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Timestamp: 2019-10-17 11:16:41
Document Index: 344318215

Matched Legal Cases: ['artículo 209', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 68', 'artículo 72', 'artículo 10']

﻿ RESOLUCIÓN 116 DE 2004
RESOLUCIÓN 116 DE 27 DE ENERO DE 2004
CONTENIDO:INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL. DETERMINA LOS TRÁMITES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1300 DE 2003 Y DELEGA EN LOS JEFES DE LAS OFICINAS DE ENLACE TERRITORIAL LA REALIZACIÓN DE LOS ACTOS RELACIONADOS CON LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AGRARIOS.
RESOLUCIÓN 116 DE 2004
“Por la cual se determinan unos trámites, se delega el ejercicio de unas funciones y la realización de algunos actos, en los jefes de las Oficinas de Enlace Territorial”.
en uso de las facultades que le confiere el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, el artículo 9º de la Ley 489 de 1998, el numeral 17 del artículo 10 y el artículo 19 del Decreto 1300 de 2003,
Que el artículo 19 del Decreto 1300 de 2003, en su inciso primero establece como función de las oficinas de enlace territorial dirigir y coordinar las políticas, planes, programas y proyectos de competencia de la entidad en su correspondiente jurisdicción de conformidad con los lineamientos y delegaciones señalados por la gerencia general y adelantar el seguimiento y evaluación de los mismos;
Que el artículo 19 del Decreto 1300 de 2003 establece las funciones propias de los jefes de las oficinas de enlace territorial;
Que para lograr el eficaz y oportuno desarrollo de las competencias asignadas al gerente general y garantizar la adecuada prestación de los servicios y actividades a cargo del instituto se considera conveniente delegar de manera precisa y específica el ejercicio de determinadas funciones y la realización de ciertos actos, en otros funcionarios del nivel directivo, de la entidad;
Que examinada la actual estructura del Incoder y las funciones asignadas, se ha establecido que algunas de estas actividades pueden ejecutarse con mayor celeridad en las oficinas de enlace territorial por lo que en desarrollo de los principios de delegación de funciones y agilización de trámites que viene impulsando el Gobierno Nacional, el gerente general considera pertinente delegar en los jefes de las oficinas de enlace territorial dichas funciones, e indicar los trámites a seguir en las funciones asignadas a las oficinas de enlace territorial por el Decreto 1300 del 2003 artículo 19;
ART. 1º—Determinar los trámites para el desarrollo de las actividades establecidas en el Decreto 1300 de 2003 y delegar en los jefes de las oficinas de enlace territorial la realización de los actos, que se señalan a continuación:
A. En relación con los procedimientos administrativos agrarios.
1. Adelantar y culminar los procedimientos de adquisición de tierras de competencia del Incoder, según lo previsto en el capítulo VI de la Ley 160 de 1994 y sus correspondientes reglamentos los cuales comprenden:
• Disponer las diligencias necesarias para determinar la aptitud agropecuaria de los predios rurales propuestos u ofrecidos en venta, su identificación predial y el avalúo comercial, de los mismos y sus mejoras en los casos a que haya lugar; efectuar el control de calidad de dichos avalúos, disponer su aceptación, actualización u objeción por error grave y solicitar las aclaraciones, y correcciones que se requieran.
• Formular las ofertas de compra de los predios y mejoras rurales; decidir sobre las alternativas o contrapropuestas de negociación que se presenten; perfeccionar la negociación directa mediante la suscripción de los documentos correspondientes; autorizar o negar la prórroga de los plazos para contestar la oferta de compra, la celebración del contrato de promesa de compraventa y el otorgamiento de la escritura pública de venta; reconocer o negar el ejercicio del derecho de exclusión y ejercer la opción privilegiada de adquisición de los predios rurales ofrecidos en venta por las entidades financieras, en los términos de la ley y el reglamento.
• Adelantar los trámites necesarios para la adquisición de mejoras en los procedimientos de recuperación de baldíos, de saneamiento de reservas y resguardos indígenas y en los demás en que exista autorización legal para ello.
• Ejercitar el derecho de opción privilegiada de readquisición de las unidades agrícolas familiares, de sus mejoras y del interés social de los socios de las empresas comunitarias en el evento previsto en el inciso 6º del artículo 39 de la Ley 160 de 1994 o su adquisición simple por causa de muerte del adjudicatario, o en virtud de procesos ejecutivos o de venta que se adelanten contra los beneficiarios de los programas de dotación de tierras, de acuerdo con lo establecido en los artículos 40 numeral 4º y 41 de la Ley 160 de 1994 o cuando los adjudicatarios aún sometidos al régimen de la propiedad parcelaria, propongan enajenar sus parcelas al instituto por fuerza mayor, caso fortuito u otras razones plenamente justificadas. De la readjudicación de las parcelas que se adquieran en ejercicio de esta facultad, deberá informarse a la subgerencia de ordenamiento social de la propiedad dentro de los diez (10) días siguientes a la expedición del correspondiente acto administrativo, enviando para el efecto las actas del comité de selección en las que conste la propuesta de escogencia del nuevo beneficiario.
2. Disponer la realización de las actuaciones y diligencias que les corresponda en relación con la negociación voluntaria de tierras entre campesinos y propietarios, conforme a lo previsto en el capítulo V de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 1032 de 1995 o las normas que lo adicionen, modifiquen o reformen, lo cual comprende:
• Convocar a reuniones de concertación para examinar las condiciones especiales de negociación de los predios correspondientes y suscribir las actas respectivas.
• Autorizar o denegar los acuerdos de negociación voluntaria de predios rurales que propongan los campesinos y propietarios de inmuebles rurales, el otorgamiento del subsidio integral y expedir las certificaciones correspondientes.
3. Suscribir los contratos de operación y funcionamiento; de asignación o tenencia provisional y las otras formas de acceso a la tierra a las que se refieren los artículos 26 a 28 de la Ley 812 de 2003; aplicar los mecanismos de vigilancia, evaluación, seguimiento y control del subsidio integral; y declarar mediante acto administrativo motivado y sustentado en el respectivo informe del supervisor el incumplimiento de las obligaciones, compromisos, responsabilidades y demás acciones que se deriven de este; ejecutar el programa de asesoría para la gestión empresarial y rural y los de etno desarrollo para las comunidades indígenas y afrocolombianas.
4. Representar al Incoder, en todas las instancias de la región y apoyar los espacios de participación del sector público y privado en el marco del comité departamental de desarrollo rural y en los concejos municipales de desarrollo rural, o en las instancias de participación que hagan sus veces, para concretar acuerdos estratégicos en lo productivo y social, en las áreas de desarrollo rural identificadas como prioritarias.
5. Autorizar la inscripción en el registro departamental de aspirantes de los campesinos que solicitaren la adquisición de tierras con subsidio integral y vigilar su ejecución, evaluación, seguimiento y control; velar por el cumplimiento de sus obligaciones legales; expedir las resoluciones de adjudicación de tierras ingresadas al Fondo Nacional Agrario; adelantar los procedimientos de caducidad y dictar las resoluciones correspondientes; establecer las servidumbres necesarias en los inmuebles destinados a programas de acceso a tierras; autorizar a los adjudicatarios para la constitución de gravámenes hipotecarios y prendarios sobre las respectivas unidades agrícolas familiares; suscribir las escrituras de constitución, cancelación y sustitución de los gravámenes correspondientes a favor del instituto y ejercer las atribuciones vigentes que corresponda al Incoder en relación con las empresas comunitarias.
7. Dictar las providencias por medio de las cuales se inician los procedimientos de extinción de derecho de dominio y adelantar los trámites correspondientes con arreglo a lo dispuesto en el capítulo XI de la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2665 de 1994, y enviar a la subgerencia de ordenamiento social de la propiedad, los antecedentes para la culminación de la actuación administrativa.
8. Dictar las providencias por medio de las cuales se declara que no hay lugar a iniciar los procedimientos de extinción del derecho de dominio, clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, de delimitación de las que fueren del dominio de la Nación, de clarificación y deslinde de las tierras de los resguardos indígenas y las pertenecientes a las comunidades negras, de reversión de la adjudicación, de las tierras baldías y de recuperación de estas por indebida ocupación o apropiación cuando se estableciere que no se dan los presupuestos de hecho y los de orden legal para adelantar los trámites respectivos.
9. Iniciar y culminar los procedimientos de clarificación de la situación jurídica de las tierras desde el punto de vista de la propiedad, para identificar las que pertenecen al Estado y facilitar el saneamiento de la propiedad privada; de deslinde o delimitación de las tierras que fueren del dominio de la Nación, de las de los particulares; de clarificación sobre la vigencia legal de los títulos de los resguardos indígenas de origen colonial; y de deslinde de los terrenos de propiedad de los resguardos indígenas y las adjudicadas o pertenecientes a las comunidades afrocolombianas, de las que correspondieren a los particulares.
10. Adelantar los procedimientos encaminados a la constitución, ampliación, reestructuración y saneamiento de los resguardos indígenas y efectuar los estudios socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de tierras de las comunidades respectivas y enviarlos a la subgerencia de ordenamiento social de la propiedad para culminar los procedimientos.
11.(Modificado).* Iniciar y culminar los procedimientos de adjudicación de tierras baldías. Esta facultad no incluye la de proferir las providencias que definen las solicitudes efectuadas por las entidades de derecho público; o cuyas actividades hayan sido declaradas por ley como utilidad pública e interés social, las cuales serán expedidas por la gerencia general.
*(Nota: Modificado por la Resolución 2067 de 2005 artículo 1º del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural)
12. Adelantar los trámites administrativos necesarios para la preparación y suscripción de los contratos de explotación de terrenos baldíos a que hace referencia el artículo 68 inciso 2º de la Ley 160 de 1994 y expedir las resoluciones de adjudicación o caducidad cuando ello fuere procedente.
13. Expedir los actos administrativos de iniciación de los procedimientos de reversión de los terrenos baldíos adjudicados al dominio de la Nación y adelantar los procedimientos administrativos respectivos hasta su culminación. Esta delegación no comprende la atribución de expedir la resolución final, cuando la adjudicación se haya efectuado a favor de una entidad de derecho público o cuyas actividades hayan sido declaradas por la ley como de utilidad pública e interés social, en cuyo caso la decisión corresponde al gerente general.
14. Iniciar y culminar los procedimientos para la recuperación de baldíos indebidamente ocupados de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2664 de 1994, capítulo X o las normas que lo modifiquen.
15. Expedir las autorizaciones relativas al fraccionamiento de los terrenos baldíos adjudicados, conforme a lo previsto en el artículo 72 de la Ley 160 de 1994, y las certificaciones sobre afectación de predios rurales mediante alguno de los procedimientos agrarios de competencia del instituto.
16. Iniciar, tramitar y decidir los procedimientos de revocatoria directa que deban adelantarse de oficio o a solicitud de parte, respecto de las resoluciones de adjudicación de terrenos baldíos expedidas por las oficinas de enlace territorial.
17. Decidir las solicitudes de revocatoria directa de las resoluciones de adjudicación de baldíos expedidas por el extinto Incora.
18. Adelantar los procedimientos encaminados a la titulación colectiva de tierras a las comunidades negras, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 y siguientes de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1745 de 1995. Esta delegación no incluye la facultad para expedir las resoluciones de adjudicación las cuales, son de competencia del gerente general del Incoder.
19. Ordenar y presidir las diligencias de sorteo de los peritos o expertos que deban intervenir en los procedimientos de extinción del derecho de dominio, clarificación de la propiedad, deslinde de tierras nacionales, de resguardos y de las comunidades negras y de recuperación de baldíos; celebrar los contratos o expedir las órdenes respectivas con sujeción a las tarifas que determine el Incoder; solicitar aclaraciones o complementaciones a los dictámenes u objetarlos por error grave y en general administrar el registro regional de los expertos inscritos en el listado nacional de peritos para el desarrollo rural.
20. Adelantar las diligencias encaminadas a la recuperación de las tierras que hubieren ingresado al Fondo Nacional Agrario, por las causales señaladas en la ley y el reglamento cuando a ello hubiere lugar.
B. En relación con el subsector de pesca y acuicultura.
1. Conceder, prorrogar y renovar permisos de comercialización y procesamiento de productos pesqueros y acuícolas de origen nacional con destino al mercado interno del país.
2. Expedir prórrogas y renovar permisos de pesca comercial, artesanal a empresas pesqueras artesanales que tengan asiento en su jurisdicción.
3. Expedir permisos para el ejercicio de la actividad de la pesca deportiva.
4. Expedir carnés para el ejercicio de la pesca artesanal en su jurisdicción.
PAR.—Los jefes de las oficinas de enlace territorial remitirán a la subgerencia de pesca y acuicultura copia de los permisos y patentes expedidos en cumplimiento de las delegaciones otorgadas, dentro de los diez (10) primeros días de cada mes.
C. En relación con la infraestructura de adecuación de tierras.
1. Ejercer la vigilancia y control sobre los distritos y las asociaciones de usuarios para que ejecuten sus acciones de acuerdo con la normatividad vigente.
2. Asesorar y prestar asistencia técnica y jurídica a las asociaciones de usuarios para que asuman la responsabilidad de administrar, conservar y operar los proyectos, así como apoyar para preparar sus presupuestos respectivos.
3. Participar en los procesos tendientes a la transferencia de los proyectos a las asociaciones o entidades conformadas para la operación y mantenimiento de los mismos.
4. Atender y/o dar respuesta a los problemas o quejas inherentes a los proyectos presentados por los organismos administradores, asociaciones o usuarios en general.
5. Asesorar y apoyar a los entes territoriales, comunidades, asociaciones campesinas y los sectores público y privado en la identificación, formulación y presentación de proyectos de infraestructura física, social y productiva.
6. Propender por la realización de convenios interinstitucionales tendientes a la cofinanciación de proyectos de adecuación de tierras y de infraestructura social y productiva.
7. Presentar los proyectos ante las comunidades beneficiadas con el fin de buscar su aceptación y el compromiso para su ejecución.
8. Adelantar la interventoría de los contratos de construcción, o la supervisión de los contratos de interventoría de las obras que se ejecutan en el área de su jurisdicción.
9. Ejercer la supervisión o interventoría de campo de los contratos de estudios y diseños de los proyectos que se adelantan en su jurisdicción.
10. Apoyar las acciones que adelanten otros organismos públicos o privados para la conservación de las cuencas hidrográficas circunscritas a los proyectos.
11. Adelantar los trámites de la licencia ambiental y de la concesión de aguas ante las corporaciones autónomas regionales, bajo la asesoría de las oficinas centrales.
12. Ejercer la supervisión o interventoría de la ejecución de los planes de manejo ambiental, que se ejecuten en el área de su jurisdicción.
D. Subgerencia de desarrollo productivo social.
1. Expedir las certificaciones sobre vigencia y funcionamiento de las empresas comunitarias.
2. Emitir los conceptos de viabilidad técnica, económica, ambiental y jurídica de la documentación aportada por las asociaciones de usuarios de los distritos de adecuación de tierras que se constituyan en su jurisdicción conforme a la normatividad legal vigente; documentación que deberá ser remitida a la subgerencia de desarrollo productivo y social dentro de los diez (10) días siguientes quien deberá remitirla al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para el otorgamiento de la personería jurídica si a ello hubiere lugar.
3. Expedir las certificaciones de existencia y representación legal de las asociaciones de usuarios de los distritos de riego de su jurisdicción.
4. Asesorar a las comunidades respecto de las modalidades, condiciones y alcances de los instrumentos de política sectorial y promover su acceso en el marco de los programas de desarrollo rural.
5. Viabilizar técnicamente los proyectos de desarrollo productivo.
6. Realizar el seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos de desarrollo rural, en el área de su competencia.
7. Generar estadísticas e informes evaluativos del impacto del componente.
8. Divulgar los criterios, procedimientos y condiciones de acceso al programa de desarrollo agropecuario y rural.
9. Realizar y apoyar los procesos de capacitación a las comunidades para el ejercicio del control social.
10. Adelantar la divulgación y promoción del programa de zonas de reserva campesina.
11. Apoyar la formulación de proyectos en zonas forestales y su viabilización.
12. Adelantar la divulgación y promoción de la normatividad y aplicación de criterios para la constitución de zonas de reserva campesina, desarrollo empresarial y zonas forestales.
13. Orientar y apoyar a las comunidades campesinas y colonos en la elaboración del diagnóstico, formulación del plan de desarrollo y proyectos, así como conceptuar sobre la viabilidad de los mismos.
14. Promover procesos de capacitación a las comunidades rurales en asuntos de organización, acceso y uso de los factores productivos, formación socio empresarial y gestión de proyectos.
15. Apoyar la identificación, creación y fortalecimiento de los centros provinciales de gestión agroempresarial de su jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en la Ley 607 de 2000.
16. Realizar el seguimiento y control al funcionamiento de las asociaciones de usuarios de los distritos de riego en lo referente a la conservación, mantenimiento, operación y administración para su sostenibilidad y ejercer la representación del Incoder en los diferentes eventos en los que se requiera.
17. Representar a la gerencia en la firma de las actas de compromiso para la recuperación de las inversiones con los beneficiarios de los distritos de adecuación de tierras, así como en la entrega de los mismos.
E. En lo relativo a la organización y funcionamiento del instituto.
1. Señalar el lugar de radicación y la zona habitual de trabajo de los funcionarios de la oficina de enlace territorial.
2. Asignar responsabilidades, actividades, tareas, etc., de conformidad con las necesidades de cada OET y GIEP en coordinación con las subgerencias respectivas.
3. Autorizar las bajas definitivas de bienes muebles conforme a las normas administrativas, fiscales y contables.
4. Adelantar los procedimientos encaminados al saneamiento y recuperación de las carteras de producción, tierras, venta de servicios, recuperación de inversiones de los distritos de riego y permisos de pesca, y disponer la ejecución de los cobros correspondientes, incluido el trámite por jurisdicción coactiva, sin importar la cuantía.
5. Presentar y suscribir conjuntamente con el coordinador administrativo y financiero los estados financieros, informes contables y presupuestales de la respectiva OET.
ART. 2º—Continuidad de los procedimientos. Los jefes de las oficinas de enlace territorial, deberán continuar con el trámite de los procedimientos agrarios que venía adelantando el suprimido Incora.
ART. 3º—Coordinación con las subgerencias. Los jefes de las oficinas de enlace territorial deberán coordinar todas las funciones con las subgerencias respectivas y deberán rendir informes sobre los resultados obtenidos en las funciones delegadas.
ART. 4º—Recursos. Los actos administrativos proferidos por los jefes de las oficinas de enlace territorial referidos a adjudicación de baldíos, clarificación de la propiedad, clarificación en resguardos indígenas y tierras de las comunidades negras, de deslinde de tierras de propiedad de la Nación, deslinde de tierras de resguardos indígenas y las adjudicadas a las comunidades negras y de extinción de derecho de dominio, serán susceptibles del recurso de reposición ante el mismo funcionario que profirió la providencia.
ART. 5º—Reasunción de funciones. Por razones de conveniencia administrativa, el gerente general podrá reasumir las funciones conferidas por delegación a los jefes de las oficinas de enlace territorial, cuando estas no se realicen con la responsabilidad, oportunidad y eficiencia que demandan los servicios, sin perjuicio de las responsabilidades establecidas en la Ley 734 de 2002.