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Timestamp: 2020-01-23 05:08:26
Document Index: 146653962

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'ARTÍCULO 23', 'artículo 23', 'artículo 25', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 155', 'artículo 2', 'artículo 149', 'artículo 27']

DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 113, de 17/10/2018
cve: DSCG-12-CM-113
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 113
Comparecencia del señor Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero (Fernández Marugán), para:
- Presentar el informe anual correspondiente al año 2017 elaborado por la institución del Defensor del Pueblo, en su condición de mecanismo nacional de prevención de la tortura y en cumplimiento del artículo 23 del protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. A petición propia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000010 y número de expediente del Senado 781/000012) ... (Página2)
- Informar sobre el adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de Cataluña. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001007 y número de expediente del Senado 713/000506) ... (Página16)
- Informar sobre las denuncias y quejas que ha recibido su institución en materia de adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de Cataluña. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001021 y número de expediente del Senado 713/000519) ... (Página16)
- PRESENTAR EL INFORME ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 ELABORADO POR LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO, EN SU CONDICIÓN DE MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 23 DEL PROTOCOLO FACULTATIVO A LA CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, HECHO EN NUEVA YORK EL 18 DE DICIEMBRE DE 2002. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000010 y número de expediente del Senado 781/000012).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia.
Tenemos hoy la comparecencia del señor defensor del pueblo. Bienvenidos, señor defensor y señora adjunta, a esta Comisión, que es la suya. La costumbre es que, cada tres meses, como mínimo, comparezca el defensor en esta Comisión para darnos cuenta de todas aquellas cuestiones que surgen desde su propia defensoría y de las que diferentes grupos parlamentarios consideran que han de ser explicadas por el defensor. Por tanto, el primer punto del orden del día, que es más amplio y de obligado cumplimiento, es el informe anual correspondiente al año 2017, elaborado por la institución del Defensor del Pueblo en su condición de mecanismo nacional de prevención de la tortura, y en cumplimiento del artículo 23 del Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes, hecho en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. El mecanismo va a ser el habitual. Intervendrá el defensor por el tiempo que él estime oportuno y, posteriormente, los grupos, de menor a mayor, por un máximo de 10 o 12 minutos. A continuación, pasaremos al segundo punto del orden del día.
Muchas gracias y suya es la palabra, señor defensor.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Muchas gracias.
Voy a hablarles de la reclusión. Cuando se dice que uno va a hablar de la reclusión lo habitual es que uno haga funcionar su memoria y venga a la misma un centro penitenciario o una comisaría. No son los únicos lugares de reclusión que existen en una sociedad, pero sí es verdad que son lugares de reclusión que merece la pena ser tenidos en consideración. Mandela decía que nadie puede entender y valorar realmente lo que es una nación si no le presta atención a cómo son sus cárceles. Pues yo oía hablar hoy de centros de reclusión de personas, que existen en todas las ciudades de la tierra, que han existido en todas las sociedades de la tierra, aunque las sociedades adoptan una actitud diferente en torno a esos centros de reclusión. Ahí está, precisamente, la gracia de la cuestión que les voy a plantear esta tarde, en cumplimiento del mandato al que ha hecho referencia el señor presidente, que suscribió en su momento España y que nos hace que hablemos hoy de una cuestión de la que, habitualmente, no hablamos, pero, como verán ustedes, es importante.
El informe que les he hecho llegar clasifica los centros de reclusión de libertad por el tiempo de duración. Hay centros de privación de libertad de corto, de medio y de largo plazo. Los de corto plazo son los calabozos, a título de ejemplo, y las dependencias donde, en un determinado momento, nos llevan las autoridades en tanto en cuanto se decide la tramitación del procedimiento judicial correspondiente. Los CIE son ya centros de privación de libertad de media duración. Las prisiones y los CIMI son de alta duración. Por último, están los antiguos psiquiátricos, que son unos centros sociosanitarios donde se atiende a una serie de personas que tienen graves trastornos mentales y que evidencian dificultades de integración social. Por tanto, cinco cuestiones: calabozos y similares, CIE, penitenciarios, CIMI y establecimientos sociosanitarios.
Nosotros hemos hecho 107 visitas a todo este tipo de centros, localizadas geográficamente en 30 provincias españolas de las 17 comunidades autónomas y en la Ciudad autónoma de Melilla. Hemos ido a 57 centros de las entidades locales y hemos repetido la visita a tres de ellos, porque necesitábamos puntualizar algunos extremos que no habían quedado claros en la primera visita. Hemos estado en 20 dependencias de la Guardia Civil; en 25 comisarías de la Policía Nacional; en 2 comisarías de la Policía autonómica -en España hay cuatro Policías autonómicas, en el País Vasco,
en Cataluña, en Navarra y en Canarias-, en la del País Vasco y en la de Cataluña; en 7 depósitos locales; en 8 dependencias de custodia de autoridades judiciales. Si ustedes suman este número de visitas les saldrán 57, porque hay 3 repetidas. También hemos estado en todos los CIE de España, menos en uno, en el de Valencia, y no es porque no hayamos querido ir, sino porque estaba vacío, en obras. Hemos visitado 16 centros penitenciarios; 8 centros de menores infractores, CIMI; y 3 establecimientos de salud mental. ¿Lo hemos hecho solos? No. Hay 4 miembros del consejo asesor, que hoy nos acompañan, que han estado en unos sitios o en otros, y en siete 7 nos han acompañado miembros de los Síndic o de los Defensores del Pueblo autonómicos. Por tanto, este es un trabajo intenso y riguroso en una cuestión que tiene una importancia que yo creo, sinceramente, que hay que destacar.
Este informe es un tanto distinto a los demás. Nosotros llevamos trabajando en el mecanismo -lo llamo mecanismo porque todo lo que viene después tiene unos nombres horrorosos y como tiene unos nombres horrorosos no los voy a repetir muchas veces-, si no estoy mal informado, desde el año 2010 y hemos visto cuál podía ser el encaje que en este momento y en momentos sucesivos el defensor tuviera en este tipo de informe. Nos hemos preocupado de establecer un proyecto a largo plazo, que es el proyecto Ábaco, con la pretensión de ser capaces de obtener una cantidad de información muy abundante que nos permita hacer una valoración de cómo se trata a los ciudadanos que con más o menos tiempo de permanencia se les priva de libertad en España. Hemos empezado el proyecto Ábaco este año por la Policía local, en primer lugar, porque policías locales hay bastantes y podemos, de alguna manera, ampliar el área de la información y, en segundo lugar, porque no toda la información de la Policía local la podemos obtener, pero no es menos cierto que hicimos un cuestionario técnico que llevamos a 2100 ayuntamientos en el que podían informarnos de aquellas cuestiones que, de alguna forma, nos resultaban relevantes. Pero no solamente hicimos esa novedad, hay un proyecto Ábaco que iremos desarrollando a lo largo de los próximos años y hay también un mecanismo de captación de información de carácter electrónico y ustedes pueden entrar en él y preguntar al final de cada capítulo algunas cuestiones relevantes del informe. ¿Qué cuestiones relevantes son las que ustedes pueden ver? Las que nosotros hemos considerado relevantes y, de alguna manera, las que nos ayudan a encontrar una solución a nuestras preocupaciones.
Hechas estas consideraciones, entro en el primero de los temas: la privación de libertad en centros de corta duración. Con los datos que nosotros hemos obtenido y hemos calculado, son numerosas las detenciones, los ingresos que se producen en los calabozos, y hemos calculado que en el año 2017 debieron superar las 320000 detenciones, que no son pocas. ¿Por qué hemos ido ahí? En primer lugar, porque extendemos mucho la zona de información, pero, en segundo lugar, porque vemos un hecho que resulta interesante y es esa cosa que los finos dicen de criterios y culturas corporativas distintas. Si hemos preguntado a 2100 ayuntamientos que tienen Policía local, la verdad es que es muy probable que los criterios sean bastante diferentes y podamos captar no la información de una corporación o de otra, sino cómo hace cada cual su mezcla.
Nos hemos dirigido también a instalaciones que albergan a personas que están en ellas por distintas motivaciones. Puede que los procedimientos penales en un momento determinado conduzcan a este tipo de reclusiones, pero también se produce en España una cosa muy curiosa, de la cual hablaré más adelante, y es que los incumplimientos que se producen en materia de emigración -para ser correctos de inmigración- te pueden conducir a esa situación. Por tanto, había una motivación para empezar por corporaciones locales y para tratar de ver la pluralidad de las realidades que hay en las corporaciones locales.
Partamos, pues, de un primer hecho: vamos a analizar aquellos centros de reclusión que son el primer lugar donde se produce la privación de libertad. ¿Cómo son? Voy a decir una generalidad, pero es que es así. Las condiciones estructurales de estos centros son, en primer lugar, espacios con escasa luz natural, con problemas de ventilación y en la práctica totalidad de los casos carecen de accesos a zonas descubiertas. En segundo lugar, todos nosotros querríamos que este tipo de centros fueran reformados para dotarlos de mejores condiciones para las personas que van a estar allí setenta y dos horas o para las personas que trabajan en este tipo de centros. En tercer lugar, el personal de custodia no se dedica única y exclusivamente a ver y a hacer ese tipo de supervisiones, sino que el personal de custodia hace esas cosas y otras muchas más. Con lo cual, la productividad puede que sea alta o baja. El personal de custodia se dedica a varias cuestiones.
En cuanto al trato, en líneas generales es correcto. La justificación de por qué uno está allí y el tiempo que está allí es muy parca. El personal que atiende en estos centros no se extiende mucho a explicar qué es lo que motiva la presencia de ellos allí.
Respecto a los centros de media, los CIE, he hablado aquí varias veces y no querría hablar mucho de los CIE hoy, aunque reconozco que el tema de los CIE apasiona al personal. Podía haber dicho que no lo hago, pero lo hago. Y permítanme que les diga que los primeros refugiados que llegaron a España llegaron hace treinta años y llegaron a Tarifa. Pues bien, en España, a pesar del tiempo transcurrido, han cambiado muchas cosas en este mundo de las personas que tratan de llamar -como diría Bauman- a esta puerta. Han cambiado los hábitos, el perfil de las personas y han cambiado las rutas y, a pesar de que han cambiado los hábitos, las personas y las rutas, en España se ha seguido un modelo invariablemente fijo y verdaderamente apoyado en una estrébede -los que sean del sur sabrán lo que es una estrébede, una especie de maroma donde uno apoya determinados elementos para calentarlos en el fuego- y aquí hay tres elementos que son claves en el mecanismo de llegada que son: la patera, la detención y la entrada en el CIE. Esos son los tres elementos, no han cambiado en treinta años y, claro, las cosas chirrían un poco.
En el año 2017 -voy a hablar del año 2017, aunque algunas veces se escurrirán algunas cosas de 2018- fueron internados en los CIE españoles 8814 personas extranjeras. El Ministerio del Interior dice que han sido expulsados el 37,29% de las personas que ingresaron en los CIE. Por tanto, el 37% son expulsados y el 60% se quedan aquí. Esta es una cuestión de la cual diré algo al final de este apartado. ¿Quiénes son los que se internan? Se internan fundamentalmente marroquíes y argelinos en un porcentaje importante. Y de ese 37% que se expulsa, ¿a quiénes se expulsa? También a marroquíes y a argelinos.
Los más numerosos son los marroquíes y los argelinos. Aproximadamente el 80% de los expulsados corresponden a esas dos nacionalidades y, el 13% restante, lo forman una ristra de pequeños países en una especie de goteo que se extiende nada más y nada menos que por 57 Estado. ¿Qué hemos visto nosotros en los CIE? Lo mismo que les dije las otras veces que hablé del arco mediterráneo: unas instalaciones francamente mejorables, una asistencia sanitaria precaria, no hay asistencia de profesionales las veinticuatro horas del día, tampoco hay muchos expertos en psicología y psiquiatría. Hay cárceles cercanas a este lugar donde no hay un psicólogo, cuando la existencia de psicólogo en este tipo de centros, como veremos más adelante, es importante. Por otra parte, nadie te realiza una analítica completa. -Hoy es difícil ir a un centro de salud en España en este momento sin que uno tenga que poner el brazo para que le hagan una analítica completa, pero en este caso no-. Aquí nos vamos a encontrar con unas carencias de profesionales de la psicología que las encontraremos en los CIE, que las encontraremos en las cárceles y que las encontraremos en los CIMI. En definitiva, unas carencias importantes. En cuanto a la asistencia jurídica, hay asistencia jurídica en Madrid, en Barcelona y en Valencia, en los demás sitios es muy deficiente. Cierro así este capítulo.
¿Qué proponemos nosotros que hay que hacer en este tipo de centros? Hay tres elementos que a mí me parecen importantes. Primero, hay que tener unas infraestructuras idóneas que ajusten su tamaño al número de personas que pueden y que vayan a ser expulsadas. Por ejemplo, yo he visto centros enormes, mastodónticos, que no reúnen las mínimas condiciones y además el número de personas que hay en los mismos no es muy abundante. Yo creo que habría que repensar el diseño físico de los centros para adecuarlos al número que se prevé que va a haber allí de personas recluidas. Por ejemplo, tuve que ir a Archidona, que me pareció impresionante -y les recomiendo a ustedes que hagan este tipo de visitas-, la cárcel moderna modular espectacular. La próxima vez que vaya a Ceuta iré a ver la cárcel, que también es modular, porque todavía no he ido. En cualquier caso, no voy a dejar de decir que el CIE de Madrid no es precisamente una estructura digna de albergar al menos durante 70 días a este tipo de personas. Creo que en los CIE debería haber personas especializadas, que no abundan tanto, y habría que buscar un mecanismo de colaboración entre las administraciones nacionales y de la sociedad civil española. Por tanto, como primer tema, un diseño adecuado a este tipo de centros y que este tipo de centros se adecuen a lo que hoy es o debe ser la realidad de la estancia de las personas que hay allí.
En segundo lugar, hay un tema polémico del que voy a hablar tal y como pienso. Yo creo que los policías no son los funcionarios adecuados para desarrollar el grueso de las tareas que se llevan a cabo en el interior de un CIE. Los policías hacen muy bien las tareas de custodia, pero no tiene ningún sentido que estén vigilando qué ocurre en el comedor o qué pasa en las habitaciones por la noche. Yo creo que esa no es su labor, por tanto, debería pensarse en la posibilidad de buscar una estructura de empleados públicos más especializada. Estoy pensando en los CETI, que tienen empleados públicos dependientes
del Ministerio de Trabajo y Migraciones y donde, por decirlo claramente, no hay determinadas tareas adscritas a Policía Nacional.
Hay dos últimos puntos que a mí me parecen relevantes, uno de los cuales es la pertinencia del internamiento. Esto es jerga. Se preguntarán qué quiere decir este señor con la pertinencia del internamiento. Esto quiere decir que los CIE se emplean en muchas ocasiones para aliviar los problemas que ocurren en los puntos de frontera, y los CIE no están para eso. Usted coge una patera, la lleva a Motril, en Motril tiene algún problema y termina en Barcelona, en Madrid o donde sea que haya un CIE, y esto no debería ser así. Yo creo que aquí habría que llevar a cabo algún mecanismo que se planteara qué ocurre al final, momento en el que en un porcentaje significativo hay una expulsión, y uno debe llevar a las personas al CIE cuando las posibilidades de expulsión sean reales y ciertas, no en aras de expectativas teóricas.
Por último, en este aspecto nosotros hemos ido viendo, analizando y barajando las alternativas que se ofrecen en este momento por parte de la sociedad en torno a cómo deberían organizarse los CIE. Estas alternativas están en el informe. Si me dedicara a relatarlas una tras otra emplearía mucho tiempo, por lo que les recomiendo que vean lo que dicen los profesionales que nos ayudaron a hacer este informe sobre las distintas alternativas que podrían emplearse. Esto es lo último que yo tendría que decir sobre los CIE, pero he de decir que respecto a estas estancias de mediana duración nosotros hemos colaborado con Frontex en la devolución y repatriación de tres tipos de colectivos. A América Latina hemos llevado 304 personas. Hablé aquí una vez de la optimización del vuelo, dándoles cuenta de las personas que vienen de América Latina a España. Respecto al suceso de Archidona, nosotros participamos en la devolución de 40 personas desde Almería a Orán cuando el anterior Gobierno español negoció, yo creo que con éxito policial y con éxito consular, el traslado de 40 ciudadanos argelinos a la ciudad de Orán. Las tareas que se hacen por parte de Frontex, donde nosotros tenemos buena calificación, dieron origen a una serie de viajes que creo que ustedes deberían saber que se hacen y de los que yo creo que es correcto que les informe.
En cuanto la larga duración, voy a hablar primero de prisiones y luego de CIMI. Yo hablé en el Senado de prisiones y tengo que decir que aunque yo nunca había leído nunca de estas cuestiones aprendí sobre ellas. Yo era una persona que se dedicaba a otras tareas en la Administración, pero realmente me pareció interesante la información que me reportaban sobre el tema de prisiones.
Señorías, en España a finales de 2017 había 58958 personas privadas de libertad que viven en 96 centros penitenciarios a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Estas personas se quejan, como los demás. Se quejan de los traslados, se quejan de los problemas sanitarios, de las comunicaciones con el exterior y de tantas y tantas vicisitudes de su vida diaria en el interior de la cárcel. Se lo digo para que no se nos vaya esta perspectiva. Ha disminuido mucho el número de personas que están recluidas. Si comparamos el último dato que les he manejado con el del año 2009, ha disminuido el 22%, que no es poco. ¿De qué se quejan hoy las personas recluidas? Se quejan de problemas de salud fundamentalmente. La enfermedad mental es el principal problema sanitario en las prisiones españolas. En otros tiempos fue otra cosa, quizá fuera la droga, pero hoy es la enfermedad mental. Por cierto que aquí hubo una jornada dedicada a la salud mental la semana pasada que me pareció brillante, que me pareció una buena iniciativa, y tuve la oportunidad de escuchar a un señor que padecía problemas mentales, que se llama Damián Alcolea, que hizo una intervención sencillamente espectacular -quizá esté grabada-, veinte minutos hablando y relatando cosas vividas y sentidas.
En la intervención que hice en el Senado hablé del problema de la mujer presa. Las mujeres presas son pocas -no debería ser ninguna, pero son pocas-, entre el 7% y el 8%, y yo creo que de alguna manera se reclama por muchas razones una política activa de discriminación positiva. Con esto se dice casi todo.
Ahora voy a hablar de las cosas que no se dijeron en el informe del área, por decirlo de alguna manera, y que sí se dicen en el informe del mecanismo. Voy a hablar de cuatro cosas: de las videovigilancias, de las medidas de contención, del régimen cerrado y de las contenciones mecánicas. Son cuatro cosas importantes para muchas de las personas que están hoy en un centro de privación de libertad. En videovigilancia se ha hecho mucho, pero hay un hecho que es relevante. De las dieciséis visitas que se han efectuado, en once se plantean recomendaciones para la mejora del sistema de videovigilancia. Por tanto aquí hay un problema de necesidad de mejora. También hay otro problema adicional. Hay que tener cámaras de videovigilancia en los lugares donde transitan habitualmente los
internos, y hay que prestar especial atención a los cuartos de cacheo. Hablaré un poco más delante de esta cuestión.
En cuanto a las medidas coercitivas diré que las personas que han hecho este informe inciden mucho, yo creo que con razón, en la bondad y la necesidad de utilizar técnicas de desescalado. ¿Qué son técnicas de desescalado? Son unos elementos que se producen o que tienen que conocer los funcionarios que las aplican cuando en un centro de esta naturaleza pueden producirse situaciones de tensión, que en último recurso conducen a medidas coercitivas, pero que si se manejan con cierta habilidad puede evitarse el uso de dichas medidas. Las medidas coercitivas a veces se utilizan en exceso y a veces son de muy larga duración, y eso sinceramente debería tratar de evitarse. Las medidas coercitivas han de tener siempre un registro donde se diga el qué, el cómo, el porqué y en qué circunstancias, y han de tener, qué duda cabe, situaciones de supervisión, especialmente por el personal médico. Hay que asegurarse -eso lo entenderán algunos de ustedes, porque lo conocen bien- de que los medios coercitivos no ponen en peligro la salud de las personas que están sometidas a ellos, y en el informe se dice -yo no voy a decirlo aquí ahora- uno de los lugares donde se produjo esa situación de uso excesivo de las medidas coercitivas.
En cuanto al régimen cerrado nosotros hemos visitado Brieva, Mallorca, Puerto I, Morón y Valencia. No son pocas, son un número relativamente significativo de ellas. En régimen cerrado hay en España, a 31 de diciembre de 2017, 940 hombres y 66 mujeres, un número relativamente importante de personas sometidas a medidas de régimen cerrado. El régimen cerrado es duro. Las cárceles -se lo digo porque me lo dicen y porque es verdad- son muy duras, y el régimen cerrado lo es aún más. Yo creo que hay que ser conscientes de que en régimen cerrado lo que hay son fuertes medidas de seguridad, hay soledad, mucha soledad, y hay una ausencia importante de actividades en común, porque lo que hay es muy pocas horas con el común de las presas o los presos, y uno está en un pasillo, en una sala, en una celda, días y días, años y años. De ahí que yo no tenga ningún inconveniente doctrinal, ideológico o emocional en recordar la dureza del régimen cerrado.
En cuanto a las contenciones mecánicas la verdad es que nosotros hemos prestado atención a ese tema quizá por un hecho que yo quiero decir en honor de los equipos anteriores. Nosotros hace un año presentamos aquí la Guía de buenas prácticas en contenciones mecánicas. La defendí yo aquí, a lo mejor hasta en esta sala, hace un año, por estas fechas. De alguna manera formulábamos una serie de recomendaciones, y lo que hemos querido el equipo que dirige en este momento el mecanismo ha sido ver en qué medida en el primer año se ha podido cumplir alguno de los objetivos previstos en esta primera intervención que tuve el honor de hacer delante de ustedes hace un año. Pero hice algo más, porque me pareció que era útil. Yo fui el 17 de septiembre del año 2018, hace un mes, a ver una cárcel modular, no enteriza. Y fui a Aranjuez. Mantuve una entrevista allí el 17 de septiembre del año 2018 con el recién nombrado secretario general de Instituciones Penitenciarias, en la que estuvimos hablando de estas cuestiones, y le presté particular atención al tema de las contenciones mecánicas. Llegamos a la conclusión de que el uso de las contenciones requería un principio. Él asumió las recomendaciones que yo le formulé en ese momento y que el defensor ha venido formulando en la guía. Las contenciones mecánicas tienen que ser excepcionales, tienen que ser de la mínima duración, han de adecuarse a los medios y a la infraestructura idónea que tenga el centro pertinente, y han de estar acompañadas de la supervisión permanente y del adecuado control por parte de los médicos -para qué va uno a llamar a las cosas por un nombre distinto del que tienen-. Yo tengo que decir que esa entrevista con el señor secretario general fue útil, porque el día 25 de septiembre, ocho días después, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, con la firma del secretario general de Instituciones Penitenciarias, un protocolo en virtud del cual se establecían los motivos regimentales y se recogía la filosofía y la concreción de las medidas que había recomendado hacía un año el Defensor del Pueblo.
Los CIMI. En España hay 86 CIMI dependiendo de entidades gestoras de las comunidades autónomas o de entidades colaboradoras de las comunidades autónomas. Hemos ido a ocho centros de reforma, tres de ellos en labores de seguimiento y cinco de ellos en primera inspección. En los CIMI hay fundamentalmente personas condenadas hasta los dieciocho años, podrían estar hasta los veintidós o veintitrés, pero tendría que autorizarlo el juez. La asistencia jurídica es peor que en el resto de las prisiones. Hay una limitada asistencia jurídica que no alcanza a los expedientes disciplinarios que en este tipo de centros son relativamente importantes. La asistencia sanitaria es un poco más adecuada por una razón muy sencilla, y es que estas personas no están en régimen cerrado, están en régimen abierto, y por lo tanto pueden ir a centros de asistencia pública y no padecen las carencias que en materia sanitaria
tienen los que están privados de libertad, pero siguen teniendo el problema de la asistencia psicológica y psiquiátrica. Hay escasez de apoyos educativos, y desde luego de talleres de formación profesional. Eso es muy importante, porque son muy jóvenes y si aprenden oficios mejor que si no los aprenden. Las instalaciones son en general adecuadas, pero también tienen a veces aspectos absolutamente carcelarios. Las videovigilancias siguen siendo muy importantes en este tipo de centros.
Si no me equivoco me he dejado un papel y no me gustaría dejarlo, porque es un aspecto importante de la labor del Defensor del Pueblo en este momento, y es qué hemos hecho en materia de centros psiquiátricos. Venimos haciendo visitas a los psiquiátricos desde hace diez años, desde que el mecanismo está en funcionamiento. Hemos ido a diecisiete psiquiátricos. Es un tema diverso, porque los hay de distinta entidad: hay centros de menores con trastornos de conducta, hay centros residenciales para personas mayores, hay unidades hospitalarias de agudos y hay centros residenciales de salud mental a los que se han girado ocho visitas. ¿Qué hacemos en las visitas a los psiquiátricos? Hacemos un trabajo administrativo amplio, que es tratar de ver y averiguar cómo es la situación del interno y en algunos momentos cómo se aplican las medidas de contención, cómo se administra y se pauta la medicación, tratamos de ver cómo funcionan los programas de rehabilitación y las actividades y los horarios, inclusive -allí donde es posible- la salida al exterior. Por lo tanto hay un elenco importante de tareas, y en ellas es donde nos ayuda el equipo del consejo asesor del mecanismo, que de alguna manera complementa nuestra tarea y de alguna forma nos ayudan a realizar mejor el trabajo.
En el año 2017 se ha producido una novedad: que en ocho oportunidades nos han acompañado miembros de los Defensores del Pueblo territoriales. Por lo tanto hemos podido mejorar la cantidad y la calidad de nuestro trabajo en este tipo de centros, porque éramos más y podíamos mejorar la tarea que realizábamos. De esos cuatro tipos de centros, tres tienen que ver con la salud mental. ¿Qué tres son esos centros? Son la Unidad de Hospitalización de Salud Mental del Hospital de San Lázaro, de Sevilla, dependiente del Hospital Universitario Virgen del Rocío; el Centro Asistencial San Juan de Dios, de Palencia, y el Hospital Psiquiátrico de Conxo. El Hospital Psiquiátrico de Conxo actúa como un centro residencial de larga estancia de personas con trastornos mentales graves y con severas dificultades de integración. ¿Qué hemos visto allí? En definitiva lo que tenemos que decirles a ustedes es lo que hemos visto, también podemos decirles lo que valoramos -y de hecho lo hacemos-, pero lo que hemos visto sí tenemos que decirlo. Primero, me atrevería a decir que algunas rigideces hemos visto en este tipo de centros. Los registros que hay del sistema de quejas son muy rígidos y no acercan a los hipotéticos usuarios a formular quejas. Segundo, en algunos casos hemos visto que las pautas de medicación crean algún tipo de problemas, y hemos recomendado la revisión de los protocolos para que ese tipo de problemas no puedan producirse. En estos centros la privación de libertad a veces es muy estricta, y por lo tanto creemos que los registros de las medidas relacionadas con la restricción de los derechos de los internos deben inscribirse en libros de esta naturaleza. En algún caso hemos visto que no existen partes de lesiones y eso nos parece relevante.
Hay una cuestión que me parece relativamente importante, y que no deberíamos olvidar. En este tipo de centros se producen circunstancias que de alguna manera quisiera ponerles a ustedes de relieve. A veces hay personas que llevan en ellos más de treinta años, y se dice que esas personas que llevan allí más de treinta años lo están voluntariamente. Yo cuestiono que una persona del mundo rural español que está en un centro de esta naturaleza más de treinta años lo esté voluntariamente, entre otras cosas porque también creo que estas personas que están en esta circunstancia lo están porque no tienen otro lugar donde ir o su familia no tiene otro lugar donde recluirles. Por lo tanto quiero decir que de alguna manera hay que ser muy riguroso con este tipo de circunstancias, porque si no lo somos podemos equivocarnos. En cualquier caso -lo digo filosóficamente y lo digo porque lo creo- la imagen que uno tiene de estos centros a veces es muy dura. Yo tengo que decir que las personas que han ido a los mismos, que han entrado, que han permanecido y que han analizado cómo se comportan los equipos directivos, los médicos y quienes les ayudan, la verdad es que son personas que se vuelcan con este tipo de ciudadanos, que de alguna forma quieren hacerles la vida agradable y proporcionarles un tratamiento cercano.
Es la primera vez que nosotros hablamos de esta cuestión, y en modo alguno quisiera yo alarmar a nadie sobre la estancia de estas personas en este tipo de centros. Si hubiera que seguir acudiendo, que habrá que seguir haciéndolo, a estos centros para llamar la atención, siempre tendremos alguna oportunidad, y siempre podremos hacerlo con y a partir de hechos relativamente concretos. Creo que la sociedad española los tiene olvidados, y de alguna manera cuando la familia, e inclusive el enfermo,
consiguen una plaza en este tipo de centros experimentan un enorme miedo cuando corren el riesgo de perderla. Por lo tanto sigamos observando, sigamos analizando, y procuremos que no se les olvide, pero seamos rigurosos a la hora de evaluar y llamar la atención sobre esas cuestiones.
Termino. La verdad es que he hablado demasiado, pero confío en haber llamado su atención sobre algo que he querido poner de relieve. Yo he sido veintinueve años diputado en esta casa y me lo he pasado muy bien, pero de estas cosas yo no he oído hablar, y ya que tengo la oportunidad de hacerlo, quiero ser sincero con ustedes. ¿Hemos hecho, han hecho los del mecanismo lo suficiente en este año 2017? Yo creo que sí, lo creo honestamente, creo que sí que lo han hecho. ¿Podrían haber hecho más? Siempre se puede hacer más, siempre, siempre, siempre se puede hacer algo más. Lo único que quiero decir es que lo han hecho -y yo puedo hablar en su nombre- como mejor han sabido hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor defensor, por su intervención que efectivamente ha sido prolija e intensa, como suele ser habitual, pero no por ello creo que haya sobrado nada ni nadie se ha quejado por la información que usted ha proporcionado.
A continuación, pasamos al turno de intervención de los grupos parlamentarios, de menor a mayor y por un tiempo de diez o doce minutos. En primer lugar, y en nombre del Grupo Mixto, ¿señor Baldoví, va a intervenir? (Denegaciones). ¿Señor Rodríguez Cejas? (Denegaciones). Por lo tanto pasamos a Esquerra Republicana, ¿señor Eritja? (Denegaciones). En nombre del Grupo Ciudadanos, el señor Gómez García.
Muchas gracias, señor defensor, y bienvenido una vez más a esta que es su casa, que lo ha sido durante tantos años, y nuevamente a esta Comisión como defensor. Seré breve porque como ha dicho el informe del mecanismo es extenso, prolijo y muy bueno, por lo que le doy la enhorabuena. La exposición que ha hecho aquí esta tarde nos ha ilustrado muy bien sobre cómo está la situación en el país en un tema tan importante como es este de la prevención de la tortura, tema que tiene encomendado el defensor en supervisión de la protección, y al final de garantizar que aquellas personas que están privadas de libertad no se vean privadas del resto de sus derechos, y así debe ser. Por tanto tiene usted una labor importantísima como digo para garantizar que así sea y se respeten el resto de derechos de esas personas.
Únicamente querría mencionar dos aspectos. El primero es el relativo al número de visitas, que vemos que se ha incrementado respecto al año 2016, en que se produjeron 101 visitas, mientras que este año han sido 107, por lo que querríamos preguntarle si cree que son suficientes para hacerse una idea general e importante de lo que ocurre, si considera que se deberían aumentar, y si para poder hacerlo habría que incrementar el personal de la casa, y si así fuera, es el momento de que lo diga ahora, que parece que estamos ante la posibilidad de un proyecto de presupuestos.
El otro aspecto que quería mencionar es que del informe y de su exposición concluyo -y querría saber si mis conclusiones son acertadas, y en caso de que no lo fueran, usted me corrija en lo que considere, que seguro que he fallado- que donde peor estamos es en la inversión en instalaciones; también como ha dicho en la inversión en videovigilancia y en la inversión en personal, tanto en personal médico como psicológico u otro tipo de personal especializado que incluso pueda suplir a la policía en los CIE. La conclusión a la que he llegado es que lo que falta es inversión en instalaciones y en personal, y no tanto en que se esté haciendo una mala praxis. Mi pregunta sería si estoy en lo correcto o no.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Mora Grande.
La señora MORA GRANDE: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quería felicitar, tanto a la defensoría como al equipo, por el informe de este año, que consideramos que es bastante mejor que el de años precedentes. Nos han gustado bastante las mejoras que han introducido, el que hayan incluido las fichas de seguimiento dentro del informe, porque eso facilita muchísimo más el seguimiento de la información.
Compartimos la preocupación que parece que muestra el informe por el seguimiento sobre todo de las recomendaciones que se hacen, aspecto que nosotros hemos puesto encima de la mesa muchísimas
veces. Es decir, no tiene ningún sentido la realización de recomendaciones y que posteriormente la Administración no las continúe y no sepa hacer el suficiente seguimiento de ellas, aceptadas o no aceptadas, pero sobre todo las aceptadas. Nos ha parecido muy bien cuando además el Subcomité de Prevención de la Tortura de la ONU también orientó al respecto en la última visita.
En cuanto a los resultados del mecanismo en realidad no podemos estar contentos de los resultados de lo que supone un informe sobre este tema, es decir, sí sobre el trabajo, pero no lo que dice ese informe en el Estado español. La Coordinadora de Prevención de la Tortura, por ejemplo, este año en su informe ha recogido cuatro veces más denuncias por malos tratos, es decir, se han cuadruplicado. Si quitamos todas las denuncias que hubo por el 1 de octubre, se duplicaban las del año anterior. Y respecto a temas nucleares que se vienen repitiendo en el informe continuamente, como vienen a ser aberraciones como Algeciras o el Centro de Motril, el CIE, la Administración sigue haciendo oídos sordos a las recomendaciones.
Entrando ya en el informe sí quisiera preguntarle si el número de visitas que han hecho este año, que ha sido superior al del año pasado, 107, le parecen suficientes; entendemos que no, pero es un buen momento de reivindicar la necesidad o no y en qué cuantía de medios suficientes para poder realizar su labor, porque el momento en que se están negociando los presupuestos puede ser un buen momento para poner sobre la mesa algo tan importante.
También quisiera preguntarle sobre los rechazos que la Administración ha hecho, y cuáles le parecen más sangrantes, porque precisamente ahí los parlamentarios podemos hacer una labor de presión al Gobierno sobre cuáles son las recomendaciones más importantes que han rechazado o que han aceptado, pero que después han incumplido de manera descarada. Ahí sí que nosotros podríamos apoyar la labor que hace la Defensoría.
Entrando en la parte de extranjería, me gustaría recalcar sobre todo cómo explican perfectamente el colapso de los dispositivos de nueva acogida, o sea detención directamente, de cómo se habla abiertamente de centros de detención inseguritarios absolutamente, de centros de privación no idóneos. Han realizado visitas a centros como el de Motril; yo he estado en concreto en el puerto de Motril y se te cae el alma a los pies al ver a bebés y mujeres dentro de celdas, es una cosa absolutamente lamentable. Me gustaría preguntarle si el Gobierno -yo he intentado preguntarlo, pero no me han contestado muy claramente- tiene intención de mejorar estos centros, también como las comisarías de Algeciras, Almería o Cartagena. Quisiera saber qué opinión le merecen los nuevos CATE que ha construido el Gobierno en frontera sur. A nosotros desde luego no nos parece el modelo a seguir. También quisiera saber si piensa que el modelo de la primera acogida, que en realidad es de la detención, debe ser menos seguritario, sobre todo para los perfiles más vulnerables -además, en el informe lo dice claramente-, como pueden ser las mujeres, los niños y las personas que estén en situación de vulnerabilidad por ser merecedoras de protección internacional.
Me parece muy interesante en el análisis de los CIE algo que ha estado comentando del informe, el 85% por ciento de las personas que ingresan en los CIE provienen de pateras. Me parece muy grave que muchísimos subsaharianos -ha hablado de marroquíes y argelinos, que son la mayoría de expulsados-, hasta el 1%, no sean expulsados y, sin embargo, estemos metiéndolos dentro de los CIE. Estamos metiendo en los CIE a personas inexpulsables; de hecho, lo dice claramente. Me gustaría preguntarle si le parece proporcional el internamiento de personas de origen subsahariano que sabemos que no son expulsables, utilizando los CIE de manera ilegal como forma de documentación. Quisiera que nos diera esta información para que se lo podamos decir al Gobierno y ponerlo encima de la mesa. Apunta de alguna manera en el informe a que debería haber otras alternativas. Nos gustaría saber cuáles son esas alternativas, si sería directamente la derivación a recursos de labor humanitaria en vez la utilización de los CIE.
Asimismo, deseamos trasladarle nuestra preocupación por el colapso del sistema de acogida, si es que se puede llamar de acogida, porque lo que hemos estado viviendo en los últimos meses en el sistema de acogida ha sido realmente lamentable. Sé que lo ponen encima de la mesa. Ha sido un contrasentido, en el que hemos terminado enviando desde la frontera sur al norte a personas para acercarlos directamente a la frontera. Me gustaría saber qué es lo que plantearía sobre el internamiento de inexpulsables en los CIE y cuál sería la alternativa. Nosotros lo tenemos claro, es la utilización de centros de recursos de labor humanitaria. No puedo dejar de hablar del CIE de Algeciras, del que años tras año se pide su cierre. Recoge en el informe que trasladó al Gobierno nuevamente la petición de cierre de ese CIE, y quisiera saber si tiene ya alguna respuesta del Gobierno, porque en el informe no aparece.
En cuanto a las prisiones, me encanta cómo termina el informe, diciendo algo así como que son sitios tan cerrados y tan oscuros que son casi elementos extraños y esotéricos para la ciudadanía. Lo importante sería abrirlos y que se supiera lo que pasa ahí, porque creo que realmente es de los sitios donde más se vulneran los derechos humanos. Para mí la conclusión, leyendo el informe y sabiendo cómo son las cosas en España, es un suspenso en el cumplimiento de los derechos humanos. La conclusión que se saca del informe es que suspendemos en la investigación de las alegaciones y denuncias de malos tratos, incumplimiento en los partes de lesiones; suspendemos en la aplicación indebida del aislamiento -lo explican perfectamente-; en la no presencia de personal sanitario porque hay una escasez de plantilla absolutamente horrorosa; en atención psicológica, tratamiento, actividad y diseño de programas individualizados -tratamiento que casi no existe en muchos casos-; y la aplicación de medios coercitivos, que nos ha estado explicando perfectamente.
Respecto a las prisiones visitadas, actualmente el personal sanitario en las prisiones españolas está prácticamente levantado y en pie de guerra porque es tal la falta de personal sanitario que no hay siquiera personal para hacer un seguimiento de la enfermedad en las personas con situación crónica, ni siquiera cuando se les aplican medidas regimentales o de aislamiento. Es bastante aberrante y tiene que ver con la prevención de la tortura. Ni siquiera cuando hay aislamiento o limitaciones regimentales está garantizada la asistencia. Nosotros no hemos otra alternativa que forzar de una santa vez la transferencia de la sanidad a las comunidades autónomas porque es realmente insostenible. Me gustaría saber si por parte de la Defensoría también se podría presionar por ahí, porque se ha manifestado a favor de esta cuestión muchísimas veces.
En cuanto a la salud mental, de la que también ha hablado, nos parece aberrante lo que está pasando. Hay una cosa que quizá añadiría a lo que ha estado diciendo, que es lo absolutamente terrible que resulta que existan personas internadas en centros penitenciarios ordinarios que no están condenadas, sino que tienen medidas de seguridad porque han sido absueltos por problemas de salud mental y, sin embargo, están cumpliendo esas medidas de seguridad en centros penitenciarios ordinarios porque se informa por parte de instituciones penitenciarias a los jueces de que es imposible el cumplimiento en un centro adecuado. Teniendo en cuenta la situación horrorosa de la atención psiquiátrica en las prisiones -lo dice claramente, que básicamente hay tratamiento farmacológico-, esto sí es aberrante y habría que ponerlo encima de la mesa. Hay muchas personas cumpliendo medidas de seguridad en centros penitenciarios ordinarios y de alguna forma hay que acabar con esto.
El señor PRESIDENTE: Señora Mora, ha acabado su tiempo.
La señora MORA GRANDE: Vale, acabo con un poquito más. (Rumores). Perdón, acabo ya. Como han hablado menos grupos parlamentarios, vamos a compensar. (Risas). Un segundo y acabo, que me interesa mucho el informe.
Sobre el régimen cerrado, quería comentar que es aberrante tener a mil personas en régimen cerrado en las situaciones que se dice, pero hay algo que queremos subrayar sobre el régimen cerrado. Hay mil personas en régimen cerrado, pero la Administración está falseando los datos y hay que ponerlo encima de la mesa, porque los datos que se dan en el informe no coinciden con los datos que está dando Instituciones Penitenciarias. Sería interesante hacérselo llegar a la institución.
Siento que se me haya acabado el tiempo. Me encantaría seguir. Gracias por el trabajo.
Usted acaba de crear una nueva figura de retórica parlamentaria, que es la de `acabar un poquito más´, pero está bien. (Risas).
Tiene la palabra ahora, en nombre del Grupo Socialista, la señora Galovart Carrera.
La señora GALOVART CARRERA: Muchas gracias, presidente.
Buenas tardes, defensor, adjunta y equipo que le acompaña. Señala el Defensor del Pueblo en su informe trataré de supervisión del mecanismo es nuestra obligación cotidiana y no rutinaria porque ella no caben los automatismos. Con esta frase parece como si el defensor se hubiera puesto de acuerdo con León Felipe cuando en su poema Romero solo dice: Que no se acostumbre el pie a pisar del mismo suelo, / ni el tablado de la farsa, ni la losa de los tiempos / para que nunca recemos / como el sacristán los rezos, / ni como el cómico viejo / digamos los versos. Y es que el mecanismo ha desechado la costumbre de pisar en el mismo suelo, se ha desviado de la senda marcada por el anterior informe y ha optado por el
cambio y por un nuevo modelo de trabajo y de informe. Y así, ha pasado de la casuística sobre los centros visitados a informar sobre las condiciones generales del mismo. De la complicación de la lectura y del difícil manejo del informe se ha pasado a la legibilidad, la sistemática y el orden. De la remisión a numerosos parágrafos respecto a la doctrina del mecanismo se ha pasado a concentrar y a reproducir sus razonamientos en nota a pie de página. De la dificultad para entender la situación descrita se ha pasado a la transparencia y a la comprensión de lo que realmente ocurre en los centros. Del esfuerzo titánico por llegar a conocer las valoraciones sobre las principales cuestiones que atañen a los centros se ha pasado a la facilidad de su conocimiento mediante sencillos cuadros de valoraciones. Del exhaustivo y complicado trabajo para realizar el seguimiento se ha pasado al simple acceso al mismo a través de la ficha electrónica de seguimiento. Otra novedad en el mecanismo es la puesta en marcha de la ya mencionada aplicación o proyecto Ábaco. Con ella se podrá saber a dónde ir, averiguar qué pasa en los centros y hacer un muestreo fiable de los mismos para poco a poco, tupiendo la malla, poder llegar a un mapeo total, a una visión global del sistema de privación de libertad.
Señorías, no está bien la vanidad pero sí es legítimo el orgullo, por eso hoy nos vamos a permitir una pequeña dosis de él y es que tengo el orgullo de decir que pensamos que el trabajo del Grupo Socialista respecto al informe 2016 del mecanismo de alguna manera ha contribuido a trazar las nuevas líneas metodológicas y a encauzar el rumbo al que se ha de dirigir el mecanismo.
Dicho lo anterior y siguiendo con las novedades, señalamos el reforzamiento y renovación de la unidad del mecanismo, el incremento del número de técnicos externos especializados, la contratación de un servicio de interpretación telefónica, la introducción en el informe de nuevos capítulos y las visitas de calidad que se vienen realizando. Digo visitas de calidad porque estas se hacen con estándares de calidad y, en consecuencia, con dedicación y profesionalidad por parte de la unidad del mecanismo, porque, señorías, y en esto me voy a detener, se han hecho las cosas bien: preparación previa de las visitas, trabajo de campo y de evitación de posibles represalias a los entrevistados, labor de valoración, plasmación de la misma en la ficha de seguimiento y, por último, el cometido de síntesis explicativa para el informe. Enhorabuena pues, defensor y unidad del mecanismo.
En otro orden de cosas, señala el informe que se han llevado a cabo 107, visitas de las cuales 52 son de seguimiento. Es evidente que con un cálculo aproximado de 1500 centros de privación de libertad es escaso el número de visitas realizadas por el mecanismo en 2017. Lo conveniente sería haberse situado -pensamos- entre el 12 y el 15% de esos 1500 centros para asegurar que en seis años con Ábaco se pueda obtener un mapeo del conjunto del sistema de privación de libertad. De ahí se deduce la necesidad de incrementar tanto el número de primeras visitas como la frecuencia de las visitas de seguimiento. Pero a pesar de esta necesidad, teniendo en cuenta que los estándares de calidad en las visitas cuestan dinero y que no tiene sentido alguno realizar visitas intrascendentes que poco cuestan pero que nada aportan, es obligado preguntarse si con la insuficiente dotación presupuestaria es posible incrementar visitas con marchamo de calidad, así como aumentar las de seguimiento, si no es a costa de reducir el ritmo de cobertura de los lugares sin visitas. La respuesta a la pregunta es obvia: no es posible hacerlo. En consecuencia, se puede afirmar, como lo hace el Subcomité para la Prevención de la Tortura, que la insuficiencia del presupuesto dificulta al mecanismo el llevar a cabo su mandato de prevención de la tortura y malos tratos en todo el territorio nacional de manera eficaz. Así las cosas, para afrontar esta contumaz realidad económica, para seguir haciendo las cosas bien, apoyamos la petición del subcomité y del defensor a las Cortes Generales para que la dotación presupuestaria al mecanismo se adecue a la amplitud del mandato recibido.
En cuanto a los temas tratados en el informe, debido al escaso tiempo de intervención, voy a referirme solo y de manera sucinta a los centros de privación de libertad de corta, media y larga duración y, por último, a la investigación de la tortura y maltrato en los mencionados centros. Centros de corta duración, calabozos. Señala el informe que se suelen construir en espacios total o parcialmente bajo rasante, con escaso acceso a la luz natural y en ocasiones con problemas de ventilación y sin patios. Dado lo inadecuado del lugar en donde se construyen, al igual que el defensor, abogamos por el replanteamiento del modelo constructivo, sobre todo si son centros de nueva construcción o en rehabilitación. Con este planteamiento es evidente que se produciría una sustancial mejora tanto en las condiciones de estancia de los detenidos como en las de trabajo de sus custodios. Sin perjuicio de lo anterior ha de indicarse que el sistema Ábaco aplicado a los calabozos municipales ha aportado una serie de datos alerta que deben ser investigados para saber a qué responden, y es que en 2017 se produjeron 5 muertes, 92 autolesiones y 118 lesiones a agentes. Otro dato: en algunas comisarías policiales de Barcelona se sigue reproduciendo
el problema, solventado en su día por la juez decana, de permanencia de los MENA hasta cuatro días en calabozos y pasillos de la Fiscalía de Menores de Barcelona mezclados con jóvenes detenidos. Para que pueda resolverse esta situación y no repetirse es necesario -entendemos- el establecimiento de mecanismos de actuación inmediata de veinticuatro horas para acelerar los trámites que sea preciso realizar respecto a estos menores no acompañados.
Centros de media duración, el futuro de los CIE. Mi grupo y el Gobierno valoran positivamente la elaboración por parte del mecanismo de un nuevo modelo de CIE, una tercera vía entre los que abogan por su cierre y los que reclaman el endurecimiento de sus condiciones. Este nuevo modelo es objeto de estudio por parte del Ministerio del Interior, que después de su diagnóstico sobre la situación de los CIE -ineficiente y contraria a la finalidad que tiene legalmente establecida- va a presentar un documento donde se plasmará un cambio de modelo de gestión de los CIE y, en definitiva, un nuevo modelo sobre el futuro de los mismos.
Centros de larga duración. Los centros penitenciarios acusan las consecuencias de los años de penuria económica, pues se ha desatendido a sus funcionarios y funcionarias y, como consecuencia de ello, a la población reclusa. De ahí la frase de que el personal si no es todo, lo es casi todo. Y es que la falta de recursos ha afectado no solo a la convocatoria de plazas, con lo que tenemos una plantilla escasa y envejecida, sino también a la formación del personal. Con estos mimbres los funcionarios tienen dificultades para hacer frente al cambio de perfiles criminológicos y a los crecientes problemas de envejecimiento y de salud mental de los reclusos, algunos de ellos sin diagnosticar y sin recursos para recibir tratamientos adecuados. Para intentar solventar esta situación, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha trabajado en la aprobación de una oferta pública y en la agilización de los procesos selectivos, y es que considera prioritario cubrir las plazas vacantes y conseguir que las condiciones de trabajo sean adecuadas y justas al nivel de responsabilidad que tienen encomendado los funcionarios de prisiones. Junto a ello se considera fundamental el mantenimiento de los canales de comunicación y la negociación con los representantes de los empleados públicos penitenciarios. También es conveniente señalar que esta secretaría, por medio de la Instrucción 3/2018, ha aprobado el Protocolo para la aplicación de la sujeción mecánica por motivos regimentales, inspirados en la guía elaborada precisamente en 2017 por el defensor en su calidad de mecanismo contra la tortura. El empeño de dicha secretaría...
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir que acabando ya.
La señora GALOVART CARRERA: Me falta nada. ¿Otro poquito? (Risas).
El empeño de dicha secretaría de poner en práctica la reeducación y la reinserción social que proclama el artículo 25.2: Favorecer el régimen abierto en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, potenciar el tratamiento penitenciario o incrementar la oferta de trabajos productivos en las cárceles y crear hábitos y formación laboral en la población reclusa. Otro objetivo de la secretaría a corto plazo es conseguir que la sanidad penitenciaria quede integrada en el Sistema Nacional de la Salud.
Señorías, el tiempo, como me dice el presidente, implacable, me impide continuar con este relato, así como también con todos los temas antes mencionados y a los que también ha hecho alusión al defensor. Finalizo. Pero antes reitero al defensor nuestra enhorabuena por este profundo informe consecuencia no solo de entender la tarea de la supervisión del mecanismo como una obligación cotidiana y no rutinaria donde no caben los automatismos, sino también fruto de su compromiso ético de crear un entorno donde resulte difícil que se produzca la tortura o los malos tratos en los centros de privación de libertad de nuestro país. Para este empeño sabe que puede contar con el Grupo Socialista.
Para acabar con esta ronda, por último y en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Romero Santolaria.
Voy a intentar ser breve porque si en algún momento ha habido algo de tiempo acumulado, mis compañeros lo han consumido, con lo cual me voy a ceñir al tema.
Muy buenas tardes, señor defensor. Quisiera felicitar en primer lugar a la defensoría, al defensor y a todo su equipo por el magnífico trabajo que vienen realizando en los últimos años, y especialmente en lo
que se refiere al tema que hoy nos ocupa, en este caso trabajo compartido con la anterior titular, con la señora Becerril, a la que no se preocupe, señora Galovart, le haremos llegar sus loas al inicio de su intervención por el trabajo desarrollado. Agradezco de igual manera su comparecencia, señor defensor, y lo prolijo de su intervención.
Yo quisiera destacar, en primer lugar, lo pormenorizado y exhaustivo de este informe, así como la profusión de datos que aparecen en él en todo lo referente a las visitas realizadas y los que nos ha aportado usted; un informe que, como viene siendo habitual, detalla las anomalías y las carencias observadas, pero que también destaca las cuestiones que han mejorado. Quiero resaltar, si me lo permiten, la incorporación en este informe de temas de candente actualidad y que necesitan un sosegado y a la vez riguroso tratamiento destacando la crisis migratoria en el arco mediterráneo o los retos de la investigación de los malos tratos, entre otros, y algunos que ya se han apuntado. Me parece muy interesante la puesta en marcha del proyecto Ábaco, porque no solo puede ayudar a mejorar el tratamiento de la información disponible, sino que de un conocimiento real y actualizado de la misma se pueden abordar soluciones a problemas que en algunos casos parecen enquistados. A este respecto, me gustaría que nos avanzara -aunque ya ha hecho referencia a algo- alguna cuestión más sobre este proyecto. También ha sido muy interesante la celebración de unas jornadas de trabajo sobre el futuro de los CIE, algo de lo que aquí se ha hablado mucho. Interesantes son también las consideraciones que vienen desmenuzadas en el informe y que en aras de esa cierta economía verbal que nos exige el presidente, entiendo que no es necesario detallar.
Quiero destacar que se ha mantenido con respecto al año 2016 un número bastante similar de visitas a los diferentes centros, en este caso 107 -se ha hecho referencia a ellas-, 52 de las cuales han sido de seguimiento y que han dado lugar a 1769 conclusiones. Cabe destacar también que más del 60% de esas conclusiones no dan lugar a resoluciones, tal y como dice el informe, y que del resto se han derivado 29 recomendaciones, 673 sugerencias y 7 recordatorios legales. Es cierto que si tomamos el conjunto de la actividad del mecanismo a lo largo del año 2017, la cifra de recomendaciones aumenta hasta 76, pero también con un alto grado de aceptación que supera el 81%. Es cierto que se siguen observando carencias en los sistemas de videovigilancia, cuestión reiterativa, y también se detalla en el informe que se han mejorado con respecto a años anteriores, pero todavía queda trabajo por hacer.
La limitación del tiempo de intervención me impide desarrollar temas del informe que creo que son muy interesantes, pero sí quisiera detenerme aunque sea superficialmente en alguno de ellos, en concreto en la crisis migratoria en el arco mediterráneo. A este respecto, diré que a las 22108 personas llegadas en pantera durante 2017, es decir, un 171% más que en el año 2016, debemos añadir que en lo que llevamos de 2018 España ha recibido más inmigrantes que en todo 2017. Aquí el defensor ha apuntado unos datos que me parecen muy interesantes y además muy contundentes en cuanto a los países de origen de esas personas, que desmontan ese viejo mantra que utiliza mayoritariamente la izquierda refiriéndose a que todas o la mayoría de las personas que llegan a España lo hacen huyendo de la guerra. Ha quedado meridianamente claro que algunas sí, pero la mayoría no. Todo esto, junto con las erráticas y controvertidas políticas del actual Gobierno, no nos augura una salida rápida y eficaz del problema. Tenemos ante nosotros un reto que debemos afrontar con firmeza y aplomo, pero sobre todo con decisión pensando a futuro y no en medidas cortoplacistas que han de modificarse a los pocos días, ni con bandazos, ni con rectificaciones que solo contribuyen a generar falsas expectativas. Aquí me atrevería a decir que la política de inmigración no admite la demagogia ni el buenismo.
Tampoco quisiera dejar pasar un tema que me parece relevante, como es el de los establecimientos que prestan servicios de carácter sanitario, social o rehabilitador -ha hecho referencia a ello el defensor en su intervención-, es decir, el tema de la salud mental. Estamos hablando de personas en situación especialmente vulnerable y que requieren de un tratamiento sumamente especial, y así lo ha corroborado el defensor en su intervención. En la mayoría de los casos son personas cuyo internamiento se produce de manera involuntaria y urgente. Y me ha llamado especialmente la atención el prolongado periodo de internamiento de muchas de esas personas, con estancias de más de treinta años en algunos casos e incluso, tal y como relata el informe, llegando los cincuenta en alguno. Por ello podríamos hablar de estancias institucionalizadas que de alguna manera significan pérdida de autonomía. Probablemente sean situaciones que superan el trabajo desarrollado por la defensoría en este informe, pero que deben hacernos reflexionar a los poderes públicos en general, porque aquí no podemos quedarnos solamente en los números o en las comparativas, máxime cuando para el año 2030 la Organización Mundial de la Salud estima que los problemas de salud mental serán la principal causa de discapacidad en el mundo.
Otro tema sobre el que el informe no profundiza -salvo que se me haya escapado a mí- y a mí modo de ver es importante y requeriría un especial tratamiento es el de nuestros mayores en las residencias, en todos los ámbitos, sobremanera en lo relativo al ámbito de la salud mental, pero en todos los ámbitos. Creo que sería necesario -y por eso me atrevo a solicitar a la defensoría la realización de un informe sobre esta cuestión- desarrollar un informe que nos permita analizar la situación de nuestros mayores en las residencias en todos los ámbitos. Estoy convencido de que para la inmensa mayoría de esas residencias el resultado de ese informe sería más que satisfactorio, pero quizás así se podrían evitar noticias que últimamente vienen siendo demasiado habituales en los medios de comunicación, noticias que lamentablemente estamos viendo y en algunos casos sufriendo.
Escuchadas las intervenciones de los grupos, tiene la palabra el señor defensor.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): La primera consideración que tengo que hacer es darles las gracias en mi nombre y en el de todos mis compañeros. Nosotros hemos prestado atención a este informe, que es perfectamente complementario con el que presentamos antes de verano, es decir, las áreas y el mecanismo trabajan conjuntamente y el resultado es la posición pública del defensor. El defensor es el rector del mecanismo en este país, porque así lo hace la ley y yo creo que es conveniente. El defensor toca muchos palillos y este es uno al que presta atención. Yo puedo decir a qué presto fundamentalmente atención, lo saben ellos y no me importa decirlo, yo presto mucha atención al fenómeno migratorio, ahí realmente hay problemas, pero voy a intentar decir ciertas cosas de algunas de las cuestiones que ustedes me han planteado.
El señor Gómez García plantea un problema que es reiterativo. Me pregunta: ¿usted necesita dinero? El otro día unos diputados de Podemos -la señora Mora está adherida a él- vinieron a vernos por un asunto que tienen entre manos, y es el de los bebés robados. Me preguntaron: ¿usted tiene el presupuesto suficiente? Y yo les dije algo que Concepción seguro que comparte conmigo, nosotros no hemos pedido en época de Soledad más dinero, y estábamos de acuerdo en no pedirlo. ¿Por qué no pedíamos más dinero? Porque todos querían más dinero, todas las estructuras sociales vinculadas al capítulo 1, al capítulo 2, al capítulo 3 por transferencia, al capítulo 6 por inversiones, etcétera, necesitaban dinero y no había dinero. Por lo tanto, daba un poquito de grima, de vergüenza, salir diciendo: yo quiero más dinero y usted me tiene que dar más dinero y, de alguna manera, detraer el dinero del consolidado. Nosotros no somos Administración, somos Cortes Generales; si nos hubieran dado más dinero nos hubiera venido muy bien. La idea esta de que el personal lo es todo, es verdad que es correcta, pero esta es una vieja frase de Krugman, que decía: La productividad no lo es todo pero es muchísimo. Bueno, pues de alguna manera, si nos hubieran dado dinero lo hubiéramos empleado. ¿Dónde? Yo lo tengo muy claro y Concepción también, en personal. ¿Por qué en personal? Por dos motivos fundamentales, porque el personal de la casa se ha envejecido y porque la casa es porosa a los estímulos de hacer uso de todos sus derechos laborales a un nivel grande. Por lo tanto, tenemos 170 o un poquito más, incluido el defensor. Nos hubiera venido bien encontrar más personas. ¿Qué tipo de personas? Pues me atrevo a decirlo, cuadros medios. Yo digo muchas veces que los responsables de área responden a las quejas. Miren ustedes, las quejas las debería responder la gente del área, y el responsable debe dirigir el área y dedicarle tiempo a eso. Pues no tenemos gente para eso. El presupuesto de esta casa, Cortes Generales, y de la nuestra, Defensor del Pueblo, se aprueba aquí, se adiciona al resto de las secciones y se consolida. Entonces, ¿nos vendría bien el dinero? Sí, pero no digan por ahí que yo lo he pedido. (Risas). Quedaría feo. Yo he sido una persona que ha estado muchos años en esta casa llevando el presupuesto. Yo estaba muy muy bien preparado para decir que no. (Risas). Para decir que no estaba muy bien preparado; decir que sí ya era más complicado. Hubo un politólogo -siempre me lo oyen decir mis compañeros- que se llamaba Sartori, que decía que había políticas que pesaban porque implicaban costes y políticas que no pesaban, y entre las que no pesaban ponía la de derechos humanos. Pues no es verdad, la de derechos humanos también pesa. Y no he de decir nada más, simplemente agradecerles a todos su atención aquí.
Miren, aquí hicimos una exposición, de la cual yo estoy relativamente satisfecho, que está en el Diario de Sesiones, y que hemos hecho uso de ella, que es el análisis del arco mediterráneo; es más, yo creí que íbamos a tener una sesión dedicada al tema del arco mediterráneo, pero no. Ojalá podamos venir para hablar un día de los MENA, que son una parte de la problemática del arco mediterráneo, porque nosotros evaluábamos lo que hay entre Cartagena y Tarifa, y ahí juntábamos a todos, mayores y menores, y ahí
hay un problema que lo dijimos, lo reiteramos y lo analizamos centro por centro. Hablamos de Motril, hablamos de la Comisaría de Málaga, hablamos de Algeciras, hablamos de Almería. Digamos que hay un problema en el sur; no solamente en el sur, pero hay un problema en el sur, y hay un problema en el sur del sur. Y del sur del sur lo que viene es gente, y eso lo tenemos que pensar. Yo nací en Extremadura y allí decíamos aquello de 'y al oeste, Portugal'. Es verdad, para siempre. Al sur, Marruecos; para muchísimo tiempo, para siempre. Por lo tanto, la explosión demográfica que se produce ahí tiene una primera aproximación, el arco mediterráneo, y el hecho evidente del Golfo de Cádiz y el Mar de Alborán. Pero también llegan pateras ya a Baleares y de nuevo llegan pateras a Canarias. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer? Primero, ver la acogida. Segundo, ver en qué medida somos capaces de resolver determinadas cuestiones. Y, tercero, pensar que una parte de los problemas del sur del sur se resuelven en el sur del sur. Y eso no creáis, compañeros y amigos, que es fácil hacerlo, porque esa es una política comunitaria y no está. Primer tema.
Segundo tema. Nosotros tenemos tareas en marcha y, aparte de las cosas que hacemos, vamos con relativa frecuencia a Ceuta y a Melilla. Yo dije una vez en esta Cámara: hay que ir a Melilla. Yo les recomiendo que vayan a Melilla. Y también les recomiendo que vayan a Ceuta, y allí se encontrarán con algún tipo de problemas que no hemos podido hablar aquí, pero que existen. Ahora bien, la acogida se hace en el Golfo de Cádiz y en todo el Mediterráneo, y esa acogida ha sorprendido a los españoles, a pesar de que hace treinta años que llegó la primera patera y hubo el primer muerto, sin infraestructura. Nosotros sobre la línea de costa tenemos pocos medios. En este momento estamos haciendo un documento, que discutiremos próximamente, de una serie de viajes institucionales y de supervisión que hemos hecho en los últimos meses. Yo he estado en Ceuta y en Melilla y conmigo vino la responsable del área de inmigración, y equipos de las áreas y del mecanismo han estado en Ceuta y en Melilla. Tendremos que decir en algún momento qué es lo que hemos visto en Ceuta y en Melilla, que son cosas complicadas. Mañana o pasado se reunirán en el Senado senadores con los responsables de los gobiernos de Ceuta y de Melilla porque tienen problemas muy específicos, muy concretos y muy graves de menores y de no menores.
¿Qué opino de los CATE? Pues mire, cuando termine de abordar este tema y pueda llamar a mis colaboradores, confío en hacer una exposición bastante razonable de dos visitas que hemos hecho al Golfo de Cádiz, y hemos visto desde Chiclana hasta La Línea; hemos estado en San Roque, hemos estado en un sitio que llaman el Cobre, que plantea problemas. O sea, nosotros eso lo pateamos; nos dedicamos a eso. ¿Qué ocurre? En primer lugar, que para patear hay que tener gente dispuesta. Y, en segundo lugar, que para patear hay que tener dinero. Y al tema de los psiquiátricos hemos ido poco. ¿Por qué? Porque cuesta dinero y porque para ir a hacer un análisis serio en este centro hay que llevar un equipazo.
Mire, nosotros en el año 2018 tenemos 14 millones de euros. Si cogemos los presupuestos de los cuales somos responsables Soledad, Concepción y yo veremos que estos presupuestos fueron cayendo, como en el resto de las administraciones, y ahora han subido un poquito. Pero vamos, que estamos en 14800000. Por lo tanto, allí se mira la peseta, como debe ser. Pero cuando uno ve las carencias en los centros, pues uno dice: ¿y yo tengo que pedir? Se necesita el capítulo 1, y el 3, y el 2, porque en realidad es el gasto de funcionamiento. Los servicios públicos necesitan equipamiento y con el tiempo habrá que cubrir el bache de estos años. Por tanto, agradezco todo lo que me dicen.
Respecto a los CATE y lo que opinamos, ya lo veremos. No quiero entrar en polémicas que no ha lugar, pero en la costa había poca cosa. Había el deseo de hacer cosas en Algeciras. Había un proyecto de crear un CIE nuevo, porque el de Algeciras tiene aluminosis y, al final, quitaron la zona de mujeres, pero como aquello se puso imposible y se llenaron todos los alojamientos sociales que había en aquella zona, se volvieron a meter varones. Y luego hay un problema complicado; el juego del que está abajo del todo y el que está un puntito más arriba del que está abajo del todo hay que hacerlo con habilidad, y no digo más sobre esa cuestión. Ese es un juego diabólico y no es cuestión de atizar el panorama mucho más. Hoy el ministerio ha hecho públicos los datos que decía el señor Romero, aplicados más o menos a 15 de octubre. Las personas que han venido a España en estos diez meses -que han venido por el mar, por todo el Mediterráneo- han sido 43467. Este dato lo he cogido de una cadena de radio y, si estoy equivocado, pido perdón, pero del 1 de enero al 15 de octubre las personas que han venido a España son 43467 y por mar han sido 42000: en Andalucía, 40179; en Canarias -otra vez se ha abierto el recorrido del Atlántico-, 959; en Melilla, 541, y en Ceuta, 321. En las últimas visitas que hemos hecho, Ceuta y Melilla nos han llamado la atención por una razón muy sencilla, porque están en la calle y porque
allí la población tiene unos kilómetros cuadrados que no son extensibles; complicado. Hecha esta consideración, sí le tengo que decir que hay una cosa que me llamó la atención -teniendo en cuenta la información que proporciona Interior, que para mí es fiable, siempre lo ha sido-, y es que han venido en 1636 pateras, en esos toys pequeñitos. Eso es un problema, y lo digo sinceramente; cuando el desplazamiento humano es de esta magnitud y utiliza este tipo de mecanismos, esto ya no es un problema de saltar la valla, no, es que vienen en pateras, luego algo abajo está sucediendo. Ahí hay un fuego. Todo esto lo tenía escrito, pero tampoco es cuestión de decirlo así, descaradamente, pero yo soy de los que ideológicamente creo -es mi convicción, aunque puedo estar equivocado- que ahí hay un fenómeno de expulsión, y ahí está el caso de la chica que le decía a su madre que si era posible que vivieran siempre tan mal como vivían en Tánger. Por tanto, aquí se plantean un conjunto de temas que son muy relevantes y que de alguna manera nosotros seguimos con atención. He llevado mi intervención a un sitio donde me siento cómodo, pero no sé si les he molestado mucho a ustedes.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor defensor.
Antes de pasar al siguiente punto del orden del día, vamos a hacer un receso de unos cinco minutos. (Pausa).
- INFORMAR SOBRE EL ADOCTRINAMIENTO IDEOLÓGICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001007 y número de expediente del Senado 713/000506).
- INFORMAR SOBRE LAS DENUNCIAS Y QUEJAS QUE HA RECIBIDO SU INSTITUCIÓN EN MATERIA DE ADOCTRINAMIENTO IDEOLÓGICO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE CATALUÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/001021 y número de expediente del Senado 713/000519).
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, senadoras y senadores y acompañantes miembros de la defensoría, reanudamos la sesión y proseguimos con la comparecencia del Defensor del Pueblo para tratar los puntos tercero y cuarto del orden del día. Se abordarán conjuntamente ya que el tema es el mismo. Son dos propuestas del Grupo Parlamentario Ciudadanos en torno al adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de Cataluña, y para que informe sobre las denuncias y quejas que ha recibido la institución del Defensor del Pueblo en materia de adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de Cataluña. Intervendrá el defensor y, posteriormente, los grupos parlamentarios.
Defensor, suya es la palabra.
Ahora voy a responder a dos cuestiones, como ha dicho el presidente, que se plantearon hace un tiempo. La primera de ellas, para informar sobre el adoctrinamiento ideológico en los centros educativos de Cataluña y, la segunda, para informar sobre las denuncias y quejas que ha recibido esta institución al respecto. Antes de responder concretamente a estas dos cuestiones, sí quisiera hacer algunas reflexiones de carácter general. Lo que digo aquí, por supuesto, yo entiendo que es predicable de la actividad educativa del Estado y de todos los intervinientes en el proceso educativo. Lo entiendo y por eso lo digo.
La educación pretende enseñar a pensar, pero lo que no se puede hacer es decirle a la gente, a los alumnos en este caso, lo que tienen que pensar. Eso no se puede hacer. Yo a este planteamiento, a este aserto, me acerco desde dos enfoques. Lo que podríamos llamar un enfoque ético: quien educa es un maestro; quien adoctrina es un doctrinario -valga la redundancia-, doctrinario que no admite la discrepancia; el doctrinario es aquel que impone su doctrina y no la somete a consideración y análisis. Quien está fuera de la doctrina es un hereje, y así se viene practicando desde hace siglos, muchos siglos. Por ello, coincidiremos todos -creo que coincidiré yo con sus señorías- cuando digo que conceptos como educación, como enseñanza o como docencia deben huir de términos como adoctrinamiento. Igualmente creo que la libertad ideológica, la libertad de pensamiento, de expresión y de cátedra no pueden justificar los actos de adoctrinamiento en la educación. Estos son planteamientos de alguna manera morales, pero también los hay jurídicos en nuestro ordenamiento. Nuestra Constitución reconoce el pluralismo como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico. El núcleo esencial del pluralismo lo constituye la diversidad de concepciones sobre la vida individual y colectiva. La Constitución es muy
expresiva cuando recuerda que la educación tiene un objetivo: el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Si en lugar de enseñar y educar se adoctrina o se utiliza la enseñanza o el sistema educativo para la promoción de determinadas ideas o valores en menoscabo de otros, por lícitas y legítimas que puedan ser las ideas que se quieran promocionar, se está violentando el objetivo de la educación, socavando los principios básicos de un sistema democrático. Este es el frontis que hemos construido en el Defensor para responder a estas dos preguntas que ustedes me han hecho.
Las quejas. Voy a hablar de las quejas: volumen y tipología. Entraré a contestar lo solicitado por el grupo Ciudadanos, promotor de esta comparecencia, en cuanto a las quejas recibidas por el Defensor del Pueblo sobre el adoctrinamiento en los centros educativos de Cataluña. Desde finales de septiembre de 2017, es decir, hace un año, se presentaron 28 quejas ante el Defensor del Pueblo sobre esta materia. Si tenemos en cuenta que según el Instituto de Estadística de Cataluña en esa comunidad autónoma son cerca de 800 los centros públicos que imparten educación secundaria y, aproximadamente, 2400 los que imparten educación infantil y primaria, parece evidente que en términos relativos el número de quejas recibidas no es significativo. Por otra parte, la tipología de las quejas requiere una cierta aproximación. Unas se formulan con un grado de concreción muy bajo, cuasi inexistente, y no permiten individualizar las actuaciones concretas, por lo que carecen de base para el inicio de actuaciones. Otras quejas sí se refieren a actuaciones concretas, cuya descripción podría resultar indiciaria de la existencia de posibles casos de adoctrinamiento en el ámbito educativo. En estas últimas quejas se menciona el autor o autores de los adoctrinamientos y las circunstancias de tiempo y de lugar que se habían producido en el momento de los hechos. Con estas últimas, que es en las que había un asidero para tratar de averiguar qué es lo que estaba pasando, iniciamos las actuaciones el 21 de noviembre del año 2017.
Como sus señorías saben -si no lo saben yo se lo recuerdo-, cuando iniciamos estas averiguaciones y nos dirigimos a la Administración, en noviembre de 2017, ya estaba aplicándose el artículo 155 de la Constitución. Para ser más preciso, en circunstancias normales nos hubiéramos dirigido, por un lado, al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y, por otro, a la Consejería de Enseñanza de la Generalidad. Ese era el procedimiento habitual y ordinario, pero en el momento en el cual iniciamos las actuaciones en noviembre de 2017, el artículo 155 nos dirigía al entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes que actuaba ya en aquella fecha en una doble condición: la de departamento del Gobierno de España y la de Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña. Además de estos hechos, nosotros supimos con posterioridad a la entrada en vigor del artículo 155 que el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, por iniciativa propia, se había dirigido al departamento de enseñanza de la Generalidad de Cataluña por tres veces consecutivas. Le había presentado en tres ocasiones otros tantos requerimientos para que investigasen los actos que habían ocurrido, por si se daban casos de adoctrinamiento de menores. Por lo tanto, nosotros cuando iniciamos las actuaciones, pusimos en conocimiento del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes esas 28 quejas que habíamos recibido y se las remitimos para que efectuase nuevos requerimientos al departamento de enseñanza de la Generalidad de Cataluña. Estas quejas que remitimos y que aportamos al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes incorporaban los datos precisos para que esa consejería -mejor dicho el ministerio- pudiera dar a conocer y averiguara qué es lo que estaba pasando. Hasta ahí las quejas y su tipología.
En segundo lugar, el contenido de las quejas. Me van a permitir que les hable primero del lugar y luego del contenido material. El lugar: las quejas hacían referencia a centros ubicados en Villafranca del Penedés, en Manresa, en Sant Andreu de la Barca, en Premia de Mar, en Badalona y en Santa Coloma de Gramanet. Estos eran los centros; el que formulaba la queja decía en el centro tal de la ciudad tal; eran los centros de estas ciudades. El contenido planteaba una serie de cuestiones que les voy relatar una por una. Acusaban a las personas que ellos entendían que era posible acusar de incitar a los estudiantes a manifestarse contra la detención de representantes de Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional de Cataluña; a llevar a los alumnos -voy a leer unas cuantas- ante una comisaría de policía para realizar cantos de carácter independentista y contra la Policía Nacional; a requerir la autorización de los padres para la participación de sus hijos en la huelga educativa convocada para el día 28 de septiembre apoyando de forma implícita la misma; a permitir a una profesora reunir a todos los alumnos del centro para explicarles que la Policía Nacional había coartado la democracia en Cataluña; a adoctrinar al alumnado del centro contra la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Estado español; a inculcar a los alumnos de forma reiterada por parte de algunos profesores su ideología nacionalista, y a manifestar a los alumnos en clase que la Policía y la Guardia Civil les haría daño, al igual que lo hicieron el día de las votaciones en el
que pegaron a niñas, niños y personas mayores. He citado los lugares y este era el contenido del accusatio, por decirlo de alguna manera.
Ahora paso a darles las respuestas a la solicitud de información que nos han remitido. Con el traslado de nuestras quejas instamos al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en su doble condición, para que nos remitiese la información relativa a los resultados que se derivasen de sus actuaciones en relación con los hechos denunciados. Les mandamos las quejas y solicitamos que nos informaran de estas cuestiones. La solicitud de información al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes hubo de reiterarse en dos ocasiones sucesivas. Finalmente, el pasado mes de abril del presente año, 2018, se recibió escrito del entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deportes en el que, tras traficar el retraso en dar respuesta a nuestra solicitud de información y a los sucesivos requerimientos, se nos informó de lo que les voy a ver a continuación: El departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña en octubre de 2017, es decir, sin el 155, consideraba que en las fechas y en los centros docentes citados en realidad se produjeron manifestaciones promovidas por el alumnado que contaban con autorización paterna. Se añadía que las actuaciones descritas no fueron organizadas o promovidas por los directores o docentes de los centros educativos. Esas eran las dos expresiones que se deducen de la información que nos traslada el ministerio en abril de este año. Dicha respuesta fue firmada por la entonces consejera del departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, doña Clara Ponsatí i Obiols. Igualmente, se nos dio traslado de otras respuestas remitidas en noviembre de 2017, estas ya producto de la aplicación del 155. El ministerio, a través del secretario del departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña, fue el que firmó esa respuesta. Las respuestas que nos dio en términos generales relativizaban estos hechos y cada una de las incidencias existentes, poniendo de relieve la irrelevancia punitiva de los hechos descritos en el requerimiento. Es una información que firma la consejera y una información que firma el secretario de aquella unidad administrativa.
¿Qué valoración hace el defensor? Estudiadas estas respuestas, consideramos que el informe facilitado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes era claramente insuficiente, no valoraba la actuación de la administración educativa de Cataluña, no aportaba datos sobre las actuaciones inspectoras supervisoras y de control que hubiera podido y debido efectuarse desde el ministerio. Por las citadas razones, con fecha 11 de mayo de este año remitimos un nuevo escrito al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para que aportase nuevas y concretas informaciones al respecto.
Hasta aquí los problemas derivados de las quejas presentadas en el año al que hemos hecho alusión. Quisiera ahora informar a sus señorías de algo más. En fechas últimas han tenido entrada en esta institución cuatro nuevos escritos en relación con el adoctrinamiento en el ámbito educativo en Cataluña. Uno remitido por un diputado de un grupo parlamentario del Congreso en el que se trata este tema de una manera más bien secundaria, porque se tratan con mayor intensidad otras cuestiones referidas a Cataluña. Otro escrito enviado por una eurodiputada española acompañado de un informe al respecto. Un tercero formulado por dos asociaciones culturales catalanas que aportan un extenso informe sobre esta cuestión y, en cuarto lugar, hay una queja enviada por un sindicato de funcionarios. Todos estos temas habremos de analizarlos pero, dado que es reciente su entrada en el registro de la institución, no hemos entrado a analizarlos suficientemente.
Llegados a aquí, quisiera acercarme a lo que nosotros entendemos que ha de ser el papel del Defensor del Pueblo. Debo recordar con carácter general que la institución del Defensor del Pueblo no es el cauce adecuado para la promoción de las posiciones ideológicas o políticas. Los representantes políticos y sociales tienen más vías para hacer llegar su opinión a los ciudadanos, a la opinión pública y al resto de las formaciones políticas. Al Defensor del Pueblo le corresponde la atención a las quejas de los ciudadanos que son los titulares de los derechos cuya defensa nos encomienda la Constitución. Esta defensa de los derechos de la ciudadanía el defensor ha de realizarla en el marco de la neutralidad política e ideológica.
Voy a hacer una reflexión final. He dicho antes que el volumen de quejas recibidas hasta ahora no es particularmente significativo y, en relación con el número de centros y el volumen del alumnado, así lo reitero. Sin embargo, aunque fueran muy contados los casos en los que se produjeron supuestos de adoctrinamiento en el ámbito educativo, el simple hecho de su existencia debería preocuparnos a todos extraordinariamente y más aún a quienes son responsables directos de evitarlo, es decir, las autoridades educativas de Cataluña y las autoridades educativas de España.
A nadie se le escapa la difícil situación política que se vive en este momento en Cataluña, que se ha trasladado a otros ámbitos ajenos a la política y, entre ellos, se ha trasladado al ámbito educativo. La
autorización de las instalaciones y centros educativos para actos de reivindicación política es buena muestra de ello. No digo que esa autorización implique una forma de adoctrinamiento educativo, pero sí digo que su práctica puede contaminar el ámbito de los centros educativos en los que el principio de pluralidad debería estar siempre presente. Quienes tienen responsabilidades políticas y educativas, ya sea en la Administración, las formaciones políticas, las asociaciones de cualquier índole o la comunidad educativa, deberían plantearse esta cuestión.
Ahora es el turno de los grupos políticos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
Quiero hacer una puntualización porque me he sentido especialmente -afectado, no- interesado en este tema. Soy docente y toda mi familia son docentes -cuñados, mujer, hija-; en fin, nos sentamos a la mesa y es... Es por lo tanto un tema que me preocupaba especialmente. Digo esto porque tengo delante una web de un partido político que dice: El Gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra pretende adoctrinar desde la educación a los jóvenes valencianos, una batalla en la que desde el partido equis de la Comunidad Valenciana no vamos a dejar de alzar la voz para frenar sus sectarias intenciones; si sufres algún tipo de adoctrinamiento o quieres exponer alguna queja sobre la educación que vives en tu localidad, rellena este formulario y nos pondremos en contacto contigo para dar una pronta solución; en la denuncia no estás solo, en la denuncia no estás sola.
Leo esto porque me preocupa especialmente y coincido plenamente con las dos últimas conclusiones que usted ha dado, es decir, que se está trasladando lo que no compete ni al Defensor del Pueblo ni a otras instituciones al debate de la calle. Es decir, se está llevando el debate político a la educación y yo creo que si algo deberíamos hacer los políticos es justamente lo contrario: preservar la educación de cualquier batalla política e ideológica. En ese sentido, no le voy a preguntar porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho: que la institución que usted preside no es el cauce adecuado y además cuando ha dicho 28 quejas, yo pensaba que iban a ser muchas más; y si en Cataluña son 28, ya le puedo decir las que hay en mi territorio -soy valenciano-, donde evidentemente no existe la intensidad política que pueda haber ahora mismo en Cataluña. -Voy a ser muy breve-. Yo pediría a todos los partidos políticos que dejemos en paz la educación y que utilicemos los cauces que se han de utilizar cuando efectivamente tengamos sospecha de que haya alguna irregularidad en educación, que es justamente ir a la inspección educativa. Utilizar el Defensor del Pueblo para intentar vehicular nuestras opciones ideológicas me parece absolutamente inadecuado; por poner un adjetivo amable. En ese sentido, estoy plenamente de acuerdo con todas las conclusiones que usted ha dicho.
Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.
También voy a ser breve, en mi condición de catalán no de canario, y para poner el acento en algunas consideraciones que ha hecho el Defensor del Pueblo. Usted ha terminado su intervención reivindicando la neutralidad política ideológica del Defensor del Pueblo. Usted, en un texto que creo que era mesurado y leído, ha dicho que la institución del Defensor del Pueblo no es el cauce para la confrontación de posiciones ideológicas o políticas. Y usted también nos ha trasladado que el número de denuncias no es significativo. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia).
Yo estoy muy en línea con lo que ha planteado el señor Baldoví: la institución del Defensor del Pueblo debe tomar nota, velar y trasladar cualquier abuso de los derechos fundamentales y de los derechos humanos, pero no es el campo de batalla para la confrontación política ni seguramente para algunos relatos inflamados que durante esta tarde quizás vamos a escuchar en esta sala, que es la sala de la Comisión Mixta Congreso-Senado que oye y traslada opiniones al Defensor del Pueblo. No seré yo quien vaya a inflamar con mi intervención lo que tiene que ser el sistema educativo, los mecanismos ordinarios del sistema educativo de denuncia, la inspección que apuntaba el señor Baldoví. Un apunte: no para
entrar en la confrontación. Usted ha dicho que algunos docentes hablaron del día 1-Octubre como un día en el que se golpeó población civil. El día 1-Octubre es un día que durará años. Esta es una frase que varias personas están utilizando en este momento. Y evidentemente el día 1-Octubre del año 2017 es un día que impactó sobre una parte muy importante de la población catalana. Vamos a ver cómo pasa esto por el filtro de la interpretación de la historia y cómo pasa por el filtro de la interiorización por parte de una sociedad catalana que usted ha dicho que en estos momentos vive una situación compleja.
Yo no quiero añadir mucho más. Espero de esta su comparecencia algunos relatos, alguna narrativa -usted antes hablaba de los cursis; yo ahora utilizo una expresión cursi- de sobrerrepresentación. En parte, algún partido político en Cataluña se ha asentado y ha crecido en base a la sobrerrepresentación, a la exageración y a la mentira. Porque en Cataluña, a principios de los años ochenta del siglo pasado, el Gobierno y el Partido Socialista, concretamente la diputada Marta Mata del Partido Socialista, pactaron un modelo de escuela catalana donde el catalán es la lengua vehicular. Todo el mundo se expresa perfectamente en las dos lenguas, y este modelo ha sido un mecanismo importantísimo de cohesión social en la sociedad catalana, y creo que el modelo ha funcionado razonablemente bien. Les habla alguien nacido al final del franquismo, pero que es tributario de esta escuela, ya que ha practicado la educación vehicular en catalán y que creo que se puede expresar ante sus señorías en un castellano bastante correcto e incluso sin acento -porque ayer fui a comprar, pero les diré la anécdota de ayer-.
Para terminar. Me gustaría, si es posible, que nos traslade el nombre de la asociación cultural catalana que ha presentado la denuncia. No sé si puede. (El señor Defensor del Pueblo en funciones y Adjunto Primero, Fernández Marugán, realiza gestos negativos). Veo que no, por el lenguaje no verbal que usted expresa.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): No tenemos ese deber.
El señor XUCLÀ I COSTA: No, no; disculpe, no soy habitual en esta Comisión y no conozco las normas de juego.
Señor Defensor del Pueblo, solo le formulaba esta pregunta, que ya sé que no me puede contestar, porque últimamente en el panorama catalán existe mucho de cartón piedra y lo que pasa por asociación cultural a veces no es asociación cultural, sino brazos con intencionalidad política determinada.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Xuclà.
Muy brevemente. Señor defensor, creo que usted en su informe ha sido muy comedido, seguramente las lecturas e interpretaciones que se pueden hacer sobre ciertas cuestiones que ha dicho o que no ha dicho son bastante significativas. Evidentemente, eso de qué es la educación, lo de enseñar a pensar y no enseñar a qué pensar, es una especie de escudo que vale para muchísimas cosas y entiendo esa salvaguarda en su intervención para decir al final -porque al fin y al cabo es lo que ha dicho-, como se dice en los temas judiciales, que no hay caso; no hay caso. Y es que si lo hubiere -ha venido a decir-, ha dado la explicación de lo que es el adoctrinamiento. Por tanto, no ha habido adoctrinamiento, porque, respecto a lo que se ha dicho que lo era, no son todas las quejas que hubiere, porque cuantitativamente tienen el valor que tienen, y usted mismo lo ha dicho. Así y todo, dándole el valor cualitativo, se quedan en una especie de agua de borrajas. El hecho de que haya quejas no quiere decir que las quejas tengan razón y de eso usted sabe mucho, y mire todas las quejas que pasan por el Defensor del Pueblo.
De todas formas, para terminar, creo que esto es parte de la agitprop de un partido político que de eso pretende hacer política y en ese sentido es una especie de caso cerrado sobre el que ya no hay más que hablar.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Eritja tiene la palabra.
Señor defensor, ante todo quería agradecerle su intervención, comedida pero aclaratoria en ese sentido, porque ha introducido elementos de los que hasta ahora no teníamos información y creo que es importante tener todos los elementos encima de la mesa para poder hacer una valoración. (El señor presidente ocupa la Presidencia).
Permítanme que me dirija un momento a las señorías del PP y de Ciudadanos: lo siento, pero es que son ustedes muy cansinos; de verdad, son muy cansinos. ¿No ven que su estrategia de escuela adoctrinadora en Cataluña ya no da más de sí? ¿No ven que no da más de sí? Cada uno de los intentos, de las vías que van abriendo, se les va cerrando. Déjenlo ya. ¿O es que van a convertir simplemente su estrategia en una burda comedia, como parece en estos momentos? Dejen de politizar y de judicializar el modelo educativo en Cataluña, y no solo en Cataluña porque ahora también es en Baleares y en el País Valencià. Es una estrategia que se amplia a un sector del Estado pero que finalmente, si sale bien, probablemente se ampliará al conjunto del Estado. Dejen ya de demonizar a nuestros pedagogos y educadores y dejen ya de señalar, como si fueran unidades de la Stasi, en su afán de depuración ideológica. Soy así de contundente porque realmente cuando uno vive en Cataluña y ve lo que está pasando le hierve la sangre y vale la pena dejar las cosas claras. En ese sentido, voy a ser contundente, viendo lo que estamos viviendo en estos momentos. No insistan, es una vía de fracaso lo que están haciendo.
El modelo de escuela catalana es un modelo de éxito que ha sido avalado por organizaciones internacionales en repetidas ocasiones. Es fruto -es importante decirlo- de un pacto nacional por la educación que cuenta con el consenso de independentistas, no independentistas, nacionalistas, no nacionalistas y que va de izquierda a derecha y, por tanto, es un consenso de una mayoría social y política en Cataluña. Y es que la educación para nosotros es una prioridad y no un instrumento político como ustedes pretenden. ¿Por qué? Básicamente porque la gestión de la pluralidad -que es realmente el valor más importante de este modelo educativo- nos ha permitido cohesionar una sociedad compleja y diversa como la catalana. La sociedad catalana es una sociedad muy compleja y muy diversa y solo a partir de la pluralidad, de la gestión de la pluralidad, se puede trabajar. Pero también permite garantizar el ascensor social y la igualdad de oportunidades y, por tanto, es un modelo que desde los años ochenta viene aplicándose con total éxito y con reconocimiento internacional.
El bloque del 155 hace tiempo que desarrolla la estrategia de acoso y difamación del modelo de escuela con el objetivo de imponer un modelo de segregación. Pretenden imponer su debate identitario -fíjense-, confrontar un debate identitario para fracturar la sociedad catalana en aquellos espacios precisamente donde hoy hay consenso social y político, y la escuela es uno de ellos, es el espacio donde hay consenso social y político. No permitiremos que nos toquen uno de los tesoros más valiosos que garantiza el equilibrio y la cohesión social. No permitiremos más ataques hacia los profesionales docentes, familias u otros actores de la comunidad educativa que se tienen que enfrentar cada día a acusaciones falsarias de manipulación y adoctrinamiento.
En este castillo de naipes que ustedes han construido, al margen del consenso social y político que les he comentado y que hoy se les está cayendo con el fracaso continuo de diferentes vías, tienen marcadas las cartas y están haciendo trampa. El propio modelo ya incorpora, como se ha dicho aquí, un circuito para denunciar y corregir aquellas irregularidades que puedan ir surgiendo y que vayan en contra del modelo educativo, que sería la inspección, que es competencia exclusiva del Departament d'Ensenyament. Cualquier otra vía que no sea la estrictamente acorde con el marco competencial actual supone una violación de los acuerdos recogidos en las cartas magnas, tanto en la Constitución como en el estatut d'autonomia. Utilizar la vía judicial y el linchamiento mediático para evitar los circuitos oficiales solo puede tener una intención: tratar la educación como un instrumento político de fractura social. En caso de no estar de acuerdo con el modelo actual, el circuito democrático debería ser proponer en el Parlament catalán una propuesta alternativa que cuente con los consensos sociales y políticos necesarios. Esa debería ser realmente la apuesta en caso de no estar de acuerdo.
Sin embargo, tenemos la sospecha de que esta no es precisamente la intencionalidad de sus promotores, más bien parece que su finalidad consiste en la simple denuncia y sed de confrontación para provocar, como he comentado antes, la fractura social. ¿Perverso, verdad? El mensaje, la estrategia, son perversos. En los dos casos de judicialización contra un grupo de docentes de dos centros, como el IES Palau de Sant Andreu de la Barca y de la Seu d'Urgell, siguen abiertas las causas aunque la Audiencia las archivó en su momento. Por otro lado, existen informes de la inspección que concluyen que no hay indicios de adoctrinamiento y exculpan a los docentes. Por tanto, aporto nueva información.
Y ahora, señor defensor, están buscando su complicidad, están abriendo otra vía; ya que van fracasando y se van cerrando unas, van abriendo otras para de alguna manera legitimar su estrategia. Sabe usted muy bien que su representante en Cataluña es el Síndic de Greuges. (El señor defensor del pueblo en funciones y adjunto primero, Fernández Marugán: No). Pues sepa usted que el representante del Defensor del Pueblo en Cataluña es el Síndic de Greuges. También debe saber que durante este mes de julio dicha institución ha emitido un informe. El informe se titula El pluralisme a les escoles de Catalunya com a garantia del no-adoctrinament. El total de quejas recibidas por el síndic y por los requerimientos del Ministerio de Educación al Departament d'Ensenyament, esos requerimientos a los que usted ha hecho referencia -cinco requerimientos durante los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2017 y enero de 2018- remiten 174 incidencias, no siempre verificables, con referencias específicas a 134 centros diferentes. Según la investigación que ha hecho este organismo, solamente en el 5,7% de las quejas recibidas se constatan irregularidades; en el 62% de las denuncias se ha descartado cualquier tipo de adoctrinamiento y, por tanto, sigue la misma dinámica que otros organismos y otras instituciones han aportado al respecto. Se han confirmado solamente diez casos de las 174 incidencias denunciadas en 134 centros. Para contextualizar, como ha hecho ya usted, en Cataluña hay 4600 centros educativos, 115000 docentes y 1,3 millones de alumnos y, por tanto, es insignificante. Por otro lado, el Gobierno ha reconocido la existencia de informes elaborados por la Alta Inspección de Educación que encargó el anterior Ejecutivo del PP y que apuntan a que habría adoctrinamiento en los libros de texto de Cataluña. Pero recientemente el Gobierno actual ha rechazado hacerlos públicos al considerar que contienen inexactitudes y falta de rigor, porque no sabían incluso los autores de ese informe de estudio.
Vuelvo a decir: no insistan algunos grupos en estas vías porque se van a encontrar fracaso tras fracaso. Lo único que consigue esa estrategia, y quizás es lo más grave, es la difamación y señalar y perseguir por motivos ideológicos a pedagogos y educadores con el objetivo de querer destruir ese modelo de pluralidad educativa que ha sido y sigue siendo un éxito de cohesión social en Cataluña. Una de las preguntas que nos hacemos es si ha recibido usted alguna denuncia sobre la campaña de linchamiento público a la que están sometidos en estos momentos esos docentes denunciados. Lo digo porque debe saber que se ha difundido la identidad de los educadores del IES Palau. Se ha difundido a nivel de los medios la identidad de cada uno de los denunciados y, a consecuencia de ello, han recibido amenazas incluso de muerte y ha habido pintadas amenazadoras en el centro. Por ese motivo, ha de saber usted que en estos momentos hay más de treinta docentes que han pedido traslado de centro. Por tanto, las consecuencias de este juego macabro suponen afectaciones sobre muchos de esos espacios. Esto es lo que realmente estamos viviendo y, por ese motivo, en Esquerra Republicana somos muy contundentes. No vemos como un factor trivial lo que está pasando en estos momentos, sino que es un elemento de fractura social contra el cual se tiene que estar muy decidido a luchar.
Finalmente, otra pregunta sería cómo valora las conclusiones del informe del Síndic de Greuges en Cataluña.
A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.
Muchas gracias, señor defensor, por su explicación sobre todo lo que está ocurriendo. Aunque algunos quieran negarlo diciendo que no pasa nada y otros quieran minimizarlo, ahí están las veintiocho quejas. Podrán decir que no son muchas pero, aunque solo una de ellas fuese verdad, ya sería importante y sería muy grave lo que está ocurriendo. Estamos hablando de lo más sagrado, que es la libertad: la libertad de pensamiento, la libertad de ideología, la libertad a través de la educación y la libertad de que no se imponga a nadie una forma de pensar o una forma de ser.
Llama la atención la intervención que ha hecho el compañero de Esquerra Republicana. El informe del Síndic de Greuges -que, por cierto, no se caracteriza por su imparcialidad- reconoce, según ha dicho el propio compañero, que hay diez casos de adoctrinamiento. Bueno, pues, ya son diez. Como digo, aunque solamente hubiese uno, la cosa ya sería grave, porque se está intentando inculcar a través de la educación un pensamiento único y no lo podemos permitir en ningún sentido. Estamos de acuerdo en que no se debe utilizar la educación para hacer política, pero en ningún sentido y ahora es lo que se está haciendo. Hace unos días conocíamos por la información periodística el informe de la Alta Inspección de
Educación, que concluía que en los libros de texto analizados se cumple con los principios y valores recogidos en la Constitución española, salvo en Cataluña. Así lo decía el informe de la Alta Inspección de Educación y decía también que la falta de objetividad se observa en actividades, mapas y textos desarrollados, que aportan un carácter parcial y sesgado -cuando menos, subjetivo- de la realidad de España.
Señalaba diferentes ejemplos. Un ejemplo era de la Editorial Teide, que da más importancia a la historia de Cataluña que a la historia de España y refleja a Cataluña como un territorio con dinamismo económico e industrializado, mientras que la población del resto de España aparece como proletaria, campesina o jornalera. Es un libro ideologizado en el que se utilizan elementos de discurso nacionalista que pueden invitar al alumno a posicionarse políticamente. También los libros de texto de la Editorial catalana Barcanova reflejan a Cataluña como un país. Parece que se olvidan del resto de España y saltan directamente de la Generalitat a la Unión Europea y a la ONU. También dice que la Editorial Vicens Vives no se ajusta a los contenidos del currículum básico ni respeta los principios y valores de la Constitución. La Alta Inspección de Educación avisa de que otras editoriales ponen de manifiesto la intención de acomodar la historia a un fin concreto: dar carta de naturaleza a la existencia de Cataluña como país independiente de España. España es responsable de todos los contratiempos ocurridos en ese territorio en muchos pasajes, lo que evidencia una falta de rigor histórico en dichos textos. Esto es lo que dice el informe de la Alta Inspección de Educación; un informe que ha sido ignorado tanto por el Gobierno del Partido Popular como ahora por el Gobierno del Partido Socialista, que directamente lo desprestigia y dice que no tiene ningún rigor científico. Por desgracia, los problemas no vienen de ahora. Los problemas vienen de décadas en las que el Partido Popular y el Partido Socialista han mirado hacia otro lado. Uno no ha querido saber lo que pasaba en las aulas y el otro ha pasado a defender lo que está ocurriendo.
Aparte del informe de la Alta Inspección de Educación, también tuvimos hace unos meses en la Comisión de Educación la presencia de la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto, que denunciaba explícitamente presiones políticas por parte de comunidades autónomas. Hemos visto cómo se obligaba a niños de tres a cinco años a hacer carteles incluyendo coronas como una señal de prohibido. Hemos visto a niños de tres a cinco años haciendo esteladas y también hemos podido leer esta semana relatos auténticamente desgarradores de profesores en Cataluña. Decía el señor Eritja que hay profesores que han tenido que solicitar irse del centro. Yo lo lamento. No me gusta ni querría que eso ocurriera, pero también hay profesores que han querido irse a otra comunidad autónoma por lo que están sufriendo y padeciendo. Se debe acabar con todo esto. Una profesora decía que la hacían sentir un bicho raro porque hablaba castellano en clase y en el claustro. Otro decía que, simplemente porque en su perfil de WhatsApp tenía el escudo del Madrid con la bandera de España, se veía acosado y perseguido por sus compañeros. Relataba también que había padres que no querían denunciar por temor a todas las represalias que se pudiesen tomar sobre sus hijos. Aquí hemos visto al representante del Partit Demòcrata como enseguida ha preguntado qué asociación era la que había presentado esa queja. Eso es lo que temen las personas, que enseguida se pregunte quién ha presentado esa queja. Por eso muchas veces no se presentan.
En definitiva, señorías, lo que está ocurriendo es muy grave y desde Ciudadanos seguiremos denunciándolo le pese a quien le pese. Pedimos al Defensor del Pueblo que siga preocupándose por este tema, porque creemos que afecta a lo más sagrado, que es la libertad de pensamiento y la libertad de ideología de todas las personas. Si un país no se preocupa por lo que pasa en sus aulas, no se preocupa por su futuro.
Para terminar, simplemente quería preguntarle si el requerimiento que le hizo al ministerio el 11 de mayo ha obtenido respuesta.
Ahora, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias, presidente. Buenas tardes a todas, también al defensor del pueblo.
Hay un viejo mantra del periodismo que dice que no dejes que la realidad te estropee un buen titular. Creo que hoy tenemos ante nosotros una prueba más de que Ciudadanos ha decidido seguirlo hasta las últimas consecuencias. No existe adoctrinamiento ideológico en los centros de Cataluña. No existe. Prueba de ello es que hace no mucho el Síndic de Greuges hizo un informe al respecto en el que apenas
constataba algunos casos aislados en una situación de normalidad; una situación de normalidad a pesar de las tensiones que, como todas y todos ustedes saben, vivimos en Cataluña y que Ciudadanos sigue alimentando en cuanto tiene ocasión. Por cierto, una normalidad que depende del esfuerzo de cientos de docentes que día sí y día también se esfuerzan por educar desde un punto de vista plural y democrático. Habría que reconocer la labor de todos y todas ellas, en lugar de insultarles hablando de adoctrinamiento ideológico. Lo digo porque, a pesar de no haber ese adoctrinamiento ideológico, Ciudadanos se empeña en decir que sí lo hay para ver si a fuerza de decirlo consigue que efectivamente lo haya. Juegan a ese juego como si no tuviera consecuencias, pero desgraciadamente las tiene. Cuando Ciudadanos alimenta la tensión en Cataluña, la ciudadanía catalana ve empeorada su vida; igual que cuando Ciudadanos presenta moción tras moción en el Congreso sobre la lengua española y la pluralidad lingüística, sobre los funcionarios públicos y sobre los docentes y la educación. Por cierto, son todas mociones perdidas, como perdieron la que acompañaba a esta solicitud de comparecencia. Pero parece que a Ciudadanos les importa poco perder todas esas mociones si ganan exactamente lo que quieren, polarización en Cataluña, crispar y ofender a todo el mundo, sin distinción, para que las heridas, que ahí están, no se curen. Está claro que Ciudadanos gana si Cataluña pierde.
Quieren hablar de adoctrinamiento, pero, como no las tienen todas consigo, le piden al defensor que no hable solo de adoctrinamiento, a pesar de que, como ya hemos dicho, el Síndic de Greuges lo estudió y consideró que no lo había, sino que también hable de las denuncias que ha recibido a ese respecto. Da la casualidad de que, justo hace pocos días, eldiario.es publicaba que esas denuncias han sido instadas por grupos ultras y nacionalistas, en medio de una campaña financiada y organizada. Al leer esta noticia, no podemos evitar preguntarnos: ¿será Ciudadanos buscando otra vez un titular? También podría ser VOX, o los dos.
Señor defensor del pueblo, somos conscientes, y así lo hemos puesto de manifiesto, de que algunas veces la posición de su institución ha sido complicada en la medida en que, aunque en principio es una institución independiente, no siempre ha sido capaz, en nuestra opinión, de mantener esa independencia orgánica. Nos referimos a cuando la institución que usted representa ahora recurría ante el Tribunal Constitucional, junto al PP, el estatut de Catalunya. Ese movimiento ha sido causa de muchos de los problemas que sufrimos en Cataluña. Sin embargo, percibimos el cambio en su institución, lo hemos puesto de manifiesto en la última comparecencia que tuvo ante el Pleno de esta Cámara y lo decimos hoy también. Por eso, le pedimos que no le siga el juego a quienes tienen como herramientas para hacer política un bidón de gasolina y una cerilla. Hoy todas tenemos la responsabilidad para distender el clima catalán y para llegar a acuerdos y entendimientos.
Para acabar, quisiera decir que hoy en Cataluña hay 5500 centros educativos, con casi 72000 docentes y más de un 1,5 millones de alumnos y alumnas. Por tanto, pretender decir que apenas veinte casos de malas prácticas caracterizados como puntuales suponen un problema estructural es, además de hacer el ridículo, que a eso Ciudadanos nos tiene bastante acostumbradas, un acto claro de irresponsabilidad, y estamos seguras de que el defensor del pueblo no va a caer en eso.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Luena.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor defensor.
Comentaba ahora con la portavoz del Grupo Socialista, la diputada Galovart, que hay una cuestión que flota en el aire en el debate en este punto, y es si con un volumen porcentualmente ínfimo de quejas sobre un asunto determinado se puede suscitar un debate en esta Comisión. Es una decisión que compete a la Mesa, por supuesto, pero quería manifestar, al empezar el turno del Grupo Socialista, que quizá hoy debamos considerar este debate extraordinario. No debe ser pauta de conducta ni referencia en otras ocasiones que un grupo solicite un debate que, al menos, parezca que no está justificado. Pero, como diría el refrán, ya que Marugán pasa por el Congreso, vamos a aprovecharlo y a agradecerle la información, la prudencia y la claridad. Un historiador que está ahora muy de moda, Harari, dice que en un mundo tan inundado de noticias irrelevantes la claridad confiere poder. Para eso ha servido esta tarde, para que los miembros de esta Comisión tengamos el poder de saber separar el grano de la paja. Conviene, señor Marugán, que seamos todos claros y prudentes, y creo que todos los portavoces, cada uno con su contenido, han sido prudentes.
Me gustaría hacer dos advertencias. La primera, sobre la generalización. Constatamos hoy que eso que se llama adoctrinamiento no responde a una realidad, sino que advierto que puede responder a una estrategia política partidista o partidaria determinada. Desde luego, a una realidad no. Primera advertencia. Segunda. Para allí donde se pueda percibir eso que se ha dado en llamar adoctrinamiento, que no es otra cosa que una mala utilización de las instituciones educativas, sirvan las referencias del defensor del pueblo en cualquier parte del territorio español, que no tiene por qué ser en Cataluña, sino en La Rioja o Pontevedra, para que el Gobierno las tenga como referencia.
Hay algunas evidencias, y mi grupo quiere expresarlas para que consten en el Diario de Sesiones. La educación, sobre todo aquella que está sostenida con fondos públicos, debe ser exquisita en su neutralidad, diversidad, pluralidad, incluso en su carácter abierto. Otra evidencia. Todo el sistema educativo debe cumplir la ley, como todo el mundo, y debe quedar fuera del debate político e ideológico el sistema educativo -el señor Baldoví lo ha expresado muy bien-. Señoría de Ciudadanos, en un ensayo precioso, Hanna Arendt decía: ¿Pretendemos que nuestras batallas políticas se libren en los patios de las escuelas? El portavoz del Grupo Socialista le responde: No.
Nuestra posición creo que queda clara. A través de lo que el señor Marugán nos dice, podemos decir que si alguien adoctrina, malo; ahora, si quien pretende decirnos, sin ser cierto, que se adoctrina busca un beneficio político determinado, no diré peor, pero malo también, y los socialistas lo tenemos que decir aquí esta tarde. Por tanto, entiendo que la gran mayoría del sistema educativo español, también el catalán, señor Marugán, cumple con profesionalidad y, por tanto, es impecable y riguroso.
Un par de anotaciones. He deducido de su intervención que tampoco en el tema educativo el Gobierno estuvo espléndido en el ejercicio del desarrollo del artículo 155. Sin embargo, a mí me gusta escuchar a la actual portavoz del Gobierno, a la ministra de Educación, cuando dice, y creo que son palabras que también pueden quedar en este Diario de Sesiones, que el educador sabe que tiene que dejar la ideologización a la puerta de la escuela y conseguir transmitir los valores para que haya ciudadanos críticos, solidarios, capaces de enfrentarse a ideologías totalitarias o populistas. Es un avance, con respecto al anterior Gobierno, que el actual Gobierno tenga esta concepción de los educadores. El sociólogo Lluís Orriols escribe -lo leí el otro día- que buscar responsables en la educación -creo citar literalmente- es confundir el debate. Estamos de acuerdo. La responsabilidad está, precisamente, en el diálogo. Es la educación la que ayuda al diálogo, y el futuro pacto educativo, que lo habrá o deberá haberlo, estará en el diálogo.
Concluyo, señor presidente. Donde haya un mal uso, en cualquier parte del territorio nacional, actúese y esté atento el defensor y los distintos defensores, como el Síndic de Greuges, que son responsables ante sus parlamentos, no ante las Cortes Generales ni ante el Defensor del Pueblo. Pero, por favor, como decía este sociólogo que he citado, no confundamos el debate. No creemos un problema donde, escuchado el defensor hoy y al margen de muy pocos casos concretos, no existe. Bastante tenemos con lo que tenemos, señor portavoz del grupo que ha propuesto este debate. Como ya es bastante con lo que tenemos, intentemos aligerar y no incrementar. Creo que es una responsabilidad de todos, y aprovechemos el debate de hoy en esta Comisión mixta para hacer de esa idea del Grupo Socialista un compromiso: bastante tenemos, no hace falta más.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Luena, por su intervención.
Por último, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Simón.
La señora SIMÓN GONZÁLEZ: Gracias, presidente. Gracias, defensor del pueblo, por la intervención que ha hecho y por su claridad.
Antes de empezar con el tema, quisiera hacer una aclaración. He estado viendo en el orden del día que el área temática de la anterior comparecencia eran derechos fundamentales, interior, libertad, seguridad, y que en esta es educación. Aquí incluiría también derechos fundamentales del niño, porque creo que en algún territorio de nuestro país se están vulnerando. Se están vulnerando, por un lado, por el adoctrinamiento que está sucediendo en las aulas y, por otro lado, porque el artículo 2 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño dice que los Estados miembros tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar la protección del niño contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades y las opiniones expresadas o las creencias de sus padres. Aquí se hablaba del adoctrinamiento de Cataluña. No han sido ni el Partido Popular ni Ciudadanos quienes han nombrado a la Comunidad Valenciana y a Baleares donde está sucediendo el adoctrinamiento, aunque ellos dicen lo contrario.
Señorías, creo que debemos centrarnos. En Cataluña llevan treinta y cinco años utilizando las aulas para adoctrinar en el odio a España, manipulando la educación desde los libros de texto que dan a entender que Cataluña es otro país de la Unión Europea. Sostienen que el estatut está por encima de toda ley. En los colegios lucen con orgullo la estelada y en los patios se da la orden de aquí juguem en català. En absoluto creo que se trate de casos aislados, aunque sean solamente veintiocho las quejas que haya recibido el Defensor del Pueblo. Algunos nos acusan de utilizar de manera partidista el adoctrinamiento ideológico, cuando son ellos, el nacionalismo catalán, quienes utilizan esta estrategia dirigiendo, por un lado, el contenido de los libros y, por otro, los símbolos que aparecen en el entorno de los centros educativos. Y debemos hablar claro, señor defensor -y en esto coincido con usted-, en muchas escuelas catalanas no se enseña a pensar, se está enseñando en qué pensar. En definitiva, la educación debe formar individuos que no sigan unas consignas ideológicas y que sean individuos libres que puedan formar sus propias opiniones sin ser influenciados por lo que nos dicen los profesores; que nos enseñen y que no nos inculquen qué pensar.
Lo más importante para el Partido Popular es crear individuos libres y que tengan el derecho a decidir lo que quieren pensar. Por el contrario, estamos viendo cómo las familias españolas observan con asombro cómo un sistema que debía ofrecer la mayor calidad y oportunidades, un sistema que debía ser innovador y moderno ha sido utilizado por algunos para fabricar una ficción al margen de la ley, pues la educación debe formar ciudadanos en libertad. Ningún poder público puede utilizar la educación con fines políticos y partidistas. Queremos que la educación sea un nexo de unión entre todos los españoles y que no se utilice para dividir y fomentar el rencor y el odio, resultando del todo intolerable.
Nuestros hijos tienen el derecho a recibir una educación en libertad, en igualdad, neutral, sin imposiciones, sin odios y sin adoctrinamiento, que se les enseña a pensar, a desarrollar su sentido crítico y sus propias ideas, con plena libertad, vivan en el territorio de nuestro país en el que vivan. Por eso, es necesario que el Gobierno actúe con contundencia, con la contundencia que la ley le permite a la hora de exigir responsabilidades y con el instrumento legal con el que puede actuar el Gobierno, que es la Constitución española, que en su artículo 149 otorga al Estado competencias sobre las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución y que atribuye a los poderes públicos, tanto Administración del Estado como a comunidades autónomas, funciones para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades. El único mecanismo que tiene ahora el Estado es el cumplimiento de la normativa en la alta inspección, es el instrumento de que dispone para supervisar a las comunidades autónomas en materia de educación y que no se pueda utilizar a los niños como un elemento de política y de lucha partidista.
Por eso en el Partido Popular creemos que es necesaria la conveniencia de legislar o modificar la legislación que tiene la Alta Inspección Educativa en esta materia, con el objeto de dotarla de mayores competencias y mayores recursos como garante del cumplimiento de las leyes educativas en todas las comunidades autónomas, no solamente en Cataluña, sino que la alta inspección tenga la posibilidad de inspeccionar los sistemas educativos con mayores competencias en todas las comunidades.
Creemos que el principio de lealtad institucional que debería presidir la relación entre el Estado y la comunidad autónoma ha sido vulnerado porque la norma básica que la Constitución otorga al Estado en el ámbito educativo ha sido simultáneamente incumplida. Por eso, el Partido Popular dice que la Alta Inspección Educativa puede actuar de oficio a instancia de parte y, por tanto, quiero manifestar hoy que por parte de nuestro grupo parlamentario la institución del Defensor del Pueblo contará con nuestro apoyo para que en el ejercicio de sus funciones vele por el respeto de los derechos del niño y de su educación en los centros educativos no solo de Cataluña, sino en todos los centros del territorio nacional.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Simón.
Acabado el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios -todos se han atenido a sus tiempos; somos una Comisión muy ordenada-, tiene la palabra el señor defensor del pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Voy a ser extraordinariamente breve.
Ustedes se habrán dado cuenta de que yo no es que lea mal, sino que leo muy mal, y como leo muy mal esta mañana me he hecho escribir el texto que he leído, y no lo he leído tan mal. Lo he leído despacio -me he puesto letra grande- y de alguna manera lo que quería decir lo he dicho, y lo he hecho con todos los énfasis con los que podía hacerlo, y se lo he distribuido. Lo pueden encontrar ustedes en el
Diario de Sesiones, pero también pueden encontrarlo en los medios, por una razón muy sencilla, y es que yo aprendí hace muchos años que lo que se dice aquí casi siempre en tiempo real se sabe fuera de aquí. Por tanto, yo hablé para ustedes pero, en la medida en que alguien haya querido escucharme, también lo hice para más allá de esa pared. Por tanto, primer tema: lo que he hecho y lo que he dicho he sido consciente de que lo hacía y de que lo decía.
Segundo tema: el presidente de la Comisión me ha acogido bien, es decir, me he situado en el frontispicio, arriba, y he hecho una intervención redonda. Si alguien se toma la molestia de ir repasando las expresiones verá que la intervención tiene énfasis distintos y que se puede leer de una manera o de otra manera. Venir aquí a alabar o a censurar no es de mi gusto, no es la función del defensor, por tanto, no he ido por ese camino. Podría haber hecho alguna precisión sobre relaciones institucionales interdefensores, pero el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista me ha eximido, me ha hecho un quite y se ha llevado esa pretensión por otro lado.
Yo dependo de ustedes, de este Parlamento, y de la correlación de fuerzas de este Parlamento. Yo no tengo relaciones jerárquicas con los defensores del pueblo de las comunidades autónomas que hay en España. Ni yo tengo relaciones jerárquicas con ellos ni ellos las tienen conmigo, cada cual obedecemos a una relación política de cada lugar y de cada momento. Por tanto, yo tenía quejas. El método de trabajo ha sido sencillo; es el de siempre. Aquí llegan las quejas y yo traslado las quejas. Hay un volumen de quejas que se tramitan hasta primeros de noviembre y las firma un responsable de la Generalidad de Cataluña, la consejera de Educación, y luego, conforme al 155, las firma otra persona distinta, y punto. Sí me parece relevante decir el nombre de la consejera, pero no me parece relevante decir el nombre del firmante del segundo grupo, entre otras cosas, porque como este país es como es, ¿para qué? Por tanto, ese ha sido mi trabajo, y yo vengo aquí con las quejas y con las respuestas de la Administración. Yo no voy a otro sitio; no tengo por qué ir a otro sitio.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor defensor. Gracias a todos y a todas.