Source: https://de.scribd.com/document/341917574/Abuso-Sexual-Infantil-en-Mexico-Limitaciones-de-La-Intervencion-Estatal
Timestamp: 2020-08-08 07:05:30
Document Index: 52846238

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 19', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 16', 'artículo 19', 'artículo 39', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 8']

Abuso Sexual Infantil en Mexico Limitaciones de La Intervencion Estatal | Abuso infantil | Abuso sexual
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seminario3 desafios maltrato
Antecedentes de Carpeta
ABUSO SEXUAL CARPETA MARIA ALEJANDRA.docx
EL ABUSO SEXUAL INFANTIL EN MÉXICO:
LIMITACIONES DE LA INTERVENCIÓN ESTATAL
Serie Publicaciones electrónicas, núm. 14
Lic. Raúl Márquez Romero Secretario Técnico
Vanessa Díaz Gilda Bautista Ravelo Cuidado de la edición
José Antonio Bautista Sánchez Formación en computadora
Mauricio Ortega Garduño Elaboración de portada
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS México, 2016
Circuito Maestro Mario de la Cueva s/n Ciudad de la Investigación en Humanidades Ciudad Universitaria, 04510 Ciudad de México
El paradigma que habilita
La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Dis- criminación contra la Mujer (CEDAW)
La Convención Americana sobre los Derechos Humanos y el de- recho a la integridad personal
2. El derecho a la protección y cuidados necesarios para el bie- nestar de las niñas y los niños: Directiva 2011/92/UE y del Consejo del 13 de diciembre del 2011 relativa a la lucha contra abuso sexual y explotación sexual de menores y la pornografía infantil
VI. El Corpus Juris y la doctrina de la protección integral
niñas, niños y adolescentes ¿sujetos de derechos?:
un recorrido Por la normativa nacional relativa al abuso sexual infantil
I. La visión de la normativa federal: ¿Doctrina de la protección in- tegral?
Normas que corresponden a la doctrina de la situación irregular.
Ley Federal para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Norma Oficial Mexicana NOM-190.SSA2-2005. Sobre violen- cia familiar, sexual y contra las mujeres: criterios para la preven- ción, atención médica y orientación a los usuarios de los servi- cios de salud en general y específicamente a quienes se encuen- tran involucrados en situaciones de violencia sexual así como en la notificación de los mismos
Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010. Asistencia so- cial. Prestación de servicios de asistencia social para niños, ni- ñas y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad
7. Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del Distrito Federal
2. Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar para
Sexual y la Explotación Sexual Comercial Infantil para el Dis- trito Federal
La tarea pendiente: las obligaciones del Estado mexicano y la pers-
pectiva de las niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual infantil
Anexo 1 Derecho internacional de los derechos humanos relativo al abuso sexual infantil
Anexo 2 Tipificaciones de abuso sexual infantil en los códigos penales esta- tales
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4240
El miedo, tal y como ocurre con el dolor se nos muestra como un sentimiento que no podemos aislar de las secuelas que nos afectan. Entre ellas podemos citar la culpa, la vergüenza, las autolesiones, las fobias, la indecisión, las relaciones, la sexualidad, el suicidio o incluso la rabia” (Montané Lozo- ya, 2008:19).
¿Cómo atacar la violencia sexual contra las personas menores de 18 años? ¿Cómo enfrentar un problema que se esconde detrás de las paredes de ins- tituciones que, se presume, promueven el adecuado crecimiento de niños, niñas y adolescentes? ¿Cómo atacar el silencio, la impotencia y la impunidad que persisten en este tema?, éstas son las interrogantes que dan pauta al tra- bajo que se presenta. En principio causa desánimo la enorme brecha que se observa entre los derechos que teóricamente poseen las niñas, niños y ado- lescentes, y la realidad de quienes han sido víctimas de abuso sexual infantil; lo cierto es que desde la perspectiva de los derechos humanos se vislumbran caminos esperanzadores de lucha y concientización para una vida digna y el libre desarrollo de la personalidad para quienes integran más de la tercera parte de la población de nuestro país. El reto está en la efectiva aplicación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes; para que las primeras existan y se ejerzan en todos los entornos cercanos de las personas menores de 18 años. Las normas en el marco jurídico, como elemento fundamental, entre otros aspectos, son cruciales para la aplicación efectiva de los derechos hu- manos así como para la eliminación de patrones socioculturales, estereoti- pos y prácticas respecto al género o la edad de las personas. Para que esto suceda, el marco jurídico debe construirse desde un paradigma que consi- dere a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, poseedores de dignidad y autonomía progresiva frente al abuso sexual infantil, uno de los graves problemas que afectan a las sociedades del mundo en todos los
DR © 2016. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas
tiempos; sin embargo, es hasta épocas recientes que se ha hecho visible y ha sido considerado un problema público. Desde esta perspectiva es que nos planteamos la pregunta de investi- gación ¿El sistema normativo nacional cumple con los compromisos esta- blecidos por el derecho internacional de los derechos humanos en materia de abuso sexual infantil? El argumento principal a constatar es que, en general la perspectiva del sistema normativo nacional respecto al conflicto del abuso sexual infantil responde todavía a una visión de las niñas, niños y adolescentes como objetos de protección, mirada que limita radicalmente la efectividad de sus derechos como personas que deben gozar de una vida digna. El objetivo fundamental de mi estudio, es establecer un diagnóstico de la norma mexicana respecto al delito de abuso sexual infantil a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. En específico, se busca de- tectar y destacar las falencias en las normas analizadas así como proponer medidas adecuadas para enfrentar y abatir este delito, que como veremos en el desarrollo de la investigación tiende a incrementarse ante el silencio que priva alrededor de estos sucesos y la falta de mecanismos de justiciabi- lidad adecuados. Como se ha comentado, la pregunta que esperamos resolver es, si el Estado mexicano cumple con sus obligaciones en el marco del derecho in- ternacional de los derechos humanos al problema de abuso sexual infantil o persiste aún el paradigma de la situación irregular cuya visión y procedi- mientos no garantizan el respeto y efectividad de los derechos de los meno- res de 18 años, al considerarlos como objetos de protección. Lo que supone- mos es que, no obstante, el Estado mexicano ha suscrito todos los tratados internacionales relativos al estudio que nos ocupa, prevalecen todavía en el sistema normativo nacional los criterios de la situación irregular en de- trimento de la efectividad de los derechos humanos de nuestra población objetivo. Precisamente la prevalencia de la doctrina de la situación irregular o la ausencia de la perspectiva de derechos humanos en el tema de las personas menores de 18 años convierten a este grupo de población en un sector es- pecialmente vulnerable o indefenso ante delitos de carácter sexual que se cometen como ejercicios de poder. Así los conceptos de vulnerabilidad y dis- criminación, entendida ésta como una forma de distinción extralógica por motivos de raza, credo, sexo o edad, nos permitirán enriquecer el análisis del problema que se menciona, donde la visión adulta hace distinciones que dañan, al suponer que por motivo de la edad o el sexo es posible cosificar o concebir como objeto de protección o posesión a un ser humano.
El marco teórico a considerar son los estándares internacionales relati- vos al problema de análisis, me refiero concretamente al derecho interna- cional del sistema universal, el sistema interamericano y el Parlamento Eu- ropeo. De dicho marco normativo seleccionamos las categorías de análisis con las que evaluamos algunas de las normas mexicanas relacionadas con el abuso sexual infantil. Las categorías son: medidas de protección, medidas preventivas, tipificación del delito, penas y sanciones, y medidas de repara- ción. La perspectiva de derechos humanos es el eje fundamental del análisis,
a partir de ella he elegido para el desarrollo de la investigación, como ruta
metodológica, la construcción de estándares internacionales relativos a la obligación estatal de proteger, garantizar y promover el derecho a la integri- dad física, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la protección de la honra y la dignidad, el derecho a ser escuchado, el derecho
a no ser objeto de ningún tipo de violencia y el derecho a una educación
sexual oportuna y de calidad, así como el derecho a la protección contra el abuso sexual infantil.
Considero que el bien fundamental afectado es el derecho a la integri- dad personal ya que el problema en cuestión ataca el adecuado desarrollo físico, mental y emocional de niñas, niños y adolescentes. El abuso sexual infantil es un tema de gran complejidad ya que sucede con mayor frecuencia en los ámbitos que, en teoría, tendrían que proteger
y promover el bienestar y desarrollo de los menores de edad: la familia y la
escuela. Del mismo modo, los victimarios, quienes rompen drásticamente la estructura psicológica y emocional de las niñas, niños y adolescentes, sue- len ser familiares o conocidos, en la mayoría de los casos. En este sentido, el universo de estudio de la investigación se ubica en los ámbitos más cercanos de las niñas y niños. De acuerdo con El informe mun- dial sobre la violencia contra niñas y niños, realizado por la Unesco en el 2006, considera el abuso sexual infantil como una forma de violencia que sucede en todos los entornos y en las diferentes sociedades en cinco ámbitos, como:
el hogar, la escuela y otros entornos educativos, instituciones de detención y protección, los lugares donde trabajan y su comunidad. En efecto, la denuncia de delitos de tipo sexual contra niñas, niños y adolescentes, se vuelve prácticamente imposible por los ámbitos donde se genera, así como por las características inherentes a las personas menores de 18 años. Lo que se analiza en esta investigación es el delito que prevalece en la mayor impunidad; es decir, generalmente, no implica ninguna res- ponsabilidad económica, moral o social para quien incurre en este tipo de abuso de poder de carácter sexual, contra los menores de 18 años. Por un
lado, estos atropellos permanecen en silencio, y por otra parte, el grupo so- cial afectado constituye un grupo etario en desarrollo que requiere cuidados especiales para su adecuado crecimiento físico, emocional y mental. El primer capítulo de esta investigación aborda la definición del proble- ma, así como las complejidades que encierra. Por una parte, la diversidad de definiciones hace difícil el análisis y estudio del mismo y por otra parte se desconocen las proporciones reales del fenómeno pues es un hecho que, como se ha mencionado, generalmente permanece en silencio. También en el capítulo inicial se aborda el análisis del problema en México donde pre- valece el ocultamiento de los delitos sexuales contra personas menores de 18 años y los altos índices de impunidad. Los instrumentos y mecanismos del derecho internacional de los de- rechos humanos relacionados con el abuso sexual infantil se sintetizan en el segundo capítulo. Iniciamos con la caracterización de la doctrina de la situación irregular como el modelo que es necesario erradicar, puesto que se trata de una visión que considera a las niñas, los niños y los adolescentes como objetos de protección y no como seres humanos poseedores de digni- dad y autonomía progresiva. En cambio, el paradigma de la protección integral es la doctrina que debe permear en toda la actuación de los Estados para que asuman cabal- mente el Corpus Juris de defensa de los derechos humanos de los menores de 18 años. El documento que enarbola esta doctrina es la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicho documento fue aprobado en 1989 por la Asamblea de las Nacio- nes Unidas. México suscribió este documento el 26 de enero de 1990 y lo ratificó el 21 de septiembre del mismo año. Establece, en el artículo 34, la obligación de los Estados parte de proteger a los niños contra todas las for- mas de explotación y abusos sexuales, así como de tomar todas las medidas necesarias para impedir tales hechos (ohch, 2011). Vale decir que debido a las características específicas de las diferentes etapas de crecimiento de nuestro grupo etario, el Estado tiene una mayor responsabilidad y obliga- ción de prevención, promoción, respeto y garantía de los derechos relativos al problema descrito. El segundo capítulo integra un análisis de los tratados internacionales del sistema universal, el sistema interamericano y el Parlamento Europeo. En el caso del Parlamento Europeo debemos subrayar el hecho de que si bien no constituyen obligatoriedad para el Estado mexicano, aportan ca- tegorías valiosas de análisis, así como avances importantes que pueden ser considerados para atacar el problema en cuestión.
El último capítulo analiza el sistema normativo nacional a la luz de los criterios que integra el Corpus Juris relativo al abuso sexual infantil, con la idea de examinar y averiguar la correspondencia con la doctrina de la situa- ción irregular o bien con el paradigma de la protección integral.
La violencia contra niñas, niños y adolescentes es un tema de derechos huma- nos. El maltrato físico y mental de este sector es una forma de abuso de poder de quienes consideran o miran a éstos como objetos o seres dependientes. Por tanto, en la medida en que se asuman y sean considerados por los demás como sujetos de derechos, podremos combatir de manera eficaz este tipo de delitos. Como veremos más adelante, existen diversas formas de conceptualizar la violencia infantil. Ya que, predomina la visión que retoma el concepto de maltrato infantil como un concepto genérico que integra diferentes formas de violencia contra las personas menores de 18 años de edad. Se reconoce la existencia de violencia física, psicológica y sexual. Den- tro de la categoría de violencia sexual se consideran al abuso sexual infantil y la explotación sexual comercial. En el primer caso, quien ejerce el poder para violentar busca una gratificación sexual. En el segundo, prevalece el interés económico ya que la víctima es sometida para el comercio sexual de su cuerpo. También existe la visión que distingue entre el maltrato y la violencia, al considerar la intensidad y la intención del hecho (Unicef, Perú). En todo caso, es importante considerar el abuso sexual infantil, como una forma de violencia sexual puesto que constituye un acto de poder que obliga o fuerza a otra persona menor de 18 años, para realizar algo en contra de su voluntad. El abuso sexual infantil implica la violación a los derechos humanos que aquí se enlistan:
1) Derecho a la integridad personal. 2) Derecho al libre desarrollo de la personalidad. 3) Derecho a la protección de la honra y la dignidad. 4) Derecho a ser escuchado. 5) Derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia. 6) Derecho de protección contra el abuso sexual. 7) Derecho a una educación sexual oportuna y de calidad.
i las comPlejidades de una definición
El abuso sexual infantil se considera como una forma de maltrato contra las personas menores de 18 años. Ricardo Ruiz Carbonell, 1 en su estudio titu- lado La violencia familiar y los derechos humanos puntualiza que el maltrato es un problema “de primer orden” que ha sucedido siempre pero se ha visibilizado en mayor medida gracias a la conciencia social como hecho reciente en nues- tra sociedad (Carbonell, 2008:19). Para iniciar la caracterización de nuestro tema consideraremos dos fuentes reconocidas por su trayectoria, integración y análisis de la infor- mación relativa al maltrato infantil, así como por las acciones desarrolladas para la eliminación y prevención del problema. Me refiero a la Organiza- ción Mundial de la Salud 2 (OMS) y al National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information (NCCAN). 3 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010:1) considera al fenó- meno del maltrato infantil como un problema complejo, cuyo análisis resul- ta difícil. Las estimaciones actuales son diversas y varían de acuerdo al país y al método de investigación. Dichas estimaciones dependen de:
— Las definiciones de maltrato infantil utilizadas.
— El tipo de maltrato infantil estudiado.
— La cobertura y la calidad de las estadísticas oficiales.
— La cobertura y la calidad de las encuestas basadas en los informes de las propias víctimas, los padres o los cuidadores.
La organización internacional encargada de la salud en el mundo (oms, 2010:1) define el maltrato infantil como
1 Doctor en derecho, especialista en el tema de violencia familiar. Ha trabajado con grupos vulnerables durante 22 años desde los ámbitos público y privado.
2 Desde 1948 es el organismo internacional del sistema de Naciones Unidas responsable de la salud. Está integrado por 192 Estados miembros y dos Estados asociados (Costa Rica y Tokelau). Se reúne cada año en Ginebra en la Asamblea Mundial de la Salud donde se define la política general, se aprueba el presupuesto y cada año se designa al director general. Está conformado por seis comités regionales que se encargan de atender temas regionales en materia de salud (África, América, Europa, Asia Sur Oriental, Mediterráneo Oriental y Pacífico Occidental) (OMS, 2006).
3 Organismo federal estadounidense dependiente del Departamento de Salud y Servi- cios Humanos, creado en 1974 gracias a la Ley Federal para la Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil promulgada el 21 de enero, su objetivo fundamental es integrar, organizar y difundir información relativa al maltrato infantil (NCCAN, 2008:2).
…los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años, e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desaten- ción negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño, o poner en peligro su supervivencia, en el contexto de una relación de responsabilidad, confian- za o poder.
La definición presentada destaca dos aspectos fundamentales para la caracterización del fenómeno: actividad sexual y relación de confianza o poder entre un adulto y una niña, niño o adolescente que no ha alcanzado la mayoría de edad. 4 Dicho grupo etario, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es todo ser humano menor de 18 años, excepto en los casos en los que la legislación local establezca una edad diferente como mayoría de edad. La propia Convención sobre los Derechos del Niño define el término de violencia en su artículo 19, párrafo 1, como “…toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explota- ción, incluido el abuso sexual…”. En este caso se define al abuso sexual infantil como una forma de per- juicio o abuso físico equiparable a una forma de violencia. La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la define como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo feme- nino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o privada”. Asimismo, menciona los siguientes hechos como ejemplos de violencia contra la mujer:
…la violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, inclui- dos los maltratos, el abuso sexual de la niñas en el hogar, violencia relacio- nada con la dote, la mutilación genital femenina, la violación por el marido
y otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer los actos de violencia
perpetrados por otros miembros de la familia y la violencia relacionada con
la explotación. 5
4 Por principio el término “menor de edad” queda excluido si pensamos que el lenguaje configura realidades y el objetivo fundamental de esta investigación es mirar a las niñas, niños y adolescentes como verdaderos sujetos de derechos.
5 La Convención de Belém do Pará fue aprobada mediante la resolución 48/104, del 20 de diciembre de 1993, de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.
El Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud de la Organización Mundial de la Salud del año 2002 define a la violencia como “El uso intencio- nal de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (Ci- tado por Pinheiro, 2006:3). En la definición anterior, proporcionada por la OMS destacamos dos elementos que nos parecen esenciales en la definición de abuso sexual infan- til como forma de violencia: el ejercicio intencional de la fuerza y los efectos negativos en el aspecto físico, psicológico y en general en el adecuado desa- rrollo de la personalidad, elementos que no son características indispensa- bles de un acto de maltrato. El National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information (NCCAN, 2008:2) define el abuso sexual infantil como una forma de mal- trato. Considera que “el maltrato contra niños y adolescentes es cualquier acto u omisión por parte de los padres o de quienes son responsables de su cuidado, cuya consecuencia es la muerte, daños físicos o emocionales serios, el abuso sexual o bien la explotación”. El abuso sexual infantil sucede “cuando un padre, madre o cuidador jue- ga con o acaricia los genitales de un niño, o cuando hay penetración, incesto, violación, sodomía, exhibicionismo, o explotación por medio de la prostitu- ción o la producción de materiales pornográficos” (NCCAN, 2008:2). La Ley Federal para la Prevención y el Tratamiento del Abuso Infantil 6 (CAPTA, 2003), considera el abuso sexual como
…el empleo, el uso, la persuasión, la instigación, la provocación o la coerción de cualquier niño para que participe en un acto sexual o la asistencia a otra persona para que sea partícipe de una conducta sexualmente explícita, o la simulación de dicha conducta con el propósito de reproducir la representa- ción visual de dicha conducta, o la violación de un menor; el abuso, la pros- titución o alguna otra forma de explotación sexual de los niños o el incesto con los niños.
No obstante, como hemos visto, en la doctrina predomina la visión del abuso sexual infantil como una forma de maltrato, pienso que las caracte-
6 La Ley Federal para la Prevención y el Tratamiento del Abuso de Menores (CAPTA, por sus siglas en inglés) (42 U.S.C.A. &5106g) fue reformada por la Ley de Seguridad de los Niños y las Familias de 2003. Como ley del ámbito federal define los estándares mínimos de maltrato infantil y abuso sexual. Los estados de la Unión Americana tienen la responsabili- dad de establecer su propia definición a partir de dichos pisos mínimos (NCCAN, 2008).
rísticas específicas del problema, así como los niveles de silencio y de impu- nidad inherentes, ameritan su consideración como una forma de violencia de urgente atención a nivel nacional e incluso en el mundo. En ese sentido coincidimos con la propuesta que defiende la Fundación de la Familia y el Ministerio de Justicia de Chile, 7 misma que a continuación se detalla. En primer lugar se define el término de maltrato infantil como:
Cualquier acción u omisión no accidental que, desde una relación de de- pendencia y/o abuso de poder, cause detrimento en la integridad física, psi- cológica y social del niño o que amenace su desarrollo físico y psicosocial normal. La acción u omisión puede provenir de cualquier ámbito, familiar o extrafamiliar, incluyendo el institucional. Se entenderá por acción, la agre- sión directa, sea ésta física, psicológica o sexual. Se entenderá por omisión, la falta en proporcionar los cuidados tanto físicos como psicológicos que un niño necesita, de acuerdo a su edad y características individuales, de parte de las personas o instituciones que se encuentran obligadas a brindarle protección y cuidado (Moltedo y Miranda, 2004:18).
A partir de la tipología del maltrato por acción u omisión se clasifica al abuso sexual infantil como una forma de maltrato visible activo. A con- tinuación se presenta gráficamente esta forma de tipificación del maltrato:
cuadro 1 tiPos de maltrato infantil
fuente: Barudy, J., El dolor invisible de la infancia, Barcelona, Paidós, 1998, citado por Mol- tedo, p. 18.
7 Ambas instituciones coinciden en la necesidad de trabajar arduamente contra el mal- trato y el abuso sexual infantil, otorgando un tratamiento específico al abuso sexual infantil. En 1991 el Ministerio de Salud formó la primera comisión para tratar el tema. En 1995 se integró el Comité Nacional de Prevención de Maltrato Infantil, radicado en el Ministerio de Justicia. Originalmente los esfuerzos nacionales contra ambos problemas se dirigieron al ám- bito legal. Sin embargo, en el último periodo se ha planteado la relevancia de las “acciones preventivas” y de “asistencia específicas”, así como acciones de capacitación y de sensibiliza- ción a nivel nacional (Moltedo y Miranda, 2004:13).
Definen abuso sexual infantil como:
Cualquier clase de contacto o actividad sexual con una persona menor de 18 años, por parte de una persona que se encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin de estimularse o gratificarse sexualmente, no impor- tando que se realice con el consentimiento de la víctima, pues éste carece de los conocimientos necesarios para evaluar sus contenidos y consecuencias. Se utiliza la relación de confianza, dependencia o autoridad que el abusador tiene sobre el niño o la niña.
Es de destacar la posibilidad de que todavía cuando constituye, sin duda, un acto que violenta el bienestar físico y psicológico de la víctima, éste puede realizarse o consumarse con el consentimiento de la propia víctima ya que no cuenta con los conocimientos para comprender dicha situación. Aun cuando para arribar a la definición de abuso sexual infantil que hemos comentado se parte de la tipificación genérica de maltrato infantil se establece la aclaración de que este problema por sus características y trata- miento requiere un manejo específico. En efecto, el abuso sexual infantil constituye un concepto polémico por las diversas condiciones en las que se puede dar la conducta abusiva. María Lameiras 8 considera que el abuso sexual “es una forma de violencia que atenta, no sólo contra la integridad física, sino también psicológica de la víc- tima. En este sentido, un abuso sexual constituye un acto sexual impuesto a niñas, niños o adolescentes que carecen del desarrollo emocional, madurati- vo y cognoscitivo para consentir en dicha actividad” (Lameiras, 2008:5). Sin embargo, la autora reconoce la dificultad para establecer un concepto que genere consenso, por ello establece tres criterios importantes a considerar en la definición de abuso sexual:
cuadro 2 criterios Para la definición del abuso sexual infantil
asiemtría de edad
Al menos una diferencia de cinco años entre el menor y el victimario.
tiPo de estraetgias de coerción
Presión, engaño, sorpresa, incluso seducción o fuerza física.
tiPo de conductas sexuales
Formas manifiestas de conducta sexual con o sin contacto físico.
fuente: elaboración propia con base en Lameiras (2008:5).
En efecto, constituyen elementos claves para la definición de abuso se- xual infantil, principalmente el criterio de la coerción, sin embargo el cri-
8 Profesora titular del área de personalidad, evaluación y tratamientos psicológicos en la Universidad de Vigo, Facultad de Ciencias de la Educación campus Ourense, España.
terio cronológico de la edad no es un elemento que pueda conformarse como válido puesto que se ha reconocido la existencia de jóvenes agresores sexuales, 9 hecho que la autora acepta, así como personas con discapacidad física o mental que son víctimas de este delito. Richard J. Estes y Neil Alan Weiner, investigadores de la Universidad de Pensilvania han coordinado un estudio sobre el problema de la explotación sexual comercial infantil en Estados Unidos, Canadá y México (Estes, R. y Weiner, N. A., 2001). La doctora Elena Azaola, del Centro de Investigacio- nes y Estudios Superiores en Antropología Social colaboró en representa- ción de México. El estudio reconoce el concepto de explotación sexual infantil como un serio problema para Estados Unidos e identifica cuatro tipos: abuso sexual infantil, agresión sexual infantil, pornografía infantil y prostitución infantil
(2001:38).
Es importante destacar que en nuestro país, el término “explotación sexual infantil” alude al abuso sexual infantil con fines de lucro: ya que se le conoce como explotación sexual comercial. Nuestra investigación se avoca al estudio del problema en los ámbitos más cercanos de niñas y niños, es de- cir, la familia, la escuela o la comunidad sin motivaciones de tipo comercial. Asimismo, el estudio mencionado, enlista los factores que dificultan el análisis de dicha problemática:
1) Naturaleza secreta inherente a este tipo de delitos. 2) En la mayoría de los casos quienes cometen el delito son integrantes de la propia familia o individuos cercanos al entorno familiar. 3) La incredulidad o falta de credibilidad de doctores, maestros, traba- jadores sociales o policías ante la narración de hechos de quienes han sido víctima de este tipo de delitos.
Con base en la información del National Clearinghouse on Child Abu- se and Neglect Information, se define el abuso sexual infantil como la activi- dad sexual que involucra a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años, donde generalmente el perpetrador es un adulto. Este tipo de actividades pueden incluir violación, abuso sexual, pornografía o exposición de los in- fantes a la actividad sexual de otros (NCCAN, 1996).
9 Lars Loof, psicólogo clínico de la Alianza Internacional Save the Children y coordina- dor del programa Daphne impulsado por la Unión Europea para la promoción de medidas contra el abuso y la explotación sexual infantil, reconoce que uno de los descubrimientos más importantes de este programa es el hecho de que aproximadamente el 30% de los agresores son menores de edad (Save the Children, 2000:4).
La organización Save the Children 10 trabaja desde 1997 (Save the Chil- dren, 2001:8) el Programa de Sensibilización y Prevención del Abuso Se- xual Infantil, la cual considera el abuso sexual infantil como un tipo de maltrato infantil y lo define como “acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño de sus derechos y su bienestar, que amenaza y/o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad” (2001:14). Desde esta perspectiva, la alianza internacional propone mirar el mal- trato de los menores de 18 años como “un proceso” que involucra la inte- racción de múltiples factores, lo cual permite identificar distintos tipos de maltrato y por ello, retoma la definición del National Clearinghouse on Child Abuse and Neglect Information (1978). A partir de la definición planteada al principio de este capítulo, como una categoría general se destacan las siguientes definiciones:
cuadro 3 tiPologías de abuso sexual infantil, save de children
Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con contacto y sin contacto físico realizado sin violencia o intimidación y sin consentimiento. Puede incluir: penetración vaginal, oral y anal, penetración digital, caricias o proposiciones verbales explícitas.
Cualquier forma de contacto físico con o sin acceso carnal, con violencia o intimidación y sin consentimiento.
Es una categoría de abuso sexual sin contacto físico. La gratificación sexual se obtiene mostrando el propio cuerpo.
Una categoría de abuso sexual infantil en la que el abusador
persigue un beneficio económico y que engloba la prostitución y la pornografía infantil. Se suele equiparar la explotación sexual con el comercio sexual infantil. Dentro de la explotación sexual infantil, existen diferentes modalidades a tener en cuenta, puesto que presentan distintas características e incidencia:
— Tráfico sexual infantil.
— Turismo sexual infantil.
— Prostitución infantil.
fuente: elaboración propia con base en tipología de Save the Children (2001:14).
10 Save the Children es una alianza internacional de organizaciones no gubernamentales que trabaja para la promoción y defensa de los derechos de los niños y las niñas a partir de la Convención de los Derechos del Niño. Consideran como una de sus obligaciones prioritarias combatir todas las formas de maltrato y violencia infantil.
Es necesario subrayar algunas consideraciones respecto a la tipología del abuso sexual infantil y sus relaciones con la explotación sexual comercial. En efecto constituyen diversas formas de maltrato en donde todas ellas son formas de abuso sexual infantil y frecuentemente las manifestaciones de explotación sexual comercial inician con una o varias tipologías de abuso sexual infantil, pero no todas las manifestaciones de este problema, consti- tuyen una forma de explotación sexual comercial. Y de hecho son diversas problemáticas que requieren medidas de prevención, protección y garantía diferentes. Dicha situación contrasta enormemente con la atención que se ha regis- trado para el problema de la explotación sexual comercial infantil, ya que prevalecen mayores acciones, programas y políticas dirigidas a la preven- ción y eliminación de la explotación sexual comercial infantil. Esta atención se debe al trabajo de seguimiento que realiza el Comité de los Derechos del Niño a través del Protocolo facultativo correspondiente, como ejemplo, po- demos constatar que de 36 recomendaciones realizadas a nuestro país por parte de los mecanismos internacionales y comités de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos relativas a niños, cuatro de ellas se refieren al abuso sexual infantil mientras que doce abordan el problema de explotación sexual comercial infantil. 11 Por otra parte, de acuerdo con la conceptualización de Save the Chil- dren, queremos subrayar la importancia de concebir el abuso sexual infantil como un problema que surge del abuso de poder y nunca como una situa- ción relacionada con la sexualidad de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, el abuso de poder no se deriva siempre de la diferencia cronológica entre el victimario y su víctima sino que también es posible mirar el abuso sexual infantil entre semejantes donde prevalece coacción o amenazas (2001:17). Otra categoría fundamental que establece la alianza internacional para nuestro análisis es la de maltrato institucional, desde nuestro punto de vista tiene importancia al visibilizar los hechos en los que frecuentemente incu- rren funcionarios o instituciones frente al maltrato infantil, específicamente frente al fenómeno de abuso sexual infantil. Se considera que el maltrato institucional es
…cualquier legislación, programa o procedimiento, ya sea por acción o por omisión, procedente de los poderes públicos o privados o de la actuación de los profesionales al amparo del marco de la institución que vulnere los dere-
11 Compilación de recomendaciones a México de los mecanismos internacionales y comités de derechos humanos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, México, Secretaría de Relaciones Exteriores, pp. 80-86.
chos básicos de niñas, niños y adolescentes, con o sin contacto directo con el niño: Se incluye la falta de agilidad en la adopción de medidas de protección o recursos (2001:16).
Por otra parte, también resulta obligado considerar la definición de abuso sexual infantil propuesta por el Consejo de Europa ya que este órga- no legislativo de la Unión Europea ha realizado una destacada labor para su prevención y combate. La consideración de esta definición es básica, en virtud de que el Poder Legislativo de la Unión Europea desarrolla una visión integral del fenóme- no de la explotación y el abuso sexual infantil para su prevención y combate. Antes de continuar con esta definición habremos de establecer una re- serva. Nuestro país mantiene ante este órgano legislativo, una postura de país observador, sin derecho a voz ni voto, y por lo tanto, los instrumentos, observaciones y en general, el corpus juris que emana de sus actuaciones, no generan obligaciones para el Estado mexicano. Sin embargo, los conceptos y avances del Parlamento Europeo en materia de abuso sexual infantil cons- tituirán herramientas teóricas y estándares fundamentales para el desarrollo de la investigación.
cuadro 4 tiPologías de exPlotación y abuso sexual, convenio del consejo de euroPa
Conducta intencional de los dos siguientes tipos:
Mantener actividades sexuales con un niño que no ha
alcanzado la edad legal para las actividades sexuales;
Mantener actividades sexuales con un niño, de cualquier edad; — Utilizando la coacción, la fuerza o las amenazas; — Abusando de una posición reconocida de confianza,
autoridad o influencia sobre el niño, incluso en la familia, y
Abusando de una situación de especial vulnerabilidad del
niño, en particular, debido a una discapacidad mental o física o a una situación de dependencia.
Utilización de niños para actividades sexuales a cambio de dinero o de cualquier otra forma de remuneración o retribución para el menor o para una tercera persona.
Representación visual de un niño manteniendo una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o toda representación de los órganos sexuales de un niño con fines principalmente sexuales.
La corrupción de niños se define como un acto intencional, que causa que un niño con una edad legal menor a la requerida para realizar actividades sexuales presencie actos sexuales con otros niños o adultos. No es necesario que el niño participe de alguna manera en las actividades sexuales. Sólo es suficiente realizar dichos actos ante la presencia de niños para que una persona sea considerada responsable de corrupción de niños.
ProPosiciones a niños con fines sexuales
La referencia a las proposiciones a niños mediante las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de proponerles un encuentro con el propósito de satisfacer un impulso sexual “ciber acoso sexual infantil”.
fuente: elaboración propia con base en el Convenio del Consejo de Europa, Manual para parlamentarios (CE, 2011:51, 64, 67, 75, 79).
Esta instancia considera que todos los delitos sexuales contra niñas, ni- ños y adolescentes deben ser específicamente tipificados. Con los términos de explotación sexual y abuso sexual de los niños busca integrar el abuso dentro de los entornos cercanos de la víctima como la familia y la escuela así como los delitos con propósitos comerciales (CE, 2011:31). Como consideraciones metodológicas para la aplicación de la tipología mencionada, el Parlamento Europeo sugiere la incorporación de las espe- cificidades de los contextos en los que se comete el delito, así como atender siempre a la diferencia entre actividades sexuales “normales” entre iguales dentro de un desarrollo sexual adecuado y una relación de coerción o ejer- cicio de poder frente a personas que aún no están en condiciones de com- prender o resistir la acción de tipo sexual. Elena Azaola señala que el abuso sexual “ocurre entre un menor y un adulto que es el padre, cuidador o responsable de la niña o el niño. Típi- camente involucra la exploración sexual del menor o sirve para gratificar o estimular sexualmente al adulto” (Secretaría de Salud, 2006:22). Reconoce que el abuso sexual infantil integra una amplia variedad de comportamien- tos que pueden incluir contactos físicos “de naturaleza sexual” o no. Es el caso de comunicaciones de tipo sexual, exhibicionismo, masturbación, vo- yerismo, o acercamiento a material pornográfico. El contacto físico incluye el contacto sexual, la penetración digital o con objetos y el intercambio se- xual (Ireland, 2002, citado por Azaola, E. 2006). La revisión de diferentes perspectivas sobre el problema en cuestión nos ha permitido constatar la diversidad de posturas y concepciones que dificultan el análisis. En todo caso nos parece valioso retomar las siguientes consideraciones:
— El abuso sexual infantil es una forma de violencia porque constitu- ye un acto de poder que tiene consecuencias físicas, psicológicas y emocionales irreversibles sobre las personas menores de 18 años.
— Como elemento inherente al problema persiste el silencio de la víc- tima o la incapacidad de manifestar este tipo de actos delictivos, por diversas razones como la incapacidad de comprender el hecho, o algún tipo de discapacidad física o psíquica.
— Prevalece también, el silencio de los propios familiares, tutores, profesores o personal a cargo, hecho que incrementa los niveles de impunidad.
— Constituye una irrupción perjudicial para el normal desarrollo de la personalidad.
— Resulta imprescindible contar con una valoración multidisciplinaria, es decir con la opinión de las diferentes visiones científicas que estu- dian el problema ya que involucra todas las dimensiones que integran al ser humano.
Considero que una adecuada definición y tipología de abuso sexual in- fantil debe aportar elementos para la comprensión objetiva del problema en todas sus dimensiones y además facilitar la persecución y castigo del delito en sus diferentes manifestaciones. Sin embargo, la complejidad del problema y las diversas perspectivas de análisis nos conducen a plantear las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la mejor definición? ¿Cuáles son las tipologías de abuso sexual infantil? ¿Cuá- les son las características deseables o necesarias en términos de efectividad de la norma para la definición y sus tipologías? La definición debe considerar una visión interdisciplinaria del proble- ma que rescate una adecuada fundamentación del bien jurídico protegido versus el delito, así como la clasificación más cercana a las diferentes formas de su manifestación. No resulta sencillo si consideramos la diversidad de los contextos en los que puede suceder este tipo de delitos. Aunque en términos de la persecu- ción más eficaz sería urgente un proceso de homologación a nivel nacional e incluso internacional, mediante conceptos sencillos y claros que reflejen o integren la situación actual de la explotación y el abuso sexual infantil, y que por tanto, faciliten la efectividad de la norma y la justiciabilidad. Considero que la visión más adecuada es la del Parlamento Europeo ya que integra las diferentes tipologías de abuso sexual infantil dentro de los ámbitos cercanos de niñas y niños con las manifestaciones de la explotación sexual comercial infantil. Considera una característica básica del abuso se-
xual infantil al consignar el abuso a partir de “una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre el niño, incluso en la familia”.
Además, incluye los casos específicos de personas menores de 18 años de edad que por sus características son más susceptibles a sufrir el delito de- bido a una situación de vulnerabilidad como discapacidad, trastorno men- tal o situación de dependencia. Incluye otras tipologías de abuso sexual infantil como pornografía in- fantil, corrupción infantil y ciber acoso infantil, esta última modalidad en aumento a través de las nuevas tecnologías de la información como internet
Antes de iniciar las consideraciones correspondientes debemos insistir en la dificultad de conocer los datos fidedignos en torno al abuso sexual in- fantil debido a la existencia de cifras negras. 12 Por lo que habremos de acudir, como herramienta metodológica más cercana a la realidad, a las encuestas de victimización. 13 Todos las niñas, niños y adolescentes menores de 18 años de edad pue- den ser víctimas de abuso sexual infantil, pero existen seres de este grupo etario que por sus condiciones de existencia o por características inheren- tes a su persona, como el sexo, o la edad son más susceptibles de sufrir este delito. Las niñas y las mujeres, en general son las principales víctimas de este delito, más adelante veremos esta situación como tendencia a nivel mundial
12 De acuerdo con el Sistema de Índices e Indicadores en Seguridad Pública, la cifra
negra es la cantidad de delitos no registrados en la cifra oficial. Existen varias razones que explican la existencia de la cifra negra: la primera razón es que la víctima no denuncia, la denuncia no da lugar a averiguación previa, varios delitos se integran en una sola averigua- ción previa o bien los delitos no se registran por deficiencias del sistema estadístico oficial. El documento establece que en México cerca del 87% de los delitos no se denuncian. Los secuestros y delitos sexuales son los que registran mayores cifras negras (SIISP, 2010:17).
13 Las encuestas de victimización obtienen los datos delictivos a partir de la manifesta- ción de las víctimas, aun cuando éstas no hubiesen denunciado. Este método permite ade- más conocer aspectos socioeconómicos de quienes sufren el delito (sisP, 2010:14) María Lameiras denomina esta herramienta metodológica como “prevalencia” es decir, el número de personas adultas que manifiestan haber sufrido abuso sexual infantil. La autora reconoce el estudio de la prevalencia como la estrategia metodológica más confiable para conocer la verdadera “extensión y alcance del problema” (Lameiras, 2008:6).
El Informe Mundial sobre la Violencia contra Niñas y Niños (Pinhei- ro, 2006) señala a las personas con algún tipo de discapacidad y a las niñas como sujetos más vulnerables frente a este problema. En el caso de las ni- ñas destacan las relaciones de poder basadas en el género como un tipo de relaciones muy arraigadas basadas en la tradición, donde prevalece valores como el “honor familiar” o la visión del adulto frente al bienestar o adecua- do desarrollo de las niñas. Investigaciones de la Organización Mundial de la Salud, precisamente basadas en encuestas de victimización, especifican que aproximadamente del 25 al 50% de niños y niñas consideran que han sufrido maltrato físico. Un 20% de las mujeres y de un 5% a 10% de los hombres manifiestan que han sufrido abuso sexual en la infancia (OMS, 2010:1) Save de Children revisó quince estudios realizados en los últimos 25 años sobre prevalencia de abuso sexual infantil (Gorey y Leslie, 1997 citado por Save the Children), y estimó que 22.3% de mujeres y 8.5% de hombres lo han sufrido.
Gráfica 1 Prevalencia de abuso sexual infantil
La edad de mayor incidencia se ubica entre los 6 y los 11 años (Hornos, Santos y del Molino, 2001:2), más adelante veremos que este rango de edad es recurrente en nuestro país en materia de violencia infantil como mues- tran las consultas desarrolladas por el órgano federal electoral. Otra carac- terística recurrente de quienes sufren este tipo de delitos son las personas con discapacidad física y/o psíquica (2007:2).
El Informe Mundial sobre la Violencia contra Niñas y Niños, realizado por la Unesco en el año de 2006, considera el abuso sexual infantil como una forma de violencia que se presenta en todos los entornos y en las dife- rentes sociedades, y considera cinco ámbitos en los que suele suceder:
1) Hogar. 2) Escuela y otros entornos educativos. 3) Instituciones de detención y protección. 4) Lugares donde trabajan. 5) Su comunidad.
Respecto al problema que nos ocupa, como se ha comentado anterior- mente, los estudios revelan los lugares más cercanos de las personas meno- res de 18 años como los más recurrentes donde suceden estos tipos de delito. El propio Informe sobre la violencia revela que:
El abuso sexual, la violencia física y psicológica y el acoso sexual son formas de violencia que tienen lugar en todos los entornos. En la mayoría de las socieda- des, el abuso sexual de niñas y niños es más común dentro del hogar o es come- tido por una persona conocida por la familia. Pero la violencia sexual también tiene lugar en la escuela y otros entornos educativos, tanto por parte de los padres como de los educadores. Es frecuente que se produzca en entornos la- borales muy cerrados, éste es el caso de los niños y niñas trabajadores emplea- dos como trabajadores domésticos en hogares de terceros (Pinheiro, 2006:7).
En Chile por ejemplo, también con relación al medio donde se realiza este tipo de delito, resulta clara y notoria la tendencia hacia el entorno más cercano de las niñas y los niños (Moltedo, 2004:34). Sin duda, resulta muy útil la consideración de las categorías, planteadas por Sergio Pinheiro, res- pecto a los lugares dónde se suscitan los delitos sexuales contra personas me- nores de 18 años puesto que de acuerdo a los objetivos de esta investigación se destaca en primer término, el ámbito doméstico y los entornos escolares, en segundo, los lugares significativos por la recurrencia del delito, incluso en países de América Latina como es el caso de Chile.
Según el estudio coordinado por Estes (2002), el 49% de quienes come- ten el delito son los conocidos de la familia y el 47% se trata de familiares,
padres, madres, hermanos. Sólo en un 4% se reconoció la comisión del deli- to por parte de desconocidos. Esto se traduce en que un 96% de los casos se dieron en el hogar: “in the privacy of the child’s own home” (Doj, 2000b:29 citado por Estes, 2002:48).
PerPretadores del delito de abuso sexual infantil
El Servicio Médico Legal en Chile ha detectado un 79.9% de casos donde el violador era conocido de la víctima y 44.1% eran familiares (Mol- tedo, 2004:13). Esta tendencia preocupa y destaca en los casos donde el Estado asume que la familia es la autoridad incuestionable o prevalece una visión social que deslegitima la vivencia y opinión de niñas y niños, en definitiva los derechos y garantías que poseen, situación que sin duda constituye maltrato institu- cional por omisión. Los victimarios, en la mayoría de los casos son hombres, pero también existen mujeres y puede suceder, como lo hemos mencionado anteriormen- te, que el agresor sea una persona menor de 18 años de edad (Save the chil- dren, 2005:11, 2007:1). Entre los factores de riesgo, existen algunos especialmente relevantes:
— Discapacidad psíquica de la víctima.
— Consumo de alcohol o drogas por parte del perpetrador.
— Historia de maltrato previa del victimario.
— Falta de establecimiento del vínculo o deficientes relaciones afecti- vas entre los padres y el niño.
— Falta de red de apoyo psicosocial.
— Aislamiento social de la familia.
— Problemas de desarmonía y ruptura familiar.
— Desempleo o pobreza.
— Falta de reconocimiento de los derechos del niño como persona.
— Aceptación social de pautas como el castigo físico (Hornos, Santos y del Molino, 2001:29).
El abuso sexual infantil constituye un problema de presencia mundial, sin embargo, de acuerdo a las consideraciones planteadas anteriormente, tam- bién a nivel internacional existen dificultades para conocer las dimensiones reales de este tipo de delitos sexuales debido a la falta de información y a los bajos niveles de revelación y denuncia (Estes, 2001; Lameiras, 2008 y Save the Children, 2001, 2005:11, 2007:1). Por ejemplo, en el caso de España se conoce sólo del 10 al 20% de los casos reales, lo que se identifica como “el vórtice de la pirámide del mal- trato” (Save the children, 2004:13 y 2007:1) y de nuevo, en gran medida surgen como razón de estos altos niveles de desconocimiento de los delitos que integran el abuso sexual infantil las características específicas siguientes:
— El entorno familiar como el más recurrente.
— Es un problema que se refiere a la sexualidad por lo que conlleva secreto, miedo y prejuicios.
— Las personas menores de 18 no tienen la autonomía para denunciar los delitos.
— Miedo de profesionales y ciudadanos a las implicaciones de la de- nuncia.
— Desconocimiento del tema sobre sus manifestaciones y sobre las si- tuaciones de riesgo que lo propician (Save the Children, 2004:13).
Como antecedentes del problema a nivel mundial debemos mencio- nar la 49a. Asamblea Mundial de la Salud en la que se aprueba una reso- lución (WHA 49.25) por la que se declara a la violencia como uno de los principales problemas de salud pública en todo el mundo (OMS, 2002:1). El propósito del Primer Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud es precisamente cuestionar “los tabúes y los sentimientos de inevitabilidad” de la violencia. Dentro de la categorización de violencia interpersonal di-
cho informe incluye la violencia sexual contra menores y reconoce la falta
de cifras con relación a las víctimas del abuso sexual infantil en el mundo. Asimismo dicho informe establece que “la mayor parte de las agresiones sexuales tienen como víctimas a mujeres y niñas, y son perpetradas por hombres y niños”. En el 2001, y por recomendación del Comité de los Derechos del Niño,
la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó al Secretario General
un estudio sobre la situación de la violencia contra los niños (ONU, 2006), durante 2003 el estudio fue coordinado por Paulo Sergio Pinheiro. 14 Dicho estudio considera dos objetivos fundamentales: identificar bue- nas prácticas, “formular estrategias y promover acciones para prevenir y
eliminar la violencia” contra la infancia; y analizar la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes en la escuela, la comunidad, las instituciones de detención y protección y lugares de trabajo. La investigación inició en 2004
y recabó la información por parte de los gobiernos a través de consultas
regionales en América Latina y el Caribe, y mediante consultas con los pro- pios niños niñas y adolescentes de 17 países (2006:14). La consulta reveló que la violencia sexual “es identificada… particu- larmente por las niñas y adolescentes. Esta violencia sexual expresada en acoso y chantaje sexual se encuentra vinculada a la promoción de grado o a las calificaciones”. Menciona que la violencia sexual la viven tanto hombres como mujeres pero sólo es referida o expresada por las adolescentes muje- res. Destaca la referencia de las niñas “de Nicaragua, Honduras, Guatema- la, México, Panamá, y República Dominicana sobre el chantaje, el abuso sexual y las violaciones que han conocido de algunas niñas y adolescentes en
las escuelas” (ONU, 2006:50). Otro estudio que plantea interesantes descu- brimientos sobre el tema que nos ocupa es el que realizó Save the Children en 2005 por medio de informes que realizaron 13 países lo que nos propor- ciona un panorama general de la situación internacional. 15 A los países se les solicitó un informe con los datos existentes, el marco jurídico, las buenas prácticas y las lecciones aprendidas, así como la parti- cipación de niñas y niños (Save the Children, 2005:10). Esto implica algo importante ya que se escuchó a los propios involucrados, práctica necesaria
y urgente pero poco realizada. Como hallazgos que permiten mirar el estado del panorama internacio- nal es pertinente destacar tres cuestiones:
14 La investigación fue realizada con el apoyo de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, la OMS y Unicef.
15 Los países involucrados son: Canadá, Colombia, Brasil, Nicaragua, Suráfrica, Mo- zambique, Ruanda, Uganda, Siria, Nepal Bangladesh, Rumania y España.
a) Las cifras aportadas por cada país.
b) Las tendencias que se rescataron como conclusiones.
c) Las expresiones de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de los diferentes tipos de abuso sexual infantil.
En el primer caso destaca la falta de datos fidedignos que den cuenta de la magnitud del problema:
cuadro 5 situación internacional de abuso sexual infantil, save the children 2005
— La niñez representa el 23% de la población.
— Constituye hasta el 61% de las víctimas de abuso sexual.
Un porcentaje relativamente alto de niñas y niños entre los cuatro y los siete años son víctimas de abuso.
Cada año unos 11,000 niños y niñas son víctimas de abuso sexual (Instituto Nacional de Ciencia Forense y medicina).
La mayoría de los casos de abuso sexual infantil tiene lugar dentro
— Las niñas entre los 11 y los 15 años el grupo etario más afectado.
Sólo el 10% de los casos fueron cometidos por extraños; todos los otros perpetradores eran conocidos por la víctima.
Un estudio basado en la comunidad y realizado en León 27%
de mujeres y un 19% de varones tenían una historia de abuso sexual infantil.
En más del 60% de los casos de violencia sexual reportados a
policía la víctima era un niño o niña.
Childline’ brinda servicios a la niñez víctima de abuso y a sus
familias, y en los últimos diez años ha observado un incremento del 400% en el número de casos de abuso sexual infantil reportados.
Las víctimas son cada vez más jóvenes: en 2001, más del 50%
tenían menos de siete años. Entre enero y septiembre de 2001,
policía recibió más de 15,500 denuncias de casos de estupro o
intento de estupro.
En el 2004, a nivel nacional se registraron 1,185 casos de violencia y abuso.
Existencia del matrimonio precoz.
los 19,
denunciados y llevados
los tribunales, la mayoría de las víctimas tenían entre 6
14 años, seguidas muy de cerca por víctimas menores de 6 años.
El 75.8% de los niños y las niñas fueron víctimas de violencia
sexual, que incluyó exposición a la pornografía, manoseo, atención no solicitada, exposición a adultos con manifestaciones
sexuales, ser obligados a tocar a adultos de maneras sexuales, y ser obligados a tener sexo. El 10.7% de las niñas y niños dijeron haber sido víctimas de violencia sexual al menos una vez a la semana. El 8% dijo que eso les ocurría a diario. El 32.2% dijo haber sido víctima de violencia sexual principalmente en el hogar. El 34.2% en la escuela. El 9.3% en la comunidad.
Las niñas son víctimas de violencia sexual con mayor frecuencia que los niños.
— El 46.5% reportó manoseos sexuales en contra de su voluntad;
— El 20.5% reportó haber sido obligadas a tener sexo con
adultos, pero también fueron acosadas y presionadas por varones de mayor edad en la escuela.
De los varones, el 13.3% reportó haber sido obligados a tener sexo.
El 27% reportó haber sido manoseados contra su voluntad.
Estudio de 2003, la policía había registrado 59 casos de agresión sexual contra niñas durante los cinco meses previos; el 49% de los perpetradores eran personas que la víctima conocía, el 13% eran miembros de la familia, y el 37% eran extraños. De las víctimas, un 66% eran varones; el 24% tenían menos de seis años; el 48% tenían entre siete y doce años; y el 27% entre trece y dieciocho años.
En el 2003, una encuesta reveló que el 33.5 al 45% de la niñez de Nepal dice que el uso de lenguaje obsceno es la forma más común de abuso sexual.
El 25.8 al 29% de la niñez también había visto material
obsceno, tal como películas, fotos y textos pornográficos; el 31% de la niñez había visto material obsceno por Internet.
Entre el 13.7% y el 18% de la niñez había sido víctima de
abuso sexual con contacto.
El 18% de las niñas y el 11% de los niños reportaron abuso
sexual con contacto ocurrido en los alrededores de Katmandú.
Niños y niñas entre los 11 y los 14 años parecen más vulnerables
a todo tipo de abuso.
Un 12% de niños y niñas menores de once años mencionaron
haber sido víctimas de abuso sexual con contacto. Un número considerable fue víctima de abuso sexual perpetrado por congéneres menores de 16 años. Niños y niñas dijeron que con el
pretexto de entablar amistad se les había hecho víctimas de abuso. La mayoría de las niñas reportan el uso de la fuerza por parte de los abusadores, mientras que los niños reportan el uso de dádivas y seducción con actos o lenguajes sexuales.
Existe tendencia a asesinar a las víctimas.
La mitad de los niños varones fueron víctimas de abuso entre los 7 y 10 años. — Otro grupo entre los 11 y 13 años, mayoritariamente por adultos que conocían.
Un estudio del 2001 revela que:
El 29% del abuso sexual que se comete en lugares públicos está relacionado con abuso sexual contra la niñez. El 30% de la cifra total de delitos sexuales ocurrió en el hogar de la víctima. El 41% en el hogar del agresor. El 29% en lugares públicos.
El 23% de las niñas y el 15% de los niños menores de 17 años han sido víctimas de abuso sexual.
Alta incidencia de abuso sexual en niños y niñas entre los 8 y los 13 años.
Los niños y niñas con discapacidades tienen tres veces más probabilidades de ser víctimas de abuso sexual.
Los perpetradores eran personas conocidas de la víctima, y
algunas investigaciones afirman que el 20% de las violaciones fueron cometidas por otros niños o niñas.
fuente: elaboración propia con base en Save the Children (2005: 38-41).
Este panorama general de la situación internacional nos permite detec- tar las siguientes tendencias:
a) Las niñas y niños así como las niñas con discapacidades son las per- sonas más vulnerables frente al problema.
b) Preminencia de familiares o conocidos de la familia como perpetra-
dores. c) Con sus especificidades el problema de abuso sexual infantil se regis- tra en todos los países del mundo, aunque es notoria la cifra de países como Colombia y Sudáfrica.
Respecto a las manifestaciones de los niños y niñas que participaron en las entrevistas y los grupos focales se advirtió una gran similitud entre las de- mandas, a partir de ellas se resumen los diez puntos esenciales denominados de “aprendizaje” que se detectaron en sus conclusiones (2005:23):
1) El abuso sexual es malo y no debería ocurrir.
2) Díganles que ya no lo hagan, es difícil denunciarlo. 3) Es muy difícil salirse de la explotación sexual y del sexo comercial. 4) Escúchenme y crean lo que les digo. 5) Hablen conmigo y estén ahí cuando yo los necesite. 6) Necesito sentirme seguro y protegido, y decidir cómo se va a tratar mi caso. 7) Quiéranme —apóyenme—, nosotros sabemos lo que necesitamos. 8) Ayúdenme a salir de esta situación. 9) Que mi abusador admita lo que hizo. 10) No me pongan etiquetas y déjenme seguir viviendo mi vida.
Más que puntos de aprendizaje resultan demandas de un grupo vulne- rable que no ha sido considerado como sujeto de derechos. Lo que nos hace recordar tres de las caras de la opresión de Susan Marion Young, principal- mente la carencia de poder, la violencia, y la marginación. También aluden derechos latentes: derecho a la integridad física, dere-
cho al libre desarrollo de la personalidad, derecho a ser escuchado, derecho
la protección y cuidados, derecho a la protección contra el abuso sexual
derecho a una educación sexual oportuna como un derecho sexual y re-
productivo. El Parlamento Europeo reconoce que uno de cada cinco niños ha sido víctima de alguna forma de abuso sexual por lo menos una vez en la vida, no obstante, también reconoce que la información integrada por diversas
fuentes “la policía, autoridades judiciales, los servicios de salud, las organi- zaciones no gubernamentales, las asociaciones humanitarias y otros órga- nos” es “sólo la punta del iceberg” ya que los hechos no siempre son revela- dos cuando ocurren sino incluso hasta la edad adulta (PE, 2011:17). Soledad Larraín y Carolina Bascuñán, consultoras de Unicef en Chile al abordar el tema del maltrato infantil reconocen la alta vulnerabilidad de las personas menores de 18 años, debido a la falta de autonomía pro- pia de su edad y a los altos niveles de dependencia emocional, económica
y social. Realizaron un estudio de la situación relativa a este problema en
América Latina y el Caribe, no sin antes reconocer dificultades como: la falta de homologación de metodologías, diferentes formas de maltrato así como divergentes muestras estadísticas. Reconocen en los países del Caribe una es- pecial preocupación por la violencia sexual (2009:6). En Jamaica, Dominica
y Haití, principalmente, existen altos índices de abuso sexual infantil. En
Haití 49% de las mujeres reconocen haber sufrido violencia sexual por par- te de miembros de su familia (Ibidem:8).
Las niñas tienen mayor probabilidad de sufrir este tipo de violencia por parte de algún familiar o desconocido: “los estudios en la región señalan que por cada niño varón abusado sexualmente hay tres o cuatro niñas que son víctimas del mismo delito” (Larraín y Bascuñan, 2009:7). Las autoras Larraín y Bascuñán (2009:7) señalan que los bajos niveles de denuncia del delito y las impunidades se deben a las siguientes razones:
— Miedo a la represalia y al autor de la violencia.
— Vergüenza entre miembros de la familia.
— Negligencia de los padres, otros adultos y profesionales de salud.
— La falta de procedimientos formales de información eficaces.
En el 90% de casos registrados en Nicaragua, los perpetradores de abusos contra adolescentes son el padre, padrastro, vecino, tío, primo, hermanos o el novio. Sólo en el 10% de los casos el perpetrador era un desconocido (Larraín y Bascuñan, 2009:7). Asimismo, la consulta realizada en el país mencionado constata que el 68% de abusos sexuales ocurre en el hogar. En América La- tina y el Caribe la violencia contra niñas, niños y adolescentes ha alcanzado proporciones preocupantes ya que se estima que más de la mitad de ellos son víctimas de maltrato físico, emocional, trato negligente o abuso sexual (Larra- in y Bascuñan, 2009:9). En Chile, por ejemplo, autoridades policiacas regis- tran 4,500 delitos de abuso sexual infantil anualmente donde el 80% de los casos son niñas (Moltedo, 2004: 13). Aunque en efecto la tendencia interna- cional revela que el mayor número de víctimas de este delito son niñas, es ne- cesario mencionar el caso de Asia del sur, en donde los niños son víctimas de este delito y carecen de las medidas adecuadas para su atención y prevención. John Frederick, consultor de Unicef 16 en el Centro de Investigaciones Inno- centi realizó un estudio en los países que integran la zona sur de Asia: Afga- nistán, Bangladesh, Bután, India Las Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka (Frederick, 2009). Dicho estudio plantea que los niños tienen menor protec- ción legal que las niñas frente al problema de explotación y abuso sexual, así como menor acceso a la justicia como víctimas del delito. Esta situación se da en razón de que la legislación protege sólo a niñas y mujeres cuando los niños enfrentan el mismo nivel de violencia sexual que las niñas (2010:1). El autor destaca un fuerte énfasis en la legislación, políticas y programas con relación al problema de explotación sexual comercial en comparación
16 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia es la organización mundial que trabaja en más de 190 países y territorios a favor de los derechos de la niñez y los adolescentes. Sur- ge en 1946 por iniciativa de las Naciones Unidas, para la atención de niñas y niños después de la Segunda Guerra Mundial.
con las formas de abuso sexual infantil que suceden en la casa, en la comu- nidad o en instituciones (2010:5). Esta situación, como veremos más adelante, se asemeja a lo que sucede en nuestro país, ya que existe una mayor atención a la explotación sexual comercial infantil que al abuso sexual infantil; debido a que hay mayor vo- luntad política para enfrentar este fenómeno y quizás prevalece la idea de que el abuso sexual infantil se da en el entorno privado, en el que los Esta- dos han intervenido gracias a la presión social como ocurrió en el caso de la violencia intrafamiliar y la violencia en contra de las mujeres. Aunque también debemos reconocer la influencia que ha tenido la actuación del Comité de los Derechos del Niño en el seguimiento del Protocolo Facultati- vo correspondiente, documento que será analizado en el siguiente capítulo.
Las falencias de información y las tendencias generales del problema a nivel internacional se repiten en nuestro país. Haremos aquí un análisis del fenómeno a partir de las cifras oficiales así como de las encuestas de victimización o prevalencia que existan y que permitan esbozar la cifra negra del fenómeno en México. 17 Asimismo, consideramos el primer informe que México presentó al Co- mité de los Derechos del Niño 18 relativo al Protocolo Facultativo sobre la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Pornografía que, aunque no aborda directamente el problema del abuso sexual en México, establece da- tos valiosos para los fines de nuestra investigación. En primer término abordaremos las estadísticas de la institución entre cuyas atribuciones está la atención a los casos de abuso sexual infantil, ya que se le define como una forma de maltrato en contra de personas menores de 18 años. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) es la institución encargada en nuestro país del maltrato infantil. La ley de Asistencia Social 19 establece sus atribuciones y objetivos y define la asisten- cia social como:
17 La herramienta más adecuada para obtener la cifra negra son las encuestas de victimi- zación pues permiten obtener el número real de víctimas (SIISP, 2010:14).
18 Recordemos que los comités derivados de los tratados internacionales son mecanismos cuasi jurisdiccionales y se consideran como mecanismos de justiciabilidad.
19 Nueva ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004. Texto vigente, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de junio del 2012.
Un conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, inde- fensión, desventaja física y mental hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva (artículo 3o.). 20
Dentro de los “sujetos de asistencia social” reconoce a niños, niñas y adolescentes particularmente quienes se encuentran en situación de riesgo o afectación. 21 De acuerdo con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Asistencia Social establecen que niñas y niños son todas las personas hasta los 12 años incumplidos, mientras que los adolescentes son quienes cuentan con doce años cumplidos y hasta 18 incumplidos. Como se ha mencionado ya, aquí habremos de considerar a todas las personas menores de 18 años de acuerdo con la CDN. Dentro de los sujetos de asistencia social en personas de menos de 18 años reconocen doce tipos de afectación, entre ellos, quienes sufren maltra- to o abuso (inciso c, artículo 4o.), vivir en la calle (inciso f, artículo 4o.), quie- nes son víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual (inciso g, artículo 4o.) e infractores o víctimas del delito (inciso i). El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es la ins- titución encargada de coordinar el Sistema Nacional de Asistencia Pública (SNAP) 22 y elaborar el Programa Nacional de Asistencia Social, vigente des- de 2004, año en el que se promulga la Ley correspondiente.
20 No obstante, en el siguiente capítulo veremos las recomendaciones del Comité sobre los derechos de los niños al Estado mexicano es conveniente mencionar aquí la recomen- dación 304 formulada en 2003, en ella indica “que el Estado parte siga tomando medidas efectivas comprendido el establecimiento de programas multidisciplinarios de tratamiento y rehabilitación para evitar y combatir el abuso y maltrato de los niños dentro de la familia, en la escuela, y en la sociedad en general. Sugiere que se intensifique la represión legal de estos delitos y que se refuercen los procedimientos y mecanismos adecuados para tramitar las denuncias de abuso de niños, con objeto de dar a estos un rápido acceso a la justicia y que se prohíban explícitamente en la ley los castigos corporales en el hogar, en las escuelas, y en otras instituciones: establecer programas educativos para combatir actitudes tradicionales”. Para ello propone recabar cooperación internacional con Unicef y organismos no guberna- mentales.
21 El propósito de la Ley de Asistencia Social es el de establecer las bases para la promo- ción de un Sistema Nacional de Asistencia social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social, pública y privada. Dicha ley encuentra sustento en las disposi- ciones sobre asistencia social contenidas en la Ley General de Salud.
22 Las instituciones que lo integran son: la Secretaría de Salud, la Secretaría de Desarro- llo Social, la Secretaría de Educación Pública, sistemas estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia, sistemas municipales para el DIF, las instituciones privadas
El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia de acuer- do con los artículos 1o., 4o., 7o. y 8o. de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y atendiendo el principio del interés superior del niño debe realizar las siguientes atribuciones, entre otras:
— Proponer a la Secretaría de Salud la formulación de Normas Ofi- ciales Mexicanas.
— Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Pú- blicas y Privadas de Asistencia Social.
— Organizar el Servicio Nacional de Información sobre Asistencia Social.
— Organiza r, promover y operar el Centro de Información y Docu - mentación sobre Asistencia Social.
El Programa Institucional de mediano plazo 2009-2012 define al mal- trato infantil como “cualquier acto u omisión intencional ejecutado por par- te de los padres, custodios, tutores y en general de cualquier persona que tenga bajo su cuidado a niñas, niños y adolescentes, que les resulte en daños físicos o emocionales”. Dentro de esa definición reconoce ocho tipos de maltrato infantil:
1) Maltrato físico. 2) Abuso sexual. 3) Abandono. 4) Maltrato emocional. 5) Omisión de cuidados. 6) Explotación sexual comercial. 7) Negligencia. 8) Explotación laboral.
Las Procuradurías de Defensa del Menor y la Familia atienden y regis- tran los casos de maltrato infantil en el país. Existe una en cada estado de la República y sólo en 612 municipios del país (Secretaría de Salud, 2006:27).
de asistencia social legalmente constituidas, las Juntas de Asistencia Privada, el Instituto Na- cional de las Personas Adultas Mayores, el Instituto Nacional Indigenista, El Instituto Mexi- cano de la Juventud, el Instituto Nacional de las Mujeres, los Centros de Integración Juvenil, el Consejo Nacional contra las Adicciones, El Consejo Nacional de Fomento Educativo, el Consejo Nacional para la Educación y la Vida, la Lotería Nacional para la Asistencia Públi- ca, Pronósticos para la Asistencia Pública, la Beneficencia Pública, y las demás entidades y dependencias federales, estatales y municipales, así como los órganos desconcentrados que realicen actividades vinculadas a la asistencia social.
Si consideramos que de acuerdo con el INEGI 23 existen 2454 municipios en México, 612 municipios equivale al 24.93% respecto del total. Azaola señala que, y como podremos constatar más adelante, en nues- tro país no existe un registro nacional adecuado de los casos de maltrato in- fantil reportados a las diferentes autoridades (salud, educación, protección a la infancia o justicia) además de que sólo llegan a conocerse los casos más graves por lo que no se conoce la cifra real de los casos de abuso sexual in- fantil. 24 Otro aspecto que dificulta el conocimiento de la magnitud real del pro- blema son las diferentes tipologías y conceptos utilizados por académicos y por las autoridades para clasificar los hechos que son denunciados. A continuación presentamos las cifras de casos de maltrato infantil tal como lo tipifica el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Fami- lia atendidos en la República mexicana de 1998 al 2002.
cuadro 6 abuso sexual infantil en méxico 1998-2002, sistema nacional Para el desarrollo integral de la familia
fuente: Sistema nacional para el desarrollo integral de la familia, 1998-2002 e Informe nacional de violencia y salud 2006, p. 27.
23 http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/integracion/ pios/ mexympios/MexIICon_1.pdf, consultada el 28 de abril de 2013.
24 Anexo E. Concentrado de datos estadísticos de menores maltratados del Sistema Na- cional para el Desarrollo Integral de la Familia de 2006, 2007, 2009, 2010 y 2011. Destaca la ausencia de los datos correspondientes a 2008, así como las inconsistencias de todas las tablas. La información fue proporcionada en el Centro de Información y documentación del SNDIF.
gráfica 3 tiPo de maltrato
Asimismo, se especifica que han sido atendidos por violación, diaria- mente en el país 21 menores de edad durante el periodo 1997-2003 (Secre- taría de Salud, 2006:44), según registros de la propia dependencia. En la Facultad de Psicología de la UNAM durante el periodo de junio de 1994 a mayo de 2002 se atendieron 894 casos de abuso sexual, el 48% no recibió ayuda, mientras que el 21.8% tuvo acceso a apoyo (“Alarmantes cifras”, 2003:1), de igual forma se encontró un 77% de mujeres en el total de víctimas con una edad promedio del 5.7. En todos los casos la víctima conocía al agresor: hermano (19%), pa- drastro (18%), tío (16%), y padre (15%) (2003:1).
gráfica 4 agresores conocidos
El Instituto Federal Electoral ha realizado consultas infantiles y juveni-
les desde 1997, sin embargo es hasta la consulta realizada en 2003 cuando se incluyen cuestionamientos relativos al abuso sexual. De acuerdo con la Encuesta Infantil y Juvenil realizada por el Instituto Federal Electoral en 2003, el maltrato infantil que más se presenta en nues-
tro país son los insultos, los golpes y el abuso, este último en un 3.5 % tanto en la escuela como en la familia. 25
El maltrato infantil en la familia presenta porcentajes más altos en los es-
tados de: Chiapas, Durango, Oaxaca, Guerrero y Nayarit. En el caso de las
escuelas los niños reportan un mayor maltrato en: Guerrero, Oaxaca, Chia- pas, Guanajuato y Durango.
A continuación presentamos porcentajes de los estados que reportan
mayor maltrato infantil en la modalidad de abuso:
cuadro 7 maltrato infantil en méxico 1999-2004
En la familia abusan de mi cuerpo
En la escuela abusan de mi cuerpo
Chiapas 6.4%
Chiapas 7.3 %
Durango 5.8%
Durango 6.2 %
Oaxaca 5.5%
Oaxaca 5.9%
Guerrero 5.0%
Guerrero 5.2%
Nayarit 5.0%
Guanajuato 4.6%
Promedio nacional 3.4%
fuente: Red por los derechos de la infancia mexicana, Infancia mexicana rostro de la desigualdad. Informe Alternativo para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 1999-2004, p. 90.
Entre 1997 y 2003 fueron denunciadas 53 mil violaciones cometidas contra menores de edad en la República mexicana. Esto equivale a un pro- medio de 7,600 violaciones por año (Secretaría de Salud, 2006:36). Sin embargo, el total de personas consignadas por abusos sexuales da cuenta de los niveles de impunidad ya comentados: en 2002, 1,161 personas fueron consignadas por este delito a nivel nacional (2006:37).
25 Red por los derechos de la infancia, Infancia mexicana rostro de la desigualdad. Informe Al- ternativo para el Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas 1999-2004, pp. 89 y 90. La Red por los Derechos de la Infancia surge en el año 2001 e integra 58 organi- zaciones y redes temáticas de 13 estados de la República. El documento que se menciona es el primer informe alternativo que presenta al Comité de los Derechos del Niño de la onu e integra investigaciones y consultas con organizaciones no gubernamentales y especialistas en el tema de los derechos y la situación de la infancia en México. Constituye un valioso ejercicio de seguimiento y monitoreo de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestro país.
La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF, 2011) incluye dentro de su informe estadístico delictivo, las averiguaciones previas iniciadas “por delitos de bajo impacto social”. Dentro de la categoría de de- litos sexuales incluye abuso sexual, hostigamiento y estupro. A continuación se especifican las cifras de 2010 y 2011:
cuadro 8 Procuraduría general de justicia del distrito federal delitos sexuales 2010-2011
fuente: elaboración propia con base en los datos estadísticos que se presentan en la página electrónica (PGJDF; 2011).
Otro dato revelador que complementa lo ya expuesto es el aumento de suicidios de niñas de entre 10 y 14 años en México, según datos del Censo 2010 de inegi (aumenta suicidio, 2011:1). La tasa de suicidios de la pobla- ción general asciende a un 5%; la de hombres de 20 a 24 años es de 4.1%; la de mujeres de entre 15 y 19 años es de 6.5% y la de niños de 10 a 14 años es de 5.5%, mientras que las niñas del mismo rango de edad alcanzó un 11.7%.
gráfica 5 tasas de suicidio (inegi 2010)
IV. silencio e imPunidad que inhabilita:
Con todas las dificultades que implica no contar con un amplio sistema de información uniforme y confiable a nivel nacional, hemos mirado ya el pano- rama general que priva en torno al abuso sexual infantil en México. Podemos destacar dos palabras que resultan una constante en el pano- rama narrado, incluso a nivel internacional: impunidad y discriminación. Jorge Bustamante define a la impunidad como la ausencia de costos económicos, sociales o políticos de quien viola los derechos humanos (Bus- tamante, 1998:8). El Sistema de índices e indicadores en seguridad pública define el tér- mino como “la falta de efectividad de las instituciones para infringir costos efectivos a las personas que delinquen (SIISP, 2008). Lo cierto es que el problema persiste y quienes adolecen el delito son personas vulnerables que en la mayoría de los casos, como hemos visto, su- fren daños a su dignidad por parte de quienes debieran ser sus protectores, cuidadores, maestros o “guías espirituales”. El abuso sexual infantil constituye, al menos, la violación de dos dere- chos fundamentales: el derecho a la integridad física o personal y el derecho al pleno desarrollo de la personalidad. El primer derecho alude al respeto del contenido esencial del derecho a la integridad personal, “tanto en lo que respecta al ámbito físico, como en lo que atañe al ámbito espiritual y síquico de la persona, transita entre aquellos atributos que constituyen la esencia mínima imperturbable de la esfera subjetiva del individuo” (Sar Suárez, O., 2011:1). Adicionalmente, existen dos derechos violentados por la impunidad: el derecho a la protección contra el abuso sexual y el derecho a ser escuchado. Siempre que se vulnera un derecho se incurre en discriminación, por ello el abuso sexual infantil denota una gran discriminación de las personas menores de 18 años, donde la igualdad, dignidad y libertad de este grupo etario se ven severamente vulnerados. Quienes cometen este tipo de delitos sexuales inciden en una forma de discriminación directa al realizar un acto intencionado, pero el Estado mexicano incurre en discriminación indirecta al evadir, obviar o ignorar la necesidad de realizar medidas para prevenir, sancionar y combatir dichos delitos. Existe además, en nuestro país, dentro del abuso sexual infantil un pro- blema de discriminación múltiple (Rey Martínez, Fernando, 2011:65) para
niños y niñas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes de grupos étni- cos y niñas con características específicas referidas a origen étnico racial, discapacidad y edad. Como hemos mencionado, las niñas de entre 5 y 14 años de edad son las más vulnerables frente al abuso sexual infantil. Y los componentes de origen étnico o racial profundizan la exclusión o restricción para el ejercicio pleno de derechos y libertades fundamentales frente a los delitos sexuales que se cometen contra ellas. En ese sentido, el Estado mexicano está obligado a la acción positiva para la prevención, sanción y combate con acciones integrales que protejan de manera efectiva y específica a las personas menores de 18 años. David Finkelhor, experto internacional en prevención del maltrato in- fantil, plantea desde 1999, la necesidad de contar con datos epidemiológi- cos sólidos que permitan la elaboración de programas de prevención a nivel local (OPS y OMS, 2002:viii).
Para mí, padre, la desgracia y tortura mo- ral de mi vida comenzó en aquella noche
de diciembre de 1949. Con la excusa de sus
dolores, usted me ordena quedarme en su cama… Yo aún no cumplía trece años… en aquella noche, en medio de mi terrible con-
fusión y angustia, desgarró por vez primera
mi virginidad varonil (González, 2006:373).
La historia de Marcial Maciel es una historia de silencio e impunidad. De abuso de poder clerical contra personas de entre 13 y 18 años de edad. Resulta un caso paradigmático de lo que parece repetirse en diferentes esta- dos de la República y en diferentes partes del mundo. Fue víctima de abuso y maltratos en la infancia: “las razones del maltra- to no son claras, aunque circulan rumores entre algunos ex legionarios de que Maciel había sido violado por unos rancheros y por eso era mal visto por algunos hermanos, inmersos en una cultura machista y por lo tanto de desprecio a una supuesta homosexualidad de Maciel” (González M., Fer- nando, 2006:67).
Tenía cinco años. Mi mamá lavaba ropa ajena. Nos quedábamos en la casa de mi abuela. Ella tenía una chica que nos cuidaba. Un día nos dijo que nos subiéramos a la cama y el que se cayera se quitaba una prenda. Le dijo a mi hermanita que se fuera, «tú vete a jugar por allá», ordenó. Yo seguí jugando, me quité la chamarra, el pantalón, la camisa hasta que me que- dé desnudo. Ella hizo lo mismo. Me dijo que no le dijera nada a mi mamá porque me iba a castigar. Empezó hacerme cosas y no dije nada por miedo. Pero ésta no fue la única ocasión. Mi mamá a veces nos llevaba a las casas donde iba a lavar. Un día, uno de los hijos de la señora de la casa se me acercó. Tenía 18 años. “¿Qué andas haciendo?”, me preguntó. Yo tenía seis años y medio y le contesté “estoy jugando”. El me acusó de haber agarrado algo y me amenazó con acusarme. “No agarré nada”, le respondí a punto de llorar. Me llevó a la recámara. Se puso atrás de mí, me amenazó que su mamá iba a correr a mi mamá; me bajó los pantalones y me violó, recuerda con tristeza. Mi peor error fue nunca haberle dicho a mi mamá. Se me que- dó un vacío. Aún a mis 39 años añoro esa parte de mi infancia que perdí, dice Fernando (La cifra negra…, 2009:1).
“Quiero que sepa que sí me hizo daño, y también quiero que sepa que sí lo quise mu- cho… y también quiero que sepa que no lo voy a perdonar nunca.Me robó mi infancia, me obligo a vivir algo que no tenía que vivir en ese momento” (Sánchez, A., 2008).
A la edad de 12 años Jesús ingresó como acólito del padre Carlos López Valdez en una Iglesia de la delegación Tlalpan. 26 Apoyado por la madre, su sueño era ser sacerdote. Sufrió abuso sexual casi por cinco años, “las per- sonas que se quieren mucho así se muestran su cariño” le dijo el sacerdote López Valdez. Nunca lo reveló a nadie, “tenía miedo que pensaran que yo lo había provocado”.
26 La narración se realizó con base en el documental titulado Agnus Dei, de Alejandra Sánchez realizado en coproducción entre México y Francia con el apoyo de Conaculta, y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Jesús pasaba mucho tiempo con el padre, “desde que fui a la Iglesia me alejé mucho de mis papás, como que tenía que cumplir con el destino im-
puesto por la familia”. A los 18 años terminó el abuso, pero él se dio cuenta que el padre hacía lo mismo con otros niños, siguió callando, se sentía atra- pado. Después de años decide encarar al párroco y lo busca, con grandes difi- cultades al enfrentarse con la complicidad de miembros de la propia Iglesia
y la apatía de la justicia aun cuando contaba con fotografías pornográficas de su persona cuando era niño tomadas por el propio padre. “Hace más de un año se declaró inocente”, le comentaron durante su búsqueda en dife- rentes parroquias. Hasta el momento en que fue terminado el documental,
el padre López Valdez seguía libre, oficiando en diferentes iglesias de la ciu-
dad de México (Agnus Dei, 2008).
Para ella, como para muchas madres, el camino ha sido muy doloro- so. Desde 2007, emprendió un espinoso camino para lograr que se hiciera justicia a su pequeño, quien en ese entonces tenía tres años. Tras pruebas realizadas al menor, tanto físicas como psicológicas y una lucha constante contra la indiferencia de autoridades del colegio, logró que se ejerciera ac- ción penal en contra de quien su niño llamaba «La Lore». En la actualidad, Cristy y su familia están a la espera de que se dicte sentencia en contra de esta persona, quien desde 2007, se encuentra presa en el reclusorio femenil de Santa Martha Acatitla (Urgen a erradicar…, 2011:1).
EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIñAS, NIñOS Y LOS ADOLESCENTES Y LA DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL
El diagnóstico de los derechos humanos en México considera que las perso- nas se encuentran en situación de vulnerabilidad cuando: con base en carac- terísticas y factores inherentes al sujeto de derechos no reciben la suficiente atención estatal. El Estado o integrantes de éste cometen violaciones a sus derechos por acción u omisión, o bien porque la sociedad desconoce la gra- vedad de la situación que determinado grupo social experimenta (OACNU- DH, 2003:161). Jorge A. Bustamante define el término vulnerabilidad como “falta de po- der” como un problema artificial o impuesto a una persona o grupo de perso- nas por parte de la estructura de poder en un país (1998:28). Amplios secto- res de las personas menores de 18 años en México presentan características que los hacen vulnerables por las circunstancias detalladas anteriormente. En principio, aunque la pobreza no es un factor determinante del abuso se- xual infantil es un problema nacional que enmarca la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. El Informe Alternativo para el Comité de los Derechos del Niño (Red por los Derechos de la Infancia, 2005:10) presenta las siguientes cifras: du- rante 2000 se registraron 38,707,777 millones de niñas, niños y adolescen- tes (INEGI, Censo 2000), durante el 2003 la población de personas menores de 17 años alcanzó “un poco más de 39 millones” es decir el 37.65% de la población nacional. Del mismo modo, dicho informe, con base en el censo mencionado especifica que 16,478,600 menores de 17 años, el 42.6% del total de la población de esta edad, vive en hogares “cuyo ingreso familiar era de dos salarios mínimos o menos”. El propio Diagnóstico de los Derechos Humanos en México menciona más de 40 millones de niñas, niños y adolescentes durante 2003 (Conapo); 21,424,402 del género masculino y 21,154,706 mujeres. De ellos se regis- tran 24.7 millones menores de 17 años que viven en pobreza y en condi-
ciones que no les permite tener una vida digna con sus necesidades básicas resueltas (166). La violencia en la familia es un problema ligado íntimamente con la vulnerabilidad de los niñas, niños y adolescentes. Una de cada tres familias en nuestro país vive violencia y “hasta un 50% ha enfrentado casos de vio- lencia en algún momento” (165). En este contexto de violencia familiar los niños, niñas y adolescentes son especialmente vulnerados por las peculiari- dades de su condición. La característica que los integra como grupo: la edad, es pasajera, su condición de seres en desarrollo los ubica en circunstancias especiales al no ejercer plenamente su autonomía y personalidad jurídica. El paradigma que los distingue como verdaderos sujetos de derechos es reciente, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene 22 años, mien- tras que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada hace 63 años. La Convención sobre los Derechos del Niño es en sí misma un reconocimiento explícito de la situación de vulnerabilidad que enfrentan ni- ñas, niños y adolescentes y establece derechos que corresponden a todas las personas, así como derechos específicos a este grupo etario pero sobre todo, una doctrina cuya aplicación implica el reconocimiento de los integrantes de este grupo como sujetos de derechos. En efecto, recordemos que los tratados en materia de derechos huma- nos reconocen derechos a los seres humanos frente al Estado, por lo cual los Estados tienen obligaciones internacionales frente a quienes habitan en su jurisdicción. En este caso nos referimos a las personas menores de 18 años, como los define la Convención sobre los Derechos del Niño y cuya digni- dad debe ser protegida incluso con medidas especiales, como veremos más adelante, en virtud de las características inherentes a su edad, las cuales son estigmatizadas, estereotipadas, o denigradas hasta afectar incluso el ejerci- cio legítimo de sus derechos fundamentales. Respetar, proteger, garantizar y prevenir son obligaciones estatales de cara a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes. Donde el pri- mer verbo supone una exigencia inmediata al Estado de no hacer. La pro- tección implica la fiscalización o supervisión estatal para el pleno ejercicio de los derechos humanos. Garantizar incluye una obligación del Estado que no se agota en la emisión de medidas legislativas sino que conlleva diferen- tes actividades para el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos como prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier vulneración (Serrano y Vázquez, 2010:84). Cecilia Medina Quiroga en su análisis sobre la Convención America- na asegura que los tratados no sólo definen derechos y obligaciones de los
Estados parte, sino establecen todo un “sistema para la dignidad humana” de ahí que deba privar el principio pro homine (Medina Quiroga, Cecilia, 2003:18); diríamos aquí, en referencia a nuestro sujeto de derechos, el inte- rés superior del niño. En ese sentido, el Estado mexicano debe respetar, entre otros derechos, el derecho de los niños, niñas y adolescentes a la vida y a la integridad física (obligación de abstención) y debe también garantizar sus derechos al pleno desarrollo de la personalidad, a ser escuchados y no ser objeto de ninguna forma de violencia mediante acciones (obligación de acción) que aseguren las condiciones para ejercerlos y gozarlos. Respecto a la problemática de la explotación y al abuso sexual, la interven- ción estatal se ha visto limitada en gran medida por la prevalencia de una vi- sión que se niega a considerarlos como sujetos de derechos con necesidades de protección especial, y en casos específicos con grandes necesidades de medidas afirmativas para eliminar el fenómeno de discriminación e incluso doble discri- minación como sucede con: niñas, niños y adolescentes indígenas, migrantes, migrantes no acompañados, y con discapacidades, entre otros. ¿De qué manera el derecho internacional de los derechos humanos ha abordado o visibilizado el problema del abuso sexual infantil? y ¿cuáles son las obligaciones que ha adquirido el Estado mexicano en relación al tema? Para contestar ambas preguntas revisaremos parte del Corpus Juris del siste- ma universal y del sistema interamericano. Iniciaremos con la definición del modelo que es necesario “desarmar”, como asegura Mary Beloff (1998:9): la doctrina de la situación irregular. Evaluaremos si ésta es o no la visión y forma de tutela que priva en nuestro país en el caso del abuso sexual infantil. Asimismo, definiremos los índices o estándares del derecho internacio- nal de los derechos humanos de los niños, las niñas y adolescentes, respecto al fenómeno del abuso sexual infantil, mismos que permitirán confrontar el sistema normativo nacional y constatar si atiende los principios que enarbo- la el paradigma iniciado por la Convención Sobre los Derechos de los Niños o prevalecen los principios de la doctrina de la situación irregular. Para ello se considera en primer término el sistema universal de los ddhh con la Convención de los Derechos del Niño (CDN), documento que constituye la herramienta normativa fundamental del paradigma que mira a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Del mismo modo, se analizará el Corpus Juris del sistema interamericano de derechos humanos y los aportes del Parlamento Europeo. Resulta nece- sario mencionar los avances del Parlamento Europeo en la materia ya que se han impulsado importantes iniciativas para prevenir y combatir especí-
ficamente el problema que nos ocupa. En este último caso, aun cuando la normativa internacional no constituye una fuente de obligaciones para el Estado mexicano, ofrece importantes herramientas conceptuales y de aná- lisis en materia de abuso sexual infantil.
I. una tutela que deshabilita e invisibiliza:
¿Qué es la doctrina de la situación irregular? ¿Qué implicaciones conlleva esta visión en la relación que establece el Estado mexicano de cara a las per- sonas menores de 18 años? Considero que resulta importante responder a estos cuestionamientos antes de iniciar el análisis de las obligaciones del Estado mexicano respecto al abuso sexual infantil en el ámbito internacional con el fin de constatar si en efecto la normativa nacional responde aún a criterios inherentes a esta doctrina, no obstante que ha suscrito tratados que implican la invalidación de tal perspectiva. El principio de la situación irregular surge en el ámbito judicial como una forma de relación entre el Estado y las personas con menos de 18 años, aunque no se incluye en la frase “personas menores de 18 años” al universo de este grupo etario, sino sólo al grupo de “menores” que no pertenecen a una familia normal o adecuada (propietaria) y que por tanto enfrentan situaciones adversas por lo que son etiquetados, 27 en el mejor de los casos como “objetos de protección”. De acuerdo con Emilio García Méndez (2007:22), los elementos que caracterizan la doctrina de la situación irregular, entre otros, son:
— La diferenciación niños-adolescentes y menores, mirando a los se- gundos como carentes de los derechos básicos para una vida plena como son la familia, la educación y la salud.
— La centralización del poder en torno al juez de menores.
27 Recordemos el término que propone Jorge Bustamante para definir el fenómeno de cosificación hacia los grupos vulnerables en su análisis de la situación que viven los mi- grantes. Ante la imposibilidad de ser entendidos desde la situación difícil o específica que viven los grupos, son víctimas de prejuicios, esto provoca la imposibilidad de comprensión y apoyo desde la situación específica y real que presentan y por lo tanto constituye un daño a su dignidad como personas al negar y suplantar la verdadera esencia y circunstancia de su ser. La falta de respeto, de reconocimiento y valorización del otro como ser humano genera el fenómeno de etiquetado. “Etiquetar” como desviada a una persona es un acto de poder según Bustamante (1998: 29).
— La criminalización de la pobreza.
— La visión de los menores como objetos de protección, en el mejor de los casos.
En efecto la doctrina de la situación irregular surge a partir de la prime- ra relación que establece el Estado con “los menores de edad” en circuns- tancias adversas o difíciles de subsistencia, de ahí que esta relación se ubique en el ámbito judicial debido a la criminalización que sufren las personas menores de 18 años que no cuentan con las condiciones necesarias para un adecuado desarrollo físico y mental, es decir, una familia “funcional”, servi- cios de salud y educativos. Estas circunstancias provocan que la figura central en la resolución de los conflictos inherentes a “los menores” sea precisamente el juez de meno- res, quien asume íntegramente y de manera discrecional la función de “pro- teger” al “menor” quien se ve reducido a un objeto de protección. Resulta importante destacar el hecho de que tal doctrina se desarrolla ampliamente en América Latina y de hecho, como se plantea en la hipótesis de esta investigación, legislaciones y políticas públicas de la región todavía limitan el reconocimiento y la efectividad de los derechos de niñas, niños y adolescentes, aunque debemos reconocer que afortunadamente ha pre- dominado la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los sistemas jurídicos, en detrimento de la visión asistencialista y tutelar (Beloff, M., 1998:10).
La doctrina de la protección integral (DPI) se planteó a partir del marco legal internacional con el objetivo de promover el ejercicio pleno de derechos de la infancia. En virtud de que, como lo hemos visto anteriormente, la especifici- dad jurídica de los niños y niñas parte del ámbito penal, la DPI integra cuatro herramientas jurídicas elementales (García Méndez, Emilio, 2007:17 y 29):
— La Convención sobre los Derechos del Niño.
— Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia juvenil (Reglas de Beijing).
— Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para los jóvenes priva- dos de Libertad.
— Las Directrices de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Directrices de Riad).
No obstante, existe consenso general en considerar a la Convención como el documento que integra el marco general del nuevo paradigma y que plantea toda una nueva visión que se contrapone a la doctrina de la si- tuación irregular (dsi). Daniel O’Donnell considera que la mayor contribu- ción de la Convención al Derecho Internacional de los Derechos Humanos se refiere a dos principios (2004:1):
1) Los niños y niñas como objetos del derecho a la protección especial. 2) Los niños y niñas como sujetos de todos los demás derechos que son reconocidos a nivel internacional para todos los seres humanos.
A partir de ahí señala que son tres los elementos que caracterizan a la
— Considerar a los niños y niñas como sujetos de derechos.
— El derecho a la protección especial.
— El derecho a condiciones de vida que promuevan su desarrollo in- tegral.
A continuación se presenta un cuadro que contiene las diferencias entre
la doctrina de la situación irregular y la doctrina de la protección integral, así como el tránsito entre ambos modelos donde se destacan los elementos sustantivos que nos permitirán analizar la situación que priva en el sistema
normativo mexicano.
El universo que integra se limita a infancia y adolescencia vulnerable que denomina “menores”. La respuesta a las situaciones críticas que viven es judicial.
Los menores son objeto de la justicia penal.
Ante un “peligro material o moral” el juez interviene para “disponer del menor” tomando la medida que crea conveniente y “de duración indeterminada”.
La infancia y adolescencia son todas las personas menores de 18 años.
La infancia y la adolescencia mas allá de su situación específica es sujeto de derechos y el Estado debe respetarlos, protegerlos y garantizarlos.
El juez participa sólo en situaciones jurídicas o penales, “no puede tomar cualquier medida y si lo hace debe tener duración determinada.
El Estado interviene a través del “patronato” (sistema judicial) como un “patrón que dispone de la vida del menor.
El Estado es promotor del bienestar infantil y de la adolescencia a través de políticas sociales planificadas con la participación de los niños y la comunidad.
“El sistema judicial trata los problemas asistenciales o jurídicos, sean civiles o penales, a través del juez de menores”.
Jueces de lo civil y de lo penal atienden los casos dependiendo de la materia de que se trate. Los temas asistenciales son tratados por órganos multisectoriales descentralizados localmente.
Además del abandono por ausencia de los padres reconoce la posibilidad de separación de menores y familia por razones de pobreza.
La situación socioeconómica no amerita la separación de infantes y familia, por el contrario el Estado debe apoyar mediante programas de salud, alimentación y educación.
El juez puede resolver respecto al destino del menor sin considerar la opinión de los involucrados.
Organismos encargados de la protec-
ción especial tienen la obligación de escuchar a los niños vulnerables bajo
perspectiva del interés superior del
Es posible la violación de los derechos fundamentales del menor por tiempo indeterminado bajo el argumento de “peligro material o moral”.
Sólo se puede restringir la libertad del infante o adolescente si ha cometido infracción grave y reiterada a la ley penal. Cuenta con las garantías del debido proceso.
El menor que comete delito no
Garantías del debido proceso que
incluye la posibilidad de ser escuchado, ser defendido,
no puede ser privado de su libertad si
Los menores víctimas de un delito y los menores infractores reciben el mismo tratamiento judicial descrito anteriormente.
Los niños, niñas y adolescentes víctimas del delito no son objeto de tratamiento judicial sino sujeto de garantías. Se busca eliminar la victimización y la actuación pronta y efectiva de la justicia frente al victimario.
fuente: elaboración propia con base en (UNICEF, 1994:1).
El Código de la infancia y la adolescencia o Ley 1098 de 2006 (noviem- bre 8) de Colombia, 28 titula su libro 1o. La protección integral y determina que
28 La Ley de infancia y adolescencia fue aprobada por el Senado de la República el 30 de agosto de 2006, es una ley relevante por su alcance: queda garantizado el derecho a la salud y a la educación. Los niños infractores menores de 14 deben ser internados en centros espe- ciales y no con adultos, los medios difunden nombres y fotografías de quienes cometen abuso
la “protección integral de los niños, niñas y adolescentes” es “el reconoci- miento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mis- mos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su res- tablecimiento inmediato, en desarrollo del principio del interés superior”. 29 El segundo párrafo resulta sumamente interesante por dos razones: es- tablece la manera de materializar el principio de protección integral. Ya que, indica que será a partir de “políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos: nacional, departamental, distrital y municipal” y determina que deberá ser con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Ambos elementos tienen que ver con el establecimiento de condiciones que permitan la efectividad de los derechos, así como una estrategia unifor- me de aplicación en todo el territorio nacional y recursos materiales, huma- nos y monetarios que aporten posibilidades de concreción a programas y políticas públicas destinadas a tal fin. Para efectos de nuestra investigación, también resulta pertinente desta- car cuatro conceptos que la legislación colombiana contempla como parte de la doctrina de la protección integral o relacionada a ésta:
cuadro 10 elementos de la doctrina de la Protección integral en la legislación colomobiana
Interés superios de los niños, niñas y adolescentes
Imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos los derechos humanos de este grupo etario ya que son universales, prevalentes e interdependientes.
Lo define como “acto, decisión o medida que deba adoptarse en relación con niñas, niños, y adolescentes, en especial si existe conflicto entre derechos fundamentales. En este caso se aplica la norma más favorable al interés superior del niño.
sexual infantil, los asuntos sobre personas menores de 18 deben ser prioridad para los muni- cipios y gobernaciones, en cada municipio existe un “Defensor de la Familia”, ningún niño, niña o adolescente puede ser interrogado por un juez sin la presencia del defensor de familia, ningún beneficio para adultos acusados de delitos sexuales contra menores, la educación es gratuita hasta el noveno grado. Asimismo, se reconoce la participación de la alianza por la niñez colombiana en los logros en materia de derechos humanos de las personas menores de 18 años.
http:www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.htm/.
Es la confluencia de “actores” y “acciones” para la garantía de los derechos. La familia, sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección. Un elemento importante es que los conceptos de corresponsabilidad y concurrencia se aplican también a “todos los sectores e instituciones del Estado”.
Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para iniciar las acciones judiciales o procedimientos administrativos a favor de la infancia, cualquier persona puede exigir de la autoridad competente el cumplimiento y el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. El Estado tiene la responsabilidad inexcusable de actuar oportunamente para garantizar la realización, protección y el restablecimiento de los derechos infantiles.
fuente: elaboración propia con base en la Ley 1098 de 2006 (noviembre 8) de Colombia.
Los instrumentos que servirán como base para el análisis de las obligaciones suscritas por el Estado mexicano son: la Convención sobre los Derechos del Niño, en adelante Convención; el Protocolo facultativo 30 de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía, los informes de los relatores espe- ciales sobre este tema, y las Observaciones del propio Comité de los Derechos del Niño, 31 específicamente las que abordan el tema de las medidas especiales de protección y los principios generales (núm. 5), así como las observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño respecto del último informe del Estado mexicano relativo al protocolo facultativo ya mencionado. En particular nos referiremos a la Observación general núm. 12 relativa al derecho de los niños a ser escuchados, a la Observación general núm. 13 acerca del derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma de violencia, cuyo fundamento es precisamente el artículo 19 de la Convención, que alu-
30 Se conoce como protocolo facultativo o protocolo opcional al instrumento jurídico ad- junto a una convención o pacto que introduce, amplía o analiza elementos no considerados en dichos documentos. Igual que las convenciones o pactos está sujeto a la ratificación de los Estados que han suscrito previamente el documento inicial. Se denomina facultativo u opcional ya que los Estados parte no están obligados a su ratificación aunque lo hayan hecho así con el pacto o convención, pero una vez que lo ratifican es vinculante.
31 El Comité de los Derechos del Niño es el órgano de supervisión que analiza, a través de informes y recomendaciones el cumplimiento de las obligaciones suscritas por los Estados parte en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Se considera un mecanismo de justiciabilidad cuasi jurisdiccional.
de al abuso sexual infantil como una forma de violencia contra las personas menores de 18 años. Finalmente, se incluye la Convención para la Eliminación de To - das las Formas de Violencia contra la Mujer (CEDAW), la Conven- ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación con- tra la Mujer y su protocolo facultativo, así como la Recomendación núm. 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en la que se define la violencia contra el género femenino como una forma de discriminación. Todos los instrumentos internacionales nos permiten fundamentar la necesidad de prevención, protección y medidas especiales para las niñas y adolescentes como un grupo especialmente vul- nerado por la violencia sexual, específicamente la problemática del abuso sexual infantil. Es importante destacar el hecho de que en el sistema universal de los derechos son escasas las alusiones específicas al abuso sexual infantil, en los ámbitos más cercanos de las niñas, niños y adolescentes, y predomina la atención en la venta de personas menores de 18 años, la pornografía infantil y la explotación sexual comercial.
En 1989, la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención sobre los Derechos de los Niños, así como el Protocolo Facultativo de la Conven- ción sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía. La Convención sobre los Derechos del Niño fue suscrita por el Estado mexicano el 26 de enero de 1990 y ratificada el 21 de septiembre del mismo año (OACNUDH). El preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) recuerda con base en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) que:
— “La infancia tiene derecho a cuidados y asistencia especiales”, de- bido a la falta de madurez física y mental los niños necesitan pro- tección y cuidados especiales así como “debida protección legal”.
— La familia como célula de la sociedad o grupo primigenio, debe proveer protección y asistencia para el pleno y armonioso desarro- llo de la personalidad infantil.
— Los niños deben ser educados de acuerdo con los principios de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
Asimismo, reconoce la existencia de niños que viven en condiciones ex- cepcionalmente difíciles para quienes es necesario proveer condiciones espe- ciales. El artículo 16 aborda el derecho de los niños a la protección de la ley contra “injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada” así como con- tra “ataques ilegales a su honra y reputación”. Más adelante establece como obligación de los Estados parte adoptar “las medidas legislativas, adminis- trativas, sociales y educativas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual” (artículo 19). Del mismo modo defi- ne la obligación de desarrollar medidas de “protección” y “otras formas de prevención” que a continuación se especifican:
cuadro 11 medidas de Protección, Prevención y Posteriores, cdn
Programas sociales para niños, niñas y adolescentes.
Programas sociales para personas al cuidado.
Bases de datos con información completa y fidedigna.
Formulación y aplicación de políticas, servicios y programas
Remisión a Institución.
Investigación y tratamiento ulterior de casos.
f) Recuperación física y psicológica.
fuente: elaboración propia con base en la Convención sobre los Derechos de los Niños.
De acuerdo con la norma internacional invocada, el compromiso esta- tal de protección contra la explotación y el abuso sexual implica tomar las medidas pertinentes de carácter nacional, bilateral, y/o multilateral reque- ridas con el fin de “impedir la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal”. Los Estados parte de la Convención también están obligados a desarro- llar las medidas apropiadas para promover la recuperación física, psicológi- ca así como la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abuso. El proceso de “recuperación y reintegración” debe efectuarse en
un ambiente sano que promueva en las niñas y los niños víctimas el respeto
a sí mismos y a su dignidad (artículo 39).
El derecho a la información de los niños es un derecho que obliga a los Estados parte, ya que deberán promover el acceso y el conocimiento infantil
a la información y los materiales que promuevan su bienestar social, espiri- tual así como su salud física y mental.
A. Principios generales y medidas especiales de aplicación:
la observación general núm. 5 del Comité de los Derechos del Niño
La Observación general núm. 5 del Comité de los Derechos del Niño tiene como propósito fundamental detallar las obligaciones de los Estados parte respecto de las medidas generales de aplicación. Es un tema básico puesto que plantea los lineamientos generales para la debida ejecución del instrumento internacional correspondiente. Establece que “cuando un Es- tado ratifica la Convención sobre los Derechos del Niño, asume en virtud
del derecho internacional la obligación de aplicarla”. El Comité acepta que en los exámenes periódicos se otorga especial én- fasis a las medidas especiales de aplicación. Constituyen pues una serie de lineamientos fundamentales de aplicación donde define esta palabra “como
el proceso en virtud del cual los Estados parte toman medidas para garanti-
zar la efectividad de todos los derechos reconocidos en la Convención a todos los niños situados en su jurisdicción”. 32 Esta aplicación o realización de medidas incluye procesos administrati- vos, legislativos o de otro carácter (artículo 4o.) que impliquen la efectividad de todos los derechos que integran la Convención. Aun cuando el Estado asume las obligaciones suscritas resulta impor- tante destacar que el proceso de aplicación es decir “la labor de traducir a la realidad los derechos humanos” de niños, niñas y adolescentes es también un reto y responsabilidad para toda la sociedad incluso de los propios niños, niñas y adolescentes. El imperativo categórico, en términos generales, es que toda la legislación interna sea compatible con la Convención mediante el “establecimiento de estruc- turas especiales” y la realización de actividades de supervisión y formación en todos los niveles de gobierno, los congresos y la judicatura.
Dentro de las medidas generales de aplicación el Comité también defi- ne las obligaciones generales en materia de aplicación. La primera de ellas tiene que ver con la igualdad y no discriminación en la aplicación de los
32 Las cursivas son nuestras.
derechos inherentes a menores de 18 años. Se refiere al artículo 2o.: “Los Estados parte respetarán los derechos enunciados en la Convención y ase- gurarán a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna…”. Asimismo, el artículo 3o., párrafo 2, constituye una obligación general para el Estado mexicano: “los Estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y cuidados que sean necesarios para su bienestar”. En virtud de “la realización progresiva” y ante la falta de recursos finan- cieros o de otro tipo los Estados parte están obligados a adoptar medidas hasta el máximo de recursos con los que cuentan. 33 La finalidad de las medidas generales de aplicación es promover el ple- no disfrute de todos los derechos reconocidos en la Convención para todos los niños. En concreto se mencionan las siguientes:
— Disposiciones legislativas.
— Órganos de coordinación.
— Órganos de supervisión gubernamentales e independientes.
— Reunión de datos “de gran alcance”.
— Concientización.
— Formulación y aplicación de políticas, servicios y programas ade- cuados.
Como principios generales de la Convención el Comité reconoce los ar- tículos 2o. y 3o. párrafo 1, 6 y 12. El artículo 2o. obliga a México a proteger a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, lo que implica el deber de no discriminación, además de que los Estados parte deben identificar a los niños o grupos de niños cuyo reconocimiento y efectividad de derechos exijan la adopción de medidas especiales. ¿Qué supone la adopción de medidas especiales para niños, niñas o adolescentes o de grupos vulnerables al abuso sexual infantil? Supondría la consideración de acciones de prevención y protección para eliminar la dis- criminación de los grupos más vulnerables frente al problema. Esta reflexión nos plantea dos elementos que merecen atención y cuida- do: primero que estas medidas no se traduzcan en la dotación de recursos económicos sino que contribuyan a cambios estructurales benéficos para los
33 El didh integra artículos similares al artículo 4o. de la Convención que abordan obligaciones generales para la aplicación como es el caso del artículo 2o. del PIDCP y del PIDESyC. Los Comités respectivos han elaborado observaciones generales que deben con- siderarse complementarios gracias a la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos.
grupos de niños que son especialmente susceptibles como el goce efectivo de sus derechos para la vida digna, y en segundo término evitar medidas que a su vez resulten discriminatorias. Acciones afirmativas son:
…estrategias destinadas a establecer la igualdad de oportunidades, por me- dio de medidas que compensen o corrijan las discriminaciones resultantes de prácticas o sistemas sociales. Tienen carácter temporal, están justificadas por la existencia de la discriminación secular contra grupos de personas y resultan de la voluntad política de superarla (Suplecy, 1996:4-1, citada en De Barbieri, García, 2002:1).
La definición mencionada nos permite deducir que sería necesario con- tar con medidas que corrijan la discriminación persistente en el abuso se- xual infantil por razones de edad y sexo, puesto que el mismo conlleva, entre otras dimensiones, a un problema de discriminación. De hecho el abuso sexual infantil es producto de la discriminación sí consideramos que este fenómeno se describe como una forma de distinción o exclusión que atenta contra los derechos y libertades fundamentales de un grupo específico. En este caso la distinción para infringir una forma de violencia sexual se basa en las características del sujeto pasivo inherentes a la edad y el sexo. Adicionalmente existen grupos de niños, niñas y adolescentes especial- mente vulnerables al tipo de violencia sexual que nos ocupa por sus caracte- rísticas o por las condiciones de existencia que presentan, por ello el Estado mexicano está obligado a desarrollar medidas especiales para las niñas de 5 a 13 años, los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, los migrantes no acompañados, y en situación de calle y reclusión u orfandad.
B. El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en pornografía fue firmado por México el 7 de septiembre de 2000 y ratificado el 15 de marzo de 2002 (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos). Este documento muestra el énfasis que se da a la explotación sexual co- mercial en el sistema universal de los derechos humanos ya que, en efecto, la explotación sexual comercial constituye una forma de abuso sexual infantil,
pero cabe señalar que no todas las tipologías de abuso sexual infantil cons- tituyen una forma de explotación sexual comercial. Aunque el protocolo facultativo aborda específicamente la venta de ni- ños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía, estable- ce criterios aplicables al abuso sexual infantil como una forma de violencia sexual. El documento plantea la necesidad de adoptar un enfoque global para enfrentar los factores que contribuyen a tales fenómenos. Es decir “el subdesarrollo, la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación… la discriminación por motivo de sexo [y] el comportamiento irresponsable de los adultos…”. La perspectiva teórica de Iris Marion Young (2000) a partir del térmi- no opresión aporta herramientas conceptuales valiosas para analizar los factores de abuso sexual infantil mencionados anteriormente. La autora define a la opresión como un conjunto de fenómenos estructurales que in- movilizan y disminuyen a un grupo determinado a partir de las desventajas o injusticias que sufren como producto de prácticas cotidianas de la socie- dad a partir de las normas y hábitos no cuestionados o las propias reglas institucionales. En nuestro caso el grupo social está determinado por una característica específica: la edad, sin embargo esta característica no conlleva un sentido de identidad puesto que como personas en desarrollo son personas carentes de autonomía absoluta y de conciencia como sujetos de derechos. No está demás señalar que esta última, bien podría ser desarrollada de acuerdo a la madurez o capacidad de comprensión alcanzada. La violencia sexual contra menores de 18 años está relacionada con algunas de las formas de opresión que especifica Iris Marion Young: la ex- plotación, la marginación, la carencia de poder y la violencia sistemática. Aunque bien podría aplicarse la forma de opresión denominada por la autora como “imperialismo cultural” si pensamos que los rasgos domi- nantes de la sociedad adulta insisten en omitir la perspectiva particular del grupo de personas menores de 18 años, al estereotiparlos con el argumen- to de “la incapacidad”. Esta postura niega por supuesto las características específicas del grupo etario y el proceso de desarrollo físico, psicológico y emocional inherentes a su persona. El Estado mexicano es pues el sujeto pasivo de discriminación, ya que se convierte en el primer responsable de prevenir y eliminar la distinción, exclusión o preferencia basada en motivos como la raza, el sexo, el idioma, la religión, el origen nacional, social, la propiedad y el nacimiento.
De acuerdo con el artículo 1o., los Estados parte se comprometen a pro- hibir la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía. Asimismo, el artículo tercero indica que deberán adoptar medi- das a fin de que los crímenes mencionados se integren a la legislación penal, “tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han per- petrado individual o colectivamente “con penas adecuadas a su gravedad”. Resulta de la mayor importancia la obligación de los Estados parte de adoptar medidas especiales adecuadas para la protección de las niñas o ni- ños víctimas durante todas las fases del proceso penal, nuevamente surge como obligación del Estado mexicano la adopción de medidas específicas para la protección de las personas menores de 18 años que han sido víctimas de delitos sexuales, aunque en este caso no podemos hablar de acciones afir- mativas ya que se trata de tomar medidas de protección permanentes para evitar el abuso sexual infantil y la revictimización. Cabe destacar el hecho de que las medidas de prevención, a diferencia de las acciones afirmativas que son de carácter temporal, deben ser acciones permanentes que apoyen la recuperación y reintegración adecuada de quienes han sufrido esta forma de violencia sexual y eliminen la posibilidad de ser revictimizados. Las medidas de protección y para evitar la revictimización incluyen los siguientes aspectos (Protocolo facultativo de la Convención sobre los Dere- chos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utili- zación de los niños en pornografía, artículo 8o.):
— Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas. Adaptar proce- dimientos de acuerdo a necesidades especiales incluyendo su parti- cipación como testigos.
— Informarles sobre sus derechos, su papel, el alcance, las fechas, mar- cha de las actuaciones y resolución de la causa cuando están en un proceso jurídico.
— Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesi- dades y preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean afectados sus intereses personales.
— Otorgarles debida asistencia.
— Proteger debidamente su intimidad e identidad y adoptar medidas concordantes con la norma nacional para evitar la divulgación de información que permita la identificación de las víctimas.
— Velar por su seguridad así como por la de sus familias y testigos, frente intimidaciones o represalias.
— Evitar demoras innecesarias en la resolución de las causas, en la ejecución de resoluciones o decretos para la reparación del daño.