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Timestamp: 2019-08-22 20:19:41
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 19', 'artículo 8', 'artículo 8']

CONVIVENCIA DE MEDIOS DE TRANSPORTE. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL A PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA Y A DERECHO DE ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA. INFORME DE COMISIÓN MIXTA
Sesión 2ª, en miércoles 14 de marzo de 2018
(De 16:11 a 17:58)
Asimismo, se encontraban presentes los Subsecretarios de la Secretaría General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado Andrade, y de Transportes, señor José Luis Domínguez Covarrubias.
El señor MONTES (Presidente).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 86ª, especial, y 87ª, ordinaria, en 6 de marzo de 2018; y 88ª, extraordinaria, 89ª, especial y 90ª, ordinaria, todas en 7 de marzo de 2018, que no han sido observadas.
De los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional precedentes, con el que envían el informe de Salida de Tropas 2017-2018 y, conjuntamente, el informe de Operaciones de Paz correspondiente al segundo semestre de 2017.
--Se remiten a las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional.
Del señor Ministro del Interior y Seguridad Pública precedente:
Da respuesta a requerimiento de información, formulado en nombre del Senador señor Navarro, relativo al cumplimiento del derecho de las funcionarias de la Policía de Investigaciones de Chile para amamantar a sus hijos.
Adjunta datos sobre el catastro de víctimas confeccionado por la Intendencia de la Región de La Araucanía, con relación a los fondos asignados para la reposición de actividades económicas afectadas por la violencia rural: materia consultada en nombre del Senador señor García.
Del señor Ministro de Energía precedente:
Informa solicitud, expedida en nombre de los Senadores señores Chahuán y García-Huidobro, para otorgar urgencia al proyecto de ley que incentiva el desarrollo de generadoras residenciales (boletín N° 8.999-08).
Responde petición, expedida en nombre del Senador señor Guillier, acerca del impacto del proceso de descarbonización en la matriz energética en la ciudad de Tocopilla.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales precedente:
Contesta requerimiento, formulado en nombre del Senador señor De Urresti, en cuanto al uso del recinto individualizado de la ciudad de Valdivia.
Del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, con el que comunica que se ha constituido y ha elegido como su Presidente al señor Andrés Zaldívar Larraín.
-Servicios dependientes del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
-Servicios dependientes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.
-Servicios dependientes del Ministerio de Obras Públicas.
-Dirección Nacional de Fronteras y Límites.
-Ministerio de Hacienda y servicios dependientes.
-Ministerio de Defensa Nacional y servicios dependientes.
De los Senadores señores De Urresti, Elizalde y Latorre, con la que inician un proyecto de reforma al Reglamento del Senado para modificar el artículo 11 de ese cuerpo reglamentario a fin de permitir la constitución de Comités mixtos conformados por miembros que pertenezcan a más de un partido político (boletín Nº S 1.968-09).
Del Comité Partido Demócrata Cristiano, con la que informa que sus representantes serán los Senadores señor Pizarro y señora Provoste.
Del Comité Partido Por la Democracia e Independientes, con la que señala que sus representantes serán los Senadores señor Girardi y señora Muñoz.
Sugiero a Sus Señorías leer los Balances de Gestión que se mencionaron, pues en algunos de ellos hay bastante desarrollo y resulta importante llevar a cabo una reflexión sobre el particular.
El señor MONTES (Presidente).- Señores Senadores, conforme a lo dispuesto en la ley que crea el Consejo de Estabilidad Financiera, el Presidente de este organismo debe concurrir en el mes de marzo de cada año a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Hacienda del Senado con el objeto de informar sobre aspectos generales de las actividades del referido Consejo.
El señor Ministro de Hacienda, quien preside dicha entidad, nos ha señalado que no estará acá los próximos dos lunes.
Por lo tanto, solicito la autorización de la Sala para realizar la reunión pertinente durante la primera semana de abril, de tal manera de cumplir con la ley, pero dentro de plazos realistas.
El señor MONTES (Presidente).- Solicito la autorización del Senado para que ingresen a la Sala el Subsecretario General de la Presidencia, señor Claudio Alvarado, y el Subsecretario de Transportes, señor José Luis Domínguez.
El señor MONTES (Presidente).- Corresponde poner en votación el informe de Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la Ley de Tránsito para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos medios de transporte, respecto del cual en sesión de 7 de marzo del año en curso se solicitó el aplazamiento de la votación.
Comisión Mixta: sesión 77ª, en 3 de enero de 2018.
Sesiones 4ª, en 22 de marzo de 2017 (queda para segunda discusión en general); 6ª, en 5 de abril de 2017 (se aprueba en general); 55ª, en 18 de octubre de 2017 (queda para segunda discusión en particular); 61ª, en 21 de noviembre de 2017 (se aprueba en particular); 87ª, en 6 de marzo de 2018 (informe de Comisión Mixta queda para segunda discusión); 90ª, en 7 de marzo de 2018 (queda aplazada la votación).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Cabe recordar que las divergencias suscitadas entre ambas ramas del Parlamento derivan del rechazo por parte de la Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, de la enmienda efectuada por el Senado en el artículo único (que pasó a ser artículo 1o), consistente en la sustitución del numeral 19 (que pasó a ser 24), que figura en la página 61 del comparado que Sus Señorías tienen a la vista.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las diferencias, efectúa una proposición que consiste en aprobar el texto que fue despachado por la Cámara de Diputados para dicho numeral, la cual acordó con los votos a favor de los Senadores señora Muñoz y señores Letelier y Matta y de los Diputados señoras Carvajal y Pacheco y señor Venegas, y los votos en contra de los Senadores señores García-Huidobro y Ossandón y de los Diputados señores Norambuena y Leopoldo Pérez.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen en sus escritorios figuran la proposición de la Comisión Mixta y el texto que quedaría de aprobarse el informe.
El señor GARCÍA-HUIDOBRO.- Señor Presidente, quiero saludar al Subsecretario de Transportes, señor José Luis Domínguez, quien por primera vez concurre a este Hemiciclo para la discusión de un proyecto de ley que en general fue aprobado prácticamente por unanimidad y que se halla vinculado con el respeto hacia los ciclistas y la mejor relación entre las personas que conviven tanto en las aceras cuanto en el tránsito vehicular.
En tal sentido, valoro en primer lugar el apoyo que prestaron las organizaciones sociales, pues siempre han estado preocupadas de la convivencia entre los conductores, de los ciclistas, de los motociclistas y, en general, de los usuarios de las calles, que son los peatones.
Este proyecto se trabajó en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y en la Sala del Senado.
Sobre el particular, resulta importante señalar que tuvimos algunas diferencias con la Cámara de Diputados con respecto a la disminución de la velocidad en las zonas urbanas.
El Senado en su oportunidad rechazó la reducción del límite máximo de velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora, pues...
El señor MONTES (Presidente).- Ruego a los señores Senadores guardar silencio.
Decía, señor Presidente, que tuvimos diferencias con la Cámara Baja con relación a la disminución de la velocidad en las zonas urbanas.
Los motivos que entregamos fueron bastante claros. Los municipios en la actualidad tienen la facultad para rebajar el límite máximo de velocidad en las zonas urbanas.
Sus Señorías pueden ver que en sectores donde, por ejemplo, hay hospitales o escuelas existe restricción de velocidad. Y los municipios, además, pueden determinar reducirla en los lugares que estimen necesario.
Algunos Senadores han sido alcaldes, y saben perfectamente cómo es eso.
También insistimos en que la tecnología de los vehículos del siglo XX es muy distinta a la de los automóviles del siglo XXI.
La ley es bastante más antigua con respecto a lo que estamos elaborando hoy día.
Entonces, pensamos que en la actualidad con los airbags, con el sistema de absorción de golpes de los vehículos, en fin, resulta absolutamente innecesaria la reducción de velocidad propuesta. Y aún más, esto podría prestarse como incentivo para que las municipalidades intensifiquen los controles de Carabineros a fin de que se curse un mayor número de infracciones con el objeto de incrementar sus ingresos por esta vía.
Asimismo, quiero agregar que en la Región Metropolitana, señor Presidente, el promedio de velocidad hoy no pasa de los 25 kilómetros por hora.
A mi juicio, lo que plantea esta iniciativa puede ayudar en la disminución de la contaminación; igualmente puede colaborar a resolver el problema de los tacos, que cada día son más frecuentes en las zonas urbanas de nuestro país.
En consecuencia, no considero conveniente -también fue el parecer del Senado en su momento- estar permanentemente restringiendo el límite máximo de velocidad.
Por todo lo expuesto, vamos a rechazar la proposición de la Comisión Mixta.
El señor MONTES (Presidente).- Le consulto al señor Subsecretario de Transportes si desea intervenir para dar una opinión sobre esta iniciativa.
Excúseme que se lo plantee así. Pero es primera vez que usted concurre a este Hemiciclo.
El señor DOMÍNGUEZ (Subsecretario de Transportes).- En primer lugar, agradezco a los señores Senadores que me hayan permitido ingresar a la Sala.
En verdad, nosotros entendemos que la realidad en nuestras ciudades ha cambiado y que debemos adaptarnos a ella.
Hoy ciclistas, peatones y conductores deben convivir en nuestras calles todos los días. Y para ello es necesaria una normativa moderna y adecuada, donde el respeto a los distintos modos de desplazamiento sea la base del transporte.
El crecimiento del parque automotor ha sido explosivo. El aumento de los viajes en bicicleta también.
Ello nos obliga a dar mayor seguridad a todos.
En ese contexto, el proyecto sobre convivencia de medios de transporte apunta en la dirección correcta: mejorar la seguridad de todos los chilenos.
Es todo cuanto puedo señalar, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Les advierto a quienes asisten a las tribunas que están prohibidas las manifestaciones.
--Se rechaza el informe de la Comisión Mixta (14 votos en contra y 10 a favor).
Votaron por la negativa las señoras Aravena, Ebensperger, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Castro, Coloma, Durana, Galilea, García-Huidobro, Kast, Pérez Varela, Prohens y Pugh.
Votaron por la afirmativa las señoras Órdenes, Provoste y Rincón y los señores Araya, Elizalde, Huenchumilla, Insulza, Latorre, Montes y Quinteros.
El señor MONTES (Presidente).- Se deja constancia de la intención de voto afirmativo de los Senadores señora Goic y señores De Urresti y Chahuán, y de la intención de voto negativo del Senador señor Ossandón.
Queda despachado el asunto.
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que moderniza la legislación bancaria, con informe de la Comisión de Hacienda.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Los principales objetivos de esta iniciativa son perfeccionar el sistema bancario chileno y dotarlo de una institucionalidad moderna. Para ello se propone el traspaso de todas las competencias de la actual Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero, y se modifica la Ley General de Bancos con miras a velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad del mercado financiero, así como cuidar que las personas o entidades fiscalizadoras cumplan con las leyes, reglamentos, estatutos y otras disposiciones que las rijan.
La Comisión de Hacienda discutió este proyecto solamente en general, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus integrantes, Senadores señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro.
Cabe tener presente que hay diversas disposiciones de carácter orgánico constitucional, las que deben ser aprobadas con al menos 24 votos favorables.
Si Sus Señorías lo desean, puedo leerlas; pero la verdad es que son numerosísimas.
Por otra parte, hay tres normas de quorum calificado, las que deben aprobarse con al menos 22 votos afirmativos.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 102 a 190 del primer informe y en el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición.
Señores Senadores, esta iniciativa es muy importante. Por una parte, incorpora convenios internacionales a nuestra legislación; por la otra, establece normas relacionadas con el mercado financiero (secreto bancario y otras materias).
El señor COLOMA.- Señor Presidente, para conocimiento de los nuevos parlamentarios que se están incorporando a la actividad legislativa, intentaré explicar sucintamente el motivo de este cambio en la legislación bancaria.
En primer lugar, quiero señalar que la Ley General de Bancos se modifica muy de cuando en cuando. Esta es de las pocas ocasiones en que ha habido un acuerdo importante para hacer aquello.
¿Cuál es el concepto básico? Que la actividad bancaria cumple un rol fundamental en nuestra economía. De un lado, es una fuente de financiamiento tanto para las personas como para las empresas. Además, desempeña un papel importante en la cadena de pagos para los agentes de mercado, facilitando las transacciones financieras y el intercambio. También sirve como instrumento de ahorro para muchas personas que recurren a esa instancia para los efectos de resguardar su futuro.
Nuestro país ha sido muy categórico en cuanto a velar siempre por que los bancos cumplan con los roles, con los estándares de un mundo que va cambiando.
Creo que el sistema bancario chileno hace mucho rato que está dando muestras de estabilidad, de razonabilidad. Y en general es bien valorado en el mundo.
Este proyecto se presenta justamente para adecuar la legislación actual a nuevos acuerdos internacionales que se han planteado particularmente en materia de capital: los llamados "de Basilea III".
En el fondo, se busca que haya mayor porcentaje de capital financiado con recursos propios.
Hace algunos años, esa relación -para que entendamos- era de veinte a uno; hoy día estamos hablando de diez a uno.
Lo que se pretende ahora es ir aumentando aquello. Depende de la naturaleza del banco -voy a tratar de explicarlo- el tipo de capital que se va exigiendo.
Asimismo, se establecen mayores requerimientos de información a partir del nuevo sistema de control que la autoridad determine.
¿Cuál es el nuevo sistema de control?
Al respecto, tengamos claro: primero se busca mayor aumento de capital; segundo, se persigue un cambio respecto de la información de los entes regulatorios, y, tercero, se traspasan -pido atención de Sus Señorías, pues esto es importante- todas las facultades de la actual Superintendencia a la Comisión para el Mercado Financiero.
Esto fue muy discutido durante el año pasado. Aquí se está -fue una iniciativa del Ministro Valdés con Macarena Lobos, a quienes les tocó liderar este proceso; y venía de una reflexión anterior-, de alguna manera, procurando que todas las superintendencias del ámbito financiero bancario se hallen reguladas en un solo ente. Porque hay mucha información: sociedades anónimas, bancos, seguros. Por eso se creó la referida Comisión.
Entonces, lo que hace la ley en proyecto, adicionalmente a lo del capital, es incorporar, en vez de las superintendencias, la Comisión para el Mercado Financiero, que está destinada a ser una palanca clave para el futuro, porque ahí va a estar la información.
¡Si parte de los problemas que ocurren en el mundo financiero emana de la compartimentación!
La gracia es que aquella Comisión va a abordar todos los temas. Y está creada; se halla funcionando. Entiendo que, incluso, hoy día se nombró al comisionado que presidirá dicho ente.
La idea es que esa persona, además, tenga tuición en materia bancaria.
Con respecto a las nuevas exigencias de capital, es importante entender -y esto no podrá explicarlo la discusión en general- que el 10 por ciento actual va a ir subiendo según distintos parámetros. Uno, objetivamente, un mayor aumento de capital necesario para todo. Pero, dependiendo del sistema que utilice el banco, del tipo de actividad o de los riesgos que puedan afrontarse, la Comisión o el Banco Central podrá ir incrementando el requerimiento de capital. ¿Para qué? Acorde a Basilea III, para darle mayor solidez al sistema.
Obviamente, este tema suena bien. Pero también hay una pequeña contrapartida: mientras más capital tienen los bancos, hay un reducido mayor aumento en el costo de los créditos.
Eso es inevitable. Si uno quiere colocarse a la altura del siglo XXI, hay que entender que los bancos deben tener extrema preocupación por su solidez. Y eso es lo que se plantea en esta iniciativa.
Señor Presidente, este proyecto estuvo varios años en el Senado.
Existe una nueva política en materia de distribución de dividendos, la cual tiene que ver con los requerimientos de capital.
Hay un mecanismo de intervención para los bancos que se hallan en problemas y deben manejar crisis.
Esto ha sido muy importante en Chile, básicamente porque existía poca norma al respecto.
Justamente cuando hay un período de estabilidad, de serenidad; cuando nuestros bancos están muy bien catalogados internacionalmente, es el momento de pensar -y me pareció bien la propuesta- en cómo enfrentar una crisis, qué hacer, adónde apuntar, de qué manera nombrar interventores eventualmente.
Todo esto se encuentra justamente en un escenario donde hoy día no existe crisis financiera. Pero la idea es, básicamente, tomar las lecciones que han dejado otras crisis de tal índole registradas en el orbe.
Si uno analiza lo que ha sido el mundo en los últimos años verá que las crisis -Lehman Brothers y otras de distinta naturaleza- generan tales rigideces en el mercado bancario que, si uno no tiene normas de solución o formas de intervención, de ser el caso -ojalá que no nos ocurra nunca-, la situación se torna más compleja.
Hay disposiciones sobre capitalización preventivas.
También son importantes las normas sobre administración provisional.
Se aumenta la garantía estatal a los depósitos a plazo.
Aquí existe una contrapartida.
Recordemos que la medida surgió a propósito de una crisis bancaria, tras la cual se dispuso que los depósitos bancarios hasta determinado monto tuvieran protección. Ahora se aumenta ese resguardo, en términos de elevar el límite actual de 120 a 200 UF, el que se podrá ir incrementando dependiendo de si se trata de una misma persona con distintos intereses.
Hay mayores exigencias para ser director de banco. Eso también fue parte de una larga discusión. Porque hoy el sistema descansa mucho en la capacidad y la calidad de los bancos. Entonces, también parece normal aumentar las exigencias a ese respecto.
Adicionalmente, hay un par de temas -solo voy a enunciarlos- que se discutieron de manera especial.
Yo soy contrario a ciertas normas que vamos a discutir en particular. Haré una mención breve de algunas de ellas.
Me refiero básicamente al debilitamiento de lo que se llama "secreto bancario"; hay derechos de determinados intervinientes a romperlo.
También, al aumento de las reservas, lo que, desde mi perspectiva, no tiene nada que ver con la Ley de Bancos. Esto fue motivo de larga discusión en las Comisiones de Hacienda de la Cámara y del Senado. No me cabe duda de que al respecto habrá un extenso debate durante la discusión particular.
En resumen, señor Presidente, haciendo un rápido balance, debo puntualizar que este es un momento muy importante. Creo que hay un acuerdo significativo en el ámbito nacional -sea en la perspectiva de gobierno, sea en la perspectiva parlamentaria, sea en la perspectiva del interés público- en el sentido de que este es un buen momento para modernizar la legislación bancaria, precisamente porque tenemos instituciones sólidas, pero también porque entendemos que hay un mundo que está cambiando, que va exigiendo otros niveles de transparencia (por eso la información), de capital (por eso el aumento de la seguridad).
Ello, sin perjuicio del elemento complejo vinculado con la reserva.
Por último, como postdata, debo señalar que tengo una pequeña duda con relación a la naturaleza del aumento de capital.
Entiendo que hoy día -voy a decirlo en fácil- el capital puede subir de 10,5 a 20,5 por ciento, dependiendo de distintos factores. Uno de ellos es el tipo de actividad a que se dedica el banco. Porque, según la explicación que daba la autoridad -en ese caso, el Ministro de Hacienda-, hay objetivamente negocios más riesgosos que otros, por lo que se requiere mayor capital.
Sobre el particular, yo planteo una duda. Porque cuando pregunto qué negocios son más riesgosos, se me contesta que suelen ser los agrícolas, los vinculados a los salmones.
A mí no me gustaría que, a propósito de la ley en proyecto, las instituciones que se preocuparan del mundo agrícola, por ejemplo, debieran contar con un capital mayor que otras y, por tanto, tuvieran menor capacidad para bajar los intereses.
En todo caso, esa es una materia interesante que se va a analizar en la discusión particular.
Por consiguiente, en función de lo planteado, insto a la aprobación en general. Aquí no hubo ninguna discrepancia en cuanto a la necesidad de legislar. Uno puede tener diferencias en el contenido. Pero el proyecto va en la buena línea de generar una mejor legislación bancaria en Chile.
El señor BIANCHI.- Señor Presidente, coincido con toda la exposición que ha hecho el Senador Coloma.
En la misma línea, agrego que el mercado bancario es hoy una pieza clave en la organización de cualquier sociedad. Por lo mismo, debe concitar el debido cuidado de todas las instituciones llamadas a vigilar su funcionamiento.
Sin perjuicio de ello, considero importante tener presente siempre que dicho mercado se sustenta en la confianza que las personas depositan en él. Cuando ella se rompe, el mercado colapsa y se generan crisis que incluso pueden tener repercusiones mundiales, como la ocurrida el año 2008 en los Estados Unidos.
En tal sentido, una reforma a la legislación bancaria nacional era absolutamente apremiante. Las últimas modificaciones se realizaron en 1997, y solo fueron una especie de actualización de la reforma del año 86.
De esto dan cuenta los organismos internacionales, los cuales señalaban que era del todo necesario que Chile realizara una reestructuración del gobierno corporativo de la propia Superintendencia; que se tomara en consideración lo preceptuado en Basilea III respecto a los requerimientos de capital; que se implementara adecuadamente un modelo de resolución de conflictos que pudiera reaccionar de mejor manera a las crisis del sistema, y, por sobre todo, que se llevara a cabo una supervisión consolidada del sistema financiero en su totalidad.
El proyecto de ley que estamos debatiendo hoy día viene a hacerse cargo precisamente, en cierta medida, de aquello.
Se rescatan de manera significativa las mejoras en la estructura interna de la Superintendencia.
Con relación a la regulación de capitales, hacernos parte de las regulaciones establecidas en Basilea II y Basilea III es del todo adecuado. Chile debe estar a la vanguardia en la regulación de este mercado. Muy apropiadamente, se fija como requerimiento un 10,5 por ciento en los activos ponderados por riesgo, el cual en nuestro concepto no afectará las obligaciones de los distintos bancos, toda vez que se les da un período de 6 años para la implementación.
Otra innovación positiva la encontramos en la ampliación al mercado interno de lo que la banca llama "bono perpetuo", lo que posibilita desde ahora que las instituciones bancarias de menor tamaño emitan bonos de deuda a diversos actores nacionales, como las AFP y las compañías de seguros, entre muchas otras.
Así las cosas, señor Presidente, otro punto clave en este nuevo ordenamiento jurídico es la inclusión del Superintendente de Bancos como parte de la Comisión para el Mercado Financiero. De esta manera es posible regular a los bancos desde una perspectiva bastante más global y que incluya a todos los miembros del sistema financiero.
Esto último dejará de manifiesto las conductas ilícitas perpetradas de forma coordinada por las diferentes instituciones. Por ejemplo, casos como el de Cascadas, en que la Superintendencia de Valores aplicó una multa, podrían evitarse operando de modo mucho más coordinado.
El Congreso Nacional espera que dicha coordinación funcione y sea realmente un factor disuasivo para la comisión de dichos actos. Recordemos que es la banca quien otorga la liquidez con que operan las distintas sociedades.
Sin embargo, quedan pendientes ciertos temas, los cuales serán objeto de indicaciones durante la tramitación del proyecto que hoy día estamos discutiendo en general.
Creemos firmemente que, si bien se avanza en la regulación de capitales, esta iniciativa de ley está al debe en lo relacionado con la supervisión de los distintos holdings y con la manera sincronizada en que operan.
Nuestro mercado debe mejorar en el ámbito de la transparencia. Así lo demuestra el proceso de compra que llevó a cabo el banco BCI en el mercado norteamericano, que evidenció las falencias en transparencia que tiene nuestro sistema bancario.
En este punto, sin duda, hay que avanzar, y mucho.
Es una buena ocasión también para mencionar que el sistema bancario será más fuerte en la medida que la educación y la inclusión financieras estén disponibles para la mayor parte de la población. Tendremos los instrumentos fiscalizadores, pero son herramientas para los usuarios informados.
Por último, señor Presidente, es importante destacar un punto a mi juicio central.
Con esta iniciativa de ley se trata de dotar de mayores atribuciones reguladoras a una Superintendencia, integrándola para que en su funcionamiento opere de manera coordinada con los demás miembros del mercado financiero.
Ese es el objetivo de la ley en proyecto y el que la sociedad, a través de este Parlamento, manifiesta.
Solicito que el Tribunal Constitucional se oriente en esta misma línea de ideas y que no suceda lo acontecido con el SERNAC, que perdió todas sus atribuciones una vez despachada la iniciativa pertinente por el Congreso Nacional.
El señor MONTES (Presidente).- Debo informar a Sus Señorías que el Ejecutivo nos ha planteado un plazo de treinta días para la presentación de indicaciones a este proyecto.
¿Le parece a la Sala fijar a tal efecto el lunes 16 de abril?
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, Honorable Sala, el proyecto de ley en debate moderniza nuestra legislación bancaria y la adecua a normas internacionales.
Los objetivos que persigue esta iniciativa son fundamentalmente tres:
1. Aumentar los estándares de solvencia de acuerdo a las normas denominadas "Basilea III".
2. Perfeccionar medidas para regularizar bancos con eventuales problemas financieros.
3. Adecuar la gobernanza institucional de la supervisión bancaria integrando la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
Respecto del primer objetivo -aumentar los estándares de solvencia de acuerdo a Basilea III-, hay que señalar que los niveles de capital actuales de la banca chilena son suficientes para enfrentar situaciones de estrés financiero. La banca nacional tiene un buen índice de adecuación de capital, medido como el porcentaje de patrimonio efectivo sobre activos ponderados por riesgo. Según datos del Banco Central, Chile tiene una razón de capital sobre activos ponderados por riesgo -cifras del año 2016- de poco más de un 8 por ciento, por sobre países como España, Luxemburgo, Dinamarca, Austria, Suiza, Reino Unido, Alemania, Japón, Canadá, pero por debajo de Brasil, Costa Rica, Polonia, México, Argentina, Perú, Estados Unidos y Colombia, entre otros.
Estimaciones de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras sugieren que los bancos deberían constituir otros 2 mil 800 millones de dólares de capital para dar cumplimiento a Basilea III; ello, naturalmente, en un plazo razonable.
En cuanto al segundo objetivo -perfeccionar las medidas para regularizar bancos en problemas-, se contempla la posibilidad de exigirles a los bancos un capital adicional, denominado "capital contracíclico".
Todos los países avanzados, agrupados principalmente en el G20, han incorporado esa herramienta en su legislación.
Este proyecto de ley faculta al Banco Central para activar o desactivar este buffer contracíclico, previo informe favorable de la Comisión para el Mercado Financiero.
El tercer objetivo -adecuar la gobernanza institucional de la supervisión bancaria integrando la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero- se considera una medida positiva, pues el gobierno corporativo de la CMF, en que la autoridad no está radicada en una sola personas sino en todo el Consejo de la referida Comisión, permite una mayor estabilidad de las políticas de regulación y supervisión; favorece una mayor existencia de opiniones y experiencias; evita la duplicidad de esfuerzos y problemas de coordinación de procesos específicos de supervisión, y facilita el desarrollo futuro de una legislación para supervisar conglomerados financieros.
Por las consideraciones que he señalado, y tratándose de la votación solo en general, anuncio que los Senadores de Renovación Nacional votaremos favorablemente esta iniciativa.
Varios colegas han hecho una descripción sobre la importancia de este esfuerzo por modernizar el sector bancario.
Como bancada, nosotros hemos sido partidarios de ello desde hace tiempo.
Según señalaba el Senador que me antecedió, aquí existen tres ejes fundamentales que son condiciones indispensables, aunque no necesariamente suficientes.
En la discusión particular veremos si podemos garantizar una situación robusta del sector bancario que sea suficiente.
Hay un tema sobre la modernización de la gobernanza, es decir sobre la nueva institucionalidad regulatoria, que nos debe preocupar sobremanera.
En este tiempo y en la actual era, creemos que existe una propuesta muy positiva: la incorporación de la Superintendencia a la Comisión para el Mercado Financiero. Pero debemos ver cómo se perfecciona; estimamos que ello va a ocurrir en la discusión particular.
El ponernos en los estándares de solvencia a nivel de los diferentes instrumentos de Basilea lo consideramos evidente.
Hay algunas inquietudes -por ejemplo, la que nos planteó el Senador Coloma con relación a diferentes sectores de la economía y a cómo reacciona la banca- que deberán ser parte de nuestro debate en particular.
Sin embargo, lo que no podemos perder de vista en ningún momento es que, al modernizar la legislación bancaria de nuestro país, el debate que hemos tenido en general sobre el sector bancario y el mercado de capitales en los últimos veinte a treinta años es lo que nos ha permitido tener un instrumento determinante para el crecimiento económico, para la liquidez en diferentes sectores, que ha sido una de las fortalezas de la economía chilena, sobre la base de los impactos de las fluctuaciones de otros mercados, en la economía global, en el ámbito interno.
Consideramos necesario el proyecto. Como bancada del Partido Socialista, vamos a aprobarlo en general.
Comprendemos que el Ejecutivo quiera un período para estudiar el texto y que se fije un plazo de indicaciones suficiente para poder construir los acuerdos que se requieran en cuanto al proceso de modernización.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Les recuerdo a Sus Señorías que se fijó para tal efecto el lunes 16 de abril.
Si no se hará uso de ella, en votación general.
Como el Honorable señor Coloma ha participado activamente en el análisis de la iniciativa, esperaremos un momento, ya que se encuentra en una reunión. Con su pronunciamiento se cerrará la votación.
--Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quorum constitucional exigido, de que se registran 37 votos a favor.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Muñoz, Órdenes, Provoste, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Latorre, Letelier, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- El Honorable señor Coloma deja constancia de su intención de voto a favor.
Boletín N° 10456-15
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Navarro, en primer trámite constitucional, que modifica la pena para la radiodifusión no autorizada, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.
Transportes y Telecomunicaciones (segundo): sesión 57ª, en 24 de octubre de 2017.
Sesiones 31ª, en 13 de julio de 2016 (queda para segunda discusión en general); 32ª, en 19 de julio de 2016 (queda aplazada la votación en general); 34ª, en 2 de agosto de 2016 (se aprueba en general).
El señor LABBÉ (Secretario General).- La Comisión deja constancia, para los efectos reglamentarios, de que no hay disposiciones que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.
El órgano técnico realizó dos enmiendas al proyecto aprobado en general, las cuales fueron acordadas por unanimidad, por lo que deben ser votadas sin debate, salvo que alguna señora Senadora o algún señor Senador manifieste su intención de impugnar la proposición respecto de alguna de ellas o existan indicaciones renovadas.
La modificación relativa a los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 36 C propuesto en el número 2) del artículo único debe ser sancionada con 24 votos por incidir en normas de rango orgánico constitucional.
Sus Señorías tienen en sus escritorios un boletín comparado cuya tercera columna transcribe las enmiendas introducidas por la Comisión y cuya cuarta columna contiene el texto que quedaría al acogerlas.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- ¿Alguna señora Senadora o algún señor Senador impugna lo acordado?
--Se dan por aprobadas las modificaciones acordadas por unanimidad.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Si le parece a la Sala, se abrirá la votación de las normas que requieren quorum orgánico constitucional.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, se dejó una multa específica y bastante reducida para la radiodifusión no autorizada.
No es posible renovar una indicación, por no mediar una presentada en el órgano técnico.
Lo más probable es que las personas sancionadas por esta actividad sean de bajos ingresos, pero puede suceder que algunas sean de ingresos más altos. Por lo tanto, quizás se debiera establecer un límite hasta cierto monto y corresponderle la definición al juez. Pero para discutir el asunto se necesita la unanimidad de la Sala, a fin de poder presentar una indicación en ese sentido.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Así es. Y no sé si ello se conseguirá para poder modificar el valor de la multa, que habría quedado muy baja.
Su Señoría tiene que hacer llegar la indicación a la Mesa.
¿Hay acuerdo para que sea posible formularla?
¿Alguien más hará uso de la palabra con relación al proyecto?
El señor LETELIER.- Señor Presidente, me disculpo por no haber podido asistir a la primera parte del debate.
Quisiera explicar que la entrega de concesiones de radiodifusión es evidentemente arcaica. Ofrece dificultades. Con el cambio tecnológico, es necesario modernizar primero el proceso.
Como mis colegas saben, existen diferentes tipos de concesiones radiales, no solo comerciales, y se supone que no se deben arrendar. Pero creo que también se hallan impuestos de que algunas personas las obtienen y las arriendan. Probablemente, en todas las regiones de Chile ocurre lo mismo.
Junto a las radios comerciales, en las modificaciones relativas a las de carácter comunitario se planteó que no era posible incurrir en cierto tipo de prácticas, entre ellas el cobro de publicidad. Mas ocurrió que comenzaron a operar cadenas de estas emisoras que dejaron de corresponder a la inspiración original y, en una actitud muy chilena, recibieron donaciones en vez de cobrar. Es decir, se trataba de un resquicio, que no correspondía al espíritu de la ley.
Después se generó el mecanismo de las radios de alcance limitado, que se separaron de las comunitarias.
En esta situación, la moción apunta a ver cómo se sanciona y con qué gravedad al que opere o explote servicios o instalaciones de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente.
Resulta evidente que, para el tipo de emisoras existentes, cabe reflexionar acerca de cuál es la sanción. Es preciso ver si se incautan o no los equipos o se trata de una retención temporal. Eso es parte de los debates que sostuvimos en la Comisión.
Lo cierto es que, como el espectro es de todos los chilenos, la clase de regulación que debemos aplicar requiere una mirada integral de nuestra parte. No es lo mismo el abuso con una radio comunitaria de un cuarto de kilo o menos y el de quienes "pichicatean" -excúsenme Sus Señorías el concepto, poco legal, pero que permitirá que me entiendan- los equipos y transmiten con dos kilos.
Se tiene que comprender que para la Subsecretaría de Telecomunicaciones es difícil contar con capacidad de fiscalización. Más aún, las secretarías regionales ministeriales de Transportes y Telecomunicaciones cumplen la función, pero enfrentan dificultades por los medios disponibles.
Esta es la razón por la que se consideró oportuno acoger el proyecto. Es correcto dar un plazo para la formulación de indicaciones, pero no lo es que no asumamos la necesidad de modernizar nuestro quehacer ante los abusos que se registran, con relación a las penas para la radiodifusión no autorizada.
El Senador que propuso la iniciativa más bien quería evitar ciertas sanciones directas a la persona, pero entender que los materiales podían sufrir una pérdida.
Invito a todos a estar más atentos a la discusión particular, porque el proyecto afecta cada uno de nuestros territorios.
En lo personal, creo que el texto apunta en la dirección correcta. A mí me ha tocado conversar con las autoridades del Ministerio en cuanto a cómo ir perfeccionando. Esto es parte de un debate, que es lo que quiero plantear. Y espero que podamos realizarlo. Porque lo habrá frente a la digitalización cada vez mayor de los espacios y la adecuación de las concesiones.
Aquí hay una propuesta suficiente para un problema, pero no para lo que está ocurriendo con el uso del espectro, en general, en que muchas personas actúan como arrendadores de concesiones radiales, lo que se supone que no debería ocurrir, pero sigue sucediendo.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Al no haber más inscritos, se votarán las normas de quorum especial y luego la indicación que ha hecho llegar la Honorable señora Von Baer.
El señor COLOMA.- ¿No se pidió que el proyecto volviera a Comisión?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se someterán al pronunciamiento de la Sala, entonces, las disposiciones mencionadas en primer término.
El señor LETELIER.- ¿Ya se presentó la indicación?
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Antes de sancionarla se le dará lectura y se votará en el sentido que se estime conveniente.
El señor LETELIER.- Pero sería preciso determinar si...
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- En su momento se pidió el acuerdo de la Sala para poder formularla y hubo unanimidad al respecto. Lo que haremos luego es sancionarla -repito-, pero antes será leída para que sea de conocimiento de todos los presentes.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Corresponde pronunciarse sobre todas las enmiendas unánimes de rango orgánico constitucional y dejar solo pendiente el monto de la multa, que no es de quorum, respecto de lo cual se aceptó por unanimidad la presentación de una indicación.
La aprobación de las modificaciones requiere 24 votos.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Puede intervenir la Senadora señora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, el propósito del proyecto, que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, es reemplazar la actual sanción penal, de presidio, y las accesorias de multa de 5 a 300 unidades tributarias mensuales para la operación o explotación de servicios o instalaciones de telecomunicaciones de radiodifusión sin autorización de la autoridad correspondiente por una multa de una a 3 unidades tributarias mensuales y el comiso de equipos e instalaciones utilizados en la comisión del ilícito. Se trata de eso, al igual que lo planteado por el Honorable señor Letelier.
La iniciativa originalmente tuvo por objeto descriminalizar la conducta de apropiación del espectro radioeléctrico -o sea, su uso por alguien que no lo licitó, a quien no le corresponde y no le pertenece-, que se utiliza sin derecho.
Nosotros votamos a favor en general y en particular. Por una parte, consideramos positivas las modificaciones introducidas durante la tramitación. Creemos que el texto está en lo correcto. Sin embargo, el planteamiento que hice al inicio de la discusión es que rebajar a un rango de una a 3 unidades tributarias mensuales una multa que va de 5 a 300 es ir totalmente al otro extremo.
A nuestro juicio, se debe proceder tal como en otras iniciativas. Cabe establecer un límite quizás no tan alto como el de las 300 unidades tributarias mensuales vigentes, pero sin dejar de considerar que una persona de mayores recursos económicos puede estar apropiándose del espectro radioeléctrico. Entonces, la idea es que la multa sea de hasta 50 unidades tributarias mensuales y no solo entre una y 3. A ello apunta la indicación presentada. Es el único punto respecto del cual estamos haciendo cuestión.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Pero eso se verá cuando sea discutida.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, sin perjuicio de la indicación, que aborda una dificultad que hubo en el debate, las multas se hallan fijadas con un piso muy alto, que es el problema de fondo. Al ser ello así -no se trata de una unidad tributaria mensual para arriba: se parte de un valor muy elevado-, lo que hacen los jueces es no multar. Lo que necesitamos es fijar un rango en que el piso de las multas sea más bajo. La dificultad no se halla en el techo. Y comparto lo señalado por la Senadora Von Baer.
Debería diferenciarse según el tipo de radio, porque no es lo mismo una radio comunitaria, con 1 kilómetro de alcance en el poblado en que se encuentra, que otra de naturaleza distinta, cuya transmisión -y esta es una discusión técnica- de forma no autorizada también incluye la alteración de los equipos para tener mayor potencia y alcanzar espacios donde no debería llegar.
Por lo tanto, subir el techo es algo que vamos a abordar en el debate de la indicación complementaria.
En cuanto al resto de lo propuesto, invito a todos a aprobarlo por unanimidad.
El señor GUILLIER.- Señor Presidente, a la explicación de por qué se está haciendo esta proposición de ley deseo agregar que ella obedece a que hay una legislación desproporcionada, porque la actual redacción del delito de radiodifusión sin autorización permite configurar un ilícito incluso en casos donde no exista ningún tercero dañado o no se persigan fines de lucro.
Por esa razón también los jueces se niegan a aplicar sanciones tan altas, porque no parecen tener relación con el objetivo de preservar derechos.
Y, por otro lado, en la práctica, desde la aprobación el año 2010 de la ley N° 20.433, que creó los servicios de radiodifusión comunitaria ciudadana, que define a tales radios como emisoras sin ánimo de lucro y solo con fines informativos, comunitarios, sociales o culturales muy vinculados al territorio inmediato, se dejaron sin efecto alrededor de ciento cincuenta llamados a concurso para todo tipo de radios, lo que generó una verdadera congestión en las asignaciones efectuadas posteriormente.
Todo lo anterior generó una suerte de desorden en el establecimiento, bajo el amparo simplemente de lo práctico, de muchas radiodifusoras.
Por consiguiente, al regularizarse esa situación, el propósito de evitar una expansión ilimitada de radios comunitarias debería resolverse mediante el mejor funcionamiento del proceso de licitación.
En definitiva, no tiene sentido aplicar sanciones que además tienen connotaciones que van más allá de lo razonable en cualquier país, de acuerdo al derecho comparado, y que limitan la libertad de expresión. De hecho, existen pronunciamientos al respecto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el sentido de que no parece ser una restricción necesaria el establecimiento de sanciones penales ante violaciones a la radiodifusión, como en nuestra legislación actual, que llega a esos extremos.
Ese es el sentido del proyecto presentado por el Senador Navarro, en cuya representación intervengo, porque yo también patrociné la iniciativa.
--Se aprueban los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 36 C, nuevo, propuestos por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones en el número 2) del artículo único del proyecto (37 votos favorables), dejándose constancia de que se reúne el quorum constitucional requerido.
Votaron las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Órdenes, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Allamand, Araya, Bianchi, Castro, Chahuán, Coloma, Durana, Elizalde, Galilea, García, García-Huidobro, Girardi, Guillier, Huenchumilla, Insulza, Kast, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Moreira, Ossandón, Pérez Varela, Prohens, Pugh, Quintana, Quinteros, Sandoval y Soria.
El señor LABBÉ (Secretario General).- En el inciso primero del artículo 36 C (página 2 del comparado) se ha formulado una indicación, cuyo tratamiento fue acordado por unanimidad. La indicación propone reemplazar la frase "de 1 a 3 UTM" por "hasta 50 UTM"; es decir, la norma queda de la siguiente manera: "será sancionado con multa de hasta 50 UTM".
No requiere quorum especial de aprobación.
La señora ALLENDE.- Señor Presidente, por su intermedio, quiero hacerle una consulta a la Senadora Von Baer, para entender bien lo que propone.
Antiguamente el rango era de 50 a 5 mil UTM.
Nos ha explicado el Senador Letelier que los jueces no aplicaban sanción alguna por ser demasiado alto el piso de la multa.
La moción presentada por el Senador Navarro sugiere una multa de 1 a 3 UTM.
Pero si nosotros ponemos "hasta", ¿qué queremos decir, que va a quedar de cincuenta "hasta"?
No entiendo exactamente cuál es el rango, porque lo que estamos tratando de plantear es que el piso, que era tan alto, debe ser más bajo, para que los jueces apliquen multas, aunque eso vaya acompañado de otra sanción, que es evidentemente más fuerte, como el decomiso.
Por eso, quiero terminar de entender entre qué valores se fija el "hasta".
No me logró quedar claro, comprendiendo el argumento que nos dio el Senador Letelier, como integrante de la Comisión, donde se estimaba que el piso con que partía la multa era muy alto: 50 UTM, pudiendo llegar a 5 mil. Eso generaba la situación que aquí se ha explicado.
Sin embargo, deseo saber ahora cuál es la propuesta concreta de la indicación, porque no me queda claro solamente con decir "hasta".
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Señora Senadora, el señor Secretario va a entregar la interpretación, sin perjuicio de que la Senadora señora Von Baer, que ha presentado la indicación, también pueda explicitarla si así lo estima conveniente.
El señor LABBÉ (Secretario General).- Se propone una multa de una hasta 50 UTM, es decir, de cualquier monto dentro de ese rango.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Senadora señora Von Baer, ¿pidió la palabra?
Ya lo explicó el señor Secretario.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, está bien lo propuesto.
El objeto del proyecto era tener un piso bajo.
La primera finalidad aquí era despenalizar y no meter preso a nadie.
En segundo término, el propósito era bajar la multa y mantener el decomiso de los equipos.
Tener un piso preciso, que queda en una UTM, es muy importante. Se puede discutir si el techo es de 50 o 100 UTM, lo cual dice relación con el rango de la multa.
Creo que la experiencia nos va a dar luces respecto del techo, que puede quedar en 50 o en 100 UTM. Lo relevante es que haya un rango en el que los jueces puedan diferenciar si es radio comunitaria o de otro tipo, porque lo que ocurre muchas veces es que no aplican multas -en general, no solo en estos casos- porque el piso es muy alto.
Por tanto, me parece bien la propuesta de la Senadora Von Baer.
La señora VON BAER.- Señor Presidente, en el fondo, lo que quisimos era que pudiese hacerse la diferenciación planteada por el Senador Letelier. De una a 3 UTM de multa era como si todos los radiodifusores fueran pequeños. Y con lo que proponemos el juez podrá discriminar si una radio comunitaria es muy pequeña y le aplicará una o 2 UTM de multa, o, en caso contrario, podría llegar hasta 50 UTM.
Claro, también podríamos fijar el tope en 100, pero era muy brusco el salto, por eso propusimos en la indicación "hasta 50 UTM".
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Se entiende que en la indicación se plantea una gradualidad, entre una y 50 UTM, lo cual permite a un juez determinar el grado de responsabilidad.
El señor BIANCHI (Vicepresidente).- Hago presente que no se requiere quorum especial de aprobación.
El señor QUINTANA.- Señor Presidente, yo, al igual que el Senador Guillier, quiero defender la moción original.
A mí me llama la atención en toda esta discusión el sentido que se le da a ciertas palabras, como "regularización" o "traer" a estas personas (que claramente están infringiendo la ley), a estos radiodifusores de radio o televisión -no estamos hablando solo de radio-, porque la mayoría de ellos son pequeños, de regiones, representantes de iglesias evangélicas, que evidentemente no están cumpliendo la ley.
Entonces, lo que la SUBTEL o este Parlamento debieran hacer es buscar la manera de regularizar su situación, de "traerlos" a cumplir la ley.
Obviamente, era importante terminar con la penalización, con la posibilidad de que dichos radiodifusores incluso terminen presos.
Pero yo creo que con el decomiso todavía estamos exagerando, porque en muchos casos son radios de estudiantes, y por esa vía se pueden decomisar los teléfonos celulares, el computador con el cual esa persona asiste a la universidad y no la torre, que es donde efectivamente se genera la transmisión o la base de la irregularidad.
Entonces, considero que el esfuerzo que debiésemos hacer acá es regularizar, formalizar a estas personas y que cumplan con todos los requisitos, más que el decomiso y elevar las multas. Dejarlas en 50 UTM me parece un castigo demasiado grande y no es proporcional a la falta que se está cometiendo.
Por eso, votaré en contra de la indicación y a favor de la propuesta original.
--Se aprueba la indicación propuesta por la Senadora señora Von Baer (26 votos a favor, 2 en contra y una abstención) y el proyecto queda despachado en este trámite.
Votaron a favor las señoras Allende, Aravena, Ebensperger, Goic, Rincón, Van Rysselberghe y Von Baer y los señores Araya, Bianchi, Castro, Coloma, De Urresti, Durana, Elizalde, Galilea, García, Huenchumilla, Lagos, Latorre, Letelier, Montes, Prohens, Pugh, Quinteros, Sandoval y Soria.
Votaron en contra los señores Guillier y Quintana.
Del Senador señor Insulza, para ausentarse del país a contar del 17 de marzo próximo, para formar parte de la delegación chilena a la Corte Internacional de Justicia.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, usted señala que "se accede a lo solicitado" por el Senador Insulza. Pero lo que él está haciendo es dejando constancia, no pidiendo una autorización.
De repente se entra en esta confusión. Dejemos claro que aquí se deja constancia si algún Senador quiere salir del país. Una cosa distinta son los permisos por más de treinta días. Por eso, no es que se acceda o no se acceda, simplemente se deja constancia.
Entiendo que hay otros Senadores que también harán el mismo viaje.
El señor MONTES (Presidente).- Muy clara su interpretación, señor Senador.
El señor MONTES (Presidente).- Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública.
Proyecto de reforma constitucional (moción de los Senadores señor Larraín, señoras Allende y Alvear, señores García y Tuma):
En primer trámite, sesión 100ª, en 5 de marzo de 2013 (se da cuenta).
En tercer trámite, sesión 76ª, en 17 de diciembre de 2014.
Comisión Mixta: sesión 78ª, en 7 de enero de 2015.
Mixta: 53ª, en 11 de octubre de 2017.
Sesión 23ª, en 10 de junio de 2014 (se aprueba en general y en particular).
El señor LABBÉ (Secretario General).- Las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras derivan del rechazo por parte del Senado, en tercer trámite constitucional, de las dos enmiendas efectuadas por la Cámara de Diputados, consistentes en la sustitución del inciso primero propuesto para el artículo 8° de la Carta Fundamental en el número 1) del artículo único, y en la supresión de dos expresiones en el párrafo tercero propuesto para el numeral 12° del artículo 19 en el número 2) del artículo único.
La Comisión Mixta, como forma de resolver las divergencias entre ambas Cámaras, efectúa una proposición que consiste en aprobar, adicionando una frase, el texto planteado por la Cámara de Diputados respecto del número 1), y en aprobar el texto propuesto por el Senado en lo referente al número 2), suprimiendo la frase ", la que deberá ser de quórum calificado".
Cabe hacer presente que las disposiciones contenidas en la proposición de la Comisión Mixta requieren, para ser aprobadas, el voto conforme de los dos tercios de los señores Senadores en ejercicio, esto es, 28 votos favorables.
En el boletín comparado que Sus Señorías tienen a su disposición figuran, en la cuarta y en la quinta columna, la proposición de la Comisión Mixta y el texto como quedaría de aprobarse el informe de esta Comisión.
Pido silencio para escuchar al señor Senador.
El señor ARAYA.- Señor Presidente, quiero rendir el informe de la Comisión Mixta.
Corresponde que nos pronunciemos acerca de la propuesta que ha formulado la Comisión Mixta constituida para subsanar las diferencias que habían surgido entre el Senado y la Cámara de Diputados en la tramitación del proyecto de reforma a la Carta Fundamental que otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública.
Esta iniciativa modifica los artículos 8° y 19, número 12°, del Texto Constitucional con el fin de consagrar de manera explícita en la Constitución los principios ya indicados.
En primer lugar, la Comisión Mixta propone modificar el inciso primero del artículo 8° de la Ley Fundamental con el fin de establecer que en el desempeño de las funciones públicas sus titulares deben observar no solo el principio de probidad en todas sus actuaciones, sino también el de transparencia.
Con esta enmienda se despeja una cuestión que había sido discutida en nuestra jurisprudencia en orden a si el Texto Constitucional protege o no el principio de la transparencia. A partir de esta reforma, queda claro que los titulares de los órganos públicos y todos aquellos que ejercen funciones públicas, aunque sean agentes privados, quedan obligados por el principio de probidad y de transparencia en todas sus actuaciones.
Hay que leer esta disposición en relación con lo que preceptúa el inciso segundo del mencionado artículo 8°, que establece que son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Todo lo anterior no se opone a la idea de que mediante una ley de quórum calificado se podrá establecer la reserva o secreto de los mencionados fundamentos o procedimientos cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional.
De esta manera, se avanza en la consagración de un principio que es fundamental para el funcionamiento de la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país.
En segundo lugar, la Comisión Mixta propone modificar el número 12° del artículo 19 de la Constitución, precepto que consagra la libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa.
La propuesta que formula la Comisión Mixta implica agregar a este precepto un párrafo tercero, nuevo, mediante el cual se garantiza el acceso a la información pública, tal como lo acordó el Senado en el primer trámite constitucional.
Para lograr ese objetivo se dispuso que toda persona tiene derecho a buscar, requerir y recibir información pública en la forma y condiciones que establezca la ley, la que deberá ser de quorum calificado.
De esta forma, se refuerza una práctica fundamental para el funcionamiento de una sociedad democrática: que los ciudadanos deben participar informadamente en los debates públicos, para lo cual es indispensable que tengan asegurado el acceso a la información.
No obstante, cabe señalar que si bien en un principio se juzgó pertinente asimilar la regulación de esta materia a las disposiciones contenidas en el inciso segundo del artículo 8° y en el párrafo primero del numeral 12° del artículo 19, ambos de la Carta Fundamental, luego se observó que en ambos casos la exigencia de un quorum especial para su sanción se vincula con la necesidad de precaver afectaciones o limitaciones al libre ejercicio de un derecho constitucionalmente consagrado, lo que no acontece en la situación en estudio.
De consiguiente, se consideró apropiado analizar nuevamente la discrepancia surgida en relación con el numeral 2) del artículo único de la iniciativa para, con mejor acuerdo, proponer una redacción más precisa. Esta circunstancia fue resuelta oportunamente por la Comisión Mixta, según se da cuenta en el informe complementario puesto a disposición de la Sala del Senado.
En efecto, la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta estuvieron contestes en la pertinencia de eliminar la frase ", la que deberá ser de quórum calificado", contenida en el párrafo tercero, nuevo, del numeral 12° del artículo 19, que el proyecto incorpora en la Constitución Política de la República, evitando de este modo que la regulación legal del derecho de toda persona a buscar, requerir y recibir información pública conlleve la imposición de requisitos especiales en cuanto al quorum de aprobación de ella.
En síntesis, mediante esta reforma constitucional estamos dando un paso significativo en el fortalecimiento de nuestro sistema democrático.
Por todas estas razones, la Comisión Mixta propone aprobar su proposición.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, el artículo 8° de la Constitución probablemente va a ser objeto de debate no solo en esta ocasión, por incorporar en su inciso primero el principio de transparencia, que es muy importante, sino también con posterioridad, por cuanto, junto con aquel principio, los cambios tecnológicos nos llevan a preguntarnos cómo se pueden usar las redes sociales y cómo la información que allí se genera puede ser utilizada, a la vez, por terceros.
Me refiero a todo el fenómeno de big data o mega data, muy vinculado a la libertad de expresión, contenida en el artículo 19, N° 12°, de la Constitución, y muy relacionado también con un tema del que se habla mucho en Chile: la migración. Otros países han establecido, por ejemplo, que el racismo y la xenofobia no son una opinión y, por tanto, deben estar absolutamente desterrados como prácticas y constituir abiertamente un delito. Es lo que ocurre en Alemania.
Planteo lo anterior porque el artículo mencionado va a ser motivo de debates posteriores, al menos por estas dos razones, relativas a cómo se debe entender la libertad de expresión en algunas materias.
Considero que el objeto de la iniciativa es en sí muy importante.
Sin embargo, tengo una duda -se la planteé al ex Senador Larraín, hoy Ministro de Justicia, con quien siempre debatimos mucho sobre el asunto- en relación con los actos públicos. La voy a ejemplificar con la situación que afecta a Carabineros de Chile.
Hasta el día de hoy no sabemos quiénes son todos los funcionarios de la institución. Tampoco sabemos cuánto ganan. Fue por eso, dicen muchos, que se logró generar un desfalco en su interior. Y recién en la discusión de la Ley de Presupuestos -¡recién!- logramos que la Contraloría dispusiera de una facultad para adquirir tal información.
Entonces, a la luz del nuevo texto de la norma, ¿qué información va a ser pública? ¿Qué actos? ¿Los contratos? ¿Podrá accederse al detalle de todos los contratos que se lleven a cabo con recursos públicos? ¿Cómo se usará dicha información? ¿Quién tendrá acceso a ella?
Yo quiero dejar consignado, para la historia de la ley, señor Presidente, que todo acto que se ejecute con recursos fiscales debe ser público, sin que ninguna ley secreta existente previamente pueda considerarse vigente, pues con la presente iniciativa quedaría tácitamente derogada.
Por ende, con entusiasmo apruebo esta reforma constitucional y pido que queden consignados en el Acta los conceptos que he expresado.
El señor COLOMA.- Señor Presidente, me quedó dando vueltas esto del Acta.
El señor LETELIER.- Me refiero a la historia de la ley.
El señor COLOMA.- Porque yo quiero dejar constancia de que la opinión que se ha pedido consignar ahí es solamente del Senador Letelier.
El señor LETELIER.- No quiere que sea la del Senado. Me queda claro.
El señor COLOMA.- Su Señoría tiene una interpretación sobre qué se derogaría y qué significaría aquello.
Yo me quiero atener a lo que dice exactamente la norma.
Ella está estableciendo un principio, no está derogando nada, y está planteando que será la ley la que impondrá determinadas condiciones.
Este es un tema muy de fondo, que hemos discutido en otras ocasiones, así que no estamos descubriendo el mundo. Existe un proceso en la toma de decisiones que, desde mi perspectiva, es sano que permanezca dentro del ámbito de acción de la autoridad.
Es verdad que no se ha sabido todo en la situación que involucra a Carabineros, pero, del mismo modo, yo puedo decir que no tengo idea de lo que pasó por la mente de quienes componían el Gabinete en el tema de Punta Peuco en los últimos días. Tampoco me he podido enterar con claridad de cuál fue el debate respecto del General Director de Carabineros al interior del Gobierno. Después ha trascendido, en forma bastante compleja, cuáles fueron las lógicas de discusión.
¿Por qué digo esto? Porque una cosa es la transparencia, que valoro, y otra es caer en una especie de exhibicionismo, una especie de "casa de vidrio", en cuanto a cómo se toma una decisión.
Colocándome en la posición de la ex Presidenta o del actual Presidente, siguiendo estrictamente la lógica planteada por el Senador Letelier, cualquier debate para adoptar una medida debería ser conocido por la opinión pública. O sea, los consejos de gabinete, a este afecto, no tendrían ningún grado de privacidad. Lo mismo a propósito de la toma de decisiones de una Comisión, donde de repente alguien puede decir: "Mire, quiero discutir este tema".
Lo anterior cobra particular relevancia cuando se trata de actos de gobierno.
Una cosa es que el acto sea transparente -y quede consignado en un acta, siguiendo la lógica aquí planteada-, y otra cosa distinta es entender que, a partir de ahora, cualquier proceso de toma de decisiones, en que puede haber controversias, en que puede haber diferencias, en que puede haber, legítimamente, opiniones diversas, sobre todo al interior de un conglomerado, debe tener un tratamiento distinto en virtud de la nueva disposición, que derogaría las actualmente vigentes.
Hoy día la norma es clara en esta materia: la transparencia rige respecto de los actos y respecto del modo como se genera la toma de decisiones, pero ello no se traduce en que cualquier acción relacionada con una política pública deba entrar en la misma lógica.
Lo quiero dejar perfectamente claro, señor Presidente. Y, si se trata de dejar constancia en el Acta, cada uno debe dejar retratada su visión. No quiero que alguien diga que en el Senado hubo unanimidad acerca de determinada interpretación.
Es un tema discutible -lo entiendo-, que se podrá debatir con mayor profundidad más adelante -no lo vamos a resolver hoy día- y en el cual hay envuelto un asunto bien de fondo.
Por lo mismo, creo que me corresponde dejar expresado mi punto de vista con respecto al significado de la norma.
El señor HUENCHUMILLA.- Señor Presidente, tiendo a coincidir con la observación que ha hecho el Senador Coloma, porque, cuando el texto vigente establece que "Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado", se refiere a actos jurídicos administrativos. Estos son lo que deben ser públicos: los "actos y resoluciones", que se traducen, en definitiva, en actos jurídicos administrativos.
La modificación al artículo 8° es amplia y general, y se refiere al "desempeño de las funciones" del actor público, del funcionario público.
En consecuencia, considero conveniente tener presente esta distinción. La obligación que estamos introduciendo se incorpora en un precepto que habla de actos jurídicos administrativos y no se refiere al desempeño que debe tener un funcionario público al ejercer sus funciones públicas.
El acto jurídico administrativo tiene un íter que puede pasar por muchas partes, por muchos actos privados (conversaciones, diálogos de todo tipo), hasta traducirse, en definitiva, en un acto jurídico administrativo propiamente tal.
Por eso, llamo la atención sobre si no estamos haciendo una combinación en una norma que puede prestarse para una interpretación no correcta, a mi juicio, del texto constitucional.
El señor LAGOS.- Señor Presidente, tal vez no habría sido necesario intervenir a estas alturas de la tramitación del proyecto, pero, precisamente a partir de la intervención del colega Letelier, y entendiendo el objetivo que Su Señoría busca, considero más que importante ratificar lo planteado por los Senadores Huenchumilla y Coloma.
¿Por qué este último ponía como ejemplo las decisiones que se toman al interior de un gobierno o de un gabinete? Porque muchas de las discusiones, diálogos, razonamientos, pros y contras de una política pública, de determinada decisión, son difíciles que sean transmitidos vía streaming, para decirlo de alguna manera. Lo importante es el resultado final, el acto jurídico administrativo propiamente tal.
Pero esto no solo es válido a nivel de Gobierno. Me pregunto qué podría ocurrir -tal vez no sea el caso- con las resoluciones de los tribunales colegiados (Cortes de Apelaciones y Corte Suprema). Ellos fundamentan sus resoluciones y hay una sentencia que es pública, pero al interior hay debates de los ministros que no son públicos desde el punto de vista de que puedan ser escuchados.
A veces, llegar a un entendimiento, comprender mejor una idea, recapacitar respecto de una posición propia, es producto de un diálogo. Pero si este es visto en directo, cualquier cambio de opinión podría traducirse, con un relativo sesgo, en que alguien, como indicó el Senador Letelier -lo voy a decir coloquialmente-, "se dio vuelta la chaqueta", o "cocinó un acuerdo".
Entonces, ¿en qué minuto existe una instancia de deliberación o de conversación en temas tremendamente relevantes? Y esto, en todos los planos. Aquí podemos discutir entre nosotros, en una Comisión, qué hacer con una reforma tributaria, que tiene pros y contras.
La pregunta es: ¿puede haber elementos que uno quiera conversar para entender mejor y que también deban ser transparentes? Porque, si no son transparentes, ya tengo un sesgo y me meto en un problema. "¡Cómo no quiere transparencia!", dirán. Pero sí, quiero. Solamente deseo hacer presente que en la vida, para poder llegar a acuerdos, para discrepar, tengo que entender muy claramente lo que me están planteando. En esa etapa de interacción uno puede cambiar de opinión o convencer a otros. Y si el resultado de aquello es distinto de como comenzó, se puede prejuzgar a alguien y afirmar que no actuó de acuerdo a sus principios, a sus valores, enturbiándose el proceso.
Por consiguiente, entendiendo que el texto va a ser aprobado tal como está, me parece conveniente hacer esta prevención, que es válida no solo para los Gobiernos y el Poder Legislativo, sino también para el Poder Judicial y otras instancias de resolución.
El señor COLOMA.- ¡Para todos los poderes públicos!
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, el debate y lo planteado por los colegas Coloma y Huenchumilla constituyen un llamado de atención hacia un tema altamente sensible.
Creo que la pregunta que uno tiene que responder en estos casos es para qué estamos legislando, cuál es el objetivo de la norma, qué es lo que se persigue con una legislación, cualesquiera que sean las circunstancias.
A mí me parece que el espíritu que hay detrás de esta reforma constitucional tiene que ver, por cierto, con resguardar la transparencia, la fe pública que involucran los actos del Estado, de la Administración Pública. Pero ello no puede significar, señor Presidente, un riesgo para la libertad de pensamiento, para la libertad de conciencia de quienes ejecutan un acto público.
Lo digo porque todos recordamos el largo debate que hubo a propósito de unos correos electrónicos que se enviaron durante el anterior Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y lo que el Consejo para la Transparencia dictaminó respecto de cuáles eran los actos que se deben considerar públicos.
Para quienes hemos estado en el ejercicio de una función ministerial, este no es un tema menor. Uno entra a resguardarse en cuanto a qué cosas dice, por dónde las dice, cómo las comunica, para que el día de mañana no vayan a ser malinterpretadas.
Considero superimportante tener presente en este debate para qué hacemos las cosas.
Si lo que queremos es resguardar la transparencia, la inspiración, el actuar de los funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, ello no puede llegar al extremo de que las reflexiones para arribar a una conclusión sean usadas en contra de determinado servidor público.
Además, el punto señalado por el Senador Huenchumilla tampoco queda claro en la redacción de la norma. Y yo creo que tenemos que ser tremendamente cuidadosos con lo que estamos aprobando, no porque se quiera ocultar algo, señor Presidente, sino porque en la reflexión previa a la toma de decisiones hay distintos caminos y posiciones que finalmente permiten arribar al acto público. Y la norma, tal como está, no necesariamente resguarda aquello.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, me parece que el fondo del proyecto de ley va en la dirección correcta en términos de darle reconocimiento constitucional al principio de transparencia y al derecho de acceso a la información pública. Este debe ser un principio rector y, por tanto, lo que establece el artículo 8° va por el buen camino.
Se ha suscitado en la Sala un debate en cuanto a qué pasa finalmente con los procesos deliberativos que concluyen en un acto jurídico. Efectivamente, es posible sostener que tienen que ser resguardados de manera adecuada en el texto constitucional.
Asimismo, coincido con lo que indicaron la Senadora Rincón y los Senadores Coloma y Huenchumilla acerca de establecer las condiciones necesarias para que, sin alterar el principio de probidad y transparencia de todo acto jurídico, se tomen los resguardos necesarios para dar certeza a los procesos deliberativos.
Lo ideal sería revisar la redacción a través de un plazo de indicaciones. Sé que estamos en el trámite de Comisión Mixta y, en consecuencia, en una situación compleja, pero tal vez podríamos pedir un segundo informe para los efectos de zafar del problema.
El señor MONTES (Presidente).- Su Señoría, tengo que aclararle que el proyecto fue a Comisión Mixta y que luego fue devuelto a esa instancia bicameral.
Ahora el informe está en votación y buena parte de los señores Senadores ya ha votado.
Tal vez puedan presentarse nuevas iniciativas sobre la materia, si se estima pertinente.
Ofrezco la palabra al Senador señor García.
El señor GARCÍA.- Señor Presidente, respaldo que el proyecto sea enviado de nuevo a la Comisión Mixta para otro informe, pues creo que las dudas planteadas en la Sala son completamente razonables.
Se trata de una reforma constitucional impulsada en su momento por el Senador Hernán Larraín, quien me invitó a acompañarlo en la moción, así como a la Senadora Isabel Allende, al Senador Eugenio Tuma y a alguien más que no recuerdo en este minuto.
Su propósito preciso era dar reconocimiento constitucional, como derecho ciudadano, como garantía de las personas, al derecho de acceso a la información pública. Pero, naturalmente, la norma tiene que quedar bien redactada. Deben estar bien definidos los objetivos, tal como indicaron los colegas Huenchumilla, Coloma y Rincón.
Creo que lo peor que podemos hacer es despachar este proyecto de ley para que se transforme ni más ni menos que en una disposición fundamental, agregando a nuestro ordenamiento constitucional una garantía de este tipo, sin tener claridad de lo que estamos aprobando.
Por eso, señor Presidente, insisto en que la iniciativa sea enviada nuevamente a la Comisión Mixta para que los aspectos mencionados aquí puedan ser aclarados.
El señor ALLAMAND.- ¡Solicite la unanimidad, señor Presidente!
El señor MONTES (Presidente).- Es que existe un problema reglamentario, señor Senador, pues los informes de Comisión Mixta no pueden ser objeto de informe complementario. En este caso, se hizo una excepción. Y ahora se trataría de un segundo informe complementario.
Solo les pido a los señores Senadores que piensen en el precedente que se crearía con esto, porque en general las Comisiones Mixtas son de mucha tensión.
Ahora, si se quiere presentar un nuevo proyecto para corregir las insuficiencias observadas, ello se puede hacer en cualquier momento.
La señora RINCÓN.- Señor Presidente, yo entiendo el punto del precedente.
Solo quiero mencionar lo relativo al contexto: hay Senadores nuevos, un cambio en el Parlamento, y eso podría ser una buena excusa para acceder a lo que se está pidiendo.
El señor ALLAMAND.- Señor Presidente, solamente deseo insistir en el planteamiento que han formulado diversos colegas, en particular la Senadora Rincón.
Es cierto que estamos volviendo a utilizar un procedimiento que no es usual. No obstante, el que se haya hecho eso una vez, con mayor razón implica que podamos emplearlo en una segunda oportunidad. Además, los argumentos que se han expuesto en la Sala son tan contundentes que da la impresión de que sería -por así decirlo- inconveniente de parte nuestra despachar una reforma constitucional que, de acuerdo a lo señalado acá, todos entendemos que tiene problemas de interpretación tan agudos como los que se han manifestado.
Entonces, si existen el precedente, el mecanismo y la manera de resolver el problema, ¿por qué no acoger lo que se propone?
Y usted, señor Presidente, podría solicitar el respaldo de la unanimidad de la Sala para ese efecto.
El señor MONTES (Presidente).- Deseo aclarar, señores Senadores, que cuando se pidió el primer informe complementario, respecto al cual nos estamos pronunciando ahora, la materia no se había debatido ni votado en la Sala. Por lo tanto, se trató de una solicitud previa y fue aprobada por todos.
También quiero expresarles que este es un precedente bien complejo. Lo digo porque normalmente en las Comisiones Mixtas hay mucha tensión, y la verdad es que reglamentariamente no existen los informes complementarios. Se hizo una salvedad. Si la unanimidad de la Sala estima que es preciso volver a hacer una excepción, ello sentará un precedente que generará dificultades. Además, ya se está votando el informe.
El señor CHAHUÁN.- ¡Señor Presidente, pida la unanimidad!
El señor MONTES (Presidente).- Reglamentariamente, ni siquiera por unanimidad se podría formular el planteamiento porque las Comisiones Mixtas tienen comienzo y fin.
No tengo problema en que lo decidamos así. Pero el precedente que se está sentando nos producirá dificultades en el futuro respecto de todas las Comisiones Mixtas.
Senador señor Guillier, ¿usted quiere decir algo?
El señor GUILLIER.- Sí, algo breve, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.
El señor GUILLIER.- Estimo que, por ser esta una reforma constitucional y presentar tantos problemas de interpretación, y dado que, según entiendo, el proyecto no puede volver a Comisión Mixta, hay que votar que no.
El señor MONTES (Presidente).- También se puede enviar otra iniciativa. En el tratamiento de una reforma constitucional no existe plazo. O sea, aquello es posible.
¿Habría unanimidad para pedir un segundo informe complementario, lo cual está fuera de las normas reglamentarias y genera un precedente muy complejo?
El señor GUILLIER.- No, señor Presidente.
El señor MONTES (Presidente).- El Senador señor Guillier no da la unanimidad.
El señor LETELIER.- ¿Por qué requerir la unanimidad?
El señor MONTES (Presidente).- Porque el planteamiento que se ha formulado está fuera de toda norma reglamentaria. Esta sería una excepción. Se trata de un segundo informe complementario, ni siquiera del primero.
Como no hay unanimidad, debemos abocarnos a la votación.
El señor CHAHUÁN.- Señor Presidente, la fórmula planteada por el Senador Guillier es altamente inconveniente incluso desde el punto de vista de la imagen del Parlamento, pues vamos a aparecer votando en contra de un proyecto de ley que establece, ni nada más ni nada menos, el principio de transparencia y el derecho al acceso a la información pública en nuestra Carta Fundamental.
Me parece que -perdónenme- votar en contra debido a que tenemos dificultades interpretativas puede generar una situación bastante compleja desde el punto de vista comunicacional.
Por consiguiente, señor Presidente, quiero pedir acá racionalidad, que se vuelva a solicitar la unanimidad para los efectos de corregir la norma y sacar adelante una reforma constitucional absolutamente necesaria, pero que en los términos en que está redactada va a provocar inconvenientes de interpretación.
El señor LETELIER.- Señor Presidente, entendiendo que no existe nadie en esta Corporación que no quiera consignar la transparencia como un principio en la Constitución, pero sobre la base de que un señor Senador y una señora Senadora han planteado una inquietud, propongo suspender la votación hasta la próxima semana, para que los integrantes de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento puedan debatir este asunto. Porque lo que pretendemos es sacar una buena normativa.
Por lo tanto, considero que sería un error rechazar lo que propone la Comisión Mixta y que lo que corresponde es pedir la unanimidad a fin de suspender la votación y de retomarla la próxima semana, después de que emita su informe la Comisión de Constitución.
El señor MONTES (Presidente).- Puede hacer uso de la palabra el Senador señor Pizarro.
El señor PIZARRO.- Señor Presidente, lo que pasa es que tenemos dos problemas.
Estamos en votación y la primera cuestión reglamentaria es que durante este proceso existe el derecho a fundamentar el voto pero no se puede abrir un debate. Ni siquiera es posible que hablen los representantes del Ejecutivo, los cuales no están hoy día acá. ¡No es novedad, por lo demás...! ¡Casi nunca están presentes; así que no es para complicarse la vida...!
El señor MONTES (Presidente).- ¡Vienen recién llegando, señor Senador...!
El señor PIZARRO.- Además, señor Presidente, esta es una reforma constitucional y, por tanto, su aprobación requiere quorum especial.
En consecuencia, lamentablemente, lo que corresponde es que o nos abstengamos todos o, lisa y llanamente, rechacemos la reforma. Porque, tal como está la normativa y conforme a lo que se ha planteado acá, producirá serios inconvenientes de interpretación, y después no sabremos si se va a interpretar lo correcto o no.
Así que no veo otra alternativa que rechazar el actual proyecto y presentar uno nuevo, el que podrá ser trabajado por la Comisión de Constitución, introduciéndole las correcciones necesarias, pues la discusión ya está hecha. Además, no hay ningún problema en que la referida instancia, como primer mandato, se dedique a analizar esa iniciativa con cierta prioridad, por cuanto este ha sido un trabajo largo, sobre la base de lo que ya está consensuado y de aclarar explícitamente lo que genere dudas.
El señor MONTES (Presidente).- Antes de seguir, quiero saludar a los alumnos del Colegio Buena Vista, de Talcahuano, que están en las tribunas acompañándonos.
El señor MONTES (Presidente).- Señores Senadores, una solución sería simplemente postergar esta decisión y reflexionar el asunto con la Comisión de Constitución.
En todo caso, quiero advertir aquí lo siguiente: el precedente de un informe complementario es complejo, y el de dos informes complementarios lo es más, porque en las Comisiones Mixtas hay mucha tensión en la definición. Y, por lo tanto, esto mismo podría ocurrir en todas ellas.
Cuando estas trabajan y emiten su pronunciamiento, es preciso considerar que su labor es la instancia final de un proceso complejo. Pero, si le parece a la Sala, se podría acoger la sugerencia de algunos señores Senadores en el sentido de dejar esto pendiente y remitir la materia a la Comisión de Constitución para que evalúe qué podemos hacer. Mientras tanto, podríamos reflexionar acerca de la posibilidad de proceder como dijo el Senador Pizarro: elaborar un nuevo proyecto, cuyo despacho, como ya está hecho todo el debate, probablemente podría ser bastante más rápido.
--Se suspende la votación del informe de la Comisión Mixta, y el proyecto se remite a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia a fin de que se pronuncie sobre lo planteado.
El señor MONTES (Presidente).- A continuación, corresponde entrar a la hora de Incidentes.
El señor COLOMA.- ¡No está el Senador Navarro...!
El señor MONTES (Presidente).- ¡Pero hay parlamentarios nuevos...!
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores, para que recabe del Cónsul General de Chile en La Paz, Bolivia, información sobre ESTADO DESALUD DECIUDADANO CHILENO SEÑOR JUAN PABLO ALMONACID PARRA, QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN CLÍNICA RENGEL.
A los señores Directores de los Servicios de Salud Araucanía Norte y Araucanía Sur, requiriéndoles indicar CIFRA DE MIGRANTES QUE SE ATIENDEN EN CENTROS DE SALUD DE NOVENA REGIÓN.
Al señor Ministro de Obras Públicas, al señor Intendente del Biobío y a la señora Alcaldesa de Hualpén, para que se informe respecto de FECHA DE CULMINACIÓN DE MEJORAMIENTO DE CAMINO A CALETA DE CHOME, COMUNA DE HUALPÉN.
A los señores Ministro de Vivienda y Urbanismo, Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo y Alcalde de Chiguayante, consultándoles por ESTATUS DE PROCESO DE COMPRA DE NUEVO TERRENO COMPROMETIDO PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMA HABITACIONAL DE FAMILIAS DE COMITÉ DE ALLEGADOS EUREKA, DE COMUNA DE CHIGUAYANTE.
A cada uno de los señores Ministros de Estado, solicitándoles indicar PROYECTOS PRÓXIMOS A DESARROLLARSE EN REGIONES DEL BIOBÍO Y METROPOLITANA.
Al señor General Director de Carabineros de Chile y al señor Prefecto Inspector Jefe de la Octava Región Policial del Biobío, con el objeto de que informen acerca de DENUNCIAS POR ROBOS OCURRIDOS EN TRANSPORTE PÚBLICO Y EN VEHÍCULOS PARTICULARES ESTACIONADOS EN LA VÍA PÚBLICA EN ÚLTIMOS CINCO AÑOS EN LA REGIÓN Y MEDIDAS ADOPTADAS PARA DISMINUIRLOS.
A los señores Intendente de Región del Biobío y Alcalde de Concepción, solicitándoles información sobre ESTADO DE AVANCE DE PROYECTO DE REPOSICIÓN DE CESFAM DE O'HIGGINS.
Y a los señores Alcalde y Concejales de Concepción, a fin de pedirles antecedentes relativos a POSIBLE FECHA DE ENTREGA DE NUEVO PLAN REGULADOR QUE CONTEMPLA PROTECCIÓN A HUMEDAL DE PAICAVÍ.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Unión Demócrata Independiente, Partido Por la Democracia e Independientes, Renovación Nacional e Independientes, Socialista, Demócrata Cristiano, Partido PAÍS e Independientes, Evópoli y Revolución Democrática, ningún señor Senador interviene.