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Timestamp: 2020-07-11 13:46:19
Document Index: 77619882

Matched Legal Cases: ['artículo 49', 'Artículo 53', 'ARTÍCULO 5', 'ARTÍCULO 6', 'ARTÍCULO 13', 'ARTÍCULO 17', 'ARTÍCULO 18']

ley Archives | García Montoya Abogados
Defensa de la ley y de la libertad (todos cumplimos la ley -incluido el Gobierno- y defendemos la libertad o el estado de derecho desaparece)
En estos días difíciles para todos los españoles (INE. Población total: 47.100.396) se oye hablar con frecuencia de la ley, sobre todo, cuando en cualquier sitio o medio de comunicación se pide a los ciudadanos, que cumplan con las normas en la lucha contra la pandemia, incluso existe una vigilancia policial excesiva y agobiante para los españoles, de forma que cualquiera ha comprobado el enorme celo con el que la policía exige a cualquiera que cumpla los horarios de la “desescalada por fases (desfases), a veces incomprensible”, por no hablar de la vigilancia sufrida por los ciudadanos de a pie para el cumplimiento de un confinamiento llevado al límite en su rigor de condiciones (incluso es muy difícil encontrar otro país con semejante rigor en el confinamiento). Lo que digo, no es una exageración caprichosa, sino una realidad que todos los ciudadanos han podido comprobar y sufrir.
Que conste, que soy, incluso maniático, en el cumplimiento de la ley, pero me produce una enorme decepción comprobar, que mientras se exige a los españoles un cumplimiento inapelable de la ley, los poderes públicos, especialmente, el Gobierno vienen haciendo de su capa un sayo en cuanto al cumplimiento de la ley, pues si hay algo esencial en cualquier estado de derecho, es que la ley deben cumplirla todos por igual, especialmente los poderes públicos. Es evidente, para cualquier jurista, que el Gobierno, en la aprobación y aplicación del estado de alarma (art. 116 C.E.) con sus cinco prórrogas, se ha pasado muchos pueblos, a la vez, que el llamado mando único del estado alarmante ha cometido toda clase de desafueros legales, en base parece ser, a que “eso lo que hay”. Los ejemplos conocidos por todos son innumerables y eximen de cualquier comentario al respecto, pero está muy claro que los incumplimientos legales gubernamentales alcanzan una pirámide interminable.
La Constitución en su art. 9 dice lo siguiente: “Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Por lo expuesto, la C. E. no puede ser más clara, la ley es para todos por igual, especialmente, para los poderes públicos, sin exclusión alguna, pero la realidad ha sido y es, que una cosa es ser ciudadano de a pie y otra es ser Gobierno. ¿Alguien puede poner en duda lo que digo?
A pesar de todo, el incumplimiento de la ley gubernamental no solo es lo más nefasto de todo lo que sufrimos los españoles, sino que sus efectos están destruyendo nuestros derechos y libertades. Se viene produciendo, progresivamente en aumento, una enajenación de toda la población, teledirigida hacia una sociedad sometida y cautiva a un poder gubernamental autoritario y excesivo, cuya finalidad parece ser, destruir contra ley nuestra libertad individual con la motivación recurrente de la lucha contra la pandemia.
Nuestra libertad en todas sus vertientes está en serio peligro inminente, pues no solo tenemos que afrontar una epidemia y una quiebra económica escandalosa, sino que, además, y, sobre todo, un Gobierno autoritario está construyendo un régimen de sumisión a su poder, aprovechando unas circunstancias extraordinarias derivadas de una enfermedad generalizada y de un estado alarmante inconstitucional superlativamente prorrogado.
Por lo dicho, no estoy dispuesto a soportar, que, después de 40 años de opresión, los años que me quedan de vida, se construya por el Gobierno, sobre la libertad, que con tantos trabajos y sacrificios conseguimos edificar, una sociedad cautiva y sumisa. No quiero una sociedad igualitaria de poder colectivo, mantenida en la pobreza de “todos iguales”, sin que se permita y se premie el esfuerzo individual, ya que no estoy dispuesto a cambiar cromos de libertad por seguridad. No se puede permitir, que un Gobierno trilero saque provecho de la terrible situación que estamos atravesando para acometer sus derivas liberticidas, ni que nuestro futuro sea una sociedad dependiente y subvencionada, cada vez más pobre y menos libre.
En resumen, el respeto a la ley por todos es la libertad de todos nosotros, de forma, que todos los poderes públicos, especialmente el Gobierno, deben respetar y cumplir la ley que no hemos dado, nosotros el pueblo, y, si alguien pone en peligro nuestras libertades, tenemos el derecho natural de defendernos contra el opresor con todos los medios a nuestro alcance, pues nadie está por encima de la ley que garantiza nuestras libertades y derechos.
N. B. Tenemos que defender por todos los medios posibles e imposibles el respeto a la ley y nuestra libertad en todas sus vertientes, ya que, o todos cumplimos la ley -incluido el Gobierno- y defendemos la libertad, o el estado de derecho desaparecerá sin remedio.
No puede existir ninguna circunstancia, ninguna pandemia, que elimine nuestra libertad individual, pues tenemos unos derechos irrenunciables, de forma, que es siempre preferible defender la libertad, incluso con cualquier sacrificio si es preciso, que tener que soportar vivir en una sociedad cautiva sometida a un poder colectivo y autoritario.
Córdoba, a 22 de mayo de 2020
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Cláusulas suelo (historia de una injusticia interminable)
Hay que partir de una declaración general: “El importe de lo abonado por los perjudicados o afectados por las clausulas suelo a las entidades financieras, debe ser reintegrado a los mismos, con sus intereses, de manera inmediata en su totalidad, con gastos de todo tipo, y sin ningún coste para ellos”.
Lo expuesto como norma general encuentra su base en las siguientes consideraciones entre otras:
1ª.- El TSJUE en sentencia reciente ha sentado la doctrina de que las cláusulas suelo son nulas de pleno derecho y deben ser devueltas en su totalidad.
2ª.- Los Jueces y Tribunales españoles han asumido, que la aplicación de la sentencia del TSJUE, es de aplicación plena y total en España.
3ª.- Algunas entidades financieras han sido “rescatadas” en España con una cifra que está entre 62 mil millones y 120 mil millones de euros con el dinero, si o si, de todos los españoles, aunque nadie del pueblo llano conoce la cifra exacta.
4ª.- El Gobierno, por medio de sus representantes, ha fijado la incidencia del cumplimiento de la sentencia sobre cláusulas suelo de TSJUE en una cantidad, que fluctúa, sobre los 4 mil millones de euros.
5ª.- Hasta la fecha, todos (Gobierno, CC.AA., Asociaciones de Consumidores, Entidades Financieras involucradas, etc.) no saben o no quieren señalar donde se debe empezar y que procedimiento se debe emplear que garantice el derecho completo y total de los afectados, por supuesto sin gastos sorprendentes para ellos.
6ª.- El Ministro de Justicia ha declarado que “el Gobierno busca una alternativa extrajudicial para las cláusulas suelo”.
7ª.- Aquí conviene recordar el asunto desgraciado y funesto del accidente del YAK-42, el Informe del Consejo de Estado (muy lento desde luego) y las palabras de la Ministra de defensa Srª. Cospedal sobre el tema, como ejemplo de un asunto mal llevado de principio a fin.
8ª.- Dado, que la vía judicial constitucionalmente no se puede cerrar por nadie, el Gobierno, a través del Sr. Fiscal General, debería instar a la Fiscalía a intervenir judicialmente en todos los procesos judiciales de cláusulas suelo, cuando el asunto derivara a la vía judicial, interviniendo como en casos semejantes, por ejemplo al igual que ocurre en el supuesto de incapacitados o menores, en defensa completa y gratuita de sus derechos.
9ª.- El acuerdo de todos los partidos debe ser rápido, eficaz y, a ser posible, unánime.
10.- Para terminar, la Ley que ejecute la sentencia del TSJUE, en sus justos términos, debe establecer normas sancionadoras, que dupliquen las cuantías de las cantidades a devolver con sus intereses en caso de impago y/o de resistencia enconada al mismo, importes que deberán quedar ingresados en el Tesoro Público, afín de que los españoles puedan recobrar algo que le es debido.
N.B. Por descontado, esta opinión admite mejoras de todas clases, pero hay algo irrenunciable para todos: rapidez, eficacia y aplicación completa de la justicia (ya que no puede ser, que siempre paguen los mismos y cobren los mismos con los impuestos y sacrificios de la gran mayoría de los españoles).
Córdoba, a 11 de enero de 2017
Abogado ICA-Córdoba. Inspector de T. y S. S.
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El derecho a un recurso efectivo en el orden penal (II)
** Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 1976, de conformidad con el artículo 49). del que, nos fijamos y concretamos, lo siguiente:
<<Los Estados Partes en el presente Pacto,
Reconociendo que, estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana,
Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos,>>
3. El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la reforma y la readaptación social de los penados.
(Ver en este punto su coincidencia con nuestra Constitución art. 25. 2 que establece: “que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social”).
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia.
- Artículo 53
** Asimismo, como complemento del Pacto citado, destacamos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (documento declarativo adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París), como parte de la Carta de las Naciones Unidas, de la que, nos fijamos y concretamos, lo siguiente:
** A mayor abundamiento, el Convenio para la protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 (también conocido como la Convención Europea de Derechos Humanos) y la jurisprudencia que los desarrolla y aplica del TEDH.
El Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales (Roma, 4 de noviembre de 1950) dice al respecto:
• ARTÍCULO 5. Derecho a la libertad y a la seguridad.
• ARTÍCULO 6. Derecho a un proceso equitativo.
1.Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido por ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia.
• ARTÍCULO 13. Derecho a un recurso efectivo.
• ARTÍCULO 17. Prohibición del abuso de derecho.
Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido actividad o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mismo.
• ARTÍCULO 18. Limitación de la aplicación de las restricciones de derechos.
Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual hayan sido previstas.
** La Ley 25/2014, de 27 de noviembre, de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (BOE. 28/11/2014, N. Boletín: nº 288). (Rango: Leyes y Decretos Legislativos Autonómicos)
Modifica a: Deroga el Decreto 801/1972, de 24 de marzo, sobre ordenación de la actividad de la Administración del Estado en materia de tratados internacionales.
Capítulo IV. Aplicación e interpretación de los tratados internacionales
Córdoba, a 9 de diciembre de 2014
This entry was posted in Uncategorized and tagged efectivo, ley, pacto, recurso on 09/12/2014 by Enrique Garcia Montoya.
Derechos de personas con discapacidad (una Ley necesaria e importante)
Casi cuatro millones de personas en España tienen discapacidad y ofrecen a diario “un ejemplo de superación y esfuerzo para superar situaciones de adversidad debidas tanto a las barreras físicas que todavía tienen que sortear como a algunos prejuicios que aún existen”, así lo ha asegurado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato (03/12/13). En su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, celebrado en la sede del CERMI, la Ministra ha dicho, así mismo, que la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, ”supone el reconocimiento expreso de que las personas con discapacidad son titulares de derechos y los poderes públicos están obligados a garantizar su ejercicio pleno”.
El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. (BOE. Núm. 289. Martes. 3 de diciembre de 2013 Sec. I. Pág. 95635), entró en vigor el día 4 de diciembre, teniendo por objeto:
En 2012 había un total de 1.450.800 personas con certificado de discapacidad en edad de trabajar (de 16 a 64 años), lo que supuso el 4,8% de la población total en edad laboral.
Por otro lado, alrededor de 140.000 niños menores de 16 años padecen algún tipo de discapacidad en España, según datos del Estado Mundial de la Infancia 2013 presentado por UNICEF en Madrid.
La directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Pilar Villarino, ha lamentado en el mismo acto la “grandísima falta de datos” fiables en España sobre este tema. La última encuesta oficial al respecto es la elaborada en 2008 por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que “no es muy detallada”, ha explicado Villarino. Esa falta de datos afecta incluso al número de niños con discapacidad que sufren violencia. Según la directora de CERMI, los actuales recortes que se están llevando a cabo en España para reducir el déficit del Estado están afectando de forma muy especial a las entidades territoriales, sobre todo a las comunidades autónomas, y, por tanto, a la sanidad y a la educación, los dos principales vectores para atender a los niños con discapacidad.
Por todo lo dicho, entiendo que la nueva Ley General de Incapacidad es de una enorme importancia, solo falta que el Gobierno dote económicamente de forma adecuada los fondos dedicados a la discapacidad, en todas sus formas y variantes, especialmente a ese número de niños que se encuentran necesitados y a sus familias que hacen una labor encomiable y sin apenas medios reales.
Córdoba, 9 de diciembre de 2013
This entry was posted in Uncategorized and tagged incapacidad, ley, niños on 09/12/2013 by Enrique Garcia Montoya.