Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-31809-de-septiembre-27-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_7599204225e6f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-23 16:18:57
Document Index: 194202058

Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 57', 'artículo 137', 'artículo 20', 'artículo 134', 'artículo 20', 'artículo 1', 'artículo 137', 'artículo 20', 'artículo 365']

﻿ AUTO 31809 DE SEPTIEMBRE 27 DE 2006
AUTO 31809 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 2006
CONTENIDO:DEMANDAS INDEMNIZATORIAS POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS ESTATALES. LA COMPETENCIA ESTÁ RADICADA EN LA JUSTICIA ORDINARIA, SALVO CON LOS CONFLICTOS DERIVADOS DEL USO DE LAS PRERROGATIVAS DE AUTORIDAD PÚBLICA PROPIAS DEL DERECHO PÚBLICO QUE OTORGA LA LEY 142 DE 1994.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RECHAZO DE LA DEMANDA, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, SERVIDUMBRE PÚBLICA
Auto 31809 de septiembre 27 de 2006
Ref.: EXP. 08001-23-31-000-2004-01970-01 (31.809)
Actor: Sociedad Quimicol Ltda.
Demandado: Corelca S.A. ESP.
Bogotá, D.C, veintisiete de septiembre de dos mil seis.
Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra del auto de 2 de febrero de 2005, proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por el cual se resolvió rechazar la demanda por no corregir los defectos señalados en el auto inadmisorio de la misma, providencia que será revocada.
1. El 28 de septiembre de 2004, la sociedad Quimicol Ltda., a través de su representante legal y mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica Corelca S.A. ESP con el fin de que se le indemnicen los perjuicios materiales y morales que se le causaron con ocasión de la imposición de una servidumbre pública de conducción de energía sobre los predios de su propiedad sin que se pagara la indemnización previa establecida para ello.
2. El a quo inadmitió la demanda en providencia de 29 de octubre de 2004, por considerar que no se ajustó a las formalidades establecidas en el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, razón por la cual le concedió al actor un término de 5 días para que explicara el por qué no cobró la indemnización que reclama a través de un proceso ejecutivo y para que estimara razonadamente la cuantía.
3. Para atender el anterior requerimiento la parte actora mediante escrito presentado el 5 de noviembre de 2004 manifestó en relación con la razón por la cual la indemnización que se pretende se reclama vía reparación directa y no vía acción ejecutiva, que “corresponde a otra servidumbre que debe pagar la entidad demandada” y “... la indemnización a que se hace mención en el auto mencionado esta fué (sic) cancelada a través de el (sic) respecto (sic) proceso ejecutivo...”.
En relación con la estimación razonada de la cuantía dijo: “... estimo la suma de $1.000.000.000. tomado como fundamento la indemnización que tuvo que pagar la entidad demandada como consta en la condena que se le impuso a través de la jurisdicción civil, y porque el tiempo y la repotenciación de las líneas que cubren la totalidad del predio de Quimicol Ltda., además de los perjuicios materiales que se han ocasionado al no poder crecer Quimicol Ltda., hacia arriba por estar los cables de altísima potencia, está el daño en las personas que laboran en la entidad demandante por los rayos que producen el campo magnético en la salud de las personas... La suma que razonadamente expreso, pude ser mayor o menor, pero para determinarla con exactitud, debe ejecutarse el respectivo avaluó, por personas idóneas en la materia”.
4. Mediante providencia de 2 de febrero de 2005, el tribunal rechazó la demanda por considerar que el requerimiento por él realizado fue atendido parcialmente por el actor, quien no explicó razonadamente los factores que dieron lugar a que los perjuicios que reclama ascendieran a la suma señalada en la demanda, esto es a $1.000.000.000 de pesos.
5. Inconforme con lo resuelto, la parte actora interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la anterior providencia. Puso de presente que la parte resolutiva de la providencia recurrida se refería a otro proceso que nada tenía que ver con el de la referencia y que la estimación razonada de la cuantía por ella realizada se hizo tomado como fundamento “la indemnización que pagó la entidad demandada en un proceso similar”, además de que dicha servidumbre ha impedido el desarrollo del objeto social y la expansión de la empresa, razón por la cual estimó los perjuicios a ella causados en la suma de $1.000.000.000 de pesos.
6. En providencia de 24 de junio de 2005, el tribunal resolvió corregir el auto impugnado en el sentido de que se “se rechaza la demanda presentada por Quimicol Ltda., en contra de Corelca” y concedió el recurso de apelación en aras de la prevalencia del derecho sustancial.
1. Como cuestión procesal previa antes de entrar a estudiar el recurso de apelación, la Sala se refiere a la competencia que tiene para conocer del asunto de la referencia.
Ha definido la Sala que entratándose de demandas indemnizatorias por los daños causados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios estatales, la competencia está radicada en la justicia ordinaria, bajo el entendimiento de que la prestación del servicio público no está inmerso en el concepto de función pública y mucho menos en el de función administrativa, según se viene sosteniendo de manera reiterada en los siguientes términos:
“Por todo lo dicho, la Sala concluye que la Constitución de 1991 significó un gran cambio en cuanto se refiere a la concepción de los servicios públicos, pues reconoce que el Estado y los particulares pueden concurrir, en condiciones de libre competencia, a su prestación, sin que ello signifique que renuncie a su condición de director general de la economía y garante del cumplimiento de la función social de la propiedad (1) . En este sentido. Siguiendo al doctor Chaín Lizcano, se reitera:
“Los servicios públicos se sustraen del esquema de administración pública, de función pública, de servicio público como responsabilidad estatal, para trasladarse al campo de la economía general, en donde el Estado cumple con respecto a ellos, su papel regulador, fundamentado en las atribuciones que le confieren, entre muchas otras normas constitucionales, los artículos 333 y 334 de la Constitución Política. (...) Como la intervención debe cumplirse en relación con todo el proceso económico, o como dice la Constitución “en la explotación de los recursos naturales, en el uso del suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados...” no hay duda que el Constituyente de 1991, estructuró con relación a los servicios públicos domiciliarios, un esquema específico o particular de intervencionismo, caracterizado por los elementos y componentes institucionales anteriormente descritos, por lo que resulta válido afirmar que en adelante, la aproximación conceptual al tema de los servicios públicos no puede hacerse con fundamento en la ecuación que equipara servicio público a función pública, sino desde la perspectiva de que corresponden al concepto de bienes de mercado, sometidos en su desempeño a las leyes del mercado, en habitantes y la distribución equitativa de las oportunidades” (2) (se resalta).
Así, la prestación de los servicios públicos domiciliarios no es considerada, de manera general, como función pública, y será necesario determinar, en cada caso concreto, si la actividad que dio lugar a la controversia es de aquellas que puede ser considerada como pública ” (3) .
Esta regla encuentra su excepción con los conflictos derivados del uso de las prerrogativas de autoridad pública propias del derecho público (4) que otorga la Ley 142 de 1994 a las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios en los artículos 56, 57, 116, 117 y 118, en relación con las cuales se ha reconocido que la competencia para su conocimiento es de esta jurisdicción (5) . En providencia de la Sala Plena de 23 de septiembre de 1997, se dijo:
“a) Los actos y los contratos de las empresas de servicios domiciliarios son privados y están sometidos, por regla general, al derecho privado y sus conflictos dirimibles ante la jurisdicción ordinaria. b) No obstante esto, las citadas empresas pueden dictar ciertos actos administrativos, susceptibles de recursos y de acciones contencioso administrativas, entre los que puedan citarse los de negativa a celebrar el contrato de servicios públicos, los que ordenan su suspensión o terminación o deciden el corte del servicio y su facturación (art. 154 inc. 1º) Así mismo, esas empresas pueden celebrar contratos sometidos por regla general al derecho privado y a la jurisdicción ordinaria; y otros, como los de prestación de servicios regulados en los artículos 128 y ss. y los demás contratos que contengan cláusulas exorbitantes por imposición o autorización de las comisiones de regulación, en los cuales el derecho público será predominante y cuyas controversias serán de la jurisdicción administrativa (art. 31 inc. 2º, porque quien presta esos servicios se convierte en copartícipe, por colaboración, de la gestión estatal; o, en otras palabras, cumple actividades o funciones administrativas. d) El ejercicio de las facultades previstas en los artículos 33, 56, 57, 116, 117 y 118 de la Ley 142, darán lugar a la expedición de actos controlables por la jurisdicción administrativa, y e) Los contratos especiales enunciados en el artículo 39 de la mencionada ley estarán sujetos al derecho privado, salvo el señalado en el artículo 39.1 que estará sometido al derecho público y a la jurisdicción administrativa” (6) (negras de la Sala)
El tema discutido en este caso tiene su fuente precisamente en la facultad conferida por el artículo 57 de la Ley 142 de 1994 a las empresas de servicios públicos domiciliarios de imponer servidumbres, hacer ocupaciones temporales y remover obstáculos cuando sea necesario para prestar los servicios públicos.
En efecto la demandada va enderezada a lograr que se le indemnicen al accionante los perjuicios que dice haber sufrido con ocasión de la imposición de una servidumbre pública de conducción de energía sobre predios de su propiedad.
Queda así despejada cualquier duda sobre la competencia de esta jurisdicción para conocer el tema que se examina.
2. La Sala revocará la decisión del tribunal, habida consideración al hecho de que la corrección de la demanda, en el sentido de estimar razonadamente la cuantía, fue subsanada en debida forma, dentro del término concedido (CCA, arts. 137 y 139).
El legislador impuso la carga al demandante de observar una serie de requisitos que debe reunir la demanda al momento de su presentación y el juez al recibirla debe realizar un estudio de la misma para establecer si efectivamente se ajusta a lo exigido en la ley, para proceder a su admisión.
En caso de no reunir los requisitos, con el fin de evitar futuras nulidades y lograr el saneamiento del proceso, el juez cuenta con la facultad de inadmitirla, exponiendo los defectos formales de que adolece, para que el demandante los subsane en el término de 5 días, so pena de rechazo.
En el sub examine el a quo rechazó la demanda con fundamento en el hecho de que el actor no cumplió con uno de los requisitos exigidos en el auto por el cual se inadmitió la demanda, toda vez que este se limitó a reiterar la cuantía ya señalada, sin justificar los factores que dieron lugar al cobro de los perjuicios reclamados.
Encuentra la Sala en primer lugar que al momento de disponer el rechazo de la demanda por el incumplimiento a esa orden, el a quo tuvo en cuenta los requisitos establecidos a partir del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, para que de la demanda pueda predicarse el cumplimiento del presupuesto demanda en forma.
Uno de esos requisitos es precisamente el de la estimación razonada de la cuantía, requisito que no se satisface con una valoración caprichosa que realice el demandante, sino que por el contrario, está sujeto a las reglas previstas en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, norma aplicable al asunto en comento en virtud de lo dispuesto por el artículo 134 - E del Código Contencioso Administrativo.
Al respecto el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el numeral 8º del artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, establece que la cuantía se determina i) por el valor de las pretensiones al tiempo de la demanda; o ii) por el valor de la pretensión mayor, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones; o iii) en los procesos posesorios por el valor del bien objeto de la perturbación o despojo.
El contenido de esa norma del Código de Procedimiento Civil unido al del numeral 6º del artículo 137 del Código Contencioso Administrativo, determinan que en la demanda se debe estimar la cuantía siguiendo las reglas de que será la del valor que tenga la mayor de las pretensiones al momento de presentación de la demanda, y tal manifestación deberá ser acompañada de la justificación de esa valoración, es decir el demandante debe explicar la razón por la cual valoró en determinada suma la cuantía de la demanda.
El cumplimiento de la estimación de la cuantía en la demanda que da origen a un proceso que se tramita ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa no se satisface con la mera valoración de la misma, es menester además que se justifique esa valoración.
En el sub examine el actor dentro del capítulo de competencia y cuantía de la demanda expuso:
“Es, Ud (sic), competente para conocer de este proceso, por su naturaleza vecindad de las partes y cuantía, la cual estimo en la suma de un mil millones de pesos m/l ($1.000.000.000 m/l), valor que debe pagar Corelca S.A. ESP, a Quimicol Ltda., por los perjuicios que ha ocasionado al tener sobre el espacio aéreo de esta unas líneas de alta tensión que han impedido el desarrollo normal de la empresa y los daños ocasionados en la salud de quienes trabajan en Quimicol Ltda., sin que haya pagado el valor de los mismos para obtener el registro en el folio de matricula inmobiliaria del inmueble de Quimicol Ltda.”.
Posteriormente el actor, dentro del término concedido para corregir los defectos presentados en la demanda, con respecto a la estimación razonada de la cuantía manifestó:
“La cuantía la estimo en la suma de $1.000.000.000 tomando como fundamento la indemnización que tuvo que pagar la entidad demandada como consta en la condena que se le impuso a través de la jurisdicción civil, y porque el tiempo y la repotenciación de las líneas que cubren la totalidad del predio de Quimicol Ltda., además de los perjuicios materiales que se han ocasionado al no poder crecer Quimicol Ltda., hacia arriba por estar los cables en la entidad demandante por los daños que produce el campo magnético en la salud de las personas.
La suma que razonadamente expreso pude ser mayor o menor, pero para determinarla con exactitud, debe efectuarse el respectivo avalúo por personas idóneas en la materia”.
Considera la Sala que la corrección de la estimación razonada de la cuantía realizada por el actor, fue efectuada en debida forma, puesto que responde a los parámetros que para el efecto señala el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, esto es, señaló como cuantía el valor de la mayor de las pretensiones realizando una justificación del valor reclamado.
En efecto, en la corrección se explicó la razón que tiene la accionante para reclamar $1.000.000.000 a título de perjuicios, razones que corresponden a: i) la experiencia que tiene en relación con una condena que ya se impuso en su favor por hechos similares; ii) el hecho de que las redes cubran todo el predio de su propiedad y iii) la circunstancia de que tal cubrimiento ha impedido la expansión hacia arriba de las construcciones plantadas en el terreno.
Esa explicación satisface el requisito de razonar la cuantía con independencia de que ella corresponda realmente al valor de perjuicio reclamado.
Así las cosas, para la Sala es claro que al subsanarse en debida forma el defecto señalado por el a quo es procedente darle el trámite a la demanda, razón por la cual le revocará la providencia apelada, para en su lugar ordenar su admisión.
REVÓCASE la providencia apelada, esto es aquella proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 2 de febrero de 2005 y en su lugar se resuelve:
1. Por reunir los requisitos establecidos en los artículos 137 y siguientes del Código Contencioso Administrativo, SE ADMITE la demanda (fls. 1-7) presentada por la Sociedad Químicos Colombianos Ltda. Quimicol Ltda., en ejercicio de la acción de reparación directa en contra de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica S.A. ESP, Corelca S.A. ESP.
2. Notifíquese personalmente esta providencia al señor agente del Ministerio Público (art. 127 CCA, modificado por el art. 35 de la L. 446/98).
3. Notifíquese personalmente esta providencia a la parte demandada, esto es al representante legal de corporación eléctrica de la Costa Atlántica Corelca S.A. ESP.
4. Fíjese el proceso en lista por el término de diez (10), para que el demandado pueda contestar la demanda, proponer excepciones y solicitar pruebas y para que los terceros intervinientes la impugnen o coadyuven (art. 207 del CCA, modificado por el art. 58, L. 446/98).
5. Fíjase a cargo de la parte actora, la suma de cien mil pesos moneda corriente $100.000.00, como gastos ordinarios del proceso (num. 4º del art. 207 del CCA).
6. En los términos del poder visible a folio 22 del expediente, se tiene al abogado Wilson Alberto Mazzenet Guido como apoderado de la Sociedad Químicos Colombiano Quimicol Ltda. (CPC, art. 67).
(1) Chahín Lizcano, Guillermo, “elementos básicos del régimen constitucional y legal de los servicios públicos domiciliarios”, publicación de la Empresa de Energía de Bogotá, Bogotá - 1998, pág. 111.
(2) lbíd., pág. 112.
(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, auto de 17 de febrero de 2005, expediente radicado al 500012331000200300277 01 (27.673) C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(4) Consejo de Estado, Sala Plena, expediente radicado S-701, providencia de 23 de septiembre de 1997, C.P. Carlos Betancur Jaramillo.
(5) Como lo son: i) La posibilidad de pactar cláusulas exorbitantes en los contratos de prestación de servicios públicos y de hacer efectivos los poderes que ellas implican (L. 142/94, art. 31). ii) El derecho de las empresas al uso del espacio público, a la ocupación temporal de inmuebles, a la constitución de servidumbre y a la enajenación forzosa de bienes a favor del servicio (L. 142/94, art. 33). iii) La decisión de las entidades frente a peticiones, quejas, reclamos y recursos de los usuarios de los servicios (L. 142/94, arts. 63, 152, 153, 154 y 159). iv) La imposición de sanciones (L. 142/94, arts. 81, 142, 147). v) Las de regulación, vigilancia y control las cuales, de acuerdo con el artículo 365 CPC, deben ser mantenidas en cabeza del Estado y, mediante ellas, debe garantizar que el mercado funcione en condiciones de igualdad y libertad, asegurando que todas las personas tengan acceso efectivo a la prestación de los servicios (C.P., art. 334), la cual debe ser eficiente, continua e ininterrumpida (L. 142/94, arts. 2º y 3º).
(6) Expediente radicado al S-701. C.P. Carlos Betancur Jaramillo.