Source: http://www.lauraguillot.com/2011/05/el-congreso-de-los-diputados-aprobara.html
Timestamp: 2020-01-22 23:11:42
Document Index: 229480614

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 48', 'artículo 48', 'artículo 90']

El blog de Laura Guillot: El Congreso de los Diputados aprobará el jueves 12 la Ley de regulación del juego
El Congreso de los Diputados aprobará el jueves 12 la Ley de regulación del juego
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobará este jueves, 12 de mayo, la ley de regulación del juego. Esta iniciativa regresa a la Cámara Baja para proceder a la votación de las enmiendas introducidas durante su tramitación en el Senado y a su aprobación final.
Hace 6 días los medios anunciaban que el Senado había aprobado el proyecto de ley de regulación del Juego, no había información oficial, pero este fin de semana el Senado ha publicado el Diario de Sesiones del Senado de Pleno, número 121 de fecha 4/05/11, treinta hojas que resumo a continuación con algunas intervenciones:
DICTÁMEN REMITIDO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
El señor PRESIDENTE: Pasamos, señorías, al punto sexto del orden del día: dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados: De la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de regulación del juego.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el senador Vilajoana.
El señor VILAJOANA I ROVIRA: Muchas gracias, presidente.
Presentación del dictamen del proyecto de ley de regulación del juego. El proyecto de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada en esta Cámara el día 18 de abril, fecha de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de propuestas de veto y enmiendas terminó el día 25. Se han presentado 110 enmiendas a este proyecto de ley, así distribuidas: 8 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas; 31 del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió; 20 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés; 5 del Grupo Parlamentario Socialista y 46 del Grupo Parlamentario Popular.
La ponencia ha estado integrada por doña Judith Alberich Cano, doña María del Mar Angulo Martínez, don Antonio Hurtado Zurera, don José Muñoz Martín, don José Manuel Pérez Bouza, doña María José Rodríguez Ramírez, don Pere Sampol i Mas y el senador que tiene el honor de dirigirse en estos momentos al Pleno de la Cámara. La ponencia emitió informe el día 27 de abril y acordó incorporar al texto del proyecto de ley las propuestas que contienen las enmiendas 106 a 110, del Grupo Parlamentario Socialista. Ese mismo día la comisión se reunió y aceptó como dictamen el informe emitido por la ponencia, quedando, por tanto, rechazadas las demás enmiendas.
Han presentado votos particulares a este proyecto de ley los grupos parlamentarios de Senadores Nacionalistas, Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés y Popular.
Nada más, señor presidente, señorías, y muchas gracias.
...Por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Muñoz tiene la palabra.
El señor MUÑOZ MARTÍN: Gracias, presidente.
Señorías, a este Pleno han llegado 110 enmiendas que, por lo que hemos oído ahora a los señores portavoces, se quedan prácticamente reducidas a las 46 del Grupo Parlamentario Popular, de las cuales, como diré, algunas han sido transaccionadas. De estas 46, 11 han sido totalmente nuevas. Y en este punto quiero agradecer a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Castilla y León sus valiosas y razonadas técnicas y opiniones en la persona de su secretario general, don Miguel González Gago, a quien agradezco públicamente el esfuerzo que ha hecho contra reloj y en época vacacional para realizar estas aportaciones técnicas y aclaratorias que, por lo que he oído a los portavoces, no se van a aprovechar demasiado.
En esta línea de enmiendas técnicas tenemos la número 62, que añade a las apuestas, y según su concepto, las categorías de estándar y en directo, omitidas pese a su importancia creciente. Quiero pensar que esta omisión es debida a un simple error; no me gustaría pensar que ha sido eliminada por el desembolso que hay que realizar para poner en marcha este tipo de apuestas y que se pretende dejar tiempo a las entidades gestoras de los juegos con reserva de actividad, que son más que reguladas protegidas por esta ley, para ofrecerlas más adelante. Conviene no olvidar que la Dirección General de Ordenación del Juego, si no me equivoco, está ubicada en la última planta del edificio donde reside la Lotería Nacional.
La enmienda número 63 es también técnica. Aclara que no debe existir tarifación adicional en los concursos coordinando los párrafos 1 y 2 del artículo encomendado.
Las números 64 y 65 detallan el póker, la ruleta y el bingo mediante los diferentes medios de comunicación a distancia porque, señorías, hay que contemplar e incluir toda la oferta de los juegos. Los que no estén en esta ley pasarán a ser juegos de las redes ilegales porque estas seguirán ofreciéndolos a quienes lo deseen.
La enmienda número 66 solicita que se cree un catálogo comprensivo de los diferentes tipos de juego en cada modalidad. En la número 69 exigimos la regulación fiscal del solicitante de la licencia en la misma línea que en la número 73.
La enmienda número 68, también técnica, aclara que no es lo mismo el ámbito de espacio común europeo que los países de la Comunidad Económica Europea introduciendo a Turquía y a otros países en el ámbito de la ley y al unificar uno de los dos párrafos del artículo referidos a uno y otro concepto.
Con algunas de nuestras enmiendas, por ejemplo, las números 65 y 71, intentamos aclarar algo que sigue estando dudoso en varios pasajes de la ley. Esta ley debe regular, en todo el ámbito nacional, todas las apuestas que se realicen y desde cualquier lugar del mundo pero por medio de métodos no presenciales: televisión, radio, Internet u otros, es decir, a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos. Los llamados juegos presenciales, físicamente instalados en un territorio, son competencia y objeto de la legislación de cada una de las comunidades autónomas y no del Gobierno de la nación.
Otras enmiendas, como las números 73, 74, 75 y 76 exponen garantías, controles o autocontroles a los operadores a distancia. La número 79 pide mantener provisionalmente la legislación de contrabando hasta la modificación del Código penal. La número 80 resalta y exige el dominio .es para el ejercicio de estas actividades. Y a su vez en la número 81 se solicita un plazo de tres meses, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, para que se desarrolle esta norma reglamentariamente.
Otras enmiendas de este grupo cabría denominarlas de totalmente razonables, por ejemplo, la número 82, que exime de responsabilidad subsidiaria a los medios de comunicación en las tasas fiscales del anunciante que no paga. Entendemos que es un nuevo sistema absolutamente ilegal, y en contra de la más mínima coherencia fiscal, de matar al mensajero aunque ahora con impuestos que no le pertenecen. Y sobre la misma hemos llegado a un acuerdo transaccional aunque no con toda la profundidad y claridad que queríamos.
Otras enmiendas son para agilizar los trámites, por ejemplo la número 72, en cuya filosofía coincidíamos con la Entesa aunque en sentido contrario, es decir, dando por válida la solicitud con silencio administrativo a los 14 días para los juegos ocasionales o promocionales que se originen en cortos tiempos y esporádicamente.
A través de las números 93 y 94 valoramos las apuestas hípicas, que son de enorme importancia en otros países además de que son generadoras de puestos de trabajo relacionados con la propia hípica y con los caballos. En la enmienda número 84 se retoca algún porcentaje y base de tributación de los diferentes tipos de apuestas. La experiencia en el desarrollo de las leyes de juego en otros países así lo aconsejaban.
Las números 100 y 101 son importantes, a nuestro entender, y arbitran un régimen transitorio para que no se paralicen los contratos ni la actividad económica en vigor desde el 1 de enero del 2011 y hasta la plena regulación con las nuevas autorizaciones, permitiendo, además, a los afectados adecuar sus documentaciones con un régimen transitorio sancionador y fiscal para con las nuevas normativas. En estas enmiendas, así como en la 103 y 104, hemos llegado a un acuerdo transaccional aunque con efectos más cortos de lo que pretendíamos. Otras 5 enmiendas corresponden a algunas que fueron presentadas como transaccionales en el Congreso de los Diputados y que al final no prosperaron.
Y para finalizar esta descripción diré que 30 de estas enmiendas corresponden a unas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y que tampoco pudieron ser aprobadas, transaccionadas ni retiradas.
Por el contrario, no ocurre así con las presentadas por otros grupos; por ejemplo, de las 31 que presentaba Convergència i Unió, 5 son iguales a otras que fueron transaccionadas en el Congreso, y 15 son iguales a otras que ya fueron retiradas por su grupo.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas optó por las que el señor Corcuera presentó dentro del Grupo Mixto, y Entesa Catalana se remite a todas las presentadas en el Congreso, que son las que ha retirado, según ha explicado su portavoz.
Aunque estamos muy distantes en algunas materias, como son las enmiendas repetidas en el Congreso por Convergència i Unió —ahora número 43 y antes 178—, y por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, enmiendas números 53, 54 y 55 —antes 66, 69 y 70—, y sobre la 11 —que no compartimos ni apoyamos—, en otros muchos asuntos sin duda cabría llegar a algún acuerdo con buena voluntad. No pensamos en otros puntos en los que nuestra posición es totalmente tajante, como en el de crear nuevos organismos, especialmente en épocas en que aconsejan austeridad.
Esta es la razón de nuestras enmiendas 60 y 61, por las que nos oponemos a la creación de la comisión nacional del juego, entendiendo que la Dirección General de Ordenación del Juego puede realizar las funciones que se le adjudican, y por lo que pedíamos también en nuestras enmiendas suprimir todo lo relacionado con ella —artículos 20 y artículos 26 al 33 inclusive de dicho proyecto de ley.
También nos oponemos a la privatización de la LAE. Si un organismo ha funcionado desde 1763 a plena satisfacción del Estado y de los ciudadanos, no hay razón económica suficiente para hacer caja con un ingreso puntual, aunque sea importante —10 000, 15 000 millones—, a costa de eliminar unos ingresos seguros cada año para los Presupuestos Generales del Estado del orden de 3000 millones netos.
En cualquier caso, de nuestras 46 enmiendas hemos podido transaccionar 6. Esta es la voluntad de consenso del Gobierno. Lo sentimos por la ley y también lo sentimos por los afectados.
Para un turno en contra, tiene la palabra el senador Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Buenos días, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, debo decir que esta no es una ley cualquiera, es una ley muy importante. Regula un mercado que a diario contemplamos en Internet, en los periódicos, en la promoción, en los patrocinios, y que hasta este momento se encontraba en una situación de alegalidad, situación que había que regular. En algunos países como Francia, Reino Unido, Italia —y en este caso España— se está haciendo una regulación equilibrada. En otros países como, por ejemplo, Alemania, no lo han regulado y se van a mantener en esa situación de alegalidad y en Estados Unidos incluso lo han prohibido.
Estamos hablando de un proyecto de ley que, por una parte, trata de regularizar lo que son las loterías y apuestas del Estado, los juegos de ámbito estatal, pero sobre todo el juego a través de Internet y de los medios de comunicación, el denominado juego on line.
Tengo que agradecer a todos los colectivos que han participado en la mejora de este proyecto de ley; proyecto de ley —insisto— difícil, porque regula un sector muy complejo. Hemos mantenido reuniones con representantes de los medios de comunicación, de publicistas y de las operadoras y quiero hacer una mención especial a los representantes de los jugadores rehabilitados, a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. El Grupo Parlamentario Socialista desea mostrar sus mayores respetos y admiración a este colectivo, ya que han sido víctimas del juego y han sido capaces de rehabilitarse con las terapias correspondientes. Merecen toda nuestra consideración y todo nuestro respeto. Por eso, les hemos escuchado muy atentamente acerca de todas las demandas que han propuesto.
Como ya he dicho, este es un sector complejo, no es cualquier sector económico, y requiere un control público, una regulación pública, un dimensionamiento público, buscando el equilibrio entre lo económico y lo social. Y como objetivo de esta ley está la seguridad jurídica de aquellos que participan y de aquellos que son operadores del juego. Pero también está la protección de los menores, la protección de las personas que se autoprohíben jugar, así como la protección del orden público, porque sabemos que el juego en algunos casos se ha utilizado para el blanqueo de capitales, incluso para financiación del terrorismo. Además, esta ley es escrupulosa con las competencias estatutarias de las comunidades autónomas. Asimismo, incluye la publicidad, la promoción y los patrocinios.
Tengo que decir que ha sido mucho el trabajo realizado y agradezco a los portavoces de todos los grupos parlamentarios su magnífica disposición. A todos ellos les quiero manifestar mi mayor agradecimiento y, cómo no, a los de mi grupo parlamentario, a mis compañeros Guillermo, María José, Yolanda y Elena. Especialmente quiero recordar al equipo de la Secretaría General de Hacienda, que de forma velada ha estado aportando información y documentación para que hoy aprobemos lo mejor. Por cierto, a su representante, a quien dirige esa secretaría general, una cordobesa, nuestro agradecimiento también por su trabajo.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a decir sí a 5 enmiendas. En primer lugar, a la número 10, presentada por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, que trata de reducir de tres meses a uno la resolución acerca de los juegos ocasionales para agilizar la gestión.
Vamos a votar a favor de las enmiendas de Convergència i Unió, números 21 y 51. La primera, respecto de un término con ámbito estatal considerado en el artículo 1. La segunda, respecto a otro término, en referencia a los organismos de juego de las comunidades autónomas.
Y vamos a votar también a favor de dos enmiendas del Grupo Popular —el diálogo y el debate han fructificado, senador Muñoz, y se lo agradezco—, en concreto, la relativa al Espacio Económico Europeo para introducir a Turquía y otros países, y la que hace referencia a algo que es importante para mejorar esta ley, y es que los títulos habilitantes han de requerir estar al corriente de las obligaciones fiscales.
Lo principal es que el trabajo ha fructificado en enmiendas transaccionales que han resuelto los importantes o significativos flecos que la ley traía del Congreso. Y quiero hacer mención expresa a esos flecos. Por ejemplo, se logró una transaccional muy importante con Entesa, por cuanto que, como bien ha dicho su portavoz, se diferencia claramente la gestión responsable del juego y la política de juego responsable. En concreto, la política de juego responsable se plasma en el artículo 8 y la gestión responsable del juego en el artículo 10, como una de las obligaciones de los titulares de licencias. La política de juego responsable es considerada como una política integral, donde se contempla no solamente el dimensionamiento, sino también la protección, la seguridad jurídica, la sensibilización, la información.
Por otra parte, hemos resuelto el régimen transitorio de esta ley. Era un importante fleco que quedaba pues, en principio, tal y como ha venido aquí, tanto el régimen fiscal como el sancionador se aplicaban desde el día siguiente a su entrada en vigor y era, desde luego, algo que había que mejorar. El régimen fiscal se aplica con la entrada en vigor de la ley, pero teníamos que darle un plazo de transitoriedad al régimen sancionador. Ese plazo se ha marcado en la enmienda que hemos firmado con CiU, con el PP y con otros grupos parlamentarios, prácticamente con la totalidad, y consiste en establecer un periodo transitorio hasta el 1 de enero del año 2012 o hasta que se publique la primera resolución de la concesión de licencias.
Por otra parte, en este régimen transitorio también hemos resuelto una demanda de los medios de comunicación con respecto a la publicidad y a los patrocinios que ya estaban contratados antes de la entrada en vigor de esta ley, y se ha marcado la misma fecha de transitoriedad: hasta el 1 de enero del año 2012 o hasta que salgan publicadas las licencias. Se va a permitir que los contratos de publicidad, de patrocinio, principalmente deportivos, sigan en vigor hasta que, como he dicho, transcurra el plazo del 1 de enero de 2012 o hasta que sea publicada la resolución de la primera licitación.
Hemos apoyado también una enmienda propuesta por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas, en concreto del BNG. Agradecemos su aportación porque hemos resuelto el problema del sistema de retorno. ¿Cuánto retorna de lo que se recauda en el juego a los clubes deportivos? En ese sentido, hemos elaborado una enmienda transaccional muy interesante, porque, en principio, establece que va a ser una ley la que determine qué porcentaje de la recaudación se va a utilizar en el sistema de retorno y cómo se va a distribuir; es decir, va a existir la posibilidad de que todos los grupos parlamentarios participen en esa definición del porcentaje y de su distribución. En ese sentido, agradecemos al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas que haya aportado esa idea para concluir y determinar ese fleco que quedaba en el sistema de retorno.
Además, hemos incluido una cláusula muy importante, y es que el retorno solamente sea para los clubes y para las celebraciones en España. Tal como venía, parecía que también había que retornar dinero a los partidos de futbol de otros países. Evidentemente, eso era una barbaridad. Lo que se recauda aquí es para que retorne a los clubes y a los eventos o celebraciones deportivas españolas.
Hemos introducido también una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Popular en el Senado con respecto a la exención del IRPF, y queremos que se mantenga el statu quo en cuanto a los premios en el juego, en las loterías, en las quinielas. En ese sentido, si la sociedad de apuestas estatal crea nuevos juegos, desde luego, sus premios no estarían exentos del pago correspondiente al IRPF. Agradecemos también su disposición a firmar esta enmienda transaccional.
En cuanto a la última enmienda que hemos firmado ha sido la de CiU, relativa a la definición de la base imponible, que no estaba claramente definida en el artículo 48.6. Había diferencias interpretativas sobre cuánto suponía la base imponible de las apuestas cruzadas, algo que se ha definido con claridad; si no había valor de mercado, se utilizaría siempre el valor que figura en la declaración del impuesto sobre sociedades. También se establece la determinación del valor del coste de la llamada.
Por otra parte, hemos resuelto un importante fleco, y es el que se refiere a los medios de comunicación. Existía mucha preocupación con lo que venía del Congreso, en cuanto a la responsabilidad solidaria establecida en el artículo 48.5; una responsabilidad solidaria que aquí hemos matizado sustancialmente. En ese sentido, había un carácter general que permanece para los propietarios, para los titulares, para los prestadores de servicios, para los que se benefician de la actividad del juego, pero se ha eliminado el carácter especial de responsabilidad solidaria en el pago del impuesto para aquellos medios de comunicación que daban publicidad a juegos que no tenían el título habilitante. En este sentido, agradezco al senador Vilajoana, al senador Muñoz y al resto de portavoces su esfuerzo porque entre todos hemos sido capaces de concretar una solución a ese importante fleco que tanto preocupaba.
Por otro lado, vamos a votar en contra de muchas de las enmiendas que ha mantenido el Grupo Parlamentario Popular. Hemos tratado de convencerles de que la ley ha mejorado tanto que no valía la pena mantener ninguna pero el Grupo Popular ha considerado lo contrario. Así, voy a señalar las más significativas y qué razones de peso nos llevarán a votar en contra. Por ejemplo, el Grupo Popular no quiere que se cree la comisión nacional de juego y apoyan su argumento en la austeridad, en que supone un derroche. Pues bien, quiero aclarar al señor portavoz del Grupo Popular que los recursos de que disponga la comisión nacional de juego serán los recursos de que dispone actualmente la Dirección General de Ordenación del Juego; los mismos recursos humanos y materiales. El coste será el mismo y, por tanto, ¿cuál será la diferencia? La diferencia radicará en que la comisión será un organismo independiente de la Administración General del Estado y de esa forma se garantizará que la regulación y el control del juego será más eficaz; pero, insisto, sin coste añadido alguno. Por ese motivo, no vamos a aceptar esa enmienda del Partido Popular.
Tampoco vamos a aceptar la enmienda que propone la eliminación de la tasa por las actuaciones generales de la comisión. La comisión cuenta con una serie de servicios para desarrollar sus funciones de regulación y de control, de estados comparativos, de análisis y de investigación que, evidentemente, tienen que sufragar todos los operadores de juego y no uno específicamente porque se benefician todos a la par. Esta tasa tiene que sufragar aquellos conceptos de gasto que no se le pueden imputar a un operador concreto sino a toda una generalidad.
Por otro lado, y quiero poner especial interés en este tema, tampoco apoyamos la enmienda que trata de incorporar las apuestas en vivo y en directo. Hemos hecho caso al propio sector, a los propios afectados, a FEJAR. Las apuestas en vivo y en directo significan una constante instigación al juego y en ese caso siempre sale perjudicado aquel que no puede controlarlo. El hecho de estar en un partido de fútbol preguntando de forma insistente quién será el próximo que saque un córner o quién será el próximo al que saquen una tarjeta es instigar al juego continuamente. Insisto, se trata de un aspecto muy preocupante para los que han sufrido el juego, para sus víctimas, para las asociaciones y para la federación que están tratando de que sean cada día menos. Por tanto, hemos hecho caso ideológicamente a este colectivo para rechazar esa enmienda, señor Muñoz, e incluso consideramos que sería conveniente que ustedes la retiraran. Son muy pocos los países que tienen reguladas las apuestas en vivo y en directo porque, insisto, representan una instigación constante y permanente al juego.
Tampoco vamos a apoyar la definición de otros juegos que ustedes tratan de incorporar, como es el caso del bingo on line o de las apuestas en vivo y en directo. Creemos que en el articulado están suficientemente definidos los otros juegos.
Por otro lado, no estamos de acuerdo con su pretensión de reducir a 14 días el tiempo para la resolución de los juegos ocasionales y con un silencio positivo. En este sentido, estamos mucho más de acuerdo con la propuesta de Entesa Catalana de Progrés de reducción de ese plazo a un mes, pero que el silencio siempre sea negativo.
Asimismo, no vamos a aceptar el período transitorio en la implantación de las infracciones, condicionándolo a una modificación del Código penal. Esta ley marca un régimen administrativo. El Código penal no ha surtido el efecto deseado; de hecho, el juego ha estado muy vivo en este país y, cómo digo, no ha surtido efecto. El régimen administrativo que implantamos seguro que va a ser mucho más efectivo.
No vamos a admitir tampoco la especificidad que se le quiere dar, en concreto, a Ceuta y a Melilla en cuanto a las bonificaciones en un impuesto sobre actividades de juego. No tiene, digamos, explicación hacer una diferenciación territorial de aquellos operadores que actúen en estas dos ciudades ni tampoco podemos aceptar el que se incorpore un sistema propio de financiación en Ceuta y Melilla, cuando realmente no tienen el sistema de financiación de las comunidades autónomas pues habría que modificar dicho sistema de financiación.
Tampoco vamos a aceptar una pretensión muy insistente del Partido Popular como es la de condicionar al Gobierno, a través de disposiciones adicionales, en lo que puede ser la venta de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Esa es una competencia del Gobierno. Vamos a ser respetuosos con el sistema competencial que tenemos en este país. No podemos atenazar al Gobierno para impedir que desarrolle una política que es una política legítima y, en este caso, estoy seguro que eficaz.
Tampoco vamos a poder apoyar la pretensión que tienen a través de la enmienda relativa a que la unidad de centrales de juego de los operadores esté en territorio nacional, ¡qué más nos gustaría a nosotros!, pero es la normativa de la Unión Europea la que lo prohíbe. Sí nos permite que la Comisión Nacional del Juego esté monitorizada con la unidad central de todos los operadores y tenga la información en tiempo real, pero la enmienda, tal como está planteada, no se puede admitir.
Por tanto, señor Muñoz, nos hubiese gustado que usted hubiese retirado las pocas enmiendas que han quedado. En ese sentido, sería un éxito de todos haber conseguido un apoyo total y absoluto a esta ley.
No obstante, agradezco la colaboración, como he dicho anteriormente, y espero que, cuando acabe el debate y las votaciones, todos en el Senado nos podamos sentir muy orgullosos del trabajo que aportamos, que es el de mejorar sustancialmente una ley que tenía importantes flecos sobre un sector que necesita una regulación y un control público y que, desde luego, tiene que estar bien dimensionado atendiendo a principios de equilibrio y, sobre todo, a principios de orden público y de justicia social. Insisto, no es cualquier sector económico. Es un sector muy especial que necesita tener y garantizar la protección de personas que también han sido víctimas del propio juego.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)
Señorías, el proyecto de ley de regulación del juego que hoy nos ocupa es una muestra más de la constante improvisación, incluso también de la falta de respeto del Gobierno, para con el Legislativo y, especialmente, para con esta Cámara, aunque esto no implique que no deba agradecer al senador Hurtado su posición y sus buenos oficios en la misma.
El juego on line, objeto aparente de la misma, mueve un volumen económico muy difícil de evaluar. Se estima que en el mundo se mueven entre 25 000 y 30 000 millones de dólares. Pues bien, esta materia todavía seguía sin estar regulada en España. Otros países como Francia, Italia o Inglaterra ya lo hicieron con anterioridad y, sin duda, podríamos haber sacado consecuencias de su experiencia, cosa que dudo bastante que se haya hecho, y ello, después de siete años de legislatura y de la expresa petición de la disposición transitoria de la Ley de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
En este mercado mundial de juegos on line, en constante crecimiento, Europa representa aproximadamente la mitad y, en España, algunos operadores hablan —basándose en las cifras estimadas del año 2009 y en los porcentajes de crecimiento del 20%— que la cifra de beneficios del año 2010 habrá sido del orden de 300 o 400 millones de euros.
La Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones apuntaba la cifra de 360 millones de facturación neta en el año 2009, con una facturación bruta del orden de los 1000 millones.
Son cifras, sin duda, importantes, que representarían una pérdida fiscal del orden de 200 millones si partimos de unos tipos medios del 20%, pero, en cualquier caso, son bastante inferiores a los 3000 millones que los juegos del Estado aportan cada año a los presupuestos de la nación.
Con esta ley no solo no regulamos estos juegos del Estado, sino que, aunque teóricamente los incluyéramos, solo lo hacemos para, de hecho, excluirlos de esta regulación, eso sí, insistiendo mucho en las garantías y en el control público, como si las loterías y apuestas del Estado no hubiesen estado garantizadas y controladas en este país desde hace nada menos que tres siglos.
Este proyecto se tramita por el trámite de urgencia —también lo fue en el Congreso— y con capacidad legislativa plena en la Comisión de Economía. Aquí se publicó el lunes santo, finalizando el plazo de enmiendas el lunes de Pascua, una semana de Pasión para una ley que, por su importancia económica y necesidad legislativa reconocida y pedida por este grupo y por todo el sector, no merecía pasar un trámite de enmiendas en esta Cámara de apenas solo tres días hábiles.
Se notan pues en esta ley dos hándicaps en el Gobierno: la necesidad de recaudar y la de blindar la posición de loterías para hacer caja también con la venta de un porcentaje de esa entidad, que quedaría segura y revaluada con el nuevo marco legal.
Las prisas son las peores consejeras para la serenidad y análisis que requieren las leyes que se pretende que sean operativas, con amplio consenso y con vocación de continuidad.
En esta, a pesar del esfuerzo contrarreloj tanto en el Congreso, como —más todavía— en el Senado, tenemos varias impresiones: primera, que no se ha escuchado lo suficiente al sector implicado; segunda, que se han mezclado y se mezclan competencias porque está sin definir claramente lo que se quería regular o hasta dónde se quería llegar. Y, tercera —y probablemente esta sea la base del problema—, se ha legislado con la sombra del deseo de privatizar cuanto antes a la entidad LAE, que está sobrevolando a lo largo de todo el articulado. Una absurda obsesión del Gobierno que, a cambio de recibir 4, 10 o 15 000 millones de una sola vez, renuncia a ingresar cada año unos 3000 millones para sus presupuestos. Una entidad, Loterías y Apuestas del Estado, que viene funcionando a plena satisfacción del Estado y de los ciudadanos, que son sus legítimos propietarios, desde 1763. Una entidad que detenta la mejor red comercial especializada en juegos del Estado de toda la Unión Europea, que es la única que detenta un 33% de la cuota de su mercado de juego y también es la primera en gasto por habitante en juego público. Se va a desmantelar el mejor modelo europeo de juego público y también el menos agresivo para los ciudadanos jugadores.
Han tenido tres años para coordinar y preparar a las comunidades autónomas, que también dejan fuera de esta regulación porque el Consejo de Política del Juego poco va a poder decir a la hora de organizar y de coordinar la publicidad y la normativa del juego presencial, que se verá notablemente perjudicado con la entrada de los nuevos operadores y la propia competencia —nada leal— de los operadores privados, que serán propietarios de hasta un 49% de lo que hasta ahora era el negocio del juego exclusivamente del Estado.
Señorías, esta no es nuestra ley. Es más, probablemente hubieran sido necesarias más de una ley para regular toda la materia que nos ocupa hoy. En esta ley queda fuera el juego presencial privado, que representa nada menos que el 60%, y es competencia de las comunidades autónomas, aunque en algunos artículos de esta ley parece olvidado. También queda excluida la ONCE —un 7% del mercado— y sobre todo el 33% del mismo, que es la LAE, a la que ya nos hemos referido, que será el ente híbrido más beneficiado entre monopolio y competidor, entre sociedad estatal y señores privados, y, entremedias de todo ello, aparece el Ministerio de Economía y Hacienda como operador y regulador. ¡Viva la libre competencia!.
La presente ley no debería llamarse ley del juego, sino ley reguladora del juego no presencial, aunque esto tampoco se regula con plenitud, especialmente si no se aprueban, como parece ser, las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que la complementan. Para regular este porcentaje en el sector del juego, se crea un organismo, la Comisión Nacional del Juego, algo a lo que nosotros nos oponemos. Casi es una ley para crearlo, le dedican un capítulo entero, el II. Y no queremos entrar en financiaciones y tantos por ciento que provienen del juego virtual y que suponemos rebajará lo que recibirán las comunidades autónomas, que algo tendrían que decir.
En fin, improvisación, falta de diálogo, falta de respeto a las Cámaras legislativas impidiendo debates enriquecedores que, a nuestro juicio, permitirían aprovechar la ocasión de regular bien un sector —hasta ahora ilegal o alegal— de la importancia del que nos ocupa, que entre los instigadores de la ley ha llegado a producir no solo tensiones, sino caídos y despedidos.
Esta ley, en definitiva, repito que no es la ley del Partido Popular, pero lo que es peor, tampoco es la ley que el juego y el país necesitan. Hemos intentado con nuestras enmiendas hacerla más útil, operativa y razonable pese a su incongruencia y precipitación. Una vez más han perdido la gran oportunidad de legislar bien y de escuchar a los demás. Lo sentimos, es su responsabilidad, y por eso el Grupo Parlamentario Popular se abstendrá en la votación a la totalidad de esta ley.
Señorías, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de regulación del juego.
En primer lugar, votamos las enmiendas de Convergència i Unió números 21 y 51.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 133; en contra, 110.
Enmienda número 10, de la Entesa.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 132; abstenciones, 111.
Abran las puertas. (Pausa.)
Del Grupo Popular, votamos las enmiendas 68 y 69.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 243; a favor, 110; en contra, 133.
Votamos las propuestas de modificación firmadas por todos los grupos números 63110, 63112 y 63113. ¿Se entiende que pueden aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.)
Propuestas con número de registro 63108, 63109 y 63111, firmadas por todos los grupos, con la excepción del Grupo Popular. ¿Pasamos a votarlas? (Asentimiento.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 134; en contra, 110.
Señorías, votamos a continuación aquellas partes del proyecto de ley que no han sido votadas con anterioridad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 244; a favor, 133; abstenciones, 111.
Señorías, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el rey.
Que cada uno extraiga sus propias conclusiones...
B.O.C.G. del Senado, número 59 de fecha 10/05/11
Proyecto de Ley de regulación del juego (621/000095). Texto aprobado por el Senado.
BOCG_D_09_59_398
Proyecto de Ley de regulación del juego (621/000095). Enmiendas del Senado mediante mensaje motivado.
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Diario de Sesiones del Senado de Pleno, número 121 de fecha 4/05/11
— DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA EN RELACIÓN CON EL PROYECTO DE LEY DE REGULACIÓN DEL JUEGO. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA.
(Núm. exp. S. 621/000095.)
(Núm. exp. C.D. 121/000109.)
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Anónimo 10 de mayo de 2011, 13:04
Laura una pregunta: ¿Tiene que ir la ley otra vez al senado para su aprobación final?
Anónimo 11 de mayo de 2011, 9:19
Buenas, entonces la gente que apueste o juegue al poker,¿ tenemos que sacar ya el dinero para no perderlo?
Las explicaciones del por qué no aceptan las apuestas en vivo me han parecido tan ridículas y lamentables que una de dos: o es tonto o es que oculta algo.
El número de apuestas que hay relativas a quién lanzará el segundo córner... Pero por favor, ¿qué porcentaje de apuestas se dedican a esos mercados? Pequeño, muy pequeño. Pero sin embargo todos sabemos que existe una empresa llamada Betfair donde la mayor parte de las apuestas se realizan durante el partido.
Te cargas a un competidor, así de claro. Un competidor que tiene una ventaja sobre tu chiringuito y que te molesta. Esa es la explicación pedazo de hipócrita.
David Llada 11 de mayo de 2011, 22:14
El anónimo del tercer comentario lleva toda, todita la razón. Es el argumento más peregrino que he escuchado nunca para justificar el quitar de enmedio a un competidor.
Si los responsables de estos despropósitos hubieran escuchado un poco menos a "partes interesadas", y un poco más a quienes tienen experiencia en legislación del juego (los ingleses), el resultado hubiera sido mucho mejor. Esta chapuza no se sostiene por ninguna parte.
David Llada 11 de mayo de 2011, 23:22
Hum. He dicho algo inadecuado, que ha desaparecido mi comentario?