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Timestamp: 2020-08-03 14:56:42
Document Index: 19374471

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 5', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 13']

Justicia y Transparencia - 04146-2009-PHD/TC
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2010/04146-2009-HD.html
EXP. N.º 04146-2009-PHD/TC
En Lima, a los 28 días del mes de mayo del año 2010, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, integrada por los magistrados Mesía Ramírez, Beaumont Callirgos y Eto Cruz, pronuncia la siguiente sentencia
Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Fanny Ramírez Quiroz contra la resolución de la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 148, su fecha 20 de mayo del 2009 que, confirmando la apelada declaró improcedente la demanda interpuesta.
Con fecha 21 de febrero del 2008, doña Fanny Ramírez Quiroz interpone demanda de hábeas data contra la Universidad Tecnológica del Perú S.A.C., con la finalidad de que se le proporcione información sobre la modalidad de selección y calificación para su examen de admisión, el número de reclamos administrativos de los dos últimos años que se han interpuesto relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, y la existencia de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuente.
Con fecha 22 de diciembre del 2008, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, a través de la resolución N.º 8, declaró fundada la demanda de hábeas data, en aplicación del artículo 9 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública (Ley N.º 27806), así como del inciso 8 del artículo I del Título Preliminar de la Ley de Procedimiento Administrativo General (Ley N.º 27444).
Por su parte, con fecha 20 de mayo de 2009, la Sala revisora revocó la apelada y declaró improcedente la demanda. A su criterio, ha vencido el plazo de sesenta días previstos para la interposición de la demanda, por lo que se ha incurrido en la causal de improcedencia estipulada en el inciso 10 del artículo 5 del Código Procesal Constitucional.
1. Conforme se desprende de la demanda, lo que pretende la recurrente es que la Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. le proporcione información sobre la modalidad de selección y calificación para su examen de admisión y el número de reclamos administrativos que se han interpuesto relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso de los dos últimos años, y sobre la existencia de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuente en la actualidad. La negativa de proporcionarle tales datos, vulnera, según afirma, su derecho a la información pública.
II. ASPECTOS DE FORMA
Sobre el plazo para la interposición de la demanda
2. De manera preliminar a la dilucidación de la presente controversia y habida cuenta del temperamento desestimatorio asumido por la Sala revisora, este Colegiado considera pertinente pronunciarse sobre ello. La resolución de la Sala estimó que del sello de recepción que aparece en la parte inferior de la carta notarial que en original corre a fojas cuatro, se aprecia que el requerimiento a la parte demandada se realizó el día 10 de octubre de 2007, no obstante, según el cargo de ingreso de fojas uno, la demanda ha sido interpuesta recién el 21 de febrero del 2008, fuera del plazo previsto por el artículo 44 del Código Procesal Constitucional (sic).
3. Este Colegiado no comparte el criterio señalado, toda vez que no se ha tomado en consideración los hechos externos a la voluntad de la demandante suscitados en este lapso de tiempo, los cuales impidieron a la recurrente el someter a protección sus derechos que considera como afectados. Nos referimos específicamente al paro de labores de los trabajadores del Poder Judicial iniciado el 26 de noviembre y finiquitado el 7 de enero del 2008. En efecto, dicha demanda no puede ser rechazada por extemporánea, cuando para el cómputo del plazo para presentarla se han considerado elementos imprevisibles, irresistibles y externos a la voluntad de la recurrente, los cuales no le son imputables.
4. Por consiguiente, la presente demanda ha sido interpuesta dentro del plazo previsto en el artículo 44 del Código Procesal Constitucional, pues durante el período que duró la huelga judicial la demandante no tenía la posibilidad real de demandar.
III. ASPECTOS DE FONDO
a) Ámbito protegido del derecho de acceso a la información “pública”
5. Se debe señalar que el derecho fundamental de acceso a la información pública se encuentra reconocido no sólo en el inciso 5 del artículo 2 de la Constitución de 1993, sino también en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, habiendo sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia del caso Claude Reyes vs. Chile, del 19 de setiembre del 2006, fundamento 77.
6. En términos generales, consiste este derecho en la facultad que tiene toda persona de solicitar y acceder a la información que se encuentra en poder, principalmente, de las entidades estatales. En lo que respecta al acceso a la información que se encuentran en poder de entes no estatales, es decir, personas jurídicas de derecho privado, no toda la información que posean se encuentra exenta de ser conocida, ya que en atención al tipo de labor que realizan es posible que puedan detentar alguna que sea de naturaleza pública, y por ende susceptible de ser exigida y conocida por el público en general. En este contexto, las personas jurídicas a quienes puede solicitarse este tipo de información son aquellas que, pese a encontrarse bajo el régimen privado, prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de acuerdo con lo establecido en el inciso 8 del artículo 1 de la Ley N.º 27444.
7. De conformidad con el fundamento 7 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 00390-2007-PHD/TC, las personas jurídicas privadas que efectúen servicios públicos o ejerzan funciones administrativas, están obligadas a informar sobre las características de los servicios públicos que prestan, sus tarifas y las funciones administrativas que ejercen. Lo que supone que la información accesible, siempre habrá de referirse a alguno de estos tres aspectos y no de otros, siendo éste el ámbito de información que puede solicitarse a una persona jurídica de derecho privado.
8. Como se recordará, el derecho a la educación ha sido reconocido como un “servicio público”, debido a su carácter prestacional, el cual, y sin distingo alguno, esta orientado a la satisfacción de necesidades que repercuten sobre el interés general.[1] Por ello, aquella información que se encuentre estrechamente vinculada con este servicio, debe de ser brindada a cualquier ciudadano que así lo solicite, ya que de lo contrario dichos actos se configurarían como lesivos al derecho fundamental de acceso a la información, pública.
9. En tal sentido, este Colegiado estima que la información solicitada sobre la modalidad de selección y calificación del examen de admisión a la universidad antes aludida y el número de reclamos administrativos de los dos últimos años que hayan tenido relación con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, así como sobre la existencia o no de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional con el que cuente, se encuentran vinculada con las características del servicio educativo que brinda la emplazada.
10. Por consiguiente, al verificarse la vulneración al derecho fundamental reclamado, procede estimar la presente demanda, otorgándose al efecto la tutela constitucional correspondiente.
1. Declarar FUNDADA la demanda de hábeas data interpuesta por doña Fanny Ramírez Quiroz por haberse acreditado la vulneración del derecho de acceso a la información pública.
2. Ordenar a la Universidad Tecnológica del Perú S.A.C. proporcionar a la demandante la información correspondiente a la modalidad de selección y calificación del examen de admisión a la universidad antes aludida, al número de reclamos administrativos de los dos últimos años relacionados con la calidad académica y con la modalidad de examen de ingreso, y a la existencia o no de algún sistema de acreditación académica nacional o internacional, previo pago del importe sobre la información requerida por la demandante, con sujeción a lo dispuesto por el artículo 13 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Decreto Supremo N.º 072-2003-PCM), con el abono de las costas y costos del proceso.
[1] Cfr. Fundamento 11 de la sentencia recaída en el Expediente N.º 4232-2004-AA/TC.
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