Source: http://espanito.com/melba-del-carmen-suarez-peralta.html
Timestamp: 2017-12-12 10:36:22
Document Index: 284734055

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 38', 'artículo 48', 'artículo 101', 'artículo 1', 'artículo 114', 'artículo 1']

Melba del carmen suarez peralta
INFORME Nº 75/11
CASO 12.683
El 23 de febrero de 2006 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una petición presentada por Jorge Sosa Meza (en adelante “el peticionario”) en la cual alegó la responsabilidad de la República de Ecuador (en adelante “el Estado” o “Ecuador”) por la falta de juzgamiento de los profesionales de la salud que habrían incurrido en mala práctica médica en perjuicio de Melba del Carmen Suárez Peralta (en adelante “la víctima” o “la señora Suárez Peralta”), en una cirugía llevada a cabo el 1° de julio de 2000, en la clínica privada Minchala en la ciudad de Guayaquil.
El peticionario alegó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial, establecidos en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “la Convención Americana”), en relación con la obligación de respetar los derechos establecida en el artículo 1.1 de la misma. Por su parte, el Estado alegó que no había violado los derechos alegados por el peticionario puesto que brindó los recursos adecuados, respetó la garantía del plazo razonable y la causa prescribió sin que pudiera ser reabierta porque las víctimas no habrían ejercido los recursos disponibles.
El 30 de octubre de 2008 la Comisión aprobó el Informe No. 85/08, mediante el cual concluyó que era competente para conocer la petición y declaró que ésta era admisible por la posible violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en concordancia con su artículo 1.1.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión concluyó que el Estado de Ecuador es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, en relación con las obligaciones establecidas en su artículo 1.1, en perjuicio de Melba del Carmen Suárez Peralta y de su madre, Melba Peralta Mendoza. Asimismo, la CIDH formuló las recomendaciones respectivas.
TRÁMITE ANTE LA CIDH POSTERIOR AL INFORME DE ADMISIBILIDAD
El 30 de octubre de 2008 la CIDH emitió el Informe de Admisibilidad No. 85/081. El 7 de enero de 2009 la Comisión notificó a las partes el referido informe, les informó que el caso había sido registrado con el número 12.683 y en virtud del artículo 38.1 del Reglamento entonces vigente, fijó un plazo de dos meses para que los peticionarios presentaran sus observaciones adicionales sobre el fondo. Asimismo, de conformidad con el artículo 48.1 f) de la Convención, la Comisión se puso a disposición de las partes a fin de llegar a una solución amistosa en el asunto. El 26 de febrero de 2009 la CIDH remitió a las partes una errata respecto del Informe No. 85/08.
El 13 de abril de 2009 el peticionario presentó sus observaciones sobre el fondo, las cuales fueron trasladadas al Estado el 14 de abril de 2009 con un plazo de dos meses para que presentara sus observaciones. El 20 de agosto de 2009 el Estado presentó su respuesta, la que fue trasladada al peticionario mediante nota del 27 de agosto siguiente, para sus observaciones. El 28 de septiembre de 2009 el peticionario presentó su respuesta, la cual fue trasladada al Estado el 2 de octubre de 2009 para sus observaciones. Mediante dicha comunicación la Comisión tomó conocimiento de que el Estado habría realizado un ofrecimiento a fin de llegar a una solución amistosa el cual no habría sido aceptado.
El 4 de noviembre de 2009 se llevó a cabo una reunión de trabajo en el marco del 137˚ Período de Sesiones de la CIDH. Durante la misma, el Estado se comprometió a brindar asistencia médica gratuita a Melba del Carmen Suárez a través de la red estatal de salud, sin que esto implicara ningún tipo de aceptación de responsabilidad internacional2.
El 14 de diciembre de 2009 el peticionario presentó información, la cual fue trasladada al Estado junto con información adicional presentada por el peticionario durante la mencionada reunión de trabajo, para sus observaciones, el 13 de enero de 2010. En la misma fecha, la Comisión solicitó información al peticionario respecto a las gestiones realizadas por el Estado en aras del cumplimiento del compromiso asumido durante la reunión de trabajo.
El 22 de febrero de 2010 el peticionario presentó su respuesta, la cual fue trasladada al Estado el 16 de marzo de 2010 para sus observaciones. El Estado presentó sus observaciones finales el 13 de abril de 2010, las cuales fueron trasladadas al peticionario para su conocimiento el 23 de abril siguiente. El 28 de marzo de 2011 el peticionario presentó información adicional la cual fue trasladada al Estado el 1˚ de abril de 2011, para su conocimiento. El 3 y 24 de mayo de 2011 el Estado y el peticionario, respectivamente, presentaron información adicional, la cual fue trasladada a la contraparte para su conocimiento.
Como antecedentes, el peticionario señala que el 1° de julio de 2000 Melba del Carmen Suárez Peralta fue intervenida quirúrgicamente por el doctor Emilio Guerrero Gutiérrez en la clínica privada Minchala de la ciudad de Guayaquil por “posibles problemas de apendicitis”. Indica que a los tres días de la intervención la paciente padeció complicaciones y tuvo que ser intervenida nuevamente en otro centro de salud. Como resultado de su segunda operación se habría determinado que se le había realizado una “operación sucia” y se le practicaron diversos procedimientos.
Respecto de los hechos, el peticionario señala que la acusación por mala práctica médica contra el médico Emilio Guerrero Gutiérrez fue presentada por Melba Peralta Mendoza, madre de la víctima. Entre agosto de 2000 y mayo de 2001 se habría iniciado la etapa del sumario, formalizado la acusación y emitido dictamen acusatorio contra Guerrero Gutiérrez3. Asimismo, el peticionario indica que en junio de 2001 la señora Peralta Mendoza solicitó la ampliación del sumario al médico Wilson Benjamín Minchala Pinchú, propietario de la clínica Minchala, por haber permitido que el señor Guerrero Gutiérrez ejerciera medicina sin estar autorizado por el Ministerio de Salud. Entre agosto y septiembre de 2001 el juez ordenó que se hiciera extensivo el sumario y el Auto Cabeza de Proceso al doctor Minchala Pinchú y se formalizó la acusación en contra de los señores Minchala y Guerrero.
El peticionario indica que en de octubre de 2001 se ordenó la reapertura del sumario, en noviembre siguiente se declaró concluida y en mayo de 2002 la fiscal solicitó la nulidad de todo lo actuado. Asimismo, en febrero de 2003 se dictó Auto Resolutorio contra Emilio Guerrero, se ordenó su captura y en vista de que éste se encontraría prófugo, se suspendió el procedimiento en su contra hasta el momento de su comparecencia o captura. En septiembre de 2004 Guerrero solicitó al juez que declarara la prescripción de la acción en vista de que habían transcurrido más de cuatro años desde la emisión del Auto Cabeza de Proceso. Señala que en de junio de 2005 se radicó competencia en el Primer Tribunal Penal y en septiembre de 2005 éste declaró la prescripción de la acción. En vista de eso, Melba Peralta Mendoza solicitó que se impusiera la multa correspondiente al administrador de justicia, al considerar que la prescripción de la acción operó debido a la falta de despacho oportuno por parte de los jueces, pero la pretensión fue denegada el 10 de noviembre de 2005.
El peticionario señala que el Código Penal ecuatoriano establece un plazo de cinco años para la prescripción del proceso penal, lo cual supone dicho plazo como el límite tolerable para que la administración de justicia obtenga un resultado sobre la pretensión del denunciante. Alega que, en su defecto, el propio sistema jurídico pone fin a la sustanciación de la causa por razones de seguridad jurídica. Alega que en el caso se configuró un retardo injustificado en la administración de justicia. En ese sentido, indica que desde el dictado del Auto Cabeza de Proceso hasta el llamamiento a juicio plenario transcurrieron más de cinco años; que el Juez Primero de lo Penal retuvo indebidamente el proceso por más de 16 meses en que no se adelantaron acciones destinadas a la prosecución de la causa; que la etapa del sumario se prolongó por el triple del tiempo máximo establecido en la norma procesal, seis meses, ya que se inició el 16 de agosto de 2000 y se cerró el 27 de noviembre de 2001; que hubo retardo entre el auto de llamamiento a plenario, dictado el 17 de febrero de 2003, y la resolución de la apelación de fecha 17 de junio de 2004; así como retraso en calificar la fianza y la sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por medidas alternativas.
Agrega que en el expediente penal constan varios escritos en los cuales se instó a las autoridades de justicia a sustanciar el proceso a fin de que no cayera en la prescripción, entre ellos Melba Peralta Mendoza presentó dos escritos de disconformidad con la lentitud procesal y tres solicitudes de parte a fin de que se llevara a cabo la audiencia pública de juzgamiento. Al respecto, el retardo injustificado de justicia se agravaría ya que a pesar de que se habría determinado objetivamente la imputación del delito contra los médicos, la potestad punitiva del Estado se extinguió -no por insuficiencia del acervo probatorio, o por desvirtuación de los indicios penales por parte de los acusados- sino por ”una extraña dilación indebida en la sustanciación de la causa, que pese a la insistencia procesal del denunciante, termina con la prescripción del proceso”4.
Sostiene que aunque el sistema penal ecuatoriano señala sanciones de índole administrativa y civil contra las autoridades que causan un retardo injustificado de la justicia, que tenga como resultado la prescripción del proceso, éste no aplicó el artículo 101 del Código Penal, a fin de determinar la responsabilidad por el retardo injustificado de justicia. Adicionalmente alega que las personas gozan efectivamente de su derecho a la seguridad jurídica, en el curso de un proceso judicial, cuando el juez garantiza y respeta los derechos humanos y el debido proceso, de conformidad con el numeral 13 del articulo 24 de la Constitución y se emite un fallo que se encuentra motivado de acuerdo a las garantías del debido proceso. Sin embargo, el Estado habría denegado justicia al favorecer la impunidad y promover el retardo de la sustanciación del proceso a efectos de permitir la prescripción de la causa.
Alega que la prescripción de la causa es responsabilidad del Estado, ya que su administración de justicia se encontraba anticipada de la posible prescripción del proceso y a pesar de ello, no impidió que la facultad punitiva se extinguiera por el paso del tiempo, lo cual hace más evidente la violación a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana. Agrega que el artículo 1.1 de la Convención hace extensiva la responsabilidad internacional del Estado cuando, frente al reclamo de la víctima, Ecuador evidencia pasividad y complacencia.
Por otra parte, frente al argumento del Estado respecto a que el retardo se debió a la falta de actividad procesal de la víctima, dado que existían recursos que pudieron haberse intentado, el peticionario responde que la instrucción fiscal que se inició contra el doctor Emilio Guerrero, fue por el delito de lesiones, que cae en el ámbito de la acción pública, por lo que la carga procesal para la sustanciación célere y debida recae sobre el Estado y no sobre la víctima. Añade que el Estado confunde ciertos casos de prescripción civil por abandono o retardo de la actividad procesal con la prescripción penal, cuya responsabilidad recae sobre la administración de justicia, y que la prescripción de una causa, es la constatación formal de que el Estado ha renunciado a resolver una pretensión penal dentro de un plazo razonable, pues pierde su facultad punitiva, creando impunidad e impidiendo que la víctima pueda continuar con su actividad procesal y por lo tanto, constituye una clara violación al derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso.
En respuesta al alegato del Estado sobre la falta de agotamiento del juicio de recusación y el recurso de apelación contra el auto de prescripción del proceso, señala que éstos no son medios idóneos, adecuados o efectivos para proteger la situación jurídica infringida y que en el contexto de la Convención Americana no pueden ser definidos como “recursos”, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la Corte Interamericana” o “la Corte”). Por lo que si el recurso no es adecuado, no hay que agotarlo.
Específicamente respecto al juicio de recusación, sostiene que éste no es un recurso que prevenga o detenga la infracción a un derecho fundamental en curso, sino que está orientado a suspender o terminar la competencia del juez frente a una causa determinada. Sostiene que la recusación es un proceso distinto que se interpone ante otro juez de la misma materia que la que se impugna, el cual califica la recusación y la envía a sorteo, para radicar la competencia en otro juez. Alega que cuando se propone una recusación, coexisten tres jueces: el juez de la causa principal, que es el demandado; el juez que sustancia la recusación; y el juez que debe avocar conocimiento de la causa. Consecuentemente, este tipo de juicios no garantizan la celeridad y la prontitud de la sustanciación de la causa, sino que son procesos que no subsanan automática o necesariamente el retardo indebido, pues no existen garantías de que el nuevo juez vaya a conducir el caso de manera más eficiente. Añade que en el Ecuador el propio Fiscal General ha señalado en algunos juicios públicos, que la “recusación es una táctica dilatoria5” y sostiene que tratándose de violaciones a derechos humanos, no se puede considerar que la recusación sea un medio idóneo para subsanar y reparar las violaciones reclamadas6.
Respecto de la apelación del auto de prescripción del proceso, el peticionario manifiesta que éste se interpone cuando alguna de las partes está en desacuerdo con el contenido de la resolución judicial y para que se revoque o reforme un decreto auto o sentencia del inferior. Alega que la prescripción, de acuerdo a las normas del Código Penal y del Código Civil, opera por el solo paso del tiempo y puede ser declarada de oficio por la autoridad competente de acuerdo al artículo 114 del Código Penal ecuatoriano el cual establece que “[l]a prescripción puede declararse a petición de parte, o de oficio, necesariamente, al reunirse las condiciones exigidas en este Código”. Alega que la apelación del auto de prescripción en el presente caso era un recurso inoficioso e ineficaz, ya que la prescripción del proceso se produjo de iure por el paso del tiempo, de tal modo que el recurso de apelación no hubiera podido modificar un razonamiento de fondo de la causa, sino únicamente que el superior confirmase que la prescripción de la causa ya había tenido lugar7.
Frente al alegato del Estado sobre haber actuado en un plazo razonable pese a la prescripción del juicio, el peticionario responde que eso es jurídicamente imposible, ya que el solo hecho de la prescripción es por si mismo constitutivo de una violación al debido proceso y es la constatación formal de que el Estado no actuó procesalmente dentro de un plazo razonable. Indica que al respecto, la Corte Interamericana ha establecido que la demora prolongada de un proceso puede constituir por si misma una violación a las garantías judiciales.
El peticionario alega que Melba del Carmen Suárez Peralta se encuentra en un extremo grado de vulnerabilidad por su condición médica, lo cual le impide realizar normalmente cualquier actividad física o laboral. Indica que entre 2001 y 2005 Melba del Carmen Suárez Peralta fue tratada en diferentes casas de salud y que entre 2005 y 2009 fue tratada e intervenida quirúrgicamente para una limpieza de adherencias y una abdominoplastía, entre otros problemas estomacales y médicos. Alega que Melba del Carmen Suárez Peralta ha necesitado ser intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones a consecuencia de la mala práctica médica y que ella se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad que le impide efectuar normalmente cualquier actividad laboral, lo cual, a su vez, afecta sus condiciones económicas. Alega que en dichas condiciones no tiene acceso a un tratamiento médico adecuado y que el Estado -a pesar del compromiso asumido durante la reunión de trabajo del 137˚ Periodo de Sesiones de la CIDH sobre asistencia médica gratuita- no ha efectuado gestión alguna tendiente a facilitarle el acceso a dicho tratamiento.
En suma, el peticionario considera que la responsabilidad internacional del Estado se generó por el incumplimiento de su obligación positiva de adoptar las medidas necesarias para asegurar la efectiva protección de los derechos humanos de la víctima y que el Estado ha violado los artículos 8 y 25 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1. Solicita que la Comisión declare responsable al Estado; que se obligue al Estado a pagar una justa indemnización a Melba del Carmen Suárez Peralta y sus familiares, que comprenda el daño emergente y el lucro cesante; y a que inicien las acciones legales correspondientes contra los autores, cómplices y encubridores que dieron origen a la violación de los derechos consagrados en la Convención.