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Timestamp: 2020-02-17 16:20:14
Document Index: 89925995

Matched Legal Cases: ['artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 551', 'artículo 1']

BOE.es - Documento BOE-A-2020-1042
Documento BOE-A-2020-1042
«BOE» núm. 20, de 23 de enero de 2020, páginas 6851 a 6859 (9 págs.)
BOE-A-2020-1042
Madrid, 14 de enero de 2020.–El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz Lago.
Madrid, a 20 de diciembre de 2019.
La Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia tiene por objeto la regulación de la utilización de las tecnologías de la información por parte de los ciudadanos y profesionales en sus relaciones con la Administración de Justicia y en las relaciones de la Administración de Justicia con el resto de Administraciones y Organismos Públicos, en los términos recogidos en la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. En la Administración de Justicia se utilizarán las tecnologías de la información de acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en su artículo 14 destaca que:
«1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por aquella en cualquier momento.
2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los siguientes sujetos:
a) Las personas jurídicas.
b) Las entidades sin personalidad jurídica.
c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.
d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración.
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración.
3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.»
En el mismo sentido la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece en su artículo 3.2 que: «2. Las Administraciones Públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal, y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados».
El Ministerio de Justicia ha desarrollado un sistema de comunicaciones electrónicas securizadas en el ámbito de la Administración de Justicia denominado Sistema LexNET, que permite la comunicación bidireccional de las oficinas judiciales con los distintos operadores jurídicos, facilitando la realización de actos de comunicación procesal por los órganos judiciales, el traslado de copias y la presentación de escritos y documentos por los profesionales del Derecho.
De conformidad con el artículo 5.1 y con el anexo II del citado Real Decreto: «Todos los Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales, de las Asambleas Legislativas y del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones Públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores y administradores concursales tienen la obligación de utilizar los sistemas electrónicos existentes en la Administración de Justicia para la presentación de escritos y documentos y para la recepción de actos de comunicación».
Crue Universidades Españolas es una asociación sujeta a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación y disposiciones de desarrollo, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.
1. Dirigir la Asociación, sus órganos de gobierno y representación, los órganos de asesoramiento y trabajo, así como las estructuras de apoyo de la misma.
2. Representar a Crue Universidades Españolas ante los poderes públicos y Administraciones Públicas, con facultad para contratar y ejercer todo tipo de acciones administrativas y procesales, correspondiéndole aceptar compromisos, suscribir propuestas y ofertas, así como firmar en nombre de la Asociación y comprometer su voluntad.
3. Velar por la ejecución de los acuerdos de los órganos de gobierno y representación de la Asociación.
4. Convocar y presidir los órganos de gobierno de la Asociación y sus sesiones.
5. Proponer la adopción de acuerdos del Comité Permanente y de la Asamblea General.
6. Interpretar los presentes Estatutos en los casos de duda y, oído el Comité Permanente, suplirlos en los de omisión.
7. Asignar áreas de actividad a los Vicepresidentes/as, a los Vocales y al Secretario/a General, coordinando el ejercicio de sus atribuciones.
8. Proponer a la Asamblea General la designación de delegados/as del Presidente/a, con funciones ejecutivas y con las condiciones de dedicación y remuneración que en el acuerdo se determinen. En el caso de sucesión en la presidencia, el nuevo Presidente/a en la primera sesión que se celebre de la Asamblea General, habrá de proponer su continuación en el cargo o su sustitución, teniendo en cuenta los términos del contrato.
9. Cualesquiera otras que le atribuyan la Asamblea General o el Comité Permanente.
Entre otras funciones corresponde a Crue Universidades Españolas, según el artículo 3 de los Estatutos:
a. Promover y desarrollar la calidad de la educación superior, la investigación, la transferencia de conocimiento y la innovación, así como la difusión de la ciencia y la cultura en orden a la consecución del progreso social.
b. Representar a las Universidades españolas que la componen y fomentar la cooperación entre éstas y las Administraciones y Corporaciones públicas, y las Universidades extranjeras, y los agentes sociales.
c. Consolidar la proyección social y el compromiso de las Universidades con la sociedad.
d. Fortalecer la calidad y la cohesión de las Universidades y el estrechamiento de las relaciones entre ellas, respetando sus singularidades.
e. Defender la autonomía de las Universidades ante los poderes públicos y la sociedad española.
f. Ser un referente de conocimiento en lo que a la educación superior se refiere.
g. Potenciar la internacionalización de las Universidades españolas.
h. Cooperar con entes públicos y privados en orden a la realización de actuaciones de interés común para las Universidades.
i. Representar a las Universidades españolas miembros de la misma en organismos internacionales.
j. Y aquellos otros fines que pudieran fijarse por vinculación a los anteriores o que pudieran derivarse de lo previsto en los presentes Estatutos.
La administración del sistema, y la interlocución para la gestión y resolución de incidencias corresponderá a una de las Universidades públicas asociadas a la Crue, en concreto la Universidad de Zaragoza.
Segunda. Mejoras de los programas informáticos.
Tercera. Inexistencia de obligaciones financieras.
– Favorecer la utilización de las comunicaciones electrónicas en el ámbito de la Administración de Justicia a través de LexNET.
– Impulsar el uso de certificados digitales de Prestadores de Servicios de Certificados cualificados, para asegurar la identificación y validación de los usuarios que operen en el sistema LexNET, así como la autenticación, integridad, confidencialidad y no repudio de los documentos transmitidos.
– Al Ministerio de Justicia le corresponde el mantenimiento, administración y explotación del servicio LexNET y los sistemas asociados.
– A Crue Universidades Españolas, a través de la Universidad de Zaragoza, en coordinación con las Universidades públicas, le corresponde:
a) Garantizar el funcionamiento de aquellos elementos que estuvieran instalados en sus dependencias, para garantizar el funcionamiento integrado y conjunto de todos los sistemas. Para la correcta configuración de sus sistemas, el Ministerio de Justicia pondrá a su disposición documentación técnica para la correcta configuración de los equipos.
b) El despliegue, instalación y mantenimiento de la infraestructura local que necesiten sus usuarios.
c) El soporte y formación a los usuarios de los sistemas, para lo que contará con el apoyo del Ministerio de Justicia, que pondrá a su disposición material formativo a través de la página de lexnetjusticia (http://lexnetjusticia.gob.es).
d) La gestión y administración de sus usuarios y la actualización de sus datos en el directorio general de los sistemas.
e) Comunicar al Ministerio de Justicia el nombre del administrador/s del sistema.
f) Comunicar al Ministerio de Justicia el nombre del interlocutor único para la gestión y resolución de incidencias que sirva de enlace con el Centro de Atención al Usuario (CAU) para LexNET.
Décima. Exención de responsabilidad.
Undécima. Causas de resolución del Convenio.
Y de conformidad con cuanto antecede, en ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes y obligando a las partes que cada cual representan, se suscribe el presente Convenio, por duplicado, y a un solo efecto, en el lugar y fecha indicados.–El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz Lago.–El Presidente de Crue Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos.
1. Será responsabilidad de Crue Universidades Españolas, a través de la Universidad de Zaragoza, en coordinación con las Universidades públicas, el cumplimiento de los siguientes requisitos técnicos en los puestos de usuario:
– Ordenador personal con Procesador Intel Pentium o compatible, con al menos 3GB de memoria RAM.
– Sistema operativo Windows 7 o superior.
– Lector de tarjetas criptográficas.
– Navegador Internet Explorer 5.5 o superior.
– Programa lector documentos PDF.
– Posesión por parte de cada usuario que utilice el sistema de un certificado compatible X.509, emitido por un prestador de servicios de certificación reconocido, en tarjeta criptográfica o token seguro equivalente, para firma digital y cifrado. Este elemento permitirá el acceso autenticado al servicio LexNET y será proporcionado en caso necesario por Crue Universidades Españolas.
– Conexión a Internet de banda ancha, para garantizar que el acceso a la aplicación y, en particular, el envío y recepción de mensajes se realiza de forma correcta.
2. Administración del sistema.
1. La actuación del personal al servicio del Estado, de los Órganos Constitucionales, de las Administraciones Públicas o entidades públicas ante Juzgados y Tribunales en el desempeño de las funciones propias del cargo se regirá por lo dispuesto en el artículo 551 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás legislación aplicable, sin que en ningún caso le sea exigible la obtención del título regulado en esta Ley.
2. Los funcionarios públicos que hayan accedido a un cuerpo o escala del grupo A en su condición de licenciados en Derecho estarán exceptuados de obtener el título de abogado o el título de procurador de los tribunales a los efectos descritos en el artículo 1 de esta Ley, siempre que desempeñen funciones de asistencia letrada o asesoramiento jurídico. También estarán exceptuados quienes hayan ingresado en el Cuerpo de Letrados de las Cortes Generales, en alguno de los cuerpos de letrados de las asambleas legislativas autonómicas, en la Carrera Judicial, en la Carrera Fiscal, en el Cuerpo de Secretarios Judiciales, o en alguno de los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas en su condición de licenciados en Derecho.»
976-764759.
3. Formación.
4. Incorporación al sistema.