Source: https://psicolog.org/informe-anual-2013-captulo-ii-d-estado-de-cumplimiento-de-las-v2.html?page=19
Timestamp: 2019-08-24 07:08:11
Document Index: 160317447

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 24', 'artículo 26', 'Artículo 51', 'Artículo 51', 'artículo 48']

Caso 12.525, Informe No. 84/09 Nelson Iván Serrano Sáenz (Ecuador)
El 20 de septiembre de 2005 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de la obligación general de respeto y garantía y de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo, el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables. El caso versa sobre la detención sin orden de arresto de Lisandro Ramiro Montero Masache el 19 de junio de 1992. La víctima fue mantenida en prisión preventiva por más de cinco años, tras lo cual fue sobreseída.
El 15 de marzo de 2006 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 45/0663 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$60.000,00 en concepto de indemnización a la víctima e indicó que continuaría con el seguimiento y la supervisión de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto recordó a las partes, su compromiso de informar a la CIDH del cumplimiento del presente arreglo amistoso.
El 8 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios indicaron el 19 de noviembre de 2013 que el Estado no ha iniciado ninguna acción judicial (civil, penal o administrativa) tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Por su parte, el Estado no respondió a la solicitud de información.
Tras la adopción del Informe de Admisibilidad No. 8/05, el 23 de febrero de 2005 las partes alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de la obligación general de respeto y garantía y de los derechos a la libertad personal, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, a la eliminación de su nombre de los registros públicos de antecedentes, a la publicidad del reconocimiento de responsabilidad y al enjuiciamiento de los responsables. El Caso versa sobre la duración de la detención preventiva de Myriam Larrea Pintado en un proceso sobre presunta transferencia fraudulenta de bienes. La víctima fue privada de la libertad entre el 11 de noviembre de 1992 y el 6 de mayo de 1994 y fue absuelta el 31 de octubre de 1994.
El 15 de marzo de 2006 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 46/0664 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$275.000,00 en concepto de indemnización a la víctima e indicó que continuaría con el seguimiento y la supervisión de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto recordó a las partes, su compromiso de informar a la CIDH del cumplimiento del presente arreglo amistoso.
El 8 de febrero de 2013, los peticionarios reiteraron que el Estado no ha iniciado acción judicial alguna tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de la víctima. Asimismo señalaron que sólo se cumplió con el punto de la indemnización económica.
El 20 de septiembre de 2005 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de la obligación general de respeto y garantía y de los derechos a la vida, las garantías judiciales y la protección judicial, protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por actos perpetrados por agentes del Estado. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento de los responsables.
El presente caso versa sobre la detención de Fausto Mendoza Giler y Diógenes Mendoza Bravo el 19 de marzo de 2000 por miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la policía. Las víctimas fueron sometidas a golpizas, a consecuencia de las cuales Fausto Fabricio Mendoza falleció. Diógenes Mendoza Bravo presentó una acusación particular contra los agentes de policía que participaron en la detención y el 20 de julio de 2000 se dictó auto cabeza de proceso de manera general sin sindicar a ninguno de los agentes.
El 15 de marzo de 2006 la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 47/0665 en el que reconoció al Estado el cumplimiento del pago de US$300.000,00 en concepto de indemnización a la víctima e indicó que continuaría con el seguimiento y la supervisión de todos y cada uno de los puntos del acuerdo amistoso, y en este contexto recordó a las partes, su compromiso de informar a la CIDH del cumplimiento del presente arreglo amistoso.
El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. En respuesta, los peticionarios informaron el 19 de noviembre de 2013 que el Estado no ha iniciado ninguna acción judicial tendiente a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los responsables de las violaciones cometidas en contra de las víctimas, ni contra los jueces policiales que se arrogaron una competencia que no la tenían para juzgar violaciones a los derechos humanos. El Estado no respondió a la solicitud de información.
En el Informe No. 17/0866 de fecha 14 de marzo de 2008, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación del derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la libertad de expresión de Rafael Ignacio Cuesta Caputi, consagrados en los artículos 8(1), 25 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conjuntamente con la obligación general de garantizar los derechos consagrada en el artículo 1(1) de dicho Tratado. El presente caso versa sobre la responsabilidad del Estado ecuatoriano por falta de investigación apropiada de los hechos relacionados con la explosión de una bomba en las manos del señor Cuesta Caputi como consecuencia de sus actividades periodísticas.
El 8 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes.
El 25 de octubre de 2013, el peticionario reiteró que el cumplimiento de las recomendaciones “no ha variado y la situación se mantiene igual desde finales del año 2010”. En ese sentido, indicó que solo existiría un cumplimiento parcial de las recomendaciones en lo referente a la publicación de las disculpas públicas y la colocación de una placa conmemorativa. En relación con la reparación indicó que no ha existido ningún tipo de acercamiento por parte del Estado para el cumplimiento de esta recomendación.
Por lo expuesto, la CIDH concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones realizadas en el informe 17/08. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las mismas.
En el Informe No. 84/0967 de fecha 6 de agosto de 2009, la Comisión concluyó que el Estado era responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, nacionalidad, circulación y residencia, y protección judicial previstos, respectivamente, en los artículos 5, 7, 8, 20, 22 y 25 de la Convención Americana en conexión con los artículos 1.1 y 2 del mismo Tratado por la detención ilegal de Nelson Iván Serrano Sáenz, ciudadano que ostentaba la doble nacionalidad ecuatoriana y estadounidense, y su inmediata deportación a los Estados Unidos para enfrentar un juicio por el asesinato de cuatro personas en el estado de Florida, donde fue posteriormente condenado a muerte.
La CIDH formuló al Estado ecuatoriano las siguientes recomendaciones:
El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes, sin recibir repuesta.
Por lo expuesto, la Comisión concluye que se ha dado cumplimiento parcial a las recomendaciones realizadas en el Informe 84/09. En consecuencia, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de las mismas.
El 10 de octubre de 2006 las partes, con los buenos oficios de la Comisión, alcanzaron un acuerdo de solución amistosa. En el acuerdo, el Estado ecuatoriano reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial y obligación de respeto y garantía de los derechos humanos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo el Estado se comprometió al pago de una indemnización compensatoria, y al enjuiciamiento tanto civil como penal de las personas que participaron en el acto violatorio. El caso versa sobre la muerte señor Julio Rubén Robles Eras, que dio inicio a dos procesos penales, uno en fuero militar a cargo del Juez Primero de lo Penal de la Tercera Zona Militar y otro en el fuero ordinario sustanciado por el Agente Fiscal de Macará y el Juez Séptimo de lo Penal de Loja, el proceso iniciado en fuero ordinario se acumuló al proceso penal existente en el fuero militar.
El 13 de noviembre de 2012, la CIDH adoptó el Informe de Solución Amistosa No. 122/1268 en el que consideró el cumplimiento por parte del Estado del pago de US$300.000,00 en concepto de reparación pecuniaria, y ciertos avances sobre el cumplimiento de las medidas de reparación no pecuniarias. En ese sentido, la CIDH decidió:
Aprobar los términos del acuerdo suscrito por las partes el 10 de octubre de 2006.
Continuar con la supervisión de los compromisos pendientes de cumplimiento por parte del Estado de Ecuador y, con tal finalidad, recordar a las partes su compromiso de informar periódicamente a la CIDH sobre su cumplimiento.
El 4 de octubre de 2013 la CIDH solicitó a ambas partes información sobre el cumplimiento de los puntos pendientes. El 20 de noviembre de 2013 los peticionarios informaron que el Estado cumplió con el pago del valor de la indemnización fijada en el acuerdo suscrito e impulsó la creación de una unidad jurisdiccional que dispuso que los juzgados policiales y militares pasarán a formar parte de la Función Judicial Ordinaria.
Asimismo, informaron que el Estado se comprometió a iniciar los juicios civiles y penales que permitan determinar adecuadamente las circunstancias de la muerte de la víctima y el grado de responsabilidad de cada uno de los autores, sin embargo, informaron que no conocían la información sobre si se habrían iniciaron dichos procesos y el estado en que se encontrarían. El Estado, por su parte, no presentó la información solicitada.
En el Informe No. 47/03, de 8 de octubre de 2003, la CIDH concluyó que el Estado salvadoreño era responsable por: i) la violación del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Jorge Odir Miranda Cortez y de otras 26 personas identificadas en el trámite de la petición, debido a que el trámite de un recurso de amparo por ellas intentado, no reunió los parámetros de sencillez y efectividad que imponen las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos libremente asumidas por El Salvador; ii) la violación del artículo 2 de la Convención, toda vez que la ley de amparo de El Salvador no reunía los requisitos establecidos en el artículo 25 del mencionado instrumento, por no constituir un recurso sencillo, rápido ni efectivo; y por iii) la violación del artículo 24 del mismo instrumento, en perjuicio del señor Jorge Odir Miranda Cortez. Por otra parte, la CIDH no encontró una violación del artículo 26 de la Convención.
Según la denuncia, el Estado había omitido proveer a las 27 víctimas –todas ellas portadoras del Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH/SIDA)- los medicamentos que integran la triple terapia necesaria para impedirles la muerte y mejorar su calidad de vida, ubicándolas en una situación que, a su criterio, constituía trato cruel, inhumano y degradante. Asimismo afirmaron haber sido discriminados por el Instituto Salvadoreño de Seguro Social debido a su condición de portadores del VIH/SIDA, e indicaron que los casi dos años que demoró en ser resuelto el recurso de amparo intentado por las víctimas para reclamar la violación a sus derechos, había sido un plazo irrazonable y habría constituido una violación al derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial.
La CIDH formuló al Estado salvadoreño las siguientes recomendaciones:
a) Impulsar las medidas conducentes para la modificación por vía legislativa de las disposiciones en materia de amparo, a fin de dotar al recurso de la sencillez, rapidez y efectividad que requiere la Convención Americana.
b) Reparar adecuadamente a Jorge Odir Miranda Cortez y las demás 26 víctimas individualizadas en el expediente del Caso 12.249 -o en su caso, a sus derechohabientes- por las violaciones de los derechos humanos aquí establecidas.
En su Informe de Fondo No. 42/04 (Artículo 51), de 12 de octubre de 2004, la CIDH evaluó las medidas adoptadas por El Salvador en razón de las recomendaciones formuladas, y concluyó que éstas no habían sido cumplidas a cabalidad. En consecuencia, reiteró al Estado salvadoreño las recomendaciones antes indicadas.
Posteriormente, la CIDH adoptó su Informe de Fondo No. 27/09 (Artículo 51 - Publicación), el 20 de marzo de 2009. En esa oportunidad, la Comisión concluyó que el Estado de El Salvador había dado cumplimiento a la segunda recomendación establecida en el Informe No. 47/03, en tanto observó que la recomendación referida a la modificación por vía legislativa de las disposiciones en materia de amparo, aún se encontraba pendiente de cumplimiento. En consecuencia, reiteró al Estado esta última recomendación.
En el año 2011, sobre la primera recomendación de la CIDH, el Estado salvadoreño informó que el proyecto de la Ley Procesal Constitucional, -introducido ante la Asamblea Legislativa en el año 2002-, continuaba en estudio en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales.
El 4 de octubre de 2013, la CIDH solicitó a las partes información actualizada sobre el estado de cumplimiento de la recomendación pendiente. Respecto a la recomendación relativa a la modificación legislativa en materia de amparo, el Estado manifestó que el proyecto de la Ley Procesal Constitucional continúa en estudio en la Corte Suprema de Justicia, y que una vez que se apruebe, sería enviado a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Por su parte, los peticionarios señalaron que aún no conocen los avances del referido proyecto a pesar de que fue presentado hace años, y que éste cuenta con el mismo vacío que el anterior debido a que no establece el plazo de admisibilidad del proceso de amparo, lo que constituye un obstáculo para poder acceder a la justicia.
En relación con la entrega de una indemnización compensatoria, el Estado refirió que el proyecto de Convenio para la entrega de fondos por el monto restante de $ 32, 000.00 fue trasladado a la Asociación Atlacatl, y que aún no han presentado las observaciones respectivas. Los peticionarios refirieron que el referido Convenio, recibido el 25 de septiembre de 2013, se encuentra en revisión.
El 30 de octubre de 2013 las partes sostuvieron una reunión de trabajo durante el 149 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH, en la cual reiteraron las posturas referidas.
En el Informe No. 51/01, fechado el 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de haber violado los artículos I, II, XVII, XVIII y XXV de la Declaración con respecto a la privación de libertad de los peticionarios.
El 7 de octubre de 2013, la CIDH solicitó información a ambas partes sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas, conforme al artículo 48(1) de su Reglamento. Los peticionarios no han presentado información sobre el cumplimiento de las recomendaciones arriba aludidas este año.
Por otra parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre este Informe de Fondo, sin citar ningún esfuerzo emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH.
Con base en estas consideraciones, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones arriba mencionadas sigue estando pendiente. Por lo tanto, la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones.
En el Informe No. 52/01, fechado el 4 de abril de 2001, la Comisión concluyó que el Estado era responsable de la violación de los artículos I, XVIII y XXVI de la Declaración Americana por condenar a Juan Raúl Garza a la pena de muerte. Asimismo, la Comisión también señaló que Estados Unidos cometería una grave e irreparable violación del derecho fundamental a la vida, consagrado en el artículo I de la Declaración Americana, si procediera a la ejecución del señor Garza sobre la base de las actuaciones penales en consideración.
1. Otorgar al señor Garza una reparación efectiva, que incluya la conmutación de la sentencia.
Por otra parte, el Estado entregó su respuesta a la solicitud de la Comisión el 22 de noviembre de 2013. En ella, el Estado simplemente reiteró sus comunicaciones anteriores sobre el informe de fondo, sin citar esfuerzo alguno emprendido este año a fin de cumplir con las recomendaciones de la CIDH. El Estado también informó que el señor Garza fue ejecutado el 19 de junio de 2001.
Por lo tanto, la Comisión reitera que el cumplimiento de las recomendaciones continúa pendiente. En consecuencia, la CIDH seguirá supervisando el cumplimiento de estas recomendaciones.