Source: https://www.scribd.com/document/140852146/Sentencia-No-T-617-de-1995-Confianza-Legitima
Timestamp: 2019-02-19 08:42:44
Document Index: 164483490

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'Artículo 86', 'Artículo 86', 'artículo 24', 'artículo 82', 'artículo 139', 'artículo 297', 'artículo 132', 'artículo 124', 'artículo 84', 'artículo 51', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 356', 'artículo 357', 'Artículo 86', 'artículo 70', 'artículo 2', 'artículo 125', 'artículo 123', 'Artículo 36']

Uploaded by Ðavid León
Basura Cero Junio 2014 (2)
08.2 Tutela de la Organizacion ANIR contra la UAESP
Orientaciones CEA
Unidad 1 Agosto2015 Principios Basicos
T-617/95 ESPACIO PUBLICO-Protección/BIENES DE USO PUBLICO-Protección El espacio público y los bienes de uso público deben ser protegidos y al hacerlo el funcionario policivo cumple con su deber y por lo mismo su conducta es legítima y la orden que da de desalojo a quienes lo ocupan tiene la obligatoriedad propia del acto administrativo. PRINCIPIO DE INTERES GENERAL-Naturaleza/PRINCIPIO CONFIANZA LEGITIMA-Límite dado por el interés público DE LA
La organización administrativa del Estado reposa sobre el principio del interés general. Es claro que la contraposición entre los intereses puramente particulares de los individuos aisladamente considerados, y los intereses generales, ha de resolverse necesariamente a favor de los intereses generales, pues lo colectivo debe primar sobre lo individual, y lo público sobre lo privado. El principio del interés general a su vez determina el contenido y campo de aplicación del principio de la confianza legítima. Pues en el, la confianza legítima encuentra su mas claro límite. El principio de la confianza legítima encuentra un límite en su contenido y alcance que es dado por PRINCIPIO DEL INTERES GENERAL. PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA-Ambito administrativo La relación entre administración y administrado plantea el gran problema de establecer las delimitaciones legales de los derechos de estos últimos frente a la administración. Que en virtud de su potestad y ejercicio de las finalidades del Estado pueden ser limitados. Potestad que determina la imprescriptibilidad de los bienes de uso público por la ocupación temporal de los particulares. Pero al mismo tiempo, la Confianza legítima como medida de protección a los administrados se origina cuando de un acto de aplicación de una norma, aun procedente del Poder Legislativo, supone para sus destinatarios un sacrificio patrimonial que merece un calificativo especial, en comparación del que pueda derivarse para el resto de la colectividad. Es importante anotar que la aplicación del sistema exige como requisito sine qua non que los sujetos administrativos se encuentren respecto a la producción del daño en una situación propia del derecho administrativo. INTERES GENERAL EN LA CONFIANZA LEGITIMA -Ocupación de tierras/ESPACIO PUBLICO-Ocupación de tierras por recicladores /ESPACIO PUBLICO-Plan de reubicación del barrio los Comuneros Es claro que la administración permitió la ocupación de una tierras que constituían Espacio Público y no hizo nada para impedirlo, estableciendo con su permisividad la confianza por parte de los administrados de crear unas expectativas en torno a una solución de vivienda. Lo anterior supone, en consecuencia, que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por los administrados que ocuparon tal Espacio Público, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos personas de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna. La conducta de la administración, vulneró el principio de confianza que debe preceder toda relación entre el administrado y el administrador. Porque si bien es cierto se concretó un principio de solución razonable, sólo fue una
solución parcial para algunos de los ocupantes. Esto incide en el caso concreto en un doble aspecto: Por un lado no se ha desocupado el lote pese a su carácter de bién de uso público y a la prevalencia del interés general, y por el otro, para algunas personas no ha habido otorgamiento de soluciones de vivienda por cuanto en la fase de ejecución se les entregó lo proyectado a personas ajenas al conflicto con criterio de clientela política. DERECHO A LA VIVIENDA DIGNA-Habitantes del barrio los Comuneros/DERECHO A LA IGUALDAD-Soluciones de vivienda/PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Soluciones de vivienda Este derecho a la vivienda digna en abstracto no hace parte de los derechos fundamentales, pero en algunas circunstancias lo sería si está en conexidad con otros derechos fundamentales y si, como en el caso en estudio, entra en conexidad con la BUENA FE y con el principio de IGUALDAD, por cuanto al confrontar las circunstancias de hecho el Estado al hacer efectivo este derecho le dió un trato distinto a dos situciones iguales, por lo tanto debe facilitarsele las condiciones a quienes aún no tienen la solución y excluirse a aquellos que ya tienen vivienda o han sido reubicados. Confluye el principio de la igualdad en la aplicación de la norma jurídica con el principio de la buena fe, por cuanto era legítimo que todos los marginados ocupantes del lote destinado al espacio público esperaran de la administración una conducta leal y honesta, igual a quienes se les dió la solución para la realización del fin público perseguido: EL DESALOJO DEL ESPACIO PUBLICO OCUPADO. PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA-Promesa a habitantes del barrio los Comuneros De tiempo atrás se les venía haciendo a los ocupantes de la zona aledaña al ferrocarril numerosas y reiteradas promesas, esto reafirma aún más la aplicación de la CONFIANZA LEGITIMA. El Distrito se comprometía a dar solución a esa Comunidad, por ello es criticable que en más de treinta años Santafé de Bogotá haya permitido ocupación del espacio público y en más de diez años algunos funcionarios hayan postergado la solución de los problemas humanos que surgieron por la desidia de los funcionarios. Es indispensable que haya acciones concretas y no ofrecimientos coyunturales que se enredan luego en trámites burocráticos muchas veces inoficiosos y otras veces engañosos. DERECHOS DEL NIÑO-Protección La existencia de menores de edad no impide una determinación judicial de lanzamiento o administrativa de desalojo. Pero, no por eso el Estado se puede desatender de la protección al menor y del mantenimiento de la unidad familiar, especialmente si los niños viven en condiciones infrahumanas. Ref.: Expedientes Nos. T-78710, 78659, 76332, 77330 (acumulados) Peticionarios: Laura María Torres y otros Procedencia: Consejo de Estado Temas:
- La confianza legítima, en las relaciones entre la administración y los administrados. - La cohabitación de los principios de la prevalencia del interés general, de la buena fé y la igualdad. Magistrado Ponente: Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá D.C., Diciembre trece (13) de mil novecientos noventa y cinco (1995) La Sala Séptima de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Moron Díaz y Vladimiro Naranjo Mesa. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En las solicitudes de tutelas que aparecen en los expedientes T-78710, 78659, 76332, 77330, que por determinación de la Sala de selección fueron acumulados. Se trata de acciones instauradas por el apoderado judicial de numerosas personas residentes en las orillas de la carrilera del ferrocarril en Santafé de Bogotá, sector de Puente Aranda. Son solicitantes: EMILSE ANGOLA MARIN, C.C. 52106762 DE BOGOTA, ANA LIRIA RODRIGUEZ CC 51967513 BOGOTA, GRACIELA DEL CARMEN MATEUS DE RIVERA, CC 41744725, ROSA LILIA RUMIQUE MARIN CC. 55145035 DE ALGECIRA, MARIA MAGDALENA CARRILLO DE MELO CC. 20869450 DE RAFAEL REYES, MARIA PUREZA DE LOS ANGELES MATEUS CC. 41563846 BOGOTA, JAEL MARIN PERDOMO CC. 41612732 DE BOGOTA, RAFAEL TORRES RODRIGUEZ CC. 3161889 SAN JUAN DE RIOSECO, LUIS ALEJANDRO TORRES PADILLA CC. 79576450 DE BOGOTA, JESUS ANTONIO TORRES PADILLA79514384 DE BOGOTA, ANTONIO MELO CARRILLO CC. 3142985 QUIPILE, MARIA DEL CARMEN SAAVEDRA CRUZ CC. 51992426 DE BOGOTA, BERTHA CRUZ LUGO CC. 41342767 DE BOGOTA, SOFIA MATEUS DE OCHOA CC. 41773512 DE BOGOTA, MARIA FLORENIA LEYTON CC. 38251661 DE BOGOTA, GLORIA BEATRIZ PEÑA MARTINEZ CC. 52211750 DE BOGOTA, MARIA EUGENIA OCHOA MATEUS CC. 51967284 DE BOGOTA, BERTHA LETICIA VASQUEZ AGUIRRE CC. 41375401 DE BOGOTA, MARTHA ELIZABETH CAMELO GOMEZ CC. 52211748 DE BOGOTA, ALEXANDRA ISABEL CAMELO GOMEZ CC. 52211746 DE BOGOTA, FLOR ESTELLA CAMELO GOMEZ CC. 52092757 DE BOGOTA, ANA ISABEL GOMEZ DE CAMELO CC. 41582403 DE BOGOTA, CARMEN PATRICIA CHAPARRO CORREDOR CC. 52110761 DE BOGOTA, EVELYN SANCHEZ AMADOR CC. 31197107 DE TULUA, BLANCA RUTH RODRIGUEZ JIMENEZ CC. 51741168 DE BOGOTA, GLORIA ESPERANZA MORENO GOMEZ CC. 51560817 DE BOGOTA,
41558874 DE BOGOTA. EVELIO ALEXANDER ANGOLA MARIN CC. MARIA ADELA RUBIO GONZALEZ. 52029255 DE BOGOTA. CARMEN EDITH TAVERA CC. CLARA INES TORRES PADILLA CC. 51843913 DE BOGOTA. 98983 DE BOGOTA. 41762608 DE BOGOTA. 51909733 DE BOGOTA. CARMEN RAMIREZ CC. JAIME VENEGAS RIBERA. 20285338 DE BOGOTA. MARIA ISABEL RODRIGUEZ CC. 23960522 DE RAMIRIQUI. 51995767 DE BOGOTA. 51990684 DE BOGOTA. 51942360 DE BOGOTA. . MARIA BEATRIZ RUBIO GONZALEZ. AMELIA PULIDO PULIDO CC. 51968917 DE BOGOTA. PEDRO JOSE GOMEZ MURILLO CC. 51666811 DE BOGOTA. 39555727 DE GIRARDOT. MARIA YOLANDA GOMEZ ORTIZ CC. 52105477 DE BOGOTA. ALCIRA DEL CARMEN RODRIGUEZ BELTRAN. SANDRA PATRICIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ CC. JOSELIN GUIZA CC. 51922922 DE BOGOTA. 39642430 DE BOSA. ANA CONCEPCION CAMELO GOMEZ CC. 52029839 DE BOGOTA. MARIA LIGIA RUBIO GONZALEZ. 14243362 DE IBAGUE. 39658413 DE BOSA. CLAUDIA MORENO CORTEZ CC. 23493829 DE CHIQUINQUIRA. 19347924 DE BOGOTA. RAUL GUERRERO CRUZ CC.MARIA TERESA FOREROAGUIRRE CC. 5214044 DE BOGOTA. FANNY AMAYA NAVA CC. MARGARITA LOPEZ PULIDO CC. DORA ESTELLA CHAPARRO CORREDOR CC. MARTHA CECILIA TORRES PADILLA CC. GENY JASBETH BENAVIDES MONTENEGRO CC. 28306953 DE PUENTE NACIONAL. 51786070 DE BOGOTA. CC. 5224744 DE BOGOTA. MONICA GARZON QUINTANA CC. LUIS EDUARDO CHACON. 52211501 DE BOGOTA. MARIA ISTMENIA OLMOS LEON CC. JAIRO ALBERTO GALVIS CARRASCO CC. JANETH LUCIA VILLALBA POVEDA CC. 19134806 DE BOGOTA. SIXTA ADELA ARIZA ARDILA CC. EVELIA OCHOA MATEUS CC. SUSANA LOPEZ PULIDO CC. MARTA LUCIA BERNAL. LUZ MIRYAM FORERO MORA. ALEXANDER VELOZA PEREZ CC. MARIA HELENA BALLESTEROS VELASQUEZ. 20333224 DE BOGOTA. 17168214 DE BOGOTA. MARIA DEL PILAR MARTINEZ FORERO CC. 51968917 DE BOGOTA. 51990092 DE BOGOTA. ANA RITA VARELA DE RODRIGUEZ. 52207214 ANA LUCIA QUINTANA VARGAS CC. 52109256 DE BOGOTA. 52215097 DE BOGOTA. MARIA DEL ROSARIO GAMBA CC. MARTHA ROCIO ROA RODRIGUEZ CC. 52214295 DE BOGOTA. 52211745 DE BOGOTA. JUANA TULIA PARRA BETANCUR CC. ANA MATILDE MARTINEZ CASTIBLANCO. EVIDALIA JIMENEZ PIÑEROS CC. MARIA LIGIA VARGAS AGUDELO. 1707 4613 DE BOGOTA. MARIA EMMA CRUZ VARGAS CC. MARIA HORTENCIA JAIMES ZABALA CC. 79361628 DE BOGOTA. 20379330 DE CACHIPAY. TRANSITO AYALA CELY. JULIO ENRIQUE CRUZ CC. LILIA CHACON VANEGAS CC. RAFAEL ALFONSO GOMEZ BALLESTEROS CC. MARIA DEL CARMEN NAVA CC. 51687205 DE BOGOTA. ANA LEYDA ROJAS BERBEO CC. LUIS ENRIQUE BAUTISTA BUITRAGO CC. 79646671 DE BOGOTA. CONSUELO MOYANO TICORA CC. LUZ MARINA VARGAS FORERO CC. 79236089 DE BOGOTA. YOLANDA FORERO TORRES. ALEXANDRA FORERO AGUIRRE CC. 52028223 DE BOGOTA. GLORIA INES ACEVEDO CC. FLOR ANGELA PARRA BETANCOURT. CANDELARIA FORERO TORRES CC. LAURA MARIA TORRES RODRIGUEZ. INES PATRICIA AMAYA GUIZA. 52158206 DE BOGOTA. MARTHA GONZALEZ VASQUEZ CC. ANA GRACIELA AGUDELO DE VARGAS. MISAEL LOPEZ CC. 41689822 DE BOGOTA. 13790861 DE FLORIAN. 20319743 DE BOGOTA. MARIA GLORIA RIOS DE RUIZ. MARIA LIBIA VARGAS AGUDELO. NUMAEL ANTONIO MONTENEGRO. 41302769 DE BOGOTA.
MIGUEL ANGEL. MARLON HUMBERTO ACOSTA RIOS. MARIA SARA NAVA DIAZ. T. PATRICIA. MIGUEL ALFONSO ACOSTA DIAZ. GLORIA PATRICIA RUIZ RIOS. LUZ MARINA CHAPARRO CORREDOR. JOSE ALFONSO SAAVEDRACAMELO. JOHANA ANDREA CASTIBLANCO. LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ.78710). la discapacitada MARIA DE JESUS HERNANDEZ DE CAMARGO. JESSICA CAROLINA CORTEZ RODRIGUEZ. MERCEDES BETANCOUR ROMERO. MARIA TERESA JESUS RODRIGUEZ MELO. JORGE ARMANDO VARGAS AYALA. DIANA MARCELA LOPEZ ACEVEDO. MARIELA GORDILLO CASTRO. JOSE ALEJANDRO. WALTER GRONI. ELVIA GOMEZ XARDOZO. VERONICA. GUILLERMO VILLAMARIN PARRA. JUAN CARLOS. YEIMI ROCIO. FLOR MARINA MONTENEGRO. OMAIRA DEL SOCORRO ZABALA GALLEGO. JOSE IGNACIO ALARCON. ANA LUCIA. MARGARITA FOMEQUE GARCIA. MARIA INES MELO NOVOA. MARIA DORIS TICORA. OLGA ROCIO. ESPERANZA AMAYA NAVAS. LEIDI KATHERINE MOYA CAMELO. MERCEDES VANEGAS RIVERA. CARLOS GUILLERMO BUITRAGO. ABIGAIL OCHOA ROJAS. GILMA MARITZA. HECTOR LEONARDO LOMBO ESPINOSA. CARLOS JULIO CAMELO MOYA. MICHEL ALEXANDER ANGOLA GONZALEZ. ANGEL PAOLA ROJAS BALLESTEROS. VICTOR . ANGELA VIVIANA. ANDRES. MARIA ISABEL. TERESA RODRIGUEZ CASTELLANOS. Y de los menores: DIEGO ARMANDO LOPEZ ACEVEDO. MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ORTIZ. IMER EDUARDO. ESTHER PADILLA BOCANEGRA. NUBIA EMMA CHAPARRO CORREDOR. (Identificados con la Cédula de Ciudadanía que figuran en la solicitud de tutela folios Nº 1 y 2. LUZ MARINA MELO CARRILLO. TRANSITO PINEDA. ANGIE JULIET VARGAS AMAYA. YUDY ALEJANDRA. ANA LUCIA RODRIGUEZ AYALA. JORGE ENRIQUE MONTENEGRO DAZA. MARIA DEL ROSARIO CAJAMARCA MATEUS. YANIRA PRECIADO FOMEQUE. INDIRA ORTEGON PATIÑO. SAGRARIO MELO CARRILLO. LUISA SALAS LEON. FRANCY NETH. CARLOS FERNANDO ALVAREZ ZABALA. LISETH GERALDIN. NICOLAS RODRIGUEZ BALLESTEROS. MARIA ISABEL OCHOA DE MURCIA. INOCENCIA REAL TRIANA. ORLANDO VILLAMARIN PARRA. ALBA LUZ SALAS CARDOSO. JOSE ORLANDO. VIVIANA VICTORIA CSTIBLANCO MELO. JOSE ALEXANDER. PAOLA ANDREA. ENRIQUE GIL ROZO. JUAN CAMILO BUITRAGO AMAYA. JOHANNA MILENA AMAYA RODRIGUEZ. MARIA ELENA OCHOA MATEUS. BLANCA CECILIA MAHECHA. CALIXTO SOSA ZARTA.MARIA ISIDORA TORRES SEGURA. NIXON JAIR. LILIANA PATRICIA. DEUSI. BLANCA FLOR RODRIGUEZ MELO. YENNY PAOLA. EDISON CAMILO MARTIN ALARCON. HERNAN AMAYA NAVAS. INGRI CAROLINA. JUAN CARLOS ALONSO RODRIGUEZ BALLESTEROS. FLOR GERALDI. (Identificados con la Cédula de Ciudadanía que figuran en la solicitud de tutela folios Nº 1 y 2 T. DIOSELINA CASTRO GORDILLO. JHON ANGEL CAMELO. BLANCA CECILIA CHAVEZ DE VELANDIAADELAIDA PEÑA CAMELO. YULI ANDREA Y JULIO ARTURO CRUZ PIÑEROS JORGE. JOSE ALEXANDER ROA ANGOLA. OFELIA OSPINA SANCHEZ. CLAUDIA GAMBA ARIZA. ELIDI VIVIANA. LIZH MARYORI AMAYA ROA. HERNAN DARIO BAUTISTA SELLAMEN. LUIS CARLOS Y BERTHA YANETH RODRIGUEZ CRUZ.77330). OLGA LUCIA ALARCON. ALGA LUCIA PINILLA RAMIREZ. GRACIELA GISENIA. MANUEL GUILLERMO LATORRE. LUZ MIRIAM CHACON VANEGAS. YURI ALEJANDRA CAMELO GOMEZ. CARMEN ROSA AYALA MARQUEZ. ANA ELVIRA DIAZ DE VARGAS.
DEYSI LEONELA RODRIGUEZ. JOSE FERNANDO QUINTERO TORRES. YULIA SOLEY ECHEVERRY. KAREN LILIANA. SANDRA VIVIANA TORRES RODRIGUEZ. MICHEL FERNEY RODRIGUEZ RODRIGUEZ. MANUEL ENRIQUE. MARIA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ. LUIS ENRIQUE VILLAMARIN. LUIS HERMOGENES ROJAS RODRIGUEZ. DEISI PATRICIA VANEGAS VASQUEZ. WILLIAM OSVALDO. JHON JAIRO RODRIGUEZ. OSCAR SANCHEZ. DIANA MARCELA VANEGAS VASQUEZ. JAVIER CHISCO VARGAS. PEDRO ALIRIO. MAURICIO LONDOÑO MATEUS. BRAYAN FABIAN. ANGELA BRILLI CHAPARRO MARIN. JAIME ANDRES VANEGAS ROBAYO. ANDERSON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. YENNY PAOLA VELOZA. JEISON ANDRES. JORDY ALFREDO MEDINA PARRA. JORGE EDUARDO BAUTISTA MOLLANO. EDWIN ORLANDO ECHEVERRY ZULUAGA. JOSE ENRIQUE RODRIGUEZ TORRES. ANA MERCEDES. JHON FREDDY PATIÑO CAJAMARCA. CRISTIAN EDUARDO. JHON EDWIN VILLAMARIN BERNAL. PAOLA ROMERO SANCHEZ. BERNARDO FORERO TORRES. JHON JAIRO. JOSE SAMUEL SUAREZ CHAPARRO. JENNY CAROLINA CASTILLO. JOSE LUIS SANCHEZ. JHON FREDDY VILLAMARIN SALAS. LUIS FELIPE PEÑA RODRIGUEZ. YANI MARCELA CASTRILLON VARGAS. JEISON GIOBANNY TENJO VARGAS. NINNI JOHANA MOLLANO TICORA. GERMAN HUMBERTO VARGAS DIAZ. JOSE LEONARDO. RAUL ARMANDO RODRIGUEZ R. OSCAR ANDRES. CRISTIAN ANDERSON MELO GOMEZ. MIGUEL MURCIA OCHOA. BRICEIDA. JUAN CARLOS TORRES RODRIGUEZ. MANUEL ISIDRO. LEIDI ROMERO SANCHEZ. YEIMI JASLEY CASTRO SAAVEDRA. JESSICA PAOLA OCHOA GONZALEZ.ALFONSO. JHON EDISON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. NILXEN YANETH VANEGAS VASQUEZ. FREDDY ALEXANDER. ADRIANA PATRICIA TORRES RODRIGUEZ. ORLANDO VILLAMARIN BERNAL. JIMMY ALEXANDER RUIZ TAVERA. ROSA MARIA VARGAS DIAZ. GABRIELA SOSA NUÑEZ. ANDRES EDUARDO. LEIDY MARCELA RODRIGUEZ R. KELLY JOHANNA MONTENEGRO PINILLA. . LUIS ENRIQUE OCHOA CAMELO. SANDRA MILENA. JUAN CARLOS MONTENEGRO MATEUS. MARIA HELENA. YENNY PAOLA CASTRO SAAVEDRA. EDWIN ALFONSO.. LUIS FELIPE ECHEVERRY ZULUAGA. MIGUEL ANGEL VELOZA JAIMES. EDWIN LEONARDO RUIZ TAVERA. JOHN JAIRO OLMOS MELO. CRISTIAN FERNEY TENJO VARGAS. JIOBANNY. ELISA VILLAMARIN BERNAL. CARMEN YANETH RODRIGUEZ SAAVEDRA. STEFANIA SANCHEZ. JENNY PAOLA RODRIGUEZ R. JEISSON JAVIER. FABIAN CAMILO VILLAMARIN. SANDRA ROMERO SANCHEZ. RAUL ALBERTO RODRIGUEZ. JOSE LUIS SOSA NUÑEZ. LUZ ADRIANA. INGRI LORENA FORERO CHACON. HUMBERTO JONNATHAN RAMIREZ OCHOA. FABIAN ANDRES CRUZ OCHOA. JESUS ALEXANDER. ADELA MARITZA VARGAS. PAOLA ANDREA. WILMER ALONSO VILLAMARIN SALAS. KENNY. LINA VIVIANA. KELLY MARYORI ECHEVERRY ZULUAGA. AURA CRISTINA MORENO CAMELO. YULY ALEXANDRA RODRIGUEZ TORRES. ALEIDA VIVIANA TENJO VARGAS.. DIEGO FERNANDO SUAREZ CHACON. FABIO NELSON. JENNY CAROLINA. SANDRA MILENA RODRIGUEZ. WILSON ENRIQUE BENAVIDES MONTENEGRO. GENTIL REYES SALAS. DIANA SAAVEDRA. JUAN CARLOS REDONDO CAJAMARCA. JUAN CAMILO. WILLIAM DANIEL TENJO VARGAS. JOHN WILLIAM. MARIA ANGELICA CHACON RODRIGUEZ. ANDRES FELIPE TORRES CAJAMARCA. CINDY PAOLA TORRES TORRES. JOSE ALCIDES CARDENAS CHAPARRO.. JORGE ANDRES MONTENEGRO MONTENEGRO. LUIS FERNANDO. WILLIAM ANDRES CHISCO VARGAS. SERGIO ANGELICA. ANDREA RUBIO. CLAUDIA VILLAMARIN BERNAL.
WILMER ANDRES PRECIADO. JENNIFER HERRERA LEYTON. JAMES JUAN. es decir. JANETH ROBAYO. NINNY JOHANNA. JEIMMY CAROLINA PARRA. DIANA LISETH. ADRIANA SMITH FORERO PARRA. JOSE ALBERTO MARTINEZ CHAPARRO. BAYRON JAIR ROA TORRES.GERMAN DAVID VARGAS ORTEGON. chatarra. JEISSON ANDRES VILLAMARIN FORERO. CESAR AUGUSTO. OSCAR ARLEY. plástico y otros elementos reciclables. NUBIA ESPERANZA AYURE PEÑA. SANDRA MILENA TORRES JAIMES. Los Hechos Las circunstancias que motivan la acción se simplifican. ANTONIO MARTIN MATEUS. ERIKA NATALIA GUERRERO CORRALES. CRISTIAN ANDRES. JONY ANDRES. JENNY ELISENIA. CARLOS ARTURO. JOBANNY. JULIO. y ocurre que la Administración Municipal ha ordenado el desalojo según se dice para cederle el terreno al metrobús. LUIS GONZALO. LUIS EDUARDO. . EXON DANILO LOMBO RUMIQUE. HENRY ALEXANDER. en lo siguiente: Sus poderdantes ocupan un sector de Puente Aranda. PATRICIA. de lo cual derivan su sustento. VICTOR MARTINEZ OLMOS. LILIANA PERALTA NAVA. JORGE LONDOÑO MATEUS. 1. BRAYAN ANDRES. PEDRO PABLO PEÑA RODRIGUEZ.ANGIEL ALEXANDER BEDOLLA GARZON. DIANA JACKELIN DUARTE GORDILLO. CRISTIAN ANDRES CARO LOPEZ. TILSIA JOHANNA. JOHAN STIVEN MAHECHA. JOSE RICARDO CHAPARRO BERBEO. JIOBANNY GUIZA CONDE. JHON ALEXANDER. desde hace más de 30 años y conforman un grupo de COMUNEROS dedicados a la recolección y recuperación de papel. SANDRA MILENA. LUIS EDUARDO MONTENEGRO. YENNY PAOLA MELO. LEYDI JOHANNA. WILMER SNEIDER. JAIRO ANDRES GALVIS CASTAÑEDA. CRISTIAN CAMILO MARTINEZ. JEFFERSON DAVIS GUZMAN RAMIREZ. MARCELA SOFIA. DIANA MARCELA. LEIDY KATHERINE BARRERA MARTINEZ. JHON ARIT. en las orillas de la carrilera del ferrocarril. a una forma de transporte colectivo. HUVER IVAN CORTEZ OSPINA. JHON FREDDY. HEIDI GESENIA DUCUARA VILLALBA. GUILLERMO. YURANI. ANA RUTH. JUDDY VANESSA PRECIADO FOMEQUE . NATALIA LILIANA SUAREZ CHAPARRO. JUAN GUILLERMO. JOSE RAUL. VILMER ALONSO MARTINEZ. MARIA ELIZABETH. ANDREA MILENA. LUIS EDUARDO. MIGUEL ANGEL. EDUARD HUMBERTO RODRIGUEZ RAMOS. MARCOS FABIAN. DIXON JAIR MAHECHA OCHOA. SERGIO ANDRES GOMEZ LOPEZ. ROSA ADRIANA MESA RAMIREZ. CARLOS FERNANDO MARIN. JONNATAN ALEXANDER LOMBO MELO. ROSA MARIA. ALEXANDER. FREDDY RENE. MONICA ANDREA OCHOA FORERO. SANDRA PATRICIA CHACON LOPEZ. SONIA STELLA MORENO GOMEZ. PAOLA VARGAS JIMENEZ. ERIZ LUCIA PEÑA. JHONATAN ANDRES FORERO SALAS. MAYURIN JULIETH MATEUS RODRIGUEZ. YUDY YOLIMA GUTIERREZ ROZO. MARIA GISEL SAAVEDRA CHAPARRO. JHON EDISON. CLAUDIA JOHANNA TORRES PADILLA. JOSE BERNARDO. Todos ellos dieron poder al abogado LIVINGSTON AREVALO GALINDO. WILSON ALBERTO. DEISI PAOLA. ADRIANA. JOSE LUIS DAZA FORERO. ANDRES GARZON QUINTANA. LISETH PAOLA MAHECHA GAMA. NURY EDILMA PERALTA AMAYA. FREDDY ANDRES. LEYDI. MARCELA HERNANDEZ GAMBA. MARIBEL. según el apoderado de los interesados.
La Defensoría del Pueblo va más allá. quien se comprometió a crear mecanismos pertinentes para el desarrollo integral de la población en estudio. En aras de esta reubicación se concertó reunión con los industriales de Gorgonzola. divididos en 21 ranchos de 32 a 40 metros cuadrados. constituyendo esta tarea el medio de subsistencia de este asentamiento dedicado a la recolección de materiales recuperables. la vivienda. Hoy la población está constituida en un 50% por niños y jóvenes menores de 15 años unidos por el oficio y el parentesco familiar. 40. pues ni siquiera tuvo acceso a un empleo real. obtuvo el premio al medio ambiente como agentes ecológicos en categoría de iniciativa ciudadana para la gestión ambiental otorgada por el Ministerio del Medio Ambiente. Jesús Franco. campesino procedente de Anolaima atraído por las expectativas urbanas como el trabajo. Es asi como este gremio humano constituye el asentamiento subnormal más denso y antiguo y además en zona de alto riesgo por encontrarse ubicados exactamente debajo de los cables de alta tensión. En los años siguientes a 1956 el Sr. sin embargo. por lo que se realizó una reunión con el Personero Delegado para los Derechos Humanos y la Familia. naciendo asi la comunidad de comuneros. Esta comunidad recurrió a la Defensoría del Pueblo en mayo de 1994 con ocasión de la tentativa de desalojo ordenada dentro de la querella 005 emanada del Alcalde de Puente Aranda. que hoy se encuentra conformada por ciento treinta familias para una población de más o menos unas mil personas unidas por un factor común El reciclaje. la salud y la educación. Franco atrae a parientes y paisanos quienes construyen una hilera de ranchos. de igual manera se practicó visita a la localidad entablando conversación con el Alcalde y su asesor con miras a buscar líneas de concertación y en lugar de hablar de desalojo. de igual manera nos reunimos con el Alcalde Local. Marleny Gómez. quien delegó a la Doctora María del Pilar Rojas. se vió precisado a instalarse en el terreno aledaño a la vía férrea en la calle 12 con cra. avocando el conocimiento del caso. llegó a Bogotá con su familia pero al no hacerse realidad esas expectativas. Esta Regional concertó reuniones con Bienestar Social del Distrito estableciendo comunicación con la Dra. crear alternativas de reubicación de los pobladores de comuneros. narra los antecedentes de la ocupación y adelanta opinión crítica sobre una de las posibles soluciones para esta realidad social impactante: “Refieren los hechos que hace aproximadamente 38 años debido a la ola migratoria originada en causas multifactoriales el Sr. en este momento se pudo evitar tal diligencia . extendiéndose a todo lo largo de la carrilera del ferrocarril. que no obstante las limitaciones de todo orden. El origen de esta ocupación obedece al surgimiento de industrias productoras de materiales y en general a un aumento de consumo de empaques y envases y de industrias transformadoras que demandan materias primas baratas.1.1. quien se mostró determinado a llevar a cabo el desalojo. la Junta Administradora Local y los Ediles de la zona.
que en la zona industrial. Algunos Magistrados del Consejo de Estado. aparecieron adjudicados en cabeza de otros y otro problema suscitado fue que al momento del sorteo quedaron en grupos totalmente aislados. Mi posición personal es que no es Ciudad Bolivar la panacea o la solución a la problemática social de estos pobladores subnormales de la carrilera del ferrocarril. pero expectante ante los cambios que mejoren sus condiciones de vida. por decir algo.convenciéndolo de la posibilidad de encontrar otra solución dentro del lenguaje de condiciones de dignidad para estos seres humanos que si bien es cierto están incurriendo en una ocupación de hecho.. y no puede ser -luego de tanto tiempo.la medida de represión policiva la salida adecuada. constituye un gremio humano vulnerable. pero si propender por el mejoramiento de su sistema de vida y no crear una problemática social más. sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de asociación de estos programas de vivienda según reza el Art. sábados.” 1. quienes informalmente observaron el lugar cerca a la carrilera. lo que les hacía imposible sobrevivir a su labor de reciclaje. por más de dos décadas el bien público mencionado lo han hecho por la tolerancia de la autoridad que de esta manera ha incumplido sus deberes legales y constitucionales. la Sala considera que es tal la magnitud del estado de miseria que padecen los actores de la tutela que prácticamente carecen de toda posibilidad de ejercicio de sus derechos fundamentales invocados. por cuanto de un lado sería crear un nuevo gueto y sumar una problemática más a un sector agobiado por sus propios problemas y además que son sujetos activos de los derechos establecidos como fundamentales en el marco de nuestra Carta Constitucional y debe el Estado fijar condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de vivienda de interés social. 51 de la C. sumado además al problema del transporte. en el momento de ubicación de los lotes trabajados por ellos. no se trata de avalar estas ocupaciones de hecho o invasiones. Por otro lado. Si estas personas vienen ocupando. Los ocupantes son personas cuya labor se contrae a la recolección de desechos y desperdicios de las zonas comerciales e industriales del vecindario. pero aconteció que se politizó la adjudicación de las viviendas por cuanto el Concejal Mario Upegui intervino en esta y luego que los habitantes de Comuneros trabajaron durante dos años. porque sería el problema de una localidad a otra sin solución alguna en razón a que el reciclaje tiene estratificación. Por otro lado es bien cierto que en un momento de la historia de Comuneros se trató de reubicarlos en Ciudad Bolívar a través de la Caja de Vivienda Popular más concretamente en Jerusalén. no se puede .N. pues no se encuentra el mismo material recuperable o reciclable en San Cristobal. domingos y festivos en el sistema de autoconstrucción..2. donde hoy permanecen los solicitantes de la tutela. consignaron en la sentencia lo siguiente: “evidentemente la zona de la carrera 42 entre las calles 6º y 13 es un bien público que se encuentra ocupado por familias en estado que traspasa la “pobreza absoluta”.
. villas-miserias o tugurios lo cual impone a la administración el deber ineludible de adoptar políticas audaces para conjurar de manera preventiva las dolencias de estas capas sociales” i[i] . Es cierto que es deber de la autoridad distrital proteger la integridad del espacio público. 2. por incuria. por precarias que sean. Exigir a la Autoridad que dé soluciones integrales a los invasores es forzarla a destinar los recursos para premiar a aquellos que transgreden la ley y desconocer las circunstancias de otras personas más vulnerables a las que el Estado debería atender prioritariamente por ser más débiles”. se genere su ocupación. pero este deber debe cumplirse “ab-initio” y no cuando.pretender la suspensión en un solo instante de situaciones que se han venido generando con el tiempo. La Personería para la Protección del Medio Ambiente y el Desarrollo Urbano. El Alcalde Mayor de Santa Fe de Bogotá Antanas Mockus expresa que hay que velar porque los bienes del Estado se protejan. por cuanto implicaría que la violación de la ley fuera una manera de adquirir derechos. por cuanto es función de la Personería Distrital y en particular de esta Delegada. La respuesta policiva no puede ser la medida aplicable a este caso por las consecuencias imprevisibles y funestas que ella conllevaría para el orden social y la vida humana de los ocupantes. permitiendo el asentamiento de comunidades en cuyo seno han nacido niños y envejecido padres y que. los asentamientos humanos sub-normales son un elemento distintivo de la miseria urbana ya se llamen favelas.. dice que el Estado paternalista ha quedado atrás con la nueva Constitución. al menos en niveles infrahumanos la conservación de la vida y la formación de una familia.2. Este deber prevalece sobre el primero.1. Opiniones de autoridades del Distrito Capital frente a la forma como viven centenares de personas que instauran esta tutela: 2.. expresa: “me permito informarle que esta Delegada no ha adoptado medidas en relación con el desalojo de las personas afectadas por la Resolución proferida por el Alcalde Local de Puente Aranda. piensa que la protección al trabajo y la vivienda se predica para actividades que no generen y no dependan de una situación de ilegalidad. velar por la integridad de los bienes fiscales y de uso público” . 2. en los países latinoamericanos donde la migración del campo a la ciudad es un factor que ha contribuido de manera patológica a la formación de verdaderas megalópolis. En este caso. Son sus palabras: “La situación de los demandantes ha estado al margen de la ley durante muchos años y por ello no es admisible que se exijan derechos amparándose en tal circunstancia. Por contera. persiste el deber de protección del espacio público pero éste es correlativo con el deber de la autoridad de procurar las mínimas condiciones de existencia de las personas que han sido víctimas de la injusticia social que sufren países como Colombia. les permite.
El destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los Concejos. Las tutelas se instauraron porque el Alcalde Local de Puente Aranda profirió una orden de desalojo.D. El Personero Delegado para Asuntos Policivos solamente dice: “Respecto de las medidas tomadas en relación con el citado desalojo. profirió resolución ordenando a estas personas la desocupación del espacio público ya referido. El Presidente del Consejo de Justicia del Distrito Capital invoca el artículo 6º de la Ley 9ª de 1989. La Alcaldía Local. Sin embargo. y fijándose fecha para llevar a cabo diligencia de Inspección Ocular. Actuaciones de funcionarios del Distrito Capital que motivaron las solicitudes de tutela. concediéndose para ante el superior jerárquico recurso de apelación en el efecto suspensivo. 132 del Decreto 1355/70 y art... desde la calle 6 hasta la calle 13. presentó ante esta Alcaldía querella policiva. En informe rendido por dicho Alcalde Local. avocó conocimiento de las diligencias y se radicó bajo el Nº005/94. se hace un resumen de las actuaciones. en cuanto dice que “. Contra la providencia proferida por la Alcaldía.. 42 ó Avenida del Ferrocarril.P.. la intervención de esta Delegada se concretó a esa diligencia. por ocupación de zona de uso público. El día 29 de noviembre de 1994.” 2. de conformidad con el Decreto 640 de 1937. Con base en estas probanzas la Alcaldía Local. 442 del C. propone soluciones. mediante auto de fecha de junio 30 de 1994. dentro de una querella policiva contra PERSONAS INDETERMINADAS y porque la decisión fue confirmada por el Consejo de Justicia del Distrito Capital. velando por la observancia del debido proceso y coadyuvando el término dado a los demandados.” 3. El Alcalde Local de Puente Aranda cree que hay que darle prioridad a las comunidades que estén en la legalidad y que “en esta ciudad hay muchísimas comunidades en iguales o peores condiciones socioeconómicas que esta de los Comuneros”. los ocupantes apelaron la decisión. previo poder conferido. .3. llevó a cabo diligencia de Inspección Ocular. a la altura de la Cra. lata y cartón.2. el Representante Legal de Ferrovías.4. 42 entre calles 6 y 13. art. contra personas indeterminadas. 2. vía férrea. como se informará posteriormente en este fallo. asi: “Que con fecha junio 14 de 1994. las construcciones de cambuches en maderas.5. en el sector de la Cra.. en donde se hizo plena identificación de la zona reclamada y que se encuentra ocupada con una serie de construcciones irregulares en materiales reciclables. Sin embargo. se presentó recurso de reposición y en subsidio el de apelación. la Alcaldía Local. a través de apoderado.
. domingos y festivos en el llamado sistema de autoconstrucción pero en vista de lo costoso que salió . persona que es líder comunitaria y miembro de la Junta Directiva “Los Comuneros” que tenía personería jurídica pero en este momento no la tienen y quien atiende en nombre de toda la comunidad que comprende 160 familias y quien enterada del objeto de la diligencia manifiesta: “En ningún momento la comunidad “Comuneros” ha desconocido la ilegalidad del uso de estos terrenos puesto que durante 35 años hemos tenido pleno conocimiento de este hecho como también tenemos conocimiento de que vivimos prácticamente con el tren durante 30 años sin presentársenos ninguna clase de calamidad doméstica ni personal teniendo en cuenta y acogiéndose a las nuevas leyes de Ferrovias y la Alcaldía Local de Puente Aranda queremos hacerle saber que nuestra comunidad está dispuesta a una reubicación digna a que se respete nuestro sistema de trabajo que es el reciclaje. Quería aclararles eso sobre la cuestión de la Caja de Vivienda Popular quiero aclararlo. recuparación y conservación del espacio público. en condición de autoridades administrativas del lugar deben dictar los actos y ejecutar las operaciones necesarias para la protección. de 1989. Debiendo la Alcaldía proceder de conformidad. 82 de la Constitución Política de Colombia. Ese espacio público y su preservación se encuentra igualmente reglamentado para una destinación al uso común por otras normas entre otras los Códigos Nacional y Distrital de Policía y la Ley 9a. C. dentro de la diligencia de Inspección Ocular. hemos recibido la querella Nº 005/94. acorde además con el art. porque además repetimos es una atribución nuestra la de preservar y mantener el espacio público libre y en beneficio común”.C. fue el doctor Upegui. (Decreto 1421) en su numeral 7º del Artículo 86.C. En la diligencia de inspección judicial citada se consignó lo siguiente: “Fuimos atendidos por BLANCA RUTH RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ. Que no es dable para el Estado que los particulares argumentando sus derechos violen normas de derechos fundamentales colectivos como el de la libre circulación y el sano ambiente. 3. sábados. proveniente del Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá D. que establece que los Alcaldes. estableciéndose que mediante acta Nº 142 de abril de 1995.2. Trabajamos durante más de dos años.C. se nos dijo eso al principio que entramos a trabajar con la Caja pero después la realidad fue otra. Nuestras actuaciones en lo aquí comentado. se confirmó en todas y cada una de sus partes el acto administrativo proferido por la Alcaldía Local de Puente Aranda.. corresponden a la atribución que establece el Estatuto Orgánico de Bogotá D. simplemente fuimos conejillo de indias para el político de ese tiempo. Nº51741168 de Bogotá. por lo tanto esperamos que nuestro problema se arregle por las mejores vías y claridad del caso. velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común. adelantada con la querella Nº 005/94. por ajustarse a Derecho. que instituye como deber del Estado. haciendo aclaración que esta es una comunidad sana y pacífica. el 29 de Noviembre de 1994. el cual prevalece sobre el interés particular.Con oficio SG-310-95 de fecha junio 1º de 1995.
que si precluído ese término no se ha efectuado la desocupación voluntaria el Despacho la llevará a cabo con los medios necesarios a nuestro alcance y con la colaboración de la fuerza pública si es del caso. Nosotros en ningún momento estamos pidiendo limosna pero si queremos que tanto las instituciones privadas como las del gobierno nos den la oportunidad de un mejor mañana teniendo en cuenta que somos agentes ecológicos y contribuyentes al medio ambiente.. el término de treinta (30) dias.Advertir a BLANCA RUTH RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ y demás ocupantes. 3. SEGUNDO.Conceder a BLANCA RUTH RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ y demás ocupantes del espacio público. SEXTO.3.. TERCERO. 0800 del mismo año.Declarar espacio de uso público la zona comprendida entre las calles 9a.. correspondientes a la línea y el corredor férrero perteneciente a “Ferrovías”. dará lugar a la aplicación del procedimiento establecido en el art. en busca de una solución. CUARTO. quienes se han enterado de todo lo aquí anotado.Contra la presente Resolución proceden los recursos de reposición y de apelación. se me hace totalmente .Hacer saber a los ocupantes que el incumplimiento a lo aquí dispuesto.. dando constancia además que en toda la diligencia desde su iniciación hasta este momento han estado presentes las personas ocupantes del lugar. casas y demás elementos que usurpen o invadan dicho espacio. por las probanzas anotadas en los Resultandos y Considerandos. El otro problema es que cuando se sortearon las casas nosotros quedamos en grupos totalmente aislados y donde era imposible sobrevivir con nuestra labor porque nosotros somos recicladores y nos mandaron al pico de Jerusalén. asi como a los demás ocupantes del espacio público en el sitio ya anotado. La presente Resolución es notificada en el acto a BLANCA RUTH RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ en su condición personal y además a los demás ocupantes a través de la misma BLANCA RUTH RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ como su representante. empresa industrial y comercial del Estado. QUINTO... en los términos establecidos por la ley. Se le concede el derecho al uso de la palabra a la señora BLANCA RUTH RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ. para desalojar y restituír voluntariamente el espacio público ya descrito. teniendo en cuenta nuestro trabajo y la necesidad de la educación para nuestros hijos. la Ley 23 de 1991 y el D.este sistema. Nosotros estamos trabajando con la Fundación Dignificando. sitio donde además se encuentran postes y cables de energía de alta tensión. y 13 y la carrera 41 o avenida del ferrocarril y carrera 42. del resto es conocimiento bueno o malo de las autoridades competentes”. Esto es por hacer un precedente a lo que es la comunidad en la que nací y me he criado hasta el momento.Notifíquese y cúmplase. quien manifiesta: “Para mi forma de pensar y la de mi comunidad y acatando lo ya explicado por el señor Toledo.ordenar a la señora BLANCA RUTH RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ. El Alcalde resolvió: “PRIMERO. 522 de 1971. contados a partir de la fecha. la restitución de dicho espacio público y la consecuente desocupación de personas. 18 del D. animales. la mayoría de las personas renunció. en su propio nombre y en el de la comunidad que representa como Junta Directiva “Los Comuneros”. por eso nos ganamos el premio Nacional al Medio Ambiente.
L51/81. en coordinación con la Personería Distrital adoptar un programa integral de atención a los peticionarios. Senado de la República.4. 7. y el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá. atentamente Comunidad “Los Comuneros”. L26/87. Se ordene el Instituto de Bienestar Familiar. la apelación tampoco prosperó (providencia de 12 de abril de 1995). es por eso que queremos dejar también constancia de que le hemos hecho conocer a la Alcaldía Zonal los pormenores y pormayores de esta comunidad. del alcalde Local de Puente Aranda. con poder especial para instaurar acción de tutela. Confiamos en que no tengamos la más mínima necesidad de defender el techo de nuestros hijos llevándoles la contraria a las autoridades competentes y que las autoridades tengan en cuenta que nuestra comunidad la conforma más del 70% niños. Pacto internacional de derechos civiles y políticos. Declaración Universal de Derechos Humanos.inhumano arreglar en plazo de 30 días un problema que lleva 35 años y tiene 700 ocupantes. 3. Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito. para que en el menor tiempo posible puedan abandonar el espacio que en este momento se les está exigiendo en desmedro de sus más precarios derechos. Alcaldía Municipal. en el Consejo de Justicia del Distrito Capital. 4. Solicitud El abogado Jaime Arévalo Galindo. 3. 2. Agrega: . Concejo Municipal. Dejamos constancia todos los habitantes de este sector que apelamos a la medida teniendo en cuenta que nuestro problema a más de ser de ocupación es un problema social. art. sus familias. Pacto internacional de derechos económicos. Convención internacional sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. L22/81. respectivamente. INURBE. Cámara de Representantes. Artículo 86 de la Constitución Política. sin menoscabo de su trabajo” Considera que se han desconocido o se han violado: “Decreto Número 2591 de 1991. Reubicación para sus familias. L 74/68. L16/72. Convención Americana sobre derechos humanos. La reposición fue resuelta desfavorablemente el 11 de enero de 1995 y. aclarando también que en el transcurso de los días se presentará la sustentación. solicita que: “Se suspenda la ejecución de la orden de desalojo. Agradeciendo la atención prestada por todos los presentes. Convención internacional sobre todas las formas de discriminación Racial. sociales y culturales. Convención internacional para la represión y el castigo del crimen del aparteid. teniendo en cuenta que hasta el momento no nos ha dado ninguna solución y sí en cambio se nos ha dado un plazo imposible de cumplir. Caja de Vivienda Popular. art. Convenio 100/51 de la Organización internacional del trabajo. art.
77330 (María del Rosario Cajamarca y otros): 12 de junio de 1995 b.Consideramos amenazados unos. que respectivamente hacen mención del Principio de igualdad. 5. mientras que en las T-78710 y T-78659 no se fijó término.78710 (Laura María Torres y otros): 12 de junio de 1995 En estos cuatro fallos se tuteló el derecho al trabajo (art. En las tutelas T-78710. 51. en los casos T-78659 y en el T-76332 también se protegieron los derechos fundamentales de los niños (art. las fechas de las sentencias son: a. 25. de los derechos fundamentales de los niños. de la familia. 44. violados otros. organismos y autoridades nacionales y distritales a fin de lograr la reubicación de los solicitantes. 48. de la obligación del Estado de la atención de la salud y el saneamiento ambiental. T-77330 y T-76332 se fijaron dos meses a la Alcaldía para que adoptara e hiciera efectivas las medidas ordenadas. los artículos 13. del acceso a la propiedad promovida por el Estado. 54. En el expediente T. En los considerandos se estableció: “Deduce la Sala que para ese grupo humano. Decisiones en primera instancia Todas fueron proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 47.P. de la obligación del Estado a la asistencia Pública en relación con las personas que carecen de medios de subsistencia. 44 C. teniendo en cuenta el oficio que éstos vienen desarrollando. de la obligación del Estado y de los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. el habitat actual permite generar su propia susbsistencia. con la decisión tomada por la Alcaldía y el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá. del servicio público de seguridad social de carácter obligatorio. En el expediente T. del derecho del trabajo. pueden generar problemas de desempleo y mayor miseria. Pero adicionalmente.En el expediente T.78659 (Lilia Chacón y otros): 12 de junio de 1995 d.76332 (Emilse Angola Marín y otras): 13 de junio de 1995 c. en las tutelas T-77330 y T-76332 la suspensión se ordenó por dos meses. 60. de modo que un cambio abrupto o el desarraigo del mismo. En forma más o menos similar en las cuatro sentencias se le ordenó al Alcalde Mayor del Distrito Capital adoptar un programa integral en favor de los peticionarios con la participación de entidades.) de quienes solicitaron el amparo.) En todos se ordenó la suspensión de la Resolución de 29 de noviembre de 1994 dictada dentro de la diligencia de inspección judicial y de las que resolvieron los recursos de reposición (11 de enero de 1995) y apelación (12 de abril de 1995). En el expediente T.P. . T-78659. 67. 25 C. constituyendo el medio de generación de trabajo de solución parcial a sus necesidades más apremiantes. del derecho a la educación. Pero.
solicitó aclaración de lo fallado. hasta tanto las entidades aquí obligadas. pero el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que en la acción de tutela no cabe la aclaración de sentencias. Aclaración de la sentencia El apoderado judicial del Distrito Capital. realice la coordinación necesaria en orden a trasladar pacíficamente sin desmedro de su actual actividad el grupo de ocupantes del espacio de propiedad de la Empresa Colombiana de Vías Ferreas primeramente referido” 6. produciría de inmediato un efecto nocivo contra los niños de las familias desalojadas. Esa perspectiva permite concluír que antes de hacer efectiva la medida policiva es necesario que el Jefe de Gobierno del Distrito Capital. y del Acta 142 de 12 de abril de 1995. en la T-77330. 3 de agosto de 1995. puesto que.Tal consecuencia. Fallos de segunda instancia Impugnadas como fueron las decisiones de primera instancia. de 29 de noviembre de 1994. y tomando adicionalmente las siguientes medidas: “2. abundan en las comunidades subnormales. 7 de julio de 1995. de la Alcaldía Local de Puente Aranda. CONFIRMANDO INTEGRAMENTE LA DEL TRIBUNAL. 7. 19 de julio de 1995. definió el Consejo de Estado en estas sentencias: a) De la Sección Tercera. pero resulta hecho notorio.P. en su sentir ha debido acudirse a los procesos propios de la jurisdicción administrativa. T-78659. cuyo número es incierto. 44 y 42 de la C. El Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. del Consejo de Justicia. bienestar general y mejoramiento de la calidad de vida. 3. se ordena la suspensión de la ejecución del acta de Diligencia de Inspección Ocular. den aviso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. establezca un programa concreto para proteger a la comunidad de la cual hacen parte los peticionarios. (T-76332) c) De la Sección Segunda. del cumplimiento de las medidas que esta providencia dispone. En consecuencia se accederá a tutelar el derecho al trabajo de los demandantes asi como los derechos de los niños de ese grupo humano y para su efectividad se ordenará al señor Alcalde Mayor del Distrito Capital. acorde con su atribución en relación con la acción administrativa para el cumplimiento de la Constitución en materia de derechos humanos. REVOCANDO lo impugnado y RECHAZANDO por improcedente la tutela. Para la efectividad del amparo reconocido en el numeral anterior. amparando los derechos consagrados los artículos 13. CONFIRMADO la de primera instancia. en coordinación con otras entidades nacionales. por el Alcalde Mayor. deberán tomar las medidas pertinentes para . que dentro del plazo de dos meses. b) De la Sección Primera. el Alcalde Local y el Presidente del Consejo de Justicia.
pues pese a tener ocurrencia en un sector céntrico de la capital. antes de la ejecución de cualquier medida. amparó los derechos establecidos en los artículos 13. en efecto.P. razonable. T-78710. el pretendido desalojo se refiere a un millar de personas. Pertenecen a una comunidad marginada que dadas las características que los identifica. que después de haber permitido por tanto tiempo la ocupación de hecho pretendan de la noche a la mañana llevar a cabo el desalojo. La comunidad ha ocupado el espacio público. que en esta oportunidad. y a corregir tal situación hasta el punto que por el curso del tiempo se ha venido convirtiendo en un problema social cada día más complejo. el deber que tienen las autoridades de brindar protección a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. única e inmediata alternativa en la que han fijado la posibilidad de subsistencia. procurando mantener la unidad familiar. y tomó medidas idénticas a las de la sentencia del literal anterior (T-78659). 9) No olvida la Sala. sino además. también confirmó. En estas dos últimas sentencias las argumentaciones son similares. constituye un grupo social vulnerable. 3 de agosto de 1995. para corregir la situación. Este deber debe conciliarse con el Estado Social de Derecho. las viviendas construidas debajo de los cables de fluído eléctrico de alta tensión. en la medida en que sus estatutos se lo permitan. Vale la pena resaltar: “ 7. que a simple vista se deduce que muchos de ellos han permanecido allí por toda su vida. y a FERROVIAS. sin la adopción de un programa de reubicación. persiste el deber de protección del espacio público. como único instrumento adecuado. mediante la adopción de la medida policiva. han transcurrido 38 años. en plena zona industrial. encargadas de la preservación del espacio público. pretender desarraigarlos. por el creciente número de personas que conforman la comunidad. inexorablemente les causaría perjuicios de todo orden. No resulta pues. del cual.garantizar los derechos de los menores. en condiciones razonables que garanticen los derechos aquí tutelados”. cuya desocupación ahora se discute. con la coordinación de la Personería Distrital. según el informe de la Defensoría del Pueblo. a todos los une un factor común. al INURBE. 8. el “reciclaje”. 4. Se ordena al señor Alcalde Mayor del Distrito Capital. por incumplimiento de los deberes que les impone la Constitución y la Ley. no sólo por tolerancia de las entidades a cuyo cargo se encuentra su preservación. Es su mundo posible. Empero es innegable también. dadas las condiciones en que se desenvuelven. a cargo de las autoridades que señala la Constitución y la Ley. No oculta la Sala su perplejidad frente a la tardía actuación de las entidades públicas. . el 50 % de ellos niños y menores de 15 años. adoptar un programa para la reubicación de los peticionarios. 42 y 44 de la C. d) De la Sección Segunda. a la Caja de Vivienda Popular. sin prever las consecuencias que ella generaría para el orden social y para la vida de los ocupantes.
10) Estima pertinente la Sala. EL INURBE se ha reunido con delegados de la Alcaldía Mayor de Bogotá. En ese orden de ideas. en sentencia Nº T-222 (sic) siguiente: de 1992 sostuvo lo Lo anterior supone. Inurbe: “1. De las contestaciones que llegaron vale la pena reseñar: 8. es necesario presentar al INURBE Regional Santafé de Bogotá el respectivo programa para su estudio y posterior declaratoria de elegibilidad y asignación del Subsidio Familiar de Vivienda. que con casa en qué morar. Bienestar Social del Distrito con el fin de coordinar las acciones pertinentes. deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores ambulantes de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna. Consecuencialmente esta Entidad está a la espera de que la Caja de la Vivienda Popular presente el Programa de Vivienda. Alcaldía Local de Puente Aranda. la Sala de Revisión solicitó varios informes. Lo anterior de conformidad con las normas vigentes que sobre el otorgamiento y administración del subsidio excepcional rige en la entidad. CVP. en consecuencia que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concebidas por el propio Estado. (Pág. De donde se sigue que se ha de tener cuidado de fomentar todas aquellas cosas que en algo puedan aprovechar a la clase obrera. vestido con qué cubrirse y protección con qué defenderse de quien atenta a su bien. pueda con menos dificultades soportar la vida. la equidad que la autoridad pública tenga cuidado del proletariado haciendo que le toque algo de lo que él aporta a la utilidad común. ordenando para el efecto. Informes que han llegado a la Corte: Con el propósito de obtener mayores elementos de juicio. El Instituto ha manifestado en varias oportunidades que para llevar a cabo una reubicación de este tipo. pues. La Corte Constitucional. deberán protegerse los derechos de los menores y del núcleo familiar. 8. 2. conforme lo prescriben los artículos 13.1. a las entidades que se indicarán en la parte resolutiva de esta providencia . consignado en la encíclica RERUM NOVARUM: Exige. 42 y 44 de la Carta Política. que garantice la protección de esos derechos. la adopción de un programa de reubicación. 35). hacer referencia al postulado de la “justicia distributiva” de SS LEON XIII. 3. ya sea directamente o .
No se aprecia qué relación hay entre esta información y el caso de tutela que se tramita. La Caja de Vivienda Popular del Distrito rinde un informe según el cual: “Con base en la revisión y actualización de la información a junio 9 de 1994. como lo dijimos anteriormente presenten el programa. -Renunciaron al programa 8 familias. se pudo constatar lo siguiente: a. María del Rosario Ariza.3. Juan de Dios Palomino. se encontró: -32 unidades básicas habitadas -5 unidades básicas abandonadas y 1 desocupada -6 unidades básicas dadas en arriendo -4 unidades básicas fueron vendidas -4 unidades básicas al parecer en proceso de mejoras -4 unidades básicas habitadas por personas que manifestaron no pagar arriendo. relacionada con las familias involucradas en el mencionado programa. María Clemencia Cardozo. De estas: Tienen construída la Unidad Básica y algunas se encuentran en proceso de construcción. Publio Burgos Velasco. Alcaldía Local de Puente Aranda: Envió fotocopia de la Resolución 047 de 2 de agosto de 1995. -1 unidad básica fue destinada para instalar una tienda (suponemos que fue arrendada) -2 adjudicatarios no fue posible ubicarlos y de las cuatro personas que se encuentran adelantando la construcción de sus unidades básicas. María del Carmen Vargas. Dora Inés Briceño. con servicios. en la zona de la carrera 65B con calle 17. con el objeto de cobijar a los solicitantes de este tipo. Los peticionarios pueden acceder a dicho subsidio siempre y cuando. una desertó y las 3 restantes están trabajando en terreno. Nohora Elsa Bernal Reyes. Familias Beneficiarias: 138-Consignaron cuota opción (inicial) 94 familias. b. quienes al ser notificados apelaron. por el equipo de la División Social del Centro de la Construcción a cada una de las familias vinculadas al Subprograma 3. Ya en el momento en que este se encuentre radicado y declarada su elegibilidad se les informará sobre el desarrollo del mismo” 8. . En visita realizada en agosto 26 de 1994. El Decreto 706 del abril 18/95. dispone de un mínimo de 30% para programas excepcionales. del orden Nacional y no Local o Regional. 8. Igualmente le informo que los rubros presupuestales para el subsidio Familiar de Vivienda son generales. en la cual ordena restitución del espacio público. -36 familias nunca cancelaron la cuota opción (inicial). Dora de Martínez. determina que en 15 días desalojen: Herminia Espejos de Gómez.2.mediante convenio o contrato con un tercero. Francelias Peña. para su declaratoria de elegibilidad. -31 no se vincularon al proceso de construcción. argumentando que son familiares.
c. ubicada sobre la vía férrea en jurisdicción de esta Localidad y el Alcalde Local Dr. expidió el mencionado Acuerdo 19 de 1987. con el fin de que se proceda inmediatamente a la construcción de las viviendas y en el término acordado con la comunidad. a través de la Caja de Vivienda Popular del Distrito y bajo la coordinación del Alcalde Local de Puente Aranda.C.713 de Usme. Nº 51.” 8.310.380.C. EFRAIN GARCIA FERNANDEZ. que viene al caso en su artículo 24. De lo anterior se levantó un acta el pasado 31 de octubre que anexo. JOSE LEONARDO MEDINA portador de la C. llegándose al siguiente acuerdo: PRIMERO: El Alcalde Local de Puente Aranda asume la responsabilidad de ubicar un predio y a coordinar con la Caja de la Vivienda Popular del Distrito.000. Nº 19. si no tienen ningún problema de orden jurídico y si es viable su adquisición. proceda a venderlo mediante un crédito blando y a un muy largo plazo.5. a esta comunidad de los Comuneros. del Concejo de Santafé de Bogotá. En consecuencia se han identificado una serie de predios en diferentes localidades del Distrito Capital. El Alcalde Local de Puente Aranda informa adicionalmente: “Que la Administración Distrital. que se adquiera el predio con el fin de que la Caja de la Vivienda del Distrito. consultando a la comunidad. Asi las cosas. Nº 80.m. 24 del acuerdo 19 de 1987..oo por concepto de crédito de materiales. para definir la restitución de espacio público ocupado por esta comunidad. D. la adquisición del mismo.4. esto es. El Concejo de Bogotá dice que se hizo un debate pero que no se ha recibido “un Proyecto de Acuerdo correspondiente a lo determinado en la providencia respecto a las tutelas instauradas por los residentes de la orilla de la carrilera del ferrocarril sector Puente Aranda”. dando cumplimiento a lo ordenado en el art. GUILLERMO BUITRAGO con C. por lo tanto debían cancelar una suma de $25.112.C.741. 8.396 de Bogotá. se reunieron los señores BLANCA RUTH RODRIGUEZ portadora de la C. se desocupe el espacio público a que nos hemos venido refiriendo. Nº 80. sobre los cuales en el momento la Caja de la Vivienda Popular del Distrito. siempre y cuando dicha adquisición sea acordada con la comunidad de tal manera que ellos puedan .c. cuatro meses. identifique y adquiera un predio. Sin embargo.434 de Cachipay en representación de la Comunidad de los Comuneros. de 31 de octubre de 1995 expresamente señala: “En el Despacho del Alcalde Local el día 31 de octubre de Mil Novecientos Noventa y Cinco (1995) a las 10 a.” El acta a la cual se hace referencia. de tal manera que quienes residen allí puedan adelantar en un término no mayor de cuatro meses la construcción de una solución de vivienda de carácter prefabricado para lo cual ya ellos han adelantado las acciones pertinentes.168 de Bogotá. JOSE MANUEL FORERO portador de la C. viene haciendo los estudios de rigor para determinar si son urbanizables.Se resalta que estas familias fueron beneficiadas con la exoneración del pago de la cuota opción (inicial). este Despacho espera para el transcurso de estos días.
SEGUNDO: Una vez adquirido y entregado el predio la Comunidad iniciará la construcción de sus viviendas para que en un término de 4 meses se proceda a desocupar el espacio público en el que hoy viven. ha adelantado las siguientes acciones en favor de los menores que habitan a la orilla de la carrilera del ferrocarril: -Promoción de la Comunidad para la organización y funcionamiento de tres (3) Hogares Comunitarios de Bienestar. A lo anterior no se ha dado respuesta. -Como medida preventiva para las acciones de desalojo que se han anunciado. Mujer.” 8. Infancia). teniendo en cuenta las necesidades de atención de la población. En constancia firman los que en ella intervinieron una vez leida y aprobada en todas sus partes. El I.C.” Pese a este compromiso la Caja de Vivienda Popular sigue en su posición original. con el propósito de entrar a determinar si requiere de la intervención del Defensor de Familia u otras instancias frente a la Protección de los Menores.C. con muy buenos resultados. a través del Centro Zonal de Puente Aranda de la Regional Santafé de Bogotá. El Departamento Administrativo de Bienestar Social del D.F. con trámite lento y repite lo del ofrecimiento de reubicación en Ciudad Bolívar. “ El Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito. además se apoyó con el suministro de estufa. -Manejo y orientación a la comunidad de los casos de Protección Especial ó preventiva que han surgido como resultado del trabajo interinstitucional y comunitario realizado.6. comunica a la Corte: “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 8. Manipulación y Conservación de Alimentos a las señoras de la comunidad responsables del Restaurante Escolar promovido por la Fundación Dignificando.B. -Capacitación en Minuta patrón. Para este proyecto se ofreció el apoyo económico mediante contratación para Almuerzo Escolar pero la Fundación y la comunidad decidieron asumirlo sólos. horno y licuadora. dos (2) en la modalidad de atención 0-7 años de tiempo completo y uno en la modalidad FAMI (Familiar.construir allí una solución de vivienda prefabricada. la Coordinación del Centro Zonal ofició desde el mes de Junio al Señor Alcalde Local solicitándole información al respecto.7. a través del Centro Operativo Local de Puente Aranda y Antonio Nariño ha venido adelantando acciones preventivas y de asistencia con las familias ubicadas sobre la línea del Ferrocarril (Comuneros) carrera 41 con calle 9ª y las ubicadas en la calle 22 con carrera 30 (Pedro León Trabucci) a través de los siguientes proyectos: 1-Atención a la Mujer Gestada y Lactante: .
La población atendida oscila entre 30 y 40 Madres Gestantes hasta los cuatro meses de lactancia. Señala igualmente que se han adelantado varias reuniones con la Subsecretaría de Asuntos Legales de la Alcaldía Mayor.” 8. Atención médica a los adultos y menores que incluye: Consulta con el Médico General y/o Especialistas. -Es importante anotar que se realizan periódicamente visitas domiciliarias y seguimiento de cada caso. -Una campaña de Citología en el Centro de Desarrollo Asunción. son beneficiarios del proyecto 70 menores.A través de la coordinación interinstitucional se han llevado a cabo: -Una brigada de salud en donde participaron activamente las familias de Comuneros. La Personería del Distrito señala: “El pasado 15 de noviembre se practicó nueva visita administrativa a la Alcaldía Local de Puente Aranda. el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito.Asesorías. 3. orientación. Dicha atención está representada en: Apoyo nutricional a través de un mercado mensual por un tiempo definido (no más de tres meses). y que a la Personería Distrital no se le había invitado por no considerarlo necesario. 6. exámenes de laboratorio. la Secretaría de Gobierno y la Alcaldía Local de Puente Aranda. apoyo y tratamiento a nivel individual y/o familias. capacita y se les brinda apoyo nutricional representado en un mercado mensual. asesora. 4. pero es tal la lentitud en las soluciones concretas que se llegó a la presentación de las tutelas que son motivo de revisión. a las cuales se orienta. siendo beneficiarios indirectos 20 menores. -Actualmente se ha participado en la elaboración de los censos para la reubicación de estas familias por orden del Alcalde Mayor de Bogotá. a efecto de verificar si efectivamente se había conseguido y adquirido el predio para la reubicación de los petentes. 2. esperando tener suficientes propuestas. .” Hay que agregar lo siguiente: Desde 1987 se ha venido tramitando en las dependencias del Distrito y específicamente en la Caja de Vivienda Popular principios de solución institucional al problema surgido por la ocupación de espacio público en las zonas aledañas al ferrocarril en la localidad de Puente Aranda. 5.Vinculación de jóvenes a procesos comunitarios: Este proyecto se encuentra en su fase inicial y han participado un número de 20 a 25 jóvenes. Población de menores atendidos de 40 a 50.Servicio Integral de Gestión de Empleo: A través de éste servicio se han vinculado laboralmente un total de 4 Madres cabeza de familia.Atención a las Familias de Alto Riesgo de Indigencia: En este proyecto se le brinda una atención social integral a un total de 35 a 45 familias. exámenes especializados y servicio de oftamología. la Caja de la Vivienda Popular del Distrito público un aviso en un periódico para recibir ofertas el fin de semana último. -Se distribuyó Bienestarina a todas las familias con hijos menores. Población de menores beneficiarios de 100 a 120. para la concertación de la reubicación de las familias residentes en la vía férrea.8. acotando el Señor Alcalde Local que ante la dificultad de encontrar un predio idóneo para el proyecto. la Caja de la Administración de Acción Comunal. droga.
no hace parte de su objeto la implementación de los mismos. en concordancia con los artículos 33. Como Usted comprenderá.9. y. 34. 2591 de 1991.” II. Esa razón no puede ser otra que la contenida en la llamada TEORIA DE LA CONFIANZA LEGITIMA. el INURBE y FERROVIAS adopten un programa de reubicación de los peticionarios que garanticen los derechos establecidos en los artículos 13. en los expedientes T-78710 y T-78659 se suspendió el desalojo hasta tanto no se cumplieran dos condiciones: la primera. ya que en el expediente T-77330 se suspendió el desalojo por dos meses y se ordenó que en dos meses el Alcalde efectuara un programa integral para reubicar a los solicitantes de la tutela. una sola persona o familia invasora de la línea férrea que sea nuestra obligación reubicar. 35 y 36 del Decreto No. Hay que buscar una razón jurídica para proferir una sola decisión que cobije a todos los solicitantes. con fundamento en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral noveno de la Constitución Política. además. Temas jurídicos a tratar Los cuatro casos acumulados terminaron en el Consejo de Estado con una sentencia que negó la tutela y tres fallos que la concedieron pero de diferente manera. que la Alcaldía. 11. su examen se hace por virtud de la selección que de dicha acción practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. puesto que como antes se mencionó. implicaría la liquidación de nuestra empresa en proceso de recuperación. no sin antes precisar que los bienes de uso público .8. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de las acciones de tutela de la referencia. la Caja de Vivienda Popular. ni ha adelantado programas para la reubicación de quienes viven a la orilla de la carrilera. debo informarle que FERROVIAS actualmente no dispone de ningún predio urbanizable en la ciudad de Santafé de Bogotá. la segunda: que el Departamento Administrativo de Bienestar Social del Distrito y el Instituto de Bienestar Familiar garanticen los derechos de los menores procurando mantener la unidad familiar antes de la ejecución de cualquier medida. FUNDAMENTOS JURIDICOS 10. 42 y 44 de la Constitución política. FERROVIAS se negó a enviar a la Corte Constitucional el inventario de bienes inmuebles. por cuanto significaría que ese mismo tratamiento tendríamos que darlo a todos los invasores de los no menos de tres mil kilómetros de línea férrea que cubre el país. los cuales consideramos dependen de otros entes creados especialmente para solucionar problemas sociales como la dotación de vivienda. Esto es lo que informa a la Corte: “ No obstante lo anterior y dando respuesta concreta al requerimiento.
deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores ambulantes de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna”ii[ii]. El espacio público Una de las primeras tutelas escogidas por la Corte Constitucional para revisión fue la de los vendedores ambulantes de Ibagué que ocupaban para su trabajo sitios correspondientes al espacio público. 1º C. pues regula adecuadamente el uso del espacio público. Lo anterior supone. de donde se sigue con igual lógica que puede someterla a las normas sobre ordenamiento urbano que aseguren el desarrollo comunitario y el progreso de sus ciudades. Ahora bien.N. pues los bienes de uso público figuran.. Desde el 17 de junio de 1992 (T225/400) ésta ha sido la jurisprudencia: “De otro lado está el interés general en el espacio público que está igualmente en la mente de la Constitución. entre otros.).... porque el INTERES GENERAL prevalece sobre el interés particular (art. como si fuera poco. regularán la utilización del suelo.P. las determinaciones tomadas por el Consejo de Estado aceptan esta . en consecuencia.N. Existe también el derecho a la seguridad personal de los peatones y vehículos que se sirven de esos bienes públicos que son las vías. etc.son imprescriptibles. en defensa del interés común". parques. En esa oportunidad la Corte consideró que la recuperación del espacio público es una obligación del Estado que no puede ser obstaculizada por la invocación del derecho al trabajo. sino que también representan una actividad económica garantizada igualmente por la Constitución (art. aceras. C. inembargables e imprescriptibles (art. dan trabajo y son el resultado de esfuerzos personales a veces muy prolongados. 333 y ss. que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado. en una categoría de tratamiento especial. el cual prevalece sobre el interés particular" y que termina ordenando que "las entidades públicas. inembargables. Pues bien.. en tres de los casos que motivan las tutelas acumuladas que se definen en el presente fallo. inenajenables y que se reitera lo que tiene que ver con el siguiente tema: 12. asi: "Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común.) y. C. ya que son inalienables. y el muy importante interés de los comerciantes aledaños que no solamente pagan sus impuestos.) y tienen destacada connotación de acuerdo con el artículo 82 ibidem que la Corte quiere resaltar. utilizan probablemente los servicios públicos domiciliarios y cumplen la ley. 63. que debe ser común y libre y en el que debe primar el interés general y deja a salvo el ejercicio reglamentado del trabajo mediante la economía informal en aquellos sitios que lo permitan. en este difícil equilibrio de intereses no le queda duda a la Corte de que una medida como la del Alcalde Municipal de Ibagué cumple los objetivos propuestos.
zona de paso de rieles del tren. 13. El bien de uso público por la finalidad a que está destinado.” En el mismo sentido y respecto del caso de esta tutela. por lo tanto en su cabeza se encuentra la atribución de resolver la acción de restitución de bienes de uso público tales como vías públicas urbanas o rurales. construcción y protección de esos bienes contra ataques de terceros. Esta Sala de Revisión considera que algunos de los derechos fundamentales invocados por los peticionarios encuentran protección constitucional a través de la figura de la CONFIANZA LEGITIMA. el abogado de los peticionarios precisamente solicita la reubicación de sus poderdantes.”(artículo 139 numeral 7º del Decreto 1333 de 1986)”iv[iv]. el Personero municipal en defensa del interés público puede “demandar de las autoridades competentes las medidas de policía necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público. Además. Lo anterior no significa que para los casos de las presentes acciones de tutela los ocupantes queden desamparados. duda alguna sobre la facultad que tienen los funcionarios de policía para proteger los bienes de uso público y rescatar el espacio público ilegalmente ocupado. atendiendo el normal y correcto desarrollo del tránsito y evitando todo acto que pueda perturbarlo. La confianza legítima en la protección de derechos . el artículo 297 de la Ordenanza 018 de 1971 o Código de Policía de Caldas dispone que “la policía garantizará el uso permanente de las vías públicas. como se explicitó en la T-150/95iii[iii]: “12. otorga al Estado la facultad de detentar el derecho a la conservación de los mismos y por tanto la normatividad que los regula ordena velar por el mantenimiento. Significa lo anterior que el espacio público y los bienes de uso público deben ser protegidos y al hacerlo el funcionario policivo cumple con su deber y por lo mismo su conducta es legítima y la orden que da de desalojo a quienes lo ocupan tiene la obligatoriedad propia del acto administrativo. según lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Policía. para los cuatro casos. Es más: Si la protección a los bienes de uso público es un deber que corresponde a las autoridades ésta se realiza a través del Poder de Policía del Estado y de las características de ejecutoriedad y ejecutividad del acto administrativo. Para el caso el artículo 124 del Decreto 1355 de 1970 o Código Nacional de Policía. tiene el deber jurídico de ordenar la vigilancia y protección del bien de uso público en defensa de los intereses de la comunidad. No existe. y.” El alcalde como primera autoridad de policía de la localidad (artículo 84 de la Ley 136 de 1994).posición jurisprudencial. dispone que “a la policía le corresponde de manera especial prevenir los atentados contra la integridad de los bienes de uso público. que se deriva del poder general de policía del Estado y se hace efectivo a través del poder de sus decisiones ejecutorias y ejecutivas. La protección se realiza a través de dos alternativas: por un lado la administrativa. pues.
a la protección de los bienes del Estado y el Derecho a la vivienda de unos ocupantes a quienes se les ha tolerado dicha ocupación. Confianza legítima de que no se le va a imponer una prestación cuando sólo. Y en que no le va a ser exigido en su lugar. En razón a esto tanto la administración como los administrados deben actuar conforme a las exigencias de la buena fe.”vii[vii] Esa confianza. El Principio del interés general a su vez determina el contenido y campo de aplicación del principio de la confianza legítima. NI RESARCIMIENTO. pasaron muchos años y la administración Distrital ni desalojó ni solucionó un problema que con sus omisiones contribuyó a crear. tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias éticas. a lo cual determinó que” en caso de enfrentamiento el interés público tendrá primacía sobre la confianza legítima: Teniendo en cuenta que el marco de una . como tampoco desconocimiento del principio del interés general. en atención a sus circunstancias personales y sociales. sin olvidar “Que el derecho nunca debe ser manejado de espaldas a su fundamento ético que debe ser el factor informante y espiritualizador” vi[vi]. superando dificultades extraordinarias podrá ser cumplida. En tal sentido lo señaló El Tribunal Europeo de Justicia en Sentencia de 16 de mayo de 1979: “al estudiar el conflicto que surgió entre el principio de la confianza legítima y el interés público. los ocupantes del espacio público de buena fe creyeron que la administración del Distrito colaborarían en una solución paralela al desalojo. Asi lo consagran de manera expresa los artículos 1º y 63 de la Constitución Política de Colombia. asi como la administración pública no puede ejercer sus potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan. Es claro que la contraposición entre los intereses puramente particulares de los individuos aisladamente considerados. y lo público sobre lo privado. producto de la buena fé. aquella conducta que. puede esperarse de una persona”. Pues en el. Lo anterior implica que. según la estimación de la gente. es la que en un Estado Social de Derecho explica la coadyuvancia que el Estado debe dar a soluciones. ha de resolverse necesariamente a favor de los intereses generales. NI REPARACION. “en donde juega un papel no sólo señalado en el ámbito del ejercicio de los derechos y potestades. La organización administrativa del Estado reposa sobre el principio del interés general.La razón central para considerar que en las presentes tutelas no se excluyen el derecho al espacio público. En las tutelas que motivan este fallo. y a las propias necesidades públicas. NI INDEMNIZACION. sino en el de la constitución de las relaciones y en el cumplimiento de los deberes. “La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga. encuentra su fundamento en la teoría de la confianza legítima sustentada en el principio general de la buena fe. y los intereses generales. sin que esto signifique NI DONACION.v[v] La buena fe incorpora el valor ético de la confianza. la confianza legítima encuentra su mas claro límite. comporta la necesidad de una conducta leal. en el momento ni en la forma más inadecuados. pues lo colectivo debe primar sobre lo individual. honesta. El principio de la buena fe se presenta en el campo de las relaciones Administrado y administración.
el principio del respeto de la confianza legítima prohibe a las instituciones comunitarias modificar esta reglamentación sin combinarla con medidas transitorias.) Pero al mismo tiempo. Potestad que determina la imprescriptibilidad de los bienes de uso público por la ocupación temporal de los particulares. le obliga a dispensar su protección. La Sala considera que las órdenes. Que en virtud de su potestad y ejercicio de las finalidades del Estado pueden ser limitados. aunque serán autónomas tienen carácter complementario. aun procedente del Poder Legislativo. que formulado por la jurisprudencia Alemana. El problema de tal trato. lo que dicho de otro modo implica una condena de los cambios bruscos adoptados por sorpresa y sin las cautelas aludidas. 63 C. que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por los administrados que ocuparon tal Espacio Público.”viii[viii] El Principio de la confianza legítima encuentra un límite en su contenido y alcance que es dado por PRINCIPIO DEL INTERES GENERAL. (art. Para el caso concreto es claro que la administración permitió la ocupación de una tierras que constituían Espacio Público y no hizo nada para impedirlo. pero si. estableciendo con su permisividad la confianza por parte de los administrados de crear unas expectativas en torno a una solución de vivienda. Retomando el tema de la confianza legítima en la teoría administrativa: la relación entre administración y administrado plantea el gran problema de establecer las delimitaciones legales de los derechos de éstos últimos frente a la administración. deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos personas de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna. al legislador modificar las regulaciones generales con el fin de adaptarlas a las exigencias del interés público. obliga a la administración a proporcionarles en todo caso tiempo y medios. Es importante anotar que la aplicación del sistema exige como requisito sine qua non que los sujetos administrativos se encuentren respecto a la producción del daño en una situación propia del derecho administrativo . en consecuencia. Esa modificación legal. supone para sus destinatarios un sacrificio patrimonial que merece un calificativo especial. en caso de alteración sensible de situaciones en cuya durabilidad podían legítimamente confiar los afectados. fue resuelto por el principio de protección de la Confianza legítima.reglamentación económica como la de las organizaciones comunes de los mercados agrícolas. . “reequilibrar” como dice García Enterría. salvo que un interés público se oponga a la adopción de tal medida. hizo suyo el Tribunal Europeo de Justicia en Sentencia del 13 de julio de 1965. la Confianza legítima como medida de protección a los administrados se origina cuando de un acto de aplicación de una Norma. Tal consideración nos permite justificar el por qué esta Corporación revocará la decisión del Consejo de Estado con respecto a las órdenes dadas en la parte resolutiva de su Sentencia. para reequilibrar su posición o adaptarse a la nueva situación. no impide. Lo anterior supone. en comparación del que pueda derivarse para el resto de la Colectividad. Sobre este Principio el tratadista García de Enterria señalaix[ix]: Dicho principio.P.
Esto significa que en el presente caso no se dió cumplimiento igualitario al derecho establecido en el artículo 51 de la Carta Política que dice: "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. para algunas personas no ha habido otorgamiento de soluciones de vivienda por cuanto en la fase de ejecución se les entregó lo proyectado a personas ajenas al conflicto con criterio de clientela política. también es cierto que algunos de los peticionarios afirman que para ellos no ha habido solución. pero en algunas circunstancias lo sería si está en conexidad con otros derechos fundamentales y si. Pero se ha reconocido. aspecto que tenía en cuenta la necesidad de vivienda y capacidad económica de los ocupantes del espacio público en comento.concretó un principio de solución razonable. Cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado. debe poner en ejecución mecanismos para que las personas que se vean perjudicadas con ellas puedan reubicar sus sitios de trabajo en otros lugares. La conducta de la administración en concepto de la Sala. mediante acto administrativo -Acuerdo del Concejo Distrital número 19 de 1987. que el Estado en las políticas de recuperación de dicho espacio. entra en conexidad con la BUENA FE y con el principio de IGUALDAD.La Corporación en la sentencia T-372 de 1993. por el interés general en que se fundamenta. sólo fue una solución parcial para algunos de los ocupantes que obviamente no pueden ser protegidos por las determinaciones que se adoptaran en el presente fallo. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social. analizando el tema de los vendedores ambulantes y refiriéndose al principio de la Confianza legítima señaló: “El conflicto entre el deber del Estado de recuperar y proteger el espacio público el derecho al trabajo. igualmente. por cuanto al confrontar las circunstancias de hecho el Estado -Distrito Capital. Del libre ejercicio del derecho fundamental al trabajo depende la subsistencia de las familias de los vendedores ambulantes. por cuanto previó y proyectó la entrega de lotes con servicios con exoneración del pago de la cuota inicial. la ocupación del espacio público no está legitimada por la Constitución. y por el otro. Porque si bien es cierto el Distrito. ha sido resuelto en favor del primero de éstos. Esto incide en el caso concreto en un doble aspecto: Por un lado no se ha desocupado el lote pese a su carácter de bien de uso público y a la prevalencia del interés general. . sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.al hacer efectivo este derecho le dió un trato distinto a dos situciones iguales. como en el caso en estudio. deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores ambulantes de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna”. Este derecho a la vivienda digna en abstracto no hace parte de los derechos fundamentales. por lo tanto debe facilitársele las condiciones a quienes aún no tienen la solución y excluirse a aquellos que ya tienen vivienda o han sido reubicados. Sin embargo. vulneró el principio de confianza que debe preceder toda relación entre el administrado y el administrador.
para que prospere una tutela como protección al derecho a vivienda digna es indispensable estudiar con mucha atención cada caso particular. Básicamente ella implica un conjunto de condiciones materiales y espirituales de existencia que permita vivir y vivir con cierta calidad. el derecho constitucional materializado adquiere fuerza normativa directa y a su contenido esencial deberá extenderse la necesaria protección constitucional”. el derecho a la vivienda digna se califica como derecho fundamental derivado. Se recalca. Entre las condiciones materiales de existencia digna se encuentra sin duda la vivienda. De los nómadas a las cavernas.. para analizar si en determinadas circunstancias se puede catalogar o no como derecho fundamental. En dado caso. teniendo en cuenta las condiciones materiales. De hecho la humanidad se ha relacionado históricamente con la vivienda en forma paralela al desarrollo de la civilización. la salud y la formación son también indispensables. "El derecho a una vivienda digna no otorga a la persona un derecho subjetivo a exigir del Estado. porque al tratarse de una medida en favor de un grupo marginado. con el fin de permitir un espacio idóneo para el libre desarrollo de la personalidad. la Corte ha dicho: "La dignidad comprende varias dimensiones de la vida del hombre. Los derechos constitucionales de desarrollo progresivo o derechos programáticos. los derechos de segunda generación no son susceptibles de protección inmediata por vía de tutela.Respecto a la VIVIENDA DIGNA. de las casas a los edificios. toda la evolución del hombre se traduce en su forma de vivienda” x[x]. al tenor del artículo 14 de la Carta. Otros elementos como la alimentación.xi[xi] En el caso de las cuatro tutelas que se resuelven en el presente fallo.. Situación diferente se plantea una vez las condiciones jurídico-materiales se encuentran de manera que la persona ha entrado a gozar de un derecho de esta categoría. por cuanto era legítimo que todos los marginados ocupantes del lote destinado al espacio público esperaran de la administración una conducta leal y honesta. de manera directa. igual a quienes se les dió la solución para la realización del fin público perseguido: . Pero en este negocio importa poner de manifiesto el carácter vital que tiene para la dignidad el gozar de una vivienda. libertades y oportunidades sin ninguna discriminación. Por esto es acertado afirmar que. condicionan su efectividad a la previa obtención de las condiciones materiales que los hacen posibles. en principio. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados” En el presente caso confluye el principio de la igualdad en la aplicación de la norma jurídica con el principio de la buena fe. de los bohíos a las casas. se vulneró lo preceptuado en el artículo 13 de la Constitución que dice: “Todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. una prestación determinada.
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios. se les venía haciendo a los ocupantes de la zona aledaña al ferrocarril numerosas y reiteradas promesas. D. derechos y deberes consagrados en la Constitución. no se trata de un co-gobierno. 2º C. se establece que “los recursos del situado fiscal se destinarán a financiar la educación preescolar. asi mismo. art. en sentencia T-207/95 al referirse a los derechos prestacionales. planes. ya esta Sala de Revisión.).C.P. en los niveles que la ley señala. El Distrito se comprometía a dar solución a esa Comunidad. y aún después de las sentencias de tutela hay un acta que lo confirma. programas. en aras de “servir a la comunidad. por ejemplo en el artículo 356 C. política. el juez de tutela orienta la gestión administrativa dentro de los parámetros que la Carta indica cuando. (Acuerdo 19 de 1987. mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia de un orden justo” (art. se haya probado la violación o amenaza del derecho fundamental del accionante por la falta de determinada inversión y ante comprobada negligencia administrativa. en la Constitución Política se definen un norte específico a seguir en la administración estatal. primaria. hay algo más: probatoriamente la confianza legítima es corroborada con expresiones de la administración consignadas en actas. en concreto.P. Se repite. administrativa y cultural de la Nación. sino de hacer cumplir unos concretos mandatos constitucionales que orientan la gerencia pública. y la salud. indicó: “Asi las cosas. por ello es criticable que en más de treinta años Santafé de Bogotá haya permitido ocupación del espacio público y en más de diez años algunos funcionarios hayan postergado la solución de los problemas humanos que surgieron por la desidia de los . Se aprecia. Además. secundaria y media. con especial atención a los niños”. en injustificada ausencia de decisión del gestor. entonces. el artículo 357 ibídem establece que la participación municipal en los ingresos corrientes de la Nación estará orientada por una ley. En efecto. desde años antes de interponerse las acciones de tutela. esto reafirma aún más la aplicación de la CONFIANZA LEGITIMA.” Pero. que “determinará el porcentaje mínimo de esa participación y definirá las áreas prioritarias de inversión social que se financiarán con dichos recursos”. 24: “La Caja de Vivienda Popular exonerará del pago de la cuota inicial de los lotes de Ciudad Bolívar a las familiar que va a trasladar de la zona del ferrocarril y del barrio La Belleza”). defender la independencia nacional. se resalta que esta decisión del Concejo es una prueba muy importante de la BUENA FE y consecuencial confianza legítima de quienes han instaurado la tutela. teniendo en cuenta el elemento presupuestal. en Acuerdo del Concejo de Santafé de Bogotá. a iniciativa del Gobierno. excepcionalmente la orden del juez de tutela puede corregir la omisión de una autoridad administrativa cuando tal conducta implica la violación directa o por conexidad de un derecho fundamental.EL DESALOJO DEL ESPACIO PUBLICO OCUPADO. facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica. Consta en los expedientes que de tiempo atrás. cómo la Carta Política no deja la acción estatal como una rueda suelta sino la condiciona y la encauza de determinada manera. En el caso específico de la ejecución de una determinada obra pública.
peor aún. en la amenaza de la propia integridad étnica y cultural de la comunidad Wayúu. sino que exige acciones concretas para satisfacerlas. a adoptar las medidas necesarias para el desarrollo social y cultural de dicha comunidad. además.. las condiciones para lograr la igualdad material de una comunidad discriminada y marginada. En caso similar cuando hay muchas promesas y poco cumplimiento. El incumplimiento de este tipo de obligaciones. 2 C. T-342 de fecha julio 27 de 1994 cuando ordenó proteger la diversidad étnica y cultural de la Tribu Nukak-Maku. es contrario a la filosofía que emana del preámbulo de la Carta y al principio de la buena fe (art. a juicio de la Sala. porque en este caso el Estado en dicho Acuerdo se obligó a promover. 7 y 8 de la C. es bien probable que la situación desemboque en la asunción de rumbos desesperados.) y la justicia material. la oferta o el compromiso estatal para atender en .. 13 C. El Estado Social de Derecho no sólo demanda de éste la proyección de estratégias para dar soluciones a las necesidades básicas de la comunidad en lo social y en lo económico. resta credibilidad y legitimidad a la acción del Estado.P. con acciones concretas. que se consideran medulares para la supervivencia y el desarrollo socio-cultural de la etnia Wayúu como grupo social que merece la especial protección del Estado en los términos de los artículos 1. por lo tanto. 83 C. sino ciertos y reales. además.P. Llama la atención de la Sala la circunstancia de muy común ocurrencia en que el Estado para superar una emergencia derivada de un conflicto social con un grupo humano determinado. sólo podría definirse probablemente después de muchos años.P. no pueden ser ajenas a las preocupaciones del Estado. A esta solución llegó esta misma Sala en la sentencia No. frustra las aspiraciones legítimas de la comunidad. La consideración de esas eventualidades. no meramente programáticos. ni esquivarse dentro del análisis de esta providencia. y en el entendido de que ella entrañara una decisión estimatoria de las pretensiones. la decisión final. que el Estado a través de las entidades públicas intervinientes en la celebración del Acuerdo se comprometió a la realización de una serie de acciones tendientes a garantizar de manera concreta el derecho al trabajo de la comunidad Wayúu con la organización y funcionamiento de una empresa que se encargara de la explotación de la sal y. asume obligaciones a través de convenios con las partes en conflicto. el compromiso asumido tiende a hacer efectivos derechos que se estiman fundamentales. alienta las soluciones violentas a sus reclamaciones y.funcionarios. reclama unas definiciones ágiles.) contribuye además a hacer realidad el principio de igualdad (art. que luego son incumplidos. o. Hay que considerar adicionalmente. Por lo tanto.).P. La efectividad de los aludidos derechos (art. porque de otro modo. por remotas que parezcan. la Corte señaló: “En el supuesto de que se pudiera acudir a una acción para lograr la ejecución del Convenio aludido. cuando lo crítico y conflictivo de la situación social que confronta la comunidad.
concreto dichas necesidades requiere ser traducido a la realidad. especialmente si los niños viven en condiciones infrahumanas. una decisión que debe ser obedecida o satisfecha. no por eso el Estado se puede desatender de la protección al menor y del mantenimiento de la unidad familiar. concreción y materialización del derecho. más aún cuando se trata de proteger o amparar derechos fundamentales. justa y válida la apreciación de los jueces de tutela al señalar la protección a tales menores.. pues. hay información en el expediente sobre las medidas que por parte del ICBF y el Departamento Administrativo de Bienestar Social se han tomado o se pueden tomar. al derecho a la unidad familiar. esta Sala de Revisión los tendrá en cuenta en las órdenes que se darán. en favor de esos niños. La solidaridad y los derechos del menor Las sentencias que se revisan parten también de otra base: que se han violado los derechos fundamentales consagrados en los artículos 42 y 44 de la C. no propiamente porque el respectivo convenio o acuerdo cree el derecho fundamental. el impacto del subdesarrollo en sectores marginales exige una presencia mayor del Estado. pues éste ya aparece determinado en el ordenamiento constitucional. En consecuencia. El cumplimiento de esas obligaciones. además. Es. a las decenas de menores que habitan en las orillas del ferrocarril en Santafé de Bogotá. prontas y concretas. 15. pues.se constituye en un instrumento de determinación. Es más. las tutelas no prosperan por violación al derecho al trabajo. sino por vulnerar el derecho a la buena fé. No se trata solamente de exigir que se adopten programas sino de producir definiciones ágiles. Es. .P. en cuanto contribuyan a realizar efectivamente los derechos fundamentales. indispensable que haya acciones concretas y no ofrecimientos coyunturales que se enredan luego en trámites burocráticos muchas veces inoficiosos y otras veces engañosos. Hay que aclarar que la existencia de menores de edad no impide una determinación judicial de lanzamiento o administrativa de desalojo. los derechos del niño. Ocurre que en la comunidad cuyo desalojo se anuncia hay numerosos niños. a la igualdad. Significa lo anterior que se revocará la sentencia que negó la tutela y que se confirmarán las tres sentencias que la otorgaron pero con las modificaciones aludidas y las precisiones que a continuación se harán. es decir. Como. sino porque la unión de las voluntades -la estatal y la de la comunidad. Pero. 14. El Artículo 86 de la Constitución Política establece que a consecuencia de la acción de tutela la protección de los derechos fundamentales se traduce en una ORDEN. Ordenes. puede demandarse a través de la acción de tutela. que le imprime un vigor adicional para su exigibilidad”xii[xii]. a vivienda digna que se genera en este caso con la situación concreta de los ocupantes y con el comportamiento de la administración.
. Lo anterior implica: a) Adquisición por parte del Distrito Capital (Caja de Vivienda Popular) de inmueble o inmuebles para entregar a los solicitantes en forma de lotes con servicios. El plazo máximo de dos meses era razonable..2º La adquisición de terrenos para conformar zonas de reserva destinadas a proyectos de vivienda”. y el artículo 70 específicamente en lo que tiene que ver con los “Bancos de tierras” incluye al Distrito Capital. Paralelamente. pretenden los solicitantes. Se dirá que en las otras dos tutelas el desalojo está supeditado a la efectividad de condiciones previas que aún no se han cristalizado y que no sería equitativo desalojar a unos y mantener en el sitio a otros cuando la decisión policiva de desalojo fue general. ni implica que se desconozca el principio de que los bienes de uso público son imprescriptibles. Se considera como fecha prudente para cumplir con todo lo ordenado el doce de febrero de 1996. artículo 2º que establece que las apropiaciones previstas en la Ley 61 de 1936 y el Decreto 1465 de 1953. podrán destinarse a: “. que se suspenda la orden de desalojo dada por el Alcalde Local de Puente Aranda y el Consejo de Justicia de Santafé de Bogotá. en primer lugar. Considera la Sala que la suspensión del desalojo facilitaría una solución de vivienda para quienes serían lanzados de su tradicional sitio donde habitan. Es dentro del mismo lapso porque entre otras razones hay cambio de anualidad presupuestal y hay que adoptar medidas operacionales necesarias. que no tengan vivienda. que serán favorecidos con el otorgamiento de préstamos. Adicionalmente está el Decreto 706 de 1995 sobre el mismo tema. No solamente lo lograron temporalmente sino que el término razonable de dos meses que fijó una sentencia del Consejo de Estado ya precluyó y el desalojo no ha operado. esta objeción hay que tenerla en cuenta y por lo mismo la orden debe ser general y no fraccionada. Esta medida está supeditada a estas tres condiciones: . que tengan en cuenta su capacidad económica y los Acuerdos del Concejo Municipal. como ya lo había aceptado la Caja de Vivienda Popular en ocasiones anteriores. 137 que le da prioridad al gasto social.. la Administración del Distrito Capital y el INURBE deberán concretar en la práctica todos los pasos para garantizar el derecho a vivienda digna de los solicitantes. -La Ley 3 de 1991 y su Decreto reglamentario Número 599 del mismo año que crearon el sistema nacional de vivienda y regularon el subsidio familiar de vivienda. -La Ley 130/85. no podrá excederse tal término en las ordenes que se darán. pero esa suspensión no puede ser indefinida. la suspensión del desalojo no puede ir mas allá del 12 de febrero de 1996. -La Ley 9 de 1989. en sus artículo 125 y 70 que vinculan al Distrito a la normatividad de esa ley. art. antes del 12 de febrero de 1996. -La Ley 61 de 1936 y el Decreto 1465 de 1953 (con fuerza de ley en virtud de la Ley 2ª de 1958) que obligaron a destinar un porcentaje del 5% del presupuesto municipal a planes de vivienda social. como tampoco se ha efectuado en la acción de tutela que no prosperó. Estas decisiones se tomarán con fundamento en las siguientes disposiciones legales: -El Estatuto de Bogotá (Decreto 1421/93). Es decir.Pues bien.
superándose todas las trabas dentro del espíritu que en sus considerandos y artículos pertinentes trae el Decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995. antes del 12 de febrero de 1996. e) En cuanto a la protección de los menores. También se buscará que las soluciones sean concertadas. se hará la tradición de la respectiva solución de vivienda. pero eso no quiere decir que la negativa de alguno o algunos de los solicitantes a aceptar la solución justa impida el desalojo. En mérito de lo expuesto la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional. (Aparecen en las solicitudes con su cédula de ciudadanía). d) Por lo mismo. Estas órdenes al Distrito Capital (Caja de Vivienda Popular) e INURBE implican el respeto a soluciones dignas respecto a la vivienda por la condición de buena fé. la protección al espacio público es de interés general. la Entidad que falló en la primera instancia vigilará pormenorizadamente el cumplimiento del presente fallo. se ordenará que dicha Caja lo presente de inmediato para facilitar el cumplimiento por parte del INURBE. . para lo cual. Y. Se aspira con esta medida que haya efectividad en las órdenes de tutela que se darán. las órdenes que se darán en la parte resolutiva serán la mismas que el ICBF y el Departamento Administrativo de Bienestar Social reportaron a esta Corporación. los solicitantes fueran habitantes del sitio por desalojar. el INURBE adjudicará subsidio familiar de vivienda a los solicitantes que cumplan las tres condiciones reseñadas anteriormente. c) No puede Ferrovías limitar su accionar a esperar que se le entregue el espacio público desocupado sino que debe colaborar en la pronta solución para las familias que van a desocupar los terrenos aledaños a la carrilera.-Que el favorecido sea solicitante en las acciones de tutelas que originan este fallo. igualmente tendrá en cuenta el mantenimiento en lo posible del grupo humano de recicladores que instauraron la tutela y préstamos blandos a largo plazo. sobre todos los pasos que el Distrito Capital y el INURBE hayan dado sobre lo ordenado por esta Corte. para lo cual tanto el Distrito como el INURBE darán toda la información. rendirá un informe al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. so pena de responsabilidad por parte del representante legal de dicha entidad. -Que en la fecha del presenta fallo no tengan propiedad raiz dentro del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. con la garantía hipotecaria que se considere pertinente. Adicionalmente. se repite. Como el INURBE justifica la demora en que la Caja de Vivienda no ha presentado el programa. a la Sala que conoció la tutela. administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. cada ocho días seguirá indicando a dicho Tribunal el desarrollo de lo resuelto en la presente sentencia. -Que en el momento en que se profirió por la Alcaldía de Puente Aranda la providencia de desalojo. antes citadas deben tener en cuenta no solamente los principios de eficacia y eficiencia sino que la administración debe estar al servicio de la comunidad (artículo 123 y 209 C. Acreditadas estas condiciones la administración cumplirá la orden impartida. la Defensoría del Pueblo vigilará el desarrollo de lo que aquí se determina. porque. Las Entidades.). inmediatamente terminen las vacaciones judiciales.P. b) En el mismo término.
los derechos a la vivienda digna. atención a la mujer gestante y lactante. . por cuanto coexisten en el presente caso. luego confirmada al resolverse los correspondientes recursos.RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR en su totalidad la sentencia proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. QUINTO: ORDENAR que la suspensión de la orden de desalojo dada en las Resoluciones de 29 de noviembre de 1994. servicio integral de gestión de empleo. orientación y apoyo. Torres y otros y Lilia Chacón Vanegas y otros. ambos con fecha 3 de agosto de 1995. de la Sección 3ª del Consejo de Estado.. en la acción de tutela promovida por Emilse Angola Marín y otros. OCTAVO: ORDENAR al Departamento Administrativo de Bienestar Social del D. en el caso de María del Rosario Cajamarca y otros en cuanto confirmó la decisión del a-quo sobre los derechos de los niños y modificar las órdenes impartidas dentro de la referida tutela. el Distrito Capital de Santafé de Bogotá (Caja de la Vivienda Popular) tome las medidas necesarias para la reubicación de quienes instauraron la tutela. TERCERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia de 19 de julio de 1995. el 29 de noviembre de 1994). SEXTO: ORDENAR que antes del 12 de febrero de 1996. fecha en la cual se realizarán las diligencias de lanzamiento. dando facilidades de pago y cumpliendo con lo señalado en los Acuerdos del Concejo de Santafé de Bogotá y tomando todas las medidas que sean acordes con los considerandos expuestos en esta sentencia. dentro de la querella Nº 005 de 1994. en cuanto tutelaron los derechos consagrados en los artículos 42 y 44 de la Carta Política y modificar las órdenes impartidas en las sentencias de 2ª instancia. CUARTO: TUTELAR. que adelante acciones de protección dentro de los comuneros que solicitaron la tutela que motiva este fallo. el cual se dará en forma de lote con servicios para todos y cada uno de quienes reunan las señaladas condiciones. proferida por el Alcalde Local de Puente Aranda. haciendo tradición con garantía hipotecaria. entre las cuales están.C. dentro de las medias estarán: adquisición de inmuebles para la reubicación. SEPTIMO: ORDENAR al INURBE. el 7 de julio de 1995. siempre que cumplan con las tres condiciones relacionadas en la parte motiva (identificación que aparece en las solicitudes de tutela. no posea bien raiz en el Distrito Capital y ser ocupante de la zona por desalojar a la fecha de la diligencia. asesoría. es una suspensión que opera hasta el día 12 de febrero de 1996. SEGUNDO: CONFIRMAR parcialmente las sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en los casos de Laura M. que antes del 12 de febrero de 1996 se adjudique subsidio familiar de vivienda a los solicitantes de la tutela y que estén dentro de las condiciones del numeral anterior. atención a familias de alto grado de indigencia. en la diligencia de inspección ocular. de acuerdo a lo expresado en la parte motiva. a la buena fe y a la igualdad y los derechos de los niños a protección y unidad familiar. vinculación de jóvenes a procesos comunitarios.
apoyo y orientación. especialmente y siempre que se encuentre con la autorización de los padres: atención en Hogares Comunitarios de Bienestar. insértese en la Gaceta Constitucional.brigadas de salud. DECIMO SEGUNDO: por la Secretaría de la Corte Constitucional se dará preferencia a la devolución de los expedientes. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado VLADIMIRO NARANJO MESA. distribución de bienestarina. programas de capacitación. a la mayor brevedad a fin de que el juzgador de Primera Instancia cumpla de inmediato con lo ordenado en este fallo y haga las notificaciones y tome las determinaciones señaladas en el Artículo 36 Decreto 2591 de 1991. Cópiese. apoyo nutricional. NOVENO: ORDENAR al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar especial protección a los menores que aparecen en las solicitudes de tutela y en el encabezamiento de este fallo. Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General . Este último en cumplimiento de sus funciones de veeduría deberá rendir informe a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional. DECIMO PRIMERO: El juzgador de primera instancia y el Defensor del pueblo vigilarán el cumplimiento de lo ordenado. Antes de dos meses se iniciarán tales programas. funcionamiento de restaurante escolar. notifíquese y cúmplase. DECIMO: ORDENAR a Ferrovías cumplir con la colaboración señalada en la parte motiva de este fallo y rendir los informes allí indicados cada ocho dias.
P. Artículo “ Contenido y límites del principio de la Confianza legítima “ Libro Homenaje al Profesor José Luis Villar Palasí . ii[ii] v[v] Gonzalez Perez Jesús. Sentencia T. iv[iv] Sentencia Nº T-150 de 4 de abril de 1995. M.Editorial Civitas.P.Pág 59 vii[vii] IDEM.225/92. Madrid 1989 . de 4 de agosto de 1993. Dr.Curso de Derecho Administrativo. Sección Tercera. Magistrado Ponente: Alejandro Martínez Caballero. 16 de enero de 1995.Editorial Civitas-Madrid pág 375.pág 43. xii[xii] Sentencia Nº T-007. Dr. M. Pag 136-137. Gaceta Constitucional Tomo 2. M.i[i] Consejero Ponente: Juán de Dios Montes. iii[iii] T-150/95. Eduardo Cifuentes Muñoz. M.pág 461. ix[ix] García de Enterria Eduardo y Fernández Tomás-Ramón. vi[vi] x[x] Sentencia Nº C-575 de 29 de octubre de 1992. Antonio Barrera Carbonell. Dr. Ibidem. Magistrado Ponente: Ciro Angarita Barón.Editorial Civitas. viii[viii] García Macho Ricardo.P. xi[xi] .P. Sentencia Nº T-308. Alejandro Martínez Caballero. Alejandro Martínez Caballero.El Principio General de la buena fe en el Derecho Administrativo. Dr.
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