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Timestamp: 2017-03-26 04:24:05
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Matched Legal Cases: ['artículo 164', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 60', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2']

Resolución IRP/3648/2010, de 12 de noviembre, por la que se aprueba el Código de ética de la policía de Cataluña. TÍTULO PRELIMINAR (Vigente hasta el 02 de Febrero de 2011).
La entrada en vigor del nuevo Estatuto de autonomía (
Ley orgánica 6/2006, de 19 de julio), que en su artículo 164 atribuye al Gobierno de la Generalidad competencias de planificación y regulación del sistema de seguridad pública en Cataluña, lo autoriza a disponer la aprobación de este Código con el fin de consolidar al modelo de policía democrática que ya se ha estado aplicando a Cataluña desde 1980.
La competencia se incardina en la planificación y regulación del sistema de seguridad pública de Cataluña, la dirección de los mozos de escuadra y la ordenación de las policías locales, y en el ejercicio por parte de estos cuerpos de las funciones policiales siguientes:
b) La policía administrativa, que incluye la que deriva de la legislación estatal.
c) La policía judicial y la investigación criminal, incluidas las diversas formas de crimen organizado y terrorismo, de acuerdo con lo que establecen las leyes.
En el ejercicio de las competencias mencionadas, el Gobierno, a propuesta del Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, mediante el Decreto 230/1007, de 16 de octubre, creó el Comité de Ética de la Policía de Cataluña y le asignó como primera función (artículo 2.1.a) «elaborar una propuesta de Código de ética de la policía de Cataluña».
La elaboración del Código tiene que partir de ciertos presupuestos sobre el modelo de seguridad pública hoy vigente en Cataluña, que ya contienen varias disposiciones legales estatales y autonómicas. Este modelo de seguridad pública sólo tendrá validez si, además de la regulación de la función policial, va acompañado de políticas sociales encaminadas a fomentar, entre otros objetivos, la cohesión social y una progresiva igualdad. En definitiva, tiene que ser un modelo que conjugue la seguridad jurídica -la seguridad en el ejercicio pacífico de los derechos- y la seguridad material que está obligada a garantizar el Estado social de derecho. Todas aquellas disposiciones, inspiradas en las declaraciones internacionales que después veremos, tienen su fundamento en la exposición de motivos de la Ley orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad: «La Ley pretende ser el principio de una nueva etapa en que destaque la consideración de la policía como un servicio público dirigido a la protección de la comunidad, mediante la defensa del ordenamiento democrático», pretensión que está vinculada a la afirmación posterior que el juramento o la promesa de acatar y cumplir la Constitución «no constituye un mero trámite o formalismo, sino un requisito esencial, constitutivo de la condición policial y, al mismo tiempo, símbolo o emblema de su alta misión».
Con estos presupuestos, la Ley establece los «principios básicos de actuación», contenidos en el artículo 5, que se definen «como un auténtico código deontológico», fórmula que por imperativo del punto 2 de la disposición final segunda es de aplicación directa «a la policía autonómica de Cataluña». Así lo expresan el artículo 10 de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de policías locales, y el artículo 11 de la Ley 10/1994, de 11 de julio, reguladora de la policía de la Generalidad-mozos de escuadra, que califica los principios mencionados como «código de conducta». Como veremos más adelante, este modelo representó un avance histórico en la concepción de la función policial, hoy insuficiente tanto en su fundamento como en su desarrollo. La primera exigencia que tenía que haber explicitado, de conformidad con la Resolución 34/169, que aprueba el Código de conducta para los funcionarios encargados de cumplir la ley (Naciones Unidas, 17 de diciembre de 1979), es el respeto y la protección de la dignidad humana como fundamento de la dimensión ética de la función policial. Pero, además, los principios mencionados contienen lagunas y ambigüedades que expresan un vacío normativo respecto de ciertas funciones policiales, un vacío que códigos como el que ahora se formula pueden suplir para alcanzar el equilibrio necesario entre los poderes policiales y la protección de los derechos fundamentales. Así podrá superarse una apreciación de la Declaración sobre la policía del Consejo de Europa que continúa vigente: «Las reglas que conducen sus miembros -la policía- no son definidas con bastante precisión».
Los principios mencionados, en todo caso, constituyen el marco normativo positivo que expresan los elementos sustanciales de la ética policial, ética que se fundamenta en el respecto de la dignidad humana y que genera un amplio conjunto de deberes que tienen su origen en la sumisión a la ley. «La policía no está por encima de la ley», dice el preámbulo de la Ley 10/1994, y su finalidad es el servicio a la comunidad. De acuerdo con la Ley mencionada, «los últimos destinatarios de la actividad policial son los ciudadanos», en la doble dimensión del respeto que merecen como ciudadanos y de la protección de sus derechos. Sólo por medio de esta formulación puede conseguirse que la función policial tenga «una repercusión directa en la calidad de vida de los individuos y de la sociedad» (introducción del Código de conducta de las Naciones Unidas). Para alcanzar este fin, la policía tiene que saber y conocer qué es ante una sociedad compleja que le exige un «contacto estrecho con el ciudadano» (introducción del Código europeo de ética de la policía. 2001) y una «buena comprensión de cuestiones sociales, culturales y comunitarias» (artículo 23 del Código europeo de ética de la policía). Sólo así podrá ejercer sus funciones, sobre todo cuando las personas que son objeto de su actividad son especialmente «vulnerables», para adaptar así su actividad a las diferentes condiciones personales, sociales y culturales que están presentes en nuestra sociedad. Y, sin duda, es la vía para una policía que, «además de defender la ley», ejerce una función social y presta ciertos servicios en el seno de la sociedad (introducción del Código europeo de ética de la policía). Así lo recoge la exposición de motivos de la Ley 10/1994: «La protección, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, de la libertad y la seguridad de la ciudadanía», al lado de un mandato explícito de «coadyuvar al bienestar social en cooperación con otros agentes sociales en los ámbitos preventivo, asistencial y de rehabilitación», un planteamiento que desarrolla con más precisión la Resolución 1828/2004, del Departamento de Interior: «El cuerpo de mozos de escuadra, en su organización, tiene que fomentar las buenas relaciones con la ciudadanía y, si procede, la cooperación efectiva con otros organismos, entes locales, organizaciones no gubernamentales, entidades asociativas, colectivos profesionales y otros representantes de los ciudadanos y ciudadanas que incluyan los grupos minoritarios y los colectivos marginales en nuestra sociedad». Desde este modelo de seguridad pública se tiene que afrontar el contenido y el alcance del Código de ética, desde el respeto escrupuloso de los derechos humanos y la garantía de que todas las personas lo ejercerán, modelo que sin duda será reforzado desde el momento que se aplique efectivamente el Protocolo facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (BOE 148, de 22 junio de 2006) respecto de las personas privadas de libertad.
El Código de ética quiere significar un instrumento más en la mejor protección de los ciudadanos y las ciudadanas, en promoción de un refuerzo del cumplimiento de la legalidad vigente, que impulse la conciencia profesional y las buenas prácticas, en el respeto a los derechos y las libertades de las personas.
El otro fundamento esencial de la ética policial es el hecho de que disponen del «monopolio de la coerción legítima», monopolio que ejercen con una amplia capacidad de iniciativa y de decisión con un notable grado de discrecionalidad. Son decisiones ante momentos críticos o conflictivos de la convivencia -con unas variantes imprevisibles- que exigen, en general, una respuesta ajustada a la ley y eficaz, respuesta que muchas veces comporta un conflicto ético. Son decisiones que expresan el privilegio y la carga que tantas veces concurre en la actuación policial, ya que se tiene que emitir un juicio personal ante situaciones exentas de reglas predeterminadas. En consecuencia, las normas de este Código tienen que prestar una ayuda inestimable al ejercicio discrecional de las funciones policiales.
El Código de ética será un instrumento óptimo para facilitar la identificación de las dimensiones éticas de la actuación policial, favorecer una mejor comprensión y encontrar la solución más eficiente. Si los cuerpos policiales de Cataluña ajustan plenamente su comportamiento profesional a los deberes que establece este Código, se reforzará su identidad como policía democrática. Y en la medida en que el Código tiene que generar, más allá de cualquier otra consideración, una satisfacción o, si procede, un reproche moral, contribuirá a fortalecer la convicción moral y profesional como uno de los apoyos esenciales de la actuación policial.
Como última consideración introductoria, de cariz metodológico, hay que destacar que el Comité de Ética ha considerado la necesidad que el presente Código disponga del máximo apoyo posible de todos los sectores sociales y profesionales implicados, así como de sus sugerencias y aportaciones. Con el fin de alcanzar este objetivo, al inicio del proceso de elaboración de su Propuesta de código, el Comité de Ética mantuvo sucesivas reuniones a las que se convocaron sindicatos y organizaciones profesionales policiales, entidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos, mandos de los mozos de escuadra y de las policías locales, así como la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña, el Síndic de Greuges, la Federación de Municipios de Cataluña y la Asociación Catalana de Municipios. El texto ha tratado de incorporar las perspectivas y las necesidades expresadas en su pluralidad.
Objetivos y finalidades del Código
Los objetivos son los que se pronuncian en el Código europeo de ética de la policía del Consejo de Europa, complementados con las normas internacionales mencionadas, creando un marco orientativo para mejorar el ejercicio de sus funciones como son: mantener la tranquilidad pública y la ley y el orden en la sociedad; proteger y respetar los derechos y las libertades fundamentales de los individuos tal como se recogen en el Convenio europeo de derechos humanos; prevenir y combatir la delincuencia; descubrir delitos, y ofrecer asistencia y servicios al ciudadano.
De acuerdo con eso el Código de ética de la policía de Cataluña tiene como finalidades las siguientes:
Primera: promover un modelo de seguridad pública basado en la protección de los derechos, en la seguridad jurídica para su libre ejercicio y en la seguridad material que el Estado social y democrático de derecho está obligado a garantizar.
Segunda: pronunciar y desarrollar los principios de actuación de las policías de Cataluña, como servicio público fundamentado en el respeto a la dignidad y los derechos que se derivan.
Tercera: pronunciar y desarrollar los derechos y deberes y las normas éticas de conducta que se derivan.
Cuarta: contribuir a la seguridad jurídica como derecho de las personas miembros de las policías con respecto a las normas que regulan la actuación.
Quinta: hacer accesibles a la ciudadanía las normas básicas de actuación de las policías.
Sexta: promover las buenas prácticas y la inserción del juicio de valor ético en la actuación policial.
Séptima: incorporar la dimensión ética en la organización policial, en sus estructuras y recursos materiales y humanos.
El Código contiene preceptos que coinciden con principios y ciertas disposiciones de instrucciones internas de servicio de la policía de la Generalidad y de las policías locales que afectan a derechos fundamentales, como la libertad y la integridad personal. Son disposiciones que, por el hecho de que no se han publicado oficialmente, no son accesibles a los ciudadanos, que, por lo tanto, las desconocen, cosa que constituye una limitación objetiva de sus derechos. Su inclusión en este Código pretende otorgar los rasgos propios de disposiciones de esta trascendencia, como la generalidad y la publicidad, y elevar el rango normativo. En definitiva, se trata de cumplir el Código europeo a la hora de reclamar que «El ciudadano tiene que tener acceso a la legislación relativa a la policía, que tiene que ser lo bastante clara y precisa y, si hace falta, se tiene que complementar con reglamentos claros e igualmente accesibles al público.»
Por todo eso, el preámbulo de la Recomendación aconseja que «los gobiernos de los estados miembros basen su legislación, las prácticas internas y sus códigos de conducta en materia de policía en los principios en que recoge el Código europeo de ética de la policía, (...) con vistas a su implantación progresiva y a dar la máxima difusión posible a este texto».
El sistema de derechos y deberes policiales
El Código de ética pronuncia derechos de las personas miembros de los cuerpos de policía así como buenas prácticas en la relación con los ciudadanos. En el ámbito de los derechos, el Código resume los fundamentales como condición para articular e insertar a las policías de Cataluña y su función en el sistema democrático. Son derechos, tanto civiles como sociales y económicos, como titulares de una función pública que los equipara a otros funcionarios y funcionarias públicos y a los ciudadanos en general, y favorece la plena integración en la sociedad democrática. Son derechos, como el de sindicación, reconocido en el artículo 5 de la Carta social europea, que también justifica ciertas restricciones considerando la naturaleza singular de su función.
Los deberes tienen su fundamento en el Código europeo de ética de la policía por dos razones: a) su desarrollo es el compromiso en que se basa la creación del Comité de Cataluña, y b) porque ya existe una Resolución del Departamento de Interior (2004) para incorporar el Código europeo de ética de la policía a la Policía de Cataluña, que ya recoge algunos principios básicos. Entre los deberes incluidos en este Código no se han incluido las disposiciones que regulan a la policía como policía judicial y su relación con la Administración de justicia, porque la Ley de enjuiciamiento criminal y disposiciones complementarias ya regulan y garantizan sobradamente este aspecto.
Las funciones del Código de ética respecto de los deberes mencionados son sistematizar los que se encuentran recogidos en diferentes disposiciones, generando un corpus normativo cuya finalidad principal no es en absoluto generar «nuevos» deberes (aunque pueda generarlos), sino favorecer la consolidación de una cultura policial de servicio público y sumisión a principios democráticos.
En todo caso, el Código sólo cumplirá su función desde una sólida estructura organizativa policial y desde un régimen riguroso y exigente de selección, formación continua y promoción interna. Así, las policías de Cataluña podrán abordar eficazmente, además de la delincuencia contra la seguridad física y moral de las personas y la protección de los bienes, otras formas mucho más complejas de delincuencia que perjudican a amplios colectivos sociales que no llegan a tener conciencia del riesgo lesivo a que están expuestos, como el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, la delincuencia informática, los delitos contra los derechos de los trabajadores y trabajadoras (particularmente las personas inmigrantes), los delitos contra las personas consumidoras, los delitos urbanísticos y contra el medio ambiente y, entre otros, el tráfico de seres humanos. Son formas de delincuencia que exigen no sólo una nueva capacitación policial sino también una renovación del contenido de los deberes policiales.
El Código europeo de ética de la policía fija el marco y los límites que tienen que integrar este Código bajo el título «Principios rectores en relación con la actuación/intervención de la policía», con tres ámbitos claramente diferenciados: «Principios generales», «Investigación policial» y «Detención/privación de libertad realizada por la policía». Son ámbitos que se corresponden fundamentalmente con el Código de conducta de las Naciones Unidas y que incluyen prácticamente toda la actividad policial, tanto preventiva como represiva, cosa que no impide ampliar el elenco de deberes al amparo de la autorización del Código de conducta a los estados miembros para dictar «disposiciones más estrictas» que los que contiene.
Finalmente, los deberes que se establecen aquí se inspiran en las normas del Convenio europeo de derechos humanos, en el Protocolo 4 (sobre la circulación de las personas) y el Segundo informe general del Comité Europeo de Prevención de la Tortura sobre la detención policial. Igualmente, estos deberes se fundamentan en el Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención y prisión (Resolución 43/173 de las Naciones Unidas, 1988); en los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos en la protección de las personas encarceladas y detenidas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, (Resolución 37/194 de las Naciones Unidas, 1982); en la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y abuso de poder (Resolución 40/34 de las Naciones Unidas, 1985), y, finalmente, en los manuales de capacitación en derechos humanos para la policía de las Naciones Unidas.
Atención especial al principio de no discriminación
El Código concede una consideración especial al principio de «prohibición general de discriminación» en aplicación del artículo 14 del Convenio y del Protocolo núm. 12. Constituye, en efecto, un elemento fundamental del derecho internacional en materia de derechos humanos y todos los poderes públicos están obligados a respetarlo y aplicarlo estrictamente, especialmente los servicios de policía en razón de su relación directa con la ciudadanía y el contenido de sus competencias, todavía más en una sociedad en la cual, paralelamente al proceso inmigratorio, se constata el resurgimiento de ideologías racistas e, incluso, un intento de legitimación de la discriminación. En la perspectiva de promover una «igualdad llena y efectiva» (Informe explicativo del Protocolo 12), el Código explicita deberes policiales que excluyan cualquier forma de discriminación en todos los ámbitos de su intervención. Estas normas no hacen más que desarrollar la sólida doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, singularmente, la Sentencia en el caso Abdulaziz, Cabales y Balkandali contra el Reino Unido (de 28 de mayo de 1985, serie A, núm. 94, párrafo 72): «una distinción es discriminatoria si no tiene una justificación objetiva y razonable», es decir, si no pretende un «objetivo legítimo» o si no hay una «relación razonable de proporcionalidad entre los medios utilizados y el objetivo perseguido».
Atención especial al uso de la fuerza y utilización de armas de fuego
Entre los «principios de actuación» que tienen que inspirar la actuación policial, el Código presta atención especial a los que prohiben «cualquier práctica abusiva, arbitraria o discriminatoria que «implique violencia física o moral» así como a las normas que tienen que regir el uso de las armas, particularmente cuando comporten «un riesgo racionalmente grave para la vida o la integridad física de ellos mismos (de las personas miembros de los cuerpos de policía) o de terceras personas». En este sentido, este Código cumple la disposición 11 de los Principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego de las Naciones Unidas (VIII Congreso sobre prevención del delito y tratamiento de las personas delincuentes, del 27 de agosto al 7 de septiembre de 1990), que establece que «las normas y reglamentaciones sobre el uso de armas de fuego por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley tienen que contener directrices... » sobre esta materia y atiende la recomendación contenida en el Código europeo de ética de la policía (apartado 29) de cumplir los requerimientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que los ordenamientos nacionales contengan normas específicas sobre el ejercicio de la fuerza por parte de los servicios de policía. Así resulta, entre otros, de las dos sentencias siguientes. La de Makaratzis contra Grecia (2004), Demanda 50385/99, Sentencia de 20 de diciembre de 2004, párrafo 57: «Tal como muestra el texto mismo del artículo 2, el uso por parte de los policías de la fuerza mortal puede estar justificada en ciertas circunstancias. Sin embargo, el artículo 2 no otorga una carta blanca. La ausencia de reglas y el hecho que la acción de los/las agentes del Estado se deje a su albedrío son incompatibles con el respeto efectivo a los derechos humanos. Eso significa que las operaciones policiales, además de estar autorizadas por el derecho nacional, tienen que estar lo bastante delimitadas por éste en el contexto de un sistema de garantías adecuadas y efectivas contra la arbitrariedad y el abuso de la fuerza (...). Y también contra los accidentes evitables». Y, en el mismo sentido, la Sentencia Hamiyet Kaplan y otros contra Turquía (2005), Demanda 36749/97, Sentencia de 13 de septiembre de 2005, párrafo 51: El Tribunal hace notar que los responsables de la policía que dirigieron la operación litigiosa no distinguieron entre métodos mortales y métodos no mortales. La ausencia de instrucciones claras por parte de policías de rango superior y el probablemente escaso dominio de los/las agentes de métodos que permiten el arresto de personas buscadas y peligrosas sin atentar contra su vida han aumentado los riesgos para la vida de los que se encontraban en el interior del domicilio asediado». El párrafo 54 dice que el marco jurídico «no suministraba a los responsables de la aplicación de la ley recomendaciones y criterios claros con respecto al uso de la fuerza en tiempo de paz... ».
Este Código, de conformidad con la exposición anterior, contiene una regulación específica del uso de la fuerza y de las armas de fuego que, además, tiene los fundamentos siguientes:
La Resolución 690 (1979), relativa a la Declaración sobre la policía aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa el 8 de mayo de 1979, considera que «la policía tiene un papel esencial en todos los estados miembros, que es a menudo requerida para intervenir en condiciones peligrosas para sus agentes y que sus tareas resultan todavía más complicadas por el hecho de que las reglas de conducta no están definidas con bastante precisión». El punto 13 del apartado «Deontología» de la Declaración especifica que «hay que dar a los funcionarios de policía instrucciones claras y necesarias sobre la forma y las circunstancias en las cuales tienen que hacer uso de sus armas». Asimismo, el artículo 3.c) de la Resolución 34/169, de 17 de septiembre de 1979, relativa al Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, establece que «el uso de las armas de fuego se considera una medida extrema».
En todo caso, sin embargo, de conformidad con las disposiciones vigentes sobre el uso de la fuerza por parte de la policía de Cataluña, se tienen que regir en el ejercicio de sus funciones por los principios de «congruencia, de oportunidad y de proporcionalidad» en la utilización de los medios a su alcance y tienen que actuar con la decisión necesaria y sin retraso cuando dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable.
Asimismo, este Tribunal ha fijado en numerosas resoluciones los límites del uso de la fuerza en la práctica de la detención policial, como, entre otros, en la Sentencia Natchova contra Bulgaria (2005), demandas 43577/98 y 43579/98, Sentencia de 6 de julio de 2005, párrafo 94: «Como lo muestra el texto mismo del artículo 2.2, el recurso de bastante mortal por parte de los policías puede justificarse en ciertas condiciones. Todo uso de la fuerza tiene que ser, no obstante, «absolutamente necesario», es decir, estrictamente proporcionado según las circunstancias. Ya que el derecho a la vida reviste un carácter fundamental, las circunstancias en las cuales puede ser legítimo infligir la muerte tienen que ser interpretadas restrictivamente...» Párrafo 95: «Por lo tanto, considerando lo que dispone el artículo 2.2.b) del Convenio, el fin legítimo de efectuar una detención no puede justificar poner en peligro vidas humanas salvo un caso de necesidad absoluta. El Tribunal considera que, en principio, no puede existir una necesidad parecida cuando se sabe que la persona que tiene que ser arrestada no representa ninguna amenaza contra la vida o la integridad física de nadie y no es sospechosa de haber cometido una infracción de naturaleza violenta, incluso aunque pueda resultar la imposibilidad de detener al fugitivo».
Con estos fundamentos, el Código determina cuál tiene que ser el comportamiento policial desde la sumisión a la ley para que sus funciones se desarrollen «de manera justa» y generen el apoyo moral y activo de la sociedad y la colaboración ciudadana.
La aplicación del Código de ética
Es obvio que la vulneración de los principios del Código de ética tiene que conducir a determinadas consecuencias jurídicas, en ningún caso sancionadoras, ya que la facultad de imponer sanciones corresponde en órganos diferentes del Comité. Omitir cualquier referencia al respecto dejaría al Código como un mero enunciado simbólico. Sobre este punto, el Código europeo (Código europeo de ética de la policía) deja la cuestión abierta. El artículo 59 establece el principio de responsabilidad de la policía «ante el Estado, los ciudadanos y sus representantes» y añade que tiene que estar sujeta a un «control externo eficaz» (como el Comité u otros organismos similares). Y el artículo 60 añade que el «control estatal» sobre la policía se tiene que repartir entre los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), y se admiten otras clases de control, como lo que ejercen «los ciudadanos y sus representantes», a los que se refiere el artículo anterior.
Cuando dispone que los estados miembros se comprometen a elaborar códigos éticos basados en la Recomendación europea, establece «que sean supervisados por los órganos adecuados». Hay que entender que estos «órganos adecuados» incluyen tanto los órganos sancionadores del Estado (judicial y disciplinario) como otros, como el Comité de Ética de la Policía de Cataluña.
En el caso de Cataluña, el régimen aplicable en consecuencia es el siguiente:
a) El Código de ética de la policía de Cataluña no incluye sanciones. Se diferencia en este punto de otros modelos europeos, como el Código de deontología de la policía nacional francesa (versión consolidada de 3 de agosto de 2001), que establece sanciones disciplinarias ante las infracciones.
b) El Comité de Ética no tiene facultades sancionadoras, pero tiene encomendado el «seguimiento» de «la aplicación» del Código de ética (artículo 2.1.a) del Decreto 230/2007).
c) En cumplimiento de la función de «seguimiento» mencionada, el Comité puede solicitar «de las autoridades y de los órganos competentes en la materia todas las quejas y denuncias que reciban constitutivas de incumplimientos del Código de ética...» (artículo 3 del Decreto 230/2007).
d) Al lado de las funciones propiamente consultivas y promocionales, el Comité tiene la obligación de «elaborar un informe público anual sobre el grado de cumplimiento del Código de ética policial...» (apartado f) del artículo 2.1 del Decreto 230/2007).
En definitiva, el Comité de Ética a) tiene que comprobar «si el Código se cumple», es decir, tiene que evaluar, en función del volumen y la naturaleza de las actuaciones meritorias, felicitaciones, quejas y denuncias ciudadanas, como lo han aceptado los cuerpos policiales y como ha incidido en el aumento de su credibilidad y eficacia ante la ciudadanía; b) no tiene funciones inspectoras propiamente, pero sin embargo tiene iniciativa para solicitar información sobre el cumplimiento del Código, y c) no tiene por misión recibir quejas ciudadanas, sin embargo, si las recibe, les tiene que dar el trámite que corresponda y, si procede, remitírselas a las autoridades sancionadoras (apartado d) del artículo 2.1 del Decreto 230/2007). El grado de cumplimiento del Código será una forma de medir la calidad de nuestra democracia porque, como plantea el Consejo de Europa, se puede valorar «simplemente observando el comportamiento de su policía». Y las autoridades, los/las agentes de policía y la sociedad se habrán dotado de un nuevo instrumento para percibir y valorar si la policía «ejerce sus funciones de manera éticamente aceptable y con unas finalidades válidas y democráticas».
El presente Código de ética se aplica a las autoridades administrativas y policiales del sistema de seguridad pública, y a los miembros de los cuerpos de las policías de Cataluña, integrados por la policía de la Generalidad de Cataluña-mozos de escuadra y las policías de los ayuntamientos en el sistema de seguridad y policial de Cataluña.
Se fundamenta en los principios que contiene la Constitución, las normas de ámbito estatal y de la Generalidad de Cataluña, así como en los textos que emanan de la Organización de las Naciones Unidas, la Unión Europea y, especialmente, el Código europeo de ética de la policía, recomendado por el Consejo de Europa.
El Código de ética de la policía de Cataluña no tiene finalidad sancionadora de comportamientos individuales ni establece ningún tipo de sanción. Sus normas se dirigen a consolidar y promover los valores democráticos ya asumidos por las policías de Cataluña y, al mismo tiempo, a permitir la valoración general sobre su grado de cumplimiento, especialmente, mediante el informe anual del Comité de Ética.
El Comité de Ética no tiene competencias sancionadoras y, por consiguiente, tampoco actúa como segunda instancia respecto a las decisiones adoptadas por las autoridades y órganos competentes ni tiene que interferir en la cadena de mando. Sus valoraciones recaen sobre los hechos de los que tenga conocimiento y no incluyen decisiones sobre la eventual responsabilidad personal de los y de las agentes que hayan intervenido.
Las policías de Cataluña, como corresponde a su misión en el Estado democrático, ejercen su servicio a la comunidad protegiendo y defendiendo el ejercicio libre y pacífico de los derechos y libertades de las personas, previniendo y luchando contra la delincuencia y haciendo tareas de asistencia y servicio a la ciudadanía.
El sistema policial de Cataluña es un elemento central del sistema de justicia penal, en particular en el ejercicio de las funciones propias de policía judicial, y garantiza una cooperación eficaz con los jueces y tribunales y con el Ministerio Fiscal.
El sistema policial de Cataluña tiene que garantizar a todos los ciudadanos la accesibilidad y el conocimiento de la función policial en todos sus ámbitos y de las normas que lo regulan, tanto leyes como reglamentos, que tienen que estar formulados, de forma objetiva, clara y precisa. La difusión de las normas mencionadas tiene que favorecer el conocimiento del contenido y el alcance de la función policial cuando puede afectar a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
La sumisión de las policías de Cataluña a la ley y a los principios en que se fundamenta es la garantía que su actuación está legitimada ante la ciudadanía, legitimación democrática que constituye la condición necesaria para generar la confianza de la ciudadanía y su colaboración activa para hacer del sistema policial un servicio centrado en la comunidad y sus necesidades.
La inserción del sistema policial en el poder ejecutivo es plenamente compatible con su independencia operativa ante otros órganos de las administraciones públicas y con una actuación regida por criterios de imparcialidad y, por lo tanto, ajena a cualquier tipo de injerencias o de intereses políticos.
Para un mejor servicio a la comunidad, las policías de Cataluña tienen que establecer relaciones estables y activas con la ciudadanía y sus organizaciones cívicas, especialmente con los colectivos más desprotegidos y vulnerables, como menores de edad, adolescentes, mujeres, lesbianas, gays, transexuales, inmigrantes, personas mayores, personas con discapacidad física o psíquica o personas que pertenecen a colectivos minoritarios, étnicos o raciales más expuestos a actitudes individuales o sociales discriminatorias.
Las autoridades responsables de los servicios policiales tienen que ofrecer periódicamente a los ciudadanos información sobre su actuación y sus resultados, compatible con la confidencialidad de ciertos datos.
La policía es un organismo esencial para garantizar la convivencia. La trascendencia de la función policial para el ejercicio de derechos fundamentales y su carácter esencial para la convivencia requiere unos cuerpos policiales socialmente prestigiosos y con una elevada conciencia profesional. Los/las policías son las primeras personas que velan por la esmerada observancia de este Código, y ponen los medios y los recursos necesarios para que la relación con la ciudadanía esté basada en la confianza. En este sentido, la exigencia de responsabilidades por la utilización eventual de métodos ilegítimos no desprestigia a las policías, sino, al contrario, contribuye a prestigiarlas y a generar confianza ciudadana sobre su funcionamiento adecuado.