Source: https://www.scribd.com/document/53351172/Julio-Alvear-Responsabilidad-del-Estado
Timestamp: 2017-03-27 21:18:10
Document Index: 178636395

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 38', 'artículo 2497', 'artículo 1']

BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoin1Responsabilidad extracontractual / responsabilidad constitucional del Estado: El nudo gordiano de dos doctrinas en pugna
Julio Alvear Téllez Profesor Investigador Facultad de Derecho Universidad del Desarrollo, Chile. Doctor en Derecho Universidad Complutense de Madrid Publicado en “Actualidad Jurídica”, Nº23, enero 2011, pp.69-108. En el presente número de Actualidad Jurídica el Prof. Pablo Rodríguez Grez en su artículo titulado “Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado” formula una tesis de notable importancia para la doctrina y la jurisprudencia nacional, aquejadas de fórmulas e interpretaciones disímiles, cuando no opuestas, que afectan la intelección de bienes constitucionales de tanto peso como la primacía de la persona, la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y el papel servicial del Estado, así como nociones tan precisas para el derecho civil como la responsabilidad. Que la responsabilidad patrimonial del Estado administrador deba diseñarse in recto con categorías elaboradas por el derecho civil, cual es la idea que ronda la propuesta del Prof. Rodríguez, es una postura de difícil aceptación para quienes cultivamos el derecho público. Y, sin embargo, el artículo citado propone esto y bastante más en el plexo de un amistoso pero acerado desafío. Porque si se analiza con detención la propuesta se llega a una conclusión ineludible: no sólo de facto el derecho civil sería capaz de dar una respuesta satisfactoria –a la vez precisa, cabal y sistemática- a la cuestión de la responsabilidad del Estado Administración atendiendo sus singularidades, sino que de iure le competería hacerlo por su indiscutible autoridad en el ámbito de la dogmática jurídica y de la teoría general del derecho. De hecho, acusan civilistas de otras latitudes, aún en el evento de que el derecho público estatuyera con puntillosa especificidad el régimen de responsabilidad del Estado, sería imposible arribar a una noción científica de responsabilidad sin los presupuestos definitorios del derecho civil. En nuestro país la discusión que se ha abierto a este respecto presenta rasgos del todo singulares. Es oportuno discernir el fondo de cuadro que la hace factible: 1) Existencia de una jurisprudencia cambiante, indecisa e incluso contradictoria en torno a la naturaleza y elementos calificadores de la responsabilidad del Estado Administrador1.
FERRADA (2004) p. 109 habla de una “jurisprudencia caótica y contradictoria … que aplica reglas jurídicas de otros ordenamientos sin medir las consecuencias jurídicas que ello involucra”; VIÑUELA (2005) p. 15 se refiere a la “falta de unidad y consistencia … que impide afirmar que exista en Chile un sistema consolidado que sea garantía suficiente para los
2) Existencia de corrientes de opinión disímiles para sustentar, apoyar o discutir las variables de la jurisprudencia precedente y para diseñar –vía interpretación de nuestro sistema constitucional y legal- el régimen de responsabilidad aplicable en Chile2. 3) Diferencias de doctrinas políticas acerca del rol que le cabe al Estado en el régimen constitucional chileno, con reflejos en la concepción y sentido del derecho administrativo3.
administrados de que los daños que les ocasionen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones vayan a ser efectivamente reparados”. En la materia, el Prof. SOTO KLOSS (2009) pp. 714-724, 727-733, 740-776, 779-787 estudia las tendencias cambiantes hasta la contradicción y las líneas que permanecen. Un ensayo de tipificación en tres etapas de las tendencias de nuestra jurisprudencia a lo largo de nuestra historia y particularmente en los últimos treinta años, en ROMÁN (2009) pp.432-455 y pp.449-454, respectivamente. ROMÁN p.453 alude a la oscilante jurisprudencia y al “margen interpretativo ilimitado” que se le ha otorgado al juez, pero atribuye al problema a las “normas escasas y excesivamente genéricas”. En el mismo sentido, CORDERO (2003) y (2004) p. 389. Todo lo cual es reducir la dificultad a una cuestión de geometría legal y no de principios. 2 Excedería el límite de este trabajo enunciar las distintas opiniones de la doctrina chilena reciente sobre los diversos aspectos de la responsabilidad del Estado. A modo de referencia, en la última década se pueden discernir al menos cuatro posicionamientos generales y sistémicos sobre el problema: i.- Un posicionamiento “privatista”: CORRAL TALCIANI (2003a) y (2003b). ii.- Una postura “estatista”: PIERRY ARRAU (2009), con reproducción de artículos ya publicados, especialmente pp. 31-71, pp.73-84 y pp.83-103. iii.- Una posición “personalista”: SOTO KLOSS (2009), con transcripción de artículos editados, especialmente el capítulo V, pp.697-788. La importancia de esta posición, con reflejos en el derecho comparado, en libro homenaje MARTINEZ ESTAY (2009). iv.- Una postura ecléctica: ROMAN CORDERO (2005). La propuesta del último autor citado, con ser de gran interés por su pulcritud teórica y su oportuno aprovechamiento de la doctrina española y argentina, deviene desgraciadamente en sus conclusiones en un eclecticismo pragmático de muy dificultosa aplicación. 3 En el derecho administrativo chileno existen al menos dos corrientes suficientemente caracterizadas: una corriente “personalista”, sustentada con vigor desde la década de los setenta por SOTO KLOSS (1996) y (2009) y una contra-corriente “estatista”, heredera del concepto de Administración que en la década de los cincuenta y sesenta defendían AYLWIN (1952) y SILVA CIMMA (1962) y (1969). Con el calificativo de “personalista” no es nuestra intención adscribir la homónima tendencia a los presupuestos antropológico-políticos de pensadores tan objetables como Maritain o Mounier, sino simplemente recalcar la primacía que en ella juega la noción de persona ante un Estado que se concibe como servicial y subsidiario. Sobre el calificativo de “estatista”, ALDUNATE LIZANA (2000) p. 7 sostiene sin demostrarlo que es una “trivialidad” para identificar a quienes no siguen la “moda” de la responsabilidad objetiva del Estado. Como si el principio de que el Estado debe ser responsable de su actividad fuera una moda … En el espacio que oscila entre estas dos corrientes se nota una variedad de subtendencias, no lo suficientemente consolidadas en sus prenociones políticas y en su valor teorético. Son en realidad propuestas parciales no acompañadas de un sistema teórico completo. Desde la perspectiva del derecho privado, hay que constatar que autores como CORRAL TALCIANI (2003b) y RODRÍGUEZ GREZ (2010) se alejan de los “personalistas” en lo que respecta al régimen de responsabilidad “objetiva”. Sería interesante estudiar el concepto implícito de subsidiariedad y de persona que manejan ambos juristas. Probablemente una diferencia en este punto con los iuspublicistas en comento les lleva a conclusiones a primera vista tan disímiles.
4) Diferencias de disciplinas jurídicas, propias del modo de concebir y operar el derecho por parte de iuscivilistas y iuspublicistas4. En el complejo espacio creado por este fondo de cuadro surge la propuesta del Prof. Rodríguez como una doctrina que da cuenta cabal de sus presupuestos y conclusiones teóricas en el ámbito de la responsabilidad extracontractual del Estado. He ahí su novedad5. La otra doctrina es ya conocida, pues viene siendo formulada por el Prof. Eduardo Soto Kloss desde hace décadas, contando asimismo con todo un sistema teórico explícito y un arsenal conceptual de difícil parangón en el derecho administrativo chileno6. Las conceptualizaciones de ambas propuestas juntos con los argumentos que les sirven de prueba y apoyo se pueden agrupar fácilmente en (i) presupuestos, (ii) principios generales, (ii) principios secundarios, (iv) consecuencias primarias, (v) consecuencias secundarias y (vi) conclusiones. Pero esta forma de ilación lógica resultaría árida y poco dinámica. Por tal motivo, hemos preferido retratar ambas posturas mediante esquemas
El iuscivilista y el romanista, anclados en la solución de los casos concretos y dotados de un lenguaje jurídico–conceptual de alto índice de precisión, miran a veces con recelo a los teóricos del derecho público contemporáneo que prescinden de los aportes de las instituciones del derecho privado. Célebre es a este respecto la distinción entre derecho y ciencias de la organización de D´ORS (1973) p.42. En nuestro medio, ALESSANDRI RODRÍGUEZ (1943) p.314-315 aplicó sin mayor preocupación y por vía de analogía las reglas de la responsabilidad extracontractual del Código Civil a la responsabilidad del Estado. Empero, el tema no es pacífico entre los civilistas. FUEYO LANERI (1989) p.9 se refirió al peligro de equivocidad de aplicar el término "civil" a la responsabilidad del Estado y en p. 76 defiende, en principio, la doctrina de la responsabilidad objetiva del Estado, aludiendo a que “así lo admiten pacíficamente la doctrina y la jurisprudencia de todas las naciones”. Actualmente, Pablo RODRÍGUEZ GREZ ocupa en nuestro país el papel crítico que en España representó PANTALÉON PRIETO (1994) con su artículo Los Anteojos del Civilista, en un ensayo por demostrar la falta de solidez última de los conceptos de responsabilidad que manejan los iuspublicistas. El artículo fue reproducido en nuestro país por la Revista de Derecho del Consejo de Defensa del Estado (Nº 2, año 1, diciembre del 2000, pp. 79 ss.). Como contrapeso, SOTO KLOSS (2009) pp.697-701 advierte que la tradición jurídica clásica se centra en la idea de “restitución” y no en la idea de responsabilidad subjetiva, noción moderna que rompería con la genuina tradición del derecho privado. El debate entre las disciplinas, como se ve, está abierto. 5 El autor profundiza en la materia la tesis ya incoada en RODRIGUEZ (1999a). 6 El aserto no excluye la referencia a iuspublicistas que acompañan en lo sustancial la postura del Prof. SOTO KLOSS con aportes de relevancia en distintos ámbitos como FIAMMA OLIVARES (1976) y (1989), OELCKERS (1985), (1989) y (1998), AROSTICA MALDONADO (1999) y (2001), AGUERREA (1995), SOTO LARREÁTEGUI (2003), VIÑUELA (2005), MARTÍNEZ ESTAY (2006), HUEPE (2006), y más recientemente ENTEICHE (2009) y HERRERA VALVERDE (2009), entre otros. Los lineamientos de CALDERA DELGADO (2001a) y (2001b) también son importantes en la materia. Lo que sucede es que el Prof. SOTO KLOSS se ha preocupado de fundar la doctrina iuspublicista en toda una filosofía del derecho administrativo, que ha hecho explícita y desarrollado generosamente (1996ª), como queda de manifiesto en el libro homenaje MARTÍNEZ ESTAY (2009) pp.67-98 y 177-594. Por otro lado, intentos de formular una filosofía de distinto signo se encuentran también en otros autores, vr. gr., RUIZ TAGLE (2000), pero se trata de esfuerzos todavía parciales e inseguros. El repudio del autor al principio de subsidiariedad es, a nuestro juicio, poco documentado y sin base constitucional. Sus referencias peyorativas al Magisterio Pontificio adolecen además de una animadversión inexcusable que empañan su metodología.
De lo contrario su aplicabilidad quedaría entregada a la voluntad legislativa.
i) Argumentos de teoría constitucional: a) La Constitución es directamente obligatoria y aplicable. o) Argumento de teoría de la justicia: Cuando se trata de un órgano del Estado.Como principio general. Pablo Rodríguez Grez)
Responsabilidad civil extracontractual del Estado (Prof. lo que vuelve ilusorio el principio de supremacía constitucional. o) Argumento de teoría de la justicia: El régimen civil de responsabilidad extracontractual resuelve de manera equilibrada y justa los problemas que se suscitan entre lo debido a los ciudadanos/administrados y lo debido al Estado en su labor de promoción del bien común y del interés general.
Régimen de responsabilidad del Estado Administrador (Prof. la responsabilidad se encuentra regida por el derecho público. existe un régimen constitucional sobre responsabilidad del Estado. Dicha actividad. cuyas claves conceptuales se encuentran en el derecho civil y sus estándares de justicia. la relación del Estado con los ciudadanos/administrados se caracteriza por la supraordenación.4
argumentales debidamente estructurados a fin de que su valor específico y su función dentro del conjunto sean apreciados comparativamente con una sola mirada (synopsis).
i) Argumento de teoría constitucional: Los principios y mandatos de la Constitución –como norma suprema del ordenamiento jurídico..se desarrollan a través de las leyes y son éstas las que sirven de fundamento a las reglas particulares y concretas. que es el que regula precisamente la actividad del Estado. no es una actividad de conmutación. no existe un estatuto constitucional sobre responsabilidad del Estado. De ahí que el régimen de derecho civil no le sea aplicable. atribución o reparto.Como principio general. definida constitucionalmente por la promoción del bien común. en la medida en que regula las relaciones entre privados caracterizadas por la equi-ordenación. sino de distribución. El derecho público no puede separarse completamente del derecho privado a la hora de configurar un régimen de responsabilidad. sus normas operan directamente. El resultado de esta sinopsis es lo que se transcribe a continuación. Eduardo Soto Kloss)
1º. sin necesidad ni mediación de otra norma..
5 En materia de responsabilidad del Estado. o “contravención” a ella. 38. 7 inc. artículo 38 inc. art.3º). inc. con lo que dicho régimen es operativo con independencia del mandato regulatorio a la ley
.3º. según se desprende inequívocamente de sus principios básicos.3º. 38 inc. Es indiscutible que el artículo 6 (incisos 1º y 2º) de la Constitución ha establecido tanto la vinculación directa de los preceptos constitucionales como su operatividad práctica. sobre la base de la violación de la Constitución (“infracción” de ella. 2º y 19 nº7 letra i) de la Constitución Política reenvían a la ley. se desvía del texto constitucional que en este punto es claro. c) Los derechos fundamentales de la persona no están supeditados en su existencia real a la mera voluntad del legislador. inc. 6 inc. los artículos 6. sus normas son directamente aplicables y obligatorias. Cualquier otra interpretación se desvía del texto constitucional. La Constitución establece un régimen de responsabilidad.3º. 7 inc.3. 7 inc. Cualquier otra interpretación que se separe de este principio. y para la Administración del Estado y sus organismos. siempre que se refiere a la materia remite a la ley explícita o implícitamente. 2º). La Constitución reconoce la responsabilidad del Estado. La Carta contiene de este modo un régimen operativo directo de responsabilidad.2º). consagrado expresamente en la Constitución vigente (artículos 6 inc. art. y específicamente sobre la base de la “lesión” que sufre la víctima en sus derechos por parte de la actuación u omisión de los órganos de la Administración del Estado (art.
Síntesis: Síntesis: No hay estatuto constitucional sobre responsabilidad porque la Constitución no lo establece explícitamente.
b) La responsabilidad del Estado es un principio fundamental del derecho público chileno.3º. Es más. pues son anteriores y superiores al Estado y sus órganos. Además. para cualquiera de sus funciones y órganos.
38 inc. siendo incluso deber de los órganos estatales “respetar y promover tales derechos” (art. Es por eso que la actividad del Estado Administrador genera responsabilidad cuando en su actividad vulnera los derechos de las personas provocando un daño. De ahí que el ejercicio del poder público tenga como límite “el respeto a los derechos esenciales de la persona humana”. la Constitución prescribe el sometimiento de la actividad estatal a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. absolutamente ajena al establecimiento de un régimen especial de responsabilidad
c) El art.6
ii) Argumento dogmático constitucional: No hay estatuto especial de carácter constitucional que regule la responsabilidad extracontractual del Estado.
c) El Inc. Para asegurar dicho respeto y promoción. a-b) Los artículos 6 y 7 de la Constitución no sirven para fundar un estatuto especial de responsabilidad del Estado: invariablemente al referirse a responsabilidades que se generan por la infracción de sus normas se reenvía la competencia al imperio legal. 38 de la Constitución tampoco sirve de fundamento: es una norma de competencia. 6). 5 inc. porque no hay base normativodogmática para sostenerlo. a) Su fundamento se encuentra en el principio de primacía de la persona en virtud del cual el Estado debe desarrollar su actividad realizando el bien común “con pleno respeto” a los derechos que la Carta establece (art. 2º de la Constitución establece claramente un estatuto de responsabilidad al distinguir entre la “responsabilidad del Estado” (su Administración orgánicamente
. 4º). o una “contravención” a lo establecido por el segundo. 2º del art. la cual “originará” la consecuencia aludida. infracción que “generará” dicha responsabilidad. señalan que la responsabilidad del Estado surge en la medida en que haya una “infracción” a lo dispuesto por el primero. pieza básica del Estado de Derecho que la Constitución de 1980 previó y estructuró dogmáticamente en sus preceptos. menoscabo. 1 inc. detrimento en su “ser” y/o en su “tener” (esfera corpórea/física/psíquica y/o esfera patrimonial). b) Los artículos 6 y 7. lesión.2º). en sus incisos terceros.
ii) Argumentos dogmático constitucionales: Uno de los principios fundamentales del derecho público chileno es la responsabilidad del Estado. estableciendo su obligatoriedad directa (art.
7 extracontractual del Estado.ii) El art. hecho u omisión. Un daño producido a una víctima que jurídicamente no está obligado a soportarlo implica para ella una carga desigual. porque éste obra conforme a derecho. 4 de la Ley 18. que origina ipso iure la responsabilidad del Estado. por el contrario.etc. La privación de la propiedad sólo puede provenir de una expropiación mediando la correspondiente indemnización. con más rigor. a través de la ley. cuyo fundamento constitucional se encuentra en el artículo 19 nº 20. comprendida) por el daño que produzca la actividad o inactividad (omisión) de sus órganos y la del “funcionario que hubiere causado el daño”. Municipalidades. que es el daño que más se indemniza.575. y al serlo configura una infracción del precepto aludido. En dicha hipótesis no se incumple una obligación.i) El 19 N° 1 garantiza la integridad física y síquica .
. Policía. En estos casos. Carabineros. limitaciones y obligaciones al dominio derivadas de la función social. sobre todo en los casos de muerte (Servicios de Salud.iii) El art. se satisface un mandato normativo. porque no se incurre en antijuridicidad ni en factor de imputación. d) La Constitución establece disposiciones específicas en las que hace operativo su régimen de responsabilidad: d. 19 nº 24 faculta a los poderes co-legisladores para imponer. o conscripción militar) o de invalidez (Servicios de salud. cualquier otra causa es ilícita y genera responsabilidad del Estado.i) ---
d. ya que no hay norma que imponga la obligación de indemnizar. Lo que reitera el art. y que. el deber de indemnizar no nace de la responsabilidad del Estado (lo cual supone el incumplimiento de una obligación) sino del derecho a ser compensado por la imposición de una carga especial. En todos estos casos. productos de los desaciertos de los servicios de la Administración d. responsabilidad ésta personal (subjetiva) del empleado que material o fácticamente lo ha producido por su acto.ii – d. Tampoco puede pensarse en una responsabilidad objetiva fundada en el riesgo. d. 19 nº 20 asegura la igual repartición de las cargas públicas. en derecho público se denomina "alteración en las condiciones normales de vida". sino. que es precisamente el bien que resulta afectado por lo que los civilistas llaman daño moral. No cabe imputar responsabilidad.
d) La Constitución no establece disposiciones específicas de responsabilidad de derecho público: d. 19 nº 24 hace operativa la responsabilidad del Estado establecida en la Constitución. no hay responsabilidad extracontractual del Estado.).iii) El art.
Alteración o desequilibrio que se recompone mediante la correspondiente indemnización de los perjuicios sufridos. 19 nº 2 asegura a todas las personas la igualdad ante la ley.iv) El art. puesto que la limitación al dominio corresponde a un actuar legítimo de la autoridad. No cabe encuadrar en el campo de la responsabilidad una obligación de compensación de cargas especiales que nace de un mandato constitucional expreso (art. Por otro lado. d. Tratándose de una limitación impuesta en la ley al dominio.vi) --d. previo pago de la correspondiente indemnización.8
Es entonces la ley la llamada a establecer limitaciones y obligaciones que deriven de la función social del dominio.no puede ser considerada consecuencia de una eventual responsabilidad extracontractual. ni el afectado pierde sus derechos. en razón de utilidad pública o interés general calificada por el legislador. que corresponde al incumplimiento de una obligación preexistente. 19 nº 20). Un daño o lesión en lo suyo producido por un órgano del Estado –en su función administrativa en este caso. En este plano.
. Si la Administración responde ante quien sufre daño.en una víctima que no está jurídicamente obligada a soportarlo. hay que insistir en que la reparación de un perjuicio cuyo antecedente es un acto legítimo de la autoridad –a lo que inclusive está obligada en derecho. ello es consecuencia de un acto anti-jurídico contrario a derecho. constituye una alteración de la igualdad ante la ley ya que significa una alteración o ruptura en la situación de igualdad de esa víctima frente a los demás que no han sufrido dicho daño o lesión. la expropiación no es más que una causa legítima de transferencia forzosa al Estado del dominio de un bien. ni es objeto de un acto anti-jurídico.
no autoriza al intérprete a construirlo recurriendo a un recurso
iv) Argumento lógico de coherencia interna entre los principios y normas constitucionales: La responsabilidad del Estado. 6 y 7). al establecer un caso de responsabilidad del Estado juez. b) El sistema constitucional chileno reconoce y consagra expresamente la responsabilidad del Estado por los daños que sus órganos produzcan. La frase “Injustificadamente erróneo y arbitrario” corresponde a la negligencia. Sus conceptos claves (malicia.
e) El art. originen o causen en su actividad.) son incompatibles con la naturaleza y estructura del Estado. Si el Constituyente hubiere pretendido generar un sistema de responsabilidad constitucional respecto del Estado. no resulta razonable sostener que la regla general es diferente y más estricta o está sujeta a un estatuto jurídico especial que no se señala sino que se deduce vía doctrinal. letra i. conformadas en su Administración por personas jurídicas. que es una persona jurídica. la servicialidad del Estado en su misión de bien común y la primacía de la persona humana.9
e) El artículo 19 nº 7. lo habría manifestado claramente o hubiere arbitrado las medidas para alcanzarlo sin reiterar su remisión al imperio legal. imprudencia o impericia con que un magistrado judicial ejerce sus funciones. cuasidelito. y específicamente la que deriva de su actividad administrativa. el respeto a los derechos de las personas.
iv) Argumento lógico de reductio ad absurdum: La circunstancia de que la Constitución no contenga un estatuto sobre la responsabilidad extra-contractual del Estado. Si el constituyente estimó conveniente reglamentar la responsabilidad derivada del ejercicio de la jurisdicción dándole un alcance subjetivo y aludiendo a la culpa del autor del daño. etc. no hace más que explayar el régimen constitucional en la materia
iii) Argumento de teoría general del derecho: a) No se puede hablar de responsabilidad “extracontractual” del Estado en los términos que dichas normas del Código Civil (título XXXV del Libro IV) lo utilizan. como una manera de establecer real y efectivamente la sujeción de ellos a la Constitución. delito. y de modo
. iii) Argumento de teoría general del derecho: Un estatuto sobre la responsabilidad extra-contractual del Estado no puede tener su origen en una deducción interpretativa. 19 nº 7. letra i) de la Constitución sirve de abono para rechazar un estatuto especial de responsabilidad del Estado. constitucionalmente prevista y consagrada de modo genérico para todos sus órganos (arts.
específico también para sus órganos administrativos (art. b) Al ser una responsabilidad de imposible estructuración técnica sobre la base de la culpa o el dolo. la Administración del Estado asume plenamente su responsabilidad por la lesión de los derechos de la persona humana. 38).
d) La imprescriptibilidad. La normativa civilista resulta incompatible con la esencia de la responsabilidad del Estado. que incurre en la confusión de identificar lo material con lo eficiente. esto es.10 interpretativo. condensa las siguientes notas:
b) La causalidad material. Es decir. Las consecuencias. deviene en una responsabilidad objetiva fundada en la causalidad material: atendida la relación causal entre un daño anti-jurídico (que la víctima no está jurídicamente obligada a soportar) y la actividad de un órgano del Estado en ejercicio de sus funciones. por lo que no se le aplica la estructura subjetiva con la que se ha organizado la responsabilidad civil. lo que atenta contra el principio de seguridad jurídica y de justicia. que conduce a la insensatez de afirmar que la Administración genera responsabilidad cuando cumple plenamente con sus obligaciones jurídicas. el Estado respondería sin límites por los daños que causa su actividad. e) La responsabilidad por actos lícitos. con lo que se excluye el factor de imputación como elemento basal de responsabilidad. omisión o acto antijurídico de una persona jurídica y no por la actividad de un tercero como sería la de sus empleados o dependientes. se origina o se produce por un hecho. Conclusión: Con la doctrina precedente. en concreto. en circunstancias que tiene la obligación de prestar los servicios que están expresamente establecidos en la norma
e) Se justifica más adelante
Conclusión: Con la doctrina precedente. nace. d) Se justifica más adelante.
. pues supone consagrar: a) La responsabilidad objetiva. tanto más que ello es un claro índice de que en la materia la carta política se remite a la regulación legal. el Estado asume plenamente su responsabilidad por la lesión antijurídica de los derechos de las personas. nace para éste la obligación de indemnizar. de un estatuto constitucional son absurdas. lo físico con lo jurídico. a) Es responsabilidad de una persona jurídica. c) Se trata de una responsabilidad directa.
ii) Ley 18.575.Existe un estatuto legal especial sobre responsabilidad del Estado coherente con su régimen constitucional Argumento dogmático-jurídico: i) La Ley 18. art. los daños que sean provocados por hecho o culpa de dichos órganos.
.11 jurídica o que se desprenden claramente de su mandato. la noción de falta de servicio debe entenderse en concordancia con lo dispuesto por la
Argumento dogmático-jurídico: i) Ley 18. art.
ii) Ley 18. lo cual excluye un régimen especial de responsabilidad objetiva. describiéndose para tales efectos.
iii) Ley 18. en la medida en que esta fuera igualitaria de acuerdo al art.575 es un cuerpo normativo de típica regulación “doméstica”: especialmente de “organización” (título II).. con un título I de “normas generales” y un título III sobre “probidad administrativa”. vr. De donde se deduce que la responsabilidad del Estado Administrador requiere (a) la existencia del daño. En todo y cualquier caso. 4 (que está en el título I “normas generales”) que no exige dicha noción. hecho u omisión) y el daño. art. gr. como si no existiera al respecto un régimen constitucional. 38 inc. 19 nº 20 de la Constitución). El factor de atribución de la responsabilidad es aquí precisamente la falta de servicio. 42: el artículo está ubicado al final del título II.575. esto es.2º de la Constitución al establecer la responsabilidad del Estado en la medida en que el “daño” haya sido “causado” “en el ejercicio de sus funciones”. Carece de sentido afirmar que ella ha tenido por objeto concretar el reenvío que la Constitución le habría hecho a la ley para regular la responsabilidad del Estado. art. párrafo 1º “De la organización y funcionamiento del Estado”. una obligación específica.575. cuya violación genera responsabilidad.575. (b) la debida relación causal entre el autor (del acto. 42: reconoce un tipo de responsabilidad derivada de una causa precisa: la falta de servicio.. pues contradeciría lo estipulado por el art.4: consagra el principio de que el Estado responde por los daños que “causen” sus órganos.. 2º. En ella está presente una referencia al deber de servicialidad del Estado.2: la responsabilidad del Estado se hace valer por las “acciones y los recursos correspondientes”: no hay mandato para dar a la responsabilidad del Estado un tratamiento especial diferente del que emana del derecho común. y (c) una víctima no obligada jurídicamente a soportar tal daño (como lo sería. La noción de falta se servicio no podría fundar por tanto un régimen general de responsabilidad del Estado.No existe un estatuto legal especial sobre responsabilidad extracontractual del Estado 2º. art.575.4: retoma la idea del art. en el supuesto de ser una carga pública. iii) Ley 18.
haciendo incapié en que dicha responsabilidad se extiende a la falta de servicio. art. la que debe respetar en su plenitud los derechos de las personas. La responsabilidad civil. lo cual implica extender a estos entes públicos un deber que pesa sobre cualquier persona en la vida social. b) En razón de su naturaleza: estamos ante una responsabilidad específicamente distinta de la responsabilidad civil. 142: cuando este precepto habla de falta de servicio. 142: enuncia un principio general al declarar que la municipalidad responde por los daños que cause. 4 de la Ley 18.12 Constitución y el propio art. iv) Ley 18. luego. c) Las normas del Código Civil tienen un carácter general y supletorio que permiten aplicarlas en todos aquellos casos en que existe laguna legal o remisión expresa de la ley. El art. art.575. sea contractual o
. que no restringen la responsabilidad del Estado a un solo tipo de daño. lo hace a título de especialidad no de exclusividad. En ella no se atiende al castigo del culpable sino que al ejercicio de la función estatal. se origina en una relación entre sujetos privados.575 en el sentido de que el Estado es responsable por todos los daños que causen sus órganos en el ejercicio de sus funciones. la falta de un estatuto especial no puede impedir que ella se haga efectiva. Es una reiteración de lo dispuesto por la Constitución y el art. Múltiples argumentos fundan esta tesis: La responsabilidad del Estado es de carácter constitucional. 42 de la ley 18. tanto el constituyente como el legislador dejaron entregada esta materia a la regulación del derecho común. en cambio. 142 no es más que reiteración del art. producto de su actividad. es una responsabilidad de derecho público y no civil:
b) No es suficiente argumentar que lo público y lo privado no pueden confundirse: la unidad y coherencia del sistema jurídico hacen posible proyectar las instituciones del derecho privado como elemento supletorio de la legislación que regula los actos de la Administración. d) Si el constituyente estimó que el Estado estaba afecto a responsabilidad. llenarse
a) En virtud de su origen: se trata de una responsabilidad fundada directamente en los principios y preceptos de la Carta chilena.695.695. 3º A la responsabilidad del Estado se le aplica el estatuto común de la responsabilidad civil.575. Múltiples argumentos fundan esta tesis: a) Al no establecerse un estatuto especial para encarar la responsabilidad del Estado. y por tanto resarcir. según se desprende claramente de la redacción y del espíritu del texto. 3º A la responsabilidad del Estado no se le puede aplicar el estatuto común de la responsabilidad civil. debiendo sin perjuicio de aplicarse la normativa supletoria ya referida. 4 de la ley 18. compensar o restituir al tercero que ha sido víctima de un daño antijurídico (no obligado a soportarlo). iv) Ley 18.
h) Al aludirse constantemente al derecho del Estado de repetir contra el funcionario que provocó el daño. La responsabilidad del Estado sigue el diseño de la responsabilidad civil. remediando los daños causados por la falta de diligencia y cuidado de los agentes públicos. Sus conceptos y su mismo lenguaje resultan de imposible proyección: hablar de malicia del Estado. pero en la lógica de su sistema bien pueden señalarse seis:
4º Las singularidades del régimen de responsabilidad patrimonial del Estado confirman que estamos ante un estatuto especial de derecho público. ha quedado testimonio elocuente de que tras la responsabilidad del Estado subyace siempre un ilícito civil. extracontractual. i) Los actos a través de los cuales el Estado desarrolla su actividad se ejecutan por agentes que intervienen con el mismo celo y diligencia que pesa sobre los particulares por lo que. lo que está reglamentado en el Código Civil. g) Las normas del Código Civil permiten proteger a las personas en general. por un órgano del Estado en el ejercicio de sus funciones. se aplica en la materia los estándares generales de diligencia y cuidado. Es una responsabilidad en que se mira o se atiende al dolo o culpa del sujeto que ha provocado el daño a un tercero/víctima. o de delito doloso o cuasidelito culposo cometido por él es un despropósito. aunque no alteran en absoluto los parámetros básicos de la responsabilidad consagrada en el estatuto de derecho común.13 una supuesta laguna legal recurriéndose a la analogía (la cual nos remite a la reglamentación general a la que están afectos los particulares).
4º Hay seis singularidades que le dan una cierta fisonomía propia a la responsabilidad extracontractual del Estado. existe la misma disposición. esto es. d) Los artículos 2314 y 2332 del Código Civil no pueden aplicarse a la responsabilidad del Estado. c) Por causa de su objeto: la responsabilidad constitucional no busca castigar al culpable sino resarcir a una víctima de lo que fue privada (daño) injustamente. en principio. e) La responsabilidad del Estado deriva de un hecho ilícito que supone la intervención culpable del agente que causa daño.
. El autor habla de cinco singularidades. esencialmente distinto al estatuto de derecho común. y está regida por el ordenamiento civil (básicamente el Código Civil). de modo antijurídico. f) Donde existe la misma razón. sin que estuviera ella obligada a soportarlo.
cuestión que tiene reglas especiales. el de la aplicación ilegal del DL nº 77 de 1973. falta/omisión que es enteramente ajena a problemas
. no pasibles de imputarles ni dolo ni culpa. pupilo o subordinado (Artículos 2320. 2321 y 2322 del Código Civil). y. El carácter objetivo de la responsabilidad emana de la propia naturaleza de los órganos de la Administración del Estado.
i) Responsabilidad directa y objetiva del Estado Argumento: a) La responsabilidad del Estado es directa porque tiene su origen en la actividad de una persona jurídica de derecho público y a ella se le atribuye sin mediaciones. en consecuencia. sino en la operación de servicio.
b) La responsabilidad del Estado es objetiva: está fundada en la lesión sufrida por la víctima –como lo establece expresamente el art.2º de la Constitución. La responsabilidad. en la responsabilidad del Estado por hechos de sus dependientes. y el sector de los órganos de policía (civil y uniformada/ Carabineros) Prevención: No es antinómica la idea de “responsabilidad objetiva” con la de “falta de servicio”. no se funda en la falta del deber de custodia. Tampoco hay que desconocer que en casos especiales puede invocarse la responsabilidad objetiva. los cuales son personas jurídicas estatales.y no en la “culpa” del servicio. para que ella surja es necesario que exista culpa del Estado. entendida ésta como “omisión” del actuar debido. el de los Servicios de Salud. la responsabilidad es directa y se considera como si el daño hubiere sido causado por el Estado sin que interese la intermediación de un subordinado (empleado público).14
i) Responsabilidad directa del Estado (que excluye la responsabilidad vicaria) Argumento: Mientras en el Código Civil se configura una responsabilidad extracontractual indirecta (mal llamada por hecho de terceros) que surge de la falta de vigilancia y cuidado de un dependiente. por consiguiente. Si bien puede no interesar la conducta del funcionario que causó el daño. Prevención: Lo anterior no implica admitir la responsabilidad objetiva. pero para que tal ocurra es necesario que exista un texto legal expreso. Lo anterior se comprueba revisando la legislación y la jurisprudencia de los cuatro sectores donde aparece de modo más manifiesto la responsabilidad objetiva del Estado-Administración: el sector de las municipalidades. 38 inc. carentes de subjetividad.
Se trata de una omisión del actuar debido porque la ley así lo impone. a. ii) Responsabilidad por “falta de servicio” (Presunción especial de culpa en relación exclusivamente a la falta de servicio). obrando contra derecho. no ha funcionado debiendo hacerlo. Definición: Hay falta de servicio cuando un órgano público. en consecuencia. sea porque no se actuó en el momento oportuno.15 de carácter subjetivo como es la imputación de culpa. el abuso o exceso en el ejercicio de las potestades. lo que causa daño al administrado. causando daño al administrado. sea porque no se actuó debiendo jurídicamente hacerlo.ii) Se incurriría en una eventual
. la falta de servicio es una categoría que no puede servir de base para fundar el régimen chileno de responsabilidad estatal: a. sea porque no se actúo eficientemente como la ley lo exige. Definición: La Falta de servicio es la omisión de actuar (falta como ausencia) en la forma. Por tanto. ii) La ley no ha podido configurar la regulación de la responsabilidad del Estado-Administrador sobre la sola idea de la “falta de servicio”. sea que se interprete la falta de servicio a la francesa (como culpa de servicio) o de modo correcto (como omisión de servicio). que obviamente no puede contravenir el principio general en materia de responsabilidad del Estado. momento y medios debidos de acuerdo a lo exigido por la ley.
Consecuencias primarias: a) La falta de servicio constituye una base conceptual esencial de la responsabilidad extracontractual del Estado
Consecuencias primarias: a) La falta de servicio es un concepto funcional a la “organización interna” de la Administración. La falta de servicio no incluye.i) Se incurriría en inconstitucionalidad porque la Constitución no restringe de ningún modo la responsabilidad del Estado. En este sentido. es un concepto que no sirve para fundar el régimen general de responsabilidad de la Administración en Chile. ha funcionado defectuosamente o lo ha hecho con retardo. como la ley lo establece.
575 –que es de aplicación general a la Administración. 141 de la Ley 18. De lo anterior habrá de seguirse un perjuicio causalmente ligado a cualquiera de estas irregularidades en el desempeño y funcionamiento del servicio público. que de acuerdo al título II (art. tal como está estructurada por el art. b) La falta de servicio. lo cual se aprecia en relación a la conducta de los dependientes y funcionarios.695 respecto de las Municipalidades tampoco lo hace. los Gobiernos Regionales. plantea una relación intra-administrativa. o hasta con malicia (hay allí una culpa personal). El art. b) La falta de servicio. 21). etc. y a las empresas del Estado (art. las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.16 contradicción normativa: el artículo 4 de la Ley 18. entre los que hay que excluir asimismo a la Contraloría General de la República. tal como puede entenderse de acuerdo a las categorías precisas de la responsabilidad civil.575. Por lo que hay que situar el concepto en su ámbito de aplicación propio. o su funcionamiento ha sido irregular. incide sólo en los órganos fiscales. d) La conceptualización de falta de servicio adolece en la doctrina iuspublicista de una insuficiencia esencial: se omite la consideración expresa de su antijuridicidad (contradicción del acto con el sistema jurídico como un todo o con una norma expresa del mismo).
c) Es necesario acreditar que contrariando el ordenamiento jurídico ha existido una indebida paralización del servicio público. 44/42 de la Ley 18.no restringe la responsabilidad del Estado a la falta de servicio. que actúa desaprensivamente. o tardío o extemporáneo en relación a la necesidad a satisfacer. a fin de perseguir al funcionario negligente o indolente. c) El problema se resuelve con lo dicho previamente. es una noción normativa que implica culpa o dolo de la Administración –persona jurídica-. Al considerar la antijuridicidad se llega a la conclusión necesaria de que la ausencia de servicio está referida siempre al incumplimiento de un deber
d) El punto se trata in extenso más adelante. 42) de la Ley 18. y repetir en su contra por la indemnización que ha debido pagar el organismo administrativo a una víctima.
.575 (al relacionar sus dos incisos).
como si fuera el régimen general de responsabilidad del Estado. la conducta de un dependiente que ha obrado dolosa o culposamente por acción u omisión. b) Con lo dicho. más aún. con una solución acorde con la lógica del derecho público. o lo haga imperfectamente o con retardo. reglamentos. se resuelve la cuestión. sabiendo que el espíritu de cuerpo. b) Lo que singulariza la responsabilidad extracontractual del Estado es el hecho de que en este ámbito se desplaza la falta personal (conducta del funcionario) a la falta de servicio (conducta de la Administración). inmovilizando o desviando el funcionamiento de la Administración. genera consecuencias perversas: la víctima será quien tenga que probar el “mal funcionamiento” del servicio. sino un caso típico de responsabilidad subjetiva. c) La falta de servicio configura una presunción de culpa que opera por el solo hecho de que el servicio no funcione debiendo hacerlo. lealtades. la transforman en deudora del administrado. imputándose a esta última las consecuencias dañosas y el deber de repararlas. vale decir. Tras la falta de servicio subyace una falta personal. Se trata. Esta obligación es la que se incumple dando origen a la responsabilidad. cuando no imposible.
c) Idem.17 que la administración estaba jurídicamente obligada a cumplir de una manera íntegra y oportuna.. Consecuencias derivadas: Consecuencias derivadas: De la precedente conceptualización de la falta de servicio se deriva lo siguiente: a) La falta de servicio no es manifestación de una responsabilidad objetiva. por De la precedente conceptualización de la falta de servicio se deriva lo siguiente: a) Plantear la “falta de servicio” entendida como “culpa de servicio” y. Los servicios que debe prestar la administración en virtud de las leyes.
. tales extremos. instrucciones administrativas. en cuanto falta la diligencia y cuidado debidos en el cumplimiento de una obligación preexistente (normal funcionamiento del servicio). pero sigue siendo una manifestación clásica de la culpa. De este hecho se deduce que es la Administración y no el dañado quien debe acreditar que se ha obrado con la diligencia y cuidado debidos. La culpa no es “personal” sino “institucional”. etc. de acuerdo con su estatuto jurídico. protecciones y silencios ominosos. hacen muy frecuentemente difícil.
Ella se producirá siempre en virtud de una falta personal. no son casos de responsabilidad extracontractual (porque no incumple una obligación ni se hace presente un factor de imputación) ni tampoco de responsabilidad objetiva fundada en el riesgo. la falta como culpa de la Administración. 5º. en su genuino sentido de omisión en la prestación del servicio que produce un daño. la ley o el reglamento. Mientras esto no suceda subsistirá la responsabilidad del Estado. e) No hay responsabilidad del Estado cuando éste actúa lícitamente. 169.. porque estando la Administración obligada a desplegar una conducta determinada (obligación). de una presunción simplemente legal. El régimen de responsabilidad del Estado no queda restringido a la falta de servicio. esto es. 2329 del Código Civil. Conclusión general: Conclusión general: La falta de servicio es una nueva noción de culpa aplicable solo a la Administración.18 ende.
. gr. la resigna o Hay que descartar la falta de servicio a la francesa (doctrina ya superada en el país galo). e) La noción de falta de servicio. el art. sea cual sea la definición que se siga. no tiene aplicación cuando se persigue la responsabilidad del Estado por daños provocados por un acto administrativo. f) Solo hay responsabilidad objetiva por mandato expreso de la ley -vr. en todo equivalente a las presunciones del art. en el entendido que la Administración está obligada a prestar aquellos servicios que le impone la Constitución política. La responsabilidad del Estado Administrador es objetiva. inc. con prescindencia de quien o por culpa de quien aconteció. d) La responsabilidad extracontractual del Estado puede desenvolverse siempre que no se pruebe un caso fortuito u otra causal de justificación.
f) El punto ya está resuelto. Ley 18. sino que caen dentro del art. Lo que caracteriza la falta de servicio es la antijuridicidad de dicha conducta. 19 nº 20 de la Constitución. pero sin perjuicio de acreditarse lo contrario. d) Idem.290 de tránsitodonde lo que interesa es el hecho. La omisión del servicio o su defectuosa o tardía prestación comprometen su responsabilidad al presumirse culpa. pues éste no encuadra con los hechos materiales u omisiones. Los casos contemplados en la Constitución en que la Administración debe indemnizar por el daño incurrido no obstante haber actuado legítimamente y con facultades suficientes.
La segunda puede ser anónima o radicada. vr. La falta personalísima implica una desvinculación material (separación total. pero vinculado o en razón de la pertenencia a la Administración) del empleado público en el ejercicio de sus funciones. ajenos a la función que se desempeña. ámbito de la vida privada) o psicológica (acto se ha ejecutado por móviles personales. si
. gr. La falta personal arrastra automáticamente la falta de servicio del órgano de la Administración. que es. responsabilidad que tiene como fundamento la negligencia en la elección de quién tiene que realizar una prestación y el vínculo aunque remoto entre el daño y la pertenencia de quien lo causa a la Administración.
La falta personalísima. Ambas son perfectamente compatibles y pueden demandarse solidariamente según las reglas generales de la responsabilidad civil (art.
iii) Responsabilidad de doble fuente (por falta de servicio y por hecho personal imputable al Estado) La primera ya ha sido analizada. como se ha visto.2317 del Código Civil).. una de las grandes singularidades de este tipo de responsabilidad. Excepcionalmente puede existir responsabilidad del Estado derivada de la culpa in eligendo. Cuando la desvinculación es material el Estado sólo responde cuando el daño causado no haya podido provocarse sin los medios suministrados por la Administración. Cuando es psicológica.19 ejecuta de manera incorrecta o defectuosa. en principio.
iii) Se subsume la persona del funcionario dentro de la persona jurídica del Estado para efectos de su responsabilidad objetiva. no induce a la falta de servicio porque la causa del daño se halla desvinculada de la actividad de la administración.
hecho u omisión) hace surgir la responsabilidad del ente estatal y. en concreto. culpa o riesgo) para la atribución de responsabilidad. La exigencia de una mera causalidad material es un débil sustrato conceptual. Una vez más. Se sigue el mandato de la Constitución de garantizar los derechos de la persona lesionadas por la conducta anti-jurídica de la Administración. la causalidad material.
.20 el daño no ha podido producirse si se excluye el hecho de pertenecer el dañador a la Administración. basta la causalidad material para darla por acreditada. 2320 y 2322 del Código Civil. parece justo que ésta asuma el riesgo de la conducta de sus dependientes en términos similares a los arts. Aquí entran a jugar los factores de imputación (dolo. tanto si se invoca la falta de servicio como la falta personal del funcionario público. no puede imponerse a éste la obligación de reparar los perjuicios. la misma lesión producida a la víctima (daño producido por acto. Es decir. c) Con la mera causalidad material se hace responsable a la Administración por hechos que escapan absolutamente a su previsión y control. o sea por el daño padecido por ella. Si el resultado dañoso no es consecuencia del hecho reprochado a su autor. se prueba que esta figura nada tiene que ver con la responsabilidad objetiva
iv) Exigencia de una relación causal normativa. d) Al exigirse una relación causal solo
iv) El régimen de responsabilidad objetiva exige.
a-e) La solución es mucho más simple cuando se parte de la causalidad material. en consecuencia. dado que en lo físico ordinariamente hay varias concausas y se requiere de un criterio adicional para determinar la atribución razonable de una consecuencia perjudicial a una conducta indebida. la obligación de indemnizarla. Si la responsabilidad del Estado gira sobre la base de la lesión sufrida por la víctima. lo que se prueba por varias razones de orden teórico y teórico práctico: a) Para la conceptualización de la causalidad en el ámbito jurídico es necesario unir a la causalidad material o física los ingredientes de la causalidad jurídica. b) No es lo mismo causalidad material que causalidad eficiente. El derecho debe tener su propio método para saber cuándo un sujeto es responsable.
vi) El ámbito de aplicación de la responsabilidad del Estado es más limitado que el establecido en el derecho común. inc. 42 de la Ley 18. e) Tratándose de una responsabilidad subjetiva presunta carece de toda consistencia atribuir a esta responsabilidad una relación de causa material o física y no jurídica o normativa. debe repararse todo el daño producido injustamente a la víctima. pues en principio solo se considera el daño en cuanto lesión a los derechos subjetivos. La causalidad física no es más que el punto de partida.21 material y no jurídica se está negando la posibilidad de que opere una interrupción del nexo causal.575. 2º de la Constitución Política. debe comprender no solo el daño
.575. 142 de la Ley 18. a) La indemnización. las presunciones de culpa de la Administración (falta de servicio) son un medio para facilitar a los particulares el ejercicio de su derecho a ser resarcidos de los perjuicios que sufren cuando éstos últimos provienen de un órgano del Estado.2º de la Ley 18. No dice relación directa con la Responsabilidad del Estado frente a las personas.
vi) Puesto que la configuración de la responsabilidad del Estado viene exigida por la justicia distributiva (de la distribución o reparto y no de la conmutación). Conclusión general: La responsabilidad extracontractual del Estado en sus dos posibles orígenes. ocasione o provoque cualquier tipo de v) Derecho de reembolso de la Administración. según se desprende del art. v) Derecho de reembolso de la Administración.695 y 38 inc. a) No basta que el Estado produzca. la cual se establecerá aplicando alguna de las teorías que se han formulado en esta materia. nivel cultural y desarrollo imperante en cada momento histórico de la sociedad. que siempre será en dinero. En este aspecto. requiere para su existencia de una relación causal normativa. La causa jurídicamente idónea para imputar responsabilidad sobre un resultado nocivo es aquella razonablemente previsible de acuerdo al acontecimiento. Está consignado en los artículos 42. 38 de la Constitución y del art. El derecho a reembolso hace parte de las relaciones entre el Estado y sus funcionarios.
siempre que el mismo. llámese daño moral. patrimonialmente producido por el Estado. acto u omisión cometido por el Estado en el ejercicio de sus funciones. perturbación o molestia de un interés.La actividad jurídica del Estado no es fuente de responsabilidad de la Administración.restituir a la víctima del daño. La responsabilidad del Estado persigue – al modo de la nulidad de los actos jurídicos. no es suficiente para dimensionar la lesión en materia de responsabilidad extracontractual del Estado. como sucede normalmente con el llamado daño que altera las condiciones normales de la vida.
5º. lo cual supone la afectación de un derecho subjetivo. Significa esto que la noción de daño es más restrictiva aquí que la que se aplica en la responsabilidad común. ni es objeto de un acto antijurídico. precio del dolor. etc. puesto que la limitación al dominio corresponde a un actuar legítimo de la autoridad. Tratándose de una limitación impuesta en la ley al dominio. menoscabo.22 daño -entendido como detrimento de la esfera jurídica de un sujeto..
5º. 19 n° 7 letra g). Cuando dada la naturaleza del daño (muerte. sino también el daño extrapatrimonial que ha originado. pérdida. la responsabilidad del Estado no puede revestir los caracteres puramente restitutorios.los ha vulnerado y dañado. 2º de la Constitución Política hace alusión a la “persona lesionada en sus derechos”.La actividad jurídica del Estado es fuente de responsabilidad de la Administración. en razón de la función social consagrada en la Constitución.
b) La invocación del artículo 19 nº 24 para justificar la indemnización de perjuicios por el daño integral es equívoca. cualquier otra causa es ilícita y genera responsabilidad del Estado (sin perjuicio de las requisiciones y de la pena penal de la confiscación en el caso del art. En vez de promover y proteger los derechos de las personas en su actividad de bien común –cual es el rol del Estado.para generar responsabilidad. La privación de la propiedad sólo puede provenir de una expropiación mediando la correspondiente indemnización.). mutilación.. debe hacerlo con los caracteres reparatorios o compensatorios. ni el afectado pierde sus derechos. La diferencia perjudicial para la víctima entre su situación antes de sufrir el hecho ilícito y después del mismo. donde el elemento constitutivo del ilícito civil. b) El art. o simplemente alteración en las condiciones normales de la vida. 19 nº 24 hace operativa la responsabilidad del Estado establecida en la Constitución.
. detrimento en la afectividad. menoscabo de la honra y dignidad. así éste se halle o no constituido en derecho. en este último evento. El título de la indemnización no es aquí la responsabilidad del Estado sino la compensación patrimonial. El artículo 38 inc. al mismo estado en que se encontraba al momento anterior a la comisión del daño. Lo anterior se estima justo porque el Estado al aplicar las políticas públicas lesiona muchos intereses ante la necesidad de seleccionar aquellos que deben ser amparados y convertidos en derechos subjetivos. La razón de la integridad radica en el carácter antijurídico del daño/hecho. consiste en la lesión. esté legitimado por el ordenamiento jurídico. en lo posible.
sino de los efectos patrimoniales generados a su amparo mientras estuvo vigente en virtud de la presunción de legalidad de que estaba dotado.
.la nulidad del acto administrativo. sea unilateral. existiendo el deber jurídico de actuar. tendrá su fuente en una actividad jurídica. pues. imperio y exigibilidad. En consecuencia. administrativos) es una responsabilidad “constitucional”.23 Argumento: Los actos administrativos están definidos en la ley 19. sea contractual. el daño que se sigue de la nulidad del acto administrativo sólo puede ser reclamado cuando hay disposición legal que lo autorice. si bien deriva de la invalidación del acto administrativo. y siempre que se trate de un perjuicio esencialmente reclamable por medio de los recursos administrativos y judiciales que correspondan. y según sea el origen del daño producido por sus órganos. salvo que el sistema normativo lo autorice. no implica reparar los perjuicios provenientes de la nulidad del mismo.
Lo anterior se confirma con el art. Pero este efecto. Lo anterior limita la responsabilidad extracontractual del Estado en el evento que se declare –ya por la misma Administración o por los tribunales de justicia. contralores. en una actividad material (hechos) o en una inactividad (omisiones). La referida irresponsabilidad del Estado por actos administrativos dejados sin efecto. ilícito desde que es antijurídico. en circunstancias de que dicha lesión constituye una privación de lo suyo que la víctima no está jurídicamente obligada a soportar. 19 nº 7 letra i): si la Constitución Política necesitó decir que en el evento de que se ejerciera en forma “injustificadamente errónea o arbitraria” una potestad pública (jurisdicción) era procedente una reparación de perjuicios causados. judiciales. especialmente administrativos. No se trata de una indemnización de perjuicios en cuanto cumplimiento por equivalencia de una obligación incumplida sino de un efecto restitutorio (pasivo y activo) que. En esta perspectiva. es porque no puede invocarse responsabilidad civil alguna de ninguna otra potestad pública. no civil. no tiene carácter indemnizatorio sino meramente restitutorio (en pro o contra de la Administración). El daño producido u ocasionado por la administración (lesión en los derechos) debe ser siempre antijurídico para generar responsabilidad. Será. no excluye de manera alguna la dación o restitución de los beneficios patrimoniales que derivan del acto invalidado. Argumento: La responsabilidad del Estado por cualquiera de sus órganos (legislativos.880 y gozan de la presunción de legalidad. un acto aparente o pretendidamente lícito no es tal si genera una lesión en los derechos de una persona.
cuando se quebranta la igualdad que debe existir entre todos los habitantes de la república respecto de las cargas públicas. Pero como la responsabilidad extracontractual del Estado. que lesionen los derechos de las personas. Si la Administración obra legítimamente. si bien tiene especificidades propias que la caracterizan. dos otras acciones típicamente constitucionales y de derecho público que son la acción de amparo habeas corpus y la de “inaplicabilidad" de preceptos legales contrarios a la Constitución. Lo anterior no impide las prestaciones restitutorias. se aplica el principio general en esta materia. Conclusión: El Estado es responsable por todos sus actos.24 Los efectos patrimoniales derivados de la nulidad de un acto administrativo no constituyen indemnización atribuible a responsabilidad extracontractual del Estado. no estando obligadas jurídicamente a soportarlos. En ninguna de ellas existe plazo para que se ejerciten ante los tribunales. hechos u omisiones. no incurre en responsabilidad. conforme a derecho. la prescriptibilidad de todo derecho y de toda acción judicial.
Argumentos: a) En la Constitución existen. Conclusión: No puede reclamarse responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la invalidación o nulidad de un acto administrativo. obedece a los mismos principios y a la misma normativa que la responsabilidad extracontractual regulada por el derecho común. además de la acción de responsabilidad del Estado (y especialmente del Estado Administración) y de nulidad de derecho público. puesto que ello corresponde al ejercicio de una potestad pública y no existe norma constitucional o legal que lo autorice (salvo hipótesis contemplada en la Constitución política).. aún cuando cause daño. Pero es posible reclamar una compensación del Estado por el daño que provoca una actividad lícita del mismo.
. cual es. siendo la imprescriptibilidad la excepción Argumentos: a) No existe norma constitucional o legal que declare imprescriptible o prescriptible la acción de perjuicios contra el Estado. Pero no se trata de una indemnización derivada de la responsabilidad extracontractual.A la responsabilidad del Estado se le aplica el principio general. sino que son prestaciones restitutorias.
6º La acción constitucional de responsabilidad del Estado es imprescriptible. que supone el incumplimiento de la obligación preexistente de no causar daño a nadie.
no pudiendo extenderse su aplicación a situaciones que no se encuentren especial y formalmente contempladas en norma especial.
. art. respecto de una víctima que no está jurídicamente obligada a soportarlos. es decir.415 han debido declarar la imprescriptibilidad de ciertas acciones y derechos. 2332 (se cuenta desde la perpetración del acto. Conclusión: En materia de prescripción se aplica el art. en medida nada desdeñable manifiesta su intención de abdicar del derecho afectado. Y si es así. 63 de la ex Ley de Municipalidades (derogado). cuatro años). la prescripción resulta ser indispensable y jugar un papel necesario en la seguridad jurídica que implica establecer relaciones de derecho formales y estables. es porque la prescriptibilidad es la regla general.
c) Si el art.
. las que se rigen por sus propias leyes y ordenamientos.25
b) El artículo 2497 de la prescripción en general sostiene que las reglas se aplican a favor y en contra del Estado. sin reclamar ante quien corresponde el reconocimiento de su derecho. pues quien deja pasar el tiempo admitiendo como legítima una situación de hecho. e) Tras la prescripción subyace una presunta voluntad abdicativa. 8 del DL 3557 sobre protección agrícola y la LOC 18. 2517 tampoco es aplicable pues el Estado no podría adquirir ningún derecho -¿el derecho a seguir lesionando?.
d) La prescripción es una norma de clausura. También en la responsabilidad del Estado. en el evento de la imprescriptibilidad la norma debe interpretarse restrictivamente. destinada a estabilizar y consolidar situaciones de hecho. 2497 no calza con la acción constitucional de responsabilidad del Estado.
Conclusión: Las disposiciones del Código Civil en materia de prescripción son enteramente inaplicables al Estado en lo concerniente a su responsabilidad por los daños que comete en el ejercicio de sus funciones. etc.por la extinción por prescripción de la acción de responsabilidad. transformándolas en situaciones de derecho. pues ésta no es ni “ejecutiva” ni “ordinaria”.
d) El art. capaces de proyectarse en el tiempo sin incertidumbres paralizantes. 547 (título II del Libro I) dispone que las disposiciones de ese título no son aplicables a las entidades personificadas de derecho público. c) El art.
b) El Código de Bello no puede aplicarse supletoriamente en la materia pues el art.
y a modo de captatio benevolentiae. La primera disonancia que hay que constatar tiene su origen en el intento de aplicar el derecho civil al Estado. la generalidad de los tratadistas de derecho civil8. si enfrentamos los principios del sistema de responsabilidad diseñado por el Prof. por más que se tomen los resguardos adecuados. Asimismo. El problema es que con ello se produce un desenfoque: aplicar el derecho civil al Estado. sino que sostienen algo diverso. 8 Por todos. Nos eximimos de examinar. como lo reconoce sabiamente el propio profesor Rodríguez7 y con él. 169 “hermetismo constitucional”. que el estatuto del derecho civil no puede aplicarse al derecho público. en RODRÍGUEZ (1999b) pp. de donde deriva lo que denomina en p.
. Rodríguez. que el derecho público tiene una especificidad propia. El Prof. en el diseño del Prof. cual es. en el contexto de la teoría de las fuentes del derecho. Pero su lógica – en ocasiones aplastante. 157-166. Dicho en otros términos. a saber. si bien el derecho público también queda integrado por algunas “potestades regulatorias”.sigue siendo la lógica del derecho civil. aclarar ciertos malos entendidos puede coadyuvar a acercar las posiciones. No afirman que los conceptos del derecho civil son inútiles en las ciencias del derecho público. diversas en su esencia a las que corresponden al sistema de derecho privado. pues en materia de
En efecto. El Prof. la abundantísima bibliografía del derecho civil comparado sobre la materia. Rodríguez el choque se hace inevitable en razón de la intervención de una disciplina (derecho civil) en otra (derecho constitucional y administrativo). singularidad exclusiva de la Constitución Política como estatuto vinculante. y con él los iuspublicistas que le siguen. por razones obvias.12-13: “Parece más lógico y exacto fundamentar la distinción (entre el derecho público y el privado) en la naturaleza de la relación … Es esta distinción entre la justicia conmutativa y la justicia proporcional la que diferencia fundamentalmente el derecho privado del público”. Lo que en otro lugar lleva a nuestro jurista a hablar. Resta saber si dicha intervención está justificada. las singularidades de la responsabilidad extracontractual del Estado provienen. precisamente de la especificidad del derecho público. ¿Es legítima la pretensión? Desde la perspectiva privatista lo es y ya sabemos por qué. 165-169 se destaca cómo el principio de supremacía constitucional es un presupuesto esencial del Estado de Derecho. de “potestades normativas” como se constata en RODRÍGUEZ (2001) pp. con otras reglas de justicia. aparece en toda su desnudez el nudo gordiano de la cuestión.26
*** De la sinopsis examinada se desprende la existencia no sólo de diferencias patentes sino también de disonancias latentes entre los dos sistemas. Soto Kloss con la propuesta del Prof. En este plano. y más tarde o más temprano. por lo que se conduce con otra lógica. Soto Kloss. DUCCI CLARO (1995) p. es invitar a jugar con reglas extranjeras. no pretende negar la importancia que tiene el derecho civil como base de muchos de nuestros conceptos jurídicos. Rodríguez afirma una vez más que sí y da razón de sus dichos con fuertes argumentos. así como algunas concordancias derivadas en aspectos no menores.
“estatistas” o “privatistas” puros. Soto Kloss llamaría cotas de irresponsabilidad estatal. Rodríguez.27
responsabilidad. Soto Kloss. A primera vista. Rodríguez es una aplicación por vía de analogía de la doctrina de la responsabilidad extracontractual sentada por el Código Civil. como en otras materias. sino que defienden la necesidad de precisar los conceptos de responsabilidad que se utilizan en las ciencias del derecho público. sin embargo. ello explica por sí mismo la profundidad y precisión con la que desarrolla su doctrina de la responsabilidad del Estado. se atenúan en las consecuencias de orden práctico. el Prof. Rodríguez conoce a fondo este problema e intenta resolverlo precisamente en el artículo que aparece en la presente edición de Actualidad Jurídica. El problema surge cuando se constata que detrás de diferencias de disciplinas palpitan. Rodríguez que en la doctrina del Prof. Con la causalidad material como resorte de la responsabilidad objetiva del Estado Administrador y la posibilidad de aplicarla a los actos lícitos en las condiciones ya reseñadas. aunque no iguales. se zanjan las dificultades casi diabólicas para
. A nuestro juicio. diferencias de reglas de justicia. hay concordancias derivadas dignas de notas entre ambos juristas: i) El concepto de responsabilidad del Estado es más restringido en la doctrina del Prof. el Prof. A diferencia de otros autores. b) Queda excluida la responsabilidad del Estado por actos lícitos. frente a la actividad del Estado. Las divergencias. los elementos subjetivos (dolo-culpa / falta de servicio) de la responsabilidad determinan su atribución. lo civil no es lo constitucional-administrativo. Sabemos que en su estructura la teoría de la responsabilidad extracontractual del Estado del Prof. Soto Kloss es bastante más garantista. y los iusprivatistas que le siguen. no afirman que las reglas del derecho civil se apliquen al derecho público sin reconocer sus sustanciosas particularidades. lo justo conmutativo no calza con los criterios de la justicia distributiva o proporcional. sin más. Por otro lado. la doctrina del Prof. Lo privado no es lo común. por lo que se prescinde de la responsabilidad objetiva y de la causalidad meramente material. éste conserva su propia naturaleza. Lo hace siempre intentando evitar lo que el Prof. consciente del postulado de Alberdi de que la omnipotencia del Estado es el fin de las libertades. En este sentido. de donde se desprenden inmediatamente dos consecuencias fundamentales: a) Presupuesta la existencia del daño. alcanzando el/la administrado / persona esferas de protección análogas. atributos y finalidades.
con lo que se vulnera el artículo 1° inciso 4º de la Constitución. lo que está confundido en la solución iuspublicista por equívoca asunción de los conceptos de responsabilidad y antijuridicidad queda meridianamente deslindado en la solución iusprivatista. En esta materia hay que precisar que los conceptos de anti-juridicidad que manejan ambos sistemas son distintos. Los actos de la Administración –como los hechos y las omisiones. le parece que la licitud de los actos del Estado es suficiente para asegurar su constitucionalidad. Y que el ordenamiento jurídico no sufre de rupturas en su interior. Rodríguez? La respuesta. 19 nº 24 o 19 nº 20. La causalidad material no es un concepto jurídico y la responsabilidad objetiva deja al Estado en la eventualidad de no dar un paso en la promoción del interés general sin tener que responder patrimonialmente de su actuar con recursos a la sazón limitados. En la doctrina del Prof. es muy alto para el Prof. es negativa. como ha precisado Iván Aróstica en más de una ocasión. por lo que aquella siempre supone una antijuridicidad o infracción a la Carta. a su juicio.
. de donde se deriva la aplicación del estatuto común de responsabilidad establecido por el Código Civil. en la lógica del derecho público no es difícil comprender por qué la responsabilidad constitucional del Estado es objetiva y de qué modo sus órganos responden por los actos lícitos. un acto administrativo puede ser "lícito" en cuanto a sus fines u objetivos (el para qué: propender al bien común). Sostiene –ya lo hemos leído. lo que en concreto significa que les está prohibido causar u ocasionar lesiones en los derechos de la persona. De esta manera.no sólo deben ser lícitos sino constitucionales. En este contexto. Soto Kloss el sustento de la responsabilidad no es el Código Civil sino los artículos 6 y 7 de la Constitución. pues a lo lícito lo acompaña siempre la presunción de constitucionalidad. En su parecer. dado que la propia Constitución ha entregado a la ley el mandato de establecer el régimen de responsabilidad del Estado.que una cosa es la responsabilidad y otra la obligación que la Constitución le impone al Estado de indemnizar la lesión a los derechos fundamentales en los términos del art. Lo que le parece imperativo aclarar es que los conceptos de responsabilidad y de indemnización no son siempre correlativos. Rodríguez. ¿Quedan los particulares sin garantías suficientes con la doctrina del Prof. Además. Pero sin dejar en la intemperie jurídica al administrado. pero ilícito en cuanto a su objeto o contenido (el qué decide causa un daño que la víctima no estaba obliga a soportar). sin embargo.28
el administrado de rendir probanzas inconducentes y se resalta la primacía de los derechos fundamentales frente a la conducta del Estado. El precio. Conceptualmente no es una buena solución. dado que el bien común debe buscarse "con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece".
y concordando con el Prof.
Recordemos el ejemplo: “Si una ambulancia de un servicio público de urgencia debe concurrir a recoger a un herido y a el vehículo es emboscado por un grupo terrorista. se admiten causales de justificación que son absolutamente razonables.
.la función de categoría general de la responsabilidad del Estado. ii) La noción de “falta de servicio” es más restringida en la doctrina de Prof. dejando a los lesionados sin reparación en los casos límites. habrá ausencia de servicio pero no responsabilidad extracontractual del Estado. El ejemplo de la ambulancia lo formula precisamente para desafiar la razonabilidad de la solución iuspublicista que critica9. sus elementos subjetivos). o es objeto de un accidente intencionadamente provocado. Tanto el Prof. El Prof. Rodríguez engloba con el término una tipificación completa de la conducta de la Administración (no ha funcionado debiendo hacerlo/ha funcionado defectuosamente/lo ha hecho con retardo). Soto Kloss coinciden en que la idea de “falta de servicio” genera peligrosas equivocidades que reconocen su origen en una deficitaria traducción del original francés (faute du service). En ambos casos se impide la denominada “prueba diabólica” que. Rodríguez y la función que se le asigna en cada sistema es diversa: en el primero es una noción especial pero no única ni general. Precisemos. el Prof. ambos critican primariamente la noción de “falta de servicio” y coinciden en un importante estándar: que la Administración responde por los perjuicios que se cometen con ocasión de su actividad. afectaría al administrado. Rodríguez como el Prof. Pero a partir de ahí.29
En este plano. las diferencias emergen con toda su fuerza. cuando es necesario. Soto Kloss en materia de responsabilidad directa del Estado administrador. la que no obstante su singularidad (en razón de su objeto material y porque opera como presunción de culpa) sigue manteniendo su estructura esencial de acuerdo al estatuto del derecho común (causar daño al administrado obrando contra derecho con una conducta en la que se pueden discernir. puesto que el hecho de un tercero es asimilable a un caso fortuito”. En sus puntos de partida. al tratarse de una presunción simplemente legal. Rodríguez prefiere el diseño de la presunción de culpa al de la responsabilidad objetiva. Soto Kloss defiende que está de su lado porque le parece que la posición civilista otorga al Estado artificios conceptuales que operan como vía de escape para impedir su condena en materia de responsabilidad. desde las categorías del derecho civil. o causado por culpa de otro conductor. en el segundo. dados determinados supuestos. de lo contrario. Soto Kloss que en la del Prof. Y lo hace para asignarle –diríase extrínsecamente. Pero en la primera. es el concepto clave en el que se subsume el elemento subjetivo de la responsabilidad estatal. Razonabilidad que el Prof.
de particular destaque por la relevancia que la omisión tiene en los perjuicios que producen los órganos del Estado.30
En este punto. Soto Kloss la respuesta es comprehensiva: el Estado responde por la conducta que sus funcionarios realizan con ocasión de sus funciones o con los medios que en virtud de ellas se les ha puesto a su disposición. ambas posturas. Probablemente palpita en ambas la misma sensibilidad inteligible hacia los abusos del poder estatal. no puede inducir a la falta de servicio porque la causa del daño se halla desvinculada causal y subjetivamente de la actividad de la administración. las dos doctrinas que parecían irreconciliables llegan a una solución práctica concurrente. Esta última es una noción especial que debe ser entendida como omisión en los deberes de actuar. debe hacerse cargo necesariamente de la existencia / inexistencia de una relación jurídica de derecho público entre la falta personalísima del funcionario y los daños que eventualmente puede cometer en razón o con los medios estatales. Empero. Soto Kloss es total. se aproximan a la hora de fijar los estándares que determinan la responsabilidad del Estado por la conducta de sus funcionarios. la divergencia teórica con Prof. Su respuesta es notable pues sale airoso de una alternativa fatal que lo atenaza como resultado de las premisas civilistas: si la falta personal arrastra automáticamente la falta de servicio del órgano de la Administración. puesto que la Carta fundamental habla de lesión en los derechos y no de falta de servicio. Rodríguez -cobra aquí el valor de un criterio esencial. Rodríguez llega a una solución parecida pero con un esfuerzo teórico bastante mayor. pues al subjetivizar la responsabilidad del Estado en el concepto de falta de servicio y al defender lo que llama un concepto normativo de causalidad. Para este último jurista. De esta forma.
. Tratándose de la doctrina del Prof. en donde la causalidad material -tan discutida por el Prof. aunque con premisas y herramientas conceptuales diferentes. la falta personalísima. El Prof. en cambio. excepcionalmente el Estado responde por su culpa in eligendo según el modo y en los casos que ya hemos referido en la sinopsis. con estar tan alejadas en virtud de sus presupuestos. Rodríguez hace notar que si bien es verdad que la falta personalísima del “empleado público” implica una conducta desvinculada material o psicológicamente del ejercicio de las funciones públicas. El Prof. Es una lógica consecuencia de la responsabilidad objetiva y directa del Estado Administrador. la falta de servicio sólo podría constituir una categoría general de responsabilidad en el derecho público incurriendo en inconstitucionalidad.
pues la Carta no distingue entre lo contractual y extracontractual. y de cierto modo residual. y de modo supletorio. a menos que la ley expresamente diga que pueden ser aplicables. Diferencias incluso en la nominación de la responsabilidad. limita la responsabilidad extracontractual del Estado a la lesión de los derechos subjetivos y no de los intereses jurídicos. la responsabilidad del Estado no es más que un caso (ciertamente con sus singularidades) de responsabilidad extracontractual. En cambio.gr. Para el Prof. da relevancia a una consideración propia de la teoría de los derechos fundamentales y de lógica del derecho público: la primacía de la persona y sus derechos fundamentales sobre cualquier reivindicación de un espacio. En cuanto al daño. El Prof. Para el Prof. desde la perspectiva iuspublicista. Los sistemas explicativos se justifican en el campo del derecho con sus propios argumentos y con el sentido
. ambas doctrinas sobre la responsabilidad parecen tan cerradas –lo que es un mérito. Rodríguez la acción de responsabilidad extracontractual del Estado prescribe de acuerdo a las reglas establecidas por el Código Civil. Soto Kloss no es dable aplicar el Código Civil en la materia pues la acción de responsabilidad patrimonial del Estado está dotada de un estatuto constitucional que la vuelve imprescriptible. Las diferencias en los criterios de interpretación son notables. y sólo en la medida que sean compatibles con la contratación administrativa (v. las normas del Código civil. de irresponsabilidad del Estado. prima una consideración de teoría del derecho y de derecho civil: la función esencial que juega la institución de la prescripción en la certeza y seguridad jurídica y en el sistema de adquisición de derechos. Muchas conclusiones habría que sacar más allá de lo que hemos apuntado.que el análisis se volvería infinito. Como se puede apreciar. Desde la óptica privatista. En el primero. desde la perspectiva iuspublicista.contrato de concesión de obra pública). aunque sea mínimo. con ello se deja un flanco abierto para la irresponsabilidad del Estado en la medida en que se reduce la aplicación del principio de la restitutio in integrum como parámetro general de la indemnización por los daños causados por éste. la responsabilidad del Estado está en las antípodas de la responsabilidad civil: no es extracontractual sino constitucional. Soto Kloss reivindica el carácter no sólo restitutorio sino también reparatorio y compensatorio de la acción constitucional de responsabilidad del Estado. en cambio. en cambio. Los órganos del Estado responden con la misma medida y con el mismo régimen. Hay que reconocer que. no un defecto. La segunda postura. Rodríguez. el Prof.31
iii) En dos tópicos las doctrinas son irreconciliables en sus precedentes doctrinarios y sus consecuencias prácticas: la prescriptibilidad /imprescriptibilidad de la acción de responsabilidad del Estado y la naturaleza y extensión del daño que debe ser indemnizado a título de dicha responsabilidad.
Por lo que habiendo reseñado los puntos centrales de divergencia y convergencia entre ambos sistemas.
. podemos dar por cerrado nuestro examen descriptivo en este punto.32
original y final de su orientación. No sin recordar que el “quid” de la cuestión -¿puede trasladarse el derecho civil al Estado?permanece como cuestionamiento basal.
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