Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2011/C-901-11.htm
Timestamp: 2018-11-17 00:16:13
Document Index: 23630332

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 276', 'artículo 63', 'artículo 103', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 103']

C-901-11
“LEY 1438 DE 2011[1]
3. Central Unitaria de Trabajadores de Colombia -CUT-
4. Asociación Colombiana de Cooperativas -ASCOOP-
8. Intervención ciudadana de Nixon Torres Carcamo
2.1. La demanda de inconstitucionalidad
Las intervenciones abogan por la inhibición por derogatoria tácita (Central Unitaria de Trabajadores -CUT-)[3]; la inhibición por ineptitud sustantiva de la demanda (Ministerio de la Protección Social, como solicitud principal); declarar la cosa juzgada constitucional (Universidad del Rosario); la inexequibilidad (Nixon Torres Carcamo, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Asociación Colombiana de Cooperativas -ASCOOP- y Comisión Colombiana de Juristas); la exequibilidad condicionada (Defensoría del Pueblo); y la exequibilidad (Ministerio de la Protección Social como petición subsidiaria y Procurador General de la Nación[4]).
2.2. La derogatoria tácita en el control de constitucionalidad
2.2.1. La competencia del Congreso para derogar las normas encuentra fundamento constitucional en los artículos 150.1[6] (cláusula general de competencia legislativa), al igual que en los artículos 1º (principio democrático) y 3º (soberanía popular), disposiciones que tienen su fundamento en que “el legislador actual no puede atar al legislador del mañana, pues esto anularía el principio democrático, ya que unas mayorías ocasionales, en un momento histórico, podrían subordinar a las mayorías del futuro. La derogación de las leyes encuentra, entonces, sustento en el principio democrático, en virtud del cual las mayorías pueden modificar y contradecir las regulaciones legales precedentes, con el fin de adaptarlas a las nuevas realidades históricas, con base en el juicio político de conveniencia que estas nuevas mayorías efectúen. En materia legislativa, debe entenderse que la última voluntad de los representantes del pueblo, manifestada por los procedimientos señalados en la Carta, prevalece sobre las voluntades democráticas encarnadas en las leyes previas. Tal es el fundamento constitucional del principio ´lex posterior derogat anteriori´”[7].
La derogación tiene como función “dejar sin efecto el deber ser de otra norma, expulsándola del ordenamiento[8]. Por ello se ha entendido que la derogación es la cesación de la vigencia de una disposición como efecto de una norma posterior”[9], que no se fundamenta en un cuestionamiento sobre la validez de la normas, por ejemplo, cuando es declarada inexequible, “sino en criterios de oportunidad libremente evaluados por las autoridades competentes, y en especial, en relación con las leyes por el Congreso. Así la derogación no deriva de conflictos entre normas de distinta jerarquía sino de la libertad política del legislador. La derogación no afecta tampoco ipso iure la eficacia de la norma derogada, pues en general las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella, por lo cual la norma derogada puede mantener su eficacia, la cual poco a poco se va extinguiendo. Esto es precisamente lo que justifica que la Corte se pronuncie incluso sobre normas derogadas cuando éstas siguen produciendo efectos, con el fin de hacerlos cesar, por ministerio de la declaratoria de inexequibilidad, si tales efectos son contrarios a la Carta”.[10]
2.2.2. En la sentencia C-159 de 2004 examinó la constitucionalidad de los artículos 71[11] y 72[12] del Código Civil, que contemplan la figura de la derogación clasificándola en expresa y tácita[13], como también se refirió al artículo 3º[14] de la Ley 153 de 1887 que establece la derogación orgánica.
Cuando se deroga tácitamente una disposición no se está frente a una omisión del legislador sino que al crear una nueva norma ha decidido que la anterior deje de aplicarse siempre que no pueda conciliarse con la recientemente aprobada. Así lo ha sostenido la Corte al indicar que “la derogación no siempre puede ser expresa, pues ello implicaría confrontar cada nueva ley con el resto del ordenamiento. Es decir, se le exigiría al Congreso una dispendiosa labor que no tiene razón de ser, pues la tarea legislativa se concentra en asuntos específicos definidos por el propio Congreso, con el objeto de brindar a los destinatarios de las leyes seguridad jurídica y un adecuado marco para la interpretación y aplicación de las mismas (v. gr. sentencia C-025 de 1993)”.[17] Además, para que sea posible la derogación debe darse por otra de igual o superior jerarquía[18].
2.2.3. La Corte debe analizar la vigencia de la disposición acusada, antes de adelantar el examen de constitucionalidad, que implica un juicio de validez en estricto sentido. Si la norma legal que se demanda no se encuentra vigente, por haber sido derogada de manera tácita, no tendría razón de ser habilitar el juicio de constitucionalidad, procediendo una decisión inhibitoria, salvo que la norma derogada continúe produciendo efectos jurídicos[20]. En la sentencia C-898 de 200
2.3. Inhibición en el caso concreto por derogatoria tácita
2.3.1. La mayoría de las intervenciones recuerdan que la Ley 1429 de 2010 (formalización y generación de empleo), prohibió que el personal requerido en las instituciones o empresas públicas o privadas para el desarrollo de actividades misionales permanentes, se vinculen por cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral, incluyendo un parágrafo transitorio que establecía su entrada en vigencia a partir del 1 de julio de 2013 (art. 63). Más adelante, anotan, se expidió la Ley 1438 de 2011 (reforma el sistema general de seguridad social en salud), que reitera la misma prohibición en relación específica con las instituciones públicas prestadoras de salud, y también reproduce el parágrafo transitorio que supedita su entrada en vigencia a partir del 1 de julio de 2013 (art. 103, hoy acusado). Con posterioridad, precisan, se expidió la Ley 1450 de 2011, artículo 276 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), que derogó expresamente sólo el parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010.
Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010. Formalización y Generación de Empleo
Ley 1438 del 19 de enero de 2011. Reforma el sistema general de seguridad social en salud. HOY DEMANDADA.
Ley 1450 del 16 de junio de 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Esta disposición entrará en vigencia a partir del primero (1º) de julio de 2013.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Esta disposición entrará en vigencia a partir del primero (1º) de julio de dos mil trece (2013).
Art. 276. Vigencias y derogatorias. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.
- El parágrafo transitorio del artículo 103 de la Ley 1438 de 2011, hoy demandado, reproduce el parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, regulaciones que fueron expedidas con menos de un mes de diferencia.
- Los incisos iniciales de tales disposiciones hacen parte de una misma temática, al coincidir esencialmente en sus contenidos, ya que refieren a la prohibición de vincular personal misional permanente mediante cooperativas de trabajo asociado que hagan intermediación laboral u otra modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales consagrados en las normas laborales vigentes, con la salvedad de que mientras la ley de formalización y generación de empleo refiere a “toda institución y/o empresa pública y/o privada”, el asunto que nos ocupa se limita a “las instituciones públicas prestadoras de salud”.
- La Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014), expedida con posterioridad, contiene dos modalidades de derogación: una especial, por medio de la cual deroga expresamente el parágrafo transitorio del artículo 63 de la Ley 1429 de 2010 y, otra general, que deroga “todas las disposiciones que le sean contrarias”.
2.3.4. En el presente caso, el demandante se limita a afirmar que el parágrafo transitorio del artículo 103 de la Ley 1438 de 2011, al diferir su entrada en vigencia hasta el 1 de julio de 2013, termina prolongando lo dispuesto en su inciso primero consistente en prohibir la vinculación de personal misional permanente de las instituciones públicas prestadoras de salud, mediante cooperativas de trabajos asociados que hagan intermediación laboral, lo cual encuentra que desconoce las garantías laborales previstas en los artículos 1º, 2º, 25, 53, 55, 123 y 125 de la Constitución.[25]
[6] “Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: 1. Interpretar, reformar y derogar las leyes”.
[10] Ibídem. No se puede confundir el estudio sobre la vigencia de una determinada norma con el examen de validez, toda vez que “la derogatoria es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social, mientras la inexequibilidad es un fenómeno de teoría jurídica que incide tanto en la vigencia como en la validez de la norma. Luego, dentro del ordenamiento jurídico no es lo mismo inexequibilidad que derogación” (sentencia C-145 de 1994. Cfr. sentencias C-775 de 2010, C-402 de 2010, C-736 de 2006, C-159 de 2004, C-443 de 1997 y C-055 de 1996).
[11] “La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial”.
[12] “La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley”.
[14] “Estímase insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería”.
[20] En la sentencia C-558 de 1996 se indicó: “Para adelantar el estudio de constitucionalidad de una norma que ha sido derogada o modificada por voluntad del legislador, se requiere que la misma continúe produciendo efectos jurídicos. De lo contrario, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta innecesario, por carencia actual de objeto. En efecto, esta Corporación ha sostenido ´que en función de la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, ella debe conocer de disposiciones que hayan sido acusadas y se encuentren derogadas, siempre y cuando tales normas continúen produciendo efectos jurídicos. En cambio, si la norma demandada excluida del ordenamiento jurídico no sigue surtiendo efectos jurídicos o nunca los produjo, el pronunciamiento de constitucionalidad resulta inocuo, por carencia de objeto´.” (Sentencia C-505 de 1995). Cfr. sentencias C-1067 de 2008, C-379 de 2002 y C-379 de 1998.