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Timestamp: 2018-03-21 08:32:23
Document Index: 100693677

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LAS NOTIFICACIONES DE LA UIF POR CORREO ELECTRÓNICO EN EL REGISTRO AUTOMOTOR
Deseamos expresar aqui algunas ideas en torno a las medidas cautelares notificadas a los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor (RRSS) por correo electronico...
Deseamos expresar aquí algunas ideas en torno a las medidas “cautelares” notificadas a los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor (RRSS) por correo electrónico.
Dividiremos este artículo en dos segmentos: en el primero analizaremos si se ajustan dichas notificaciones al Régimen Jurídico del Automotor (RJA), y si lo fuesen, si el método resulta eficaz para la operatoria de los RRSS. En segundo término, compilaremos en sus partes fundamentales la normativa que crea y regula la UIF, y sus relaciones con los RRSS.
La notificación por correo electrónico.
Desde la incorporación del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor (RNPA) como sujeto obligado, la Unidad de Información Financiera (UIF) viene hasta el presente, comunicando a los RRSS distintas Resoluciones mediante las cuales ordena la indisponibilidad de bienes de personas sospechadas de participar en actividades terroristas o de lavado de dinero. Dichas resoluciones encuentran cauce de notificación en correos electrónicos, dirigidos a las casillas que cada RS informó al efecto, al momento de su inscripción.
¿Son válidas las notificaciones por correo electrónico?
Es indiscutible la validez de este medio de notificación, pues la UIF está habilitada de acuerdo a lo previsto en el inciso a), art. 6º del Decreto 918/2012.
¿Cuál es el tratamiento que debe darse a estos correos? Una cuestión de principios.
Por imperio del principio de ley especial, el RS debe ajustarse al RJA. La Dirección Nacional (DN) plasmó en distintas disposiciones y circulares, el proceso que deben seguir los RRSS como medidas generales de prevención y detección de hechos y operaciones vinculadas con el terrorismo y el lavado de activos. Se establecieron requisitos de información sobre los titulares (datos personales y declaraciones juradas) y sobre el origen de los fondos. Asimismo, se refirió al envío de Reportes de Operaciones
Sospechosas (ROS). Sin embargo, nada se especificó sobre la relación de la UIF y los RRSS en cuanto al pedido de informes o anotaciones de medidas precautorias.
Ante la ausencia de un reglamento particular, de acuerdo al principio de especialidad, el RS debiera ajustarse a lo previsto en el RJA haciendo cumplir distintos requisitos:
a) Petición. El Decreto 6582/58 en su art. 13 establece que “los pedidos de inscripción o anotación en el Registro, y en general los trámites que se realicen ante él, sólo podrán efectuarse mediante la utilización de las solicitudes tipo que determine el Organismo de Aplicación, el que fijará su contenido y demás requisitos de validez”.
b) Solicitud tipo. Corresponde utilizar una Solicitud Tipo 02E provista gratuitamente, según el Digesto de Normas Técnico Registrales (DNTR), Título I, Capítulo I, Sección 1ª, art. 4: completa en sus rubros I, F y M, (DNTR, Título I, Capítulo I, Sección 3ª, art.2).
c) Autorizado. Oficio o testimonio. La solicitud tipo deberá estar firmada por la autoridad requirente, acompañando a esta minuta el oficio o testimonio respectivo (DNTR, Título I, Capítulo I, Sección 3ª, art.4).
d) Constancia de recepción. Se debe dejar en el instrumento lugar, día y hora de su recepción (DNTR, Título I, Capítulo II, Sección 1ª, art.6).
e) Arancel. Corresponde percibir el arancel fijado para la anotación de medidas cautelares, dado que la UIF no se encuentra exenta de su pago, conforme arts. 1 y 4, Sección 1ª, Cap.III, T I del DN, R.
Todos estos requisitos y principios registrales son obviados por la utilización de comunicaciones por vía electrónica. Es cierto que el RS puede de oficio confeccionar la minuta, aunque no quede demasiado claro cómo proceder: ¿Será el cargo la fecha y hora de presentación, la emisión del correo, la recepción en la bandeja de entrada o la lectura? ¿Se constata la real existencia de la orden? ¿Debiera cargarse la medida en el Sistema Integrado de Anotaciones Personales?.
Diferencia en tecnología. Anotaciones Personales.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación en el ámbito del Gobierno, tienen el propósito de mejorar y sacar más provecho a la administración pública. Sin embargo, su utilización debe ser estudiada y coordinada entre los distintos sectores. La comunicación electrónica mejora sin dudas la performance del agente requirente, pero se torna de cumplimiento imposible si el receptor no puede dar cabal cumplimiento a las órdenes. Los RRSS carecen de un sistema informático capaz de identificar titulares anteriores al actual -para el caso de solicitar titulares históricos-. Por el método de trabajo habitual, no resulta seguro tampoco la implementación de bases de datos de inhabilitaciones personales en la sede misma del RS. Ello sería una involución práctica (la operatoria de los cuadernos de inhibidos fue superada hace muchos años) y normativa (el SIAP se encuentra incorporado al DNTR desde hace más de diez años).
Justamente, por imperio específico del art. 1º, Sec.4ª, Cap. XI, Tít.II del DNTR, “el Sistema Integrado de Anotaciones Personales que administrará la Dirección Nacional a través de la Coordinación de Sistemas Informáticos, incorporará a su base de datos las inhibiciones y toda otra medida de carácter personal, sus levantamientos, modificaciones o reinscripciones, de las que se hubiere tomado razón tanto en los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor como en la Dirección Nacional y las comunicará en forma automática a las bases de datos del Sistema Integrado de Anotaciones Personales propias de cada Registro Seccional habilitado para operar con el Sistema”. Todo esta sección del DNTR resulta coherente con la habilitación del último párrafo del art. 7º del RJA, que establece que “el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer que determinadas inscripciones o anotaciones se cumplan ante la Dirección Nacional, en forma exclusiva o concurrente con los Registros Seccionales, cuando fuere aconsejable para el mejor funcionamiento del sistema registral”.
Pero si resulta complejo el encuadre de la toma de razón de medidas personales por correos electrónicos donde se ordenan medidas precautorias de la UIF, ¿Cuánto más complejo resultará el tratamiento de medidas cautelares referidas a bienes indeterminados? Con fecha aproximada al 04/03/13 (según lo haya recibido cada RS), la UIF hizo saber que un juzgado de la provincia de Tucumán ordenó el embargo sobre “sumas, productos o activos que registren...en las demás entidades y/o sujetos comprendidos en el art. 20 de la ley 25.246, respecto de las siguientes personas...”. El juzgado ordenó a la UIF comunicar la medida a todos los sujetos obligados por ley. A primeras luces, resulta de una técnica superadora para el tribunal, pero sin reglamentación en el ámbito registral, vulnera al menos unos cuantos principios.
¿Una solución esperada?.
El 18/02/13 se publicó en el Boletín Oficial, la Res. UIF 29/2013, bajo el título “Obligación de reportar Hechos u Operaciones Sospechosos. Modalidad y oportunidad. Congelamiento administrativo de activos”. Entrará en vigencia a los sesenta días corridos.
Esta norma deroga directamente las anteriores resoluciones UIF 125/09 y 28/12 sobre el tema.
En cuanto al deber de informar, en su art. 1 establece la obligación de reportar sin demora alguna, las operaciones realizadas o tentadas en las que se constate 1) la intervención de personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y 2) que los bienes involucrados en la operación pudiese estar vinculados con la financiación del terrorismo (arts. 41 quinquies y 306 CP)
En cuanto al proceder sobre las órdenes de congelamiento de activos, esta norma se encuentra diferenciada según cuales sean los sujetos obligados. Es su art. 7 el que se refiere al RPA: “recibida la notificación de la Resolución de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero, los Registros de la propiedad inmueble, de la propiedad automotor y créditos prendarios, los registros de embarcaciones y los registros de aeronaves, enumerados en el inciso 6. del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, deberán:
a) Congelar todo bien que fuese propiedad de las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las cuales se ha dictado el congelamiento administrativo, o cuyo destinatario o beneficiario sea una de las mencionadas personas. A esos efectos deberá proceder conforme a lo establecido respecto de las inhibiciones.“
La resolución establece (para todos los obligados) que el congelamiento podrá disponer medidas adicionales a cumplir (se habilita así las medidas precautorias judiciales de las que hablábamos?), que permanecerán vigentes por un plazo de seis meses prorrogable por igual término por única vez. Para el caso de personas o entidades designadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, permanecerán vigentes mientras sigan incluidas en sus listados, o sean revocadas judicialmente.
Merece nuestra final atención la oración última del inciso a), que dispone que para el congelamiento administrativo de activos se “deberá proceder conforme a lo establecido respecto de las inhibiciones”.
La interpretación de este mandato deberá concluir en que próximamente estas medidas “electrónicas” sean absorbidas e incorporadas por la DN en el SIAP, como tanto esperaban los registradores.
Tendrá ahora la palabra la Dirección Nacional.
II.Antecedentes normativos
La Ley 25246 creó en el año 2000 la Unidad de Información Financiera (UIF), ente autónomo y autárquico dentro de la jurisdicción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. En su art. 6 dispone que la UIF será la encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información, a los efectos de prevenir e impedir:
El art. 14 enumera sus facultades:
1.Solicitar informes, documentos, antecedentes y todo otro elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones, a cualquier organismo público, nacional, provincial o municipal, y a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, todos los cuales estarán obligados a proporcionarlos dentro del término que se les fije, bajo apercibimiento de ley.
La relación con el RNPA
El vínculo con el RNPA como sujeto obligado se establece en el art. 20:
“Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:
4. Los agentes y sociedades de bolsa, sociedades gerente de fondos comunes de inversión, agentes de mercado abierto electrónico, y todos aquellos intermediarios en la
compra, alquiler o préstamo de títulos valores que operen bajo la órbita de bolsas de comercio con o sin mercados adheridos.
En cuanto a los deberes del sujeto obligado, estos están expuestos en los siguientes arts.
ARTICULO 20 bis. — El deber de informar es la obligación legal que tienen los sujetos enumerados en el artículo 20, en su ámbito de actuación, de poner a disposición de la Unidad de Información Financiera (UIF) la documentación recabada de sus clientes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 21 inciso a) y de llevar a conocimiento de la Unidad de Información Financiera (UIF), las conductas o actividades de las personas físicas o jurídicas, a través de las cuales pudiere inferirse la existencia de una situación atípica que fuera susceptible de configurar un hecho u operación sospechosa, de lavado de activos o financiación de terrorismo.
ARTICULO 21 bis. — A los fines del inciso a) del artículo 21, se toma como definición de cliente la adoptada y sugerida por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (CICAD-OEA). En consecuencia, se definen como clientes todas aquellas personas físicas o jurídicas con las que se establece, de manera ocasional o permanente, una relación contractual de carácter
financiero, económico o comercial. En ese sentido es cliente el que desarrolla una vez, ocasionalmente o de manera habitual, operaciones con los sujetos obligados.
c) Cuando existan dudas sobre si los clientes actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, los sujetos obligados adoptarán medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes. Los sujetos obligados deberán prestar especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones. Los sujetos obligados deberán contar con procedimientos que permitan conocer la estructura de la sociedad, determinar el origen de sus fondos e identificar a los propietarios, beneficiarios y aquellos que ejercen el control real de la persona jurídica. Los sujetos obligados deberán adoptar medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o productos con clientes que no han estado
físicamente presentes para su identificación. En el caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente;
El congelamiento.
Hasta aquí tenemos un deber claro y general de informar operaciones sospechosas. En el marco del RNPA, la UIF emitió las Resoluciones 127/12 y 136/12 estableciendo ciertas pautas de control, que fueron recogidas por la Disposición DN 293/12.
En el año 2011, mediante el dictado de la Ley 26734 se agregó como facultad del organismo, la de “ disponer mediante resolución fundada y con comunicación inmediata al juez competente, el congelamiento administrativo de activos vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del Código Penal, conforme la reglamentación lo dicte.” (art. 6).
El artículo referido del Código Penal (art. 306) establece sanciones a las operaciones que proveyeran dinero o bienes para cometer delitos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos
extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo.
Vemos aquí una medida cautelar administrativa, con participación posterior del órgano judicial, similar a las que ya viene implementado la AFIP en el sector (Ley 11683 de procedimientos fiscales, art. 92 “…Si las medidas cautelares recayeran sobre bienes registrables o sobre cuentas bancarias del deudor, la anotación de las mismas se practicará por oficio expedido por el agente fiscal representante de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, el cual tendrá el mismo valor que una requisitoria y orden judicial…” (Cabe mencionar que este tipo de medidas fue tildado de inconstitucional en varias ocasiones.)
La UIF mediante Res. 28/12 actualizó el anexo de la antigua Res.125/09, incorporando las notificaciones del congelamiento por alguno de los siguientes medios: personalmente; mediante cédula o telegrama; por correo electrónico (que será dirigido a la dirección de correo electrónico denunciada al momento de la Registración del Sujeto Obligado —o en su caso del Oficial de Cumplimiento— ante esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA); o por cualquier otro medio que resulte apto, conforme la situación que se trate.
Esta Resolución 28, de febrero de 2012 (hoy derogada), y el Decreto 918 de junio de ese año, brindaron el marco reglamentario para notificar las medidas precautorias al RNPA mediante correo electrónico, o más precisamente, a sus Seccionales.
El art. 2º del Decreto 918/12, brinda las siguientes definiciones:
“A los efectos de la presente norma, se entenderá por:
a)Congelamiento administrativo: la inmovilización de los bienes o dinero, entendida como la prohibición de transferencia, conversión, disposición o movimiento de dinero u otros bienes.
b) Bienes o dinero: bienes, fondos o activos, cualquiera sea su naturaleza, procedencia y forma de adquisición, así como los documentos o instrumentos que sean constancia de su titularidad o de un interés sobre esos bienes, fondos o activos —de conformidad a lo establecido en el artículo 1.1 del CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESION DE LA FINANCIACION DEL TERRORISMO (Ley Nº 26.024)— y los intereses, dividendos o cualquier otro valor o ingreso que se devengue o sea generado por esos bienes, fondos o activos; siempre que íntegra o conjuntamente sean propiedad o estén bajo control, directa o indirectamente, de personas o grupos designados por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas o que puedan estar vinculados a las acciones delictivas previstas en el artículo 306 del CODIGO PENAL.
Los arts. 5, 6 y 7 del Decreto 918/12 explicitan el procedimiento y la forma de notificación:
Art. 5º — CONGELAMIENTO ADMINISTRATIVO DE BIENES O DINERO. La UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF) dispondrá, mediante Resolución fundada, cuando sea procedente el Reporte de Operación Sospechosa de Financiación del Terrorismo, inaudita parte y sin demora alguna, el congelamiento administrativo de los bienes o dinero del sujeto reportado. En la Resolución se indicarán las medidas que el sujeto obligado debe adoptar.
a)Notificación por vía electrónica: La Resolución se comunicará al sujeto obligado mediante correo electrónico dirigido a la dirección denunciada al momento de su inscripción ante la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF).
b)Notificación personal.
c)Notificación mediante cédula o telegrama.
d)Cualquier otro medio de notificación fehaciente.
A tenor de lo dispuesto por el art. 15, la medida será efectiva por el plazo de seis meses, prorrogable igual término por única vez.
Resumiendo, además de la obligación general de reportar hechos u operaciones sospechosas, el RNPA como sujeto obligado tiene el deber de inmovilizar los bienes que la UIF disponga
La Resolución UIF 29/2013. Panorama actual..
El 18/02/13 se publicó en el Boletín Oficial, la Res. UIF 29/2013, que deroga las anteriores resoluciones 125/09 y 28/12. Se refiere al procedimiento registral específicamente en el artículo 7, a la posibilidad de ordenar medidas adicionales en el art. 10 y a la vigencia en el art. 11.
Art. 7° — Recibida la notificación de la Resolución de la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero, los Registros de la propiedad inmueble, de la propiedad automotor y créditos prendarios, los registros de embarcaciones y los registros de aeronaves, enumerados en el inciso 6. del artículo 20 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, deberán:
a)Congelar todo bien que fuese propiedad de las personas físicas o jurídicas o entidades sobre las cuales se ha dictado el congelamiento administrativo, o cuyo destinatario o beneficiario sea una de las mencionadas personas. A esos efectos deberá proceder conforme a lo establecido respecto de las inhibiciones.
b)Informar los resultados de la aplicación de la resolución que dispuso el congelamiento administrativo, dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de notificada, sólo en los casos en que se hayan congelado bienes.
c)Cotejar sus bases de datos a los efectos de informar si las personas físicas o jurídicas o entidades, sobre las que hubiera recaído la medida de congelamiento administrativo, han realizado trámites de cualquier naturaleza.
d)A los efectos indicados en los incisos b) y c) precedentes los Sujetos Obligados deberán utilizar el sistema denominado REPORTE ORDEN DE CONGELAMIENTO, implementado por esta UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA al efecto.
e)Congelar asimismo, en los términos del inciso a) precedente, todo bien que pudiera ser detectado, ingresado, etc., con posterioridad a la notificación de la medida de congelamiento y durante la vigencia de la citada resolución.
En el supuesto previsto en el apartado e) precedente, deberá proceder conforme lo indicado en el punto d).
f)Abstenerse de informar a sus clientes o a terceros los antecedentes de la resolución que dispusiere el congelamiento administrativo de bienes. En todo caso, consulta sólo deberán indicar que los mismos se encuentran congelados en virtud de lo dispuesto en el artículo 6° de la Ley Nº 26.734, en el Decreto Nº 918/12 y en la presente resolución.
ARTÍCULO 10.— La resolución que disponga el congelamiento administrativo de bienes o dinero podrá disponer medidas adicionales, a las indicadas en los artículos precedentes, que deberán cumplimentar los Sujetos Obligados de acuerdo a las particularidades de cada caso.
ARTÍCULO 11.— En los casos que la resolución que disponga el congelamiento administrativo de bienes o dinero se hubiera motivado en alguna de las circunstancias expuestas en el artículo 1° inciso 1) de la presente, la misma regirá mientras las personas físicas o jurídicas o entidades designadas por el CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS de conformidad con la Resolución 1267 (1999) y sus sucesivas, permanezca en el citado listado, o hasta tanto sea revocada judicialmente.
Si la resolución que dispone el congelamiento administrativo de bienes o dinero se hubiera motivado en alguna de la circunstancias expuestas en el artículo 1° inciso 2) de la presente, la medida se ordenará por un plazo no mayor a SEIS (6) meses prorrogable por igual término, por única vez. Cumplido el plazo, y de no mediar resolución judicial en contrario, el congelamiento cesará.
Si la medida fuera prorrogada por esta Unidad, o revocada o rectificada judicialmente, esta UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA notificará tal situación a los Sujetos Obligados.
ARANCELES DE TRANSFERENCIA DE MAQUINARIA AGRICOLA
Acerca de la Resolucion M.J. y D.H. Nro 1064/2014 que modifico la forma de determinar los valores de los aranceles de transferencia de la maquinaria agricola, vial e industrial.
Buenos Aires, 16 de septiembre de 2014.
A la Sra. Directora de Registros Seccionales de la DNRPA
Dra.María Eugenia Doro Urquiza
Nos dirigimos a Ud. para hacer llegar nuestra preocupación originada con el dictado y puesta en vigencia de la Resolución M.J. y D.H. N° 1064/2014 que modificó la forma de determinar los valores de los aranceles de transferencia de la maquinaria agrícola, vial e industrial.
Ante todo debemos señalar que resulta plausible la modificación en tantoregula de la misma manera la determinación de los aranceles de todas las competencias, lo que otorga un trato igualitario a todos los usuarios del sistema, tomando como base para el cálculo el valor de mercado de dichos bienes. El problema se plantea con los distintos criterios de aplicación supletoria que la norma establece. En primer lugar se debe tomar como base “...la tabla de valuación que a ese efectoa pruebe la DIRECCIÓN NACIONAL…” Dicha tabla no ha sido aún aprobada, por lo que esta pauta resulta inaplicable. Si bien la norma no ha supeditado su entrada en vigencia a la aprobación de la tabla, resulta claro que su inexistencia nos hace dudar sobre la efectiva vigencia de esta disposición y a que no se han dictado las normas complementarias que la tornen aplicable.
La siguiente pauta de valuación remite al valor declarado en la S.T 08. Ahora bien, dicho valor dista en la mayoría de los casos de representar el valor del mercado. En muchos casos porque el valor declarado no se corresponde con el total de la operación, por ejemplo cuando se consigna el valor residual en las opciones de compra de contratos de leasing, o porque por diversas circunstancias el valor convenido es notoriamente menor que el de mercado o porque, simplemente, las partes declaran un valor menor para eludir el pago del arancel que correspondiere. En estas circunstancias, resulta claro que el valor declarado en la S.T 08 no representa el valor de mercado del bien y por lo tanto no puede servir como base para el cálculo, ya que esta es la intención que se tuvo al dictar la norma.
No debe perderse de vista que el arancelque se percibe por los trámites registrales representa una tasa retributiva de un servicio efectivamente prestado y que dicha tasa ha sido fijada teniendo en cuenta las necesidades financieras del sistema registral, tal como lo expresan los fundamentos de la propia Resolución 1064/2014 cuando dice “…Que ello encuentra fundamento en la necesidad de mantener un equilibrio económico-financiero entre el valor de los bienes alcanzados y los aranceles que por los trámites referidos a éstos debens olventar los usuarios.”
Queda claro entonces que aceptar la aplicación de la Resolución MJDH N°1064/2014 puede poner en riesgo el equilibrio económico-financiero del sistema registral y resulta necesario tomar las medidas necesarias para evitarlo. Por otro lado, en tanto la normaotorga a esa Dirección Nacional la facultad de confeccionar y aprobar la tabla de valuación, está delegando implícitamente la decisión de su efectiva aplicación, más allá de la vigencia de la norma En este sentido y con estos argumentos, nos parece apropiado mantener vigentes las previsiones de la Resolución M.J. y D.H. N° 1811/2011 hasta tanto se apruebe la tabla de valuación correspondiente.
Sin otro particular, saludamosa Ud. atte.
Álvaro González Quintana Alejandro Germano
Coordinador Presidente AAERPA
ComisiónAsuntosNormativos
ELIMINACION DEL REQUISITO DE DEVOLUCION DE CEDULAS VERDES
El presente trabajo tiene como principal objetivo resaltar la necesidad de eliminar de la normativa vigente la obligatoriedad de la presentacion de las cedulas de...
El presente trabajo tiene como principal objetivo resaltar la necesidad de eliminar de la normativa vigente “la obligatoriedad de la presentación de las cédulas de identificación del automotor” o de “ cédulas para autorizado a conducir” al momento de retirar el nuevo ejemplar resultante de cualquier trámite que expida nuevas cédulas o que implique la revocación de las existentes. Para ello pretendemos dejar en evidencia algunas consideraciones y antecedentes normativos que justifican la modificación perseguida.
La cédula verde es el único documento cuya tenencia acredita autorización para el uso del vehículo (art. 22 RJA) y su presentación es obligatoria ante la autoridad competente. La devolución como requisito para el retiro de la nueva cédula implica, en muchos casos, dejar a los usuarios sin documentación por el tiempo que demore el trámite. En el caso de las unidades de transporte de carga y pasajeros resulta imposible retener las cédulas aún para entregarlas al retirar la nueva, por lo que la práctica es denunciarlas como extraviadas. Lo que se torna innecesario a la hora de la inscripción de un trámite que expida nueva cedula, debido que este revocaría la anterior y esta así, pierde su validez.
La cedula de identificación o más conocida como cedula verde del automotor, tiene como función relevante, la de identificar a la persona que conduce el vehículo, cuyo fin es el de permitir a las autoridades de control la individualización de los conductores que tienen el derecho de circular en vehículo, llevando así seguridad a las personas y a los bienes de la población.
Que por regla general, y salvo excepciones, las cedulas verdes caducan a partir del año desde su otorgamiento. Desde esa fecha carecen de validez razón por la cual no resultaría necesaria su devolución para su destrucción.
Que a partir de la información del sistema infoauto, debido a las revocaciones que realizan los Encargados de Registro, se conforma una base de datos que administra la Dirección Nacional, la cual es consultada por las fuerzas de seguridad en el marco de su competencia en materia de prevención e investigación de los delitos y de control de transito vehicular. Que así la seguridad jurídica –registral se ve resguardada en tanto las fuerzas de seguridad toman conocimiento de las revocaciones a partir de la base de datos del organismo, tornando innecesario obligar al Registro a solicitar el elemente físico como asimismo cargarlo en otra base de datos lo que puede traer aparejada confusión a las fuerzas de seguridad.
Que a los efectos del un control vehicular, el requerimiento de presentación de documentación habilitante se satisface sólo mediante la exhibición de cédulas vigentes. Gendarmería Nacional, por caso, tiene por norma retener aquellas cédulas presentadas que hubieran perdido eficacia, para remitirlas al Registro de radicación.
Antecedentes normativos de los cuales se desprende la viabilidad de la reforma perseguida:
• Revocación automática. Actualmente las cédulas de identificación para autorizado a conducir son revocadas automáticamente ante la inscripción de una transferencia o denuncia de venta (art. 6º, Sección 3ª, Capítulo IX, Título II DNTR), criterio que puede hacerse extensivo a las cédulas verdes para el caso de expedición de nuevos ejemplares en cualquier trámite.
• Antecedente Convocatoria. En oportunidad de sustentarse la primera etapa (voluntaria) de la Convocatoria al Parque Automotor, los nuevos ejemplares fueron remitidos por correo postal privado; no se exigió la devolución de cédulas anteriores: dicha documentación permaneció en poder de los usuarios, siendo éstos responsables de su destrucción (art. 10º Capítulo II, Título III DNTR).
Creemos firmemente que esta modificación redundaría en beneficio del usuario o mandatario, que en pos de subsanar este requisito recurren a la ficción legal que se ha hecho costumbre de declarar en mesa de entradas el extravío de las cédulas; como asimismo de las fuerzas de seguridad ya que el desproporcionado número de denuncias provoca confusión entre las cédulas efectivamente extraviadas y las que por conveniencia permanecen en poder del usuario; y por supuesto beneficia al Registro Seccional agilizando la mesa de entradas y el trabajo mismo.
NUEVA PRESENTACION RESPECTO DEL GRAVE PROBLEMA DE LA FALTA DE DOCUMENTACION
Buenos Aires 26 de noviembre de 2013.-
de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios
Señora Subdirectora a/c Dra. Mariana Aballay
Nos dirigimos a Ud. a fin de poner en su conocimiento la profunda preocupación expresada por nuestros asociados en la reciente Asamblea anual de nuestra entidad celebrada en la ciudad de Salta el pasado viernes 22, en relación a la irregular existencia y provisión de elementos registrales por parte de los respectivos entes cooperadores.
Esta situación altera profundamente el funcionamiento de los registros seccionales, al impedir el normal despacho y conclusión de las peticiones, imponiendo posponer la asignación de la documentación ocasionalmente inexistente sin que ni siquiera se nos comunique un plazo cierto para ello. Esto, además, demora todos los actos posteriores, tales como el archivo de los legajos con el desorden que ello implica o el cambio de radicación cuando así corresponde.
Un párrafo aparte se impone cuando los elementos faltantes son aquellos necesarios para la circulación de los automotores. Resulta auspiciosa la profunda conciencia creada tanto en los ciudadanos como en las autoridades de contralor de tránsito respecto de la imprescindibilidad de contar con la Cédula de Identificación vigente o la Cédula para Autorizado para circular. Como contrapartida, cuando el Registro no puede emitir dichos documentos se está restringiendo el libre uso de los automotores por parte de sus propietarios o legítimos tenedores, dificultando asimismo la comercialización de estos bienes. No hace falta agregar que en estos casos, el Encargado debe enfrentar la queja del usuario sin información para dar una respuesta cierta.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos en los casos en los que no resulte posible regularizar la provisión de elementos registrales, se emitan los actos necesarios para comunicarlo al público y a las autoridades de control, autorizándose asimismo la entrega de alguna constancia que habilite a circular en los términos del art. 23 de RJA.
Sin otro particular , saludamos a Ud. atentamente.
EDUARDO URANGA ALEJANDRO GERMANO
FALTANTE DOCUMENTACION
NOTA PRESENTADA A LAS AUTORIDADES POR LA CD
Buenos Aires, 04 de octubre de 2013.-
DIRECCION NACIONAL DE LOS REGISTROS NACIONALES
En los últimos meses se han repetido, con distinta frecuencia, faltantes de documentación disponible para la venta en los Entes Cooperadores. En esa situación han estado, en forma alternada o conjunta, títulos, cédulas verdes y azules, placas metálicas, placas provisorias, Legajos B, placas provisorias y Formularios 13.
Estas inusuales situaciones producen una gran perturbación en la actividad diaria de los Registros Seccionales. En algunos casos los perjudicados directos son los usuarios, ya que no resulta posible cumplir en tiempo y forma con los trámites peticionados. También causa perturbaciones a la tarea diaria propia de los Seccionales y a la calidad de la información de las bases de datos, ya que la falta de emisión de documentación impide dar por concluidos los trámites o por inscriptas las Inscripciones Iniciales. Además obliga a los Encargados a un ingreso reiterado y sistemático en la página de ACARA, esperando el momento en que los elementos salgan a la venta. Y por último, recarga de tareas y costos la distribución, ya que los pedidos fraccionados aumentan la frecuencia de entrega.
Debemos señalar también que estas alteraciones en la normal distribución se ven agravadas por el hecho que la página web de ACARA no permite la compra de elementos en faltante de stock, por lo que los Registros se ven impedidos de cumplir con las normas sobre provisión de documentación, que imponen la obligación de efectuar la compra antes de llegar al stock mínimo. Es por esto que entendemos deben eliminarse, al menos por el momento, los controles que se hacen en las Auditorías sobre esta normativa ya que resulta a todas luces injusto que se sancione a quién se ha visto impedido por causas ajenas de cumplir con sus obligaciones.
Como siempre, quedamos a su disposición para considerar propuestas y alternativas que nos permitan superar esta compleja circunstancia.
Eduardo Uranga Alejandro Germano Secretario AAERPA Presidente AAERPA
Propuesta para el tramite de modificacion de datos referidos a la identidad de genero
LEY 26.743 DE IDENTIDAD DE GENERO Y LA ADECUACION DEL ASIENTO REGISTRAL POR CAMBIO DE IDENTIDAD DEL TITULAR REGISTRAL
A partir de la vigencia de la nueva Ley de Identidad de Género se establece un nuevo paradig-ma en el concepto de identidad.
El Estado argentino consagra el derecho de las personas a ser identificadas no sólo por su sexo biológico, sino también según su sentir interno, es decir cómo el individuo vive y siente su género, sin que deba por ello acreditar cambios o alteraciones en su biología, a través del so-metimiento a terapias hormonales o intervenciones quirúrgicas de reasignación de sexo.
La nueva ley pretende dar solución al problema por el que atraviesan las personas transgénero, permitiéndoles obtener un nuevo documento de identidad que las identifique.
Del análisis de los antecedentes parlamentarios del proyecto(1) , se infiere que la misma recepta la postura de considerar a las personas transgénero, como individuos que, en el desarrollo de su personalidad, asumen una identidad distinta al género biológico, no habiendo en ello una cuestión patológica o desorden en la salud psíquica o biológica del individuo.
Se trata de una forma de vivir y sentir individualmente el cuerpo y la identidad. Es por ello que en esencia, la ley lo reconoce como un derecho fundamental de cada sujeto en el pleno desa-rrollo de su personalidad. Esta postura se encuentra asentada en el criterio plasmado en tratados y convenciones internacionales(2) , como así también en la diversa jurisprudencia elaborada por los tribunales hasta la fecha de su sanción.
Procurando evitar que la persona atraviese situaciones vejatorias, discriminatorias o que le im-pidan vivir de manera plena en sociedad, la ley impone el deber de confidencialidad durante todo el procedimiento administrativo a través del cual se adecúa la identidad, el que debe man-tenerse aún después de obtenida la rectificación.
Establece un sistema administrativo, de carácter voluntario, que de manera expeditiva y gratui-ta, permite a la persona transgénero adecuar su identidad.
El propósito del presente trabajo es analizar el impacto de la nueva legislación en el ámbito registral, en atención al vacío normativo resultante a partir de su entrada en vigencia.
En especial respecto de cuestiones que consideramos esenciales en el desarrollo de la activi-dad, tales como la justificación de identidad, el deber de confidencialidad impuesto por la ley, el impacto sobre las situaciones jurídicas registrales vigentes tales como medidas cautelares, garantías reales, entre otras.
Se impone la necesidad de reglamentar administrativamente los aspectos señalados, y en es-pecial, dar un marco legal que defina la intervención del peticionario en la rectificación del asiento, la manera de llevarla a cabo, especialmente el modo en que deberá acreditar su legi-timación para rogar la adecuación del asiento que publicita la titularidad de su derecho, bajo su anterior identidad.
Finalmente cabe señalar que en el desarrollo del presente ensayo se ha considerado como presupuesto de hecho, la falta de correspondencia entre la identidad del sujeto peticionante, con respecto a la titularidad del asiento, que da cuenta de otro nombre o contiene anexado otro documento.
LEY DE IDENTIDAD DE GENERO. PRINCIPALES ASPECTOS QUE INCIDEN EN EL AMBITO REGISTRAL.
LA ACREDITACION DE IDENTIDAD EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR.
La acreditación de identidad, en tanto define jurídicamente el elemento subjetivo de la relación real, constituye una cuestión fundamental en el sistema registral, sobre todo si se atiende a su carácter constitutivo.
El impulso de la actividad registral se lleva a cabo a través del empleo de las solicitudes tipo, o formularios, los cuales deben contener la exteriorización formal del consentimiento del peticio-nario, a través de la certificación de su firma.
El procedimiento de certificación de firmas, presupone la intervención de un funcionario habili-tado por la reglamentación administrativa, (ya sea registrador, escibano, juez de paz, etc.),(3) para llevarlo a cabo.
Como principio general se establece que en todos los casos deberá exhibirse Documento Na-cional de Identidad, Libreta Cívica o de Enrolamiento, para el caso de argentinos nativos o na-turalizados, no admitiéndose la cédula de identidad.
Esta exigencia concuerda con lo prescripto en el artículo 13 de la Ley nacional 16.671 .(4)
En el caso de extranjeros, sin residencia permanente, deberán exhibir pasaporte.
En el supuesto de personas extranjeras de países limítrofes, alternativamente, documento na-cional de identidad, pasaporte, cédula de identidad del país de origen o argentina.
En especial se establece que cuando se trate de agentes diplomáticos o consulares extranjeros o de organismos internacionales acreditados en la República, exhibiendo credencial diplomática o exhibiendo cualquiera de los documentos detallados, según el caso.
La mayoría de las veces, las certificaciones de firmas se realizan ante el encargado de registro o escribano público.
En uno u otro supuesto, el funcionario interviniente en el procedimiento, emite un juicio de valor respecto de la identidad de la persona a partir del análisis del documento que exhibe, afirmando finalmente que la firma estampada, en su presencia en la solicitud tipo y documentación complementaria, le pertenece.
Requiere analizar las condiciones de idoneidad del documento y su correspondencia con la persona que lo exhibe.
Debe obrar diligentemente, y en este sentido el funcionario que emita un juicio de valor sobre la identidad, deberá estar persuadido respecto de la misma.
El peticionario adquiere el carácter de titular del emplazamiento registral y, por lo tanto se deben extremar las diligencias. La situación jurídica registrada será objeto de publicidad.
El documento exhibido debe guardar relación con los elementos que definen la identidad civil del individuo que se presenta (nombre de pila, apellido, sexo, fecha de nacimiento e imagen).
La falta de correspondencia de alguno de estos elementos, constituye un obstáculo para acre-ditar debidamente identidad en sede registral y, por lo tanto, imposibilita la certificación de su firma.
Razones de seguridad indican que no es posible afirmar la identidad de un peticionario tomando únicamente en consideración, su número de documento y el apellido, si no hay coincidencia con su imagen y nombre de pila.
Además, el artículo 7 (5) de la ley, al abordar los efectos jurídicos de la nueva identidad, establece que ésta será oponible a partir de su inscripción en el registro de las personas
Distinto es el caso cuando se certifican firmas ante escribano público, pues el notario cuenta con otros procedimientos para identificar a sus requirentes (6)
El artículo 1002 del Código Civil lo faculta a justificar la identidad de los comparecientes, alter-nativamente, a través de alguno de los siguientes medios: a) por afirmación de conocimiento; b) por la intervención de dos testigos de conocimiento del escribano que afirmen la identidad del requirente; y c) por exhibición de documento idóneo.
Las alternativas con las que cuenta el notario, especialmente la certificación por testigos o por afirmación de conocimiento, permitirán sortear las dificultades que se presentarán al registrador que no puede acudir a otros medios, más que acudir a documentación complementaria.
RECTIFICACION DE IDENTIDAD Y ADECUACION DE LA TITULARIDAD DEL ASIENTO EN EL REGISTRO DEL AUTOMOTOR.
Cuando una persona ha rectificado su identidad, y es titular de derechos u obligaciones inscrip-tas en el registro, debe necesariamente adecuar la titularidad del asiento.
El artículo 7 de la ley establece que “la rectificación registral no alterará la titularidad de los de-rechos y obligaciones jurídicas que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral”.
Si bien las situaciones jurídicas se mantienen inalterables, deviene necesario adecuar el asiento a la nueva realidad operada fuera del ámbito registral.
Para ello, deberá contar con documentación complementaria que permita al registrador calificar correctamente la petición.
El criterio en general seguido por la reglamentación, en temas vinculados a la rectificación de asientos motivados en errores, inexactitudes o mutaciones operadas fuera del registro, es exigir al peticionario que adjunte documentación complementaria dando cuenta de la situación que se pretende corregir.
Se plantea el interrogante acerca de qué tipo de documentación complementaria deberá ser requerida, dado que al artículo 9 (7) de la ley impone un estricto deber de confidencialidad en todo el procedimiento.
En tal sentido prescribe que “no se dará publicidad a la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en ningún caso, salvo autorización del titular”.
Además el citado artículo establece que sólo tendrá acceso al acta de nacimiento originaria el titular o a través de orden judicial.
Los nuevos documentos que se expiden (partida de nacimiento y DNI) no podrán hacer men-ción a la ley ni a la rectificación producida.
La confidencialidad impuesta por la ley ha sido establecida en beneficio exclusivo del titular de la información y, por lo tanto cede contando con su autorización expresa.
Por lo expuesto, entendemos que a fin de justificar el cambio de identidad, la persona deberá requerir al organismo que intervino en la registración la expedición de una constancia que la certifique o bien la expedición de la partida originaria.
Dicha constancia asumiría a la vez el carácter de notificación, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 10 de la ley, al cual nos referiremos más adelante.
La exhibición de la partida original, junto con la nueva emitida en su reemplazo presenta la difi-cultad de que ninguna de ellas haría mención a la nueva ley o rectificación inscripta, ni siquiera habría asentada alguna nota que las relacionara. Sin embargo habría coincidencia entre ellas respecto del lugar y fecha de nacimiento de su titular, sus datos filiatorios, el apellido, y en es-pecial el número de documento de identidad. Además, la única persona autorizada a solicitarla es su titular.
Sería conveniente que la documentación presentada date de una fecha de emisión reciente, brindando certeza acerca de su autenticidad y vigencia.
En otro orden de ideas, se presenta oportuno proponer alternativamente la presentación de un acta notarial, denominadas actas de notoriedad, pues en ellas el notario autorizante asevera un hecho notorio. En la especie estaría afirmando la identidad del requirente.
En la audiencia previa que el escribano celebra con el requirente, se preserva mejor la confi-dencialidad y discreción exigida por la ley.
La realidad indica que la mayoría de los registros seccionales, cuentan con una mesa de entra-das única para los usuarios en general. Generalmente con gran afluencia de personas, por lo que se hace imposible muchas veces poder mantener la discreción exigida.
El notario, en su calidad de profesional del derecho en ejercicio de una función pública, tiene el deber de guardar el secreto profesional (reglamentado en normas locales que hacen al ejercicio de la profesión). Pero además tiene a su cargo el deber de dar forma jurídica a la voluntad del requirente, procurando la eficacia del otorgamiento.
Toda vez que el acta notarial es un instrumento público, cuyo contenido hace plena fe y en consecuencia es oponible erga omnes (art 993 y 995 del Cod. Civil), debe constituir un modo alternativo para llevar a cabo la rectificación.
En este supuesto el notario deberá justificar la identidad del requirente, de acuerdo a lo dispuesto por el Código Civil y normas que reglamenten su función, pero además deberá calificar la legitimación teniendo a la vista la misma documentación señalada: a) ambas partidas de na-cimiento, o constancia emitida por el organismo que intervino en la inscripción de la rectificación de los datos de identidad.
El escribano autorizante quedaría habilitado a suscribir el formulario 02, pues cabría en la es-pecie aplicar el mismo criterio que el sentado en el Titulo I Capitulo I Sección 3 art. 4 del Digesto de Normas Técnico Registrales. Habiendo sido el consentimiento del titular del dominio ya otorgado en el acta notarial, resta simplemente rogar su inscripción formalmente, a través de la solicitud tipo, que tendría el carácter de minuta a esos fines .(8)
Entendemos que cualquiera de los dos modos alternativos propuestos para peticionar la ade-cuación del asiento (ante escribano público o registrador), el peticionario deberá contar con documentación complementaria que permita acreditar los elementos que integran la identidad civil de la persona, antes y después de la rectificación operada.
EL CAMBIO DE IDENTIDAD Y LAS NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
Basado en razones de interés público, se establece un sistema de comunicaciones a cargo del órgano nacional o provincial que intervino en la inscripción de la rectificación de identidad, a fin de poner en conocimiento de registros y entidades públicas, el cambio de identidad producido (9).
Es a cargo del Registro Nacional de las Personas el deber de informar al Registro Nacional de
Reincidencia, a la Secretaria del Registro Electoral, y en fin, a todos aquellos organismos que se establezcan en la reglamentación, en especial aquellos que puedan contener información sobre medidas precautorias existentes a nombre del interesado.
Toda vez que los diversos seccionales y la Dirección Nacional constituyen organismos donde se anotan medidas precautorias, estarán comprendidos dentro de lo prescripto por el citado artículo, y por lo tanto deberán ser anoticiados de las rectificaciones de identidad inscriptas.
Cabe preguntarse acerca del alcance que adquirirán tales notificaciones, sobre todo si tienen entidad, por sí solas, para rectificar los asientos, y si deben darse a conocer en informes o certi-ficaciones.
En atención a la redacción del artículo en cuestión, las comunicaciones dispuestas tienen por finalidad prevenir al registrador, en su actividad calificadora, sobre las medidas cautelares exis-tentes a nombre del interesado o del bien inscripto a su nombre.
Por lo tanto no debería tener entidad para rectificar el asiento (que requiere de una petición expresa y formal del titular, amén de la emisión de nueva documentación) ni siquiera puede ser objeto de publicidad (dada la confidencialidad impuesta por el artículo 9 de la Ley 26743 que se analizará a continuación).
La reglamentación no ha previsto el modo de articularse las notificaciones, por tal motivo, en-tendemos que, en atención a que el particular cuenta con la posibilidad de requerir información y autorizar su publicidad (art. 9) también podrá solicitar la expedición de la comunicación para ser presentada al registro seccional.
Por lo expuesto entendemos que, vinculando los art. 9 y 10 de la ley, el usuario tendría legitimación para requerir al Registro de las Personas o al Registro Civil, la expedición de la comunicación que deberá ser presentada al registro seccional. La misma sería la documentación complementaria más idónea para justificar el cambio de identidad.
EL DEBER DE CONFIDENCIALIDAD EN EL SISTEMA REGISTRAL.
Procurando evitar que la persona atraviese situaciones vejatorias, discriminatorias o que le im-pidan vivir de manera plena en sociedad, la ley impone el deber de confidencialidad durante todo el procedimiento administrativo, a través del cual se adecúa la identidad, el que debe man-tenerse aún después de obtenida la rectificación.
Esta circunstancia colisiona con la esencia de todo sistema registral, pues la razón de ser des-cansa en la publicidad de los derechos en él inscriptos. La interpretación y aplicación extrema del concepto conlleva a atentar contra su esencia y desvirtuar su funcionamiento (10).
Más aun en el sistema registral del automotor, en virtud del cual el conocimiento que tomen los terceros en virtud de las certificaciones por él emitidas, determinan su buena fe -art. 16 (11) del Decreto Ley 6582/58.
Dar preeminencia a la protección del sentir individual, basado en una presunción –como es evitar que la persona afrente situaciones de maltrato o discriminación- frente al interés general, que procura resguardar la seguridad jurídica, especialmente en el tráfico y respecto de terceros, no pareciera ser la solución adecuada. Pero además, se estarían confundiendo cuestiones de carácter subjetivas, vinculadas al sentir individual y trato digno (también receptadas en la ley) con aspectos jurídicos esenciales del sistema.
El sistema registral del automotor se caracteriza por su carácter constitutivo, de allí la importan-cia de acceder a las certificaciones e informes que emite el registro, procurando asumir un obrar diligente que revele la buena fe del sujeto interesado en adquirir derechos sobre un automotor.
Las situaciones jurídicas informadas reflejarán las constancias obrantes en el Legajo del au-tomotor, y pueden variar en su contenido, según el tipo de informe solicitado.
Pero cabe señalar dos aspectos que integran los mismos y se constituyen esenciales en el tráfico jurídico: el sujeto –es decir el titular o anteriores titulares del automotor- y el objeto –el automotor propiamente dicho. Aspectos que, por su relevancia, no pueden ser informados de manera equívoca o incompleta, porque son determinantes en la dinámica negocial, así como también en la dinámica fiscal, si atenemos también a la relación del estado con el contribuyente.
CONCEPTO DE CONFIDENCIALIDAD Y SU APLICACIÓN EN EL SISTEMA REGISTRAL.
Si bien no es el objetivo del presente trabajo realizar un análisis extenso o acabado del concepto, consideramos conveniente volcar algunas consideraciones acerca del mismo, para entender su alcance, confrontándolo con el contenido de la Ley 26.743.
Confidencialidad es la propiedad de la información, por la que se garantiza que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha información . (12)
Supone poseer cierta información que puede ser revelada sólo a quien se autorice su acceso.
El artículo 9° de la Ley 26.743 reza: “Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de naci-miento originaria quienes cuenten con autorización del/la titular de la misma o con orden judicial por escrito y fundada. No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo autorización del/la titular de los datos.”
El artículo citado responde al sentido de la definición vertida y por lo tanto, quien cuente con este tipo de información, debe manejarla con cautela. Sólo podrá publicitarla cuando cuente con la debida autorización del titular.
Sin embargo, esta especial situación que procura resguardar el interés individual, debe ser compatibilizada con otras situaciones que resguardan el interés general, tales como la seguridad del tráfico y la esencia del sistema registral que es la debida publicidad de los derechos inscriptos.
Cabe preguntarse cómo debe manejarse dicha información, y para qué, y a quién se exterioriza, puesto que consideramos son los aspectos relevantes que determinarán el contenido de la información que se brindará ante su requerimiento.
PUBLICIDAD REGISTRAL. CERTIFICACIONES E INFORMES. CONSULTAS DE LEGAJOS
El sistema cuenta con diversos mecanismos de publicidad a saber: la expedición de certificados e informes, la expedición de constancias registrales, y las consultas de legajos.
Todos ellos tienen por finalidad informar la situación jurídica del automotor, su titular, y las ano-taciones personales o medidas cautelares, respectivamente, que se encuentren inscriptas.
No es función del registro brindar otro tipo de información tales como datos relativos a la identi-dad de las personas (ejemplo expedir fotocopias de documentos de identidad) o su información económico financiera (pese a que por nuevas disposiciones de organismos estatales pueda contar con ellas). Tales informaciones deben ser brindadas por el organismo competente: Personas Juridicas, UIF, Registro de Estado Civil, etc.)
Dentro del género de informes, se encuentran los denominados Informes de Dominio Históricos, que además informan cada uno de los titulares registrales del automotor, desde su inscripción inicial. Publicitan sus datos personales, domicilio y la fecha exacta en que se registro el automotor a su nombre, así como también la fecha en que dejó de ser titular. Este tipo de in-formes es muy usual que sea requerido para solucionar aspectos fiscales (por ejemplo las bajas impositivas por cambio de radicación, multas, entre otros).
También los denominados Informes Nominales, que tienen por finalidad informar los dominios radicados en el registro seccional, cuyo titular registral es una determinada persona, física o jurídica.
Por otra parte se encuentran las solicitudes de constancias registrales, que suponen la expedi-ción de fotocopias certificadas de las Solicitudes Tipo y Formularios existentes en el Legajo B.
Se encuentra prohibido expedir fotocopias de documentos que contengan información personal o financiera, salvo que hubiera sido peticionada por el titular registral actual, o cualquiera de los anteriores, y cuando se tratare de una orden emanada de autoridad judicial.
En especial la reglamentación prescribe que el registro expedirá el certificado o informes, haciendo constar toda la información relativa al sujeto, al objeto, a medidas cautelares que afecten a uno u otro, y en especial señala que deberá informarse “cualquier otra anotación cuyo conocimiento por parte de terceros afectare eventualmente su condición de adquirente de buena fe” .(13)
Sin embargo, no siempre se peticiona un informe para adquirir un automotor. Los motivos de la solicitud pueden ser varios: para acreditar bienes en un proceso sucesorio, o en un procedi-miento concursal, por cuestiones fiscales, etc.
No resulta conveniente discriminar el tipo de información a consignar en un informe, según el motivo de la solicitud.
Sin embargo, entendemos que siempre es relevante la información relativa al titular del asiento o del derecho objeto de publicidad, porque impacta en las relaciones jurídicas.
En atención al carácter de cosa riesgosa que detenta un automotor, al carácter de bien mueble que integra el patrimonio de un deudor o causante en un proceso sucesorio, es decir, en aten-ción al interés de terceros tales como acreedores o sucesores, entre otros, sería conveniente dejar expresa constancia de la fecha en que se tomó razón del cambio de titularidad en el asiento.
Es decir que la información que se extendería, sería la relativa a la rectificación del asiento, pero no a la causa de la rectificación. Para dar un ejemplo práctico, si el automotor se encontraba inscripto originariamente a nombre de Juan Fernandez y posteriormente se modificó la titularidad por Juana Fernandez, sería conveniente emitir un informe consignando “Automotor originariamente inscripto bajo la titularidad de Juan Fernandez. Se deja constancia que con fecha 01/01/2013 se modificó la titularidad del asiento por Juana Fernandez tratándose de la misma e idéntica persona”.
Con respecto a la expedición de constancias registrales, especialmente fotocopias certificadas, como fuera señalado precedentemente, en ningún caso pueden expedirse copias de los formu-larios que den cuenta de la rectificación, por constituir información personal, salvo que fuera peticionada por su titular o bien sea requerido por orden judicial.
Cuando la solicitud de información, cualquiera sea su modalidad, sea requerida por autoridad judicial, debería informarse según el contenido del requerimiento judicial, sin limitaciones, puesto que el artículo 9 de la Ley 26.743 así lo dispone.
En todos los casos, antes de expedir informaciones, se impone efectuar la consulta previa a la base de datos de Anotaciones Personales. Si ésta arrojara un resultado positivo, es decir que el titular registre anotaciones personales según su documento de identidad pero bajo su anterior nombre, deberá ser calificada tal situación e informarse como inhibido. Ello además, se corresponde con el criterio sostenido en el artículo 7 último párrafo de la ley 26.743.
Esta calificación sólo será posible en tanto obre en el legajo la comunicación dispuesta en el art. 10 de la ley o bien si hay alguna constancia en el legajo que así lo acredite. De lo contrario, aunque el número de documento y el apellido coincidan, pero se trate de otro nombre, pareciera que no podría afirmarse que hay identidad de persona. Se sugiere en tales casos que se informe, en el rubro observaciones y a los efectos de calificar la buena fe del adquirente, a ma-nera de prevención, que existen anotaciones personales a nombre de otra persona, cuyo do-cumento y apellido coinciden con el titular registral. De acuerdo a doctrina judicial vigente, dicha información debiera impulsar al adquirente de buena fe a tomar conocimiento del expediente a fin de confirmar si se trata del mismo sujeto.
Cabe señalar que cuando se deja constancia en las certificaciones o informes de la rectificación del asiento efectuado en el registro, no se está haciendo mención alguna a la rectificación de la identidad o al ejercicio de los derechos consagrados en la Ley 26.743, tal cual lo prescribe su artículo 6 o 9, sino que, a los efectos de la buena fe y de la seguridad del tráfico, se estaría informando la fecha en que se tomó razón del cambio de denominación del titular registral, sin indicar los motivos que la fundaron.
LA RECTIFICACION DEL ASIENTO FRENTE A LAS SITUACIONES JURIDICAS VIGENTES
En el análisis de la petición por la que se solicita rectificar el asiento, puede suceder que existan medidas cautelares vigentes (sobre las personas o bienes).
Además, pueden encontrarse vigentes inscripciones que, sin llegar a ser medidas cautelares, involucren intereses de terceros. Tal es el caso de las garantías reales (prendas) o bien contratos de carácter personal, como el leasing.
Estas situaciones estarían contempladas en el art.7 de la ley. El mismo dispone que: “La recti-ficación no alterará la titularidad de los derechos y obligaciones que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio registral….”.
Por lo tanto, no sería óbice la inscripción de las rectificaciones, no obstante cabría señalar al-gunas salvedades a tener en cuenta.
Sería conveniente notificar al juez interviniente en la causa, que dispuso la inscripción de la medida cautelar de inhibición general de bienes.
Si la medida cautelar es un embargo sobre el automotor, no sería necesario, dado que la recti-ficación del asiento en nada incide en el proceso o en la eventual ejecución del automotor.
En el resto de los supuestos planteados, toda vez que el peticionario es el directamente involu-crado en las relaciones generadas e inscriptas en el registro (contratos de leasing, prendas, entre otros), debería acreditar, a su exclusivo cargo, haber cumplido con las notificaciones res-pectivas.
PROPUESTAS DE ADECUACION. LA RECTIFICACION DE ASIENTOS Y EL DIGESTO DE NORMAS TECNICO REGISTRALES.
Bajo la denominación “Rectificación de Datos”, el Título II, Capítulo XV del Digesto de Normas Técnico Registrales, contempla cuatro secciones referidas a rectificación de los asientos de dominio, y una última sección que recoge las disposiciones comunes a todas ellas.
Sólo la primera se refiere a la rectificación de datos de identidad, habilitando la adecuación del asiento cuando por error u omisión se hubiese inscripto en forma incorrecta o incompleta el nombre del titular, o su cónyuge o alguna de las personas intervinientes .(14)
Esos son los únicos supuestos contemplados, y será procedente mediante el empleo de una solicitud tipo 02, siempre y cuando coincida el número de documento de su titular. En caso de rectificaciones del cónyuge, se requiere además acreditar el vínculo con el titular registral al momento de la inscripción, exhibiendo la partida de matrimonio original y adjuntando una foto-copia.
Otros supuestos que no se ajusten a lo contemplado en la sección, sólo podrán ser rectificados si media orden judicial o acta emitida por el Registro Civil, con la anotación marginal de la orden judicial que así lo dispuso . (15)
La normativa vigente no sólo produce un obstáculo para el ejercicio de los derechos amparados en la nueva ley, sino que además resulta incongruente.
Ello justifica la necesidad de incorporar una sección especial, dentro del título Rectificación de Datos, que contemple las nuevas situaciones que se originen.
En atención a la redacción de la ley, y la concordancia que debe tener su reglamentación en tal sentido, es que se proponen dos modos de llevar a cabo la adecuación de la titularidad de los asientos de dominio: a través de la rogación expresa mediante el empleo de la solicitud tipo correspondiente (formulario 02) o bien por acta notarial de notoriedad.
Ambos supuestos deberán contar o relacionar, según el caso, con documentación complemen-taria que acredite la rectificación que se pretende inscribir.
A tales fines consideramos idónea la comunicación emitida por el Registro de las Personas a solicitud del interesado. El titular es el único legitimado para solicitar dicha certificación, la que deberá ser requerida a fin de presentarla ante el registro del automotor, a tenor de lo prescripto por los artículos 9 y 10 de la Ley 26.743
La sección especial que regule la adecuación de la titularidad del asiento motivado en la nueva ley, deberá hacer mención expresa del derecho al trato digno, de respeto y confidencialidad a la persona directamente involucrada, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 9 y 12 de la misma.
Con respecto a los certificados e informes que se expidan, se sugiere hacer mención a la fecha en que se inscribió el cambio de titularidad, sin hacer alusión a la causa o motivo que la impulsó.
Las comunicaciones administrativas que informen el cambio de identidad deberán ser asentadas en la hoja de registro, se propone previamente constatar su existencia y vigencia ante la autoridad emisora. La misma tendrá un doble alcance: por una parte permitir una correcta cali-ficación a la hora de determinar la existencia de medidas cautelares, y por la otra se erige como la documentación complementaria idónea para justificar la rectificación del asiento.
Con respecto a las situaciones jurídicas vigentes al momento de inscribir la rectificación, deberá distinguirse si se trata de medidas cautelares o bien de derechos reales o personales que invo-lucren directamente a terceros.
En el primer caso, de encontrarse vigentes anotaciones personales, resultaría oportuno que el particular autorice la notificación al juzgado oficiante a fin de prevenirlo acerca del cambio ope-rado. No sucedería lo mismo en el caso de las cautelares que afecten al automotor, tales como embargos, medidas de no innovar, etc, dado que no es óbice para su ejecución la rectificación de la identidad.
Con respecto a los derechos reales o personales que involucren a terceros, tales como contra-tos de prenda o leasing, debería estar a cargo del peticionario acreditar la notificación fehaciente a fin de salvaguardar sus derechos.
Somos conscientes que en la dinámica de la actividad registral surgirán otras dificultades no previstas en el presente ensayo. No obstante consideramos que las propuestas elaboradas responden a las situaciones más usuales que se presenta a diario.
Asimismo entendemos que son congruentes con el contenido de la ley y con el sistema registral, toda vez que no vulneran derechos involucrados.
Entendemos que la adecuación de la reglamentación administrativa debe ser llevada a cabo a la brevedad, dado que la actual redacción obstruye el ejercicio de los derechos consagrados en la ley.
1 Antecedentes Paramentarios. Tratamiento en la Cámara de Diputados. Dictámenes de las Comisiones Cámara de Origen. Orden del Día 2913-2011
(2) “Principios sobre la aplicación de la legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género“, los cuales surgieron de la reunión de especialistas de las Naciones Unidas realizada en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre del 2006. En dicha reunión se trató específicamente el problema de la discriminación de las personas en razón de su orientación sexual e identidad de género. www.yogyakartaprinciples.org. Convencion Americana de Derechos Humanos. Convención de los Derechos del Niño, entre otros.
(3)D.N.T.R. Título I, Capítulo IV, Sección 2 “De los peticionarios y de la forma de acreditar identidad o personería”,
(4) Lay 16671, Art. 13 “La presentación del documento nacional de identidad expedido por el Registro Nacional de las Personas será obligatoria en todas las circunstancias en que sea necesario probar la identidad de las personas comprendidas en esta ley, sin que pueda ser suplido por ningún otro documento de identidad cualquiera fuere su naturaleza y origen”.
(5) ARTICULO 7° — Efectos. Los efectos de la rectificación del sexo y el/los nombre/s de pila, realizados en virtud de la presente ley serán oponibles a terceros desde el momento de su inscripción en el/los registro/s…. En todos los casos será relevante el número de documento nacional de identidad de la persona, por sobre el nombre de pila o apariencia morfológica de la persona.
(6) D.N.T.R. Título I Capítulo V Sección 3
(7) Confidencialidad. Sólo tendrán acceso al acta de nacimiento originaria quienes cuenten con autorización del/la titular de la misma o con orden judicial por escrito y fundada.No se dará publicidad a la rectificación registral de sexo y cambio de nombre de pila en ningún caso, salvo autorización del/la titular de los datos. Se omitirá la publicación en los diarios a que se refiere el artículo 17 de la Ley 18.248.
(8) D.N.T.R. TÍTULO I Cap. I Secc. 1ra Artículo 4º.- Para peticionar la inscripción de transferencias instrumentadas por escritura pública, deberá presentarse el testimonio del acto notarial y, como minuta, la Solicitud Tipo correspondiente, suscripta por el escribano autorizante. En los supuestos de transferencias u otros actos cuya anotación o inscripción se hubiere ordenado por autoridad judicial o administrativa competente, se presentará el oficio o testimonio respectivo y, como minuta, la Solicitud Tipo que corresponda, suscripta por la autoridad mencionada o por la persona en quien aquélla haya delegado esa facultad o a la que se haya autorizado a diligenciar el trámite.
Lo dispuesto en el párrafo precedente, también se aplicará a los pedidos de informes ordenados por dichas autoridades, o a los pedidos que tengan por objeto acreditar el haber sucesorio, ya sea que fueran suscriptos por las mencionadas autoridades o por las personas autorizadas por éstas a diligenciar el trámite o por los letrados patrocinantes. En los casos previstos en este artículo, alEn otro orden de ideas, la firma estampada en la minuta no requerirá certificación
(9) ARTICULO 10. — Notificaciones.El Registro Nacional de las Personas informará el cambio de documento nacional de identidad al Registro Nacional de Reincidencia, a la Secretaría del Registro Electoral correspondiente para la corrección del padrón electoral y a los organismos que reglamentariamente se determine, debiendo incluirse aquéllos que puedan tener información sobre medidas precautorias existentes a nombre del interesado.
(10) “Es indudable que todo registro conlleva el ingrediente o elemento llamado publicidad. Es como requisito-condición del registro en su carácter de jurídico”. Teoría General de los Registros. Pág. 3 Autor. Fernando FUEYO LANERI. Editorial ASTREA de Alfredo y Ricardo DEPALMA. Buenos Aires, 1982.
(11) “ A los efectos de la buena fe… se presume que los que adquieren derechos sobre un automotor, conocen las constancias de su inscripción y de las demás anotaciones que respecto de aquél obran en el Registro, aún cuando no hayan exigido del titular del disponente del bien, la exhibición del certificado de dominio…”.
(12)http://es.wikipedia.org/wiki/Confidencialidad
(13)Titulo II, Capitulo 7 Art 2 inciso 21 D.N.T.R.
(14) D.N.T.R. Titulo I. Cap. XV Secc 1ra. Artículo 1º.- Cuando por error u omisión se hubiera inscripto en forma incorrecta o incompleta el nombre o apellido del titular del dominio, de su cónyuge o de alguna de las partes o personas intervinientes, se podrá solicitar la rectificación de tales errores, mediante la presentación de la Solicitud Tipo “02”, cuyo uso se ajustará a los recaudos previstos en el Título I, Capítulo I.
(15) D.N.T.R. Titulo I. Cap. XV Secc 1ra. Artículo 4º.- Toda modificación en el nombre o apellido de las personas producida con posterioridad a la inscripción del automotor a su favor, deberá ser solicitada acompañando indefectiblemente el testimonio judicial que así lo aclare o acta original o fotocopia autenticada por el Registro Civil con la anotación marginal de la orden judicial, salvo que se tratare de una mujer casada que solicite suprimir o adicionar el apellido marital, en cuyo caso deberá acompañar el acta pertinente.
BIBLIOGRAFIA Y LEGISLACION CONSULTADA
Gil Domínguez, Andrés. Sup. Esp. Identidad de género - Muerte digna 2012 (mayo), 28/05/2012, 30 - La Ley 2012-C, 1026
Medina, Graciela. La Ley de identidad de género. Aspectos relevantes. La Ley 01/2/2012-A-770
Von Opiela Carolina. Sup. Esp. Identidad de género - Muerte digna 2012 (mayo), 28/05/2012, 67 - LA LEY2012-C, 1066
Ley Nacional 26.743. Identidad de Género
Decreto Reglamentario 1007/2012
Teoría General de los Registros. Pág. 3 Autor. Fernando FUEYO LANERI. Editorial AS-TREA de Alfredo y Ricardo DEPALMA. Buenos Aires, 1982.
NORMAS UIF
PRESENTACION SOBRE LA DISP 446/2013 Y CIRCULAR DANJ Nro 2/2013
Buenos Aires, 03 de diciembre de 2013.-
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, con el propósito de llevar a vuestro conocimiento algunas consideraciones acerca del reciente dictado de la disposición D.N. N°446/2013, modificatoria de la disposición D.N. 193/2012, y de la Circular aclaratoria Circular DANJ N°2/2013. Su puesta en vigencia ha suscitado una serie de dudas y/o divergencias interpretativas que entendemos resulta necesario aclarar. En el ámbito de la Comisión de Asuntos Normativos de nuestra Asociación, se han recibido distintas opiniones y sugerencias de los colegas, cuya recopilación aprovechamos acercar por medio de la presente a esa Dirección Nacional, proponiendo en lo que estime conveniente las correspondientes modificaciones a la normativa citada.
Respecto de la Disposición 446 debemos señalar lo siguiente:
a) En el artículo 1° se establece que quedan alcanzadas por la disposición las personas que realicen trámites referidos a ciertos bienes …”y en el caso de prendas tanto de los vehículos detallados como de bienes muebles registrables.” Debió aquí decirse bienes muebles no registrables ya que de esta manera se incluye la actividad de los Registros de Créditos Prendarios que se ocupan de dichos bienes.
b) El artículo 2° que intenta aclarar el concepto de cancelación anticipada debería ser ampliado en varios sentidos. Cuando refiere que la cancelación anticipada es aquélla sea peticionada con anterioridad a la fecha de finalización del contrato prendario debería aclarar que esta fecha es la del vencimiento de la última cuota o la de cumplimiento de la obligación. Por otro lado, debe quedar claro que este trámite requiere el cumplimiento de los requisitos sólo cuando involucre sumas que alcancen los $350.000.- ya que los requisitos generales habrán sido cumplidos al tiempo de la inscripción del gravamen. En cuanto a este último monto, debe aclararse que se refiere al monto de la prenda original y no al monto pagado para cancelar. Y por último, debe aclararse que el monto de los fondos cuyo origen se debe acreditar (art. 5°) es el que resultó necesario para poder cancelar el contrato. Es decir, si un contrato de $400.000.- es pagadero en 10 cuotas de $40.000.- y se cancelan las dos últimas cuotas juntas (cancelación anticipada) el deudor deberá acreditar el origen de $80.000.-
c) En el artículo 3° referido a las operaciones realizadas por otros Sujetos Obligados, sería oportuno aclarar cuáles son las medidas de debida diligencia reforzadas y también establecer cómo proceder ante peticionarios que puedan revestir prima facie el carácter de Sujetos Obligados de acuerdo a la actividad declarada, pero se encuentre eximidos de dicha obligación por condiciones de hecho o decisiones judiciales. Por otro lado, aunque parezca redundante, resulta necesario aclarar que no corresponde observar el trámite por el incumplimiento de las obligaciones indicadas en este artículo.
d) En cuanto al artículo 4° y en consonancia con lo establecido en la Circular DANJ N°2/2013, debe ratificarse que todos los datos que hacen a la identidad de las personas físicas e identificación de las personas jurídicas se tienen por acreditados con las certificaciones de firma y acreditación de personería si estas son hechas de acuerdo a las normas que rigen la materia (DNTR, normas pertinentes del Título I, Capítulos IV y V) Parece oportuno dar una clara definición de Propietario/Beneficiario y aclarar la redacción ya que se habla de Propietarios/Beneficiarios y de personas físicas que, directa o indirectamente, ejerzan el control real de la persona jurídica y en realidad los Propietarios/Beneficiarios son, por definición , personas físicas. La redacción parece indicar que se trata de dos categorías distintas. En cuanto a los firmantes de las declaraciones juradas indicados en el inciso e), creemos oportuno incluir a los apoderados con facultades suficientes para la petición que origine el requerimiento ( I.I. , transferencia etc.)
e) En cuanto al artículo 5° parece apropiado corregir la redacción ya que los párrafos antepenúltimo y anteúltimo repiten prescripciones ya establecidas en el artículo 4°. El párrafo referido a los trámites sucesivos o simultáneos repite lo prescripto luego en el artículo 7°. Por una cuestión de buena técnica parece aconsejable eliminar el párrafo del artículo 5° y mantener el artículo 7° que además introduce el concepto de año calendario para determinar el límite de la acumulación.
f) Con respecto al artículo 8° y en consideración a la limitación establecida en el inciso e) de la segunda parte del artículo 5°, resulta necesario establecer quiénes pueden, en representación de las personas jurídicas, manifestar la negativa a cumplir con los artículos 4° y 5°.
g) En cuanto a la posibilidad de conformar un Legajo Único Personal para sujetos distintos de los previstos en el artículo 11, el artículo 14 establece que debe pedirse autorización a la Dirección Nacional. Creemos que es un requisito excesivo y que no existe ningún riesgo en que sean los propios Encargados los que resuelvan conformar, en el ámbito de su R.S., un Legajo cuando la cantidad de trámites en cabeza de una persona lo hagan conveniente. Esto permitirá reducir la acumulación de documentación y elimina una mayor carga de trabajo para la Dirección Nacional.
h) Una mención aparte merece la descripción de los bienes alcanzados por estas normas. El artículo 1° describe los bienes alcanzados por las normas generales y a su vez el artículo 5° establece sobre cuáles de estos se deben aplicar los controles adicionales en caso de operaciones que alcancen los $350.000.- En ninguna de las dos clasificaciones se incluyen los furgones. Está claro que esto no los excluye del cumplimiento de las normas generales, ya que es evidente que la intención de las normas es incluir a todas las categorías de automotores que puedan ser registrados. Mayores dudas genera su inclusión o no en la categoría del artículo 5°. En nuestra opinión dicha enumeración es taxativa y por lo tanto deben tenerse por excluidos, pero parece oportuno aclararlo.
i) Por último, una cuestión que no es materia que pueda resolver la Dirección Nacional por sí pero que debería ser corregida es la obligación de cumplir con los controles adicionales (composición del capital, Beneficiario/Propietario) de algunos sujetos alcanzados como las entidades financieras, sociedades de ahorro previo o empresas dedicadas al otorgamiento de leasing que están sometidas a rigurosos controles por parte de otros organismos del Estado y que podrán ser eximidos de estos requisitos.
Coordinador Comisión Asuntos Normativos Presidente AAERPA
NOTA CABA
Se presento una nota la la Sub-Drectora con motivo del dictado de la Resolucion 575/2013 del Ministerio de justicia y Seguridad de la Ciudad
Buenos Aires, 14 de Marzo de 2014.
Direccion Nacional de Los Registros Nacionales De La
Propiedad del Automotor y Creditos Prendarios
Con fecha 13 de Diciembre de 2010 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 3708 que crea el Registro de Verificación de Autopartes y establece la obligación del grabado del número de dominio en seis partes de la carrocería de todo vehículo radicado en esa jurisdicción. Con posterioridad se dictaron varias normas modificatorias y reglamentarias, entre ellas la Resolución 575/2013 del Ministerio de Justicia y Seguridad que impone la obligación para los Titulares de los Registros Seccionales de la Ciudad Autónoma de de verificar el cumplimiento de dichas normas. Dicen los considerandos de dicha Resolución “… Que en ese sentido se entiende que los citados funcionarios tienen el deber genérico de observar y hacer observar todas las normas de orden público nacional y local, colaborando con la jurisdicción local respectiva en ocasión del ejercicio de sus funciones, en el caso, exigiendo la tenencia del formulario de grabado ;Que este Ministerio se encuentra facultado para dictar las normas instrumentales complementarias e interpretativas y celebrar convenios necesarios para la mejor y más adecuada implementación del régimen.”
En los últimos días se han presentado ante varios Registros Seccionales personas que manifiestan ser agentes del Gobierno de la Ciudad para entregar elementos que hacen al control en cuestión y , sobre todo, informar que el Gobierno de la Ciudad procederá a auditar el cumplimiento de la mencionada obligación de control. Los Registros Seccionales hemos realizado en el pasado y realizamos en la actualidad diversas tareas relacionadas con normas ajenas a la actividad técnico –registral que es nuestra función natural. En este sentido pueden mencionarse los controles y/o percepción del Impuesto para el Incentivo Docente, Resoluciones de la DGI y la AFIP referentes a la adquisición de automotores, controles sobre inscripciones impositivas (CUIT, CUIL, CDI) cumplimiento de las resoluciones de la UIF y en especial la percepción, administración y rendición de los impuestos a la radicación de vehículos y las infracciones de tránsito.
Como resulta de este somero repaso, se trata del cumplimiento de normas de distinta índole y jurisdicción, ya sea Nacional, Provincial o Municipal incluido el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En todos los casos se ha hecho mediante convenios entre el Ministerio de Justicia o la Dirección Nacional a su cargo y el organismo interesado, según sea la naturaleza y modo de la prestación del servicio y con el dictado por esa Dirección Nacional de las normas técnico- registrales pertinentes que incluyen la facultad de control por parte de la natural autoridad de aplicación del régimen legal del automotor, facultades que le reserva explícitamente el decreto 335/88 en su artículo 2 incisos c) y a) estableciendo además el mecanismo de remuneración a los Seccionales.
No puede ser esto una excepción, por lo que solicitamos su intervención con el fin de establecer las pautas bajo las cuales los Registros Seccionales prestaremos, de corresponder, una vez más nuestra colaboración en la gestión de las políticas públicas del Estado.
Alvaro Gonzalez Quintana Alejandro Germano
Presidente Delegación CABA Presidente AAERPA
NOTA VERIFICACIONES
Nota presentada a las autoridades por la C.D. de AAERPA
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el fin de elevar a su consideración algunas propuestas relacionadas con el instituto de verificación física de los automotores. Ellas son el fruto de los debates en el seno de nuestra Comisión Directiva, y resumen las ponencias y trabajos en comisión de los últimos Congresos Nacionales de Encargados de Registro de la AAERPA. El trabajo de coordinación se debe a los Dres. Francisco Iturraspe y Ricardo Larrateguy Cremona.
Alejandro Germano Eduardo Uranga
Presidente AAERPA Secretario AAERPA
NOTA DESPAPELIZACION
PROYECTO DE DESPAPELIZACION EN EL REGISTRO AUTOMOTOR
Analizar la supresión del uso y archivo de documentos en soporte papel, y la suplantación por el archivo digital, en la medida que esto resulte aconsejable y acorde con la normativa vigente.
Tanto el acceso, trámite, conservación, información así como la publicidad de los datos registrales, estuvo históricamente basado en el papel: formularios, solicitudes tipo, legajos, documentación registral, planillas, informes, etc.
La administración central promueve sin embargo y desde hace más de una década, la implementación de las nuevas tecnologías de información como herramientas de mayor seguridad, eficiencia y eficacia en la gestión pública.
Dentro de ese movimiento, uno de los ejes es la ¨instrumentación progresiva a partir del 2001 de procedimientos administrativos digitalizados que eliminen progresivamente el uso de papel como portador de información¨ (Plan Nacional de Modernización del Estado, Decreto 103/01).
En esa línea, la DNRPA realizó modificaciones en la operatoria registral, como por ejemplo:
*Supresión del triplicado de la ST08
*Implementación de certificados de importación y nacionalización electrónicos
*Comunicación entre los actores del sistema registral (DNRPA, RRSS, entes de cooperación y organismos con convenios especiales) por medios electrónicos
*Creación de formularios inteligentes (13I, 13S, 13P) con menos ejemplares, y maximizada su capacidad de información.
*Fijación de plazos de conservación de documentación.
*Desarrollo de nuevas plataformas para los sistemas de registración.
Este último punto merece una atención destacada. El Sistema Unico de Registración de Automotores (SURA), sucesor del Sistema Infoauto, tiene entre sus capacidades la de obrar como base de datos, tanto en forma estática (archivo) como dinámica (informes). Actualmente se perfila como el eje natural de la campaña despapelizadora, ya que convergen en él otros instrumentos, como las consultas on line de certificados de nacionalización e importación, inhibidos, colegios de escribanos, formularios CETA, etc.
Es en base a estas nuevas tecnologías de información disponibles, y particularmente al SURA, que hoy es posible mejorar la eficacia y exigencia de la actividad registral sin menoscabar la seguridad. En esa dirección se realizan las siguientes propuestas.
Archivo de legajos.
En la última década, el patentamiento de automotores registró un aumento considerable y sostenido. Por cada vehículo, los registros seccionales guardan en archivo un legajo B, que contiene en papel todas las constancias de su identificación, modificación y afectaciones al dominio. La cantidad de fojas de cada legajo varía inicialmente de al menos diez para particulares, hasta 50 hojas o más para el caso de personas jurídicas, en cuyo caso debe glosarse sus instrumentos de creación (estatuto, actas de asamblea, directorio, poderes etc.). La capacidad física de las oficinas registrales se verá pronto desbordada –con los peligros que ello implica- incluyendo a la misma DNRPA. Este organismo sin embargo, ha previsto para ello en forma reciente la digitalización de los documentos que reciben como desglose de los registros.
Atento el carácter federal del sistema, parece impracticable realizar una digitalización de todos los documentos obrantes en los seccionales, y que son de uso permanente.
Sin perjuicio de ello, resulta una propuesta viable que los legajos de automotores cuya inscripción inicial se haya realizado hasta el año 1994 inclusive, y que no se encuentren identificados con matrícula alfanumérica, sean destruidos previa comprobación de la exactitud del estado del dominio cargado en el SURA o en Infoauto. Al momento de presentarse un eventual trámite, se procederá a confeccionar con una carpeta un nuevo legajo, con la impresión de los datos de identificación existentes en el sistema informático.
El objeto de esta medida es liberar espacio físico en los archivos de los registros para permitir el adecuado resguardo de la documentación que respalda derechos y relaciones jurídicas reales: y evidencia una razonabilidad manifiesta que sean descartados aquellos documentos en papel de automotores que no tienen movimiento en los últimos dieciocho años, que han sido dados de baja por destrucción o que registran denuncias de robo o hurto. Asimismo, todos esos vehículos se encuentran imposibilitados de circular por la vía pública, al no haber cumplido con la convocatoria obligatoria al parque automotor, vigente desde el año 1995.
Los datos que surgen de los legajos físicos a destruir –para la circunstancia que fuese-, quedarán conservados en la base de datos del sistema, sirviendo este como documento legal en los términos de la Ley de Firma Digital, normas complementarias y otras operativas, que se dicten al efecto.
De todos modos, vale recordar que los documentos originales relativos a estos vehículos y que formaron la copia de respaldo (legajo A) se encuentran microfilmados –o digitalizados ahora- en la DNRPA.
Informes y planillas mensuales.
El DNTR, en el Título I, Capítulo III, Sección 2ª, art. 10, ya preveía la remisión de planillas a través del Sistema Infoauto. Esto es, comunicar a la DNRPA todos los datos relevantes de la operatoria del Seccional. Resultaba un avance sobre la clásica remisión de planillas (que no fue descartada totalmente). Significaba que sobre la base de datos perteneciente al seccional, se comunicaban diaria o mensualmente los datos para que los cambios actualizasen la base de datos de la DNRPA. Sin embargo, el SURA opera sobre una única base de datos, cuyos servidores se encuentran en la propia DNRPA, y los registros son clientes, operadores con permiso para efectuar modificaciones sólo sobre aquellos datos base de su jurisdicción. Esto implica un cambio sustancial en la relación DNRPA – RRSS, ya que los datos hoy pertenecen a la misma DNRPA: se ha vuelto redundante pues, informar mensualmente, mediante soporte papel, operaciones que el organismo de aplicación ya tiene en su poder, desde el momento mismo de su ingreso.
La propuesta sobre el particular es entonces, con respecto a todos los seccionales que operen con SURA, la eliminación de las planillas originalmente previstas por la 3ª Sección del Capítulo III, Título I del DNTR, y de aquellas que -por vía de la mesa de ayuda o capacitación del SURA- fueron indicadas para su reemplazo.
En la 3ª Sección, se discrimina la documentación a remitir antes del décimo día de cada mes, a saber:
a) Una fotocopia, firmada en original, de la planilla “ASIENTOS MENSUALES” y la documentación de todos los trámites consignados en ella.
b) Una fotocopia, firmada en original, de la planilla “ASIENTOS MENSUALES-PENDIENTES”.
c) Una fotocopia, firmada en original, de la planilla “ASIENTOS MENSUALES-ANEXO” y la documentación de todos los trámites consignados en ella.
Para los Registros que operan con el sistema SURA, la impresión de estas planillas es fácticamente imposible. Han sido reemplazadas por la Planilla de Gestión, que puede visualizarse en pantalla o imprimirse en caso de que sea estrictamente necesario, por la misma DNRPA. Del mismo modo pueden consultarse las siguientes planillas obligatorias:
d) Original firmado de la “PLANILLA DIARIA DE CAJA” de todos los días hábiles del mes. Cada una de ellas estará acompañada por sus correspondientes recibos anulados (efecto 2).
e) Original de las planillas “CONTROL DE ASIGNACIONES DE DOCUMENTOS Y ELEMENTOS REGISTRALES”, debidamente firmadas y selladas.
y este último informe que ha sido reemplazado por la planilla de emolumentos:
f) Duplicados del “RESUMEN MENSUAL DE ARANCELES”, de la planilla de “LIQUIDACION DE EMOLUMENTOS”, las declaraciones juradas relativas a Legajos efectivamente enviados y a Certificados Dominiales para Cambio de Radicación emitidos previstas en la Disposición D.N. Nº 931/97 y la boleta de depósito (efecto 2).
Que han sido reemplazadas en el SURA por planilla emolumentos
En síntesis, los actuales registros que operan con SURA, deben imprimir mensualmente, según un manual de procedimientos difundido por la mesa de ayuda, las siguientes planillas: (cita textual)
1- PLANILLAS DE CAJA (si es que no imprimieron durante los dias)
2-PLANILLA DE GESTION MENSUAL (en una sola planilla se agrupan mensuales + pendientes ) .
3- La planilla de Elementos registrales (suministros) disponible en el Menu INFORMES.
4- Para liquidar emolumentos, deben proceder, ingresando a INFORMES - EMOLUMENTOS. (cabe aclarar que cuando se migra la informacion de Infoauto III a SURA, se realiza de manera completa, lo que significa que el mes completo puede liquidarse por SURA)”
Dichas planillas son accesibles actualmente por consulta on line, desde cualquier terminal autorizada por la DNRPA, por lo cual resulta redundante proveerla de información que ya posee, debiéndose eliminar su impresión y remisión mensual. Cada registro podría decidir sin embargo, su impresión para archivo propio, según la operatoria de control que tenga por costumbre.
Se enumeran a continuación, los antecedentes que respaldan las proposiciones efectuadas.
Ley 25.506, Firma Digital (2001)
Decreto 103/01: Plan Nacional de Modernización del Estado. Líneas de trabajo del Gobierno Electrónico: “Instrumentación progresiva a partir del 2001 de procedimientos administrativos digitalizados que eliminen progresivamente el uso de papel como portador de información.”
Decreto 378/05: creación del Plan Nacional de Gobierno Electrónico. (DOCUMENTO ELECTRONICO: Transformar progresivamente los procedimientos para incorporar la creación, archivo y verificación de documentos en formato electrónico tal como se define en la Ley Nº 25.506 de Firma Digital.)
Decreto 1818/06: modificación a la reglamentación de la Ley de Firma Digital (Decreto 2628/02).
Disposición D.N. Nº 326 (2006): Aprobó una “Tabla de Plazos Mínimos de Conservación de Documentos”, que se integró como Anexo I para aplicación por parte de los Registros Seccionales. Indicó que el procedimiento de destrucción de la documentación correspondería exclusivamente a los Encargados, debiendo adoptarse el método que garantice su individualización. Enumeró también una serie de elementos que en el momento no eran generados por los RRSS, sobre los que podría procederse a su inmediata destrucción. Aclaró que la medida regulaba sólo lo referido a documentos operativos que cumplían una función administrativa, y obedecía a diversos planteos realizados por los Encargados en orden a adoptar medidas tendientes a reglamentar la guarda de documentación registral en los Registros —cubriéndose así un vacío normativo existente en la materia—. Refirió de esta forma el Decreto 1571/81, 644/89 y 2265/94.
Disposición D.N. Nº 308 (2008): Estableció, a partir del 28.04.08, el reinicio del proceso de microfilmación del Legajo ´A´ obrante en el archivo de la Dirección Nacional, en forma gradual y por etapas, con arreglo a las normas IRAM 32.506, 32.206, 32.202 y 32.211. Designó a los agentes responsables de la tarea, atendiendo al artículo 8º del RJA y al artículo 7º del Decreto 335.88.
Disposición D.N. Nº 911 (2011): reemplazo de los certificados de importación por los certificados de importación electrónicos.
Disposición D.N. Nº 245 (2012): fija la entrada en vigencia del Sistema Unico de Registración de Automotores.
Disposición D.N. Nº 356 (2012): Autoriza la digitalización para la guarda y conservación de documentación registral.
Disposición D.N. Nº 408 (2012): reemplazo de los certificados de fabricación nacional por los certificados de fabricación electrónicos.
Subsecretaría de Tecnologías de Gestión Marco normativo digitalización y conservación de documentación
HTTPS://WWW.AGENDADIGITAL.GOB.AR/MULTIMEDIA/FILES/PDF/DIGESTO_DIGITALIZACION.PDF
Recomendaciones para destrucción de documentación
HTTP://WWW.JUS.GOB.AR/DATOS-PERSONALES/RECOMENDACIONES/RECOMENDACIONES-PARA-DESTRUCCION-DE-DOCUMENTACION.ASPX
"Las nuevas tecnologías permiten la despapelización" palabras del Secretario de Justicia Julián Alvarez.
HTTP://WWW.SINMORDAZA.COM/NACIONAL/NOTICIA/15785-DIGITALIZARAN-LOS-TRAMITES-DEL-REGISTRO-AUTOMOTOR.HTML
Eduardo F. Uranga Alejandro O. Germano