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Timestamp: 2019-08-25 13:52:53
Document Index: 413482049

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 134', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 116', 'artículo 134', 'artículo 70', 'artículo 73', 'artículo 48', 'artículo 18', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 153', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 35', 'artículo 45', 'artículo 53', 'artículo 55', 'artículo 95', 'artículo 31', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 80', 'artículo 80', 'artículo 58']

Sexto informe periódico que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte debía presentar en 2017 en virtud del artículo 19 de la Convención con arreglo al procedimiento facultativo de presentación de informes * **
[Fecha de recepción: 15 de noviembre de 2017]
Lista de siglas y abreviaturas/Glosario4
Respuesta a la lista de cuestiones de las Naciones Unidas previa a la presentación de informes5
Párrafo 1.Cuestiones de seguimiento pendientes del anterior ciclo de presentación de informes5
Párrafo 2.Medidas adoptadas para incorporar en el derecho interno los tratados5
Párrafo 3.La Ley de Derechos Humanos y la Carta de Derechos para Irlanda del Norte6
Párrafo 4.Aplicación extraterritorial de la Convención6
Párrafo 5.Ley de Justicia Penal de 19886
Párrafo 6.Reforma del sistema de asistencia letrada6
Párrafo 7.Orientación Unificada para los oficiales y agentes de los servicios de inteligencia7
Párrafo 8.Procedimiento aplicable cuando se maneja material reservado7
Párrafo 9.Juicios sin jurado en Irlanda del Norte7
Párrafo 10.Adscripción de personas a los órganos del Mecanismo Nacional de Prevención7
Párrafo 11.Violencia contra las mujeres8
Párrafo 12.Trata de personas11
Párrafo 13.Solicitudes de asilo14
Párrafo 14.Extradiciones y expulsiones15
Párrafo 15.Apatridia16
Párrafo 16.Jurisdicción universal de los crímenes de guerra16
Párrafo 17.Tratados de extradición17
Párrafo 18.Tratados de asistencia judicial17
Párrafo 19.Capacitación para los agentes del orden17
Párrafo 20.Capacitación para agentes del orden en el uso de pistolas táser18
Párrafo 21.Capacitación en materia de indicios de tortura19
Párrafo 22.Reglamento penitenciario20
Párrafo 23.Hacinamiento en las cárceles21
Párrafo 24.Menores y mujeres privados de libertad26
Párrafo 25.Edad mínima de responsabilidad penal29
Párrafo 26.Violencia entre los presos29
Párrafo 27.Muertes de personas recluidas30
Párrafo 28.Detención de solicitantes de asilo33
Párrafo 29.Informes de la investigación pública sobre la Corporación Sanitaria Autónoma del Sistema Nacional de Salud de Mid Staffordshire34
Párrafo 30.Personas privadas de libertad en centros de salud mental35
Párrafo 31.Uso de medios de coerción contra las personas en los centros de atención sanitaria37
Párrafo 32.Denuncias de tortura durante el período que abarca el informe37
Párrafo 33.Denuncias de malos tratos formuladas por personas detenidas en operaciones de lucha contra el terrorismo38
Párrafo 34.Investigación sobre el caso Al-Sweady39
Párrafo 35.Justicia de transición en Irlanda del Norte39
Párrafo 36.Investigación Histórica de Abusos en Irlanda del Norte41
Párrafo 37.Abuso sexual de niños privados de libertad41
Párrafo 38.Reparación para las víctimas de la tortura41
Párrafo 39.Inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura42
Párrafo 40.Coerción de los niños internados en instituciones para jóvenes infractores42
Párrafo 41.Castigo corporal42
Párrafo 42.Investigaciones sobre la explotación sexual de niños43
Párrafo 43.Delitos motivados por prejuicios44
Párrafo 44.Legislación sobre el aborto en Irlanda del Norte45
Párrafo 45.Reclutamiento de niños por grupos paramilitares de Irlanda del Norte46
Párrafo 46.Trabajadores domésticos migrantes46
Párrafo 47.Comunicaciones presentadas por particulares ante las Naciones Unidas47
Párrafo 48.Lucha contra el terrorismo y salvaguardias de derechos humanos47
Párrafo 49.Otra información48
Lista de siglas y abreviaturas/Glosario
Documento básico común de 2014
Documento básico común de 2014 del Reino Unido, los Territorios Británicos de Ultramar y los Territorios Dependientes de la Corona
Territorios Dependientes de la Corona
Son tres los Territorios Dependientes de la Corona: la Bailía de Guernsey, la Bailía de Jersey y la Isla de Man. La aplicación de la Convención contra la Tortura se ha hecho extensiva a los tres Territorios Dependientes de la Corona.
Respuesta a la lista de cuestiones de las Naciones Unidas previa a la presentación de informes
1.De conformidad con el procedimiento facultativo de presentación de informes, esta respuesta constituye el sexto informe periódico del Reino Unido presentado en virtud de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. En el documento básico común de 2014 se incluyó una sinopsis de la estructura constitucional (y otros datos básicos) del Reino Unido, los Territorios Dependientes de la Corona y los Territorios de Ultramar. Al preparar el presente informe, el Gobierno del Reino Unido se coordinó con las Administraciones Autónomas, los Territorios Dependientes de la Corona y los Territorios de Ultramar, según los casos. La respuesta refleja sus aportaciones; cuando la respuesta no contiene información acerca de Administraciones Autónomas, Territorios Dependientes de la Corona o Territorios de Ultramar específicos, deberá entenderse que, desde 2011, no ha habido novedades importantes de las que informar.
Párrafo 1Cuestiones de seguimiento pendientes del anterior ciclo de presentación de informes
2.Véase la respuesta a los párrafos 14, 33 y 35 de la lista de cuestiones de las Naciones Unidas previa a la presentación de informes, que figura a continuación.
Párrafo 2Medidas adoptadas para incorporar en el derecho interno los tratados
3.La tortura sigue siendo un delito en el Reino Unido en virtud de lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley de Justicia Penal de 1988, castigado con una pena máxima de reclusión perpetua. La complicidad en la tortura es un delito tipificado en el artículo 8 de la Ley de Cómplices e Instigadores de 1861 y está castigada con la misma pena máxima. Además, en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), aplicado por medio de la Ley de Derechos Humanos, se establece que nadie podrá ser sometido a tortura o a tratos o penas inhumanos o degradantes, y las víctimas pueden invocar esa ley en los procedimientos civiles y penales.
4.El Reino Unido sigue siendo parte en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en cuyo artículo 7 se prohíbe también la tortura.
5.Tras la aplicación de la primera parte de la Carta de Derechos, Libertades y Responsabilidades de la Constitución en noviembre de 2012 y noviembre de 2013, la tortura y los tratos inhumanos están expresamente prohibidos y se ha establecido una comisión de derechos humanos de conformidad con el artículo 116 de la Constitución.
6.La Disposición Legislativa sobre Delitos de 2014 entró en vigor en abril de 2017. En esta norma legislativa se tipifica un delito específico de tortura en las Islas Malvinas (Falkland Islands). Hasta entonces, los actos de tortura habrían quedado englobados en otros delitos, con arreglo al derecho penal. El compromiso de las Islas Malvinas (Falkland Islands) de prevenir los actos de tortura se concretó en la aprobación oficial por el Consejo Ejecutivo de los Códigos de Buenas Prácticas de la Policía en abril de 2014.
Párrafo 3La Ley de Derechos Humanos y la Carta de Derechos para Irlanda del Norte
7.En la Ley de Derechos Humanos se da mayor efectividad a derechos contenidos en el CEDH, y el actual Gobierno del Reino Unido ha afirmado que el Reino Unido seguirá siendo parte en el CEDH durante el tiempo que dure la presente legislatura. El Reino Unido continuará examinando el marco jurídico de derechos humanos cuando concluya el proceso de retirada de la Unión Europea (UE), y efectuará las consultas necesarias respecto de cualquier propuesta teniendo presente el nuevo contexto constitucional que se creará.
8.El Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a cumplir los acuerdos de transferencia de responsabilidades y el Acuerdo de Viernes Santo (Acuerdo de Belfast), y está dispuesto a examinar propuestas relativas a derechos específicos para Irlanda del Norte si se logra un consenso suficiente.
Párrafo 4Aplicación extraterritorial de la Convención
9.El Gobierno del Reino Unido sigue opinando que las obligaciones internacionales de derechos humanos dimanantes de los tratados de las Naciones Unidas que el país ha ratificado, entre ellos la Convención contra la Tortura, son principalmente de tipo territorial y no tienen efectos extraterritoriales. Las Fuerzas Armadas del Reino Unido siguen sujetas al estado de derecho en todo momento, comprendido el derecho penal nacional de Inglaterra y Gales y, cuando proceda, el derecho internacional. La Policía Militar investigará las denuncias verosímiles presentadas contra miembros de las Fuerzas Armadas, independientemente de en qué parte del mundo se haya producido el incidente. En los casos pertinentes, esas denuncias darán lugar a la incoación de un procedimiento judicial ante un tribunal militar con arreglo a la Ley de las Fuerzas Armadas de 2006.
Párrafo 5Ley de Justicia Penal de 1988
10.No está previsto derogar los párrafos 4 y 5 del artículo 134 de la Ley de Justicia Penal de 1988. La justificación de esas disposiciones sigue siendo la que se expone en el cuarto informe periódico del Reino Unido presentado en virtud de la Convención.
Párrafo 6Reforma del sistema de asistencia letrada
11.Mediante la Ley de Asistencia Letrada, Condena y Castigo de los Delincuentes de 2012, el Gobierno del Reino Unido ha reformado el alcance del sistema de asistencia letrada de Inglaterra y Gales, si bien se ha mantenido la disponibilidad de fondos para los casos de mayor prioridad como, por ejemplo, aquellos en los que está en juego la vida o la libertad de las personas o cuando cabe la posibilidad de que los hijos puedan ser separados de sus padres y puestos bajo tutela, así como para las víctimas de la violencia doméstica.
12.Cuando una cuestión queda fuera del alcance del sistema de asistencia letrada, se dispone de fondos destinados a casos excepcionales en los que la falta de asistencia letrada vulneraría los derechos del demandante consagrados en el CEDH o en la legislación de la UE, o en aquellos casos en que es apropiado facilitar financiación a tenor del riesgo de incumplimiento.
13.Las víctimas de la trata de personas, la esclavitud, la servidumbre o el trabajo forzoso pueden solicitar asistencia letrada en las causas civiles con el fin de pedir autorización para salir, entrar o permanecer en el Reino Unido; presentar una demanda con arreglo al derecho laboral, o presentar una reclamación de indemnización en relación con su explotación.
14.En los casos relacionados con las solicitudes de autorización para entrar o permanecer en el Reino Unido, se podrá disponer de asistencia letrada si se ha determinado de manera concluyente que el solicitante es una víctima de la trata de personas o de la esclavitud, la servidumbre o el trabajo forzoso; o si una autoridad competente ha comprobado que existen motivos fundados para creer que el solicitante es una víctima y no se ha determinado de manera concluyente que no lo sea.
15.Los criterios de admisibilidad para quienes solicitan asistencia letrada en Escocia son coherentes y transparentes. El 2 de febrero de 2017, el Gobierno de Escocia anunció un examen exhaustivo independiente de la asistencia letrada con miras a estudiar la mejor forma de que el sistema de asistencia letrada contribuya a mejorar la vida de las personas, ahora y en el futuro.
16.Desde 2013, se ha establecido un sistema de asistencia letrada más inclusivo: los servicios sociales efectuarán una comprobación de los medios de vida en cada caso y, cuando proceda, formularán una recomendación al Fiscal General en el sentido de que se precisa asistencia letrada.
Párrafo 7Orientación Unificada para los oficiales y agentes de los servicios de inteligencia
17.El Gobierno del Reino Unido tiene la firme voluntad de garantizar que la Orientación Unificada continúe siendo adecuada para el objetivo que se persigue y a que su utilización se supervise, con arreglo a normas legales, por el Comisionado Encargado de la Supervisión de las Facultades de Investigación.
Párrafo 8Procedimiento aplicable cuando se maneja material reservado
18.En la Ley de Derechos Humanos sigue protegiéndose el derecho a un juicio imparcial. La Ley de Justicia y Seguridad de 2013 faculta a los tribunales superiores del Reino Unido a utilizar un procedimiento aplicable cuando se maneja material reservado en causas civiles que incluyan material confidencial cuya revelación sería perjudicial para la seguridad nacional. El procedimiento contiene garantías judiciales sólidas, y su aplicación es objeto de una rigurosa supervisión que consiste en informes públicos anuales presentados al Parlamento del Reino Unido. Las estadísticas ponen de manifiesto que los procedimientos aplicables cuando se maneja material reservado se han utilizado en un número muy reducido de casos en los últimos tres años, de los que unos pocos guardaban relación con procesos judiciales en Irlanda del Norte. La información acerca de las sentencias no sujetas a restricciones en materia de divulgación de información en las que se ha utilizado un procedimiento aplicable cuando se maneja material reservado puede consultarse en fuentes de acceso público, así como a través de bases de datos judiciales para las que se requiere disponer de una suscripción. Las leyes de lucha contra el terrorismo también son examinadas periódicamente por el Revisor Independiente de la Legislación en materia de Terrorismo.
Párrafo 9Juicios sin jurado en Irlanda del Norte
19.Tras una amplia consulta pública celebrada en 2016, el Ministro para Irlanda del Norte decidió prorrogar, en julio de 2017, las disposiciones relativas a los juicios sin jurado durante un período adicional de dos años y someterlas periódicamente a un examen independiente. Esas disposiciones dejarán nuevamente de estar en vigor en julio de 2019.
Párrafo 10Adscripción de personas a los órganos del Mecanismo Nacional de Prevención
20.El Gobierno del Reino Unido considera que existen suficientes salvaguardias para garantizar que, cuando se lleva a cabo un intercambio y un funcionario del Estado pasa a formar parte de uno de los órganos independientes del Mecanismo Nacional de Prevención, la independencia de ese órgano no se vea mermada.
21.El Mecanismo Nacional de Prevención del Reino Unido tiene su propia política sobre la independencia de su personal (en lo referente al personal en régimen de adscripción), que elaboró a raíz de las observaciones finales del Comité contra la Tortura.
22.El Mecanismo Nacional de Prevención del Reino Unido tiene la particularidad de estar compuesto por 21 organismos de visitas, inspección y control independientes, que, de forma combinada, supervisan la reclusión de personas en muy diversos contextos en Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. Reciben financiación por separado, a la que se añaden fondos adicionales proporcionados a la Inspección de Prisiones del Reino Unido, que alberga los servicios de coordinación del Mecanismo Nacional de Prevención del Reino Unido.
Párrafo 11Violencia contra las mujeres
23.El Gobierno del Reino Unido mantiene su firme propósito de combatir la violencia contra las mujeres y las niñas. En la Estrategia de Prevención de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, publicada originalmente en 2010 y actualizada en 2016 con la promesa de una aportación de 100 millones de libras esterlinas para su financiación, están incluidos los centros de apoyo a las víctimas de violación, los refugios y las unidades que se ocupan de la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Se han adoptado nuevas leyes e instrumentos para proteger a las víctimas, entre otros, la tipificación del matrimonio forzado como delito; la posibilidad de que los ciudadanos pregunten a la policía si su pareja puede suponer un riesgo para ellos; dos nuevas leyes relativas al acoso criminal; la implantación de órdenes de protección por violencia doméstica; el nuevo delito de violencia en la familia, que abarca las conductas controladoras o coercitivas; nuevas medidas para proteger a las víctimas y los testigos vulnerables, y el nuevo delito de divulgación de fotografías o películas privadas de carácter sexual sin el consentimiento de la persona que aparece en ellas y con la intención de causar sufrimiento a esa persona.
24.En 2014 se puso en marcha el Plan de Acción contra las Violaciones, con el objetivo de garantizar que los investigadores y los fiscales dispongan de los instrumentos adecuados para ocuparse de los casos de violación y lograr una mejora continua por medio de una supervisión y una rendición de cuentas sólidas. En diciembre de 2016, el Gobierno del Reino Unido publicó una nueva declaración nacional de expectativas en la que se expone un plan maestro de acción local relativo a la violencia contra las mujeres y las niñas.
25.En 2017, el Gobierno del Reino Unido anunció que se otorgaría a la educación afectivo-sexual rango de materia escolar regulada por ley, de manera que todos los niños puedan acceder de forma coherente a contenidos de esa materia apropiados para su edad respectiva.
26.La mutilación genital femenina ha sido un delito específico en el Reino Unido desde 1985, pero ningún enjuiciamiento ha concluido con éxito. En 2015, se introdujo una serie de disposiciones para fortalecer la legislación relacionada con la mutilación genital femenina, a fin de ayudar a eliminar los obstáculos que dificultaban su enjuiciamiento. Entre esas disposiciones (aplicables en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte) figuraba la ampliación del alcance de los delitos extraterritoriales contemplados en la Ley de Prohibición de la Mutilación Genital Femenina de 2003 a las personas residentes habituales en el Reino Unido (y no solo a los residentes permanentes). De ese modo, se eliminó la restricción de que, cuando la mutilación genital femenina se había cometido en el extranjero, no era posible encausar a aquellas personas implicadas que, en el momento de los hechos, no eran residentes permanentes en el Reino Unido. Fue posible ampliar el alcance de los delitos extraterritoriales en Escocia gracias al artículo 70 de la Ley de Delitos Graves de 2015.
27.A algunas víctimas de un presunto delito de mutilación genital femenina se les ha otorgado el anonimato permanente para alentar a un mayor número de víctimas a que denuncien la comisión de ese delito. En julio de 2015, se introdujeron las órdenes de protección contra la mutilación genital femenina, que constituyen un instrumento jurídico específico para proteger y velar por las víctimas y las posibles víctimas de la mutilación genital femenina. También se introdujo en 2015 el nuevo delito de omisión del deber de socorro a una niña ante una posible mutilación genital femenina, así como el deber de notificación obligatoria, que exige que los profesionales regulados de los servicios sociales y la salud y los docentes de Inglaterra y Gales denuncien a la policía los casos “conocidos” de mutilación genital femenina de menores de 18 años.
28.Entre el 15 de julio de 2015 y el 31 de marzo de 2017, se presentaron 137 solicitudes de órdenes de protección contra la mutilación genital femenina y se otorgaron 113 órdenes. La mayoría de las solicitudes (el 96%) se refiere a niñas y muchachas en situación de riesgo con edades que no superan los 17 años.
29.La Ley de Justicia (Irlanda del Norte) de 2015 introdujo las notificaciones de protección por violencia doméstica y las órdenes de protección por violencia doméstica. Las órdenes de protección contra la mutilación genital femenina también entraron en vigor en julio de 2015, de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Delitos Graves de 2015.
30.El Centro Rowan de Derivación de Víctimas de Agresión Sexual comenzó a prestar servicios el 7 de mayo de 2013. En él se proporcionan apoyo, información y atención directa a personas afectadas directamente por la violencia sexual o los abusos sexuales, independientemente de que hayan ocurrido recientemente o en el pasado. En septiembre de 2013, se amplió la línea de atención telefónica gratuita durante las 24 horas del día para las víctimas de la violencia doméstica, que financia el Gobierno, para que también prestara servicios relacionados con la violencia sexual. En mayo de 2016, se puso en marcha, asimismo, la Estrategia de Erradicación de la Violencia Doméstica y la Violencia y los Abusos Sexuales. Esta estrategia descansa sobre un plan de acción para el primer año, que incluye la tipificación de un delito específico de violencia en la familia con el fin de abordar comportamientos coercitivos o controladores en una relación íntima o familiar, la elaboración de un modelo apropiado para determinar las enseñanzas extraídas en casos de homicidio en el seno de la familia en Irlanda del Norte, y la preparación de un plan de divulgación de información sobre la violencia doméstica para Irlanda del Norte.
31.También se ha implantado una nueva estrategia para víctimas y testigos con la que se pretende prestar servicios nuevos o mejorados a las víctimas y los testigos, incluidas las víctimas de la violencia doméstica y la violencia de género.
32.Los datos del Servicio de Policía de Irlanda del Norte relativos al período comprendido entre 2013 y 2016 muestran que fallecieron 12 mujeres como consecuencia de violencia en la familia, y que el número de mujeres víctimas de delitos de violencia en la familia ascendió a 25.677, de las que 22.698 eran mayores de 18 años. Durante el período de dos años comprendido entre 2014 y 2016, en el Centro Rowan de Derivación de Víctimas de Agresión Sexual se recibieron los casos de 961 mujeres, de las que 327 eran menores de 18 años.
33.El Gobierno de Escocia está aplicando la estrategia Igualmente Seguras, con la que se pretende combatir todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y que cuenta con una financiación de 11,8 millones de libras (2017-2018) con cargo al presupuesto para el logro de la igualdad y 20 millones de libras adicionales (2015-2018) provenientes de los presupuestos de la justicia. En febrero de 2016 se publicó el Plan de Acción Nacional para la Prevención y la Erradicación de la Mutilación Genital Femenina de Escocia. Un grupo interinstitucional está supervisando la aplicación y el seguimiento de los avances logrados con las medidas del plan. El Gobierno de Escocia va a invertir más de 270.000 libras en el período comprendido entre 2017 y 2018 para sensibilizar acerca de la mutilación genital femenina, prestar apoyo a las personas afectadas y colaborar con el tercer sector y los asociados normativos, incluidos los que forman parte de las comunidades que pueden verse afectadas.
34.La policía de Escocia ha establecido un equipo de tareas contra la violencia en la familia para ocuparse de los autores de los delitos más reincidentes, y la Fiscalía General para Escocia ha destinado un fiscal nacional especial a los casos de violencia en la familia.
35.Además de la disponibilidad generalizada de asistencia letrada financiada con fondos públicos, el Gobierno de Escocia ha proporcionado financiación, por conducto de la Junta de Asistencia Letrada de Escocia, en apoyo del Centro de Derechos de la Mujer de Escocia, que ofrece información y asesoramiento jurídicos gratuitos a las mujeres víctimas de la violencia de género.
36.En marzo de 2016, el Parlamento de Escocia aprobó la Ley de Conductas Abusivas y Daños Sexuales, en virtud de la que se tipifica como delito específico compartir imágenes íntimas privadas sin consentimiento. El Gobierno de Escocia ha presentado un proyecto de ley de violencia en la familia para Escocia, que, una vez aprobado por el Parlamento de Escocia, permitirá contar con un nuevo delito específico de violencia en la familia (incluidas las formas de maltrato psicológico y comportamiento coercitivo y controlador cuyo enjuiciamiento no resulta fácil con la legislación penal actual).
37.En 2017, el Gobierno de Escocia está actualizando las orientaciones de 2010 tituladas Enfoque Nacional de la Lucha contra el Acoso de los Niños y los Jóvenes de Escocia.
38.El Gobierno de Escocia reúne diversos datos estadísticos sobre condenas y víctimas de delitos, incluidos los casos de violencia de género.
39.La Ley de Violencia contra las Mujeres, Violencia en la Familia y Violencia Sexual (Gales) de 2015 tiene por finalidad mejorar la respuesta del sector público de Gales a esas formas de abuso y violencia. Sus disposiciones incluyen el nombramiento de un asesor nacional, la creación de un marco nacional de capacitación y la publicación de una estrategia nacional de lucha contra la violencia contra la mujer, la violencia doméstica y la violencia sexual. Esta estrategia, concebida para el período comprendido entre 2016 y 2021, se publicó en noviembre de 2016 con la intención de brindar orientaciones estratégicas sólidas que redunden en beneficio de la coherencia y las mejores prácticas en la forma de abordar esas cuestiones en toda Gales.
40.El Gobierno de Gales, en colaboración con los principales interesados, revisa actualmente las orientaciones tituladas Respetar a los Demás, que consisten en un conjunto de pautas exhaustivas para combatir el acoso y abarcan cinco ámbitos clave, incluido el acoso sexual, sexista y transfóbico.
41.El Grupo Directivo sobre Violencia por Cuestiones de Honor de Toda Gales ha sido establecido para impulsar medidas relacionadas con la violencia por cuestiones de honor, el matrimonio forzado y la mutilación genital femenina. El Foro sobre Mutilación Genital Femenina, Salud y Protección de Gales está colaborando con un conjunto de interesados más amplio en beneficio de iniciativas de sensibilización, capacitación y prevención. En 2016, se diseñó un itinerario asistencial para la mutilación genital femenina con el que se promueve la derivación de las víctimas a servicios de salud mental del sistema de atención primaria o a un proveedor de servicios del tercer sector. Se han nombrado coordinadores de protección en relación con la mutilación genital femenina en todas las juntas de salud. Se ha establecido un proceso de reunión de datos y el Organismo de Salud Pública de Gales recopila mensualmente datos sobre mujeres y niñas afectadas por la mutilación genital femenina, obtenidos de servicios de maternidad de toda Gales, como parte de una investigación ordinaria. Con arreglo a un procedimiento rutinario, las niñas nacidas de mujeres que han sufrido mutilación genital femenina son derivadas a los servicios sociales para una intervención de protección. Se continúa trabajando para asegurarse de que se reúnan datos de otros ámbitos.
42.En enero de 2016, el Parlamento y el Gobierno de Guernsey aprobaron su segunda edición de la Estrategia contra la Violencia en la Familia (2016-2020) para Guernsey y Alderney, que contiene un marco en el que colaborarán tanto los organismos oficiales como las organizaciones voluntarias con miras a reducir la incidencia y los efectos de la violencia en la familia.
43.En 2016, se extendió a Anguila el ámbito de aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
44.El ámbito de aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se extendió a las Bermudas en 2017.
45.En 2016, el ámbito de aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se extendió a las Islas Caimán.
46.En la nueva Disposición Legislativa sobre Delitos de 2014 se crean varias figuras delictivas que guardan relación con delitos que afectan exclusiva o principalmente a las mujeres. Cabe señalar, entre esos delitos, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzados, la esclavitud, la servidumbre, el trabajo forzoso y los delitos relacionados con la explotación de la prostitución y la trata de personas con fines de explotación sexual.
47.Actualmente está en marcha una campaña contra la violencia doméstica y en la familia, que cuenta con un presupuesto de 20.000 libras para lograr cumplir su objetivo.
48.El ámbito de aplicación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se extendió a Santa Elena, Ascensión y Tristán da Cunha en 2017.
49.Se han logrado progresos importantes desde la publicación del informe de la investigación Wass sobre las denuncias relativas a cuestiones de protección de la infancia en Santa Elena y Ascensión en 2015. El Gobierno del Reino Unido ha proporcionado financiación adicional, lo cual ha permitido el establecimiento de la Dirección de Protección, cuyo cometido es proteger a los niños y los adultos vulnerables.
Párrafo 12Trata de personas
50.En la Estrategia contra la Esclavitud Contemporánea de 2014 se presenta un enfoque amplio para combatir las formas contemporáneas de esclavitud. En virtud de la Ley de Lucha contra la Esclavitud Contemporánea de 2015 se introdujeron varias medidas, entre ellas una pena máxima de reclusión perpetua para los autores y un apoyo y protección mayores para las víctimas. Esa Ley incluía, asimismo, disposiciones sobre una medida de la transparencia en las cadenas de suministro de las empresas y la figura del Comisionado Independiente de Lucha contra la Esclavitud.
51.En virtud de esa Ley se ha introducido una orden de reparación específica que permitirá que los tribunales garanticen que una proporción mayor del dinero de los condenados por delitos de esclavitud o de explotación, o por ambos, vaya directamente a sus víctimas. Cuando el autor de un delito disponga de activos, señalados en una orden de decomiso, el tribunal deberá examinar la conveniencia de dictar una orden de reparación a fin de ofrecer reparación a la víctima por el daño que ha sufrido y, en caso de no dictarla, exponer los motivos por los que no lo ha hecho.
52.En junio de 2016, comenzó a aplicarse el artículo 48 de la Ley de Lucha contra la Esclavitud Contemporánea de 2015, en el que se prevé la introducción de la figura de un profesional independiente especializado en defender los intereses del menor en los casos de niños víctimas de la trata de personas y, hasta la fecha, el número de esos profesionales es de tres.
53.En julio de 2016, se publicó un examen independiente de la eficacia de las disposiciones de justicia penal contenidas en la Ley de Lucha contra la Esclavitud Contemporánea de 2015. En ese examen, se llegó a la conclusión de que la propia Ley representaba un punto de referencia internacional al que otras jurisdicciones aspiraban, pero se subrayó la necesidad de una mayor coherencia entre los distintos organismos de justicia penal a fin de garantizar el mejor uso posible de sus disposiciones. En el examen se formularon 29 recomendaciones acerca de la forma en que podría mejorarse la respuesta dada por la policía y la justicia penal a las formas contemporáneas de esclavitud. El Gobierno del Reino Unido proporcionó 8,5 millones de libras para modificar la respuesta de la policía a las formas contemporáneas de esclavitud. Se está empleando esa financiación para mejorar la recopilación, la evaluación y el uso de datos sobre la esclavitud contemporánea, sirviéndose, entre otros medios, de un centro de datos interinstitucional centralizado. También se creó un equipo de tareas sobre la esclavitud contemporánea con la finalidad de mejorar la respuesta operacional dirigida a combatir las formas contemporáneas de esclavitud. Ese equipo está compuesto por ministros del Gobierno, expertos en información y especialistas ajenos al Gobierno.
54.Desde julio de 2011, el Gobierno del Reino Unido financia un contrato para la prestación de servicios de atención especializada a las víctimas adultas de la esclavitud contemporánea en Inglaterra y Gales. El contrato está gestionado actualmente por el Ejército de Salvación, que presta apoyo, incluido alojamiento seguro, a través de 12 subcontratistas especializados.
55.El Mecanismo Nacional de Remisión es el mecanismo británico de identificación y apoyo a posibles víctimas de la esclavitud contemporánea, comprendidas las víctimas de la trata de personas. Pueden recibir apoyo las víctimas adultas que han sido derivadas al Mecanismo Nacional de Remisión cuando se estime que hay motivos razonables para considerar que son víctimas de formas contemporáneas de esclavitud. Se ofrece ayuda durante un período de reflexión y recuperación de al menos 45 días o hasta que se haya adoptado una decisión inapelable sobre la condición de víctima de la persona.
56.El Gobierno del Reino Unido encargó un examen del Mecanismo Nacional de Remisión en 2014 y, en agosto de 2015, en consulta con la sociedad civil y los asociados para la ejecución de las operaciones, puso en marcha un proyecto piloto con objeto de comprobar la idoneidad de las recomendaciones formuladas tras el examen en dos lugares, a saber, la demarcación territorial de la Policía de Yorkshire Occidental y la región suroeste. El proyecto piloto concluyó a finales de marzo de 2017. En octubre de 2017, se publicó una evaluación del proyecto piloto en el portal del Gobierno del Reino Unido.
57.El Mecanismo Nacional de Remisión del Reino Unido recibió 3.805 remisiones de posibles víctimas en 2016, lo que representa un aumento del 17% respecto del número total de remisiones en 2015. Se informó de que las posibles víctimas procedían de 108 países. Las 3.805 remisiones comprendían 1.936 mujeres (el 51%) y 1.864 hombres (el 48%), así como 5 casos inscritos como personas transgénero (menos del 1%). Se derivaron 2.527 personas (el 66%) con arreglo a categorías de explotación de adultos y 1.278 (el 34%) por explotación de menores.
58.Los datos sobre el número de denuncias o investigaciones relacionadas con las formas contemporáneas de esclavitud, incluida la trata de personas, no se reúnen de manera centralizada. Sin embargo, en el sitio web del Parlamento del Reino Unido puede consultarse un desglose de los enjuiciamientos y las condenas en virtud de la Ley de Lucha contra la Esclavitud Contemporánea de 2015 y la legislación contra la esclavitud anterior preparado en respuesta a una interpelación parlamentaria. En el portal del Gobierno del Reino Unido puede encontrarse información sobre determinados delitos enjuiciados en tribunales de primera instancia de lo penal y sentenciados en todos los tribunales de Inglaterra y Gales en 2013, 2014 y 2015.
59.El Gobierno del Reino Unido promovió con éxito el establecimiento de la primera meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (meta 8.7) de las Naciones Unidas, consagrada a poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud, la cual dirige los esfuerzos internacionales a combatir la esclavitud y promueve el compromiso de los países de “adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025, poner fin al trabajo infantil en todas sus formas”.
60.El Reino Unido ratificó el Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (núm. 29), de la Organización Internacional del Trabajo, lo que pone de manifiesto su compromiso con la erradicación de la explotación laboral.
61.Se ha establecido un nuevo marco en materia de trata y explotación de personas en virtud de la Ley de Justicia Penal y Apoyo a las Víctimas en Casos de Trata y Explotación de Seres Humanos (Irlanda del Norte) de 2015. Esta Ley contribuye a reforzar los instrumentos de Irlanda del Norte para luchar contra la trata de personas y la esclavitud, además de mejorar la protección y el apoyo brindados a las víctimas de esos delitos. En el artículo 18 de la Ley se estipulan la asistencia y el apoyo a disposición de las posibles víctimas adultas de la trata de personas que son derivadas al Mecanismo Nacional de Remisión. La prestación de servicios de apoyo a las posibles víctimas adultas de la trata de personas corre a cargo de dos organizaciones, Migrant Help y Belfast and Lisburn Women’s Aid. El conjunto de medidas de apoyo incluye, según las necesidades, el acceso a un alojamiento seguro y asistencia material para las víctimas de la trata de personas. También se presta ayuda para acceder a la atención especializada, comprendidos el tratamiento médico, la asistencia psicológica, el asesoramiento y la información. A las posibles víctimas adultas se les proporciona, asimismo, asistencia para que puedan acceder a servicios de traducción, interpretación y asistencia letrada, así como ayuda para poder obtener una indemnización.
62.El artículo 10 de esa Ley permite a los tribunales ordenar que quienes sean condenados por trata de personas o delitos análogos a la esclavitud paguen a sus víctimas una indemnización en concepto de reparación.
63.En esa misma Ley también se prevé la introducción de tutores independientes para los niños separados y que han sido víctimas de la trata. El Departamento de Salud de Irlanda del Norte y la Junta de Atención Social y de la Salud trabajan en la puesta en práctica de ese servicio.
64.En 2015-2016, la Unidad de Lucha contra la Trata de Personas del Servicio de Policía de Irlanda del Norte practicó 12 detenciones por delitos de trata de personas. En 2016, se condenó a cinco personas por delitos relacionados con la trata de personas y se impusieron penas privativas de libertad a otras tres.
65.El Parlamento de Escocia ha aprobado la Ley de Trata y Explotación de Personas (Escocia) de 2015. Entre otras cosas, en esa Ley se aglutina y refuerza la legislación penal contra la trata y la explotación de personas. Los delitos tipificados en ella entrañan una pena máxima de reclusión perpetua. También instituye órdenes de riesgo y prevención de la trata y la explotación de personas y redunda en una mejora de la protección dispensada a las víctimas mediante las instrucciones del Fiscal General para Escocia relativas a la conveniencia de no enjuiciar a las víctimas de la trata y la explotación de personas en determinadas circunstancias, así como por la imposición a los ministros de Escocia del deber de prestar ayuda y asistencia a las víctimas adultas de la trata de personas.
66.El 30 de mayo de 2017, se presentó en el Parlamento de Escocia la Estrategia contra la Trata y la Explotación de Personas, que será objeto de revisión cada tres años. El 29 de agosto de 2017 se inició una campaña pública de sensibilización.
67.La Ley de Víctimas y Testigos (Escocia) de 2014 obliga a la Policía de Escocia a señalar a la atención de las víctimas de delitos el Código sobre Víctimas de Escocia, que contiene información sobre indemnizaciones y está disponible en varios idiomas. Esta normativa redundará en un aumento del tiempo durante el que se prestará apoyo a las víctimas de la trata y la explotación de personas liberadas en Escocia, que pasará de 45 a 90 días. Las organizaciones de apoyo a las víctimas adultas suelen ayudar a estas a entender cuál es el apoyo que puede estar disponible. El Gobierno de Escocia proporciona financiación a Migrant Help y a Trafficking Awareness Raising Alliance para que presten servicios de apoyo especializado. En 2013, el Gobierno de Escocia publicó las Orientaciones Interinstitucionales sobre Trata de Niños. Y ya ha invertido en un servicio adicional de apoyo para la tutela de niños no acompañados que han sido víctimas de la trata de personas.
68.Desde mayo de 2013, se han emprendido acciones judiciales respecto de 65 acusaciones de trata de personas en Escocia. Dos fallos condenatorios han acarreado la encarcelación de los encausados y están en curso acciones judiciales en relación con 38 acusaciones.
69.En 2011, el Gobierno de Gales nombró un coordinador para la lucha contra la esclavitud, cuya función es convertir Gales en un territorio hostil para la esclavitud y coordinar el mejor apoyo posible para las víctimas. También ha establecido el Grupo Directivo de Lucha contra la Esclavitud de Gales para proporcionar liderazgo estratégico y orientación sobre la forma de abordar la esclavitud en Gales y prestar a las víctimas el mejor apoyo posible. El Gobierno de Gales ha colaborado estrechamente con los organismos clave para cuantificar, localizar y determinar los tipos de esclavitud que se dan en Gales. Esa labor está contribuyendo a mejorar la información y el registro de los incidentes en Gales, utilizando para ello el Mecanismo Nacional de Remisión del Reino Unido, y a aumentar el número de casos que llegan al sistema de justicia penal.
Párrafo 13Solicitudes de asilo
70.En el año que finalizó en marzo de 2017, se recibieron 28.891 solicitudes de asilo. En ese mismo período, se registraron 9.634 otorgamientos de asilo o de otro tipo de protección a los solicitantes de asilo principales y a sus familiares a cargo, y otras 6.245 personas recibieron protección y apoyo en el marco de un plan de reasentamiento.
71.Del número total de solicitudes de asilo recibidas, 3.680 correspondían a niños solicitantes de asilo no acompañados. Durante ese período, se adoptaron 1.747 decisiones iniciales respecto de niños solicitantes de asilo no acompañados, de las que un 38% fueron decisiones de otorgamiento de asilo u otro tipo de protección y un 40%, de permisos transitorios de estadía. Entre las solicitudes presentadas por niños solicitantes de asilo no acompañados que son rechazadas figuran las presentadas por niños procedentes de países en los que devolver los niños a sus familias es seguro.
72.Las estadísticas relativas a las solicitudes de asilo se publican trimestralmente.
73.Existe el derecho de apelar ante el Tribunal de Inmigración y Asilo, un órgano independiente, contra la decisión de rechazar una solicitud de protección (solicitudes de asilo y solicitudes de protección humanitaria) o una solicitud por violación de los derechos humanos, o contra la decisión de revocar la condición de persona protegida.
Párrafo 14Extradiciones y expulsiones
74.La extradición desde el Reino Unido tiene lugar, por lo general, en el marco de tratados o acuerdos internacionales. En la legislación nacional sobre extradición del Reino Unido están consagradas varias salvaguardias específicas que protegen los derechos humanos y corresponde a los tribunales del Reino Unido determinar si la extradición de una persona es compatible con el respeto de sus derechos humanos. Así pues, en la mayoría de los casos, el Reino Unido no requerirá garantías diplomáticas acerca de aspectos concretos del trato que se dispensaría a una persona en caso de ser extraditada.
75.No obstante, cuando los tribunales tengan razones fundadas para creer que existe el riesgo de que se violen los derechos humanos de una persona si se ordena su extradición, esos tribunales o el Ministerio Fiscal, que actúa en nombre del Estado solicitante, podrán invitar a este último a que dé garantías al respecto. Además, cuando sea necesario, el Ministro del Interior podrá solicitar garantías de que no se impondrá ni se ejecutará la pena de muerte. Es responsabilidad del Estado solicitante proporcionar esas garantías. El Reino Unido consideraría tales garantías vinculantes para el país que solicita la extradición. Si el tribunal no está satisfecho con las garantías recibidas, podrá dejar en libertad a la persona cuya extradición se ha solicitado al considerar que su extradición no sería compatible con el respeto de sus derechos humanos, en cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley de Extradición de 2003.
76.El Gobierno del Reino Unido ha alcanzado acuerdos con varios países que facilitan la expulsión desde el Reino Unido con garantías. La mayoría de esos acuerdos contienen una disposición de supervisión a cargo de un órgano independiente. Esas disposiciones sobre supervisión permiten que los supervisores viajen con la persona detenida desde el Reino Unido y, a su regreso, si esa persona ha sido privada de libertad, puedan acceder a ella con frecuencia y sin previo aviso. El mandato de supervisión respecto de esos países impone la obligación de que se lleven a cabo visitas en privado, en compañía de un intérprete cuando sea necesario, de expertos formados para detectar señales físicas o psicológicas de tortura y malos tratos. Esos expertos supervisores también pueden organizar la realización de reconocimientos médicos en cualquier momento si les preocupa el bienestar físico o mental de un detenido. En varias ocasiones, los tribunales del Reino Unido han aceptado la conformidad de esos acuerdos con el artículo 3 del CEDH (véase, por ejemplo, la aprobación por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) del enfoque de la supervisión adoptado por el Reino Unido). Al identificar a un tercero para que actúe como órgano de supervisión, el Reino Unido tomará en consideración varios factores. Pueden tenerse en cuenta, entre otros factores, la relación y el conocimiento que el Reino Unido tenga de ese tercero (una organización), así como información disponible en el dominio público, informes independientes realizados por encargo para determinar la independencia y la capacidad de esa organización para desempeñar los cometidos previstos y conversaciones detalladas con la propia organización. Un órgano de supervisión también debe poder informar directa y confidencialmente al Gobierno del Reino Unido. El proceso de verificación puede ser impugnado por la persona expulsada en los tribunales del Reino Unido y ante el TEDH. En última instancia, la naturaleza exacta de los mecanismos de supervisión necesarios dependerá de las circunstancias de cada caso.
77.En total, se han producido 11 expulsiones con garantías y 1 traslado administrativo para el que se contó con garantías, y ninguno desde noviembre de 2013.
Párrafo 15Apatridia
78.En abril de 2013, el Gobierno del Reino Unido adoptó un nuevo procedimiento para permitir que los apátridas que no tienen derecho a residir en ningún otro país sean declarados oficialmente apátridas y se les conceda permiso para permanecer en el Reino Unido. Esa política se actualizó por última vez en febrero de 2016. En las Normas de Inmigración se estipulan los requisitos para ser reconocido como apátrida y recibir, por ese motivo, autorización para permanecer en el país, que reflejan la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, de 1954. La citada política se ha concebido para ayudar a las personas que no reúnen los requisitos para obtener asilo u otras formas de protección, pero que no pueden regresar a su país de residencia habitual anterior o a ningún otro país por ser apátridas.
79.Se dispone de un formulario de solicitud específico para quienes deseen obtener permiso para permanecer en el país como apátridas y un equipo especializado examina las solicitudes recibidas. La fuente de las orientaciones acerca de este procedimiento son las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que figuran en su Manual sobre la protección de las personas apátridas, de 2014, y son de acceso público. Los solicitantes y los familiares a su cargo a los que se concede permiso de residencia en el Reino Unido tienen derecho a trabajar y a acceder a fondos públicos. Tras cinco años de permiso de residencia limitado en el Reino Unido, esas personas y sus familiares a cargo pueden solicitar su asentamiento y, una vez que este ha sido autorizado, pueden solicitar la ciudadanía transcurridos 12 meses.
Párrafo 16Jurisdicción universal de los crímenes de guerra
80.Los crímenes de guerra tipificados en la Ley sobre los Convenios de Ginebra, de 1957, y un pequeño número de otros delitos graves, incluida la tortura, siguen sujetos a la jurisdicción universal. Esto permite que el enjuiciamiento se lleve a cabo en el Reino Unido incluso cuando el delito se ha cometido fuera del país e independientemente de la nacionalidad. En los casos de jurisdicción universal, es posible personarse como acusación particular mediante una querella. Cualquier persona puede iniciar actuaciones penales solicitando al tribunal competente que dicte una orden de comparecencia o una orden de detención. El artículo 153 de la Ley de Reforma de la Policía y de Responsabilidad Social de 2011 se introdujo con la finalidad de exigir el consentimiento del Fiscal General del Estado antes de poder dictarse una orden de detención a instancias de un acusador particular en relación con delitos a los que el Reino Unido aplica el principio de jurisdicción universal. Con el requisito de contar con el consentimiento del Fiscal General del Estado se pretende garantizar que las órdenes de detención se dicten solo cuando exista la posibilidad de que el enjuiciamiento concluya con éxito.
Párrafo 17Tratados de extradición
81.En los párrafos 39 a 41 del cuarto informe periódico del Reino Unido figura información detallada sobre las medidas para tipificar como delito la tortura en el país. Véase, asimismo, la respuesta al párrafo 2 del presente documento.
82.En la legislación nacional sobre extradición del Reino Unido se define un delito que puede dar lugar a la extradición en los artículos 64 y 65 (territorios de categoría 1) y en los artículos 137 y 138 (territorios de categoría 2) de la Ley de Extradición de 2003. Véase, asimismo, la respuesta a los párrafos 14 y 16 del presente documento.
Párrafo 18Tratados de asistencia judicial
83.En el portal del Gobierno del Reino Unido puede consultarse información general de acceso público sobre la forma en que el Gobierno del Reino Unido tramita las solicitudes de asistencia judicial, incluida una lista de los acuerdos de asistencia judicial. El Gobierno del Reino Unido continúa prestando pleno auxilio jurídico a tribunales y fiscalías extranjeros con arreglo a la Ley de Justicia Penal (Cooperación Internacional) de 1990. Entre 2011 y 2016, inclusive, la Autoridad Central de Asistencia Judicial del Reino Unido recibió 9 solicitudes relacionadas con delitos de tortura. En el mismo período, el Reino Unido formuló 14 solicitudes relacionadas con la tortura a países no pertenecientes a la UE.
Párrafo 19Capacitación para los agentes del orden
84.La tortura y la complicidad en un acto de tortura constituyen delitos que incumben por igual a todos los agentes del orden, el personal penitenciario y los guardias de fronteras. Además, los funcionarios públicos tienen la obligación, de conformidad con la Ley de Derechos Humanos, de actuar de manera compatible con el artículo 3 del CEDH.
85.Como parte del curso de formación inicial de los funcionarios de prisiones, estos reciben capacitación en materia de derechos humanos, incluido el artículo 3 del CEDH. Los funcionarios también reciben formación sobre el uso de la fuerza, y la utilización de medios de coerción siempre debe hacerse por motivos legítimos y ser proporcionada y necesaria, así como plenamente conforme con la política sobre el uso de la fuerza del Servicio de Instituciones Penitenciarias y Libertad Vigilada del Reino Unido, o bien, cuando se traslada a un preso desde una institución penitenciaria, con la política sobre traslado de prisioneros con escolta. Ambas políticas se actualizaron en 2015. Todo el personal que interviene directamente en operaciones recibe formación en técnicas de uso de la fuerza y es responsable de velar por que se recurra al uso de la fuerza solo cuando todos los esfuerzos razonables de persuasión hayan sido infructuosos (o se considere improbable lograr con ellos ningún resultado) y sea necesario intervenir para, por ejemplo, impedir que el personal o los presos resulten heridos o se produzcan daños materiales.
86.Las fuerzas de policía de Inglaterra y Gales asisten periódicamente a sesiones de sensibilización sobre los derechos humanos, y reciben formación sobre el uso de la fuerza. La legislación de derechos humanos constituye un elemento fundamental del programa nacional de formación de agentes de policía; y el conocimiento de los derechos humanos forma parte del código de ética y se contextualiza en la formación proporcionada en una amplia variedad de programas de capacitación, tanto para puestos policiales operativos como de especialista. En el sitio web sobre las Prácticas Profesionales Autorizadas de la Escuela de Policía de Inglaterra y Gales también se proporcionan consejos para los agentes de policía acerca de cómo determinar cuándo es adecuado el uso de la fuerza.
87.Tanto la Policía de Escocia como el Servicio Penitenciario de Escocia imparten habitualmente sesiones de sensibilización sobre los derechos humanos. Esta formación incluye el Código de Ética de la Policía de Escocia y capacitación sobre el CEDH. La Comisión de Derechos Humanos de Escocia ayudó a la Inspección de Prisiones del Reino Unido para Escocia a elaborar formación sobre los derechos humanos para los voluntarios del sistema de supervisores independientes de prisiones.
88.En los últimos 12 meses, el Gobierno del Reino Unido ha realizado inversiones considerables para crear oportunidades de mejora de la gestión, con arreglo a las mejores prácticas para el personal directivo de nivel medio y superior de centros de detención en todos los Territorios de Ultramar. Se presta apoyo a los directores de las prisiones mediante un diálogo regular con el Asesor para Asuntos de Prisiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth y conferencias bianuales en las que se examinan las mejores prácticas actualizadas. El Gobierno del Reino Unido ha establecido un sistema de visitas a cargo del Asesor para Asuntos de Prisiones y periódicamente se realiza un seguimiento de las recomendaciones que este formula para la mejora de las normas.
Párrafo 20Capacitación para agentes del orden en el uso de pistolas táser
89.Al Gobierno del Reino Unido no le cabe ninguna duda de que el uso de la fuerza por la policía debe responder a motivos legítimos y ser proporcionado y necesario. Las pistolas táser de descarga eléctrica son una alternativa menos letal que armas convencionales como las armas de fuego. El Ministro del Interior sigue un riguroso proceso de autorización antes de aprobar armas menos letales para su utilización por la policía, que incluye evaluaciones técnicas y médicas exhaustivas, así como la realización de pruebas en contextos operacionales. En Inglaterra y Gales, las fuerzas de policía solo podrán utilizar las armas menos letales que hayan sido autorizadas por el Ministro del Interior. En la actualidad, solo está autorizado el uso por la policía de los modelos Taser X2 y Taser X26.
90.La entrega de pistolas táser a los agentes de policía es una cuestión operacional que compete a los jefes de policía. Las decisiones sobre el número de agentes que llevan una pistola táser y la forma en que se utiliza se basan en una evaluación de las amenazas y los riesgos llevada a cabo por los jefes de policía y son acordes con las Prácticas Profesionales Autorizadas de la policía. Solo los funcionarios que han recibido una capacitación especial pueden usar pistolas táser. La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía ha publicado un examen de quejas e incidentes relacionados con la utilización de pistolas de descarga eléctrica por la policía entre 2004 y 2013, que puede consultarse en el sitio web de la Comisión.
91.El Gobierno del Reino Unido publica periódicamente estadísticas sobre el uso de pistolas táser por la policía. Además, a raíz de un examen dirigido por la policía que se realizó a instancias del Gobierno del Reino Unido, desde el 1 de abril de 2017 las fuerzas de policía de toda Inglaterra y Gales han empezado a registrar una amplia gama de datos sobre el uso de la fuerza como, por ejemplo, el motivo por el que se empleó la fuerza; datos sobre lesiones; el sexo, el origen étnico y la edad de la persona, así como el desenlace del incidente. Desde julio de 2017, las fuerzas de policía publican esos datos a nivel local, lo que en el futuro harán trimestralmente, y el Gobierno del Reino Unido reunirá y publicará anualmente un subconjunto de los datos registrados respecto de cada fuerza de policía. La publicación de datos relativos al uso de la fuerza por la policía redundará en una transparencia y una rendición de cuentas sin precedentes y, a más largo plazo, proporcionará una base empírica para ayudar en la concepción de tácticas, capacitación y equipamiento que mejoren la seguridad de todos.
92.Todos los agentes de la Policía de Escocia con autorización para llevar armas de fuego reciben formación en el uso de pistolas táser como opción menos letal a la que habrá de recurrirse en apoyo de las operaciones armadas. Esa formación se imparte de conformidad con las prácticas y los procedimientos nacionales del Reino Unido en vigor, siguiendo las instrucciones de la Escuela de Policía y las normas nacionales sobre el uso de armas por los agentes de policía. Figuran orientaciones adicionales en las Prácticas Profesionales Autorizadas (actividades policiales con armas), el plan de estudios nacional de la policía sobre armas de fuego y la Declaración de Intenciones sobre el Uso Policial de Armas de Fuego y Armas Menos Letales en Escocia.
93.Existe una amplia gama de medidas de vigilancia y mecanismos de supervisión de las actuaciones y decisiones del Jefe de la Policía de Escocia. Esos mecanismos de control incluyen la supervisión ejercida por la Autoridad Policial de Escocia, que presenta informes anuales al Parlamento de Escocia y al Comisionado de Revisión de Investigaciones y Quejas contra la Policía, cuyos informes están a disposición del público.
94.El Servicio de Policía de Santa Elena dispone de pistolas táser. La formación de los agentes es acorde con las políticas, los procedimientos y la capacitación del Reino Unido.
Párrafo 21Capacitación en materia de indicios de tortura
95.Los funcionarios de prisiones cursan un programa amplio de formación para adquirir aptitudes de gestión y cuidado de las personas privadas de libertad; la formación impartida abarca, entre otras cuestiones, el uso de la fuerza en entornos penitenciarios, además del conocimiento de las responsabilidades en materia de seguridad y salud y la comprensión de las aptitudes interpersonales y de comunicación en esos entornos. En Escocia, Inglaterra y Gales, el personal penitenciario recibe formación de sensibilización en materia de derechos humanos.
96.El plan de estudios nacional de la policía, coordinado por la Escuela de Policía, incluye la igualdad y los derechos humanos entre los temas tratados.
97.Todo el personal militar recibe capacitación en derecho de los conflictos armados aplicado a las operaciones. El derecho de los conflictos armados aplicado a las operaciones presta una atención especial al derecho de los conflictos armados y abarca el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos aplicables. Todo el personal militar recibe capacitación sobre las cuestiones siguientes: la aplicabilidad del derecho de los conflictos armados; los principios jurídicos básicos; la protección de las personas, los lugares y los objetos; la aplicación del derecho de los conflictos armados en la ejecución de las operaciones, y el cumplimiento del derecho de los conflictos armados. El nivel de formación mínimo obligatorio se mide anualmente en los distintos servicios. Ciertos funcionarios y contratistas designados específicamente también reciben capacitación en materia de derecho de los conflictos armados. Esa formación anual sobre el derecho de los conflictos armados se complementa durante la formación previa al despliegue.
98.Del contenido y la calidad de la formación médica se encarga un órgano independiente establecido por ley, el Colegio General de Médicos, que es responsable de promover unos niveles de educación y capacitación elevados en la profesión médica. La capacitación impartida incluye formación sobre la Ley de Derechos Humanos.
99.La atención médica y sanitaria en los centros de internamiento de inmigrantes se rige por el Reglamento de Centros de Detención de 2001. En la Orden sobre Servicios de Detención 09/2016 se actualizaron las orientaciones de apoyo al artículo 35, párrafo 3, del Reglamento de Centros de Detención, en el que se exige que los médicos de los centros de internamiento de inmigrantes notifiquen los casos de detenidos que consideren que pueden haber sido víctimas de la tortura. Las notificaciones en virtud del artículo 35, párrafo 3, constituyen un mecanismo para comunicar las sospechas al Ministerio del Interior, en lugar de depender de los informes forenses elaborados de conformidad con el Protocolo de Estambul.
100.En septiembre de 2014, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra se hizo cargo de la contratación de la atención sanitaria en los centros de internamiento de inmigrantes de Inglaterra. En julio de 2015 y enero de 2017, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra organizó actividades de capacitación para el personal del Ministerio del Interior y el personal sanitario empleado en los centros de internamiento de inmigrantes con la finalidad de ayudar a identificar a las víctimas de la tortura y prestarles una atención adecuada. Las actividades de capacitación fueron impartidas por varios ponentes que, en todos los casos, poseían experiencia en cuestiones relacionadas con el artículo 35 del Reglamento de Centros de Detención. La capacitación incluyó sesiones, dirigidas por médicos forenses, sobre la documentación de las lesiones; la manera en que la preocupación por la posibilidad de que una persona haya sido víctima de la tortura puede reflejarse claramente en un informe dirigido al Ministerio del Interior, y los informes elaborados en virtud del artículo 35, párrafo 3.
Párrafo 22Reglamento penitenciario
101.El Reglamento de Prisiones de 1999, elaborado en virtud de la Ley de Prisiones de 1952, constituye el marco administrativo para el tratamiento de los presos en Inglaterra y Gales. Se complementa con las orientaciones que figuran en las instrucciones y las órdenes para el Servicio Penitenciario, que el Gobierno del Reino Unido actualiza periódicamente.
102.En Inglaterra y Gales, los centros penitenciarios son inspeccionados por la Inspección de Prisiones del Reino Unido y supervisados por juntas de supervisión independientes (estas últimas están establecidas en cada una de las prisiones); una y otras forman parte del Mecanismo Nacional de Prevención del Reino Unido. Además, los presos tienen acceso a un sistema interno de quejas sólido, y pueden trasladar cualquier queja que no se haya resuelto a su entera satisfacción al Ombudsman de Prisiones y Libertad Vigilada, de carácter independiente. Los establecimientos penales también son objeto de las inspecciones que realiza el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, cuyos informes están a disposición del público.
103.El Organismo de Inspección de la Justicia Penal de Irlanda del Norte y las juntas de supervisión independientes de Irlanda del Norte son los órganos designados en virtud del Mecanismo Nacional de Prevención. A través de esos arreglos, se supervisan todos los establecimientos penales y se publican informes. El Servicio de Prisiones de Irlanda del Norte dispone de mecanismos para responder a las preocupaciones expresadas por los órganos designados del Mecanismo Nacional de Prevención.
104.Como parte del Acuerdo del Castillo de Hillsborough de febrero de 2010, se convino en la realización de un examen de las condiciones de reclusión, la gestión y la supervisión de todos los establecimientos penales. En julio de 2010, el entonces Ministro de Justicia estableció un equipo para que examinara la situación de esos establecimientos. Ese equipo publicó un informe de sus conclusiones en octubre de 2011. Formuló 40 recomendaciones para la mejora de las condiciones de los establecimientos penales. El programa de reforma oficial terminó en marzo de 2016 con la confirmación por el Grupo de Supervisión de que se habían aplicado 36 de las 40 recomendaciones, con lo que se cumplió la meta del 90% fijada en el anterior programa de gobierno.
105.En virtud de la primera parte de la Ley de Justicia Penal (Escocia) de 2016 se reformará y modernizará el sistema de procedimientos de arresto y reclusión de Escocia. Y se introducirá una única facultad legal de arresto por la comisión de delitos, derogándose las facultades de arresto del common law y las disposiciones legislativas en materia de reclusión contenidas en la Ley de Procedimiento Penal (Escocia) de 1995. En la primera parte también se estipula un mejor acceso de los abogados a sus defendidos y se derogan las disposiciones actuales de la citada Ley de 1995. Está previsto que la primera parte de la Ley de Justicia Penal (Escocia) de 2016 entre en vigor este invierno.
106.En la Ley de Servicios de Justicia en la Comunidad (Escocia) de 2016 se prevén nuevos sistemas de servicios judiciales comunitarios y se establece un nuevo organismo, Servicios de Justicia en la Comunidad de Escocia, para supervisar el funcionamiento de esos servicios.
107.La Inspección de Prisiones del Reino Unido para Escocia introdujo nuevas normas de inspección y supervisión de las prisiones de Escocia (marzo de 2015). En esas normas se hacía referencia a las leyes, las orientaciones profesionales e internacionales, las políticas y las conclusiones de las investigaciones pertinentes. Actualmente, de la supervisión se ocupan supervisores independientes de prisiones, que son ciudadanos y representantes de la sociedad civil.
108.Los presos también pueden remitir sus quejas al Ombudsman de Servicios Públicos de Escocia si no están satisfechos con la respuesta dada a una queja formulada de conformidad con el Reglamento de Instituciones Penitenciarias y para Jóvenes Infractores de 2011, en su forma enmendada.
109.La Disposición Legislativa sobre Prisiones (de Guernsey) de 2013 y el Reglamento Penitenciario (de Guernsey) de 2013 entraron en vigor en noviembre de 2013 y mediante ellos se estableció el marco para la gestión de la prisión de Guernsey y se autorizó al Grupo de Supervisión Independiente a que efectuara visitas sin previo aviso y visitas solicitadas a ese establecimiento penal.
110.En diciembre de 2016, se enmendó la Ley de Prisiones (de Jersey) de 1957 para incluir en ella el nombramiento de la Junta Independiente de Supervisión de Prisiones, con objeto de velar por el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y permitir que Jersey solicitara la ampliación del ámbito de aplicación del Protocolo Facultativo.
111.En 2014, se transfirió la administración del centro de internamiento de inmigrantes al Servicio Penitenciario del Reino Unido a fin de mejorar la gestión y los procesos generales relacionados con la detención de migrantes, incluida la visita de los detenidos a un enfermero al llegar al centro de internamiento.
112.En 2016, la Comisión de Salud Mental, en colaboración con la Comisión de Derechos Humanos, elaboró una guía de cuestiones básicas de derechos humanos para los profesionales de la salud mental. El objetivo de la guía es proporcionar formación adecuada en materia de derechos humanos a las personas que trabajan en el ámbito de la salud mental.
Párrafo 23Hacinamiento en las cárceles
113.Aunque el Gobierno del Reino Unido no tiene la intención de fijar metas arbitrarias en materia de reducción de la población penitenciaria, sí ha emprendido un programa de reforma penitenciaria en Inglaterra y Gales. En promedio, el porcentaje de presos que vivían en condiciones de hacinamiento era del 24,5% en 2016-2017, una proporción que no había cambiado respecto a 2015-2016. Las reformas previstas permitirán cerrar las prisiones antiguas y sustituirlas por edificios adecuados para las exigencias actuales. Se invertirán 1.300 millones de libras en la construcción de establecimientos modernos, con hasta 10.000 plazas sin hacinamiento, lo que crea las condiciones materiales para que los directores de los establecimientos penales puedan lograr mejores resultados en materia de educación, capacitación y rehabilitación.
114.Otras medidas para contribuir a reducir la reincidencia son, por ejemplo, la supervisión en la comunidad, durante 12 meses, de todos los delincuentes que salen en libertad tras cumplir penas de prisión breves, que comenzó a aplicarse el 1 de febrero de 2015; y la mayoría de los infractores también recibe el apoyo continuo de un proveedor de servicios asistenciales, desde la detención hasta la puesta en libertad, consistente, por ejemplo, en ayuda y recomendaciones para obtener una vivienda, empleo y formación.
115.El Gobierno del Reino Unido también se ha comprometido a mejorar la seguridad y reducir la violencia en todas las prisiones. Un contingente adicional de 2.500 funcionarios de primera línea proporcionará la capacidad necesaria para que los funcionarios de prisiones tengan un cometido especial y puedan establecer relaciones constructivas con los presos, reducir los niveles de frustración y, en última instancia, lograr que disminuyan los niveles de violencia.
116.El Gobierno del Reino Unido ha distribuido entre las prisiones más de 5.500 cámaras que se llevan fijadas sobre el cuerpo, además de formar al personal para mejorar su relación con los presos, y ha anunciado, asimismo, nuevas medidas encaminadas a aumentar la capacidad de reunir información gracias al establecimiento de un centro de inteligencia de 3 millones de libras para luchar contra los delitos cometidos por bandas en el interior de los establecimientos penales.
117.Todo preso que cometa un acto de violencia puede esperar que se adopten medidas contra él, entre ellas la comunicación del incidente a la policía en aquellos casos en que se haya cometido un delito. El Gobierno del Reino Unido está colaborando estrechamente con la policía y el Ministerio Fiscal para asegurarse de que los delincuentes sean procesados sin demora y de que los tribunales cuenten con todas las pruebas del daño causado, de manera que se les pueda imponer la pena más severa posible. Se han tipificado dos nuevos delitos en virtud de la Ley de Delitos Graves de 2015, a saber, estar en posesión de un cuchillo u otra arma ofensiva en un establecimiento penal sin autorización, y lanzar objetos por encima del muro de un establecimiento penal sin autorización.
118.El Gobierno del Reino Unido también está implantando una nueva formación en todos los establecimientos penales con objeto de ayudar al personal a detectar los riesgos y los factores desencadenantes del suicidio y las lesiones autoinfligidas, así como a entender lo que pueden hacer para ayudar a los presos en situación de riesgo.
119.Es posible separar a los presos de conformidad con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento de Prisiones de 1999 cuando ello sea deseable para el mantenimiento del orden y la disciplina en el establecimiento penal, o en el propio interés de los presos. La segregación en esas circunstancias siempre se circunscribirá al período más breve que sea necesario y deberá reintegrarse al preso a su ubicación normal tan pronto como sea posible o seguro hacerlo. De conformidad con el artículo 53, también será posible segregar a un preso hasta que se cuente con una decisión administrativa y, con arreglo al artículo 55, podrá ser segregado como castigo cuando sea declarado culpable de una falta disciplinaria. En la política sobre segregación se estipula claramente que cuando exista el riesgo de que un preso se suicide o se autolesione, solo será posible segregar a ese preso en circunstancias excepcionales y cuando represente un riesgo tal para otras personas que se considere que ningún otro lugar es adecuado. Durante el tiempo que permanezca segregado, el preso deberá estar supervisado, entre otros, por profesionales sanitarios, conforme a una evaluación de las necesidades de cada recluso.
120.Las inspecciones llevadas a cabo por observadores legos y por la Inspección de Prisiones del Reino Unido abarcan las disposiciones de custodia y escolta de los presos en los tribunales. Con respecto a la inspección de los centros de detención de todo el Reino Unido y los mecanismos de presentación de quejas a disposición de los prisioneros, véase, asimismo, la respuesta al párrafo 22 del presente documento.
121.Las estadísticas sobre la población penitenciaria de Inglaterra y Gales se obtienen principalmente del Boletín trimestral de estadísticas sobre delincuentes. En el portal del Gobierno del Reino Unido también está disponible información estadística sobre la justicia de menores.
122.En abril de 2013, la responsabilidad de la prestación de asistencia sanitaria a los reclusos se transfirió al Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. En octubre de 2016, el Servicio Nacional de Salud de Inglaterra publicó su Orientación estratégica para los servicios de salud del sistema judicial correspondiente para 2016-2020: atención no reclusión, atención durante la reclusión y atención tras la reclusión. En ese documento se expone la estrategia del Servicio Nacional de Salud para mejorar la salud de las personas en el sistema judicial. Con su enfoque se apoyan las recomendaciones formuladas en la prioridad expuesta en el informe Perspectiva a cinco años vista para la salud mental.
123.Los servicios de enlace y remisión identifican y evalúan las cuestiones de salud y otras circunstancias que hacen vulnerables a los delincuentes cuando estos entran en el sistema de justicia penal. Las evaluaciones ayudan a los jueces y los magistrados a derivar a los presos vulnerables a servicios de tratamiento o a dictar su excarcelación, o ambas medidas, si procede.
124.En varias comisarías de policía y tribunales de distintas zonas de Inglaterra funcionan actualmente servicios de enlace y remisión. A lo largo de los años, se ha ido ampliando la prestación de estos servicios y ahora cuenta con ellos el 68% de las zonas para detenidos de las comisarías y los tribunales de Inglaterra, y se espera alcanzar la meta de un 100% de cobertura antes de que concluya el bienio 2020-2021. El tratamiento de salud mental es uno de los tres tipos de tratamiento que pueden exigirse en una orden de servicios a la comunidad o una orden de condena condicional. Es posible imponer el requisito de someterse a un tratamiento de salud mental a los delincuentes condenados respecto de los que se dicta una orden de prestación de servicios a la comunidad o una orden de condena condicional que tengan un problema de salud mental para el que no se precise su ingreso en un centro de tratamiento vigilado. El delincuente debe dar su consentimiento para el tratamiento de salud mental. El Gobierno del Reino Unido prevé elaborar un nuevo protocolo de salud mental en 2017, con miras a lograr un acceso oportuno a los servicios de salud mental cuando los tribunales impongan la exigencia de seguir un tratamiento de salud mental como parte de la pena.
125.Con el nuevo Sistema de Información sobre Salud y Justicia se transferirá la información sobre los pacientes con mucha más facilidad y rapidez entre la comunidad y los establecimientos penales y desde estos a la comunidad. La inclusión en el contrato tipo de prestación de servicios de medicina general de 2017-2018 de la posibilidad de inscribir como pacientes a los presos antes de su puesta en libertad también será de utilidad para transferir información sobre los pacientes. La colaboración con el personal sanitario y el personal encargado de la libertad vigilada es importante para lograr una transición sin tropiezos entre el establecimiento penal y la comunidad, así como para la continuidad de la atención, el tratamiento y el apoyo.
126.En Irlanda del Norte, el Servicio de Prisiones puso en marcha el Plan de Libertad Condicional Anticipada el 1 de junio de 2015. Este plan permite que los presos puedan ser puestos en libertad anticipadamente con arreglo a requisitos estrictos de libertad condicional con fines de rehabilitación o reasentamiento.
127.En Irlanda del Norte, tras el juicio o la condena, los tribunales disponen de varias alternativas a la privación de libertad. Entre ellas se cuentan las órdenes de libertad vigilada, las órdenes de prestación de servicios a la comunidad y las órdenes combinadas (órdenes que aúnan la libertad vigilada y la prestación de servicios a la comunidad). Al 31 diciembre de 2016, había 1.442 personas supervisadas por agentes de libertad vigilada, 648 personas a las que se había impuesto una orden de prestación de servicios a la comunidad y 395 personas con órdenes combinadas.
128.Además, la Junta de Libertad Vigilada de Irlanda del Norte está ejecutando un proyecto piloto concebido para ofrecer medidas alternativas a la privación de libertad en aquellos casos en que se haya dictado una pena de prisión de corta duración (inferior a 12 meses).
129.En Irlanda del Norte, el Departamento de Salud y el Departamento de Justicia han elaborado una estrategia conjunta en materia de prestación de atención sanitaria en los establecimientos penales. Esa estrategia conjunta (Mejora de la Salud en el Sistema de Justicia Penal) y su plan de acción persiguen garantizar que los niños, los jóvenes y los adultos en el sistema de justicia penal gocen de mejor salud y mayor seguridad y tengan menos probabilidades de incurrir en conductas delictivas.
130.En el ejercicio económico de 2015-2016, había, en promedio, 1.157 hombres adultos y 35 mujeres adultas en prisión en Irlanda del Norte. Las estadísticas sobre la población penitenciaria de Irlanda del Norte se publican periódicamente.
131.La población penitenciaria de Escocia ha seguido disminuyendo en los últimos años. En 2015-2016, la población diaria fue, en promedio, de 7.675 personas, cerca de un 6% menos que en 2011-2012 (8.178 personas). Las cifras de población penitenciaria se publican en línea y se actualizan periódicamente.
132.El Gobierno de Escocia está decidido a reducir el uso de penas de prisión de corta duración recurriendo en mayor medida a sentencias más eficaces de prestación de servicios a la comunidad, y anunció en su programa de gobierno para 2017-2018 que tenía previsto adoptar medidas para ampliar hasta los 12 meses el principio de no imponer penas de prisión cortas. En 2015-2016, las penas de prestación de servicios a la comunidad representaron el 19% de todas las penas dictadas; en comparación, las penas privativas de libertad representaron solo el 14% (las multas fueron la sanción más habitual en esos dos años y representaron más del 50% de todas las penas). El menor uso de las penas privativas de libertad ha sido especialmente acusado entre los jóvenes y el número de penas privativas de libertad impuestas a jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años (o con una edad inferior a 21 años) se redujo un 61% entre 2006‑2007 (3.270) y 2015-2016 (1.262). La disminución del número de penas privativas de libertad impuestas a menores de 21 años ha sido consecuencia de la adopción del denominado “enfoque de todo el sistema”.
133.El Servicio Penitenciario de Escocia continúa invirtiendo en la modernización de las prisiones y aplicando su programa de transformación. La reinserción de las personas que son puestas en libertad sigue siendo una prioridad del Servicio Penitenciario de Escocia y aproximadamente 40 funcionarios de atención y acompañamiento de todas las prisiones brindan apoyo a las personas para ayudarlas a prepararse para su puesta en libertad y continúan trabajando con ellas tras su salida de prisión.
134.El Servicio Nacional de Salud de Escocia presta los servicios de atención sanitaria en los establecimientos penales. Las normas del Servicio Nacional de Salud en materia de prestación de servicios de atención sanitaria, incluida la atención primaria, se aplican a la atención prestada en los entornos penitenciarios. El Gobierno de Escocia ha establecido recientemente una junta para la mejora de la colaboración entre el sector sanitario y el sistema judicial con el propósito de lograr mejores resultados en beneficio de las personas y las comunidades y apoyar las aspiraciones de reducir las desigualdades en materia de salud y el riego de delinquir.
135.El artículo 95 del Reglamento de Instituciones Penitenciarias y para Jóvenes Infractores (Escocia) de 2011 permite que un alcaide impida a una persona a su cargo relacionarse con otras si tiene la certeza de que es conveniente adoptar esa medida para garantizar la seguridad de esa persona o la de otras, o bien cuando peligren el orden o la disciplina del establecimiento penal o la institución para jóvenes infractores. Ese reglamento también brinda importantes salvaguardias relacionadas con las personas a las que se separa de un grupo, que garantizan que el motivo de su separación se les comunique con claridad, que se les dé la oportunidad de presentar alegaciones contra su separación y que esta sea objeto de supervisión y revisión periódicas. En general, durante el tiempo que la persona permanezca separada del grupo, no habrá restricciones innecesarias de sus derechos de visita, comprendidas las visitas de sus abogados, ni del acceso a las comunicaciones telefónicas y a la correspondencia. La cuestión primordial, en todo momento, será la reintegración de la persona, lo antes posible y con la máxima seguridad, al conjunto de la población del establecimiento, con lo que se conseguirá reducir al mínimo el tiempo de separación de ese grupo.
136.Todos los servicios de alojamiento vigilado para menores de 18 años disponen de su propia política escrita sobre el empleo de la separación individual o segregación en el caso de los jóvenes infractores, considerada una medida extrema que habrá de tomarse únicamente cuando se hayan probado otras medidas adecuadas sin éxito. Nunca se usa la segregación como castigo y solo debería emplearse como último recurso para evitar que el joven infractor se cause lesiones graves, impedir que ocasione heridas graves a terceros, evitar que huya del edificio, prevenir daños materiales importantes o apaciguar una situación que podría convertirse en una riña tumultuaria.
137.Normalmente, la separación individual de personas menores de 18 años no debería prolongarse durante más de tres horas en un período de 24 horas ni utilizarse en más de dos ocasiones en el espacio de 24 horas. Siempre se registra el uso de esta medida, cuya aplicación está sujeta a límites rigurosos. Durante el período de segregación, se supervisará al joven por lo menos cada 15 minutos.
138.Con la Estrategia de Justicia Penal publicada en diciembre de 2012 se pretendía, entre otras cosas, reducir el número de personas privadas de libertad por medio de las penas de prestación de servicios a la comunidad, habiéndose logrado una disminución de la población penitenciaria, que ha pasado de rondar casi la capacidad máxima de la prisión (138 presos) a situarse actualmente en unos 90 presos.
139.En la prisión se prestan servicios sanitarios en virtud de un acuerdo de prestación de servicios suscrito con el Departamento de Salud que se ajusta a normas de atención sanitaria específicas.
140.Desde el último informe periódico, la Ley de Enmienda de la Ley de Privación de Libertad de 2016 ha permitido el nombramiento de dos árbitros independientes cualificados para que resuelvan los casos disciplinarios penitenciarios en lugar de la Junta de Supervisión Independiente.
141.La Ley de Enmienda de la Ley de Normas de Internamiento de 2003 ha sido modificada en virtud de las Normas de Internamiento de 2015 y las Normas de Internamiento (enmendadas) de 2016, con miras a mejorar la función de la Junta de Supervisión Independiente como órgano de vigilancia del bienestar de los reclusos mediante la supresión de los últimos elementos que perduran de su anterior cometido de órgano encargado de la resolución de expedientes disciplinarios.
142.La prisión de Anguila sigue intacta a pesar de haber sufrido algunos daños durante el reciente huracán. La población penitenciaria a finales de septiembre de 2017 estaba compuesta por 47 personas en total (20 condenadas y 27 en prisión preventiva).
143.Existen otras opciones distintas de los programas de reclusión para los jóvenes y los personas que no han pagado multas. En 2016, se sustituyó la pena de privación de libertad impuesta a 14 jóvenes por medidas de justicia restaurativa y otros programas alternativos al encarcelamiento. Además, se ha establecido una junta de libertad bajo palabra para mejorar el acceso a la libertad anticipada.
144.En virtud de la Ley de Enmienda del Código Penal de 2016 se modificó la Ley del Código Penal de 1907 a fin de estipular el establecimiento del Programa de Tratamiento de Enfermedades Mentales. Este programa ofrece una alternativa a la reclusión a los delincuentes que padecen trastornos o deficiencias mentales.
145.En octubre de 2016, se finalizó una ampliación de la prisión, lo que ha permitido disponer de mejores instalaciones para separar a las distintas categorías de delincuentes, celdas individuales y locales para entrevistas y aulas.
146.La Disposición Legislativa sobre Salud Mental de las Islas Malvinas (Falkland Islands) impide que las personas con problemas de salud mental puedan ser recluidas en una prisión.
147.Las condiciones de reclusión son supervisadas por el Oficial Encargado de la prisión, el Médico Jefe y la Junta Independiente de Supervisión de Prisiones. También supervisa la prisión un asesor para asuntos penitenciarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Asuntos del Commonwealth.
148.La prisión de Jamestown tiene actualmente capacidad para 24 presos y, al 17 de marzo de 2017, su número era de 14 (12 condenados y 2 en prisión preventiva). Los 14 presos actuales son varones adultos. Se está trabajando en la construcción de un nuevo establecimiento penal. Un enfermero psiquiátrico de la comunidad trabaja en la prisión tres días a la semana y está disponible los demás días. Este enfermero se ocupa de la gestión diaria de los servicios de clasificación en lo tocante a la atención sanitaria general, así como de atender a los presos que puedan tener problemas emocionales o de salud mental.
Párrafo 24Menores y mujeres privados de libertad
149.El Gobierno del Reino Unido ha llevado a cabo una importante labor para garantizar que los menores de 18 años sean tratados como niños cuando tengan contacto con la policía. En 2013, se efectuaron cambios en los códigos de prácticas de la Ley de Policía y Medios de Prueba en Materia Penal de 1984 a fin de prestar a los jóvenes de 17 años el apoyo de adultos apropiados, del mismo modo que contaban con ese apoyo los niños de edades comprendidas entre los 10 y los 16 años. En virtud de la Ley de Justicia y Tribunales de lo Penal de 2015 se modificó la Ley de Policía y Medios de Prueba en Materia Penal, a fin de introducir la obligación de trasladar a los jóvenes de 17 años a un alojamiento de las autoridades locales tras ser detenidos y acusados, pero sin ponerlos en libertad, como ocurría con los niños de entre 10 y 16 años. Por conducto de la Ley de Actividades Policiales y Delincuencia de 2017 se incluyeron modificaciones adicionales en la Ley de Policía y Medios de Prueba en Materia Penal para que no se tratara como adultos a los jóvenes de 17 años.
150.Salvo que concurran condiciones excepcionales, los niños acusados de un delito a los que se niega la libertad bajo fianza deben ser trasladados a un alojamiento de las autoridades locales, y el Gobierno del Reino Unido dirige el trabajo que se está realizando en colaboración con las fuerzas de policía y las autoridades locales para velar por que siempre se efectúen esos traslados. La Escuela de Policía imparte una capacitación completa acerca del bienestar del niño.
151.En el artículo 31 de la Ley sobre la Infancia y la Juventud de 1933 ya se incluye el requisito normativo de que se disponga lo necesario para garantizar que, durante el tiempo que permanezca detenida en una comisaría de policía una joven menor de 18 años, esté a cargo de ella una mujer.
152.La Ley de Actividades Policiales y Delincuencia de 2017 contiene varias modificaciones importantes en la aplicación de los artículos 135 y 136 de la Ley de Salud Mental de 1983, conforme a los que se establecían las facultades de la policía respecto de las personas que sufren una crisis psiquiátrica. Esas modificaciones incluyen una disposición que prohíbe el uso de celdas policiales como “lugares seguros” cuando se trate de menores de 18 años y restringe considerablemente su empleo en el caso de personas adultas. La mejora de las prácticas de la policía y los servicios sanitarios ya se ha traducido en una disminución del número de personas menores de 18 años que han sido recluidas con arreglo a lo previsto en esas disposiciones, que ha pasado de 258 casos en 2011-2012 a 35 casos en 2015-2016.
153.En todos los centros vigilados para jóvenes se evalúa a los niños y los jóvenes mediante un procedimiento de evaluación integral de la salud. Se trata de un procedimiento con base empírica concebido específicamente para los niños recluidos en centros vigilados para jóvenes. Al término de la evaluación, se diseña un plan de atención para todos los niños en el que se describen las necesidades y los servicios sanitarios que deben prestárseles durante el tiempo que permanezcan recluidos.
154.El Gobierno del Reino Unido ha designado todas las prisiones de mujeres como prisiones de reasentamiento, lo que permite a las reclusas encontrarse cerca de sus casas mientras llevan a cabo toda la rehabilitación pertinente en función del delito cometido. El Gobierno del Reino Unido también ha anunciado sus planes de construir cinco prisiones comunitarias para mujeres, con 60 plazas cada una, como primer paso en la modernización de las prisiones de mujeres, cuyo objetivo es proporcionar los mejores regímenes de rehabilitación y mantener a las reclusas en entornos que respondan mejor a las necesidades específicas de las mujeres para contribuir a su rehabilitación. También ha comenzado a implantar formación para asegurarse de que el personal de las prisiones y los agentes de libertad vigilada que trabajan con mujeres conozcan las consecuencias de los traumas (es decir, puedan comprender y responder a los comportamientos que tienen su origen en traumas previos).
155.El Gobierno del Reino Unido también ha publicado una instrucción actualizada sobre la libertad vigilada relativa a los informes previos a las sentencias para velar por que se presenten ante el tribunal todas las opciones no privativas de libertad posibles; esto incluye el requisito de efectuar una declaración de autoevaluación en la que se pregunta a las infractoras si son las principales encargadas del cuidado de otras personas, o si han estado embarazadas o han dado a luz en los últimos seis meses. Algunas prisiones de mujeres disponen de plazas en unidades para madres y lactantes para las reclusas que estén embarazadas o que tengan hijos menores de 18 meses, a fin de que puedan seguir cuidando de sus hijos en los casos en que se considere que ello redunda en el interés superior del niño; los bebés pueden pasar tiempo fuera de la cárcel con cuidadores designados.
156.El Gobierno del Reino Unido está elaborando una estrategia para las mujeres delincuentes, cuya publicación está prevista a finales de 2017, en la que se describirán varios planes encaminados a mejorar los resultados que se consiguen respecto de esas mujeres. Se están aplicando enfoques de colaboración interinstitucional, que combinan y mejoran los servicios en cada una de las etapas del sistema de justicia penal, y el Gobierno del Reino Unido se ha comprometido a aportar 1 millón de libras en su apoyo.
157.Se está ejecutando la Estrategia de Atención a Mujeres Delincuentes con Trastornos de la Personalidad con el propósito de implantar un modelo integral de servicios psicosociales para mejorar el bienestar psicológico y las conductas delictivas. En la estrategia se ofrece un enfoque basado en un itinerario asistencial en las prisiones y la comunidad, un acceso y una disponibilidad mayores de servicios especializados de tratamiento de los trastornos de la personalidad, y la prestación de apoyo al personal para que adquiera mayores conocimientos, aptitudes y confianza en lo referente a su trabajo con mujeres delincuentes con trastornos de la personalidad.
158.El Centro de Formación Vigilado de Hydebank Wood fue inaugurado en abril de 2015 y dispone de una unidad con seis dormitorios para mujeres que casi han cumplido su condena.
159.En septiembre de 2015 se estableció el programa Orientación para la Mujer. Con él se pretende diseñar y aplicar un enfoque integrado en todo el sistema y específico para las mujeres en materia de prestación de servicios dirigidos a mujeres que entran en contacto con el sistema de justicia penal en Gales. Entre octubre de 2015 y junio de 2016, se derivó a 635 mujeres a este programa.
160.Se siguen financiando actividades para ofrecer medidas alternativas a las penas de privación de libertad impuestas a jóvenes de entre 10 y 17 años en toda Gales, entre ellas los programas Triage y Bureau. En el marco del programa Triage, que se ejecuta en Cardiff y en la zona del Valle de Glamorgan, se presta una atención especial a la justicia restaurativa, ofrecida en el mismo momento en que se efectúa una detención por un delito leve. El proyecto Bureau consiste en un enfoque de las soluciones extrajudiciales para delitos leves y la derivación de los jóvenes por medio de prácticas restaurativas. El objetivo del proyecto es apartar a los jóvenes del sistema de justicia de menores y ayudarlos a evitar tener antecedentes penales.
161.Tras un período de consultas en 2015, el Gobierno de Escocia anunció su decisión de construir una nueva prisión nacional para mujeres en el emplazamiento actual de la prisión y el centro de reclusión de jóvenes infractores de Cornton Vale, así como hasta cinco pequeños centros de internamiento comunitarios en distintas partes de Escocia. El Gobierno de Escocia financia formación impartida por la organización STORM en el conjunto de los servicios residenciales vigilados de Escocia a fin de ofrecer un programa de prevención del suicidio y las autolesiones. STORM ofrece un programa con base empírica que ayuda a promover las competencias y la confianza del personal para poder hacer las difíciles preguntas que se plantean en relación al suicidio y el daño y las lesiones autoinfligidos.
162.Los tribunales pueden condenar o imponer una pena de reclusión en un centro para jóvenes infractores a los jóvenes de 16 y 17 años que no estén sujetos a una orden de supervisión obligatoria. Esos jóvenes no se mezclan con la población reclusa adulta.
163.El Gobierno de Escocia propugna el uso de un enfoque de todo el sistema, cuyo objetivo es lograr resultados positivos en beneficio de los jóvenes mediante la prestación de ayuda a diversos órganos establecidos por ley y de otra índole, para que estos trabajen conjuntamente en la elaboración de un enfoque más coherente de la prevención y la reducción de la comisión de delitos por niños y jóvenes a través de una intervención temprana y eficaz. Fruto de todo ello es la pronunciada disminución que sigue observándose en el número de jóvenes a los que se imponen penas privativas de libertad.
164.En 2015, en la prisión de Guernsey se creó una unidad especial para niños privados de libertad con personal que había recibido una capacitación específica.
165.La Ley de Justicia Penal (de Jóvenes Infractores) (de Jersey) de 2014 entró en vigor el año pasado. Según lo previsto en esa Ley, se ha establecido un grupo de expertos en acogimiento de menores que está encargado de decidir cuál es el lugar más idóneo para que los jóvenes infractores cumplan un período de reclusión.
Párrafo 25Edad mínima de responsabilidad penal
166.El Gobierno del Reino Unido considera que los niños de 10 años son capaces de diferenciar entre mala conducta y una infracción grave, por lo que es lógico que rindan cuentas de sus actos. Los niños y los jóvenes deben ser conscientes de que la comisión de un delito es un asunto grave y será tratado como tal. Fijar la edad mínima de responsabilidad penal en los 10 años brinda flexibilidad para ocuparse de los casos de jóvenes infractores y refleja las necesidades del sistema judicial de Inglaterra y Gales. Es un hecho aceptado que el enjuiciamiento no siempre es la respuesta más adecuada a la delincuencia juvenil y el Gobierno del Reino Unido tiene la voluntad clara de evitarlo siempre que sea posible. Por ese motivo, cuando se considera adecuado, los niños y los jóvenes de ese grupo de edad son remitidos a otras instancias desde el sistema de justicia penal o se responde a sus infracciones por medio de soluciones extrajudiciales para delitos leves. Este enfoque puede ser un medio más eficaz para evitar la reincidencia.
167.Se estableció un grupo consultivo sobre la edad mínima de responsabilidad penal a fin de abordar las cuestiones subyacentes a un cambio en la edad mínima de responsabilidad penal. En el informe del grupo consultivo se recomendaba un aumento de la edad mínima de responsabilidad penal de los 8 a los 12 años, así como el acompañamiento de esa medida con una serie de salvaguardias. El Gobierno de Escocia anunció el 1 de diciembre de 2016 que presentaría un proyecto de ley en el actual período de sesiones del Parlamento para aumentar la edad mínima de responsabilidad penal de los 8 a los 12 años, con salvaguardias adecuadas en lo relativo a cuestiones como las facultades de la policía en casos excepcionales para investigar conductas nocivas o para tomar y conservar muestras forenses, la divulgación de información o las repercusiones para las víctimas. Así se equiparará la edad mínima de responsabilidad penal con la edad mínima de procesamiento de Escocia.
168.Cualquier aumento de la edad mínima de responsabilidad penal requeriría el apoyo de los distintos partidos y actualmente no hay suficiente respaldo político para hacer efectivo ese aumento. Sin embargo, el sistema progresista de justicia juvenil de Irlanda del Norte, que descansa sobre principios de justicia restaurativa, ha comportado que muy pocos niños menores de 12 años entren en el sistema de justicia penal.
Párrafo 26Violencia entre los presos
169.El Gobierno del Reino Unido está adoptando medidas para mejorar la seguridad y reducir la violencia y presentó sus planes en materia de seguridad y reforma de las prisiones en un libro blanco publicado el 4 de noviembre de 2016. El Gobierno del Reino Unido tiene un ambicioso programa para modernizar los establecimientos penales, mejorar la educación, establecer regímenes internos con unos objetivos más definidos y dotar a los alcaides de las facultades necesarias para responder a problemas, como las drogas y la violencia, que revisten una importancia fundamental para conseguir que disminuya la reincidencia y mantener la seguridad de los reclusos y el personal de las prisiones.
170. En enero de 2015 se puso en marcha un proyecto de reducción de la violencia, de dos años de duración, con el que se pretendía hacer frente al aumento de la violencia con una serie de medidas concebidas para interpretar las tendencias, promover las aptitudes y la capacidad del personal, disuadir a los presos de las conductas violentas y mejorar la respuesta a los incidentes violentos, con miras a lograr que los establecimientos penales sean más seguros para todos. Se han preparado nuevas auditorías de garantía de calidad sobre la seguridad que permitirán revisar la seguridad de cerca de 100 establecimientos penales en 2017-2018. Y se están reforzando los equipos regionales de reclusión más segura en todas las prisiones a fin de proporcionar mayor apoyo a los establecimientos penales y compartir las innovaciones y las buenas prácticas.
171.El Gobierno del Reino Unido ha invertido en la contratación de 2.500 personas para aumentar la dotación de personal de todas las prisiones antes de que concluya 2018. Esos 2.500 empleados de primera línea adicionales permitirán la implantación de un nuevo modelo de gestión de los delincuentes en el que personal especializado (funcionarios principales) tendrá una carga de trabajo consistente en la gestión de seis reclusos aproximadamente. De ese modo, mejorarán notablemente los recursos y el tiempo disponibles para prestar apoyo a los presos en situación de riesgo. La figura del funcionario principal permite que los prisioneros vulnerables cuenten en todo momento con un miembro del personal que los conoce, dispone de tiempo para tratar con ellos sus preocupaciones en profundidad y está encargado de organizar el apoyo que necesitan. Con ello mejorarán la supervisión y el apoyo y se logrará que los establecimientos penales sean lugares seguros donde rehabilitarse.
172.El Gobierno del Reino Unido también ha implantado en las prisiones una serie de instrumentos e intervenciones, incluidos el uso de cámaras de vídeo fijadas al cuerpo y la formación necesaria del personal, lo que redunda en beneficio de las relaciones del personal con los presos, dispositivos de televisión de circuito cerrado adicionales y un nuevo instrumento de diagnóstico de la violencia en todas las prisiones para ayudar a que mejore la comprensión de la violencia en los establecimientos penales y se le dé una respuesta más adecuada. Véase, asimismo, la respuesta al párrafo 23 del presente informe.
173.En el sistema de notificación de incidentes del Ministerio de Justicia se registra el número anual de agresiones graves entre presos, incluidas las peleas, en Inglaterra y Gales. Esas cifras se publican trimestralmente en el portal del Gobierno del Reino Unido.
174.El Servicio Penitenciario de Escocia aborda con el máximo rigor la seguridad de los reclusos. Aplica una estrategia de reducción de la violencia en virtud de la cual cada establecimiento penal tiene su propio plan, que comprende orientaciones sobre las evaluaciones de los riesgos de compartir una celda y medidas contra el acoso. El Servicio Penitenciario de Escocia facilita capacitación adecuada al personal para que pueda detectar, impedir, distender y, si fuera necesario, protegerse y proteger a los presos y a otras personas contra actos violentos. Se exige que el personal del Servicio Penitenciario de Escocia demuestre anualmente su competencia en el uso de medios de coerción. Con la formación de la máxima calidad que imparte a su personal, el Servicio Penitenciario de Escocia trata de asegurarse de que las medidas que se tomen sean legales, necesarias, razonables y proporcionadas a la situación que se haya producido.
175.A continuación se presentan los datos del Servicio Penitenciario de Escocia sobre agresiones entre reclusos, por ejercicio económico: 2012-2013, 1.809 agresiones; 2013‑2014, 1.904 agresiones; 2014-2015, 1.833 agresiones, y 2015-2016, 2.050 agresiones.
Párrafo 27Muertes de personas recluidas
176.Durante 2016, el Ombudsman de Prisiones y Libertad Vigilada, que investiga todas las muertes de personas recluidas, investigó 96 muertes por suicidio de personas privadas de libertad y formuló varias recomendaciones en las que, entre otras cuestiones, se refirió a que algunos miembros del personal no seguían correctamente distintos aspectos del proceso de evaluación, tratamiento en detención y trabajo en equipo, así como a la necesidad de trabajar más en la reducción de la violencia.
177.El proceso de evaluación, tratamiento en detención y trabajo en equipo tiene un carácter multidisciplinario e incluye la gestión de los casos de presos que se considera que corren el riesgo de causarse daño a sí mismos y la elaboración de planes de atención para hacer frente a ese riesgo, apoyar al preso y reducir la probabilidad de que se autolesione o se suicide. El proceso se actualizó en 2012.
178.Las investigaciones llevadas a cabo por el Ombudsman de Prisiones y Libertad Vigilada de las muertes por causas naturales han puesto de relieve problemas que conciernen tanto a los presos como a los proveedores de servicios sanitarios. Muchas de las recomendaciones se refieren al tratamiento clínico de los presos, incluidas las disposiciones sobre la atención paliativa cuando esta es necesaria, y tienen por destinatarios a los proveedores de servicios sanitarios.
179.En las recomendaciones para las prisiones, lo más habitual es que se trate la aplicación de medidas de coerción a los presos con problemas de salud o que son trasladados a un hospital para recibir tratamiento o por una situación de emergencia. Se ha trabajado mucho en los establecimientos penales para responder a esas recomendaciones, centrándose en garantizar que el personal que realiza las evaluaciones de riesgos para determinar el nivel de coerción que se ha de utilizar sea consciente de la necesidad de obtener una evaluación médica del estado de salud del preso cuando este tenga que ser trasladado bajo vigilancia desde la prisión. En las recomendaciones también es frecuente que se aborde la necesidad de que el personal siga los procedimientos correctos durante una urgencia médica. En otras recomendaciones destinadas a las prisiones se ha tratado la comunicación con las familias antes y después del fallecimiento.
180.Además, el Gobierno del Reino Unido anunció recientemente una importante inversión en nuevas medidas de seguridad en los establecimientos penales y en personal penitenciario (véanse los pormenores en la respuesta al párrafo 26), con la asignación de 12,9 millones de libras a innovaciones destinadas a mejorar la seguridad y reducir los casos de suicidio y autolesiones. Esos fondos se proporcionaron a 69 establecimientos penales con el objetivo de mejorar la seguridad y no solo responder a los casos de suicidio y autolesiones. La inversión de 100 millones de libras en la contratación de nuevo personal y la implantación de nuevos procedimientos de gestión de los delincuentes en las prisiones (con arreglo a esos procedimientos, cada funcionario principal será responsable de un número reducido de presos) redundará en una mejora notable del tiempo y los recursos disponibles para prestar apoyo a los presos que se encuentran en situación de riesgo.
181.Se están elaborando otras medidas en el marco del programa de reducción del suicidio y las autolesiones, que incluye una línea de trabajo específica centrada en los primeros días de reclusión; la gestión de los casos de reclusos en situación de riesgo; las mejoras de los edificios de las prisiones, y el fomento del optimismo entre los presos recurriendo, entre otras cosas, al apoyo de sus familiares y de otros presos.
182.Se está impartiendo nueva capacitación en todas las prisiones con la finalidad de ayudar al personal penitenciario a detectar los riesgos y los factores desencadenantes del suicidio y las autolesiones, así como a entender lo que puede hacer para dar apoyo a los presos en situación de riesgo. El nuevo conjunto de actividades de capacitación consta de seis módulos e incluye formación para sensibilizar al personal acerca de la prestación de apoyo a los presos con problemas de salud mental.
183.El Gobierno del Reino Unido ha establecido un cargo especializado (coordinador regional de reclusión más segura) en cada una de las regiones para facilitar asesoramiento a los establecimientos penales y difundir las buenas prácticas relacionadas con la identificación de presos en situación de peligro y la forma de ayudarlos. El Gobierno del Reino Unido utiliza expertos, para lo que ha proporcionado financiación adicional a los Samaritanos, con el propósito de facilitar un apoyo específico al personal penitenciario y a los presos directamente.
184.En el sistema de notificación de incidentes del Ministerio de Justicia se registran los fallecimientos de personas recluidas en establecimientos penales de Inglaterra y Gales. Esas cifras se publican trimestralmente en el portal del Gobierno del Reino Unido.
185.Los familiares tienen derecho a presentar una queja tras el fallecimiento de una persona recluida y varias familias han recibido una indemnización a raíz de una muerte ocurrida durante la reclusión de un familiar.
186.Las estadísticas nacionales de Inglaterra y Gales sobre muertes ocurridas durante el contacto con la policía o inmediatamente después están a disposición del público en el sitio web de la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía.
187.La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía supervisa el sistema de quejas contra la policía e investiga las muertes ocurridas. Después de cada investigación, la Comisión formula recomendaciones dirigidas a fuerzas de policía específicas o recomendaciones de carácter nacional; comparte lo aprendido por conducto de boletines sobre las enseñanzas extraídas; contribuye a las inspecciones de la detención policial que realizan conjuntamente la Inspección de Servicios Policiales y de Bomberos y Socorro y la Inspección de Prisiones del Reino Unido, así como a otras inspecciones llevadas a cabo por el primero de estos dos órganos de inspección, y realiza contribuciones a las Prácticas Profesionales Autorizadas y a la formación que elabora la Escuela de Policía.
188.El Gobierno del Reino Unido colabora estrechamente con las fuerzas de policía, la Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, el Consejo Ministerial sobre Muertes de Personas Detenidas y otros asociados en la adopción de medidas para reducir al mínimo los riesgos a los que se exponen los detenidos y prevenir que se produzcan muertes de personas durante su reclusión.
189.En 2015, el Gobierno del Reino Unido pidió a Dame Elish Angiolini que realizara un examen general independiente de las muertes y los incidentes graves ocurridos durante la detención provisional de una persona por la policía o inmediatamente después, prestando atención a los procedimientos y procesos existentes y teniendo en cuenta la gestación de los incidentes, sus consecuencias inmediatas y lo acontecido hasta la finalización de las investigaciones oficiales. En octubre de 2017, se publicó el informe de ese examen y el Gobierno del Reino Unido difundió simultáneamente una respuesta en la que describía un programa de trabajo concebido para abordar las conclusiones y recomendaciones del informe.
190.La Comisión Independiente de Quejas contra la Policía, a la que deben remitirse todos los casos de muerte, ejecuta actualmente un programa de trabajo para la mejora de la forma en que la Comisión investiga las muertes de personas en centros de reclusión, en el que se prevé aumentar la diversidad de su personal, mejorar la formación de los funcionarios de enlace con las familias y permitir que estas participen más en la definición de las condiciones por las que se rigen las investigaciones.
191.También es cometido de la Inspección de Servicios Policiales y de Bomberos y Socorro (junto con la Inspección de Prisiones del Reino Unido) contribuir a la reducción del riesgo de muerte durante la reclusión por medio del programa evolutivo de inspecciones de las condiciones de detención. Mediante estas inspecciones se evalúan las condiciones y el trato dispensado a las personas durante el tiempo que permanecen detenidas por la policía.
192.El Servicio Penitenciario de Escocia registra todas las muertes de personas recluidas por año civil y publica información de los últimos diez años.
193.El Servicio Penitenciario de Escocia tiene la firme voluntad de preservar la vida y garantizar que se extraen enseñanzas de las muertes anteriores de reclusos por medio de su Política de Auditoría, Análisis y Revisión de las Muertes por Suicidio de Personas Recluidas. Desde la entrada en vigor, a comienzos de este año, de la Ley de Investigación de Accidentes Mortales, Muertes Súbitas y Otras Muertes (Escocia) de 2016, todas las muertes acaecidas en establecimientos penales son objeto de una investigación obligatoria de las causas de un accidente mortal, tal como sucedía durante el tiempo en que estuvo en vigor la Ley de Investigación de Accidentes Mortales y Muertes Súbitas (Escocia) de 1976.
194.El 29 de noviembre de 2016, el Servicio Penitenciario de Escocia comenzó a aplicar su nueva Estrategia de Prevención del Suicidio “Háblame”, que reemplaza a la estrategia “ACT2Care”. Esta nueva estrategia está diseñada con el fin de que toda la comunidad penitenciaria colabore para identificar a personas que se encuentran en situación vulnerable, compartir información y alentar a quienes estén en situación de “riesgo” a aceptar ayuda y asistencia. En Escocia, todos los suicidios se comunican a la Unidad de Investigación de Decesos de Escocia, una dependencia especializada en el seno de la Fiscalía General para Escocia. Esa unidad informa al Fiscal General para Escocia, que es responsable de investigar las muertes ocurridas en Escocia y decidirá si se produjo un fallo sistemático en el cuidado proporcionado que contribuyera a que la persona se suicidara, además de solicitar generalmente los informes de la revisión de un incidente grave, realizada por la Junta del Servicio Nacional de Salud pertinente, para examinarlos.
195.Según su informe anual de 2015-2016, el Comisionado de Revisión de Investigaciones y Quejas contra la Policía investigó 2 muertes ocurridas durante la detención policial y otras 12 muertes posteriores al contacto con la policía. Como ocurre con las otras muertes de las que se la informa, la policía está obligada a investigar esas muertes e informar de las circunstancias al fiscal pertinente. Todas las muertes ocurridas mientras una persona se encuentra en detención preventiva son objeto de una investigación.
Párrafo 28Detención de solicitantes de asilo
196.El Reino Unido se siente orgulloso de su larga tradición de acogida de personas con una necesidad auténtica de protección. Sin embargo, si se quiere que un sistema de asilo preste ayuda a quienes la necesitan de verdad, ese sistema debe ser capaz de gestionar un gran número de solicitudes de asilo y responder con firmeza a las solicitudes abusivas o carentes de fundamento. También es importante contar con un sistema que disuada a quienes no necesiten protección de intentar entrar ilegalmente en el Reino Unido y también a quienes no cumplan sus obligaciones con el sistema de inmigración una vez que se encuentren en el Reino Unido.
197.En la política de detención del Ministerio del Interior se señala claramente que la detención solo debería usarse esporádicamente y que deberían tenerse en cuenta las alternativas a la privación de libertad (admisión temporal o régimen de libertad temporal en la comunidad) antes de tomarse la decisión de internar a una persona.
198.El Gobierno del Reino Unido utiliza la detención únicamente en las circunstancias siguientes: inicialmente, mientras se determina la identidad y el fundamento de la solicitud de asilo; cuando haya motivos para creer que una persona no reúne las condiciones que deben cumplirse para que se autorice su admisión temporal o su puesta en libertad; o para efectuar una expulsión.
199.Cuando las personas están detenidas, esa situación ha de durar el menor tiempo posible y la dignidad y el bienestar de los detenidos revisten la máxima importancia. Una vez detenida una persona, el Gobierno del Reino Unido (Ministerio del Interior) examina periódicamente si debe prolongarse la detención para asegurarse de que esta sigue siendo lícita y acorde con la política del Gobierno del Reino Unido. Cuando deja de ser así, se procede a la puesta en libertad de la persona en cuestión. Las personas detenidas también pueden solicitar su puesta en libertad bajo una fianza de inmigración e impugnar la legalidad de su detención ante los tribunales.
200.La política sobre “adultos en situación de riesgo”, que comenzó a aplicarse el 12 de septiembre de 2016, ha conllevado la implantación de una evaluación con base empírica de cada uno de los casos para determinar la idoneidad de la detención de una persona considerada vulnerable, sopesándose las consideraciones relativas al control de la inmigración que sean pertinentes en cada caso en particular. Haber sido víctima de tortura es uno de los indicadores de riesgo que se señalan en la política.
201.En octubre de 2016, el Gobierno del Reino Unido inició una consulta sobre varias propuestas de introducción de un nuevo procedimiento de apelación acelerado para todos los apelantes detenidos con derecho de apelación en el país. La consulta finalizó en noviembre de 2016 y en abril de 2017 el Gobierno del Reino Unido publicó sus propuestas. En esas propuestas se tienen en cuenta las sentencias judiciales y se incluyen mayores salvaguardias, entre ellas una etapa de tramitación del caso para cada apelante detenido, así como nuevas facultades para que los jueces puedan decidir si deberían agilizarse los casos. Las propuestas permitirían acortar el tiempo que pasan detenidos los ciudadanos extranjeros mediante una agilización del proceso de apelación y establecer un plazo de 25 a 28 días laborables entre la decisión del Ministerio del Interior y la decisión sobre la apelación del tribunal de primera instancia. Las propuestas están siendo examinadas por el Comité de Procedimientos de los Tribunales, un órgano independiente que decidirá sobre la conveniencia de formular nuevas reglas sobre un procedimiento acelerado.
202.Entretanto, el Ministerio del Interior examina las solicitudes de asilo de algunas personas en centros de internamiento con arreglo a las orientaciones que figuran en la instrucción provisional sobre personas detenidas. La mayoría de las personas cuya solicitud de asilo se decide mientras están detenidas no solicita asilo hasta después de su internamiento o de haber recibido una orden de expulsión. No existe ningún procedimiento de apelación acelerado para los detenidos; quienes apelan tras una decisión negativa utilizan el reglamento principal para la presentación de apelaciones.
Párrafo 29Informes de la investigación pública sobre la Corporación Sanitaria Autónoma del Sistema Nacional de Salud de Mid Staffordshire
203.En 2010, a petición del Gobierno, Sir Robert Francis, letrado de la Corona, inició su investigación sobre las deficiencias en la Corporación Sanitaria Autónoma del Sistema Nacional de Salud de Mid Staffordshire, y su informe se publicó en 2013. La respuesta inicial del Gobierno del Reino Unido, titulada Los pacientes, lo primero, fue publicada poco después y posteriormente apareció una respuesta más pormenorizada, Verdades dolorosas: el camino hasta convertir a los pacientes en lo más importante. En febrero de 2015, el Gobierno del Reino Unido publicó Cambio de cultura en el Servicio Nacional de Salud, un informe consolidado de los avances conseguidos hasta ese momento en la aplicación de todas las recomendaciones que se había comprometido a poner en práctica. La casi totalidad de esas medidas puede clasificarse dentro de un pequeño número de categorías generales, a saber:
Mejora de la reglamentación y la supervisión profesionales;
Introducción del deber profesional de franqueza, así como la prestación de apoyo a quienes necesiten hablar sobre lo que han visto y sentido como pacientes, familiares, cuidadores, médicos o administradores;
Inclusión de un enfoque más integrado y basado en la colaboración respecto de la reglamentación de la calidad, tanto a nivel local como nacional y más allá de las fronteras institucionales y profesionales;
Mejora de la cooperación con las entidades reguladoras dentro y fuera del sector de la salud y la asistencia;
Necesidad urgente de una cultura diferente en el Servicio Nacional de Salud, en la que se haga mayor hincapié en que el paciente ocupe un lugar central en los servicios, se promueva que los profesionales se centren en aprender de la experiencia y se logre que se valoren la rendición de cuentas y la transparencia.
204.En los párrafos 186 y 187 del informe anual del Ministerio de Salud figura una descripción de los progresos realizados en esta esfera.
Párrafo 30Personas privadas de libertad en entornos de salud mental
205.En 2014, en la causa P. v. Cheshire West and Chester Council, el Tribunal Supremo examinó los criterios para determinar si las modalidades de alojamiento organizadas para una persona con deficiencia intelectual equivalían a una privación de libertad. El Tribunal Supremo sostuvo que se priva a una persona de su libertad si esa persona se encuentra al mismo tiempo: i) sometida a un control y una supervisión constantes; y ii) no es libre para irse. A raíz de esa decisión, muchas personas que previamente se consideraba que gozaban de una libertad restringida, ahora son vistas como personas privadas de libertad.
206.Esa decisión dio lugar a un aumento del número de solicitudes de privación de libertad presentadas por las autoridades locales encargadas de esas personas, con arreglo a las salvaguardias en materia de privación de libertad previstas en la Ley sobre la Capacidad Mental de 2005. En 2011-2012, se recibieron 11.380 solicitudes y se otorgaron 6.340 autorizaciones conforme a las salvaguardias en materia de privación de libertad. En 2012‑2013, se presentaron 11.885 solicitudes y se otorgaron 6.545 autorizaciones con arreglo a las mencionadas salvaguardias. En 2013‑2014, el número de solicitudes fue de 13.040 y el de autorizaciones, 7.630. En 2014-2015, tras el fallo del Tribunal Supremo, se presentaron 62.645 solicitudes y se autorizaron 52.125 privaciones de libertad con arreglo a las salvaguardias. En 2015‑2016, el número de solicitudes presentadas ascendió a 105.055 y las autorizaciones concedidas llegaron a 76.530. Esos datos provienen de NHS Digital, el centro de información y tecnología del Servicio Nacional de Salud, y en ellos están comprendidas todas las solicitudes de autorizaciones de privación de libertad presentadas conforme a las salvaguardias en materia de privación de libertad y las solicitudes tramitadas y autorizadas anualmente desde 2012. Están incluidas todas las solicitudes presentadas en la totalidad de los entornos de acogida en los que es adecuado presentar solicitudes de privación de libertad, comprendidas las personas en hospitales psiquiátricos, instituciones para personas con discapacidades psicosociales y residencias, entre otros establecimientos.
207.Guarda relación con lo anterior el aumento registrado en el número de solicitudes presentadas ante el Tribunal de Protección en los últimos años con el propósito de que se autorice la privación de libertad en la comunidad en otros entornos. De enero a marzo de 2017, se recibieron 969 solicitudes relacionadas con la privación de libertad, lo que representó un aumento del 43% respecto del número presentado entre enero y marzo de 2016. De forma análoga, las órdenes de privación de libertad autorizadas casi se duplicaron en el mismo período, pasando de 292 a 547.
208.El Gobierno del Reino Unido está empeñado en mejorar la atención y el tratamiento en la comunidad. En el programa Transformación de la Asistencia se describe la aspiración clara de velar por que las personas con dificultades de aprendizaje reciban el nivel adecuado de atención de gran calidad en sus comunidades locales para ayudarlas a vivir con la mayor independencia posible.
209.Las prioridades de ese programa siguen siendo conseguir que, cuando sea adecuado, las personas no permanezcan de forma prolongada en los hospitales y sean trasladadas a entornos comunitarios cercanos a sus familias y amigos. Los objetivos fijados son reducir significativamente el número de personas internadas en hospitales, lograr una disminución del tiempo que las personas permanecen hospitalizadas si son derivadas a un hospital y mejorar la calidad de la atención en los entornos hospitalarios y comunitarios. Para ello, el Gobierno del Reino Unido está trabajando en el empoderamiento de las personas mediante una mayor participación de las personas con dificultades de aprendizaje o autismo, o ambos, y sus familias en las decisiones relacionadas con su atención; una reglamentación y una inspección más rigurosas; el perfeccionamiento de las competencias y la capacidad, y medidas para asegurarse de que se disponga de la información correcta, de manera que pueda efectuarse un seguimiento de los progresos realizados e informar al respecto.
210.A fin de fomentar la capacidad de la comunidad, los grupos encargados de la planificación y contratación de servicios médicos, las autoridades locales y los comisionados especializados del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra han formado 48 agrupaciones de modernización asistencial con el cometido de elaborar planes para el futuro.
211.Además del programa Transformación de la Asistencia, el Gobierno del Reino Unido se ha comprometido, en la estrategia Perspectiva a Cinco Años Vista para la Salud Mental, a transformar los servicios, lo que incluye la implantación de un conjunto amplio de itinerarios asistenciales de salud mental basados en la comunidad y normas de atención de la salud mental como alternativas seguras a la hospitalización. El Gobierno del Reino Unido ha establecido 50 centros de la salud mental de vanguardia, en los que se están elaborando y aplicando experimentalmente modelos nuevos e innovadores de atención de la salud mental en entornos comunitarios y de atención primaria, entre otros, así como integrando la prestación de servicios sociales y de salud para apoyar el alta hospitalaria oportuna, de manera que las personas puedan vivir de forma independiente en la comunidad. Comprende el desarrollo de modelos de atención comunitaria en el ámbito de la psiquiatría forense y la provisión de viviendas asistidas para personas con problemas de salud mental.
212.La Comisión de Bienestar Mental para Escocia publica estadísticas sobre el número de personas recluidas en virtud de la legislación sobre salud mental y supervisa y presenta informes sobre la utilización de la legislación sobre la incapacidad. El Gobierno de Escocia está aplicando el grueso de las disposiciones de la Ley de Salud Mental (Escocia) de 2015 y fomentará las actividades de promoción independientes y las declaraciones de voluntades anticipadas, así como un enfoque basado en los derechos en las orientaciones normativas sobre el empleo de la legislación sobre salud mental. El Gobierno de Escocia tiene un cargo ministerial dedicado a la salud mental y ha reservado 150 millones de libras para invertirlos en mejorar la salud mental. En marzo de 2017 se publicó una nueva estrategia de salud mental en la que se describe el enfoque para los próximos diez años y la manera de transformar los servicios. Los equipos multidisciplinarios de salud mental del Servicio Nacional de Salud y el Servicio Penitenciario de Escocia prestan servicios de atención de la salud mental en los establecimientos penales equivalente al cuidado proporcionado a las personas que viven en la comunidad, pero diseñados para satisfacer las mayores necesidades en materia de salud mental que se reconoce que tienen los presos.
213.La Ley de Salud Mental (de la Bailía de Guernsey) de 2010 entró en vigor el 8 de abril de 2013. Comportó la actualización del régimen jurídico en lo tocante a la reclusión, la atención y el tratamiento de los pacientes con trastornos mentales. Además, se han establecido nuevos marcos relativos al tratamiento de los pacientes para asegurarse de que se recaba el consentimiento de quienes tienen capacidad para darlo y se han fijado salvaguardias adecuadas respecto de los pacientes que carecen de esa capacidad. En virtud de esa Ley se instituyó el Tribunal de Revisión de la Salud Mental para examinar las peticiones presentadas por los pacientes contra las órdenes dictadas de conformidad con esa Ley. Los pacientes tendrán derecho, en la mayoría de los casos, a disponer de asistencia letrada independiente y gratuita cuando soliciten al Tribunal de Revisión de la Salud Mental que no se les aplique una orden de internamiento o una orden de tratamiento en la comunidad.
214.Dos nuevas leyes importantes recibieron la sanción real a finales de 2016, a saber, la Ley de Salud Mental (de Jersey) de 2016 y la Ley de Capacidad y Libertad Decisoria (de Jersey) de 2016. Estas dos nuevas leyes entrarán en vigor en 2018. Ambas contienen importantes garantías jurídicas para las personas privadas de libertad, bien sea por un trastorno mental, bien por falta de capacidad para decidir por sí mismas.
215.Una nueva disposición legislativa sobre salud mental y capacidad mental entró en vigor en 2015 en Santa Elena. En ella se prevén facultades de internamiento. En la actualidad no hay personas internadas en virtud de esta disposición legislativa.
Párrafo 31Uso de medios de coerción contra las personas en los centros de atención sanitaria
216.En abril de 2014, el Gobierno del Reino Unido publicó unas orientaciones tituladas Atención Positiva y Proactiva: Reducción de la Necesidad de Intervenciones Restrictivas e impulsó un programa de trabajo concebido para lograr una disminución de la necesidad de prácticas restrictivas.
217.La atención positiva y proactiva se centra en el uso de enfoques preventivos y en la distensión para gestionar los comportamientos problemáticos. Con arreglo a esa modalidad de atención, se recomienda que todas las intervenciones restrictivas tengan la duración más breve posible y que se empleen las medidas menos restrictivas para satisfacer esa necesidad inmediata. Asimismo, en las orientaciones mencionadas se establecen mecanismos para garantizar que se rinden cuentas de la realización de esas mejoras, lo que incluye una gobernanza, una transparencia y una supervisión eficaces.
218.La atención positiva y proactiva introdujo la exigencia de que los servicios elaboraran planes de reducción de las intervenciones restrictivas. Las orientaciones se aplican a todo el personal de atención sanitaria y social empleado en la totalidad de los servicios de salud y atención social de adultos, independientemente de cuál sea el entorno asistencial. Está incluido el personal de atención sanitaria y de atención social de adultos que trabaja en entornos no sanitarios como, por ejemplo, las celdas policiales, los centros de internamiento de inmigrantes y los establecimientos penales.
219.El Gobierno del Reino Unido también ha establecido la red de promotores de prácticas seguras y positivas para fomentar el empleo de buenas prácticas en la reducción de las intervenciones restrictivas, así como la inclusión de información sobre el número y el tipo de medidas de coerción utilizadas en el conjunto de datos de los servicios de salud mental y la elaboración de normas básicas para la capacitación del personal en técnicas de prevención y gestión de la violencia y la agresividad.
220.En 2015, las Islas Vírgenes Británicas adoptaron la norma del Reino Unido sobre medios de coerción.
Párrafo 32Denuncias de tortura durante el período que abarca el informe
221.El Gobierno del Reino Unido trata con sumo rigor las denuncias de actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y todas las denuncias son objeto de una completa investigación. El Gobierno del Reino Unido no participa en torturas ni solicita, alienta o justifica su uso con ningún fin.
222.En 2013, el Tribunal Superior de Justicia confirmó que el Grupo de Denuncias Históricas en el Iraq, creado para prestar apoyo a las investigaciones dirigidas por la Policía Militar, cumplía el requisito de independencia que se impone en el artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Las estadísticas sobre el número de casos atendidos por dicho grupo se publican periódicamente en el portal del Gobierno del Reino Unido, GOV.UK. Muchas de las denuncias contra las Fuerzas Armadas del Reino Unido habían sido formuladas por clientes representados por el bufete de abogados Public Interest Lawyers y su abogado principal, Phil Shiner. Sin embargo, en febrero de 2017, el Tribunal Disciplinario de la Abogacía dictaminó que Phil Shiner era culpable de mala conducta profesional, lo cual incluía falta de honestidad y de integridad, y fue inhabilitado para ejercer como abogado. Además, el bufete de abogados Public Interest Lawyers ha cesado su actividad. Por consiguiente, muchas de las denuncias presentadas contra las Fuerzas Armadas del Reino Unido quedaron desacreditadas y el Grupo de Denuncias Históricas en el Iraq y la Fiscalía General de las Fuerzas Armadas establecieron que el número de investigaciones en las que habría posibilidades de obtener un fallo condenatorio era considerablemente inferior al previsto anteriormente. En consecuencia, el 30 de junio de 2017 se disolvió el Grupo de Denuncias Históricas en el Iraq y la Policía Militar se hizo cargo de las investigaciones que estaban pendientes. Se prevé que se hayan completado todas las investigaciones antes de que finalice 2018.
223.Por otra parte, se nombró a un juez jubilado del Tribunal Superior de Justicia para que llevara a cabo las investigaciones de varias muertes ocurridas en el Iraq. Este proceso se ajusta a las exigencias del artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de que las investigaciones rindan cuentas públicamente, incluyan la participación de los familiares de las presuntas víctimas y tomen en consideración las circunstancias más amplias en que se produjeron las muertes. El juez ha publicado informes sobre seis muertes; en mayo de 2017 se encargó la investigación de una séptima muerte. El Ministerio de Defensa del Reino Unido seguirá remitiéndole casos para su investigación, según sea necesario.
224.Se ha puesto en marcha un proceso sólido para identificar, examinar y corregir aquellos ámbitos en los que la doctrina jurídica, las políticas o la capacitación hayan sido insuficientes para impedir prácticas o conductas personales que podrían conculcar las obligaciones contraídas por el Reino Unido en virtud del derecho internacional humanitario, y el Gobierno del Reino Unido sigue publicando informes anuales en los que se describe pormenorizadamente esta labor.
225.La seguridad y el bienestar de los jóvenes recluidos en el Reino Unido sigue siendo una prioridad absoluta para el Gobierno del Reino Unido. A raíz de las acusaciones de comportamiento abusivo de los funcionarios del Centro de Capacitación Vigilado de Medway hechas públicas por la British Broadcasting Corporation (BBC), el Gobierno del Reino Unido aplicó un plan integral para garantizar de forma inmediata la seguridad de los jóvenes internados en ese centro. Cabe señalar, entre otras medidas, la toma de control directo de la gestión del centro, el nombramiento de nuevo personal especializado y con un alto grado de capacitación, la mejora del apoyo prestado a los menores vulnerables y una mayor supervisión del personal superior, así como la revisión de las políticas del centro.
Párrafo 33Denuncias de malos tratos formuladas por personas detenidas en operaciones de lucha contra el terrorismo
226.Sigue habiendo mecanismos eficaces para lograr la rendición de cuentas de los organismos de inteligencia y seguridad del Reino Unido, entre ellos el Tribunal para Cuestiones relativas a las Facultades de Investigación y el Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad. El primero es un tribunal independiente que decide sobre las reclamaciones y denuncias formuladas por intromisiones ilegales de los organismos públicos, incluidos los organismos de inteligencia y seguridad; este tribunal puede ordenar que se ponga fin a esa actividad, anular autorizaciones, ordenar que se destruya material y otorgar indemnizaciones. El Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad está integrado por miembros de las dos cámaras del Parlamento y supervisa los gastos, las políticas y la administración de los organismos de inteligencia y seguridad. El Gobierno del Reino Unido trabaja de manera constructiva con el Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad para que se publique tanto como pueda publicarse del contenido de sus informes.
227.En relación con el trato de los detenidos en el extranjero, el Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad realiza una labor continua. El Comité ha recibido respuestas por escrito del Gobierno del Reino Unido sobre las cuestiones señaladas en el Informe sobre el trato dispensado a los detenidos, que se publicó en diciembre de 2013, y se le ha permitido acceder a toda la información pertinente. El Comité también ha instado a que cualquier persona que desee contribuir a sus investigaciones le haga llegar pruebas escritas. Además del examen del Comité, el Gobierno del Reino Unido ha seguido cooperando plenamente con las investigaciones policiales del Reino Unido acerca de cuestiones relacionadas con detenidos.
228.El Sr. Aamer, un residente británico que había estado recluido en el centro de detención de los Estados Unidos de América en la Bahía de Guantánamo desde 2002, fue puesto en libertad el 30 de octubre de 2015. Se afirmaba que había sido torturado en presencia de funcionarios del Reino Unido en el Afganistán en 2001. El Gobierno del Reino Unido está firmemente en contra de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No participa en torturas ni solicita, alienta o justifica su uso o el uso de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes con ningún fin. Tampoco utiliza ninguna de las llamadas técnicas intensivas de interrogatorio. El Gobierno del Reino Unido siempre ha expresado con absoluta claridad su oposición inequívoca a ese tipo de conductas y su determinación de combatirlas dondequiera y cuandoquiera que se produzcan. El Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad está investigando las cuestiones, planteadas por Sir Peter Gibson en su informe de diciembre de 2013, relativas a la presunta participación del Reino Unido en el maltrato y la entrega de varios sospechosos de terrorismo. El Gobierno del Reino Unido coopera con el Comité Parlamentario de Inteligencia y Seguridad y está a la espera de recibir su informe sobre las conclusiones de la investigación.
229.Con respecto a las denuncias sobre el personal de las fuerzas especiales del Reino Unido en el campamento de Nama, en el Iraq, el Gobierno del Reino Unido observa desde hace mucho tiempo la política de no confirmar ni desmentir la participación de tropas especiales del Reino Unido en operaciones específicas. Sin embargo, no se hace ninguna distinción entre fuerzas especiales y fuerzas ordinarias en lo referente a la finalidad de las investigaciones de la Policía Militar, es decir, el derecho penal de Inglaterra y Gales también se aplica a las fuerzas especiales del Reino Unido independientemente del lugar en el que realicen sus actividades (véase la respuesta al párrafo 4 que figura en el presente documento).
Párrafo 34Investigación sobre el caso Al-Sweady
230.El informe final de la investigación sobre el caso Al-Sweady se publicó el 17 de diciembre de 2014. El presidente de la investigación expuso en sus conclusiones que todas las personas muertas o capturadas el 14 de mayo de 2004 participaban activamente en emboscadas tendidas a las fuerzas británicas, que ninguna persona fue asesinada o torturada durante el tiempo que permanecieron custodiadas por el Reino Unido y que las principales acusaciones fueron fruto de mentiras deliberadas y premeditadas. El presidente concluyó que sí se habían producido algunos casos de maltrato relativamente poco graves. No obstante, tras examinar las pruebas presentadas por el Gobierno del Reino Unido de los cambios en las políticas, la capacitación y la supervisión introducidos a partir de 2004, el presidente dijo estar convencido de que era mucho menos probable que esos hechos se repitieran en la actualidad. La información sobre los procesos del Ministerio de Defensa del Reino Unido para corregir las deficiencias en la doctrina, las políticas y las actividades de capacitación señaladas en el informe de la investigación figura en la respuesta al párrafo 32 del presente informe.
Párrafo 35Justicia de transición en Irlanda del Norte
231.En el Acuerdo de Stormont de diciembre de 2014 se dispuso, entre otras medidas, la creación de una unidad de investigaciones históricas independiente para impulsar las investigaciones acerca de las muertes relacionadas con el conflicto que seguían pendientes de esclarecimiento. Esa labor incluiría asumir la investigación de las muertes que forman parte de los casos de los que se ocupan actualmente el Servicio de Policía de Irlanda del Norte y el Ombudsman para las Relaciones con la Policía de Irlanda del Norte. El Gobierno del Reino Unido ha señalado que se dispondrá de 150 millones de libras adicionales para que las nuevas instituciones ayuden a abordar los problemas del pasado de forma equilibrada y proporcionada.
232.El Servicio de Policía de Irlanda del Norte, por conducto de su Sección de Investigaciones Históricas, seguirá encargándose de las investigaciones de delitos relacionados con el conflicto de Irlanda del Norte que no causaron muertes. Esta función se enmarca en su deber general de tomar medidas para llevar a los delincuentes ante la justicia cuando se ha cometido un delito.
233.Han proseguido los debates políticos, entre el Ministro para Irlanda del Norte y los partidos políticos de Irlanda del Norte, acerca de cuestiones del pasado reciente, que se han centrado en los detalles del proyecto de ley que establecería la Unidad de Investigaciones Históricas y la financiación de las propuestas del Presidente del Tribunal Supremo para la reforma de las investigaciones de casos acaecidos durante el conflicto de Irlanda del Norte.
234.En marzo de 2016, el Departamento de Justicia de Irlanda del Norte pidió al Gobierno de Irlanda del Norte que examinara una solicitud de fondos presentada para financiar la fase inicial de la labor encaminada a completar la investigación de hasta 16 casos pendientes en el plazo de 19 meses. Posteriormente, el Departamento de Justicia presentó a las partes una solicitud revisada de fondos para investigaciones de casos pendientes como parte de la financiación global para labores relacionadas con el pasado reciente, con la finalidad de orientar las conversaciones políticas en curso en Irlanda del Norte. Una vez que se alcance un acuerdo al respecto, este será examinado por el Gobierno del Reino Unido.
235.El presupuesto de la Oficina del Ombudsman para las Relaciones con la Policía de Irlanda del Norte que puede destinarse a cuestiones relacionadas con casos pendientes aumentó de 950.000 libras en 2010-2011 a 1.943.000 libras en 2016-2017; en ese mismo período, el personal que trabajaba en investigaciones de casos pendientes pasó de 18 a 34 personas. En los dos últimos años, en los que el presupuesto inicial del Departamento de Justicia se redujo en un 5,7% y un 4%, respectivamente, se preservó el presupuesto de la Oficina del Ombudsman mediante unos recortes limitados al 2% y el 0,95%, respectivamente. Además, el Departamento de Justicia proporcionó fondos adicionales por valor de 526.000 libras en 2017-2018 con objeto de financiar íntegramente una solicitud de fondos presentada por la Oficina del Ombudsman para sufragar las investigaciones de delitos graves relacionados con el conflicto de Irlanda del Norte. Por otra parte, ha habido una disminución de un 30% en las quejas sobre la labor actual de la policía; todo ello debería permitir que el Ombudsman disponga de mayor flexibilidad al asignar recursos a los casos pendientes relacionados con el conflicto norirlandés.
236.Las medidas jurídicas adoptadas por el Ombudsman para las Relaciones con la Policía en relación con el acceso a información del Servicio de Policía de Irlanda del Norte tuvieron su origen en la preocupación expresada por el entonces Jefe de Policía acerca de la protección de los datos. Este asunto se resolvió rápidamente al margen de los tribunales al garantizarse al Ombudsman que sus investigadores tendrían acceso a toda la información necesaria.
237.En relación con la muerte de Patrick Finucane en febrero de 1989, el Gobierno del Reino Unido consideró con sumo detenimiento si procedía organizar una investigación pública. La prioridad era disponer de una descripción completa y pública de lo que había sucedido de la forma más rápida, eficaz y transparente posible y, una vez sopesado el interés público, el Gobierno decidió finalmente que el examen de Sir Desmond de Silva representaba la mejor manera de lograr ese objetivo. Tal como confirmó Sir Desmond de Silva, se le dio acceso a toda la información que solicitó, incluidos archivos con información muy delicada. El Gobierno del Reino Unido aceptó sus conclusiones, entre ellas la de que había habido colusión en este caso, y pidió perdón por ello. La decisión de no celebrar una investigación pública fue objeto de revisión judicial y el 26 de junio de 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Irlanda del Norte ratificó esa decisión. Más recientemente, el 21 de febrero de 2017, el Tribunal de Apelación de Irlanda del Norte reafirmó esa decisión. En julio de 2017, el Tribunal Supremo concedió a la familia Finucane autorización para interponer un recurso de apelación. El Servicio de Policía de Irlanda del Norte ha examinado la información “nueva e importante” señalada por Sir Desmond de Silva como material al que este último había tenido acceso pero que no había sido investigado anteriormente, y el informe elaborado por la policía a partir de ese examen ha sido presentado al Ministerio Fiscal de Irlanda del Norte.
238.El Gobierno de la República de Irlanda se dirigió por escrito al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en diciembre de 2014, tras un programa de la Televisión Pública de Irlanda (RTE) en el que aparecían documentos encontrados en los Archivos Nacionales que guardaban relación con la causa La República de Irlanda c. el Reino Unido, y pidió a ese tribunal que, en virtud del artículo 80 de su reglamento, reexaminara su decisión, de 1978, de que los llamados “encapuchados” no habían sido sometidos a tortura, sino a tratos inhumanos y degradantes. El TEDH pidió al Gobierno del Reino Unido que presentara observaciones sobre varias cuestiones relacionadas con la reconsideración de esa decisión en virtud del artículo 80 del reglamento del TEDH. El Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de Irlanda han presentado alegaciones ante el TEDH, que están siendo examinadas por ese tribunal.
Párrafo 36Investigación Histórica de Abusos en Irlanda del Norte
239.La Investigación Histórica de Abusos Institucionales en Irlanda del Norte publicó su informe final el 20 de enero de 2017. Sir Anthony Hart, Presidente de la Investigación Histórica de Abusos Institucionales, ha indicado claramente que corresponde al nuevo Gobierno de Irlanda del Norte examinar las conclusiones y recomendaciones del informe cuanto antes.
240.En octubre de 2016, el Gobierno de Irlanda del Norte convino en establecer un grupo de trabajo interdepartamental con un presidente independiente para continuar examinando tanto los casos de abusos en los hogares para madres y recién nacidos/asilos de las monjas magdalenas (lavanderías) como el maltrato de niños cometido por miembros del clero. El Grupo de Trabajo Interdepartamental celebró su primera reunión en marzo de 2017 y se propusieron algunas modificaciones de sus atribuciones (pendientes de aprobación).
Párrafo 37Abuso sexual de niños privados de libertad
241.La Comandancia de Policía de Durham llevó a cabo dos investigaciones (denominadas Halter One y Halter Two) de los abusos cometidos por Neville Husband, un exfuncionario del Centro de Internamiento de Medomsley, por los que fue condenado y encarcelado a comienzos de la década de 2000.
242.En agosto de 2013, la Comandancia de Policía de Durham inició la Operación Seabrook. Esta investigación penal abarca todos los abusos sexuales y malos tratos físicos no recientes cometidos por exempleados del Centro de Internamiento de Medomsley. Esta investigación no ha concluido.
Párrafo 38Reparación para las víctimas de la tortura
243.El Gobierno del Reino Unido no dispone de ningún programa de indemnización para personas que hayan sufrido torturas o malos tratos a manos de otras naciones soberanas. Si una persona afirma que el Gobierno del Reino Unido es responsable de las torturas o los malos tratos que presuntamente ha sufrido en el extranjero, esa persona podrá presentar una reclamación de indemnización por la vía civil contra el Gobierno del Reino Unido. No ha habido ningún caso en que el Gobierno del Reino Unido haya admitido su responsabilidad o haya sido declarado por un tribunal responsable de la tortura o los malos tratos sufridos por una persona. Si bien algunas de esas denuncias han sido resueltas (imponiéndose en varios casos condiciones de confidencialidad), no puede describirse como indemnización ningún acuerdo financiero alcanzado en estos casos, ya que las denuncias no han sido ni admitidas ni corroboradas. Las víctimas de un delito de violencia pueden solicitar una indemnización en el marco del Plan de Indemnización por Lesiones Causadas por Delitos, aunque existen ciertas condiciones para recibir una indemnización.
244.En Inglaterra, el Programa de Mejora del Acceso a las Terapias Psicológicas ofrece tratamientos basados en datos empíricos para personas con ansiedad y depresión.
Párrafo 39Inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura
245.Las pruebas obtenidas mediante tortura son inadmisibles en los procedimientos judiciales ante tribunales del Reino Unido. El Gobierno del Reino Unido observa una política clara y divulgada públicamente de no intentar aportar a procedimientos judiciales ningún material obtenido mediante tortura. La inadmisibilidad de las pruebas obtenidas mediante tortura fue ratificada por la sentencia de la Cámara de los Lores en la causa A v. Secretary of State for the Home Department (núm. 2) [2005] UKHL 71, que es plenamente vinculante para el Gobierno del Reino Unido y los tribunales.
246.La norma básica en la legislación escocesa es que una confesión no es admisible como prueba contra un acusado en actuaciones penales salvo si ha sido hecha libre y voluntariamente y no obtenida por medios indebidos o desleales. Por consiguiente, no sería admisible como prueba contra un acusado ninguna confesión obtenida con amenazas, incentivos o intimidación. Tampoco sería admisible una confesión que estuviera contaminada por un elemento de acoso o presión cuya finalidad fuera quebrar la voluntad del sospechoso u obligarlo a confesar en contra de sus deseos (referencia del Fiscal General para Escocia (núm. 1 de 1983) 1984 SLT 337, 340). En cualquier caso, la utilización por un fiscal de pruebas obtenidas mediante tortura sería incompatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos y, en consecuencia, contraria a la ley en Escocia. Si el encausado cuestiona la admisibilidad de una confesión, corresponderá al fiscal demostrar que la confesión se hizo libre y voluntariamente y no fue obtenida por medios indebidos o desleales (causa Thompson v. Crowe, 2000 JC 173).
Párrafo 40Coerción de los niños internados en instituciones para jóvenes infractores
247.Solo debería emplearse la coerción cuando sea absolutamente necesario hacerlo y ninguna otra forma de intervención sea posible o adecuada. El Gobierno del Reino Unido está decidido a mejorar la aplicación de la coerción y ha implantado el sistema de gestión y limitación del uso de la coerción física en los tres centros de capacitación vigilados y las cinco instituciones para jóvenes infractores menores de 18 años.
Párrafo 41Castigo corporal
248.El Gobierno del Reino Unido no tolera ningún tipo de violencia contra los niños y cuenta con leyes claras para hacer frente a esos actos. El castigo corporal ya está prohibido explícitamente en todas las escuelas, hogares infantiles y guarderías autorizadas.
249.Aunque en la legislación no se prohíbe explícitamente el uso del castigo corporal por los padres, el eximente de “castigo razonable” que figura en el artículo 58 de la Ley de la Infancia de 2004 no podrá ser invocado cuando una persona sea acusada de agresión con resultado de lesiones corporales o lesiones corporales graves o de trato cruel a un niño.
250.Es ilegal castigar a los niños zarandeándolos, golpeándolos en la cabeza o utilizando cualquier instrumento. En otros casos, la legislación establece criterios que los tribunales han de tener en cuenta. El Gobierno de Escocia ha anunciado su intención de apoyar un proyecto de ley presentado por un parlamentario en el Parlamento de Escocia que comportaría la prohibición del castigo corporal de los niños.
251.En la segunda parte de la Ley de la Infancia (de Guernsey y Alderney) de 2008 y en la segunda parte de la Ley de la Infancia (de Sark) de 2016 se define la responsabilidad de los padres respecto de un niño, la cual entraña, entre otras cosas, la protección y la promoción de la salud, la educación, el desarrollo y el bienestar del menor. El castigo corporal es legal en el hogar, ya que existe el eximente de “castigo razonable” frente a una acusación de agresión; sin embargo, es muy poco probable que los tribunales acepten ese eximente si las lesiones ocasionadas no son mínimas.
252.En la Ley de Educación (Anguila) de 2014 se prohíbe el castigo corporal en los establecimientos escolares y de acogimiento.
253.El castigo corporal en las escuelas se abolió en virtud de la Ley de Enmienda de la Ley de Educación de 2014.
254.La Ley de Educación de 2016 impondrá la prohibición del castigo corporal en las escuelas, las instituciones de atención de la primera infancia, los centros de formación profesional y los centros de prestación de servicios para personas con necesidades educativas especiales o con discapacidad.
255.En 2014, los servicios sociales impartieron a educadores, maestros y mentores de todas las escuelas formación sobre los malos tratos a los niños, que también incluyó los castigos y los correctivos. En 2016, se aprobó la Ley de Cuidado del Niño y Adopción, en la que figura la definición de “maltrato físico”.
Párrafo 42Investigaciones sobre la explotación sexual de niños
256.El Gobierno del Reino Unido ha dado prioridad a los abusos sexuales de niños como amenaza nacional en la prescripción estratégica de vigilancia policial que faculta a las fuerzas de policía para aprovechar al máximo los conocimientos y competencias especializados. Presentó el informe Lucha contra la explotación sexual de niños en marzo de 2015, en el que se exponía un ambicioso programa de reformas concebido para proteger a los niños contra la explotación y los abusos sexuales y actuar con firmeza contra los delincuentes. El Gobierno del Reino Unido ya ha cumplido más del 90% de los compromisos que adquirió en 2015. En febrero de 2017, el Gobierno del Reino Unido publicó un informe sobre los progresos realizados y anunció un conjunto de medidas por valor de 40 millones de libras para proteger a los niños y a los jóvenes contra los abusos sexuales, la explotación y la trata, y castigar a los delincuentes.
257.El Gobierno del Reino Unido está consiguiendo que se encause a más delincuentes: los enjuiciamientos han aumentado un 14% y las condenas por delitos relacionados con los abusos sexuales de niños, un 19,2% (en el ejercicio finalizado en diciembre de 2015, en comparación con el ejercicio precedente). Los adelantos tecnológicos nos ayudan a identificar y proteger a más niños víctimas de malos tratos. En 2015-2016, las fuerzas del orden del Reino Unido identificaron a más de 450 víctimas en imágenes de abusos, más del doble que en ningún año anterior.
258.El Gobierno del Reino Unido ha iniciado una investigación independiente sobre abusos sexuales de niños para determinar el grado en que las instituciones estatales y no estatales han incumplido su deber de proteger a los niños contra la explotación y los abusos sexuales, así como para publicar un informe con recomendaciones. Está previsto que se publique un informe provisional de la investigación en 2018.
Párrafo 43Delitos motivados por prejuicios
259.El Gobierno del Reino Unido cuenta con un sólido marco legislativo para hacer frente a los delitos motivados por prejuicios. Por tales se entienden, entre otros, los delitos de incitación al odio por motivos de raza, religión u orientación sexual y los delitos agravados específicos por motivos de raza (incluida la nacionalidad) o religión, y se han introducido agravantes de las penas para los delitos motivados por la raza, la religión, la orientación sexual, la discapacidad o la condición de persona transgénero de la víctima.
260.En junio de 2016, el Gobierno del Reino Unido puso en marcha Acción Contra el Odio, un plan de cuatro años de duración en el que participa todo el Gobierno, para luchar contra los cinco tipos de delitos motivados por prejuicios que son objeto de seguimiento: los delitos motivados por la raza, la religión, la identidad de género, la orientación sexual y la discapacidad.
261.Además, varios parlamentarios británicos han establecido dos grupos parlamentarios integrados por todos los partidos políticos, uno centrado en el antisemitismo y el otro, en la lucha contra la islamofobia mediante la investigación de las formas, las manifestaciones y el alcance de los prejuicios, la discriminación y el odio contra los musulmanes en el Reino Unido, así como por medio del examen de la legislación y las políticas, el registro y el enjuiciamiento de los delitos motivados por el odio, la función de los medios de comunicación y el uso de las plataformas de redes sociales para difundir el odio.
262.El Gobierno del Reino Unido ha adoptado medidas para abordar el bajo índice de presentación de denuncias de delitos motivados por la discapacidad o la transfobia. Entre esas medidas cabe citar la ejecución experimental de proyectos comunitarios de demostración concebidos para ayudar a los jóvenes transgénero a cuestionar ciertas descripciones de los delitos motivados por prejuicios en Internet que presentan una imagen negativa de las personas transgénero y alentarlos a que informen de casos de abusos transfóbicos, además del desarrollo de un portal en Internet para la denuncia de delitos motivados por prejuicios contra las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero gestionado por una organización de personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero y queer. El material sobre delitos motivados por prejuicios que ha preparado el Ministerio Fiscal para las escuelas también representa un recurso nuevo en el que se alienta a las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero a que presenten denuncias si son víctimas de ese tipo de delitos y se informa a quienes los cometen de las consecuencias que su conducta puede tener tanto para sus víctimas como para ellos mismos.
263.El Gobierno del Reino Unido ha apoyado varias campañas, como #imwithsam, dirigidas a lograr un aumento de la presentación de denuncias de delitos motivados por prejuicios y, en especial, los cometidos contras personas con dificultades de aprendizaje y autismo. También se ha trabajado en programas de sensibilización y cambio de actitud en las escuelas; talleres públicos; comisarías de policía más accesibles; el sitio web True Vision y la capacitación de fiscales y agentes de policía sobre la manera de mejorar la detección, la investigación y el enjuiciamiento de los delitos motivados por prejuicios.
264.El Gobierno de Escocia se ha comprometido a hacer todo lo posible para prevenir y erradicar los delitos motivados por prejuicios y promover la cohesión comunitaria. El Gobierno de Escocia ha invertido más de 100 millones de libras desde 2012 en promover la igualdad y combatir la discriminación, y sigue trabajando en estrecha colaboración con las organizaciones asociadas para promover la aspiración de “Una Escocia”.
265.El Gobierno de Escocia ha aceptado las recomendaciones del Grupo Consultivo Independiente sobre Delitos Motivados por Prejuicios y Cohesión Comunitaria (publicado el 23 de septiembre de 2016) y, el 26 de enero de 2017, anunció un examen independiente de la legislación relativa a los delitos motivados por prejuicios dirigido por Lord Bracadale. Lord Bracadale está estudiando si sería necesario modificar la legislación en vigor, si deberían ampliarse los tipos penales que ya existen para dar cabida a otros grupos, y si todos los delitos motivados por prejuicios deberían quedar circunscritos a un solo ámbito de la legislación. El examen incluirá una consulta pública con las principales partes interesadas y está previsto que se presente un informe a los ministros a principios de 2018.
266.En junio de 2017, el Gobierno de Escocia publicó un ambicioso plan de acción para luchar contra los delitos motivados por prejuicios y los prejuicios, además de promover la cohesión comunitaria. El Gobierno de Escocia está trabajando en la mejora de la obtención de datos para entender mejor la magnitud y la gravedad de los delitos motivados por prejuicios, y organizará una campaña de sensibilización sobre los efectos de esos delitos en 2017. Se reconoce que, en el contexto general de una presentación de denuncias inferior al número de delitos cometidos, hay muchos delitos motivados por prejuicios contra personas con discapacidad y personas transgénero que no se denuncian, y el Gobierno de Escocia seguirá colaborando con las partes interesadas y las comunidades a fin de lograr una mayor sensibilización y una intensificación de la respuesta del sistema a los delitos motivados por prejuicios.
267.En 2014, el Gobierno de Gales publicó su Marco de Acción para Hacer Frente a los Delitos e Incidentes Motivados por Prejuicios, que incluye objetivos de prevención, apoyo y mejora de la respuesta interinstitucional. Se ha elaborado un plan de ejecución, que se está incorporando a varios ámbitos normativos clave del Gobierno de Gales. Anualmente se actualiza la información sobre los progresos realizados y las medidas tomadas.
268.El 1 de abril de 2015, la Policía de Jersey comenzó a aplicar una política sobre delitos motivados por prejuicios, conforme a la cual se presta mayor atención a todos los delitos denunciados que presentan algún elemento que la víctima o cualquier otra persona perciba como motivado por una hostilidad o un prejuicio basado en la raza, la religión, la orientación sexual o la discapacidad, reales o presumidas, de una persona, y a los delitos cometidos contra una persona que es (o se presume que es) transgénero.
Párrafo 44Legislación sobre el aborto en Irlanda del Norte
269.Las competencias en materia de derecho penal han sido traspasadas al Gobierno y a la Asamblea de Irlanda del Norte. La legislación sobre el aborto en Irlanda del Norte difiere de la legislación de otras jurisdicciones del Reino Unido. Un grupo de trabajo integrado por varios departamentos del Gobierno de Irlanda del Norte ha comenzado a examinar el tratamiento de los casos de anomalía letal del feto. Esa labor ha abarcado, asimismo, el estudio de una reforma de la legislación. El grupo de trabajo elaboró varias propuestas que fueron presentadas al Ministro de Salud y al Ministro de Justicia de Irlanda del Norte antes de la disolución de la Asamblea de Irlanda del Norte a comienzos de 2017. Las propuestas se presentarán de nuevo a los ministros y al Gobierno de Irlanda del Norte, siempre que se restablezca el gobierno autónomo.
270.El Gobierno del Reino Unido anunció el 29 de junio de 2017 que se haría cargo del pago de los servicios prestados para la interrupción del embarazo en Inglaterra de mujeres que residen habitualmente en Irlanda del Norte.
Párrafo 45Reclutamiento de niños por grupos paramilitares de Irlanda del Norte
271.En julio de 2016, el Gobierno de Irlanda del Norte acordó un plan de acción para tratar de poner freno a las actividades, la delincuencia y la delincuencia organizada de los grupos paramilitares, que incluye el compromiso de formular un programa entre los diversos departamentos gubernamentales para impedir que jóvenes vulnerables acaben participando en las actividades de esos grupos. Dirigirá el plan de acción el Programa de Transformación mediante Intervenciones Tempranas, cuya junta directiva está trabajando con organismos oficiales y organizaciones voluntarias para su desarrollo en el marco del programa, más amplio, de lucha contra las actividades de los grupos paramilitares. Además, se han adquirido los compromisos siguientes: elaborar iniciativas para asegurarse de que las escuelas y los grupos de jóvenes que se enfrentan a los efectos de las actividades paramilitares en los jóvenes reciban una formación adecuada para detectar los factores de riesgo y adoptar un enfoque común a toda la escuela o el grupo que les ayude a responder a esos problemas; y ejecutar programas de intervención con jóvenes dirigidos específicamente a los jóvenes vulnerables, incluidos aquellos que corren mayor riesgo de verse implicados en actividades paramilitares o afectados por ellas, de manera que esos jóvenes puedan hacer una contribución positiva a sus comunidades.
272.El Servicio de Policía de Irlanda del Norte informó de que, de enero de 2012 a diciembre de 2016, había contabilizado 20 víctimas de ataques de tipo paramilitar menores de 18 años. Desde abril de 2016, se han producido cinco ataques de tipo paramilitar en los que se han visto implicados jóvenes menores de 18 años y se ha efectuado una detención (este caso es objeto actualmente de un procedimiento judicial).
Párrafo 46Trabajadores domésticos migrantes
273.En marzo de 2015, el Gobierno del Reino Unido encargó a James Ewins, letrado de la Corona, que llevara a cabo un examen para evaluar en qué medida los procedimientos existentes en el Reino Unido para obtener un visado de trabajador doméstico extranjero eran eficaces para proteger a los trabajadores contra los abusos y la explotación. El examen se publicó el 17 de diciembre de 2015. Si bien en ese examen se propugnaba la supresión del vínculo del visado con un empleador específico, se reconocía la falta de datos cuantitativos sólidos que permitieran saber si la tasa de abusos había aumentado o disminuido desde que se implantó un visado vinculado a un empleador determinado en 2012.
274.En respuesta al examen de James Ewins, el Gobierno del Reino Unido reconoció la falta de pruebas directas, pero reiteró su postura de que no se tolerarían los abusos. Desde abril de 2016, el Gobierno del Reino Unido:
Ha suprimido la condición que vinculaba a un trabajador con un empleador determinado al permitir que los trabajadores cambien de empleador durante los seis meses de validez de su visado. Esta disposición se hizo extensiva, asimismo, a los trabajadores domésticos empleados en los hogares de diplomáticos;
Ha ampliado de seis meses a dos años la duración del permiso de permanencia en el país que puede concederse a un trabajador doméstico extranjero si se descubre que ha sido víctima de la esclavitud o el tráfico. Esto se suma a las disposiciones en vigor relativas al permiso discrecional de permanencia que pueden solicitar todas las víctimas de la trata de personas o de formas contemporáneas de esclavitud.
275.El Gobierno del Reino Unido también ha accedido a aplicar la segunda recomendación formulada en el examen de que se introduzca un programa de reuniones de información y asesoramiento obligatorias para los trabajadores domésticos que permanecen en el Reino Unido durante más de 42 días. Esas reuniones se celebrarán en una organización independiente del Ministerio del Interior y brindarán una oportunidad para proporcionar información sobre los derechos en el Reino Unido y responder a los indicadores de abuso.
276.También se ha comprometido a introducir un registro de empleadores, con el requisito de que toda persona que desee contratar a un trabajador doméstico se comprometa a cumplir sus obligaciones de conformidad con la legislación del Reino Unido en materia de empleo y formas contemporáneas de esclavitud, cuyo incumplimiento acarreará consecuencias.
277.La introducción de las medidas anteriormente citadas, unida al uso de los datos de entrada y salida y la mejora continua de la reunión de información, ayudará a que el Gobierno del Reino Unido se forme una idea más exacta de la naturaleza y el alcance de la explotación de este grupo de trabajadores, la eficacia de las medidas existentes y la amplitud que podría tener un nuevo examen de esta categoría de visados.
Párrafo 47Comunicaciones presentadas por particulares ante las Naciones Unidas
278.El Gobierno del Reino Unido ha examinado su postura con respecto a la aceptación del derecho de presentación de comunicaciones por particulares ante las Naciones Unidas al margen de lo previsto en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y ha llegado a la conclusión de que siguen sin estar claras las ventajas del procedimiento de comunicación. El proceso de las Naciones Unidas no es un mecanismo de apelación, no puede revocar las decisiones de los tribunales nacionales y tampoco puede dar lugar a un dictamen ejecutable de indemnización para el solicitante. El Reino Unido es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, por lo que cualquier persona en el país tiene ya acceso al procedimiento de presentación de demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Párrafo 48Lucha contra el terrorismo y salvaguardias de derechos humanos
279.El Gobierno del Reino Unido sigue considerando que su legislación y sus medidas antiterroristas se ajustan a las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos. Su legislación es objeto de un examen exhaustivo por parte del Parlamento del Reino Unido durante su tramitación y distintos comités parlamentarios, entre los que se encuentra el Comité Mixto sobre los Derechos Humanos, pueden continuar examinándola. La Ley de Derechos Humanos impone la exigencia de que, en la medida de lo posible, se interpreten y apliquen todas las leyes de un modo compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos; cuando no sea posible hacerlo, los tribunales podrán revocar la legislación secundaria o emitir una “declaración de incompatibilidad” respecto de la legislación primaria. Las decisiones del Gobierno del Reino Unido en casos particulares pueden ser anuladas por los tribunales y es ilegal que una autoridad pública actúe de manera incompatible con los derechos consagrados en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
280.La legislación de lucha contra el terrorismo es examinada periódicamente por el Revisor Independiente de la Legislación en materia de Terrorismo, que puede formular recomendaciones al Gobierno del Reino Unido. En su informe sobre la aplicación de las principales leyes de lucha contra el terrorismo, publicado el 1 de diciembre de 2016, el entonces Revisor Independiente expresó su opinión de que, en conjunto, eran leyes suficientemente sólidas, aplicadas de manera responsable y supervisadas rigurosamente por el Parlamento y los tribunales. También observó que, desde 2011, las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos han solido ratificar la compatibilidad de distintos elementos de la legislación del Reino Unido aplicables al terrorismo con las normas europeas de derechos humanos.
281.Las estadísticas sobre la aplicación de las facultades conferidas a la policía en virtud de la Ley de Lucha contra el Terrorismo de 2000 pueden consultarse en el portal del Gobierno del Reino Unido. Los agentes de policía que trabajan en labores policiales de lucha contra el terrorismo reciben distintas formaciones adecuadas a sus funciones y responsabilidades individuales. Esos cursos son objeto de revisiones periódicas a cargo, entre otros, de la Inspección de Servicios Policiales y de Bomberos y Socorro del Reino Unido.
282.Cuando se han presentado denuncias contra el Reino Unido por incumplimiento de las normas internacionales, esas denuncias han sido debidamente investigadas y se ha proporcionado reparación por la infracción cometida. Véase, asimismo, la respuesta del Gobierno del Reino Unido al párrafo 33 del presente informe.
283.Tras los atentados terroristas de Londres (el 22 de marzo, el 3 de junio y el 19 de junio de 2017) y de Manchester (el 22 de mayo de 2017), la Primera Ministra ordenó que se llevara a cabo un examen de la estrategia de lucha contra el terrorismo del Reino Unido para asegurarse de que la policía y los servicios de seguridad disponen de todas las facultades que necesitan para hacer frente a esa amenaza.
Párrafo 49Otra información
284.El 23 de junio de 2016, el Reino Unido celebró un refer e ndum sobre su pertenencia a la Unión Europea. El Reino Unido votó a favor de abandonar la UE. El 29 de marzo de 2017, la Primera Ministra notificó a la UE la intención del Reino Unido de dejar de formar parte de la organización y de iniciar el proceso oficial de retirada. El 13 de julio de 2017, el Gobierno del Reino Unido presentó el proyecto de la Ley de Retirada de la Unión Europea en el Parlamento del Reino Unido. Ese proyecto de ley se encuentra actualmente en la fase de tramitación parlamentaria.
285.En septiembre de 2017, una investigación encubierta de la BBC en el centro de internamiento de inmigrantes de Brook House, gestionado por la empresa de seguridad G4S, reveló acusaciones de maltrato de las personas internadas en ese centro por algunos miembros del personal de G4S. El Gobierno del Reino Unido condena todo acto que ponga en peligro la seguridad o la dignidad de los internos y espera de los agentes de custodia y otras personas que trabajan con los internos que observen las normas más estrictas en su labor. Todas las personas internadas deberían ser tratadas con dignidad y respeto y el Gobierno del Reino Unido espera que G4S realice una investigación exhaustiva de esas acusaciones y se adopten con prontitud y rigor todas las medidas necesarias.