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Timestamp: 2020-07-15 07:54:02
Document Index: 395710722

Matched Legal Cases: ['artículo 121', 'artículo 175', 'artículo 6', 'in dubio', 'artículo 175', 'artículo 121', 'artículo 13']

Sentencia de Tutela nº 097/94 de Corte Constitucional, 7 de Marzo de 1994 - Jurisprudencia - VLEX 43557944
Sentencia de Tutela nº 097/94 de Corte Constitucional, 7 de Marzo de 1994
Fecha de Resolución: 7 de Marzo de 1994
Debido proceso administrativo. Practicas homosexuales en la policia. Der. Al buen nombre. Der. A la educacion. Concedida.
Sentencia citada en: 56 sentencias, 15 artículos doctrinales
? Debido proceso en derecho administrativo disciplinario
? Homosexualidad y practicas homosexuales en la policía
Los hechos que determinaron la interposición de la tutela se desarrollaron en la Escuela de Carabineros "Eduardo Cuevas" de Villavicencio, durante los primeros días del mes de julio de 1993. El peticionario José Moisés Mora Gómez, estudiante del establecimiento educativo mencionado, solicitó la protección de su derecho fundamental al debido proceso (CP. art. 29) y al buen nombre (CP. art. 15), vulnerados, en su concepto, por las directivas de la escuela al haber tomado la decisión de expulsarlo por supuestas conductas homosexuales, sin el cumplimiento del procedimiento debido.
De acuerdo con el teniente Silvio Ballesteros Moncada, director de la escuela de carabineros, Mora Gómez fue retirado de la institución "previo diligenciamiento breve y sumario", por "faltas constitutivas de mala conducta denunciadas por el alumno Oscar Sandoval Huertas, quien dice haber visto a Mora Gómez en compañía de Hemelberg Godoy Arteaga "cuando se hacían mutuas caricias, abrazos y actos inmorales y anormales entre los hombres, situación violatoria del artículo 121 decreto 100 de 1989".
El peticionario, en cambio, sostuvo que el testimonio de su compañero Sandoval era falso y que la noche de los hechos se encontraba en el camarote de su amigo Godoy Arteaga, compartiendo algunas golosinas y conversando hasta la media noche, luego de lo cual tomó una ducha y se fue a dormir. Agregó que la descripción de la pantaloneta dada por Sandoval no correspondía a ninguna de su propiedad y pidió corroborar su versión de los hechos llamando a rendir testimonio a los alumnos Felix Cortés Ortíz, Luis Alirio Mora Díaz y Mauricio Camelo Villamil.
Le correspondió al Juez Sexto Penal del Circuito de Villavicencio conocer de la acción de tutela impetrada por el estudiante Mora Gómez. El juez penal denegó la tutela con base en los siguientes argumentos:
La decisión del juzgado fue impugnada por el peticionario con base en una reiteración de los motivos aducidos en su solicitud de tutela.
La impugnación fue elevada ante el Tribunal Superior de Villavicencio. En su decisión el tribunal confirma la decisión del juez y expone los siguientes motivos para sustentar su fallo:
Análisis de la aplicación del procedimiento
El cumplimiento del debido proceso
Las directivas de la Escuela de Carabineros Eduardo Cuevas impusieron al peticionario la sanción de expulsión, prevista para la "realización de prácticas homosexuales", la que se encontraba consagrada en el numeral 46 en el decreto 100 de 1989. Ante todo es necesario precisar que se trata de un estatuto disciplinario, anterior a la constitución de 1991, cuya validez debe, por tanto, ser analizada a la luz de la Carta vigente. Además, el mencionados decreto 100 de 1989 fue derogado por el decreto 2584 de 1993, siendo reformadas sustancialmente la falta y el procedimiento que serán objeto de análisis en este fallo. En efecto, el nuevo estatuto suprimió la falta (art. 39) y estableció una segunda instancia ante el director de la escuela (art. 87).
El proceso que se llevó a cabo para imponer la sanción al alumno Mora Gómez se encuentra contemplado en el artículo 175 del decreto 100 de 1989. Allí se establece que "previa práctica de diligencias breves y sumarias y la recepción de descargos, el juzgamiento de las faltas constitutivas de mala conducta (...) corresponde al Consejo disciplinario del respectivo instituto en única instancia.".
Una vez relatados los hechos por el alumno Oscar Sandoval, el comandante Henry Alfonso Casadiego dictó un auto en el que avocó la investigación del caso y, en consecuencia, dispuso "oír en declaración a todas y cada una de las personas que tenían conocimiento de los hechos mencionados y que fuesen conducentes y pertinentes para la investigación". Es así como se solicitó la declaración de los alumnos Rigoberto Balvuena y Heliodoro Segura Ramírez, quienes afirmaron no haber tenido conocimiento de los hechos que se le imputan al peticionario.
No obstante lo anterior, la pretensión del auto de cabeza de investigación de recaudar "todas las pruebas conducentes y pertinentes", no se realizó plenamente. En efecto, en su declaración rendida el 12 de julio el alumno Mora Gómez solicitó al consejo disciplinario que se ordenara la declaración de sus compañeros Felix Cortes, Alirio Mora Díaz y Camelo Villamil, cuya comparecencia no fue decretada por el consejo.
Ahora bien, con posterioridad al juzgamiento y expulsión del peticionario, el juez de tutela llamó a declarar a los alumnos cuyo testimonio fue inicialmente propuesto por el acusado y desconocido por el Consejo disciplinario. Ninguno de estos nuevos declarantes aportó elementos adicionales a la investigación inicial; todos declararon no ignorar los hechos materia de la acusación.
La brevedad del procedimiento y la ausencia de vocero o defensor, hacen que la omisión probatoria por parte de las directivas de la escuela se convierta en una limitación considerable de los principios de debido proceso y contradicción, los cuales constituyen parte esencial del debido proceso. La obligación del juzgador de practicar las pruebas conducentes solicitadas por el acusado, ha sido puesta de relieve por la Corte en sentencia T- 055 de 1994. Introducidas las necesarias matizaciones, lo expresado en la sentencia citada, puede ser predicado de los procedimientos disciplinarios.
Los testimonios solicitados por el peticionario merecían toda la atención por parte del Consejo disciplinario. El hecho de dormir en el mismo recinto, de haber conversado con el inculpado hasta tarde en la noche y, finalmente, la circunstancia de haber sido mencionados por el estudiante Mora Gómez como personas que podían haber rendido testimonio sobre su actuación, eran elementos suficientes para considerar conducente e importante la prueba solicitada.
La importancia del llamamiento a los testigos solicitados por las partes se puso en evidencia en un fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos, con ocasión de la protección discernida a un ciudadano de origen tunesino residente en Francia y condenado por homicidio, por el hecho de no haber sido practicado un careo solicitado por acusado (Convención Europea de Derechos Humanos artículo 6-1,3).
La acusación fundada en un sólo testimonio era insuficiente para establecer la culpabilidad del estudiante. Por eso, los informes sobre la conducta "amanerada" del inculpado jugaron un papel determinante en la idea que se formaron los juzgadores. En las explicaciones suministradas por las autoridades docentes ante el juez de tutela, tales informes cumplieron una doble función. De un lado, se presentaron como prueba de imparcialidad por parte de la institución, al no haber sido objeto de sanción y, de otro lado, sirvieron de indicio para reforzar el testimonio inculpatorio del alumno Sandoval. La importancia del testimonio único rendido por el estudiante Sandoval, sólo se explica a partir de la existencia de la sospecha de homosexualidad derivada de los informes mencionados.
Un indicio es un hecho material que permite mostrar otro o que sirve para formular una conjetura; es un punto de partida para construir una prueba, pero aisladamente no sustituye a la prueba misma. Su característica relacional impide que sea tratado como hecho puro bajo la lógica formal-silogística. El indicio es siempre incompleto y, por lo tanto, debe permanecer como elemento de interpretación y ponderación de otras circunstancias, no como una verdad o como un axioma independiente.
El hecho de que no exista una correspondencia necesaria entre amaneramiento y homosexualidad, y menos aun entre esta conducta y las prácticas homosexuales, ha debido impedir a las directivas de la escuela de carabineros entrar a juzgar este tipo de actitudes como indicios encaminados a suplir la insuficiencia de las pruebas practicadas. Razonar de otra manera equivale a otorgar un valor independiente al indicio y viola el principio de inocencia pues atribuye a una manifestación legítima de la personalidad individual la calidad de prueba de la realización de una falta. De prevalecer este tipo de argumentación, las personas cuyos comportamientos pudiesen ser caracterizados como amanerados estarían en una situación de peligro de inculpación permanente.
La idea de sumar los informes indicados a la prueba testimonial con el objeto de configurar una prueba plena, en últimas se torna en indicio que trasluce cierta predisposición del Consejo disciplinario en contra del peticionario. De los informes, por sí solos, no puede inferirse la realización de prácticas homosexuales.
La presunción de inocencia y el derecho al buen nombre y a la educación
El principio de la presunción de inocencia impone que la carga de la prueba corresponda a los acusadores y que para desvirtuarla sea necesario que la prueba practicada haya tenido lugar en un juicio, con todas las garantías procesales y formalidades previstas. Para condenar es indispensable la certeza de la culpabilidad, debido a que es la inocencia la que se presume cierta.
El principio de la presunción de inocencia, si bien parte de la base de que la duda es insuficiente para la condena, significa un paso adelante en relación con el principio "in dubio pro reo". Mientras este último encontraba su fundamento en una cierta benevolencia del derecho que prefería optar por la decisión más favorable en lugar de imponer al acusado la más rigurosa, la moderna consagración del derecho fundamental a la presunción de inocencia tiene su núcleo esencial en la exclusión de la condena dubitativa. La sentencia condenatoria debe estar fundada en la certeza, y no sólo éso, se trata de una certeza reglada, formalizada, diferente a la mera convicción subjetiva.
El desconocimiento del derecho de defensa es la causa que determina la violación del debido proceso y, con éste, del derecho a la presunción de inocencia. Sin embargo, los efectos descalificadores de las fallas procesales no terminan allí. Puede ocurrir que el desconocimiento de la presunción de inocencia origine, de un lado, la vulneración del derecho conculcado indebidamente por la decisión procesal y, del otro, el quebrantamiento del derecho al buen nombre.
Consideraciones similares deben hacerse respecto del derecho a la educación. Si la presunción de inocencia fue indebidamente desconocida, no sólo resultó quebrantado su derecho al buen nombre, sino también su derecho a la educación. Ambos derechos están ligados a la presunción indicada, la cual, a su vez, se encuentra, vinculada al debido proceso.
Esta Corte considera oportuno despejar dos interrogantes adicionales que se desprenden del estudio llevado a cabo hasta el momento. En primer término, no queda suficientemente claro si el procedimiento administrativo de tipo sumario es compatible con las exigencias constitucionales del debido proceso. De otra parte, las alusiones a la conducta amanerada del peticionario plantean el problema de la sanción o discriminación de la homosexualidad. Estos dos temas serán analizados en adelante.
Análisis constitucional del procedimiento
Hechas las consideraciones anteriores, surge la duda sobre la adecuación del procedimiento legal a las exigencias constitucionales. Dicho en otra forma, la recepción de descargos, consagrada en el artículo 175 del decreto 100 de 1989, ¿ constituye una garantía suficiente para considerar protegido el derecho a la defensa y al debido proceso?. Para resolver este interrogante se tendrán en cuenta los siguientes dos puntos: 1) el debido proceso en materia administrativa, y 2) debido proceso y derechos fundamentales.
El debido proceso en materia administrativa
Las normas administrativas de naturaleza disciplinaria deben ser aplicadas teniendo en cuenta el debido proceso y las garantías mínimas que de allí se derivan (C.P. art. 29). La potestad punitiva del estado en materia administrativa y disciplinaria no puede desconocer los principios de legalidad, imparcialidad, publicidad, presunción de inocencia, defensa y contradicción.
La gravedad de las sanciones propias del derecho penal y la finalidad de las penas que se imponen, demandan de las normas que sancionan delitos una mayor exigencia en la aplicación de garantías que, por lo general, no se exige de la administración, debido a la prioridad que en este ámbito revisten distintos elementos funcionales y organizativos despersonalizados. Al respecto ha dicho esta Corte en sentencia T-145/93:
Si bien es cierto que, en términos generales, la administración sólo está obligada a respetar unas garantías mínimas que no desconozcan el núcleo esencial de las garantías procesales, en aquellas circunstancias en las cuales una decisión administrativa de tipo disciplinario conlleve la limitación o pérdida de un derecho fundamental, el deber de acatar las garantías constitucionales es tan apremiante, como el que se deriva de las normas penales. La diferencia que aparece por encima de la obligación común de respetar los mínimos esenciales entre los dos ámbitos jurídicos mencionados, resulta de la consideración de la persona involucrada en la sanción y no simplemente del carácter funcional del derecho administrativo. El respeto de las garantías propias del debido proceso se exige en todas aquellas situaciones en las cuales la decisión administrativa o judicial pueda dar lugar a una afectación grave de los derechos fundamentales de la persona.
La validez del proceso sumario
Las exigencias probatorias y las garantías de un procedimiento deben adecuarse a la gravedad de la solución y de los intereses en juego. El análisis constitucional de un procedimiento - y por consiguiente su relevancia - no depende de la ubicación funcional del asunto tratado, esto es, del ámbito normativo dentro del cual se sitúe la controversia, sino de las implicaciones del proceso frente a los derechos fundamentales de las personas.
Según esta perspectiva material, un análisis constitucional del proceso debe tomar en consideración, por lo menos, los tres elementos siguientes: 1) los derechos presuntamente vulnerados de la persona 2) los intereses institucionales y 3) el riesgo de error que se sigue del procedimiento utilizado.
En el presente caso, el juez debe, inicialmente, estudiar dos intereses. De un lado, el de practicar un procedimiento sumario por parte de las autoridades educativas de la policía y, por el otro, el del alumno en permanecer en la institución y conservar su buen nombre. Una vez sopesados ambos elementos, se debe considerar el riesgo de error en la apreciación de los hechos y las consecuencias para el alumno.
Como se desprende del punto anterior, el consejo disciplinario aplicó con ligereza el procedimiento sumario contemplado para la sanción impuesta al peticionario. El hecho de no ordenar y recibir el testimonio a todos los testigos cuya declaración era conducente y la importancia excesiva que se le otorgó a los indicios de homosexualidad, constituyen anomalías procesales graves que vulneran los derechos del peticionario a la defensa y contradicción.
La falta objeto de sanción
El artículo 121 del decreto 100 de 1989 consagraba, entre otras prohibiciones cuya violación aparejaba diversas sanciones disciplinarias "el hecho de ejecutar prácticas homosexuales". Esta norma recoge un criterio propio de la disciplina militar que considera dichos actos como contrarios a la disciplina y a los objetivos del ejército. El reproche a este comportamiento es generalizado en los cuerpos militares de las democracias occidentales. Las razones que suelen aducirse para justificar este tipo de restricciones pueden resumirse así: 1) la moral y la disciplina se verían afectadas debido a la tensión entre homosexuales y heterosexuales, la que podría exacerbarse en razón del rechazo cultural contra los segundos. Dos manifestaciones concretas de este rechazo serían: a) los oficiales homosexuales no podrían ganarse el respeto y confianza de los subordinados heterosexuales y b) el ejército como institución perdería su credibilidad frente al público heterosexual; 2) la disciplina se podría ver menoscabada por las relaciones sentimentales entre homosexuales de diferentes rangos y, 3) pueden surgir problemas de seguridad como consecuencia de la susceptibilidad de los homosexuales a la extorsión.
Es necesario hacer la diferencia entre la norma disciplinaria que prohibe las prácticas homosexuales y la exclusión de los homosexuales de las instituciones armadas. Lo primero es objeto de mayor aceptación, como una pauta conveniente para el desenvolvimiento de los objetivos institucionales. La aceptación de lo segundo, sin embargo, presenta mayores dificultades. En adelante se tratará este segundo problema.
Entre las innovaciones de la Constitución política de 1991, tienen especial relevancia aquellas referidas a la protección del fuero interno de la persona. Es el caso del derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 16) y del derecho a la intimidad y al buen nombre (art. 15). El Constituyente quiso elevar a la condición de derecho fundamental la libertad en materia de opciones vitales y creencias individuales y, en consecuencia, enfatizó el principio liberal de la no injerencia institucional en materias subjetivas que no atenten contra la convivencia y organización social. Es evidente que la homosexualidad entra en este ámbito de protección y, en tal sentido, ella no puede significar un factor de discriminación social. Se culmina así un largo proceso de aceptación y tolerancia normativa que se inicia con la despenalización de la conducta descrita en el Código Penal de 1936. Es de anotar que, si bien en este tema el derecho ha jugado un papel esencial en la transformación de las creencias sociales, éstas aún se encuentran rezagadas en relación con los ideales normativos. Los valores de la tolerancia y del pluralismo, plenamente asumidos por el ordenamiento jurídico, deben todavía superar enormes obstáculos para encontrar arraigo pleno en la vida cotidiana.
Sin embargo, el problema subsiste si se considera que la condición de homosexual puede representar un atentado significativo contra las instituciones del ejército y la policía, teniendo en cuenta su naturaleza jerárquica y su funcionamiento y objetivos. La dificultad puede ser planteada de este modo: ¿Qué decisión se debe tomar frente al dilema que resulta de la existencia de un reproche social al homosexualismo, el cual no tiene fundamento en la constitución política, pero que de alguna manera afecta el desarrollo y los objetivos institucionales de la policía o del ejército?. Dicho en otros términos, ¿qué es más importante: el valor normativo e impulsador del derecho frente al ser social o el valor fáctico y determinante de la realidad social frente al derecho ?. ¿ Nos encontramos, entonces, en presencia de una discriminación que viola el artículo 13 de la Carta, o más bien se trata de una exclusión razonable e inherente al funcionamiento y objetivos propios de la institución ?.
De acuerdo con lo dicho por el Tribunal Superior de Villavicencio, la jurisdicción de lo contencioso administrativo representa una posibilidad judicial para el peticionario, que descarta la procedibilidad de la tutela por la existencia de otro medio judicial. A este respecto se consideran los siguientes puntos.