Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-199-de-marzo-14-de-2012?documento=jurcol&contexto=jurcol_c006b735948d01ece0430a01015101ec&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-23 16:21:06
Document Index: 345064414

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 189', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 157', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 333', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 58', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 13', 'artículo 100', 'artículo 59', 'artículo 6', 'artículo 7', 'artículo 226', 'artículo 226', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 4', 'artículo 9', 'artículo 69']

﻿ Sentencia C-199 de marzo 14 de 2012
SENTENCIA C-199 DE 14 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:ACUERDO BILATERAL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL “ACUERDO BILATERAL PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE INVERSIONES ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR DE CHINA”, FIRMADO EN LIMA, PERÚ, EL 22 DE NOVIEMBRE DE 2008. Y LA LEY 1462 DE 2011, POR LA CUAL SE APRUEBA.
Sentencia C-199 de marzo 14 de 2012
Ref.: expediente LAT-375
Asunto: revisión de constitucionalidad de la Ley 1462 de 2011, “por la cual se aprueba el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008”.
EXTRACTOS: «II. Texto de la ley y del tratado objeto de revisión.
El contenido del “acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular de China”, y de su ley aprobatoria, sometido a revisión por parte de esta corporación, según la publicación efectuada en el Diario Oficial 4.116 del 30 de junio de 2011, es el siguiente:
Diario Oficial 48.116 de 30 de junio de 2011.
“Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
1.3 De conformidad con el párrafo 1º de este artículo, las características mínimas de una inversión deben ser:
ART. 2º—Promoción, admisión y protección de inversiones.
ART. 3º—Trato a la inversión.
ART. 4º—Expropiación y compensación.
ART. 5º—Compensación por daños o pérdidas.
ART. 6º—Transferencias.
ART. 7º—Subrogación.
ART. 8º—Resolución de disputas entre las partes contratantes.
ART. 9º—Resolución de disputas entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante.
ART. 10.—Otras disposiciones.
ART. 11.—Ámbito de aplicación.
ART. 12.—Excepciones.
ART. 13.—Medidas prudenciales en el sector financiero.
No obstante cualquier otra disposición de este acuerdo, a una parte no se le podrá impedir adoptar o mantener medidas relacionadas con servicios financieros por razones prudenciales[4], incluyendo para la protección de inversionistas, depositantes, tenedores de pólizas o para asegurar la integridad y la estabilidad del sistema financiero. Si dichas medidas no están de conformidad con las disposiciones de este acuerdo, estas no deberán ser usadas en el sentido de evadir los compromisos u obligaciones de la Parte bajo tales disposiciones, en particular aquellas obligaciones bajo los artículos 4º (expropiación y compensación) y 6º (transferencias).
ART. 14.—Medidas tributarias.
ART. 15.—Consultas.
ART. 16.—Disposiciones finales.
3 Para mayor claridad, este artículo no deberá ser interpretado como una excepción a las obligaciones estipuladas en el artículo 4º (expropiación y compensación) con respecto a la compensación.
De acuerdo con el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para ejercer un control integral, previo y automático sobre la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. Por lo tanto, es competencia de esta Corporación, ejercer el control constitucional sobre la Ley 1462 de 2011 y el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones suscrito entre Colombia y China, incorporado a dicha ley.
2.4. Por su parte, en lo que se refiere al control de constitucionalidad material, este comprende al examen de fondo que debe llevar a cabo esta Corporación sobre el contenido del tratado y su ley aprobatoria. Específicamente, dicho control consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional y de su ley aprobatoria, con el contenido integral de la Constitución, a partir de criterios eminentemente jurídicos, para así determinar si las mismas se ajustan o no a la Carta Política.
3. Estudio de constitucionalidad formal de la Ley 1462 del 29 de junio de 2011, aprobatoria del “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular de China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
El artículo 241 de la Constitución Política, en su numeral 10, le atribuye a la Corte Constitucional, la función de decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban. Para efectos de cumplir con dicha función, la misma norma Superior le impone al Gobierno Nacional, el deber jurídico de remitir tales textos a esta Corporación, “dentro de los seis días siguientes a la sanción de la ley”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte encuentra cumplido el requisito de remisión previsto por el numeral 10 del artículo 241 Superior, en cuanto que, el Gobierno Nacional, hizo llegar el texto de la Ley 1462 de 2011, junto con el instrumento internacional a ella incorporado, el tercer día hábil siguiente al de su sanción, es decir, dentro del término constitucional de los seis días. Ello, bajo la consideración de que los días 2, 3 y 4 de julio de 2011, corrieron en sábado, domingo y lunes festivo, respectivamente, días en los cuales, oficialmente, la Corte Constitucional no se encuentra en servicio.
En los términos citados, la Corte encuentra cumplido el requisito referido a la forma de adopción del instrumento internacional objeto de control constitucional, no solo por el hecho de que quien lo suscribió era portador de plenos poderes, sino, además, porque tal suscripción fue ratificada por la correspondiente confirmación ejecutiva que, de acuerdo con la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados (art. 8º de la Ley 32 de 1985), subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado(1), en la medida en que la misma es otorgada por el Presidente de la República, quien, en su condición de Jefe de Estado, le corresponde dirigir las relaciones internacionales.
Según lo prevé el numeral 2º del artículo 189 de la Constitución Política, el Presidente de la República, en su condición de Jefe de Estado, es el encargado de dirigir las relaciones internacionales y, en ese contexto, es la autoridad facultada para celebrar con otros estados y entidades de derecho internacional tratados o convenios que, luego se deben someter a la aprobación del Congreso de la República mediante ley.
El texto original del proyecto y su correspondiente exposición de motivos, fueron publicados en la Gaceta del Congreso 486 del 3 de agosto de 2010 (pág. 1-14, a folios 88-101 del cuaderno de pruebas 1).
La ponencia favorable para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República, fue presentada por el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda, y publicada en la Gaceta del Congreso 576 del 30 de agosto de 2010. En dicho texto, se propone a la Comisión Segunda del Senado de la República “dar primer debate al Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado” (pág. 5-12, a folios 76-82 del cuaderno de pruebas 1).
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, la discusión y votación del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por parte de la comisión segunda del Senado, fue anunciada el 1 de septiembre de 2010, para llevarse a cabo en la próxima sesión ordinaria, esto es, en la sesión del 7 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta 5 del 1 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 687 del mismo año(2).
Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de 2008.
Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 576 de 2010.
Cabe resaltar que, en cuanto el aludido proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 7 de septiembre de 2010, en la misma sesión del 7 de septiembre, el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión ordinaria del 15 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta 06 de esa fecha (7 de septiembre), publicada en la Gaceta de Congreso 991 del 30 de noviembre de 2010, en la cual se lee:
“Da lectura al punto: Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley: por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (Acto Legislativo 1/2003, art. 8º).
— Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de 2008.
“Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley. Por instrucciones del presidente de la comisión segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión (Acto Legislativo 1/2003, art. 8º).
3. Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Publicaciones: texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 486 de 2010. Ponencia primer debate: Gaceta del Congreso 576 de 2010.
El proyecto tampoco fue discutido ni votado en la sesión del 21 de septiembre de 2010, razón por la cual, en la misma sesión del 21 de septiembre, el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión ordinaria del 28 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta 09 de esa fecha (21 de septiembre), publicada en la Gaceta del Congreso 992 del 30 de noviembre de 2010, en la cual se lee:
2. Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el ¿Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China, firmado en Lima (Perú) el 22 de noviembre de 2008.
Una vez más, el proyecto no fue discutido ni votado en la sesión del 28 de septiembre de 2010, razón por la cual, en la misma sesión del 28 de septiembre, el proyecto fue anunciado para ser debatido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión ordinaria que se realizó el 29 de septiembre de 2010, tal como consta en el Acta 11 de esa fecha (28 de octubre), publicada en la Gaceta del Congreso 170 del 8 de abril de 2011, en la cual se lee:
2. Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de 2008.
Publicaciones: texto del proyecto de ley Gaceta del Congreso 486 de 2010.
En la sesión del 29 de septiembre de 2010, el proyecto de ley no fue discutido ni votado, razón por la cual, en la misma sesión del 29 de septiembre, el proyecto fue anunciado para ser discutido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión que se llevó a cabo el día 13 de octubre de 2010, toda vez que, de acuerdo con la secuencia de las actas 12, 13 y 14 mencionadas(3), y con la certificación expedida por el secretario general de la comisión segunda constitucional eermanente del Senado de la República, el día 6 de octubre de 2010, la comisión segunda del Senado no sesionó. Sobre el punto, se lee en el Acta 12 del 29 de septiembre, lo siguiente:
— Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
“... tal como consta en el acta 12 del 29 de septiembre de 2010, fue anunciada la discusión y votación del referido proyecto para ser discutido en sesión del miércoles 06 de octubre de 2010, sesión que no se llevó a cabo en dicha fecha”.
El proyecto de ley no fue discutido ni votado en la sesión del 13 de octubre, razón por la cual, en la misma sesión del 13 de octubre, el proyecto fue anunciado para ser discutido y votado en la próxima sesión ordinaria, esto es, en la sesión que se realizó el 19 de octubre de 2010, tal como consta en el Acta 14 de esa fecha (13 de octubre), publicada en la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011, en la cual se lee:
1. Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú el 22 de noviembre de 2008.
Finalmente, el proyecto de ley no fue discutido ni votado en la sesión del 19 de octubre de 2010, razón por la cual, en la misma sesión del 19 de octubre, el proyecto fue anunciado para ser discutido y votado en la próxima sesión, esto es, en la sesión que tuvo lugar el 26 de octubre de 2010, tal como consta en el Acta 15 de esa fecha (19 de octubre), publicada en la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011, en la cual se lee:
Publicaciones: texto del proyecto de ley: Gaceta del Congreso 486/1.
Después de una secuencia de anuncios, en la sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República, del 26 de octubre de 2010, tuvo lugar la discusión y aprobación, en primer debate, del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, de conformidad con el anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior, esto es, en la sesión del 19 de octubre de 2010. El proyecto fue aprobado por votación nominal y pública de siete (7) senadores a favor y uno (1) en contra, tal y como consta en el Acta 16 de esa misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011 (pág. 42-46, a folios 24-26 del cuaderno de pruebas 1), en los siguientes términos:
Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Gómez Román Édgar Alfonso Vota sí
Moreno Piraquive Alexandra Vota sí
Romero Camilo Ernesto Vota no
La ponencia para segundo debate en la Plenaria del Senado, fue presentada por el Senador Carlos Emiro Barriga Peñaranda y publicada en la Gaceta del Congreso 878 del 09 de noviembre de 2010 (pág. 1-8, a folios 34-37 del cuaderno de pruebas 1), en la cual se propuso “dar segundo debate al Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado”.
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por parte de la Plenaria del Senado, fue anunciada el día 2 de diciembre de 2010, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 6 de diciembre de 2010, tal como consta en el Acta 29, publicada en la Gaceta del Congreso 74 del 10 de marzo de 2011(pág. 20 a folio 382 del cuaderno de pruebas 2). El texto del anuncio es el siguiente:
Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
En sesión plenaria del Senado de la República, del 6 de diciembre de 2010, tuvo lugar la discusión y aprobación, en segundo debate, del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, de conformidad con el anuncio que se realizó en la sesión inmediatamente anterior, esto es, en la sesión del 2 de diciembre de 2010. De acuerdo con la certificación expedida por el secretario general del Senado, el proyecto fue aprobado por votación nominal y pública de cincuenta y tres (53) senadores a favor y cinco (5) en contra, tal y como consta en el Acta 30 de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 75 del 10 de marzo de 2011 (pág. 37-39, a folios 62-64 del cuaderno de pruebas 2).
“Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Por secretaría se da lectura al título del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China”, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
La presidencia somete a consideración de la plenaria la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, título y que surta su trámite en la honorable cámara de representantes el Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado; cierra su discusión y, de conformidad con el Acto Legislativo 1 de 2009, abre la votación, e indica a la secretaría abrir el registro electrónico para proceder a la votación nominal.
Votación nominal a la omisión de la lectura del articulado, bloque del articulado, título y que surta su trámite en la honorable cámara de representantes, del Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado.
En consecuencia, ha sido aprobada la omisión de la lectura del articulado, el bloque del articulado, título y que surta su trámite en la honorable Cámara de Representantes el Proyecto de Ley 60 de 2010 Senado.
De igual manera, el secretario general del Senado de la República, mediante escrito remitido a esta Corte el 11 de agosto de 2011, certifica que el texto aprobado en la sesión plenaria del 6 de diciembre de 2010, fue publicado en la Gaceta del Congreso 1116 del miércoles 22 de diciembre de 2010.
La ponencia para tercer debate del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, fue presentada ante la comisión segunda de la Cámara de Representantes por el representante Pedro Pablo Pérez Puerta, y publicada en la Gaceta del Congreso 109 del 22 de marzo de 2011 (pág. 1-9, a folios 235-243 del cuaderno de pruebas 2).
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por parte de la comisión segunda de la Cámara de Representantes, fue anunciada el día 3 de mayo de 2011, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 4 de mayo de 2011, tal y como se desprende del acta 34 del 3 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 481 del 1 de julio de 2011 (pág. 7 a folio 22 del cuaderno de pruebas 3).
Cuarto. Anuncio de proyectos de ley para discusión y aprobación en primer debate para dar cumplimiento al artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003.
Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara- 60 de 2010 Senado, por el cual se aprueba el acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Ponencia primer debate Cámara: Gaceta del Congreso 109 de 2011.
La aprobación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por parte de la comisión segunda de la Cámara de Representantes, ocurrió de acuerdo con el anuncio que debidamente se realizó en la sesión inmediatamente anterior. En consecuencia, el proyecto fue aprobado en la sesión siguiente a la del 3 de mayo de 2011, es decir, se aprobó en la sesión del 4 de mayo de 2011, tal y como consta en el acta 35 del 4 de mayo de 2011, publicada en la Gaceta del Congreso 481 del 1 de julio de 2011 (pág. 16-18 a folios 26 y 27 del cuaderno de pruebas 3).
De igual manera, el secretario general de la comisión segunda de la Cámara de Representantes, a través de escrito que remitió a esta Corporación, el 26 de agosto de 2011(4), coincide con el contenido del Acta 35 del 4 de mayo de 2011, en el sentido de informar que el Proyecto en mención fue aprobado con quórum decisorio de once (11) Representantes que asistieron a la sesión, mediante votación nominal y pública de diez (10) representantes por el sí y un (1) voto negativo. Al respecto, se explica en el mencionado escrito:
“Leída la proposición con que termina el informe de ponencia y escuchadas las explicaciones del ponente H.R. Pedro Pablo Pérez Puerta, se sometió a consideración y se aprobó por votación pública y nominal con el sí de 10 honorables representantes presentes y 1 voto negativo del H.R. Iván Cepeda Castro (pág. 17).
Leído el articulado del proyecto, publicado en la Gaceta 109 de 2011 se sometió a consideración y se aprobó por votación pública y nominal con el sí de 10 honorables representantes presentes y 1 voto negativo del H.R. Iván Cepeda Castro (pág. 17).
Leído el título del proyecto, sometido a consideración se aprobó por votación pública y nominal con el sí de 11 honorables representantes presentes y 1 voto negativo del H.R. Iván Cepeda Castro (pág. 18)”.
Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara 60 de 2010 Senado, por la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de Colombia y el gobierno de la República Popular China, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
Está en consideración honorables representantes ese articulado de conocimiento público a través de la gaceta por parte de ustedes. Anuncio que se va a cerrar la discusión del articulado señores representantes, queda cerrada la discusión, ¿aprueba la comisión el articulado de este proyecto de ley?
La ponencia para cuarto debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, fue presentada por el representante Pedro Pablo Pérez Puerta, y publicada en la Gaceta de Congreso 270 del 17 de mayo de 2011 (Pág. 1-8 a folios 128-135, cdno. de pruebas 1).
En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, la votación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por parte de la Plenaria de la Cámara de Representantes, fue anunciada el día 30 de mayo de 2011, para llevarse a cabo en la sesión del día 31 de mayo del mismo año o para la siguiente sesión plenaria en la cual se debatan proyectos de ley o actos legislativos. Así consta en el Acta 66 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 669 del 8 de septiembre de 2011(5). El texto del anuncio para votación aparece en la citada acta, en los siguientes términos:
Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, 060 de 2010 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de Colombia y el gobierno de la República Popular China, firmado en Lima -Perú el 22 de noviembre de 2008.
La aprobación del Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara, por parte de la plenaria de la Cámara de Representantes, tuvo lugar en los términos del anuncio que debidamente se realizó en la sesión del 30 de mayo de 2011, es decir, en la sesión del día 31 de mayo de 2011, tal como consta en el Acta 67 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso 670 del 8 de septiembre de 2011(6).
En cuanto a la aprobación y votación del proyecto, tanto de la certificación expedida por el secretario general de la Cámara de Representantes, remitida a este Tribunal el 22 de agosto de 2011(7), como del Acta 67, se constata que en la sesión plenaria de la Cámara de Representantes del día 31 de mayo de 2011, a la cual asistieron ciento cincuenta y cinco (155) representantes, el Proyecto de Ley 158 de 2010 Cámara fue aprobado mediante votación nominal y pública de ochenta y tres (83) representantes por el sí y seis (6) votos negativos. Sobre el particular, se lee en dicha acta lo siguiente:
Por el sí 83.
El texto definitivo del proyecto aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes, aparece publicado en la Gaceta del Congreso 434 del 15 de junio de 2011(8).
4.2. Se efectuaron las publicaciones oficiales, según lo establece el numeral 1º del artículo 157 Superior y demás normas concordantes. En efecto, las publicaciones se dieron de la siguiente manera: (1) antes de darle curso en la respectiva Comisión del Senado, el proyecto fue publicado, junto con la exposición de motivos, en la Gaceta del Congreso 486 del 3 de agosto de 2010; (2) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado fue publicada en la Gaceta del Congreso 576 del 30 de agosto de 2010; (3) el texto aprobado en primer debate fue publicado en la Gaceta del Congreso 171 del 8 de abril de 2011; (4) la ponencia para segundo debate en la plenaria del Senado de la República fue publicada en la Gaceta del Congreso 878 del 9 de noviembre de 2010; (5) el texto definitivo aprobado en la plenaria del Senado de la República fue publicado en la Gaceta 75 del 10 de marzo de 2011; (6) la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta 109 del 22 de marzo de 2011; (7) el texto aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta del Congreso 481 del 1º de julio de 2011; (8) la ponencia para segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicada en la Gaceta del Congreso 270 del 17 de mayo de 2011; y (9) el texto definitivo aprobado en la plenaria de la Cámara de Representantes fue publicado en la Gaceta 670 del 8 de septiembre de 2011.
4.3. Se cumplieron los términos previstos en el inciso 1º del artículo 160 de la Constitución. Tanto el de los 8 días que deben mediar entre el primero y el segundo debate en una misma Cámara, como el de los 15 días que deben transcurrir entre la aprobación del proyecto en una Cámara y la iniciación del debate en la otra.
4.7. Frente a la observancia del requisito del anuncio previo, consagrado en el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución, la Corte considera necesario hacer algunas precisiones en torno al alcance del citado requisito:
4.7.1. Según lo dispone el inciso 5º del artículo 160 de la Carta Política, tal y como el mismo fue adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 1 de 2003, “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”.
4.7.2. La jurisprudencia constitucional se ha referido al requisito del anuncio previo, destacando que su incorporación al ordenamiento jurídico busca, “[p]or una parte, permitir que los congresistas conozcan con la debida anticipación los proyectos y demás asuntos sometidos a su consideración, evitando que sean sorprendidos con votaciones no anunciadas e intempestivas. Y por la otra, garantizar a los ciudadanos y a las organizaciones sociales que tengan interés en los proyectos tramitados por el Congreso, una participación política oportuna, de manera que puedan incidir a tiempo en su proceso de aprobación, dando a conocer sus opiniones e ideas y manifestando su acuerdo o desacuerdo con lo debatido”(9).
4.7.3. En distintos pronunciamientos sobre la materia, esta Corporación ha destacado que el requisito de anuncio lleva implícitos unos presupuestos básicos(10), que deben ser tenidos en cuenta por el Congreso y luego verificados por el órgano de control constitucional. Tales presupuestos son: (i) que se anuncie la votación del proyecto en cada uno de los debates reglamentarios; (ii) que el anuncio lo haga la presidencia de la Cámara o de la respectiva comisión en una sesión diferente y previa a aquella en la cual debe realizarse la votación del proyecto; (iii) que la fecha de la votación sea cierta, determinada o, en su defecto, determinable; y (iv) que el proyecto no sea votado en sesión distinta a la anunciada previamente.
— El anuncio no tiene que hacerse a través de una determinada fórmula sacramental o de cierta expresión lingüística(11), en razón a que la Constitución no prevé el uso de una locución específica para cumplir el mandato constitucional.
— El anuncio debe permitir determinar la sesión futura en la cual va a tener lugar la votación del proyecto de ley en trámite(12), de manera que sólo la imposibilidad para establecer la sesión en que habría de tener ocurrencia dicho procedimiento, hacen de aquél un anuncio no determinado ni determinable, y, en consecuencia, contrario al requisito previsto en el artículo 160 de la Carta(13). Para definir lo que debe entenderse por la expresión “determinable”, la Corporación ha señalado(14) que expresiones como: “para la siguiente sesión” o “en la próxima sesión”, permiten entender que sí fue definida la fecha y la sesión en la cual el proyecto de ley debe ser votado, con lo cual se considera cumplido el requisito del aviso.
— En los casos en que la votación de un proyecto se aplaza indefinidamente, de forma tal que no tiene lugar en la sesión inicial para la cual fue anunciada, las mesas directivas deben continuar con la cadena de anuncios, es decir, están obligadas a reiterar el anuncio de votación en cada una de las sesiones que antecedan a aquella en que efectivamente se lleve a cabo la votación del proyecto.
4.7.6. En el primer debate en la Comisión Segunda del Senado, (i) se anunció debidamente el proyecto al emplearse las expresiones “anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (19 de octubre de 2010) y previa a la votación (26 de octubre de 2010), después de una cadena ininterrumpida de anuncios que comenzó en la sesión ordinaria del 1º de septiembre de 2010 y finalizó en la sesión del 19 de octubre del mismo año, tal y como se precisó en el apartado anterior; (iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse hecho uso de la expresión “para la próxima sesión”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el último anuncio, ya que éste se hizo en la sesión del 19 de octubre de 2010, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 26 de octubre del 2010, donde efectivamente se votó.
Siguiendo las reglas fijadas por la propia jurisprudencia, a las cuales ya se hizo referencia, en el caso del primer debate, el requisito de anuncio se observó adecuadamente, toda vez que, en la medida en que la votación del proyecto se aplazó indefinidamente, la mesa directiva de la comisión segunda constitucional del Senado de la República, continuó de manera ininterrumpida con la cadena de anuncios, esto es, reiteró el anuncio de votación en cada una de las sesiones ordinarias que antecedieron a aquella en que efectivamente se llevó a cabo la votación del proyecto. Como ya se manifestó, la discusión y votación del proyecto se anunció en la sesión ordinaria del 1º de septiembre de 2010 para ser votado en la sesión del 7 de septiembre del mismo año. En la media en que el proyecto no se votó en la sesión del 7 de septiembre de 2010, y solo fue debatido y votado en la sesión ordinaria del 26 de octubre de 2010, la mesa directiva de la Comisión Segunda realizó los respectivos anuncios para votación en las sesiones ordinarias convocadas para tramitar proyectos de ley y que tuvieron lugar entre las dos fechas citadas, así: en la sesión del 7 de septiembre para ser votado el 15 de septiembre; en la sesión del 15 de septiembre para ser votado en la sesión del 21 de septiembre; en la sesión del 21 de septiembre para ser votado en la sesión del 28 de septiembre; en la sesión del 28 de septiembre para ser votado en la sesión del 29 de septiembre; en la sesión del 29 de septiembre para ser votado en la sesión del 13 de octubre; en la sesión del 13 de octubre para ser votado en la sesión del 19 de octubre; y en la sesión del 19 de octubre para ser votado en la sesión del 26 de octubre de 2010 donde finalmente la misma tuvo lugar.
4.7.8. En el tercer debate en la comisión segunda de la Cámara de Representantes, (i) se anunció debidamente el proyecto al emplearse las expresiones “anuncios de proyectos de ley para discusión y aprobación…”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (3 de mayo de 2011) y previa a la votación (4 de mayo de 2011); (iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse utilizado la expresión “para la próxima sesión que haya discusión de proyectos de ley”; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que este se hizo el 3 de mayo de 2011, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 4 de mayo de 2011, donde efectivamente se debatió y votó.
4.7.9. En el cuarto debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, (i) también se anunció debidamente el proyecto, al emplearse las expresiones “se anuncian los siguientes proyectos”; (ii) el anuncio se realizó en sesión distinta (30 de mayo de 2011) y previa a la votación (31 de mayo de 2011); (iii) la fecha de la votación resulta claramente determinable al haberse utilizado la expresión “para la sesión plenaria del día 31 de mayo de ; y (iv) la votación se llevó a cabo en la sesión indicada en el anuncio, ya que éste se hizo el 30 de mayo de 2011, para llevarse a cabo en la próxima sesión, esto es, en la sesión del 31 de mayo de 2011, donde efectivamente se debatió y votó.
5. Revisión material de la Ley 1462 de 2011, “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo bilateral para la promoción y protección de inversiones entre el gobierno de la República de Colombia y el gobierno de la República Popular de China””, firmado en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008.
5.1. El contenido de la Ley 1462 de 2010 y la constitucionalidad del acuerdo en ella incorporado.
5.1.1. Contenido del acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones entre Colombia y China.
El preámbulo incluye los propósitos generales del acuerdo, resaltando que la suscripción del mismo viene acompañado del deseo de incrementar la cooperación económica para el beneficio mutuo de los Estados contratantes, y del ánimo de estos de promover condiciones favorables para la inversión mutua.
El artículo 9º se ocupa de la resolución de disputas entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante. Al respecto, la norma precisa la necesidad de agotar la vía gubernativa y de resolver amistosamente la divergencia, antes de recurrir: (i) a los tribunales locales, (ii) a un tribunal de arbitramento —regulado por las normas internacionales— o (iii) al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en este último caso, bajo las reglas del “Convenio sobre el arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y nacionales de otros estados”, cuando el Estado hubiere adherido a él, o bajo el reglamento CIADI sobre el mecanismo complementario para la administración de procedimientos de conciliación, arbitraje y comprobación de hechos. El referido artículo regula también aspectos procedimentales de la convocatoria del tribunal de arbitramento, relativos al cálculo de términos, solicitudes de aclaración, evaluación sobre las medidas adoptadas, etc. Igualmente, precisa que mientras los conflictos se sometan a trámite arbitral, las partes se abstendrán de recurrir a los canales diplomáticos, salvo cuando alguno de ellos incumpla la decisión de la sentencia o el laudo.
En el artículo 10º se consagra una cláusula de favorabilidad en torno a la aplicación de otras disposiciones diferentes al acuerdo para resolver las controversias surgidas con motivo del mismo. Indica dicha cláusula que, si de las disposiciones legales de una parte contratante o de obligaciones actuales o futuras derivadas del derecho internacional, resulta una regulación general o particular que establezca un trato más favorable a las inversiones de inversionistas que el provisto en el acuerdo, dicha regulación deberá prevalecer en la medida en que sea más favorable.
El artículo 14 estipula que el acuerdo no tendrá aplicación en asuntos tributarios, con la excepción del artículo 4º (expropiación y compensación) y del artículo 9º (resolución de disputas entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante).
5.1.3.1. El acuerdo bilateral para la promoción y protección recíproca de inversiones que Colombia y China suscribieron en Lima, Perú, el 22 de noviembre de 2008, hace parte de los instrumentos internacionales suscritos por el país, “con el fin de dinamizar la economía local a partir de la atracción de capital extranjero y de la integración de capital nacional en el escenario de mercados de mayor desarrollo”(15).
5.1.3.2. Durante las dos últimas décadas, Colombia ha venido suscribiendo acuerdos de promoción y protección de inversiones con distintos países del mundo, dentro del propósito de lograr los niveles de integración que impone la economía de mercado contemporáneo. Así, por ejemplo, el país firmó acuerdos de ese tipo con el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, aprobado mediante la Ley 245 de 1995; con Cuba, aprobado mediante la Ley 245 de 1995; con la República del Perú en tres oportunidades, aprobados mediante las Leyes 279 de 1994, 801 de 2003 y 1342 de 2009; con la República de Chile, aprobado mediante la Ley 672 de 2001; con el Reino de España, aprobado mediante la Ley 1069 de 2006; y con la Confederación Suiza, aprobado mediante la Ley 1198 de 2008.
5.1.3.4. A nivel del derecho comparado, esa clase de instrumentos se identifican como acuerdos de promoción y protección de inversiones, APPRI, también conocidos internacionalmente con la sigla inglesa BITs —Bilateral Investment Treaties—, y constituyen herramientas usuales de integración a la que acuden los Estados para estrechar lazos comerciales. Dado su uso generalizado, los APPRI se caracterizan por tener cláusulas “tipo”, esto es, modelos preestablecidos de acuerdo internacional, de estructura estándar, que usualmente incluyen temas vinculados con: (i) la definición de las inversiones protegidas; (ii) el tratamiento preferencial o no menos favorable del inversionista extranjero frente al inversionista nacional o de un tercer estado; (iii) la prohibición de toda discriminación al inversionista extranjero; (iv) salvaguardas contra la expropiación y reconocimiento de indemnización pronta, adecuada y efectiva; (v) la libre transferencia de inversiones y utilidades; y (vi) el establecimiento de mecanismos de solución de controversias.
5.1.3.5. Con respecto a los acuerdos de promoción y protección de inversiones, APPRI, esta Corporación ya ha tenido oportunidad de pronunciarse, precisamente, en el contexto del control de constitucionalidad, previo, automático y oficioso, que le ha correspondido ejercer sobre los instrumentos de esa naturaleza suscritos por Colombia. En los distintos pronunciamientos sobre la materia, de manera uniforme, la Corte ha establecido que, en términos generales, los APPRI se ajustan a la Constitución Política, en la medida que buscan satisfacer una necesidad de internacionalización e integración de la economía nacional, que se impone como consecuencia de la globalización de la economía mundial. Sobre el punto, ha explicado que las exigencias del mundo contemporáneo “y la interdependencia de los Estados, el logro de mayores flujos de inversión extranjera que complementen el ahorro nacional, financien grandes proyectos de infraestructura y apoyen la expansión industrial, es una necesidad indispensable para alcanzar niveles adecuados de desarrollo económico y bienestar social”(16), objetivos a los que contribuyen, sin lugar a dudas, los llamados APPRI.
5.1.3.7. También ha sostenido la jurisprudencia, que la alternativa opuesta ofrecida por los APPRI, esto es, la inversión de capital colombiano en otros países, “abre campos de acción en mercados de mayor dinamismo que redundan en beneficio de la movilidad de la economía local. Por virtud de la inversión de capital colombiano en el extranjero, la economía doméstica ensancha sus horizontes de acción y participa del dinamismo de mercados más sofisticados”(17).
5.1.3.9. De la misma manera, ha expresado la jurisprudencia que el fortalecimiento de los canales productivos y comerciales del país encuentra fundamento en el artículo 2º de la Carta Política, el cual consagra como fin esencial del Estado la promoción de la prosperidad general. Además, responde al compromiso expresado en el artículo 333 Superior, que le impone al Estado la función de estimular el desarrollo empresarial, cuando no se vincula directamente con la promoción de la productividad, competitividad y desarrollo armónico de las regiones (C.P., art. 334).
5.1.4.2. En cuanto hace al preámbulo del acuerdo, éste no hace otra cosa que reiterar los propósitos de integración entre Colombia y china, que a su vez reflejan la intención de los dos países de construir canales de inversión que fortalezcan sus economías e incrementen la prosperidad en las dos naciones. Dicha finalidad es claramente compatible con los mandatos constitucionales que propugnan por la internacionalización de las relaciones políticas, económicas y sociales, y por un propósito integracionista (C.P., arts. 226 y 227).
5.1.4.3. El artículo 1º define conceptos básicos del acuerdo, señalando lo que debe entenderse por inversión, inversionistas, renta y territorio, y qué elementos, como propiedades, participaciones, activos, derechos, créditos, concesiones y operaciones, pueden considerarse técnicamente como inversiones. En ese sentido, el propósito específico de la norma es precisar el contenido de los conceptos utilizados por el convenio, definiciones que en ningún caso afectan disposición constitucional alguna. En anteriores pronunciamientos, la Corte ha dejado claro que este tipo de definiciones tienen como propósito precisar y aclarar el contenido de los conceptos utilizados, razón por la cual ha avalado su constitucionalidad(18) sobre la base de considerar que tal propósito no se opone al texto Superior.
5.1.4.5. Ningún reproche merece el artículo 3º del acuerdo, que consagra las conocidas cláusulas de Tratamiento Nacional y Nación Más Favorecida, típicas en el modelo de convenios al que pertenece el presente acuerdo. La Corte Constitucional ha expresado sobre el particular, que por virtud de dichas cláusulas, “un Estado se obliga a dar a otro un trato no menos favorable que el que se concede a sus propios nacionales o a los nacionales de cualquier tercer Estado”(19). Al respecto, ha agregado igualmente, que “[p]receptos de esta índole no vulneran la Ley Suprema y, por el contrario, se dirigen a hacer efectivo “en todo tiempo la igualdad fundamental sin discriminación entre todos los países interesados. La igualdad de tratamiento otorgada por una cláusula de la nación más favorecida, hace desaparecer toda diferencia entre las inversiones extranjeras beneficiarias de este trato. Por regla general, a partir del momento en el cual el país receptor de la inversión concede una ventaja a un tercer Estado, el derecho de otros Estados a un tratamiento no menos favorable nace en forma inmediata y se extiende a los derechos y ventajas concedidos antes y después de la entrada en vigor del Tratado que consagra la aludida cláusula (...) El efecto básico de esta cláusula consiste en hacer desaparecer, dentro del ámbito de materias reguladas por la Convención que la contiene, toda desigualdad jurídica presente o futura. En este orden de ideas, si una norma nacional establece diferencias entre categorías de inversiones, aquellas que estén cobijadas por el principio del trato nacional deberán sujetarse al mismo régimen que las inversiones nacionales”(20).
Con respecto a este mismo artículo, la Corte encuentra perfectamente compatible con la Constitución su numeral 4, en el que se aclara que la celebración del acuerdo no tiene porqué obstaculizar la adquisición de compromisos con otros Estados por parte de los Estados signatarios. Al respecto, cabe reiterar lo dicho por la Corporación en la Sentencia C-008 de 1997, en la que se estudió el acuerdo de promoción y protección de inversiones mutuas entre Colombia y Perú. En aquella oportunidad, la Corte sostuvo que “las excepciones hechas en el Tratado a la aplicabilidad de la cláusula de la nación más favorecida, cuando Perú o Colombia hagan parte de acuerdos con terceros Estados tendientes a crear uniones aduaneras o ventajas similares con el fin de estimular el comercio intra-regional, tiene como propósito evitar que la celebración del presente convenio se convierta en obstáculo para otros procesos de integración y en tal sentido encuentran claro apoyo constitucional”(21).
5.1.4.6. El artículo 4º, por su parte, es constitucional, en tanto consagra medidas de salvaguarda para la inversión extranjera, cuyo claro propósito, lo ha expresado ya la Corte, es generar confianza en el inversionista respecto del tratamiento seguro de su capital. Concretamente, la norma prevé soluciones para eventos que en la práctica conllevan un perjuicio sensible para los intereses de quien hace la inversión. De acuerdo con la norma, la nacionalización de la inversión o la expropiación de la misma —así como medidas similares—, no pueden imponerse sin la debida indemnización, medida que, en el caso Colombiano, se reconoce sin excepción a partir de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 1999, que reformó el artículo 58 de la Carta y eliminó la anterior expropiación sin indemnización por motivos de utilidad pública.
Sobre el particular, debe recordar la Corte que, con anterioridad al Acto Legislativo 01 de 1999, el régimen constitucional colombiano, a través del artículo 58 Superior, permitía la expropiación sin indemnización en casos de equidad definidos por el legislador. Con base en ello, este Tribunal, al pronunciarse sobre los acuerdos de promoción y protección de inversiones, suscritos por Colombia antes de la entrada en vigencia del referido acto legislativo(22), procedió a declarar exequibles tales instrumentos internacionales, con excepción de los artículos que se referían a la expropiación con indemnización, los cuales fueron declarados inexequibles por infringir el artículo 58 de nuestro Estatuto Superior.
La Corte Constitucional, en pronunciamientos posteriores a la modificación del artículo 58 Superior, reconoció la importancia de dicha reforma, no solo en el contexto de las relaciones internacionales del país, sino también en el ámbito del derecho interno. Así, en la Sentencia C-1074 de 2002, destacó que en virtud del cambio constitucional, no sólo se protegió la inversión extranjera, sino a su vez los derechos de propiedad de todos los habitantes de Colombia, “quienes no podrán ser expropiados sin previa indemnización”(23). Luego, en las Sentencias C-294 de 2002, C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377 de 2010, la Corporación reconoció que los cambios constitucionales reseñados, hacían exequibles las normas de protección a la inversión que prohibían la aplicación de la figura de la expropiación sin indemnización(24).
Cabe mencionar, además, que el artículo 4º hace también mención a medidas no sólo de expropiación directa, sino indirecta. Sobre estas últimas se pronunció recientemente esta Corporación en la sentencia C-031 de 2009, al hacer la revisión constitucional del Tratado de Libre Comercio con Chile, precisando que la constitucionalidad de cláusulas referentes a este tipo de previsiones estaba fundada, particularmente, en los principios de confianza legítima y buena fe. Al respecto, dijo la providencia que se comenta, lo siguiente:
“Así las cosas, en materia de expropiaciones indirectas no sólo está de por medio la protección de la propiedad privada y la primacía del interés general sobre el particular, como sucede en materia de expropiación directa, sino además el ejercicio de las facultades regulatorias estatales, encaminadas a la protección de intereses legítimos como son la salud pública, la seguridad y el medio ambiente. La pregunta que surge entonces es hasta qué punto esta figura del derecho internacional económico se enmarca en los principios del artículo 58 superior o si, por el contrario, su fundamento se haya(sic) en otras disposiciones constitucionales.
Así las cosas, la expropiación indirecta encuentra su fundamento constitucional en el principio de la confianza legítima. En tal sentido cabe señalar que como corolario del principio de buena fe, la doctrina y la jurisprudencia foráneas, desde mediados de la década de los sesentas(25), han venido elaborando una teoría sobre la confianza legítima, el cual ha conocido originales e importantes desarrollos a lo largo de diversos pronunciamientos de esta Corte”.
En consecuencia, el artículo 4º del acuerdo bajo revisión, se reitera, no ofrece reproche alguno en cuanto a su constitucionalidad.
5.1.4.7. Con respecto al artículo 5º, se mencionó que el mismo incluye también una salvaguarda de la inversión, como es la compensación por daños o pérdidas frente a eventos de alteración del orden público —guerra, conflicto armado, revolución o estado de emergencia nacional, disturbios o cualquier acontecimiento similar—. Frente a dicha salvaguarda, la Corte reitera lo dicho en anteriores pronunciamientos sobre la materia, en el sentido de sostener que “dicha cláusula es consecuencia del principio de trato nacional y cláusula de nación más favorecida, en casos de grave perturbación del orden público o económico, por lo que la misma es garantía implícita del derecho a la igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta”(26). No obstante, en concordancia con fallos precitados, particularmente con la Sentencia C-358 de 1996, debe destacar la Corte que el reconocimiento de los principios y garantías consignados en la norma no tiene porqué excluir la posibilidad, derivada del artículo 100 de la Constitución Política, de que por razones de orden público, la ley subordine a condiciones especiales o incluso niegue el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros. Por ello, reitera la Corte, “en un Tratado Internacional no se podría impedir al legislador colombiano hacer uso de esta atribución cuando se configuren las circunstancias que la norma constitucional contempla”(27). De igual modo, la norma no excluye la hipótesis del artículo 59 constitucional, que consagra, en caso de guerra, la expropiación con indemnización posterior.
5.1.4.8. El artículo 6º, que regula el tema de las transferencias, resulta igualmente constitucional, pues, al margen de facilitar la actividad económica y de negocios de los inversionistas, al permitir de forma libre y sin demora los pagos necesarios para la realización de la inversión, también posibilita que tales operaciones se deban efectuar de acuerdo con la legislación interna de cada país, que para el caso colombiano, son las normas que regulan el comercio exterior y el mercado cambiario. Tal y como lo ha puesto de presente esta Corporación, la disposición pretende agilizar la realización de las transferencias de capital o pagos necesarios para la inversión, en moneda de libre convertibilidad, lo cual no contraría ningún mandato Superior. Igualmente, con el fin de no obstaculizar el escenario institucional del país en el que se deposita la inversión, la norma contempla la posibilidad de que las partes contratantes impongan restricciones cambiarias de acuerdo con sus legislaciones, decisión que, sin lugar a dudas, constituye una medida de protección de la economía nacional. En relación con esto último, la Corte, en la Sentencia C-309 de 2007, al estudiar la norma equivalente en el acuerdo de promoción y protección de inversiones entre Colombia y el Reino de España(28), tuvo oportunidad de precisar que la imposición de restricciones cambiarias corresponde a una decisión excepcional, procedente únicamente cuando las circunstancias macroeconómicas del Estado así lo exijan, restricción que de todos modos no se impone de manera automática, sino por decisión autónoma y soberana de los Estados parte, y siempre que las medidas que se adopten sean equitativas, no contengan discriminación alguna y consulten el principio de buena fe.
5.1.4.9. El artículo 7º sobre subrogación, tampoco ofrece reparos de constitucionalidad. Según lo ha mencionado la jurisprudencia, la subrogación contenida en este tipo de normas, incluye el reconocimiento de un mecanismo del derecho privado que permite que la entidad aseguradora que expide póliza de seguro de inversión se subrogue en los derechos del inversionista con el fin de reclamar los derechos derivados del siniestro. La disposición le agrega un elemento de seguridad a la inversión, al impedir que la extensión de una póliza sobre el capital de inversión se constituya en razón para negar el reconocimiento de las indemnizaciones correspondientes. La Corte ha dicho que medidas de este tipo, están acorde con las normas internacionales porque garantizan “los riesgos que implica para cualquier inversionista extranjero ejecutar tales actividades y, de esta manera, lograr incentivar la colocación de capitales foráneos”(29). Sobre el punto, agrego la Corte que:
“El mecanismo de la subrogación tiende a hacer efectivos los sistemas de garantía de las inversiones internacionales. Bien es sabido que, en general, esta forma de protección de la inversión extranjera puede lograrse a través de dos tipos de previsiones: 1) los mecanismos nacionales; 2) los mecanismos internacionales. Los primeros se presentan cuando es el Gobierno de un determinado país el que asume la garantía de las inversiones que sus nacionales y compañías realicen en el extranjero, por su parte, los mecanismos de garantía de derecho internacional son ejercidos por alguna organización de derecho internacional público, creada en virtud de un tratado multilateral, con el objeto de garantizar las inversiones que los nacionales de los Estados Parte constituyan en el extranjero. Cualquiera sea su naturaleza, los mecanismos de garantía buscan cubrir los riesgos que implica toda inversión internacional y tienen por objeto la transferencia de estos riesgos del inversionista privado al organismo de garantía”(30).
Conforme con ello, la misma jurisprudencia constitucional ha destacado que las medidas de subrogación, “se ajustan a la Constitución Política, pues no involucran ni afectan para nada los postulados y reglas que ella consagra y, más bien, plasman sistemas de acuerdo previo sobre responsabilidades de los Estados partes ante sus inversionistas, con miras a la seguridad y estabilidad de las inversiones”(31). Además, “el mecanismo de la subrogación no interfiere con ninguna facultad del Gobierno Nacional relativa a la ejecución o cumplimiento del Acuerdo, toda vez que esta figura sólo regula las relaciones del inversionista extranjero con su Gobierno o con el organismo de derecho internacional que acuda al mecanismo de garantía correspondiente”(32).
5.1.4.10. Los artículos 8º y 9º se entiende igualmente ajustados a la Constitución, en cuanto los mismos se limitan a la creación de los mecanismos procesales necesarios para la solución de controversias relativas a la ejecución del convenio. La necesidad de recurrir inicialmente a un acuerdo amistoso y agotar la vía gubernativa, y ante el fracaso de éstas, acudir a una Corte Local o a un tribunal de arbitramento, demuestra la intención del acuerdo de someter las controversias a los mecanismos locales de solución pacífica de conflictos y de recurrir al arbitramento cuando dicho acuerdo no sea posible. La Corte Constitucional, reiteradamente, ha sostenido que prever como mecanismo de solución de controversias el sometimiento de éstas a tribunales de arbitramento, no vulnera la Constitución, por cuanto “el arreglo directo y el arbitramento son mecanismos civilizados de dar solución en forma pacífica y pronta a los conflictos que se presentan entre las partes contratantes o entre un inversionista y una de las partes contratantes, en la aplicación, interpretación, desarrollo y ejecución del Instrumento Internacional que es objeto de revisión”(33). Por otra parte, “la Corte considera que la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata el artículo 226 de la Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los tribunales internacionales”(34). A propósito de esto último, en las Sentencias C-294 de 2002, C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-337 de 2010, la Corte encontró constitucionales cláusulas muy similares a las relacionadas con la solución de controversias en el convenio de la referencia. En la sentencia C-294 de 2002 se dijo al respecto, lo siguiente:
“Estos preceptos no vulneran la Constitución pues el arreglo directo y el arbitramento son mecanismos civilizados de dar solución en forma pacífica y pronta a los conflictos que se presentan entre las partes contratantes o entre un inversionista y una de las partes contratantes, en la aplicación, interpretación, desarrollo y ejecución del Instrumento Internacional que es objeto de revisión. Por otra parte, ‘la Corte considera que la promoción de la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas de que trata el artículo 226 de la Carta no sería posible sin el recurso, en determinadas oportunidades, a los tribunales internacionales’"(35).
Asimismo, es menester resaltar que el artículo 9º del acuerdo tiene plena vigencia en Colombia, si se tiene en cuenta que la legislación interna exige el agotamiento de la vía gubernativa para recurrir ante la jurisdicción contencioso administrativa en caso de controversia respecto de una decisión de autoridad administrativa. Por tanto, el tratado no exige agotar la vía judicial, sino únicamente la vía gubernativa.
En cuanto al numeral 10 del artículo 9º, que impone la restricción de presentar reclamaciones después de 3 años de ocurridos los hechos vulneratorios de sus cláusulas, esta Corte debe precisar, como lo ha hecho en ocasiones anteriores frente a cláusulas similares, que dicha disposición se restringe a señalar un término de prescripción para las reclamaciones que pretenden el cumplimiento de compromisos derivados única y exclusivamente del Tratado, lo cual no afecta el orden jurídico interno.
5.1.4.11. Frente al contenido del artículo 10, que consagra una cláusula de favorabilidad en la aplicación de otras disposiciones diferentes al acuerdo para resolver las diferencias surgidas en éste, cabe señalar que el mismo corresponde nuevamente al principio de nación más favorecida, que como ya se afirmó, ha sido considerado por la Corte Constitucional como acorde a la Carta pues se dirige a hacer efectivo en todo tiempo la igualdad fundamental sin discriminación entre todos los países interesados(36).
5.1.4.12. En el artículo 11 el acuerdo consagra el ámbito de aplicación de sus normas. Precisa que el mismo regirá para las inversiones hechas antes o después de su entrada en vigor, en un esfuerzo por estimular nuevas inversiones pero también por favorecer las que ya se iniciaron, lo cual no resulta contrario a la Constitución. Sobre este tipo de normas, la Corte ha dicho que se trata de garantías que se otorgan por “los Estados a los inversionistas tanto para iniciar como para mantener la inversión y, además, en términos de seguridad, a idéntico riesgo está sometido el empresario antiguo como el nuevo, de donde resulta que la igualdad real consagrada en el artículo 13 de la Carta se realiza mejor con los términos acordados en la cláusula examinada que con una referencia tajante a las inversiones futuras"(37). De igual manera, resulta ajustado a la Carta que el acuerdo omita cubrir con la protección ofrecida a capitales o activos de origen ilícito.
5.1.4.13. Los artículos 12 y 13 tratan sobre excepciones generales y medidas prudenciales en el sector financiero. Disponen al respecto, que nada de lo previsto en el acuerdo puede interpretarse en el sentido de impedir que las partes adopten o mantengan medidas dirigidas a la preservación del orden público o aquellas relacionadas con servicios financieros, siempre que dichas medidas sean necesarias y transparentes de acuerdo con la legislación nacional y no conlleven una restricción oculta a la inversión. En relación con tales mandatos, la Corte ha manifestado(38) que los mismos resultan acordes con la Constitución Política, en cuanto su objetivo es mantener en cabeza del Estado la facultad de controlar el orden público en los distintos órdenes, como una manifestación clara de la soberanía nacional y de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2º Superior. También armonizan con los mandatos de regulación, inspección, vigilancia y control de las actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público (C.P. arts. 150-19-d y 189-24). E igualmente, las medidas están de acuerdo con los deberes de la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia (C.P. art. 372). La circunstancia de que se exija que las medidas de excepción deban ser serias y fundadas, y no constituyan una restricción oculta de la inversión, comporta igualmente una salvaguarda de seguridad y estabilidad para los inversionistas, fundada, particularmente, en los principios de confianza legítima y buena fe, razón por la cual, también por esa vía la norma se entiende ajustada a la Constitución.
5.1.4.14. El artículo 14 estipula que el acuerdo no tendrá aplicación en asuntos tributarios, con la excepción del artículo 4º (expropiación y compensación) y del artículo 9º (resolución de disputas entre una parte contratante y un inversionista de la otra parte contratante). En virtud de dicha norma, solo respecto a tales artículos las medidas tributarias estarán cubiertas por el acuerdo, de manera que, si un inversionista alega que una medida tributaria es expropiatoria se podrá someter el asunto al proceso de resolución de disputas inversionista-Estado, siguiendo el procedimiento prescrito en el acuerdo. Como ya lo ha dicho la Corte, ese tipo de medidas tributarias se ajustan a la Constitución, por ser “reflejo del respeto a la potestad impositiva del Estado como manifestación de la soberanía nacional”(39). En la Sentencia C-150 de 2009, al estudiar una medida tributaria similar a la prevista en este artículo, la Corte agregó que “la constitucionalidad de estas medidas está fundada [también] en el reconocimiento del principio de la confianza legítima y de la buena fe entre las partes(40), que supone como garantía a la inversión(41), la ausencia de arbitrariedad en el desarrollo de la actividad tributaria”.
(1) Ver sentencia C-251 de 1997. En la sentencia C-400 de 1998, dijo igualmente la Corte lo siguiente: “Esta Corporación encuentra perfectamente acorde con el ordenamiento constitucional la figura de la confirmación, según la cual, un acto ejecutado por una persona que no pueda considerarse autorizada para representar al Estado o a una organización internacional, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado o esa organización. Es más, en numerosas ocasiones, la Corte ha hecho referencia a la figura de la confirmación presidencial, como una concreción en el constitucionalismo colombiano de este principio, que le ha permitido considerar subsanado cualquier vicio en la negociación y suscripción de un tratado por nuestro país, si figura en el expediente la aprobación o confirmación por el Presidente de la República, antes de que el tratado sea sometido a consideración del Congreso”.
(2) http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
(3) El primer anunció consta en el Acta 5 de la sesión del 1 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 687 del mismo año; el segundo anuncio consta en el Acta 6 de la sesión del 7 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 991 del mismo año; el Acta 7, corresponde a la sesión informal del 14 de septiembre de 2010, convocada, exclusivamente, para atender la visita protocolaria del Ministro de Defensa y de la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía; el tercero anuncio consta en el Acta 08 de la sesión del 15 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 991 de ese mismo año; el cuarto anuncio consta en el Acta 09 de la sesión del 21 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 992 del mismo año; el Acta 10, corresponde a la sesión especial del 22 de septiembre de 2010, convocada, exclusivamente, para que el Ministro de Defensa y el Comandante de las Fuerzas Militares respondieran a un cuestionario en relación con el desarrollo de la política de seguridad democrática en el territorio nacional; el quinto anuncio consta en el Acta 11 de la sesión del 28 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 170 de 2011; el sexto anuncio consta en el Acta 12 de la sesión del 29 de septiembre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 170 de 2011; el Acta 13, corresponde a la sesión informal del 30 de septiembre de 2010, con citación de varios ministros del despacho para analizar la política integración y desarrollo fronterizo; el séptimo anuncio consta en el acta número 14 de la sesión del 13 de octubre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 171 de 2011; el octavo anuncio consta en acta número 15 de la sesión del 19 de octubre de 2010, publicada en la Gaceta del Congreso 171 de 2011, siendo votado el proyecto en la siguiente sesión del 26 de octubre de 2010. De este modo, no se rompió la cadena de anuncios pues las sesiones del 14, 22 y 30 de septiembre, fueron citadas para atender asuntos específicos y no para debatir proyectos de ley. De igual manera, el día 6 de octubre no hubo sesión, tal como se aprecia en las secuencias de las actas 13 y 14, y, por tanto, la siguiente sesión correspondió a la sesión del 13 de octubre de 2010. De igual manera, en relación con el Proyecto de Ley 60 de 2010-Senado, hoy Ley 1462 de 2011, el secretario general de la comisión segunda constitucional permanente del Senado de la República, le certificó a la Corte que: “tal como consta en el acta 12 del 29 de septiembre de 2010, fue anunciada la discusión y votación del referido proyecto para ser discutido en sesión del miércoles 6 de octubre de 2010, sesión que no se llevó a cabo en dicha fecha”.
(4) Folio 1, cuaderno de pruebas 3.
(5) http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
(6) http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
(7) Folios 64 y 65 del cuaderno de pruebas 1.
(8) http://servoaspr.imprenta.gov.co:7778/gacetap/gaceta.nivel_3
(9) Auto 119 de 2007.
(10) Cfr., entre otras, las sentencias C-644 de 2004, C-576 de 2006, C-864 de 2006 y C-801 de 2009.
(11) Cfr. las sentencias C-473 de 2005, C-241 de 2006, C-322 de 2006 y C-801 de 2009. También se puede consultar el Auto 311 de 2006.
(12) Cfr. las sentencias C-780 de 2004, C-649 de 2006 y C-801 de 2009. En el mismo sentido se puede consultar también el Auto 311 de 2006.
(13) Cfr. Auto 89 de 2005.
(14) Cfr. las sentencias C-533 de 2004 y C-473 de 2005.
(15) Sentencia C-309 de 2007.
(16) Sentencia C-379 de 1996.
(17) Sentencia C-309 de 2007.
(18) En la sentencia C-309 de 2007, a título de inversiones se incluyeron “activos, derechos, créditos, contratos” de diversa índole y se encontró que tales conceptos eran ajustados a la Carta.
(19) Sentencia C-294 de 2002.
(20) Sentencia C-294 de 2002.
(21) Sentencia C-008 de 1997, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(22) Concretamente, los celebrados con la Gran Bretaña, Cuba, España y Perú, correspondientes a las sentencias C-358 de 1996, C-379 de 1996, C-008 de 1997 y C-494 de 1998.
(23) Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-158 de 2002.
(24) Cfr. Sentencia C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377 de 2010.
(25) Ricardo García Macho, “Contenido y límites del principio de la confianza legítima”, en Libro homenaje al profesor José Luis Villar Palasí, Madrid, Edit. Civitas, 1989, p. 461.
(26) Sentencia C-309 de 2007, reiterada en las sentencias C-150 de 2009 y C-377 de 2010.
(27) Sentencia C-358 de 1996.
(28) Sentencia C-309 de 2007, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(29) Sentencia C-379 de 1996.
(30) Sentencia C-358 de 1996, reiterada en las sentencias C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377 de 2010.
(34) Sentencia C-51 de 2001.
(35) Sentencia C-442 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(37) Sentencia C-358 de 1996, reiterada, entre otras, en las sentencias C-309 de 2007, C-150 de 2009 y C-377 de 2010.
(38) Sobre el particular se pueden consultar las sentencias C-309 de 2007 y C-377 de 2010.
(39) Sentencia C-377 de 2010.
(40) Sentencia C-031 de 2009.
(41) Sobre este tipo de medidas, puede verse el caso Occidental Exploration and Production Company vs. República del Ecuador (London Court of Internacional Arbitration; Administered Case 3467). En ese caso, la empresa Occidental suscribió un contrato con Petroecuador y desde 1999 había solicitado la devolución del IVA pagado en compra e importación de bienes y servicios utilizados en actividades de exploración y explotación relacionadas con las inversiones del contrato, devolución que venía siendo aceptada por la autoridad tributaria de ese país. No obstante en el 2001 la autoridad Tributaria se negó a efectuar dicha devolución invocando la no aplicación para esta empresa del artículo 69 del estatuto tributario. En el agotamiento de la vía gubernativa se revocaron incluso las resoluciones internas que había autorizado desde 1999 la devolución del IVA en este tipo de actividades y se le ordenó a la empresa la devolución de los dineros alegando error. La empresa acudió entonces a la Corte Internacional de Arbitraje de Londres. En esa oportunidad, si bien el tribunal internacional desestimó el argumento de expropiación, sí consideró que Ecuador le había dado un trato menos favorable a esta compañía y ordenó la retención de las sumas ya devueltas, en favor de la compañía y el derecho a la devolución del IVA correspondiente, objeto de disputa.