Source: https://issuu.com/devezone/docs/julio2008
Timestamp: 2017-11-18 01:52:58
Document Index: 59222686

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 282', 'artículo 66', 'artículo 76', 'artículo 76', 'in fine', 'in fine', 'in fine']

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PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO SUBDIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA EXTRACTOS DE CONSULTAS JUL IO 2008 AFECTACIÓN DE BIENES DECLARADOS PATRIMONIO CULTURAL DEL ESTADO CONSULTANTE:
CONSULTAS: 1. “¿Si es pertinente que mediante una decisión del Instituto de Patrimonio Cultural, que no puede tener efecto retroactivo, se puedan afectar compromisos previamente adquiridos como es el caso de un contrato suscrito dentro del trámite normal de Ley?”; 2. “¿Si es pertinente que obligado a cumplir dicha decisión, el Consejo Provincial de Tungurahua deba suspender los trabajos de asfaltado en el tramo entre San Luis y Unamuncho, de una longitud de seis kilómetros, a pesar de que no existe ningún proyecto debidamente concebido y financiado, que justifique la decisión de mantener un supuesto “patrimonio”, en una vía que ha sido objeto de intervenciones anteriores para hacerla transitable y en la cual no existen vestigios de carácter arqueológico y que no plantea adicionalmente ninguna modificación al trazado actual de la vía?”; 3. “¿De ser afirmativa la respuesta, qué causal del contrato firmado entre el H. Consejo y la empresa Alvarado Ortíz Constructores Cïa. Ltda., justificaría la terminación del indicado contrato y si cabrían indemnizaciones a favor del contratista por esta terminación anticipada?”. PRONUNCIAMIENTOS: El referido “Camino del Rey” no obstante el carácter prehispánico que se aduce tener, no consta haber sido delimitado a efectos de declarárselo formalmente como perteneciente al Patrimonio Cultural del Estado, sino que por el contrario, ha sido objeto de visibles afectaciones e intervenciones anteriores, todas relativas al mejoramiento de su condición como camino vecinal rural, contando aquél, con cunetas y empedrado moderno que evidentemente desdicen de cualquier tipo de acciones de conservación de sus características originales y del aporte arqueológico que suponga poseer. Considero que la controversia suscitada entre el Consejo Provincial de Tungurahua y el Instituto Ecuatoriano de Patrimonio Cultural, da cuenta de una evidente falta de coordinación entre esas instituciones, especialmente por parte del INPC que debía
propender a la conservación de lo que ha considerado como patrimonio cultural, adoptando las resoluciones correspondientes en forma oportuna, mucho antes de que consten ya ejecutadas varias obras de vialidad, anteriores incluso a las que actualmente son materia de discusión; ejecutorias que por extemporáneas, vuelven impracticable la disposición del Art.13 de la Codificación a la Ley de Patrimonio Cultural. Dado que de acuerdo a lo dispuesto en el Art.119 de la Constitución Política de la República, las instituciones del Estado, sus organismos y dependencias y los funcionarios públicos que las representan, tienen el deber de coordinar sus acciones para la consecución del bien común, insto a las partes en conflicto a que procuren llegar a un consenso o acuerdo que no signifique perjudicar los intereses de terceros, que nada tienen que ver con la falta de previsión institucional. OF. PGE. N°: 02145, de 31­07­2008 CASA DE LA CULTURA “BENJAMIN CARRIÓN”: NATURALEZA JURÍDICA CONSULTANTE:
CASA DE LA CULTURA “BENJAMÍN CARRIÓN”
CONSULTA: Si la Casa de la Cultura Ecuatoriana “Benjamín Carrión” se halla comprendida dentro de las Administraciones Central o Institucional y si le es aplicable el Reglamento de Contrataciones por la adquisición de bienes y la prestación de servicios no regulados por la Ley de Consultoría, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1091 publicado en el Registro Oficial No. 351 de 3 de junio de 2008. PRONUNCIAMIENTO: La Casa de la Cultura Ecuatoriana es una persona jurídica autónoma que no pertenece a la Administración Pública Central, ni a la Administración Pública Institucional, en virtud de lo cual considero que no le es aplicable el Decreto Ejecutivo No. 1091 publicado en el Registro Oficial No. 351 de 3 de junio de 2008. OF. PGE. N°: 01948, de 21­07­2008 CHOFERES: REGIMEN LABORAL: CONSULTANTE:
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CALVAS
“1. Si es procedente y legal cambiar el nombramiento de trabajador permanente a funcionario de servicios administrativos o chofer administrativo al conductor del vehículo de uso oficial del Gobierno Seccional del cantón Calvas. 2. Si este cambio de carácter administrativo el Gobierno Seccional del cantón Calvas lo puede realizar de manera unilateral, mediante la expedición de la nueva acción de personal o requiere autorización de algún organismo del Estado”. PRONUNCIAMIENTOS: Si se tiene en cuenta que los choferes no son obreros de los organismos e instituciones del sector público, la prevalencia de la norma constitucional antes referida evidencia sin lugar a dudas, el sometimiento de los choferes de las Instituciones del Estado al régimen del Derecho Administrativo, y en consecuencia, al régimen de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público, LOSCCA. La Resolución SENRES­2008­000096 de fecha 17 de junio de 2008, publicada en el Registro Oficial No. 364 de 20 de junio de 2008, mediante la cual, dentro de la escala de remuneración mensual unificada establecidos para el año 2008, se ha ubicado al puesto de conductor administrativo bajo la denominación de “Auxiliar de Servicios B”. Con fundamento en lo expuesto, se concluye que el puesto de chofer de las Instituciones del Estado, se encuentra ubicado como conductor administrativo y en consecuencia, sujeto a las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y Unificación y Homologación de las Remuneraciones el Sector Público; por lo que, la Municipalidad de Calvas deberá efectuar sin necesidad de autorización alguna, el cambio de régimen jurídico del chofer de esa entidad a la LOSCCA. OF. PGE. N°: 01956, de 21­07­2008 COMODATO: BIENES INMUEBLES DEL MUNICIPIO CONSULTANTE:
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN PUJILÍ
CONSULTA: Solicita la reconsideración del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado constante en el oficio No. 008764 de 29 de febrero de 2008, en lo relativo a que el Gobierno Municipal de Pujilí pueda entregar en comodato a la Escuela Politécnica del Ejército dos bienes inmuebles de propiedad municipal para el funcionamiento del Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico que beneficie a los estudiantes de ese cantón. PRONUNCIAMIENTO:
Con fundamento en el análisis jurídico que antecede y una vez que se cambió la categoría de los bienes de dominio privado a bienes de servicio público, considero procedente que la Municipalidad de Pujilí celebre un contrato de comodato con la Escuela Politécnica del Ejército­ ESPE­ para la entrega de dos bienes inmuebles de propiedad de esa Municipalidad para la creación y funcionamiento de un Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico que beneficie a los estudiantes de ese cantón. En estos términos queda reconsiderado la parte pertinente del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado constante en el oficio No. 008764 de 29 de febrero de 2008. OF. PGE. N°: 01582, de 01­07­2008 CONSEJO NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL: ENTREGA DE GRABACIONES MAGNETOFÓNICAS A CUALQUIER PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE LO SOLICITE CONSULTATE:
CONSULTA: Sobre la procedencia que el Consejo Nacional de Aviación Civil entregue copias de las grabaciones magnetofónicas de las sesiones del organismo, a cualquier persona natural o jurídica que lo solicite al amparo de lo previsto en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento. PRONUNCIAMIENTO: El Consejo Nacional de Aviación Civil debe entregar copias de la Resolución y de las actas en sus partes pertinentes, de las sesiones del organismo a la persona natural o jurídica que lo solicite, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la República, en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, excepto las grabaciones magnetofónicas que pueden contener información privilegiada de otras personas que no sea de interés de quien la solicita. OF. PGE. N°: 01822, de 14­07­2008 CONVENIO INSTITUCIONAL: PAGO DE PERITAJE DE INDAGACIONES PREVIAS POR DELITOS ADUANEROS CONSULTANTE:
CONSULTA: Sobre la procedencia de celebrar un Convenio entre el Ministerio Público y la Corporación Aduanera Ecuatoriana, para que esta última, asuma el pago de la práctica
de peritaje a nivel nacional, dentro de las indagaciones previas iniciadas por presuntos delitos aduaneros. PRONUNCIAMIENTO: Considero procedente la celebración del convenio entre el Ministerio Fiscal y la Corporación Aduanera Ecuatoriana para el pago de los peritos en la instauración de los procesos penales por la comisión de delitos aduaneros, siempre y cuando se reforme previamente la Escala de Fijación de Remuneraciones y Honorarios de los Peritos, expedido mediante resolución por el Consejo Nacional de la Judicatura, publicado en el Registro Oficial No. 383 de 3 agosto de 2001. OF. PGE. N°: 01743, de 09­07­2008 CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA: AUTONOMÍA CONSULTANTE:
CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA –CAE­
CONSULTAS: 1) “¿La Corporación Aduanera Ecuatoriana es una entidad del sector público, con autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria, conforme el Art.104 de la Ley Orgánica de Aduanas; y por tanto, no se encuentra entre las instituciones de la Administración Pública Institucional, de acuerdo al oficio No.0005407 de fecha 10 de diciembre de 2003 suscrito por el doctor José María Borja Gallegos, Procurador General del Estado en aquella época?”; 2) “¿La autonomía técnica, administrativa, financiera y presupuestaria que posee la Corporación Aduanera Ecuatoriana, al provenir de una ley jerárquicamente superior como lo es la Ley Orgánica de Aduanas, es independiente de los límites establecidos por leyes ordinarias, decretos ejecutivos y otras normas jurídicas de rango inferior, relacionados con la autonomía de los organismos públicos?”; 3) “¿La autonomía administrativa que goza la Corporación Aduanera Ecuatoriana según el Art.104 de la Ley Orgánica de Aduanas, comprende la elaboración, resolución y ejecución de los procesos de supresión de puestos y partidas presupuestarias, sin necesidad de dictámenes aprobatorios de los organismos de control, tales como la Secretaría Nacional Técnica de Remuneraciones del Sector Público, conforme lo expresará el Secretario Nacional Técnico de Remuneraciones del Sector Público, señor Richard Espinosa Guzmán mediante oficio SENRES­D­2008­0002722?”; 4) “¿El proceso de supresión de puestos y partidas presupuestarias realizado por la Corporación Aduanera Ecuatoriana, que concluyó en la emisión de la resolución No. GGN­RE­0468 de fecha Mayo 13 del 2008, ha cumplido con las formalidades legales establecidas, en virtud de la autonomía técnica y administrativa que posee la Institución?”. PRONUNCIAMIENTOS: 5
1­ La Corporación Aduanera Ecuatoriana –CAE­, efectivamente es una institución del sector público, que goza de suficiente autonomía técnica, administrativa, presupuestaria y financiera y que evidentemente, no es parte de la Administración Pública Institucional, a la que refiere el ERJAFE; 2­ La autonomía de la que goza la CAE, le ha sido otorgada por la Ley Orgánica de Aduanas (actual, Codificación); siendo por tal reconocida por la Constitución Política de la República, cuyo Art.119, inciso segundo, manifiesta explícitamente, que: “Aquellas instituciones que la Constitución y la ley determinen, gozarán de autonomía para su organización y funcionamiento”. (Lo resaltado, me pertenece); por tanto no cabe que dicha autonomía sea limitada por una norma de inferior jerarquía jurídica; 3­ No obstante la autonomía de la que goza la CAE, ésta se encuentra inobjetablemente sujeta a lo dispuesto en la Codificación de la Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público –LOSCCA­, cuyo Art.65, al referirse a la supresión de puestos, indica que la supresión procederá por razones técnicas o económicas y funcionales; y que en los organismos o dependencias de la Función Ejecutiva, se realizará previo el estudio y dictamen de la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público; en tanto que en las instituciones o entidades que no sean parte de dicha función, como es el caso específico de la CAE, dicho proceso requeriría simplemente, el informe previo de la unidad de recursos humanos de esa entidad; condicionándose eso si, en uno u otro caso, el que existan las disponibles presupuestarias para el pago de la correspondiente indemnización al servidor removido; 4­ No obstante lo que señala en su oficio, esta Procuraduría General no tiene competencia legal para pronunciarse si el proceso de supresión de puestos y partidas presupuestarias, ocurrido en la CAE, ha cumplido o no con las formalidades de ley, limitándome como no podría ser de otra manera, a lo que ha sido señalado en la contestación a la pregunta anterior. OF. PGE. N°: 01744; de 09­07­2008 CORPORACIÓN ADUANERA ECUATORIANA: NATURALEZA JURÍDICA CONSULTANTE:
UNIVERSIDAD “SAN GREGORIO DE PORTOVIEJO”
CONSULTA: La Corporación Aduanera Ecuatoriana en su condición de persona jurídica de derecho público, que ejerce la potestad que le atribuye la Ley Orgánica de Aduanas y presta los servicios públicos aduaneros prescritos en esa misma normativa (Art. 102 LOA), cuyo Directorio, órgano jerárquicamente superior (Art. 105 LOA), está conformado por tres delegados de la Administración Pública Central y uno del sector privado (Art. 106 de la LOA, reformado por Ley 2007 – 93, RO (s) No. 196 de 23 de octubre de 2007), ¿es una de las personas jurídicas autónomas a las que se refiere la letra ch) del artículo 2 del
Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y, en consecuencia, integra la Administración Pública Institucional a la que se refiere el inciso siguiente a ese literal ch) del Art. 2 del ERJAFE?. PRONUNCIAMIENTO: El Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, conforme lo dispone el Art. 1 se aplica exclusivamente a las instituciones que integran la función ejecutiva y el Art. 2 del mismo Estatuto, cuando se refiere a la administración pública central e institucional, debe entenderse que tal clasificación dice relación aquellas entidades que forman parte de tal función (Ejecutiva). La CAE es una persona jurídica autónoma, creada por la Ley Orgánica de Aduanas. Y por tanto, forma parte del sector público, conforme lo prevé el Art. 118 numeral 5 de la Constitución Política de la República, aunque no sea parte de la Función Ejecutiva. El hecho que su directorio esté integrado por tres delegados o representantes de la Función Ejecutiva y uno del sector privado, no transforma o altera la naturaleza jurídica de la CAE o la hace integrante de la Función Ejecutiva, sino que por el contrario conserva su personalidad jurídica, autónoma e independiente. OF. PGE. N°: 01745, de 09­07­2007 CUANTÍA PARA LICITACIÓN Y CONCURSO PÚBLICO DE OFERTAS CONSULTANTE:
DIRECCIÓN NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES
CONSULTA: Cuáles son los montos definitivos para el Concurso Público de Ofertas y la Licitación, así como la fecha a partir de la cual deberán seguir estos lineamientos. PRONUNCIAMIENTO: En la Edición Especial No. 46 del Registro Oficial correspondiente al 21 de abril de 2008, se publica el Presupuesto General del Estado, el cual alcanza el monto de US $.15.817.954.065,09. En virtud de lo expuesto, para efectos de la aplicación del artículo 4 de la Codificación de la Ley de Contratación Pública, la cuantía para la licitación es de US $632.718,16 y para el concurso público de ofertas es de US $316.359,08; en tanto que, para la aplicación del artículo 12 de la Codificación de la Ley de Consultoría, la cuantía por el concurso público es de US $632.718,16 y para el concurso privado es de US $ 158.179,54, montos que han sido concordados con la Contraloría General del Estado, conforme consta del Memorando No. 006­DSP­2008 de 21 de mayo de 2008, suscrito por el señor Subprocurador General del Estado, cuya copia le adjunto.
OF. PGE. N°: 01584, de 01­07­2008 DIETAS: COMITÉ DE CONTRATACIONES CONSULTANTE:
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CAÑAR
CONSULTA: Si es procedente el pago de dietas a los miembros del Comité de Contrataciones por cada sesión que se mantuvo hasta la adjudicación de los contratos a los oferentes que cumplan los requisitos exigidos en las bases. PRONUNCIAMIENTO: Los mandatos constituyentes son de aplicación obligatoria y prevalecen sobre cualquier Ley Orgánica u Ordinaria que estuviere en contradicción con los mismos, según lo establece el Art. 2 del Mandato Constituyente No. 1. Los miembros del Comité de Contrataciones tienen derecho a percibir dietas en la forma señalada en el presente oficio, desde la sesión de integración del Comité hasta la última sesión relacionada con el respectivo proceso precontractual. OF. PGE. N°: 01957, de 21­07­2008 DOCENCIA: PAGO DE CLASES POR HORAS IMPARTIDAS CONSULTANTE:
CONSULTAS: Si el Director, Subdirector y Coordinadores del Instituto de Altos Estudios Nacionales pueden ejercer la docencia en los programas académicos que se van a desarrollar en la institución, siempre que no interfiera en su horario de trabajo, tomando en cuenta que la entidad es un Centro de Educación Superior de Postgrado debidamente reconocido por el CONESUP. Si a más de la remuneración que reciben el Director, Subdirector y los Coordinadores por las funciones que ejercerán como autoridades del IAEN, es procedente el pago por las horas de clases impartidas. PRONUNCIAMIENTO: Con fundamento en el análisis jurídico que antecede, y teniendo en cuenta que el Estatuto del IAEN en sus artículos 17, 20 y 22 obliga al Director, Subdirector y 8
Coordinadores de las escuelas a laborar a tiempo completo, considero que dichas autoridades pueden ejercer la docencia en los programas académicos que desarrolle la institución, siempre que su horario de trabajo lo permita y recibir a más de la remuneración que perciben por el desempeño de sus funciones, el pago por las horas de clases impartidas, siempre que se cuente con los recursos económicos para tal efecto. Si las clases se imparten dentro de la jornada de trabajo de cada servidor mencionado, éste deberá compensar las horas de docencia con trabajo adicional en la institución por igual trabajo. OF. PGE. N°: 01703, de 08­07­2008 DONACIÓN: ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS MUNICIPALES CONSULTANTE:
MUNICIPALIDAD DE GUALAQUIZA
CONSULTA: Si es procedente que la Municipalidad de Gualaquiza realice la donación de un lote de terreno a favor de la Asociación de Empleados Municipales de ese Cantón, para que construyan su sede social. PRONUNCIAMIENTO: La municipalidad de Gualaquiza no tiene facultad legal para efectuar la donación del lote de terreno para la construcción de la sede social de la Asociación de Empleados Municipales del Cantón. OF. PGE. N°: 01593. de 01­07­2008 DONACIÓN: BIENES MUEBLES A INSTITUCIONES EDUCATIVAS CONSULTANTE:
MUNICIPALIDA DE NABÓN
CONSULTA: Sobre la procedencia de donar bienes muebles como computadoras, pupitres, escritorios, pizarrones, etc., a las escuelas y colegios públicos del Cantón Nabón, e igualmente a instituciones educativas privadas. PRONUNCIAMIENTO: De las normas constitucionales y legales invocadas, se concluye que al ser política de Estado, garantizar la educación a los sectores menos favorecidos, considero procedente que la Municipalidad del Cantón Nabón, done bienes muebles a escuelas y colegios públicos en la medida que sus recursos se lo permitan.
En cuanto a la eventual donación a favor de instituciones educativas privadas, la Municipalidad determinará si éstas imparten educación gratuita y sin ningún costo, en cuyo caso podrá donar los bienes muebles materia de consulta, atendiendo a dicha gratuidad. En caso contrario, esto es, si la educación privada es remunerada o con costo a los beneficiarios de la misma, no podrá la Municipalidad subvencionar, bajo ninguna figura, la educación a instituciones que persiguen fines de lucro. OF. PGE. N°: 01742, de 09­07­2008 EXTINCIÓN DE OBLIGACIÓN POR SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO DE BECA: MUERTE DEL PROFESIONAL CONSULTANTE:
CONSULTA: Si es legal y procedente que el Ministerio de Salud Pública extinga la obligación generada por la suscripción de un contrato de beca de post–grado de Cirugía de la Universidad de Loja de un profesional que ha fallecido; y en el caso de ser negativa la respuesta, cuál sería el procedimiento a seguir. PRONUNCIAMIENTO: El contrato de beca es un contrato especial cuyo objeto es ante todo el propio interés de la institución de tener funcionarios capacitados, y la manera de devengar el beneficio concedido es revertir los conocimientos adquiridos, a favor de la propia entidad. Por lo tanto, si fallece el beneficiario de la beca, se pierde también el beneficio a la entidad pública, y consecuentemente, se extingue la relación laboral entre el profesional fallecido y la institución otorgante de la beca, y así mismo, la obligación generada por la suscripción del contrato, si se tiene en cuenta el aforismo jurídico de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo expuesto, considero procedente que el Ministerio de Salud Pública extinga la obligación generada por la suscripción del contrato de beca de post –grado de Cirugía de la Universidad de Loja suscrito con el profesional fallecido, motivo de esta consulta. OF. PGE. N°: 01599, de 01­07­2008 FIDEICOMISO INMOBILIARIO: INFORME A CONTRATO POR ORGANISMO DE CONTROL CONSULTANTE:
1. “¿Habiéndose establecido en las bases del concurso la obligación que tienen las oferentes de contratar una empresa que conforme un fideicomiso inmobiliario integral para la administración y ejecución del proyecto, cuyos costos estarán a cargo de la compañía adjudicada, se hace necesario realizar un concurso para la contratación de la empresa fiduciaria?”; y, 2. “¿Se hace necesario por consiguiente que dicha contratación sea sometido para el informe previo de los organismos de control, considerando que los costos serán a cargo de la empresa constructora adjudicada?”. PRONUNCIAMIENTOS: Con respecto a la necesidad de que se efectúe o no un proceso de selección de la empresa fiduciaria, debo manifestar que esta es una potestad indelegable de TAME, como constituyente de la inversión; tanto más que, de acuerdo con el Art.3 del Reglamento de Contratación de Negocios Fiduciarios Públicos, se establece una sola salvedad bajo la cual cabría realizar una contratación directa del fiduciario, y es si se trata de otra institución del Estado que tenga la capacidad legal para prestar este tipo de servicios; condición que no cumple la empresa constructora privada a ser seleccionada para llevar a cabo el referido proyecto inmobiliario de inversión, de modo tal, que es obligación de TAME, seleccionar a la empresa fiduciaria, aún cuando deba asumir el costo de aquello, y en ese evento lo hará mediando un concurso de selección para la contratación de la empresa fiduciaria, debiendo observar para tal trámite con lo que disponen los Artículos 115, segundo y cuarto incisos de la Codificación ibídem, Art.2 y demás pertinentes del Reglamento de Contratación de Negocios Fiduciarios. Con respecto a la necesidad de que dicha contratación cuente con el informe previo favorable de los Organismos de Control, no consta en el referido Reglamento de Contratación de Negocios Fiduciarios Públicos, la obligación de someter esa contratación a la emisión de informes por parte de los Organismos Superiores de Control. OF. PGE. N°: 02148, de 31­07­2008 FONDOS DE RESERVA: CÁLCULO PARA APORTES CONSULTANTE:
ADMINISTRADOR GENERAL TEMPORAL DEL CONGRESO NACIONAL
CONSULTA: “¿Desde cuando el Congreso Nacional debió haber efectuado los aportes al fondo de reserva en los términos del artículo 282 de la Ley de Seguridad Social, teniendo en cuenta que el Art. 102 de la LOSCCA (101 de la vigente Codificación) exceptuó a sus funcionarios y servidores de las disposiciones del Libro Segundo de ese mismo cuerpo normativo y que la unificación
de las remuneraciones en esta Entidad se produjo recién a partir del 1 de marzo de 2008 ?. PRONUNCIAMIENTO: El Congreso Nacional, debió efectuar los aportes al Fondo de Reserva de sus servidores, de conformidad con el Art. 282 de la Ley de Seguridad Social, a partir de la unificación de las remuneraciones dispuesta por el Mandato Constituyente No. 2. Respecto a lo que debe entenderse por “ el equivalente a un mes de remuneración” con anterioridad a la fecha en que se estableció la unificación de remuneraciones en el Congreso Nacional, este concepto se deriva del Art. 282 de la Ley de Seguridad Social, que debe ser analizado en todo su texto y no de manera diminuta. El Código del Trabajo, en el Art. 80 en su parte pertinente señala que sueldo es la remuneración que se paga por meses al empleado, sin suprimir los días laborables. En el Art. 95 del Código del Trabajo se determina lo que se entiende como remuneración para el pago de indemnizaciones. Como queda reseñado, a partir de la vigencia de la LOSCCA como del Mandato Constituyente No. 2 se establece la remuneración mensual unificada en los organismos e instituciones del sector público. De conformidad con el Art. 18 regla segunda del Código Civil, las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará a éstas su significado legal. En estos términos atiendo las precisiones solicitadas en el oficio que contesto, no siendo de mi competencia emitir criterio respecto a la fecha en que se estableció la unificación de las remuneraciones de los funcionarios y empleados del Congreso Nacional. OF. OF. N°: 01594, de 01­07­2008 GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES: EXONERACIÓN CONSULTANTE:
: “¿Si al tenor de lo prescrito en el artículo 66, inciso segundo de la Ley de Contratación Pública, el CONELEC estaría facultado a exonerar a los titulares de las concesiones, permisos o licencias, cuyo capital mayoritario pertenece al Fondo de Solidaridad, la presentación de la garantía de fiel cumplimiento de obligaciones, prevista en el 47 del Reglamento de Concesiones, Permisos y Licencias para la Prestación del Servicio de Energía Eléctrica?”.
PRONUNCIAMIENTO: La concesión es una modalidad de delegación a la iniciativa privada, para la prestación de los servicios públicos o para la ejecución de aquellas obras públicas que no puede, o no le es útil afrontar directamente a la Administración Pública, figura que en el ámbito que nos ocupa, se la define como “...el acto administrativo por el cual el CONELEC, a nombre del Estado Ecuatoriano, otorga a una persona jurídica el derecho de ejercer la actividad de generación de mas de 50MW, servicio público de transmisión y distribución y comercialización de energía eléctrica”. La obligación de otorgar garantías de fiel cumplimiento en los procesos de concesión a los que alude su consulta, se determinan en forma por demás explícita e imperativa, en las disposiciones de los Artículos 22, letra i), 46, letra h), 47, 101 y 107 del Reglamento de Concesiones para la Prestación de Energía Eléctrica; Art.47, letra f) del Reglamento a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico; y Artículos 82 y 83 del Reglamento General de la Ley de Modernización del Estado, fundamento normativo, que sumado a las facultades legales del CONELEC, permiten concluir que no le es facultativo al Consejo Nacional de Electrificación exonerar de la rendición de la garantía de fiel cumplimiento a los titulares de las concesiones, aún cuando se trate de empresas cuyo capital accionario mayoritario pertenezca al Fondo de Solidaridad. OF. PGE. N°: 01735, de 09­07­2008
IESS: APORTACIONES CONSULTANTE:
CONSULTA: Solicita la reconsideración del pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado constante en el oficio No. 08386 de 11 de febrero de 2008, relacionado con la aportación al Seguro Social Obligatorio de los servidores y trabajadores de PREDESUR. PRONUNCIAMIENTO: Considero que para la aportación al seguro social obligatorio, es aplicable para los servidores y trabajadores del sector público, la Disposición Transitoria Octava de la Ley Orgánica del Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público. En estos términos queda atendida la reconsideración requerida, no constituye autorización ni orden de pago por no ser de mi competencia.
OF. PGE. N°: 01950, de 21­07­2008 IMPORTACIONES TEMPORALES CON REEXPORTACIÓN: PAGO DE TRIBUTOS AL COMERCIO EXTERIOR CONSULTANTE:
CONSULTA: “Debe pagar el contribuyente los tributos al comercio exterior causados en las importaciones temporales con reexportación en el mismo estado amparadas en la letra a) del artículo 76 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas, cuando cancela la declaración original y presenta una nueva para solicitar el cambio de Beneficiario o de Obra Pública?”. PRONUNCIAMIENTO: Considero que en aplicación de la letra a) del artículo 76 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Aduanas, el contribuyente debe pagar los tributos al comercio exterior causados en las importaciones temporales con reexportación en el mismo estado cuando cancele la declaración original y presenta una nueva para solicitar el cambio de beneficiario o de obra pública, que corresponde a la primera importación temporal, además que no pueden hacerse extensivos los derechos de dicho importador inicial a otra obra o servicio público y menos a favor de un segundo beneficiario. El presente pronunciamiento prevalecerá sobre cualquiera otro anterior emitido por este Organismo de Control. OF. PGE. N°: 01613, de 02­07­2008 JUNTA PARROQUIAL: REMOCIÓN DE FUNCIONES CONSULTANTE:
JUNTA PARROQUIAL DE UZHCURRUMI
CONSULTAS: 1.­ Una vez que ha sido removido de sus funciones el Presidente, cómo debe integrarse de la Junta Parroquial. 2.­ Cuál es el organismo o funcionario competente que debe certificar quien ocupa la Presidencia y las demás dignidades de una Junta Parroquial. PRONUNCIAMIENTOS: 1.­ En cumplimiento con lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias invocadas, se concluye que en caso de falta definitiva del Presidente le subrogará el Vicepresidente
de la Junta Parroquial por el tiempo que falte para completar el período, y el puesto de éste será ocupado por el primer vocal, y así sucesivamente. 2.­ Corresponde al Tribunal Supremo Electoral, en forma privativa, resolver asuntos relativos a la aplicación de la Ley de Elecciones; en consecuencia, esta Procuraduría, se abstiene de emitir criterio al respecto. OF. PGE. N°: 02149, de 31­07­2008 ORQUESTA SINFÓNICA NACIONAL: PLURIEMPLEO CONSULTANTE:
CONSULTA: Relacionada con la carga horaria que debe cumplir el doctor Andrés Luciano Carrera de la Torre, quien tiene el cargo de profesional 4 y desempeña funciones de responsable del departamento de instrumentos musicales y además ejerce otro cargo público en la Orquesta Sinfónica Nacional como profesional 6. PRONUNCIAMIENTO: En aplicación de las normas invocadas, los profesionales músicos que laboran tanto en las Orquestas Sinfónicas cuanto en los Conservatorios Nacionales, pueden ejercer simultáneamente cátedras en esos centros o en cualquier otro de enseñanza musical, sin incurrir en la prohibición del pluriempleo y siempre que su horario lo permita. OF. PGE. N°: 01818, de 14­07­2008 PERMUTA: EQUIPOS Y ACCESORIOS CONSULTANTE:
DIRECCIÓN GENERAL DE LA MARINA MERCANTE Y DEL LITORAL
CONSULTA: Solicita la reconsideración del Oficio No. 0852 de 29 de mayo de 2008, sobre la procedencia de suscribir un contratos o convenio de permuta mediante el cual y se recibe a cambio las 2326 especies con suficientes características de seguridad, para otorgar matrículas a los marinos mercantes por parte de la DIGMER. PRONUNCIAMIENTO: Considero procedente que la Dirección General de la Marina Mercante celebre un contrato de permuta mediante el cual entregue equipos y accesorios que no se utilicen, y 15
recibir a cambio las especies correspondientes que indica en la consulta para otorgar matrículas de los marinos mercantes de dicha institución. Para el efecto, la DIGMER deberá seguir los parámetros establecidos para este tipo de contratos, tanto en la Ley de Contratación Pública, así como en el Reglamento de Bienes del Sector Público. OF. PGE. N°: 01704, de 08­07­2008 RECURSO DE REVISIÓN: TRÁMITES DE IMPUGNACIÓN CONSULTANTE:
CONSULTAS: 1.­ “¿Puede conocer este Ministerio las acciones de revisión administrativa, que interponen los miembros de la Policía Nacional, en torno a resoluciones emitidas por los Tribunales de Disciplina de la Policía Nacional; y específicamente la interpuesta por el señor Mario Cartagena Oñate?” 2.­ “En forma concreta cuales son los casos, que a criterio de la Procuraduría General del Estado, no tienen previsto trámite impugnatorio, y que consecuentemente de acuerdo al texto del dictamen de 14 de junio del 2006, puede conocer el Ministerio de Gobierno?”. 3.­ “¿Son de acatamiento forzoso para la policía y los accionantes, las resoluciones expedidas por el Ministerio de Gobierno, fundamentado en los dictámenes del Procurador General del Estado de 20 de agosto de 2003 y 26 de septiembre del mismo año?”. PRONUNCIAMIENTOS: 1.­ Considero que no es procedente que el Ministro de Gobierno y Policía conozca mediante recurso de revisión, los actos y resoluciones administrativas emitidas por los Tribunales de Disciplina de la Policía Nacional, cuya competencia emana de la Ley de Personal de la Policía Nacional, que de conformidad con el ordenamiento jurídico ecuatoriano consignado en el Art. 272 de la Constitución Política de la República, prevalece sobre el Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva. 2.­ El pronunciamiento del oficio No. 025514 de 14 de junio de 2006 es coherente con este pronunciamiento al absolver la primera consulta, añadiendo que corresponde al Ministerio de Gobierno conocer por la vía del recurso de revisión, aquellos casos cuyo trámite de impugnación no esté expresamente reglado en las Leyes de Personal y Orgánica de la Policía Nacional.
De ahí que, el Ministerio de Gobierno y Policía es competente para conocer el Recurso Extraordinario de Revisión en los casos del Art. 178 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva y además de aquellos casos cuyo trámite de impugnación no esté expresamente determinado en las Leyes de Personal y Orgánica de la Policía Nacional. 3.­ En cuanto al pronunciamiento de la Procuraduría General de Estado del oficio No. 03036 de 20 de agosto de 2003, tiene plena vigencia. Respecto al pronunciamiento del oficio No. 03782 de 26 de septiembre de 2003, este fue reconsiderado con el oficio No. 025514 de 14 de junio de 2006, y por lo tanto dejó de tener vigencia. Como queda señalado, el Art.179 del Estatuto del Régimen Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva pone fin a la vía administrativa en los casos ahí determinados, por ende sus resoluciones causan ejecutoria y deben acatarse sin perjuicio de las acciones judiciales a que hubiere lugar. Los pronunciamientos de la Procuraduría General del Estado, al tenor de los Artículos 3 letra e) y 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, son de carácter obligatorio y vinculantes para la administración pública respecto de la materia consultada. OF. PGE. N°: 02146, de 31­07­2008
SENACYT: CONVENIOS CON RECURSOS PÚBLICOS PARA FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS CONSULTANTE:
CONSULTAS: “¿La SENACYT, dentro de las actividades que desarrolla, puede suscribir Convenios en forma directa con Universidades o instituciones públicas y con entidades privadas sin fines de lucro nacionales o extranjeras, con el objeto de financiar con recursos públicos del Estado Ecuatoriano: becas, maestrías, doctorados y post­doctorados en el Ecuador y en el exterior, a personas naturales de nacionalidad ecuatoriana que hayan obtenido títulos profesionales de tercer nivel de educación superior en nuestro país?” “¿En caso de poder suscribir Convenios directamente con Universidades e Instituciones Públicas y con entidades privadas sin fines de lucro nacionales o extranjeras, para que se apoyen (sic) la gestión administrativa y logística de los becarios en el exterior, se podrán transferir recursos económicos de manera directa a una o más entidades de las antes señaladas; para el cabal cumplimiento de ese objeto y por lo tanto es necesario o no contar con los informes previos de las autoridades de control?”
PRONUNCIAMIENTOS: No obstante que, la letras d) y g) del Art. 7 de las Disposiciones Normativas para Reorganizar el Sistema Nacional de Ciencia Y Tecnología otorgan atribución a la SENACYT para promover y financiar la formación y capacitación de recursos humanos en ciencia, innovación y tecnología, tanto para los sectores públicos como privados, dicha normativa no le otorga atribución para constituirse en institución financiera para tales fines. Consecuentemente, no es procedente que la SENACYT, suscriba en forma directa Convenios con Universidades o instituciones públicas y con entidades privadas sin fines de lucro nacionales o extranjeras, con el objeto de financiar con recursos públicos del Estado Ecuatoriano: becas, maestrías, doctorados y post­doctorados en el Ecuador y en el exterior, a personas naturales de nacionalidad ecuatoriana que hayan obtenido títulos profesionales de tercer nivel de educación superior en nuestro país, sino que tendrá que realizar la suscripción de dichos convenios, a través del IECE, como organismo con atribución exclusiva para dicho objetivo. OF. PGE. N° : 01949, de 21­07­2008 TERMINAL TERRESTRE: COMPETENCIAS PARA INTEGRACIÓN DEL DIRECTORIO CONSULTANTE:
CONSULTA: “¿Corresponde al Consejo Provincial de Pichincha, y a sus dignatarios y funcionarios, continuar ejerciendo competencia, como integrar el Directorio de la empresa, en los procesos administrativos correspondientes a su gestión en el cantón Santo Domingo de los Colorados sobre el cual se erigió la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, hasta que el Consejo Provincial de la nueva provincia esté habilitado para asumir los procesos por la suscripción de la correspondiente Acta de Transferencia?”. PRONUNCIAMIENTO: Considero que la decisión de continuar ejerciendo competencias, como es la de integrar el Directorio de la Empresa Provincial de Terminal Terrestre, no compete a los dignatarios y funcionarios del Consejo Provincial de Pichincha, sino que es un asunto que debe conocerlo y decidirlo el respectivo órgano colegiado interinstitucional. OF. PGE. N°: 01954, de 21­07­2008
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