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Timestamp: 2017-03-24 10:48:14
Document Index: 203642101

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El arribo de la factura electrónica by Politica Digital - issuu
Internet: sus valores
y Sergio López Ayllón
¿Cómo se licita el espectro?
Eduardo Pérez Mota, Ángel López Hoher
y Salvador Apodaca
Un CompraNet
más (y menos)
Número 58 • octubre / noviembre 2010 $50.00
8	Gobierno digital en México
48	Reseña
10 Factura electrónica, lo que hay que saber
14 La transparencia y la opacidad de los gobiernos en México:
20 La transparencia nacional, en una “fotografía”
24	Transparencia focalizada da resultados en Puebla
Licitación 20 y 21
26	El mercado del espectro radioeléctrico en México
Salvador Apodaca Saravia
27 Licitación del espectro, para incrementar la competencia
Eduardo Pérez Motta y Ángel López Hoher
30 Principios y valores fundamentales de Internet
31	Internet para los pobres: sus interfaces
34 TV digital: indefinición y riesgos
35 Preguntas más frecuentes
38	CompraNet 5: transaccional y abierto
40	En línea, las cifras del crimen en México
42 El nuevo modelo de Telecomm-Telégrafos
46	La competitividad en las entidades federativas
Año 9 • Número 58 • octubre / noviembre 2010
n	Ventas
n	Suscripciones
n	Asistente
Entre facturas, acechanzas y apagones
a obligatoriedad del uso de la factura electrónica a partir del próximo año no es un
asunto menor. Si bien es cierto que la inmensa mayoría de las transacciones se realizarán entre privados, la disposición proviene del ámbito público; es pues, una política
pública que afectará a millones. Su instauración será conflictiva, sin lugar a dudas, pero
si la autoridad se sostiene firme en su aplicación, y castiga a quienes deba castigar por
no emplearla, al cabo de algunos meses el mundo de las transacciones comerciales en
México será distinta.
Otras políticas y programas, que se originaron antes, refuerzan este rumbo: tal es
el caso de la firma electrónica avanzada, de la banca en línea, o de la bancarización y
tarjetización de buena parte de la población.
Esta nueva normalidad se constituirá en un inmenso paso hacia la generalización
del comercio electrónico en nuestro país. Se trata de uno de los grandes pilares sobre
los que descansa la marcha de México hacia la llamada Sociedad de la Información y el
Esto nos conduce directamente al tema de la banda ancha e Internet, que viene a ser
algo así como el ducto que transporta la información comercial. Internet está acosada
por fuertes presiones por parte de los gobiernos y grandes empresas para controlar el
contenido que se transmite.
En esta edición, Alejandro Pisanty fundamenta los principios de valor que se desprenden de Internet, y las acechanzas a la que está sujeta. El texto de Pisanty viene acompañado de las reflexiones que hace Rohan Samarajiva, ex regulador de telecomunicaciones
en Sri Lanka y ahora investigador etnográfico, sobre el modo en que se utiliza la telefonía
celular entre la población más pobre del sudeste asiático.
Importa destacar que ambos artículos propugnan por la más absoluta diversidad,
apertura y libertad de uso, tanto de Internet como de los celulares. Nada más lejos para
ambos autores, que acotar su disponibilidad, su apertura o sus funcionalidades.
La discusión en torno a las licitaciones del espectro radioeléctrico ha generado tal
polvareda –política, judicial, mediática– que decidimos hacer un esfuerzo por aclarar, por
partes, los componentes del rompecabezas. En esta entrega, autoridades de la Comisión
Federal de Competencia exponen los criterios que sustentan una parte del diseño de las
controvertidas licitaciones 20 y 21: el tope de acumulación de 80 MHz para las bandas
de 800 MHz, 1.9 GHz y 1.7 GHz. El texto viene antecedido por una revisión, conceptual e
introductoria, de la gestión que la autoridad hace del espectro radioeléctrico.
Otra gran disputa nacional, en barbecho, se refiere al advenimiento de la televisión
digital y a su correspondiente apagón analógico, que el Presidente de la República adelantó para el año 2015. Aquí, el Investigador Raúl Trejo Delarbre sitúa los términos de
las dudas, de los vacíos normativos y, por ende, de una disputa que ya fue anticipada
por la controversia que generó la llamada Ley Televisa. La televisión digital terrestre
promete más competencia y más diversidad de opciones para la población. ¿Será eso
lo que obtendremos?
Destacamos finalmente el diálogo que sostuvimos Jacqueline Peschard, Comisionada
Presidenta del IFAI, con los investigadores del CIDE, Mauricio Merino y Sergio López
Ayllón, en torno a las vicisitudes de la transparencia gubernamental y el acceso ciudadano
Este diálogo se dio hace unas semanas, en uno de los seminarios de cobertura nacional que esta publicación realiza de manera periódica desde hace cuatro años. En mi
opinión, lo dicho por los expertos es desalentador: la transparencia gubernamental es,
como dice López Ayllón, una especie de chichón en las estructuras gubernamentales. La
transcripción de esta charla viene acompañada de los resultados del estudio Métrica de
la Transparencia 2010, presentado por el CIDE. n
“Privacidad” y “Derechos en línea”
serán materias escolares
Los alemanes se han tomado en
serio los temas de privacidad en línea
y derechos digitales, al grado que las
autoridades educativas los incluirán
como materia en los próximos ciclos
escolares. El propósito de la iniciativa
es educar a los más jóvenes para que
enfrenten los riesgos de la privacidad
con información y conozcan sus
derechos digitales. Otro de los objetivos
es que aprendan los grandes beneficios
de las redes sociales y lo sepan aplicar
a diversas situaciones.
Primer país con una Ley
de Neutralidad de Internet
La nueva Ley de Neutralidad de
Internet –publicada en el Diario Oficial
el pasado 26 de agosto– garantiza que
cualquier usuario en línea utilice,
envíe, reciba u ofrezca cualquier
contenido, aplicación o servicio legal
a través de Internet, sin bloqueos
arbitrarios o discriminación.
La Ley afirma que ni los operadores
de telecomunicaciones ni los que
presten servicios comerciales
de conexión a la red podrán
arbitrariamente ‘bloquear, interferir,
discriminar, entorpecer ni restringir
el derecho de cualquier usuario de
Internet para utilizar, enviar, recibir u
ofrecer cualquier contenido, aplicación
o servicio legal a través de Internet, así
como cualquier otro tipo de actividad o
uso legal realizado a través de la red’.
Iniciativa para compartir
La Secretaría de Desarrollo Digital
abrió una discusión pública
para establecer un modelo de
licenciamiento gubernamental
de software. De acuerdo con sus
promotores, el modelo permitiría que
las organizaciones públicas compartan
los desarrollos informáticos que
adquieren en el mercado, y evitaría
que el gobierno pague dos o tres veces
por herramientas que tienen la
De esta forma, cuando un
ministerio o servicio público contrate
una solución tecnológica, ésta
quedaría bajo un licenciamiento
común para traspasarla a otros
quieran utilizarla. El modelo sólo
aplicaría en desarrollos a la medida
y no en aplicaciones comerciales
estándar. La propuesta deberá estar
lista para fin de año.
http://bit.ly/transferenciatecnologica
Brindan teleasistencia a ancianos
teleasistencia para socorrer a los
adultos mayores en situaciones de
urgencia, sin importar dónde se
encuentren. La localidad facilita a
los usuarios un teléfono celular que
incluye un dispositivo de localización
tipo GPS (Sistema de Posicionamiento
Global), además de un botón que debe
ser accionado si el anciano requiere
asistencia médica provista por
El sistema atiende a unos 125
mil beneficiarios –la mayoría de
los cuales tiene más de 65 años de
edad– quienes saben que la Cruz
Roja los auxiliará cuando surja
alguna emergencia. Como parte del
programa, la Comunidad de Madrid
–que alberga a cerca de cinco millones
500 mil personas– cuenta con 185
teleasistencias móviles.
http://bit.ly/teleasistencia
Más ahorros y menos tareas
Civic Commons es una organización
sin fines de lucro, creada por
entidades gubernamentales como la
oficina del CTO (Jefe de Tecnología)
de Washington. El objetivo de
la organización es promover la
transferencia tecnológica entre
entes de la administración pública
para ahorrar dinero y evitar la
duplicación en los desarrollos.
La labor de Civic Commons
consiste en invitar a las
y municipales para que se unan a
Por lo pronto, en su portal ya
aparece el código del Registro
Federal y próximamente se
publicará el código fuente para el
Tablero de Control de TI de la Casa
Blanca. También tienen listas otras
aplicaciones, entre ellas un sistema
de calendarios de autobuses, un
repositorio de direcciones y una
aplicación para el monitoreo de leyes
http://civiccommons.com
Con premios y retos fomentan
La Casa Blanca y la Administración
presentaron el portal Challenge.gov,
por medio del cual las dependencias
pueden publicar retos y premios
para incrementar la participación
ciudadana con el gobierno.
Como primicia, el portal
publicó 36 retos provenientes de
16 organismos gubernamentales,
incluyendo uno de Michelle Obama
para identificar recetas para comidas
escolares más sanas.
Mapeo de incendios “en vivo”
La Organización para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), de la ONU,
presentó un portal de información y
vigilancia de incendios en tiempo real.
El nuevo Sistema Global de Gestión
de Información sobre Fuegos (GFIMS)
fue desarrollado en colaboración con
la Universidad de Maryland, para
detectar focos de incendio, detectados
mediante satélites de la NASA.
Además de mapas interactivos,
los usuarios pueden recibir correos
electrónicos de alerta sobre áreas
específicas de su interés, para que
puedan reaccionar con rapidez ante
http://bit.ly/GestiondeFuegos
Comité ayuda en decisiones
La Autoridad del Gran Londres
–órgano que gobierna toda la zona
urbana londinense, encabezada por el
alcalde– creó un Consejo Consultivo
Digital para que le asesore cuando
publique información a los ciudadanos.
El Consejo está conformado por ocho
profesionales de las TICs y una de sus
tareas será supervisar los avances
de London Datastore, un portal de la
capital inglesa en el que se publican
datos gubernamentales para que
puedan ser reutilizados por los
ciudadanos, así como el WiFi London y
el London Card, entre otros programas.
Con esta medida, se pretende que el
Consejo refleje los diversos puntos de
vista sociales y aconseje a la Autoridad
sobre los desarrollos tecnológicos más
relevantes. http://data.london.gov.uk
Código abierto, para
transparentar gobiernos
A través del portal Data.gov.uk,
el gobierno británico liberó una
herramienta de código abierto para
que los ciudadanos puedan revisarla,
usarla o modificarla. La herramienta
se denomina Drupal y permite
encontrar de manera sencilla las
bases de datos que libera el gobierno
en el portal Data.gov.uk. Drupal
puede emplearse en el Comprehensive
Knowledge Access Network (CKAN),
un sistema que almacena toda la
información publicada por el gobierno.
El código liberado incluye
comentarios que ayudan a entender la
http://bit.ly/datagovdrupal
Ayuntamientos comparten
Con el objetivo de dar un mejor
servicio a sus ciudadanos y generar
ahorros que se utilicen para adquirir
mejor infraestructura tecnológica, las
municipalidades de Great Yarmouth
y Norfolk decidieron compartir sus
Por este acuerdo, la infraestructura
y servicios de TIC de ambos
ayuntamientos serán administrados
por Norfolk; para ello, todo el equipo
de trabajo de Great Yarmouth se
incorporará al primero y los dos
municipios compartirán entre sí su
Parlamentarios se oponen al ACTA
Tras reunir las 369 firmas
requeridas, el Parlamento Europeo
está en condiciones de adoptar una
declaración contra ciertos aspectos del
(ACTA). Los parlamentarios
firmantes crearon el documento
Declaración por escrito sobre la falta de
un proceso transparente y un contenido
potencialmente reprensible en relación
con el ACTA, por el cual se solicita a
la Unión Europea que se oponga a la
adopción general del tratado.
En el documento se solicita hacer
públicos inmediatamente todos
las negociaciones en curso; que el
acuerdo no debería debilitar derechos
fundamentales como la libertad de
expresión o el derecho a la intimidad;
y considera que no debe recaer
sobre los proveedores de Internet
la responsabilidad por los datos que
transmiten o recogen a través de sus
servicios, que implique un control
previo o el filtrado de tales datos.
El documento en español se puede
consultar en: http://bit.ly/antiACTA
www.great-yarmouth.co.uk y www.norfolk.gov
Europeos ya se ven “en la nube”
Exportará servicios de cómputo
En los próximos cinco años, el
gobierno de Taiwán invertirá 744
millones de dólares para desarrollar
la tecnología y servicios de cómputo
en nube (cloud computing). La idea es
integrar las industrias de hardware,
software y servicios para que el país
exporte servicios de nube.
Para acelerar el proyecto, se creó un
grupo de trabajo a nivel de Consejo de
Gabinete. Su principal tarea consistirá
en elegir los proyectos que financiará
el gobierno y encontrar formas para
invertir en los programas de nube del
Según una encuesta realizada por Colt
y Portio Research a 350 responsables
de TICs en Europa, el 86% cree que
el cloud computing será el modelo
operativo del futuro y más del 68% dijo
estar familiarizado con esta plataforma
El Reino Unido es el país donde el
conocimiento de cloud computing es
mayor (75%), seguido por Francia
(71%) e Italia (66%). España fue el país
europeo con el menor conocimiento
(58%), aunque una tercera parte
de las empresas españolas ya ha
implementado cómputo en la nube
y el 45% de los responsables que sí
conocen la tecnología tiene previsto
implementarla a corto plazo.
http://bit.ly/cloudeuropa n
edición cincuenta y ocho > 7
También la SSPDF da Internet gratis
Hace un par de años, la Secretaría de
(SSPDF) decidió usar algunos de sus Módulos de Prevención –que estaban abandonados– para ofrecer Internet gratuito a
la ciudadanía, además de brindar cursos
de capacitación, talleres culturales y pláticas de prevención del delito.
Según la dependencia, la estrategia
ha funcionado y contribuido para cambiar la percepción que tiene la gente de
De los 366 módulos que tiene la dependencia en el Distrito Federal, 31 se equiparon con computadoras y acceso a Internet
y cuentan con instructores para ayudar a
Automatizan acceso a penales
El gobierno del Estado de México comenzó
a instalar equipos de identificación biométrica para controlar el acceso de familiares, abogados y custodios a los penales de
El ingreso a las prisiones es uno de los
principales focos de corrupción, porque
los custodios suelen cobrar la entrada y
manejan a discrecionalidad quién entra
y sale. Por medio de una tarjeta con fotografía, huella dactilar y chip electrónico se
da acceso a las personas autorizadas por
medio de torniquetes automatizados.
En la primera etapa, el sistema se instalará en los penales de Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chalco y Almoloya de
Juárez. En la segunda se sumarán las cárceles de Texcoco, Valle de Bravo y Otumba.
México, líder en basura electrónica
Según el estudio Recycling, from e-Waste to
Resources 2009, del Programa Ambiental
de la ONU, México es el mayor generador
de basura electrónica entre 11 economías
emergentes (Brasil, China, Colombia, Kenia, India, Marruecos, Perú, Senegal, Sudáfrica y Uganda).
Cada mexicano genera al año un promedio de 2.07 gramos de desechos de celulares, computadoras y televisores, entre
otros aparatos, cifra que supera en 74% a
Brasil, de acuerdo con el estudio. Y aunque
la mayoría de los otros 10 países no cuentan con programas para el manejo adecuado de los equipos y carecen de estrategias
de recopilación, separación de materiales y
programas para reutilización, las deficiencias de México superan al resto.
Parte del problema está en que, de
acuerdo con la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos,
la basura electrónica está catalogada en el
segmento de “desechos especiales”, cuyo
manejo es responsabilidad de los gobiernos estatales. Sin embargo, la mayoría de
las entidades federativas no han regulado
el manejo de tales desechos.
Según el Centro de Investigación en
Ecosistemas de la UNAM, México genera
entre 150 mil y 180 mil toneladas anuales
de este tipo de basura.
Infraestructura de LyFC serviría
La Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estudian la creación de una empresa de telecomunicaciones
en la región centro de México, que utilizaría
los 21 mil kilómetros de fibra óptica en el
Distrito Federal y su tendido eléctrico.
De hecho, entre 2007 y 2008, la extinta Luz y Fuerza del Centro quiso crear
una empresa de telecomunicaciones en
la ciudad de México y el área conurbada,
pero no pudo por la falta de capital y de
un socio tecnológico, además de la relación laboral con el Sindicato Mexicano de
Vasconcelos 2.0 llegará a todo el país
La Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) realiza la Campaña Nacional
de inclusión digital denominada Vasconcelos 2.0.
Clubes Digitales e-México, desde los cuales
se motiva a los jóvenes para que desarrollen proyectos de emprendimiento.
Este año, la CSIC implantará la Campaña Nacional Vasconcelos 2.0 en los 31
estados y el Distrito Federal, con la creación de 900 clubes.
No habrá registro de bases
El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
(IFAI) no creará un registro de bases de
datos de empresas que contengan información personal y sensible.
Esto fue aclarado por Lina Ornelas,
Directora General de Clasificación y Datos Personales del órgano, en respuesta a
la preocupación de algunas empresas de
que el IFAI crearía algo similar al Registro
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil
(Renaut).
Tiene Colima Firma
Con el fin de agilizar trámites gubernamentales y transparentar procesos, el Gobierno
del Estado de Colima implementó la Firma
Electrónica Avanzada. El primer paso fue
la instalación de la Autoridad Certificadora de Firma Electrónica Avanzada.
La firma electrónica se utilizará en
el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, entidad encargada del registro
de escrituras y constancias de propiedad,
entre otros trámites. Sin embargo, esto
es sólo el comienzo, porque el gobierno
colimense tiene pensado implementar la
tecnología en más dependencias y nuevos
Sistema de votación costaría
10 veces más que en Brasil
El anuncio de la Cámara de Diputados de
que invertirá 120 millones de pesos –alrededor de 10 millones de dólares– en un
sistema de votación provocó controversia,
pues se considera que su costo es excesivo.
En Brasil están por instalar un sistema similar que costará 1.6 millones de dólares.
El sistema que se adquirirá en México
incluye 500 computadoras personales
con equipos biométricos para validación
de identidad por huella dactilar, pantalla
sensible al tacto y micrófonos con salida
Admitirá IMSS Fiel del SAT
(IMSS) firmó un convenio de colaboración con el Sistema de Administración
Tributaria (SAT) para reconocer la Firma
Electrónica Avanzada (Fiel) de personas
físicas, que ahora podrán utilizarla para
autenticarse de manera electrónica en
transacciones en línea con el IMSS.
Como parte del acuerdo, ambas entidades podrán intercambiar información
fiscal, como bases de datos, expedientes,
registros y archivos que representen evidencia documental en la formulación de
denuncias ante el Ministerio Público por
Cuautla ya recolecta basura electrónica
El municipio de Cuautla, Morelos, firmó
un convenio con la empresa Motorola, para implementar una campaña de recolección, correcta disposición final y reciclaje
de celulares, baterías y accesorios en desuso para minimizar el impacto ambiental
que produce la eliminación inadecuada de
Éste es el primer municipio que implementa este programa piloto, llamado EcoMoto. Motorola proporcionó seis contenedores distribuidos estratégicamente en la
ciudad. Una vez que alcancen tres cuartas partes del máximo de capacidad de los
contenedores, el responsable designado
por el municipio notificará a la compañía
para que proceda con la recolección y, en
consecuencia, con el reciclado y manejo
adecuado del material, conforme a la normatividad ambiental vigente.
Pide Congreso presupuesto para TICs
La Comisión Especial de Acceso Digital de
la Cámara de Diputados solicitó recursos
en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de 2011 para el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones (PETIC) de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal (APF).
Al existir una partida específicamente asignada al PETIC, las dependencias
de la APF contarán con recursos para
implementar proyectos de TIC y deberán ejercer sus presupuestos con base
en las reglas establecidas en el Manual
Administrativo de Aplicación General en
Según la Comisión, entre 2008 y 2009
las dependencias de la Administración Pública Federal destinaron en promedio casi
2% de su presupuesto anual a las TIC.
México, estancado en Sociedad de la
El reporte del Indicador de la Sociedad de la
Información (ISI), de la consultora Everis, correspondiente al segundo trimestre
de 2010, reveló que la adopción de tecnología en México continúa estancada por la
falta de políticas públicas, la crisis económica y distintos factores culturales.
El país obtuvo 4.54 puntos en una
escala del 1 al 10, sólo 0.9% más que el
trimestre anterior. Chile tuvo 5.77 puntos,
seguido por Argentina con 4.75 y Perú con
4.67; Brasil y México comparten la cuarta
y quinta posición con 4.54 puntos y en último lugar se ubica Colombia con 4.34. Brasil, Colombia, Chile y Perú reportaron un crecimiento por encima de 1%
Calderón ya tiene Twitter certificado
Después de surgir varios casos de cuentas
apócrifas, el presidente Felipe Calderón
ya tiene una cuenta de Twitter verificada
–similar a las de otras grandes personalidades– para evitar la suplantación de su
identidad. El usuario oficial quedó como
@FelipeCalderon.
Cabe señalar que el mandatario ya tenía las cuentas @presidente_FCH y Nico
Schoonderwoerd, según explicó en su blog
Twirus. Estas opciones ayudaban al Presidente a recuperar su contraseña, ya que
no podía iniciar sesión en computadoras
personales, y debía hacer las actualizaciones desde su teléfono BlackBerry.
ello, cada unidad gubernamental municipal, estatal o federal deberá definir cuál
es su portafolio de servicios para digitalizarlo y ofrecerlo desde la nube.
entre 20 mil millones y 30 mil millones
de pesos y se aprovecharía la fibra oscura
de la Comisión Federal de Electricidad, la
cobertura de conectividad del estándar
WiMAX y de enlaces satelitales.
Piden oficina de TICs en Los Pinos
En el foro “Una Agenda Digital para
transformar a México”, organizado por
el senador Francisco Javier Castellón,
Tecnología, y el diputado Rodrigo Pérez-Alonso, presidente de la Comisión
Especial de Acceso Digital de la Cámara de Diputados, ambos congresistas
propusieron crear una oficina en Los
Pinos para coordinar los esfuerzos de
dependencias que tienen proyectos de
tecnologías de la información y comunicaciones. Esta oficina también se encargaría del diseño e implementación de
Sedesol quiere bancarizar
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) busca bancarizar a las seis millones de familias inscritas en el Programa
Oportunidades, es decir, pagarles sus
beneficios en una tarjeta inteligente.
Para ello, la dependencia puso en
marcha un programa piloto en todo el
país, por medio del cual ha tarjetizado a
600 mil familias. La meta es concluir el
año con dos millones.
Creará e-México nube privada
Buscan homologación de NOM
Como parte del proyecto de conectividad
del gobierno federal, el Sistema Nacional
e-México se ha fijado como objetivo construir una nube privada para ciudadanos
y estudiantes. El objetivo es entregar
contenidos para el sector educativo y de
servicios para la ciudadanía, así como de
A través de esta nube privada, el ciudadano podrá realizar todas sus transacciones gubernamentales e incluso tener su
propio sitio web .mx personalizado con los
servicios que utiliza cotidianamente. Para
El gobierno federal está negociando la
homologación de las Normas Oficiales
Mexicanas (NOM) aplicables a productos
de electrónica con otras similares extranjeras, especialmente las estadounidenses
y canadienses, para simplificar y agilizar
trámites de comercio e importación de
productos el mercado nacional, así como
reducir precios en el mediano plazo.
México paga un sobreprecio de entre
25 y 50%, de acuerdo con el producto,
debido a la doble certificación que se
realiza. n
edición cincuenta y ocho > 9
El 1 de enero de 2011 entra en
vigor la obligatoriedad del uso
del comprobante fiscal digital.
En principio, no es para todos.
a factura electrónica no es nueva en México.
Tenemos más de cinco años de experiencia en
su uso, ya que se utiliza de manera opcional desde
2005. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2011
será obligatoria y provocará un cambio de paradigma importante en la fiscalización del gobierno
El cambio no será radical y, por el contrario, será
gradual para dar oportunidad a que los contribuyentes descubran los beneficios del nuevo modelo.
En un plazo de dos años se hará la transición a un
esquema de facturación completamente digital en
el que no habrá excepciones.
“Queremos hacerlo de manera paulatina, pero
el objetivo final es que todos estén montados en
la factura electrónica por todos los beneficios que
tiene, desde reducción de costos hasta seguridad y
control; eventualmente será obligatorio para todos
y recomendaría incorporarse antes al nuevo esquema porque ya tendrán un conocimiento de cómo
funciona cuando no haya excepciones y será más
fácil para ellos”, aseguró Carlos Garza Cantú, administrador general de Servicios al Contribuyente del
Sistema de Administración Tributaria (SAT).
Por su parte, Marco Bolaños, especialista en temas de factura electrónica de GS1 México (antes
Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico-AMECE), afirmó que “es un hecho
que los contribuyentes tienen que hacer algo, ya
sea imprimir más comprobantes tradicionales, o
migrar este año a la facturación digital”.
A partir del próximo año todas las personas físicas o morales que
hayan tenido ingresos mayores a cuatro millones de pesos durante
el ejercicio fiscal 2009 están obligadas a emitir facturas electrónicas. La excepción es en las transacciones menores a dos mil pesos,
para las que existe la opción de emitir facturas en papel.
“Damos esa posibilidad porque en ese tipo de transacciones
se puede usar efectivo, y tienen la opción de administrarlo de
manera diferente”, explicó Garza Cantú.
Hay otra salvedad: hasta el 31 de diciembre de este año los
impresores autorizados podrán hacer recibos, con vigencia de
dos años. Las personas físicas o morales que así lo deseen pueden
imprimir facturas y usarlas hasta que se les acaben o caduquen,
sin importar el monto de la transacción, incluso para aquellos
que superen el tope de cuatro millones de pesos.
Entre 2002 y junio de 2010 alrededor de seis millones de
contribuyentes solicitaron comprobantes fiscales. De ese universo –que incluye a muchas personas que no están activas–, 280
mil personas físicas y morales son las que están obligadas para
la facturación digital el próximo año.
Los beneficios son muchos para todas las partes involucradas:
para la autoridad representa un mayor control, en particular
porque cualquier comprobante impreso es falsificable, mientras
que una factura electrónica no lo es, incluso en su representación impresa. De 2006 a 2008 hubo 38 mil millones de pesos
soportados en facturas falsas, según datos del SAT.
El contribuyente tampoco puede negar que
solicitó la autorización de facturas con su Firma
Electrónica Avanzada (FIEL), además que el documento también incorpora un código de barras
bidimensional como dispositivo de seguridad en los
Otra ventaja es que elimina actividades que no
generan valor, como la revisión, captura de documentos y firmas de autorización, que requieren de
personal y carga administrativa. Además, el manejo de documentos electrónicos es más barato porque minimiza la impresión de papel, y se elimina
la intermediación de los impresores, los servicios
de mensajería y los espacios físicos asignados para
Según un estudio de GS1 México, la administración de cada factura de papel cuesta alrededor de
163 pesos, mientras que con la factura electrónica
se reduce a 34 pesos, un 80% menos.
Una diferencia importante entre la factura que
ha operado hasta ahora, que podría llamarse la
factura 1.0, y la que entrará en vigor en 2011, que
sería la 2.0, es que la autoridad tendrá información
sobre los datos de la transacción, lo que antes no
ocurría, porque sólo se enteraba del folio.
“Para el contribuyente, la factura electrónica significa obtener sus devoluciones más rápido, y para la
autoridad, le ayuda a dirigir los actos de fiscalización
con más precisión”, comentó Garza Cantú.
El 1 de enero de 2011 ya no habrá impresores
autorizados, aunque se mantiene la figura de un
tercero, que será el responsable de certificar las
facturas emitidas por los contribuyentes.
Se trata de empresas que asignarán folios a cada
comprobante electrónico y le pondrán un certificado digital que, junto a la FIEL del contribuyente, le
dará validez legal al documento.
Para la factura 1.0 hay 25 entes certificadores
autorizados y no está claro cuántos habrá para la
nueva etapa, porque es muy reciente la publicación de las reglas de operación. Con respecto a los
contribuyentes obligados a emitir comprobantes
electrónicos, 37% de las personas morales tienen
su FIEL y sólo 20% de las personas físicas.
Aunque el proceso será por medio de estos proveedores, para los contribuyentes que requieran
imprimir unas cuantas facturas el costo será muy
bajo y no tendrán problemas. De hecho, el negocio
para estas empresas no está en la emisión de las
facturas, sino en el valor agregado que les ofrecen
a los clientes (por ejemplo, para ligar la información a sus sistemas contables o a los procesos de
El SAT incluso obligará a que todos los proveedores autorizados ofrezcan una herramienta gratuita para emisión de facturas
electrónicas que podrá ser usada por los contribuyentes que no
requieran de un servicio complejo para emitir su factura. Por
supuesto, será una versión muy básica y limitada, pero suficiente
para cubrir las necesidades de los contribuyentes pequeños.
Para todos los usuarios, el SAT mantendrá almacenada durante un año la información de las facturas electrónicas, hasta
que la persona presente su declaración anual. Sin embargo, la
información de datos anteriores implicaría un servicio adicional
para buscar los documentos electrónicos y tendría un costo que
todavía no se ha establecido.
¿Cómo opera el nuevo esquema?
Estos dos sencillos diagramas muestran las diferencias entre el
proceso actual (2010) y el que entrará en vigor en 2011.
1.	El contribuyente emisor acude con un impresor autorizado.
2.	El impresor solicita autorización de facturas del SAT, que
entrega los folios autorizados.
3.	El impresor entrega el block de facturas al contribuyente
que tiene una caducidad de dos años.
4.	Se entrega factura al cliente.
1.	El contribuyente emisor solicita la FIEL (Firma Electrónica
Avanzada) al SAT.
2.	El contribuyente solicita autorización de facturas con
Dispositivo de Seguridad gratuito (el sello digital del tercero autorizado y un código de barras que se incluye en
la factura).
3.	Impresión de factura con los dispositivos de seguridad por
propios medios (en una impresora casera, por ejemplo) o
con un impresor.
edición cincuenta y ocho > 11
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es quizá el
principal generador de facturas electrónicas en México.
Cada dos meses emite 33 millones de comprobantes,
incluyendo a la clientela que heredó de la extinta Luz y
Fuerza del Centro (LyFC).
sistema de facturación de CFE y les permite recibir cada
mes la factura electrónica. Es una herramienta muy útil,
porque el usuario no necesita buscarla en el portal, y para
CFE es una garantía de que el usuario recibió la factura
Una vez que el SAT anunció que harían obligatorio el uso
de la factura electrónica, la CFE decidió moverse en esa
dirección e invirtió 500 mil dólares para implementarla.
En la primera etapa, esta herramienta se aplicará sólo
para los grandes corporativos; después se incluirá a las
empresas más pequeñas. El objetivo de la CFE, según
Treviño, es incentivar el uso electrónico. “Para que realmente valga la pena una estrategia de factura electrónica
es necesario dejar de imprimir recibos”.
Gerardo Treviño, jefe de Informática de CFE, señaló que la
meta era terminar 2009 con todas sus facturas de manera
electrónica y lo lograron. Unos 200 mil dólares de esa
inversión se destinó a la conformación de un motor para
generar facturas. De esta forma, a partir de enero pasado
todos sus recibos incluyen la cadena digital.
Treviño reconoció que el reto no fue sencillo, ya que CFE
es tan grande que se utiliza más de un servidor central
para generar la facturación. Ésta se divide en 60 regiones
para hacer la dispersión en todo el territorio nacional. Por
este motivo fue necesario un acuerdo con el SAT, para que
en vez de que se les diera una serie única de folios para
toda la CFE, se les otorgaran folios a cada una de las 60
regiones. Es decir, que se le tratara como si fueran 60
“empresas diferentes”.
En un cálculo conservador, CFE emitirá este año 200
millones de facturas. Cabe señalar que el 80% de sus
usuarios son comerciales y se les cobra cada bimestre,
mientras que sus clientes industriales reciben una factura cada mes.
Para los usuarios corporativos se desarrolló un software muy sencillo que sirve para enlazarse con el
El SAT funciona con ciclos mensuales y se estaría enterando de las transacciones en un máximo
de dos días después de realizada una transacción,
por medio de un reporte entregado por cada uno
de los proveedores autorizados.
Las facturas electrónicas tienen un doble candado de seguridad: el primero es la FIEL del contribuyente que emitirá la factura, y el segundo es el
sello que pone el certificador. El proceso se efectúa
Es un proceso similar a cuando se autoriza una
transacción con tarjeta de crédito: antes de sellar
el comprobante fiscal digital, el proveedor checa
con el SAT que el contribuyente esté al corriente
En 2011, la CFE quiere tener a todos sus grandes clientes
corporativos –unas 20 mil empresas– en esta modalidad.
“Aunque el sistema es muy fácil de instalar, lo estamos
haciendo de manera gradual para tener control”, explicó
Agregó que el mayor problema está con los clientes caseros, debido a las limitaciones de acceso a Internet. Si
CFE no puede asegurar que va a entregar el 100% de los
recibos de una colonia de manera electrónica, entonces
deben seguir enviando a una persona que entregue los
recibos. “Hasta nos saldría más caro, porque a mí me
cuesta lo mismo mandar mil recibos que 200. Mi costo
por unidad se dispararía”, aseveró Treviño.
Por lo pronto, para los hogares hay dos opciones disponibles: recibir el comprobante por correo electrónico
o descargarlo del portal. En ambos casos es necesario
proporcionar datos y Treviño reveló que tienen registrados a 700 mil usuarios a nivel nacional, que en comparación con sus 33 millones de clientes es todavía una
cifra muy baja.
con sus obligaciones y, en caso afirmativo, recibe un folio para
crear el documento.
Hasta septiembre de 2010 se habían expedido en México más de
849 millones de facturas electrónicas, de las cuales cerca del 56%
se emitieron en los primeros nueve meses de 2010, según el SAT.
Carlos Garza Cantú explicó que la factura electrónica es un
gran tema a nivel de América Latina y los dos países que están
más comprometidos en su desarrollo son Brasil y México. En Brasil ya funciona, pero todavía no se lleva a un nivel de menudeo,
lo que sí ocurrirá en México a partir de enero.
Todas las miradas de los países latinos estarán puestas en
nuestro país, pues será la primera experiencia de la zona que
lleve la comprobación digital a un nivel masivo con altos grados de facturación. n
La transparencia y la opacidad
de los gobiernos en México:
A ocho años de haberse publicado la Ley de
Gubernamental (11 de junio de 2002), Política
Digital reunió a tres expertos para que expusieran
el estado que guardan estos temas en las
administraciones públicas del país. En el panel*
participaron Jacqueline Peschard, Comisionada
Presidenta del Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI), así como los
académicos Mauricio Merino y Sergio López Ayllón,
del Centro de Investigación y Docencia Económicas
(CIDE). La conversación tuvo como moderador a
Andrés Hofmann, Director General de esta revista.
Reproducimos aquí extractos de la conversación
Andrés Hofmann: Han pasado ocho años desde la
entrada en vigor de la Ley de Transparencia. ¿Qué es
lo que ha pasado en este tiempo?
* Este panel se efectuó en
el seminario “Hacia una
en México: apertura y
seguridad”, que organizó
Sergio López Ayllón: Tengo la impresión de que existe
una enorme asimetría en el país respecto del grado de
avance en las instituciones. Asimetrías que no se explican por entidad federativa, por tipo de poder o por
partido político. En mi opinión, todo apunta a que no
acabamos de entender de qué se trata este negocio. Van
Se sigue considerando al acceso a la información y
a la transparencia como un “chipote” en las organizaciones; un “chipote” dedicado a resolver las necias
y molestas preguntas que hacen los ciudadanos. Pero
este “chipote” organizacional es apenas la punta del
iceberg, ya que debajo de él se ocultan los problemas
del manejo de la información en las organizaciones
gubernamentales. Y es que no acabamos de entender
la dimensión organizacional que supone una manera distinta para crear, procesar, conservar, explotar
y divulgar la información que está en manos de las
Ligado a lo anterior está la necesidad de entender
que la información es un recurso estratégico para el
sector público. Por eso se deben abandonar las prácticas que administran la información como “parcelas”,
cuyos propietarios son las diferentes áreas de las
dependencias gubernamentales y sus funcionarios,
y entender que las organizaciones son una enorme
biblioteca abierta con información pública.
Finalmente, importa considerar a la transparencia como un valor intrínseco de la democracia
y de la función pública.
Estas tres dimensiones apenas empiezan a ser
entendidas dentro de las instituciones. Apenas
ahora comprendemos que tenemos que hacer
una revolución respecto de la manera en que administramos y explotamos la información gubernamental.
Mauricio Merino: Hay una dimensión que se
debe mencionar a la hora de los balances, es la
política. Habrá que asumir que la transparencia
tiene altos costos políticos. He sido testigo de situaciones en las que, tras presentar proyectos de transparencia, los responsables políticos de esas áreas
reclaman: “¿Por qué quieres que diga en qué me
estoy gastando el dinero? ¿Por qué quieres que yo
publique los salarios, los complementos salariales,
los contratos o los detalles de las adquisiciones, en
vez de esperar a que me lo pregunten? ¿Por qué
debo poner mi vida política en un aparador para
que mis enemigos me ataquen?”.
Para cambiar esta apreciación errónea, hay que
explicar las bondades que ofrece la transparencia.
Porque es incuestionable que habrá una bondad
política cuando, en lugar de esperar a que te “peguen”, asumas la iniciativa política y seas tú el que
diga, a los cuatro vientos, lo que estás haciendo
y cómo lo estás haciendo. Habrá bondad política
cuando, en vez de esperar a que pidan la información, la subas a la red, gracias a un sistema informático que facilite su búsqueda y publicación.
Hemos construido el derecho de acceso a la
información, pero no nos hemos preocupado en
construir y gestionar la información. Esto ha transformado la transparencia gubernamental en un
asunto burocrático y en el “chipote” organizacional del que habla Sergio.
El tema es complejo, pero trataré de explicarlo
con tres ejemplos: el primero es que el derecho al
acceso y la transparencia gubernamental se ha
transformado en exceso de trabajo debido a que,
para satisfacer las peticiones ciudadanas, es necesario revisar cerros de archivos para ver qué información existe. Es lógico que el servidor público
reaccione mal porque debe dedicar horas, literalmente, para buscar la información solicitada.
Como segundo ejemplo, se ha llegado a pensar
que la información solicitada debe ser construida
“por pedido”. Esto ha propiciado situaciones en las
cuales, de no existir tal información, se da la orden
de crear una versión que satisfaga la solicitud, obligando al funcionario a inventar un documento.
Un último ejemplo señala que sólo puede entregarse la información que ya existe en un documento. Existe una iniciativa por ejemplo –que ya
fue votada en la Cámara de Diputados y se espera
la aprobación de los senadores– que sugiere que
solamente pueden ser entregados los documentos
que ya existen en los archivos, o bien, aquellos que
el ciudadano solicite haciendo alusión directa al
Se trata de tres muy malas lecturas del acceso a
la información, a la transparencia y a la rendición
de cuentas que no podemos ignorar y que condicionan el cumplimiento de este derecho ciudadano.
Estos ejemplos conforman una realidad que actúa
en contra del interés de quienes creen genuinamente en estos derechos ciudadanos.
Andrés Hofmann: La información que está guardada al interior de las instituciones es conocida por
ciertos funcionarios públicos. ¿Acaso no la puede
conocer también la sociedad? El acceso y la trans-
parencia generan, en última instancia, conocimiento
sobre nuestro país que se disemina socialmente: generación de conocimiento respecto a la sociedad en la
cual estamos viviendo; generación de conocimiento
respecto a las instituciones que nos gobiernan. Puestos en ese predicamento, la razón más elemental de
la transparencia gubernamental no tiene que ver con
sorprender, vigilar o castigar a los funcionarios públicos;
no es un tema punitivo o de persecución. Tiene que
ver con el imperativo ético de permitir que la sociedad conozca, sepa, se entere, esté informada. La opacidad gubernamental impide que los ciudadanos estén
informados y sepan. Los gobiernos opacos ven a sus
gobernados como ciudadanos de segunda que no merecen conocer.
Por lo tanto, publicar información sin que te la
pidan es fundamental porque le estarás diciendo a la
sociedad qué es lo que haces, y le permitirás reutilizar
e interiorizar esa información para que el solicitante
la pueda emplear en lo que quiera.
Jacqueline Peschard: Existe una valoración muy positiva respecto a la transparencia y el acceso a la información. No hay quien se pueda oponer racionalmente.
Sin embargo, muchos servidores públicos, empezando
por los legisladores, no han entendido que el acceso
a la información y la transparencia es un tema que
tiene un enorme caudal legitimador para el ejercicio
del poder, porque ofrece la posibilidad de una comunicación política más justa con el ciudadano. Uno se
pregunta por qué, ante una valoración tan positiva,
existe tal renuencia para implementar la revolución
organizacional que falta y que consiste en aprobar la
Esta Ley es tan importante, que en Inglaterra, por
ejemplo, aprobaron primero la ley de archivos y después la de transparencia, porque deseaban asegurarse
que la información estuviera en forma ordenada y no
representara una carga adicional de trabajo, como lo
ejemplificó Mauricio.
Andrés planteaba la necesidad de publicar en Internet la información para que pudiera ser utilizada por
quienes estén interesados en ella. Resulta que tenemos
los Portales de Obligaciones de Transparencia a la vista
de todos desde hace tres años. Pero allí se publica tal
volumen de información y con un lenguaje tan ininteligible, que resulta imposible utilizarla. En muchos
casos resulta complicadísimo navegar en esos portales
para acceder a ella. Entonces, no se trata solamente de
publicar información en los sitios web. Queremos que
el más común de los mortales pueda encontrar, leer y
entender esa información.
López Ayllón: Es importante considerar a la transparencia como un valor intrínseco
de la democracia y de la función pública.
edición cincuenta y ocho > 15
Merino: He sido testigo de situaciones en las que, tras presentar proyectos de transparencia, los
responsables políticos de esas áreas reclaman: “¿Por qué quieres que diga en qué me estoy gastando el
dinero? ¿Por qué debo poner mi vida política en un aparador para que mis enemigos me ataquen?”.
Hace unos días escuché a uno de los asesores del presidente Barack Obama en materia de gobierno electrónico y
de gobierno abierto, quien afirmaba que “no se trata solamente de publicar información, sino de crear una serie de
incentivos para que los servidores públicos entiendan que
publicar información les beneficia”. ¿Qué se necesita para
lograr esto? No basta con dar órdenes. Es preciso también
proveer herramientas para que los servidores públicos puedan publicar información.
Pero tampoco se trata sólo de ofrecer herramientas y de
publicar información. Es necesario priorizarla. ¿Cómo se hace esto? Decía el asesor de Obama: “Sabemos qué es lo que
más le interesa a la población y qué es lo más importante de
nuestras actividades”. Entonces, no debemos publicar únicamente lo que nos pide la gente porque la transparencia tiene
un fuerte ingrediente didáctico. Hay que difundir los temas
importantes que dan cuenta de lo que se hace en el gobierno,
de las funciones que tienen las distintas dependencias. Por
ejemplo, cuando se pide una información financiera respecto
a quién ganó un contrato, hay que especificar también el
proceso que condujo a tal asignación.
Sergio López Ayllón: Complementando lo que dijo
Jacqueline, el Open government –el gobierno abierto– es
una política pública de transparencia, es decir, un curso de
acciones deliberadas para producir información y ponerla
a disposición tanto de la propia administración como de
La iniciativa Open government no es una idea que salió de
la nada. Supone una reflexión y una intencionalidad previa
que responde a las preguntas: “¿Cómo organizo esos datos
para darles un sentido específico?, ¿cómo la pongo a disposición de los diferentes usuarios?, ¿cómo gestiono la información según el mandato que tengo?”. Aquí hay un proceso
conceptual previo a la liberación de la información.
Gestionar la información supone dejar de entender a
los archivos como una mazamorra fría y húmeda a la que
se envía a los servidores públicos que se portan mal.
La política de transparencia a la que me refiero tiene
un referente explícito en el artículo 6° Constitucional que
ha pasado inadvertido y que se refiere a indicadores de
gestión. Este es un terreno muy complicado, porque hay
muchos tipos de indicadores. Los indicadores de gestión del
artículo 6to. deberían responder a preguntas claves como
¿cuál es mi mandato?, ¿cuál es mi función?, ¿cuáles son
mis objetivos?, ¿cuál es la información a partir de la cual
tomo mis decisiones?, ¿cómo la pongo a disposición del
público para que puedan entender y evaluar mis acciones
Una política de transparencia consiste en poner todo
esto a la luz pública, una práctica radicalmente distinta a
como hemos utilizado la información hasta ahora.
Mauricio Merino: ¿Cómo hacer de todo esto algo
sencillo? Sugiero partir por reconocer que tenemos
enemigos de la transparencia. Pero, ¿sabemos a
quiénes nos enfrentamos? A veces el enemigo está
adentro de nuestras filas. Desde mi perspectiva,
distingo a tres “adversarios”:
El primero es un proyecto de ley en el Legislativo
que dice que el IFAI puede desechar recursos de
revisión cuando considere que una solicitud de información es “frívola”, lo cual es un despropósito.
No me parece bien que un grupo de funcionarios
decida a nombre del país qué solicitud es frívola y
cuál no. Del mismo modo, me parece muy mal que
ese proyecto de Ley equipare a la “información”
con un documento que obra en un archivo.
Luego tenemos al enemigo político que dice:
“No voy a dar información, porque políticamente
no me conviene”. Los temas relacionados con la
construcción del segundo piso del periférico en el
Distrito Federal se ocultaron por razones políticas,
porque se consideraba que era peligroso políticamente dar información.
Y luego tenemos al “enemigo” burocrático que
dice: “Tengo mucho trabajo. No quiero más y no
te doy nada.” En resumen, y según cada caso, los
“enemigos” de la transparencia pueden ser legisladores, políticos o burócratas.
Andrés Hofmann: Hay información que los tres
“enemigos” que menciona Mauricio consideran
sensible para su carrera, pero hay otra que no lo
es tanto, y que es de valor para la sociedad. Sacarle
la vuelta al enemigo para ganar en transparencia
significa, por lo pronto, publicar aquella información que no afecta a los servidores públicos. Si el gobierno de esta ciudad no quiso decir cosas referidas
a su segundo piso, ni modo, allá ellos, que quedaron
mal parados. Pero ¿sabes qué? Hay un montón de
información que tiene el Gobierno del Distrito Federal que afecta la vialidad de la ciudad de México, al
tráfico, a la salud, a la educación, a los de la tercera
edad, a las madres solteras, etc. que son cosas que
tienen que ver con la vida cotidiana de la gente. ¡Y
esa es la información que no publican!
Jacqueline Peschard: Me parece que el peor
“enemigo de la transparencia” está desperdigado
por todas partes: son los que se la pasan haciendo
cálculos políticos, y que en función de ellos, se resisten a dar información.
Quiero apuntar también otro fenómeno que
consiste en cómo se abusa del derecho, y pongo un
ejemplo: el Instituto Nacional de Cancerología ha recibido
en menos de un mes 850 solicitudes de información, sobre
entradas y salidas al edificio por sexo, edad, talla, estatura.
Andrés Hofmann: Les pido una última intervención,
contestando las preguntas que hicieron los asistentes; si lo
prefieren, pueden responder las preocupaciones genéricas
que se manifestaron.
Sergio López Ayllón: Lo que nos debe preocupar es lo
que yo llamo la opacidad estructural que tiene que ver con
las enormes lagunas de información que existen en los
gobiernos. A veces el problema es que ni siquiera existe
la información a partir de la cual se toman decisiones importantísimas. La Ley es clara cuando dice que no puedes
declarar “inexistente” una información cuando está dentro de las facultades que debe ejercer una dependencia o
entidad. Podemos hablar de un problema de opacidad estructural cuando no existe información que la dependencia
debió haber generado o bien que era necesaria para ejercer
Peschard: Muchos servidores públicos, empezando por los
legisladores, no han entendido que el acceso a la información
y la transparencia son temas que tienen un enorme caudal
legitimador para el ejercicio del poder.
En segundo lugar todo esto genera, efectivamente, problemas cotidianos. Este es un problema de valores, del sentido que le damos a la función pública, de ética, de organización, de servicio, de funcionamiento gubernamental.
Como Secretario General del CIDE, me enfrento frecuentemente a convenios que firmamos con dependencias
o universidades públicas que contienen cláusulas de confidencialidad: “Todo lo que se derive de este convenio es confidencial”, me advierten. Eso es no entender nada porque
todos estos convenios son públicos. Me la paso peleando
con los jurídicos que me quieren imponer esa cláusula, y
casi siempre ganan, porque si no firmo, no hay convenio.
Tanto a nivel federal como en los estados, la situación
es muy asimétrica: hay dependencias que han hecho un
estupendo trabajo; otras no han querido o no han podido
hacer lo mismo. Sería injusto hacer un juicio general. Hay
que ver caso por caso.
Mauricio Merino: Reacciono a un comentario que dice: “Negar o reservar información también es un acto de
responsabilidad pública en defensa de la institución que
representamos”. Planteado así, estamos completamente de
acuerdo. Lo que probablemente nos haga diferir es, primero, cuáles son las razones para reservar esa información;
y segundo, cuál es la interpretación que hacemos sobre
cómo defender la institución.
Si por defensa de la institución entendemos “no doy
la información porque me pueden golpear”, vamos a te-
ner una diferencia de fondo. No podemos atentar
contra un derecho fundamental. Es muy importante asumir que la razón por la que se reserva
una información se debe a motivos que estén
plasmados en la ley.
Recuerdo ahora a Harold Lasswell, un autor
americano de los años cincuentas quien inauguró
la disciplina de las políticas públicas. Él manejaba
una serie de ideas concatenadas muy sencillas: no
se puede hacer nada en público si no se tiene un
objetivo explícito y un conjunto de procedimientos
para conseguirlo. Decía Lasswel que el objetivo explícito hay que hacerlo público; que el conjunto de
procedimientos para conseguirlo hay que hacerlo
público; y que la información que se derive de este
proceso, también hay que hacerla pública.
Jacqueline Peschard: Estoy convencida que el
inhibidor del acceso a la información y la transparencia es la cultura burocrática que nos acompañó cuando gobernaba un solo partido. Durante
ese período prevaleció la cultura de la opacidad.
Tenemos que pelear contra muchos años de un
quehacer muy arraigado en el que se suponía que
así se podían lograr los objetivos que se planteaba
el sistema. Tenemos que romper con esa cultura
de la opacidad, donde la información se manejaba como patrimonio.
Estoy convencida de la necesidad de una educación en valores y una capacitación integral que
considere al servicio público como un ejercicio
Respecto al costo de la transparencia, aquí pasa
lo mismo que con el IFE. La crítica era que la democracia electoral nos estaba resultando muy cara.
Pues bien, esto dependerá de la perspectiva con que
se vea el tema. Lo que yo observo es que se mejoraron sustantivamente los procesos político-electorales, y por lo tanto, se trata de un dinero muy bien
gastado. ¿De qué otra manera generamos confianza
en la población respecto a los procesos electorales?
Es el costo que debemos pagar por la desconfianza
que existía antes. Con el IFAI pasa lo mismo. Por
eso, en la medida en que vayamos mejorando la
transparencia, los costos se irán reduciendo.
Finalmente, uno de los aspectos que más nos
preocupa ahora es la Ley Federal de Archivos, que
se aprobó en Cámara de Diputados, y que ahora
reside en la de Senadores para su aprobación final.
Se trata de una ley que cumple no sólo las características técnicas para la organización de los archivos, sino que tiene claramente la intención de la
transparencia. Eso es lo que necesitamos.
Andrés Hofmann: Muchísimas gracias a los tres. n
La transparencia nacional,
en una “fotografía”
Principales hallazgos del estudio Métrica de la Transparencia 2010,
presentado por el CIDE
ntre noviembre de 2009 y julio de 2010, el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizó el estudio Métrica de la Transparencia, por encargo de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP).
En esta Conferencia participan todos los organismos estatales de transparencia, además del Instituto
Datos (IFAI). Esta es la segunda ocasión que el CIDE
realiza esta evaluación a nivel nacional por encargo
de la COMAIP, la primera fue solicitada en 2007.
Sergio López Ayllón, coordinador general del
estudio 2010 e investigador del CIDE, aclaró que
este análisis es como una “fotografía” de una realidad extremadamente dinámica. Dijo que no se
trata de un simple índice de transparencia, sino
de cuatro indicadores que en conjunto dan un panorama más completo sobre cómo se encuentra la
transparencia en México.
Las cuatro dimensiones en que se dividió el
estudio fueron:
1. Calidad normativa (Normatividad)
Evaluó el marco legal de cada estado, a la luz de la
reforma al artículo 6 Constitucional de 2007 –que
otorga el derecho de acceso a la información–, así
como del Código de Buenas Prácticas. En cada ley
se calificaron 12 aspectos: principios; sujetos obligados; información pública de oficio; información
reservada; información confidencial; datos personales; archivos; órgano garante; diseño institucional; procedimiento de acceso; recurso de revisión;
Cada dimensión tiene una o varias subcategorías con pesos específicos, y en total se consideraron 132 variables.
Observaciones: En el análisis se detectó un incremento notable en la calidad de la legislación nacional, aunque debe mejorarse la técnica legislativa,
pues genera problemas de interpretación.
También se observó una tendencia incipiente a
generar tres cuerpos normativos independientes,
pero interrelacionados: la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; la Ley de Protección de Datos Personales, y la Ley de Archivos.
2. Calidad de la información pública
de oficio (Usuario simulado)
Se revisaron 18 portales en cada entidad federativa, el Distrito Federal y la Federación, con el
objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de
las leyes de transparencia con respecto a la Información Pública de Oficio (IPO), y cómo se presenta
ésta en los portales analizados.
De esta forma, se midió el cumplimiento de las
disposiciones de cada legislación en los portales.
En total se analizaron 592 portales; a cada uno se
les realizaron tres visitas durante el periodo de la
Observaciones: La calidad de los portales no está
relacionada ni con el nivel de gobierno ni con el poder al que pertenecen; también varía de manera significativa entre los portales de un mismo estado.
Sólo tres entidades federativas (Aguascalientes,
Distrito Federal y Sonora) mantuvieron calificaciones altas de forma consistente. Esto es muy difícil
de lograr, porque la calidad de los portales municipales también es muy variable.
3. Calidad de la respuesta a solicitudes
de información (Portales)
Esta dimensión calificó el proceso de solicitud y la
calidad de las respuestas con las que se encuentran
los ciudadanos en cada entidad. Para ello, se realizaron tres solicitudes a cada sujeto obligado; las
dos primeras fueron las mismas para todos.
Una se refirió a los viajes del titular, su propósito,
el costo del transporte y los viáticos. La segunda, al
presupuesto del organismo (por capítulo de gasto)
y lo aprobado y ejercido. La tercera pregunta se
refirió a las responsabilidades del ente obligado.
Para evaluar la calidad de las respuestas, se
consideró que la información existiera en forma
de documento público, que el sujeto obligado fuera
competente y que la información no fuera reservada. Es decir, que lo entregado correspondiera con lo
solicitado. En total se hicieron mil 810 solicitudes
de información en todo el país.
Observaciones: De las mil 810 solicitudes realizadas, se respondieron mil 524 en más de 500 sujetos
obligados. Sin embargo, quedó claro que los procesos son desiguales y dos ciudadanos pueden tener
experiencias muy contrastantes en el ejercicio de
su derecho de acceso a la información. Además, los
criterios para responder, o justificar una negativa,
varían mucho entre los entes.
Asimismo, queda el reto de mejorar la calidad
de las respuestas, para que sean completas, correspondan con lo solicitado y sean veraces.
4. Calidad de las instituciones
(Capacidades institucionales)
Aquí se compararon las capacidades institucionales
de los órganos garantes en cuanto a recursos humanos, organización, tecnología y financiamiento.
Se establecieron 56 reactivos, divididos en 10
temas, que fueron enviados en formato de cuestionario a todos los órganos obligados.
Observaciones: Hay una alta heterogeneidad entre
los organismos y una necesidad para fortalecer las
capacidades de las unidades que ejercen la transparencia. Se trata de un problema más complejo que
simplemente afinar leyes e incrementar recursos.
Tabla 1. Valores obtenidos por cada entidad por dimensión
Estado	Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Campeche	Chiapas	Chihuahua	Coahuila	Colima	Distrito Federal	Durango	Estado de México	Guanajuato	Guerrero	Hidalgo	Jalisco	Michoacán	Morelos	Nayarit	Nuevo León	Oaxaca	Puebla	Querétaro	Quintana Roo	San Luis Potosí	Sinaloa	Sonora	Tabasco	Tamaulipas	Tlaxcala	Veracruz	Yucatán	Zacatecas	Federación	Valores	portales	0.967	0.735	0.486	0.644	0.877	0.814	0.637	0.648	0.979	0.614	0.883	0.787	0.587	0.888	0.807	0.610	0.777	0.738	0.728	0.570	0.566	0.470	0.841	0.829	0.799	0.953	0.879	0.888	0535	0.762	0.772	0.789	0.970	Valores	Valores capacidades	Valores	usuario simulado	institucionales	normatividad
0.854	0.738	0.652
0.780	0.170	0.490
0.613	0.348	0.523
0.887	0.403	0.753
0.966	0.768	0.733
0.914	0.600	0.710
0.878	0.513	0.878
0.687	0.298	0.637
0.953	0.833	0.875
0.774	0.450	0.870
0.925	0.840	0.690
0.977	0.740	0.600
0.761	0.590	0.639
0.879	0.548	0.804
0.903	0.688	0.693
0.892	0.338	0.633
0.917	0.368	0.867
0.787	0.600	0.756
0.940	0.645	0.910
0.844	0.720	0.667
0.860	0.395	0.652
0.775	0.415	0.691
0.792	0.750	0.751
0.882	0.808	0.820
0.893	0.600	0.797
0.865	0.515	0.722
0.871	0.803	0.845
0.924	0.298	0.861
0.545	0.773	0.760
0.917	0.793	0.915
0.846	0.505	0.834
0.853	0.618	0.789
0.905	0.718	0.778
Fuente: CIDE, septiembre 2010
edición cincuenta y ocho > 21
Los autores del estudio recomiendan explotar al
máximo las herramientas tecnológicas para sistematizar las solicitudes y reducir la discrecionalidad e incertidumbre en la operación cotidiana de
También sugieren aprobar e implementar manuales de operación y procedimiento, además de
elaborar catálogos de información reservada y
definir criterios sobre el perfil idóneo del personal
asociado con la transparencia.
En el estudio se constató un avance importante
en la calidad de la legislación y en la existencia de
capacidades institucionales que permiten afirmar
que existen portales de Internet, se responden las
solicitudes y existen órganos garantes con autonomía razonable en prácticamente todo el país.
Sin embargo, también se identificaron áreas de
oportunidad para mejorar en los mecanismos de
acceso, la calidad de la información, la orientación
de los portales en línea, la visión y profesionalización de los responsables, y el uso del derecho de
En la página anterior, la tabla 1 muestra los valores obtenidos por cada entidad federativa en los
cuatro indicadores estudiados. El máximo posible
fue de 1.00.
La tabla 2 presenta el orden en que se ubicó
cada estado, según las puntuaciones obtenidas en
el estudio. n
Tabla 2. Posición de las entidades por dimensión
estudio Métrica de la
Transparencia 2010 se
http://metricadetransparencia.cide.edu/
metrica.html.
Portales	1	Distrito Federal	2	Federación	3	Aguascalientes	4	Sonora	5	Tamaulipas	6	Hidalgo	7	Guanajuato	8	Tabasco	9	Chiapas	10	Quintana Roo	11	San Luis Potosí	12	Chihuahua	13	Jalisco	14	Sinaloa	15	Zacatecas	16	Estado de México	17	Morelos	18	Yucatán	19	Veracruz	20	Nayarit	21	Baja California	22	Nuevo León	23	Colima	24	Campeche	25	Coahuila	26	Durango 27	Michoacán	28	Guerrero 29	Oaxaca	30	Puebla 31	Tlaxcala	32	Baja California Sur	33	Querétaro	Usuario	Capacidades	Normatividad	simulado	institucionales
Guanajuato	Estado de México	Veracruz
Chiapas	Distrito Federal	Nuevo León
Distrito Federal	San Luis Potosí	Coahuila
Nuevo León	Tabasco	Distrito Federal
Estado de México	Veracruz	Durango
Tamaulipas	Tlaxcala	Morelos
Veracruz	Chiapas	Tamaulipas
Morelos	Quintana Roo	Tabasco
Chihuahua	Guanajuato	Yucatán
Federación	Aguascalientes	San Luis Potosí
Jalisco	Oaxaca	Hidalgo
Sinaloa	Federación	Sinaloa
Michoacán	Jalisco	Zacatecas
Campeche	Nuevo León	Federación
San Luis Potosí	Zacatecas	Tlaxcala
Hidalgo	Chihuahua	Nayarit
Coahuila	Nayarit	Campeche
Tabasco	Sinaloa	Quintana Roo
Sonora	Guerrero	Chiapas
Puebla	Hidalgo	Sonora
Aguascalientes	Sonora	Chihuahua
Zacatecas	Coahuila	Jalisco
Yucatán	Yucatán	Querétaro
Oaxaca	Durango Estado de México
Quintana Roo	Querétaro	Oaxaca
Nayarit	Campeche	Aguascalientes
Baja California	Puebla	Puebla
Querétaro	Morelos	Guerrero
Durango	Baja California Sur	Colima
Guerrero	Michoacán	Michoacán
Colima	Colima	Guanajuato
Baja California Sur	Tamaulipas	Baja California Sur
Tlaxcala	Baja California	Baja California
Transparencia focalizada da
Con sólo modificar la manera en que se presentaba
la información, el Municipio de Puebla disminuyó las
solicitudes de transparencia y logró incrementar la
n agosto de 2008, el Gobierno Municipal de Puebla
cambió la forma como presentaba la información
en su portal www.pueblacapital.gob.mx. Las modificaciones consistieron en mejorar los accesos a la sección
de Trámites y Servicios, así como los formatos y la información presentada.
Con estos cambios se incrementaron las visitas al
portal y disminuyeron las solicitudes de información relacionadas con trámites y servicios del gobierno local.
Las cifras obtenidas se volvieron más interesantes
cuando el ayuntamiento las comparó con el número de
controversias presentadas por la ciudadanía: se habían
incrementado. Esto indicaba que los ciudadanos habían utilizado la información para vigilar la actuación
del gobierno y para exigirle cuentas.
Como se puede apreciar en el cuadro 1, el tema que tuvo más solicitudes de información en
2008 fue el de Trámites y Servicios, que representó
el 23.47% del total de solicitudes. Para 2009 –no
representado en el cuadro– se redujo a 11.28%,
que lo ubicaba como el segundo más solicitado y
en 2010 (cuadro 2) representaba el 13.89% de
las solicitudes, por lo que se ubicó como el tercero
En contraste, el tema de Controversias registró
en 2008 el 1.28% del total de solicitudes de información. Para 2009, este rubro alcanzó el 4.43%, y
a mitad de 2010 llegó al 15.81% del total de solicitudes, posicionándose como el tema más solicitado
El cuadro 3 muestra las cifras relativas a las
controversias y a las solicitudes de información
sobre trámites y servicios en los últimos tres años.
Finalmente, el cuadro 4 presenta la relación entre
ambos temas. n (MGC)
Solitudes de información recibidas a través del sistema INFOMEX clasificadas por tema.
Cifras en 2008
Pruebas al Sistema INFOMEX
No competen al Ayuntamiento
Universo: 784 solicitudes de información
Periodo: Del 15 de febrero de 2008 al 31 de diciembre de 2008
Solitudes de información recibidas a través del sistema INFOMEX
clasificadas por tema. Cifras en 2010
Universo: 468 solicitudes recibidas
Periodo: Del 1 de enero de 2010 al 31 de julio de 2010
edición cincuenta y ocho > 25
> Licitación 20 y 21
El mercado del espectro
radioeléctrico en México
Por Salvador Apodaca Saravia
La administración del espectro en nuestro país ha dejado
mucho que desear. Esto se debe, entre otras razones, al
rezago en la liberación de este recurso por parte del Estado, al modo en que se concesiona, al uso que de él hacen
los concesionarios, y a la gran cantidad de pleitos –legales,
mediáticos, financieros, y hasta políticos– que presenta
esta gestión. En lo que sigue, presentamos dos textos
que fijan posiciones: Uno es una suerte de introducción
conceptual a la gestión del espectro; el otro se refiere a
los topes de acumulación de espectro en manos privadas
que impone la autoridad, para fomentar la competencia
a asignación del espectro radioeléctrico, los derechos que sobre él tienen los concesionarios,
los pagos por su uso, así como el aprovechamiento
o explotación de este recurso, siguen siendo temas
de discusión recurrente en la regulación las telecomunicaciones, particularmente cuando se trata
Estas polémicas muestran lo complejo que es desarrollar mecanismos de mercado que conduzcan
a una asignación eficiente de ese bien –que es del
dominio del Estado– bajo condiciones que eviten
público y contribuyan a beneficiar a la población,
como lo establece nuestra Carta Magna.
es Socio de Consultores
en Regulación de Redes +
Asociados, S.C., salvador_
apodaca707@yahoo.com.mx
¿Qué comprende el mercado
del espectro radioeléctrico?
En términos muy simples, el mercado de espectro
radioeléctrico (que en lo sucesivo denominaremos
sólo como “mercado”) comprende las transacciones
de concesiones para el uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencias definidas para
usos determinados (en lo sucesivo “recurso”). Tales
transacciones se efectúan mediante licitaciones
públicas, y en menor grado a través de cesiones.
También están implícitas en la compraventa de
sociedades concesionarias del recurso.
Es indispensable que este mercado ofrezca condiciones de competencia y libre concurrencia para
asignar el recurso a los usos que otorgan mayores
beneficios para la sociedad y, en este contexto, a las
empresas que más lo valoran. Estas condiciones
también evitarán que existan “cuellos de botella”
para el crecimiento de los concesionarios y facilitarán la entrada de nuevos competidores. Asimismo,
un mercado con estas características posibilitará
el redimensionamiento, reorientación o salida de
concesionarios y determinará las contraprestaciones o precios del recurso.
Para concesionar de manera eficiente y transparente el uso del recurso y de permitir su reasignación entre operadores (en condiciones que no
contraríen el interés público), es necesario aplicar
regulaciones y políticas que propicien la formación
y el funcionamiento del mercado bajo condiciones
de competencia y libre concurrencia. Enseguida
revisaremos estos aspectos.
¿Cómo se establece la oferta y
demanda de bandas de frecuencias?
Para que los participantes e interesados en los mercados de servicios de telecomunicaciones –particularmente inalámbricas– desarrollen sus planes de
negocios, calculen sus requerimientos del recurso y
se replanteen los usos y las tecnologías empleadas, se
requiere información oportuna y abierta sobre: las
atribuciones de las bandas de frecuencias; las destinadas a usos determinados; el empleo y cobertura
efectiva de las bandas concesionadas por agente económico; y las bandas reservadas por el Estado.
Para que esta información sea oportuna, es necesario actualizar continuamente el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencias (CNAF) y, en
general, el Registro de Telecomunicaciones previsto
en el artículo 64 de la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT), así como facilitar su consulta por el
público en general (artículo 65 de la misma ley).
La determinación de la demanda de bandas de
frecuencias para usos específicos se efectúa a través
de consultas y propuestas de la industria. Por otro
lado, la oferta gubernamental del recurso se plantea
mediante la publicación de programas sobre bandas
de frecuencias, prevista en el artículo 15 de la LFT.
Según este precepto, los interesados pueden solicitar la licitación de concesiones de bandas de frecuencias específicas, modalidades de uso y coberturas distintas a las especificadas en dichos programas.
Esta disposición sienta condiciones para facilitar la
correspondencia entre la oferta y la demanda.
Desafortunadamente, estos programas no se publican
en forma periódica ni bajo criterios conocidos que ayuden a resolver las restricciones al crecimiento y al cambio
tecnológico de las empresas de telecomunicaciones, ni al
Las contraprestaciones económicas consisten en: i)
la propuesta económica válida más alta ofrecida en las
licitaciones y ii) una anualidad por kilohertz (KHz), según la región de cobertura establecida en la Ley Federal
de Derechos, que pueden afectar el funcionamiento del
mercado de licitaciones públicas.
Cabe señalar que en estos procedimientos, una alta
proporción del precio del espectro radioeléctrico (las
contraprestaciones referidas en el inciso ii) es determinada fuera del mercado. A mayor abundamiento, los
derechos establecidos pueden afectar el ajuste entre la
oferta y demanda del espectro licitado. Sin embargo,
es importante señalar que las contraprestaciones en
forma de derechos son necesarias para cumplir la ley,
cuando las licitaciones no suponen la presentación de
posturas económicas.
La licitación pública es un instrumento central para
el buen funcionamiento del mercado. La modalidad
“simultánea ascendente” que se emplea en las licitaciones del recurso, consiste en la oferta simultánea de
distintos bloques o segmentos de frecuencias y coberturas, cuya demanda se manifiesta mediante posturas
abiertas y crecientes en rondas sucesivas, hasta determinar un ganador.
La ventaja de esta modalidad radica en que los participantes disponen de varias oportunidades para revisar
sus posturas, con el propósito de obtener los bloques de
frecuencias y coberturas que mejor se ajusten al funcionamiento eficiente de sus redes actuales y/o planeadas.
Esto es muy importante, sobre todo cuando no existe un
mercado secundario desarrollado o se presentan restricciones legales de plazo para la cesión de concesiones.
El establecimiento de límites máximos a la acumulación de espectro radioeléctrico en las licitaciones públicas
ha contribuido a prevenir concentraciones anticompetitivas del recurso y a crear oportunidades para la entrada
de nuevos competidores; aunque este objetivo no siempre
En efecto, las licitaciones públicas –sujetas a límites
máximos de acumulación del recurso– son insuficientes
por sí solas para lograr el objetivo anterior. Se requiere
también la interconexión e interoperabilidad eficiente entre redes, así como medidas que estimulen el uso efectivo
de las bandas de frecuencias concesionadas, y de esquemas regulatorios que faciliten una convergencia amplia
en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
espectro, para
Por Eduardo Pérez Motta y Ángel López Hoher
¿Qué papel desempeñó la Comisión
Federal de Competencia en la licitación
espectro de las bandas de 1.9 y 1.7 GHz?
¿Qué razones tuvo para hacer lo que hicieron?
En lo que sigue, las autoridades
de la CFE sustentan su iniciativa.
l espectro radioeléctrico es un insumo esencial
para proveer el servicio de telefonía móvil. Sin
una dotación suficiente de espectro, la mejor mercadotecnia, los aparatos más sofisticados y la tecnología más avanzada no sirven para nada, porque
es a través del espectro donde se transmite la señal
de voz y de datos.
Pero además de ser un insumo esencial, el
espectro radioeléctrico es también un recurso
escaso. Por eso están dispuestas las empresas
de telefonía móvil en todo el mundo a pagar por
el derecho a utilizarlo, ya sea al Estado (cuando
asigna derechos sobre él) o a otras empresas
edición cincuenta y ocho > 27
(cuando éstas ceden derechos preexistentes). Y
cuando el Estado decide, por la razón que sea, no
asignar una porción del espectro, esta escasez es
aún mayor. Éste ha sido tradicionalmente el caso
Por estas dos razones, la asignación de espectro en el mercado es un factor determinante para
el desempeño del mercado de telefonía móvil. La
manera como se reparte el espectro entre los competidores –y la posibilidad de que nuevos jugadores
accedan a él– influye decisivamente en la intensidad de la competencia entre diferentes empresas y,
por lo tanto, en sus incentivos para reducir precios
y ofrecer una mejor calidad para atraer y retener
Es por ello que la asignación de espectro debe
realizarse bajo criterios de competencia. Esto evitará una concentración excesiva del insumo esencial
que se convierta en una barrera para la entrada de
opciones competitivas adicionales, o para el crecimiento de éstas.
Lo anterior es relevante en cualquier lugar del
mundo, pero resulta crucial en un mercado de telefonía móvil como el mexicano, que se caracteriza
por una enorme concentración.
En nuestro país, la mayor empresa tiene una
participación de mercado de 73% y las dos empresas más grandes abarcan el 91%. Una tercera empresa tiene concesionada una cantidad de
espectro similar a las primeras dos, pero en los
últimos años ha concentrado sus esfuerzos en
vender sus derechos sobre este espectro, en lugar
de explotarlo a través de una oferta competitiva
atractiva para los consumidores.
Esta concentración reduce las opciones de los
consumidores mexicanos en términos de calidad
y los obliga a pagar precios altos, debido a una
competencia insuficiente en el mercado de la telefonía móvil.
y Ángel López Hoher son
Presidente y Jefe de la Unidad
de Planeación, Vinculación
Competencia, respectivamente.
Para mitigar este problema, la Comisión Federal
de Competencia (CFC) ha promovido desde hace
años que el Estado mexicano asigne el espectro
ocioso que se encuentra en su poder, de manera
que sea posible incrementar el número de jugadores e impulsar una competencia más vigorosa.
En este sentido, la licitación de espectro de las
bandas de 1.9 y 1.7 GHz que recientemente realizó la Comisión Federal de Telecomunicaciones
(Cofetel) debe verse como una gran oportunidad
para que los consumidores tengan acceso a más
opciones y puedan elegir aquella que les ofrezca las
condiciones más atractivas de precio y calidad.
Conforme a las atribuciones que le da la Ley
Federal de Competencia Económica, la CFC par-
ticipó en el diseño de la licitación de espectro de
a)	Estableció el tope de acumulación (cap) de 80
MHz para las bandas de 800 MHZ, 1.9 GHz y
1.7 GHz en las bases de licitación.
b)	Revisó el impacto sobre el mercado de las
consideraciones técnicas que estableció la
Cofetel, entre ellas los concursos nacionales
de 30 MHz en la banda de 1.7 GHz.
c)	Dio opiniones favorables para participar en
la licitación a todos los grupos económicos
que la solicitaron.
¿Por qué se fijó un cap de 80 MHz?
Se ha hablado mucho sobre la razón por la que la
CFC fijó un cap de 80 MHz, en lugar de uno más
alto como lo pedían los jugadores establecidos. Un
cap, para que tenga sentido, debe cumplir simultáneamente dos condiciones: primero, debe evitar
el riesgo real de que los jugadores establecidos adquieran espectro con el único objetivo de bloquear
la entrada a una mayor competencia; en otras palabras, debe impedir que el acceso al espectro se
convierta en una barrera artificial a la entrada.
Segundo, debe permitir que los jugadores establecidos adquieran espectro para dar mejor servicio
El cap de 80 MHz se estableció con base en estas
consideraciones. Para asegurar que no se “ahogaba” a los jugadores establecidos, la CFC analizó la
intensidad de uso del espectro en otros países y
encontró que hay diversos ejemplos de un mayor
número de usuarios por MHz de la que presentan
las empresas en México –aún antes de la asignación adicional.
Para evitar que la adquisición de espectro se
convirtiera en una barrera artificial a la entrada,
se fijó un límite para prevenir que las tres empresas
establecidas absorbieran todo el espectro disponible, sin dar oportunidad real a la entrada de nuevos competidores o al fortalecimiento de jugadores
Visto en retrospectiva, el cap impuesto por la
CFC cumplió con ambos objetivos: De los 90 MHz
de espectro que se licitaron en las bandas de 1.9
GHz y 1.7 GHz, 60 fueron para las empresas establecidas. Los 30 MHz restantes permitieron la
conformación de un nuevo jugador nacional viable
que antes no contaba más que con una oferta de
nicho y a nivel regional. Los efectos de esta nueva
configuración se verán en cuanto se entregue el
espectro y maduren las inversiones de todos los jugadores: una competencia más intensa entre un
mayor número de jugadores, que probablemente
conducirá a menores precios y mejor calidad.
En cuanto a la evaluación que hizo la CFC de la propuesta
de la Cofetel de crear paquetes de 30 MHz, éstos no tenían un
efecto material sobre la distribución de espectro resultante
de la licitación y, por lo tanto, sobre la competencia en el
Éste es el mercado que corresponde cuidar a la CFC, pues
el mandato del Artículo 28 constitucional señala que en la
asignación de concesiones se deben evitar “fenómenos de
concentración que contraríen el interés público”. Se trata,
en otras palabras, de asegurar la competencia en los mercados a través de una asignación procompetitiva del insumo
esencial asignado.
El objetivo de una licitación de este tipo –convocada para
asignar la concesión de bienes de dominio de la Federación–
no debe ser maximizar la recaudación, sino promover la
competencia para beneficiar a los consumidores. En México
sobran ejemplos de licitaciones con vocación recaudatoria
que dañaron la competencia y obligaron a los consumidores
a pagar precios artificialmente altos (telefonía fija y aeropuertos, sólo por mencionar dos).
Algunos jugadores establecidos en el mercado de telefonía móvil se han opuesto, en defensa de sus intereses particulares, a la entrada o crecimiento de nuevos competidores
que representa esta licitación. Y lo han hecho a través de recursos legales, presiones políticas y campañas en prensa.
Es lógico que así suceda; pero este “ruido” no oculta el hecho de que la licitación que concluye cubre el objetivo fundamental de la CFC: promover mayor competencia en el mercado de telefonía móvil y dar más opciones a los consumidores.
Como resultado de la licitación, se reduce la concentración
de espectro y se establece una cuarta opción competitiva real
con cobertura en todo el territorio nacional. Este resultado
es un avance, pero es necesario profundizarlo.
La CFC seguirá insistiendo en que debe iniciarse cuanto antes un proceso de licitación para el espectro restante en la
banda de 1.7 GHz (los 30 MHz que quedaron desiertos y los
30 MHz que no se incluyeron en la licitación anterior), así
como el de la banda de 3.5 GHz.
También seguirá promoviendo –como lo ha hecho desde
hace años– que, para seguir mejorando el entorno de competencia en los distintos mercados de telecomunicaciones,
debe licitarse a la brevedad una tercera cadena de televisión
abierta. Asimismo, debe licitarse otra porción de la red de
fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad y resolverse a la brevedad la interconexión en términos competitivos
entre redes de telecomunicaciones, para que las empresas
de telefonía puedan acceder al mercado de video.
Cada una de estas medidas enfrentará grandes presiones políticas por parte de los agentes económicos afectados, como las que se han registrado durante la licitación.
Pero esa es la tarea de un regulador como la CFC: resistir las
presiones de intereses particulares para preservar el interés
común, que es el que se promueve a través de una mayor
competencia. n
edición cincuenta y ocho > 29
Los crecientes debates por temas
como la “neutralidad de la red”, la invasión
a la privacidad o el bloqueo de sitios web por parte de
algunos gobiernos en el mundo, hacen
que el autor de este artículo reflexione y proponga
volver a los fundamentos que dieron origen a la Red
de redes para revertir tales amenazas
os principios y valores fundamentales de Internet están de nuevo en el foco de la atención
pública. En diversos países y medios internacionales se ha reavivado recientemente la polémica
sobre ellos. Su renacimiento obedece a las acciones
o iniciativas que amenazan significativamente la
naturaleza misma de Internet, así como los usos y
beneficios que brinda a la humanidad.
Algunos de los debates más encendidos se relacionan con la “neutralidad de la red” (es decir,
la aplicación de cobros discriminatorios por el uso
de Internet para clientes diferentes o el riesgo de
bloqueo para cierto tipo de tráfico, sobre todo en
Estados Unidos y Europa); sobre las leyes que invaden la privacidad y dan poderes extralegales a algunos usuarios y empresas (que han originado los
“10 principios para el uso y gestión de Internet”,
del Comité Gestor de Internet en Brasil); o sobre el
bloqueo de sitios y tipos de tráfico en países como
China, Siria y muchos más.
Las respuestas de los usuarios, tecnólogos, abogados y otros expertos han sido airadas y estruendosas: se considera que la prestación de servicios
diferenciados en forma discriminatoria, así como
el bloqueo de sitios y servicios por intereses económicos o por instrucciones políticas de gobiernos,
y otras conductas similares son violatorios a los
principios fundamentales de Internet.
Pero, ¿cuáles son y de dónde vienen
tales principios?
Alejandro Pisanty es
(ISOC México) y miembro
del Consejo Editorial de
Entre otros, podemos mencionar a la interoperabilidad y a la apertura – entendida ésta como la libertad
de cursar cualquier tipo de tráfico, desde cualquier
origen, independientemente del contenido o la
aplicación–, y al principio “de punta a punta”, que
implica que el tráfico en Internet debe ser deter-
minado por el emisor y el destinatario, no por los
equipos que operan la red.
Algunos principios, como la interoperabilidad
(que establece que todo equipo conectado en la red
debe poder interactuar con otro equipo a través del
protocolo IP) fueron enunciados explícitamente
desde el primer diseño de Internet, a finales de los
sesentas y principios de los setentas; otros, como el
“punta a punta”, fueron reconocidos a posteriori por
algunos de los principales arquitectos de la red.
Ante la negativa de la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) de crear un grupo de
estudio para el protocolo IP y sus derivados, los
creadores de Internet formaron la Internet Engineering Task Force (IETF) y algunos mecanismos
originales de estandarización, que resultaron más
sencillos que los de la UIT (y sin la intervención
de gobiernos ni de estructuras jerárquicas). La
estandarización en la IETF se basa en dos principios conocidos como “rough consensus and running
code” (consenso aproximado y ejecución de código, N.
del E.) que impulsan una apertura constante hacia
Es por ello que el diseño original de Internet no
optimiza ninguna aplicación específica (de telefonía, video o mensajes escritos) sino que pretende
dar siempre el mejor resultado posible, independientemente de la aplicación que se utilice.
El modelo original de capas
El diseño está basado en la interconexión de diversas
redes y se construye con un modelo de “capas” en
donde cada una hace abstracción de lo que sucede
en las inferiores y en las superiores. Las inferiores,
por ejemplo, se encargan de que haya conexión
eléctrica u ondas electromagnéticas para portar los mensajes; las superiores sirven para representar gráficamente estos mensajes.
En el centro del modelo está la capa de Internet
propiamente dicha, construida sobre el protocolo
IP. La función de esta capa es interconectar redes de diversa tecnología para llevar información
desde su origen a su destino en pequeños paquetes, los cuales pueden viajar por diversas rutas
antes de ser integrados en el equipo terminal.
La capa de Internet no “investiga” el contenido de los paquetes, sino que se basa exclusivamente en el encabezado que indica el origen y
destino. Algo similar sucede en el servicio postal, que sólo toma en cuenta la información
expresada en el sobre de la correspondencia.
Lo que no está garantizado por diseño es la
‘entrega’ de los paquetes. En caso de requerir
tal garantía, es necesario emplear programas
El principio de la red abierta
La apertura de Internet empieza entonces a un
nivel muy básico: con la posibilidad tecnológica de conectar cualquier equipo que cumpla
con los estándares y la de ejecutar cualquier
software que lo haga.
Este principio fomenta también la apertura
para construir, proveer y poner en circulación
contenidos de todo origen posible y en cualquier formato. Esto lo convierte en un principio
político y no solamente técnico.
El sociólogo español Manuel Castells (una
obligada referencia en estos temas) ha dejado
en claro que la Sociedad de la Información no
es Internet, pero que Internet es la tecnología
natural para el desarrollo de la Sociedad de la
Información. Y lo es precisamente por la facilidad que ofrece para poner la red en manos
de cualquier persona, y de hacer transitar por
ella cualquier contenido, conocimiento o expresión humana.
Corresponde a otra capa de la red –la de los
seres humanos y la sociedad– dictaminar y actuar en función de la licitud de los contenidos y
de las conductas de sus emisores o receptores.
Podemos concluir que, desde el inicio, la
conducta en Internet ha estado bajo el imperio
de la ley. Ha sido un espacio de libertad, sí, pero
nunca un espacio sin ley.
Por supuesto, existen más principios técnicos y valores morales, legales y políticos asociados con Internet en nuestros días. Sirva
este artículo para comenzar a explorar sus
complejas imbricaciones. n
Internet para los
pobres: sus interfaces
Por Rohan Samarajiva
Este texto es una reflexión en torno a Internet, a sus
interfaces y a los modelos de negocio que se pueden
implementar, para que los más pobres tengan acceso
a la Sociedad del Conocimiento. ¿Alguna conclusión?
Sí, que sólo con una plataforma común para todos
podremos seguir innovando: nuevas interfaces,
nuevos usos de Internet y nuevos modelos de negocio
aplicados por nuevos emprendedores
ara mí Internet no es una tecnología, sino
un medio para recuperar información necesaria para la actividad humana. Los trabajadores
del conocimiento creen que todas las personas
desean utilizar la tecnología de la misma forma
como ellos la usan.
Es natural que piensen así. Sin embargo, es
mejor considerar a Internet como una colección
de medios que permiten gran cantidad de tareas
en múltiples formas: ya sea de manera síncrona,
asíncrona, de uno a uno, de uno a muchos, y así
Los diferentes usos de Internet están respaldados por un inmenso poder de cómputo.
Lo que veo en las computadoras portátiles es una
interfaz. Todas están interconectadas a un mismo poder computacional, por lo que estas viejas,
viejísimas interfaces nos permiten tener un gran
teclado, grandes pantallas, dibujar gráficas, o diseñar en 3D.
Con las nuevas interfaces, en cambio, ya no
es necesario tener una computadora de escritorio conectada por uno o dos cables: uno a la red
eléctrica y otro a la línea telefónica, lo que implica
la contratación de un proveedor
Rohan Samarajiva es Director de LIRNEasia
de servicios de Internet. En vez
(http://lirneasia.net/). Este es el extracto de una
de eso, podemos tener una netconversación sostenida con Rohan Samarajiva, ex
book, que es una computadora
regulador de Telecomunicaciones en Sri Lanka, y
más pequeña optimizada como
ahora destacado investigador del aprovechamiento
de dispositivos móviles entre la población más
dispositivo de comunicación; o un
pobre del sudeste asiático, rohan@lirneasia.net
simple teléfono móvil que puede
edición cincuenta y ocho > 31
¿Qué les interesa
a los usuarios pobres?
hacer ciertas funciones, como recibir alertas por
mensajes de texto para obtener sólo la información
Se trata de contar con una interfaz acorde con las
tareas. Por ejemplo, se pueden emplear interfaces específicas para la educación básica, para la educación
media y otro tipo de interfaces para universidades.
Tecnología apropiada, para propósitos apropiados.
Alguien me podría reclamar: “Pero estos dispositivos tienen una pantalla muy pequeña”. Cierto,
pero hay millones de personas que apreciarán la dimensión reducida: una pantalla grande proporciona tal cantidad de información, que puede llegar
a aburrirte. Por ejemplo, si consultas información
agrícola en una pantalla grande, podrás observar
muchos datos en teletexto o videotexto sobre diversos tipos de verduras, frutas, hortalizas, precio de
los vegetales, estadísticas, cotizaciones, etc. Pero a
ti solo te interesan los vegetales “g”. Cuando por fin
se presenta la información de los vegetales “g”, tu
cerebro se ha apagado, y debes esperar a que fluyan
nuevamente los demás datos, y vuelva a aparecer
En los dispositivos móviles, la pantalla pequeña
optimiza el flujo de información, de modo que puedes registrarte para recibir únicamente los datos de
los vegetales “g”, y no ver los “x” o “y”. Sólo verás
lo que es relevante para ti. Incluso se puede ir más
lejos y pedir que te notifiquen cuando los vegetales
“g” sobrepasen cierto nivel de cotización. De esta
manera, la pantalla pequeña deja de ser una desventaja. En este caso, menos es más.
Así pues, de todas las funciones de Internet que
mencioné, la más complicada es la computación remota, que consiste en elaborar una consulta y obtener una respuesta única para cada individuo, no
para otras personas. Revisar su saldo de prepago por
el servicio de Internet móvil es un ejemplo de esto.
A un gran número de teléfonos móviles que se venden en nuestra región –el sudeste asiático– se les
ha incluido la funcionalidad de linterna. Gracias
a las investigaciones etnográficas realizadas por
Nokia, se supo que a la gente le gustaría usar su
teléfono como un dispositivo de luz artificial. De esta forma, si pulsas un botón, tu celular se convierte
en una linterna. He visto a gente rica utilizar estos
dispositivos para buscar las llaves de su auto.
También se han extendido entre los pobres los
modelos con FM integrada, pues los fabricantes
se dieron cuenta que los usuarios escuchan la
radio con auriculares en su teléfono móvil. Algo
parecido sucedió con las pantallas: al principio, los
celulares tenían pantallas en blanco y negro que
eran buenas y baratas. Pero las investigaciones
revelaron que mucha gente pobre deseaba una
pantalla a color en su dispositivo móvil. Comenzaron entonces a fabricar gran cantidad de pantallas
cromáticas que, al cabo del tiempo, terminaron
por abatir costos.
Hay un teléfono de Apple –el iPod– que rebasó
el umbral de las expectativas: ofrece el poder de
una súper computadora. Esto me lleva a la pregunta: ¿qué es una computadora? Al observar una
netbook pienso: “eso es una computadora porque
luce como tal”. Sin embargo, no debemos pensar
que esta solución de alta calidad sea buena y útil
para todos: un pescador que esté en la mitad del
océano necesita un GPS; un granjero al que le
interesan los precios de sus productos necesita
otra cosa. Recordemos que estamos hablando de
un modelo de dispositivo móvil con teclado, que es
útil para gente letrada, que puede escribir. Pero
si tu papá tiene las manos callosas, seguramente
preferirá otra interfaz.
Es muy importante tomar nota que nosotros
somos el cambio. Somos los usuarios quienes demandamos cambios en las interfaces. Hasta ahora,
los teléfonos celulares eran dispositivos para voz;
el 90% de los ingresos de las telecomunicaciones
provenían del servicio de voz. Pero ese negocio se
está muriendo. Apenas ayer publiqué en mi blog
(http://lirneasia.net/) cómo este servicio está decayendo en Estados Unidos. La gente utiliza menos
el servicio de voz y emplea más los mensajes de
texto. Esto es lo que ha sucedido por muchos años
en Filipinas. Por ello, el encabezado que utilicé en
mi blog decía: “Los estadounidenses se están convirtiendo en filipinos”.
En resumen: Hay una gran necesidad para
innovar los servicios y para desarrollar nuevas
aplicaciones. Pero para que esto sea posible, de-
bemos contar con una plataforma que haga posible
Modelos de negocio para los pobres
Si definimos el acceso a Internet con los ingredientes
que requieren los trabajadores del conocimiento –como fuentes de alimentación ininterrumpida, por ejemplo – se estará trabajando en algo muy costoso.
Pero si se pudiera lograr el acceso de los pobres con
menos recursos, ¿por qué no intentarlo? Es más, si se
hace con las reglas del mercado, entonces la cuestión de
la sustentabilidad se resuelve de manera automática.
¿Cómo se obtiene este dinamismo? En general las
iniciativas gubernamentales no pueden conseguirlo
porque son de corto plazo. Otra forma de hacerlo es
permitir la participación de actores no gubernamentales, que no tienen por qué ser capitales privados.
Pueden ser emprendedores sociales que conozcan las
necesidades de la población y la forma en que están
cambiando; además, son organizaciones mucho más
flexibles para responder a nuevos requerimientos.
¿Se justifica para un gran operador dar servicio a
gente cuyos costos de transacción por interactuar con
ellos pueden ser de tres dólares?
Se trata de un modelo de negocios diferente.
Si se piensa en lo que cuesta entregar un
estado de cuenta a domicilio, es lógico suponer
que este tipo de servicios no es confiable en países donde el sistema de direcciones postales no
es muy bueno. Por eso, el sistema del prepago
es una solución maravillosa para resolver el
problema del pago de servicios.
Para atender a la población pobre hay que
hacerse la siguiente pregunta: ¿qué motivaría a
una empresa de comunicaciones a proveer servicio en lugares remotos? El costo de moverse
hacia zonas remotas debe ser menor al ingreso
que la empresa pretende recibir. De otra manera, alguien debe ofrecerle un incentivo o un
subsidio para atender estas áreas. Pero incluso
si lo tuviera, éste no será para siempre.
En algunos países, se obliga a las compañías
de telecomunicaciones a movilizarse a lugares
remotos, pero luego las políticas cambian, lo
cual no es bueno. La gente hace inversiones y
de pronto, las compañías dejan el lugar.
El primer principio de la política regulatoria
es “no hacer daño”. n
edición cincuenta y ocho > 33
En el mensaje que ofreció el presidente Felipe
Calderón con motivo de su Cuarto Informe de
Gobierno, sobresalió el anuncio de adelantar cinco
años el arranque de la televisión digital en nuestro
país. En este artículo, el investigador Raúl Trejo
Delarbre sienta las bases de una discusión nacional:
¿Más canales para las televisoras establecidas,
o más competencia y pluralidad?
a decisión para adelantar el establecimiento
en México de la televisión digital tiene que ver
con el aprovechamiento de la tecnología, el esparcimiento de la gente, la consolidación de monopolios comunicacionales o la apertura de nuevas
opciones. Se trata de un anuncio destacado en el
campo de las políticas para los medios, pero deja
abiertas preguntas relevantes.
La televisión digital tiene tres ventajas. En primer lugar, permite que en el espacio en donde hasta ahora se difundía la señal de un canal analógico,
como los que tradicionalmente hemos conocido,
quepan varios canales.
En segundo término, hace posible la transmisión de una imagen de mejor resolución; la alta
definición ofrece el video de mayor calidad, pero
cualquier imagen digital es mejor que una de carácter analógico.
En tercer lugar, la televisión digital facilita la
interacción de los espectadores que así pueden
responder a encuestas, participar en concursos o
comprar artículos que se les ofrecen en pantalla.
Ahora el Presidente Calderón anuncia que gracias a la televisión digital, podremos “contar con
más cadenas y con más canales de televisión, se
ampliarán las opciones de contenidos culturales,
noticiosos y de entretenimiento disponibles”. La
pluralidad siempre es deseable, máxime en un sector tan concentrado y reacio a la competencia como
ha sido el de la televisión, dominada por dos em-
El “hueco” normativo vigente
Raúl Trejo Delarbre es
periodista, profesor e
investigador en el Instituto
En julio de 2004, el presidente Vicente Fox expidió
el decreto que establecía la televisión digital en
México. De entre varios sistemas tecnológicos
que para entonces ya competían en el mundo, el
gobierno mexicano eligió el protocolo ATSC que
ya se utilizaba en Estados Unidos. La vecindad
con ese país explica la selección de dicho sistema
aunque el protocolo que se utiliza en Europa tiene
mayores ventajas, sobre todo para propiciar más
diversidad de opciones en la televisión.
En aquellos años, el protocolo ATSC (Advanced Television System Committee) era tan rígido
que solamente servía para que en cada canal de
carácter analógico que ya existía, se difundiera
una señal en formato digital. Es decir, se trataba
de un sistema que no propiciaba la existencia
de más canales sino únicamente la conversión,
al nuevo formato, de los canales ya existentes.
Por eso en Estados Unidos, y luego en México
a imitación de aquella experiencia, el gobierno
dispuso que a cada empresa o institución que
ya tuviera un canal de televisión analógica, se le
asignara otro de carácter digital.
Esa frecuencia adicional serviría exclusivamente para transmitir, en alta definición, la
señal que ya se difundía de manera analógica.
Por eso a tales frecuencias se les denominó
“canales espejo”. El gobierno de Fox decidió
que para 2021 todas las señales de televisión
debían difundirse en formato digital. Cuando así
ocurriese, las empresas o instituciones a las que
se había asignado el canal adicional deberían reintegrárselo al Estado aunque no se estableció
un mecanismo para esa devolución.
Ahora la tecnología, y el proyecto gubernamental, permiten que además de reproducir
en formato digital señales de la TV analógica,
esas frecuencias sirvan para nuevos canales.
Y, siempre según el Acuerdo presidencial de
julio de 2004 y el Decreto del 2 de septiembre
de 2010, las televisoras no están autorizadas a
difundir, en tales frecuencias, nuevas señales,
distintas de las que ya transmiten por televisión analógica.
Si no hay previsiones al respecto, la transición digital que el Presidente Calderón proclama como puerta a la pluralidad, servirá fundamentalmente para que las televisoras que
ya tienen demasiados canales tengan muchos
más (RTD).
presas privadas. Sin embargo el gobierno no ha
establecido de qué manera propiciará que haya,
realmente, más opciones. Es decir, que no surjan
más canales de las mismas empresas –Televisa
y TV Azteca– que hoy acaparan el 94% de la
televisión comercial en este país.
En el Decreto presidencial para acelerar la
transición a la televisión digital terrestre, no se
indica qué podrán hacer, y cómo, los titulares
de las actuales concesiones de televisión. En
rigor, esas concesiones fueron asignadas para que se difundiera la señal de un solo canal
(los canales 2, 4, 5, 7, 9, 13, etcétera, para
solamente mencionar algunos de la ciudad de
México). Y la utilización de las frecuencias adicionales es para replicar la señal de cada uno
de esos canales: Televisa tiene, por ejemplo, el
canal 48 que repite en alta definición la señal
del canal 2; los canales 49, 50 y 44 que replican a los canales 4, 5 y 9; Azteca cuenta con
los canales 24 y 25 que reproducen de manera
digital al 7 y al 13. Se trata, como se les dice de
manera oficial, de canales espejo.
El Decreto indica que la transición digital tendrá que haber concluido en 2015. Esa decisión
forzará plazos, tanto técnicos como comerciales, pero será incumplible si no es acompañada
de un ambicioso programa para subvencionar
la adquisición de televisores digitales.
Actualmente en México hay 730 frecuencias de televisión analógica. En cambio, sólo
existen 78 canales de carácter digital. Por otra
parte, algunos de los canales ya establecidos
para el formato digital no son repetidoras de
las señales analógicas sino frecuencias creadas
expresamente para difundir con el protocolo
ATSC (ver recuadro), como los canales de la
UNAM y del Gobierno de la Ciudad de México,
que fueron autorizados hace tres años y se han
mantenido en un plano experimental.
La gente que no tenga televisores digitales
contará con dos opciones para sintonizar la
televisión de esa índole: la más sencilla, pero
más costosa, será comprar un nuevo televisor;
la otra, consistiría en adquirir un convertidor
que permitirá ver la señal digital en un televisor analógico, pero sin la calidad que tiene la
Entre esas posibilidades oscilará la política
gubernamental para que los mexicanos tengan
acceso a la televisión digital. n
Este texto es una adaptación del artículo publicado
en el portal noticioso EjeCentral.com.mx, el 2
de septiembre de 2010. Se publica aquí con la
supervisión y autorización del autor.
A la digitalización de la televisión por satélite y por cable, se añade ahora la
de la televisión terrenal, que pretende no sólo proporcionar a los usuarios la
posibilidad de recibir muchos más canales en su televisor con calidad similar a la del DVD, sino también añadir interactividad.
La televisión digital terrestre optimiza el uso y aprovechamiento del espectro
radioeléctrico, mejora la calidad de las señales, incrementa el número de canales de televisión que la población puede recibir, mejora la confiabilidad en la
recepción de señales, y fortalece el desarrollo de la convergencia en beneficio
¿Por qué se denomina “terrestre”?
Se denominan sistemas de transmisión terrestres a los sistemas inalámbricos (de espectro radioeléctrico) que se transmiten dentro del planeta. Los
otros sistemas que utilizan el espectro y no transmiten dentro del planeta,
son satelitales.
En la televisión digital terrestre, ¿puede existir interacción
entre el público y la televisora?
La “interacción” no se puede lograr en vivo; ello requeriría contar con un
canal de retorno por parte del concesionario o permisionario. En el caso de
los celulares, estos dispositivos transmiten y reciben señales; en cambio, la
mayoría de los televisores sólo las reciben.
La llamada “interacción” puede lograrse si el televidente cuenta con un
receptor que tenga suficiente memoria para guardar los datos que se le envían. Este dispositivo puede almacenar estadísticas de un partido de futbol o
entrevistas en video y audio de cierto personaje. Cuando el televidente quiera saber más de un jugador, podrá solicitarlo al receptor que guardó esta
información. De esta forma, en un recuadro de su pantalla seguirá viendo el
partido y en otra, la información solicitada.
¿Se emplea un multiplexor por cada concesionario
de frecuencia, o se puede utilizar un multiplexor
para varios canales? El multiplexor lo maneja el concesionario de la frecuencia y, en efecto, puede
recibir las señales de entrada de varios canales.
En el ejemplo teórico (no existente) de la gráfica 1 se muestran tres canales
de televisión separados: Discovery Channel con audio en inglés y español; A&E
con audio en inglés y español; y el Canal 22, con audio en español. Estas tres
entradas de video y cinco de audio se conectan al multiplexor.
Si estas tres señales se transmitieran por el canal 30 digital (566 a 572
MHz, banda de UHF), se identificarían como:
•	30.1 Discovery Channel
•	30.3 A&E
•	30.5 Conaculta, Canal 22
edición cincuenta y ocho > 35
El público puede elegir con su control el 30.1 y sintonizar Discovery Channel o las otras alternativas; también puede ver Discovery en inglés y seleccionar el audio correspondiente.
El tema del audio no es nuevo; hoy se pueden ver programas transmitidos
en señal analógica (por ejemplo, el canal 7) y ver una película en inglés o
Gráfica 1. Ejemplo teórico sobre cómo puede emplearse el estándar
Múltiple digital que transmitiera la señal del Canal 22, A&E y Discovery Channel,
éstos últimos con opción para sintonizar el audio en inglés o español.
(A/53)
ÚBLICO SINTO
E LOS TRES CA
SERVICIOS DE MULTIPLEXEO Y TRANSPORTE
MULTIPLEXOR DE SERVICIO
¿Cuál es el pleito, entonces?
Algunos analistas señalan que los 6 Megahertz (MHz) que ocupa una frecuencia de televisión analógica no es divisible ni aditiva, sino la cantidad
Otros señalan que en 6 MHz caben dos canales de alta definición, seis canales digitales con buena calidad de imagen, o uno de alta definición y tres
digitales que no sean de alta definición. Con esta capacidad, dicen, el concesionario podría enviar una o varias señales suyas y una o varias señales de
otros concesionarios.
Entonces, para unos la disputa tiene una connotación técnica, mientras
que para otros tiene que ver con decisiones de política pública. n
CompraNet 5:
transaccional y abierto
Después de muchas promesas de
mejora, finalmente la Secretaría
de la Función Pública liberó la
nueva plataforma de CompraNet.
La novedad consiste en que ahora
es completamente transaccional
e incorpora elementos de Web
2.0, para que el gobierno federal
pueda realizar adquisiciones más
ace una década, CompraNet era un referente internacional de transparencia en la adquisición
pública; sin embargo, al paso del tiempo, se rezagó:
ya no se podían realizar transacciones por medio de
esta plataforma en línea e incluso como repositorio
de información era herramienta limitada, porque sólo se capturaban los datos básicos de las licitaciones.
La mayor parte de la información quedaba registrada en archivos PDF y otro tipo de formatos en los
cuales era difícil buscar o extraer datos.
El 28 de junio de este año se lanzó CompraNet 5,
que no es una actualización a la herramienta, sino
una plataforma completamente nueva, construida
desde cero para remediar las carencias de transaccionalidad y administración de datos.
Javier Dávila, Titular de la Unidad de Política
de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la
Función Pública (SFP), explicó que CompraNet
5 va más allá de la gestión y administración para
contratar bienes y servicios: se pretende convertirla en una herramienta que contribuya a generar
una política general de contratación pública que
genere información para la adecuada contratación
De acuerdo con Dávila, casi el 40% del presupuesto del gobierno federal se destina a contrataciones públicas y la meta es que el total de ese dinero
quede reflejado en CompraNet.
Desafortunadamente, el CompraNet original no
fue concebido para migrarlo a una nueva plataforma, aunque se mantendrá la plataforma anterior
El nuevo sistema está preparado para conectarse
con otras aplicaciones de la administración federal,
como la Tesorería, las Cadenas Productivas de Nafin
o el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
También aporta características de gobierno abierto, ya que la información puede exportarse a Excel,
para que los ciudadanos puedan seleccionar o comparar los datos disponibles.
Un sistema transaccional
CompraNet 5 está diseñado para que los usuarios
realicen adquisiciones de manera electrónica de
principio a fin, no sólo por medio de licitaciones. De
hecho, ahora se incluyen las modalidades de Invitaciones a Cuando Menos Tres Proveedores y Adjudicaciones Directas.
Dávila dijo que la automatización de los procesos
se debe, en gran medida, a una serie de catálogos estandarizados para todas las dependencias, entre los
cuales mencionó un Clasificador por Objeto del Gasto
de la Secretaría de Hacienda, un catálogo de Bienes
Inmuebles de la SFP, o un catálogo de Tratados y Reservas de la Secretaría de Economía.
Estos catálogos son los que le dan al sistema la
capacidad de llevar de la mano al usuario en todo el
proceso de adquisición y acotarlo, según el tipo de
compra que se trate.
En qué consiste este proceso
El proceso de adquisición inicia cuando la unidad
compradora ingresa la información básica de la convocatoria para su publicación en Internet. Con estos
datos se crea un expediente electrónico de compras
–que contiene la información sustantiva– y se le van
agregando los datos que surjan durante el proceso de
compra, incluyendo los anexos.
Por medio de pregunta enviadas de manera electrónica, se reciben las ofertas y se realizan las juntas
de aclaraciones; las respuestas se reciben por la misma vía. Toda la comunicación con los proveedores
queda guardada y sólo alguien con nivel de súper
administrador –un Órgano Interno de Control o la
misma SFP– tiene acceso a esa información.
Para preservar la transparencia, las ofertas hechas por los proveedores se abren dentro de una
bóveda electrónica; el ganador también se anuncia
Durante este proceso se generan bases de datos
para hacer análisis sobre las adquisiciones, como
precios de referencia, tendencias de compra, proveedores, etcétera.
Dávila calculó que al año se realizan 50 mil procedimientos de adquisición, cifra que se cuadruplicará al incluir las Invitaciones a Cuando Menos Tres
y las Adjudicaciones Directas. “Toda esa riqueza de
conocimiento contribuirá a crear mejores políticas
El entrevistado aclaró que la actual política es
privilegiar el uso de herramientas electrónicas,
aunque está previsto el uso de mecanismos presenciales, como las juntas de aclaraciones. La decisión
de emplear uno u otro mecanismo corresponde a
las Unidades de Adquisiciones, aunque una vez
que se ha optado por un proceso electrónico, ya
no es posible cambiarlo.
A mediano plazo, la SFP busca que la Ley obligue a manejar todo en forma digital, porque ya
existen las condiciones para hacerlo, dijo Treviño.
Una de las principales características de CompraNet 5 es facilitar la relación de los proveedores con
toda la Administración Pública Federal. Debido a
las diferencias tan importantes que había en los
procedimientos de adquisición, “prácticamente los
proveedores debían especializarse para venderle a
una dependencia”.
Ahora, cuando una empresa ha sido validada
por alguna dependencia, puede venderle a cualquier otra sin necesidad de presentar nueva documentación. Para identificarse en los procesos de
compras, los proveedores utilizan la Firma Electrónica Avanzada provista por el SAT.
La nueva plataforma también brinda funcionalidades, como cotizaciones en línea, información
sobre contratos marco, testigos sociales (registro
y testimonios) y una lista de proveedores sancionados, entre otras.
Al estilo de las redes sociales 2.0, la sección de
Contratistas ofrece un apartado de seguimiento en
el cual los compradores califican su experiencia
con los proveedores, es decir, si cumplió o no en
tiempo y calidad, si hubo penalizaciones por ello, etcétera; con esa información se conforma un historial
de cada empresa que le sirve a las dependencias para
El funcionario explicó que existe un padrón de 65
mil proveedores registrados por el gobierno federal,
pero son tantas las repeticiones e inconsistencias, que
construirán un nuevo padrón depurado.
Capacitación a los compradores
Aunque CompraNet 5 se lanzó a finales de junio, la SFP
lo anunció de manera discreta porque debía capacitar
a las unidades compradoras y pasaron dos meses para
que se realizara la primera adquisición en la nueva herramienta (fue hasta el pasado 20 de agosto cuando la
Comisión Federal de Electricidad publicó una licitación
para comprar carbón mineral).
La primera etapa de capacitación fue presencial y se
concentró en las 13 dependencias con los mayores volúmenes de compra: Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, Secretaría de Educación Pública, Secretaría
de Seguridad Pública, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud, Instituto Mexicano del
El 28 de junio de este año
Seguro Social, Instituto de Seguridad y
se lanzó CompraNet 5, que
del Estado, Pemex, Comisión Federal
de Electricidad, Comisión Nacional del
sino una plataforma
Agua, Liconsa y Diconsa. En conjunto,
éstas representan el 94% de las comconstruida desde cero para
pras gubernamentales.
remediar las carencias
Para capacitar al resto de las unide transaccionalidad y
dades compradoras, se desarrolló una
herramienta de aprendizaje en línea
(e-learning), que consiste en un curso de ocho horas.
La persona tiene 15 días para tomarlo y después tiene
otros 15 días para hacer prácticas en la plataforma
de preproducción. Concluido ese periodo se le realiza
un examen y, al aprobarlo, el funcionario recibe un
Dávila calcula que capacitará a cuando menos cuatro personas por unidad compradora, de manera que
serán unos 16 mil servidores públicos.
El esfuerzo para capacitar a todo el gobierno federal
es monumental, porque hay entre tres mil 500 y cuatro mil unidades compradoras registradas en la versión
anterior del CompraNet. A eso habría que añadirle todas las unidades especializadas en Invitación a Cuando
Menos Tres y Adjudicaciones Directas.
Dávila apuntó que están en el proceso de identificar
a esas unidades porque también harán sus compras
a través de la plataforma. Para poner un ejemplo, el
funcionario dijo que la CFE tiene por lo menos 200
unidades correspondientes a Invitación a Cuando Menos
Tres y Adjudicaciones Directas, por lo que en total tiene,
por lo menos, 350 unidades compradoras. n
edición cincuenta y ocho > 39
En línea, las cifras del
En su portal de Internet, el
Nacional de Seguridad, de la Segob,
comenzó a publicar estadísticas
históricas sobre la incidencia de delitos
en nuestro país. El propósito: ofrecer
datos unificados de los tres órdenes
de gobierno, para objetivar la discusión
porcione a la ciudadanía no violente los principios
de confidencialidad, reserva y demás aspectos previstos por la Ley Federal de Transparencia y Acceso
Cabe señalar que el Secretariado Ejecutivo, en
coordinación con los tres órdenes de gobierno, es la
instancia encargada de ejecutar y dar seguimiento
a las políticas, estrategias, instrumentos y acciones
que integran el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Qué cifras ofrece
partir de agosto pasado, el Sistema Nacional
Seguridad Pública (SNSP) de la Secretaría
de Gobernación comenzó a difundir cifras sobre
la incidencia histórica del crimen en México, a
través del portal www.secretariadoejecutivosnsp.
Con esta apertura, se modifica el principio de
que toda la información en materia de seguridad
pública debe ser resguardada y sólo se publicará
cuando alguien la solicite.
“Este principio es ahora al revés: toda la información agregada –y con los estándares de seguridad que el caso exige– es pública, excepto aquélla
que por Ley deba ser reservada”, aseveró Rubén
Fernández, Encargado de Despacho del Centro Nacional de Información, dependiente del SNSP.
Recordó que una de las atribuciones de este
Centro –que forma parte del Secretariado Ejecutivo
del SNSP– es vigilar que la información que se proMás información
Portal del el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
http://www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/
Con tal acervo informativo, los usuarios de este portal pueden conocer datos duros sobre la incidencia
histórica –de 13 años a la fecha– tanto de delitos del
fuero común como los ilícitos cometidos en nuestro
país por el crimen organizado (fuero federal).
Al cierre de esta edición, se podía consultar en
línea información referente a:
•	Estadísticas sobre la tendencia histórica de
secuestros por entidad federativa, con datos
desde 1997 a junio de 2010.
•	Incidencia histórica de denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público
en los estados para delitos del fuero común
como robos a casas habitación, negocios,
de vehículos, a transportistas y transeúntes
(con y sin violencia), robo de ganado (abigeato), robo en instituciones bancarias, en
carreteras; lesiones y homicidios dolosos y
culposos ocasionados con arma blanca o
arma de fuego; delitos patrimoniales (abuso
de confianza, daños en propiedad ajena, extorsión, fraude, despojo) con y sin violencia;
privación de la libertad (secuestro); delitos
sexuales (violación); y otros delitos como
amenzas y estupro.
•	Las entidades federativas que no han entregado o han entregado con retraso la información de sus agencias del Ministerio Público.
•	Incidencias delictivas del fuero federal de
1997 a 2010, con tablas referentes a delitos
contra la salud por tipo y entidad federativa;
delitos federales diversos y el total general (es
decir, delitos contra la salud + delitos federales diversos).
•	Comparativo de incidencias delictivas en
diversas ciudades de mundo, así como las
tasas de delitos relacionados con drogas,
homicidios y secuestros por cada 100 mil
habitantes en otros países.
•	Cuadro Resumen de los delitos del fuero
común y fuero federal en México (19972010).
•	Informe de los avances del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad (2010).
•	Inversión y Estado de Fuerza en Seguridad
Pública a nivel estatal y municipal de 2007
Objetivar la información
De acuerdo con Fernández, la idea es que la opinión
pública cuente con información de lo que sucede
en el país, para que pueda trasladar la discusión
–con elementos más objetivos– al ámbito académico y de investigación, así como a los medios de
Dijo que el propósito de este portal no es emitir juicios de valor sino generar datos para que la
gente los analice. Asimismo, el funcionario aspira a
que este acervo propicie cruces de información con
diversas fuentes. “Si se tomaran en cuenta cifras
socioeconómicas, por ejemplo, sería interesante
conocer qué impacto tuvo la crisis financiera de
2008-2009 en la incidencia de robos; ¿aumentaron otros delitos?, ¿fue una tendencia en todo el
país?, ¿sucedió lo mismo en la zonas rurales y en
la frontera?, etc.”.
Para finalizar, el funcionario señaló que hay
una tendencia a pensar que lo que sucede en el país
es “culpa” de cualquier agente político. “Nosotros
invitamos a consultar las cifras históricas, no para
efecto de lavar culpas, sino para poner las cosas en
su justa dimensión”. n
edición cincuenta y ocho > 41
elecomunicaciones de México, mejor conocido
como Telecomm-Telégrafos, está en proceso de
convertirse “en el operador de programas sociales y satelitales de telecomunicaciones del gobierno federal”.
Al explicar esta transformación, Javier Lizárraga,
director general del organismo, dijo que TelecommTelégrafos ya participa en muchos de estos programas, sólo que ahora ha asumido el papel de “brazo
ejecutor” que debe encontrar la manera de vincular
los proyectos de las dependencias e incrementar su
valor e impacto.
Este organismo público descentralizado, que reporta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
provee servicios financieros telegráficos en las mil 600
oficinas que tiene en todo el país, ubicadas principalmente en las zonas más marginadas y donde no hay
sucursales bancarias. Asimismo, Telecomm-Telégrafos
ha mantenido un papel trascendental en la gestión de
satélites, al proporcionar servicios de transmisión de
datos, audio y video tanto a entidades gubernamentales como a la iniciativa privada. Estas dos actividades están orientadas a reducir las brechas financiera
Los programas sociales que atiende TelecommTelégrafos se dividen en dos apartados:
a.	Inclusión Financiera
1.	Comisión Nacional Bancaria y de Valores
(CNBV). Telecomm-Telégrafos fue la primera
organización autorizada por la CNBV para operar como corresponsal; actualmente opera pa-
Aunque quizá no sea muy
conocido, este organismo público
descentralizado es un importante
corresponsal bancario y distribuidor
de recursos provenientes de
programas sociales. Cada año
maneja unos 90 mil millones de
pesos en efectivo y ahora está en un
proceso de cambio para fortalecer su
posición como ejecutor de programas
federales relacionados con la brecha
digital y la inclusión financiera
ra ocho bancos, ofreciendo algunos de sus
servicios en sus mil 600 oficinas.
2.	Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP). Está desarrollando nuevos productos financieros para la población con poco
acceso a servicios financieros, como microcréditos y microseguros.
3.	Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
Cada dos meses, Telecomm-Telégrafos distribuye los recursos del Programa “Oportunidades” a 3.3 millones de familias. Con esta
secretaría, se efectuó un programa piloto para entregar estos beneficios a 30 mil familias
en zonas urbanas por medio de una tarjeta
de débito, así como distribuir los Programas
para Adultos Mayores, Empleo Temporal y
Jornaleros Agrícolas con los que se atiende
a 1.3 millones de beneficiarios.
b.	Inclusión Digital
1.	Coordinación de la Sociedad de la Información y el Conocimiento (CSIC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
(SCT). Aquí colabora en programas sociales
como e-México, en la parte de conectividad
2.	SCT. Esta dependencia lanzará tres satélites
y Telecomm-Telégrafos será el operador en
tierra de ellos.
Como ejemplo de la convergencia que se quiere establecer entre estos programas, Lizárraga tomó el
caso de los apoyos entregados por Sedesol en el Programa “Oportunidades”: aquí se buscarán alianzas
con la CSIC para desarrollar un portal o acceso a
contenidos que promuevan una cultura financiera
entre la población más vulnerable. “Estrategias de
este tipo nos permitirán disminuir la brecha financiera en nuestro país”, dijo el funcionario.
Banco: la última milla financiera
Por las oficinas de Telecomm-Telégrafos circulan cada
año alrededor de 90 mil millones de pesos por conceptos
de distribución de recursos de programas sociales, servicios bancarios, transferencia de remesas, cobranza de
impuestos y derechos de gobiernos estatales, así como
cobros por servicios diversos de Telmex, la CFE, etc.
Esta cantidad de recursos se distribuye así: por concepto de corresponsalía bancaria, 33 mil millones de
pesos; 30 mil millones para programas sociales; 20
mil millones para remesas; y siete mil millones en la
cobranza por cuenta de terceros.
Telecomm-Telégrafos ofrece servicios de Corresponsalía a las instituciones autorizadas por la CNBV, aunque
varían las comisiones que los bancos cobran al cliente.
Por este motivo, el organismo pretende estandarizar las
tarifas, dejando un margen de maniobra para que cada
institución desarrolle productos de valor agregado.
De acuerdo con la CNBV, 57% de los municipios en
México –es decir, mil 404– no cuentan con presencia
¿Por qué Telecomm-telégrafos es tan
relevante para la inclusión financiera?
•	•	•	•	36% de la población mexicana se concentra en zonas rurales.
64% de los municipios no cuentan con presencia bancaria.
96% de los municipios rurales no tienen sucursal bancaria.
28% de las 1,570 oficinas de Telecomm-Telégrafos se
encuentran donde no hay presencia bancaria.
•	58% de las oficinas se ubican en poblaciones menores
a 20 mil habitantes.
•	100% de las oficinas temporales (brigadas) se establecen
en lugares donde no hay presencia bancaria.
de alguna sucursal bancaria. Telecomm-Telégrafos
representa una oportunidad para que miles de mexicanos tengan acceso a servicios financieros en localidades que, por sus condiciones de lejanía y número
de habitantes, resulta incosteable instalar sucursales.
De ahí que el 70% de la Población Económicamente
Activa (PEA) no esté bancarizada. “Nuestras mil 600
oficinas constituyen la última milla financiera para
esas poblaciones”, aseveró Lizárraga.
Asimismo, manifestó que su institución se ha convertido en un competidor de alternativas comerciales como
Elektra y Coppel, sobre todo en las transferencias de remesas tanto nacionales como internacionales, debido a
su presencia en zonas populares urbanas y rurales.
Al respecto, hizo referencia al proyecto “Directo
a México”, establecido de manera conjunta con la
Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos y el Banco
de México. Por medio de esta iniciativa, ahora es posible transferir hasta mil dólares desde una cuenta
de cualquier banco de Estados Unidos afiliado a la
Fed para efectuar retiros en efectivo en las oficinas
de Telecomm-Telégrafos en México, con una comi-
sión de tres dólares y 25 centavos, pagados por el
remitente en Estados Unidos.
Dinero electrónico en vez de efectivo
De acuerdo con Lizárraga, el principal desafío para
Telecomm-Telégrafos es reducir el manejo de efectivo y fomentar el uso de esquemas electrónicos. En
particular, se refirió a la dispersión de dinero del
Programa “Oportunidades” que cada dos meses
requiere formar cuatro mil 200 brigadas –adicionales al personal que atiende las mil 600 ventanillas– para llevar el dinero a los beneficiarios de
Dijo que en 2008 se perdieron 62 millones de
pesos por asaltos, y en 2009 les robaron 43 millones. Aclaró que estos ilícitos no afectaron los
pagos a beneficiarios, ya que el organismo ha implementado esquemas de atención inmediata para enfrentar tales eventualidades. Lo más costoso
para Telecomm-Telégrafos es lo que paga por el
traslado de valores, que en 2009 ascendió a 320
Lizárraga aseguró que esta cantidad disminuirá
a 250 millones en 2010, gracias a una serie de medidas para evitar ponerse en situaciones de riesgo
y el trabajo coordinado con las policías estatales,
municipales y el Ejército.
Para atender la seguridad y promover el ahorro
familiar, la mejor manera es utilizar las nuevas tecnologías. Lizárraga denomina “Banca Social Transformacional” a la optimización del pago de los programas sociales mediante el uso de TICs, como serían las tarjetas con chip o los teléfonos celulares.
Al respecto, Telecomm-Telégrafos desarrolló un
programa piloto con 50 mil familias para depositarles el dinero en una tarjeta de débito, aunque
por el momento se limita a las zonas urbanas, ya
que en lugares alejados no hay manera de pagar
No obstante, el funcionario dijo que el piloto es
prometedor, pues demostró que las personas que
usaron la tarjeta, se incorporaron a la economía
formal y, en general, ahorraron parte del dinero
depositado en su cuenta bancaria.
Lizárraga aseguró que están trabajando para
crear los ecosistemas necesarios en las zonas marginadas y llevar este tipo de programas. Sin embargo, es algo que apenas está en etapa de definición.
México es un país con una enorme necesidad de
modernización y al centro de eso se encuentran las
inclusiones digital y financiera, donde TelecommTelégrafos puede marcar una diferencia. “El éxito
de nuestra estrategia radica en la coordinación que
se establezca con las entidades del gobierno federal
para trabajar en equipo”, aseveró. n (MGC)
Presentamos un resumen del Índice
2010, publicado por el Instituto
l Distrito Federal, Nuevo León, Querétaro,
Coahuila y Aguascalientes son –en ese orden­–
son las cinco entidades más competitivas del país,
de acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal
2010. Sin embargo, la calificación que obtuvieron estas entidades disminuyó 1.3% con respecto
al estudio presentado hace dos años, a excepción
de Coahuila, que mejoró 2%.
Según estimaciones del Instituto Mexicano de
la Competitividad, A.C. (IMCO), que elaboró el índice, estas cinco entidades concentran el 65% de la
inversión extranjera directa y generan el 30% del
Producto Interno Bruto nacional. También albergan al 49% de los investigadores y al 31% de las
empresas grandes que hay en el país. En un contexto mundial, este grupo se ubica entre países como
Grecia (posición 24 del Índice de Competitividad
Internacional) y Costa Rica (posición 28).
En contraste, las cinco entidades que ocupan los
últimos lugares del Índice son el Estado de México
(sitio 28), Tabasco, Chiapas, Guerrero y Oaxaca
(sitio 32). En este grupo se concentra el 4% de la
inversión extranjera directa y el 17% del PIB nacional. Cabe destacar que, con excepción de Chiapas,
las otras cuatro entidades ya se encontraban en las
últimas posiciones en el anterior Índice del IMCO,
con cifras al 2006.
Para conocer los resultados de este Índice de Competitividad
por entidad federativa, consulte la página
http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/.
Aquí también se puede descargar el estudio completo.
El Índice general de Competitividad Estatal del IMCO 2010 está compuesto de diez subíndices y de
120 variables con información al 2008. A través
de una metodología –que se puede consultar en el
sitio http://imco.org.mx/indice_estatal_2010/–,
este conjunto de indicadores muestra la competitividad de las entidades, es decir, la capacidad que
tienen para atraer y retener inversiones y talento.
Esta es la tercera ocasión que el IMCO da a conocer este índice a nivel estatal; la anteriores fueron en 2006 y 2008 con datos al 2004 y 2006,
Cabe mencionar que el Instituto Nacional de
Geografía (INEGI) cambió la metodología de contabilidad del Producto Interno Bruto (PIB), lo que
modificó buena parte de las variables económicas.
Para homologar y comparar las cifras del índice actual con el de hace dos años, el IMCO tuvo que hacer un ajuste metodológico en forma retroactiva.
Índice General de Competitividad Estatal 2010
Comparado con otros países*
En promedio, los estados incrementaron 2% su
calificación relativa mejorando en 62 indicadores, retrocediendo en 41 y manteniéndose en 17.
De las 32 entidades, 16 se encuentran debajo del
Las entidades mexicanas se ubican entre la posición 24 y 28 del Índice Internacional del IMCO
2009 (con datos al 2007), por lo que ninguna de
ellas es competitiva a nivel internacional.
El estudio destaca que entidades como Nuevo
León y el Distrito Federal tengan una inversión
bruta de capital fijo que duplica a la de Chile, pero
sólo lo pueden aventajar un lugar en el Índice de
Competitividad Internacional 2009 del IMCO.
¿Qué hicieron bien los gobiernos
Al comentar los resultados generales, Juan Pardinas, Director de Finanzas Públicas del IMCO,
destacó a Sinaloa como el estado que más avanzó
en este Índice de Competitividad Estatal: del lugar
18 que tenía en el estudio anterior, ahora ocupa
el sitio 10 (ver tabla adjunta).
En el tema de Economía dinámica y estable,
“que tiene mucho con el control de las finanzas
públicas y el crecimiento económico local”, Tlaxcala mejoró 57%, Tamaulipas y Durango 49%,
Sinaloa 46% y Zacatecas 46%. Estas entidades
se distinguieron por reportar una menor deuda
directa, un crecimiento constante y acelerado del
PIB, mayor cobertura de la banca y un mercado
hipotecario más grande.
Asimismo, en el tema de Gobierno eficiente y
eficaz, Pardinas señaló que varias entidades han
mejorado los servicios públicos y el manejo de
sus finanzas públicas. Entre ellas figuran el Estado de México, que mejoró 32%; Morelos, 31%;
Tlaxcala, 27%; Zacatecas, 24%; e Hidalgo 22%.
Este grupo promovió el crecimiento en inversión
pública, obtuvo una mayor autonomía fiscal, una
nómina menos costosa y otorgó mayor facilidad
¿Y en qué retrocedieron?
Los factores que presentaron mayores retrocesos
relativos entre 2006-2008 fueron Sistema político
estable y funcional, Sectores precursores de clase mun-
Francia (15)	Distrito Federal	Nuevo León	Querétaro	Coahuila	Aguascalientes	Baja California	Baja California Sur	Chile (25)	Tamaulipas	Chihuahua	Sinaloa	Sonora	Campeche	Quintana Roo	Jalisco	Colima	Morelos	San Luis Potosí	Yucatán	Tlaxcala	Zacatecas	Durango	Guanajuato Nayarit	Brasil (31)	Puebla	México-país (32)	Michoacán	Veracruz	Hidalgo	Estado de México	Tabasco	China (38)	Chiapas	Guerrero	Oaxaca	Nicaragua (48)	Posición en	el Índice 2008	Posición en	el Índice 2006	Variación
-	1	2	3	4	5	6	7	-	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	-	24	-	25	26	27	28	29	-	30	31	32	-	-	1	2	3	5	4	6	7	-	12	8	18	10	14	9	11	13	17	15	19	21	22	23	20	16	-	24	-	26	25	30	28	29	-	27	31	32	-	0
Promedio de las entidades: 43.5	* En el caso de los países, se toman en cuenta los resultados
del Índice de Competitividad Internacional 2009, elaborado por el IMCO.
dial y Aprovechamiento de las relaciones internacionales, siendo éste último, el factor que presentó la
mayor caída. Fueron 24 las entidades que empeoraron su calificación respecto a 2006 como consecuencia de: una caída de 1.4% en las entradas
y salidas de personas al extranjero; una caída de
7% en los ingresos por turismo; y el acceso limitado a productos provenientes de países distintos a
Estados Unidos. n
edición cincuenta y ocho > 47
Por Paula Sepúlveda Kischinevsky
Aprendiendo de Obama:
lecciones para una estrategia
Estados Unidos, 2009, 49 pp.
a asunción de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos no se puede comprender sin la estrategia que realizó
su equipo de campaña en medios electrónicos, particularmente en Internet.
Independientemente del contexto histórico o los atributos particulares que tuvo
su candidatura, existieron características
de la estrategia en línea que resultaron ser
innovadoras y, a la postre, exitosas.
Este libro electrónico es una compilación
de los artículos escritos por Colin Delany
durante el proceso electoral de 2009. En
49 páginas, el autor –que ha sido consultor
de promoción política en línea desde 1999–
ofrece un panorama general de lo que fue la
campaña en Internet del hoy presidente de
Estados Unidos, y que incluyó una estrategia en redes sociales, una página personal
y un correo electrónico del candidato. También se describen las estrategias empleadas
para organizar a los voluntarios y para la
Aunque el equipo de Obama destacó
frente a sus contrincantes políticos por
utilizar nuevas técnicas durante la campaña electoral, su motivación principal era
“alcanzar resultados políticos medibles”,
por lo cual se emplearon modelos que se
podían replicar con facilidad en cada plaza
visitada por el candidato.
La estrategia en Internet debía alcanzar
objetivos concretos, focalizados y medibles
tanto en Internet como en el mundo real.
Por ello, la comunicación en línea fue
cuidadosamente orientada y dirigida; los
mensajes se enviaron a la gente adecuada
en el momento adecuado; la relación con
los simpatizantes era de “ida y vuelta”, es
decir, podían tomar ciertas decisiones y
tener acceso a información. Los voluntarios significaron un recurso esencial de la
campaña, por los que recibieron un trato
preferencial. Los mensajes de texto enviados a sus teléfonos celulares fomentaban
la cercanía con ellos y les hacía “parte del
Pero a pesar del éxito en la utilización
de recursos tecnológicos y de comunicación, el principal acierto de la campaña
de Barak Obama fue la administración y
relación con sus partidarios, que fue cuidadosamente administrada. La campaña
conformó un equipo de personas cuya vida giró en torno al mismo objetivo durante
casi dos años: hacer presidente de Estados
Unidos a su candidato.
De acuerdo con el autor, durante este
proceso se logró una efectividad por encima de cualquier campaña política antes
vista, y todo gracias a una idea fundamental: “se puede confiar en la gente que
trabaja para ti, si les das las herramientas
y la capacitación adecuadas”. n
El arribo de la factura electrónica
La obligatoriedad del uso de la factura electrónica a partir del próximo año no es un asunto menor. Si bien es cierto que la inmensa mayoría de las transacciones se realizarán entre privados, la disposición proviene del ámbito público; es pues, una política pública que afectará a millones. Su instauración será conflictiva, sin lugar a dudas, pero si la autoridad se sostiene firme en su aplicación, y castiga a quienes deba castigar por no emplearla, al cabo de algunos meses el mundo de las transacciones comerciales en México será distinta.