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Timestamp: 2019-05-21 05:59:23
Document Index: 315939772

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 74', 'artículo 7', 'artículo 60', 'artículo 32', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 19', 'Artículo 60', 'Artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 32', 'Artículo 32', 'ARTÍCULO 1', 'artículo 32', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 29', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 232', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 3']

Diario de Sesión: Sesión Especial N° 89
REMISIÓN DE PROYECTO A COMISIÓN DE DEFENSA.
CONOCIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA POLÍTICA ANTIDROGAS. Proyectos de acuerdo.
Sesión 89ª, en miércoles 18 de octubre de 2006
(Especial, de 18.37 a 21.35 horas)
Remisión de proyecto a Comisión de Defensa9
Conocimiento y análisis de la política antidrogas. Proyectos de acuerdo10
1.Moción de los diputados señores Tarud, Farías, León, Lorenzini, Walker, y de la diputada señora Soto, doña Laura, que reforma la Constitución Política de la República impidiendo la realización de “lobby”, a favor de gobiernos extranjeros. (boletín N° 46210751
2.Moción de los diputados señores Jiménez, Accorsi, Aguiló, Bustos, EnríquezOminami, Espinosa, don Marcos; Farías, Insunza, Sule, y de la diputada señora Vidal, doña Ximena, que modifica la ley N° 19.992, para incorporar un nuevo beneficio en relación con el Servicio Militar Obligatorio. (boletín N° 462217)52
3.Moción de los diputados señores Errázuriz, Accorsi, Aguiló, Chahuán, Silber, y de la diputada señora Cristi, doña María Angélica, que limita cobro por pago de contado de mantención de sepulturas. (boletín N° 462311)53
4.Moción de los diputados señores Errázuriz y Chahuán, que permite a parlamentarios integrar los Consejos Regionales (Cores), con derecho a voz.
(boletín N° 462406)54
5.Moción de los diputados señores Ojeda, Araya, Díaz, don Eduardo; Mulet, Olivares, Sabag, Venegas, don Mario, y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica el artículo 14 de la ley N° 14.908, poniendo término a medidas de apremio para los mayores de 60 años de edad. (boletín N° 462518)54
Del diputado señor Ward por la cual retira su patrocinio al proyecto relativo al “Dia del Minero” (boletín N° 4418-04).
Del diputado señor Hales quien, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60 de la Constitución Política de la República y 35 del Reglamento de la Corporación, solicita autorización para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 10 de noviembre para dirigirse a Francia.
Asistieron, además, los ministros de Salud, doña María Soledad Barría; del Interior (S), don Felipe Harboe; de Justicia (S), doña Verónica Baraona, y la directora del Conace, doña María Teresa Chadwick.
Concurrieron, también, los senadores señores Juan Antonio Coloma y Alejandro Navarro.
En misión oficial estuvieron ausentes los diputados señores Gabriel Ascencio y Carlos Abel Jarpa, y señoras María Antonieta Saa y Marisol Turres, María.
El acta de la sesión 84° se declara aprobada.
El acta de la sesión 85° queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
El señor ÁLVAREZ (Secretario accidental) da lectura a la Cuenta.
Si le parece a la Sala, se accederá al permiso constitucional pedido por el diputado señor Patricio Hales para ausentarse del país por un plazo superior a treinta días, a contar del 10 de noviembre, a fin de dirigirse a Francia.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 36 votos; por la negativa, 14 votos. No hubo abstenciones.
Aprobado el permiso solicitado por el diputado señor Patricio Hales .
Accorsi Opazo Enrique ; Allende Bussi Isabel ; ÁlvarezSalamanca Büchi Pedro ; Becker Alvear Germán ; Bertolino Rendic Mario ; Bustos Ramírez Juan ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Díaz Díaz Marcelo ; Duarte Leiva Gonzalo ; Galilea Carrillo Pablo ; García García René Manuel ; Godoy Ibáñez Joaquín ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Hales Dib Patricio ; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge ; Isasi Barbieri Marta ; Leal Labrín Antonio ; Martínez Labbé Rosauro ; Mulet Martínez Jaime ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Ortiz Novoa José Miguel ; Paredes Fierro Iván ; Quintana Leal Jaime ; Rossi Ciocca Fulvio ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Silber Romo Gabriel ; Tarud Daccarett Jorge ; Valcarce Becerra Ximena ; Vallespín López Patricio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Vidal Lázaro Ximena .
Bauer Jouanne Eugenio ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Cubillos Sigall Marcela ; Forni Lobos Marcelo ; GarcíaHuidobro Sanfuentes Alejandro ; Hernández Hernández Javier ; Kast Rist José Antonio ; Norambuena Farías Iván ; Rojas Molina Manuel ; Ulloa Aguillón Jorge ; Urrutia Bonilla Ignacio ; Von Mühlenbrock Zamora Gastón ; Ward Edwards Felipe .
Sobre la Cuenta, tiene la palabra el diputado señor Patricio Hales .
Señor Presidente, en el N° 2 de la Cuenta figura el ingreso del proyecto que modifica la ley N° 19.992, para incorporar un nuevo beneficio en relación con el servicio militar, y se indica que va a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Ayer, en la Comisión de Defensa, iniciamos el tratamiento de materias relativas a la nueva modalidad del servicio militar, dentro de las cuales está la objeción de conciencia como causal de exclusión de su cumplimiento.
Por eso, desearíamos que el nuevo proyecto también fuera conocido por la Comisión de Defensa.
Si le parece a la Sala, la Comisión de Defensa también conocerá del proyecto que modifica la ley N° 19.992, para incorporar un nuevo beneficio en relación con el servicio militar, radicado en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Señoras diputadas y señores diputados, esta sesión ha sido convocado por petición de 55 diputadas y diputados, con el objeto de conocer y analizar la política nacional antidrogas.
Han sido citados el ministro del Interior, en cuyo lugar se encuentra presente el ministro subrogante de la cartera, don Felipe Harboe ; la ministra de Salud, señora María Soledad Barría , y la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conace , señora María Teresa Chadwick .
También fue citado el ministro de Justicia, señor Isidro Solís . Sin embargo, por razones de salud, tuvo que retirarse. En su reemplazo, ha concurrido la subsecretaria de la cartera, señora Verónica Baraona . Para su ingreso a la Sala, solicito la autorización de las señoras diputadas y de los señores diputados.
En el tiempo previo de 15 minutos, conforme al artículo 74 del Reglamento, tiene la palabra el diputado señor Enrique Accorsi.
Señor Presidente, agradezco la asistencia de los ministros y de las demás autoridades relacionadas con las políticas antidrogas y la presencia masiva de los diputados para participar en el debate de un tema tan delicado como el que nos convoca
En el último tiempo hemos visto, con mucha preocupación, como la droga aparece en todos los grupos etarios; en los jóvenes, en las mujeres, en los deportistas y su consumo está presente en muchos actos de violencia.
La actual institucionalidad para enfrentar el flagelo de la droga no se condice con la realidad. Reconocemos la labor que han realizado el Ministerio del Interior y el Conace; sin embargo, es necesario modificar la legislación y entregar mayores atribuciones a las autoridades encargadas de su control.
Para nadie es un misterio que un porcentaje altísimo de accidentes de tránsito están ligados al consumo de alcohol y de drogas, al igual que muchos hechos delictivos, como asaltos con violencia y homicidios.
Según un estudio de la Universidad de Chile, el abuso y la dependencia del alcohol le cuestan al país 3 mil millones de dólares al año.
Urge contar con una política de Estado para enfrentar el consumo de droga. Todas las drogas ilícitas que se consumen en Chile vienen del extranjero. Por eso, tenemos que dotar a nuestras policías y a quienes se desempeñan en los puestos fronterizos de los elementos necesarios para frenar el ingreso de esta lacra social.
Si me preguntasen hoy cuál es el mayor problema sanitario que tendremos a futuro, respondería que es el consumo de drogas.
La droga no es un problema porque sí o porque es ilegal; es un problema porque afecta a toda la sociedad, a la red social, a la familia, a las relaciones humanas y también corroe el principal capital y riqueza de una sociedad democrática, sus instituciones. Actualmente, nuestras instituciones están amenazadas por la droga; no me cabe la menor duda que los narcotraficantes están apuntando hacia ellas.
En consecuencia, la ciudadanía percibe que el tráfico y el consumo de drogas amenazan la vida cotidiana, su seguridad y el futuro de sus hijos e hijas. Para las autoridades constituye una preocupación real, pues existe una constatación científica de que el consumo de drogas puede implicar daños para la salud y para la convivencia social y familiar.
El tráfico de drogas también es una realidad. El hecho de que nuestro país comparta una larga frontera con países productores de hojas de coca lo hace vulnerable. Chile era un pasadizo para el tráfico de drogas, pero hoy se ha transformado en un consumidor. Los más afectados son los jóvenes de entre 19 y 25 años, grupo etario que tiene la tasa más alta de prevalencia año de consumo de cualquier droga: 18,4 por ciento. Si ustedes revisan todos los documentos y artículos que se han publicado, como los de la descripción de las tendencias entre 1994 y 2004, el estudio nacional de las drogas en la población escolar de Chile, los principales resultados del tema de la droga, el informe sobre uso de droga en la población laboral, la evaluación que hace Conace de la situación del consumo de drogas en mujeres, podrán darse cuenta de que se trata de luces de alerta que indican que estamos siendo invadidos por la droga en todas partes.
Lo que queremos es que se puedan coordinar los programas de prevención que hace el Conace. A lo mejor es necesario crear otra institución que tenga mayor presupuesto, más poder administrativo y de decisión para enfrentar este tema, que realmente considero que lo debemos tratar como una urgencia.
El Conace cumple con una serie de políticas que existen en nuestra legislación. También debemos resaltar que somos el único país de Latinoamérica que tiene estadísticas comparables, es decir, que podemos saber lo que pasaba en 1994 y lo que pasa en 2005. En consecuencia, creemos muy importante entregarle las herramientas necesarias, a través del Ministerio de Salud, para que pueda desarrollar el tema de la prevención de drogas. Si ustedes van a otros países de Latinoamérica podrán ver que hay gigantografías con el tema de la droga y que se usa mucho a los diarios y a las radios para dar a conocer los programas de prevención sobre el consumo de drogas.
También tenemos que decir que nuestros sistemas de salud están débiles en rehabilitación y prevención. Nuestros sistemas público y privado no se hacen cargo de esa realidad, que es dramática. Por ejemplo, no están incluidos en los códigos de Fonasa o de las isapres. Recién se están implementando algunos programas de rehabilitación para enfrentar este tema, pero la mayoría se está haciendo a través de terceros.
También creemos que es muy importante que la población penal tenga un sistema de rehabilitación y de prevención. Todos los días se conoce del ingreso de drogas a las cárceles. Esto constituye un problema de Estado, que es necesario enfrentar.
Con la ley de tabaco pusimos un coto a este problema. Ustedes saben perfectamente que el inicio, sobre todo de los jóvenes, en el consumo de drogas parte con dos drogas lícitas. El 20 por ciento de los jóvenes se inicia en las drogas duras a través del tabaco, mientras el 80 por ciento lo hace a través del alcohol. En consecuencia, debemos tener políticas claras en el consumo de alcohol y de tabaco, porque, de lo contrario, estamos pavimentando a los jóvenes una carretera muy clara y definida hacia las drogas más duras.
Los convenios de tratamientos que tiene el Estado, como el de ConaceFonasa, el del Ministerio de Salud, el de Gendarmería-Conace, respecto de la población adolescente infractora, son muy importantes, pero es necesario revitalizarlos y otorgarles mayor presupuesto, para que cuenten con más recursos humanos.
El Gobierno tiene la obligación de dar tratamiento y rehabilitación a las personas que consumen drogas, de acuerdo con lo que disponen, por ejemplo, la ley 20.084, sobre responsabilidad penal juvenil, la ley de drogas, la reforma procesal penal y en ciertos casos derivados a los tribunales de familia.
Tenemos que fortalecer las políticas a favor de la familia, porque se ha demostrado en todos los estudios que una familia bien constituida, fuerte, con principios y valores, constituye el principal freno al consumo de drogas.
La Organización Mundial de la Salud ha declarado a la dependencia de sustancias psicoactivas, como una enfermedad crónica tratable y complicada, caracterizada por el deseo, la búsqueda, el uso compulsivo y, a veces, incontrolable de droga, y es persistente, a pesar de las consecuencias extremadamente negativas que puede tener. No obstante, hay informes que señalan que podemos tener éxito en su tratamiento.
Pero lo más importante es que enfrentemos unidos este caos que es la droga y demos un ejemplo como país por tener una política sólida y efectiva para combatirla.
Señor Presidente, el 2 de julio del presente año, se publicó un reportaje en el diario “El Mercurio”, relativo al consumo de drogas en el país. En él se señalaba un caso que me llamó particularmente la atención, porque refleja descarnadamente el terrible efecto que ha tenido la droga. El reportaje hablaba de un joven chileno, a quien, para estos efectos, llamaremos Mario , que necesita al menos 152 mil pesos mensuales sólo para financiar su adicción. Nos preguntamos cómo los conseguía. El 16 de junio de 2005 fue detenido por participar de un robo en un lugar no habitado. Se constató que tenía un proceso pendiente el año 2004 por el mismo delito. Fue condenado a 150 días, pero quedó en libertad el mismo día, porque recibió el beneficio de la remisión de su pena. El 7 de julio de 2005 fue detenido por un robo de las mismas características y condenado a 20 días de reclusión nocturna. El 14 de julio, siete días después, antes de cumplir la condena, volvió a ser detenido. El juicio era el 18 de agosto, pero no se presentó, pues en esos momentos estaba en otra sala, detenido por robo en un lugar habitado, delito más grave que los anteriores. En marzo de este año fue condenado a tres años y un día, sin beneficios.
¿Es ése un caso de excepción? La verdad es que no lo es. Es más común de lo que quisiéramos y evidencia la fuerte relación entre las drogas y la delincuencia.
Según cifras del Conace, 508 mil chilenos han consumido alguna droga en el último año, lo que equivale a la población total de Viña del Mar o de Valparaíso. De esas personas, 200 mil son consumidoras problemáticas. Es decir, tres de cada cien chilenos son adictos. Siguiendo con el símil de las ciudades, el número de drogadictos en el país es similar a la población total de Arica, Rancagua y Concepción.
Los datos del Conace también revelan que los hombres triplican a las mujeres en el consumo de drogas, mientras que, según edad, el grupo de mayor consumo se concentra entre los 19 y 25 años.
Lamentablemente, la necesidad de consumir lleva muchas veces al quiebre de una familia, y es un incentivo importante para caer en la delincuencia. Diversos estudios avalan la alta correspondencia entre el consumo de drogas y las acciones delictivas y la violencia intrafamiliar.
En ese sentido, en los análisis realizados por la fundación Paz Ciudadana sobre la materia, llama la atención que los detenidos respecto de los cuales se comprueba el consumo de drogas, las ingieren antes de convertirse en delincuentes y con mayor frecuencia que la población en general. Por lo tanto, es a partir del propio consumo y adicción a las drogas que se potencia parte importante de los futuros delincuentes.
Por lo demás, la misma fundación constató que, sólo en Santiago, el 87 por ciento de los detenidos por delitos como robo, hurto, violación, lesiones y homicidio, los cometieron luego de consumir cocaína o pasta base. También es evidente la mayor reincidencia entre los consumidores de drogas; en un año son detenidos el doble de las veces que quienes no lo son. Eso es entendible.
El caso de Mario, que describí al principio de mi intervención, refleja la necesidad que tiene un drogadicto de conseguir recursos para calmar la adicción, aun cuando el costo sea robar una y otra vez.
El sistema penitenciario hace esfuerzos al respecto mediante planes de rehabilitación y reinserción de los condenados que sufren dependencia de sustancias ilícitas. Sin embargo, en 2005 Gendarmería sólo podía ofrecer 300 cupos para el programa de rehabilitación, en circunstancias de que la población penal de Chile es de 40 mil reos; es decir, la cobertura no alcanza ni al uno por ciento de las personas recluidas.
Hace tiempo que el problema de la droga en Chile no es un tema menor, y son los jóvenes quienes muestran la mayor vulnerabilidad.
Estamos reunidos hoy para discutir la política nacional antidrogas, pues actualmente se está aplicando la llamada estrategia nacional sobre drogas 20032008, cuyo principal objetivo es prevenir y disminuir el consumo de drogas en Chile y fortalecer la percepción del riesgo que ello conlleva.
Sin embargo, las cifras que presentan el Conace, Gendarmería y la fundación Paz Ciudadana muestran que estamos bastante lejos de consolidar esa meta. Más que disminuir el consumo y la adicción a las sustancias ilícitas, nuestro país mantiene niveles similares a los de los años 90, y con la aplicación de esta estrategia nacional no se ha generado ni la esperada reducción ni mayor conciencia de la gravedad del problema.
¿Qué podemos decir al respecto? Claramente, hay un fracaso en esta materia. La inversión de recursos y la realización de programas en materia de drogas por parte del Gobierno son insuficientes. La estrategia nacional sobre drogas es una carta de navegación que no parece llevarnos a un buen puerto.
La droga genera un círculo vicioso, pues el consumo lleva a la adicción; ésta a la necesidad; la necesidad estimula la delincuencia y por ésta los antecedentes de la persona quedan marcados de por vida.
Así, además de tener que enfrentar su enfermedad, debe hacer frente a la cesantía y a la falta de oportunidades, lo que finalmente trata de sobrellevar mediante el consumo de drogas, arrastrando consigo a su familia y a sus amigos.
Entonces, la prevención es el principal aspecto donde debemos poner énfasis en nuestro trabajo, pues se trata de evitar un daño; después puede ser demasiado tarde.
Es necesario potenciar a la familia, núcleo fundamental de la sociedad, la cual, sin duda, es la institución más herida por la drogadicción de uno de sus miembros. La familia, con el apoyo de escuelas y colegios, debe tener las facilidades y estímulos para incentivar en los niños y jóvenes valores como la responsabilidad, la honestidad y la solidaridad, a fin de que sean ellos mismos quienes se nieguen a la droga.
Asimismo, se debe promover la cultura antidrogas, especialmente cuando se ve que hemos conseguido mayor rechazo al cigarrillo y al alcohol y, curiosamente, no así a la marihuana, a la pasta base y a la cocaína, que producen más daño personal y social.
Respecto de la rehabilitación, es evidente la necesidad de extender los programas, potenciando la atención temprana, con equipos profesionales que cuenten con sicólogos, asistentes sociales y siquiatras en los consultorios, con atención integral para un problema de integridad.
A esta tarea hay que sumar a los privados que, a través de fundaciones o instituciones de acogida, entregan un servicio social importante, pero que muchas veces se ven limitados en recursos o capacidad de atención. En eso hay dos tareas que hacer: facilitar las donaciones y fortalecer el apoyo del Estado.
Se debe fortalecer el trabajo con adictos en las cárceles, enfocando la política carcelaria a la rehabilitación real y no a la sola custodia de los reos mientras están ahí. Consolidar programas y el trabajo que puede desarrollar Gendarmería a partir de su experiencia y contacto cotidiano con los reclusos también debe ser una medida a concretar.
Por último, todas esas medidas deben ir de la mano con señales potentes de parte de las autoridades, a fin de demostrar una verdadera conciencia del problema y convicción para enfrentarlo.
Es necesario poner fin totalmente a los indultos presidenciales que benefician a los narcotraficantes, personas que lucran a partir de la enfermedad de los adictos y que difícilmente saldrán de un negocio tan productivo como el de las drogas.
Queremos que en 2008 podamos dar a casos como el de Mario mejor respuesta que sólo sanciones penales, que en nada ayudan a superar su adicción y su inevitable caída en la delincuencia.
Un último punto dice relación con las fronteras, a través de las cuales pasa la mayor cantidad de drogas que se consume en nuestro país. Debemos implementar una política de fronteras eficaz, buscando restringir este verdadero paraíso en cuanto a las barreras de ingreso de drogas a nuestro país. Así como poco a poco vamos tecnologizando a nuestras fronteras en función de nuestro patrimonio fitozoosanitario, así también debemos aplicarnos en cuanto a la protección de la salud de nuestra gente en relación con la droga.
Probablemente en esta Sala nadie podrá opinar sino que nuestra sociedad tiene un problema con el consumo de drogas y, a partir de éste, con sus efectos, porque gran parte de las personas que las consumen caen en situación de mayor debilidad frente a las opciones de vida y tienen alta probabilidad de entrar a carreras delictuales.
Los datos indican que, al menos desde el punto de vista del universo de personas que ingresan a las cárceles en distintas situaciones, los grados de consumo son importantes y que la ecuación entre delito y droga, o a veces incluso droga y después delito, es bastante perfecta.
No hace mucho, se realizó un estudio que no ha sido desmentido que indicaba que todos los detenidos en la zona sur de Santiago que voluntariamente se dejaron hacer un test de droga por delitos de mayor connotación social, como son los robos, sobre el 70 por ciento había consumido con una prevalencia de una semana anterior al arresto, del cual un porcentaje altísimo había consumido “drogas duras”, como son la pasta base y la cocaína.
Nadie podría negar que tenemos un problema como sociedad que debemos enfrentar. A partir de esa constatación, no se podría concluir que no tenemos una estrategia como sociedad. Eso sería injusto.
Desde mediados de 1990, este país tiene una estrategia para luchar contra el flagelo de la droga. Podrá ser mejorable, perfectible, pero la tiene, a diferencia de lo que ocurría antes, donde no existía, aun cuando había consumo de droga. Este no es un hecho que haya surgido en Chile a partir de los años 90. Los datos empíricos indican que el consumo de droga empieza en la década de los 70. En consecuencia, la estrategia nacional pudo haber sido tardía, pero hoy existe no sólo en el papel, sino en la práctica. En eso el Conace ha tenido un rol preponderante que hay que rescatar y mejorar, pero no presumir que porque tenemos un problema no hay estrategia, porque la hay.
Al respecto, se han hecho muchas cosas. Todos los colegas tienen en sus escritorios carpetas que indican una serie de instrumentos que se han venido implementando durante estos años y que, a la hora de la prevención y rehabilitación, van en la dirección correcta.
Desde luego, una buena parte de los datos que señaló el diputado que me antecedió en el uso de la palabra en quien reconozco que hizo un buen análisis en muchos aspectos están fundados en estudios del Conace.
Para saber qué pasa en el universo de los estudiantes primarios, secundarios, de la prevalencia general del país, debemos basarnos en estudios parciales realizados en ciertas áreas de la sociedad o a nivel nacional. Desde hace mucho tiempo que se realizan encuestas nacionales respecto de la droga, las que tienen un valor importante desde el punto de vista del costo para el Estado, pero un valor mucho más importante respecto de su uso.
Eso da cuenta de una decisión del Estado de Chile, a través de los Ministerios del Interior, de Salud, de Justicia y del Conace, de enfrentar el problema. Quiero insistir en eso, porque no se puede confundir el problema de la droga con la ausencia de estrategia. Sería un error llegar a esa conclusión.
Se han hecho muchas cosas, pero quedan muchas por hacer. En eso quisiera detenerme algunos segundos.
Es correcta la línea del Gobierno en orden a seguir aumentando la prevención temprana en áreas escolares, comunales y vecinales. Es una buena noticia que el Presupuesto de 2007 disponga de mayores recursos para esa prevención temprana en lo territorial y en lo funcional. Seguramente se nos va a informar que hay fondos importantes. Ese trabajo debe continuar. Probablemente, podría ser susceptible mejorar la rendición de cuentas de esos trabajos, en lo cual podemos avanzar; pero la línea es la correcta.
Los datos gruesos indican ciertas situaciones preocupantes en el nivel escolar respecto del consumo de algunas drogas. Probablemente, si uno se detiene a ver lo que ha pasado con el éxtasis, que es una droga complejísima, nos van a preocupar ciertos aumentos en su consumo, que son sustanciales, aun cuando los grupos no son muy grandes, lo que da cuenta de que la oferta también ha aumentado, lo cual es un tema delicado.
Pero en otras consideraciones hechas a nivel nacional, si uno ve las prevalencias en algunas drogas, como la cocaína, éstas han ido a la baja. Esa es una muy buena noticia y muy difícil de lograr. Hay países que llevan veinte, treinta, cuarenta años con estas políticas y aún no han tenido éxito. Ya es un éxito que no vaya en aumento. No hay que contentarse con aquello, pero no se puede desconocer que es un éxito. No hay que romper la lógica hacia donde se va.
Entre las cosas que hay por hacer está el incentivar la rehabilitación de manera profunda. En ese sentido, el paso dado por el actual Gobierno, en orden a anunciar la cobertura Auge para las personas con problemas de consumo, es un paso notable, profundo, tremendo, que marca un hito sustancial en la política y en la estrategia de lucha contra la droga. El que seamos capaces, como sociedad, de decir a las personas que están en el problema del consumo de drogas que hay posibilidades y disposición del Estado para intentar, en conjunto, rehabilitarla sin costo para ella, es un paso tremendo al cual no se le ha dado la importancia y la connotación que tiene desde el punto de vista de la lucha contra el consumo.
También hay que hacer un esfuerzo notable en lo que se refiere a la rehabilitación de las personas que están insertas en el consumo y en el delito.
Entiendo que el Presupuesto de 2007 trae una buena noticia a la hora de aumentar sustancialmente los fondos para los programas de rehabilitación de los menores que entren al nuevo Sistema de Responsabilidad Penal. En buena hora se postergó. He escuchado que sobre un 50 por ciento de los primeros jóvenes que ingresen al nuevo Sistema van a tener la posibilidad de rehabilitarse.
Entonces, no sólo les vamos a ofrecer el nuevo sistema de responsabilidad penal propio de los jóvenes, sino que, además, tanto en el medio cerrado como en el libre, le vamos a dar la opción de rehabilitarse de aquella causal que probablemente ha sido la esencia de su incorporación a la carrera del delito. Y eso está en la línea correcta.
Otro tema al cual se refirió el diputado Barros y en eso coincido es qué hacer respecto del ingreso de la droga al país.
Los datos de la Policía de Investigaciones, publicados hace dos o tres años en la prensa nacional, señalan que sobre el 80 por ciento de la cocaína que entra al país se realiza a través de Chacalluta; o sea, por el principal paso del norte de Chile. Sobre el 60 por ciento de la pasta base también entra por pasos regulares del norte, y sobre el 80 por ciento de la marihuana prensada entra por el paso de Los Andes. Esa marihuana viene de Paraguay. Es la más adictiva y la que produce mayores problemas.
En consecuencia, los puntos de focalización de ingreso son claramente tres. Es cierto que han habido muchos éxitos, pero creo que a la hora de realizar un mayor control, podemos reforzar de manera notable la inversión. No hay cosa más barata, desde el punto de vista de país, que parar el ingreso de la droga por esos lugares. Si logramos eso, vamos a hacer un esfuerzo notable respecto de las consecuencias que acarrearía el no hacerlo.
No sé qué novedades trae el Presupuesto del 2007, pero se ha dicho que hay algunos pasos fronterizos que en la noche no tienen turnos, que no están los visores nocturnos necesarios, o que no cuentan con los elementos técnicos necesarios. Vale la pena triplicar la inversión en los pasos fronterizos. Es lo más barato.
Ahí hay una tarea pendiente muy importante a la hora de tener más capacidad de punición temprana para quienes pretendan ingresar al país este tipo de drogas. La línea va por ahí.
La preocupación del diputado Accorsi y los diputados que firmaron esta petición va en esa dirección y me parece absolutamente correcta. Es una buena oportunidad para debatir aquellas cuestiones que nos son comunes e incentivarnos a que todos ayudemos a que esta estrategia perceptible sea posible de mejorar en el corto tiempo, porque, insisto, tenemos un problema respecto del consumo de droga. Pero no nos podemos equivocar. No podemos vivir pensando en cambiar la estrategia. La que hay es la correcta y hay que persistir en ella.
De una vez por todas, el Conace requiere cambiar de estatuto legal. Sigue siendo un programa del Ministerio del Interior. Hoy tiene un presupuesto que se va a acercar a los 20 mil millones de pesos. Pero es obvio que requiere de un estatuto legal que lo convierta en un servicio descentralizado, con grados de autonomía, y con capacidad para tomar decisiones en regiones para la implementación de políticas públicas y que no siga en la situación jurídica que tiene actualmente.
Hace un año, con un grupo de diputados de la Concertación presentamos un proyecto para convertir al Conace en un servicio público. Se nos ha informado que ese proyecto forma parte del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. Ojalá que cuando el Gobierno tome una decisión respecto de qué Ministerio quiere, se pueda revivir el proyecto que crea un Conace desde la perspectiva legal, con capacidad y autonomía para la prevención, control y punición de las drogas ilícitas.
Tiene la palabra la diputada señor Ximena Valcarce .
Señor Presidente, el 13 de noviembre de 1991, en una sesión especial, la Cámara de Diputados conoció el informe emitido por la Comisión Especial Investigadora del problema de la droga en nuestro país. Al igual que hoy, también se encontraba presente el ministro del Interior, en esa época, don Enrique Krauss . En esa ocasión intervino mi padre, Carlos Valcarce , y advirtió sobre la situación que podría producirse de existir una actitud permisiva y tolerante de la autoridad, en los siguientes términos: “Cuando se dice que por la ley no se puede impedir el consumo o que se vendan estupefacientes porque se atenta contra la libertad de las personas, tenemos que pensar también en lo que es la libertad de toda la sociedad en su conjunto.” Señaló, además, que “en este aspecto, hay factores que nos indican que la propensión a la drogadicción trae consigo que muchos drogadictos cometan delitos. Ello significa que si la drogadicción se produce con la pasta base, que es una droga dura que está empezando a llegar a Santiago decía en 1991, la delincuencia de la capital de Chile aumentará notablemente.” Por ello, la acción coordinada que en estos momentos realiza el Gobierno debe ser inmediata; no se puede esperar ni siquiera un minuto. De lo contrario, los problemas que tendrán el Ministerio de Educación y los jefes de las policías en esa época estaban presentes en la Sala con la delincuencia, serán cada día más graves. Hoy hemos sido convocados para conocer y analizar la política nacional antidrogas. Ojalá que ésta sea más efectiva que la anunciada hace 15 años, y que con un mínimo de honestidad el Gobierno reconozca el estrepitoso fracaso de ella.
La conclusión a que debemos llegar es que hoy se consume en Chile más droga, quedando con ello demostrado que la acción del Estado ha sido inútil. Hace 15 años, se reclamaba una acción inmediata que, por supuesto, no se tuvo, pero que se prometió. Hoy, cuando ha quedado en evidencia que las peores predicciones de hace 15 años se han cumplido, porque nuestra juventud está más cercana y tiene mayor riesgo de caer en la adicción infame, se nos viene a informar no sé si sobre una buena política u otra cosa; lo cierto es que la experiencia nos hace dudar de la efectividad de las políticas del Gobierno, que sólo conducen a malgastar horas en discusiones y papeles y a una escasa acción efectiva.
Cabe preguntarse, ¿cuándo los problemas relacionados con la droga y el narcotráfico ocupan las portadas de la prensa, y cuándo las autoridades de Gobierno se preocupan de ellos? La respuesta es muy simple: cuando el fenómeno se produce y se dispara en Santiago y los capitalinos empiezan a sufrirlo. Ahora, se preocupan de las repercusiones de la droga y del aumento de la delincuencia. No es mi afán ironizar sobre este asunto, pero cabe preguntarse, ¿cuántos asaltos, muertes y homicidios podrían haberse evitado, si en su momento, hace 15 años, se hubiera cumplido lo prometido y se hubieran destinado recursos materiales y humanos al combate del tráfico de drogas que se efectúa en la frontera norte de nuestro país? Necesitábamos menos estudios y más acción; necesitábamos una acción drástica contra el narcotráfico, comprometida con el resguardo de la ciudadanía, que tiene derecho a exigir al Estado que la proteja de este cáncer social.
Frente al tema que hoy nos convoca, me pregunto, ¿existe una política nacional de drogas? Me refiero a una política seria. La parte resolutiva de los acuerdos adoptados el 13 de noviembre de 1991 señalaba: “La Cámara de Diputados acuerda: Solicitar a su excelencia el Presidente de la República la pronta aplicación de un plan nacional contra el narcotráfico y el consumo de drogas y un plan especial para desarrollar en la Primera Región, estudiándose para estos efectos una asignación especial de recursos para su realización.”.
Hoy día, no cabe otra cosa que solicitar lo mismo, porque no se ha hecho mucho al respecto. El Gobierno no puede quejarse de no contar con las herramientas jurídicas para combatir el narcotráfico ni de la poca disposición del Poder Legislativo para realizar su tarea. En los últimos años, el Congreso Nacional ha aprobado cuanto ha solicitado el Ejecutivo al respecto: primero, la ley N° 19.366, de 1995, y la ley N° 20.000, de febrero del año pasado.
En este problema no han faltado leyes, sino voluntad y decisión. Algunas medidas concretas implementadas por la autoridad no han servido en el desafío al narcotráfico; muy por el contrario, han aumentado una burocracia innecesaria que dificulta la acción de las policías para disponer de los bienes incautados a los narcotraficantes y ponerlos al servicio de la lucha en su contra. Hay pesquisas que fracasan por falta de vehículos, mientras se apilan en corrales los bienes requisados al narcotráfico. Esto resulta un contrasentido.
Quiero preguntarle al ministro del Interior subrogante si es una política de Gobierno destacar en forma exagerada el decomiso de drogas en barrios pobres de Santiago. En verdad, las cantidades que se muestran resultan ridículas al lado del gran volumen de drogas que se trafica en nuestras fronteras y que no son descubiertas. Basta con comparar las cifras relacionadas con el consumo con las de las drogas decomisadas, para darse cuenta de que nuestra frontera es un verdadero colador lleno de agujeros, por los cuales pasa la droga como agua.
¿Quiere el Gobierno combatir el narcotráfico realmente? Si es así, que se destinen fondos y funcionarios a Arica, y verá cómo se reduce el problema existente en Santiago, que parece ser la única ciudad que le interesa al Gobierno, en estos momentos. Los planes de Gobierno aplicados en la santiaguina población La Legua fueron derrotados por la droga, y de nada sirvió el derroche de recursos empleados allí. Puedo asegurar que los mismos recursos invertidos en la Primera Región tendrían un rendimiento social efectivo y repercutirían casi automáticamente en una disminución del consumo de drogas en todo Chile.
Le puedo decir al ministro que los problemas de un drogadicto en Arica son mucho más complejos que los de los jóvenes drogadictos de Santiago. Reclamo su atención y me permito sugerirle una premisa de trabajo que resulta evidente: si no resuelve el problema de narcotráfico existente en Arica y, en general, en la Primera Región, no se resolverá el problema existente en todo el país. Los narcotraficantes se ríen del Estado en sus narices y las jefaturas de los departamentos antinarcóticos de las policías siguen funcionando en forma centralizada en Santiago. Es como sufrir un bombardeo intenso de un enemigo y tener a los F16 en los hangares, puliéndoles los cromados.
Tenía la intención de presentar un proyecto de acuerdo que recogiera los puntos de vista que he expresado, pero después de revisar todo los proyectos sobre esta materia que ha aprobado la Cámara de Diputados opté por no hacerlo, ya que resultan inútiles frente a un Gobierno que no escuchó en el pasado y que tampoco lo hará ahora.
Sólo me resta esperar el compromiso de que podamos contar con un avión que se pidió hace 15 años para combatir el narcotráfico en toda la frontera de la Primera Región.
Tiene la palabra el diputado señor Fulvio Rossi .
Señor Presidente, ante todo, celebro que estemos discutiendo este tema tan importante para Chile. Así como es un problema que tiene una génesis multifactorial, su enfrentamiento requiere un esfuerzo multifactorial, multisectorial y multidisciplinario.
Por eso, celebro que esté presente la ministra de Salud, el ministro del Interior subrogante, la directora nacional del Conace y la subsecretaria de Justicia, porque sería imposible abordar este problema tan complejo de una manera simplificada.
Escuché atentamente a la diputada Ximena Valcarce y, no obstante respetar su opinión porque es cierto que hay un problema serio en nuestro país y que hay que hacer mucho más que lo que se ha hecho hasta ahora creo que tampoco podemos desconocer lo mucho que se ha avanzado en políticas de control, prevención y rehabilitación, aunque aún son insuficientes.
Quiero partir por el final. Escuchaba al diputado Burgos quizás sea lo más importante y la gran conclusión decir que debe haber una nueva institucionalidad para el combate del narcotráfico, para prevenir el consumo de drogas y para la rehabilitación de los consumidores. Creo que la institucionalidad que hoy día tenemos es absolutamente insuficiente para enfrentar este flagelo desde el punto de vista de los recursos humanos, económicos y de infraestructura. A pesar de ello, el Conace ha hecho una gran labor, pero haría mucho más si contara con herramientas que le permitieran avanzar más decididamente en ese sentido.
En pocos ámbitos de la vida se ve de manera más manifiesta la inequidad o desigualdad que en el consumo de drogas. La droga genera desintegración, marginación y exclusión, y como muchos otros flagelos de nuestra sociedad, afecta mucho más a los sectores más pobres. El mejor ejemplo lo constituye el consumo de la pasta base, así como la gran cantidad de jóvenes desertores de la escuela, consumidores de drogas, que hoy llenan nuestras cárceles.
¿Cuál es la solución, aplicar más sanciones, construir más cárceles, o abordar el problema de fondo y atacar los factores que generan marginalidad y exclusión?
Debemos ser capaces de llevar adelante una política activa de protección social, de inclusión y de prevención. Por eso, cuando la Presidenta señaló que debemos ser capaces de crear un sistema de protección social desde la cuna hasta la muerte, desde que se nace hasta el último minuto de nuestras vidas, apuntó a la necesidad de generar igualdad de oportunidades, porque algunas de las causas del consumo de drogas, de la asociación entre consumo de droga y delito y de la generación de inseguridad son la marginalidad, la falta de oportunidades, la inequidad, la desigualdad.
La droga atenta contra la meritocracia y profundiza la inequidad. Uno de los ejemplos más claros lo constituye la deserción escolar, que se da según los quintiles y es mucho mayor, incluso el doble, en el quintil más pobre que en el más rico. Asimismo, es uno de los factores más importantes en la desestructuración social.
La droga también afecta la economía, genera ausentismo laboral y altera la convivencia familiar, generando desintegración. Por eso, debemos insistir en la necesidad de un enfoque multidisciplinario para combatirla.
Respecto del control, comparto lo planteado por la diputada señora Ximena Valcarce , de Arica, en el sentido de que el 80 por ciento de la droga ingresa a Chile por la Primera Región o por los pasos fronterizos habilitados, como Chacalluta o Colchane.
Ahí debemos hacer un esfuerzo que no sólo redundará en beneficio para la Primera Región, sino que para todo Chile. El 50 por ciento de la pasta base decomisada en Chile se decomisa en la Primera Región; lo mismo ocurre con el 30 por ciento de la cocaína decomisada en el país. Cada tres días hay un gran operativo policial con detenidos y decomisos en la Primera Región. Hoy, lamentablemente, el complejo fronterizo Colchane no funciona las 24 horas del día con personal de aduana, tampoco cuenta con recursos; lo mismo ocurre respecto de la policía y Carabineros.
Me alegra la noticia del primer llamado a licitación para un nuevo complejo fronterizo que, según confirmó el ministro del Interior subrogante, funcionará las 24 horas del día, con todos los recursos necesarios para combatir de buena manera el narcotráfico.
También hemos modificado algunas disposiciones legales para combatir en mejor forma el microtráfico, que, sin duda, afecta mucho la calidad de vida de los barrios y de las personas que viven en ellos. No es normal que las personas generalmente las más pobres para llegar a su casa tengan que pagar peaje para ingresar al vecindario.
Por eso creo que hay que hacer esfuerzos muy serios, sobre todo en la Primera Región.
Respecto de la prevención, hay que resaltar que se ha estado trabajando mucho en distintos ámbitos. Tenemos material ilustrativo de programas municipales del Previene, que es muy importante no sólo en el combate al narcotráfico, donde las policías tienen un rol fundamental, sino también en el combate y disminución de la demanda.
En ese ámbito, debemos fomentar la participación ciudadana y trabajar con los municipios. Ahí, entonces, el Previene a lo mejor contará con más fondos y mejor presupuesto. Por ejemplo, el Conace contará con 30 por ciento más de recursos, que aún son insuficientes. Lo mismo ocurre con los programas de prevención para escolares.
En relación con la rehabilitación, es necesario redoblar o triplicar los esfuerzos que se están haciendo en la materia. Lamentablemente, la oferta de centros y de infraestructura es absolutamente insuficiente respecto de la demanda. Celebro lo señalado por algunos colegas de que el tratamiento y la rehabilitación de la drogadicción están cubiertos por el Plan Auge, eso es una garantía muy importante y significativa. En ese sentido, sería bueno poner énfasis en la oferta de centros de rehabilitación para mujeres, donde hay mayor carencia, porque las estadísticas demuestran que entre las mujeres ha habido un incremento significativo en el consumo de drogas.
En cuanto a la rehabilitación del alcohólico, a pesar de que el Ministerio de Agricultura no ha colaborado, por proteger los intereses económicos de los cerveceros y vinicultores, debemos profundizar la legislación de manera de disminuir el consumo de alcohol en el país. Hoy, la tercera causa de muerte en Chile es la cirrosis hepática causada por el excesivo consumo de alcohol, lo que también genera un gran ausentismo laboral. En el tratamiento de las patologías causadas por el consumo de alcohol se gastan tres mil millones de dólares; tenemos serios problemas con los accidentes de tránsito por el mismo motivo, con cifras de dos mil quinientas muertes, la mitad de ellas como consecuencia de la presencia de alcohol en los involucrados.
Ésta es una droga lícita que debemos combatir, tal como hicimos con el tabaco, donde ya se ven buenos resultados. El próximo paso es modificar la ley de alcoholes.
Señor Presidente, quiero remontarme al año 2000, cuando saludábamos a la ministra de Educación, a la ministra de Salud, al subsecretario del Interior y a la directora del Conace en una sesión especial convocada para plantearles nuestras inquietudes y preocupación por el consumo de drogas en el país. Desgraciadamente, a pesar de los avances obtenidos, la situación sigue siendo muy semejante a entonces.
En esa oportunidad, expresé que hacía diez años el diputado Valcarce , como recordaba hoy su hija, la diputada Ximena Valcarce , nos advertía con profunda preocupación de la dramática realidad que afectaba a su zona, con más de diez mil niños adictos y la urgencia de levantar un muro de contención para evitar que ese flagelo se extendiera hacia el centro y sur del país; nos rogaba les juro que nos rogaba que sus palabras no cayeran en el vacío y que las autoridades actuaran para erradicar las drogas y proteger el patrimonio más valioso de la patria: la juventud. Hoy, 16 años después, hemos constatado que sus palabras, lamentablemente, cayeron en el vacío.
En esa época, el Conace decía que había alrededor de dos mil escolares de octavo a cuarto medio que habían consumido drogas, y que 1.274.000 niños estaba a salvo del flagelo. Se realizaban encuestas en las que se comprobaba que disminuía la edad de consumo y aumentaba el consumo de distintas drogas.
Al mismo tiempo, pedimos al gobierno, en varios proyectos de acuerdo tres o cuatro, que se implementaran campañas de prevención respecto de distintas sustancias adictivas, incluidas el tabaco, el alcohol y las drogas. Se aprobó lo mismo en la ley de alcoholes. Sin embargo, el ministro de Educación de la época señalaba que no era necesario porque se estaban implementando una serie de medidas que prevenían el consumo de sustancias tóxicas, cosa que nunca pudieron probar.
Por otra parte, a esas alturas, el Colegio Médico insistía en que había que declarar estado de emergencia nacional y que el abordaje de las drogas debía ser la primera prioridad sanitaria. Así de grave era el problema para el sector salud, que en la práctica no contaba con recursos para enfrentar ni prevenir el consumo de alcohol y drogas, menos para rehabilitar. Eso ocurría en 2000.
Con el objeto de enfrentar la situación, en 1999 se creó el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, Conace .
Especial mención merece el esfuerzo hecho por ese organismo y su directora, señora María Teresa Chadwick , artífices de lo conseguido en materia de control de drogas. Si bien no se ha logrado mucho en rehabilitación, al menos ha habido grandes esfuerzos en prevención. Pudo haber habido algunas prácticas que no dieron buen resultado, como los proyectos concursables, pero hoy se han dado cuenta de que los caminos deben ser otros.
En cuanto al presupuesto del Conace, si no me equivoco, inicialmente fue de 600 millones de pesos; hoy, esa cifra ha aumentado a 18.000 millones de pesos. Pero lo sorprendente es que gran parte de esos recursos el Conace los transfiere a los ministerios de Salud y de Educación, y establece convenios con instituciones privadas y públicas. Entonces, al analizar los presupuestos de los diferentes ministerios y servicios, se comprueba que existen dichas transferencias, lo que hace tremendamente complicado su estudio a fin de conocer su presupuesto total.
No entiendo la razón por la cual los ministerios de Salud y de Educación no asumen las labores de rehabilitación y de prevención, respectivamente, y por qué, por ejemplo, debe existir el Fonadis, en circunstancias de que la cartera de Salud debiera hacerse cargo de los problemas relacionados con la discapacidad. Por esa vía, se van creando diferentes organismos a los que se asigna la tremenda responsabilidad de resolver problemas que tendrían que ser solucionados por otros.
Aprovecho la oportunidad para reconocer la labor del Conace, organismo que desarrolla una serie de programas en materia de prevención, para lo cual establece convenios con colegios, municipalidades y la comunidad. Sin embargo, como se expresa en el proyecto de acuerdo que se leerá al final de la sesión, hace falta más apoyo y una verdadera política nacional que cuente con la fuerza necesaria para combatir el flagelo que significa el consumo de drogas, y campañas comunicacionales potentes, serias y responsables. En suma, a pesar del aumento que ha experimentado el presupuesto del Conace, dicho organismo requiere contar con más apoyo.
Un aspecto de alta preocupación que sigue pendiente dice relación con las redes de narcotráfico que, como se dijo, se encuentran fragmentadas y se extienden a lo largo del país. Por desgracia, no se estableció el muro de contención de que hablaba el ex diputado señor Carlos Valcarce , lo que significó que el consumo de drogas se extendiera no sólo a la Región Metropolitana, sino hasta Punta Arenas, como él temía.
El consumo de drogas y el narcotráfico son problemas sociales gravísimos. Existe un tremendo temor en la ciudadanía a denunciar la venta de drogas, porque se expone a situaciones muy complejas, como ajustes de cuentas y venganzas, que incluso pueden desencadenar la muerte del denunciante o de algún miembro de su grupo familiar.
En la Cámara, cometimos el gran error de no haber penalizado el consumo de drogas, porque eso ha significado que, cuando son sorprendidos, en muchos casos los microtraficantes argumentan que la droga tiene por destino su consumo personal. En consecuencia, en muchos sectores el narcotráfico ha derivado en microtráfico, con las consecuencias conocidas por todos: mujeres, algunas incluso de la tercera edad, detenidas en las cárceles por ejercer esta actividad, y niños que son empleados con igual finalidad. En fin, otorgamos facilidades a los narcotraficantes para que distribuyeran su horrible producto.
Niños, adolescentes y jóvenes no perciben el verdadero riesgo asociado al consumo de drogas, en especial la marihuana, porque la consideran inocua y la consumen en todas partes, incluso en universidades.
Algún día deberemos enfrentar este problema, de manera de dejar claramente establecido que la marihuana no es inocua y, de paso, poner un freno a quienes sostienen que se debería legitimar su venta.
Me alegró mucho escuchar al diputado Rossi referirse al problema que representa el consumo excesivo de alcohol, que es la puerta de entrada para el consumo de drogas. Hasta ahora, al parecer quien habla era la única “loca” que predicaba sola en el desierto contra el consumo excesivo de alcohol. Por lo tanto, estoy feliz de que otras personas tomen esa bandera y repitan lo mismo que expresamos hace diez o más años. Si hace catorce años se hubiera escuchado al entonces diputado señor Valcarce y a quienes clamábamos por una ley más estricta para evitar el consumo excesivo de alcohol, no tendríamos los problemas que hoy debemos enfrentar.
¡Cómo no voy a sentir desazón, si hace pocos días solicité al Fiscal Nacional un informe respecto de las personas sancionadas por vender alcohol a menores, y su respuesta es que, en el año, son 35, en circunstancias de que sabemos que en Chile entero se vende alcohol a los menores, incluso a los que visten uniforme escolar!
En consecuencia, debemos hacernos cargo de que, en muchas oportunidades, cuando se convierten en ley de la República, las iniciativas que estudiamos en el Congreso Nacional no se cumplen para nada y de poco nos sirven, porque no existe la necesaria fiscalización.
El tema de la rehabilitación es, quizás, uno de los más dramáticos. Sabemos que las tareas relacionadas son carísimas y que no hay suficientes hogares de acogida, que es lo que más se necesita.
Al respecto, deseo destacar una cifra que figura en un informe del Conace, según la cual es posible establecer que 200 mil personas desearían someterse a tratamiento para superar su problema de dependencia. Sin embargo, la oferta de Fonasa cubre apenas 6 por ciento de dicha demanda. Entiendo que el Auge ampliará su cobertura, lo que posibilitará que puedan atenderse y rehabilitarse más personas, pero, si no me equivoco, se trata de pacientes de hasta 25 años. Resulta dramático que a alguien que está decidido a rehabilitarse, que sabemos es la primera etapa para poder lograrlo, se le responda que no hay dónde ni cómo hacerlo. El consultorio, a lo sumo, le entregará un calmante, pero de esa forma no es posible rehabilitar a nadie, porque, desgraciadamente, para ello se requiere que la persona dependiente se aleje de su entorno y se someta a un tratamiento especializado.
Como han expresado los diputados que han hecho uso de la palabra, el esfuerzo que debe llevarse a cabo en materia de rehabilitación debe ser mil veces mayor.
Como se sabe, el Conace efectúa aportes a diferentes sectores. La Corporación La Esperanza, cuyo presidente es Jaime Orpis hace un trabajo espectacular en esta materia, pero desconozco si cuenta con aportes del Estado.
Otro drama dice relación con lo que ocurre con los narcotraficantes. Cuando Carabineros o la Policía de Investigaciones logran, después de muchas denuncias, dar con su paradero, en muchas oportunidades la población se les va en contra por las razones que todos conocemos. Después, si logran ser detenidos, los narcotraficantes quedan en libertad a los pocos días.
Entonces, reitero, seguimos con leyes que no producen efecto alguno, porque no son disuasivas.
Mediante el proyecto de acuerdo, pedimos al Gobierno, aprovechando la presencia del ministro del Interior subrogante, que califique la urgencia al proyecto de ley que establece penas más duras contra los narcotraficantes. De esa forma, así como se ha elaborado una agenda corta en materia de seguridad ciudadana, bien podríamos estudiar diferentes iniciativas de ley a fin de que, por ejemplo, los jueces sean mucho más estrictos a la hora de resolver que los narcotraficantes permanezcan detenidos.
También se ha mencionado que la rehabilitación para los reclusos es insuficiente. Sabemos que once recintos penitenciarios cuentan con comunidades terapéuticas, con una capacidad de 20 cupos cada una. Por lo tanto, en total, suman menos de 300 para una población de 40 mil reclusos. Según antecedentes proporcionados por Gendarmería, alrededor de 5 mil reclusos se encontrarían interesados en su rehabilitación. Si no logran ese objetivo mientras permanecen recluidos, permanecerán ligados al consumo y al tráfico de drogas.
Según datos proporcionados por el senador Orpis , es posible establecer que, por muy eficientes que sean las policías, el decomiso alcanza a alrededor del 20 por ciento de la droga, lo que significa que el 80 por ciento llega al consumidor. Por lo tanto, una política pública destinada a combatir este flagelo, cuyo eje central se concentre únicamente en reprimir la oferta, está condenada al fracaso.
En síntesis, para obtener un adecuado enfoque, es necesario combinar con igual intensidad rehabilitación y reducción de la oferta y la demanda o consumo de droga.
Según el senador Orpis , el punto de partida para cualquier política debiera centrarse en la forma como aumentar la percepción de riesgo. A mi juicio, ahí está el problema más grande, tal como ocurre con el consumo de cigarrillos o de alcohol y la conducción en estado de ebriedad, porque la sociedad no percibe sus riesgos.
Por último, debemos intervenir en familias estables. No podemos dejar de lado a la familia ni olvidar el costo social que significa este flagelo, que alcanza a más de 53 mil millones de dólares.
Aprovecho la presencia de las autoridades para expresar que, ojalá, esta oportunidad sea la última en que debamos citar a una sesión especial para pedir lo mismo.
Señor Presidente, agradezco la presencia de las autoridades de Gobierno que participan en este análisis conjunto respecto de la política nacional antidrogas y, en particular, a los colegas que hicieron posible la realización de esta sesión especial.
Deseo referirme a tres elementos fundamentales que, a mi juicio, apuntan al eje central del problema del consumo de sustancias ilícitas en el país.
En primer lugar, la historia. Estamos a más de 25 años de que Ronald Reagan , entonces Presidente de los Estados Unidos de América, declarara la guerra a las drogas, a principios de los años 80. Existen datos, evidencia empírica y experiencia en política pública que demuestran que han existido desaciertos y errores de enfoque, ausencia de prevención y, fundamentalmente, falta de una política que declare la guerra al consumo de sustancias ilícitas.
¿Cuáles son esos errores? Intentar disminuir la oferta de esas sustancias sin preocuparse de las causales predisponentes para que exista demanda; centrar el problema en los consumidores sin asumir que no sólo se relaciona con la salud, sino fundamentalmente con lo económico y la seguridad internacional, ya que los grandes traficantes están relacionados, por cierto, a grandes empresas internacionales, muchas de ellas en el contexto del lavado de dinero.
El consumo de sustancias ilícitas por los jóvenes, además, tiene que ver con factores familiares, personales, con la falta de igualdad de oportunidades. Si consumen marihuana, es porque probablemente no existió oportunidad para tener actividades artísticas o deportivas; si consumen estimulantes, es por una sociedad competitiva centrada en el éxito personal. De eso se trata.
¿Qué dicen las cifras? En Chile hay un consumo moderado, pero sostenido. Empieza a ser generalizado, particularmente en los sectores más pobres cuando aumentan su ingreso.
A propósito de las causas del problema, no podemos dejar de mencionar el tabaco y el alcohol. Algunas cifras ilustran la realidad de estudiantes chilenos entre octavo básico y cuarto medio. En 2003, consumo del último mes: de cocaína, 3,5 por ciento; de tabaco, 42 por ciento; de marihuana, 15 por ciento; de alcohol, 44 por ciento.
Por cierto, el tabaco y el alcohol deben estar también en el centro de una política de prevención y de disminución del consumo, tal como está la cocaína, la marihuana y otras drogas.
Se ha dicho que una futura ley se referirá a la propaganda del tabaco y estará orientada a los jóvenes consumidores de sustancias ilícitas.
Quiero hacer una crítica reconocida a nivel de la Organización Mundial de la Salud: se utiliza un lenguaje obsoleto. He escuchado, particularmente de parlamentarios de derecha, las expresiones “combate”, “flagelo”, “levantar los muros”. Es cierto, hay que poner mano dura, fundamentalmente respecto de los traficantes internacionales y de los grandes lavadores de dinero, pero con ese lenguaje no se coopera para ir a las causas centrales del problema de aquellos jóvenes más pobres que no han tenido oportunidades.
La solución del problema debe centrarse en la familia. Ella es el agente protector de aquellos más vulnerables, niñas y niños. Pero debe invertirse en medidas de prevención y rehabilitación.
Coincido con el diputado Burgos . Ha habido una decisión de gobierno para avanzar por esa vía desde que comenzó su trabajo el Conace. Por eso, celebro que se haya aumentado su presupuesto, se intente solucionar el problema desde su raíz y se reformulen políticas que se centraron sólo en la disminución del consumo y en el combate del flagelo.
No sólo más cárceles, no sólo más policías. Es fundamental una solución integral en la que participe la familia. Además, para lograr menor demanda, menores índices de consumo, debe invertirse en prevención, en la promoción de un cambio cultural. Lo mismo respecto del tabaco y el alcohol, sin perjuicio de preocuparse de aquellos que deben ser rehabilitados.
Se percibe que es fácil el acceso a la oferta de drogas alrededor de los colegios. Un 30 por ciento de los escolares encuestados declara que es fácil obtener drogas alrededor de los colegios municipales y particulares subvencionados. Por cierto, también hay un sesgo clasista en el consumo de drogas.
Quiero hacer presente que en la Comisión de Salud de la Cámara estamos preocupados por avanzar en el próximo tiempo en una legislación centrada en la prevención del consumo de alcohol y en la rehabilitación de las personas que lo requieran, más que en estrategias basadas en la disminución de la oferta, que han fracasado.
Espero que el Conace y los ministerios del Interior y de Salud dirijan sus esfuerzos en el futuro a esa estrategia, pues es mucho más eficiente que aquella centrada en la guerra a las drogas y que han fracasado estrepitosamente en todo el mundo.
Tiene la palabra la diputada Amelia Herrera .
Señor Presidente, luego de saludar a los distinguidos funcionarios de gobierno citados, quiero hacer algunas reflexiones.
El de la droga es un problema complejo, difícil. Creo que la causa de su consumo tiene que ver con un aspecto social que se da tanto en países subdesarrollados como en otros desarrollados. Los jóvenes, ante un futuro incierto, consumen drogas. El futuro y el compromiso tienen que ver con la droga.
Por lo tanto, el análisis debe centrarse en decisiones y acciones que apunten a un rol social. En este sentido, quiero dejar en claro que el Conace ha hecho todo lo que ha podido por prevenir el consumo de drogas. En consecuencia, felicito a la señora Chadwick .
Me tocó trabajar con ella durante ocho años. En la comuna de Quilpué hicimos un trabajo muy bueno, pero sin duda insuficiente porque los delitos y la delincuencia han continuado.
Por otra parte, soy una convencida de que una política de salud pública, con recursos suficientes para atender las diferentes necesidades de la gente, dará, de alguna manera, seguridad. Pero se necesita una inyección importante de recursos para que el país efectivamente tenga una salud pública eficiente.
Sería una forma de evitar que los jóvenes y adultos consumieran drogas. Estoy hablando de una red social para el nivel económico bajo, porque no podemos desconocer que también se consumen drogas en las altas esferas.
La falta de viviendas, la cesantía y otras carencias hacen que los jóvenes salgan a la calle, consuman drogas y cometan delitos. Así, indefensos, muchos terminamos viviendo con miedo y ponemos rejas en nuestras casas.
Creo que hay que asumir de frentón que somos un país subdesarrollado que necesita destinar recursos a áreas sociales para que la mayoría de los chilenos, el 70 por ciento, de un nivel social económico mediobajo, tenga posibilidades reales. Pero para eso hay que invertir de verdad.
El problema muchas veces no en todos los casos, quiero dejarlo claro está cuando se le entrega a organismos externos, estas tareas, lo que permite que la gestión se politice. En efecto, finalmente, por favores políticos se comisiona a organismos para que se hagan cargo de tareas que son importantes. Pero sólo se consigue que los beneficios no lleguen a la gente, sino que se quedan en el director, el coordinador, el supervisor, etcétera; el dinero se va hacia otros lados.
Siempre he pensado que el deporte es fundamental para el control de la droga y del alcohol, y que es necesario destinar recursos en ese sentido. Y voy a decir algo que es cierto, aunque, a lo mejor, hasta muy doméstico.
¿Por qué no iluminar, aunque sea con dos faroles, todas las canchas de fútbol, de tierra, de las poblaciones de la periferia de las ciudades? Si se hiciera, veríamos a niños jugando hasta las doce de la noche, yéndose cansados a sus casas sin tener que chutar piedras en búsqueda de llenar ocio y, finalmente, alejados de la droga y el alcohol.
¿Por qué no tomar medidas y acciones concretas más allá de charlas, de afiches, con los cuales, muchas veces, no se consigue el objetivo final?
La diputada Valcarce tiene mucha razón. Hay que poner un fuerte empeño en proteger a la Primera Región e inyectarle los recursos suficientes para combatir el narcotráfico y conseguir que los narcotraficantes reciban efectivamente la sanción penal que se merecen.
Por su intermedio, señor Presidente, quiero decirles a los ministros que la reflexión es larga y todos lo sabemos, pero, sin duda, el Gobierno debe tener la voluntad política y financiera para tomar acciones efectivas. Entiendo que los ministros quieran hacer su tarea, pero que no cuentan con el financiamiento adecuado, porque, a veces, las platas se derivan hacia otros asuntos. ¡Qué sacamos con tener tantas carreteras si hay familias que están sufriendo por el flagelo de la droga, el alcohol y la cesantía! Creo que las prioridades hay que fijarlas de acuerdo a la realidad, idiosincrasia y cultura de nuestro pueblo. Y, en ese sentido, es posible hacerlo siempre y cuando se tenga el norte o una visión clara de que no somos un país de Europa, de que no somos un país desarrollado y que tenemos que partir echando las bases y la sustentabilidad para combatir efizcamente la lacra de la droga y el alcohol.
Señor Presidente, de más está decir, a esta altura del debate, lo trascendente que es, desde el punto de vista de la sociedad en general, del país y del Estado, asumir de una vez por todas que ésta es una de las prioridades de la hacienda pública que más debe demandarnos en esfuerzos, tareas y compromisos.
Estoy muy contento porque, próximamente, esperamos así se ha transmitido a través del mensaje, el Conace, sea convertido es la propuesta del Ministerio de Seguridad Ciudadana en un servicio público, elevándolo de la categoría de programa de gobierno en la cual actualmente se encuentra.
Es importante aumentar el presupuesto para el combate en contra de la droga y el narcotráfico, incidiendo en la rehabilitación y en la prevención.
También es importante el anuncio de que, a partir de 2007, se incorporará al Auge la rehabilitación de la drogodependencia, como una cobertura que el Estado va a asumir de manera seria.
No obstante ello, me atrevo a plantear algunas consideraciones que me gustaría que se entiendan como una valoración crítica hacia las siguientes etapas que debemos enfrentar.
En la mañana discutíamos el tema de la agenda antidelincuencia, y el diputado Burgos reseñó in extenso la relación intrínseca que existe entre delito y droga. Hay cifras que son esclarecedoras.
Una evaluación nos demuestra que en materia de decomiso de fármacos la cifra se ha mantenido, como también en materia de marihuana procesada y cocaína; sin embargo, en materia de pasta base hay cifras que son preocupantes, por lo menos en relación con el año pasado, puesto que ha habido un 161 por ciento de crecimiento.
Es hora de comenzar a revisar la leyN° 20.000, de drogas. Fue un importante avance, pero se debe mejorar, por ejemplo, el tema de la acción penal que hoy recae en el ministro del Interior y que entiendo que también estará a cargo de ella el Ministerio de Seguridad Ciudadana. ¿Pero, qué pasa con la posibilidad de que otros agentes también la ejerciten? Por ejemplo, hoy, en las municipalidades, a través de la Oficina de Fiscalización contra el Delito (Ficed), esa labor está inhibida, porque solamente quien ejerce la acción penal es el señor ministro del Interior. Debemos ver la posibilidad de que otros agentes puedan accionar en esta materia.
Además, debemos enfatizar en una nueva política que comprenda el problema en su integridad. No ha habido un política institucional sobre los grupos de riesgo, por ejemplo. Echo de menos una política fuerte, decidida, no solamente con el grupo etario al cual hay que blindar su acceso a la droga, como ocurre en Europa y en otros países, sino también con relación al grupo de riesgo, del cual estamos ajenos.
Por otra parte, hay que estudiar la posibilidad de radicar la prevención ambulatoria en el terreno comunitario. Creo que el énfasis se ha centrado mucho en la papelería, en el diseño, etcétera. Asimismo, es indispensable la rehabilitación en centros de desintoxicación ya sea en regímenes ambulatorio o de internado. Es decir, es preciso que exista una red de salud que opere con la cobertura necesaria a la demanda.
Señor Presidente, en razón del tiempo que le queda a nuestra bancada y para dar una mejor explicación, le cedo, gentilmente, los minutos de mi intervención al diputado Lobos.
Tiene la palabra el diputado señor Lobos.
Señor Presidente, la droga llegó para quedarse; penetró en el país, genera grandes sumas de dinero y, ciertamente, va a ser muy difícil combatirla. De hecho, mi vecino el diputado Rojas hizo la denuncia de que hoy, en titulares de “El Mercurio” de Antofagasta, se ofrecen cien millones de pesos por la liberación de unos narcotráficantes detenidos. Entonces, desgraciadamente, uno ve que toda la prevención que estamos haciendo se basa en el modelo usado para la marihuana, y nadie se ha hecho rico vendiendo marihuana. Hoy, el problema es la cocaína y la pasta base. En ese sentido, Conace ha hecho una gran labor, pero es insuficiente ante este cambio en el problema. Ahora el costo es otro y las ganancias también.
Conversando en una ocasión con unos colegas siquiatras que trabajan en el Penitenciario El Manzano, en Concepción, me comentaban que para liberar realmente a alguien de la droga con algunos visos de éxito se requería de dos grandes puntales: la familia y la moral y valores de tipo religioso. En ese sentido, veo que flaqueamos en la convicción de reforzar estos puntos para sacar a los jóvenes de la droga. Se habla mucho de fortalecer la familia; sin embargo, todas las políticas apuntan a disminuir la potestad paterna sobre los hijos. Por lo tanto, no veo cómo vamos a generar esta prevención basada en el fortalecimiento de la familia. Lo mismo pasa con la educación religiosa.
Por último, la decisión de actuar con firmeza en el tema de la delincuencia tiene un andar zigzagueante. Más que una nueva institucionalidad, necesitamos la decidida intención de actuar en el problema de la droga.
Señor Presidente, son diversos los factores que influyen en el consumo de drogas; por lo tanto, la solución para este problema social se debe abordar de manera integral. Sin embargo, para que las políticas públicas sean efectivas, necesitamos que se involucren las organizaciones comunitarias, las juntas de vecinos y la familia, base preventiva fundamental.
Se habla mucho de fortalecer la familia; sin embargo, vivimos en una sociedad que enfatiza, permanentemente, el exitismo, la competencia individual, el consumo desenfrenado, el trabajo durante los fines de semana; la extensión de la jornada laboral… ¡Y después nos quejamos de que la familia está en crisis! En muchos hogares, la carga de la responsabilidad la llevan las mujeres, que, hoy por hoy, han terminado siendo las jefas de hogar.
Por eso, las políticas de prevención tienen que considerar esa realidad. Además, sería bueno que todos los actores involucrados nos hiciéramos cargo del tipo de valores que estamos imponiendo y que tienen efectos determinados en nuestras familias, sobre todo cuando pensamos en esas viviendas estrechas, en la falta de espacios públicos, de canchas y de oportunidades para nuestros jóvenes. Ojalá que la ley de Presupuestos para el 2007 considere programas de capacitación serios, que den oportunidad para nuestros jóvenes.
En el mismo orden de ideas, no me gustan las estigmatizaciones. Con mucho orgullo, represento en la Cámara a las comunas de Puente Alto y La Pintana. Esta última, debe ser una de las comunas con mayor organización social; es notable el esfuerzo que hace la comunidad a través de su tejido organizacional. Desgraciadamente, se la estigmatiza. Cuando su gente busca una oportunidad laboral, basta que digan que vienen de La Pintana para que se les cierren las puertas.
Esos son los valores que no quiero. Debemos rechazar la estigmatización de los sectores populares. De no hacerlo, estaremos cerrando todos los canales posibles para los jóvenes, dejándoles, como alternativa, la droga y el microtráfico.
Por lo tanto, debemos trabajar con los jóvenes en prevención y rehabilitación. Pero como el enfoque debe ser integral, también debemos inculcar valores que nos ayuden a brindar espacios a los jóvenes y la familia, que hoy, en lugar de fortalecerla, en la práctica la estamos debilitando.
Señor Presidente, el diputado señor Accorsi situó claramente el problema en dos ámbitos: en el sanitario y en el de la seguridad ciudadana, porque la droga es un elemento central y determinante en la comisión de delitos.
El Gobierno ha hecho bastante para abordar el problema. Lamentablemente los resultados no han estado al nivel de ese esfuerzo. En consecuencia, debemos implementar una política de Estado para enfrentar el flagelo de la droga.
Entre quienes delinquen, el 65 por ciento declara haberlo hecho bajo los efectos de algún tipo de droga.
Los datos oficiales entregados por Conace nos indican que el consumo de marihuana aumenta en todo el país; el de la pasta base, tiende a estabilizarse, porque en algunos sectores baja y en otros sube; el de cocaína, a nivel de estudiantes, ha tenido un leve descenso. Lo preocupante es que el 43 por ciento de los escolares, entre Octavo Básico y Cuarto Medio, ha consumido alcohol el último mes; el 15,2 por ciento se ha emborrachado, al menos, una vez durante el último mes, y el 7,9 declara haber consumido cinco o más vasos de alcohol en una salida de sábado por la noche. Es decir, nuestros jóvenes están bebiendo mucho más que antes y, muchos de ellos, de manera excesiva.
En el consumo de alcohol, hay mayor prevalencia en los estudiantes de establecimientos particulares; luego, en los de establecimientos particulares subvencionados y, finalmente, en los de establecimientos municipales.
A mi juicio el tema central radica en el fácil acceso a las drogas; en especial en las instancias del carrete juvenil. En las discotecas, los recitales, los pubs y las fiestas es donde se encuentra a disposición de los consumidores el 46 por ciento de estas sustancias lugares como los señalados no son, precisamente, los espacios adonde están destinados los programas del Estado, por la dificultad que conlleva aplicarlos allí, el 19 por ciento, en los alrededores de sus casas; el 14 por ciento, en el colegio; el 12 por ciento, en las cercanías de los colegios, y el 2 por ciento, por internet.
Conace ha desarrollado programas interesantes, con más o menos éxito. Sin embargo, hay algunos que preocupan. Por ejemplo, el programa Enfócate, destinado a jóvenes de entre 14 a 25 años. Algunos de los que participan nunca han consumido drogas; sin embargo, otros, que sí han consumido, incluso después de los talleres, han seguido en la misma rutina. Entonces tenemos que evaluar los programas y ver si estamos sacando o no a esos jóvenes del consumo de la droga.
El programa “Yo decido” está fuertemente orientado a los jóvenes de la enseñanza media y busca desarrollar, potenciar y reforzar las habilidades personales y grupales que protejan del consumo de droga y disminuir los factores de riesgo frente al consumo.
Pienso que existe escasa coordinación entre el Conace y otras instituciones del Estado. Me pregunto qué programas se han coordinado con la Dirección de Organizaciones Sociales, dependiente del Ministerio Secretaría General de Gobierno, o con Chiledeportes, sobre todo cuando la primera cuenta con un fondo significativo. Todos los diputados han señalado que hay más recursos para enfrentar la droga, pero siento que en la coordinación estamos flaqueando.
Existen dos mil quinientos establecimientos capacitados y convenios con un sinnúmero de universidades. De acuerdo, pero eso no es relevante. Eso no nos saca a los jóvenes de la droga. Seiscientos docentes capacitados no nos sacan a los jóvenes de la droga.
No vamos a comentar las cifras referidas al consumo en la enseñanza superior, porque todos sabemos que son absolutamente disparadas; sobre el 20 por ciento en cualquier universidad. Además, los estudiantes declaran que las facilidades para conseguir drogas son del orden del 75 por ciento. O sea, la droga está ahí. Por lo tanto, el acceso es un tema que no hemos sabido enfrentar.
No digo que Conace no haya hecho lo suyo, porque durante todos estos años ha hecho un gran esfuerzo, pero, lamentablemente, los resultados no se condicen con una sociedad que desea superar un flagelo que está afectando a muchas familias.
Soy diputado de la Región de La Araucanía. En mis recorridos por el distrito, las familias de Victoria, Lautaro , Curacautín , Vilcún , Melipeuco , Galvarino me manifiestan los problemas del delito asociado a la droga o de familiares que están en ese problema. En las ciudades grandes, como Temuco, el problema es claramente superior. El crecimiento del consumo de marihuana en la Novena Región es preocupante y así lo demuestran los estudios que nos ha entregado hoy el Conace. La disponibilidad de la droga y el consumo de la cocaína crecen en la Región de La Araucanía.
Los procedimientos de Carabineros, Investigaciones y Aduanas por infracción a la ley de drogas hablan por sí solos.
Otros colegas han señalado que el 80 por ciento de la droga entra por Chacalluta, pero tenemos muchos otros pasos en el resto del país, por lo que el 20 por ciento restante debe ser objeto de nuestra atención. En el distrito que represento, entre los pasos de Pino Hachado e Icalma, existen siete pasos clandestinos, uno de ellos se llama curiosamente Paso de los Contrabandistas. Más allá de lo anecdótico que pueda resultar esto, nos debe preocupar qué pasa en esos lugares.
Creo que hay que fortalecer la coordinación. Sé que el Conace hace esfuerzos para avanzar en ello. El diputado Rossi señalaba lo que se estableció en la ley de alcoholes, al igual que en la ley de tabaco, en la cual la Cámara tuvo una gran participación, porque se trataba de una moción de los diputados. En estos temas hay que ser bastante estrictos, porque lo que no se está enfrentando correctamente es, reitero, el acceso a las drogas. A lo mejor habrá que modificar la ley de alcoholes para restringir los horarios de venta de esos productos, ya que hay muchos lugares abiertos a la una de la mañana donde los muchachos se aprovisionan de licores para emborracharse gran parte de la noche. Eso se notó especialmente bien cuando los supermercados cerraron más temprano.
Deseo plantear dos cosas más.
Es necesario aumentar los programas de tratamiento y de prevención del Conace; se han hecho esfuerzos al respecto, pero no hemos logrado los resultados esperados. Debemos poner énfasis en esta materia, en especial con lo que está ocurriendo en las cárceles, por la relación que tiene este tema con el delito.
El Conace debe crear programas de prevención secundarios para quienes consumen drogas, pero no son adictos. Tenemos que tratar que los jóvenes no se inicien en el consumo de la droga, pero debemos sacar del vicio a quienes se han hecho adictos.
Esos temas debieran ser el centro de nuestra atención en esta nueva etapa.
Tiene la palabra el diputado señor Fernando Meza .
Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer al Partido por la Democracia y a la diputada María Angélica Cristi por la generosidad de concederme algunos minutos para agregarlos al tiempo del Partido Radical.
Recuerdo que una de mis primeras intervenciones en este problema fue, hace algunos años, en España, como médico del Plan Nacional sobre la Droga. Me tocó acudir a un departamento en la vecina ciudad de Móstoles, cercano a Madrid, donde pude comprobar in situ el daño que produce el consumo de, en este caso, cocaína. Un muchacho de aproximadamente 30 años sufrió una rotura cardiaca en mi presencia por una sobredosis de cocaína. Desde aquel día comencé a trabajar y a estudiar con más ahínco para erradicar este problema que tiene absolutamente angustiadas a las personas de muchos lugares del mundo.
La gente pobre tiene acceso a la droga a través del delito por la falta de medios económicos, mientras que la clase acomodada la obtiene sin cometer delitos en un principio. Los pobres, los marginados llegan a la droga y se provocan un daño personal, luego caen en la delincuencia, lo que provoca daño social. Esto se presenta claramente en la Novena Región, donde se ha producido un aumento del 108 por ciento en las intervenciones policiales relacionadas con la ley de drogas entre 2003 y 2005.
El 15 por ciento de la población del país adjudicaba a Carabineros e Investigaciones la política pública de drogas en 2000, mientras que el Conace era mencionado solamente por el 6 por ciento. Los datos no han mejorado en 2004. La política pública sobre droga aparece asociada al Conace por el 11 por ciento de los chilenos, mientras que en el caso de las policías disminuye al 9 por ciento la percepción de la ciudadanía sobre quien se encarga de esa lucha.
Yo diría que el Conace ha hecho su trabajo lo mejor que ha podido, pero falta mucho que hacer. Es probable que esto no tenga que ver con las actuales personas que están dirigiendo esta institución o con los especialistas que trabajan allí. Falta mojar más la camiseta y más calificación; se necesitan más profesionales que se dediquen de verdad a luchar y a romper esta verdadera cadena que se retroalimenta permanentemente.
En Chile no hay un plan estratégico que combata con fuerza y con dedicación en favor del drogodependiente y de la sociedad. Diría que falta el coraje para innovar los procedimientos y las intervenciones que necesitan estas personas de parte, como dije, de expertos profesionales. No sirve de nada que todo Chile esté recibiendo cientos, miles o millones de folletos de todo tipo que cuestan una fortuna, pero que, a mi modesto entender, no cumplen con la función para la cual están siendo creados. Se gastan miles de millones de pesos a lo largo de los años en documentos que los drogodependientes y los jóvenes no leen.
En Chile, a estos enfermos no se les trata con una verdadera política de desintoxicación, no se les deshabitúa y no se les reinserta socialmente como corresponde. No es que las políticas que se aplican en el resto del mundo tengan muchos éxitos, porque respecto de la drogodependencia son bastante relativos. No obstante, cada vez que tomamos contacto con gente de las poblaciones más pobres de nuestros distritos, a todos los parlamentarios nos sucede lo mismo: constatamos el drama de la ausencia de las políticas públicas del Conace en los lugares en que corresponde que se apliquen.
Es necesario llegar a donde está el enfermo que padece la drogadicción, porque éste no se va a movilizar si nosotros no somos capaces de llegar a él. Durante el tiempo que trabajé en el exterior, pude constatar que hay algunos mecanismos que son más efectivos que los que se están aplicando en Chile. El Conace tiene programas, pero algunos, a mi juicio, parecen virtuales. Por ejemplo, podemos citar el plan ambulatorio intensivo, el plan residencial, el tratamiento infantojuvenil, el plan ambulatorio básico, el plan ambulatorio comunitario. Nos enredamos en una gran cantidad de programas que se parecen a los que ofrece una isapre a sus asociados. Aquí la cuestión tiene que ser un poco más efectiva, un poco más proactiva.
Ya dije que esta institución no llega a los lugares donde están los enfermos por la droga. Quiero saber cuáles son los resultados de toda esta cantidad de programas que muchas veces resultan ininteligibles.
A mi juicio, en Chile hacen falta lugares físicos para tratar la drogodependencia; hacen falta centros ambulatorios de asistencia, instalados de verdad y masivamente, porque este drama es tan intenso, tan grande, que no soporta parchecitos.
La evaluación, la desintoxicación y la deshabituación del drogodependiente se deben hacer en esos centros ambulatorios. Hay que crear unidades de desintoxicación hospitalarias, ya que hay muy poquitas, lo que contrasta con la cantidad enorme de gente intoxicada por drogas y que no es posible atender en ellas.
Cuando un drogodependiente sufre el síndrome de la abstinencia, con esa sudoración profusa, con esas palpitaciones, con esas taquicardias, con esas angustias, con ese pánico; cuando tiene dolores musculares y artralgias; cuando se desespera, al punto de ser capaz de encañonar a su propia madre y de matarla si hace falta, para conseguir dinero suficiente para comprar droga, nosotros estamos fallando como sociedad, porque no somos capaces de entender que estamos frente a un enfermo.
Tengo que felicitar al doctor Acorssi , porque por primera vez escucho a un parlamentario y a un médico definir claramente lo que es un drogodependiente: estamos frente a un enfermo. Represión, sí, contra el traficante, con toda la fuerza y peso de la ley, pero al drogodependiente debemos mirarlo y tratarlo como un enfermo, y existen políticas que ha desarrollado la Organización Mundial de la Salud para combatir su enfermedad.
Si somos capaces de crear comunidades terapéuticas como las que vemos en otros lugares he trabajado con ellas y con miles de toxicómanos, de hacer que trabajen allí en agricultura, artesanía, cultura, artes, incluso que se autoabastezcan con los productos necesarios para alimentarse, si somos capaces de retirar de circulación a un toxicómano por seis meses no pido más, entonces estaremos sacando de la calle a un delincuente, a un asesino, a un ladrón eventual.
Por lo tanto, hace falta más energía, más profundización en estos programas. En la reducción del daño debemos tener políticas claras con los toxicómanos que nunca van a dejar las drogas. Debemos ser suficientemente valientes para entregarles la droga que les hace falta, a fin de que no estén buscándola en las calles a balazos. Eso se hace en otros países, pero tenemos miedo de hacerlo acá.
Hacen falta más profesionales, gente que se eduque en nuestras universidades, que tengan mejores postítulos, que vaya al extranjero y que se preparen para combatir de verdad a la drogadicción. Hacen falta móviles, camionetas, buses con especialistas que vayan a las poblaciones y ayuden a los jóvenes a tener un tratamiento adecuado.
Por último, es necesario que el Conace deje de ser un órgano público coordinador de las políticas correspondientes a este tema y se transforme en un órgano público interventor, con los recursos necesarios para atacar como corresponde a esta lacra que nos está asestando un tremendo problema.
Sólo así, con responsabilidad de país, haciéndonos cargo de los errores pasados y presentes, podremos disminuir este terrible flagelo que ataca a nuestra sociedad y que necesita ser combatido con represión policial, pero también con mirada médica especializada para el consumidor de drogas.
Señor Presidente, quiero decir a las autoridades presentes que estamos disponibles, que aquí hay un consenso unánime en esta materia para legislar sobre lo necesario para tener políticas públicas en este tema.
Hago un llamado para que consensuemos en una sola cosa: evitar el consumo de alcohol en los menores. Si nos ponemos de acuerdo en ese tema, somos inflexibles y fiscalizamos, daremos un gran paso en materia de drogadicción de jóvenes.
Es un tema central y creo que podemos enfrentarlo. No podemos esperar más tiempo; ahora es el momento de actuar.
Tiene la palabra el ministro del Interior subrogante, señor Felipe Harboe .
El señor HARBOE (ministro del Interior subrogante).-
Señor Presidente, hemos escuchado interesantes intervenciones de varios parlamentarios y parlamentarias sobre la materia, sin perjuicio de lo cual resulta necesario hacer un diagnóstico del fenómeno de las drogas en Chile desde la perspectiva del Gobierno.
Los resultados del sexto estudio nacional de drogas en la población chilena, realizado por el Conace en 2004, indican que el porcentaje de personas que declaran haber usado alguna droga ilícita en los últimos doce meses previos a la aplicación de la encuesta llega al 5,8 por ciento, lo que hace estimar que alrededor de 508 mil personas la han usado.
Las sustancias ilícitas más usadas en el país son la marihuana, 5,3 por ciento, el clorhidrato de cocaína, 1,3 por ciento, y la pasta base de cocaína, 0,6 por ciento.
El mayor consumo de drogas ilícitas es el de marihuana, según éste y todos los estudios realizados sobre el tema. Se estima que, de cada cuatro consumidores recientes de marihuana, uno de ellos presenta signos de dependencia. A su vez, un tercio de los usuarios recientes de cocaína presenta signos de dependencia. Eso asciende a uno de cada dos en el caso de la pasta base.
El uso de drogas ilícitas está fuertemente concentrado en la población joven de entre 15 y 35 años. El 11 por ciento de ella ha consumido en forma reciente drogas ilícitas como marihuana, cocaína y/o pasta base. En otras palabras, una de cada diez personas de entre 15 y 35 años ha usado drogas en forma reciente. Menos de 2 por ciento de la población ha usado drogas fuera de ese tramo de edad.
Entre los jóvenes de 19 y 34 años existe una importante asociación entre el uso de alcohol y marihuana. Los estudios del Conace han constatado que el 60 por ciento de quienes usaron marihuana antes de cumplir 15 años ya se habían iniciado en el consumo de alcohol. Visto de otro modo, sólo el 3 por ciento de los adolescentes que usaron marihuana antes de los 15 años no habían bebido alcohol.
Por otra parte, de acuerdo con el resultado del sexto estudio nacional de población escolar en Chile, en 2005, la tasa de consumo reciente de marihuana de estudiantes que declaran no consumir cinco o más vasos de alcohol en una salida de sábado por la noche llega a 12 por ciento. Esta tasa de consumo de marihuana asciende a 91 por ciento en aquellos estudiantes que además abusan del alcohol y beben cinco o más vasos en una salida de sábado por la noche.
Los estudios también dan cuenta del alto uso de fármacos sin prescripción médica por parte de nuestros conciudadanos. El 3 por ciento de la población de entre 12 y 64 años ha usado algún tipo de tranquilizante benzodiazepínico en los doce meses previos a la encuesta. De igual modo, 0,4 por ciento usó recientemente algún tipo de estimulante como anfetaminas o metananfetaminas. En su conjunto, alrededor de 285 mil personas usaron algún sicofármaco sin prescripción médica en los doce meses anteriores al estudio.
El consumo de drogas no es exclusivo de las familias según sus recursos; las diferencias se expresan más bien por el tipo de droga utilizada que por los niveles de consumo. Las familias de mayores ingresos duplican a las de bajos ingresos en consumo de marihuana. El mayor consumo de cocaína se registra en personas de familias de mayores ingresos. En cambio, la pasta base se consume mayoritariamente entre las personas de familias de más bajos ingresos. Ello demuestra que el consumo de drogas discrimina a las personas más pobres y acentúa la brecha de desigualdad, pues está comprobado que la pasta base causa mayores daños a la salud física y mental.
Pero también el tratamiento público y privado de este fenómeno es diferenciado. Cuando un joven del barrio alto consume marihuana puede ser por entretención o por ser descarriado; cuando lo hace uno de escasos recursos, es drogadicto.
En términos de tendencias, los estudios permiten observar que la evolución del consumo a través del tiempo demuestra un crecimiento moderado, pero sostenido en drogas ilícitas hasta el año 2000, y un estancamiento hacia 2002.
El último estudio en población general demuestra que el uso de cualquier droga ilícita durante el último año alcanzó al 5,8 por ciento, lo que es una marca ligeramente más alta 0,4 por ciento respecto del estudio anterior.
El aumento de consumo de marihuana en mujeres es un dato característico de toda la década. La diferencia ha crecido, de una mujer cada cuatro hombres, a una mujer de cada tres hombres, según los últimos resultados. La brecha que separa el consumo de hombres y mujeres en derivados de la hoja de coca, como clorhidrato de cocaína y pasta base, es considerablemente más grande que en el caso de la marihuana.
En términos de grupos etarios, el que tiene mayores tasas de consumo de drogas en toda la serie de estudios corresponde a los jóvenes de entre 19 y 25 años. En ese grupo el uso de drogas tiende a estabilizarse, pero en torno de los puntos más altos de la serie logrados desde 2002.
Los antecedentes referidos tienen por objetivo establecer el marco de conversación y discusión: el fenómeno real que tenemos en nuestro país, no ajeno a los fenómenos internacionales, particularmente a nuestra zona geográfica y como país integrado al mercado internacional.
Desde el punto de vista de los problemas asociados al consumo de drogas en el país, es muy importante señalar que muy pocas personas consideran hoy en día a Chile como país integrado al mercado internacional.
Desde el punto de vista de los problemas asociados a las drogas, hoy muy pocas personas consideran que su consumo no sólo es un problema para la sociedad, sino que y así lo han demostrado las intervenciones de cada uno de los parlamentarios el problema social más emergente de las dos últimas décadas. Asimismo, la mayoría de las encuestas de opinión lo incluyen dentro de los temas de mayor preocupación ciudadana.
En efecto, un primer problema asociado a las drogas es la relación existente entre su consumo y la realidad delictual. Las cifras nos revelan que la cruda realidad de la asociación entre drogas y delitos está cada día más cerca. Ésta comprende tres dimensiones principales: en primer lugar, infracciones a la ley de drogas; en segundo lugar, los delitos que se cometen bajo la influencia de alguna droga; y, en tercer lugar, los delitos que se cometen con motivo de comprar o proveerse de la droga.
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y el Servicio Nacional de Aduanas, durante el 2005, registraron un total de trece mil ciento veintidós procedimientos en materia de infracción a la ley de drogas, lo que representa un aumento de un 47,42 por ciento respecto de 2004.
El total de detenidos el 2005 por delitos de mayor connotación social fue de ciento dieciocho mil quinientos veintiún personas, mientras que el total de detenidos por infracción a la ley de drogas fue de dieciocho mil ciento sesenta.
En los últimos años se observa una disminución de la detención por delitos de mayor connotación social, pero un aumento de los detenidos por infracción a la ley de drogas. En esto también debe hacerse mención a la tipificación del microtráfico como un delito específico.
Otro aspecto relevante es el que constituye la asociación entre drogas y problemas en la vida escolar. Los estudios sobre población escolar se han realizado bienalmente desde 1995. Últimamente sus resultados son comparables con los de otros estudios con metodologías equivalentes en países sudamericanos.
Una menor percepción de riesgo, principalmente en el uso de la marihuana, y una importante mayor oferta de drogas en relación con los demás países, hacen que la magnitud del uso de drogas como el tabaco, la marihuana, la cocaína y la pasta base estén en la mayoría del continente.
De acuerdo con los resultados del Sexto Estudio Nacional de Drogas en la población escolar de Chile, realizado en 2005, un alto nivel de exigencia académica y de disciplina en los colegios constituye un importante factor de protección contra el uso de drogas ilícitas.
Los estudiantes con problemas frecuentes de comportamiento durante los estudios, presentan prevalencias en el consumo de drogas ilícitas cuatro veces más que aquellos que nunca los han tenido.
El rendimiento escolar de los alumnos, medido en términos de áreas de repitencia, también se asocia al consumo de drogas. Los alumnos que no han repetido ningún año en el transcurso de su vida escolar presentan prevalencias en el consumo de drogas ilícitas de un 13,4 por ciento. Dicha prevalencia asciende a casi el 28 por ciento en estudiantes que han repetido un año escolar, y a 31,6 por ciento, en aquellos alumnos que han repetido dos o más años. Algo similar ocurre con el rendimiento escolar anual medido en términos de calificaciones.
Los estudios también nos señalan una relación entre episodios de agresión escolar y uso de drogas. Esta asociación, enteramente consistente, muestra que a mayor número de episodios de agresión escolar se observan de manera creciente mayores prevalencias en el consumo de cualquier droga ilícita durante el último año.
Otro aspecto que dice relación con la influencia de la droga es la relación drogavida familiar.
En aquellas familias donde existen padres que no se interesan habitualmente por lo que realizan sus hijos, esos niños enfrentan un riesgo tres veces mayor de caer en el consumo de drogas. En definitiva, la familia, como núcleo fundamental de la sociedad, juega un rol determinante a la hora de la prevención en el consumo de drogas.
Todos estos datos estadísticos y de relación droga con algún sector de la sociedad, los he citado con el objetivo de establecer cuál es hoy el estado de esa situación y para explicar cuál es la política pública que se está aplicando en materia de prevención y control del consumo de drogas. Ésta ha sido elaborada en 2003.
La estrategia nacional de drogas para el período 20032008 se ha definido como una estrategia íntegra, pues siendo el consumo y el tráfico de drogas fenómenos multicausales, como aquí también se ha señalado, su abordaje serio, responsable y metódico en el tiempo debe ser multidisciplinario y acorde con las complejidades que éstos asumen en nuestra realidad. Esta estrategia también se ha definido como equilibrada, en tanto no existe preeminencia en aspectos vinculados a la demanda o a la oferta y, por el contrario, promueve que las políticas en uno y otro aspecto sean complementarias y se refuercen mutuamente.
Otro aspecto relevante es la integralidad de su política, enfrentando aspectos tales como la prevención, el control, sanción y rehabilitación, en concordancia con la estrategia nacional sobre seguridad pública que se está desarrollando en el actual Gobierno. En este sentido, la corresponsabilidad y la participación social son aspectos relevantes de la política pública, toda vez que la generación de conciencia social al riesgo y a la importancia de la relación familiar y escolar suponen la participación activa de la ciudadanía en el ámbito de la prevención.
Qué se está haciendo en materia de prevención.
La prevención está enfocada en los colegios, en la familia, en la empresa o el núcleo laboral, en el entorno urbanobarrio y en aquellas actividades que realiza el segmento de mayor riesgo, que son los jóvenes.
En materia de prevención escolar es muy importante señalar que, a partir de 2003 y en el marco de esta estrategia, el Conace, en conjunto con el Ministerio de Educación, iniciaron la implementación de un programa de prevención escolar de carácter continuo. Se denomina “Continuo Preventivo Escolar”. Asimismo, se inicia un programa llamado “En busca del Tesoro”, dirigido a estudiantes de nivel parvulario, y continúa en el primer ciclo de la enseñanza básica con programas denominados “Marori y Tutibú ”. Para los alumnos entre quinto y octavo básico se desarrolla el programa preventivo “Quiero Ser”. Finalmente, en todo el ciclo de enseñanza media, con evaluaciones de cuatro años, se desarrolla el programa de prevención de estudiantes “Yo Decido”.
Cada uno de estos programas cuenta con materiales educativos de gran calidad destinados a los docentes, codocentes y alumnos. Los profesores reciben una capacitación para su aplicación. Este esfuerzo intersectorial ha logrado capacitar a treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y cinco docentes en todo el país, convirtiendo a nuestros profesores en agentes de prevención del consumo de drogas en los establecimientos educacionales.
En la actualidad, estos programas dentro del colegio tienen presencia en diez mil quinientos setenta y siete establecimientos municipales y particulares subvencionados de todo el país, que suman una cobertura total cercana a los tres millones de alumnos. Hay colegios particulares pagados que también han optado por utilizar estos programas de prevención del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes.
Los estudios de seguimiento muestran que hoy las condiciones de base para una adecuada implementación masiva de estos programas están cubiertas. Más del 80 por ciento de los establecimientos educacionales del país acceden en calidad, cantidad y oportunidad adecuada a materiales educativos para alumnos y docentes y, en los últimos años, cerca del 50 por ciento de los docentes ha participado en capacitación para implementar estos programas.
El desafío en esta materia es, en primer lugar, asegurar las condiciones de gestión y tiempo que permita a todos los estudiantes de Chile participar sistemáticamente a lo largo de su vida escolar en experiencias formativas de prevención. En esta perspectiva, la intersectorialidad constituye un aspecto fundamental de la política pública en esta materia.
Así, el Gobierno ha incluido en el proceso de revisión del proyecto pedagógico de la jornada escolar completa en los más de siete mil establecimientos adscritos a ella, los programas que constituyen el Continuo Preventivo, que ya he señalado, como parte del posible mejoramiento del uso del tiempo escolar. De este modo y potenciando la jornada escolar completa, el Gobierno responde integradamente al desafío de mejorar la masificación con alta calidad en los programas de prevención en lo que respecta a drogas. En definitiva, es disminuir el flujo de entrada de jóvenes en edad escolar al consumo de drogas a través de la prevención y el conocimiento de los riesgos asociados.
El segundo aspecto, que dice relación con la familia, independiente de su forma y composición, constituye un actor insustituible en la prevención. Por ello, desde 2003 se viene desarrollando el Programa “Prevenir en Familia”, a través del cual, monitores comunitarios y agentes preventivos acercan información y desarrollan acciones educativas que mejoran las capacidades de los padres y madres para prevenir el consumo.
Desde el 2003 hasta ahora, han pasado por dicho programa 193 mil familias, para lo cual se ha preparado a 20 mil monitores y se han desplegado redes de trabajo en más de 100 comunas, cubriendo las más habitadas del país.
Desde esta perspectiva, el gran desafío es, entonces, profundizar y especializar la acción del programa, complementando con más fuerza el trabajo con familias de mayor riesgo social, por ejemplo, aquéllas vinculadas al programa Chile Solidario. El pilar de la dinámica familiar de este programa debe considerar, necesariamente, potenciar las capacidades preventivas de las familias. Pero esto no es lo único; en otro segmento de familias el riesgo también existe, por lo que apoyarlas con respuestas pertinentes es igualmente necesario. Por tal razón estamos fortaleciendo el programa de “Prevenir en Familia”, con el objeto de llegar a un conjunto de familias, que muchas veces niegan su realidad, por temor al qué dirán social y, otras veces, por la discriminación, incluso, familiar.
En el mundo del trabajo, las jornadas laborales extensas los altos niveles de estrés asociados a las expectativas no cumplidas son algunos de los factores que están asociados al consumo de drogas. Sin duda, esto afecta el ambiente laboral y, con ello, la calidad de vida.
Hay recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Mundial de la Salud que enfatizan en estrategias de educación al interior de los ambientes laborales, facilitando el cambio de actitudes hacia conductas saludables y de autocuidado, potenciando el desarrollo de culturas preventivas. Hoy existe una alianza públicoprivada para enfrentar el fenómeno del consumo de drogas al interior de las empresas, y muchas de éstas se han acercado al Conace y están realizando capacitación preventiva a niveles de gerencias, para los efectos de detectar aquellos trabajadores que están subsumidos en la drogadicción y para generar tratamientos a estos drogodependientes, dentro del marco laboral, sin excluirlos de las formas de sustento de su vida.
Otro aspecto relevante es el relativo a la comuna, el barrio y la comunidad. El programa Previene muchos de ustedes lo conocen que es descentralizado, dependiente de los municipios, y que hoy se está implementando en 97 hemos aumentado los recursos para el próximo año, a fin de ampliar su cobertura, concentra a cerca del 75 por ciento de la población nacional. Este programa es el encargado de generar un vínculo directo con la comunidad, de sensibilizar, diseñar, coordinar y articular la participación de todos los actores, organizaciones y redes locales, para prevenir y enfrentar el consumo de drogas. Asimismo, el programa Previene permite implementar programas nacionales del Conace y programas locales de prevención, tratamiento y rehabilitación.
Me referiré someramente algunos ámbitos en los cuales se desenvuelven los jóvenes. Ya señalé al comienzo de mi intervención que el grupo de mayor riesgo o vulnerabilidad para iniciarse en el consumo de drogas lo constituyen los jóvenes. El último estudio nacional sobre consumo de drogas nos señaló, además, que la oferta y la percepción de los jóvenes respecto de la facilidad para adquirir drogas ha variado. Antes, consideraban que la comunidad escolar era el lugar donde podían acceder a las drogas con mayor facilidad. Gracias al programa que he señalado, relacionado con la prevención en los colegios, esto ha variado y son los propios estudiantes los que han señalado, en el último estudio sobre drogas, que consideran que hay mayores facilidades para adquirirla en los lugares de diversión. Es por eso que en el último trimestre del 2006, y también durante el 2007, fortaleceremos la campaña, denominada El carrete juvenil, orientada principalmente a los lugares de diversión. Y trabajaremos en esto también con los rectores de las universidades y de los centros de formación técnica, con el objeto de dar cobertura en esos lugares.
Sin duda, un aspecto muy relevante lo constituye la rehabilitación de los consumidores de drogas, a la que se referirá a continuación, con mucha mayor propiedad, la ministra de Salud. Sin perjuicio de ello, me cabe señalar que existe un programa de tratamiento para la población con consumo problemático de drogas, y el hecho de haberlo insertado en el seguro público de salud, a partir del 2001 constituye un avance importante. A través del convenio Conace , Fonasa , Ministerio de Salud, que se suscribe anualmente, se atiende gratuitamente a los beneficiarios del Fonasa. La cobertura de la atención ha crecido anual y sostenidamente. En el 2005, fueron 12.300 personas, de las cuales, se atendieron 6.158, en virtud del convenio señalado, y 6.150, en atención primaria y secundaria, en los servicios de salud.
Pero, sin duda, la verdadera revolución, desde el punto de vista del tratamiento de rehabilitación de drogas y el aumento de la oferta pública, la constituye el anuncio de su excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet , hace un par de meses, de que a partir de 2007 el tratamiento de rehabilitación de los consumidores de drogas, entre 10 y 19 años, será incorporado a las garantías explícitas de salud. Esto permitirá dar cobertura económica al tratamiento de rehabilitación de drogas para ese segmento. Existirá, entonces, la posibilidad de ampliarlo más adelante a otras edades. Lo importante es que se ha iniciado un proceso, como lo hemos señalado, que no tiene vuelta atrás, porque la decisión es aumentar decididamente la oferta pública para rehabilitar a las personas y, junto con ello, por un lado, rehabilitar, desde el punto de vista de la salud y, por otro, desde el punto de vista de la relación que he señalado con la delincuencia, disminuir los niveles de reincidencia.
De igual forma, para 2007, el presupuesto del Conace como ustedes bien saben aumentará en 31,6 por ciento, lo que permitirá dar una adecuada cobertura a la aplicación de programas de prevención y rehabilitación a los infractores, tal como lo establece la ley N° 20.084, aprobada por el Congreso, sobre responsabilidad penal adolescente. Asimismo, se aumentará la cobertura para la rehabilitación al interior de los establecimientos penitenciarios, a lo que se referirá la subsecretaria de Justicia.
Desde el punto de vista jurídico, se ha perfeccionado ustedes han contribuido enormemente a ello el fortalecimiento de las instituciones legales y la modernización de las leyes sobre estas materias: la
N° 19.366 y la N° 20.084, que también tiene aplicación indirecta. La primera entregó facultades a las policías para desarrollar nuevas técnicas investigativas, lo que ha facilitado, de una y otra forma, su accionar.
Por eso, junto con la prevención y la rehabilitación que he mencionado, quise dejar para el final, tal vez, el aspecto más llamativo, desde el punto de vista de la opinión pública; pero, en verdad, no tiene mayor prevalencia sobre los otros aspectos. Me refiero al control. Sin duda, es labor esencial de los diferentes órganos de control, aduanas, policías y Dirección del Territorio Marítimo, detectar y desarticular las organizaciones criminales que internan y/o distribuyen drogas en el país, y también aquellas que pretenden utilizar nuestro territorio como ruta de tránsito hacia terceros países. Nuestro país goza de gran prestigio internacional, gracias a su inserción en el comercio internacional, razón por la cual los narcotraficantes recurren a este prestigio para utilizar a Chile como punto de envío de drogas hacia otros lugares. Esto ha obligado a modificar, tecnificar y especializar la labor investigativa de las policías, con el apoyo del Ministerio Público. Referente a lo anterior, cabe destacar el trabajo que se ha estado desarrollando hasta este momento.
En relación con los decomisos, debo señalar que al 15 de octubre de este año, se contabiliza un total de 738 mil kilos de clorhidrato de cocaína decomisados. En materia de aprehendidos, entre enero y septiembre del año en curso, tenemos 22.077 por tráfico de drogas. Durante todo el año 2005, fueron cerca de 18 mil. Es decir, ya llevamos más detenidos que durante todo 2005.
En cuanto a los juicios orales, que es la segunda parte de esto, a nivel nacional, por delitos de tráfico de drogas, cabe consignar que el 2005 se registró un total de 431 juicios orales, de los cuales 399 terminaron con sentencias condenatorias. Entre enero y julio de este año, ya se han registrado 403 juicios orales, con 379 sentencias condenatorias y sólo 24 absolutorias.
En lo concerniente a los procedimientos policiales efectuados en virtud de la leyN° 20.000, entre enero y septiembre del año en curso, se registran ya 17.078 diligencias policiales. Por cierto, muchas más que las realizadas durante todo el 2005, lo que demuestra que los instrumentos aprobados por el Congreso, que entregaron facultades a las policías, están dando sus frutos. Junto con esto, es importante señalar que en materia de control tenemos, en primer lugar, la intersectorialidad, que necesariamente conlleva estudiar que para el año 2007 el presupuesto asignado a Carabineros de Chile aumenta en 9,1 por ciento; se aumenta en 1.500 la dotación de carabineros durante los próximos cuatro años; se aumenta la dotación de la Policía de Investigaciones; se aumentan los recursos tecnológicos y humanos para mejorar las técnicas investigativas.
Asimismo, hay un proceso de licitación para la adquisición de un avión con tecnología de punta que permitirá dar adecuada cobertura a toda la frontera norte del país, para disminuir el nivel de ingreso de drogas por los 870 kilómetros de frontera que nos unen con Bolivia y los 160 kilómetros que nos unen con Perú.
Junto con eso, en el presupuesto de 2007 del Ministerio del Interior se consideran recursos suficientes para la construcción del nuevo complejo fronterizo Colchane y para iniciar los estudios que permitan mejorar y construir nuevos pasos fronterizos en Chacalluta y Los Libertadores, que son, como señaló el diputado Jorge Burgos , algunos lugares donde tenemos un flujo de entrada de marihuana o de cocaína por el norte.
En consecuencia, estamos trabajando en el fortalecimiento del control de los pasos fronterizos como mecanismo de prevención. Sin duda, mayor control en el ingreso de la droga nos permitirá reducir la oferta en el país.
Finalmente, tenemos un tremendo desafío como gobierno en la intersectorialidad. Por eso, estamos presentes junto con la ministra de Salud, la subsecretaria de Justicia y la directora del Conace. Sin duda, podíamos haber contado con las ministras de Educación, de Mideplan y la directora de Chiledeportes, porque lo que hacemos hoy es coordinar el trabajo al interior del Gobierno, con el objetivo de dar una oferta pública coordinada, permanente, estable, eficaz y eficiente.
Prueba de ello es el gran desafío de dotar al Conace de la institucionalidad que requiere. Hemos pasado de un presupuesto de 6 mil millones en su oportunidad, a cerca de 20 mil millones para 2007. Se requiere, entonces, institucionalizar un gran programa que debe transformarse en un servicio público para que ejerza las competencias que corresponden.
Algunos creen que las drogas son consecuencia de uno u otro sector. En esta materia, como en seguridad ciudadana siempre lo hemos planteado así, debemos tener una mirada de país, de largo plazo, con perspectivas de solución de un fenómeno que afecta la salud y la seguridad de las personas.
Otros señalan que la droga es exclusiva de los sectores más pobres y sólo piden sanción de cárcel. Hemos aumentado la población penal, pero no hemos disminuido el consumo de drogas. No hay una relación directamente proporcional en ese aspecto.
Algunos señalan que sólo es importante el control; sin duda, el control es relevante, es importante para disminuir la oferta, pero igualmente importante resulta entonces la prevención, como ya he señalado. Por ello, hemos mejorado nuestros recursos en la coordinación y eficacia de la oferta pública de prevención, control y rehabilitación.
Para resumir, en materia de prevención, hemos aumentado sólo en el Conace cerca de 31 por ciento. En control, más de 10 por ciento, a través del aumento del presupuesto de las policías. En rehabilitación, el Plan Auge y un conjunto de otros aspectos.
En materia de institucionalidad, avanzaremos en el Conace y en el mejoramiento y gestión de los pasos fronterizos. Sin duda, de aqu{i en adelante la intersectorialidad marcará el trabajo del gobierno de la Presidenta de la República.
Tiene la palabra la subsecretaria de Justicia, señora Verónica Baraona .
La señora BARAONA (subsecretaria de Justicia).-
Señor Presidente, por su intermedio, quiero dar a conocer a las señoras diputadas y a los señores diputados los planes y acciones ejecutados en materia de prevención, tratamiento y control de drogas por el sector Justicia, en el marco del trabajo realizado por el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, Conace , mediante el cual nuestro país ha adoptado estrategias en materia de drogas, también denominado Política Nacional de Drogas.
En primer lugar, hago presente que el Ministerio de Justicia forma parte de dicho consejo. En ese sentido, ha desarrollado diversas acciones, tanto desde la propia Subsecretaría de Justicia como a través de sus servicios dependientes.
De manera resumida, señalaré las principales acciones que ha realizado esta Secretaría de Estado:
Se han consolidado las acciones de prevención, tratamiento y control en materia de drogas, en coordinación con los servicios dependientes y relacionados con el Ministerio de Justicia, en el marco de la estrategia del Gobierno de Chile en materia de drogas 2003 a 2008. Este ministerio también forma parte de los comités técnicos de trabajo coordinados por el Conace, que son los siguientes: Comité de Tratamiento y Rehabilitación, Comité de Prevención y Comité de Control. Integra también el comité técnico de expertos de drogas coordinado por la Dirección de Política Especial del Ministerio de Relaciones Exteriores, participando en las comisiones mixtas en materia de drogas, que forman parte de los acuerdos binacionales de Chile con países como Colombia, Argentina, Perú , Bolivia , Brasil y Panamá , entre otros.
Este año, la Subsecretaría de Justicia ha orientado a todos sus servicios dependientes y relacionados: Servicio Médico Legal, Servicio Nacional de Menores, Superintendencia de Quiebras, Registro Civil e Identificación y Gendarmería de Chile en la ejecución de un plan de acción y constitución de un comité de drogas para aquellos que aún no lo han implementado.
Inserto en el plan de acción en la materia, este Ministerio ha preparado a monitores en prevención de drogas y parte de su personal se encuentra cursando un diplomado sobre prevención y consumo realizado por la Universidad de Chile.
En cuanto a la actividad desarrollada por los servicios dependientes del Ministerio de Justicia, puedo señalar lo siguiente:
En primer término, las acciones ejecutadas por el Servicio de Registro Civil e Identificación, que proporciona los antecedentes requeridos por los tribunales, el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile, y el Servicio Médico Legal, que también actúa como coadyuvante en la administración de justicia, entregando los informes periciales que son materia del delito de tráfico y del consumo problemático de drogas solicitados por los tribunales de justicia.
En cuanto a la actividad desarrollada por Gendarmería de Chile, el Ministerio de Justicia ha orientado a dicho organismo para que constituya un comité integrado por las diferentes áreas del ámbito penitenciario, tales como seguridad, readaptación, servicio social y área médica, todas las cuales están destinadas a coordinar el trabajo de la institución en materia de control, prevención, tratamiento y tráfico de drogas, dirigido tanto a la población penal como a personal de la institución.
Puesto que se considera que los cambios sociales y culturales de la población penal, sumados al consumo de droga, son factores asociados a la violencia y a la comisión de delitos en los establecimientos penitenciarios, y estimándose, además, que un porcentaje importante de la población penal chilena ha consumido o es dependiente de alguna sustancia ilícita, se han implementado sistemas de control consistentes en la capacitación y especialización, implementación de sistemas tecnológicos de seguridad y otros.
En ese sentido y en lo concerniente a la capacitación del personal en prevención y control de drogas, éstas se abordan a través de la preparación académica en la Escuela de Gendarmería de Chile, la que, posteriormente, se va desarrollando a través de la capacitación de funcionarios monitores en prevención de drogas, cursos de especialización y otras actividades tendientes a otorgar conocimiento al personal de la institución en temas relacionados con el control, prevención y disposiciones legales frente a la droga.
Respecto del personal de Gendarmería, se han desarrollado varias acciones. En relación con la prevención del consumo de drogas, se desarrolla un programa a través de la unidad de servicio social de esa institución, dirigido al personal y a sus familias.
En 2005, se fortaleció el funcionamiento y continuidad de los equipos regionales de prevención de consumo de drogas del personal y se realizaron numerosas actividades que beneficiaron a alrededor de cuatro mil personas, entre funcionarios y familiares.
Durante el presente año, han entregado a Gendarmería de Chile los lineamientos generales para un plan de fiscalización y detección de drogas, que permitirá profundizar y perfeccionar el trabajo de prevención del tráfico de drogas para el personal al interior de los establecimientos penitenciarios.
Se han desarrollado capacitaciones para el personal en todas las materias preventivas y coercitivas. En efecto, ellas han sido destinadas a funcionarios, paramédicos y profesionales de las regiones Quinta, Sexta, Séptima y Metropolitana, en pesquisa y detección precoz del consumo de drogas.
Se han llevado a cabo numerosas capacitaciones y perfeccionamiento, tanto para el personal de esta dependencia como para otros funcionarios de la institución sobre temáticas relacionadas.
Por último, se han fortalecido las medidas disciplinarias a los funcionarios al interior de los establecimientos y sus relaciones con los internos y se ha elaborado un proyecto de código ético para vigilantes, oficiales y personal en general.
En cuanto a la población penal, se desarrolla un plan de intervención integral en drogas dirigido a personas privadas de libertad, que tiene como objetivo estratégico crear condiciones institucionales para favorecer, al interior de los recintos penitenciarios, un estilo de vida saludable que promocione los beneficios de una vida comunitaria sana, limpia y libre del consumo de drogas en los internos que presentan un mayor nivel de vulnerabilidad. Dicho programa, que se viene aplicando desde 2001, se desarrolla en conjunto con Conace, mediante la implementación de centros de tratamiento y rehabilitación.
Se ha trabajado en modelos de intervención para personas con consumo problemático de sustancias psicoactivas, recluidas en establecimientos penitenciarios. Se trata de modelos adecuados a las características y particularidades de los internos e internas con problemas de abuso y dependencia a las drogas dentro del sistema penitenciario chileno.
En la actualidad, existen trece centros de tratamiento activos, doce de los cuales corresponden al sistema privativo de libertad y uno, creado durante 2005, al sistema de medidas alternativas de reclusión.
El programa de tratamiento de drogas opera con una asignación presupuestaria aportada por Gendarmería de Chile que alcanza a 20 millones 350 mil pesos, y con un aporte del Conace de 231 millones 988 mil pesos, en virtud de un convenio celebrado con la institución penitenciaria.
Hasta agosto de 2006, en los centros de tratamiento del sistema penitenciario fueron atendidas 447 personas, en comparación con las 396 personas atendidas durante el año pasado.
En cuanto al Servicio Nacional de Menores, podemos mencionar las siguientes acciones.
Desde 2004, su Departamento de Derechos y Responsabilidad Juvenil se encuentra desarrollando proyectos de tratamiento en jóvenes con consumo problemático de alcohol y drogas, inculpados por infringir la ley penal. Se trata de siete proyectos que se encuentran en aplicación en las regiones Primera, Segunda, Quinta, Séptima , Octava, Décima y Metropolitana, con un total de 540 plazas, lo que implica, en cuanto a transferencia de recursos para el año 2006, una suma que alcanza los 595 millones de pesos.
En segundo término, con motivo de la entrada en vigencia, el próximo 8 de junio de 2007, de la ley N° 20.084, el Conace, el Ministerio de Salud y el Sename han realizado un trabajo en conjunto para dar respuesta a la sanción accesoria establecida en el artículo 7° del mencionado cuerpo legal, referida a tratamientos de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol. En ese sentido, se elaboró una norma técnica que aborda el tratamiento integral de adolescentes infractores de la ley que presentan un consumo problemático de alcohol o drogas u otros trastornos de salud mental. Dicha norma técnica, aprobada por el decreto exento N° 85, de enero de 2006, del Ministerio de Salud, señala que la atención clínica para adolescentes que se encuentren privados de libertad se hará en dos modalidades: En primer lugar, un plan de tratamiento intensivo. Al respecto, se ha proyectado que, a junio de 2007, en las regiones que presenten baja demanda se encuentre instalado al menos un equipo, en las regiones con una mayor demanda, dos, y en la Región Metropolitana, cuatro. En segundo lugar, una unidad de corta estadía, que tendrá por finalidad tratar la desintoxicación, abordar la descompensación y estabilizar al joven.
A junio de 2007, se espera contar con cinco unidades de corta estadía al interior de centros privativos de libertad de las regiones Primera, Quinta, Metropolitana, Octava y Décima, que otorgarán atención zonal con un total de 34 plazas de cobertura.
Para los adolescentes que cumplen la sanción en el medio libre, las modalidades de atención son tres: un plan individual de tratamiento de alta intensidad en modalidad ambulatoria; una unidad de corta estadía especializada, destinada a la desintoxicación, a abordar el síndrome de abstinencia y su estabilización, y un plan individual de tratamiento de alta intensidad en modalidad de centro residencial.
Se proyecta que al finalizar el primer año de aplicación de la ley N° 20.084, deberán estar instalados 97 proyectos intensivoambulatorios, 38 proyectos residenciales y 94 camas de corta estadía en el sistema de salud público para atender a esa población.
En la actualidad, el Conace cuenta con la aprobación de un presupuesto de 3 mil 225 millones para el programa de tratamiento de consumidores de drogas, que será utilizado en planes de tratamiento, capacitación de los equipos, supervisión y asesoría.
En relación con la población que se encuentra en el sistema de protección del Sename, desde 1998 se cuenta con programas especializados en prevención y tratamiento del consumo abusivo de drogas, dependientes del Departamento de Protección de Derechos. Esos programas están destinados a fortalecer la reparación y restitución de derechos a niños, niñas y adolescentes que presentan un consumo problemático.
El Conace y el Servicio Nacional de Menores han coordinado la instalación de proyectos de tratamiento ambulatoriocomunitarios en los lugares donde existan programas para atención de niños, niñas y adolescentes víctimas de la explotación sexual comercial.
En la actualidad, a nivel nacional, existen 24 proyectos de atención de niños, niñas y adolescentes que presentan consumo problemático de drogas, con una cobertura convenida de 757 plazas. Lo anterior implica una transferencia de recursos por un total de 1.067 millones de pesos a terceros de la sociedad civil que implementan esa línea de intervención, acreditados como organismos colaboradores del Sename.
En cuanto a su distribución, se cuenta con programas de protección especial en temática de drogas en casi todas las regiones.
Desde el 1° de julio de 2007, la población infantoadolescente de 10 a 19 años que se encuentre en el sistema de protección y que presente consumo problemático de drogas, tendrá acceso a los programas de tratamiento de consumo de drogas que implementará el Ministerio de Salud a través de su incorporación a las Garantías Explícitas en Salud, GES.
Durante el primer semestre de este año, el Ministerio de Justicia participó en una mesa de trabajo organizada por Conace, en conjunto con la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Fundación Paz Ciudadana y el Ministerio de Salud.
Es de público conocimiento que entre los infractores de la ley existe una proporción de consumidores problemáticos de drogas que cometen delitos bajo los efectos de estupefacientes o como forma de financiar dicho consumo. Muchos de ellos son personas sin trastornos estructurales. Son antisociales que, cuando logran rehabilitarse, se alejan de las conductas disociales y, por lo tanto, del delito. Por el contrario, si no reciben el tratamiento apropiado, mantienen su conducta criminal a pesar de ser condenados y sancionados en reiteradas ocasiones, es decir, con altas tasas de reincidencia.
Para enfrentar este problema, la experiencia internacional avala los programas de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial de personas que delinquen y tienen asociado un consumo problemático de dichas sustancias, porque han demostrado ser más efectivos que otro tipo de sanciones. En el mundo, diferentes experiencias han demostrado importantes logros. Además de reducir la reincidencia criminal y el abuso de sustancias, esos modelos tienen la ventaja de ser altamente flexibles, lo que les permite adaptarse a legislaciones y realidades diversas. Sin embargo, lo anterior no puede hacerse de manera aislada, sino que se requiere del esfuerzo, compromiso y liderazgo de todas las instituciones involucradas en el proceso penal y la provisión de tratamientos de rehabilitación.
En la actualidad, tras la implementación de la reforma procesal penal, en materia penal se dio paso, a través de la figura de suspensión condicional del procedimiento, a que el imputado con consumo problemático de drogas que cumpla con los requisitos establecidos en la ley, pueda optar a una intervención terapéutica que permita su rehabilitación y reinserción social, mediante la disminución de su consumo abusivo de drogas y, en consecuencia, de su reincidencia delictiva.
Dentro de este contexto legal, es necesario destacar el nuevo sistema de responsabilidad penal adolescente por infracciones a la ley penal, cuyo espíritu es el control, la responsabilidad y la inserción sociofamiliar del o de la adolescente de entre 14 y 18 años de edad.
Como resultado de las dos primeras sesiones de la mesa de trabajo antes mencionada, se dividió el trabajo en comisiones con el objeto de analizar con mayor profundidad y particularidad los temas tratados en ámbitos más específicos.
El Ministerio de Justicia ha participado en la comisión legal, que trabaja en la generación, en el proceso judicial, de un proyecto de incorporación de planes de tratamiento para imputados consumidores problemáticos de drogas, alternativo a la respuesta tradicional que se ha entregado a través del sistema judicial.
También busca realizar propuestas para la mejor implementación de los planes piloto que se encuentran en ejecución, mediante la uniformidad de los criterios de procedimiento legal. Se pretende proponer modificaciones legales que permitan mejorar el sistema procesal penal y concordarlo con el trabajo clínico.
En la comisión de peritaje se trabaja en la definición de un sistema de evaluación pericial que diagnostique la presencia de consumo problemático de drogas y su severidad, a través de instrumentos estandarizados, con plazos, prestaciones y personal a cargo previamente definidos. Asimismo, se busca determinar la modalidad y el nivel de complejidad de la intervención terapéutica en personas con consumo problemático de drogas e infractoras de la ley, que cumplen su condena en medio libre.
Todo lo señalado refleja el real compromiso y la voluntad de este ministerio y de los servicios que de él dependen, en cuanto a dar plena aplicación a la estrategia nacional sobre drogas definida por el Gobierno.
La señora BARRÍA (ministra de Salud).-
Señor Presidente, el Ministerio de Salud, junto con el Conace, lucha activamente contra este flagelo multicausal y, por lo tanto, reconoce la necesidad de trabajarlo con los otros sectores.
Efectivamente, tal como se ha señalado, el alcoholismo, la drogodependencia son enfermedades y como tales deben ser prevenidas y tratadas. Las causales son de múltiples dimensiones y es necesario abordarlas. Por eso, el Ministerio de Salud ha estado trabajando con mucha fuerza y se ha coordinado, a través del Conace, con las distintas instituciones, entre otras el Sename.
En los aspectos de prevención lo ha hecho fundamentalmente a través de los programas Previene y de los consejos que existen, a propósito, en cada una de las comunas.
El problema tiene múltiples dimensiones y, como tal, ha sido abordado por los gobiernos de la Concertación, en especial por el actual, de una manera absolutamente intersectorial.
En ese sentido, quiero recalcar que en Salud se ha dado continuidad a los antiguos programas del bebedor problema o alcohólico. Poco a poco se han ido transformando para abordar el consumo problemático de alcohol y drogas, que es lo que existe hoy.
Desde el año 2000 contamos con un programa nacional de salud mental reformulado, que incluye justamente el consumo problemático de alcohol y drogas ilícitas. Tenemos una articulación en la red primaria de salud, en los centros de salud mental comunitarios, en los consultorios ambulatorios, en los servicios de siquiatría de los hospitales generales y en comunidades terapéuticas, muchas de ellas del ámbito privado.
En la red primaria se trabaja con articulación del sistema público y del sistema privado.
Puedo informar a los honorables parlamentarios que el programa de detección y tratamiento temprano del consumo problema y dependencia del alcohol y drogas partió el 2004, con 232 millones de pesos y una cobertura en 50 comunas, mediante 107 establecimientos.
En el año 2006, ese programa alcanza los 1.062 millones de pesos y una cobertura de 152 comunas, a través de 358 establecimientos. A septiembre recién pasado, se había atendido a veinte mil personas en el programa de detección y tratamiento temprano del consumo problema y dependencia de alcohol y drogas.
Un segundo programa tiene que ver con las especialidades, que es la continuación de los antiguos programas del Ministerio de Salud para la atención secundaria y terciaria. En él invertimos anualmente 1.600 millones de pesos y tenemos una cobertura de 6.600 personas en sus distintos niveles, como señalaron algunos diputados.
Una tercer programa de trabajo se relaciona con el convenio entre el Conace, Fonasa y el Ministerio de Salud. Se está logrando una cobertura de 7.500 personas con una inversión de más de 3.500 millones de pesos.
En consecuencia, hay distintas líneas de trabajo, que se verán acrecentadas el próximo año con, a lo menos, dos líneas muy intensivas, para las cuales nos hemos venido preparando.
La primera dice relación con el tratamiento de los jóvenes infractores de la ley N° 20.084, a que ha hecho mención la subsecretaria Baraona . Tenemos un gran desafío para darles tratamiento a los que han cometido infracciones a la ley penal.
Para la segunda línea también nos hemos venido preparando. Dice relación con algo que se ha celebrado acá. Es la incorporación al sistema integral de salud, más conocido como Auge, de los adolescentes menores de 19 años que tengan el problema de bebedor excesivo o de dependencia de drogas. Se invertirán enormes recursos públicos para rehabilitar y reinsertar en la sociedad, de una manera seria y sistemática, a aquellos que delinquen o no.
Sin lugar a dudas, son pasos iniciales, en el sentido correcto, pues se busca la reinserción de personas que tienen un problema de salud mental, que son enfermos y tienen una dependencia al alcohol o a la droga.
Su tratamiento no puede ser el único camino. También deben reforzarse los aspectos de prevención que se han señalado. Por eso, nosotros seguiremos insistiendo en el trabajo multidisciplinario: en el ámbito sanitario, de las organizaciones sociales, de los municipios, de deportes, de educación, de justicia.
El próximo año se invertirán once mil millones de pesos adicionales en el Auge por el tratamiento de los problemas de los menores de 19 años, porque habrá que invertir en nuevos centros, tanto públicos como privados, para atenderlos en sus distintos niveles de complicación. No todos requieren hospitalización. La mayoría serán centros diurnos para pacientes ambulatorios que recibirán tratamientos de rehabilitación y reintegración a la sociedad.
Reitero, para todo eso es indispensable seguir trabajando en conjunto con los distintos organismos. Nosotros saludamos este trabajo intersectorial. Como Gobierno estamos dando, tal como lo señaló el ministro subrogante del Interior, los pasos necesarios para atacar en sus distintas dimensiones un problema social que tiene que ver con las oportunidades y el desarrollo que queremos para nuestro país.
Por eso, esto es central para el Gobierno de nuestra Presidenta.
Se han presentado tres proyectos de acuerdo. El señor Secretario va a dar lectura al primero de ellos.
El proyecto de acuerdo N° 232 es de los señores Meza , Quintana , Rossi ; de la señora Cristi , doña María Angélica ; Pérez, don José ; Walker , Ortiz , Saffirio , Palma , Robles , Silber , Venegas, don Mario ; Chahuán y Sabag .
Que una presentación, suscrita por cincuenta y cinco honorables diputados y diputadas de esta Corporación, motivó una sesión especial, a objeto de ‘conocer y analizar la política nacional antidrogas’.
Que dicha citación se debe a los pocos avances logrados desde la creación del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (Conace).
Que, en Chile, no hay un plan estratégico que combata el tema con fuerza y dedicación que el drogodependiente y la sociedad necesitan.
Que, debido a esto último, es de vital importancia buscar otras medidas para atacar el problema de las drogodependencias.
Que, cerca del 80% de los fondos asignados al Conace se entregan a otros organismos públicos, lo que hace que no haya un organismo que administre los fondos para la prevención, el tratamiento y la reinserción social de los drogodependientes.
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que disponga, en el más breve plazo, la reestructuración del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (Conace), transformándolo de órgano público coordinador en un órgano publico interventor, que permita la prevención, el tratamiento y la reinserción social de los drogodependientes a través de un ‘Plan Nacional sobre Drogas’.”
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 44 votos. No hubo votos por la afirmativa ni abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Isasi Barbieri Marta ; Leal Labrín Antonio ; Meza Moncada Fernando ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Tuma Zedan Eugenio ; Venegas Cárdenas Mario ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena
Proyecto de acuerdo N° 233 de los diputados señores Arenas, Bauer , Masferrer , Von Muhlenbrock , de la diputada señora Cubillos, doña Marcela ; de los diputados señores Urrutia, Norambuena , Meza , Ward , Cardemil , Accorsi , García-Huidobro , Sabag , y de la diputada señora Cristi , doña María Angélica.
El aumento progresivo y la diversificación de la oferta y el consumo de drogas ilícitas en Chile;
Que la población de mayor riesgo los adolescentes y los jóvenes no percibe el riesgo asociado al consumo de drogas, de acuerdo con la última encuesta publicada por el Consejo Nacional de Control de Estupefacientes (Conace) sobre consumo de drogas en el nivel escolar;
Que existe una estrecha relación entre la delincuencia y el tráfico y consumo de drogas y, según un estudio realizado en 2005 por la Fundación Paz Ciudadana, cerca del 70% de los detenidos en flagrancia por robos, hurtos, lesiones, homicidio y violación han consumido cocaína o pasta base cuarenta y ocho horas antes de ser detenidos. De ellos, el 88% son consumidores habituales de cocaína y pasta base, y el 55% de marihuana;
Que, a través de los medios de comunicación y en todas las encuestas de opinión, la ciudadanía ha manifestado su temor a denunciar las redes de narco y microtráfico;
Que, en el país, no se ha consolidado aún una política pública que enfrente el consumo excesivo de alcohol, que es la puerta del consumo de drogas;
Que los tratamientos de rehabilitación son onerosos y los servicios de salud públicos no cuentan con una cobertura capaz de responder a la demanda. De acuerdo con el Conace, cerca de doscientas mil personas quisieran tratarse para superar sus dependencias y la oferta del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) actual cubre apenas el 6% de esa demanda, y
Que una política pública eficiente para combatir las drogas debe combinar la represión de la oferta con la prevención del consumo. El punto de partida en cualquier política pública sobre drogas debería ser cómo intensificar en la población la percepción de riesgo sobre el daño que produce, es decir, concentrar la atención en la población sana, que no ha consumido, pero que prácticamente la mitad no tendría grandes problemas en iniciarse en el consumo.
1.Al ministro del Interior que, junto a los organismos que corresponda, revise las vías de canalización de denuncias de tráfico de drogas ilícitas, asegurando la confidencialidad de los ciudadanos que proporcionen información y la debida investigación de esos antecedentes;
2. A la ministra Secretaria General de la Presidencia que disponga la suma urgencia para aquellos proyectos de ley que apuntan a perfeccionar las normas de investigación y sanción al tráfico de drogas, que se encuentran en el Senado y en la Cámara de Diputados;
3. A la ministra de Educación que asegure la máxima cobertura de programas de prevención de consumo de alcohol y drogas desde la educación parvularia en los establecimientos educacionales municipalizados, subvencionados y particulares, y
4. A la ministra de Salud que focalice mayores recursos a los servicios de salud a fin de acoger la creciente demanda por tratamientos de rehabilitación para personas con adicción a las drogas y al alcohol.”
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 40 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Goic Boroevic Carolina ; Isasi Barbieri Marta ; Leal Labrín Antonio ; Lobos Krause Juan ; Meza Moncada Fernando ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Paya Mira Darío ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rojas Molina Manuel ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Salaberry Soto Felipe ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Venegas Rubio Samuel ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena
Espinosa Monardes Marcos ; Sule Fernández Alejandro
El señor Secretario va a dar lectura al último proyecto de acuerdo.
Proyecto de acuerdo N° 234 de los diputados señores Accorsi , Olivares , Rossi , Burgos , Meza , Cardemil , Palma ; de las diputadas señoras Cristi , doña María Angélica ; Pascal , doña Denise , y de los diputados señores Silber , Venegas, don Mario ; García-Huidobro , Chahuán y Sabag.
Que la Estrategia Nacional de Drogas 2003-2008 es una política del Gobierno, adoptada en cumplimiento de acuerdos internacionales suscritos en 1998 por Chile en las Naciones Unidas, para enfrentar globalmente el fenómeno de las drogas mediante la aplicación de políticas coherentes, transparentes y equilibradas, las cuales serán evaluadas periódicamente por los organismos involucrados;
Que la problemática de las drogas es un asunto que debe enfrentarse de manera integral en la sociedad, donde deben concurrir la familia, la comunidad organizada, los organismos del Gobierno, las policías y las empresas privadas. Por ello, no puede tomarse como tarea de un solo organismo, sino que debe enfrentarse como política de Estado, pues la problemática socava y destruye seriamente la calidad de vida de la población en general;
Que este tema puede abordarse desde distintas perspectivas para buscarle soluciones, ya sea desde el punto de vista religioso, de política criminal, económico, antropológico, etcétera. La situación actual requiere una mirada desde la salud pública, principalmente, para elaborar políticas tanto de prevención como de rehabilitación, por lo cual es al ministerio pertinente al que le corresponde un papel central en su elaboración y gestión;
Que la mayor cantidad de drogas ilícitas consumidas no son elaboradas ni producidas en el territorio nacional, como lo demuestran las estadísticas policiales y de aduanas, que señalan que la cocaína y la pasta base son introducidas, fundamentalmente, por los puestos fronterizos del norte de Chile y la marihuana por los accesos fronterizos con los países del Atlántico;
Que lo anterior implica que los servicios contralores de los complejos fronterizos deben ser dotados de elementos de carácter técnico de mejor calidad, para detectar e impedir la circulación de estos elementos dañinos, ya que, de acuerdo con las proyecciones realizadas, sólo el 20% del total de la droga ingresada al país es decomisada, y
Que, conforme a las estadísticas de los organismos especializados, los sectores etarios que consumen la mayor cantidad de drogas se ubican en la población entre dieciocho y treinta y cuatro años de edad, es decir, el joven y el adulto joven que se encuentra cursando la educación superior o está integrada al mundo del trabajo, de ahí que una política coherente debe considerar primordialmente a estos sectores.
1. A S.E. la Presidenta de la República que considere la Política Nacional sobre Drogas una política de Estado, a cargo de un organismo con capacidad de coordinación y articulación en los sectores público y privado, para llevar a efecto los objetivos de la política nacional, dotándolo de un presupuesto adecuado para cumplir su rol.
Asimismo, que envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que modernice la legislación actual, con el propósito de crear un sistema integrado de administración de pasos fronterizos bajo la dirección de una sola autoridad;
2. A la ministra de Salud que, entre sus políticas prioritarias, tenga las relativas a la prevención y la rehabilitación del consumo de drogas, incluyendo especialmente a lo que concierne a la población penal, y
3.Al ministro del Interior que, por medio de su unidad de complejos fronterizos, se preocupe de entregar el equipamiento adecuado a los organismos contralores de fronteras, a fin de que puedan realizar una labor eficaz y efectiva en la detección y el decomiso de drogas.”
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 43 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 2 abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique ; Allende Bussi Isabel ; Araya Guerrero Pedro ; Arenas Hödar Gonzalo ; Bertolino Rendic Mario ; Bobadilla Muñoz Sergio ; Burgos Varela Jorge ; Cardemil Herrera Alberto ; Ceroni Fuentes Guillermo ; Correa De La Cerda Sergio ; Cristi Marfil María Angélica ; Chahuán Chahuán Francisco ; Díaz Díaz Marcelo ; Dittborn Cordua Julio ; Duarte Leiva Gonzalo ; Encina Moriamez Francisco ; Enríquez-Ominami Gumucio Marco ; Espinosa Monardes Marcos ; Estay Peñaloza Enrique ; Farías Ponce Ramón ; Fuentealba Vildósola Renán ; Goic Boroevic Carolina ; González Torres Rodrigo ; Isasi Barbieri Marta ; Jaramillo Becker Enrique ; Leal Labrín Antonio ; Meza Moncada Fernando ; Muñoz D’Albora Adriana ; Núñez Lozano Marco Antonio ; Ojeda Uribe Sergio ; Olivares Zepeda Carlos ; Pérez Arriagada José ; Quintana Leal Jaime ; Rubilar Barahona Karla ; Sabag Villalobos Jorge ; Saffirio Suárez Eduardo ; Sepúlveda Hermosilla Roberto ; Sepúlveda Orbenes Alejandra ; Silber Romo Gabriel ; Sule Fernández Alejandro ; Venegas Cárdenas Mario ; Verdugo Soto Germán ; Vidal Lázaro Ximena
Lobos Krause Juan ; Valcarce Becerra Ximena
Se levantó la sesión a las 21.35 horas.
Moción de los diputados señores Tarud , Farías , León , Lorenzini , Walker , y de la diputada señora Soto, doña Laura.
Reforma constitucional que modifica el inciso segundo del artículo 60, impidiendo la realizacion de lobby en favor de gobiernos extranjeros. (boletín N° 4621-07)
Vistos: La Constitución Política de la Republica, La Ley Orgánica del Congreso Nacional y el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
1. Que conforme al artículo 32 N°15 de la Constitución Política son atribuciones especiales del Presidente de la República conducir las relaciones diplomáticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales, y llevar a cabo las negociaciones; concluir, firmar y ratificar los tratados que estime convenientes para los intereses del país.
2. Que la misma Constitución Política en su artículo 46 señala que es función de ambas Cámaras del Congreso Nacional concurrir a la formación de las leyes en conformidad a la Constitución y tiene las demás atribuciones que ella establece;
3. Que, en razón de la división de poderes existente en nuestra República no corresponde a ningún poder del Estado ni a los integrantes de estos, involucrarse en funciones que la Constitución Política entrega a otro poder del Estado, ya que se cae en la vulneración del principio establecido en el artículo 7 de la Constitución que establece que “Los órganos del Estado actúan validamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley”.
Establece además que: “Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes”.
Todo acto en contravención a lo anterior es nulo y origina las responsabilidades y sanciones que señala la ley.
4. Que la Constitución Política en su artículo 19 N°12, consagra la libertad de opinión y de informar sin censura previa. En razón de este derecho garantizado por nuestro ordenamiento jurídico, es lícito emitir opinión sobre temas de la contingencia nacional y sobre temas relativos a nuestras relaciones internacionales y, más aun, con mayor razón pueden emitir dichas opiniones los parlamentarios como representantes de la ciudadanía ante el Congreso Nacional.
5. Que una situación distinta al derecho a emitir opinión sobre temas contingentes en materia internacional lo constituye el hecho de realizar actividad objetiva de promoción, defensa y representación de personas del mundo privado o de otros Estados con el objeto de influir en las decisiones que deban adoptar los órganos de la administración del Estado o el Congreso Nacional. Situación que en nuestro país, en la discusión en este mismo Congreso se ha denominado lobby.
6. Que la actividad mencionada es absolutamente reprochable cuando se realiza por Funcionarios del Estado y, en especial por parlamentarios, más aun cuando se actúa en defensa de intereses externos que no necesariamente coinciden con los lineamientos en política exterior que ha definido el gobierno de nuestro país, único poder constitucional a cargo de nuestras relaciones internacionales.
Por lo anterior, los(as) Diputados(as) abajo firmantes venimos a proponer la siguiente reforma Constitucional:
ARTÍCULO ÚNICO: Modifícase el inciso segundo del Artículo 60 de la Constitución Política de la República incorporándose luego de la frase “o comisiones de similar naturaleza” una coma y agregándose la frase “o realice actividad de lobby en favor de gobiernos extranjeros”.
Moción de los diputados señores Jiménez , Accorsi , Aguiló , Bustos , Enríquez-Ominami , Espinosa, don Marcos ; Farías , Insunza , Sule , y de la diputada señora Vidal , doña Ximena.
Modifica la ley N° 19.992, para incorporar un nuevo beneficio en relación con el servicio militar obligatorio. (boletín N° 4622-17)
Lo dispuesto en los artículos 63 y 65 de la Constitución Política de la República; lo prevenido por la Ley N° 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y lo establecido por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados.
1°Que la defensa siempre ha sido una función central del Estado y también un deber común de los ciudadanos. Pero las formas y modalidades de las instituciones de la defensa, en particular las formas de reclutar personal, cambian con el transcurso del tiempo, en cuanto surgen nuevas realidades y desafíos en períodos históricos distintos.
2°Que lo anterior determina la adecuación de instituciones, que para mantener su sentido original, requieren de adaptaciones de acuerdo a las circunstancias históricas cambiantes, y es a través de está adecuación que pueden seguir prestando la función para la cual fueron creadas.
3°Que en este contexto, es posible concluir que es deber de los ciudadanos contribuir al principio de defensa del Estado, mediante el Servicio Militar, pero que a su vez éste no debe significar un alejamiento de los principios éticos y de conciencia, que se encuentran arraigados en un significativo número de ciudadanos chilenos, y que han servido en el último tiempo de gran valuarte para una sana convivencia nacional.
4°Que por experiencias anteriores, nuestra legislación ha consagrado como un beneficio, para los hijos de personas que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política la posibilidad de elegir libremente su ingreso al servicio militar.
5°Que en el mismo sentido anterior, lo que proponemos es otorgar este beneficio con las mismas características que se ha establecido anteriormente. Por ello, nuestra propuesta es muy simple en su planteamiento base, pero muy significativo en el sentido del beneficio y de gran relevancia para el sector a que irá destinado.
6°Que es un principio de derecho y que tiene plena validez en nuestra legislación, la idea que donde exista la misma razón debe existir la misma disposición. Las personas beneficiarias de la ley que se dictó como consecuencia del Informe Rettig, entre otros, gozan del beneficio que les permite eximirse de la obligación de realizar el Servicio Militar Obligatorio, cuestión que no se consideró en la ley Valech, por razones de simple preterición. Entonces, y como en ambos casos se aplica el mismo principio, cual es entender que las personas que directa o indirectamente fueron reprimidas por militares no tienen la obligación de realizar el Servicio Militar Obligatorio, nos parece necesario y oportuno consagrar la misma norma de la ley Rettig en la ley Valech.
7°Que, finalmente, el proyecto planteado no contradice ni pugna las normas constitucionales, de modo que es perfectamente atendible y práctico, y no hace más que poner atención en una omisión que podría ser considerada, además, como un atentado al principio de igualdad ante la ley.
Los diputados que suscribe vienen en someter a la consideración de este Honorable Congreso Nacional el siguiente,
Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 19.992.
1. Introdúzcase el nuevo Título IV, “Del cumplimiento del Servicio Militar obligatorio”.
“Artículo 14 bis. Los hijos de filiación matrimonial, hijos de filiación no matrimonial y adoptivos de las personas a que se refiere el artículo 1 de la presente ley, quedarán en la categoría de disponibles a que se refiere el artículo 30 del decreto ley N° 2.306, de 1978, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, cuando así lo soliciten directamente o por intermedio de la Corporación Nacional sobre Prisión Política y Tortura.”
2. Modifíquense los actuales Título IV y V, en la siguiente forma, el epígrafe “Título IV”, reemplácese por el de “Título V”, y el actual epígrafe de “Título V”, reemplácese por el de “Titulo VI”.
Moción de los diputados señores Errázuriz , Accorsi , Aguiló , Chahuán , Silber , y de la diputada señora Cristi , doña María Angélica.
Limita cobro por pago de contado por mantención de sepulturas. (boletín N° 4623-11)
1. Que los cementerios cobran, además del pago por la sepultura que se adquiera, una cuota anual por concepto de mantención”;
2. Que si el propietario de una sepultura desea evitar el pago mensual, debe pagar anticipadamente el equivalente a cuarenta años de mantención, lo que resulta absolutamente exagerado;
3. Que muchas personas quieren evitar dejar a sus herederos la carga de pagar la mantención anual, pero no pueden recurrir al pago anticipado por el alto costo que ello significa, vengo en proponer el siguiente
ARTÍCULO ÚNICO: “Los propietarios de una sepultura, podrán abstenerse de pagar su mantención anual mediante el pago, de contado, del equivalente a veinte años. Este plazo no podrá ser ampliado ni siquiera con acuerdo de las partes”.
Moción de los diputados señores Errázuriz y Chahuán .
Permite a parlamentarios integrar los consejos regionales (Cores), con derecho a voz. (boletín N° 4624-06)
1. Que el artículo 32 del D.F.L. N° 1 19.175, de 2005 del Ministerio del Interior señala:
“Artículo 32.- No podrán ser consejeros regionales: a) Los senadores y diputados”.
2. Que resulta fundamental que los parlamentarios de la respectiva región puedan integrar, por derecho propio y solo con derecho a voz y sin remuneración, el Consejo Regional, pues es allí donde se asignan los recursos más importantes a las distintas comunas y los parlamentarios no sabemos qué proyectos se han aprobado, vengo en proponer el siguiente
ARTÍCULO 1°.- Elimínase la letra a) del artículo 32 del D.F.L. N° 119.175, de 2005, del Ministerio del Interior, pasando las letras b), c) y d) a ser a), b) y c), respectivamente.
ARTÍCULO 2°.- Agrégase el siguiente inciso final al artículo 29 del citado cuerpo legal:
“Asimismo, los diputados y senadores de la respectiva región formarán parte del consejo regional por derecho propio, sin remuneración y sólo con derecho a voz”.
Moción de los diputados señores Ojeda , Araya , Díaz, don Eduardo ; Mulet , Olivares , Sabag , Venegas, don Mario , y de las diputadas señoras Goic, doña Carolina y Sepúlveda , doña Alejandra.
Modifica el artículo 14 de la ley N° 14.908, poniendo término a medidas de apremio para los mayores de 60 años de edad. (boletín Nº 4625-18)
“Que la actual Política Social para el Adulto Mayor, aprobada por el Comité de Ministros para el Adulto Mayor en sesión constitutiva del 06 de mayo de 2004, señala que la meta del Gobierno es lograr un cambio cultural de toda la población que signifique un mejor trato y valoración de los adultos mayores en nuestra sociedad, lo cual implica una percepción distinta sobre el envejecimiento y la vejez, y así alcanzar mejores niveles de calidad de vida para todos los adultos mayores.
1. Equidad: Hacer justicia a personas que han sufrido marginación de distinta naturaleza, reconociendo en plenitud sus derechos y dándoles lo que les corresponde como personas y por lo que han aportado a la sociedad.
2. Solidaridad Intergeneracional: Lograr una integración social entre las distintas generaciones, basada en el recíproco respecto y comprensión, en definitiva, en el amor y tolerancia entre las personas de distintas generaciones.
3. Pleno respeto a la dignidad de los adultos mayores y al ejercicio de sus derechos como personas y ciudadanos: Reconocer el pleno ejercicio de los derechos que los adultos mayores tienen como cualquier otra persona en los distintos ámbitos del desarrollo humano. Esto es: educación, trabajo aún cuando estén jubilados, salud y recreación, entre otros.
El 17 de Septiembre de 2002 el Presidente de la República, don Ricardo Lagos Escobar , promulga la ley N° 19.828 que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, Senama , que inicia sus funciones en enero del 2003. El Senama se crea como un servicio público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se encuentra sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Que en este sentido, la dignidad del adulto mayor radica e reconocer sus diferencias. Las normas generales para la población infantil, joven y adulta, no siempre será adecuadas para la realidad del adulto mayor.
El artículo 3º de la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, en su inciso 5 señala que:
“Cuando los alimentos decretados no fueren pagados o no fueren suficientes para solventar las necesidades del hijo, el alimentario podrá demandar a los abuelos,de conformidad con lo que establece el artículo 232 del Código Civil.”
Considerando que en caso de insuficiencia de uno de los padres, la obligación indicada precedentemente pasará en primer lugar a los abuelos de la línea del padre o madre que no provee; y en subsidio de éstos a los abuelos de la otra línea, nos parece de toda justicia el establecer que las medidas de apremio que corresponden al incumplimiento de una obligación directa del padre o madre que debe solventar las necesidades del hijo , no sean aplicadas a los abuelos del menor .
Que el artículo 14 de la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, señala que:
“Si decretados los alimentos por resolución que cause ejecutoria en favor del cónyuge, de los padres, de los hijos o del adoptado, el alimentante hubiere cumplido su obligación en la forma pactada u ordenada o hubiere dejado de pagar una o más cuotas, el tribunal que dictó la resolución deberá, a petición de parte o de oficio y sin más trámite, imponer al deudor como medida de apremio, el arresto nocturno entre las veintidós horas de cada día hasta las seis horas del día siguiente, hasta por quince días. El juez podrá repetir esta medida hasta obtener el íntegro pago de la obligación.
Si el alimentante infringiere el arresto nocturno o persistiere en el incumplimiento De la obligación alimenticia después de dos periodos de arresto nocturno, el juez podrá apremiarlo con arresto hasta por quince días. En caso de que procedan nuevos apremios, podrá ampliar el arresto hasta por 30 días”.
Por su parte el inciso 6 del mismo artículo dispone: “Si el alimentante justificare ante el tribunal que carece de los medios necesarios para el pago de su obligación alimenticia, podrá suspenderse el apremio y el arraigo, y no tendrá aplicación lo dispuesto en el inciso cuarto. Igual decisión podrá adoptar el tribunal, de oficio, a petición de parte o de Gendarmería de Chile, en caso de enfermedad, invalidez, embarazo y puerperio que tengan lugar entre las seis semanas antes del parto y doce semanas después de él, o de circunstancias extraordinarias que impidieren el cumplimiento del apremio o lo transformaren en extremadamente grave”.
Somos de la convicción de que a determinada edad, el apremio por alimentos siempre será un perjuicio. El adulto mayor puede ver no sólo en riesgo su vida por las agresiones de que pueda ser víctima durante el apremio, sino también su salud, al cumplir con una obligación de manera subsidiaria , obligación que corresponde en principio a la madre o padre del menor.
La ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor define como adulto mayor a toda persona que ha cumplido los 60 años, sin diferencia entre hombres y mujeres.
Nos parece un contrasentido que una persona mayor de 60 años pueda ser apremiado, pues ello atentaría contra la dignidad del adulto mayor, haría caso omiso de su edad, de la vulnerabilidad propia de su condición (por enfermedades, abuso, etc), y de la especia consideración que merece en vista de la deficitaria calidad del sistema penitenciario.
Es por ello que venimos en proponer el siguiente:
Agrégase al inciso 6º del artículo 14 de la ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, la siguiente frase final: “Asimismo, no se aplicarán las medidas de apremio contenidas en esta ley a los mayores de 60 años, cuando la obligación de otorgar alimentos emane de lo dispuesto en el inciso 5º del artículo 3º del presente cuerpo legal.”