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Timestamp: 2016-10-25 16:06:27
Document Index: 40444424

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 15', 'Artículo 16']

REAL DECRETO 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros	REAL DECRETO 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros Mis Leyes
REAL DECRETO 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros Estado	:
303/2004	Boletín Oficial	:
MINISTERIO DE ECONOMÍA	Artículo único. Aprobación del Reglamento de los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros.Disposición transitoria única. Expedientes de quejas o reclamaciones en tramitación.Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan expresamente derogados:Disposición final segunda. Habilitación reglamentaria.CAPÍTULO I De los órganos de defensa del cliente de servicios financierosArtículo 1. Objeto.Artículo 3. Adscripción y deber de cooperación.CAPÍTULO IIIProcedimiento para la presentación, tramitación y resolución de las quejas o reclamacionesArtículo 8. Queja o reclamación previa ante el departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, al defensor del cliente.Artículo 9. Acumulación de expedientes.Artículo 10. Supuestos y procedimiento de inadmisión de quejas o reclamaciones.Artículo 13. Actuaciones complementarias.Artículo 14. Desistimiento.CAPÍTULO IVRégimen de la función de asesoramiento Artículo 16. De las consultas.Artículo 17. Contestación.CAPÍTULO VMemoria anualArtículo 18. Contenido de la memoria anual.
Este real decreto es un paso más dentro del proceso de reformas del sistema financiero en España acometido últimamente, por una parte, en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, con la finalidad de aumentar su eficiencia y competitividad, a la vez que potenciando la protección de los clientes, usuarios y demás sujetos que actúan en los mercados financieros, en especial, frente al abuso de mercado, y sin olvidar el fortalecimiento y la mejora de la auditoría, así como la conveniencia de dotar a nuestras empresas de unas normas contables técnicamente adecuadas a su ámbito y dimensión; y, por otra, por la Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades anónimas cotizadas, norma aprobada con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de las empresas a través del fomento de la transparencia y la transmisión de la información a los inversores y al mercado. Y por último, la reciente Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que establece, a los efectos que interesan, para los grupos de sociedades que cotizan en los mercados la aplicación de normas contables internacionales, amplía el ámbito subjetivo de las empresas que pueden acogerse al régimen simplificado de la contabilidad, extiende la obligación de contar con un comité de auditoría a todas las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, precisa el contenido del informe de gobierno corporativo de las cajas de ahorros y mejora los criterios de representación de los intereses colectivos en la asamblea general.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan expresamente derogados:
c) Las normas 11.a a 27.a de la Circular 8/1990, de 7 de septiembre, del Banco de España, sobre transparencia de las operaciones y la protección de la clientela.
En el plazo de cuatro meses desde la publicación de este real decreto en el «Boletín Oficial del Estado», el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones adoptarán, sin incremento de gasto público, las medidas oportunas para adscribir a su respectivo Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Financieros sus servicios de reclamaciones o unidades administrativas equivalentes y, en su caso, las adecuadas medidas para la realización de funciones técnicas que dicho Comisionado tiene encomendadas, dando el soporte administrativo y técnico para la tramitación de consultas y reclamaciones.
CAPÍTULO I De los órganos de defensa del cliente de servicios
a) El Comisionado para la Defensa del Cliente de Servicios Bancarios tendrá las competencias que establece este reglamento en relación con las quejas o reclamaciones y consultas que formulen los usuarios de servicios bancarios prestados por las entidades de crédito autorizadas para operar en el territorio nacional, así como de los servicios prestados por las sociedades de tasación y por los establecimientos de cambio de moneda autorizados para realizar operaciones de venta de billetes extranjeros y cheques de viajero o gestión de transferencias en el exterior. Se exceptúa de la competencia de este comisionado el conocimiento de quejas o reclamaciones formuladas por los usuarios de servicios prestados por entidades de crédito en que la entidad se limite a comercializar productos de inversión o de seguros por cuenta de entidades sometidas a una supervisión distinta de la que corresponde al Banco de España.
5. Los Comisionados para la defensa del cliente de los servicios financieros no generarán derecho alguno en el órgano u organismo al que estén adscritos, sin perjuicio del derecho a percibir por el desempeño de sus funciones la correspondiente compensación económica, que será determinada de conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable sobre indemnizaciones por razón del servicio. Su nombramiento será compatible con el ejercicio de la actividad que vinieran realizando al tiempo de ser nombrados, sin perjuicio de lo dispuesto en este artículo. No obstante lo anterior, el desempeño del cargo no podrá simultanearse con la condición de funcionario público en situación de servicio activo ni personal al servicio de las Administraciones públicas, ni podrá ejercerse por quienes presten sus servicios u ostenten cargos en las entidades a las que se refieren sus funciones ni en asociaciones de consumidores.
CAPÍTULO II Ámbito de actuación Artículo 4. Competencias y funciones. 1. Corresponde a los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros:
2. Están legitimados para presentar quejas o reclamaciones y formular consultas en su condición de usuarios de servicios financieros quienes lo sean de los enumerados en el artículo 1, así como los inversores institucionales cuando actúen en defensa de los intereses
particulares de sus clientes, partícipes o inversores, los tomadores de seguros, asegurados, beneficiarios, terceros perjudicados o derechohabientes de cualquiera de ellos, así como los partícipes y beneficiarios de planes de pensiones.
Procedimiento para la presentación, tramitación
y resolución de las quejas o reclamaciones
2. Denegada la admisión de las quejas o reclamaciones o desestimada, total o parcialmente, su petición
 transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de su presentación en el servicio de atención al cliente o, en su caso, defensor del cliente, sin que haya sido resuelta, el interesado podrá presentar su queja o reclamación indistintamente ante cualquiera de los Comisionados, con independencia de su contenido, en los términos establecidos en el artículo anterior.
3. Recibidas las quejas o reclamaciones por los servicios de reclamaciones o unidades equivalentes adscritas al Comisionado para la defensa del cliente de servicios financieros al que corresponda su conocimiento por razón de la materia, verificará la concurrencia de las circunstancias previstas en los apartados anteriores, y si se cumplen los requisitos necesarios, se procederá a la apertura de un expediente por cada reclamación, en el que se incluirán todas las actuaciones relacionadas con ésta; en caso contrario, se requerirá al reclamante para completar la información en el plazo de 10 días hábiles, con apercibimiento de que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistido de su reclamación.
a) Cuando se trate de quejas o reclamaciones presentadas por distintas personas, y se refieran a la misma entidad, que coincidan con lo sustancial en los hechos
	problemas puestos de manifiesto y solicitudes formuladas, o que sean coincidentes en su contenido.
a) Cuando se omitan datos esenciales para la tramitación, no subsanables, incluidos los supuestos en que no se concrete el motivo de las quejas o reclamaciones
 no se acredite que ha transcurrido el plazo de dos meses desde la fecha de presentación ante el departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, defensor del cliente sin que haya sido resuelta, o que ha sido denegada la admisión o desestimada, total o parcialmente su petición, salvo que tenga por objeto la demora o el incumplimiento de la decisión del departamento o servicio de atención al cliente o, en su caso, al defensor del cliente que sea favorable al cliente.
b) Cuando se pretenda tramitar como quejas o reclamaciones reguladas en este procedimiento recursos o
acciones distintas cuyo conocimiento sea competencia de los órganos administrativos, arbitrales o judiciales, o aquéllos se encuentren pendientes de litigio ante estos órganos.
3. El reclamante y la entidad reclamada podrán acceder a las actuaciones incorporadas al expediente. Salvo que la entidad afectada expresamente lo consienta, sólo se dará acceso al reclamante a la información que se refiera estrictamente a los hechos descritos en la queja o reclamación.
Si la rectificación se produjese en cualquier momento anterior del expediente y fuera a satisfacción del reclamante, deberá también justificarse documentalmente, salvo que existiese desistimiento expreso del interesado. En tales casos se procederá al archivo de la reclamación sin más trámite, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 15.
Régimen de la función de asesoramiento Artículo 16. De las consultas.
REAL DECRETO 1552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y HaciendaCIRCULAR 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de EspañaCIRCULAR 4/2008, de 31 de octubre, del Banco de España, de actualización de la Circular 2/2005, de 25 de febrero, sobre ficheros automatizados con datos de carácter personal gestionados por el Banco de EspañaCIRCULAR 1/2011, de 26 de enero, del Banco de España, sobre creación, modificación y supresión de ficheros con datos de carácter personal gestionados por el Banco de EspañaLEY 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible	Cerrar PDF
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