Source: http://legislacion.derecho.com/resolucion-22-setiembre-2005-ministerio-de-justicia-111899
Timestamp: 2017-03-25 06:01:15
Document Index: 229387910

Matched Legal Cases: ['artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 102', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 18', 'artículo 98', 'artículo 98', 'e contrario', 'artículo 98', 'artículo 327']

RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Pamplona don Felipe Pou Ampuero contra la negativa del registrador mercantil de Navarra, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada
RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Pamplona don Felipe Pou Ampuero contra la negativa del registrador mercantil de Navarra, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada Mis Leyes
RESOLUCION de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Pamplona don Felipe Pou Ampuero contra la negativa del registrador mercantil de Navarra, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada Estado	:
MINISTERIO DE JUSTICIA	RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2005, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso gubernativo interpuesto por el notario de Pamplona don Felipe Pou Ampuero contra la negativa del registrador mercantil de Navarra, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
En el recurso interpuesto por el Notario de Pamplona don Felipe Pou Ampuero contra la negativa del Registrador Mercantil de Navarra, don Joaquín Rodríguez Hernández, a inscribir una escritura de constitución de una sociedad de responsabilidad limitada.
El día 22 de noviembre de 2004 Don Felipe Pou Ampuero, Notario de Pamplona, autorizó una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada en la cual, Doña E. C. M. y Don O. I. P., intervenían en sus propios nombre y derecho, y además la primera en nombre y representación de Doña M. G. P. «en virtud de poder otorgado a su favor mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona, Don Francisco-Javier Ramos Calles, el día 18 de noviembre de 2004, número 1061 de protocolo, que asegura vigente, copia autorizada de la cual tengo a la vista y juzgo con facultades representativas suficientes para los actos contenidos en esta escritura en la que se le confieren facultades para constituir la sociedad objeto de esta escritura aunque incurra en autocontratación. Y Doña V.L.B. en virtud de poder otorgado a su favor mediante escritura autorizada por el Notario de Vicar, don Higinio Pi Guirado, el día 18 de noviembre de 2004, número 3262 de protocolo, que asegura vigente, copia autorizada de la cual tengo a la vista y juzgo con facultades representativas suficientes para los actos contenidos en esta escritura en la que se le confieren facultades para constituir la sociedad objeto de esta escritura aunque incurra en autocontratación».
El día 22 de noviembre de 2004 se presentó la escritura en el Registro Mercantil de Navarra, causó el asiento 6660 del Diario 2004, y fue objeto de la siguiente calificación negativa:
«Registro Mercantil de Navarra.
Escritura n.° 2291/2004, del Sr. Felipe Pou Ampuero. Notario de Pamplona.
Asiento 6660 del Diario ***2004 con el n.° de Entrada 2004006660.
El Registrador mercantil que suscribe, previo examen y calificación del documento precedente, de conformidad con los artículos 18.2 del Código de Comercio y 6 del Reglamento del Registro Mercantil, ha resuelto no practicar la inscripción solicitada por haber observado el/los siguiente/s defecto/s que impide/n su práctica:
No consta acreditada la representación del apoderado porque, al no resultar de la escritura una relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas, en forma separada y distinta del juicio de suficiencia notarial, es imposible proceder a la calificación registral de las mismas. Y ello teniendo en cuenta lo siguiente: l. El artículo 98.2 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, exige dos requisitos para acreditar la representación: la reseña y la valoración notarial de la suficiencia, sin que baste la una sin cumplir la otra (repárese en que el precepto utiliza el plural por sí solas). En consecuencia, no puede el juicio notarial de suficiencia sustituir, mezclar o absorber el requisito de la reseña, dejándola inexistente, como ocurre en la escritura calificada, ni puede tampoco sustituir o dejar inexistente el requisito de la calificación registral de la capacidad y de la validez exigido para la práctica del asiento por el vigente artículo 18.1° de la Ley Hipotecaria. 2. Esa doble exigencia resulta también de la Resolución de la DGRN de 12 de abril de 2002, de consulta vinculante para Notarios y Registradores, conforme al artículo 102 de la citada Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Así, por lo que se refiere al contenido de la reseña, se afirma en la citada resolución que ha de consistir en una sucinta narración de las señas distintivas del documento auténtico que se haya exhibido, y en una relación o transcripción somera pero suficiente de las facultades representativas, como requisito necesario para proporcionar al Registrador «los elementos necesarios para que ejerza su función calificadora y pueda comprobar la adecuación de las facultades representativas al negocio otorgado cuya inscripción se pretende». Sólo más adelante, y en otro lugar, se ocupa del otro requisito del artículo 98.2, que es el juicio de suficiencia, diferente de la reseña (apartado 8 de dicha Resolución). 3. La citada Resolución vinculante de 12 de abril de 2002 reconoce la vigencia del artículo 18.1° de la Ley Hipotecaria acerca de la calificación registral. En efecto, según esa Resolución, el artículo 98.2 de la Ley 24/2001, debe interpretarse en relación con el contexto del resto de la Ley (confróntese artículo 3.1 del Código Civil) que no ha modificado el esquema de la seguridad jurídica preventiva ni la función que en ese esquema desarrollan sus protagonistas, (...) sin merma de la función calificadora de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles (apartado 3 de la Resolución). 4. En la precedente escritura, el Notario ha cumplido con el requisito del juicio de suficiencia, pero no con el requisito de hacer una reseña de las facultades representativas, por lo que, siendo como es la calificación registral de la legalidad de los actos o contratos sujetos a inscripción un trámite esencial del procedimiento de inscripción y requisito formal del asiento, es imposible al registrador cumplir con su obligación, esto es, con su deber de calificar las susodichas facultades representativas (Confróntese la rúbrica del Título 11 en que está incluido el artículo 18.1° de la Ley Hipotecaria, De la forma y efectos de la inscripción). En el mismo sentido se establece en el artículo 18.2 del Código de Comercio. 5. Por último como, según los artículos 18.1° de la Ley Hipotecaria y 18.2 del Código de Comercio, el registrador califica bajo su responsabilidad y, en el presente caso, no se le aportan los datos necesarios para poder calificar; sería manifiesta la indefensión del registrador. En efecto, sería absurdo que por una parte esté incurso en responsabilidad el registrador que no califica, o lo hace erróneamente; y, por otra parte, se le prive de los medios para poder cumplir con su obligación legal.
Debe aportarse el documento relacionado.
Escritura de subsanación otorgada por quien tenga facultades para ello.
Dicho/s defecto/s se entiende/n subsanable/s, caso de no haberse hecho constar lo contrario.
Pamplona a 1 de diciembre de 2004. El Registrador (firma ilegible).»
La citada calificación negativa, de fecha 1 de diciembre de 2004, fue notificada, por correo electrónico corporativo al Notario autorizante de la escritura (según consta en el informe del Registrador y reconoce dicho Notario), el día 10 de diciembre de 2004. El mencionado Notario interpuso recurso gubernativo contra la anterior calificación el día 21 de diciembre de 2004.
En dicho recurso alegó: 1°.Que el recurso se concreta en apreciar si se cumple con lo dispuesto en el artículo 98.2 de la ley 24/2001, de 27 de diciembre y con el artículo 18.1 de la Ley Hipotecaria, aspectos éstos sobre los que se ha pronunciado la Dirección General de los Registros y del Notariado en múltiples y sucesivas ocasiones, entre otras, en resoluciones de 12 de abril de 2002, 14, 15, 17 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, y 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre de 2004. 2°.Que en el presente caso la reseña del poder existe y el juicio notarial de suficiencia también existe, siendo congruente con el contenido de la escritura. El Registrador tiene los medios de calificación tasados por ley en el título presentado y en los asientos del Registro del que es titular. El registrador dispone de todos los medios y elementos necesarios para realizar su calificación registral conforme a lo dispuesto por la ley. Debe calificar si existen los requisitos exigidos por la ley y no debe calificar la manera en que el notario expresa su juicio de suficiencia.
Con fecha 4 de enero de 2005 el Registrador Mercantil de Navarra emitió su preceptivo informe y elevó el expediente a esta Dirección General mediante escrito de la misma fecha. En tal informe añadió determinados fundamentos de derecho no expresados en la calificación impugnada.
19 bis, 259, 274, 325 y 327 de la Ley Hipotecaria; 18.2 del Código de Comer cio; 17 bis de la Ley del Notariado; 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958; 54 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; 98 y 103 y la disposición adicional vigésima cuarta de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social; 103.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; la Sentencia del Tribunal Constitucional 36/1982, de 16 de junio; las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 1982, 9 de junio y 14 de noviembre de 1986, 3 de octubre de y 4 de noviembre de 1988, 30 de diciembre de 1989, 27 de febrero y 23 de abril de 1990, 2 de marzo de 1991, 13 de junio de 1997, 20 de enero, 11 de febrero y 25 de mayo de 1998 y 28 de mayo de 2003; las Sentencias de la Audiencia Provincial de Alicante de 28 de abril de 2004, de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de junio de 2003 y 30 de enero y 18 de marzo de 2004; de la Audiencia Provincial de Navarra de 22 de diciembre de 2004 y de la Audiencia Provincial de Córdoba de 24 de enero de 2005; y las Resoluciones de 12, 23 y 26 de abril, 3 y 21 de mayo, 30 de septiembre y 8 de noviembre de 2002, 23 de enero, 8 de febrero, 29 de septiembre y 17 de noviembre de 2003, 11 de junio, 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre, 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero, 3, 4, 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo, 1 y 28 de abril, y 4 (1.ª y 2.ª), 5 (1.ª), 18 (2.ª), 19, 20 (3.ª y 4.ª), 21 (1.ª, 2.ª, 3.ª y 4.ª), 23 (1.ª, 2.ª y 3.ª) y 28 de mayo y 17 de junio de 2005, entre otras.
1. El objeto del presente recurso consiste en dilucidar si el Notario ha cumplido con las exigencias dimanantes del artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, al reseñar el poder del que emanan las facultades representativas del apoderado e incorporar un juicio de suficiencia de tales facultades atendido el negocio jurídico concluido, esto es, una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.
El título presentado fue calificado por el Registrador de la Propiedad del modo expuesto en el apartado segundo de los precedentes «Hechos». Y el Notario interpuso recurso contra dicha calificación con base con base a los argumentos del apartado tercero de los mismos.
En consecuencia, lo primero que procede destacar es que sobre el Registrador pesa el deber ineludible de motivar su calificación cuando es de carácter negativo, pues su consecuencia no supone sino la denegación de un derecho del ciudadano inscripción del hecho, acto o negocio jurídico documentado en el título-. Por ello, deben exigirse al funcionario calificador, en orden al cumplimiento de su deber de motivar la calificación, las mismas obligaciones y requisitos que a cualquier órgano administrativo y que se resumen, esencialmente, en dos: la denominada tempestividad (esto es, que sea oportuna en tiempo) y la suficiencia de la motivación ofrecida.
El segundo requisito que ha de tener la motivación es su suficiencia. Esta Dirección General, en las citadas Resoluciones de 21, 22 y 23 de febrero, 12, 14, 15, 16 y 28 de marzo y 1 de abril de 2005, entre otras más recientes reseñadas en los «Vistos» de la presente, ha acotado qué debe entenderse por suficiencia de la calificación negativa, según el criterio que no es necesario ahora detallar por ajustarse al mismo la calificación objeto de este recurso.
No obstante, y a los solos efectos de explicitar para este supuesto la previa doctrina de este Centro Directivo, cabe recordar que, según el fundamento de derecho quinto de las Resoluciones de 14, 15, 17, 20, 21 y 22 de septiembre de 2004, cuyo contenido se ha reiterado en las de 14, 15, 18, 19, 20, 21 y 22 de octubre y 10 de noviembre de 2004 y 10 de enero de 2005 entre otras más recientes citadas en los «Vistos» de la presente-, «para que pueda entenderse válidamente cumplido el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, el Notario deberá emitir con carácter obligatorio un juicio, una calificación si se prefiere, acerca de la suficiencia de las facultades contenidas en el mandato representativo para formalizar el acto o negocio jurídico pretendido o en relación a aquellas facultades que se pretendan ejercitar. Obviamente, las facultades representativas deberán acreditarse al Notario mediante exhibición del documento auténtico. Asimismo, el Notario deberá hacer constar en el título que autoriza que se ha llevado a cabo ese juicio de suficiencia; que tal juicio se ha referido al acto o negocio jurídico documentado o a las facultades ejercitadas; que se han acreditado al Notario dichas facultades mediante la exhibición de documentación auténtica y la expresión de los datos identificativos del documento del que nace la representación que deberá comprender, al menos, el nombre o denominación social del poderdante y del apoderado, el nombre del Notario autorizante, la fecha del documento, el número de protocolo y su vigencia.
Examinado el título presentado a calificación se observa que el Notario ha reseñado adecuadamente el respectivo documento del que nacen las facultades representativas. Así, se manifiesta que se trata de sendos poderes conferidos mediante escritura pública, autorizadas por los Notarios que se identifican, añadiendo la fecha del poder, el número de protocolo y que los apoderados manifiestan la vigencia íntegra de los mismos, aseveración ésta que, por lo demás, no es imprescindible, según la doctrina de este Centro Directivo cfr., por todas, la Resolución de 28 de mayo de 1999, pues aparte que no hay norma que lo imponga, y su inclusión en las escrituras se debe más bien a una práctica reiterada, bien puede entenderse implícita en la afirmación de su cualidad de apoderado que hace el representante en el momento del otorgamiento). Nada hay que objetar, pues, a la existencia y regularidad de la reseña.
Respecto del juicio de suficiencia el Notario expresa en el título lo siguiente: «juzgo con facultades representativas suficientes para los actos contenidos en esta escritura en la que se le confieren facultades para constituir la sociedad objeto de esta escritura aunque incurra en autocontratación». Resulta evidente que el juicio de suficiencia contenido en la escritura es congruente y coherente con el negocio jurídico documentado en dicho título y con el mismo contenido de éste, ya que se trata de una escritura de constitución de sociedad de responsabilidad limitada.
6. Por último, esta Dirección General entiende que en el presente caso pueden existir causas que justifiquen la incoación de un expediente disciplinario, pues el Registrador procede en su calificación en sentido materialmente contrario al reiterado criterio de este Centro Directivo; y, lo que resulta aun más importante, utilizando como base de su argumentación, primero, un razonamiento relativo a la Resolución de 12 de abril de 2002 que en nada se corresponde con el que esta Dirección General ha mantenido y explicado respecto de dicha Resolución, en las sucesivas por las que ha resuelto recursos frente a calificaciones negativas que tienen como objeto el artículo 98 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre y que son citadas en su integridad en la presente; y, segundo, desconociendo conscientemente el carácter vinculante de las resoluciones de este Centro Directivo que no han sido anuladas por los Tribunales en los términos previstos en el párrafo décimo del artículo 327 de la Ley Hipotecaria.