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Timestamp: 2019-01-21 12:26:42
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 48', 'ARTÍCULO 126', 'ARTÍCULO 153', 'artículo 196', 'artículo 48', 'artículo 126', 'artículo 153', 'artículo 126', 'artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 126', 'artículo 44', 'artículo 48', 'artículo 153', 'artículo 126', 'artículo 220']

﻿ Sentencia 2010-01406 de agosto 8 de 2013
SENTENCIA 2010-01406 DE 08 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:PROCESO DISCIPLINARIO CONTRA JUEZ. EN EL DERECHO DISCIPLINARIO FUNCIONAL, LA FALTA SIEMPRE SUPONE LA EXISTENCIA DE UN DEBER, CUYO OLVIDO, INCUMPLIMIENTO O DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL SERVIDOR JUDICIAL TRAE COMO CONSECUENCIA UNA RESPUESTA REPRESIVA POR PARTE DEL ESTADO. EN EL CASO BAJO ESTUDIO, SE SANCIONÓ A UN JUEZ POR INCURRIR EN FALTA DISCIPLINARIA GRAVÍSIMA CONTENIDA EN EL NUMERAL 17 DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY 734 DE 2002, PUESTO QUE DE MANERA VOLUNTARIA DESIGNÓ COMO EMPLEADOS DEL DESPACHO A DOS SOBRINOS Y UN YERNO, CUANDO EL ARTÍCULO 126 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PROHÍBE NOMBRAR A PERSONAS CON QUIENES TIENE VÍNCULOS DE CONSANGUINIDAD HASTA EL CUARTO GRADO Y PRIMERO DE AFINIDAD, ES DECIR, POR VIOLAR LA CARTA Y EN ESE SENTIDO, DESCONOCER EL DEBER CONSAGRADO EN EL NUMERAL 1º DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY 270 DE 1996.
TEMAS ESPECÍFICOS:SERVIDOR PÚBLICO, FALTAS DISCIPLINARIAS, FUNCIONARIO JUDICIAL, PARENTESCO DE CONSANGUINIDAD, JUEZ
Sentencia 2010-01406 de agosto 8 de 2013
Rad.: 760011102000-2010-01406 01
Aprobado en acta 62 de la fecha
La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer el presente asunto, en virtud de lo previsto por los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política y 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996.
Dada la especial sujeción de los servidores con el Estado, la potestad sancionadora de este se concreta en la posibilidad de desplegar un control disciplinario sobre los mismos y en razón de la relación jurídica surgida por la facultad de administrar justicia. Se pretende, entonces, que el cumplimiento de sus deberes y responsabilidades se realice dentro de las normas del servicio público, con sujeción a los principios de moralidad, eficacia y eficiencia, los cuales deben caracterizar sus actuaciones.
La potestad disciplinaria es entendida, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional:
“... como la facultad para corregir las fallas o deficiencias provenientes de la actividad de los servidores públicos, se torna en una prerrogativa tendiente a proteger al ciudadano de eventuales arbitrariedades por incumplimiento de las directrices fijadas en la ley, con ella se evita que quienes prestan funciones públicas lo hagan de manera negligente y contraria al servicio, desconociendo el interés general que debe orientar las actuaciones estatales...”(11).
En este orden de ideas, en el derecho disciplinario funcional, la falta siempre supone la existencia de un deber, cuyo olvido, incumplimiento o desconocimiento por parte del servidor judicial trae como consecuencia una respuesta represiva por parte del Estado.
De lo anterior se deduce que lo que genera el reproche al servidor judicial no es propiamente la voluntad de lesionar intereses jurídicos tutelados, sino los comportamientos que impliquen cumplimiento incompleto y defectuoso de los deberes de cuidado y eficiencia que se le encomienda.
En ese orden de ideas, el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, define la falta disciplinaria, en los siguientes términos:
En virtud de la competencia antes mencionada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia, le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, al presumir el legislador que aquellos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal apelante, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.
A la doctora María Eugenia Vásquez de Aristizábal, en su condición de Jueza Doce Civil del Circuito de Cali, se le sancionó por incurrir en falta disciplinaria gravísima contenida en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, puesto que de manera voluntaria designó como empleados del despacho a dos sobrinos y un yerno, cuando el artículo 126 de la Constitución Política prohíbe nombrar a personas con quienes tiene vínculos de consanguinidad hasta el cuarto grado y primero de afinidad, es decir, por violar la Carta y en ese sentido, desconocer el deber consagrado en el numeral 1º del artículo 153 de la Ley 270 de 1996, del siguiente tenor:
“ART. 153.—Deberes. Son deberes de los funcionarios y empleados, según corresponda:
Tipo disciplinario que, como se indicó, se cerró con la norma de la Constitución Política, artículo 126, que establece:
De otro lado, el incumplimiento al deber en cita estructura la falta disciplinaria gravísima contenida en el artículo 48, numeral 17, de la Ley 734 de 2002, que dispone:
Previo al despunte del material probatorio, debe la Sala advertir que solo se abordarán los temas que son objeto de apelación, pues se entiende que respecto a los demás tópicos no existe inconformidad. Así las cosas, se da por sentado que en torno a la adecuación de la conducta al tipo disciplinario imputado a la Dra. Vásquez de Aristizábal no es tema que deba afrontarse, máxime cuando la prueba militante en el expediente ha demostrado el supuesto fáctico relacionado con el nombramiento de tres personas con las cuales tiene parentesco de consanguinidad y afinidad. Es decir, el asunto no presenta rémora alguna, pues no solo se arrimaron los registros civiles de los subalternos, las resoluciones de nombramiento y actas de posesión, sino que ellos, y la misma investigada, dieron cuenta de esa circunstancia especial(12).
Ahora, el artículo 5º del código disciplinario único consagra una garantía en favor del sujeto disciplinable, en cuanto que la conducta es antijurídica cuando “afecte el deber funcional sin justificación alguna”.
Pues bien, en torno a ese tema, como lo señaló la investigada, la Corte Constitucional desde su Sentencia C-948 de 2002, por medio de la cual declaró la constitucionalidad del artículo 5º de la Ley 734 de ese mismo año, delimitó lo qué debe entenderse por ilicitud sustancial o antijuridicidad —que no lesividad, por ser un término propio del derecho penal—.
En efecto, se indicó por la citada corporación que el derecho disciplinario tiene como objeto de protección “el deber funcional” del servidor que tiene a su cargo una función estatal y, es precisamente el incumplimiento a ese deber funcional el que determina la antijuridicidad de la conducta, en tanto su infracción sea sustancial, pues de no serlo, la conducta no puede ser reprochada, como tampoco podría cuestionarse actuaciones con abstracción de los deberes legalmente instituidos para los servidores públicos.
En ese orden de ideas, siguiendo la jurisprudencia en cita, para que una conducta sea antijurídica debe tratarse de aquellas que realmente atenten contra “... el buen funcionamiento del Estado y por ende contra sus fines...”.
Son fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, principios y deberes, contenidos en la Constitución Política, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afecten y en la vida económica, política, administrativa y cultural; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo(13), según el artículo 2º superior.
Significa lo anterior, que el interés del Estado es mantener una convivencia decorosa, digna del ser humano, que respete los derechos y, en esa medida, evitar el rompimiento con los principios de la moralidad pública, la imparcialidad y transparencia, en la función pública.
En aras de mantener los citados axiomas, la Constitución Política y la ley crearon la figura de las inhabilidades e incompatibilidades, siendo las primeras aquellas circunstancias que “... impiden o imposibilitan que una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continué en él”(14); mientras que las segundas, señala la Corte Constitucional, son prohibiciones para el titular de la función pública, a quien “... por ese hecho, se le impide ocuparse de ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo caso de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado”(15).
En ese orden de ideas, si las incompatibilidades e inhabilidades buscan mantener la moralidad, imparcialidad, transparencia e idoneidad en la administración pública, y no obstante, el funcionario encargado de garantizar su aplicación las soslaya, sin duda que frente a una ilicitud sustancial nos hallamos, pues, valga la redundancia, con su actitud se afectó el deber funcional, en tanto, se muestra una administración pública por fuera de los modelos creados por la Constitución Política, cuando de ninguna manera la disciplinada podía dejar de cumplir esa clase de mandato constitucional que le imponía el deber de abstenerse de designar en su despacho a familiares como los ya mencionados. Y si no hizo caso a esa elocuentísima prohibición, sin duda que afectó ese deber al cual estaba obligada a cumplir en condición de funcionaria judicial y, por tanto, la antijuridicidad de esa conducta es inobjetable, toda vez que para un transparente ejercicio de la labor encomendada a los funcionarios judiciales se les impide que lo lleven a cabo con su propia parentela.
En este caso concreto, la antijuridicidad de la conducta consistió en el hecho de haber contrariado de manera grave el deber de observar la Constitución Política que, en su artículo 126, le prohibía a la funcionaria disciplinada nombrar en su despacho, en calidad de empleados, a los señores Francisco José Paz Vásquez, Rocío del Pilar Reyes Vásquez y Ramón Arturo Muñoz Puello.
En cuanto a la culpabilidad dolosa deducida por la primera instancia, habrá de mantenerse, puesto que la disciplinada en su condición de profesional del derecho, con una vasta experiencia de más de 30 años al servicio de la rama judicial y conocedora de las normas, tenía conocimiento que de acuerdo con la Constitución y las leyes a los funcionarios en general les está vedado el nombramiento de personas con lazos de consanguinidad hasta el cuarto grado y primero de afinidad, no obstante de manera voluntaria actuó contrario a ello y nombró a sus sobrinos y su yerno, es decir, bajo su facultad y de manera reflexiva se encaminó a ese comportamiento. De ello no solo dio fe la documentación aportada al expediente como actas de posesión de la Dra. Vásquez de Aristizábal como jueza, sino su propia versión, de la cual se infiere que de manera consciente designó a sus parientes, pues no otra cosa se infiere de sus palabras:
“Ahora bien, las razones que dieron origen a los nombramientos en cuestión, surgen a partir de la buena fe y la confianza que se debe depositar en quienes llegan a ser los colaboradores en un despacho judicial, y fue precisamente ello por la que esta titular opcionó por el nombramiento de tales colaboradores, habida cuenta que personas que en su momento pudieron ocupar tales cargos, pero sobre las que no tenía pleno conocimiento de su vida privada y pública, no me brindaban la suficiente seguridad para desempeñar los cargos...”(16).
De lo anterior se infiere esa voluntad de la disciplinada para hacer los nombramientos, solo que ha querido exculparse en una presunta dificultad para conseguir empleados y falta de confianza en personas extrañas a su parentela, excusa que no fue de recibo por la primera instancia, como tampoco para esta Superioridad, pues no solo debía acudir a las listas que estuvieran vigentes para llenar esos cargos, sino además, mientras dicho trámite se surtía, designar en provisionalidad o encargo a personas diferentes que reunieran los requisitos respectivos, expediente bien conocido en la rama judicial y más aún por la Dra. María Eugenia Vásquez de Aristizábal dada su larga trayectoria en la misma.
En las anteriores condiciones, el fallo recurrido deberá ser confirmado, incluida la sanción, puesto que las faltas dolosas calificadas como gravísimas solo admiten la destitución, según el artículo 44 de la Ley 734 de 2002:
1. Destitución e inhabilidad general, para las faltas gravísimas dolosas...” (negrilla fuera de texto).
1. CONFIRMAR el fallo recurrido por medio del cual se sancionó con DESTITUCIÓN e inhabilidad general por doce (12) años a la doctora MARÍA EUGENIA VÁSQUEZ DE ARISTIZÁBAL, identificada con la cédula de ciudadanía 31.147.455, en su calidad de Jueza Doce Civil del Circuito de Cali - Valle del Cauca, por la falta gravísima, dolosa, prevista en el numeral 17 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por haber omitido el deber contenido en el artículo 153-1 de la Ley 270 de 1996, en concordancia con el artículo 126 de la Constitución Política, tal y como quedó consignado en la parte argumentativa de la presente providencia.
2. Para notificar la presente decisión a la disciplinada, se comisiona a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Valle del Cauca, por el término de diez días hábiles.
3. Por la primera instancia, expídanse las comunicaciones de que trata el artículo 220 de la Ley 734 de 2002.
4. DEVUÉLVASE el expediente al seccional de origen, una vez surtidas las notificaciones de ley.
(11) Corte Constitucional. Sentencia C-028 de 2006.
(12) Al respecto puede verse los folios 5, 6, 8, 130 a 134, 146 a 149, 154, 156, 157, 173, 175, 193 y 254 a 256, como las declaraciones de Francisco José Paz Vásquez y Rocío del Pilar Reyes Vásquez, folios 349 y 352, respectivamente, y la de Ramón Arturo Muñoz Puello, folio 355.
(14) Sentencia C-179 de 2005, Corte Constitucional.
(16) Folio 30.