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Timestamp: 2018-10-20 00:26:26
Document Index: 335991428

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 32', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 6', 'Artículo 86', 'artículo 86', 'Artículo 6', 'Artículo 6']

﻿ SENTENCIA T-533 DE OCTUBRE 4 DE 2016
SENTENCIA T-533 DE 04 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:CALIDAD DE SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL NO SIEMPRE IMPLICA QUE LA ACCIÓN DE TUTELA SEA PROCEDENTE PARA PROTEGER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES. SE PRECISA, QUE LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE, EN LA MEDIDA EN QUE LA SITUACIÓN FÁCTICA EN LA QUE SE ENCUENTRE EL ACCIONANTE SUGIERE QUE, A PESAR DE QUE SER SUJETO DE ESPECIAL PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, NO EXISTE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE POR CONTENER. SE ACLARA QUE SI BIEN SE ACUDE A LA ACCIÓN DE TUTELA POR SUS DERECHOS, ESTA SE TORNA INADECUADA CUANDO SE TIENE UN VÍNCULO LABORAL VIGENTE CON EL CUAL PROVEERSE LOS MEDIOS DE SUBSISTENCIA, Y NO SE ACREDITA QUE SUS INGRESOS NO SATISFAGAN SUS NECESIDADES ACTUALES. AL SER ASÍ, EL JUEZ DE TUTELA NO SE ENCUENTRA HABILITADO PARA INTERVENIR EN EL ASUNTO, MÁS AÚN CUANDO ESTE SEA LITIGIOSO, LO PROCEDENTE, ES QUE EL ACCIONANTE ACUDA A LAS VÍAS PRINCIPALES DE ACCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHOS FUNDAMENTALES, JUEZ DE TUTELA, PERJUICIO IRREMEDIABLE, PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, SUBSIDIARIEDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Sentencia T-533 de octubre 4 de 2016
Ref.: Expediente T-5.617.795
Acción de tutela instaurada por Leonor Cardona Cardona contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
El asunto llegó a esta corporación por remisión que hizo el juez de segunda instancia, en virtud de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 86 de la Constitución y del inciso 2º del artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. Fue escogido para revisión por la Sala de Selección Nº 7, mediante auto del 14 de julio de 2016.
Leonor Cardona Cardona promovió acción de tutela contra la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, al considerar que esa entidad comprometió sus derechos a la vida, a la salud y al mínimo vital al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional respecto de la sustitución pensional de la que, en vida, gozaba su esposo fallecido, sin tener en cuenta (i) que es jurídicamente admisible la figura de la convivencia simultánea de una persona con otras dos y (ii) que ella es un sujeto de especial protección constitucional.
Leonor Cardona Cardona es una persona de 56 años de edad(1). Fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino con la descripción clínica “carcinoma escamocelular infiltrante con compromiso capilar linfático que se encuentra en manejo con oncología y quimioterapia y radioterapia”(2). Ella aseguró en su escrito de tutela que, además, padece artrosis degenerativa(3).
El Instituto de los Seguros Sociales le reconoció pensión de invalidez a su esposo, Marcelino Ossa Hurtado, mediante la Resolución Nº5531 del 1º de enero de 2007. Posteriormente y como quiera que el señor Ossa estuvo casado con Nydia del Socorro Arbeláez y ésta última falleció el 19 de febrero de 2010, la misma entidad le reconoció a él una pensión de sobreviviente en septiembre de ese mismo año.
La accionante aseveró que Marcelino Ossa Hurtado vivió con ella, mientras hacía vida marital con Nydia Arbeláez. Afirmó que su convivencia empezó en julio de 1995 y terminó el 7 de julio de 2013, cuando contrajo matrimonio con el causante(4). Afirmó que convivió con Marcelino Ossa Hurtado por 19 años y lo acompañó hasta el día de su muerte, esto es hasta el 10 de julio de 2014(5), primero en calidad de compañera permanente y desde el 7 de julio de 2013 como su esposa. Señaló que hubo convivencia simultánea entre ambas parejas.
El 9 de diciembre de 2014, a través de apoderado judicial, la accionante solicitó a Colpensiones la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento de Marcelino Ossa Hurtado, porque considera que el tiempo que convivió con él le da derecho a acceder a esa prestación(6). Para soportar la relación con él aportó únicamente el registro civil de matrimonio(7).
Mediante la Resolución GNR172544 del 11 de junio de 2015(8), Colpensiones, le negó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente dado que solo acreditó el tiempo en que convivió con el causante como esposa. La accionante reprochó a esa entidad que únicamente le haya reconocido la convivencia durante uno de los 19 años de relación y desconocido el tiempo en que ella y el señor Ossa fueron compañeros permanentes.
En desacuerdo con esa determinación, la actora formuló recurso de reposición y, en subsidio, de apelación(9). Esta vez anexó a su escrito de impugnación dos declaraciones extra proceso con el fin de acreditar los 19 años de convivencia(10).
El recurso de reposición fue resuelto por Colpensiones en la Resolución GNR274235 del 7 de septiembre de 2015(11). En ella confirmó su decisión negativa, al encontrar que es imposible que la interesada acredite la convivencia necesaria para acceder al beneficio de la sustitución pensional, por las siguientes razones:
La entidad demandada resolvió el recurso de apelación a través de la Resolución VPB76616 del 30 de diciembre de 2015(12), en la que confirmó nuevamente su decisión. En esa oportunidad también adujo que la convivencia de Marcelino Ossa Hurtado con la señora Nydia Arbeláez descartaba la convivencia de aquel con la accionante.
Para la actora, los funcionarios de la entidad accionada aplicaron normas derogadas (no especificó cuáles), desconocieron las pruebas aportadas y los avances tanto legislativos como jurisprudenciales. Hizo énfasis en que Colpensiones olvidó el hecho de que muchos hombres en Colombia conviven simultáneamente con su esposa y con una compañera permanente, a pesar de que ha sido reconocido en sentencias de la Corte Constitucional como la C-1035 de 2008, la T-301 de 2010 y la T-018 de 2014 que versan sobre el tema y por el legislador en la Ley 1204 de 2008(13).
Asegura que actualmente vive una situación precaria porque dependía económicamente de su esposo y ahora no cuenta con recursos para subsistir(14). Estima que debe ser reconocida como sujeto de especial protección constitucional (i) por su edad, pues en 4 años será de la tercera edad, y (ii) por su estado de salud, si se tiene en cuenta que el 25 de noviembre de 2015 se fracturó la muñeca, padece artrosis degenerativa y el día 30 del mismo mes y año se le diagnosticó cáncer de cuello uterino.
Relató que 10 meses antes de interponer la tutela, en un acto de “misericordia” y “caridad”(15), fue empleada por el señor José Marco Soto ante su penosa situación y que él la tiene afiliada al sistema de salud. Sin embargo, por su condición no se considera laboralmente productiva e incluso el día de la presentación de esta acción estaba incapacitada. Por lo tanto sostiene que sus derechos se encuentran en riesgo.
Aclaró finalmente que el artículo 6º de la Ley 1204 de 2008 no es aplicable a este caso, dado que no hay ninguna otra reclamación de pensión de sobreviviente por la muerte de Marcelino Ossa Hurtado y, así, no existe una controversia entre dos solicitantes de la sustitución pensional.
4. La acción de tutela es un mecanismo de origen constitucional(16), orientado a la defensa judicial de los derechos fundamentales, que resulten vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública e incluso, en algunos eventos específicos, de los particulares.
En este punto cabe recordar que, todo el sistema jurídico como derivación de los mandatos constitucionales, está consolidado para desarrollar o proteger los derechos de las personas en Colombia, incluso los de carácter ius fundamental. La tutela no es el único medio que puede emplearse para reivindicar los derechos fundamentales, pues todo el orden jurídico coadyuva a ese propósito; lo que la distingue de las vías ordinarias de acción judicial, entonces es la existencia de una amenaza contundente de los derechos fundamentales que está a punto de ocurrir, al punto en que debe recurrirse al mecanismo de protección más ágil(17).
En esa medida, “la acción de tutela por regla general, es improcedente, salvo que el actor pruebe (i) que no existe otro medio de defensa judicial, o que existiendo no es efectivo, por una parte, o por otra, (ii) que existe un perjuicio irremediable”(18) sobre los derechos de los que reclama el amparo a través de su escrito de tutela. De este modo, “siempre prevalece la acción ordinaria; de ahí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario, pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que, al afectado en sus derechos fundamentales, brinda el ordenamiento jurídico”(19).
Bajo esa orientación constitucional, el Decreto 2591 de 1991 establece expresamente que la tutela solo procede cuando “el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”. Entonces, la procedencia de la acción se encuentra condicionada por el principio de subsidiariedad, bajo el entendido de que no puede desplazar los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa(20), ni mucho menos a los jueces competentes en la jurisdicción ordinaria o contencioso administrativa(21). La inobservancia de tal principio se erige como una causal de improcedencia a la luz del numeral 1º del artículo 6º del mencionado decreto(22), declarado exequible en la Sentencia C-018 de 1993.
En los casos en que existen medios ordinarios y principales de defensa judicial, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido dos excepciones a la improcedencia. Cada una tiene implicaciones sobre la forma, transitoria o definitiva, en la que ha de concederse el amparo constitucional, en caso de que sea viable hacerlo.
Esta primera hipótesis implica la constatación de un perjuicio irremediable, que ha sido definido como un riesgo que se ciñe sobre los derechos fundamentales del accionante, con ciertas características particulares: “ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; ser urgente, lo que significa que implique la adopción de medidas prontas o inmediatas para conjurar la amenaza; ser impostergable, esto es, se debe acreditar la necesidad de recurrir al amparo como mecanismo expedito y necesario para la protección de los derechos fundamentales”(23)
7. Toda la normatividad, legal y jurisprudencial sobre la materia está orientada a “impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales”(24), cuando el legislador ha previsto otros tantos y unas vías procedimentales particulares para cada asunto litigioso.
Como consecuencia de los elementos que componen la naturaleza de la acción de tutela, el juez a la hora de determinar la procedencia de la acción, debe verificar si hay “un perjuicio irremediable, que afecte los derechos fundamentales de quien invoca su protección, haciendo necesario el amparo transitorio pretendido para restablecer la situación y asegurar al agraviado el pleno goce de su derecho. (...) [pues] hay ocasiones en que de continuar las circunstancias de hecho en que se encuentra una persona, es inminente e inevitable la destrucción grave de un bien jurídicamente protegido, de manera que urge la protección”(25).
Según lo ha manifestado esta corporación, la acción de tutela para estos fines solo es procedente cuando la falta de la prestación pensional puede comprometer seriamente el derecho al mínimo vital del accionante y de su familia, esto es en los eventos en que su “ausencia deja sin manutención el hogar, y sin recursos para proveer éste por otros medios, (...) repercute directamente en las personas que dependían del causante al no tener los recursos para satisfacer sus necesidades básicas.”(26)
Lo anterior cobra mayor importancia si se tiene en cuenta que, aunque se solicite una prestación pensional con una perspectiva constitucional ante el compromiso del derecho al mínimo vital, el reconocimiento de este tipo de derechos, en todo caso, “está supeditado al cumplimiento de requisitos y condiciones señalados en la ley”(27) cuya satisfacción debe ser debatida por los directamente interesados ante el juez natural de la materia y comprobados por él.
10. Un sujeto de especial protección constitucional es una persona sobre la cual, a causa de sus condiciones sociales, económicas, culturales, físicas o psíquicas, en la práctica y por la forma en que la sociedad ha subvalorado su situación, se encuentra en condiciones materiales de desigualdad, que operan en su contra. Sobre él pesan cargas adicionales a las que la generalidad de las personas soporta para acceder a ciertos bienes y servicios, por lo que se ve obligado a esforzarse más para lograrlos, al punto en que el Estado debe intervenir para equilibrar las cargas sociales en su favor(28). De ello depende la realización del principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la Constitución.
Una de esas consideraciones razonables, conforme la jurisprudencia constitucional, es la flexibilización de los principios de procedencia de la acción de tutela: la inmediatez y la subsidiaridad(29). Éste último será ampliado en lo que sigue para efectos de responder el problema jurídico planteado en este caso.
11. Esta corporación ha hecho énfasis en que, de cara al principio de subsidiaridad, a la hora de verificar que no haya un medio idóneo de defensa judicial al que pueda acudir el afectado, “si se está en presencia de un sujeto de especial protección, se presume inidóneo [el medio de defensa judicial ordinario] salvo que, (...) del análisis del caso concreto se concluya que las condiciones personales del actor no le impiden acudir a las vías regulares en condiciones de igualdad”(30).
En esa medida, aunque el actor sea sujeto de especial protección constitucional, cuando de la información que reposa en el expediente no sea posible deducir una condición que materialmente le inhabilite para promover las acciones ordinarias, esa presunción no es aplicable. Puede emplearse solo si el caso concreto lo admite porque “la condición de vulnerabilidad (persona de la tercera edad, niño o niña, persona en situación de discapacidad, etc.), debe ser analizada por el juez de tal forma que lo lleve a considerar que efectivamente, por sus características, en esa circunstancia en particular, se encuentra en imposibilidad de ejercer el medio de defensa en igualdad de condiciones”(31).
13. Sea lo primero destacar que de la información que obra en el expediente se desprende claramente que la señora Leonor Cardona Cardona es un sujeto de especial protección constitucional, en la medida en que actualmente la aqueja una enfermedad catastrófica como lo es el cáncer de cuello uterino. Acreditó suficientemente su diagnóstico, al haber aportado copia de las constancias de atención médica recibida por parte de la Nueva EPS, como de una incapacidad médica por 15 días que le fue expedida el 8 de enero de 2016(32), antes de interponer esta acción.
La accionante además considera que es sujeto de especial protección porque padece artrosis degenerativa, pero no aportó al proceso ningún elemento de juicio del que pueda derivarse ese hecho. También sostiene que en noviembre de 2015 sufrió una fractura de muñeca, pero la misma estaba consolidada “con inicio de formación de callo óseo sin desplazamientos” para el 4 de enero de 2016(33), por lo que al momento de la interposición de esta acción tenía una limitación física transitoria con ocasión de aquella. Sin embargo, su calidad deviene únicamente del diagnóstico del cáncer que padece actualmente.
La accionante sostiene que la negativa de la administradora de pensiones compromete sus derechos a la vida, al mínimo vital y a la salud, en la medida en que, como dependía de su esposo, como consecuencia de su muerte ahora no cuenta con los recursos para mantenerse y que no podrá continuar con su tratamiento en salud. Además sugiere que la conducta de Colpensiones desconoce que, cuando un hombre ha convivido en forma simultánea con dos mujeres, a las dos les asisten los mismos derechos en materia de sobrevivencia, por lo que al estar muerta la primera esposa de Marcelino Ossa, a la accionante, le corresponde recibir toda la pensión de aquel no solo como su esposa durante el último año, sino como su compañera permanente durante cerca de 18 años. Pasa por alto que la persona pensionada era la señora Arbeláez y no el señor Ossa y que como lo recordó la primera instancia, sobre una pensión que no sea la de este último no puede surgir la controversia de la que trata el artículo 6º de la Ley 1204 de 2008(34).
Lo cierto es que como la accionante lo admitió, 10 meses antes de la interposición de la acción de tutela, esto es aproximadamente en marzo de 2015(35), fue contratada laboralmente por el señor José Marco Soto. Con ocasión de la actualidad de ese vínculo laboral, la actora se encuentra afiliada al Sistema de Seguridad Social en Salud, como dependiente de ese empleador; ha sido diagnosticada y ha desarrollado su tratamiento de salud gracias a esa relación de trabajo(36).
Obsérvese que el vínculo laboral vigente entre la accionante y el señor José Marco Soto desvanece el riesgo sobre el derecho al mínimo vital, pues supone, en principio, que cuenta con un ingreso mensual con el que puede proveerse los mínimos requeridos para su subsistencia, por lo que su mínimo vital se encuentra protegido por las circunstancias fácticas que rodean el caso.
Al respecto la Corte Constitucional ha sido clara en advertir que la naturaleza de la acción de tutela como un mecanismo preferente y sumario, como consecuencia de la urgencia de la protección que se solicita, impide que el juez de tutela se oriente por la protección de derechos que resultarían en un futuro vulnerados y amenazados a partir de supuestos de hecho tan solo hipotéticos. Ha sostenido en varias ocasiones que “si no existe una razón objetivada, fundada y claramente establecida por la que se pueda inferir que los hechos u omisiones amenazan los derechos fundamentales del tutelante, no podrá concederse el amparo solicitado. La amenaza debe ser entonces, contundente, cierta, ostensible, inminente y clara, para que la protección judicial de manera preventiva evite la realización del daño futuro”.(37) En este caso, en cambio, la amenaza resulta ser eventual, incierta e hipotética.
17. Finalmente es del caso mencionar que como lo señalan las pruebas, en especial la primera de las resoluciones que negó la prestación económica de la actora(38), ella solicitó a través de apoderado judicial su reconocimiento pensional y anexó varios documentos. Ninguno acreditaba su convivencia con el causante antes de la fecha de su matrimonio con él, ni la simultaneidad de la convivencia que ahora alega la tutelante, de tal forma que ella no ha de sorprenderse porque dicha entidad desconociera ese hecho, cuando no le ofreció los elementos de juicio para deducirlo desde un comienzo.
1. CONFIRMAR los fallos de primera y segunda instancia, proferidos el 26 de enero y el 2 de marzo de 2016 por el Juzgado de Menores de Cartago (Valle del Cauca) y la Sala de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior de Buga, respectivamente, en los que se declaró improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en esta providencia.
1 Conforme la cédula de ciudadanía de la accionante y su registro civil de nacimiento, documentos mediante los cuales acreditó haber nacido el 14 de mayo de 1960 (cdno. 1 fls. 9 y 13).
2 Así se lee en formato de atención de Consulta Médica General y Especializada de la Nueva EPS, con fecha del 8 de enero de 2016 (cdno. 1 fl. 30).
3 No acredita este padecimiento particular.
4 Registro civil de matrimonio (cdno. 1 fl. 12).
5 Registro civil de defunción de Marcelino Ossa Hurtado, inscrito el 11 de julio de 2016 (cdno. 1 fl. 11).
6 Conforme la Resolución GNR172544 del 11 de junio de 2015 (cdno. 1 fl. 15).
7 Conforme la Resolución GNR172544 del 11 de junio de 2015 (cdno. 1 fl. 15), al relacionar los documentos aportados por la accionante para soportar su solicitud pensional del 9 de diciembre de 2014, los relacionó así: “CARDONA CARDONA LEONOR identificado (a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 42073350, con fecha de nacimiento 14 de mayo de 1960, en calidad de cónyuge o compañera(o), el 9 de diciembre de 2014 con el radicado Nro. 2014_1013409, aportando los siguientes documentos: // FORMATO DE PRESTACIONES // REGISTRO CIVIL DE DEFUNCIÓN // REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO DE LA SOLICITANTE // REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO // COPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA SOLICITANTE Y CAUSANTE // COPIA CÉDULA DE CIUDADANÍA Y TARJETA PROFESIONAL DEL APODERADO”.
8 Resolución GNR172544 del 11 de junio de 2015 (cdno. 1 fls. 14 a 16).
9 Recurso de reposición formulado en contra de la Resolución GNR172544 del 11 de junio de 2015, en el que la accionante alega haber convivido durante 19 años con el señor Ossa (cdno. 1 fl. 17).
10 Anunciado en el Recurso de reposición formulado en contra de la Resolución GNR172544 del 11 de junio de 2015 (cdno. 1 fl. 19).
11 Resolución GNR274235 del 7 de septiembre de 2015 (cdno. 1 fls. 20 a 22).
12 Resolución VPB76616 del 30 de diciembre de 2015 (cdno. 1 fls. 24 a 26).
13 También sostuvo que cuando lo que solicitó fue la sustitución pensional por la muerte de su esposo, que ya recibía pensión, la entidad demandada resolvió negarle la pensión de sobreviviente, como si este fuera afiliado, lo que considera incongruente.
14 Escrito de tutela (cdno. 1 fl. 4).
15 Escrito de tutela (cdno. 1 fl. 5).
16 Constitución Política de 1991. Artículo 86. “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión”.
17 En el mismo sentido Sentencia T-030 de 2015. M.P. María Victoria Calle Correa. “El carácter subsidiario y residual de la acción de tutela ha servido a la Corte Constitucional para explicar el ámbito restringido de procedencia de las peticiones elevadas con fundamento en el artículo 86 de la Carta Política, más aún cuando el sistema judicial permite a las partes valerse de diversas acciones ordinarias que pueden ser ejercidas ante las autoridades que integran la organización jurisdiccional, encaminadas todas a la defensa de sus derechos.”
18 Sentencia T-061 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
19 Sentencia T-106 de 1993, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
20 Sentencia T-480 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21 Sentencia SU-424 de 2012, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
22 “Artículo 6º. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.// Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización”.
23 Sentencia T-128 de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. En el mismo sentido: Sentencia T-177 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
24 Sentencia T-333 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
26 Sentencia T-584 de 2011, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
28 ROBLEDO SILVA, Paula; RAMÍREZ CLEVES, Gonzalo. La jurisprudencia constitucional colombiana en el año 2013: el control de constitucionalidad por sustitución y el amparo reforzado a los sujetos de especial protección constitucional. Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, 2014, Nº 18, págs. 587-620, “aquellos individuos que por sus condiciones especiales, ya sea de precariedad económica, de pobreza, de marginalidad, o de ciertas condiciones físicas o psicológicas determinadas son objeto de discriminación, o se encuentran en condiciones de debilidad manifiesta o de inferioridad lo que los convierte en titulares del derecho a obtener una mayor protección por parte del Estado y la sociedad en aras de que se logre garantizar la igualdad material.”
29 Sentencias T-1109 de 2004, M.P. Jaime Córdoba Triviño y T-018 de 2014 M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
30 Sentencia T-222 de 2014, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
31 Sentencia T-398 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
32 Incapacidad médica por 15 días iniciales. Otorgada al comparecer por síntomas de gripa en la misma fecha (cdno. 1 fl. 30) Con la anotación de que no constituye prórroga (cdno. 1 fl. 29).
33 Radiografía puño muñeca, del 4 de enero de 2016 (cdno. 1 fl. 32). En el que se especifica la consolidación de la muñeca y el estado normal de los tejidos blandos.
34 “Artículo 6º. Definición del derecho a sustitución pensional en caso de controversia. En caso de controversia suscitada entre los beneficiarios por el derecho a acceder a la pensión de sustitución, se procederá de la siguiente manera: // Si la controversia radica entre cónyuges y compañera (o) permanente, y no versa sobre los hijos, se procederá reconociéndole a estos el 50% del valor de la pensión, dividido por partes iguales entre el número de hijos comprendidos. El 50% restante, quedará pendiente de pago, por parte del operador, mientras la jurisdicción correspondiente defina a quién se le debe asignar y en qué proporción, sea cónyuge o compañero (a) permanente o ambos si es el caso, conforme al grado de convivencia ejercido con el causante, según las normas legales que la regulan. Si no existieren hijos, el total de la pensión quedará en suspenso hasta que la jurisdicción correspondiente dirima el conflicto. // Si la controversia radica entre hijos y no existiere cónyuge o compañero (a) permanente que reclame la pensión, el 100% de la pensión se repartirá en iguales partes entre el total de hijos reclamantes, pero solo se ordenará pagar las cuotas que no estuvieran en conflicto, en espera a que la jurisdicción decida. Si existe cónyuge o compañero (a) permanente se asignará el 50% a este o estas(os) y sobre el 50% correspondiente a los hijos se procederá como se dispuso precedentemente”.
35 Si se tiene en cuenta que la acción de tutela fue radicada el 12 de enero de 2016.
36 Cdno. 1 fl. 29.
37 Sentencia T-647 de 2003, M.P Álvaro Tafur Galvis. En ese mismo sentido ver: Sentencias T-279 de 1997, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-652 de 2012, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio y T-502 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
38 Resolución GNR172544 del 11 de junio de 2015 (cdno. 1 fls. 14 a 16).