Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2002/A043-02.htm
Timestamp: 2017-11-18 08:37:55
Document Index: 337325175

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A043-02
Auto 043/02
Referencia: expediente ICC-357
Conflicto de Competencia entre el Tribunal Administrativo del Meta, Sala de Decisión, y el Juzgado Civil del Circuito de Acacías - Meta
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil dos (2002).
1. El 17 de abril de 2002, el señor Octavio Castro Sánchez interpuso acción de tutela ante el Tribunal Administrativo del Meta por considerar violado su derecho a la salud en conexidad con la vida por parte de la Penitenciaría Nacional de Acacías la cual no le ha suministrado tratamiento alguno para aliviar la úlcera gástrica de la cual padece.
2. Mediante providencia del 23 de abril de 2002, el Tribunal Administrativo del Meta, consideró que al tenor de lo reglamentado en el artículo 1º inciso 2º del Decreto 1382 de 2000, el conocimiento de las acciones de tutela que se interpongan contra organismos nacionales descentralizados será asignado para su estudio en primera instancia a los juzgados civiles del circuito. En consecuencia, dispuso la remisión de la tutela al Juzgado Civil del Circuito de Acacías - Meta.
3. En consecuencia, la tutela de la referencia fue recibida por el Juzgado Civil del Circuito de Acacías - Meta el cual, mediante providencia del 29 de abril de 2002, consideró que el Decreto 1382 de 2000 debía ser inaplicado por inconstitucional, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, mientras no existiera pronunciamiento definitivo del Consejo de Estado sobre el mismo. Con base en las anteriores consideraciones, se declaró incompetente para conocer del caso de la referencia, generándose un conflicto negativo de competencia para cuya resolución se remitió el expediente a la Corte Constitucional.
2. La Corte Constitucional en auto en auto 082 de 26 de septiembre de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) consideró que el Decreto 1382 de 2000 se debería inaplicar en su artículo 1º, por ser violatorio de la Constitución. Se aplicó, en consecuencia, la figura de la excepción de inconstitucionalidad. En el mencionado Auto, el cual ha sido reiterado en numerosas ocasiones por esta Corporación se expusieron las siguientes razones:
3. En Auto del 3 de diciembre de 2001, por medio del cual se admitieron las demandas contra el Decreto 1382 de 2000, el Consejo de Estado resolvió suspender el inciso 4º del numeral 1º del artículo 1º de la norma acusada. Consideró esa Corporación:
En anteriores ocasiones, el Consejo de Estado ha negado la suspensión provisional de la norma acusada por considerar que el motivo por el cual ésta contraría la norma superior "merece un estudio de fondo en la sentencia[2]". De esta manera ha reconocido que en el curso del proceso se estudiarán con detenimiento los cargos para así poder tomara la decisión final.
"En nuestro ordenamiento procesal administrativo está previsto que el magistrado o magistrados del conocimiento, en sala unitaria, o, en caso de súplica, en sala plural resuelvan la petición de suspensión provisional, sin que esta decisión los inhiba para el pronunciamiento de fondo que se haga en la sentencia. La razón estriba en que la providencia sobre la solicitud de suspensión de una ilegalidad manifiesta, no excluye 'per se' el examen sobre el fondo de la cuestión a debatir en la etapa ulterior del proceso. Por consiguiente, las apreciaciones que se hagan en un auto sobre la procedencia o improcedencia de esta medida provisoria, no pueden reputarse como un precepto sobre la validez o invalidez del acto acusado."[3]
"la naturaleza misma de la suspensión promisoria no constituye pronunciamiento definitivo pues este sólo puede hacerse en la sentencia con la cual culmine el proceso en que se haya impetrado, a tal punto que el propio Consejo de Estado puede entonces en forma legítima apartarse de su decisión inicial que sólo tiene el carácter propio de una medida cautelar eminentemente transitoria mientras el fallo se produce." [4]
4. Siendo esto así, esta Corporación considera que, al no tener la suspensión provisional valor definitivo, subsiste la validez de la jurisprudencia de la Corte Constitucional que en plurales ocasiones ha aplicado la figura de la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, por encontrar esta norma claramente contraria a la Carta.[5] Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se resolverá el caso en concreto.
5. En el presente caso, la competencia a prevención le fue señalada al Tribunal Administrativo del Meta, quien ha debido tramitar la acción. Este Tribunal remitió el expediente al Juzgado Civil del Circuito de Acacías - Meta el cual no conoció del caso de la referencia en virtud de la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente al artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 y aplicación de los criterios fijados por el artículo 86 constitucional.
6. Esta Corporación, por los motivos expuestos en este auto, considera que quien debe conocer es el Tribunal Administrativo del Meta.
PRIMERO. INAPLICAR, en relación con la acción de tutela promovida por el ciudadano Octavio Castro Sánchez, el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por ser contrario a la Constitución Política conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto.
SEGUNDO. DIRIMIR la colisión de competencias suscitada entre el Tribunal Administrativo del Meta, y el Juzgado Civil del Circuito de Acacías - Meta, en el sentido de determinar que la competencia para tramitar la tutela instaurada por Octavio Castro Sánchez le corresponde al Tribunal Administrativo del Meta.
TERCERO. REMITIR el expediente de tutela al Tribunal Administrativo del Meta para que adelante la correspondiente actuación judicial.
Los H. Magistrados doctores Alfredo Beltrán Sierra y Eduardo Montealegre Lynett, no firman el presente auto por cuanto se encuentran en comisión en el exterior, la cual fue debidamente autorizada por la Sala Plena de esta Corporación.
[2] Ver Exp. 4135, Consejo de Estado, Sección Primera, M.P. Manuel S. Urueta Ayola. Se dijo en la mencionada providencia:
[3] Ver Auto de junio 20 de 1983 del Consejo de Estado, Sección Primera
[4] Ver ICC-353/02, M.P. Alfredo Beltrán Sierra (En esta ocasión, la Corte, después de determinar el carácter no absoluto y definitivo de la no suspensión provisional del Decreto 1382 de 2000 en su artículo 1º por parte del Consejo de Estado, decidió inaplicar por inconstitucional el mencionado Decreto y decidir el conflicto de competencia en el sentido de remitir la tutela al juez que tenía la competencia a prevención, según lo dispuesto por el artículo 86 de la Carta.)
[5] En el mismo sentido, ver ICC-351/02, M.P. Clara Inés Vargas Hernández (La Sala Plena al decidir conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo del Meta y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Acacías- Meta, considero, después de aplicar la excepción de inconstitucionalidad al artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, que el competente para conocer de la tutela era el Tribunal Administrativo del Meta ante quien el accionante había interpuesto la tutela)