Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2008/A336-08.htm
Timestamp: 2017-11-19 21:32:29
Document Index: 264996794

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A336-08
Auto 336/08
Referencia: expediente I.C.C. 1296
Conflicto de competencia entre el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acción de tutela instaurada por Graciela Isabel Montalvo Bolaño contra la Presidenta del Senado de la República Nancy Patricia Gutierrez Castañeda.
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, dentro de la acción de tutela instaurada por Graciela Isabel Montalvo Bolaño contra la Presidenta del Senado de la República Nancy Patricia Gutierrez Castañeda.
1. La señora Graciela Isabel Montalvo Bolaño, mediante derecho de petición solicitó a la Presidenta del Senado de la República Nancy Patricia Gutierrez Castañeda, copia “del video que contiene el debate que promovió el doctor JAVIER CÁCERES LEAL en su condición de senador de la República de Colombia, el 20 de mayo del año en curso, contra la Directora del Instituto de Bienestar Familiar, con el fin de adelantar las acciones que correspondan contra dicha funcionaria, por las expresas alusiones que en el curso del mismo hizo...” en su contra.
2. Afirma que sólo se le ha respondido que su solicitud fue remitida a la oficina de grabación del Congreso, pero no le han facilitado el video, ni se le ha informado sobre la necesidad de adelantar algún trámite adicional.
3. Por lo anterior interpone acción de tutela en contra de la Senadora mencionada, y la dirige a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena.
4. Mediante Auto del 21 de julio de 2008, el Tribunal Administrativo del Magdalena inadmitió la demanda de tutela, por considerar que la oficina de reparto no aplicó la regla general del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según la cual, de la acción de tutela contra autoridades del orden nacional conocerán los jueces con categoría de Tribunales en general, y no de manera obligatoria los administrativos. Por ello, ordenó realizar nuevamente el reparto (Fls. 12 y 13).
5. La demanda de la referencia fue entonces repartida a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, quien manifestó mediante auto del 12 de agosto de 2008, que la acción de amparo debió tramitarse ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, por cuanto dicho despacho fue el que eligió el demandante. Y, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que, “son competentes para conocer la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación”. (Fls. 17 a 19)
6. A su turno, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante oficio del 13 de julio de 2008, remitió el expediente a la Corte Constitucional para que dirimiera el conflicto de competencia negativo.
1. En el presente caso se somete a consideración de esta Corporación un conflicto negativo de competencia, aparente[1], entre el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
2. Con el fin de entender a cabalidad las reglas de reparto de la acción de tutela debe tenerse en cuenta que, según las normas que las contienen, los jueces designados para fallar este tipo de procesos conforme a estos criterios conocen a prevención.
En efecto, el Decreto 1382 de 2000, artículo 1, prescribe que “conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeren sus efectos, de acuerdo a las siguientes reglas” (énfasis propio).
Así mismo, según el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, “[s]on competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud” (énfasis propio).
3. Esta Corte ha considerado que el hecho de que las normas mencionadas incluyan el término “competencia a prevención” indica que “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente”[2].
4.- La señora Graciela Isabel Montalvo Bolaño, mediante derecho de petición solicitó a la Presidenta del Senado de la República Nancy Patricia Gutierrez Castañeda, copia “del video que contiene el debate que promovió el doctor JAVIER CÁCERES LEAL en su condición de senador de la República de Colombia, el 20 de mayo del año en curso, contra la Directora del Instituto de Bienestar Familiar, con el fin de adelantar las acciones que correspondan contra dicha funcionaria, por las expresas alusiones que en el curso del mismo hizo...” en su contra. Afirma que sólo se le ha respondido que su solicitud fue remitida a la oficina de grabación del Congreso, pero no le han facilitado el video, ni se le ha informado sobre la necesidad de adelantar algún trámite adicional. Por lo anterior interpone acción de tutela en contra de la Senadora, y la dirige a los Magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena. El mencionado Tribunal Administrativo inadmitió la demanda de tutela[3], por considerar que la oficina de reparto no aplicó la regla general del artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, según la cual, de la acción de tutela contra autoridades del orden nacional conocerán los jueces con categoría de Tribunales en general, y no de manera obligatoria los administrativos.
La demanda de la referencia fue entonces repartida a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, quien manifestó[4] que la acción de amparo debió tramitarse ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, por cuanto dicho despacho fue el que eligió el demandante. Y, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que, “son competentes para conocer la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación”
5.- Sobre lo anterior, encuentra la Sala Plena que le asiste razón al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta –Sala Laboral- cuando afirma que, en este caso la elección del juez hecha por el peticionario en su escrito de tutela debe ser respetada.
En efecto, según la jurisprudencia de esta Corporación, el término “competencia a prevención” usado en el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991 y en el artículo 1 del Decreto 1382 de 2000, indica que “existe un interés del ordenamiento jurídico en proteger la libertad del actor frente a la posibilidad de elegir el juez competente de las acciones de tutela que desee promover. Libertad, que si bien está sometida a las reglas de competencia fijadas por el artículo 37 (factor territorial) y por las reglas del decreto 1382 (factor subjetivo y factor funcional), resulta garantizada por el ordenamiento, al ofrecer la posibilidad de elegir la especialidad del juez de tutela competente”[5] (énfasis propio).
En consecuencia, como quiera que la ciudadana Graciela Isabel Montalvo Bolaño escogió, dentro de las posibilidades que le presenta el inciso 1, del numeral 1, del Decreto 1382 de 2000[6], dirigir su acción de tutela al “Tribunal Administrativo del Magdalena”, y que la competencia según las norma referida es a “prevención”, concluye la Sala que es este Tribunal el competente para conocer del proceso en cuestión.
Primero.- REMÍTASE el expediente contentivo de la acción de tutela propuesta por Graciela Isabel Montalvo Bolaño contra la Presidenta del Senado de la República Nancy Patricia Gutierrez Castañeda, al Tribunal Administrativo del Magdalena, para que le dé trámite y decida en forma inmediata.
Segundo.- Por Secretaría General COMUNÍQUESE al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta –Sala Laboral-, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional, en relación con el conflicto de competencia.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO 336 DE 2008
Referencia: ICC-1296
Conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Magdalena y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta.
[2] Auto 108 de 2008 y Auto 277 de 2002.
[3] Auto del 21 de julio de 2008 (Fls. 12 y 13).
[4] mediante auto del 12 de agosto de 2008 (Fls. 17 a 19)
[5] Auto 108 de 2008 y Auto 277 de 2002.
[6] El numeral 1, inciso 1, del artículo 1 del Decreto 1382 de 2000 prescribe que “Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad pública del orden nacional…serán repartidas para su conocimiento a en primera instancia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a los Tribunales Administrativos y a los Consejos Seccionales de la Judicatura”.