Source: https://www.mpcindigena.org/minga-juridica/59-otros-documentos-juridicos/688-decreto-numero-2333-de-2014
Timestamp: 2020-02-17 17:00:31
Document Index: 51957852

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 2', 'artículo 43', 'artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 14', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 69', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'artículo 16', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 19', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16']

DECRETO NÚMERO 2333 DE 2014 - MPC Indígena
En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, y en particular las que le confieren el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y los artículos 2, 4, 5, 14 Y 34 de la Ley 21 de 1991, el artículo 2 de la Ley 160 de 1994, el artículo 43 de la Ley 489 de 1998, y
Que los artículos 7 y 8 de la Constitución Política establecen el deber del Estado de
reconocer y proteger la diversidad étnica, cultural y natural de la Nación colombiana.
Que en la Ley 160 de 1994, capítulo XIV, se establece el deber del Gobierno Nacional de dotar de tierras, "indispensables que faciliten su adecuado asentamiento y desarrollo", a los pueblos indígenas y estudiar los títulos que éstos presenten con el fin de establecer la existencia legal de los resguardos. Para tal fin, se consagran los procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos indígenas.
Que el Estado colombiano ratificó el Convenio 169 del 27 de junio de 1989 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes", de la Organización Internacional del Trabajo -OIT, aprobado por el Congreso de la República mediante Ley 21 del4 de marzo de 1991.
Que el Convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional que reconoce derechos humanos de los pueblos indígenas y, por tanto, hace parte del bloque de constitucionalidad, por disposición del artículo 93 de la Constitución Política.
Que el Convenio 169 de la OIT establece el deber del Gobierno Nacional de adoptar medidas especiales encaminadas a proteger los derechos de los pueblos y a garantizar el respeto de su integridad (artículo 2); y medidas especiales orientadas a salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de estos pueblos (artículo 4).
Que el Convenio 169 de la OIT reconoce y protege los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos (artículo 5). En este sentido, el artículo 13 del citado Convenio establece que "al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relación".
Que el artículo 14 de dicho Convenio establece que "1. Deberá reconocerle a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión las que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados deberán tomarse medidas para salvaguardar e/ derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto deberá prestarse particular atención a la situación de pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes. 2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión. 3. Deberá instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones tierras formuladas por los pueblos interesados".
Que la jurisprudencia la Corte Constitucional ha señalado de forma reiterada que "el derecho propiedad colectiva de comunidades indígenas sobre el territorio que han ocupado ancestralmente, una protección constitucional preferente, debido a que es un elemento esencial para la preservación de las culturas y valores espirituales pueblos, así como para garantizar su subsistencia física y su reconocimiento como grupo culturalmente diferenciado". (T-188 de 1993, 1998, T-079 de 2001, SU383 de 2003, C-030 de 2008, T-909 2009, de 2010, T-433 de 2011, T-0092013).
Que la Corte Constitucional ha resaltado "la importancia ampliar concepto de territorio de las comunidades étnicas a nivel jurídico, para que comprenda no sólo las áreas tituladas, habituadas y explotadas por la comunidad, por ejemplo, bajo la figura resguardo, 'sino también aquellas que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades culturales y económicas, de manera se facilite el fortalecimiento de la relación espiritual y material de pueblos con la tierra y se contribuya a preservación de las costumbres pasadas y su transmisión a las generaciones futuras" (T009-2013).
Que Gobierno Nacional reconoce que los pueblos indígenas de Colombia tienen una especial relación con territorio que, como ha sido señalado por la Corte Constitucional en sendas sentencias, debe entenderse no sólo como el derecho que estos tienen sobre la propiedad colectiva que ocupan sino, excepcionalmente, como una extensión de sus prácticas ancestrales y su relación espiritual, cultural, económica y social con aquellas áreas en cuales se desarrollan.
Que en atención a todo lo anterior, el Gobierno Nacional, en concertación con las organizaciones, comunidades y pueblos indígenas, acuerda que se hace necesario establecer medidas y procedimientos de protección jurídica de los territorios ancestrales y/o tradicionales.
Artículo 1. Objeto. Elpresente decreto tiene por objeto establecer los mecanismos para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas.
Artículo 2. Principios.Para los fines exclusivos del decreto, se establecen los siguientes principios:
1. Celeridad de los procesos de protección de la posesión de las tierras y territorios ancestrales y/o tradicionales.El procedimiento de protección jurídica la posesión de los territorios ancestrales y/o tradicionales, al igual que todas las actuaciones y decisiones, estará desprovisto de toda dilación administrativa y se ajustarán a los criterios constitucionales ya la ley antitrámites.
3. Respeto a la ley de origen, ley natural, derecho mayor o derecho propio de los pueblos indígenas.La Ley de Origen y el Derecho Mayor o Derecho Propio representan fundamento de vida y gobernanza de los pueblos indígenas.
La autoridad o intérprete de las normas consagradas en el presente decreto tomará debidamente en consideración la Ley Origen, la Ley Natural, el Derecho Mayor o Derecho Propio y hará prevalecer el principio pro homine y los derechos humanos, fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas contenidos en bloque de constitucionalidad, sin desmedro de la autonomía y jurisdicción especial indígena.
4. Identidad territorial ancestral y/o tradicional: Se relaciona con el sentido pertenencia que la comunidad o pueblo indígena mantiene con su territorio poseído ancestral o tradicionalmente, en el cual se desarrolla integralmente su vida, cosmovisión, sabiduría ancestral, conocimientos, costumbres y prácticas que sustentan los derechos territoriales ancestrales de dichos pueblos.
5. Respeto a los derechos de terceros:La propiedad y los derechos adquiridos de terceros serán reconocidos y respetados con arreglo a la Constitución Política y la ley.
Artículo 3. Definiciones.Para los fines exclusivos del presente decreto, se establecen las siguientes definiciones:
1. Territorio ancestral y/o tradicional: Para los efectos del presente decreto, son territorios ancestrales y/o tradicionales los resguardos indígenas, aquellas tierras y territorios que históricamente han venido siendo ocupados y poseídos por los pueblos o comunidades indígenas y que constituyen el ámbito tradicional de sus actividades sociales, económicas, culturales y espirituales.
2.Posesión tradicional y/o ancestral de tierras y territorios de los pueblos indígenas: Para los efectos del presente decreto, la posesión del territorio tradicional y/o ancestral de los pueblos indígenas es la ocupación y relación ancestral y/o tradicional que estos mantienen con sus tierras y territorios, de acuerdo con los usos y costumbres, y que constituyen su ámbito tradicional, espiritual y cultural, en el marco de lo establecido en la Ley 21 de 1991.
La posesión tradicional y/o ancestral se probará mediante los procesos y procedimientos incluidos en presente decreto. La propiedad de terceros y derechos adquiridos serán reconocidos con arreglo a la Constitución Política y a la ley.
Integración del sistema de coordinación y de información
Artículo 4. Sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de información predial de los territorios indígenas y creación de su sistema de información.Con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica sobre la información existente en el Estado colombiano en materia propiedad colectiva indígena, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural creará, en un plazo no superior a seis (6) meses, contados a partir de la vigencia del presente decreto, un sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de la información predial de los territorios indígenas.
Para tales efectos, se tendrán en cuenta los aspectos relacionados con el territorio, población, georreferencíación, registros catastrales, resguardos constituidos, solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento, resguardos de origen colonial o republicano, posesión ancestral y/o tradicional de los pueblos y comunidades indígenas.
5. Superintendencia de Notariado y Registro
7. Comisión Nacional Territorios Indígenas.
Artículo 5. Procedimiento de medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales.El procedimiento para adelantar la medida de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales será el siguiente:
Esta solicitud podrá presentarse junto con la solicitud de constitución de resguardos de que trata el Capítulo 111 del Decreto 2164 de 1995.
2. Validación de la información y apertura de expediente: Recibida la solicitud por el INCODER y revisados los documentos aportados, dentro de un término no mayor a 20 días se procederá a abrir un expediente, al cual se le asignará una numeración. Dicho expediente contendrá las diligencias administrativas adelantadas en el presente procedimiento. EI INCODER revisará si adicionalmente existe una solicitud de procedimientos de constitución, ampliación, saneamiento de resguardos o clarificación y/o reestructuración de la vigencia legal de los títulos de origen colonial o republicano y podrá usar esta información para el procedimiento de protección del objeto del presente decreto.
3. Una vez se realice la solicitud y abierto el expediente de protección de los territorios ancestrales y/o tradicionales de los pueblos indígenas, el INCODER expedirá inmediatamente una Certificación de Apertura de Expediente e Inicio de Proceso de Protección, la cual será notificada a la comunidad ya quien ésta lo solicite.
Parágrafo 2.En virtud de las medidas provisionales de protección señaladas, los notarios y registradores de instrumentos públicos, así como los funcionarios del INCODER, adoptarán las medidas propias de su competencia para evitar cualquier acción de adjudicación de los predios cobijados por la medida de protección, a personas o comunidades distintas a las cobijadas por la misma. La omisión del cumplimiento de sus funciones acarreará las sanciones a que haya lugar de acuerdo con la normatividad vigente.
Artículo 6. De los estudios socioeconómicos y levantamiento topográfico. Los estudios socioeconómicos y levantamiento topográfico, u otros procedimientos realizados en el marco del presente decreto, podrán ser utilizados para los procesos de constitución, ampliación, saneamiento y reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano de que trata la Ley 160 de 1994 y el Capítulo III del Decreto 2164 de 1995.
Artículo 7. Prelación de la protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de comunidades indígenas en riesgo o situación de desplazamiento forzado.Los procedimientos de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales de los pueblos y comunidades en riesgo o situación de desplazamiento forzado, contenidas en la normatividad vigente, deberán tener prelación con el fin de garantizar el derecho a la posesión y a la tierra frente a los inminentes hechos de despojo territorial al que se encuentren expuestos.
Artículo 8. Creación de código para medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales.La Superintendencia de Notariado y Registro adoptará las medidas necesarias para la creación de los códigos que recojan la inscripción a que hace referencia el presente decreto.
Artículo 9. Demarcación del territorio ancestral y/o tradicional. Una vez expedida la resolución de reconocimiento y protección de la posesión del territorio ancestral y/o tradicional, el INCODER iniciará el proceso de demarcación sobre el área reconocida mediante una placa donde conste el mapa con las coordenadas del área objeto de protección, la cual deberá ser instalada en lugar visible para toda la comunidad.
Artículo 10. Revocatoria directa de las resoluciones adjudicación de baldíos a particulares, donde estén establecidas comunidades indígenas.De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 69 y 72 de la Ley 160 de 1994 y de conformidad con el capítulo V del Título Segundo del reglamentario 1465 de 2013 el INCODER podrá revocar directamente, en cualquier tiempo, resoluciones de adjudicación de tierras baldías donde estén establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, proferidas con violación a lo establecido en las normas legales o reglamentarias vigentes sobre baldíos.
No podrán hacerse adjudicaciones de baldíos donde establecidas comunidades indígenas o que constituyan su hábitat, sino únicamente y con destino a constitución y ampliación de resguardos indígenas.
Artículo 11. Certificación de existencia de comunidades o pueblos indígenas en tierras baldías. Adiciónase un parágrafo al artículo 13 del Decreto 2664 de 1994,así:
"Parágrafo De conformidad con el artículo 69 de la Ley 160 de 1994 y en concordancia con los artículo 9 y 13 del presente Decreto, previo al estudio de solicitud de adjudicación de baldíos, la Dirección Técnica de Baldíos y/o las Direcciones Territoriales respectivas del INCODER solicitarán a la Dirección de Asuntos Étnicos de esta entidad certificación sobre la existencia o no, en área pretendida, de solicitudes de constitución, saneamiento o ampliación de resguardos indígenas, o reestructuración de resguardos de origen colonial o republicano, así como medidas de protección de la posesión de territorios ancestrales y/o tradicionales. De no encontrarse información registrada sobre dichos procesos, deberá solicitarse información adicional al Ministerio del Interior, a las entidades territoriales pertinentes y/o a las organizaciones indígenas, para que se pronuncien sobre la existencia o no comunidades indígenas en área pretendida, cual remitida al Ministerio del Interior para su respectiva validación",
Artículo 12. Inspección ocular en el procedimiento de adjudicación en tierras baldías.Adiciónase siguiente parágrafo al artículo 16 del Decreto 2664 1994:
"Parágrafo: el evento de que se haya certificado existencia procesos los que trata el parágrafo 2 del artículo 13 del presente decreto, o se haya recibido información acerca existencia de comunidades indígenas sobre el predio pretendido o colindante, se notificará a la Autoridad Indígena y/o las organizaciones indígenas de carácter nacional sobre la realización de la inspección ocular dentro del procedimiento de adjudicación en tierras baldías. La Autoridad Indígena y/o las organizaciones indígenas de nacional podrán acompañar dichas inspecciones".
Artículo 13. Adición al contenido del acta de inspección ocular.Adicíónase un literal al numeral 1 del artículo 19 del Decreto 2664 de 1994, así:
"o) existe presencia de comunidades indígenas en el área pretendida que ejerzan posesión ancestral y/o tradicional el territorio",
Artículo 14. Delimitación y demarcación de territorios de pueblos aislados.Para efectos de dar un tratamiento especial al derecho a la posesión al territorio ancestral y/o tradicional en favor de los pueblos indígenas en situación de aislamiento (PISA) que ocupan o utilizan de alguna manera, el Gobierno Nacional tomará medidas excepcionales para la delimitación y protección de sus territorios.
Artículo 15. Presupuesto.El establecimiento de los mecanismos previstos en el presente decreto para la efectiva protección y seguridad jurídica de las tierras y territorios ocupados o poseídos ancestralmente y/o tradicionalmente por los pueblos indígenas, acorde con lo dispuesto en los artículos 13 y 14 del Convenio 169 de la OIT, y la adición a los artículos 13, 16 Y 19 del Decreto 2664 de 1994, deberá implementarse de forma gradual consistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo y el Marco de Gasto de Mediano Plazo, de conformidad con las leyes 819 de 2003 y 1473 de 2011, Y las disponibilidades presupuestales, hasta la concurrencia de las respectivas apropiaciones autorizadas en cada sector y en las respectivas entidades que les compete la implementación de las diferentes actividades descritas en el presente decreto.
Artículo 16. Vigencia.El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.