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Timestamp: 2017-06-24 03:40:29
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Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 127', 'artículo 53', 'artículo 2189', 'artículo 23']

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[Sentencia T-0724-13] – Reliquidación pensión de jubilación
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Sentencia T-724/13
(Bogotá, D.C., octubre 17)
Referencia: Expediente T-3.940.971
Fallos de tutela objeto revisión: sentencia del 2 de mayo de 2013 de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales, que confirmó la sentencia del 15 de marzo del mismo año del Juzgado Septimo Penal del Circuito de Manizales.
Magistrados de la Sala Segunda de Revisión: Mauricio González Cuervo, Luís Guillermo Guerrero Pérez y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Magistrado sustanciador: MAURICIO GONZÁLEZ CUERVO.
Señalaron que tienen derecho al régimen especial establecido en el artículo 6° del Decreto 546 de 1971; el artículo 4° del Decreto reglamentario 2527 de 2000; el decreto 717 de 1978; artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 53 de la Constitución. Por lo tanto, alegaron que el hecho de haber fijado sus pensiones de forma inferior a la que les corresponde, de acuerdo a los regimenes enunciados, vulneró sus derechos fundamentales.
1.3. Tramite procesal de la acción de tutela.
El Juzgado 7 Penal del Circuito de Manizales conoció en primera instancia de la acción de tutela. En providencia del 27 de marzo de 2006, concedió de manera definitiva el amparo a los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y mínimo vital, al estimar que Cajanal inaplicó los regímenes especiales que cobijaba a los accionantes.
Transcurridos aproximadamente 6 años desde la tutela mencionada, Cajanal interpuso una acción de amparo contra la el fallo de tutela proferido por el Juzgado 7 Penal del Circuito de Manizales, al considerar que fueron vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, por no haber sido notificados de la admisión de la tutela ni de la sentencia que se profirió en esa oportunidad, lo cual le impidió en su momento presentar la contestación y ejercer su derecho de defensa. De la acción de tutela interpuesta por Cajanal contra el Juzgado 7 Penal del Circuito, conoció en primera instancia la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, quien mediante fallo del 6 de febrero de 2012, concedió el amparo de los derechos fundamentales invocados, al considerar que el trámite tutelar cuestionado no se puso en conocimiento de Cajanal, y en efecto, declaró la nulidad del trámite de tutela adelantado por el Juzgado a partir del auto admisorio del 10 de marzo de 2006. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 20 de marzo de 2012, invalidó las actuaciones del Tribunal desde el auto del 24 de enero del mismo año, para que se les comunicara de esta acción a los terceros que pudieran resultar afectados con lo que se decidiera en este proceso. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Manizales, el 16 de abril de 2012, profirió nuevo fallo de tutela, concediendo el amparo de los derechos de Cajanal y declarando la nulidad del trámite tutelar del año 2006. Sentencia que fue confirmada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de mayo de 2012.
Posteriormente, Mira Ilda Gomez Pardo, pensionada accionante de la tutela en el año 2006, presentó tutela contra Cajanal y otros, la cual fue conocida por la Corte Suprema de Justicia Sala Civil, quien mediante fallo del 26 de octubre de 2012, anuló las actuaciones llevadas a cabo en el Tribunal. Por ello, el Tribunal referido, el 22 de noviembre de 2012, emitió nuevo fallo de tutela, denegando el derecho al debido proceso de Cajanal. Sentencia que fue revocada por la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, el 19 de febrero de 2013, declarando la nulidad del trámite de tutela adelantado por el Juzgado 7 penal del circuito de Manizales a partir de la notificación del auto del 10 de marzo de 2006. Por consiguiente, fueron emitidos nuevos fallos de tutela, los cuales son objeto de esta sentencia de revisión. 2. Respuesta de la entidad accionada.
2.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP.
Manifestó que los accionantes Fernando Ramírez Sepúlveda, Fernando Londoño Garzón, Hernando Duque Gomez y Fabio Gelacio Sierra fallecieron dentro del tiempo en el que se adelantaron las nulidades procesales, razón por la cual, el apoderado no puede actuar dentro de la presente acción de conformidad con el artículo 2189 numeral 5° del Código Civil.
Por otra parte, adujo que la entidad no incurrió en una vía de hecho, que no existe prueba de la afectación del mínimo vital y que es improcedente la acción de tutela para la reliquidación de manera definitiva de las pensiones de jubilación, porque los accionantes cuentan con otros medios judiciales de defensa. Por lo tanto, solicitó que se decrete la improcedencia de esta acción.
2.2.1. Mira Hilda Gómez Pardo. Solicitó que en aplicación del derecho a la igualdad se protejan sus derechos, como ocurrió en el caso de la señora María Luisa Cárdenas, quien hace parte del grupo de pensionados que demandaron en tutela a Cajanal en el 2006. Agregó que con los diferentes trámites realizados en la presente acción se omitió el precedente constitucional, en cuanto a que no se puede adelantar acción de tutela contra otro fallo ya ejecutoriado, más aun, cuando la sentencia emitida el 27 de marzo de 2006, no fue impugnada ni revisada por esta Corporación. Por lo tanto, solicitó que se deje sin efecto la resolución de 2012 expedida por Cajanal, en la que se declaró el fenómeno del decaimiento jurídico de las resoluciones de 2007 y 2008, que reliquidaron su mesada pensional.
3.1. Sentencia del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, Caldas, proferida el 15 de marzo de 2013.
Confirmó el fallo proferido por el a quo. Indicó que después de múltiples decisiones adoptadas en el caso específico se retornó las cosas al estado inicial. Señaló que Cajanal actuó conforme a la ley, al declarar el decaimiento de los actos administrativos que reconocieron la reliquidación de la señora Mira Hilda, en tanto, desaparecieron del mundo jurídico las órdenes judiciales que fundaron la expedición de los mismos. En igual sentido, consideró que no es procedente equiparar esta circunstancia a la de María Luisa Cardenas y de Francisco Bolivar, toda vez que, por determinación posterior de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, se retrotajo la actuación, hasta el momento en que se admitió la presente acción constitucional. En consecuencia, determinó que no es procedente el amparo solicitado, porque la accionante cuenta con las acciones judiciales idóneas para la concreción de los derechos invocados. Por último, precisó que si bien el monto de la pensión de los presuntos afectados disminuyó, con ocasión de la reliquidación referida, no es menos cierto que “no fueron privados del recibo de esas sumas”, por lo tanto, no se vislumbra afectación alguna del derecho al mínimo vital.
2.1.2. Legitimación activa. La señora Carolina Morales de Cardona y 55 pensionados, presentaron demanda de tutela a través de apoderado judicial.
2.1.3. Legitimación pasiva. Cajanal EICE en liquidación es una autoridad pública y como tal, es demandable en el proceso de tutela (C.P, art. 86; D. 2591/91, art. 1). 2.1.4. Subsidiariedad. El articulo 86 Superior establece la acción de tutela como un procedimiento constitucional, destinado a la protección de los derechos fundamentales, caracterizada por su carácter residual y subsidiario, esto significa que, sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha determinado que “si el reconocimiento de una pensión por parte del juez de tutela es excepcionalísimo, debido a que está condicionado a la puesta en peligro de derechos fundamentales, circunstancia que debe demostrarse, con mayor razón el amparo constitucional por regla general se torna improcedente para ordenar reliquidación de pensiones ya reconocidas, pues por una parte, esta materia compete al juez ordinario y debe ventilarse en el escenario natural propio de esa clase de procesos, pero adicionalmente en estos casos se está ante una prestación económica ya reconocida y en consecuencia, por regla general, no existe amenaza o vulneración del derecho al mínimo vital del solicitante”.
En el caso bajo estudio, los accionantes, algunos ex funcionarios de la Rama Judicial y otros ex trabajadores del sector docente, presentaron demanda de tutela contra Cajanal EICE en liquidación, argumentando la vulneración de sus derechos fundamentales, por la indebida liquidación de sus pensiones de jubilación. Lo anterior, por cuanto, se desconoció el régimen de transición y los regimenes especiales de los que son beneficiarios, al haber excluido factores que su juicio, debían ser tenidos en cuenta en el proceso de liquidación de las pensiones. (Primas de navidad, de servicios, vacaciones, alimentación y demás ingresos constitutivos de salario que habitual o periódicamente se hallaban percibiendo al momento de cesar sus funciones en el cargo, como también, el reconocimiento del 100% de la bonificación por servicios). Por su parte, Cajanal alegó que la concesión del amparo resultaba improcedente y por ende no podía ordenarse la reliquidación de manera definitiva de las pensiones de jubilación, en la medida que, los accionantes cuentan con otros medios judiciales de defensa, y además, no se encuentra afectado su mínimo vital.
Así las cosas, la supuesta vulneración alegada por los accionantes se relaciona con un error en el reconocimiento de un derecho pensional, es decir, un conflicto de orden legal, que en principio, encuentra los medios adecuados para su solución en la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, como se mencionó en la parte considerativa de esta providencia, esta Corporación ha indicado que la acción de tutela resulta excepcionalmente procedente, como medio transitorio de amparo, para ordenar la reliquidación de una pensión, cuando quiera que los medios de defensa judicial resulten ineficaces frente a las circunstancias especiales del caso concreto. Para ello, quien solicite la protección de sus derechos fundamentales, debe acreditar una serie de requisitos que la Sala procede a verificar si se acreditan en el caso objeto de estudio:
(i)	El interesado tenga la calidad de jubilado, esto es, que se le haya reconocido su derecho pensional.
(ii)	El tutelante haya agotado los medios de defensa en sede administrativa y la entidad se mantenga en negar lo pedido.
(iii)	Se haya acudido a la jurisdicción competente o que de no haberlo hecho se deba a causa ajena no imputable al actor.
De las pruebas que reposan en el expediente y las afirmaciones hechas en el escrito de tutela, se tiene que los demandantes no ejercieron acciones judiciales diferentes, por lo menos hasta antes de la acción de tutela interpuesta en el año 2006. (iv)	Se demuestren las especiales condiciones del accionante y la inminente concurrencia de un perjuicio irremediable que hacen necesaria la intervención del juez constitucional.
Como se indicó con antelación, en el escrito de tutela se omitió hacer referencia alguna a la situación fáctica de cada accionante, circunstancia que impide que se acrediten las especiales condiciones materiales de los peticionarios, y por consiguiente, la necesidad de la intervención del juez de tutela. Con todo, observa esta Sala que no se cumplen los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional para que proceda la acción de tutela de forma transitoria, en tanto, no aparecen demostradas en el expediente las condiciones especiales de los accionantes, ni se encuentra evidencia de un perjuicio irremediable, que desvirtúe la eficacia o idoneidad de los medios ordinarios de defensa judicial.
La Constitución Política establece en el artículo 23: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. La jurisprudencia de esta Corte ha determinado que la respuesta al derecho de petición debe cumplir ciertas condiciones, so pena de incurrir en una vulneración de este derecho, tales requisitos son: “1. oportunidad 2. debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario”. Sobre la oportunidad, por regla general se aplica lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo que establece que en el caso de peticiones de carácter particular la administración tiene un plazo de 15 días para responder, salvo que por la naturaleza del asunto se requiera un tiempo mayor para resolver, caso en el cual la administración tiene la carga de informar al peticionario dentro del término de los 15 días, cuánto le tomará resolver el asunto y el plazo que necesita para hacerlo. 4.1. Con base en lo anterior, la Sala considera que la entidad accionada vulneró el derecho de petición al señor José Edgar Zuluaga Arias, al no contestar la petición que presentó el 12 de agosto de 2005, en la cual se solicitó que al momento de emitir la resolución que le reconocería la pensión de jubilación, se hiciera con el sueldo que devengaba para el momento del retiro. Por lo tanto, se confirmará la orden del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, en tanto, concedió el amparo del derecho de petición del señor José Edgar Zuluaga Arias.
Síntesis del caso. La señora Carolina Morales de Cardona y otros 55 pensionados, de la Rama Judicial y del sector docente, a través de su apoderado, presentaron demanda de tutela contra Cajanal EICE en liquidación, argumentando que se vulneraron sus derechos fundamentales con la indebida liquidación de las pensiones de jubilación, que desconoció los regimenes especiales de los cuales son beneficiarios. Al respecto, estima la Sala que es improcedente la acción de tutela para ordenar la reliquidación de las pensiones de jubilación, por cuanto, no se acreditaron en el caso bajo estudio, los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional, para que proceda esta acción constitucional de forma excepcional y como mecanismo transitorio de amparo.
Regla de la decisión.
III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Manizales, Caldas, proferida el 2 de mayo de 2013, que confirmó la sentencia del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, Caldas, del 15 de marzo de 2013, que negó el amparo invocado por los accionantes, y que asimismo, tuteló el derecho de petición del señor José Edgar Zuluaga Arias.