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Timestamp: 2018-10-19 03:22:40
Document Index: 91830748

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 88', 'artículo 138', 'artículo 234', 'artículo 167']

﻿ Sentencia 2014-04080 de febrero 12 de 2015
SENTENCIA 2014-04080 DE 12 DE FEBRERO DE 2015
CONTENIDO:IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO DE ENTIDAD PÚBLICA, QUE ORDENA LA RETENCIÓN DE SALARIOS. LA ACCIÓN DE TUTELA ES UNA ACCIÓN DE CARÁCTER EXCEPCIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, NO PUEDE SER EMPLEADA COMO MECANISMO PRINCIPAL Y DEFINITIVO PARA RESOLVER CONTROVERSIAS SOBRE LAS CUALES EL LEGISLADOR HA PREVISTO MECANISMOS ESPECIALIZADOS Y DEFINITIVOS PARA SU RESOLUCIÓN, DENTRO DE LOS CUALES TAMBIÉN SE GARANTIZA LA PROTECCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, TIENE UN CARÁCTER SUBSIDIARIO RESPECTO DE LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA, ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACTO ADMINISTRATIVO, ENTIDAD PÚBLICA, PROCEDENCIA DE LOS MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES, RETENCIÓN DEL SALARIO, NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO, CONTROVERSIAS DE LA ENTIDAD PÚBLICA
Sentencia 2014-04080 de febrero 12 de 2015
Exp. 11001-03-15-000-2014-04080-00(AC)
Actor: Oswaldo Alberto Neira Barajas
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en nombre propio por el señor Oswaldo Alberto Neira Barajas contra la Nación – Fiscalía General de la Nación.
El actor solicita el amparo de los derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la huelga, al trabajo digno, a la negociación colectiva, al debido proceso y a la igualdad, con este fin promueve la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, derivado del no pago del salario del mes de noviembre de 2014 por parte de la Fiscalía General de la Nación.
Como hechos y consideraciones en los que sustenta sus pretensiones, expuso los siguientes (fls. 1 - 13):
Relata que es secretario administrativo III, adscrito a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación y que está participando en el paro nacional indefinido que convocó la organización sindical Asonal desde el 9 de octubre de 2014.
Indica que dicho paro no ha sido declarado ilegal en los términos establecidos en la Ley 1210 de 2008.
Señala que el Fiscal General de la Nación expidió la Circular 14 del 18 de noviembre de 2014, a través de la cual ordenó a los directores nacionales y seccionales de la Fiscalía General de la Nación que se efectuaran los descuentos en los salarios para quienes no asistieran a laborar.
Afirma que el 20 de noviembre de 2014, la Fiscalía General de la Nación, a través del director nacional de apoyo a la gestión envió a los directores seccionales el memorando 041, por el cual solicita que se reporte y certifique qué trabajadores no prestaron sus servicios para no pagarles los salarios.
Reprocha que al no haber sido declarada ilegal la huelga por el juez competente, dichos actos administrativos son ilegales y arbitrarios.
Indica que el no pago de salarios para quienes ejercen su derecho legítimo a la huelga “es un atropello a nuestras garantías constitucionales y constituye una flagrante violación a las normas establecidas por la OIT en tratados ratificados por Colombia y a recomendaciones y órdenes impartidas por el Comité de libertad sindical” (fl. 4).
Sustenta la petición de amparo en los artículos 25, 53, 55 y 56 de la Constitución Política.
Afirma que su salario es el único sustento económico con que cuenta y que la decisión tomada por la Fiscalía General de la Nación vulnera sus derechos al mínimo vital y móvil.
Expone que se violó su derecho a la igualdad frente a los empleados de los tribunales y juzgados, pues estos aunque están en la misma situación de hecho, perciben el pago de salarios por el mes de noviembre de 2014.
Señala que se violó su derecho al debido proceso pues el Fiscal General de la Nación no agotó las instancias administrativas y judiciales previas para ordenar el no pago de los salarios. Agrega que con esta actuación se desconoció que según la Ley 1210 de 2008 el juez laboral es la autoridad competente para declarar la ilegalidad de un paro.
Indica que el no pago de salarios supone que el paro es ilegal y que esa decisión debía tomarla la autoridad competente.
Para evitar un perjuicio irremediable el accionante solicitó la suspensión provisional de la Circular 14 del 18 de noviembre de 2014 y de los demás actos que ordenaron el no pago de su salario.
Mediante auto del 10 de diciembre de 2014 (fls. 20 a 23), el despacho que sustancia el presente proceso, admitió la acción de tutela y se negó la solicitud de medida provisional, con fundamento en los siguientes argumentos:
Indicó que las consideraciones expuestas por el actor no resultan suficientes para acceder a la solicitud de medida cautelar, dado que no se encontró ningún documento que acreditara la concreción de una situación de extrema gravedad sin el decreto de la medida.
Consideró que no se demostró “la existencia de una situación de tal gravedad o apremio que obligue a pronunciarse desde ya, y sin aguardar la decisión de fondo correspondiente, sobre la suspensión en el pago de su salario” (fl. 22).
El 20 de enero de 2015, la secretaría general envió la notificación JTCM-6117 a la Fiscalía General de la Nación, para que se pronunciara sobre los hechos de la presente tutela, sin embargo no se aportó el informe de manera oportuna. Esto en atención a que según el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, la parte accionada tiene un plazo de tres días para rendir el informe sobre los hechos. Indica norma en cita:
Procede la Sala a establecer si es procedente la acción de tutela para ordenar el pago de unos salarios, cuya retención se ordenó mediante un acto administrativo, esto es, la Circular 14 del 18 de noviembre de 2014, proferida por la Fiscalía General de la Nación.
De la improcedencia de la acción de tutela por la existencia de otro medio judicial de defensa, salvo la configuración de un perjuicio irremediable(1).
En este sentido, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, ha establecido como causales de improcedencia de la acción de tutela, cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales; cuando para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de habeas corpus; cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política (ante la existencia de las acciones popular y de grupo); y cuando se trate de actos de carácter general, impersonal y abstracto (en tanto los mismos son objeto de control mediante la acción de inconstitucionalidad y/o los medios de control ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo).
Ahora bien, la Corte Constitucional con el fin de delimitar el concepto de perjuicio irremediable, y por consiguiente de preservar el carácter residual y excepcional de la acción de tutela, ha establecido respecto a este las siguientes características:
En el asunto sometido a consideración de esta Sala, el solicitante pide que se amparen sus derechos al mínimo vital, a la seguridad social, a la huelga, al trabajo digno, a la negociación colectiva, al debido proceso y a la igualdad, y que en consecuencia se ordene a la entidad demandada, pagar de forma inmediata el salario del mes de noviembre de 2014.
Como fundamento de la acción de tutela, indica el accionante que la Fiscalía General de la Nación ordenó el no pago de los salarios de los servidores de la entidad que no estuvieran laborando en razón del paro indefinido. Al respecto se subraya que dicha orden se profirió a través de la Circular 14 del 18 de noviembre de 2014 y el memorando 041 del 20 de noviembre de 2014.
Igualmente señala el actor que la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no pagarle el salario de noviembre de 2014, se realizó sin que el paro fuera declarado ilegal por un juez laboral, como lo indica la Ley 1210 del 2008.
Al respecto resalta la Sala que de conformidad con los argumentos planteados por el actor, se censura la legalidad de la decisión la entidad accionada, que está contenida en un acto administrativo, en concreto, Circular 14 del 18 de noviembre de 2014.
Así, es claro para la Sala que lo solicitado por el actor, al derivarse del cumplimiento de un acto administrativo debe ventilarse a través de los mecanismos dispuestos por el legislador para censurar su legalidad, es decir, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.
Sobre el particular en criterio de la Sala, el actor puede exponer, a través del citado medio de control, todos los argumentos que presenta en esta oportunidad, contra las decisiones de la Fiscalía General de la Nación.
En ese orden de ideas, la acción de tutela es improcedente para resolver la controversia que el actor plantea en esta oportunidad, sobre todo cuando tampoco acredita el solicitante alguna situación constitutiva de un perjuicio irremediable, que haga procedente el amparo como mecanismo transitorio.
Así, si bien el actor instauró la presente acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, se destaca en primera medida que su situación se valoró desde el momento en que se decidió la solicitud de medida provisional mediante el auto del 10 de diciembre de 2014, donde se consideró que “no se encuentra ningún documento que acredite la concreción de una situación extrema gravedad sin el decreto de la medida” (fl. 21).
En segundo lugar, es un hecho notorio(3) que el paro finalizó el 13 de enero de 2015, de modo que al continuarse con la prestación del servicio, la remuneración del mismo debió a reanudarse, sin exista prueba en sentido contrario en este trámite.
Se advierte así que el accionante no acredita que se encuentre en una situación de perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
Por otra parte, de llegar al considerar el actor que no puede esperar a la resolución definitiva del medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho, este puede solicitar desde la presentación de la demanda, que se adopte la medida cautelar de urgencia, establecida en el artículo 234 de la Ley 1437 de 2011.
En ese orden de ideas se reitera, la acción de tutela en el caso de autos es improcedente, porque el demandante para la protección de sus derechos tiene a disposición otro medio de judicial de defensa.
NIÉGASE por improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Oswaldo Alberto Neira Barajas contra la Fiscalía General de la Nación, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
(1) En el mismo sentido ver sentencia del 4 de septiembre de 2014, M.P. Gerardo Arenas Monsalve, acción de tutela con Radicado 25000-23-42-000-2014-02064-01
(2) Corte Constitucional, Sentencia T-1060 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(3) El artículo 167 del Código General del Proceso – Ley 1564 de 2012, establece en el inciso final que “Los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren de prueba”.