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Timestamp: 2019-01-21 22:51:49
Document Index: 395236245

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 103', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 47', 'artículo 3']

Nuevo registro de prestadores de servicios a sociedades | Notarios y Registradores
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SOBRE EL NUEVO REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS A SOCIEDADES
Desde muy antiguo el legislador europeo ha sentido una viva preocupación por el fenómeno del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Su eficaz prevención ha sido una de las directrices de gran parte de su legislación financiera y societaria.
Desde la Directiva del año 1991, en la que se definía el blanqueo de capitales por referencia exclusiva al tráfico de estupefacientes y solo se imponían obligaciones a las entidades financieras, hasta la reciente V Directiva, pasando por las Directivas de 2001 la de 2005, y la fundamental IV Directiva de 2015, se ha ido ampliando el ámbito de actuación para imponer obligaciones, no sólo a las entidades financieras, sino también e incluso más a una serie de sujetos obligados que en el ejercicio de sus profesiones y obvio es decirlo, sólo profesionalmente, pueden entrar en relación con el crimen organizado.
También ha tenido claro la UE que para combatir con eficacia la corrupción, el crimen organizado, el terrorismo y el blanqueo de capitales, la información especializada es algo de fundamental importancia.
Pues bien dentro de esa información especializada podemos enmarcar la nueva Disposición Adicional que el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto introduce en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
II.- Quiénes son los prestadores de servicios a sociedades.
Por decirlo de forma muy breve y sintética son aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas profesional o empresarialmente a realizar diversos servicios relacionados con sociedades y también fideicomisos.
En definitiva es una actividad considerada de riesgo por la UE y por eso sujeta a los especiales condicionamientos como ahora veremos.
III.- Su regulación en la Directiva 2015/849 de 20 de mayo o IV Directiva antiblanqueo.
La IV Directiva antiblanqueo, partiendo de la premisa de que las tramas del crimen organizado encubren el producto de sus delitos o los medios para la realización de atentados terroristas normalmente en personas jurídicas, pero especialmente en sociedades de capital, no sólo consideró a estos prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos como sujetos obligados, con la repercusiones que ello produce, sino que no satisfecha con ello en el artículo 47.1 vino a disponer que “Los Estados miembros dispondrán que (…) los proveedores de servicios a sociedades o fideicomisos estén sujetos a la obligación de obtener licencia o de registrarse,…”.
IV.- Su transposición al derecho español.
Dado que el plazo de transposición del precepto antes visto de la Directiva había finalizado el 26 de junio de 2017, España se encontraba en flagrante incumplimiento, lo que podía provocar un expediente sancionador por parte de la Comisión Europea.
A ello se responde con el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, “de transposición de directivas en materia de …, prevención del blanqueo de capitales…, entre otras cuestiones”.
Por tanto para la debida transposición del artículo antes visto de la Directiva 2015/849, era necesario que el derecho interno estableciera las normas precisas para sujetar a las sociedades prestadoras de servicios a sociedades y fideicomisos a la obligación o bien de registrarse en un registro público, jurídico o administrativo, o bien a obtener una licencia para poder desarrollar sus actividades propias.
Ante la disyuntiva que establece este artículo, de que los proveedores de servicios a las sociedades se sujeten a licencia o registro, la Ley de reforma, con indudable acierto, se inclina por la obligación de registrarse, en lugar de estar sujetos a licencia.
La exigencia de registro en lugar de licencia responde a la necesidad de evitar nuevos costes administrativos, evitar retrasos en la entrada en funcionamiento de estos prestadores de servicios, evitar el posible colapso por la petición masiva de licencia de todos los actuales prestadores que no cuentan con ella o en la evitación de recursos por denegación de licencia, en su caso.
Por su parte la elección del Registro Mercantil como registro escogido para el debido control de los prestadores de servicios a sociedades también se apoya en evidentes razones de economía, pues con ello se evita la creación de nuevos órganos administrativos, se cumple con el principio de eficacia a que se refiere el artículo 103 de la Constitución y al principio de proporcionalidad que debe presidir la actuación del sector público, no se duplican las exigencias de registro de aquellas entidades dedicadas a estos servicios y que, por ser sociedades de capital, ya consten inscritas en el Registro Mercantil, a lo que se añade que el Registro Mercantil es un registro jurídico dependiente del Ministerio de Justicia por medio de la Dirección General de los Registros y del Notariado, su distribución territorial se extiende a todas las provincias españolas, aparte de en determinadas islas que señala el artículo 16 de Reglamento del Registro Mercantil, se facilita enormemente el cumplimiento de la exigencia legal, y finalmente porque al constar ya por medio del depósito de cuentas de las sociedades los titulares reales, se concentra en una única institución todos los aspectos relacionados con las sociedades, con la prevención del blanqueo de capitales y con la financiación del terrorismo.
Así lo reconoce de forma paladina el preámbulo o EM de RDL al decir que la Directiva “establece así obligaciones adicionales, como la obligación de licencia o registro de los prestadores de servicios a sociedades –habiéndose optado por la de registro, por su mayor economía y facilidad”.
V.- Su regulación en la nueva Disposición Adicional de la Ley 10/2010.
Como ya hemos indicado, el Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, modifica en su título segundo la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo introduciendo una nueva DA en la misma en la que se regula de forma completa la nueva obligación de registro, así como la constancia de la actividad en sociedades ya existentes, o la información que sobre actividades de riesgo debe proporcionarse.
Sintetizamos ahora la disposición legal en los siguientes puntos.
Quizás sea este, el de las personas físicas y jurídicas obligadas a registrarse, uno de los puntos clave de la nueva regulación por la multiplicidad de situaciones que pueden darse. La letra o) del apartado 1 del artículo 2 de la Ley 10/2010, añade que esos prestadores de servicios a sociedades deben serlo “por cuenta de terceros”. No es excesivamente clara esta expresión que en principio pudiera interpretarse como lo contrario de “por cuenta propia”, aunque reconocemos que no son descartables otras posibles interpretaciones que quizás sea todavía pronto para hacerlas. Con todo lo que sí sería posible es que reglamentariamente, por analogía con lo que se dispone en el apartado 3 del mismo artículo en relación a las entidades financieras, se pudieran excluir reglamentariamente determinadas profesiones por su escaso peligro de blanqueo de capitales o por lo escaso de las operaciones llevadas a cabo. Pese a ello también hacemos notar que la Directiva en su artículo 47.1 reformado, y en el antiguo artículo 3.7 en su redacción de 2015, se producen con gran generalidad al referirse a que estos prestadores de servicios a sociedades son “toda persona que preste con carácter profesional los siguientes servicios a terceros…”.
10. Sanciones por falta de inscripción o de adaptación a la norma.
Tanto la falta de inscripción como la falta de adaptación tienen la consideración de infracción leve que conlleva sanciones de amonestación privada o de multa por importe de hasta 60.000 euros.
El procedimiento sancionador será el establecido en la propia Ley.
11. Sanciones a los profesionales personas físicas por no depósito de documento informativo.
Son las mismas que las vistas anteriormente.
12. Autorización al MJ para desarrollo de la Ley.
Termina la DA que examinamos con una amplia y genérica autorización al MJ para que por medio de la DGRN dicte las disposiciones necesarias para el debido cumplimiento de esta DA.
Entre estas disposiciones, y como fundamentales, estará el formulario para la debida inscripción de los profesionales, el nuevo documento sobre actividades de riesgo que debe acompañar a las cuentas anuales, y el documento puramente informativo que deben depositar los profesionales.
Esperemos que estas disposiciones estén también presididas por la simplicidad que se ha querido dar a toda la regulación de los prestadores de servicios a sociedades, evitando imponer cargas innecesarias o muy gravosas.
El día de su publicación en el BOE, es decir el 4 de septiembre de 2018.
14. Transcripción de la nueva DA de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo.
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo.
V Directiva antiblanqueo
Resumen del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto
Resumen Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo (modelos cuentas anuales 2018)