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Timestamp: 2014-12-22 06:56:33
Document Index: 265189357

Matched Legal Cases: ['Artículo 24', 'Artículo 46', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 25', 'artículo 46', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'artículo 1774', 'Artículo 50', 'Artículo 51']

LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO | Blog de Ricardo Ayala Gordillo
Home	DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO
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PROFESIONALES Y CONVOCATORIAS
REGIMEN DISCIPLINARIO Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR
RESPUESTAS A BUSQUEDAS
Category: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Filed under: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO — 2 comentarios	agosto 11, 2013
Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez Adrián consulta:
El control y supervisión permanente de la ejecución de la prestación corre a cargo del usuario y/o del funcionario o servidor designado como responsable de la supervisión como del autorizado a dar la conformidad previa al pago y en lo que corresponde, al órgano encargado de las contrataciones de la entidad. Los artículos 24 y 32 de la LCE establecen la responsabilidad administrativa que respectivamente asiste al Comité Especial como a los funcionarios o servidores de la Entidad; la cual puede derivar en responsabilidades civiles o penales como refieres en el caso en particular.
Al respecto el Ing. Carlos Alberto Aguirre Rodríguez añade: Es correcto que el Comité Especial termina su función, cuando la Buena Pro otorgada queda consentida y remite el expediente de contratación al órgano encargado de las contrataciones de la entidad para que formalice la suscripción del contrato respectivo. La entidad en los términos de referencia del servicio, o en el contrato mismo, deberá señalar quien será el responsable de la supervisión y quien dará la conformidad del servicio.
LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Artículo 24°.- Del Comité Especial
En caso se determine responsabilidad en los expertos independientes que participen en el Comité Especial, sean éstos personas naturales o jurídicas, el hecho se comunicará al Tribunal de Contrataciones del Estado para que previa evaluación se les incluya en el Capítulo de Inhabilitados para Contratar con el Estado del Registro Nacional de Proveedores. Artículo 46°.-De las responsabilidades y sanciones
Tags: blog de ricardo ayala, CAPACITACION, COMITE ESPECIAL, CURSOS, DEFENSA ESPECIALIZADA, FACEBOOK, Funcionarios Y servidores publicos, gmail.com, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, MOZILLA, OCI, RESPONSABILIDAD CIVIL, RESPONSABILIDAD PENAL, RESPOSNABILIDAD ADMINSTRATIVA, RESPOSNABILIDAD DEL COMITE ESPECIAL, SAFARI, titular de entidad, wordpress.com, yahoo.es
Comentario GRACIAS A TI
Filed under: adolescentes, CURSOS, D, denuncias, Derecho de Familia, FISCALIA PENAL, Gestión Pública, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Práctica Legal, Procedimiento Administrativo General, Proceso Administrativo Disicplinario, PROFESIONALES Y CONVOCATORIAS, SE FELIZ, Uncategorized — 8 comentarios	diciembre 30, 2012
Apreciado amigo y amiga,
visitante de este Blog:
Esta breve, muy breve publicación
es exclusivamente para agradecerte por compartir tu experiencias en público o privado, segun tu mejor elección,
por contribuir en difundir el blog
y permitirme la oportunidad de brindarte la pauta oportuna
y cuando es posible, el servicio legal pertinente
que coadyuve a tu mejor decisión.
Mi permanente renovado especial agradecimiento a los administradores de
wordpress.com que hacen posible esta integración virtual
con amigos y amigas de todos los Departamentos, Provincias y Regiones de mi querido Peru
que espero visitar este año
con los Cursos relacionados;
como a los amigos y amigas de Argentina, Colombia, Chile, Méjico,
Ecuador, Bolivia, Venezuela, CentroAmérica, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, Canadá
España, Japón, Italia, Arabia Saudita y muchos otros pa¡ses que involuntariamente esté omitiendo.
para expresarte mi deseo que
cual estela de la estrella de Belén
La luz del redentor
Alumbre nuestra amistad, tus metas y días, como el de tus seres queridos
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD , MUCHA SALUD, PROSPERIDAD,FELICIDAD Y EXITOS EN EL 2013!!!!!!!!!!!
Teléfonos de contacto : 985483172 Movistar 991264631 Claro LIMA – PERU
Comentario PROFESIONALES Y CONVOCATORIAS
Filed under: CURSOS, Gestión Pública, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Práctica Legal, Procedimiento Administrativo General, Proceso Administrativo Disicplinario, PROFESIONALES Y CONVOCATORIAS, Uncategorized — 2 comentarios	noviembre 4, 2012
En este artículo, los lectores interesados pueden dar a conocer y ofertar el resumen de su experiencia profesional y/o laboral como datos de contacto y de considerarlo, remitir en archivo adjunto al email asesoriadefensa02@yahoo.es su currículum vitae no documentado.
En este artículo, también, las entidades públicas o personas jurídicas o naturales interesadas pueden resumir sus convocatorias o solicitudes de servicios profesionales, de modo sucinto y, en archivo adjunto consignar la información ampliada.
Se recomienda que los resúmenes no superen de cinco líneas y comprendan experiencia de mayor relevancia y reciente, profesión o cargo requerido, datos de contacto con cargo y nombre compeleto de persona de contacto, DNI, teléfono fijo y celular, correo electrónico, fecha y cuando sea pertinente honorarios.
Nos reservamos el derecho de resumir o rechazar cuando resulte pertinente.
Gracias por tu confianza y Bienvenido.
Lima, 4 de noviembre del 2012
Tags: autoridad competente, blog de Ricardo Ayala Gordillo, blogalaxia, ciudadanos, Comisión Permanente de Proceso Administrativo Disciplinario, control interno previo, CPPAD, D.Supremo 19-94-ED, Decreto Supremo 005-90-PCM, denuncia, derecho al debido proceso, derechos de servidores del D.Leg. 276, Gestor Público, Gobiernos locales, Ley del Procedimiento Administrativo General, principio de legalidad, Software Libre, talk google, tecnología educativa, titular de la entidad, UGEL, websites
Comentario OBRAS: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Filed under: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO — 4 comentarios	septiembre 21, 2012
Vani consulta
Mi consulta es, en una Entidad se dispuso la ejecución de una obra por administración directa, en el marco de la ejecución se hicieron algunos procesos AMC para la adquisición de bienes; sin embargo, para el personal técnico (residente y supervisor) se han realizado contratos SNP, o locación de servicios, pero que sumados por el tiempo de ejecución llegan a los 20 mil o 30 mil soles, se está incurriendo en fraccionamiento?, cual sería la alternativa correctiva y/o de solución, cual es el tipo de contrato que se debe de suscribir con estos especialistas.
Con la consulta de Vani, que mas adelante es respondida en este artículo, damos nuevamente la bienvenida al Ingeniero Civil Carlos Alberto Aguirre Rodríguez, perito relacionado en OBRAS en este caso en la LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO quien, generosamente viene contribuyendo con la propuesta del Blog de facilitar a funcionarios, servidores y administrados la comprensión y aplicación en este caso, esta parte de la Ley de Contrataciones del Estado como de las normas relacionadas, a través de la absolución de consultas puntuales, didáctica y ampliamente procurando el mejor empleo de los recursos públicos asignados, disuadiendo en lo posible de actos arbitrarios que conlleven eventuales responsabilidades a los partícipes.
A continuación su auto presentación en el primer comentario que hiciera el pasado mes de mayo 2012 :
“Doctor, particularmente para el caso de obras ¿No cree usted, que la actual Ley de Contrataciones y su Reglamento, así como está promulgada, es una puerta abierta a la corrupción?; tengo esta hipótesis, por cuanto he sido testigo y sigo siendo testigo en diversos procesos de selección referido a obras o consultoría de obras, donde las entidades públicas convocantes a través de sus Comités Especiales, hacen realmente lo que quieren, y no hay entidad o autoridad alguna que hasta la fecha les haya hecho el alto. Basta con verificar en el portal del SEACE las convocatorias para la ejecución de obras, cuyos “Requerimientos Técnicos Mínimos” están escandalosamente direccionados, sin que nadie haga algo al respecto, salvo algunos postores. Además del tráfico de currículum vitae de los profesionales que fungen de Residentes y/o Supervisores de Obra en más de tres, cuatro y hasta seis obras a la vez, lo que resulta ser sorprendente y totalmente fuera de toda ética además ilegal; pues las entidades no solo parametran los requisitos del residente, sino que en muchos casos incluyen como RTM otros profesionales y hasta técnicos con requisitos, donde lo único que falta es poner el nombre del profesional o del técnico. Pero todo esto ocurre por la falta de control no establecido en la Ley y su Reglamento, en las imprecisiones de algunos articulados y en la falta de un sistema de información a través del SEACE que realice el control de los profesionales que fungen de residentes y superviosres en determinadas obras contratadas por las entidaees del estado y que sea de verificación obligatoria por parte de éstas; pues de acuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA (que olímpicamente se ha dejado de lado), en su Norma G.030, estabelce que los responsables de obra son principalmente: El Consultor (Proyectista), el Residente (que realiza la Dirección Técnica) y el Supervisor (que realiza el control de la obra), además señala que sólo en el caso de “obras pesadas” (de envergadura o sofisticadas), el Residente deberá tener especialización. Sin embargo, el OSCE, desconoce estos temas que son netamente aspectos técnicos de ingeniería, y ha emitido pronunciamientos donde señala que el postor puede acreditar otros profesionales que se encuentren considerados en los “gastos generales”, situación totalmente absurda, cuando sabemos, que “dichos profesionales” tratados como “especialistas”, no es necesario que lo acredite el Contratista (ejecutor de la obra), sino el proyectista o el Supervisor, que finalemnte son los que tienen que absolver las consultas que realice el contratista a través del Residente de Obra, y es irrelevante si el Contratista acredita 1 o 100 profesionales especialistas, por cuanto, no son indispensables para la obra; por tanto, no deberían ser parte de los RTM; y, Usted sabe, que si no se cumplen los RTM los participantes no pueden ser postores.
Esta situación se ha generalizado a nivel nacional, y las autoridades inescrupulosas sacan provecho de esta situación cobrando los famosos DIEZMOS (10% del valor referencial) para otorgar la Buena Pro de las obras al mejor “Postor”; esta es una verdad que ya nadie la puede esconder.
Creo modestamente, que debe hacerse algo para contrarrestar esta situación; desde mi posición como Perito Ingeniero Forense, por lo menos estoy bregando por que así sea, y ya empiezan a verse algunos resultados. En realidad hay mucho que conversar sobre la Ley de Contrataciones y su Reglamento, mucho que precisar y enmendar, propongamos las mejoras en las instancias pertinentes; así coadyuvaremos a menguar la corrupción que hoy en día se ha institucionalizado en diversas entidades del Estado.
A la consulta de Vani:
Si se determinó ejecutar la obra por la modalidad de administración directa, quiere decir que la entidad cuenta con la capacidad operativa, personal técnico (Residente e Inspectores) y administrativo (Almacenero y Administrador) que requiere la obra para su normal ejecución, además del apoyo logístico y las maquinaria y equipos que se requiera; por tanto, no sería necesario contratar “profesionales” para que se hagan cargo de la obra. NO obstante, muchas entidades del estado optan por esta modalidad pretendiendo realizar la obra “más barata” o para dar “trabajo” a sus conciudadanos, pero en la gran mayoría de los casos esto no es cierto, puesto que las obras demoran más, y muchas veces el gasto que se ejecuta resulta ser mayor que si se hubiera construido por contrata; y si la obra se ejecutara por contrata o por administración directa, igual los pobladores tendrán la oportunidad de trabajar en la obra, y quizás con mejores condiciones remunerativas si esto se monitorea.
Las acciones de Control de la OCI de la entidad, si están debidamente capacitados podrán advertir esta situación.
Yendo al punto, para la adquisición de los insumos de una obra que se ejecuta por administración directa, ésta en lo posible se hace en un solo proceso de selección (salvo lo que dispone la Ley Art. 19 y su Reglamento Art. 20), generalmente por “Suministro” (las bases estandarizadas se encuentran en la página Web del OSCE) y por relación de Items, es mucho más ventajosa, por cuanto, garantiza la provisión de materiales oportunamente a obra y en las cantidades reales que se requieran, por tanto el avance físico se realiza de acuerdo a lo programado y pudiéndose concluir la obra en el tiempo previsto; así mismo, tiende a que al finalizar la construcción de la obra, el saldo de almacén de obra sea mínimo, y que los pagos a los proveedores sean fluidos.
De lo que menciona en su consulta, podrá sacar su propias conclusiones, probablemente todas las AMC que procesó pudieron generar en un inicio una sola ADS o una ADP, o quizás una LP.
La participación de un Residente y/o Supervisor en una obra por administración directa, debería asumirlo la entidad a través de su personal de planta (remunerados a través de planillas de la entidad); sin embargo, en la mayoría de los casos esto no sucede, debido a que las entidades no tienen personal técnico (ingenieros) en su staff, puesto que su rubro principal no es la ejecución de obras, por tanto deberían ejecutar las obras por la modalidad de “Contrata”; sin embargo, como buenos peruanos, siempre queremos sacar la vuelta a la norma y obtener algún rédito social o personal.
Para dilucidar este tema, primero debemos tener en cuenta, cuál es el rol que cumplen los profesionales en obra; a decir de la normatividad existente (Ley de Contrataciones del Estado, El RNE, y las Leyes laborales), debemos indicar que los profesionales responsables de la ejecución o supervisión de la obra son personas naturales (en el caso de Contrata el supervisor también pueden ser persona jurídica); siendo así, y teniendo en cuenta que éstos no están sujetos a órdenes por parte de la entidad, y no están sujetos a un horario definido impuesto por la entidad, estos profesionales programan las actividades de obra de acuerdo a un expediente técnico y en concordancia a unos términos de referencia; de ser así, entonces estamos hablando de “servicios”, y al ser servicios debemos determinar de que tipo; para el caso de la Supervisión de Obra, y siempre que el valor referencial de la supervisión no supere las 3 UITs, debe ser un “Servicio de Consultoría de Obra” en concordancia a lo establecido en el Art. 190 del Reglamento de la LCE lo cual debe ser contratado a través del proceso de selección correspondiente, pero algunas entidades los contratan por “Servicios” solamente incurriendo en una irregularidad; si el valor referencial de la supervisión fuera menor a 3 UITs entonces la entidad podría contratar al Supervisor de Obra con un Contrato de Locación de Servicios, pues no les es aplicable la LCE. En el caso del Residente de Obra, el proceso de selección será por “Servicios” (de ser el valor referencial mayor a 3 UITs), y en el caso de ser menor a 3 UITS será una locación de servicios no siéndole aplicable la LCE. El contrato de servicios No Personales, es una forma de Locación de Servicios.
Tener en cuenta que no se puede realizar contratos mensuales del Supervisor o Residente con montos menores a las 3 UITs pero que en conjunto (todos) superen este monto; consituiría una irregularidad que puede convertirse en un delito con las implicancias legales que conlleva para los responsables.
Muchas entidades en los contratos de estos profesionales (cuando es administración directa) condicionan sus pagos por el avance de obra que alcanzan en cada período de ejecución (generalmente cada mes), sin embargo cuando la obra se atrasa con respecto a su programación por causales atribuibles a la entidad, por ejemplo: No les proveen de los materiales oportunamente (gestión administrativa lenta de la entidad), no les proveen del personal técnico y calificado que requiere la obra para cumplir sus metas, o no les proveen las maquinarias o equipos necesarios para ejecutar la obra, o el régimen de remuneraciones de los obreros no está de acuerdo a Ley (régimen construcción civil) dificultando alcanzar los rendimientos previstos en el expediente técnico aprobado; los contratos no contemplan ninguna cláusula que prevea esta situación perjudicando a los profesionales; por otro lado, en este tipo de obras, si la entidad requiere el concurso de estos profesionales que deben hacerse responsable de la ejecución y supervisión de manera permanente y constante en la obra, debe establecer los “honorarios” reales acorde a los precios de mercado (actualmente en promedio los Honorarios de un Ingeniero Civil a dedicación exclusiva en una obra supera los S/. 8,000.00 mensuales, y considerando la envergadura y complejidad de la obra este monto se incrementa, libre de la logística y beneficios que debe tener en obra); por tanto, debe evitarse consignar honorarios irrisorios que lo único que generan es que las obras tengan problemas de extensión excesiva del plazo d ejecución, sin la calidad técnica requerida o con deficiencias y irregularidades durante su ejecución que finalmente perjudican a la entidad y a los beneficiarios, concluyendo finalmente en denuncias ante las instancias judiciales.
Espero haber alcanzado una ayuda en este tema que es muy importante que se divulgue en las entidades del Estado.
OBRAS EN LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
NUEVO CORREO : asesoriadefensa@gmail.com
Tags: CAS, CIVIL, CONTROL INTERNO, D.LEG 728, d.leg. 276, funcionarios, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, OBRAS, PENAL, RESIDENTE, RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA FUNCIONAL, servidores
Comentario TUPA ( NO TUPAC) Y RECURSOS IMPUGNATIVOS
Filed under: Gestión Pública, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Práctica Legal, Procedimiento Administrativo General, Uncategorized — 9 comentarios	diciembre 29, 2010
Por: Ricardo Ayala Gordillo
Polito nos consulta:
Presenté un recurso de reconsideración a la O.N.P, quisiera saber cuanto tiempo dura o en cuanto tiempo sale el resultado…hay un tiempo limite?
Apreciado Polito:
Aunque no precisas sobre que procedimiento has planteado la reconsideración, de acuerdo al TUPA de la ONP, deberían resolver en 30 días hábiles (no se cuenta sábados, domingos ni feriados) plazo igual al previsto en la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
Si no has obtenido respuesta dentro de ese plazo, el día 31 puedes o limitarte a esperar hasta cuando finalmente ellos decidan contestarte o bien, interponer Recurso de Apelación contra la “denegatoria ficta”, nombre que recibe en estos casos cuando al no resolver tu recurso dentro del plazo de Ley, se presume denegada tu reconsideración.
En la práctica, hay casos en los cuales demoran hasta meses o años para resolver un recurso.
¿Cual de nosotros en algunas ocasiones no hemos oído o dicho una cosa por otra?
Eso suele ocurrir, en ocasiones, cuando queriendo estar informados sobre algún procedimiento administrativo, el empleado que, con premura nos atiende, da la respuesta puntual añadiendo, el resto de la información véalo en el TUPA.
Como no todos los usuarios de la administración pública estamos familiarizados con tal nombrecito, algunos anotamos TUPAC en la creencia que así se nos dijo.
No faltará quien se echa a preguntar donde encontrar al funcionario que nos dará el resto de la información, descendiente del cuzqueño José Gabriel Condorcanqui Noguera, conocido como “Túpac Amaru II”, que en el siglo XVIII lideró la mayor rebelión indígena anticolonial que se dió en América, cuya figura durante el régimen velasquista de los 70 fuera difundida como identidad nacional.
Tamaña confusión en el nombre correcto de tal nombre no solo es privilegio de algunos usuarios, en ocasiones, también lo hemos oído de algunos empleados públicos.
En realidad, TUPA es una sigla con la cual se abrevia el siguiente nombre de uno de los mas importantes documentos que, por Ley, deben contar todas las entidades públicas, siendo exigible por Ley también su difusión y exhibición visibe como en el respectivo portal electrónco de cada entidad:
El TUPA nos resuelve la mayoría de las preguntas cotidianas que necesitamos cuando requerimos realizar un trámite o procedimiento administrativo: como, cuando, donde, que requisitos debo presentar, cuanto pagar o no, cuanto tiempo demora, a que autoridad debo dirigir mi solicitud, que hacer si no me atiende
Para acceder al TUPA en estos tiempos, no tienes necesariamente que ir hasta la misma entidad, basta con ingresar a INTERNET desde tu casa o una cabina pública y en el buscador de tu elección pones:
“ TUPA del Ministerio de …..” o bien
“TUPA de la Municipalidad de ……”, etc.
Si no dominas aún este medio, pídele apoyo a quien tus familiares o a quien atiende en las cabinas.
El TUPA no es elaborado al arbitrio de cada entidad pues requiere ser aprobado anualmente por la Presidencia del Consejo de Ministros mediante Decreto Supremo, lo cual rodea de LEGALIDAD sus actos, consecuentemente, sus disposiciones obligan a la entidad, le señalan el límite de sus atribuciones.
El incumplimiento de los requisitos por parte de los administrados dará lugar al requerimiento por parte de la entidad para que subsanes lo omitido cuando sea el caso, o al rechazo de la solicitud y franquea la oportunidad que quien se considere afectado interponga los correspondientes RECURSOS IMPUGNATORIOS allí previstos.
La presentación de declaraciones juradas o documentos falsos es susceptible de dar lugar a la correspondiente nulidad del acto como a la acción penal contra quien intentó u obtuvo provecho de ella.
El incumplimiento de las formalidades o plazos por parte de la entidad, puede dar lugar a los reclamos y acciones administrativas ante la misma entidad o entidades superiores cuando corresponda como a que el agraviado pudiera accionar ante la fiscalía o judicialmente contra la entidad.
El TUPA es regulado en primer orden por la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en la cual se establece entre otros.
CONCORDANCIAS: Ley Nº 29060, Art. 9
CONCORDANCIAS: COMUNICADO PCM
D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.7
5. Los supuestos en que procede el pago de derechos de tramitación, con indicación de su monto y forma de pago. El monto de los derechos se expresará con relación a la UIT, publicándose en las entidades en moneda de curso legal.
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 062-2009-PCM (Decreto Supremo que aprueba el Formato del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) y establece
precisiones para su aplicación)
CONCORDANCIAS: D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.6
38.3 El TUPA es publicado en el Diario Oficial El Peruano cuando se trata de entidades con alcance nacional, o en el diario encargado de los avisos judiciales en la capital de la región o provincia, tratándose de entidades con alcance menor.(*)
(*) Párrafo modificado por el Artículo 1 de la Ley N° 29091, publicada el 26 septiembre 2007, la misma que de conformidad con su Segunda Disposición Final, entra en vigencia al día siguiente de la publicación del decreto supremo que aprueba su reglamento, cuyo texto es el siguiente:
“38.3 El TUPA es publicado en el Portal de Servicios al Ciudadano y Empresas – PSCE, y en el Portal Institucional.”
CONCORDANCIA: D.S. Nº 079-2007-PCM, Prim.Disp.Compl.Trans.num.7
38.6 Para la elaboración del TUPA se procurará evitar la duplicidad de procedimientos administrativos en las distintas entidades de la administración pública.
Ahora puedes comparar tu procedimiento con lo previsto en el respectivo TUPA. Si tienes dudas puedes consultarme.
28 de Diciembre 2010, Lima PERU
Categoría : Procedimiento Administrativo General
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Comentario COMITÉ ESPECIAL : LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Filed under: Gestión Pública, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO — 92 comentarios	septiembre 12, 2009
Tags: acta de nacimiento, adolescentes, Adulto Mayor, alexa, altavista, anticorrupcion, Atom, autoridad competente, Autoridad Nacional de Servicio Civil, blog de Ricardo Ayala Gordillo, blog de Ricardo Percy Ayala Gordillo, blogalaxia, CADER, Cartilla de orientación para inscribir al recién nacido, ciudadanos, Comisión Permanente de Proceso Administrativo Disciplinario, constancia de nacimiento, control interno posterior, control interno previo, control interno simultáneo, CPPAD, Cuerpo de Gerentes Públicos, D.Supremo 19-94-ED, Decreto Supremo 005-90-PCM, denuncia, derecho a la identidad de los padres, derecho al debido proceso, derecho al nombre, derechos de servidores del D.Leg. 276, directivos, Director Administrativo, Director General, DISA, divorcio, DNI, Educadores, enfermeras, foxid reader, funcionarios, gerente, Gestor Público, Gobiernos locales, Gobiernos Regionales, google, Gremio de, hospitales, informes, Institutos, institutos superiores, Jefe de OCI, Jefe de Oficina de Personal, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, Ley del Procedimiento Administrativo General, madres adolescentes, médicos, medidas correctivas, medios de comunicación, miembro del CPPAD, obstetrices, pacientes, padres biológicos, Partida de nacimiento, pensionistas, Poder, Policía Nacional del Perú, postcads educativo, postrad, Práctica Legal, prensa, prescripción, principio de legalidad, procesado, proceso administrativo disciplinario, profesores, Que diferencia hay entre, reclamos, reconocimiento de hijo, Red de Salud, Registro civil, responsabilidad, RSS, servidores, SERVIR, Software Libre, sustracción de la materia, talk google, tecnología educativa, telecentros, telemedicina, titular de la entidad, Tribunal Administrativo, UGEL, universidades, websites, wikipedia
Comentario LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y RESPONSABILIDAD
Filed under: LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO — 2 comentarios	julio 18, 2009
Responsabilidad Administrativa Funcional.- Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control. Incurren también en responsabilidad administrativa funcional los servidores y funcionarios públicos que, en el ejercicio de sus funciones, desarrollaron una gestión ; deficiente, para cuya configuración se requiere la existencia, previa a la asunción de la función pública que corresponda o durante el desempeño de la misma, de mecanismos objetivos o indicadores de medición de eficiencia.
Responsabilidad Civil.- Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos, que por su acción u omisión, en el ejercicio de sus funciones, hayan ocasionado un daño económico a su Entidad o al Estado. Es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones, por dolo o culpa, sea ésta inexcusable o leve. La obligación del resarcimiento a la Entidad o al Estado es de carácter contractual y solidaria, y la acción correspondiente prescribe a los diez (10) años de ocurridos los hechos que generan el daño económico.
Artículo 4.- Principios que rigen las contrataciones Los procesos de contratación regulados por esta norma y su Reglamento se rigen por los siguientes principios, sin perjuicio de la aplicación de otros principios generales del derecho público: a) Principio de Promoción del Desarrollo Humano: La contratación pública debe coadyuvar al desarrollo humano en el ámbito nacional, de conformidad con los estándares universalmente aceptados sobre la materia.
b) Principio de Moralidad: Todos los actos referidos a los procesos de contratación de las Entidades estarán sujetos a las reglas de honradez, veracidad, intangibilidad, justicia y probidad. c) Principio de Libre Concurrencia y Competencia: En los procesos de contrataciones se incluirán regulaciones o tratamientos que fomenten la más amplia, objetiva e imparcial concurrencia, pluralidad y participación de postores. d) Principio de Imparcialidad: Los acuerdos y resoluciones de los funcionarios y órganos responsables de las contrataciones de la Entidad, se adoptarán en estricta aplicación de la presente norma y su Reglamento; así como en atención a criterios técnicos que permitan objetividad en el tratamiento a los postores y contratistas. e) Principio de Razonabilidad: En todos los procesos de selección el objeto de los contratos debe ser razonable, en términos cuantitativos y cualitativos, para satisfacer el interés público y el resultado esperado. f) Principio de Eficiencia: Las contrataciones que realicen las Entidades deberán efectuarse bajo las mejores condiciones de calidad, precio y plazos de ejecución y entrega y con el mejor uso de los recursos materiales y humanos disponibles. Las contrataciones deben observar criterios de celeridad, economía y eficacia. g) Principio de Publicidad: Las convocatorias de los procesos de selección y los actos que se dicten como consecuencia deberán ser objeto de publicidad y difusión adecuada y suficiente a fin de garantizar la libre concurrencia de los potenciales postores.
h) Principio de Transparencia: Toda contratación deberá realizarse sobre la base de criterios y calificaciones objetivas, sustentadas y accesibles a los postores. Los postores tendrán acceso durante el proceso de selección a la documentación correspondiente, salvo las excepciones previstas en la presente norma y su Reglamento. La convocatoria, el otorgamiento de la Buena Pro y los resultados deben ser de público conocimiento. i) Principio de Economía: En toda contratación se aplicarán los criterios de simplicidad, austeridad, concentración y ahorro en el uso de los recursos, en las etapas de los procesos de selección y en los acuerdos y resoluciones recaídos sobre ellos, debiéndose evitar exigencias y formalidades costosas e innecesarias en las Bases y en los contratos. j) Principio de Vigencia Tecnológica: Los bienes, servicios o la ejecución de obras deben reunir las condiciones de calidad y modernidad tecnológicas necesarias para cumplir con efectividad los fines para los que son requeridos, desde el mismo momento en que son contratados, y por un determinado y previsible tiempo de duración, con posibilidad de adecuarse, integrarse y repotenciarse si fuera el caso, con los avances científicos y tecnológicos.
Artículo 5.- Especialidad de la norma y delegación El presente Decreto Legislativo y su Reglamento prevalecen sobre las normas de derecho público y sobre aquellas de derecho privado que le sean aplicables. El Titular de la Entidad podrá delegar, mediante resolución, la autoridad que la presente norma le otorga. No pueden ser objeto de delegación, la aprobación de exoneraciones, la declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra y otros supuestos que se establezcan en el Reglamento.
3. Experiencia laboral en materia de contrataciones públicas o en logística privada, no menor de un (1) año. El procedimiento de certificación será establecido según directivas emitidas por el OSCE. El OSCE administrará una base de datos de los profesionales y técnicos que cuenten con la respectiva certificación. Esta información será pública y de libre acceso en su portal institucional. Asimismo, el OSCE emitirá directivas para la acreditación de las instituciones o empresas capacitadoras con la finalidad de que éstas capaciten a los operadores de la norma en aspectos vinculados con las contrataciones del Estado.
“Artículo 25.- Responsabilidad Los miembros del Comité Especial son solidariamente responsables de que el proceso de selección realizado se encuentre conforme a ley y responden administrativa y/o judicialmente, en su caso, respecto de cualquier irregularidad cometida en el mismo que les sea imputable por dolo, negligencia y/o culpa inexcusable. Es de aplicación a los miembros del Comité Especial lo establecido en el artículo 46º del presente Decreto Legislativo.
La evaluación del adecuado desempeño de los servidores o funcionarios en las decisiones discrecionales a que se refiere el párrafo precedente, es realizada por la más alta autoridad de la Entidad a la que pertenece, a fin de medir el desempeño de los mismos en sus cargos. Para tal efecto, la Entidad podrá disponer, en forma periódica y selectiva, la realización de exámenes y auditorías especializadas.
DE LOS CONTRATISTAS Artículo 48.- Intereses y penalidades En caso de atraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, ésta reconocerá al contratista los intereses legales correspondientes. Igual derecho corresponde a la Entidad en caso sea la acreedora.
Artículo 49.- Cumplimiento de lo pactado Los contratistas están obligados a cumplir cabalmente con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada que hayan apor­tado adicionalmente en el curso del proceso de selección o en la formalización del contrato, así como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo 1774º del Código Civil.
Artículo 50.- Responsabilidad del contratista El contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes o servicios ofertados por un plazo no menor de un (1) año contado a partir de la conformidad otorgada por la Entidad. El contrato podrá establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que la naturaleza de estos bienes no se adecue a este plazo. En el caso de obras, el plazo de responsabilidad no podrá ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la recepción total o parcial de la obra, según corresponda.
Artículo 51.- Infracciones y sanciones administrativas 51.1 Infracciones
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