Source: https://www.sayma.es/efectos-del-coronavirus/laboral/
Timestamp: 2020-04-08 08:20:16
Document Index: 17827777

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 37', 'artículo 24', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'artículo 29', 'Artículo 33', 'artículo 273']

Laboral – Sayma
LaboralSayma gestor2020-04-06T10:49:43+02:00
Inicio/Efectos del coronavirus/Laboral
MEDIDAS DE APOYO A LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL RD 11-2020
La incidencia de la pandemia del coronavirus en la Sociedad y su traslado por tanto a la economía está provocando una situación de aprobación de normativa urgencia, un volumen de Decretos y normativa en distintos ámbitos, laboral, mercantil, fiscal y financiero.
Muchas de estas medidas se publican con entrada en vigor, cuasi inmediata, sin que estén reguladas completamente y/o que las propias Administraciones no están preparadas u ofrecen las plataformas habilitadas para ello o en su defecto están colapsadas originando tanto a contribuyentes como asesores una importante inseguridad.
El 01 de abril, se ha publicado dos medidas en relación a los pagos de los seguros sociales Real Decreto 11-2020 de 31 de marzo, tanto de empresas como de autónomos, en las que a día hoy, tres de abril:
No se encuentra operativo el procedimiento de instrumentalización del aplazamiento en el pago de las deudas con la Seguridad Social.
Está pendiente a fecha de la presente los requisitos y condiciones que deben cumplir las empresas y los trabajadores para acogerse a la moratoria de seis meses sin intereses.
Pasamos a detallar las dos medidas introducidas por dicho Real Decreto 11-2020, en relación al pago de los seguros sociales y cuotas de autónomos.
Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social (es decir, cualquier tipo de autónomo) o los autorizados para actuar a través del Sistema de Remisión Electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro aplazamiento en vigor, podrán solicitar hasta el 30 de junio de 2020 el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 Ley General de Seguridad Social. (Se adjunta como anexo normativo el sistema y funcionamiento de los aplazamientos con la Seguridad social).
Esta redacción y publicación implica lo siguiente:
Para SEGUROS SOCIALES, se debe en su caso solicitar el aplazamiento:
Entre el 1 y 10 de abril para solicitar el aplazamiento de los seguros sociales de MARZO. (los que se deberían pagar a finales de ABRIL)
Entre el 1 y 10 de mayo para solicitar el aplazamiento de los seguros sociales de ABRIL. (los que se deberían pagar a finales de MAYO)
Entre el 1 y 10 de junio para solicitar el aplazamiento de los seguros sociales de MAYO. (los que se deberían pagar a finales de en JUNIO)
Para CUOTAS DE AUTONOMOS, se debe en su caso solicitar el aplazamiento:
Entre el 1 y 10 de abril para solicitar el aplazamiento de las cuotas de ABRIL. (que se pagarían a finales de ABRIL)
Entre el 1 y 10 de mayo para solicitar el aplazamiento de las cuotas de MAYO. (que se pagarían a finales de MAYO)
Entre el 1 y 10 de junio para solicitar el aplazamiento de las cuotas de JUNIO. (que se pagarían a finales de JUNIO)
Hasta la presente el aplazamiento no podrá comprender las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, y requería de una justificación documental muy importante, y exhaustiva, ver anexo normativo con las condiciones reguladas tanto en la Ley artículo 23 como en el Reglamento de la Seguridad Social artículos 31 a 36, que dificultan o ralentizan su solicitud.
Se debe tener cuenta que el artículo 34, que detallamos a continuación, del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo prevé la concesión de moratoria en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, cuyo período de devengo esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020.
Por consiguiente, en el caso de que la empresa acredite los requisitos y condiciones que se establezcan en la orden ministerial a que se refiere el citado artículo 34, nuestra recomendación es que se opte por solicitarse dicha moratoria en lugar del aplazamiento para los periodos de liquidación de abril y mayo, (recaudación de mayo y junio respectivamente).
En caso contrario, es decir, y teniendo en cuenta los requisitos formales del aplazamiento, si se solicitase el aplazamiento por los periodos de liquidación de marzo, abril, y mayo consecutivamente, la totalidad de las cuotas correspondientes a tales periodos serán objeto de aplazamiento devengando el tipo de interés del 0,5%.
PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ART. 35
SEGUNDO (opción recomendada en su caso)
Beneficiarios y afectación:
Se habilita a la TGSS a otorgar moratorias de seis meses, sin interés, a las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad Social, que lo soliciten y cumplan ciertos requisitos y condiciones que se establecerán mediante Orden del Ministro de Inclusión y Seguridad Social.
A fecha de la presente no se ha establecido dicha Orden que regulan estas condiciones.
Esta redacción y publicación implica lo siguiente
Plazos para seguros sociales:
Entre el 1 y 10 de mayo para solicitar la moratoria de los seguros sociales de ABRIL. (que se pagarían en MAYO), opcionalmente también se puede solicitar para los meses de mayo y junio
Entre el 1 y 10 de junio para solicitar la moratoria los seguros sociales de MAYO. (que se pagarían en JUNIO) opcionalmente también se puede solicitar para el mes de junio
Entre el 1 y 10 de Julio para solicitar la moratoria los seguros sociales de JUNIO. (que se pagarían en JULIO)
Plazos para cuotas de autónomos:
Entre el 1 y 10 de mayo para solicitar la moratoria de las cuotas de MAYO. (que se pagarían en MAYO) opcionalmente también se puede solicitar para los meses de junio y julio.
Entre el 1 y 10 de junio para solicitar la moratoria de las cuotas de JUNIO. (que se pagarían en JUNIO) opcionalmente también se puede solicitar para el mes de julio.
Entre el 1 y 10 de Julio para solicitar la moratoria de las cuotas de JULIO. (que se pagarían en JULIO)
LAS MORATORIAS se encuentran reguladas en el artículo 37 del Reglamento de Recaudación de las Seguridad Social, en el que se establece:
El Real decreto 11-2010 de 31 de marzo de 2020 ha establecido una MORATORIA, PERO NO HA ESTABLECIDO o regulado la Orden Ministerial que lo desarrolle y concrete.
Ingreso de las cotizaciones a la Seguridad Social respecto de las que se otorgue la moratoria
Las cuotas correspondientes a los períodos de abril, mayo y junio se deberán ingresar en los meses de noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, respectivamente, y de forma simultánea con las cuotas de octubre, noviembre y diciembre de 2020.
Exclusión de la moratoria:
Esta moratoria no se aplicará a los códigos de cuenta de cotización por los que las empresas hayan obtenido exenciones en el pago de la aportación empresarial, así como en las cuotas de recaudación conjunta, regulada en el artículo 24 Del Real Decreto Ley 8/2020, como consecuencia de los ERTES por fuerza mayor a que se refiere dicho artículo.
Se deben tramitarse a través del sistema RED o por los medios electrónicos disponibles en la sede electrónica de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social (SEDESS).
Una solicitud individualizada por cada código de cuenta de cotización donde figuren de alta los trabajadores respecto de los que se solicita la moratoria en el pago de sus cotizaciones a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta.
La TGSS podrá habilitar cualquier otro medio electrónico distinto al Sistema RED o SEDESS para que se efectúe la solicitud
Las solicitudes de moratoria deberán comunicarse a la TGSS dentro de los 10 primeros días naturales de los plazos reglamentarios de ingreso correspondientes a los períodos de devengo señalados en el apartado primero, sin que en ningún caso proceda la moratoria de aquellas cotizaciones cuyo plazo reglamentario de ingreso haya finalizado con anterioridad a dicha solicitud.
En aplicación de lo previsto en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) las solicitudes presentadas por las empresas, o por los trabajadores por cuenta propia, que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.
El reconocimiento indebido de moratorias como consecuencia de alguno de los incumplimientos previstos en el párrafo anterior dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de la moratoria. En estos casos, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa, o el trabajador por cuenta propia, resultarán de aplicación a las cuotas a las que se hubiese aplicado indebidamente la moratoria el correspondiente recargo e intereses de conformidad con lo previsto en el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social.
PARA MÁS INFORMACIÓN DEL ART. 34
ANEXO NORMATIVO DE APLAZAMIENTO Y MORATORIAS ANTERIORES AL REAL DECRETO 11/2020 DE 31 DE MARZO
Artículo 23 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio (BOE de 25 de junio), artículos 31 a 36.
Resolución de 16 de julio de 2004 (B.O.E. de 14 de agosto), de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre determinación de funciones en materia de aplazamientos de pago de deudas, reintegros de prestaciones indebidamente percibidas, compensación, desistimiento, convenios o acuerdos en procedimientos concursales y anuncios de subastas en Boletines Oficiales.
Disposición adicional cuadragésima cuarta, punto dos, de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017.
Artículo 23. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido Ley General de la Seguridad Social
La Tesorería General de la Seguridad Social, a solicitud del deudor y en los términos y con las condiciones que reglamentariamente se establezcan, podrá conceder aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social, que suspenderá el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley.
El cumplimiento del aplazamiento deberá asegurarse mediante garantías suficientes para cubrir el principal de la deuda y los recargos, intereses y costas, considerándose incumplido si no se constituyesen los derechos personales o reales de garantía que establezca la resolución de concesión, en el plazo que esta determine. No será exigible dicha obligación en los supuestos en que, en razón a la cuantía de la deuda aplazada o a la condición del beneficiario, se establezca reglamentariamente. Excepcionalmente, podrá eximirse total o parcialmente del requisito establecido en el párrafo anterior cuando concurran causas de carácter extraordinario que así lo aconsejen.
El principal de la deuda, los recargos sobre ella y las costas del procedimiento que fueran objeto de aplazamiento devengarán interés, que será exigible desde su concesión hasta la fecha de pago, conforme al interés de demora que se encuentre vigente cada momento durante la duración del aplazamiento. Dicho interés se incrementará en dos puntos si el deudor fuera eximido de la obligación de constituir garantías por causas de carácter extraordinario.
En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento, se proseguirá, sin más trámite, el procedimiento de apremio que se hubiera iniciado antes de la concesión. Se dictará asimismo sin más trámite providencia de apremio por aquella deuda que no hubiera sido ya apremiada, a la que se aplicará el recargo del 20 por ciento del principal, de haberse cumplido dentro de plazo las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 29, o del 35 por ciento en caso contrario. En todo caso, los intereses de demora que se exijan serán los devengados desde el vencimiento de los respectivos plazos reglamentarios de ingreso.
Los órganos de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme al reparto de competencias que lleve a cabo su Director General, podrán conceder aplazamientos para el pago de deudas con la Seguridad Social, a solicitud de los sujetos responsables del pago, cuando la situación económico-financiera y demás circunstancias concurrentes, discrecionalmente apreciadas por el órgano competente para resolver, les impida efectuar el ingreso de sus débitos en los plazos y términos establecidos con carácter general en este reglamento.
La concesión del aplazamiento, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en este reglamento y en la resolución que lo conceda, dará lugar, en relación con las deudas aplazadas, a la suspensión del procedimiento recaudatorio y a que el deudor sea considerado al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social en orden a la obtención de subvenciones y bonificaciones, la exención de responsabilidad por nuevas prestaciones de la Seguridad Social causadas durante aquél, la contratación administrativa y a cualquier otro efecto previsto por ley o en ejecución de ella.
El aplazamiento deberá incluir la totalidad de las deudas aplazables en el momento de la solicitud, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, incluidos los recargos e intereses y costas exigibles a dicho momento, sin que a partir de su concesión puedan considerarse exigibles otros recargos, intereses y costas sobre la deuda aplazada, a salvo de lo que se dispone para caso de incumplimiento.
Artículo 33 Garantía
El cumplimiento del aplazamiento deberá asegurarse mediante garantía suficiente para cubrir el importe principal de la deuda, recargos, intereses y costas, salvo las excepciones previstas en este reglamento.
La mera solicitud de aplazamiento no suspende el procedimiento recaudatorio. Denegada dicha solicitud, se aplicará a la deuda objeto de esta el recargo que proceda según las normas generales establecidas en la ley y en este reglamento.
Las muy esperadas modificaciones en el ordenamiento laboral para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 han sido publicadas mediante Real Decreto-ley nº8/2020, de 17 de marzo, que entra en vigor en el día de hoy y mantendrá su vigencia durante el plazo de un mes, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante un nuevo Real Decreto-Ley.
De forma previa, es necesario subrayar que no existe modificación alguna en las medidas de flexibilidad externa previstas en el ordenamiento. Ni los supuestos, ni los procedimientos de extinción individual o colectiva de los contratos de trabajo han sufrido cambio alguno. Al contrario, el legislador insiste en que el propósito de las modificaciones habidas en las medidas de flexibilidad interna reside en evitar, en la medida de lo posible en la coyuntura actual, las extinciones contractuales.
En primer lugar, y de forma prioritaria frente a la cesación temporal o reducción de la actividad, el legislador determina la necesidad de sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, obligando a la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado.
En segundo lugar, el legislador simplifica y facilita el recurso a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs, en adelante).
La suspensión de los contratos de trabajo, o bien la reducción de las jornadas trabajadas, simultaneada con la percepción, por los trabajadores, de prestaciones de desempleo en los períodos no trabajados, ha sido siempre una de las medidas más utilizadas por las empresas que atraviesan situaciones de dificultad, o necesitan acomodarse a circunstancias sobrevenidas con graves repercusiones laborales.
Sin embargo, los procedimientos previstos en el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores, profusamente utilizados en la historia reciente, resultan manifiestamente inadecuados para la situación actual, caracterizada por una parada súbita y generalizada en todos los sectores de actividad. Los prolongados períodos de consultas entre la emprsa y la representación legal de los trabajadores; la dificultad añadida de que esta última no haya sido legalmente constituida, y por tanto deba ser reemplazada por una representación ad hoc; la intervención preceptiva de la Inspección de Trabajo… Nada de ello resulta útil en el momento presente, para ninguno de los agentes intervinientes en los procesos previstos.
La solución adoptada por el legislador puede ser descrita de la siguiente manera:
1. Se facilita el recurso a la modalidad especial de ERTE de fuerza mayor
Dicha modalidad especial, ya presente en nuestro ordenamiento pero muy escasamente utilizada (reservada a acontecimientos de carácter catastrófico, pero también al impedimento de la prestación de trabajo por acto de autoridad), se advierte como más adecuada en la coyuntura actual, por la mayor celeridad en su tramitación (carece de período de consultas), por cierta mayor seguridad jurídica en su adopción (está sometida a Resolución administrativa que autorice la medida), y por la ventaja que ofrece, en la situación de urgencia presente, que pueda ser adoptada con efectos retroactivos a la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
Las facilidades que se han incorporado a los procedimientos de solicitud de suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, son las siguientes:
Se amplían los supuestos de fuerza mayor a las siguientes circunstancias:
ocierre temporal de locales de afluencia pública;
falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad;oy situaciones urgentes
y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.
La exoneración del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, hasta ahora sólo prevista para los casos en los que la fuerza mayor derivara de acontecimientos catastróficos naturales que supusieran la destrucción total o parcial de la empresa o centro de trabajo y que impidieranla continuidad de la actividad, se extiende a todos los casos ya mencionados cuando la empresa la solicite expresamente, y alcanza el 100% de la aportación empresarial si la empresa, a fecha 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, y el 75%, si a dicha fecha tuviera 50 trabajadores o más;
El Informe de la Inspección de Trabajo deja de ser preceptivo, pudiendo ser solicitado o no a criterio de la autoridad laboral competente.
2. Se simplifican los procedimientos en los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.
Fuera de la modalidad específica de los ERTEs por fuerza mayor, los procedimientos ordinarios también sufren modificaciones destinadas a agilizarlos:
Si la empresa carece de representación legal de los trabajadores, el plazo para constituir la comisión representativa ad hoc se reduce a cinco días;
Las reglas de composición de dicha comisión representativa varían, debiendo estar integrada por regla general por una persona por cada sindicato más representativo y representativo del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. Sólo en caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa;
El período de consultas entre la empresa y la representación de los trabajadores se reduce asimismo a siete días;
Y finalmente, como sucede en el supuesto anterior, el Informe de la Inspección de Trabajo deja de ser preceptivo, pudiendo ser solicitado o no a criterio de la autoridad laboral competente.
En ambos casos, sea tramitado el ERTE como de fuerza mayor, o bien sustentado en causa económica, técnica, organizativa o de producción, el derecho a la prestación contributiva por desempleo será reconocido a todo trabajador, aunque carezca del período de ocupación cotizada mínimo necesario, por toda la duración de la medida. Además, el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo no será computado a efectos de posteriores prestaciones de desempleo por otras causas.
Todas las medidas citadas estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, y estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
Finalmente, en tercer lugar, el legislador reconoce el derecho del trabajador a la adaptación de jornada, con o sin reducción de la misma, cuando acredite deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19, siendo tales circunstancias las siguientes:
Que sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.
Que existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.
Que la persona que hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con el COVID-19.
Dicho derecho es caracterizado como una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, y puede consistir en:
o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado,
La reducción de la jornada de trabajo en tales supuestos, cuando sea solicitada por quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida, o bien por quien precise encargarse del cuidado directo de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo, podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, y deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación.
Si el trabajador se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute durante el periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.
Le recordamos que estamos a su disposición, para cualquier duda o ampliación de información que necesite.
En fecha de hoy, 18 de marzo de 2020, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
Dicho cuerpo normativo responde a la imperiosa necesidad de modificar, entre otros, el procedimiento establecido para la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (en adelante, ERTEs), tras la entrada en vigor, el pasado sábado, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
A la espera de un análisis más profundo, que será comunicado a todos los clientes con la mayor premura, podemos extraer como primeras conclusiones:
Que no hay modificación alguna en lo relativo a medidas de flexibilidad externa. Por lo tanto, no hay flexibilización en cuanto a la extinción individual o colectiva de los contratos de trabajo.
Que se amplían los supuestos que habilitan a las empresas a solicitar un ERTE de fuerza mayor. Es de sobra conocido que la tramitación de esta modalidad especial de Expediente de Regulación se beneficia de una notable simplificación, al no ser necesaria la apertura de un período de consultas, de un acortamiento de plazos, de la mayor seguridad jurídica que proporciona el sometimiento a Resolución administrativa que autorice expresamente a la Empresa a acometer las medidas correspondientes, y de los efectos retroactivos de dicha Resolución al hecho causante de la fuerza mayor.
Que la tramitación de los ERTEs por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y/o productivas) asimismo se beneficia de un acortamiento de plazos, y de la remisión, en principio, a comisiones negociadoras compuestas por representantes de los sindicatos más representativos en el sector, cuando la Empresa que deba iniciar el período de consultas no disponga de organismos de representación unitaria de los trabajadores.
Que las Empresas que acudan a dichos mecanismos serán exoneradas del 75 % de la aportación empresarial a la Seguridad Social, y que dicha exoneración alcanzará el 100% de la cuota cuando se trate de empresas de menos de 50 trabajadores, y siempre que éstas se comprometan a mantener el empleo.
Que en todo caso y de forma previa y prioritaria a la adopción de otros mecanismos de flexibilización interna, la Empresa deberá optar por el teletrabajo en los puestos de trabajo donde sea razonable y proporcionado.
Los clientes de SAYMA recibirán en breve un análisis más profundo y exhaustivo de las modificaciones mencionadas, así como de otras habidas, por ejemplo, en el régimen relativo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.