Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-551-de-octubre-12-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_cfc88255c9e747479a6ab8ca563742f1&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-19 22:51:45
Document Index: 51803768

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 193', 'artículo 193', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 228', 'artículo 193', 'artículo 372', 'artículo 191', 'artículo 176', 'artículo 193', 'artículo 229', 'artículo 29', 'artículo 11', 'artículo 1', 'ARTÍCULO 192', 'ARTÍCULO 195', 'ARTÍCULO 194']

SENTENCIA C-551 DE 12 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:CONFESIÓN POR APODERADO SERÁ VÁLIDA CUANDO SE HAYA AUTORIZADO POR EL PODERDANTE. SE ACLARA QUE EL LEGISLADOR HA CONSIDERADO, EN BUEN SENTIDO, QUE LAS AFIRMACIONES Y NEGACIONES REALIZADAS EN JUICIO POR EL ABOGADO TIENEN LA POSIBILIDAD DE COMPROMETER PROBATORIAMENTE LA POSICIÓN DE LA PARTE QUE REPRESENTAN. ELLO ES CONSECUENCIA DIRECTA DE LA RESPONSABILIDAD QUE CONLLEVA EL MANDATO Y UNA COROLARIO DEL DEBER DE COLABORAR CON LA JUSTICIA LA MAYOR RESPONSABILIDAD ENTRE CLIENTE Y ABOGADO PROPUGNA PORQUE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA SEA MÁS EFICIENTE, EVITANDO DILACIONES INJUSTIFICADAS O, TENIENDO QUE SOMETER EVENTUALMENTE A LAS PARTES A PROBAR POR OTROS MEDIOS LO QUE YA SE CONFESÓ. POR LO TANTO, SE CONSIDERA QUE LA CONFESIÓN DEL APODERADO JUDICIAL EN LA DEMANDA, LAS EXCEPCIONES, SUS CONTESTACIONES, LA AUDIENCIA INICIAL Y LA AUDIENCIA DEL PROCESO VERBAL SUMARIO CONTRIBUYE A UNA FINALIDAD CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMA, CUAL ES EL DE LA EFECTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y CON ELLA, EL LOGRO DE UN ORDEN JUSTO. FINALMENTE SE DECLARA EXEQUIBLE LA EXPRESIÓN “LA CUAL SE ENTIENDE OTORGADA PARA LA DEMANDA Y LAS EXCEPCIONES, LAS CORRESPONDIENTES CONTESTACIONES, LA AUDIENCIA INICIAL Y LA AUDIENCIA DEL PROCESO VERBAL SUMARIO. CUALQUIER ESTIPULACIÓN EN CONTRARIO SE TENDRÁ POR NO ESCRITA”, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY 1564 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, CONFESIÓN POR APODERADO JUDICIAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, CONFESIÓN, ABOGADO, ACTUACIÓN DEL ABOGADO
Sentencia C-551 de octubre 12 de 2016
Ref.: Expediente D-11304
Demandante: Carlos Alberto Chamat Duque
ART. 193. Confesión por apoderado judicial. La confesión por apoderado judicial valdrá cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la cual se entiende otorgada para la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario. Cualquier estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.
3.(sic) Primera cuestión previa: aptitud de la demanda.
3.1. Tanto el Procurador General de la Nación como el Ministerio de Justicia y del Derecho consideran que la Corte debe inhibirse en el presente asunto. Para el primero, los argumentos de la demanda carecen de certeza y para el segundo la solicitud del ciudadano adolece de pertinencia, especificidad y suficiencia.
3.2. En el presente caso, la Sala comparte la postura del Procurador y el interviniente en cuanto a la inexistencia de un cargo en lo que respecta a los artículos 1º y 14 de la Carta Política, por las razones que pasarán a exponerse. Sin embargo, considera la Corte que se reúnen los elementos mínimos para generar una duda sobre la constitucionalidad del artículo 193 de la Ley 1564 de 2012 en lo que atañe al derecho al debido proceso; esto es, el artículo 29 constitucional.
3.3. Es menester reiterar en esta oportunidad, entonces, que este Tribunal tiene establecido en su jurisprudencia que al presentar el concepto de violación, el actor debe exponer razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. La Corte refiriéndose al contenido de los argumentos aptos para incoar la acción de inconstitucionalidad, ha expresado:
“La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes(2). De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”(3).
Finalmente, la suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche; así, por ejemplo, cuando se estime que el trámite impuesto por la Constitución para la expedición del acto demandado ha sido quebrantado, se tendrá que referir de qué procedimiento se trata y en qué consistió su vulneración (artículo 2 numeral 4 del Decreto 2067 de 1991), circunstancia que supone una referencia mínima a los hechos que ilustre a la Corte sobre la fundamentación de tales asertos, así no se aporten todas las pruebas y éstas sean tan sólo pedidas por el demandante. Por otra parte, la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prime facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”(17).
3.4. Observa la Sala que vista la demanda en su integridad, en especial en lo que atañe a los cuestionamientos relacionados con la dignidad humana y la personalidad, el demandante parece debatir en sí misma la figura de la confesión por apoderado, mientras en otros apartes su ataque sí se encuentra dirigido contra la expresión que efectivamente demanda; esto es, si la facultad del abogado para confesar, sin que pueda existir estipulación en contra, en la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, vulnera derechos fundamentales. Así, se observa al rompe que la argumentación del demandante presenta dificultades al momento de precisar cuáles son los verdaderos cargos de constitucionalidad que desea ventilar ante este Tribunal.
3.4.1. Así las cosas, al señalar el demandante en relación con el cargo respecto de la dignidad humana, que la norma cuya constitucionalidad que se acusa se inmiscuye de manera arbitraria, inconsulta y desproporcionada en la intimidad de la parte en un proceso judicial –sea esta persona natural o jurídica- al permitir que su apoderado confiese en su lugar, lo que hace es una lucubración que, en el concepto de este Tribunal, carece de especificidad y pertinencia, y no logra definir la manera cómo la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta, basándose en una apreciación subjetiva sobre el alcance de la misma y el principio de dignidad humana.
3.4.2. En cuanto al cargo respecto del derecho a la personalidad jurídica, observa la Corte que igualmente este carece de especificidad y pertinencia, adoleciendo de los mismas falencias ya descritas respecto de aquel relacionado con el artículo 1º de la Carta. A efecto de ilustrar lo dicho, se transcribe en parte el argumento:
3.4.3. Ahora bien, como se advirtió en precedencia, la Corte encuentra que sí plantea una duda mínima de constitucionalidad el cargo relacionado con el debido proceso, especialmente en aquello previsto el aparte final de la expresión demandada, en lo que tiene que ver con la irrevocabilidad de la facultad de confesar. La comprensión que hace el demandante de la norma es clara y cierta, en la medida en que entiende que con lo así dispuesto se está privando a la parte de la facultad de confesar, para, en su lugar, otorgársela incondicionadamente al apoderado que la está representando, en relación con “la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario”. Es específica, pertinente y suficiente en la medida en que el actor logra establecer con su argumentación cómo el derecho constitucional al debido proceso de la parte podría verse vulnerado al quedar radicada en el apoderado la facultad de disponer del derecho en litigio.
5. La libertad de configuración legislativa en materia del diseño de procesos judiciales.
La Corte Constitucional(18) ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República “….expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Con base en esta competencia y en la importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por mandato constitucional, “…de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”(19).
Así las cosas, al legislador le ha sido reconocida una amplia potestad de configuración normativa en materia de la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio(20), a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”(21). En desarrollo de dicha competencia, el Congreso de la República está en la facultad de regular, al interior de los procesos, aspectos como: (i) el establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos; (ii) las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en ellas; (iii) la definición de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Constitución; (iv) los medios de prueba; y (v) los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros.
Ahora bien, aunque el legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, está obligado a respetar a Carta Política.(22) Así, aunque su la libertad de configuración normativa es amplia, tiene límites que se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales.(23) Al respecto, esta Corporación, en sentencia C-555 de 2001 precisó:
La discrecionalidad para la determinación de una vía, forma o actuación procesal no es absoluta; es decir, debe ejercitarse dentro del respeto a valores fundantes de nuestra organización política y jurídica. Igualmente, debe hacer vigente el principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (C.P., art. 228) y proyectarse en armonía con la finalidad propuesta, como es la de realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial(24) en controversia o definición; de lo contrario, la configuración legal se torna arbitraria(25).
Por lo anterior, el legislador debe asegurar la protección ponderada de todos los bienes jurídicos implicados que se ordenan(26), cumpliendo con los principios de proporcionalidad y razonabilidad en relación con el fin para el cual fueron concebidas, con el objeto de asegurar precisamente la primacía del derecho sustancial (art. 228 C.P.), así como el ejercicio más completo posible del derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 C.P.), el debido proceso (art. 29 C.P), el cumplimiento del postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)(27) y el principio de imparcialidad(28). Al respecto, señaló este Tribunal en la sentencia C-520 de 2009, reiterando los fallos C-1512 de 2000 y C-925 de 1999:
De esta manera, la Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad, ya que “…sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”.(29) Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización”.(30)
Para los efectos de garantizar el respeto a tales límites amplios de la potestad legislativa, la jurisprudencia ha decantado una serie de criterios recogidos inicialmente en la sentencia C-227 de 2009: “i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos(31) que en el caso procesal (…) puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.)(32); iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas(33) y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.)(34)”(35).
6. La confesión como medio de prueba y la confesión por apoderado.
6.1. La confesión tradicionalmente ha sido un medio de prueba en los procesos judiciales. Sus orígenes se remontan, como sucede con muchas instituciones jurídicas, al derecho romano. Como lo explicaba un tratadista sobre la materia:
En el Código de Alfonso el Sabio, llamado también por el nombre de su autor Código Alfonsino o de las siete partidas, promulgado en el año de 1348, encontramos la confesión reconocida como prueba en tres formas: judicial, extrajudicial y ficta. En las leyes tercera y cuarta del Título XIV, se trata amplia y detenidamente de la confesión y se establece que para que ésta tenga fuerza de plena prueba ya en materia civil como en materia criminal, es necesario que se rinda libremente en juicio, sin que el deponente proceda por error o por apremio declarándose inválida la confesión emanada por medio del tormento. Estos principios han sido igualmente reconocidos por las modernas legislaciones”(36)
6.2. Ahora, el estatuto en comento contiene reglas especiales relativas a cuatro clases especiales de confesión: la del litisconsorte(37), la del representante de personas jurídicas de derecho público(38), la del representante legal, el gerente, administrador o cualquiera otro mandatario de una persona(39), y la del apoderado judicial. Respecto de esta última, el Código Judicial de 1931 establecía que era válida “cuando para hacerla haya recibido autorización de su poderdante, la que se presume para los escritos de demanda y excepciones y de las respuestas correlativas.” En el mismo sentido, el derogado Código de Procedimiento Civil establecía:
Tanto la doctrina(40), así como algunos de los intervinientes en el presente proceso, han señalado que la modificación de la figura de la confesión por apoderado tiene por finalidad asegurar mayor responsabilidad tanto entre cliente y abogado, como entre este y los demás sujetos procesales, impidiendo que lo dicho en los actos procesales previstos en el artículo 193 sean una mera formalidad en los eventos en los que el poderdante hubiere limitado la capacidad de confesar de su apoderado. Es decir, en términos constitucionales, lo que persigue el nuevo esquema es garantizar una más eficiente administración de justicia (Art. 229 de la Carta).
Piénsese, por ejemplo, en la presentación de la demanda. Esta actuación procesal es de vital importancia, ya que –para empezar- tiene la característica de ser el mecanismo mediante el cual se activa el aparato de justicia y tiene la potencialidad de convocar, en contra de su voluntad manifiesta, a una persona a un proceso. Dentro de este contexto, resulta comprensible que el legislador demande que, para ese acto, se exija un especial compromiso de veracidad entre el poderdante y el apoderado, presumiendo siempre que este último confiese en nombre del primero.
Es de recordar que el derecho de acción se ejerce mediante la demanda. Su propósito es presentar unas pretensiones al Estado con el fin de que las resuelva mediante sentencia dictada por un funcionario de la rama jurisdiccional, por regla general. Una vez puesto en consideración de este último el contenido del acto que da inicio al proceso, aparecen la contestación y las excepciones. Estas son manifestación del derecho de contradicción que tiene quien es llevado a estrados. Las previas son aquellas dirigidas a perfeccionar el proceso, mientras que las de mérito van encaminadas a negar el derecho que se reclama. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que: “si la excepción tiende a mejorar la forma o a demorar el trámite, perfeccionándolo, es dilatoria (…); y si la excepción tiende a desconocer el derecho reclamado, a enervar la acción o a obtener que se declare extinguida, es perentoria y ataca el fondo de lo planteado por el demandante”(41). La audiencia inicial prevista en el artículo 372 del Código, entre otros, fija el litigio, resuelve sobre excepciones previas, permite el interrogatorio de parte y tiene la potencialidad de que en ella se dicte sentencia. Aquella que se practica en el verbal sumario concentra en una sola sesión las actuaciones que se adelantan en el proceso verbal ordinario en la inicial y en la de instrucción y juzgamiento. Es en ese marco de tan importantes actuaciones judiciales, que implican el derecho de acción y contradicción, que se presume “iuris et de iure” la confesión hecha por quien ha recibido poder de la parte.
En todo caso se debe señalar que la realizada por apoderado es una confesión en toda regla y por tanto se debe sujetar a las exigencias del Código. Esto es, aunque se surta a través del abogado, debe ceñirse a los requisitos —ya explicados— del artículo 191 para que pueda ser tenida como válida. Además, al ser otro medio de prueba de los previstos en el ordenamiento, su apreciación se debe hacer de acuerdo con lo establecido en el artículo 176 del Estatuto Procesal; esto es, en conjunto con los demás y de acuerdo con la sana crítica. Además, como se indicó, este medio judicial de establecer la verdad del proceso no equivale a ella; es decir, es una de los múltiples elementos a considerar para dictar sentencia y podrá, por expresa disposición del legislador, ser infirmada; esto es, como se explicó, que admitirá prueba en contrario.
6.3. En síntesis: la confesión es un tradicional medio de prueba que actualmente existe en nuestro ordenamiento procesal, sujeto a formalidades para su validez. Igualmente prevé algunos tipos especiales, como aquella que se surte a través de apoderado. Esta también ha estado presente en nuestra historia jurídica, pero recientemente fue modificada por el legislador mediante la Ley 1564 de 2012, en su artículo 193. La novedad, en relación con las regulaciones anteriores, consiste en que se presume “iuris et de iure” que exige autorización del poderdante. Esta regla tiene una excepción en lo que concierne a la demanda, la contestación, las excepciones, las contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, para las cuales se entenderá conferida siempre la capacidad del apoderado de confesar. Esto se explica dada la importancia que para el proceso tienen tales actuaciones y tiene por finalidad la garantía de una eficiente administración de justicia prevista en el artículo 229 de la Carta.
7. Análisis de constitucionalidad de la disposición demandada.
7.1. Como se señaló al plantear el problema jurídico, la Corte Constitucional debe determinar si la presunción establecida por el legislador consistente en que el apoderado judicial siempre podrá confesar en la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, sin que se pueda establecer estipulación en contra, vulnera el artículo 29 de la Carta al trasladar incondicionadamente una facultad de disponer del derecho en litigio que solo corresponde al poderdante.
7.2. Al tratarse de una decisión del legislador en el marco de la amplia configuración legislativa en cuanto al diseño de los procedimientos, la Corte debe entonces si es razonable y proporcionada su decisión. Para tal efecto es necesario recordar que la Corte ha sostenido(42) que dicho juicio adopta diversas modalidades – leve, intermedia o estricta – según su grado de intensidad. Al respecto, la sentencia C-354 de 2009, sintetizó la postura de este Tribunal, así:
“De acuerdo con la jurisprudencia, la regla general en el control de constitucionalidad es la aplicación de un test leve de proporcionalidad en el examen de una medida legislativa, criterio que se fundamenta en el principio democrático, así como en la presunción de constitucionalidad que existe sobre las decisiones legislativas.(43)
Sin que se trate de una enunciación taxativa, y sin que el contenido de una disposición sea el único criterio relevante para definir la intensidad del juicio de constitucionalidad, puede señalarse que la Corte ha aplicado un test leve de proporcionalidad en casos que versan exclusivamente sobre materias 1) económicas, 2) tributarias, o, 3) de política internacional, o, 4) cuando está de por medio una competencia específica definida por la Constitución en cabeza de un órgano constitucional, 5) cuando se trata del análisis de una normatividad preconstitucional derogada que aún surte efectos en el presente; o, 6) cuando del contexto normativo del artículo demandado no se aprecie prima facie una amenaza para el derecho en cuestión.(44)
La Corte ha empleado el llamado test intermedio para analizar la razonabilidad de una medida legislativa, en especial 1) cuando la medida puede afectar el goce de un derecho constitucional no fundamental, o 2) cuando existe un indicio de arbitrariedad que se refleja en la afectación grave de la libre competencia, o, 3) cuando se trata de una medida de acción afirmativa.(45)
En el test intermedio el nivel de exigencia del análisis es mayor, por cuanto se requiere que el fin no sólo sea legítimo sino, también, constitucionalmente importante, en razón a que promueve intereses públicos valorados por la Carta o en razón a la magnitud del problema que el legislador busca resolver y que el medio, no sólo sea adecuado, sino efectivamente conducente a alcanzar el fin buscado por la norma sometida a control judicial.(46)
7.3. Para la Corte la presunción establecida por el legislador consistente en que el apoderado judicial siempre podrá confesar en la demanda y las excepciones, las correspondientes contestaciones, la audiencia inicial y la audiencia del proceso verbal sumario, decisión que no admite estipulación que prive al abogado de tal facultad, persigue fines legítimos y constitucionalmente importantes, en razón a que promueve intereses públicos valorados por la Carta. Adicionalmente, tal decisión no infringe ninguna prohibición expresa que haya consagrado el constituyente en el texto constitucional.
1 Folios 13 y 14
2 Entre varios, el auto de Sala Plena 244 de 2001.
3 Sentencia C-898 de 2001.
4 Sentencias C-143 de 1993 y C-428 de 1996.
5 Así, por ejemplo en la Sentencia C-362 de 2001.
6 Sentencia C-504 de 1995.
7 Sentencias C-1544 de 2000, C-113 de 2000, C-1516 de 2000 y C-1552 de 2000, entre otras
8 En este mismo sentido pueden consultarse, además de las ya citadas, las sentencias C-509 de 1996, C-1048 de 2000 y C-011 de 2001, entre otras.
9 Sentencia C-568 de 1995. La Corte se declara inhibida para resolver la demanda en contra de los artículos 125, 129, 130 y 131 de la Ley 106 de 1993, puesto que la demandante no estructuró el concepto de la violación de los preceptos constitucionales invocados.
10 Estos son los defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Los autos 097 de 2001 y 244 de 2001 y las sentencias C-281 de 1994, C-519 de 1998, C-013 de 2000, C-380 de 2000), C-177 de 2001, entre varios pronunciamientos.
11 Sentencia C-447 de 1997. La Corte se declara inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad del inciso primero del artículo 11 del Decreto Ley 1228 de 1995, por demanda materialmente inepta, debido a la ausencia de cargo.
12 Sentencia C-447 de 1997, ya citada.
13 Sentencia C-504 de 1993. La Corte declaró exequible en esta oportunidad que el Decreto 100 de 1980 (Código Penal). Se dijo, entonces: “Constituye un error conceptual dirigir el cargo de inconstitucionalidad contra un metalenguaje sin valor normativo y, por tanto, carente de obligatoriedad por no ser parte del ordenamiento jurídico. La doctrina penal es autónoma en la creación de los diferentes modelos penales. No existe precepto constitucional alguno que justifique la limitación de la creatividad del pensamiento doctrinal - ámbito ideológico y valorativo por excelencia -, debiendo el demandante concretar la posible antinomia jurídica en el texto de una disposición que permita estructurar un juicio de constitucionalidad sobre extremos comparables”. Así, la Corte desestimaba algunos de los argumentos presentados por el actor que se apoyaban en teorías del derecho penal que reñían con la visión contenida en las normas demandadas y con la idea que, en opinión del actor, animaba el texto de la Constitución.
14 Ibíd. Sentencia C-447 de 1997.
15 Sentencia C-269 de 1995. Este fallo que se encargó de estudiar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 61 de 1993 artículo 1° literales b y f, es un ejemplo de aquellos casos en los cuales la Corte desestima algunos de los cargos presentados por el actor, puesto que se limitan a presentar argumentos de conveniencia.
16 Son estos los términos descriptivos utilizados por la Corte cuando ha desestimado demandas que presentan argumentos impertinentes a consideración de la Corte. Este asunto también ha sido abordado, además de las ya citadas, en la C-090 de 1996, C-357 de 1997, C, 374 de 1997 se desestiman de este modo algunos argumentos presentados por el actor contra la Ley 333 de 1996 sobre extinción de dominio, C-012 de 2000, C-040 de 2000, C-645 de 2000, C-876 de 2000, C-955 de 2000, C-1044 de 2000, C-052 de 2001, C-201 de 2001.
17 Sentencia C-1052 de 2001.
18 Ver sentencias de la Corte Constitucional C-005 de 1996, C-346 de 1997, C-680 de 1998, C-1512 de 2000, C-899 de 2003, C-318 de 2003, entre otras.
19 Sentencia C-927 de 2000.
20 Sentencia C-043 de 2002.
21 Sentencias C-927 de 2000, C-893 de 2001, C-1104 de 2001, C-309 de 2002, C-314 de 2002, C-646 de 2002, C-123 de 2003, C-234 de 2003, y C-1186 de 2008, entre otras.
22 Ver sentencias C-316 de 2002 y C-227 de 2009.
23 Sentencia C-012 de 2002.
24 Sentencia T-323 de 1999
25 Sentencia C-204 de 2003
26 Sentencia C-736 de 2002.
27 Sentencia C-798 de 2003.
28 Sentencia C-925 de 1999 y C-203 de 2011.
29 Sentencia C-925 de 1999,.
30 Sentencia C-1512 de 2000.
31 Sentencias C-728 de 2000 y C-1104 de 2001, entre otras.
32 Sentencia C-1512 de 2000.
33 Sentencias C-1104 de 2001 y C-1512 de 2000, entre otras.
34 Sentencia C-426 de 2002.
35 Sentencia C-203 de 2011.
36 BOHORQUEZ, Angel María; De la confesión como prueba en juicio, tesis elaborada y sostenida para optar por el título de Doctor en derecho; Universidad Nacional, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; Imprenta Bohorquez, Bogotá: 1918. En: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/derecho/de-la-confesion-como-prueba-en-juicio. Consultado el 14/09/2015
37 “ARTÍCULO 192. CONFESIÓN DE LITISCONSORTE. La confesión que no provenga de todos los litisconsortes necesarios tendrá el valor de testimonio de tercero.
38 “ARTÍCULO 195. DECLARACIONES DE LOS REPRESENTANTES DE PERSONAS JURÍDICAS DE DERECHO PÚBLICO. No valdrá la confesión de los representantes de las entidades públicas cualquiera que sea el orden al que pertenezcan o el régimen jurídico al que estén sometidas.
39 “ARTÍCULO 194. CONFESIÓN POR REPRESENTANTE. El representante legal, el gerente, administrador o cualquiera otro mandatario de una persona, podrá confesar mientras esté en el ejercicio de sus funciones.
40 NISMIBLAT Nattan; Código General del Proceso, derecho probatorio: introducción a los medios de prueba en particular. Principios y técnicas de oralidad; Ediciones Doctrina y Ley; Bogotá: 2014. Pág. 338
41 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Auto de 10 de febrero de 1983, reiterado en sentencia del 20 de septiembre de 1985.
42 Sentencias C-333 de 1994, C-265 de 1995, C-445 de 1995, C-613 de 1996, C-197 de 1997, C-507 de 1997, C-584 de 1997, C-183 de 1998, C-318 de 1998, C-539 de 1999, C-112 de 2000, C-093 de 2001.
43 Sentencia C-673 de 2001
45 Ver Sentencias C-093 de 2001, y C-180 y C-422 de 2005