Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/2012?documento=legcol&contexto=legcol_da206bc5476a001ae0430a010151001a&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-17 15:09:54
Document Index: 346874601

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 10', 'artículo 10', 'artículo 5', 'artículo 18', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 303', 'artículo 1', 'artículo 314', 'artículo 3', 'artículo 610', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 46', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 610', 'artículo 33', 'artículo 6']

﻿ ACUERDO 6 DE 2012
ACUERDO 6 DE 11 DE OCTUBRE DE 2012
CONTENIDO:PRECISA LAS FORMAS DE INTERVENCIÓN POR PARTE DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO Y LOS CRITERIOS DE INTERVENCIÓN OBLIGATORIA EN LOS PROCESOS JUDICIALES. NOTA: LOS ANEXOS INDICADOS EN EL PRESENTE ACUERDO PUEDEN SER CONSULTADOS EN EL DIARIO OFICIAL 48623 DE NOVIEMBRE 23 DE 2012.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, DEFENSA DEL ESTADO, INTERVINIENTES EN LA DEFENSA DEL ESTADO, PROCESO JUDICIAL, FUNCIONES DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DE LA NACIÓN
VIGENCIA:DEROGADO POR EL ACUERDO 1 DE 2013 ARTÍCULO 10 DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO.
“Por el cual se precisan las formas de intervención por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales”.
(Nota: Derogado por el Acuerdo 1 de 2013 artículo 10 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado)
Que en virtud del parágrafo del artículo 5º de la Ley 1444 de 2011 se creó la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado como una unidad administrativa especial, y, en el literal f) del artículo 18 ídem se confirieron facultades extraordinarias al Gobierno Nacional para fijar los objetivos y estructura de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.
Que en dicha disposición se concibió la agencia en los siguientes términos: “Créase la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, que como entidad descentralizada del orden nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, tendrá como objetivo la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y protección efectiva de los intereses litigiosos de la nación, en las actuaciones judiciales de las entidades públicas, en procura de la reducción de la responsabilidad patrimonial y la actividad litigiosa. Para ello, tiene como misión planificar, coordinar, ejercer, monitorear y evaluar la defensa efectiva de la nación, a fin de prevenir el daño antijurídico y fomentar el respeto de los derechos fundamentales” (destacado fuera de texto).
Que el Gobierno Nacional, en ejercicio de las citadas facultades, profirió el Decreto-Ley 4085 de 2011, por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Que en el artículo 2º ibídem se precisa que la Agencia de Defensa Jurídica del Estado tendrá como objetivo “el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses litigiosos de la nación” (destacado fuera de texto).
Que en el parágrafo de la precitada disposición se definieron los intereses litigiosos de la nación, en torno a los cuales gravitarían los objetivos misionales de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, como: “a) Aquellos en los cuales esté comprometida una entidad de la administración pública del orden nacional por ser parte en un proceso; b) Aquellos relacionados con procesos en los cuales haya sido demandado un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación o aplicación; c) Aquellos relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional; d) Aquellos relacionados con procesos en el orden regional o internacional en los cuales haya sido demandada la nación; e) Los demás que determine el consejo directivo de esta agencia dentro de los lineamientos y prioridades señalados por el Gobierno Nacional” (destacado fuera de texto).
Que el artículo 3º del Decreto-Ley 4085 de 2011 previó el alcance de la defensa jurídica del Estado como “el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía de los derechos de la nación y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los sustentan, y a la protección efectiva del patrimonio público”, determinando que la misma comprendería, entre otras, las actividades relacionadas con: “... (iii) la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; (iv) la participación en procesos judiciales o administrativos en los que la nación o las entidades públicas del orden nacional sean parte demandante o demandada o deban intervenir; (v) la definición de estándares para la defensa judicial de las entidades públicas; (...) y (vii) la recuperación de dineros públicos por la vía de la acción de repetición” (destacado fuera de texto).
Que, asimismo, en el subliteral i) del numeral 3º del artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011 determinó dentro de las funciones de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, relacionadas con el ejercicio de la representación, se reitera que este podrá intervenir procesalmente en aquellos procesos en los cuales haya comprometido intereses litigiosos de la nación y, además, que dicha intervención se haría a partir de unos criterios de selectividad, en los siguientes términos: “asumir, en calidad de demandante, interviniente, apoderado o agente y en cualquier otra condición que prevea la ley, la defensa jurídica de las entidades y organismos de la administración pública, y actuar como interviniente en aquellos procesos judiciales de cualquier tipo en los cuales estén involucrados los intereses de la nación, de acuerdo con la relevancia y los siguientes criterios: la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda; el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial” (destacado fuera de texto).
Que de igual forma, en la precitada disposición en armonía con el numeral 8º del artículo 17 del señalado Decreto-Ley, se dispone que la agencia tiene la atribución legal de “participar en los comités de conciliación de las entidades u organismos del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y voto y actuar como mediador en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional” y que, al interior de la entidad, corresponde a la Dirección de Defensa Jurídica “asistir a los comités de conciliación de las entidades y participar con voz y voto, de acuerdo con las directrices del consejo directivo”.
Que en relación con las entidades del orden territorial la Constitución Política de 1991 prevé, en su artículo 303, modificado por el artículo 1º del Acto Legislativo 2 de 2002, que “en cada uno de los departamentos habrá un gobernador que será jefe de la administración seccional y representante legal del departamento”, y en su artículo 314, modificado por el artículo 3º del Acto Legislativo 2 de 2002, que “en cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante legal del municipio” (destacado fuera de texto).
Que la Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado elaboró el documento “Los 536 procesos judiciales más costosos para la nación: informe, recaudo y validación de información, fechado 9 de septiembre de 2012.
Que en dicho documento se reporta que, luego de revisar la información de los procesos registrados en el sistema de información Litigob Fase II, con corte a 6 de junio de 2012, se identificaron aquellos litigios cuyo valor de pretensiones indexado supera los $ 20.000.000.000.
Que una vez depurada la información, la Dirección de Gestión de la Información logró establecer que existen 279 procesos con pretensiones en Litigob que superan los veinte mil millones de pesos ($ 20.000.000.000) y que veinticinco (25) de estos procesos judiciales tenían pretensiones superiores a un (1) billón de pesos.
Que las pretensiones de estos veinticinco (25) procesos suman novecientos sesenta y cinco billones de pesos ($ 965.000.000.000.000), correspondientes al noventa y cuatro por ciento (94%) de los mil treinta billones que suman las pretensiones de los 536 procesos más costosos registrados en Litigob Fase II.
Que con el propósito de articular las funciones atribuidas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el ejercicio de la representación, se hace necesario precisar las formas de intervención por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales.
ART. 1º—Precisar las formas de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación con el ejercicio de la representación, y los criterios de intervención obligatoria en los procesos judiciales, ejercicio que comprende dos atribuciones fundamentales:
a) La coordinación de la Defensa Jurídica, en cuyo marco convergen las actividades administrativas que ejerce la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Dirección General, el Consejo Asesor y la Dirección de Defensa Jurídica para articular, armonizar y fortalecer la intervención procesal de la nación a través de las diferentes entidades y organismos, oficinas jurídicas y apoderados.
Bajo la órbita de esta misma potestad gravita la competencia que ejerce la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de la Dirección de Defensa Jurídica, de asistir a los comités de conciliación de las entidades y organismos del Nivel Nacional, al ser estas las instancias administrativas donde se proponen, analizan, debaten, adoptan y evalúan las políticas de conciliación, de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico que preservarán los intereses litigiosos de la nación;
b) La intervención procesal, en cuyo marco convergen todas las posibles actuaciones y atribuciones procesales que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado puede desarrollar ante los diferentes despachos judiciales como demandante o apoderado de las entidades, órganos u organismos de la administración pública nacional, o interviniente en los procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos en los que aquellos/as sean parte, en defensa de los intereses litigiosos de la nación.
El alcance de esta intervención se enmarca en las atribuciones procesales conferidas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el ordenamiento jurídico, en especial las previstas en el Decreto-Ley 4085 de 2011 y el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012.
ART. 2º—El criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3º del artículo 6º y el literal a) del parágrafo del artículo 2º, ambos del Decreto-Ley 4085 de 2011, en razón del factor subjetivo u orgánico, se contrae a los organismos y entidades públicos que integran la administración pública del orden nacional por ser parte de un proceso.
PAR.—Se entienden comprendidos dentro del factor subjetivo, al que se refiere este artículo, los procesos que se instauren contra el Estado colombiano, República de Colombia, y la nación.
ART. 3º—El criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el ejercicio de la representación, al que se refiere el numeral 3º del artículo 6º y los literales b) y c) del parágrafo del artículo 2º del Decreto-Ley 4085 de 2011, se contrae a aquellos procesos o mecanismos alternativos de solución de conflictos en los haya sido demandado o se controvierta un acto proferido por una autoridad pública o un órgano estatal del orden nacional, tales como leyes y actos administrativos, así como aquellos procesos en los cuales se controvierta su interpretación, y los relacionados con procesos en los cuales se controvierta una conducta de un servidor público del orden nacional.
ART. 4º—En relación con las entidades y organismos del nivel territorial de gobierno (departamentos, municipios y distritos, así como las entidades descentralizadas de estos órdenes), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solo podrá ejercer la representación judicial de aquellos/as mediante la suscripción de convenios interadministrativos y el correspondiente otorgamiento del poder por parte del gobernador, alcalde municipal o distrital, o representante legal respectivo, de conformidad con lo previsto en el parágrafo 1º del numeral 3º del artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011.
De igual forma, las demás funciones referidas al ejercicio de la representación, contenidas en el parágrafo 1º del numeral 3 del artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011, deberán ser acordadas previamente mediante un convenio interadministrativo.
PAR.—El director general, previo a la suscripción del respectivo convenio, deberá informar al consejo directivo de la entidad sobre su celebración y presentar las razones de conveniencia para los intereses judiciales de la nación de realizarlo.
ART. 5º—La asesoría de los procesos de defensa de los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría a la que se refiere el artículo 46 de la Ley 1551 de 2012, se realizará en los términos del reglamento que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
ART. 6º—En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los veinticinco (25) procesos que contienen las mayores pretensiones en contra del Estado y que concentran el noventa y cuatro por ciento (94%) del valor de las pretensiones de los procesos más cuantiosos enervados en contra del Estado, registrados en el sistema Litigob Fase II, se ordena la intervención inmediata de la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el propósito de coordinar y evaluar la estrategia de la defensa jurídica del Estado, los riesgos y probabilidades de éxito de estos litigios. En esta tarea podrá solicitar la asesoría del Consejo Asesor de esta Agencia, así como de los comités de conciliación, las oficinas jurídicas y los apoderados, y el acompañamiento de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, cuando a ello haya lugar.
Los procesos antes indicados son los siguientes:
Nº Número de proceso Entidad Pretensión indexada
1 110013331000-200302308-01 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 908.467.764.007.000
2 180013331002-200900252-00 Superintendencia Financiera de Colombia 6.549.516.349.200
3 760013331008-201100401-00 Ministerio de Minas y Energía 5.693.475.666.666
4 520013331701-201000079-00 Superintendencia Financiera de Colombia 5.350.912.050.000
5 250002326000-200301891-01 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR 4.588.221.519.700
6 110013331040-200900256-00 Superintendencia Financiera de Colombia 3.274.758.174.600
7 110013331017-200900358-00 Superintendencia Financiera de Colombia 2.728.965.145.500
8 110013331035-200900212-00 Superintendencia Financiera de Colombia 2.728.965.145.500
9 080013331005-201100023-00 Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - Cormagdalena 2.507.050.370.000
10 520013331701-200900071-00 Superintendencia Financiera de Colombia 2.183.312.298.949
11 110013331003-200900302-00 Superintendencia de Sociedades 2.183.172.116.400
12 520013331701-201000048-00 Superintendencia Financiera de Colombia 2.140.364.820.000
13 520013331701-201000074-00 Superintendencia Financiera de Colombia 2.140.364.820.000
14 250002326000-200401972-01 Ministerio de Transporte 1.742.112.253.795
15 250002315000-200600561-01 Comisión de Regulación de Comunicaciones 1.440.359.992.227
16 000000000000-200600561-00 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1.440.190.394.474
17 250002324000-200800012-00 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1.156.505.737.522
18 410013331004-201000396-00 Superintendencia Financiera de Colombia 1.091.586.058.200
19 250002326000-200601255-01 Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 1.076.624.892.497
20 110013331017-201000105-00 Ministerio de la Protección Social 1.072.322.774.820
21 410013331005-201000049-00 Superintendencia Financiera de Colombia 1.070.182.410.000
22 110013331034-201000244-00 Superintendencia Financiera de Colombia 1.070.182.410.000
23 860013331701-201000004-00 Superintendencia Financiera de Colombia 1.070.182.410.000
24 860013331701-201000006-00 Superintendencia Financiera de Colombia 1.070.182.410.000
25 860013331701-201000015-00 Superintendencia Financiera de Colombia 1.070.182.410.000
ART. 7º—En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refiere el artículo precedente, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su Director General los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella.
ART. 8º—En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los cuarenta y un procesos judiciales cuyas pretensiones en contra del Estado superan los veinte mil millones de pesos ($ 20.000.000.000), en los cuales el Estado ha obtenido decisiones favorables de primera instancia, se ordena la intervención de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de los argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas por los respectivos apoderados o representantes legales.
Nº de proceso ID en Litigob Entidad Pretensión en pieza procesal
110013331000-200302308-01 128838 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 908.467.764.007.000
250002326000-200601255-01 135260 Unidad Administrativa Especial de La Aeronáutica Civil 1.076.624.892.497
150013331003-200800033-00 143467 Fiscalía General de la Nación 764.110.240.740
150012331000-200800033-00 68960 Policía Nacional 764.110.240.740
250002300000-200600879-00 235064 Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 495.797.940.589
520013331005-200601775-00 133341 Superintendencia Financiera de Colombia 389.350.744.797
440013331002-200600494-00 135859 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 307.522.196.599
250002326000-200500521-01 86517 Consejo Superior de la Judicatura 272.156.170.613
250002315000-200302181-00 224869 IFI Instituto de Fomento Industrial en Liquidación Indeterminada
250002314000-200200109-01 120103 Departamento Nacional de Planeación DNP 163.565.860.995
250002324000-200100134-01 132986 Superintendencia Financiera de Colombia Indeterminada
470012331000-200400609-01 233435 Comisión Nacional de Televisión 133.513.013.398
250003331000-200100479-02 135857 Ministerio de Minas y Energía Indeterminada
250002326000-200202266-01 142874 Superintendencia Financiera de Colombia 109.361.404.727
110013103005-199801111-00 224858 IFI Instituto de Fomento Industrial en Liquidación Indeterminada
150002331000-199717655-00 141933 Instituto Geográfico Agustín Codazzi 107.652.733.590
250002326000-200100931-01 121380 Ministerio del Interior y de Justicia Indeterminada
250002324000-199900794-01 133194 Superintendencia Financiera de Colombia 73.205.875998
250002326000-200000286-01 139130 Comisión Nacional de Televisión - CNTV 68.934.791.225
250002326000-200100240-01 135344 Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 65.744.831.303
660012300001-199800328-00 70638 Policía Nacional 55.723.694.106
250002326000-199510714-01 121420 Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– en supresión Indeterminada
250002324000-200400132-01 132967 Superintendencia Financiera de Colombia 53.482.729.045
250002326000-199901536-01 135350 Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 52.289.911.427
250002326000-200100919-01 138760 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial 47.541.235.327
080012300000-200001530-00 155466 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 47.507.560.286
050012331000-200003330-00 109417 Ministerio de la Protección Social 40.327.494.569
130013331012-200600024-00 138525 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder Indeterminada
250002326000-200002196-01 132931 Superintendencia Financiera de Colombia 38.709.342.656
250002300000-200700387-00 154359 Ministerio de Comercio Industria y Turismo Indeterminada
250002326000-199704363-01 135813 Ministerio de Minas y Energía 35.756.169.958
250002326000-199900242-01 139128 Comisión Nacional de Televisión - CNTV 34.946.702.931
250002324000-200200223-01 133320 Superintendencia Financiera de Colombia 32.713.172.199
250002326000-200301771-01 139148 Comisión Nacional de Televisión - CNTV 30.575.915.692
250002324000-200400325-01 142365 Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada 30.393.537.777
250002326000-200700294-00 128802 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 29.315.586.961
250002324000-200400934-01 183395 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima 27.378.864.372
250002326000-200300276-01 139189 Comisión Nacional de Televisión - CNTV 24.460.732.554
050012331000-200401311-00 74766 Policía Nacional Indeterminada
000000000000-200001616-01 136135 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Indeterminada
250002326000-200602065-01 125103 Unidad Administrativa Especial Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN 21.539.369.871
PAR. Lo dispuesto en el presente artículo en relación con los procesos antes referidos no excluye lo ordenado en el artículo 6º, en relación con los mismos, cuando los procesos estén igualmente clasificados en el listado incorporado en dicho artículo.
ART. 9º. En desarrollo de la coordinación de la defensa jurídica y en relación con los diecinueve procesos judiciales cuyas pretensiones en contra del Estado superan los veinte mil millones de pesos ($20.000.000.000), en los cuales el Estado ha obtenido decisiones desfavorables de primera instancia, pretensiones indeterminadas o fallos inhibitorios, se ordena la intervención, a nivel de coordinación, de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la fortaleza de los argumentos del recurso de apelación, las pruebas recaudadas, la oposición y alegaciones presentadas por los respectivos apoderados o representantes legales.
Procesos desfavorables en primera instancia sin fallo en segunda instancia.
250002326000-199802614-01 135817 Ministerio de Minas y Energía 350.933.029.748
850012331001-201000094-00 158163 Departamento de Planeación Nacional 218.519.436.008
250002326000-200201686-00 156467 Ministerio de Hacienda y Crédito Público INDETERMINADA
250002326000-199901156-01 139176 Comisión Nacional de Televisión – CNTV 51.771.891.589
250002324000-200600015-00 224707 Par Caja Agraria en Liquidación 49.724.459.274
110013331712-200900311-00 226144 Ministerio de Hacienda y Crédito Público INDETERMINADA
110013331032-200600121-00 225276 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 32.497.938.616
250002326000-199900002-04 138105 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – Car 29.491.510.045
130012331000-199712282-01 135521 Ministerio de Minas y Energía 29.204.686.373
130012331003-199800188-02 135296 Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil 24.408.930.654
440012331000-200200585-00 128294 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 20.802.909.013
Procesos con fallo inhibitorio en primera instancia sin fallo en segunda instancia.
250002326000-200000227-01 135816 Ministerio de Minas y Energía 258.505.467.093
730012331000-200500567-00 138592 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder 134.666.955.562
730013331001-200500567-01 128816 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 134.666.955.562
250002326000-200200123-01 232298 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 111.962.467.509
110010300000-200101489-00 226363 Fiduagraria 70.431.459.744
250002326000-200000233-01 139127 Comisión Nacional de Televisión - CNTV 69.746.689.877
070012331000-200011489-00 271947 Fiduciaria la Previsora S.A. - Fiduprevisora 38.402.423.278
760013331007-200800426-00 76449 Policía Nacional 32.919.277.645
Procesos con piezas procesales cuya pretensión se catalogó como indeterminada.
Nº de proceso ID en Litigob Entidad Pretensión en Litigob
250002326000-200301891-01 138146 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR 4.588.221.519.700
520013331701-200900071-00 133301 Superintendencia Financiera de Colombia 2.183.312.298.949
000000000000-200600561-00 136142 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 1.440.190.394.474
660012331004-200800427-00 124758 Ministerio de Transporte 504.298.263.299
150013331010-200402021-00 226263 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 344.500.320.000
250002326000-200900826-01 158074 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 324.676.951.536
250002315000-200302181-00 224869 IFI Instituto de Fomento Industrial en Liquidación 265.354.717.600
080013331012-200402474-00 156230 Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena - Cormagdalena 256.587.222.477
110013331032-200800116-00 236237 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 249.354.138.511
250002300000-199900158-00 193401 Ministerio de Transporte 203.674.114.000
250002326000-199006983-01 122197 Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol 197.499.735.000
250002324000-200200070-02 141323 Departamento Nacional de Planeación - DNP 163.536.500.000
050012331000-200505917-00 154742 Interconexiones Eléctricas S.A. ESP - ISA 143.938.155.003
250002324000-200100134-01 132986 Superintendencia Financiera de Colombia 138.311.575.216
250003331000-200100479-02 135857 Ministerio de Minas y Energía 130.556.043.265
050012331000-200300292-01 138313 Interconexiones Eléctricas S.A. ESP - ISA 127.265.702.385
270012331000-200400699-01 126067 Ministerio de Minas y Energía 123.300.729.148
250002326000-200201686-00 156467 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 110.621.426.431
250002324000-200401141-01 125102 Ministerio de Transporte 109.173.074.217
110013103005-199801111-00 224858 IFI Instituto de Fomento Industrial en Liquidación 108.856.271.787
050012331000-200505919-00 154659 Interconexiones Eléctricas S.A. ESP - ISA 82.776.446.641
860013331701-200900001-00 133429 Superintendencia Financiera de Colombia 82.617.228.866
200012315000-201005100-00 81471 Policía Nacional 78.223.725.200
050012331000-200404618-00 154652 Interconexiones Eléctricas S.A. ESP - ISA 77.830.631.920
250002326000-200100931-01 121380 Ministerio del Interior y de Justicia 75.183.253.893
760013331002-200104011-00 132945 Superintendencia Financiera de Colombia 70.417.680.000
250002326000-199510714-01 121420 Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— en supresión 54.316.497.480
080013331002-201000274-00 181112 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder 54.170.583.398
050012331000-200204741-00 139799 Interconexiones Eléctricas S.A. ESP - ISA 53.396.009.885
110013331712-200900311-00 226144 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 48.327.283.664
250002324000-200200192-02 138824 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 46.635.831.129
230012331000-201100061-00 196132 Superintendencia de Sociedades 45.636.712.000
540012331004-200100230-00 91089 Ministerio de Defensa Nacional 45.485.913.099
050012331000-200703816-00 75226 Policía Nacional 44.996.639.312
050001231000-200300291-00 139819 Interconexiones Eléctricas S.A. ESP - ISA 43.967.791.255
050012331000-200301760-00 139836 Interconexiones Eléctricas S.A. ESP - ISA 43.368.202.415
680012331000-200100137-00 272290 Policía Nacional 41.819.823.360
130013331012-200600024-00 138525 Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - Incoder 38.916.728.591
440013331001-200600234-00 121263 Ministerio del Interior y de Justicia 38.450.087.753
250002300000-200700387-00 154359 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 37.767.538.763
050012331000-200800996-00 139729 Interconexiones Eléctricas S.A.ESP - ISA 37.624.126.526
050012331000-200404619-00 139748 Interconexiones Eléctricas S.A.ESP - ISA 37.330.380.228
110013105014-199403266-00 122502 Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol 35.622.554.563
250002316000-200700234-00 128799 Ministerio de Agricultura Y Desarrollo Rural 34.776.056.000
680012331000-200100882-00 71291 Departamento Administrativo de Seguridad —DAS— en supresión 34.328.442.956
050012331000-200505918-00 139747 Interconexiones Eléctricas S.A. ESP - ISA 34.110.659.816
050012331000-200601597-00 79307 Policía Nacional 31.472.481.300
110013331008-200700504-00 111647 Ministerio de la Protección Social 29.848.610.689
190013331502-201000432-00 155455 Superintendencia Financiera de Colombia 28.585.384.940
190013331007-201000113-00 85690 Ministerio de Defensa Nacional 26.142.340.761
250002326000-200700237-00 128800 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 26.082.042.000
050012331000-200401311-00 74766 Policía Nacional 22.638.278.716
410012331000-201100007-00 195586 Superintendencia Financiera de Colombia 22.082.983.655
500012331000-199203966-01 122145 Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol 21.965.454.000
000000000000-200001616-01 136135 Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 21.873.951.545
130012331000-201000187-00 273686 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 21.350.689.602
500012331000-200700248-00 75608 Policía Nacional 21.194.550.174
110010325000-200700699-00 87789 Ministerio de Defensa Nacional 20.634.621.228
540013103006-199900280-00 141749 Centrales Eléctricas del Norte de Santander (CENS) S. A. 20.108.706.485
ART. 10.—En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refieren los artículos 8º y 9º, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su director general los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella.
ART. 11.—En relación con la coordinación de la defensa jurídica de los demás procesos activos a la fecha de expedición del presente acuerdo, impetrados en contra de las entidades y organismos a los que se refieren los artículos 2º y 3º del presente acuerdo, y que están registrados en el sistema Litigob Fase II, preexistentes a la creación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y cuya cuantía supere los veinte mil millones de pesos ($ 20.000.000.000), se ordena la intervención, a nivel de coordinación, de la Dirección de Defensa Jurídica con el propósito de analizar con las respectivas entidades y organismos la estrategia judicial empleada para la defensa de los intereses litigiosos de la nación, la probabilidad de éxito y la fortaleza y debilidades de las pretensiones y excepciones presentadas, así como los medios probatorios en los que se fundamentan.
De igual forma se procederá en relación con los procesos en contra de las entidades y organismos a las/os que se refieren los artículos 2º y 3º del presente acuerdo informados a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con posterioridad a su creación.
ART. 12.—En virtud de lo dispuesto en el subliteral i) del numeral 3º del artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011, el criterio de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado relacionado con la cuantía de las pretensiones, el interés o impacto patrimonial o fiscal de la demanda se establece en veinte mil millones de pesos ($ 20.000.000.000).
ART. 13.—En relación con la intervención litigiosa y con base en los análisis de los procesos a los que se refiere el artículo precedente, la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado propondrá a su director/a general los casos en los cuales se requiere, además de la coordinación de la defensa jurídica, la intervención procesal por parte de aquella.
ART. 14.— En relación con los procesos judiciales cuya cuantía de pretensiones no exceda los veinte mil millones de pesos ($ 20.000.000.000) la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado no intervendrá de manera directa, sino a través de los protocolos y directrices generales que en materia de conciliación, defensa judicial y prevención del daño antijurídico haya expedido.
ART. 15.—Cuando en virtud de lo dispuesto en el subliteral i) del numeral 3º del artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011 se solicite o requiera la intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en atención a: el número de procesos similares; la reiteración de los fundamentos fácticos que dan origen al conflicto o de los aspectos jurídicos involucrados en el mismo; la materia u objetos propios del proceso y la trascendencia jurídica del proceso por la creación o modificación de un precedente jurisprudencial, el director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, previa valoración del Consejo Asesor y la Dirección de Defensa Jurídica, autorizará los términos de la intervención de esta última dependencia, bien para efectos de coordinar la defensa judicial, bien para efectuar la respectiva intervención procesal.
PAR.—La solicitud de intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado deberá ser presentada por el representante del respectivo órgano, organismo o entidad de la administración pública del nivel nacional de gobierno.
ART. 16.—La Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado asistirá con voz y voto a los comités de conciliación de las entidades y organismos del orden nacional referidas/os en los artículos 2º y 3º del presente acuerdo cuando se vayan a debatir los aspectos relacionados con la defensa judicial y/o el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos respecto de los procesos judiciales determinados en los artículos 6º a 13 del presente acuerdo.
De igual forma, la Dirección de Defensa Jurídica asistirá con voz y voto a los comités de conciliación de las entidades cabeza de sector administrativo, con el propósito de adelantar sesiones sectoriales de defensa judicial, conciliación y prevención del daño antijurídico.
ART. 17.—El director general de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado señalará mediante directiva los plazos y condiciones en los que las entidades y organismos señaladas/os en los artículos 2º y 3º del presente Acuerdo deberán informar y remitir los respectivos antecedentes a la Dirección de Defensa Jurídica para efectos de su participación, al correo electrónico conciliacion@defensajuridica.gov.co
ART. 18.—Para el caso de la asistencia de la Dirección de Defensa Jurídica a los comités de conciliación de las entidades del nivel territorial de gobierno, la misma se sujetará a lo previsto en los artículos 4º y 5º del presente acuerdo, sin que en ningún caso participe con voz y voto en las respectivas decisiones, en atención a la autonomía administrativa que constitucionalmente se les ha reconocido.
Sin embargo, sus delegados deberán informar las políticas que en materia de defensa judicial, conciliación y prevención de daño antijurídico se han adoptado por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a efectos de articular y armonizar la postura estatal en relación con la defensa de los intereses litigiosos.
ART. 19.—Cuando de conformidad con los parágrafos de los artículos 30, 31, 32 y 615 de la Ley 1564 de 2012 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicite el cambio de radicación de un (os) proceso (s) en el (los) que órganos, organismos o entidades de la Administración Pública Nacional sea(n) parte, la solicitud se sustanciará y aprobará por parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del director general de la entidad.
PAR.—Para los efectos antes indicados, los órganos, organismos y entidades antes indicados/as suministrarán a la Dirección de Defensa Jurídica de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado los fundamentos jurídicos, fácticos y medios probatorios que sustentarán la respectiva solicitud.
Adicionalmente, como estrategia de defensa judicial, la solicitud de cambio de radicación deberá ser aprobada por parte del (os) Comité (es) de Conciliación respectivo (s), para lo cual se deberá invitar a la Dirección de Defensa Jurídica en los términos de que trata el artículo 17 del presente acuerdo.
ART. 20.—Tratándose de las solicitudes de levantamiento del embargo y secuestro de los recursos públicos, de conformidad con los artículos 594 y 597 de la Ley 1564 de 2012, y con el propósito de evitar la insostenibilidad fiscal o presupuestal en los procesos en los que órganos, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional sean parte, las mismas serán sustanciadas y aprobadas por parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del director general de la entidad.
Sin perjuicio de lo anterior, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado proferirá protocolos y directrices mediante los cuales se oriente la defensa judicial del Estado en relación con las medidas cautelares que puedan solicitar o de las que puedan ser objeto.
PAR.—Los órganos, organismos y entidades que conforman la Administración Pública Nacional suministrarán los fundamentos jurídicos, fácticos y medios probatorios que sustentarán la respectiva solicitud.
De otra parte y por tratarse de una estrategia de defensa judicial del Estado, la (s) solicitud (es) de levantamiento de las medidas de embargo y secuestro que se presenten a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, deberán ser aprobadas por parte del (os) comité (es) de conciliación respectivo (s), para lo cual se deberá invitar a la Dirección de Defensa Jurídica en los términos de que trata el artículo 17 del presente acuerdo.
De igual forma, cuando se trate de medidas cautelares practicadas en procesos ejecutivos que tengan por objeto la ejecución de una sentencia judicial, la Dirección de Defensa Jurídica revisará el procedimiento interno de pago de la respectiva providencia y, en caso de ser procedente, requerirá su inmediato cumplimiento o la suscripción del acuerdo de pago respectivo.
ART. 21.—Cuando en virtud del inciso 2º del parágrafo 3º del artículo 610 de la Ley 1564 de 2012 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado solicite a la Corte Constitucional la revisión de que trata el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991, la solicitud se sustanciará y aprobará por parte de la Dirección de Defensa Jurídica para firma del director general de la entidad.
Esta intervención procesal se autoriza de conformidad con los criterios de selección de que trata el subliteral i) del numeral 3 del artículo 6º del Decreto-Ley 4085 de 2011 o la violación del debido proceso judicial.
PAR.—Los órganos, organismos y entidades que conforman la Administración Pública Nacional suministrarán a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica los antecedentes y fundamentos jurídicos, fácticos y medios probatorios que sustentarán la respectiva solicitud.
ART. 22.—Se anexan a título informativo los anexos: “Los 536 procesos judiciales más costosos para la nación” y “listado de entidades, organismos y autoridades de nivel nacional”.
ART. 23.—Ordenar a la dirección de gestión de información depurar y actualizar la información contenida en la base de procesos Litigob II en relación con los procesos que se indican en los artículos 6º, 8º y 9º del presente acuerdo.
ART. 24.—El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.
NOTA: Los anexos indicados en el presente acuerdo pueden ser consultados en el Diario Oficial 48623 de noviembre 23 de 2012. .