Source: http://sindicatomanoslimpias.blogspot.com/2014/03/al-juzgado-de-primera-instancia-de.html
Timestamp: 2017-08-16 19:30:02
Document Index: 178699384

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 249', 'artículo 6', 'artículo 3', 'Artículo 37', 'artículo 49', 'artículo 31', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 33', 'artículo 49', 'Artículo 49', 'artículo 39', 'artículo 7', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 59', 'Artículo 59', 'artículo 33', 'artículo 6', 'artículo 40', 'artículo 6', 'in fine', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 49', 'Artículo 5', 'artículo 49', 'artículo 76', 'artículo 6', 'artículo 19', 'artículo 5', 'artículo 49', 'artículo 51', 'artículo 54', 'artículo 59', 'artículo 62', 'artículo 70', 'artículo 75', 'artículo 76', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 11', 'artículo 10', 'artículo 4', 'artículo 727', 'artículo 726', 'artículo 231']

Manos Limpias: Manos Limpias demanda al Partido Socialista Obrero Español.
Manos Limpias demanda al Partido Socialista Obrero Español.
DOÑA ISABEL SALAMANCA ALVARO, Procuradora de los Tribunales y en representación del “SINDICATO COLECTIVO DE FUNCIONARIOS MANOS LIMPIAS” (en adelante Manos Limpias), con CIF G-81428252, y domicilio a efecto de las posibles notificaciones en 28008, Ferraz nº 13, 1º B – Madrid, conforme la representación que acredito mediante copia de poder notarial que se adjunta como documento nº1; y debidamente asistidos por el Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Don PEDRO FRANCISCO MUÑOZ LORITE, colegiado número 82.329, ante este Juzgado comparezco y, como mejor proceda en Derecho,
I- Que, en la representación que ostento y en consonancia a lo estipulado en los artículos 399 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, vengo a formular, en legales tiempo y forma, DEMANDA DE PROCEDIMIENTO ORDINARIO, SOLICTANDO LA NULIDAD DE DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LOS ESTATUTOS, Y DE LA NORMATIVA REGULADORA QUE LOS DESARROLLA, DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE) POR SER CONTRARIOS AL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE, CON SOLICITUD DE SUSPENSIÓN CAUTELAR DE NOMBRAMIENTOS DE CANDIDATOS PARA LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2014, actos llevados a cabo por el PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL con CIF G-28477727 y domicilio en Calle Ferraz número 70, 28008 - Madrid; por considerar que las actuaciones concretas que se examinarán en el presente escrito de demanda, y llevadas a cabo por el citado Partido Político, no se someten a los principios democráticos que le impone de manera imperativa el artículo 6 de la Constitución Española y los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio de Partidos Políticos, todo ello en relación con el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación; procediendo llevarse a cabo por los cauces del juicio ordinario, al resultar imposible calcular el interés económico de la pretensión tal y como determina el artículo 249.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
II- Que, la presente demanda encuentra su fundamento en los siguientes:
Al mismo tiempo fue voluntad del Constituyente que el pluralismo político descansase sobre los Partidos Políticos, siendo éstos el instrumento fundamental de participación política. Pero, asimismo, fue también voluntad del Constituyente que la estructura interna y el funcionamiento de los Partidos Políticos se llevase a cabo conforme a los principios democráticos. Y es de ese modo como quedó redactado nuestro artículo 6 de la Constitución Española, artículo que a continuación transcribimos:
SEGUNDO-. Que, entre las fechas de 4 y 6 de julio del año 2008 se celebró el 37º Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español, tras el cual se establecieron los actuales Estatutos del partido, así como el resto del entramado de Resoluciones que regulan las funciones y la estructura interna del mismo, entre las que merecen ser destacadas la Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento del partido, la Normativa Reguladora de Cargos Públicos y el Reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal, máximo órgano ejecutivo del partido en el ámbito nacional.
En los Estatutos del partido, pieza clave de organización del mismo, encontramos la regulación básica del Partido Socialista Obrero Español, donde de manera sucinta se determina su estructura tanto territorial como orgánica, así como las pautas esenciales por las que debe quedar sujeto el procedimiento de elección de los órganos del partido, y los derechos y deberes de los afiliados al partido. En el apartado primero del artículo 3, se determina como principio inspirador del funcionamiento del partido, lo siguiente:
“La democracia como forma de participación y corresponsabilidad de los y las militantes en la vida del Partido”.
Adjuntamos copia de los Estatutos del Partido Socialista Obrero Español, como documento nº2.
Al mismo tiempo es de relevante importancia dentro de la regulación interna del partido, la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, de carácter interno y de aplicación a todos los cargos públicos electos que dependan del Partido Socialista Obrero Español, normativa reguladora de las relaciones de tales cargos para con el Partido, su compromiso con la sociedad, y del funcionamiento de los Grupos Socialistas en las diferentes instituciones. Asimismo, en dicha normativa, queda determinada la forma en la que debe llevarse la selección de los candidatos y candidatas a los distintos cargos públicos en las listas del Partido Socialista Obrero Español, motivo por el cual resulta incluso de mayor relevancia que los propios Estatutos para el presente escrito de demanda.
Adjuntamos copia de la resolución por la que se desarrolla la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del Partido Socialista Obrero Español como documento nº3.
Por último, mencionar y destacar al mismo tiempo, el Reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal, órgano de vital importancia y transcendencia dentro del partido, y que como se mostrará a lo largo del presente escrito de demanda, es el órgano encargado de la toma de decisiones en multitud de etapas dentro del proceso de las elecciones internas dentro del Partido. Adjuntamos por ello copia del mencionado Reglamento como documento nº4.
No obstante, casi habiéndose cumplido los dos años tras la celebración del mencionado Congreso Federal, se llevó a cabo, entre las fechas de 3 y 5 de del año 2012, el 38º Congreso Federal del PSOE, Congreso del cual esta parte únicamente pretende dejar constancia sobre ello, pues en el mismo no se llevaron a cabo medidas que supusieran la reforma de los estatutos o resoluciones concernientes al partido, suponiendo por ende que las que permanecen en vigor y a las que quedan sujetos los miembros del Partido Socialista Obrero Español, son las determinadas en el 37º Congreso Federal.
TERCERO.- De los procesos de selección en el seno del Partido Socialista Obrero Español.
Que, de la lectura de los Estatutos del Partido Socialista Obrero Español, así como de las normas que lo desarrollan determinando la organización gubernamental interna del partido –principalmente los aportados a esta demanda, la Normativa Reguladora de Cargos Públicos y Reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal- se evidencia, aunque de manera ciertamente compleja, el entramado existente a la hora de realizar cualquier tipo de elecciones internas para cargos dirigentes dentro del Partido.
“Artículo 37. Procedimientos de selección de candidatos y candidatas. La selección de candidatos y candidatas del Partido en los diversos procesos electorales internos podrá realizarse:
1. A través de un procedimiento de selección previo y singularizado de la persona que vaya a ser nominada por el Partido para la candidatura a un cargo público unipersonal y ejecutivo.
Este procedimiento interno, denominado de “Primarias”, se aplicará a la selección de la candidatura a la Presidencia del Gobierno de la Nación, las Presidencias de las Comunidades Autónomas, Presidencias de las Ciudades Autónomas, Presidencias de los Cabildos, Presidencias Consejos Insulares, Presidencias de Juntas Generales y las Alcaldías de determinados municipios, cuando en cualquiera de estos supuestos exista más de un aspirante a la nominación, excepto en el caso del artículo 49.3 de los Estatutos Federales.
2. En el supuesto que las instituciones referidas en el apartado anterior estén gobernadas por el PSOE, sólo se aplicará el sistema de primarias si lo solicita la mayoría del Comité Federal para el caso de la Presidencia del Gobierno, o del Comité Regional en el caso de la Presidencia de las Comunidades Autónomas, o del Comité Provincial para la Presidencia de las Juntas Generales o del Comité Insular para las Presidencias de los Cabildos y Consejos. En el caso de los municipios deberá ser solicitado por el 40 por 100 de los militantes de la Agrupación Municipal correspondiente.
3. Proponiendo candidaturas completas para integrar una lista para procesos electorales legislativos: a las Cortes Generales (Congreso de los Diputados y Senado), Parlamento Europeo, Asambleas o Parlamentos Autonómicos, Elecciones Municipales, que será votada y en su caso, aprobada por los órganos competentes del Partido. La elaboración de propuestas por las Agrupaciones Municipales o de Distrito de candidatos al Congreso de los Diputados, al Senado y a los Parlamentos de Comunidades Autónomas, se realizará por medio del sistema de listas abiertas”.
Establece el artículo 31 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos que cualquier procedimiento de elecciones internas dentro del partido, estará desarrollado por los órganos ejecutivos, de decisión y control del partido, las comisiones de listas y las comisiones de garantías del proceso, pero como se va a poder evidenciar a continuación los órganos que realmente son decisorios en tal proceso son únicamente los ejecutivos, en tanto en cuanto el resto de órganos intervinientes quedan integrados por las personas directamente nombrados por aquellos.
CUARTO.- Criterios para la elección de los órganos de representación del partido. La elección del esqueleto fundamental y primordial de la estructura orgánica del partido, que no son otros que aquellos que ostentan su representación, queda regulada de manera somera en los Estatutos -concretamente en el artículo 5.1 de los mismos- que dispone lo que a continuación esta parte transcribe:
Artículo 5. Los órganos de representación serán elegidos de acuerdo a los siguientes criterios:
1. Elección de órganos ejecutivos:
a) Las Comisiones Ejecutivas Municipales y de Distrito serán elegidas por medio del sistema de voto mayoritario.
b) Las Comisiones Ejecutivas Provinciales, Insulares, Regionales o Nacionales y Federal serán elegidas por el siguiente sistema:
- Elección del Secretario/a General: mediante voto individual, directo y secreto de todos los Delegados/as del Congreso del ámbito respectivo. La presentación de candidaturas a la Secretaría General debe contar con el aval del 20% de los Delegados/as al respectivo Congreso, sin que ninguna de ellas pueda contar con el aval de más del 30% de dichos delegados/as.
- Elección de la Comisión Ejecutiva del ámbito correspondiente: mediante el sistema mayoritario a propuesta del Secretario/a General electo.
De la lectura del precepto se determina que para la elección de las respectivas Comisiones Ejecutivas del partido, tienen una clara y evidente importancia los delegados, en tanto en cuanto recae en ellos dos facultades que van correlacionadas de manera directa y, además, definitiva para determinar las elecciones internas. Por un lado, se va a necesitar de ellos para la presentación de los candidatos a Secretario General, siéndoles necesario a ésos el reunir, ni más ni menos, que el 20% de avales de los delegados para tan solo poder presentar su candidatura. Por otro lado, serán los propios delegados los que posteriormente emitirán su voto (directo, individual y secreto) para la elección del Secretario General de entre los candidatos.
I. Proceso para la elección de los delegados. Por lo anteriormente reseñado, y de manera evidente, el concretar el proceso que debe llevarse a cabo para la elección de los delegados es de vital importancia, ya que de la única y exclusiva voluntad de estos es de donde va a surgir la proclamación del Secretario General, que será a su vez quién proponga a la Comisión Ejecutiva, quién –de nuevo- a su vez tendrá básicamente el control sobre la candidatura a la Presidencia del Gobierno de la Nación. Comenzando con ello, resulta necesario volver a remitirnos al artículo 5 de los Estatutos del Partido, no obstante, esta vez en su apartado segundo:
“2. Elección de delegados/as, participantes y comités:
a) Los delegados/as de los congresos, los/las participantes en las conferencias y los miembros de los comités municipales, provinciales, insulares, regionales o nacionales y federales serán elegidos en listas completas, cerradas y bloqueadas. A los distintos Congresos no podrán asistir como delegados/as los miembros de los respectivos órganos ejecutivos.
b) En el supuesto de que existan dos listas, la minoría que obtenga como mínimo un 20 por 100 de los votos válidos a candidaturas, tendrá una representación proporcional a éstos. En todo caso, la lista que obtenga la mayoría tendrá derecho a la mitad más uno de los delegados/as a elegir.
c) En el supuesto de que existan más de dos listas y ninguna obtenga la mayoría, la más votada tendrá derecho a una representación de la mitad más uno de los cargos a elegir, repartiéndose el resto proporcionalmente entre las demás candidaturas que hayan superado el 20%.
d) Las listas de candidatos y candidatas a delegados y delegadas de los congresos, a participantes en las conferencias políticas y a representantes en los comités del partido, deberán tener una composición paritaria en la que ninguno de los sexos tenga una presencia inferior al 40% ni superior al 60%, tanto en el conjunto de la misma como en tramos de cinco. Cuando la candidatura o un tramo de la misma sea inferior a cinco integrantes, la presencia de ambos sexos será lo más ajustada al equilibrio numérico”.
El sistema de elección basado en listas completas, cerradas y bloqueadas determina que para la confección de tales listas debería haberse tomado en consideración la voluntad de todos y cada uno de los militantes del partido, ya que, huelga decir, las listas bloqueadas y cerradas son una gran restricción al principio de participación democrática dentro de los procedimientos electorales, sean cuales sean. No obstante no ocurre así, puesto que es más que evidente que no todos los militantes acuden a los Congresos Federales -ya que en realidad comprendemos resultaría hasta inviable el que todos acudieran- pero ello no obstaría para la participación de ellos en la confección de tales listas.
Y, además de todo ello, se puede afirmar la fuerte centralización del proceso pues -además del hecho de que las listas son cerradas y bloqueadas-: por un lado, en el caso de que se presenten dos listas, se deberá obtener como mínimo un 20% de votos (algo que no es sencillo), obteniéndose una representación proporcional; y por el otro lado, la lista que obtenga la mayoría de votos, tendrá una representación de la mitad más, a pesar de que ni siquiera se hubiera llegado a tener esa proporcionalidad, sino simplemente una mayoría respecto del resto de listas.
Es por ello que el estar incluido dentro de una de las listas más afines o con mayores partidarios dentro de los Consejos, hará que se tenga más posibilidades de ser elegidos, y aun así, no obstante todo lo centralizado que ya podría determinarse está el proceso en este sentido, en todo caso la Comisión de Listas interviene en el procedimiento. Y es así en virtud de la potestad que le otorga el artículo 33.2 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del partido, que preceptúa lo que sigue:
“La Comisión Federal Listas podrá intervenir en cualquier momento del proceso y sobre cualquier tipo de elección en coordinación con las direcciones federal, regionales y provinciales del Partido y de acuerdo con las disposiciones del presente título y de los Estatutos.”
II. La elección de los candidatos a la presidencia del Gobierno de la Nación. La relevancia que ostentan las Comisiones Ejecutivas dentro del partido es indiscutible, pues, sin ir más lejos, la propuesta de los candidatos a la presidencia del Gobierno corre básicamente a su cuenta (en concreto de la Comisión Ejecutiva Federal), tal y como queda preceptuado en el artículo 49 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del PSOE.
“Artículo 49. Propuesta de candidatos y candidatas. Podrán proponer candidato o candidata en el proceso de elección interno:
1. La Comisión Ejecutiva Federal, por mayoría.
2. El aval del Comité Federal.
3. El 10% de los militantes del Partido Socialista Obrero Español”.
Y no se deje engañar este Tribunal si se piensa que también cabe la posibilidad de proponer la candidatura a la Presidencia del Gobierno por aval del Comité Federal, pues al fin y al cabo, el artículo 39.l) de los Estatutos del partido -así como el artículo 7.o) del Reglamento de la Comisión Ejecutiva Federal- le otorga la competencia a la Comisión Ejecutiva Federal de “proponer al Comité Federal el candidato/a a Presidente/a del Gobierno”. Curioso cuanto menos.
QUINTO.- Elaboración de las listas electorales y participación de la militancia en las mismas. Extraemos el procedimiento por el cual se elaboran las listas electorales, de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del partido, regulado en los artículos 56 y siguientes de dicha normativa, y basado en un sistema de concatenación de escalones jerárquicos, en los que en teoría, todos deberían tener el mismo derecho de ser electores como elegibles –así se establece por el partido- pero que en la práctica y observando el procedimiento íntegramente, se evidencia que tal hecho no se produce.
Ya, desde un inicio, queremos ser claros al respecto, tanto o más a como lo son es la Normativa Reguladora citada: el Comité Federal es el encargado de ratificar las propuestas que le sean presentadas por la Comisión Federal de Listas, que por otra parte, él mismo ha nombrado en su primera reunión después del Congreso Federal –al que en el apartado anterior hemos hecho referencia-. Es por tanto, y como procedemos a detallar en a continuación para mayor claridad expositiva, que los órganos que ostentan la máxima competencia al respecto son tanto la Comisión Ejecutiva Federal como el Comité Federal, que a fin de cuentas, uno viene a estar integrado por los miembros que el otro determina y al mismo tiempo sobre el que debe ratificar sus decisiones.
En primer lugar, y a tenor de lo establecido en el artículo 57.1 de la Normativa mencionada, serán las Agrupaciones Locales –donde sí intervienen los militantes-, las que propongas las listas abiertas de los candidatos, que trasladarán a la Comisión Ejecutiva Municipal.
“Las Agrupaciones, en asamblea extraordinaria convocada al efecto, podrán proponer nombres de candidatos y candidatas, en el ámbito provincial, al Congreso y al Senado, a la Comisión Ejecutiva Provincial respectiva o en su defecto a la Comisión Regional o de Nacionalidad. El sistema de propuesta se realizará por medio de listas abiertas”.
Posteriormente, se da traslado de listas elaboradas como propuesta a la Comisión Ejecutiva Provincial (o Comité ejecutivo Regional, dependiendo de la distribución territorial de la Comunidad Autónoma), y éstos, a partir de las listas abiertas remitidas, deberán: primero, elaborar otra propuesta de las listas de candidatos, y segundo, que el Comité respectivo las aprueben. Todo ello según lo extraído en el apartado tercero del mismo artículo 57.
“La Comisión Ejecutiva Provincial o en su defecto la Comisión Ejecutiva Regional o de Nacionalidad, a la vista de las propuestas recibidas, elaborará una candidatura que será sometida a la aprobación del Comité Provincial, Regional o de Nacionalidad según corresponda”.
Se evidencia por tanto que, ya en esta segunda ‘fase’ o etapa de la confección de las listas, las que fueron originariamente propuestas en las agrupaciones –y aquellas que evidenciaban la clara voluntad de los miembros del partido- son fuertemente intervenidas desde el instante mismo en que abandonan las mencionadas agrupaciones.
El tercero de los pasos a seguir para la elaboración de las listas, será el dar traslado de las aprobadas a la Comisión Federal de Listas, la cual deberá emitir un dictamen sobre las listas que le han sido remitidas. Dicho dictamen debe ser ratificado por el Comité Federal, que dará lugar entonces, a las listas definitivas, siguiendo las indicaciones que nos establece el artículo 59 de la ya repetidamente mencionada Normativa Reguladora de Cargos Públicos del partido.
“Artículo 59. Aprobación definitiva.
La Comisión Ejecutiva Provincial, Regional o de Nacionalidad remitirá la lista a la Comisión Federal de Listas para su dictamen previo a la aprobación definitiva por el Comité Federal.
El dictamen de la Comisión Federal de Listas podrá incluir, razonándolo, nombres de candidatos y candidatas no propuestos por los órganos provinciales, regionales o de nacionalidad.
Para el ejercicio de estas funciones, la Comisión Federal de Listas deberá escuchar el parecer de las Secretarías Generales Regionales o de Nacionalidad, así como el de un representante de cada Comisión Ejecutiva Provincial y el del Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que emitirá un informe sobre el trabajo desarrollado por sus miembros y sobre las necesidades del Grupo Parlamentario”.
Pero, y aunque incluso pudiera salvarse el hecho de la necesidad de establecer un filtro para la confección de unas listas más reducidas que las inicialmente propuestas por las Agrupaciones, lo que no puede ni debe salvarse, y mucho menos olvidarse, es que todo el proceso posterior en la elaboración de las listas esté tan fuertemente controlado y/o centralizado por la voluntad de unos pocos.
Y esto es así, en primer lugar por la facultad que se le otorga a la Comisión Federal de Listas de modificar las listas, introduciendo dentro de las que le han sido remitidas, los nombres de otros candidatos que no hayan sido propuestos por los órganos inferiores, y en un segundo lugar, por el hecho de quiénes son las personas que integran la Comisión Federal de Listas. No deja de llamar la atención el hecho de que, la propia Comisión Federal de Listas, esté formada por aquellos que integran la Comisión Ejecutiva Federal y al mismo tiempo por quiénes designen el Comité Federal (a quién, curiosamente, deben remitirle después las listas para su definitiva aprobación como acabamos de apuntar). Hecho que se extrae de manera indubitada del artículo 33 apartado primero de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, rezando que “la Comisión Federal de Listas está compuesta por los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal que la misma designe y por los del Comité Federal elegidos de entre sus miembros”.
Este carrusel es creado con el único fin de determinar una falsa apariencia de democracia interna, cuando en realidad, como se puede observar, quiénes finalmente deciden qué listas de Delegados se presentan (y recuérdese, listas completas, cerradas y bloqueadas), y consecuencia de ello, quiénes son los que posteriormente van a poder elegir al Secretario General del partido, que este a su vez, propone a su Comisión Ejecutiva Federal, evidencia que no estamos ante un procedimiento democrático, sino por contrario, oligárquico, donde la voluntad de unos pocos se impone a la voluntad de la militancia del partido. La voluntad impuesta en este caso es de aquellos que componen la cúpula del partido y que variará sucintamente de uno a otro –todos dentro de la ‘cúpula’- en función de los apoyos que se encuentren en un momento específico por las circunstancias dadas; pero lo que es claro y evidente es que, la militancia, por mucho que de entre ellos haya personas enormemente más cualificadas que aquellos que están en la cima, no van a contar ni de lejos con la posibilidad de ser votados, puesto que el hecho de no ser incluido en esas listas le excluye de toda oportunidad de presentarse a candidato, con lo que ello puede conllevar.
Al mismo tiempo tiene la condición de legitimado pasivamente la parte demandada, el Partido Socialista Obrero Español, por tratarse de la entidad con personalidad jurídica que ha contravenido los principios rectores de democracia a los que queda sujeto, en su funcionamiento y estructura interna, afectando por ello a los legítimos intereses de mi mandante.
La relación que se ostenta con el objeto del presente proceso, esto es, el determinar si el funcionamiento y la estructura interna del Partido Socialista Obrero Español es o no conforme a los principios democráticos, con la acción sindical que esta parte ejercita, la cual, se basa, principalmente en la necesidad que aborda a todos los ciudadanos de poder contar con partidos políticos que estén constituidos conforme a los criterios democráticos exigidos por el artículo 6 de la Constitución Española, ya que el mencionado Partido Socialista es uno de los que ostenta una mayor fuerza política en el Estado español, y como viene sucediéndose desde la promulgación de la Constitución de 1978, conformará Gobierno en una legislatura u otra. De la representatividad del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso, hace que tenga actuación sobre las políticas, tanto económicas como sociales, que afectan de manera directa a toda la población activa –tanto empleados como empleadores- del Estado, y también de manera concreta, a los sindicatos, en el sentido en que el objeto de los mismos es la promoción y defensa de sus derechos e intereses económicos y sociales. Por ello la acción sindical no se relaciona únicamente con aquellos afiliados al sindicato, sino que se extiende sobre la totalidad de los intereses colectivos, y es en este sentido que esta parte pretende su ejercicio.
El interés es de otro lado indirecto, en tanto en cuanto de prosperar la acción, se estaría dotando al sistema político español de las necesarias garantías que prevé nuestra Constitución Española, que no son otras que la democracia que se exige en el seno de los partidos políticos, y en concreto del Partido Socialista Obrero Español, haciendo que de ese modo se evitase un perjuicio colectivo, puesto que las actuaciones llevadas a cabo por el mencionado partido –a través del poder legislativo, y más aún, si llegase a conformar Gobierno en las próximas elecciones- indicen de manera completamente directa en los Planes de Política Social, dentro de las cuales, y de manera notablemente importante, son aquellas destinadas a favorecer el empleo, se verían completamente afectadas de no encontrarnos en un sistema en el que la organización interna de los partidos políticos no se ajuste a criterios democráticos, sino simplemente a cúpulas de poder, que no garantizan en modo alguno la correcta adecuación de aquellos que se incardinan al mando.
Esta parte es conocedora de que no es necesario que el interés tenga que revestir un contenido exclusivamente patrimonial, pero también es necesario advertir la íntima relación que concurre entre la financiación de los sindicatos y los partidos políticos, en tanto en cuanto dicha financiación procede de fondos públicos, asignados por el Poder Legislativo en los Presupuestos Generales del Estado, y efectivamente la distribución de dichas partidas puede verse completamente alterada si la composición de los partidos políticos que lleguen a ostentar una amplia representatividad en el Congreso de los Diputados no se ajusta a criterios completamente democráticos, ya que de ese modo los dirigentes al mando podrían no ser aquellos que realmente deberían estar ahí conforme a la voluntad real de los votantes.
Que, a todo lo dicho, interesa únicamente precisar que esta parte no pretende actuar como defensor universal de la legalidad del Ordenamiento Jurídico, sino simplemente hacer valer el derecho subjetivo que ostenta para impugnar las actuaciones que se reputen contrarias a la Constitución y las leyes, conforme al interés legítimo que venimos ostentando y constatando.
Que a pesar de ser clara la normativa contenida en la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, y de la jurisprudencia, esta parte no puede obviar la especial transcendencia que muestra un asunto como el que se ejercita con la pretendida acción. Que, empero lo dicho, hay que establecer taxativamente que la acción pretendida no únicamente se ejercita por ser los Estatutos –y normativa que los desarrolla- conculcadores del Ordenamiento Jurídico como tal, sino que los son, además, del orden público español y europeo, pues la democracia que debe imperar en la estructura y organización interna de los Partidos Políticos es cuestión tan transcendente e inspiradora de nuestra actual sociedad, que hace que se constituya como elemento de Orden Público. Y así lo ha determinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el Caso Refah Partisi y otros contra Turquía (Sentencia de 31 julio 2001. TEDH 2001\496):
Y en orden a lo establecido en las líneas precedentes, esta parte ejercita la acción de nulidad reconocida en el artículo 40.2 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, no sometida a plazo de prescripción alguno tal como se desprende del precepto y de la jurisprudencia, por ser los Estatutos y la Normativa que los desarrolla del Partido Socialista Obrero Español contrarios, no solo al Ordenamiento Jurídico Español, sino al Europeo, y al mismo tiempo al Orden Público.
En un conglomerado rápido de palabras, el constituyente quiso dejar claras al menos las líneas básicas que debe reunir un partido político, y destacamos lo que dicho artículo 6 in fine determina, en la que su estructura interna y funcionamiento, deberán ser democráticos. Cuestión controvertida si se nos permite, por cuanto esa democracia a la que tienen que ajustarse los partidos políticos no debe ser solo de iure, sino también de facto. Y así lo determina también la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos de manera idéntica en sus artículos 6 y 7.
No obstante aunque parece claro que los partidos políticos deben quedar imperativamente sujetos a los principios democráticos, la controversia se establece cuando efectivamente tratamos de determinar qué debemos entender por democracia en sentido estricto, y cuándo, por ello, nos desviamos de tal concepto. Podemos afirmar que, en los procesos más relevantes que se dilucidan dentro de la organización interna del Partido Socialista Obrero Español, se está perdiendo, estricto sensu, el carácter democrático del que debería estar dotado, traspasando la fina línea divisoria que nos conduce al campo de la oligarquía, en donde es la cúpula de poder la que realmente decide cómo debe ser el funcionamiento interno del partido, al mismo tiempo que obviamente, se determina por la voluntad de estos pocos, cuál es su estructura interna.
De manera particular, y tras una detallada lectura de los Estatutos del Partido Socialista Obrero Español, y su efectiva interrelación con la Normativa Reguladora de Estructura y Funcionamiento así como con la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, podemos determinar de manera rotunda que nos encontramos en un Estado donde la estructura interna del mencionado partido político evidencia la decadencia que está sufriendo el principio democrático. A pesar de que se afirme jurídicamente dicha democracia interna, el hecho es que la realidad es bien diversa, demostrando lo que afirmamos ya desde un inicio, que el funcionamiento y, por ende, la estructura del partido, está completamente monopolizada por unos pocos privilegiados. Estamos ante un partido político basado en la oligarquía, no en la democracia, tal y como procederemos a especificar y demostrar en las líneas venideras del presente escrito de demanda.
SEGUNDO.- Criterios que determinantes para calificar un proceso como democrático.
Como bien ha apuntado esta parte en líneas superiores, el primer obstáculo que podríamos encontrar en delimitar el objeto de la presente demanda es determinar efectivamente que se entiende por democracia, y por ende, por qué esta parte entiende se han transgredido los principios Constitucionales y legales en los que se impone una democracia en la estructura y funcionamiento en el seno de los partidos políticos. Si tenemos norma que invocar para determinar que efectivamente la democracia se debe predicar en el interior de los partidos –tanto el artículo 6 de la Constitución Española, como los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, como venimos reiterando hasta el momento- sin embargo, no existe en nuestro ordenamiento norma alguna que determine, ni siquiera en líneas generales, qué se debe entender por democracia interna en el seno de los partidos políticos, o cuáles son los requisitos que deben proclamarse para entender que efectivamente se está cumpliendo con el imperativo constitucional del artículo 6.
Esta parte no tiene el objetivo de parafrasear sobre asuntos que nos hagan parecer defensores universales del Derecho, sino simplemente, al carecer, como hemos dicho, de una regulación a la que sujetarnos para determinar si hay vulneración o no de la democracia en la estructura y funcionamiento interno de los partidos, es necesario que tomemos otros puntos de partida que deben ser en el presente caso tomados como perfectamente válidos a la hora de determinar lo que con el presente escrito se pretende impugnar.
I. Es necesario, en primer término, una participación efectiva, entendida esta como “la adecuada oportunidad que deben tener los militantes del partido para expresar sus preferencias en cuanto a la consecución de las metas finales, y con igualdad de oportunidades entre ellos”, durante los procesos de elaboración de decisiones vinculantes. La igualdad de oportunidades, entiende esta parte, es elemento vital para que se pueda dar una verdadera participación efectiva dentro del seno del Partido Socialista Obrero Español, y que en consecuencia, se pueda predicar del mismo que es democrático. El que un militante del partido pueda expresar sus preferencias a la hora de elaborar las listas que se van a presentar para el sistema electoral del mismo, y que realmente su decisión pueda ser tomada en la misma consideración que la de otro militante que se encuentra en un órgano superior, sería un hecho que determinaría nos encontramos en el seno de una asociación democrática, y no como efectivamente ocurre, en la que las decisiones de los que se encuentran “por encima” en la estructura organizativa –en la Comisión Ejecutiva Federal- tienen un mayor valor que las decisiones de aquellos que se encuentran en planos inferiores –las de las Agrupaciones Locales -.
¿Qué hay de mayor transcendencia dentro de un partido político que el poder participar en la elección de los dirigentes del mismo, tanto en su vertiente activa como en la pasiva? ¿No debería ser esta, pues, la “cuestión” que de manera más rotunda propugnase los principios democráticos internos? Pues bien, podemos afirmar taxativamente que esa adecuada e igualitaria oportunidad no se predica en los procedimientos electorales dentro del Partido Socialista Obrero Español, y aunque más adelante fundamentaremos esta afirmación, conviene advertir en estas líneas el por qué exactamente llegamos a ella.
El hecho de que, por un lado, en el seno del Partido Socialista Obrero Español el sistema de elección del candidato a la presidencia de la Nación tenga unas connotaciones aparentemente democráticas tras la mera lectura de su normativa interna, no hace que se traslade al plano práctico o de hecho la democracia que se predica, y ¿de qué puede servir propugnar unos principios y procedimientos aparentemente democráticos si posteriormente esa democracia no tiene consecuencia de facto? Necesario para evidenciar tal afirmación es tomar en cuenta la conjunta lectura del artículo 49 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos:
Junto con la lectura de los artículos 5 y 39.l) de los Estatutos del partido, reguladores del sistema de elección de los órganos reseñados en el artículo anterior, y encargados de proponer el candidato a la presidencia de la Nación.
“Artículo 5. Los órganos de representación serán elegidos de acuerdo a los siguientes criterios:
La función del representante puede revestir, ciertamente, muy distintas formas y aunque en el entendimiento común y en la opción política de nuestra CE (art. 1.3 ) la idea de representación va unida a la de mandato libre, no es teóricamente inimaginable un sistema de democracia mediata o indirecta en la que los representantes estén vinculados al mandato imperativo de los representados. No es éste, sin embargo, el problema que aquí se nos plantea, pues en el presente caso no se discute la legitimidad o ilegitimidad constitucional de una norma que sujete los representantes al mandato de los representados de la forma que, con referencia a los miembros de las Cortes Generales prohíbe expresamente el art. 67.2 CE”.
Trae esta parte a colación el presente extracto, por la relación que se le otorga a la necesidad de que la elección de los candidatos y posteriores representantes del partido sea llevado a cabo por un acto concreto en el que interviene la voluntad de todos los militantes, y no únicamente sea expresión de la voluntad de los dirigentes del partido. El confeccionar unas listas cerradas, completas y bloqueadas que posteriormente serán votadas –por unos pocos, además- para la elección de los candidatos, hace que se cierre demasiado el círculo en el que se puede llevar a cabo la participación efectiva, pero se rompe completamente con el principio democrático en el mismo momento en que se la voluntad queda intervenida de manera arbitraria por los órganos superiores, sin tomar si quiera en consideración la voluntad de los órganos inferiores donde efectivamente se encuentran el gran volumen de militantes del partido.
Parece queda claro que, en primer término, la propuesta a la candidatura va directamente de la mano de dos órganos que se encuentran fuertemente centralizados, aunque realmente debería afirmarse que no depende de dos órganos, sino únicamente de uno de ellos. El que sea la Comisión Ejecutiva Federal el órgano el cual proponga a los candidatos a la presidencia de la Nación, y al mismo tiempo sea la misma Comisión Ejecutiva Federal la encargada de ‘proponer’ al Comité Federal al candidato, hace que realmente la propuesta establecida en los apartados 1 y 2 del artículo 49 supra transcrito, quede reducido únicamente a uno: la propuesta por la Comisión Ejecutiva Federal. Y para más inri de la cuestión, si se observa cómo ha sido elegida tal Comisión, se llega indudablemente a la convicción en la que la facultad tanto de elegir, como de ser elegidos, solo corre de la mano de unos pocos privilegiados dentro del seno del partido –pues la Comisión es elegida por el Secretario General, el cual, ha debido ser elegido tras presentar una candidatura con el 20% de los avales de los delegados del respectivo congreso, y de manera concatenada, estos delegados han sido elegidos en listas completas, cerradas y bloqueadas-.
Relativo a este extremo, y prueba evidente de la arbitrariedad con la que se pueden llegar a confeccionar las listas electorales dentro del partido, y la fuerte centralización que impera dentro del mismo, es el asunto relativo a la impugnación –precisamente- de una lista electoral del Partido Socialista Obrero Español en la provincia de Málaga, por considerar no se habían respetado los preceptos establecidos al efectos para la confección de tales listas en la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del partido. A pesar de no ser el mismo objeto del que trae causa el presente escrito de demanda –pues, en aquel caso la demandante entendía se habían vulnerado los Estatutos del partido, y en el presente caso son los Estatutos los propios vulneradores del Ordenamiento- interesa traer a colación ciertas afirmaciones contenidas en la parte dispositiva de la Sentencia 217/2012, de 26 de abril, dada por la Audiencia Provincial de Málaga, en tanto en cuanto prueban y demuestran las afirmaciones que venimos realizando los párrafos anteriores, dentro de su fundamento jurídico tercero:
“(…) pues una cosa es una "propuesta" de lista y otra distinta la lista de candidatos que se van a presentar a las elecciones, pues esta última designación, no depende, exclusivamente, de la voluntad de las Asambleas Locales, sino, como luego se verá, de las instancias superiores del partido (provinciales, regionales o federales)
Lo cierto es que la citada impugnación no ha impedido a los órganos competentes del Partido aprobar definitivamente una candidatura, pues, a la vista de lo dicho anteriormente, las Asambleas de las Agrupaciones Locales hacen propuestas de candidaturas, sin que exista norma alguna estatutaria que proclame la vinculación de los órganos provinciales y regionales con la elección llevada a cabo por las Agrupaciones Locales (…)
(…) pues lo que aquí se discute es si existe vinculación o no de los órganos superiores con el resultado de una votación sobre dos candidaturas presentadas en una Asamblea de una Agrupación Local, siendo así que, como ya se ha dicho, no aparece recogido en ningún artículo de la normativa reguladora la existencia de dicha vinculación, mientras que, por el contrario, sí que aparece clara la atribución a las Comisiones Provinciales y Regionales de la competencia para la aprobación definitiva de las candidaturas, de modo que, en principio, nada impediría que, mediante las "recomendaciones" a que alude el artículo 76 de la Normativa Reguladora, pueda la Comisión Ejecutiva Provincial proponer a la Comisión Provincial de Listas las consideraciones que estime oportunas sobre las circunstancias que concurran en las candidaturas propuestas por las Asambleas Locales”.
Es decir es obvio que, aunque efectivamente la sentencia fue desestimada para la parte apelante puesto que efectivamente la Normativa Reguladora había sido respetada en el proceso de confección de listas, este proceso de confección regulado en la Normativa Reguladora de Cargos Públicos no resulta en modo alguno sujeto a los principios democráticos, en tanto en cuanto no queda en ningún supuesto sujeto a vinculación alguna la propuesta de las listas entregadas por las Agrupaciones Locales del partido, donde efectivamente intervienen los militantes del mismo, respecto de los órganos superiores que tienen la facultad de aprobar las propuestas definitivas, pudiendo incluso cambiar y/o suprimir por completo unas listas por otras, como ocurrió en el caso enjuiciado en la Audiencia Provincial de Málaga, donde se suprimió la lista que había obtenido mayor número de votos en la Agrupación Local correspondiente, por la Comisión ejecutiva Provincial, cambiándola por otra lista completamente distinta.
Lo que pretende por ello esta parte evidenciar con tal extremo, es la absoluta intervención que hay dentro del partido a la hora de confeccionar las listas de candidatos dentro de las elecciones internas del partido, relegándose a un plano casi inexistente la democracia que debe predicarse, e imponiéndose un procedimiento de voluntad completamente oligarquizado por aquellos que tienen el control dentro del Partido Socialista Obrero Español.
Si esto no es una grave y más que patente restricción a los principios democráticos, en donde las decisiones electorales no se llevan a cabo por todos los integrantes del mismo, sino únicamente por aquellos que están en los cargos superiores, y de manera completamente centralizada, esta parte no sabe qué más conculcación a la democracia puede darse. Y de hecho, cabe advertir que el llevar a cabo una toma de decisiones como la que hemos descrito respecto del Partido Socialista Obrero Español, hace que nos encontremos en una oligarquía, y no en un sistema democrático, contraviniendo por ende los postulados Constitucionales.
Efectivamente esta igualdad de voto puede llegar a considerarse cumplida en las Asambleas de las Agrupaciones Locales, que proponen listas abiertas de los candidatos, en las que incluso podrían llegar a participar de manera directa los militantes; sin embargo, esta igualdad de voto se ve truncada en el preciso momento en que comenzamos a ascender en los escalones jerárquicos, pues las Comisiones Ejecutivas Provinciales o el Comité Ejecutivo Regional, hacen una elaboración de la candidatura con las propuestas enviadas desde los municipios, de manera discrecional, haciendo que por tanto sus votos o particularidades para confeccionar la propuesta de la lista sean más valiosos que los que están en rango inferior a ellos. Y, además por si ya fuera poco, esa confección discrecional de las listas que hacen en las Comisiones Ejecutivas Provinciales, es de nuevo sometida a dos filtros ulteriores llevados a cabo por la Comisión Federal de Listas y el Comité Federal –aunque en realidad es como si de uno solo se tratase, pues este último designa a los integrantes del primero, con lo que la voluntad de uno es la que otro- ambos órganos superiores jerárquicamente. La aprobación de las listas definitivas, además, ya no será de manera abierta como se realiza en las Agrupaciones Locales, sino que se constituye una lista completa, cerrada y bloqueada. Todo este proceso de elaboración de las listas electorales conlleva una doble vertiente que determina que el voto carece de igualdad entre los miembros del partido: por un lado, en su vertiente activa, conlleva a que el voto de quiénes han elaborado la lista tenga mayor transcendencia, pues la voluntad real de elegir a unas u otras personas, es la que se determina finalmente por los miembros de los órganos superiores; y por el otro lado, en su vertiente pasiva, conlleva que no hay una verdadera y real opción de todos los militantes que deseen ejercer su derecho a proclamarse incluso dentro de las listas, pues realmente aquello que va a trascender es la mayor o menor cercanía que se promueva respecto de los miembros integrantes del Comité Federal o de la Comisión Federal de Listas.
Son demasiados filtros dentro del procedimiento, y muy pocas las voluntades – y además, voluntades muy condicionadas por los que ya están en la cúpula del partido- las que determinan en término final la lista electoral, desvirtuando por completo el principio democrático, y volviendo a posicionarnos de nuevo en el seno de un partido oligárquico.
Es obvio lo que pretende decirse con esto: resulta mucho más democrático en sentido estricto el que las decisiones se tomen, incluso, por un grupo de personas seleccionadas de manera aleatoria, antes de que sean llevadas a cabo por una sola persona –o un grupo reducido, como es el caso del Comité Federal, en comparación con el volumen de militantes- en nombre del resto, tal y como sucede en la confección de las listas electorales, pues si bien en el primer eslabón de la pirámide jerárquica se participa de manera más abierta, ya pasando al segundo, se corta de raíz el proceso democrático, pues la confección de las listas se empieza a cerrar de manera discrecional por los miembros de la comisión ejecutiva -provincial y/o regional- pudiendo decirse que de ese modo se empieza a eliminar ya, en el segundo escalón del proceso de confección de las listas, el principio democrático que debe seguirse en el proceso.
No se puede decir que sea en sentido estricto un criterio más del ‘criterio’ general que conforma un proceso democrático, pero sí entenderse como intrínseco en él. Es obvio que no todos los votantes están igual de preparados o tienen los mismos conocimientos o aptitudes que otros, al igual que también lo es, el que no todos los posibles elegibles tienen las mismas aptitudes. Por ello Dahl determina que “cada ciudadano debe de tener una adecuada e igual oportunidad para descubrir y validar su elección, en la que debe decidir sobre la concreta materia, siendo esta elección la que servirá mejor a los intereses de la ciudadanía”. Y para ello, necesita el militante el entendimiento de los temas que requieren el interés general, conocer todos los aspectos relevantes que de estar en conocimiento de ellos, o de no estarlo, haría que cambiase de decisión a la hora de generar su voto. Todo ello es de vital importancia, desde luego, y reiteramos se debe entender intrínseco en un proceso democrático, pues, de no proveer a los votantes de la suficiente información y de la comprensión en las materias que requieren de su atención a la hora de votar, se estaría llegando a una “manipulación” de la voluntad de los votantes, y todo lo que conlleve manipular en algún tipo de sentido, hace que se desprenda el principio democrático del proceso sus sentidos, pues se consigue la voluntad de unos pocos, intentando dotarle de una legitimidad que en absoluto la tiene.
Esta parte es consciente de que, con total probabilidad, los criterios anteriormente expuestos están asumidos en la conciencia del Tribunal al que nos dirigimos, pero al mismo tiempo era necesaria su sistematización y comparación con los procedimientos internos dentro del seno del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, para de ese modo evidenciar que tales procesos no se encuentran en consonancia alguna con los principios democráticos, y que por ende y en consecuencia, se produce la vulneración del artículo 6 de la Constitución Española, así como de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
TERCERO.- De la democracia formal a la oligarquía de hecho en el seno del Partido Socialista Obrero Español.
Descritos los procedimientos electorales que se llevan a cabo en el seno del Partido Socialista Obrero Español –respecto de la confección de las listas electorales del primero, y la elecciones de los candidatos a Presidente del Gobierno de España- esta parte está en condiciones de afirmar que, actualmente nos encontramos ante un Partido Político cuyo funcionamiento y estructura interna se basa en principios oligárquicos y no democráticos.
Al igual que la mayor parte del sustento del presente escrito de demanda, no queda regulado en nuestro ordenamiento positivo qué ha de entenderse por oligarquía –como tampoco queda regulado, ni tan siquiera, los principios básicos por los que deben regirse los procesos democráticos- pero de nuevo son múltiples los importantes autores y pensadores que se han encargado de llevar a cabo el estudio de esta materia, y que nos ha permitido formarnos en nuestras mentes la idea de lo que se entiende en el presente por tal concepto de oligarquía.
Interesa resaltar en primer término, ¿qué es sino el sistema electoral previsto en los Estatutos -y la normativa que los desarrollan- del Partido Socialista Obrero Español, sino un entramado de reglas que determinan un proceso de elaboración de listas complejo? El hecho de que se pretenda la intervención de tanto órganos internos para de ese modo tratar de evidenciar que se está pensando en un criterio garantistas y descentralizado, hace que solo lo sea sobre el papel –y ni siquiera- pues de la lectura y de la práctica de ese proceso se llega a la convicción efectiva de que se está ante un procedimiento de elaboración de listas electorales totalmente intervenido, en el que la voluntad de unos pocos prima de manera efectiva y real sobre la voluntad de todos. Y esto es así, en tanto en cuanto, como hemos apuntado en el apartado anterior, se está ante un proceso en el que es el Comité Federal, junto con la Comisión Federal de Listas –elegido por aquel- los que finalmente determinan la lista electoral que va a presentarse a los diferentes órganos de representación popular (Cortes Generales, Parlamento Europeo, Asambleas de las Comunidades Autónomas) son listas que han sido realmente confeccionadas por la cúpula del poder del partido, siguiendo los caracteres de un sistema oligárquico, y no por la voluntad de todos los miembros del mismo, como exige el principio de democracia.
Parece entenderse en muchas ocasiones que a más derechos de elección se otorguen a los militantes del partido, más se termina alienando el principio democrático, pues en puridad quiénes posteriormente toman las decisiones de cierta entidad e importancia son solo aquellos que se encuentran en el poder. No se puede entender si no de otro modo el entramado normativo que está formulado en el seno del Partido Socialista Obrero Español, en el que para la confección de las listas electorales, como hemos apuntado, intervienen multitud de órganos del propio partido, creando esa falsa apariencia en la que realmente parece que todos son partícipes en la toma de decisión, cuando luego se evidencia que son únicamente aquellos que se encuentran mejor posicionados los que van a ver plasmada su voluntad. Estamos por ello ante una fuerza política -siendo una de las dos con más representación en el Estado desde la promulgación de la Constitución- que promueve, respecto de su estructura y funcionamiento interno, una democracia puramente formalista en el más estricto de los sentidos, pero en una oligarquía de hecho en el mismo sentido.
En este sentido, tanto Ostrogorski como el sociólogo alemán Robert Michels (‘Los Partidos Políticos’, Amorrortu, 2010), destacan una situación que evidencia perfectamente el por qué los principios democráticos a los que deben estar sometidos los partidos políticos, están completamente desvirtuados en cuanto al Partido Socialista Obrero Español, dándose perfecto cumplimiento a lo que venimos afirmando –de manera concreta- en los dos párrafos anteriores. Cuando hablamos de democracia en el sentido de la participación ciudadana en los asuntos públicos, y en el sentido de democracia del Estado, estamos hablando de una democracia que es en cierto modo distinta a la que nos encontramos si nos trasladamos a la esfera de los partidos políticos, pues, estos últimos son una organización, y con el avance de la organización la democracia tiende a declinar. El simple hecho de que aumenten los poderes de los líderes de la cúpula del Partido Socialista, hace que de manera proporcional decrezca el grado de democracia interna en el seno del partido, en tanto en cuanto es imposible conciliar un concepto con el otro –poder y democracia- tendiendo siempre el primero a posicionarse de manera superior sobre el otro. La burocracia tiene tal efecto, y a pesar de todo, el Partido Socialista Obrero Español es una organización enteramente burocrática. No de otro modo podríamos encontrar como potestad atribuida a la Comisión Ejecutiva Federal la posibilidad de suspender y dejar sin efecto cualquier resolución de los órganos del partido, tal y como se regula en el artículo 19 de los Estatutos:
1. Cualquier actuación de los órganos que integran el Partido que resultase contraria a lo establecido en estos Estatutos, a las resoluciones del Comité Federal o de la Comisión Ejecutiva Federal podrá ser suspendida y dejada sin efecto por decisión de la Comisión Ejecutiva Federal.
2. Cuando la situación orgánica o política de un determinado ámbito del Partido lo aconseje, la Comisión Ejecutiva Federal podrá adoptar las medidas que estime necesarias a fin de restaurar la normalidad. La Normativa Reguladora de la Estructura y Funcionamiento General del Partido regulará los supuestos y procedimientos a seguir en estos casos”.
Amplio poder de decisión que se le otorga al órgano con mayores facultades dentro del partido, cosa que evidencia la fuerte centralización del partido y la burocratización del mismo.
De este modo es necesario ahondar, y reiterar de nuevo, y sin descanso, en la estricta necesidad de que el Partido Socialista Obrero Español se ajuste a los postulados democráticos que le es exigido y que, efectivamente, ha quedado demostrado no está sujeto, en tanto en cuanto su estructura ya no se basa de manera alguna en la democracia sino en la oligarquía, tomando las decisiones los altos cargos del partido.
SEXTO.- Del vicio de nulidad de pleno Derecho de determinados artículos de los Estatutos y Normativa Reguladora que los desarrolla, del PSOE, y la absoluta necesidad de que se adapte su funcionamiento y estructura interna a los criterios democráticos imperados por la Constitución Española.
Por todo lo anteriormente reseñado, afirma esta parte que una de las dos fuerzas políticas de nuestro Estado, encargada de dar el impulso a los poderes Ejecutivo –en su caso- y Legislativo, no predican de los imperativos Constitucionales que les son exigidos, como lo es la necesidad de que su estructura y funcionamiento interno se sujeten a principios democráticos.
Que no pretende esta parte tachar al sistema de organización oligárquico como un sistema que no se encuentra amparado por la Ley, sino que por el contrario, no puede quedar amparada dicha manera de organización en el seno del Partido socialista Obrero Español, pues conculca de lleno la democracia interna que se le exige constitucionalmente. Son sistemas organizativos que en modo alguno pueden conciliarse el uno sobre el otro.
La tendencia que se está llevando a cabo burocratizando, y por ende oligarquizando, la estructura y funcionamiento del Partido Socialista Obrero Español, hacen que las políticas que debe desarrollar tal partidos resulten desvirtuadas en su entero contexto, o que sean llevadas a cabo sin la suficiente profesionalidad, y todo ello por permitir aplicar la voluntad de unos pocos y no la de todos los miembros del partido a la hora de elegir a aquellos que consideren más cualificados para el puesto acorde a sus corrientes políticas, y no por el contrario que resulten elegidos los que más afinidad tengan con los miembros de la cúpula del partido.
Por los motivos que se aducen hasta el momento por esta parte, es preceptivo determinar las concretas disposiciones que se contienen en los Estatutos del PSOE, y la Normativa Reguladora que los desarrollan, que incurren en vicio de nulidad de pleno Derecho, siendo al efecto las siguientes:
El artículo 5 de los Estatutos, regulador del procedimiento de elección de los órganos del partido.
- Concretamente incurre en vicio de nulidad de pleno derecho el apartado1.b) por ser preceptivo para la presentación de las candidaturas contar con el aval del 20% de los Delegados del Congreso.
- Asimismo, y en relación con el anterior, el apartado 2.a) que determina que la elección de los Delegados será efectuada en listas completas, cerradas y bloqueadas. Se consigue con esto el efecto de centralizar en su máximo nivel la elección de los candidatos, debiendo por ello, y al menos, otorgarse la capacidad a la militancia de elegir a los Delegados en listas abiertas para de ese modo conseguir una efectiva democracia interna.
- Y como corolario, el apartado 2.c), que estipula que en el caso de que existan más de dos listas como más votadas (esto es, tres o más), a pesar de que la más votada no consiga mayoría, se le otorgará como representación dicha mayoría. Esto hace que se desvirtúe enteramente el principio de proporcionalidad democrática, otorgándose una mayoría no conseguida de la mitad más uno a la lista que sencillamente haya obtenido más votos, en detrimento de las restantes listas. Debiera por tanto ser un reparto proporcional de los votos conseguidos al otorgar la representación de cada lista.
Los artículos 49, 51 y 54 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, regulador de la proposición de candidaturas a la presidencia del Gobierno de la Nación, a las presidencias Autonómicas, y a las Alcaldías Municipales, respectivamente.
- Específicamente el artículo 49 en su apartado 3, que limita la presentación de candidaturas a la necesidad de conseguir un previo aval del 10% de los militantes del partido, connotación que evidencia la indudable necesidad de establecer contactos dentro del partido para poder tener una real y efectiva oportunidad de siquiera optar a presentar candidaturas en el proceso de elecciones internas.
- Asimismo el artículo 51 en su apartado 3, por requerir del mismo modo reseñado en el punto anterior, un aval mínimo del 15% de los militantes del partido en ámbito federal para poder presentar de manera efectiva candidatura a la presidencia autonómica.
- Y en consonancia con lo anterior, el artículo 54 también en su apartado 3, al establecer la necesidad de aval del 20% de los militantes del partido dentro del municipio para la presentación de candidaturas a la alcaldía.
El artículo 59 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, que regula la aprobación definitiva de las listas a las Cortes Generales.
- Concretamente, el párrafo segundo, que otorga la potestad discrecional a la Comisión Federal de Listas para incluir candidatos no propuestos por las Agrupaciones Locales, permitiendo de este modo la inclusión de candidatos que no quieran ser tomados en cuenta por los militantes del partido pero que estén en la cúpula de poder del mismo. Del mismo modo, considera esta parte que esta facultad se extiende a la remoción de las propuestas enviadas por los órganos inferiores, pudiendo ser sustituidas libremente por otras, y todo ello en virtud de lo determinado en los artículos 75 y 76 de la misma normativa (que a continuación reseñamos) y que se extiende a más que meras recomendaciones.
El artículo 62 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, donde se establece la elaboración de listas para las Elecciones Europeas.
- El artículo en su entero contexto, por otorgar la facultad de manera única y exclusiva en la elaboración de la lista al Comisión Federal de Listas, sin posibilidad alguna de participación por parte de los militantes del partido.
El artículo 70 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, regulador de la propuesta de listas a las candidaturas municipales.
- Donde se establece en su apartado 3 la necesidad de reunir un aval 20% de la militancia para presentar la propuesta de lista.
Los artículos 75 y 76 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos, donde se determinan los órganos competentes para aprobar las candidaturas en los municipios de más de 50.000 habitantes y capitales de provincia, y en los municipios de 20.000 a 50.000 habitantes excluidas las capitales de provincia (respectivamente).
- De manera concreta en el artículo 75 en sus apartados 1, 2 y 3, y por otro lado el artículo 76 en sus apartados 1 y 2, respecto de la facultad que se les otorga a tales órganos de realizar (citamos textualmente) “las recomendaciones que estime pertinentes”, habiendo quedado evidenciado por la Sentencia 217/2012, de 26 de abril, dada por la Audiencia Provincial de Málaga que estas recomendaciones van más allá de las propuestas emitidas por las agrupaciones locales, pudiendo eliminar radicalmente una lista propuesta y quedar sustituida completamente por otra, e incluso aunque fuese la más votada. Denota esta facultad la completa oligarquía y por ende arbitrariedad del Partido a la hora de la proposición de las listas, sin que haya por tanto una efectiva participación de la militancia, que es meramente teórica y sobre el papel.
Que se tenga por presentado este escrito de DEMANDA DE PROCEDIMIENTO DE JUICIO ORDINARIO junto con sus copias y documentos que se acompañan, se sirva admitirlo, y teniendo por instado el procedimiento se proceda a DECLARAR LA NULIDAD DE PLENO DERECHO del artículo 5 de los Estatutos, así como de los artículos 49, 51, 54, 59, 62, 70, 75 y 76 de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos todos del Partido Socialista Obrero Español, por contravenir lo dispuesto en el artículo 6 en relación con los artículos 22 y 23 de la Constitución Española, así como de los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos, y añadido a ello por contravenir los imperativos Europeos contenidos en los artículos 9 y 10 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 11 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos de 1950 hecho en Roma.
Que, del mismo modo, CONDENE AL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL A MODIFICAR LOS ARTICULOS IMPUGNADOS de los Estatutos y de la Normativa Reguladora de Cargos Públicos del Partido Socialista Obrero Español, así como de las restantes normativas reguladoras del partido por ser contrarios a Derecho, en un plazo de 30 días, para que se adapten a los imperativos del ordenamiento jurídico, tanto de hecho como de derecho.
Que, para dotar de garantía tanto para con los miembros del partido como para las relaciones con terceros, se proceda a la INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE PARTIDOS POLÍTICOS la resolución que recaiga en la presente litis, así como de la modificación que se debiera llevar a cabo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10.2 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación en relación con el artículo 4 de la Ley Orgánica de Partidos Políticos.
Por ser de Justicia que, respetuosamente, solicito en Madrid 20 marzo de 2.014.
I) Que, considerando necesarias para la efectividad de la tutela de los derechos que asisten a mi mandante, solicitamos SUSPENDA CAUTELARMENTE DEL ACUERDO POR EL QUE SE DETERMINAN LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS CANDIDATOS PARA LAS PRÓXIMAS ELECCIONES EUROPEAS DE 2014, por el Partido Socialista Obrero Español, y todo ello en virtud de lo dispuesto en el artículo 727.11º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que dispone cuanto sigue:
II) Que, a tenor de lo dispuesto en el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la adopción de la medida cautelar solicitada atiende a la necesidad de hacer efectiva la posible sentencia estimatoria de la tutela judicial que se solicita con el presente escrito de demanda, y atiende a los postulados básicos de que no se lleven a cabo más actos que sean contrarios al Ordenamiento Jurídico por parte del Partido Socialista Obrero Español.
SEGUNDO OTROSÍ DIGO, que, a tenor de lo preceptuado en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, solicitamos se emplace a esta parte, en el tiempo y forma legalmente establecido, para la subsanación de los posibles óbices procesales que acometan en el presente escrito de demanda.
Fdo.- Pedro Francisco Muñoz Lorite. Col. nº: 82.329