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Timestamp: 2019-08-19 10:30:07
Document Index: 374445475

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 251', 'artículo 27', 'artículo 45', 'artículo 36', 'artículo 36', 'De lege ferenda', 'artículo 38', 'artículo 38']

Foro Manchego 94 Thursday, 19 September 2013
En este número de Foro Manchego vamos a analizar una cuestión realmente interesante, y que en muchas ocasiones se nos va a plantear en la actividad profesional dentro del turno de oficio. Se trata de aquellos supuestos en donde el Juzgado ha dictado una sentencia favorable al beneficiario de justicia gratuita, pero no ha impuesto las costas a la parte contraria.
En principio, la primera pregunta que se nos puede plantear es la de si, en cualquier caso, puesto que se trata de un beneficiario de justicia gratuita, y dado que no hay condena en costas a la parte contraria, es posible o no repercutir al beneficiario el coste del procedimiento relativo a la actividad profesional desarrollada en su defensa.
En relación con esta cuestión, tenemos que tener en cuenta lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita: “ Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita, deberá éste pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido. Si excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus diversas partidas.”1
SEGUNDO.- Por lo expuesto en el razonamiento jurídico anterior, procede estimar el recurso de apelación interpuesto, revocando el auto recurrido, declarándose haber lugar a la admisión a trámite del Expediente de Jura de cuentas promovido por el Procurador”.
Por lo tanto, este “lo obtenido” no es ni equiparable a venir a mejor fortuna, ni tampoco equiparable a “incremento patrimonial”. Pero entonces, ¿a qué criterio podemos acudir para determinar el límite de la tercera parte de “lo obtenido” en todos estos supuestos de determinación compleja? Vamos a intentar buscar una respuesta a esta pregunta, si bien, como vemos, resulta complicado encontrar una solución clara.
En primer lugar, cabría aplicar analógicamente los criterios de determinación de la cuantía de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Así, por ejemplo, en relación con las prestaciones periódicas, podríamos aplicar el artículo 251 regla séptima de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece el importe de la cuantía el de una anualidad multiplicado por diez.
Esta podría ser la solución más acorde con la literalidad de la Ley, según los principios manifestados hasta ahora, y por eso la establecemos como punto de partida. Se aplica analógicamente los criterios de valoración económica de los procedimientos, lo que parece en principio más objetivo para determinar un valor económico de todos los pronunciamientos judiciales (“obtenciones”) que inicialmente puedan ser complicados de cuantificar. Puede ser una forma objetiva de determinar el contenido económico del fallo de la sentencia.
Pero una primera duda al respecto nos surge examinando la doctrina. En concreto, Nieto Guzmán de Lázaro, en un análisis muy acertado del problema, nos dice lo siguiente: “Sin embargo, la cuestión no es tal clara en su aplicación práctica, al margen del supuesto de una reclamación económica pura, por cuanto detrás de una pretensión siempre subyace un contenido económico. ¿A qué se refiere ese “lo obtenido”? Si, por ejemplo, se reclama un bien y se obtiene, ¿cabe girar minuta hasta un tercio de su importe? Habremos de analizar cada caso concreto y ver si lo obtenido modifica sustancialmente la situación económica del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita y estará en la propia conciencia y criterio del Letrado -siempre con la supervisión de la Junta de Gobierno y previsiones de los reglamentos colegiales y, en último término, desde luego, de los órganos judiciales- el girar o no minuta que pudiera ser especialmente gravosa para el beneficiario- en determinados supuestos en los que ha obtenido algún bien o derecho podría carecer incluso de liquidez para afrontar su pago-. Incluso supuestos en los que se puedan obtener una prestación económica pueden existir dudas al respecto: pensemos en una pequeña pensión de alimentos o de viudedad/invalidez en los que la minuta, por aplicación de los criterios de minutación colegial, puede suponer la cuantía de varios meses de dicha pensión; o la disolución de la sociedad de gananciales o división de cosa común (el mismo patrimonio ya lo tenía al serle reconocido el derecho y ahora se trata de adjudicarle suparte). Quede ahí la reflexión al respecto” 3.
Efectivamente, parece que no es de justicia material que por la percepción de una pequeña pensión de alimentos, haya que abonar una cantidad equivalente a una pluralidad elevada de mensualidades de la misma en concepto de minuta, tras el procedimiento judicial para su obtención; por lo que el justiciable, en realidad, no percibe ningún beneficio de la sentencia.
En relación con esta cuestión, otros Colegios, como el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, establecen en sus respectivos reglamentos, en concreto este Colegio mencionado en su artículo 27, que con carácter general, no se permite girar honorarios en los siguientes supuestos: disolución de la sociedad de gananciales, división de la cosa común, y pensiones compensatorias, de alimentos o de invalidez. Todo ello, salvo que las mismas supongan un cambio sustancial en la situación económica del beneficiario del derecho que habrá de analizarse en cada caso concreto y previo conocimiento del propio Colegio de Abogados.
Pero a mi juicio, el criterio más importante que habría que utilizar, es precisamente el del fin último de la propia existencia del derecho de asistencia jurídica gratuita, que no es otro que el acceso a la justicia de aquellas personas que no tienen medios económicos para ello.
En este sentido hay que mencionar igualmente que en la jurisprudencia que he podido examinar se barajan supuestos donde aparece la percepción de una cantidad líquida por parte del beneficiario de justicia gratuita. En este punto, es de destacar la motivación específica que aparece especialmente en la sentencia antes mencionada de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que decía lo siguiente: “Tanto el artículo 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL2000/77463 , como el artículo 36.3 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, deben de ser interpretados en base a la finalidad perseguida con la institución de la asistencia jurídica gratuita: que nadie se vea privado e defender sus derechos ante los Tribunales, por carecer de recursos económicos para ello. Una vez alcanzado este objetivo...”.
Podemos establecer, por lo tanto, que el criterio interpretativo rector que debe aplicarse sobre esta cuestión no es otro que el de la propia finalidad del beneficio de justicia gratuita, esto es, que nadie se vea privado de defender sus derechos ante los Tribunales.
Por ello, dicho precepto, y en concreto, la cuantificación de “lo obtenido”, debe dar lugar a que sea suficiente (“lo obtenido”) para que el pago de los honorarios no impida, incluso a posteriori, el acceso a la justicia. Esto es, que en el supuesto de ganar un procedimiento, no suponga que el beneficiario deba abonar más allá de lo que líquidamente posee en el momento de la terminación del procedimiento; o dicho de otro modo, creemos que debe relacionarse el concepto de “lo obtenido” que baraja el artículo 36.3 de la Ley, con el concepto de liquidez en el momento de terminación del procedimiento de lo obtenido, dejando de lado las prestaciones futuras y periódicas (salvo que excepcionalmente se pudiera argumentar lo contrario). De hecho, si se examinan las sentencias, se verá que se justifica materialmente la liquidez en cantidades concretas y existentes de dinero en el momento de minutar, y en todos los casos, dichas cantidades existen, con independencia de otras prestaciones periódicas u otros derechos. Por lo tanto, cabe concluir que, para respetar el derecho de acceso a la justicia, “lo obtenido” a efectos de determinación del tercio, debe interpretarse desde un punto de vista de existencia de liquidez patrimonial para hacer frente a la minuta requerida o solicitada en lo percibido en el procedimiento. Sin la existencia de dicha liquidez objetiva en “lo obtenido”, no se puede aplicar dicho precepto, puesto que supondría ir en contra del sentido último de la norma.
Por lo tanto, en resumen, y en conclusión, quien escribe entiende que en los supuestos de obtención en sentencia de prestaciones periódicas, liquidación de bienes (sociedad de gananciales) y en esta serie de supuestos complejos, deberían aplicarse las siguientes consideraciones:
1º.- De lege ferenda, sería conveniente que en el Reglamento del Turno de Oficio del Colegio de Abogados apareciera regulada la cuestión, al modo de como se hace en el Colegio de Abogados de Madrid, en el sentido impedir girar honorarios en los supuestos de disolución de la sociedad de gananciales, división de la cosa común, y sobre todo de pensiones compensatorias, de alimentos o de invalidez. Todo ello, salvo que las mismas supongan un cambio sustancial en la situación económica del beneficiario del derecho que habrá de analizarse en cada caso concreto y previo conocimiento del propio Colegio de Abogados a través de los mecanismos que se establecieran al respecto.
2º.- En tanto en cuanto no existe dicha normativa, entiende quien escribe que el criterio debe ser el de equiparar el concepto de “lo obtenido” con el de liquidez objetiva, a fin de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia, de tal forma que debe ser suficiente el líquido obtenido por el beneficiario del procedimiento para afrontar dicho coste.
1 El anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 11 de enero de 2013, incluye literalmente el mismo texto en el artículo 38.3.
2 El Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 11 de enero de 2013 recoge textualmente esta obligación en el artículo 38.4, estableciendo incluso un plazo máximo de 15 días para hacerlo, que es la única novedad de dicho precepto respecto a la normativa actual en relación con este problema específico.
3 Nieto Guzmán de Lázaro, Turno de oficio y justicia gratuita. La Ley. Madrid, 2008, páginas 201 y 202
Last Updated on Wednesday, 26 February 2014 11:17