Source: https://www.slideshare.net/Coljuristas/inf-2003-n4
Timestamp: 2017-08-19 12:04:36
Document Index: 119878318

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 608', 'artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'artículo 1', 'artículo 4']

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Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas
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1. COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS Organización no gubernamental con status consultivo ante la ONU Filial de la Comisión Andina de Juristas (Lima) y de la Comisión Internacional de Juristas (Ginebra). Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas Julio de 2003___________________________________________________________________ Personería jurídica: resolución 1060, Agosto de 1988, Alcaldía Mayor de Bogotá Calle 72 No. 12- 65 Piso 7 Tel: (571) 3768200 - 3434710 Fax : (571) 3768230 Email : ccj@col..net.co Apartado Aéreo 58533 Bogotá, Colombia
2. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003 ÍndiceINTRODUCCIÓN …………………………………………………………………………….. 1I. PANORAMA DE LA SITUACIÓN GENERAL …………………………………………………… 2 A. Ausencia o inaplicación de políticas de derechos humanos y derecho humanitario ……………………………………………………………………………………………… 2 1. Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) ……………………………………………. 2 2. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) ………………………………………………….. 4 a. Política de “seguridad democrática”……………………………………………………… 4 b. Red de informantes ………………………………………………………………………. 5 c. Soldados campesinos …………………………………………………………………….. 6 B. Paramilitarismo ………………………………………………………………………… 7 1. Responsabilidad del Estado en el fenómeno del paramilitarismo, falta de combate a los grupos paramilitares …………………………………………………………….. 7 2. Masacres perpetradas por paramilitares ……………………………………………. 8 a. Masacre de Mapiripán (Meta) …………………………………………………………. 9 b. Masacre de El Salado (Bolívar) ………………………………………………………… 10 c. Masacre de Ovejas (Sucre) ……………………………………………………………… 11 d. Otras 626 masacres cometidas por paramilitares ……………………………………….. 12 3. Negociaciones secretas e impunidad ………………………………………………… 12 C. Infracciones al derecho humanitario cometidas por grupos guerrilleros, grupos paramilitares y agentes estatales ……………………………………………… 14 1. Toma de rehenes y secuestros ………………………………………………………. 14 2. Uso de armas prohibidas ……………………………………………………………. 16 3. Ataques a alcaldes y funcionarios públicos …………………………………………. 21 4. Masacres …………………………………………………………………………….. 22 D. Impunidad y administración de justicia ………………………………………………… 24 1. Estado de las investigaciones penales y disciplinarias por violaciones a los derechos humanos …………………………………………………………………… 24 2. Justicia penal militar …………………………………………………………………. 24 3. Ataques a fiscales, jueces y abogados ……………………………………. 26 4. Salvedad a la competencia de la Corte Penal Internacional ………………………… 26 E. Conversaciones de paz ………………………………………………………………….. 27 1. Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002) ……………………………………………. 27 a. Conversaciones con las Farc …………………………………………………………….. 27 b. Conversaciones con el Eln ………………………………………………………………. 27 c. Balance …………………………………………………………………………………... 28 2. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) ………………………………………………….. 29 F. Desplazamiento forzado ………………………………………………………………… 30 i
3. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003II. ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PACTO DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS ……………………………………………………………………………… 33 A. Deber de respeto y garantía de los derechos contenidos en el Pacto (art. 2, numeral 1) ….. 33 1. Gobierno de Andrés Pastrana Arango (1998-2002): ley de seguridad y defensa nacional ……………………………………………………………………… 33 2. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) : proyecto de reforma constitucional …… 35 B. Existencia de un recurso efectivo (art. 2, numeral 3) ……………………………………………… 37 1. La Fiscalía General de la Nación ………………………………………………………. 37 a. Retrocesos en la gestión de la Fiscalía ………………………………………………… 37 b. Reforma constitucional a la Fiscalía …………………………………………………… 39 2. Tendencia al desmantelamiento del Estado social y democrático de derecho ………….. 39 C. Estados de excepción (art. 4) : declaratoria de estado de excepción en agosto de 2002 ……. 41 1. Declaratoria no se ajustó al artículo 4 del Pacto ……………………………………… 41 2. Excesivo e inútil recurso al estado de conmoción interior …………………………… 43 3. Restricciones arbitrarias al derecho a la libertad (art. 9), a la libre circulación (art. 12), a los derecho s de las personas extranjeras (art. 13) y a la vida privada (art. 17) ……….. 45 4. Ataques a la población civil …………………………………………………………. 47 D. Derecho a la vida (art. 6) ………………………………………………………………… 49 E. Torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes (art. 7) ……………………………… 50 F. Situación de los defensores de derechos humanos, líderes sociales y sindicalistas (arts. 2, 6, 18, 19, 21, 22 y 27) ………………………………………………….. 57 1. Violaciones a los derechos humanos de los defensores de derechos humanos …………. 57 2. Política del Estado hacia los defensores de derechos humanos ………………………… 57 3. Actitud de los funcionarios frente a los defensores de derechos humanos …………….. 58 4. Situación bajo el estado de conmoción interior ………………………………………… 60 (detenciones arbitrarias, apertura de investigaciones penales sin fundamentos de prueba, allanamientos a domicilios y a sedes de organizaciones sociales y de derechos humanos) G. Situación de las mujeres (arts. 2, 3, 6, 7, 19, 21, 23 y 25) …………………………………….. 61 H. Situación de la población carcelaria (arts. 6, 7, 9 y 10) ……………………………………… 62 I. Situación de la niñez (arts. 6, 23, 24) ………………………………………………………. 65 J Situación de los pueblos indígenas y afrocolombianos (arts. 1, 2, 6 y 27) ……………………. 69III. RECOMENDACIONES ……………………………………………………………………… 71 ii
4. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003 Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, junio de 2003La situación de derechos humanos y derecho humanitario en Colombia continúadeteriorándose. Desde mayo de 1997, fecha en la cual el Comité de Derechos Humanosanalizó el cuarto informe periódico presentado por el Gobierno de Colombia, lasviolaciones a los derechos humanos y las infracciones al derecho humanitario hanaumentado dramáticamente. No han sido atendidas las sugerencias y recomendaciones delComité de Derechos Humanos, ni las del Alto Comisionado de Naciones Unidas para losDerechos Humanos, ni las de la Comisión de Derechos Humanos y sus mecanismostemáticos. Al contrario, han sido desacatadas, a través de medidas adoptadas por lossucesivos gobiernos abiertamente contrarias al derecho internacional de los derechoshumanos. La situación en Colombia es descrita por el Alto Comisio nado de las NacionesUnidas para los derechos humanos así: “Las violaciones de los derechos humanos se producen en un marco reiterado de prácticas graves, masivas y sistemáticas (...) Las infracciones al derecho internacional humanitario representan igua lmente una práctica generalizada y a gran escala...”1 .Hoy, un promedio de 20 personas mueren diariamente a causa de la violencia sociopolítica.En 1998, este promedio era de 10 personas. Las políticas de seguridad del Gobiernoposesionado en agosto de 2002 están teniendo efectos nocivos sobre la situación dederechos humanos.Este informe presenta un panorama de la situación de derechos humanos y derechohumanitario en el apartado I, y analiza el estado de la implementación del Pacto deDerechos Civiles y Políticos, a partir de algunos de sus artículos en el apartado II.Finalmente, en el apartado III, se sugieren unas recomendaciones, que podrían serformuladas al Estado colombiano por parte del Comité de Derechos Humanos.1 Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos enColombia , 24 de febrero de 2002, documento E/CN.4/2002/17, párrafos 72 y 73. Ver también Informe de la Alta Comisionada de lasNaciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, 24 de febrero de 2003,documento E/CN.4/2003/13, párrafos 10 y 14 del resumen. Ver también Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas paralos Derechos Humanos sobre la situación en Colombia , 8 de febrero de 2001, documento E/CN.4/2001/15, párrafos 250 y 251. 1
5. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003I. PANORAMA DE LA SITUACIÓN GENERALA. Ausencia o inaplicación de políticas de derechos humanos y derecho humanitario1. Gobierno de Andrés Pastrana (1998 – 2002)El gobierno del presidente Andrés Pastrana formuló una política denominada “Política depromoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos y de aplicación del DerechoInternacional Humanitario, 1998-2002”, presentada al país el 12 de agosto de 1999. Dichapolítica contenía aspectos importantes; de haberse aplicado, se habría producido algunamejoría en la situación.Sin embargo, la política no se aplicó en lo esencial, e incluso fue abiertamente contradichaen aspectos importantes por posteriores decisiones gubernamentales y, por lo tanto, noincidió en la disminución de la violencia sociopolítica ni en el número de violaciones aderechos humanos. Entre julio de 1998 y junio de 2002 fueron víctimas de ejecucionesextrajudiciales, homicidios sociopolíticos, desapariciones forzadas y muertes en combate23.734 personas (18.386 casos con presuntos autores identificados, 4.245 casos en estudio).Los porcentajes de autoría de las violaciones de derechos humanos cambiaron. En 1988 lasviolaciones a los derechos humanos atribuidas presuntamente a acciones directas de laFuerza Pública eran de más del 50%. Gradualmente ese porcentaje fue descendiendo añotras año. Entre julio de 1998 y junio de 1999, ese porcentaje fue de 17,60%. Gradualmentetambién fue aumentando año tras año el porcentaje de hechos atribuidos a gruposparamilitares que, de 20% en 1993, se situó en 38,06% entre julio de 1998 y junio de 1999.El total de muertes producidas por unos y otros se mantuvo igual y, como se ha dicho,luego empezó a aumentar hasta duplicarse en 2001.Frente a tales hechos, el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de NacionesUnidas, en la Declaración sobre la situación de derechos humanos en Colombia aprobadapor consenso en abril de 2000, manifestó: “[L]a Comisión expresa su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria y de derechos humanos en Colombia durante 1999, caracterizada por un descenso en las denuncias de violaciones a los derechos humanos contrarrestado notoriamente por un aumento en los abusos y asesinatos cometidos por los paramilitares”2 .En el mismo sentido, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, ese mismoaño de 2000, sostuvo: “ [l]os hechos imputables a los grupos paramilitares constituyen igualmente, a los efectos del presente informe, violaciones de derechos humanos que comprometen por lo tanto, por acción o por omisión, la responsabilidad internacional del Estado. Esta consideración se2 Declaración de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos enColombia, 56 período de sesiones, abril de 2000, documento (OHCHR/STM/00/22). 2
6. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003 basa en el hecho de que estos grupos cuentan con el apoyo, aquiescencia o tolerancia de agentes del Estado y se benefician de la falta de respuesta del mismo” 3 .Algunos de los aspectos preocupantes del gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) enmateria de derechos humanos son:Respecto al Código penal militar, aprobado en agosto de 1999, las accionesgubernamentales se dirigieron a restringir el alcance de los lineamientos de la CorteConstitucional, que había limitado el fuero militar a los delitos estrictamente relacionadoscon el servicio 4 . El Código dispone que los delitos de genocidio, desaparición forzada ytortura son de competencia de la jurisdicción ordinaria, con lo cual excluiría delconocimiento de los tribunales ordinarios otras violaciones a los derechos humanos, queestaban previstas en las normas originales del proyecto (artículos 2 y 3). La CorteConstitucional, al realizar el control de la norma, reiteró que todas las violaciones a losderechos humanos deben ser de competencia de la justicia ordinaria y que, por lo tanto, losdelitos mencionados en el Código penal militar no constituyen una lista taxativa 5 . ElGobierno intentó también suspender indefinidamente la entrada en vigencia del Códigopenal militar, situación que fue finalmente resuelta por la Corte Constitucional6 .En relación con un proyecto de ley que tipificó el genocidio, la tortura, la desapariciónforzada y el desplazamiento forzado, el Gobierno, lejos de impulsar el proyecto,obstaculizó su entrada en vigencia objetando arbitraria e injustificadamente la tipificacióndel genocidio político, con el argumento de que el sujeto activo de ese delito debía ser ungrupo legal, puesto que si se trataba de un grupo al margen de la ley se estaríaimposibilitando a la Fuerza Pública el cumplimiento de su deber constitucional de enfrentara los actores armados ilegales. Por vicios de forma inexistentes, el Gobierno objetó tambiénel artículo que otorgaba competencia a la justicia ordinaria para conocer de esos delitos.Igualmente fue excluida en el trámite de esta ley en el Congreso la prohibición de invocarla obediencia debida cuando se tratara de conductas que conllevaran graves violaciones alos derechos humanos. El Gobierno no tomó acción alguna para evitar que esto sucediera.Finalmente, el artículo de genocidio se modificó de acuerdo con la exigencia del Gobierno,y el artículo de jurisdicción fue excluido. La Corte Constitucional declaró inconstitucionalla calificación del sujeto pasivo en el delito de genocidio político, estableciendo queconstituiría una discriminación proteger del genocidio político únicamente a quienes actúanlegalmente, lo cual restringiría la vigencia de los tratados internacionales. Adicionalmente,las fuerzas militares no pueden combatir a los grupos armados al margen de la ley a travésde genocidio 7 . Cabe observar que en la “Política de promoción, respeto y garantía de losDerechos Humanos y de aplicación del Derecho Internacional Humanitario, 1998-2002”,3 Informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia , 9 de marzo de 2000, documentoE/CN.4/2000/11, párrafo 25.4 Ver infra, punto I.D.2, Justicia penal militar.5 Sentencia de la Corte Constitucional número C-368 de 2000, magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz.6 El artículo 608 del Código disponía que éste entraría en vigencia un año después de su expedición, siempre y cuando estuviera vigentela ley estatutaria de administración de justicia penal militar. Esta disposición fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional enla sentencia C -368 de 2000, pues la Constitución no prevé una ley estatutaria de justicia penal militar. Esa declaratoria deinconstitucionalidad provocó el hundimiento de un proyecto de ley estatutaria de justicia penal militar, que el Gobierno ya habíapresentado, por medio del cual buscaba ampliar nuevamente el fuero penal militar y aplazar un año más la entrada en vigencia del nuevoCódigo penal militar.7 Sentencia de la Corte Constitucional número C-317 de 2002, magistrado ponente: Clara Inés Vargas 3
7. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003adoptada por el Gobierno en agosto de 1999, se había anunciado formalmente plenorespaldo a todo este proyecto de ley, no obstante lo cual el Gobierno objetó la ley una vezaprobada por el Congreso en diciembre del mismo año.Por otra parte, mediante la ley 387/97 del 18 de julio de 1997, se adoptaron normas para laprevención del desplazamiento forzado. En 2000 fue promulgado el decreto 2569 quereglamenta parcialmente esa ley. El resultado, lejos de ser satisfactorio, tiene defectosgraves: establece, por ejemplo, la cesación de la condición de persona desplazada pordecisión unilateral del Gobierno, fundamentada en la falta de colaboración de la personadesplazada, y establece un plazo dentro del cual la persona desplazada debe presentar ladeclaración que le permite ser reconocida como tal por parte del Estado y, por ende, recibirla ayuda humanitaria; impone a las personas desplazadas la obligación de asumir laresponsabilidad en caso de que deseen retornar a pesar de que el Estado considere que nohay garantías para el retorno; finalmente, limita el presupuesto de todos los programas deatención del Estado.Así mismo, a través de la ley 684 del 13 de agosto de 2001, sobre seguridad y defensanacional, el Gobierno puso en riesgo la vigencia del Estado social y democrático dederecho, desconociendo su deber de respetar y garantizar a todos los individuos losderechos reconocidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. A esa ley, que fuedeclarada inconstitucional en su totalidad por la Corte Constitucional en abril de 2002 8 , sehará referencia más adelante, en el análisis sobre la implementación del Pacto (apartadoII.A.1.). 2. Gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006)La política de seguridad del Gobierno está basada en el desconocimiento del principio dedistinción entre combatientes y población civil. El Presidente de la República, además deimplementar políticas abiertamente contrarias a ese principio, ha manifestado que no creeen él, al afirmar: “Esta violencia no la llamamos conflicto. A sus actores no lesreconocemos en título de combatientes. Son terroristas”9 . La Oficina en Colombia del AltoComisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se vio precisada a llamarla atención acerca de la necesidad de distinguir entre combatientes y no combatientes paraproteger a la población civil, a través de un documento titulado Sobre la importancia delprincipio humanitario de distinción en el conflicto armado interno10 , dado a conocer díasdespués de las declaraciones del mandatario.a. Política de “seguridad democrática”El actual Gobierno ha dicho que su política de derechos humanos es su misma política de“seguridad democrática”. Sin embargo, esa política irrespeta las normas del derechohumanitario, involucrando aún más a la población civil en el conflicto armado, y ha llevadoa que el Estado persiga y ataque a la población civil, haciendo uso de medidas de8 Sentencia de la Corte Constitucional C-251 de 2002, magistrados ponentes: Eduardo Montealegre y Clara Inés Vargas.9 “Guerrilla es combatiente, dice la ONU”, diario El Tiempo, 1º de julio 1 de 2003, págs. 1-1 y 1-6.10 Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sobre la importancia del principiohumanitario de distinción en el conflicto armado interno, 30 de junio de 2003, www.hchr.org.co 4
8. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003 excepción. Además, plantea una tendencia al desmantelamiento del Estado social y democrático de derecho. A estas preocupaciones nos referiremos a lo largo de este informe. La política gubernamental traslada a la ciudadanía la obligación de garantizar la seguridad, y la utiliza como un instrumento para ganar la guerra. Los lineamientos de la política plantean, por ejemplo, que la ciudadanía “será parte fundamental en el tema de la recolección de información (para la inteligencia militar)”11 . Por otra parte, la política de seguridad se inspira en la idea de que uno de los principales problemas de seguridad es que los actores armados se “mimetizan entre la población civil”, y así se expresa en el decreto 2002 de 2002 sobre conmoción interior12 . Así, se abre la puerta a múltiples infracciones al derecho humanitario, pues las operaciones militares se orientan a atacar y perseguir ante todo a sectores de la población civil considerados como sospechosos de auxiliar a las guerrillas, y no a los grupos paramilitares o guerrilleros en el terreno militar. Programas como la red de informantes o los soldados campesinos son parte fundamental de esa política. b. Red de informantes El Gobierno busca convertir, por lo menos, a un millón de personas civiles en informantes de la Fuerza Pública, según el Plan de Desarrollo. Un documento confidencial del Gobierno sobre la política de seguridad expresa que la aspiración es la de incorporar en la red de informantes a la totalidad de la población. Estas personas vigilarán permanentemente a sus vecinos e informarán a las autoridades del Ejército y de la Policía sobre cualquier hecho o persona que pretenda, según el criterio de cada informante, alterar el orden público, y recibirán recompensas a cambio de la información que suministren. Es decir que los civiles cumplirán funciones de inteligencia militar. El Gobierno ha dicho que las redes de informantes estarán “bajo el control, supervisión y evaluación de los comandantes militares y policiales y de los organismos de seguridad del Estado localizado en cada una de las áreas”13 . En el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno ha señalado que entre quienes conforman las redes de cooperantes están “las empresas privadas de vigilancia”14 , es decir que las redes de cooperantes están conformadas también por personas armadas. Así, estarán bajo el control de la Fuerza Pública las personas civiles que cump lan funciones de inteligencia militar y que no estén armadas, y las personas armadas que hacen parte de las empresas privadas de vigilancia. Esta medida empezó a ser ejecutada menos de 48 horas después de haberse posesionado el Presidente de la República.11 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Bases del Plan Nacional de Desarrollo, 2002-2006, Hacia unEstado Comunitario, Bogotá, DNP, 2002, pág. 34; proyecto de ley n.º 169/03 de 2003, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,Hacia un Estado Comunitario, artículo 3 Por mandato de la Constitución Política colombiana (art. 3 . 39), cada gobierno está en laobligación de adoptar un plan nacional de desarrollo, en cuya parte general se deben señalar los propósitos y objetivos nacionales de largoplazo, las metas y prioridades de acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, socialy ambiental para el período correspondiente. 12 Decreto 2002 de 2002, 3er. considerando. 13 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación (DNP), Op. cit., pág. 36. 14 Ibídem. 5
9. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003Además de la arbitrariedad de los criterios de los informantes para señalar personas como“sospechosas”, la Fuerza Pública ha utilizado la medida para cometer abusos. Algunos desus miembros han actuado acompañados de informantes encapuchados y, bajo susseñalamientos, han realizado detenciones arbitrarias sin orden judicial previa. Lainformación suministrada por estos informantes es utilizada, en muchos casos, sin unavaloración adecuada, como único fundamento para la detención y como prueba dentro delproceso penal. Hay denuncias sobre la utilización de menores de edad como informantes,por parte de la Fuerza Pública15 .c. Soldados campesinosEl Gobierno anunció que incorporaría en un programa llamado “soldados campesinos”,entre agosto de 2002 y marzo de 2003, a por lo menos 15.000 campesinos, y espera que alfinalizar su período se hayan incorporado 100.000 jóvenes en ese programa 16 . Los nuevosreclutas son considerados militares de medio tiempo, portan uniforme y siguen la jerarquíade mando militar. El otro medio tiempo viven en sus casas y realizan sus actividadesnormales de estudio o trabajo 17 . Hasta el 17 de junio de 2003, se habían incorporado a lasfilas del Ejército 15.120 soldados campesinos, en 420 municipios del país 18 .El propósito del Gobierno es que la población civil campesina se involucre en la atención alos soldados. Según la ministra de Defensa, “como la gente forma parte de la población esova creando un tejido de cooperación con la Fuerza Pública, a la población toca tenerla dellado nuestro. Es la única forma de ganar la guerra”19 . Obligar a la población civil acooperar de esta manera en el mantenimiento del orden público la convierte en objetivomilitar de los actores armados e invierte las responsabilidades en materia de derechoshumanos.Las autoridades militares han empezado a hacer, en la práctica, una mezcla entre elprograma de la red de informantes y el de soldados campesinos, negando cada vez más laposibilidad de que existan personas que no participen en las hostilidades. Un alto mandomilitar ha señalado que el programa “es efectivo, ya que si usted multiplica 35 personas 20(soldados campesinos) por todos los familiares y conocidos que tienen, se puede obtenercon facilidad una red de informantes en todo el municipio”21 .Al continuar viviendo en su casa, los soldados campesinos y sus familias corren el riesgo deser atacados en sus hogares o lugares de trabajo. La Relatora Especial sobre violenciacontra la mujer señaló, tras su visita a Colombia en noviembre de 2001, que muchasmujeres son víctimas de agresiones por el solo hecho de tener parentesco con algún15 Esto es evidente en el caso de la detención arbitraria de María del Socorro Mosquera, Mery del Socorro Naranjo y Teresa Yarce, líderescomunitarias de Medellín (Antioquia), el 12 de noviembre de 2002, ver infra cita 172. También ha sido denunciado públicamente pormiembros de la Asociación Campesina de Arauca (ACA), denuncia que realizó esta organización en reunión sostenida con la MisiónSindical Internacional en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el día 4 de febrero de 2003.16 “Campesinos armados”, revista Semana, 26 de agosto de 2002, pág. 26.17 Ibídem.18 “Ayer se despacharon ocho pelotones de militares campesinos para siete poblaciones”, diario El País, www.elpais.com, 17 de junio de2003.19 “Campesinos armados”, revista Semana, 26 de agosto de 2002, pág. 27.20 El comandante se refiere a los 35 soldados campesinos que forman parte del programa en Guaduas (Cundinamarca).21 “Yo quiero proteger a mi patria”, periódico El Espectador, febrero 24 de 2002, www.elespectador.com 6
10. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003combatiente 22 . Estos ataques contra las esposas, compañeras, hijas, hijos y familiares de lossoldados campesinos ya se han empezado a presentar 23 . En reciente informe, laProcuraduría General de la Nación advierte que “ello ha permitido hacer más visible, como‘objetivo militar’ de la insurgencia, un sector de la población civil: los familiares de lossoldados campesinos”24 .En comunicación dirigida al Presidente de la República en agosto de 2002, la AltaComisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Mary Robinson,manifestó: “ [M]e permito expresarle mi inquietud sobre algunas de las medidas que en los últimos días ha anunciado el Gobierno colombiano en materia de orden público y seguridad ciudadana, ya que ellas podrían ser incompatibles con la normativa internacional de derechos humanos y de derecho humanitario. Mecanismos como el de la constitución de redes de informantes y el del empleo domiciliario de armas por los reclutas campesinos pueden contribuir, dentro del contexto de la violencia generalizada y degradación del conflicto, a que la población civil quede involucrada en el desarrollo de operaciones bélicas o expuesta a situaciones de riesgo provocadas por el desvanecimiento del principio de distinción” 25 .Adicionalmente, las experiencias del país permiten afirmar que estas formas decolaboración de los civiles con la Fuerza Pública para la realización de acciones militares(de inteligencia, información o combate) conducen al paramilitarismo. La Oficina del AltoComisionado para los Derechos Humanos señaló en el año 2001 que en Colombia,históricamente, la legislación y las políticas estatales han desempeñado un papel innegableen la actual magnitud y características del paramilitarismo 26 .B. Paramilitarismo1. Responsabilidad del Estado en el fenómeno del paramilitarismo, falta de combate a esos grupos “El Estado es jurídicamente responsable tanto de los ataques perpetrados en forma directa por las fuerzas armadas colombianas, como por aquellos cometidos por las organizaciones paramilitares, para lo cual el apoyo, la aquiescencia o la complicidad del Estado son elementos determinantes. Los vínculos existentes entre el Ejército o los funcionarios públicos y los paramilitares y la falta de sanciones por las violaciones es motivo de una honda preocupación” 27 .22 Informe de la Rela tora Especial sobre violencia contra la mujer, sus causas y sus consecuencias, señora Radhika Coomaraswamy,documento de Naciones Unidas número E/CN.4/2002/83/Add.3, resumen ejecutivo.23 “Amenazan a familiares de soldados campesinos”, diario La Libertad, febrero 27 de 2003, www.lalibertad.com; “Soldados campesinos,¿si o no?”, diario El Tiempo, 3 de junio de 2003, pág. 1-2.24 Procuraduría General de la Nación, La zona de rehabilitación y consolidación de Arauca, Informe especial,www.procuraduria.gov.co/noticias/indexno.html, 19 mayo de 2003, Bogotá, pág. 6.25 Comunicación de la señora Mary Robinson, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida al Presidentede la República el 26 de agosto de 2002, disponible en www.hchr.org.co26 Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidaspara los Derechos Humanos en Colombia, 8 de febrero de 2001 documento E/CN.4/2001/15, párr. 131.27 Informe de la Representante Especial del Secretario General sobre los defensores de los derechos humanos, documentoE/CN.4/2002/106/Add.2, 17 de abril de 2002, párr. 280. 7
11. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003En la última Declaración de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de lasNaciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, emitida el 25 deabril de 2003, se afirmó que “[l]a Comisión deplora profundamente la persistencia devínculos entre los grupos paramilitares y los miembros de las fuerzas armadas. (...) Exhortaal Gobierno de Colombia a aplicar plenamente las medidas adoptadas para combatir,reprimir y desmantelar los grupos paramilitares, así como para investigar y poner fin a losvínculos entre las fuerzas militares y paramilitares”28 .La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos incluyó en su informe de 2003 el tema del paramilitarismo como uno de lospuntos de especial preocupación: “La actuación paramilitar continuó aprovechando la omisión, la tolerancia o la complicidad de servidores públicos en varias regio nes del país. En muchas de esas zonas los grupos paramilitares han reemplazado al Estado en importantes ámbitos, incluyendo el uso de la fuerza armada. (...) El paramilitarismo siguió siendo un factor desestabilizador del Estado de derecho, en particular por los vínculos que con él mantienen servidores públicos y por la inconsistente respuesta estatal a este fenómeno. El contraste entre el discurso de las autoridades gubernamentales de combate al paramilitarismo con lo observado por la Oficina, en el marco de su mandato, evidencia la ambigüedad del compromiso estatal. (...) El control paramilitar es más fuerte en los cascos urbanos, donde es mayor la presencia de la Fuerza Pública y de las autoridades, lo que no deja de ser un elemento significativo en las denuncias de connivencia de servidores públicos con el paramilitarismo. Son motivos de preocupación las declaraciones de autoridades civiles y militares negando la existencia en sus regiones de grupos paramilitares, cuando ésta era de conocimiento público” 29 .Uno de los elementos que ilustran la ausencia de una política decidida para erradicar elparamilitarismo son las estadísticas sobre las muertes en combate, que evidencian que lafuerza pública poco se enfrenta militarmente con los grupos paramilitares: el número deguerrilleros muertos en combate por la Fuerza Pública es muy superior al número deparamilitares muertos en combate por la Fuerza Pública. Lo mismo ocurre con las capturaso detenciones de personas acusadas de ser guerrilleras o paramilitares. Las autoridadescolombianas en ningún momento han dado muestras de concebir o ejecutar un plan deconfrontación armada contra grupos paramilitares. El segundo comandante el Ejército llegóa afirmar públicamente en 1998 que no era función constitucional de las Fuerzas Militaresperseguir a los paramilitares 30 .2. Masacres cometidas por grupos paramilitaresLos grupos paramilitares han sido los autores del mayor número de masacres cometidas enel período cubierto por este informe. En razón de las limitaciones de espacio, se hará28 Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Declaración de la Presidenta sobre la situación de derechos humanos enColombia, documento OHCHR/STM/CHR/03/2, 25 de abril de 2003, párr. 30.29 Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia , documento E/CN.4/2003/13, 24 defebrero de 2003, párrafos 34 y 74.30 Ver Informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, 1999, Country Report on Human Rights Practices, (capítulo sobreColombia). 8
12. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003referencia, a título de ejemplo, únicamente a tres masacres cometidas por gruposparamilitares, en las cuales se evidencian patrones comunes: a) en esas masacres hubo unelevado número de civiles torturados y asesinados; b) en los tres casos, las autoridadesfueron informadas de la inminencia de esos ataques, y no actuaron para evitarlos; c) existendenuncias fundamentadas sobre la participación de miembros de la Fuerza Pública en loshechos, sea por acción o por omisión, como se expondrá en cada uno de los casos; d)finalmente, una de las consecuencias de esas masacres es que generaron desplazamientosforzados masivos de población.a. Masacre de Mapiripán (Meta)El día 15 de julio de 1997 incursionaron en el casco urbano de Mapir ipán más de 200paramilitares, incomunicaron al pueblo y tomaron el control entre el 15 y el 20 de julio. Losparamilitares retuvieron a varios pobladores y los llevaron al matadero de reses, dondefueron torturados y asesinados, en algunos casos a través de mutilaciones 31 . Entre el 16 y el20 de julio fueron asesinadas en esas circunstancias 49 personas. Como consecuencia de lamasacre, aproximadamente el 70% de la población del municipio se desplazó, a partir del21 de julio 32 .Los paramilitares estuvieron en el municipio durante cinco días, en los cuales la FuerzaPública no se hizo presente. El 15 de julio, el juez del municipio informó, mediante oficio2919, de la situación a las autoridades pertinentes, sin obtener respuesta 33 .Las investigaciones 34 establecieron que las tropas del Ejército, al mando del general JaimeUscátegui, recibieron a los paramilitares que llegaron al aeropuerto de San José delGuaviare y que el general Uscátegui aseguró que las tropas locales, que hubieran podidoestar presentes en Mapiripán para proteger a la población, estuvieran ubicadas en otrolugar. El general Uscátegui ignoró los avisos sobre la masacre, y ordenó a un subordinadoque falsificara documentos para encubrir su complicidad en los hechos 35 . El generalUscátegui fue investigado por estos hechos por la justicia penal militar, que lo hallóculpable de “prevaricato por omisión”, y lo absolvió de los cargos por crímenes de lesahumanidad, terrorismo, falsedad en documento y concierto para delinquir 36 . El tribunalmilitar condenó al general Uscátegui a 40 meses de prisión, pero la Corte Constitucional31 Resolución de la situación jurídica del Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui Ramírez, Fiscalía General de la Nación, Unidadde Derechos Humanos, 20 de mayo de 1999, en: Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001, magistrado ponente: EduardoMontealegre Lynnet.32 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep y Justicia y Paz, (BCJP), Noche y niebla, Panorama de derechoshumanos y violencia política en Colombia, Bogotá, BCJP, n.º 5, 1997.33 Indagatoria del oficial Orozco Castro y copia del oficio sustituto, citados por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la FiscalíaGeneral de la Nación en su pronunciamiento de fecha 21 de junio de 1999 en relación con la colisión de competencia positiva promovidapor el Comandante del Ejército Nacional en los radicados UDH 244 y 443 respecto del Brigadier General Jaime Humberto Uscátegui ycuatro oficiales más del Ejército Nacional Colombiano; en: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe 34/01, Caso12.250, 22 de febrero de 2001, párr. 13.34 La Fiscalía 12 Delegada ante los jueces regionales, de San José del Guaviare, inició la investigación preliminar el 23 de julio de 1997.35 Declaración del Fiscal Regional de San José del Guaviare al momento de los hechos, citado por la Unidad Nacional de DerechosHumanos de la Fiscalía General de la Nación en su pronunciamiento de fecha 21 de junio de 1999 con relación a la colisión decompetencia positiva promovida por el Comandante del Ejército Nacional en los radicados UDH 244 y 443 en relación con el BrigadierGeneral Jaime Humberto Uscátegui y cuatro oficiales más del Ejército Nacional colombiano; en: Comisión Interamericana de DerechosHumanos, Informe 34/01, Caso 12.250, 22 de febrero de 2001, párr. 13.36 “General (r) Uscátegui pidió veeduría para su proceso”, diario El Colombiano, 12 de marzo de 2003, página 12-A. “Nueva detención aUscátegui”, diario El Tiempo, 12 de marzo de 2003, pág. 1-9. 9
13. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003anuló la sentencia debido a que el caso era de competencia de los tribunales civiles 37 . El 11de marzo de 2003, la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención del generalretirado, al considerarlo como “presunto autor por omisión impropia de los delitos dehomicidio agravado y secuestro agravado”. Uscátegui apeló esa decisión38 , la cual fueconfirmada mediante providencia del 25 de abril de 2003 39 .El coronel Hernán Orozco, quien alertó al general Uscátegui sobre la masacre, fuecondenado por la justicia penal militar a 38 meses de cárcel, por “no insistir en el envío detropas”. El militar había solicitado que su caso fuera trasladado a la justicia ordinaria, puestemía que la castrense no garantizaría un juicio justo. El coronel Orozco había cooperadocon las autoridades civiles y su testimonio ayudó a que la Fiscalía General formulara cargoscontra el general Uscátegui por conformación de grupos paramilitares 40 . Medianteprovidencia del 10 de marzo de 2003, la Fiscalía dictó resolución de acusación en contradel coronel Orozco como autor material del delito de falsedad ideológica en documentopúblico y precluyó la investigación en su favor como presunto autor de los delitos dehomicidio agravado, secuestro agravado, terrorismo y concierto para delinquir 41 .El general Carlos Eduardo Ávila Beltrán, responsable del batallón encargado de laprotección y control de Mapiripán en la fecha de la masacre, continúa en servicio activo.Además, en octubre de 2002 fue llamado a participar en un concurso para ascenso, a pesarde haber sido sancionado por la Procuraduría General de la Nación con “reprensión severa”por su participación en los hechos de graves violaciones a los derechos humanos enMapiripán.En el proceso penal por la masacre de Mapiripán, la justicia penal ordinaria condenó el 19de junio de 2003 a 40 años de prisión al coronel del Ejército Lino Sánchez, comandante dela Brigada Móvil n.º 2 en la fecha de la masacre. En l misma providencia, los sargentos aJosé Millar Urueña y Juan Carlos Gamarra fueron condenados a 32 y 22 años de prisión,respectivamente. El líder del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),Carlos Castaño, fue también condenado a 40 años de prisión, como autor intelectual de lamasacre 42 .b. Masacre de El Salado (Bolívar)El 16 de febrero del año 2000, 300 paramilitares llegaron a El Salado, corregimiento de ElCarmen de Bolívar y asesinaron a 45 personas, acusándolas de ser colaboradoras de lasguerrillas. Además, destrozaron todas las casas y el comercio. Muestra de la libertad conque actuó el grupo paramilitar es que, de las 45 personas asesinadas, 17 fueron acribilladasen el parque del pueblo, ocho más en la iglesia y el resto en sus casas o en la huida. Muchasde las mujeres asesinadas fueron abusadas sexualmente. Los asesinatos fueron realizados37 Corte Constitucional, sentencia SU-1184 de 2001, magistrado ponente Eduardo Montealegre Lynnet.38 “Nueva detención de Uscátegui”, diario El Tiempo, 12 de marzo de 2003, pág. 1-9.39 Proceso UNDH 244 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación, información suministrada el 13de mayo de 2003 por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.40 “La Fiscalía General ordenó la detención del general retirado Jaime Humberto Uscátegui”, diario El Tiempo, www.eltiempo.com, 11 demarzo de 2003.41 Ibíd, nota 39.42 “Condenan a castaño a 40 años”, diario El Tiempo, 20 de junio de 2003, pág. 1-3. 10
14. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003con sevicia. Los paramilitares permanecieron en El Salado hasta el 19 de febrero, día enque salieron de la población a pie. La masacre de los campesinos generó el desplazamientode al menos 450 familias.Organizaciones sociales y la Iglesia católica habían alertado a las autoridades sobre laposible ocurrencia de la masacre, y habían solicitado que se adelantaran medidas para evitarun ataque a la población43 . Sin embargo, el Estado no tomó ninguna medida para proteger ala población.En la zona hay dos bases militares, que realizan patrullajes en la región. Pese a que por víaterrestre el traslado de tropas tarda dos horas, las tropas de la Infantería de Marina llegaronal lugar tres días después de la incursión, media hora después de que el grupo paramilitarhuyera.La Fiscalía se hizo presente tres días después de ocurridos los hechos. Entre el 22 y 23 defebrero realizó la exhumación de los cuerpos, e identificó 28 cadáveres, entre ellos el deuna niña de seis años y el de una mujer de 65. A pesar de que se tuvieron noticias de lacomisión de abusos sexuales, no se recolectó evidencia para establecer la ocurrencia deesos hechos y la identidad de los presuntos responsables. Dentro de la investigacióniniciada no se está indagando sobre los delitos sexuales.La Procuraduría General de la Nación desarrolla una investigación disciplinaria a nuevemiembros de la Fuerza Pública, incluyendo el contralmirante retirado Rodrigo Quiñónez,investigado también por otra masacre. En marzo de 2001, la Fiscalía General de la Naciónprofirió resolución de acusación contra 15 personas, pertenecientes a las AutodefensasUnidas de Colombia (Auc), por los delitos de homicidio agravado y paramilitarismo. En lainvestigación está involucrado Carlos Castaño Gil, máximo jefe del grupo paramilitar.c. Masacre de Chengue, corregimiento de Ovejas (Sucre)El 17 de enero de 2001, 34 campesinos fueron asesinados por paramilitares de lasAutodefensas Unidas de Colombia (Auc) en el corregimiento de Chengue, municipio deOvejas. Varias de las víctimas fueron asesinadas con arma de fuego, otras fuerondegolladas y otras asesinadas con macetas de piedra y palo. Tras asesinar a los civiles, losparamilitares incendiaron 30 viviendas. La masacre generó el desplazamiento forzado demás de 900 personas, de una población que cuenta con aproximadamente 1.200habitantes 44 .La población había advertido a las autoridades con anterioridad sobre la inminencia de esamasacre, a través de un derecho de petición ejercido ante el Presidente de la República el 6de octubre de 2000, radicado bajo el n.° 231486 y firmado por 95 pobladores de la región.Sin embargo, el trámite dado a la solicitud se limitó a darle traslado de ella a funcionariosde los ministerios del Interior y de Defensa, así como al gobernador de Sucre y al alcalde de43 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep y Justicia y Paz (BCJP), Noche y niebla – Panorama de derechoshumanos y violencia política en Colombia, Bogotá, BCJP, n.o 15, 2000, pág. 112.44 Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política de Cinep y Justicia y Paz (BCJP), Noche y niebla – Panorama de derechoshumanos y violencia política en Colombia, Bogotá, BCJP, n.o 19, 2001, pág. 58. 11
15. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003Ovejas, sin que se hubieran especificado o recomendado acciones especiales, ni se hubierahecho seguimiento a las medidas que debieron adoptarse. En respuesta dada por las fuerzasmilitares el 1 de diciembre de 2000, aseguraron que la zona sobre la cual tenía jurisdicciónla Primera Brigada de Infantería era muy extensa, lo cual generaba una dificultadoperacio nal para cubrir permanentemente todas las áreas consideradas como críticas. Por lomenos siete de los firmantes de la comunicación enviada a las autoridades fueronasesinados durante la incursión paramilitar.En agosto de 2002, la Procuraduría formuló cargos al contralmirante retirado de la ArmadaNacional Rodrigo Quiñónez (antes mencionado en relación con la masacre de El Salado), alcapitán de corbeta Camilo Martínez, al mayor Víctor Salcedo y a los suboficiales RubénDarío Rojas y Euclides Bossa45 . Rodrigo Quiñónez fue también vinculado al proceso penalque se sigue por esta masacre. En octubre de 2002 rindió indagatoria ante la Fiscalía, queno le impuso medida de aseguramiento, pero negó la solicitud de preclusión y ordenó lapráctica de pruebas. A pesar de estar investigado, Quiñónez fue nombrado como agregadomilitar en la embajada de Colombia en Israel, donde se desempeñó hasta noviembre de2002.d. Otras 626 masacres cometidas por paramilitaresEsas tres masacres cometidas por grupos paramilitares ilustran los patrones comunes quecaracterizan este tipo de violaciones múltiples a los derechos humanos. Sin embargo, esnecesario aclarar que entre julio de 1996 y junio de 2001 se cometieron 953 masacres. Lapresunta autoría del 66% (629) de esas masacres, con el 69,29% (4.037) de las víctimas, seatribuyó a paramilitares 46 .3. Negociaciones secretas, legalización e impunidadEl Gobierno actual inició, en noviembre de 2002, un proceso de diálogo con los gruposparamilitares. Para ello fue necesario eliminar la condición, que antes existía, delreconocimiento del status político a un grupo armado al margen de la ley para que elGobierno pudiera, según la legislación colombiana, entablar diálogos con él47 .El Gobierno ha planteado estas negociaciones con los grupos paramilitares sobre la base dela impunidad para los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad. El periódico ElTiempo le preguntó al ministro del Interior y de Justicia sobre las medidas que el Gobiernoadoptaría para garantizar que este proceso no conduzca a la impunidad. El ministrorespondió: “No, nadie se lo va a garantizar”. El Ministro añadió que todo proceso deamnistía o indulto supone impunidad y que “el Gobierno está dispuesto a superar todo elpasado. Hay unas limitaciones de orden jurídico que se estudiarán y que tendremos quesuperar con mucha imaginación”48 .45 “Cargos al General Quiñónez”, diario El Espectador, www.elespectador.com, Bogotá, 25 de agosto de 2002.46 Fuente: base de datos, Comisión Colombiana de Juristas.47 La reforma se efectuó por medio de la ley 782 de 2002, que modificó la ley 418 de 1997.48 “Narcotráfico se acaba este año”, diario El Tiempo, Bogotá, enero 12 de 2003, pág. 1-2 y 1-3. 12
16. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003 El Defensor del Pueblo se declaró alarmado por los planteamientos del Gobierno y señalóque no corresponden al deber del Estado de investigar y castigar los delitos. El Defensorindicó que “ningún delito de lesa humanidad es amnistiable ni indultable”, puntualizandoque la impunidad no puede ser el precio para la paz en Colombia 49 .El decreto 128 de 200350 señala en su artículo 13 que “ tendrán derecho al indulto” losdesmovilizados que hubieren formado parte de organizaciones armadas al margen de la ley,respecto de los cuales un organismo gubernamental, llamado el Comité Operativo para laDejación de las Armas (Coda) 51 , certifique la pertenencia del desmovilizado a unaorganización al margen de la ley y su voluntad de abandonarla 52 .La expresión “tendrán derecho” significa que la certificación expedida por el Coda seconvierte en el requisito único para obtener el indulto. Es decir que, una vez expedida lacertificació n, el indulto es automático. Esto significa que, antes de tomar la decisión sobresi se concede o no el beneficio, no se determinarán judicialmente las conductas por lascuales estaría siendo indultada la persona. Se estaría exonerando a la persona deresponsabilidad penal, antes de determinar si esta cometió crímenes de guerra o delitos delesa humanidad.El decreto contiene una disposición (artículo 21) que aparentemente garantizaría el derechoa la justicia, pero que en realidad no constituye ninguna salvaguardia efectiva. Según taldisposición, después de la exoneración inicial del Coda, el fiscal o el juez podrían limitarlasi la persona ha sido previamente procesada o condenada por delitos que no puedanindultarse o amnistiarse, según la ley, la Constitución o los tratados internacionalesratificados por Colombia 53 . Dicho de otra forma, si la persona no ha sido procesada nicondenada por tales delitos, el juez o el fiscal no podrán limitar el alcance del derecho alindulto conferido por la certificación del Coda. Según el derecho colombiano, una personaprocesada es la que ha rendido indagatoria o ha sido declarada reo ausente. Dada laimpunidad existente en el país, las personas condenadas o procesadas por tales crímenesson muy pocas. Esto significa que la casi totalidad de los miembros de los gruposparamilitares (calculados en más de 10.000 personas) y de los grupos guerrilleros(calculados en casi 22.000 personas) 54 pueden ser indultados por virtud de una certificacióndel Coda, que preside el ministro del Interior, sin que las víctimas y la sociedad puedanenterarse a tiempo ni oponer ningún recurso eficaz para evitar la impunidad de crímenes delesa humanidad por esta vía.49 “Defensor considera desafortunadas las declaraciones de Mininterior”, diario El Tiempo, 15 de enero de 2003, pág. 1-9.50 Decreto 128, enero 22 de 2003, por el cual se reglamenta la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la ley 548 de 1999 y por laley 782 de 2002 en materia de reincorporación a la sociedad civil.51 El Coda está conformado por un delegado del ministro de Justicia y del Interior, un delegado del ministro de Defensa Nacional, unfuncionario del programa de reincorporación del Ministerio del Interior, un delegado del Fiscal General de la Nación, un delegado delDirector del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y un delegado del Defensor del Pueblo. Las funciones del Coda son lassiguientes: constatar la pertenencia del solicitante a una organización armada al margen de la ley; valorar las circunstancias del abandonovoluntario; evaluar la voluntad de reincorporarse a la vida civil que tenga el desmovilizado; certificar la pertenencia del desmovilizado auna organización armada al margen de la ley y su voluntad de abandonarla; y tramitar las solicitudes de aplazamiento o suspensión de laejecución de la pena e indulto ante los jueces de ejecución de penas y el Ministerio del Interior, de Justicia y del Derecho. Laconformación y funciones del Coda están contenidas en los artículos 11 y 12 del decreto 128 de 2003.52 Ver artículos 11, 12, 13 y 21 del decreto 128 de 2003.53 Artículo 21, inciso 2.54 Presidencia de la República, Departamento Nacional de Planeación, Op. cit., pág. 26. 13
17. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003Las amnistías e indultos pueden surgir como resultado de un proceso de negociación, peroestos beneficios deben enmarcarse dentro de una perspectiva de reconciliación y sólopueden tener lugar una vez que se haya garantizado el derecho de las víctimas a la verdad,la justicia y la reparación55 . Además, la política de “confidencia lidad”, que ha dado lugar aesta negociación a puerta cerrada, es excluyente y desconoce el derecho de las víctimas aconocer la verdad. El Defensor del Pueblo pidió que estas negociaciones sean transparentesy de cara a la opinión pública, pues el país tiene derecho a información completa yfidedigna. 56La forma como el Gobierno está llevando a cabo esos diálogos es preocupante, pues noparecen estar pensados para conducir a un proceso de paz. Por el contrario, parecen estarencaminados a que los miembros de los grupos paramilitares dejen de estar en la ilegalidady participen, en condiciones legales, en el conflicto armado. La “red de informantes” y los“soldados campesinos” son programas propicios para que a ellos ingresen quienes sedesvinculen de los grupos paramilitares.C. Infracciones al derecho humanitario cometidas por grupos guerrilleros, grupos paramilitares y agentes estatalesEn el conflicto armado colombiano, todos los grupos combatientes, infringen las normashumanitarias, desconocen los principios básicos del derecho humanitario como el dedistinción entre combatientes y no combatientes, el de inmunidad de la población civil y elde proporcionalidad.1. Toma de rehenes y secuestros 57Entre julio de 1996 y marzo de 2003 (6 años y 9 meses), 18.684 personas fueron víctimasde secuestros. A los grupos combatientes se atribuyó la presunta autoría del secuestro de11.644 personas (62,32%), es decir, las dos terceras partes de los secuestros. A lasguerrillas se les atribuyó presuntamente el secuestro de 10.687 personas (57,20%) y a losgrupos paramilitares de 957 (5,12%). A la delincuencia común 58 se le atribuyó la presunta55 Ver al respecto: Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Barrios Altos contra el Perú, párr. 41.56 “Defensor considera desafortunadas las declaraciones de Mininterior”, diario El Tiempo, 15 de enero de 2003, pág. 1-9.57 El artículo 1° de la Convención internacional contra la toma de rehenes estipula lo siguiente: “Toda persona que se apodere de otra (…)o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organizacióninternacional intergubernamental, una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición explícitao implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes”. La Convención fue adoptada por la Asamblea General deNaciones Unidas mediante resolución 34/146 del 17 de diciembre de 1979 (105 sesión plenaria).El Protocolo II, adicional a los convenios de Ginebra, en su artículo 4º, literal c), prohíbe en todo tiempo y lugar la toma de rehenes. “Esteapartado reafirma una prohibición que figura ya en el art ículo 3 común (…) Los rehenes son personas que se encuentran, de grado o porfuerza, en poder de una de las partes en conflicto o de uno de sus agentes y que responden con su libertad, su integridad corporal y/o suvida de la ejecución de órdenes dadas por las personas en cuyo poder están o de los actos hostiles cometidos contra ellas”. ComitéInternacional de la Cruz Roja, Comentario del Protocolo II adicional a los convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a laprotección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Protocolo II), Ginebra, Martinus Nijhoff Publishers,1986, ítem 4537.58 Los secuestros atribuidos presuntamente a la delincuencia común y a autores sin identificar no son considerados como infracciones alderecho humanitario. Sin embargo, se aporta la información estadística sobre estos para brindar un panorama general sobre la situaciónde las personas secuestradas en Colombia. Por esta razón, el promedio diario de víctimas de secuestro se da discriminado por el total devíctimas y también por el subtotal de víctimas por grupos paramilitares y guerrilleros. 14
18. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003autoría de 5.867 (31,40%) de los secuestros. Respecto de los 1.173 restantes, no fueidentificado el presunto autor 59 (ver cuadro 1, col. 8 ).El número de personas víctimas de secuestro en Colombia es un reflejo de la degradacióndel clima de violencia que vive el país. Durante el período estudiado se dio un incrementogradual del número de casos de secuestros. En 1996-199760 fueron secuestradas 1.754personas, mientras en 2001-2005 fueron víctimas 3.115 personas. A pesar de que se haregistrado una disminución del número de secuestros para 2002-2003 61 (cuando hubo1.893) en comparación con los tres años anteriores, se prevé que el número total para eseaño estaría al mismo nivel del registrado en los años 1997-1999.De un promedio de cinco personas secuestradas cada día en el año 1996-1997, se pasó asiete diarias en 2002-2003. En 1999-2000 y 2000-2001 se registró un promedio diario demás de nueve personas secuestradas. Después de este constante y grave incremento de1996-1997 a 2000-2001, disminuyó levemente el promedio diario de personas secuestradas:en 2001-2002 bajó a ocho personas y en 2002-2003, a siete. Sin embargo, queda porobservar si esa disminución se inscribe dentro de una tendencia que, en el futuro, bajeconstantemente (ver cuadro 1, col. a, fila M ).El aumento del número de secuestros se dio principalmente con respecto a los secuestroscometidos por los grupos combatientes. De 743 secuestros en 1996-1997 llevados a cabopor los grupos combatientes, se pasó a 2.168 en 2001-2002, lo que significa un aumento del191,79% (ver cuadro 1, fila I).De los 11.644 secuestros perpetrados por los grupos combatientes, se atribuyó la presuntaautoría a las guerrillas del 91,78% (10.687 víctimas) y a los paramilitares del 8,22% (957víctimas) (ver cuadro 1, col. 8a y c, filas G a I). De los 11.644 secuestros, se atribuyó la presuntaautoría del 83,79% (9.756 personas) a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(Farc) y al Ejército de Liberación Nacional (Eln), discriminados así: a las Farc del 44,04%(5,128) y al Eln del 39,75% (4.628).Los grupos paramilitares fueron los presuntos autores del secuestro de 957 personas,correspondientes al 8,22% del total de los secuestros cometidos por los gruposcombatientes. Los grupos paramilitares pasaron de 33 víc timas en el primer año a 235 en2001-2002 y a 121 en lo que va corrido de 2002-2003. En 2000-2001 se registró el númeromás alto de personas secuestradas presuntamente por los grupos paramilitares: 301 víctimas(ver cuadro 1, col. c, fila H).En cuanto a agentes estatales, es importante resaltar que se presentaron casos en los cualesmiembros de la Fuerza Pública en servicio activo o en retiro se vieron involucrados en lacomisión de secuestros 62 . Desafortunadamente, el Centro de Investigaciones59 La Policía Nacional discrimina los secuestros cuyos presuntos autores no fueron identificados solamente desde julio de 2000.60 En este documento el período comienza el 1° de julio de 1996 y termina el 31 de marzo de 2003, y un año comienza el 1° de julio de unaño y termina el 30 de junio del año siguiente.61 Para efectos de este informe, el año 2002-2003 comienza el 1° de julio de 2002 y termina el 31 de marzo de 2003.62 El 30 de octubre de 1998, en Bogotá, fue secuestrado Benjamín Khoudari, empresario israeli, luego asesinado por sus captores. Por elsecuestro y asesinato fue detenido el coronel Jorge Plazas Acevedo quien, a la fecha de los hechos, era director de inteligencia de la XIIIBrigada del Ejército con sede en Bogotá. También fueron implicados el teniente Alexánder Parga Rincón y el sargento Guillermo LozanoGuerrero, quienes estaban bajo las órdenes del Coronel. Tres militares más fueron investigados. En 1999, la Procuraduría formuló pliego 15
19. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003Criminológicas de la Policía Nacional no reporta en sus estadísticas cifras específicas sobreesos casos.Las niñas, los niños y las mujeres son víctimas del secue stro por parte de los gruposcombatientes. A pesar de su condición de vulnerabilidad y de la presión nacional einternacional para que los grupos combatientes no secuestren menores y liberen a las niñasy niños que tienen en su poder, los grupos combatientes los mantienen secuestrados porlargos períodos de tiempo.Los grupos combatientes en Colombia no respetan las normas humanitarias e infringen,entre otros, el principio de distinción entre combatientes y no combatientes y el principio deinmunidad de las personas civiles. El Gobierno, por su parte, no ha demostrado eficacia ensus políticas contra el secuestro, para garantizar la seguridad y la protección de las personasciviles frente a infracciones al derecho humanitario cometidas por los grupos combatientes.Pese a las peticiones y a las propuestas de las familias de las personas secuestradas y deorganizaciones sociales y de derechos humanos, la ausencia de voluntad por parte delEstado colombiano y de las guerrillas ha impedido que se avance en la firma de un acuerdohumanitario en el que las guerrillas se comprometan a no secuestrar y se logre la liberaciónde todas las personas secuestradas63 .2. Uso de armas prohibidas por parte de los grupos combatientesEn Colombia, entre julio de 1996 y junio de 2003, 355 personas perdieron la vida por el usode armas prohibidas. La inmensa mayoría de ellas eran civiles, no combatientes: 253(71,27%) víctimas eran civiles y 102 (28,73%) combatientes. Por el uso de minasantipersonales murieron 107 personas: 27 civiles (25,23%) y 80 combatientes (74,77%).Como consecuencia del uso de otras armas prohibidas, como cilindros de gas 64 o armastrampa, murieron 226 civiles (91,13%) y 22 combatientes (8,87%).de cargos contra el coronel Plazas, el teniente Alexánder Parga y los sargentos Juan José Mosquera, Guillermo Lozano y José Ramírez,por los delitos de secuestro, desaparición forzada, asesinato y enriquecimiento ilícito. En noviembre de 2002 la jueza segundaespecializada de Bogotá condenó a cuarenta años de prisión por el secuestro y asesinato del empresario israelí, al coronel Plazas Acevedoy a diez años de prisión, a John Alexis Olarte por los delitos de favorecimiento de secuestro y concierto para delinquir. “Condenado a 40años de cárcel un ex coronel por el asesinato de un empresario”, periódico El Espectador, 7 de noviembre de 2002,www.elespectador.com.El 22 de febrero de 2001, en Bogotá, fueron secuestrados el ciudadano japonés Chikao Muramatsu, vicepresidente de la empresa YasakiCiemel, y Efraín Díaz, conductor del vehículo en el que se transportaban, por la banda de delincuencia común “Los Calvos”. En la tardedel secuestro los agentes de Policía Rubén Darío Toro Bedoya y Jorge Eliécer García Fuentes, que en ese momento trabajaban en laDirección General de la Policía y en el Congreso de la República, respectivamente, instalaron un retén en la calle 103 con autopista norte,uniformados y provistos de sus armas de dotación. Los policías pararon el vehículo en el que viajaban las víctimas. Momentos despuésllegaron al lugar ocho sujetos más, entre ellos Rodrigo Bermúdez, alias “El Capi”, y alias “Oscar Javier”, dos ex policías compañeros deToro y García. Ese mismo día fue liberado Efraín Díaz. Una semana después se supo que las Farc tenían en su poder al empresariojaponés y que, además, exigían 27 millones de dólares por su liberación. Rodrigo Bermúdez confesó que el mismo 22 de febrero ChikaoMuramatsu fue entregado a guerrilleros de las Farc y que él trabajaba bajo las órdenes de “Capuleto”, coronel en servicio activo de lasfuerzas armadas. El 24 de junio de 2002, el Juzgado Sexto Penal Especializado de Bogotá condenó a Rodrigo Bermúdez y a GuillermoDíaz Díaz, por los delitos de secuestro extorsivo y falsedad en documento público. A la investigación también fueron vinculados lospolicías Toro Bedoya y García Fuentes. Chikao Muramatsu se encuentra aún en poder de las Farc. “Ex policías corruptos, tras plagio dejaponés”, diario El Tiempo, 4 de marzo de 2002, www.eltiempo.com; “Condenan a dos de la banda ‘Los Calvos’”, diario El Tiempo, 25de junio de 2002, pág. 2-9; “Condenas por el secuestro del industrial japonés Chikao Muramatsu”, periódico El Espectador, 25 de juniode 2002, www.elespectador.com.63 “Proponen acuerdo humanitario en Farallones de Cali”, diario El Tiempo, 24 de abril de 2002, www.eltiempo.com, “Aunque el tematoma fuerza, un acuerdo humanitario esta más lejos de lo que parece”, revista Semana, 18 de noviembre de 2002, www.semana.com.64 Cilindro de gas: arma de fabricación artesanal, de efectos indiscriminados, difícil de dirigir hacia un objetivo concreto, que pretendeactuar como un mortero. En la mayoría de los casos suele no hacer impacto en el objetivo militar contra el que es dirigido, aunimpactando en el objetivo militar, su potencia es tal que causa daños a personas y bienes protegidos. 16
20. Informe alterno al quinto informe periódico del Estado colombiano ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado por la Comisión Colombiana de Juristas, julio de 2003 Cuadro 1 Infracciones al derecho humanitario en Colombia Derecho a la libertad Toma de rehenes y secuestros Número de víctimas y porcentaje de autoría por períodos, según presuntos autores Julio de 1996 a marzo de 2003 1 2 3 4 Julio de 1996 a Julio de 1997 a Julio de 1998 a Julio de 1999 a junio de 1997 junio de 1998 junio de 1999 junio de 2000 Número de Presunta Número de Presunta Número de Presunta Número de Presunta Presunta Presunta Presunta Presunta víctimas autoría por víctimas autoría por víctimas autoría por víctimas autoría por Presuntos autores por autoría por los grupos por autoría por los grupos por autoría por los grupos por autoría por los grupos todos los todos los todos los todos los presuntos comba- presuntos comba- presuntos comba- presuntos comba- grupos grupos grupos grupos autores tientes autores tientes autores tientes autores tientes a b c a b c a b c a b c % % % % % % % % # # # # 1b=1a÷1aK 1c=1a÷1aI 2b=2a÷2aK 2c=2a÷2aI 3b=3a÷3aK 3c=3a÷3a I 4b=4a÷4aL 4c=4a÷4aIA Ejército de Liberación Nacional (Eln) 271 15,45% 36,47% 693 28,32% 41,23% 749 26,44% 41,52% 521 15,79% 28,77%B Ejército Popular de Liberación (Epl) 47 2,68% 6,33% 53 2,17% 3,15% 118 4,17% 6,54% 274 8,31% 15,13% GuerrillasC Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) 0,00% 0,00% 3 0,12% 0,18% 2 0,07% 0,11% 3 0,09% 0,17%D Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp) 5 0,29% 0,67% 32 1,31% 1,90% 17 0,60% 0,94% 35 1,06% 1,93%E Jaime Bateman Cayón (Jbc) 3 0,17% 0,40% 5 0,20% 0,30% 6 0,21% 0,33% 0,00% 0,00%F Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) 384 21,89% 51,68% 871 35,59% 51,81% 827 29,19% 45,84% 820 24,86% 45,28%G Subtotal: guerrillas (aG=aA:aF) 710 40,48% 95,56% 1.657 67,72% 98,57% 1.719 60,68% 95,29% 1.653 50,11% 91,28%H Paramilitares 33 1,88% 4,44% 24 0,98% 1,43% 85 3,00% 4,71% 158 4,79% 8,72%I Subtotal: guerrillas y paramilitares (aI=aG + aH) 743 42,36% 100% 1.681 68,70% 100% 1.804 63,68% 100% 1.811 54,90% 100%J Delincuencia comú n* 57,64% 31,30% 36,32% 45,10% 1.011 766 1.029 1.488K (L=aI+aJ) 100% 100% 100% 100% Total de víctimas 1.754 2.447 2.833 3.299L Promedio diario de víctimas (aL= aK ÷ 365) (cL= aI ÷ 365) 4,81 2,04 6,70 4,61 7,76 4,94 9,04 4,96 5 6 7 8 Julio de 2002 a Julio de 2000 a Julio de 2001 a Total de marzo de 2003 junio de 2001 junio de 2002 (9 meses) víctimas Presunta Número Presunta Número de Presunta Número de Presunta Número Presunta Presunta Presunta autoría de Presunta autoría víctimas autoría por víctimas autoría por de víctimas Presuntos autores por autoría por los grupos por autoría por los grupos por autoría por los víctimas autoría por los todos los todos los por todos grupos por por todos grupos presuntos comba- presuntos comba- presuntos grupos grupos los grupos comba- presuntos los grupos comba- autores tientes autores tientes autores tientes autores tientes a b c a b c a b c a b c % % % % % % # % % # # # 5b=5a÷5aL 5c=5a÷5aI 5b=5a÷5aL 5c=5a÷5aI 5b=5a÷5aL 5c=5a÷5a I 6a=1a:5a 6b=6a÷6aL 6c=6a÷6aIA Ejército de Liberación Nacional (Eln) 1.063 31,80% 50,26% 866 27,80% 39,94% 465 24,56% 35,17% 4.628 24,77% 39,75%B Ejército Popular de Liberación (Epl) 35 1,05% 1,65% 41 1,32% 1,89% 18 0,95% 1,36% 586 3,14% 5,03% GuerrillasC Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) 12 0,36% 0,57% 8 0,26% 0,37% 10 0,53% 0,76% 38 0,20% 0,33%D Ejército Revolucionario del Pueblo (Erp) 93 2,78% 4,40% 74 2,38% 3,41% 36 1,90% 2,72% 292 1,56% 2,51%E Jaime Bateman Cayón (Jbc) 1 0,03% 0,05% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 15 0,08% 0,13%F Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) 610 18,25% 28,84% 944 30,30% 43,54% 672 35,50% 50,83% 5.128 27,45% 44,04%G Subtotal: guerrillas (aG=aA:aF) 1.814 54,26% 85,77% 1.933 62,05% 89,16% 1.201 63,44% 90,85% 10.687 57,20% 91,78%H Paramilitares 301 9,00% 14,23% 235 7,54% 10,84% 121 6,39% 9,15% 957 5,12% 8,22%I Subtotal: guerrillas y paramilitares (aI=aG + aH) 2.115 63,27% 100% 2.168 69,60% 100% 1.322 69,84% 100% 11.644 62,32% 100%J Delincuencia común* 918 27,46% 376 12,07% 279 14,74% 5.867 31,40%K Autores sin identificar** 310 9,27% 571 18,33% 292 15,43% 1.173 6,28%L 100% 100% 1.893 100% 100% Total de víctimas (L=aI:aK) 3.343 3.115 18.684M Promedio diario de víctimas (aM= aL ÷ 365) (cM= aI ÷ 365) 9,16 5,79 8,53 5,94 6,91 4,82Fuente: Policía Nacional, Centro de Investigaciones Criminológicas, Secuestros registrados en el país por autores durante 1995-2003, soporte magnético, mayo y diciembre de 2002, abril y mayo de 2003.* : Los secuestros atribuidos presuntamente a la delincuencia común (fila J) y a autores sin identificar (fila K) no son considerados como infracciones al derecho humanitario. Sin embargo, se aporta la informaciónestadística sobre estos parabrindar un panorama general sobre la situación de las personas secuestradas en Colombia. Por esta razón. el promedio diario de víctimas se da discriminado por el total de víctimas y por elsubtotal de víctimas de grupos paramilitares y guerrilleros.**: La Policía Nacional discrimina los secuestros perpetrados por autores sin identificar solamente a partir de julio de 2000.N.B.: Los actos atribuidos a paramilitares como presuntos autores no excluyen la eventual participación de agentes del Estado por acción u omisión. 17
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