Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2011-03288-de-marzo-16-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_14ed4fa70f50423582145fe220ad974b&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-15 17:45:46
Document Index: 265568473

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 154', 'ARTÍCULO 196', 'artículo 154', 'artículo 196', 'artículo 154', 'artículo 35', 'artículo 154', 'artículo 154', 'artículo 196']

﻿ SENTENCIA 2011-03288 DE MARZO 16 DE 2016
SENTENCIA 2011-03288 DE 16 DE MARZO DE 2016
CONTENIDO:SANCIONAN A FUNCIONARIO JUDICIAL POR ENDEUDARSE MÁS ALLÁ DE SU CAPACIDAD FINANCIERA. FUNCIONARIO ES ENCONTRADO RESPONSABLE DE LA TRANSGRESIÓN DEL DEBER CONSAGRADO EN EL NUMERAL 6° DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY 270 DE 1996, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY 734 DEL 2002. SE ACLARA QUE LA EXISTENCIA DE MÁS DE UN PROCESO EJECUTIVO EN CONTRA DEL DISCIPLINABLE POR EL NO PAGO DE OBLIGACIONES CIVILES ES UN HECHO REITERADO. SE REPROCHA QUE EL FUNCIONARIO JUDICIAL EN SU CONDICIÓN DE ABOGADO, CON CONOCIMIENTO PLENO DE LA NORMATIVA QUE RIGE PARA EL DESEMPEÑO EN LA RAMA JUDICIAL, Y CONOCEDOR DE LOS ALCANCES DE CADA UNO DE LOS DEBERES, INHABILIDADES Y PROHIBICIONES SE ENDEUDE DE MANERA DESPROPORCIONADA Y MUCHO MÁS ALLÁ DE SU CAPACIDAD FINANCIERA. SE CONCLUYE QUE A UN FUNCIONARIO QUE ADMINISTRA JUSTICIA LE ESTÁ VEDADO ESTA CLASE DE COMPORTAMIENTOS, DADO QUE TERMINAN VULNERANDO LA MAJESTAD DE LA JUSTICIA Y POR ENDE LA CONFIANZA DEL PÚBLICO.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADO PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, SANCIONES AL ABOGADO, ABOGADO, ACTUACIÓN DEL ABOGADO, FALTAS DEL ABOGADO, FALTAS DISCIPLINARIAS DEL ABOGADO
Sentencia 2011-03288 de marzo 16 de 2016
Rad.: 110011102000201103288 01 /F
Aprobado según Acta Nº 26, de la misma fecha.
En virtud de la competencia antes mencionada, procede esta Superioridad, a pronunciarse sobre la apelación interpuesta por el disciplinado, contra la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá,(4) por medio de la cual se impuso sanción de Suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo, e inhabilidad especial por el mismo término, al doctor Dagoberto Mojica Garzón, en su condición de Fiscal 200 Local Adscrito a la URI Ciudad Bolívar de Bogotá, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, calificada a título grave dolosa.
Como se advierte el actuar del a quo se encuentra dentro de la ley, y razonadamente conforme al proceso disciplinario, por ello, los argumentos del recurrente en el sentido de revocar la sentencia, que no se recaudaron pruebas para sustentar el dolo y que no se desarrolló el análisis de fáctico y jurídico para sancionarlo como lo pretende el funcionario disciplinado, no están llamados a prosperar.
En primer término la Sala, encuentra que la conducta desplegada consistió en que el disciplinable adquirió obligaciones civiles las cuales terminaron en procesos que adelantó como ejecutivos esa jurisdicción, de los cuales dos (2) culminaron en sentencia, (Procesos 2019-00487 y 2009-01500), independientemente del estado de los demás procesos que cursaron o cursen contra el disciplinable, el hecho de haber más de uno, es un hecho reiterado, lo cual despeja cualquier duda frente a esta inconformidad del apelante, por lo que frente a este hecho la Sala llega a la conclusión de que no le asiste razón al recurrente, por el contrario, este comportamiento reiterado permite afirmar que se cumple con el antecedente jurisprudencial, con el cual pretendía que se revocara la decisión.
Así mismo en cuanto al elemento subjetivo de que sea injustificado que reitera no está probado, tampoco tiene la vocación de prosperar, por cuanto el funcionario judicial por su condición de abogado, tiene el conocimiento pleno de la normatividad que rige para el desempeño en la Rama Judicial, y es conocedor de los alcances de cada una de los deberes, inhabilidades y prohibiciones, así mismo de los alcances de las mismas, el hecho de endeudarse de manera desproporcionada, es decir mucho más allá de su capacidad financiera, situación que hace que pueda entrar en una situación de insolvencia por falta de capacidad de pago, situación que efectivamente ocurrió la cual era de su conocimiento y sin embargo asumió el riesgo que se convirtió en procesos que se vinieron en su contra, lo que hace que un funcionario que administra justicia le está vedado esta clase de comportamientos, dado que terminan vulnerando la majestad de la justicia y por ende la confianza del público, quedando no solo incurso en la tipificación de la conducta, sino que su actuar fue consiente, que es elemento fundamental dentro de una actuación dolosa, como acertadamente lo sustentó el a quo y que por tanto esta sala lo confirmará
Numeral 6º del artículo 154 del Ley 270 de 1996, que establece:
Que el numeral 11 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, que en su tenor literal expresa:
“(…). ART. 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido: 11. Incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles, laborales, comerciales o de familia impuestas en decisiones judiciales o administrativas o admitidas en diligencia de conciliación. Numeral declarado Exequible, con excepción del texto subrayado que se declaró Inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-949 de 2002. (…).”
Que el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 290 de 1996, establecen:
“(…). ART. 154. Prohibiciones. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido: 6. Realizar en el servicio o en la vida social actividades que puedan afectar la confianza del público u observar una conducta que pueda comprometer la dignidad de la administración de justicia. (…).”
“(…). ART. 196. Falta disciplinaria. Constituye falta disciplinaria y da lugar a acción e imposición de la sanción correspondiente el incumplimiento de los deberes y prohibiciones, la incursión en las inhabilidades, impedimentos, incompatibilidades y conflictos de intereses previstos en la Constitución, en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y demás leyes. Constituyen faltas gravísimas las contempladas en este código. (…).”
Es relevante indicar frente a los reclamos que en la apelación arguye el disciplinado, no son de recibo para esta Sala, como ya se observó con anterioridad, por cuanto la reiteración se prueba con las dos sentencias en su contra y de otra parte y el que sean injustificadas, se presenta cuando siendo funcionario judicial, contraiga obligaciones que de manera consiente lo iban a llevar a una situación de insolvencia, y sin embargo lo hizo, pues no solo se trataba de estas obligaciones, que llegaron a sentencia, sino que fueron instaurados otros procesos ejecutivos en su contra, lo que hace que su comportamiento encuadre dentro del término injustificado; tampoco presentó ninguna justificación teniendo la oportunidad de hacerlo cuando se le notificaba las diferentes etapas del disciplinario seguido en su contra, sustrajo a atender los llamados oportunidad que tenía para ejercer su derecho a la defensa, incuria que trae el elemento a sabiendas, hecho que lo hace responsable y por tanto su comportamiento es típico y encuadrara dentro de la normatividad que ha sido transcrita en los párrafos anteriores, las cuales le había enrostrado en el pliego de cargos y que fue ratificada en la sentencia; solo compareció al notificarle la sentencia de primera instancia comportamiento de desdén e incuria frente a sus actuaciones y responsabilidades y frente a quien le hacía los llamados par que compareciera.
Es de resaltar que efectivamente se trata de una conducta hecha a sabiendas, entonces se trata de una conducta dolosa, pues las normas transcritas deben ser observada de manera celosa por parte de los funcionarios judiciales en los asuntos relacionados con terceros, en cuanto a sus obligaciones civiles o comerciales, para no excederse y afectar de manera directa la imagen de la administración de justicia y por ende de quien acude a ella para recibir protección de sus derechos, por lo que se coincide con el Seccional de instancia de calificar la falta como dolosa.
1. De la Sanción.
En cuanto a la sanción impuesta de dos (2) meses de suspensión en el ejercicio del cargo, e inhabilidad especial por el mismo término, atribuida al doctor Dagoberto Mojica Garzón, en su condición de Fiscal 200 Local Adscrito a la URI Ciudad Bolívar de Bogotá, se ajusta a los criterios establecidos por la Ley 734 para este tipo de sanción, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, la ausencia de sanciones de la disciplinable y la trascendencia social e imagen de la administración de justicia, por lo que dicha sanción será confirmada.
1. Confirmar la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, por medio de la cual se impuso sanción de Suspensión de dos (2) meses en el ejercicio del cargo, e inhabilidad especial por el mismo término, al doctor Dagoberto Mojica Garzón, en su condición de Fiscal 200 Local Adscrito a la URI Ciudad Bolívar de Bogotá, tras hallarlo responsable de haber transgredido el deber consagrado en el numeral 6º del artículo 154 de la Ley 270 de 1996, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley 734 de 2002, en la modalidad de grave culposa, con fundamento en lo expuesto en el presente proveído.
(4) Sala integrada por los Magistrados: Antonio Suárez Niño (Ponente) y Rafael Vélez Fernández.