Source: https://parcan.es/pub/ds.py/2014/131/4/
Timestamp: 2019-10-17 15:56:55
Document Index: 105364361

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 149', 'artículo 277', 'artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 277', 'artículo 23', 'artículo 149', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 22', 'artículo 149', 'artículo 33', 'artículo 20', 'artículo 33', 'artículo 17']

Diario de Sesiones 131/2014, de fecha 8/7/2014 - Punto 4 - Parlamento de Canarias
Diario de Sesiones 131/2014, de fecha 8/7/2014 - Punto 4
8L/CG-0017 COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO SOBRE LA ASUNCIÓN DE COMPETENCIAS POR PARTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS EN MATERIA DE AEROPUERTOS CIVILES DE INTERÉS GENERAL.
Comunicaciones del Gobierno: sobre la asunción de competencias por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de aeropuertos civiles de interés general.
Para la presentación de la comunicación, el señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.
El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Señor presidente, señorías: buenas tardes.
El pasado 14 de junio, el Consejo de Ministros acordó autorizar la puesta en marcha del proceso para la entrada de capital privado en la sociedad mercantil pública AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, hasta ahora de capital enteramente público al pertenecer en su totalidad al ente público empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea.
La gestión de los aeropuertos civiles de interés general fue atribuida por Real Decreto 1905, del año 91, de 14 de junio, a la entidad pública empresarial AENA, creada a su vez en virtud de lo prevenido en el artículo 82 de la Ley 4/90, de 29 de junio. Esta situación organizativa se mantiene hasta la aprobación del Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo. Allí se prevé, para la modernización del sistema aeroportuario, un nuevo modelo de gestión de los aeropuertos de interés general de titularidad estatal que pasa por la creación de la sociedad mercantil estatal AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, de capital 100% de titularidad estatal, a la que se atribuye el conjunto de funciones y obligaciones que hasta ese momento se ejercen por la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea en materia de gestión y explotación de los servicios aeroportuarios.
En virtud de la reserva constitucional en relación con las competencias del Estado, los servicios de navegación aérea se seguirán prestando por este ente público, por AENA, y en ejecución de tal previsión se había autorizado la creación de la sociedad mercantil estatal AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, por acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de febrero de 2011. Posteriormente, el Consejo de Administración de AENA, de 23 de mayo de 2011, acuerda autorizar la aportación a AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, de los bienes, derechos, deudas y obligaciones de la entidad pública empresarial afectos al desarrollo de las actividades aeroportuarias, comerciales y a otros servicios estatales vinculados a la gestión aeroportuaria. Por acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011, se autorizó dicha aportación y, finalmente, en este largo proceso de desarrollo y concreción del nuevo modelo aeroportuario, por Orden del Ministerio de Fomento del 2011, de 7 de junio, se acuerda el inicio del ejercicio efectivo de las funciones y obligaciones en materia de gestión aeroportuaria por AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima.
Desde ese momento los aeropuertos de interés general ubicados en el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias vienen siendo gestionados por AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, representando un peso superior al 17% de los pasajeros totales de los aeropuertos españoles.
Y, señorías, ¿en qué marco tiene lugar la privatización de AENA, de AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima? El acuerdo de privatización parcial de la sociedad gestora de los aeropuertos del pasado 14 de junio fue seguido por la publicación en la web de la Moncloa, que dentro de la sección del Ministerio de Fomento, con el rótulo "entrada de capital privado en AENA", revela la siguiente información. AENA Aeropuertos es el primer gestor aeroportuario del mundo por número de pasajeros. En el año 2013, transportó 187,4 millones, registrando su récord de pasajeros internacionales, que llegó a los 129 millones. Durante el periodo 2011-2014, se han llevado a cabo las siguientes acciones -dice el Estado-: mejoras en la generación de caja; se pasó de un déficit de 511 millones de euros en el 2011 a un superávit de 847 millones de euros en el ejercicio pasado; AENA Aeropuertos ha entrado en rentabilidad por primera vez y alcanza un beneficio neto de 597 millones de euros; la relación deuda/Ebitda ha pasado de 13,8 en 2011 a 7,1 en el 2013.
A la vez, este informe del Ministerio de Fomento justifica la entrada de capital privado en las siguientes generalidades: uno, los principales gestores aeroportuarios en todo el mundo han dado entrada a capital privado; dos, la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red -es decir, más todavía, porque si el público este año la ha saneado...-; tres, la mayor eficiencia de AENA será un estímulo al sector del transporte aéreo en España y a los sectores estratégicos vinculados, como el turismo y el comercio; cuatro, el desarrollo internacional de la compañía es una tendencia general en todos los grandes gestores aeroportuarios, ello favorece la internacionalización de las empresas españolas.
Revelaba, asimismo, el Gobierno central, en ese informe, su intención de aprobar un marco regulatorio -DORA-, finalmente aprobado en el Consejo de Ministros del pasado viernes, para establecer los niveles de calidad del servicio, los estándares de capacidad de los aeropuertos, las condiciones mínimas de servicio y de inversiones y el marco tarifario. De este modo, asegura el Gobierno que la nueva regulación y la transformación de AENA con la concurrencia de capital privado redundará en un control de los costes y en un incremento de la eficiencia que permitirá un sector del transporte aéreo más competitivo, mediante un sistema tarifario que refuerce la posición de España en el mercado turístico.
Según se desprende del informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones, la operación de privatización del 49% de AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, diseñada por el Gobierno de la nación, prevé la creación de un núcleo estable de accionistas de referencia, que estará compuesto por un número comprendido entre tres y cinco inversores, los cuales adquirirán una participación en AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, de un 21% de su capital social. La participación individual de cada uno de estos inversores estará situada entre el 5% y el 10%.
La selección de inversores de referencia se realizará mediante un concurso restringido, que constará de dos fases. Una primera, de selección de aquellos candidatos que serán invitados a presentar ofertas y una segunda, en la que de entre ellos se seleccionará a los inversores de referencia. Para ser invitados en la primera fase se exigirá el cumplimiento de unos requisitos sobre capacidad y solvencia económica y técnica y la decisión de la segunda fase se basará en cuatro criterios: los precios máximos ofertados, la cantidad de acciones solicitadas -entre un mínimo de un 5 y un 10%-, el periodo de compromiso del mantenimiento de la inversión y el periodo de compromiso de no adquirir más acciones de las asignadas. Pero, a su vez, está previsto que el precio de compra de las acciones sea el mismo que se fije para los inversores institucionales de la operación pública de venta o de la oferta pública de venta inicial; es decir, en definitiva, de nada vale que alguien oferte más, puesto que al final es ese el valor de las acciones.
A continuación de la selección de los inversores de referencia, tendría lugar una operación pública de venta, una oferta pública de venta, de un tamaño suficiente -el 28%-, para que junto con las acciones asignadas a los inversores de referencia se venda el 49% del capital social de AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima.
El cronograma de los principales hitos de la operación, según revela la web del Ministerio de Fomento, es como sigue: en junio del 2014, aprobación formal de la operación por el Consejo de Ministros, que ya se efectuó; en julio del 2014, publicación del nuevo marco regulatorio del sector aeroportuario, que ya se adoptó; en septiembre del 2014, selección de los inversores de referencia; en octubre de 2014, registro del folleto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; en noviembre del 2014, periodo de ofertas, fijación del precio máximo para los inversores cualificados y minoristas y firma del contrato de aseguramiento e inicio de cotización de la sociedad. Es decir, en noviembre de este año concluiría el proceso de privatización.
Y, señorías, ¿cuál es la afección que estas decisiones tienen para nuestra comunidad? A nadie se le escapa la importancia que tiene para un archipiélago atlántico como Canarias su sistema aeroportuario. En efecto, el carácter insular, fragmentado y alejado de las islas hace que prácticamente todas las relaciones humanas giren en torno a una herramienta tan estratégica para su desarrollo como son los aeropuertos. Así, la ausencia de otros medios rápidos de transporte entre las islas y entre estas y los territorios continentales, como la carretera o el ferrocarril, los aeropuertos, junto con los puertos, son infraestructuras fundamentales, estratégicas, para la cohesión política, social, económica y territorial del archipiélago, porque no solo está en juego la movilidad de los canarios, por motivos de trabajo, familiares, sanidad, enseñanza, cultura, empleo, deporte, el transporte de mercancías entre las islas también y en el exterior, sino sobre todo también la competitividad del turismo, que es nuestra principal actividad económica.
Por ello, señorías, es fundamental preservar tanto el carácter público de estas infraestructuras como su configuración en un sistema aeroportuario propio que garantice la igualdad en la prestación de los servicios a todos los canarios de cualquiera de las islas y permita la adopción de decisiones de administración presididas por la única finalidad del interés general. Esto es, compatibilizando el objetivo de la cohesión territorial y social con la optimización de la gestión para mantener su necesaria competitividad y coadyuvar al mantenimiento del liderazgo del sector turístico, motor de nuestra economía. Todo ello, señorías, de dudosa consecución y mantenimiento a través de una gestión indirecta de cooperación público-privada en la que concurren lógicos intereses de rentabilidad del capital aportado, más aún con ausencia clamorosa de participación en la toma de decisiones por parte de las instituciones, usuarios y los agentes económicos y sociales de nuestras islas, tantas veces reivindicadas.
Y, ante el nuevo panorama, ¿cuáles son las cifras de los aeropuertos canarios? Como decíamos, señorías, los aeropuertos canarios suponen más del 17% del tráfico de pasajeros del total de los aeropuertos de interés general del Estado, pero en su conjunto mantienen uno de los mayores niveles de rentabilidad de toda la red del gestor aeroportuario español. Así, el pasado año 2013, el número de operaciones de nuestros aeropuertos rondó la cifra de los 300.000, que supuso el 16,7% de toda la red del Estado. Por ellos, por los aeropuertos, por nuestros aeropuertos, transitaron más de treinta y dos millones y medio de pasajeros, un 17,4% del total de los movimientos del conjunto de los aeropuertos españoles, y casi 40.000 toneladas de mercancía, alrededor de un seis y medio por ciento del total. Pero más aún: el informe de coyuntura acumulado en el primer trimestre del presente año revela un crecimiento del número de pasajeros de nuestros aeropuertos que, a modo de ejemplo, en el mes de abril, superó el 17% respecto del mismo mes del año anterior, alcanzando cuotas del 18,5%, solo ligeramente inferiores a las de la Comunidad de Madrid, que tiene el 21,5%, y Cataluña, el 21,1%.
Y en relación con los datos económicos en el pasado ejercicio, señorías, en el ejercicio 2013, nuestros aeropuertos ingresaron unos 384 millones de euros, mientras que los gastos de explotación, incluidas las amortizaciones correspondientes por 90 millones, totalizaron unos 273 millones, dando un resultado positivo de explotación, beneficios antes de impuestos, de 111 millones de euros y un Ebitda de 201 millones de euros. El activo de los aeropuertos canarios se concretó en unos 1.420 millones y la deuda acumulada fue solo de 524 millones, lo que ha significado la aportación de un 15% del resultado positivo de explotación de toda la red del Estado, mientras que la deuda acumulada de los aeropuertos canarios apenas alcanzó el 4,3% del total de los del Estado.
Y, señorías, con este marco estratégico y económico, la unilateral decisión de privatizar en cualquier proporción los activos aeroportuarios, pasando a una gestión mercantil indirecta con carácter general y consecuentemente con afección a los sostenibles y hasta rentables aeropuertos canarios, sin participación ni control de las instituciones de nuestra comunidad, no puede pasar sin su adecuada respuesta y la exigencia del ejercicio de las competencias que, ante tal circunstancia, prevé nuestro Estatuto de Autonomía.
En efecto, la Constitución española reserva a la competencia exclusiva del Estado -artículo 149.1.20.ª- los aeropuertos de interés general y, a su vez, el Estatuto de Autonomía de Canarias atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva sobre los aeropuertos y helipuertos que no tengan calificación de interés general del Estado, así como la competencia de ejecución sobre aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión directa -artículos 30.22 y 33.13, respectivamente-.
En este sentido, señorías, la existencia de sociedades de economía mixta para la gestión de servicios públicos es una operación de colaboración público-privada de tipo institucionalizado. Su creación es una decisión de política económica que no está sometida a las normas de contratación pública.
Conforme a la normativa europea y a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sentencia Stadt Halle, del 2005, la número 332: "La participación, aunque sea minoritaria, de una empresa privada en el capital de una sociedad en la que participe la autoridad pública [...] concedente excluye, en cualquier caso, que dicha autoridad pública pueda ejercer sobre esa sociedad un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios. En consecuencia -insiste el tribunal-, si la sociedad concesionaria es una sociedad abierta al capital privado, aunque solo parcialmente, esta circunstancia impide considerarla una entidad de gestión interna de un servicio público en el ámbito de la entidad territorial a la que pertenece". Y en nuestro ordenamiento interno, el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no determina expresamente si las formas de gestión allí contempladas, en las que se incluye, en el apartado d), la figura de la sociedad mixta, deben configurarse como gestión directa o gestión indirecta, pero, no obstante, debe, sin duda, concluirse que la prestación a través de una sociedad mixta supone una forma de gestión indirecta.
En efecto, la gestión directa es la realizada por la propia Administración, por sí misma o mediante la utilización instrumental de una persona jurídica vinculada a aquella jurídica y económicamente, pero de modo absoluto. En el primer caso, la Administración puede actuar a través de sus órganos ordinarios de manera indiferenciada respecto a las restantes actividades de la misma o a través de una organización especializada; en el segundo, el sistema de gestión directa consiste en la creación de una persona jurídica instrumental, ya sea de derecho público o de derecho privado, pero participada íntegramente por el ente público. La consideración de estos entes instrumentales como medios propios, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 4.1 y 8.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, viene regulada en el artículo 24.6 y requiere que la totalidad de su capital sea de titularidad pública, tal y como ha establecido la sentencia del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas de 11 de enero de 2005 y ha sido corroborado por la de 8 de abril de 2008 o la del 10 de septiembre de 2009, entre otras muchas.
Por el contrario, señorías, la gestión indirecta es la realizada a través de diversas formas o instituciones de origen y base contractual, mediante las que la Administración mantiene la titularidad del servicio y la responsabilidad última de su prestación, confiando el ejercicio o explotación de la actividad a una persona distinta, sin perjuicio de la posibilidad de intervención mediata en ella. Las modalidades de la contratación en la gestión indirecta de servicios públicos son las reguladas en el artículo 277 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, entre ellas la prestación mediante una sociedad de capital mixto.
Pues, señorías, sentado el hecho de que la privatización emprendida configura como indirecta la gestión aeroportuaria a través de la sociedad mixta público-privada AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, cabría examinar si la interpretación que afirmamos en relación con la determinación competencial establecida en el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por sendas leyes orgánicas, como sus señorías saben, del 82 y del 96, resulta ajustada a la Constitución. Al respecto, se ha de precisar, en primer lugar, que el artículo 23.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias no contraviene el artículo 149.1.20.ª de la Constitución desde una perspectiva material o sustantiva, es decir, en atención al contenido de la revolución que incorpora, esto es, el Estado tiene competencia exclusiva sobre aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de aeronaves, pues, como ha precisado el Tribunal Constitucional en Sentencia 68 del año 84, esta competencia material se desagrega conforme a la regulación adoptada por el Estado mediante el Real Decreto 28/58, de 1981, y se desagrega en lo siguiente: en los servicios aeronáuticos relacionados con el control del tráfico aéreo, en los servicios aeronáuticos relacionados con el tránsito y transporte aéreo, los demás servicios aeroportuarios estatales, como aduanas, policía, correos, seguridad exterior e interior o cualquier otro de esa análoga naturaleza, los servicios que no siendo estrictamente aeroportuarios pueden tener incidencia también en ello, otro tipo de servicios, las actividades no comprendidas en los números anteriores que se realicen en el recinto aeroportuario y que tengan trascendencia para la explotación económica del aeropuerto. De todas esas actividades, y dado que la reserva a favor del Estado se realiza desde la óptica de la eficacia y seguridad en la prestación de los servicios de navegación aérea, las actividades de asistencia en tierra de aeronaves, viajeros y de explotación de la superficie del aeropuerto son las que deben incluirse en la competencia autonómica, en nuestra competencia de ejecución, de gestión indirecta de los aeropuertos de interés general, al no vincularse de forma directa e inmediata con el ejercicio de las funciones de soberanía.
En segundo lugar, la atribución de esta competencia de ejecución a la comunidad autónoma resulta constitucionalmente viable a través del tipo de ley que la contiene, nada más y nada menos que el Estatuto de Autonomía, es decir, una ley orgánica. Desde esta perspectiva, debe afirmarse la aptitud formal del Estatuto de Autonomía en cuanto a tipo normativo para completar respecto de una determinada comunidad autónoma el criterio de la gestión indirecta como atributivo de la función ejecutiva.
Afirmada, pues, la competencia ejecutiva de la Comunidad Autónoma de Canarias para la gestión de sus aeropuertos de interés general, al decidir el Estado su gestión indirecta, resulta necesario precisar el alcance de tal competencia que debemos ejercer.
Así, de conformidad con la doctrina constitucional imperante en este concreto momento histórico, el ejercicio de la competencia ejecutiva que nos atribuye el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía supone el reconocimiento de la facultad de adoptar regulaciones de los órganos administrativos a los que se encomienden las potestades de ejecución de la competencia. Esto es, la competencia de ejecución se anuda a la facultad de autoorganización de su propio servicio administrativo, que es inherente a la función ejecutiva en la materia y sus competencias. Regulación que puede adoptar la forma de disposiciones reglamentarias o la forma de ley o rango de ley.
Señorías, ¿y cuál es el instrumento para el traspaso efectivo de la competencia, sin perjuicio de perseverar en el intento de negociación y, en su caso, los instrumentos legales que tenemos para exigir su cumplimiento si dicho traspaso es desatendido? Realmente la atribución de la competencia deriva directamente del Estatuto. Es decir, la competencia nos la da el Estatuto de Autonomía tan pronto como la gestión sea indirecta. Como ha reconocido el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la Sentencia 143/1985, es doctrina -dice el tribunal- muy reiterada de este tribunal, expuesta, entre otras, entre las sentencias números 25, 76, 87, 88, 113, de 1983, la de que la titularidad de las competencias corresponde a las comunidades autónomas por obra de la ley orgánica por medio de la que se aprobó el Estatuto de Autonomía, que actúa ope legis o ipso iure, haciendo disponible su ejercicio por ella sin que exista una suerte de vacatio en las competencias atribuidas por los estatutos y una regla de entrada en vigor diferida de las mismas.
No obstante, al ejercerse la competencia sobre un bien ahora patrimonial cuya titularidad seguirá siendo estatal y que sigue vinculado a la prestación del servicio aeroportuario, resulta necesario efectuar tal traspaso con carácter formal, a través del correspondiente acuerdo de la comisión mixta y su posterior formalización en el correspondiente real decreto de traspaso de funciones y servicios.
A tenor, por último, de la Sentencia del Tribunal Constitucional 111/2012, que aclaró que la transferencia de servicios ha de hacerse necesariamente a través de los acuerdos de las comisiones mixtas.
En consecuencia, para el Tribunal Constitucional el sistema de traslado de competencias a las comunidades autónomas diseñado por la Constitución requiere el correspondiente acuerdo de traspaso y, mientras ello no se acuerde en el seno de la comisión mixta y se plasme en el correspondiente decreto de transferencias, aun cuando se trate de una competencia estatutariamente asumida, seguirá ejerciéndose provisionalmente la competencia por el Estado, con el fin de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos.
Por tanto, la Comunidad Autónoma de Canarias necesita que el Estado apruebe el correspondiente decreto de traspaso para poder ejercer su función ejecutiva. Ciertamente, la Sentencia del Tribunal Constitucional 73/1983 ha precisado que los reales decretos constituyen el instrumento jurídico por el que se aprueban los acuerdos de las comisiones mixtas, pero no cabe confundirlos con ellos, los acuerdos son propuestas vinculantes para el Estado, que deberá respetar su contenido. Por tanto, la formalización del acuerdo de la comisión mixta es un acto debido para el Gobierno de la nación, por lo que su inactividad puede ser objeto de control por la jurisdicción contencioso-administrativa, solicitando al tribunal la condena al Gobierno a dictar el real decreto de traspaso en los términos fijados por la comisión mixta, una vez acordados los términos del traspaso por esta. De igual forma, si se produjera silencio o inactividad por no ser convocada la comisión mixta o si en esta quedara bloqueado el acuerdo dada su paridad, la paridad en su constitución, debería la comunidad autónoma ejercitar el correspondiente recurso ante la Audiencia Nacional en defensa del derecho estatutario al ejercicio de esta competencia.
En consecuencia, señorías, y aunque no haya concluido el proceso en virtud del cual se deje de ejercer de manera directa la gestión de la totalidad de los aeropuertos de interés general existentes en el archipiélago, el Gobierno de Canarias ha adoptado el acuerdo de solicitar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en su condición de presidente de la Comisión Mixta de Transferencias del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, que convoque a la mayor brevedad posible dicho órgano colegiado, con la finalidad de iniciar el proceso de traspaso de medios materiales, personales y financieros en esta materia. Y, asimismo, de ser desatendida tal solicitud, tiene el propósito de continuar con las gestiones y reivindicaciones políticas, pero, en cualquier caso, si esto sigue fracasando, recurrir todas y cada una de las actuaciones del Gobierno central y del ente público AENA tendentes a consolidar el proceso privatizador en lo que a los aeropuertos canarios se refiere.
Turno correspondiente, intervenciones de los grupos parlamentarios. Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señor presidente del Gobierno, señorías, muy buenas tardes. Un saludo especial para los representantes de los trabajadores de los aeropuertos de Canarias, en este caso del Norte de Tenerife, del Sur de Tenerife, de la isla de La Gomera y de la isla de Lanzarote.
Yo luego me referiré a las posibles salidas a este grave problema, porque la primera consideración que quiero hacer es que, de los muchos disgustos, de los muchos problemas, que estamos viviendo en las relaciones entre Canarias y el Estado, yo considero que este estaría en la primera línea de los agravios, en la primera línea de las agresiones, en la primera línea de la pérdida de derechos de esta tierra y de su gente. Nos están pasando dos cosas que están determinando las condiciones de vida del presente y el futuro de nuestra gente, dos áreas de problemas. Uno referido a la economía, a cómo se articula un modelo económico justo y equilibrado, a cómo se enfrenta uno a las crisis de la economía, y aquí se ha impuesto una máxima, que está detrás de esta decisión, que es el liberalismo económico. Esa máxima que dice que todo lo privado funciona bien y todo lo público está condenado al fracaso. Eso está en el núcleo duro de la ideología de esta crisis.
Y les voy a hacer un recordatorio para poner en evidencia que esto de los aeropuertos tiene que ver con cómo se está abordando la crisis económica en Europa. El señor Zapatero, en mayo del 2010, presionado por la Comisión, por el Banco Central Europeo, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, va a Bruselas y viene con un listado de deberes, que decían lo siguiente: primero, debe usted reformar la Constitución española para garantizar que primero se pagan las deudas y luego los derechos de los ciudadanos; tiene usted que hacer una reforma laboral para limitar los derechos de los trabajadores; tiene usted que subir el IVA; tiene usted que liberalizar lo que queda de Estado puro -y citan expresamente, el debate de ese momento, los aeropuertos y la Lotería Nacional-. Digamos que producto de aquel mandato, yo creo que indecente, antidemocrático, se impuso en España una política económica que nos ha llevado a millones de parados, a la destrucción de miles de empresas, al deterioro de los derechos básicos de la ciudadanía y, lo que es tan grave como lo anterior, a la desconfianza generalizada de la gente en las instituciones y en la democracia. Por eso, en el año 2010, en diciembre, se aprueba un real decreto-ley también, basado en la crisis económica, en la liberalización, como el mantra que lo resuelve todo, y por eso aquel real decreto-ley ya apostó por la privatización de los aeropuertos españoles y planteó el 49% para la iniciativa privada y posteriormente, porque el decreto habilitaba, en junio del año siguiente vuelve el Gobierno de España, entonces también presidido por el señor Zapatero, a ir más allá: no solamente liberalizaba la posibilidad del 49% sino que en los dos aeropuertos más relevantes del Estado español, el de Madrid, por su volumen, y el de Barcelona, permitía, a través de concesión administrativa, privatizar más del 90% de la estructura accionarial de esas entidades.
En definitiva, para que lo tengamos claro, esto de la privatización de los aeropuertos forma parte de la hoja de ruta de la troika para el Estado español, forma parte de las obligaciones de los gobiernos, no importa el color. Para entrar por el aro hay que liberalizar los aeropuertos. No importa que los aeropuertos funcionen bien ni que tengamos la mejor red aeroportuaria del mundo o una de las mejores. No importa que sean modernos, no importa que sean eficientes, no importa que sean seguros, no importa que tengan beneficios; aquí lo único que importa es que usted tiene que vender los aeropuertos españoles porque lo decimos los que mandamos en Europa, es decir, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central. Y está en la lista y se ha llevado a rajatabla, y por eso es que el Gobierno inició este proceso y luego se paralizó, porque hubo una condición para la valoración que era la siguiente: en aquel momento AENA no tenía equilibradas sus cuentas, se trataba de sanearlas, poner a 1500 trabajadores en la calle, ajustar los costes y ahora que tiene beneficios se privatiza. Esto está detrás de la privatización de AENA: el mandato de la troika, el mandato de los poderes económicos que, vamos, sin temblarles el pulso, imponen los intereses de la minoría, porque son intereses de la minoría. Y lo hacen sobre un sector que pasó, en el año 80, de 40 millones de pasajeros a más de doscientos millones de pasajeros el año pasado. Lo hacen con una red aeroportuaria que es de las más prestigiosas del mundo, eficaz, eficiente, segura, innovadora, lo reconocen todos los expertos en esta área. Pero no importa, como tampoco importa que la cuenta de resultados del año 13 haya tenido 600 millones de beneficios. Todo lo contrario: esta es la condición para privatizarlos. Puro liberalismo, pura ideología, puros intereses de la minoría.
Y, claro, este mito de que lo privado funciona bien y lo público funciona mal no se sustenta con la realidad, no se puede basar en la experiencia, en los datos empíricos, porque les voy a poner un ejemplo también reciente que recuerdo perfectamente. ¿Recuerdan la concesión de las autopistas de peaje? ¿Recuerdan la cantinela de que vamos a tener la mejor red viaria del mundo gracias a la privatización de las autopistas de peaje? ¿Saben qué pasó con la maravillosa privatización de las autopistas de peaje?: ¡fracaso total y absoluto!, pérdidas entre 3500 y 5000 millones, no se sabe todavía con claridad. Lo que sí se sabe es que lo pagaremos nosotros, porque ahora hay que rescatar el fracaso de las autopistas de peaje, ahora hay que rescatarlas, ahora hay que pagarles a los empresarios que arriesgaron y fracasaron, ahora hay que pagarles, y hay que pagar las deudas.
Estas son las reglas que dominan en nuestro sistema económico y que la gente no puede entender, y por eso se alejan peligrosamente de nosotros, de las instituciones y de la política. Se socializan, se socializan las pérdidas y se privatizan los beneficios y, si no, vengan aquí y expliquen lo de las autopistas de peaje; o más cerca: vengan aquí y expliquen lo que está pasando con las empresas concesionarias de la gestión del agua en nuestras dos capitales. Hagan el favor de repasar, por sus propios partidos, lo que está pasando con la empresa que gestiona el agua en Santa Cruz de Tenerife y la empresa que gestiona el agua en Las Palmas de Gran Canaria. ¡Vampirización!, es decir, cojo la concesión, hago el negociete, a costa de la calidad del servicio, a costa del incumplimiento del contrato y, en definitiva, a costa del erario público. Esto es el liberalismo, esto es un ejemplo más.
Planteamiento, por lo tanto, señorías: es inaceptable esta medida, es de las medidas más agresivas y graves que se nos puedan generar a una sociedad como la nuestra.
Pero les decía que había dos males: el del liberalismo, el de la derecha económica, el de las máximas de esos grupos que lo manejan todo; y el siguiente problema que tenemos los canarios -no sería exclusivo ni único- es el centralismo. El desprecio a nuestros derechos, el olvido absoluto de que este es un pueblo que tiene sus intereses, que tiene sus singularidades, que tiene su idiosincrasia. Es que los aeropuertos para un archipiélago lo son todo, y más en esta era del desarrollo y de la comunicación. Los ochos aeropuertos de Canarias son vitales para la cohesión territorial, para la cohesión social, para el desarrollo económico, y además dan beneficios. ¿Qué razón puede justificar, de interés general, vender nuestros aeropuertos, vender nuestros aeropuertos al mejor postor? Porque lo hicieron con Telefónica, lo hicieron con Repsol, lo hicieron con todo el patrimonio público y lo harán con las loterías nacionales.
Esta es la realidad de la derecha política y económica española, que tiene demasiados adeptos y que casi todo el mundo se ha plegado. Por eso he dicho estos días por ahí, aprovechando el debate de algunos importantes partidos, que el problema no está en cambiar de líderes, el problema está en cambiar de política, porque lo que determina el problema, la crisis, es la política, la orientación de una política injusta, desigual, interesada, absolutamente favorecedora de los intereses de la minoría. Pues a eso se suma el centralismo feroz, nos olvidan en el presupuesto estatal un año sí y el siguiente. Esta mañana discutíamos, en este pleno del Parlamento de Canarias, el retraso sine die de la financiación autonómica, elemento vital para mantener nuestros servicios básicos, porque al ministro de turno no le interesa políticamente abrir ese debate porque le puede desajustar sus previsiones electorales.
Pero a eso se suman, a eso se suman decisiones como la del petróleo, como la del petróleo. Sí, sí, ¡qué fuerte, qué fuerte, que ustedes no hagan lo que hacen sus compañeros de Baleares, qué fuerte que ustedes no hagan lo que hacen sus compañeros de Valencia o qué fuerte que ustedes no hagan lo que hacen sus compañeros de Málaga! (Aplausos.) ¡Este es el problema que tenemos, este es el problema!: centralismo feroz y un pueblo que no se defiende, que sus representantes no ejercen la representación debida de sus ciudadanos cuando van a las Cortes Generales, a defender a su gente, su bienestar, a quienes les votaron y espero que no lo hagan más. ¡El centralismo feroz!
¿Cómo puede ser que se ponga en marcha un proceso privatizador que afecta a las infraestructuras más sensibles de nuestra comunidad, cómo puede ser, y que ni siquiera se intente el diálogo, el acuerdo? Es que hay una previsión estatutaria que es norma de rango superior del propio constitucional, que tiene una previsión, artículo 33.13: si el Estado deja de gestionar de forma directa los aeropuertos, los puede gestionar la comunidad autónoma. Lo dice el espacio constitucional. Pues ni una negociación ni una sentada: ¡a las bravas, a las bravas!, un decreto y a privatizar.
Liberalismo a ultranza, favorecer a las minorías, socializar las pérdidas, privatizar las ganancias: esa es la política económica que se ha impuesto en los siete años de crisis, y así nos va. Y ahora, ahora, para seguir cumpliendo, para seguir cumpliendo con la hoja de ruta impuesta por la troika toca privatizar los aeropuertos españoles y los aeropuertos de Canarias.
Y luego vendrá lo de las loterías, porque las loterías... Bueno, lo de la lotería es un negocio redondo, redondo. Pues lo van a privatizar también, y no para hacer mucha caja, porque sepan ustedes que el primer desembolso que va a hacer el Gobierno de España para rescatar en parte las autopistas de peaje va a costar 2.500 millones de euros. Por cierto, lo que ingresará el Estado, si le sale bien la jugada privatizadora, en la venta directa de la participación que van a hacer. Venden los aeropuertos, nosotros creemos que a precio de saldo -hay mucha gente que piensa esto-, y el dinero va a tapar el agujero del rescate de una privatización fracasada. ¿Cómo van a entender esto los ciudadanos que han perdido la vivienda, el trabajo o quien tuvo que cerrar la empresa por no tener 15.000 euros para pagar la Seguridad Social? ¿Cómo lo van a entender? No lo pueden entender porque no tiene explicación, porque esto es inaceptable. No se puede permitir este agravio, no se puede permitir este nivel de agresión a los intereses colectivos.
Los aeropuertos de Canarias son nuestros, nuestros, sí, nuestros, del pueblo de de Canarias. Sí, son nuestros, porque además no han tenido una perra de los Presupuestos Generales del Estado, se financian con base en la propia actividad, no ha habido un esfuerzo. Porque las carreteras del Levante español o los trenes de alta velocidad están en el presupuesto público, pero los aeropuertos no. Se financian, los fondos estructurales que se captaron en los últimos quince años y operaciones de endeudamiento, que se amortizan con la explotación de los aeropuertos. No hay una perra de dinero público, de dinero presupuestario. Y ahora vienen, dicen que para hacer caja -yo creo que para favorecer a los amigos-, a vender los aeropuertos que son nuestros. ¡A vender los aeropuertos que son nuestros!, ¡que son nuestros!, y que no pueden ponerse al mejor postor. Porque pudiera, yo no quiero ofender a nadie, pero pudiera ocurrir que si se cierra el aeropuerto de Burgos -que no sé si tiene, me imagino que sí-, no pase nada... (Ante un comentario que se realiza desde los escaños). Bueno, pues, el de León, el de León, el de León. Pues no pase nada, pero si aquí se cierra un aeropuerto...; y cuando avance el proceso de privatización se terminarán cerrando porque para la privada solo manda la cuenta de resultados y el ejemplo del peaje, de las autopistas de peaje es un ejemplo reciente, tan reciente que lo están rescatando ustedes con el dinero de todos los ciudadanos. Por eso es inaceptable este tema.
Yo, al margen de las propuestas de resolución y del debate concreto que podamos hacer esta tarde, tenemos que implicar frente a este agravio, frente a la venta de estas infraestructuras vitales para el presente y el futuro de Canarias, tenemos que juntar fuerza con los trabajadores de AENA. Tuve oportunidad de una reunión con los comités de empresa. Los ocho comités de empresa de los ocho aeropuertos de Canarias se tienen que juntar, porque las primeras víctimas serán ustedes, pero después viene el pueblo de Canarias y los intereses generales de esta tierra, con seguridad absoluta. Porque se empieza por el 49 y se termina, si es negocio, vendiéndolo todo. Ahora, si fracasa el negocio, también les digo lo siguiente -ya está escrito-: si fracasa el negocio, pondremos los ciudadanos el dinero para rescatarlo, ¿eh? Como siempre ocurre: ha ocurrido con la banca, ha ocurrido con las autopistas de peaje y ocurrirá las veces que sea necesario si no lo impide la ciudadanía.
Por eso hoy debiéramos, al menos la mayoría, porque hay una parte de este Parlamento que está perdida para cualquier causa de defensa de los intereses generales de este pueblo -perdida, desgraciadamente, desgraciadamente-, debiéramos ponernos de acuerdo en qué hacer. Porque yo sí les digo una cuestión: estos privatizan el 49% y nos meten en el mismo saco. No les queda duda, no les queda duda. Es evidente que a eso solo se pueden oponer dos cosas en democracia: la conciencia colectiva y los tribunales. Y la conciencia colectiva se expresa en las calles, en los periódicos, opinando, y en los parlamentos cuando se conformen. Y en la urnas, evidentemente en las urnas. No, no, a mí las urnas me parecen decisivas. Por eso lo reclamamos, por ejemplo, para el tema del petróleo y a mí me gustaría reclamarlo para más cosas, para bastantes más cosas, primero porque si alguien no se equivoca y, si se equivoca, pues, tiene razón para hacerlo, son los ciudadanos. Lo que no puede ser es lo que ustedes están haciendo: prometer una cosa y hacer justo la contraria, que es lo que está ocurriendo en estos momentos. Pero, en cualquier caso, tocaría hacer un esfuerzo de las mayorías políticas que en estos momentos se conforman en Canarias, con los trabajadores, con la ciudadanía, y generar la conciencia pertinente de que esta agresión no la podemos tolerar. Es más grave que otras. No la quiero comparar porque cada uno tiene su sensibilidad, pero esta es una agresión muy grave. Poner los aeropuertos de Canarias en la cuenta de resultados de no se sabe quién, de no se sabe quién, es inaceptable. Y uno podía entender, "no, es que los aeropuertos de Canarias son ruinosos y no tenemos para pagar la luz, es que los aeropuertos de Canarias se nos caen y necesitamos capitalizarlos", y cabría, cabría la posibilidad de que alguien pusiera capital a cambio de beneficios, pero es que los aeropuertos de Canarias funcionan bien, son modernos, son seguros, son eficientes. Los costes de los trabajadores, por debajo de la media; los costes de las tasas, por debajo de la media. No hay una sola razón para la privatización que no sea la ideología conservadora, ultraliberal: socializar, insisto, las pérdidas y vender las ganancias, regalar las ganancias. Y a eso nos tenemos que oponer con toda nuestra fuerza y en todos los frentes: en el frente institucional, en el frente de los ciudadanos, en el frente de la opinión pública, y desde luego organizando o ayudando al colectivo de trabajadores que conocen perfectamente lo que nos estamos jugando en estos momentos.
Acabo diciendo que esto que va a pasar con los aeropuertos de Canarias es un expolio inaceptable, ¡un expolio! No se vendía Telefónica y mira dónde está, no se vendía, era una parte y mira dónde está. Este es un expolio y la falta de respuesta o de sintonía o de entendimiento o de acuerdo o de relaciones con el Gobierno de Canarias es un desprecio. A este Gobierno yo ni le he votado en las urnas ni aquí, pero es el Gobierno de los canarios, y aquí hay una previsión estatutaria, una previsión estatutaria que, aunque fuera discutible, obligaba a un gobierno mínimamente leal a sentarse, a sentarse, a evaluar la situación, a analizar las cuestiones, a buscar el acuerdo, y no se ha intentado porque no se quiere ningún acuerdo, se quieren imponer los intereses de las minorías, que es lo que predomina en la política europea, española y en gran medida en la política canaria. Y a eso desde luego, desde el Grupo Mixto, desde el PIL y Nueva Canarias, nos vamos a oponer con la fuerza que tenemos, que es la que nos han dado los ciudadanos, que esperamos aumentar en el año 2015, porque estos son, estos son los que tienen la última palabra, también en su caso, también en su caso, y espero que la gente tome nota de tanto agravio, de tanta injusticia, de tanto desafuero como el que estamos viviendo en los últimos tiempos en esta tierra.
Decirle al público, a los asistentes, que estamos encantados de que estén aquí, pero no pueden hacer ningún tipo de manifestación. Lo dice así el Reglamento de la Cámara. Por lo tanto, yo les agradezco que observen el debate y se formen la opinión que tengan, pero no hagan muestras de ninguna manifestación, por favor.
Continuamos. Grupo Socialista Canario, don Julio Cruz.
Saludar igualmente a los representantes de los comités de empresa de los aeropuertos canarios que hoy nos acompañan, en esta tarde, aquí.
Una tarde en la que, una vez más, señorías, el Gobierno de Canarias se ha visto obligado nuevamente a traer a consideración de esta Cámara una nueva tropelía del Gobierno del Partido Popular con Canarias. Un nuevo ataque a la línea de flotación del principio de lealtad institucional que el Ejecutivo de Mariano Rajoy convierte en papel mojado cada viernes en el Consejo de Ministros.
Como todos sabemos, y ya se ha explicado por los que me han antecedido en el uso de la palabra, el pasado 13 de junio el Gobierno de España decidió dar el primer paso para privatizar el 49% de AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, y desde el domingo denominada AENA, SA, simplemente. Una operación de consecuencias imprevisibles para Canarias e implicaciones que sobrepasan el plano ideológico, porque, señorías, podemos entender, aunque no compartir, que desde una ideología de derechas se plantee que la gestión privada de un servicio público pueda ser más eficiente que la gestión directa por parte de las administraciones. El Partido Popular plantea que en política aeroportuaria lo primero es el negocio; lo secundario, el servicio público. Lo que creemos que escapa a toda lógica es que intereses privados puedan decidir sobre las condiciones de conectividad de las islas y que las instituciones canarias no tengamos nada que decir al respecto. Señorías, ¿cómo piensan ustedes que se puede comer, cómo piensan, piensan los ciudadanos, que un grupo de accionistas privado tenga voz para decidir sobre cuestiones tan fundamentales para las islas como el mantenimiento de los aeropuertos de la isla de El Hierro, la isla de La Gomera, Tenerife Norte, La Palma, o sobre el incremento de las tasas aeroportuarias, o sobre la construcción de la segunda pista de Gando, y que el Gobierno de Canarias, los cabildos, este Parlamento, los ayuntamientos, no tengamos nada que decir, solo protestar? ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se explica a los ciudadanos?
Los argumentos que ha expuesto sobre la mesa el Partido Popular para justificar esta privatización caen por su propio peso y se resumen en uno solo: como mi ideología es de derechas y el negocio es lo primero, privatizo.
Y la señora ministra ha dicho que el objetivo que se marca el Gobierno es mejorar la calidad del servicio de transportes, y ello con base en varios argumentos, que, como he dicho, no se sostienen, y se los voy a explicar.
En primer lugar, dice que los principales gestores aeroportuarios en todo el mundo han dado entrada al capital privado, y pone como ejemplo Fráncfort. Claro, Fráncfort, centro de Europa, un centro neurálgico de comunicaciones, al que se puede acceder por múltiples razones. Fráncfort seguiría existiendo, si usted quita el aeropuerto, hay un aeropuerto al lado, se puede acceder en tren, se puede acceder en vehículo, se puede acceder por carretera, pero Canarias, cómo va a comparar eso con Canarias, a 2.500 km del territorio continental, donde hay siete islas, donde no hay la posibilidad de hacer un segundo aeropuerto en ninguna isla, porque los instrumentos que hay, los aeropuertos que hay, son los que son y no hay otros, no hay posibilidad de tener otros. Y, por lo tanto, nos va la vida, como decía el anterior compañero, nos va la vida en los aeropuertos canarios y en la gestión de los mismos. Por lo tanto, no se puede, no se puede comparar Fráncfort con Canarias. Así nos va, así nos va con la señora ministra, porque, claro, cree en eso, en Fráncfort, cree más en Alemania que en España y cree más en Alemania que en Canarias.
En segundo lugar, dice la señora ministra que la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red. ¡Qué falacia! Porque esto es lo mismo que hace y dice desgranando los excelentes resultados de AENA. Miren todo lo que dijo la ministra, dice: hemos pasado de un resultado bruto de explotación de 883 millones a 1.610 millones, se ha mejorado la política comercial y hemos recortado los gastos superfluos y hemos adaptado los horarios de los aeropuertos, hemos mejorado la generación de cajas, teníamos una caja negativa de -511 millones y estamos en este momento, al cierre del 2013, con 847 millones de beneficio bruto y a día de hoy, allá, en el 2014, en más de 1.000 millones de beneficios. AENA Aeropuertos ha entrado en rentabilidad por primera vez y ha alcanzado un beneficio neto de 597 millones. Una bicoca, una bicoca para el negocio, evidentemente, el negocio del Partido Popular. Y yo me pregunto, señorías: si todo esto lo ha hecho AENA desde la gestión pública, ¿cuál es la razón para privatizarla? Si funciona tan bien, si genera beneficios, si tiene beneficios que se generan automáticamente y el propio sistema se nutre de los mismos recursos y permite tener un sistema y una red aeroportuaria, la mejor del mundo, ¿por qué privatizarla? Porque, señorías, no hay otra explicación, siempre la misma explicación en el Partido Popular: en los aeropuertos ustedes ven un negocio y nosotros vemos un servicio público. Para ustedes el servicio público no existe, existe negocio. Y AENA no precisa ser privatizada en su conjunto, señorías, ni siquiera está probado que necesite privatizaciones parciales; el repunte en la llegada de turistas y la disminución de costes apuntan a todo lo contrario.
El PP lleva dos años escudándose en la crisis para reformas ideológicas. Reformas que, como ustedes mismos dicen, han venido para quedarse y la privatización de AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, no iba a ser una excepción. Por eso es que no solo se equivocan en el fondo, pervierten las reglas del consenso constitucional, y eso es lo grave, señorías, porque una cosa es el Gobierno de España, que no pondere los intereses públicos implicados en el ejercicio de su competencia, y otra es, distinta, muy distinta, es que deliberadamente ignoren los preceptos taxativos integrados en el bloque constitucional, ignoren el Estatuto de Autonomía de Canarias, cosa que ustedes hacen un día sí y otro también. Y asistimos, como siempre, al doble rasero del Partido Popular: una cosa en la Península, una cosa en territorios donde gobierna el Partido Popular, y otra cosa donde no gobierna el Partido Popular. Canarias, que no gobierna el Partido Popular, pues, siempre, siempre, sectarismo, sectarismo y más sectarismo en todas las decisiones.
Y el compromiso, señorías, de mi partido con la Constitución y el bloque constitucional, integrado por el Estatuto de Autonomía, es firme, y siempre lo hemos demostrado. Hemos votado incluso hasta la ley de la sucesión, hemos presentado más de veintidós recursos de inconstitucionalidad a las leyes regresivas del Partido Popular, y por eso, señorías, exigiremos hasta las últimas consecuencias que se cumpla con el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias. Y, en consecuencia, si el Estado privatiza AENA, SA, y transfiere a nivel privado esa gestión, incumple el Estatuto de Autonomía y tiene obligatoriamente que transferir la gestión de los ocho aeropuertos canarios a la Comunidad Autónoma de Canarias, quiera o no quiera políticamente, pero jurídicamente está obligado, y la ley y los tribunales lo obligarán. No les quepa la menor duda, no nos valen excusas: la sentencia del Tribunal de Justicia de las comunidades europeas del 11 de enero de 2005 lo deja meridianamente claro, cuando dice que la participación del poder adjudicador de una sociedad en la que igualmente participe una empresa privada, aunque sea de forma minoritaria, que no es el caso del 49% inicialmente, excluye la posibilidad de que el poder adjudicador ejerza sobre la sociedad un poder análogo al de sus propios servicios.
Por lo tanto, señorías, la entrada de accionistas privados en el 49% de AENA es gestión indirecta -artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía, se mire por donde se mire- y, en consecuencia, esta comunidad autónoma, este Parlamento, este Gobierno de Canarias, está en su derecho, reconocido por nuestro Estatuto, está en su obligación, y debería ser la obligación de ustedes, si defendieran Canarias, de reclamar el traspaso de competencias de los ocho aeropuertos canarios a esta comunidad autónoma.
Que Canarias gestione sus aeropuertos en el supuesto de que el Gobierno de España no ejerza su gestión directa no es una concesión graciosa del Gobierno del Partido Popular, es la consecuencia de que el Estado, aun considerando nuestros aeropuertos como una infraestructura de interés general para España, procede a abandonar la gestión directa para ejercerla de forma indirecta a través de una empresa mixta de participación público-privada, de carácter institucional. Es aquí donde reside el espíritu de la operación que ha puesto en marcha el Ministerio de Fomento. Como le señalaba, para el Partido Popular los aeropuertos, y dentro de estos los ocho canarios, son un negocio, no un servicio público. Tenemos cuatro aeropuertos que forman parte de la joya de la corona y evidentemente AENA no vale lo mismo sin los ocho aeropuertos canarios. ¡Cómo va a valer lo mismo sin los ocho aeropuertos canarios! Y ustedes sacrifican las competencias de una tierra, las competencias y las necesidades de Canarias por el negocio a nivel nacional. Y esa es la tristeza que me da, que ustedes hoy aquí no defiendan los intereses generales de Canarias, no defiendan los intereses que nos van a todos los canarios en los ocho aeropuertos, y por eso les pido que reconsideren, que aquí juraron defender el Estatuto de Autonomía, y el Estatuto de Autonomía tiene el artículo 33.13, que dice que si la gestión directa no la hace el Estado se tiene que transferir a la Comunidad Autónoma de Canarias y al Gobierno de Canarias.
Yo hoy les pido que ejerzan de canarios, que ejerzan de canarios y no den más cobertura al Gobierno del Partido Popular y no den más cobertura al negocio que pretenden desde el Gobierno de España. Porque, miren, para ustedes son infraestructuras que ofrecen una rentabilidad no social, no ofrecen una rentabilidad de cohesión territorial, no ofrecen una rentabilidad económica; para nosotros, sí. Para nosotros los aeropuertos tienen y son esenciales en la cohesión territorial, son esenciales en la cohesión y en el desarrollo económico de Canarias; son esenciales para que nuestra economía, para que la pervivencia económica de Canarias a través de su industria, de su principal actividad económica, que es el turismo, siga existiendo.
Por ello no comprendemos, no comprendemos cómo, siendo un negocio para ustedes, además quieren hacerlo debidamente eligiendo a dedo a los principales accionistas, porque, señorías, no es que se vaya a privatizar a quien es el mejor postor; ¡no!, hay un núcleo duro, el núcleo duro, como siempre, se hizo en Telefónica, se hizo en Repsol... El núcleo duro se elige a dedo, a dedo. Es que el Partido Popular es muy digital, ¿no?, y, claro, los amigos del Ibex vendrán y tendrán una bicoca, la bicoca de los aeropuertos canarios a costa de los intereses de Canarias.
Es por ello, señorías, que nosotros defendemos y exigimos al Gobierno de Canarias, exigimos a todas las fuerzas políticas y presentaremos una resolución, junto con los otros grupos, y esperamos el consenso de esta Cámara, para defender, para defender que la razón nos respalda. Los argumentos jurídicos y políticos para reclamar la gestión de los ocho aeropuertos están ahí, son nuestros, están en el Estatuto de Autonomía de Canarias. No vamos a permanecer impasibles ante todos los que quieren convertir lo que es de todos en un negocio de unos pocos. Es por ello que, como decía don Román, ante ese expolio, don Román, apoye al Gobierno de Canarias, apoye... Ya lo ha dicho el señor consejero, hemos pedido, ha solicitado la comisión de transferencias, que se reúna la comisión de transferencias; y, si no se reúne, tendremos que ir a los tribunales. Y el Gobierno de Canarias tiene que ir a los tribunales con respaldo no solo del Gobierno sino de este Parlamento, para exigir al Gobierno de España que respete, por una vez, el Estatuto de Autonomía de Canarias. Un Estatuto que fue aprobado ya en el año 1982. En el año 82 ya las personas que estaban en este Parlamento, en las Cortes Generales, preveían: "si los aeropuertos canarios pudieran ser no gestionados directamente por parte del Estado, tendrán que ser transferidos a la comunidad autónoma". Han pasado más de treinta años y ahora estamos asistiendo a un expolio que pretende el Partido Popular.
Y, miren, el sábado nos desayunábamos con el Real Decreto 8/2014, de 4 de julio. Real decreto-ley, porque este es un Gobierno, el del Partido Popular, que mucha transparencia, mucha exigencia, mucha participación, pero ustedes legislan siempre por real decreto-ley. Evidentemente entrando en vigor al día siguiente, porque el negocio no permite la discusión, no permite que se oiga a las comunidades autónomas. Aquí se hace todo por decreto-ley y se aplica al día siguiente, publicado en el boletín oficial. Es su forma de actuar. Se lo digo porque después hay leyes en las que ustedes vienen aquí, "oiga, que no se nos oye, que no se nos da traslado, que no se nos permite...". No, miren, ustedes hacen mucho por decreto-ley y ahí lo hicieron el sábado, real decreto-ley.
¿Y saben de lo que se habla en el real decreto-ley? Por cierto, ese del que ustedes hablan modifica el del 2010 del Partido Socialista, lo modifican. Y les digo que lo lean. ¿Y saben en qué lo modifica? Se lo voy a leer. Miren, por primera vez... En el decreto del 2010 no se habla en ningún caso, no aparece la palabra "enajenación"; en el decreto del 2014 sí aparece la palabra "enajenación": se constituirá una comisión para la dirección del proceso de enajenación de las acciones de AENA, Sociedad Anónima. ¿Les suena? Se constituirá una comisión. ¿Quién la representa?: el secretario de Estado y una serie de personas del ministerio.
Pero es que además en este real decreto se habla de muchas cosas, y yo les digo, miren, ¿saben cuando hablan de la comunidad autónoma? Hablan de la comunidad autónoma solo en la comisión, en el Comité de Coordinación Aeroportuaria, previsto desde el 2010, que no han puesto en vigor, que no han puesto en funcionamiento y que ahora lo hacen. ¿Y saben cómo?: pues estableciendo 13 representantes mínimos, donde el Estado por supuesto tiene la mayoría. La comunidad autónoma elige 2, 2, pero, claro, la competencia y la gestión la tiene el Estado.
Pero, miren, es que además en este real decreto-ley, donde se habla y se desarrolla el Documento de Regulación Aeroportuaria, conocido por DORA, ustedes hablan ya de cosas importantes y que a mí me ponen los pelos de punta, porque, por primera vez, en una ley, ya ustedes prevén algo muy importante; dice: detallará la inversión por año de cada aeropuerto y mirará los ingresos y los beneficios de los aeropuertos correspondientes para su mantenimiento o no. Porque en el artículo 22 ustedes señalan lo siguiente: se establecerá el procedimiento mediante el cual se instrumentará, señorías, el posible cierre o venta de cualquiera de las instalaciones o infraestructuras aeroportuarias. Por primera vez en un texto legal se habla de cierre o venta de instalaciones aeroportuarias. Y, señorías, si vamos a cerrar o vender una instalación aeroportuaria, ¿ustedes ven vendiendo Gando o el Reina Sofía, que dan beneficios? No: La Palma, La Gomera, El Hierro, Tenerife Norte...; "¡Hombre!, Tenerife tiene dos aeropuertos, ¿para qué quiere dos, vendemos uno". Y ustedes hablan ya de ventas. Pero es que además dice que corresponde al secretario de Estado la autorización de la venta de los sistemas aeroportuarios si el valor es inferior a 20 millones de euros. Por lo tanto, señorías, ustedes están ya legislando, previendo. Usted me puede enseñar todo lo que quiera de periódicos, etcétera, pero los periódicos dicen una cosa y lo importante ¿saben lo que es? Porque ustedes hablan mucho en la prensa, vienen y dicen aquí muchísimas cosas, pero lo importante no es lo que dice la prensa, lo importante es esto: Boletín Oficial del Estado. Porque esto le obliga a usted y a mí, a usted y a todos los ciudadanos, ¡a todos! ¡Boletín Oficial del Estado! Y ustedes están muy acostumbrados a poner en el Boletín Oficial del Estado las cositas que a ustedes les interesan, el negocio por decreto-ley, sin discusión, en las Cortes Generales, sin oír a las comunidades autónomas, aunque tengan competencia, porque, señorías, lo importante, siempre, siempre, para ustedes nunca ha sido el servicio público. Ni en carreteras ni en hospitales... ¡En nada!, porque les recuerdo la privatización de los hospitales de Madrid, se los puedo recordar. Los tribunales se lo echaron atrás. Pero, miren, para ustedes lo importante, en aeropuertos, en carreteras, en todo, ¿saben lo que es?: el negocio. Ustedes están comprometidos con el negocio y el Partido Socialista y este Gobierno, con los servicios públicos.
El señor RUANO LEÓN: Señor presidente, señorías: buenas tardes. Señor presidente del Gobierno, señor consejero.
Realmente en la intervención de don Julio Cruz, portavoz del Grupo Socialista, me preguntaba que qué sentido tenía, en definitiva, preguntar a quien ninguna capacidad tiene de participar, promover o cambiar decisiones en el ámbito del Gobierno de España. En fin, creo que al final la validez o la presencia de una franquicia con poca capacidad de cambio, sobre todo cuando, como decía en alguna intervención que ya he tenido ocasión de hacer, se produce esa concurrencia interesada entre quienes participan de la actividad de partido, desde la dirección de un partido a nivel autonómico, y a su vez se sientan en la mesa del Consejo de Ministros y cortocircuitan cualquier tipo de relación ordinaria e institucional entre el Gobierno legítimo de Canarias, la representación de este Parlamento y la voluntad del pueblo de Canarias, que se representa aquí, en esta Cámara.
Por tanto, señor consejero, esto es lo sustancial. En la tarde de hoy el Gobierno nos presenta una comunicación en torno al modelo de gestión aeroportuaria y, en relación con ese modelo de gestión aeroportuaria, qué posición podemos sostener desde el Parlamento, órgano de representación de la voluntad popular de Canarias, para posicionarnos en el conjunto, en esa decisión que ha tomado el Gobierno de España.
Usted además, lo hace en la comunicación del Gobierno, habla del Estatuto de Autonomía de Canarias, la norma institucional básica. Veremos este asunto creo que con especial detenimiento -lo hizo ya el portavoz del Grupo Socialista-, porque creemos que esto es realmente un arma de mucho alcance, de mucho alcance desde el punto de vista jurídico y político.
Hablemos primero, por tanto, del ámbito político. Porque nosotros este asunto lo hemos tratado, desde el Grupo Nacionalista hemos requerido de usted, señor consejero, en dos ocasiones la comparecencia para hablarnos de este proceso. En primer lugar lo hicimos respecto de la política diferenciada de tasas aéreas el 27 de noviembre de 2013, también en sesión plenaria, y lo hicimos el 25 de febrero de 2014, sobre la participación privada en la gestión de los aeropuertos. Estábamos en aquel momento -me refiero ya al mes de febrero- en una situación en la cual no sabíamos realmente cuál iba a ser el alcance de la privatización que iba a realizar el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, en torno al régimen general aeroportuario y las consecuencias que iba a tener o que podía tener aquel modelo que se estaba proyectando. Inicialmente, inicialmente, iban muchísimo más allá. El planteamiento que se hizo por parte del Gobierno era la privatización del 60% de AENA Aeropuertos, la conservación del 40% en la titularidad del Estado, y en el planteamiento inicial siempre estuvo la idea de constituir un núcleo duro, como se hace en este proceso de privatización, y constituir un núcleo de acciones, en definitiva, que iban a la oferta pública de venta, en definitiva, que iban a bolsa. Ahora se emplea un eufemismo que es, ya no se dice "privatización", ahora se dice "participación privada". En fin, desde el punto de vista de lo que es una sociedad -en términos mercantiles evidentemente-, si conservas la mayoría más uno de las acciones de la sociedad, puedes utilizar el lenguaje de que se da entrada al capital privado.
Se ha hablado aquí -lo hacía el portavoz del Grupo Mixto, lo hacía el portavoz del Grupo Socialista- de en torno a cuál es el alcance de esa decisión. O sea, en definitiva, es quién toma las decisiones: si se toman, pues, porque la troika comunitaria lo impone, si se toman porque este es un modelo ideológico y social, porque representa un modo de gestionar o de dirigir las políticas públicas. Y esto es muy importante, porque, en definitiva, podríamos decir "España en venta" y, con ella, pues, por desgracia "Canarias en venta" también. Y en este marco nosotros hemos tenido siempre la misma posición. Los nacionalistas canarios hemos tenido la posición de que los aeropuertos canarios son elementos indispensables de la conectividad del archipiélago, no tienen alternativas modales y, por tanto, requieren de la gestión pública y de la participación pública de Canarias en la gestión y en la dirección de sus aeropuertos. La participación pública de la comunidad autónoma canaria en la gestión y dirección de sus aeropuertos puede y debe garantizar la competitividad de los aeropuertos, la conformación de un único sistema aeroportuario, la idea de que los ocho aeropuertos conforman un único sistema aeroportuario -y el sistema aeroportuario canario en su conjunto es rentable- puede garantizar una política de tasas diferenciada, puede garantizar las inversiones para el crecimiento de los aeropuertos y ganar competitividad como hub del tráfico aéreo que va y viene desde Europa y hacia África y además puede garantizar las correctas políticas de empleo de los trabajadores de los aeropuertos, que son indispensables dentro de unas políticas públicas que un gobierno tiene que realizar en torno a infraestructuras de interés general.
Esto, señor consejero, se lo planteábamos ya en las comparecencias de tasas aéreas de noviembre, se lo planteamos en febrero. Y le planteamos mucho más que eso, porque tenemos una enorme preocupación por la deriva que ha cobrado toda la política del transporte aéreo, y en este caso de las infraestructuras del transporte aéreo, desde la llegada del Gobierno del Partido Popular, especialmente porque no existe una política de Estado. Y hablábamos de que, por cuestiones de naturaleza privada, como la caída de Spanair, la privatización o el rescate parcial, en definitiva la entrada del capital británico en la compañía Iberia, la entrada de Iberia Express como una alternativa, una alternativa desde luego menos competitiva y de menos calidad que la que se venía prestando... La incidencia de todas esas políticas privadas sin que exista una organización pública capaz de afrontar una política tarifaria, una política de infraestructuras, una política de gestión que garantice los intereses de los canarios y las canarias. Esto es la esencia, es la esencia de nuestra decisión en torno a este asunto.
Y francamente yo ya no cuento con la bancada de este lado. Es decir, ¿para qué?, ¿para qué? ¿Para qué? ¡Si es que no pintan nada! ¡Si es que no pintan nada! Si es que no van a estar en la defensa de los intereses de Canarias. Esto es un tema relativamente sencillo, relativamente sencillo, porque siempre hemos dicho que hay una serie de asuntos en los cuales, por naturaleza, tenemos que estar con discrepancias, porque eso forma parte de la esencia de la democracia, pero hay otro conjunto de asuntos, cuatro o cinco grandes temas, que requieren que, como representantes del pueblo de Canarias, antepongamos en primer lugar los intereses del archipiélago. Y se ha tendido la mano en numerosas ocasiones en esta legislatura, que ya lleva más de tres años, en el intento, en el intento de que por lo menos en algunos asuntos podamos tener una política o una posición común. Lo hicimos incluso poniéndonos de acuerdo con un tema que es sangrante todavía, que es el tema del certificado de residencia. Recordarán que nos pusimos de acuerdo, nos pusimos de acuerdo en sacar una proposición no de ley en la cual instábamos al Gobierno. Era unánime aquella proposición no de ley. No tenía validez alguna, porque al final da igual que estén o que no estén. Lo cierto es que seguimos hoy con el certificado de residencia. Nos anuncian la puesta en marcha de un sistema de acreditación automatizado, pero no se olvide usted de llevar el papelito por si acaso, cuando llegue el momento de emitir la tarjeta, resulta que el empleado que está al frente de la ventanilla le pide el certificado. Esta es la verdad y cualquiera de ustedes, cualquier ciudadano canario o canaria, puede comprobarlo simplemente cuando viaja entre las islas.
En fin, es, por tanto, una ignorancia, un alejamiento, un distanciamiento total de lo que son nuestros intereses. Y esto es muy importante de cara también a hablar de las infraestructuras del transporte, de los aeropuertos, de qué hacemos con todas esas políticas diferenciadas que tenemos que tener. ¿Qué hacemos con la política tarifaria para que nuestro turismo o el mercado turístico pueda seguir siendo competitivo? ¿Qué hacemos para garantizar las inversiones en aquellos aeropuertos que no son rentables y probablemente nunca lo vayan a ser individualmente considerados? ¿Tenemos o no tenemos que tener aeropuerto en la isla de El Hierro o en la isla de La Gomera? Es evidente que necesitamos esos aeropuertos y es evidente también que el conjunto del sistema aeroportuario canario los sostiene y puede sostener esos aeropuertos. No podemos permitir la segregación, no podemos permitir la política diferenciada de establecer, con la entrada de capital privado, unos aeropuertos que son rentables y unos aeropuertos que no son rentables, porque las decisiones no van a ser decisiones públicas, van a ser decisiones vinculadas al interés de los inversores, de aquellos que arriesgan su capital. Y esto, señorías, para nuestro mercado, para las islas, para el archipiélago, representa algo muy importante, representa un riesgo altísimo. Representa la posibilidad de que aquellos aeropuertos de aquellas islas que no tienen el tráfico que puedan tener otros en donde operan más las compañías que traen turistas puedan verse realmente afectados en el medio y largo plazo. Y representa también que, si la única política es la política de rentabilidad en términos exclusivamente económicos, nos olvidemos de políticas de rentabilidad social, nos olvidemos del empleo de los trabajadores que están hoy trabajando para AENA y que trabajan eficazmente en el cumplimiento de su función y nos olvidemos, en definitiva, del interés de todas y todos los canarios. Esto es lo que nos estamos jugando.
Yo, señor consejero, en la comparecencia de 26 de febrero de 2014 terminaba haciéndole tres preguntas. Primera: ¿ha tenido encuentros con el Gobierno de España en que haya informado al Gobierno de Canarias de cómo va ese proceso de privatización de AENA? Segundo: ¿sabe cómo va a garantizar el Gobierno de España en ese proceso de privatización la política de tasas aéreas competitivas, las inversiones en infraestructuras, la sostenibilidad de los aeropuertos no rentables? Tercero: ¿hay alguna previsión para los archipiélagos en este proceso? ¿Hay alguna previsión para los archipiélagos en este proceso? ¿Hay alguna posibilidad de que usted acceda a Canarias por el AVE o acceda por carretera, hay alguna posibilidad? Si esto no es así, ¿qué política diferenciada ha definido el Gobierno de España en el planteamiento de lo que llaman entrada de capital privado en AENA y que antes se llamaba privatización? Porque ahora no se llama privatización, ahora se llama entrada de capital privado. Y como entrada de capital privado, lo primero que conocimos cuando se anuncia esta decisión es que pretendían la capitalización de unos 2.800 millones de euros en el conjunto del sistema aeroportuario español. Esto sí que es España en venta, porque si realmente dices que el pasado año has tenido beneficios que rondan entre 600 y 800 millones y vendes el 49% por 2.700-2.800 millones de euros, en fin, ¿quién va a hacer el negocio? ¡Alguien va a hacer un negocio! ¿Va a hacer el negocio el pueblo español, los pueblos de España? ¿Va a hacerse un negocio o va a hacerse un negocio con nuestras cosas? En este caso, con nuestros aeropuertos, también con los nuestros, porque los nuestros, deducidas las inversiones, deducidos además los impuestos, daban en el sistema aeroportuario, la conformación de los ocho aeropuertos canarios, daban, después de impuestos y amortizaciones... Es importante lo de las amortizaciones, porque hay islas que están amortizando en este momento inversiones significativas, como puede ser la isla de La Palma, con la terminal, o la isla de Fuerteventura, que, teniendo un aeropuerto rentable en términos de gestión aeroportuaria, está amortizando inversiones y todavía no computa como en positivo. Y en positivo computan, ya con mucho y separados de los demás, y, por tanto, con capacidad para sostener el conjunto del sistema, Lanzarote, Gando, en Gran Canaria, y Tenerife Sur. Y Tenerife Sur con Tenerife Norte también conforman un sistema, como defendíamos cuando hablábamos -¿se acuerdan?- de la red europea de transportes y de la necesidad de que estuvieran esas infraestructuras en el núcleo principal de la Red Transeuropea de Transportes. Y todo eso, que en aquel momento nos poníamos de acuerdo, porque, claro, había que pedirle a Europa... Cuando no se trata, cuando no se trata de pedir al Gobierno de España, a lo mejor nos podemos poner hasta de acuerdo, pero desde luego, si es al Gobierno de España, o lo hacemos nosotros solos... Y, por tanto, no nos sirve de gran cosa mirar hacia este lado de la Cámara. Desgraciadamente, porque deberíamos, podríamos y deberíamos ponernos de acuerdo en cuatro o cinco grandes asuntos para Canarias.
En fin, dicho eso, señor consejero, nosotros tenemos una gravísima preocupación por el proceso. En primer lugar, le queremos demandar que articule la respuesta en términos políticos inicialmente. Es decir, en términos políticos nosotros no podemos permitir que se rompa la idea de que un archipiélago tiene un sistema aeroportuario único. Esto es fundamental. Las islas no están sueltas, no están solas, no es Lanzarote por un lado, Tenerife por el otro, La Palma por el otro; no, forman parte de una estructura territorial, física y política, que es el archipiélago canario, y que se conforma políticamente dentro de la Constitución como una comunidad autónoma. Por tanto, no se puede permitir la división. No es lo mismo el planteamiento para un archipiélago que el que pueda tener una comunidad autónoma continental y mucho menos, y mucho menos, si, como ocurre en determinados aeropuertos de determinadas zonas del territorio peninsular, especialmente las dos Castillas, hay aeropuertos de rentabilidad más que dudosa.
Pero, en fin, no queremos entrar en eso. Lo que queremos, en primer lugar, es que, ya que ellos, ya que han definido desde el Gobierno de España un Documento de Ordenación y Regulación Aeroportuaria, llamado DORA, pues, que conformen un tratamiento específico para Canarias, y el tratamiento requiere el control público y la participación pública de las instituciones canarias, de la comunidad autónoma canaria, en la gestión de sus aeropuertos, y con ello garantizaríamos, como hemos dicho, la política tarifaria, las inversiones en infraestructuras y las garantías de los puestos de trabajo, que son fundamentales para que los aeropuertos sigan funcionando competitivamente y para que sigan garantizando la cohesión territorial y social de Canarias. Por tanto, esta es cuestión previa.
No sé si ya está agotado este nivel, no lo sé. Estamos acostumbrados a que se nos convoca, se nos engaña... Esta mañana hablaba el consejero de Economía, Hacienda y Seguridad acerca de la financiación autonómica: se había tomado un acuerdo en la Conferencia de Presidentes hace dos años de que se iba a iniciar la revisión del modelo; se dice una cosa, se cambia. Unilateralmente se decide que se cambie la política impositiva, no sabemos qué consecuencias va a tener en los servicios públicos de las comunidades autónomas; nosotros seguimos estando a 800 millones de euros respecto de la media del Estado. En fin, tantas y tantas cosas que nos alejan, que nos deterioran la confianza, que rompen el vínculo, que cada vez nos distancian más. Por no hablar de ese gravísimo problema, de esa decisión unilateral flagrante y casi deshonrosa, que es el tema de la decisión unilateral sobre las prospecciones en aguas próximas a nuestro archipiélago, ignorando por completo el pronunciamiento de todas las instituciones públicas de Canarias, empezando por este Parlamento y las propias manifestaciones de la ciudadanía.
Por tanto, estamos en un momento complicado en términos políticos, pero nosotros -lo he dicho muchísimas veces- tenemos una responsabilidad. La responsabilidad primera es con quienes nos han elegido, con quienes nos pusieron aquí para defender sus intereses y, frente a ellos, tenemos que decir que lo vamos a intentar, y lo vamos a intentar, señor consejero, y quisiera pedirle desde el Grupo Nacionalista que lo siga intentando en términos políticos y de acuerdo para que Canarias tenga un tratamiento diferenciado, una gestión pública de sus aeropuertos. Y respecto de eso, y respecto de eso, ponga usted en la mesa para hablar el Estatuto de Autonomía de Canarias, tenga usted en la mesa para hablar el Estatuto de Autonomía de Canarias, y entonces, señor consejero, si el acuerdo no es un acuerdo político en términos razonables, en términos de lealtad institucional, en términos de reconocimiento de una realidad singular como es la de un archipiélago lejano, si eso no se produce, active usted todos los mecanismos jurídicos. Pero les digo esto, ¿eh?, les digo esto: quien les habla tiene como profesión el derecho -en fin, en este momento en la situación que todos conocen- y yo no confío en que los temas se resuelvan todos en la vía jurídica. Cuando son temas políticos, cuando son temas que afectan a nuestro hecho diferencial, atentos, atentos, a las decisiones que se toman desde el centro, porque son decisiones que nos alejan, son decisiones que nos distancian, son decisiones que pueden provocar rupturas que no queremos. Nosotros esperamos y siempre apelamos a la responsabilidad, y ahora apelemos, ahora sí, a la responsabilidad de esta bancada.
Señor Ruano, no necesito que usted me pida responsabilidad: desde que tengo uso de razón tengo la máxima responsabilidad y coherencia en todas mis manifestaciones y hechos, y lo demuestro con datos, cuando usted quiera. Por lo tanto, guárdese ese consejo que no lo necesito yo como representante del pueblo. Cuando quieras te lo demuestro personalmente también, cuando quieras, en todos los actos y en todas mis decisiones, durante mi prolífera vida social y política.
Señorías, el pasado 13 de junio de 2014 el Gobierno del Estado -Popular- se ha limitado a dar el visto bueno a la puesta en marcha del proceso de entrada de capital privado en AENA Aeropuertos, SA, con la autorización legal, señor Cruz, con la autorización legal del Real Decreto 13/2010, del Partido Socialista, en el poder entonces, que fue quien desarrolló el decreto. Y esto se basa en dos aspectos fundamentales: primero, la separación del tráfico aéreo y la gestión aeroportuaria, y no mezclemos las dos cosas, no. La garantía, el servicio, la navegación aérea está cien por cien en manos públicas del Estado, cien por cien. Díganlo, ustedes no lo dicen porque no les interesa. Es que lo que les interesa a ustedes, lo que dice precisamente el señor Cruz es el dinero, la explotación comercial de los aeropuertos, que es otra cosa completamente distinta. Ahí es donde quieren entrar. Dar entrada a una parte del capital privado en las sociedades de gestión de los aeropuertos, que no tiene nada que ver con la navegación aérea, que eso es cien por cien del Estado, cien por cien. AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea queda bajo el control estricto, público, del Gobierno central; las decisiones relativas a tasas, inversiones y asignación de franjas horarias para las operaciones de aerolíneas, seguridad y navegación aérea. Esto es.
La Constitución, efectivamente, en el artículo 149.1.20.ª, reserva al Estado la competencia exclusiva sobre aeropuertos de interés general, en el real decreto de 1981, y ahí, y ahí, abarca 46 aeropuertos y 2 helipuertos. Por supuesto están en esos aeropuertos los ocho aeropuertos canarios, de interés general del Estado, ¡los ocho!, incluida La Gomera e incluido El Hierro, los ocho. Pues algo quiere decir el interés general, que no permite la división de estos, como usted acaba de señalar, señor Ruano, "que nos dejan separados, que nos quitan". No, no lo permite la declaración de interés general.
Es evidente que lo que concierne a la gestión de la navegación aérea y su coordinación nacional e internacional sigue bajo el control del Estado, o sea, por AENA.
Se crea la sociedad AENA Aeropuertos, con capital 100% de titularidad estatal, con las funciones y obligaciones en materia de gestión y explotación de los servicios aeroportuarios. Por cierto, en el real decreto, por el Gobierno socialista, real decreto-ley... -ustedes han hecho el real decreto-ley, no el Partido Popular, ustedes, Partido Socialista, 13 de 2010, de 3 de diciembre-; el mismo Gobierno socialista, en junio de 2011 -el mismo Gobierno socialista-, autoriza la aportación de bienes patrimoniales a la nueva sociedad AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima. El Gobierno socialista, en el 2011.
Por otro lado, es cierto que el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía de Canarias asume como competencias de ejecución -de ejecución- de los aeropuertos de interés general cuando el Estado no se reserve la gestión directa de los mismos, que no es el caso, que no es el caso. Quien manda tanto en una compañía como en la otra es el Gobierno de Estado, tanto en un caso como en el otro. Quien manda y quien decide, una con el 100% y otra con el 51%, es el Estado. Por lo tanto, cuestión zanjada. Vayan a los tribunales si no lo creen así y sigan perdiendo pleitos en el Tribunal Supremo, que no ganan ni uno. Exactamente igual, miren ustedes.
Estos mismos que dicen "a Canarias nos desplazan, esto es un agravio comparativo contra Canarias", es exactamente igual este artículo del Estatuto que en Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Valencia, País Vasco, La Rioja y Baleares. No es Canarias: ¡todas las comunidades autónomas! Solamente han quedado fuera Galicia, La Rioja y Murcia, y Cataluña solamente previó en su Estatuto que cuando se declarasen aeropuertos de interés general se consultase con la Generalitat, y punto. Eso es lo que hay. Todo lo demás que se diga de victimismo sobra aquí. Hablemos con datos.
El Gobierno, el 13 de junio de 2014 -Gobierno-, acuerda desarrollar el real decreto, el 13 de junio pasado, del 2010, del Gobierno socialista, y justamente es mantener en manos públicas -del Gobierno- la mayoría del capital social, o sea, el 51%. Primera cuestión, primera cuestión. El 49% de AENA Aeropuertos, SA, será cubierto por capital privado; una parte, el 28%, en bolsa, que puede concurrir quien quiera, cualquiera, quien quiera comprar acciones en bolsa, y otra, seleccionado, una serie de 4, 5 o 6 compañías especializadas en la gestión internacional de aeropuertos. Porque lo que se quiere es gestión, éxito, negocio y prosperidad para una AENA que es modelo en el mundo, es modelo en el mundo.
Este tipo de sociedades de economía mixta para la gestión de servicios públicos se debe configurar como colaboración público-privada, que es la CPP, regulada por la propia Comunidad Económica Europea. Precisamente por eso se hace esta figura, ¡por eso se hace esta figura! De tal forma que compete -ya lo dijo el señor consejero- a los Estados miembros de la Comunidad Económica Europea y no está sometida a normas sobre contratación pública. Que permite una gran flexibilidad de funcionamiento, porque, si no, no tiene razón de ser, tiene precisamente para crear esa flexibilidad, porque lo que no puede nadie frenar es que AENA... Perdón, exactamente, persigue una gran funcionalidad operativa.
Aquí ya se ha dicho que AENA en los últimos años ha sido rentable. ¡Ha tenido pérdidas lo que es AENA y su explotación! Una mala gestión, un problema de gestión. En los últimos años ha tenido una facturación de 1.600 millones frente a 830 millones de euros que tenía anteriormente. Por lo tanto, aquí hay una gestión. ¿Cómo se ha hecho la gestión? Miren ustedes, yo he visto, yo he estado últimamente en la T2 de Madrid, por ejemplo, y me encuentro con que todo lo que antes era un abandono total, lleno de nuevas tiendas de gestión; el aeropuerto del Norte, ahí está; el desarrollo también en el aeropuerto de Gran Canaria, ahí está. Claro, en el aeropuerto de El Hierro no hay, ni en La Gomera, porque no hay actividad pública para hacerlo, no hay, esa parte de gestión, pero está allí. Eso se está haciendo, y con eso se retuvieron los 800 millones de ganancias en estos momentos, y lo que se quiere ahora es pasar a la fase internacional. AENA incluso tenía un forro acumulado de 12.500 euros de pérdidas acumuladas, que hay que pagar y que hay que amortizar, que tenemos que ir pagando. Hay que buscar rentabilidad. Claro, esa mala gestión que se hizo en ese tiempo, en los años pasados, hay que recuperarlo ahora. Menos mal que tenemos un gobierno liberal, liberal, que estas políticas las hace efectivas y productivas, señor Román.
AENA no es solamente una compañía que gestiona servicios públicos a España, lo está haciendo en 27 países de todo el mundo. Los países están llamando continuamente a AENA para que les vaya a hacer los servicios aeroportuarios, por lo bien que lo está haciendo. Y esto es lo que quiere hacer, este potenciar precisamente es lo que quiere hacer para dinamizar lo que es la implantación en el resto del mundo, como lo está haciendo Alemania, como lo está haciendo Francia, y tenemos que ir por delante y rápido antes que las cojan ellos precisamente esas zonas de comercio, que es en beneficio de todos, y sobre todo de los trabajadores, sobre todo de los trabajadores. Los trabajadores no se defienden con palabras bonitas: ¡con empleo, con prosperidad, con creación de riqueza!, ¡todos los trabajadores, los de AENA y los de toda España!, todos los trabajadores. No se subvenciona ni se arregla con subvenciones. ¡No!, eso no lo queremos. Eso son los Estados estatistas, los que lo hacen así y así están en la miseria.
Existe, como estaba diciendo, una dinámica de internacionalización que está aprovechando y que la quiere aprovechar. La fórmula desarrollada por el Gobierno del Partido Popular no discrimina en absoluto a la comunidad autónoma. ¿Dónde, en qué, en este proceso que ha hecho el Partido Socialista, que desarrolla el Partido Popular, está discriminada la Comunidad Autónoma de Canarias? ¿Dónde? Díganmelo, díganme dónde está discriminada. Pero no se diga que está discriminada cuando no lo está. Díganme un solo gesto de discriminación y entonces entraremos en el debate.
En el proyecto del Partido Socialista, en el 2008 -proyecto, antes del decreto-, se proponía la entrada de capital privado del 30%. Pero ahí sí fueron discriminatorios, el Partido Socialista, y Coalición Canaria poco más o menos que dándose a querer... (Comentarios desde los escaños). No, yo sé que no, yo tampoco, ni el PP tampoco, ni el PP tampoco apoyaba eso. Y solamente daba participación a Cataluña y a Madrid. Eso sí es discriminar, socialistas, ¡eso sí es discriminar! Y después, cuando protestaron los de Baleares, "bueno, ya..."; Zapatero, "pues, mi primer problema es Cataluña, me los quito de en medio". Así lo ha hecho con Cataluña, así tenemos el follón que tenemos con Cataluña, por esas políticas que se hicieron, y también lo quería hacer con los aeropuertos. Y por fin dice que entra también Baleares.
Y aquí viene entonces una reacción lógica, una reacción lógica. Reacciones, algunas de ellas muy duras, por qué vamos a negarlo. Es una maravilla que hoy todo el mundo es feliz, todo el mundo quiere que entre la comunidad autónoma por todos lados. Aquí yo a usted no lo he visto hablar de cabildos ni de ayuntamientos, al señor Román sí. Y entonces viene el presidente del Cabildo de Gran Canaria y lanza, y lanza aquello de que, cuando la comunidad autónoma, ATI, quería también participar, dice el señor presidente del Cabildo de Gran Canaria: ¿que ATI en los aeropuertos?, ¡ni hablar!, pero ni hablar del peluquín; ni hablar!, porque al Gobierno de Canarias, regional, siempre le ha importado un bledo el aeropuerto de Gando. Esto decía el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Y también decía -todavía más grave-, decía: no voy a permitir ni que Soria -no dice el Partido Popular, sino que Soria, fíjate si da categoría, y sigue con Soria; ¿no?, claro, aquí Soria es la clave- ni ATI meta sus zarpas en los aeropuertos canarios, pues tienen que dármelos a mí, a los cabildos, que yo soy el que sé gobernar, porque yo estoy en el cabildo y, como yo estoy en el cabildo, soy el que sé gobernar. Ahora estoy en el Gobierno, el cabildo no sirve y yo soy el que sé gobernar en el Gobierno, yo soy el que sé hacerlo. Y lo primero que tiene uno que gobernar es su propia casa, eso es lo primero que tiene que gobernar, que precisamente no se está predicando con el ejemplo.
Y esto es lo que se publicó entonces, esto es lo que se publicó entonces. ¿Se acuerdan de aquello que aceptaba los aeropuertos para la comunidad autónoma, de ATI, con los ojos cerrados? Pues parecido a esto. El presidente del cabildo de entonces; bueno, el señor Pérez era presidente del cabildo, que todo el mundo lo sabe, ¿no?, no va a negarlo, que todo el mundo lo sabe, ¿no? Esto es como se hacen las políticas.
Claro, claro, aquí ha ocurrido, ha ocurrido no solamente con el PSOE sino con la propia ATI, los grandes dirigentes de ATI, cuando estaban en los ayuntamientos: aquí ayuntamiento es quien tiene todas las competencias porque es quien se enfrenta al pueblo. Pasó al Cabildo después de Tenerife: el cabildo es quien tiene que gobernar, porque desde el ayuntamiento no se enteran y el Gobierno no lo quiere ver. Y después pasa al Gobierno: fuera cabildos, fuera ayuntamientos, aquí quien manda soy yo. Eso es ATI, Coalición Canaria, altos dirigentes, que por respeto no quiero dar el nombre, pero eso es así, y publicado además.
Miren ustedes, ¿ustedes se imaginan, ustedes se imaginan lo que aquí se propone? ¿Pero es que han pensado -y se lo digo a los trabajadores- lo que aquí se propone, que es que la comunidad autónoma gestione completamente, de Canarias, cada aeropuerto? ¿Y las otras comunidades autónomas por qué no? ¿Es que las otras son más bobas? ¿Las otras por qué no? Entonces que cada comunidad autónoma gestione sus aeropuertos en su comunidad autónoma. ¡Y qué felicidad, qué felicidad, cómo tendríamos a España, con cada aeropuerto gestionado por su propia comunidad autónoma, cuando haya que coordinar todo en España, políticas de cara a los compromisos internacionales, de cara a lo que son los tráficos aéreos, al debate general, de cara a que...? ¿Ustedes se imaginan?
Otra cosa. Miren, miren, le voy a poner cuatro ejemplos, señor economista, le voy a poner cuatro, y usted ya se los pudo haber imaginado. Por ejemplo, que sea solamente la comunidad autónoma quien los gestione. Disparate total y absoluto, eso no se lo cree ni quien lo inventó. Otra fórmula, que sea la comunidad autónoma en cada comunidad autónoma con el Estado, una compañía mixta en cada diferente. Peor todavía. O damos entrada a la privada y decimos: Estado más comunidad autónoma más privado, en cada comunidad autónoma. O hacemos otra fórmula, para las que quieran: todas las comunidades autónomas de España hacen una sociedad que gestiona. ¡Y después las piñas entre ellos!: "yo quiero bajar las tasas, yo quiero subir lo otro, yo quiero poner esta tienda, tú no tienes derecho a lo otro...". ¡Imposible, inviable! Hay que ser racional en lo que es la economía y cómo funciona a nivel internacional para hacer planteamientos serios. Hay que pensar en eso y no con utopías, como se está pensando en estos momentos, de cara a la galería.
Mire, señor Román, yo pensaba no decir ahora algunas cosas, porque usted ha hecho un debate cien por cien ideológico. ¿Usted quiere que entremos en el debate ideológico, de liberalismo y de estatismo? Mire usted, váyase a Corea del Sur y después váyase a vivir a Corea del Norte. Mire usted, gracias a los liberales alemanes, de occidente, salvaron a los que llevaban cuarenta años en la más absoluta miseria, y todos eran alemanes: en uno había liberalismo, en otro había estatismo. O, si no, váyase y siga usted predicando, porque podemos, podemos predicar donde queramos, y predique en Venezuela lo que va a ser, va a ser la paranoia, o sea, lo que es el éxito de toda América Latina y lo que era el país más rico de Hispanoamérica es hoy el país más pobre de Hispanoamérica, porque no tienen ni papel higiénico ni tienen leche ni tienen harina de pan ni tienen tomates y tienen que pedir por favor y hacer cola. Esto es lo que es el estatismo.
Y no me diga usted de la banca, porque lo que usted quiere traer aquí sigue la fórmula de la banca y dice, no, no, el Estado, resulta que la banca fracasa y con dinero, con dinero de todos los españoles, la rescatamos, a la banca privada. ¡No!, la banca no ha fracasado, porque es la banca pública y liberal; la que fracasó fueron las cajas de ahorro, gestionadas por los ayuntamientos, cabildos y comunidades autónomas, que las llevaron al fracaso. Eso no es liberalismo, eso sí es gastar, la mala gestión pública con el dinero de los impuestos de todos los españoles, la mala gestión pública de esa banca, que son cajas, no la banca, señor.
Y en lo que son las autopistas de peaje, ¿quién hizo la inversión, la hizo el Estado y luego...? No, las hicieron con dinero privado, de cientos de miles y millones quizás, y millones de españoles, que pusieron sus cientos privados. Claro, y gracias a eso tiene España una gran red de autopistas, que, si no, no tendría sino la autopista Barajas-Madrid. De resto, ni lo tendría, con dinero del Estado.
Mire, está claro... que usted no me vendrá a poner aquí, a AENA, el modelo de la banca, de que la comunidad autónoma, el ayuntamiento, el cabildo, los sindicatos, los empresarios, gobiernen AENA. Eso es lo que usted querrá, ¡eso es lo que usted dice! Eso es lo que usted ha dicho públicamente en la prensa. Menos mal que nosotros no le hacemos caso y seguimos adelante, como es la rentabilidad y la eficacia de un Gobierno, que estábamos en la miseria y estamos resurgiendo de esa miseria que dejaron precisamente los que pensaban como usted, los que pensaban como usted.
Por lo tanto, señor Román, cuando hablamos de privatizaciones, gracias a que un gobierno de derechas privatizó Trasmediterránea. ¿Sabe usted que los precios de entonces eran mucho más caros que ahora, y estamos hablando de 1900, mucho más caros? ¿Sabe que después de que se liberalizaron se mejoró el servicio, se bajaron los precios? ¿Y Telefónica?: Telefónica, si no se hubiera privatizado, Telefónica hoy ni existiría. Estaríamos comidos por las internacionales de telecomunicaciones. Gracias a esa liberalización, señor Román, hay que decirlo todo. Estamos hablando ideológicamente, señor Román, estamos hablando ideológicamente cuando hablamos de liberalismo, de neoliberalismo, que es lo que ha desarrollado el mundo hoy. Donde no hay liberalismo... Los otros que estaban atrás, como China, que se estaba muriendo de hambre pero con carretillas, hoy es uno de los países de mayor crecimiento del mundo, con más del 10%. Gracias a que dijeron, "oigan, si no empleamos aquí liberalismo, nos morimos de hambre". Esa es la realidad, y hoy tienen de qué comer todos los chinos. Gracias al liberalismo. No, todos no, todavía no les ha llegado a todos, pero a la gran mayoría, y los demás tienen opción de llegar a eso también. Hablemos de todo cuando hablamos de ideología, señor Román. Por lo tanto, esta cuestión hay que hablarla en todos sus términos.
Yo aquí tenía una parte que no creo que la haya traspapelado, y la voy a leer, todavía me da tiempo. ¿Tengo dos minutos, señor presidente? (Gesto afirmativo del señor presidente). Entonces me da tiempo. Mire, la separación de las actividades de navegación aérea de la gestión aeroportuaria, la creación de una nueva sociedad cuyo capital será cien por cien de AENA y que gestionará los aeropuertos, dar entrada al sector privado en dicha sociedad hasta una participación equis, privado, mantenimiento del funcionamiento en red de aeropuertos, muy importante esto, muy importante que se haga todo esto.
La participación de las comunidades autónomas en la gestión de los aeropuertos con un volumen de tráfico de pasajeros de 30 millones de personas al año también es muy importante. Esto es muy importante. El Estado mantendrá, en todo caso, la mayoría de los órganos de gestión de las sociedades que articulan el nuevo modelo.
Los objetivos que persigue el Gobierno de España con este nuevo modelo, señorías, son garantizar la seguridad, la calidad de los servicios aeroportuarios, maximizar la calidad de las instalaciones, para garantizar la conectividad del territorio y la movilidad de los ciudadanos, garantizar la autonomía financiera del sistema aeroportuario y avanzar en la consecución del cielo único europeo, adaptándonos a la nueva directiva comunitaria, por lo que no podíamos permitir... Porque esto es lo que se dijo pero omití la primera parte del párrafo, donde dice: efectivamente, señorías, es el Gobierno de Zapatero quien hace el planteamiento serio y real de esta economía, dicho en esta tribuna por don Julio Cruz (mientras muestra a la Cámara un documento). Hoy aquí es el más forofo defensor de pasar todas las competencias a la comunidad autónoma, porque él está gobernando. Pero si no le va a durar mucho, si ustedes van a estar un año más si acaso, si llegan. Señor Cruz, gobierne para el futuro. Por eso hablo yo de coherencia y no darme consejos donde no los necesito. Hable para el futuro, no para cuando yo esté gobernando u otros, como usted también, que gobernamos cuando estamos en los cabildos y el Gobierno gobierna de otra manera distinta, con otra filosofía.
Por esta filosofía y estos cambios, sin tener claro lo que conviene a Canarias... (Se produce un corte en la grabación.) su credibilidad dentro del mensaje que quiere dar a los que le quieren escuchar está más que explicado. Ustedes siempre predican lo que no pueden dar, lo que los demás quieren oír, y después nos llevan a todos a los que nos han llevado ustedes cada vez que han gobernado en España, tanto en la época socialista de Zapatero como en la época socialista de Felipe González. Siempre, pero no solamente en España, en Francia no los quieren ni ver ya, ni siquiera el nuevo Gobierno, y si hablamos de Alemania y del resto de los países, los socialismos... Incluso de Suecia, que es la cuna del socialismo. Por lo tanto, cambien de filosofía, aprovechen ahora los cambios políticos que están en marcha para ver si ustedes remontan, porque, si no, todos los que podemos haremos lo posible para que ustedes no estén.
Muchas gracias. Habrá segunda parte, señorías, habrá segunda parte.
El señor PRESIDENTE: Señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel.
No me queda más remedio que esperar aquí a la segunda parte, porque hoy no tengo quien me sustituya.
Bien. Se ha hablado aquí de distintas opiniones, pero aquí la cuestión... Voy a empezar por contestar una de las últimas preguntas que el representante del Partido Popular, don Manuel Fernández, formuló. Dice: "¿y otras comunidades por qué no?": porque tienen la mayoría de los aeropuertos cerrados, los abren media hora al día y tienen más que suficiente, pero nosotros los tenemos que tener las veinticuatro horas del día abiertos, los aeropuertos, porque realmente a Andalucía, a cualquier sitio, se puede ir en tren, en patineta, en bicicleta, como se quiera, pero nosotros tenemos que usar los aeropuertos. Los aeropuertos para Canarias son estratégicos. Eso lo hemos tratado de explicar muchísimo al Gobierno central. Hemos intentado negociar por activa y por pasiva, el presidente y yo mismo lo hemos planteado muchísimas veces, y hemos planteado alternativas a esta privatización. Hemos dicho: hombre, vamos a arbitrar un sistema de cogestión del modo y manera en el que se hace, por ejemplo, en las autoridades portuarias, también de suma trascendencia estratégica también para Canarias, donde está el Estado, están las instituciones canarias, está la representación de los usuarios, la representación económica y social de las islas, y funciona perfectamente, se adoptan decisiones; y Puertos del Estado funciona también en red, no pasa absolutamente nada.
El problema aquí es que, bueno, efectivamente, hay un asunto, una cuestión ideológica, el liberalismo, pero hay, junto con esa cuestión ideológica del liberalismo, hay otra cuestión que juntas las dos son terribles, que es el centralismo. Y el liberalismo con el centralismo, las dos cosas, ese binomio nos está haciendo mucho daño a Canarias, ¡mucho daño! El liberalismo porque los esfuerzos que se hayan hecho y los activos que tenga en Canarias se pueden poner en venta. Con un liberalismo entendido muy sui géneris, porque el liberalismo lógico es emprender, arriesgar, ganar o perder, eso está bien, pero este liberalismo es todo lo contrario; es que con el esfuerzo acumulado de todos se ponga ahora, de forma limpita, una vez, efectivamente, que la entidad AENA, pues, reduciendo costes, fundamentalmente reduciendo inversiones, reduciendo costes de personal, etcétera, etcétera, cambie la tendencia en su cuenta de resultados, entonces poner lo bueno, poner, el corazón ponerlo, regalarlo a otro, que lo pagará perfectamente con los rendimientos que dé toda esa acumulación de infraestructuras que durante muchísimos años hemos pagado entre todos a través de las tasas aeroportuarias en Canarias y a través de nuestra principal actividad, nuestra principal industria, que es el turismo. Porque los aeropuertos canarios -y aquí se ha dicho- han sido pagados con recursos canarios, con dinero generado desde el primer euro y desde la primera peseta antes hasta la última, y son estratégicos para Canarias. Esa es la diferencia con el resto de los aeropuertos del Estado. Por eso posiblemente, aunque efectivamente es cierto que hay varios estatutos de autonomía, y sobre todo los de segunda generación, que tienen la misma atribución competencial, que permiten que las comunidades autónomas puedan ejercer la competencia, porque se trata de una gestión indirecta la que ha adoptado el Estado, y de eso no hay ninguna duda, pues, la reacción en principio es desigual. Muy, vamos, muy laxos tendríamos que ser nosotros, por no decir otra cosa, si nuestra reacción se equipara a una que pueda tener, pues, no sé, Burgos o cualquier otra por ahí.
Es decir, a nosotros aquí nos va nuestro bienestar, nos va nuestro futuro, y no podemos permitir que una decisión unilateral, sin siquiera haber sido tratada en una conferencia sectorial, que es una institución obligada, lo dice el bloque de la constitucionalidad. Es obligado que en las decisiones que afectan a las comunidades autónomas se reúnan las conferencias sectoriales y por lo menos se discutan ahí. Pero en un caso como este tenía que ser una decisión tomada después de una negociación bilateral, porque Canarias tiene, insisto, una peculiaridad importantísima en esta cuestión de los aeropuertos.
¿Y por qué se privatizan los aeropuertos? Es grotesco eso de decir que es porque se van a gestionar mejor; es decir, "¿porque se van a gestionar mejor" quiere decir que porque entra en una sociedad gestora capital privado y, por tanto, administradores privados la toma de decisión va a ser mejor y, como va a ser mejor, se va a gestionar mejor? Y al mismo tiempo decir: "pero el Estado mantiene la gestión directa". Pero ¿de quién es la gestión?, ¿de la empresa y de esos empresarios que entran y, por tanto, aportan su ciencia en modo de euros y hacen que se produzca una mejor gestión? ¿Sigue siendo esa la gestión directa al mismo tiempo? ¿Cómo se puede defender eso?, ¿cómo se puede eso defender?
Pero, vamos a ver, el Ministerio de Fomento justifica la privatización de los aeropuertos en cuestiones tan genéricas, faltas de motivación, de razonamiento, tan poco creíbles como las siguientes -está colgado en la página web-. Dice: "los principales gestores aeroportuarios en todo el mundo han dado entrada a capital privado". Buen razonamiento: "como todo el mundo lo hace, resulta que yo tengo que hacerlo". Mis circunstancias no importan; lo que importa es que lo hacen en todo el mundo. La gran inteligencia dice, "oh, pues, lo hacen los demás -por qué será-, yo también lo tengo que hacer".
"La presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red". Hay que tener imaginación. Porque la segunda es ¿y por qué?, ¿por qué la presencia de inversores privados fortalecerá la gestión de la compañía, garantizando la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red? ¿Es que si no entran esos inversores privados no se puede garantizar la sostenibilidad futura del sistema aeroportuario español en red? ¡Increíble!
"La mayor eficiencia de AENA será un estímulo para el sector del transporte aéreo en España y los sectores estratégicos vinculados, como el turismo y el comercio". Lo que realmente hace que el turismo y el comercio sean cada vez más competitivos, en este y en cualquier país, es que sus costes sean los menores posibles y, como los costes están vinculados a los aeropuertos, pues, lo razonable es que no se repartan beneficios en los aeropuertos para que los costes puedan ser menores. Y, por tanto, nada aporta el capital privado a ese objetivo de que el turismo y el comercio sean más competitivos.
"El desarrollo internacional de la compañía es una tendencia general en todos los grandes gestores aeroportuarios, ello favorece la internacionalización de las empresas españolas". Y digo yo: ¿qué le importa a una empresa española para irse al extranjero si el aeropuerto se ha privatizado o si sigue siendo público?, ¿qué tiene que ver eso con la internacionalización de las empresas españolas?, ¿o es que le van a vender parte de los aeropuertos a capital internacional? Pero entonces eso no es la internacionalización de la empresa española, eso es la españolización de las empresas internacionales, como ha pasado y como está pasando con Repsol y con todas las grandes empresas, que vampirizan allá en el mundo donde pueden.
Pero la última perla en esta cuestión es precisamente la segunda fase que denunciaban, de una forma rápida, eficiente, de tracto muy sucesivo y rápido, acaban de hacer, que es, efectivamente, la promulgación del Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de las medidas urgentes para el crecimiento, competitividad y la eficacia. Título que ya revela el contenido que tiene ese decreto-ley.
Empiezan ya diciendo, ya aquí, ya aquí el Estado se tienta y dice: "nosotros vamos a seguir haciendo la gestión directa". Pero como esto pasó, seguramente, efectivamente, de verdad, por algún abogado del Estado, aquí ya se tientan la ropa y dicen: "Dicha gestión directa comprende al menos la regulación y supervisión en relación con los servicios aeroportuarios esenciales para la ordenación del tránsito y el transporte aéreo, la fijación de los servicios mínimos en caso de huelga, la elaboración, aprobación y seguimiento de los planes directores, la regulación, aprobación y supervisión del Documento, el ejercicio de la potestad sancionadora. Cualquier otra que atribuya la legislación vigente". Pero no se atreven ya a decir que AENA Aeropuertos, Sociedad Anónima, constituye una gestión directa. Eso ya sí que no se atreve a decirlo el Estado, porque no lo es. No lo es, y a ello me referiré brevemente luego. Porque eso es tremendamente trascendente. Esa es nuestra posición, es trascendente. Y nosotros aquí un balón puesto en el punto de penalti comprenderán que no lo vamos a dejar pasar. Vamos a ejercer todas aquellas competencias que tengamos posibilidad de ejercer y que se nos pongan de forma tan clara, tan clara, en ese punto de penalti.
Dice ese decreto: "las comunidades autónomas podrán participar en la gestión de los aeropuertos de interés general en la forma que establezca la legislación del Estado". Si hay verdadero interés en resolver este problema con Canarias, pues, ya tendrían que estar sacando una ley. Vamos a tratar de negociarlo, vamos a seguir insistiendo en la negociación, señor Ruano, vamos a negociar hasta la saciedad, vamos a ver si podemos abducir a la parte negociadora del Gobierno central para que por fin saquen una ley que nos dé una peculiaridad que necesitamos en los aeropuertos en Canarias. Pero yo dudo mucho porque a continuación dice el párrafo: "y en particular a través de los comités de coordinación aeroportuaria". Si lo que el Estado está pensando es que con la parte de participación que les va a dar a las comunidades autónomas, y en este caso a la comunidad autónoma canaria, se colman las necesidades y los intereses de las comunidades autónomas con el comité de coordinación aeroportuaria, arreglados vamos, porque eso simplemente, señorías, no sirve para nada. Eso es una cuestión simplemente de mera consulta para determinadas cuestiones, la mayoría intrascendentes.
Claro que el Estado se reserva la navegación aérea. Eso no lo hemos discutido, es que eso es una competencia indelegable por parte del Estado, la seguridad en la navegación aérea. Todo lo que tiene que ver con navegación aérea nadie lo ha solicitado. Por eso ya el propio Estado, cuando autoriza a AENA, al ente público AENA Aeropuertos y Navegación Aérea, divide ya la actividad. Navegación aérea se queda en un ente público 100% del Estado, porque no puede ser mixta ninguna sociedad de esta naturaleza, porque supone ejercicio de autoridad, ejercicio de potestades, que no puede, que son indelegables, y lo que trata de privatizar, lo que está privatizando, es la gestión aeroportuaria, los servicios del aeropuerto, las terminales, todo lo que tiene que ver con lo que es el aeropuerto en sí, que influye, pues, en las tasas, en las tarifas. Toda esa cuestión. No la meteorología ni no las torres de control, donde se autoriza un plan de vuelo o no. Esas cosas no se trata de la gestión que se está privatizando.
Pero aquí la perla más peligrosa, la gorda, la que hay aquí, la que se nos puede atragantar, por ejemplo el artículo 20, "Competencias, deber de colaboración y financiación", dice: "Corresponde al Consejo de Ministros aprobar el Documento de Regulación Aeroportuaria -DORA-, así como autorizar la enajenación o cierre de las infraestructuras e instalaciones aeroportuarias de la red de aeropuertos de interés general por valor igual o superior a 20 millones de euros". Es decir, si es más de 20 millones de euros lo que vale el aeropuerto, el Estado puede enajenarlo o cerrarlo; y si es de menos de 20 millones, ya es que la autoridad se la da al secretario de Estado. Es decir, que ya por ley, si este decreto-ley finalmente se convierte en una ley, como es previsible por cuestiones aritméticas, pues, resulta que en cualquier momento cualquier aeropuerto simplemente puede... Es más, algunos aeropuertos de aquí a lo mejor hasta el secretario de Estado puede determinar su cierre. Y eso es una cuestión que es que, real decreto va, real decreto viene, pues, cuando nos demos cuenta, no pintamos nada en ninguna actividad estratégica en Canarias, en nuestra tierra. ¿Y saben por qué no pintamos nada? No pintamos nada porque cuando vamos a negociar algo tenemos la desgracia de que no tenemos posiciones claras, concretas, fuertes, defendiendo institucionalmente a nuestra comunidad autónoma. Cuando existe colaboracionismo, es imposible poder negociar con fuerza la posición de una comunidad autónoma. Por eso yo lo que les pido a todos es que piensen que esto es una cuestión...; no es una cuestión de un Gobierno, es una cuestión de una comunidad autónoma, que no puede permitir que sus aeropuertos se privaticen, que no puede permitir que sus aeropuertos no estén bajo el dominio de la decisión de la comunidad autónoma o por lo menos de la codecisión. No es tanto problema el que el Estado siga teniendo decisiones sobre los aeropuertos en Canarias, pero, eso sí, la codecisión, porque, vamos a ver, es que es absolutamente incomprensible. Ya no es deslealtad institucional, que esa la hay a camiones, sino es que es absolutamente inconcebible que nosotros nos enteremos leyendo el Boletín Oficial del Estado de qué decisiones toma el Gobierno del Estado sobre elementos estratégicos de nuestra comunidad. ¡Eso no puede ser! Pasó con el petróleo, pasa con esto... pasa con todo. Esto no puede ser. Y esto es así porque, efectivamente, hay aquí tolerancia de una parte de la representación institucional con todas estas cuestiones.
Me decía, me hacía, me repreguntaba de nuevo el señor Ruano, me volvía a formular unas preguntas que ya me había hecho en alguna ocasión. Decía: "¿les han informado a ustedes de lo que va a hacer AENA, de lo que se va a hacer con los aeropuertos?". Ni nos informaron ni nos informan ni nos informarán. No hemos sabido sino los hechos consumados. "¿Hay previsión de que el archipiélago cuente para algo o pueda atar en este proceso?". No hay ninguna, no hay ninguna. Ahora, eso sí, el Gobierno tiene el firme propósito, efectivamente, de continuar con la negociación hasta la extenuación, si es necesario, pero, sinceramente, creo poco, creo, no tengo muchas esperanzas, porque las decisiones estas están tomadas de forma muy fuerte e irreversible. Están tomadas no se sabe por quién pero de forma, absolutamente, con total convicción y son irreductibles. Los únicos que pueden hacer cambiar, virar estas decisiones son los tribunales. Y ahí sí tengo confianza, porque por una vez nuestra posición jurídica es absolutamente inmejorable. Es, como usted mismo pudo comprobar, es absolutamente fuerte y, por tanto, nosotros tenemos que ejercer, porque es una obligación que tenemos, tenemos que ejercer esa fortaleza, esa potencialidad, para exigir que, dado que esto ha tomado estos derroteros, pues, muy bien, pues, exigimos la competencia que nos corresponde, que realmente la tenemos, la tenemos ope legis, y lo que tenemos que exigir es que se materialice a través de la formalización de la Comisión Mixta.
¿Cuál es el problema en eso? El problema es que, efectivamente, uno de los déficits más importantes que tiene el Estado, que no se ha resuelto en absoluto, es la lentitud de la justicia. Por tanto, lo mismo que está pasando con lo que estamos teniendo que esperar para ser resarcidos en el Convenio de Carreteras, una injusticia flagrante que tendrá que ser corregida en los tribunales, pues, aquí también tendremos que esperar. Esperaremos, pero está claro que este derecho lo vamos a ejercer le pese a quien le pese. Y lo que también está claro es que pediremos todas las medidas cautelares para que no se materialice la venta de los aeropuertos canarios, porque luego el retroceso va a ser mucho más complicado. Se vende el 49%: ¡pues ni un céntimo se puede vender!
Turno de réplica, Grupo Parlamentario Mixto, don Román Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Señor presidente, señorías, de nuevo buenas tardes.
Vamos a ver, yo no tengo ningún prejuicio ideológico en que la empresa privada haga viviendas, construya carreteras, construya barcos, haga el yogur, prepare las hamburguesas... Ni siquiera tengo grandes prejuicios, aunque sí preocupación, con la bolsa, o con la bolsa paralela esta, ¿no?, el mercado alternativo bursátil, que, por cierto, nos acaba de dar un disgusto de mil pares de narices que va a arruinar a muchísimos pequeños ahorradores, ¡y aquí no pasa nada! Me refiero al gestor de Wi-Fi este que ha dado el pelotazo estos días, ¿no? En fin, yo acepto las reglas, este es el sistema que tenemos, hay una mayoría social y política que parece defender esto, pero de lo que estamos hablando es de otra cosa. De lo que estamos hablando es, oiga, la sanidad debe ser un derecho de toda la ciudadanía y tiene que estar garantizado por los poderes públicos. Y tener servicios sanitarios públicos y universales, no hay que imitar a nadie en el mundo, es sencillamente una idea europea, una idea de los países del norte. En todo caso en Asia la estarán copiando ahora, cuarenta años después. Lo que estamos diciendo es que el derecho a la salud sea un derecho consagrado en el marco constitucional y garantizado por los poderes públicos a todo el mundo. Y lo mismo con la educación. Y lo que decimos es que las infraestructuras estratégicas, que se han pagado con el esfuerzo de todos, no se vendan al mejor postor. Porque yo podría entender... Oiga, tenemos la red aeroportuaria -¡la más grande del mundo!- gestionada por un solo gestor, tenemos trabajadores bien formados y con una ratio de productividad por encima de los aeropuertos privados de nuestro entorno -reconocido en los datos y en las estadísticas-, tenemos unas tasas aeroportuarias por debajo de nuestros competidores, las tasas aeroportuarias, nuestros aeropuertos son modernos, yo diría que modélicos -hay una docena de aeropuertos que nos superarán en el mundo, pero el resto van por detrás-, están perfectamente capitalizados, son seguros, tienen 200 millones de pasajeros, tienen beneficios, ¿y por qué los vamos a privatizar? Porque yo entendería que, si tuviéramos una red de carreteras paupérrima, que se cae, el Estado no tiene recursos, buscara una cooperación para capitalizar la red de carreteras, captar recursos privados, pero es que aquí, insisto, buenos trabajadores y de alta productividad, buenas tasas, buena gestión, buena seguridad, una red aeroportuaria extraordinaria, ¿y por qué la vendemos?
Me reconocía mi buen amigo Manolo Fernández, por presión internacional. ¡Amigo!, por presión internacional, esto sí es verdad, esto es un mandato. No hay justificación para vender los aeropuertos españoles y menos para vender los aeropuertos canarios, ninguna justificación de orden económico, ¡ninguna! Es sencillamente lo que imponen los llamados mercados, lo que impone la troika. Es que estaba en el listado de obligaciones para España, es que estaba esto, la reforma laboral, la subida del IVA -eso estaba en el listado-, la privatización de los aeropuertos, la privatización de la Lotería. La Lotería, vamos a hablar de la Lotería: ¿por qué necesitamos capital privado en la Lotería si es un chollo que capitaliza y entran recursos para el sector público?, ¿por qué les damos eso a los amigos, por qué? Oiga, si fuera un astillero hasta lo podíamos discutir, si fuera una fábrica de coches, que, por cierto, hay países europeos en donde el sector público tiene participación en las fábricas de coches, léase Alemania, muy importante por cierto -el sector público, gobiernos territoriales, gobiernos regionales que se llaman allí-. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de la sanidad, de la educación.
Y luego están los ejemplos: ¿sabe usted lo que hizo la señora Thatcher con la red de ferrocarriles del Reino Unido, que era de las mejores del mundo? Esto. ¿Y sabe qué pasa cuarenta años después?: ¡un desastre!, descapitalizada, ruinosa, con la mayor tasa de accidentes de los países desarrollados. La privatización de la red ferroviaria británica, ahí está un ejemplo. La propia privatización de algunos aeropuertos con participación española, están dando marcha atrás, están teniendo pérdidas y terminarán saliendo del Reino Unido. De manera que no mitifiquemos aquí que el capital privado lo necesitamos en un sector donde las cosas funcionan.
Y si eso lo llevamos a un territorio como el nuestro se convierte en inaceptable: ¿para qué queremos nosotros los inversores noruegos en los aeropuertos de Canarias cuando tenemos ocho aeropuertos razonablemente modernos, eficientes, adaptados a la realidad territorial, social, económica?, ¿para qué los queremos? Para que luego cuando impongan sus intereses, que los terminan imponiendo en todos los procesos privatizadores, el negocio impondrá sus intereses y si toca reducir servicios, se reducen servicios; si toca reducir horarios, se reducen horarios y si hay aeropuertos no rentables, terminarán pagando los platos rotos, como pasa siempre, como pasa siempre.
De manera que no hay manera de justificar la privatización, la venta de los aeropuertos. Ninguna manera, sencillamente es un tema ideológico.
A mí ni me gusta Corea del Norte ni la del Sur, se las dejo para usted, las mezcla y se las queda. Yo prefiero a Noruega, prefiero a Suiza, que usted conoce bien, y prefiero los países del continente al que pertenecemos políticamente, porque creo que aquí es donde las cosas se han hecho con equilibrio, defendiendo los intereses de la colectividad y de la particularidad. Y lo que estamos diciendo es que el vecino, Madeira, que está ahí al lado... ¿Sabe quién gestiona el aeropuerto de Madeira?: las autoridades locales. ¿Y sabe que el aeropuerto de Madeira es un aeropuerto muy importante dentro de la red aeroportuaria de Portugal, de los más importantes? ¿En qué ha quebrado la unidad de acción del espacio aéreo portugués el que las autoridades locales gestionen el aeropuerto de Madeira? Pues en nada. Que las autoridades locales saben que en el aeropuerto tienen una de las infraestructuras más estratégicas de toda la isla y la tienen bajo su autoridad. Pues nosotros decimos, oiga, usted, que de forma unilateral pretende vender y dejar la gestión directa, pues, lo que estamos diciendo es que operen las previsiones estatutarias. Porque ¿para qué se hacen los estatutos? Cuando se puso en el Estatuto el artículo 33.13, que si el Gobierno español dejaba la gestión directa pasaba a gestionar la comunidad autónoma, ¿eso para qué se hizo, para rellenar el papel? Pues sencillamente porque esta era una posibilidad y se entiende que en un territorio como el nuestro estos servicios, estas infraestructuras, son de naturaleza distinta que en el continente. No es lo mismo en los aeropuertos de Castilla y León que en los de Canarias. También es verdad que nosotros no tenemos los trenes de alta velocidad que tienen las comunidades continentales. De manera que es una singularidad absolutamente evidente y que hay que respetar.
Y lo que nosotros estamos diciendo es, no existe una sola razón para privatizar, para vender los aeropuertos, ¡ninguna! Ninguna confesable, ninguna de carácter económico, ninguna de interés general: sencillamente porque lo imponen los intereses externos porque está de moda. No van a aportar eficiencia porque son eficientes los aeropuertos españoles, no van a aportar capital porque están capitalizados, no van a aportar tecnología porque están bien dimensionados. Sencillamente se van a llevar una parte del negocio por la cara, sin necesidad, sin arriesgar. Y si algún día fracasaran, pasará lo de las autopistas de peaje. Insisto, los que cogieron las concesiones de autopistas lo hicieron con un plan de negocio, dicen, "oiga, yo invierto aquí 1700 millones, voy a tener una autopista, voy a ganar tanto, voy a hacerme millonario con las reglas del juego..."; pues ahora pierden y ahora resulta que no, y ahora papá Estado se hace cargo del fracaso. Como pasará, insisto, más pronto que tarde. Ya los dos alcaldes de las dos ciudades capitales del archipiélago -escúcheme bien, los dos-, de opciones no precisamente de izquierdas, están planteando rescatar las concesiones de las empresas municipales de agua privatizadas. Los dos: uno es del Partido Popular y el otro es de Coalición Canaria. Extrema izquierda, como se puede usted imaginar, ¿no? Y lo están haciendo. ¿Por qué?: porque están vampirizando, porque están haciendo trampa, porque van al negocio, porque no les importa cómo se transporta ni la calidad del agua, sencillamente a la cuenta de resultados, y si hay que engañar se engaña y si hay que poner empresas interpuestas que se contraten a sí mismas se ponen. Miren los periódicos y miren en estos momentos lo que hay en los tribunales.
De manera que no es tolerable lo que está ocurriendo, no es de recibo, no se puede permitir que se ponga en marcha un proceso de este tipo con la previsión estatutaria que dice nuestro Estatuto y ni se sienten con el Gobierno de Canarias. No puede ser que no financien nuestras carreteras, que es su obligación, y nos vendan nuestros aeropuertos. Es que es intolerable lo que nos está pasando y lamentablemente yo lo tengo que reiterar.
Y luego sobre la gestión. Nosotros sí que decimos, antes, ahora y mañana, que en el modelo de gestión que se pueda articular en el futuro sobre los aeropuertos de Canarias nosotros somos firmes partidarios de participación de los ayuntamientos, de los cabildos, del Gobierno de Canarias y, por supuesto, con participación de las organizaciones empresariales y sindicales. Y hay un ejemplo, hay un ejemplo, los puertos, los puertos de Canarias, que es la otra gran infraestructura que nos condiciona, que nos determina. En los órganos de dirección de esas entidades está la Administración General del Estado...
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: ...está la Administración canaria, están las corporaciones locales, están los cabildos insulares, están las organizaciones empresariales y están las organizaciones sindicales, y funcionan razonablemente bien, razonablemente bien. No funcionan mejor puertos privados de otros lugares del mundo necesariamente. Y así están funcionando el de Cataluña, el de Las Palmas o el de Santa Cruz, de forma que, sin tremendismo, las infraestructuras básicas, estratégicas no se pueden vender al mejor postor. Los servicios básicos, los derechos básicos de la ciudadanía, los tiene que garantizar el Estado y dejemos para la iniciativa privada los hoteles, hacer las carreteras, preparar el yogur, las hamburguesas, hacer los aviones, traer los turistas... ¡Si hay mercado...! Pero dejen lo que nos corresponde a todos y funciona bien quietecito, porque lo único que se busca aquí es el interés particular, y desde luego nosotros, en nuestra visión de las cosas de esta sociedad, no lo compartimos. La derecha, sí, desgraciadamente algunos otros también, pero la derecha sí tiene este modelo de sociedad, que no compartimos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, don Román Rodríguez. (Pausa.)
Muchas gracias de nuevo, don Román Rodríguez.
Grupo Parlamentario Socialista Canario, don Julio Cruz.
El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señorías, señor presidente, buenas tardes de nuevo.
Señor Fernández, sabía que iba a salir por ahí. Eso ya lo tenía previsto, lo tenía previsto. Pero ¿sabe por qué?, porque usted lee parcialmente, lee parcialmente, y lee lo que le interesa pero no lo lee todo. Mire, la posición del Grupo Parlamentario Socialista era la misma en el 2008 y hoy, la misma, la misma, y todas sus señorías lo pueden comprobar en el Diario de Sesiones. ¿Cuál era? Pues sencillamente la coparticipación y cogestión de los aeropuertos canarios. Gobernábamos nosotros en Madrid y gobernaban aquí ustedes y Coalición Canaria. Y ante una comunicación del Gobierno ustedes ni siquiera se atrevieron a presentar una propuesta de resolución y fuimos nosotros los que planteamos la cogestión de los aeropuertos. Porque ¿sabe la diferencia entre ustedes y nosotros?: que nosotros defendemos Canarias en primer lugar y ustedes los intereses particulares y el negocio en primer lugar.
Porque, mire, decía usted, decía usted, cosa que no ha dicho hoy y yo le retaría a que lo dijera hoy, diga usted lo mismo, porque usted decía en el 2008: entonces se justifica más que en ningún otro sitio el que nuestra comunidad autónoma participe en la gestión aeroportuaria de nuestros aeropuertos, porque nuestra economía, en un 80%, está sustentada en el sector servicios, depende en su gran mayoría precisamente del buen funcionamiento y coordinación de esos aeropuertos. Y concluía usted: porque son razones de peso, y no solamente cualitativas sino cuantitativas, porque no hay ni la más mínima duda de que en esa programación del Gobierno de la gestión privada y participativa de las comunidades autónomas sea la Comunidad Autónoma de Canarias una de las comunidades con mayor preferencia a la hora de tener una participación en la gestión aeroportuaria de los aeropuertos canarios; que Canarias tenga una coordinación más efectiva de lo que es la cogestión de los aeropuertos canarios. Es que llegó a pedir algo más que la cogestión de los aeropuertos canarios. Pero, claro, eso era en el 2008 porque estaba en el Gobierno; en cuanto salió del Gobierno, se olvidó, por supuesto. ¡Siempre hace lo mismo el Partido Popular! Lo que dijimos nosotros aquí -y está aquí, en el Diario de Sesiones- fue cogestión, y coincidimos.
Y, mire, le leo lo que dice y decía, para que no haya duda -porque como ustedes tienen a lo mejor alguna dificultad para encontrar el Diario de Sesiones-, yo le leo lo que decía el señor consejero del Gobierno de Canarias, el señor Hernández Gómez, hoy consejero de Agricultura, y decía, siendo consejero de Obras Públicas: porque yo creo que lo importante en todo esto es que estamos todos de acuerdo, porque vamos a reivindicar, por lo que he podido entender, por parte de los tres grupos políticos -y en aquella época solo había tres-, y vamos a apoyar la propia comunicación, y a la espera estoy de las distintas propuestas de resolución. ¡Co-ges-tión!
Mire, en el 2010 el grupo y el Partido Socialista hizo un decreto. En ninguna línea existe la palabra "enajenación", cosa que ustedes no pueden decir hoy, porque a partir del sábado ya no lo pueden decir, porque el sábado... -le leo, le leo, yo sé que ustedes no leen mucho el boletín oficial sino cuando les interesa. Este se publicó el sábado, a lo mejor el fin de semana no se dieron cuenta, no pudieron leerlo-. Pero, mire, página 52 676 del Boletín Oficial del Estado: se constituirá una comisión para la dirección del proceso de enajenación de las acciones de AENA, SA.
Y es que además usted prevé, ya lo dijo el consejero y lo dije yo anteriormente, en este decreto, por primera vez en la historia legislativa de España, se establece que la gestión de los aeropuertos, ustedes establecen claramente que corresponde al Consejo de Ministros la enajenación o cierre de las infraestructuras e instalaciones aeroportuarias. Hasta ahora nunca se había planteado. Ustedes prevén la instalación, cerrar instalaciones aeroportuarias. Y cuando ustedes venden el 49%, cuando haya después una ampliación, claro, el 49% no participa, pero, miren, dice la sentencia del tribunal de la Unión Europea: cuando hay una participación en una empresa mixta, por muy pequeña que sea la participación -y no le digo ya nada el 49%-, la gestión es indirecta.
Y aquí lo que se discute, señorías y señor Fernández, no es si la competencia es del Estado o no o si la gestión es directa o no o si es de interés general o no. El interés general se supone, el interés general se supone, y está establecido por ley, incluso en los ocho aeropuertos canarios. Claro que siguen siendo de interés general, del Estado por supuesto, pero lo que dice la Constitución y dice el Estatuto de Autonomía es que si la gestión es directa la competencia es del Estado y si la gestión es indirecta la competencia es de la comunidad autónoma, siendo de interés general. Y aquí lo que nosotros decimos es, el Estado tenía hasta ahora, hasta hoy la gestión ha sido directa, porque en el 2010 se preveía, por cierto, en aplicación de una directiva comunitaria... Es que, claro, las directivas comunitarias... ustedes no creen en Europa, no creen en el Estatuto de Autonomía, no creen en las autonomías, porque lo que hace el decreto-ley del 2010 es adecuar, intentar trabajar para que el sistema aeroportuario se adecue al Estado de las Autonomías, para que las comunidades autónomas tengan participación en la cogestión de los aeropuertos. Yo sé que ustedes no creen en las autonomías. Y nosotros planteamos: cogestión, sí, con la comunidad autónoma, con los cabildos insulares, con los ayuntamientos. Múltiples resoluciones aprobadas aquí, en este Parlamento, múltiples resoluciones. Y usted lo sabe, algunas con su apoyo incluso, otras no, pero algunas con su apoyo, sobre todo cuando estaban en el Gobierno. Ahora no, ahora que gobiernan en España esto hay que cambiarlo.
Y decía don Román, hombre, y decía usted: es que funciona perfectamente, somos -decía-, es modelo en 47 países. Pero, hombre, si somos tan modelo, somos la primera potencia aeroportuaria, tenemos la mejor gestión del mundo, ¿por qué se privatiza? Yo le digo por qué se privatiza: se privatiza porque ustedes quieren que el negocio sea para unos pocos, para los amigos del Ibex, para esos son para los que se privatiza. Porque ustedes quieren, cuando hay un negocio, que ven un negocio tan importante, dicen, "hombre, un negocio...". Además en Canarias cautivo, porque hay que ir por los aeropuertos, sí o sí, hay que salir por los aeropuertos, sí o sí. Por lo tanto, el negocio es excelente. Y usted ha dicho: hombre, es que el negocio llega a tanto que ahora para entrar por el aeropuerto hay que entrar de medio lado, porque con ustedes... vamos, hasta los pasillos, ahorita ponen tiendas hasta en los baños. Porque es lo que ustedes necesitan, negocio. Ustedes lo que quieren es negocio y, como quieren negocio, pues, hombre, no vamos a hacer el negocio para que gane el Estado, no vamos a hacer negocio para que gane un ente público. No, no, preparamos el negocio, arreglamos la situación y, cuando el negocio está floreciente, por supuesto se lo damos a los seis amigos. Que los elegimos a dedo, porque usted no lo ha dicho. ¡Es que los amigos se eligen a dedo, en el consejo...!; se elije el 21% a dedo y el otro va a información pública, a una operación de venta pública de acciones.
Miren, aquí el problema no es si se privatiza o no. Si se privatiza a nivel del Estado... Yo personalmente, ideológicamente, estoy en contra, porque creo que tienen que ser aeropuertos, son de primer nivel y tienen que estar en manos públicas, porque siempre tiene que regir -y más en Canarias, señorías-, siempre tiene que regir el servicio público, los intereses generales, porque, si no fuera así, ¿qué garantías tenemos de que el aeropuerto de La Gomera, por ponerle el de mi isla, tenga las inversiones precisas si da pérdidas?, ¿qué garantía tenemos de que el de El Hierro tenga las inversiones precisas porque da pérdidas? ¡Iremos a aeropuertos de los que teníamos antes! De los que teníamos en los años 70, donde teníamos unos aeropuertos paupérrimos, unos aeropuertos que no daban las prestaciones adecuadas. Porque, si da pérdidas, ¿qué inversor privado va a poner recursos donde da pérdidas? Evidentemente no. Pero, claro, donde hay beneficio, donde hay negocio, es en los grandes aeropuertos. Por eso la joya de la corona son los canarios. Y por eso aquí lo que se discute, señor Fernández y señorías en general, y Partido Popular, es si ustedes creen en el Estatuto de Autonomía o no creen en el Estatuto de Autonomía; si ustedes creen que eso que aprobamos en el año 82, los que estaban aquí, en las Cortes Generales, lo que el pueblo canario ha defendido siempre y nosotros hemos jurado defender toda la vida, cada vez que tomamos posesión aquí, eso que se defiende, ustedes creen o no. Porque lo que dice el Estatuto de Autonomía es, si la gestión es directa, competencia del Estado; si la gestión es indirecta, competencia de la comunidad autónoma.
Aquí no se discute el interés general, aquí se discute la gestión directa o indirecta, y la gestión es indirecta porque lo dice, al privatizarse el 1% ya es indirecta. Lo dice el tribunal de la Unión Europea, no lo digo yo. Y ahora, claro, ustedes dicen: vamos a hacer un subterfugio -y lo decía antes-, van ahí, en el nuevo decreto, a intentar coger con pinzas para que no se considere gestión indirecta la gestión aeroportuaria, al menos en Canarias.
Miren, no comparen las otras comunidades autónomas con Canarias. Si ustedes creen en Canarias, apoyen que se transfiera a la comunidad autónoma la gestión de los ocho aeropuertos; que se constituya un ente, una cogestión, donde esté el Estado.
Usted habla de navegación aérea, pero, sí, la navegación aérea sigue siendo competencia del Estado pero, mire, ni se ejerce por el Estado. Navegación aérea está en Eurocontrol, es en Bruselas donde está la inmensa mayoría de las competencias y donde se ejercen a diario en materia de navegación aérea. No se ejercen en España.
En España, lo importante aquí y lo que se está discutiendo es si hay negocio para unos pocos o el negocio es para todos: el negocio es para mantener un sistema aeroportuario, el negocio es para mantener unos servicios públicos, el negocio es para mantener que los aeropuertos...
...si el negocio es para mantener los aeropuertos deficitarios, para mantener un sistema que en Canarias nos va la vida, que es que los ocho aeropuertos son todos necesarios. No es más importante el de Gando o el del Reina Sofía que el de La Palma o el de El Hierro. Todos son importantes en comparación con su isla, pero todos son necesarios y todos tienen que mantenerse en un mismo sistema y para eso es necesario que el control siga siendo siempre público y no en manos de unos pocos, y no el negocio que ustedes pretenden para sus amigos del Ibex.
El señor RUANO LEÓN: Gracias, señor presidente. Señor consejero.
Quisiera, intentando mantener la línea de mi primera intervención, hacer, pues, las mínimas alusiones posibles a la intervención que realizaba el portavoz del Grupo Popular, el señor Fernández. Voy a hacerlo muy ligeramente, intento, lo haré con todo el respeto que me merece su señoría, y empezando precisamente por la apelación a la responsabilidad que hacía a la bancada... -no me refería específicamente a la persona del portavoz popular ahora, hoy, en este asunto, pero también esto no quita que...-. La apelación a la responsabilidad, señor Fernández, es a un asunto, es decir, es a este asunto. No estoy haciendo genéricas referencias al comportamiento de personas ni de grupos sino a este asunto, es decir, uno asume una responsabilidad ante el pueblo canario porque es elegido por el pueblo canario, y lo que decía en mi intervención primera es que identifiquemos, identificamos algunos asuntos, cuatro, cinco, seis asuntos en los cuales podamos tener una posición común. Hemos tenido, en este tema, en algunas pocas materias a lo largo de esta legislatura -el Régimen Económico y Fiscal, la política renovada como región ultraperiférica de la Unión Europea-, algunas cuestiones en las que ha sido posible ponernos de acuerdo y la apelación que hacía yo como portavoz en este asunto de mi grupo, del Grupo Nacionalista, es una apelación a la responsabilidad en este asunto, es decir, a la diferencia.
Porque, mire, con todo el respeto, resulta realmente lamentable escuchar, hacer referencias comparativas como si fueran la misma cosa, pues, Andalucía que Canarias, con todo el respecto, obviamente, para la Comunidad Autónoma de Andalucía, porque yo previamente también había hecho referencia a que somos un archipiélago, que no hay AVE, a pesar de que contribuimos a la financiación de esa red de alta velocidad en el conjunto de España, lógicamente, pero en ese contexto lo que demandamos es una política específica. Una política específica para quienes los aeropuertos canarios, los ocho aeropuertos canarios, representan ahora, mueven, el 17% de los pasajeros de todo el sistema aeroportuario. Y en relación con eso lo que pedíamos son garantías del funcionamiento público para participar en una decisión que tiene que ver con nuestro desarrollo. Esto no es nada... ni antiliberal ni mucho menos. En fin. Además usted hace unas referencias al liberalismo que me parece a mí que las tiene por lo menos desactualizadas, ¿no? No quiero tampoco entrar en eso, siempre acabamos en chascarrillos que no son el objeto y el fondo, más allá de que resulta agradable, sobre todo cuando uno interviene durante largas horas en sesiones, pues, que haya sentido del humor en las intervenciones y que al final, pues, podamos relajar a veces la tensión respecto de asuntos, porque realmente la introducción de elementos de humor, como ha hecho usted, pues, facilita que uno se relaje en eso. Pero el problema es de fondo, el problema es que más allá de que nos riamos en un momento concreto, de que nos cause gracia alguna expresión o que usted se remonte a la historia de los tiempos, porque es que básicamente, cuando ha hablado de ATI, yo intentaba remontarme a ver, a ver a qué se refería. En fin. Evidentemente usted, como fue diputado además del Parlamento Provisional, puede hacer la historia de este Parlamento.
Pero esta no es la cuestión hoy, y se lo digo con todo respeto. La cuestión hoy es atenernos al asunto ante una circunstancia concreta. Ni siquiera interesa ver que ustedes sacan todos, fotocopiado... -podían haber hecho la fotocopia en blanco y negro y hubiera salido más barato-, o sea, las declaraciones del señor Pérez cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria. Eso hoy, en fin, tiene cierta relevancia. Incluso algún portavoz ha citado intervenciones de algún portavoz suyo, de alguna persona del Grupo Popular, en otro momento de la política.
Pero la situación, más allá de servir para la interpretación de la cuestión, es que hoy, ahora, tenemos un problema, hay un problema para nosotros. En el planteamiento que se está haciendo, nosotros... Frente a un modelo de gestión centralizada, de gestión pública centralizada por el Estado, primero ante un modelo que era solo, o que combinaba, en esa entidad pública empresarial, combinaba la gestión aeronáutica con la gestión de los propios aeropuertos, después se pasó al sistema, como usted mismo señalaba, al sistema de gestión de AENA Aeropuertos o AENA Tierra, como se quiera denominar, y en ese modelo nosotros siempre hemos mantenido la necesidad de la participación pública en el control y la participación de las instituciones canarias para definir políticas que tienen que ver con nuestra supervivencia, con nuestra supervivencia. ¿O es que acaso, si no somos capaces de captar tráficos, vamos a seguir pudiendo impulsar el principal motor económico de este archipiélago como es el turismo? En fin, esto al final tiene connotaciones que, si usted lee el decreto-ley, decreto-ley que sustenta al final el modelo que ha proyectado el Gobierno de España, si lee el decreto-ley, verá que hay un montón de asuntos donde, digamos, se guardan, están temerosos, en expresiones concretas, porque han tenido mucho problema en la tramitación del modelo anterior. Lo dije, señor consejero, cuando hablé del informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones. El Consejo Consultivo de Privatizaciones hace una serie de alertas. Se producen diferencias entre ministerios que son públicas. Si quieren, las saco. En fin, tengo también unas cuantas fotocopias para poder decirlo, pero son públicas. Diferencias en el modelo que proyecta el propio Partido Popular, diferencias entre el Ministerio de Fomento y la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Rajoy, acerca del modelo. Porque, mire, porque no es verdad, no es verdad que la gestión privada sea la que garantiza la mejor gestión del aeropuerto. Lo que garantiza la mejor gestión, y usted ponía ejemplos, es la competencia, es la competencia. Y cuando hablaba de Iberia, de Telefónica, de no sé qué, bueno, esto no es un asunto... Los monopolios estatales se superaron y el proceso de privatización o de liberalización de determinados servicios no es, por supuesto, no es titularidad del Partido Popular, sino que en la historia de la democracia española y, en fin, de todas las democracias occidentales se han producido sectores que, digamos, se desregulan en el sentido público y se conservan, como también decía don Román Rodríguez, se conservan en otros ámbitos. En fin.
Y lo que nosotros decimos es que esto, que es un archipiélago, requiere por necesidad unas garantías de regulación y unas garantías de gestión pública en las cuales participe la Comunidad Autónoma de Canarias, y algunos modelos se han puesto. Se ha hablado de los puertos, donde también hay participación incluso del sector privado de determinada manera, pero no participación que tiene que ver con la decisión, es participación social, participación social representativa. Que al final ¿qué garantiza?, ¿qué queremos garantizar, señor consejero? Queremos garantizar las inversiones en las infraestructuras, la política tarifaria, el empleo de los trabajadores, la competitividad general de nuestros aeropuertos frente a otros aeropuertos, digamos, más o menos próximos, la captación de tráficos turísticos, frente a la política tarifaria que pueden hacer, por ejemplo, aeropuertos del sur de Europa o aeropuertos del Caribe que compiten con nosotros en líneas turísticas. Y, por tanto, esta es la clave, esta es la clave. Por tanto, la decisión... no es un asunto ni siquiera de forma teórica, técnica. Algunas cuestiones que usted ha señalado desde el punto de vista del liberalismo, en fin, son más que cuestionables. Yo diría que eso es lo que ya en el argot de la ciencia política se conoce como los neocon, es decir, usted está ya más allá, esto una cosa antigua. Y eso se ha superado incluso, o sea, si habláramos de los orígenes de la crisis actual, de la crisis, que cae, que se empieza en 2008 con la caída de Lehman Brothers, si quiere hablamos de las cifras de los años 2009, 2010, incluso 2011, de tráfico aeroportuario... Y no lo achaque todo al Gobierno anterior, que tiene su responsabilidad, el Gobierno del PSOE, también, que la tuvo, pero no puede conferirle usted en exclusiva esa responsabilidad cuando hay una crisis global que produce una incidencia sobre el tráfico aeroportuario mundial, y especialmente en Europa, de magnitudes considerables.
Por tanto, cuando hablemos de evaluación, incluso cuando hablemos de la consolidación de una deuda de más de 12.000 millones de euros, no nos refiramos exclusivamente a un problema de gestión. Hay un problema de gestión y una caída vertiginosa en los años 2009, 2010 y parte del 2011 del tráfico de pasajeros. Esto fue así. Nosotros, en este momento, en 2014, junio-julio de 2014, estamos ante un real decreto-ley nuevamente; se ha dicho ya, una vez más utilizando una cuestión que está prevista en la Constitución para casos de urgente y extraordinaria necesidad como forma ordinaria de legislar.
Yo quiero hacerle una advertencia al consejero de Obras Públicas, al Gobierno en general: estamos ante una norma con rango de ley, la del real decreto-ley. Por tanto, para hacer valer el derecho estatutario, hay que tener en cuenta que esta ley se publicó el pasado sábado...
El señor PRESIDENTE: Sí. Un minuto, don José Miguel.
...y hay tres meses para su impugnación.
Señor consejero, el artículo 17, que dice "gestión directa de los aeropuertos de interés general", es todo menos gestión, todo lo que aquí se dice es todo menos gestión, porque regulación, fijación de servicios mínimos, elaboración y seguimiento de planes directores, regulación, aprobación y supervisión del DORA, el ejercicio de la potestad sancionadora y cualquier otra, eso no es gestión de los aeropuertos. Por tanto, si ya vamos a emprender esa vía jurídica tal cual usted señalaba, piense que esto es un asunto especialmente relevante. Hagamos valer nuestros derechos porque estamos hablando de un tema realmente importante. Y podemos reírnos esta tarde con algunos chistes de algún orador o con alguna apreciación, que relajan sin duda el debate y son a veces necesarios, pero el asunto es de máximo interés público y tenemos que defenderlo hasta el final.
Si usted llama chiste a que se nombre en la época cavernícola a ATI, dígaselo a su compañero de gobierno, que fue quien lo dijo en el 2008. Y no era la época cavernícola, fue hace unos cuantos años. Fue quien nombró a ATI como el gran terror de Canarias. Dígaselo, y que se sienta a su lado; bueno, a su lado ya hoy no, a su lado no, enfrente, en el Gobierno de Canarias.
Señor Berriel, dice que no ha recibido información de la privatización que se ha llevado a cabo en esto. Pero, bueno, ¿pero ustedes no se sientan con los socialistas que hicieron el decreto que se ha desarrollado en esta... desarrollo del Partido Popular, que no ha hecho ningún decreto-ley? ¡No ha hecho ningún real decreto-ley!, que lo hizo el Partido Socialista. ¿Por qué no les dice a ellos que se lo expliquen si no lo entiende muy bien? Yo lo entendí a los dos días, cuando salió el otro día del Gobierno, lo entendí pero con total rapidez.
Y voy a empezar primero, antes de algunas cosas que aquí se han dicho, me voy a dirigir un poco a lo que se decía aquí en el 2008 cuando los socialistas hablaban de la entrada de capital privado y de la entrada de Cataluña, aeropuerto de El Prat y aeropuerto de Madrid, y el resto no, en esa época. En esa época los sindicatos amenazan con huelgas si el Gobierno divide la gestión de AENA como piden las autonomías, en el 2008, en el 2008, cuando los socialistas hablaban de privatizar el 30% y darle parte a El Prat y a Madrid, y a Baleares, amenazaban con eso; y decían entonces: no admitiremos ningún modelo de gestión que no garantice la mayoría absoluta del capital estatal. El 51% es capital estatal; por tanto, estamos en línea con lo exigían los sindicatos. Y los sindicatos están en contra de lo que ustedes pretenden ahora, lo que pretende el Partido Socialista y lo que pretende el partido de Coalición Canaria es lo que ellos no querían en el 2008 con estas declaraciones de los sindicatos aeroportuarios.
Miren, el Gobierno ha desarrollado ese decreto del Partido Socialista donde la mayoría absoluta estatal es del 51%, reservándose el control total, una misma empresa a nivel de todo el Estado, una misma empresa a nivel de todo el Estado, que es lo que pedían los sindicatos, rechazando una empresa diferente según la comunidad autónoma donde se gobierna. Eso es lo que no querían los sindicatos. Eso es, y eso se lo digo y eso lo deben saber, porque no creo que hayan cambiado de opinión, porque la filosofía es la misma, ¿no? Se subroga en todos los contratos laborales suscritos por la entidad pública AENA, la actual, respetando los convenios actuales en antigüedad y cualquier otro derecho; optimizar una gestión eficaz, ágil y dinámica que garantice el crecimiento y la estabilidad del empleo. Así es como se garantiza la seguridad del empleo, habiendo crecimiento, habiendo desarrollo. No se garantiza la seguridad del empleo con subvenciones de los gobiernos. Con eso no, eso no, eso por supuesto que no, por lo menos nosotros eso no lo aceptamos.
Miren, el propio presidente del Gobierno, señor Rivero, decía también en el 2008: la entrada de capital privado en la gestión de los aeropuertos no es mala, siempre que haya control público -como es el caso, el control público, el 51% de capital del Estado. No es el caso-; segundo, lo que Canarias no va a soportar es que los aeropuertos pasen a manos privadas. No van a pasar a manos privadas, una parte de capital sí entra, porque interesa, por la capitalización y por la gestión. Sobre todo por la internacionalización de lo que es la gestión comercial, sobre todo, la gestión comercial, porque el trato internacional se hace con empresas privadas, todas -restaurantes, tiendas...-. Todo esto se hace. Por lo tanto, ¿qué pintan ahí negociando las comunidades, digamos, las comunidades autónomas con entes internacionales, que son los que gestionan en todos los aeropuertos, si hay que gestionar globalmente, y no ya aquí, en Canarias, a ver si me viene alguna empresa que quiera poner aquí una tienda de no sé qué? ¿De qué estamos hablando? ¿Con qué mente estamos pensando aquí? ¿Eso es garantizar los puestos de los sindicatos? Eso es hundirlos posiblemente para el futuro, si no damos gestión, si no ejercemos la gestión.
Miren, el que el capital privado pueda participar en la gestión puede ser una fórmula aceptable, decía el señor Rivero. Claro, ¿entonces de qué estamos hablando?, si el control de las decisiones siguen siendo público. Sí, señor Rivero, absolutamente de acuerdo, y eso es lo que ha hecho el Partido Popular, desarrollando el decreto del Partido Socialista.
Miren, dice el señor Rivero que no admitiremos nuevos atropellos -ya empieza-, ha sido discriminada Canarias -sigue con el discurso-. ¡Miren que hay discriminación en Canarias!, ¿eh? Vamos a ver cuál es la discriminación positiva de Canarias, algún día tendremos este debate aquí, a ver quién está discriminado en España, a ver qué comunidades autónomas están discriminadas, si son las otras o es Canarias. Eso es lo que hay que averiguar, ¿eh? Por tanto, hagamos un discurso serio cuando hablemos. Lo que pasa es que los tiempos son siempre cortos para especificarlos.
Ahora, yo a veces, yo a veces, pues, voy a tener que estar de acuerdo con el señor López Aguilar, cuando en el 2008 vino aquí y se sienta con el señor Pérez y le dice a Paulino: "¡mire, ya está bien de victimismos, de infantilismos!, ¡hombre, pidan ustedes cosas serias!". Los socialistas, dirigidos por el señor jefe, señor López Aguilar. Pero ¿de qué hablamos, señor Cruz, de qué hablamos?
Mire usted, mire, es que en Canarias hay ocho aeropuertos y, ¿sabe usted?, el aeropuerto de La Palma de una estructura a nivel internacional de las mejores; el aeropuerto de Fuerteventura no envidia a ningún aeropuerto del mundo; las grandes inversiones que se están haciendo en Gran Canaria son impresionantes; en Tenerife, dos aeropuertos. ¿Pero de qué estamos hablando aquí, "estamos abandonados, estamos discriminados"? Y, claro, aquí no tenemos trenes de alta velocidad pero en Madrid tampoco hay barcos de Fred Olsen, que los lleven a Barcelona. ¡Claro que no hay!, ni puertos. ¡Pobres madrileños que no tienen un solo puerto y aquí tenemos nosotros diez puertos en Canarias! ¡Mira que comparar, mira que comparar, mira que comparar...! Y tenemos impuestos especiales de la gasolina que no los tienen los madrileños, que esto es solo de los canarios, y el impuesto de la gasolina es para los canarios, y no es como los de Madrid, que son para el Estado, cuyos impuestos revierten también en nosotros.
Miren, señores diputados... -a ver si no se me perdió (refiriéndose a su documentación)-, cuando también se decía: "el Partido Socialista Canario, Partido Socialista-PSC, respaldó, respaldó ayer la decisión adoptada por el Gobierno de Zapatero de dejar al archipiélago fuera de la gestión de sus aeropuertos, tanto Juan Fernando López Aguilar como don José Miguel Pérez"... ¡Señores socialistas! Pero, miren, pero, miren, es que hay que hablar con coherencia, señores. Es que no hay memoria, no, no.
Miren, les voy a decir, les voy a decir... Miren, ¿saben cuál es mi postura? Se la voy a decir clarísimamente aquí: nosotros creemos en un nuevo modelo de organización y gestión aeroportuaria con separación de la navegación aérea y la organización y gestión de los aeropuertos; creemos en el control mayoritario público del Estado, creemos; creemos que deben funcionar en red todos los aeropuertos, creemos; queremos garantía de la seguridad y calidad de los servicios de los aeropuertos, creemos; queremos, evidentemente, la mejora de la conectividad de nuestro territorio y la movilidad de los ciudadanos; garantía de autonomía financiera del sistema conjunto. Creemos en todo eso, que coincide exactamente y transcrito con lo que creía don Julio Cruz en el 2008. ¡Exactamente!, exactamente, don Julio.
Mire usted, la segunda parte, y me dice: "don Manuel, léase todo". ¡Claro que me lo leí!, ¡es que yo no me arrepiento de nada de lo que no me leo! ¡Claro que me lo leí! Y, mire usted, la segunda parte, claro que defendía yo en ese momento la entrada del Gobierno, con la... (Ininteligible.) canaria, en el aeropuerto, porque los socialistas discriminaron a Canarias, y eso no lo podíamos permitir. Los socialistas dijeron: solamente gestionan los catalanes, los madrileños y los baleares; los canarios no, esos no pintan nada. Y contra eso me rebelaré toda la vida, señor Cruz, me rebelé entonces y me rebelo ahora, pero ahora el caso es distinto, ahora es la empresa nacional, una gestión solamente comercial, de la parte comercial, para hacer lo que es la competitividad internacional, que es a donde pretendemos ir para garantizar el crecimiento de esta actividad económica, que España no puede permitir.
Y en el ámbito, como decía el señor Ruano, no es en el ámbito, no es en el ámbito del liberalismo; no, no, el liberalismo es la libre competencia, la libre competencia. Eso es lo que nos hace crecer y desarrollar el coco para desarrollarnos, dar mejores servicios y ganar más dinero, y dar más servicios a los que no tienen dinero. Ese es el liberalismo de los socialistas, que no creen en el liberalismo... han llevado a la miseria y al hambre en todo el mundo, en todo el mundo. Socialistas de cualquier signo, de aquí para allá, de aquí para allá. Eso es lo que está, esa es la realidad de la historia del mundo, para qué vamos a incidir, porque aquí podríamos hablar toda la tarde de ese tema, y a eso me presto con cualquier debate.
Pero, miren, pero es que voy más allá, es que voy más allá. Señores, el acuerdo del Gobierno del pasado 4 de julio, señor Julio Cruz, que no es real decreto-ley... ¡Es que usted no se lee las cosas, hombre, es que no las entiende! Esto es un acuerdo de Gobierno, no hubo real decreto-ley el día 4. Es un acuerdo donde desarrolla lo que es el Documento de Regulación Aeroportuaria -DORA-. Ahí no está el real decreto-ley. Por lo menos yo no lo he visto en ningún sitio... (Comentarios en la sala). ¿Real decreto-ley de cuándo, del día 4 de julio?, ¿4 de julio? (Corte del sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.) (Rumores en la sala.)
El señor PRESIDENTE: Un minuto, don Manuel, un minuto.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Y tengo aquí el acuerdo del Gobierno. Bien, bien. En todo caso, en todo caso... (Rumores en la sala.), perdón, don Julio, don Julio, en todo caso lo que hace es garantizar nuestras tesis. ¿Y qué dicen?: las tarifas aeroportuarias no se modificarán hasta el año 25. Primera cuestión. Segunda: garantizar el mantenimiento de la totalidad de la red AENA, los 46 aeropuertos y 2 helipuertos, garantizarlos. No hablen aquí, para meter miedo a los herreños y a los gomeros, de que se van a cerrar los aeropuertos. Garantizar la continuidad de la red de servicio, de servicio público de interés general de los aeropuertos en toda España, los 46. Por lo tanto, incluidos todos los canarios.
Plan quinquenal que garantice la suficiencia e idoneidad de las infraestructuras aeroportuarias. ¡Claro que sí! Pero si un aeropuerto, el de La Palma, resulta que tiene un auge turístico... bueno, tiene auge turístico allí para recibir ahora mismo a 4 millones o 5 millones de turistas, el aeropuerto que tiene, la verdad sea dicha. Pero digamos otro aeropuerto, Lanzarote por ejemplo, que tiene un gran aeropuerto y que pase del millón y medio o 2 millones que recibe de turistas a 5 millones... hay que reestructurar ese aeropuerto. ¡Pero si es un negocio!, ¿cómo no se va a reestructurar y ampliar el aeropuerto? ¿Quién va a decir que no? Ahora, lo que yo no creo es que será porque... las pistas sí, que es otra cosa distinta, pero que no se amplíe, por ejemplo, lo que es la zona aeroportuaria de El Hierro o La Gomera, porque, bueno... Hoy por hoy: ojalá haya demanda para ampliarla...
El señor PRESIDENTE: Ya el minuto lo había consumido, que se lo dije.
Termine la frase, don Manuel, termine la frase, pero el minuto ya lo había consumido.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: (Sin micrófono.)
El señor PRESIDENTE: Sí, sí lo dije. Sí lo dije. Se le fue el micrófono y usted seguía atento a su... De todas maneras termine, le permito que termine usted una... que se pueda despedir.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Yo quería dar algunas perlas más a sus señorías. Claro. Como dice el posible candidato al Ayuntamiento de Santa Cruz, sorprendido porque el PP ha privatizado la gestión del aeropuerto. No se da cuenta... Claro, es un chico joven, no sabe que el PSOE hizo el gran decreto de privatización, y se pone y lo escribe. Hace un artículo de opinión aquí que no hay por dónde cogerlo.
Pero, mire, mire usted, señor Ruano, la gestión ustedes tienen que demostrarla con los hechos. Mire usted, un plan general en Canarias tarda quince años. ¡Háganlo, señores! En Lanzarote, en Lanzarote, señor Ruano, hay catorce o quince hoteles en...
Para finalizar este asunto... (El señor Cruz Hernández solicita intervenir.)
¿Sí? Sí, don Julio, dígame.
El señor CRUZ HERNÁNDEZ (Desde su escaño): Sí, señor presidente, por inexactitudes en relación con unas manifestaciones...
El señor PRESIDENTE: Tiene un minuto, tiene un minuto.
Señor González, decirle que cuando yo le decía Real Decreto-Ley de 4 de julio es así. Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicado el sábado 5 de julio de 2014 en el Boletín Oficial del Estado, donde dedica más de cien páginas a todo el sistema aeroportuario. Le recomiendo que se lo lea, porque se contradice mucho con lo que usted ha dicho hoy aquí.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ (Desde su escaño): No, simplemente para darle la razón, señor Julio Cruz. Disculparme por haber hecho esa afirmación y yo realmente creía que efectivamente... (Ininteligible.) de que esto había sido una orden, porque yo tengo la documentación. Por lo tanto, le pido disculpas por esa acusación, que usted tiene la razón.
Señorías, para concluir este asunto, intervención del Gobierno, señor consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial, don Domingo Berriel Martínez.
El señor CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTES Y POLÍTICA TERRITORIAL (Berriel Martínez): Bueno, esto está establecido así, lo han establecido ustedes, así que... la doctrina de los actos propios, ¿no? Pero, bueno, prometo ser, prometo ser breve, sí. Cuando alguien promete ser breve, depende de quién sea, pero no, yo voy a hacerlo de verdad. Vamos a ver, voy a hacerlo de verdad para aclarar alguna cosa y quizás también alguna reflexión.
Creo que, en una comunicación del Gobierno en este sentido, lo que se espera de unos representantes públicos, en un asunto estratégico para Canarias y del mayor interés general, es que casi, bueno, pues, se pueda percibir que, a raíz de la comunicación del Gobierno, vaya a haber, con unanimidad, determinadas resoluciones que apoyen al Gobierno en la defensa de los intereses de Canarias. Sería una pena, sería una pena, que más allá de, sin perjuicio de la discusión que aquí se ha establecido, defendiendo por un lado al Gobierno que ha adoptado esta decisión, al Gobierno central, y, por otro lado, pues, defendiendo lo que entendemos nosotros que son los intereses de Canarias, sería, digo, una pena que no pudiésemos consensuar unas resoluciones que efectivamente vayan en la línea del mejor de los resultados para nuestra comunidad autónoma, que, en definitiva, estamos en el Parlamento de Canarias donde nos debemos todos a la comunidad autónoma en primer lugar.
No hay razón alguna, como dije antes, objetiva para abordar la privatización de los aeropuertos, pero sí el ente en el territorio continental lo decide ese no es un problema en el que nosotros debamos perder mucho tiempo. Lo importante, lo sustantivo aquí es que en Canarias esa privatización es letal, es muy complicada, porque ahora se privatiza el 49 %, pero quién dice que mañana no se privatiza otro 10% más u otro 20 y, en definitiva, se va privatizando más y más y más y más y al final resulta que exclusivamente la cuenta de resultados es la que influye. Sí, puede haber mucha regulación, puede haber mucha regulación del Estado, pero al final quién va a creer en que la regulación del Estado tampoco se cambie según los vaivenes de la presión de los inversores privados so pena de abandonar el servicio, etcétera, etcétera. Le recuerdo lo que ha pasado, efectivamente, y aquí se ha traído a colación, lo que ha pasado con la red de autopistas. Pues sencillamente los inversores le han dicho al Estado: "mire, cierro la autopista, no hago el servicio, encárguese usted, porque a mí no me salen las cuentas". Eso es lo que nosotros no podemos consentir en modo alguno con unas infraestructuras tan importantes para Canarias como lo son estas.
Vamos a ver, el decreto del año 2010, para ser justos, efectivamente desagregó las dos funciones para crear una sociedad dedicada a la gestión aeroportuaria y desagregarla, insisto, de la navegación aérea, de lo que tiene que ver con todo lo que es la seguridad de la navegación aérea. Esta segunda se quedó en el ente público, AENA Navegación Aérea; y los aeropuertos se configuraron, su gestión, a través de esta sociedad. Pero ese real decreto en modo alguno autorizó la privatización, en modo alguno. Eso se podía o no hacer y se ha hecho, pero el real decreto hasta aquí, hasta la decisión esta que se ha tomado, era 100 % capital del Estado, capital de AENA, y, por tanto, 100 % público; y, por tanto, tendrían que, digamos, dar respuesta a las decisiones de la autoridad pública. Es verdad que nunca o casi nunca AENA ha dado respuesta a las decisiones de la autoridad pública y lo que nosotros pretendemos es que no siga pasando, ahora con mucha más armazón, cuestiones, decisiones, como, por ejemplo, las que AENA toma de espaldas a la autoridad local, como, por ejemplo, retrasar la segunda pista del aeropuerto de Gando a más allá del año 25 sin consulta a nadie, y lo hago por supuesto. Tomar las decisiones absolutamente a espaldas de los intereses de Canarias y de los ciudadanos de Canarias. Hay ejemplos muchísimos que no voy a traer ahora a colación para que no se me tilde de oportunista en esta tribuna en cuestiones que a día de hoy son tremendamente sangrantes y que todos ustedes supongo que las conocen.
Señorías, la gran deuda de AENA viene como consecuencia de las grandes inversiones que hizo en un momento determinado y la caída del tráfico aéreo. La caída del tráfico aéreo se ha recuperado porque hay mucho más turismo, hay muchas más operaciones, los resultados de alguna de las operaciones han subido muchísimo, el crecimiento de la actividad en los aeropuertos ha subido y los resultados económicos también. Por tanto, ¿qué necesidad hay de hipotecar o poner en riesgo esa gestión, sobre todo en aeropuertos como los canarios, estratégicos? Pues no hay ninguna razón para eso y desde luego por eso es sencillamente un peligro y el Gobierno va a adoptar todas las decisiones necesarias para que eso no se produzca. Porque, efectivamente, nuestro Estatuto de Autonomía, pues, tiene esa previsión, que seguramente, bueno, pues, no se evaluó la potencialidad que eso tenía en su momento pero que desde luego ahora puede hacer frustrar esa decisión en relación con los aeropuertos canarios, y vamos a exigir que eso sea así.
Por lo tanto, señorías, lo que les pido es que finalmente dejemos de lado quizás discusiones más allá de las estrictamente necesarias, pensemos en Canarias y hagamos las resoluciones por unanimidad que apoyen la reivindicación del Gobierno, para no tener que llegar hasta las últimas consecuencias en el terreno judicial, sino que en el terreno político, donde deben debatir los gobiernos y donde deben entenderse los gobiernos, podamos decidir la mejor solución para Canarias, que puede ser la transferencia de los aeropuertos o la cogestión de los aeropuertos. Nosotros también, desde hace tiempo -el presidente lo ha dicho muchísimas veces-, estábamos perfectamente de acuerdo con una participación de las instituciones de Canarias y de la sociedad canaria al modo de las autoridades portuarias. Lo que pasa es que esto ha sido imposible de hacerlo entender al Gobierno central y yo espero que, si nuestra posición política fuera unánime, ese asunto podía ser entendido.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias y muchas gracias a todos.
La llamada es para que les quede constancia a todas sus señorías de que se abre un plazo de propuestas de resolución hasta las ocho cincuenta, las veinte cincuenta, de esta noche. Y la llamada es porque vamos a ver la reforma del Reglamento, una intervención muy breve. Solamente hablará don Julio Cruz en nombre de la ponencia y hay que votar, para que, por favor, no se muevan.
Es decir, queda abierto un plazo de propuestas de resolución a la comunicación del Gobierno sobre la privatización de los aeropuertos hasta la veinte cincuenta de esta noche. Mañana la Mesa a primera hora las calificará. Y comenzaremos con las preguntas al señor presidente del Gobierno y luego el debate de las propuestas de resolución. A las nueve. Lo vemos ahora.
(El señor vicepresidente primero, Cruz Hernández, ocupa un escaño en la sala).
8L/CG-0017 Sobre la asunción de competencias por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de aeropuertos civiles de interés general.