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Timestamp: 2019-01-19 17:11:42
Document Index: 150474845

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 58', 'artículo 150', 'artículo 336', 'artículo 279']

﻿ Sentencia C-619 de agosto 17 de 2011
SENTENCIA C-619 DE 17 DE AGOSTO DE 2011
CONTENIDO:NO ES OBLIGATORIA LA PRUEBA DE EMBRIAGUEZ A PEATONES INVOLUCRADOS EN UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO EN EL QUE SE PRODUCEN LESIONES PERSONALES U HOMICIDIO. ES OBLIGATORIO PARA LOS CONDUCTORES INVOLUCRADOS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO ACUDIR A LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA. SIN EMBARGO, ESTO IMPLICA QUE EN LA RECOLECCIÓN DE LAS PRUEBAS CON DICHO FIN, ESTÁ A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES QUE VAN A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE ESTABLECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD PENAL, A LAS CUALES LES ASISTE EL DERECHO DE SOLICITAR LA PRÁCTICA DE LAS QUE CONSIDEREN RELEVANTES. ES DECIR, QUE EL CONDUCTOR SOBRIO PUEDE SOLICITAR QUE SE LE PRACTIQUE LA PRUEBA DE ALCOHOLEMIA AL PEATÓN LESIONADO O FALLECIDO, PRESUNTAMENTE EBRIO. SE DECLARAN EXEQUIBLES LOS APARTES DEMANDADOS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY 769 DE 2002.
TEMAS ESPECÍFICOS:OMISIÓN POR CAUSA LEGÍTIMA, RESPONSABILIDAD PENAL POR EMBRIAGUEZ, ACCIDENTES DE TRÁNSITO, CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS
Sentencia C-619 de agosto 17 de 2011
Sentencia C-619 de 2011
Ref.: Expediente D- 8406
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 149 (parcial) de la Ley 769 de 2002
Poder público, rama legislativa
“ART. 149.—Descripción. En los casos a que se refiere el artículo anterior(1), el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán firmarlas y en su defecto, la firmará un testigo.
2. El actor demanda el aparte normativo del artículo 149 de la Ley 769 de 2002 (denominado Código Nacional de Tránsito Terrestre) que dispone que la autoridad de tránsito debe enviar a la prueba de alcoholemia a los conductores involucrados en accidentes de tránsito en que se produzcan lesiones personales u homicidio. Para el ciudadano demandante el hecho de que la obligación legal disponga que sólo se debe enviar a la prueba en mención al conductor, y no a los peatones, implica que el legislador ha incurrido en una omisión, pues los accidentes de tránsito no sólo involucran conductores sino también peatones. En su opinión la incidencia negativa de dicha omisión en los principios constitucionales, luego la razón por la cual se configuraría una presunta obligación del legislador de incluir a los peatones en el supuesto de hecho de la disposición acusada, consiste en que las diligencias propias de las autoridades tránsito ante estos eventos sustentan los procesos de responsabilidad subsiguientes a este tipo de accidentes. Por lo cual, en dichos procesos sólo podrá probarse con certeza el estado de embriaguez del conductor, pero de no recaudarse la prueba respectiva en los peatones al momento del accidente, no será posible demostrar después la responsabilidad del peatón. Esta situación, en criterio del actor, resulta contraria al principio de igualdad en el contexto de los procesos aludidos.
Otros intervinientes consideran que la norma es exequible, en tanto el contenido normativo acusado se inscribe dentro de la idea regulativa del Código de Tránsito, cuyo objetivo principal es regular la conducta de los conductores de vehículos automotores. A partir de lo anterior, explican que la disposición atacada no resulta excluyente, tal como se plantea en el escrito de la demanda, sino por el contrario corresponde al establecimiento del procedimiento lógico en estos eventos, pues materializa la consecuencia de la prohibición de conducir vehículos bajo los efectos del alcohol. Por último aluden a que en el contexto de la aplicación de las normas de tránsito, el hecho de que no se practique la prueba de alcoholemia a los peatones no significa en ningún sentido la exoneración per se dé su responsabilidad, cuando sea el caso.
Por último, otros intervinientes y el Ministerio Público consideran que la norma debe ser declarada exequible bajo el entendido que la práctica obligatoria de la prueba de alcoholemia deba extenderse a los peatones (incluso a los ciclistas)(3), en caso de verse involucrados en accidentes de tránsito. Explican que en consideración a que los procesos penales y civiles de responsabilidad por accidentes de tránsito tienen como base probatoria el expediente conformado por la diligencias de las autoridades de tránsito, si no se recolecta la prueba de alcoholemia del peatón, nunca podrá probarse con certeza si este estaba bajo los efectos del alcohol o no al momento del accidente. Esta situación, en opinión de quienes defendieron esta posición, sugiere la vulneración del principio de igualdad probatoria y no sólo favorece injustificadamente a los peatones cuya conducta indebida como participantes de tránsito ha generado un accidente, sino que priva a los conductores sobrios de demostrar fehacientemente su exoneración de responsabilidad.
3. De conformidad con lo anterior, corresponde a esta Sala Plena determinar si el contenido normativo acusado, según el cual sólo es obligatorio para los conductores involucrados en accidentes de tránsito acudir a la prueba de alcoholemia, y no lo es para los peatones igualmente involucrados, vulnera el principio constitucional de igualdad; en tanto el legislador omitió injustificadamente incluir a los últimos en la mencionada obligación.
4. No obstante, antes de lo anterior esta Sala Plena encuentra pertinente aclarar que del escrito de la demanda logra derivarse sin mayor esfuerzo el problema de igualdad que constituye el cargo de inconstitucionalidad a estudiar por la Corte en el presente caso. Contrario a lo que consideran algunos intervinientes, la presunta desigualdad probatoria que surgiría de aquello que echa de menos el demandante en la disposición, valga decir la inclusión de los peatones en la obligación de la práctica de la prueba de embriaguez, sugiere una contradicción entre el principio de igualdad y la norma acusada. Pues, la desigualdad de hecho existe, ya que en definitiva la norma no incluye a los peatones en la obligación referida, y el actor le ha adjudicado una consecuencia, en su parecer, desfavorable e injustificada respecto de las garantías de un conductor sobrio que lesione a un peatón ebrio. Esto es lo que justamente debe determinar la Corte, por lo cual se considera que sí existe mérito para decidir de fondo el asunto propuesto por el actor.
5. Ha sostenido la Corte, que la omisión legislativa relativa tiene lugar cuando el legislador regula una materia, pero no lo hace de manera integral, como quiera que “no cobija a todas los destinatarios que deberían quedar incluidos en la regulación o porque deja de regular algún supuesto que, en atención a los contenidos superiores del ordenamiento, tendría que formar parte de la disciplina legal de la materia”(4). Adicionalmente, para su configuración se requiere que el legislador haya incumplido un deber expresamente impuesto por el constituyente, pues como lo ha señalado esta corporación, sin deber no puede haber omisión(5). Se trata, entonces, de una regulación que deja por fuera “otros supuestos análogos”(6) que debieron haber sido incluidos, a fin de que la misma armonizara con el texto superior; o que dicha condición jurídica, aun habiendo sido incluida, resulta insuficiente o incompleta frente a situaciones que también han debido integrarse a sus presupuestos fácticos.
De manera genérica la jurisprudencia ha previsto que la omisión legislativa relativa supone dos condiciones, a saber: “i) El juicio de inexequibilidad requiere la concurrencia de una norma frente a la cual se predique la omisión; y (ii) la misma debe excluir un ingrediente, condición normativa o consecuencia jurídica que a partir de un análisis inicial o de una visión global de su contenido, permita concluir que su consagración normativa resulta esencial e indispensable para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta Fundamental(7).”(8).
6. Por regla general, cuando se trata de una omisión legislativa relativa, el remedio para la inconstitucionalidad advertida no es la declaratoria de inexequibilidad de la disposición que dejó por fuera de sus efectos jurídicos el elemento que se echa de menos, sino neutralizar dicho efecto contrario a la Constitución mediante la incorporación de un significado ajustado a los mandatos constitucionales. Así, “como en la omisión legislativa relativa hay un acto positivo del legislador que regula una materia específica, la Corte procede a integrar el vacío a partir de la Constitución”(9).
Con todo, se debe tener en cuenta también que la acción pública de inconstitucionalidad debe plantear de manera clara una vulneración de la Constitución; por ello, la omisión debe presentar dos condiciones en el escrito de la demanda. La primera, una argumentación que permita concluir que de la omisión se deriva directamente la vulneración de normas constitucionales, por parte de las disposiciones que se acusan; y la segunda, que el vacío derivado de ello puede ser llenado por la Corte Constitucional. Esto excluye la posibilidad de que por vía de acción pública de inconstitucionalidad, se demanden normas que no vulneran la Constitución, sino que a juicio del demandante esta debió incluir regulaciones adicionales. Así como también, no se admite que por esta vía se proponga a la Corte regular situaciones no consideradas por el legislador(10).
7. De otro lado, la Corte ha declarado también, que no tiene competencia para conocer acerca de demandas dirigidas en contra de omisiones legislativas absolutas. Para ello se ha sustentado en considerar que “(i) no es metodológicamente posible el examen de constitucionalidad en estos casos por la carencia de norma susceptible de control(11), (ii) es indispensable que la demanda de inconstitucionalidad recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito, (iii) la declaración de inexequibilidad total o parcial de una disposición legislativa requiere previamente definir si existe una oposición definitiva y verificable entre lo que dispone el precepto acusado y lo que manda la Constitución(12). Finalmente, la ausencia de regulación de una determinada materia no necesariamente puede ser objeto de reproche constitucional, ya que los silencios del Legislador en determinados casos son expresiones de su voluntad”(13).
8. Sobre lo anterior conviene señalar, que en la omisión legislativa absoluta el fenómeno de la inactividad del legislador tiene consecuencias distintas a las de la omisión legislativa relativa, y es ello en últimas lo que configura la distinción que se presenta en la práctica entre los dos tipos de omisiones referidas. Si bien la jurisprudencia de la Corte ha hecho referencia a que se debe verificar que la inactividad del legislador se represente en una disposición jurídica concreta, para contemplar la posibilidad de declarar la existencia de una omisión legislativa relativa, y así dictar una sentencia de exequibilidad condicionada; no es menos cierto que la ausencia total de una regulación (omisión legislativa absoluta) puede atribuirse a disposiciones jurídicas concretas también, por ejemplo un código o una ley estatutaria pueden carecer de la referencia normativa a un elemento esencial relativo al tema que pretenden regular. De este modo, lo que haría que esta última hipótesis se tratara como una omisión relativa o como una absoluta, no sería propiamente la posibilidad o imposibilidad de señalar la(s) proposición(es) jurídica(s) en la(s) cual(es) debió incluirse la regulación ausente, sino la alternativa cierta de que mediante una sentencia de exequibilidad condicionada se pueda llenar el vacío normativo.
Bajo esta idea, tal como se ha sostenido en las líneas jurisprudenciales citadas, la competencia de la Corte Constitucional para integrar elementos o condiciones que el legislador ha omitido incluir al regular algún tema específico, surge del hecho consistente en que la aplicación directa de las normas constitucionales impide expresamente al legislador excluir aquello que constituye la omisión. Pero, adviértase igualmente, que la competencia para regular los temas en cuestión, es del legislador y no del tribunal constitucional. Luego, si lo que configura la omisión es la ausencia total de regulación de un tema específico, no puede afirmarse que la Corte Constitucional conserva la competencia para llenar la laguna jurídica, incluso si la omisión puede señalarse de una proposición o cuerpo normativo concreto. Sobre este punto cabe señalar, que a diferencia del ordenamiento constitucional colombiano, en el derecho comparado se pueden encontrar casos como el venezolano, el portugués o el brasileño entre otros, en los que las normas constitucionales contemplan expresamente la facultad de sus jueces de control de constitucionalidad para establecer plazos perentorios al legislador para llenar los vacíos normativos, ante inconstitucionalidades surgidas del fenómeno de la omisión legislativa(14).
9. En este sentido, puede sostenerse que las omisiones que sugieran la vulneración de la Constitución, porque resulta claro el incumplimiento del deber constitucional de regular algún tópico por parte del legislador, deben incluir la consideración de si frente a ellas se mantiene la competencia de la Corte Constitucional para incluir lo que se ha omitido. Por ello, en una omisión la deficiencia en la regulación de un asunto puede conllevar distintos grados, y de este modo la competencia de la Corte para llenar el vacío surgido de la omisión dependerá de dicho grado. Si la deficiencia es mínima, el juez de control de constitucionalidad no sólo tiene la competencia, sino el deber de integrar aquello que el legislador obvió. Si la deficiencia no es mínima pero tampoco total (deficiencia media), se deberá sopesar la necesidad de llenar el vacío con la imposibilidad de la Corte de usurpar competencias establecidas por la Carta en cabeza del legislador. Esto es, que incluso ante una omisión legislativa relativa es posible que la Corte carezca de competencia para integrar el elemento ausente. Si la deficiencia es total la Corte deberá instar al legislador para que desarrolle la regulación pertinente.
En Sentencia C-394 de 2007, por ejemplo, la Corte encontró que la regulación sobre los beneficios a las víctimas del delito de secuestro, a sus familiares y a personas dependientes económicamente de estas, se había concebido adecuadamente por el legislador, salvo por el hecho de no haber incluido también a las víctimas de los delitos de toma de rehenes y desaparición forzada, a sus familiares y a personas dependientes económicamente de estas. Por ello, declaró dicha regulación exequible e incluyó el elemento ausente. Como quiera que el tema relativo a los beneficios en mención se reguló sistemáticamente en la ley correspondiente, la omisión encontrada por la Corte puede ser considerada como una deficiencia de regulación mínima.
En la Sentencia C-421 de 2006 se revisó una proposición jurídica derogatoria de otra que consagraba la autoridad competente para organizar y disponer el concurso para notarios públicos. Como quiera que la norma derogatoria no incluyó lo relativo a la autoridad en mención, se consideró que esta había creado un vacío normativo constitucionalmente injustificado, luego incurría en omisión legislativa. La Corte consideró que dicho vacío podía remediarse mediante la declaratoria de inexequibilidad de la norma derogatoria y la reincorporación de la norma derogada, la cual sí hacía referencia a aquello que configuraba la omisión. En este caso se sopesó la necesidad de llenar el vacío y la competencia de la Corte en materia de control de constitucionalidad, y se decidió que si bien el juez constitucional no podía establecer cuál sería la autoridad para disponer lo relativo a los concursos de notarios, sí podía reincorporar la norma en la que el legislador lo había determinado. En este caso la deficiencia en la regulación no correspondía a un elemento mínimo, pero tampoco se trataba de su ausencia total, por ello la Corte podía declarar la existencia de una omisión legislativa relativa, como efecto lo hizo. Pero, si no hubiese encontrado una fórmula razonable de reparación no se hubiera podido dictar una sentencia aditiva. Este ejemplo representa una deficiencia media en una regulación del legislador, en la que fue posible encontrar una fórmula para remediar la omisión sin usurpar competencias vedadas a la Corte Constitucional(15).
Por último, mediante Sentencia C-442 de 2009, la Corte declaró la existencia de una omisión legislativa absoluta en las regulaciones del Código de Infancia y Adolescencia, por cuanto el mencionado código contempló un régimen de responsabilidades de los medios de comunicación, cuando estos incumplieran sus deberes frente a los menores, pero no dispuso un procedimiento sancionatorio que diera cuenta del régimen de responsabilidades aludido. En dicho caso la Corte instó al Congreso de la República para que regulara el procedimiento coherente con las responsabilidades en que podrían incurrir los medios en el contexto señalado, y afirmó que el Juez de control de constitucionalidad no era competente para llenar un vacío que implicaba el diseño de un procedimiento sancionatorio.
10. Ahora bien, como se ve, el estudio del fenómeno de la omisión legislativa y las posibles alternativas en la que resulta competente el juez de control de constitucionalidad, incluye una profunda reflexión sobre los pormenores alrededor de los cuales se activa dicha facultad en cabeza de los jueces de control de constitucionalidad. Por ejemplo, en materia penal, el respeto por el principio de legalidad indica que los vacíos normativos difícilmente pueden ser llenados por el juez mediante una sentencia interpretativa. Además, el complejo diseño de la política criminal sugiere igualmente, que la coherencia del régimen penal supone que las decisiones del legislador no deberían tomar alternativas distintas en relación con las hipótesis que incluye y excluye.
11. Tal como se acaba de explicar, el estudio de constitucionalidad propuesto implica la demostración de dos premisas generales, a la luz de líneas jurisprudenciales reconstruidas anteriormente. La primera demostración consistente en que el trato desigual que el actor adjudica al contenido de la norma, tiene como consecuencia una situación desventajosa injustificada para el conductor sobrio (en los términos que se explicó el cargo), denominada para el caso vulneración de la igualdad probatoria. Y la segunda, la demostración de que según el ordenamiento constitucional el legislador debió regular en un sentido distinto la obligación de enviar sólo a los conductores a la prueba de alcoholemia en caso de accidentes de tránsito con lesiones personales u homicidio que involucren incluso peatones; es decir, que se debió regular dicho evento en el sentido de enviar también a los peatones a la prueba de embriaguez, en el supuesto descrito.
12. Respecto de lo consignado anteriormente, para la Corte Constitucional no existen criterios suficientes de orden constitucional para concluir que alguna de las dos premisas anteriores se encuentre demostrada. Y, tampoco es posible una argumentación constitucional sólida que las sustente como para derivar de ellas la necesidad de una sentencia aditiva, que según se vio implica el uso de una facultad excepcional del juez de control de constitucionalidad, cual es la modificación de un contenido normativo expedido por el legislador. Tarea que, está reservada al Congreso de la República en nuestro ordenamiento jurídico.
(i) El alcance de la norma no supone desigualdad de trato, pues se refiere específicamente a la conducta de los conductores y no a la de los peatones
13. El artículo 149 de la Ley 769 de 2002, se encuentra en el título IV denominado “procedimientos y sanciones”, en su capítulo VII titulado “actuación en caso de infracciones penales”. El aparte acusado dispone entonces el procedimiento a seguir en caso de accidente de tránsito cuyo resultado pueda llegar a configurar una infracción penal, valga decir lesiones personales u homicidio; y los términos de dicho procedimiento son consecuencia lógica de la prohibición genérica de conducir bajo los efectos del alcohol (L. 769/2002, art. 26). En este orden, como quiera que está prohibido conducir en estado embriaguez, la obligatoriedad de enviar a los conductores en caso de accidente a la prueba de alcoholemia, se presenta como el curso de acción coherente en dos sentidos.
Si bien el denominado Código de Tránsito establece algunas regulaciones, e incluso sanciones, a algunas conductas de los peatones (L. 769/2002, arts. 57 y ss.), las responsabilidades de tránsito se circunscriben a los conductores. El Código de Tránsito (L. 769/2002) dispone multas para peatones en ciertas hipótesis (L. 769/2002, art. 58), pero la regulación del detalle de las actividades y el componente sancionatorio del Código en mención (arts. 131 y ss.) se refiere mayormente a los conductores. El parágrafo 2º del artículo 58 del Código de Transito describe esta idea, al sostener que “Los peatones que queden incursos en las anteriores prohibiciones se harán acreedores a una multa de un salario mínimo legal diario vigente, sin perjuicio de las demás acciones de carácter civil, penal y de policía que se deriven de su responsabilidad y conducta.” Mientras que las sanciones a conductores implican entre otros, suspensión de la licencia, retención del vehículo, procedimientos administrativos y contravencionales (L. 769/2002, arts.134 y ss.).
14. El segundo aspecto relevante del alcance de la norma consiste en que el procedimiento descrito en la disposición jurídica acusada, se inscribe dentro de las actuaciones que la legislación dispuso cuando las situaciones de tránsito puedan derivar en infracciones penales. Esto significa que el envío a la prueba de alcoholemia de los conductores involucrados en los accidentes de tránsito que describe el supuesto de la norma, se entiende como una de las actuaciones propias dentro de aquellas que tienen por fin determinar la posible responsabilidad penal que pueda surgir del siniestro en cuestión. Esto implica a su vez que la recolección de las pruebas con dicho fin, está a disposición de las partes que van a participar en el proceso de establecimiento de la responsabilidad penal. Por ello, no se puede afirmar que la norma ha omitido disponer la práctica de la prueba como obligación de la autoridad de tránsito. Pues, la lógica de los procesos penales, en punto de la recolección probatoria, es que a estas les asiste el derecho de solicitar la práctica de las que consideren relevantes.
15. De este modo, si bien la norma supone una distinción entre conductores y peatones, ello no deriva en una desigualdad de trato, pues no es cierto que dicha distinción suponga una situación con consecuencias jurídicas disímiles para unos y otros, a partir de la que a la postre se coloque en una situación desventajosa a los conductores sobrios, respecto de los peatones ebrios, cuando ambos se vean involucrados en una accidente de tránsito. La demostración de lo anterior es que la norma demandada dispone una de las actuaciones para efectos de determinar la comisión de una infracción penal, lo cual sólo es posible al interior de una investigación penal. Y, la naturaleza de estos procedimientos penales implica la existencia de partes, que disponen en igualdad de condiciones del acerbo probatorio y de su práctica. Por demás, se insiste, el contenido normativo del inciso siguiente al cuestionado en este proceso, implica precisamente que las condiciones de recolección de los elementos probatorios para concluir la responsabilidad penal en el accidente de tránsito, se traslada de inmediato a la autoridad competente en materia penal. Autoridad a la que, por supuesto, se le puede solicitar la práctica de la prueba que configura la presunta omisión legislativa, según el cargo de inconstitucionalidad.
16. De otro lado, no puede dejar de considerarse que la obtención de la información sobre el grado del grado de alcohol en la sangre (alcoholemia) de un ciudadano conductor, está específicamente regulada en el Código de Tránsito en el artículo 150, según el cual “las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez (...)”. Lo que significa que el legislador ha otorgado una facultad excepcional a la autoridad de tránsito en este asunto, que resulta de suma importancia en el contexto de la norma acusada, el cual como se ha dicho se refiere al procedimiento de determinación de la responsabilidad penal derivada de un accidente de tránsito.
17. Por último, debe afirmarse a partir de lo expuesto hasta el momento, que la aseveración según la cual el legislador omitió dentro de sus deberes la inclusión de los peatones en el supuesto normativo de la disposición estudiada, indicaría que su deber es tratar jurídicamente de la misma manera a conductores y peatones. Un deber en tal sentido no se deriva de ningún principio constitucional. Por el contrario, tal como se afirmó más atrás, en el contexto de la regulación del tránsito resulta coherente que las consecuencias jurídicas se dirijan principalmente a la conducta de los conductores.
(1) ART. 148.—Funciones de policía judicial. En caso de hechos que puedan constituir infracción penal, las autoridades de tránsito tendrán las atribuciones y deberes de la policía judicial, con arreglo al Código de Procedimiento Penal.
(3) La propuesta de la corporación Fondo de Prevención Vial es que la práctica obligatoria de la prueba de alcoholemia en casos de accidentes de tránsito se extienda no solo a los peatones sino a los ciclistas también, cuando unos y otros se encuentren involucrados en los mencionados accidentes.
(4) Cfr. Sentencia C-891A de 2006, fundamento jurídico 3.1.
(5) Cfr. Sentencia C-543 de 1996, fundamento jurídico 1.
(7) Véase, sentencias C-543 de 1996, C-427 de 2000, C-1549 de 2000, C-185 de 2002, C-311 de 2003 y C-875 de 2005.
(8) Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-423 de 2006.
(9) Cfr. Sentencia C-1064 de 2001.
(10) Ver entre otras, la Sentencia C-543 de 1996
(11) En la Sentencia C-543 de 1996 sostuvo este Tribunal: “Lo que se pretende mediante la acción de inconstitucionalidad es evaluar si el legislador al actuar ha vulnerado o no los distintos cánones que conforman la Constitución. Por esta razón hay que excluir de esta forma de control el que se dirige a evaluar las omisiones legislativas absolutas: si no hay actuación no hay acto que comparar con las normas superiores; si no hay actuación, no hay acto que pueda ser sujeto de control. La Corte carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta”.
(12) Sentencia C-504 de 1995. En el mismo sentido sostuvo en la Sentencia C-146 de 1998: “(...) son inconstitucionales por omisión aquellas normas legales que por no comprender todo el universo de las hipótesis de hecho idénticas a la regulada, resultan ser contrarias al principio de igualdad. Pero la omisión legislativa pura o total, no es objeto del debate en el proceso de inexequibilidad, puesto que este consiste, esencialmente, en un juicio de comparación entre dos normas de distinto rango para derivar su conformidad o discrepancia. Luego el vacío legislativo absoluto no puede ser enjuiciado en razón de la carencia de objeto en uno de uno de los extremos de comparación”.
(13) Sentencia C-038/06, fundamento jurídico 6. Criterio reiterado en Sentencia C-831 de 2007.
(14) En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 el artículo 336 dispone que son atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros “Declarar la inconstitucionalidad de las omisiones del legislador o la legisladora nacional, estadal o municipal, cuando haya dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución, o las haya dictado en forma incompleta, y establecer el plazo y, de ser necesario, los lineamientos de su corrección.” En la Constitución de Portugal de 1976 el artículo 279 establece lo siguiente: De la inconstitucionalidad por omisión, Cuando la Constitución resulte incumplida por omisión de las medidas legislativas necesarias para hacer aplicables las normas constitucionales, el consejo de la revolución podrá recomendar a los órganos legislativos competentes que las dicten en un plazo razonable.” En el caso de Brasil se establece lo siguiente: “Declarada la inconstitucionalidad por omisión de una medida destinada a dar efectividad a una norma Constitucional, se comunicará al poder competente para la adopción de las providencias necesarias y, tratándose de órgano administrativo, para que se haga en treinta días”.
(15) En otro caso reciente, en Sentencia C-149 de 2009, la Corte analizó el asunto relativo a si los requisitos académicos para ostentar el cargo de defensor de familia, al exigir al aspirante uno de siete programas de postgrado, todos ellos relacionados con componentes curriculares de derecho o de estudio de la familia, excluyó injustificadamente otros programas de postgrado que estuviesen relacionados con las actividades propias del defensor de familia. Así pues, se encontró que en efecto se había excluido sin justificación constitucional alguna, otros programas académicos de esta índole cuyos componentes curriculares atendían a las funciones del defensor de familia. En este caso, el componente excluido de la regulación se refería a la posibilidad de relacionar las actividades del cargo en mención con la variedad de programas de postgrado para abogados en Colombia. Dicha deficiencia no correspondía a un elemento mínimo, pero tampoco se trataba de la ausencia total en la regulación del requisito analizado, por ello la Corte podía declarar la existencia de una omisión legislativa relativa o una absoluta. Y, luego de sopesar la necesidad de llenar el vacío con la imposibilidad de usurpar competencias, declaró pues la existencia de una omisión relativa e incluyó un criterio general consistente en que el requisito en cuestión se entendía satisfecho con uno de los siete programas aludidos en la norma o con algún otro relacionado directamente con las actividades específicas del cargo, y dejó que en la práctica otras autoridades determinaran cuáles serían concretamente estos programas directamente relacionados con el quehacer de los defensores de familia. La decisión tuvo un salvamento de voto cuyo sentido fue precisamente la imposibilidad de la Corte de llenar el vacío de esta manera, pues aquello que se dejó a otras autoridades, en práctica iba a ser determinado por autoridades administrativas, cuando su disposición implicaba reserva de ley.