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Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 95', 'artículo 95', 'Artículo 6', 'artículo 29', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 23']

Red Solidaria con la Resistencia en Honduras: INFORMACIONES HONDURAS ( nr 576 ) 26 octubre 2010
Denuncian que Porfirio Lobo busca eliminar el artículo 49 del Estatuto DocenteLunes 25 de Octubre de 2010
Red Morazánica de Información En alerta magisterio ante intento del régimen por des indexar salarios. Red Morazánica de InformaciónTegucigalpa. 25 octubre 2010. El presidente del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh), Jaime Rodríguez, denunció que el titular del régimen, Porfirio Lobo, “busca responsabilizar al Estatuto del Docente por el desorden en la educación y pretende eliminar el artículo 49”, de esa misma ley.
“El desorden en su gobierno y en [la secretaria de] Educación es solamente responsabilidad suya”, expresó Rodríguez, a Lobo, en el programa radial de domingo, Copemh informa.
“Porfirio Lobo no hace honor a su palabra, el acta [compromiso] decía que el magisterio y el gobierno manifiestan su respaldo total al decreto ejecutivo [estatuto], y ahora viene a decir que no va a cumplir el artículo 49”, cuando el artículo 95 [del mismo] dice que no se puede “menoscabar” los derechos de los docentes, cuestionó.Aseguró que “el desorden [en la secretario Educación] dicho por Lobo, es por la incapacidad de su gobierno, la incompetencia del ministerio, que ni siquiera pueden hacer un planilla”, en relación al retraso de los pagos a casi seis mil docentes a quienes el régimen les adeuda, en algunos casos, desde el 2008. Lobo responsabilizó el atraso en el ajuste salarial de los trabajadores, al referido desorden en educación; y dijo que pediría al Congreso Nacional, “des indexar de cualquier estatuto, el salario mínimo, por esta vez”.La pretensión de Lobo.“Tenemos que acudir al Congreso Nacional a que nos apruebe un decreto que permita que, por esta única vez, ningún estatuto o contrato colectivo esté indexado al salario mínimo, hasta que no logremos resolver ese problema administrativo en Educación, que es enorme”, declaró Lobo a la prensa el viernes 23 de octubre.El presidente de la Asamblea Legislativa, Juan Orlando Hernández, ha manifestado a Lobo que “mande lo que sea” para ser aprobado por los diputados y ambos han hecho alarde de la cooperación mutua y entendimiento entre ambos. El artículo 95:Los derechos que reconoce esta Ley no podrán ser disminuidos, tergiversados o ignorados y toda disposición en ese sentido será nula ipso jure. El personal docente en servicio al entrar en vigencia este Estatuto, conservará los derechos adquiridos mediante la anterior Ley de Personal y Escalafón del Magisterio en cuanto le favorezcan.
CIDH pide informes sobre situación de dos periodistas en HondurasLunes 25 de Octubre de 2010 Red Morazánica de InformaciónTegucigalpa 25 de Octubre de 2010. Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, ha solicitado información sobre la situación de las periodistas hondureñas Mayka Lisbet Antúnez Calix, Lilian Rosibel Paz Laínez y sus respectivas familias, según el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras CODEH.Según el CODEH, “en esta oportunidad La Comisión Interamericana esta solicitando información, a efectos de contar con los elementos de juicio necesarios para adoptar una decisión sobre la solicitud formulada y pide se le proporcione información adicional, para este efecto a dado un plazo de 15 días”Ambas periodistas el CODEH, les ha solicitado la adopción de medidas cautelares, ante el riesgo en que se encuentran ellas y sus familias, por el ejercicio de la Libertad de Expresión y el derecho a informar lo que ocurre en el país.“En el caso de la periodista Lilian Paz, se han solicitado medidas cautelares en vista de la persecución y hostigamiento, planificado, contra la periodista como consecuencia del golpe de Estado Militar, la vivienda de la periodista ha sido allanada tres veces, en una de estas su esposo fue maniatado y presionado a decir donde se encontraba su esposa” informa el CODEH en un comunicado.De acuerdo con el mismo comunicado las amenazas contra la periodista han llegado hasta las personas amigas, la organización informa que actualmente “la periodista vive en condiciones casi clandestinas luego que el Ministerio Publico le imputara delitos de terrorismo, portación ilegal de armas y sedición”.En el caso de la Periodista Mayka Antúnez, el CODEH también esta solicitando la medida cautelar en vista que se conoció que se estaría planificando una agresión contra la periodista por gente cercana al Roberto Micheletti.Los seguidores del dictador estarían molestos después de una entrevista en la que la periodista Antúnez interrogó al tirano que asaltó el poder a través de un golpe de Estado. El dictador es acusado por delitos de lesa humanidad por organizaciones de derechos humanos nacional e internacionalmente.
Hoy, como ayer, luchamos por un empleo digno. !NO! al empleo por hora.
Vamos a defender lo conquistadoNo permitamos que las élites y sus diputados nos arrebaten nuestros derechos laborales:Salario mínimoVacacionesDécimo tercer y décimo cuarto salarioSéptimo díaSeguro SocialLibre sindicalizaciónMaternidadAsiste a la Asamblea de Trabajadoressábado 30 de octubre, 9 AMInstituto Central, TegucigalpaSan Pedro Sula
voselsoberano.com | Lunes 25 de Octubre de 2010
Apuntes desde la perspectiva de los Derechos Humanos.
“La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia ” Artículo 6 Carta Democrática Interamericana.
La violenta interrupción de la consulta popular, como un mecanismo de participación directa, para que la ciudadanía, decidiera si estaba o no de acuerdo con la convocatoria a una constituyente, implicó la violación y negación de los derechos políticos de la ciudadanía hondureña. Como resultado, se le privó de la posibilidad de elegir, lo que representó directamente una restricción indebida al ejercicio del derecho a votar e incidió negativamente en la voluntad del electorado, afectando gravemente la democracia. Lo anterior, cobra real sentido, despues de revisar la información que provee el Tribunal Nacional de Elecciones –seriamente cuestionado por posicionarse en favor del golpe de estado- según la cual el presidente electo obtuvo 1.213,695 votos, lo que representa tan solo el 26.2% de los 4.626,071 votantes inscritos en el censo electoral. El abstencionismo aumentó notablemente puesto que en las elecciones del 2005 fue de 44.9% y en las del 2009 fue de 53.6%. Por otro lado, de acuerdo a la información proporcionada por el Frente Nacional de Resistencia más de 1.300,000 votantes, han firmado la declaración que exige la convocatoria a la constituyente.
Mediante el golpe de estado, se vulneraron tambien, los derechos políticos particularmente de la ciudadania en oposición a la clase política que ejecutó el golpe de estado, así como de aquellos que ejercían funciones públicas: el presidente, secretarios de estado, jueces y otros funcionarios públicos que fueron censurados y violentamente obligados al cese , mediante el destierro, despido y la usurpación de sus funciones. Y así lo advirtió la CIDH en su informe “Honduras: Derechos Humanos y golpe de estado”, que, durante su visita in loco, pudo constatar graves vulneraciones a los derechos políticos que atañen a las ciudadanas y ciudadanos hondureños observando que a partir del quiebre institucional, se ejecutaron actos represivos al ejercicio de los derechos políticos, en particular de aquellos vinculados con el ejercicio de funciones públicas, como también de aquellos que se relacionan con la participación política.
Con el fin de reparar el rompimiento del orden constitucional y responder a la exigencia internacional de reconocer el derecho de participación política de la ciudadanía, nuevamente se encuentra en discusión, la constituyente. A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, toda persona debe tener garantizado el derecho de participar e influir directamente en el diseno y formulación de leyes y/o políticas públicas que han de afectarle. Los artículos pétreos de la Constitución de 1982 que se declara inderogable, representan una limitación indebida al derecho de participación política, tanto a las presentes como futuras generaciones, puesto que niega la posibilidad de cambiar las reglas fundamentales que rigen su vida social económica y política. Los constituyentes de entonces -al parecer se creyeron depositarios de la divina providencia- y le atribuyeron a la Constitución, un cáracter casí bíblico, que no solo restringe la participación política, sino que además niega, el principio natural de la evolución de las sociedades que por ser dinámicas, se transforman y como ellas cambian, también deben poder cambiar las leyes para ajustarse a las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía.
La Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha determinado en el caso Yatama contra Nicaragua que: “La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados, con el su propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa”. Es claro que un estado que garantiza mecanismos de participación directa fortalece su democracia , reafirmando la existencia de ésta.
En ese sentido, es preciso abordar la reglamentación efectuada por el Congreso Nacional , el 24 de junio del 2009 -previo al golpe de estado- para regular el referendum y el plebiscito e impedir el desarrollo de la consulta popular. Lo anterior en virtud de que existe una nueva tendencia para revestir de dilaciones y excesivas formalidades tales mecanismos. En el mismo caso mencionado, la Corte condenó a Nicaragua porque consideró que de acuerdo al artículo 29. a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “no se puede limitar el alcance pleno de los derechos políticos de manera que su reglamentación o las decisiones que se adopten en aplicación de ésta se conviertan en un impedimento para que las personas participen efectivamente en la conducción del Estado o se torne ilusoria dicha participación, privando a tales derechos de su contenido esencial. En Esa dirección el artículo 2 de la Convención obliga a los estados a adoptar disposiciones de derecho interno que sean necesarios para hacer efectivos los derechos y libertades establecidos en la Convención. La Corte ha establecido en reiteradas ocasiones “ Que el deber general del artículo 2 de la Convención implica la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías”
El golpe de estado, acabó con la vigencia de la Constitución de 1982, y aunque ciertos grupos se aferran a ella, su aceptación ya no es generalizada, además despues de una ruptura constitucional, lo que procede es hacer uso de la asamblea constituyente. Pero no se busca una asamblea nacional constituyente dominada por políticos involucrados en el golpe de estado o, abogados que se posicionaron en favor del rompimiento constitucional y la represión contra la resistencia constituida actualmente como la única fuerza de oposición política.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su artículo 23 que “Todos los ciudadanos deben gozar de la oportunidad de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos” Se trata de establecer un nuevo comienzo, fortaleciendo la democracia y el pluralismo político, de abrir las puertas a toda la ciudadanía para participar activamente en la vida política del país, respetando el derecho de igualdad y no discriminación. Existe el deber de incluir a los grupos históricamente invisibilizados y marginados. Reconocerles su derecho a sentirse parte de la construcción del estado de derecho y de las instituciones, para que la Constitución exprese la decisión soberana de la mayoría y sea el reflejo de ella.
Se tiene la certeza que la Constituyente no resolverá los problemas estructurales que enfrenta Honduras, pero es preciso reconocer tal como lo ha advertido la Corte Interamericana en el caso Castañ ﻿eda Gutman contra Mexico que “el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, es un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención”. Un nuevo pacto social puede reflejar en sus reglas, las condiciones que permitan reconocer y respetar en igualdad de condiciones los derechos humanos, consiguiendo de esta forma consolidar los pilares de una auténtica democracia y que las instituciones vuelvan a ganarse la confianza de la ciudadanía. Mientras se sigue discutiendo la forma de recuperar esa confianza frente a la crisis institucional , hacer justicia frente a la alarmante impunidad, y procurar la reconciliación, la Constituyente se presenta como el primer y necesario paso. Despues de darlo, Honduras podrá volver a hablar de Democracia.
﻿Suecia, 25 de octubre de 2010
voselsoberano.com | Lunes 25 de Octubre de 2010 09:52
José Vicente Rangel, Aporrea, 25 de octubre de 2010
"El golpe de Estado es un recurso de poder cuando se corre el peligro de perder el poder". Curzio Malaparte
1¿Otra vez de moda el golpe? Ahora con una particularidad: tipo diferente, reacciones novedosas y la intención de invisibilizarlos. Se llegó a pensar que la amenaza estaba conjurada en la región. La palabra golpe se convirtió en palabra maldita. La experiencia fue costosa: desaparición de la libertad, colapso del Estado de Derecho, formas represivas siniestras, retroceso económico y social. Hubo un momento en que América Latina fue asolada por el golpismo. En el Sur tuvo una terrible incidencia cuyas huellas aún no se borran. Brasil padeció el fenómeno, al igual que el resto de Latinoamérica. El golpismo tuvo claro signo ideológico: el anticomunismo, y un promotor: EEUU. No hubo golpe sin su influencia, motivada por la intención de aplastar los cambios sociales. No obstante, la responsabilidad del golpismo se suele atribuir -en exclusividad- a los militares. Discrepo de esa opinión. Así como no hay golpe sin militares, tampoco los hay sin civiles. Los ideólogos del golpismo casi siempre son civiles. La combinación funciona, pero con efectos disímiles. Hay casos en que los militares terminaron siendo víctimas de los civiles que se apoderan del proceso generado por ellos, y en otros los civiles fueron víctimas de sus socios uniformados. Los ejemplos de ambas situaciones abundan, aun cuando la matriz siempre fue la misma. Pero voy directo al grano. A lo que ocurre por estos días. A golpes como el de Honduras y el intento fallido en Ecuador. Particularmente a la tendencia de ciertos sectores a reactivar esa opción a la que siempre apostaron, y a la insólita actitud de dirigentes democráticos -incluso de izquierda-, críticos del golpismo en el pasado, que ahora asumen actitudes complacientes en el análisis del tema. ¿Por qué razón? Quizá la frase de Malaparte ayude. El autor de Técnica del Golpe de Estado la empleó para graficar que el golpe es utilizado por quienes dominan -y sienten amenazados sus intereses- cuando se les agotan los recursos constitucionales y democráticos. Por tanto, hay que buscar la explicación a lo que comienza a suceder en el rechazo de esos sectores a los movimientos populares que acceden al gobierno, electoralmente, en el actual contexto regional, con las reglas de juego del sistema. El cuestionamiento se plantea directamente o con sutilezas. La reivindicación del golpe de Estado tiene motivaciones ideológicas y clasistas que "legitiman" el desconocimiento de cualquier intento por instalar gobiernos patrióticos, con sentido social y formato de democracia participativa. Lo cual implica romper con el anacrónico modelo de democracia representativa y las políticas neoliberales. Estas posiciones, según los ideólogos del neogolpismo, justifica el empleo de la fuerza para deponerlos. Por eso es que en el desarrollo de esta tesis, lo que importa no es el origen comicial del gobierno -sacralizado en el pasado-, sino el ejercicio cotidiano sujeto a evaluaciones interesadas, manipuladas en escenarios nacionales e internacionales y potenciadas por medios de comunicación comprometidos.
2 La clásica noción de golpe empieza a tener sustitutos. Un poder mediatizado como el Congreso de Honduras legitimó el derrocamiento del presidente constitucional Manuel Zelaya. En Ecuador la policía funcionó como punta de lanza de partidos y sectores de la Fuerza Armada, y fracasó debido al coraje del presidente Rafael Correa, a la lealtad del grueso de la población y de mandos castrenses que se opusieron a la aventura. Pero quienes en la región cuestionan los cambios sociales e institucionales niegan la condición de golpes de tales hechos, o los justifican -tanto el hondureño como el ecuatoriano. Incluso se burlan del valor demostrado por Correa y dudan del riesgo que éste corrió, pese a las grabaciones que registran los alaridos de los alzados pidiendo el asesinato del Jefe de Estado. No hay duda de que se difunde una novedosa apología del golpe, de sus formas de ejecución y de las justificaciones. El origen legítimo de un gobierno ya no cuenta, sino la valoración subjetiva que merece a sus críticos, la supuesta violación del Estado de Derecho, decretada por el "tribunal de facto" de la oposición y por los medios, con prescindencia de los órganos jurisdiccionales que también son cuestionados. Hay una renovada exaltación del golpe en esta etapa del proceso latinoamericano que, en el terreno argumental, nada tiene que envidiarle a los alegatos que usaron en el pasado los ideólogos de la ruptura violenta del orden constitucional. Lo que escribo no debe interpretarse como una advertencia caprichosa. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, comentó hace poco que está en marcha un golpe en su país. Por ello solicitó a la OEA la creación de un sistema que prevenga los golpes de Estado, que los penalice mediante una reforma de la Carta Democrática que permita actuar preventivamente y no cuando el golpe se ha consumado. ¿Por qué lo hace? Porque algo ha detectado. Igual preocupación muestra el presidente de México, Arturo Calderón. Y a la actitud de los gobernantes salvadoreño y mexicano, a lo sucedido en Honduras y Ecuador, hay que agregar lo dicho por el escritor, analista y poeta argentino Juan Gelman: "Hay una nueva era de golpes de Estado. Debemos estar en vigilia permanente". No es cuento, agrego yo.
http://www.aporrea.org/tiburon/a110936.html
voselsoberano.com | Lunes 25 de Octubre de 2010 Mario Sánchez, Rebelión, 25 de octubre de 2010
A pesar de haber transcurrido dos décadas después de la finalización de los conflictos armados en Centroamérica, los procesos de democratización no han logrado resolver los principales problemas como la desigualdad y la pobreza, que han sido históricamente factores estructurales que causaron dichos conflictos. En parte esto se debe a que los gobiernos de turno han priorizado la implementación de las políticas de ajuste estructural, reformas económicas de corte neoliberal, el relanzamiento del proceso de integración regional abierto y una serie de medidas que, lejos de subsanar los desajustes y déficit acumulados en materia socioeconómica, han contribuido a incrementarlos, afectando aún más a los sectores más vulnerables y excluidos.
La agenda de los derechos humanos, derivados de los Acuerdos de Paz y recomendaciones de las Comisiones de Verdad, prácticamente quedó relegada. Los incipientes avances en el proceso de refundación de los Estados democráticos y la reivindicación del Estado de derecho están comenzando a sufrir serios reveses que ponen en peligro la frágil estabilidad de las democracias y la gobernanza en la región. Por un lado no se han garantizado las medidas y mecanismos que eviten la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos, como la aplicación de la justicia efectiva frente al problema de la impunidad jurídica. Paralelamente los gobiernos han impulsado un acelerado proceso de remilitarización y securitización de la agenda nacional y regional, justificado ideológicamente como una medida para enfrentar el problema de la violencia y la inseguridad, sin antes haberse agotado estrategias y propuestas de un perfil más integral que enfrentaran su origen y revertieran las causas múltiples de este complejo problema.
Este conjunto de situaciones, sumado a otras dinámicas más recientes como el aumento de la competencia por el acceso y control de recursos naturales y territorios, configuran la emergencia de nuevos escenarios de conflictividad, que cuando no son gestionados de forma oportuna en un contexto de sólida institucionalidad, desencadenan en violencia o multiplican los niveles ya existentes. Desde esta perspectiva, es fundamental asumir que los vínculos entre la democracia, desarrollo humano y construcción de paz pueden ser fuertes, aunque sin embargo no son procesos que se engranan o integran automáticamente. Por tanto, es imprescindible superar el prolongado divorcio entre estos desafíos humanos y dar respuesta al impostergable reto de construir sociedades más justas, en las que se privilegien las culturas de paz en el marco de naciones con una gran heterogeneidad pluriétnica, multicultural e ideológica. Este proceso debe edificarse con el concurso de toda la sociedad, a través de diferentes sectores y con la acción decidida del Estado.
De esta manera, iniciamos una ruta de reflexión y análisis en torno a los desafíos que se vislumbran en el contexto regional en términos de construcción paz y derechos humanos a través del presente artículo.
Mario Sánchez es director del Centro de Análisis Sociocultural (CASC) de la UCA Nicaragua y colaborador de ALBA SUD.