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Timestamp: 2019-08-20 01:46:19
Document Index: 103689094

Matched Legal Cases: ['artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 109', 'artículo 172', 'artículo 112']

BOE.es - Documento BOE-A-2019-11075
Documento BOE-A-2019-11075
«BOE» núm. 180, de 29 de julio de 2019, páginas 82079 a 82095 (17 págs.)
BOE-A-2019-11075
Según resulta de la indicada certificación, se adjudica a don F. C. A., la registral 53.373 por el importe de 2.005 euros, en virtud del procedimiento de adjudicación directa previsto en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación, al haberse declarado desierta la subasta en primera y segunda licitación; iniciado éste como consecuencia de la subasta número S2018R3876001003, del lote número 18, celebrada el día 25 de mayo de 2018, según consta en el acta de adjudicación directa número S02018R387600100318, de fecha 29 de noviembre pasado. Entendiendo que el día 25 de mayo citado se celebró la segunda subasta, no cabe acudir al procedimiento de ejecución directa.
De conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, con entrada en vigor el día 1 de enero de 2018, que modifica el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, del Reglamento General de Recaudación, en relación a las disposiciones tercera y cuarta del mismo, en lo relativo a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018 en relación con los supuestos de ejecución directa tras subasta declarada desierta en segunda licitación después de la entrada en vigor del mismo; no es posible acudir a la enajenación directa, sino por aplicación de la redacción vigente de los artículos 107, 109 y 112 del Reglamento General de Recaudación con la Disposición Transitoria Tercera del mismo, es necesario proceder a la adjudicación de los bienes a favor de la Hacienda Pública o, si no se acuerda dicha adjudicación, al inicio de un nuevo procedimiento de enajenación mediante subasta.
«Dña. V. D. M., representante de la A.E.A.T en calidad de Delegada de la A.E.A.T. de Tenerife, interpone en nombre de ésta de conformidad con los artículos 323 y concordantes de la Ley Hipotecaria recurso gubernativo contra la calificación negativa de la Registradora de la Propiedad de El Rosario, relativa a la certificación del acta de adjudicación directa n.º S02018R387600100318 de 25/1/2019, relativa a la finca n.º 53.373, con base en los siguientes
Primero. Generales
Segundo. Exceso de la calificación registral
Juicio de legalidad que está realizando la Registradora en su nota, en la que de facto se viene a declarar la nulidad de pleno de derecho (por supuesta omisión total del procedimiento legalmente establecido, ex art. 47.1.e) de la Ley 39/2015), cuando, es evidente, no ha existido ninguna omisión total, palmaria y ostensible del procedimiento administrativo, en los términos exigidos por la DGRN para poder fundamentar una calificación negativa y por la jurisprudencia contencioso-administrativa para poder declarar la nulidad radical, sino que solamente existe una discrepancia del procedimiento aplicable, basada en una discutible interpretación de una disposición, no ya de derecho sustantivo, sino de derecho transitorio, cuestión que analizaremos en el siguiente motivo del recurso.
Suplico a la Dirección General de los Registros y del Notariado, que habiendo por presentado este escrito, con los documentos adjuntos, tenga por presentado recurso gubernativo contra la calificación desfavorable emitida por el Registro de la Propiedad de El Rosario, de 18 de marzo de 2019 y, en su vista, atienda a lo que en él se alega, y dicte Resolución estimándolo, revocando la calificación recurrida y ordenando la práctica de la inscripción interesada, relativa a la certificación del acta de adjudicación directa de fecha 25 de enero de 2019, recaída en el expediente de enajenación S02018R387600100318».
– Mediante escritura otorgada en Santa Cruz de Tenerife el día 4 de septiembre de 2012, ante el notario don Javier Martínez del Moral, se constituyó hipoteca unilateral a favor de la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre la finca registral 53.373, que fue aceptada por la Agencia por oficio fechado el día 16 de enero de 2013, expidiéndose certificación de dominio y cargas para su ejecución el día 6 de junio de 2017, por haberse ordenado así en mandamiento firmado el día 12 de mayo de 2017.
– En la escritura por la que se formalizó la hipoteca consta que el valor en el que se tasó la finca fue de 9.900 euros.
– La mesa de la subasta, visto el resultado de la subasta desierta, acuerda el día 29 de noviembre de 2018 continuar el expediente de enajenación mediante el procedimiento de enajenación directa, resolviendo, según consta en el acta de adjudicación directa cuya certificación es objeto de la calificación impugnada la adjudicación del bien a don F. C. A. por un importe de 2.005 euros.
4. En cuanto al ámbito de la eficacia temporal del reiterado Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, se establece en su disposición final única que el mismo «entrará en vigor el día 1 de enero de 2018». Por su parte, la disposición transitoria tercera del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, establece en el párrafo segundo de su apartado 1 que «las actuaciones de enajenación de bienes continuarán rigiéndose por la normativa vigente antes de la entrada en vigor de este reglamento cuando el acuerdo de enajenación mediante subasta, la autorización para la enajenación por concurso o el inicio del trámite de adjudicación directa se hayan producido antes de la entrada en vigor de este reglamento». Finalmente, el citado Real Decreto 1071/2017 introduce en el mismo Reglamento General de Recaudación, a través del apartado 39 de su artículo único, una nueva disposición transitoria cuarta, conforme a la cual «las normas relativas al desarrollo del procedimiento de subasta a través del Portal de Subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado se aplicarán a los procedimientos iniciados a partir del 1 de septiembre de 2018». Es en la interpretación de esta concreta disposición transitoria en la que se centra la discrepancia que ha de ser dilucidada en este recurso. Según la calificación impugnada esta disposición no extiende su ámbito de aplicación a la modificación introducida en el citado artículo 107 del Reglamento, relativa al procedimiento de enajenación por el trámite de la adjudicación directa, que por tanto habría entrado en vigor, conforme a la disposición final única del Real Decreto 1071/2017, el 1 de enero de 2018, por lo que estaría vigente en la fecha en que fue acordada en el expediente de apremio de que trae causa este recurso el inicio del trámite de la adjudicación directa, sin que en tal fecha concurriese o se hubiese acreditado ni invocado en el expediente ninguna de las causas habilitantes autorizadas por dicho artículo, en su versión reformada, para excepcionar la utilización del procedimiento de subasta como medio de enajenación de los bienes embargados, habiendo desaparecido con la reforma reglamentaria el supuesto habilitante invocado en la certificación calificada, esto es, la circunstancia de haber resultado desierta la previa subasta en primera y segunda licitación.
En este caso, aun estando tasada la finca (siendo éste el tipo de la subasta) en 9.000 euros, sin embargo fue adjudicada por la cantidad de 2.005 euros, es decir el 20,25% de su valor de tasación. Este hecho avala la existencia de un perjuicio sufrido por el deudor, y la falta de beneficio correlativo para la Hacienda pública, que se sigue del hecho de haber acudido al trámite de la adjudicación directa, pues el crédito público ha quedado parcialmente insatisfecho al no quedar cubierto en su totalidad por la cifra abonada por el adjudicatario, según resulta del mandamiento de cancelación de cargas posteriores, presentado junto con la certificación de la adjudicación directa, según el cual «se hace constar que el valor obtenido en la adjudicación no ha sido suficiente para cubrir el importe el crédito a favor de la Hacienda Pública en virtud del cual se ejecutó el bien».
Finalmente, conforme a la nueva redacción dada por el reiterado Real Decreto 1071/2017 al artículo 107 del Reglamento, una vez declarada desierta la subasta lo procedente, al no ser admisible acudir a la adjudicación directa, sería aplicar la previsión del artículo 109.1 del mismo, que de conformidad con el artículo 172.2 de la Ley General Tributaria, dispone que «cuando en el procedimiento de enajenación regulado en la anterior subsección no se hubieran adjudicado alguno o algunos de los bienes embargados, el órgano de recaudación competente podrá proponer de forma motivada al órgano competente su adjudicación a la Hacienda pública en pago de las deudas no cubiertas» –o en caso de no entender procedente esta adjudicación a la Hacienda Pública, iniciar un nuevo procedimiento de enajenación a través de una nueva subasta, conforme al artículo 112.2 del Reglamento General de Recaudación–.