Source: http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=110&tipo=2
Timestamp: 2017-10-19 18:08:46
Document Index: 210994350

Matched Legal Cases: ['artículo 23', 'artículo 95', 'artículo 110', 'artículo 70', 'artículo 1', 'artículo 66', 'artículo 502']

La jurisprudencia ha reiterado que la facultad de proponer la solicitud de comparecencias pertenece al núcleo de la función representativa parlamentaria y está por lo tanto protegida por el artículo 23 de la Constitución. Así se han pronunciado las SSTC 177/2002, 89/2005 y 90/2005, entre otras. En ellas se desarrolla la doctrina del "debate trabado", en virtud del cual no cabe la inadmisión de una petición de comparecencia en los casos en los que ésta resulte pertinente por razón de la materia. Sin embargo, la STC 208/2003 introduce una importante matización al reconocer que la simple propuesta de os parlamentarios de solicitud de comparecencia en Comisión no es vinculante para esta última.
Por un lado, parece claro que las Cámaras pueden requerir la presencia de funcionarios y miembros de la Administración pública en quienes no concurra la condición de miembros del Gobierno. La dicción literal de los artículos 44 del Reglamento del Congreso de los Diputados, de 10 de febrero de 1982 (RCD) y en el art. 67 del Reglamento del Senado, Texto Refundido de 3 de mayo de 1994 (RS), así parecen indicarlo. Además, el artículo 95 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, califica como falta muy grave "La incomparecencia injustificada en las Comisiones de Investigación de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas".
Otra cuestión que se ha suscitado es la de la presencia en las Cámaras de miembros de las llamadas Administraciones independientes. Podemos traer a colación la STC 190/2009, en la que el Tribunal Constitucional estima un recurso de amparo interpuesto contra la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de inadmitir una petición de comparecencia del Vicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. La consecuencia que se extrae es que este tipo de organismos sí están sujetos a las peticiones de comparecencia procedentes de las Cámaras. Menor problema produce el requerimiento a comparecer a los responsables de entidades perteneciente a la Administración institucional. En este caso, dado que no se plantean dudas acerca de su dependencia respecto de la Administración, se asume comúnmente que el Parlamento puede también ejercer sus labores de fiscalización. Un ejemplo de ello es la Disposición Adicional 7ª de la Ley 28/2006, de 18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos. En la misma se establece que "En el marco de lo dispuesto en los Reglamentos del Congreso y del Senado, los Ministros de los Departamentos de adscripción de las Agencias Estatales y los Presidentes de éstas, podrán ser requeridos por las Comisiones de las Cámaras, a fin de informar acerca del desarrollo del Contrato de gestión y demás aspectos de la gestión de aquéllas".
Por último podemos referirnos a las solicitudes de comparecencia dirigidas a integrantes del Poder Judicial. En este caso el límite con que se encuentran las Cámaras es el de la independencia judicial que prescribe el art. 117.1 CE. El Tribunal Constitucional tiene ocasión de analizar la cuestión en la STC 208/2003, en la que estima el amparo promovido contra la inadmisión de una solicitud de comparecencia dirigida al Presidente del Consejo General del Poder Judicial. El Alto Tribunal avala que se puedan dar este tipo de peticiones encuadradas en el principio general de colaboración entre los poderes del Estado sin perjuicio de reconocer que, una vez admitida la solicitud, era la Comisión en cuestión la que debía decidir, esta vez empleando criterios de oportunidad, acerca de la idoneidad o no de celebrar la comparecencia.
Dentro del contexto descrito, el artículo 110 es uno de los que definen como parlamentario el sistema instaurado en España: el Gobierno resulta obligado a comparecer ante las Cámaras y sus Comisiones, posibilitándose así la fiscalización y control directos que son de regla en este sistema. No ha querido nuestra Constitución exigir la pertenencia a las Cortes de los miembros del Gobierno, contentándose con admitirlo como algo posible (artículo 70.1.b). Incidentalmente, puede decirse que la lógica constitucional, ya que no la letra, demanda esta pertenencia al Presidente del Gobierno. De otro modo, no se comprendería el sistema de investidura y el resultado final sería un Presidente gubernamental con una base de sustentación política más bien débil. Lo mismo puede extenderse a los Vicepresidentes en cuanto sustitutos legales de aquél. Pero nada de esto ocurre con los restantes miembros del Gobierno (Ministros), pues el hecho de poseer un escaño en las Cortes parece irrelevante para el recto ejercicio de sus funciones.
Naturalmente, la obligación del Gobierno alcanza a todos sus miembros que, según el artículo 1.2 de la Ley /1997, del Gobierno, abarca al Presidente, al Vicepresidente o Vicepresidentes y a los Ministros.
La obligación de comparecer se dispone con relación a las dos Cámaras, Congreso y Senado, por lo que ambas pueden, y de hecho así lo hacen, requerir la comparecencia de cualquier miembro del Gobierno. Esto concuerda con el bicameralismo general instaurado, esto es, con el hecho de que ambas asambleas participan de las mismas funciones constitucionales (artículo 66.2 de la Constitución), lo que conduce a que el mismo motivo o circunstancia puede provocar el requerimiento por parte de las dos.
El Gobierno está interesado en dicha presencia, pues precisamente el Parlamento el principal foro político del país. A través de éste, puede dar a conocer su programa y las adaptaciones que se vayan imponiendo, así como cuantas razones puedan justificar sus decisiones y omisiones. Como Gobierno responsable, dispone de la oportunidad de ser oído en cualquier momento.
Esta presencia gubernativa y este derecho a hacerse oír se proyecta tanto en las sesiones plenarias como en las de comisiones. Lo cual obedece a la conveniencia de que la opinión del Gobierno pueda conocerse en todas las fases del trabajo parlamentario y, en particular, del legislativo. El Gobierno es el mejor conocedor de la realidad merced a sus servicios administrativos. Al tiempo es el encargado de ejecutar las leyes aprobadas por el Parlamento. Por todo ello, su opinión es relevante para cuanto puedan aprobar las Cámaras.
Naturalmente, esta participación se limita a los debates. Los miembros del Gobierno, en cuanto tales, no participan en las votaciones. Sólo aquellos en que concurra la condición de Diputado o Senador pueden hacerlo en la Cámara respectiva.
Pero, lo que se configura es una facultad de proponer, no un derecho o potestad. El Gobierno y sus Ministros no pueden exigir que las Cámaras reciban a estas autoridades y funcionarios, sino sólo proponerlo. Solución congruente con la supremacía jurídico formal de las Cortes y con el hecho de que, en un sistema parlamentario, el órgano con que se relacionan las asambleas es el Gobierno, y no autoridades o funcionarios inferiores.
La presencia de los funcionarios puede producirse también a requerimiento de las Cortes. Y no sólo porque lo admitan así los reglamentos de una y otra Cámara, sino porque es lógico que si pueden exigir la presencia de los Ministros, puedan hacerlo también con otras autoridades subordinadas. Una negativa del Gobierno a permitir esta comparecencia podría desencadenar un proceso de exigencia de responsabilidad política.
De todas formas, en la vida cotidiana la presencia de funcionarios es más una cuestión teórica que un problema real. Se verifica raramente (al igual que la de muchas autoridades de rango inferior) por falta de interés en los sujetos intervinientes. Las Cámaras y sus Comisiones son órganos a la postre políticos, constituyendo un marco poco acorde a la neutralidad profesional de los funcionarios.
-Sesiones informativas del Gobierno o de otras autoridades (artículos 44, 202 y 203). Implican un acuerdo al respecto de la comisión a iniciativa de algún diputado o grupo. Pero la adopción del acuerdo puede y de hecho se adopta por delegación por la Mesa correspondiente. No tiene un procedimiento regulado y afectos prácticos tiende a confundirse con el inmediatamente reseñado.
Finalmente, el artículo 502 del Código Penal tipifica como delito la incomparecencia de funcionarios y particulares ante las Comisiones de investigación.