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Timestamp: 2020-07-15 03:03:51
Document Index: 357248299

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 104', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 11']

DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 524, de 19/06/2002
Año 2002 VII Legislatura Núm. 524
Sesión núm. 63
Decisión sobre la celebración de la comparecencia de la señora delegada del Gobierno en Cataluña para que explique la posible incidencia en la seguridad ciudadana, en el ámbito de Cataluña, de los resultados del concurso de traslados del Cuerpo Nacional de Policía correspondiente al año 2002. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001089.) ... (Página 16884)
- Sobre la situación de abandono que sufre la Policía NAcional en Béjar (Salamanca). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001208.) ... (Página 16886)
- Relativa a la creación de una comisaría del Cuerpo Superior de Policía en Roquetas de Mar (Almería). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001236.) ... (Página 16889)
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- Sobre el cese inmediato en sus funciones del presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001266.) ...
(Página 16891)
- Sobre la situación de las mujeres con hijos en las cárceles españolas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001276.) ... (Página 16893)
- Sobre protección policial al pequeño comercio de la Comunidad de Madrid afectado por el incremento de la inseguridad ciudadana. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001336.) ...
(Página 16896)
- Relativa a la regulación de la figura de portero de actividades de ocio.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001349.) ... (Página 16899)
- Sobre creación de una comisaría de Policía Nacional en Chiclana de la Frontera (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001386.) ... (Página 16902)
- Relativa al incremento de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil para el verano de 2002 en la provincia de Alicante. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001465.) ...
(Página 16904)
- Relativa a la falta de efectivos policiales en la ciudad de Granada.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001482.) ... (Página 16906)
- Relativa a la construcción de una nueva sede de la Jefatura Superior de Policía en la ciudad de Granada. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001483.) ... (Página 16908)
DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA COMPARECENCIA DE LA SEÑORA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CATALUÑA PARA QUE EXPLIQUE LA POSIBLE INCIDENCIA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL ÁMBITO DE CATALUÑA, DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DE TRASLADOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2002. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001089.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión.
El primer punto del orden del día tiene por objeto debatir sobre la celebración de la comparecencia de la delegada del Gobierno en Cataluña, para que explique la posible incidencia en la seguridad ciudadana, en el ámbito de Cataluña, de los resultados del concurso de traslados del Cuerpo Nacional de Policía correspondiente al año 2002. La iniciativa es del Grupo Parlamentario Socialista.
Antes de entrar en el debate, anuncio a la Comisión que las votaciones no serán antes de la una. A partir de esa hora, en el momento en que proceda.
El señor Pedret tiene la palabra.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señoras y señores comisionados, nos encontramos una vez más en los últimos tiempos debatiendo en el pleno de la Comisión algo que creemos que no debería debatirse en el pleno. Un buen entendimiento de lo que deben ser las funciones de control del Parlamento debiera de llevar a las Mesas, sea cual fuere la mayoría que las compusiera, a admitir a trámite la comparecencia de las autoridades que solicita la oposición, porque el ejercicio del control parlamentario es algo absolutamente fundamental, sobre todo en períodos de mayoría absoluta que se gestionan como el presente.
Supongo que no soy el único en la sala que en los últimos días ha recibido una carta de un ministro en la que, si bien aprendíamos poco respecto a la supuesta reforma del IRPF que se pretende, sí nos dábamos cuenta que en la concepción del Gobierno actual el trámite legislativo es un simple marchamo posterior a la decisión gubernativa. Si ello es así, el control adquiere aún mayor importancia.
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Señorías, lo cierto es que la forma arrogante y prepotente en que se gestiona la mayoría absoluta actual puede, esperemos que no, laminar los principios básicos del control democrático, pero nosotros no vamos a cejar. Siguiendo en esto los consejos de Saulo de Tarso, vamos a insistir oportuna e inoportunamente y hasta el límite de la fatiga en defender el honor del Parlamento y los derechos de los ciudadanos al control gubernativo. Por ello, insistimos en que se acuerde la comparecencia ante esta Comisión de la delegada del Gobierno en Cataluña, porque si bien hablamos de esta cuestión hace poco tiempo con el secretario de Estado de Seguridad, no pudo aportarnos más que consideraciones genéricas sobre el hecho de que nuevos funcionarios jóvenes e inexpertos, como reconoció, del Cuerpo Nacional de Policía iban a ocupar numéricamente las vacantes que se habían producido en Cataluña.
Señorías, en el último concurso de traslado general del Cuerpo Nacional de Policía 1.077 funcionarios destinados a Cataluña pidieron el traslado, lo que representa el 21 por ciento de los funcionarios destinados en Cataluña y al mismo tiempo el 31 por ciento del total de traslados solicitados en España. El 30,4 por ciento de los inspectores de Cataluña solicitaron el traslado, el 31,16 de los agentes de policía y el 39,27 de los subinspectores. Esto ha supuesto, entre otras cosas, el traslado del 32 por ciento de la brigada de información de Cataluña y del 18,36 por ciento de los funcionarios de la Policía Judicial. A nuestro entender, esto ha de suponer necesariamente una alteración del funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña y, por tanto, de la seguridad ciudadana y de la garantía de las libertades públicas que están llamadas a asegurar, de acuerdo con el artículo 104 de la Constitución. Además, como último dato a aportar para intentar convencer hasta la fatiga a sus señorías de que es necesaria la comparecencia, de las 702 plazas ofertadas en Cataluña se cubrieron sólo 93, el 13,24 por ciento.
A los ciudadanos y a nosotros en representación suya nos preocupa que esto pueda afectar realmente al funcionamiento de la policía, y entendemos, dadas las respuestas del secretario de Estado de Seguridad, que sólo la señora delegada del Gobierno en Cataluña puede aclarar ante esta Comisión si tiene o no razón el jefe superior de policía, señor Rancaño, cuando se queja de los efectos perversos que ha tenido este concurso de traslados en el conjunto del funcionamiento de la policía en Cataluña.
Por ello, para ejercer el control frente a las actuaciones del Gobierno, para recibir sus explicaciones y para que los ciudadanos sepan cuáles son las cosas que hace o no hace el Poder Ejecutivo en el aspecto del que hablamos, insistimos una vez más en la necesidad absoluta de la comparecencia de la señora delegada del Gobierno en Cataluña ante esta Comisión.
Por Convergència i Unió, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Convergència i Unió está en contra de que esta Comisión acuerde la comparecencia de la delegada del Gobierno en Cataluña por motivos especialmente formales y de rango. La delegada del Gobierno tiene una función que le atribuye la Constitución de representar a la Administración general del Estado, en este caso en el territorio de Cataluña, pero está cumpliendo una función que jerárquicamente depende del Gobierno. En el ámbito por el que se solicita esta comparecencia, quien tiene una responsabilidad directa es el Ministerio del Interior, responsabilidad que se está cumpliendo en el marco de un órgano mixto, que es la Junta de Seguridad de Cataluña. No nos parece bien que venga a esta Cámara la delegada del Gobierno a explicarnos cómo se está haciendo cuando tenemos la oportunidad, y lo hemos hecho, de que venga el señor Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno, que es el responsable directo en lo relativo a la Administración general del Estado. Además, repito, existe este órgano mixto. Ahora se plantea un problema concreto de plazas vacantes que afecta directamente al cuerpo policial, por tanto, el responsable directo es el director de ese cuerpo policial, pero no la delegada del Gobierno ,que debe cumplir órdenes de sus superiores.
Por esa cuestión de rango y por la soberanía que debe tener la Junta de la Seguridad de Cataluña, mi grupo parlamentario va a votar en contra de esta solicitud de comparecencia, como hemos hecho ya en casos similares en los que no nos ha parecido oportuno que comparezca en esta Cámara la delegada del Gobierno en Cataluña.
El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad, porque el asunto no da para más.
En relación con el gracioso prefacio del que ha hecho gala el señor Pedret, nada más que añadir. Creemos que se comenta por sí sólo y que es un capítulo más de la retórica demagógica habitual con la que se nos viene obsequiando en los últimos tiempos.
En cuanto a los motivos para rechazar esta comparecencia, dos razones fundamentales de fondo. En primer lugar, la larga doctrina afirmada por el PSOE durante catorce años de gobierno respecto a la no comparecencia en este Parlamento de los delegados del Gobierno. Esas lindezas con las que el señor Pedret ha adornado su gracioso prefacio serán de aplicación también no sólo al hoy sino al ayer, es decir, a esa larguísima etapa de catorce años en la que aquí no vino ni un solo delegado del Gobierno. En segundo lugar, porque la pasada semana, no como el señor Pedret ha dicho, la pasada semana
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hablamos largo y tendido sobre este asunto, y el secretario de Estado de Seguridad protagonizó aquí un debate ciertamente interesante. Al final, visto el despliegue de mossos en Cataluña y todas las cuestiones que afectan desde la perspectiva del Ministerio del Interior a ese despliegue, es decir, cumplir los compromisos contraídos con la Generalitat de Catalunya en los mismos términos que la Generalitat de Catalunya está cumpliendo los compromisos contraídos con la Administración del Estado, la única conclusión a la que podemos llegar es que al PSC le fastidia que las cosas se estén haciendo bien, con sentido común, con rigor y con buen acuerdo, como no puede ser menos entre las administraciones implicadas. Por estos motivos, señor presidente, rechazaremos esta solicitud de comparecencia.
- SOBRE LA SITUACIÓN DE ABANDONO QUE SUFRE LA POLICÍA NACIONAL EN BÉJAR (SALAMANCA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001208.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto del orden del día, pasamos a las proposiciones no de ley, empezando por la que figura con el número 2, sobre la situación de abandono que sufre la Policía Nacional en Béjar, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Para defender esta proposición, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: La cuestión que traemos se refiere a la situación de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la ciudad de Béjar, que sufre una carencia de medios importante que le resta eficacia en su actuación. Como consecuencia de las carencias que padece, la presencia del Cuerpo Nacional de Policía en Béjar podríamos considerarla prácticamente simbólica, tan simbólica que este cuerpo no puede cumplir el cometido que le asigna el artículo 104 de la Constitución, que es garantizar la libertad y la seguridad de todos los ciudadanos de una manera efectiva.
En este momento existen en Béjar 21 policías que prestan servicios efectivos, lo que podemos considerar como una dotación puramente simbólica. La situación que origina esta falta de dotación se aprecia de manera inmediata durante las noches, toda vez que en una ciudad de más de 16.000 habitantes sólo un funcionario queda en la mencionada comisaría prestando funciones de atención a cualquier demanda ciudadana que pudiera producirse durante el horario nocturno. En lo que se refiere al conjunto de servicios que puede prestar esta comisaría, no existe tampoco coche patrulla de servicio durante el horario nocturno. En estas circunstancias, carencia de efectivos de protección durante horas nocturnas y carencia del correspondiente coche patrulla, poco es lo que se puede hacer. La presencia de la policía en esta ciudad viene a convertirse en una cuestión puramente formal y poco efectiva. Por eso instamos al Gobierno a dotar a Béjar de medios humanos policiales reales y no sólo simbólicos, a dotarle con una plantilla de 45 agentes, es decir 24 más de los actualmente existentes, a la prestación efectiva de los servicios de seguridad ciudadana durante las noches y fines de semana con un número de agentes que permita la efectividad policial ante cualquier contingencia delictiva, además de incorporar a los servicios de fin de semana y nocturnos un coche patrulla que los haga más eficaces para dar respuesta rápida a los actos delictivos. Resumiendo, lo más importante en lo que se refiere a la proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Socialista es satisfacer las necesidades de personal de esta comisaría, dotándola de 24 efectivos más de los actualmente existentes, abordando la resolución de un problema que, desgraciadamente, es común en lo que se refiere al servicio público de seguridad ciudadana, particularmente el que presta el Cuerpo Nacional de Policía, y es la carencia de efectivos en multitud de comisarías.
Hay muchas causas en la inseguridad ciudadana. No es momento de introducirnos en semejante cuestión, pero con independencia de las distintas causas y raíces sociales del delito que se puedan poner sobre la mesa, existe una que se puede considerar que está al alcance del Gobierno resolver y paliar, y es la que se refiere a la carencia de efectivos. Por este motivo, mi grupo insiste en la necesidad de hacer este pequeño esfuerzo, porque tampoco es grande el esfuerzo que se está solicitando al Gobierno, y dotar a la comisaría de Béjar de un contingente de 24 policías más sobre los 21 existentes en este momento.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERÁNDEZ: Voy a manifestar la posición de mi grupo parlamentario respecto a la proposición no de ley que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista con relación a la supuesta situación de abandono que sufre la comisaría local de Béjar.
En la motivación que justifica la proposición que hoy nos someten a debate creo que se describe un panorama y se realiza, como consecuencia del mismo, un diagnóstico que en absoluto se corresponde con la realidad. Se habla en la proposición de abandono en la comisaría local de Béjar; se afirma que se ha producido una disminución en las garantías de libertad y seguridad de sus habitantes; se habla de merma en la eficacia en la actuación del Cuerpo Nacional de Policía y se afirma que durante las noches hay una situación de desprotección porque supuestamente sólo queda en servicio un funcionario y no opera ningún coche patrulla. Todo ello como consecuencia de la carencia de efectivos policiales. Pues bien, señorías, en Béjar ni existe alarma social, ni incremento en los índices de delincuencia, ni situación de abandono en la comisaría local,
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ni pérdida de eficacia en la lucha contra la delincuencia, ni situación de desprotección nocturna, ni nada que se le parezca. Les voy a dar unos datos para poder situar el debate en sus justos términos, porque después de escuchar al portavoz del Grupo Socialista, los miembros de esta Comisión pueden llegar a deducir que nos encontramos ante una situación extrema, que requiere una medida tan urgente como la que nos piden en su iniciativa, que consiste poco menos que en doblar los efectivos policiales en la comisaría de Béjar. Por cierto, no será doblar, probablemente, lo que soliciten al día de hoy, será incrementar en un 50 por ciento la actual plantilla. Y la situación, desde luego, ni es extrema ni, a nuestro juicio, exige una medida tan urgente.
Empiezo por decir que Béjar tiene una población aproximadamente de unos 15.500 habitantes y cuenta con una comisaría local que tiene al día de hoy 21 funcionarios disponibles del Cuerpo Nacional de Policía, a los que en los próximos días se van a sumar -y eso no nos lo ha dicho el portavoz del Grupo Socialista- 11 nuevos efectivos como consecuencia de la resolución del último concurso de vacantes, en concreto cuatro subinspectores, dos oficiales y cinco policías, por lo que en menos de un mes Béjar va a contar con 30 funcionarios disponibles en las diferentes escalas del Cuerpo Nacional de Policía, con lo que ya se da satisfacción a parte de su iniciativa. Por cierto, una cifra superior a la media de efectivos disponibles que tuvo dicha comisaría durante los diez últimos años en que ustedes gobernaron, y ello a pesar de que durante el período 1993-1995, como su señoría también debería recordar, la media de infracciones penales cometidas en Béjar era el doble que en la actualidad, y entonces ni pintaban un cuadro tan preocupante ni presentaban ninguna iniciativa tendente a incrementar de manera tan urgente la plantilla de la comisaría de Béjar.
Pues bien, ahora en su proposición se solicita urgentemente incrementar esa plantilla hasta 45 agentes, un incremento notable, un incremento que no es del doble, puesto que ya le he recordado que en brevísimas fechas va a haber 30 funcionarios disponibles. Yo creo que esa situación, desde una posición política responsable, sólo debería venir demandada por una necesidad acuciante a la que hay que dar respuesta de manera urgente e inmediata. Señorías, ¿hay razones que justifiquen la urgencia de un incremento tan importante en la plantilla de policía de la comisaría local de Béjar? ¿Hay datos que avalen esa necesidad acuciante a la que hay que hacer frente con carácter inmediato? Nosotros creemos que no, que ni hay urgencia ni hay datos preocupantes que avalen tal pretensión, y se lo voy a intentar demostrar con datos.
Durante el año 2001 se cometieron en el municipio de Béjar 274 infracciones penales, por lo que la tasa de criminalidad en dicho municipio se situó en el 17,59 por mil, es decir, mucho menos de la mitad que la media nacional, que si no recuerdo mal está en torno al 48 por mil. De ahí que en relación a los municipios de su mismo nivel de población, Béjar se encuentre entre los municipios que tiene uno de los menores índices de delincuencia de toda España. Pero hay un dato más a tener en cuenta, un dato por el que se mide la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y es el porcentaje de infracciones penales esclarecidas, en el que los funcionarios policiales de la comisaría de Béjar también vienen destacando durante los últimos años, lo cual es digno de reconocimiento. Así, por seguir tomando como ejemplo el pasado año, el porcentaje de infracciones penales esclarecidas estuvo en torno al 46 por ciento, porcentaje que dobla la media nacional. Por tanto, su diagnóstico de la situación del municipio de Béjar ni es objetivo ni tampoco acertado. Han presentando una proposición basada en afirmaciones poco fundadas, con datos poco contrastados y, claro, de datos equivocados nunca se puede llegar a conseguir diagnósticos acertados. Por cierto, ¿de dónde han obtenido la información para afirmar que por las noches sólo queda un funcionario de servicio y no está operativo ningún coche patrulla? Porque esa información tampoco se corresponde con la realidad, tampoco es correcta. Durante las noches quedan dos funcionarios de servicio y está operativo todos los días un coche zeta.
Con los índices y datos que les he ofrecido, y que pueden contrastar cuando quieran, usted señor Mayoral, que conoce perfectamente el mapa de la delincuencia en España, debería haber sacado la conclusión de que esta proposición, al día de hoy y con los efectivos policiales disponibles, más bien es un auténtico despropósito y obedece más al deseo del firmante de la proposición de intentar quedar bien ante sus paisanos, que a una posición políticamente responsable que pudiera ser extrapolable al conjunto de las comisarías, al conjunto de las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía de toda España. Porque si se solicita que es urgente incrementar la plantilla en casi un 50 por ciento en una de las comisarías con índices tan bajos de delincuencia, ¿qué incremento de plantilla nos van a proponer en otras cuya tasa de criminalidad es muy superior?
Señorías, la seguridad ciudadana es un tema muy serio en el que sobra la demagogia. Hay que tener mucho rigor y seriedad en las propuestas, porque de lo contrario se puede llegar a ser víctima de su propia propaganda.
Por centrar la cuestión, nos encontramos ante un municipio que tiene un bajo nivel de delincuencia, un alto índice de eficacia policial, una buena coordinación con la policía local, en el que se ha incrementado la plantilla en un 18 por ciento en los últimos años y que no requiere al día de hoy una medida tan urgente como la que nos proponen, y lo digo no sin expresar una preocupación, que yo creo que compartimos todos los grupos parlamentarios, la preocupación por garantizar una seguridad efectiva de todos los ciudadanos. Para ello, sin duda es necesario seguir dotando de más efectivos
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al Cuerpo Nacional de Policía para atender las necesidades de las distintas comisarías. Este ya es un tema recurrente en esta Comisión. Es un tema recurrente afirmar que existe un déficit de personal en los distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en concreto del Cuerpo Nacional de Policía; como recurrente es también la afirmación de que esa disminución se viene produciendo desde hace ya años porque el número de bajas, de pases a segunda actividad y jubilaciones, ha venido superando al de funcionarios de nuevo ingreso, por lo que se han venido distribuyendo los efectivos disponibles. Pero siendo esto cierto, también lo es que en los últimos años se está produciendo un esfuerzo muy importante por incrementar el personal del Cuerpo Nacional de Policía a través de ofertas públicas de empleo, como todas sus señorías saben. Así, en el año 2000 se ofertaron 2.150 plazas, el pasado año, 3.150, y en el presente año han sido 4.275 las plazas ofertadas a través de la oferta pública de empleo, por cierto, la mayor de los últimos doce años. Ello va a permitir que en los próximos años, una vez superado el período de formación correspondiente, las diferentes comisarías de policía, también la comisaría local de Béjar, puedan ver incrementadas sus plantillas en función de sus necesidades y podamos garantizar mejor, de un modo más efectivo, la seguridad y libertad del conjunto de los ciudadanos. Por todo ello, nuestro grupo no apoyará esta proposición no de ley.
El señor MAYORAL CORTÉS: La autocomplaciente intervención del señor Castro la verdad es que está dentro de la tónica habitual en lo que se refiere a los propagandistas del Gobierno. A pesar de los esfuerzos que ha hecho y sobre todo del apoyo que ha recibido obviamente por parte del Gobierno, dotándole de una artillería de datos que yo creo que no hacía falta tampoco exagerar tanto (el señor Gil Lázaro: Es mejor decir que no hay ningún problema), lo que se pone en evidencia es que en el fondo se viene a reconocer por parte del portavoz del Grupo Popular la existencia de una desdotación efectiva de la plantilla de Béjar, con independencia de la situación de la criminalidad en la ciudad. Porque se ha apresurado a dar aquí una información que si nos la hubiera dado a tiempo el Gobierno, nos podríamos haber ahorrado esta proposición no de ley. (El señor Gil Lázaro: No tiene ni puñetera idea.-Rumores.) Ahora sale diciendo que hay un concurso y que como consecuencia del concurso resulta que van a ir 11 policías más a Béjar. Bien, a nosotros nos parece fantástico, pero eso hay que decirlo antes. ¿Por qué obligar a la oposición a tener que plantear una proposición no de ley exigiendo algo que en definitiva luego se reconoce y se viene a decir: Oiga, que nosotros vamos a mandar más policías a Béjar? Eso es un reconocimiento implícito de la necesidad que nosotros estamos manifestando bastante evidente. Ese es el primer reconocimiento que hace el señor portavoz del Partido Popular; y, luego, hace un segundo reconocimiento de la razón de ser de nuestra iniciativa, cuando dice: Esta denuncia que hacen ustedes del déficit en el Cuerpo Nacional de Policía... Dice esto como queriendo decir: Esto es una retahíla de denuncias sin fundamento que ustedes hacen; y, sin embargo, dice a continuación: En los últimos años, el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo y vamos a hacer el mismo esfuerzo en Béjar, e incrementaremos también la plantilla de Béjar. Así, está dando la razón a la iniciativa del Partido Socialista, con independencia de que estemos o no de acuerdo en la mayor o menor urgencia que este asunto pueda tener. Desde luego, desde nuestro punto de vista, la tiene; con 21 policías en Béjar -y lo ha reconocido el señor portavoz del Partido Popular-, la presencia de la policía allí es simbólica.
Yo no he dicho en ningún momento, ni se dice en nuestra iniciativa, que la situación de Béjar sea de criminalidad desbordante. Argumentamos que la dotación actual es puramente simbólica y que eso la convierte en ineficaz. La organización de los servicios requiere un número de efectivos policiales mayor que el que estamos pidiendo y, por tanto, el planteamiento de nuestra iniciativa es el correcto desde el punto de vista preventivo. No decimos que haya tiros por las calles en Béjar, por favor, señor portavoz.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, concluya, por favor.
El señor MAYORAL CORTÉS: Estoy concluyendo.
En definitiva, creo que le han preparado a usted; ha acusado al señor Caldera de tratar de lucirse ante su pueblo, y me parece que es una acusación irresponsable, permítame que se lo diga. El deber de todo diputado, de toda persona que representa a alguien en un distrito, es defender a sus ciudadanos, con independencia de que le guste o no al Gobierno. Obviamente, al Gobierno no le gusta, pero el señor Caldera hace muy bien en traer aquí esta proposición no de ley. Creo que no merece ninguna descalificación, igual que no la merece que usted defienda tan ardientemente al Gobierno y que haya expresado aquí la propaganda que habitualmente vierte el Grupo Popular en esta Comisión; no se lo voy a afear.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Intervendré con toda brevedad.
Señor Mayoral, si conociese usted la realidad salmantina y leyera la prensa de allí, se habría dado cuenta de que hace días que se publicaron los datos que he ofrecido esta mañana en esta Comisión, y así se hubiera evitado quedar en evidencia. El concurso de traslados para cubrir vacantes se resolvió hace tiempo, y ya
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saben todos los bejaranos y salmantinos que los 11 nuevos efectivos se incorporarán de manera inmediata. No son datos que me haya suministrado el Gobierno, sino que puede usted leerlos en la prensa salmantina desde hace días.
Cada uno es responsable de sus iniciativas; ahora bien, el panorama que usted ha descrito y que describe la proposición que nos presentan viene a decir poco menos que Béjar se encuentra desprotegida y que su comisaría está abandonada. Le invito a que lea y se informe sobre cuál era la plantilla de la comisaría de Béjar durante el período 1986-1995, que alcanzaba los 24 efectivos, como mucho, mientras el número de infracciones penales cometidas -el índice de criminalidad- superaba con creces el actual, afortunadamente.
Puesto que no venimos aquí a defender los intereses de una comisaría local en concreto, sino a defender una posición responsable, que pueda extrapolarse en cualquier momento a todo el territorio nacional, consideramos que esta proposición es un despropósito y que obedece más -insisto- al interés de quedar bien con los ciudadanos de determinado municipio que a una postura responsable que se pueda extrapolar a todo el país.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA COMISARÍA DEL CUERPO SUPERIOR DE POLICÍA EN ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001236.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente: proposición no de ley relativa a la creación de una comisaría del Cuerpo Superior de Policía en Roquetas de Mar.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Con esta proposición no de ley pretendemos hacernos eco de una demanda que no es sólo de los ciudadanos de Roquetas de Mar, sino también de las instituciones de Almería. Espero que el Partido Popular tenga coherencia y vote en esta Comisión exactamente lo mismo que votó en la Diputación Provincial y en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.
La necesidad de una comisaría de policía en este municipio es más que evidente, pero les daré a sus señorías algunos datos, de todos modos. En este momento, Roquetas de Mar tiene más de 50.000 habitantes; en el censo 2000-2001 tenía 47.570. Hay que destacar que no se trata de una situación coyuntural: el crecimiento de Roquetas de Mar es uno de los más altos de todos los municipios de España, y les voy a facilitar algunos indicadores, según los datos estadísticos de La Caixa. La variación de población entre 1991 y 1999 ha sido del 57,7 por ciento; las actividades industriales de 2001 fueron 469; actividades comerciales al mayor, 149; actividades comerciales minoristas, 1.025; el índice turístico del municipio es 747, lo que hace que la población crezca extraordinariamente durante la temporada de verano; y no me refiero sólo a julio y agosto, sino que ocurre desde mayo hasta octubre. El otro día, en un debate sobre una proposición no de ley relativa a la creación de un cuarto juzgado, hablábamos también del gran número de extranjeros que hay en toda la comarca del Poniente, que se estima que constituyen una población flotante de unas 50.000 personas. Pues bien, entre el 30 y el 35 por ciento de esta población flotante de la comarca del Poniente corresponde a Roquetas de Mar; otro indicador que hace necesaria esta comisaría.
Es cierto que en el municipio de Roquetas de Mar existen unos 30 miembros del cuerpo de la Guardia Civil, y creemos que deben seguir allí. Es decir, que cuando pedimos que se cree una comisaría de policía no estamos diciendo en modo alguno que no haga falta la Guardia Civil, todo lo contrario. La comisaría es necesaria para llevar a cabo actividades complementarias y es necesario mantener la presencia de la Guardia Civil.
Por ejemplo, aunque se ha incrementado la población urbana en los últimos años, sigue habiendo una población rural diseminada considerable en el municipio, además de costa, cuya vigilancia es competencia de la Guardia Civil. Por otra parte, hay competencias, como la de extranjería, que son exclusivas del Cuerpo Nacional de Policía; y lo mismo ocurre con el documento nacional de identidad y con el pasaporte. Estas tareas se hacen ahora de forma provisional, pero no dan abasto al atender la demanda.
En otro orden de cosas, el índice de delitos en la provincia de Almería es 31 por 1.000 habitantes, mientras que en el municipio de Roquetas fue 47,21 en 2001, bastante superior a la media de la provincia y superior a la media nacional; otro dato por el que consideramos necesaria la comisaría de policía. Además, en España existen 67 municipios con menos de 50.000 habitantes que tienen comisaría de policía, 19 no llegan a los 25.000 y tres no alcanzan los 15.000 habitantes; todos ellos tienen comisaría de policía. No voy a decir que no haga falta la comisaría en todos ellos, pero sí que, en un municipio como Roquetas de Mar, con 50.000 habitantes, la comisaría es imprescindible. No lo dice solamente el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, lo ha dicho también el Partido Popular en la Diputación Provincial y en el municipio de Roquetas de Mar, como dije antes.
Espero que el Grupo Popular, siendo coherente con lo que ha manifestado en otros ámbitos, vote a favor de esta proposición no de ley que no solamente apoyamos nosotros sino que también recientemente salió en los medios de comunicación el alcalde de Roquetas, señor Amat, diciendo que había tenido ya reuniones con el Ministerio del Interior y que pronto habría una comisaría de policía en esa localidad. Esperamos que si eso es así esa manifestación de voluntad en el sentido de crear la comisaría
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se traduzca hoy en esta Comisión en el apoyo del Grupo Popular a esta demanda que hacemos desde el Grupo Socialista. Esperamos que se produzca ese apoyo. Si no es así, lo que espero es que no se argumente ese rechazo a esta proposición no de ley con datos falsos. Lo digo porque ya tuvimos ocasión la semana pasada de ver que se empleó como argumento para no aprobar el cuarto juzgado que la Junta de Andalucía no lo había apoyado.
Esto no es así en modo alguno. La Junta de Andalucía, a través de la delegación pidió ese cuarto juzgado y también el Tribunal Superior de Justicia pidió que ese juzgado fuera servido por magistrados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Efectivamente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista vuelve a llegar tarde. Como él bien ha dicho, el alcalde de Roquetas de Mar, un alcalde del Partido Popular, don Gabriel Amat, lleva bastante tiempo realizando las gestiones y el seguimiento preciso para dotar a su municipio, a Roquetas de Mar, de la seguridad necesaria. Para ello ha mantenido varias reuniones con representantes del Ministerio del Interior, concluyendo en lo que viene diciendo desde hace tiempo. Quiere un aumento de los efectivos de la Guardia Civil en su municipio, un aumento de los efectivos de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sin que esto suponga nunca un detrimento de la Guardia Civil. Dice Gabriel Amat que si el tener una comisaría de policía en el municipio de Roquetas de Mar va en detrimento de los efectivos de la Guardia, entonces no la quiere, prefiere que se aumente el número de estos. Esta es la posición del alcalde de Roquetas de Mar, que no lleva como usted, preocupándose por ello desde que vio que salía en la prensa explicando esto, sino bastantes años.
Por otra parte, aunque usted ha hecho referencia a datos de La Caixa, es bastante curioso que en la exposición de motivos de esta proposición no de ley aluda usted a la diversidad de etnias y culturas que hay en Roquetas de Mar. En sus propias palabras, la incidencia considerable de la inmigración es la razón de peso que cimienta la petición de creación de una comisaría de policía en el municipio almeriense de Roquetas de Mar. Esto es muy curioso, puesto que la relación entre inmigración y delincuencia es sistemáticamente negada por su grupo parlamentario. Creo que deben recapacitar sobre lo que dicen y por lo menos comentarlo con el señor Zapatero.
También es oportuno poner en conocimiento de todos los miembros de esta Comisión que según los datos de las fuerzas de seguridad del Estado en el año 2000, datos de los que participa el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, bajaron los indicadores de delincuencia, no sólo en el municipio de Roquetas de Mar sino en toda la comarca del Poniente almeriense.
Señorías, señaladas las anteriores reflexiones y para fijar la posición de mi grupo en la cuestión que nos ocupa, quiero decirle, señor portavoz, que la Ley Orgánica 2/1986, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en su artículo 11 establece la distribución territorial de estas fuerzas.
Así, se atribuye al Cuerpo Nacional de Policía el ejercicio de sus competencias en las capitales de provincia y en los términos municipales urbanos que el Gobierno determine. El resto se atribuye a la Guardia Civil. En 1995 el último Gobierno socialista fijó las poblaciones, distintas de capitales de provincia, en las que se instalarían comisarías de policía. Esto se hizo atendiendo a criterios objetivos de población, conflictividad o presencia o carencia de un acuartelamiento de la Guardia Civil. Esto quiere decir que las competencias en materia de seguridad se realizan en las distintas entidades poblacionales bien por Policía Nacional bien por Guardia Civil. En el caso concreto de Roquetas de Mar, y aunque usted dice que no piensa en un detrimento de la Guardia Civil, tengo que decirle que crear una comisaría del Cuerpo Superior de Policía supondría automáticamente el detrimento de efectivos de la Guardia Civil en aquellas cuestiones de orden público a las que hoy se está dedicando en todo el municipio de Roquetas de Mar. Esto se hace a efectos de evitar la duplicidad de cuerpos de seguridad del Estado.
Quizá el portavoz se está refiriendo, sin ser consciente, al detrimento del puesto principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar-Aguadulce, que presta servicio también en los términos municipales de Enix y Felix.
Este puesto, cuya plantilla está integrada por unos 80 efectivos, cuenta con dos acuartelamientos: uno está en Roquetas de Mar, el otro en Aguadulce. En estos puestos se presta atención al ciudadano de forma permanente. Aparte de ello, como usted bien ha dicho, la comisaría nacional de Policía de Almería realiza de forma periódica en este municipio funciones que le son propias, tales como expedición del documento nacional de identidad, extranjería, etcétera.
Estos razonamientos, y el pensar que esta proposición no de ley no obedece a crear controversia por crearla, sino que obedece realmente a una reciente preocupación suya por las necesidades en materia de seguridad del municipio de Roquetas de Mar, son los que al Grupo Parlamentario Popular le llevan a exponer lo que consideramos un compromiso con los ciudadanos de los términos municipales de Roquetas de Mar, de Enix y Felix, y lo haremos mediante una enmienda in voce para la que esperamos contar con el apoyo de los demás grupos parlamentarios.
Señorías, se trataría de instar al Gobierno para que continúe reforzando las disponibilidades de plantilla de la Guardia Civil que presta servicio en Roquetas de Mar y a la vez para que en el marco de la denominada operación verano se adopten, también este año, las medidas adecuadas para que la dotación correspondiente de Guardia Civil se vea reforzada en los términos
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precisos para atender las demandas estacionales de esta localidad. (El señor Contreras Pérez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Contreras, no hay segundos turnos.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Si han presentado una enmienda, señor presidente, tendré que decir sí o no. ¿No digo nada?
El señor PRESIDENTE: No se puede tramitar la enmienda porque no hay otra enmienda sobre la que transaccionar.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Ha planteado una enmienda. Diga que no se admite la enmienda.
El señor PRESIDENTE: No se puede admitir la enmienda en este trámite, señora Espinosa. Lo siento.
El señor GIL LÁZARO: Perdón, señor presidente.
Como es natural, sometido siempre al criterio y a la consideración de la presidencia, diré que habitualmente hemos venido ofreciendo, un grupo y otro, enmiendas in voce. Es un precedente admitido en la Comisión. Siendo así, evidentemente, y para la sola aceptación o rechazo de la enmienda, tendría que pronunciarse el grupo que presenta la proposición no de ley.
Acepto, como es natural, el criterio de la Mesa, pero simplemente recuerdo que es precedente normal en esta Comisión precisamente la oferta de transaccionales sobre enmiendas o de transaccionales in voce sobre textos.
El señor MAYORAL CORTÉS: Evidentemente está en el ánimo del presidente facilitar las aproximaciones, los encuentros y las transacciones. En consecuencia, le pediría que se continuara brevísimamente este trámite para saber exactamente cuáles son las posturas. Luego, señor presidente, vendrá el trámite de votación, se habrá olvidado todo el bagaje del debate y quizá sea más difícil entendernos.
El señor PRESIDENTE: A iniciativa de los grupos, y en aras de buscar los mayores acuerdos, tiene la palabra el señor Contreras para fijar su posición sobre la enmienda.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Entiendo que esta no es una enmienda sobre esto sino que es una sustitución total. Nosotros planteamos que se ponga una comisaría de policía y lo que se dice es que no hay comisaría de policía pero que cuando llegue el verano se incrementen los efectivos de la Guardia Civil. Dentro de la responsabilidad del Gobierno está atender la seguridad ciudadana convenientemente con los medios y los cuerpos que tiene en ese momento. Por tanto, nos parece que lo que pretende esta enmienda es distraer la atención sobre el objetivo fundamental que plantea el Grupo Socialista. En ese contexto, evidentemente, no la podemos aceptar.
- SOBRE EL CESE INMEDIATO EN SUS FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL FORO PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS INMIGRANTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001266.)
Se ha pedido el aplazamiento del punto número 4. Por tanto, pasamos al punto 5, sobre el cese inmediato en sus funciones del presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
El señor GIL LÁZARO: Perdón, señor presidente. Para una cuestión de orden.
En este momento mi grupo parlamentario tiene constancia de esa solicitud de aplazamiento, que no la ha tenido hasta la fecha. Nos acabamos de enterar por lo que dice el presidente.
Queremos saber si esa solicitud de aplazamiento significa en esta misma sesión, más tarde, o que sale del orden del día de esta sesión.
El señor PRESIDENTE: Sale del orden del día de esta sesión.
El señor GIL LÁZARO: Quiero decir que no nos sorprende, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palalabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley, solicitando en dos puntos dos cosas distintas, aunque relacionadas. La primera, el cese de Mikel Azurmendi Inchausti como presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, y la segunda, la apertura de un proceso de negociación, de búsqueda de acuerdos entre todas las partes implicadas para encontrar una persona que cumpliera los requisitos que considera la sociedad necesarios para desempeñar aquel cargo.
Señorías, el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes constituye un órgano colegiado de consulta, adscrito al Ministerio del Interior, cuyo presidente es nombrado por el titular de este departamento, a propuesta del delegado del Gobierno para la Inmigración y
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la Extranjería. Entre sus funciones, hay que destacar las que se refieren a la formulación de propuestas y recomendaciones tendentes a promover la integración social de los inmigrantes y la canalización de propuestas formuladas por las organizaciones sociales con actividad en el ámbito de la inmigración, con vistas a facilitar la convivencia entre los inmigrantes y la sociedad de acogida, todo ello de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 367/2001, de creación, organización y establecimiento de competencias de dicho foro. Estamos, por tanto, ante un organismo que debe tender, básicamente, a la integración, al consenso, al acuerdo, a la búsqueda de soluciones pacíficas y transadas entre las partes implicadas para llegar a una finalidad también de integración y de convivencia.
Entiende el grupo parlamentario al que represento en este trámite que sin aludir en absoluto a los méritos intelectuales, académicos y de provocador cultural de don Mikel Azurmendi, su perfil, sus declaraciones, su actividad pública no son las adecuadas para un puesto de búsqueda, de integración y de consenso. El señor Azurmendi estrenó su cargo con unas declaraciones intelectualmente provocativas, académicamente discutibles, y cuando digo discutibles es que merecen discusión, no las descalifico, respecto a los valores de la multiculturalidad o de la interculturalidad.
En el ámbito académico podríamos incluso, estoy convencido, llegar a acuerdos con el señor Azurmendi al respecto, pero es que el señor Azurmendi tiene, en estos momentos y mientras se mantenga al frente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, una función política y no académica, y aquellas declaraciones fueron una clara provocación política, es decir, estrictamente lo contrario a lo que debe de realizar el presidente del foro. No fueron, señorías, unas declaraciones producto de un exabrupto, un pronto sin una base en la que sustentarse, porque estas declaraciones, señorías, en un ámbito tan sosegado como es el del Senado, en la comparecencia realizada por el presidente del foro el día 18 de febrero del presente año, ante la Comisión Especial sobre la Inmigración y la Extranjería del Senado, se reprodujeron; y no solo se reprodujeron ésas, sino que se lanzaron otras afirmaciones, posiblemente motivo de discusión entre los historiadores, pero, desde luego, no pronunciadas a lograr la integración y el consenso sobre la materia.
Por ejemplo, el apartheid no nació por racismo, el 18 de febrero de 2002, ante el Senado, en la Comisión especial a la que me he referido. Los incidentes, y la calificación de incidentes es del señor Azurmendi, en El Ejido no fueron racistas. Con referencia a los inmigrantes -y cito textualmente el "Diario de Sesiones"-, son gentes que generalmente vienen de horizontes culturales donde no rigen los derechos humanos, el pluralismo y la tolerancia, otra buena afirmación para conseguir la integración. Otra afirmación: Se está tratando el tema de la ley penal, si está o no ajustada a los inmigrantes. Observemos, señoría, de entrada, que se manifiesta una opinión, por parte del presidente del Foro para la Integración Social de la Inmigración, de un legislación penal comunitarista dirigida a unas u otras comunidades, lo que, desde luego, es asombroso en cualquier teoría penal democrática. Sigue el señor Azurmendi: Yo me he dado cuenta en Almería de que todos los almerienses del Poniente han sido robados ocho veces. No he encontrado ninguno que no lo haya sido. Desde luego, estas afirmaciones, que no se compadecen en absoluto con los datos proporcionados por el Ministerio del Interior, no son favorables a la integración o son unas afirmaciones que conllevan, como consecuencia casi ineluctable, el fomento del racismo y la xenofobia, es decir, exactamente lo contrario de lo que debe realizar el foro.
El señor Azurmendi se refirió, por otra parte, a actividades absolutamente legítimas de varias comunidades autónomas y del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, de interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal correspondiente respecto a la Ley 8/2001, de una forma que encontramos que es también incompatible con la búsqueda del consenso. Calificar una actuación prevista en la Constitución, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y ejercida legítimamente por los depositarios de esta posibilidad como un cirio constitucional, no es tampoco el sistema adecuado para llegar a la integración. Si a ello añadimos, señorías, que la actuación subsiguiente del señor Azurmendi Inchausti se mantiene, de momento, en las declaraciones públicas y entrevistas periodísticas, pero no hemos conseguido aún tener resultado alguno por parte del Foro para la Integración Social de la Inmigración bajo su dirección; si a ello añadimos las opiniones vertidas -no voy a cansar a sus señorías reproduciéndolas- respecto a las organizaciones no gubernamentales dedicadas a los problemas de la inmigración, las difíciles relaciones con las asociaciones de inmigrantes, representativas de los mismos y las afirmaciones referentes a la ligazón entre inmigración y delincuencia, consideramos, repito, que no es el perfil adecuado. Por ello, con un absoluto, total y completo respeto a la figura de don Mikel Azurmendi Inchausti, a sus valores intelectuales, incluso a las tesis, que no compartimos académicamente, consideramos que desde el punto de vista político, no es la figura adecuada y solicitamos la votación favorable de la proposición no de ley que estoy defendiendo.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, al hilo de la exposición del señor Pedret de hace unos momentos, mi grupo quiere destacar hoy que no compartió en su día y que criticó de forma clara y rotunda las declaraciones del actual presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes que vinieron, además, en el marco de una comparecencia parlamentaria
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en el Senado y que considero que era un inicio desacertado de la función de quien debe presidir ese Foro para la Integración Social de los Inmigrantes. Por tanto, expresamente quiero que conste en el "Diario de Sesiones" esa actitud clara de nuestro grupo de desaprobación, de encontrar claramente desafortunadas esas declaraciones.
Evidentemente -lo decía ahora también el señor Pedret-, todos debemos respetar el pensamiento distinto de cualquier persona; pero cuando se ejerce un cargo, como el de presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, esas fueron unos declaraciones desacertadas.
También queremos manifestar que a fecha de hoy, junio de 2002, quizá el Grupo Socialista no hubiese planteado hoy la misma proposición no de ley que presentó en febrero de 2002 porque, a partir de esas desafortunadas declaraciones, mi grupo ha sabido percibir un talante distinto, quizás menos mediático, del presidente del foro para la integración social de los inmigrantes. Comparto con el señor Pedret que el presidente de dicho foro no debe opinar sobre lo acertado o no de que determinados grupos parlamentarios o parlamentos autonómicos formulen o no recurso contra la Ley de extranjería. No era acertado, por su cargo de consenso, que pasara a valorar o no la conveniencia de esos recursos que siguen su trámite ante el Tribunal Constitucional y que, en su día, serán objeto de sentencia.
A partir de esas declaraciones, que no compartimos, queremos dar una oportunidad al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes para que pueda realizar sus funciones. No consideraríamos adecuado votar ahora un cese del presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes y mi grupo no apoyará, como no viene haciéndolo en esta Cámara durante esta legislatura ni en la precedente ni cuando quien ostentaba el Gobierno era el Partido Socialista, mociones de reprobación o de cese. En aquel momento las declaraciones no fueron en absoluto acertadas y no contribuyeron a esa labor de consenso cuando tan necesario es éste en el ámbito de la inmigración pero, reconociendo que el talante posterior no ha seguido el derrotero de las declaraciones iniciales, queremos dar esa oportunidad y desde este punto de vista nuestro grupo no votará hoy a favor de este cese.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Belda.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Mi grupo quisiera comenzar haciendo alusión, como ejemplo, a las declaraciones realizadas en esta Comisión por el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectivamente, en el ámbito del control parlamentario es lógica la discrepancia cuando se expresa algún tipo de opinión o de acción por un responsable político respecto del fondo, y de esa manera lo ha hecho el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero nos parece débil que en una iniciativa de estas características como planteamiento de origen se cuestione un responsable político del ámbito del Ejecutivo por unas declaraciones o por una actuación en un determinado momento. Nos parece que a esta iniciativa le falta sustancia, máxime cuando el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración tuvo ocasión de explicarse en esta misma Comisión sobre las razones, primero, del nombramiento del señor Azurmendi, y segundo, de su gestión; gestión que creemos que está desempeñando con corrección. Siguen estando vigentes las razones que se formularon en su nombramiento, cumpliendo los requisitos del Real Decreto 367/2001 y además el foro está realizando una importante labor de cohesión e integración; labor que no siempre ante la magnitud de su materia es percibida pero que, indudablemente, se está llevando a cabo con absoluta corrección.
El Grupo Parlamentario Popular estima que dentro del ámbito de la crítica política habría que destacar críticas de actuaciones y no tanto de los modos de ejercer un determinado cargo. Nos gustaría saber si desde el grupo parlamentario proponente existe algún libro de estilo sobre cómo desarrollar esa labor, porque parece ser que aquí se trata de censurar modos, maneras, explicaciones y los intentos de algún responsable político de ir más allá y profundizar. Desde el grupo parlamentario proponente parece que de lo que se trata es de quedarse siempre en la superficie de las cosas, en unas declaraciones que se sacan de contexto con un ánimo torzido y no ir al eje de esos problemas. Como ya explicó en su día el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, el señor Azurmendi tiene el apoyo del Ejecutivo y está desarrollando una labor bastante correcta. Quiero decir una vez más que si lo que se pretende con este tema es un nuevo un replanteamiento de las normas generales de extranjería y de inmigración, tendrían que ponerse de acuerdo los responsables políticos del grupo proponente en definir una línea. Son muchas las puertas que tiene la Unión Europea y la nuestra es una sola. Nosotros, como responsables, tenemos la llave de una sola de las puertas, pero hay muchas, hay 15 y habrá más. En definitiva, nos debemos a un eje único de actuación en política migratoria que se está desarrollando. Por tanto, rechazamos -como parece mostrarse en los antecedentes de su iniciativa- cualquier intento de crítica de fondo en el ámbito de la política de inmigración.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001276.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate, pasamos al punto sexto del orden del día: Proposición no de
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ley sobre la situación de las mujeres con hijos en las cárceles españolas.
La iniciativa es del Grupo Parlamentario Popular. Para defenderla, tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Nos encontramos ante un problema de gran magnitud puesto que se trata de niños que viven en las cárceles con sus madres. Hay un total de 150 niños que conviven con sus madres en las cárceles de nuestro territorio nacional. Son de menores de tres años cuya vida comienza desenvolviéndose en un régimen de libertad limitada, bien porque carecen de todo tipo de afecto o cuidado, pues no hay nadie más que la madre para dispensarles este afecto, o bien porque pertenecen a familias desestructuradas en las que la madre resulta ser la única responsable del menor. En cualquier caso, no existe nadie fuera de la prisión que se haga cargo de la niña o el niño y, si lo hay, las opciones son muy limitadas. En la mayoría de los casos, hay que optar entre estar en la cárcel o en un hogar desastroso. Las madres de esos niños viven en recintos penitenciarios. Cumplen condena a causa de la comisión de un delito por el que, en virtud de sentencia firme, se ordena su encarcelamiento, y en algunas ocasiones también existen determinados criterios que amparan la cautela judicial oportuna y que dictan medidas a través de autos para aconsejar este encierro.
Conocemos que la voluntad del Gobierno es limitar el tiempo de permanencia de las niñas y niños en cautiverio en aras a un interés fundamental, que es el interés superior de la infancia. Esta entendemos que es la razón que inspiró el Real Decreto 190/1996, que fija la edad máxima del menor en estas situaciones no más allá de los tres años de edad, ya que hasta ese momento se situaba en los seis años; cuestión que en aquel momento fue debatida y defendida por el diputado popular, hoy portavoz de esta Comisión, señor Gil Lázaro. Pues bien, ese mismo interés superior que invocaba anteriormente es, sin duda, el mismo que inspira a jueces y fiscales de nuestro país cuando autorizan la permanencia de estos niños en prisión con sus madres. Ese es el mismo principio, sin duda, que también vincula a los peritos y a los asistentes sociales que informan sobre la realidad sociofamiliar de cada una de estas mujeres penadas, a fin de evitar situaciones que probablemente sean mucho peores. Me refiero a situaciones de desamparo posterior y consiguiente acogimiento del menor, incluso si llegara el caso. Desde una óptica legal el real decreto al que he hecho referencia implica un reconocimiento sobre la necesaria limitación de la permanencia en prisión de estos menores. Opción que, por otra parte, entendemos viene a sintonizar con la esgrimida por el Defensor del Menor, quien afirma -y cito textualmente-: El niño tiene derechos desde antes de nacer. Que un niño, que no ha cometido delito alguno, pase los tres primeros años de su vida en la cárcel, a mí sinceramente no me cabe en la cabeza. Señorías, todos compartimos la opinión del Defensor del Menor, máxime cuando también conocemos que el ambiente que rodea a los menores en las prisiones desde luego no es el más apropiado ni desde el punto de vista sanitario, pues su frágil sistema inmunológico les hace mucho más vulnerables ante cualquier tipo de virus, ni tampoco desde ningún otro ángulo de visión ya sea físico, psicológico o formativo. El problema es que estos niños no ven más que cemento y paredes y la organización que gira a su alrededor dista de ser lo más parecido a una organización familiar. Todo está sujeto a reglamentos y, por tanto, prácticamente se siente constreñido a una realidad que cercena su libertad.
Conviene conocer también el perfil de las mujeres presas en nuestro país, de las mujeres en cautiverio. Suelen ser en su mayoría de nacionalidad española, en un 77 por ciento, aunque el colectivo de extranjeras se centra en latinoamericanas, principalmente bolivianas y colombianas, siendo estas últimas más numerosas. Su edad media está en torno a los veintinueve años y el desarrollo de sus actividades antes de entrar en prisión va desde la venta ambulante, empleadas de hogar y también limpiadoras. Más de un 62 por ciento no terminó sus estudios y en torno al 28 por ciento son analfabetas. Igualmente sería interesante resaltar que un alto porcentaje, en torno al 70 por ciento, son madres en cautiverio, lo que extrapolado al número de niños son los mismos los que han nacido ya presos desde sus comienzos.
Señorías, en la proposición no de ley que presentamos venimos a instar al Gobierno en los términos que se expresan en el petitum que ustedes han tenido ocasión de leer en la proposición no de ley. Estos tres puntos son necesarios y pueden contribuir a su mejora, y hablo de mejorar porque ojalá estuviese en nuestra mano poder solucionar todos los problemas relacionados con las cárceles donde hay menores con sus madres, pero son tres medidas que pueden contribuir a su mejora. Respecto al primer punto al que hago referencia no existen estudios de ningún tipo sobre la situación actual de las mujeres presas con sus hijos en las cárceles del país, aunque conocemos la intención tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Asuntos Sociales de elaborar un estudio al respecto que puede arrojar sin duda mucha luz en este asunto. Tampoco conocemos la existencia de ningún tipo de evaluación para conocer de forma precisa de qué manera influye la cárcel en el desarrollo de estos menores. La pregunta que probablemente nos podemos hacer todos es cómo será el perfil de este niño cuando sea mayor, cuando sea adulto. Aunque no existen estudios concretos, es verdad que los expertos en salud mental están dibujando un horizonte bastante inquietante. Se tratará sin duda de personas irritables y excesivamente frías. En cuanto a su aprendizaje en estos recintos estos niños son en general bastante más lentos al hablar y su psicomotricidad es mucho más baja que la del resto de los
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niños que no están en cautiverio. Ellos están al margen de conductas tan cotidianas para cualquier niño de nuestro entorno como apagar la luz, abrir la nevera, asomarse al balcón o sencillamente llamar al timbre de una puerta, algo que define bastante gráficamente hasta qué punto estos niños pueden recibir una realidad completamente distorsionada, en la que no caben mascotas, animales ni plantas a las que cuidar y que puedan enriquecer su entorno más inmediato, un descubrimiento de la vida que a estas edades es preciso tener presente.
Solicitamos igualmente fomentar, incrementar y diversificar las unidades dependientes que sólo están en cuatro ciudades españolas. En mi Comunidad, en la Comunidad Valenciana, existen dos unidades a cuyo frente opera en una de ellas la Generalitat Valenciana y en la otra una asociación denominada Nuevo Futuro que trabaja incesantemente por el bien de estos niños y de estas mujeres, aunque también existen otras organizaciones no gubernamentales, como son Cruz Roja y Horizontes Abiertos, que trabajan en Madrid, en Sevilla y Tenerife en un campo tan loable como este. Recordemos también que la Orden Mercedaria hace una labor incansable en todas las prisiones españolas.
Señorías, lo cierto es que las unidades dependientes en cuya organización participan tanto Instituciones Penitenciarias como las organizaciones no gubernamentales se materializan en un lugar fuera de la cárcel, que proporciona sin duda grandes beneficios tanto al niño como a la madre, sin que ello en ningún momento pretenda evitar que la madre cumpla sanción, pues, mientras el niño está en la escuela de nueve de la mañana a cinco de la tarde, está en la cárcel. Esta fórmula les aportará una mayor socialización entre ambos recibiendo de esta forma una educación en escuelas cercanas al barrio donde va a estar ubicada esta unidad y preparándoles juntos para una posterior libertad judicial, al tiempo que comparten muchas horas de estrecha comunicación.
El señor PRESIDENTE: Señora Seller, le ruego que vaya concluyendo, por favor.
La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Inmediatamente.
En conjunto, la proposición no de ley pretende conocer y actuar y ello orientado al interés superior, como he invocado antes, de la infancia, por lo que solicitamos desde mi grupo parlamentario que se pueda tener en cuenta a fin de estimar una votación favorable.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Es muy difícil no estar de acuerdo con lo que su señoría ha expuesto, porque efectivamente la situación es así, y es aún más grave, aunque el talante de su señoría sea muy suave. Se podrían decir muchas cosas de las mujeres privadas de libertad. Es el propio Grupo Parlamentario Popular quien en su proposición no de ley mantiene que en 1988 comienzan a crearse las unidades dependientes para que las madres privadas de libertad puedan estar en módulos separados con sus hijos menores, que es lo lógico, por otra parte, y no me voy a extender en las consideraciones que ha hecho la portavoz del Grupo Popular.
Lo que sucede es que, efectivamente, sólo hay cuatro unidades dependientes. Es un asunto muy complejo, la mayor parte de las mujeres privadas de libertad se hallan en cárceles normalizadas, sin unidades dependientes. La proposición del Grupo Popular pretende realizar estudios sobre la situación, lo que nos parece estupendo, porque una especie de minilibro blanco sobre las mujeres privadas de libertad con hijos menores a su cargo es interesantísimo y nos dará una fotografía precisa de cuál es la situación. También elaborar un estudio para conocer de forma objetiva de qué manera influye en el desarrollo del menor su estancia en prisión, aunque las defensas y los anticuerpos que los niños tienen sea lo de menos, porque la situación es muy dramática. Por último, fomentar, incrementar y diversificar el progresivo desarrollo y las unidades dependientes es lo que hay que hacer. Por ello, hemos presentado una enmienda de adición que dice: Dotar a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de los medios y equipamiento necesario para poder crear centros especiales de internamiento, separados de la prisión, para las mujeres privadas de libertad que tengan consigo a su hijos menores, donde estos niños y niñas puedan desarrollar su convivencia en igualdad de derechos, comenzando por aquellas prisiones cuyos centros penitenciarios no disponen de un departamento de madres separadas del resto de la prisión, que es prácticamente el 90 por ciento de las prisiones españolas.
No me voy a extender más porque la enmienda es muy clara. Veremos qué hace el grupo mayoritario. Nosotros creemos que estudiar, valorar, fomentar y todo eso que está muy bien decirlo en una proposición no de ley, lo único que nos daría, si nos quedáramos ahí, es un minilibro blanco, insisto, sobre la situación de las mujeres privadas de libertad con menores a su cargo, pero entendemos que el Gobierno tiene que actuar y para eso precisamente proponemos esta enmienda.
El señor JANÉ I GUASCH: Mi grupo comparte el sentido de la proposición no de ley que ha defendido la portavoz del Grupo Popular. No quiero alargar el debate, pero mi grupo no desconoce la circunstancia de que Cataluña dispone de competencia en materia de ejecución penitenciaria y evidentemente el desarrollo de los estudios necesarios que plantea esta proposición no de
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ley conllevaría la necesidad de respetar ese marco normativo autonómico.
De ahí que mi grupo formule de viva voz una enmienda al Grupo Popular, que supondría la adición del siguiente inciso al inicio de la proposición no de ley. La proposición se inicia diciendo: El Congreso de los Diputados... el inciso diría: Con pleno respeto a las competencias autonómicas en el ámbito penitenciario. Y continuaría: Insta al Gobierno a... A partir de ahí, ese pleno respeto vincularía cada uno de los puntos de la proposición no de ley. Si se aceptara la enmienda transaccional del Grupo Socialista, que incluiría un nuevo apartado 4, también estaría dentro de ese marco genérico que debe ser el pleno respeto a las competencias autonómicas en el ámbito penitenciario, competencias que son de ejecución penitenciaria y que evidentemente tendrían que ver con lo que nos trae hoy esta proposición no de ley.
Más allá de ese inciso autonómico, mi grupo quiere resaltar en este debate la necesidad de estudiar esta problemática, conocer de forma exhaustiva de qué manera influye en el desarrollo del menor su estancia en prisión, por lo que mi grupo considera oportuna la proposición no de ley que hoy ha presentado el Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Seller.
La señora SELLER TOCA DE TOGORES: Señor presidente, únicamente quiero pronunciarme sobre las enmiendas presentadas por ambos grupos.
No hay objeción alguna en lo referente a la enmienda presentada por Convergència i Unió. Entendemos que es fácilmente comprensible y por lo tanto vamos a aceptarla. No puedo pronunciarme en los mismos términos en lo referente a la enmienda presentada por el Grupo Socialista, no porque no estemos en sintonía con el fondo de la cuestión, que lo estamos y ustedes mismos lo han reconocido, sino porque ustedes están hablando de unos términos que son bastante distintos a los que nosotros empleamos en nuestra proposición. Estamos hablando de unidades para menores que permiten la socialización tanto del niño como de la madre y difícilmente esto se puede pretender a través de un centro especial de internamiento.
En otro orden de cosas, quisiera mencionar que en la actualidad ya existen unidades de madres en todas las cárceles españolas preparadas al efecto, no hay madres con niños que estén mezcladas con el resto de los presos.
Eso es absolutamente falso. Sabemos que es necesario seguir observando todo tipo de niveles de socialización y, cuando ya en su momento el Grupo Popular empezó a hacerlo, lo hizo a través de aquel real decreto al que he hecho referencia invocando el principio fundamental del interés del menor, rebajando, repito, tres años de permanencia en prisión de estas madres con sus niños.
Lamentamos sinceramente no poder aceptar la enmienda. Entendemos que nuestro tercer punto quizás sea mucho más concreto, mucho más sencillo y desde luego mucho más importante para la socialización del menor.
- SOBRE PROTECCIÓN POLICIAL AL PEQUEÑO COMERCIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID AFECTADO POR EL INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001336.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que se refiere a la protección policial al pequeño comercio de la Comunidad de Madrid afectado por el incremento de la inseguridad ciudadana, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para defenderla, tiene la palabra el señor Quintana.
El señor QUINTANA VIAR: Señor presidente, el deterioro de la seguridad ciudadana se ha convertido hoy en uno de los problemas que generan mayor preocupación entre los ciudadanos y esta preocupación está basada en datos objetivos. Todas las estadísticas destacan un importante incremento de la delincuencia y, lo que es más grave, un fuerte aumento de la delincuencia con violencia, que se hace muy preocupante en algunas ciudades, como ocurre en Madrid. Uno de los sectores que ha sido especialmente castigado por la delincuencia ha sido el del comercio joyero-relojero, que agrupa a más de 19.000 profesionales, que mantiene 16.500 puntos de venta y que aglutina a cerca de 200.000 puestos de trabajo. A nivel nacional, entre los años 1997 y 2001, este sector ha sido víctima de siete secuestros, 2.500 robos y atracos y 3.400 hurtos, con unas pérdidas estimadas superiores a los 90,1 millones de euros. Y sólo en el territorio de la Comunidad de Madrid, entre 1998 y 2001, el sector ha padecido tres secuestros, 700 robos con intimidación o violencia y con unas pérdidas superiores a los 27 millones de euros.
Esta situación está amenazando muy seriamente la supervivencia del sector y ha generado la movilización de sus representantes, que han exigido reiteradamente al Ministerio del Interior y a otras instituciones públicas un plan de actuación específico. Y continuando con esta movilización, este colectivo también se ha reunido con otros empresarios, como peleteros, estanqueros, perfumeros, textil, calzado, etcétera, que sufren una situación similar y también reclaman del Gobierno una política más decidida para combatir la inseguridad que afecta al pequeño comercio.
Sin embargo, la respuesta ofrecida por el Gobierno se ha basado únicamente en la filosofía política que representa con especial brillantez el delegado del Gobierno de la Comunidad Autónoma
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de Madrid, el señor Ansuátegui, que manifiesta que quien quiera seguridad, que la pague.
Con este alto grado de irresponsabilidad política, se está descargando una competencia exclusiva del Estado sobre las espaldas de los ciudadanos.
Cabe recordar al partido del Gobierno que es la propia Constitución española la que recoge dicha obligación. Por eso, ayer eran los ciudadanos que viven en las urbanizaciones los que pedían más seguridad, hoy son los joyeros, mañana no sabemos cuáles serán los colectivos que también seguirán demandando una mayor seguridad. A día de hoy, estos colectivos se están viendo obligados a costear doblemente su seguridad: Primero, a través de los impuestos, y después, a través de la contratación de seguridad privada, que en el caso que nos ocupa ha supuesto al sector casi 100.000 euros de inversión y un elevadísimo gasto corriente. Recordamos al efecto que la seguridad privada ha de ser un complemento de la seguridad pública, pero en ningún caso la debe sustituir. Así queda reflejado en la Ley 29/1992, de 30 de julio, de seguridad privada, cuyo artículo 1, me permito recordarles, dice que las actividades privadas de seguridad son sólo actividades complementarias y subordinadas respecto de las de la seguridad pública.
Mi grupo, el Grupo Socialista, no desprecia ni rechaza las medidas complementarias que desde el ámbito de la seguridad privada deban ser adoptadas por los comerciantes, pero garantizar la seguridad de los ciudadanos, también la de los joyeros y otros comerciantes, es una responsabilidad que corresponde claramente al Estado y que hoy debería hacer realidad el Gobierno del Partido Popular. La seguridad es un derecho fundamental reconocido en la Constitución, que está íntimamente ligado al desarrollo en libertad e igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas. No existe democracia sin libertad, pero también es imposible la libertad sin la seguridad. La proposición no de ley presentada en esta ocasión por el Grupo Socialista persigue que el Gobierno asuma su responsabilidad frente a este sector de ciudadanos y se comprometa a desarrollar, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, un plan de actuación que bien podría denominarse comercio seguro, para mejorar sustancialmente la situación del comercio en la Comunidad Autónoma de Madrid y en todo el Estado español.
Esta es la razón por la que instamos al Gobierno a que, primero, el Ministerio del Interior establezca un dispositivo de seguridad de carácter y financiación pública, a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, similar al dispositivo privado creado y financiado por el gremio de joyeros, plateros y relojeros de Madrid y capaz de alcanzar los mismos objetivos de eficacia que los conseguidos por este último. Dicho dispositivo público se creará para sustituir el dispositivo privado, dando cobertura de servicio público a los profesionales que hoy se ven obligados a financiarlo de sus bolsillos. Y segundo, que la medida anteriormente indicada se haga extensiva a todo el pequeño comercio de la Comunidad Autónoma de Madrid y, de manera gradual, al resto del Estado en aquellas ciudades donde se acumule un elevado número de delitos que afecten negativamente al desarrollo de las mencionadas actividades comerciales.
El señor PRESIDENTE: Grupos que quiera fijar posición. (Pausa.)
Por el Grupo Popular, señora Torme.
La señora TORME PARDO: Últimamente todas las iniciativas que presenta el Grupo Socialista tienen un denominador común que no es otro que el desconocimiento, yo no sé si premeditado de la realidad, y es una lástima porque el funcionamiento correcto de la democracia exige que se ejerza por parte de la oposición el control del Gobierno, la crítica, que se pongan de manifiesto cuáles son las discrepancias en cuanto a la acción que realiza este Gobierno y que se ofrezcan alternativas, aunque la verdad es que estas últimas brillan normalmente por su ausencia. Pero para ejercer con rigor la oposición hay que partir de los hechos, de la realidad de la acción del Gobierno, aunque no parece que sea éste el camino elegido por el Grupo Socialista. Lo volvemos a comprobar nuevamente con esta proposición no de ley, según la cual el pequeño comercio de la Comunidad Autónoma de Madrid no cuenta para su protección con dispositivos de seguridad públicos, de manera que se insta al Gobierno, según el texto literal de esta proposición no de ley, para que el Ministerio de Interior establezca un dispositivo de seguridad de carácter y financiación pública, a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, similar al dispositivo privado creado y financiado por el gremio de joyeros, plateros y relojeros de Madrid, y capaz de alcanzar los mismos objetivos de eficacia que los conseguidos por este último mediante un dispositivo privado.
Este planteamiento, como decía, alejado de la realidad de los hechos, de lo que está haciendo el Gobierno, exige que esta portavoz en su turno deba hacer una referencia a cuál es esa realidad, una relación de datos y de actuaciones, que desde luego jamás será propaganda. En primer lugar, por circunscribir el ámbito territorial de actuación del Cuerpo Nacional de Policía respecto al objeto de esta proposición no de ley, he de señalar que la región policial de la Comunidad Autónoma de Madrid se extiende además de la propia capital a catorce localidades de la región: Alcalá de Henares, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Alcorcón, Aranjuez, Coslada, San Fernando de Henares, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla, Pozuelo de Alarcón y Torrejón de Ardoz, donde habitan, según el censo de 1996, un total de 4.381.486 personas. Cuenta con casi 4.000 oficinas bancarias, con más de 47.000 establecimientos de actividades industriales, con más de 25.000 bares restaurantes, lo que da una suma en
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total de 161.507 establecimientos. En lo que se refiere a los robos con fuerza en establecimientos, se han registrado las siguientes denuncias en los últimos años. En 1999, 14.087 denuncias; en el año 2000 se produce un importante descenso, siendo éstas de 11.750; en el año 2001, de 11.483.
Vemos por tanto que la evolución, la cual es fundamental para ver cómo efectivamente se están realizando las cosas, ha registrado un descenso de más del 13 por ciento en 1999 respecto a 1998, este descenso ha seguido en el año 2000, siendo, como decía, muy importante y muy relevante, de más del 16 por ciento, y se está continuando en la misma línea aunque de una forma más moderada en el pasado año 2001, donde se produjo una disminución del 2,27 por ciento. En lo que va del año 2002, en los primeros meses se ha seguido con esta tendencia descendente.
Aunque en la consecución de estos resultados intervienen diversos factores, hay que tener presente que la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha puesto en marcha distintos dispositivos operativos de carácter preventivo, y así quiero destacar el servicio policial denominado operación Surco, que viene funcionando ya desde hace tiempo. Se activa durante varias noches a la semana, está integrado por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, de las comisarías de la región, por la brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, brigada provincial de Policía Judicial, contando con la colaboración de policías locales, en especial con el cuerpo de la capital de España y con el apoyo desde al aire de la dotación de un helicóptero.
Ya por referirme al sector concreto de joyería, relojería y platería, cabe decir que el mismo, junto con el de las entidades financieras, ha sido siempre uno de los más castigados por la delincuencia. Ello ha llevado a que se hayan adoptado distintos dispositivos específicos de seguridad.
Para conocer con mayor detalle cuál es la victimización de este sector hay que distinguir entre robos con intimidación y robos con fuerza. En las joyerías, los robos con intimidación suelen producirse mediante una información previa, mediante la realización de vigilancias, se utiliza una gran violencia, y en ocasiones se llega a amordazar a empleados para retardar la petición de auxilio. Durante los años citados se han denunciado, según los datos que tengo de la evolución que se ha producido, 69 robos con violencia en 1999, 45 en el año 2000, 65 en el año 2001. Durante los primeros meses de este año el número de este tipo de delitos ha sido de 14, que supone dos hechos menos que en el mismo período del año pasado.
Para prevenir y en su caso detener a los presuntos autores de esta modalidad delictiva, que por su trascendencia es la que más alarma social provoca, por parte de la Jefatura Superior de Madrid se ha puesto en marcha el dispositivo operativo denominado operación Quilate, que abarca toda la región policial. En este dispositivo intervienen funcionarios del AUDICO, de la brigada provincial de la Policía Judicial y, de forma especial, los policías preventivos de proximidad de las 30 comisarías de la región, quienes tienen encomendado prestar especial atención a este tipo de establecimientos, fundamentalmente en las horas de apertura y cierre. Se practican identificaciones selectivas en los lugares de reunión de presuntos autores, se distribuyen imágenes de identificados entre las distintas unidades policiales que intervienen, se verifica control de identificación de los vehículos ocupados por presuntos autores, se realizan vigilancias discretas en zonas de joyerías y se mantienen reuniones periódicas con representantes del sector. Asimismo se ha editado un decálogo de medidas preventivas, que se ha hecho llegar tanto a joyeros como a representantes del sector, en el que consta un número de teléfono de conexión directa con el jefe de sala del 091, con el que durante las veinticuatro horas del día pueden contactar todos los profesionales del gremio, dando cuenta de cualquier sospecha que detecten.
En cuanto a la otra modalidad, los robos con fuerza en joyerías, hay que señalar que se da la circunstancia de que sin duda, debido a la presencia policial que se viene realizando en horario nocturno y que está dando buenos resultados, los autores de esta modalidad delictiva han cambiado sus métodos o modus operandi, pasando a perpetrar robos con fuerza por el procedimiento de la maza, esto es, individuos a bordo de motocicletas que se aproximan a las joyerías y, tras fracturar el escaparate con una maza o utensilio similar, emprenden la huida en dichos ciclomotores. Ante este nuevo procedimiento, la Jefatura Superior ha puesto en marcha recientemente el dispositivo operativo Raca, tendente a la prevención y en su caso detención de los autores de estos hechos. En este dispositivo intervienen policías preventivos de proximidad de las distintas comisarías así como efectivos de la sección de motos de la brigada provincial de seguridad ciudadana, quienes, además de alertar a los joyeros de esta nueva modalidad y recordarles la posibilidad de telefonear a la línea directa del 091 si observan alguna anormalidad, como en el caso de la operación Quilate, patrullan las principales zonas donde se concentra el mayor número de establecimientos del sector, siendo de destacar que, desde la puesta en marcha de este operativo, esta modalidad delictiva ha disminuido notablemente.
En lo que respecta a los servicios de seguridad privada que el sector que nos ocupa ha podido contratar, sin duda van a coadyuvar a prevenir hechos delictivos en general, como se contempla en nuestro ordenamiento jurídico, fundamentalmente a través de la Ley de seguridad privada y los reglamentos que la desarrollan. En este punto, estaríamos de acuerdo con el Grupo Socialista en que la seguridad privada ha de ser un complemento que coadyuve a garantizar la seguridad a cargo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Hasta ahora, me he referido a lo que es el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero también hay que hacer referencia a las actuaciones a nivel nacional, que se
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están haciendo para combatir este tipo de actuaciones. En los últimos meses se han puesto en marcha dispositivos específicos de coordinación documental y operativa, denominados operaciones Condor y Ludeco, se han revelado como útiles para luchar y aminorar la delincuencia llevada a cabo por ciertos grupos de delincuentes organizados integrados por colombianos y ecuatorianos, cuya actuación ha tenido especial incidencia en el gremio de joyeros. Con la operación Ludeco, de ámbito nacional, se ha conseguido concentrar, aglutinar y coordinar información muy diversa de todas las unidades policiales, facilitando así la labor de las unidades operativas.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme, le ruego vaya concluyendo, por favor.
La señora TORME PARDO: Señor presidente, lamento extenderme en mi intervención, pero, como señalaba al inicio de la misma, se parte de la denuncia de que no existen dispositivos de seguridad públicos y yo lo que quiero es dejar constancia, sobre todo para no contribuir a la alarma social, de que con cargo al Ministerio del Interior se han puesto en marcha dispositivos específicos en la Comunidad Autónoma de Madrid para atender a esos delitos que se producen en el gremio de joyeros y plateros y, por otra parte, a nivel nacional, otros dispositivos que están también dedicados a las redes organizadas de crimen contra este tipo de sector.
El señor PRESIDENTE: Señora Torme, tiene que acabar en el menor tiempo posible.
La señora TORME PARDO: Sí, señor presidente; seguiré su indicación.
Estas operaciones policiales se realizan con ámbito nacional, se programan sin distinguir la envergadura de las empresas comerciales que podrían verse afectadas y son objeto de modificaciones necesarias para su adaptación a los distintos procedimientos y modalidades delictivas que imperan en cada momento. En cuanto al cuerpo de la Guardia Civil, la Comandancia de Madrid tiene puesto en funcionamiento, desde finales de 1999, un dispositivo específico de protección a los joyeros y representantes de joyería basado en la permanente coordinación y transmisión de información, tanto entre los componentes del gremio como con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluyendo el dispositivo entre otras acciones la realización de contravigilancias en los momentos más sensibles de los desplazamientos de los representantes de joyería. Se ha establecido un plan específico de prevención, al que ya no voy a hacer referencia para no alargar mi intervención.
Teniendo en cuenta la evolución de la delincuencia, la puesta en marcha de todos estos dispositivos policiales a los que he hecho mención de ámbito nacional o específicos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, el Grupo Parlamentario Popular no considera que sea eficiente, desde el punto de vista de la operatividad policial, la puesta en marcha de otros planes específicos distintos a los ya reseñados, distintos a esos dispositivos establecidos por el Ministerio del Interior de carácter y financiación pública. Y véase a este respecto los Presupuestos Generales del Estado, sección 16, Ministerio del Interior, ministerio que está ejerciendo rigurosamente su responsabilidad con un gran esfuerzo para paliar determinadas circunstancias que vienen de ciertas inacciones de épocas anteriores. Y sólo pondré el ejemplo del esfuerzo para incrementar las plantillas.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001349.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, pasamos al siguiente, que se refiere a la figura del portero de actividades de ocio.
Para defenderla tiene la palabra el señor Quintana.
El señor QUINTANA VIAR: Ahora entiendo por qué esta proposición no de ley que presento ahora tiene las grandes dificultades de la inspección por parte de la Policía Nacional. Son debidas al gran esfuerzo que se hace en otros dispositivos, como ha explicado anteriormente la portavoz del Grupo Popular. Por tanto, espero que en esta otra proposición no de ley pueda coincidir por lo menos con algunos de los diagnósticos.
En la proposición no de ley, señor presidente, venimos a decir que, en la cultura de nuestro país, las sociedades de ocio representan algo más que una simple forma de negocio. Una vez superada la adolescencia, para casi todos los grupos generacionales, pero especialmente para los jóvenes, los locales dedicados a esta actividad suponen un lugar de referencia para el encuentro del grupo y para ampliar las relaciones sociales. Sin embargo, en los últimos años, algunos de estos locales se han visto involucrados en muchas situaciones de conflicto y en alguna de ellas se han producido incidentes muy preocupantes, con heridos graves, incluso con víctimas mortales. En la mayor parte de estos casos ha destacado el protagonismo de una figura legalmente inexistente, pero totalmente conocida y presente en este tipo de actividades hosteleras, como son los denominados porteros de bares de copas y similares.
Este tipo de personal, que muy frecuentemente carece de cualquier tipo de relación laboral formal con sus empresarios, es seleccionado por características como su envergadura, la fortaleza física o el conocimiento de artes marciales. Además, presta funciones de mantenimiento de orden en el interior de los locales, que están clara y expresamente reservadas al personal regulado por la vigente Ley de seguridad privada. Lo normal es que carezca de cualquier tipo de uniforme o identificación, aunque resulta fácilmente reconocible por la utilización
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ostensible y no disimulada de medios de radiotransmisión para ponerse en contacto y solicitar el auxilio de los compañeros de locales cercanos en casos necesarios. Cuando surge el problema actúan en grupo y de manera contundente, sin que resulte extraña la utilización de armas blancas, bates de béisbol, puños americanos, nunchacos o spray de defensa. Al llegar la policía, estos individuos ya han desaparecido, los empresarios que los han contratado no los conocen, eran clientes y siempre resulta muy difícil lograr su identificación. En algunas localidades actúan como algo muy parecido a la mafia, consiguiendo el monopolio de este sector laboral, y a veces participan activamente de la protección al tráfico de drogas que se produce en algunos locales.
Este tipo de situaciones, que se han repetido con cierta frecuencia y mucha gravedad en los últimos años, ha despertado una importante reclamación social para que el Gobierno controle y regule la actividad de los porteros de los bares de copas. A esta reclamación se han sumado los ayuntamientos, que son buenos conocedores del problema y tienen importantes competencias en la inspección administrativa de las actividades de ocio. Pero carecen totalmente de ellas en todo lo relacionado con el ámbito de la inspección laboral o el control de las actividades de seguridad privada. A pesar de ello, siempre que ha surgido un incidente de este tipo, el Gobierno ha hecho oídos sordos, declarándose manifiestamente irresponsable e incompetente y justificándose con el tozudo y fácil discurso de que los porteros no son personal de seguridad. Sin embargo, la Ley orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encomienda expresamente al Cuerpo Nacional de Policía el control de entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación de su personal, medios y actuaciones. Y que este grupo parlamentario sepa, el Cuerpo Nacional de Policía está bajo la dependencia del señor ministro del Interior, que es uno de los ministros del Gobierno del señor Aznar. La realidad de la calle es que, en miles de establecimientos de ocio de nuestro país, personal no cualificado y muchas veces conflictivo está ejerciendo una actividad ilegal, que está legalmente reservada al personal de seguridad privada, careciendo de cualquier tipo de contrato laboral o manteniendo contactos falseados. Y la inspección y el control de esta actividad ilegal no se está realizando posiblemente por falta de directrices políticas del Gobierno o por las graves deficiencias de recursos que padece el Cuerpo Nacional de Policía.
Con la proposición no de ley que hoy defiende el Grupo Parlamentario Socialista exigimos al Gobierno del señor Aznar que asuma su responsabilidad política y establezca los operativos de inspección que sean necesarios, a través del Cuerpo Nacional de Policía, para denunciar las infracciones a la legislación que se están cometiendo en un ambiente de absoluta tolerancia institucional. Igualmente proponemos introducir las modificaciones que sean necesarias en la legislación de seguridad privada para incluir en la misma y regularla la figura de los porteros de las actividades de ocio. De esta manera se logrará que la función de mantener el orden y la tranquilidad en este tipo de locales sea ejercida por personal cualificado, con la preparación profesional suficiente y el control público que resulta imprescindible en el ámbito de la seguridad privada. De paso, y ya termino, señor presidente, con medidas como las que hoy proponemos el señor ministro de Trabajo también podrán apuntarse un importante descenso del desempleo y del fraude laboral, sin necesidad de tener que obligar a los parados a desplazarse hasta 30 kilómetros de su domicilio para poder borrarlos de las estadísticas.
El señor JANÉ I GUASCH: Mi grupo, compartiendo parte de la argumentación del señor Quintana en este ámbito de los porteros de ocio, quería abrir la siguiente reflexión, al hilo de la propuesta concreta que hoy nos somete a votación el Grupo Socialista. Entendemos que la redacción que se propone es algo confusa, pues, si se aprobase, el mandato concreto no quedaría explícito. Por ejemplo, no se hace referencia a los porteros de ocio, a lo que el título de la proposición pretende regular. Compartiendo gran parte de la argumentación del señor Quintana, no comparto dos aspectos. Uno, que desconoce la existencia de otros cuerpos policiales.
No estamos hablando únicamente de la Policía Nacional, puesto que hay competencias también de cuerpos policiales autonómicos e incluso locales.
Y dos, se desconoce que en el ámbito de lo que son espectáculos, actividades recreativas, hay una competencia exclusiva de determinadas comunidades autónomas. En Cataluña se ha ejercido esta competencia por ley y por reglamento. Concretamente se aprobó el Decreto 205/2001, por el que se regulan los servicios de vigilancia para determinados espectáculos, actividades recreativas y establecimientos públicos.
Esta proposición no de ley desconoce que existen ya regulaciones autonómicas que sí atienden esta necesaria definición de unas funciones que en todo caso nunca pueden llevar inherentes la función del vigilante de seguridad, que está regulada en la Ley de Seguridad Privada y en el reglamento correspondiente. Una cosa son los porteros, los camareros, los disc-jockeys, que pueden estar en un local como el que mencionaba el señor Quintana, y otra es hacer las funciones de vigilancia de seguridad.
El señor Quintana nos sugería la reflexión: ¿Debemos reformar la Ley de seguridad privada? Mi grupo considera que sí, que ha llegado el momento de plantearnos la reforma de la Ley de seguridad privada, pero no para incluir en la misma a estos porteros, sino para fijar muy bien cuándo debe haber vigilantes de seguridad en los locales, en qué aforo deben estar. Esto se está haciendo en estos momentos en Cataluña y nosotros compartiríamos
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que también se hiciese en el ámbito de la Administración General del Estado, pero sin desconocer esas competencias autonómicas. Si se reformase la Ley de seguridad privada de la misma forma en que se ha aprobado en el Parlament de Catalunya con el voto del Grupo Socialista lo que debe permitir es que la Generalitat de Catalunya pueda incidir realmente en la regulación y el control del personal de seguridad. Esa regulación y control del personal de seguridad corresponde a la Administración General del Estado a través de la ley estatal de seguridad privada y a nosotros nos gustaría (el Parlament de Catalunya también se ha manifestado en este sentido) que una reforma de la legislación de seguridad privada incidiese en una mayor atribución competencial de las comunidades autónomas, concretamente de la Generalitat de Catalunya en este ámbito.
Mi grupo entiende la justificación que lleva al Grupo Socialista a presentar esta proposición no de ley, pero no comparte explícitamente la redacción porque desconoce estas competencias autónomicas y se va a abstener en la votación final. Y pediría al Grupo Socialista que, cuando presente proposiciones no de ley como la que hoy nos trae, tuviera en cuenta que el Estado es compuesto y tuviera en cuenta la existencia en el marco de ese Estado compuesto de legislaciones autonómicas que ya atienden la realidad que hoy nos plantea el Grupo Socialista.
La señora TORME PARDO: El Grupo Parlamentario Popular, al igual que el de Convergència i Unió, comparte algo de la argumentación que ha sido esgrimida por el portavoz del Grupo Socialista. Consideramos que es necesario que se establezca una normativa adecuada para que se regule la actividad que desarrollan los porteros de discoteca. Por ello mi grupo ofrece una enmienda in voce que desearíamos que fuera valorada positivamente por el representante de Convergència i Unió y que fuera aceptada por el Grupo Socialista. Nuestra enmienda tendría el siguiente texto: El Congreso insta al Gobierno a que se adopten las medidas necesarias para evitar el intrusismo profesional en el ámbito de la seguridad privada y a que se establezca la normativa necesaria para la regulación de la actividad desarrollada por los porteros de discoteca.
Una enmienda que viene a coincidir con una moción aprobada en el Senado hace unos meses.
En cuanto a la necesidad de que se regule normativamente este tipo de actividad para evitar que haya problemas de intrusismo y para evitar que los porteros de este tipo de establecimientos realicen actividades que están fuera de su competencia hay que tener en cuenta cuál es el régimen jurídico aplicable en el caso de discotecas y espectáculos públicos.
Están sometidos, por una parte, a la normativa reguladora de esta materia, cuya competencia ostentan con carácter general las comunidades autónomas, y por otra parte, en lo que se refiere al ámbito de la seguridad ciudadana y al orden público han de respetar las normas emanadas de la Administración General del Estado, textos a los que se refiere también la exposición de motivos de la proposición no de ley: Ley orgánica de seguridad ciudadana, reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, Ley de seguridad privada y los reglamentos que la desarrollan.
El real decreto por el que se aprueba el reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas establece precisamente, en su artículo 53, que en todos los espectáculos o actividades recreativas en que puedan producirse concentraciones superiores a 100 personas la empresa deberá disponer de personal encargado de vigilancia, al que encomendará el buen desarrollo del espectáculo. Este precepto puede considerarse en vigor, aunque superado en parte y reforzado por el reglamento de seguridad privada, si bien hay que tener en cuenta que este reglamento enumera una serie de establecimientos que están obligados a disponer de ciertas medidas de seguridad, entre las cuales no incluye con carácter general las discotecas y espectáculos públicos, salvo que, valoradas las circunstancias que se relacionan en uno de sus artículos, las autoridades en él mencionadas impongan obligatoriamente la adopción de tales medidas. Hay que actuar de acuerdo con lo dispuesto en el citado artículo 53, de manera que cuando se produzcan esas concentraciones de más de 100 personas exista un servicio de vigilancia por medio de vigilantes de seguridad cuyo número determinaría el titular del establecimiento y que habrán de estar debidamente habilitados e integrados en empresas de seguridad autorizadas e inscritas.
Cuando se incumple la normativa ¿qué es lo que ocurre? Por una parte, si los usuarios contratan a personal no habilitado sería una infracción leve; por otra parte, el personal que presta servicios de seguridad privada sin haber obtenido la correspondiente habilitación incurre en infracción muy grave, como se recoge en la Ley de seguridad privada y en su reglamento. Hay que recordar, haciendo referencia a las palabras que pronunciaba el portavoz socialista diciendo que el Gobierno hace oídos sordos, que por parte del Ministerio del Interior se está trabajando en esta cuestión. Así, en concreto, la Secretaría General Técnica del ministerio, con el ánimo de contribuir a una solución de la problemática de la vigilancia en los espectáculos públicos, teniendo en cuenta una serie de factores potenciales de riesgo así como la necesidad de garantizar la seguridad sin obviar la libertad, autonomía y responsabilidad de las empresas, elaboró en abril del año 2000 una propuesta para determinar los criterios adecuados para valorar las necesidades de seguridad preventiva en el desarrollo de las actividades recreativas que la Comisaría General de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de Policía
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informó favorablemente. Además siguiendo el espíritu de diálogo y colaboración con el que se trabaja desde el Gobierno y desde el Ministerio del Interior se han celebrado varias reuniones con representantes de la federación de asociaciones provinciales de empresarios de salas de fiesta, baile y discotecas de España y asociaciones de empresas de seguridad, a las que se ha trasladado esta propuesta de la Secretaría General Técnica a la hora de implantar los servicios de vigilancia y estaban conformes con esos criterios expuestos.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que habría que regular de la actividad que desarrollan los porteros de establecimientos dedicados a espectáculos públicos, distinguiendo, en la línea de lo que señalaba el señor Jané, servicios de portería de lo que son los servicios propios de seguridad privada. Los servicios de portería serían aquellos a los que se refiere la disposición adicional primera del reglamento de seguridad privada: Tareas de información en los accesos, custodia y comprobación del estado y funcionamiento de instalaciones y gestión auxiliar realizada en edificios particulares por porteros, conserjes y personal análogo. Por servicios de seguridad privada sólo pueden entenderse, a los efectos que nos ocupan, los de vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, tal y como se establece en la Ley de Seguridad Privada y en su reglamento. La normativa futura, por tanto, a nuestro juicio, debería especificar claramente qué tareas deben realizar los porteros de estos establecimientos, teniendo en cuenta la disposición adicional primera antes mencionada, tareas que nunca podrían implicar el uso de la fuerza o cualquier otra forma de coacción. En caso de alteraciones del orden, este personal debe comunicarlo de inmediato al personal de seguridad privada, único habilitado para repeler cualquier agresión a las personas o contra los bienes objeto de protección. Entendemos que este personal de portería en ningún caso podrá aportar ni usar armas, ni utilizar distintivos o uniformes que puedan confundirse con los previstos para el personal de seguridad privada. Por ello, teniendo en cuenta lo que señalaba al inicio de mi intervención, esa moción que en el Pleno del Senado celebrado el 10 de abril de 2002 se aprobó, entendemos que con la enmienda in voce que hemos propuesto contribuimos a lo que pretendemos los distintos grupos parlamentarios que hoy hemos intervenido, que se regule de una forma clara para evitar que pueda haber intrusismo o el ejercicio de funciones que no competen a las personas que realizan la labor de porteros de este tipo de establecimientos. Ofrecemos esa enmienda que esperamos sea aceptada por el grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: Señor Quintana.
El señor QUINTANA VIAR: No la voy a aceptar porque la enmienda in voce presentada por la señora Torme es lo que se aprobó en el Senado. Y tengo que decir que, curiosamente, los senadores del Grupo Popular leen El País y como consecuencia de algunas cosas que se anuncian con respecto a esta proposición presentan enseguida otra proposición en la misma dirección.
(Número de expediente 161/001386.)
El señor PRESIDENTE: Señores diputados, pasamos al punto siguiente, que es el noveno del orden del día: Proposición no de ley sobre la creación de una comisaría de Policía Nacional en Chiclana de la Frontera (Cádiz). A iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Fernández Chacón.
EL señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Señorías, la proposición no de ley que hoy tengo el honor de presentar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para su debate y votación en la Comisión de Justicia e Interior, sobre la creación de una comisaría de Policía Nacional en Chiclana, es una reivindicación histórica del Ayuntamiento de la ciudad, que en varias ocasiones ha aprobado mociones instando al Gobierno de la nación para su creación, y en más de una ocasión, hay que decirlo, con los votos favorables de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Chiclana y con el apoyo y respaldo de los sindicatos de la ciudad y de los partidos políticos; en definitiva, del entramado social y vecinal de Chiclana. Esta es la razón y la fuerza moral que nos asiste para presentar nuevamente en el Congreso de los Diputados, por tercera vez, esta iniciativa parlamentaria.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Fernández Chacón. Parece ser que los servicios de la Cámara tienen problemas de audición, por lo que, señor diputado, le ruego que se acerque lo más posible al micrófono.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Como decía, esta es la razón y la fuerza moral que nos asiste para presentar nuevamente en el Congreso de los Diputados, por tercera vez en los últimos cuatro años, esta iniciativa parlamentaria. Una iniciativa similar en forma de moción se registró en el Senado en 1998 y no se debatió en la legislatura anterior por las prácticas dilatorias con que el Grupo Popular nos obsequiaba con frecuencia. Posteriormente, el 20 de diciembre del año 2000, el Grupo Parlamentario Popular rechazó, con argumentos escasos y poco serios, una proposición no de ley similar a la que presentamos hoy, la cual instaba al
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Gobierno a la creación de una comisaría de Policía Nacional en la ciudad de Chiclana.
Señorías, la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, establece en su artículo 11.2 la creación de comisarías de Policía en las capitales de provincia y en los términos municipales urbanos que el Gobierno determine. Posteriormente, la Orden Ministerial de 28 de febrero de 1995 determinó la creación de comisarías de Policía Nacional en 132 ciudades españolas, no capitales de provincia, con más de 50.000 habitantes. Hay que de decir que, de ellas, 22 en Andalucía y no se incluyó a Chiclana porque su población rondaba en aquellos momentos los 40.000 habitantes y no cumplía el requisito poblacional de ser una ciudad con más de 50.000 habitantes. Por tanto, la razón por la que no se creó entonces una comisaría en Chiclana es porque la ciudad no cumplía el criterio poblacional básico para su creación. Ahora bien, en el año 2002 este criterio demográfico ya no es ningún obstáculo, puesto que en la actualidad la ciudad supera ampliamente los 50.000 habitantes; tiene más de 65.000 habitantes de derecho y una población de hecho que supera con creces los 80.000 habitantes durante todo el año y los 200.000 en la temporada estival.
Si hablamos de criterios geográficos, hay que decir que Chiclana tiene un término municipal muy extenso, de 203 kilómetros cuadrados, con una longitud entre los puntos más alejados superior a los 20 kilómetros y una población estructurada en núcleos diseminados, alejados entre sí, lo que implica una especial dificultad para las tareas de vigilancia y prevención de los delitos. Esto, unido a los 8 kilómetros de costa y a los puertos deportivo y pesquero que se ubican en su término municipal, a menos de 50 millas de la costa marroquí, la sitúan en un entorno en el que comienzan a proliferar con fuerza las mafias relacionadas con delitos de narcotráfico y el tráfico ilegal de inmigrantes, como lo demuestra el hecho del aumento cualitativo y cuantitativo de este tipo de delitos que viene experimentándose en los últimos años. Esto es innegable.
Si nos atenemos a la ratio del número de agentes por cada 1.000 habitantes en Chiclana, considerando incluso el aumento de la plantilla de la Guardia Civil, anunciado a bombo y platillo hace unos días por la subdelegada del Gobierno en Cádiz, la relación es de 1,5 agentes, menor que los 1,9 agentes por cada 1.000 habitantes que hay en el Puerto de Santa María, los 2,1 que hay en Cádiz, los 3 que hay en La Línea -una población con menos habitantes que Chiclana, según los datos del censo a 1 de enero de 2002- o los 3,15 que hay en Algeciras. Nos preguntamos por qué esta discriminación.
El argumento principal sostenido por el portavoz del Grupo Popular cuando se debatió esta proposición no de ley en el año 2000 -y seguramente hoy tendrá la tentación de volverla esgrimir- fue el de las competencias exclusivas de un solo cuerpo de seguridad ciudadana en una localidad, derivándose de ello, según dijo, la incompatibilidad de la coexistencia de los cuerpos, por tanto la creación de una comisaría significaría el abandono de la ciudad por parte de la Guardia Civil. Esto es una auténtica falacia que se cae por su propio peso. ¿Cómo explicaría el portavoz del Grupo Popular que ciudades próximas a Chiclana, en la provincia de Cádiz, como es La Línea, con una población similar, incluso menor, tenga una plantilla de 85 guardias civiles y una comisaría con 180 policías nacionales adscritos? O sea, que ambos cuerpos coexisten y desarrollan la función que tienen encomendada de seguridad ciudadana de forma coordinada. A la luz de los datos aportados por el Gobierno sobre las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ¿cómo podrían explicar el portavoz del Grupo Popular y el Gobierno al que sustenta que poblaciones similares en número de habitantes estén atendidas tan desigualmente? Hay 265 agentes en La Línea frente a los 93 que prestan sus servicios en Chiclana. Otro tanto podríamos decir de Algeciras y de otras poblaciones de España.
Quizá la única explicación a todo esto, señorías, sea el carácter economicista que viene asignando el Gobierno al tratamiento de la seguridad en España. El famoso déficit cero está llevando a un recorte masivo de plantillas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ello está afectando a la seguridad en todo el territorio nacional. Quizá esa sea la razón más convincente y quizá incluso haya que felicitarles, puesto que a veces hacen un gran ejercicio de imaginación. Ayer mismo se publicaba en un medio de comunicación, El País, el cual parece que no leen con mucha frecuencia (el señor Gil Lázaro: Sí, todos los días), que la Guardia Civil ordenaba separar a las parejas en todas las unidades; es decir, que ahora quieren compensar el déficit de plantilla divorciando a la Guardia Civil. Por eso decía que hay que felicitarles por ese grado que tienen de imaginación. Nos encontramos con una orden que la Guardia Civil ha dado a todas las comandancias. Leo textualmente lo que publica el medio de comunicación sobre los tres tipos de separación que proponen para aumentar lo que no pueden aumentar si tienen menos plantilla, porque resulta que lo que quieren es hacer el milagro de los panes y los peces.
Se fijan tres tipos de patrullas unipersonales: La básica, en que el servicio se presta íntegramente por un solo agente; la fraccionada, en que la pareja vigila en lugares distintos, pero tan próximos que ello permite un apoyo mutuo si fuera necesario, y la compuesta, la del ménage a trois, que consiste en que el agente divorciado se integra en una patrulla múltiple. Señorías, más imaginación es imposible ante la falta de respuesta a los problemas de la seguridad ciudadana.
La creación de la comisaría sería perfectamente posible sin menoscabo alguno de la presencia en la ciudad de la Guardia Civil, a la que felicitamos de nuevo por la magnífica labor que viene desarrollando en la prevención de los delitos en Chiclana, y todo ello acompañado de
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unos resultados espectaculares en relación con los medios técnicos y humanos de que dispone. Así que ahórrense la estrategia sibilina, que ya nadie les cree cuando dicen que la creación de la comisaría, como proponemos desde el Partido Socialista, significaría la desaparición de la Guardia Civil en la ciudad, tratando de ocultar con ello su inoperancia y falta de voluntad para resolver los problemas de la ciudad en materia de seguridad ciudadana. Contrasta esta actuación cicatera con el esfuerzo que vienen obligando a hacer al ayuntamiento por su nefasta política, pues sufraga en parte sus carencias manteniendo en la actualidad una plantilla de 108 agentes, con un coste anual próximo a los 800 millones de pesetas, que salen de los contribuyentes chiclaneros a los que se discrimina doblemente; por una parte, haciéndoles pagar un suplemento para cubrir las carencias del Estado en esta materia y, por otra, obligándoles a molestos desplazamientos, con la consiguiente pérdida de tiempo y dinero, para recibir servicios como la expedición y renovación del documento nacional de identidad, el pasaporte y otros documentos, servicios que sólo pueden prestarse desde una comisaría de Policía Nacional. Por tanto, señorías, si quieren hacer bueno ese dicho del viejo refranero español que dice que a la tercera va la vencida, hoy ustedes deberían votar a favor de esta proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a iniciar el expediente administrativo necesario para la creación de una comisaría de Policía en la ciudad de Chiclana. Si no lo hacen así, no duden de que los ciudadanos de Chiclana se lo van a recordar en las próximas elecciones generales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Romero Girón.
El señor ROMERO GIRÓN: Señor presidente, intervengo para fijar la posición de mi grupo en relación con esta proposición no de ley. Efectivamente, tal y como ha reconocido el portavoz del Grupo Socialista, esta es una iniciativa que ya se ha debatido en varias ocasiones en esta Cámara.
Permítame, señor Fernández Chacón, que en términos coloquiales le diga que esta es una iniciativa para salir en todos los periódicos. Por cierto, nosotros leemos todos los periódicos, no excluimos ninguno, pero no tenemos ningún medio de comunicación como libro de cabecera. Como su señoría ha reconocido, la posición del Grupo Parlamentario Popular es suficientemente conocida. Estoy seguro de que, al terminar esta comisión, su señoría va a ir directamente a los medios de comunicación a decirles qué malo es el PP que, otra vez, vota en contra de la apertura de una comisaría de policía en Chiclana y qué bueno es el PSOE, que quiere la instalación de una comisaría de policía en Chiclana.
Señor Fernández Chacón, con el afecto que le profeso, le voy dar una serie de recomendaciones para esa rueda de prensa, que estoy seguro su señoría tendrá preparada, esa nota de prensa que va a enviar a los medios de comunicación. Tendrá que decir su señoría a los chiclaneros y a las chiclaneras que fue un gobierno socialista el que desmanteló la comisaría de policía que había en Chiclana de la Frontera, porque en Chiclana había una comisaría de policía y el gobierno socialista la quitó. Tendrá que decirle que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ley socialista, fue la que estableció la distribución territorial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Tendrá que decirles que fue una orden socialista, concretamente la de 28 de febrero de 1995, la que estableció las poblaciones que contarían con comisarías de policía, y ahí no incluyó a la ciudad de Chiclana. Tendrá que decirles que los socialistas quieren que la Guardia Civil abandone Chiclana, porque legalmente no es posible, que la Guardia Civil, cuando esté encargada del orden público en una ciudad, coexista a su vez, con la Policía Nacional, y lo sabe su señoría. Hay ciudades en las que coexisten ambos cuerpos, pero con funciones completamente distintas. Tendrá que explicar también a los miembros de la Guardia Civil por qué quieren que abandone la ciudad de Chiclana. Nosotros, no. Nosotros vamos a pedir al Ministerio del Interior que siga en la misma línea que está aplicando actualmente; vamos a explicar a la ciudad de Chiclana que cuando el gobierno del PP llegó en 1996 había en Chiclana 56 agentes y que actualmente hay 100. Precisamente en estos días del mes de junio, se están incorporando 13 agentes nuevos; le vamos a explicar que en los meses de verano va haber 150 agentes, 30 de los cuales proceden de otros destinos y aproximadamente 20 de la academia. A su vez, vamos a leer las declaraciones del alcalde socialista de Chiclana, que, si su señoría me permite, se las voy a recordar. El regidor, Manuel Jiménez Barrios calificó como muy importante el refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil, una medida que agradeció a la representante del Gobierno en Cádiz. Según el alcalde, el aumento de los efectivos de la Benemérita permitirá distribuir las competencias en materia de seguridad, lo que supondrá aminorar los servicios extraordinarios de la policía local. Por último, el señor Jiménez Barrios tuvo palabras de elogio para la Guardia Civil en Chiclana, de la que dijo: Trabaja a plena satisfacción y está haciendo una labor magnífica.
Después de esto, señor Fernández Chacón, no se extrañará que el Grupo Parlamentario Popular vote en contra de su iniciativa.
- RELATIVA AL INCREMENTO DE AGENTES DE POLICÍA NACIONAL Y GUARDIA CIVIL PARA EL VERANO DE 2002 EN LA PROVINCIA DE ALICANTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001465.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de este punto, pasamos al siguiente, que se refiere al incremento de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia
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Civil para el verano de 2002, en la provincia de Alicante. Para su defensa, tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Tal como consta en el "Diario de Sesiones" de la última Comisión de Justicia e Interior, cuando compareció el secretario de Estado, señor Morenés, a preguntas de esta diputada sobre cómo pensaban incrementar el número de agentes de la policía para la provincia de Alicante en la llamada operación verano, el señor Morenés señaló, y así consta, que en 52 miembros. Teniendo en cuenta, cosa que también consta en ese mismo diario y que él aceptó, que durante estos últimos años el número de agentes de la Policía Nacional en la provincia de Alicante se había reducido a 32, el incremento para la provincia iba a ser sólo de 20 agentes de policía. Eso dió lugar a que, según los datos que inmediatamente indicaremos, se presentase de forma urgente esta proposición no de ley, donde se insta al Gobierno a que, de forma temporal y para el verano de 2002, como consecuencia de los graves problemas de delincuencia que hay en la provincia de Alicante, se hiciese un esfuerzo para incrementar, de forma extraordinaria y temporal, durante el verano, tanto agentes de la Policía Nacional como miembros de la Guardia Civil.
Tal como se indica, era para solucionar el grave problema de inseguridad ciudadana que padece la provincia, al aumentar la delincuencia de manera alarmante en el primer trimestre de este año. La cuestión, por lo que he estado oyendo toda la mañana, es si ese incremento es alarmante o no.
Quisiera partir de unos datos que entiendo que son objetivos porque son los que me ha dado el Gobierno; de manera que, si no les llamamos objetivos, vamos a llamarles datos gubernamentales. Si de verdad no creyese como diputada socialista que son objetivos, sugeriría a todos los miembros de esta comisión que apagásemos la luz y nos fuéramos. De manera que parto de datos objetivos dados por el propio Gobierno.
¿Qué dicen esos datos? En primer lugar, que Alicante es la segunda provincia española en incremento de delitos este año. Ha habido un incremento de un 20 por ciento con relación al año 2001, cuando ya hubo un incremento del 28 por ciento y se produjeron 64.277 delitos en la provincia. Tal y como aceptó el señor Morenés en esta sesión que indicaba anteriormente, el incremento en el centro de la ciudad de Alicante fue del 137 por ciento. En Torrevieja, por ejemplo, sólo en enero se produjeron 32 delitos diarios, población que tiene en este momento 60.000 habitantes, pero que en verano llega a 500.000. ¿Cuál es la conclusión de lo que estamos diciendo? Que en lo que llevamos de este año, el incremento de delitos en Alicante es cuatro veces mayor que la media española y el doble que el de la Comunidad Valenciana.
¿Es normal, tal y como se dice en la proposición no de ley, que exista alarma ciudadana? A esta diputada le parece que es incuestionable. Aun así, y sólo con relación a los últimos doce días, voy a leer, muy brevemente puesto que sólo serán titulares, noticias que están apareciendo en mi provincia. Aumentan de forma espectacular los robos, los hurtos y los delitos violentos. Residentes europeos, que viven durante todo el año y desde hace muchos años en la provincia, abandonan la costa y se vuelven a su país por los elevados índices de delincuencia.
La subida de los robos en más de un 50 por ciento dispara la inseguridad.
Las mafias rusas, rumanas y kosovares echan raíces en Alicante. La comunidad tiene la peor ratio de policía por habitante y el mayor aumento de delincuencia. Ahora, declaraciones del delegado del Gobierno, el delegado del Gobierno admite que el nivel de delincuencia es muy preocupante. Eso significa que la alarma ciudadana que allí se ha creado no es una alarma gratuita sino que responde a datos objetivos que las propias instituciones aceptan. Si esto pasa en lo que llevamos de año, imagínense, señorías, si la preocupación es importante, ya que en verano la población en Alicante se duplica. Hablábamos antes de Torrevieja; pues allí no es que se duplique, es que se multiplica por ocho a causa del turismo.
La pregunta sería: ¿Se ha incrementado la eficacia policial ante esta situación objetiva? Sin duda, sí. Repetiré la pregunta y la respuesta: ¿se ha incrementado la eficacia policial ante esta situación objetiva? Sin duda, sí; se ha incrementado en un 20 por ciento con relación a 2001, pero -y subrayo el pero- quiero hacer una salvedad: si bien ese incremento sería muy brillante para Soria, es totalmente insuficiente para Alicante. ¿Por qué? Porque, como sus señorías saben, la eficacia policial es la resultante de la relación de la cantidad de agentes policiales con la de detenidos, y ¿qué es lo que nos indica el Gobierno? Que si Alicante es la segunda provincia española en incremento de delitos, en eficacia policial ocupa nada menos que el lugar número 44, luego tiene un saldo totalmente negativo. ¿Cuál es la causa? La insuficiencia en recursos materiales y humanos. Ante esto, ¿qué medidas va a tomar el Gobierno? La llamada operación verano, en la que, como les decía, habrá un incremento de 20 agentes policiales -con todo lo que está cayendo allí- y un nuevo dato que ha surgido esta mañana, que 78 policías de los que en este momento están destinados en Alicante se habrán marchado de aquí a julio destinados a otras provincias. Eso significa que, a pesar de la operación verano, tendremos un saldo negativo -insisto en ello- y estaremos peor de lo que estábamos.
Por eso esta proposición no de ley insta al Gobierno a que haga un esfuerzo en el período estival, puesto que allí se duplica la población.
De manera que no solamente pedimos más policía nacional de forma temporal, sino también más miembros de la Guardia Civil. En zonas como Torrevieja, por ejemplo, no existe comisaría nacional y nos daría igual que se incrementase o no el número de policías. Puede haber una respuesta,
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que el Gobierno tiene que mandar aquello que ya tiene pensado y presupuestado. Sin embargo, hay algunas soluciones; simplemente se sugieren, puesto que es el Gobierno quien tiene que tomar la decisión, se pueden enviar agentes de la Policía Nacional en comisión de servicios desde otras provincias, y existen también las unidades de intervención, como sus señorías saben, cuya función fundamental es la de ser escoltas, para los que el trabajo baja cerca del 70 por ciento durante el verano; tales unidades de intervención constan nada menos que de 200 funcionarios.
Insistimos en que la operación verano es insuficiente, tal y como está diseñada. Lo que está ocurriendo en la provincia de Alicante es muy grave, y habría que rearmar de alguna manera las medidas del Gobierno. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista le inste a que, de forma temporal, urgente y por pura necesidad, tenga a bien incrementar de forma sustancial el número tanto de agentes de la Policía Nacional como de miembros de la Guardia Civil, de cara a lo que va a caer este verano en la provincia de Alicante.
La señora FERRANDO SENDRA: Señorías, en primer lugar, quiero resaltar que la evolución de la criminalidad depende de numerosas variables que, al estar relacionadas, hacen difícil la determinación de la influencia de cada una de ellas. Las causas que han venido influyendo en esta evolución durante el pasado año continúan teniendo vigencia en el presente; las medidas que se han ido adoptando para corregirlas pueden requerir cambios y no tienen por qué producir resultados instantáneos. En segundo lugar, hay que mencionar que, con el incremento de población estacional en zonas turísticas como Alicante -y quizás aquí más que en otras regiones-, aunque aumenten los efectivos policiales durante la época estival estos resultan insuficientes, teniendo en cuenta que los recursos humanos no son ilimitados.
Quiero hacerle una aclaración a la portavoz socialista en cuanto al concepto técnico de eficacia policial. Ella ha puesto en relación eficacia policial con delito esclarecido y detenciones producidas, y no es así; las detenciones no están relacionadas con las plantillas. Hay muchas provincias que han visto reforzadas sus plantillas y siguen acumulando índices superiores de delincuencia; esto es así, señora portavoz del Grupo Socialista.
No entraré en un debate general, como se ha hecho, ni tampoco haré demagogia, como se ha hecho también en la presentación de la proposición si no que hablaré de aquello a lo que se insta al Gobierno: A implantar la operación verano de 2002. En todas las zonas turísticas se destinará un número de efectivos superior en un 8 por ciento al que se destinó el año pasado. Todavía no se ha hecho la distribución provincial, pero podemos decir -y ya lo ha dicho el delegado del Gobierno- que el incremento en la provincia de Alicante será superior debido a sus especiales circunstancias. No voy a dar cifras alarmistas, como ya han hecho, ni tampoco titulares de prensa, pero sí diré que las actuaciones realizadas hasta ahora han sido positivas: se ha producido un aumento del 40 por ciento en detenciones y la desarticulación de unos 70 grupos de delincuentes en toda la Comunidad Valenciana.
Terminaré diciendo, señorías, que mi grupo no entiende este tipo de iniciativas parlamentarias, que no aportan nada nuevo ni responden siquiera a hacer demagogia, pues la operación verano la viene realizando el Gobierno del Partido Popular desde 1996, y no sólo en la provincia de Alicante sino en todas las zonas turísticas. Más bien parece que esta proposición no de ley sea un desglose de la fracasada proposición que presentó en el Pleno de la Cámara el secretario de los socialistas valencianos, señor Pla. Para mi grupo, no tiene sentido aprobar algo que ya ha previsto el Gobierno, cuyo calendario no se establece en mayo sino antes, y que ya está programado; como digo no tiene sentido aprobar algo que ya se hace. Voy a poner un ejemplo sencillo y obvio: es como si el Grupo Parlamentario Socialista instara al Gobierno a que el portavoz de mi grupo se llamara Ignacio Gil Lázaro. Es obvio que se llama así, y le deseo que se siga llamando igual por muchos años. (Rumores.) Es una realidad que ya se cumple.
Votar no a esta iniciativa parlamentaria es para mi grupo votar sí a todas las medidas y políticas de seguridad que viene realizando el Gobierno del Partido Popular y continuar mejorando con todos los medios posibles -materiales, humanos y presupuestarios- los efectivos policiales, atendiendo siempre, por supuesto, las circunstancias de cada provincia.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001482.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente: proposición no de ley relativa a la falta de efectivos policiales en la ciudad de Granada. Es también del Grupo Parlamentario Socialista y, para su defensa, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Desde hace dos años, venimos denunciando que la situación de Granada en materia de seguridad es cada vez más preocupante.
Es verdad que a lo largo de esta mañana todos los intervinientes que han defendido proposiciones no de ley de estas carácterísticas referidas a sus circunscripciones han denunciado que la seguridad no es precisamente
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una de las mejores gestiones del Gobierno del señor Aznar.
La evolución de la criminalidad y determiandos delitos ponen de manifiesto que Granada se está convirtiendo en una ciudad insegura, situación que los granadinos perciben cada vez con más claridad. Desde el año 2000, esta diputada viene formulando preguntas al Ministerio del Interior sobre distintos aspectos de la criminalidad y de la inseguridad, para saber realmente cuál era la situación a través de los datos que recibíamos de las comisarías de policía. En 1998, se cometieron en la provincia de Granada 20.000 delitos y 19.542 faltas. La evolución ha sido progresiva, como veremos, pues en 1999 se cometieron 21.614 delitos y 21.856 faltas.
En el año 2000 ha sucedido igual, ha ido ascendiendo el número de delitos; hemos pasado a los 21.500 delitos y 20.800 faltas, casi 21.000. Nos hemos encontrado con que en el año 2001 hemos superado claramente la cifra de 25.000 delitos y 1.600 faltas. Estos datos son simplemente un botón de muestra de que la realidad de la ciudad es la que estamos describiendo.
En su última comparecencia, pudimos escuchar al fiscal general del Estado explicando la memoria correspondiente al año 2000 y, posteriormente, hace unos meses, hemos visto que admitía que el índice de criminalidad había subido en un 3 por ciento, cuando la propia policía en estos cuatro meses transcurridos del año 2002, dice que sólo ha subido -el dato es bastante preciso- un 11 por ciento. Ya empieza a ser preocupante. En los cuatro meses transcurridos del año 2002 el índice de criminalidad en Granada se ha situado en un 11 por ciento y la situación actualmente se está deteriorando gravemente; ahora diré por qué. Nos preocupan estas cifras porque, si la evolución desde el año 1998 ha sido progresiva y en estos meses ya tenemos este porcentaje, no quiero pensar qué ocurrirá a final de año si no se toman en la ciudad unas medidas claramente decisivas, al objeto de incorporar todos los efectivos que faltan en su plantilla.
La plantilla de la ciudad de Granada actualmente la forman aproximadamente unos 500 policías. Sin embargo, hace seis años teníamos una plantilla de 1.100 efectivos. Eso significa que hemos reducido la plantilla a menos del 50 por ciento en estos casi siete años, lo que ha llevado a que los efectivos policiales en Granada tengan que hacer un sobreesfuerzo para mantener la seguridad en nuestra ciudad. No quiero perder la ocasión de felicitar desde aquí a todos los policías de la ciudad ya que, de verdad, el esfuerzo que hacen es enorme, pues hay pocos efectivos, y los medios son escasos. Repito, toda la plantilla de la ciudad de Granada hace un gran esfuerzo, teniendo en cuenta que la Alhambra es el monumento más visitado del mundo, que este año ha superado con creces el millón y medio de visitantes. La zona donde está ubicada la Alhambra, que es la zona del bajo Albaicín y del Sacromonte, desde el año pasado sufre un índice de delincuencia altísimo, y ahora les diré las cifras, que nos parecen bastante preocupantes, como decía con anterioridad.
En cuanto a mi comentario anterior sobre los efectivos policiales, diré que merece la pena que el Ministerio del Interior se tome en serio las declaraciones que estamos haciendo y que trate por todos los medios de que la plantilla se vaya recuperando y llegue al número real de efectivos que necesita la ciudad de Granada. Tengo que decir, señor presidente, que hemos dado la tabarra durante dos años en todos los ámbitos en los que hemos tenido la posibilidad de hacerlo: en los medios de comunicación, incluso en diferentes entrevistas con el subdelegado del Gobierno en la ciudad de Granada, reiteradamente hemos insistido en que la plantilla se vaya recuperando progresivamente.
Ayer pude leer en los medios de comunicación de Granada que el subdelegado del Gobierno había hecho unas declaraciones diciendo que, tal como está la situación ahora mismo, fundamentalmente en la zona baja del Albaicín, en el Sacromonte, parece que el Ministerio del Interior va a incorporar 90 efectivos entre Granada y provincia. Tengo que reconocer que eso es una gota de agua en el océano, al menos para la ciudad de Granada; si estuviéramos hablando de otra población probablemente el esfuerzo estaría reconocido, pero en nuestra ciudad eso se va a diluir, fundamentalmente porque ni siquiera estamos hablando de Granada capital, sino que el subdelegado se ha comprometido en ampliar la plantilla para Granada y su provincia. La preocupación llega al extremo de que algunas agencias turísticas japonesas han alertado a sus ciudadanos que visitan nuestra ciudad y han recomendado que no se visite la ciudad de Granada porque es extraordinaria la delincuencia que hay.
Me parece que esta es una situación suficientemente grave, suficientemente seria, que afecta a la economía de la provincia, a la de la comunidad autónoma y, lógicamente, a la de nuestro país, como para que por parte del Ministerio del Interior se den garantías de que se tomarán medidas lo más rápidamente posible para que la plantilla cubra las necesidades de seguridad. Hay un dato que cada vez nos parece más preocupante -se lo facilito con mucha brevedad-, que es el siguiente. En la zona de la Alhambra, en el Albaicín, como mínimo se está produciendo a diario un delito contra las personas de robo con violencia. La plantilla de seguridad privada que hay ahora mismo en Granada está compuesta por 1.224 vigilantes privados, 147 escoltas y 128 efectivos, cuando la ciudad tiene una plantilla de seguridad pública compuesta por bastante menos de la mitad de personal. Tenemos que pensar que, a pesar de que se refuerce con esos 90 policías, estamos hablando como máximo de 600. De ahí que en esta proposición no de ley pedimos que se cubra la plantilla lo antes posible y que, aunque sea de forma progresiva, se tomen tomas las medidas para conseguir que esa plantilla tenga de
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verdad los efectivos que necesita la ciudad, que es lo que solicitan todos los ciudadanos granadinos a diario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: En primer lugar, quiero destacar el tono correcto con el que se ha planteado esta iniciativa. Aunque podamos mantener algunas discrepancias, creo que ese es el tono constructivo con el que todos deberíamos abordar estos temas de seguridad.
La señora López ha hablado de la futura incorporación a Granada de 90 efectivos policiales. Tengo que decir que no son 90, son 91. Una vez que estén disponibles los funcionarios destinados con ocasión de concurso general -estos 91 funcionarios nuevos de próxima incorporación-, la ciudad de Granada contará con 610 funcionarios, a los que hay que añadir 52 destinados en la unidad de intervención policial con sede en dicha ciudad y 47 funcionarios más en segunda actividad con destino, lo que hace un total de 709 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía prestando servicio en Granada. En este sentido, con las nuevas incorporaciones el número de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía en Granada ronda el 85 por ciento con respecto a la dotación asignada por el vigente catálogo de puestos de trabajo de 1995, siendo la media nacional a este respecto del 82 por ciento aproximadamente, de manera que esa media en Granada es superior a la media nacional.
Por otra parte, en los últimos años se ha venido produciendo una importante pérdida de efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía, como consecuencia de que las bajas y jubilaciones han superado al número de funcionarios de nuevo ingreso, lo que ha supuesto que la mayoría de las plantillas policiales tengan un déficit de personal con respecto a las previsiones del vigente catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía. En este sentido, hay que tener en cuenta que el citado catálogo, elaborado en 1995, contempla 56.619 puestos de trabajo, siendo en la actualidad el número real de efectivos del Cuerpo Nacional de Policía de alrededor de 46.000. A fin de reinvertir esta tendencia, por resolución de 30 de abril de 2002, de la Dirección General de la Policía, se convocaron 4.200 plazas para ingreso en la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía. Esta, ya se ha dicho en otras ocasiones, es la oferta de empleo público más importante de los últimos quince años y además se añade a una evolución al alza en los años anteriores.
Por último, la distribución de los efectivos existentes se realiza con arreglo a las necesidades más perentorias de las distintas plantillas, en atención a los índices de delincuencia y de inseguridad ciudadana. En este sentido, se tendrán en cuenta las necesidades de la plantilla de Granada a la hora de distribuir futuros efectivos procedentes de nuevo ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía, funcionarios en prácticas o derivados de próximos concursos generales. Por ello, señor presidente, puesto que se están tomando medidas por parte del Gobierno, y el compromiso de Granada se manifiesta en las nuevas incorporaciones, este grupo parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa, ya que en ella se pide un refuerzo de la plantilla de efectivos policiales en la ciudad de Granada, refuerzo que ya está aplicando el Ministerio del Interior. La señora López habla de recuperar la plantilla que ha ido disminuyendo fundamentalmente como consecuencia de las causas que su señoría y yo misma hemos expuesto, y es precisamente lo que se está haciendo por parte del Gobierno, en concreto del Ministerio del Interior.
- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SEDE DE LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA EN LA CIUDAD DE GRANADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001483.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día: proposición no de ley relativa a la construcción de una nueva sede de la Jefatura Superior de Policía en la ciudad de Granada.
Para su defensa, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Hace aproximadamente diecinueve años que el Ayuntamiento de Granada junto con el Ministerio del Interior, inició unas conversaciones para llegar a un acuerdo sobre la construcción de la nueva sede de la Jefatura Superior de Policía cuyo primer objetivo era que se sustituyeran las obsoletas instalaciones de esa jefatura.
Actualmente, si hace 19 años las instalaciones no eran adecuadas, se pueden imaginar el deterioro del edificio.
Es verdad que el Ministerio del Interior, a pesar de la disponibilidad que siempre tuvo el Ayuntamiento de Granada a lo largo de este tiempo, ha ido rechazando las disposiciones de diversos terrenos que le ponía el ayuntamiento a su disposición; pero también es verdad que en los últimos meses han conseguido ponerse de acuerdo ambas administraciones, la Administración municipal y el Ministerio del Interior, y se ha consensuado la posibilidad de aceptar el espacio que le ofrecía el Ayuntamiento de Granada para la construcción de la Jefatura Superior de Policía. Concretamente nos referimos al decreto que el día 27 de mayo hizo llegar el alcalde de esta ciudad al Ministerio, ofreciéndole una parcela que se encuentra situada en una magnífica zona del norte de la ciudad y que tiene muy buenas conexiones con las vías rápidas de circunvalación de la ciudad, tanto de entrada como de salida, cosa que nos parece importante para la situación de la jefatura, además cuenta con una superficie de más de 13.000 metros cuadrados, puede tener una superficie construida de más de 6.500 metros cuadrados y con una valoración en el
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patrimonio municipal del suelo de la ciudad de Granada de 1.006.209,45 euros, lo cual nos parece un esfuerzo considerable para el Ayuntamiento.
Es verdad que en los últimos tiempos hubo una serie de diferencias entre la Administración central, el Ministerio, y el Ayuntamiento de Granada, fundamentalmente porque no quedaba claro que las largas, por decirlo de alguna manera, que estaba dando el Ministerio a la ubicación de la Jefatura Superior de Policía eran porque se pretendía trasladarlo a la ciudad de Málaga. Definitivamente parece que el Ministerio del Interior ha desistido de esta pretensión, y según tenemos entendido dicho ministerio va a aceptar que la parcela sea adecuada para la instalación de la jefatura.
Con esta proposición no de ley esta diputada lo que quiere para la ciudad de Granada es un compromiso para que el ministerio haga el mismo esfuerzo que ha hecho hasta ahora el Ayuntamiento de Granada; es decir, que tenga la misma celeridad que ha tenido el Ayuntamiento de Granada para poner a disposición un nuevo espacio para la jefatura: el decreto ya está firmado, se ha publicado, ha pasado por el pleno municipal y este mismo mes se ratifica. Como el Ministerio del Interior tiene a su disposición la parcela lo único que necesitamos, y eso lo entienden los ayuntamientos y los ciudadanos muy bien, ya que mientras no haya una consignación presupuestaria, un compromiso económico, la efectividad no es rápida, ya que todavía quedan algunos trámites por cumplir. De ahí que nuestra proposición sea que el esfuerzo del ministerio se haga en los ejercicios presupuestarios, que el concurso se haga de la forma más urgente posible, incluso si fuera necesario a través de la contratación urgente por la Ley de contratos del Estado, así como que en esos seis meses próximos se presente el proyecto definitivo para la ubicación de la Jefatura Superior de Policía. De ahí la petición de esta proposición no de ley, que el comportamiento del Ministerio sea lo más rápido posible y que el compromiso económico se lleve a los dos próximos ejercicios.
La señora TORME PARDO: La demanda que figura en el texto de esta proposición no de ley, es decir, construcción de una nueva sede de la Jefatura Superior de Policía en la ciudad de Granada es compartida por el Grupo Parlamentario Popular y por el Gobierno. Por ello la programación de obras para el presente ejercicio económico recoge la elaboración del proyecto técnico para la construcción de una nueva Jefatura Superior de Policía en la ciudad de Granada. Una vez sea aprobado el citado proyecto siguiendo la tramitación administrativa correspondiente, se sacará a concurso, cumpliendo los requisitos y plazos legalmente establecidos al efecto. En este sentido hay que estar a tenor de cómo funciona el procedimiento administrativo, cuáles son los plazos que se establecen dentro de la Ley de Contratos del Estado. Estamos convencidos de que el Grupo Socialista no quiere para nada que se incumpla la ley, no quiere que se omitan los pasos establecidos en cuanto a la elaboración del proyecto, la adjudicación o la ejecución. Por supuesto, compartimos que la celeridad administrativa es una cualidad que hay que perseguir, pero sólo con una rigurosa aplicación de la ley se ofrecen garantías de la correcta utilización de los fondos públicos, que es lo que todos queremos y más en el caso del Ministerio del Interior.
Por tanto, señora López, le agradezco que haya presentado esta iniciativa pues por una parte nos permite contestarle, como lo estoy haciendo ahora mismo, y además, indicarle que, por fin, con un Gobierno del Partido Popular se acomete la construcción de nueva sede de la Jefatura superior de Policía en la ciudad de Granada, demanda que, como su señoría ha indicado goza ya de una cierta antigüedad; creo que ha señalado que se remonta a más de diecinueve años. Esperemos que siguiendo todos esos pasos administrativos, cumpliendo los requisitos y plazos para que las cosas se hagan bien, Granada pronto pueda ver esa nueva sede.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de los asuntos contenidos en el orden del día, vamos a suspender la sesión hasta la una en que se procederá a la votación, conforme se había anunciado.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a dar comienzo a las votaciones.
Votamos, en primer lugar, el punto 1.º del orden del día, sobre celebración de la comparecencia de la delegada del Gobierno en Cataluña a los efectos ahí previstos.
Pasamos a la votación del punto 2.º del orden del día. Proposición no de ley sobre abandono que sufre la Policía Nacional en Béjar.
Punto 3.º del orden del día. Proposición no de ley relativa a la creación de una comisaría del Cuerpo Superior de Policía en Roquetas de Mar.
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Votamos a continuación el punto 5.º del orden del día. Proposición no de ley sobre el cese del presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
Votación del punto 6.º del orden del día. Proposición no de ley sobre situación de las mujeres con hijos en las cárceles españolas.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, para que conste que queda aprobada la proposición con la incorporación de la enmienda planteada in voce por mi grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Tiene razón su señoría, es exactamente así. No hace falta repetir la votación, ¿verdad? (Pausa.)
Votamos a continuación la proposición no de ley número 7, sobre protección policial al pequeño comercio de la Comunidad de Madrid.
Votamos a continuación el punto 8.º, proposición no de ley relativa a la figura del portero de actividades de ocio.
Punto 9.º del orden del día, proposición no de ley sobre creación de una Comisaría de Policía Nacional en Chiclana de la Frontera (Cádiz).
Votamos el punto 10.º del orden del día relativo a proposición no de ley relativa al incremento de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil en la provincia de Alicante.
Votamos el punto undécimo del orden del día, proposición no de ley relativa a la falta de efectivos policiales en la ciudad de Granada.
Por último, votamos el punto duodécimo del orden del día, proposición no de ley relativa a la construcción de una nueva sede de la Jefatura Superior de Policía en la ciudad de Granada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21, abstenciones, dos.
Concluido el orden del día y realizadas las votaciones, se levanta la sesión.