Source: https://ddhh.es/tribunal-europeo-de-derechos-humanos/convenio-europeo-derechos-humanos/prohibicion-de-la-tortura/
Timestamp: 2019-10-14 02:09:49
Document Index: 100232006

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'e contrario', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 15']

Prohibición de la tortura. - DDHH ABOGADOS
El artículo 3 del Convenio de Roma aborda este tema. No obstante hay que tener en cuenta todas estas
Casos destacables:
Malos tratos ejercidos por la policía a detenidos en los interrogatorios.
Estancia en centros penitenciarios:
Falta de investigación de las denuncias por torturas
Asuntos más recientes relativos a España:
Sobre este derecho existe una prolija jurisprudencia muy asentada ya. Podemos traer a escena:
Soering c. Reino Unido, 7 de julio de 1989;
Öcalan c. Turquía, de 12 de marzo de 2003 ;
Jalloh c. Alemania, de 11 de julio de 2006;
Casos Alver contra Estonia, de 8 de noviembre de 2005 (Demanda n.º 64812/2001);
Bader y otros contra Suecia, de 8 de noviembre de 2005 (Demanda n.º 13284/2004);
Argenti contra Italia, de 10 de noviembre de 2005 (Demanda n.º 56317/2000);
Bekos y Koutropoulos contra Grecia, de 13 de diciembre de 2005 (Demanda n.º 15250/02);
Devrim Turan contra Turquía, de 2 de marzo de 2006 (Demanda n.º 879/02);
Gongadze contra Ucrania, de 8 de noviembre de 2005 (Demanda n.º 34056/02)
Mikheyev contra Rusia, de 26 de enero de 2006 (Demanda n.º 77617/01)
Léger contra Francia de 13 de abril de 2006 (Demanda n.º 19324/02).
La actualidad jurisprudencial del TEDH nos presenta situaciones muy variopintas de distintos supuestos donde se declara la vulneración del art. 3 del Convenio tales como los malos tratos propinados por la policía a detenidos, pasando por la indigna situación de las cárceles en algunos países, hasta casos de deportación o extradición cuando la pena a ejecutar es la capital. Veamos algunos:
Véase Casos y Bekos y Koutropoulos contra Grecia, Mikheyev contra Rusia y Devrim Turan contra Turquía.
En los dos primeros supuestos se alega por los recurrentes el uso de violencia física ejercida por agentes de la policía durante el interrogatorio al que son sometidos por ser presuntos autores de un delito de violación y asesinato (Mikeheyev contra Rusia) y de robo (Bekos y Koutropoulos contra Grecia, mientras que en el asunto Devrim Turan contra Turquía el Tribunal Europeo intenta determinar si los exámenes ginecológicos a los que se ven obligadas las detenidas revisten una relevancia tal para caer dentro del ámbito de aplicación del art. 3 CEDH.
En el caso de los malos tratos físicos sufridos por los recurrentes el Tribunal señala que el art. 3 recoge uno de los valores más importantes de la sociedad democrática y que incluso aun tratándose de presuntos terroristas o miembros de organizaciones criminales está absolutamente prohibido utilizar por los agentes de la policía la fuerza física.
Se trata en definitiva de un derecho no susceptible de restricción alguna ni siquiera en los casos de que exista un peligro público o emergencia para la vida de los ciudadanos.
Y básicamente porque no existe mayor finalidad que la retributiva extra legem en dicha conducta. Así, señala que para declarar la vulneración del art. 3 en este tipo de supuestos es necesario que concurran indicios irrefutables de la comisión del hecho, es decir que aparezcan presunciones claras de que los daños han ocurrido durante la detención, lo cual puede y debe contrastarse con las explicaciones que a este respecto puedan proporcionar las autoridades policiales envueltas en el suceso.
Y es que en determinadas ocasiones, como la presente, las autoridades tienen la obligación de velar por la integridad física de las personas detenidas, lo que significa que cualquier daño que sufran deberá ser minuciosamente explicado.
De lo contrario, la tortura o trato inhumano puede presumirse y por tanto declararse la existencia de una vulneración del art. 3 CEDH. En ambos casos, el Tribunal es rotundo pronunciándose a favor de los recurrentes ya que quedan suficientemente probados los daños y lesiones que sufren los denunciantes: contusiones en las costillas, inflamaciones en varias partes del cuerpo, quemaduras en las orejas debido a las descargas eléctricas propinadas, cortes, etc.
Por su parte, el asunto Devrim Turan difiere ligeramente de los anteriores porque de lo que se trata en esta ocasión no es sólo de probar si la policía ha torturado a los detenidos, en este caso la Sña. Turan, sino también determinar si los exámenes ginecológicos a los que podría verse sometida caen dentro del ámbito del art. 3 CEDH y por tanto suponen una vulneración del mismo. La recurrente afirmaba haber sido golpeada varias veces y desnudada habiendo sufrido como consecuencia de dichos golpes importantes lesiones. Sin embargo, los informes médicos no evidencian ningún tipo de violencia física ejercida sobre su cuerpo a excepción de una pequeña quemadura en el ojo derecho y en la nariz. En opinión del Tribunal no existe dato relevante o indicio irrefutable que lleve a pensar que existe vulneración del art. 3. En el mismo sentido se pronuncia en relación a los exámenes ginecológicos a los que con bastante frecuencia se ven sometidas las mujeres detenidas siempre y cuando otorguen su consentimiento (consentimiento que no medió por parte de la recurrente y en consecuencia no se le realizó ningún tipo de inspección).
Otro grupo de asuntos son los relativos a las circunstancias en las que conviven los presos en los establecimientos penitenciarios (Casos Alver contra Estonia y Argenti contra Italia).
En el asunto Alver se declara la vulneración del art. 3 debido a la falta de espacio en las celdas, la limitada libertad de movimiento fuera de éstas, el tiempo que el demandante estuvo sometido a estas condiciones así como las malas condiciones de las instalaciones en las que estuvo preso agresiones sexuales a las que los agentes de policía tienen que hacer frente en multitud de ocasiones.
Hasta aquí la opinión de la mayoría. Sin embargo, merece la pena destacar el voto discrepante del Juez Hedigan al que también se adhiere el Juez David Thór Björgvinsson. En este voto particular se reconoce que someter a las mujeres a inspecciones vaginales y rectales con la finalidad de hacer frente a posibles acusaciones de agresión sexual contra los policías no constituye un trato inhumano o degradante en el sentido del art. 3 siempre y cuando dichas inspecciones se lleven a cabo en el marco de un procedimiento garantista en el que se asegure que el consentimiento otorgado por las afectadas es libre de cualquier tipo de coacción, intimidación y miedo así como la intervención de un médico en todo momento. Garantías que no pueden apreciarse en estos casos ya que la forma en las que las detenidas son llevadas al hospital y prácticamente obligadas a someterse al reconocimiento debido a la situación de inferioridad en la que se encuentran y al miedo y angustia que sienten ante las posibles represalias en el caso de negarse, convierten el consentimiento, si es que lo hay, en un consentimiento viciado.
Condiciones plenamente acreditadas por el Comité Europeo para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes (en adelante CPT) el cual señala que los calabozos policiales de Jogeva estaban mal equipados, tenían poco o ningún acceso a la luz natural y la iluminación y artificial y ventilación eran a menudo “lamentablemente inadecuadas”. La comida era escasa. En cuanto a la Prisión Central, en la que el demandante pasó la mayor parte de su prisión preventiva, el informe señala igualmente que las condiciones higiénicas eran malas, las instalaciones de las celdas estaban en muy mal estado de conservación y sucias, el acceso a la luz natural era limitado y la ventilación inadecuada. Se había establecido un régimen empobrecido. El CPT describía las condiciones en los calabozos de las dependencias policiales Estonias y en la Prisión Central como inhumanas y degradantes.
Y volviendo a los calabozos policiales de Jogeva, decir que la defensa del Gobierno estonio alegó que en ningún momento se quiso causar un sufrimiento físico o mental al demandante. A este respecto el Tribunal ha reiterado que la intencionalidad de humillar o degradar a la víctima es un factor a tener en cuenta, sin embargo, la ausencia de tal finalidad o intencionalidad no excluye una constatación de violación del artículo 3 .
El supuesto de hecho que nos encontramos en el asunto Argenti contra Italia es distinto del anterior porque los tratos inhumanos y degradantes a los que el recurrente se refiere no tienen nada que ver con el tamaño de la celda, con la comida que recibe o con las condiciones higiénicas de la misma sino con el régimen penitenciario especial al que se ve sometido.
El recurrente había sido condenado a cadena perpetua como autor criminalmente responsable de homicidio, robo con violencia e intimidación, extorsión y violación de la Ley sobre armas y asociación de malhechores de tipo mafioso.
Dado el perfil de delincuente peligroso que presentaba el Ministerio de Justicia italiano decide someterle al régimen de prisión especial y prorrogárselo por un período superior a dos años. Dicho régimen se caracteriza por ser muy estricto ya que prohíbe:
utilizar el teléfono;
entrevistarse o tener correspondencia con otros encarcelados, entrevistarse con terceras personas;
recibir del exterior paquetes que contengan otra cosa que no sea ropa; organizar actividades culturales, recreativas y deportivas;
elegir o ser elegido representante de los presos;
ejercer actividades artesanales;
comprar alimentos que deban ser cocinados;
pasar más de dos horas al aire libre.
Se le limitaba la recepción y envío de cantidades de dinero que rebasaran un importe determinado.
El Sr. Argenti alegaba que la aplicación prolongada del régimen especial, desde hace más de dos años, constituía un trato inhumano y degradante, de acuerdo con el artículo 3 del Convenio a lo que el Tribunal contesta diciendo que no existe vulneración: “(…) en general, la aplicación prolongada de ciertas restricciones pueden colocar al preso en una situación que podría constituir un trato inhumano o degradante, en el sentido del artículo 3.
Sin embargo, no se podría admitir una duración precisa como el momento a partir del cual se alcanza el umbral mínimo de gravedad para considerarse dentro del campo de aplicación del artículo 3 del Convenio. En cambio, se debe controlar que, en un caso determinado, la renovación y la prolongación de las restricciones se justifique o si, al contrario, constituyen la reiteración de limitaciones no justificándose.
Ahora bien, parece que el Ministerio de Justicia hizo referencia para justificar la prolongación de las restricciones, a la persistencia de las condiciones que justificaban la primera aplicación, y el Juzgado de vigilancia penitenciaria examinó la realidad de estas constataciones. Por su parte, el Tribunal señala que los argumentos invocados para justificar el mantenimiento de las limitaciones no eran desproporcionados en relación con los hechos previamente imputados al demandante, que fue condenado a diferentes penas por hechos muy graves.
Por ello, el sufrimiento o la humillación que pudo sentir el demandante no fueron más allá de las que implica inevitablemente una forma de trato -en este caso prolongado- o de pena legítima (Sentencia Labita previamente citada, ap. 120, Bastone contra Italia, [dec] núm. 59638/2000 de 18 enero 2005). Así mismo, el demandante no presentó ante el Tribunal elementos que le permitieran concluir que la prolongación de las restricciones no estaba justificada manifiestamente en este caso. No ha habido, por tanto, violación del artículo 3 del Convenio”. El asunto Argenti también aborda una posible vulneración del art. 8 que será abordada infra en el epígrafe relativo al derecho a la vida privada y familiar.
Otro subgrupo de supuestos lo conforman las extradiciones de un sujeto condenado a pena de muerte (Caso Bader y otros contra Suecia). Muy interesante es este asunto porque entiende el Tribunal a este respecto que la pena capital no es contraria a priori ni al art. 2 ni 3 CEDH por no existir todavía un elevado número de Estados que hayan firmado o ratificado el Protocolo núm. 13, lo cual impide al Tribunal considerar que es práctica común de los Estados Contratantes, contemplar la aplicación de la pena de muerte como un trato inhumano o degradante contrario al art. 3 del Convenio, ya que no se han producido derogaciones de dicha provisión, ni siquiera en períodos de guerra la existencia de un riesgo real para uno de ellos de ser ejecutado si es deportado a Siria, ya que ha sido condenado in absentia a muerte en dicho país por complicidad en un asesinato, constituye a su juicio una vulneración de los artículos 2 y 3 CEDH.
El Sr. Bader, para evitar la condena decidió refugiarse en Suecia y solicitar asilo que le fue denegado en dos ocasiones sosteniendo las autoridades suecas que el recurrente no tenía por qué albergar un miedo objetivo a ser condenado a muerte o ejecutado a su regreso a Siria ya que la sentencia que le condena le indicaba que podía solicitar la reapertura de su asunto y ser nuevamente sometido a juicio. Sin embargo, para el recurrente ello implicaría necesariamente que se rindiera ante las autoridades sirias, y regresara, y entonces casi con toda probabilidad, sería detenido mientras esperase la decisión del Tribunal acerca de si se reabría o no se reabría su asunto.
A ello, insistía el recurrente se unía la dificultad de encontrar un testigo que testificara en su favor, y que, dado que la familia del hombre asesinado era muy rica, podrían sobornar al fiscal y a los testigos, e incluso, al mismo juez. Además, el hecho de que el demandante fuera de origen kurdo también le expondría a la discriminación del jurado, y posiblemente a recibir una condena más dura, afirmaba en sus alegaciones.
En opinión de los recurrentes, el sistema legal sirio era arbitrario y corrupto lo cual provocaba en el recurrente principal, el condenado a muerte, un miedo objetivo a que fuera ejecutado si era devuelto a Siria, y que la familia, por tanto, fuera destruida.
El TEDH ha señalado en varias ocasiones que: Los Estados Contratantes tienen derecho, como cuestión bien fundamentada por la legalidad internacional y de acuerdo con las obligaciones que les imponen sus tratados, incluido el Convenio, a controlar la entrada, la residencia, y la deportación de extranjeros. Sin embargo, la deportación de un extranjero por parte de un Estado Contratante podría dar lugar a un asunto según el art. 3; y por ello a dicho Estado, sujeto al Convenio, se le impone una responsabilidad cuando existen razones objetivas y fundamentadas para creer que dicha persona en cuestión, si es deportada, se enfrentaría a un riesgo cierto de ser sometida a un trato contrario al art. 3 en el país de acogida.
En tales circunstancias, el art. 3 conlleva la obligación de no deportar a la persona en cuestión a dicho país (véase, entre otras autoridades, H.L.R. c. Francia, sentencia de 29 de abril de 1997, Repertorio de Sentencias y Decisiones 1997-III, pg 757, aps. 33-34)” . Así mismo, reitera lo que ya dijo en su día en el asunto Öcalan contra Turquía.
En consecuencia, el art. 2.1 CEDH sólo puede exigir que en los casos de pena de muerte ésta se efectúe con motivo de la “ejecución de la sentencia de un tribunal”, y que en el procedimiento criminal, tanto en primera instancia como en apelación, se observen los más rigurosos criterios de equidad. A sensu contrario, imponer “la pena de muerte a una persona, tras un juicio poco equitativo, generaría, en aquellas circunstancias en las que exista una posibilidad real de que la sentencia sea ejecutada, un nivel de angustia y miedo, que provocaría una situación susceptible de ser contemplada dentro de la violación del artículo 2 y 3.
A ello se suma un grado significativo de incertidumbre y angustia añadidas para los demandantes, con respecto al posible resultado de cualquier nuevo proceso en Siria. En consecuencia, la deportación del demandante a su país de origen supondría una violación del art. 2 y 3 del CEDH.
Merece la pena destacar la argumentación que utiliza el juez Cabral Barreto en el voto coincidente a la sentencia. Dicho juez prefiere considerar que la expulsión de los demandantes a Siria conllevaría no sólo a una violación del art. 3 CEDH sino también del art. 1 del Protocolo núm. 13. En su opinión, el Protocolo núm. 13 puede ser considerado como la confirmación de la tendencia abolicionista de la pena de muerte en los Estados Contratantes en el sentido de que los Estados que ya han ratificado dicho protocolo –y Suecia lo ha hecho- desean reemplazar la obligación que les imponía el art. 2 del Convenio por otra más fuerte, es decir, por la obligación de abolir la pena de muerte en toda circunstancia.
Es decir, aquellos Estados que han ratificado el Protocolo núm. 13 se han comprometido no sólo a no imponer nunca la pena capital, sino también a no colocar a nadie en una situación en la que corra el riesgo de sufrir dicho castigo. Por tanto, no es necesario examinar el juicio o la situación de la persona condenada a muerte antes de que dicha sentencia se lleve a cabo, porque siempre existirá una violación del art. 1 del Protocolo núm. 13.
En Assenov y otros c. Bulgaria, 1998:
Se subraya la importancia de que exista una eficaz investigación oficial interna de las denuncias relativas a tratos inhumanos y torturas en la medida que caso contrario los agentes del Estado pisotearían casi con inmunidad los derechos de las personas sometidas a su control. En este sentido, cuando los indiciariamente responsables son fuerzas y cuerpos de seguridad, es preciso recordar que para que la investigación se considere efectiva requiere en primer lugar que las personas responsables de la investigación sean independientes de las implicadas en los hechos, lo que implica que aquéllas no estén subordinadas jerárquicamente a las últimas. En este sentido y en relación con España, el TEDH ha considerado que el médico forense es un funcionario de la Administración y por lo tanto no independiente (STEDH Martínez Sala y otros c. España de 2 de noviembre de 2004).
Menesheva c. Rusia 2006:
En este caso, pese a que la demandante identificó con nombres y rangos a las personas que supuestamente la maltrataron durante cinco días, la investigación interna no comenzó hasta transcurridos 4 años desde los hechos, y obviamente sin ningún resultado.
En el mismo sentido versa Khachiev y Akaieva c. Rusia, 2005:
En este caso se había de investigar la muerte de 5 familiares de los demandantes, resultando la investigación repleta de sospechosas carencias y manifiestas deficiencias.
Bekos y Liutropoulos c. Grecia 2006,
El TEDH condena por tratos inhumanos y degradantes, por policías que golpearon con barras de hierro en costillas y riñones a los detenidos. Pero también condena por una violación procesal dado que los malos tratos reconocidos en los autos administrativos, no conllevaron ninguna sanción si quiera administrativa como una suspensión de servicios, imponiéndose únicamente una multa al jefe de la policía, de 59 euros, pero no por las sevicias aplicadas a los ciudadanos, sino por la carencia de previsión hacia el comportamiento de sus subordinados, uniéndose a todo ello una falta de investigación efectiva.
El tribunal ha hecho suya la definición de tortura que realiza el Convenio de las Naciones Unidas sobre la tortura, de 26 de junio de 1987, el cual en su artículo 1 dispone que:
“El término tortura designa todo acto por el cual se inflige, de manera intencional, a una persona un dolor o unos sufrimientos graves, físicos o mentales, con la finalidad de obtener de ella o de un tercero, informaciones o confesiones, de castigarla por un acto cometido o presuntamente cometido por ella o por un tercero, de intimidarla o de ejercer presión hacia ella o un tercero, o por cualquier otro motivo basado en cualquier forma de discriminación, cuando el dolor o los sufrimientos sean infligidos por un agente de la autoridad pública o bajo si instigación con consentimiento expreso o tácito”.
Un buen ejemplo es el caso Klein c. Rusia:
En él, el demandante, un ciudadano israelí, se dirigió contra la decisión de extradición de Rusia a Colombia, donde se le requería en extradición para la ejecución de una sentencia dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Manizales, Colombia. Este juzgado había condenado al demandante a una pena de privación de libertad de catorce años por el crimen de “[instruir], [entrenar] o [equipar] a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares o terroristas” según el artículo 15 del Decreto legislativo 180 de 1988, declarado ley por el Decreto extraordinario 2266 de 1991. La pena fue reducida posteriormente a diez años y ocho meses combinados con una multa por el Tribunal Superior de Manizales.
Como antecedente sirva recordar el asunto Saadi c. Italia:
En ésta, el Tribunal también consideró que las garantías diplomáticas no son en sí mismas suficientes para asegurar una adecuada protección contra el riesgo de maltrato cuando fuentes fiables dan cuenta de que las autoridades toleran o recurren a prácticas que son manifiestamente contrarias a los principios de la Convención (…). Dado que la práctica de torturas en Uzbekistán es descrita por reputados expertos internacionales como sistemática (…), el Tribunal no está persuadido de que las garantías de las autoridades uzbekas ofrezcan una garantía fiable contra el riesgo de tortura.
Podemos extraer el hecho de que se debe exigir a los países del Consejo, el realizar una investigación suficiente de la situación de los derechos humanos en cualquier país donde se pretenda extraditar a un ciudadano bajo soberanía de país vinculado al TEDH, antes de tomar la decisión de extradición.
Puede hacer click en cualquiera de ellos para conocer un análisis específico de cada caso: