Source: https://chiletren.mforos.com/1220349/9742860-juicio-desafuero-gricelda-valenzuela-empresa-ferrocarriles-del-estado/
Timestamp: 2018-09-25 09:00:35
Document Index: 109729655

Matched Legal Cases: ['artículo 174', 'artículo 243', 'artículo 160', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 7', 'artículo 153', 'artículo 1546', 'artículo 160', 'artículo 1546', 'artículo 14', 'artículo 174', 'artículo 174', 'artículo 243', 'artículo 160', 'artículo 71', 'artículo 70', 'artículo 452', 'artículo 174', 'artículo 243', 'artículo 160', 'artículo 59', 'artículo 7', 'artículo 153', 'artículo 1546', 'artículo 160', 'artículo 1546', 'artículo 14', 'artículo 174', 'artículo 160', 'artículo 71', 'artículo 70', 'e contrario', 'artículo 59', 'artículo 160', 'artículo 174', 'artículo 160', 'artículo 456', 'artículo 456', 'artículo 454', 'artículo 4', 'artículo 456', 'ARTÍCULO 477', 'artículo 160', 'ARTÍCULO 478', 'ARTÍCULO 160', 'artículo 478', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 478', 'artículo 480', 'artículo 479', 'artículo 480']

FERROAFICIONADOS UNIDOS DE CHILE - Juicio Desafuero Gricelda Valenzuela Empresa Ferrocarriles del Estado - Legales y Financieros
#1 · 06/Jul/2010, 23:34 · Editado por El_Mastike
EN LO PRINCIPAL: Demanda desafuero sindical en juicio ordinario del trabajo.- PRIMER OTROSÍ: Acompaña documentos.- SEGUNDO OTROSÍ: Medida prejudicial que señala.- TERCER OTROSÍ: Acredita personería.- CUARTO OTROSI: Patrocinio y poder.-
FRANCO FACCILONGO FORNO, Ingeniero Civil Electrónico, cédula nacional de identidad número 5.902.973-8, en mi calidad de Gerente General y en representación de la EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, en adelante también EFE, persona jurídica de Derecho Público, del giro de transporte, rol único tributario número 61.216.000-7, y ambos con domicilio en Morandé Nº 115, sexto piso, comuna y ciudad de Santiago, de Santiago, Región Metropolitana, a US., con respeto digo:
En conformidad con lo previsto en el artículo 174 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 243 del mismo cuerpo legal, vengo en interponer demanda de desafuero en contra de doña Gricelda Valenzuela Rodríguez, abogado, domiciliada en calle Montenegro Nº xxx-x, comuna Ñuñoa, ciudad de Santiago.
La demandada presta servicios como trabajadora dependiente de la Empresa demandante, en calidad de abogado, dependiente de la Fiscalía de EFE. Paralelamente ostenta el cargo de Presidenta en la Directiva del Sindicato Nacional de Profesionales Universitarios Ferroviarios Nº 7 de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con base en la Empresa. Ello de acuerdo al acto eleccionario llevado a cabo el 08 de Julio de 2009 (fecha de elección del directorio). Además, la Sra. Valenzuela se desempeña desde el mes de octubre del año 2008, como representante de los trabajadores de la Empresa en el Directorio de EFE.
Baso esta demanda en los siguientes antecedentes de hecho y fundamentos de derecho.-
1.- La demandada, comenzó a prestar servicios para la Empresa con fecha 01 de Septiembre de 1993, en calidad de abogado, desempeñándose en el Departamento Jurídico de manera ininterrumpida desde la fecha de inicio de su relación laboral.
En su calidad de abogado dependiente de la Fiscalía de EFE, la Sra. Valenzuela debía desempeñar (y desempeñaba), múltiples funciones propias de una abogada de dicha Fiscalía, como por ejemplo revisar documentos, informes, emitir opiniones jurídicas, resolver consultas legales, y en general todas las labores propias de su profesión y que le fueran encargadas especialmente por el Sr. Fiscal de EFE o en subsidio por el Sr. Abogado Jefe de la Fiscalía.
Estas funciones las realizó de manera correcta por el período trabajado, lo que le significó ir asumiendo mayores obligaciones y responsabilidades con el tiempo, llegando a constituirse en una pieza vital para el funcionamiento de la Fiscalía de EFE, todo lo cual se vio reflejado en mayores beneficios de capacitación, pecuniarios y otros.
2.- Tratándose de una profesional destacada y de amplia trayectoria en la campaña, la demanda fue asumiendo obligaciones de relevancia para nuestro funcionamiento como empresa, teniendo ella además altos grados de autonomía e independencia en su trabajo y funcionamiento. Así, si bien pertenecía a una Fiscalía con una organización determinada, ella en los hechos tenía enormes grados de autonomía, los que se explicaban por su destacado trabajo. Todo lo anterior, sin perjuicio de su calidad de dirigente sindical y representante de los trabajadores en el Directorio de la Empresa.
3.- Entre sus múltiples funciones, todas de gran importancia, había una de particular relevancia, cual era el llevar adelante en su calidad de abogado patrocinante, la representación de EFE en juicios de carácter civiles voluntarios, particularmente referidos a EXPROPIACIONES. Ello sin perjuicio de asumir también la representación de la Empresa en causas de otra índole como civiles o criminales.
4.- Así las cosas, conjuntamente con asumir el patrocinio y representación de EFE en estas causas, la demandada asumía obligaciones propias de su calidad de abogada y trabajadora de la compañía, como eran el definir las estrategias a seguir, tramitar personalmente las acusas, presentar escritos, concurrir a comparendos y audiencias, presentar pruebas y recursos, etc.
Además de ello, la Sra. Valenzuela, tal como todo abogado de la Fiscalía de EFE debía dar cuenta oportuna y permanente a otros profesionales y evidentemente a sus superiores jerárquicos de la Fiscalía del estado de los asuntos que estaban a su cargo.
5.- En particular, la obligación de la trabajadora de informar el estado de las causas encomendadas se hacía más necesario 2 veces al año, de manera semestral (JUNIO Y DICIEMBRE), fechas en las que EFE debe informar el estado de los asuntos pendientes al SEP (SISTEMA DE EMPRESAS PUBLICAS), ente contralor y supervisor de empresas públicas como EFE.
Así las cosas, cada vez que se le solicitaba y, especialmente cuando había que informar al SEP, la trabajadora enviaba informes relativos al actual estado de las causas que estaban a su cargo. Tal informe, además de identificar someramente las causas a su cargo, señalaba el estado en que se encontraban, diligencias efectuadas en el último período y aquellas aun pendientes.
6.- Es importante que SS. Comprenda que era en base a lo informado en las oportunidades señaladas y mediante informes confeccionados por ella, que se supervisaban los asuntos encomendados a esta abogada, asumiendo la Empresa la veracidad de tales informaciones, así como la competencia de esta profesional de larga trayectoria en los asuntos encomendados.
7.- Por otro lado, y como antecedente general, debo señalar que Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que opera bajo la denominación genérica de EFE, considera dentro de sus políticas fundamentales el respeto y cumplimiento pleno de la normativa laboral vigente, política que se ve reflejada en el valor esencial que profesamos por el respeto, cuidado y protección de nuestros trabajadores, por su dignidad, y el valor que éstos otorgan al éxito del negocio comercial que todos juntos desarrollamos y donde cada uno, en consecuencia, es esencial para el mismo.
8.- En armonía con lo expuesto, el ejercicio de los derechos colectivos, por parte de nuestros trabajadores ha sido respetado íntegramente, encontrándose la mayoría de ellos afiliados a alguno de los múltiples Sindicatos existentes en la compañía, con los que en general la Empresa tiene excelentes relaciones.
9.- Precisamente un (sic) de estas múltiples organizaciones es el Sindicato Nacional de Profesionales Universitarios Ferroviarios Nº 7 de Empresa de Ferrocarriles del Estado, al que la demandada adhiere, perteneciendo a su Directiva en calidad de Presidente y estando, por tanto, beneficiada con fuero laboral.
Es importante destacar y tener presente que la Sra. Valenzuela, además integra el Directorio de la Empresa, en calidad de representante de los trabajadores, asistiendo a todas y cada una de las sus sesiones.
II. ANTECEDENTES PARTICULARES
1.- Como se ha indicado, la demandada debía defender en su calidad de abogada de la Fiscalía de los intereses de EFE en todos aquellos asuntos o negocios que le fueran encomendados general o específicamente.
Uno de los asuntos encomendados a ella, de particular relevancia atendida la cuantía de lo involucrado, fue la representación de la Empresa en el procedimiento de "Consignación de Indemnización Provisional por Expropiación", seguido por el SERVIU METROPOLITANO en contra de EFE, causa ROL V-180-2007, seguido ante el 24 Juzgado Civil de Santiago.
El SERVIU METROPOLITANO, en virtud de Resolución 956 de fecha 13 de Noviembre de 2007 y de acuerdo con sus facultades contenidas en el DS 355 y DL 2186 ordenó la expropiación parcial de un inmueble ubicado en Balmaceda S/Nº, comuna de Quinta Normal, fijándose como monto de indemnización la suma de $ 220.899.738 (valor reajustado).
En el procedimiento voluntario en cuestión el SERVIU solicitó tener por efectuada consignación por el monto en referencia, solicitando que se hicieran las publicaciones legales. Tras la notificación de rigor a EFE, la Empresa solicitó mediante escrito de fecha 18 de Junio de 2008 el giro de Cheque por la suma de $220.899.738.
En dicho escrito compareció LUIS SANCHEZ CASTELLON, Abogado Fiscal, en representación de EFE, designando como UNICA abogada patrocinante y apoderada a la trabajadora GRICELDA VALENZUELA RODRÍGUEZ. Ella fue siempre la única abogada encargada directamente de la defensa de los intereses de EFE en dicho procedimiento voluntario, no existiendo ningún otro abogado o apoderado encargado de este asunto.
Ella era, por tanto, como trabajadora de la compañía y como su abogada, la única responsable de la defensa de los intereses de EFE, de seguir adelante el proceso, de examinarlo, tramitarlo, estar pendiente de sus movimientos, presentaciones y resoluciones, todo hasta que la suma de $ 220.899.738 ya consignados fueran girados a nombre de EFE.
2.- Tras la solicitud de giro de cheque hecho por EFE, representado por la demandada, el Tribunal ordenó que previamente se certificara estar al día el pago de contribuciones.
El paralelo SERVIU solicitó y obtuvo con fecha 26 de Junio de 2008 que se le autorizara la toma de posesión material del inmueble, lo que se concretó con fecha 28 de Julio de 2008.
SS. entenderá que EFE, para ese entonces, ya había dejado de ser propietario del inmueble de la referencia, así como también poseedor, quedándole sólo la compensación indemnizatoria de más de $ 220 millones, y que su abogada, la Sra. Valenzuela, debía obtener el giro del cheque respectivo, toda vez que la suma ya estaba consignada en poder del Tribunal.
3.- Tras la toma de posesión material del inmueble, el expediente fue extraviado, lo cual no fue advertido por la abogada de EFE  principal interesada, toda vez que debía ser ella quien debía obtener el giro de la suma ya consignada. El extravío, sin embargo, si fue advertido por la abogada del SERVIU, quien solicitó con fecha 06 de Octubre de 2008 la reconstitución del expediente.
Así, una primera falta de acuciosidad de la demandada fue el no haber advertido el extravío del expediente, dejar transcurrir más de 3 meses sin hacer diligencia o presentación alguna, sino hasta que la contraparte presentara la solicitud de certificación de extravío, y acompañara ella copia simple del expediente en cuestión.
4.- Así, gracias a la diligencia de la abogada del SERVIU  toda vez que la demandada no hizo nada por defender los intereses de EFE, con miras a recuperar el expediente o reconstituirlo para obtener el pago de la millonaria suma indemnizatoria a su representada y empleadora  el expediente fue reconstituido con fecha 09 de Octubre de 2008.
5.- Sin embargo, tras la reconstitución del expediente en cuestión, la trabajadora continuó sin tomar cartas en el asunto y no sólo no insistió en la solicitud de giro del cheque por el monto consignado, sino que derechamente dejó de tramitarlo, estar atenta a él, revisar su estado materialmente, las presentaciones y resoluciones vertidas en él y notificadas por el estado diario a las partes.
En efecto, de otro modo no se explica que la abogada Valenzuela no haya advertido oportunamente que, tras la reconstitución del expediente de fecha 09 de Octubre de 2008 (cosa que ella no advirtió), en el mes de Noviembre de 2008, en presentación de Fojas 62 del expediente en cuestión, un compareciente presentó documentación que al parecer lo acreditaba (falsamente) como dueño de la propiedad expropiada, solicitando que se girara la suma consignada a su nombre.
Tal situación, basada en documentos al parecer falsos y cuyo tenor EFE desconoce por completo hasta esta fecha, fue, de acuerdo a lo que se nos informara, un fraude masivo relativo a expropiaciones, lo cual pudo y debió ser advertido oportunamente por la Sra. Valenzuela.
En efecto, recién con fecha 27 de Noviembre de 2008, más de 45 días después que se había reconstituido el expediente extraviado, el 24º Juzgado Civil de Santiago ordenó el giro de cheque por la suma consignada a nombre de Claudio Bernasconi Fernández en representación de Ingeniería y Construcción CCR Ltda.
Finalmente, con fecha 09 de Diciembre de 2008 este tercero, Claudio Bernasconi, retiró el cheque por la suma consignada de $ 220.899.738.-
En otras palabras, el trabajo de la abogada de la empresa se limitó a presentar un escrito con fecha 18 de Junio de 2008 y, con posterioridad no hizo absolutamente nada, ninguna presentación y, lo más grave de todo, nunca más verificó el estado del juicio, nunca advirtió lo que en él sucedía, no conoció de su reconstitución, de las presentaciones de terceros y no hizo absolutamente nada por evitar el fraude que se tramaba, el que se vio favorecido por su absoluta negligencia.
Tal incompetencia es absolutamente grave, imperdonable, y hace que necesariamente la empresa deba proceder a solicitar la desvinculación de la demandada. No hay duda que SS. Entenderá que EFE no puede dejar pasar una falta como la antes descrita, es decir la de no advertir que más de $ 220 millones de pesos, hayan sido girados a terceros, y en perjuicio del cliente y empleador de la trabajadora.
6.- Debemos hacer incapié SS. en el hecho que con una mediana diligencia y competencia de la actora en la tramitación del asunto encomendado, se habría evitado esta situación, este fraude y, evidentemente, la compañía no se habría visto perjudicada en esta pérdida patrimonial.
Sin perjuicio de ello es dable entender que el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de Trabajo a la actora (causal del artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo), no se produce por la pérdida de los más de $ 220 millones a manos de un tercero, sino que por el hecho de no haber cumplido con sus obligaciones asumidas.
Sus faltas dicen relación con no haber tramitado correcta y eficientemente la causa encomendada, no haberla revisado materialmente, no haber estado pendiente de su reconstitución, de su materialidad, de las presentaciones allí efectuadas  las que pudieron haber sido contradichas de haberse detectado , de las resoluciones pronunciadas. Ni siquiera la demandada advirtió la solicitud de giro de dineros a un tercero, por lo que no ejerció los derechos que asistían a EFE en esa instancia judicial. Mucho menos advirtió que, casi 6 meses después de su primera y única presentación, se giraban más de $ 220 millones de pesos a un tercero, en perjuicio de su cliente y empleador, situación que ella nunca supo.
Los incumplimientos graves de la actora se encuentran constituidos por estas faltas  agravadas por otras actitudes que se detallarán a continuación  y no tan sólo por la pérdida patrimonial para EFE, situación que evidentemente agrava faltas de suyo suficientemente graves que justifican su desvinculación de la compañía.
7.- De manera francamente inexplicable e irrisoria, la demandada presentó 10 días después que el dinero fue entregado a este tercero, con fecha 19 de Diciembre de 2008, un escrito de "Certificación de Extravío" del expediente en cuestión, actitud inútil a la sazón y que más parece un burdo intento por encubrir su responsabilidad en los hechos y su absoluta negligencia, que una actitud seria por defender a su cliente.
8.- Como se ha dicho recientemente, los incumplimientos graves tanto a sus obligaciones contractuales  atendida la naturaleza de los servicios contratados  como a las obligaciones propias de todo abogado, se vieron agravadas ya no tan sólo por la pérdida patrimonial de la compañía, sino que además por la falta de veracidad de las informaciones dadas por la demandada a EFE.
Como se ha dicho, la trabajadora debía dar cuenta  y así se le solicitaba  del estado de las causas encomendadas. Así, todas y cada una de las informaciones que ella daba a la compañía eran falsas y diversas a la realidad del proceso.
9.- En efecto, cada vez que la trabajadora informó el estado de la causa, lo hizo señalando que se encontraba pendiente el giro de dineros consignados por el SERVIU a favor de EFE.
Jamás la trabajadora informó que un tercero había hecho valer supuestos derechos, ni menos que este había solicitado y obtenido el giro de los dineros pertenecientes a EFE. Nunca informó verazmente el estado de la causa, las presentaciones y resoluciones allí dictadas, pese a la importancia y cuantía del asunto encomendado, y pese a que todas y cada una de las resoluciones emanadas del Tribunal actuante  que se pronunciaban sobre pretensiones de estos terceros  fueron notificados por el estado diario y aparecían tanto en el sistema computacional de seguimiento de causas del tribunal, como en la página web del poder judicial.
10.- Esta falta de veracidad y transparencia de la demandada en la información solicitada por la Empresa se mantuvo durante todo el año 2009, donde cada vez que se le solicitó informar el estado de la causa en cuestión, se limitaba a señalar que se encontraban "para giro de cheque". Ello pese a que ese dinero ya estaba en poder de terceros con su conocimiento.
11.- EFE, sólo por una casualidad, descubrió lo realmente sucedido, y que lo informado por la Sra. Valenzuela no era cierto.
En una conversación informal entre Renato Barrientos Saldaña, Jefe del Departamento Gestión de Activos de EFE y don Juan Domingo Silva Reyes, funcionario del SERVIU, este último le comentó al primero que los fondos consignados por la propiedad de calle Balmaceda S/Nº habían sido girados por el Tribunal, cuestión hasta ese entonces desconocida por el Sr. Barrientos. En virtud de lo anterior, el Sr. Barrientos le solicitó información más detallada de tal supuesto pago, lo que fue refrendado mediante correo electrónico de fecha 26 de Noviembre de 2009. En dicho correo electrónico el funcionario de SERVIU daba cuenta de las consignaciones en 2 expropiaciones (1 de ellas la causa en cuestión).
Incluso este funcionario de SERVIU copió en su mail la información de la página del poder judicial, en la que se daba cuenta de que con fecha 27 de Noviembre de 2008 se había girado cheque a un tercero, retirado el 09 de Diciembre del mismo año.
12.- En otras palabras, fue un trabajador del SERVIU Metropolitano el que le informó a EFE el estado de la causa, es decir, el haberse girado los dineros a un tercero, el haberse retirado el cheque respectivo y, más, transcribió la información pública de la página web.
Nada de ello hizo la demandada, quien o bien ocultó durante todo el 2009 estos hechos  habida consideración de su enorme negligencia  o bien desconoció estos hechos y ni siquiera fue capaz de consultar la causa de manera computacional en el portal del Poder Judicial (mucho menos directamente en el Tribunal).
Como sea, ambas situaciones revisten negligencias y faltas gravísimas e inexcusables y un total desprecio por su empleador y cliente que hacen insostenible su permanencia en EFE.
13.- Tras tomar conocimiento EFE entre fines de Noviembre y principios de Diciembre de 2009 de esta grave situación, comenzó una investigación que incluyó solicitarle a la abogado Valenzuela, a fines del mes de Diciembre de 2009, copia del expediente completo Rol V-180-2007 seguido ante el 24º Juzgado Civil de Santiago.
Además comenzó una investigación que incluyó correos electrónicos a la demandada, solicitud de informes, entrevistas con otros abogados de la Fiscalía, entre ellos con Macarena González Martel  abogada quien constató en Tribunales el estado actual de la causa, es decir que se había girado cheque a favor de un tercero en diciembre del 2008 y que a Diciembre del 2009 no había sido informada así por la abogada Valenzuela -, con Diego Rioseco Antezana (Abogado Jefe  Fiscalía) y con Luis Sánchez Castellón (Fiscal).
14.- En paralelo, y para cumplir con el informe al SEP, a fines de Diciembre del 2009 se le solicitó a la demandada que informara acerca del estado de todas las causas voluntarias a su cargo. Al respecto, la Sra. Valenzuela dio cuenta por medio de un correo electrónico por primera vez, en cuanto al estado real de tramitación de la causa en cuestión, que por un lado el dinero consignado por el SERVIU había sido girado a favor de un tercero en perjuicio de los intereses de EFE y que además la última diligencia útil había sido la solicitud de certificación de extravío y reconstitución del expediente hecha por ella en el mes de Diciembre de 2008 (1 año antes!!) (sic)
No se indicó en dicho informe de lo que se había hecho, y qué había hecho ella particularmente en la defensa de esta causa entre los meses de Diciembre de 2008 (fecha de la solicitud de certificación de extravío), y Enero de 2010 (fecha del informe).
En otras palabras, abiertamente reconocía la demandada no haber hecho absolutamente NADA en más de 1 año calendario, situación que da cuenta del total desenfado y falta de consideración con que actuaba para con su empleador  situación superada por la realidad de los hechos, mucho más grave y perjudicial para EFE.
15.- Cabe recalcar que fue sólo a propósito de esta investigación y en el marco de ella, que la Sra. Valenzuela por primera vez informa mediante correo electrónico y sin mayor formalidad, del hecho de haberse retirado la consignación por parte de un tercero. Así, lisa y llanamente la demandada se limitó a informar que más de 220 millones de pesos habían sido girados a un tercero, sin dar explicaciones de su actuación, de sus presentaciones, de qué hizo para conocer o evitar ello, ni menos del porqué informaba esto sólo 1 año después de haberse girado estos dineros.
El que la demandada informe con fecha 07 de Enero de 2010 mediante correo electrónico una situación acaecida el 08 de Diciembre de 2008, sin dar cuenta tampoco del porqué no lo informó antes o qué hizo durante ese año o por qué sólo informó de esto una vez compelida a hacerlo, por la noticia que un tercero dio de ello, son todas situaciones que sólo agravan las numerosas faltas cometida y ponen en grave cuestionamiento el actuar profesional y laboral de la demandada.
SS. podrá advertir que la demandada, al verse sorprendida, tuvo que reconocer una situación que su informe respecto del estado de los juicios voluntarios hasta Diciembre de 2009 no reconocía como tal, y cual era, no solamente el extravío del expediente en dos ocasiones, sino que además el hecho que se giraron los dineros consignados por el SERVIU a un tercero.
16.- Compelida a hacerlo, en el marco de la investigación en curso, la demandada fue poco a poco dando mayores luces acerca del caso, reconociéndose que los dineros habían sido girados a un tercero, pero nunca dando una respuesta satisfactoria respecto de la forma de llevar adelante el juicio, de qué presentaciones útiles realizó, qué actuaciones hizo para verificar el estado del juicio, conocer los escritos, resoluciones y notificaciones por el estado diario.
Tampoco la Sra Valenzuela pudo explicar el por qué no tuvo conocimiento anticipado a estos hechos conocidos por EFE gracias a un tercero, ni qué hizo durante el último año en que la causa no había tenido movimiento. Mucho menos explicó por qué lo falso o a lo menos erróneo de lo informado a EFE con respecto a esta causa durante todo el año 2009.
17.- Ante una nueva solicitud de la Empresa en el marco de la investigación en curso, y con la finalidad de apreciar las descargas de la demandada, se le pidió un nuevo informe, el que evacuó por escrito con fecha 18 de Enero de 2010.
Nuevamente en él omitió explicar y detallar sus gestiones para llevar adelante el juicio, qué presentaciones realizó, qué actuaciones hizo para verificar el estado del juicio, conocer los escritos, resoluciones y notificaciones por el estado diario. Nuevamente, la Sra. Valenzuela no pudo explicar por qué no tuvo conocimiento anticipado a estos hechos conocidos por EFE gracias a un tercero, ni que hizo durante el último año en que la causa no había tenido movimiento. Mucho menos explicó por qué lo falso o a lo menos erróneo de lo informado a EFE con respecto a esta causa.
18.- Todas estas inquietudes anteriores, finalmente se vieron reflejadas en un Oficio de Fecha 29 de Enero de 2010 en la que el FISCAL don Luis Sanchez Castellón, le hizo ver que en el informe escrito presentado por la demandada, "no se consigna la fecha en la que como abogado patrocinante y en tanto mandataria de la empresa tomó conocimiento del hecho de que se había girado cheque a un tercero por el monto de lo consignado por el SERVIU". Tal es una de las diversas situaciones que la demandada no ha sabido explicar.
En tal oportunidad, y por medio del Oficio respectivo, se le pidió formalmente a la Sra. Valenzuela que informara a EF acerca de las medidas adoptadas por ella para certificar por la Secretaria del Tribunal, el extravío del expediente y solicitud de reconstitución; de los antecedentes y fecha en que se tomó conocimiento del hecho que el Tribunal había girado chequea a un tercero por el monto consignado a nombre de EFE; y las actuaciones útiles y fecha de las mismas para obtener la reparación del daño causado a la empresa y una explicación fundada de la circunstancia de no haber informado oportunamente a la Fiscalía o Gerencia General de EFE de los hechos consignados.
19.- Todas estas preguntas aun se mantienen sin una respuesta fidedigna por parte de la demandada quien no ha logrado explicar estas omisiones y negligencias inexcusables.
La Empresa ha dado a la actora no una, sino múltiples oportunidades de hacer sus descargos. En consideración a su desempeño, su antigüedad en la empresa y su calidad de dirigenta sindical, y además de ser la representante de los trabajadores en el Directorio de la Empresa, se le han dado oportunidades que no todo trabajador tiene de poder explicar su negligencia, sin que a la fecha ella haya dado alguna explicación razonable que justifique ésta.
Transcurridos las investigaciones y revisados los burdos descargos de la actora contenidos en cartas, mails e informes, de esta empresa se ha convencido de la necesidad de solicitar el término de la relación laboral para con la trabajadora. Lo cierto es que los incumplimientos son de tal gravedad, tan reiterados, su desidia, negligencia y falta de cuidado tan enormes, que nos vemos en la obligación de solicitar su desafuero.
20. La administración de la compañía demandante siempre ha comprendido o mejor dicho ha tenido la absoluta convicción que la comunicación, el respeto y el trabajo conjunto permiten el desarrollo de buenas relaciones laborales y aportes mutuos que siempre se traducen en el bienestar de los trabajadores y, por tanto, en el éxito de la empresa.
Por esta razón, con todo sus trabajadores (entre ellos la demandada), así como con sus entidades sindicales, se ha desarrollado una política de "puertas adentro", de trabajo conjunto y mancomunado, donde la confianza, el respeto mutuo y la dedicación al trabajo imperan, creando climas de trabajo muy valorados.
La relación con los diversos Sindicatos de la Empresa y sus Directivas es excelente, de confianza y respeto, y si esta vez hemos decidido iniciar el lastimoso camino del desafuero de la Sra. Valenzuela, es porque la gravedad de las faltas y negligencias cometidas, así como el quiebre de confianzas, las faltas contractuales, y el perjuicio patrimonial a la compañía no nos dejan otro camino, todo lo cual se ve aún mas agravado por la circunstancia que ella es además la representante de los trabajadores de la Empresa en el Directorio.
III. ANTECEDENTES DE DERECHO
1.- En el ejercicio de su función laboral, la demandada quedó afecta a las estipulaciones del contrato individual de trabajo. En el contrato de trabajo de la Sra. Valenzuela del mes de Septiembre de 1993 se estableció claramente su contratación en calidad de Abogado del Departamento Jurídico, obligándose ella a realizar todas aquellas tareas específicas inherentes a su cargo, de acuerdo a la reglamentación e instrucciones del empleador.
Todas y cada una de las obligaciones incumplidas por la trabajadora y que originan la necesidad de su desvinculación, claramente se encuentran dentro de aquellas inherentes a su cargo como abogada de EFE.
Efectivamente la trabajadora se encontraba obligada a representar a EFE en el proceso judicial en cuestión, a hacerlo de manera oportuna y eficiente, a informar a su empleador verazmente acerca del estado de las causas encomendadas, nada de lo cual hizo.
2.- Sin perjuicio de las obligaciones contractuales, la Sra. Valenzuela en su calidad de abogado patrocinante de su empleador y mandataria, se encontraba obligada a sumir tareas y compromisos propios de tal cargo y función.
Se trata por tanto de obligaciones naturales y legales inherentes al cargo y profesión de abogado. Así, el representar los intereses de su cliente de manera oportuna y diligente, velar por sus derechos, darle información veraz y oportuna, tramitar cumplidamente los asuntos encomendados, son todas obligaciones propias de su función de abogado, las que tampoco cumplió.
3.- Asimismo, y por derivación de esta vinculación laboral, la demandada queda igualmente sujeta a las disposiciones del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa vigente en ella.
En lo que aquí interesa, entre las obligaciones impuestas por el Reglamento Interno se cuentan aquellas Generales consignadas en el artículo 59:
Los trabajadores de la empresa tendrán los siguientes obligaciones generales:
a.- Todos los trabajadores de la Empresa estarán obligados a tomar cabal conocimiento de este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, observarlo, respetarlo, poner en práctica y cumplir las normas medidas contenidas en él.
c.- Toda persona contratada que preste servicios a la empresa, cualquiera que sea su naturaleza, responderá de todo daño o perjuicio que irrogue a ésta, de mediar dolo o culpa de su parte.
e.- Desarrollar las funciones que le impone el ejercicio del cargo para el cual ha sido contratado y asumir en plenitud de las responsabilidades inherentes al mismo, según las estipulaciones establecidas al efecto en su respecto contrato de trabajo y anexos del mismo.
i.- Denunciar, por el debido conducto regular, cualquier situación que llegue a conocimiento del trabajador y que pudiere afectar el patrimonio de la Empresa, la seguridad del servicio ferroviario o el prestigio de su personal, salvo que la urgencia amerite denunciar directamente a la Fiscalía de EFE; con copia al superior jerárquico.
El mismo Reglamento Interno en su artículo 60 indica:
- Los trabajadores de la empresa tendrán las siguientes prohibiciones de orden general.
b.- Impedir u obstaculizar las investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de otros trabajadores de la Empresa.
4.- Junto a todo lo anterior, debemos consignar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º del Código del Trabajo, se define al contrato individual de trabajo como una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.-
En sus efectos, el contrato de trabajo se sustenta dentro de los principios generales que para todas las convenciones disponen los artículos 1545 y 1546 del Código Civil. Por disposición del primero, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, y por aplicación del segundo, los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.-
Las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de las obligaciones laborales, o que a ellas pertenecen por la ley o la costumbre se extienden a tres aspectos que deben citarse:
a.- la facultad de mando del empleador y el deber de obediencia del trabajador;
b.- su contenido patrimonial, y
c.- su contenido ético jurídico.
5.- En lo que hace a la especie, la actuación de la demandada afectó gravemente tanto al deber de obediencia como asimismo en cuanto al contenido ético jurídico del contrato.
El deber de obediencia entronca con las facultades de mando que la ley reconoce al empleador. Este don de mando no se circunscribe sólo a las instrucciones para ejecutar una obra o servicio en una u otra forma, sino que se extiende a la vinculación total que opera entre el empleador y el trabajador. Esto es, el don de mando y el contenido ético jurídico del contrato de trabajo son inseparables.
Lo anterior es recogido cabalmente por la legislación nacional. Al efecto, el artículo 153 del Código del Trabajo dispone:
"Las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, contados todos los que prestan servicios en las distintas fábricas o secciones, aunque estén situadas en localidades diferentes, están obligadas a confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento".
6.- Y si bien las consideraciones anteriores bastarían para juzgar cabalmente que la demandada perjudicó a su empleador  y cliente a la vez , en términos inaceptables, que dan lugar a su exoneración, debe considerarse también que su actuación fue contraria a los principios de fidelidad y lealtad que constituyen el contenido ético jurídico del contrato.
La fidelidad obliga al trabajador a procurar el bien y la prosperidad de la empresa advertir prontamente cualquier desperfecto falte, error u omisión, avisar o sugerir todo cuanto pueda contribuir al mejoramiento en la marcha de los trabajos o el funcionamiento de la compañía. En un sentido negativo, la fidelidad impone al trabajador la obligación de no menoscabar el patrimonio o prestigio de la empresa, bajo ningún concepto.
La observancia de esta obligación de fidelidad conduce a la ejecución del contrato de trabajo de acuerdo al principio de la buena fe, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil.
Demás está decir que esta fidelidad se afecta grave e irreparablemente cuando, como en caso de marras, la trabajadora no vela por los intereses de su empleador, no defiende cumplidamente sus intereses, se desentiende del encargo hecho  dejando de revisar el expediente más de 1 año . Asimismo se afecta por no haber conocido oportunamente las irregularidades en el proceso encomendado y por, al haberlas conocido, no informarlas oportuna e inmediatamente a su empleador, dando información falsa cuando le era solicitada. Se afecta finalmente también, por no haber adoptado las medidas necesarias para reparar el mal causado, menoscabando con su acción el patrimonio de la empresa.
7.- A su vez, el deber de lealtad corresponde a la confianza que el empleador deposita en el trabajador por causa de la relación contractual. Esta lealtad se afecta gravemente cuando media un fraude, un abuso de confianza o bien la falta de diligencia y cuidado exhibido por la demandada y, más directamente, su intento por encubrir esta situación al no informar oportunamente lo sucedido y dar información no veraz al serle requerida.
8.- Por consecuencia, la conducta de la demanda es constitutiva de la causal de caducidad del contrato, prevista en el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
Según se expuso, en conformidad al artículo 1546 del Código Civil los contratos deben ejecutarse de buena fe, y obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.
Es imposible aceptar que la demandada haya procedido de la manera como lo hizo, pues con ello viola la buena fe del contrato y, por ende, el precepto legal antes indicado, a la vez que disposiciones precisas tanto del Contrato de Trabajo como del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a que se hizo referencia. Todo ello sin perjuicio a las obligaciones inherentes a su calidad de abogada patrocinante y mandataria en el proceso encomendado.
Contrariamente a lo que se sostiene por algunos, este incumplimiento puede afectar incluso a obligaciones no propiamente funcionarias, siempre que revistan el carácter de grave. Incluso puede afectar a obligaciones que no se encuentran estipuladas en la forma escrita, conforme ha sido reconocido por la jurisprudencia.
Al efecto, se ha dicho: "La acción cometida por el demandante configura la causal de despido establecida en el artículo 14 Nº 5 del D.L. 2.200, esto es, incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. En efecto, aún sin necesidad de una cláusula contractual especial, en todo contrato de trabajo va implícita la obligación del trabajador de guardar en el desempeño de sus labores las normas esenciales de un actuar razonable, las que el actor transgredió... (Excelentísima Corte Suprema, sentencia de 4 de Diciembre de 1986, Rol 3.469)."
9.- Establecido todo lo anterior, conviene precisar que la demanda no ha tenido, no tiene, ni tendrá jamás excusa legítima para actuar en la forma que lo hizo.
En efecto, no había motivo ni justificación para no preocuparse de los intereses de su empleador-cliente, no haber sido capaz de revisar el estado de la causa, no haber advertido las presentaciones hechas por terceros, no haber sido diligente para defender los derechos patrimoniales de EFE, no haber advertido la reconstrucción del expediente, ni las resoluciones emanadas del Tribunal  todas ellas notificadas por el estado diario .
Tampoco hay justificación para no haber advertido el giro de más de $ 220 millones a un tercero en la causa encomendada, ni para haber informado por más de 1 año que la causa se encontraba extraviada y con el giro de cheque pendiente (siendo que había sido reconstituida y girados esos dineros a un tercero). Mucho menos hay justificación para no haber advertido durante ese año el verdadero estado de la causa, o bien, haberlo ocultado en caso de haberlo conocido pretendiendo esconder su falta  ambas situaciones inaceptables .
SS. entenderá que para EFE es inaceptable que sea un funcionario arquitecto del SERVIU Metropolitano quien haya informado del estado de la causa a la compañía (adjuntando copia de la resolución que aparecía en el portal de internet del Poder Judicial), y no haya sido la profesional encargada de la causa quien lo haya hecho.
Tales incumplimientos, incapacidades, negligencia, faltas de lealtad, fidelidad, preocupación y compromiso para con su empleador, lamentablemente hacen inviable la permanencia de la trabajadora en la compañía.
En esta forma, procede que S.S. declare el desafuero de la demandada, en atención a la garantía legal que lo ampara en su calidad de Presidente y miembro de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Profesionales Universitarios Ferroviarios Nº 7 de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, o por cualquiera otra causa que eventualmente pudiere investirla de fuero, y autorice la terminación de su contrato de trabajo, sin que le competa indemnización alguna por esta causa.
Corresponde que SS. así lo declare, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo.
En mérito de lo expuesto, y de lo dispuesto en los artículos 1545, 1546 y demás pertinentes del Código Civil; 7º y siguientes, 160 y siguientes, 174, 243, 440 y siguientes del Código del Trabajo, y en las demás normas aplicables, SIRVASE V.S. tener por interpuesta la demanda de autos en contra de doña Gricelda Valenzuela Rodríguez, ya individualizada, acogerla a tramitación y, en definitiva, declarar que se hace lugar a ella, razón por la cual se autoriza a la compañía demandante para poner término al contrato de trabajo de la demandada, sin derecho a indemnización de ninguna especie.
Todo ello con expresa condenación en costas.
PRIMER OTROSÍ: RUEGO A US, tener por acompañados, con citación, los siguientes documentos:
1. Copia de la personería, reducida a escritura pública en la Notaría de Santiago de Cosme Fernando Gomila Gatica, para comparecer en representación de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, de fecha 26 de agosto del año 2008.
SEGUNDO OTROSI: Acorde con lo previsto en el inciso 2º del artículo 174 del Código del Trabajo, "el juez, como medida prejudicial y en cualquier estado del juicio, podrá decretar, en forma excepcional y fundadamente, la separación provisional del trabajador de sus labores, con o sin derecho a remuneración.-
En el caso que nos ocupa, por la gravedad de los hechos, se hace indispensable que V.S. autorice la separación de la demandada de sus funciones, máxime cuando con sus conductas ha generado un clima laboral insostenible.
La autorización de separación, la solicito sin goce de remuneraciones, y subsidiariamente, con goce de ellas.
SIRVASE V.S. acceder a lo pedido, decretando la medida prejudicial solicitada, sin goce de remuneraciones, o en subsidio, con goce de ellas.
TERCER OTROSI: Ruego a US, tener presente que la personería para actuar en nombre y representación de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, consta de escritura pública que se acompaña en el primer otrosí de esta presentación, numeral 1.-
CUARTO OTROSI: Designo abogado patrocinante confiero poder al abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, don MAURICIO ANDRÉS CORREA NOE, domiciliado en calle La Bolsa 81, Piso 5, comuna y ciudad de Santiago .
SIRVASE SS. Tenerlo Presente.
#2 · 06/Jul/2010, 23:37
EN LO PRINCIPAL, contesta demanda
EN EL PRIMER OTROSI, patrocinio y poder
EN EL SEGUNDO OTROSI, litigación y notificaciones electrónicas.
GRICELDA VALENZUELA RODRIGUEZ, abogada, con domicilio en esta ciudad, calle Montenegro Nº XXX-X comuna de Ñuñoa, demandada en los autos caratulados "EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTACON CON VALENZUELA RODRIGUEZ, GRICELDA", Rit Nº 519-2010, a Us. digo:
Mi empleadora, la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, EFE, ha interpuesto demanda de desafuero en mi contra, a fin de que S.S. la autorice para poner término a mi contrato de trabajo. En su libelo de demanda, me imputa la comisión de ciertos hechos que, en su concepto, constituirían un grave incumplimiento de mis obligaciones contractuales. Dada mi calidad de dirigente sindical, invisto el cargo de Presidenta del Sindicato Nacional de Profesionales Universitarios Ferroviarios Nº 7 de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, gozo de fuero que contempla el artículo 243 del Código del Trabajo, lo que la obliga a recurrir ante S.S. como requisito previo para el despido.
En este acto, vengo en contestar la demanda, en los términos que se expondrá, solicitando su rechazo, con costas, teniendo para ello presente los siguientes antecedentes, de hecho y de derecho:
1. Es efectivo que soy abogado de la empresa demandante, a la que me vincula un contrato de trabajo, vigente a partir del día 1 de septiembre de 2003.
2. Originalmente fui contratada para desempeñar múltiples funciones en el ex Departamento Jurídico de EFE, luego denominado Gerencia de Servicios Legales, hoy Fiscalía. Dentro de esas funciones se encontraba la de atender juicios de diversa índole, laborales, criminales, y esporádicamente, civiles.
3. Sin embargo, a partir del mes de diciembre de 2001, se me destinó a atender, en forma exclusiva y permanente, los asuntos derivados de los accidentes ocurridos en la vía férrea. Así se comunicó al Gerente de Infraestructura mediante oficio interno Nº 05/1519 de 10 de diciembre de 2001. Por ello, mi función específica ha sido, desde 2001, atender los accidentes las 24 horas del día y los 365 días del año.
En síntesis, mi función se desarrolla de la siguiente forma:
3.1. Comienza con un llamado telefónico que realiza el Inspector de Turno, ubicado en la Oficina de Control Tráfico de la empresa, quien es el primero en tomar conocimiento de la ocurrencia de un accidente. Normalmente se trata de algún atropello o impacto con vehículos, generalmente con consecuencias fatales.
3.2. Mi misión es velar por la libertad del maquinista y acelerar los trámites legales para que retiren prontamente los cuerpos o restos de la vía férrea, de modo de permitir la pronta circulación de los trenes. Para ello debo contactarme con Carabineros, Fiscales y Brigada de Homicidios, entre otros. Para estos efectos la empresa me asignó un teléfono celular, en el que puede permanente ubicarme la Oficina de Tráfico, la que también me llama eventualmente al teléfono de mi casa.
3.3. A diferencia de otros trabajadores que también requieren ser ubicados permanentemente, a mi no se me compensa el tiempo trabajado después de la jornada ordinaria. Es decir, si trabajaba de noche, igualmente debía prestar servicios al día siguiente, comenzando mi jornada en los horarios habituales, al igual que el resto de los trabajadores. Sólo luego de reiteradas solicitudes, la demandada me otorgó un bono de ubicabilidad, que en cierta medida compensa el estar, ya lo mencioné antes, las 24 horas del día y los 365 días del año ubicable y dispuesta a cubrir la emergencia que se presentara.
3.4. En esta función, que se me asignara, insisto, en forma exclusiva, debía además participar de un Comité de Accidentes, creado por la administración, hoy desaparecido. Actualmente participo en el Comité de Seguridad y Robos, creado por la Gerencia de Operaciones.
3.5. Exactamente las mismas funciones referidas anteriormente desempeño para la empresa demandante, hasta el día de hoy. Sólo en forma ocasional se me encarga otro trabajo, pero la casi totalidad de mi jornada, y fuera de ella, por 24 horas.
4. En el año 2002, fui elegida por primera vez Presidenta del Sindicato de Profesionales Universitarios Ferroviarios, cargo que aún invisto, por haber sido reelegida en las elecciones posteriores, los años 2004, 2006 y 2009.
5. Paralelamente, el día 5 de octubre de 2004 fui elegida, en votación directa y por amplia mayoría, como representante de los trabajadores ante el Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, cargo que por primera vez en la historia lo desempeñaba una mujer, y que aun mantengo, por haber sido reelegida, también por amplia mayoría, los años 2006 y 2008. El ejercicio de estas funciones me obliga, además de participar en las reuniones de directorio y comités de directorio programadas, a viajar a lo largo de toda la red, en cada lugar donde se encuentren trabajadores laborando. Además de participar con los sindicatos de la empresa en todas las actividades, reuniones y acciones tendientes a obtener el respeto de los derechos laborales. Ya sea en proceso de negociación colectiva o en la etapa de cumplimiento y ejecución de los contratos colectivos. En general, hemos mantenido, como organización sindical, una buena relación con la empresa, lo que ha evitado conflictos y paralizaciones que le habrían causado pérdidas económicas y afectando la eficiencia del servicio.
6. Por lo expuesto, y teniendo presente la actividad propia del cargo de representante de los trabajadores ante el directorio, es que mi desempeño en la Fiscalía de EFE se limitó a atender los accidentes en la línea férrea (atención que podría brindar estando en cualquier punto del país) y atender algunas causas criminales originadas por los robos que sufre la empresa, asistiendo a audiencias o presentando querellas. Rara vez se me asignó otra tarea. En consecuencia, resultan ser falsas las afirmaciones de la demandada, repetidas además con una majadería a toda prueba a lo largo del escrito, respecto de las concretas funciones que se me habían asignado por la empresa.
7. Nunca tuve mayores beneficios de capacitación o pecuniarios, salvo el bono de ubicabilidad, que en realidad sólo compensa, y muy parcialmente, la pérdida de vida privada y descansos que significa estar disponible para trabajar las 24 horas del día los 365 días del año, sacrificando horas de sueño, de compartir con la familia, etc.
8. Durante todos los años servidos en EFE he cumplido mis obligaciones contractuales con esmero, a entera satisfacción de la demandante. He prestado los servicios para los que fui contratada en forma adecuada, incluso más allá de lo que las cláusulas de mi contrato y la buena fe me obligaban. Con ese objeto me he preocupado además por perfeccionarme profesionalmente. En materia de capacitación, la Empresa, al igual que a otros colegas, financió por una sola vez los costos de un diplomado, en materia de Reforma Procesal Penal. Soy magister en Reforma Procesal Penal (U. Central), postitulada en criminología (U. Católica) y he tomado varios otros cursos y seminarios, todos ellos financiados por mí.
9. Como S.S. ha podido percatarse de la sola lectura de la demanda, la empresa reconoce que he sido una buena trabajadora, cumplidora de mis obligaciones, lo que se ha traducido, dice, en promociones y ascensos. Por eso, asegura, llegué a constituirme "en una pieza vital para el funcionamiento de la fiscalía de EFE...", agrega que fui asumiendo, por mi destacada trayectoria, obligaciones de relevancia, entre las que destaca "llevar adelante en su calidad de abogado patrocinante, la representación de EFE en juicios de carácter civiles voluntarios, particularmente referidos a expropiaciones". Esto, como ya se advirtiera en los párrafos precedentes, es falso. Mi función principal, y casi exclusiva, consistía en atender los problemas derivados de los accidentes ocurridos en la línea y, sólo en forma muy esporádica y ocasional, asumir otras distintas.
10. Cabe hacer presente que, dada la naturaleza de los cargos que investía, desempeñaba mis funciones con grados importantes de autonomía.
11. Respecto del hecho que motiva la solicitud de desafuero, señala la demandante que debía dar cuenta oportuna y permanente a otros profesionales y al superior jerárquico del estado de los asuntos. Al respecto cabe hacer presente:
11.1.1 Que no había ningún procedimiento establecido para ello, y nunca se me pidió informe de mis actividades, salvo a fines del 2009.
11.1.2. Que a cargo de las expropiaciones, la parte técnica era responsabilidad de don Guillermo Ortíz Meza, y el aspecto legal era asignado a cualquier abogado de la Fiscalía, para los efectos de patrocinar la causa, dado que no existía una persona definida para ello. Lo que el señor Ortíz había solicitado en reiteradas ocasiones.
12. Fue en estas condiciones que se me pidió que patrocinara esta causa del 24º Juzgado Civil, luego del estudio técnico realizado por el señor Ortiz. Y en ella realicé las siguientes diligencias:
12.1. El 18 de junio de 2007 se presentó la solicitud de que se girara cheque a nombre de EFE, petición a la que el Tribunal proveyó que previamente se acreditara el pago de contribuciones.
12.2. Ante esa providencia, solicité mediante correo electrónico a señor Renato Barrientos Saldaña que se enrolara la propiedad, dado que ni siquiera tenia un rol de avalúo asignado, después de dos meses de haberse pedido.
12.3. Debo hacer presente en esa época EFE contaba con un procurador señor Alejandro Rojas Olguín, quien era el encargado de tramitar las causas de EFE. Es decir, presentar escritos, tomar conocimiento de las providencias dictadas en cada proceso, etc.
12.4. Efectivamente, al momento de presentar el escrito con el certificado de avalúos la causa se encontraba extraviada, lo que motivó la presentación de otro escrito solicitando la correspondiente certificación de extravío. Por los dichos de la actuario supe: a) que el expediente se había extraviado dos veces; b) que la primera vez se habría reconstituido sin el escrito de EFE en que se solicitaba el giro de los fondos; c) habría comparecido un tercero acreditando dominio, al cual le giraron los fondos consignados y d) luego se habría extraviado nuevamente el expediente.
12.5. Por supuesto, el daño sufrido por EFE no tiene origen en mi conducta, sino se produjo a consecuencias de la acción delictiva de un tercero, que además afectó a otros organismos. Ello me fue informado por la abogada del consejo de Defensa del Estado, doña Mariella D Entone, quien me señaló que tenían varias causas en las que se repetía el mismo delito: una banda había retirado dineros de expropiaciones de organismos públicos con un modus operandi similar; y me solicitó que enviáramos los antecedentes para ejercer una acción criminal.
12.6. No es efecto lo que afirma la demandante al señalar que después de la presentación del 18 de junio de 2008 no realicé ninguna otra presentación o diligencia en el expediente. Como ya lo mencionara, solicité internamente a otra unidad la obtención de la asignación de rol de avalúos, y al ir posteriormente a presentar el escrito, el expediente ya no estaba.
12.7. Por otra parte, expone la demandante que la información que yo entregara a la empresa era falsa. Hago presente a US. que quien informaba del estado de las expropiaciones que se llevaban en EFE no era yo, sino el señor Guillermo Ortiz, quien elaboraba un cuadro en Excel y se lo entregaba al sub fiscal o al abogado que se lo solicitara. A pesar de no ser el encargado de asuntos legales, siempre incluía en su informe el estado en que se encontraba un determinado proceso.
12.8 Cuando yo me percaté del extravío del expediente, me contacté telefónicamente con el abogado del SERVIU quien me manifestó que ya se había reconstituido en una oportunidad y que los fondos los habían retirado.
12.9. Sólo en enero de este año fui citada por el Fiscal Luis Sánchez y en presencia del sub fiscal, señor Diego Rioseco, se me preguntó por esta causa.
12.10. Con posterioridad el Fiscal me manifestó que era grave lo ocurrido y que era mejor que me fuera por la "puerta ancha", lo que implicaba que era mejor que renunciara. Por supuesto me negué a ello, ya que los hechos que constituirían un grave incumplimiento contractual no me eran imputables y, en todo caso, una media sancionatoria como el despido es absolutamente desproporcionada a la supuesta falta que se me imputa. Además de dejar sin aplicación las normas del Reglamento Interno de Efe, el que contiene un procedimiento para la determinación de las faltas y aplicación de sanciones.
12.11. Desde que se detectó la supuesta falta, se me asigna la atención de algunos asuntos penales, cuyas querellas envié en borrador para su revisión y firma, manifestándome el Fiscal días antes de la audiencia que no me asignará nuevos juicios mientras esté vigente el juicio de desafuero.
II. EL DERECHO.
13. Los hechos referidos en la demanda no constituyen la causal de término de la relación laboral a que se refiere al artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo, invocada por la demandante. En efecto, por las circunstancias que a continuación expongo, los hechos que se me imputan no configuran un grave incumplimiento contractual.
13.1. No me es atribuible responsabilidad en los hechos que originan un daño para la demandante. Como ya está dicho, mi función principal no era la de llevar procesos de esta naturaleza, ni de ninguna otra, sino atender asuntos relacionados con los accidentes acaecidos en la línea férrea.
Asimismo, existía un procurador especialmente encargado de vigilar los procesos e informar a la Fiscalía, don Alejandro Rojas.
13.2. La sanción contraría las normas del Reglamento Interno de la Empresa, las que no fueron consideradas.
En efecto, el Reglamento Interno, tratándose de faltas graves, solo permite a EFE aplicar sanciones consistentes en amonestaciones y multas, nunca el término del contrato. además, la aplicación de sanciones exige, una evaluación previa, en un procedimiento que contempla incluso, en su artículo 71, el derecho del trabajador afectado de deducir recursos. Este procedimiento nunca se realizó, afectando mi derecho a defensa.
13.3. No existe ninguna proporción entre la supuesta falta y la sanción aplicada.
Este principio general, el de proporcionalidad o gradualidad, aplicable a toda norma sancionatoria, resulta vulnerado cuando, como ocurre en la especie, se aplica una sanción que no tiene relación alguna con la falta que se imputa al trabajador.
El propio reglamento interno, en su artículo 70, establece que: "En todo caso, dicho procedimiento de evaluación estará orientando a que exista la debida correspondencia entre la sanción y la falta..."
13.4. La gravedad de una eventual falta se ve atenuada por la existencia de antecedentes laborales intachables.
Como lo reconoce la propia demandante en su demanda, tengo una hoja de vida intachable durante los más de 15 años servidos en EFE.
Como se ha declarado por nuestros tribunales superiores, se trata de una circunstancia que debe ser considerada al momento de evaluar la gravedad de una determinada conducta, ya que no es lo mismo una conducta reiterada en el tiempo, que incluso ha sido objeto de amonestaciones, que una conducta aislada, luego de más de 16 años de servicio.
13.5. El tiempo transcurrido desde que la demandante tomó conocimiento de los hechos y la fecha de interposición de la demanda.
Como también se ha declarado, las medidas sancionatorias que adopte el empleador ante una conducta que considera indebida deben ser oportunas. Es decir, adoptarse de inmediato, o en cualquier caso, nunca después de transcurrido un plazo tal, que el trabajador pueda pensar que la falta le fue condonada. Como SS. sabe, este principio ha recibido aplicación en forma reiterada y pacífica en nuestra jurisprudencia.
En la especie, la propia demandante reconoce que tomó conocimiento de los hechos que invoca como fundamento de la demandada en el mes de noviembre de 2009. La demanda, en tanto, la interpone el día 25 de febrero de 2010, tres meses después, y sólo es me es notificada el 3 de marzo en curso.
Por lo que SS. deberá entender que, en caso de constituir mi conducta alguna falta, esta deberá considerarse condonada.
De los antecedentes expuestos, surge como evidencia que no se configura a mi respecto la causal de incumplimiento grave de obligaciones contractuales, por lo que deberá S.S. negar lugar a la demanda de autos.
Y de conformidad a lo dispuesto por el artículo 452 del Código del Trabajo,
RUEGO A US. tener por contestada la demanda interpuesta en mi contra por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y, en definitiva, negarle lugar en todas sus partes, por no haber incurrido esta demandada en ningún incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Con las costas del proceso.
PRIMER OTROSI: Sírvase US. tener presente que designo abogado patrocinante y confiero poder para que me represente en estos autos a don RAFAEL CARVALLO SANTELICES, patente 406.971-4, domiciliado en calle Lorenzo Gotuzzo Nº 96, oficina 94. Confiero también poder, para que actúe conjunta o separada e indistintamente con el señor Carvallo, a la abogado doña MONICA CECILIA VOGEL ALVAREZ, patente Nº 310134-7, del mismo domicilio anterior.
SEGUNDO OTROSÍ: Solicito a SS. se autorice a esta parte a tramitar en forma electrónica en el proceso y se sirva disponer que las notificaciones que se practiquen durante el proceso sean efectuadas a través de los correos electrónicos.
#3 · 06/Jul/2010, 23:41 · Editado por El_Mastike
DEMANDADO : GRICELDA VALENZUELA RODRIGUEZ
Santiago, veintidós de junio de dos mil nueve.
VISTOS, OIDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que comparece al proceso Franco Faccilongo Forno, ingeniero civil electrónico, como Gerente General y en representación de EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO, persona jurídica de derecho público, ambos domiciliados en Morandé N° 115, sexto piso, comuna de Santiago, Región Metropolitana quien en conformidad con lo previsto en el artículo 174 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 243 del mismo cuerpo legal interpone demanda de desafuero en contra de doña GRICELDA VALENZUELA RODRIGUEZ, abogado, domiciliada en calle Montenegro N° XXXX-X, comuna de Ñuñoa, ciudad de Santiago.
Señala que la demandada prestó servicios como trabajadora dependiente de la Empresa demandante, en calidad de abogado, dependiente de la Fiscalía de EFE y que paralelamente ostenta el cargo de Presidenta en la directiva del Sindicato Nacional de Profesionales Universitarios Ferroviarios N° 7 de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, con base en la Empresa, lo anterior de acuerdo al acto eleccionario llevado a cabo el 08 de Julio de 2009 (fecha de elección del directorio). Además, la Sra. Valenzuela se desempeña desde el mes de octubre del año 2008, como representante de los trabajadores de la Empresa en el Directorio de EFE.
Indica que la trabajadora, comenzó a prestar servicios para la Empresa con fecha 01 de Septiembre de 1993, en calidad de abogado, desempeñándose en el Departamento Jurídico de manera ininterrumpida desde la fecha de inicio de su relación laboral.
Añade que en su calidad de abogado dependiente de la Fiscalía de EFE, la Sra. Valenzuela debía desempeñar (y desempeñaba), múltiples funciones propias de una abogada de lo dicha Fiscalía, como por ejemplo revisar documentos, informes, emitir opiniones jurídicas, resolver consultas legales, y en general todas las labores propias de su profesión y que le fueran encargados especialmente por el Sr. Fiscal de EFE o en subsidio por el Sr. Abogado Jefe de la Fiscalía. Añade que estas funciones las realizó de manera correcta por el periodo trabajado, lo que le significó ir asumiendo mayores obligaciones y responsabilidades con el tiempo, llegando a constituirse en una pieza vital para el funcionamiento de la Fiscalía de EFE, todo lo cual se vio reflejado en mayores beneficios de capacitación, pecuniarios y otros.
Señala que tratándose de una profesional destacada y de amplia trayectoria en la compañía, la demandada fue asumiendo obligaciones de relevancia para nuestro funcionamiento como empresa, teniendo ella además altos grados de autonomía e independencia en su trabajo y funcionamiento, así, si bien pertenecía a una Fiscalía con una organización determinada, ella en los hechos tenía enormes grados de autonomía, los que se explicaban por su destacado trabajo, todo lo anterior, sin perjuicio de su calidad de dirigente sindical y representante de los trabajadores en el Directorio de la Empresa.
Agrega que entre sus múltiples funciones, todas de gran importancia, había una de particular relevancia, cuál era el llevar adelante en su calidad de abogado patrocinante, la representación de EFE en juicios de carácter civiles voluntarios, particularmente referidos a expropiaciones. Ello sin perjuicio de asumir también la representación de la Empresa en causas de otra índole como civiles o criminales. Así las cosas, conjuntamente con asumir el patrocinio y representación de EFE en estas causas, la demandada asumía obligaciones propias de su calidad de abogada y trabajadora de la compañía, como eran el definir las estrategias a seguir, tramitar personalmente las causas, presentar escritos, concurrir a comparendos y audiencias, presentar pruebas y recursos, etc.
Señala que además de ello, la Sra. Valenzuela, tal como todo otro abogado de la Fiscalía de EFE debía dar cuenta oportuna y permanente a otros profesionales y evidentemente a sus superiores jerárquicos de la Fiscalía del estado de los asuntos que estaban a su cargo.
Agrega en particular, la obligación de la trabajadora de informar el estado de las causas encomendadas se hacía más necesario 2 veces al año, de manera semestral (Junio y Diciembre), fechas en las que EFE debe informar el estado de los asuntos pendientes al SEP (Sistema De Empresas Públicas), ente controlador y supervisor de empresas públicas como EFE.
Indica que así las cosas, cada vez que se le solicitaba y, especialmente cuando había que informar al SEP, la trabajadora enviaba informes relativos al actual estado de las causas que estaban a su cargo, tal informe, además de identificar someramente las causas a su cargo, señalaba el estado en que se encontraban, diligencias efectuadas en el último periodo y aquellas aun pendientes.
Manifiesta que es importante que el tribunal comprenda que era en base a lo informado en las oportunidades señaladas y mediante informes confeccionados por ella, que se supervisaban los asuntos encomendados a esta abogada, asumiendo la Empresa la veracidad de tales informaciones, así como la competencia de esta profesional de larga trayectoria en los asuntos encomendados.
Añade que por otro lado, y como antecedente general, debo señalar que Empresa de los Ferrocarriles del Estado, que opera bajo la denominación genérica de EFE, considera dentro de sus políticas fundamentales el respeto y cumplimiento pleno de la normativa laboral vigente, política que se ve reflejada en el valor esencial que profesamos por el respeto, cuidado y protección de nuestros trabajadores, por su dignidad, y el valor que éstos otorgan al éxito del negocio comercial que todos juntos desarrollamos y donde cada uno, en consecuencia, es esencial para el mismo.
Expone que en armonía con lo expuesto, el ejercicio de los derechos colectivos por parte de nuestros trabajadores ha sido respetado íntegramente, encontrándose la mayoría de ellos afiliados a alguno de los múltiples Sindicatos existentes en la compañía, con los que en general la Empresa tiene excelentes relaciones.
Agrega que precisamente una de estas múltiples organizaciones es el Sindicato Nacional de Profesionales Universitarios Ferroviarios N° 7 de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, al que la demandada adhiere, perteneciendo a su Directiva en calidad de Presidente y estando, por tanto, beneficiada con fuero laboral.
Señala que es importante destacar y tener presente que la Sra. Valenzuela, además integra el Directorio de la Empresa, en calidad de representante de los trabajadores, asistiendo a todas y cada una de sus sesiones.
Manifiesta que como se ha indicado, la demandada debía defender en su calidad de abogada de la Fiscalía los intereses de EFE en todos aquellos asuntos o negocios que le fueran encomendados general o específicamente y uno de los asuntos encomendados a ella, de particular relevancia atendida la cuantía de lo involucrado, fue la representación de la Empresa en el procedimiento de "Consignación de Indemnización Provisional por Expropiación", seguido por el Serviu Metropolitano en contra de EFE, causa ROL V-180-2007, seguido ante el 24 Juzgado de Civil de Santiago. Agrega que el Serviu Metropolitano, en virtud de Resolución 956 de fecha 13 de Noviembre de 2007 y de acuerdo con sus facultades contenidas en el DS 355 y DL 2186 ordenó la expropiación parcial de un inmueble ubicado en Balmaceda s/n, comuna de Quinta Normal, fijándose como monto de indemnización la suma de $220.899.738 (valor reajustado).
Señala que en el procedimiento voluntario en cuestión el Serviu solicitó tener por efectuada consignación por el monto en referencia, solicitando que se hicieran las publicaciones legales, tras la notificación de rigor a EFE, la Empresa solicitó mediante escrito de fecha 18 de Junio de 2008 el giro de cheque por la suma de $220.899.738.
Agrega que en dicho escrito compareció Luis Sánchez Castellón, Abogado y Fiscal, en representación de EFE, designando como única abogada patrocinante y apoderada a la trabajadora Gricelda Valenzuela Rodríguez, siendo ella siempre la única abogada encargada directamente de la defensa de los intereses de EFE en dicho procedimiento voluntario, no existiendo ningún otro abogado o apoderado encargado de este asunto, siendo ella como trabajadora de la compañía y como su abogada, la única responsable de la defensa de los intereses de EFE, de seguir adelante el proceso, de examinarlo, tramitarlo, estar pendiente de sus movimientos, presentaciones y resoluciones, todo hasta que la suma de $220.899.738 ya consignados fueran girados a nombre de EFE. Añade que tras la solicitud de giro de cheque hecho por EFE, representado por la demandada, el Tribunal ordenó que previamente se certificara el estar al día el pago de contribuciones y en paralelo Serviu solicitó y obtuvo con fecha 26 de Junio de 2008 que se le autorizara a la torna de posesión material del inmueble lo que se concretó con fecha 28 de Julio de 2008.
Expone que para ese entonces EFE, ya había dejado de ser propietario del inmueble de la referencia, así como también poseedor, quedándole sólo la compensación indemnizatoria de más de $220 millones, y que su abogada, la Sra. Valenzuela, debía obtener el giro del cheque respectivo, toda vez que la suma ya estaba consignada en poder del Tribunal.
Agrega que tras la toma de posesión material del inmueble, el expediente fue extraviado, lo cual no fue advertido por la abogada de EFE - principal interesada, toda vez que debía ser ella quien debía obtener el giro de la suma ya consignada, el que si El extravío, sin embargo, sí fue advertido por la abogada del Serviu, quien solicitó con fecha 06 de Octubre de 2008 la reconstitución del expediente.
Señala que así, una primera falta de acuciosidad de la demandada fue el no haber advertido el extravío del expediente, dejando transcurrir más de 3 meses sin hacer diligencia o presentación alguna, sino hasta que la contraparte presentara la solicitud de certificación de extravío, y acompañara ella copia simple del expediente en cuestión.
Manifiesta que gracias a la diligencia de la abogada del SERVIU -toda vez que la demandada no hizo nada por defender los intereses de EFE, con miras a recuperar el expediente o reconstituirlo para obtener el pago de la millonaria suma indemnizatoria a su representada y empleadora- el expediente fue reconstituido con fecha 09 de Octubre de 2008.
Añade que sin embargo, tras la reconstitución del expediente en cuestión, la trabajadora continuó sin tomar cartas en el asunto y no sólo no insistió en la solicitud de giro del cheque por el monto consignado, sino que derechamente dejó de tramitarlo, estar atenta a él, revisar su estado materialmente, las presentaciones y resoluciones vertidas en él y notificadas por el estado diario a las partes.
Indica que en efecto, de otro modo no se explica que la abogada Valenzuela no haya advertido oportunamente que, tras la reconstitución del expediente de fecha 09 de Octubre de 2008 (cosa que ella no advirtió), en el mes de Noviembre de 2008, en presentación de fojas 62 del expediente en cuestión, un compareciente presentó documentación que al parecer lo acreditaba (falsamente) como dueño de la propiedad expropiada, solicitando que se girara la suma consignada a su nombre, tal situación, basada en documentos al parecer falsos y cuyo tenor EFE desconoce por completo hasta esta fecha, fue, de acuerdo a lo que se nos informara, un fraude masivo relativo a expropiaciones, lo cual pudo y debió ser advertido oportunamente por la Sra. Valenzuela.
Expone que recién con fecha 27 de Noviembre de 2008, más de 45 días después que se había reconstituido el expediente extraviado, el 24° Juzgado Civil de Santiago ordenó el giro de cheque por la suma consignada a nombre de Claudio Bernasconi Fernández en representación de Ingeniería y Construcción CCR Ltda.
Manifiesta que con fecha 09 de Diciembre de 2008 este tercero, Claudio Bernasconi, retiró el cheque por la suma consignada de $220.899.738.
Concluye que en otras palabras, el trabajo de la abogada de la empresa se limitó a presentar un escrito con fecha 18 de Junio de 2008 y, con posterioridad no hizo absolutamente nada, ninguna presentación y, lo más grave de todo, nunca más verificó el estado del juicio, nunca advirtió lo que en él sucedía, no conoció de su reconstitución, de las presentaciones de terceros y no hizo absolutamente nada por evitar el fraude que se tramaba, el que se vio favorecido por su absoluta negligencia, agrega que tal incompetencia es absolutamente grave, imperdonable, y hace que necesariamente la empresa deba proceder a solicitar la desvinculación de la demandada, no hay duda que el tribunal entenderá que su representada no puede dejar pasar una falta como la antes descrita, es decir la de no advertir que más de $220 millones de pesos, hayan sido girados a terceros, y en perjuicio del cliente y empleador de la trabajadora.
Señala que debe hacerse hincapié, en el hecho que con una mediana diligencia y competencia de la actora en la tramitación del asunto encomendado, se habría evitado esta situación, este fraude y, evidentemente, la compañía no se habría visto perjudicada en esta pérdida patrimonial.
Explica que sin perjuicio de ello es dable entender que el incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato de Trabajo a la actora (causal del artículo 160 N°7 del Código del Trabajo), no se produce por la pérdida de los más de $220 millones a manos de un tercero, sino que por el hecho de no haber cumplido con sus obligaciones asumidas.
Agrega que sus faltas dicen relación con no haber tramitado correcta y eficientemente la causa encomendada, no haberle revisado materialmente, no haber estado pendiente de su reconstitución, de su materialidad, de las presentaciones allí efectuadas -las que pudieron haber sido contradichas de haberse detectado-, de las resoluciones pronunciadas. Ni siquiera la demandada advirtió la solicitud de giro de dineros a un tercero, por lo que no ejerció los derechos que asistían a EFE en esa instancia judicial. Mucho menos advirtió que, casi 6 meses después de su primera y única presentación, se giraban más de $220 millones de pesos a un tercero, en perjuicio de su cliente y empleador, situación que ella nunca supo.
Señala que los incumplimientos graves de la actora se encuentran constituidos por estas faltas -agravadas por otras actitudes que se detallarán a continuación- y no tan sólo por la pérdida patrimonial para EFE, situación que evidentemente agrava faltas de suyo suficientemente graves que justifican su desvinculación de la compañía.
Agrega que de manera francamente inexplicable e irrisoria, la demandada presentó 10 días después que el dinero fue entregado a este tercero, con fecha 19 de Diciembre de 2008, un escrito de "Certificación de Extravío" del expediente en cuestión, actitud inútil a la sazón y que más parece un burdo intento por encubrir su responsabilidad en los hechos y su absoluta negligencia, que una actitud seria por defender a su cliente.
Indica que como se ha dicho recientemente, los incumplimientos graves tanto a sus obligaciones contractuales -atendida la naturaleza de los servidos contratados- como a las obligaciones propias de todo abogado, se vieron agravados ya no tan sólo por la pérdida patrimonial de la compañía, sino que además por la falta de veracidad de las informaciones dadas por la demandada a EFE, ya que como se ha dicho, la trabajadora debía dar cuenta -y así se le solicitaba- del estado de las causas encomendadas, así todas y cada una de las informaciones que ella daba a la compañía eran falsas y diversas a la realidad del proceso, en efecto cada vez que la trabajadora informó el estado de la causa, lo hizo señalando que se encontraba pendiente el giro de dineros consignados por el SERVIU a favor de EFE.
Expone que jamás la trabajadora informó que un tercero había hecho valer supuestos derechos, ni menos que este había solicitado y obtenido el giro de los dineros pertenecientes a EFE, nunca informó verazmente el estado de la causa, las presentaciones y resoluciones allí dictadas, pese a la importancia y cuantía del asunto encomendado, y pese a que todas y cada una de las resoluciones emanadas del Tribunal fueron notificadas por el estado diario y aparecían tanto en el sistema computacional de seguimiento de causas del tribunal, como en la página web del poder judicial.
Indica que esa falta de veracidad y transparencia de la demandada en la información solicitada por la Empresa se mantuvo durante todo el año 2009, donde cada vez que se le solicitó informar el estado de la causa en cuestión, se limitaba a señalar que se encontraba "para giro de cheque", ello pese a que ese dinero ya estaba en poder de terceros con su conocimiento.
Continúa exponiendo que su representado sólo por una casualidad, descubrió lo realmente sucedido, y que lo informado por la Sra. Valenzuela no era cierto, así en una conversación informal entre Renato Barrientos Saldaña, Jefe del Departamento Gestión de Activos de EFE y Juan Domingo Silva Reyes, funcionario del SERVIU, este último le comentó al primero que los fondos consignados por la propiedad de calle Balmaceda S/N° habían sido girados por el Tribunal, cuestión hasta ese entonces desconocida por el Sr. Barrientos, agrega que en virtud de lo anterior, el Sr. Barrientos le solicitó información más detallada de tal supuesto pago, lo que fue refrendado mediante correo electrónico de fecha 26 de Noviembre de 2009, en dicho correo electrónico el funcionario de SERVIU daba cuenta de las consignaciones en 2 expropiaciones (1 de ellas la causa en cuestión), incluso este funcionario de SERVIU copió en su mail la información de la web, en la que se daba cuenta de que con fecho 27 de Noviembre de 2008 se había girado cheque a un tercero, retirado el 09 de Diciembre del mismo año.
Manifiesta que en otras palabras, fue un trabajador del SERVIU Metropolitano el que le informó a EFE el estado de la causa, es decir, el haberse girado los dineros a un tercero, el haberse retirado el cheque respectivo y, es más, transcribió la información pública de la página web, nada de ello hizo la demandada, quien o bien ocultó durante todo el 2009 estos hechos o bien desconoció los mismos y ni siquiera fue capaz de consultar la causa de manera computacional en el portal del Poder Judicial y mucho menos directamente en el Tribunal.
Agrega que como sea, ambas situaciones revisten negligencias y faltas gravísimas e inexcusables y un total desprecio por su empleador y cliente que hacen insostenible su permanencia en EFE.
Señala que tras tomar conocimiento EFE entre fines de Noviembre y principios de Diciembre de 2009 de esta grave situación, comenzó una investigación que incluyó solicitarle a la abogado Valenzuela, a fines del mes de Diciembre de 2009, copia del expediente completo Rol V- 180-2007 seguido ante el 240 Juzgado Civil de Santiago.
Indica que además comenzó una investigación que incluyó correos electrónicos a la demandada, solicitud de informes, entrevistas con otros abogados de la Fiscalía, entre ellos con Macarena González Marte (abogada quien constató en Tribunales el estado actual de la causa, es decir que se había girado cheque a favor de un tercero en diciembre del 2008 y que a Diciembre del 2009 no había sido informada así por la abogada Valenzuela-, con Diego Rioseco Antezana (Abogado Jefe - Fiscalía) y con Luis Sánchez Castellón (Fiscal).
Manifiesta que en paralelo, y para cumplir con el informe al SEP, a fines de Diciembre del 2009 se le solicitó a la demandada que informara acerca del estado de todas las causas voluntarias a su cargo, al respecto, la Sra. Valenzuela dio cuenta por medio de un correo electrónico por primera vez, en cuanto al estado real de tramitación de la causa en cuestión, que por un lado el dinero consignado por el SERVIU había sido girado a favor de un tercero en perjuicio de los intereses de EFE y que además la última diligencia útil había sido la solicitud de certificación de extravió y reconstitución del expediente hecha por ella en el mes de Diciembre de 2008 (1 año antes).
Agrega que no se indicó en dicho informe de lo que se había hecho, y qué había hecho ella particularmente en la defensa de esta causa entre los meses de Diciembre de 2008 (fecha de la solicitud de certificación de extravío) y Enero de 2010 (fecha del informe).
Señala que en otras palabras, abiertamente reconocía la demandada no haber hecho absolutamente nada en más de 1 año calendario, situación que da cuenta del total desenfado y falta de consideración con que actuaba para con su empleador -situación superada por la realidad de los hechos, mucho más grave y perjudicial para EFE-.
Indica que cabe recalcar que fue sólo a propósito de esta investigación y en el marco de ella, que la Sra. Valenzuela por primera vez informa, mediante correo electrónico y sin mayor formalidad, del hecho de haberse retirado la consignación por parte de un tercero, así lisa y llanamente la demandada se limitó a informar que más de 220 millones de pesos habían sido girados a un tercero, sin dar explicaciones de su actuación, de sus presentaciones, de qué hizo para conocer o evitar ello, ni menos del porqué informaba esto sólo 1 año después de haberse girado estos dineros,
Señala que el hecho que la demandada informe con fecha 07 de Enero de 2010 mediante correo electrónico una situación acaecida el 08 de Diciembre de 2008, sin dar cuenta tampoco del porqué no lo informó antes o qué hizo durante ese año o porqué sólo informó de esto una vez compelida a hacerlo, por la noticia que un tercero dio de ello, son todas situaciones que sólo agravan los numerosas faltas cometidas y ponen en grave cuestionamiento el actuar profesional y laboral de la demandada, agrega que el tribunal podrá advertir que la demandada, al verse sorprendida, tuvo que reconocer una situación que su informe respecto del estado de los juicios voluntarios hasta Diciembre de 2009 no reconocía como tal, y cual era, no solamente el extravió del expediente en dos ocasiones, sino que además el hecho que se giraron los dineros consignados por el SERVIU a un tercero.
Agrega que compelida a hacerlo, en el marco de la investigación en curso, la demandada fue poco a poco dando mayores luces acerca del caso, reconociéndose que los dineros habían sido giradas a un tercero, pero nunca dando una respuesta satisfactoria respecto de la forma de llevar adelante el juicio, de qué presentaciones útiles realizó, qué actuaciones hizo para verificar el estado del juicio, conocer los escritos, resoluciones y notificaciones por el estado diario.
Manifiesta que tampoco la Sra. Valenzuela pudo explicar el porqué no tuvo conocimiento anticipado a estos hechos conocidos por EFE gracias a un tercero, ni qué hizo durante el último año en que la causa no había tenido movimiento, mucho menos explicó porque lo falso o a lo menos erróneo de lo informado a EFE con respecto a esta causa durante todo el año 2009.
Expone que ante una nueva solicitud de la Empresa en el marco de la investigación en curso, y con la finalidad de apreciar los descargos de la demandada, se le pidió un nuevo informe, el que evacuó por escrito con fecha 18 de Enero de 2010 y nuevamente en él omitió explicar y detallar sus gestiones para llevar adelante el juicio, qué presentaciones realizó, qué actuaciones hizo para verificar el estado del juicio, conocer los escritos, resoluciones y notificaciones por el estado diario, la Sra. Valenzuela no pudo explicar el porqué no tuvo conocimiento anticipado a estos hechos conocidos por EFE gracias a un tercero, ni que hizo durante el último año en que la causa no había tenido movimiento, mucho menos explicó porque lo falso o a lo menos erróneo de lo informado a EFE con respecto a esta causa.
Señala que todas estas inquietudes anteriores, finalmente se vieron reflejadas en un oficio de fecha 29 de enero de 2010 en la que el fiscal don Luis Sánchez Castellón, le hizo ver que en el informe escrito presentado por la demandada, "no se consigna la fecha en la que como abogado patrocinante y en tanto mandataria de la empresa tomó conocimiento del hecho de que se había girado cheque a un tercero por el monto de lo consignado por el Serviu", tal es una de las diversas situaciones que la demandada no ha sabido explicar. Agrega que en tal oportunidad y por medio del oficio respectivo, se le pidió formalmente a la Sra. Valenzuela que informara a EFE acerca de las medidas adoptadas por ella para certificar por la Secretaría del Tribunal el extravío del expediente y solicitud de reconstitución: de los antecedentes y fecha en que se tomó conocimiento del hecho que el Tribunal había girado cheque a un tercero por el monto consignado a nombre de EFE; y las actuaciones útiles y fecha de las mismas para obtener la reparación del daño causado a la empresa y una explicación fundada de la circunstancia de no haber informado oportunamente a lo Fiscalía o Gerencia General de EFE de los hechos consignados, todas estas preguntas aun se mantienen sin una respuesta fidedigna por parte de la demandada quien no ha logrado explicar estas omisiones y negligencias inexcusables.
Manifiesta que la Empresa ha dado a la actora no una, sino múltiples oportunidades de hacer sus descargos, en consideración a su desempeño, su antigüedad en la empresa y su calidad de dirigente sindical, y además de ser la representante de los trabajadores en el Directorio de la Empresa, se le han dado oportunidades que no todo trabajador tiene de poder explicar su negligencia, sin que a la fecha ella haya dado alguna explicación razonable que justifique ésta.
Señala que transcurridas las investigaciones y revisados los burdos descargos de la actora contenidos en cartas, mails e informes, esta empresa se ha convencido de la necesidad de solicitar el término de la relación laboral para con la trabajadora, lo cierto es que los incumplimientos son de tal gravedad, tan reiterados, su desidia, negligencia y falta de cuidado tan enormes, que nos vemos en la obligación de solicitar su desafuero.
Indica que la administración de la compañía demandante siempre ha comprendido o mejor dicho ha tenido la absoluta convicción que la comunicación, el respeto y el trabajo conjunto permiten el desarrollo de buenas relaciones laborales y aportes mutuos que siempre se traducen en el bienestar de los trabajadores y, por tanto, en el éxito de la empresa, por esta razón, con todos sus trabajadores (entre ellos la demandada), así como con sus entidades sindicales, se ha desarrollado una política de "puertas abiertas", de trabajo conjunto y mancomunado, donde la confianza, el respeto mutuo y la dedicación al trabajo imperan, creando climas de trabajo muy valorados.
Agrega que la relación con los diversos Sindicatos de la Empresa y sus Directivas es excelente, de confianza y respeto, y si esta vez hemos decidido iniciar el lastimoso camino del desafuero de la Sra. Valenzuela, es porque la gravedad de las faltas y negligencias cometidas, así como el quiebre de confianzas, las faltas contractuales, y el perjuicio patrimonial a la compañía no nos dejan otro camino, todo lo cual se ve aún mas agravado por la circunstancia que ella es además la representante de los trabajadores de la Empresa en el Directorio.
En cuanto a los antecedentes de derecho expone que en el ejercicio de su función laboral, la demandada quedó afecta a las estipulaciones del contrato individual de trabajo, en el contrato de trabajo de la Sra. Valenzuela del mes de Septiembre de 1993 se estableció claramente su contratación en calidad de Abogado del Departamento Jurídico, obligándose ella a realizar todas aquellas tareas especificas inherentes a su cargo, de acuerdo a la reglamentación e instrucciones del empleador, así todas y cada una de las obligaciones incumplidas por la trabajadora y que originan la necesidad de su desvinculación, claramente se encuentran dentro de aquellas inherentes a su cargo como abogada de EFE.
Señala que efectivamente la trabajadora se encontraba obligada a representar a EFE en el proceso judicial en cuestión, a hacerlo de manera oportuna y eficiente, a informar a su empleador verazmente acerca del estado de las causas encomendadas, nada de lo cual hizo, sin perjuicio de las obligaciones contractuales, la Sra. Valenzuela, en su calidad de abogado patrocinante de su empleador y mandataria, se encontraba obligada a asumir tareas y compromisos propios de tal cargo y función, tratándose de obligaciones naturales y legales inherentes al cargo y profesión de abogado, así, el representar los intereses de su cliente de manera oportuna y diligente, velar por sus derechos, darle información veraz y oportuna, tramitar cumplidamente los asuntos encomendados, son todas obligaciones propias de su función de abogado, las que tampoco cumplió.
Agrega que asimismo, y por derivación de esta vinculación laboral, la demandada queda igualmente sujeta a las disposiciones del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad de la Empresa vigente en ella.
Señala que en lo que aquí interesa, entre las obligaciones impuestas por el Reglamento Interno se cuentan aquellas Generales consignadas en el artículo 59:
"Los trabajadores de la empresa tendrán las siguientes obligaciones generales:
A) Todos los trabajadores de la Empresa estarán obligados a tomar cabal conocimiento de este Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, observarlo, respetarlo, poner en práctica y cumplir las normas medidas contenidas en él.
C) Toda persona contratada que preste servicios a la empresa, cualquiera que sea su naturaleza, responderá de todo daño o perjuicio que irrogue a ésta, de mediar dolo o culpa de su parte.
E) Desarrollar las funciones que le impone el ejercicio del cargo para el cual ha sido contratado y asumir en plenitud las responsabilidades inherentes al mismo, según las estipulaciones establecidas al efecto en su respectivo contrato de trabajo y anexos del mismo.
I) Denunciar, por el debido conducto regular, cualquier situación que llegare a conocimiento del trabajador y que pudiere afectar el patrimonio de la Empresa, la seguridad del servicio ferroviario o el prestigio de su personal, salvo que la urgencia amerite denunciar directamente a la Fiscalía de EFE, con copia al superior jerárquico."
"Los trabajadores de la empresa tendrán las siguientes prohibiciones de orden general:
13) Impedir u obstaculizar los investigaciones destinadas a establecer su propia responsabilidad o la de otros trabajadores de la Empresa."
Señala que junto a todo lo anterior, debemos consignar que de acuerdo con lo previsto en el artículo 7º del Código del Trabajo, se define al contrato individual de trabajo como una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada.
Añade que en sus efectos, el contrato de trabajo se sustenta dentro de los principios generales que para todas las convenciones disponen los artículos 1545 y 1546 del Código Civil, agrega que por disposición del primero, todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales, y por aplicación del segundo, los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.
Agrega que las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de las obligaciones laborales, o que a ellas pertenecen por la ley o la costumbre se extienden o tres aspectos que deben citarse:
a) la facultad de mando del empleador y el deber de obediencia del trabajador;
b) su contenido patrimonial, y
c) su contenido ético jurídico
Agrega que en la especie, la actuación de la demandada afectó gravemente tanto al deber de obediencia como asimismo en cuanto al contenido ético jurídico del contrato.
Indica que el deber de obediencia entronca con las facultades de mando que la ley reconoce al empleador, este don de mando no se circunscribe sólo o las instrucciones paro ejecutar uno obra o servicio en una u otra forma, sino que se extiende a lo vinculación total que opera entre el empleador y el trabajador. Esto es, el don de mando y el contenido ético jurídico del contrato de trabajo son inseparables.
Señala que lo anterior es recogido cabalmente por la legislación nacional, al efecto, el artículo 153 del Código del Trabajo dispone:
"Las empresas, establecimientos, faenas o unidades económicas que ocupen normalmente diez o más trabajadores permanentes, contados todos los que prestan servicios en los distintas fábricas o secciones, aunque estén situados en localidades diferentes, están obligadas o confeccionar un reglamento interno de orden, higiene y seguridad que contenga las obligaciones y prohibiciones a que deben sujetarse los trabajadores, en relación con sus labores, permanencia y vida en las dependencias de la respectiva empresa o establecimiento.
Agrega que si bien las consideraciones anteriores bastarían para juzgar cabalmente que la demandada perjudicó a su empleador -y cliente a la vez-, en términos inaceptables, que dan lugar a su exoneración, debe considerarse también que su actuación fue contraria a los principios de fidelidad y lealtad que constituyen el contenido ético jurídico del contrato.
Manifiesta que la fidelidad obliga al trabajador a procurar el bien y la prosperidad de la empresa, advertir prontamente cualquier desperfecto falta, error u omisión, avisar o sugerir todo cuanto puedo contribuir al mejoramiento en la marcha de los trabajos o el funcionamiento de la compañía. En un sentido negativo, la fidelidad impone al trabajador la obligación de no menoscabar el patrimonio o prestigio de la empresa, bajo ningún concepto.
Añade que la observancia de esta obligación de fidelidad conduce a la ejecución del contrato de trabajo de acuerdo al principio de la buena fe, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1546 del Código Civil.
Señala que demás está decir que esta fidelidad se afecta grave e irreparablemente cuando, como en el caso de marras, la trabajadora no vela por los intereses de su empleador, no defiende cumplidamente sus intereses, se desentiende del encargo hecho - dejando de revisar el expediente más de 1 año, asimismo se afecta por no haber conocido oportunamente las irregularidades en el proceso encomendado y por, al haberles conocido, no informarlas oportuna e inmediatamente a su empleador, dando información falsa cuando le era solicitada y se afecta finalmente también, por no haber adoptado las medidas necesarias para reparar el mal causado, menoscabando con su acción el patrimonio de la empresa.
Agrega que a su vez, el deber de lealtad corresponde a la confianza que el empleador deposita en el trabajador por causa de la relación contractual, la cual se afecta gravemente cuando media un fraude, un abuso de confianza o bien la falta de diligencia y cuidado exhibido por la demandada y, más directamente, su intento por encubrir esta situación al no informar oportunamente lo sucedido y dar información no veraz al serle requerida
Indica que en consecuencia, la conducta de la demandada es constitutiva de la causal de caducidad del contrato, prevista en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es, Incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
Añade que según se expuso, en conformidad al artículo 1546 del Código Civil los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella.
Señala que es imposible aceptar que la demandada haya procedido de la manera como lo hizo, pues con ello viola la buena fe del contrato y, por ende, el precepto legal antes indicado, a la vez que disposiciones precisas tanto del Contrato de Trabajo como del Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad a que se hizo referencia, todo ello sin perjuicio a las obligaciones inherentes a su calidad de abogado patrocinante y mandataria en el proceso encomendado.
Continúa expresando que contrariamente a lo que se sostiene por algunos, este incumplimiento puede afectar incluso a obligaciones no propiamente funcionarias, siempre que revistan el carácter de grave, incluso puede afectar a obligaciones que no se encuentran estipuladas en forma escrita, conforme ha sido reconocido por la jurisprudencia.
Al efecto, se ha dicho:
"La acción cometida por el demandante configura la causal de despido establecida en el artículo 14 N° 5 del D.L. 2.200, esto es incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato. En efecto, aún sin necesidad de una cláusula contractual especial, en todo contrato de trabajo va implícita la obligación del trabajador de guardar en el desempeño de sus labores las normas esenciales de un actuar razonable, las que el actor transgredió (Excelentísima Corte Suprema, sentencia de 4 de diciembre de 1986, rol 3.469)
Señala que debe precisarse que la demandada no ha tenido, no tiene, ni tendrá jamás excusa legítima para actuar en la forma que lo hizo.
Indica que en efecto, no había motivo ni justificación para no preocuparse de los intereses de su empleador-cliente, no haber sido capaz de revisar el estado de la causa, no haber advertido las presentaciones hechas por terceros, no haber sido diligente para defender los derechos patrimoniales de EFE, no haber advertido la reconstitución del expediente, ni las presentaciones hechas, ni la solicitud de cheque a un tercero, ni las resoluciones emanadas del Tribunal -todas ellas notificadas por el estado diario-.
Agrega que tampoco hay justificación para no haber advertido el giro de más de $220 millones a un tercero en la causa encomendada, ni para haber informado por más de 1 año que la causa se encontraba extraviada y con el giro de cheque pendiente (siendo que había sido reconstituida y girados esos dineros a un tercero), mucho menos hay justificación para no haber advertido durante ese año el verdadero estado de la causa, o bien, haberlo ocultado en caso de haberlo conocido pretendiendo esconder su falta -ambas situaciones inaceptables-
Manifiesta que el tribunal entenderá que para EFE es inaceptable que sea un funcionario arquitecto de SERVIU Metropolitano quien haya informado del estado de la causa a la compañía (adjuntando copia de la resolución que aparecía en el portal de Internet del Poder judicial), y no haya sido la profesional encargada de la causa quien lo haya hecho.
Concluye que tales incumplimientos, incapacidades, negligencias, faltas de lealtad, fidelidad, preocupación y compromiso para con su empleador, lamentablemente hacen inviable la permanencia de la trabajadora en la compañía.
Finalmente indica que en esta forma, procede que el tribunal declare el desafuero de la demandada, en atención a la garantía legal que lo ampara en su calidad de Presidente y miembro de la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores Profesionales Universitarios Ferroviarios N° 7 de Empresa de los Ferrocarriles del Estado, o por cualquiera otra causa que eventualmente pudiere investirla de fuero, y autorice la terminación de su contrato de trabajo, sin que le competo indemnización alguna por esta causa, lo anterior de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 174 del Código del Trabajo.
SEGUNDO: Que la demandada estando dentro de plazo y evacuando el traslado que le fuera conferido, solicita el rechazo de la demanda de autos, con expresa condenación en costas.
Indica que es efectivo que es abogado de la empresa demandante, a la que le vincula un contrato de trabajo, vigente a partir del día 1 de septiembre de 2003, agrega que originalmente fue contratada para desempeñar múltiples funciones en el ex Departamento Jurídico de EFE, luego denominado Gerencia de Servicios
Legales, hoy Fiscalía, dentro de esas funciones se encontraba la de atender juicios de diversa índole, laborales, criminales y, esporádicamente, civiles.
Agrega que sin embargo, a partir del mes de diciembre de 2001, se le destinó a atender, en forma exclusiva y permanente, los asuntos derivados de los accidentes ocurridos en la vía férrea, así se le comunicó al Gerente de Infraestructura mediante oficio interno N°05/1519 de 10 de diciembre de 2001, por ello, función específica ha sido, desde 2001, atender los accidentes las 24 horas del día y los 365 días del año.
Expone que en síntesis, su función se desarrolla de la siguiente forma:
a) Comienza con un llamado telefónico que realiza el Inspector de Turno, ubicado en la Oficina de Control Tráfico de la empresa, quien es el primero en tomar conocimiento de la ocurrencia de un accidente, normalmente se trata de algún atropello o impacto con vehículos, generalmente con consecuencias fatales.
b) Añade que su misión es velar por la libertad del maquinista y acelerar los trámites
legales para que retiren prontamente los cuerpos o restos de la vía férrea, de modo de permitir la pronta circulación de los trenes, para ello debe contactarse con Carabineros, Fiscales y Brigada de Homicidios, entre otros y para estos efectos la empresa me asignó un teléfono celular, en el que puede permanente ubicarle la Oficina de Tráfico, la que también le llama eventualmente al teléfono de su casa.
c) Expone que a diferencia de otros trabajadores que también requieren ser ubicados permanentemente, a ella no se le compensa el tiempo trabajado después de la jornada ordinaria, es decir, si trabajaba de noche, igualmente debía prestar servicios al día siguiente, comenzando su jornada en los horarios habituales, al igual que el resto de los trabajadores, indica que solo luego de reiteradas solicitudes, la demandada le otorgó un bono de ubicabilidad, que en cierta medida compensaba el estar, las 24 horas del día y los 365 días del año ubicable y dispuesta a cubrir la emergencia que se presentara.
d) Manifiesta en esa función, que se me asignara, insisto, en forma exclusiva,
debía además participar de un Comité de Accidentes creado por la administración, hoy desaparecido. Actualmente participo en el Comité de Seguridad y Robos, creado por la Gerencia de Operaciones
e) Exactamente las mismas funciones referidas anteriormente desempeño para la empresa demandante, hasta el día de hoy, añade que sólo en forma ocasional se le encarga otro trabajo, pero casi la totalidad de su jornada y fuera de ella, por 24 horas.
Añade que en el año 2002, fue elegida por primera vez Presidenta del Sindicato de Profesionales Universitarios Ferroviarios, cargo que aún inviste, por haber sido reelegida en las elecciones posteriores, los años 2004, 2006 y 2009.
Expone que paralelamente, el día 5 de octubre de 2004 fue elegida, en votación directa y por amplia mayoría, como representante de los trabajadores ante el Directorio de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, cargo que por primera vez en la historia lo desempeñaba una mujer, y que aún mantiene, por haber sido reelegida, también por amplia mayoría, los años 2006 y 2008. Agrega que el ejercicio de estas funciones le obliga, además de participar en las reuniones de directorio y comités de directorio programadas, a viajar a lo largo de toda la red, en cada lugar donde se encuentren trabajadores laborando, además de participar con los sindicatos de la empresa en todas las actividades, reuniones y acciones tendientes a obtener el respeto de los derechos laborales, ya sea en proceso de negociación colectiva o en la etapa de cumplimiento y ejecución de los contratos colectivos, manteniendo en general, como organización sindical, una buena relación con la empresa, lo que ha evitado conflictos y paralizaciones que le habrían causado pérdidas económicas y afectado la eficiencia del servicio.
Señala que por lo expuesto, y teniendo presente la actividad propia del cargo de representante de los trabajadores ante el directorio, es que su desempeño en la Fiscalía de EFE se limitó a atender los accidentes en la línea férrea (atención que podía brindar estando en cualquier punto del país) y atender algunas causas criminales originadas por los robos que sufre la empresa, asistiendo a audiencias o presentando querellas, rara vez se le asignó otra tarea, en consecuencia, resultan ser falsas las afirmaciones de la demandada, repetidas además con una majadería a toda prueba a lo largo del escrito, respecto de las concretas funciones que se me habían asignado por la empresa.
Agrega que nunca tuvo mayores beneficios de capacitación o pecuniarios, salvo el bono de ubicabilidad, que en realidad solo compensa, y muy parcialmente, la pérdida de vida privada y descansos que significa estar disponible para trabajar las 24 horas del día los 365 días del año, sacrificando horas de sueño, de compartir con la familia, etc.
Manifiesta que durante todos los años servidos en EFE ha cumplido sus obligaciones contractuales con esmero, a entera satisfacción de la demandante, ha prestado los servicios para los que fue contratada en forma adecuada, incluso más allá de lo que las cláusulas de su contrato y la buena fe le obligaban, con ese objeto se ha preocupado además por perfeccionarse profesionalmente. Agrega que en materia de capacitación, la Empresa, al igual que a otros colegas, financió por una sola vez los costos de un diplomado, en materia de Reforma Procesal Penal, soy magíster en Reforma Procesal Penal (U Central), postitulada en criminología (U. Católica) y ha tomado varios otros cursos y seminarios, todos ellos financiados por ella.
Señala que como el tribunal ha podido percatarse de la sola lectura de la demanda, fa empresa reconoce que he sido una buena trabajadora, cumplidora de mis obligaciones, lo que se ha traducido, dice, en promociones y ascensos, por eso, asegura, llegó a constituirse "en una pieza vital para e! funcionamiento de la fiscalía de EFE...". Agrega que fue asumiendo, por su destacada trayectoria, obligaciones de relevancia, entre las que destaca "llevar adelante en su calidad de abogado patrocinante, la representación de EFE en juicios de carácter civiles voluntarios, particularmente referidos a expropiaciones.", esto, como ya se advirtiera en los párrafos precedentes, es falso, su función principal y casi exclusiva, consistía en atender los problemas derivados de los accidentes ocurridos en la línea y, solo en forma muy esporádica y ocasional, asumir otras distintas.
Agrega que cabe hacer presente que, dada la naturaleza de los cargos que investía, desempeñaba mis funciones con grados importantes de autonomía.
Manifiesta respecto del hecho que motiva la solicitud de desafuero, señala la demandante que debía dar cuenta oportuna y permanente a otros profesionales y al superior jerárquico del estado de los asuntos. Al respecto cabe hacer presente:
a) Que no había ningún procedimiento establecido para ello, y nunca se me pidió informe de mis actividades, salvo a fines del 2009.
b) Que a cargo de las expropiaciones, la parte técnica era de responsabilidad de don Guillermo Ortiz Meza, y el aspecto legal era asignado a cualquier abogado de la Fiscalía, para los efectos de patrocinar la causa, dado que no existía una persona definida para ello, lo que el señor Ortiz había solicitado en reiteradas ocasiones.
Señala que fue en estas condiciones que se le pidió que patrocinara esta causa del 24° Juzgado Civil, luego del estudio técnico realizado por el señor Ortiz y en ella realizó las siguientes diligencias:
a) El 18 de junio de 2007 se presentó la solicitud de que se girara cheque a nombre de EFE, petición a la que el Tribunal proveyó que previamente se acreditara el pago de contribuciones
b) Ante esa providencia, solicitó mediante correo electrónico a señor Renato Barrientos Saldaña que se enrolara la propiedad, dado que ni siquiera tenía un rol de avalúo asignado, después de dos meses de haberse pedido.
c) Agrega que debe hacer presente en esa época EFE contaba con un procurador señor Alejandro Rojas Olguín, quien era el encargado de tramitar las causas de EFE, es decir, presentar escritos, tomas conocimiento de las providencias dictadas en cada proceso, etc.
d) Efectivamente, al momento de presentar el escrito con el certificado de avalúos la causa se encontraba extraviada, lo que motivó la presentación de otro escrito solicitando la correspondiente certificación de extravío.
Por los dichos de la actuario supo: i.- que el expediente se habla extraviado dos veces; ii.- que la primera vez se habría reconstituido sin el escrito de EFE en que se solicitaba el giro de los fondos, iii.- habría comparecido un tercero acreditando dominio, al cual le giraron los fondos consignados y iv.- luego se habría extraviado nuevamente el expediente.
Agrega que por supuesto, el daño sufrido por EFE no tiene origen en mi conducta, sino se produjo a consecuencias de la acción delictiva de un tercero, que además afectó a otros organismos, lo cual le fue informado por la abogada del Consejo de Defensa del Estado, doña Mariella D' Entone, quien le señaló que tenían varias causas en las que se repetía el mismo delito: una banda había retirado dineros de expropiaciones de organismos públicos con un modus operandi similar y le solicitó que enviáramos los antecedentes para ejercer una acción criminal.
Expone que no es efectivo lo que afirma la demandante al señalar que después de la presentación del 18 de junio de 2008 no realizó ninguna otra presentación o diligencia en el expediente, como ya lo mencionara, solicitó internamente a otra unidad la obtención de la asignación de rol de avalúos y al ir posteriormente a presentar el escrito, el expediente ya no estaba.
Señala que por otra parte, expone la demandante que la información que ella entregara a la empresa era falsa, hace presente al tribunal que quien informaba del estado de las expropiaciones que se llevaban en EFE no era ella, sino el señor Guillermo Ortíz, quien elaboraba un cuadro en Excel y se lo entregaba al sub fiscal o al abogado que se lo solicitara, quien a pesar de no ser el encargado de los asuntos legales, siempre incluía en su informe el estado en que se encontraba un determinado proceso.
Agrega que cuando se percató del extravío del expediente, se contactó telefónicamente con el abogado del SERVIU quien le manifestó que ya se había reconstituido en una oportunidad y que los fondos los habían retirado.
Manifiesta que solo en enero de este año fui citada por el Fiscal Luis Sánchez y en presencia del sub fiscal, señor Diego Rioseco, se le preguntó por esta causa.
Indica que con posterioridad el Fiscal le manifestó que era grave lo ocurrido y que era mejor que me fuera por la "puerta ancha", lo que implicaba que era mejor que renunciara, por supuesto me negué a ello, ya que los hechos que constituirían un grave incumplimiento contractual no me eran imputables y, en todo caso, una medida sancionatoria como el despido es absolutamente desproporcionada a la supuesta falta que se le imputa. Además de dejar sin aplicación las normas del Reglamento Interno de ERE, el que contiene un procedimiento para la determinación de las faltas y aplicación de sanciones.
Agrega que desde que se detectó la supuesta falta, se me asigna la atención de algunos asuntos penales, cuyas querellas envié en borrador para su revisión y firma, manifestándome el Fiscal días antes de la audiencia que no me asignaría nuevos juicios mientras esté vigente el juicio de desafuero.
Continúa señalando que los hechos referidos en la demanda no constituyen la causal de término de la relación laboral a que se refiere al artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, invocada por la demandante, en efecto, por las circunstancias que a continuación expongo, los hechos que se me imputan no configuran un grave incumplimiento contractual.
a) No le es atribuible responsabilidad en los hechos que originan un daño para la demandante.
Como ya se dijo, su función principal no era la de llevar procesos de esta naturaleza, ni de ninguna otra, sino atender asuntos relacionados con los accidentes acaecidos en la línea férrea.
b) La sanción contraría las normas del reglamento Interno de la Empresa, las que no fueron consideradas.
Señala que en efecto, el Reglamento Interno, tratándose de faltas graves, solo permite a EFE aplicar sanciones consistentes en amonestaciones y multas, nunca el término del contrato.
Además, la aplicación de sanciones exige una evaluación previa, en un procedimiento que contempla incluso, en su artículo 71, el derecho del trabajador afectado de deducir recursos.
Este procedimiento nunca se realizó, afectando mi derecho a defensa.
c) No existe ninguna proporción entre la supuesta falta y la sanción aplicada.
El propio reglamento interno, en su artículo 70, establece que "En todo caso, dicho procedimiento de evaluación estará orientado a que exista la debida correspondencia entre la sanción y la falta...".
d) La gravedad de una eventual falta se ve atenuada por la existencia de antecedentes laborales intachables.
Expone que como lo reconoce la propia demandante en su demanda, tengo una hoja de vida intachable durante los más de 15 años servidos en EFE.
Añade que como se ha declarado por nuestros tribunales superiores, se trata de una circunstancia que debe ser considerada al momento de evaluar la gravedad de una determinada conducta, ya que no es lo mismo una conducta reiterada en el tiempo, que incluso ha sido objeto de amonestaciones, que una conducta aislada, luego de más de 16 años de servicio.
e) El tiempo transcurrido desde que la demandante tomó conocimiento de los hechos y la fecha de interposición de la demanda.
Agrega que en la especie, la propia demandante reconoce que tomó conocimiento de los hechos que invoca como fundamento de la demanda en el mes de noviembre de 2009. La demanda, en tanto, la interpone el día 25 de febrero de 2010, tres meses después, y solo es me es notificada el 3 de marzo en curso.
Señala que por lo que el tribunal deberá entender que, en caso de constituir mi conducta alguna falta, esta deberá considerarse condonada.
TERCERO: Que con fecha 5 de abril de 2010 tuvo lugar la audiencia preparatoria, en ella el tribunal llamó con acuerdo de las partes fijó los siguientes hechos no controvertidos:
a) Que la demandada trabaja para la empresa demandante como abogado desde el 01 de septiembre de 1993, desempeñándose en la Fiscalía de la empresa.
b) Que la demandada es Presidenta del Sindicato Nacional de Profesionales Universitarios Ferroviarios N°7 de la empresa Ferrocarriles del Estado.
c) Que la demandada asumió como abogado patrocinante en la causa "consignación de indemnización provisoria por expropiación" rol V-180-2007, del 24° Juzgado Civil de Santiago.
d) Que en la causa referida un tercero fraudulentamente solicitó y obtuvo el giro del dinero que correspondía a la demandante.
e) Que la demandada es representante de los trabajadores en el directorio de la empresa demandante.
f) Que previo a los hechos que motivan la presentación de la demanda la demandada ha desempeñado siempre sus obligaciones contractuales con eficiencia, siendo una profesional destacada en el desempeño de sus funciones.
Que en la misma audiencia se llamó los litigantes a conciliación, proponiendo al efecto el Tribunal bases concretar de un posible acuerdo, el cual no prosperó.
Atendido lo precedentemente relatado y existiendo al juicio del tribunal hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, fijos los siguientes hechos a probar:
a) Obligaciones asumidas por la demandada en relación a la causa de "consignación de indemnización provisoria por expropiación" rol V-180-2007, del 24° Juzgado Civil de Santiago y si estas fueron incumplidas. Antecedentes, hechos y circunstancias
b) En su caso, hechos y circunstancias que determinan la gravedad del incumplimiento o la excluyen.
c) Labores que en su calidad de abogado de la Fiscalía de la empresa demandante debía desempeñar la demandada.
d) Si operó el perdón de la causal. Antecedentes, hechos y circunstancias.
e) Si la demandada tenía obligación de informar respecto al estado de la causa voluntaria a que se refiere la demanda, a quien debía informar y en su caso si dicha obligación fue cumplida.
f) Si la demandada tomó conocimiento del giro del dinero en la causa voluntaria a que se refiere la demanda y si lo informó a la empresa demandante.
g) Oportunidad y forma en que la empresa demandante tomó conocimiento del giro del dinero en la causa voluntaria a que se refiere la demanda por un tercero.
h) Acciones y medidas adoptadas por la empresa demandante frente a los hechos que motivan la demanda y si se conforman con lo establecido en el reglamento interno de la empresa.
RIT N° : O-519-2010
RUC N° : 10-4-0019048-3
MATERIA : DESAFUERO SINDICAL
DEMANDANTE : EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
#4 · 06/Jul/2010, 23:43
CUARTO: Que para acreditar sus alegaciones la demandante rindió en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en:
Incorporó mediante lectura los siguientes documentos no objetados de contrario, consistentes en:
a) Contrato de trabajo de fecha 01 de septiembre de 1993, por medio del cual la demandada se obliga a efectuar el trabajo de abogado del departamento jurídico y desarrollar las tareas específicas inherentes a su cargo, según lo determine la reglamentación e instrucciones del empleador, entendiendo que forma parte del contrato el Reglamento Interno de la empresa aprobado por Decreto N° 30.1/68, modificado por Decreto N° 30.1/090 de 19 de julio de 1984.
b) Modificación al contrato de trabajo, sin fecha, por medio del cual la demandante designa a la trabajadora para desarrollar un Diplomado en Reforma Procesal Penal, del 9 de mayo al 15 de agosto, ambos de 2000, obligándose al pago del mismo, salvo que la demandada se retirara antes de concluir el curso o después de dos años de haberlo cursado, se le descontará el valor del mismo, obligándose además a su aprobación con una nota mínima de 4.5 y una asistencia de 25%, si así no fuera se obliga a pagar el 50% del valor del curso.
c) Reglamento interno de la empresa del cual se lee en el artículo 59, letra j) e i) que toda persona contratada que preste servicios a la empresa, cualquiera sea su naturaleza, responderá de todo daño o perjuicio que irrogue a esta, de mediar dolo o culpa de su parte y denunciar por el debido conducto regular, cualquiera situación que llegare a conocimiento del trabajador y que pudiera afectar al patrimonio de la empresa.
d) Código de ética de EFE, el cual señala que tiene como propósito, explicitar el compromiso de la empresa con sus trabajadores, clientes, proveedores, comunidad y organismos reguladores, estableciendo además los comportamientos esperados de sus trabajadores, a saber uno ético, es decir honesto e integro y credibilidad institucional e individual, el cual alcanza a todos los trabajadores y los valores que desea promover son el compromiso, ética y excelencia.
e) Memo interno de fecha 12 de febrero de 2010, con planilla adjunta, remitido por la demandada a Macarena González Martel, el cual indica que adjunta carpetas con antecedentes de expropiaciones que corresponden a aquellos dejados por el señor Ortiz en su espacio de trabajo, ignorando las instrucciones de este respecto a quien se haría cargo de ello, añade que tiene poder en la causa de autos entre otras. De la planilla adjunta se lee antecedentes de los autos rol V-180-2007 del 24° Juzgado Civil de Santiago, en el cual aparece en el ítem observaciones "presentado solic.ret.fondo".
f) Oficio de fecha 18 de enero de 2010, de la trabajadora al Fiscal de EFE, en la cual pone en conocimiento del estado de las causas voluntarias a su cargo, apareciendo la rol 157-2009 del 29° Juzgado Civil de Santiago y rol 112-2006 del Primer Juzgado Civil de Santiago, indicando como terminadas las rol 158-2006 del 5° Juzgado Civil de Santiago y rol 59-2007 del 10° Juzgado Civil de Santiago.
g) Oficio N°7-03/1577 de la Fiscalía, con firma de responsabilidad de la demandada, del cual se lee que el mismo es remitido por Luis Sánchez Castellón a Luis Herz Serrano, gerente de finanzas y control de gestión, donde se le envía un cheque por una suma a título de indemnización por expropiación de terrenos, consignada en los autos rol 157-2006 del 29 Juzgado Civil de Santiago, al cual se adjunta copia del documento antes referido y solicitud de giro de cheque suscrito por la demandada de fecha 20 de marzo de 2008.
h) Oficio de fecha 08 de enero de 2008, de la empresa Invia, en el cual aparece remitido a la actora.
i) Libro de notificaciones iniciado el año 2007;
j) Copia del expediente reconstituido de los autos V-180-2007 del 24° Juzgado Civil de Santiago;
k) 2 Certificados de avalúo fiscal del primer semestre del año 2010 correspondiente a la propiedad de Avenida Balmaceda N°2831 y Balmaceda, lote 25, del cual aparece que las propiedades se encuentran exentas del pago de contribuciones.
l) Correo electrónico de la demandada a don Renato Barrientos, de fecha 29 de julio de 2008, por medio del cual le solicita dar instrucciones a doña Olga Ortiz Durán, a fin de que se realicen gestiones tendientes a la obtención, corrección o modificación de roles de avalúo de la propiedad de Efe, para lo cual deberá entenderse directamente con el señor Guillermo Ortíz, el que a su turno y en virtud de lo anterior dirige un correo electrónico a Olga Ortiz Durán para que se comunique con don Guillermo Ortiz para lo antes referido.
m) Cadena de cuatro e-mail dirigidos por don Juan Domingo Silva Reyes a Renato Barrientos, de fecha 26 de noviembre de 2009; de Renato Barrientos a Juan Domingo Silva, con copia a Eugenia Vidal Peralta, de fecha 3 de diciembre de 2009; de Eugenia Vidal Peralta a Renato Barrientos Saldaña, de 4 de diciembre de 2009 y de Renato Barrientos.
n) 2 E-mail entre Macarena González y la demandada, de fecha 30 de diciembre de 2009, en el cual la primera de las nombradas solicita la carpeta de la causa de autos y esta ultima le señala que será entregada en ese día una vez que concurra a la dirección de Morandé.
ñ) 2 E-mail de fecha 31 de diciembre de 2009, entre Macarena González y la demandada, por medio del cual la primera de las nombradas le requiere a la primera la información de causas voluntarias y criminales, señalándole la segunda que lo hará llegar en unos días;
o) E-mail de fecha 07 de enero de 2010, de Diego Rioseco solicitando informe a la demandada, de la causa de autos y de los juicios voluntarios;
p) E-mail de fecha 07 de enero de 2010, de la demandada a don Diego Rioseco, con archivo Excel, en el cual le indica la situación de los autos rol V-180-2006 del 24 Juzgado Civil de Santiago;
q) E-mail de fecha 15 de enero de 2010, donde la demandada da cuenta de las causas voluntarias y criminales a su cargo, con respuesta de Macarena González de fecha 01 de febrero de 2010;
r) Oficio de fecha 18 de enero de 2010, de la actora al fiscal de EFE, con respuesta del fiscal de fecha 29 de enero de 2010, por medio de la cual informa su participación y conocimiento de los autos rol V-180-2006 del 24 Juzgado Civil de Santiago;
s) Código del sistema de empresas públicas;
t) E-mail de Elia Puentes a Macarena González, de fecha 02 de julio de 2008, en el cual le remite la información de los juicios pendientes y su estado al 13 de mayo de 2008;
u) Oficio de fecha 13 de octubre de 2008, del presidente del directorio de EFE a Mónica Singer González, Directora Ejecutiva del Sistema de Empresas SEP, en el cual se informa los autos rol V-180-2006 del 24 Juzgado Civil de Santiago como sentencia favorable;
v) Oficio de fecha 08 de enero de 2009, del Gerente General de EFE; a Mónica Singer González, Directora Ejecutiva del Sistema de Empresas SEP, en el cual se informa los autos rol V-180-2006 del 24 Juzgado Civil de Santiago como sentencia favorable;
w) Oficio de fecha 28 de octubre de 2009, del Gerente General de EFE a Mónica Singer González, Directora Ejecutiva del Sistema de Empresas SEP, en el cual se informa los autos rol V-180-2006 del 24 Juzgado Civil de Santiago como sentencia favorable;
x) Informe de la página web del Poder Judicial en relación a la causa V-180-2007 del 24° Juzgado Civil de Santiago.
II.- Confesional:
La demandante solicitó y obtuvo la absolución de posiciones de la demandada Gricelda Margarita Valenzuela Rodríguez quien legalmente juramentada señala que efectivamente como consta en el expediente de autos, aparece con patrocinio en la causa de autos, la que se le asigna durante el año 2008, agrega que sin perjuicio de lo anterior el encargado de verla era el procurador don Alejandro Rojas Olguín, quien estaba a cargo de presentar los escritos, tomar las resoluciones e informarle a la jefa del área judicial, el que trabajo todo el primer semestre del año 2008, dejando de trabajar en julio o agosto de 2008, añade que la encargada de las causas era la jefa del área judicial, que dicho procurador dejó las causas para la jefa del área judicial, añade que ella siempre fue la patrocinante pero el encargado de ver la causa en tribunales de ver las resoluciones y el encargado de presentar los escritos, era el procurador antes mencionado, agrega que en la época que se pidió el retiro del dinero por terceros la causa estaba a cargo de la encargada del área judicial Macarena González.
Señala que la primera persona que tomo conocimiento de la causa, era otra persona en la empresa don Guillermo Ortiz, quien chequea que la propiedad fuera de EFE y cuando tiene la certeza hacía el escrito que era firmado por un abogado de la fiscalía, ya que en esa época la responsabilidad no estaba en manos de una persona determinada, antes si era así, así que cualquiera firmaba el escrito, porque no estaba asignado a un abogado determinado.
Añade que la primera presentación en la causa de fecha 18 de junio de 2008 fue el giro de los dineros y la hizo ella, siendo la primera resolución del tribunal fue acreditar el pago de las contribuciones, lo que no ocurre siempre porque otros tribunales piden certificado con exención o a otros les basta , cuando ve esa resolución le pide a Renato Barrientos, para que le pida a la señora Ortiz el enrolamiento de la propiedad, pasaron 3 meses en que se cumplió dicha etapa llegado al certificado de avalúo, como no estaba el procurador fue al tribunal en varias ocasiones a preguntar por el expediente siempre le decían que estaba extraviado, yendo varias veces y en varias semanas distintas, por cuanto su trabajo pasó a ser operativo, agrega que en principio era encargado del juicio el procurador y luego Macarena González, añade que cuando tiene el certificado de avalúo presume en septiembre u octubre, se dirige al tribunal varias veces sin que estuviera el expediente hasta que pidió la certificación de extravío.
Añade que nunca acompañó el certificado de rol al tribunal ya que nunca encontró el expediente. Manifiesta que el expediente se extravió dos veces en octubre de 2008 lo pidió el servicio y luego lo pidió ella.
Agrega que no recuerda bien la fecha cuando va a ver el expediente, pero ya estaba perdido, cuando obtuvo el certificado de rol, debe haber sido en septiembre u octubre, pero la persona que lo tramitó pide su devolución de fondos en noviembre, por lo que no recuerda bien la fecha, añade que cuando ella fue a ver el expediente ya estaba extraviado, ignorando que el Serviu estaba pidiendo su reconstitución, ya que cuando ella pidió la reconstitución en enero, se comunicó con Serviu y comenta con algunos colegas lo que estaba pasando, no sabiendo a esa fecha que se habían retirado las platas, lo que supo cuando se hizo la certificación y comentó aquello con don Guillermo y otros colegas de la Fiscalía, contactándose con el colega del Serviu y ahí se le dijo que ya se había perdido el expediente y que ellos lo habían reconstituido, desconoce que ella haya tomando conocimiento de que se reconstituyó antes por Serviu.
Añade que no conoció las presentaciones de terceros, no conoció las resoluciones, si consultó la página web del poder judicial, agrega que no estaba todos los días viendo las resoluciones de la pagina web del poder judicial, pero señala que cuando se sabe de esto una colega del Consejo de Defensa del Estado le dijo que dichas personas eran una banda organizada que post databan las resoluciones, para que los abogados no tomaran conocimiento, pero independiente de que ella tuviera el patrocinio, había una abogado a cargo de ella, ella tomo conocimiento de que terceros habían retirado los dineros en forma extraoficial, ya que el expediente estaba extraviado, sólo lo supo por el actuario del tribunal que un tercero que acreditó ser dueño había retirado los dineros, que le dijo que la secretaria había establecido aquello, no recuerda la fecha de la conversación.
Añade que hasta la fecha del certificado de extravío, para ella era una causa extraviada, en la cual existían fondos consignados por un ente expropiante en la cuenta corriente del tribunal y los fondos debieran estar ahí, añade que no recuerda la fecha exacta.
Agrega que con la certificación se informa que los dineros fueron retirados por un tercero, teniendo conocimiento en marzo de ese año dicha información, expone que lo anterior lo conversó con don Guillermo y siguió gestionando respecto de este tema, con el Consejo de Defensa del Estado y con Serviu, agrega que siguió buscándolo, no pidió la custodia del expediente porque no estaba aquel.
Añade que no se lo informó a su jefe directo de manera formal. Interrogada por el tribunal señala que anteriormente había un abogado a cargo entre otras cosas de las expropiaciones era Rodrigo Inostroza Cuevas.
Agrega que el área legal de EFE, es la Fiscalía, tiene un subfiscal, un abogado a cargo de los juicios, un abogado a cargo de contratos, un abogado para requerimientos y un abogado a cargo de accidentes que era ella, añade que después del señor Inostroza no hubo nadie que se hiciera cargo de los juicios de expropiaciones, de hecho el asesor técnico señor Ortiz pidió se nombrara un abogado para ello, luego se le asignan las causas a Carolina López, de hecho los informes los hace el señor Ortiz, es el abogado del área judicial que esta sobre ellos quien debía velar por las causas y efectuar los informes era esa personas.
Agrega que respecto del civil voluntario no hay una persona determinada, no podría según la ley efectuar funciones de abogado de fiscalía , por sus diversas funciones como dirigente sindical y representante de los trabajadores en el Directorio, agrega que si patrocinó varias causas pero porque sólo eran la presentación de los escritos y los informes que aparecen a su nombre son recientes, pero en ellos hace la salvedad que se refiere a aquellas causas que estaban en el puesto de trabajo de don Guillermo Ortiz e incluso aparece firmando un oficio en que se remite un cheque porque no había nadie más quien lo hiciera, agrega que tramitó la causa de autos, porque no había nadie más quien lo hiciera el señor Ortiz era un técnico y no era abogado, el procurador no estaba y la encargada del área judicial quien debía asignarla no hizo nada, sólo se le pidió informe a finales del año 2009, nunca antes se le pidió informe, quien debió haber informado era don Guillermo Ortiz que es de diciembre de 2008, que es la época en la cual dejó de trabajar esta persona, agrega que ella en sus informes remite información verídica, el informe de don Guillermo no está alimentado con su información.
III.- Testimonial:
Rindió la testifical de Luis Aurelio Sánchez Castellón, Macarena González Martel y Diego Rioseco Antesana, quienes debidamente juramentados y dando razón de sus dichos señalaron aquello que se encuentra en el registro de audio.
IV.- Oficios:
La parte demandante solicitó y obtuvo se oficiara al 24 Juzgado Civil de Santiago, a fin de que informe al tribunal del estado de la causal V-180-2007 y remitiera copia del expediente o copia autorizada del mismo, en especial informe de la inclusión en el estado diario de la resolución dictada el 27 de noviembre de 2008, que ordena el gírese de los dineros consignados, que consta a fojas 67, lo cual se cumplió mediante la remisión de las copias autorizadas del expediente existente en autos.
QUINTO: Que a su turno la parte demandante rindió en la audiencia de juicio los siguientes medios de prueba consistentes en:
a) Reglamento interno de la empresa EFE, el cual contempla título que se refiere a las faltas, procedimiento de investigación y aplicación de medidas disciplinarias;
b) Ordinario N°229 de fecha 15 de noviembre de 2001, por medio del cual el gerente de infraestructura solicita considerar mantener a un abogado de la Gerencia de Servicios Legales de manera permanente este disponible para asistir profesionalmente a sus trabajadores, con el objeto de permitir la normal circulación de trenes, en cuyo caso será necesario que este se encuentre ubicable, de preferencia fuera de su horario de trabajo.
c) Ordinario GGSL N°05-1519 de fecha 10 de diciembre de 2001 del Gerente de Servicios Legales al Gerente de Infraestructura en el cual le señala que se designa a la demandada para que se dedique en forma permanente para asistir profesionalmente a los trabajadores de EFE involucrados en accidentes ferroviarios, a quien se le deberá otorgar facilidades de movilización y comunicación para que concurra oportunamente al lugar de los hechos cuando lo requiera;
d) Email de fecha 29 de julio de 2008, de la demandada a don Renato Barrientos, por medio de la cual solicita que le dé instrucciones a doña Olga Ortiz a fin de que esta gestione la obtención, corrección o modificación de roles de avalúo de propiedades de EFE involucradas por expropiación, para la cual debía coordinarse con Guillermo Ortíz de dicha Fiscalía.
e) Fotocopia de recibo de dinero del mes de septiembre de 2008 a nombre de doña Olga Ortiz Durán, por concepto de pasajes tramites en D.O.M., Municipalidades y SII por roles faja Mapocho-Yungay;
f) Copia de 59 partes diarios de accidentes en las vías férreas del periodo que va desde enero de 2009 al 27 de marzo de 2010, en el cual se da cuenta en la mayoría de ellos la notificación y participación de la actora;
g) Diploma entregado por EFE a la demandada por su importante labor en la empresa y ejemplo de extraordinaria capacidad y aporte a la mujer ferroviaria;
h) Ejemplar de revista "El Ferroviario" donde consta entrevista a la demandada;
i) 2 Fotografías simples.
II.- Exhibición de documentos:
La parte demandada solicitó y obtuvo que la demandante exhibiera los siguientes documentos consistentes en:
a) Acta de la segunda sesión ordinaria de directorio de EFE de fecha 26 de febrero de 2010 e
b) Informes que habría entregado la demandada a sus superiores jerárquicos conteniendo información falsa.
Rindió la testifical de Macarena Govantes de la Fuente, Alejandro Rojas Olguín, Juan Carlos Osorio Beltrán y Edgar Faure Bastías quienes debidamente juramentados y dando razón de sus dichos señalaron aquello que se encuentra en el registro de audio.
Solicitó y obtuvo se oficiara al Consejo de Defensa del Estado a fin de que informara acerca de la existencia de causas en que terceros hayan retirado dineros de expropiaciones que correspondan a organismos públicos fraudulentamente desde el año 2008 a la fecha y el modo en el que operarían, lo cual se cumplió y en el cual se indican que no existen los antecedentes señalado.
SEXTO: Que el punto a discernir en esta contienda, radica en determinar si el demandado incurrió en las conductas referidas por el demandante y si estas corresponden a las causales de caducidad invocadas por la actora.
SEPTIMO: Que apreciadas las pruebas conforme a las reglas de la sana crítica, importando con ello tomar en especial consideración la gravedad, concordancia, multiplicidad y conexión de aquellos medios probatorios incorporados por las partes al proceso, permiten a este tribunal tener por acreditados los siguientes hechos de la causa:
a) Que en el contrato suscrito por los litigantes con fecha 1 de septiembre de 1993, se indica que la demandada se obliga a efectuar el trabajo de abogado en el departamento jurídico, incluyéndose dentro de ello a desarrollar las tareas específicas inherentes a su cargo, según lo determine la reglamentación e instrucciones del empleador, lo anterior según contrato de trabajo incorporado al proceso por la parte demandante.
b) Que la trabajadora desarrollaba sus labores en el departamento jurídico, el cual actualmente se encuentra a cargo del fiscal o gerente legal don Luis Sánchez Castellón y como abogado jefe don Diego Rioseco, lo cual se desprende de las declaraciones de los antes mencionados además de lo expuesto por doña Macarena González Martel.
c) Que el departamento jurídico o también denominado fiscalía se dividía en áreas de trabajo, especialmente la judicial y la de contratos, desempeñándose en la primera la demandada, doña Macarena González, como encargada, doña Carolina López, don Francisco Vega y en la segunda doña Macarena Gobantes, existiendo además un área de requerimiento a cargo de Elia Puente, lo cual se desprende de las declaraciones de la actora y sus testigos doña Macarena Gobantes y Alejandro Rojas Olguín y de los deponentes de la demandada Luis Castellón, Diego Rioseco y Macarena González.
d) Que en el lugar antes mencionado se desempeñaba además don Guillermo Ortiz, constructor civil, quien estaba a cargo de los aspectos inmobiliarios, lo anterior conforme a lo declarado en juicio por la demandada y Luis Sánchez Castellón, lo que se ve refrendado por el correo electrónico incorporado al proceso por ambas partes, en la cual la trabajadora se dirige a don Renato Barrientos Saldaña para que instruya a una tercera persona para la obtención, modificación o corrección de roles de avalúo designando como coordinador a Guillermo Ortíz.
e) Que en el 24° Juzgado Civil de Santiago se ventilan los autos rol V- 180-2007 sobre consignación de indemnización provisional por expropiación, en la cual el solicitante es el Serviu Metropolitano, la que recae sobre el ubicado en calle Balmaceda S/N, comuna de Quinta Normal, individualizado como plano de expropiación rol 3-faja EFE y por la cual se consigna la suma de $220.899.738 y en ella compareció la demandante el 18 de junio de 2008, solicitando el giro del cheque, acompañando documentos y designando abogado patrocinante y confiriendo poder a la demandada, ordenándose acreditar si la propiedad se encontraba al día en el pago de sus contribuciones.
Que en la misma se ordenó la toma de posesión material del inmueble por parte del Serviu Metropolitano, con fecha 26 de junio de 2008, previa notificación a la parte demandante y que se materializó el 28 de julio del mismo año y con fecha 8 de octubre del mismo año, la institución antes mencionada solicitó la certificación del extravío y reconstitución del expediente, a lo que el tribunal accedió el 9 de octubre de 2008.
Que posteriormente la solicitante con fecha 10 de octubre de 2008, pidió se certificara la ejecutoriedad de la resolución que ordenó la toma de posesión, además de copias de las diligencias mencionadas, a lo cual el tribunal accedió con fecha 13 del mismo mes y año.
Que luego un tercero solicitó se giraran los dineros a su nombre por tener derecho de dominio en el inmueble expropiado, a lo cual el tribunal dio lugar, con citación, lo anterior con fecha 27 de noviembre de 2008, el cual se giró el 9 de diciembre de 2008.
Que finalmente con fecha 19 de diciembre de 2008, se efectuó una presentación por EFE en virtud de la cual se solicitó se certificara el extravío de la causa, lo que se efectuó el 16 de enero de 2009.
Lo anterior se desprende de las copias autorizadas de los autos antes referidos, incorporadas mediante lectura en la audiencia de juicio por la parte demandante y de aquellas que se leen en oficio remitido por el 24 Juzgado Civil de Santiago a petición de la parte demandante, como de las impresiones de la información obtenida en la página electrónica del Poder Judicial.
f) Que la demandada solicitó a don Renato Barrientos impartir instrucciones a Olga Ortiz Duran, con el objeto de realizar gestiones tendientes a la corrección, obtención o modificación de roles de avalúo de las propiedades de EFE involucradas por expropiación, debiendo contactarse directamente con Guillermo Ortíz, a lo cual este accedió, lo que se desprende del correo electrónico por ambas partes al proceso.
g) Que la demandada concurrió al 24° Juzgado Civil de Santiago a requerir información de la causa de autos, informándosele su extravió, la que también obtuvo de la parte solicitante en dicho proceso, presentando con fecha 19 de diciembre de 2008, una petición de certificado de extravío, la que se proveyó el 16 de enero de 2010, lo cual se obtiene de lo declarado por la propia trabajadora en autos y de lo expuesto por aquella en correo electrónico remitido a Diego Rioseco con fecha 7 de enero de 2010 e informe remitido a Luis Sánchez Castellón con fecha 18 de enero de 2010.
h) Que la demandada de la misma forma obtuvo información acerca de que un tercero habría obtenido el giro de los dineros consignados, tal como aparece de los antecedentes previamente referidos.
i) Que en el mes de noviembre de 2009 don Juan Domingo Silva Reyes, funcionario de Serviu remitió a Renato Barrientos Saldaña, información acerca de los autos antes referidos, que da cuenta del retiro de los dineros consignados por parte de un tercero, la que a su vez fue enviada por este último a Diego Rioseco, con fecha 4 de diciembre de 2009, tal como aparece del correo electrónico de esas fechas incorporados en la audiencia de juicio por la parte demandante y es refrendado por los testimonios de Luis Sánchez Castellón, Macarena González Martel y Diego Rioseco Antezana, quienes expusieron el primero de ellos que en el mes de diciembre de 2009, concurrieron la señora González con el señor Rioseco a exponerle que habrían obtenido información de una persona de Serviu acerca de los giros de dineros en la causa en diciembre de 2008, por su parte la señora González Martel indica que habiéndosele encomendado por el señor Rioseco, el 21 de diciembre de 2009, va a revisar la causa de autos donde se entera del retiro de los dineros por un tercero y finalmente don Diego Rioseco señala que obtuvo por intermedio de Renato Barrientos la información proporcionada por un empleado de Serviu, en orden a haberse encontrado la causa de autos terminada y que inclusive se habían girado los fondos a un tercero, por lo que le pidió a la señora González que concurriera a revisar la causa.
j) Que puesto en conocimiento de tal situación el fiscal Luis Sánchez Castellón requirió a la demandada informara acerca de su gestión, verbalmente y por escrito, lo que esa cumplió y lo que se desprende de lo declarado por dicha persona como testigo lo que se ve refrendado del oficio de fecha 29 de enero de 2010.
k) Que de acuerdo al Código que regula el funcionamiento del Sistema de Empresas Públicas, de la cual forma parte la demandada, existe la obligación de informar en los meses de junio y diciembre de cada año, el estado de los litigios pendientes, según da cuenta el documento antes mencionado y se desprende además de lo declarado en juicio por Luis Sánchez Castellón, Macarena González y Diego Rioseco.
l) Que en los informes remitidos durante los meses de octubre de 2008 y enero y octubre de 2009 al SEP, aparece la causa de autos con el concepto de "se estima sentencia favorable", tal como aparece de los oficios incorporados al proceso por la parte demandante.
m) Que la demandada se habría constituido en abogado patrocinante de al menos 8 causas voluntarias hasta el mes de mayo de 2008, lo cual se desprende de la planilla de causas remitida por doña Elia Puente a Macarena González Martel, además de lo declarado en juicio por Macarena González y Diego Rioseco y de los correos electrónicos remitidos por la trabajadora de autos a doña Macarena González entre diciembre de 2009 y enero de 2010, en la cual le da cuenta del estado de una serie de juicios voluntarios.
n) Que hasta el mes de julio del año 2008 la fiscalía de EFE contaba con un procurador llamado Alejandro Rojas Olguín, quien tenía a su cargo la presentación de los escritos de las causas de EFE, ver el estado de las causas voluntarias y supervisar las que eran tramitadas por abogados externos, según da cuenta la declaración del antes mencionado y lo señalado por doña Gricelda Valenzuela.
ñ) Que con fecha 10 de diciembre de 2001 se designó a la actora para que de manera permanente asistiera profesionalmente a los trabajadores de EFE involucrados en caso de accidentes ferroviarios, según dan cuenta los ordinarios de fecha 15 de noviembre de 2001 y 10 de diciembre del mismo año.
o) Que en la labor señalada en el número precedente la actora debía estar a disposición de la demandante las 24 horas del día, siendo sus funciones las de coordinación de los accidentes en la vía férrea, gestionar la libertad de los conductores y el despeje de las vías, relacionándose con los organismos involucrados, a saber fiscalía y policías, con o sin asistencia en terreno, lo cual se establece de lo que aparece de los oficios antes mencionados, reportes de accidentes y declaraciones de Luis Sánchez Castellón, Macarena González, Diego Rioseco, Macarena Gobantes, Juan Carlos Osorio Beltrán y Edgar Faure Bastías.
p) Que durante el año 2009 y de enero a marzo de 2010, sucedieron al menos 59 accidentes en la vía férrea que fueron comunicados a la demandada, interviniendo en terreno al menos en uno de ellos, los que ocurrían a diversas horas del día y sin que existiera un patrón de días específicos, horario o duración determinadas, pudiendo demorar entre 30 minutos a 6 horas, lo que se determina de los reportes de accidentes incorporados por la parte demandada al proceso y que se refrenda de lo expresado por Diego Rioseco Antezana, quien desempeñó tal labor en reemplazo de la demandada y don Juan Carlos Osorio Beltrán quien se desempeñaba en el área de tráfico de la demandante y trabajó en las labores antedichas conjuntamente con la señora Valenzuela.
q) Que en el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad se contempla un catalogo de faltas y del procedimiento para la determinación de las mismas, en la cual se contempla el establecimiento por parte del jefe directo y su proposición al jefe superior, el que dispondrá de una evaluación ejecutiva y breve de los hechos y procederá a aplicar la medida disciplinaria, de la cual el trabajador dispondrá del plazo de 5 días hábiles para su reconsideración, la que si no es acogida podrá ser apelada ante el jefe superior jerárquico del resolutor dentro del plazo de 5 días hábiles, según dispone tal documento incorporado al proceso por ambas partes.
OCTAVO: Que habiéndose establecido los hechos que se tiene por acreditado en el proceso, corresponde determinar la concurrencia de los hechos invocados y si estos corresponden a la causal de caducidad invocada por la actora, contenida en el artículo 160 N° 7 del Código del Trabajo, esto es incumplimiento grave de las obligaciones que impone el contrato.
NOVENO: Que atendido los hechos que se tuvieron por establecidos en el motivo séptimo de este fallo, es posible concluir que la demandada habiéndose constituido en abogado patrocinante y apoderado de los autos rol V- 180-2007 del 24° Juzgado Civil de Santiago y asumiendo personalmente la tramitación del mismo, luego del término de los servicios del procurador de la demandante en julio de 2008 y conociendo al menos desde marzo de 2009, acerca del hecho de haberse girado los dineros consignados en dicho proceso por un tercero, por medio de acciones fraudulentas, no comunicó tal situación a sus superiores jerárquicos, tomando estos conocimiento de aquello sólo en el mes de diciembre del 2009, por conducto de una persona ajena a EFE y luego de concurrir la encargada del área judicial al Tribunal respectivo.
Lo anterior se determina de lo ocurrido en los autos antes referidos, debidamente reconstituidos que fue incorporado a la audiencia de juicio por la parte demandante, mediante copias y aquello obtenido de la página del Poder Judicial y por aquello remitido por el tribunal en el cual se ventila el proceso y de la declaración de la propia trabajadora, en la cual señala que solicitó el enrolamiento del inmueble expropiado, concurrió a tribunales a verificar la tramitación de la causa, tomando conocimiento de su extravío y el giro de los dineros por parte de un tercero, de manera fraudulenta lo que la llevó a tomar contacto con el Consejo de Defensa del Estado, según sus propios dichos, sólo dando a conocer tales hechos una vez que fue consultada por ello, en diciembre de 2009, como de los testigos de la demandante, a saber el jefe directo de la demandada, el fiscal don Luis Sánchez Castellón, a quien debía rendir cuenta directamente de sus labores y don Diego Rioseco, abogado jefe o subfiscal y doña Macarena González Martel, coordinadora o encargada del área judicial, quienes expresaron que la encargada de la tramitación de dicha y otras causas voluntarias era la trabajadora de autos, la que por sus otras funciones esto es encargada de tráfico, dirigente sindical y representante de los trabajadores ante el Directorio debía rendirle cuenta al señor Sánchez Castellón y que sólo tomaron conocimiento respecto del giro de los dineros por un tercero, que supuestamente habría acreditado su calidad de dueño del inmueble en cuestión por intermedio de personal del Serviu, quien se contactó por otras razones con el encargado de finanzas de EFE y no por la demandada, quien nada le había señalado a su superior y fiscalizador.
DECIMO: Que de los hechos referidos se desprende que la trabajadora incumplió gravemente las obligaciones que impone el contrato, a saber ser abogado del área jurídica de la demandada, quien estaba obligada a desarrollar las tareas específicas inherentes a su cargo, según lo determine la reglamentación y su empleador, por cuanto el mismo no sólo obliga a aquello que las partes han establecido en aquel, sino además a las labores que son inherentes a la función que desempeñan como también a su contenido ético, que importa como ya se dijo no sólo aquello a lo que las partes expresamente han concurrido con su manifestación de voluntad, sino que también a aquellas obligaciones que devienen de la propia naturaleza de una relación de este tipo, como sería en el caso concreto aquellas asumidas en virtud de una representación judicial y el principio de buena fe contractual, hecho que reviste la entidad exigida por la ley, atendido la situación de que la actora habiendo tomado conocimiento de una situación irregular en la tramitación del proceso ante el 24° Juzgado Civil de Santiago, no la puso en conocimiento de su superior jerárquico a quien debía dar cuenta en forma directa de su gestión, tan pronto tuvo conocimiento de ello, lo que ocurrió al menos en el primer semestre de 2009, quién sólo se enteró de aquello por intermedio de otras personas más de un año después de la ocurrencia de los hechos, lo que originó que a esta fecha el Serviu Metropolitano se encuentre desde hace más de un año en posesión material e inscrita de un inmueble tasado en más de $200.000.000 y que la demandante a la fecha no haya enterado en arcas fiscales tal suma de dinero.
Que en nada obsta lo anterior el hecho que en el año 2001 la trabajadora haya sido designada como abogado encargada de efectuar las gestiones pertinentes para despejar las vías y obtener la libertad de los choferes ante un accidente ferroviario, por cuanto si bien tal labor como se indicó en el considerando séptimo de este fallo, podía ocurrir a cualquier hora del día, era relativa su frecuencia, tanto así que en un mes sólo podían presentarse ninguno o dos o tres accidentes y en otros alrededor de diez, no habiéndose acreditado suficientemente la presencia de la demandada en terreno cada vez que estos se presentaron, además de no aparecer en el proceso antecedente alguno de la exclusividad de dicha función tal como lo reclama la demandada, máxime si la señora Valenzuela concurrió a los tribunales civiles a dar tramitación al proceso en cuestión, indagando acerca de su estado procesal y paradero luego de habérsele advertido su extravío, lo que efectuó según sus propios dichos porque debía hacerlo, ya que a nadie se le había asignado, lo que es concordante con lo expresado por los deponentes de la demandante en orden a que cada abogado era responsable de sus juicios y que estos son asignados por el fiscal.
Que por otra parte, el hecho que la actora haya realizado gestiones ante el Consejo de Defensa del Estado y Serviu a raíz del extravío de tal expediente, no la exime de la responsabilidad anotada, por cuanto nada se efectuó en concreto en dicha causa, sino hasta la época en que tomaron conocimiento don Diego Rioseco y doña Macarena González quienes lo hicieron por intermedio de un tercero, iniciándose una investigación en el tribunal y presentándose con posterioridad una vez determinada la falta de denuncia por aquel, de una querella criminal en contra de quienes resulten responsables.
Que en cuanto al hecho de no haberse efectuado el procedimiento debido conforme al Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, si bien se estableció su existencia, cabe señalar que el mismo contempla como sanción la desvinculación, que en el caso de autos, debe ejercerse previamente la presente acción, por gozar la trabajadora de fuero sindical, pudiendo en esta oportunidad la demandada hacer sus descargos.
Que igualmente se desestimará la alegación de condonación de la falta, por cuanto entre la fecha en que la demandante tomó conocimiento de la situación de la causa de autos a principios de diciembre de 2009, por parte del abogado jefe de la fiscalía de EFE y la fecha de interposición del libelo, si bien transcurrió un espacio de tiempo, en el intertanto se requirió de la demandada informes los que finalmente fueron evacuado el 18 de enero de 2010, transcurriendo un plazo prudente entre ello y la presentación de la demanda.
UNDECIMO: Que atendidas las conclusiones precedentes y habiéndose establecido la concurrencia de las causales de caducidad invocadas, con las exigencias requeridas por la legislación laboral y conforme lo dispone el artículo 174 del Código del Trabajo, esta juez otorgará la autorización a la actora para proceder a poner término al contrato que la ligaba con la demandada.
DUODECIMO: Que los demás antecedentes incorporados al proceso por los litigantes, en nada alteran lo concluido precedentemente.
Visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 5, 160, 174 y 446 a 462 del Código del Trabajo y del Código
Civil, SE DECLARA:
Que SE ACOGE la demanda de autos interpuesta por EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO en contra de GRICELDA VALENZUELA RODRIGUEZ y en consecuencia se autoriza a la demandante a poner fin al contrato de trabajo de la trabajadora antes referida, sin derecho a indemnización alguna, sin costas por haber tenido motivos plausibles para litigar.
RIT: O-519-2010
RUC: 10-4-0019048-3
Dictada por doña ANGELICA PEREZ CASTRO, Juez Titular del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
#5 · 20/Jul/2010, 11:27
EN LO PRINCIPAL, deduce recurso de nulidad.
EN EL OTROSI, se tenga presente.
S.J.L. del Trabajo (1º JLT).
RAFAEL CARVALLO SANTELICES, rut 5.267.144-2, y MONICA VOGEL ALVAREZ, Rut 13.315.175-3, ambos abogados y con domicilio en calle Lorenzo Gotuzzo Nº 96, oficina 94, en representación de doña GRICELDA VALENZUELA RODRIGUEZ, demandada en los autos sobre desafuero caratulados "EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO CON VALENZUEL RODRIGUEZ, GRICELDA", Rit O 519-2010, a US. decimos.
Dentro del plazo legal, y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 477 y siguientes del Código del Trabajo, venimos en interponer recurso de nulidad en contra de la sentencia dictada por S.S. en estos antecedentes con fecha 22 de junio del año en curso, a fin de que se declare nula la referida sentencia por la I. Corte de Apelaciones de esta jurisdicción y se dicte por este mismo I. Tribunal la correspondiente de reemplazo.
Este recurso encuentra fundamento en los siguientes antecedentes:
I. LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO.
1.1. La Empresa de los Ferrocarriles del Estado, en adelante EFE, interpuso demanda en estos antecedentes, a fin de que se le autorice para poner término al contrato de trabajo de nuestra representada. La autorización judicial previa es un trámite insoslayable, dada la calidad de dirigente sindical que inviste la señora Valenzuela, para proceder a su despido.
1.2. Como fundamento de su pretensión, expuso la demandante que la demandada habría incurrido en grave incumplimiento de sus obligaciones contractuales, la que hace consistir, básicamente, en dos hechos:
1.2.1. La demandada, de profesión abogado, incurrió en una negligencia grave en la tramitación de una gestión judicial voluntaria que le encargara su empleadora.
1.2.1.1. En un procedimiento de Consignación de Indemnización Provisional por Expropiación, seguido por el Serviu Metropolitano en contra de EFE ante el 24º Juzgado Civil de Santiago bajo el Rol Nº V-180-2007, se depositó la suma de $ 220.899.738.-
1.2.1.2. La cantidad consignada fue girada a nombre de un tercero, quien presentó documentación falsa que lo acreditaba como dueño de la propiedad expropiada.
1.2.1.3. La demandada, quien había asumido el patrocinio en esta gestión voluntaria, no se percató de la maniobra, lo que permitió a el o los autores del fraude apropiarse del dinero perteneciente a la empresa demandante.
1.2.2. La segunda falta, que la demandante considera la más grave, es que la señora Valenzuela no informó a EFE del hecho. La empresa solo vino a enterarse del giro del dinero consignado solo cuando un funcionario de Serviu informó a un empleado de Efe de la situación, casi un año después de haberse producido el fraude.
1.3. La demandante reconoce en su libelo, y este fue un hecho establecido expresamente como no controvertido en la audiencia preparatoria, que doña Gricelda Valenzuela había sido, hasta la ocurrencia de los hechos que originan esta demanda, una profesional destacada en el desempeño de sus funciones, cumpliendo sus obligaciones contractuales con eficiencia. Y ello durante los 17 años que ha prestado servicios para EFE.
1.4. Asimismo, se dejó establecido como hechos pacíficos, que la demandada inviste los cargos de Presidenta del Sindicato Nacional de Profesionales Universitarios ferroviarios Nº 7 y además, de representante de los trabajadores de EFE ante el Directorio de la empresa.
2. LA CONTESTACION DE LA DEMANDA
Al contestar la demanda, sostiene esta parte, en lo fundamental, que la señora Valenzuela no ha incurrido en el grave incumplimiento que se le imputa.
2.1. En primer término, se expuso la demandada que, si bien había asumido el patrocinio del trámite a que se refiere en el párrafo 1.2.1.1. anterior, esta actuación había sido puramente formal, ya que su principal obligación no está, incluso hasta ahora, constituida por la defensa de los intereses de la empresa en juicios o gestiones voluntarias, sino los trámites y actuaciones que se originan en los accidentes ocurridos en la línea férrea. Es a estas funciones a la que se dedica la gran parte de su jornada laboral, además de las actuaciones y gestiones propias de los cargos de dirigente sindical y miembro del directorio de la empresa, en representación de los trabajadores.
2.2. Que, en cualquier caso, la falta que se le imputa no tiene la gravedad que requiere la norma del artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo. Es decir, no resulta suficiente para justificar la más grave de las sanciones que contempla la normativa laboral: el despido sin pago de indemnizaciones.
2.3. En la especie, no se realizó el procedimiento reglamentario, que exige formulación de cargos y permite al trabajador ejercer su derecho a defensa. E incluso le da derecho a apelar de la sanción aplicada. En este aspecto, la sentencia hizo propio el razonamiento de la demandante, conforme al cual la calidad de dirigente sindical de la demandada obliga a la empresa a solicitar su desafuero obviando el sumario interno. Lo que es evidentemente equivocado, porque la autorización para despedir a Gricelda Valenzuela pudo perfectamente solicitarse una vez concluido el respectivo sumario y antes de aplicar la sanción. Ello en el evento que el sumario arrojara como resultado que la sanción aplicable es el término del contrato. Aún más, incurriendo en una contradicción, la empresa se esforzó primero por acreditar que si había aplicado el procedimiento reglamentario, lo que es absolutamente falso, para finalmente, en el alegato de observaciones a la prueba, alegar la imposibilidad de tal aplicación.
2.4. De lo dicho surge además con caracteres de evidencia que se ha afectado el principal de proporcionalidad, inherente a toda norma sancionatoria: el despido, como sanción gravísima que es, solo puede quedar reservado para las conductas que tienen ese mismo carácter. Pero como ya está dicho, la propia empleadora había decidido, en su Reglamento Interno, que se trata de una conducta grave, que solo amerita multas y suspensiones, pero no el despido.
3.1. La sentencia de S.S. rechaza la demanda en todas sus partes, declarando que la conducta de la demandada constituye un grave incumplimiento contractual.
3.2. Vale la pena destacar que en este fallo S.S. deja establecido que la conducta reprochable de la demandada consiste en no haber informado a la demandante del fraude que le significó la pérdida de más de 200 millones de pesos. Esto fue expresamente planteado por la señora María Paz Ihnen, abogado de EFE, al formular sus observaciones a la prueba rendida, al finalizar la audiencia de juicio.
3.3. S.S. tampoco tuvo en consideración que, a propósito de la gravedad de la falta, resultaba inconsistente con la pretensión de despedir a la señora Valenzuela por no haber comunicado los hechos a su jefe directo, el que la propia empresa, transcurridos mas de seis meses de tomar conocimiento del hecho dañoso, no había presentado denuncia ni querella por los mismos hechos. S.S. señala en la sentencia que EFE habría presentado una querella criminal al tomar conocimiento de los hechos, lo que no es efectivo en absoluto. Solo fines de mayo de 2010 señalan sus testigos González y Rioseco, se habría formulado una denuncia, lo que tampoco se acreditó por otras vías. Es más, la testigo Macarena González señala en su declaración que no se denunciaron criminalmente los hechos porque le aseguraron en el tribunal civil que ya se había informado de los mismos a la Fiscalía, lo que resulta inverosímil, desde que ella misma declara haber obtenido copia íntegra de lo obrado en ese expediente, el día 21 de diciembre de 2009.
3.4. Asimismo, S.S. tuvo por acreditado que la demandada no informó el real estado de la causa para los efectos del SEP. Sin embargo, quedó establecido en el proceso lo contrario, que jamás se le requirió información alguna a la actora durante todo el año 2009, por lo que la información errada que pudiere haber aparecido no le es imputable a mi representada. En efecto, todos los requerimientos se realizaron entre enero y febrero de 2010. La propia demandante lo reconoce, ya que al solicitar mi parte la exhibición de los informes supuestamente falsos que habría presentado durante el año 2009, reconoció que éstos no existen y que los únicos que obraban en su poder eran aquellos correspondientes al año 2010.
4.- DE LAS CAUSALES DE NULIDAD QUE SE INVOCAN.
4.1. LA DEL ARTICULO 478 LETRA B) DEL CÓDIGO DEL TRABAJO
4.1.1. Al resolver el asunto controvertido en la forma señalada precedentemente, la sentencia ha infringido la norma del artículo 456 del Código del Trabajo, y esta infracción ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo.
4.1.1.1. En efecto, al calificar la conducta de la demandada como grave incumplimiento contractual, S.S. ha vulnerado la norma del artículo 456 del Código del Trabajo. Esto es, no ha apreciado las probanzas rendidas con forme a la sana crítica.
4.1.1.2. Además de los errores en la apreciación de la prueba que se mencionan en los numerandos anteriores, los que solicitamos se tengan por expresamente reproducidos, S.S. tiene por probados determinados hechos con las declaraciones de los testigos de la demandada, señores Sánchez, Rioseco y González. Es el caso, por ejemplo, de los hechos contenidos en las letras m) del considerando séptimo, o aquellos a que se refiere el considerando noveno, en su parte final. Al respecto, una primera cosa que aparece como evidentemente equivocada es darle mérito probatorio a las declaraciones del Fiscal de EFE, Luis Sánchez Castellón. Y ello porque, como consta de autos, el señor Sánchez fue designado mandatario por el gerente general de Efe para que absolviera posiciones en su nombre. De acuerdo a lo que dispone el artículo 454 Nº 3 del Código del Trabajo, la persona llamada a absolver posiciones debe concurrir personalmente a la audiencia, a menos que designe especialmente un mandatario al efecto, que fue lo que ocurrió en este litigio: El gerente señor Faccilongo desginó a Sánchez para que absolviera posiciones en su nombre. Pero la misma norma impone como requisito que, tratándose del empleador, la persona designada deberá ser de aquellas a que se refiere el artículo 4º del Código del ramo. Dicho en términos concretos, al designar a Luis Sánchez, como mandatario, ha reconocido EFE que se trata de un representante del empleador. En definitiva, ha ocurrido que se le ha dado mérito probatorio a las declaraciones de un representante legal de la demandante. Es decir, es la propia empresa la que declaró en su favor, y la sentencia, contrariando toda lógica y máxima de experiencia, asigna a tales declaraciones fuerza probatoria.
4.1.1.3. En el mismo sentido, S.S. también contrariando la lógica, da mérito probatorio a las declaraciones de la testigo de la demandante Macarena González. Como S.S. recordará, la abogado González es la jefa del área judicial, que fue lo que declararon los testigos de mi parte Macarena Gobantes y Alejandro Rojas, abogada de la fiscalía y procurador respectivamente, quienes estuvieron contestes en señalar que la actora no trabajaba en el área judicial sino que en tráfico y que era la sra. González la responsable de los juicios. Es decir, la última responsable de los problemas y desaciertos en los que se incurre en la tramitación de los procesos de EFE. Como lo indica una lógica elemental y las máximas de experiencia, es el jefe del área la persona responsable que el sistema no funcione. Y en EFE el sistema no funciona. Como S.S. debe recordar, loa señora González reconoció que una situación igual había ocurrido hace poco tiempo en Valdivia. Aunque señaló que en ese caso no se había alcanzado a hacer la transferencia de la propiedad, lo cierto que tal vez la misma banda organizada logró que un tribunal le girara un cheque por la suma de $ 700.000.000, lo que fue de público conocimiento. En definitiva, la señora González debe culpar a alguien del mal desempeño de la fiscalía y del suyo en particular. Debe tenerse presente que tanto González como Rioseco reconocieron que este hecho afectaba la imagen del fiscal señor Sánchez, porque mal que mal, dijeron, "es su gestión".
4.1.1.4. Respecto de la misma probanza, la testifical, S.S. dio mérito probatorio a los dichos de Sánchez y González, pero en algunos hechos trascendentes esos testimonios resultaron desvirtuados por las declaraciones de los testigos de mi parte, las que S.S. no consideró de manera alguna. Así, en el considerando séptimo, letra b), SS estima probado, con los dichos de los tres testigos de la demandada, que nuestra representada desarrollaba sus labores en el departamento jurídico, lo que es absolutamente falso. En efecto los cuatro testigos de mi parte fueron enfáticos en señalar que la demandante desempeñaba sus funciones en una oficina en los andenes de la Estación Central, porque era lo que más se acomodaba con la naturaleza de las funciones que cumplía, esto es, abogada a cargo de los accidentes de tráfico.
4.1.1.5. De otra parte, la sentencia decida que las funciones desarrolladas por la demandada, vinculadas a los accidentes en la línea férrea, no le impedirían atender los juicios que se le encargaban. En primer término, menciona como antecedente la documental de mi parte, que acompañó 59 partes de accidentes en los que tuvo participación la demandada, durante el año 2009 y hasta marzo de 2010. De lo que deduce que el número es bajo. SS no consideró que esos partes fueron acompañados solo como antecedente referencial, según se dijo al ofrecer la probanza, para ilustrar al tribunal del funcionamiento del sistema. Pero no representan, ni de cerca, el número total de accidentes, que podría alcanzar, en determinadas semanas, a 10 accidentes, o a varios cada día. En este aspecto tiene en consideración lo declarado por el testigo Rioseco, pero no menciona la declaración del testigo de mi parte señor Osorio, que prestó servicios en la sección tráfico durante años, y trabajó directamente con la señora Valenzuela. Además el testigo detalla lo absorbente y extenuante del trabajo, que la demandante era la única que lo realizaba lo que significaba encontrarse disponible las 24 horas, y en consecuencia la función resulta incompatible con cualquier otra.
4.1.2. Al infringir el artículo 456 del Código del Trabajo, esto es, la norma sobre apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, arribó SS. a conclusiones equivocadas. SS. tiene por acreditado que las obligaciones de la demandante correspondían al área judicial, lo que no es efectivo. Y, con ello, a calificar de incumplimiento grave de obligaciones contractuales la conducta que EFE atribuye a doña Gricelda Valenzuela, en circunstancias que sus obligaciones contractuales supuestamente incumplidas, no eran las desarrolladas por la demandada.
4.2. LA DEL ARTÍCULO 477 DEL CODIGO DEL TRABAJO.
4.2.1. Al ser equivocada la conclusión del tribunal, calificando la conducta de la demandada como incumplimiento contractual grave, necesariamente se infringe el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo.
4.2.2. Y es que a la hora de calificar la gravedad de una determinada conducta, resulta el juez obligado a considerar circunstancias tales como la antigüedad de trabajador y la forma en la que ha dado cumplimiento a sus obligaciones contractuales con anterioridad. Y en este sentido ya hemos mencionado que la demandante reconoce expresamente que se trata de una profesional distinguida, que durante 17 años ha dado fiel y oportuno cumplimiento a sus obligaciones contractuales.
4.2.3. En la misma línea de razonamiento, debe tenerse presente que, tratándose de un acto unilateral del empleador, es éste quien decide, al momento de aplicar una sanción, si la conducta de un determinado trabajador es de la entidad suficiente para que la decisión extintiva sea legítima. Ello sin perjuicio de la calificación posterior por el juez del despido, si el trabajador decide reclamar la medida, por considerarla injustificada. Por ello, resulta de la mayor importancia tener presente el trato que ha dado el empleador con anterioridad a situaciones similares. O, como ocurre en la especie, la calificación previa que ha hecho la misma empresa, en el Reglamento Interno, de la conducta que hoy califica como muy grave. En efecto, el Reglamento Interno acompañado por mi parte en este litigio contempla un procedimiento especial en casos de faltas. Este procedimiento distingue entre faltas graves y muy graves. Entre las primeras, la de informar oportunamente al empleador, las que tienen predeterminadas sanciones consistentes solo en suspensiones y mulas de hasta un 25% de la remuneración del trabajador. En este aspecto es de la mayor relevancia la declaración del testigo de mi parte, señor Juan Carlos Osorio, quien señaló que con anterioridad se había sancionado con suspensiones a trabajadores que, por fallas humanas, habían provocado accidentes con resultado de pérdidas millonarias para la empresa y, en un caso, además con el resultado de una decena de heridos. En ambos casos se aplicó el Reglamento Interno, sancionándose a los responsables con suspensión de funciones de maquinista. Pero no fueron despedidos, sino reintegrados a sus puestos de trabajo, una vez terminada la suspensión.
4.2.4. En la especie, no se realizó el procedimiento reglamentario, que exige formulación de cargos y permite al trabajador ejercer su derecho a defensa. E incluso le da derecho a apelar de la sanción aplicada. En este aspecto, la sentencia hizo propio el razonamiento de la demandante, conforme al cual la calidad de dirigente sindical de la demandada obliga a la empresa a solicitar su desafuero obviando el sumario interno. Lo que es evidentemente equivocado, porque la autorización para despedir a Gricelda Valenzuela pudo perfectamente solicitarse una vez concluido el respectivo sumario y antes de aplicar la sanción. Ello en el evento que el sumario arrojara como resultado que la sanción aplicable es el término del contrato. Aún más, incurriendo en una contradicción, la empresa se esforzó primero por acreditar que sí había aplicado el procedimiento reglamentario, lo que es absolutamente falso, para finalmente, en el alegato de observaciones a la prueba, alegar la imposibilidad de tal aplicación.
4.2.5. De lo dicho surge además con caracteres de evidencia que se ha afectado el principio de proporcionalidad, inherente a toda norma sancionatoria; el despido, como sanción gravísima que es, solo puede quedar reservado para las conductas que tienen ese mismo carácter. Pero, como ya está dicho, la propia empleadora había decidido, en su Reglamento Interno, que se trata de una conducta grave, que sólo amerita multas y suspensiones, pero no el despido.
4.2.6. En definitiva, de ser efectivos los hechos, podrían constituir una falta. Pero aquellos que se acreditaron, algunos de ellos ni siquiera controvertidos, impedían calificar de grave el comportamiento de la demandada. Ya porque sus funciones no eran las que se mencionan en la demanda, ya porque tiene un comportamiento laboral irreprochable en 17 años de servicios para EFE, ya porque la sanción es desproporcionada, porque la demandante nada ha hecho para corregir el supuesto incumplimiento, tampoco aplicó el reglamento interno, etc.. no debió la sentencia autorizar el despido de la demandada por la causal invocada por la demandante. Tampoco considera que el propio fiscal Sánchez Castellón, afirmó que en realidad no ha existido un perjuicio para EFE, desde el momento que la responsabilidad le corresponde al Juzgado respectivo, a quien le corresponde cumplir con el pago.
4.3. La infracción que se denuncia ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. Si S.S. hubiera aplicado correctamente las normas sobre apreciación de la prueba conforme a la sana crítica, habría decidido, que la demandada no ha incurrido en incumplimientos contractuales y, en consecuencia, que resultaba improcedente acoger el desafuero pedido por la demandante. Es por ello que con las causales señaladas en los numerales 4.1 y 4.2 se interponen conjuntamente por ser una consecuencia de la otra.
4.4. LA CAUSAL DEL ARTÍCULO 478 LETRA C) DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, LA QUE SE INVOCA EN SUBSIDIO DE LAS ANTERIORES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 160 Nº 7 DEL MISMO CÓDIGO.
4.4.1. En subsidio de las causales invocadas en los numerandos 4.1 y 4.2 anteriores, invocamos la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo. Y es que incluso a partir de los mismos hechos asentados en la sentencia, la conducta de la demandada no puede ser calificada de incumplimiento grave de obligaciones contractuales.
4.4.2. Lo que corresponde, en consecuencia, es que la I. Corte de Apelaciones anule la sentencia dictada en estos autos y, en la correspondiente de reemplazo, altere la calificación jurídica de los hechos asentados en la misma sentencia, sin modificar sus conclusiones fácticas, declarando en cambio que no se configura la causal del término del contrato de trabajo respecto de la demandada señora Gricelda Valenzuela.
4.4.3. Y es que las circunstancias de hecho reconocidas por SS en el fallo obligaban a este tribunal, para dar una correcta aplicación al artículo 160 Nº 7 del Código del tramo, a declarar que no existe el grave incumplimiento que denuncia la demandante. Entre ellos, reiterando lo expuesto en los numerandos precedentes, la irreprochable conducta de la demandada con anterioridad a los hechos que motivaron este litigio, la calificación y procedimiento del reglamento interno de la empresa, no aplicado por la demandante, que ponen en evidencia que, conforme a los propios criterios de la demandante, los hechos que se imputan a nuestra representada carecen de la entidad suficiente para despedirla sin pago de indemnizaciones.
4.4.4. La infracción que se denuncia ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia. En definitiva, si S.S. hubiere calificado jurídicamente en forma correcta los hechos asentados en el proceso, necesariamente debió concluir que la demandante no ha incurrido en la causal de terminación de su contrato de trabajo que contempla el artículo 160 Nº 7 del Código del Trabajo.
Y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 160 Nº 7, 456, 477 y 478 letras b) y c) del Código del Trabajo.
ROGAMOS A US, tener por interpuesto recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada en este litigio con fecha 22 de junio de 2010, que acogió la demanda interpuesta por EFE en contra de nuestra representada, declararlo admisible y ordenar se remitan estos antecedentes a la I. Corte de Apelaciones de esta jurisdicción, a fin de que éste I. Tribunal lo declare asimismo admisible y lo acoja sobre la base de las causales que contemplan los artículos 478 letra b) y 477 del Código del Trabajo, las que se invocan en forma conjunta o, en subsidio, por aplicación de la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, declarándose nula la sentencia y dictándose la correspondiente de reemplazo en conformidad a la ley, la que deberá declarar:
A. Que las conductas que se imputan a la demandada señora Gricelda Valenzuela Rodríguez no constituyen grave incumplimiento de obligaciones contractuales;
B. Que, en consecuencia, se niega lugar a todas sus partes a la demanda de desafuero, y
C. Que se condena a la demandada a pagar las costas del proceso.
OTROSI; Sírvase Us. Tener presente que en nuestra calidad de abogados habilitados para el ejercicio de la profesión, patrocinamos este recurso y actuaremos personalmente en estos autos, se forma conjunta o separada e indistintamente.
#6 · 28/Jul/2010, 17:36
CAUSA RIT O-519-2010
CAUSA RUC 10-4-0019048-3
CARATULADO EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO / GRICELDA VALENZUELA RODRIGUEZ
MATERIA DESAFUERO SINDICAL
NOMBRE DEMANDANTE EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO
PATROCINANTE DEMANDANTE MAURICIO CORREA NOE
APODERADO DEMANDANTE MAURICIO CORREA NOE Y MARIA PAZ IHNEN FRANKE
NOMBRE DEMANDADA GRICELDA VALENZUELA RODRIGUEZ
APODERADO DEMANDADA RAFAEL CARVALLO SANTELICES, MONICA VOGEL ALVAREZ Y DIEGO CORVERA VERGARA
MOTIVO RECURSO NULIDAD
RESOLUCION IMPUGNADA SENTENCIA DEFINITIVA
FECHA RESOLUCIÓN IMPUGNADA 22 JUNIO 2010
RECURRENTE DEMANDADA
FECHA DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 05 JULIO 2010 ( INGRESA POR BUZON ESCRITOS DE PLAZO )
INGRESA AL SISTEMA INFORMATICO POR TRIBUNAL 06 JULIO 2010
FECHA QUE SE CONCEDE RECURSO 07 JULIO 2010. SE COMPLEMENTA CON FECHA 26 JULIO 2010
FORMA DE NOTIFICACION DE LA SENTENCIA ( SI ES RECURSO DE NULIDAD) ARTICULO 457 CODIGO DEL TRABAJO
JUEZ QUE DICTÓ RESOLUCION ANGELICA PEREZ CASTRO
SE DEJA CONSTANCIA: Que esta causa, RIT O-519-2010, RUC 10-4-0019048-3, CARATULADA " EMPRESA DE FERROCARRILES DEL ESTADO / GRICELDA VALENZUELA RODRIGUEZ ", con fecha de hoy se remitió vía informática a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, para el conocimiento y resolución del Recurso de Nulidad que en la misma fuera concedido.-
Santiago, veintisiete de julio de dos mil diez
ROBERTO MORALES ALMENDRAS
Jefe Unidad Causas
#7 · 05/Ago/2010, 12:15
Atendida la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, al momento de revisar la admisibilidad de un recurso de nulidad interpuesto en contra de una sentencia definitiva laboral, sólo corresponde examinar los requisitos aludidos en el artículo 480 del Código del Trabajo, esto es aquellos referidos en el inciso 1° del artículo 479 del mencionado cuerpo legal, cuales son que el recurso este interpuesto por escrito ante tribunal que dictó la resolución recurrida y dentro de plazo; como también los referido en el último inciso del artículo 480 del Código del Trabajo, esto es, si tiene fundamentos de hecho o de derecho o peticiones concretas, y en los casos que corresponda que este haya sido preparado, requisitos que contiene el deducido a fojas 43, razón por la cual se declara admisible el recurso de nulidad interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia de fecha veintidós de junio de dos mil diez, dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Pasen los autos al señor Presidente para su incorporación en la tabla ordinaria que corresponda.
N°ReformaLaboral-968-2010.
Informe 1099 COntraloria General República Empresa Ferrocarriles del Estado Seguimiento FCALP
29/May/2010, 00:07
manuel_1973 2 149 01/Jun/2010, 12:21