Source: http://domingorondina.com.ar/derechos-electorales/
Timestamp: 2018-07-19 03:18:56
Document Index: 111955001

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 236', 'artículo 25', 'artículo 236', 'artículo 39', 'artículo 280', 'artículo 8']

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By l4000200 on	 3 agosto, 2013 2013, Agosto (2013)
///mo. Tribunal Electoral:
Mediante presentación obrante a foja 1/2 vta., el abogado Santiago Weisburd, por derecho propio, solicita la exclusión de la a la señora Ana Laura Martínez de lista de precandidatos a concejales de la ciudad de Rosario denominada “Rosario Nos Une”, perteneciente a la alianza electoral transitoria “Unión Pro Santa Fe Federal”, en razón de haber tomado conocimiento de que la nombrada registra un proceso falencial por ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial N° 2-Rosario-, caratulado “MARTÍNEZ, ANA LAURA S/ QUIEBRA” (Expte. N° 1151/1999).
Tras señalar que “[…] con fecha 11/10/2011, mediante resolución N° 2954, se dispuso tener por concluida por avenimiento la quiebra de Martínez, quedando dicha conclusión del proceso sujeta al cumplimiento por parte de la fallida del pago de los gastos y costas originados en el juicio”, advierte que por no haber dado satisfacción al cumplimiento de dicho pago, la nombrada “[…] sigue estando en quiebra y no ha sido judicialmente rehabilitada”1.
En razón de ello, y luego de efectuar una interpretación del inciso 2° del artículo 25 de la Ley N° 2756, el impugnante entiende que “[…] surge sin duda alguna que quien se encuentra sometido a un proceso de quiebra, y mientras no obtenga su rehabilitación, no puede postularse como candidato (o precandidato) a concejal, …”.
Por último, el impugnante acompaña informe expedido por el Registro de Procesos Universales y de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales de Rosario, obrante el mismo a fs. 3/4, y fotocopias simples de resoluciones dictadas en el marco del Expte. 1151/1999, ut supra mencionado (vid. fs. 5/11).
A fojas 13 de autos se encuentra agregado el informe elaborado por el Departamento de Reconocimiento y Oficializaciones, dando cuenta que “[…] el señor WEISBURD, SANTIAGO, quien integra la lista de precandidato en trámite de oficialización, como concejal Titular Cuarto por la lista ‘Santa Fe Avanza’ de la Alianza ‘Unión Pro Santa Fe Federal” de la localidad de Rosario, quien impugna la precandidata Martinez, Ana Laura -DNI 25.453.539”, y que “[…] la señor MARTINEZ, ANA LAURA, D.N.I. 25.453.539, integra la lista de precandidata en trámite de oficialización, como Concejal Titular Primera de la lista ‘Rosario nos Une’, de la Alianza ‘Unión Pro Santa Fe Federal’ de la ciudad de Rosario…”, acompañando informe del sistema de Oficialización de Listas, obrante el mismo a fs. 13/14 de las presentes actuaciones.
Habiéndose requerido informe por parte de la señora Secretaria de este Alto Cuerpo, Dra. Claudia Susana Catalín, al Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial del Distrito Judicial N° 2-Rosario-, en relación al proceso falencial de la señora Ana Laura Martínez (cfr. fs. 16/18), el mismo es contestado -vía fax- por decreto de fecha 02.07.2013 (vid. fs. 19), dando cuenta que en fecha 11.10.2011 se declaró la conclusión de la quiebra de la Sra. Ana Laura Martínez “[…] mediante resolución n° 2954, no habiéndose abonado al día de la fecha los gastos y costas del proceso, como así tampoco existe al día de la fecha, auto de rehabilitación de la nombrada”2.
Mediante dictamen de fecha 03.07.2013, obrante a fs. 21 esta Procuración Fiscal Electoral aconsejó:
“[…] otorgar intervención a la precandidata impugnada y a los apoderados de la lista ‘ROSARIO NOS UNE’ de la ciudad de Rosario, a fin de que expresen todo cuanto estimen pertinente en relación a la impugnación materializada a fojas 1/2 vta. de autos y acompañen los elementos probatorios que consideren necesarios, …”.
En fecha 04.07.2013 (cargo N° 6795), el apoderado de la lista “Rosario Nos Une”, abogado Gonzalo Mansilla de Souza, efectúa presentación, la que obra agregada a fs. 27/29 vta..
En la misma, el apoderado ocurrente comienza por efectuar una interpretación del artículo 25 de la Ley 2756, señalando al respecto que “[T]ratándose de una norma impeditiva del ejercicio de derechos sustanciales, la interpretación debe ser restrictiva. Y, por tanto, la hermenéutica razonable y equitativa debe orientarse en el sentido de entender que el candidato debe cargar con la incompatibilidad al momento de efectuarse y dirimirse alguna cuestión que pueda llegar a impedirle el ejercicio de su derecho electoral, debe contar con la posibilidad de remover el impedimento”, agregando que “[…] este Tribunal electoral de la Provincia de Santa Fe ha desestimado consecuentemente las impugnaciones fundadas en el art. 25 de la ley 2756 expidiéndose en el sentido de que es competencia del órgano Concejo y no del Tribunal, declarándose así en autos 16170-L-9, 17828-S-11, 17768-S-11, etc,”.
Por otra parte, el ocurrente expresa que “[L]a candidata Ana Laura ‘Anita’ Martínez no se encuentra inhabilitada por quiebra. Todo lo contrario, su cese de inhabilitación acaeció en forma automática, de pleno derecho, al año de la declaración de quiebra (art. 234 LCQ y concs.), habiendo transcurrido dicho evento hasta largo tiempo”.
En tal sentido, tras efectuar un ensayo sobre el funcionamiento de la rehabilitación en el proceso falencial, con cita de doctrina y jurisprudencia, el abogado Mansilla de Souza entiende que “[…] la pre-candidata Ana Laura ‘Anita’ Martínez está rehabilitada”.
Al respecto, señala que “[…] el estado de quiebra culminó por avenimiento, restando solamente el pago de los honorarios profesionales, episodio que tendrá lugar en el día de la fecha”, y que “[E]fectivamente conforme al art. 226 de la ley de concursos y quiebras n° 24522 y sus modificatorias (en adelante LCQ), el estado falencial concluye cuando se completan las conformidades emanadas de todos los acreedores, hecho que en el expediente de marras, ya acaeció”.
Agrega que “[O]tra historia es todo lo atinente al pago de los honorarios y costas, confirmando dicho criterio el mencionado art. 226 LCQ, que al respecto proclama: ‘Al disponer la conclusión de la quiebra, el juez determina la garantía que debe otorgar el deudor para asegurar los gastos y costas del juicio, fijando el plazo pertinente…’”.
Aledga que “[E]n nuestro caso, se reguló los honorarios de los profesionales (sin fijar dicho plazo) y se encuentran, vía recurso de queja, en la Sala Civil y Comercial IV Expte. 34/2012, pero, de hecho, el primer tramo ya acaeció”.
Por último, el apoderado de la lista ocurrente entiende que “[…] sustancialmente la quiebra puede tenerse por concluida. Pero es más, par completar el ‘iter’ formal, en el día de la fecha se abonará los honorarios pendientes, formalizándose la ‘conclusión de la quiebra’ por ante el Tribunal interviniente, a fin de reunir -formalmente- la totalidad de recaudos requeridos por la norma”.
Así las cosas, liminarmente cabe recordar que ―según el criterio reiteradamente sustentado por esta Procuración Fiscal Electoral y ese Alto Tribunal― la norma del artículo 25 de la ley 2756 se refiere a incompatibilidades y no a condiciones de elegibilidad de los candidatos. Por lo tanto, impedirían el ejercicio efectivo de la función y no la presentación al proceso electoral3.
En tal sentido, en otro caso de similar índole, si bien el mismo trataba de impugnación de candidato a miembro de Comisión Comunal―por la misma causal de incompatibilidad denunciada en el presente― esta Procuración Fiscal Electoral dijo que:
[…] en caso de resultar electo el ciudadano impugnado deberán arbitrarse los medios tendentes a acreditar la existencia de dicha circunstancia y, eventualmente, corroborar si la mentada causal de incompatibilidad subsiste al momento en que el candidato electo deba asumir el cargo correspondiente4.
Sin embargo, ella no parece ser la interpretación acorde tanto a la letra como al sentido del artículo 25. Esta norma busca anticiparse al electo electoral mismo en tanto sostiene que quienes estén incurso en alguna de esos supuestos de hecho no podrán ser electos como concejales. Lo deja claro el artículo 26: si hubiere causas “posteriores a su elección” quien esté incurso en los supuestos del artículo 25 cesará “automáticamente en su función”. Es la elección el momento temporal clave para determinar el funcionamiento de los impedimentos: mientras que bajo el artículo 25 funcionan como causal de inelegibilidad, bajo el artículo 26 funcionan como causal de incompatibilidad en el ejercicio de la función. Si siempre funcionasen del modo en que hemos dictaminado, el artículo 26 no tendría sentido: las incompatibilidades siempre podrían alegarse al momento en que se presenten. Por lo tanto, lo que hacía falta no era una norma que vaya en tal sentido sino una norma que previese, por ejemplo, que quienes caigan bajo los supuestos establecidos no puedan ser, ni siquiera, electos/as.
Dicho esto, es correcta la posición de la impugnante: uno de los eventuales momentos en que esas condiciones deben examinarse, es éste, es decir, el proceso de oficialización de postulantes: si se trata de evitar que una persona sea electa bajo esas condiciones, los más sensato ―en términos de justicia y eficiencia5― es impedir que acceda al proceso electoral mismo6.
No obstante, respetuosamente, no coincido con su postura sobre el fondo. En efecto, la cuestión -al final del día- es que la impugnada no habría pagado ciertos honorarios profesionales. Muy importantes que son, no alcanzan a derrotar el derecho del electorado de elegir a quien considera su mejor representante y el derecho de las personas de solicitar el apoyo de sus pares para representarlos.
Más aún. Es la necesidad de una interpretación que vaya más allá del texto del artículo de la ley de concursos y quiebras la que mantiene con vida el auto de rehabilitación. En efecto, el capítulo que regulaba la rehabilitación -en concordancia con la cuestión relativa a la calificación de conducta- fue derogado. Por lo tanto, el resabio de auto de rehabilitación ―vinculado a una necesidad (justificable) de seguridad7―, no puede operar como límite y restricción más allá de lo necesario: lo cierto es que el 11 de octubre de 2011, la quiebra de la impugnada concluyó.
Así lo ha declarado recientemente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y varios importantes tribunales inferiores. La primera adhirió al criterio de la Procuración General de la Nación quien sostuvo:
[…] considero que la sentencia recurrida es arbitraria, si se advierte que el tribuanl a-quo, al confirmar el fallo de la instancia anterior, entendió que el cese de la inhabilitación no opera de pleno derecho al año de la fecha del decreto de quiebra, sino a partir de una declaración judicial obtenida mediante un trámite previo, decisión, que a mi modo de ver, se aparta de la solución y alcance contemplado en el marco normativo aplicable al caso.
Asi lo pienso, puesto que la interpretación dada por los jueces de Cámara vinculada con el requisito de un procedimiento previo no surge del texto de la ley 24.522. En efecto, su artículo 236 dispone que la inhabilitación del fallido cesa “de pleno derecho” al año de la fecha de la sentencia de quiebra, o en que quede firma la resolución que fija el momento inicial del estado de cesación de pagos. En el sublite, el estado falencial del recurrente fue decretardo el 15 de marzo de 1999 (v. fs. 284/288)8 (resaltado agregado.)
Por otro lado, precisamente a raíz de ese fallo, se dijo:
Sin embargo, buena parte de la doctrina y la jurisprudencia sostienen que la rehabilitación no resulta automática, sino que para su declaración se requiere necesariamente de un breve trámite y no sp´lo cuando deban comprobarse los extremos que el Juez debe verosímilmente comprobar prima facie para reducir o amplair el plazo, sino en todos los casos, surtiendo efecto sólo a partir de ese momento (citas omitidas)
Sin perjuicio de ello, la Cortes Suprema de la Nación -en reciente fallo- ha establecido que el cese de la inhabilitación del fallido opera automáticamente, sin necesidad de resolución judicial, salvo que se configuraran los supuestos de reducción o prórroga al que alude el art. 236 de la L.C.Q (citas omitdas)9.
Antes, en el mismo sentido, se había pronunciado la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial:
Compartiendo el Tribunal los fundamentos dados por la Sra. Fiscal de Cámara en el dictamen que antecede, corresponde hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por el fallido contra la decisión de fs. 326/7, apartado B.
En efecto: tiene dicho esta Sala que , como la rehabilitación del fallido se produce de pleno derecho al año del decreto de quiebra (cfr. art. 236, L.C.Q.), éste puede disponer de los bienes que hubiese adquirido a partir de esa fecha, para lo cual es necesario que no se encuentre inhibido10.
Es claro que bajo la justificación del inciso 2 del artículo 25 ―que bien señala el impugnante11― la Sra. Martínez actualmente puede postularse para competir. Además, como lo implica al ofrecer la prueba informativa, aceptando la posición de la rehabilitación no automática, estaría pendiente el trámite del pago de la totalidad de los honorarios regulados y costas del proceso. Bajo la interpretación propiciada por el máximo tribunal de la República, esa omisión no podría jugar como impedimento.
Pero, por último, destaco que la impugnada por intermedio del apoderado de su lista, anuncia que ellos serían cancelados en el mismo día de su presentación12. Por lo tanto, si el Tribunal lo considerase necesario (y rechazara la interpretación que se efectúa en el presente en la que se adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación acerca del artículo 236 de la ley de concursos y quiebras) podría solicitar se libre oficio al Juzgado respectivo a fin de informar sobre el estado de los autos que dieron motivo a esta disputa.
En virtud de lo expuesto, aconsejo a Uds. desestimar el planteo efectuado por el ocurrente a foja 1/2 vta. de autos, rechazando la impugnación deducida, disponiendo posteriormente el archivo de las presentes actuaciones; o, en su caso, adoptar las medidas que considere necesarias a los fines de que el Juzgado informe sobre el estado de los autos que motivaron la presente impugnación.
En su mérito, así me expido.
1 La negrilla pertenece al texto original.
2Cfr. fotocopia certificada de fax obrante a fs. 19.
3Entre otros, dictamen de fecha 12.09.2001 en el Expte. N° 10.231-P-2001; y dictamen de fecha 02.06.2009 en el Expte. N° 15.983-N-2009; entre otros.
4Cfr. dictamen de fecha 02.10.2001, en Expte. N° 10.364-Y-2001
5Impidiendo, así, tanto el abuso como el engaño. Obviamente, considero que tal decisión ―es bueno advertirlo―, es revisable judicialmente (y ello sin perjuicio del artículo 39 inc. 3)
6La afirmación es relativa en tanto debería considerarse ―a la luz de los hechos relevantes― la situación de aquellas personas cuya rehabilitación operaría al momento de asumir la función. Pero en principio, el principio general debería ser el anunciado en el cuerpo de este dictamen.
7Que dicho sea de paso es declarativo.
8CSJN in re “Recurso de hecho deducido por Ángel Barreiro en la causa Barreiro, Ángel s/ quiebra” sentencia del 2 de febrero de 2010 (Votos de la jueza Highton de Nolasco y de los jueces Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni; con disidencias -artículo 280 del CPCCN- del Presidente Lorenzetti y de la jueza Argibay); con comentario de Claudio Alfredo Casadío Martínez, en LL, 2010-E, 160.
Con bastante anterioridad a esta decisión se había pronunciado, en el mismo sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, sala B, in re“Marino Turismo s/ quiebra”, sentencia del 18 de diciembre de 2006, en LL, 2007-A, 128. La Sala (María L. Gómez Alonso de Díaz Colodrero, Miguel F. Bargalló y Ana I. Piaggi), discrepando con el criterio de la Fiscal de Cámara (Dra. Alejandra Gils Carbó) consideró que:
La LC 236 establece que el fallido o sus administradores obtienen, en principio, su rehabilitación al año del decreto de quiebra (la inhabilitación cesa de pleno derecho). De igual manera prevé que la inhabilitación podrá prorrogarse si cualquiera de ellos resulta ser sujeto pasivo de un proceso penal por quiebra fraudulenta.
En el caso el plazo previsto por la norma referida se encuentra sobradamente cumplido a la fecha (ver fecha decreto de quiebra fs. 507 -24/3/97-)
Por lo tanto, puede concluirse que su inhabilitación ha cesado de pleno derecho, que no existe condena actual que habilite decisión contraria; no constituye óbice la circunstancia de que se haya dispuesto la clausura del procedimiento por falta de activo, toda vez que en caso de que el juez penal intervenga disponga que existen los elementos suficientes para que el imputado sea sometido a proceso, la inhabilitación retomaría su vigencia, en cuyo durará hasta tanto se dicte el sobreseimiento o absolución (CNCom., esta Sala, “in re” “Compapel S.R.L. S/ quiebra”, del 26.122.97) (resaltado agregado.)
Como puede verse, ni siquiera la promoción de un proceso penal en el que no hay auto de procesamiento es obstáculo para la rehabilitación.
9CapelCivCom.de Mar del Plata, in re “Kachmaryk, Daniel”, sentencia del 24 de agosto de 2010, en LL Online, AR/JUR/48152/2010
10In re “Falzarano, Domingo F. s/quiebra”, sentencia del 15 de junio de 2010 (jueces Juan R. Garibotto, José Luis Monti y Alfredo A. Kölliker Frers) Aplicando el criterio de esta Sala, va de suyo que quien puede volver al comercio no debería verse impedido/a de postularse.
11Que consiste en impedir que quien no puede administrar sus bienes no pueda administrar los bienes de la ciudad.
12En consecuencia, el pago cancelatorio habría ocurrido ayer.
Mediante Auto N° 226 emitido por este Alto Cuerpo en fecha 01.07.2013 (vid. fs. 38/39) se resolvió:
“[1.-] Reconocer la Lista denominada “CHABAS VUELVE A CRECER” perteneciente a la agrupación política “PARA CHABAS” y aprobar la nómina de precandidatos presentada por los apoderados de la misma, en la localidad de CHABAS, departamento CASEROS, para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias del 11.08.2013”.
Que en la lista precedentemente mencionada, el señor Osvaldo Alfredo Salomón, fue presentado como pre-candidato de la lista denominada “CHABAS VUELVE A CRECER”, para participar de la elección para la renovación de autoridades de la Comisión Comunal de la localidad de Chabas, Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, como miembro titular primero1.
Ello así, habiéndose advertido que el señor Osvaldo Alfredo Salomón, fue presentado ante le Justicia Electoral Nacional como precandidato a Diputado Nacional Titular N° 1 en la lista “B” denominada “UNIDOS PARA CAMBIAR” perteneciente a la alianza electoral transitoria denominada “UNITE! CON FE POR LA CULTURA, EDUCACIÓN Y TRABAJO”, mediante decreto de fecha 01.07.2013, y de conformidad a lo establecido en el art. 8° de la Ley N° 12.367, su Decreto reglamentario N° 0428/05 y Decreto N° 0479/05, se intimó al apoderado de la lista CHABAS VUELVE A CRECER “[…] para que en el plazo perentorio de 24 hs corridas […] proceda a realizar los reemplazos correspondientes en la lista de precandidatos…”, habilitándose para ello días y horas inhábiles, remitiéndose la cédula pertinente (vid. fs. 40/41).
A fs. 42 (cargo N° 6737), se presenta el señor Aldo Fregona, apoderado de la lista supra mencionada expresando que “[…] la lista de candidatos del referido expediente cumple todo lo establecido en dichas normas por lo que no corresponde realizar reemplazo alguno…”, solicitando la “[…] inmediata oficialización de la misma”; señalando por último que “[…] Caso contrario (dejan) expresa constancia de recurrir ante el Tribunal Electoral de la Provincia”.
A fs. 44 (cargo N° 6755), el señor Aldo Fregona efectúa nueva presentación expresando que “[…] si la intención de la referida cédula es plantear la incompatibilidad de la candidatura al cargo de Pte. Comunal con la precandidatura a Dip. Nac., la misma no corresponde bajo norma legal alguna, dado que se tratan de elecciones con ámbitos de actuación distintas y también bajo distintas disposiciones”.
Por último, el ocurrente solicita se “[…] revoque por contrario imperio el decreto de la Secretaría Electoral a/c, por cuanto la norma que pretende aplicar refiere solamente a precandidaturas locales-provinciales, esto es a Gobernador y Vice, Diputados Pciales. Senadores Pciales”, agregando que “[P]retender darle otra extensión a la norma (art. 8 citado ley 12367), no solo es “ilegal”, sino que viola expresamente preceptos constitucionales”.
Requerido informe a la Secretaría Electoral Nacional (fs. 48), por oficio obrante a fs. 51 se da cuenta que “[…] en fecha 21 de junio del cte. año ha sido reconocida en este Juzgado, la Alianza“UNITE! CON FE POR LA CULTURA, EDUCACIÓN Y TRABAJO”; la Junta Electoral de dicha alianza presentó en fecha 26 de junio del cte. tres listas oficializadas, entre las cuales se encuentra la denominada Lista B “UNIDOS PARA CAMBIAR”, quien presenta como precandidato a Diputado Nacional Titular N° 1 al Sr. OSVALDO ALFREDO SALOMÓN”.
Por otra parte, se hace saber que “[…] en fecha 1 de julio del cte. la Junta partidaria de la alianza ha presentado la boleta oficializada por la misma,…”, acompañándose fotocopia de la lista supra referida.
Comienzo señalando que el presente caso no se trata de un supuesto de incompatibilidad de la candidatura al cargo de Presidente Comunal con la precandidatura a Diputado Nacional del señor Osvaldo Alfredo Salomón, tal como lo sostiene el apoderado de la lista ocurrente, señor Aldo Fregona en su presentación de fs. 44.
En efecto, la Ley N° 12.367, en su artículo 8° -segundo párrafo-, reglamentado por Decreto N° 0428/2005 establece expresamente que:
[E]n las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, los precandidatos sólo podrán serlo por un solo partido político, confederación de partidos o alianza electoral, en una única lista y para un solo cargo electivo y una sola categoría(resaltado agregado).
De tal suerte, y contrariamente a lo mencionado por el apoderado de la lista ocurrente en su presentación de fs. 44, advierto que en caso de autorizarse la participación del señor Salomón como precandidato a Diputado Nacional por un partido y una lista (en el orden nacional) distintos al partido, lista, cargo electivo y categoría por el que pretende actuar como precandidato para la comuna de la localidad de Chabas en las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias dispuestas para el 11.08.2013 venidero, atenta directamente contra la letra y espíritu de la ley 12.367, reglamentada por decreto 0428/05.
Por otra parte, entiendo que el hecho de autorizarse una participación simultánea del señor Salomón en ambos órdenes -nacional y provincial-, a más de resultar incongruente y contrario a la legislación electoral provincial vigente, tal conducta partidaria importaría para el elector común la pérdida de la referencia ideológica u orgánica que implica la constitución y dirección del proceso político que corresponde a las distintas agrupaciones políticas.
Uno debería tratar de evitar que los rostros y discursos que proliferan en nuestra comunidad política (polity) no conspiren contra la calidad deliberativa del espacio (pool) Deberíamos evitar, en la mayor medida posible, las confusiones, los entrecruzamientos y las aspiración múltiples que, en lugar de contribuir a un debate ideológico y pragmático robusto, pleno, inteligible, introduzcan confusiones. Una democracia se justifica por su potencial deliberativo, esto es, por su capacidad para transformar nuestra preferencia intuitivas en opciones razonables reflexivas. No realza ese potencial, las múltiples candidaturas con pertenencia partidaria diversa.
Estamos condenados a elegir. Elegir, bajo el derecho aplicable, significa optar por una alternativa, abrazar un programa específico y ofrecérselo a la ciudadanía para suscribir (fictamente, pero con todo el valor simbólico que tiene) un pacto. Las democracias funcionan bajo el espíritu de la palabra y el pacto: una persona elegida―al menos en la teoría más atractiva― lo ha sido porque ha logrado convencer o conmover a sus electores, ha suscripto con ellos un pacto (ficto, reitero) de confianza y mutuo respeto y se obliga a mantenerlo2.
Tales pretensiones de racionalidad contractual ―el pacto de confianza entre electores y elegidos/as―, se vulneran si quienes se postulan ofrecen múltiples programas o recetas, éstas para diputados provinciales, las otras para diputados de la Nación; éstas para ser concejales, las otras para senadores nacionales; éstas por el partido político A, las otras por el partido político B. Estas “posibilidades” u opciones, son las que, precisamente, la ley 12.367 quiso eliminar, haciendo que los/as postulantes elijan solo una3.
En virtud de lo expuesto, aconsejo a Uds. dejar sin efecto lo resuelto por la Presidencia de este Tribunal Electoral Provincial mediante Auto N° 226 de fecha 01.07.2013, obrante a fs. 38/39, en cuantoaprueba la nómina de precandidatos presentada por los apoderados de la Lista denominada “CHABAS VUELVE A CRECER” perteneciente a la agrupación política “PARA CHABAS”, rechazando la postulación del señor Osvaldo Alfredo Salomón, como precandidato para Miembro de la Comisión Comunal de la localidad de Chabas, Departamento Caseros, Provincia de Santa Fe, como miembro titular primero, con noticia a los interesados.
1 Confr. formularios obrantes a fs. 3 y 8 y planillas de presentación de candidatos del Sistema de Oficialización de Listas obrantes a fs. 17, 31/33, informe final de candidato obrante a fs. 18 e informe del Departamento de Reconocimiento y Oficializaciones de fs. 34/35.
2A mayor abundamiento, tengo la firme convicción (aunque más bien, más que propia es la que fluye del derecho aplicable) que es irrazonable que alguien pueda postularse simultáneamente a oficios tan diversos como diputado nacional y presidente de comuna. Bajo la Constitución, no es cierto, que se sea diputado por la provincia. Lo que habitualmente se dice hasta el hartazgo de ser representante de tal o cual población (en nuestro caso “de los santafesinos”) de ningún modo tiene corralato con el modelo constitucional que memorializaron nuestros constituyentes en un texto al que no hemos reverenciado como merece. Al contrario, envisionaron la Cámara de Diputados como el espacio institucional en donde seríamos capaces de discutir los problemasnacionales, no de llevar las preocupaciones regionales ni los localismos ni particularismos de ningún tipo (sean razonables o de aldea). Para poder expresar los intereses de las Provincias―dicho sea de paso, intereses originarios― los Constituyentes modelaron un Senado federal para que se ocupe de ellos. Por lo tanto, cualquier candidato que se precie de tal, aún cuando quiera llevar las preocupaciones de sus votantes y éstas se identifiquen con los particularismos más radicales, deberá lidiar con las cuestiones que nos constituyen como Nación cuestiones que exceden por largo éstos. Bajo nuestra Constitución, la pintura de la aldea no es la pintura del mundo.
3En el mismo sentido, lo hizo la ley nacional , artículo _