Source: https://acedicilsa.com/2015/02/08/especial-sobre-democracia-en-el-sistema-interamericano-parte-ii-la-democracia-como-derecho-exigible/
Timestamp: 2018-01-23 01:46:41
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Especial sobre Democracia en el Sistema Interamericano. Parte II: la Democracia como Derecho Exigible | Acedi * Cilsa
Especial sobre Democracia en el Sistema Interamericano. Parte II: la Democracia como Derecho Exigible
Acedi / February 8, 2015
Por Ana Milena González Román. Candidata a Magister en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana. Abogada de la misma Universidad. Especialista en Derecho Sustantivo y Contencioso Constitucional de la Pontificia Universidad Javeriana.
Esta es la segunda parte del Especial sobre Democracia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). Para conocer la primera entrega, visitar: Especial sobre Democracia en el Sistema Interamericano. Parte I: la Democracia en la OEA.
Democracia, un derecho exigible ante el SIDH
La Carta de la OEA establece que la organización no tiene más facultades que aquellas que expresamente le confiere la presente Carta, ninguna de cuyas disposiciones la autoriza a intervenir en asuntos de la jurisdicción interna de los Estados miembros. Igualmente, contempla que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga[1], lo cual deberá enmarcarse dentro del régimen de la democracia representativa.
En este sentido se ha expresado el Comité Jurídico Interamericano, declarando que: “Todo Estado del Sistema Interamericano tiene la obligación de ejercer efectivamente la democracia representativa en su sistema y organización política. Esta obligación existe frente a la Organización de los Estados Americanos y para su cumplimiento, todo Estado del Sistema Interamericano tiene el derecho a escoger los medios y formas que estime adecuados”[2].
Al mismo tiempo, la OEA ha manifestado y continua reiterando la determinación de adoptar un conjunto de procedimientos eficaces, oportunos y expeditos para asegurar la promoción y defensa de la democracia representativa de conformidad con la Carta de la OEA[3], consagrados en distintos instrumentos y mencionados en el acápite II de éste escrito, los cuales progresivamente han procurado fortalecer la democracia en el hemisferio. Como ha quedado establecido, uno de dichos instrumentos es la Carta Democrática Interamericana, el más completo en la materia, el cual establece en su artículo inicial: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla. – La democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas”.
Reconociendo y considerando que existen distintos matices de la democracia, los Estados Miembros establecieron en los artículos 3 y 4 de la CDI los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia respectivamente, de manera que es posible identificar los valores comunes y mínimos democráticos que deben cumplir y respetar los Estados Parte.
Son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos (Artículo 3).
Por su parte, son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al estado de derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia (Artículo 4).
Adicionalmente, los artículos 7[4] y 8[5] de la CDI reafirman la voluntad de los Estados al acceso a la justicia de las personas sometidas a su jurisdicción mediante el sistema de peticiones individuales ante el SIDH, ¡he aquí la cuestión! Una lectura ordenada de la Carta, -artículo tras artículo, indica: i) la democracia es un derecho ii) la democracia tiene elementos esenciales y componentes fundamentales y iii) existe la posibilidad de acudir al Sistema Interamericano de derechos humanos cuando quiera que estos hayan sido vulnerados.
Lo anterior, debería llevarnos a indagar si el artículo 8 de la Carta Democrática se limita a reiterar lo establecido en la Carta de la OEA[6] y la Convención Americana Sobre Derechos Humanos[7] o, por el contrario, abre la posibilidad de exigir el derecho a la democracia ante las instancias del Sistema Interamericano. Esto es, abre la posibilidad de exigir la democracia como derecho. Dicho análisis resulta interesante en tanto que, surgen una serie de posibilidades e interpretaciones novedosas. A continuación se profundizará en aquella que nos permitiría judicializar el derecho a la democracia. Esta posibilidad emerge de una interpretación progresista y coherente con el derecho internacional de los derechos humanos, rama del derecho con la que guarda una estrecha y armónica relación.
Antes de iniciar este análisis y de la presentación de la propuesta de la justiciabilidad de la democracia vía mecanismo de casos y peticiones ante la CIDH y –eventualmente ante la CorteIDH-, conviene recordar que como señalaba Rousseau la interpretación de los tratados no es sino una modalidad particular del ejercicio de una función jurídica que conviene encarar en la teoría general como la operación intelectual que consiste en determinar el sentido del acto jurídico, precisar su alcance y esclarecer los puntos oscuros o ambiguos[8]. A continuación se procede a hacer esta operación desde la Carta Democrática Interamericana, artículo 1.
Interpretación de la Carta Democrática Interamericana en el marco de los principios del derecho internacional
La Resolución XXXI denominada “Corte Interamericana para Proteger los Derechos del Hombre”, consideró que la protección de esos derechos debía “ser garantizada por un órgano jurídico, como quiera que no hay derecho propiamente asegurado sin el amparo de un tribunal competente”[9]. (Subrayado fuera de texto)
En razón de lo anterior y con el fin de optimizar el “derecho a la democracia” -desarrollado desde la Carta de la OEA, hasta en tratados de derechos humanos y- reconocido en la Carta Democrática –como ha sido señalado supra- , seguidamente se analizará los argumentos de hecho y de derecho que permitirían su exigibilidad a través del SIDH, esto es ante la CIDH y la Corte Interamericana, siendo la Corte el órgano jurisdiccional por excelencia de la región. Dicho análisis se hace considerando que a la fecha ninguna persona, grupo de personas u ONGs habría invocado los artículos 7 y 8 de la Carta Democrática ante la CIDH y/o la Corte IDH.
Ahora bien, consciente de que no todos los Estados Parte de la OEA han aceptado la competencia de la Corte Interamericana en materia contenciosa ni han ratificado la Convención Americana, la presente propuesta se limita a aquellos Estados partes que así lo hayan hecho o llegaren a hacerlo. En todo caso, el análisis de una presunta vulneración del derecho a la democracia respecto de un Estado parte de la OEA también sería posible en instancias de la Comisión, teniendo como instrumento base la Declaración Americana.
Reconociendo además, que la competencia ratione materiae de la Comisión y de la Corte IDH está limitada a lo establecido en los instrumentos interamericanos[10], y no existiendo competencia contenciosa que emane directamente de la Carta Democrática, se proponer exigir los elementos esenciales de la democracia a través del artículo 23 (derechos políticos) de la Convención Americana[11], esto considerando: i) El Principio pacta sunt servanda y/o principio de buena fe: los Estados tiene la obligación regional de tener gobiernos democráticos, obligación derivada de ratificar la Carta de la OEA y la CADH, así como también por constituirse en opinio iuris de la región ii) Principio pro personae (artículo 29 de la CADH): permite la interpretación más favorable de los derechos iii) Principio ut res magis valeat quam pereat (abreviado “ut res) o también denominado principio del effect utile: la democracia es condición sine qua non para el respeto de los derechos humanos y viceversa y iv) la tendencia mundial de observar la democracia como obligación internacionalmente exigible[12].
Previo realizar el análisis del SIDH como mecanismo de protección a la democracia, a partir de los principios indicados en el párrafo inmediatamente anterior, resulta pertinente traer a colación el artículo 23 de la CADH a fin de recordar su contenido, pues esta normativa facilitará la presentación de las razones por las cuales la judicialización de la democracia es posible. El Artículo 23 de la Convención, Derechos Políticos, al tenor literal dispone[13]:
c. de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país
De este modo, se observa que el artículo 23 de la CADH se refiere de manera significativa a algunos de los elementos esenciales de la democracia más no a todos los enunciados en la Carta Democrática (Ej, contar con un régimen plural de partidos y organizaciones políticas y la separación e independencia de los poderes públicos)[14], los cuales podrían ser exigidos a un Estado Parte, cuando quiera que se considere que alguno de estos elementos estuviere afectado, esto sobre la base de la obligación regional contenida en todo el conjunto de instrumentos interamericanos y definidos específicamente en la Carta Democrática Interamericana[15].
Lo expuesto revela una transición y evolución de la democracia, de manera que además de ser criterio de interpretación de las disposiciones normativas de la Convención Americana y los instrumentos sobre los cuales tiene competencia, para ampliarlas o limitarlas, como efectivamente ha sido y es usado por la Corte IDH, podría ser un derecho amparado y exigible ante las instancias del Sistema Interamericano[16].
Previo a iniciar el análisis de cada uno de los principios que nos permitirían la exigibilidad de la democracia y fundamentan la propuesta de interpretación, conviene traer a colación lo advertido por uno de los jueces más reconocidos en el campo del derecho internacional y los derechos humanos, el H. Juez Augusto A. Cançado Trindade, reconocido no solo por su ingenio y lucidez, sino por su constante e incansable labor de contribuir a la progresividad del derecho internacional, a quién me permito citar con el fin de indicar sus consideraciones frente a la interpretación de los instrumentos internacionales, quien señala:
“los elementos que componen la regla general de interpretación de tratados (formulada en el artículo 31(1)[17] de las dos Convenciones de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969 y 1986), – a saber, la buena fe, el texto, el contexto, y el objeto y propósito del tratado, – se encuentran conyugados en una misma formulación, precisamente para señalar la unidad del proceso de interpretación. Subyacente a aquella regla general de interpretación encuéntrase el principio ut res magis valeat quam pereat, ampliamente respaldado por la jurisprudencia internacional, y que corresponde al llamado effet utile (a veces denominado principio de la efectividad), en virtud del cual hay que asegurar a las disposiciones convencionales sus efectos propios en el derecho interno de los Estados Partes”[18]. (Subrayado fuera de texto)
De manera que, si bien Cançado Trindade se refiere a tratados y específicamente de derechos humanos, su afirmación es aplicable a la interpretación de los tratados en general e incluso a Resoluciones como a la que se hace referencia en este documento, a saber la Carta Democrática Interamericana, como documento interpretador de la Carta Constituyente de la OEA, el cual, explícitamente se refiere al derecho a la democracia, que si bien no deriva directamente de una disposición convencional, recoge la opinio iuris históricamente reconocida por los Estados Miembros como ha sido ya señalado.
Lo expuesto, permite verificar que considerar la posibilidad de exigir el derecho a la democracia en el SIDH es legítimo. Dicha conclusión es posible, en tanto y en cuando una interpretación sistemática de la normativa interamericana evidencia la voluntad reiterada y libre de los Estado en organizarse como gobiernos democráticos; obligación regional que genera un consecuente derecho, el derecho a la democracia, el cual se ve fortalecido con los principios que a continuación se proceden a desarrollar.
Como es conocido por la comunidad internacional, el principio de no intervención se instituye como uno de los principios fundantes y básicos de las relaciones internacionales, el cual como su nombre indica, involucra el deber de abstención de organizaciones y Estados de no intervenir en asuntos domésticos de otro Estado. En este sentido, la Carta de la OEA establece como uno de sus propósitos esenciales en su artículo 2. b) “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”, adicionalmente establece el artículo 3.e: “Todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otro Estado”[19].
En razón de este principio, seguramente algunos calificarían de insólita y quizá inconveniente la propuesta acá planteada -esto es hacer exigible el derecho a la democracia-, por quebrantar el principio de no intervención y transgredir la soberanía de aquel Estado contra el que se llegaré a tramitar un caso por presunta vulneración del derecho a la democracia. Pues una vez la Comisión Interamericana y Corte IDH declararan la responsabilidad internacional del Estado, tendrían la facultad de emitir recomendaciones y órdenes, respectivamente, con el fin de restablecer el ejercicio efectivo de este derecho, que se traducirían en una intervención al Estado.
Previendo ello, por avanzada quisiera advertir que, como ha sido reseñado a lo largo de este documento, los Estados Parte de la OEA voluntariamente aceptaron la democracia como principio organizador, adquiriendo así la obligación de ejercer la democracia representativa en su organización política. Acertadamente Beatriz M. Ramacciotti[20] ha indicado que “[la] profusa difusión y aplicación de [los] principios democráticos, ha impactado a su vez, en los principios tradicionales básicos del derecho internacional, an­tes “intocables”. Uno de ellos es el relativo a la soberanía del Estado”, continúa Ramacciotti, “[e]n la actualidad los asuntos que pueden ser considerados de exclusiva competencia de la jurisdicción interna son pocos, porque casi todos los temas de las agendas domésticas son considerados en el ámbito multilateral, siendo objeto de una u otra forma de regulación internacional. En el caso del paradigma democrático este ha cambiado la noción de legitimidad para el recono­cimiento de gobiernos y su participación en el ámbito supranacional. Vale decir, un gobierno “no-democrático”, no será reconocido a nivel internacional ni podrá participar en determi­nadas organizaciones internacionales. Allí están las llamadas “cláusulas democráticas” en algunos acuerdos regionales que implican una […] opinio iuris sobre el respeto al Estado de derecho y la gobernalidad democrática”[21].
De manera que, adoptada la Carta de la OEA y sus modificaciones, los Estados Parte adquirieron la obligación americana de organizarse de acuerdo a lo dispuesto en la Carta Constitutiva y en los instrumentos del Sistema, -algunos de los cuales se ha hecho mención previamente-. Como resultado de esto, los Estados están en el deber de elegir el sistema político, económico y social adecuado bajo el modelo de democracia representativa, pues éste es “parte del Derecho Internacional de las Américas, saliendo del entorno de la jurisdicción exclusiva de los Estados únicamente en cuanto a sus elementos esenciales”[22] y por ser comunes, mínimos y estar explícitamente definidos, resultan exigibles a los Estados Miembros.
En este orden de ideas, “[e]l principio de no intervención y el derecho de cada Estado del sistema interamericano a elegir, sin injerencia externa, su sistema político, y social y a organizarse en la forma que más le convenga, no pueden amparar la violación de la obligación de ejercer efectivamente la democracia representativa en dicho sistema y organización”[23].
En ese entendido, se concluye que el principio de no-intervención se ha restringido significativamente por la voluntad de los propios Estados al obligarse libremente ante la OEA, comprometiéndose a incluir al interior de su organización la democracia representativa, considerada por estos como la única forma legítima de gobierno. Lo cual ha generado que, el Sistema Interamericano e incluso la Unión Europea, que también apoya formas democráticas de gobierno, no permiten que los Estados invoquen en algunas materias la excepción de asuntos de la jurisdicción interna[24].
En definitiva, el principio de no intervención aunque fundamental de las relaciones internacionales, no podrá ser invocado por un Estado Miembro de la OEA para incumplir a lo que voluntariamente aceptó y se adhirió, pues libremente consintió en la democracia representativa como modelo político, reconociendo posteriormente los elementos comunes y mínimos a través de la Carta Democrática interamericana, aprobada por unanimidad. Ello conlleva la obligación de respetar y no afectar los elementos esenciales y componentes fundamentales de la democracia.
Pacta Sunt servanda y buena fe
El principio fundamental del Derecho Internacional pacta sunt servanda universalmente reconocido como: “los pactos deben ser cumplidos”, prescribe que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe, esto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969[25].
Este principio involucra el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de tratados internacionales y las distintas fuentes del derecho internacional, en este sentido, la Carta de las Naciones Unidas establece en el preámbulo: “Nosotros los pueblos de las Naciones unidas resueltos […] a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional hemos decidido unir esfuerzos para realizar estos designios, los cuales seguidamente señala”[26].
Dado lo anterior, se concluye que los Estados están en la obligación de cumplir los instrumentos de la OEA, no solamente aquellos que per se tienen valor jurídico vinculante, sino todos aquellos que como la Carta Democrática Interamericana a pesar de ser expedidos mediante Resolución, constituyen prueba de normas consuetudinarias y proclaman aspiraciones comunes de los pueblos[27]; por tanto, siendo la consolidación de la democracia un propósito esencial de las Américas, las exigencias de la CDI deben ser cumplidas de buena fe[28].
Realizar una interpretación sistemática implica leer un tratado o mejor en este caso la Resolución como parte de un todo y no como un instrumento asilado, este ejercicio implica realizar una lectura articulada de la Carta Democrática con el corpus iuris interamericano en materia de democracia; pues solo así es posible concluir que existe un compromiso, o mejor obligación americana a cargo de los Estados de organizarse en el del marco de la democracia representativa, la cual ha sido evidenciada después de realizar el recorrido inicial realizado en este documento por el Sistema Interamericano.
Haciendo uso de este método, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló en la Opinión Consultiva No. 10, denominada Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la CADH, “que [e]l derecho americano ha evolucionado desde 1948 hasta hoy y la protección internacional, subsidiaria y complementaria de la nacional, se ha estructurado e integrado con nuevos instrumentos”. Citando a la Corte Internacional de Justicia, la Corte IDH recordó que: “un instrumento internacional debe ser interpretado y aplicado en el cuadro del conjunto del sistema jurídico en vigor en el momento en que la interpretación tiene lugar” (Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, pág. 16 ad 31). Por eso la Corte considera necesario precisar que no es a la luz de lo que en 1948 se estimó que era el valor y la significación de la Declaración Americana como la cuestión del status jurídico debe ser analizada [ésta], sino que es preciso determinarlo en el momento actual, ante lo que es hoy el sistema interamericano, habida consideración de la evolución experimentada desde la adopción de la Declaración”[29].
Reiterando su jurisprudencia consultiva y aplicándola en casos contenciosos, la Corte Interamericana ha reafirmado que “al dar interpretación a un tratado no sólo se toman en cuenta los acuerdos e instrumentos formalmente relacionados con éste (inciso segundo del artículo 31 de la Convención de Viena), sino también el sistema dentro del cual se inscribe (inciso tercero del artículo 31)”[30]. De conformidad con esta postura, […] ha afirmado que:
[A] manera de interpretación autorizada, los Estados miembros han entendido que [la Declaración Americana] contiene y define aquellos derechos humanos esenciales a los que la Carta [de la Organización] se refiere, de manera que no se puede interpretar y aplicar [esta última] en materia de derechos humanos, sin integrar las normas pertinentes en ella con las correspondientes disposiciones de la Declaración[31].
Asimismo, éste Tribunal ha señalado que esta orientación tiene particular importancia para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el que ha avanzado sustancialmente mediante la interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección. Sobre el particular, esta Corte ha entendido que tal interpretación evolutiva es consecuente con las reglas generales de interpretación de los tratados consagradas en la Convención de Viena de 1969. Tanto esta Corte […] como la Corte Europea […], han señalado que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales[32].
En este orden de ideas sería natural concluir que la Carta Democrática Interamericana no debe ser interpretada aisladamente, por el contrario, debe realizarse una interpretación sistemática y coherente con los principios y valores democráticos contenidos en instrumentos del Sistema Interamericano, que si bien no tiene carácter de tratado de derechos humanos, ha sido considerada como instrumento interpretativo de la Carta de la OEA, instrumento constituyente y por lo tanto fundamental del Sistema Interamericano, el cual se integra por distintos instrumentos que tienen como propósito esencial consolidar la democracia en la región como ha sido ya señalado. Igualmente, la Carta de la OEA no debe ser interpretada en materia de democracia sin intégrala con la CDI.
Se entendería entonces, que no solo es posible sino también coherente realizar una interpretación sistemática que permita exigir los elementos esenciales de la democracia a través del artículo 23 de la Convención a los órganos competentes, esto considerando que: i) la democracia tiene una relación de interdependencia con la protección y garantía de los derechos humanos; ii) dichos instrumentos se circunscriben dentro del mismo sistema, (SIDH –OEA) y iii) la democracia ha sido reconocida como derecho y en consecuencia es posible exigir su protección y amparo.
El principio en mención también conocido y desarrollado como principio pro homine, constituye un método interpretativo que se compone y define por el objetivo final que persigue y no por el método específico utilizado para desentrañar el contenido normativo, en el sistema interamericano este principio se encuentra contenido expresamente en el artículo 29 de la Convención Americana (referente a normas de interpretación); el cual establece:
En suma, este artículo prescribe la interpretación teleología de la protección de los derechos humanos, de manera que exige la interpretación más favorable de una disposición, prohibiendo la exclusión de distintos derechos y garantías propias del ser humano (no contemplados en la Convención) y la limitación de los efectos de la Declaración Americana y otros instrumentos incluso distintos a los del Sistema Interamericano, este artículo se refiere además explícitamente a la cuestión que acá nos ocupa, la forma democrática de gobierno, señalando que no debe descartarse y/o eliminarse las interpretaciones coherentes con la democracia representativa que arrojan derechos y garantías, lo que permitiría la exigibilidad de elementos esenciales y comunes de la democracia y en general la optimización del sistema.
Este principio aplica tanto las normas sustanciales como procesales que tengan incidencia directa en el derecho a la tutela judicial efectiva de derechos humanos, como son las garantías judiciales (debido proceso) y protección judicial (relacionado con el derecho a contar con un recurso sencillo, rápido y eficaz), denominado principio pro actione[33], luego entonces, debe existir un mecanismo adecuado para efectivo el derecho a la democracia, como lo sería un trámite ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Principio ut res magis valeat quam pereat o principio del effect util
La aplicación de éste principio para la presente cuestión implica que, los Estados partes de la OEA deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Carta Constitutiva y en la Carta Democrática Interamericana, sus efectos propios (effet utile) en el plano de sus respectivos derechos internos[34].
Al igual que el principio pro personae, este principio aplica no sólo respecto a normas sustantivas, sino también en relación con las normas procesales. Las disposiciones contenidas en los mencionados artículos deben ser interpretadas y aplicadas de manera que la garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presentes el carácter especial de los tratados de derechos humanos y su implementación colectiva[35].
En el caso Corfu Channel, la Corte Internacional de Justicia reiteró lo señalado con anterioridad por la Corte Permanente de Justicia Internacional, en el sentido que[36],
“[…] en lo que concierne a la pregunta específica sobre la competencia pendiente de decisión, podría ser suficiente observar que la Corte, al determinar la naturaleza y el alcance de una medida, debe observar su efecto práctico en lugar del motivo predominante que se conjetura la inspiró”[37].
En conclusión, las obligaciones adquiridas libremente por los estados Americanos deben generar los efectos queridos por los Estados, en el presente caso, garantizar el efectivo ejercicio del derecho a la democracia representativa, el cual será amparable verdaderamente cuando una persona, grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente constituida en uno o más miembros de la Organización pueda solicitar su respeto, garantía y restablecimiento[38].
Lo anterior, en tanto que si bien la CorteIDH ha sostenido que ‘[l]a democracia representativa es determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte’, y constituye ‘un ‘principio’ reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, instrumento fundamental del Sistema Interamericano’[39], es posible que necesitemos avanzar a su exigibilidad. Esto, considerando principalmente que los Estados voluntariamente reconocieron la democracia no solo como forma de gobierno, sino también como derecho y que, realizando una interpretación sistemática de los instrumentos relativos a la democracia en la OEA, en aplicación del principio de buena fe, pro personay y effect útil, su exigibilidad por lo menos en el plano teórica resulta posible.
Si bien no existe un modelo de democracia adecuado para todas las sociedades dado los factores históricos, tradicionales y culturales de cada Estado; cristalizada la opinio iuris americana en materia de democracia de manera especializada y única en la Carta Democrática interamericana, la mejor manera de prevenir crisis en la región es verificar el cumplimiento de sus elementos esenciales, bajo la premisa de la existencia de una obligación regional que da lugar al reconocido derecho a la democracia, el cual, analizado bajo el principio pacta sunt servanda y buena fe, principio pro personae y principio del effect utile, podría ser exigible ante la Corte IDH invocando el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos a fin de solicitar el efectivo restablecimiento de este derecho. Esto, existiendo actualmente la tendencia de observar la democracia como obligación internacionalmente exigible[40].
[1] Artículo 3.e de la Carta de la OEA. En este sentido ver también el artículo 19 de la Carta de la OEA.
[2] CJI/RES.I-3/95 y CJI/RES.23 (LVIII-O/01) denominada “la democracia en el sistema interamericano”
[3] Así fue contemplado en El Compromiso de Santiago de 1991
[4]Artículo 7.La democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de las libertades fundamentales y los derechos humanos, en su carácter universal, indivisible e interdependiente, consagrados en las respectivas constituciones de los Estados y en los instrumentos interamericanos e internacionales de derechos humanos.
[5]Artículo 8.Cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados pueden interponer denuncias o peticiones ante el sistema interamericano de promoción y protección de los derechos humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo.// Los Estados Miembros reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio.
[6] En este sentido, artículo 106 de la Carta de la OEA
[7] El Artículo 40.f de la CADH establece: La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: f. f. actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención. Artículo 44. Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado parte. Ver lo siguientes artículos.
[8] Citado en MONROY Cabra Marco Gerardo. Derecho de los Tratados, Segunda Edición. Editorial Leyer. Bogotá 1995. Ch Rousseau, Derecho internacional público profundizado, Buenos Aires, Editorial La Ley, 1966, Pág. 76
[9]Adoptada en la Novena Conferencia Internacional Americana (Bogotá, Colombia, 1948). Citado en OEA. Documentos Básicos en materia de derechos humanos en el Sistema Interamericano. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2007. Pág. 11. En este punto resulta importante resaltar que “La Corte Centroamérica de Justicia (Corte de Managua), establece una competencia especial que, por sus alcances y acción directa constituye toda una rareza en el Derecho de Gentes, pues este Tribuanal tiene la competencia de: “conocer y resolver, a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados…”. Según MAURICIO HERDOCIA SACASA En el fondo esta competencia de la Corte es posiblemente la consecuencia institucional de la Cláusula Democrática implícita en el SICA, que viene, a su vez, de los tratados centroamericanos de 1907 y 1923 y de la Doctrina Tobar. Para él, lo que denomina insólita competencia, parecería estar la conveniencia de anticipar y prevenir golpes de Estado y alteraciones del orden constitucional. La Corte actuaría entonces como un brazo jurisdiccional para evitar alteraciones del orden democrático. La preservación de la democracia parecería ser entonces la razón última de esta competencia novedosa de la Corte. Sería una competencia pro-democracia que podría ser ejercitada en situaciones de afectación a la institucionalidad democrática y al legítimo ejercicio del poder. La demanda interpuesta por el titular del Poder Ejecutivo de Nicaragua, en contra del Parlamento el 3 de enero de 2005, es la primera aplicación, en la historia jurídica de las naciones, de una competencia semejante. La Corte regional culminó afirmando la inaplicabilidad de ciertas reformas constitucionales por considerar que atentaban: “…contra la independencia del Poder Ejecutivo y contra el equilibrio de los Poderes del Estado…”.El gobierno respaldó el cumplimiento del fallo”. Análisis presentado en: El aporte de Comité Jurídico Interamericano y del Sistema Interamericano a la Democracia Representativa. Pág. 259 y 260. Publicado en http://www.oas.org/dil/esp/241-262%20M.Herdocia.pdf.
[10]Los instrumentos del sistema establecen en su cuerpo normativo cuando la CIDH y Corte tendrán competencia contenciosa para declarar internacionalmente responsable a un Estado por su incumplimiento. La competencia ratione materia de estos organismos se limita a los siguientes instrumentos cuando han sido ratificados por un Estado: Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, únicamente judiciales los derechos contenidos en artículo 8.a (derechos sindicales) y artículo 13 (derecho a la educación) de acuerdo a lo establecido en el artículo 19.6 del mismo instrumento, Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (ver. artículo 8), Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas (ver. artículo 13), Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belém do Pará” (Ver artículo 7, 12 y Sentencia de la Corte IDH. Caso González y otras (“Campo Algodonero”) Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205)
[11] Es importante señalar que de acuerdo al artículo 27.2 de la Convención, los derechos políticos no son susceptibles de suspensión. “La inclusión del artículo 23 en el artículo 27.2 parece, claramente, haber tenido como fin el evitar medidas tales como la disolución del parlamento o del congreso o la prohibición de los partidos políticos sobre la base de una emergencia, o la suspensión del derecho a voto por otras razones aparte de la imposibilidad material de organizar una elección”. MEDINA. Quiroga Cecilia. Las Obligaciones de los Estados Bajo la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Corte IDH. La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Un Cuarto de Siglo: 1979 -2004/ Corte Interamericana de Derechos Humanos. – San José de , C.R.: Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2005.
[12] A la fecha la Corte IDH ha sostenido que: “ ‘[e]n una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada’, en la que cada componente se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. Caso Yatama, (…), párr. 191; Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, (…), párr. 92; Ciertas Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (arts. 41, 42, 44, 46, 47, 50 y 51 Convención Americana sobre Derechos Humanos), (…), párr. 31; Garantías Judiciales en Estados de Emergencia, (…), párr. 35; y El Hábeas Corpus Bajo Suspensión deGarantías (arts. 27.2, 25.1 y 7.6 Convención Americana sobre Derechos Humanos), (…), párr. 26. Al ponderar la importancia que tienen los derechos políticos la Corte [ha] observa[do] que incluso la Convención, en su artículo 27, prohíbe su suspensión y la de las garantías judiciales indispensables para la protección de éstos” Cfr. La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 34.
[13] En sentido similar, artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: “Toda persona, legalmente capacitada, tiene el derecho de tomar parte en el gobierno de su país, directamente o por medio de sus representantes, y de participar en las elecciones populares, que serán de voto secreto, genuinas, periódicas y libres”.
Deberes. Artículo XXXII. Toda persona tiene el deber de votar en las elecciones populares del país de que sea nacional, cuando esté legalmente capacitada para ello.
[14] Ver artículo 3 de la CDI
[15] Sobre la Democracia, la CorteIDH ha sostenido que “Con el propósito de evitar tales situaciones, la Corte considera que los Estados tienen el deber de crear las condiciones necesarias para el efectivo goce y disfrute de los derechos establecidos en la Convención. El cumplimiento de dicho deber está intrínsecamente ligado a la protección y al reconocimiento de la importancia del papel que cumplen las defensoras y los defensores de derechos humanos, cuya labor es fundamental para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho. Corte IDH. Caso Valle Jaramillo y otros Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 192. Párr. 84
[16] Así por ejemplo en este sentido la CorteIDH interpreta el artículo 19 de la CADH (Derechos del niño) a partir de la Convención sobre Derecho del Niño. En este sentido ver. Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013 Serie C No. 260, Párrafo 142 y Corte IDH. Caso Gelman Vs. Uruguay. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 24 de febrero de 2011. Serie C No. 221, Párrafo 121
[17]Convención de Viena de 1969 Sobre el Derecho de los Tratados. SECCION TERCERA: Interpretación de los tratados. Artículo 31. Regla general de interpretación.
Para los efectos de la interpretación de un tratado el contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:
[18] Corte Idh. Medidas Provisionales. Asunto James y Otros Respecto Trinidad y Tobago. Resolución De La Corte 25-05-99. Voto Concurrente Del Juez A.A. Cançado Trindade. Párr. 12.
[19] Incluso el Estado Mexicano, miembro de la OEA, se refiere expresamente al principio de no intervención explícitamente. La Constitución de 1917 establece en el artículo 89: “Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes. X. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención [y] la solución pacífica de controversias; […]”
[20] Directora, Political Database of the Americas & Visiting Scholar at the Center for Latin American Studies, Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University (since 2002). Artículo. La Internacionalización de la democracia en el Sistema Interamericano. Op cit.
[21] Ver las denominadas “cláusulas democráticas”, por ejemplo en la Comunidad Europea; en las Cumbres de las Américas; y en el MERCO­SUR, que establece la exigencia que los gobiernos que participan en estos acuerdos sean sólo aquellos elegidos democráticamente.
[22] HERDOCIA. Sacasa Mauricio. Artículo. El aporte del Comité Jurídico Interamericano y del Sistema Interamericano a la Democracia Representativa. Op. Cit Pág. 244 y 245.
[23] Comité Jurídico Interamericano Resolución CJI/RES.I-3/95, Reiterado en su Resolución CJI/RES.23 (LVIII-O/01) denominada la Democracia en el Sistema Interamericano.
[24]En este sentido ver también. en el sentido del Art.2, inciso7 de la Carta de Naciones Unidas Cfr. La Internacionalización de la democracia en el Sistema Interamericano. Op cit. Carta de Naciones Unidas, Art. 2, inc.7: “…Ninguna disposición de esta Carta autorizará a las Naciones Unidas a intervenir en los asun­tos que son esencialmente de la jurisdicción interna de los Estados, ni obligará a los Miembros a someter dichos asuntos a procedimientos de arreglo conforme a esta Carta; pero este principio no se opone a la aplicación de las medidas coercitivas prescritas en el Cáp. VII.”
[25]Este principio es invocado también, para hacer referencia a la intención de las partes, aunque la Convención de Viena así no lo establezca explícitamente, de manera que tiene relación directa con el principio ut res al cual se hará referencia seguidamente. En este sentido ver. GORDINER Richard. Treaty Interpretation. The Oxford International Libarry, Press Inc, New York 2008. Pág 147 y ss
[26]Algunas de las fuentes del derecho internacional se encuentran contenidas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual establece: La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho; c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. Vale la pena aclarar que éste artículo no es taxativo pues no incluye el denominado soft law dentro del cual varios autores incluyen las resoluciones.
[27] En este sentido ver. OEA. Observaciones y Comentarios del Comité Jurídico Interamericano sobre el Proyecto de Carta Democrática Interamericana (CJI/doc.76/01, del 16 de agosto de 2001), numeral 5.
[28] En este sentido, si bien en principio la Corte IDH había señalado en el caso Caballero Delgado Vs Colombia que las recomendaciones de la Comisión no eran vinculantes, meses después evolucionó su jurisprudencia y estableció que las recomendaciones de la CIDH deben ser cumplidas. Así lo estableció por primera vez en la Sentencia Loayza Tamayo, en la cual dispuso: “en virtud del principio de buena fe, consagrado en el mismo artículo 31.1 de la Convención de Viena, si un Estado suscribe y ratifica un tratado internacional, especialmente si trata de derechos humanos, como es el caso de la Convención Americana, tiene la obligación de realizar sus mejores esfuerzos para aplicar las recomendaciones de un órgano de protección como la Comisión Interamericana que es, además, uno de los órganos principales de la Organización de los Estados Americanos, que tiene como función “promover la observancia y la defensa de los derechos humanos” en el hemisferio (Carta de la OEA, artículos 52 y 111)” Corte IDH. Caso Loayza Tamayo Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 17 de septiembre de 1997. Serie C No. 33. Párr 80.
[29] Corte IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10. Párr. 37
[30]Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63. Párr. 192. El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 113.
[31]Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Párr. 192. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 43.
[32] Corte IDH Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala, Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C, No. 63 párrafo 192 y 193.
[33] En este sentido ver. Tribunal Constitucional español en Goméz Montoro J Angel , El interés legítimo para recurrir en amparo. la experiencia del tribunal constitucional español, Revista Méxicana de derecho Constitucional, México número 9 Julio-diciembre 2003 página 1
[34] En materia de derechos humanos, así ha señalado por la Corte Interamericana en los siguientes casos: Caso del Tribunal Constitucional. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 55, párr. 36; y Caso Ivcher Bronstein. Competencia. Sentencia de 24 de septiembre de 1999. Serie C No. 54, párr. 37. Asimismo, cfr., inter alia, Caso Bulacio, supra nota 30, párr. 142; Caso “Cinco Pensionistas”, supra nota 32, párr. 164; y Caso Cantos, supra nota 31, párr. 59.
[35] Cfr. Caso del Tribunal Constitucional. Competencia, supra nota 35, párr. 36; y Caso Ivcher Bronstein. Competencia, supra nota 35, párr. 37.
[36] Corte IDH Caso Baena Ricardo y otros (270 Trabajadores vs. Panamá). Sentencia de 28 de noviembre de 2003. Competencia. Párr. 67
[37] Cfr. Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949: I.C.J. Reports 1949, p. 24; y P.C.I.J, Advisory Opinion No. 13 of July 23rd, 1926, Series B, No. 13, p. 19.
[38] Artículo 44 de la CADH. Señala quien puede presentar peticiones ante la CIDH. Ello habilitaría a que todas las personas y no solo el gobierno puedan solicitar el restablecimiento del orden democrático en un Estado.
[39] Caso Yatama, (…), párr. 192; y La Expresión “Leyes” en el Artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, (…), párr. 34.
[40] La Corte Centroamérica de Justicia (Corte de Managua) tiene competencia para “conocer y resolver, a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados…”. Detrás de esta competencia, parecería estar la conveniencia de anticipar y prevenir golpes de Estado y alteraciones del orden constitucional. La Corte actuaría entonces como un brazo jurisdiccional para evitar alteraciones del orden democrático
February 8, 2015 in Artículos. Tags: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Democracia, Derechos Humanos, info, Latinoamérica, OEA
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