Source: https://es.scribd.com/document/57166127/Tesis-en-Derecho-Civil
Timestamp: 2017-05-23 19:16:34
Document Index: 242204360

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2. El Principio de Igualdad en la Constitución de 1980.2. ___________ 36 2. En cuanto a la capacidad jurídica de la mujer. Sentido y alcance. Principio de Igualdad. ¿Mito o realidad?__________
CAPÍTULO IV Análisis crítico a la legislación actual. _______________________________ 3.6 Facultad para nombrar partidor. En cuanto a la administración de los bienes de la mujer.
1. ______________ 37 3. ________________________________________ 3. ________ 29 30
CAPÍTULO III Análisis del Principio de Igualdad en relación a las normas que regulan la administración del régimen patrimonial de sociedad conyugal. Observancia del Principio de Igualdad en el Código Civil.7 Facultad para celebrar contrato de sociedad. provocar la partición y concurrir en ella. Plena capacidad de la mujer casada. En cuanto a la administración de los bienes sociales. __________________ 4 40
1. _____________________________________ 2.3.
2 Acción de Inconstitucionalidad. ___________________________
1. ______________________________ 1.3. ___________________________ 1. ____________________________________
1.1 Requisitos de procedencia. ___________ 1.1. Tramitación del Recurso.2 Titulares de la Acción.CAPÍTULO V Una nueva propuesta. Marco Jurídico Internacional ________________________________
. ___________________________ 1.1 Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad.
1.1.1. ___________________________
2. Marco Jurídico Interno.3 Normas relativas a la vigencia.
1 De la Sociedad Conyugal.2 Patrimonio Reservado.
1.2 Administración Extraordinaria.3 Bienes Propios.CAPÍTULO VI Reforma legislativa. Administración de los bienes sociales. _____________________________
2. Patrimonios.1 Administración Ordinaria. _________________________________ 1. _________________________________ 2. __________________________ 1. una propuesta ambiciosa. ______________________________________________ 2. _________________________________________
. ___________________________________ 2.
mediante el ejercicio de recursos procesales contemplados en nuestra Carta Fundamental.
Realizamos un análisis crítico de la legislación vigente de esta materia y.
Sin embargo. a partir de la legislación actual nos fue posible plantear alternativas para enfrentar casos concretos y.ADMINISTRACIÓN IGUALDAD – DERECHOS HUMANOS MUJER
El presente trabajo de investigación tiene por objeto demostrar que las normas civiles que regulan la capacidad jurídica de la mujer casada en sociedad conyugal están en clara oposición con el Principio de Igualdad. restablecer el principio en cuestión. y así también. considerar la opción de acudir a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. concluimos que es necesaria una reforma de la legislación civil que cumpla cabalmente el principio constitucional de igualdad. finalmente. de alguna manera.
CAPACIDAD MUJER CASADA – SOCIEDAD CONYUGAL.
los sociales y los de aquélla. resguardar la observancia del Principio de Igualdad.
En el original Derecho de Familia que Andrés Bello plasmó en el Código Civil de 1855 contempló las siguientes ideas fundamentales: Una amplia potestad marital y la incapacidad relativa de la mujer casada como consecuencia del régimen matrimonial legal de comunidad de bienes. en materia de regímenes patrimoniales.335 del 23 8
. Una de las manifestaciones de estos cambios. resulta imprescindible adecuar el ordenamiento jurídico de manera que éste refleje la evolución que experimenta la sociedad y.
En lo sucesivo. que otorgó plena capacidad a la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal y la Ley Nº 19. sujeto en cuanto a estos últimos a las limitaciones en su disposición que regulaba el título de la Sociedad Conyugal. que es la base del análisis de este trabajo. lo constituyen la Ley Nº 18. El marido administraba libremente y sin injerencia de la mujer sus bienes propios.INTRODUCCIÓN
En una sociedad democrática y pluralista como la nuestra.802 del 9 de junio de 1989. en que el respeto a los derechos fundamentales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. el fortalecimiento del vínculo familiar en interés de la estabilidad social. el Derecho de Familia ha experimentado numerosas modificaciones especialmente. en este punto en especial. Éstas eran las ideas rectoras de su época y obedecían a un fin bien claro.
que estableció el régimen de participación en los gananciales y la institución de los bienes familiares.de septiembre de 1994. todas ellas inspiradas y nutridas por el Principio de Igualdad. no han sido suficientes para permitirle el pleno goce y ejercicio de sus derechos.
Nos planteamos el desafío de evaluar y proponer soluciones empleando las herramientas que nos ofrece el ordenamiento jurídico. así como también formular un proyecto de reforma del sistema de administración de la sociedad conyugal. paulatinamente. una mayor capacidad a la mujer casada. todo ello en un marco de amplia libertad concedida a los cónyuges para elegir su estatuto jurídico patrimonial.
. en el sentido de que éste exprese y respete las normas constitucionales y de tratados internacionales.
Si bien estas modificaciones han contribuido a reconocer. Por ello uno de los principales objetivos de nuestra investigación será demostrar que las normas civiles que regulan la capacidad jurídica de la mujer casada en sociedad conyugal están en clara oposición con el Principio de Igualdad.
Breve referencia a los regímenes patrimoniales en Chile.Régimen de Separación Total de Bienes. en el momento de la celebración del matrimonio. tal como lo señala el artículo 1715.
Nuestra legislación contempla tres regímenes patrimoniales y su elección corresponde libre y espontáneamente a los contrayentes. todas las normas en que no se precise su fuente se entienden pertenecer al Código Civil. que puede pactarse antes de la celebración del matrimonio en las capitulaciones matrimoniales.
Si los cónyuges no manifiestan expresamente su elección.CAPÍTULO I Consideraciones Generales
. sea manifestando su voluntad expresa o tácitamente. la ley suple su silencio y se entenderá que optan por el régimen de sociedad conyugal. o durante el matrimonio de acuerdo a lo que señala el artículo 1723 inciso 1º. así lo consagran los artículos 135 en su primera parte y 1718 del Código Civil1
Como ya se indicó. en la celebración del matrimonio y durante el mismo..
. pueden los cónyuges además sustituir el régimen de separación de bienes o de sociedad conyugal por la participación en los gananciales.Régimen de Participación en los Gananciales. que puede convenirse antes del matrimonio en las capitulaciones matrimoniales.
2. En doctrina. directamente por la ley y en parte por la voluntad de los cónyuges. Nuestro Código Civil no define qué es la sociedad conyugal. La Sociedad Conyugal. quien la define como: “Aquel régimen patrimonial en que todos los bienes que los cónyuges aportan al matrimonio (esto es. los que tienen al momento de casarse) como los que adquieren durante el matrimonio. figura la que propone don René Ramos Pazos.1.
Los efectos pecuniarios del matrimonio se regulan por un estatuto jurídico que constituye el régimen patrimonial del matrimonio.
2. en parte. Definición. Todo lo que dice relación con los intereses económicos de los cónyuges entre sí y en sus relaciones con terceros configura una institución cuyo ordenamiento es formulado.CAPÍTULO II Legislación Actual en el Régimen Patrimonial de Sociedad Conyugal
1. entre las escasas definiciones que hallamos de sociedad conyugal. pasan a constituir una masa o fondo común
. celebrado el matrimonio bajo otro régimen alternativo.
Exceptuado este caso especial. existe un caso excepcional. en el cual la sociedad conyugal debe ser pactada por los cónyuges.2 El régimen legal. 1723. según el artículo 135 inciso 2º. Esta situación se presenta respecto de quienes se hayan casado en país extranjero.3. salvo que “inscriban su matrimonio en el Registro de la Primera Sección de la Comuna de Santiago y pacten en este acto sociedad conyugal.
2.que pertenece a ambos cónyuges y que se divide entre ellos una vez disuelta la comunidad”. a la comunidad. 2003. Por
RAMOS PAZOS. Derecho de Familia. Cuarta edición actualizada. todos los cuales se miran como separados de bienes en nuestro país. o a una persona jurídica. Naturaleza Jurídica De La Sociedad Conyugal Se ha discutido acerca de cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad conyugal. no obstante. Lo que señalamos es importante porque.2
2. Se le ha querido asimilar al contrato de sociedad. Es un régimen legal patrimonial. Editorial Jurídica de Chile: Santiago. dejándose constancia de ello en dicha inscripción”. René. no es posible pactar sociedad conyugal en ninguna circunstancia posterior de acuerdo a lo dispuesto en el Art. Tomo I. la sociedad conyugal sólo tiene origen en la voluntad tácita de los esposos al contraer matrimonio.
como se ve. en sentencia de casación de 31 de agosto de 1928. con los del marido”. 140.3
La Corte Suprema. otros autores estiman que se trata de una institución sui géneris con características propias. puesto que es una entidad que no existe respecto de terceros.
. para los cuales sólo hay marido y mujer.
RAMOS PAZOS.su parte. Pág. b) Patrimonio del marido. Pág. Patrimonio De La Sociedad Conyugal Durante la vigencia de la sociedad conyugal existen tres patrimonios: a) Patrimonio de la sociedad conyugal. Ob. muy diversa de las que reglamenta el Código mencionado en el Título XXVIII del Libro IV.4
2. respecto de terceros. 522. señala al respecto: “Que.4. la sociedad conyugal es una sociedad ‘sui géneris’. Segunda Parte. Tomo XXVI. Revista de Derecho y Jurisprudencia. c) Patrimonio de la mujer. René. Sección Primera. cit. se disuelve por la causales taxativamente enumerada en el artículo 1764 y durante su vigencia los bienes sociales se identifican.
Esta es la definición de administración ordinaria de la sociedad conyugal que señala el Art. ¿En qué casos la mujer puede actuar en la administración de los bienes sociales? 15
Ahora bien.2. 1749. como tal. administra los bienes sociales y los de su mujer. a las obligaciones y limitaciones que en el Título XXII del Libro Cuarto se le imponen y a las que haya contraído por las capitulaciones matrimoniales.802 otorgó plena capacidad a la mujer casada en régimen de sociedad conyugal. el artículo 1754 inciso final le prohíbe ejecutar o celebrar actos o contratos o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido. sujeto. en relación a los bienes propios de ésta. 4 y 5. empero. en el marido. mantuvo la facultad de administración de los bienes sociales y de los bienes propios de la mujer. Asimismo. No obstante que la Ley 18. Administración de la Sociedad Conyugal El marido es el jefe de la sociedad conyugal y.
Según el artículo 1752 la mujer no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la sociedad.
Sin embargo. el marido necesita la autorización de la mujer para realizar los actos jurídicos señalados en el artículo 1749 incisos 3. sino en los casos de los artículos 138 y 138 bis. salvo en los casos expresamente señalados por ley.5.
Hay algunas situaciones en que. 1751). Si lo hace en representación del marido. Si la mujer mandataria contrata a su propio nombre. esto es. (Art. regirá lo dispuesto en el artículo 2151. obligan los bienes sociales. por excepción.
. 138 inciso 1°) c) Por el impedimento del marido. Sólo obligará sus propios bienes si se probare que el acto cedió en su utilidad personal. sólo obliga sus bienes propios (artículos 1750. La mujer puede intervenir con autorización judicial que deberá darse con conocimiento de causa. obligará únicamente los bienes sociales y los del marido. Estas son: a) Las compras que la mujer haga al fiado de objetos muebles naturalmente destinados al consumo ordinario de la familia. la mujer participa en la administración de los bienes sociales y los obliga. La mujer mandataria puede hacerlo en representación del marido o a nombre propio. que no sea de larga o indefinida duración y de la demora se siguiere perjuicio.(Art. (artículo 138 inciso 2°) d) Caso de la mujer que actúa por mandato general o especial del marido. 137 inciso 2°) b) En el caso de la administración extraordinaria de la sociedad conyugal.
Art. Gravar. 1749 del Código Civil.5
3. Durante la vigencia de este régimen patrimonial es el marido quien administra y actúa respecto de estos bienes. la mujer casada en sociedad conyugal conserva el dominio. en su artículo 1754 inciso final. respecto de sus bienes raíces propios.
. no podrá: • • • • Enajenar. prohíbe a la mujer casada realizar por sí misma6 determinados actos jurídicos que menciona y que sólo pueden ser ejecutados por el marido con autorización de ella o con autorización judicial supletoria.3. pero carece de las facultades de disposición y administración de sus bienes propios.1 Actos Prohibidos a la Mujer La ley civil. en caso de imposibilidad de aquélla de manifestar su voluntad. Ceder la tenencia de los mismos. Administración de los Bienes Propios de la Mujer. Salvo casos de excepción que pronto analizaremos en el acápite número 4 de este Capítulo. ¿Puede actuar respecto de sus bienes propios?
En nuestra legislación actual. Dar en arrendamiento. la mujer casada en sociedad conyugal.
3. como administrador de los bienes de la mujer (ya no como su representante legal)7 y con la voluntad de ésta. novar una obligación.1. no significa que la mujer pueda realizar otros actos respecto de idénticos bienes. que otorgó plena capacidad a la mujer. transigir. gravamen. pág.8Así. 1992.
Por carecer de la facultad de disposición. si cuenta con la autorización de la mujer o con autorización judicial supletoria en caso de impedimento de la mujer y según los requisitos que exige el artículo 1749 inciso 7.802 al Código Civil. La reforma de la Ley18. Edeval. que están en el haber propio de la mujer. Leslie.
La ley 18. esto es.1. 8 TOMASELLO HART. modificó el artículo 43 del Código Civil. la mujer casada tampoco puede remitir una deuda. 96. sino que es el marido quien acepta o repudia. arrendamiento y cesión de la tenencia de bienes que administra el marido. renunciar a la prescripción. con el consentimiento de la mujer (artículos 1225 inciso final y 1411 inciso final). no puede aceptar ni repudiar asignaciones ni donaciones por sí misma.
Leslie Tomasello sostiene que el hecho de que el artículo 1754 inciso final aluda sólo a la enajenación. Situación jurídica de la mujer casada.
.Es el marido quien realiza o ejecuta estos actos.802. haciendo cesar la representación legal del marido respecto de la mujer. Limitación a las Facultades del Marido El marido podrá realizar cualquiera de los actos mencionados por el artículo 1754 y 1756.
la autorización de la mujer puede ser posterior. se retracte (como ya se dijo la ley exige la autorización de la mujer a fin de velar por sus intereses). En doctrina existen distintas opiniones: Don Marco Antonio Sepúlveda Larroucau estima que “la autorización de la mujer.2 ¿Es revocable la Autorización de la Mujer antes de la celebración del acto respectivo? La ley nada dice acerca de esta facultad. en atención a ello. ésta debe ser previa o coetánea al acto.
. Marco Antonio. lo anterior no obsta a que los terceros de buena fe pueden alegar la inoponibilidad de la revocación y de la responsabilidad que le pudiere caber al marido frente a su mujer”. Derecho de familia y su evolución en el Código Civil. es revocable.
3. pág.1. 2000. ya que se trata de una facultad que la ley sólo confiere a ella. pues en ese caso sería una ratificación y no autorización. Sin embargo. una vez otorgada y mientras no se celebre el acto. a su juicio. Es perfectamente imaginable un cambio en las circunstancias que
motivaron la autorización de la mujer y que. no existiendo norma alguna que expresamente establezca su irrevocabilidad.: Santiago de Chile.9
Don Pablo Rodríguez Grez es de la opinión contraria ya que. En ningún caso. 80 y 81.En cuanto a la oportunidad de la autorización. la autorización “genera un derecho a favor del marido que no queda a disposición de la mujer” y porque “admitir esta posibilidad implica poner en grave incertidumbre las relaciones jurídicas y
9 SEPÚLVEDA LARROUCAU. Sociedad Editora Metropolitana Ltda.
RODRÍGUEZ GREZ. 120 Y 121. ya que hay casos en que la autorización debe prestarse por medio de instrumento privado”. adolecerán de nulidad relativa.1.3. 1996.4. Pablo. Sanción a la falta de autorización de la mujer La enajenación o gravamen de los bienes propios de la mujer (artículos 1754 y 1755).afectar derechos de terceros. por ende.1. Este artículo describe dos situaciones. Editorial Jurídica de Chile.
3. que el marido realice sin la autorización de la mujer. Hipótesis contempladas en los artículos 138 y 138 bis. la sanción será la inoponibilidad a la mujer. Regímenes Patrimoniales. Artículo 138.
. conforme a lo dispuesto por el artículo 1757. los bienes propios de la mujer. pág.
En los casos de arrendamiento o de cesión de la tenencia de bienes raíces rústicos por más de ocho años. de acuerdo a la naturaleza del impedimento que afecte al marido para administrar la sociedad conyugal y. de esos contratos más allá del tiempo permitido por la ley. o de los urbanos por más de cinco años incluidas las prórrogas pactadas por el marido. Casos extraordinarios en que la mujer casada puede administrar sus bienes propios.
Primera hipótesis: Si el impedimento no fuere de larga o indefinida duración.Se suspende la administración que ejerce el marido y da lugar a la administración extraordinaria de la sociedad conyugal.
La mujer que hubiere aceptado ejercer la administración de la sociedad conyugal administrará con iguales facultades que el marido (art. Y nos atrevemos a decir esto.. quien la dará con conocimiento de causa cuando de la demora se siguiere perjuicio. En la administración de los bienes propios del marido actúa como curadora y se rige por las normas pertinentes. de acuerdo al siguiente razonamiento: a) El artículo 1759 dispone que para obligar los bienes sociales. en este caso. dada con conocimiento de causa. la mujer podrá actuar respecto de sus bienes propios sin necesidad de solicitar autorización judicial supletoria. 1759 inc. en que la mujer puede aceptar tomar sobre sí esta responsabilidad.
Segunda hipótesis: El impedimento es de larga o indefinida duración. la mujer necesitará autorización de la justicia. Para realizar actos de disposición respecto de estos bienes 21
De ello podemos concluir que.La mujer podrá actuar respecto de sus bienes propios solicitando autorización al juez. 1º)..
el marido realiza actos y contratos respecto de bienes de la mujer como su administrador y con el consentimiento de ella o del juez. la mujer administradora no necesita ser autorizada por el juez para disponer o administrar sus bienes propios así como el marido. 393).
A contrario sensu. salvo en cuanto apareciere o se probare que dichos actos y contratos se hicieron en negocio personal de la mujer”..
. cuando administra la sociedad conyugal.). no necesita autorización del juez para actuar respecto de sus bienes propios. autorización judicial supletoria dada con conocimiento de causa) o los bienes propios del marido (decreto judicial previo otorgado por manifiesta utilidad o necesidad). La mujer administradora tiene iguales facultades que el marido.requiere decreto judicial previo que será otorgado por causa de utilidad o necesidad manifiesta (art. según el cual los actos y contratos que efectúe la mujer administradora cumpliendo los requisitos exigidos para obligar los bienes sociales (esto es. la mujer actúa y obliga sus bienes propios actuando por sí misma. “se mirarán como actos y contratos del marido (..
c) En una situación normal u ordinaria. por tanto. si está imposibilitada para darla.
b) Esta afirmación es reforzada por lo señalado en la parte final del artículo 1760. en subsidio.
administrador ordinario de la sociedad conyugal. pues los frutos de estos bienes ingresan a su haber absoluto.
Hay autores que estiman que éste es el fundamento para que el marido administre los bienes de la mujer. 219. cit. no es lícito al interprete distinguir”. de paso. ante la ausencia del administrador ordinario de sus bienes señalado por ley. sin necesidad de autorización judicial supletoria. ya que se trata de una persona plenamente capaz que.
. pág. N° 271. Ob. sin necesidad de autorización alguna. también de sus bienes propios.
Y con toda razón. en circunstancias que los frutos de sus bienes propios tienen el mismo destino.11
Insistimos en nuestra conclusión considerando que el marido. actúa respecto de sus bienes propios personalmente. “donde el legislador no distingue. podrá actuar respecto de ellos por sí misma. podrá actuar por sí misma para disponer y administrar sus bienes con iguales facultades que el marido como administrador de la sociedad conyugal.
RAMOS PAZOS. Además.
d) Aún algunos podrán replicar a esta conclusión señalando que a la sociedad conyugal le interesan los actos y contratos que se realicen respecto de los bienes propios de la mujer. René. siendo la mujer la administradora de la sociedad conyugal y..En la situación inversa.
La posición mayoritaria estima que los actos y contratos ejecutados y celebrados por la mujer casada en régimen de sociedad conyugal sobre sus bienes propios. prohíbe a la mujer casada bajo el régimen legal enajenar. gravar. infringiendo la prohibición hecha por la norma. la mujer sólo obligará sus bienes propios y activos de sus patrimonios reservados y aquéllos respecto de los cuales se hallare separada según los artículos 166 y 167. dar en arrendamiento o ceder la tenencia de sus bienes propios que administra el marido. la ley contempla una solución permitiéndole a la mujer actuar. Tercera hipótesis..
La redacción de la norma en comento ha generado discusión en la doctrina nacional al tratar de definir cuál es la sanción aplicable a los actos y contratos que ejecute o celebre la mujer casada sobre sus bienes propios. sin la 24
.Para el caso en que el marido se niega injustificadamente a ejecutar un acto o celebrar un contrato sobre un bien propio de la mujer y que ella desea realizar.Artículo 138 bis.
Obrando de esta manera.
3. autorizada por el juez. Sanción para el caso de contravención de artículo 1754 inciso final El inciso final del artículo 1754. salvo en los casos de excepción de los artículos 138 y 138 bis. Los bienes sociales y los del marido sólo resultarán obligados hasta la concurrencia del beneficio que la sociedad o el marido hubiere reportado del acto.1.5.
217.intervención de su marido. pero el inciso final del artículo 1754 no establece requisito alguno.335 analizada y comentada. Editorial Jurídica ConoSur. “sino una enfática orden: la mujer no puede celebrar actos de enajenación. 1995. Ley Nº 19. simplemente no puede hacerlo y por ello. salvo en los tres casos de excepción. pág. tal como los actos de los absolutamente incapaces.12
Los profesores Ramón Domínguez Benavente y Ramón Domínguez Águila comparten la tesis de la nulidad absoluta por varias razones:13 a) La regla de la nulidad relativa del artículo 1757 no cabe aplicarla. Nuevo Régimen Matrimonial. pág. Por lo tanto no se trata de que ella cumpla con algún requisito o formalidad para actuar en relación a estos bienes. pues se trataría de negocios prohibidos por la ley. 20. adolecen de nulidad absoluta. cit. sus actos adolecerán de nulidad absoluta en conformidad a lo dispuesto en los artículos 10. Nº 115. cuya contravención acarrea dicha sanción por objeto ilícito. 13 DOMÍNGUEZ BENAVENTE y DOMÍNGUEZ ÁGUILA citados en RAMOS PAZOS. porque dicha norma sanciona con nulidad relativa la falta de cumplimiento de requisitos del artículo 1754. ob. Claudia. pues se habrá infringido una norma prohibitiva”.
En este sentido. Claudia Schmidt Hott señala que “la mujer casada en régimen de sociedad conyugal no puede actuar en relación a sus bienes propios. 1466 y 1682. salvo en las tres hipótesis señaladas que son excepcionales (hipótesis contempladas en los artículos 138 y 138 bis del Código Civil).
. N° 269.
b) El artículo 1754 contiene requisitos para aquellos casos en que es el marido quien celebra el negocio y ese requisito consiste en contar con la voluntad de la mujer. porque se daría el absurdo de que quien concurre
en el vicio sería el titular de la acción (. Luego la nulidad relativa se produce cuando es el marido quien celebre el negocio sin el consentimiento de su mujer.
. sentencia de 28 de septiembre de 1994. 155. Pero en el caso que nos preocupa el acto lo celebra la mujer. al marido. N° 195. por incapacidad de la mujer casada en sociedad conyugal. “a diferencia de lo que ocurría bajo el imperio del antiguo artículo 1684. Sólo puede hacerlo en la hipótesis del artículo 138”. si ahora la nulidad relativa del artículo 1757 se concede a la mujer. fallo citado en Revista de Derecho de Universidad de Concepción. causa rol 14-94. la nulidad relativa del artículo 1757 está establecida en interés de la mujer y no de su marido.14
Corte de Concepción. Pues bien.
c) Finalmente.. pág.)”
La jurisprudencia también ha optado por esta tesis. no es posible aplicarla para el caso en que sea ella quien enajene sus bienes sin intervención del marido.gravamen o arrendamiento de sus bienes raíces. a ella y a sus herederos y cesionarios.. que entendía conferida la acción de nulidad relativa.
situación que hoy ha variado. si el inciso final del artículo 1754.16
RODRÍGUEZ GREZ. S. aún destacando el carácter prohibitivo del precepto. es una norma prohibitiva o imperativa”. Con anterioridad a la reforma de la Ley Nº 19. o que durante ella podría hacerlo el marido”. Ob. 98. en el día de hoy.F. la nulidad absoluta ha sido sustituida por la nulidad relativa”. por ende.
Don Pablo Rodríguez Grez15 argumenta que. es la nulidad relativa. concluye que la sanción es la nulidad relativa.335. para definir cuál es la nulidad que corresponde aplicar en este caso. este autor ya sostenía que la sanción era la nulidad relativa “por establecer esta sanción el artículo 1757 y por tratarse de una prohibición a los actos de una persona capaz en sus propios bienes. “una norma prohibitiva ha devenido en imperativa y. fruto de la reforma introducida en el artículo 138 bis. N° 98 pág. y agrega que “antes de la reforma de la Ley Nº 19.802).335 dicha disposición era indudablemente una norma prohibitiva”. Pablo. previamente. Manual sobre las reformas al Código Civil (Ley N° 18. pág. ÁLVAREZ CRUZ. 139. algunos autores nacionales son partidarios de considerar que la sanción aplicable para el caso en que la mujer casada infrinja el artículo 1754 en su inciso final. cit.Sin embargo. que podría ratificar al disolverse la sociedad conyugal. debe atenderse al carácter de la norma. N° 95. Raúl. De este modo. Impresos Ogar.
Raúl Álvarez Cruz. “debe precisarse.
Esta norma aplica el principio general del artículo 1447. que señala que el pago hecho al acreedor que no tiene la libre administración de sus bienes es nulo. que dispone que reciben legítimamente los maridos por sus mujeres en cuanto tengan la administración de los bienes de éstas.. Editorial Jurídica de Chile: Santiago. año X. se estima que la mujer casada puede realizar por sí misma. de acuerdo al consenso que existe en doctrina. CORRAL TALCIANI. la mujer puede adquirir toda clase de bienes por sí sola. N° 1 y 2. Hernán.17
3..1 Facultad para adquirir entre vivos: A título gratuito. 1995.. ésta debe hacerse al marido de acuerdo a los artículos 1578. Situación de la mujer casada al enajenar bienes raíces propios / en/ Temas de Derecho.
3. y 1579.
A título oneroso.Esta facultad de la mujer es indiscutible. Bienes familiares y participación en los gananciales.2 Actos Permitidos a la Mujer. pues de acuerdo al artículo 1389 es capaz de ser donatario toda persona que la ley no hay declarado incapaz. Universidad Gabriela Mistral.
Respecto a los demás modos de adquirir entre vivos. Hernán.En cuanto a la tradición. En adelante. señalamos algunos actos o contratos que. siendo plenamente capaz.2.
. 1996.Esta tesis es apoyada también por los autores Hernán Larraín Ríos y Hernán Corral Talciani.18
LARRAÍN RÍOS.
.2.4.6.2.3. Facultad para nombrar partidor. pues “bastará en tal caso el consentimiento de la mujer. pág.
3. en cambio. sin autorización alguna. o el de la justicia en subsidio”.2. Capacidad y responsabilidad de la mujer casada bajo régimen de sociedad conyugal /en/ Revista de la Universidad Católica de Valparaíso. tales como deducir los interdictos o querellas que
Para provocar la partición de los bienes en que tenga parte la mujer.
NIÑO. El artículo 1326 inciso 2° la exime de la aprobación judicial. Facultades en materia de posesión: La mujer casada en sociedad conyugal puede adquirir la posesión tanto sobre bienes muebles como inmuebles y ejercer los derechos de poseedora. encontrándose en esta situación. Eduardo.2. artículo 1322 inciso 2°.3. de modo que la mujer casada.5.2.
3.2. Facultad para ejercer los cargos de tutora y curadora. puede hacerlo. los coasignatarios que no tengan la libre disposición de sus bienes pueden nombrar de común acuerdo un partidor. provocar la partición y concurrir en ella: Según el artículo 1325 inciso 3°. la voluntad conforme de aquélla y del marido. Facultad para parecer en juicio. se requiere. Facultad para ejercer el albaceazgo. 271.
la mujer casada.2. para intervenir en el juicio de partición.
3. En efecto. no podría celebrar este contrato por cuanto no estaría en condiciones de cumplir con su obligación de hacer aportes. aunque entre ellos haya personas que no tengan la libre disposición de sus bienes. Facultad para celebrar contrato de sociedad: La mujer casada puede celebrar este contrato. el artículo 1325 inciso 1° permite a los coasignatarios hacer la partición por sí mismos. siendo plenamente capaz y no constituyendo la partición enajenación de los bienes de su propiedad. a menos que el aporte sea industrial. De modo que si la mujer carece de alguno de estos patrimonios.Pero.7. no requiere autorización ni otra voluntad que no sea la suya propia.
. pero sólo obliga sus bienes reservados o especiales de los artículos 166 y 167.
no todas ellas justifican un tratamiento especial.
cuando tal desigualdad no tiene un fundamento razonable. parece arbitraria. pero sin embargo se viola el mismo. que expresa que algunas de las diferencias que existen entre las personas son tan relevantes que justifican ser tratadas de manera desigual.
En virtud de este principio. 31
.CAPÍTULO III Análisis del Principio de Igualdad en relación a las normas que regulan la administración del régimen patrimonial de sociedad conyugal.
La igualdad no tiene que ser justificada. si bien existen diferencias entre los seres humanos. luego injusta.Principio de Igualdad. b) Principio de Relevancia. los seres humanos deben ser tratados como iguales. La igualdad se concreta. a su vez. la desigualdad por el contrario. a menos que haya criterios relevantes para un tratamiento diferenciado. si no se justifica. cuando se convierte en discriminación.
Para entender la relación entre la igualdad y la no discriminación. podría afirmarse que el principio de igualdad permite la desigualdad. en dos grandes principios:
a) Principio de No Discriminación según el cual.
1 . es decir. pues se presume justa.
Sentido y alcance. en virtud de la cual se declara que: “los hombres y las mujeres son iguales ante la ley”. incluyendo también los actos jurídicos particulares. en ese mismo numeral. al bloque completo de normatividad. con lo cual el sistema jurídico no admite la “exención de una obligación o una ventaja exclusiva o especial” sin que exista una razón objetiva para ello. aunque en términos estrictos lo que allí se garantiza es la igualdad en la ley.
Finaliza este inciso 1º del numeral 2º incorporando una frase. agrega que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiados”. puesto que su objeto consiste en que todas las personas queden sometidas al mismo ordenamiento jurídico. se debe probar que no es discriminatorio.
. desde la Constitución y las leyes hasta los actos administrativos y judiciales. El Principio de Igualdad en la Constitución de 1980. frente a una norma que establezca un estatuto diferenciado entre el hombre y la mujer.
En el artículo 19 Nº 2 inciso 1º de la Constitución asegura a todas las personas la igualdad ante la ley.En definitiva. producto de la reforma constitucional aprobada en 1999. es decir.
el principio jurídico de igualdad sustenta el derecho a no ser discriminado.
Tal proscripción de las discriminaciones es absoluta. jefe de la sociedad conyugal? ¿Por qué la mujer.
3. o sea. Plena capacidad de la mujer casada. en virtud del cual se prohíbe la imposición o adopción de diferencias arbitrarias. aún cuando se trate del legislador. es lícito preguntarnos: ¿Por qué la ley entrega al marido la administración de los bienes sociales? ¿Por qué es el marido. 1754 inciso final. pierde la facultad de libre disposición y administración de sus bienes propios?
. al contraer matrimonio. Observancia del Principio de Igualdad en el Código Civil. cualquiera que sea la autoridad.
Frente al panorama que nos presentan estas normas que constituyen la regulación básica y fundante de la sociedad conyugal. no admite excepción alguna y opera con alcance erga omnes. de pleno derecho. ya sea pública o privada que la establezca. 1750 inciso 1º. ¿Mito o realidad?
La ley civil organiza y regula la sociedad conyugal y en materia de administración establece las reglas básicas en los artículos 1749 incisos 1 y 2.Por su parte y al tenor del inciso 2º del precepto citado. 1752.
Editorial Jurídica de Chile. 344. su marido deja de ser su representante legal y se deroga la potestad marital. p. plena capacidad jurídica.
. de 9 de junio de 1989.
En opinión de Gonzalo Figueroa Yánez. la mujer deja de enumerarse entre los incapaces relativos. le sigue estando vedada la libre disposición y administración de sus bienes propios y de los bienes sociales. 19 Nº 2. Gonzalo.802. El patrimonio. una capacidad formal.19
FIGUEROA YÁNEZ. siendo una persona capaz. modificó la legislación vigente en el sentido de otorgar a la mujer casada en sociedad conyugal.
Sin embargo.¿Por qué la mujer. En síntesis. 1991. una persona no es capaz si. Por lo tanto. continúa administrando los mismos bienes que antes administraba. no es apta para obligar esos bienes mediante esa manifestación de voluntad. pues aún después de esta reforma legal que la declara absolutamente capaz. no puede actuar personalmente en actos y contratos relativos a sus bienes propios. sino que actúa el marido por ella?
Es legítimo formular estas preguntas en una sociedad en que el respeto a los derechos fundamentales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho imperante y que declara en su Carta Fundamental. artículos 1 incisos 1 y 4. la doctrina mayoritaria afirma que a la mujer casada se le ha otorgado una capacidad sin contenido. teniendo bienes en su patrimonio y pudiendo manifestar voluntad jurídica.
. ni que éste consagre diferencias que se justifican en consideración a los deberes y obligaciones que pesan sobre ellos”. sigue siendo incapaz. ratificados por Chile y que se encuentran vigentes.20 En suma. Pablo Rodríguez Grez tiene una opinión muy distinta: “las limitaciones consagradas en la ley en relación a los bienes propios de la mujer. Pablo. VELOSO VALENZUELA. 20-21. cit. Editorial ConoSur Ltda. Paulina.
. arbitrarias. inconstitucionalidad de esas normas. Ob. en sus artículos 1740. cit. 2000. al contraer matrimonio. no permite considerar que las limitaciones que sufre la mujer en relación a sus bienes propios sean injustificadas. inciso final. ”El derecho legal de goce que la ley otorga al marido para hacer frente a las necesidades de la familia común. Pág. si bien tienen carácter legal. han sido voluntariamente aceptadas por la mujer al contraer matrimonio y optar por el régimen de sociedad conyugal”. Ob. caprichosas o indebidas”.Más allá de declarar que la mujer casada en sociedad conyugal. Claudia. sostienen la
Sin embargo. SCHMIDT. 1750. 21 RODRÍGUEZ GREZ. La Justicia frente a los Derechos Humanos de las Mujeres. 126.. vulnera el principio de igualdad consagrado en la Constitución Política de Chile y en los diversos tratados internacionales de derechos humanos. “Los tratados internacionales no
impiden que los esposos. 1752 y 1754. puedan fijar el régimen patrimonial a que se someterán. en la práctica. algunos autores sostienen que la ley civil. pág.21
en conformidad a lo prescrito por el artículo 5 inciso 2º y. 1755 y 1756. sin perjuicio de que el marido debe requerir la autorización de la mujer para realizar los actos a que se refieren los artículos 1754.
El artículo 1754 inciso final prohíbe a la mujer enajenar o gravar o dar en arrendamiento o ceder la tenencia de los bienes de su propiedad que administre el marido. atenta contra la Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. consagrado en la Carta Fundamental y en los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos de rango constitucional. En particular. En consecuencia. le reconocerán iguales derechos para firmar contratos y administrar bienes (…)”
En este mismo sentido. En cuanto a la administración de los bienes de la mujer. salvo en los casos de los artículos 138 y 138 bis.
1. pues si bien dicha ley derogó la 36
. reformado por la ley 18.802. al prohibir la ley a la mujer gestionar sus bienes propios atenta contra el Principio de Igualdad. que pretendió otorgar plena capacidad a la mujer casada en sociedad conyugal. debe considerarse inconstitucional la norma contenida en el artículo 137 del Código Civil. muy especialmente. que en su artículo 15 Nº 2 dispone: “Los Estados Partes reconocerán a la mujer en materias civiles.CAPÍTULO IV Análisis crítico a la legislación actual. una capacidad jurídica idéntica a la del hombre y las mismas oportunidades para el ejercicio de esa capacidad.
2.potestad marital. sólo obliga bienes reservados y los bienes de los artículos 166 y 167 y no puede obligar sus bienes propios.
El artículo 1749 inciso 3º establece que el marido requiere autorización específica y solemne de la mujer para una serie de actos señalados en el mismo relativos a los bienes sociales inmuebles. respecto de los bienes muebles no existe ninguna norma que exija al marido contar con esta autorización respecto de actos y contratos relativos a estos bienes. la mantuvo en lo patrimonial. podemos advertir que existen bienes muebles que pueden superar en valor y liquidez a los bienes inmuebles. En efecto. en la actualidad. así lo señala el artículo 1750 del texto legal recién referido. puede disponer de ellos con absoluta libertad e independencia. como administrador de la sociedad conyugal. por lo que el marido. La importancia de este
razonamiento radica en que. de acuerdo a la diversidad de inversiones que ofrece el mercado financiero. tales como acciones. es el marido el responsable de la administración de los bienes sociales y dueño de éstos frente a terceros. Ante esto podemos afirmar que hoy en día el principio que inspiró al legislador en la redacción del Código Civil en cuanto a estimar a los bienes raíces de un mayor valor e importancia que los bienes muebles. 37
. ya no seria un principio absoluto. como ya lo hemos señalado. fondos mutuos y otros. En cuanto a la administración de los bienes sociales. pues sólo le dio una capacidad nominal. si bien la mujer es capaz para otorgar actos y contratos. Sin embargo.
De acuerdo al sistema que establecen las normas del Código Civil.
respecto de todos los demás actos de administración éste actúa en forma independiente y autónoma. durante la vigencia de la sociedad y que su administración deficiente o descuidada o incluso fraudulenta puede llegar a configurar una causal de separación judicial de bienes. Aún podemos destacar que este administrador no tiene la obligación de rendir cuenta de su actuación respecto de los bienes sociales ni de los propios de la mujer. el patrimonio que él administra está integrado no tan sólo por el patrimonio social sino además por sus bienes propios. la mujer casada en este régimen.
RODRÍGUEZ GREZ. No obstante. pues es el marido. Nº 3. de manera que unos y otros forman un solo patrimonio. Los Regímenes Patrimoniales /en/ Revista de Derecho de Universidad Finis Terrae. la legislación ha evolucionado en esta materia. hasta el punto de sostener que hoy ambos cónyuges son verdaderos coadministradores.
Parte de la doctrina. como dueño de los bienes sociales. muy por el contrario. no dispone de patrimonio alguno que pueda administrar por sí sola. Sin embargo. Pablo. entre otros don Pablo Rodríguez Grez22. Año III. En contrapartida. sostiene que en virtud de las diversas reformas.
El marido administrador de los bienes comunes o sociales requiere autorización de la mujer para ejecutar y celebrar actos y contratos que se estiman de mayor relevancia cuando recaen sobre bienes inmuebles. en los hechos esta afirmación no se cumple. si no desempeña ninguna actividad laboral separada de su marido. 1999.
.Mas aún. la situación que enfrenta la mujer es totalmente diversa a la del marido. de forma tal que a la mujer no le es posible conocer en forma exacta cuál es el verdadero estado patrimonial de la comunidad.
. sea esta absoluta o relativa. La discusión se centra en sancionar esta infracción con la nulidad absoluta o relativa de los actos o contratos. la raíz de esta discusión no se centra en determinar cuál es la nulidad de que adolece el acto o contrato así otorgado. el fondo del asunto es el siguiente: en el caso en que una mujer casada en régimen de sociedad conyugal efectivamente ejecute o celebre un acto o contrato respecto a un bien propio. esto es. que ejecute o celebre actos o contratos respecto de sus bienes sin la voluntad del marido. Marco Jurídico Interno
En doctrina. sino que se trata de aplicar el ordenamiento jurídico con un pensamiento crítico y una visión amplia y profunda de los principios que informan la legislación.
1. existe una herramienta legal para proteger y defender la validez de esta actuación de la mujer.1 RECURSO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD Desde nuestra óptica.CAPÍTULO V Una Nueva Propuesta
1. sin la autorización del marido y éste o un tercero pretendan dejarlo sin efecto invocando la acción de nulidad.
En nuestra opinión. no queda suficientemente claro cuál es la sanción civil que debe aplicarse para el caso en que la mujer infrinja el inciso final del artículo 1754.
En efecto. Artículo 82 Nº 6° “Resolver. quien pasa a ejercer el control de constitucionalidad en forma exclusiva.050. que consagraba el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. Requisitos de procedencia. en cuanto a que los requisitos para que proceda el recurso son:
Constitución Política de la República. En virtud de ésta. resulte contraria a la Constitución”
. se deroga el artículo ochenta de la Constitución. sostenemos que ante un proceso originado por esta acción en contra de la mujer casada. atendiendo al caso planteado. nos interesa específicamente la reforma relativa a las nuevas facultades que se atribuyen al Tribunal Constitucional. publicada en el Diario Oficial con fecha 26 de agosto del presente año. que introduce diversas reformas a la Constitución Política de la República y.1.
1. Nos resulta adecuado aplicar este recurso según lo que dispone el Art. por la mayoría de sus miembros en ejercicio. la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial. reemplazándolo por un nuevo recurso o "cuestión" de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional. como único órgano competente. esto es. En el desarrollo de esta investigación hemos debido considerar la Ley Nº 20. 82 Nº 6 de nuestra Carta Fundamental28. para ese caso concreto. ella podrá defenderse ejerciendo el Recurso de Inaplicabilidad por
a) Que exista un precepto legal contrario a la Constitución: Sostenemos que existe una inconstitucionalidad de fondo ya que la disposición del artículo 1754 inciso final transgrede en forma manifiesta las normas constitucionales. ordinario o especial: El término “gestión” es una expresión amplia que abarca asuntos de jurisdicción contenciosa y también voluntaria o no contenciosa. Pacto de Derechos Económicos. esto es. que la cuestión
. esto es. artículo 19 Nº 2 que establece la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. artículo 5 inciso 2º al establecer que el ejercicio de la soberanía reconoce como límite el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y la obligación de los órganos del Estado de respetar y promover tales derechos garantizados en la Constitución como también en los tratados
internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Convención Americana de Derechos Humanos y principalmente la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. en concreto el artículo 1 inciso 1º. al señalar que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No es necesario que el precepto legal se haya aplicado en la gestión. lo que se requiere es que el precepto sea susceptible de aplicación. podemos mencionar Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
b) Que el precepto se pretenda aplicar en una gestión pendiente que se sigue ante cualquier tribunal. Sociales y Culturales. Respecto a estos últimos.
o el juez que conoce el asunto.
. Los legitimados activos de esta acción son: • • las partes del juicio.
Es decir. constituye el agravio para el recurrente. Cuarta Edición revisada y actualizada.
29 MOLINA GUAITA. Derecho Constitucional. lo que hasta la presente reforma les estaba vedado.29
c) Que la aplicación del precepto legal impugnado pueda resultar decisiva en la resolución del asunto.1.propuesta en la gestión en que incide el recurso se halle regida por el precepto tachado de inconstitucional. y por tanto puede ser tomado en cuenta en el pronunciamiento que finalmente deba dictarse.405 a 408. págs.
1. Hernán.2 Titulares de la Acción. Año 1998. y
e) Se cumplan los demás requisitos que establezca la ley. Ediciones Universidad de Concepción. los particulares pasan a ser eventuales litigantes ante el Tribunal Constitucional.
el artículo 1754 inciso final. El Tribunal Constitucional resolverá sobre la cuestión de inaplicabilidad por mayoría de sus miembros en ejercicio.
Otra interesante innovación en materia de control de constitucionalidad se establece en el artículo 82 número 730. La declaración de inconstitucionalidad de un precepto legal. revisado en abstracto."
. declarará que el precepto en análisis. mediante el ejercicio de la nueva acción de inconstitucionalidad. es decir. Artículo 82: “Son atribuciones del Tribunal Constitucional: Nº 7 Resolver por la mayoría de los cuatro quintos de sus integrantes en ejercicio. puede operar de oficio o por acción popular. Tramitación del Recurso. Sin embargo lo relativo a la admisibilidad de la cuestión y a la suspensión del procedimiento en que incide será de competencia de una de sus Salas. En consecuencia en el caso que el Tribunal Constitucional acogiera tal recurso. es inaplicable por inconstitucional para este caso particular o concreto.3. la inconstitucionalidad de un precepto legal declarado inaplicable en conformidad a lo dispuesto en el numeral anterior. según las reglas que al efecto establecerá la
Constitución Política de la República.1.1. sin ulterior recurso. teniendo como efecto que el acto o contrato celebrado por la mujer es plenamente válido. lo que importa que el conocimiento del fondo de la cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad será de competencia del Pleno. podrá pedirse al mismo órgano que declare la inconstitucionalidad de la norma. ya que para el caso en que el Tribunal Constitucional dicte sentencia definitiva que declare inaplicable un precepto legal por ser contrario a la Constitución.
que forman parte de la Constitución en razón del artículo 5º inciso 2º. entrarán en vigencia seis meses después de la publicación de la Ley Nº 20. debemos acudir a los mecanismos de protección internacional de Derechos Humanos. ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional y.
1. con excepción de lo dispuesto en relación con los recursos de inaplicabilidad actualmente en curso ante la Corte Suprema. el 26 de febrero de 2006.3 Normas relativas a la vigencia. recurriremos al sistema americano. producirá efectos erga omnes. las antedichas modificaciones al capítulo VII. En este caso.050. sobre Tribunal Constitucional.
2. que siguen siendo materias de competencia de ésta. 47
. Marco Jurídico Internacional En el evento en que se hubieren agotado todas las herramientas que ofrece la legislación interna. una vez pronunciada por éste Tribunal. es decir. de la Constitución. y adoptar todas las medidas que se requieran para cumplir este deber.
Los órganos del Estado deben garantizar los derechos contemplados por los Tratados Internacionales. De conformidad a lo establecido en la disposición cuadragésima cuarta transitoria introducida por esta reforma.
teniendo en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos un carácter jurisdiccional sancionatorio respecto del Estado infractor. todo lo que obliga a los tribunales nacionales a aplicar e interpretar directamente las normas contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. y NOGUEIRA.
VERDUGO.31
La protección de los Derechos Humanos trasciende así el ámbito nacional.. existiendo un consenso sobre la necesidad de su garantía supranacional. 130 a 131.Si el Estado no cumple con esta obligación queda abierto el camino de la protección internacional. H. E.
. M. págs. PFEFFER. conjugándose en forma creciente el derecho internacional y el derecho interno en la protección de la dignidad y de los derechos de la persona humana. año 1994. que opera con carácter subsidiario o complementario. Derecho Constitucional.. Tomo I Editorial Jurídica de Chile.
. finalmente. la mujer por sí sola no tiene derecho alguno sobre los bienes sociales durante la vigencia de la sociedad y.CAPÍTULO VI Reforma legislativa: Una propuesta ambiciosa. 1750. 1752 y 1754.
La administración ordinaria de la sociedad conyugal corresponde únicamente al marido. de manera de otorgar a los cónyuges una administración conjunta. Esto significa que la actual legislación civil debe reformarse. respecto del patrimonio común destinado al resguardo de la familia. el marido se reputa dueño de los bienes sociales respecto de terceros. con poderes equiparados. Administración de los bienes sociales. surge la necesidad de presentar una propuesta:
La administración de la sociedad conyugal. en cuanto a los bienes sociales. debe ser asumida por ambos cónyuges en igualdad de condiciones. todas ellas inspiradas y nutridas por el Principio de Igualdad.
Del análisis de este régimen legal de la administración y de la información recogida durante este trabajo de investigación.
El principal fundamento que nos motiva a efectuar esta propuesta radica en el respeto y la observancia de las normas constitucionales y de tratados internacionales.
1. Así lo señalan los artículos 1749. como si el patrimonio social y el propio formaren uno solo.
Ésta deberá ser específica y otorgada por escrito. La administración corresponderá a ambos cónyuges en forma conjunta.
Forma y procedencia de la autorización. pasando a ser ahora una sociedad en que ambos socios dispongan de iguales poderes y facultades. Esta propuesta
demanda la modificación sustancial del artículo 1749 inciso primero en la parte en que establece que el marido es el jefe de la sociedad conyugal.. de manera que cualquiera de ellos está facultado para ejercer la administración y actuar respecto de los bienes sociales.
.Respecto de actos y contratos relativos a bienes sociales inmuebles que realice uno de los cónyuges.1 Administración Ordinaria.Este nuevo sistema de administración reconoce la plena voluntad y autonomía de los cónyuges que han decidido contraer matrimonio. Esta autorización mantendrá las características que actualmente señala la legislación tratándose de bienes a los que el legislador considera de mayor importancia. se exigirá contar con la autorización del otro. a menos que ambos intervengan conjuntamente. de tal modo que todos los actos y contratos que ejecute o celebre alguno de los cónyuges respecto de los bienes sociales debe contar necesariamente con la autorización del otro.
1. o mediante escritura pública si el acto exigiere esta solemnidad.
Es claro que en ese evento. los administrará en calidad de curador. Administración Extraordinaria.
. como por ejemplo. habrá que hacer una distinción en cuanto a su valor económico. bastando para ello con una Declaración Jurada ante Notario. establecer un valor mínimo de 10 UTM. etc. a menos que ambos actúen conjuntamente..2. Esto ocurrirá en las siguientes hipótesis: a) En caso de incapacidad (por ejemplo la menor edad). acciones o inversiones en otros similares.
1. Deberá idearse un sistema que defina el rango y valor de estos bienes. o excusa del cónyuge no impedido. por ejemplo. para ejercer la administración. Proponemos que respecto de los bienes muebles que representan un mayor valor. Esta procederá en aquéllos casos en que uno de los dos administradores no pueda ejercer esta función debido a que le afecta algún impedimento. deberán contar con la autorización del cónyuge que no intervenga en la enajenación de ellos.. b) Cuando uno de los cónyuges haya sido declarado interdicto por disipador. para entender cuándo estamos ante un mueble de mayor valor. vehículos. la administración de los bienes sociales la asumirá el otro cónyuge y respecto de los bienes propios del cónyuge impedido. cualquiera sea su duración.Ahora respecto de los actos y contratos relativos a bienes sociales muebles.
Habrá situaciones excepcionales en que la administración social será asumida por un curador.
a las necesidades e intereses de la familia común.
Se deben distinguir tres grupos de bienes que tienen características propias: los bienes sociales y los bienes propios del marido y los de la mujer. Artículos 1725 números 3 y 4 y 1731. 2 y 5. el haber absoluto está constituido por las remuneraciones que perciban ambos cónyuges durante la sociedad conyugal. contribuyendo ambos. 1725 números 1. 1730 y 1731. en forma equitativa.1. lo que estamos aseverando está precisamente en concordancia con nuestra principal motivación que es lograr la plena igualdad entre los cónyuges.2. sin embargo. Patrimonios.
Reconocemos que esta innovación puede resultar a primera vista incomprensible e incluso opuesta a la pretensión de velar por los intereses de la mujer. De la Sociedad Conyugal. asumiendo las ventajas y desventajas que de ello provengan.
De este modo. 52
. ACTIVO a) Haber Absoluto: Estará constituido básicamente de la misma forma que lo establece la legislación actual en los artículos.
Con esto. respecto a las deudas contraídas por la mujer que afecten bienes sociales.
En este punto se mantiene el principio lógico. se está dando fin a la presunción legal del artículo1750 que instituye al marido respecto de terceros como dueño de los bienes sociales. con el objeto de satisfacer necesidades de la familia. en cuanto a que cada patrimonio responde por las deudas contraídas conforme a él. ambos pueden contraer deudas comprometiendo bienes sociales. Así cada cónyuge responde con sus bienes propios por las deudas contraídas en su favor y la sociedad conyugal debe ser recompensada cada vez que efectúe una erogación en favor de deudas personales.PASIVO a) Pasivo Absoluto: Al establecer una administración conjunta se eliminan muchas de las dificultades que se presentan en la actual legislación. dirigiendo su acción contra cualquiera de los dos administradores. las deudas contraídas por cualquiera de los cónyuges en la sociedad conyugal relativa a los bienes sociales. No así como ocurre en el presente en que. los acreedores deben dirigir su acción en contra del marido.
b) Pasivo relativo: Comprende las deudas que haya contraído cada cónyuge antes del matrimonio y las personales contraídas por éstos durante él. marido y mujer serán codueños de los bienes sociales y en definitiva. podrán ser perseguidas por los acreedores en el patrimonio social. entre otras.
2. así la norma del artículo 1754 inciso final quedará derogada. ésta no sólo debe ser titular de derechos sino también debe tener la capacidad de ejercerlos. debemos tener siempre presente que el nacimiento y crianza de los hijos significa un mayor sacrificio para la mujer. En este punto.2 Patrimonio Reservado. En cuanto a este patrimonio afecto a un régimen especial de administración de bienes sociales (1725 Nº 1) y que constituye una protección que la ley otorga a la mujer casada que trabaja. Bienes Propios. Si bien proponemos una administración conjunta de los bienes sociales con el propósito de que ambos cónyuges actúen en planos de igualdad.
.3. no vemos razón alguna que justifique alterar el sistema que
2. cada cónyuge administrará con total independencia los bienes de su propiedad. Para que la capacidad de la mujer casada sea plenamente efectiva. actualmente impera.
La idea central de esta crítica es enfatizar la libre voluntad de las parejas al contraer matrimonio. advertimos que la legislación no reconoce la plena capacidad jurídica de la mujer casada en sociedad conyugal. específicamente. la ley suple su silencio y presume la voluntad de éstos de contraer matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal. de manera que se exija un efectivo pronunciamiento acerca del régimen patrimonial. es absolutamente imprescindible una manifestación expresa de los contrayentes en cuanto al régimen por el cual desean regular sus intereses. más aún. Lo anterior no significa descartar a la sociedad conyugal como un régimen patrimonial sino simplemente que ante los tres regímenes que ofrece la legislación.
En materia de elección de regímenes matrimoniales. si las partes nada dicen. hay una infracción a la Carta Fundamental en las normas que versan sobre las Bases de la Institucionalidad y en materia de Derechos y Deberes Constitucionales.CONCLUSIONES
Al término de este trabajo de investigación. 55
. esta exigencia generaría a los futuros contrayentes la necesidad de informarse cabalmente y tener plena conciencia y protagonismo en las decisiones más importantes de la vida. Nos parece criticable que exista un régimen legal porque ante un acto tan trascendental en la vida de las personas.
no exista régimen legal alguno. a nuestro parecer.
Finalmente. la forma más adecuada y definitiva para establecer y respetar la plena igualdad jurídica. sin distinción de sexo ni estado civil. es efectuar una reforma legislativa que efectivamente permita a la mujer casada actuar con plena capacidad. sin que ninguno de esos regímenes opere como supletorio de la voluntad.los contrayentes elijan en forma expresa.
Es esencial en un Estado de Derecho que la legislación reconozca a todas las personas iguales derechos y capacidad de ejercerlos sin distinción alguna y que esté en plena concordancia con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. o sea.
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