Source: http://erasdegamonal.blogspot.com.es/2012/04/
Timestamp: 2017-06-25 18:56:08
Document Index: 193079803

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 85', 'artículo 89', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4']

COMIENZA LA CONTRARREFORMA
SANITARIA ANALISIS DEL RD-Ley 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes
calidad y seguridad de sus prestaciones
El RD-Ley 16/2012 supone cambios fundamentales en el sistema sanitario
público, e inician una verdadera contrarreforma sanitaria. El RDL además
utiliza el estilo habitual en las leyes de acompañamiento y reúne una gran
cantidad de medidas de ámbito y características muy distintas que poco o nada
tienen que ver con el supuesto objeto de la norma, por eso se precisa de un
análisis detallado de cada una de ellas como vamos a hacer a
continuación. Capitulo I
Consta de un único artículo y tres apartados cuya principal novedad es que
vincula el derecho a la atención sanitaria con el aseguramiento y en ningún
caso se señala que este aseguramiento tiene que ser a la
Seguridad Social, y que se excluye de la atención sanitaria gratuita a
quienes no ostenten esta condición, también se señala el control del Instituto
Nacional de la Seguridad Social sobre el reconocimiento de las
condiciones para el aseguramiento , la responsabilidad de las administraciones
sanitarias para expedir la tarjeta sanitaria individual (TSI) y la limitación
del derecho de los extranjeros no regularizados a la atención sanitaria en
urgencias, en los embarazos y a los menores de 18 años.
Las disposiciones adicional primera y final quinta se establecen las
condiciones para el pago de la atención sanitaria de los españoles residentes
en otros países (en algunos casos) y de los extranjeros miembros de la
Unión Europea o de otros estados parte del acuerdo sobre el espacio
económico europeo que en lo fundamental refuerza los mecanismos de cobro por la
asistencia prestada, pero que en lo esencial ya existían.
vincula el derecho a la atención sanitaria al aseguramiento, en
contradicción con lo aprobado en la reciente Ley General de Salud Publica
(2011), y abre una cierta indeterminación sobre la presencia de un
aseguramiento distinto al régimen general de la
Seguridad Social, lo que supondría no solo un grave retroceso en el
modelo sanitario actual (vuelve a la etapa anterior a la
Ley General de Sanidad de 1986) sino la posibilidad de que se
abran modelos de seguros diferenciados para grupos distintos de población
(en relación a su nivel económico) lo que deterioraría inevitablemente el
segundo lugar deja fuera a los inmigrantes no regularizados y les impone
condiciones mas rígidas para tener acceso a las TSI, manteniendo hasta el
31/8/2012 las TSI actuales. Se trata de una medida profundamente regresiva
desde el punto de vista humanitario, de salud publica (aumenta el riesgo
de focos de enfermedades infectocontagiosas) y sanitario (dejar a las
urgencias como el único circuito de atención sanitaria a estas personas favorecerá
un aumento de la presión asistencial en las mismas). Por otro lado
conviene recordar que el gasto sanitario de los inmigrantes es bajo y que
la crisis económica se esta encargando de disminuir este grupo de
una cuestión a reseñar es que obliga a las administraciones sanitarias a
la expedición de la TSI y no lo vincula a aportación económica
por los usuarios lo que podría ilegalizar la practica de algunas CCAA de
intentar cobrar por la misma.
cuanto al tan propagado “turismo sanitario” las modificaciones que se
hacen son mínimas porque como es bien conocido el problema sobre todo es
la ineptitud de las administraciones para registrar y facturar la atención
prestada. Capitulo II
Consta de un artículo y seis apartados que como novedad separan la cartera
de servicios del SNS en 3 modalidades (básica, suplementaria y accesoria), la
básica se identifica como gratuita en el momento del uso y las otras dos se
establece que seguirán las normas que se establecen para el copago
farmacéutico, sin que en este caso medien los limites en la cuantía a aportar
por los ciudadanos (pensionistas o activos, crónicos o con patologías agudas).
Queda en manos del Ministerio, previo acuerdo del Consejo Interterritorial (CI)
el fijar mediante una Orden tanto lo que incluye la cartera básica como las
modalidades de copagos en la accesoria y suplementaria, dándole un plazo de 6
meses para la fijación del importe de los copagos (adicional segunda). A pesar
de lo que se ha publicitado por el Ministerio y el Gobierno se sigue
manteniendo la posibilidad de que las CCAA tengan una cartera de servicios
complementaria diferenciada con el único condicionante de que tienen que ser
financiada con fondos propios (2.Cinco).
cartera de servicios vuelve a modificarse introduciendo copagos en la
accesoria y complementaria, en principio, salvo en medicamentos, sin
limites de cantidad, lo que vuelve a penalizar a los enfermos crónicos y a
las rentas mas bajas, suponiendo limitaciones muy serias en cuestiones
como el transporte sanitario que es imprescindible para muchos
tratamientos (diálisis, oncológicos, etc) y que va a suponer una traba
insalvable al acceso a estos tratamientos para muchas personas
cartera básica (en principio gratuita) va a ser modificada lo que dadas
las circunstancias será muy probablemente a la baja y abre unas
perspectivas muy preocupantes para la salud.
las demagógicas intervenciones desde el Ministerio y el Gobierno las CCAA
siguen manteniendo la posibilidad de establecer carteras de servicios
diferentes en sus territorios en los mismos terminos que lo que ya
Consta de un artículo que establece el Fondo de Garantía Asistencial, con
carácter extrapresupuestario, que en teoría se dedicara a compensar los
gastos producidos en cada comunidad autónoma por personas residentes en otras
La idea es positiva y ha sido reclamada por la FADSP hace tiempo.
No obstante su carácter extrapresupuestario, parece
indicar que va a carecer de fondos lo que le restara efectividad.
Consta de 4 artículos, el primero dividido en dieciocho apartados, el
segundo en dos y el tercero y cuarto sin apartados. El primero que se presenta
como modificación de la ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medios
parece estructurado para esconder lo mas relevante, pero en todo caso plantea:
por principio activo, lo que ya existía, pero de una forma que pervierte
absolutamente su sentido. La prescripción por principio activo, aunque
ayude a la contención de costes a corto plazo, es, sobre todo, una
filosofía. Una filosofía por la que los profesionales trabajan con los
nombres de la sustancia que representa el medicamento y no con el nombre
que va ligado a un producto industrial, por la que ese nombre se incorpora
a las recetas y paulatinamente a todos los documentos, las historias
clínicas, los informes de alta. Es una estrategia que tiende al
debilitamiento del impacto comercial de los laboratorios y a recuperar el
carácter científico de un tratamiento. En la redacción actual se hace una
concesión a Farmaindustria que siempre había pedido que, a
igual coste al precio de referencia o precio menor se pudiera prescribir
la marca, cediendo al ahorro económico pero anulando la potencia
anti-comercial del concepto. La distinción entre tratamientos agudos y
crónicos es un brindis al sol ¿quién delimita la diferencia?. Además la
industria cada vez está menos interesada en tratamientos agudos (por
ejemplo, de ahí la ausencia de investigación en antibióticos), y su
repercusión en el conjunto de la prestación es muy baja. La distinción
entre la primera receta y las demás en los tratamientos crónicos no tiene
sentido. Imaginamos que es un intento de nadar entre dos aguas, la de la
prescripción por principio activo y la de Farmaindustria, accediendo a las
peticiones de esta última pero intentado condicionar la primera receta en
un supuesto totalmente erróneo de que la marca o el genérico dispensado en
la farmacia en la primera receta es el que se va a mantener en las
dispensaciones sucesivas. Igualmente la distinción entre la primera receta
y sucesivas en la práctica real va a ser muy difícil, salvo en el supuesto
de receta electrónica, aun lejano en muchas CCAA.
fuera de indicación. El punto Uno.-5 del artículo 4, como se ha dicho más arriba,
retrotrae la normativa sobre usos fuera de indicación de medicamentos a un
pasado que todos quisimos olvidar. El RD 1015/2009 de medicamentos en
situaciones especiales, estable que los usos fuera de indicación son
responsabilidad del médico y que bastaba el consentimiento informado del
paciente y su anotación en la historia clínica. A su vez, establece que en
los centros sanitarios, por ejemplo, hospitales, tendrían que estar de
acuerdo con las recomendaciones emitidas por ejemplo por las Comisiones de
Farmacia y Terapéutica. En la práctica el sistema estaba funcionando
aceptablemente bien puesto que los usos fuera de indicación de
medicamentos hospitalarios, con alto impacto económico están pasando el
filtro de las comisiones de farmacia y los usos en la prescripción
ambulatoria, en general muy excepcionales, tenían un cauce
regulado, pero fluido. Lo que se propone es volver a la burocracia de un
registro que ya mostró en el pasado que es inoperante. Y hay que recordar
que una cosa es un uso fuera de indicación y otra una mala prescripción de medicamentos.
electrónica. Es
positiva la incorporación a la norma de la obligatoriedad para toda España
de un sistema de receta electrónica interoperable con sistemas de apoyo a
la prescripción. Sin embargo, cuando se detallan los componentes del sistema
experto que deberá incorpora hay cosas esperpénticas o cuando menos
de apoyo a la prescripción. Está bien que la receta electrónica tenga
un módulo de interacciones (ya existe en algunas CCAA como Andalucía),
información económica y protocolos de tratamiento del propio servicio de
salud (aunque de aplicación práctica difícil), mientras que decir que
contendrá el Nomenclator es obvio puesto que si no, no puede funcionar.
Más complejo será incluir protocolos de tratamiento de las sociedades
científicas, ¿Cuáles? ¿Con qué ciriterio?, cuya única experiencia práctica
conocida, la inclusión de los medicamentos recomendados por la
Guía de la SEMFyC en los años 90 en Andalucía fue muy
controvertida. No se entiende bien qué significa “correspondencia entre
principios activos” lo cual parece que quiere hacer referencia a
equivalentes terapéuticos o principios activos que se pueden intercambiar,
lo cual necesita de un trabajo de definición previo por organismos
competentes y no se entiende que se incorporen bases de datos de ensayos
clínicos. La prescripción electrónica de toda la población no es el medio
de reclutar pacientes para un ensayo como cualquiera puede comprender.
Igualmente no es el vehículo para la formación e información sobre
medicamentos. Sin embargo no se dice nada de módulos de ayuda a
la prescripción relacionados con alergias, ajuste en insuficiencia renal o
hepática o a otros parámetros clínicos, sistemas de alerta de duración o
posología inadecuada, sistemas de alerta de contraindicaciones específicas
del paciente y un largo etc que se conoce ampliamente en la literatura
SELECTIVA. Hay
dos grandes aspectos, la propiamente llamada financiación selectiva de
medicamentos nuevos que se basa en la modificación de los
artículos 89 y 90 de la citada ley y que era demandada y esperada desde
hace tiempo por muchos sectores sociales y la sorprendentemente nueva
propuesta de exclusión de la financiación de medicamentos
actualmente financiados que se basa en la modificación del artículo 85
de la Ley de Garantías y Uso Racional del Medicamento
trata de la propuesta más positiva (¿la única?) de decreto. Nuestro país
se incorpora tarde a esta iniciativa que otros países como Inglaterra
lleva ejerciendo desde hace más de una década a través de las estructura
del NICE. Se trata de que no todos los medicamentos que se registren se
financien, o bien que se financien con condiciones, es decir, para unos
pacientes determinados o bajo contratos de riesgo compartido. La
posibilidad de una financiación selectiva de medicamentos ya
estaba recogida en la Ley de Garantías y Uso Racional
de Medicamentos, en el propio artículo 89 y otros, así como en los
sucesivos Planes Estratégicos del Ministerio y también en el RD-ley 9/2011
de 19 Agosto 2011 de medidas para la mejora de la calidad y cohesión del
SNS se describe el desarrollo de un sistema de financiación
selectiva. Paralelamente, algunas Comunidades Autónomas han
establecido normativa específica para la determinación de los criterios de
selección de medicamentos de alto impacto clínico o económico, con
objetivos, alcance normativo y organización del procedimiento bastante
heterogéneos. Otro aspecto positivo es que no solo se afectan los medicamentos
nuevos, recién comercializados, sino todos aquellos que amplíen
indicaciones, o incluso de oficio por la AGEMED.
de medicamentos actualmente financiados Esta propuesta encajaría mal con el
concepto de desinversión o re-inversión que se propone desde ámbitos de la
economía de la salud y desde nuestra propia asociación. La desinversión es
un procedimiento, transparente, basado en la evidencia, realizado con
participación de los implicados y suficientemente explicado a la población
para dejar de financiar servicios, o en este caso medicamentos que o bien
carecen de efectividad demostrada, o bien su relación de coste efectividad
es desfavorable comparado con alternativas terapéuticas o, si no las hay,
comparado con estándares más o menos establecidos de coste-efectividad.
Sobre desinversión en medicamentos hay numeroso ejemplos en Canadá,
Australia el Reino Unido e Italia. Lo que el RD-Ley propone es un puro y
simple recorte. Una transferencia de gasto público a gasto privado. En el
artículo 4.tres hay, de nuevo, una mezcolanza de cosas diversas. Los
ciudadanos tendrán que empezar a pagarse los medicamentos de su bolsillo
para síntomas menores. Es quizá el apartado más grave por
su repercusión social. Es una estrategia que se ha realizado en España en
dos ocasiones, una con gobierno de Felipe Gonzalez y otra de José María
Aznar. En aquel momento tenía un aspecto de racionalización de la oferta
que ya no tiene. Hoy solo es una pura agresión a trabajadores y
pensionistas por motivos económicos. Se trata de una estrategia en la que
gana el déficit y la industria farmacéutica puesto que al dejar de estar
financiados, como el propio RD-Ley establece, los precios pasan a
renegociarse al alza. Habrá que ver qué se considera medicamentos para
síntomas menores, pero es de suponer que puedan entrara aquí medicamentos
realmente útiles para el control de síntomas como antitérmicos,
analgésicos, antihistamínicos, etc, que son de uso frecuente. El apartado
que hace referencia a que pasarán al bolsillo del ciudadano aquellos que
estén así considerados en el entorno europeo es preocupante. Este entrono
es muy variado, pero es de esperar que se mire solo a los países con menos
medicamentos de este tipo financiado, por ejemplo, aquellos donde el
omeprazol no lo está. Además, se estipula que ningún medicamento que no
necesite receta podrá ser financiado. Esto se repite en el artículo 4.-
cinco.2. Esto es muy grave. En la actualidad, medicamentos
seguros para la automedicación, como por ejemplo el paracetamol o el
ibuprofeno, tenían presentaciones comerciales que eran de venta y precio
libre y presentaciones comerciales que se podían recetar. Hay que
distinguir la automedicación de la necesidad de uno de estos medicamentos
prescrita por un médico del Sistema Nacional de Salud. Si un paciente con
cáncer que necesita interferón también necesita paracetamol
medicamento sea útil, seguro y de uso extenso. Esta condición es muy
peligrosa pues pueden entrar aquí innumerables medicamentos y precisamente
la condición de uso extenso va a hacer que el número de pacientes
afectados sea muy grande. Es inconcebible un grado de indefinición así en
una norma legal. Más parece un cajón de sastre para tener manos libres
para poder pasar al bolsillo de los pacientes cualquier medicamento.
con precios seleccionados. Parecería lógico que , si como resultado de la
subasta (ver mas arriba) un medicamento resulta seleccionado, los demás
dejen de estar financiados. Sin embargo esto es una aberración legal.
del de menor precio y del genérico que también se estaba haciendo
limitación de las CCAA de su capacidad para “establecer de forma
unilateral, reservas singulares especificas de prescripción, dispensación
y financiación de fármacos y productos sanitarios”, dirigido
evidentemente a Andalucía.
de coste-efectividad, impacto presupuestario y mecanismos de retorno para
la inclusión de nuevos medicamentos en la financiación.
de precios que señala (Siete.90.6) que “como regla general, el
precio de financiación por el SNS será inferior al precio industrial del
medicamento aplicado cuando sea dispensado fuera del SNS”
de un sistema de precios seleccionados
periódica de los copagos por ordenes del Ministerio de Sanidad
del nuevo sistema de copago farmacéutico, que aparece casi escondido en el
RDL (articulo 3, Trece), y establece 4 tramos de aportación (60% para
rentas superiores a 100.000 €; 50% para rentas entre 18.000 y 100.000€;
40% para rentas inferiores a 18.000€ y 10% para los pensionistas), a la
vez a estos últimos se les ponen unos topes máximos de mensuales (8€ para
rentas menores de 18.000€, 18€ para las situadas entre 18.000 y 100.000€ y
60€ para las superiores a esta cantidad). Los excesos pagados por encima
de estos topes máximos (casi todos los casos) serán “objeto de
máxima semestral” (4. Trece.7)
establece la exigencia de la libre disposición para el Ministerio de los
datos de consumo farmacéutico tanto de recetas como de centros sanitarios,
y nada se dice sobre la publicidad de esta información.
modifican las aportaciones de los laboratorios de acuerdo con la
valoración Profarma
cambian los descuentos sobre ventas de las oficinas de farmacia
obliga al establecimiento de servicios de farmacia en los centros
sanitarios con cien o mas camas
establecen sistemas de acreditación para la manipulación y adecuación de
preparaciones de medicamento
· Se trata de una modificación legal que afecta a numerosos aspectos
regulatorios del medicamento, hecha con precipitación, sin ninguna
participación de los agentes implicados y con una tan mala redacción que genera
ambigüedad y en el futuro generará recursos y controversias importantes en su
· Se modifican leyes que han tenido un debate social y parlamentario
importante y a las que se llegó tras grandes consensos,
empobreciendo su articulado. Por ejemplo, el punto Uno.-5 del
artículo 4, en un párrafo ininteligible modifica completamente, le da la
vuelta, al RD 1015/2009 de medicamentos en situaciones especiales, un decreto
que se discutió ampliamente con las sociedades científicas y los profesionales
y que tiene una redacción impecable en línea con directivas y usos europeos.
· Aunque la política farmacéutica es una competencia del Estado en su aspecto
regulatorio y de establecimiento del marco general, las políticas de modulación
de la prescripción, de gestión de compras y otras relacionadas son clara
competencia de las CCA, cuyos servicios de salud pagan las facturas y dan la
prestación efectiva. El decreto es de un fuerte aroma centralista e incurre
en intromisiones graves en las funciones de las CCAA que serán,
seguro, fuente de litigios innecesarios en el Tribunal Constitucional por parte
de las CCAA más identitarias o donde gobierne el partido socialista. · Muchas de las propuestas tienen una posibilidad de ejecución práctica
imposible o muy difícil, lo que da idea del desconocimiento de la realidad de
los redactores finales del RD-Ley. Por otro lado, algunas partes tienen tal
concreción y van encaminadas a cuestiones tan específicas que, estas sí,
parecen propuestas por alguien que conoce muy bien la realidad. Es decir,
parece que en la elaboración inicial se ha partido de un batiburrillo de
iniciativas algunas fundadas y otras peregrinas, que ha ordenado (sic) y
redactado finalmente alguien con escaso conocimiento del medio que pisa.
· Aunque la situación de crisis es grave no ha sobrevenido de repente. Un
partido que esperaba ganar las elecciones con cierta seguridad y que ha tenido
más de 100 días de gobierno no debe hacer una chapuza legislativa como la que
nos encontramos en este decreto
establece un incremento del copago, fundamentalmente sobre los
pensionistas que se intenta disimular utilizando el aumento sobre las rentas muy
altas (mas 100.000€ declaran 253.000 activos, pero poner esta cifra en los
pensionistas parece un chiste macabro). Se ponen también unos topes
máximos mensuales que no son tales porque primero todos los pensionistas
deberán pagar el 10% de los medicamentos y quizás 6 meses después les
devolverán el dinero. ¿Cómo van a hacerlo los mas de 4.500.000 pensionistas
que cobran menos de 650€ mensuales? ¿Con que dinero comerán, pagaran la
luz, etc hasta que les lleguen las devoluciones? ¿Y mas aún como es
posible que además se les haga copagar el transporte sanitario, la
dietoterapía, etc y que se les vayan a excluir prestaciones de la cartera
básica y la financiación de mas medicamentos. Se establece una agresión
terrible sobre este colectivo de personas que es además el que tienen
mayores problemas de salud y que va a ver seriamente obstaculizado su
acceso a una parte importante de las prestaciones del SNS, sobre todo,
pero no solo, las farmacéuticas.
por un sistema de tarjetas sanitarias y de recetas complejo (5 tipos de
tarjetas y 7 de recetas) que aparte de costoso va complicar el
funcionamiento de la asistencia sanitaria (Final séptima)
farmacéutico total que es positivo, pero de cuya publicidad nada se dice
vuelven a incluir algunas medidas que ya existían (principio activo,
información de apoyo, etc)
algunas actuaciones sobre la industria y las oficinas de farmacia de
obstaculiza la capacidad de las CCAA de tomar otras medidas de eficiencia
en el control del gasto farmacéutico
resumen, se penaliza a los pensionistas, a los enfermos crónicos y a las
personas con pocos recursos y no se aborda seriamente a los verdaderos
responsables del gasto farmacéutico cuyos beneficios económicos se
mantienen en lo esencial.
Medidas en materia de
Recoge 3 artículos, el
primero con cuatro apartados, el segundo sin apartados y el tercero con siete.
Trata de 3 temas muy distintos:
regulación de las Áreas de capacitación especifica y su regulación (acreditación
de centros, comités y diplomas)
del Estatuto Marco: modificación, creación y supresión de
categorías, retribuciones en relación con la evaluación del desempeño,
regulación de IT, integración de funcionarios y personal de cupo y zona y
regulación fondos acción social
Resumiendo: se trata
de un apartado que poco o nada tiene que ver con el titulo del RDL, sobre todo
el primer articulo. Además:
comprende bien la necesidad de regular las áreas de capacitación
especifica sin hacerlo primero con la troncalidad de la formación
registro de profesionales esta, en teoría establecido desde 2003, lo que
hay que hacer es hacerlo
retribuciones de acuerdo con la evaluación del desempeño pueden ser
positivas si se asegurar criterios explicaos, ligados a la calidad y
controles de la misma, caso contrario empeorara la calidad del sistema
Algunas se han
comentado ya, pero merecen un comentario
cuarta: Medidas de eficiencia:
de las demagógicas intervenciones sobre la creación de una agencia de
compras del SNS, todo se queda en que el CI “fomentara” la “compra
conjunta y centralizada”, es decir poco o nada concreto
ahorro energético de los centros, para lo que las CCAA “adoptaran las
medidas oportunas”, otro brindis al sol
de 6 meses para adecuar los envases a las pautas y tiempos
habituales de tratamiento, abandonando cualquier intento de
prescripción por tratamientos y no por envases comerciales, de manera que
el despilfarro de medicamentos una de las supuestas razones del RDL
seguirá mas o menos igual Disposiciones Finales
sexta, refuerza el papel de la ONT en el control de la donación
y manejo de las células y tejidos humanos, su contenido es positivo, pero
tampoco se entiende su presencia en este RDL
séptima .tres: establece la incorporación en los informes de
prescripción y terapéutica para los pacientes de los costes de los
tratamientos, la llamada “factura sombra”, por supuesto sin que nadie haya
evaluado ni los costes de hacerlo ni sus beneficios.
Como se desprende del análisis detallado que se ha realizado del RDL, este
incluye un conjunto de medidas de características muy distintas que en muchos
casos nada tienen que ver con el supuesto objeto del mismo. Por supuesto
ninguna de sus medidas, ni de manera aislada ni en su conjunto garantizan el
supuesto ahorro de 7.000 millones € que ha sido su teórica causa, y ello es
perfectamente congruente con la ausencia notoria de una memoria económica que
no se ha hecho y que por otro lado, leído en detalle el RDL no se
podía hacer porque el mismo se mueve en el ámbito de la ciencia – ficción.
No obstante el RDL si que avanza algunos aspectos muy relevantes que deben
ser considerados y que retratan los objetivos de la política sanitaria del PP
mas allá de las declaraciones entre el marketing y la demagogia.
El primero es el acabar con el sistema sanitario universal como un derecho
básico de la ciudadanía y apostar por un modelo de aseguramiento, un primer
paso, todavía en el terreno declarativo que puede avanzar hacía un sistema dual
en que las personas con mas recursos obtengan la atención de seguros privados
(mas o menos subvencionados con fondos públicos) dejando a resto de la
población en manos de un sistema público descapitalizado y deteriorado, tipo beneficencia.
El segundo es una actitud xenofoba que pretende dejar fuera de la atención
sanitaria a un grupo socialmente muy desfavorecido como son los inmigrantes no
regularizados, a pesar de que todas las evidencias señalan que se trata de un
colectivo en franca disminución por la crisis y cuya presión sobre el sistema
asistencial es muy pequeña, y que por lo tanto producen un gasto muy
reducido, y a los que se obliga a saturar mas aún las ya saturadas urgencias.
El tercero es que a pesar de las demagógicas intervenciones públicas sobre
el supuesto impacto del “turismo sanitario” este no ha sido acreditado mas allá
de la falta de diligencia de las administraciones públicas para identificar y
facturar adecuadamente la atención sanitaria prestada a ciudadanos extranjeros
que no pertenecen al grupo anteriormente señalado.
El cuarto es el establecimiento de un sistema de copagos extremadamente
agresivo sobre los pensionistas y los enfermos crónicos a los que se va a
penalizar extremadamente dificultándoles y en muchos
casos impidiéndoles en la practica el acceso a prestaciones
sanitarias que son indispensables para su salud. A ello habrá que sumar el
nuevo “medicamentazo” que se anuncia y la previsible retirada de prestaciones
de la cartera básica. El impacto de estas medidas sobre la ciudadanía es
difícil de evaluar todavía pero inevitablemente se concretara en un
empeoramiento de la salud, aumento de la morbilidad y de
En contraste con la virulencia de estas medidas dirigidas a las personas
mas enfermas y con menos recursos, las actuaciones sobre la industria
farmacéutica son testimoniales y de escaso impacto económico.
Otras medidas que se han vendido como soluciones a los problemas económicos
del SNS, como la agencia de compras del conjunto del sistema sanitario público
se queda en una mera recomendación sin mucha capacidad operativa. Además se
complementa el RDL con una serie de cuestiones que nada tienen que ver con la
sostenibilidad, la calidad y la seguridad de las prestaciones del sistema
Desde la FADSP propusimos en su momento una seri de medidas para
la eficiencia y la racionalidad del SNS que en nada agredían a los derechos de
los ciudadanos a una atención sanitaria de calidad y que conseguían un mayor
ahorro económico que por supuesto no han sido consideradas porque suponían
merma de los beneficios de las multinacionales (disponibles en http://www.fadsp.org/pdf/Comparacion%20entre%20racionalidad%20y%20copago%20SNS.doc)
En suma se trata de una evidencia mas de que este gobierno solo es valiente
con los desprotegidos, con los enfermos y con los pobres y en cambio es cobarde
con las grandes multinacionales
HACEMOS UN LLAMAMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLITICAS, SINDICALES
Y PROFESIONALES A MOVILIZARSE PARA EXIGIR SU INMEDIATA DEROGACION
Plan Integral. El Pricyl elaborado por la Consejería de Fomento reconoce que esas zonas serían lugares idóneos para un ARI porque la naturaleza y el estado de los edificios facilita acciones conjuntas y habría mejores resultados y más visibles Los efectos de la crisis económica cesarán algún día o año, aunque nadie se atreve a dar una fecha del final de la recesión actual. Mientras, las administraciones públicas deben elaborar informes y estudios para cuando lleguen tiempos mejores y puedan acometer inversiones. Y si hay un asunto de interés para la ciudadanía es el estado de los edificios. La Junta de Castilla y León es consciente de esta realidad y ya ha elaborado un amplio trabajo que lleva por título Plan Regional de Rehabilitación Integral, más conocido como Pricyl.
Las nuevas estrategias de rehabilitación integral de la Consejería de Fomento para Burgos se centran en tres barriadas con una importante población como son La Inmaculada, la Militar y la de Illera. Serían los lugares más idóneos para una intervención y donde puede haber mejores efectos, puesto que la naturaleza de los edificios facilita acciones conjuntas. Las dos primeras corresponden a conjuntos urbanos con una tipología colectiva predominante mientras que la tercera se trata de una
colonia de caracterización rural. La construcción de las barriadas Illera e Inmaculada correspondió a patronatos franquistas, con una ejecución en 1957 y en los años 40 del siglo pasado, respectivamente. Por su parte, las casas militares también se remontan a los años 40. Hablamos, por tanto, de construcciones muy concentradas en el tiempo y con una arquitectura muy similar.
El Pricyl apuesta por una rehabilitación y protección de estos conjuntos, que también existen en otras capitales de provincias y núcleos intermedios, con más de 5.000 habitantes. Barriadas destinadas, en su momento, a un tipo de población o grupo social con vivienda social, que ejecutaron diferentes organismos o instituciones del Estado a
raíz de los crecimientos residenciales en la segunda mitad del siglo XX. Es un patrón que se repite en ciudades como Valladolid, Burgos y Salamanca.
El plan de la Junta incluye el Índice de Necesidad de Rehabilitación (INR), con unos valores que van del 0 al 12 en función de la urgencia que requiera cada localidad o incluso cada barrio. En el caso de la capital, el índice -que cruza diversos factores estadísticos como población, crecimiento económico, desempleo, tasa de envejecimiento y densidad- se sitúa en el 7, al igual que Ávila, Palencia, Segovia y Zamora. Están por encima Valladolid, con un INR del 10, además de León y
Salamanca (9 cada uno). Por contra, Soria cuenta con la tasa más baja, un 6, por lo que apenas es necesario acometer rehabilitaciones. El mayor
problema, según explica uno de los redactores del plan, es que no hay datos estadísticos actualizados. Este profesional del Instituto de Urbanistíca de la Escuela de Arquitectura de Valladolid es partidario de
que la administración prime los proyectos de calidad, con un alto desarrollo urbano integrado.
La Barriada de La Inmaculada, al igual que la Militar, es un asentamiento urbano homogéneo. La ficha del plan, que incluye datos básicos de cada lugar, recoge que en La Inmaculada cuenta con 778 viviendas en la primera fase y otras 264 en la segunda. La tipología del
edificio responde a bloques de cinco alturas y unifamiliares en hilera,
con pequeños patios traseros en el interior. El informe señala como particularidad que es «una de las mayores y más populosas barriadas de vivienda pública de la ciudad».
La Barriada Militar de Burgos, entre la calle Vitoria y la plaza Dos de
Mayo, tiene 310 viviendas distribuidas en bloques en forma de T con un único portal de acceso. La ordenación se produce en torno a una plaza central y hay algunos espacios verdes y arbolados.
El Pricyl parte de la base de que la rehabilitación urbana «sostenible e
integrada» comienza con un diagnóstico pluridisciplinar que permite conocer cada barrio. Pero deja claro que va más allá del estudio de los edificios, las infraestructuras o los espacios públicos. Solo así, precisan los redactores del plan, se implicará a los diferentes actores y
habitantes. Por otro lado, corresponde a los políticos tomar decisiones, crear los instrumentos jurídicos y dotar de los recursos económicos necesarios. Los objetivos últimos son establecer una estrategia de regeneración para «detener el deterioro del tejido urbano y
social, preservar sus valores patrimoniales, reforzar la cohesión social y favorecer la actividad económica».
La rehabilitación, recoge el documento, tiene múltiples vertientes y va
desde la conservación de los edificios singulares hasta la actuación en
conjuntos edificados homogéneos (barriadas burgalesas) y barrios completos. Incluso, cabe la renovación urbana sobre espacios ya edificados para llevar a cabo una transformación global por medio de derribos y reconstrucciones, pero no da más detalles.
En el caso de la zona centro, el Pricyl menciona algunos edificios en el entorno de la avenida del Vena y las calles Santo Domingo de Silos y Soria, además en la manzana entre la avenida de la Paz y Antonio Machado. Detectan la necesidad de una rehabilitación en bloques de Jesús
María Ordoño, Segovia y junto al edificio de la Delegación de Hacienda.
El bulevar absorbe un 15% del tráfico de la calle Vitoria y Constitución Dom, 29/04/2012 M. R. / Burgos
puesta en servicio del tramo del bulevar que conecta con Gamonal y Capiscol ha conseguido aliviar ligeramente la densidad de tráfico de dos
de las vías con más circulación de la ciudad, la calle de Vitoria y la avenida de la Constitución. Según los datos registrados por el área de Tráfico del Ayuntamiento, la apertura del último tramo del bulevar el
pasado 12 de abril ha conseguido reducir en un 15% el tráfico diario en
la calle de Vitoria y en la avenida de la Constitución. No obstante, el
efecto de la apertura de este tramo de bulevar se ha hecho más patente en la parte de la calle Vitoria que discurre por el barrio de Gamonal. La
zona con más densidad de tráfico de la calle de Vitoria, la que discurre entre el comienzo de la avenida de la Constitución y la plaza del Rey, alcanzaba cerca de 19.000 vehículos diarios antes de la puesta en servicio del tramo de Gamonal del bulevar. Una vez abierto, se ha reducido en más de 2.500 vehículos diarios. Un efecto similar se ha registrado en la avenida de la Constitución, con un paso medio diario de
13.500 vehículos al día, que se ha reducido en más de 2.000 desde que se abrió el último tramo del bulevar. Por el contrario, el efecto sobre el tráfico en la zona centro, en el entorno de la plaza del Cid y de la plaza de Vega, no se ha hecho notar. En algunos tramos se ha experimentado un aumento del tráfico. La puesta en marcha del último
tramo del bulevar ha incrementado hasta un 20% el tráfico en las calles
Juan Ramón Jiménez y Esteban Sáez Alvarado. Ambas vías soportaban más de 8.500 vehículos al día. Con el bulevar abierto superan los 10.000 diarios. Del mismo modo, la paulatina apertura de tramos de bulevar ha incrementado la densidad de tráfico. Sólo durante la primera semana que se puso en servicio la conexión de Fuente Prior con Capiscol registró una media de 10.000 vehículos diarios.
La reyerta tuvo lugar poco después de las 11 de la mañana, en el entorno de la plaza de Roma. En ese punto se localizaba el aviso que recibió el Servicio de Emergencia 112 Castilla y León a las 11.19 horas de ayer. Según el alertante, 4 personas se estaban peleando en el lugar,
por lo que se trasladó el aviso a la Policía Local y a Comisaría. De inmediato, numerosas dotaciones se personaron en Gamonal, aunque los supuestos contendientes rechazaron cualquier intervención de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad, amén de mostrar su intención de marcharse sin dar más explicaciones.
Sin embargo, uno de ellos no tiene reparos en anunciar en las redes sociales sus sesiones de música tecno, todas ellas programadas entre las
6 y las 12 de la mañana, en las pasadas vacaciones de Semana Santa o durante este puente del 1 de mayo.
Quienes ayer se toparon con la pelea y el despliegue policial mostraron
su indignación pero no su sorpresa, puesto que este tipo de escenas se han convertido en el ‘pan de cada día’ de los fines de semana en la zona. Su temor es que una de estas peleas tenga consecuencias más graves
o incluso irremediables. Testigos presenciales aseguraron haber visto un cuchillo tirado en el suelo, muy cerca de donde se produjo la reyerta. Hace poco más de un mes, el portero de un establecimiento hostelero y un cliente en estado ebrio fueron detenidos por policías de la Comisaría de Burgos tras un tiroteo.
Aznar, cuando ganó las elecciones, tuvo muy claro que era fundamental mantener el partido en forma y coordinado con el Gobierno. Llevó a la vicepresidencia política al secretario general Álvarez Cascos, con lo que tenía asegurado lo segundo, y nombró a un casi desconocido Ángel Acebes coordinador del partido, al que dedicaba todas las horas del día. Mariano Rajoy decidió, sin embargo, que continuara en la secretaría María Dolores de Cospedal manteniendo la Presidencia del Ejecutivo manchego, y accedió a su deseo de que no hubiera un coordinador. Además,
en el congreso de Sevilla se hicieron importantes cambios en la cúpula que dejaron fuera a personas que conocían el partido en profundidad -Juan Carlos Vera, por ejemplo, un eterno puntal de la organización interna en Génova- se desplazó de la portavocía a un González Pons que ya se había hecho con la comunicación para meter a su segundo de abordo como secretario de Organización, un novel Carlos Floriano que intenta aprender a toda velocidad cómo se gestiona esa área; y que mientras aprende ha provocado ya alguna disparidad de criterio con un par de ministros, lo que ha causado desconcierto y malestar entre algunos dirigentes, que ven con inquietud que nadie coordina algo tan esencial como que no haya opiniones diferentes.
La situación es grave, con fallos son continuos que deterioran la imagen de seguridad que debe transmitir todo gobierno. Los ministros, que no eluden los encuentros con periodistas, se sienten contrariados por la situación y sin ningún recato expresan su malestar porque en la sede nacional no se toman las medidas que corrijan una situación que está provocando tanto desgaste al gobierno y al partido. Una situación en la que no quiere involucrarse Mariano Rajoy, lo que desconcierta aún más a sus colaboradores. Porque, dicen y no les falta razón, el partido es absolutamente clave para que el Gobierno funcione. Y ahora mismo, la formación deja mucho que desear. Coincide, además, la debilidad del partido y su falta de presencia, con
una mayor actividad del PSOE, dirigido por un auténtico experto en estrategia de comunicación como es Rubalcaba, que tiene entre sus principales colaboradores a quien aprendió técnicas de estrategia política junto a José Blanco, Óscar López. Entre los dos han organizado una batería de ruedas de prensa y comparecencias por toda España, mientras que al PP solo se le ha ocurrido una campaña de publicidad que verá la luz en los próximos días. En la reunión mantenida esta semana entre la dirección del partido y los responsables regionales, aparte de insistirles en que deben explicar
a fondo el alcance de las iniciativas del Ejecutivo, Floriano presentó como gran proyecto un hashtag para que, a través de Twitter, los ciudadanos presenten ideas. Se llama #verdad. Excesiva obsesión por Internet y redes sociales, mientras se dejan en segundo lugar los hábitos habituales. «Internet no debería sustituir a los medios convencionales -señala un veterano dirigente- sino complementarlo». Si a
ello se suma que Cospedal ha contratado a una periodista sin ninguna experiencia política para que lleve su agenda en Madrid, se comprende entonces que se sientan cargados de razón los miembros del Gobierno a los que los socialistas cuestionan a diario sin que desde el partido se les eche una mano. ORGANIZACIÓN. En los últimos días se han celebrado diversas reuniones para analizar la situación, pero, según comentó un ministro «esto no se arregla con reuniones, hace falta que se organicen…
es absurdo que la mala organización del partido nos esté provocando problemas, como si no tuviéramos suficientes con hacer llegar la necesidad de los ajustes y de aplicar la reforma laboral». Aunque habría
que señalar también que a veces son los propios ministros los que no se
ponen de acuerdo, como el último ejemplo lo hemos tenido en la descoordinación en torno al anuncio del cambio de política respecto a los presos de ETA.
El departamento de comunicación de Floriano elabora buenos argumentarios que envían a diario a los periodistas para que comprendan las razones por las que el Gobierno toma determinadas decisiones polémicas. Pero más importante que hacer llegar esos mensajes es que sean los propios dirigentes los que expliquen esos proyectos; sin embargo, para desconcierto de los ministros, cuando la hacen, con frecuencia, yerran. Ha ocurrido, por ejemplo, con José Ignacio Echániz, responsable del área de Sanidad y consejero de Castilla-La Mancha, que provocó un serio problema a Ana Mato cuando hizo comentarios sobre las medidas que presentaría su jefa sin haberlas contrastado. Ante la nueva carga del PSOE, por los pasillos de Génova se sucedieron los comentarios sobre la imposibilidad de compatibilizar los cargos, cuando también la secretaria
general los compaginaba. Y se dice que sería mejor que los altos mandos
ocuparan un solo puesto. Lo que afectaría a Arenas, al que en la sede central desearían viéndole más centrado en el área territorial, aunque se mantiene firme en su idea de seguir al frente del PP andaluz.