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Timestamp: 2016-10-27 15:15:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 446', 'artículo 446', 'artículo 4', 'Artículo 1', 'artículo 9', 'Artículo 1']

⭐BASES PARA LA REFORMA AL SISTEMA DE EJECUCIÓN EN EL PROCESO LABORAL INFORME EJECUTIVO
BASES PARA LA REFORMA AL SISTEMA DE EJECUCIÓN EN EL PROCESO LABORAL INFORME EJECUTIVO
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Sara Contreras Herrera
1 BASES PARA LA REFORMA AL SISTEMA DE EJECUCIÓN EN EL PROCESO LABORAL INFORME EJECUTIVO Oficina Internacional del Trabajo2 BASES PARA LA REFORMA AL SISTEMA DE EJECUCIÓN EN EL PROCESO LABORAL INFORME EJECUTIVO MAYO, 20133 4 Índice 1. LA REFORMA PROCESAL LABORAL Y LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS 7 2. MODELO E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN: Propuestas 11 A. Separar la cobranza laboral de la previsional 12 B. Ejecutar las sentencias por el juzgado del trabajo que las dicta 12 C. Desjudicializar parcial y progresivamente la cobranza laboral 13 D. Regulación y control del órgano de cobranza 13 E. Oportunidad, diligencia y gratuidad en el cobro 14 F. Dotar de coerción al órgano de ejecución 14 G. Los apremios 15 H. Modificar los procedimiento de ejecución 16 I. Acceso a la información y embargo on line 16 J. La función cautelar y las medidas de protección 18 K. Extender los instrumentos de la cobranza previsional 19 L. El pago por subrogación y la compensación 21 M. Extender la responsabilidad en caso de sucesión de empresas y grupos de empresas 22 N. Otras medidas dirigidas a garantizar la solución de los créditos laborales 22 BIBLIOGRAFÍA 245 6 Resumen Un grupo de trabajo organizado por la Asociación de Abogados Laboralistas (AGAL) y el Instituto de Estudios Judiciales (IEJ), con el apoyo de la OIT y del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), sesionó con regularidad durante el año 2012 analizando la situación de la cobranza de los créditos en la jurisdicción laboral, identificando los principales problemas y sus causas y revisando las posibles soluciones que ofrecen modelos comparados y el proyecto de reforma procesal civil en trámite. El grupo de trabajo contó además con la valiosa colaboración de los expertos Natalie Reyes y Álvaro Pérez Ragone. El producto de ese trabajo, permitió formular una serie de propuestas orgánicas y procesales que, mediante medidas administrativas o reformas legales, van dirigidas a mejorar la eficacia de la ejecución en materia laboral. Este documento es una síntesis del informe final BASES PARA LA REFORMA AL SISTEMA DE EJECUCIÓN EN EL PROCESO LABORAL.7 Grupo de Trabajo Astudillo, Omar Caballero, Rodolfo Chait, Christian Corvera, Diego Cuadra, Alejandra Díaz, Paola Flores, Álvaro Pérez, Álvaro Reyes, Natalie Rossel, Ariel Sariego, Paulina Vergara, Mónica Ministro Corte de Apelaciones Santiago Asociación de Abogados Laboralistas AGAL Asociación de Abogados Laboralistas AGAL Asociación de Abogados Laboralistas AGAL (Presidente) Jueza cobranza laboral y previsional Santiago Jueza 2 Juzgado de Letras del Trabajo Santiago Juez 2 Juzgado de Letras del Trabajo Santiago Pontificia Universidad Católica de Valparaíso Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) Asociación de Abogados Laboralistas AGAL Jueza cobranza laboral y previsional Santiago Secretaria Ejecutiva, Editora8 1 LA REFORMA PROCESAL LABORAL Y LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS Luego de seis años de funcionamiento de los JCLP en Santiago, San Miguel, Valparaíso y Concepción, y de casi cuatro años de inaugurado el nuevo procedimiento laboral, la reforma ha sido objeto de evaluaciones que celebran su éxito en lo relativo al funcionamiento de los juzgados laborales y la aplicación del procedimiento reformado. No obstante, la cobranza de los créditos laborales y previsionales y el funcionamiento de los juzgados de ejecución no han tenido el mismo resultado. Se observan graves problemas asociados a aspectos orgánicos y procedimentales que ponen en cuestión el resultado de la reforma. La regulación procesal vigente pone la carga en el ejecutante, a quien, al menos con alto grado de credibilidad por contar con un título ejecutivo, le asiste la razón. Se permite que la sola voluntad de deudor se transforme en un obstáculo para el acreedor, dejando la satisfacción de un crédito que se ejecuta en manos y arbitrio de un deudor que obviará el mandato judicial o el crédito que contrajo, cuanto más avezado sea en las lagunas e imperfecciones de nuestro arcaico modelo legal de ejecución.9 8 Bases para la Reforma al Sistema de Ejecución en el Proceso Laboral A. Impacto de la creación de los JCLP en la ejecución de las sentencias laborales La reforma procesal laboral y previsional no consideró una reforma estructural del modelo del juicio ejecutivo y los esfuerzos se agotaron en trasladar el problema a los nuevos juzgados de cobranza, en los que se reproducen parte importante de los problemas que en su momento justificaron la reforma. Los JCLP se crearon para resolver el problema de sobrecarga de los juzgados laborales como consecuencia de la cobranza previsional, en las jurisdicciones en las que dicha cobranza se concentra. Ello supuso un gran alivio para la justicia declarativa, pero no mejoró la etapa de cumplimiento de las sentencias. La función del JCLP en Santiago está monopolizada por el cobro de cotizaciones previsionales (90%). El cumplimiento de las sentencias, incluidas las antiguas, alcanza solo el 5% del ingreso, al No obstante el bajo impacto de los cumplimientos de las sentencias laborales en el ingreso de los JCLP, por su complejidad y carga administrativa representan un importante volumen de trabajo para el JCLP (giro de cheques, liquidaciones, certificaciones y resoluciones firmadas por juez). De las cobranzas terminadas con éxito el 2011, el 97% son previsionales, lo que habla de un mejor desempeño en este tipo de cobranzas. Los mayores déficits se producen en la ejecución de las sentencias (1% cumplimiento laboral). Ingreso de causas JCLP Stgo., según procedimiento 2011 Procedimiento N causas % EJECUTIVO PREVISIONAL EJEC. PREV. ANTIGUO DNPA (MORA PRESUNTA) CUMPLIMIENTO LABORAL EJECUTIVO LABORAL EJECUTIVO ANTIGUO 1 0 RECLAMO ART. 4 BIS LEY Total Fuente: Diagnóstico de las particularidades de la cobranza laboral y previsional. Paulina Sariego E., María Alejandra Cuadra G.10 La Reforma Procesal Laboral y la Ejecución de las Sentencias 9 Causas Terminadas en los JCLP por cuenta de pago según Procedimiento (2011) Procedimiento N causas % EJECUTIVO PREVISIONAL EJEC. PREVISIONAL ANTIGUO DNP CUMPLIMIENTO LABORAL EJECUTIVO LABORAL 6 0 OTROS TÍTULOS EJECUTIVOS Total Fuente Los buenos resultados en la cobranza previsional se atribuyen preferentemente a sus características y particularidades que hacen del título ejecutivo previsional un cobro de fácil despacho, estandarizado, que casi no registra oposición, que se liquida por el organismo previsional que lo emite y en el que las notificaciones y diligencias son realizadas por receptores privados y pagados por los organismos previsionales. B. La aplicación supletoria del procedimiento civil a la ejecución de las sentencias laborales En el cumplimiento de la sentencia, se aplican supletoriamente las normas sobre la ejecución de las resoluciones del CPC, a falta de disposición expresa y siempre que dicha aplicación no vulnere los principios que informan el procedimiento laboral (art. 465 CT). Asimismo, los trámites y diligencias del procedimiento de apremio deben ser fijados por el tribunal consecuentemente con los principios propios de la judicatura laboral y teniendo como referencia las reglas de la ejecución civil, en lo que sean conciliables con dichos principios (art. 471 CT inciso 3 ). En síntesis, el modelo de ejecución adoptado por la reforma no difiere sustancialmente del que se pretendió abandonar y del regulado en el CPC. No se verifican en la ejecución de las sentencias los principios ni características que informan el procedimiento laboral, lo que compromete la tutela judicial efectiva que ofrece la Constitución. Es más, existen regulaciones que violentan dichos principios en la ejecución de las sentencias. Orali-11 10 Bases para la Reforma al Sistema de Ejecución en el Proceso Laboral dad, inmediación, celeridad y gratuidad son los más afectados, tanto por el texto de las normas sobre la ejecución como por su aplicación práctica. C. Instrumentos de ejecución obsoletos La aplicación supletoria en materia laboral de prácticamente todas las normas relativas a la ejecución de bienes que contempla el CPC, no se condicen con la eficacia que pretende la reforma. El principal sistema de ejecución sigue siendo el embargo sobre bienes del ejecutado, por un ministro de fe designado por el tribunal y cuya diligencia es financiada por el ejecutante. En el caso de los bienes muebles, esta modalidad resulta cara y de escasa eficacia. El embargo de inmuebles o de otros activos financieros o de valor del ejecutado, siendo más eficaces, rápidos y de menor costo, exige de información, de la que no siempre dispone el trabajador o el tribunal. En ocasiones, el pago al ejecutado se hace con el resultado de los fondos retenidos, embargados o cautelados. No obstante, no es común que se cuente con retenciones u otras cautelares dispuestas en la etapa declarativa que faciliten la ejecución. D. La individualización del deudor No se contempla en la ejecución la posibilidad de perseguir el crédito en casos de grupos de empresas, sucesión de empresas, ni de descentralización, si no han sido previamente condenados en la etapa declarativa, y los incidentes a los que da lugar este conflicto se tramitan de acuerdo a las normas del CPC, lo que atenta contra la inmediación y la celeridad. E. El ocultamiento del patrimonio del deudor La inexistencia de una regulación adecuada acerca de la transparencia patrimonial y de una sanción eficaz asociada, como es la extensión de la responsabilidad, conspira contra la tutela ejecutiva. La indiscriminada utilización de las tercerías en el juicio ejecutivo impide la transparencia patrimonial del ejecutado, con el amparo de un sistema permisivo. F. Concurso de acreedores El desarrollo de instrumentos de crédito por parte de grandes acreedores y de los bancos han alterado el régimen de preferencias y de prelación de créditos previsto en el Código Civil. De esta forma, acreedores con garantías reales o superpreferencias se adjudican el patrimonio del ejecutado. Contribuye al mismo resultado la mejor información, la posición dominante u otros contratos entre el acreedor y el deudor, como el leasing, cesiones de derechos o arriendos que disminuyen o consumen el patrimonio disponible para hacer efectivos los créditos laborales. A lo anterior se agrega el desplazamiento del crédito laboral por otros créditos en el orden de prelación regular que impone topes al privilegio de las indemnizaciones tanto en su base de cálculo (3 IMM) como en su antigüedad máxima (10 años). (Art CC).12 2 MODELO E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN Propuestas Se distinguen modelos con un solo órgano de ejecución y otros con pluralidad de órganos; existen modelos no jurisdiccionales privados (oficial de ejecución) o administrativos y modelos que encargan la ejecución a tribunales de cobranza que son parte del Poder Judicial. El modelo judicial contempla jueces, funcionarios judiciales y otros funcionarios que actúan como órgano de ejecución. El modelo administrativo, de carácter público pero radicado en el Ejecutivo, también emplea funcionarios especializados en la ejecución. El modelo liberal de carácter privado o cuasi privado opera con profesionales o empresarios altamente capacitados que compiten entre sí, individualmente o asociados, sometidos a control legal, estatal y en ocasiones gremial. En el modelo mixto intervienen diferentes órganos, dependiendo, por ejemplo, del tipo de caso que deba ejecutarse o de los recursos interpuestos. No obstante, todos los sistemas requieren algún tipo de intervención judicial, al menos en la resolución de las controversias que surjan en el proceso de ejecución.13 12 Bases para la Reforma al Sistema de Ejecución en el Proceso Laboral La cobranza laboral y previsional en Chile sigue el modelo judicial, con tribunales y jueces especializados en esta materia. Con particularidades, comparte el procedimiento de ejecución civil, por lo que revisamos los principales modelos de dichos sistemas de ejecución. A. Separar la cobranza laboral de la previsional En la práctica, los JCLP han dado buenos resultados en la recaudación de las cotizaciones previsionales, aunque a un costo excesivo en opinión de este grupo de trabajo, por lo que supone poner a disposición de los organismos de seguridad social, mayoritariamente privados, una dotación importante de jueces, funcionarios, instalaciones y tecnología. Esta cobranza podrá seguir a cargo de los JCLP, hasta cuando se promulgue la reforma procesal civil. En su momento, podrá evaluarse la ejecución de los créditos previsionales de acuerdo con las normas del CPC reformado, u otro sistema desjudicializado de ejecución. B. Ejecutar las sentencias por el juzgado del trabajo que las dicta A diferencia de la cobranza previsional, la experiencia de los JCLP ha sido negativa en cuanto a la cobranza de los títulos ejecutivos laborales, y en esta materia, su resultado no parece ser más eficiente que la de aquellos juzgados que están a cargo del cumplimiento de las sentencias que dictan. Que el tribunal haga cumplir sus propias sentencias, tiene varias ventajas. En primer lugar se recuperan algunos de los principios perdidos con la división competencial, como es la oralidad y la inmediación. Existe un mayor compromiso del juez con la decisión, quien tiene un cabal conocimiento del caso, lo que le permite resolver los incidentes con mayor facilidad y evitar problemas como los denunciados a propósito de omisiones u errores en la sentencia. A su vez, se facilita y promueve el uso de cautelares, pues el juez a cargo de sustanciar el juicio deberá prever su ejecución en el mismo tribunal. La experiencia comparada confirma estas ventajas. Por ello se propone que la ejecución de las sentencias se mantenga en el juzgado que las dictó. Para ello es necesario aumentar la dotación de jueces y funcionarios de los juzgados del trabajo. Ello es posible mediante el traslado de los jueces y funcionarios de los JCLP que sean liberados con ocasión de la exclusión de la cobranza laboral, manteniéndose el tribunal ahora de cobranza previsional exclusivamente con la dotación necesaria para la tramitación de la ejecución de las cotizaciones adeudadas, mientras no se implemente una cobranza desjudicializada que permita la supresión definitiva de estos tribunales.14 Modelo e Instrumentos de Ejecución. Propuestas 13 Mientras no se adopte un sistema desjudicializado de cobranza laboral, se propone: i. Extender las competencias del Centro de Notificaciones a todos los trámites de la ejecución (Liquidación, Notificación y Embargo), con el correspondiente aumento de la dotación. ii. Radicar en un funcionario del tribunal o del Centro de Liquidación, Notificación y Embargo, la responsabilidad de organizar la ejecución en el juzgado, quien dispondrá de facultades, personal, infraestructura y tecnología adecuada al cumplimiento de las sentencias y la ejecución de otros títulos laborales. iii. Eximir al juez del JCLP y al juez laboral en la etapa ejecutiva de la redacción y firma de las resoluciones de mero trámite, reservando su intervención para los incidentes. En los juzgados del trabajo los trámites de la cobranza se radicarán en el o los funcionarios designados al efecto, quienes estarán facultados para dictar y hacer cumplir las resoluciones de la ejecución que no exijan intervención del juez. C. Desjudicializar parcial y progresivamente la cobranza laboral El grupo de trabajo estima que el mandato constitucional de hacer cumplir lo juzgado por los tribunales, no debe entenderse como una obligación que involucra al juez en cada uno de los trámites de la ejecución, pues permite que bajo su supervisión, delegue las distintas operaciones no jurisdiccionales que comprende la misma, que son la gran mayoría. Por lo anterior, promueve una desjudicialización parcial y progresiva de la ejecución laboral, y entiende por tal aquellas medidas dirigidas a liberar al juez del trámite de las actuaciones orientadas al cumplimiento de un título ejecutivo, desplazándolas hacia otros funcionarios judiciales o administrativos o, en su momento, hacia agentes privados de ejecución. Se reserva al juez solo la solución de cuestiones que exigen un pronunciamiento jurisdiccional. D. Regulación y control del órgano de cobranza El sistema de control debe propender a garantizar la transparencia e idoneidad de los encargados de la ejecución. De ser pertinente, se debe considerar el aseguramiento de su responsabilidad por parte de quienes ejercen como órganos de cobranza,15 14 Bases para la Reforma al Sistema de Ejecución en el Proceso Laboral mediante constitución de garantías u otros sistemas destinados al mismo fin. E. Oportunidad, diligencia y gratuidad en el cobro Es condición que el modelo de ejecución respete el principio de gratuidad de la cobranza laboral. Ello se puede obtener mediante un sistema de financiamiento público, como el del Centro de Notificaciones, cuyo funcionamiento ha permitido un trámite oportuno, diligente y gratuito de las distintas etapas del juicio declarativo laboral. Se propone la ampliación de las funciones de dicho Centro, para que cumpla, entre otras, las actuaciones de liquidación, notificación y embargo en la etapa ejecutiva. F. Dotar de coerción al órgano de ejecución La coerción forma parte de los medios para lograr el cumplimiento, los que pierden eficacia si esta cualidad se condiciona o se le da un carácter subsidiario, para el caso que el cumplimiento voluntario no tenga éxito, o cuando se sujeta a otra condición, o se exige una autorización especial para su ejercicio. Cualesquiera sean los instrumentos que se incorporen a nuestro modelo de ejecución laboral y previsional, se requiere que el órgano que los administre esté dotado de coercio; de la potestad de aplicar los instrumentos disponibles con el apoyo de los órganos del Estado, siempre que se verifiquen los principios que le dan legitimidad y que operan como límites de esta potestad, como son la idoneidad, la adecuación y la proporcionalidad de las medidas al objeto de satisfacer el crédito reclamado. Si el órgano de ejecución no es judicial, como en el caso de la administración o del oficial de ejecución, debe dotársele de tales facultades 1. Se deben adoptar las propuestas de reforma al CPC que imponen sanciones para el caso que el ejecutado no efectúe oportunamente la declaración jurada de bienes, incluya en ella bienes de terceros, omita bienes susceptibles de embargo o no dé a conocer las cargas y gravámenes que sobre ellos pesan. Dentro de las sanciones previstas para el incumplimiento de dichas obligaciones, el proyecto en trámite señala la imposición de multas de hasta veinte UTM a beneficio del ejecutante, y la inclusión en una nómina pública con el nombre de los ejecutados que hayan sido sancionados por incumplimiento de alguna de estas obligaciones, lo que debe considerarse en la ejecución laboral. No obstante, debe obviarse la autorización previa del tribunal que consigna el referido proyecto según el cual, a solicitud del oficial de ejecución, 1 Del estado actual del trámite legislativo relativo al oficial de ejecución esta cualidad no resulta evidente.16 Modelo e Instrumentos de Ejecución. Propuestas 15 y previa audiencia de los interesados, podrá imponer las sanciones conminatorias previstas en el artículo 446 del proyecto 2. Creemos que debe ser el funcionario u órgano que cumple la función de requerir al ejecutado cualquiera de sus obligaciones, el que esté dotado de las facultades conminatorias y sancionatorias, sin necesidad de autorización previa ni menos audiencia de los interesados, trámites que conspiran contra la eficacia de las medidas y de las obligaciones que se le imponen al deudor. G. Los apremios En distintos países de la UE se han establecido sanciones para los casos en los que el deudor se rehúse a declarar sobre su patrimonio, como por ejemplo su arresto, o la pena de prisión por rehusarse a cumplir una orden de comparecencia (Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, 2 Mensaje N de En caso que el ejecutado no efectúe oportunamente la declaración jurada de bienes, incluya en ella bienes de terceros, omita bienes susceptibles de embargo o no dé a conocer las cargas y gravámenes que sobre ellos pesaren, el juez podrá imponer sanciones conminatorias de hasta 20 UTM, las que serán en beneficio del ejecutante.. En caso de negativa injustificada del requerido, el oficial de ejecución deberá requerir autorización judicial para realizar la investigación El tribunal, a solicitud del oficial de ejecución, y previa audiencia de los interesados, podrá imponer sanciones conminatorias previstas en el artículo 446. (Reproducción parcial de los arts. 446, 447 y 448). Inglaterra, España, Suecia). También se prevén sanciones cuando es el tercero requerido (ej. bancos) el que no contesta el requerimiento del órgano de ejecución, pudiendo ser iguales a las de los testigos renuentes (Bélgica, España, Portugal), o incluso generando ejecución contra él (Francia, Inglaterra). Otras formas de apremio contenidas en normas federales o estatales de EE.UU. son la suspensión de la licencia de conducir o del registro del vehículo del deudor, la revocación de la patente comercial, o la publicidad de los nombres de los deudores. En algunos casos hay consecuencias penales. Los apremios (arrestos) parecen ser una herramienta eficaz en los mejores resultados de la cobranza previsional en Chile. No obstante, existe un rezago en el diligenciamiento de las órdenes por la policía. En opinión del grupo de trabajo, el incumplimiento por parte de los obligados o requeridos por el órgano de ejecución debe ser sancionado mediante la aplicación de apremios y el estableciendo de multas a favor del acreedor. El art. 238 del CPC permite al juez imponer multas que no excedan de una unidad tributaria mensual o arresto hasta de dos meses cuando se trate del cumplimiento de resoluciones. Esta facultad puede disponerse como apercibimiento o como sanción y es aplicable a aquellas medidas17 16 Bases para la Reforma al Sistema de Ejecución en el Proceso Laboral encaminadas a facilitar la ejecución para favorecer su eficacia. H. Modificar los procedimiento de ejecución i. Se tramitarán conforme las normas del procedimiento monitorio la oposición de excepciones, tercerías y la objeción a la liquidación del crédito, más compatible con los principios que inspiran la reforma procesal laboral. ii. Solo se procederá a la notificación personal cuando el juez así lo disponga, en caso de ampliación de la demanda ejecutiva. iii. Las facultades de investigación en la etapa de ejecución, se radicarán en el órgano de ejecución o funcionario designado al efecto que se entenderá facultado para disponer de aquellas que se establecen en las leyes aplicables al procedimiento laboral y las que se reconocen al oficial de ejecución en el proyecto CPC en los términos señalados en este informe. iv. La facultad de embargar, y de hacer efectivas las medidas cautelares dispuestas en el juicio, también serán de competencia del órgano o funcionario designado al efecto. Podrá ejercer esta facultad conjuntamente con la de información, mediante el requerimiento a registros, bases de datos y organismos públicos y privados para que, de verificarse la información requerida, procedan a embargar bienes suficientes para satisfacer el crédito, e informen al tribunal. v. La comparecencia del ejecutado o de terceros se podrá exigir para hacer efectivo el deber de colaboración y se aplicarán apremios para garantizar su concurrencia y el cumplimiento de su obligación. I. Acceso a la información y embargo on line El deber de colaboración. El sistema procesal debe prever el peligro de la ocultación o distracción patrimonial, que pueden ser realizadas por el deudor o por terceros, que obstaculizan la dinámica ejecutiva. Es por ello que se impone legalmente al deudor incumplidor un deber de colaboración y transparencia patrimonial frente al acreedor y ante el tribunal. Dentro de los terceros obligados con el deber de colaboración se encuentran los órganos de control (superintendencias, fiscalías) y los organismos18 Modelo e Instrumentos de Ejecución. Propuestas 17 que llevan los registros (notarios, conservadores, bases de datos y otros registros públicos y privados) 3. Deben aplicarse al órgano de ejecución laboral todas las facultades que se le reconocen al oficial de ejecución en el proyecto de CPC en trámite, que sean compatibles con la naturaleza del juicio ejecutivo laboral. Allí se establece un deber de colaboración de todas las personas y entidades, públicas y privadas, de entregar al oficial de ejecución o al tribunal cuantos documentos y datos tengan en su poder, sin más limitaciones que los que imponen el respeto a los derechos fundamentales o los que, para casos determinados, expresamente impongan las leyes. El deber de colaboración del deudor y los terceros, incluido el acceso a la información, la declaración de patrimonio, el acceso a los registros, y el embargo de activos en comercios y en el sistema financiero, deben considerarse dentro de las facultades de los funcionarios encargados de su trámite, sin necesidad de autorización previa del tribunal. Decretado el embargo de dinero y saldos en cuentas, el órgano de ejecución enviará una orden de retención de las concretas cantidades que sean embargadas 4. 3 En el caso del registro de vehículos, el tribunal accede a ellos en virtud de un convenio de la CAPJ que permite al juez entrar a la base de datos del Registro Civil y, en especial, al Registro Nacional de Vehículos Motorizados sin necesidad de conocer la patente del vehículo sino a través del RUT del deudor. 4 Mensaje N Art Embargo de dinero y La declaración de patrimonio. En el Código del Trabajo el deber de colaboración y cooperación del ejecutado deriva del principio de buena fe procesal; de las facultades del juez dirigidas a impedir el fraude, la colusión y el abuso del derecho, y de su función cautelar para la identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio. (arts. 429, 430 y 444 CT). Este marco legal permitiría exigir del ejecutado transparentar su patrimonio ante el ejecutante y el órgano de ejecución. No obstante, la práctica de los jueces y litigantes en materia laboral no dan cuenta de su ejercicio. El rastreo electrónico y embargo on line. El embargo on line es el bloqueo, por vía electrónica, de los bienes y derechos del deudor y de sus activos en instrumentos del sistema financiero. Exige la colaboración en la identificación del patrimonio del deudor y en la traba del embargo de los órganos depositarios de activos del deudor (registros, bancos e instituciones financieras), por lo que está saldos en cuentas. Podrán embargarse las remuneraciones, honorarios, los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas de cualquier clase abiertas en entidades de crédito, ahorro o financieras siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine una cantidad como límite máximo. De lo que exceda de ese límite podrá el ejecutado disponer libremente. Cuando se embargaren saldos en cuentas de cualquier clase abiertas en entidades de crédito, ahorro o financieras, el oficial de ejecución enviará a la entidad una orden de retención de las concretas cantidades que sean embargadas o indicando el límite máximo embargable a que se refiere este Código.19 18 Bases para la Reforma al Sistema de Ejecución en el Proceso Laboral íntimamente ligado con el deber de colaboración de los terceros. Debe implementarse el acceso a la información y el embargo on line de bienes y derechos del deudor así como de sus activos en instrumentos del sistema financiero, mediante la colaboración en la identificación del patrimonio del deudor y en la traba del embargo de los órganos de control (superintendencias, fiscalías, Ministerio Público), de quienes llevan los registros (notarios, conservadores y otros registros públicos y privados) y de los órganos depositarios de activos del deudor (bancos e instituciones financieras). Es posible implementar administrativamente accesos remotos de los jueces a los registros (de vehículos, de propiedad, y otros) y eventualmente disponer on line las medidas cautelares o embargos que decreten. J. La función cautelar y las medidas de protección El desarrollo de las medidas provisionales de protección en los países de Europa durante el desarrollo del proceso declarativo o en el mismo fallo, se establecen para proteger el cumplimiento del mismo, tienen fuerza ejecutoria inmediata y permiten el descubrimiento de activos del deudor. Existen diversos tipos de medidas provisionales. Unas aseguran el futuro de la ejecución a través de embargos preliminares o congelación de cuentas bancarias que pueden recaer sobre los bienes del deudor (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Escocia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suecia). Otras recaen sobre las personas mediante la limitación de sus actuaciones frente a los activos de su propiedad (Irlanda, Inglaterra), o que estas realicen o se abstengan de realizar ciertas acciones como salir del país. En Chile, el juez de familia, admitida que sea la demanda, decretará de oficio o a petición de parte, las medidas cautelares que procedan, incluyendo la fijación de alimentos provisorios cuando corresponda. Luego de ello, citará a las partes a la audiencia 5. Al igual que en el juicio de alimentos, en Europa el procedimiento que se ha diseñado para las medidas provisionales de protección es sumario y usualmente no prevé audiencia con el deudor. De la experiencia comparada resulta recomendable que en la etapa declarativa del juicio laboral, se identifique el patrimonio del demandado mediante cautelares, retenciones o mediante la declaración de patrimonio, se individualice con precisión al deudor y se haga efectivo el deber de colaboración del deudor y terceros. Para ello, el juez cuenta con el apoyo del principio de buena fe procesal y está premunido de las facultades 5 Artículo Ley Mostrar más
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