Source: https://legislacion.vlex.es/vid/desarrolla-interno-ejercido-intervencion-205492573
Timestamp: 2019-02-23 19:43:43
Document Index: 67607722

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 99', 'artículo 98', 'artículo 16', 'artículo 94', 'artículo 12', 'Artículo 8', 'artículo 28', 'artículo 2', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 13', 'artículo 21', 'artículo 19', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'ARTÍCULO 13', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'artículo 95', 'artículo 95', 'artículo 19', 'Artículo 21', 'ARTÍCULO 22', 'ARTÍCULO 23', 'ARTÍCULO 24', 'ARTÍCULO 25', 'ARTÍCULO 26', 'ARTÍCULO 27', 'ARTÍCULO 28', 'artículo 156', 'Artículo 28', 'Artículo 28', 'ARTÍCULO 29', 'ARTÍCULO 30', 'ARTÍCULO 31', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'ARTÍCULO 32', 'ARTÍCULO 33', 'ARTÍCULO 34', 'Artículo 34', 'ARTÍCULO 35', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'ARTÍCULO 36', 'Artículo 36', 'ARTÍCULO 37', 'Artículo 37', 'Artículo 37', 'ARTÍCULO 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'ARTÍCULO 38', 'artículo 38', 'artículo 38', 'Artículo 38', 'Artículo 38', 'ARTÍCULO 39', 'artículo 38', 'Artículo 39', 'ARTÍCULO 40', 'ARTÍCULO 41', 'ARTÍCULO 42', 'ARTÍCULO 43', 'Artículo 43', 'ARTÍCULO 44', 'Artículo 44', 'ARTÍCULO 45', 'Artículo 45', 'ARTÍCULO 46', 'Artículo 46', 'artículo 25']

Real Decreto por el que se desarrolla el Régimen del Control Interno Ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado (Real Decreto 2188/1995, de 28 de Diciembre) - Normativa Estatal - Legislación - VLEX 205492573
CAPÍTULO III. Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos - arts. 11 y 12
SECCIÓN 1ª. Disposiciones comunes - arts. 13 a 16
SECCIÓN 2ª. De la fiscalización e intervención previa de la autorización de gastos y de obligaciones del tesoro público - arts. 17 a 21
SECCIÓN 3ª. De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija - arts. 22 a 25
SECCIÓN 4ª. De la intervención de la liquidación del gasto y de la inversión - arts. 26 a 28
SECCIÓN 5ª. De la intervención formal y material del pago - arts. 29 a 31
SECCIÓN 6ª. De la omisión de intervención - art. 32
CAPÍTULO II. De los informes de control financiero - arts. 36 a 39
CAPÍTULO III. Del control financiero del sector público estatal - arts. 40 a 42
CAPÍTULO IV. Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas - arts. 43 a 46
PRIMERA. Potestad de acceso a documentación
SEGUNDA. Verificación de subvenciones
TERCERA. Intervención General de la Seguridad Social
CUARTA. Auditoría de cuentas anuales de los organismos públicos
TERCERA. Habilitación normativa en materia de formatos de firma electrónica
Norma citada en: 81 sentencias, 20 artículos doctrinales, 56 resoluciones administrativas
En el vigente texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, se regula el ejercicio del control interno del sector público estatal a realizar por la Intervención General de la Administración del Estado. Este sistema de control interno se caracteriza por las siguientes notas:
Ejercerse con plena autonomía respecto de las autoridades y órganos controlados.
Realizarse por medio de las modalidades de función interventora y del control financiero.
Ejercerse de forma desconcentrada de acuerdo con la competencia del órgano controlado.
Tomar en conjunto como marco de referencia tanto el aspecto legal o de cumplimiento normativo como otros principios fundamentales en la actuación del sector público, como son la economía, la eficiencia y la eficacia.
El control interno de la gestión económico financiera del sector público estatal se realizará mediante el ejercicio de la función interventora y del control financiero.
La función interventora tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración del Estado y de sus Organismos autónomos que den lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven y la recaudación, inversión o aplicación en general de los caudales públicos, con el fin de asegurar que la administración de la Hacienda Pública se ajusta a las disposiciones aplicables en cada caso.
El control financiero tiene por objeto comprobar que la actuación, en el aspecto económico-financiero, de los servicios, Organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualquiera que sea su denominación y forma jurídica, se ajusta al ordenamiento jurídico así como a los principios generales de buena gestión financiera. Este control comprenderá la verificación de la eficacia y eficiencia, así como el adecuado registro y contabilización de la totalidad de las operaciones realizadas por cada órgano o entidad y su fiel reflejo en las cuentas y estados que, conforme a las disposiciones aplicables, deban formar éstos. Dicha función podrá ejercerse con carácter permanente.
La Intervención General de la Administración del Estado, en el ejercicio de sus funciones de control interno, estará sometida a los principios de autonomía funcional, ejercicio desconcentrado y procedimiento contradictorio.
El control interno de la Intervención General de la Administración del Estado se ejercerá con plena autonomía respecto de las autoridades y demás entidades cuya gestión sea objeto del control. A tales efectos, los funcionarios que realicen el mismo tendrán independencia funcional respecto de los titulares de las entidades cuya gestión controlen y ajustarán sus actuaciones a las instrucciones impartidas al efecto por el citado centro directivo.
La Intervención General de la Administración del Estado dará cuenta a los órganos de gestión controlados de los resultados más relevantes de las comprobaciones efectuadas y recomendará las actuaciones que resulten aconsejables. De igual modo, este centro dará cuenta al Consejo de Ministros, a través del Ministro de Economía y Hacienda, de los resultados que por su especial transcendencia considere adecuado elevar al mismo, o cuando los responsables de la gestión no adopten las medidas correctoras propuestas.
Cuando la naturaleza del acto, documento o expediente lo requiera, la Intervención General de la Administración del Estado o sus Interventores Delegados, en el ejercicio de sus funciones de control interno, podrán recabar directamente de los distintos órganos de la Administración General e Institucional los asesoramientos jurídicos y los informes técnicos que consideren necesarios, así como los antecedentes y documentos precisos para el ejercicio de sus funciones de control interno, con independencia del medio que los soporte. Cuando los asesoramientos e informes hayan de recabarse de órganos cuya competencia se extiende a la totalidad de dicha Administración, se solicitarán, en todo caso, por la Intervención General de la Administración del Estado.
La Intervención General de la Administración del Estado podrá interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes. Asimismo, podrá instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la Hacienda Pública.
Artículo 3, apartado 4 modificado por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
Cuando en la práctica de un control, el interventor actuante aprecie, que los hechos acreditados o comprobados pudieran ser susceptibles de constituir una infracción administrativa, o dar lugar a la exigencia de responsabilidades contables o penales, actuará de acuerdo con las reglas que se establecen a continuación:
Cuando los hechos pudieran ser constitutivos de delito, dará traslado de las actuaciones a la Intervención General de la Administración del Estado, la cual remitirá lo actuado al órgano competente.
En el caso de posibles infracciones en materia de gestión económico-presupuestaria de las previstas en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que no siendo constitutivas de delito afecten a presuntos responsables comprendidos en el ámbito de aplicación de la citada ley, dará traslado de las actuaciones a la Oficina de Conflictos de Intereses.
En el caso de otras posibles infracciones administrativas distintas de las anteriores, se dará traslado de los hechos a la Subsecretaría del Departamento correspondiente y, en su caso, a los órganos competentes de los organismos públicos y de las entidades del sector público estatal objeto de control.
En los demás casos en que proceda legalmente el acceso a los informes de control, la solicitud de los mismos deberá dirigirse directamente al gestor directo de la actividad controlada.
Artículo 4, apartado 2, modificado por el Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Febrero de 2015.
Las autoridades, cualquiera que sea su naturaleza, así como los Jefes o Directores de oficinas públicas, Organismos autónomos y sociedades estatales y quienes en general, ejerzan funciones públicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades deberán prestar la debida colaboración y apoyo a los funcionarios encargados de la realización del control.
El Servicio Jurídico del Estado deberá prestar la asistencia jurídica que, en su caso, corresponda a los funcionarios que, como consecuencia de su participación en actuaciones de control interno, sean objeto de citaciones por órgano jurisdiccional.
Los funcionarios actuantes en el control financiero podrán revisar los sistemas informáticos de gestión que sean precisos para llevar a cabo sus funciones de control. Los accesos a las bases de datos y archivos automatizados de la Administración tributaria se realizarán en el marco de las normas básicas de control y seguridad que se dicten en desarrollo de la disposición final segunda de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Artículo 5, apartado 3 adicionado por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
TÍTULO II De la función interventora Artículos 6 a 32
ARTÍCULO 6 Ambito de aplicación.
La Administración General del Estado y sus organismos autónomos de carácter administrativo están sujetos a la función interventora en los términos establecidos en el capítulo I y en el artículo 99 del Título III del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en el presente Título.
Cuando en los procedimientos de gestión que den lugar a actos, documentos y expedientes de contenido económico objeto de control participen distintas Administraciones públicas, la función interventora se limitará a las actuaciones que se produzcan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos administrativos.
La función interventora tiene carácter interno y preventivo y tiene por objeto garantizar, en todo caso y para cada acto, el cumplimiento de las normas relativas a la disciplina presupuestaria, a los procedimientos de gestión de gastos, ingresos y aplicación de los fondos públicos.
La función interventora se ejercerá con ocasión de la autorización o aprobación de gastos, la comprobación de inversiones, la liquidación de gastos o reconocimiento de obligaciones, la ordenación de pagos y el reconocimiento y liquidación de derechos, así como en la realización de los ingresos y pagos que de ellos se deriven.
Sin perjuicio del carácter suspensivo de los reparos, previsto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, las opiniones de la Intervención respecto al cumplimiento de las normas no prevalecerán sobre las de los órganos de gestión. Los informes emitidos por ambos se tendrán en cuenta en el conocimiento de las discrepancias que se planteen, las cuales serán resueltas definitivamente por el Consejo de Ministros de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 98 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 16 del presente Real Decreto.
La distribución de competencias entre el Interventor general de la Administración del Estado y los interventores delegados, a que se refiere el artículo 94 de la Ley General Presupuestaria, se establece del modo siguiente:
El Interventor general de la Administración del Estado ejercerá la fiscalización previa en los actos de aprobación de los gastos siguientes:
Los que supongan una modificación de otros que hubiera fiscalizado la Intervención General de la Administración del Estado.
Los Interventores delegados, sin otras excepciones que las enumeradas en el apartado anterior, ejercerán en toda su amplitud la fiscalización e intervención de los actos relativos a gastos, derechos, pagos e ingresos que dicten las autoridades de los Ministerios, Centros, Dependencias u Organismos autónomos. La función se ejercerá por el Interventor delegado cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la de la autoridad que acuerde el acto de gestión. En el supuesto de concurrencia a la financiación de contratos de distintos Departamentos ministeriales a que se refiere el artículo 12.5 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la función se ejercerá por el Interventor delegado cuya competencia orgánica o territorial se corresponda con la del órgano de contratación.
Los interventores delegados en la esfera civil serán designados entre funcionarios del Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Estado de la correspondiente especialidad y, en la militar, entre los del Cuerpo Militar de Intervención de la Defensa.
Como competencia inherente a la función interventora el Interventor general de la Administración del Estado y los interventores delegados podrán interponer recursos y reclamaciones económico-administrativas en las materias a que se extiende su función fiscalizadora.
Artículo 8, apartado 1, letra b) modificada por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 26 de Octubre de 2001.
La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, acuerden movimientos de fondos y valores o aquéllos que sean susceptibles de producirlos.
Se entiende por fiscalización previa la facultad que compete a la Intervención de examinar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, con el fin de asegurar, según el procedimiento legalmente establecido, su conformidad con las disposiciones aplicables en cada caso.
La intervención previa de la liquidación del gasto o reconocimiento de obligaciones es la facultad de la Intervención para comprobar, antes de que se dicte la correspondiente resolución, que las obligaciones se ajustan a la ley o a los negocios jurídicos suscritos por las autoridades competentes y que el acreedor ha cumplido o garantizado, en su caso, su correlativa prestación. La intervención de la comprobación material de la inversión se ajustará a lo establecido en el artículo 28 de este Reglamento.
La intervención formal de la ordenación del pago es la facultad atribuida a la Intervención para verificar la correcta expedición de las órdenes de pago contra el Tesoro Público.
CAPÍTULO III Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre los derechos e ingresos Artículos 11 y 12
CAPÍTULO IV Del procedimiento para el ejercicio de la función interventora sobre gastos y pagos Artículos 13 a 32
SECCIÓN 1ª Disposiciones comunes Artículos 13 a 16
La Intervención recibirá el expediente original completo una vez reunidos todos los justificantes y emitidos los informes preceptivos y cuando esté en disposición de que se dicte acuerdo por quien corresponda, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo tercero del artículo 2.2 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado. En este caso, la fiscalización, además de comprobar con anterioridad al dictamen del Consejo de Estado los extremos exigidos por la normativa vigente, con posterioridad a dicho dictamen únicamente constatará su existencia material y su carácter favorable.
La Intervención fiscalizará el expediente en el plazo máximo de 10 días contado desde el siguiente a la fecha de recepción. Este plazo se reducirá a cinco días computados de igual forma cuando se haya declarado urgente la tramitación del expediente o se aplique el régimen especial de fiscalización e intervención previa regulado en los artículos 19 y siguientes de este real decreto.
Artículo 13 modificado por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de Junio de 2005.
Artículo 13, apartado 1, modificado por el Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Febrero de 2015.
ARTÍCULO 13 BIS Remisión del expediente a la Intervención a través de sistemas informáticos.
Cuando la propuesta y el acto o resolución objeto de fiscalización o intervención previa se formalicen en documento electrónico, el resultado de la fiscalización o intervención previa se formalizará igualmente en documento electrónico que incorporará la firma electrónica del Interventor competente.
La puesta del expediente a disposición de la Intervención para su fiscalización o intervención, así como la formalización de su resultado en documento electrónico y la remisión posterior de éste y del expediente, se realizará exclusivamente a través de alguno de los siguientes sistemas de información y comunicación:
Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado, en la que el órgano gestor genera y tramita el expediente.
Legalidad de la aplicación: adecuación del funcionamiento de la aplicación a los requisitos y trámites del procedimiento;
Seguridad de aplicación: preservación de la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos tratados por la aplicación;
Normalización de los medios de acceso: especificaciones técnicas sobre los medios y formatos de acceso;
Mediante la utilización de una aplicación informática desarrollada específicamente por la Intervención General de la Administración del Estado para la citada finalidad, en los supuestos en que el órgano gestor genere y tramite el expediente mediante sistemas y aplicaciones propias.
El acceso y utilización por los órganos gestores de las aplicaciones desarrolladas por la Intervención General de la Administración del Estado, incluidas en los modelos de funcionamiento del apartado 2.a) y b), deberá ajustarse a lo establecido en las disposiciones sobre política de seguridad de los sistemas de información y procedimientos de control de accesos de la propia Intervención General de la Administración del Estado, basados en el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, aprobado mediante Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, y requerirá un certificado electrónico de los previstos en el artículo 21.a) y b) del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, cuando se trate de acceso personal, o de los previstos en el artículo 19 del mismo real decreto, cuando el acceso se efectúe desde otro sistema.
Los formatos admitidos para los documentos electrónicos incluidos en el expediente, así como los de su encapsulamiento, en los modelos de funcionamiento del apartado 2.a) y b), serán los que se establezcan en las disposiciones que aprueben las respectivas aplicaciones, y estarán dentro de los admitidos en la norma técnica de interoperabilidad del catálogo de estándares.
Artículo 13 bis adicionado por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de Junio de 2005.
Artículo 13 bis, modificado por el Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Febrero de 2015.
ARTÍCULO 13 ter Formalización del resultado de la función interventora en soporte papel.
Artículo 13 ter adicionado por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de Junio de 2005.
Artículo 14 modificado por el Real Decreto 686/2005, de 10 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de Junio de 2005.
El reparo suspenderá la tramitación del expediente, hasta que sea solventado, en los casos siguientes:
Cuando se base en la insuficiencia del crédito o el propuesto no se considere adecuado.
En los casos de omisión en el expediente de requisitos o trámites que, a juicio de la Intervención, sean esenciales, o cuando estime que la continuación de la gestión administrativa pudiera causar quebrantos económicos al Tesoro Público o a un tercero.
Cuando el reparo derivare de comprobaciones materiales de obras, suministros, adquisiciones y servicios.
Cuando el órgano gestor no acepte el reparo formulado, planteará a la Intervención discrepancia, en el plazo de quince días, de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo. La discrepancia deberá ser necesariamente motivada con cita de los preceptos legales en los que sustente su criterio.
Cuando el órgano al que se dirija el reparo no lo acepte y dicho reparo haya sido formulado por una Intervención Delegada, corresponderá a la Intervención General de la Administración del Estado resolver la discrepancia en el plazo de quince días, siendo su resolución obligatoria para aquélla.
Cuando el órgano al que se dirige el reparo no lo acepte y dicho reparo haya sido formulado por la Intervención General de la Administración del Estado, o ésta haya confirmado el de una Intervención Delegada subsistiendo la discrepancia, corresponderá al Consejo de Ministros adoptar resolución definitiva.
Si el títular del Departamento acordara someter el expediente a la decisión del Consejo de Ministros, por existir discrepancia con la Intervención General de la Administración del Estado, lo comunicará, con al menos cinco días de antelación, a la reunión del Consejo en que se conozca el asunto, al Ministro de Economía y Hacienda, por conducto de la Intervención General, la cual unirá los informes relacionados con la discrepancia planteada.
SECCIÓN 2ª De la fiscalización e intervención previa de la autorización de gastos y de obligaciones del tesoro público Artículos 17 a 21
Están sometidos a fiscalización previa todos los actos de los órganos del Estado y de sus Organismos autónomos administrativos por los que se apruebe la realización de un gasto.
Los convenios que suscriba la Administración y cualesquiera otros actos de naturaleza análoga, siempre que tengan contenido económico.
Se entiende por aprobación de un gasto el acto por el que, de acuerdo con el procedimiento establecido, el órgano competente adopta la decisión de destinar créditos o fondos a la consecución de un fin público. Los gastos que hayan de dar lugar a un solo acto o contrato administrativo se acumularán en la aprobación sin que puedan fraccionarse en distintos expedientes.
En el ejercicio de la fiscalización previa se comprobará el cumplimiento de los trámites y requisitos establecidos por el ordenamiento jurídico mediante el examen de los documentos e informes que integran el expediente. Cuando el Consejo de Ministros así lo acuerde, la fiscalización previa se limitará a comprobar los extremos a que se refiere el artículo 95.3 de la Ley General Presupuestaria.
Cuando el Consejo de Ministros haya hecho uso de la facultad atribuida por el artículo 95.3 de la Ley General Presupuestaria, la fiscalización e intervención previa se limitará a comprobar los extremos siguientes:
Aquellos otros extremos que, por su trascendencia en el proceso de gestión, determine el Consejo de Ministros a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado.
No obstante, será aplicable el régimen general de fiscalización e intervención previa respecto de las obligaciones y gastos de cuantía indeterminada y aquellos otros que deban ser aprobados por el Consejo de Ministros.
Si no se cumpliesen los requisitos exigidos en el artículo 19 del presente Real Decreto, la Intervención procederá a formular reparo en la forma y con los efectos previstos en la sección 1.ª del presente capítulo.
Artículo 21 derogado por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de Noviembre de 2003.
SECCIÓN 3ª De la fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar y anticipos de caja fija Artículos 22 a 25
ARTÍCULO 22 Fiscalización previa de las órdenes de pago a justificar.
Que las propuestas de pago a justificar se basan en orden o resolución de autoridad competente para autorizar los gastos a que se refieran.
Que se adaptan a las normas dictadas por los Ministros y los Presidentes o Directores de los Organismos autónomos regulando la expedición de órdenes de pago a justificar con cargo a sus respectivos presupuestos de gastos.
Que el órgano pagador, a cuyo favor se libren las órdenes de pago, ha justificado dentro del plazo correspondiente la inversión de los fondos percibidos con anterioridad.
ARTÍCULO 23 Fiscalización previa de las órdenes de pago de anticipos de caja fija.
La fiscalización previa de las órdenes de pago para la constitución o modificación de los anticipos de caja fija se verificará mediante la comprobación de los siguientes requisitos:
La existencia de acuerdo del Ministro o Presidente o Director del Organismo autónomo sobre la distribución por cajas pagadoras del gasto máximo asignado,
Que la propuesta de pago se basa en resolución de autoridad competente.
En la fiscalización previa de las reposiciones de fondos por anticipos de caja fija la Intervención comprobará:
Que las propuestas de pagos se basan en resolución de autoridad competente.
Que existe crédito y el propuesto es adecuado.
ARTÍCULO 24 Especialidades en cuanto al régimen de los reparos.
ARTÍCULO 25 Intervención de las cuentas justificativas de los pagos a justificar y anticipos de caja fija.
Se comprobará que corresponden a gastos concretos y determinados en cuya ejecución se haya seguido el procedimiento aplicable en cada caso, que son adecuados al fin para el que se entregaron los fondos, que se acredita la realización efectiva y conforme de los gastos o servicios, y que el pago se ha realizado a acreedor determinado por el importe debido.
La verificación de los extremos indicados en el párrafo anterior se realizará examinando las cuentas y los documentos que justifiquen cada partida, pudiendo utilizar procedimientos de muestreo.
Los resultados de la verificación se reflejarán en informe en el que el Interventor manifestará su conformidad con la cuenta o los defectos observados en la misma. La opinión favorable o desfavorable contenida en el informe se hará constar en la cuenta examinada, sin que tenga este informe efectos suspensivos respecto de la aprobación de la cuenta.
El órgano gestor aprobará, en su caso, las cuentas, remitiéndose posteriormente al Tribunal de Cuentas.
SECCIÓN 4ª De la intervención de la liquidación del gasto y de la inversión Artículos 26 a 28
ARTÍCULO 26 Intervención de la liquidación del gasto.
Las liquidaciones de gastos o reconocimiento de obligaciones a cargo del Tesoro Público están sometidos a intervención previa, ya tengan su origen en la Ley o en negocios jurídicos válidamente celebrados.
ARTÍCULO 27 Contenido de las comprobaciones.
Que los documentos justificativos de la obligación se ajustan a las disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. En todo caso, en la documentación deberá constar:
Que se ha comprobado materialmente, cuando proceda, la efectiva y conforme realización de la obra, servicio, suministro o gasto, y que ha sido intervenida, en su caso, dicha comprobación.
ARTÍCULO 28 Comprobación material de la inversión.
La intervención de la comprobación material de la inversión es la facultad de la Intervención de verificar materialmente, antes del reconocimiento de la obligación, la efectiva realización de las obras, servicios y adquisiciones financiadas con fondos públicos y su adecuación al contenido del correspondiente contrato o encargo.
La intervención de la comprobación material se realizará por el representante designado por el Interventor General de la Administración del Estado.
La designación de representante de la Intervención General de la Administración del Estado se efectuará entre funcionarios de la Intervención, asesorados, cuando sea necesaria la posesión de conocimientos técnicos para realizar la comprobación material, por funcionarios de los cuerpos del Estado de la especialidad a que corresponda la prestación o servicio.
Los órganos gestores deberán solicitar de la Intervención General, la designación de representante, para su asistencia potestativa a la comprobación material de la inversión, cuando el importe de ésta sea igual o superior a 50.000 euros, con exclusión del Impuesto sobre el Valor Añadido o impuesto equivalente, con una antelación de treinta días hábiles a la fecha prevista para la terminación de la prestación objeto del contrato o encargo, entendiéndose por tal la fecha de entrega o realización total de la inversión. Si la solicitud se refiere a recepciones que deban efectuarse fuera de España, el plazo será de cuarenta y cinco días hábiles.
Cuando se aprecien circunstancias que lo aconsejen, el Interventor General podrá acordar la realización de comprobaciones materiales de la inversión durante la ejecución de la prestación o servicio a solicitud del Interventor Delegado a quien corresponda su fiscalización o intervención.
El resultado de la comprobación material de la inversión se reflejará en acta que será suscrita por todos los que concurran al acto de comprobación de la inversión, en la que se hará constar, en su caso, las deficiencias apreciadas, las medidas a adoptar para subsanarlas y los hechos y circunstancias relevantes del acto de comprobación. En dicha acta o en informe ampliatorio podrán los concurrentes, de forma individual o colectiva, expresar las opiniones que estimen pertinentes.
En los casos en que la intervención de la comprobación material de la inversión no sea preceptiva, o no se acuerde por el Interventor General en uso de las facultades que al mismo se le reconocen, la comprobación de la inversión se justificará con el acta de conformidad firmada por quienes participaron en la misma o con una certificación expedida por el Jefe del centro directivo, dependencia u organismo a que corresponda recibir o aceptar la prestación o servicio, en la que se expresará, con el detalle necesario, la circunstancia de haberse ejecutado la prestación o servicio con arreglo a las condiciones generales y particulares que hubieran sido previamente establecidas.
La omisión de la intervención de la comprobación material de la inversión cuando esta intervención hubiera sido acordada por el Interventor General, impedirá que pueda reconocerse la obligación, tramitarse el pago o intervenir favorablemente las actuaciones hasta que se subsane dicha omisión en los términos previstos por el artículo 156 de la Ley General Presupuestaria.
En desarrollo de lo dispuesto en este artículo, el Interventor General de la Administración del Estado podrá dictar las resoluciones, circulares e instrucciones que estime oportunas.
Artículo 28, apartado 4 modificado por el Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 15 de Mayo de 2009.
Artículo 28, modificado por el Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Febrero de 2015.
SECCIÓN 5ª De la intervención formal y material del pago Artículos 29 a 31
ARTÍCULO 29 De la intervención formal del pago, objeto y contenido.
ARTÍCULO 30 Conformidad y reparo.
ARTÍCULO 31 De la intervención material del pago, objeto y contenido.
Cumplir, directamente, las obligaciones del Tesoro Público.
Instrumentar el movimiento de fondos y valores entre las cuentas del Tesoro.
Cuando el pago material se instrumente mediante órdenes de transferencia al Banco de España o entidades de crédito, generadas por medios y procedimientos informáticos, el sistema de información a través del que se obtengan las citadas órdenes y los procedimientos de remisión electrónica, deberán garantizar en todo caso el ejercicio de las funciones de intervención previa en los términos previstos en la Ley General Presupuestaria y en su desarrollo reglamentario. Cuando las órdenes de transferencia estén formalizadas en documento electrónico, la intervención previa podrá formalizarse en el mismo documento electrónico que contenga las órdenes de transferencias mediante la correspondiente firma electrónica que se realizará por el Interventor competente a través del portafirmas corporativo de la Intervención General.
Artículo 31, apartado 3, modificado por el Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Febrero de 2015.
SECCIÓN 6ª De la omisión de intervención Artículo 32
ARTÍCULO 32 De la omisión de intervención.
Si el Interventor general de la Administración del Estado o los interventores delegados al conocer de un expediente observaran alguna de las omisiones indicadas en el número anterior, lo manifestarán a la autoridad que hubiera iniciado aquél y emitirán al mismo tiempo su opinión respecto de la propuesta, a fin de que, uniendo este informe a las actuaciones, pueda el titular del departamento ministerial de que aquélla proceda someter lo actuado a la decisión del Consejo de Ministros para que adopte la resolución a que hubiere lugar.
Si el titular del departamento acordara someter el expediente a la decisión del Consejo de Ministros, lo comunicará al Ministro de Economía y Hacienda, por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, con cinco días de antelación a la reunión del Consejo en que se conozca del asunto.
TÍTULO III Del control financiero Artículos 33 a 46
ARTÍCULO 33 Ambito de aplicación.
Los servicios, Organismos autónomos, sociedades y demás entes públicos estatales, cualesquiera que sean su denominación y forma jurídica.
Las sociedades mercantiles, empresas, entidades y particulares por razón de las subvenciones, créditos, avales y demás ayudas del Estado o de sus organismos autónomos, o de otro modo concedidas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o a fondos de las Comunidades Europeas, así como las entidades colaboradoras que participen en el procedimiento para su concesión y gestión.
ARTÍCULO 34 Objetivo y competencias.
El control financiero al que se refieren los artícu los 17 y 18 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, tiene por objeto verificar que la gestión económico-financiera del sector público estatal se adecua a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia.
El control financiero, que será ejercido con plena autonomía e independencia respecto de las autoridades y entidades cuya gestión se controle, se realizará por la Intervención General de la Administración del Estado a través de sus Subdirecciones Generales, Intervenciones Delegadas y los funcionarios que aquélla designe, de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en el presente Real Decreto y demás disposiciones reglamentarias.
Artículo 34, apartado 1, segundo pàrrafo derogado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de Noviembre de 2003.
ARTÍCULO 35 Formas de ejercicio.
El control financiero se ejercerá mediante auditorías u otras técnicas de control, de conformidad con lo establecido en el presente Real Decreto y en las normas de auditoría e Instrucciones que dicte la Intervención General de la Administración del Estado.
Las auditorías consistirán en la comprobación de la actividad económico-financiera de los entes o programas presupuestarios objeto de control, realizada de forma sistemática y mediante la aplicación de procedimientos de análisis de las operaciones o actuaciones singulares seleccionados al efecto.
Con independencia de lo dispuesto en el número anterior, el control financiero podrá consistir en:
Otras comprobaciones decididas por la Intervención General de la Administración del Estado en atención a las características especiales de las actividades realizadas por los entes sometidos a control.
Las normas de auditoría e instrucciones dictadas por la Intervención General de la Administración del Estado serán de aplicación a todas las auditorías que se realicen en el ámbito del sector público estatal por los órganos funcionalmente dependientes de dicho centro directivo y los auditores de cuentas o sociedades de auditoría de cuentas contratados al efecto.
Artículo 35, apartado 3, letra g) adicionada por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
Artículo 35, apartado 4 adicionado por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
CAPÍTULO II De los informes de control financiero Artículos 36 a 39
ARTÍCULO 36 Informes de control financiero provisionales y definitivos.
Dicho informe tendrá carácter provisional y se remitirá por el órgano que haya efectuado el control al gestor directo de la actividad controlada para que, en el plazo máximo de quince días desde la recepción del informe, formule las alegaciones que estime oportunas. En el caso de existir deficiencias admitidas por el órgano gestor, éste indicará las medidas necesarias y el calendario previsto para solucionarlas.
Con base en el informe provisional y en las alegaciones recibidas, el órgano de control emitirá el informe definitivo. Si no se hubieran recibido alegaciones en el plazo señalado para ello el informe provisional se elevará a definitivo.
Artículo 36, apartado 6 derogado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de Noviembre de 2003.
ARTÍCULO 37 Destinatarios de los informes definitivos.
Los informes definitivos de control financiero serán remitidos por la Intervención General de la Administración del Estado, por sí o por medio de sus delegados, a los siguientes destinatarios:
Cuando el control se haya realizado a solicitud o mandato de otro Estado miembro de la Unión Europea o de la propia Comisión Europea, de acuerdo con la normativa aplicable se remitirán, además, a dicha Institución.
Cuando el ente o entes destinatarios de los informes estén incluidos en la órbita de dirección, coordinación o competencias de un determinado Departamento ministerial, servicio, organismo o ente público, los informes definitivos se remitirán, además, al titular de dicho departamento, servicio, organismo o ente, en la forma que para cada caso determine la Intervención General de la Administración del Estado.
En todo caso, se remitirán por la Intervención General de la Administración del Estado al Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos. El Interventor general de la Administración del Estado remitirá al Ministro de Economía y Hacienda los informes que estime necesarios por la naturaleza del trabajo efectuado o de sus conclusiones.
En el caso de que el control se haya realizado por interventores delegados, la Intervención General de la Administración del Estado determinará los informes que aquellos han de enviarle.
Artículo 37, apartado 1, letra e) modificada por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
Artículo 37, apartado 1, letra b) derogada por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de Noviembre de 2003.
ARTÍCULO 38 Informes de actuación.
La Intervención General de la Administración del Estado emitirá informe de actuación en relación con los aspectos relevantes deducidos del control dirigida al títular del Departamento del que dependa o esté adscrito el órgano o entidad controlada en los siguientes casos:
Cuando se hayan apreciado deficiencias y los titulares de la gestión controlada no hayan realizado alegaciones o, presentadas éstas, no indiquen las medidas necesarias y el calendario previsto para su solución.
Artículo 38, apartado 1 letra a) modificada por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
Artículo 38, apartado 4 suprimido por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
ARTÍCULO 38 bis Medidas de corrección de anomalías detectadas en el control financiero
Los órganos gestores deberán comunicar al órgano que haya desarrollado el control a los efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artícu lo 36 las medidas que se vayan adoptando para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto y, en su caso, el grado de cumplimiento de los plazos establecidos en sus alegaciones. En el caso de que dichas medidas no sean adoptadas o no se cumplan los plazos establecidos, el órgano de control lo pondrá en conocimiento de la Intervención General de la Administración del Estado a los efectos de la elaboración del informe de actuaciones a que se refiere el artículo 38 de este Real Decreto.
En el caso de que en los informes de control financiero se indiquen actuaciones de los órganos gestores que, de acuerdo con la normativa vigente, deban ser realizadas de forma inexcusable e inmediata, para reparar o evitar perjuicios para la Hacienda pública o de los entes controlados, dichos órganos deberán comunicar en el plazo máximo de un mes al órgano que haya desarrollado el control las medidas que hayan adoptado al respecto, señalando, en su caso, las discrepancias que puedan surgir con relación al contenido del correspondiente informe. Si el órgano que ha practicado el control manifestara su disconformidad con las actuaciones realizadas por el órgano gestor, lo pondrá en conocimiento de la Intervención General de la Administración del Estado a los efectos de la posible elaboración del informe de actuación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de este Real Decreto.
Lo dispuesto en este artículo se aplicará sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Subsecretaría de Economía y Hacienda y a la Inspección General del Departamento en materia de expedientes administrativos de responsabilidad contable, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 700/1988, de 1 de julio, sobre expedientes administrativos de responsabilidad contable derivados de las infracciones previstas en el Título VII de la Ley General Presupuestaria.
Artículo 38 bis adicionado por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
Artículo 38 bis, apartado 3 derogado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de Noviembre de 2003.
ARTÍCULO 39 Informes al Consejo de Ministros.
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 38 y en los apartados anteriores, cuando por su especial trascendencia la Intervención General de la Administración del Estado lo considere oportuno elevará las actuaciones, a través del Secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, al Ministro de Economía y Hacienda, para que, en su caso, las someta a consideración del Consejo de Ministros. Tales actuaciones irán acompañadas de un sucinto informe donde se expongan de forma motivada los aspectos específicos de mayor relevancia que recomienden este procedimiento.
Artículo 39 modificado por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
CAPÍTULO III Del control financiero del sector público estatal Artículos 40 a 42
ARTÍCULO 40 Del control financiero de la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos administrativos.
El control financiero se ejercerá sobre los órganos de la Administración General del Estado y sus Organismos autónomos administrativos de acuerdo con lo dispuesto en los capítulos I y II de este Título.
El control financiero se podrá ejercer de forma permanente en los términos y con el alcance que determine la Intervención General de la Administración del Estado.
ARTÍCULO 41 Del control financiero en los Organismos autónomos comerciales, industriales, financieros o análogos.
ARTÍCULO 42 Del control financiero de las sociedades estatales y entes públicos.
El control financiero se ejercera sobre las sociedades estatales de acuerdo con los dispuesto en este Título.
El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economía y Hacienda y a iniciativa de la Intervención General de la Administración del Estado, podrá determinar aquellas entidades y entes a que se refieren los artículos 6.1 b) y 6.5 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria en las que el control financiero se ejercerá de forma permanente, sin perjuicio de lo establecido en sus normativas específicas.
CAPÍTULO IV Del control financiero de las subvenciones y ayudas públicas Artículos 43 a 46
ARTÍCULO 43 Delimitación y facultad.
Artículo 43 derogado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de Noviembre de 2003.
ARTÍCULO 44 Cogestión.
Artículo 44 derogado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de Noviembre de 2003.
ARTÍCULO 45 Cofinanciación.
Artículo 45 derogado por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 18 de Noviembre de 2003.
ARTÍCULO 46 Control de subvenciones.
Artículo 46 adicionado por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
derogado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de Julio de 2006.
Disposición adicional primera derogada por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 27 de Noviembre de 2003.
Disposición adicional cuarta adicionada por el Real Decreto 339/1998, de 6 de marzo, por el que se modifican determinados articulos del real decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el regimen de control interno ejercido por la intervencion general de la administracion del estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de Marzo de 1998.
Real Decreto de 3 de marzo de 1925, por el que se aprueba el Reglamento orgánico del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Decreto 493/1967, de 3 de marzo, por el que se dictan normas en relación con el artículo 25.4 del Reglamento de 3 de marzo de 1925 y la contratación directa del Estado y sus entidades autónomas.
Real Decreto 1124/1978, de 12 de mayo, por el que, con carácter de instrucción provisional, se desarrollan las normas relativas a los servicios de intervención y control contenidas en la Ley General Presupuestaria.
PRIMERA. Posibilidad de modificación de la cuantía para comprobación material de las inversiones.
Disposición Final Tercera, añadida por el Real Decreto 109/2015, de 20 de febrero, de modificación del Real Decreto 2188/1995, de 28 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General de la Administración del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado, el 26 de Febrero de 2015.
REAL DECRETO 706/1997, de 16 de Mayo, por el que se desarrolla el Regimen de Control interno ejercido por la Intervencion general de la Seguridad socia...
Real Decreto sobre la gestión financiera de determinados fondos destinados al pago de las adquisiciones de material militar y servicios en el extranjer...
Decreto Foral 32/2011, del Consejo de Diputados de 5 de abril, que aprueba los precios públicos de asistencia a los conciertos organizados con motivo de la conmemoración en 2011 de los veinte años de la apertura del servicio Info Gaztea en el Centro Territorial de Información y Documentación Juvenil de Álava, dependiente del Instituto Foral de la Juventud.
Real Decreto 621/1981, de 27 de marzo, sobre actualización de valores de activo, Ley de Presupuestos 1981.
ORDEN VIV/2785/2004, de 29 de julio, por la que se concede la homologación a varias marcas de calidad y sellos o certificados de conformidad, de acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de 1977, sobre homologación de marcas o sellos de calidad o de conformidad de materiales y equipos utilizados en la edificación.
ANUNCIO de l'Agencia Tributaria, de citación para notificación por comparecencia (rel. 94- 03).
DECRETO 60/1998, de 5 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan las federaciones deportivas de la Comunidad Valenciana. [1998/3985]