Source: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_venezuela.asp
Timestamp: 2017-10-18 20:22:25
Document Index: 40571382

Matched Legal Cases: ['Artículo 287', 'Artículo 75', 'Artículo 62', 'Artículo 287', 'artículo 62', 'Artículo 3', 'Artículo 7']

OEA » Secretaría de Asuntos Políticos » Departamento para la Gestión Pública Efectiva » Guía » Venezuela
El Sistema Nacional de Control Fiscal de la República Bolivariana de Venezuela, obedece al propósito de integrar en un solo cuerpo los diversos órganos, instrumentos y recursos que garanticen el fortalecimiento de la capacidad del Estado para lograr la eficaz ejecución de las políticas del gobierno, la transparencia de la gestión pública y la eficiencia en el manejo de los recursos. Este Sistema funciona bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, la que garantiza el trabajo coordinado de los distintos componentes, permitiendo cohesionar el control interno con el control externo en beneficio de la propia administración pública.
La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y bienes nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos, todo esto de acuerdo con el Artículo 287 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal es parte de la legislación que da forma al Poder Ciudadano, siendo éste uno de los cinco Poderes Públicos Nacionales, establecidos a partir del cambio constitucional de 1999, a saber: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral y Poder Ciudadano.
Los mecanismos internos de control comprenden el plan de organización, las políticas, normas, así
como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.
“Los controles internos tienen la finalidad de salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad en sus operaciones, estimular la observancia de las políticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas.” Corresponde a las máximas autoridades jerárquicas de cada ente la responsabilidad de organizar, establecer, mantener y evaluar el sistema de control interno, el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y fines de la propia institución.
El 07 de abril de 2003 entró en vigencia la Ley Contra la Corrupción, Gaceta Oficial N° 5.637. Extraordinaria. Esta norma jurídica sustituye a la anterior "Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público" y provee sanciones severas para condenar irregularidades en la administración pública. La nueva ley contiene además mecanismos preventivos para combatir la corrupción.
La implementación de lo establecido en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (LOCGRSNCF), junto con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, en pocos años ha generado estabilidad en la gestión de control que realizan los órganos que conforman el Sistema Nacional de Control Fiscal. La primera de estas leyes estableció, de conformidad con la Constitución, el concurso público y transparente como único medio para designar a los titulares de todos los órganos de control fiscal y la delegación de competencia en materia de control fiscal a las unidades de auditoria interna de la Administración; y la segunda, la erradicación de todo vestigio de actividades de control previo a la administración que realizaban los órganos de control interno y, por el contrario, el fortalecimiento de las actividades de control posterior en sus modalidades interno o externo.
En este sentido, vale subrayar la delegación de la competencia que, en cumplimiento de las disposiciones de la LOCGRSNCF, se realizó a los órganos de control fiscal interno de los órganos del Poder Público Nacional para examinar las respectivas cuentas de Ingresos, Gastos y Bienes, la cual desde su fundación (1938) venía ejerciendo la Contraloría General, dicha delegación se refleja en la Gaceta Oficial N° 38.496 del 9 de agosto de 2006, Resolución 01-00-000 237 Normas para la Formación y Examen de las Cuentas de los Órganos del Poder Público Nacional.
Igualmente, son relevantes las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana dictadas por el Contralor General de la República, mediante Resolución N° 01-00- 0225 de fecha 20 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38750 del 20 de agosto de 2007, en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 75 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, y de conformidad con lo previsto en el Artículo 62 de la Constitución, las cuales, junto con las disposiciones de la Ley Contra la Corrupción dieron gran impulso a las oficinas de atención al ciudadano en los órganos y entes de la administración pública, dependencias con competencias para atender las denuncias, quejas, reclamos, sugerencias o peticiones de los ciudadanos en ejercicio de su derecho de controlar la gestión pública, ya sea en forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus representantes elegidos o a través de la comunidad organizada.
El Sistema Nacional de Control Fiscal es un sistema previsto en la Constitución regido por la Contraloría General de la República, del cual hacen parte un conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos que operan coordinadamente con el fin de lograr los objetivos comunes encaminados al buen funcionamiento de la función pública. Dichos objetivos son los siguientes:
Lograr la transparencia y la eficiencia en el manejo de los recursos del sector público y,
Son integrantes del Sistema, la Contraloría General de la República, las Contralorías Estadales, las Contralorías de los Distritos, las Contralorías de los Distritos Metropolitanos, las Contralorías Municipales, la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional, las Unidades de Auditoría Interna, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, las Máximas autoridades y los niveles directivos y gerenciales de los órganos y entidades públicos, los Ciudadanos.
Oficina de Atención al Ciudadano de la Contraloría General de la República
Actualmente, la Contraloría General de la República cuenta con una Oficina de Atención al Ciudadano, la cual recibe denuncias, reclamos, quejas y peticiones por parte de los ciudadanos. Es su responsabilidad organizar, registrar, dar curso y proveer información sobre el resultado de dichas denuncias, reclamos, quejas y peticiones. Además de esta, la Contraloría tiene registro de las Oficinas de Atención al Ciudadano de los órganos y entes de la Administración Pública, en el cual se encuentran registradas alrededor de 170 oficinas distribuidas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Fundación Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” (COFAE)
El Instituto de Altos Estudios de Control Fiscal y Auditoría de Estado “Gumersindo Torres” (COFAE) es el centro de capacitación e investigación creado y dirigido por la Contraloría General de la República, cuya función es impartir formación en temas de control y auditoría del Estado. Mediante programas de capacitación presencial y a distancia, el Instituto busca formar especialistas capaces de ejercer “la evaluación técnica de la gestión gubernamental, la salvaguarda del patrimonio público, la administración del Sistema Nacional de Control Fiscal, así como la promoción del poder de control de los ciudadanos y su fortalecimiento.”
De acuerdo la Ley de Administración Financiera del Sector Público y el Reglamento sobre la Organización del Control Interno en la Administración Publica Nacional, la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna es el órgano rector del sistema de control interno del sector público. Están sujetos a la supervisión, orientación y coordinación del control interno, así como de la dirección de la auditoría interna los organismos que integran la administración central y descentralizada y otras entidades que determina la Ley. La Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y la Contraloría General de la República deben actuar en forma coordinada, con el fin de “promover la eficiencia en la captación y uso de los recursos públicos, el acatamiento de las normas legales en las operaciones del Estado, la confiabilidad de la información que se genere y divulgue sobre los mismos; así como mejorar la capacidad administrativa para evaluar el manejo de los recursos del Estado y garantizar razonablemente el cumplimiento de la obligación de los funcionarios de rendir cuenta de su gestión”, tal como lo establece el Artículo V de la Ley de Administración Financiera del Sector Público.
Política Gubernamental para el control de la Corrupción, la transparencia y la integridad.
La Presidencia de la República inició en el año 2007 un plan de desarrollo económico y social 2007-2013, que se enfoca en temas sociales de importancia como la ética, la democracia y el desarrollo económico. En este plan, el tema concerniente a la ética se denomina ética socialista y se centra en la promoción de valores y principios humanistas del socialismo y en el pensamiento de Simón Bolívar. La ética socialista se enfoca a la lucha de la corrupción y en particular a la actividad denominada “soborno”.
Para más información sobre esta iniciativa. Ver »
El ciudadano Contralor General mediante Resolución N° 01-00- 0225 de fecha 20 de agosto de 2007, dictó las Normas para Fomentar la Participación Ciudadana, publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 38750 del 20 de agosto de 2007, las cuales tienen por objeto fomentar el ejercicio del derecho de los ciudadanos a participar en el control sobre la gestión pública a través de las Oficinas de Atención Ciudadana y de los Órganos de Control Fiscal.
La participación de los ciudadanos en el ejercicio del control sobre la gestión pública se regirá por los principios de corresponsabilidad, rendición de cuentas, honestidad, eficiencia y eficacia, sobre la base de los valores de la vida, la libertad, la igualdad, la justicia, la paz, la solidaridad, el bien común, el imperio de la Ley, la ética, el pluralismo político y la preeminencia de los derechos humanos.
Consultas Públicas sobre Reformas de Ley Contra la Corrupción
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) continúa realizando consultas públicas sobre las reformas que deben hacerse a la Ley Contra la Corrupción.
Además, se esta recopilando información sobre las experiencias de otros países que han hecho importantes avances en la lucha contra la corrupción. La Ley será “discutida con el pueblo y las instancias competentes a través del parlamentarismo social de calle, promovido por la Asamblea Nacional”. Se espera que con las nuevas reformas, la Ley se convierta en un valioso instrumento para promover el comportamiento ético de los funcionarios públicos.
Publicación de Sanciones Disciplinarias Impuestas -Contraloría General de la República
“La Contraloría General de la República es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control. En su página Web, esta entidad publica las sanciones de funcionarios públicos impuestas por el Control General. La publicación de sanciones puede ser útil para verificar los antecedentes de funcionarios públicos y para detectar infracciones previas en un intento de prevenir y manejar los conflictos de interés.”(Artículo 287 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
Las siguientes son las categorías de sanciones disciplinarias en los cargos públicos que se encuentran disponibles al público dentro la Sección de Sanciones en la página Web de la contraloría: Ciudadanos Destituidos de Cargos Públicos; ciudadanos Inhabilitados para el Ejercicio de la Función Pública; Ciudadanos Destituidos e Inhabilitados para el Ejercicio de la Función Pública; Funcionarios Públicos Suspendidos del Ejercicio del Cargo Sin Goce de Sueldo, hasta por 24 meses.
El Ministerio del Poder Popular para las Telecomunicaciones y la Informática ha desarrollado un Directorio de Gobierno Electrónico, el cual le permite al usuario ubicar por Poderes Públicos la información relacionada con todos los órganos que conforman el Estado Venezolano, así como los Centros Comunitarios y las Alcaldías Digitales.
Asimismo, se viene desarrollando el Plan Nacional de Tecnologías de Información a través del cual las visiones coinciden en concebir a las TIC como instrumentos que pueden contribuir al logro de amplios objetivos nacionales, tanto sociales como económicos, en la medida en que los Estados las incorporen a las principales políticas y programas de desarrollo de sus naciones.
Plan Nacional de Tecnologías de Información El objetivo general de los programas y proyectos del Plan Nacional general es alcanzar el desarrollo de una Sociedad en Línea y un Estado Moderno. Para ello se requiere: la democratización del acceso a las tecnologías de información, la capacitación y la apropiación de la cultura tecnológica por parte de los usuarios de éstas, de manera tal que sea posible alcanzar el modelo de la Sociedad del Conocimiento y la generación de contenido que agregue valor y sentido al desarrollo de la infraestructura de la Red.
Los proyectos a desarrollar bajo las premisas anteriores deben realizarse con una estrecha vinculación y participación de los distintos sectores de la sociedad y del Estado, entregando a la sociedad soluciones sustentables en el tiempo.
Para alcanzar los objetivos y metas de este Plan se han definido Programas asociados a cada área de acción: Gobierno, educación, salud, economía y ambiente. También se han propuesto proyectos en el marco de cada Programa.
Sección Declaración Jurada de Patrimonios: Contraloría General de la República
Dentro de su página Web, la Contraloría presenta el modelo y las instrucciones de cómo realizar la declaración jurada de patrimonio y también ofrece los formularios para que los ciudadanos puedan accederlos y descargarlos vía Internet.
Actualmente, en la Contraloría General de la República se trabaja arduamente, para poner a la disposición del público la posibilidad de hacer la declaración jurada en línea, lo que permitirá que el ciudadano tenga a su disposición el mecanismo de Declaración Jurada online, facilitando de igual modo la recepción por parte de la Contraloría de tan importante documento.
El sistema facilita el descargo, vía Internet, de la Declaración Patrimonial Juramentada; Sin embargo, el documento se tiene que presentar en persona.
Registro Nacional de Compras del Estado (RNCE)
El Registro Nacional de Compras del Estado (RNCE), dependencia del Servicio Nacional de Contrataciones (SNC), es responsable de “solicitar, recabar, sistematizar, divulgar y suministrar a quien lo solicite, la información disponible sobre la Programación de Compras, Sumarios de Contrataciones y Medidas Temporales vigentes en la Ley de Licitaciones [O1]”. El RNCE maneja el Sistema de Programación Electrónica de Compras el cual en su página principal presenta diferentes módulos de ingreso, incluyendo: Registro y Actualización de Entes Gubernamentales; Programación Electrónica de Compras del Estado; Actualización de Información de Entes Gubernamentales. Para poder entrar al sistema se requiere estar registrado como usuario.
En la página del RNCE se puede encontrar un listado de las licitaciones abiertas vía la Web y además la siguiente información: Procesos de Licitación iniciados, prorrogados, desiertos, terminados, suspendidos; y también información sobre la precalificación de empresas; procesos en investigación; casos resueltos; avisos de prensa publicados, etc. También hay un Catálogo de Clasificación de Compras del Estado para la adquisición de Bienes, Contratación de Obras y Servicios (CCCE), un instrumento que le permite al Servicio Nacional de Contrataciones ordenar, clasificar y agregar la demanda de bienes, la contratación de obras y servicios de la Administración Pública, centralizada y descentralizada, con el objeto de divulgar información sistematizada. En al página Web del RNC, también se presenta un vinculo de acceso al Registro Nacional de Contratistas en línea, también dependencia del SNC. Dentro de este sistema, se les permite a los usuarios registrarse vía la Web además de poder llevar a cabo consultas Públicas del sistema incluyendo Empresas Registradas en el Sistema y Empresas Suspendidas. También se pueden realizar denuncias en la Web a través del SNC.
Oficina de Atención al Ciudadano, Contraloría General de la República: *Ver Sección Denuncias- Formato de Atención al Ciudadano
La Oficina de Atención al Ciudadano dentro de la Contraloría es un lugar donde los ciudadanos pueden presentar denuncias sobre irregularidades que hayan observado en los organismos o entidades públicas del país [O1] , tales como ministerios, gobernaciones, alcaldías, Poder legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral, empresas del estado y fundaciones particulares que manejen bienes o fondos del Estado, o que realicen contratos con éste.
Esta oficina tiene un portal en por el cual se pueden presentar denuncias a través de la Web.
Conforme a la información suministrada por las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela, la participación de las organizaciones no gubernamentales, en actividades relacionadas con el control de la gestión pública, está garantizada constitucional, legal y jurisprudencialmente. Así, la Constitución en su artículo 62, establece que todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos, y que la participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo, siendo obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.
Este principio constitucional ha sido desarrollado en innumerables instrumentos legales, entre los que destacan la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, la Ley Orgánica del Poder Ciudadano y la Ley Contra la Corrupción. No obstante, la participación de las organizaciones no gubernamentales en actividades relacionadas con el control de la gestión pública del país, está reservada a las organizaciones de la sociedad civil de carácter nacional. Ello con fundamento en la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, según Sentencia de la Sala Constitucional, de fecha 30 de junio de 2000; Expediente Nº 00-1728, que otorga este tipo de atribuciones exclusivamente a los venezolanos, de acuerdo con los principios de la Carta de la Organización de Estados Americanos, en el marco del respeto a la soberanía y al orden jurídico de los Estados, y a la no-intervención e igualdad jurídica de los mismos.
Expresamente la referida sentencia señala lo siguiente: “Los representantes de la sociedad civil, son asociaciones, grupos e instituciones venezolanas (sin subsidio externo) que por su objeto, permanencia, número de miembros o afiliados y actividad continua, han venido trabajando desde diversos ángulos de esa sociedad para lograr para ésta una mejor calidad de vida, desligadas del gobierno y de los partidos políticos. (…)”. Criterio este que fue ratificado recientemente por el Máximo Tribunal de la República, en Sentencia de la Sala Constitucional, de fecha 30 de noviembre de 2006; Expediente Nº 06-1729, que además establece que una asociación civil "(…) no puede pretender representar a la ciudadanía, al pueblo, a la sociedad civil y a otras instituciones semejantes, cuando no han sido electos por nadie para cumplir tal representación, sobre la base de considerarse como un ente con proyección en los medios de comunicación que buscan presentarse como interlocutores a nombre del pueblo o la sociedad o al menos un sector del mismo, sin que exista base legal o popular que los legitime".
Actualmente, en Venezuela y como parte del proceso de transformación de la Democracia Representativa a la Democracia Participativa y Protagónica, se han creado formas sociales de organización, como lo son los Consejos Comunales, que han servido para aglutinar las demandas de las comunidades y que han fomentado la corresponsabilidad y el compromiso en los ciudadanos de velar por la buena gestión y el eficaz manejo de los dineros del Estado.
Según la Ley de los Consejos Comunales sancionada el 06 de Abril de 2006, los Consejos Comunales son “instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social.”
Los voceros y voceras de los comités de trabajo, así como las y los integrantes de los órganos económico-financiero y de control, que son los miembros del consejo, serán electos y electas en votaciones directas y secretas por la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas.
Quienes se postulen no podrán ser electos en más de un órgano del Consejo Comunal (órgano ejecutivo, unidad de gestión financiera, unidad de contraloría social), durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos. El carácter de su ejercicio es ad honorem.
Con el objeto de financiar los proyectos comunitarios, sociales y productivos, presentados por la Comisión Nacional Presidencial del Poder Popular en sus componentes financieros y no financieros, se creó el Fondo Nacional de los Consejos Comunales.
La transferencia de los recursos financieros se hace a través de las unidades de gestión financieras creadas por los consejos comunales.
Asimismo, y con el fin de hacer seguimiento al desarrollo de los consejos comunales establecidos a lo largo y ancho del territorio nacional se creó la Comisión Presidencial del Poder Popular, creada por el Presidente de la República.
Actualmente, existen más de 20.000 mil Consejos Comunales distribuidos a lo largo y ancho de todo el territorio nacional y que trabajan sin descanso para cumplir los objetivos planteados en la nueva forma de democracia participativa.
Constitución Política de Venezuela de 1999
La Constitución Política de Venezuela tiene como fin la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta norma, así como se establece
en su Artículo 3º.
Esta Norma es de aplicación Nacional.
Código Penal de 2000
Este Código contempla la normatividad del sistema penal venezolano y en su Título III, Libro II, se establecen los Delitos contra la Cosa Pública.
Este Código es de aplicación Nacional.
Ley Orgánica del Ministerio Público de 2007
La Ley Orgánica del Ministerio Público regula la organización administrativa y funcional del Ministerio Público. Igualmente establece como principios rectores del Ministerio Público los siguientes: Legalidad, Independencia y Autonomía, Deber de Colaboración, Unidad de Criterio y Actuación, Representación Judicial, Órgano Jerarquizado, Control de Gestión, Objetividad, Transparencia, Probidad, Responsabilidad, Formalidades Esenciales y Celeridad, y Gratuidad.
Esta Ley es aplicable a todos los funcionarios adscritos al Ministerio Público a nivel Nacional.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de 2001
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establece las normas relativas a la competencia, organización y funcionamiento de la Procuraduría General de la República, su actuación en la defensa, bienes e intereses patrimoniales de la República, así como las normas generales sobre procedimientos administrativos previas a las demandas contra la República.
Esta ley es aplicable a los servidores públicos y a los particulares que están obligados a colaborar con la Procuraduría General de la República.
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal de 2001
La Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional del Control Fiscal, regula las funciones de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional del Control Fiscal y la participación de los ciudadanos en el ejercicio de la función contralora.
Esta Ley se aplica a los Entes y Organismos del Sector Público, a los Servidores Públicos y a los particulares, los cuales están obligados a colaborar con la Contraloría General de la República.
Ley No. 37995 de 2004 (Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo)
La Ley Orgánica No. 37995 define "La Defensoría del Pueblo como órgano integrante del Poder Ciudadano, que forma parte del Poder Público Nacional, tiene a su cargo la promoción, defensa y vigilancia de los derechos y garantías establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, además de los intereses legítimos, colectivos o difusos de los ciudadanos y ciudadanas dentro del territorio; y de éstos cuando estén sujetos a la jurisdicción de la República en el exterior." Esta ley establece la organización, competencia y el funcionamiento de la defensoría. Se establecen también el procedimiento de la elección, incompatibilidades, independencia y las atribuciones del defensor. Asimismo, se establecen los procedimientos de investigación y colaboración con las otras autoridades.
"Artículo 7. Ámbito de actuación. La actividad de la Defensoría del Pueblo abarca la Nacional, Estatal o Municipal, en sus ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral, Militar y demás órganos del poder ciudadano. Abarca igualmente la actuación de particulares que presten servicios públicos, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes."
Código de Conducta para los Servidores Públicos de 1998
El Código de Conducta para los Servidores Públicos establece las normas que regulan las actividades de los servidores públicos bajo los principios éticos de honestidad, equidad, decoro, lealtad, vocación del servicio, disciplina, eficacia, responsabilidad, puntualidad, transparencia y pulcritud.
Este Código se aplica a los servidores públicos a nivel Nacional.
Código de Ética para el Funcionario Público de 1997
El Código de Ética para el Funcionario Público establece las normas reguladoras de las actividades de los funcionarios públicos en aras de salvaguardar los intereses generales del Estado y el patrimonio público.
Este Código se aplica a los funcionarios públicos del Estado a nivel Nacional.
Ley Contra la Corrupción de 2003
La Ley contra la Corrupción tiene como objeto establecer normas que rijan la conducta de las personas sujetas a esta Ley, con el fin de salvaguardar el patrimonio público, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, teniendo como base los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad.
Esta Ley se aplica a todas las personas que la infrinjan, sean particulares, personas naturales o jurídicas y funcionarios públicos del Estado.
Ley Orgánica del Poder Ciudadano (Consejo Moral Republicano)
La Ley Orgánica del Poder Ciudadano define, en su Art. 1º que, "El Poder Ciudadano forma parte del Poder Público Nacional y se ejerce por el Consejo Moral Republicano" que está "integrado por el Defensor o Defensora del Pueblo, el Fiscal o la Fiscal General de la República y el Contralor o Contralora General de la República." Estas instancias "son órganos del Poder Ciudadano la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República."
"Los actos, disposiciones y resoluciones que dicte el Consejo Moral Republicano estarán dirigidos tanto a los funcionarios públicos como a los particulares, con excepción de aquellos actos que tengan contenidos sancionatorios."(Art. 5)
La Ley de los Consejos Comunales crea "los consejos comunales" definidos como "instancias de participación, articulación e integración entre las diversas organizaciones comunitarias, grupos sociales y los ciudadanos y ciudadanas, que permiten al pueblo organizado ejercer directamente la gestión de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades y aspiraciones de las comunidades en la construcción de una sociedad de equidad y justicia social." Se definen en la ley los principios, las definiciones, los deberes de los ciudadanos, la organización, el funcionamiento y la gestión de los recursos.
La ley es de aplicación a todos los consejos comunales creados a nivel Nacional.
Para una información detallada, visitar los informes presentados por Venezuela en la Primera y Segunda Ronda del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción - MESICIC-
1o Ronda
2o Ronda
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por Venezuela
Venezuela ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción en 1997 y es Estado parte del Mecanismo de Seguimiento de La Convención Interamericana Contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2001.
Ratificado por Venezuela en el 2009, los objetivos de la Convención son los siguientes:
B.Programas de Cooperación con Venezuela financiados por Organismos Internacionales
1. Organización Naciones Unidas (ONU)
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) – Venezuela
Modernización del Sector Público (2002-2007) (PNUD)
Este Programa busca apoyar al Ministerio del Poder Popular, para la Planificación y Desarrollo en el proceso de Modernización del sector público, bajo nuevos enfoques y modalidades organizativas, gerenciales y territoriales.
Documento de País: República Bolivariana de Venezuela (2001) (BID)
El Documento de País trata de definir el trabajo del Banco en Venezuela en los próximos 3 años, para el fortalecimiento institucional de las entidades públicas y la continuación del proceso de integración comercial regional, con el fin de crecer con equidad y reducir la pobreza. El Banco busca apoyar a Venezuela en las áreas: social, económica, institucional, y de ciencia y tecnología.
Modernización de la Administración Tributaria (2005) (BID)
Este programa esta estructurado en 3 componentes: Modernización de la gestión institucional, el fortalecimiento de los procesos de administración tributaria y de comercio exterior, y la modernización de la infraestructura tecnológica.
Apoyo a la Reforma del Sistema de Justicia Penal (BID)
La Reforma del Sistema de Justicia Penal busca reducir la violencia, mejorar las condiciones de vida y aumentar las tasas de rehabilitación y reinserción social de la población reclusa, tomando en consideración aspectos familiares, educativos y legales en la modernización del sistema penitenciario.
Estrategia de Asistencia al País Venezuela (2002) (BM)
Esta estrategia de cooperación para Venezuela, es un informe detallado que señala las áreas prioritarias para el Banco Mundial y describe las operaciones planificadas en el año 2002 en cuanto a préstamos, estudios y asistencia técnica.
Reforma de la Gestión de Gastos Públicos (1999-2006) (BM)
Esta reforma busca consolidar los mecanismos de monitoreo y control de los recursos públicos y mejorar la eficiencia y la rendición de cuentas en la gestión de finanzas públicas de Venezuela.
Reporte de Información sobre Venezuela, 1996-2009 (Country Data Report for Venezuela, 1996-2009) (Banco Mundial)
Índice de Transparencia Municipal (Transparencia Venezuela)
El Índice de Transparencia Municipal es un estudio realizado por la asociación civil desde el 2004. Tiene como objeto de evaluar la transparencia y los controles anticorrupción, para medir y calificar sobre la base de los 100 puntos la actuación de la gestión del gobierno municipal en sus procesos más importantes. En 2008 se evaluó un total de 71 municipios de 20 Estados.
Cultura política, gobernabilidad y democracia en Venezuela: 2008 (Proyecto de Opinión Pública en América Latina, LAPOP por sus siglas en inglés)
El estudio forma parte de Barómetro de las Américas y está hecho a base de cuestionarios sobre corrupción, percepción de la democracia, gobernabilidad en Venezuela, entre otros. La investigación sobre Venezuela se basa en una encuesta nacional con 1.500 entrevistados, sobre valores, actitudes, opiniones. La investigación nos permite examinar temas como la legitimidad política, tolerancia política, apoyo a una democracia estable, participación de la sociedad civil y capital social, el estado de derecho, evaluación de los gobiernos locales y la participación en ellos, victimización por el delito, victimización por la corrupción y comportamiento electoral. El estudio contiene un análisis de las áreas relacionadas con los valores y comportamientos democráticos.
De los 180 países incluidos en el estudio, Venezuela ocupa el lugar 162 y tiene una puntuación de 1,9. Nueva Zelandia queda en primer lugar con 9,4 y Somalia tiene la percepción más baja con 1,1.
En cuanto a la corrupción, la percepción de Venezuela del progreso en la reducción de la corrupción queda 4 puntos más bajo que el promedio de 39. En primer lugar se ubica Uruguay con una puntuación de 56 y Argentina con la menor puntuación de 13. Frente a la pregunta de conocer algún pariente involucrado en algún acto de corrupción en los últimos doce meses, Venezuela quedó con la puntuación de 10 puntos. El promedio fue 13 y Brasil quedó cn la puntuación más alta de 34 y El Salvador con la más baja de 5.
Con base en lo anterior, el ranking significa que Venezuela, en términos de democracia, mercado y transparencia, es el país ubicado en el puesto 140º de los 168 países en el índice.