Source: http://www.derechoenzapatillas.org/2015/garantizan-la-gratuidad-de-la-educacion-universitaria/
Timestamp: 2017-06-25 14:12:12
Document Index: 338029670

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Garantizan la gratuidad de la educación universitaria | Derecho en Zapatillas by Sergio Mohadeb
Arriba Compras y ServiciosDerechos constitucionales Un Comentario Garantizan la gratuidad de la educación universitaria Sergio | El 11, Nov 2015
El Congreso naciona acaba de modificar la ley de educación superior para garantizar la gratuidad de la educación universitaria en Argentina.
En 1918 el Estado les dio autonomía a las universidades, que luego se plasmó en la reforma constitucional del año 1994. Desde 1945 a 1965 hay historiadores que dicen que la matrícula se cuadruplicó. En el medio una ley peronista había garantizado la gratuidad universitaria.
En torno de la gratuidad de la educación universitaria
La gratuidad no estaba garantizada a nivel constitucional, solo la autonomía y autarquía, que significa que se auto gobiernan y se auto administran. Igual, el grado de autonomía fue variando con distintas leyes y los jueces la fueron interpretando en forma cambiante a medida que se presentaron los casos (ej. designaciones de profesores, revisión de estatutos y demás). Por eso, por ejemplo, no puede entrar la policía sin permiso de la autoridad universitaria.
La gratuidad sí estaba implementada la gratuidad pero no a nivel legal. Ahora la ley dice que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos“. También se prohíbe “a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización“. La finalidad es evitar la elitización, declaró una de las impulsoras del proyecto (ver nota, acá).
Es decir, autónomas sí, pero no tanto para imponer aranceles… ¿Y cómo se financian para mantener la calidad a la que aspiran? Bueno, de eso se ocupa también la ley pero eso es otro tema. Poque el dinero sale del presupuesto público. La ley aclara que “el aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional“. Pero a diferencia de la CABA, no hay un mínimo garantizado. Veremos qué pasa en cada ley de presupuesto.
En ejercicio de esa autonomía es que también pueden dictar un reglamento, condiciones de regularidad y demás, que si sos estudiante deberías leer. Vamos al siguiente punto.
Los exámenes de ingreso y condiciones de regularidad
Cada institución universitaria nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan las condiciones académicas exigibles. Es decir, régimen de cursada, permanencia y demás.
Sobre el ingreso, la nueva ley aclara que “todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los mayores de veinticinco años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente“.
Y se agrega que este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un “carácter selectivo excluyente o discriminador“.
Entonces, ¿Se elimina el CBC? Parecería que sigue, pero sí se eliminan los exámenes excluyentes que tomaron algunas facultades para restringir el ingreso. ¿Cuándo es excluyente o “discriminador” según dice la ley? Lo interpretarán los jueces. Autónomás… pero no tanto.
Quizás se podría debatir en el Congreso acerca del financiamiento y la calidad académica de las instituciones universitarias. La ley da un paso en torno de la inclusión y la diversidad. Veremos cómo las instituciones se adecuan a estas normas y qué grado de cumplimiento, en la práctica, se les exige. Por lo pronto, de seguro, nada de aranceles. Ahora, si hay consenso en que los profesores y ayudantes deberían cobrar también debe discutirse el financiamiento y la estructura tributaria.
Ler más, sobre boleto estudiantil y derechos de los estudiantes.
“¿Alguien vio un papagayo? Tengo hambre… ?”
A photo posted by Sergio (@derechoenzapatillas) on Nov 10, 2015 at 12:33pm PST
Anexo con la reforma a la ley de educación superior
LEY DE IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR –Ley 27204
ARTÍCULO 1º — Sustitúyese el artículo 1° de la ley 24.521, de educación superior, por el siguiente:
Artículo 1º: Están comprendidas dentro de la presente ley las universidades e institutos universitarios, estatales o privados autorizados y los institutos de educación superior de jurisdicción nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de gestión estatal o privada, todos los cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional, regulado por la ley 26.206 —Ley de Educación Nacional—.
ARTÍCULO 2º — Sustitúyese el artículo 2º de la ley 24.521, por el siguiente:
Artículo 2º: El Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las universidades privadas. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires son los responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de los institutos de formación superior de gestión estatal y de las universidades provinciales, si las tuviere, de su respectiva jurisdicción.
d) Establecer las medidas necesarias para equiparar las oportunidades y posibilidades de las personas con discapacidades permanentes o temporarias;
e) Constituir mecanismos y procesos concretos de articulación entre los componentes humanos, materiales, curriculares y divulgativos del nivel y con el resto del sistema educativo nacional, así como la efectiva integración internacional con otros sistemas educativos, en particular con los del Mercosur y América Latina;
f) Promover formas de organización y procesos democráticos;
g) Vincular prácticas y saberes provenientes de distintos ámbitos sociales que potencien la construcción y apropiación del conocimiento en la resolución de problemas asociados a las necesidades de la población, como una condición constitutiva de los alcances instituidos en la ley 26.206 de educación nacional (título VI, La calidad de la educación, capítulo I, “Disposiciones generales”, artículo 84).
ARTÍCULO 3º — Incorpórase como artículo 2° bis, de la ley 24.521, el siguiente:
Artículo 2º bis: Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos.
Prohíbase a las instituciones de la educación superior de gestión estatal suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados, que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización.
ARTÍCULO 4º — Sustitúyese el artículo 7º de la ley 24.521, por el siguiente:
Artículo 7º: Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.
Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.
ARTÍCULO 5º — Sustitúyese el artículo 50 de la ley 24.521, por el siguiente:
Artículo 50: Cada institución universitaria nacional dictará normas sobre regularidad en los estudios que establezcan las condiciones académicas exigibles.
ARTÍCULO 6º — Sustitúyese el artículo 58 de la ley 24.521, por el siguiente:
Artículo 58: El aporte del Estado nacional para las instituciones de educación superior universitaria de gestión estatal no puede ser disminuido ni reemplazado en ningún caso mediante recursos adicionales provenientes de otras fuentes no contempladas en el presupuesto anual general de la administración pública nacional.
ARTÍCULO 7º — Sustitúyese el artículo 59 de la ley 24.521, por el siguiente:
Artículo 59: Las instituciones universitarias nacionales tienen autarquía económico-financiera que ejercerán dentro del régimen de la ley 24.156, de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional. En ese marco corresponde a dichas instituciones:
a) Administrar su patrimonio y aprobar su presupuesto. Los recursos no utilizados al cierre de cada ejercicio se transferirán automáticamente al siguiente;
b) Fijar su régimen salarial y de administración de personal;
c) Podrán dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional, mediante la venta de bienes, productos, derechos o servicios, subsidios, contribuciones, herencias, derechos o tasas por los servicios que presten, así como todo otro recurso que pudiera corresponderles por cualquier título o actividad.
Los recursos adicionales que provinieren de contribuciones deberán destinarse prioritariamente a becas, préstamos, subsidios o créditos u otro tipo de ayuda estudiantil y apoyo didáctico; estos recursos adicionales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes.
Los sistemas de becas, préstamos u otro tipo de ayuda estarán fundamentalmente destinados a aquellos estudiantes que por razones económicas no pudieran acceder o continuar los estudios universitarios, de forma tal que nadie se vea imposibilitado por ese motivo de cursar tales estudios;
d) Garantizar el normal desenvolvimiento de sus unidades asistenciales, asegurándoles el manejo descentralizado de los fondos que ellas generen, con acuerdo a las normas que dicten sus consejos superiores y a la legislación vigente;
e) Constituir personas jurídicas de derecho público o privado, o participar en ellas, no requiriéndose adoptar una forma jurídica diferente para acceder a los beneficios de la ley 23.877, de promoción y fomento de la innovación tecnológica;
f) Aplicar el régimen general de contrataciones, de responsabilidad patrimonial y de gestión de bienes reales, con las excepciones que establezca la reglamentación. El rector y los miembros del Consejo Superior de las Instituciones Universitarias Nacionales serán responsables de su administración según su participación, debiendo responder en los términos y con los alcances previstos en los artículos 130 y 131 de la ley 24.156. En ningún caso el Estado nacional responderá por las obligaciones asumidas por las instituciones universitarias que importen un perjuicio para el Tesoro nacional.
ARTÍCULO 8º — Incorpórase como artículo 59 bis a la ley 24.521, el siguiente:
Artículo 59 bis: El control administrativo externo de las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo esta tarea. Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos.
ARTÍCULO 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE.
— REGISTRADA BAJO EL Nº 27204 —
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Muy bueno. Ahora hace falta una ley de Matriculación Voluntaria; para que el diploma otorgado por la universidad sea el único requisito para ejercer.
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