Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sp1830-2017-47931-de-febrero-15-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_2c015df9f1e9415891a6a7efcd064a7e&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-17 19:50:51
Document Index: 140630398

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 14', 'ARTÍCULO 26', 'artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 198', 'artículo 244', 'artículo 245', 'artículo 60', 'artículo 27', 'artículo 61', 'artículo 14', 'Artículo 26', 'ARTÍCULO 245']

﻿ SENTENCIA SP1830-2017/47931 DE FEBRERO 15 DE 2017
SENTENCIA SP1830-2017 DE 15 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:CUANDO NO HAY APLICACIÓN DEL INCREMENTO GENERAL DE PENAS PREVISTO EN LA LEY 890 DEL 2004. SE REITERA QUE EL INCREMENTO GENERAL DE PENAS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 14 DE LA LEY 890 DEL 2004 NO TIENE APLICACIÓN CUANDO EL PROCESADO PROPICIA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCESO POR LA VÍA DE LOS ALLANAMIENTOS O LOS ACUERDOS Y NO RECIBE A CAMBIO BENEFICIOS O DESCUENTOS PUNITIVOS, EN VIRTUD DE LA PROHIBICIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 1121 DEL 2006. ASÍ LAS COSAS, SE ACLARA QUE ESTA POSTURA JURISPRUDENCIAL SOLO TIENE CABIDA FRENTE A AQUELLOS EVENTOS EN LOS CUALES QUIEN ES ACUSADO POR DELITOS DE TERRORISMO, FINANCIACIÓN DE TERRORISMO, SECUESTRO EXTORSIVO, EXTORSIÓN Y CONEXOS Y SE ALLANA A CARGOS O SUSCRIBE PREACUERDO CON LA FISCALÍA NO RECIBE EN LA SENTENCIA CONDENATORIA NINGÚN BENEFICIO PUNITIVO, PERO A PESAR DE LO ANTERIOR “AL DETERMINAR LA SANCIÓN PENAL A IMPONER, EL JUEZ DE CONOCIMIENTO TIENE EN CUENTA DICHO INCREMENTO GENÉRICO”.
TEMAS ESPECÍFICOS:PENA, ALLANAMIENTO DEL IMPUTADO, TERMINACIÓN ANORMAL DEL PROCESO, JUEZ DE CONOCIMIENTO, PREACUERDO, INCREMENTO DE LA PENA, FUNCIONES DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO
Sentencia SP1830-2017/47931 de febrero 15 de 2017
SP1830-2017
Rad.: 47931
(Legis considera conveniente que los datos de las partes y testigos, sean suprimidos por las iniciales del nombres y apellidos y en los números de cédulas reemplazados por XXX, con el propósito de proteger los derechos contemplados en el artículo 15 de la Constitución Política)
Bogotá, D. C., quince de febrero de dos mil diecisiete.
1. El defensor de H... D... P... M..., demandó la revisión de la sentencia dictada el 10 de mayo de 2012 por el Tribunal Superior de Florencia que confirmó el fallo condenatorio proferido el 15 de abril de 2011 por el Juzgado 1º Penal Municipal de esa ciudad.
En sustento de su petición, pidió a la Sala que inaplique el incremento punitivo de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 en la condena que fue impuesta a su prohijado, atendiendo a la postura que esta corporación adoptó a partir de la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, Rad. 33254.
En la citada providencia, la Corte Suprema de Justicia precisó, en lo fundamental, que el incremento general de penas previsto por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 no tiene aplicación cuando el procesado propicia la terminación anticipada del proceso por la vía de los allanamientos o los acuerdos, y no recibe a cambio beneficios o descuentos punitivos en virtud de la prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Así se explicó en esa sentencia de casación:
… fuerza concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 –para los que no proceden rebajas de pena por allanamiento o preacuerdo–, tal incremento punitivo, además de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de proporcionalidad de la pena…
Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de pena previstos en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 son inaplicables frente a los delitos reseñados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor intensidad punitiva no sería el producto de una distinción arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a los delitos referidos en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 (negrillas fuera de texto).
Así las cosas, la postura jurisprudencial enunciada sólo tiene cabida frente a aquellos eventos en los cuales, quien es acusado por delitos de “terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos” y se allana a cargos o suscribe preacuerdo con la fiscalía, no recibe en la sentencia condenatoria ningún beneficio punitivo en razón de la expresa prohibición contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, pero a pesar de lo anterior, al determinar la sanción penal a imponer, el juez de conocimiento tiene en cuenta el incremento genérico de que trata el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
Pues bien, los lineamientos plasmados en el cambio jurisprudencial que invoca el demandante se cumplen a cabalidad porque:
i. En la audiencia de formulación de imputación H... D... P... M... aceptó su responsabilidad por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa que le atribuyó la fiscalía.
ii. Además, al tasar la pena, el juez de conocimiento aplicó el incremento genérico del artículo 14 de la Ley 890 del 2004 y le negó rebaja alguna por aceptar los cargos, en acatamiento de lo dispuesto en el canon 26 de la Ley 1121 de 2006(9).
Así las cosas, se impone declarar fundada la causal invocada y en consecuencia, aplicar al caso la postura adoptada por la Corte en la decisión CSJ SP, 27 de febrero de 2013, Rad. 33254. Ello comporta una redosificación de la pena que le queda por cumplir a P... M..., descartando de ella el incremento genérico regulado en el artículo 14 de la Ley 890 del 2004, con respeto a los criterios de los jueces de instancia.
Es de acotar que como el sentenciado no accionante L... C... L... P... se encuentra en las mismas condiciones del demandante, la Sala le hará extensivos los efectos favorables del presente fallo, según así lo determina el artículo 198 de la Ley 906 de 2004 y habida cuenta de no procederse por las causales 4º y 5º de revisión.
2. El Juzgado 1º Penal Municipal de Florencia aplicó el artículo 244 del Código Penal que, sin el aumento de la Ley 890, señala prisión de 12 a 16 años y multa de 600 a 1200 S.M.M.L.V. Además, contempló la circunstancia de agravación que les endilgó la Fiscalía, contenida en el numeral 3º del artículo 245 ídem(10), que fija la multa de 3.000 a 6.000 salarios y dispone que la prisión se aumente hasta en una tercera parte, proporción que, hecho el cálculo según el artículo 60-2 penal, deja los topes de 12 a 21,33 años (o 144 y 256 meses).
En aplicación del dispositivo amplificador del tipo de la tentativa, previsto en el artículo 27 del Código Penal(11), los límites quedan de 6 a 16 años de prisión (o 72 a 192 meses) y 1.500 a 4.500 salarios de multa.
6 añosa16 años
72 mesesa192 meses
72 meses a 102 meses 102 meses 1 día a 132 meses 132 meses 1 día a 162 meses 162 meses 1 día a 192 meses
Como no se dedujeron circunstancias genéricas de mayor punibilidad y hubo una de menor punibilidad, el juez tomó como pena base el guarismo mínimo del primer cuarto de movilidad, lo aumentó en 4 meses en razón a la ponderación de los aspectos contemplados en el inciso 3º del artículo 61 del Código Penal, y determinó entonces, que la sanción a imponer a H... D... P... M... y a L... C... L... P... era la de 100(12) meses de prisión.
Trasladados esos lineamientos al ámbito que se impone aplicar, se tiene que la pena mínima del primer cuarto de movilidad debe incrementarse –respetando la misma proporción anterior(13)–, en 2 meses y 14 días, lo cual arroja una sanción definitiva de prisión de 74 meses y 14 días.
Ahora, en cuanto a la pena de multa, cabría decir que ésta debe establecerse en 1.500 s.m.l.m.v., atendiendo al ejercicio de dosimetría punitiva descrito en precedencia. Sin embargo, dado que sin explicación alguna, al momento de dictar el fallo condenatorio el Juzgado 1º Penal Municipal de Florencia la fijó en 800 s.m.l.m.v.(14), la Sala, en aplicación del principio de no reformatio in pejus, mantendrá dicho valor.
Por lo anterior, se declararán sin valor, parcialmente, las sentencias del 15 de abril de 2011 y 10 de mayo de 2012, dictadas en su orden, por el Juzgado 1º Penal Municipal de Florencia y el Tribunal Superior de la misma ciudad, exclusivamente para determinar las sanciones principales impuestas a H... D... P... M... y a L... C... L... P..., en 74 meses y 14 días de prisión y 800 salarios mínimos legales mensuales de multa, como coautores responsables del delito de extorsión agravada en grado de tentativa.
3. Finalmente según informe rendido el 19 de enero de 2017 por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, se tiene que, a esa calenda, entre tiempo físico-intramuros y redenciones de pena, H... D... P... M... ha descontado un total de “ochenta y tres (83) meses y veintinueve (29.5) días”(15) de prisión, y L... C... L... P... un total de “noventa y tres (93) meses y ocho (8) días”(16) de prisión. Tal situación entonces, amerita otorgarles a los sentenciados la libertad por pena cumplida, previa verificación de la autoridad carcelaria de que no haya requerimientos pendientes por otras autoridades judiciales.
4. Por consiguiente, se ordenará, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado 1º Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Florencia, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para lo de su cargo.
1. DECLARAR FUNDADA la causal 7ª de revisión invocada por el defensor de H... D... P... M..., en lo que respecta a la inaplicación del incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 de 2004.
2. DEJAR SIN VALOR, PARCIALMENTE, las sentencias del 15 de abril de 2011 y 10 de mayo de 2012, dictadas en su orden, por el Juzgado 1º Penal Municipal de Florencia y el Tribunal Superior de la misma ciudad, exclusivamente para determinar las sanciones principales impuestas a H... D... P... M... y a L... C... L... P..., en 74 meses y 14 días de prisión y 800 salarios mínimos legales mensuales de multa, como coautores responsables del delito de extorsión agravada en grado de tentativa.
3. CONCEDER LA LIBERTAD por pena cumplida a H... D... P... M... y a L... C... L... P..., en razón a este proceso, previa verificación de la autoridad carcelaria de que no haya requerimientos pendientes por otras autoridades judiciales.
5. Ordénese, por secretaría de la Sala, i) oficiar al Juzgado 1º Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Florencia, para que libre a las autoridades correspondientes, las comunicaciones a que haya lugar; y ii) remitir copia de esta determinación al Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Neiva, para lo de su cargo.
9 Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.
10 ARTÍCULO 245. Circunstancias de agravación. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera (1/3) parte y la multa será de tres mil (3.000) a seis mil (6.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si concurriere alguna de las siguientes circunstancias:
11 El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación, y ésta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo de la señalada para la conducta punible consumada.
12 4 meses corresponde a un aumento del 8.33%, teniendo en cuenta que el ámbito de movilidad en el cuarto mínimo (96 - 144) corresponde a 48 meses.
13 2 meses y 14 días corresponde a un aumento del 8.33%, teniendo en cuenta que el ámbito de movilidad en el cuarto mínimo redosificado (72 - 102) corresponde a 48 meses.
14 En la sentencia condenatoria el juzgado cognoscente consideró: “Y la multa se tratará de la misma manera, quedando como única la suma de 800 S.M.L.M.V., para cada uno”.
15 Cuaderno Corte. Folio 102.
16 Ibíd. Folio 104.