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Timestamp: 2017-11-25 02:12:16
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Matched Legal Cases: ['artículo 181', 'artículo 181', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 178', 'artículo 181', 'artículo 46']

Honorable Legislatura de la Provincia del Chubut - Sesión 1036 23-03-06 Especial
Sesión 1036 23-03-06 Especial
Reunión n°. 1036
II – INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
III – CIERRE DE LA SESIÓN
- En Rawson, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, a veintitrés de marzo de dos mil seis, siendo las 9,15 dice el
SR. PRESIDENTE (Vargas): Con la presencia de veintidós señores diputados en el recinto, cuatro en la Casa y uno ausente con aviso, se declara abierta la sesión especial convocada para que el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia brinde el informe previsto en el artículo 181° de la Constitución Provincial.
Ya se encuentra en la Casa el doctor Daniel Luis Caneo, Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a quien vamos a invitar a ocupar este sitio para que proceda a dar lectura a su informe.
- Ingresa en el recinto y ocupa el sitial de Presidencia el señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Provincia, doctor Daniel Luis Caneo.
Doctor Caneo, le doy la bienvenida a esta Casa y lo invito a dar lectura a su mensaje.
INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE DEL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA
DR. CANEO (Presidente del Superior Tribunal de Justicia): Señor Presidente de la Junta Federal de Cortes de Río Negro, Alberto Balladini, y miembros del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro; señor Vicepresidente de la Junta Federal de Cortes y Presidente de la Corte de Justicia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez; señor Presidente del Tribunal de Justicia de Río Negro; señores Magistrados Judiciales de la Provincia del Chubut, nacionales, señor Ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, señor Fiscal de Estado, señor Presidente de la Asociación de Magistrados, señores concejales, señores del Sindicato de Trabajadores Judiciales, señoras y señores, señor Presidente, señores diputados: vengo a esta Honorable Casa de las Leyes a rendir cuentas de lo actuado en mi carácter de Presidente del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia.
Tan alta responsabilidad me es conferida por el artículo 181° de nuestra Carta Magna.
Los constituyentes del año ’94 sabiamente dispusieron que se informe anualmente y con mensaje escrito sobre la actividad del Poder Judicial.
Este principio republicano es la encomienda que nos permite completar nuestra delicada labor con la publicidad de nuestros actos.
Asimismo, informo que en cumplimiento de la Ley n°. 4920 (artículo 9°, inciso 11 y artículo 14° inciso 19) se incorpora al anexo de este discurso, el informe anual de la Defensoría General, correspondiente al ejercicio 2005.
Por tal motivo, hoy diré -más allá de la abundante información estadística que está a vuestra disposición en el anexo- el derrotero que han transitado nuestros pasos y las contingencias que hemos atravesado para que desde esta Casa de las Leyes sea propalado hacia el pueblo.
Mis argumentos son líneas que guardan unidad con nuestros mejores anhelos, aquellos que liberados del peso del dogma fueron impulsados por la energía que sólo se obtiene de los emprendimientos responsables.
Compartiré con ustedes, señor Presidente y señores diputados, una meditada reflexión sobre el tiempo que ha pasado y sobre la perspectiva del que aún nos aguarda.
La libertad y la independencia de criterio siempre pagan un costo, pero hacen que nuestra voz y nuestra acción alcancen finalmente el objetivo que las anima, esto es, poner el punto de equilibrio en los conflictos que se sufragan en la comunidad.
La verdadera vocación que nos impulsa jamás ha sido funcional a los gobiernos.
Vivimos en Chubut, soñamos, sufrimos y nos alegramos por todo lo que acontece en nuestra provincia. Somos ciudadanos que caminamos las calles que nos son propias.
Nunca es debilidad el reconocimiento a las autoridades legítimamente constituidas. Es respeto por la división que regula el funcionamiento del Estado. Respeto por todos aquellos que votaron y eligieron.
Acuerdos de un carácter fundacional nos legitiman con suficiencia.
Son las leyes las que convalidan el funcionamiento de una sociedad que continúa intentando crecer para alejarse de los malos tiempos.
A ellas estamos sujetos y nuestras decisiones surgen de su propio contenido.
No es preciso invocar otra circunstancia que no sea el apego a la ley.
Podremos disentir, no estar de acuerdo o llegar a un punto común de convivencia, pero jamás acatar otro mandato que no sea el de la ley surgida de este honorable recinto.
Los proyectos y la práctica social sin lugar a dudas trascienden a los hombres y se transforman en un instrumento de mayor potencia que la mera declamación; es la voluntad del conjunto, la vocación por hacer las cosas que corresponden hacer.
Debo manifestar que a pesar de las voces disidentes -habitual en toda construcción seria-, no sin tropiezos, no sin desgaste, estamos avanzando en nuestra marcha.
Desde siempre hemos transparentado nuestros actos y redoblamos los esfuerzos para alcanzar una mejor Administración de Justicia.
Toda encomienda noble y duradera tiene un camino difícil, pero nuestro mayor celo está puesto en el intento de extremar a su mínima expresión el margen de errores cuando la práctica diaria es intensa y vertiginosa.
Si el desafío es asumir la realidad llena de urgencias, nosotros lo estamos haciendo, a diario y sin vacilaciones.
El Tribunal de Enjuiciamiento es una prueba irrefutable.
Más allá de la dureza de las decisiones que hemos debido tomar y que humanamente nos sitúan en un límite cuyo margen produce angustia, ya lo he dicho y lo repito: estamos apegados a las leyes, las que surgen de esta Casa por la voluntad del pueblo y ése es el Derecho sobre el cual trabajamos.
Los jueces no somos meros espectadores de la realidad.
Si la crisis moral nos aborda, disponemos de los instrumentos necesarios para hacerle frente con total independencia.
No hay cantos de sirenas porque la reparación de un daño requiere confirmar el primero de los pactos del Estado, el de convivir civilizadamente, honestamente y con dignidad.
El miedo o la resignación son elementos que nos hacen retroceder como sociedad.
La República tiene una larga y amarga experiencia al respecto.
Tenemos que aprender de la historia y no sólo hacernos cargo de ella.
Debemos desechar las promesas si las mismas no son formuladas a partir de las mejores prácticas republicanas.
Las cuestiones de orden público que tienen que ver con el funcionamiento de nuestras instituciones deben ser preservadas, hacia adentro y hacia fuera.
Sólo el respeto por la división establecida para cada uno de los Poderes del Estado, constituye garantía y aseguramiento para una República democrática que alumbró definitivamente hace tan sólo 22 años.
En este corto lapso de la historia, los argentinos hemos aprendido que ninguna de las cuestiones públicas deben reducirse a términos que sólo sirvan para la mera disputa. En cambio, el diálogo, la comprensión y el entendimiento, por experiencia y convicción, son las únicas herramientas que nos llevarán a un superior y noble destino.
Sólo el respeto a la ley nos aleja del caos y el abismo.
Sabemos que cuando se avanza arrasando el terreno sólo hay postración y postergamiento de las legítimas aspiraciones de crecimiento pacífico y acompasado de todos los estratos sociales que integran la comunidad.
La historia así lo confirma.
Los discursos en una República deben necesariamente admitir la diferencia y el disenso. Tal vez sea el único modo de imaginarnos un poco mejor de lo que en realidad somos.
Las comunidades organizadas no renuncian a las bases que le dan sustento. Ésas que pensaron y ejecutaron nuestros mayores y que encierran nuestros anhelos más profundos.
Honrar la verdad de manera fundada sigue siendo el mecanismo que nos alejará de la sospecha, la calumnia y el desdén.
Su contracara degrada la gestión pública y nos distancia de los objetivos que impone la democracia.
La voluntad del gobernante siempre debe tener contrapesos. Ése es el esquema establecido para la Nación, para nuestra Provincia y para nuestros Municipios.
Es el modo elegido para que las instancias resolutivas funcionen.
Nuestra Carta Magna, la que todos hemos jurado respetar, es un compendio luminoso que aun en los peores momentos puede guiarnos para revertir las conductas equivocadas.
Todo depende de nosotros si nuestra pretensión es alcanzar el carácter fecundo de nuestras mejores intenciones.
Repito, no hay otro camino que el de fortalecer nuestras instituciones. No es posible sostener la vida de un Estado Representativo, Republicano y Federal sin pluralismo, sin los representantes que hoy están en esta Casa, sin un Poder Ejecutivo que genere un proyecto amplio y tolerante, y sin un Poder Judicial independiente en el ejercicio de su jurisdicción y de sus propios recursos.
La complejidad de nuestra agenda, que desgasta pero también nutre, es nada menos que el diseño de una articulación judicial rigurosa y eficiente, una geografía de nuestra propia realidad.
Tal diseño es ejecutado desde una plena convicción, lejos de la influencia de las pasiones exacerbadas.
Siempre será un beneficio para toda la comunidad saber que la comprensión de los asuntos públicos surge de un análisis sereno e imperturbable de los hechos.
Los deberes y los principios republicanos surgen de la razón y el entendimiento, nunca de las prácticas reñidas con esos principios fundamentales.
Reglas claras es la consigna. Son las que se necesitan para afrontar una realidad urgente, más allá de las diferencias de criterio, aun desde la discrepancia.
Si todavía hay pactos a los que aún no hemos arribado, esto se relaciona con la compleja diversidad del orden republicano de nuestro Estado.
Siempre hay tiempo para llegar a ellos cuando el orden superior es acordar la sintonía para dar con los tiempos de felicidad que todos esperamos para nuestra comunidad.
Ése es el verdadero objeto en las intenciones de los hombres y mujeres con responsabilidades públicas -a qué dudarlo-.
Así como el patrimonio general debe tener su ligadura en la visión de un entendimiento, éste nos debe permitir manejar nuestro destino financiero.
Bien lo establece nuestra Constitución Provincial que fija como atribución del Superior Tribunal de Justicia confeccionar anualmente el presupuesto de gastos del Poder Judicial que envía para su aprobación a la Legislatura (artículo 178°, inciso 4°).
Debe entonces evitarse el desgaste que supone la negociación de partidas, si ésta no condice con las previsiones de presupuestos anteriores y con los objetivos del Pacto de Estado suscripto por los tres Poderes el 6 de abril del año 2005.
En otro orden, es notorio que para alcanzar un mejor desarrollo en nuestras instituciones democráticas, quienes tenemos responsabilidades, debemos aproximarnos con fidelidad a las formas y contenidos que emanan de nuestra Constitución.
Pero esa relación tendrá su medida de acuerdo con la dimensión política de aquellos actores que ejecuten sus postulados en el marco de las presentes circunstancias.
Para evitar conflictos o para resolverlos, necesitamos de soluciones que guarden relación con el sentido común y con la especialización.
Los recursos materiales así como también los que se vinculan con la formación ayudarán a mejorar las tareas imprescindibles.
La Informática como elemento de desarrollo, la Escuela de Capacitación Judicial, la Reconversión Edilicia para nuestros tribunales y el Servicio Público de Mediación son dispositivos cuya asignatura responde a un proyecto integrador que se perfecciona día a día.
Con relación a las nuevas tecnologías, debo decir que nuestra provincia se encuentra a la vanguardia a nivel nacional en aquellos aspectos relacionados con la labor de la judicatura. Aun así, continuamos desarrollando programas y sistemas en apoyo de la labor jurisdiccional.
En cuanto a nuestra Escuela de Capacitación Judicial, estamos convencidos de que la búsqueda permanente de habilidades y destrezas en nuestros cuadros forma parte de un elemento de independencia.
Cuanto más capacitados, más independientes.
Los nuevos tiempos requieren nuevos conocimientos; la formación permanente y el debate son objetivos de este instituto cuyo gobierno, surgido del voto entre pares, planifica y ejecuta acciones en todas las circunscripciones judiciales.
El Servicio Público de Mediación en tanto, como una forma alternativa de tratamiento y resolución de conflictos, permite a los ciudadanos otra modalidad de abordar sus disputas. Alienta el diálogo y evita desgastes innecesarios. Es una de las maneras de ampliar el Servicio de Justicia.
Nuestro proyecto de reconversión edilicia es bien conocido por todos. Solo diré que se trata de una muy importante obra pública que llevamos adelante en toda la provincia, principalmente a partir de nuestros propios recursos; permitirá un reordenamiento de todo el sistema judicial y un sustancial ahorro en alquileres. El criterio es dar funcionalidad a los espacios físicos existentes y a la vez generar nuevos espacios atendiendo el crecimiento demográfico de nuestra provincia.
A través de los Juzgados de Paz, el Estado llega a la totalidad de nuestra geografía como una genuina representación de la Justicia.
Con relación a la víctimas, es preciso señalar que este Poder Judicial, desde el año 1995, ha tomado seriamente el caso en sus manos a través de la creación de los Servicios de Asistencia a la Víctima del Delito, existentes en las ciudades de Trelew (desde 1995), Comodoro Rivadavia (desde 1998), Esquel (desde el 2004) y Puerto Madryn (desde el 2005). Asistencia psicológica, legal y de contención, a través de un equipo de profesionales altamente calificados, son las herramientas que nos han permitido dar un paso adelante sobre tan delicada problemática.
Como dato objetivo, debo decir que en el transcurso del año 2005, este importante Servicio ha atendido 4.350 casos en toda la provincia.
Continuamos con la pretensión de diseñar una mejor judicatura con incumbencias y responsabilidades que no dependan de un erróneo y tal vez mediatizado análisis.
El fracaso y el acierto siempre son elementos que nos acompañarán por nuestra obstinada vocación por el hacer.
Sabemos que no existen soluciones definitivas. El axioma que dice “a grandes problemas, grandes soluciones” es apenas una construcción dialéctica que, como la utopía, nos marca un camino. Pero en su tránsito hallaremos las soluciones necesarias y funcionales, aquellas perfectamente aplicables a la dura coyuntura que vivimos.
No estamos conformes con el funcionamiento del Fuero Penal.
Estamos principalmente preocupados y ocupados por y en la Justicia Penal. Queremos finalizar de una vez por todas con su organización.
Nos encontramos en una situación grave.
Reconocemos que la crisis de seguridad es un problema acuciante en estos tiempos, que por su naturaleza, involucra a todos los sectores del Estado, pero aunque le incumbe, no es el Poder Judicial quien tiene como deber afrontarla, porque su intervención es ante el hecho consumado y su actuación responde al estricto cumplimiento de las leyes y fundamental y principalmente de nuestra Constitución Provincial.
Las políticas de prevención, asociadas entre otras, con las de educación, asistencia y contención, especialmente de los menores, le son ajenas.
Seguramente lo que necesitamos los chubutenses es ensayar nuestra propia pacificación para, a partir de la misma, entre todos analizar desapasionadamente esta lacerante realidad y encontrar la solución que satisfaga para una mejor convivencia.
En tanto, en lo que nos atañe, seguimos en una transición que ya lleva muchos años y que, a medida que el tiempo pase, más daño seguirá ocasionando.
Por tal motivo, en este día republicano y por la manda del artículo 181° de nuestra Constitución, debo solicitar a esta Honorable Legislatura que disponga lo necesario para que el actual estado de situación sea revertido.
Los jueces trabajamos con el Derecho que surge de esta Honorable Casa de las Leyes por voluntad del pueblo.
Por tal motivo es urgente disponer cuanto antes de una Legislación Procesal Penal que prevea los dispositivos de un ajuste ineludible a fin de paliar la presente situación.
La gran proliferación de normas acumuladas debe ser armonizada de manera definitiva a fin de aliviar este presente lleno de urgencias. Debemos evitar que la interpretación de las mismas se lleve las mejores energías de la práctica jurisdiccional.
De persistir esta situación, no habrá posibilidad real de resolver conflictos, sino todo lo contrario.
Hemos llegado a un punto en el que es indispensable avanzar sin demoras, porque no es posible continuar sin óptimas y definidas reglas jurídicas para nuestra provincia.
Cuando algo no conforma y esa disconformidad es expresa, se debe tomar una elección para alejar el fantasma de la transición permanente.
Es claro que la eficiencia de la Justicia Penal no se mide por la cantidad de condenas que dicta, sino por la cantidad de sentencias que emite. Por esa razón es que necesitamos un Código Procesal Penal que exprese lo mejor de las intenciones del conjunto, capaz de proyectar claridad a fin de dotar al Sistema Judicial de la eficacia que se le reclama.
Los albores de un nuevo diseño procesal hacen necesario alertar sobre la existencia de un problema presente y que puede agravarse, me refiero a la privación de la libertad de personas con condena firme en alcaldías y cárceles de comisarías. Al momento de redactar este informe, el número de las mismas asciende a 120 en toda la provincia.
Esta realidad debe revertirse.
Urge entonces, si fuera necesario, obtener un mayor cupo de plazas ante el Servicio Penitenciario Nacional, gestión que no es propia del Poder Judicial.
La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad (24660) es clara; de conformidad con los artículos 178° y 179°, en alcaldías sólo puede haber personas sometidas a proceso penal y no aquellas que tengan condena firme.
En otro orden, debo hacer pública mi aspiración de que el proyecto de reforma al Código Procesal Civil y Comercial -también con estado parlamentario- sea evaluado por los señores diputados y alcance finalmente su destino de ley. Contaremos de ese modo con el ordenamiento jurídico que tan trascendente iniciativa proveerá a nuestra labor.
Con relación a la Carta de Derechos de los Ciudadanos de la Provincia del Chubut a la Justicia, saludamos su sanción como ley.
Muchos de los puntos que la conforman, que son el fiel reflejo del trabajo que fuera realizado en el año 2002 en la ciudad de Puerto Madryn por el conjunto de los Superiores Tribunales de Justicia nucleados en el Foro Patagónico, ya fueron puestos en práctica con anterioridad por este Superior Tribunal de Justicia, que actualmente presido.
Aquellos que aún falte implementar sepa el pueblo que ya estamos trabajando en su instrumentación.
Con relación a su artículo 46°, este informe anual no contiene información sobre el particular en virtud de que la mencionada ley fue sancionada el 14 de diciembre de 2005, publicada en el Boletín Oficial el 3 de enero de este año y reglamentada su vigencia a partir del 1° del corriente mes, por lo tanto aún no tenemos datos disponibles.
Señor Presidente, señores diputados: ingresando en el tramo final de mis palabras, diré que ha sido mi pretensión compartir un puñado de ideas con todos ustedes y, por vuestro intermedio, con toda nuestra comunidad.
La semántica de todo discurso ineludiblemente debe llevar la urgente necesidad de ser fiel a la realidad que acontece; de otro modo no podríamos describirla; mucho menos acompañarla.
La época que vivimos, por la magnitud de los problemas que enfrentamos, nos demanda un desempeño en donde debe privar la dedicación, la sencillez y la nobleza en todos y cada uno de nuestros actos.
Si hoy me encuentro en este recinto es para reivindicar la importancia que el Poder Judicial tiene como factor de moderación para que el progreso y el bienestar surjan de esta empresa común que es el Estado Provincial.
La participación es la herramienta; su virtud, el convencimiento de que todos formamos parte y a todos nos pertenece.
Si es preciso redimirnos como sociedad, que lo sea a través de las lecciones aprendidas y las tareas completadas.
A mi edad, sé que lo difícil es posible, y también sé que lo imposible no es real.
Si nuestras opiniones tienen variados caminos, intentemos una vez más hallar aquél que a todos nos contenga.
Emanuelle Kant apuntó que todos somos iguales ante el deber moral. Estoy convencido de ello y por tal motivo, digo en esta Honorable Casa que renuevo mi fe, una vez más, en las leyes que hacen el Derecho que practicamos.
Mi compromiso es republicano, tanto como puede serlo el de un hombre que cree fervientemente en las instituciones como articulación necesaria para el bienestar general.
- Aplausos prolongados en las bancas y en las barras.
SR. PRESIDENTE (Vargas): Habiendo finalizado el mensaje del señor Presidente del Superior Tribunal de Justicia y habiéndose cumplido con el objeto de la presente reunión especial, se levanta la sesión.
- Eran las 9,46.
Inicio Diarios de Sesiones Año 2006 Sesión 1036 23-03-06 Especial