Source: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-22307
Timestamp: 2020-01-25 18:10:53
Document Index: 248313894

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 148', 'artículo 24', 'artículo 148', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 148', 'artículo 24', 'artículo 149', 'artículo 148', 'artículo 149', 'artículo 45', 'artículo 25', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'artículo 60', 'artículo 70']

BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2000-22307
Documento consolidado BOE-A-2000-22307
«BOCT» núm. 223, de 20/11/2000, «BOE» núm. 297, de 12/12/2000.
BOE-A-2000-22307
https://www.boe.es/eli/es-cb/l/2000/11/13/4/con
Modificación publicada el 04/07/2001
Texto inicial publicado el 20/11/2000
Redactado conforme a la corrección de errores publicado en BOCT núm. 25, de 5 de febrero de 2001. Ref. BOCT-c-2001-90255
Conózcase que el Parlamento de Cantabria ha aprobado y yo, en nombre de Su Majestad el Rey, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.2 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, promulgo la siguiente Ley de Cantabria 4/2000, de 13 de noviembre, de Modernización y Desarrollo Agrario.
Ahondando en esta observación, la abundancia al respecto de hechos de diversa índole constituyen tanto una fuente inagotable de refrendo acerca de la bondad intrínseca de lo afirmado, como un testimonio incontestable de la capacidad de adaptación y sentido de vanguardia que ha presentado el fenómeno agrario, ante la inevitable encrucijada de nuestro devenir histórico más reciente.
En este sentido, situados en lo que podemos describir como antecedentes mediatos de la trascendencia y papel de referente de la cuestión agraria y ejemplificados, si se quiere en la contemporaneidad y gran altura técnica de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de 12 de enero de 1973, bien puede afirmarse que el sector agrario ha constituido un excelente campo abonado de esperadas reformas y necesarios giros conceptuales imbricados plenamente en el proceso de modernización de nuestra sociedad; primordialmente de la feliz coyunda de las iniciativas públicas y privadas como presupuestos indisociables del progreso económico.
En efecto, como antesala de lo que con acierto se ha venido a denominar «Constitución económica,» definida con relación a la libre empresa en el marco de una economía social de mercado en los artículos 33 y 38 de la Constitución Española, el predominio inexorable del liberalismo en sus diversas facetas, particularmente en lo económico a través de la liberalización del mercado, determinó la necesaria adecuación de la actividad agraria a sus premisas esenciales, entre otras, a la apertura del mercado y su libre concurrencia o el incremento de la producción y competitividad de los productos, junto con la conveniencia de reconducir las estructuras organizativas hacia modelos empresariales como fórmula óptima de alcanzar niveles de rentabilidad satisfactorios y estables. Pero, a su vez, de un modo progresivo, la implicación social y política del fenómeno en cuestión coadyuvó a la afirmación del Estado en su concepción definitoria de garante tanto del interés general como del equilibrio del proceso económico, en atención a unos supremos valores de libertad, justicia y solidaridad.
El Gobierno de Cantabria, de acuerdo con el desenvolvimiento y consolidación de la Política Agraria Común, considera que en este contexto de profundos cambios y nuevos procesos de adaptación el fomento del sector agrario va a especializarse cada vez más en torno a un marco regional de realidades sociales, económicas y culturales diferenciado. En términos parecidos, esta perspectiva autonomista va a resultar decisiva tanto para la ejecución y eficacia de las medidas proyectadas, como para la mejor justificación y defensa de las ayudas comunitarias solicitadas. A su vez, la culminación de nuestro sistema competencial abunda en esta misma dirección, de modo que también va a resultar del todo recomendable la perfección del proceso de transferencias junto con la definición de nuestra organización competencial.
Por todo ello, la legislación autonómica en esta materia no sólo constituye el ejercicio de una potestad, sino el recurso idóneo para que la Comunidad de Cantabria modernice sus estructuras y explotaciones agrarias, de acuerdo a su realidad socio-económica e identidad cultural.
Al respecto, la Ley, con base en el artículo 148.1, regla 7.a, de la Constitución española, y el artículo 24.9 del Estatuto de Autonomía para Cantabria, todo ello con un absoluto respeto al ámbito competencial del Estado, particularmente con relación a los conceptos de ordenación general de la economía como límite negativo de la competencia autonómica (artículo 148.1.7.a de la Constitución Española) y al de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica como título habilitante de una potestad de dirección económica (artículo 149.1.13.a de la Constitución Española), así como a la legislación civil como título de intervención estatal (artículo 149.1.8.a de la Constitución Española), aborda el desarrollo de los fines primarios bajo el prisma de la sustantividad del principio de autonomía competencial en materia agraria, como principio nuclear e informador del orden competencial previsto. La concreción normativa del principio, al margen de su necesario correlato en el ámbito de la autonomía presupuestaria y financiera, queda dibujado tanto en su protección competencial, con el legítimo establecimiento de una política agraria propia de la Comunidad de Cantabria, como en la naturaleza programática de dicha política en torno a la consecuencia de objetivos ligados al dinamismo del sector, como son la creación y fomento de explotaciones agrarias rentables y la mejora de los parámetros de productividad, calidad y diversificación de la actividad agraria.
La defensa del espacio rural, de su función productiva y de su correspondiente adecuación a las nuevas demandas y necesidades sociales constituye el otra gran fin primario por el que se apuesta decididamente. En este caso, conforme al artículo 148.1.3.a de la Constitución Española, y a su homólogo en el Estatuto de Autonomía para Cantabria, artículo 24, apartado 3, la Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo Agrario reivindica, en línea de principio, el alcance estructural que debe tener el espacio rural en la ordenación integral del territorio de la Comunidad, a los efectos de proscribir cualquier configuración residual del mismo.
No obstante, también conviene resaltar que la organización competencial dispuesta en el Título preliminar queda completa con la novedosa inclusión de dos valiosos instrumentos técnicos en favor de la ordenación y coordinación de la política agraria de la Comunidad: las Funciones de Interés General Comunitario y las Directrices. Mediante las primeras, conforme al Estatuto de Autonomía para Cantabria y a su contenido material, se concreta la competencia de la Comunidad Autónoma respecto de las funciones declaradas de interés general.
Con las segundas, y sin perjuicio de la autonomía de los municipios y demás entidades locales en el ejercicio de sus propias funciones, se favorece la consecución de la política agraria del Gobierno de Cantabria a través de facultades de dirección y armonización de competencias en cada sector de actuación pública que incida o afecte a materias o servicios integrados en las funciones declaradas de interés general. Dichas Directrices, por otra parte, son objeto de una acabada regulación a propósito de las relaciones interadministrativas pertinentes a los criterios de ordenación territorial del suelo rústico (Título III, Capítulo II, de la Ley). Contemplándose, entre otros extremos, el ineludible deber de información de los municipios y demás entidades locales, así como las facultades que, en relación con los actos o acuerdos, asisten al Gobierno de Cantabria, según la gravedad de la competencia o el interés comunitario afectado.
Respecto de las intervenciones públicas, previstas en el Título tercero, bajo la rúbrica "De la actuación pública en materia de ordenación territorial del suelo rústico y de la propiedad agraria", al margen de establecer los criterios generales de ordenación territorial, la Ley da paso a nuevos instrumentos de intervención, mejorando sensiblemente los ya existentes. Entre los primeros, sobresale una nueva hipótesis relativa a la permuta de fincas rústicas, dado que tiene por objeto el recíproco cambio de titularidades dominicales respecto de fincas o explotaciones agrarias de carácter privativo de la Administración autonómica y, en su caso, de los ayuntamientos y entidades locales interesados. Todo ello, a través de un completo procedimiento que garantiza los derechos de los particulares, junto con la ampliación de las causas justificativas de utilidad pública e interés social respecto de hechos tan relevantes para el desarrollo agrario como la realización de obras públicas de interés general, al establecimiento de industrias o empresas ligadas al proceso productivo o comercial del sector, o la construcción de institutos agronómicos. En las segundas, la Ley ha prestado una especial atención a la figura de la concentración parcelaria. En esta dirección, por una parte, se han mejorado y completado determinados supuestos previstos insuficientemente en la anterior Ley de Cantabria 4/1990, de 23 de marzo, especialmente respecto al régimen de las ocupaciones temporales, del destino de las fincas de desconocidos, o de los compromisos derivados de los fondos de conservación de los caminos y obras realizadas. Por otra, se ha modernizado su regulación a través del establecimiento de unas medidas que se presentan totalmente necesarias en el desenvolvimiento actual de este mecanismo de intervención, y que son:
Su regulación, de acuerdo con la legislación básica del Estado, artículo 149.1, regla 23.a, de la Constitución Española, y conforme a la competencia recogida en el artículo 148.1, regla 9.a, de la misma, y 25, apartado 7.o, del Estatuto de Autonomía para Cantabria, aparte de establecer normas adicionales de protección, pretende el fomento de la actividad agraria a través de su integración en la defensa del medio ambiente. De esta forma, en la disposición general se puntualiza un reconocimiento de capital trascendencia: La preservación de un medio ambiente adecuado no sólo constituye un derecho indispensable para el desarrollo integral de la persona sino que, estrechamente relacionado con el principio de solidaridad, queda configurado como un principio rector de la política agraria de la Comunidad. Este principio rector se concreta en la asunción de los principios de integración de los factores ambientales en dicha política agraria según se recoge en el V Programa de Acción Comunitaria en Materia de Medio Ambiente, con especial énfasis en la conservación y en la biodiversidad y desarrollo sostenible. A partir de esta manifestación, la Ley prevé todo un amplio abanico de ayudas económicas y técnicas que tienen como objetivos predominantes la adecuación de la actividad agraria al medio ambiente y el correspondiente aprovechamiento racional de los recursos naturales.
Por último, dentro de esta faceta de integración, la Ley de Cantabria de Modernización y Desarrollo Agrario también se ha hecho eco de una importante demanda social del sector consistente en la regulación de los aprovechamientos de montes y pastos públicos o comunales.
Al respecto, y conforme a la legislación básica del Estado en dicha materia, artículo 149.1, regla 23.a, así como a la aplicación del mandato constitucional del artículo 45.2, todo ello en el marco de la competencia de la Comunidad dispuesta en el artículo 25.1 del Estatuto de Autonomía, la presente Ley pretende dar una respuesta adecuada a los problemas derivados de la intensificación de dichos aprovechamientos debidos, entre otras razones, al fomento y ayudas comunitarias tendentes a ligar el ganado a la tierra. Con la experiencia adquirida tras la vigencia de la Ley de Cantabria 5/1990, de 26 de marzo, sobre pastos en los montes de Cantabria, se ha operado una mejora apreciable en la descripción de los mecanismos técnicos tales como los Planes de Aprovechamiento y Explotación de Recursos, Planes Locales y Fondos de Mejora.
1. Fines primarios: Definen el objeto principal de la regulación con arreglo a los criterios de competencia material que determinan la capacidad legislativa de la Comunidad de Cantabria en el sector agrario.
2. Fines conexos: Con arreglo al carácter sistemático del marco competencial autonómico, complementan la consecución de los fines primarios a través de su relación competencial con otros criterios o sectores implicados directamente en la modernización y desarrollo de la actividad agraria con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible.
3. Funciones de interés general comunitario: responden a criterios técnicos que colaboran en el desarrollo y concreción de los criterios materiales de competencia autonómica sobre el sector agrario.
4. Directrices: responden a un instrumento técnico de coordinación de la actuación pública de las entidades locales que incida o afecte a materias o servicios integrados en el marco competencial de las funciones declaradas de interés general.
1. Actividad agraria: el conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales. Asimismo, se considerará actividad agraria la venta directa por parte del agricultor de la producción propia sin transformación, dentro de los elementos que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales permanentes.
4. Titular de la explotación: la persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación.
5. Agricultor profesional: la persona física que, siendo titular de una explotación agraria, al menos el cincuenta por ciento de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su explotación no sea inferior al veinticinco por ciento de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
6. Actividades complementarias: la participación y presencia del titular, como consecuencia de elección pública, en Instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario, las de transformación y venta directa de los productos de la explotación y las relacionadas con la conservación del espacio natural y protección del medio ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y artesanales realizadas en su explotación.
7. Agricultor a título principal: el agricultor profesional que obtenga al menos el cincuenta por ciento de su renta total de la actividad agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
8. Cultivador personal: El agricultor que lleva la explotación agraria personalmente, o con la ayuda de familiares que con él conviven, sin utilizar asalariados más que circunstancialmente, por exigencias estacionales de la explotación agraria. No se pierde tal condición aunque se utilicen uno o dos asalariados en caso de enfermedad sobrevenida o de otra justa causa que impida continuar el cultivo personal.
9. Agricultor joven: la persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años y ejerza o pretenda ejercer la actividad agraria.
10. Pequeño agricultor: el agricultor a título principal cuya explotación agraria no supere 12 unidades de dimensión europea (UDEs) y cuya renta total sea igual o inferior al setenta y cinco por ciento de la renta de referencia.
11. Agricultor a tiempo parcial: la persona física que, siendo titular de una explotación agraria, dedica a actividades agrarias en la misma, no menos de la quinta parte ni más de la mitad de su tiempo total de trabajo.
12. Unidad de trabajo agrario: el trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria.
13. Renta unitaria de trabajo: el rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que se obtiene dividiendo entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra resultante de sumar el margen neto o excedente neto de explotación y el importe de los salarios pagados.
14. Renta de referencias: indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España. La determinación anual de su cuantía se hará en concordancia con lo previsto al respecto en la normativa de la Unión Europea y teniendo en cuenta los datos de salarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística.
15. Renta integral: el conjunto o la suma de rentas que perciba el agricultor profesional, con independencia de la clase de actividad económica que las genere, sea agraria o distinta.
16. Explotación agraria que posibilita un mínimo de ocupación laboral equivalente a una unidad de trabajo agrario, y cuya renta de trabajo obtenida es igual o superior al 35 por 100 de la renta de referencia e inferior al 120 por 100 de ésta. Asimismo, el titular de la explotación podrá realizar su actividad agraria en concepto de agricultor profesional.
17. Explotación agraria de carácter singular: La explotación agraria que, por su ubicación, resulta de especial importancia para la conservación del medio rural y su entorno. A tales efectos, bastará con que la renta unitaria de trabajo no sea inferior al treinta por ciento de la renta de referencia y que el titular de la explotación realice su actividad agraria en concepto de cultivador personal.
18. Explotación agraria preferente: aquella cuyo presupuesto socioeconómico posibilite un mínimo de ocupación laboral equivalente a una de trabajo, y cuya renta no sea superior al ciento cincuenta por ciento de la renta de referencia. Asimismo, el titular de la explotación podrá realizar su actividad agraria en concepto de agricultor profesional.
19. Registro de explotaciones: Registro público y de naturaleza meramente declarativa que tiene por objeto la inscripción de las fincas, títulos y derechos de explotación en los que se sustente materialmente la calificación de prioritaria o preferente de una explotación agraria.
1. Permutas forzosas de fincas rústicas: instrumento de intervención pública que, de acuerdo con legítimas razones de utilidad pública o interés social, tiene por objeto el recíproco cambio de titularidades dominicales entre fincas rústicas o explotaciones agrarias de carácter privativo de la Administración Autonómica o, en su caso, del ayuntamiento o entidad local interesada, y las correspondientes a los propietarios de las fincas o titulares del derecho objeto de permuta forzosa.
2. Concentración por explotaciones agrarias: una forma o modalidad de concentración parcelaria que tiene la peculiaridad de fijar las Bases de la concentración en atención a las parcelas que formen unitariamente una explotación agraria, aun cuando dichas parcelas correspondan a distintas propietarios.
Se modifica el apartado 2.b).16 por el art. 1.1 de la Ley 10/2002, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-1590
Texto original, publicado el 20/11/2000, en vigor a partir del 21/11/2000.
c) Capacitación y formación agraria. Sanidad e higiene animal. Asistencia, bienestar y servicios sociales.
Calidad de los productos agroalimentarios.
d) Fomento y protección de la industria y comercialización del sector agrario. En especial de la ganadería y sus productos derivados, con especial atención a los procesos y producciones de índole artesanal.
Organización de concursos, exposiciones, ferias y mercados que excedan del ámbito local.
[Bloque 13: #se]
[Bloque 14: #ar-7]
a) Para la consideración de la calificación de prioritaria la explotación agraria debe posibilitar un mínimo de ocupación laboral equivalente a una unidad de trabajo agrario. A su vez, la renta unitaria de trabajo que se obtenga de la misma debe ser igual o superior al 35 por 100 de la renta de referencia, e inferior al 120 por 100 de ésta. Asimismo, el titular de la explotación podrá realizar su explotación agraria en concepto de agricultor profesional.
b) El titular de la explotación agraria, ya sea su propietario o el titular del derecho de explotación, deberá reunir los siguientes requisitos técnicos:
1.º Poseer suficientes conocimientos en materia agraria. Para lo cual la Comunidad Autónoma establecerá el pertinente nivel de capacitación agraria exigible, de acuerdo con los criterios de experiencia profesional y de formación lectiva que se estimen necesarios y oportunos.
2.º Estar dado de alta en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, o en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia en función de su actividad agraria. En caso contrario, los agricultores profesionales deberán cumplir los requisitos indicativos de su profesionalidad agraria establecido a tales efectos por la Comunidad Autónoma.
1.º Tener cumplidos dieciocho años y no exceder de sesenta y cinco.
2.º Tener fijada su residencia en la comarca en donde radique la explotación agraria prioritaria, o bien en las comarcas limítrofes, según la ordenación establecida por la Legislación autonómica sobre organización territorial.
Se modifica la letra a) por el art. 1.2 de la Ley 10/2002, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-1590
Artículo 8. Explotación agraria prioritaria de carácter singular.
2. En todo caso, siempre y cuando la renta unitaria de trabajo no exceda del 120 por 100 de la renta de referencia, tendrán la consideración de explotaciones prioritarias las comprendidas en los siguiente supuestos:
Se modifica el apartado 2 por el art. 1.3 de la Ley 10/2002, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-1590
[Bloque 16: #se-2]
Sección 2.ª Clases
Se suprime el apartado 4 por el art. 1.4 de la Ley 10/2002, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-1590
Artículo 11. Explotaciones asociativas:
Se modifica por el art. 1.5 de la Ley 10/2002, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-1590
Sección 3.ª Del derecho de preferencia y ayudas
d) En la concesión de las ayudas establecidas para la mejora de las estructuras agrarias de producción, sin perjuicio de lo dispuesto por la normativa comunitaria.
A estos efectos se podrán establecer criterios de modulación en función de la dedicación y la renta de los titulares, así como de la ubicación de las explotaciones.
[Bloque 24: #se-4]
La calificación de explotación agraria preferente, aparte de los requisitos técnicos y personales expuestos con anterioridad, requerirá que el presupuesto socioeconómico posibilite un mínimo de ocupación laboral equivalente a una unidad de trabajo, y que la renta unitaria del trabajo que se obtenga de la misma no sea superior al ciento cincuenta por ciento de la renta de referencia.
Asimismo, el titular de la explotación podrá realizar su actividad agraria en concepto de agricultor profesional.
[Bloque 28: #se-6]
Sección 3.ª De las ayudas
[Bloque 29: #ar-16]
[Bloque 31: #ar-17]
De la actividad agraria y de la conservación y defensa del medio ambiente y del entorno rural
[Bloque 34: #ar-18]
[Bloque 36: #ar-19]
[Bloque 37: #ci-7]
[Bloque 38: #ar-20]
[Bloque 39: #ar-21]
[Bloque 40: #ar-22]
[Bloque 41: #ar-23]
3. El Gobierno de Cantabria con arreglo a su capacidad presupuestaria y financiera, habilitará los fondos necesarios para llevar a cabo esta medida de fomento.
Con independencia de los restantes elementos básicos y estructurales que defina la oportuna convocatoria de las ayudas, el objetivo predominante de esta medida consistirá en las correspondientes indemnizaciones a los titulares de explotaciones agrarias con carácter compensatorio por la merma de la productividad derivada de la conservación y mantenimiento de dichos enclaves naturales. Dicha medida se articulará de acuerdo con la técnica de incentivación relativa a la subvención.
a) Valoración de la función ecológica, paisajística o medio ambiental del enclave natural en cuestión. Dicha valoración contará con el informe preceptivo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
[Bloque 44: #ar-24]
[Bloque 45: #ci-9]
Criterios de ordenación territorial de lo rústico
[Bloque 46: #se-7]
Sección 1.ª De las relaciones interadministrativas
[Bloque 47: #ar-25]
[Bloque 48: #se-8]
[Bloque 49: #ar-26]
Se deroga por la disposición derogatoria única.2 de la Ley 2/2001, de 25 de junio. Ref. BOE-A-2001-16695
Última actualización, publicada el 04/07/2001, en vigor a partir del 04/09/2001.
[Bloque 50: #ar-27]
[Bloque 52: #se-9]
[Bloque 53: #ar-28]
[Bloque 54: #ar-29]
[Bloque 55: #ar-30]
[Bloque 56: #se-10]
[Bloque 57: #ar-31]
[Bloque 58: #ar-32]
[Bloque 59: #ar-33]
[Bloque 60: #ar-34]
[Bloque 61: #ar-35]
1. La Dirección General competente, una vez firme la determinación del precio justo de las fincas a los efectos de su respectivo valor de cambio o permutación, vendrá facultada para formalizar l a correspondiente escritura pública de la permuta acordada, debiendo otorgarse por el Juez en caso de oposición o rebeldía del propietario. Los gastos de escritura serán de cargo de la Administración o entidad local que promovió o instó la permuta forzosa.
[Bloque 62: #ar-36]
[Bloque 64: #ar-37]
[Bloque 65: #ar-38]
Toda realización de obras, construcciones, edificaciones o en general actuaciones no previstas o debidamente autorizadas en el perímetro de la zona de concentración tendrá la calificación de ilegal, debiéndose proceder a su derribo a costa del infractor. El acto por el que se resuelva dicho derribo será inmediatamente ejecutivo, sin perjuicio de la posibilidad de su suspensión cautelar en aquéllos casos previstos por la normativa vigente.
Igualmente, podrá acordarse como medida provisional, previa ponderación de los hechos y circunstancias concretas, dicho derribo.
2. La ocupación temporal de dichos terrenos se regirá, en cuanto a la indemnización que haya de satisfacerse en definitiva a los propietarios afectados, por los preceptos de la legislación de expropiación forzosa. No obstante, el procedimiento que dicha legislación señala para determinar la necesidad de la ocupación queda sustituido por la redacción y aprobación de un plan de mejoras que deberá ser propuesto por la Dirección General competente y aprobado por la Consejería, publicándose el acuerdo de ocupación durante tres días en el «Boletín Oficial de Cantabria» y en el tablón de anuncios del ayuntamiento correspondiente, sin perjuicio de notificarlo individualmente a los propietarios a quienes afecte.
[Bloque 70: #ti-4]
[Bloque 73: #ar-44]
Los ayuntamientos, entidades, y demás organismos sujetos a la presente Ley sin perjuicio de la perceptiva consignación en las correspondientes Normas u Ordenanzas sobre utilización de pastos, deberán informar en sus respectivas propuestas de aprovechamiento y explotación de la red de vías pecuarias y servidumbres de paso existentes en los términos o zonas de ordenación.
A su vez, cuando exista un derecho consuetudinario o costumbre del lugar que implique alguna particularidad o especialidad relevante respecto de la aplicación de la presente normativa se deberá poner en conocimiento de la Consejería de Ganadería Agricultura y Pesca que instruirá y resolverá el pertinente expediente conforme a sus competencias en la materia.
[Bloque 74: #ci-13]
[Bloque 75: #se-11]
Sección 1.ª Zonas de pastoreo y pastables
[Bloque 78: #se-12]
Sección 2.ª Aprovechamientos y mejoras
[Bloque 79: #ar-47]
[Bloque 80: #ar-48]
[Bloque 81: #ar-49]
[Bloque 82: #ar-50]
[Bloque 83: #ar-51]
[Bloque 84: #ar-52]
[Bloque 85: #ar-53]
[Bloque 86: #ar-54]
[Bloque 87: #ar-55]
[Bloque 88: #ar-56]
[Bloque 89: #ar-57]
[Bloque 91: #ci-14]
[Bloque 92: #ar-58]
[Bloque 93: #ar-59]
[Bloque 94: #ci-15]
[Bloque 95: #se-13]
Sección 1.ª De las infracciones por afección al medio natural y el ejercicio abusivo del derecho de explotación
[Bloque 96: #ar-60]
[Bloque 97: #ar-61]
[Bloque 98: #ar-62]
a) Utilización abusiva o perjudicial del agua: Infracciones tipificadas en los párrafos a) y c) del artículo 60.
En estos casos, las infracciones tendrán la calificación de muy graves cuando en la gestión de la explotación se desperdicie o se consuma la mitad o más del caudal de agua necesario para llevar a cabo su actividad agraria.
Las infracciones serán graves cuando el desperdicio o consumo abusivo alcance a la cuarta parte o más, sin llegar a la mitad, del caudal de agua necesario para la explotación. En los demás casos, las infracciones tendrán la consideración de leves.
1.º El nivel de contaminación apreciado y su peligrosidad resultante.
2.º La posible regeneración de los recursos naturales afectados.
3.º El daño o perjuicio medio ambiental causado.
4.º El caudal o extensión del terreno degradado.
5.º La negligencia o el dolo observada en la conducta del infractor.
[Bloque 99: #se-14]
Sección 2.ª De las infracciones al aprovechamiento de montes y pastos
[Bloque 100: #ar-63]
e) El pastoreo de sementales no autorizado.
e) Cuando el propietario no entierre u ordene enterrar oportunamente un animal muerto en zona de pastoreo, como consecuencia de enfermedad infecto contagiosa o dejare transcurrir más de veinticuatro horas.
[Bloque 101: #ci-16]
[Bloque 102: #se-15]
Sección 1.ª De las sanciones por afección al medio natural y el ejercicio abusivo del derecho de explotación
[Bloque 103: #ar-64]
a) Infracciones muy graves: Multa entre el 1,51 y el duplo del valor del agua.
b) Infracciones graves: Multa entre 1,01 y el 1,50 del valor del agua.
c) Infracciones leves: Multa entre el 0,5 y el 1 del valor del agua.
a) Infracciones muy graves: Multa entre 500.001 pesetas (3.005,07 euros) y 1.000.000 de pesetas (6.010,12 euros).
b) Infracciones graves: Multa entre 200.001 pesetas (1.202,03 euros) y 500.000 pesetas (3.005,06 euros).
c) Infracciones leves: Multa entre 50.000 pesetas (300,51 euros) y 200.000 pesetas (1.202,02 euros).
[Bloque 104: #se-16]
Sección 2.ª De las sanciones por las infracciones al aprovechamiento de montes y pastos
[Bloque 105: #ar-65]
a) De treinta euros con cinco céntimos de euro (30,05 euros) a ciento veinte Euros con veinte y un céntimos de euro (120,21 euros) o apercibimiento, las infracciones leves.
b) De 20.001 pesetas (120,21 euros) a 35.000 pesetas (210,35 euros), las infracciones graves.
c) De 35.001 pesetas (210,36 euros) a 500.000 pesetas (3.005,06 euros), las infracciones muy graves.
1.º Ganado mayor: Máximo de 75.000 pesetas (450,76 euros) por cada lote o fracción de lote de 25 cabezas adultas, 35 cabezas jóvenes o 75 de crías.
2.o Ganado menor: Máximo de 75.000 pesetas (450,76 euros) por cada lote o fracción de lote de 175 cabezas adultas, 250 jóvenes, o 525 de crías.
1.º Ganado mayor: Máximo de 150.000 pesetas (901,52 euros) por cada lote o fracción de lote de 25 cabezas adultas, 35 cabezas jóvenes o 75 de crías.
2.º Ganado menor: Máximo de 150.000 pesetas (901,52 euros) por cada lote o fracción de lote de 175 cabezas adultas, 250 jóvenes, o 525 de crías.
Se modifica el apartado 1.a) y se añade el 7 por el art. 31 de la Ley 10/2013, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2014-510
Se modifica el apartado 4 por el art. 26 de la Ley 5/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-552
[Bloque 106: #ar-66]
[Bloque 107: #se-17]
Sección 3.ª De la reincidencia
[Bloque 108: #ar-67]
[Bloque 109: #ci-17]
[Bloque 110: #ar-68]
[Bloque 111: #ar-69]
Si como consecuencia de una actuación inspectora, o por denuncia, se sospechara del estado sanitario de algún animal, se procederá por parte del Gobierno de Cantabria a efectuar cuantas pruebas fueren necesarias a fin de comprobar y controlar la sanidad de los animales sospechosos, incluida la realización de análisis, pruebas y demás actuaciones precisas por laboratorios oficiales.
Si se comprobase el padecimiento de alguna enfermedad infecto-contagiosa, se ordenará el sacrificio, si la naturaleza de la enfermedad así lo aconsejare. Todos los gastos originados, incluidos los de prendada, si procediere, y los que se deriven del sacrificio de los animales enfermos serán repercutibles en los propietarios de las reses, reteniéndose el valor carne del animal o animales sacrificados, para compensarlos.
[Bloque 112: #ar-70]
[Bloque 113: #ar-71]
1. En el acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador se incluirá la designación del funcionario que deberá instruir el correspondiente expediente. Este acuerdo se notificará al presunto infractor. La autoridad que ordene la iniciación del procedimiento podrá adoptar las medidas cautelares pertinentes para el cese de la utilización abusiva de los recursos disponibles y preservación del medio ambiente; así mismo, podrá acordar las medidas provisionales oportunas tendentes a garantizar la eficacia de la posible sanción.
[Bloque 114: #ar-72]
a) Las Direcciones Generales competentes mencionadas en el artículo 70 respecto de sanciones de hasta 100.000 pesetas (601,01 euros).
b) El Consejero de Ganadería, Agricultura y Pesca respecto de sanciones de 100.001 pesetas (601,02 euros) hasta 500.000 pesetas (3.005,06 euros).
c) El Gobierno de Cantabria respecto de las superiores a 500.000 pesetas (3.005,07 euros).
[Bloque 115: #ar-73]
[Bloque 116: #ar-74]
[Bloque 117: #ar-75]
[Bloque 118: #ar-76]
2. Las sanciones podrán hacerse efectivas dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución sancionadora, con reducción del veinte por ciento de la cuantía fijada en dicha resolución, en el supuesto de que no se interponga reclamación alguna contra la misma.
[Bloque 119: #ar-77]
[Bloque 120: #cv]
[Bloque 121: #ar-78]
[Bloque 122: #tv-2]
[Bloque 123: #ar-79]
[Bloque 124: #ar-80]
Términos municipales: Campóo de Yuso, Campóo de Enmedio, Hermandad de Campóo de Suso, Luena, Rozas (Las), San Pedro del Romeral, Soba, Valdeolea, Valdeprado de Río, Valderredible y Vega de Pas.
[Bloque 125: #ar-81]
[Bloque 126: #ar-82]
[Bloque 127: #ar-83]
[Bloque 128: #ar-84]
Disposición transitoria primera. Procedimientos sancionadores.
Se numera como disposición transitoria 1 por la disposición adicional 6.2 de la Ley 5/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-552
Su anterior denominación era disposción transitoria única.
[Bloque 130: #dt-2]
2. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el "Boletín Oficial de Cantabria".