Source: https://amadismadrid.org/category/hidrocarburos/page/2/
Timestamp: 2019-11-18 09:19:09
Document Index: 264341164

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 33', 'artículo 128', 'artículo 38', 'artículo 128', 'artículo 43', 'artículo 5', 'Artículo 43']

hidrocarburos « Asociación Madrileña de Distribuidores Carburantes
Comunicación del Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Mad rid promoviendo el gas frente al gasóleo, con ocasión de las revisiones por eficiencia energ ética a las instalaciones térmicas de edificios.
Posted on 18 junio, 2014 Actualizado enn 18 junio, 2014
Por el Presidente de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Carburantes y Combustibles (AMADIS), D. Mariano Monjas Hernández, se nos traslada la solicitud de una opinión jurídica fundamentada acerca de carta remitida por el Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la CAM promoviendo el gas frente al gasóleo, con ocasión de la comunicación de las revisiones por eficiencia energética a las instalaciones térmicas de edificios, por cuanto entiende que supone de forma injustificada un ataque a los productos que su empresa y los asociados de su asociación comercializan (gasóleo de calefacción entre otros).
En particular se pone resalta el contenido de la carta desde el 4º párrafo hasta el final, que a criterio del solicitante resulta un panegírico sobre el gas natural del Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, enfrentándolo groseramente, sin argumentos e injustificadamente frente a los productos petrolíferos usados para calefacción (gasóleo).
El análisis de la mencionada carta ha de partir, necesariamente, de los derechos y sistemas económicos que orientan nuestra economía y de las actividades posibles de dirección, promoción, y/o planificación de los poderes públicos, dado el objeto de la carta, al efecto de determinar la legalidad o no del contenido y forma de la misma.
En este sentido, el artículo 38 de la Constitución Española de 1978 reconoce expresamente “la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado” y obliga a los poderes públicos a proteger su ejercicio “de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación”. El precepto bien puede considerarse como el núcleo de las cláusulas económicas de la Constitución en cuanto hace referencia al modelo de economía de mercado. Los derechos cuyo reconocimiento es obligado en una economía de mercado son, además de la libertad de empresa, el derecho a trabajar y a elegir libremente la profesión u oficio (art. 35 CE), el derecho a la propiedad privada y la herencia (art. 33 CE) y la libertad contractual (art. 10 CE). Dicho lo cual, y en general, la libertad de empresa encuentra su fundamento último en idénticas valoraciones a las que fundamentan los demás derechos individuales que tienen la estructura de libertades: asegurar a los individuos una esfera de actuación libre de injerencias estatales. Su función específica es –junto a las restantes libertades económicas– la de garantizar la independencia de los ciudadanos permitiéndoles “ganarse la vida” de forma autónoma respecto del Estado. Como libertad individual es, fundamentalmente, una libertad frente al Estado y no frente a otros particulares que, por lo tanto, no están vinculados por el derecho fundamental del otro empresario.
Por otra parte, la Constitución española también recoge los títulos que atribuye a los poderes públicos para intervenir en el mercado, regularlo y suprimirlo. Así, mientras el artículo 33 consagra la libertad de propiedad, el artículo 128.1 somete toda la riqueza del país al “interés general”; mientras el artículo 38 reconoce y protege la libertad de empresa, el artículo 128.2 reconoce el derecho del Estado a desarrollar actividades económicas en competencia con los particulares; su derecho a reservarse sectores enteros de la economía y a intervenir las empresas privadas cuando el interés general, nuevamente, así lo requiera. De esta ordenación se deducen dos conclusiones claras. La primera es que los únicos titulares del derecho fundamental a la libertad de empresa son los particulares. Cuando el Estado ejerce la “iniciativa económica pública” no ejerce ningún derecho fundamental a la libertad de empresa. Los poderes públicos no son titulares ni de este ni de ningún otro derecho fundamental. define claramente la preeminencia de las libertades económicas sobre la legitimidad de la intervención estatal.
Es por ello, pues, como es en el caso examinado de la carta remitida por el Sr. Director General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid que puede decirse rotundamente, que siendo más vehículo de expresiones que pertenecen al discurso público dando publicidad y promoción a un producto frente a otro, es inconstitucional, ilegal e ilegítimo.
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La CNMC informa sobre los efectos desfavorables de determinados cambios en la Ley del Sector de Hidrocarburos introducidos por la Ley 11/2013 y propone modificaciones
En el marco de su función de promoción de la competencia y buena regulación económica, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido un informe acerca de las modificaciones a la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos contenidas en el RDL 4/2013, posteriormente tramitado como Ley 11/2013, de medidas de apoyo al emprendedor y estímulo del crecimiento y de la creación de empleo.Tal y como se justifica en su exposición de motivos, y teniendo en cuenta la escasa competencia en el mercado de distribución de carburantes, la Ley 11/2013 introduce en la normativa sectorial (Ley de Hidrocarburos) nuevas reglas para los contratos de suministro al por menor en exclusiva, al considerarse éstos una de las principales barreras de entrada y expansión en España de operadores alternativos.
En concreto, la Ley 11/2013 establece con un nuevo art. 43 bis en la Ley del Sector de Hidrocarburos dos limitaciones a este tipo de contratos: (a) duración máxima del contrato de un año prorrogable hasta un máximo de 3 años, y (b) prohibición de cláusulas que fijen, recomienden o incidan, directa o indirectamente, en el precio de venta al público del combustible, bajo pena de nulidad de pleno derecho en ambos casos. Por otro lado la Disposición Adicional 4a de la Ley 11/2013 establece un periodo de adaptación a la normativa de 12 meses para cumplir con los nuevos requisitos.
En términos generales, la CNMC valora favorablemente estos nuevos requisitos, que van más allá de las pautas generales de la normativa de competencia, dada la situación competitiva especial del sector.
Sin embargo, en la tramitación parlamentaria de la Ley se añadió el apartado cuarto del artículo 43 bis que vendría a exceptuar de las nuevas reglas los casos en los que “los bienes o servicios contractuales sean vendidos por el comprador desde locales y terrenos que sean de plena propiedad del proveedor”. Además , la Disposición Adicional que regula el periodo transitorio también exceptúa del plazo de adaptación a otra serie de contratos, que no habían sido excluidos expresamente por el apartado 4: “cuando el proveedor tenga en vigor un contrato de arrendamiento de los locales o terrenos u ostente un derecho real limitado respecto a terceros siempre y cuando la duración de los contratos de suministro en exclusiva no exceda de la duración del contrato de arrendamiento o derecho real sobre los locales o terrenos”
En opinión de la CNMC, si bien resulta justificado a la luz de la normativa de competencia la excepción introducida en el nuevo párrafo en relación con una de las limitaciones previstas (la relativa a la duración máxima), no lo es en relación con la otra limitación (prohibición de que se incluyan cláusulas que fijen, recomienden o incidan en el precio).
Se recomienda, en consecuencia, la modificación del párrafo introducido con el objetivo de reforzar la seguridad jurídica de la reforma, eliminar elementos de incertidumbre y promover la competencia efectiva en el mercado minorista de distribución de hidrocarburos de forma alineada con el objetivo de la norma.
En cualquiera de los casos, la CNMC recuerda que la compatibilidad con la normativa sectorial nacional no excluye de la necesaria observancia de la normativa española y comunitaria de defensa de la competencia.
La CNMC es el organismo independiente regulador de los mercados y que garantiza y promueve una competencia efectiva. Este informe se emite en ejercicio de las competencias consultivas de la CNMC, en aplicación del artículo 5.1.f) de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la CNMC.
Acceso al Informe Propuesta de la CNMC en relación con la modificación del Artículo 43 bis de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos
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