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Timestamp: 2020-08-10 11:11:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 94', 'artículo 77', 'artículo 122', 'artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 115', 'artículo 89', 'artículo 115']

JSD | José María Soberanes Díez - ¿Qué es un reglamento?
Por reglamento deben entenderse las normas jurídicas generales y abstractas dictados por órganos del Estado o del poder público que no ostentan potestad legislativa. Se distinguen de los actos administrativos porque son generales y abstractos; pero se diferencian de los mismos porque los dicta quien no tiene potestad legislativa. Así pues, se trata de actos materialmente legislativos, pero formalmente administrativos.
Al atribuir una potestad reglamentaria, no se atribuye el poder para dictar normas sobre determinada materia, esto es, no existe una materia reglamentaria, una reserva de materias para esta forma normativa, como sí existía en Prusia en donde, como se vio, unas materias eran únicamente tratadas por el monarca co-soberano.
Los reglamentos suelen clasificarse como a) reglamentos ejecutivos, de secundum legem, que tienden a desarrollar lo que dice la ley y a establecer las condiciones de aplicabilidad de la misma; y en b) reglamentos independientes o praeter legem, que son autónomos de la ley, en tanto pueden normar sin necesidad de que existe una ley que desarrollar.
En México, todos los órganos del estado encargados de aplicar la ley tienen potestad reglamentaria. De esta forma, a nivel federal, el Ejecutivo puede reglamentar con fundamento en el artículo 89, fracción I constitucional, el Poder Judicial conforme al párrafo octavo del artículo 94 constitucional, y las Cámaras del Congreso en lo particular, con fundamento en el artículo 77, fracción I. Asimismo, los OCA´s pueden establecer reglamentos para establecer las condiciones de aplicabilidad de la legislación correspondiente.
A nivel local, los Poderes Judiciales y los Gobernadores tienen esta facultad, al igual que los OCA´s locales y los municipios. Lo mismo ocurre en el Distrito Federal, en donde el Poder Judicial puede expedir acuerdos generales y el jefe de Gobierno tiene potestad reglamentaria conforme al artículo 122 constitucional.
Todos los reglamentos antes mencionados son reglamentos ejecutivos, esto es, que tienden a desarrollar la ley para fijar sus condiciones de aplicabilidad. Lo anterior nos lleva a preguntarnos si existen los reglamentos autónomos en el sistema jurídico mexicano. Al respecto, conviene señalar que conforme al artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, pueden existir reglamentos de policía y buen gobierno que establezcan faltas y sanciones que únicamente pueden constituir en arresto o multa. Estos reglamentos pueden establecer cuestiones ajenas a la ley y, por tanto, pueden considerarse autónomos. En el mismo sentido, el artículo 27, fracción V, establece la facultad del Ejecutivo Federal para establecer un reglamento sobre la extracción de aguas del subsuelo, que puede considerarse como autónomo porque no lo vincula a la legislación.
También puede dictar reglamentos autónomos los municipios pues, como ha reconocido la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, en las materias que le corresponden a este nivel de gobierno tienen autonomía aunque deben de sujetarse a las bases generales que dicten los Estados:
MUNICIPIOS. CONTENIDO Y ALCANCE DE SU FACULTAD REGLAMENTARIA.A raíz de la reforma constitucional de 1999 se amplió la esfera competencial de los Municipios en lo relativo a su facultad reglamentaria en los temas a que se refiere el segundo párrafo de la fracción II del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; derivado de aquélla, los Ayuntamientos pueden expedir dos tipos de normas reglamentarias: a) el reglamento tradicional de detalle de las normas, que funciona similarmente a los derivados de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Federal y de los expedidos por los Gobernadores de los Estados, en los cuales la extensión normativa y su capacidad de innovación está limitada, pues el principio de subordinación jerárquica exige que el reglamento esté precedido por una ley cuyas disposiciones desarrolle, complemente o pormenorice y en las que encuentre su justificación y medida; y b) los reglamentos derivados de la fracción II del artículo 115 constitucional, que tienen una mayor extensión normativa, ya que los Municipios, respetando las bases generales establecidas por las legislaturas, pueden regular con autonomía aquellos aspectos específicos de la vida municipal en el ámbito de sus competencias, lo cual les permite adoptar una variedad de formas adecuadas para regular su vida interna, tanto en lo referente a su organización administrativa y sus competencias constitucionales exclusivas, como en la relación con sus gobernados, atendiendo a las características sociales, económicas, biogeográficas, poblacionales, culturales y urbanísticas, entre otras, pues los Municipios deben ser iguales en lo que es consustancial a todos -lo cual se logra con la emisión de las bases generales que emite la Legislatura del Estado-, pero tienen el derecho, derivado de la Constitución Federal de ser distintos en lo que es propio de cada uno de ellos, extremo que se consigue a través de la facultad normativa exclusiva que les confiere la citada fracción II. (Jurisprudencia P./J. 132/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, t. XXII, octubre de 2005, p. 2069)
Ahora bien, en cuanto a la posición del reglamento en el ordenamiento jurídico, es claro que el mismo se encuentra subordinado a la ley. Por ley no debe entenderse en este caso la que tenga el carácter formal y material, sino la que tenga fuerza de ley. De ahí que también se encuentra poder debajo del decreto ley y del decreto delegado.
Este sometimiento a la ley implica que, cuando no se adecue a la misma, su control se hará en los procesos de legalidad ordinarios y no en los de constitucionalidad, por no ser violatorios de la Constitución directamente, sino de la ley.