Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/549649-df-7-2015-de-24-mar-gipuzkoa-regimen-de-acceso-a-los-servicios-residenciales.html
Timestamp: 2018-01-18 02:33:03
Document Index: 113627574

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 15', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 6', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 87', 'artículo 271', 'artículo 230', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 12', 'artículo 14', 'artículo 42', 'artículo 11', 'artículo 23', 'artículo 757', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 42', 'artículo 6']

Publicado en BOG núm. 59 de 30 de Marzo de 2015
Artículo 3 Definición y clasificación de los servicios
Artículo 4 Personas con derecho de acceso a los servicios
Artículo 5 Requisitos generales de acceso
Artículo 6 Requisitos específicos para cada uno de los servicios
Artículo 7 Restricciones al derecho de acceso
Artículo 8 Pérdida del derecho
Artículo 9 Suspensión temporal del derecho de las personas usuarias
Artículo 10 Consentimiento de la persona solicitante
CAPÍTULO III. PROCEDIMIENTO DE ACCESO
SUBSECCIÓN 1. Inicio del procedimiento
Artículo 12 Documentación inicial
Artículo 13 Cumplimentación del expediente
SUBSECCIÓN 2. Instrucción del expediente
Artículo 15 Valoración del expediente
SUBSECCIÓN 3. Resolución del expediente
Artículo 17 Desistimiento y renuncias
SUBSECCIÓN 4. Impugnaciones
Artículo 18 Recursos administrativos
SECCIÓN 2. Procedimiento urgente de acceso
Artículo 19 Procedimiento urgente de acceso
SECCIÓN 3. -Procedimiento en situaciones de emergencia social o urgencia social
Artículo 20 Acceso en situaciones de emergencia social o urgencia social
Artículo 23 La lista de espera
Artículo 24 Criterios de adjudicación de las plazas
Artículo 25 Criterios de gestión de no aceptación de las plazas asignadas
Artículo 26 Ámbito Territorial de cada servicio
CAPÍTULO V. INCORPORACION EFECTIVA A UN CENTRO
Artículo 27 Modalidades de incorporación
SECCIÓN 1. Los ingresos
Artículo 28 Fecha y plazo de ingreso
Artículo 29 Formalización del ingreso
Artículo 30 Periodo de adaptación
Artículo 31 Presunta incapacidad de la persona usuaria posterior al ingreso
Artículo 32 Reserva de plaza
SECCIÓN 2. Traslados
Artículo 33 Definición de traslado
Artículo 34 Solicitudes de traslado en la red de centros del Territorio Histórico de Gipuzkoa
Artículo 35 Causas de traslado
Artículo 36 Resolución del expediente de traslado
Artículo 37 Derechos de las personas usuarias
Artículo 38 Obligaciones de las personas solicitantes y usuarias de los servicios
Artículo 39 Obligación de pago de precio público
ANEXO I. . Zonificación a efectos de la delimitación del ámbito territorial de cada servicio
ANEXO II . BAREMACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA
A) CAPACIDAD ECONÓMICA
B) VALORACIÓN SOCIO FAMILIAR
CENTRO RESIDENCIAL y CENTRO DE DIA PERSONAS MAYORES
CENTRO RESIDENCIAL Y CENTRO DE DÍA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL
BOG 15 Mayo. Corrección de errores del DF 7/2015, de 24 Mar. Gipuzkoa (régimen de acceso a los servicios residenciales y de centro de día para personas en situación de dependencia)
D Foral [GIPUZKOA] 7/2015, 24 marzo rectificado por Corrección de errores («B.O.G.» 15 mayo).
En estos momentos en el Territorio Histórico de Gipuzkoa la regulación del acceso a los servicios residenciales y de centro de día para personas en situación de dependencia, tanto personas mayores, como personas con discapacidad, como personas con enfermedad mental, se realiza de la siguiente manera: en el caso de las personas mayores, mediante el Decreto Foral 20/2002, de 30 de abril, por el que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas para personas mayores dependientes en Gipuzkoa; en el caso de las personas con enfermedad mental, mediante el Decreto Foral 57/2002, de 5 de noviembre, por el que se regula el régimen de acceso a los recursos sociosanitarios de las personas en situación de exclusión social y/o dependencia y, por último, en el caso de las personas con discapacidad al carecer de normativa específica se utiliza por analogía el referido Decreto Foral 20/2002.
Nos encontramos pues ante una regulación incompleta que requiere la necesaria adaptación normativa; máxime teniendo en cuenta que en los últimos ocho años se han producido importantes cambios legislativos que han repercutido de forma notable en el ámbito tanto de los servicios sociales en general como de la atención a la dependencia y los derechos de las personas con discapacidad en particular. En este sentido, cabe destacar la aprobación y entrada en vigor de los siguientes textos normativos: La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia; la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, de Euskadi; la firma y ratificación por parte del Estado Español en marzo y noviembre de 2007 de la Convención de Nueva York, 13 de diciembre de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
La referida Ley 39/2006 crea lo que denomina el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y define el catálogo de servicios que lo constituyen, entre los que se encuentran los Centros de Día para mayores, los Centros de Día para menores de 65 años, las Residencias para personas mayores en situación de dependencia y los Centros de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapacidad.
La Ley 12/2008, de Servicios Sociales, por su parte, crea el Sistema Vasco de Servicios Sociales, identificando en su artículo 6 como una de sus finalidades la de promover la autonomía personal y prevenir y atender las necesidades personales y familiares derivadas de la dependencia. Asimismo, en su artículo 22 define el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales, entre los que incluye los Centros residenciales para personas mayores, los Centros residenciales para personas con discapacidad, los Centros residenciales para personas con enfermedad mental, y los Servicios o centros de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía. Todos ellos se estructuran como servicios sociales de atención secundaria, y su provisión es competencialmente atribuida a las diputaciones forales.
Por otro lado, también la Ley 12/2008, en su artículo 2 reconoce el derecho subjetivo a los servicios sociales; es decir, establece que el acceso a las prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales se configura como un derecho subjetivo, dentro del marco de los requisitos generales de acceso al mencionado sistema y de los requisitos de acceso específicos que se regulen para cada prestación o servicio.
Es decir, la nueva normativa ha venido a reforzar una atribución competencial que antes existía, haciéndola todavía más nítida, y confiriéndole el carácter de derecho subjetivo.
El presente decreto foral pretende dar respuesta a esta necesidad de acotar y fijar las condiciones en que se va a ejercer este derecho subjetivo.
Al margen de los cambios normativos, también conviene destacar que el Territorio Histórico de Gipuzkoa se ha dotado de una red de centros gestionados por entidades que podrían calificarse como de vanguardia en su ámbito, en especial en el campo de las personas con discapacidad. Lo que ha impulsado a la progresiva extensión dentro del territorio histórico de un modelo de la atención cuyos componentes básicos son: el Paradigma y Modelo de Apoyos, la Planificación Centrada en la Persona, el concepto y constructo de Calidad de Vida y sus dimensiones, el Apoyo Conductual Positivo y el respeto y la promoción de los Derechos.
No obstante, cabe señalar que este Modelo está claramente enmarcado en la normativa de reconocimiento de derechos de las personas con discapacidad (y enfermedad mental), y más concretamente las referidas Convención de Nueva York y Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad.
Lógicamente, un aspecto tan básico como el relativo al acceso de las personas a los servicios que responden a ese Modelo, debe estar también alineado con el mismo y responder a los mismos principios.
Volviendo a las dos trascendentales leyes ( Ley 39/2006 y Ley 12/2008), y realizando una síntesis de ambas, podría afirmarse que como combinación del modelo de atención e intervención que propugnan, el acceso a los servicios y prestaciones en general, y a los servicios objeto del presente decreto foral en particular, deben corresponderse con un proceso, en el que se deben garantizar:
1. La valoración de la situación de dependencia de la persona solicitante y el consiguiente reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones correspondientes al grado de dependencia reconocido.
2. El diseño de una intervención adecuada al caso, sobre la base de un Plan de Atención Personalizada (según la Ley 12/2008) o un Programa Individual de Atención (según la Ley 39/2006), que, al objeto de garantizar la coherencia y la continuidad de los itinerarios de atención, deberá elaborarse con la participación de la persona usuaria y, en su caso, de su familia o entidad tutelar que le represente, y deberá incluir mecanismos de evaluación y revisión periódica que permitan verificar la adecuación del plan a la evolución de las necesidades de la persona. En este plan, además, se garantizará el carácter interdisciplinar de la intervención e incorporará un enfoque preventivo. Además este programa podrá ser variado a instancia de la persona interesada y de sus representantes legales.
3. El acceso al servicio, respetando la prelación prevista en el artículo 14.6 de la Ley 39/2006, por la que tendrá prioridad las personas de mayor grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad económica de la persona solicitante.
Es decir, un proceso que se compone de 3 procedimientos claramente diferenciados: la valoración de dependencia, el diseño del plan de intervención, y el acceso al recurso.
El procedimiento de valoración de dependencia y de reconocimiento del derecho a los servicios y prestaciones forma parte del ámbito de competencia foral, según la Ley 12/2008. Sin embargo posee su propia sustantividad, merecedora de una regulación específica y diferenciada del resto.
El procedimiento de diseño del plan de intervención, tal y como se configura el Sistema Vasco de Servicios Sociales, recae principalmente sobre los Servicios Sociales de Base, de competencia municipal. Bien es cierto que dado el carácter interdisciplinar que debe impregnarlo, en su elaboración, la opinión y participación de los servicios sociales forales debe estar presente, –especialmente en este caso, donde se requiere informe de idoneidad emitido por la propia Diputación Foral–, pero resulta evidente que la personalización y proximidad que deben presidirlo sólo puede ser garantizada desde los servicios sociales municipales. Por lo tanto, no es a la Diputación Foral de Gipuzkoa a quien corresponde la regulación de este procedimiento.
Cosa distinta es el tercer procedimiento, el de acceso propiamente dicho, que inequívocamente forma parte del ámbito competencial de la Diputación Foral de Gipuzkoa, y que constituye el objeto del presente decreto foral.
Es decir, el presente decreto foral viene a regular el procedimiento de acceso de las personas en situación de dependencia a los servicios residenciales y de centro de día, una vez que dichas personas han sido valoradas, les han sido reconocidos sus derechos, y se ha elaborado un plan de atención personalizada; dando por descontado que en dicha elaboración tanto la persona en situación de dependencia como, en su caso, su familia o entidad tutelar, han participado, llegando a un acuerdo con el o la profesional del Sistema Vasco de Servicios Sociales que suscribe dicho plan de atención. Por tanto, si el resultado de dicho plan de intervención es la solicitud de un servicio residencial o de centro de día, dicho resultado será fruto del acuerdo, y expresa la voluntad de todas las parte intervinientes. Este concepto de la voluntad subyacente en la solicitud constituye el fundamento del anteriormente mencionado Modelo de Atención que se está impulsando en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.
Por otro lado, cabe significar que lo que se denomina procedimiento de acceso a este tipo de servicios está sometido a tres circunstancias que lo condicionan: se trata de recursos escasos, suponen un importante cambio vital para la persona, y su utilización por parte de la persona va a ser por tiempo muy prolongado (en muchos casos el resto de su vida). Esto se traduce en la necesidad de regular:
1. Un sistema de listas de espera, garantizando la equidad y los criterios de prioridad de acceso previstos en la Ley 39/2006 (grado de dependencia y capacidad económica).
2. Un sistema de ingreso que permita una respuesta flexible.
3. Un sistema de traslados que permita responder a los cambios vitales que se produzcan durante la estancia de la persona, procurando la continuidad en la atención.
En síntesis, el presente decreto foral:
1. Pretende regular el acceso de las personas en situación de dependencia (tanto mayores como con discapacidad como con enfermedad mental) a los servicios residenciales y de centro de día.
2. Entendiendo que el acceso incluye la solicitud, la admisión en lista de espera, la incorporación a la plaza, y la estancia propiamente dicha.
3. Y que por tanto no incluye la valoración de la situación de dependencia, ni la emisión del informe de idoneidad, ni la elaboración del Plan de Atención Personalizada.
4. Pretende alinear la regulación del acceso con el Modelo de Atención a la Discapacidad que se está impulsando en el Territorio Histórico de Gipuzkoa para el conjunto de los centros de atención a la dependencia.
El presente decreto foral tiene por objeto regular el régimen de acceso a los servicios residenciales y de centro de día para las personas con necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía que se integran dentro de la Red Pública de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
A efectos de lo anterior, se consideran integradas en la Red Pública de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa las plazas ubicadas en centros residenciales y de día -cualquiera que sea su modalidad- que sean de titularidad de la propia diputación foral o que estén convenidas o concertadas con la misma.
El presente decreto foral será de aplicación al acceso a las plazas de carácter permanente de la Red Pública de Servicios Sociales en los términos en los que esta última se define en el artículo anterior.
- Viviendas con apoyos, que presentan las siguientes variantes:
- Alojamientos polivalentes.
- Unidades de convivencia.
- Hogares de grupo.
2. Centros residenciales para personas con discapacidad.
3. Centros residenciales para personas con enfermedad mental.
4. Servicios o centros de día para atender necesidades derivadas de limitaciones en la autonomía.
Estos servicios ofrecen una atención individualizada e integral, durante el periodo diurno a las personas en situación de dependencia, con el objeto de mejorar o mantener su nivel de autonomía personal, compensar sus limitaciones funcionales y dar apoyo a las personas cuidadoras habituales, mediante prestaciones preventivas habilitadoras y asistenciales.
a) Servicio o centro de día para personas mayores en situación de dependencia.
b) Servicio o centro de día para personas con discapacidad.
c) Servicio de centro de día de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental.
El servicio de centro de día de rehabilitación psicosocial ofrece una atención sociosanitaria individualizada, integral y rehabilitadora, durante el periodo diurno a las personas con trastorno mental grave y crónico en situación de dependencia, mediante un conjunto coordinado y organizado de actuaciones, desarrollados desde un equipo multidisciplinar, dirigidas a rehabilitar y mantener su nivel de autonomía personal, compensar sus limitaciones funcionales, disminuir su sintomatología residual, evitar ingresos psiquiátricos hospitalarios, dar apoyo a las personas cuidadoras y favorecer el mantenimiento de la persona en su entorno comunitario.
Podrán ser personas usuarias de los servicios establecidos en el presente decreto foral las personas en situación de dependencia que sean titulares de derechos conforme a lo establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y que a la fecha de presentación de la solicitud reúnan los requisitos exigidos en este decreto foral.
a) Poseer la nacionalidad española u otra de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea y haber residido en territorio estatal durante al menos cinco años, de los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud.
Podrá eximirse del cumplimiento del requisito del periodo de residencia previa a la persona nacida en la CAV, así como sus descendientes, que residan en el extranjero y que conserven la nacionalidad española, hayan tenido su última vecindad administrativa en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y deseen retornar.
Excepcionalmente, el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa podrá eximir del requisito de residencia legal de cinco años a aquellas personas que presenten una situación de dependencia tal que resulte necesaria su institucionalización. Para la valoración de dicha situación se tendrán en cuenta la intensidad de los apoyos o atención necesarios, la disponibilidad de apoyos prestados por la red socio-familiar, la adecuación del domicilio para la permanencia de la persona en el mismo, así como su arraigo social en el Territorio Histórico de Gipuzkoa y su relación con los servicios sociales o entidades sociales del territorio.
b) Estar empadronado/a y residir de manera efectiva en algún municipio del Territorio Histórico de Gipuzkoa en el momento de presentar la solicitud.
c) Estar valorada como persona en situación de dependencia, en cualquiera de sus grados realizada en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, o normativa que lo sustituya o desarrolle, de acuerdo con los requisitos específicos que se establezcan para cada uno de los servicios.
a) Servicio residencial y de centro de día para personas mayores en situación de dependencia.
- Tener 65 años, o cumplirlos en el año de la presentación de solicitud, o bien 60 años en el caso de las personas con discapacidad.
- Podrán exceptuarse del cumplimiento de este requisito, previo informe médico, psicológico y social favorable, aquellas personas que tengan reconocida su situación de dependencia y que por circunstancias personales o sociales, puedan beneficiarse de la atención que se presta en este tipo de centros.
- Para el servicio residencial, estar valorada como persona en situación de dependencia por el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) con grado II ó III.
- Para el servicio de centro de día, estar valorada como persona en situación de dependencia con grado I, II ó IIl.
- Disponer de informe de orientación por el que se determine la idoneidad del recurso, a través del instrumento de valoración y orientación señalado al efecto por la Diputación Foral de Gipuzkoa.
- Excepcionalmente, podrá solicitarse de forma conjunta, como persona acompañante, el ingreso en un centro residencial cuando una de las personas solicitantes reúna los requisitos señalados y la otra acredite alguna de las siguientes situaciones: ser cónyuge, pareja de hecho, o pariente por consaguinidad, afinidad o adopción hasta el segundo grado de parentesco que conviva habitualmente con la persona solicitante y que mediante un informe de orientación se determine la idoneidad del recurso.
b) Servicio residencial y de centro de día para personas con discapacidad.
- Para el servicio residencial tener una edad igual o superior a 18 años e igual o inferior a 64 años en la fecha de la presentación de solicitud, para el servicio de centro de día, tener una edad igual o superior a 20 años e igual o inferior a 64 años en la fecha de presentación de la solicitud.
- Podrán exceptuarse del cumplimiento de este requisito, previo informe médico y social favorable, aquellas personas tengan reconocida su situación de dependencia y que por circunstancias personales o sociales, puedan beneficiarse de la atención que se presta en este tipo de centros.
- Estar valorada como persona en situación de dependencia por el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) con grado I, II ó III.
- Tener reconocido un grado de discapacidad, igual o superior al 33% de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.
- Disponer de informe de orientación por el que se determine la idoneidad del recurso, emitido por el equipo técnico competente en materia de orientación de la personas con discapacidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
c) Servicio residencial y de centro de día de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental.
- Para el servicio residencial tener una edad igual o superior a 18 años e inferior a 64 años en la fecha de la presentación de solicitud, para el servicio de centro de día, tener una edad igual o superior a 20 años e inferior a 64 años en la fecha de presentación de la solicitud.
- Estar considerada como persona en situación de dependencia por el Baremo de Valoración de Dependencia (BVD) con grado I, II ó III.
- Estar siendo atendida en la red de atención de salud mental pública y ser orientada como idónea para el servicio solicitado por la Comisión de Valoración Sociosanitaria.
El acceso a estos servicios estará limitado para las personas que:
- Precisen de una asistencia sanitaria especializada, al requerir un tratamiento o técnicas médicas o de enfermería de nivel asistencial superior a las dotaciones propias de este tipo de servicios.
- Estén afectadas de una enfermedad infecto-contagiosa de tal naturaleza que no pueda garantizarse la prevención del contagio a otras personas usuarias, aún si el centro adopta medidas de prevención universal.
- Presenten graves trastornos de comportamiento que distorsionen el normal funcionamiento del centro que afecten a la normal convivencia en el mismo y/o supongan un riesgo a la seguridad de terceras personas o a sí mismas.
Reconocido el derecho de acceso o adquirida la condición de persona usuaria, se extinguirá el mismo por cualquiera de las siguientes causas:
- Fallecimiento de la persona usuaria.
- Renuncia de la persona usuaria, de su representante legal, persona representante voluntaria o persona guardadora de hecho.
- Incumplimiento sobrevenido de los requisitos exigidos para el acceso.
La Diputación Foral de Gipuzkoa, en virtud del artículo 87 de la ley 12/2008, de Servicios Sociales podrá aplicar el Régimen de infracciones y sanciones cuando se produzcan situaciones de:
- Ausencia injustificada al centro durante un periodo superior a treinta días durante un periodo de doce meses.
- Ocultación o falsedad de datos y/o documentos que han sido tenidos en cuenta para solicitar y conceder el servicio así como la falta de aportación de aquellos datos y documentos que hayan sido requeridos por el órgano competente.
- Aplicación del régimen disciplinario del centro en donde esté atendida la persona.
- El impago de dos mensualidades, no necesariamente consecutivas, de la aportación económica correspondiente durante un periodo de doce meses.
- Por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela sobre la persona interesada.
- Por quien tenga atribuida su representación siempre que el apoderamiento incluya de manera inequívoca la presentación de este tipo de solicitudes.
No obstante lo anterior, cuando se deduzca que la persona solicitante no se encuentra en condiciones de prestar su consentimiento válido por presunta incapacidad y, además no tenga asignada formalmente una representación, podrán admitirse las solicitudes que sean presentadas por quienes ejerzan la representación voluntaria o guarda de hecho, conforme a lo dispuesto en el Código Civil.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, cuando se pretenda el ingreso de la persona solicitante en un centro de la red foral y aquélla no se encuentre en condiciones de prestar su consentimiento válido por presunta incapacidad, deberá acompañarse, junto a la solicitud, la previa autorización judicial a la que se refiere el artículo 271, 1.º del Código Civil, salvo que concurran circunstancias que aconsejen una urgente atención de la persona solicitante. En este último caso, deberá acompañarse justificante de haber solicitado dicha autorización ante el órgano jurisdiccional competente.
3. Si por causas excepcionales relacionadas con la necesidad de asistencia inmediata, se admitiera el ingreso de una persona presuntamente incapaz en un centro residencial antes de ser autorizado conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, el Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa dará cuenta a la autoridad judicial competente o al Ministerio Fiscal a los efectos previstos en el artículo 230 del Código Civil.
1. Elaborada la programación individual con la participación de la persona profesional de referencia y la persona usuaria o su representante legal, voluntario/a o persona guardadora de hecho, se iniciará el acceso a un servicio residencial o de centro de día con la presentación de la solicitud por cualquiera de las personas señaladas mediante impreso normalizado debidamente cumplimentado y firmado.
2. La solicitud se presentará en los Servicios Sociales de Base municipales correspondientes al domicilio de empadronamiento de la persona solicitante.
Para el acceso a los centros residenciales y centros de rehabilitación psicosocial para personas con enfermedad mental, la solicitud se podrá presentar también en los Centros de Salud Mental de Osakidetza- Servicio Vasco de Salud.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 del presente decreto foral sobre el consentimiento de las personas, estarán legitimadas para presentar solicitud:
- Directamente, la propia persona interesada en acceder a uno de los recursos.
- Quien tenga atribuida su representación legal.
- Quienes ejerzan su representación voluntaria o guarda de hecho.
4. Excepcionalmente, y cuando exista imposibilidad de cursar la solicitud en los Servicios Sociales de Base, está se podrá realizar en el Departamento de Política Social.
Junto con la solicitud, debidamente cumplimentada y firmada, se presentará la siguiente documentación:
1. Fotocopia del documento oficial acreditativo de la identidad de la persona solicitante y, en su caso, de las demás personas miembros de la unidad familiar que se computen para acceder al recurso solicitado.
2. En su caso, la documentación acreditativa de la representación legal, voluntaria o guarda de hecho.
3. La autorización judicial previa o justificante que acredite haberla solicitado, en su caso, la presunta incapacidad.
4. En el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, fotocopia de la correspondiente resolución y en el caso de ruptura de la unión de hecho, certificado del registro correspondiente acreditativo de la cancelación de la inscripción de dicha unión.
5. La documentación acreditativa de titularidad de bienes radicados fuera del Territorio Histórico de Gipuzkoa, si procede.
6. Las personas solicitantes a las que se refiere en los párrafos 2.º, 3.º y 4.º de la letra a) del artículo 5 aportarán, además, la documentación que acredite que se encuentran en alguno de los supuestos de dicha letra.
1. Los Servicios Sociales de Base municipales con el objeto de confeccionar el expediente de solicitud realizarán un diagnóstico social para evaluar la situación y conveniencia del recurso.
2. El expediente deberá contener, además de la documentación señalada en el artículo 12, la siguiente información:
- Baremo de Valoración de Dependencia, de acuerdo con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, con resultado de persona en situación de dependencia.
- Informe de orientación favorable, determinando la idoneidad del recurso, para acceder la red de recursos sociales previa valoración del instrumento de orientación que designe el Departamento de Política Social.
- Para los servicios de Enfermedad Mental, serán los Centros de Salud Mental los que elaboren el informe de orientación.
- Indicación del ámbito territorial y/o centro de preferencia en donde desea que se preste el servicio.
- Valoración sociofamiliar relativa a la persona solicitante, realizada por los Servicios Sociales de Base.
1. Los Servicios Sociales de Base municipales iniciarán la tramitación del expediente y será el Departamento de Política Social quien realice la verificación técnica y, en su caso, subsanación de la misma.
2. En el supuesto de que la solicitud se hubiera presentado incompleta o faltara alguno de los documentos y/o datos necesarios, se requerirá a la persona solicitante, para que en el plazo de diez días hábiles subsane la/s falta/s y acompañe los documentos preceptivos con apercibimiento de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistida de su solicitud.
3. En caso de falsedad y ocultación de datos, la persona interesada perderá la condición de persona solicitante de un recurso residencial o de atención diurna, sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
4. En cualquier fase del procedimiento, tanto los Servicios Sociales de Base correspondientes como el Departamento de Política Social podrán requerir a la persona solicitante que aporte, cuanta información y documentos puedan ser necesarios y pertinentes para resolver el expediente.
5. En todo caso, la persona solicitante podrá autorizar de forma expresa a los Servicios Sociales de Base municipales y al Departamento de Política Social, la posibilidad de realizar gestiones para verificar o recabar datos que le conciernan.
1. Corresponde al Departamento de Política Social establecer los criterios técnicos de valoración que deben aplicarse para ponderar la necesidad y la adecuación de los recursos solicitados, en virtud de las circunstancias personales, familiares y/o sociales de la persona solicitante.
Asimismo, corresponde al Departamento de Salud del Gobierno Vasco y al Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa establecer los criterios de valoración que deben aplicarse para el acceso a los servicios de carácter sociosanitario.
2. Una vez valorado el expediente, el órgano competente establecido para cada uno de los servicios elevará un propuesta de resolución a la Dirección competente del Departamento de Política Social.
1. Resolución de admisión en lista de espera.
1.- Efectuada la valoración del expediente y en su caso, emitidos los informes preceptivos, la Dirección competente por la naturaleza del recurso solicitado dictará la resolución correspondiente.
2.- La resolución deberá dictarse y notificarse a la persona solicitante en el plazo de tres meses, a contar desde la fecha de la solicitud debidamente cumplimentada en los Servicios Sociales de Base. No se computarán a estos efectos el periodo de tiempo durante el cual el expediente se encuentre paralizado por causas imputables a la persona solicitante, ni los plazos de subsanación de información a los que se refieren el artículo 14 presente decreto foral.
3.- La Resolución tendrá como mínimo el siguiente contenido:
- Indicará la concesión o la denegación del servicio solicitado.
- Si la resolución es de concesión señalará que la persona queda incorporada a la lista de espera, para asignación de plaza.
- Si la resolución es de denegación expresará el motivo o motivos de la misma.
4.- Transcurrido el plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución sin que se haya adoptado resolución expresa, la solicitud de ingreso se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación legal de la administración de resolver, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
2. Resolución de ingreso.
Posteriormente, cuando proceda el ingreso, el Departamento de Política Social dictará resolución de ingreso, en la que se determinará el centro de ingreso, la fecha de ingreso y la aportación económica de la persona solicitante, que se fijará conforme a la normativa foral vigente reguladora de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia, la discapacidad y el trastorno mental.
1. En cualquier fase del procedimiento la persona solicitante o, en su caso, quien ejerza su representación legal, voluntaria o guarda de hecho, podrá desistir de su petición o bien renunciar a los derechos reconocidos en la resolución previa.
2. El desistimiento o la renuncia se formalizará por escrito o mediante la comparecencia de la persona legitimada en los Servicios Sociales de Base, en el Departamento de Política Social, o en el centro donde se le ha asignado la plaza. Así mismo, se podrá formalizar mediante comunicación telefónica al personal técnico del Departamento de Política Social, quien elaborará la diligencia correspondiente.
3. Formalizado el desistimiento o la renuncia, se archivará la solicitud cuando proceda y en su caso se pondrá fin al expediente.
1. Contra las resoluciones del Departamento de Política Social que no agoten la vía administrativa se podrá interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al que la persona interesada reciba la notificación del acto administrativo.
2. La interposición y trámite de los recursos administrativos se regirán por lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Procedimiento urgente de acceso
1. En situaciones que requieran una atención prioritaria que requiera mayor celeridad que la prevista en el procedimiento ordinario, se podrá iniciar la prestación del servicio, a propuesta de los Servicios Sociales de Base correspondientes, con carácter previo a la realización del conjunto de actuaciones previstas en dicho procedimiento ordinario, incluida la valoración técnica justificativa de la situación.
2. Este procedimiento se podrá iniciar mediante la firma de la solicitud, tal y como se recoge en el artículo 11 del presente decreto foral, o bien, mediante autorización judicial.
3. La solicitud de ingreso mediante este procedimiento deberá venir acompañada de la valoración de dependencia y la orientación correspondiente así como con la aceptación de las condiciones económicas establecidas para cada uno de los servicios.
-Procedimiento en situaciones de emergencia social o urgencia social
1. En las situaciones de emergencia social o urgencia social, previa comunicación de la situación de urgencia al Servicio Foral de Urgencias Sociales, en los términos previstos en la regulación del Servicio de Coordinación a Urgencias Sociales, se podrá acceder con carácter inmediato y prioritario a alguno de los servicios regulados en el presente decreto foral.
2. A efectos de lo anterior, se entenderá por situación de urgencia o emergencia social la producida por un hecho no previsto, debido a causas naturales o provocadas, que afecta y compromete las capacidades personales, los recursos y medios de subsistencia, las relaciones o redes sociales y familiares y la seguridad, quedando las personas afectadas en una situación de desprotección grave, que precisa de una intervención inmediata e ineludible para evitar que se agrave y/o les genere mayor perjuicio.
Pueden ser situaciones individuales, si afectan a una persona, familia o unidad de convivencia; colectivas, si afectan a varias; o catástrofes o grandes emergencias, si afectan a una parte significativa de la población, debiéndose intervenir, en tal caso, en el marco de los planes de emergencia existentes.
3. Se incluyen específicamente:
a) Las personas en situación de desprotección sobrevenida, en particular: situaciones de pérdida y/o desorientación, situaciones de abandono o de ausencia sobrevenida de la persona cuidadora; situaciones de violencia de género y de violencia doméstica, carencia sobrevenida de vivienda accesible.
b) Personas en situaciones de emergencia o urgencia social derivadas de situaciones excepcionales tales como; accidente de circulación, incendio, inundación u otros siniestros; las situaciones que afecten a Mujeres Víctimas de Violencia Machista o por Razón de Sexo, tanto cuando sea la propia mujer quien requiera el acceso al recurso, como la persona en situación de dependencia que esté a su cargo.
El servicio que haya detectado la situación comunicará la situación de urgencia al Servicio Foral de Urgencias Sociales para que el mismo desarrolle las intervenciones de información, valoración, diagnóstico, acompañamiento, intervención psicosocial u otras que estime pertinentes. En caso necesario, se garantizará por parte del Servicio de Urgencias Sociales el acceso a un alojamiento que además de permitir cubrir, con carácter urgente y provisional, las necesidades básicas de protección, resulte adecuado en función de las características y necesidades de la persona atendida, tratando, cuando resulte posible, de garantizar la coherencia entre estas intervenciones de urgencia y las que se hubieran desarrollado con anterioridad desde los servicios sociales.
La intervención desde el Servicio Foral de Urgencias Sociales será siempre temporal y finalizará tan pronto como sea posible:
1. En los supuestos, en los que, realizada la intervención de urgencia, no sea necesaria ninguna otra intervención desde los Servicios Sociales de Base municipales, no procederá a ninguna derivación pero comunicará la incidencia al Servicio Social de Base correspondiente para su información.
2. En los supuestos en los que, realizada la actuación de urgencia, sí sea necesario que prosiga la intervención desde los servicios sociales, el caso se derivará al Servicio Social de Base que corresponda, para que proceda, a su valoración y orientación con carácter prioritario.
1. La lista de espera es el instrumento a través del cual el Departamento de Política Social establece el orden de preferencia entre las personas solicitantes que obtengan el reconocimiento de su derecho de acceder a un determinado servicio, pero a las que aún no se les haya adjudicado plaza por no existir vacante disponible.
2. La lista de espera se ordenará de la siguiente forma:
En primer lugar, por el grado obtenido en la valoración de dependencia; a igual grado de dependencia, por la puntuación obtenida en la valoración económica, y a igual grado de dependencia y situación económica, por la puntuación obtenida en la valoración socio familiar. La puntuación de cada una de las variables se determinará conforme a lo establecido en el Anexo II al presente decreto foral.
3. En cualquier caso, las solicitudes con una antigüedad superior a los seis meses, desde la fecha de la resolución de admisión en lista de espera, prevalecerán sobre el resto, ordenándose aquéllas internamente según los criterios enunciados en el párrafo 2 anterior.
4. El Departamento de Política Social informará, previa solicitud, a las personas solicitantes, o, en su caso, a quienes ejerzan su representación legal, voluntaria o guarda de hecho, sobre su situación en la lista de espera.
5. Las personas solicitantes, o, en su caso, quienes ejerzan su representación legal, voluntaria o guarda de hecho podrán instar, acreditándolo convenientemente, la revisión de su expediente cuando la variación de sus circunstancias personales pudieran modificar la valoración efectuada.
6. La lista de espera será objeto de actualización continua a medida que las nuevas solicitudes van siendo valoradas y resueltas, lo que producirá los ajustes necesarios en su ordenación.
7. El Departamento de Política Social podrá realizar valoraciones de oficio bienalmente para valorar la continuidad o baja en la lista de espera, así como la inclusión de las modificaciones a que hubiera lugar.
1. Los centros públicos o concertados comunicarán al Departamento de Política Social las vacantes producidas. La comunicación se realizará el primer día hábil posterior a la baja señalando las características de la vacante producida.
2. Cuando el Departamento de Política Social tenga constancia de una vacante, seleccionará entre las personas en lista de espera de cada servicio, y siguiendo el orden de prelación descrito en los apartados 2 y 3 del artículo 23, aquella solicitud con mayor idoneidad para optar a la misma, de acuerdo con los criterios establecidos en el presente decreto foral.
3. Para realizar esta selección se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) El perfil de la persona demandante y la idoneidad de la plaza ofertada:
- En servicios para Personas Mayores: el deterioro cognitivo, la movilidad, las cargas sanitarias y la atención psicogeriátrica que requiera la persona.
- En servicios para Personas con discapacidad: el tipo de discapacidad: física, psíquica, o mixta y la intensidad del apoyo que precisan.
- En servicios para Personas con enfermedad mental: la intensidad del apoyo que precisan.
b) El sexo de la persona solicitante en el caso de habitaciones dobles y en las unidades convivenciales cuando estén integradas por personas de un mismo sexo.
c) En los servicios residenciales y en el caso de solicitudes dobles, y siempre que no se disponga de dos plazas de forma simultanea éstas se adjudicarán de forma consecutiva.
d) Una vez analizados estos aspectos se procurará ofrecer una plaza en el centro o municipio de preferencia de la persona solicitante o, en su caso, en el municipio más cercano.
e) En los servicios de centro de día se tendrá en cuenta la adecuación del itinerario de transporte al domicilio de la persona solicitante, así como la modalidad de atención ofertada, laboral y/o fin de semana.
4. El Departamento de Política Social, una vez analizados todos estos aspectos ofrecerá la plaza vía telefónica a la persona que se encuentre con mayor puntuación en la lista de espera.
En el caso de que la persona no acepte o rechace la plaza asignada sin que exista un motivo justificado determinante se procederá de la siguiente forma:
1. Para los servicios de Personas Mayores: cuando se produzca un rechazo, sin motivo justificado, a una plaza en el centro señalado como preferente en la solicitud se procederá por el Departamento de Política Social a dar de baja en la lista de espera y declarar concluso el procedimiento.
2. Para los servicios de personas con Discapacidad y Enfermedad Mental: cuando se produzca un rechazo sin motivo justificado, a una plaza en un centro orientado como idóneo por el servicio técnico y situado en el ámbito comarcal elegido como preferente por la persona solicitante se procederá a dar de baja en la lista de espera y declarar concluso el procedimiento.
3. Cuando se produzcan tres rechazos sin motivo justificado a la oferta de plaza en un centro, no designado como preferente en la solicitud (en el caso de personas mayores), u orientado por el servicio técnico (en el caso de personas con discapacidad o con enfermedad mental), y situado en el ámbito territorial definido para ese servicio por el Departamento de Política Social, se procederá a dar de baja en la lista de espera y declarar concluso el procedimiento.
Una vez comunicado el rechazo a la plaza deberán transcurrir un mínimo de tres meses para que se realice una siguiente propuesta de plaza en las condiciones señaladas en este apartado.
4. A los efectos de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, se considerarán motivos justificados determinantes las situaciones de hospitalización, problemas de salud transitorios, convalecencias, cambios vitales recientes y otras situaciones que se puedan considerar determinantes para el Departamento de Política Social.
5. Cuando se proceda al cierre de un expediente por motivo de no aceptación o rechazo de plaza deberán transcurrir un mínimo de seis meses, desde la fecha de baja en lista de espera detallada en la resolución, para poder presentar una nueva solicitud para el mismo servicio. Sólo se podrá reducir este periodo mínimo en las situaciones tipificadas como de urgencia.
1. Los servicios regulados mediante el presente decreto foral tendrán el siguiente ámbito territorial:
SERVICIO AMBITO TERRITORIAL
Centros Residenciales para personas mayores AREA (Subcomarca)
Servicio o Centro de día para personas mayores AREA (Subcomarca)
Centros Residenciales para personas con discapacidad SECTOR
Servicio o Centro de día para personas con discapacidad COMARCA
Centros Residenciales para personas con enfermedad mental SECTOR
Servicio o Centro de día para personas con enfermedad mental COMARCA
2. La zonificación se detalla en el anexo I.
INCORPORACION EFECTIVA A UN CENTRO
Las personas usuarias podrán incorporarse a los centros y servicios regulados en el presente decreto por ingreso o por traslado entre centros incluidos en la red pública de atención de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
1. Una vez aceptada la plaza, la persona usuaria deberá presentarse en el centro y formalizar el ingreso en un plazo máximo de cinco días naturales en los centros para personas mayores, y de diez días naturales en los centros para personas con discapacidad y para personas con enfermedad mental, contados desde la fecha de aceptación de la plaza.
2. De no producirse el ingreso de la persona en la fecha señalada, por causas no imputables a la Administración Foral, podrá entenderse que renuncia a su condición de persona usuaria, y en consecuencia, se procederá a la reasignación inmediata de la vacante a otra persona.
1. Con carácter previo al ingreso, o en todo caso el mismo día, el centro informará a la persona usuaria o a su representante legal, voluntario o persona guardadora de hecho, de las normas que rigen el funcionamiento interno del centro, y le entregará copia del Reglamento de Régimen Interior.
2. El ingreso en cualquier centro conlleva la aceptación de sus normas por parte de la persona usuaria, que se concretarán en la firma de un contrato entre la persona usuaria y la dirección del centro. En caso contrario, podrá denegarse su incorporación o bien tener a la persona solicitante por desistida en su petición.
3. Una vez formalizado el ingreso, en el plazo de un mes el Centro deberá definir, junto con la persona atendida, o en su caso, la persona de referencia, el Plan provisional de Atención Individual.
1. El periodo de adaptación comprende los tres primeros meses posteriores al ingreso y atañe a la adaptación personal a las características y funcionamiento del centro, así como a los hábitos de convivencia mínimos que garanticen una correcta atención y bienestar para todas las personas usuarias.
2. En el supuesto de que se aprecie la inadaptación de la persona usuaria al servicio, tras haber intentado soluciones conjuntas con la persona usuaria, la dirección del centro lo notificará al Departamento de Política Social quien estudiará la situación y emitirá un informe de evaluación.
Este informe de evaluación deberá notificarse a la persona usuaria o, en su caso, su representante legal o voluntario y dispondrá de 15 días para formular las alegaciones que estimen oportunas. Transcurrido este plazo sin que se formulen alegaciones, continuará el procedimiento.
El Departamento de Política Social, tras estudiar las alegaciones, emitirá la resolución pertinente, proponiendo:
- La confirmación del ingreso o bien.
- La pérdida de la condición de persona usuaria por inadaptación a las características o al funcionamiento del centro, así como el recurso alternativo que se propone.
- La propuesta de traslado a otro centro.
3. Una vez finalizado el periodo de adaptación el centro deberá definir, junto con la persona atendida, o en su caso, la persona de referencia el Plan de Atención Individual.
1. Si con posterioridad al ingreso en un servicio, la Dirección del mismo o el Departamento de Política Social considere que es posible que concurra en la persona usuaria una falta de capacidad para la toma de decisiones que le conciernen, notificará tal circunstancia a su familiar de referencia para que se declare guardador/a de hecho y asista a la persona en la toma de dichas decisiones velando por la defensa de sus derechos y por su protección.
2. Si, en los casos previstos en el supuesto anterior, se observara que la persona se encuentra en desamparo por carecer de familiares que puedan asistirle en la toma de decisiones o por observarse en estos últimos un inadecuado cumplimiento o un incumplimiento del deber de velar por la defensa de sus derechos y la protección de la persona, la Dirección del Servicio o, en su caso, el Departamento de Política Social notificará la situación al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que corresponda y al Ministerio Fiscal, con el fin de que, si lo estiman pertinente, se adopten las medidas a los efectos previstos en el artículo 757.2 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
1. Las personas usuarias de los centros de la red pública y concertada del Departamento de Política Social tendrán derecho a reserva de plaza durante los periodos de ausencia en las siguientes condiciones:
a) Reserva por ausencia voluntaria.
Sí ésta ha sido comunicada al centro con una antelación mínima de siete días naturales la reserva de plaza se aplicará desde el primer día de ausencia en el centro.
Cuando se produzca sin aviso previo se aplicará a partir del séptimo día.
La reserva será de aplicación para un periodo mínimo de siete días naturales y un periodo máximo de:
- 45 días por año natural en los servicios para personas mayores.
- 60 días sobre los días de prestación del servicio por año natural en los servicios para personas con discapacidad y enfermedad mental.
b) Reserva por hospitalización, problemas de salud o por otro motivo de índole similar.
Si ésta ha sido comunicada al centro con una antelación mínima de siete días naturales, la reserva de plaza se aplicará desde el primer día de ausencia.
Si se produce de forma fortuita o de urgencia, se aplicará a partir del séptimo día.
En este supuesto el derecho de reserva de plaza será por un periodo mínimo de siete días naturales y un máximo de noventa días naturales, que podrán ser prorrogados previo informe justificativo.
1. A efectos de este decreto foral se considerarán traslados los cambios de centro de las personas que están siendo atendidas en una plaza de la red pública o concertada de la Diputación Foral de Gipuzkoa objeto de este decreto foral.
2. Los traslados se podrán solicitar entre los centros integrados en los siguientes servicios:
a) Entre los centros integrados en la red de servicios de alojamiento y residenciales definidos en el artículo: 3.1, 3.2 y 3.3.
b) Entre los centros integrados en la red de servicios de centro de día definidos en las letras a), b) y c) del artículo 3.4.
1. Podrán solicitar el traslado de centro las personas que estén siendo atendidas en una plaza de la Red Pública de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa y reúnan los requisitos específicos establecidos en el artículo 6 para cada uno de los servicios de destino.
2. Las solicitudes de traslado podrán realizarse tanto por la persona usuaria o su representante legal, voluntario o persona guardadora de hecho en el servicio donde se encuentre atendida la persona, en los Servicios Sociales de Base, o el Departamento de Política Social.
Las direcciones de los centros también podrán promover el traslado de oficio cuando, atendiendo a las circunstancias de la persona usuaria, llegara a presumirse más adecuada su atención en otro centro de la red. En este caso, el centro elaborará un informe justificativo que elevará al Departamento de Política Social.
Asimismo, el Departamento de Política Social podrá promover traslado de oficio, una vez oída la persona interesada, cuando atendiendo a la edad o a una modificación en las necesidades de atención, o a otras circunstancias excepcionales que técnicamente aconsejen dicho traslado, llegara a resultar más adecuada su asistencia en otro centro de la red foral más apto para ofrecer la atención adecuada a dichas circunstancias.
3. A cada una de las solicitudes de traslado se deberá adjuntar el último Plan de Atención Individual de la persona atendida y la documentación necesaria exigida para el acceso al servicio solicitado.
1. Toda persona usuaria de un servicio cuyo ingreso haya sido resuelto por resolución del Departamento de Política Social de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tendrá derecho a presentar una solicitud de traslado a otro centro que preste el mismo tipo de servicio.
2. Se podrá solicitar o promover el traslado a otro centro por:
b) Mayor idoneidad del servicio solicitado para la atención a las necesidades de la persona y/o entorno.
c) Traslado al municipio de procedencia.
d) Otras circunstancias especiales debidamente justificadas.
3. Una vez realizado el traslado a instancia de la persona interesada, no podrá autorizarse un nuevo traslado hasta que transcurra un año desde el anterior, salvo que concurran razones excepcionales debidamente justificadas y aprobadas por el Departamento de Política Social.
1. Efectuada la valoración de la solicitud de traslado, u en su caso, recibidos los informes preceptivos, la Dirección competente del Departamento de Política Social, dictará la resolución correspondiente.
2. La resolución deberá dictarse y notificarse a la persona interesada y al centro en donde está atendida la persona en el plazo de dos meses desde la recepción de la solicitud en el Departamento de Política Social.
3. La Resolución tendrá como mínimo el siguiente contenido:
4. Transcurrido el plazo máximo de tres meses para dictar y notificar la resolución sin que se haya adoptado resolución expresa, la solicitud de ingreso se entenderá desestimada por silencio administrativo, sin perjuicio de la obligación legal de la administración de resolver, de acuerdo en lo dispuesto en el artículo 42.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
5. En los servicios de centros de día se intercalará un ingreso por traslado por cada ingreso de la lista de espera general, atendiendo a la fecha de solicitud.
6. En los servicios residenciales se intercalará un ingreso de traslado por cada dos ingresos de la lista de espera general, atendiendo a la fecha de solicitud.
Las personas usuarias de los servicios de la Red Pública de servicios sociales de la Diputación Foral de Gipuzkoa tendrán derecho a recibir las prestaciones establecidas en los convenios, contratos y catálogos de servicios definidos para cada uno de los servicios y en general, todos aquellos señalados en la Ley de 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.
1. Las obligaciones de las personas solicitantes y usuarias de los servicios de la red pública objeto de este decreto serán en general, todas aquellas señaladas en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, y en particular, las incluidas en los Reglamentos de Régimen Interior de cada uno de los servicios.
2. Asimismo y con carácter específico, las personas solicitantes y usuarias de los servicios estarán obligadas a:
a) Facilitar correctamente todos los datos necesarios para la concesión y correcta prestación del servicio, así como a responsabilizarse de la veracidad de los mismos.
b) Comunicar al Departamento de Política Social cualquier variación en sus circunstancias personales, del núcleo de convivencia y económico-patrimoniales que pueden afectar a las condiciones de prestación del servicio.
c) Autorizar al Departamento de Política Social para realizar las consultas que fueran necesarias para comprobar la situación económico-patrimonial, social y sanitaria de las personas solicitantes y usuarias. Concretamente al Departamento Foral de Hacienda y Finanzas, a las entidades financieras y de ahorro, al Servicio Vasco de Salud-Osakidetza y a otras entidades de Intervención social.
d) Autorizar al Departamento de Política Social a que los datos se integren en ficheros informatizados y puedan ser utilizados con fines de producción estadística e investigación científica y para las funciones propias del Departamento de Política Social en los términos previstos por la legislación de protección de datos de carácter personal.
1. Las personas usuarias de los servicios de la red pública estarán obligadas al pago de la aportación económica correspondiente a las condiciones recogidas en la normativa foral específica que lo regule, o en su caso, en lo establecido en la resolución de ingreso correspondiente.
2. En el supuesto de que se produzca algún impago de la aportación económica establecida, la Diputación Foral de Gipuzkoa procederá a cobrar la deuda generada mediante el procedimiento que se establezca para tal efecto.
3. El pago se realizará directamente a la entidad prestadora del servicio en el que se encuentre atendida la persona, en la cuantía que le corresponda en virtud de la aplicación del presente decreto foral y normativa al respecto.
A los efectos del requisito del grado especifico de valoración de la persona en situación de dependencia al que alude el artículo 6 del presente decreto foral, podrán excepcionalmente acceder a estos servicios las personas valoradas con grado menor al requerido o con grado 0 reconocido cuando, desde el servicio técnico competente, se considere que las personas usuarias puedan beneficiarse de los programas de apoyo y la atención que se prestan en estos centros.
Se aplicará el presente decreto foral a todas las solicitudes de acceso y de traslado posteriores a la entrada en vigor del mismo.
A las solicitudes anteriores a la entrada en vigor de este decreto foral no les será de aplicación el mismo, por lo que se regirán por la normativa anterior, si bien podrán solicitar su aplicación en el plazo máximo de 12 meses.
A efectos de la puntuación por la valoración social recogida en la baremación de la lista de espera especificada en el Anexo II, inicialmente será de aplicación la versión definida en la letra B de dicho anexo. El Departamento de Política Social adaptará esta puntuación al instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales aprobado en el Decreto 353/2013, de 28 de mayo, de Ficha Social del Sistema Vasco de Servicios Sociales y del instrumento de diagnóstico social del Sistema Vasco de Servicios Sociales, publicado en el Boletín Oficial del País Vasco del 26 de junio de 2013, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de este decreto foral.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en el presente decreto foral y en particular:
- El Decreto Foral 20/2002 de 30 de abril por el que se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas para personas mayores dependientes en Gipuzkoa, en lo que se refiere a los artículos que regulan el régimen de acceso para personas en situación de dependencia, manteniéndose en vigor los artículos relativos a la regulación de la aportación económica de las personas usuarias hasta que el Consejo de Gobierno Foral apruebe al efecto un nuevo decreto foral.
- El Decreto Foral 57/2002, de 5 de noviembre, por el que se regula el régimen de acceso a los recursos sociosanitarios de las personas en situación de exclusión social y/o dependencia.
Se faculta a la persona titular del Departamento de Política Social para dictar cuantas disposiciones, actos e instrucciones sean necesarios para el correcto desarrollo y ejecución de este decreto foral.
Zonificación a efectos de la delimitación del ámbito territorial de cada servicio
BAREMACIÓN DE LA LISTA DE ESPERA
Centros residenciales de personas mayores:
Se tomará en cuenta el número de días en los que la persona podrá hacer frente al importe de la aportación máxima establecida para este servicio, conforme a la normativa foral vigente reguladora de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia.
N.º de días de aportación máxima Puntuación
1.095 ó más días 1
Entre 821 y 1.094 días 2
Entre 547 y 820 días 3
Entre 273 y 546 días 4
Menos de 283 días 5
Se tomará en cuenta el porcentaje de la aportación máxima establecida para el servicio al que la persona podrá hacer frente, conforme a la normativa foral vigente reguladora de la aportación económica de las personas usuarias de los centros de atención a la dependencia.
Porcentaje de la aportación máxima Puntuación
Entre 75% y 99% 2
Entre 50% y 74% 3
Entre 25% y 49% 4
Menos del 25% 5
1.Interacción Social 10,0
2.Apoyos Informales en domicilio 40,0
2.1.Área de ayuda
2.2.Voluntad
2.3.Estado cuidador/a
2.4.Cantidad ayuda
3.Apoyos Formales en domicilio 40,0
4.Entorno 20,0
4.1.Condiciones
4.2.Ambiente de la casa
5.Relación familiar 30,0
PUNTUACIÓN TOTAL 100,0
1.Necesidades y calidad de atención personal 15,0
1.1.Actividades de autocuidado
1.2.Actividades de vida doméstica
1.3.Actividades instrumentales
2.Relación familiar y social 15,0
2.1.Convivencia
2.2.Relación
2.3.Carga cuidador/a
3.Situación vivienda 15,0
3.1.Disponibilidad
3.2.Condiciones de habitabilidad
3.3.Ubicación y accesibilidad
PUNTUACIÓN TOTAL 45,0