Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2014-00716-4488-2015-de-octubre-9-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_a3b969f7d6534277aa2980a731d69e6d&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-20 09:23:29
Document Index: 210805985

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 53', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 99', 'artículo 13', 'artículo 365', 'artículo 3', 'artículo 2']

﻿ SENTENCIA 2014-00716/4488-2015 DE OCTUBRE 9 DE 2017
SENTENCIA 2014-00716 DE 09 DE OCTUBRE DE 2017
CONTENIDO:SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE CESANTÍAS PARA DOCENTES. SE PRECISA POR PARTE DEL ALTO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO QUE LOS DOCENTES SÍ LES SON APLICABLES LAS NORMAS DE SANCIÓN POR MORA EN EL PAGO DE CESANTÍAS. POR LO CUAL, LA LEY 91 DE 1989 NO DETERMINÓ LOS TÉRMINOS PARA EL PAGO DE CESANTÍAS, NI UN RÉGIMEN SANCIONATORIO, ES PROCEDENTE LA APLICACIÓN DE LA LEY 244 DE 1995, SUBROGADA POR LA LEY 1071 DEL 2006, PARA LOS DOCENTES, POR CUANTO ESTAS TIENEN COMO DESTINATARIOS LOS SERVIDORES PÚBLICOS SIN DISTINCIÓN ALGUNA. ASÍ LAS COSAS, SE SEÑALÓ QUE ES EL FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO EL QUE CUBRE LAS CESANTÍAS DE LOS DOCENTES AFILIADOS Y LA SANCIÓN MORATORIA QUE SE CAUSE, SIN QUE TENGA RESPONSABILIDAD ALGUNA EL ENTE TERRITORIAL, QUIEN SOLO ACTÚA A NOMBRE DEL FONDO. FINALMENTE, SE ESTABLECIÓ QUE EL PAGO DE LA CESANTÍA DEBE SER OPORTUNA PUES LA MISMA TIENE POR FINALIDAD DE SATISFACER SU NECESIDAD INMEDIATA QUE OCASIONÓ EL RETIRO DE LA MISMA. Y EL TÉRMINO PERENTORIO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LAS CESANTÍAS BUSCA QUE LA ADMINISTRACIÓN EXPIDA LA RESOLUCIÓN EN FORMA OPORTUNA Y EXPEDITA PARA EVITAR CORRUPCIÓN, FAVORECIMIENTOS INDEBIDOS Y PERJUICIOS A LOS TRABAJADORES.
TEMAS ESPECÍFICOS:AUXILIO DE CESANTÍAS, RÉGIMEN SALARIAL DEL SERVIDOR PÚBLICO, CESANTÍAS, INDEMNIZACIÓN MORATORIA, SANCIÓN
Sentencia 2014-00716/4488-2015 de octubre 9 de 2017
Rad.: 73001-23-33-000-2014-00716-01
Nº interno: 4488-2015
Demandante: César Augusto Flórez
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio(1) y municipio de Ibagué
1. ¿Al señor César Augusto Flórez, en calidad de docente oficial, le es aplicable el régimen de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, contemplado en la Ley 1071 de 2006?
2. ¿El señor César Augusto Flórez tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, por el presunto pago tardío de las cesantías parciales?
¿Al señor César Augusto Flórez, en calidad de docente oficial, le es aplicable el régimen de sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales, contemplado en la Ley 1071 de 2006?
En lo referente al reconocimiento y pago de las cesantías el ordinal 3º del artículo 15, ibidem(11), determinó que a los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, se les aplicaría el sistema de cesantías con retroactividad, y a los docentes nacionalizados vinculados con posterioridad al 1º de enero de 1990 y aquellos del orden nacional, se les aplicaría un sistema anualizado de cesantías sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses(12).
En este sentido, ha surgido la discusión en relación con la aplicabilidad del régimen general de sanción moratoria a servidores públicos (docentes) afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que gozan de un régimen especial para el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, ya que en la norma especial no reguló la sanción moratoria solicitada; en efecto, esta sección frente al tema, ha señalado:
4 B 14/12/2015 1498-2014 Dr. Gerardo Arenas Monsalve No existe obstáculo legal para el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías a favor de los docentes, toda vez que el ámbito de la aplicación de la Ley 1071 de 2006 incluye a todos los servidores públicos.
5 B 08/06/2017 4374-2014 Dra. Sandra Lisset Ibarra En atención a la finalidad del legislador de determinar un término perentorio para la protección de la prestación social - cesantías, no existe impedimento alguno para aplicar la Ley 1071 de 2006 a los docentes, en la medida en que conforme la Constitución Política son servidores públicos.
Así mismo, hay otras providencias de esta sección(13), donde efectivamente se concedió el derecho a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales o definitivas para los docentes, conforme a las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, sin realizar un análisis de fondo sobre su aplicabilidad al caso de los docentes.
En resumen, la sanción moratoria que regula la Ley 244 de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2016 se aplica a los docentes porque(14):
En sede de revisión la Corte Constitucional observó dicho panorama y mediante la Sentencia de Unificación SU-336 de 2017(15), resaltó la disparidad de criterios originada con la postura inicial del Consejo de Estado y amparó los derechos de los accionantes al concluir, tal como ya lo había hecho el Consejo de Estado en las decisiones proferidas desde febrero de 2015, que a los docentes sí les son aplicables las normas de sanción por mora en el pago de cesantías, por lo siguiente:
De acuerdo con lo anterior, el régimen general de sanción moratoria contemplado en la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006 es aplicable a los docentes, porque:
• El auxilio de cesantía es una prestación social creada con el fin de proteger al trabajador, ya sea en el caso de quedar sin el empleo o porque las solicite para cubrir gastos en educación, mejoramiento o compra de vivienda(16).
• La sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías (parciales o definitivas) es un castigo legal al empleador estatal moroso y a favor del servidor público, cuyo propósito es resarcir los daños que se causan a este último con el incumplimiento en el reconocimiento y pago de la prestación(17).
• En efecto, es un régimen drástico a efectos de que los empleadores del sector público no retarden injustificadamente el pago de tales prestaciones, sin que para ello tenga que ver el régimen aplicable y en tanto que una de sus razones fue la de prevenir situaciones anómalas que se pudieron presentar en algunas las entidades públicas(18).
• En efecto, las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, no excluyeron de la aplicación a regímenes especiales, por el contrario, incluyó a todos los trabajadores y servidores del Estado (servidores públicos)(19), sin perjuicio de lo previsto para los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro. En este caso, los docentes oficiales son servidores públicos(20).
• Aplicar este régimen garantiza el derecho a la seguridad social, a la igualdad y condición más beneficiosa de los docentes oficiales(21).
“[…] los miembros de las corporaciones públicas, empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Para los mismos efectos se aplicará a los miembros de la Fuerza Pública, los particulares que ejerzan funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de la República y trabajadores particulares afiliados al Fondo Nacional del Ahorro”.
“[…] Si bien es cierto el inciso tercero del artículo 53 de la Constitución Nacional establece que ‘(…) el Estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales (…)’, ello no significa que las demás prestaciones y retribuciones por el trabajo no deban ser pagadas oportunamente. Todo lo contrario, los salarios y prestaciones sociales deben ser pagados oportunamente entre otras razones porque ese fruto es el sustento de los trabajadores y de sus familias.
No obstante lo anterior, la vida diaria enseña que una persona especialmente en relación a los servidores públicos, comienza un largo proceso de burocracia y de tramitología para lograr el cobro de sus cesantías, bien porque requiera la liquidación parcial o porque ha terminado su vinculación laboral con la administración; circunstancias estas que traen consigo, como es sabido, la posibilidad y efectividad de corrupción […]”(22).
De los argumentos expuestos se sigue que no existe ninguna contradicción entre el régimen especial de los docentes y la Ley 1071 de 2006. De hecho, esta última se entiende como un complemento y desarrollo legal del artículo 53 Superior que garantiza la seguridad social a los trabajadores, máxime si se tiene en cuenta que las cesantías, sin dubitación alguna, hacen parte de la seguridad social integral. […]”(23).
En conclusión: como la Ley 91 de 1989 no determinó términos para el pago de cesantías, ni sanciones como consecuencia de ello, es procedente la aplicación de la Ley 244 de 1995 subrogada por la Ley 1071 de 2006, para los docentes, por cuanto estas tienen como destinatarios los servidores públicos sin distinción alguna y dada la finalidad de este régimen sancionatorio.
¿El señor César Augusto Flórez tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por el presunto pago tardío de las cesantías parciales?
La subsección sostendrá que en el caso específico el demandante tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1996 modificada por la Ley 1071 de 2006, por lo siguiente:
PAR.—En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable a este […]”.
Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado(24), indicó a partir de qué fecha se debe comenzar a contabilizar la sanción moratoria por el pago tardío del auxilio de cesantía, con el siguiente análisis:
“[…] Cuando la administración resuelve el requerimiento del servidor público sobre la liquidación de sus cesantías en forma tardía buscando impedir la efectividad conminatoria de la sanción de que trata el artículo 2º de la Ley 244 de 1995, el tiempo a partir del cual comienza a correr el término para que se genere la indemnización moratoria debe contarse desde la fecha en la cual el interesado radicó la petición de reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, es decir, quince (15) días hábiles que tiene la entidad para expedir la resolución, más cinco (5) días hábiles que corresponden a la ejecutoria, en el evento de que la resolución de reconocimiento hubiere sido expedida, con la salvedad a que alude el mismo precepto, más cuarenta y cinco (45) días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución, para un total de 65 días hábiles, transcurridos los cuales se causará la sanción moratoria […]”.
Por lo tanto, es con cargo al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio que se cubren tanto las cesantías de los docentes afiliados a este, como la sanción moratoria que se cause por la su pago oportuno, sin que tenga responsabilidad alguna el ente territorial, quien solo actúa a nombre del fondo.
7.2.2.3. Caso concreto.
El demandante solicitó el reconocimiento y pago de unas cesantías parciales el 6 de diciembre de 2011(25), las cuales fueron reconocidas mediante la Resolución 71001567 de 27 de junio de 2013(26). Con ello se denota que la entidad sobrepasó el término consagrado en el artículo 4º atrás citado, dado que los 15 días hábiles con los que contaba para expedir la resolución correspondiente fenecieron el 28 de diciembre de 2011.
Corolario, se deben contar los 45 días aludidos a partir del vencimiento de los 15 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, y se adicionan 5 días de ejecutoria del acto administrativo(27). Es decir a partir del 5 de enero de 2012 empezó a correr el término de 45 días para el pago, el cual feneció el 8 de marzo de 2012.
Ahora bien, conforme al certificado expedido por la Fiduprevisora de fecha 9 de junio de 2014,(28) el pago de la cesantía parcial ordenado mediante la Resolución 1567 de 2013, estuvo a disposición del demandante desde el 2 de septiembre de 2013, por valor de $ 70.000.000, en el Banco BBVA Colombia.
Visto lo anterior, la entidad demandada incurrió en mora frente a su obligación de efectuar el reconocimiento y pago de las cesantías parciales solicitadas por el demandante, mora que se causó durante el período comprendido del 9 de marzo de 2012 al 1º de septiembre de 2013, es decir por 533 días (1 año, 5 meses y 23 días).
En conclusión: El señor César Augusto Flórez tiene derecho a que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, le reconozca y pague la sanción moratoria contemplada en la Ley 1071 de 2006, por el pago tardío de sus cesantías parciales. Así mismo, se declarará probada la excepción de inexistencia de la obligación propuesta por el municipio de Ibagué.
Ahora, si bien es cierto que en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2016 no se consagró expresamente la prescripción frente a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, ello no quiere decir que la sanción moratoria es imprescriptible, pues una de las características del derecho sancionador es que no pueden existir sanciones imprescriptibles(29).
Conforme a lo expuesto, ante la ausencia de norma expresa que regule esta figura respecto del derecho laboral que aquí se reclama, por analogía se debe aplicar el artículo 151 del CPT(30), que señala:
En el caso sub examine, el demandante solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006 el 10 de junio de 2014 (fls. 11 y 12), por el no pago oportuno de las cesantías parciales; esta fue resuelta de manera negativa por medio del oficio SAC:2014RE6515 de 25 de junio de 2014 (fls. 13 y 14); igualmente, instauró la demanda el 20 de noviembre de 2014 (fl. 29).
En conclusión: como el período de mora es del 9 de marzo de 2012 al 1º de septiembre de 2013, no se configuró prescripción extintiva de tres años contenida en el artículo 151 ibidem; por lo tanto, se declarará no probada la excepción de prescripción propuesta por las entidades demandadas.
“[…] Conjugando las precisiones hechas por la Corte Constitucional en la Sentencia C-448 de 1996(31), la jurisprudencia del Consejo de Estado(32) ha delineado posición según la cual no procede indexación sobre el valor de la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 porque, si bien responde a fines diversos a la indexación que busca proteger el valor adquisitivo de la cesantía, lo cierto es que no sólo cubre la actualización monetaria sino que, incluso, es superior a ella. Ha dicho la Sección Segunda que “la indexación procede únicamente sobre el valor de la sanción por no consignación oportuna de la cesantías, en los términos ordenados por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 extensivo a las entidades territoriales en virtud del artículo 13 de la Ley 344 de 1996 reglamentado por el Decreto 1582 de 1998, y no frente a la indemnización moratoria de la Ley 244 de 1995 […]”(33) (subraya de la subsección).
En conclusión: No es procedente la indexación del valor a pagar por sanción moratoria toda vez que constituiría una doble sanción, en consecuencia se denegará la pretensión relativa a la actualización de los valores que resulten a favor del demandante.
Por las razones que anteceden se revocará la sentencia de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda y en su lugar se declarará no probada la excepción de prescripción propuesta por las entidades demandadas; y se declarará probada la excepción de inexistencia de la obligación a cargo del municipio de Ibagué, propuesta por el ente territorial.
Así mismo, se declarará la nulidad del oficio SAC:2014RE6515 de 25 de junio de 2014, expedido por el secretario de educación municipal de Ibagué, por medio del cual denegó la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas al demandante.
A título de restablecimiento del derecho se ordenará a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, que reconozca y pague al demandante, la sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales, consistente en un día de salario por cada día de retardo, en el período comprendido entre el 9 de marzo de 2012 y el 1º de septiembre de 2013, inclusive; para la liquidación de los días de mora del año 2012, la entidad deberá tener en cuenta el salario que devengó el demandante en el año 2012, y los días de mora de 2013, con el salario de este último año.
Lo anterior porque no tiene asidero ni justificación legal que ante una solicitud de reconocimiento y pago de unas cesantías parciales de fecha 6 de diciembre de 2011(34), el acto administrativo de reconocimiento haya sido expedido el 27 de junio de 2013(35) y consecuente a ello, se haya pagado el 2 de septiembre de 2013(36); es decir, el trámite de reconocimiento y pago de las cesantías parciales se tardó más de un año y medio, lo que denota una inactividad y desidia de la entidad Nación - Ministerio de Educación Nacional - FNPSM.
De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta subsección(37) en el presente caso se impondrá condena en costas en ambas instancias a cargo de la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio, pues resulta vencida en el proceso de la referencia, conforme el ordinal 4º del artículo 365 del Código General del Proceso que señala “[…] Cuando la sentencia de segunda instancia revoque totalmente la del inferior, la parte vencida será condenada a pagar las costas de ambas instancias […]”, las cuales se liquidarán por el a quo.
1. Revocar la sentencia proferida el 25 de septiembre de 2015 por el Tribunal Administrativo del Tolima que denegó las pretensiones de la demanda en este asunto.
2. Declarar no probada la excepción de prescripción propuesta por las entidades demandadas.
3. Declarar probada la excepción de inexistencia de la obligación a cargo del municipio de Ibagué, propuesta por este ente territorial.
4. Declarar la nulidad del oficio SAC:2014RE6515 de 25 de junio de 2014, expedido por el secretario de educación municipal de Ibagué, por medio del cual denegó la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales reconocidas al señor César Augusto Flórez.
5. Ordenar a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, reconocer y pagar al señor César Augusto Flórez, la sanción moratoria por el reconocimiento y pago tardío de las cesantías parciales, consistente en un día de salario por cada día de retardo, en el período comprendido entre el 9 de marzo de 2012 y el 1º de septiembre de 2013, inclusive; para la liquidación de los días de mora del año 2012, la entidad deberá tener en cuenta el salario que devengó el demandante en el año 2012, y los días de mora de 2013, con el salario de este último año.
7. Condenar en costas en ambas instancias a la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en favor del señor César Augusto Flórez, las cuales se liquidarán por el a quo.
10. De conformidad con los términos y para los efectos del poder obrante a folio 207, se reconoce personería adjetiva para actuar en nombre y representación de la parte demandada municipio de Ibagué, a la abogada Ruth Amalia González Guayara, identificada con cédula de ciudadanía 38.264.900 expedida en Ibagué y portadora de tarjeta la profesional 148.002 del Consejo Superior de la Judicatura.
11 “[…] ART. 15.
12 Consejo de Estado - Sala De Lo Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección A - Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren - 25 de marzo de 2010 - rad.: 63001-23-31-000-2003-01125-01(0620-09) - Demandante: Aracelly García Quintero.
Nº Subsección Fecha Radicado interno Magistrado Ponente
1 B 21/05/2009 0859-2008 Dra. Bertha Lucia Ramírez de Páez
3 A 10/07/2014 2099-2013 Dr. Luis Rafael Vergara Quintero.
14 Ver sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve, de fecha 14 de diciembre de 2015, rad.: 66001-23-33-000-2013-00189-01(1498-14), demandante: Diva Liliana Diago del Castillo, demandado: Ministerio de Educación Nacional.
15 Sentencia de la Corte Constitucional de 18 de mayo de 2017, Magistrado Ponente (e) Iván Humberto Escrucería Mayolo.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Consejero Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, sentencia de 8 de junio de 2017, rad.: 17001-23-33-000-2013-00575-01(4374-14), demandante: María Emma Gómez Mejía.
18 Lo anterior, según se desprende de la exposición de motivos del Proyecto de Ley 44 de 2005 Senado, “por medio de la cual se reglamenta el pago de las cesantías parciales a los servidores públicos y se fijan términos para su cancelación”, publicado en la Gaceta del Congreso 495 de 8 de agosto de 2005; que en su tenor literal señaló:
19 Ponencia para primer debate al proyecto de Ley 44 de 2005 Senado, por medio de la cual se reglamenta el pago de las cesantías parciales a los servidores públicos y se fijan términos para su cancelación, autor: Germán Vargas Lleras, publicado en la Gaceta del Congreso 564 de 25 de agosto de 2005.
20 Sentencia de la Corte Constitucional SU 336-2017.
22 Gaceta del Congreso 225 de 1995, pág. 1.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, providencia de 06-09-2017, rad.: 11001-03-15-000-2017-02030-00, demandante: Mercedes Medina Tafur, demandado: Tribunal Administrativo del Tolima y otro.
24 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 27 de marzo de 2007, Consejero Ponente: Doctor Jesús María Lemus Bustamante, Nº Interno 2777-2004, demandante José Bolívar Caicedo Ruíz.
25 Como consta en la Resolución 71001567 de 27 de junio de 2013, fl. 3.
26 Fls. 3 a 6.
27 Por haberse presentado la solicitud en vigencia del Código Contencioso Administrativo (D. 1/84).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Consejero Ponente: Luis Rafael Vergara Quintero, Sentencia de Unificación Jurisprudencial CE-SUJ004 de 2016 de fecha 25 de agosto de 2016, rad.: 08001 23 31 000 2011 00628-01 (0528-14), demandante: Yesenia Esther Hereira Castillo.
30 Ver sentencia de unificación jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado CE-SUJ004 de 2016.
31 Mediante la cual la Corte declaró exequible el parágrafo transitorio del artículo 3º de la Ley 244 de 1995, y allí considera: “Así, el parágrafo del artículo 2º de la Ley 244 de 1995 consagra la obligación de cancelar al beneficiario “un día de salario por cada día de retardo”, sanción severa que puede ser, en ocasiones, muy superior al reajuste monetario, por lo cual no estamos, en estricto sentido, frente a una protección del valor adquisitivo de la cesantía sino a una sanción moratoria tarifada que se impone a las autoridades pagadoras debido a su ineficiencia (…) En ese orden de ideas, no resulta razonable que un trabajador que tenga derecho a la sanción moratoria impuesta por la Ley 244 de 1995 reclame también la indexación, por cuanto se entiende que esa sanción moratoria no solo cubre la actualización monetaria sino que incluso es superior a ella” (resaltado no es del texto original).
32 Por mencionar una de tantas, se puede consultar la sentencia del 31 de enero del 2008 de la Sección Segunda, Subsección A, rad. interno:7749-05, C.P. Dr. Alfonso Vargas Rincón.
33 Sentencia del 5 de agosto de 2010 de la Sección Segunda, Subsección B, rad. Interno: 1521-2010, C.P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
34 Como consta en la Resolución 71001567 de 27 de junio de 2013, fl. 3.
35 Fls. 3 a 6.
36 Fl. 10.
37 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, exps.: 4492-2013, demandante: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.