Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-33301-de-marzo-11-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_81496e7179f7602ce0430a010151602c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-14 18:13:35
Document Index: 11525975

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 340', 'artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 343', 'artículo 3', 'artículo 135', 'artículo 145', 'artículo 343', 'artículo 144', 'artículo 265', 'artículo 137', 'artículo 148', 'artículo 159', 'artículo 163', 'artículo 10', 'artículo 26', 'artículo 19', 'artículo 168', 'artículo 170', 'artículo 29', 'artículo 340', 'artículo 1', 'artículo 1']

﻿ Sentencia 33301 de marzo 11 de 2010
SENTENCIA 33301 DE 11 DE MARZO DE 2010
CONTENIDO:JUSTICIA Y PAZ. TRIBUNALES DE JUSTICIA Y PAZ PUEDEN MODIFICAR LOS CARGOS IMPUTADOS POR LA FISCALÍA, POR SU FACULTAD PARA EJERCER CONTROL FORMAL Y MATERIAL SOBRE LOS MISMOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, LEY DE JUSTICIA Y PAZ, FACULTADES DEL JUEZ, FORMULACIÓN DE CARGOS
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:461 DE MAYO DE 2010, PGS.763 Y 768
Sentencia 33301 de marzo 11 de 2010
Aprobado Acta 76
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia entra a resolver el recurso de apelación interpuesto por los representantes de la Fiscalía General de la Nación y del Ministerio Público contra la decisión del pasado siete (7) de diciembre de 2009 en el proceso radicado con el número 110016000253200680281, mediante la cual la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió legalizar formal y materialmente los cargos formulados por la Fiscalía Octava (8ª) de la unidad de justicia y paz, en contra del postulado Jorge Iván Laverde Zapata, alias “el Iguano”, “a. Sebastián”, “a. Pedro fronteras”, comandante desmovilizado del frente “Fronteras” del bloque “Catatumbo” de las Autodefensas Unidas de Colombia “AUC”, conforme a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 19 de la Ley 975 de 2005.
En la misma determinación, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió en su numeral segundo, acumular a estas diligencias los procesos suspendidos en la justicia permanente (ib. pág. 10 del escrito que contiene la audiencia de control de legalidad de los cargos, de dic. 7/2009 —núm. 2.5—) y en el numeral tercero, dar inicio al incidente de reparación integral.
Después de hacer referencia puntual al origen de diferentes grupos organizados al margen de la ley, de las bandas de sicarios, escuadrones de la muerte (como el grupo muerte a secuestradores —MAS— y de las autodefensas unidas de Colombia —AUC—, equivocadamente denominados grupos paramilitares) y de referirse a la colaboración que se ha demostrado entre autoridades civiles, militares, políticas, y judiciales con grupos ilegales (págs. 14-25 escrito audiencia de control de legalidad de cargos), la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz relacionó el proceso de desmovilización de las autodefensas producido en cumplimiento del acuerdo de Santa Fe de Ralito - Córdoba, firmado el 15 de julio de 2003, que generó la desmovilización de 34 bloques de las referidas autodefensas (págs. 25-26).
Jorge Iván Laverde Zapata, alias “el Iguano”, “a. Sebastián”, a. Pedro fronteras”, se desmovilizó en condición de comandante del frente “fronteras” del bloque “Catatumbo” de las autodefensas, con operaciones delictivas en el oriente del país (Norte de Santander y Arauca) que comenzaron a partir del mes de mayo de 1999 (pág. 26, ib.)(1).
El desmovilizado confesó los siguientes hechos, relatados en la decisión objeto de impugnación de la siguiente manera:
“4.4.1. Caso 1. Concierto para delinquir, inciso 2º artículo 340 del Código Penal, en calidad de autor.
Desde que contaba con 17 años de edad, Jorge Iván Laverde Zapata colaboró con el grupo de autodefensas, transportándolos a ellos y víveres para la organización en los camiones en los que trabajó como ayudante. Para 1996, a la edad de 20 años se vinculó formalmente con la colaboración de alias “Maicol”, recibió instrucción en una escuela de formación durante dos meses en el corregimiento “El Tres” de San Pedro de Urabá, en el manejo de armas, tácticas de combate y conocimiento del grupo armado al margen de la ley; en enero de 1997 pasó a la población de Turbo (Antioquia) y luego al departamento de Chocó como patrullero, bajo el mando de alias “el brujo”, específicamente a la ciudad de Quibdó y luego a Itsmina; en febrero de 1999 alias “Rodrigo doblecero” le informó que era uno de los seleccionados por la casa Castaño para ir a la región del Catatumbo e ingresar con el grupo armado, sacar la guerrilla y apoderarse de los medios de financiación que tenía la subversión. El 5 de mayo de ese año —1999— llegó como comandante del naciente frente Fronteras del bloque Catatumbo, bajo el mando del capitán retirado del ejército Armando Pérez Betancourt alias “Camilo”, región donde permaneció hasta 2004, cuando se desmovilizó con el bloque Córdoba, por decisión de Salvatore Mancuso y para que le brindara seguridad.
El frente Fronteras comandado por Laverde Zapata, alias “el Iguano”, “Pedro Fronteras” o “Sebastián” tuvo dominio en el área metropolitana de Cúcuta y en las poblaciones de Puerto Santander, Villa del Rosario, Zulia, Gramalote, Aguas Claras, la Floresta, Distrito de Riego, Banco Arenas, La Silla, Vigilancia, La Y de Astilleros, Sardinata, Conejo, Salazar de las Palmas, El Ran, Ragombalia, Chinácota, Pamplona, Cicutilla, Los Patios, Juan Frío, La Arboleda, Guaramito.
Para conseguir los fines trazados por la cúpula de las autodefensas —acabar con la subversión y sus auxiliadores y limpieza social de la región— ejecutaron conductas consideradas como graves a la luz del derecho internacional humanitario como homicidios en persona protegida, desplazamientos forzados, tortura en persona protegida, cobros de impuestos ilícitos, etc., así como delitos contra la población civil de manera sistemática y generalizada que bien pueden ser calificados como punibles de lesa humanidad.
4.4.2. Caso 2: Los punibles de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo; terrorismo artículo 343 de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, articulo 202, Decreto-Ley 100 de 1980. Como coautor impropio
Hechos ocurridos el 10 de julio de 1999 en el corregimiento de Aguaclara del departamento de Norte de Santander, cuando ingresan a ese lugar aproximadamente 15 hombres vestidos de civil, comandados personalmente por Jorge Iván Laverde Zapata alias “el iguano”, sacan a los habitantes de sus moradas, los reúnen en la cancha de fútbol, el comandante “iguano” les informa sobre la llegada de este grupo de autodefensas y los objetivos propuestos, les advierte sobre el castigo a los miembros de la subversión o sus auxiliadores. Luego, por información de alias “Ramoncito” y alias “Balvulina” —exmilitantes del ELN y miembros del frente fronteras como informantes— ejecutan a Jorge Enrique López, Jesús Fabio González Medina, Jorge Humberto Vera y Alirio Echeverri Hernández, acusados de ser auxiliadores del ELN, este último fue asesinado a poca distancia de donde ultimaron a las otras 3 personas, luego de hacer un reten a los carros que por el lugar transitaban. Comenta alias “el iguano” que tiempo después, se enteraron que el señor Echeverri Hernández era un ganadero de la región y que había tenido problemas con uno de los informantes cuando este era guerrillero.
Acto seguido, el mismo comandante —Laverde Zapata— anuncia la llegada del frente que preside con grafitis que dicen “llegamos para quedarnos, fuera ELN”.
Argumenta el señor fiscal que la calificación jurídica de estos hechos la hace atendiendo al principio de legalidad, toda vez que si se hubieran verificado con posterioridad a julio de 2001, debían encuadrarse estas conductas en tipos penales que atentan contra el derecho internacional humanitario. De la misma manera identificó a quienes participaron en este hecho.
4.4.3. Caso 3: Los punibles de homicidio agravado artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso real; terrorismo artículo 343 de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas Decreto 100 de 1980. Como coautor impropio.
Hechos ocurridos el 6 de agosto de 1999 en horas de la noche, en los barrios contiguos Belisario y Nuevo Horizonte de Cúcuta, cuando ingresa un grupo de aproximadamente 15 personas comandadas personalmente por alias “el iguano”, sacan a las personas de sus casas, las reúnen en la calle, les informan sobre la presencia de la organización de autodefensas en ese sector y sus finalidades. El grupo que llegó, se dividió en dos subgrupos: uno de ellos quedó con alias “el iguano” y son los que hacen la reunión con los habitantes de estos barrios, en tanto que el otro es el encargado de ejecutar a los hermanos Jhon Jairo y Luis Giovanni Bermúdez Daza, Orfis Alirio Barbosa y Jair Alfonso Cañizales Ortiz, señalados por los informantes alias “Ramoncito” y “Valvulina” de ser integrantes del grupo subversivo ELN.
La fiscalía individualizó a cada uno de los partícipes en esta incursión.
4.4.4. Caso 4: Los delitos de homicidio agravados artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso real; terrorismo artículo 343 de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, Decreto 100 de 1980. Como coautor impropio.
Hechos ocurridos la madrugada del 15 de septiembre de 1999 en la vía que de Cúcuta conduce al municipio de Salazar de Las Palmas, en la vereda Quebradaseca del municipio de Santiago, cuando miembros integrantes del frente Fronteras, comandados personalmente por alias “el iguano” vistiendo uniformes militares y portando armas largas, retienen una camioneta, ordenan bajar a los ocupantes, separan a las mujeres y a los niños; a los hombres los hacen tenderse en el piso y ejecutan a Horacio Ovalles Álvarez, Jesús María Blanco Vergara, Luis Adán Rodríguez Rivera, Alberto Alexander Rojas Blanco, Víctor Ramón Parada Lizcano y Eliseo Rojas Manrique, se apropian de unas armas de fuego, así como de joyas y dinero de los ocupantes del automotor. Todo lo anterior, obedeciendo órdenes del comandante del frente.
La fiscalía individualizó a quienes participaron en esta masacre.
Al igual que en los casos precedentes, quienes participaron en estos hechos, dejaron mensajes en las paredes aledañas como “las autodefensas llegaron para quedarse”, “la guerra apenas comienza”.
4.4.5. Caso 5: En el escrito de acusación se imputaron estos hechos como coautor impropio, pero en la diligencia de legalización de cargos varió por la de autor mediato, en el entendido que fue alias “el iguano” quien dio la orden, siguiendo las directrices trazadas por la cúpula de la organización de autodefensas, específicamente por su comandante Salvatore Mancuso cuando ordenó “acabar con todo lo que agrede el orden social”, refiriéndose a las bandas delincuenciales que operaban en Cúcuta, pero no estuvo en el lugar. Los delitos son: Homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso real; tentativa de homicidio; terrorismo, artículo 343 de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
El 22 de febrero de 2001, cumpliendo las órdenes dadas por el comandante del frente Fronteras, miembros de ese grupo llegaron hasta el parque del barrio Antonia Santos de Cúcuta y dispararon indiscriminadamente contra las personas que allí se encontraban, dando muerte a Héctor Uriel Calderón Acevedo, Balbino Pedro Antonio Contreras Jaimes, José Fredy Daza, Luz Dary Silva Omaña, Wolman Alberto Márquez, Sacha Sabrina Carreño, Carlos Alberto Rodríguez; igualmente hirieron a Emerson Daza y Teresa Rincón, acusados de ser expendedores y consumidores de drogas alucinógenas, información dada por alias “el parcero” —agente del Gaula de apellido Jaimes—.
En las paredes dejaron consignas tales como “fuera ladrones y vendedores de droga”.
La fiscalía individualizó a todos los que participaron en esta masacre.
4.4.6. Caso 6: En el escrito de acusación se imputaron los hechos a título de coautor impropio, pero en la diligencia de legalización de cargos la varió por autor mediato por dominio de aparato organizado de poder en los punibles de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso real; terrorismo, artículo 343 de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, Decreto 100 de 1980.
El 16 de mayo de 2001, cumpliendo la orden inmediata del comandante de la sección de Villa del Rosario (Norte de Santander) Armando Rafael Mejía Guerra, integrantes del frente Fronteras dispararon de manera indiscriminada contra los ocupantes de un automóvil conducido por el abogado José Alexander Hernández, ocasionándole la muerte a él, a Juan Antonio Tarazona Bermúdez y a Maribel Peñaranda Escalante, en represalias contra la familia Tarazona porque puso en conocimiento de las autoridades la posible autoría de las autodefensas en la muerte de uno de sus hijos ocurrida un tiempo antes, además de ser informantes de la guerrilla, según lo manifestado por Diana Nubia Termer Rincón empleada de tránsito de esa localidad y amiga personal de Mejía Guerra, quien fue la encargada de hacer el seguimiento a las víctimas de esta organización. Es de aclarar que la señora Termer Rincón se encuentra procesada con resolución acusatoria por el delito de concierto para delinquir.
Alias “el iguano” acepta este hecho toda vez que se realizó cumpliendo con las directrices trazadas por la organización y que él previamente había transmitido a sus comandantes de sección, comandantes urbanos y en general a los patrulleros. El reporte de cada caso en particular se hacía de manera inmediata a través de radio de comunicaciones, pero en detalle se entregaba mensualmente.
La fiscalía individualizó a todos los partícipes, como integrantes del frente Fronteras de las Autodefensas, comandada por alias “el iguano”.
4.4.7. Caso 7 En el escrito de formulación de cargos, el fiscal le imputó estas conductas como coautor impropio, pero en la diligencia de legalización la modificó por autor mediato con las justificaciones ya reseñadas en los casos anteriores, por los delitos de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad), en concurso material homogéneo; terrorismo, artículo 343, Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, Decreto 100 de 1980.
Por información de un miembro del grupo Gaula conocido con el alias de “Coco”, el 18 de mayo de 2001 en el barrio Sevilla de Cúcuta, un grupo de personas integrantes del frente Fronteras, al mando inmediato de Rosemberg Balverde —de la compañía urbana que operaba en esa zona— le dieron muerte a varios integrantes de una banda delincuencial conocida como “los guajiros”, que según la versión de algunos de los partícipes en los hechos, prestaban sus servicios a la guerrilla. Los asesinados fueron Carlos Alberto Soler Rivera, Julio Quintero, Jesús Alfonso Gómez Cáceres y Cesar Augusto Panizo Cáceres.
A la llegada de las autodefensas a los barrios marginales de Cúcuta, tuvieron conocimiento de la existencia de esta banda delincuencial y trataron de vincularla con la organización de paramilitares, pero ante la negativa a plegarse y los continuos hechos delincuenciales, procedieron a aniquilarla, cumpliendo las órdenes dadas por la cúpula de esa organización y transmitidas por el comandante del frente, alias “el iguano”.
La fiscalía identificó a quienes participaron en esta masacre, como personas que estaban al mando de Jorge Iván Laverde Zapata.
4.4.8. Caso 8: En el escrito de formulación de cargos, se le imputó esta conducta al señor Jorge Iván Laverde Zapata a título de coautor impropio, pero se modificó por autor mediato en la audiencia de legalización, por los delitos de homicidios en persona protegida, actos de barbarie, actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
En el barrio El Páramo del municipio de Salazar de las Palmas (Norte de Santander), el 24 de noviembre de 2001, fueron asesinadas las hermanas Rosa Alexandra y Nelly Yohana Carrillo Díaz y Ana Silva Carrillo, una de ellas murió en el lugar y las otras dos fueron rematadas en el hospital a donde fueron trasladadas gravemente heridas, bajo la acusación de ser auxiliadoras del ELN y una de ellas ser la esposa del comandante subversivo que hacía presencia en la región, según información suministrada por el ex alcalde de ese municipio, señor Jesús Valero, quien también fue muerto al parecer por la guerrilla. Aclara la fiscalía que este ex alcalde fue quien propició y colaboró para que las autodefensas llegaran a esa zona del departamento. Como autores de la masacre se individualizó a integrantes del frente Fronteras y la orden fue dada 2 días antes de la ocurrencia de los hechos, por alias “el iguano” y cumplida por los urbanos que allí hacían presencia. Es de aclarar que se individualizó a todos los partícipes.
4.4.9. Caso 9: Se le imputaron estos hechos a título de coautor impropio, por los punibles de homicidios en persona protegida, actos de terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. Aclara la fiscalía que la imputación la hace como coautor impropio toda vez que alias “el iguano” tenía conocimiento previo de la realización de esta masacre y dio órdenes claras a los hombres bajo su mando para que las ejecutaran.
En el sector de la Represa, sobre la vía que de Sardinata conduce al Zulia, el 30 de noviembre de 2001, los comandantes de las autodefensas de la región informan a Jorge Iván Laverde Zapata del desplazamiento de unos guerrilleros y sus armas en un vehículo, razón por la que este da la orden de retenerlos, orden que cumplen sus patrulleros; individualizado el automotor, lo hacen parar, asesinan a sus ocupantes Alirio Blandón Suárez, José Leonidas Quintero, Deleizer Mantilla Picón, Yesid Alberto Llanes y Carlos Andrés Oliveros, los despojan de 2 fusiles M-16 y 5 pistolas e incineran el automotor.
Todos los partícipes en este hecho fueron identificados por la fiscalía, como integrantes urbanos del frente Fronteras.
4.4.10. Caso 10: En la audiencia de legalización de cargos se varió la imputación a autor mediato por dominio de la organización, ya que en el escrito de formulación de cargos se le había atribuido como coautor indirecto, por los delitos de homicidios en persona protegida, actos de terrorismo, destrucción de bienes protegidos y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
Cumpliendo órdenes del “iguano”, los hombres bajo su mando fueron por los barrios marginales de Cúcuta en donde presuntamente tenia dominio el grupo subversivo ELN toda vez que patrullaban uniformados e izaban la bandera de su organización y con lista previamente suministrada por autoridades del Estado que colaboraban con las autodefensas, seleccionaban a quienes eran señalados como integrantes o auxiliadores de la guerrilla y los asesinaban. Por esta razón, se encuentra investigado el entonces director del DAS de Cúcuta.
Los hechos aquí investigados y que son objeto de pronunciamiento sobre legalización de cargos, tuvieron ocurrencia el 24 de enero de 2002, cuando un grupo de hombres del frente Fronteras llegaron al barrio Nuevo Horizonte y bajo idénticas circunstancias a las narradas en el párrafo precedente, sacan a los habitantes, los reúnen en la calle, identifican a quienes habían sido señalados como subversivos y asesinan a Edwin Orlando. Cumplido lo anterior, destruyeron la caseta de “Telecom” y dejaron mensajes alusivos a las autodefensas, tales como “AUC presente”, “ACCU guerrillero te uniformas o te mueres de civil”, “fuera sapos y ratas”.
Quienes participaron en esta masacre fueron identificados por la fiscalía, como integrantes del frente comandado por alias “el iguano”.
4.4.11. Caso 11: Se le formuló cargos en el respectivo escrito como coautor impropio, pero se varió en la audiencia y la imputación se hizo como autor mediato por dominio de la organización, de los punibles de homicidios en persona protegida, actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
El 20 de febrero de 2002, un grupo urbano de las autodefensas del frente Fronteras, bloque Catatumbo, ingresó al barrio Los Alpes de Cúcuta retuvieron a Olmer Daza Ortiz, Graciela Ortiz Osorio y Carlos Arturo Rojas Torres quienes se hallaban en una caseta y siguiendo las directrices de la cúpula de la organización y dadas a conocer por alias “el iguano”, proceden a asesinarlos; en este caso también resultó herido el menor Edison Andrés Claro Torres, acusados de ser auxiliadores de la subversión. Durante esta incursión se presentó un intercambio de disparos con la policía.
Todos los partícipes de esta masacre fueron identificados, como integrantes del frente Fronteras, comandado por alias “el iguano”.
4.4.12. Caso 12: Como autor mediato de los delitos de Homicidios en persona protegida, actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas. Es de anotar que en el escrito de formulación de cargos, la imputación la había realizado la fiscalía como coautor impropio.
Siguiendo el mismo patrón de los casos anteriores, en este, miembros del frente Fronteras llegan al barrio Carlos Ramírez Paris de Cúcuta el 13 de marzo de 2002, ingresan a la casa de habitación de la familia Rivera -quienes se desempeñaron como raspachines en la Gabarra y luego se trasladaron a Cúcuta-, y proceden a ejecutar a Ángel María Rivera Quintero, Gabriel Rivera Quintero, Luis Jesús Rivera Quintero y Luis Antonio Meza Cárdenas, señalados de hacer parte de grupos subversivos.
Todos los que intervinieron en este hecho fueron identificados por la fiscalía, como integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo.
4.4.13. Caso 13: Como autor mediato por que se ejecutó materialmente, siguiendo la política trazada por la organización de los delitos de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso material; tentativa de homicidio; terrorismo y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, fue acusado Iván Laverde Zapata, alias “el iguano”, aclarando que en el escrito pertinente lo había sido por coautor impropio de estas mismas conductas.
Al barrio Cecilia Castro de la ciudad de Cúcuta llegaron los integrantes urbanos del frente Fronteras el 3 de abril de 2002 y cumpliendo órdenes del comandante alias “el iguano”, procedieron a disparar de manera indiscriminada contra las personas que se encontraban departiendo en los billares, porque tenían información que el lugar era frecuentado por expendedores y consumidores de drogas alucinógenas, ocasionando la muerte a Luis Fernando Bonilla, Aramis Ortiz Sepúlveda, Javier Rincón Vargas, Helena Cárdenas Pérez y Marino Rentería Cuero; quedaron heridos Luz Esther Vargas Gómez y Jenny Carolina Villamizar (de 10 años de edad).
Con el mismo patrón de conducta que los caracterizó en su actuar en la ciudad de Cúcuta y zonas aledañas, dejaron mensajes tales como “rodarán cabezas”, “muerte a viciosos”, “fuera ratas”, “fuera zorras”.
También en este caso la fiscalía individualizó a los que participaron en este accionar criminal, como integrantes del frente comandado por Iván Laverde Zapata.
4.4.14. Caso 14: Como autor mediato de los punibles de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso material; tentativa de homicidio; terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, fue acusado alias “el iguano”, corrigiendo la inicial imputación que hiciera la fiscalía en el escrito de acusación como coautor impropio.
El 19 de marzo de 2002, siguiendo las directrices de alias “el iguano”, un grupo de las autodefensas urbanas de Cúcuta llegan hasta el sector de Atalaya, barrio La Victoria, se hacen pasar por funcionarios de la fiscalía, requisan a unas personas, las identifican y luego proceden a disparar en contra de ellas ocasionando la muerte a Juan de Jesús Alviadez Gerardino, Miguel Ángel Méndez, Juan Bohormita y Angie Paola González Ballesteros (menor de edad); quedó herido José Ismael Santos Amaya, acusados de ser delincuentes.
Los tres miembros de las autodefensas del frente fronteras que ejecutaron esta acción, fueron individualizados por la fiscalía.
4.4.15. Caso 15: Como autor mediato de los delitos de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo, terrorismo, Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas Decreto 100 de 1980, fue acusado Iván Laverde Zapata alias “el iguano”. En el escrito de acusación lo había sido como coautor impropio de los punibles de homicidio en persona protegida en concurso material, actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas.
Señalados por los conductores de transporte de servicio público de ser quienes atracaban en las busetas, un grupo de patrulleros urbanos del frente Fronteras, bajo el mando de alias “el iguano”, llegaron hasta el barrio Comuneros de Cúcuta el 14 de abril de 2002 y asesinan a Ericson Rincón Sánchez, Miguel Támara Ortiz y Javier Darío Ramírez Ramírez.
Quienes participaron, fueron individualizados por la Fiscalía, como integrantes del frente Fronteras.
4.4.16. Caso 16: Por los delitos de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo, terrorismo Ley 599 de 2000 y fabricación y tráfico de armas y municiones, Decreto 100 de 1980 en calidad de autor mediato, se le formularon cargos a Iván Laverde Zapata, aclarando que en el escrito respectivo se le había imputado como coautor impropio.
Al ser acusados de cometer acciones delincuenciales, fueron asesinados en el barrio Antonia Santos de Cúcuta, el 5 de mayo de 2002, Jairo Barbosa Pérez, Adalbert Alberto Prado Arias, Cristian Alexis Monsalve Solano y Miguel Ángel Flórez Carrero, por orden del comandante del frente Fronteras Iván Laverde Zapata, siguiendo la directrices de la organización criminal de autodefensas.
Quienes participaron en esta masacre, fueron identificados por la fiscalía como integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo.
4.4.17. Caso 17: Por los delitos de homicidios en persona protegida, actos de terrorismo, tortura en persona protegida y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas en calidad de autor mediato se le formularon cargos al comandante del frente fronteras, corrigiendo la imputación inicial que hizo la fiscalía como coautor impropio.
Al sector de Atalaya de Cúcuta llegaron miembros del frente Fronteras y cumpliendo órdenes de alias “el iguano”, se llevaron a Marcelino Alsina Ortega, Edwin Alexis Santiago Acero y Jhon Wilmer Torres Rodríguez y luego de torturarlos para que confesaran su militancia en la subversión, los asesinaron el día 5 de mayo de 2002, dejando sus cadáveres en el relleno sanitario de Urimaco.
El representante del Ministerio Público criticó la ausencia de prueba sobre la tortura a estas tres personas, toda vez que el resultado de las necropsias nada decían sobre este aspecto.
Todos los partícipes en esta masacre fueron identificados por la fiscalía como integrantes del frente Fronteras, que cumplían órdenes de su comandante Jorge Iván Laverde Zapata.
4.4.18. Caso 18 Como autor mediato por dominio de la organización delictiva de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo; terrorismo, Ley 599 de 2000 y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso personal —hizo variación la fiscalía por que la imputación inicial fue por uso privativo de las fuerzas armadas— decreto 100 de 1980, solicita la fiscalía se legalicen los cargos contra Iván Laverde Zapata, comandante del frente Fronteras del bloque Catatumbo. Hubo variación en la imputación, ya que en el escrito aparecen formulados los cargos como coautor impropio.
Califica esta conducta la fiscalía, como un delito de lesa humanidad atendiendo a la sistematicidad y obedeciendo a una política de la organización y no a un crimen de guerra, la muerte al interior de un establecimiento de comidas rápidas de José Luis Santander Amaya, Willington Eduardo Rubio Toloza y Mauricio Pacheco Pérez, ocurridas el 18 de mayo de 2002 cumpliendo con las directrices generales de la organización de exterminar a quienes consideraron delincuentes, expendedores de vicios o consumidores, es decir, dentro del plan de la mal llamada “limpieza social”.
Quienes fueron identificados por la fiscalía como partícipes en este hecho, se encontraban subordinados a las órdenes del comandante del frente Fronteras, Jorge Iván Laverde Zapata, como patrulleros.
4.4.19. Caso 19: Variada la imputación inicial de coautoría impropia, por la de autor mediato, a alias “el iguano” se le formularon cargos por los delitos de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo; terrorismo, Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas de fuego y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, Decreto 100 de 1980.
Cuando se encontraban jugando fútbol en las canchas del barrio Cundinamarca de Cúcuta, el 20 de mayo de 2002, fueron sorprendidos por militantes del frente Fronteras los señores Kennedy Hernando Silva Rolón, Ever Duarte Ortega y Diego Alexander Ortiz Andrade a quienes les dispararon, ocasionándoles la muerte, tras haber sido estigmatizados como integrantes de una banda delincuencial, dentro del mal llamado plan de “limpieza social”.
Los partícipes de estos crímenes fueron identificados como integrantes del frente Fronteras, bajo las órdenes de alias “el iguano”.
4.4.20. Caso 20: Como autor mediato por dominio de la organización delictiva que comandaba —luego de variar la inicial imputación como coautor impropio—, a alias “el iguano” se le formularon cargos por los punibles de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo; terrorismo, Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
Los hechos tuvieron ocurrencia el 24 de junio de 2002 en el barrio 28 de febrero de Cúcuta, cuando varios integrantes de las autodefensas que hacían presencia permanente en la ciudad, le dispararon a Jhon Fredy Daza Vanegas, Ramón Elías Peñaranda Ortiz, Edilson Peñaranda y Juan Carlos Carrascal Barbosa, quienes se encontraban departiendo en un establecimiento donde funcionaban billares, luego de ser acusados de delincuentes. Murieron los tres primeros y quedó herido el menor Carrascal Barbosa.
Los partícipes de esta conducta fueron identificados como integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo, bajo el mando de Jorge Iván Laverde Zapata.
4.4.21. Caso 21: Como autor mediato de los punibles de homicidios en persona protegida, actos de terrorismo, toma de rehenes y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, luego de variar la imputación inicialmente hecha a alias “el iguano” como coautor impropio, se le formularon cargos y se solicita su legalización.
El 23 de julio de 2002, miembros del frente Fronteras del bloque Catatumbo siguiendo directrices trazadas por la comandancia de esa organización criminal, se apoderan de dos camiones de la empresa de aseo “Proactiva Oriente S.A.”, amordazaron a los conductores, los despojaron de los vehículos y en ellos se trasladaron hasta el barrio La Hermita de Cúcuta, en donde asesinaron a los hermanos Jesús María, José Ángel y Aníbal Castro Núñez, señalados de tener vínculos con la subversión. Luego de ejecutar esta conducta, abandonaron los automotores.
Meses después alias “el iguano” se enteró que la información sobre los presuntos vínculos de estas víctimas con la guerrilla, fue falsa y como represalia contra el informante, ordenaron su muerte.
Por información del comandante del frente Fronteras e investigación de la fiscalía, se individualizaron a todos los partícipes, como integrantes del grupo de autodefensas comandado por alias “el iguano”.
4.4.22. Caso 22 Como coautor impropio de los delitos de homicidios en persona protegida, actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, fue acusado Jorge Iván Laverde Zapata, alias “el iguano”.
En la vereda El Mestizo del municipio El Zulia, luego de haber sido citadas las víctimas por alias “el iguano” , hombres bajo su mando procedieron a dar muerte a los integrantes de una organización social —Amurcavir— que desarrollaba actividades de asesoría a la población civil en temas de víctimas de conflicto armado; la orden provino directamente de alias “Camilo”, comandante del bloque Catatumbo, quien la transmitió al comandante del frente Fronteras y este la hizo cumplir por medio de sus subalternos; el móvil del asesinato fue haber encontrado el nombre de estas personas en los computadores de la guerrilla y que fueron decomisados por las autodefensas. La directora de esa asociación y una de las víctimas —Gloria Inés Marín—, según lo manifestado por “el iguano”, era conocida suya y colaboraba con la organización sacando celulares a nombre de “Amurcavir”; igualmente carnetizó como celadores algunos miembros del frente para facilitar su desplazamiento por la región. Aparte de la directora, también asesinaron a Narciso Guzmán, Miguel Ángel Lizcano Calderón y Pedro Arturo Niño.
Quienes participaron en este hecho, fueron identificados por la fiscalía como miembros del frente Fronteras, comandados por alias “el iguano”.
4.4.23. Caso 23: Luego de variar la imputación inicial de coautor impropio, la fiscalía solicitó la legalización de los cargos como autor mediato a Jorge Iván Laverde Zapata, por los delitos de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo, tentativa de homicidio en concurso homogéneo; terrorismo, Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, Decreto 100 de 1980.
El 12 de noviembre de 2002, llegan al barrio Bellavista de Cúcuta, integrantes del frente Fronteras que hacían presencia en la ciudad y asesinan a Jorge Alexander Sanabria Camacho, Nelson Omar Peñaloza García, y Adalberto Rojas Ortiz y dejan heridos a Helder Reales Mojica (de 13 años de edad) y Jony Alberto Gómez, quienes se encontraba en un establecimiento donde funcionaban billares; las víctimas fueron señaladas de cometer actos ilícitos y la información que tenía la organización de autodefensas fue que en ese establecimiento se reunían los delincuentes.
Todos los partícipes fueron reconocidos por el comandante del frente Fronteras, como integrantes de las autodefensas que cumplían sus órdenes.
4.4.24. Caso 24: Inicialmente fue acusado Jorge Iván Laverde Zapata como coautor impropio, pero esta imputación varió en la audiencia de legalización de cargos, por autor mediato de los ilícitos de homicidios en persona protegida, actos de terrorismo, exacciones o contribuciones arbitrarias y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares.
Por no cumplir con el pago de la contribución forzada impuesta a los comerciantes de la central de abastecimientos de Cúcuta “Cenabastos” al frente Fronteras, fueron asesinados José Joaquín Fierro Ortega, Dinael Rincón Suárez, Luis Esteban Patiño, José Ascensio Osorio Castellanos y Andrés Osorio Castellanos, los dos primeros el 3 y los siguientes el 6 de diciembre de 2002.La cuota fue exigida por la comandancia del frente Fronteras como forma de financiación de la organización y para tal fin asignaron a alias “Marcela”.
Uno de los autores materiales —alias Alex— manifestó que el móvil fue la información que tenían de que estas personas colaboraban con el ELN, hipótesis descartada por la fiscalía teniendo en cuenta la investigación realizada que incluye la declaración de las esposas de algunas de estas víctimas.
Los ejecutores de esta conducta ilícita fueron reconocidos como integrantes del frente Fronteras y el hecho realizado cumpliendo órdenes de sus comandantes.
4.4.25. Caso 25: Por los delitos de homicidios en persona protegida, actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, en calidad de autor mediato, pues se hizo variación de la imputación que aparece en el escrito de cargos como coautor impropio, fue solicitada la legalización de estos hechos al señor Jorge Iván Laverde Zapata.
El 20 de diciembre de 2000 se desplazaron hasta el barrio Nuevo Milenio de Cúcuta, integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo y asesinaron a Edison Eduardo Obregón Mora, José Ernesto Corredor López y Eduardo Obregón Ruiz, acusados de ser auxiliadores de la subversión por que les arreglaban radios de comunicación.
Los ejecutores de este hecho fueron identificados y reconocidos por la fiscalía como miembros de la organización de autodefensas que hizo presencia en la ciudad de Cúcuta y sus alrededores.
4.4.26. Caso 26: En el escrito de acusación le imputan este hecho a alias “el iguano” como coautor impropio, pero se varía en la audiencia de legalización por autor mediato de los punibles de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo; terrorismo, Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, Decreto 100 de 1980.
Hasta un establecimiento de billares del barrio San Martín de Cúcuta, el 25 de junio de 2003 llegan integrantes del frente Fronteras y cumpliendo órdenes de su comandante, proceden a disparar y le dan muerte a Eduar Dubiel Reyes Robayo, Wilder González Alventos y Álvaro Ibáñez López, señalados de ser integrantes de una banda delincuencial. La fiscalía logró determinar que González Alventos era el jefe de una banda.
Quienes intervinieron en esta masacre como ejecutores, fueron reconocidos e identificados como integrantes del frente de las autodefensas que hizo presencia en la ciudad de Cúcuta.
4.4.27. Caso 27 Como autor mediato de los delitos de homicidio agravado, artículos 103 y 104 numerales 4º, 7º y 8º de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad) en concurso homogéneo; terrorismo, Ley 599 de 2000 y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, luego de variar la imputación inicial de coautor impropio, se le formularon cargos y se solicita su legalización, al postulado Jorge Iván Laverde Zapata.
En uno de los sectores de tolerancia de Cúcuta fueron asesinadas el 13 de febrero de 2004, las trabajadoras sexuales Martha Rubiela Rodríguez Cortes, Graciela Jaramillo Jaramillo y Blanca Guzmán (indocumentada), como una forma de enviar mensajes a esa zona de lo que sucedería si seguían robando a quienes recurrían a ese sitio. Esta es otra forma de “limpieza social” realizada por el frente Fronteras.
Los que participaron en la ejecución de este hecho, fueron individualizados y reconocidos como integrantes de las autodefensas que hizo presencia en Cúcuta y poblaciones aledañas.
4.4.28. Caso 28: Como coautor impropio —por que tenía conocimiento previo, coordinó y estuvo enterado de los actos previos a la ejecución— de los delitos de homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado, actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, fue acusado Jorge Iván Laverde Zapata, comandante del frente Fronteras.
Por información de un ex integrante del 10 frente de las FARC, conocido como “gûilo” y un ganadero de la región que posteriormente fue reconocido como narcotraficante —Hugo Beltrán— se le hizo saber a alias “el iguano” que la doctora María del Rosario Silva Ríos —fiscal seccional de Cúcuta— era simpatizante de la guerrilla (específicamente de las FARC). Ante esta situación y por la calidad de la persona señalada como auxiliadora de la subversión, solicitó autorización al comandante del bloque, alias “Camilo” y luego de recibir el visto bueno, coordinó con el cabo Ardila que trabajaba con la policía de tránsito de Cúcuta, para que le hiciera seguimiento y labores de inteligencia a la Fiscal y el 28 de julio de 2001 la asesinaron cuando salía de la clínica San José de Cúcuta, en compañía de su esposo e hijos. Ante esta situación, su familia tuvo que salir del país.
Los que ejecutaron este hecho, fueron reconocidos e identificados como miembros del frente Fronteras del Bloque Catatumbo, bajo el mando de alias “el iguano”.
4.4.29. Caso 29: Inicialmente se le imputó este hecho como coautor impropio, pero en la legalización de los cargos se varió por autor mediato de los punibles de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de defensa personal.
Dos meses después del vil asesinato de la doctora María del Rosario Silva Ríos, su sucesor en la fiscalía, doctor Carlos Arturo Pinto Bohórquez, también lo fue, señalado por las mismas personas que en el caso anterior, de ser simpatizante de las FARC, pues alguien lo había visto en la población de Arauca reunido con ellas. Igual que en el caso anterior, el cabo Ardila (de la policía de tránsito de Cúcuta) fue quien hizo el seguimiento y las labores de inteligencia, así como quien llevó el arma. La orden fue dada por “Camilo”, atendiendo a la importancia de la víctima, pero el “iguano” fue el que coordinó su ejecución.
Los ejecutores de este hecho fueron identificados como integrantes de las autodefensas, frente Fronteras, cumpliendo órdenes de su comandante, alias “el iguano”.
4.4.30. Caso 30 Por los delitos de homicidio en persona protegida, terrorismo, desplazamiento forzado y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, en calidad de coautor impropio, fue acusado Jorge Iván Laverde Zapata.
La víctima, el doctor Tirzo Vélez, aspirante a la gobernación de Norte de Santander con mayor probabilidad de ganar. Fue alcalde de Tibú en representación del partido político de la Unión Patriótica, diputado a la Asamblea y reconocido político de la región. El 4 de junio de 2003, fue asesinado por orden dada desde la comandancia directamente por Salvatore Mancuso, orden que pasó a alias “Camilo” como comandante del bloque Catatumbo y luego a alias “el iguano” quien la hace cumplir con hombres bajo su mando En este atentado también quedaron heridos la esposa del doctor Vélez —Isabel Obregón— y Mario Enrique Mojica. Después su familia salió desplazada por temor.
Quienes perpetraron este hecho, fueron reconocidos como integrantes del frente Fronteras, que cumplían órdenes de su comandante.
4.4.31. Caso 31: Inicialmente se le formula el cargo en calidad de coautor impropio, pero el fiscal hizo la variación y lo atribuyó en calidad de autor mediato de los punibles de homicidio en persona protegida, actos de terrorismo, desplazamiento forzado y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas.
El 31 de octubre de 2003, cumpliendo la orden dada por alias “Camilo”, el comandante del bloque Catatumbo alias “el iguano”, envió personas bajo su mando hasta la residencia del abogado Jairo Ernesto Obregón Sabogal en Cúcuta y lo ultimaron con disparos de arma de fuego, luego de ser señalado de ser simpatizante de la guerrilla porque defendía personas acusadas del delito de rebelión. Luego de este hecho su familia tuvo que salir de la ciudad y radicarse en Bogotá.
Quienes participaron fueron individualizados como integrantes del frente Fronteras del bloque Catatumbo, que cumplían órdenes de alias “el iguano”.
4.4.32. Caso 32: Como autor mediato de homicidio agravado, actos de terrorismo y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, fue acusado Jorge Iván Laverde Zapata. Es de aclarar que inicialmente la fiscalía imputó estos hechos a título de coautor impropio.
El 6 de octubre de 2003 fue asesinado el doctor Alfredo Enrique Flores Ramírez, esposo de la entonces directora seccional de fiscalías de Cúcuta y colaboradora de las autodefensas, Ana María Flores. Como hipótesis que está siendo investigada por la justicia permanente, está que la orden la dio alias “Camilo”, comandante del bloque Catatumbo, para hacerle un favor o cumplir con la solicitud que hiciera el entonces candidato a la alcaldía de esa ciudad, Ramiro Suárez.
Los autores y partícipes fueron reconocidos como integrantes del frente Fronteras bajo el mando de alias “el iguano”“ (sic) (págs. 34 a 60).
En la audiencia de formulación de imputación, Laverde Zapata aceptó los cargos ante el magistrado de control de garantías.
Al inicio de la audiencia de legalización de cargos, el postulado ratificó su aceptación de manera libre, expresa y voluntaria, señalando además que fueron cometidos por personal bajo su mando, cumpliendo órdenes impartidas por los comandantes paramilitares Castaño Gil y Salvatore Mancuso Gómez. (ib., pág. 60).
1. Mediante Resolución 091 de 2004, el señor Presidente de la República y sus Ministros del Interior y de Justicia y de Defensa Nacional, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y por la Ley 782 de 2002, y considerando que se encontraban dadas las condiciones para ello, declararon “abierto el proceso de diálogo, negociación y firma de acuerdos con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC de que trata el artículo 3º de la Ley 782 de 2002”.
2. Jorge Iván Laverde Zapata, (alias “el iguano”, “a. Sebastián”, a. Pedro Fronteras”), se desmovilizó el 18 de enero de 2005, era uno de los comandantes de frente de las autodefensas unidas de Colombia “AUC”, organización a la que perteneció desde el año de 1996; fue postulado por el Gobierno Nacional para acceder a los beneficios de la ley de Justicia y Paz.
En desarrollo del proceso bajo la filosofía del proceso de justicia transicional regulado en la ley de Justicia y Paz (L. 975/2005 y normas concordantes), en audiencia preliminar de formulación de cargos del 15 de abril de 2009, la Fiscalía Octava Delegada ante la Unidad Nacional para la Justicia y la Paz formuló al postulado cargos por:
“Concierto para delinquir agravado, 170 homicidios agrupados en 32 hechos, tipificados como homicidios agravados por los numerales 4º, 7º y 8º artículos 103 y 104 de la Ley 599 de 2000 (por favorabilidad); homicidios en persona protegida —artículo 135, Ley 599 de 2000—; fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, fabricación y tráfico de armas y municiones de defensa personal; Actos de Barbarie —artículo 145, Ley 599 de 2000—; terrorismo —artículo 343, Ley 599 de 2000 (por favorabilidad)—; actos de terrorismo —artículo 144, Ley 599 de 2000—;daño en bien ajeno —artículo 265, Ley 599 de 2000—; tortura en persona protegida —artículo 137, Ley 599 de 2000—; toma de rehenes —artículo 148, Ley 599 de 2000—, desplazamiento forzado —artículo 159, Ley 599 de 2000—, y exacción o contribuciones arbitrarias —artículo 163, Ley 599 de 2000— de donde se deduce que la atribución se hizo por crímenes de guerra en lo que tiene que ver con las conductas ejecutadas con posterioridad a julio de 2001 (fecha en que entró en vigencia la L. 599/2000) y las víctimas fueron acusadas de ser guerrilleros o auxiliadores de éstos; e ilícitos comunes si se realizaron antes de esa fecha, en respeto al principio de legalidad estricto, además que la motivación para las masacres fue “limpieza social”, aclarando que con relación a esta última categoría, la fiscalía se refirió a ellos como delitos de lesa humanidad” (id., págs. 69 y 70, ib.)(2).
En esa audiencia de formulación de cargos, la fiscalía hizo notar que tales hechos delictivos no son los únicos por los que debe responder el procesado, toda vez que forman parte de una multiplicidad de casos, porque en su condición de comandante de frente o bloque del grupo ilegal de autodefensas unidas de Colombia, participó dentro de una extensa y dinámica actividad armada al margen de la ley... “tanto así que la fiscalía, en desarrollo de la audiencia de control formal y material de cargos, expuso que se encuentran registrados 5.153 casos, correspondientes a 2.978 hechos delictivos, con aproximadamente 8 969 víctimas” (página 4 del escrito que contiene la audiencia de control de legalidad de los cargos, del dic. 7/2009).
3. La audiencia de control de legalidad formal y material de los cargos (legalización de cargos) ante la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá se realizó en diferentes sesiones, durante los días 17 al 19 de junio, 21 al 24 de julio, 3 al 6, 10 de agosto, 1º de septiembre de 2009 y 7 de diciembre de 2009; en ésta, la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz verificó el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad del postulado Jorge Iván Laverde Zapata, alias “el iguano”, “a. Sebastián”, a. Pedro Fronteras”, desmovilizado del frente “Fronteras” del bloque “Catatumbo” de las autodefensas unidas de Colombia “AUC”, de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 10 de la Ley 975 de 2004 (cfr. fls. 65-69, ib.).
La Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz hizo notar que las 170 muertes parcialmente imputadas a alias “el iguano” demuestran que esos crímenes obedecieron a un ataque generalizado contra gran número de personas ajenas al conflicto armado que se vivió y aún se vive en la región del Catatumbo, que las víctimas fueron acusadas de ser guerrilleros o auxiliadores, o sacrificadas simplemente por considerarlas perjudiciales para el entorno social (prostitutas, consumidores o expendedores de drogas alucinógenas, delincuentes, etc.), en suma, desarrollo de un plan establecido con anterioridad por la comandancia general de las autodefensas, no obstante la condición de no combatientes que tenían las víctimas, plan que tuvo —entre otras finalidades— la de aterrorizar a la población civil (ib., págs. 75-77).
La Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz no impartió legalidad (no legalizó) a la imputación por la conducta de toma de rehenes (caso 21), porque encontró que no se configuraban a cabalidad los elementos normativos del tipo(3).
Los demás cargos formulados por las conductas referidas en cada uno de los hechos relacionados y aceptados por el acusado, fueron legalizados por encontrar cumplidas las exigencias de carácter formal y material (fls. 15-120 / cdno. 2 del juicio).
En audiencia del pasado primero (1º) de marzo de 2010 se llevó a cabo la sustentación de la apelación de la siguiente manera:
1. El fiscal.
Fundamentó la impugnación sobre tres temas específicos:
1.1. En la audiencia de control de legalidad formal y material de los cargos imputados, la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz varió la calificación jurídica de los hechos presentados por la fiscalía y aceptados por el procesado:
Señaló que la fiscalía imputó 32 hechos delictivos y consideró que las acciones ejecutadas por el procesado lo fueron en el contexto del conflicto armado protagonizado por las autodefensas, cometidos algunos de ellos bajo el marco de crímenes de guerra y otros como delitos de lesa humanidad, puesto que el desmovilizado era un combatiente, comandante del frente “Fronteras” que operaba en la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana, miembro de un aparato organizado de poder liderado por Salvatore Mancuso y los hermanos Castaño Gil.
El tribunal calificó las conductas (casos 2, 3, 4, 6) como “homicidios agravados” en respeto del principio de legalidad al tener ocurrencia con anterioridad a la vigencia de la Ley 599 de 2000.
En las acciones de limpieza social (casos 5, 7, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26 y 27) la razón de ser de la impugnación obedece a solicitar que se determine que, además de ser crímenes de guerra, también lo fueron “delitos de lesa humanidad”, por tener carácter sistemático y generalizado, que tuvieron por fin acabar con personas de la población civil, expendedores de droga, etc., como lo definió la fiscalía en la audiencia de imputación.
Según el impugnante, no se puede hablar de manera indiscriminada de crímenes de guerra como lo hace la Sala de conocimiento del tribunal; se requiere investigar y determinar la responsabilidad penal de los integrantes del aparato organizado de poder en crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad y de quienes financiaron el mencionado aparato de poder. Es necesario discriminar, investigar y procesar debidamente a los actores del conflicto:
Los crímenes de guerra ocurrieron por razón de la lucha entre actores armados: paramilitares, guerrilla, fuerzas militares, es decir el conflicto armado en sí mismo.
Los delitos de lesa humanidad ocurrieron por los homicidios sistemáticos (asesinatos) contra la población civil, en el proceso de “limpieza social”, que los caracteriza como crímenes internacionales, inhumanos, repetitivos, o de lesa humanidad, que se ejecutaron de conformidad con una política de la organización, por razones ideológicas, partidistas, raciales, religiosas o de otra naturaleza; son en últimas, delitos comunes de máxima gravedad.
Los 50 atentados contra la vida señalados en los 11 casos, números 5, 7, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26 y 27 obedecieron a una política de exterminio, son claros ejemplos de delitos de lesa humanidad y ello ha de tenerse en cuenta para efectos de la adecuación típica, porque tales asesinatos se causaron contra jóvenes (estigmatizados como delincuentes por las autodefensas) vendedores ambulantes, desempleados, expendedores de drogas, prostitutas, ladrones, en fin, acciones de limpieza social ejecutadas por el grupo ilegal armado, tal como lo planteó la fiscalía en la formulación de la imputación.
1.2. En el caso referido con el número veintiuno, afirma el recurrente que sí se tipifica la conducta de toma de rehenes (L. 599/2000, art. 148) que imputó la fiscalía; solicitó revocar en tal sentido la decisión del juez colegiado (de Justicia y Paz) de primera instancia, para que se mantenga dicha imputación porque se trató del apoderamiento de una o más personas a quienes amenazaron de muerte. La imputación fue la siguiente:
“Caso 21: Como autor mediato de los punibles de homicidios en persona protegida, actos de terrorismo, toma de rehenes y fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, luego de variar la imputación inicialmente hecha a alias “el iguano” como coautor impropio, se le formularon cargos y se solicita su legalización.
Ese hecho se ejecutó en cumplimiento de las políticas de la organización armada y así lo aceptó el postulado Laverde Zapata en diligencia de versión libre y confesión, en cumplimiento de las directrices de la comandancia general de la organización ilegal armada.
La Sala no obstante señalar que es innegable que hubo una retención de dos personas, pero con un fin específico, despojarlos temporalmente de los vehículos para trasladarse hasta el lugar en donde se encontraban las potenciales “víctimas”, arguye que no hay toma de rehenes porque se incumplió el presupuesto número cuatro, referido al elemento subjetivo especial, porque quienes consumaron los asesinatos a nombre y por decisión de la organización paramilitar no exigieron beneficio alguno o concesión por la libertad de los conductores detenidos, y una vez cometieron los delitos propuestos (matar a los hermanos Castro Núñez) procedieron a liberar a los conductores de los camiones y abandonaron los automotores.
La Corte Constitucional condicionó que la exigencia puede hacerse incluso a quien es víctima de la retención; en el secuestro se hace una exigencia a la víctima de la retención.
La toma de rehenes se configura en esos hechos, como lo hizo notar la fiscalía, en aras de no dejar desprotegidas a las víctimas (a dos de los conductores), porque a ellos les importa proteger su vida, como allí ocurrió, se les hizo una exigencia para proteger su vida y su liberación, guardar silencio a cambio de que omitieran cualquier reacción en la ejecución de los crímenes propuestos por el grupo ilegal.
3. En relación con el tema de la autoría mediata y la coautoría impropia como formas de participación en la ejecución de los delitos por parte del procesado, la fiscalía formuló acusación como autor del delito de concierto para delinquir agravado; coautor impropio en los casos 2, 3, 4, 9, 22, 28 y 30, y como autor mediato por dominio de la organización en los casos 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 y 32.
En la primera clase de intervención participó directamente, comunitariamente, al paso que en la segunda modalidad lo hizo con división de trabajo con los miembros de la organización, es decir, intervino directamente en la ejecución de los hechos con un rol claramente determinado.
En la última actuó como comandante de frente de una organización ilegal armada, en cumplimiento de una política sistemática de la organización comandada por los máximos líderes del aparato organizado de poder autodefensas, es decir, al mando y en el rol de hacer que se cumplieran los propósitos de la organización. La imputación se hizo a título de autoría mediata por dominio de la organización porque impartió directrices (C.P., art. 29).
Pidió revocar la decisión de la Sala de Justicia y Paz.
2. El procurador.
Disertó sobre el tema de las imputaciones parciales en el proceso de Justicia y Paz; sostuvo que es lo propio declarar la nulidad parcial de la actuación a partir —inclusive— del momento en que intervino el procurador en la audiencia de legalización de la imputación, audiencia que se debe adelantar en múltiples sesiones hasta que se logre obtener la totalidad de las imputaciones.
Sugirió que se suspenda (que se atrase, que se difiera) el proceso para “traer los demás cargos” y dictar una única sentencia, porque estima que en el proceso de justicia y paz no es viable dictar sentencias parciales, legalizando imputaciones parciales porque no es viable la acumulación de penas en el proceso.
“El edificio de la verdad” —dijo— “se construye como un todo que es posible recibirlo por partes”, no obstante, lo que no se puede hacer es “pagar todo el edificio cuando aún no está construido sino el primer nivel”, y en este caso la pena alternativa (que va de 5 a 8 años) es el “precio total del edificio de la verdad”, luego, al imponer una pena (máxima de ocho años) se estaría pagando la totalidad del precio, como si se tratase de una obra terminada.
Insistió en que no se pueden dictar sentencias parciales, mientras por otra parte se siga investigando y esperando el esclarecimiento total de la verdad por parte del sometido al proceso de justicia y paz, porque si se estableciera en una audiencia posterior que el postulado mintió, habría que “terminar el contrato” en el que ha habido sentencias parciales anticipadas, o sentencias provisionales que desconocen el principio de ejecutoria material de los fallos judiciales y se vería comprometida la posibilidad de impugnar.
Finalmente, en relación con el incidente de reparación integral, estimó el procurador que las sentencias parciales desconocen el principio de igualdad de las víctimas en un proceso que se funda en la reparación a todas ellas.
La solución que ofreció el impugnante consiste en mantener vigente la formulación parcial de los cargos en una audiencia que debe continuar, orientada al esclarecimiento total de los hechos jurídicamente relevantes, para luego verificar si la verdad satisface las aspiraciones de todos los sujetos procesales.
1. Apoderado de víctimas (Dr. Germán Gustavo Díaz Forero).
Hizo notar que los homicidios cometidos en personas protegidas responden a ejecuciones sistemáticas o a escala, que se trató de hechos indiscriminados cometidos contra personas indefensas por razón de la raza, la etnia, ideologías o religiones. En suma, que se trató de delitos que revisten el carácter de crímenes contra la humanidad, o crímenes de lesa humanidad en los que el afectado es todo el género humano, que sobrepasaron el límite de lo tolerable.
Apoyó el reclamo del fiscal en el sentido de que se declare que todos los delitos fueron crímenes de lesa humanidad y algunos de ellos susceptibles de ser calificados como crímenes de guerra, en los que la responsabilidad del postulado Jorge Iván Laverde Zapata se vio comprometida en condición de autor mediato (por el dominio o mando) que perteneció a una organización delincuencial bien estructurada.
En relación con la indemnización a las víctimas, personas en manifiesta debilidad, en aplicación del principio de solidaridad estimó de buen recibo vincular al proceso a los auxiliadores del paramilitarismo (funcionarios públicos, empresas auxiliadoras que proporcionaron dinero y transporte) porque consideró que son “terceros civilmente responsables” y el delito es un hecho generador de responsabilidad civil de quienes suministraron fondos para el funcionamiento de la organización armada ilegal, y no dejar que el Estado termine respondiendo patrimonialmente, en solitario.
2. Apoderado de víctimas (Dr. Arturo Antonio Mojica).
Sostuvo que la legalización de cargos se refirió a conductas contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional, no obstante que la mayoría fueron crímenes de lesa humanidad, actos que lesionaron bienes jurídicos de los seres humanos, hechos que van más allá de lo tolerable porque niegan la humanidad, es decir, actos cometidos contra la población civil.
Para establecer el crimen de lesa humanidad, dijo, hay que establecer el contexto de los ataques, que en estos casos fueron “generalizados, contra la población civil, que ocurrieron dentro de un contexto de violencia sistemática”, por manera que no son meros homicidios en persona protegida, siendo necesario establecer si hubo crímenes de guerra (cometidos en el marco operativo de acciones militares) y crímenes de lesa humanidad que cobraron la vida de sindicalistas, de personas de la población civil, en aras de perfeccionar la imputación que ha de legalizarse.
3. El defensor del desmovilizado Jorge Iván Laverde Zapata.
Afirmó que los delitos en los que incurrió su pupilo no son de lesa humanidad; sostuvo que fueron hechos cometidos al amparo de una ideología, en un contexto de guerra contra la subversión, siguiendo las directrices de los comandantes, en desarrollo de una contienda armada con bandas delincuenciales que en el departamento del Norte de Santander se aliaron con narcotraficantes y guerrilleros.
En el departamento de Norte de Santander, dijo, se vivía una guerra entre la subversión, los paramilitares, la delincuencia común, el narcotráfico. En ese contexto, las víctimas de las acciones del paramilitar desmovilizado Jorge Iván Laverde Zapata no lo son por delitos de lesa humanidad, sino por crímenes de guerra.
En relación con la impugnación propuesta por el representante del Ministerio Público, dijo, es imposible concretar todos los hechos en una sola sentencia; lo expedito son las sentencias parciales para que las víctimas puedan entrar a hacer sus reclamaciones de manera progresiva, en la medida que se declare la responsabilidad por cada conducta; así se consolida la ley de Justicia y Paz.
Ratificó el compromiso de Jorge Iván Laverde Zapata en decir la verdad y someterse como desmovilizado en el proceso de la Ley 975 hasta las últimas consecuencias.
La competencia de la Sala de Casación Penal de la Corte para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de la Sala de conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, que impartió legalidad a la formulación de cargos, se deriva directamente del artículo 26 de la Ley 975 de 2005.
La Sala resolverá la impugnación propuesta por el fiscal, la presentada por el representante del Ministerio Público, y hará referencia a cada una de las intervenciones de los no recurrentes.
1. En relación con la audiencia de legalización de cargos que formulara la Fiscalía Octava (8ª) de la Unidad de Justicia y Paz contra el desmovilizado Jorge Iván Laverde Zapata, que se realizó hasta el pasado siete (7) de diciembre de 2009 ante la Sala de Justicia y Paz con funciones de conocimiento del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, surge un interrogante sobre el que se fundamentará la respuesta de la Sala a la impugnación que propuso el fiscal:
¿Puede la Sala de Justicia y Paz, en sede de audiencia de legalización de los cargos, modificar la formulación que hizo la fiscalía, teniendo en cuenta que a esa instancia procesal los cargos cuentan con el control del juez de garantías?
Dicho de otra manera, el objetivo de la audiencia de formulación de cargos ante la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz es el de examinar que la aceptación de cargos formulados por la fiscalía fue libre, voluntaria, espontánea y si contó con asistencia letrada (defensa técnica) ¿o tiene otros propósitos definidos en la ley o en la jurisprudencia?
1.1. Una primera pauta de respuesta la brinda el esquema procesal de las investigaciones en Justicia y Paz, referido en el auto del 31 de julio de 2009, radicado 31539, en el que la Sala precisó lo siguiente:
“2.2.9. Finalizado ese plazo, o antes, de ser posible, el fiscal solicitará al magistrado de control de garantías la programación de una audiencia de formulación de cargos, en la que(4), a través de una valoración jurídica que satisfaga el presupuesto de tipicidad estricta de las conductas punibles, concrete la imputación fáctica y precise las categorías de atribución subjetivas cometidas por el desmovilizado, en su condición de militante de una organización ilegal, para que de manera espontánea, libre, voluntaria, y asistido por su defensor, manifieste qué cargos o delitos acepta.
Si los acepta, se remitirá la actuación a la secretaría del Tribunal Superior del Distrito Judicial de conocimiento, en donde se convocará a audiencia pública para examinar si la aceptación fue libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor. En caso de encontrar reunidas esas condiciones, el magistrado de conocimiento citará para audiencia de sentencia e individualización de pena.
Ese escrito de formulación debe cumplir con ciertas exigencias(5) puesto que, junto con el acto procesal de control de legalidad material y formal de la aceptación de cargos por parte de la Sala de conocimiento de Justicia y Paz, conforman la acusación, respecto de la cual se afirma la congruencia con la sentencia.
En punto del control de legalidad material es necesario constatar los requisitos de elegibilidad del desmovilizado y la ocurrencia de los hechos delictivos durante y con ocasión de la militancia en el grupo armado ilegal, la verificación de la voluntad del postulado, el por qué, el cómo y el cuándo de cada crimen, así como la representación legal de las víctimas y la necesidad de prestarles medidas de protección...” (destaca la Sala(6)).
Este primer examen permitiría decir que la audiencia de legalización de cargos ante la Sala de Conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz no persigue modificar la formulación de cargos, y que su único objetivo es el de examinar que la aceptación del postulado fue libre, voluntaria, espontánea y que contó con asistencia del defensor.
1.2. Sin embargo, de manera razonable, atendiendo al más alto interés del Estado colombiano en términos de verdad, de justicia y de reparación, y en aras de que las decisiones judiciales sean congruentes con los estándares internacionales de administración de justicia (L. 975/2005), la jurisprudencia ha venido dando otros alcances a la audiencia de legalización de cargos en el trámite del proceso de Justicia y Paz:
“Cabe recordar que en relación con la audiencia de legalización de los cargos, la Corte Constitucional interpretó los alcances de la intervención de los magistrados de conocimiento, advirtiendo que el control a realizar sobre los cargos formulados es no solo formal, sino material y, desde luego, no se limita a verificar que la aceptación de los mismos por parte del postulado es libre, voluntaria, espontánea y asistido por su defensor.
Para lo que interesa al análisis adelantado, esto dijo la Corte Constitucional(7):
“2.3.2.2.9. Respecto del artículo 19, inciso tercero, es preciso destacar que consagra una especie de control de legalidad sobre la diligencia de aceptación de cargos del desmovilizado que la ley radica en el juez de conocimiento, que para el efecto es la sala correspondiente del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Establece la norma bajo examen que “de hallarse conforme a derecho”, la aceptación de cargos, procederá esta autoridad judicial a citar a audiencia para sentencia e individualización de pena. Para la Corte reviste particular importancia este control que se asigna al juez de conocimiento, el cual debe entenderse como control material de legalidad de la imputación penal que surge a partir de la aceptación de los cargos. Lo anterior implica que el juez de conocimiento debe controlar la legalidad de la aceptación de cargos en lo relativo a la calificación jurídica de los hechos, en el sentido que aquella debe efectivamente corresponder a los hechos que obran en el expediente. Esta interpretación es la única que se ajusta a la garantía de efectividad de los derechos de las víctimas a la justicia y a la verdad. No podría argumentarse que el objetivo de ese control es la verificación del cumplimiento de las garantías de libertad, espontaneidad, voluntariedad y defensa que indiscutiblemente debe rodear el acto de aceptación de cargos por parte del procesado. No es así por cuanto para ese específico objetivo el mismo juez de conocimiento ya ha efectuado una audiencia previa, tal como lo señala la propia disposición (inc. 3º, art.19). Adicionalmente este es un aspecto que se encuentra rodeado de las debidas garantías en cuanto la audiencia de aceptación de cargos se surte ante un juez de control de garantías. De manera que el único contenido posible atribuible a la expresión “de hallarse conforme a derecho” es el control material sobre la calificación jurídica de los hechos, y así lo declarará la Corte en un condicionamiento que a la expresión analizada. Es que el correcto nomen juris de los hechos constitutivos de infracción penal, se integra a los derechos a la verdad y justicia de las víctimas...”.
De todo lo trascrito en precedencia es posible determinar como inconcuso que ese acto de acusación consagrado en la Ley 975 de 2005, a más de trascendente y fundamental, se ha entendido en una doble dimensión procesal complementaria, lo que permite apreciar que la presentación formal del escrito de acusación y su verificación material operan actos subsecuentes e interdependientes, aunque la primera tarea se cumpla ante el magistrado de control de garantías, y la segunda en presencia de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz.
Desde luego, cada diligencia tiene una naturaleza y finalidades distintas que no pueden confundirse, aunque la norma no haga mayor claridad sobre el tema.
En este sentido, dada su innegable vinculación con la sistemática acusatoria, o cuando menos, la tramitación oral que del proceso consagra la Ley 906 de 2004, es por remisión directa de la Ley 975 de 2005, que debe acudirse a lo preceptuado allí, aunque, se hace necesario destacar, las particularidades propias de la forma de justicia transicional que hoy se tabula, impongan variar tópicos trascendentes.
a) Audiencia de formulación de cargos. Se realiza ante el magistrado de control de garantías...
b) Audiencia de legalización de cargos. Se realiza ante los magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz. Tiene como prerrequisito material, la aceptación que en la audiencia de formulación de cargos hizo el postulado, de manera integral o parcial. Requisito formal se erige el envío que de lo actuado hace el magistrado de control de garantías, tan pronto acepta los cargos el postulado, a la secretaría del tribunal. Allí, la Sala correspondiente debe convocar para la audiencia, que se celebrará dentro de los diez días siguientes.
Como ya se anotó, la diligencia no opera apenas para que se verifique que la aceptación de cargos es libre, voluntaria, espontánea y asistida por el defensor, sino que demanda la intervención de los magistrados a efectos de realizar control material de los cargos.
Sobre el particular, lo primero que cabe anotar es que la audiencia comporta una diferencia trascendental con el tipo de actuación que realiza el juez de conocimiento en tratándose de la Ley 906 de 2004 y el acto de verificación de la acusación.
Ya se tiene establecido, sin que sea objeto de discusión, que en ese procedimiento la intervención del juez de conocimiento en sede de la audiencia de formulación de acusación se representa eminentemente formal, vale decir, en verificación de aspectos ajenos a la materialidad misma de los cargos, sea en lo que atiende a la concordancia de lo fáctico y lo jurídico, o en torno de los elementos de juicio que soportan el llamamiento a juicio.
Lo anterior, por la preeminencia que ha buscado darse al principio de imparcialidad, pues, se estima que si el juez hace análisis referidos a la concordancia entre los hechos y la adecuación típica, o atinentes a los mínimos elementos de juicio en los cuales puede soportarse la acusación, habrá comprometido anticipadamente su criterio en una especie de prejuzgamiento nocivo que necesariamente irradiaría el desarrollo del juicio y, particularmente, la decisión que le ponga fin.
Por contraposición al control simplemente formal que contempla la Ley 906 de 2004, debería entenderse, como sucede en otras legislaciones, que un control material permite penetrar a fondo en los hechos y su adecuación típica, así como auscultar la naturaleza y efectos de los medios de prueba recogidos.
Así, por citar algunos ejemplos, en Italia(8), se instituyó la llamada udienza preliminare, que sirve como filtro para evitar acusaciones infundadas, posibilitando el contradictorio por parte del imputado. Luego de ello, el juez decide si hay o no lugar al dibuttimento, que no es otra cosa que el juicio oral.
O el trámite que se ha instituido en la Corte Penal Internacional, respecto de la audiencia para “confirmar cargos” y “controlar la acusación”, en la que, de manera idéntica al “pre tryal” de Norteamérica, dentro de otros aspectos, se decide sobre el juicio de acusación, con tres opciones: 1. Confirmar los cargos y asignar al acusado una Sala de Primera Instancia; 2. No confirmar los cargos respecto de los que se determine que las pruebas no son suficientes; 3. Levantar la audiencia e indicar al fiscal que presente nuevas pruebas, lleve a cabo nuevas investigaciones o modifique un cargo en razón a que las pruebas presentadas parecen indicar la comisión de un crimen distinto del que es competencia de la Corte.
Ahora, no sobra señalar que en esos casos, la evaluación de procedencia de la acusación opera como mecanismo previo, dentro del trámite ordinario, al inicio del juicio y, desde luego, la imparcialidad está salvada porque el funcionario encargado de la valoración material es ajeno a aquel que adelantará ese trámite.
Trasladada a nuestro país esa evaluación material, es pertinente advertir que nada obsta el que se trate de una intervención de la misma Sala de Decisión que resolverá el litigio, por la potísima razón que, en estricto sentido, la filosofía del proceso de justicia y paz se aparta significativamente del principio adversarial que informa el sistema acusatorio, pues, la acusación, o mejor, los cargos presentados por la fiscalía no sirven de soporte para el adelantamiento del juicio con las correspondientes audiencias que facultan la presentación de pruebas y alegatos contrarios.
Si de entrada se tiene claro que el procedimiento de justicia y paz solo opera respecto de los cargos aceptados por el postulado de manera libre, voluntaria, espontánea y con la asesoría del defensor, evidente surge que la adversarialidad opera en un plano bastante secundario, aunque, debe resaltarse, ello no comporta que los demás intervinientes, dígase las víctimas y el Ministerio Público, se conviertan en convidados de piedra.
No. Como precisamente se trata de perfilar la verdad y la justicia a manera de bienes valiosos obligados de ofrecer a las víctimas, es lo cierto que los hechos deben ser construidos entre todos los intervinientes, incluidos los magistrados de justicia y paz, desde luego, tomando como base lo confesado por el postulado y la consecuente investigación adelantada por la fiscalía.
Y esa construcción debe realizarse en la audiencia de legalización de cargos, en tanto, no puede olvidarse que por ocasión de su naturaleza sui generis, en el trámite de justicia y paz no es posible adelantar una audiencia preparatoria, ni un juicio oral y público en el que se presenten las pruebas de las partes y se controviertan los argumentos contrarios.
Entonces, para que no suceda que la construcción de la verdad opere unilateral o ajena a lo realmente ocurrido, o que por virtud de una inadecuada delimitación jurídica se aparte de conceptos ineludibles de justicia, se hace necesario habilitar un espacio adecuado para la forzosa controversia y discusión, en el cual las víctimas puedan ser escuchadas y se les permita abonar desde su conocimiento esa verdad.
Ese sitio, como ya lo dejó sentado esta Corporación y la Corte Constitucional, no puede ser otro diferente al de la audiencia de legalización de cargos, dotados los Magistrados de conocimiento de las amplias facultades arriba reseñadas cuando se hizo el ejercicio de derecho comparado, de manera que el diligenciamiento solo puede trascender hacia la audiencia de individualización de pena y sentencia cuando se han satisfecho las exigencias de verdad y justicia que implican relacionar amplia y suficientemente todos y cada uno de los hechos ejecutados, dentro de su contexto y definiendo en lo posible las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la correcta ubicación típica, que incluye el grado de participación, aspectos necesarios en aras de respetar, además de esos conceptos valiosos de verdad y justicia, el principio de congruencia.
De esta forma, la intervención de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, no puede limitarse a la de simple avalista de los cargos presentados por la fiscalía y aceptados por el postulado, pues, en esa construcción conjunta de la verdad está en la obligación de verificar, ya sea por iniciativa propia o en virtud de la controversia que planteen los intervinientes, en especial las víctimas y el Ministerio Público, no solo que los estándares mínimos de verdad, dentro del contexto del grupo armado, se han respetado, sino que lo definido típicamente se corresponde con la realidad.
En ese camino, no sobra recalcar, no solo debe escucharse a los intervinientes, sino que es necesario permitirles allegar elementos de juicio que sirvan de contraste a la verdad presentada por la fiscalía.
Precisamente, como se anotó al momento de examinar la audiencia de formulación de cargos, gracias a lo consignado en el escrito acusatorio los intervinientes conocen previamente cuáles son los hechos que estima la fiscalía probados y su denominación jurídica, lo que les permitirá acudir a la audiencia de legalización de cargos con argumentos y elementos de juicio que los habilita para controvertir esa manifestación.
Allí, luego de contrastar las diferentes ópticas, los magistrados de conocimiento deben hacer un pronunciamiento que confirme lo postulado por la fiscalía u obligue de ella al correspondiente replanteamiento, pues, se repite, al fallo debe llegarse con absoluta claridad acerca de los hechos y sus efectos jurídicos.
No significa ello que se pretenda cambiar el rol de la fiscalía o se busque reemplazar su función, sino adecuar uno y otra a la forma de justicia transicional que obliga construir una verdad no solamente formal a partir de la intervención de todos los interesados, pues, huelga resaltar, no se trata aquí de que el fiscal funja dueño de la acusación, en tanto, se reitera, el concepto de adversarialidad no signa la especial tramitación.
Desde luego, es necesario precisar que en principio la fiscalía, ora porque recibió directamente del postulado su versión, ya en atención a que desplegó los medios adecuados para verificar esos hechos confesados o descubiertos con ocasión de ello, es quien mejor puede reconstruir lo ocurrido y posee los conocimientos suficientes para realizar la correspondiente adecuación típica.
En consecuencia, si lo buscado es introducir nuevas circunstancias o incluso hechos dejados de considerar, o se pretende hallar un mejor encuadramiento legal de lo descubierto, corresponde a la parte o interviniente, dígase víctimas y Ministerio Público, entregar elementos de juicio y argumentos suficientes para el efecto, pues, no basta la simple controversia teórica o las especulaciones argumentales interesadas que nada aportan a esa que se pretende construcción de la verdad.
Hechas las precisiones pertinentes, la Sala advierte que la dinámica propia de la audiencia de legalización de cargos comprende los siguientes tópicos:
i) Los magistrados de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz, luego de las presentaciones de rigor, constatarán y reconocerán la representación legal de las víctimas y se les interrogará acerca de la necesidad de medidas de protección(9).
ii) Seguidamente, interrogarán al postulado acerca del conocimiento cabal de todos y cada uno de los cargos que fueron presentados por la fiscalía en la audiencia de formulación de cargos —por ello no es necesario que se reiteren uno a uno, dado que ya se supone conocidos con antelación—, verificando que su aceptación haya sido libre, voluntaria, espontánea y asistida por su defensor.
iii) Se concederá la palabra a la representación de las víctimas y al Ministerio Público, para que hagan sus manifestaciones en torno de los cargos aceptados por el postulado, permitiéndoseles no solo argumentar, sino presentar los elementos de juicio en que basan su pretensión.
iv) De los argumentos y elementos de juicio presentados, se dará traslado a los otros intervinientes y después a la fiscalía, para que ésta decida si efectivamente agrega hechos, elimina cargos, amplia las circunstancias o modifica la forma de imputación o denominación jurídica.
v) Tanto si la fiscalía acepta lo propuesto por las víctimas, el Ministerio Público o incluso el postulado y su defensa, luego del correspondiente debate, como si se niega a ello, el asunto debe ser decidido allí mismo por los magistrados de conocimiento, en pronunciamiento de fondo(10) que faculta la interposición de los recursos de reposición y apelación.
vi) De no interponerse los recursos o una vez resueltos estos, si existió algún tipo de modificación respecto de los cargos, esa modificación debe ser objeto de nueva aceptación por parte del postulado, en la cual es necesario verificar las notas de libertad, voluntad, espontaneidad y asistencia letrada.
vii) Si el postulado no acepta uno o varios de los cargos modificados, la Sala de Decisión de Justicia y Paz debe disponer la ruptura de la unidad del proceso para que la justicia ordinaria adelante la correspondiente investigación.
viii) Por último, la Sala de Decisión decreta la legalidad de los cargos finalmente aceptados por el postulado, para lo cual se torna indispensable declarar judicialmente la militancia del procesado en la organización armada ilegal(11), y a renglón seguido dispone que las actuaciones procesales ordinarias adelantadas en contra del desmovilizado y que se hallan suspendidas, se acumulen definitivamente al proceso de Justicia y Paz tramitado dentro de los lineamientos de la Ley 975 de 2005”(12).
Desde esta perspectiva, y no obstante las críticas que puedan surgir contra la eficacia de la Ley de Justicia y Paz, la respuesta clara al interrogante propuesto es que la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz en sede de audiencia de legalización de cargos ejerce un control formal y material a la imputación propuesta por la fiscalía, luego tiene facultad para modificarlos aunque la norma (inciso tercero de la L. 975/2005, art. 19) no haga un pronunciamiento claro al respecto.
Y sobre los cargos corregidos por la Sala en ejercicio de este control material / formal, el procesado deberá manifestar su aceptación voluntaria, libre, espontánea y con asistencia letrada.
1.3. En resumen, la audiencia para realizar la imputación es un acto puro de comunicación de la fiscalía al desmovilizado sobre los hechos jurídicamente relevantes que se investigan en su contra; en el acto de formulación de cargos (audiencia de formulación de cargos) el magistrado con funciones de control de garantías realiza la valoración jurídica en el proceso de justicia y paz y verifica que se satisficieron de manera razonable... 1) “el presupuesto de tipicidad estricta de las conductas punibles”, 2) “la imputación fáctica”, y se precisaron... 3) “las categorías de atribución subjetivas cometidas por el desmovilizado”.
Aunque la audiencia de formulación de cargos ante el magistrado de control de garantías es un acto complejo de revisión de la acusación (fáctica y jurídica; formal y material), la verdad es que a tenor de las dos corrientes de pensamiento referenciadas, habrá que decir que no es suficiente y que para formalizar la acusación se requiere del control formal y material ante la Sala del Tribunal de Justicia y Paz, en aras del alto interés del Estado en términos de verdad, justicia y reparación, como presupuesto para citar a la audiencia de sentencia e individualización de la pena, que satisfaga los estándares internacionales de la administración de justicia:
1.4. De forma preliminar entonces: los cargos (imputación fáctica, imputación jurídica y formas de participación) se mantendrán “con las modificaciones que realizó la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá”, de conformidad con el criterio expuesto en el numeral 1.2 de esta providencia.
Ello sin perjuicio de que, en sede de sentencia (ya de primera, ora de segunda instancia si fuere impugnado el fallo) se resuelva de manera definitiva y con autoridad de cosa juzgada sobre la responsabilidad de Laverde Zapata en cada uno de los hechos atribuidos por la fiscalía y libremente aceptados por el postulado con la asistencia del defensor técnico.
Sobre este presupuesto, la Sala resuelve las demás críticas que formula el fiscal:
2. El impugnante recordó que los cargos se fundamentan en un total de 32 hechos delictivos que reseñó, y sostuvo que las acciones ejecutadas por el procesado lo fueron en el marco del conflicto armado protagonizado por las autodefensas, cometidos algunos de ellos bajo el esquema de crímenes de guerra y otros como crímenes de lesa humanidad puesto que el desmovilizado era un combatiente, comandante de frente del grupo ilegal de las autodefensas, miembro de un aparato organizado de poder o aparato de guerra, y que es preciso que el tribunal (en sede de audiencia de legalización de cargos) clarifique —como lo hiciera la fiscalía en sede de formulación de cargos— cuáles actos deben ser calificados como homicidios agravados en persona protegida, cuáles deben ser calificados como crímenes de guerra y cuáles deben ser tenidos como delitos de lesa humanidad.
La declaración de crimen de guerra o crimen de lesa humanidad es un acto de connotación judicial (léase de autoridad judicial) que bien puede hacerlo el funcionario de la Fiscalía General de la Nación que cumple el papel de acusador, o bien el juez del conocimiento en cualquier oportunidad, a instancia del Ministerio Público o por petición de un ciudadano. Dígase además que los delitos de lesa humanidad repudian figuras tales como las leyes de punto final(13), amnistías y autoamnistías, y en general, todo tipo de normas que atenten contra los derechos de las víctimas a tener un recurso efectivo que les permita conocer la verdad(14).
En suma, los homicidios agravados y en persona protegida en los que incurrió el acusado directamente o por intermedio del aparato organizado de poder (autodefensas), mal llamadas acciones de “limpieza social”, que revisten las características de ser conductas sistemáticas, generalizadas, que tuvieron por fin acabar con personas de la población civil, expendedores de droga, etc., como lo definió la fiscalía en la audiencia de imputación, ciertamente que deben ser considerados como crímenes de lesa humanidad, causados en once “acciones de limpieza social” (típicos asesinatos) de que tratan los 50 atentados contra la vida, referidos por el fiscal en los casos 5, 7, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26 y 27. De esa misma calificación participa el caso número uno (1) que recoge el delito matriz, esto es, el concierto para delinquir, conforme a las orientaciones de la jurisprudencia de esta Sala.
La importancia de declarar los actos de la naturaleza cometidos por “a. el iguano” como crímenes de lesa humanidad, radica en saber que tales comportamientos son trascendentes (por la magnitud del daño, de la afectación social), que ofenden la dignidad inherente al ser humano y que tienen varias características específicas, entre ellas:
“Son crímenes imprescriptibles. Son imputables al individuo que los comete, sea o no órgano o agente del Estado. Conforme a los principios reconocidos en el Estatuto del Tribunal de Nuremberg, toda persona que comete un acto de esta naturaleza "es responsable internacional del mismo y está sujeta a sanción". Igualmente, el hecho de que el individuo haya actuado como jefe de Estado o como autoridad del Estado, no le exime de responsabilidad. Tampoco, puede ser eximido de responsabilidad penal por el hecho de haber actuado en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico: esto significa, que no se puede invocar el principio de la obediencia debida para eludir el castigo de estos crímenes. A las personas responsables ó sospechosas de haber cometido un crimen contra la humanidad no se le puede otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio”(15).
En relación con la connotación genérica de “crímenes de guerra”, que se caracterizan —como bien lo señaló el recurrente— por ser la consecuencia obligada de la lucha entre actores armados: paramilitares, guerrilla, fuerzas militares, es decir el conflicto armado en sí mismo. Desde este punto de vista, no resulta aceptable sostener que todos los hechos referidos y aceptados por el desmovilizado admitan el calificativo genérico de crímenes de guerra, porque se cometieron “al amparo de una ideología, en un contexto de hostilidades contra la subversión, siguiendo las directrices de los comandantes del grupo de autodefensas”, y sobre todo “en desarrollo de una contienda armada con bandas delincuenciales aliadas con narcotraficantes y guerrilleros”:
Así, los hechos referidos en los casos 2, 3, 4 y 6 sucedidos antes de entrar en vigencia la Ley 599 de 2000 no resisten el calificativo de crímenes de guerra y sí el de homicidios agravados en virtud del principio de legalidad estricta; en cambio, sí admiten la definición de crimen de guerra —como lo reclamó el fiscal impugnante— los casos referidos con los números 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, 21, 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31 y 32, pues fueron hechos sucedidos con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Penal (jul. 25/2001).
3. En relación con la retención de dos conductores, en el caso referido con el número veintiuno, en el que la fiscalía formuló cargos por el tipo de toma de rehenes (L. 599/2000, art. 148) y el juez colegiado (Sala de Justicia y Paz) excluyó esa calificación, se tiene:
En consonancia con la aceptación expresa del procesado, la Sala de conocimiento del Tribunal de Justicia y Paz refiere que miembros del “frente fronteras” comandado por el desmovilizado, se apoderaron de dos camiones de la empresa y amordazaron a sus conductores, para trasladarse a otro lugar en el que ejecutaron tres homicidios.
El debate se centra en relación con la adecuación típica de la privación temporal de la libertad de la que fueron víctimas los dos conductores de los camiones, conducta que no encontró asimilable al tipo de “toma de rehenes” imputado por la fiscalía en el caso 21 (conc. L. 599/2000, art. 148), y si bien es cierto que discrepó de la conducta formulada, ningún pronunciamiento hizo en relación con la tipicidad que legalmente corresponde a los hechos, ni la definió como atípica si esa fuere la conclusión del caso para precluir la investigación por esa vía, etc.
Para la Sala de conocimiento de Justicia y Paz existió la mordaza a los dos conductores, y tal referencia fáctica fue aceptada por el postulado.
Sin embargo, como no se presentó la obligación a un tercero, “Estado, organización internacional intergubernamental, persona natural o jurídica o un grupo de personas” ni alguna exigencia como condición para la liberación, el tribunal excluyó el tipo de toma de rehenes, porque encontró que la calificación del fiscal compromete el principio de tipicidad estricta, al no identificar con claridad el elemento normativo (cfr. supra, nota 3).
La fiscalía insistió por su parte en el apoderamiento transitorio de los dos camiones de la empresa transportadora y de sus conductores, a quienes el grupo de autodefensa advirtiera que no opusieran resistencia a la acción ilegal “a cambio de salvar sus vidas” mientras se transportaban hasta el lugar donde ocasionaron la muerte de tres personas para, finalmente, dejarlos en libertad (caso 21). Según el impugnante, se trata de un típico caso de toma de rehenes y por ello, la acusación por esa conducta debe mantenerse.
Como no existe controversia en relación con la acusación por tres homicidios en personas protegidas, actos de terrorismo, la fabricación tráfico y porte de armas y municiones a título de autor mediato (así lo modificó el tribunal), tales cargos se mantienen, en tanto medió aceptación libre del postulado.
La Sala comparte la crítica del tribunal a la adecuación típica de tal conducta como toma de rehenes (cfr. supra, nota 3), por cuanto allí no se presentó la finalidad de obligar a un tercero, a saber, al Estado a una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a ejecutar acción alguna como condición explícita o implícita para la liberación del rehén. Por manera que el principio de tipicidad expresa se ve comprometido en la imputación que realizó el fiscal (art. 148).
Sin lugar a equívocos, la retención de los dos conductores de los camiones fue un secuestro (doble), agravado en la medida en que se sometió a la víctima a tortura física o moral porque “los amordazaron y les advirtieron que no hicieran nada o de lo contrario los asesinaban” (num. 2º) y porque se cometió con fines terroristas (num. 7º) propios de la actividad del frente armado que ejecutó la conducta y que comandaba a. el iguano.
La adecuación típica correcta es el artículo 168, conc. con el artículo 170 numeral 2º y 7º del C.P., la que debe entenderse aceptada, tal como se dijo por el postulado.
Respuesta al procurador
La inquietud del representante de la sociedad se contrae a discrepar de la legalización de cargos (léase parcial), porque en su sentir la audiencia debe suspenderse, diferirse, hasta que se logre esclarecer la totalidad de hechos delictivos en los que se vea comprometida la conducta del procesado.
4. El tema de la posibilidad de realizar imputaciones parciales lo refirió la Sala en decisión unánime del pasado 14 de diciembre de 2009 (rad. 32575), en los siguientes términos:
“Es indudable que lo ideal es conseguir una imputación completa por todos los delitos asumidos por el postulado en su versión, siempre que se consiga su documentación y acreditación suficientes, en la medida que ello permite a los funcionarios judiciales una visión general de sus conductas, así como las del grupo armado ilegal al cual pertenecía; desde luego, siempre que se incluya el delito base de concierto para delinquir.
Como viene de verse, es claro que la Sala en la referida decisión fue en clara en señalar, de una parte, que si el tratamiento punitivo benévolo consagrado en la Ley 975 de 2005 obedece a la vinculación del postulado con una organización armada al margen de la ley, resulta imprescindible que le sea formulado el cargo por el delito de concierto para delinquir, pues no de otra manera tiene la condición de acceder a dicho trámite especial, es decir, se trata de una imputación que se erige en supuesto para ser sujeto pasivo del ius puniendi en las condiciones regladas en la citada legislación.
Y de otra, es cierto que en circunstancias ideales sería imprescindible que a cada postulado le fuera imputada, se le formularan cargos y se lo condenara por la totalidad de comportamientos delictivos, no obstante, argumentos de razón práctica permiten concluir sin mayor dificultad que ello no es posible en todos los casos, pues las peculiaridades de cada uno de esos comportamientos, en ocasiones cometidos en escalada, otras en la manigua, en la vereda, en el corregimiento, en la noche, en lugares despoblados, en circunstancias de suyo oprobiosas para las víctimas, cuando no aterradoras para los testigos sobrevivientes, dificultan la reconstrucción de la verdad procesal.
De todas maneras, es necesario señalar que el éxito de todo este proceso cobra sentido en la medida en que se avance en la verificación parcial o total de actos que, reconocidos o asumidos como propios por sus autores o partícipes, permitan develar ante las víctimas, la sociedad civil colombiana y la comunidad internacional, aspectos fácticos que efectivamente ocurrieron y que como tales, son condignos de las sanciones regladas en la ley de justicia y paz.
Es por ello, que la Sala considera que en casos como el de la especie, y siguiendo lo que ya antes de la decisión del postulado Wilson Salazar Carrascal se dijo, las imputaciones parciales son de recibo, en la medida que constituyen un avance en esa reconstrucción conjunta de un cruento cuadro histórico de la realidad colombiana, desde luego, se reitera, sin olvidar que el acceso a este procedimiento especial supone como condición necesaria la imputación por el delito de concierto para delinquir como punible base y condición, supuesto del tratamiento benéfico del cual se harán acreedores quienes se sometan a la Ley 975 de 2005.
La anterior decisión consulta, en primer lugar, la necesidad de avanzar en cada uno de los procesos, pues de exigirse la acreditación total de todos los comportamientos, se harían casi que nugatorios los fines esenciales de la ley de justicia y paz, enmarcada en un contexto de justicia transicional propia de aquellos momentos en los que los Estados deben definir prácticas judiciales y de punibilidad propicias para lograr la reconciliación y continuar hacia delante en procura de caminos más prósperos para generaciones futuras.
En tal sentido, en la exposición de motivos del proyecto que culminó siendo la Ley 906 de 2004, se dijo que lo mínimo esperado de los miembros de grupos armados ilegales es que no cambien su rutina y desmovilicen el grupo que organizaron durante tantos años. Por dicha razón, no parece jurídicamente justificable que se confieran tan importantes beneficios a una persona que, pese a haber creado poderosas estructuras criminales, decida entregarse individualmente, mientras el grupo que creó y comandó sigue operando como si nada hubiera pasado.
En segundo término se tiene, que permitir la formulación de acusación parcial no excluye la ulterior inclusión de nuevos comportamientos, en la medida que nada imposibilita la acumulación jurídica de penas regladas por el referido instrumento legislativo especial para quienes actuaron con ocasión de su pertenencia a un grupo armado al margen de la ley, siempre que, como ya se advirtió, se incluya como delito base, condición para acceder a este instituto legislativo especial, el delito de concierto para delinquir, pues en otro marco no tiene aplicación la benévola pena que para los delitos cometidos con ocasión de la pertenencia a un grupo armado al margen de la ley ha dispuesto el legislador.
En tercer lugar se observa que también la misma Ley 975 de 2005 entrega elementos para resolver los casos ocultados por los postulados, pues se dispone que se tratarán conforme a la legislación ordinaria, lo cual les implica privarse de los beneficios derivados de la pena alternativa dispuesta en dicha legislación.
En cuarto lugar constata la Sala que solo en la medida que se acepten las imputaciones parciales se podrá avanzar en un proceso histórico, de por sí lleno de difíciles averiguaciones y constataciones.
En sexto lugar impera señalar, en cuanto se refiere a lo expuesto en la decisión impugnada, que no se aviene con la noción de Estado social y democrático de derecho archivar ciertas diligencias por no hallar pruebas sobre la materialidad y responsabilidad penal, pues ello supondría entronizar en el derecho patrio una especie de principio de oportunidad sin reglamentación alguna, cuando lo cierto es, que si bien no todos los atroces casos podrán ser documentados, si es preciso seguir en la búsqueda de la verdad de ellos, inclusive después de impuesta la correspondiente pena a su autor, pues ello es consecuencia del derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, de modo que nada impide ulteriormente formular cargos adicionales, ni dictar nuevas sentencias contra las mismas personas, amén de dosificar las sanciones conforme a las reglas de la acumulación jurídica de penas (L. 975/2005, art. 20)”(16).
Tales criterios se reiteran —de manera uniforme— en esta nueva oportunidad, insistiéndose en que el proferimiento de sentencias parciales —en cuanto la necesidad así lo imponga— son de carácter excepcional.
5. En relación con la conducta de concierto para delinquir no sobra precisar que es y sigue siendo una conducta autónoma que se verifica con el simple hecho de ponerse de acuerdo para cometer delitos indeterminados(17), no obstante que en el proceso de justicia y paz (y solo en él), la Sala sostuvo que en tratándose de delitos cometidos por organizaciones criminales de la naturaleza de las autodefensas unidas de Colombia... “ el delito de concierto para delinquir se perfila en un componente obligado en la formulación de imputación, la formulación de cargos y el fallo”(18); la razón de ser de la inclusión de ese delito en la primera imputación obedece a los trazos político criminales del proceso de justicia y paz exclusivamente, y por ello se estimó que esa conducta debe aparecer desde la primera audiencia formulación de imputación.
6. En lo relativo al incidente de reparación integral, estimó el procurador que las sentencias parciales desconocen el principio de igualdad de las víctimas en un proceso que se funda en la reparación de todas ellas, criterio que no puede compartir la Sala bajo el supuesto de que la ley de justicia y paz implementó un programa de reparación colectiva, un fondo común para la reparación de las víctimas, una Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación que actuará con criterios de “proporcionalidad restaurativa” en la aplicación de los recursos que integran el mencionado fondo, cuyo funcionamiento es congruente con el proceso de verdad y justicia al que se contraen los temas de determinación de la responsabilidad penal en casos de imputaciones parciales.
7. Según el procurador si se estableciera en una audiencia posterior que el postulado mintió, habría que “terminar el contrato” en el que ha habido sentencias parciales anticipadas, o sentencias provisionales que “desconocen el principio de ejecutoria material de los fallos judiciales” y se vería comprometida la posibilidad de impugnar.
Siendo importante el cuestionamiento del Ministerio Público, no comparte la Sala tal postura, simplemente porque la sentencia impone una pena principal y una pena alternativa, y cobra ejecutoria material en el mismo orden de cualquier sentencia cuando se surtan las notificaciones de ley.
Es claro que el desmovilizado conoce su papel en el proceso de justicia y paz, luego si incumple los compromisos adquiridos con la administración de justicia, asume que no aplica para su caso la pena alternativa, y el efecto claro estará en la ejecución de la condena principal, siendo ello (la exclusión del postulado del proceso de justicia y paz) un trámite posterior que no afecta la ejecutoria material del fallo judicial.
Sin perjuicio, además, de definir las eventuales conductas punibles autónomas (falsedades, falsas imputaciones, fraude procesal, etc.), el desmovilizado que incumple conoce que se hará efectiva para él la pena principal cuando se demuestre que quebrantó la confianza del Estado en él y en el éxito del proceso de justicia restaurativa que se funda en los principios de verdad, justicia y reparación.
Cuando el postulado no dice la verdad, engaña a la administración de justicia y la induce en error y por ello asume eventuales consecuencias de orden administrativo y judicial (v. infra num. 8.4.).
La impugnación propuesta por el Agente del Ministerio Público no prospera.
1er. Apoderado de víctimas (Dr. Germán Gustavo Díaz Forero).
Apoyó la impugnación del fiscal en el sentido de que se declare qué delitos fueron crímenes de lesa humanidad y cuáles de ellos susceptibles de ser calificados como crímenes de guerra, en los que está comprometida la responsabilidad del postulado Jorge Iván Laverde Zapata; también hizo suya la impugnación en el sentido de que se clarifique la forma de participación del desmovilizado. Sobre estos temas, la Sala se remite a la respuesta que dio a la impugnación del fiscal. (Ver supra. respuesta a la impugnación del fiscal).
8. En relación con la indemnización a las víctimas, en aplicación del principio de solidaridad estimó de buen recibo vincular al proceso a los auxiliadores del paramilitarismo (funcionarios públicos, empresas auxiliadoras que proporcionaron dinero y transporte) porque consideró que son “terceros civilmente responsables” y el delito es un hecho generador de responsabilidad civil de quienes suministraron fondos para el funcionamiento de la organización armada ilegal, y no dejar que el Estado termine respondiendo patrimonialmente, en solitario.
Sobre este tema hay que hacer dos salvedades:
8.1. La fuente de financiación del grupo ilegal no siempre fueron los aportes “voluntarios” de las personas; es bien sabido que la comunidad ajena a los intereses del conflicto armado (campesinos, comerciantes) en sinnúmero de ocasiones se vieron compelidos a cumplir con un “aporte voluntario” con la connotación de ser mínimo, extorsivo, periódico, y que en ámbito de lo razonable tales personas no deben ser tenidas como subsidiadores del paramilitarismo porque en realidad eran víctimas(19).
8.2. Bajo el presupuesto de que la responsabilidad penal es individual (derecho penal de acto, artículo 29 inciso segundo de la Constitución Política), difiere la Sala de la apreciación del no recurrente en el sentido de que la vinculación de los verdaderos aportantes (brazo financiero de la organización armada) debe ser a título de personas penalmente responsables, “hombres de atrás”, verdaderos autores mediatos (autores de escritorio) que mediante la financiación del paramilitarismo (financiación del terrorismo) promovieron con aportes económicos las políticas de abuso para conseguir o para mantener hegemonía, autoridad civil o política en las regiones.
Por manera que quienes subsidiaron o dispusieron de la función pública (empresarios, alcaldes, fiscales, policías, agentes de la fuerza pública, jueces, gobernadores, generales de la fuerza pública, autoridades políticas, etc.) lo hicieron conscientes de que con tales aportes de dinero promocionaron los crímenes del aparato ilegal de poder y con esa conducta cometieron al menos el delito de concierto para delinquir (artículo 340) y - o financiación del terrorismo (C.P., art. 345), entre otros posibles, acciones entendidas como crímenes de lesa humanidad por tratarse de actos indiscriminados dirigidos contra la población civil; desde luego, habrán de ser tenidos como verdaderos actores del conflicto, que no “terceros civilmente responsables” como mal alude el no recurrente(20).
8.3. La fuente de responsabilidad del tercero civilmente responsable es el delito del autor cuando se tiene el deber civil de responder patrimonialmente como garante de una fuente de riesgo a bienes jurídicos, o cuando se tiene el deber de responder por asumir patrimonialmente el riesgo de manera voluntaria en virtud de una relación contractual (llamamiento en garantía), asuntos éstos que difieren ostensiblemente de la responsabilidad penal del hombre de atrás, del coautor impropio y del autor mediato.
8.4. Como es bien sabido, el compromiso del postulado en esa materia (decir la verdad a cambio de acceder a la sustitución de la pena que legalmente corresponda, no incurrir en más crímenes, etc., arts. 1º a 11 de la L. 975/2005) radica en hacer tales señalamientos precisos, so pena de la revocatoria de los beneficios de la pena alternativa y de ello debe existir plena conciencia por parte de la defensa, no solo en esta actuación sino en todos aquellos procesos que se adelantan en la ley de Justicia y Paz, en cuanto el núcleo de este trámite especial versa sobre la confesión plena del desmovilizado, postulado para “contribuir a la consecución de la paz nacional” (L. 975, arts. 11, 15, 17; ib. D. 3391/2006, art. 12).
Cuando se actúa por fuera de los acuerdos en el programa de justicia transicional el desmovilizado incurre en desacato a los pactos a que se refiere la Ley 975 de 2005, razón que amerita que se expidan copias de lo pertinente en orden a que la jurisdicción correspondiente estudie la exclusión del proceso de justicia y paz del líder paramilitar.
2do. Apoderado de víctimas (Dr. Arturo Antonio Mojica).
Los crímenes de lesa humanidad, recordó el no recurrente, se cometen contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional, son actos que lesionaron bienes jurídicos de los seres humanos, que van más allá de lo tolerable porque niegan la humanidad, son actos generalizados que ocurrieron dentro de un contexto de violencia sistemática, por manera que no son meros homicidios en persona protegida.
Insistió en que es necesario establecer si hubo crímenes de guerra (cometidos en el marco operativo de acciones militares) y crímenes de lesa humanidad que cobraron la vida de sindicalistas, de personas de la población civil, en aras de perfeccionar la imputación que ha de legalizarse.
La Sala responde la intervención del no recurrente (apoderado de víctimas) con los mismos argumentos de la contestación que dio al recurso propuesto por el fiscal (v. supra. Respuesta a la impugnación del fiscal).
El defensor del desmovilizado Jorge Iván Laverde Zapata
Afirmó que los delitos en los que incurrió sí son crímenes de guerra porque fueron cometidos al amparo de una ideología, en un contexto de guerra contra la subversión, siguiendo las directrices de los comandantes en desarrollo de una contienda armada con bandas delincuenciales que en el departamento del Norte de Santander se aliaron con narcotraficantes y guerrilleros, porque en la zona se vivía una guerra entre la subversión, los paramilitares, la delincuencia común, el narcotráfico. En ese contexto, las víctimas de las acciones de Laverde Zapata fueron crímenes de guerra:
La individualización de cada hecho, sea como crimen de guerra ora como crimen de lesa humanidad es un acto declarativo.
Baste con referir la declaración hecha por el fiscal en materia de crímenes de lesa humanidad: los 50 atentados contra la vida señalados en los 11 casos números 5, 7, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 23, 26 y 27 obedecieron a una política de exterminio, fueron declarados como claros ejemplos de delitos de lesa humanidad porque encontró que tales asesinatos se causaron contra jóvenes estigmatizados como delincuentes por las autodefensas, vendedores ambulantes, desempleados, expendedores de drogas, prostitutas, ladrones, en fin, acciones de limpieza social ejecutadas por el grupo ilegal armado y por ello tienen los efectos de ser comportamientos imprescriptibles, imputables al individuo que libremente los aceptó como actos suyos, que por tal razón es responsable internacional y está sujeto a sanción por haber actuado como miembro responsable dentro de una organización ilegal de poder (autodefensas) o en cumplimiento de órdenes de un superior jerárquico que no lo exime de responsabilidad, no puede invocar el principio de la obediencia debida para eludir el castigo por esos crímenes y que no se le puede otorgar asilo territorial ni se les puede conceder refugio(21).
10. Tales definiciones las dirimirá la sentencia de forma definitiva, sin perjuicio de declarar que la aceptación de responsabilidad que hiciera Jorge Iván Laverde Zapata fue libre, voluntaria, espontánea, que contó con la asistencia de defensor letrado y que satisfizo los condicionamientos establecidos en la jurisprudencia en aras de conocer la verdad, fundamento exclusivo de la justicia material (ib. CSJ, auto de sep. 21/2009, rad. 32022).
1) CONFIRMAR la decisión impugnada, con la aclaración de que los hechos referidos en el caso número 21 (la retención de dos conductores de camión), hallan adecuación típica en el delito de secuestro agravado (art. 168, conc. C.P., art. 170, nums. 2º y 7º).
2) DEVOLVER la actuación a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá con el fin de que continúe con el trámite previsto en la Ley 975 de 2005.
Teresa Ruíz Núñez, Secretaria.
(1) “4.2. Origen y estructura del Bloque Catatumbo y el Frente Fronteras.
4.2.1. Posicionadas las autodefensas en varios departamentos de nuestro país, el 15 de marzo de 1999 Carlos Castaño anuncia en el periódico “El Tiempo” que van a tomar el control del oriente de Colombia (Norte de Santander y Arauca) para desplazar al ELN y otros frentes subversivos, para lo cual designan como responsable militar del naciente bloque Catatumbo al teniente del ejército en retiro Armando Alberto Arias Betancourt alias “Camilo” y conformado por tres frentes: Tibú al mando de alias “Mauro”, bloque móvil comandado por alias “Felipe y el frente fronteras dirigido por alias “el iguano”, bloque y frentes que comienzan a incursionar a partir del mes de mayo de ese año.
La presencia de grupos insurgentes, fue destacada por los delegados de inteligencia del Ejército y de la Policía, quien en desarrollo de la vista pública dieron cuenta de la presencia desde 1990 de la cuadrilla 33 de las FARC, derivan do su financiamiento principalmente del narcotráfico, transporte ilícito de combustible, hurto de vehículos, secuestros de ganaderos, agricultores y comerciantes colombianos y venezolanos, entre otros. Igualmente tenía influencia en la región el grupo subversivo del ELN que desarrolló una campaña de atentados contra el oleoducto Cañolimón - Coveñas.
De igual manera, la Fiscalía advirtió la presencia del frente 37 de las FARC, al mando de alias “Martín Caballero” dividida en varias columnas que identificó de la siguiente manera: columna Pedro Góngora Chamorro, con 160 hombres hacía presencia en los municipios de Carmen de Bolívar, Zambrano, San Jacinto, Ovejas, Córdoba.
4.2.2. Para el año de 1999, ingresaron aproximadamente 200 hombres a la región bajo el mando de alias “Camilo” como comandante del bloque Catatumbo y alias “el iguano” del frente fronteras; además un grupo de choque que buscaba crear un corredor vial para la salida de estupefacientes; igualmente con el objetivo de combatir la subversión y proteger a ganaderos y comerciantes del sector. , finalidad señalada en el capítulo tercero de los estatutos que menciona ese objetivo así: 1) Oposición política y militar al aparato armado subversivo en las mismas condiciones de provocación y agresión planteadas por las organizaciones guerrilleras...
Para cumplir con el propósito , encaminaron la actividad de los integrantes del bloque y del frente a ubicar a presuntos miembros de la subversión, delincuentes comunes, indigentes, personas que fueran señaladas como enemigas del grupo armado ilegal incluidos servidores públicos, conductores de servicio público y taxis, celadores, pequeños comerciantes, personas dedicadas al comercio ilegal de gasolina, expendedores y consumidores de drogas y en general personas con antecedentes judiciales , y luego mediante la comisión de homicidios selectivos en la modalidad de masacres, convertir, por ejemplo, a Cúcuta en la ciudad con mas alto índice de homicidios en el país durante el año 2002. De sus objetivos no quedó a salvo siquiera la Universidad Libre de esa ciudad, a donde infiltraron al teniente “Rozo” ( retirado del ejército), por que tenían información que sacaron de un computador incautado, que una ONG tenía personas de la guerrilla en el claustro universitario concretamente en la dirigencia estudiantil.
4.2.3. Se financió este bloque con las extorsiones y vacunas que cobraban a los comerciantes, al gremio de transportadores, pero definitivamente la principal fuente la constituyó el cultivo y posterior comercialización de sustancias alucinógenas producidas en la zona del Catatumbo y municipios cercanos a Cúcuta. Este emporio económico era controlado por el bloque norte que participó en todos los eslabones del negocio de la cocaína: los cultivos de plantaciones ubicados en nueve municipios; laboratorios para el procesamiento en Tibú, Aguachica, Sardinata, área metropolitana de Cúcuta y la comercialización por el Magdalena, la Costa Atlántica y la frontera colombo venezolana.
4.2.4.La presencia del bloque Catatumbo en esta región, afectó varios aspectos a saber: el establecimiento de un sistema paralelo de tributación por parte de los actores armados; la restricción de la circulación de mercancías y mano de obra; la reducción masiva del ingreso provocada por una desactivación económica crítica, derivada del desplazamiento forzado interno; efecto negativo sobre el ingreso de la actividad agropecuaria, adicional a la restricción del paso de insumos agropecuarios, gasolina y cemento; restricción del paso de mercancías hacia el sector rural, incluidos los bienes de canasta familiar y las drogas, bajo la hipótesis de que los pequeños productores son cómplices o colaboradores de la guerrilla a la que le llevan provisiones o medicinas; y finalmente, los altos costos de la provisión de bienes públicos en el área rural por las fallas de conectividad derivada de la presencia de grupos armados ilegales que provoca un efecto circular de reducción de ofertas de bienes públicos (construcción de vías, prestación de servicios de asistencia técnica para la producción, etc.), el riesgo que corren los ejecutores de estas actividades incrementa el costo de prestación a este nivel que no son pagables por el gobierno local.
4.2.5. La estructura de esta organización como bloque, estaba gobernada por unos estatutos de constitución y régimen disciplinario, los que fueron elaborados y aprobados en la segunda conferencia nacional de las autodefensas unidas de Colombia, convocada durante los días 16, 17 y 18 de mayo de 1998. Ese cuerpo normativo define la naturaleza de la organización, los principios fundamentales, objetivos políticos, misión, composición y régimen interno de la organización, estructura, mando y conducción, patrimonio y régimen económico, naturaleza político militar del movimiento: la población civil y el DIH en el curso del conflicto armado y compromiso con la paz.
4.3. Simultáneamente con el arribo del bloque Catatumbo, lo hace el frente Fronteras, por decisión de la casa Castaño en el mes de marzo de 1999. Como comandante fue designado Jorge Iván Laverde Zapata quien recibe instrucciones de Salvatore Mancuso para que inicie una acción de exterminio selectivo y continúe con la violencia sistemática contra los pobladores considerados como miembros del grupo en contienda -la guerrilla- o sus auxiliadores, específicamente en el área metropolitana de Cúcuta y en las poblaciones de Puerto Santander, Villa del Rosario, Zulia Gramalote, Aguas Claras, La Floresta, Distrito del Riego, La Silla, Vigilancia, Sardinata, Cornejo, Salazar de las Palmas, Ragombalia, Chinácota, Pamplona, Cicutilla, Los Patios, Juan Frio, La Alborada y Guaramita. Hizo su arribo alias “iguano” el 5 de mayo de 1999 a Cúcuta y junto con sus hombres comienzan a anunciar la presencia de las autodefensas con la ejecución de personas en la forma como se observa en cada uno de los casos puestos a consideración de la Sala para su legalización.
4.3.1. Jerárquicamente la estructura del frente estaba presidida por la casa Castaño y Salvatore Mancuso; como comandante general del bloque, alias “Camilo” quien además tenía la función especial de recoger los dineros provenientes del narcotráfico y subsidiar a los frentes que lo necesitaran. Luego, los comandantes de frentes, que como ya se mencionó en un aparate anterior, estuvo durante algún tiempo alias “Mauro” en el Tibú; alias “Felipe” en el bloque móvil y alias “el iguano” en el fronteras. En orden descendente se encontraban los comandantes de grupos especiales y de compañías, área política, logística, finanzas y un grupo especial que desarrollaba actuaciones que a consideración de los superiores, revestía alguna complejida . Finalmente ubican a los patrulleros.
4.3.2. La financiación del frente en la ciudad de Cúcuta se obtiene de las cuotas obligatorias que les imponían a centros comerciales como San Andresito o la Alejandría quienes tenían que aportar un promedio de doscientos mil pesos mensuales por local; los mercados de la sexta, Cenabastos, mercados de barrios, la plaza Las Ferias. También hubo cobro a los conductores de taxis, colectivos piratas y transporte formal. A esto se suma que las empresas de vigilancia tenían que entregar un porcentaje semanal del total recaudado por concepto de celaduría. Pero es innegable que el narcotráfico se configuró como la principal fuente de financiación, según informe dado por el mismo Mancuso quien además hablo de la alianza con los narcotraficantes, para que les compraran la droga que sacaban de la zona.
Por información de la fiscalía, las empresas más representativas de la región que contribuyeron con las finanzas del frente fueron: Termotasajen, Cootranscúcuta, Tejar de Pescadero, Norgas, Gaseosas la Frontera (Postobón), Estación de servicio San Rafael, Arrocera Gálvez, Carbones la Mirla, Ferretería El Palustre, Inducarga, Colminas y acopio de crudo Cañolimón que hicieron sus pagos por intermedio de sus directores o administradores, a cambio de seguridad.
4.3.3. Los gastos mensuales del frente fronteras, ascendían a cuatrocientos ochenta millones de pesos, utilizados para pago de nómina de los miembros del grupo, pagos a colaboradores como autoridades, fuerza pública etc. y gastos médicos y según cálculos que hicieron, los costos de la guerra durante los cinco años en que hicieron presencia en la zona, ascendieron aproximadamente a doscientos cuarenta y cinco mil millones de pesos.
Recibió colaboración este frente de autoridades civiles y políticas, servidores públicos, ejército, policía, así: la directora seccional de fiscalías de Cúcuta, Ana María Flórez conocida al interior de la organización con el alias de “Batichica”, actualmente condenada por los delitos de concierto para delinquir y utilización indebida de información oficial privilegiada; Magali Yaneth Moreno Vera alias “Perla” asistente de la directora seccional, igualmente condenada; Jorge Enrique Díaz y Viterbo Galvis Mogollón , director y subdirector respectivamente de la seccional del Departamento Administrativo de Seguridad DAS de Cúcuta, encargados de brindar información sobre personas que pudieran ser objetivo de los paramilitares; José Miguel Narváez, subdirector general del DAS, señalado como ser instructor de las escuelas de formación; Efraín Morales, investigador del DAS; Víctor Hugo Matamoros, comandante del grupo Masa del Ejército Nacional; Mauricio Llorente Chávez, mayor del Ejército y comandante del Batallón Héroes de Saraguru, actualmente condenado por la masacre de Tibú; capitán Chamorro, teniente Quintero Carreño, cabo Molina, sargento primero Gordon Hernández, todos integrantes del Batallón Héroes de Saraguru que se encontraba acantonado cerca del casco urbano del municipio de Tibú; José Celis Castro, sargento de ejército perteneciente a operaciones especiales del ejército y tenía a su cargo manejar la información del avión plataforma y ubicación de la guerrilla en Norte de Santander; general Rito Alejo del Río; teniente Leonardo Rodríguez alias “Andrés Bolívar” que inicialmente perteneció al grupo de contraguerrilla del ejército y en el 2002 se vinculó como financiero de las autodefensas; Coronel William Montesuma y agente Mora de la Sijin de Cúcuta; teniente Chávez de la policía Nacional; Intendente Mayorga; agente Rodríguez encargado de las interceptaciones telefónicas de la policía de Cúcuta; Alexander Ardila Lindarte, cabo de la policía; Hernán Darío Mejía Petrocelli, director de la cárcel modelo de Cúcuta; Carlos Rangel, concejal del municipio de Patios; Ramón Eder Mendoza Vargas, concejal de Cúcuta; Luis Fernando Valero Escalante, alcalde de Salazar de las Palmas; Ramiro Suárez Corso, exalcalde de Cúcuta; Ramón Elías Vergel Lázaro y José Edmundo Mogollón, alcalde y ex alcalde de Puerto Santander, Ricardo Elcure Chacón ex parlamentario y actualmente condenado por la Corte Suprema de Justicia; entre otros. Varios de los mencionados ya se encuentran condenados, otros muertos y a los demás la fiscalía compulsó las copias para la investigación respectiva”.
(2) El escrito de sustentación y desarrollo de la audiencia de formulación de cargos se presentó el 13 de marzo de 2009 (Cfr. fls. 19-146 / cuaderno de la fiscalía); la audiencia preliminar de formulación de cargos se realizó ante el magistrado de control de garantías del Tribunal de Justicia y Paz de Barranquilla, los días 15 al 17 de abril de 2009 (fls. 183-186 / cuaderno de la fiscalía).
(3) “El delito de “toma de rehenes” imputado en el caso 21, no es de recibo para la Sala:
El artículo 1º de la Convención internacional contra la toma de rehenes, aprobado por la Ley 837 de 10 de julio de 2003 y revisado por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-405 de 2004, define esta conducta así:
“toda persona que se apodere de otra (que en adelante se denominará “el rehén”) o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado una organización internacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícita o implícita para la liberación del rehén comete el delito de toma de rehenes en el sentido de la presente convención”.
Como elementos de este crimen se puede distinguir 1) que el autor se apodere de una o más personas y las retenga como prisioneras o de otro modo como rehenes. 2) el autor debe amenazar con matar a la víctima, herirla o mantenerla prisionera. 3) En lo subjetivo es exigible el dolo sobre los elementos objetivos y, 4) como elemento subjetivo especial, la intención del autor de obligar a un Estado, una organización internacional, un grupo de personas, o una persona natural o jurídica, a llevar a cabo una acción u omisión como condición expresa o tácita para mantener la seguridad e integridad física de la víctima o para obtener su liberación.
Frente al caso puesto a consideración, se tiene que varios integrantes del frente fronteras retuvieron a dos conductores de camiones de la empresa de aseo “Preactiva oriente S.A.”, los amordazaron y les advirtieron que no hicieran nada o de lo contrario los asesinaban; acto seguido se apoderaron de los vehículos que estas dos personas conducían, se trasladaron hasta el lugar donde dieron muerte a sus objetivos, luego abandonaron los automotores y dejaron libres a los retenidos.
Es innegable que hubo una retención de dos personas, pero con un fin específico: despojarlos temporalmente de los vehículos para trasladarse hasta el lugar en donde se encontraban las potenciales víctimas. Aunque les hicieron amenazas de muerte, éstas obedecieron a que no debían hacer nada que pudiera impedir matar a los hermanos Castro Núñez; pero lo que definitivamente no permite aceptar esta imputación de toma de rehenes, es el incumplimiento del presupuesto número cuatro, referido al elemento subjetivo especial. Obsérvese que quienes consumaron los asesinatos a nombre y por decisión de la organización paramilitar, que fueron los mismos que retuvieron a los dos conductores, no exigieron ningún beneficio o concesión por la libertad de los detenidos; una vez cumplieron con la finalidad pretendida —matar a los hermanos Castro Núñez—, liberaron a los conductores y abandonaron los automotores... Entonces, esa exigencia no solo mencionada en el artículo 1º de la citada convención, sino igualmente en nuestra legislación interna no aparece en este caso” (págs. 84-86, ib.).
(4) Cfr. Auto de segunda instancia 27484 del 8 de junio de 2007.
(5) Cfr. Auto de segunda instancia 29560 del 28 de mayo de 2008.
(6) En el mismo sentido, auto del 27 de agosto de 2007, radicación 27873.
(7) Sentencia C-370 de 2006.
(8) Artículos 416 al 433 del Código de Procedimiento Penal italiano.
(9) Ello se anotó en el auto del 28 de mayo de 2008, radicado 29.560.
(10) Para el efecto, conforme se señala en el auto del 31 de julio de 2009, radicado 31.539, debe establecer: “si se cumple el presupuesto de verdad en la revelación de los hechos, si se satisfacen los requisitos de elegibilidad (...) constatará la pertenencia de ... a la organización armada ilegal y, de contera, la comisión de los hechos delictivos durante y con ocasión de esa militancia”.
(11) Acorde con lo señalado en el auto del 28 de mayo de 2008, radicado 29.560.
(12) Corte Suprema de Justicia, auto del 21 de septiembre de 2009, radicación 32022.
(13) Recuérdese lo ocurrido en Argentina con las leyes de punto final que favorecían a los militares por violaciones graves de derechos humanos.
(14) Corte Constitucional, Sentencia C-580 de 2002.
(15) Corte Constitucional, sentencia a Sentencia C-370 de 2006.
(16) Corte Suprema de Justicia, auto del 14 de diciembre de 2009, radicación 32575.
(17) Corte Suprema de Justicia, Sentencia del 23 de septiembre de 2003, radicación 17089, entre otras.
(18) Corte Suprema de Justicia, auto del 31 de julio de 2009, radicado 31539.
(19) En la llamada “Hoya del Río Suárez” en el departamento de Santander, por ejemplo, era bien conocido que algunos propietarios de trapiches debían aportar una cuota de dinero por cada semana de actividades, y que a los campesinos, dueños de la molienda, les correspondía aportar por cada caja de panela una “contribución por la seguridad” que brindaba el frente paramilitar que operaba en la zona; lo mismo debió suceder con otros productores agropecuarios y ganaderos en otras regiones del país, luego habrá que ponderar la situación y los fines del aporte (financiación) en cada caso específico.
(20) Corte Suprema de Justicia, sentencia del 3 de diciembre de 2009, radicación 32672; ib. radicación 32805 del 23 de febrero de 2010.
(21) Corte Constitucional, sentencia a Sentencia C-370 de 2006.