Source: https://www.scribd.com/document/257658911/Probation
Timestamp: 2019-01-21 20:47:53
Document Index: 189114868

Matched Legal Cases: ['artículo 274', 'artículo 71', 'in fine', 'artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 25', 'Artículo 76', 'artículo 76', 'artículo 496', 'artículo 76', 'artículo 27']

Uploaded by AiluColletti
DERECHO PROCESAL PENAL DE SANTA FE. PROBATION. JUICIO A PRUEBA.
LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA: UN MECANISMO
ALTERNATIVO DE REVALORIZACIÓN DE LA VÍCTIMA.
Por Marcela Meana
Sumario: 1. Introducción. 2. Fin de la pena. 3. Legalidad vs Oportunidad.4. La
suspensión del juicio a prueba. 4.1. Requisitos legales.5. La víctima.5.1. Revalorización
de la víctima. 5.2. Orden constitucional. 5.3. La víctima y su participación en el proceso.
6. Reparación del daño causado. 6.1. Alcance jurisprudencial del TSJ de Córdoba. 7.
Juez de Ejecución Penal. 8. A modo de cierre.
En el presente trabajo analizamos el instituto de la suspensión del juicio a prueba. A tal fin,
realizamos un breve panorama sobre el instituto en estudio, y en relación con ello, valoramos cuál
es la situación procesal de la víctima y la posibilidad de resarcimiento por las consecuencias
sufridas de una infracción punible en el proceso penal.
En referencia a la intervención de víctima en el proceso penal, entendiendo ésta desde las
primeras intervenciones policiales en la averiguación sumaria de los hechos hasta la propia
ejecución de la pena, consideramos que las tradicionales figuras como la del actor civil,
querellante particular, los delitos de acción publicas no satisfacen plenamente sus derechos.
Expresa Bovino, “con frecuencia el interés de la víctima no consiste en la imposición de
una pena sino, en cambio en una reparación por las lesiones o los daños causados por el delito”
(Bobino. A: 2001:127). De tal forma, a pesar de las mencionadas instituciones, la víctima queda al
margen del proceso penal y, consecuentemente del derecho a la reparación del daño causado por
A partir de lo dicho, se advierte la necesidad de incorporar de alternativas jurídicas de
solución de los conflictos intersubjetivos, que representen los derechos de la victima.
Es por ello que creemos acertada la afirmación de Bovino al sostener que: “La ventaja de
los mecanismo reparatorios como la suspensión del procedimiento penal del Código Penal
consiste en que se pretende procurar a la victima una satisfacción lo más rápida y efectiva
posible de sus reclamos de reparación. Frente a esto, las consideraciones acerca del fin de la
pena, en su sentido tradicional, deben ceder el paso…En este sentido, la reparación como
respuesta alternativa representa el quiebre de uno de los elementos más característicos del
derecho penal estatal: la reacción punitiva como única y exclusiva solución”.(Bobino.
A:2001:127) .
En este breve análisis pretendemos impulsar a la reflexión sobre la problemática que
plantea la utilización de dicha medida, y en la medida de lo posible dar a conocer la literatura
jurídica consultada, al tiempo que se esbozan criterios jurisprudenciales sobre el instituto bajo
2. FIN DE LA PENA
El derecho penal a fin de proteger subsidiariamente los bienes jurídicos y
consecuentemente, el mantenimiento del orden social, establece qué conductas pueden ser
posición contraria a la teoría de la retribución. dejare de promover la persecución y represión de los delincuentes. el artículo 274 del CP reprime la conducta del funcionario público que. como requisito de otorgamiento de la petición de la suspensión del juicio a prueba (art. la clase y gravedad de la pena con la que será sancionada. en cambio. establece el principio de legalidad como regla general. . párr. Las que dependieren de instancias privada. “reeducándolo” o logrando su “reinserción social” o “corrección”. previéndola como condición de la extinción de la acción penal ( art. según la cual.73 del CP). CP). (Roxin: 1993: 15 a 27). y también. una vez iniciada la acción la persecución continúa siendo pública (oficial). “resociabilizándolo”. es decir. dirigida al autor individual. De tal modo. a la cual se le debe enseñar a través de amenazas penales y de la ejecución de las penas lo relativo a las prohibiciones legales. pues la ley sólo subordina el inicio de la persecución penal a una manifestación de voluntad de la víctima. no hay delito ni pena sin ley previa. y disuadirla de su infracción.3°. (Righi. por el contrario influye sobre la generalidad. A través de la imposición de un mal. la culpabilidad que el autor carga sobre sí como consecuencia de su accionar delictivo es retribuida en forma justa. Constituye una excepción al monopolio del Estado en la persecución penal.(Roxin: 1993). De tal modo. conocida desde la antigüedad y vigente en la conciencia del lego: la pena debe ser justa. 3. En nuestro derecho vigente. la pena de prisión y capacidad de reinserción social del autor del hecho delictivo está en crisis. a menos que pruebe que su omisión provino de un inconveniente insuperable.amenazadas con pena por el Estado. resuelta en el proceso penal sólo si la víctima formula oportunamente la petición correspondiente. c) La teoría de la prevención especial. lo impulsa la búsqueda de nuevas alternativas que consideren la necesidad de resarcimiento de la víctima y la necesidad de resocialización del victimario.. nulla poena sine praevia lege. será reprimido con inhabilitación absoluta de seis meses a dos años. en relación a la temática en estudio. faltando a la obligación de su cargo. 2. Resaltando que la función de las normas penales no debe ser confundida con la finalidad de la pena. 72 CP). CP). Las acciones privadas. párr. la reparación de perjuicios es una consecuencia del delito de naturaleza civil. de modo sintético citamos tres concepciones: a) La teoría de la retribución. La misión de la pena es la prevención. Asimismo. 76 bis. la pena no actúa específicamente sobre el condenado. las reglas que refieren a la reparación del daño se limitan. LEGALIDAD vs OPORTUNIDAD Nuestro sistema de administración de justicia penal se caracteriza en atribuir la persecución penal al Estado (art. E:2007:62). Con referencia al fin de la pena. b) La teoría de la retribución general.71 del CP). no es una excepción a la regla la instancia privada (art.3°. Como expresamos. los delitos de acción privada (art. 76 ter. La intimación al potencial delincuente exige saber qué conductas son calificadas como delito con anterioridad a la realización de esa conducta. Paul Johann Anselm Von Feuerbach en el ámbito del derecho penal estableció este principio fundándose en la formulación latina nullum crimen. con excepción de las siguientes: 1. El artículo 71 del CP dispone de modo imperativo “Deberán iniciarse de oficio todas las acciones penales.
1° de la CN consagra el principio de legalidad al formular que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. ya que en su Articulo 1° establece que “Nadie podrá ser juzgado sino en virtud de un proceso previamente tramitado con arreglo a este Código. Ello no es caprichoso.También desde el ámbito estrictamente procesal es conocido el significado que adquiere el principio de legalidad. es la víctima del delito. Podemos hablar de una selección práctica. de la Carta Magna. con arreglo a la ley. pueden resultar inadvertidos entre la ingente cantidad de causas y para ello resulta imprescindible su individualización. 348 del CPP. la normativa constitucional prevé la legalidad procesal. Enseña Maier. fuente esencial de información. que el proceso de selección comienza por los canales de información del sistema.” En similar sentido señala Tarditti “… la común conciencia que ningún sistema judicial puede absolver la totalidad de los casos que se le presentan y la realidad que muestra que los jueces emplean criterios discrecionales de selección no siempre razonables. la realidad demuestra que el principio de legalidad no tiene plena efectividad. que el Ministerio Público ejerce sus funciones con arreglo a los principios de legalidad. En tal sentido. el Articulo 19 in fine. imparcialidad. complementa lo establecido en el Articulo 18. quien puede colocar el primer gran obstáculo. que supone la legalidad en sentido formal. párr. La Constitución de Córdoba en su art. de Instrucciones de Fiscalía General o bien de los criterios que los magistrados y funcionarios del Fuero Penal que aplican en la selectividad de los procesos. sólo es el Estado quien debe investigar y penalizar todo delito del que toma conocimiento El artículo 18. Por su parte. ni juzgado por comisiones especiales. Podemos mencionar también que los operadores judiciales ante el gran volumen de trabajo acumulado dejan de lado delitos menores o aquellos en los que la víctima no ejerce presión. la posibilidad de llegar a un juicio abreviado o de sobreseimiento por cualquiera de las causas enumeradas en el art. diciendo que “…ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley. En la actualidad si estos procesos no encuadran en las categorías en uso. algunas veces carente de todo criterio racional. unidad de actuación y dependencia jerárquica. o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa”. J:2002) El Tribunal Superior de Justicia por Acuerdo Reglamentario sostuvo “La inclusión de la categoría de causas con prioridad de juzgamiento obedece a que esta preponderancia deriva de delitos relacionados con Convenciones Internacionales de estatus constitucional. (Maier. en tal sentido. que reconoce la exigencia de un juicio previo como condición ineludible para la aplicación de la pena. atento la gran cantidad de causas en trámite y la insuficiencia de recursos humanos y materiales para investigar y juzgar. fueron los que posibilitaron que se instalara un clima de consenso para introducir la suspensión de la acción penal para la . en forma conjunta a la exigencia de ley previa. Este principio está considerado en el Código Procesal Penal como una garantía fundamental. ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho y designados de acuerdo con la Constitución Provincial…” Como se advierte. Sin embargo. sea por falta de interés en la persecución y especialmente por desconocer que ha sido afectada por un delito. La norma se integra señalando que el Fiscal General fija las políticas de persecución penal e instruye a los fiscales inferiores sobre el cumplimiento de sus funciones conforme a los principios relacionados. 171 establece. de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia. ni privado de lo que ella no prohíbe”.
reemplazando el término juicio por proceso. Los criterios de oportunidad priorizan otras soluciones por sobre la aplicación de la pena. Como se ve. de tal modo desaparece la división de empleados por Fiscalía. incorporó al Código Penal los artículos 76 bis.franja de delitos leves. La mencionada oficina. C:2003:128).26. como enseña Lascano. tomada del derecho anglosajón (Lascano.. G:2004: XIX). en oposición a la “tesis restrictiva”. por razones de política criminal o procesal. CP) 4. de suspender provisoriamente la iniciada o en su defecto hacerla cesar definitivamente ante la sentencia. 76 bis. en nada se aleja de la realidad la necesidad de incorporar criterios de oportunidad reglada tanto en la “ley penal sustantiva como procesal”. se integra por todos los Fiscales de Instrucción y el Fiscal de Cámara. porque este último implica la posibilidad de paralizar el trámite en la etapa procesal que se considere conveniente. la ley 24.316 es. regulando el instituto de la suspensión del juicio a prueba.”(Vitale. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la provincia se pronunció sobre la cuestión receptando la “tesis amplia”. la posibilidad de no iniciar la persecución penal. sin duda. Encontramos manifestaciones del principio de oportunidad en la ejecución condicional de la pena (art. LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA La ley 24. promulgada y publicada en el mes de mayo de 1994. generadora de cantidad de interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales contradictoria entre sí…” ( Considerando 1º del plenario “Kosuta” resuelto por la CNCAP voto de los señores jueces Dres. es un intento práctico de la justicia como forma de prevenir arbitrariedades que pudiesen derivar de la imposibilidad de una persecución penal pública de alcanzar la totalidad de acciones presuntamente delictivas que se denuncian. no mayor a tres años de prisión. 356 CPP). . por Acuerdo Reglamentario Número 1010 de fecha 22 de junio del año 2010. El principio de oportunidad implica que la ley acuerda a los titulares de la acción penal. 415.. es conocida con la denominación equivocada de probation. En relación con la pena a tener en cuenta para la procedencia de la suspensión del juicio. ter y quater. A:1994:39). 59 del CP y destinada a los delitos de acción pública. junto a Secretarios y Auxiliares. de la Oficina de Fiscales en el centro judicial de la ciudad de San Francisco conformada por tres áreas a) Área de atención inmediata b) Área de casos de flagrancia y ejecución c) Área de investigación de casos complejos.. CPP) y en la suspensión del juicio a prueba ( art. no enumerada por el art. expresa que es conveniente designar el instituto en estudio como suspensión del proceso penal a prueba. 76 ter y 76 quater. en el juicio abreviado durante la etapa de juicio (art. La suspensión del juicio a prueba. CP). que condiciona el otorgamiento del beneficio a una hipotética pena en concreto. permitiendo que la actividad de los tribunales se concentraran en aquellos de mayor impacto vulnerante ” (Tarditti. así la reparación de la víctima o la resocialización del autor por tratamientos alternativos. “. A continuación. Casanovas y Tragant). Vitale explica que “.la llamada probation alude normalmente a un sistema de prueba aplicable a personas condenadas por sentencia firme y no a quienes se encuentran meramente sometidas a proceso”.316 introdujo otra causal de extinción de la acción penal.. Asimismo.316. la respuesta no es sencilla ya que “…conviene recordar que la deficitaria técnica legislativa que campea en la redacción de la ley 24. Clara expresión del principio de oportunidad es la creación. Planteado así el tema. en el juicio abreviado inicial (art.
2 estipula que “…A fin de asegurar una mayor flexibilidad.en cuya virtud el Estado renuncia a investigar y jugar ciertos delitos. dispone no promover o no ejercer dicha acción.que considera la escala penal conminada en abstracto del delito que se trata cuyo máximo no excede los tres años de prisión o reclusión. 4to. e hipótesis de limitar el ejercicio de la acción penal cualitativamente o cuantitativamente. cobra interés el sistema de Las Reglas de Tokio. No iniciarla.316 de acuerdo con la política criminal. Sin embargo. hipótesis de no continuar el ejercicio de la acción penal. CP). 26 en función del 76 bis. ( Vitale. cabe recalcar que pueden existir casos frente a los cuales procederá la condena condicional y no el beneficio del art. serían las tres . Por el contrario. Así. por razones de conveniencia establecidas legalmente…”. es una autolimitación del Estado en su pretensión punitiva. no continuarla.e. párr.. Es que el derecho penal y la interpretación de su normativa involucran siempre la aplicación del derecho constitucional. En tal sentido. sostenemos que la procedencia de la probation siempre exige una hipotética condena condicional. dándose todas las condiciones para promover y ejercer la acción penal tendiente a la condena y aplicación de la pena al autor de un delito. compatible con el tipo y la gravedad del delito.. dicho en término procesales.. reducirla. es sistema de justicia penal establecerá una amplia serie de medidas no privativas de libertad. al ejercicio de un derecho por parte del imputado y a una decisión judicial que la disponga. adoptadas por la Asamblea General de la ONU en su resolución 45/110. de 14 de diciembre de 1990. Este principio “…supone aceptar un cierto nivel de conflictividad sin una consecuente reacción de las instancias de control jurídico-penal. p. No podemos dejar de mencionar los principios constitucionales. G:2004:36).6: “Las medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo con el principio de mínima intervención”. el instituto en estudio tiene como pilar el principio de mínima intervención de raigambre constitucional. a modo de presentación preliminar. En línea con lo dicho. Jorge De La Rúa afirma que “. Valorada la ley 24. los posibles errores en las decisiones penalizadoras que se puedan y la potenciación de una sociedad dinámica abierta a la eventual modificación de ciertas perspectivas valorativas ( Diez Ripollés. Sin embargo. si ha participado en el delito un funcionario público en el ejercicio de sus funciones…”. Es decir. y la Regla 2. José. aquellos casos en los cuales el Estado.. Así. la personalidad y los antecedentes del delincuente y la protección de la sociedad. la Regla 2. 1998: 445). Como derivación de este principio se desprende el de subsidiariedad y el de fragmentariedad.. y por ende una posible futura condena a pena de prisión no mayor a tres años( art. citado en Lascano. 76 bis del CP. pese a no haber dudas sobre la lesividad del comportamiento…Ello se asume a cambio de los beneficios en libertad individual obtenidos. en búsqueda de alternativas a reacciones más gravosas al juzgar delitos leves. la doctrina no es pacífica en lo respectivo a considerar esta medida como excepción al principio de legalidad. autores como Vitale han señalado que: “La suspensión del proceso a prueba constituye una excepción al principio de legalidad Importa una aplicación del mencionado principio de oportunidad en el proceso penal-aunque reglado por la ley y condicionado. la disponibilidad de la acción puede implicar hipótesis de no promover la acción penal. Al respecto. desde la fase anterior al juicio hasta la fase posterior a la sentencia…”. en nuestra legislación. El máximo tribunal provincial en el precedente “Balboa” por mayoría sostuvo: “Siguiendo la mentada tesis amplia en cuanto al punto aquí debatido. podemos expresar que el instituto de la suspensión del juicio a prueba constituye una excepción al principio de legalidad en su aspecto procesal. y evitar la aplicación innecesaria de la pena de prisión.
como señala. CP. (Maier. d. . b. considerar a la víctima en su dimensión jurídica. desplazando por completo la eficacia de su voluntad en el enjuiciamiento penal. mayor atención. tercer párrafo. un bien jurídico abstracto. J:2001:15 a 20). 2003: 131). CP-. la legislación penal exige el cumplimiento de ciertos requisitos como: a. Como apunta Maier.hipotésis de disponibilidad de la acción”. sino que lesiona concretamente a una persona.. citado en Lascano. Empero.. procurando el juzgamiento de delitos graves y consecuentemente. y al transformar todo el sistema penal en un instrumento de control estatal directo sobre los súbitos”. J:1992: 185 y 186).art. en primer. A continuación realizaremos un breve desarrollo centrándonos en el requisito de la “reparación del daño causado por el hecho ilícito”..“. descomprimiendo el sistema penal. que al imputado se le atribuya un delito de acción pública. 76 bis. que se haya hecho abandono a favor del Estado de los bienes que presumiblemente resultarían decomisados en caso que recayere condena – art. 5. que expropió todas sus facultades. no advertimos argumentos que permitan disminuir la importancia del instituto en estudio. J. (h). (De La Rúa. abruptamente. En palabras de Albin Eser. su papel en el proceso penal y su rol en la suspensión del juicio de prueba . CP. al crear la persecución penal pública. entre todos debe intentarse reparar la relación quebrantada: “. 4. desde hace por lo menos tres décadas y por diversos factores.1. CP. e. 76 bis. cuando el delito o alguno de los delitos que integran el concurso de delitos estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma conjunta o alternativa con la prisión.art. Requisitos legales Para la operatividad de la suspensión del juicio a prueba. Al suspenderse el trámite del proceso judicial. que el acusado realice una oferta de reparación del daño causado a todos los daminificados. No siempre fue así. y es por ello que en el proceso de reparación deben intervenir activamente todas las partes involucradas ( Fortete. “Si hasta ahora el Estado se había abocado de modo excesivamente parcial al castigo del delito. Podemos hablar de un cambio: el paso de un modelo de “justicia punitiva” a un modelo de “justicia reparatoria” según la cual. sino también a la víctima”. posibilidad de dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicableart. con toda justicia. Carlos J.. LA VICTIMA 5.. 76 bis. las controversias que la propia delimitación suscita desde diferentes perspectivas. quinto párrafo. C:1999). los precedentes jurisprudenciales en el TSJ. (Albin Eser:1992:30). Que el imputado pague el mínimo de la multa. disminuye la actividad de los órganos jurisdiccionales. se ha producido un importante movimiento en donde la víctima vuelve a adquirir el protagonismo. dejando librada a la víctima a su propia suerte. cuando alguien delinque. a una comunidad. sexto párrafo. otrora perdido (Cesano. por la inquisición. no sólo viola una norma. Más allá de las afirmaciones doctrinales. podemos entrever el resurgimiento de la víctima del delito.art. primer párrafo. la víctima fue desalojada de ese pedestal.1 Revalorización de la víctima Analizando la posición de la víctima en nuestro sistema jurídico penal. reprimido con una pena de reclusión o prisión que no exceda de tres años. cuarto párrafo. CP. c. 76 bis. ahora se le dedica a ella. puesto que la paz jurídica perturbada por el delito sólo es verdaderamente restablecida cuando se le hace justicia no sólo al autor. 76 bis. que exige.
la defensa en juicio y a la tutela judicial efectiva de la víctima. y . obliga a considerar el derecho de acceso a la justicia. Es así que actualmente se les reconoce a algunas de estas garantías constitucionales un carácter bilateral al resguardar tanto los derechos del sospechado de haber cometido un delito como los derechos de la supuesta víctima. que consagra los derechos no enumerados.5. a desarrollar las posibilidades de recurso judicial. 22) de la principal normativa supranacional sobre derechos humanos y su interpretación por organismos de aplicación. Los Estados partes se comprometen: a..garantía que se puede relacionar con la víctima es la del “debido proceso y del acceso a la justicia”. E: 1996). a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso. en cuanto éste consagra la “inviolabilidad de la defensa en juicio”. P: 1986) La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que “. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. caso “Otto Wald”. 33 de la Carta Magna. En otros casos. consagrado en el Art. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. garantía que en el derecho argentino se ha derivado del Art. del conflicto que lo origina. cuya proyección en el procedimiento penal debe alcanzar las posiciones de los protagonistas.. 16 de CN. se la ha entendido emanada del Art. La incorporación en 1994 a la Constitución Nacional.. Argentina. citado en Pedro J. todo aquel a quien la ley reconoce personería para actuar en juicio en defensa de sus derechos está amparado por la garantía del debido proceso legal. se hace necesario referirnos al principio de igualdad de todos los habitantes ante la ley.y principal. incluyendo a la víctima.2.. (Fallos: 268-266. 2. 75 inc. Orden constitucional La regulación constitucional con respecto al proceso penal se desarrolla fundamentalmente para que el imputado de un delito tenga los medios legales para garantizar sus derechos y libertades frente al poder acusador estatal. Trasladada esta expresión al ámbito constitucional. b. 2003: 45). (Bertolino. de desigualdad en su posición en el sistema”. la ley o la presente Convención. (Bustos Ramírez y Larrauri. Bertolino (Coordinador. sea que actúe como acusador o acusado. esto no obsta para que esta regulación constitucional también sea extensiva a otros intervinientes en el proceso penal.resulta contradictorio que el Estado se apropie del conflicto y coloque en una especie de capacidad disminuida a la víctima. pues entonces se acentúa el proceso de victimización y. demandante o demandado” entendiéndose que tal doctrina se extiende al querellante y al damnificado por un delito. por tanto. Bustos Ramírez expresa respecto de la víctima que “. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. 18 de la Constitución Nacional. consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional. La primera. Sin embargo. con su misma jerarquía (art. El Artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone: 1.
ser aplicadas a las víctimas de los delitos penales. De lo expresado se deduce que. El ofendido penalmente por un delito de acción pública podrá intervenir como querellante particular. Coherente y derivadamente del carácter restrictivo de los artículos arriba señalados. haciendo mención a la oportunidad que el art. espera de igual modo. limitándose sus facultades sólo a dos: acreditar el hecho delictuoso por un lado y por otro. que tanto la investigación penal preparatoria como el juicio se lleven a cabo sin menoscabo de sus derechos. El art. 464). de acuerdo con la normativa internacional y las decisiones emanadas de los órganos encargados de su aplicación. 402 del CPP. desde la perspectiva procesal. nuestra visión será desde el punto de vista quien se siente lesionado en sus derechos por un hecho ilícito: “la víctima” que. 96 de la ley de rito. 402 del CPP ofrece a imputado después de la discusión final. el sobreseimiento (art. está vedado al actor penal privado.3. a garantizar el cumplimiento. responsabilidades. El querellante particular es una figura a través de la cual la víctima de un delito puede canalizar su intervención en el proceso. 334). Como corolarios de estos artículos surge la exclusión de la actuación de la víctima durante la ejecución penal. con familia. 352) y la sentencia absolutoria (art. procediendo únicamente a favor del condenado. entiende que es oportuno y razonable que. esperanzas. es decir. Pero el progreso de esa impugnación dependerá de que sea sostenido por el fiscal del tribunal del recurso (art.fundamentalmente constituirse en actor civil y querellante particular . ofreciendo una amplia protección. como persona. Si bien la normativa toma como eje central “… la persona”. 471). de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. siendo éstas: “igualdad ante los tribunales”. la protección judicial de sus derechos. en la postrimerías del debate e inmediatamente antes de la deliberación. Carlos Ferrer expresa que constituye un paso más en pro de la democratización de la justicia en materia penal permitiendo a la víctima tener derecho a hacer uso de lo que vendría hacer la penúltima palabra.c. cuando se le interroga si después todo lo que ha visto y oído durante el juicio. 489 a 491 CPP). el recurso de Revisión (arts. puede recurrir autónomamente el archivo (art. también para la consecución de la paz social. se le reconoce a la víctima el derecho a ser informada de sus facultades procesales. se introduce el ofendido en el proceso como tercero adherente a la acusación y conclusiones del Ministerio Público. 94 del CPP) y lo hace con carácter adhesivo. Es fundamental. Así. anhelos. 5.y deben . la participación y responsabilidad penal del imputado (art. “Ejecución” del Código de Procedimiento Penal donde surge palmariamente la exclusión de la víctima en esta etapa del proceso penal. tiene algo que manifestar. por las autoridades competentes. 471del CPP el cual nos señala que el querellante particular sólo podrá recurrir de las resoluciones jurisdiccionales cuando lo hiciera el Ministerio Público. (art. 7 del CPP). La víctima y su participación en el proceso penal Del marco constitucional se desprenden prerrogativas que pueden. salvo que se le acuerde expresamente tal derecho. es en el articulado contenido en el Libro Quinto. el de conocer las resoluciones que se dicten sobre la situación del imputado. con base en el . por su parte nos señala que la conclusión final del actor penal privado (alegato) es el último acto permitido. salvo la absolutamente vía recursiva. Por el art.y aun cuando no haya hecho uso de ellas. no sólo para la víctima. Asimismo. que le impone el art. la víctima tiene una situación similar a la del autor frente a determinadas garantías “bilaterales”. como sucede con el acusado. “acceso a la justicia y defensa en juicio” e “imparcialidad de los jueces”. En ese sentido.
6..” (Bovino. en lugar de la tradicional respuesta consistente en que la acción penal se agota en una sentencia que para el . en forma previa a la del acusado. La reparación se debe entender como cualquier solución que objetiva o simbólicamente restituya la situación al estado anterior a la comisión del hecho y satisfaga a la victima. Como demostración de lo que puede ser una manera de regular esta cuestión. Párr. procedimientos. Esto es. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. mecanismos y modalidades de la reparación del daño. la reparación de la víctima se impone como condición para la suspensión del juicio a prueba.316)”. que establece. párr.. sería cuando el caso está a punto de ser definido por el Tribunal. De tal modo. Alcance jurisprudencial del TSJ de Córdoba A continuación realizamos una reseña de fallos del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba.. vinculados al requisito de la reparación de la ofensa causada a la víctima. se trata de una de las manifestaciones del cambio de paradigma de la justicia penal. Artículo 76 bis-3er. tras los alegatos: “ Si está presente la víctima y desea exponer. regulado en el artículo 76 bis.[“Al presentar la solicitud. del CP. a fin de sistematizar criterios de operatividad. nuestro máximo tribunal proporciona solución a conflictos que surgen ante la ausencia de su legislación en el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Córdoba. si la realización del juicio se suspendiere. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida. sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. etc.) no se debe confundir con le pago de una suma de dinero. evitando de tal modo. tendrá habilitada la acción civil correspondiente] (agregado al Código Penal por ley 24. que el rito judicial le autorice hacer uso del derecho a ser oído. la reparación monetaria.”(Ferrer. se le concederá la palabra. 6. el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. En cuanto al momento para hacerlo. aunque no haya intervenido en el procedimiento. la devolución de la cosa hurtada. Bovino manifiesta al respecto de la reparación del daño causado por el hecho delictivo que “El concepto de reparación (. C: 2004:89 y 90). la acción punitiva del estado y con ello posibilitar el mantenimiento de la paz en la convivencia social.1. tomamos como ejes temáticos perspectivas novedosas referidas a la víctima. Más precisamente.1. 3er.. El mentado instituto tiene como fin brindar al imputado la oportunidad de reparar el daño causado. menciona lo establecido por el art. Victima: nuevo paradigma El alto tribunal provincial en el precedente “Luciani”. citando al Manual de Justicia sobre el “Uso y Aplicación de la Declaración de Principios Básicos de Justicia para Víctima del Delito y Abuso de Poder sostiene que el instituto de la suspensión del juicio a prueba “.. REPARACIÓN DEL DAÑO CAUSADO En nuestra legislación penal. trabajo gratuito. una disculpa pública o privada..reconocimiento que se le ha dado a la legitimidad del interés de la víctima. quien siempre tendrá la última palabra. a condiciones.1. aunque obviamente. 395 del Código Procesal Penal de la República del Paraguay. A: 1998: 95 y 96) 6. y en este último caso.Vg.
quien si bien ha sufrido un daño causado como consecuencia del delito . 76 quater)…”.caso de condena impone una pena. lo hubiera consignado expresamente [… ] pero además debe tenerse en cuenta que no se trata aquí de la reparación integral del daño causado por el delito..”….Ello significa que el imputado sólo debe cumplir con esta exigencia cuando se trate de un delito que haya producido un daño a raíz d el cual se origine la responsabilidad civil de reparar a una o varias partes damnificadas identificables . no siempre es el ofendido. el protegido por la figura panal. la doctrina no es uniforme. La Dra. el rechazo del ofrecimiento. esto es. tendrá indudables repercusiones. C:1994:56).2. A:2001:131 y132) El Máximo Tribunal ha expresado que no debe confundirse a la parte damnificada con el ofendido por el delito. Constitución del damnificado en actor civil para poder acceder a la reparación En referencia al tema. . como acontece en el caso. Existencia del damnificado En primer lugar. que determinaría la parte resolutiva de la sentencia condenatoria a que se refiere el art. Así. debe haber una parte damnificada por el actuar delictivo destinataria del ofrecimiento de reparación por parte del imputado. En la posición contraria se enrola Marcelo Sayago quien manifiesta que “.1. un modo socialmente constructivo para que el autor sea obligado a dar cuenta de sus actos. 6. que la reparación además de compensar el daño a la víctima.. debemos evitar la confusión entre quien resulta ofendido penalmente por la norma penal y el damnificado. el nuevo paradigma coloca como figura central la compensación de la víctima” Advierte también. posibilitará la continuidad de la acción resarcitoria pero exclusivamente en sede civil.3. sin que rija la prejudicialidad penal ( CP. Aída Tarditti. ni menos aún cuando la pretensión resarcitoria haya sido deducida en un proceso civil.señala que “ no es de recibo el argumento del quejoso consistente en que ese requisito no rige cuando el damnificado no se ha constituido en actor civil en el proceso penal.rectificando su postura expuesta en artículos anteriores. si la ley hubiera querido limitar el cumplimiento de esta condición a las causas en donde el damnificado por el delito ha ejercido la acción civil.. (Edwards.” 6. titulares de la acción civil en su contra con motivo del daño causado…”( Bovino. constituye “. Por el contrario. penal. M: 1999 :44) La situación ha sido resuelta a nivel jurisprudencial: la Sala Penal del TSJ desde el precedente “boudoux” ha adoptado la segunda posición..1.. tal como lo afirma la doctrina. pues conducirá a un acuerdo que homologado por el juez finiquitará la pretensión resarcitoria. Para estas situaciones la aceptación del ofrecimiento de la víctima constituida en actor civil en el proceso penal o que ejerce la acción en un proceso civil. caso en el que la doctrina sostiene la necesidad de interposición de la acción civil para su dictado[…] se trata del ofrecimiento voluntario por parte del imputado de reparar los perjuicios causados por el hecho ilícito que se le reprocha. así Edwards Carlos expresa “ … si no mediara la constitución de actor civil no sería necesario el ofrecimiento de la reparación del daño”. ofreciendo a la vez el mayor espectro posible de rehabilitación” . en los autos “Rubio” dijo que: “…es dable requerir la existencia de una oferta de reparación de los daños causados a los damnificados por el hecho atribuido …Ello así desde que la regla objeto de análisis hace expresa referencia a la “parte damnificada” y consecuentemente. como condición para obtener el beneficio de la suspensión del juicio que por tal motivo se le sigue…”(Sayazo.. 29 del C.
Forma del ofrecimiento de reparación a la víctima El alto tribunal en causa “Giraudo” se pronunció al respecto “…el imputado deberá expresar detallada y circunstancialmente cuál es la reparación que ofrece y en qué plazo y modalidades la satisfará. De lo contrario. a través de reiterada jurisprudencia sostiene. (Lo remarcado me pertenece). el imputado deberá hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. con su conducta un esfuerzo sincero de recomponer la situación causada por su accionar contrario a la normativa. el “servicio individual”. resulta difícil que la víctima acepte dichos servicios en concepto de reparación. párr. que la posibilidad de reparar el daño en la medida de lo posible implica el uso igualitario del instituto..5. En autos “Morales” el TSJ de la provincia se expidió al respecto“…En cuanto a examen de razonabilidad sobre la oferta preparatoria. mediaren vicios de la voluntad o un aprovechamiento de la necesidad. el tribunal no estará en condiciones de juzgar si la reparación es razonable a los fines de conceder la suspensión (id. Vg. 76 ter. Tribunal de justicia de la provincia.). El Excmo.). Por lo anterior. Ant. 76 bis-3r. ilegal o prohibido. haciendo referencia a los llamados delitos aberrantes. Reparación del daño en la medida de lo posible Identificada la víctima.1. una vez suspendida.6. que aun cuando el imputado que solicita la concesión de la suspensión del juicio a prueba se encuentre en una difícil situación económica. salvo que el citado ofrecimiento importe un acto contrario al orden público. es decir aquél que tiene como destinatario a la víctima…” Podemos señalar por nuestra parte. la víctima no podrá saber concretamente qué es lo que se le ofrece y no estará en condiciones de aceptar o rechazar el ofrecimiento ( arg. en la doctrina surge el interrogante acerca de la solución que se debe adoptar respecto de delitos que por sus características. pues no habría parámetro alguno para examinar si se ha cumplido la reparación ofrecida. 6. ligereza o . En este andarivel el Máximo Tribunal expresa que el ofrecimiento de reparación no debe encontrarse sujeto a ninguna clase de condición. Sin embargo. y. ya que no impide acudir a otros medios o actividades que tengan aptitud reparatoria como. el damnificado y producido el daño. ya que la prestación de un servicio individual constituye un sustituto de la reparación. su aceptación exime al juzgador del deber de practicarlo. si el imputado ha dado cumplimiento a la reparación ofrecida(art. párr. jamás bastará un ofrecimiento meramente genérico de “reparar los daños causados en la medida de las posibilidades”. pues hace posible el acceso a él de imputado de escasos recursos. el requisito de la reparación del daño continúa siendo indispensable para el otorgamiento de la suspensión.).4. más allá de las posiciones jurisprudenciales. cabe señalar que si el fundamento de ésta lo constituye la compensación a la víctima. 6. Arg. los relativos a abusos sexuales. ha dicho en el fallo "Moya” que " En efecto.1. Art. se trata de una repación actual. esta Sala ha dicho que la carencia de medios económicos no constituye óbice al cumplimiento del requisito que tratamos. evidenciando a su vez. De tal modo. a modo de ejemplo. Juicio de razonabilidad del juez El control judicial sobre la razonabilidad es una exigencia sine qua non para la concesión de la suspensión del juicio a prueba.6.1. 4to .
con mayor capacidad que la exigua del imputado. 2. el a quo al realizar el juicio sobre la razonabilidad de la oferta se sustentó sólo en las condiciones económicas del imputado. se acota el poder jurisdiccional sobre ellas. para la subsistencia del beneficio y para lograr la extinción de la acción penal. tendrá habilitada la acción civil correspondiente para hacer valer su pretensión. se trata de cuestiones en las que impera el principio dispositivo. sin ponderar la capacidad económica de quien puede resultar garante de las obligaciones pecuniaria del imputado que tiene su fuente en el hecho delictuoso. El rechazo de la oferta de reparación del daño por la parte damnificada El supuesto por el cual la víctima no aceptara la oferta de reparación por considerarla insuficiente y el tribunal considerándola razonable dispone la suspensión.7.". 21. si la realización del juicio se suspendiere.‟. Los fundamentos vertidos por el a quo evidencian una irrazonable ponderación de la oferta realizada por el imputado.8. tornaba indispensable explorar las capacidades de quienes actuaban en el mismo proceso como partes pasivas o garantes de ellas. Si bien es posible que la capacidad económica del imputado sea escasa.1. 76 quater. tendrá habilitada la acción civil correspondiente. a raíz del cual mientras no esté en juego un interés público tutelado por el derecho. 6. 76 bis.” La situación fue considerada por el Tribunal Superior de Justicia al disponer en “Sariaga Contreras” que “…la parte damnificada que no aceptó la reparación ofrecida. y en este último caso.. En primer lugar. de resolución equiparable a sentencia definitiva.. 953.1. vía que evidencia la falta de irreparabilidad del perjuicio sobre el punto. conforme lo exige el artículo 496 deL CPP (arg. tercer párr.. cuya citación en garantía se requirió por los actores civiles. ..” 6. quedando limitando sólo a las afirmaciones que las partes produzcan. concedida la probation. la suma ofrecida pagadera en cuotas. Art. Repárese que e juicio de ponderación deberá haber incluido nada menos que a la aseguradora. y con ella. el imputado debe reparar los daños en la medida ofrecida.. pese a que su oferta haya sido rechazada por la parte damnificada. Sólo así quedará demostrada una leal voluntad de reparación. pues de lo contrario se pasa por alto el contenido conciliatorio que subyace a la exigencia de que se repare en la medida ofrecida.. 954 CC). señala “… la parte damnificada podrá acepta o no la reparación ofrecida.inexperiencia de la víctima (arts. 76 bis del Código Penal). Esta afirmación procede ya que. De otro costado. A la conducta de la víctima El art. plantea dos cuestiones respecto: A la conducta del acusado Al respecto en autos "Zelaya”. En el sentido expuesto se expide también Luís M García (…) cuando luego de reconocer que existen distintas opiniones en torno a este punto. en el pedido de suspensión del juicio a prueba no se ha determinado qué monto de la oferta de reparación le corresponde a cada uno de los damnificados. que ". se ha sostenido haciendo alusión al cuarto párrafo del art. sostiene que „si el ofendido rechaza el pago el imputado deberá depositar el pago ofrecido ante el tribunal. Condiciones económicas del imputado y existencia de partes civiles en el proceso En autos “Allende” se ha expresado: 1. a disposición del ofendido..
libertad condicional y condena de ejecución condicional. Ahora bien. La República Argentina ha adoptado como forma de gobierno el régimen representativo. las provincias conservan para sí la facultad de sancionar sus códigos de procedimientos (arts. regulado a partir del art.316 incorporó al digesto penal de fondo el instituto de la suspensión del juicio a prueba.” Puede suceder que la falta de control de cumplimiento de las reglas de conductas impuestas. La disparidad de criterios o la superposición de criterios y las dificultades que ella acarrea pueden ser superadas por el aporte de los magistrados quienes.7. éste no brindó razones que merezcan ser atendidas y que puedan justificar legalmente el incumplimiento en el que ha incurrido (…) el ofrecimiento reparatorio no es una regla de conducta en los términos del artículo 76 ter. transmite un mensaje negativo a la sociedad en relación a la finalidad de prevención que persigue el instituto de suspensión del juicio a prueba. A MODO DE CIERRE En ocasión de nuestras reflexiones finales. republicano y federal (art. 76 bis del CP. Surge del art. con sus sentencias. Derecho sustantivo y derecho procesal transitan por igual acera. el que efectúa una enumeración de los casos que determinan su conocimiento. nos remitiremos. 121 y SS CN). JUEZ DE EJECUCIÓN PENAL Con el dictado de las leyes 9239 y 9203 se puso en marcha en la provincia de Córdoba la creación del fuero de ejecución penal. de las instrucciones e imposiciones establecidas en los casos de suspensión del juicio a prueba. El art. La ley nacional 24. Por tal motivo. 8. entendemos que debe reglamentarse procesalmente en nuestra provincia el instituto en estudio a fin de unificar criterios de aplicación. hace que éstas posean un carácter simbólico. 12 de la Carta Magna que el Congreso de la Nación es el encargado de dictar el Código Penal el cual legisla la persecución y ejercicio de la acción penal. adaptan el funcionamiento judicial a la actuales . Por lo expresado... a la necesidad de regulación de la suspensión del juicio a prueba en el Código de Procedimiento Penal de Córdoba. entre los cuales se establece: “. Situación que.y como ya lo dije.una condición de subsistencia distinta de ésta”. en razón de la organización federal de gobierno. en primer lugar. En fallo “Carnelutto” el Juez de Ejecución Penal resolvió revocar la suspensión del proceso a prueba concedida a favor del interno por incumplimiento de la obligación de reparación del daño causado por el ilícito que se le atribuye: “…En las diferentes oportunidades en las que el imputado compareció por haber sido citado previamente por este Juzgado en ejercicio del contralor del presente proceso. controlar el cumplimiento. 35 bis del Código Procesal Penal regula su competencia material. quedando su cumplimiento sólo a merced de la voluntad del imputado. especialmente con temáticas en las que están en juego derechos fundamentales y garantías constitucionales. por parte del imputado. 1 CN). No podemos perder de vista que el derecho procesal es el mecanismo a través de cual se pone en marcha el derecho penal. 1° párrafo 2° disposición del Código Penal (precepto que reenvía al artículo 27 bis del mismo cuerpo normativo) sino. es relevante la función de contralor cumplimentada por los jueces de ejecución penal. 75 inc.
cierto ajuste a nuestros tiempos. BIBLIOGRÁFICAS Albin Eser. procura que la víctima a través de la reparación del daño. que la suspensión del juicio a prueba “Respecta razonablemente el interés de la víctima a que el sistema penal dé una respuesta al padecimiento que ella sufrió. a la luz de lo expresado podemos señalar que la administración de justicia se encuentra hoy en día cuestionada. La prisión con su finalidad resocializadora está en discusión. 2da. Pássim. No debemos olvidar la situación de las prisiones. como sanción propia del derecho penal está en crisis. la lentitud de justicia. La función de la justicia supone cierta flexibilidad. los interminables procesos que conspiran contra la confianza de los ciudadanos en la justicia. Buenos Aires. (2001). El instituto del juicio a prueba.. como excepción al principio de legalidad imperante en nuestro sistema. . a la justicia. Elena. Buenos Aires. En suma. Bovino. por antonomasia. abandone el rol de simple espectador de la colisión de intereses procurando una mayor intervención. son puntos siempre en debate.necesidades de la víctima y promoviendo a su vez un acercamiento conciliatorio entre autor y víctima. En relación a la justicia. motines. Esto se consigue con la exigencia que se pone en cabeza del imputado de ofrecer una indemnización a la víctima en la medida que le sea posible…” (Tamini y López Lecube: 1994:858). Tendencias nacionales e internacionales en AA. Bertolino Pedro J. El camino de las soluciones viene dado por el accionar del Estado que debe alentar el establecimiento de medidas no privativas de la libertad para delitos reprimidos con pena privativas de libertad de corta duración.. Buenos Aires. Alberto.VV. ( 1992) Acerca del renacimiento de la víctima en el procedimiento penal. Bustos Ramirez y Larrauri. Ad-Hoc. A partir de lo dicho. que se adapten la realidad actual. en exceso superpobladas. creemos tal como señala Timini y López Lecube. Todas nuestras reflexiones apuntan advertir la necesidad de implementar nuevos criterios de aplicación del derecho penal. (1996) Victimologìa: presente y futuro. por tal motivo. “ De los delitos y de las víctimas” Ed. Ed. Editores del Puerto. “La suspensión del procedimiento penal a prueba en el Código Penal argentino”. REFERENCIAS A. puede advertirse que la pena de prisión. (2003) La víctima del delito en el proceso penal Latinoamericano. huelgas de hambre y denuncias a violaciones a derechos humanos.Santa Fé. a los principios constitucionales. Temis Bogotá. RubinzalCulzoni Editores. para finalmente asegurar los derechos las víctimas. a la luz del respeto por el ser humano y su dignidad y que encuentra como fundamento el principio de oportunidad.
Esteban. Buenos Aires. Ad Hoc. septiembre de 1999 – enero de 2000. Homicidio culposo. Carlos J. Tarditti. Righi. Ad.Recurso de casación. Alejandro. Lascano. y López Lecube. La probation y la suspensión del juicio a prueba. Javier Eduardo defraudación por desbaratamiento de derechos acordados. 21/02/2002. Buenos Aires. . Buenos Aires Sayago. 19//04/2004. (2001). TSJ.s. (2002). José. TSJ. César.Recurso de casación.año V. Vitale. Mediterránea.Hot. Julio B. en Teorías actuales en el derecho penal.s. (1994) La Probation en el Código penal argentino. Editores del Puerto. Lexis Nexis.Claus Roxin. Allende. “De los delitos y de las víctimas”.316): Lo bueno y lo malo. Fermín p. Marcelo. Editores del Puerto. Carlos. 1ro. 307.N° 994. Año IV. Revista de derecho penal integrado. Sentencia Nro. Cesano. p. Buenos Aires. 77. Córdoba. (1994) Probation (Ley 24. (1999) La diversión: una vía alternativa para la resolución de conflictos penales. (2003) Panorama actual de la suspensión del juicio a prueba.a. 19/11/2010. Córdoba. Adolfo L. Buenos Aires. Sala Penal Córdoba. Marcos Lerner Erditora. Córdoba. Fortete. Maier.Boudoux. Neuquén. Buenos Aires. Derecho penal parte general. Buenos Aires. J. Derecho procesal penal Tomo I fundamentos.Recurso de casación. razón y Justicia” Año 2. Julio B. (1994). Aída. Edwards.N º 8-2004 Editorial Mediterránea. La Exclusión del Particular Damnificado en los Incidentes de Ejecución Frente a un Modelo de Justicia Reparatoria. J.a. 7 2003. (1992). Alveroni Ediciones.Nro. S. J. Colección Jurisprudencial Zeus. JURISPRUDENCIALES TSJ Sala Penal Córdoba.62 58. D. Sentencia Nro. La Ley T D. Editoriales del Puerto. Pensamiento penal y criminológico. Ley. (2004) Suspensión del proceso penal a prueba.J. en AA. Diez Repolles. . Córdoba. Adrián Abel p. Carlos Francisco (2004) La “penúltima palabra” (El derecho de la víctima a la su “última palabra “en el juicio penal) Pensamiento penal y criminológico Revista de derecho penal integrado. Marcos Lerner Editora. Tamini. La víctima y el sistema penal. Ferrer. 2. Balboa. B. Sala Penal Córdoba. Maier.s. (1993) “Fin y justificación de la pena y de las medidas de seguridad”. (1998) “La constextualización del bien jurídico protegido en un derecho penal garantista”.VV. F. Gustavo L. Aspectos conflictivos.Nro. (2007). (1999) La suspensión del juicio a prueba. 2. Sentencia Nro. Córdoba.a Homicidio Culposo. Buenos Aires.
TSJ Sala Penal Córdoba.a Daño. Juan Francisco p. TSJ. 61. 8/6/2009. Sentencia Nro.Recurso de Casación. Sentencia Nro.a .ss. p.Recurso de casación. 19/04/2004.s. Sariaga Contreras. . 23. TSJ Sala Penal Córdoba. defraudación por desbaratamiento de derechos acordados.s. Sentencia Nro. Luciano Facundo p. 146. 3.Recurso de casación.aa.Recurso de casaciónTSJ Sala Penal Córdoba. 25/07/2007. Auto Nro. Recurso de Casación. 10/11/2010.a. David Héctor y otro p. TSJ Sala Penal Córdoba. 26/2/2003.. Livio Víctor s/ Ejecución de suspensión de juicio a prueba. Lesiones culposas. Sentencia Nro94. 12/12/2002. Sentencia Nro.Juzgado de Ejecución Penal de 1ª Nom.Luciano Gustavo Adolfo p. etc. 24/05/2007.s. Moya. Sala Penal Córdoba. Silva. etc. TSJ Sala Penal Córdoba. TSJ Sala Penal Córdoba.a. Zelaya Lori. Pablo p. Rubio.s. etc. “Giraudo. estafaRecurso de casación. Jorge Guillermo.a. Néstor Miguel p. Sentencia N° 289. Sentencia Nro. Carnelutto.s. 105. 6/10/2010. Homicidio Culposo.Recurso de Casación. homicidio culposo.a. Lesiones leves.s. 4.
Victimología Clase 2016