Source: https://www.scribd.com/doc/99434751/La-Tutela-Constitucional-Del-Consumidor
Timestamp: 2017-02-24 09:30:13
Document Index: 319520810

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 2', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 28', 'artículo 46', 'artículo 32', 'artículo 33', 'artículo 46', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 26', 'artículo 30', 'artículo 21', 'artículo 3', 'artículo 46', 'artículo 50', 'artículo 4', 'artículo 46', 'artículo 17', 'artículo 35', 'artículo 432', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 2', 'artículo 140', 'artículo 31', 'artículo 43', 'Artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 43', 'artículo 31', 'artículo 43', 'artículo 44', 'artículo 43', 'artículo 5', 'artículo 46', 'artículo 24', 'artículo 64', 'artículo 26', 'artículo 24', 'artículo 50', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 24', 'artículo 46', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 46', 'artículo 24', 'artículo 75', 'artículo 30', 'artículo 6', 'artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 41', 'artículo 43', 'artículo 50', 'artículo 46', 'artículo 74', 'artículo 3', 'artículo 50', 'artículo 28', 'artículo 46', 'artículo 41', 'artículo 3', 'artículo 74', 'artículo 46', 'artículo 50', 'artículo 50', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 53']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinLa Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano1) Aspectos Introductorios.
El ser humano se interrelaciona en un mundo socio-económico, donde el mercado es cada día más dinámico y, para la masa consumidora, en muchos de los casos resulta difícil o casi imposible poder seguirle los pasos. Esto genera constantes frustraciones e inseguridades, lo cual, de puede generar en violencia si los mismos encuentran los canales para expresar esas pequeñas pero constantes frustraciones. Por eso, la política de defensa a los consumidores, no debe únicamente servir para la simple corrección de imperfecciones de mercado, sino toda una estrategia en busca de la justicia socioeconómica del consumidores. Por lo anterior, la adecuada articulación de la misma contribuye a la paz social del país. Dentro de la realidad económica que vivimos, el consumidor tiene escasas posibilidades de defender su legítimos intereses, dado que él casi nunca esta en condiciones de juzgar por sí mismo sobre la bondad de los bienes o servicios que se le ofrecen. Como sujeto individual no tiene la más mínima posibilidad de influir en el mercado, ni en cuanto a precios ni en cuanto a calidades. La capacidad de critica es reducida al máximo por los mismos oferentes con técnicas especializadas de mercadeo como la publicidad, ventas a crédito, ventas directas, generación de necesidades artificiales, etc. La diferencia entre los medios que cuenta un consumidor con los que disponen las empresas es que apenas pueden en la realidad hacer meridianamente respetar sus derechos. Esta realidad hace que los consumidores constantemente se conviertan en víctimas de abusos, daños, engaños, contra los cuales las reglas de derecho tradicional constituyen en vez de una solución otra frustración dado el reducido efecto positivo que tiene en la corrección de los problemas de la vida diaria. Visto lo anterior, en los últimos años muchos países han generado un moderno desarrollo legislativo de disposiciones en protección de los consumidores que en la mayoría de los casos constituye un conjunto heterogéneo de normas tanto de Derecho Privado como de Derecho Público. Esto ha afectado campos jurídicos como el Derecho Civil, Comercial, Administrativo, Penal, de la Competencia, Financiero, y en muchos casos hasta la propia Constitución Política del país. Ciertos economistas han negado la conveniencia de que el Estado deba proteger al consumidor y básicamente se afincan en la tesis de mercado, en donde, la libre competencia es la que genera la protección al consumidor y al propio mercado. En este sentido, se considera al consumidor como el gran soberano, es decir, el que privilegia o castiga con su decisión a los proveedores de bienes y servicios. Esta teoría parte de la base estructural de una competencia perfecta, la cual, es la situación de mercado en donde el número de vendedores y compradores es muy grande y los productos ofrecidos por los vendedores son homogéneos (o no se pueden distinguir). En esas condiciones,
La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano ninguna empresa puede influir en el precio de mercado y todas se enfrentan a una curva de demanda horizontal. (o sea, perfectamente elástica). Sobre el particular es conveniente apuntar los siguientes comentarios: i. Se dice que: “los requisitos para que haya competencia absolutamente perfecta son tan difíciles de satisfacer como los requisitos para que haya en física un vacío total.” 1 ii. La competencia perfecta es un presupuesto de hecho que no siempre está presente y cuando lo está a veces no es suficiente para la protección del mercado y del consumidor. iii. La tesis no toma en cuenta la gran cantidad de “fallas” que tiene el mercado. “market failures”. (P.E. externalidades y la competencia imprefecta.) iv. En países con clara tradición en economías de mercado (EEUU) presentan evidentes imperfecciones de mercado y ellos presentan a la vez, un gran desarrollo en los órganos y mecanismos de protección al consumidor. Lo anterior, es más palpable en economías en transición, como la nuestra, donde existe un nivel de competitividad muy bajo o casi ausente y un escaso desarrollo de los mecanismos que tutelan al consumidor. Por consiguiente, podemos indicar que la necesidad de proteger los derechos e intereses de los consumidores nacen, principalmente, por: • Cambios en la estructura de mercado a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. P.E. Fusiones, consumo en masas, nuevos sistemas de mercadeo, indeterminación del sujeto responsable del daño, técnicas empresariales que dificultan la capacidad de elección del consumidor, diversificación “artificiosa” de los productos, etc.. •Protección al libre mercado. El complemento y condicionante para mercados libres y competitivos es la vigencia de un sistema político-jurídico de protección a los consumidores. •Intercambio comercial. (P.E. Unión Económica Europea). •Avances tecnológicos. (P.E.Alimentos trasgénicos). •Disminución o negación del poder de negociación de los consumidores. (P.E. Contratos por adhesión). •Se parte de un hecho que el consumidor es la parte más débil de la relación. •Función Social del Estado. Protección al segmento de la población más vulnerable. (P.E. Trabajadores, menores de edad, mujeres, consumidores, etc..)
2) Desarrollo de la protección del Consumidor. Se indica que las primeras medidas que se conocen en protección al consumidor fue la tutela de la salud mediante leyes y reglamentos que imponían ciertas condiciones de calidad para productos de primera necesidad. (Francia 1905 adulteración de la leche e Inglaterra 1893). Para mediados del siglo XX se perfila un movimiento en defensa de los derechos del consumidor donde se pone énfasis en los aspectos contractuales y los efectos de la
Samuelson/nordhaus.Economía, 1990, Traducción de la duodécima edición en inglés, p. 1100.
La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano publicidad todo con el fin de promover las relaciones mercantiles, lo cual, genera importantes reformas al ordenamiento jurídico interno. En este orden, el tratadista Argentino Juan M Farina establece que la defensa del consumidor “...nace de modo indirecto con el Tratado de Roma, suscrito en 1957, destinado a crear el Mercado Común Europeo. (Artículos 85 y 86. Prácticas horizontales y verticales). También, en su artículo 36 se menciona la protección de la vida y de la salud, pero no de los intereses económicos del consumidor. Sin embargo, conforme al artículo 2 de dicho Tratado, la Comunidad Europea tiene por misión promover un desarrollo “armonioso” de las actividades económicas en el conjunto de la Comunidad como una expansión continua y equilibrada. Por eso, en Europa toda política destinada a los consumidores debe ser considerada parte integrante de la política económica. Es decir, el movimiento de consumidores nace no como un movimiento subversivo contra los empresarios, todo lo contrario, nace como un elemento vital del mercado mismo con el fin de otorgar mayor seguridad a los consumidores y facilitar el intercambio de bienes y servicios. El impulso definitivo al movimiento de los consumidores se da con el discurso del Presidente J.F. Kennedy a los ciudadanos norteamericanos el 15 de marzo de 1962, en el cual, indicó: “Consumidores, por definición, nos incluye a todos, es el grupo más grande de la economía, que afecta y que está afectando por casi todas las decisiones públicas y privadas,… es el único grupo importante en la economía que no está organizado de manera efectiva, y cuyos intereses muy a menudo no son escuchados.” En esa ocasión el presidente norteamericano derechos básicos del consumidor: 1. El derecho a la seguridad, 2. El derecho a la información, 3. El derecho a la elección, 4. El derecho a ser oídos y representados. mencionó y estableció cuatro
3) Hechos jurídicos relevantes en la evolución de la tutela del Consumidor.
3.1 Nivel Internacional. • Declaración Universal de Derechos Humanos. (1948). Se proclamó el derecho de toda persona a un nivel de vida que le asegurara a ella y a su familia la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, la vivienda, la asistencia técnica y los seguros sociales necesarios, así como los seguros necesarios en caso de desempleo, enfermedad,
La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano invalidez, vejez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia, por circunstancias independientes de su voluntad . • Declaración Internacional de Derechos del Consumidor adoptado por la Alianza Cooperativa Internacional. (1969). Se basó en puntos como un nivel razonable de alimentación, vestido y vivienda; normas adecuadas de seguridad y un medio ambiente sano y sin contaminación; acceso a la información relevante acerca de bienes y servicios, así como educación relacionada directamente con temas de beneficio del consumidor.
• Programa preliminar de la Comunidad Económica Europea para una política de protección e información de los consumidores. (14 abril 1975). El programa reconoce consumidores: a. b. c. d. e. en cinco categorías fundamentales los derechos de los
Derecho a la protección de la salud y la seguridad. Derecho a la protección de los intereses económicos, Derecho a la indemnización de los perjuicios sufridos. Derechos de la información y a la educación. Derecho a la representación.
• Resolución 39/246 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. (16 de abril de 1985). Se reconoce que el consumidor generalmente está en una posición de inferioridad con respecto a aquellos entes o personas que le ofrecen lo que necesita. Esto conlleva numerosos desequilibrios en el mercado y promueven un inestable desarrollo económico y social, de manera que las normas buscan los siguientes objetivos: 1) Facilitar las modalidades de producción y distribución que respondan a las necesidades y los deseos de los consumidores; 2) Instar a quienes se ocupen de la producción de bienes y servicios y de su distribución a los consumidores a que adopten estrictas normas éticas de conducta. 3) Colaborar con los países para poner freno a las prácticas comerciales desleales y abusivas de todas las empresas, tanto a nivel nacional como internacional, que perjudiquen a los consumidores. 4) Fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección del consumidor y en todas las relaciones en que éste intervenga en calidad de tal. Se establecieron los siguientes principios generales:
una de esas. como se establece en el texto constitucional del artículo 46 propuesto. su seguridad e integridad físicas. que las Naciones Unidas en su Resolución 39/246 del 16 de abril de 1985. en armonía con la libertad de empresa. el engaño y alteración de pesas y medidas (Artículos 309. por las cuales. el cual. en una economía social de mercado. el Código Penal y de Policía de 1941 se regulaba. reforma a los artículos 24 y 46 de la Constitución Política) suscrito por el Diputado Fajardo Salas. 3. d) Tener en consideración el papel positivo de las universidades y las empresas públicas y privadas a la hora de elaborar políticas de protección al consumidor. fue la creación del
Al respecto en la Exposición de Motivos del proyecto presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica (Expediente No. entre otros. Existieron otros intentos de coordinación entre instituciones para la generación de políticas públicas en protección del consumidor. aplicar y controlar el funcionamiento de las políticas de defensa del consumidor. Esta normativa estaba caracterizada por el modelo económico imperante en esa época. 310 y 644). no tuvo ningún éxito relevante y no pasó de ser una oficina unipersonal más del Estado. la falsificación de sustancias. llamado Código de Carrillo. la cual. Además. En el año de 1982 se crea dentro de la estructura orgánica de la Procuraduría General de la República la Procuraduría de Defensa del Consumidor. siendo uno de los primeros países de América Latina en contar con una regulación específica en esta materia.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano a) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada cual. Posteriormente. c) El deber de cada país y sus gobiernos de establecer o mantener una infraestructura adecuada que permita formular. directrices de la ONU fueron las bases. además de la propaganda desleal. 11. En Costa Rica podemos indicar que las primeras normas importantes para la tutela del consumidor se dieron en el Código General de la República de Costa Rica. En este sentido. Para 1975 se dicta nuestra primera Ley de Protección al Consumidor. b) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud. hace un llamado a los gobiernos para que se esfuercen para que “las políticas y las medidas relativas a la protección del consumidor se apliquen de manera que no se conviertan en barreras para el comercio internacional y sean compatibles con las obligaciones del comercio internacional”. se basó en un Estado altamente interventor en la economía. la cantidad y calidad de los productos. En esta normativa se reguló los fraudes en el comercio como por ejemplo las mercadería falsificada.2 Nivel Nacional.
.918. Las anteriores. y sus intereses económicos. establecía licencias de importación y exportación. el Estado regulaba casi el 100% de los bienes y servicios. se construyó la reforma integral a la Ley de Protección del Consumidor de 1975 y la del artículo 46 Constitucional2. se indicó: “Es importante destacar.
La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Consejo Nacional para la Garantía de los Derechos del Consumidor y Usuario en el año de 1991. Este Consejo lo integraban representantes del Ministerio de Economía. o dentro de
. en el campo contractual. corresponde a una etapa del desarrollo económico. Industria y Comercio. caracterizado por la celebración individualizada de los negocios. seguridad e intereses económicos. mediante Ley No. Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las Municipalidades se requerirá la aprobación de dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa. El constituyente al agregar el último párrafo de este artículo elevó al grado constitucional los derechos de los consumidores que hasta ese momento tenían rango de ley (Ley No. Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial. Esta nueva legislación crea derechos concretos para los consumidores. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. Al respecto el citado artículo establece: “ARTICULO 46: Son prohibidos los monopolios de carácter particular y cualquier acto. establece la Comisión Nacional del Consumidor como instancia administrativa para hacer valer esos derechos y genera cambios significativos en la regulación económica del país. (El resaltado no es del original). que amenace o restrinja la libertad de comercio. concretados usualmente en mercados cerrados. ambiente. La ley regulará esas materias". Esta reforma se produce con la siguiente motivación: “Nuestra Constitución Política. 7472) y de tratado internacional (Resolución 39/246 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas emitida el 16 de abril de 1985). y a un trato equitativo. Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud. aunque fuere originado en una ley. se da con la modificación del artículo 46 de la Constitución Política.7607 de 18 de junio de 1996. promulgada hace casi medio siglo. a recibir información adecuada y veraz. donde se eleva a ese nivel derechos concretos para con el consumidor. La gran reforma en el tema particular del consumidor. a la libertad de elección. agricultura e industria. Defensoría del Consumidor y Ministerio de Salud. Para el 20 de diciembre de 1994 se promulga la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor y se deroga totalmente la anterior Ley de Protección del Consumidor que data de 1975. Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.
Los niveles de sofisticación y propaganda. derechos. en un mundo caracterizado por un cambio científico y tecnológico constante.
4) Relación del Estado. por lo que en aras de la convivencia se hace necesario muchas veces un recorte en el ejercicio de esos derechos y libertades. a no dudar. Economía y Consumidor. generalmente en bloques de países vecinos. jamás pudo imaginarlo cuando nuestro constituyente promulgó la Carta Política fundamental que nos rige.no es la única fuente justa para imponer limitaciones a éstas: los conceptos “moral”. Sin embargo.” Estos argumentos nos sientan la base para poder abordar el tema de la necesaria interrelación y harmonización de la economía.. que hoy se presentan a consumidores y usuarios.Los derechos fundamentales de cada persona deben coexistir con todos y cada uno de los derechos fundamentales de los demás. el principio de la coexistencia de las libertades públicas -el derecho de terceros. deberes y responsabilidades de la actividad socioeconómica de los individuos y del Estado. no podía poner la fuerza arrolladora de la competencia mercantil.. la dinámica y la velocidad de los (sic) transacciones que se observan en la actualidad y particularmente la naturaleza y modalidades de actos y contratos comerciales. concebida como el conjunto de principios y de creencias fundamentales vigentes en la sociedad cuya violación ofende gravemente a la generalidad de sus
. Por ello. no se tuvo en cuenta esa dinámica de los negocios y mucho menos. ha dicho: “. balancearse con los derechos e intereses legítimos de consumidores y usuarios. que la humanidad presencia en nuestros días. sino encausarse y. que constituyen. aunque sea únicamente en la medida precisa y necesaria para que las otras personas los disfruten en igual condiciones.
Es claro. el consumidor y el Estado. que nuestra Constitución Política esta integrada de un conjunto de principios. valores y reglas fundamentales en materia económica que vienen a moldear y a coexistir con las libertades.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano esquemas integrados muy reducidos. que no debe impedirse. los procesos de globalización comercial. Los negocios no experimentaban. la óptica del legislador y la del propio Poder Constituyente. particularmente. Sobre esta relación o coexistencia de derechos en nuestra Carta Magna la Sala Constitucional en su voto 3173-93 de 14:57 del 6 de julio de 1993. mediante los cuales se promueven a través de medios de transmisión del sonido y de las imágenes. criterios. En consecuencia. entonces. la parte débil de la relaciones públicas negociables.
n. en Revista Española de Derecho Constitucional. puede la Sala declarar inconstitucional una norma legislativa. Se trata entonces de analizar lo actuado por la Asamblea Legislativa. los de la proporcionalidad o bien porque es totalmente inadecuada para el fin que ella misma pretende. En este sentido el tratadista Bacigalupo3 señala que el principio de proporcionalidad es uno de estos “límites de los límites”. La aplicación de la Doctrina de los “limites inmanentes” a los derecho fundamentales sometidos a reserva de limitación legal.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano miembros y de “orden público”. En concreto. que le es totalmente ajeno.. pp. En este sentido la Sala Constitucional en el voto No.
. imponiendo su voluntad en el terreno de la oportunidad y la conveniencia. cuales son. se impide a esta jurisdicción sustituir una opción válida por otra igualmente válida. así como la “necesidad” de la limitación para lograr el fin que con ella se persigue.)Otro límite de carácter material impuesto a los actos de los órganos públicos (en este caso de las normas jurídicas emitidas por la Asamblea Legislativa) lo constituyen los principios de razonabilidad. donde los derechos no son absolutos y se encuentran limitados pero a la vez. lo que sí resulta posible para la Sala es analizar el resultado del ejercicio de la discrecionalidad. pero solamente para invalidar lo que resulte constitucionalmente arbitrario por exceder el conjunto válido de opciones constituido por todas aquellas. la exigencia de “proporcionalidad en sentido estricto”. agrega que ese principio establece convencionalmente una triple exigencia a las leyes limitadoras de derechos fundamentales.297-315. porque sobrepasa los límites de la razonabilidad. Se dice que es sólo aparente porque gracias a la noción del control de los límites. 38. De lo anterior. estos límites encuentran otros límites donde toma relevancia el control constitucional de las normas. de lo proporcionado y de la
Bacigalupo Mariano. proporcionadas y adecuadas al fin perseguido. no debe existir medio menos gravoso mediante el que tal fin también podría lograrse y por último. proporcionalidad y la adecuación del medio al fin. en la esfera de competencia y decisión propias del órgano. la exigencia de “idoneidad o adecuación”. 1993. porque solo bajo ese enfoque puede resolverse la aparente intromisión del órgano encargado de la revisión constitucional. las posibilidades razonables. que debe existir en dichas actuaciones y de los que ha de entrarse a revisar su cumplimiento. 5532-00 estableció: “(. para lo cual. Se advierte que es aquí donde cobra mayor relevancia la concepción del contralor de constitucionalidad como una función de demarcación de límites. también actúan como factores justificantes de las limitaciones de los derechos fundamentales”. entre el derecho fundamental limitado y el bien jurídico o valor que se pretende salvaguardar mediante la limitación. en primer lugar.. Este último elemento implica necesariamente una valoración o ponderación de bienes e intereses en un Estado democrático de Derecho. claro está que en la revisión de las características de lo razonable. para deslegitimar actos en los que dicho ejercicio ha transgredido el marco constitucional. por ejemplo. claramente se puede colegir el principio de coexistencia de las libertades públicas.
bien mediante la creación de una empresa. pp. iniciar cualquier tipo de actividad económica legalmente permitida. público o privado. sin la cual queda vacío de contenido el derecho relacionado. tiene para proceder a la organización interna y externa de su empresa. Es decir. el bienestar social. no existe ningún deber que oblíguela empresario a continuar indefinidamente realizando una actividad de carácter económico”. El legislador está facultado para imponer las limitaciones necesarias para proteger otro tipo de derechos de interés público como son: la salud. que al introducirse los derechos del consumidor y el usuario en nuestro ordenamientos otros derechos como el de libertad empresarial deben “armonizarse” para poder coexistir. sin embargo. b) libertad de ejercicio o de permanencia en el mercado y c) libertad de cesación o de salida del mercado.” En este orden de ideas. (votos 1195-91. el derecho fundamental del consumidor se sitúa en una posición paralela y en ciertos momentos hasta contrapuesta con otro derechos fundamentales principalmente con la libertad empresarial o comercial contenida. 1901-94). nos ilustra: “la libertad de empresa presupone o contiene tres libertades distintas: a) Liberdad de acceso al mercado: Que implica que cualquier agente económico. etc. B) Libertad de ejercicio o de permanencia en el mercado: Que implica que el empresario. hay que ocuparse -en parte. en condiciones de igualdad. en el artículo 46 Constitucional. así como al modo de realización de su actividad económica. También se hallan facultados otros entes
Sobre el particular el tratadista Bermejo Vera José. tranquilidad. en su libro Derecho Administrativo. Pero el ejercicio de la actividad debe estar sometido a las regulaciones existentes. también. medio ambiente. 14394. la diferencia estriba en la forma en que esto se analiza. Veamos. puede. Es claro. La libertad de comercio. bien mediante la adquisición de empresas ya existentes y la consecuencia principal es la existencia de la regla de la libre competencia.4 Al respecto y sobre las limitaciones a dicha libertad la Sala Constitucional sostiene que la libertad de comercio es el derecho que tienen todos los ciudadanos para elegir sin limitaciones la actividad comercial que más le convenga y que sea permitida por ley. si bien respetando en cualquier caso la ordenación jurídica existente al respecto. pues en sede constitucional solamente se constata la ubicación de lo impugnado dentro de una zona válida de actuación y se deja intocada la discrecionalidad del órgano respectivo para elegir una entre las varias opciones válidas. Es el propio derecho de libertad de empresa el que impone ordenar el mercado a fin de garantizar la concurrencia. es un derecho fundamental y no puede ser ejercida de forma irrestricta. seguridad. las que no deben trascender los límites de razonabilidad y proporcionalidad pues la norma del artículo 46 debe interpretarse harmoniosamente con el artículo 28 constitucional.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano adecuación al fin propuesto. parte especial.
. consumidor. y c) Libertad de cesación o de salida del mercado: Supone el derecho del empresario a dejar desarrollar en cualquier momento la actividad empresarial que llevaba a cabo.en la valoración de los mismos elementos sobre los que versó el ejercicio de la discreción por parte del órgano. delimitando la libertada de empresa y sus limitaciones podemos indicar que el mismo básicamente presupone o encierra tres libertades distintas a saber: a) libertad de acceso al mercado.672-673. público o privado.
regulación de importaciones. 7472. este punto. es importante destacar que el legislador los estableció que eran fundamentales antes de la reforma del artículo 46 Constitucional. los cuales. P. Por consiguiente. como la salud pública. 319-95.
5) Sala Constitucional y la tutela del Consumidor. 1019-97. además la seguridad de conductores y peatones se pone en peligro con la proliferación de tales negocios. (voto 508-95). sobre todo por aspectos de salud ya que en muchas de ellas no se cumplen con las normas mínimas de higiene. 537-98 entre otras. básicamente se pasan a detallar para una mejor ilustración de la interrelación que se debe dar entre la libertad de empresa y la defensa del consumidor. La promoción de la competencia. 3499-96. La primera se presenta con la atribución concreta de derechos a favor del consumidor y la segunda con la regulación de ciertas actividades que tienen como efecto indirecto la tutela del consumidor. cuando se encuentran de por medio derechos o intereses de la colectividad. 4681-97. situación que puede encontrar fundamento en las normas internacionales citadas y básicamente la Resolución 39/246 de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del 16 de abril de 1985. los derechos otorgados al consumidor cuentan con la característica de ser “fundamentales e irrenunciables” según la doctrina de artículo 32 de la Ley No. de seguido se intentará trazar la línea de pensamiento que ha tenido la Honorable Sala Constitución referente al tema de análisis. cuando hablamos de tutela directa estamos otorgando derechos concretos hacia el consumidor que el Estado debe tutelar.
En doctrina se realiza una distinción entre tutela directa o indirecta hacia el consumidor o usuario de un servicio. regulación de entidades financieras. En nuestro país y por mandado del propio legislador.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano públicos para establecer límites a la libertad de comercio5. véanse las sentencias 1901-94. etc.
• Derechos del Consumidor. Visto lo anterior. siendo que la libertad de empresa lo hará cuando se enfrente a los derechos fundamentales del consumidor y el usuario siempre y cuando la regulación sea proporcional. podemos indicar que claramente el artículo 33 de la LPCDEC y el 46 de la Constitución Política otorgan derechos específicos al consumidor. regulación de monopolios. por ejemplo. por ello la Sala Constitucional sostiene que el otorgamiento y control de los permisos para ejercer el comercio en ventas ambulantes no afecta el espíritu del artículo 46 pues buscan evitar problemas de tránsito e higiene.
.E. 6602-94. Es decir. como desarrollo del principio de que las libertades constitucionales pueden ser objeto de regulación. Sobre. Es innegable la necesidad de vigilar este tipo de ventas.
La definición de la libertad de comercio sujeta a límites. racional y se adapte a sus fin. queda claro que unos derecho deben ceder necesariamente ante otro. Así. política de precios. Visto lo anterior. el orden público es totalmente reiterada por la jurisprudencia de esta Sala.
que dice: "Los consumidores y los usuarios tienen derecho a la protección de su salud.
La Sala Constitucional en resguardo de estos derechos fundamentales ha mantenido y reiterado el deber Estatal de proteger la salud de todos los habitantes en claro resguardo de la vida del ser humano según lo dispone el artículo 21 de la Carta Magna.
.) El Estado tiene el deber de velar por la salud de todos los individuos según el contenido del artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana de los Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador": " 1°." Asimismo.Toda persona tiene derecho a la salud. entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad. seguridad. d) La prevención y tratamiento de las enfermedades endémicas. los que se desprenden del párrafo 5° del artículo 46 constitucional. La ley regulará esas materias". e) La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud.. ambiente. el Estado deba informar a los individuos de las condiciones en que se encuentran tales productos. e intereses económicos. y f) La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. b) La extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. ante una posible amenaza a la salud por exceso de elementos químicos en productos de consumo. mental y social. 2°. entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico. a la libertad de elección y a un trato equitativo. que el contenido de este derecho fundamental tiene una relación directa con los derechos del consumidor. la seguridad y el medio ambiente.Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a) La atención primaria de la salud. Con la reforma del artículo 46 Constitucional y la promulgación de la LPCDEC. profesionales y de otra índole. a recibir información adecuada y veraz.. Al respecto en el Voto 388-00 indica: “(..La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano • La protección de los consumidores contra los riesgos que puedan afectar la salud.. Lo anterior significa. El Estado apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. c) La total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas. la Sala ha incrementado dicho deber no solo en el resguardo sino también en el deber de información y educación hacia el consumidor como aspecto preventivo.
La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Bajo este orden de ideas.
. así como sus consecuencias en la salud.. convenciones internacionales de las que Costa Rica sea parte. legislación interna ordinaria.. sino por el contrario. el proceder del recurrido se justifica. de medidas de control efectivo de la calidad de los medicamentos de consumo humano. b) Formular programas de educación e información para el consumidor... son derechos fundamentales e irrenunciables del consumidor los siguientes: a) La protección contra los riesgos que puedan afectar su salud. en desarrollo al derecho fundamental del artículo 46 constitucional.. su seguridad y el medio ambiente(. al tener certeza de los resultados dañinos que producen los elementos supra mencionados. En efecto. es esencial la adopción por parte del Estado. atribuye al funcionamiento de la Administración Central." Asimismo. es conveniente reiterar que el derecho a la salud y la vida no es exclusivo de los consumidores. el artículo 26 de esta Ley señala: "Sin perjuicio de lo establecido en tratados... es inherente a todo ser humano y en esa óptica la Sala manda al Estado la adopción de medidas de control efectivo de la calidad de los bienes comercializados. la actuación del órgano recurrido resulta razonable y proporcional en atención de los derechos fundamentales que el Estado debe asegurar. y por ende. con conocimiento de sus derechos.que la administración está autorizada para informar a los consumidores sobre los elementos que componen los productos que están en el mercado. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. " En este orden. Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor atribuye a la Administración Central en su artículo 30 el: "(. la Ley número 7472. principios generales de derecho. seguridad.) a) Velar porque los bienes y servicios que se vendan y se presten en el mercado. Los Estados se han preocupado por dictar normas protectoras de ese derecho. Nótese –según el contenido de los artículos transcritos. lejos de ser arbitrario responde a la finalidad de asegurar la salud de todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. especialmente los medicamentos.)" Consecuentemente. En lo que interesa el voto 01-12226 manda: “(. medio ambiente y los estándares de calidad. cumplan con las normas de salud. reglamentos. al acreditarse los efectos dañinos que producen en la salud de los individuos los excesos de cadmio y plomo en la sal (folio 36). con el propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones fundadas acerca del consumo de bienes y servicios. uso y costumbres.. así como a los fines que la Ley número 7472..) para garantizar el derecho a la salud y a la vida.
pp 47. han estado acordes con las tendencias internacionales y su interpretación.. con un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 2001. primera edición. 69. entre otros. y extrapatrimonial (sólo surge después de que ha sido violentado en asuntos no patrimoniales).R. lo que pone en la mesa de discusión. el equilibrio necesario que debe existir entre factores como el Ecológico.. con la
En el voto No. intransmisible (no se puede transferir a otra persona). desde antes de la reformas de los artículos 50 y 46 citado. San José. En otro orden de cosas. Visto lo anterior. como el de la vida y la protección a la integridad física revisten la característica de ser irrenunciable (carácter compulsivo). Al respecto el tratadista Gonzáles Ballar nos ilustra: “La tutela constitucional del medio ambiente en nuestro país. en general. de nuestra Carta Magna. derecho que se encuentra consagrado en el artículo 21.6 La reforma del 46 “logró integrar el criterio de protección al ambiente y al consumidor. no fue revolucionaria dada que la Sala Primera y la Constitucional. imprescriptible (el “no uso” no produce su extinción). En este orden de ideas. el Económico y el Social y las limitaciones que se deben establecer a las diferentes actividades para lograr este objetivo como humanidad. consagrando el concepto moderno de que los consumidores son en buena forma.
.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Así el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. nos ha puesto dentro de aquellos países con la posibilidad de relacionar el desarrollo. a partir del momento de la concepción. 21. sobre la protección del medio ambiente como un derecho del consumidor la reforma del artículo 46 Constitucional. establece: “Todo individuo tiene derecho a la vida. tanto en su origen jurisprudencial como en el normativo.)”. Nuestro proceso sin embargo. 3707-93 indico que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado está ligado al derecho a la vida. es función esencial del Estado velar por ella (. 2233-93 establece el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho fundamental.” Al ser la salud de la población un bien de interés público. los mejores protectores del ambiente”7. han mantenido que en la Constitución existen principio que revelan el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La Sala parte de una relación armónica de los artículos 6. 89. Rafael. En el voto No. C. al adoptar la reforma al artículo 50 de la Constitución.
Gonzáles Ballar.: Editorial IJSA. para el movimiento de consumidores es importante concretar un desarrollo sostenible. es conveniente recalcar que el derecho a la salud. Temas de Derecho Ambiental. Este derecho estará protegido por la ley y. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. a la libertad y a la seguridad de su persona” El artículo 4. inciso 1) de la Convención Americana de Derechos Humanos dispone: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. la garantía constitucional.
R. Por ello su relación en esa secuencia comercial es de inferioridad y requiere de una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios. el derecho general a la justicia. Van incluidos por lo expresado. en un interpretación armónica. 2002. 1441-92 de las 13:45 horas del 2 de junio de l992. procedió al respecto de los mismos. Es decir.". judicial y a la reparación de la lesión. que sin existir una norma constitucional que expresamente estableciera el derecho la Sala. San José. C. 217.
Este derecho no lo encontramos expresamente en el artículo 46 Constitucional. con la base de un desarrollo sostenible. En los votos No.
. 1441-92 indicó: ". no responde a razones técnicas ni profesionales.. el ordenamiento y la sistemación de las relaciones recíprocas entre los interesados.. 1. con la Economía y con las necesidades Sociales. la reafirmación de la libertad individual al facilitar a los particulares la libre disposición del patrimonio con el concurso del mayor posible conocimiento del bien o servicio a adquirir. En este orden el voto No.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano necesidad del equilibrio. de principios. a los efectos de que previo a externar su consentimiento contractual cuento (sic) con todos los elementos de juicio necesarios. 0490-94 de las 16:15 horas del 25 de enero de l994. pero sin lugar a dudas de la interpretación sistemática de los artículos 27 y 41 de la Carta Magna podemos establecer la tutela judicial efectiva o como lo ha llamado la Sala Constitucional. varios principios constitucionales como la preocupación estatal a favor de los más amplios sectores de la población cuando actúan como consumidores. ed. normas y valores presentes en la Carta Magna.-
El derecho de contar con mecanismos efectivos de acceso a una tutela administrativa. en una mezcla armónica.8 En lo que respecta al consumidor y tomando en cuenta que
Hernández Valle. pp. la protección de la salud cuando esté involucrada. Editorial Juricentro... Es decir.” • La protección de los legítimos intereses económicos y sociales del consumidor. entre otras. y su participación en ese proceso. sostuvo que los principios de orden público social justifican el amplio desarrollo que se promueve en torno a la protección de los derechos de los consumidores. 2757-93 de las 14:45 horas del 15 de junio de l993. sino a la celebración constante de contratos a título personal. distribución y comercialización de los bienes de consumo que requiere adquirir para su satisfacción personal. que le permitan expresarlo con toda libertad y ello implica el conocimiento cabal de los bienes y servicios ofrecidos. Rubén. El Régimen Jurídico de los Derechos Fundamentales en Costa Rica.
La protección de los intereses económicos y sociales por parte de la Sala Constitucional tiene una evolución muy parecida a la protección que se le dio al medio ambiente.es notorio que el consumidor se encuentra en el extremo de la cadena formada por la producción.
alternativos e informales.” En este orden. S. se utilizó un
. estableció que el proceso sumario “. ni niega u obstaculiza la acción de la justicia a las partes sometidas al procedimiento sumario en una causa por competencia desleal. a la Sala en el voto No. como ya se dijo. es importante destacar que el legislador estableció un régimen de responsabilidad objetiva en beneficio del consumidor. sino se establecen. de escoger la segunda. la Ley 7472 en sus artículos 17 y 46 establece que el consumidor para hacer valer sus derechos pueda acudir a la vía administrativa o la judicial. los caracteres necesarios para achacar responsabilidad. Sobre el particular.. que las sentencias recaídas en los procesos sumarios no producen cosa juzgada material. Lo anterior. le corresponde a la persona o empresa a quien se le atribuye la responsabilidad. los mecanismos adecuados para su desarrollo y aplicación.no enerva los mecanismos que garantizan el derecho de defensa al no crear un situación de indefensión. en lo que interesa la resolución establece: “Sea. que confirmó la responsabilidad de Embotelladora Tica. Es claro. es decir.7472 y el 1048 párrafo quinto del Código Civil). 8724-97 al contestar la acción de inconstitucionalidad que se interpuso contra el último párrafo del artículo 17 anteriormente citado.En la especie se han demostrado plenamente. el intento del legislador de establecer un procedimiento más rápido en beneficio directo del consumidor. de poco o nada sirve establecer un principio del Estado Social de derecho. En otro orden de cosas. A. demostrar que los daños se produjeron por fuerza mayor o por culpa de la víctima (doctrina que informa los numerales 32 párrafo segundo de la Ley No. independiente de se pretenda resolver el conflicto en vía administrativa o judicial.” Aparte de lo anterior.. Aunado a ello. es de suma importancia por la carga de la prueba que se reinvierte cuando el consumidor ha sufrido un daño (artículo 35 LPCDEC). accesibles. VIII. además. por un daño a un consumidor.. económicos.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano la mayoría de las reclamaciones son de un promedio de menos de 5 salarios mínimos mensuales los mecanismos deben ser ágiles. se debe seguir el procedimiento sumario establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Civil. Con esta institución se busca una verdadera tutela al consumidor al no hacerle más difícil o casi imposible las cosas de aplicarse el régimen de responsabilidad subjetiva. En el Voto No.. Es importante destacar la resolución 646-F-2001 de las 16:45 horas del 22 de agosto del 2001 emitida por la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. 4286-95 la Sala estableció claramente que el “Estado debe contar con normas que permitan el cumplimiento de la labor de protección al consumidor. debe considerarse. ya que. reviste capital importancia que los legisladores se ocupen de crear vías de acceso efectivo para el consumidor dado que de no conseguirlas la frustración irá en aumento afectando posiblemente la paz social como se indicó al comienzo del presente estudio. por lo que el interesado puede acudir a la vía ordinaria en procura del reconocimiento de sus derechos.
sino ésta quien debía demostrar que el daño fue causado por fuerza mayor o por la propia falta del lesionado.. el cual debe ser. según lo dicho. en el Voto N° 0481-99 la Honorable Sala desarrolla este derecho al indicar: “(.. el que se le brinde en forma previa toda la información necesaria para realizar el acto de consumo y en la medida en que el comerciante incumple tal obligación...). y la relación de causa efecto entre el hecho y el daño.) 148-96 de las 13:55 horas del 17 de enero de 1996 (. Es decir. el ejercicio de libre elección al consumo.. resulta indiscutible su obligación de indemnizar al actor por el daño irrogado. que el artículo 31 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor establece que el comerciante tiene la obligación de informar en forma clara. es el conocimiento por parte del consumidor de todas las condiciones de la negociación que va a realizar y de las características de los productos comercializados.) El principal objetivo del derecho de información.” • Derecho a la información. se hace acreedor a una sanción”. como quedó demostrado en autos... en su
. libre elección y a un trato equitativo. cantidades. Superado esto. aquellas lesiones fueron producto del estallido de la botella. “(. el voto N° 3989-96 de la Sala Constitucional. Y como lo cierto es que la demandada ni siquiera intentó levantar esa carga probatoria. durante y después del acto de consumo. El derecho a recibir una información amplia. con lo cual. Este derecho instrumental viene a reforzar o proteger el núcleo básico del Derecho del Consumidor. calidades. destacar que el principal objetivo del derecho de información es velar porque los consumidores cuenten en forma previa con todos los elementos necesarios para la toma de su decisión de consumo. del contenido de éste y de la modalidad. En un mundo globalizado donde todos los días nos encontramos con nuevos bienes y servicios es de vital importancia que el consumidor pueda recibir toda la información necesaria antes de su acto de consumo. Al respecto.) se sostiene que se trata de “una obligación concreta y específica del empresario suministrar al consumidor una información veraz y completa sobre los precios. el Estado por medio de su regulación generándole una obligación de información al comerciante intenta reequilibrar las relaciones de consumo para que sean más justas y equitativas. de lo antes indicado se desprende que.. porque en definitiva. se resguarda el momento previo. composición características y condiciones de los productos o servicios objeto del contrato. No se podría entender que existe este derecho cuando se presenta en el mercado una asimetría en la información entre el comerciante y el consumidor referente a los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado. aspecto que en todo caso carece de interés. no era el actor quien debía probar la culpa o negligencia de la demandada en la producción del daño. se generó un daño que se determina con las lesiones que sufrió el actor. sobre todos los elementos que inciden en su decisión de consumo (. Posteriormente.
Es importante. veraz y suficiente al consumidor.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano bien creador de peligro o riesgo producido por la demandada.) puesto que el citado artículo 31 establece claramente como un derecho del consumidor... en lo que interesas señala. para evitar la compra de aquellos nocivos para la salud o para su peculio (. en el caso aquí examinado. veraz y oportuna es fundamentalmente preventivo como lo es en esencia el derecho del consumo.
en relación con un tema similar sobre las normas que estipulan la obligación de etiquetar y rotular los productos alimenticios provenientes del extranjero. Además. tener libertad de elección y recibir un trato equitativo.)La acción debe denegarse en cuanto a la impugnación de los incisos d) y g) del artículo 1. por ello. en el tanto sean razonables y proporcionales no contravienen la Constitución Política patria. lemas y emblemas de propaganda y las explicaciones en instrucciones.. El cumplimiento de este deber de información aseguraría que el consumidor o usuario que contrata lo hace libremente y conociendo de ante mano no solo lo que adquiere y por qué lo adquiere. ambiente.)”. 7626 (Defensa del Idioma Español y Lenguas Aborígenes Costarricenses) indicó: “(. cuando hizo el análisis de constitucionalidad de ciertos artículos de la Ley No. la Sala ha confirmando que la regulación que pretende brindar o resguardar el derecho de información de los consumidores según lo establece el artículo 46 de la Carta Magna. empaques o embalajes de productos. el inciso d). por cuanto se considera que las disposiciones son razonables. con el fin de informar a los consumidores.. Al respecto. proporcionadas y equitativas. quienes ostentan derecho a la protección de su salud. relacionado con la tutela de los derechos de los consumidores. existe todo un marco normativo. envases. a esos principios de orden público social. a efecto
Este Decreto Ejecutivo fue derogado con la finalidad de simplificarlo siendo al día de hoy que no se ha dictado ningún otro Decreto para sustituirlo. y que se justifican por el amplio desarrollo que se promueve en torno a la protección de los derechos de los consumidores. En primer lugar.
.La Sala estima que las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo 13744-MEIC9 de quince de julio de mil novecientos ochenta y dos -aquí cuestionado-. y no restringen ilegítimamente la libertad de empresa o comercio.. En este orden de ideas. Esta Sala considera que las disposiciones contenidas en los incisos d) y g) del artículo 1 cuestionado coadyuvan a la tutela de los derechos de los consumidores. y constituyen medidas razonables. con arreglo a la cual se celebra y las obligaciones que mediante él asume el consumidor. sino que asimismo conoce y está en condiciones de cumplir las obligaciones asumidas (. La relación del consumidor en la cadena comercial es de inferioridad y requiere.el cual permite que los rótulos y anuncios consignen la traducción a otro idioma. el inciso g) admite la publicación de los folletos y afiches de información turística y los menús junto con su traducción a otras lenguas.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano caso. y no existe prohibición de hacerlo tampoco en el caso de publicidad. encabezado por el párrafo quinto del artículo 46 de la Constitución Política. responde en su contenido. En segundo lugar. así como el derecho a recibir información adecuada y veraz.. de una especial protección frente a los proveedores de los bienes y servicios. Debe recordarse que. la Sala expresó las siguientes consideraciones: ".. seguridad e intereses económicos.. debe relacionarse con la parte subsistente del artículo 2 -de conformidad con lo dicho supra.
establece el uso obligatorio en la República. en realidad dicha Ley no da base suficiente para imponer la gran cantidad de requisitos que establece aquél. ni que esté realmente en peligro la Libertad de Comercio. incisos 3) y 18) de la Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley número 5292 de nueve de agosto de mil novecientos setenta y tres (llamada Ley Sistema Internacional de Medidas).tenga que ser acogida. también estima la Sala que ello no es suficiente para que la acción de inconstitucionalidad . Si bien no hay una relación de congruencia entre el Decreto y la Ley que se cita para apoyarlo. dice que " en uso de las potestades que le confiere el artículo 140.) Estima la Sala que al circunscribirse el fundamento del decreto impugnado sólo a la Ley 5292 no se obró felizmente porque. lo cierto es que hay todo un conjunto de reglas. si lo que se busca es proteger a los consumidores. porque reduciría la inaplicabilidad a aspectos puramente formalistas. para los que establece los requisitos pertinentes. que las disposiciones cuestionadas resulten irrazonables.. tampoco. (. aunque la práctica mercantil y la misma facilidad de los consumidores. puede trasladarse al precio final de la ventas al detalle (. No aprecia la Sala que entre los productos no alimenticios generados en el país y los provenientes del extranjero haya tal diversidad de circunstancias como para que la exigencia resulte irrazonable o se discrimine con ello -máxime que tanto los productos no alimenticio nacionales como extranjeros deben cumplir con lo estipulado en el decreto-. estamos en presencia de una norma de nomenclatura. derivadas de los principios constitucionales expuestos. que le permitan hacerlo y ello implica el conocimiento cabal de lo que se le está ofreciendo. con exclusión de cualquier otro sistema de medición." se aprueba una "Norma oficial de rótulos y etiquetas para productos no alimenticios".en cuanto al referido Decreto . observando la normativa correspondiente.. el correspondiente al Sistema Internacional de Unidades conocido con las siglas "SI".. y que visto así el problema son explicables los reproches de constitucionalidad planteados por la accionante. el incremento en los costos que puede significar el cumplimiento de la medida.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano de que antes de adquirirlos cuente con todos los elementos de juicio necesarios. porque como se indicó.. y basado en el sistema Métrico Decimal en sus unidades básicas de medición. lo cual es inadmisible.MEIC mencionado.. la Ley número 5292 citada. En el caso que nos ocupa.) No advierte la Sala. Por su parte.
. con la cual se exige al fabricante nacional o al importador de productos no alimenticios la identificación de ese producto. No obstante lo anterior.. aconsejan que la información a suministrar. y de diversas leyes en vigencia. El Decreto Ejecutivo número 13744. que legitiman la actuación del Poder Ejecutivo y que lo obligan a proteger al público consumidor por la vía de suministrarle toda la información que razonablemente pueda interesarle.
debe indicarse. Es obligación del comerciante informar.. al consumidor. siempre en forma visible. cuando corresponda.Deber de brindar información real al consumidor. el envase o la etiqueta del producto. deberán estar expresados en idioma español y mediante una tipografía claramente legible. específicamente el inciso b) del artículo 31. el peso. la góndola o el anaquel del establecimiento. deberá indicarse el precio al contado en el empaque. Al respecto la Sala resolvió en Voto 5088-97: “(. Debe enterarlo de la naturaleza. b) Precios En el caso de los bienes. si es un tercero. clara. las siguientes: . el plazo. sin contar con autorización del legislador..) la Ley de Promoción de la Competencia Efectiva del Consumidor. en aras de lograr los objetivos perseguidos por el sistema. con el consumidor. las características de los bienes y servicios. Todos los datos e informaciones al consumidor mencionados en esta norma. el recipiente..”. la tasa de interés anual sobre saldos. reza: “Son obligaciones del comerciante y el productor. las comisiones y la persona física o jurídica que brinda el financiamiento. el recipiente. Los servicios comerciales 19
. de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo. Por su parte el inciso b) del artículo 43 del Reglamento a la Ley de cita. conforme a las disposiciones siguientes. el envase o la etiqueta del producto... En sentido similar. de manera clara y veraz acerca de los elementos que incidan en forma directa en su decisión de consumo. la góndola o el anaquel del establecimiento comercial y de cualquier otro dato determinante. en español. cuando el producto que se vende o el servicio que se presta se pague al crédito. De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la presente ley. el contenido.b) Informar suficientemente al consumidor. la base. en cuanto a forma y tamaño (. número 7472 de veinte de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro.. establece: “Artículo 43.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano sea la más concisa posible. 51 minutos del 16 de febrero de 1993)." (Sentencia N° 770-93 de las 15 hrs.. establece una serie de obligaciones para los comerciantes y productores con relación a la forma de promocionar sus artículos.. la composición.) .. Las razones de oportunidad no desdicen la legitimidad del Estado para ordenar los derechos de los consumidores y las obligaciones de los comerciantes.. introdujo nuevas obligaciones en cuanto a la información del precio. la Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica intentó que la Sala Constitucional declarara inconstitucional el inciso b del artículo 43 del Decreto Ejecutivo número 25234-MEIC. que es el Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. veraz y suficientemente. el precio de contado en el empaque.. por cuanto a su criterio dicho artículo.
los derechos del consumidor se establecen en obligaciones concretas para los comerciante y
. al ser los consumidores individuos directamente afectados por lo que sucede en el mercado y con las decisiones públicas o privadas. antes de formalizar la contratación. el inciso b) del artículo 43 del Reglamento a la Ley de Promoción de la Competencia Efectiva del Consumidor no dispone nuevas obligaciones a los comerciantes. mediante listas. • Recibir apoyo del Estado para la conformación de grupos y organizaciones de consumidores y la oportunidad de que sus opiniones sean escuchadas. deberá entregarse una cotización o presupuesto por escrito a solicitud del consumidor. se deberá informar al cliente o consumidor sobre su costo exacto y completo. Los precios deberán estar indicados de manera que no quede duda de su monto preciso incluyendo los impuestos cuando corresponda. sino que simplemente complementa la norma contenida en el inciso b) del artículo 31 de la ley de cita. ellos tienen derecho reconocido a que se les escuche. a efectos de que los comerciantes brinden la información necesaria con respecto a todos aquellos elementos relativos al precio que puedan incidir en la decisión de consumo. Por eso..
6) Materialización de los Derechos del Consumidor en la Ley No.
El derecho de organización o asociación se presenta como un medio para que los consumidores puedan lograr la efectiva defensa de sus intereses y derechos. en cuanto. El movimiento de consumidores genera un reequilibrio dentro de las fuerzas de mercado. Resulta evidente que. en este caso. hemos podido analizar los diferentes derechos que la Carta Magna y la Ley otorga al consumidor y usuario. y tampoco contienen vicios de constitucionalidad. como se materializan esos derecho. desarrolla la obligación del comerciante de garantizar todo bien y servicios que vende al consumidor según lo establece el artículo 43 de la LPCDEC.
Hasta este punto. carteles. se constituye en el contrapeso ideal para lograr el balance entre los intereses económicos y políticos. Por otro lado. En cuanto a la venta con entrega a domicilio y a la prestación de servicios técnicos o profesionales. 7472. a participar activamente con sus opiniones a la hora de aplicar políticas concernientes a sus intereses.” Igual razonamiento cabe realizar con la reforma hecha al inciso b) del artículo 44 del mediante Decreto Ejecutivo No.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano deben exhibir sus precios de manera llamativa y fácilmente visible. En cuanto a los servicios técnicos. Las normas transcritas no son arbitrarias.. aunque sea a manera enunciativa. la defensa eficiente de los mismos genera un nuevo reacomodo de las fuerzas del mercado y una participación activa de los consumidores. es decir. 30267-MEIC. menúes u otros.”. Es decir. pero se hace necesario establecer. Este derecho se presenta como un derecho operativo para alcanzar su verdadera tutela preventiva y correctiva. esto es.
40). 33 inciso a. El plazo para hacer valer la garantía ante el Comerciante o la Comisión Nacional del Consumidor es de 30 días hábiles contados a partir de la entrega del bien o la prestación del servicio. Por consiguiente. Si en el contrato entre las partes establece plazos mayores. usado.) Derecho de Retracto: En las ventas que se lleven a cabo fuera del establecimiento del comerciante o proveedor (a domicilio) el consumidor amparado al derecho de retracto puede dejar sin efecto el contrato sin su responsabilidad. (art. (art. 7472. la duración. enviado a la dirección señalada o bien presentándose personalmente en la dirección del comerciante. sobre el particular. (art. Además de lo anterior. y con el fin de proyectar una mayor claridad como el legislador pensó en tutelar al consumidor. Cualquier aspecto no cumplido por el vendedor del bien o el prestatario del servicio podría dar lugar a un reclamo ante el comerciante o una denuncia ante la Comisión Nacional del Consumidor para lo cual tendrá un plazo de dos meses contados a partir del incumplimiento. (art. carecería de importancia establecer derechos en beneficio de una población determinada sin que se logre establece su correlativa obligación a la contra parte y los mecanismos efectivos para hacerlas valer. reconstruido. medio ambiente o seguridad se establezcan en la Ley y el Reglamento y otras leyes dictadas por la Administración Pública. la garantía debe indicar por lo menos: el alcance. Visto lo anterior. por escrito. éstos prevalecen. (art. La garantía contempla la calidad y los requerimientos técnicos que por razones de salud. las personas físicas o jurídicas que las extienden y son responsables por ellas y los procedimientos para hacerlas efectivas.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano productores. Especulación: Se prohíbe al comerciante vender bienes o servicios en los diversos niveles de comercialización a precios superiores a los regulados u ofrecidos por el comerciante. las condiciones. almacenamiento. 43) Incumplimiento de Contratos: Se deben respetar todas las condiciones de la contratación entre el consumidor y el comerciante. El plazo del derecho de retracto es de 8 días naturales contados a partir de su perfeccionamiento indicándole al vendedor. superiores a los necesarios para el giro normal de la actividad con el fin de provocar escasez o alza en el precio. defectuoso) o bien que se preste debe estar garantizado. ocultamiento o retención de bienes intermedios o finales de uso o consumo interno. se pueden citar: Derecho de Garantía: Todo artículo que se venda (nuevo. adquisición. 36)
Ventas atadas o condicionadas: Se sanciona al comerciante que condicione el perfeccionamiento de una venta o la prestación de servicios a la adquisición de otro
. Se exceptúa de esto los insumos requeridos para satisfacer necesidades propias de la empresa. 36) Acaparamiento: También se prohíbe la sustracción. se pasa a enunciar brevemente la regulación más importante establecida en la Ley No.
. (art. Si en un establecimiento comercial se venden a la vez artículo nuevos y usados o reconstruidos se deberá mantener a los últimos en un lugar separados de los primeros sin que se preste a confusión. las características de los bienes o servicios. veraz y suficientemente de todos los elementos que incidan directamente en su decisión de consumo. si las partes de los artículos vendidos o los repuestos utilizados en reparaciones son usados. se deben exhibir sus precios de manera llamativa y fácilmente visible mediante listas. inciso b). En lo que respecta a instrucciones y advertencias sobre riesgos en la venta o arrendamiento comercial de bienes y servicios. a menos de que así se haya ofrecido públicamente a los consumidores. el comerciante o proveedor debe suministrar a los consumidores las instrucciones para utilizar adecuadamente los artículos e informarles sobre los riesgos que entrañe el uso al que se destinen o el normalmente previsible para la salud. en cuanto a los servicios comerciales. (art. la góndola o el anaquel del establecimiento comercial. Si no existe advertencia sobre el particular. el consumidor tiene derecho. los bienes se considerarán nuevos o en perfecto estado. el contenido. el peso o medida. su seguridad o el ambiente. En materia de precios. carteles. envase. Advertencias acerca de partes o repuestos usados: Cuando se vendan o se ofrezcan. respecto a los servicios técnicos. Es obligatorio informar al consumidor también de previo a la compra. Toda la información contenida en la etiqueta. 33. también deberá entregarse una cotización o presupuesto por escrito a solicitud del consumidor. contratos deberá ser escrita en idioma español y mediante una tipografía claramente legible en cuanto a forma y tamaño. manuales. 36)
Discriminación al consumo: Cuando se niegue a proveer un producto o a prestar un servicio o cuando lo ofrezcan o lo preste en forma irregular o dilatoria. recipiente. se deberá indicar el precio de contado en el empaque. cajas. menús u otros medios. tal advertencia deberá aparecer además en la factura original o comprobante que se le entregará al cliente. así como cualquier otro dato determinante. 36 LPCDEC y 33 Constitución Política ) Información al consumidor: Como apuntamos anteriormente. Los precios deberán estar indicados de manera que no quede duda de su monto preciso incluyendo los impuestos cuando corresponda. En materia de etiquetado de productos alimenticios se debe informar al consumidor sobre la naturaleza.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano producto o a la contratación de otro servicio. Con relación a la venta o la entrega a domicilio a la prestación de servicios técnicos o profesionales se deberá informar al cliente o consumidor sobre su costo exacto y completo antes de formalizar la contratación. por cualquier medio productos defectuosos y usados o reconstruidos. la etiqueta del producto. tales instrucciones y advertencias deben ir adjuntas o adheridas al artículo y escritas en idioma español. el comerciante debe indicar tales condiciones al consumidor antes de la compra y de manera precisa y clara. previo a la contratación del bien o servicio a que se le informe clara. la composición. cuando corresponda. salvo que medie justa causa debidamente comprobada por el comerciante o productor. (art.
Dicha obligación existirá sólo cuando se trate de servicios especializados de reparación o repuestos que no sean suplidos de manera genérica por el mercado. la promoción o la publicidad de bienes y servicios sólo se admite respecto a datos esenciales. ya sea adherido al mismo. por lo menos los datos siguientes: (art.) Compras a Crédito: Cuando el producto que se venda se pague a crédito debe indicarse siempre. La comparación no es admisible cuando se limite a la proclamación general e indiscriminada de la superioridad de los productos propios. sus características. (art. inciso b) En el punto de venta El precio de contado El plazo expresado en meses La tasa de interés anual sobre saldos deudores expresada en forma porcentual Las comisiones El monto de pago inicial (prima. 33. La publicidad de las ventas a crédito deberá indicarse al menos: El precio de contado El plazo expresado en meses La tasa de interés anual sobre saldos deudores expresada en forma porcentual El monto total a pagar. Publicidad Engañosa: La publicidad de los bienes y servicios debe realizarse de acuerdo con la naturaleza de ellos. publicidad u oferta al público de bienes ofrecidos o servicios por prestar transmitida por cualquier medio o forma de comunicación vincula al comerciante que la utiliza o la ordena y forma parte del contrato(art. 37. afines y objetivamente demostrables. Toda información. siempre que se comparen con otros similares. contenido. 37. se tiene por engañosa la que omita cualquier elemento necesario para determinar el valor real de los productos. en forma claramente visible. Tarjetas de Crédito: Los emisores de tarjetas de crédito deberán cumplir con los siguientes requisitos: No contener cláusulas abusivas en el contrato
.) Publicidad comparativa: El empleo de términos comparativos en la oferta. Esa advertencia debe constar en el original de la factura o comprobante que se le entregará al cliente. de modo que no induzca a error o a engaño a consumidor. conocidos o de participación significativa en el mercado. de existir) El monto total a pagar al cabo del plazo La persona física o jurídica que brinda el financiamiento si es un tercero. peso. cuando no existan en el país servicios técnicos de reparación o repuestos para un bien determinado.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Inexistencia de servicios de reparación o repuestos: Es obligatorio informar al consumidor precio a la compra. condiciones. utilidad o finalidad. cuando corresponda.
siendo que la empresa. Informar a los tarjeta-habientes en el estado de cuenta inmediato posterior acerca de las modificaciones del contrato original y los anexos para que puedan determinar si mantiene la relación contractual o no. un folleto explicativo que precise el mecanismo para determinar la tasa de interés. los saldos promedios sujetos a interés. Ofertas y promociones especiales: Toda promoción u oferta especial debe indicar el precio anterior del bien o servicio. el nuevo precio o el beneficio que de aprovecharlas. y que. dejando a los particulares unos sectores para su libre
. el desglose de los rubros que el usuario debe pagar. Todos estos datos correspondientes al respectivo período del estado de cuenta. 41). al firmar el contrato. obtendría en consumidor. 5532-00 indica: "(…) las actividades monopolizadas (importación. se trata simplemente de operaciones mercantiles con ciertos bienes económicos.
• Tratamiento a los Monopolios. los intereses financieros. intercambio y regulación mínima (economías de mercado). la fórmula para calcularlos y los supuestos en los que no se pagará dicho interés. los intereses moratorios. al consumidor. refinación y distribución al mayoreo de combustibles) sean de índole o naturaleza privada. 53). en general. son privativos de los sujetos privados. Ventas a plazo: Esta actividad se encuentra expresamente regulada en el artículo 43 de la LPCDEC. En rubros separados debe estar el principal. Mostrar la tasa de interés cobrada en el período.mediante una combinación de ambos sistemas.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Entregar. Expuesto lo anterior. Si el tarjeta -habiente no mantiene la relación contractual el emisor sólo podrá cobrar al consumidor el pasivo pendiente con la tasa de interés vigente previa a la modificación propuesta por el emisor del contrato. porque. o por el Estado. se puede registrar en el MEIC y debe solicitar una autorización para el ejercicio de lo contrario la Comisión Nacional del Consumidor y a solicitud de parte puede ordenar la suspensión inmediata de la actividad (art. Presentar explícitamente en los estados de cuenta.
La Sala ha mantenido inobjetablemente que el Estado puede regular monopolios u oligopolios sean estos públicos o privados. previo al ejercicio de la actividad. (art. pues bien pueden llevarse a cabo por éstos mediante el sistema de libre contratación. es importante proceder a determinar el razonamiento que ha venido estableciendo la Sala Constitucional en estos y otros temas relevantes para el consumidor. que integran el más amplio grupo conformado por los intercambios de bienes y servicios en una economía dada. (en los casos de economías centralizadas).
7) Criterios de la Sala Constitucional sobre temas específicos. los recargos y las comisiones. en ningún caso. e incluso -como en la mayoría de los países. al respecto en el Voto No.
en lo que respecta el Voto No. continuidad. y restringiendo otros para la acción exclusiva del Estado. la regulación de precios sólo esta permitida en situaciones de excepción. de naturaleza privada.desde antes de la promulgación y puesta en vigencia de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. debidamente regulados legislativamente y vía decretos ejecutivos. en el tanto en que ello esté autorizado por la Constitución y las leyes y se justifique de acuerdo a los fines que se persigan. Lo que sucede es que con la Ley 7593 se centraliza en una sola entidad la fiscalización y control de las actividades que conforman los servicios públicos como garantía de la eficiencia. Por consiguiente. abarcó todos los bienes y servicios.
. como era de esperar.
La Sala Constitucional admite que el Ministerio de Economía. según dispone el artículo 5 de la citada Ley.” • Potestad de regular precios o márgenes de utilidad por el Estado. encuentra sentido dado que las violaciones a los derechos se producen independientemente de la clase del bien o servicio o del status del consumidor. Con lo anterior quiere establecerse que las actividades monopolizadas no son necesariamente y per se. de forma temporal y por medio de decreto ejecutivo. ya existían.01-02615 indica: “. la Sala reafirma que la potestad esta dada no sólo para los bienes de la canasta básica. Lo anterior. no es una facultad propia ni discrecional del Ministerio de Economía. tarifas y regulado como servicio público esta actividad. por el contrario. en un inicio.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano acción. pero posteriormente. de manera que a la luz de nuestra Constitución. (voto 340-95). que únicamente era necesaria la protección Estatal en los productos de primera necesidad. o ser objeto de intervención estatal. los controles y funciones estatales sobre la distribución del gas. claro esta. pueden válidamente ser dejadas a la gestión de particulares con la fiscalización del Estado. Industria y Comercio. esta dada al Poder Ejecutivo y se encuentra debidamente reglada. En atención a este Voto de la Sala.. En este sentido. y no sólo sobre los bienes de la llamada "canasta básica".. tiene la potestad de fijar los porcentajes de utilidad y los precios máximos sobre todos los bienes y servicios. como cometido y razón de ser de la función estatal”. esto es. que tratándose de bienes de primera necesidad las conductas contra los consumidores son más censurables socialmente. Tratándose de servicios públicos la Sala ha mantenido el mismo criterio respecto a la regulación. que la autoridad estatal siempre ha fijado precios. adaptabilidad e igualdad en la prestación de los mismos y que es deber del Estado velar porque ello se cumpla en total apego al fin público. Como se indicó en la evolución de la tutela de los consumidores se pensó. cabe apuntar que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor (19 enero de 1995).
En este caso. evidentemente. que el adecuado análisis económico anteriormente apuntado.contemplado en el artículo 46 de la Constitución Política. Comisión Nacional del Consumidor y al Ministerio de Economía. quienes no tendrían los recursos necesarios para soportar la pérdida. que no puede ser otra. Todo lo anterior. la Sala estableció que dicha facultad no lesiona el artículo 24 de la Carta Magna y básicamente el fundamento esta dado por la tutela efectiva a los derechos.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano En este mismo orden de ideas. Sin embargo.
En la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo 64 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. 034-95 indica: “A juicio de esta Sala. pues de permitirse lo contrario. Con base en esas consideraciones. inclusive. Industria y Comercio.. también constitucionales. talvez. con carácter de declaración jurada. Lo anterior. la Sala Constitucional estableció que la prohibición de vender un bien por debajo del costo es racional y constitucional. a solicitar a los comerciantes.) por tratarse de una excepción al principio general de inviolabilidad de los documentos. interpretar el párrafo quinto del artículo 26 con sus
. beneficiaría a las empresas más fuertes pudiendo. es bueno comentar que la Sala dejó de lado todo análisis económico del poder sustancial sobre el mercado relevante de los agentes involucrados (doctrina de los artículo del 12 al 15 de la LPCDEC) y del poder de recuperación. no le resta el deber que dicho decreto ejecutivo contara con la debida motivación. el párrafo quinto del artículo 24 debe interpretarse restrictivamente. favorecerse la constitución de un monopolio. que implica una mejor distribución de la riqueza (artículo 50 constitucional). • Potestad de acceso a documentos privados por el Estado. y ello. Para analizar el punto es necesario sopesar uno y otro principio. su explicación en la naturaleza propia del recurso de ampara o en un aspecto. al respecto el voto No. la norma que impone un precio mínimo al que se puede vender el huevo tiene un fundamento de racionalidad. que en ciertos casos. no vaya a ser que por defender unilateralmente uno de ellos el otro quede sin eficacia. encuentra. el cual. Dicho más concretamente en relación con este caso.. la Sala a determinado que son aspectos de legalidad y no de constitucionalidad. Al respecto consideró esta Honorable Sala: “(. en contraposición a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 46 de la Constitución Política. en el cual la venta del huevo por debajo de su precio de costo implicaría la virtual desaparición de los pequeños productores. se produciría un fenómeno de "domping" (sic). del consumidor consagrados en el artículo 46. documentos e informes privados. la Sala estima que el impedir vender el huevo por debajo del mínimo fijado es un límite razonable. no tan restrictivamente que anule de hecho o de derecho la excepción misma.” Sobre el particular. la excepción tiene además la particularidad de que apunta a cumplir con otro principio -tan constitucional como el de la inviolabilidad de los documentos privados. le permite a la Comisión para Promover la Competencia.
sino que resulta adecuado para combatir. Dada la abigarrada y cambiante realidad mercantil. el principio contemplado en el artículo 46 de la Constitución Política. Este Tribunal se inclina a pensar que la garantía del párrafo quinto del artículo 24 se satisface en la medida que la ley defina cuáles son las competencias del órgano administrativo en función de las cuáles puede revisar los documentos. como el acaparamiento. Pero no solo es adecuado. A diferencia de la tesis de las accionantes. interpretar el párrafo quinto mencionado tal como lo proponen las accionantes. en casos extremos. Ahora bien. jurídica o fácticamente. Este Tribunal considera que el Estado no podría defender eficazmente a los consumidores sin tener acceso a algunos documentos privados de los comerciantes involucrados. así como las propias de la Auditoria General de Entidades Financieras. Industria y Comercio en la comprobación de actos especulativos. o en las revisiones que se deben hacer para verificar el cumplimiento de las normas. El acceso a documentos privados no es antojadizo en el contexto de las relaciones comerciales. o las que competen a las autoridades de salud o de protección del medio ambiente. tan solo para citar algunos ejemplos.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano excepciones y garantías de tal manera que anule. De esa manera.
. aun en la vía del amparo.” SCV 2001-13283 (en sentido similar 2002-1485). en la cual. deberá en cada caso fundamentar por qué es necesario tal documento para cumplir con sus fines. como eventualmente en este caso. El administrado podrá objetar en la misma vía administrativa la petición de un documento en concreto y. como las que competen a los funcionarios del Ministerio de Economía. el principio del artículo 46 es inaceptable. equivaldría a anular de hecho. esta Sala no avala tal interpretación. exigir en nuestro medio una lista así establecida por vía legal haría prácticamente nugatorias las potestades estatales. o al menos a limitar en exceso. registros auxiliares y documentos privados. tan frecuente en nuestro medio. obviamente no puede acceder a todo documento que se le antoje y aquí entra en juego la restricción del artículo 24. la posibilidad. podrá revisar únicamente los documentos que requieran sus funciones. sino también necesario. Con el fin de abogar por esta adoptada por la Sala es importante destacar que la Exposición de Motivos del proyecto de reforma al artículo 24 Constitucional. prácticas monopolísticas y proteger en general a los consumidores. se indicó: “ El artículo 24 de nuestra Carta Política Fundamental. En conclusión. Por ende. por razones de interés público. El acceso está limitado a los documentos que la ley señale en relación con sus competencias. pesas y medidas. tal ocurre en materias comerciales. Las garantías de ese párrafo quinto no pueden ser interpretadas con tanto rigor que el artículo 46 pierda su eficacia. que autoridades administrativas competentes puedan tener acceso a la contabilidad. considera este Tribunal que no es realista exigir que esa ley dicte una lista taxativa. no tuvo en cuenta la necesidad de dejar a salvo. Así. en su última reforma.
Mediante voto No. 3750-93 la Sala ha delineado el concepto de derechos difusos y ha indicado: "… Los intereses difusos. Se trata entonces de intereses individuales.e individuales. como es obvio. por ende reciben un perjuicio. pero no habría a nuestro juicio. • Derechos del Consumidor como derechos difusos. Es decir. la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.918: “Si hemos estado diciendo que vamos hacia la promoción de la competencia. especialmente. ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo. tiene un rango jurídico inferior a la Constitución. Esas son las dos reformas que se han incorporado a la Constitución Política.cit. si obtuvo la mayoría calificada que manda el artículo constitucional comentado.p. por estar comprometido el interés público. pueda revisar la documentación privada.”10 Con lo anterior. en razón de las competencias de fiscalización tributaria del Ministerio de Hacienda o las conferidas a la Contraloría General de la República en materia de utilización de recursos públicos por personas o entidades privadas. 11 Al respecto el Diputado Salas indicó en la discusión del Expediente 11. más o menos igual para todos. de todas maneras. proteger a consumidores. de cada una de ellas. ni tan concretos que frente a ellos resulten identificados o fácilmente identificables personas determinadas. cuya legitimación derivaría. actual o potencial. los intereses difusos participan de una doble naturaleza. potestades para revisar la documentación privada en situaciones en las que se requiere. Creemos que dicha omisión.918). diluidos en conjuntos más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y. usuarios y ahorrantes. únicamente se podría con base en él tener acceso a la documentación privada. según nuestra opinión. no pueden ser en nuestra ley -como ya lo ha dicho esta Sala. amén de los supuestos que por motivos penales ahí se prescriben.los intereses meramente colectivos. sino de los corporativos que atañen a una comunidad en su conjunto. 11. o grupos personalizados. aunque previa a la reforma constitucional. op. aunque de difícil definición y más difícil identificación.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Tal y como quedó redactado el texto del numeral 24 citado en la última reforma.11 Con el fin de cerrar el circulo es conveniente mencionar que la LPCDEC. De esa ley que. de conformidad con la Carta Política Fundamental. 1. como en los casos expresados. pero que se tendría que promulgar. por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos que se encuentran en determinadas circunstancias y. queda claro que a partir de la reforma Constitucional se habilitan órganos públicos que cuenten con una ley especial aprobada por dos tercios de diputados. uno en el artículo 24 y otro en el artículos 46”. pero a la vez.
. para que no corra riesgo la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor que exista una norma constitucional que habilite la existencia de esa ley. nos parecía indispensable. ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad. por lo que pueden ser reclamados en tal carácter". debe subsanarse.
Exposición de Motivos del proyecto presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica (Expediente No. dos párrafos. a la vez. no de los intereses difusos.
La Sala Constitucional se ha ocupado de enfrentar el tema con el fin de poder aclarar y armonizar los todos los derechos constitucionales y principalmente. información. Es por ello que merecen un énfasis reiterado todas las disposiciones administrativas y legales que se asuman en ese sentido. Gilbert Antonio. sino que es necesario acreditar la existencia de la causal como requisito de legitimación. 75 LJC). 75 LJC. recoge la denominada acción directa de inconstitucionalidad. cuyo impacto se visualiza principalmente. Costa Rica. la libertad empresarial con la tutela del consumidor. es una teoría basada sobre el principio de la no intervención del Estado en materia económica. Ello implica. en el llamado recurso de inconstitucionalidad (Art. etc. Es decir. entre las cuales está la redefinición del papel del sector público en relación con la estructura productiva privada y una revisión de los instrumentos administrativos. pág.
. IJSA. medio ambiente. El modelo de libre comercio implica todo un movimiento contra las prohibiciones y las restricciones a la actividad económica. Al respecto la Sala ha dicho: “La nueva estrategia económica mundial y los cambios en el contexto internacional exigen de los países transformaciones importantes.”12 • Apertura Comercial y Defensa del Consumidor. que tanto el proteccionismo como el libre cambio en el desarrollo de sus argumentos justificantes..73. se exime al recurrente de acreditar que existe un asunto pendiente. lo cual se evidencia en su incursión como parte contratante en los diversos tratados bilaterales de Libre Comercio. en contra de los privilegios y los monopolios. es aquella situación en la que el comercio internacional se desarrolla sin trabas de ninguna especie. paulatinamente. Lo expuesto no significa que estemos frente a una verdadera acción popular. como requisito previo de la acción. aluden al consumidor como el centro de atracción y principal beneficiado con la implementación de uno u otro modelo. que colocan al consumidor costarricense ante una situación que le es novedosa y
Armijo Sancho. C. lo que no puede significar el abandono del consumidor a las fuerzas naturales del mercado. 2 ed. siempre que se invoque la vulneración de un interés difuso. La apertura comercial o libre cambio. nace precisamente como reacción contra las limitaciones al tráfico comercial. el Art. no se admite que cualquiera pueda accionar.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Los derechos del consumidor como la salud.R. por su naturaleza son catalogados como difusos lo que abre una acción directa de inconstitucionalidad de conformidad con el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. o estrategia económica. ha iniciado su apertura al libre comercio. Es importante llamar la atención. Al respecto el Magistrado Gilbert Armijo nos complementa: “Ciertamente. con los más variados precios. también que el legislador consideró apropiado ampliar la legitimación cuando estemos frente a éste tipo de intereses. agosto 1999. por la aparición en nuestro medio de las más variadas marcas y presentaciones de muchos productos de origen extranjero. La Tutela Constitucional del Interés Difuso.
fortalecer o mantener una política enérgica de protección del consumidor" (Artículo. que competirán en el mercado nacional. aplicar y vigilar el funcionamiento de las políticas de protección del consumidor". a través de la cual pueda fomentarse la participación del mayor número de agentes económicos en el mercado. buscando con ello. a hacerlos desaparecer por la mala calidad. se pretendió con la Ley No. las demandas de la apertura comercial de los países. Con esta idea. sin excepción.. En razón
. así como las prácticas monopolísticas y otras restricciones que impiden un funcionamiento eficiente del mercado. pudieran adquirir en su propio mercado los productos que únicamente han sido accesibles a las personas de más altos ingresos que podían adquirirlos en su propio país. permitiendo. lo cual también incrementaría la competencia. o sea del ingreso al mercado de bienes originarios de otras naciones con niveles de impuestos más bajos. en razón de esta apertura comercial. es que la Ley No. 7472 Y LA PROTECCION AL CONSUMIDOR. 7472 plantea la creación de oportunidades para que otros agentes económicos entren y participen directamente en el mercado. prohibir los monopolios. el agente económico es aquel factor necesario para que exista una relación comercial con implicaciones jurídicas y por ello es importantísimo contar con una normativa que permita combinar en forma armónica. elevando a los Estados miembros un mandato expreso. No obstante. B). es indudable que se tenga que meditar que de ella se deriva la participación del mayor número posible de agentes económicos. 24) y "establecer o mantener una infraestructura adecuada que permita formular. que debieran conducir a mejorar los productos y servicios nacionales o bien.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano desconocida. promover la implantación de un mercado cada vez más libre y con menos trabas. 7472. proteger los derechos y los intereses legítimos de los consumidores. con la respectiva necesidad de proteger efectivamente al consumidor frente a las prácticas y estrategias empresariales a que se ve expuesto. o solo en el exterior. y en consecuencia su correspondiente rechazo dentro de dicho mercado. pero que respete y guarde armonía con la tutela de los derechos de los consumidores. nuevos mercados y obteniendo así que la economía se reactive extraordinariamente. tutelar y promover la competencia.LA LEY No. en su Asamblea General aprobó por unanimidad. de manera cada vez más intensa conforme la apertura se ha ido consolidando. la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La actual Ley de Promoción de la Competencia tiene como objetivo primordial. con lo anterior. eliminando las reglamentaciones innecesarias que han sido impuestas a las actividades económicas. por lo que habrían mayores opciones de consumo para el particular y una mayor competencia a nivel interno. Dentro de toda estructura comercial. caso en el cual el empresario nacional estaría presionado por mayor competencia. en el sentido de que "corresponde a los gobiernos formular. Ante esta situación de apertura. lo que podría producirse por medio de la importación de productos. las Directrices para la Protección del Consumidor. Al pensarse en el tema de la apertura comercial. que todos los ciudadanos. lo que lo obligaría a producir bienes de mejor calidad y a más bajos precios.
que adquiera productos terminados o insumos para integrarlos en los procesos para producir. que compitan con los nacionales que ya son parte de aquél y que de paso presione a los productores a mejorar las técnicas. que.y que sea más cómodo para su economía. seguridad. como destinatario final. medio ambiente y los estándares de calidad. que reconozca expresamente sus derechos fundamentales. de manera que con ello sea más fácil la entrada de nuevos agentes económicos al mercado y de nuevos productos y servicios. el rol estatal en esta materia debe partir de la consagración de un sistema legal efectivo de protección del consumidor." Asimismo. Estructurar una canasta básica que satisfaga.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano de ello. los bienes y servicios que la componen. el respeto a la autonomía privada debe radicar en el permitir que el consumidor elija el bien o servicio que le resulte mejor -en cuanto a calidad. se ordena la eliminación de las licencias y toda otra autorización relacionada con el ejercicio del comercio. se define al consumidor como: "Toda persona física o entidad de hecho o de derecho. para defender los derechos y los intereses legítimos de los consumidores. donde se define cuál debe ser la función del Estado. En cuanto al papel del Estado. También se considera consumidor al pequeño industrial o al artesano -en términos definidos en el Reglamento de esta Ley. en torno a cuestiones que afectan sus intereses. al expresar: " (.. Fomentar y promover las organizaciones de consumidores y garantizar su participación en los procesos de decisión y reclamo. comercializar o prestar servicios a terceros". Todo lo anterior puede verse plasmado claramente en el artículo 30 de la Ley. Esa elección puede hacerse cuando el Estado haya ajustado las diferentes regulaciones a las nuevas necesidades de apertura. establezca las soluciones sustanciales para las cuestiones básicas emergentes de las relaciones de consumo. y finalmente consagre los mecanismos concretos de implementación que permitan hacer valer efectivamente aquellos derechos. las necesidades de los costarricenses cuyo ingreso sea igual o inferior al salario mínimo establecido por ley y regular. con conocimiento de sus derechos.. o bien. disfruta o utiliza los bienes o los servicios. transformar. cumplan con las normas de salud. la fabricación y la prestación. cuando lo considere necesario. por lo menos. Formular programas de educación e información para el consumidor. Garantizar el acceso a mecanismos efectivos y ágiles de tutela administrativa y judicial. así como de
. como límite a la injerencia Estatal. recibe información o propuestas para ello. adquiere.) son funciones esenciales del Estado las siguientes: Velar porque los bienes y servicios que se vendan y se presten en el mercado. con el propósito de capacitarlo para que pueda discernir y tomar decisiones fundadas acerca del consumo de bienes y servicios. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. En la Ley de estudio.
donde miles de miles de consumidores fueron afectados. al punto de obligar a su titular a cambiarlo o a cesar totalmente su actividad y que violenta la
Muchos consumidores todavía tiene presente a la empresa Euroclub.
El legislador al promulgar la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. recogiendo el conocimiento y las previsiones de compradores y vendedores en el contexto de un sistema de precios que funciona mejor cuando no está desvirtuado por trabas y reglamentos del gobierno. que la libre competencia permite que los ciudadanos se beneficien de la información de mercado. Toda esta filosofía. sino más bien por los derechos de quienes participan en el mismo. el propietario salió del país con todo el dinero captado de los consumidores. no ha sido muy pacífica como se apuntará.. “proyectos de vivienda”.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano la eliminación de todas aquellas restricciones que existen y que fueron ideadas y perfeccionadas para ejercer las actividades comerciales. “proyectos de desarrollo”. Esta contradicción filosófica el legislador la mantiene con el fin de evitar estafas masivas y que a la postre se dieron en “clubes de viaje”13 . asimismo. establece la eliminación de licencias. es conveniente ilustrar lo dicho con la cita resolución que enmarca ambas tesis que el día de mañana se seguirán confrontando dada la trascendencia filosófica que encierra. en última instancia. doctrinariamente. debe entenderse. violenta la libertad de empresa contenida en el artículo 46 de la Constitución Política. le corresponde al Estado velar. no por cómo se desarrolle el comercio. ordenó “(. etc. Por consiguiente..” (SCV 07619-99). se entiende.. En conclusión. que de un día a otro. pero como parte más débil dentro del mercado. De esta forma. autorizaciones o restricciones para el ejercicio del comercio (artículo 6). “medicina pre-pagada”14. integrada por valores y principios económicos y de desarrollo social de los pueblos. aunque dominante. a la vez. por cuanto un contenido esencial de la libertad empresarial prohíbe que las autoridades estatales establezcan condiciones o restricciones que hagan imposible o ruinoso el ejercicio de un determinado giro empresarial. exija que los planes de ventas a plazo deban ser sometidos a una autorización antes de su ofrecimiento al público. se ha inclinado por la tutela del consumidor. La Sala Constitucional. 14 La Comisión Nacional del Consumidor ordenó mediante Voto No. Al respecto se indica: “El accionante expone que el hecho de que el artículo 41 en su párrafo tercero. se le ordena publicar la parte dispositiva de la presente resolución en un medio de circulación a nivel nacional para que sea del conocimiento general”. • Potestad Estatal para regular actividades comerciales en tutela del consumidor. Esta posición. compatible con el orden constitucional interno. a este acto MEDIPRE cerró sus puertas y no honró sus obligaciones con los consumidores. establece la necesidad de inscripción y autorización administrativa para el ejercicio comercial de la mal denominada actividad de “ventas a plazo”(artículo 43). es decir. que su viabilidad está condicionada con el ajuste perfecto del Derecho de la Constitución. en los análisis que ha efectuado sobre la intervención Estatal y la libertad de empresa. Posteriormente. pero. 551-00 del 18 de octubre del 2000.)suspender en forma definitiva e inmediata la venta de los planes de ventas a plazo.
se dijo: "Sin embargo. también.el contenido del clausulado de los contratos que celebren entre ellos. y en sentencia 143-94 de las 16:00 horas del 11 de enero de 1994. la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece. máxime cuando. Pero ya en ejercicio de esa actividad. debe tenerse en cuenta lo que esta Sala ha concebido como libertad de empresa.que impone una carga tributaria para colaborar con los gastos públicos tal como lo disponen los artículos 20 de la Ley número 6826. sin más restricciones. por cuanto no le permite a las partes determinar libre y autónomamente. se expresó: "Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado. la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. por ello. siempre y cuando reúna los requisitos previamente establecidos por ley. el cierre de los negocios comerciales dispuesto en ellas no resulta inconstitucional. aquí impugnados." En sentencia 0550-95 de las 16:33 horas del 31 de enero de 1995. es el derecho que cualquier persona tiene de escoger. de manera que. es el derecho que tiene todo ciudadano para escoger. ya que cualquier persona puede desarrollar su comercio libremente.". (Ver entre otras en este sentido. máxime cuando. la de pagar determinados salarios a los trabajadores y eventualmente la limitación de ganancias que se estime conveniente. la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece. se dijo. Como inicio del análisis.) Este criterio fue sustentado de antemano por la Corte Plena. como en el caso. siempre que no resulte incompatible con el modelo de economía social de
. la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y resolución número 611-91. de las quince horas veinticinco minutos. como sería la fijación de precios al consumidor. resolución número 1042-90. ya en ejercicio de esa actividad.. como lo ha expresado esta Sala en reiteradas ocasiones. y lo haga cumpliendo con las exigencias establecidas para el comercio de que se trate. De modo que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta. de las catorce horas cinco minutos del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno. como en el presente caso.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano libertad contractual. que la Libertad de Comercio que existe como garantía fundamental. sin injerencias de terceros -públicos o privados. se está en presencia de una regulación que se considera de interés general. existe normativa al respecto precisamente la que está siendo impugnada en esta acción de inconstitucionalidad.. sin restricciones. que el artículo 50 de la Constitución otorga fundamento constitucional a un cierto grado de intervención del Estado en la economía. 29 y 30 del Reglamento de dicha ley. que en sesión ordinaria de nueve de julio de mil novecientos setenta y nueve al conocer del veto del proyecto legislativo número 5098 consideró: "La libertad de comercio que existe como garantía constitucional. la libertad empresarial no es absoluta ni ilimitada y tal garantía debe someterse a las regulaciones legales que necesariamente deben cumplirse previamente. En sentencia 1901-94 de las 18:36 horas del 20 de abril de 1994.
la seguridad. no lesiona la libertad de empresa. que la administración pública debe revisar. donde como bien ya se estimó en el considerando III. ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional. que esa libertad constituye un derecho humano fundamental y el Estado puede regular su ejercicio en la medida estrictamente necesaria para garantizar el orden público. entorpecer. acogiendo el informe de la Procuraduría General de la República. la Sala estima. debe tenerse presente. así como asegurar el adecuado reparto de la riqueza. que la intervención debe ser razonable. que el artículo 46 de la Constitución que tutela la libertad de empresa -comercio. En razón de lo expuesto. pero que todo ello deberá concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales. En efecto. animal o vegetal. venta que sería exigible tan solo luego de verse cumplidas "ciertas condiciones" (¿?). que el orden público se entiende como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del Estado. "con el objeto de financiar la venta futura de bienes o servicios. algunas de ellas antes de la concepción de la ley que se impugna y que introduce un modelo socio-económico diferente en nuestro país. puesto que se trata de regular la actividad comercial que se origina en la recaudación masiva de dineros del público consumidor. lógicamente. analizar y eliminar.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano mercado establecido constitucionalmente. siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana. que junto con el artículo 74 ídem definen lo que se ha denominado el Estado Social de Derecho. el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. que la normativa impugnada tiene un gran sentido preventivo. proporcionada y no discriminatoria. se pretende la erradicación de las licencias y restricciones que no sean realmente necesarias. que la libertad de comercio no es una garantía individual absoluta sino que tiene sus límites definidos por la actividad que el Estado despliega en beneficio de la generalidad de sus ciudadanos. agricultura e industria. estableciendo inclusive en su artículo 3 que los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades económicas no deben impedir.no debe interpretarse ni aplicarse en forma aislada del resto de normas de la Constitución. esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad. los derechos de terceros y la vigencia de los valores democráticos y constitucionales. concebida para la protección de los consumidores. así como en las exigencias de la economía en general y una equitativa distribución de la riqueza. como lo es la transición a la apertura comercial. la norma impugnada no resulta contraria a esos principios y encuadra dentro del marco económico que viene examinándose y. Es decir. debe concebirse que si esta Ley pretende un cambio radical en el mercado. el sistema comercial es una modalidad que
. la moral social. estableciéndose otros medios de protección al consumidor que no interpongan trabas al mercado. cuando corresponda. A manera de síntesis. que al Estado se le permite organizar y estimular la producción. especialmente del artículo 50. que la jurisprudencia de esta Sala ha señalado en reiteradas ocasiones sobre las limitaciones y restricciones que se le podían imponer a esta libertad fundamental.
rigurosamente considerado. es una clara intervención del Estado en la gestión operativa de una empresa. cuenta con medios jurídicos suficientes para hacer efectivos sus derechos. Al efecto esta Sala en sentencia No. en tanto su ejercicio dañe la moral social. De todas formas." En el caso de estudio. el contenido de los contratos que la norma exige sean autorizados previamente por una autoridad estatal. sin interferir abiertamente en la libertad contractual. a la vez que evita que el sistema se convierta en una práctica ruinosa para ambas partes. como ya ha ocurrido en el pasado. hay que considerar que en el mercado se abren múltiples oportunidades al consumidor de oferta y éste tiene la libertad de elegir aquellos productos y sistemas que más le convengan. que es la filosofía que informa al sistema. pues el hecho de tener que someter a autorización previa de un ente estatal un plan de venta a plazo con todas sus estipulaciones para que éste sea modificado por ésta. constituya una restricción desproporcionada al ejercicio de dicha libertad. objeto y precio de este acuerdo.
. ya que ello conduce a dotar de seguridades ese giro comercial. o los derechos iguales o superiores de terceros. se expresan como regulaciones en protección del interés público y del orden público económico. como "manifestación de una policía administrativa especial en la cual los tres tipos de procedimientos de todo ejercicio del poder de policía recién citados (normativo. el orden público. no para el ejercicio de su actividad. para poder adquirir los bienes y servicios cuando se han completado las condiciones del contrato y por ello existe. siendo que si en su elección se ve sujeto a abusos por parte del comerciante. puesto que existe una adecuada proporción entre los fines que persigue la norma y la naturaleza de la limitación que deba soportar el comerciante. por otro lado. mientras no traspasen aquellos límites. 3495-92 indicó que: "Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los supuestos del artículo 28 constitucional. material). lo que hace regulando esas actividades y fiscalizándolas.(SCV 07619-99). en especial en defensa del consumidor". No estima la Sala que la autorización que se exige en la norma impugnada. De ello se deriva que. para evitar que ocurran fraudes masivos en perjuicio de los grupos populares que hacen uso de esa modalidad de comercio. es decir. el comerciante no ve limitado su derecho más que en lo esencial. son pautas que deben ser determinadas por las partes.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano permite al consumidor ahorrar su dinero depositándolo en manos del comerciante. pueden y deben ser libremente estipulados por las partes. gran interés del Estado en proteger esos ahorros de la parte más débil de la cadena del consumo. sin duda. tanto el acuerdo de voluntades implicado en la relación contractual. pero de las que admite el Derecho de la Constitución. pero controlados por el Estado. como la determinación de la cosa. como no lo es el que el comerciante deba garantizar su giro comercial. sino para la protección del consumidor y por ello estima el Tribunal que es razonable que el Estado intervenga definiendo los contenidos de un contrato entre particulares de forma previa a su oferta pública. represivo.
aquí impugnados. siempre y cuando reúna los requisitos previamente establecidos por ley. exija que los planes de ventas a plazo deban ser sometidos a una autorización antes de su ofrecimiento al público. por ello. Como inicio del análisis.) Este criterio fue sustentado de antemano por la Corte Plena.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Como se indicó. violenta la libertad de empresa contenida en el artículo 46 de la Constitución Política. y lo haga cumpliendo con las exigencias establecidas para el comercio de que se trate. sin injerencias de terceros -públicos o privados. 29 y 30 del Reglamento de dicha ley. 143-94 de las dieciséis horas del once de enero de mil novecientos noventa y cuatro. de las catorce horas cinco minutos del veintidós de marzo de mil novecientos noventa y uno.que impone una carga tributaria para colaborar con los gastos públicos tal como lo disponen los artículos 20 de la Ley número 6826. como en el presente caso. es el derecho que tiene todo ciudadano para escoger. En sentencia No. sin restricciones. en el siguiente sentido: “I. la libertad empresarial no es absoluta ni ilimitada y tal garantía debe someterse a las regulaciones legales que necesariamente deben cumplirse previamente.. se plasmó mediante voto salvado de los magistrados Piza Escalante. la cual. ya que cualquier persona puede desarrollar su comercio libremente. que la Libertad de Comercio que existe como garantía fundamental.". como lo ha expresado esta Sala en reiteradas ocasiones. resolución número 1042-90. por cuanto no le permite a las partes determinar libre y autónomamente. la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece. el cierre de los negocios comerciales dispuesto en ellas no resulta inconstitucional.. debe tenerse en cuenta lo que esta Sala ha concebido como libertad de empresa. existe normativa al respecto -precisamente la que está siendo impugnada en esta acción de inconstitucionalidad. y en sentencia No. Calzada Miranda y Molina Quesada. la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. se consideró: "Esta Sala en reiteradas ocasiones ha señalado.1901-94 de las dieciocho horas treinta y seis minutos del veinte de abril de mil novecientos noventa y cuatro. por cuanto un contenido esencial de la libertad empresarial prohibe que las autoridades estatales establezcan condiciones o restricciones que hagan imposible o ruinoso el ejercicio de un determinado giro empresarial. ya en ejercicio de esa actividad. existe otra posición al respecto. del treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y resolución número 611-91. El accionante expone que el hecho de que el artículo 41 en su párrafo tercero. de manera que.. que en sesión ordinaria de nueve de julio de mil novecientos setenta y nueve al conocer del veto del proyecto legislativo número 5098 consideró:
. dijo: "Sin embargo. (Ver entre otras en este sentido. máxime cuando.DE LA LIBERTAD DE EMPRESA y LA LIBERTAD CONTRACTUAL. de las quince horas veinticinco minutos.el contenido del clausulado de los contratos que celebren entre ellos. al punto de obligar a su titular a cambiarlo o a cesar totalmente su actividad y que violenta la libertad contractual.
agricultura e industria-no debe interpretarse ni aplicarse en forma aislada del resto de normas de la Constitución. la de pagar determinados salarios a los trabajadores y eventualmente la limitación de ganancias que se estime conveniente. estableciendo inclusive en su artículo 3 que los trámites y los requisitos de control y regulación de las actividades económicas no deben impedir. cuando
. debe concebirse que si esta Ley pretende un cambio radical en el mercado. la actividad comercial legalmente permitida que más convenga a sus intereses. Pero ya en ejercicio de esa actividad. que esa libertad constituye un derecho humano fundamental y el Estado puede regular su ejercicio en la medida estrictamente necesaria para garantizar el orden público. ni distorsionar las transacciones en el mercado interno ni en el internacional. la moral social. que al Estado se le permite organizar y estimular la producción. como sería la fijación de precios al consumidor. como en el caso. que si bien la jurisprudencia de esta Sala ha señalado en reiteradas ocasiones sobre las limitaciones y restricciones que se le podían imponer a esta libertad fundamental. que junto con el artículo 74 ídem definen lo que se ha denominado el Estado Social de Derecho. se está en presencia de una regulación que se considera de interés general. En razón de lo expuesto. donde como bien ya se estimó en el considerando III. que el orden público se entiende como la integridad y supervivencia de los elementos fundamentales del Estado. Debe tenerse presente. que la libertad de comercio no es una garantía individual absoluta sino que tiene sus límites definidos por la actividad que el Estado despliega en beneficio de la generalidad de sus ciudadanos." En sentencia No. máxime cuando. se pretende la erradicación de las licencias y restricciones que no sean realmente necesarias. así como asegurar el adecuado reparto de la riqueza. que la intervención debe ser razonable. analizar y eliminar. la persona debe someterse a las regulaciones que la ley establece. es el derecho que cualquier persona tiene de escoger. algunas de éstas lo eran antes de la concepción de la ley que se impugna y que introduce un modelo socioeconómico diferente a nuestro país. sin más restricciones. los derechos de terceros y la vigencia de los valores democráticos y constitucionales. estableciéndose otros medios de protección al consumidor que no interpongan trabas al mercado. que la administración pública debe revisar. siempre que no resulte incompatible con el modelo de economía social de mercado establecido constitucionalmente. que el artículo 46 de la Constitución que tutela la libertad de empresa comercio.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano "La libertad de comercio que existe como garantía constitucional. entorpecer. especialmente del artículo 50. como lo es la transición a la apertura comercial.0550-95 de las 16:33 horas del 31 de enero de 1995. proporcionada y no discriminatoria. De modo que el ejercicio del comercio no conlleva el derecho a una libertad irrestricta. se dijo que el artículo 50 de la Constitución otorga fundamento constitucional a un cierto grado de intervención del Estado en la economía.
Al efecto esta Sala en sentencia No. es decir. objeto y precio de este acuerdo. no siendo razonable entonces. o los derechos iguales o superiores de terceros. es una clara intervención del Estado en la gestión operativa de una empresa. Aunado al hecho de que las limitaciones que puedan llegar a imponerse. para limitar un derecho fundamental como lo es la libertad de comercio y la libertad contractual. al otorgarle a las autoridades administrativas la potestad de autorizar previamente el contenido de los planes y contratos para las ventas a plazos. éste tiene la libertad de elegir aquellos productos que más le convengan. la autorización como requisito que pretende la norma impugnada en su párrafo tercero. 46 y 28 de la Constitución Política.”
. En consecuencia. ya que ello podría conducir a hacer imposible o ruinoso determinado giro comercial. animal o vegetal. constituye una restricción desproporcionada al ejercicio de dicha libertad. en tanto su ejercicio dañe la moral social. pueden y deben ser libremente estipulados por las partes. cuenta con medios jurídicos suficientes para hacer efectivos sus derechos. tanto el acuerdo de voluntades implicado en la relación contractual. De ello se deriva que. la seguridad. esos trámites y requisitos para proteger el ejercicio de la libertad de empresa y garantizar la defensa de la productividad. 3495-92 indicó: "Las dichas libertades contractuales sólo pueden ser restringidas en los supuestos del artículo 28 constitucional. que el Estado pretenda intervenir definiendo los contenidos de un contrato entre particulares de forma previa a su oferta pública. el orden público. pues el hecho de tener que someter a autorización previa de un ente estatal un plan de venta a plazo con todas sus estipulaciones para que éste sea modificado por ésta. prácticamente señalando el contenido del contrato mismo. interfiriendo abiertamente en la libertad contractual de las partes.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano corresponda. violenta los artículos 45. como la determinación de la cosa. por cuanto esta autorización que exige la norma impugnada. el ambiente y el cumplimiento de los estándares de calidad. mientras no traspasen aquellos límites. pero que todo ello deberá concordar con lo establecido en leyes especiales y convenios internacionales. pretendiendo ésta una protección excesiva del consumidor. siempre y cuando se cumpla con las exigencias necesarias para proteger la salud humana. el contenido de los contratos que pretende la norma sean autorizados previamente por una autoridad estatal. rigurosamente considerado. deben respetar el derecho del empresario para escoger los medios idóneos para obtener los resultados programados por él en el ejercicio de su actividad empresarial. lo cual se ve seriamente afectado con la norma impugnada. siendo que si en su elección se ve sujeto a abusos por parte del comerciante. que si en el mercado se abren múltiples oportunidades al consumidor de oferta." En el caso de estudio. Actualmente hay que considerar. así como en las exigencias de la economía en general y una equitativa distribución de la riqueza. son pautas que deben ser determinadas por las partes y no impuestas por el Estado. que no se justifica dentro de los parámetros que autoriza el artículo 28 constitucional. la norma impugnada efectivamente no encuadra dentro del marco económico que viene estatuyéndose y que lesiona la libertad de empresa.
que paralelamente a ésto. 11. pues la libertad de comercio no es irrestricta como lo dice la jurisprudencia de esta Sala. una economía en la que no son simplemente las fuerzas de la oferta y la demanda sus elementos rectores sino que por el contrario reconociendo la necesidad por razones de interés público. en lo que interesa indica: “ Creemos que. como el que se propone. puestos de bolsa. porque viene a precisar mejor aquellos supuestos por los que se debe limitar la libertad de empresa en general..918. • Simplificación de trámites vs derechos fundamentales. pero también lo es. 1399-99 nos ilustra: “La Constitución Política en su artículo 46 protege la libertad de comercio.15 En este orden el Voto No. lo anterior es definitivamente conveniente. seguros. además de apoyar a los organismos constituidos por el Estado para la defensa de sus derechos. que el interés de la colectividad prevalezca sobre el particular y con base en aquél se establezcan limitaciones o prohibiciones”. Dentro de este proceso el Estado. sería dejar a las fuerzas del mercado y sin ninguna regulación actividades como banca.” Como es aprecia claramente.
.2. etc.. p. Pensar lo contrario. de modo que es susceptible de ser limitada en cuanto a su ejercicio en razón de un interés superior (la protección de los consumidores). Es decir. Gonzalo Fajardo Salas en la exposición de motivos del proyecto que reformó el artículo 46 Constitucional. en el mismo artículo. carece de sentido dado el interés prevaleciente en la regulación.. en el entendido que dicha intervención debe realizarse siempre dentro de los límites de la razonabilidad y la proporcionalidad. a la libertad de elección. a recibir información adecuada y veraz. empresario y en general el interés público se puede ver favorecido pero en varios casos
Exposición de motivos del proyecto presentado a la Asamblea Legislativa de Costa Rica (Expediente No. lo cual. la Sala ha mantenido la filosofía de intervención estatal en beneficio de la tutela efectiva del consumidor. es importante recordar las palabras del Dr.
Recientemente en Costa Rica y en muchos países latinoamericanos se ha puesto en marcha un movimiento de desregulación económica o como lo le gusta llamarlo a cierta persona “simplificación de trámites”. y a un trato equitativo. igualmente un nuevo texto. Esto es así. reforma a los artículos 24 y 46 de la Constitución Política).. y de ahí el calificativo de “social” para contraponerlo al “individual” o de “grupo”. ampara el derecho de los consumidores a la protección de su seguridad e intereses económicos. financieras. que para el caso sub examine se traduce en la libertad de ofrecer al público planes de venta a plazo para facilitar la adquisición de casas y/o vehículos. lo que faculta a la administración a llevar a cabo las actividades que así lo ameriten.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Sobre el conflicto presentado entre el voto de mayoría y el de minoría. consumidor. del artículo 46 constitucional es indispensable que se incorpore a nuestra Constitución. reconociéndose su ejercicio en una “economía social de mercado”. fondos de pensiones. op cit.
provisionalidad. respecto de los requisitos establecidos en el ordenamiento con la finalidad de proteger el patrimonio arqueológico. y evitar que la eventual victoria del demandante resulte nugatoria. es decir.
Cuando se define la medida cautelar. generalmente se acude a su naturaleza instrumental. 5245-02 indica: “El Decreto en estudio evidentemente enfatiza la simplificación de trámites en caso de construcción de obras públicas o privadas. Si bien la desregulación de ciertas actividades cargadas de requisitos excesivos no es inválida per se y puede resultar hasta deseable. no pueden ser válidamente eliminados sin una adecuada sustitución por otros que cumplan la misma función protectora. encuentra sus límites en el Derecho de la Constitución y por ende podemos indicar que el Estado por acción u omisión podría ser enfrentado al análisis constitucional en defensa de los derechos fundamentales de los(as) consumidores(as). b) Provisionalidad
. Con el fin de ilustrar es conveniente mencionar el significado de cada uno de los adjetivos mencionados: a) Instrumentalidad La instrumentalidad significa que el proceso cautelar no es autónomo.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano las “simplificaciones de trámites” se han realizado sin un adecuado asesoramiento técnico-profesional. el tiempo que el juicio declarativo tarda en subsanarse Las medidas cautelares presentan los rasgos de instrumentalidad. En este sentido el Voto No. al que sirve. En este sentido la Sala ha dejado claro su posición al declarar inconstitucional un decreto ejecutivo que prendía “simplificar trámites” y que en realidad generaba una grosera desprotección al patrimonio arqueológico. • Potestad para decretar medidas cautelares en protección al consumidor.” Es claro que la actividad de simplificación de trámites que realiza el Estado. que no es otra que la de garantizar la conservación del objeto litigioso hasta el dictado de la sentencia final.. Esta realidad ha implicado que la Sala Constitucional. no tiene autonomía funcional. mutabilidad. por lo que se pone especial énfasis en su finalidad última. garantizado la efectividad de su resultado. parte esta Sala de la premisa de que cualesquiera trámites necesarios para la protección de bienes de relevancia constitucional. por lo que siempre va vinculado a un proceso principal. homogeneidad con las medidas ejecutivas y urgencia. haya declarado inconstitucional normas que supuestamente “venían a hacerle más fácil la vida a todos”. en resguardo de los bienes de relevancia constitucional. así como cualquier otra. Podemos definir las medidas cautelares como aquellos mecanismos que directa o inmediatamente pretenden conjurar el peligro que para una futura ejecución representa la propia existencia de un proceso declaratorio o mejor.
si fuere una sentencia condenatoria que “efectiviza” lo que la sentencia ordenó. pero no idénticas al proceso de ejecución. lo que impide muchas veces el pleno conocimiento de los supuestos que la justifican. se mantienen hasta que adquiera firmeza la sentencia dictada en el proceso principal. siempre que haya cambiado el supuesto fáctico. disminuida. e) Uurgencia Es característico de las medidas cautelares que han de adoptarse con urgencia. trámites y elementos probatorios. en ningún caso. la medida se podría convertir en una medida de ejecución. Igualmente. Como efecto de la “mutuabilidad”. desaparecen cuando “la pretensión haya sido desestimada. al aumento o por la disminución de la apariencia de un buen derecho. cuanto más se parece a la correspondiente medida que integrará la futura ejecución y solo la prudencia y el respeto por los derechos de quien aún no ha sido condenado marcan los límites de esa similitud. sustituida o adaptada a nuevas necesidades. puede convertirse en identificación. enseña que las medidas cautelares son homogéneas. aquella desaparecerá. Esto significa que los efectos de la medida cautelar son temporales. esto es que ambas son semejantes. a partir de allí. bien porque la sentencia principal ha sido cumplida o bien porque se hayan realizado ya actos ejecutivos que privan de razón de ser a los cautelares”. conlleva una gran limitación en los plazos. pero no auténticas. Esto equivale a decir que “una medida cautelar es tanto más eficaz. por lo que las posibilidades de error son grandes. porque a partir de allí. c) Mutualidad El carácter temporal de la medida produce que ésta pueda ser aumentada. o bien. se tiene que la medida no prolonga ni interrumpe el proceso principal y solo si éste se extingue. decaído o extinguido. Esas condiciones objetivas se refieren a la alteración del estado sustancial de los datos reales sobre los cuales la medida cautelar se adoptó. Por ello. Esa urgencia que se refleja en la “sumariedad” de la gestión. de manera tal que entre ellas existe una cierta semejanza que.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano Las medidas cautelares subsisten en tanto mantienen viva la cautela ordenada. sin “las reposadas formas del proceso”. el carácter de variable conlleva a que una medida que antes se había denegado. pueda ser concebida por el Juez o autoridad administrativa. de manera inmediata. extinguirse si es una sentencia de carácter estimatoria. desarrollado por la doctrina Española. toda medida cautelar está íntimamente preordenada a la ejecución. pierde la razón de ser que le dio origen. es decir. d) Homogeneidad Este concepto. cuando las condiciones objetivas que le dieron origen hayan cambiado. nacen con una vida limitada. circunstancia que justifica los amplios poderes del juez para que pueda corregir la medida
que sea capaz de relegarlo por intereses superiores. en virtud de hechos nuevos que la conviertan en legítima La medida cautelar cuenta con los siguientes elementos esenciales. el que por demás.. además que debe existir seriedad en la demanda... irremediablemente. sino solamente de aquel que posea el mismo rango del derecho fundamental a la tutela cautelar y por ende. pues “ Solo Dios puede juzgar sin necesidad del mismo” y hablar de proceso implica. pues de ser así. En todo caso en interés general ( referido a derechos fundamentales de la colectividad o de terceros) no debe prevalecer en todos y cada uno de los supuestos. como tampoco. un lapsus temporal. es virtualmente imposible para el Juez determinar con certeza la existencia de ese buen derecho. para el caso de que exista.Interés Público Es un elemento de mucha importancia por tanto debe de ponderarse si frente a ese interés o derecho privado existe o no un interés público contrapuesto que convierta en gravosa la petición esbozada. que por la necesaria “sumariedad” del proceso cautelar. precisamente..Periculum in mora. o sustituirla. comprobado en el procedimiento cautelar. se sabe que la existencia de un proceso es imprescindible. Este es el principio del fumus boni iuris. una probabilidad de acogimiento de la cuestión principal. a saber: periculum in mora. fumus boni iuris y el interés público.Fumus Boni Iuris Para que la medida cautelar sea procedente se afirma. No obstante. es decir. sería difícil. que para la doctrina no es otra situación que la probable estimación posterior del derecho material del actor en sentencia. excluirse en todos y cada uno de ellos. 3. Así los hechos. deberá estar claramente expresado en el motivo o el contenido de la conducta. la medida cautelar estaría condenada al fracaso. que no se trata de cualquier interés público.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano adoptada ( si es errónea). El Peligro en la Demora implica peligro en la infructuosidad y peligro de tardanza en la resolución principal. tan solo podrá exigirse al interesado la apariencia de un buen derecho que dé al Juzgador algún viso de seriedad de la demanda.
. De no existir ese peligro para cualquiera de los bienes del recurrente. por esa precariedad de los elementos de cognición. acoger la medida requerida. cuando no imposible. Sin embargo. aquí debe de tenerse a la vista. Lapsus que por sí mismo implica un daño para el titular del derecho litigioso 2. que en términos más simples no es más que la demora en la obtención de una sentencia definitiva y el daño marginal que se produce. a causa de este retraso. o en su caso. debe definirse normalmente en la sentencia y no antes. Brevemente se explica cada uno: 1. Estima la presencia del daño grave e irreversible. pues no tiene razón de ser. Se impone aclarar aquí.
se puede entender por medida cautelar: aquella necesaria e idónea decisión provisional. siendo los principios de razonabilidad.un conjunto de potestades procesales del juez (.. y a nivel legal.” SCV.” Así los hechos. de manera que no se le cause un perjuicio al demandado.. dirigida a evitar un daño grave e irreversible para el recurrente. que signifique prácticamente una sanción. hacer ilusorio el posterior triunfo de aquél. la suspensión de servicios o el cese temporal de los hechos denunciados que violen dicha Ley. Visto lo anterior. debiendo resolverse el procedimiento iniciado o al menos en lo que respecta a la medida cautelar en el menor tiempo posible.03770-99. Por su parte. intentan resguardar el cumplimiento de un proceso y evita la afectación de otros derechos. Además de lo anterior. La Sala Constitucional ha confrontado con la Constitución Política estas actuaciones del órgano público. de los cuales se cuestiona su originalidad y que en una eventualidad de ser ciertos los hechos se verían engañados. Veamos. también se ha manifestado en cuanto a qué debe de entenderse por medida cautelar.
. (en sentido similar 0139999).. y volviendo a realizar la interpretación armónica de los artículos 27 y 41 de la Constitución Política.... con el específico fin de conservar las condiciones reales indispensables para la emisión y ejecución del acto final.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano La Sala Constitucional. toda vez que con ello se pretende proteger los derechos e intereses de los posibles consumidores de estos productos. por la imposible efectividad y eficacia del fallo favorable a sus intereses. En razón de ello. que ponga o pueda poner en peligro el objeto del proceso y. adoptada por el juzgador con anterioridad o durante el transcurso del proceso. avalando reiteradamente la adopción de esta medidas cautelares en defensa de los consumidores. sin embargo. en un caso donde se denunció la venta de productos no originales (imitaciones de marcas registradas) y se decretó la medida cautelar de congelamiento la Sala dispuso: “ Esta Sala entiende que la medida cautelar aplicada a las amparadas resulta ajustada a derecho. proporcionalidad y la adecuación del medio al fin. debe aplicarse únicamente en los casos en que sea necesario y que existan elementos suficientes de probabilidad de lo acusado y de una inminente afectación al consumidor. las medidas cautelares parecen ser el amanecer de la justicia pronta y cumplida siempre y cuando se adopten dentro de los límites apuntados. indicando que son “..) para resolver antes del fallo. precisamente en virtud de ello.establece otro límite de carácter material. Tratándose de medidas cautelares los anteriores elementos son considerados límites para la actuación de los órganos públicos. la Sala –como se indicó. que debe existir en dichas actuaciones. medidas cautelares como el congelamiento de bienes. de acuerdo con la gravedad de los hechos. es que existen precisamente las medidas cautelares que como su nombre lo indica. el artículo 53 con relación al 61 de la Ley 7472 otorga a la Comisión Nacional del Consumidor la potestad de ordenar.
)” en la oferta de bienes y servicios comerciales. salvo el voto salvado que se mencionó.. Pero está claro que el régimen de tutela es diverso en uno y otro caso.las nociones de “libre competencia” y “eficiencia económica” que privan (. donde el voto de minoría se confunde en el planteamiento filosófico económico. todo lo contrario. o de cualquier otro modo. de la oferta de bienes y demás servicios comerciales. estableció en el Voto No. En efecto.las nociones de “libre competencia” y “eficiencia económica” que privan con relación a la segunda. puede sostenerse que repugna. son complementarias. se tendría que concluir –por ejemplo. 439-99 que los servicios profesionales son servicios públicos y los encargados de regularlos son los Colegios Profesionales.que la Comisión para Promover la Competencia es ahora la llamada a conocer de los conflictos por prácticas desleales de los profesionales. ”
8) Conclusión general.tengan menos derechos que los consumidores de los productos mercantiles. o que la Comisión Nacional del Consumidor es actualmente quien debe recibir y tramitar las denuncias contra ellos por mala práctica profesional. Ni de la letra ni de los antecedentes de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor o de su reglamento (Decreto Ejecutivo número 25234-MEIC del veinticinco de enero de mil novecientos noventa y seis) se desprende un propósito de suprimir las competencias de los colegios profesionales en estas materias. o “pacientes”.. Al respecto el citado voto establece: “La oferta de servicios profesionales es enteramente distinta. puede sostenerse que repugna. dado la apertura comercial y la tutela del consumidor no son dos cosas diametralmente opuesta. lo podemos extraer claramente con la experiencia Europea donde la política de defensa del consumidor tiene como base la unificación regional. si así fuera. estima que la misma es “incompatible – de hecho. sus usuarios – llámense “clientes”.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano • Servicios Profesionales. Es decir. es decir. Además. el fomento adecuado del intercambio comercial.
Referente a los servicios profesionales la Sala Constitucional. Esto reviste capital importancia dado que los factores que
. en tratándose de las profesiones liberales. Esta visión creemos que claramente la sustenta la Sala. Naturalmente. El punto anterior. no podemos concebir un mundo cada vez más globalizado sin visualizar una adecuada protección al consumidor. ello no debe conducirnos a la igualmente errónea noción de que. La primera es incompatible –de hecho.
Los derechos inherentes a los consumidores y usuarios son parte indispensable de la concepción del Estado Social de Derecho y es parte integral del nuevo régimen económico de la globalización económica. entonces.
lo cual. aunque tímidamente.La Tutela Constitucional del Consumidor Randall Salazar Solórzano fundamentan el consumo. venta de productos peligrosos. entre otros. violación al derecho de información por la venta de productos con etiquetas en otro idioma que no sea el español y ni que se diga de la constante violación al medio ambiente. que la Sala ha reconocido y fortalecido la tutela del consumidor. El anterior. Independiente de lo anterior. confiabilidad e información del receptor. a aliviar la posición del consumidor en el mercado. pero son pocos o casi ninguno los consumidores que han accionado ante tan alto órgano con el fin de que se le tutele un derecho específico. Básicamente. b) En Costa Rica no existe un movimiento fuerte y consolidado que logre generar un equilibrio en el mercado. segundo y tercer ciclo). discriminación de consumo. ventas condicionadas (escuelas y colegios). Es claro. genera otro efecto indirecto de desahogo al Poder Judicial. es alentador que la Sala. hecho genera varias conclusiones: a) Que la tutela del consumidor ha sido ejercida efectivamente por la Comisión Nacional del Consumidor y los consumidores no tienen mayor incentivo para acudir ante la Sala Constitucional. de existirlo indudablemente en más de una ocasión podrían haber accionado a la Sala para que se les tutelen derechos e intereses a la masa de consumidores. aunque no ha agotado el tema. son la seguridad. ha mantenido una línea de protección y tutela efectiva del consumidor. entre los que podemos citar: La eliminación de cláusulas abusivas en contratos públicos o privados.
. Con esta posición se ha evitado la derogatoria de normas que han venido. De la investigación realizada en la Sala Constitucional podemos concluir que el tema del consumidor se encuentra inconcluso dado la poca profundidad de los temas resueltos. los que han accionado son comerciantes o empresas establecidas reaccionando contra regulaciones específicas del Estado por considerarlas violatorias a su también derecho fundamental como lo es la libertad de empresa. inercia del Estado en la labor de educación del consumidor (ver transitorio IV de la LPCDEC sobre la adecuación de planes de estudio en el primer.
More From This UserSkip carouselsociedad_y_empresa.pdfTENTATIVA_DE_DELITO.pdfETICALa Accion Pauliana en el Ordenamiento, Derecho Comparado y Debate con Figuras Afines.pdfLas Antinomias Su OrigenCONFLICTOS DE COMPETENCIA.docAlejandro Poquet (Temas de Derecho Penal y Criminología)La Tutela Constitucional Del ConsumidorHistoria de Las Doctrinas Politicas - Juan Beneyto PerezHassemer,_Muñoz_Conde_-_Introduccion_a_la_Criminologia_y_al_Derecho_PenalLos Contratos de La Administracion Publica - Arnaldo Mendoza TorresPierre Bourdieu y La Teoria Del Mundo SocialPierre Bourdieu y La Teoria Del Mundo SocialLa Decada de America Latina y El Caribe - Una Oportunidad RealEl Antiguo Egipto - Anatomia de Una Civilizacion (Barry J Kemp)Psicologia JuridicaEl Jurista y El Simulador Del Derecho - Ignacio Burgoa OrihuelaEpistemologia y Metodologia - Juan SamajaManual de Redaccion JurisdiccionalArgumentacion Juridica - Enj - r.dominicanaEl Lenguaje Juridico - Carles Duarte y Anna MartinezLa Pobreza en Costa RicaTentativa de DelitoLa Herencia de La Criminologia Critica - Elena LarrauriMetodologia Investigacion Juridica
Sign up to vote on this titleUsefulNot usefulLa Tutela Constitucional Del Consumidor by Alvaro Chanto Ureña0.0 (0)EmbedDownloadRead on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)List price: $0.00Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate contentMore informationShow less
Relatedsociedad_y_empresa.pdfby Alvaro Chanto UreñaTENTATIVA_DE_DELITO.pdfby Alvaro Chanto UreñaETICAby Alvaro Chanto UreñaLa Accion Pauliana en el Ordenamiento, Derecho Comparado y Debate con Figuras Afines.pdfby Alvaro Chanto UreñaLas Antinomias Su Origenby Alvaro Chanto UreñaCONFLICTOS DE COMPETENCIA.docby Alvaro Chanto UreñaAlejandro Poquet (Temas de Derecho Penal y Criminología)by Alvaro Chanto UreñaLa Tutela Constitucional Del Consumidorby Alvaro Chanto UreñaHistoria de Las Doctrinas Politicas - Juan Beneyto Perezby Alvaro Chanto UreñaHassemer,_Muñoz_Conde_-_Introduccion_a_la_Criminologia_y_al_Derecho_Penalby Alvaro Chanto UreñaLos Contratos de La Administracion Publica - Arnaldo Mendoza Torresby Alvaro Chanto UreñaPierre Bourdieu y La Teoria Del Mundo Socialby Alvaro Chanto UreñaPierre Bourdieu y La Teoria Del Mundo Socialby Alvaro Chanto UreñaLa Decada de America Latina y El Caribe - Una Oportunidad Realby Alvaro Chanto UreñaEl Antiguo Egipto - Anatomia de Una Civilizacion (Barry J Kemp)by Alvaro Chanto UreñaPsicologia Juridicaby Alvaro Chanto UreñaEl Jurista y El Simulador Del Derecho - Ignacio Burgoa Orihuelaby Alvaro Chanto UreñaEpistemologia y Metodologia - Juan Samajaby Alvaro Chanto UreñaManual de Redaccion Jurisdiccionalby Alvaro Chanto UreñaArgumentacion Juridica - Enj - r.dominicanaby Alvaro Chanto UreñaEl Lenguaje Juridico - Carles Duarte y Anna Martinezby Alvaro Chanto UreñaLa Pobreza en Costa Ricaby Alvaro Chanto UreñaTentativa de Delitoby Alvaro Chanto UreñaLa Herencia de La Criminologia Critica - Elena Larrauriby Alvaro Chanto UreñaMetodologia Investigacion Juridicaby Alvaro Chanto UreñaDemocracia y Defensa Publicaby Alvaro Chanto UreñaEsposito Roberto - El Origen de La Politicaby Alvaro Chanto UreñaEL_PROCESO_AGRARIOby Alvaro Chanto UreñaMore from Alvaro Chanto UreñaSkip carouselsociedad_y_empresa.pdfTENTATIVA_DE_DELITO.pdfETICALa Accion Pauliana en el Ordenamiento, Derecho Comparado y Debate con Figuras Afines.pdfLas Antinomias Su OrigenCONFLICTOS DE COMPETENCIA.docAlejandro Poquet (Temas de Derecho Penal y Criminología)La Tutela Constitucional Del ConsumidorHistoria de Las Doctrinas Politicas - Juan Beneyto PerezHassemer,_Muñoz_Conde_-_Introduccion_a_la_Criminologia_y_al_Derecho_PenalLos Contratos de La Administracion Publica - Arnaldo Mendoza TorresPierre Bourdieu y La Teoria Del Mundo SocialPierre Bourdieu y La Teoria Del Mundo SocialLa Decada de America Latina y El Caribe - Una Oportunidad RealEl Antiguo Egipto - Anatomia de Una Civilizacion (Barry J Kemp)Psicologia JuridicaEl Jurista y El Simulador Del Derecho - Ignacio Burgoa OrihuelaEpistemologia y Metodologia - Juan SamajaManual de Redaccion JurisdiccionalArgumentacion Juridica - Enj - r.dominicanaEl Lenguaje Juridico - Carles Duarte y Anna MartinezLa Pobreza en Costa RicaTentativa de DelitoLa Herencia de La Criminologia Critica - Elena LarrauriMetodologia Investigacion JuridicaDemocracia y Defensa PublicaEsposito Roberto - El Origen de La PoliticaEL_PROCESO_AGRARIOFormación de las Leyes