Source: http://ulpilex.es/2011/01/18/ultimas-resoluciones-de-la-dgrn-derecho-mercantil/
Timestamp: 2017-07-27 16:41:00
Document Index: 261037950

Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 100', 'artículo 97', 'artículo 111', 'artículo 109', 'artículo 111', 'artículo 6', 'artículo 1']

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Últimas Resoluciones de la DGRN – Derecho Mercantil	Posted on January 18, 2011 by Plotino	PACTOS SOCIALES EN SOCIEDAD MIXTA PÚBLICA/PRIVADA.
1º).- Considera admisible la expresión en el objeto social siguiente: «En general, la realización de cualesquiera actividades directamente complementarias de las anteriores», ya que no hay riesgo de inducir a terceros a error sobre el objeto social, pero, considera lo contrario en aquellas disposiciones del objeto social que tienen como razón de ser precisar ciertos aspectos relacionados con el modo de desarrollar alguna de las actividades comprendidas en el objeto (suscripción de convenios entre la Diputación Provincial y otras entidades locales), con la forma jurídica que pueden adoptar las entidades locales destinatarias de los servicios prestados
por la sociedad o con la posición jurídica —de concesionaria de servicios públicos— que está llamada a ocupar ésta en el desenvolvimiento de su actividad con relación a la Diputación Provincial.
2º).- Respecto de la composición del Consejo de Administración, la Dirección General da la razón al Registrador al denegar la disposición estatutaria según la cual «El órgano de gestión y representación permanente de la sociedad será el Consejo de Administración, formado por cinco miembros elegidos por la Junta General, de los cuales tres lo serán a propuesta del capital privado y dos a propuesta de la Diputación Provincial, pudiendo recaer dicho nombramiento en miembros de la Diputación Provincial o personal a su servicio», ya que si lo que establece es un sistema proporcional de elección de los Consejeros, contraviene el artículo 137 de la Ley de Sociedades Anónimas, y si lo que previene únicamente es la facultad de los socios de hacer propuestas de candidatos para el cargo de Consejero con carácter vinculante para la Junta, les estaría atribuyendo el derecho a designar un miembro del Consejo, cualquiera que sea el número y valor nominal de las acciones, así como el capital social de la compañía, que altera el principio legal de adopción de acuerdos por mayoría en el seno de la Junta General, y si tal propuesta es sin carácter vinculante, no hay claridad ni precisión, razones estas últimas que también utiliza para confirmar la nota al denegar la inscripción de la disposición «Los consejeros serán nombrados por un plazo máximo de cuatro años, cesando en todo caso con la expiración del mandato corporativo —sean o no diputados— y continuando en funciones hasta la designación de los nuevos consejeros por la nueva Corporación que se constituya tras cada elección».
Se presenta para su inscripción una modificación de los Estatutos Sociales con la modificación estatutaria que introduce en el régimen de transmisión de las participaciones sociales lo que se denomina «derecho de salida de los socios», según el cual éstos podrán vender en cualquier momento total o parcialmente sus participaciones a la propia Sociedad, y ésta queda obligada a comprarlas según las reglas que se detallan. El Registrador deniega la disposición relativa al valor de venta, que tiene los siguientes términos: “Asimismo, se establece que el precio de las participaciones será el que resulte según la valoración de la empresa que haya de tenerse en cuenta en el momento de la oferta de venta. A tal efecto, se pacta en los mismos Estatutos que, cada dos años, la Junta General aprobará la forma de valorar y una valoración de las participaciones sociales, tomando como base la media de los beneficios obtenidos durante los últimos cuatro ejercicios y el valor de los bienes inmuebles propiedad de la sociedad.”, ya que va en contra del artículo 100 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada.
Se solicita la inscripción de acuerdos tomados en una Junta con acta notarial solicitada por un socio minoritario de una Sociedad de Responsabilidad Limitada. En el momento de celebrarse la junta dicho socio pone en evidencia que no se ha recogido en la convocatoria un punto del orden del día que incluía en su solicitud, y, por dicho motivo, se ausenta de la Junta. El administrador reconoce el error y se celebra una segunda Junta para debatir ese punto omitido en la primera. El Registrador deniega la inscripción alegando el art. 45.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada y la tutela de la minoría, pero la Dirección General revoca la calificación, ya que debe entenderse que no se trata de una omisión de la que derive la nulidad patente de tales acuerdos, a falta de una norma como la establecida respecto de las Sociedades Anónimas en el artículo 97.4 de la Ley de Sociedades Anónimas (introducida por la Ley 19/2.005, de 14 de Noviembre, en relación con el complemento de la convocatoria de la Junta), y que se celebró una segunda Junta para paliar esa omisión.
En supuesto del presente recurso, se presenta en el Registro Mercantil la escritura por la que se formalizan las decisiones del socio único de una Sociedad de Responsabilidad Limitada relativas a la aceptación de la dimisión presentada por los dos administradores solidarios y la modificación del sistema de administración, de modo que se encomienda a un administrador único, con designación para dicho cargo de uno de los dos anteriores administradores que habían dimitido. El nuevo administrador expidió la certificación de tales decisiones de socio único que sirve de base a la escritura calificada. Registrador Mercantil suspende la inscripción solicitada porque, a su juicio, debe acreditarse la notificación fehaciente prevista en el artículo 111 del Reglamento del Registro Mercantil.
La Dirección General como no podía ser de otra manera estima el recurso. Si bien, el Registrador inscribió la escritura calificada mediante la subsanación del defecto expresado en la calificación impugnada y haberse incurrido en ésta en un error al no tener en cuenta el hecho de que el actual administrador único era uno de los anteriores administradores solidarios, el recurso se resuelve a efectos doctrinales dado que el Notario no desistió del mismo y solicita sea resuelto a estos únicos efectos. Por lo que se refiere al fondo del asunto, es evidente, como indica el recurrente en su escrito y reconoce el Registrador que ha elevado el expediente a este Centro Directivo, que el nuevo administrador único, en la medida en que inmediatamente antes de su nuevo nombramiento ocupaba el cargo de administrador solidario, reúne en su persona las condiciones de persona inscrita y titular anterior de la facultad certificante [con posibilidad de ejercerla por sí sólo –artículo 109.1.b) del Reglamento del Registro Mercantil], por lo que la exigencia contenida en la nota recurrida no puede basarse en el artículo 111 de dicho Reglamento, cuya rúbrica es, precisamente, «Certificación expedida por persona no inscrita».
Resoluciones de 25 y 26 de Octubre de 2.010 (B.O.E. de 27 de Noviembre de 2.010). Descargar Resolución. Rechaza la D.G.R.N. el recurso señalando que en el ámbito de las denominaciones sociales, el concepto estricto y gramatical de identidad, como coincidencia plena entre palabras, se ve ampliado a un concepto reglamentario que estima como identidad de denominaciones no sólo la que se produce cuando entre ellas se da esa absoluta coincidencia, sino también en una serie de supuestos en los que, aun existiendo diferencias y variantes entre las mismas, éstas, por su escasa entidad o la ambigüedad de los términos que las provocan, no desvirtúan la impresión de tratarse de la misma denominación.
Por lo demás, acaba señalando la Dirección General, no puede olvidarse que, como ha entendido el Tribunal Supremo, los preceptos de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, de la Ley de Sociedades Anónimas y del Reglamento del Registro Mercantil que disciplinan esta materia, constituyen normas de carácter imperativo que rigen en interés no solamente de las sociedades afectadas, sino de quienes participan en el tráfico mercantil, estando su infracción sujeta a la sanción de nulidad establecida con carácter genérico para el incumplimiento de los preceptos legales imperativos y prohibitivos en el artículo 6.3. del Código Civil y para las cláusulas contractuales contrarias a la ley, a la moral o al orden público en el artículo 1.255 del mismo cuerpo legal