Source: https://e-justice.europa.eu/content_parental_responsibility-302-lt-maximizeMS_EJN-es.do?member=1
Timestamp: 2019-08-23 16:13:01
Document Index: 245194800

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 111', 'artículo 15', 'artículo 805', 'artículo 35', 'artículo 1']

Responsabilidad parental - Lituania
Los derechos y deberes entre los hijos y los progenitores están regulados por las disposiciones de la parte IV del tomo III del Código Civil de la República de Lituania (Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, en adelante «el Código Civil»). El artículo 3.155 del Código Civil prevé que los menores reciban el cuidado de sus progenitores hasta que lleguen a la mayoría de edad o la emancipación. Los progenitores tendrán el derecho y el deber de criar y educar a sus hijos para que sean honestos, cuidar de su salud y, habida cuenta de su estado físico y mental, crear condiciones favorables para su desarrollo completo y armonioso para prepararlos para una vida independiente en sociedad. El capítulo XI del tomo III del Código Civil establece los derechos y deberes parentales en relación con los hijos y el capítulo XII establece los derechos y deberes patrimoniales entre los progenitores y los hijos.
El artículo 3.227, apartado 2, del Código Civil establece que los progenitores adoptivos sean tratados como los progenitores del menor según la ley desde el día de entrada en vigor de la resolución judicial sobre la adopción, excepto en los casos excepcionales previstos por el artículo 3.222, apartado 4, del Código Civil.
El artículo 3.156 del Código Civil establece que el padre y la madre tendrán los mismos derechos y deberes en relación con sus hijos. Los progenitores tendrán los mismos derechos y deberes en relación con sus hijos, independientemente de si nacieron dentro o fuera del matrimonio, después del divorcio o la anulación del matrimonio o la separación.
Si los progenitores son incapaces o no están dispuestos a ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijos, podrá nombrarse a otra persona en su lugar. A tal efecto, el Código Civil establece la institución de la tutela y la curatela de los menores. Las normas básicas que regulan la colocación de un menor bajo tutela/curatela temporal o permanente se establecen en los artículos 3.254 y 3.257.
Si los progenitores se divorcian, la responsabilidad parental futura se determina según el tipo de divorcio.
Si el matrimonio se disuelve de mutuo acuerdo entre los cónyuges, estos deberán presentar ante el órgano jurisdiccional un acuerdo sobre las consecuencias de la disolución del matrimonio (separación de bienes, pagos de la pensión alimenticia para los hijos, etc.). El artículo 3.53, apartado 3, del Código Civil establece que, al conceder un decreto de divorcio, el órgano jurisdiccional aprobará un acuerdo sobre las consecuencias de la disolución del matrimonio de los cónyuges que regule los pagos de la pensión alimenticia para los hijos menores de edad y entre los cónyuges, el lugar de residencia de sus hijos menores, la participación de los cónyuges en la educación de los hijos y otros derechos y deberes patrimoniales. El contenido de este acuerdo se incorpora en el decreto de divorcio. Cuando existe un cambio significativo en las circunstancias (enfermedad o incapacidad de trabajar de uno de los antiguos cónyuges, etc.), los antiguos cónyuges o uno de ellos pueden solicitar al órgano jurisdiccional que modifique los términos y condiciones de su acuerdo sobre las consecuencias de la disolución del matrimonio.
Si el matrimonio se disuelve de acuerdo con la solicitud de uno de los cónyuges, la solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional también debe indicar la forma en que el solicitante desempeñará sus obligaciones hacia el otro cónyuge y sus hijos menores. Al conceder un divorcio, el órgano jurisdiccional debe resolver las cuestiones relativas al lugar de residencia y la pensión alimenticia de los hijos menores, la pensión alimenticia de uno de los cónyuges y la separación de los bienes conjuntos de los cónyuges, excepto en los casos en los que los bienes se han dividido de mutuo acuerdo entre los cónyuges con la certificación de un notario (artículo 3.59 del Código Civil).
Un divorcio basado en el incumplimiento de ambos cónyuges tiene las mismas consecuencias que la disolución del matrimonio de mutuo acuerdo entre los cónyuges (artículos 3.51 a 3.54 del Código Civil). Los procedimientos de divorcio basados en el incumplimiento de uno de los cónyuges están sujetos, mutatis mutandis, al artículo 3.59 del Código Civil.
En el asunto de la separación, uno de los cónyuges puede solicitar al órgano jurisdiccional vivir por separado del otro cónyuge si ya no puede tolerar la convivencia con su cónyuge o se ha vuelto imposible o puede perjudicar gravemente los intereses de los hijos menores por circunstancias especificas que pueden no depender del otro cónyuge, o si los cónyuges ya no están interesados en convivir. Al conceder la separación legal, el órgano jurisdiccional debe designar al cónyuge con el que convivirán los hijos y resolver las cuestiones relativas a la pensión alimenticia de los hijos y la participación del padre separado (o la madre separada) en la educación de los hijos. Ambos cónyuges pueden solicitar conjuntamente al órgano jurisdiccional la aprobación de su separación si han alcanzado un acuerdo sobre las consecuencias de su separación en términos del lugar de residencia, la pensión alimenticia y la educación de sus hijos menores, la división de sus bienes y la pensión alimenticia que debe recibir cada uno. Cuando los cónyuges hayan alcanzado un acuerdo sobre las consecuencias de su separación, el órgano jurisdiccional aprobará el acuerdo siempre que respete el orden público y no perjudique los derechos e intereses legítimos de los hijos menores o uno de los cónyuges. Una vez aprobado el acuerdo, el órgano jurisdiccional lo incorpora en la resolución sobre la separación legal.
Si los progenitores conviven, la organización y la forma de pensión alimenticia son determinadas por ellos de mutuo acuerdo. No existe un modelo especial para este acuerdo o procedimiento para concluirlo. El artículo 3.193 del Código Civil establece que, en caso de divorcio de mutuo acuerdo (artículo 3.51 del Código Civil) o separación (artículo 3.73 del Código Civil), los cónyuges suscribirán un acuerdo en el que se establecerán sus deberes mutuos en la manutención de sus hijos menores, así como los medios, el importe y la forma de pensión alimenticia. El acuerdo será aprobado por el órgano jurisdiccional (artículo 3.53 del Código Civil). Los progenitores de hijos menores también pueden suscribir un acuerdo sobre la pensión alimenticia de sus hijos si su divorcio se basa en otros motivos. Si uno de los progenitores no cumple con el acuerdo sobre la pensión alimenticia de sus hijos menores según lo aprobado por el órgano jurisdiccional, el otro progenitor adquiere el derecho de presentar al órgano jurisdiccional una demanda de ejecución.
Los progenitores disponen de servicios de mediación como alternativa para la resolución de conflictos sin tener que acudir a los órganos jurisdiccionales. La mediación judicial también está disponible en todos los órganos jurisdiccionales ordinarios. La mediación judicial es gratuita. Es una forma más rápida y barata de resolver las disputas. Cabe destacar que la mediación judicial garantiza la confidencialidad y cualquiera de las partes puede retirarse de la mediación judicial sin aducir motivos. La derivación de una disputa a la mediación judicial podrá iniciarla el juez (cámara) de la causa civil o cualquiera de las partes de la disputa. Para más información sobre la mediación y una lista de mediadores, consulte el sitio web de los órganos jurisdiccionales de Lituania.
Si los progenitores acuden al órgano jurisdiccional, el juez puede decidir en torno a todos los asuntos relativos a sus hijos, incluido su lugar de residencia, los derechos de visita/acceso de los progenitores, la pensión alimenticia de los hijos menores y cualquier otra cuestión indicada en la solicitud presentada ante el órgano jurisdiccional.
El artículo 3.156 del Código Civil establece que el padre y la madre tendrán los mismos derechos y deberes en relación con sus hijos. Esto se aplica independientemente de si nacieron dentro o fuera del matrimonio, después del divorcio o la anulación del matrimonio o la separación. Los progenitores tienen el derecho y el deber de criar a sus hijos, responsabilizarse de su educación y desarrollo, velar por su salud y ofrecerles orientación espiritual y moral. En el desempeño de estos deberes, los derechos de los progenitores prevalecen sobre los derechos de otras personas. Los progenitores deben crear las condiciones para que sus hijos asistan a las instituciones educativas hasta que alcancen la edad establecida por la ley.
La custodia exclusiva de un progenitor puede determinarse únicamente en casos en los que la autoridad parental del otro progenitor esté limitada. En caso de que los progenitores (el padre o la madre) incumplan sus deberes de educación de sus hijos, abusen de su autoridad parental, proporcionen un trato cruel a sus hijos, ejerzan una mala influencia en sus hijos debido a una conducta inmoral o no cuiden a sus hijos, el órgano jurisdiccional podrá emitir una resolución de limitación temporal o indefinida de su autoridad parental (la del padre o la madre). Al emitir dicha resolución, el órgano jurisdiccional tendrá en consideración las circunstancias específicas en las que se basa la solicitud de limitación de la autoridad parental. Los progenitores, no obstante, conservan el derecho de contacto con el menor, excepto cuando contravenga los intereses del menor. En caso de que la autoridad parental esté limitada durante un período indefinido, el menor podrá ser dado en adopción sin el consentimiento específico de los progenitores.
Los progenitores deciden en todas las cuestiones relativas a la educación de sus hijos y otras cuestiones de la responsabilidad parental de mutuo acuerdo. Si no alcanzan un acuerdo, cualquier disputa se resolverá en el órgano jurisdiccional.
El padre o la madre del menor o los progenitores (tutores/curadores) de los progenitores menores de edad sin capacidad legal podrán presentar una solicitud ante el órgano jurisdiccional sobre el derecho de visita al menor de los progenitores o la participación en la educación del menor. El órgano jurisdiccional determina la organización de las visitas del padre o madre separados con un menor teniendo en consideración los intereses del menor en vista a permitir que el padre o la madre separados puedan tener la mayor participación en la educación del menor. Podrá ordenarse un contacto mínimo con el menor solo en casos en los que el contacto máximo constante sea perjudicial para los intereses del menor.
Si una persona desea presentar una solicitud sobre la responsabilidad parental, debe presentar una solicitud al órgano jurisdiccional del distrito. Las formalidades que deben cumplirse y los documentos que deben adjuntarse a la solicitud dependen de los requisitos establecidos en la solicitud y los derechos y deberes que se impugnan o deben resolverse o determinarse (en referencia a la responsabilidad parental).
Las principales disputas y cuestiones de la responsabilidad parental se analizan de acuerdo con un procedimiento simplificado.
La disponibilidad de asistencia jurídica gratuita está regulada por las disposiciones de la Ley sobre asistencia jurídica garantizada estatal (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas). La posibilidad de obtener asistencia legal garantizada estatal depende de la situación financiera de la persona.
Sí, es posible interponer un recurso contra dicha decisión ante el órgano jurisdiccional superior de conformidad con las normas generales de enjuiciamiento civil.
La decisión de un órgano jurisdiccional es ejecutada por agentes judiciales.
Se aplica el Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, sin que se requiera ningún procedimiento especial para reconocer una resolución emitida en el órgano jurisdiccional de otro Estado miembro en Lituania. Este Reglamento se aplica a todos los Estados miembros de la UE con la excepción de Dinamarca.
Las resoluciones sobre derechos de acceso y las resoluciones que exigen la restitución del menor emitidas por los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de la UE están sujetas a la ejecución de conformidad con las normas establecidas en la parte IV del Código de Enjuiciamiento Civil de la República de Lituania (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas, en adelante «el Código de Enjuiciamiento Civil»).
Las solicitudes de asunción de competencias de un órgano jurisdiccional de un país extranjero y las solicitudes de transferencia de competencias a un órgano jurisdiccional de un país extranjero, según lo establecido en el artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo (y los artículos 8 y 9 del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996), son consideradas por el Tribunal de Apelación de Lituania (Lietuvos apeliacinis teismas).
Estas solicitudes se consideran de conformidad con el procedimiento establecido en el capítulo 39 del Código de Enjuiciamiento Civil, siempre que el Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo no establezca lo contrario. Estas solicitudes no están sujetas a costas judiciales.
Las solicitudes presentadas ante el Tribunal de Apelación de Lituania deben cumplir los requisitos generales para documentos procesales (artículo 111 del Código de Enjuiciamiento Civil). En cumplimiento del artículo 15 del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, la solicitud y los apéndices adjuntos deben presentarse en la lengua del estado, de lo contrario, deben adjuntarse las traducciones de dichos documentos al lituano. En caso de que un solicitante resida fuera de la República de Lituania y no se haya nombrado a un representante para el caso o una persona autorizada para obtener los documentos procesales que resida o tenga el domicilio profesional en la República de Lituania (artículo 805 del Código de Enjuiciamiento Civil), la solicitud debe indicar una dirección en la República de Lituania o la dirección de un dispositivo de terminal de telecomunicaciones en la que puedan entregarse los documentos del procedimiento. No obstante, estos requisitos no se aplican a las solicitudes presentadas ante el Tribunal de Apelación de Lituania por parte del órgano jurisdiccional de un país extranjero.
Cuando corresponda, el Tribunal de Apelación de Lituania puede encargar al Servicio de Adopción y Protección de los Derechos de los Menores del Estado bajo el mando del Ministerio de Seguridad Social y Empleo de la República de Lituania (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) que emita una opinión sobre la conveniencia de asumir o transferir las competencias. El Tribunal de Apelación de Lituania establece un límite de tiempo dentro del cual debe presentarse dicha opinión.
Las solicitudes serán consideradas por el Tribunal de Apelación de Lituania a más tardar en un plazo de seis semanas desde la fecha de recepción de la solicitud por el órgano jurisdiccional.
Después de considerar una solicitud para la asunción de competencias de un órgano jurisdiccional extranjero y adoptar la decisión de conceder la solicitud, el Tribunal de Apelación de Lituania, teniendo en consideración las circunstancias del caso, nombrará a un órgano jurisdiccional lituano competente para considerar el caso en Lituania. Los procedimientos establecidos en el órgano jurisdiccional del país extranjero se transfieren al órgano jurisdiccional lituano competente para el examen de los méritos del caso. En ese caso, las disposiciones del artículo 35 del Código de Enjuiciamiento Civil se aplican mutatis mutandis y los procedimientos continúan en el órgano jurisdiccional lituano competente. Cuando corresponda, el órgano jurisdiccional lituano competente establece la posición de las partes en los procedimientos y toma medidas para eliminar los obstáculos que afectan a los documentos procedimentales.
Los recursos deberán interponerse ante el Tribunal Supremo de Lituania (Lietuvos Aukščiausiasis Teismas). Se analizarán como recursos de casación de conformidad con las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Civil.
La legislación aplicable a las relaciones entre los progenitores y los hijos se determina en el artículo 1.32 del Código Civil. Las relaciones personales y patrimoniales entre los progenitores y los hijos se rigen por la ley del estado en el que suele residir el menor. Si ninguno de los progenitores reside habitualmente en el estado en el que suele residir el menor y el menor y ambos progenitores son ciudadanos del mismo estado, se aplicará el Derecho del estado del que todos son ciudadanos.
En las cuestiones relativas a la responsabilidad parental, el órgano jurisdiccional competente se determina de conformidad con el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 Relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños.
La ley aplicable a la protección de menores, su tutela y curatela se determina en virtud del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961 sobre Competencia de Autoridades y Ley Aplicable en Materia de Protección de Menores.
Las obligaciones alimenticias (pensión alimenticia) en la familia se rigen por el Convenio de La Haya de 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias.