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Timestamp: 2018-10-17 08:00:46
Document Index: 183465097

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1131', 'ARTÍCULO 86', 'artículo 241', 'artículo 1131', 'artículo 86', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 86', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 1131', 'artículo 1131', 'artículo 86', 'artículo 13', 'artículo 1131', 'artículo 13', 'artículo 1127', 'artículo 1055', 'artículo 1131', 'artículo 86', 'artículo 4', 'artículo 84', 'artículo 1037']

﻿ SENTENCIA C-388 DE ABRIL 23 DE 2008
SENTENCIA C-388 DE 23 DE ABRIL DE 2008
CONTENIDO:SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL. DIFERENCIA EN CUANTO AL MOMENTO A PARTIR DEL CUAL CORRE LA PRESCRIPCIÓN SEGÚN SE TRATE DE LA VÍCTIMA O DEL ASEGURADO. SE DECLARAN EXEQUIBLES ALGUNAS EXPRESIONES DEL ARTÍCULO 1131 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY 45 DE 1990.
TEMAS ESPECÍFICOS:SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL, ASEGURADO
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:439 DE JULIO DE 2008, PG.1208
Sentencia C-388 de abril 23 de 2008
Diferencia en cuanto al momento a partir del cual corre la prescripción según se trate de la víctima o del asegurado.
EXTRACTOS: «En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero demandó la inconstitucionalidad del artículo 1131 (parcial) del Código de Comercio, (modificado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990), así como del inciso segundo del artículo 4º de la Ley 389 de 1997, por considerar que vulneran el artículo 13 de la Constitución Política. [...].
ART. 1131.—<Ocurrencia del siniestro>. <Artículo subrogado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990> En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”.
“LEY 389 DE 1997
2. Asunto previo. Inhibición respecto del artículo 4º de la Ley 389 de 1997.
En cuanto a la disposición contenida en el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 389 de 1997, el cargo formulado por el demandante consiste en que se estaría permitiendo que entre asegurador y asegurado se pacten límites temporales de cobertura inferiores al término señalado para la prescripción de la acción del asegurado contra la aseguradora, circunstancia que, según el demandante, comportaría la vulneración del derecho a la igualdad del asegurado en relación con la víctima, por cuanto podría darse que la reclamación de la víctima se viniera a producir por fuera del término estipulado entre asegurado y asegurador en el respectivo contrato, lo cual conduciría a una situación en la cual el asegurado tendría vigente su acción contra el asegurador, pero carecería sin embargo de cobertura.
Cabe advertir, que en apariencia se formula un cargo de igualdad, dado que lo que realmente plantea el demandante es una supuesta inconveniencia para los intereses patrimoniales del asegurado, razón que “per se” resulta suficiente para concluir que lo procedente es emitir una decisión inhibitoria, dada la ausencia de cargo inconstitucionalidad.
Corresponde a la Corte pronunciarse de fondo solo en relación con el artículo 1131 del Código de Comercio.
3. Problema jurídico que debe resolver la Corte
El ciudadano Andrés Eduardo Dewdney Montero demanda la inconstitucionalidad del artículo 1131 (parcial) del Código de Comercio, modificado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990, por la supuesta vulneración del artículo 13 de la Constitución Política.
En este orden de ideas, el problema jurídico que se le plantea a la Corte es el siguiente: ¿Viola el legislador el principio de igualdad al establecer de modo diferente, en relación con el contrato de seguro de responsabilidad, el momento de ocurrencia del siniestro para la víctima y para el asegurado?
4. Análisis del artículo 1131 del Código de Comercio.
“En relación con el primer aspecto —a saber la violación del principio de igualdad—, ha de reiterarse que la jurisprudencia ha precisado, de manera invariable que en desarrollo de dicho principio contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles (1) .
La corporación ha establecido también en múltiples ocasiones que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable (2) . La Corte ha acudido entonces a un instrumento metodológico —sobre cuyo alcance y límites se ha pronunciado reiteradamente (3) —, para verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado (4) .
Se busca así establecer en cada caso i) si se está frente a supuestos de hecho diversos o si estos son comparables; ii) si el fin perseguido por la norma es un fin objetivo y legítimo a la luz de la Constitución; iii) si los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad entre ellos; iv) si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido; b) los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes (5) .
Respecto de la primera condición, cuyo incumplimiento impide que se desarrolle el instrumento metodológico expresado (6) la Corte ha precisado que el derecho a la igualdad que consagra la Constitución es objetivo y no formal, puesto que se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción esta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos (7) .
Desde esta perspectiva solamente resulta posible establecer la eventual vulneración del principio de igualdad cuando las situaciones de hecho que se comparan atienden a dichos presupuestos (8) ” (9) .
El seguro de responsabilidad aparece definido en el artículo 1127 del Código de Comercio (10) como aquel que “impone a cargo del asegurador la obligación de indemnizar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra de acuerdo con la ley y tiene como propósito el resarcimiento de la víctima, la cual, en tal virtud, se constituye en el beneficiario de la indemnización, sin perjuicio de las prestaciones que se le reconozcan al asegurado”, siendo asegurables bajo dicha modalidad tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual y también la culpa grave, con la restricción señalada en el artículo 1055 del aludido ordenamiento.
A lo anterior hay que agregar que el asegurado puede tener además, la condición de tomador del seguro, y como tal tendrá igualmente la condición de parte en el contrato de seguro (11) , mientras que, en términos generales, la víctima del siniestro no ostenta la calidad de parte en el contrato de seguro sino de tercera que recibirá la correspondiente indemnización.
Otra diferencia particularmente relevante entre la víctima y el asegurado, en el contrato de seguro de responsabilidad, surge desde el punto de vista de la información de la cual disponen una vez ocurrido el siniestro, para efectos del amparo que del mismo se deriva. En efecto, la existencia misma del contrato de seguro, así como las condiciones pactadas en dicho contrato pueden ser desconocidas por completo por la víctima, mientras que serán plenamente conocidas por parte del tomador-asegurado. De otra parte, la ocurrencia del siniestro es conocida por la víctima desde la ocurrencia del mismo, pudiendo suceder que sin la presentación que esta haga de la correspondiente reclamación, el asegurado no hubiese tenido siquiera noticia de su acaecimiento. A tal circunstancia se hizo alusión por parte de algunos de los intervinientes, señalando incluso que “el acaecimiento del daño es el único conocimiento de que, con certeza, dispone la víctima”.
En efecto, la multiplicidad de diferencias entre la posición jurídica de la víctima del siniestro y la del asegurado, con respecto al contrato de seguro de responsabilidad, pone en evidencia que no es igual, por lo que el presupuesto de hecho que constituye “conditio sine qua non” para la exigencia de un mismo trato jurídico no ocurre en el presente caso.
Cabe precisar, que la norma demandada dispuso que se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, siniestro que siendo un hecho sucede en un momento determinado, y sobre este no se ha establecido una diferencia entre la víctima y el asegurado.
4.4. Las circunstancias mencionadas tornan legítimo el trato distinto dado por el legislador a los sujetos destinatarios de la disposición acusada, haciendo innecesaria la aplicación del juicio de igualdad. Por lo tanto, la Corte proceda a declarar la exequibilidad de la disposición acusada.
1. Declarar EXEQUIBLES, por el cargo analizados, las expresiones “en el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro...” y “frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial”, contenidas en el artículo 1131 del Código de Comercio, modificado por el artículo 86 de la Ley 45 de 1990.
2. Declararse INHIBIDA para fallar en relación con el inciso segundo del artículo 4º de la Ley 389 de 1997.
(Sentencia C-388 de 23 de abril de 2008. Magistrada Ponente: Dra. Clara Inés Vargas Hernández).
(1) Ver Sentencia C-100 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(2) Ver, entre muchas otras, la Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(3) La metodología de análisis para establecer una eventual vulneración al principio de igualdad ha ocupado varias veces a la Corte Constitucional, entre otras pueden verse las siguientes sentencias: T-422 de 1992, C-230 de 1994 y C-1141 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-410 de 1994, C-507 de 1997 y C-952 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-265 de 1994, C-445 de 1995 y C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-673 de 2001 y C-980 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, A.V. Jaime Araújo Rentería, C-1191 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, C-973 de 2002 y C-043 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis, S.P.V. Manuel José Cepeda Espinosa; C-475 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, A.V. Jaime Araújo Rentería.
(4) Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994, C-022 de 1996, C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-1108 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-1191 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, C-043 de 2003 y C-100 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(5) Sentencia C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(6) En múltiples oportunidades esta corporación ha explicado que: “la aplicación de los “tests” de razonabilidad y proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (...) El orden de estas etapas corresponde a necesidades no solo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente solo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior”. Ver sentencia C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido, ver sentencias T-230 de 1994, T-563 de 1994, C-337 de 1997, T-454 de 1998, T-861 de 1999, C-445 de 1995, C-673 de 1999, C-093 de 2001, C-586 de 2001, C-742 de 2001, C-233 de 2002, C-1116 de 2003, entre otras.
(7) Corte Constitucional. Sentencia C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(8) Ver sentencia C-1063 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(9) Sentencia C-992 de 2006, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(10) Subrogado por el artículo 84 de la Ley 45 de 1990.
(11) Código de Comercio, artículo 1037.