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Timestamp: 2018-11-19 07:27:00
Document Index: 78838099

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 6', 'artículo 18', 'artículo 5', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 12', 'artículo 18', 'artículo 63', 'artículo 4']

TEXTO consolidado: 32008F0909 — ES — 28.03.2009
2008F0909 — ES — 28.03.2009 — 001.001
(DO L 327 de 5.12.2008, p. 27)
El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, respaldó el principio del reconocimiento mutuo, que debe convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial tanto en materia civil como penal en la Unión.
El 29 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó, de conformidad con las conclusiones de Tampere, un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal ( 1 ), pronunciándose a favor de una evaluación de la necesidad de mecanismos modernos de reconocimiento mutuo de las resoluciones definitivas de condena a penas de privación de libertad (medida no 14), así como de la ampliación del principio del traslado de personas condenadas a los residentes en un Estado miembro (medida no 16).
El Programa de La Haya sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea ( 2 ) exige que los Estados miembros completen el programa de medidas, en particular en el ámbito de la ejecución de condenas firmes a penas de prisión.
Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983. En virtud de dicho Convenio, los condenados pueden ser trasladados para proseguir el cumplimiento de su condena solo si el destino es el Estado de su nacionalidad y se cuenta con el consentimiento del condenado y de los Estados afectados. El Protocolo adicional de ese Convenio, de 18 de diciembre de 1997, que permite, en determinadas condiciones, que dichos traslados se realicen sin el consentimiento del afectado, no ha sido ratificado por todos los Estados miembros. Ninguno de estos dos instrumentos establece una obligación básica de hacerse cargo de los condenados con vistas a la ejecución de una condena u orden judicial de otro tipo.
Los derechos procesales en los procesos penales son un elemento esencial para garantizar la confianza mutua entre los Estados miembros en la cooperación judicial. Las relaciones entre los Estados miembros, que se caracterizan por una especial confianza mutua en los sistemas jurídicos de los demás Estados miembros, permiten el reconocimiento, por parte del Estado de ejecución, de las resoluciones dictadas por las autoridades del Estado de emisión. Por ello, es oportuno plantear una mayor profundización de la cooperación establecida en los instrumentos del Consejo de Europa relativos a la ejecución de sentencias penales, en particular cuando se haya impuesto una sentencia penal a ciudadanos de la Unión y hayan sido condenados a penas de prisión o a medidas privativas de libertad en otro Estado miembro. Aun reconociendo la necesidad de proporcionar al condenado las garantías adecuadas, su participación en los procedimientos no debe ya prevalecer hasta el punto de que se requiera en todos los casos su consentimiento para la transmisión de una sentencia a otro Estado miembro a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la condena impuesta.
La presente Decisión Marco debe aplicarse y ejecutarse de modo que puedan respetarse los principios generales de igualdad, imparcialidad y proporcionalidad.
El artículo 4 contiene en su apartado 1, letra c), una disposición que permite remitir el certificado y la sentencia, con carácter discrecional, en los supuestos no contemplados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), por ejemplo al Estado de nacionalidad del condenado o al Estado en que viva y haya estado residiendo legalmente de forma continuada al menos durante cinco años, siempre que vaya a mantener el permiso permanente de residencia en el mismo.
En los casos contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra c), la transmisión del certificado y de la sentencia al Estado de ejecución está sometida a la consulta entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución, así como al consentimiento de la autoridad competente del Estado de ejecución. Las autoridades competentes deben tener en cuenta cuestiones como la duración de la residencia u otros vínculos con el Estado de ejecución. En aquellos casos en que el condenado pudiera ser trasladado a un Estado miembro y a un tercer país en virtud del Derecho nacional o de instrumentos internacionales, las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución deben consultarse para estudiar si con la ejecución de la sentencia en el Estado de ejecución se cumpliría mejor el objetivo de la reinserción social que ejecutándola en el tercer país.
El cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución debe incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado. Para asegurarse de que el Estado de ejecución hará ejecutar la condena cumpliendo la finalidad de facilitar la reinserción social del condenado, la autoridad competente del Estado de emisión debe tener en cuenta aspectos como la relación del condenado con el Estado de ejecución, por ejemplo si el condenado considera que allí se encuentran sus vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos, y otros lazos con el Estado de ejecución.
La opinión del condenado mencionada en el artículo 6, apartado 3, podrá ser útil sobre todo en el momento de aplicar el artículo 4, apartado 4. Las palabras «en particular» van encaminadas a cubrir asimismo los casos en que la opinión del condenado incluyese información que pudiese resultar pertinente para la aplicación de los motivos para el no reconocimiento y la no ejecución. Las disposiciones del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 3, no constituyen un motivo de denegación relacionado con la reinserción social.
Polonia necesita más tiempo que otros Estados miembros para hacer frente a las consecuencias prácticas y materiales del traslado de ciudadanos polacos condenados en otros Estados miembros, especialmente teniendo en cuenta el aumento de la movilidad de los ciudadanos polacos dentro de la Unión Europea. Por ello, se ha previsto una excepción provisional, de ámbito limitado y durante un período máximo de cinco años.
La presente Decisión Marco se aplicará también, mutatis mutandis, a la ejecución de condenas en los supuestos contemplados en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 5, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros ( 3 ). Ello implica, entre otras cosas, que, no obstante lo dispuesto en dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución podrá verificar si existen motivos de denegación conforme a lo previsto en el artículo 9 de la presente Decisión Marco y comprobar la posible doble tipificación, en la medida en que el Estado de ejecución haya formulado una declaración en virtud del artículo 7, apartado 4, de la presente Decisión Marco, como condición para reconocer y ejecutar la sentencia, con vistas a estudiar si opta por entregar al condenado o ejecutar la sentencia en los casos que se ajusten al artículo 4, apartado 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI.
La presente Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión Marco debe poder interpretarse como una prohibición de denegar la ejecución de una resolución, cuando existan razones objetivas para suponer que la condena ha sido dictada con el fin de sancionar a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones.
La presente Decisión Marco no debe impedir a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales relativas a las garantías procesales, la libertad de asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación.
La presente Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que les confiere el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
La presente Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con la legislación comunitaria pertinente, incluidas, en particular, la Directiva 2003/86/CE del Consejo ( 4 ), la Directiva 2003/109/CE del Consejo ( 5 ) y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo ( 6 ).
En los casos en que se hace referencia en la presente Decisión marco al Estado en el que «vive» el condenado, debe entenderse por tal el lugar en el que posee vínculos, atendiendo a su residencia habitual y a criterios como los lazos familiares, sociales y profesionales.
Para aplicar el artículo 5, apartado 1, se debe poder remitir una sentencia o una copia certificada de la misma y un certificado a la autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier vía que deje constancia escrita del envío, por ejemplo por correo electrónico o fax, en condiciones que permitan al Estado de ejecución determinar su autenticidad.
En los casos contemplados en el artículo 9, apartado 1, letra k), el Estado de ejecución debe estudiar la posibilidad de adaptar las condenas de conformidad con la presente Decisión Marco antes de rechazar el reconocimiento y ejecución de condenas que supongan medidas de otro tipo que la privación de libertad.
El motivo de denegación mencionado en el artículo 9, apartado 1, letra k), podrá aplicarse asimismo en los casos en que el condenado no haya sido declarado culpable de haber cometido una infracción penal aunque la autoridad competente haya aplicado la medida de privación de libertad distinta de una pena de prisión a raíz de la comisión de una infracción penal.
El motivo de denegación relativo a la territorialidad debe aplicarse solo en casos excepcionales y con vistas a lograr la máxima cooperación posible en virtud de lo dispuesto en la presente Decisión Marco, teniendo en cuenta al mismo tiempo su objeto. Toda decisión de aplicar dicho motivo de denegación se basará en un análisis de cada caso y en las correspondientes consultas entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución.
El plazo a que se refiere el artículo 12, apartado 2, debe ser aplicado por los Estados miembros de tal modo que, por regla general, la resolución firme, incluido el procedimiento de recurso, se complete en un plazo no superior a 90 días.
En el artículo 18, apartado 1, se estipula que, con sujeción a las excepciones mencionadas en su apartado 2, el principio de especialidad se aplica únicamente en los casos en que el condenado haya sido trasladado al Estado de ejecución. Por consiguiente, dicho apartado no debe ser aplicable en los casos en que el condenado no haya sido trasladado al Estado de ejecución, por ejemplo cuando se haya refugiado en dicho Estado.
a) «sentencia»: la resolución u orden firme de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión que impone una condena a una persona física;
b) «condena»: cualquier pena o medida privativa de libertad, de duración limitada o indeterminada, impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia de un proceso penal;
c) «Estado de emisión»: el Estado miembro en el que se haya dictado una sentencia;
d) «Estado de ejecución»: el Estado miembro al que se haya transmitido una sentencia con vistas a su reconocimiento y ejecución.
3. La presente Decisión Marco solo se aplicará al reconocimiento de sentencias y a la ejecución de condenas en el sentido de la presente Decisión Marco. El hecho de que, además de la condena, se haya impuesto multa y/o resolución de decomiso, que todavía no se hayan abonado, cobrado o ejecutado, no impedirá la transmisión de la sentencia. El reconocimiento y la ejecución de dichas multas y resoluciones de decomiso en otro Estado miembro se basarán en los instrumentos aplicables entre Estados miembros, en particular la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias ( 7 ), y la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso ( 8 ).
En los casos mencionados en la letra a), se entenderá por «derecho de residencia permanente» el que la persona de que se trate:
— tenga un derecho de residencia permanente en el respectivo Estado miembro de conformidad con la legislación nacional de aplicación de la legislación comunitaria adoptada basándose en los artículos 18, 40, 44 y 52 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, o bien
— posea un permiso de residencia válido, en calidad de residente permanente o de larga duración, en el respectivo Estado miembro, de conformidad con la legislación nacional de aplicación de la legislación comunitaria adoptada basándose en el artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los Estados miembros en los que es aplicable la legislación comunitaria, o de conformidad con el Derecho nacional por lo que respecta a los Estados miembros para los que no es aplicable.
4. Si la autoridad competente del Estado de emisión desconoce cuál es la autoridad competente del Estado de ejecución, efectuará todas las investigaciones necesarias, incluso recurriendo a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea establecida mediante la Acción Común 98/428/JAI del Consejo ( 9 ), a fin de obtener esa información del Estado de ejecución.
— pertenencia a organización delictiva,
— explotación sexual de los niños y pornografía infantil,
— tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
— fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas ( 10 ),
— blanqueo del producto del delito,
— falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro,
— delito informático,
— ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal,
— homicidio voluntario, agresión con lesiones graves,
— robo organizado o a mano armada,
— tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos,
— incendio voluntario,
— secuestro de aeronaves y buques,
i) según el certificado previsto en el artículo 4, el imputado no compareció en el juicio del que deriva la resolución, salvo que en dicho certificado conste que el imputado, con arreglo a otros requisitos procesales definidos en la legislación nacional del Estado de emisión:
— fue informado de que podría dictarse una resolución en caso de incomparecencia,
— declaró expresamente que no impugnaba la resolución
— Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas de 21 de marzo de 1983, y su Protocolo Adicional de 18 de diciembre de 1997,
— Convenio Europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales de 28 de mayo de 1970,
— Título III, capítulo 5, del Convenio de aplicación de 19 de junio de 1990 del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes,
— Convenio entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas sobre la ejecución de condenas penales extranjeras de 13 de noviembre de 1991.
( 1 ) DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.
( 2 ) DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.
( 3 ) DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.
( 4 ) DO L 251 de 3.10.2003, p. 12.
( 6 ) DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
( 7 ) DO L 76 de 22.3.2005, p. 16.
( 8 ) DO L 328 de 24.11.2006, p. 59.
( 9 ) DO L 191 de 7.7.1998, p. 4.
( 10 ) DO C 316 de 27.11.1995, p. 49.