere el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 implica que el anterior patrono institucional no debe en ningún caso reconocer ni pagar total o parcialmente las pensiones de jubilación del personal que se halle dentro de dicho régimen y por tanto no haya adquirido aún el derecho a la pensión.
Para acceder al régimen transicional, uno de los dos requerimientos debe haberse cumplido a la fecha de entrada en vigencia del sistema general de pensiones, ocurrida el 1º de abril de 1994 de conformidad con el artículo 151 de la Ley 100 de 1993(10).
Como lo señaló la Corte Suprema de Justicia en un caso en el que el demandado es precisamente el Banco Popular, en la cual se definió con claridad el régimen aplicable a los trabajadores oficiales de la entidad financiera(11):
“... Empero, ocurre que este caso presenta unas circunstancias diferentes a las del proceso en que se profirió el fallo que se rememora y al que acude el censor para la demostración de los cargos, como lo son que para el 1º de abril de 1994, fecha en que entró en vigencia la Ley 100 de 1993, la aquí demandada era una entidad oficial sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado y, por consiguiente, para esa fecha, el actor tenía la condición de trabajador oficial. Y esta situación implicaba, como lo analizó el tribunal, que por darse los presupuestos exigidos por el inciso 2º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, éste quedó cobijado con el régimen de transición pensional que regula tal precepto, y que en lo pertinente dispone:
“(...) en vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de éstos (ver por ej. D. 3135/85) que el sistema del seguro reemplazará absolutamente su régimen jubilatorio, como sí aconteció para los particulares en el artículo 259 del Código Sustantivo del Trabajo, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la seguridad social. Por consiguiente, bajo los parámetros que propone el propio recurrente, emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para ésta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez...” (rad. 20114)” (resaltado fuera del texto).
En este sentido sostuvo la Corte(12):
“Y es que asumiendo como hechos, en los que no discrepan las partes, que el demandante laboró para el banco demandado desde el 3 de diciembre de 1962 al 25 de marzo de 1986, es decir durante más de 20 años, necesariamente el sentenciador de segundo grado, ha debido dilucidar, en primer lugar, qué disposiciones disciplinaban para la data de su desvinculación el punto relacionado con la pensión de jubilación reclamada, para lo cual resultaba forzoso razonar en dirección a que como la naturaleza jurídica de la entidad bancaria demandada era, para la fecha en que aquel dejó de prestar sus servicios, una empresa de economía mixta sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del Estado por disposición expresa del artículo 38 del Decreto-Ley 80 de 1976, éste ostentaba la condición de trabajador oficial al hacer dejación de su cargo, en atención a la regla general prevista en el artículo 5º del Decreto 3135 de 1968, aspecto que inclusive acepta la contradictoria al descorrer el traslado de la demanda con que se inició este proceso...
“lo anterior es lo que a la postre aduce el recurrente cuando al finalizar el desarrollo del primer cargo dice: “en conclusión, si al entrar en vigencia la Ley 33 de 1985, el actor tenía 23 años de servicio al banco demandado, se debe pensionar conforme a las disposiciones de edad que regían con anterioridad, o sea, los artículos 27 del Decreto 3135 de 1968 y el 68 del Decreto 1848 de 1969”...
De otra parte, no se establece en la norma citada anteriormente, expresamente, si el reconocimiento y pago de la pensión de estas personas debe hacerlo la entidad administradora del nuevo régimen de prima media con prestación definida, el ISS, o si conserva dicha obligación la entidad empleadora, bajo la cual, se cumplieron los requisitos para pertenecer al régimen de transición. No obstante, encuentra la Sala, que dicha obligación no puede ser trasladada al Seguro Social, entidad que sólo puede reconocer y pagar pensiones de acuerdo con sus propias regulaciones, dentro de las cuales no están las mencionadas del sector público.
Esta conclusión ha sido confirmada en reiterados pronunciamientos en el seno de la Corte Suprema de Justicia con ocasión de la resolución de los recursos extraordinarios de casación, en diversos procesos en que se ha demandado el pago de la pensión de jubilación entre otras entidades, al Banco Popular, cuando los requisitos para acceder a la pensión son más benéficos que los establecidos para la pensión de vejez en la Ley 100 de 1993. Al respecto ha dicho la Corte(13):
“II. Derecho a pensión plena de jubilación de trabajadores oficiales.
Ya se anotó que el conjunto normativo aplicable al ISS, permite colegir que dicho instituto, creado por la Ley 90 de 1946, está facultado para afiliar empleados oficiales (D. 433/71, D. 1650/77, Ac. 44/89 y Ac. 49/90), en los casos específicos mencionados con antelación. Mas, para los efectos del artículo 1º de la ley últimamente invocada, si bien un trabajador oficial de una empresa, como la aquí demandada, pudo haber estado inscrito en el seguro social, no debe entenderse afiliado a una caja de “previsión social”, con la connotación específica que esta expresión tiene en la seguridad social y en la Ley 33 de 1985.
En consecuencia, es equivocada la hermenéutica y conclusión del ad quem, pues en casos de trabajadores oficiales amparados por la Ley 33 de 1985, afiliados al ISS, pero no a una caja o entidad de previsión social, la pensión legal de jubilación contemplada en el artículo 1º de esta ley, debe ser reconocida y pagada en principio por la última entidad empleadora, como lo dispone el artículo 75 del Decreto 1848 de 1969; pero como tanto el trabajador como el Estado efectuaron los aportes respectivos al ISS, para el seguro de invalidez, vejez y muerte, una vez reunidos los requisitos de edad y cotizaciones estatuidos en los reglamentos del instituto, debe este organismo otorgar la correspondiente pensión de vejez, y desde ese momento en adelante estará a cargo del empleador oficial sólo el mayor valor, si lo hubiere, entre la pensión de jubilación primigenia, con sus reajustes, y el monto de la prestación pagada por el seguro social” (resaltado fuera del texto).
Es decir, sostuvo la Corte Suprema, en posición que comparte la Sala, que, si el empleado no estaba afiliado a ninguna entidad de previsión social, al momento de desvincularse del servicio oficial, es la entidad a la cual estuvo vinculado al momento de cumplir el tiempo de servicio, aunque no la edad, la que debe pagar la pensión respectiva cuando cumpla este último requisito también. Para lo cual, no obsta, como se señaló anteriormente, el cambio de naturaleza jurídica de la entidad empleadora, en este caso, el Banco Popular. Las condiciones y monto de la pensión que debe reconocer el empleador, en este caso, según se advirtió, son aquellos consagrados en el régimen anterior a que se hallaban afiliados los trabajadores oficiales, los del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, a saber:
Esta conclusión, cubre el caso de los empleados del Banco Popular que se retiraron del servicio sin haber cumplido los requisitos para acceder a la pensión pero que se hallaban en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, y no estaban afiliados a una entidad de previsión social (el Seguro Social no lo es(14)), con la entrada en vigencia de la mencionada ley.
Estas características aplicables al régimen de transición referido son sintetizadas en la siguiente providencia de dicha corporación(15):
En cuanto al régimen pensional aplicable al trabajador que cumplió el tiempo de servicio cuando el banco aún era oficial, esto es, antes de su privatización ocurrida a partir del 21 de noviembre de 1996, esta Sala de la Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en procesos similares, inclusive contra la misma entidad bancaria. Entre otras, en sentencia de 20 de agosto de 2008, radicación 32986, en la que se indicó que el derecho a la pensión de jubilación se le garantiza al trabajador oficial, aún cuando cumpla la edad con posterioridad a la fecha en que se produjo la privatización, pues, por virtud del régimen de transición, se le aplican las normas del sector oficial, vale decir la Ley 33 de 1985, y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969.
Por otro lado, resulta pertinente señalar que esta Sala de la Corte, en pronunciamiento del 10 de agosto de 2000, radicación 14163, reiterada, entre otras, en sentencia del 23 de marzo de 2007, radicación 28962, sostuvo que el régimen de jubilación oficial de los trabajadores afiliados al ISS, subsistió, de tal forma, que la entidad obligada al pago de aquel derecho es la última empleadora, con la posibilidad de ser subrogada parcial o totalmente por el ISS o por la entidad a la que se encuentre afiliado, cuando asuma la pensión de vejez, tal como efectivamente se dispuso en la sentencia acusada” (resaltado fuera del texto)(16).
Esta providencia relieva también, en el último aparte resaltado, el fenómeno de la “compartibilidad”, aplicable a casos como este, consistente en que, el último empleador asume la pensión cuando el exempleado reúne los requisitos de ley para ello, según el régimen anterior, y cesa de pagar, cuando el ISS o la entidad de seguridad social encargada, asuma la pensión, no ya de jubilación sino de vejez, pero sólo en la parte que esta última entidad asume, debiendo seguir a cargo de la diferencia, si la hay, cuando fuere superior.
En conclusión, con base en las consideraciones que anteceden y de la transcripción de las anteriores sentencias, las cuales fijan una reiterada posición de la Corte Suprema, en cuyos argumentos fundamentales coincide la Sala, aun cuando no para efectos de decidir en los casos particulares de los extrabajadores involucrados en la exclusión del cálculo actuarial, sino para determinar la necesidad de incluirlos en dicho cálculo, que es de lo que se trata la presente acción, la Sala precisa lo siguiente:
1. El régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, implica que las personas que se hallan cobijadas por él, al momento de entrar en vigencia el nuevo régimen pensional, adquieren el derecho a pensionarse, cuando cumplan los respectivos requisitos, de acuerdo con el régimen pensional anterior, en lo que tiene que ver con edad, tiempo de servicio o semanas cotizadas y monto de la pensión.
2. Para el caso de trabajadores o extrabajadores oficiales, ese régimen es el contemplado en la Ley 33 de 1985 y los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, el cual en general contempla condiciones más favorables al trabajador.
5. La afiliación al Seguro Social(17), sólo determina que, cuando se cumplan los requisitos para la pensión de vejez administrada por esta entidad y en los términos de las normas que le son aplicables, debe esta entidad reconocer y empezar a pagar dicha prestación.
Sobre el particular y sobre los efectos del cambio de naturaleza del banco en la medición de dicho riesgo, ha manifestado la Sala, en reiteración jurisprudencial, en un proceso en que precisamente era parte el Banco Popular(18):
“Ahora bien, en relación con el cambio de naturaleza del banco, la Superintendencia Bancaria en el acto administrativo (Ofi. 97044508-20, mayo 27/98) que resolvió los recursos interpuestos contra el acto que negó la aprobación del cálculo actuarial presentado por el año 1997 y al cual se remitió en los actos que decidieron los recursos de reposición y apelación interpuestos contra la aprobación parcial del cálculo actuarial que ahora se debate, esgrimió el siguiente argumento administrativo:
“En primera instancia, es necesario precisar, en cuanto al argumento referente al hecho de que el cambio de naturaleza jurídica del Banco Popular ocurrido el 21 de noviembre de 1996, no habían adquirido el derecho a la pensión, sino que a esa fecha tenían, según su aserto, únicamente una expectativa, supuesto fáctico que, en su parecer, exonera al Banco Popular, de la obligación de asumir la obligación del reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, es necesario reiterar nuevamente que, esta superintendencia carece de competencia para emitir un pronunciamiento que dirima en el fondo las eventuales diferencias en la aplicación de las normas laborales, pues es inequívoco que el tema propuesto no encuadra dentro de las funciones de control y vigilancia contempladas en el numeral 3º del artículo 326 del estatuto orgánico del sistema financiero, sustituido por el artículo 2º del Decreto 2359 de 1993.
Como lo observó la Sala en esa oportunidad que ahora se reitera, “la actuación de la Superintendencia Bancaria se enmarcó precisamente en la regla contable de la prudencia, pues existe un concepto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como autoridad laboral, en el que consideró que el Banco Popular, después de su privatización, debe reconocer y pagar las pensiones de los trabajadores que se encuentren en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como empleados oficiales de conformidad con la Ley 33 de 1985, sin que sea posible argumentar, que por haberse convertido en una empresa privada sus trabajadores y extrabajadores tienen que regirse por las normas del Código Sustantivo del Trabajo o por los reglamentos del Seguro Social (fls. 396 a 399, cdno. de antecedentes)”.
De todos modos, en el evento de una posible pérdida por parte de un ente económico, ésta será resuelta en último término cuando uno o más eventos futuros ocurran o dejen de ocurrir, de ahí que el artículo 52 del Decreto 2649 de 1993, obligue al ente económico a contabilizar una provisión para cubrir la contingencia probable.
En el caso del Banco Popular estos pasivos habían sido reconocidos contablemente antes de su privatización, como quiera que se habían producido eventos de tipo laboral que permitían prever el sacrificio económico de la empresa por las obligaciones pensionales a su cargo y no podían excluirse estas partidas sin vulnerar el principio de realización, con un argumento que no resulta contundente para modificar la situación económica del ente económico. (...).
Por todo lo anterior, la Sala reitera su criterio de que la Superintendencia Bancaria (hoy Financiera) motivó debidamente su actuación y su decisión de ordenar incluir dentro del cálculo actuarial presentado por el Banco Popular a 31 de diciembre de 2000 a aquellos trabajadores a quienes posiblemente les fuera aplicable el régimen de pensiones consagrado en la Ley 33 de 1985, para los empleados oficiales, se ajustó a derecho, razón por la cual el cargo no está llamado a prosperar...” (resaltado fuera del texto).
De modo que, si existen dudas de que el banco deba pagar las pensiones, se exige acorde con este principio, que se opte por la alternativa de registrar el hecho económico probable, de forma que se tengan menos probabilidades de subestimar los pasivos, pensionales en este caso, y esa forma es incluyéndolos en el cálculo de la reserva pensional, diseñada precisamente para crear un soporte financiero, que respalde el pago de dichos pasivos, cuando, se hagan exigibles, como en el caso de pérdida de los respectivos procesos judiciales en las decisiones finales de los recursos de casación.
La información es comprensible cuando es clara y fácil de entender. La información es útil cuando es pertinente y confiable.
En torno a la no violación de las normas contables y a la necesidad de incluir este pasivo eventual en el cálculo actuarial, ha señalado la Sala en pleito sostenido entre las mismas partes y por similares hechos(19):
La Sección no observa la alegada vulneración de normas contables, al contrario, la actuación de la Superintendencia Bancaria se enmarcó precisamente en la regla contable de la prudencia, pues existe un concepto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como autoridad laboral, en el que consideró que el Banco Popular, después de su privatización, debe reconocer y pagar las pensiones de los trabajadores que se encuentren en el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, como empleados oficiales de conformidad con la Ley 33 de 1985, sin que sea posible argumentar, que por haberse convertido en una empresa privada sus trabajadores y extrabajadores tienen que regirse por las normas del Código Sustantivo del Trabajo o por los reglamentos del Seguro Social (fls. 396 a 399, cdno. de antecedentes).
Debe señalarse que estos pasivos habían sido reconocidos contablemente por el banco desde antes de su privatización, como quiera que se habían producido eventos de tipo laboral que permitían prever el sacrificio económico de la empresa por las obligaciones pensionales a su cargo y no podían excluirse estas partidas sin vulnerar el principio de realización, con un argumento que no resulta contundente para modificar la situación económica del ente económico.
“A juicio de la Sala, la Superintendencia Bancaria como entidad vigilante del Banco Popular, dio cumplimiento a sus funciones exigiendo en ese momento, el cumplimiento y observancia de las normas reguladoras del sistema de seguridad social, en cuanto el resultado económico de ellos tenga incidencia en la situación financiera y patrimonial de los entes sometidos a su inspección, control y vigilancia para dar garantía de estabilidad y consolidación económica de las empresas que administran la seguridad social y evitando que las situaciones económicas de las entidades previsionales del sector privado y de las empresas que reconocen y pagan pensiones pueda afectar el derecho de los trabajadores al reducir sus reservas pensionales”(20).
La necesidad de la provisión resulta más evidente con la intervención en el proceso del Instituto de Seguro Social, quien también ha manifestado que el cambio de naturaleza jurídica del Banco Popular, de oficial a privado, no tiene incidencia sobre los derechos de los trabajadores amparados por el régimen de transición y estimó que la afiliación en el ISS de trabajadores oficiales con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, no implica que esta entidad responda por pensiones contempladas en la Ley 33 de 1985, porque éstas deben ser reconocidas y pagadas por el empleador y el ISS, una vez se reúnan los requisitos de edad y cotizaciones, otorgará la pensión de vejez. Pero el mayor valor entre el monto de la pensión de jubilación y el valor pagado por el instituto estará a cargo del empleador.
Por todo lo expuesto, para la Sala no se comprobó que en los actos demandados se hayan vulnerado normas superiores. La Superintendencia Bancaria actuó en ejercicio de sus facultades legales y motivando su actuación, por lo que no procede la nulidad solicitada” (resaltado fuera del texto).
En suma, no solo no se vulneran las normas y principios contables, si no que se les da plena y adecuada aplicación, al registrar en el cálculo de la reserva, a las personas que se hallan en el régimen de transición.
De igual manera, no encuentra la Sala que se haya vulnerado el derecho del banco al trato igual, pues como bien lo han manifestado la entidad demandada y los terceros interesados, la situación del banco es desigual frente a otros bancos privados, en la medida en que era una entidad oficial cuyos empleados tenían la condición de trabajadores oficiales, con un régimen pensional especial y que, por tanto, estaban cobijados por normas diferentes en torno a dicho régimen.
Sobre el tema, en idéntico sentido, se ha pronunciado la Sala, en providencia anteriormente mencionada, en proceso entre las mismas partes(21):
“... c) Se violó el principio de igualdad en que debe encontrarse el banco en relación con las demás entidades financieras.
Para el demandante es evidente la desigualdad en que se encuentra el banco en relación con las demás entidades financieras, pues a diferencia de éstas, ha continuado cotizando al ISS y sin embargo, debe efectuar el respectivo cálculo actuarial y las correspondientes provisiones, a diferencia de los otros que no lo hacen.
A juicio de la Sala no hay violación al derecho a la igualdad toda vez que la superintendencia ha desarrollado su función en la forma como lo hace en relación con las demás entidades sometidas a su vigilancia y control. El hecho de que tenga en cuenta, para efectos de las órdenes dadas al demandante, su naturaleza jurídica y las circunstancias especiales en las que se encuentran sus trabajadores y extrabajadores en virtud de su historia laboral y del cambio de naturaleza jurídica del banco, son precisamente, aspectos que diferencian al banco con el resto de las entidades financieras que nacieron como privadas.
Además, el demandante no señala de manera concreta a cuál entidad financiera que hubiera estado en las mismas circunstancias se le dio por parte de la Superintendencia Financiera un trato diferente sin justificación, aspecto indispensable para sustentar la violación al derecho a la igualdad, razón por la cual, en la forma como está planteado el cargo, éste no tiene vocación de prosperidad”.
Por las razones esbozadas no prospera el cargo.
En resumen, debido a que el régimen aplicable a los extrabajadores del Banco Popular en transición, excluidos por esta entidad del cálculo actuarial inicialmente presentado, es el anterior del sector público, y su pensión de jubilación, cuando y si cumplen los requisitos para ello, está a cargo del Banco Popular hasta cuando sea asumida la pensión de vejez por el ISS y solo en el monto en que esta entidad la asuma, debía dicha entidad bancaria, incluirlos en el cálculo de la reserva actuarial de pensiones y bonos pensionales, de modo que al no hacerlo así, fue apropiado el rechazo de dicha exclusión por parte de la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) y, en consecuencia, fue correcta la denegación de las súplicas de la demanda por parte del tribunal, por lo que se confirmará su decisión.
1. CONFÍRMASE la sentencia del 6 de noviembre de 2008 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho instaurado por el Banco Popular S.A. contra la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera).
2. Reconócese personería a la doctora Martha María Quitián como apoderada de la Superintendencia Financiera, en los términos y para los efectos del poder otorgado.
(10) “ART. 151.—Vigencia del sistema general de pensiones. El sistema general de pensiones previsto en la presente ley, regirá a partir del 1º de abril de 1994. No obstante, el gobierno podrá autorizar el funcionamiento de las administradoras de los fondos de pensiones y de cesantía con sujeción a las disposiciones contempladas en la presente ley, a partir de la vigencia de la misma.
(11) Sala de Casación Laboral, sentencia del 15 de febrero de 2011, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz, expediente 39137, Luz Myriam Pérez Devia. vs. Banco Popular.
(12) Sala de Casación Laboral, sentencia de 14 de junio de 2000, M.P. José Roberto Herrera Vergara, expediente 13963, Eleuterio Sánchez Barón vs. Banco Popular.
(13) Sala de Casación Laboral, sentencia de 29 de julio de 1998, M.P. José Roberto Herrera Vergara, expediente 10803, Edilberto Ortiz Suárez vs. Corporación Nacional de Turismo.
(14) Se considera, por el contrario una institución de seguridad social, que cobra cotizaciones a sus afiliados.
(15) Sala de Casación Laboral, sentencia de 10 de marzo de 2009, M.P. Camilo Tarquino Gallego, expediente 34263, Jaime Rojas Díaz vs. Banco Popular.
(16) En idéntico sentido, entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, M.P. Luis Gonzalo Toro Correa, sentencia del 16 de febrero de 2001, expediente 13092 y sentencia de 20 de marzo de 2009, expediente 35621, Luis Enrique Corzo Pinilla vs. Banco Popular.
(17) Que como se mencionó anteriormente, no es entidad de previsión si no de seguridad social.
(18) Sección Cuarta, sentencia de 24 de julio de 2008, expediente 16196, C.P. María Inés Ortiz Barbosa, Banco Popular vs. Superintendencia Bancaria.
(19) Sección Cuarta, sentencia de 6 de marzo de 2003, expediente 13084, C.P. Ligia López Díaz, Banco Popular vs. Superintendencia Bancaria.
(20) Sentencia del 11 de mayo de 2001, Sección Cuarta, expediente 9183, Actor: Banco Popular, C.P. Germán Ayala Mantilla.
(21) Ver Supra nota 20.