Source: https://turanzas.wordpress.com/2008/05/10/dona-marta-iciar-fernandez-hierro-martinez-jueza-titular-2/
Timestamp: 2018-01-21 16:32:47
Document Index: 339833058

Matched Legal Cases: ['artículo 269', 'artículo 313', 'artículo 269', 'artículo 779', 'artículo 789', 'artículo 779', 'artículo 789', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 109', 'artículo 779', 'artículo 637', 'artículo 779', 'artículo 379', 'artículo 9']

Doña Marta Iciar Fernández-Hierro Martínez, Jueza titular | Dicky del Hoyo
Doña Marta Iciar Fernández-Hierro Martínez, Jueza titular
de ... 10, mayo, 2008 atropello enaitz enaitz iriondo justicia tomas delagado
La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Haro (La Rioja), Doña Marta Iciar Fernández-Hierro Martínez, ha rechazado la reapertura de las diligencias previas derivadas del “caso Enaitz”, pedida por el Fiscal Superior riojano, Juan Calparsoro.
El auto alude al atropello mortal, el 26 de agosto de 2004, del joven Enaitz Iriondo, por un vehículo conducido por Tomás Delgado, quien, en marzo de 2006, reclamó a los padres del fallecido 20.000 euros por los daños ocasionados en el accidente en su coche, un Audi A-8, así como los gastos de alquiler de otro vehículo.
La jueza dice que el Ministerio Fiscal, en febrero de 2007, consideró que debía confirmarse el auto de septiembre de 2006, en el que se apreciaba la existencia de cosa juzgada y se decretaba el archivo de las diligencias previas, tras la denuncia penal presentada por los padres del menor contra Delgado por un presunto delito de conducción temeraria y bajo la influencia de bebidas alcohólicas.
“No ha sido hasta el año 2008 cuando este asunto ha despertado un inusitado interés en los medios de comunicación, cuando el Ministerio Fiscal ha considerado incorrecta la resolución de 22 de septiembre de 2004, y se ha molestado en instruir unas completísimas diligencias informativas, algo totalmente inusual en la práctica diaria de los tribunales”, señala el auto.
También cree que “atenta contra la más mínima y esencial seguridad jurídica (…) pretender convertir un auto de sobreseimiento libre en uno de sobreseimiento provisional después de haber consentido durante cuatro años” y “resulta inquietante pensar que pueda haber sido la trascendencia mediática del asunto la que haya motivado este cambio de criterio jurídico”.
Y ante esta resolución me hago dos preguntas de profano en temas jurídicos: si esas completísimas diligencias fiscales de ahora, consiguen destapar nuevos datos relevantes, por qué no aceptarlas; si resulta inquietante para la señora Jueza que sea la trascendencia mediática la que ha conseguido que el fiscal opte por la reapertura, no será porque, precisamente la naturaleza del atropello es tan moralmente indignate y tan jurídicamente defectuosa que requiere otro juicio justo. Un juicio que en su día no se dio.
Estoy en contra de la vendettas, de las ejecuciones en plaza pública, de los linchamientos morales o físicos pero creo que el caso Enaitz requiere justicia, y eso, sólo eso, es lo que se niega a Antonio, a Rosa y sobre todo a Enaitz. “Tengas pleitos y los ganes”, dicen los gitanos. Esto no se acaba aquí. Enaitz tiene detrás a mucha, mucha gente que no está dispuesta a arrojar la toalla. Él no se merece que una señora jueza desde la tranquilidad de su despacho esté por encima del Bien y de Mal, sobre todo del Mal. Con estos folios asepticos la justicia despacha un drama humano provocado por un señor que, lo mires como lo mires, no merece seguir en la calle poniendo en peligro a otros seres humanos.
PROCEDIMIENTO: Diligencias Previas nº 694/2004
En Haro, a 9 de mayo de 2008
Único.- El presente procedimiento se incoó a raíz del atestado presentado por la Guardia Civil de Haro en fecha 26 de agosto de 2004, por atropello mortal a un ciclista por parte de un turismo; el día 22 de septiembre de 2004 se dictó auto de sobreseimiento libre y archivo de las diligencias. Con fecha 29 de abril de 2008 tuvo entrada en este Juzgado escrito del Ministerio Fiscal en el que solicitaba la reapertura de las presentes diligencias previas.
Primero.- Antes de resolver la petición de reapertura del Ministerio Fiscal, conviene realizar un relato cronológico de los hechos más relevantes relacionados con este procedimiento:
El día 26 de agosto de 2004, sobre la 1,00 horas, tuvo lugar accidente de circulación en el punto kilométrico 35,400 de la carretera LR-111, consistente en el atropello del ciclista menor de edad Enaitz Iriondo Trinidad por el Audi A8 matrícula 5934-BSR, conducido por D. Tomás Delgado Bartolomé; como consecuencia del atropello el menor resultó muerto. El atestado de la Guardia Civil correspondiente a este accidente se presentó ante este Juzgado el mismo día 26 de agosto de 2004, fecha en la que también se dictó el auto de incoación de las presentes diligencias previas.
El día 13 de septiembre de 2004 se presentó ante este Juzgado el informe técnico de la Guardia Civil relativo al accidente, en el que se establecía como causa inmediata del accidente “infracción al Reglamento General de Circulación por parte del conductor de la bicicleta, el menor Enaitz Iriondo Trinidad, con motivo de no respetar la prioridad de paso en intersección regulada mediante señalización vertical de detención-obligatoria-STOP, de otro vehículo que circula por una vía preferente”. El 22 de septiembre de 2004 se dictó auto de sobreseimiento libre y archivo de las presentes diligencias. El 14 de octubre de 2004 el procedimiento tuvo entrada en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja para su notificación, devolviéndose nuevamente a este Juzgado el día 26 de octubre de 2004
El día 1 de octubre de 2004 D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad presentaron escrito por el que se personaban y mostraban parte en este procedimiento, designando para su representación en el mismo a la Procuradora Dña. Ana Rosa Navarro Marijuan, e interesando vista y traslado de todas las actuaciones; por Providencia de 26 de octubre de 2004 se les tuvo por personados y se dio traslado de las actuaciones originales a la Sra. Navarro a los efectos oportunos. El 5 de octubre de 2004 la Procuradora Sra. Navarro, en la representación indicada, presentó nuevo escrito en el que solicitaba que se dictase auto de cuantía máxima; por auto de 12 de noviembre de 2004 se fijó como cantidad máxima a reclamar por D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad la suma de 82.754,87 €, reclamación que podían formular frente a la entidad aseguradora “WINTERTHUR”.
El 2 de septiembre de 2006, D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad presentaron denuncia penal contra D. Tomás Delgado Bartolomé por un presunto delito de conducción temeraria y bajo la influencia de bebidas alcohólicas, dando lugar a la incoación de las diligencias previas 347/2006. El 28 de septiembre de 2006 se dictó auto en el que apreciándose la existencia de cosa juzgada, se decretaba el archivo de las diligencias previas 347/2006. Contra dicho auto se interpuso recurso de reforma por D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad; conferido traslado al Ministerio Fiscal, el mismo interesó su desestimación por escrito de 1 de febrero de 2007. Por auto de 26 de febrero de 2007 se desestimó el recurso de reposición. Contra dicha resolución se interpuso recurso de apelación por la Procuradora Sra. Navarro, en nombre y representación de D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad; conferido traslado al Ministerio Fiscal, el mismo interesó su desestimación por escrito de 28 de marzo de 2007. La Audiencia Provincial de La Rioja, por auto de 25 de mayo de 2007, desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Procuradora Sra. Navarro, en nombre y representación de D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad, contra el auto de 26 de febrero de 2007 desestimatorio del recurso de reforma por los mismos formulado frente al auto de 28 de septiembre de 2006 que decretaba el archivo de las diligencias por apreciar la existencia de cosa juzgada, confirmando las referidas resoluciones.
El 30 de enero de 2008 tuvo lugar en este Juzgado de Primera Instancia e Instrucción la vista correspondiente al juicio ordinario 954/2005, seguido a instancia de D. Tomás Delgado Bartolomé contra D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad y “WINTERTHUR”. El 28 de enero de 2008 D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad comparecieron en la Fiscalía de La Rioja, y ese mismo día se acordó la incoación de las diligencias informativas 6/2008 de la Fiscalía de La Rioja, a raíz de cuya conclusión el Ministerio Fiscal ha solicitado la reapertura de las diligencias previas 694/2004
Segundo.- Sentado lo anterior, considera el Ministerio Fiscal en su escrito de 29 de abril de 2008 que son dos las cuestiones a dilucidar: la primera de carácter procesal, relativa a si es posible la reapertura del procedimiento, dado el auto de sobreseimiento libre de 22 de septiembre de 2004, ratificado en las diligencias previas 347/2006; y la segunda, para el caso de considerar posible la reapertura, si de las diligencias de investigación resultan nuevos datos o hechos que la justifiquen.
Los puntos 3 a 10 del escrito del Ministerio Fiscal se dedican a la primera de las cuestiones, la de si es posible la reapertura del presente procedimiento. Comienza, en los puntos 3 a 5, con una serie de consideraciones doctrinales sobre los autos de sobreseimiento, entra las que destaca la afirmación totalmente acertada de que los autos de sobreseimiento libre, a diferencia de los autos de sobreseimiento provisional, “tiene eficacia de cosa juzgada material de modo que aún cuando aparezcan nuevos elementos de prueba es inviable la reapertura del proceso y en este sentido gozan de los mismos efectos que la sentencia absolutoria”
Tras esta exposición, en el punto nº 6 de su escrito señala “El auto de sobreseimiento libre dictado en 2004 es en realidad una resolución de inadmisión de denuncia del artículo 269 de la LECr, paralelo al del artículo 313 de la LECr referente a la inadmisión de querella. Estos autos que impiden a limine la iniciación del procedimiento sólo pueden dictarse cuando de modo claro los hechos no sean constitutivos de infracción penal, lo que no sucede en el supuesto de autos. En todo caso precisamente por su naturaleza, no pueden producir el efecto de cosa juzgada material, considerándolos de sobreseimiento libre (entre otras Sentencia de la Audiencia Provincial de la Rioja de 30 de octubre de 2000 que cita su doctrina jurisprudencial de 16 de febrero de 1995, 15 de octubre, 18 de noviembre de 1998 y se refiere a un caso idéntico al presente)”
Estos razonamientos no pueden compartirse. No existen motivos para afirmar que en realidad el auto de sobreseimiento libre de septiembre de 2004 es una resolución de inadmisión de denuncia del artículo 269 de la LECr. El mismo día que en el Juzgado se recibió el atestado inicial de la Guardia Civil se dictó auto de incoación de diligencias previas, y fue tras la recepción de la autopsia y del informe técnico y fotográfico de la Guardia Civil (en el que se recogía como causa inmediata del accidente “infracción al Reglamento General de Circulación por parte del conductor de la bicicleta, el menor Enaitz Iriondo Trinidad, con motivo de no respetar la prioridad de paso en intersección regulada mediante señalización vertical de detención-obligatoria-STOP, de otro vehículo que circula por una vía preferente”) cuando se dictó el auto de sobreseimiento libre. Esto es, no se dictó el auto a la vista del atestado inicial de la Guardia Civil, sino de conformidad con el artículo 779.1.1ª de la LECr, que permite dictar esta resolución una vez que el juez ha practicado las diligencias que estima pertinentes.
En cuanto a la Sentencia citada de la Audiencia Provincial de La Rioja, de 30 de octubre de 2000, no resulta aplicable al supuesto de autos ni contempla un caso idéntico al presente. Y no lo es en virtud de los propios argumentos que ponía de manifiesto el Ministerio Fiscal en los puntos 3 y 4 de su escrito; en ellos expone adecuadamente que antes de la reforma introducida por la Ley 38/2002, el artículo 789 de la LECr se refería únicamente a la posibilidad de decretar el archivo de las diligencias previas en el caso de que los hechos no fueran constitutivos de infracción penal, y según reiterada jurisprudencia este archivo no equivalía a un sobreseimiento libre y no producía efectos de cosa juzgada; pero tras la citada reforma, el artículo 779 de la LECr prevé la posiblidad de que el juez de instrucción, en el ámbito de las diligencias previas, y una vez que ha practicado las diligencias pertinentes, acuerde el sobreseimiento que corresponda, lo que incluye la posibilidad de dictar un sobreseimiento libre (y en este sentido cita las Sentencias del Tribunal Supremo de 23 de noviembre de 2005 y 19 de septiembre de 2006). Pues bien, la Sentencia de la Audiencia Provincial de La Rioja de 30 de octubre de 2000 (y la jurisprudencia a la vez citada por ella) es anterior a la mencionada reforma legal, y por tanto anterior a la posibilidad legal y doctrinalmente reconocida de dictar un auto de sobreseimiento libre en unas diligencias previas, que es el caso que ahora nos ocupa.
Tercero.- En el punto séptimo de su escrito el Ministerio Fiscal afirma “De acuerdo con consolidada doctrina de la Sala 2ª los efectos de las resoluciones procesales y su naturaleza no dependen del nomen que se les atribuya sino de su contenido y cumplimiento de las exigencias legales mínimas para que se desplieguen aquellos (en relación con el nomen del sobreseimiento libre acordado en diligencias previas entre otras SSTS 3 de febrero de 1998 y 29 de diciembre de 2001). Los razonamientos contenidos tanto en este apartado como en los anteriores son compatibles con el párrafo 2 del art.4 del Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos para el que “… nada obsta a la reapertura de un proceso, conforme a la ley y al procedimiento penal del Estado interesado, en el caso de que hechos nuevos o revelaciones nuevas o un vicio esencial del procedimiento pudieran afectar a la sentencia dictada”.
El problema que plantean las sentencias citadas en este punto por el Ministerio Fiscal es el mismo que se exponía anteriormente, que no resultan aplicables al presente caso. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2001 (RJ 2002/6764) indica:
“Nos encontramos ante un Auto en que el Tribunal de instancia desestimó el recurso de apelación interpuesto por la parte querellante contra el auto de sobreseimiento libre y archivo con que el Juzgado de Instrucción, que conoció de la querella, puso fin a las diligencias previas incoadas consecutivamente a la presentación de la misma. Y lo primero que debe ser aclarado es que la crisis del proceso frente a la cual se alza la parte recurrente ha sido indebidamente calificada de sobreseimiento libre por el Juzgado de Instrucción primero y por la Audiencia Provincial después. Cuando el Instructor estima, como en este caso ocurrió, que no son constitutivos de delito los hechos que han sido puestos en su conocimiento mediante una denuncia o la interposición de una querella y, de acuerdo con dicha estimación, pone término a las diligencias previas que inició, no lo puede hacer mediante un auto de sobreseimiento libre sino, como claramente dispone el art. 789.5 LECrim (LEG 188216), mediante un auto de archivo que no puede ser equiparado al auto de sobreseimiento libre previsto en el art. 637 de la misma Ley porque, entre otras razones de menor entidad, la resolución que manda simplemente archivar las actuaciones no produce efecto de cosa juzgada material, como señalan las Sentencias de esta Sala de 16-12-1995, 3-2-1998 (RJ 1998937), 15-10-1998 (RJ 19988714), 18-11-1998 (RJ 19989423) y 25-10-2001 (RJ 20019386). El auto ahora recurrido, en consecuencia, no fue un auto de sobreseimiento libre, aunque así se le llamase, ni vino a confirmar en vía de apelación uno de la misma naturaleza acordado por el Instructor, sino que fue sólo el auto desestimatorio del recurso de apelación interpuesto contra uno de archivo, de suerte que la única resolución que pudo confirmar fue el archivo de las actuaciones. Y es claro que tal auto no es recurrible en casación a tenor del art. 848 LECrim y de la doctrina de esta Sala que se encuentra expresada en Sentencias como las que acabamos de mencionar”
El Tribunal Supremo afirma en esta Sentencia que el auto que se recurría no era “un auto de sobreseimiento libre aunque así se le llamase”, pero precisamente porque en aquel momento lo que preveía el artículo 789 de la LECr era que el juez instructor pusiese término a las diligencias previas mediante un auto de archivo, y no a través de un auto de sobreseimiento libre; no obstante, como ya se ha indicado, la situación legislativa y doctrinal ha cambiado a partir de la reforma introducida por la Ley 38/2002, de manera que ahora sí es posible finalizar las diligencias previas mediante un auto de sobreseimiento libre, que es precisamente lo que hacía el auto de 22 de septiembre de 2004. Y lo mismo puede decirse de la otra Sentencia citada de 3 de febrero de 1998.
En cuanto a la referencia al artículo 4.2 del Protocolo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, poco añade a la cuestión que nos ocupa. Porque considera posible la reapertura de un proceso “conforme a la ley y al procedimiento penal del Estado interesado”; y precisamente lo que trata de resolverse en esta resolución es si conforme a nuestro ordenamiento jurídico resulta factible la reapertura en este caso.
Cuarto.- En el punto octavo de su escrito el Ministerio Fiscal indica: “Debe resaltarse, asimismo, la situación de absoluta indefensión de los padres del fallecido. En sus declaraciones han manifestado que carecen de cultura y conocimientos jurídicos suficientes y no distinguen un sobreseimiento libre de uno provisional. Nunca han sido informados de sus derechos por ninguna autoridad policial, judicial ni por el Ministerio Fiscal hasta estas diligencias, no habiéndoseles respetado sus derechos de información del artículo 3 de la Decisión Marco antes citada. Tampoco han podido comparecer, alegaciones, ni ser oídos todavía por la autoridad judicial acerca del accidente que costó la vida a su hijo, habiendo manifestado su gran deseo en este sentido en las presentes actuaciones”.
Ciertamente, hubiera sido deseable que en el curso de las diligencias previas 694/2004 se hubiese realizado a los padres del menor Enaitz el ofrecimiento de acciones de los artículos 109 y 110 de la LECr. Sin embargo, conviene tener en cuanta una serie de cuestiones En primer lugar, que la omisión de este trámite no tuvo relevancia en la resolución finalmente dictada, puesto que no eran testigos presenciales del accidente, y la decisión sobre la tipicidad o no de unos hechos es exclusivamente jurisdiccional. En segundo lugar, que habida cuenta de que se consideró que los hechos no eran constitutivos de infracción penal, el ofrecimiento de acciones previsto en los artículos citados no constituía un trámite indispensable, dado que si se estimaba que no existía delito, tampoco había en sentido estricto ofendidos o perjudicados por un delito a los que informar. Y en tercer lugar, que D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad se personaron por medio de Procurador en las diligencias previas 694/2004 el día 1 de octubre de 2004, fecha en la que solicitaron el traslado de todas las actuaciones; y si bien es lógico que ellos careciesen de conocimientos jurídicos que les permitiesen distinguir entre un sobreseimiento libre y uno provisional, es evidente que los profesionales del derecho que les asesoraban desde esa fecha sí que contaban con conocimientos necesarios para comprender esta distinción.
Quinto.- En el punto noveno de su escrito el Ministerio Fiscal señala:
“Proyectando estos razonamientos sobre el caso de autos llegamos a la conclusión de que el llamado auto de sobreseimiento libre de 22 de septiembre de 2004 sólo es tal por el nomen que le atribuye el Juzgador. Ni su contenido se ajusta al de una resolución que produce efectos de cosa juzgada material, ni se cumplen los requisitos legales mínimos para que le podamos otorgar tal condición. Las razones son: a) se dicta de plano frente a un atestado en que se contienen indicios de infracciones penales por parte del conductor (excesiva velocidad, tasa de alcohol baja pero resultante de una prueba en aire espirado realizada hora y media después de los hechos); b) carece de toda expresión de los hechos del atestado a que se refiere y de cualquier motivación fáctica o jurídica tratándose de un impreso; c) pese a que en el atestado se dice que va a remitirse un informe técnico ampliatorio que sabido es goza de un alto valor para decidir, el órgano judicial no espera a su recepción y dicta el referido sobreseimiento libre de plano; d) una vez que llega el mencionado informe a la causa se une a los autos sin que sea valorado por el Juzgador; e) pese a tratarse de la muerte de un menor de edad ciclista y por tanto en situación de vulnerabilidad con indicios de infracciones concomitantes con las de la víctima no hay instrucción alguna. Ni se ratifican los agentes que acuden al lugar, ni siquiera se valora el informe técnico como dijimos, ni se oye a los testigos que en el atestado realizan una mera manifestación verbal sin tomarles declaración en forma; f) se omite un trámite tan esencial como el ofrecimiento de acciones del artículo 109 de la LECr, y no se notifica el auto a los instantes de estas diligencias de investigación (artículo 779.1)
En estas condiciones la expresión sobreseimiento libre en un mero nomen y en ningún caso podemos conceder a esta resolución el drástico efecto de la cosa juzgada material con el cierre ad perpetuum del proceso. Nos hallamos en verdad ante un sobreseimiento provisional. La reiteración del nomen en las resoluciones dictadas en las diligencias previas 347/2006 no altera el vicio originario del auto de 2004 ni modifica su naturaleza”.
No comparto las razones que expone el Ministerio Fiscal para considerar que el auto de 22 de septiembre de 2004 no era de sobreseimiento libre y no produce efectos de cosa juzgada. En cuanto a los apartados a, c, d y e, porque el Ministerio Fiscal incurre en una apreciación errónea de la documentación que obra en autos. El orden material en el que aparecen dispuestos los documentos en las diligencias previas 694/2004 es el siguiente: 1) atestado de la Guardia Civil con fecha de entrada 26 de agosto de 2004; 2) auto de incoación de 26 de agosto de 2004; 3) informe de autopsia del menor Enaitz, con fecha de entrada 30 de agosto de 2004; 4) providencia de 20 de septiembre de 2004 que acuerda la unión a los autos del informe de autopsia; 5) auto de sobreseimiento libre de 22 de septiembre de 2004; 6) informe técnico, fotográfico y croquis de la Guardia Civil con fecha de entrada 13 de septiembre de 2004; 7) escrito de personación de “WINTERTHUR” con fecha de entrada 6 de septiembre de 2004; 8) propuesta de providencia de 29 de septiembre de 2004 que acuerda la unión a los autos del informe técnico de la Guardia Civil y la personación en el procedimiento de “WINTERTHUR”.
Pues bien, para hacer las afirmaciones contenidas en los apartados a, c, d y e del punto noveno de su escrito, el Ministerio Fiscal atiende exclusivamente al orden en el que aparecen grapados los documentos en el procedimiento, pero no al sello que marca la fecha de su entrada en el Juzgado. Y una cosa es que existiese un error a la hora de ordenar los documentos en el procedimiento, y otra distinta que cuando se dictó el auto de sobreseimiento libre la juzgadora no hubiese leído el informe técnico de la Guardia Civil que se había presentado en el Juzgado 9 días antes. Hay que tener en cuenta que en el completo informe técnico de la Guardia Civil de 13 de septiembre de 2004, tras 24 folios, se concluye tajantemente que la causa inmediata del accidente fue “infracción al Reglamento General de Circulación por parte del conductor de la bicicleta, el menor Enaitz Iriondo Trinidad, con motivo de no respetar la prioridad de paso en intersección regulada mediante señalización vertical de detención-obligartoria-STOP, de otro vehículo que circula por una vía preferente”; de modo que es lógico pensar que la decisión de dictar un sobreseimiento libre por no ser los hechos constitutivos de infracción penal se adoptase a la vista de este concluyente informe (y no del informe de autopsia presentado 20 días antes y que poco aportaba a la instrucción), sin que el hecho de que no se grapasen los documentos en el procedimiento por fecha de entrada desvirtúe esta conclusión.
En cuanto a lo expuesto en el apartado b), es cierto que el auto de 22 de septiembre de 2004 es un modelo informático, de los que se usan habitualmente en los juzgados para agilizar la tramitación de los procedimientos; pero su contenido se integra con las referencias que realiza a las “diligencias de investigación que constan en autos” (las anteriormente expuestas), y razona el sobreseimiento libre y archivo en que “las actuaciones practicadas acreditan que el hecho denunciado no revista caracteres de infracción criminal”, lo que fundamenta en los artículo 637.2 y 779.1 de la LECr. Además, el hecho de que el auto de 22 de septiembre de 2004 careciese de suficiente motivación podría en su momento haber dado lugar a su nulidad a través del oportuno recurso; pero en ningún caso cabe ahora, en base a una posible falta de motivación, transformar un auto de sobreseimiento libre en uno de sobreseimiento provisional.
Por último, en cuanto al apartado f, en lo que se refiere a la omisión del ofrecimiento de acciones, me remito a lo que ya he expuesto en el fundamento de derecho anterior. Por lo que respecta a que no se notificó el auto a D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad, es cierto que el Juzgado no lo hizo directamente aunque así lo exigía el artículo 779.1 de la LECr; sin embargo, esta omisión tampoco afectaría a la validez de la resolución. Y de todos modos, el auto de 22 de septiembre de 2004 no les era desconocido: tal y como se ha expuesto en el fundamento de derecho primero, el 1 de octubre de 2004 D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad presentaron escrito por el que se personaban y mostraban parte en el procedimiento, designando para su representación en el mismo a la Procuradora Dña. Ana Dña. Rosa Navarro Marijuan, e interesando vista y traslado de todas las actuaciones; su siguiente actuación en el procedimiento consistió en solicitar por escrito de 5 de octubre de 2004 que se dictase el auto de cuantía máxima (el auto que fija la cantidad líquida máxima que se puede reclamar con cargo al seguro obligatorio del vehículo causante del accidente, una vez que se ha dictado resolución que pone fin al procedimiento penal).
Sexto.- En el punto décimo de su escrito el Ministerio Fiscal afirma “Al margen de lo anterior, el objeto procesal de las diligencias previas 347/2006 no fue la reapertura del procedimiento, sino una nueva denuncia penal sobre los hechos y en particular sobre los atinentes a un delito del artículo 379 del Código Penal. En este sentido los pronunciamientos del Juzgado y de la Audiencia en tales diligencias se refirieron a la procedencia de abrir o no un nuevo proceso, no a la reapertura de las ya archivadas diligencias previas 694/2004. Sobre esta última, que ahora como más tarde se expondrá va a plantear el MF- no se produjo en términos procesales decisión alguna. La reapertura de las diligencias de 2004 sólo podía acordarse en el seno de las mismas y a la vista de los datos procesales y probatorios que figuraban en ellas reseñados en el apartado anterior, datos que no pudieron ser objeto de valoración ni de examen en las diligencias 347/2006, al no constar en el rollo de la misma, a la vista de la pretensión que plantearon los denunciantes”
Es evidente que el objeto de las diligencias previas 437/2006 era una nueva denuncia penal y que la reapertura de las diligencias 694/2004 sólo podía adoptarse en el seno de las mismas. Sin embargo eso no significa, como parece sugerir el Ministerio Fiscal, que las resoluciones que se adoptaron en el procedimiento de diligencias previas 347/2006 no tengan ninguna relevancia a la hora de decidir sobre el tema que nos ocupa. Hay que tener en cuenta que el auto de 28 de septiembre de 2006, dictado en las diligencias previas 347/2006, decretaba su archivo por apreciar la existencia de cosa juzgada, considerando que no era posible tramitar un nuevo procedimiento sobre los mismos hechos, y que el auto de sobreseimiento libre de 22 de septiembre de 2004 sí producía efectos de cosa juzgada (citaba a este respecto la Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de noviembre del 2005, que ahora cita el Ministerio Fiscal en el punto 5 de su escrito). Por su parte, la Audiencia Provincial de La Rioja, en su auto de 25 de mayo de 2007 indica “hemos de concluir que nos hallamos ante cosa juzgada, siendo los elementos identificadores de la cosa juzgada la identidad del hecho y la identidad de la persona inculpada, careciendo de significación la identidad de quien ejercita la acción y el título por el que se acusó o precepto penal en que se fundase la acusación, produciendo cosa juzgada, igual que las sentencias, los autos de sobreseimiento libre firmes”.
Y como se ha dicho, el hecho de que estas resoluciones se dictasen en el marco del procedimiento 347/2006 no significan que no sean trascendentes en este momento, porque es evidente que el efecto de cosa juzgada que conlleva el auto de sobreseimiento libre impide tanto la tramitación de un nuevo proceso sobre los mismos hechos (como se pretendía en las diligencia previas 347/2006), como la reapertura del mismo proceso ya archivado (lo que se pretende ahora).
Tampoco pueden compartirse las consideraciones del Ministerio Fiscal sobre que los datos que figuraban en las diligencias previas 694/2004 no pudieron ser objeto de valoración ni de examen en las diligencias previas 347/2006. Por lo que respecta a esta instructora, porque ya era titular de este juzgado en septiembre de 2006, y revisé las diligencias previas 694/2004 antes de acordar el archivo por cosa juzgada de las diligencias 347/2006. Por lo que respecta al Ministerio Fiscal, porque en su informe de 1 de febrero de 2007 en el que solicitaba la desestimación del recurso de reforma interpuesto por D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad frente al auto de 28 de septiembre de 2006 (informe precisamente firmado por Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que ahora solicita la reapertura), cita literalmente una frase que aparece en el folio 4 de las Diligencias Previas 694/2004, de lo que se infiere que también las revisó a la hora de informar sobre dicho recurso. Y por lo que respecta a la Audiencia Provincial de La Rioja, porque consta en el folio 111 de las diligencias previas 347/2006 como, tal y como había solicitado el Ministerio Fiscal, fueron elevadas a la Audiencia para resolver el recurso de apelación junto con el procedimiento 694/2004.
Séptimo.- A partir del punto 11 de su escrito el Ministerio Fiscal se dedica a analizar si de las diligencias de investigación resultan nuevos datos o hechos que la justifiquen la reapertura “una vez resuelto que nos hallamos en realidad ante una resolución de sobreseimiento provisional”.
Como he ido exponiendo, no comparto ninguno de los argumentos en los que se basa el Ministerio Fiscal para considerar que nos encontramos ante una resolución de sobreseimiento provisional. El auto de 22 de septiembre de 2004 es un auto de sobreseimiento libre, que produce efectos de cosa juzgada, y que impide la reapertura del proceso. Por lo tanto, carece de sentido entrar a valorar el resto del escrito y las diligencias aportadas por el Ministerio Fiscal.
Sí que me gustaría destacar, sin embargo, el sorprendente y diametral cambio de criterio experimentado en este procedimiento por el Ministerio Fiscal. Todas las circunstancias que el mismo ha relatado en los puntos 6 a 9 de su escrito (y particularmente en este último), las conocía ya cuando este procedimiento se envió a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (donde tuvo entrada el 14 de octubre de 2004) para su notificación; en aquel momento podía haber interpuesto recurso de reforma y/o apelación contra el auto de 22 de septiembre de 2004, y poner de manifiesto todas las deficiencias que ahora observa, pero ninguna alegación efectuó al respecto. Además, y como ya se ha dicho, cuando tuvo que informar sobre los recursos interpuestos por D. Antonio Iriondo Aldana y Dña. Rosa Trinidad contra el auto de 28 de septiembre de 2006 en las diligencias previas 347/2006, pudo volver a revisar esta causa; y sin embargo, lo que manifestó el Ministerio Fiscal en su escrito de 1 de febrero de 2007 (firmado por el ahora Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de La Rioja) es que “bien por el instituto de la cosa juzgada, bien la posible calificación jurídica como falta, el Fiscal considera que debe confirmarse el Auto de 28 de septiembre de 2006 recurrido”. Y no ha sido hasta el año 2008, cuando este asunto ha despertado un inusitado interés en los medios de comunicación, cuando el Ministerio Fiscal ha considerado incorrecta la resolución de 22 de septiembre de 2004, y se ha molestado en instruir unas completísimas diligencias informativas (algo totalmente inusual en la práctica diaria de los tribunales)
Atenta contra la más mínima y esencial seguridad jurídica, principio consagrado en el artículo 9.3 de nuestra Constitución, pretender convertir un auto de sobreseimiento libre en uno de sobreseimiento provisional, después de haberlo consentido durante cuatro años. Y desde luego, resulta inquietante pensar que pueda haber sido la trascendencia mediática del asunto la que haya motivado este cambio de criterio jurídico.
En virtud de todo lo expuesto, no puedo sino mantener el mismo criterio que ya expuse en el auto de 28 de septiembre de 2006 (que en aquel momento el Ministerio Fiscal estimaba acertado), y confirmado por auto de la Audiencia Provincial de La Rioja de 25 de mayo de 2007, y considerar que el auto dictado en el presente procedimiento en fecha 22 de septiembre de 2004 es un auto de sobreseimiento libre que produce efecto de cosa juzgada e impide la reapertura del proceso.
Que debo acordar y acuerdo no haber lugar a la reapertura del presente proceso interesada por el Ministerio Fiscal en escrito de 29 de abril de 2008
Notifíquese esta resolución al Ministerio Fiscal y resto de partes personadas, haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de reforma y /o apelación en la forma y plazos establecidos en la L.E.Crim.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma Dña Marta Iciar Fernández-Hierro Martínez, Juez titular de este Órgano. Doy fe.
Publicado en Activismo, dolor, Noticias
2 pensamientos en “Doña Marta Iciar Fernández-Hierro Martínez, Jueza titular”
24, febrero, 2009 en 5:08 pm	 Responder
DOÑA, A ESA TIPAAAAAAAAAAA?????????????
DOÑA SE DICE, CUANDO UNA MUJER ES UNA SEÑORA DE LO PIES A LA CABEZA Y SINCERAMENTE COMO QUE DEJA MUCHO QUE DESEAR.
A MI, ME AVERGUENZA QUE LE LLAMEN DOÑA, ME REFIERO A ESA JUEZA Y PIENSO QUE SI HARIA LO MISMO QUE HA HEHO BERMEJO, LA JUSTICIA FUNCIONARIA MEJOR.
12, mayo, 2008 en 7:56 pm	 Responder
Espero que haya suerte, porque justicia, no la hay.