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Timestamp: 2019-10-18 02:35:49
Document Index: 193335644

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 134', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 9']

Esta página ofrece información sobre el ordenamiento jurídico de Portugal.
1 Instrumentos o fuentes de Derecho que establecen las normas jurídicas
Siguiendo un enfoque tradicional, Portugal:
Leyes constitucionales, que comprenden la propia Constitución portuguesa, leyes constitucionales diversas y leyes que modifican la Constitución.
«las normas y principios de Derecho general o internacional común», «normas establecidas por convenios internacionales o internacionales debidamente ratificados», «normas dictadas por organismos competentes de organizaciones internacionales de las que Portugal sea parte (...), siempre que así se establezca en los tratados fundacionales respectivos», las «disposiciones de los Tratados por las que se rige la Unión Europea y las normas adoptadas por sus instituciones, en el ejercicio de sus competencias respectivas» — artículo 8 de la Constitución de la República Portuguesa;
Leyes ordinarias, incluidas leyes emitidas por la Asamblea de la República, los decretos-leyes del Gobierno y los decretos legislativos regionales elaborados por las Asambleas legislativas de las Regiones Autónomas de Azores y Madeira;
Instrumentos con un efecto equivalente al de la legislación, como los actos de aprobación de convenios, tratados o acuerdos internacionales, las decisiones generalmente vinculantes del Tribunal Constitucional por las que se declaran inconstitucionales o ilegales las medidas, los convenios colectivos y otros instrumentos colectivos que regulan las relaciones laborales;
Los reglamentos, o los instrumentos legislativos de menor rango que las leyes, cuya finalidad es complementar las leyes y completar los detalles para que puedan aplicarse o aplicarse. Incluyen la aplicación de decretos, reglamentos, decretos, decretos regionales de ejecución, decisiones, normas, órdenes de ejecución ministeriales, órdenes ejecutivas, reglamentos policiales emitidos por los gobernadores civiles y ordenanzas y reglamentos municipales.
2 Otras fuentes de Derecho
Los puntos de vista difieren en cuanto a la admisibilidad y la importancia de otras fuentes ajenas al poder político del Estado para crear una ley escrita. Estas diferencias de opinión se derivan, en particular, del hecho de que, para algunas fuentes, las fuentes son formas de establecer normas jurídicas, mientras que, para otras, se trata de canales por las que se ponen de manifiesto las normas y, para otras, son dos formas de establecer normas y canales para revelarlas. A veces se hace una distinción entre fuentes directas e indirectas, lo que evita algunas de las dificultades derivadas de las diferencias en el enfoque básico.
En lo que se refiere a las fuentes de Derecho posibles, se citará lo siguiente:
En otras palabras, la adopción reiterada y reiterada de una determinada conducta que, en general, se considera obligatoria. Esto solo puede considerarse una fuente de Derecho en determinados ámbitos. Las normas creadas de este modo pueden encontrarse, por ejemplo, en el ámbito del Derecho internacional público (por ejemplo, el principio de la inmunidad de los Estados extranjeros se deriva de la costumbre), del Derecho internacional privado y del Derecho administrativo;
La jurisprudencia, es decir, el conjunto de principios derivados de las sentencias y resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales, considera que, en algunos sectores, no constituyen una verdadera fuente de Derecho, sino que se limitan a revelar el sentido de las disposiciones jurídicas aportando soluciones a los problemas de interpretación que pueden seguirse en otros casos en función de la importancia que revisten los argumentos lógicos y técnicos en los que se basan. Algunos autores incluyen en esta categoría no solo las resoluciones judiciales en casos concretos, sino también las resoluciones judiciales que tienen fuerza de ley (decisiones generalmente vinculantes del Tribunal Constitucional) porque, en su opinión, son todos los instrumentos que crean realmente una ley aplicable en general.
Equidad, en virtud de la cual los tribunales están facultados para formular normas jurídicas adecuadas a las características específicas de cada uno de los casos objeto de examen, basándose en los principios generales de justicia y en la conciencia ética del juez. «Los órganos jurisdiccionales solo podrán adoptar una decisión basada en el patrimonio neto cuando: Cuando exista una disposición legal que lo permita; B) cuando haya acuerdo entre las partes y la relación jurídica no esté disponible; Cuando las partes hayan pactado anteriormente por razones de equidad (artículo 4 del Código Civil).
El uso, es decir, las reiteradas prácticas sociales que no se consideran obligatorias, pero que se consideran importantes en las transacciones jurídicas, en particular en la formalización de relaciones jurídicas, especialmente en el ámbito del comercio. Los tribunales pueden tener en cuenta el uso cuando así lo disponga la ley y no sea «contrario a los principios de buena fe» (artículo 3 del Código Civil). Por lo tanto, las normas jurídicas no pueden establecerse de manera autónoma por el uso, y muchas de ellas no consideran una verdadera fuente de Derecho.
La doctrina o las opiniones de la doctrina no deben considerarse una verdadera fuente de Derecho, aunque desempeña un papel importante en el desarrollo científico y técnico de los conocimientos jurídicos y tiene repercusiones importantes sobre el resultado final del trabajo de los responsables de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas.
3 Jerarquía entre los distintos instrumentos
Cuando se hace referencia a la jerarquía de las leyes, se entiende lo que se entiende por rango relativo de los distintos instrumentos, es decir, su posición a escala ordenada.
Algunos sostienen a este respecto que una jerarquía solo puede establecerse sobre la base del método de creación. Según este punto de vista, la jerarquía no se basa en la naturaleza relativa de las normas jurídicas, sino que se establece entre las fuentes mediante las que se crearon.
En este sentido, se puede establecer un orden de prioridad.
El orden jerárquico de las distintas fuentes enumeradas en la sección 1 es el siguiente:
1 Constitución de la República y leyes constitucionales;
2 Las normas y principios generales o comunes del Derecho internacional y los convenios internacionales (es decir, todos los actos mencionados en el apartado 1, letra b));
Leyes y Decretos-leyes 3.º;
4 decretos regionales;
5 actos con una fuerza equivalente de leyes;
6 Reglamentos.
4 Procedimientos para la entrada en vigor en el territorio nacional de las normas contenidas en los instrumentos nacionales supra
La recepción de instrumentos normativos internacionales cumple los siguientes criterios, tal como se describen en el artículo 8 de la Constitución de la República Portuguesa:
«Las normas y principios generales o los principios generales del Derecho internacional serán parte integrante del ordenamiento jurídico portugués»;
«Las normas establecidas en los acuerdos internacionales debidamente ratificados o aprobados entrarán en vigor en el Derecho interno portugués una vez que se publiquen oficialmente, y seguirán siéndolo mientras sean internacionalmente vinculantes para el Estado portugués»;
«Las normas dictadas por los órganos competentes de las organizaciones internacionales a las que Portugal pertenezca entrarán en vigor en el Derecho interno portugués, a condición de que así se establezca en los tratados constitutivos respectivos».
«Las disposiciones de los Tratados que rigen la Unión Europea y las normas emitidas por sus instituciones en el ejercicio de sus responsabilidades respectivas se aplicarán en el Derecho interno portugués de conformidad con el Derecho de la Unión y respetando los principios fundamentales de un Estado democrático basado en el Estado de Derecho».
5 Diferentes autoridades a la hora de adoptar normas jurídicas
Las autoridades competentes son la Asamblea de la República, el Gobierno, los Gobiernos y las Asambleas Legislativas Regionales de las Azores y de Madeira, las autoridades locales y determinadas autoridades administrativas.
6 Procedimiento de aprobación de estas normas
El modo en que se adoptan las normas varía en función de los procedimientos específicos que debe seguir cada organismo responsable de la adopción de las normas. Por lo tanto, los diferentes tipos de instrumentos legislativos se generan a través de diferentes procesos. A continuación se describen los dos procedimientos más importantes y más importantes para la adopción de normas jurídicas.
El procedimiento más complejo, que implica a la Asamblea de la República, consta de los siguientes pasos:
Iniciación de la legislación: el poder para iniciar actos legislativos es «con diputados, grupos parlamentarios y el Gobierno, y también, con sujeción a los términos y condiciones establecidos por la ley, con grupos de electores registrados; la facultad de iniciar la legislación en relación con las regiones autónomas corresponderá a la Asamblea Legislativa respectiva» (artículo 1, apartado 167, de la Constitución).
La admisión inicial, la publicación, la numeración, la numeración y la evaluación — esta fase implica el examen de la admisibilidad de la oferta, su publicación en el Diário da Asamblea, el tratamiento administrativo y, por último, la evaluación de su contenido;
Debate y aprobación: se trata de un debate sobre cuestiones generales, otro debate sobre puntos específicos, una votación sobre el proyecto de ley en su conjunto, una votación sobre puntos específicos y una votación final global. Para que una factura sea aprobada, podrá exigirse una mayoría simple, una mayoría absoluta o una mayoría cualificada;
El examen por el Presidente de la República dentro del plazo previsto por la ley, A continuación, aprueba el texto propuesto o ejerce su derecho de veto. En este último caso, la medida será examinada de nuevo por el Parlamento. Si se confirma la votación o se introducen enmiendas, el texto se envía de nuevo al presidente para su promulgación, que también tendrá lugar dentro de un período de tiempo predeterminado. El presidente de la República es responsable de «promulgar leyes, decretos-leyes y decretos reglamentarios, y ordenar su publicación, y de firmar resoluciones de la Asamblea de la República que aprueban los acuerdos internacionales y otros decretos del Gobierno» (artículo 134, letra b), de la Constitución).
Publicación: una vez promulgada, el Presidente deberá publicar el texto de la nueva legislación en el Boletín Oficial de la República Portuguesa.
El procedimiento por el que el Gobierno adopta una legislación incluye las siguientes etapas principales:
Inicio de la legislación: el despacho del ministro de que se trate presentará un proyecto de acto legislativo.
Investigación: durante esta fase, el Ministro que propone el proyecto debe sondear la opinión, y también debe consultarse a los órganos previstos en la Constitución y en la ley.
Evaluación preliminar y detallada: examen y evaluación de las propuestas tras su aprobación inicial.
Aprobación: aunque determinados tipos de legislación no tienen que ser aprobados por el Consejo de Ministros, este último es normalmente el responsable de aprobar el proyecto.
Control: «en el plazo de cuarenta días a partir de la recepción de todo decreto del Gobierno en materia de promulgación, [...] el Presidente de la República comunicará al Gobierno, por escrito y por escrito, las razones de su decisión» (artículo 4, apartado 136, de la Constitución).
Publicación del texto definitivo en el Boletín Oficial de la República Portuguesa.
7 Procedimientos para la entrada en vigor de las normas nacionales
«La ley solo será obligatoria tras su publicación en el Boletín Oficial». «Una vez publicada la Ley, entrará en vigor una vez transcurrido el plazo establecido en la ley o, en su defecto, después del plazo previsto en la legislación especial» (artículo 5 del Código Civil).
A la vista de lo establecido en el artículo 2 de la Ley 74/98, de 11 de noviembre, en su versión modificada:
el apartado 1, «Los actos legislativos y otros actos de contenido general entrarán en vigor el día fijado en el mismo, y en ningún caso el inicio del período de validez el día de la publicación.»
apartado 2: «A falta de fijación del día, los títulos mencionados en el apartado anterior entrarán en vigor en todo el territorio nacional y en el extranjero el día 5 a partir de la fecha de publicación».
apartado 4 — El plazo mencionado en el apartado 2 se contará a partir del día inmediato en el que se ponga a disposición en la página web de Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA.
8 Medios para resolver posibles conflictos entre distintas normas jurídicas
El papel más importante en este contexto lo desempeña el Tribunal Constitucional, que debe declarar inconstitucional cualquier norma contraria a la Constitución portuguesa o a los principios que en ella se establecen.
En el contexto de la evaluación de los casos individuales presentados ante ellos, los órganos jurisdiccionales no pueden aplicar normas que vulneren las disposiciones de la Constitución o los principios que se derivan de ella.
En el proceso interpretativo que se lleva a cabo para apreciar las cuestiones que se les plantean, corresponde a los tribunales superar los conflictos que existan entre distintas normas jurídicas, teniendo siempre en cuenta la citada jerarquía de las fuentes. Al hacerlo, deben considerar el sistema como un todo unificado, sin reconocer lagunas o incoherencias, en particular de naturaleza lógica o semántica, ponderar las circunstancias que subyacen a la adopción de las normas y las condiciones específicas existentes en el momento en que se desarrollan los procedimientos, exigiendo siempre una correspondencia mínima en términos de redacción, aunque de forma imperfecta, con el enfoque adoptado en la normativa y suponiendo que el legislador haya optado por las soluciones «más prudentes» y haya podido «expresar sus intenciones en términos adecuados» (artículo 9 del Código Civil).
Por lo que respecta a los conflictos entre normas en el ámbito del Derecho internacional privado, véase el tema «Legislación aplicable — Portugal».
Digesto es la base de datos legal oficial de Portugal y contiene el Diario Oficial (Diário da República).
Digesto — Sistema Integrado de Información Jurídica
El Digesto se creó mediante la Resolución del Consejo de Ministros n.º 48/92, de 31 de diciembre, y dispone:
Actos publicados en la 1ª y 2ª serie del Diário da República
Información jurídica gratuita de forma integrada, detallada y actualizada, que incluya:
Duración, efectos y notas sobre los actos publicados en la 1ª serie de DR a partir del 5 de octubre de 1910 y varios documentos de las décadas anteriores y actos de la 2ª serie de DR transformados por la CPTMEX;
Toda la información pertinente, como las normas aplicables, los reglamentos, los reglamentos de desarrollo, los cambios producidos y soportados, el Derecho comunitario aplicable, las directrices administrativas de la Dirección General de Presupuestos, la jurisprudencia y los instrumentos de regulación colectivos asociados;
Da acceso a otras tres bases de datos: LEGÇOR — Base de datos legislativa regional, REGTRAB — Base de datos sobre reglamentación laboral especial y DGO-Dout — Base de datos de circulares especiales y dictámenes de la Dirección General de Presupuesto.
Proporciona acceso, mediante la interoperabilidad con las bases de datos jurídicas del Ministerio de Justicia, con la Fiscalía General y la Asamblea de la República, a través de su base de datos de la AP — Actividad parlamentaria, respectivamente, la jurisprudencia de los tribunales principales, los dictámenes de la PGR y todos los trabajos preparatorios de la Ley desde que se publique la iniciativa legislativa.
De conformidad con el Decreto Ley n.º 83/2016, de 16 de diciembre de 2006, el Diário da República es un servicio público universal y gratuito y se edita exclusivamente por medios electrónicos. Este servicio público lo presta la Fábrica Nacional de Moneda y Casa da Moeda, S. A. (INCM), que comercializa el Diário da República en su sitio web. El acceso universal y gratuito incluye la posibilidad de imprimir, archivar, buscar y acceder libremente al contenido de los actos publicados en las series 1 y 2 del Diario de la República, en formatos electrónicos abiertos.
El Diário da República puede consultarse obligatoriamente en el Diario (Diário da República) con carácter obligatorio:
Los actos jurídicos que requieren la publicación en el Diário da República, de conformidad con la Constitución y la Ley, en particular la Ley n.º 74/98, de 11 de noviembre de 2004, modificada y publicada de nuevo por la Ley n.º 43/2014, de 11 de julio de 2011.
Una herramienta de consulta actualizada sobre el texto consolidado, sin valor jurídico, de la legislación pertinente en el sistema jurídico;
Una herramienta para consultar a un traductor jurado de términos;
Una herramienta de búsqueda, a través de términos, de actos que deben publicarse en el Diário da República;
Información jurídica debidamente tratada y sistematizada;
Interconexión con bases jurídicas de información jurídica adicional específicas por sectores, en particular la jurisprudencia, el Derecho comunitario, las directrices administrativas y la literatura jurídica;
Enviando gratuitamente el correspondiente índice al correspondiente índice de la 1ª y 2ª serie del Diário da República;