Source: http://www1.umn.edu/humanrts/cases/espanol/Speru47-00.html
Timestamp: 2013-05-23 06:14:14
Document Index: 44338135

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo\n66', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo\n7', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 51']

Pacotaype Chaupin, Martin Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno and Isaias
Huaman Vilca v. Peru, Caso 10.908, Informe Nº 47/00, Inter-Am. C.H.R., OEA/Ser.L/V/II.106 Doc. 3 rev. en 1175 (1999). I. RESUMEN
1. Mediante dos diferentes peticiones presentadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisión") por las organizaciones no gubernamentales Centro de Estudios y Acción para la Paz (CEAPAZ) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) (mencionadas conjuntamente en adelante como "el peticionario") el 27 de marzo de 1991 y el 10 de abril de 1991, respectivamente, se denunció que la República del Perú (en adelante "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") violó los derechos humanos de los señores Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca, al detenerlos el 14 de marzo de 1991 por medio de efectivos policiales y luego desaparecerlos. El Estado alega que los señores Pacotaype Chaupín, Cayllahua Galindo, Cabana Tucno y Huamán Vilca no fueron detenidos por fuerzas policiales. La Comisión concluye que Perú violó en perjuicio de las mencionadas personas los derechos consagrados en los artículos 7, 5, 4, 3, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante "la Convención" o "la Convención Americana"), en concordancia con lo establecido en su artículo 1(1), y efectúa las recomendaciones
pertinentes al Estado peruano.
3. Señala que desde diciembre de 1990 la Policía General de la localidad de Chuschi, Distrito del mismo nombre, provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho, había estado exigiendo la formación de una Ronda de Defensa Civil, a lo que las autoridades del lugar se habían negado, para evitar ser víctimas de un enfrentamiento directo con los grupos alzados en armas y porque existía en el lugar un Comité de Vigilancia contra el Terrorismo, que estaba apoyando a la Comisaría de la Policía General. Alega también que la policía del lugar estaba molesta con las autoridades civiles y comunales, dado que éstas se oponían a detenciones que la policía hacía de comuneros del lugar, con el objeto de exigir comestibles a los familiares a cambio de su liberación. 4. Refiere que el día 14 de marzo de 1991, a las 5:00 p.m., una patrulla del Ejército del Cuartel Militar de Pampacangallo, conformada por aproximadamente 25 soldados, ingresaron a la localidad de Chuschi del Distrito del mismo nombre, provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho, y se acantonaron en la Comisaría de la Policía General del lugar. 5. Indica que a las 11:30 p.m. el Alférez PNP-PG Luís Bobadilla Cuba, también conocido como "largo", el Sargento PNP-PG Morales Ampia, también conocido como "Brujo", y otros dos miembros de la Comisaría de la Policía General del Distrito de Cushi, allanaron diversos domicilios
de la localidad en busca de las autoridades civiles y comunales del lugar,
al Alcalde del lugar, señor Manuel Pacotaype Chaupín, al Secretario Edil, señor
Martín Cayllahua Galindo, al Teniente Gobernador, señor Marcelo Cabana Tucno
y al señor Isaías Huamán Vilca. El peticionario ha producido los testimonios
de testigos de las detenciones y del posterior traslado de los detenidos al
Cuartel Militar de Pampacangallo, entre ellos el de la señora Yrena Huamaní,
esposa del señor Martín Cayllahua Galindo; el de la señora Francisca Tucno
Pacotaype, esposa del señor Manuel Pacotaype Chaupín; el de la señora María
Julia Cayllahua de Huaycha, hermana del señor Martín Cayllahua Galindo; el
la señora Teófila Rocha, esposa del señor Marcelo Cabana Tucno, y el de los
señores Julio Mejía Rojas, Julio Núñes Galindo, Rufino Galindo Micuylla, Serapio
Vilca Galindo, Demetrio Galindo Quispe, Daniel Núnes Huamani, Faustino Mejía
Galindo y Aquilino Mendoza Cayllahua, quienes la noche de los hechos fungían
como vigías apostados en la plaza de Chusqui, por disposición de la policía
del lugar, y en tal carácter señalaron que no hubo ningún ataque de grupos
sino que los propios efectivos policiales y militares fingieron tal ataque.
6. Relata que el Alcalde del lugar, señor Manuel Pacotaype Chaupín, estaba casado con la señora Francisca Tucno Chipana, y era padre de cinco hijos, llamados Adolfo, Adela, Rómulo, Rafael y Ronal Pacotaype Tucno. Por su parte, el Secretario Edil, señor Martín Cayllahua Galindo, se encontraba casado con la señora Yrena Huamaní Conde, y tenía cuatro hijos: Víctor Alex, Roger Santos, Nieves e Inés Cayllahua Huamaní. A su vez, el Teniente Gobernador, señor Marcelo Cabana Tucno, se encontraba casado con la señora Teófila Rocha Pacotaype. 7. Señala que mientras los policías efectuaban los mencionados allanamientos y detenciones, los efectivos militares los apoyaron haciendo disparos y detonando tres artefactos explosivos en distintos lugares de la localidad, tratando de aparentar así una incursión de grupos armados. 8. Aduce que las esposas de los detenidos, y el pueblo en general, se reunieron en asamblea tan pronto ocurrieron los hechos, y se apersonaron a la Comisaría policial, a las 3:00 a.m. de esa madrugada del 15 de marzo de 1991, a reclamar por las detenciones. Sin embargo, los policías negaron haber detenido a las víctimas.
9. Sostiene que los señores Pacotaype Chaupín, Cayllahua Galindo, Cabana Tucno y Huamán Vilca fueron llevados amarrados y encapuchados a la Comisaría
del lugar, en donde permanecieron hasta las 5:00 a.m. de esa madrugada del
de marzo de 1991, oportunidad en la cual efectivos militares, acompañados de
efectivos de la Policía General, se los llevaron con rumbo al Cuartel Militar
de Pampacangallo. El grupo de detenidos, militares y policías fue seguido
las esposas de los detenidos, y por otras señoras del lugar, primero a pie
y luego en un vehículo de línea. El grupo pasó por la localidad de Uchuiri
la localidad de Ccatarara. En el trayecto, los militares tomaron el vehículo
del señor Zenobio Quispe y obligaron al señor Orlando Quicaña a conducirlos
a Huaccancca-Ccasa, luego de lo cual caminaron dos kilómetros, con los detenidos,
hasta el Cuartel Militar de Pampacangallo. No obstante que el traslado de
detenidos y su ingreso al mencionado Cuartel Militar fue observado por sus esposas y por numerosos testigos, los militares del Cuartel de Pampacangallo negaron
tenerlos detenidos. 10. Refiere que los familiares de las víctimas, diversos comuneros y organizaciones no gubernamentales realizaron múltiples gestiones para tratar de obtener la liberación de las víctimas. Dichas gestiones fueron realizadas por ante diversas autoridades locales y nacionales, judiciales, ejecutivas y legislativas. Así, el 14 de marzo de 1991 las señoras Yrena Huamaní, Francisca Tucno de Pacotaype y Teófila Rocha dirigieron un escrito sobre los hechos al Fiscal Superior Encargado de Derechos Humanos de Huamanga, y posteriormente se efectuaron denuncias ante la Fiscalía Provincial en lo Penal de Ayacucho, ante la Fiscalía Provincial de Cangallo, ante la Fiscalía Superior Decana de Ayacucho y ante el Fiscal de la Nación. Se ejerció también una acción de garantías. Asimismo, hubo gestiones ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado y ante el Prefecto de la Región Libertadores-Wari. El 19 de marzo de 1991 se interpuso habeas corpus ante el Juez instructor de Cangallo, Ayacucho. La prensa también informó con detalle sobre los hechos. No obstante todas las gestiones antes mencionadas, las víctimas nunca aparecieron.
12. El Estado contestó el 22 de julio de 1991, y alegó que conforme a información del Ministerio de Defensa del Perú, el Comando Conjunto
de las Fuerzas Armadas determinó lo siguiente:
1.- Que el 14 de marzo de 1991, una patrulla del Ejército Peruano alertó al Alférez Jefe del Puesto de Control Territorial "Chusqui", sobre el ingreso a Pomabamba de 40 delincuentes subversivos, los mismos
que por la información de los pobladores se habrían retirado hacia Chusqui,
por lo que dicho Jefe de Puesto tomó las medidas del caso ante un posible
ataque subversivo, retirándose la patrulla EP el 14 de marzo de 1991, aproximadamente
a las 21:00 horas, hacia la base Pampa Cangallo, llegando el 15 de marzo
2.- Por informaciones del Jefe del Puesto de Control Territorial "Chusqui", este local policial fue objeto de hostigamiento con armas de fuego, explosivos y arengas a la lucha armada desde las faldas
de un cerro, el 15 de marzo de 1991, repeliendo esta agresión.
15. El 18 de diciembre de 1992 Perú informó que una vez concluidas las investigaciones se determinó que los efectivos de la Policía Nacional destacados en el Distrito de Chuschi no participaron en la presunta detención/desaparición objeto del presente caso. IV. ANÁLISIS A. Consideraciones sobre admisibilidad
La Comisión pasa a analizar los requisitos de admisibilidad de una petición establecidos en la Convención Americana. a. Competencia ratione materiae, ratione personae, ratione temporis y rationi loci de la Comisión
17. El hecho de que en las primeras etapas del proceso, es decir, dentro de los 90 días que se le conceden para informar sobre los hechos denunciados, el Estado no haya objetado el agotamiento de los recursos internos sería suficiente para que la Comisión tenga por satisfecho el requisito establecido en el artículo 46(1)(a) de la Convención. 18. La Comisión decidió recientemente en forma conjunta un grupo de 35 casos que involucraban a 67 personas desaparecidas en diversos Departamentos del Perú durante el período 1989-1993, y analizó en detalle el fenómeno general de las desapariciones en ese país. En tales informes la Comisión señaló que el habeas corpus era el recurso adecuado en los casos de desapariciones para tratar de hallar a una persona presuntamente detenida por las autoridades, averiguar sobre la legalidad de la detención y, llegado el caso, lograr su libertad. La CIDH concluyó igualmente que a los fines de la admisibilidad de denuncias ante este organismo no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos, dado que durante el período 1989-1993 existió en Perú una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público, que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones. En dichos informes la Comisión señaló textualmente lo siguiente: Tal y como se ha referido anteriormente, los familiares de las víctimas efectuaron numerosas gestiones ante diversas autoridades, judiciales, ejecutivas (militares) y legislativas, tendientes a la localización y liberación de las víctimas. Tales gestiones incluían normalmente recursos de habeas corpus; denuncias al Fiscal de la Nación, al Fiscal Superior Decano (), al Fiscal Especial de Derechos Humanos (), a la Fiscalía Especial de Defensoría del Pueblo, a las Fiscalías Provinciales; gestiones
Sin embargo, la Corte ha también establecido que los recursos internos deben ser eficaces, es decir, que deben ser capaces de producir el resultado para el que han sido concebidos y que en caso de comprobarse la existencia de una práctica o política ordenada o tolerada por el poder público, cuyo efecto es impedir a ciertos demandantes la utilización de los recursos internos que, normalmente, estarían al alcance de los demás, acudir a dichos recursos se convierte en una formalidad sin sentido, por lo que se hacen plenamente aplicables las excepciones al agotamiento de los recursos internos contempladas en el artículo 46(2) de la Convención. En el análisis del fondo del asunto, contenido en la sección VI, infra, la Comisión determina que en Perú existió durante el período en el que ocurrieron los hechos denunciados una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público. Por tanto, y comoquiera que dicha práctica tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones, la Comisión establece que, a los fines de la admisibilidad de denuncias a esta Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro--, con el objeto de agotar los recursos internos. En consecuencia, la Comisión considera plenamente aplicable la regla de excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46(2) de la Convención. 2 19. La Comisión considera plenamente aplicables las anteriores consideraciones al presente caso, por tratarse de una denuncia de desaparición forzada ocurrida en el año 1991, que ha sido imputada a la Policía y al Ejército peruano. Dicha desaparición habría ocurrido dentro de la época (1989-1993) en que la Comisión determinó, conforme a la cita anterior, que en Perú existió una práctica o política de desapariciones ordenada o tolerada por diversas autoridades del poder público que tornó completamente ineficaz el recurso de habeas corpus en los casos de desapariciones, por lo que la Comisión estableció que a los fines de la admisibilidad de denuncias a la Comisión, no era necesario intentar el recurso de habeas corpus --ni ningún otro-- con el objeto de agotar los recursos internos. Por tanto, la Comisión concluye que en el presente caso
e. Caracterización de los hechos 23. La Comisión considera que la exposición del peticionario se refiere a hechos que de ser ciertos podrían caracterizar una violación de derechos garantizados en la Convención, puesto que tal y como se estableció supra, el tema sometido a la decisión de la Comisión es la desaparición forzada de varias personas. 24. Por todas las razones anteriormente expuestas la Comisión considera que tiene competencia para conocer de este caso y que de conformidad con los artículos 46 y 47 de la Convención Americana la petición es admisible, en los términos anteriormente expuestos. B. Consideraciones sobre el fondo
recibieron una gran margen de discreción para combatir a Sendero
Tortura y ejecución extrajudicial de los detenidos Cuando las víctimas no morían a causa de las torturas, se procedía generalmente a ejecutarlas en forma sumaria y extrajudicial. Los cadáveres eran luego ocultados, mediante su enterramiento en lugares secretos, escogidos con el propósito de que fuera prácticamente imposible encontrarlos.
En efecto, una política de desapariciones, auspiciada o tolerada por el Gobierno, tiene como verdadero propósito el encubrimiento y destrucción de la prueba relativa a las desapariciones de los individuos objeto de la misma. Luego, y por virtud de la acción estatal, el peticionario está privado de pruebas de la desaparición, pues esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas. Es el caso que, tal y como ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos: ... a diferencia del Derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado.
27. De acuerdo a la doctrina de la Comisión anteriormente reseñada, el principio general es que en los casos de desapariciones en donde haya suficientes indicios de prueba, a juicio de la Comisión, de que la detención fue efectuada presumiblemente por agentes del Estado en el marco general de la política oficial de desapariciones, la Comisión presumirá que la víctima fue desaparecida por agentes del Estado peruano, salvo que dicho Estado haya probado lo contrario. 28. En aplicación de dichas consideraciones al presente caso, la Comisión, en relación a la detención de las víctimas, observa que el peticionario alega que los señores Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca fueron detenidos el día 14 de marzo de 1991 en la localidad de Chuschi del Distrito del mismo nombre, provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho, por efectivos policiales de la Comisaría policial local, quienes actuaron apoyados por efectivos militares del Cuartel Militar de Pampacangallo. Sostiene que la detención se produjo en el domicilio de las víctimas, mientras las fuerzas policiales y militares simulaban un enfrentamiento con grupos armados, y agrega que los detenidos fueron llevados el 15 de marzo de 1991 al Cuartel Militar de Pampacangallo, lo cual fue observado por sus esposas y por numerosos testigos, y que luego desaparecieron. 29. Al respecto, y en base a los hechos narrados por el peticionario y el testimonio que recoge de la señora Yrena Huamaní, esposa del señor Martín Cayllahua Galindo; de la señora Francisca Tucno de Pacotaype, esposa del señor Manuel Pacotaype Chaupín; de la señora María Julia Cayllahua de Huaycha, hermana del señor Martín Cayllahua Galindo; de la señora Teófila Rocha, esposa del señor Marcelo Cabana Tucno, y de los señores Julio Mejía Rojas, Julio Núñes Galindo, Rufino Galindo Micuylla, Serapio Vilca Galindo, Demetrio Galindo Quispe, Daniel Núñes Huamani, Faustino Mejía Galindo y Aquelino Mendoza Cayllahua, quienes la noche de los hechos fungían como vigías apostados en la plaza de Chusqui, el modus operandi de la detención, y los demás indicios probatorios, entre los cuales se cuentan el detallado informe elaborado por la Comisión
Investigadora designada por el Senado de la República, las gestiones y recursos
a nivel interno tendientes a la localización y liberación de las víctimas,
los informes elaborados por los propios policías y militares para negar que
detenciones hayan sido practicadas por efectivos policiales o militares, sin
que el Estado peruano haya llevado a cabo una investigación judicial seria
los graves hechos ocurridos, a lo cual puede sumarse la circunstancia de que
dichas detenciones ocurrieron en 1991, época en que conforme a lo establecido
por la Comisión existió una práctica sistemática y selectiva de desapariciones
forzadas, llevada a cabo por agentes del Estado peruano, o al menos tolerada
por dicho Estado, la Comisión concluye que cuenta con suficientes elementos
para establecer la veracidad de los hechos denunciados, respecto a la detención
de las víctimas.4
31. Por tanto, y conforme a la mencionada doctrina de la Comisión, correspondía al Estado peruano probar que no desapareció a los señores Pacotaype Chaupín, Cayllahua Galindo, Cabana Tucno y Huamán Vilca. Al efecto, la Comisión observa que el Estado no consignó ninguna prueba tendiente a demostrar que no desapareció a los señores Pacotaype Chaupín, Cayllahua Galindo, Cabana Tucno y Huamán Vilca, sino mas bien negó que los hubiera detenido. 32. Con base en las razones anteriormente expuestas, la Comisión concluye que el Estado peruano, a través de efectivos policiales de la Comisaría policial local, quienes actuaron apoyados por efectivos militares del Cuartel Militar de Pampacangallo, detuvo a los señores Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca el día 14 de marzo de 1991 en la localidad de Chuschi del Distrito del mismo nombre, provincia de Cangallo, Departamento de Ayacucho, y que posteriormente procedió a desaparecerlos.
34. La Comisión procede ahora a analizar las violaciones específicas de los derechos consagrados en la Convención que la desaparición de los señores Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca implican, por parte del Estado peruano. Derecho a la libertad personal (artículo 7 de la Convención)
42. En este sentido, el artículo 7(5) de la Convención Americana prescribe que "toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad". El numeral (6) de dicho artículo añade: "Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención (...)". La Comisión también ha señalado que toda persona privada de su libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos
49. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que la desaparición forzada de personas implica "con frecuencia la ejecución de los detenidos, en secreto y sin fórmula de juicio, seguida del ocultamiento del cadáver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de procurar la impunidad de quienes lo cometieron, lo que significa una brutal violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención". La Corte estableció asimismo que el hecho de que una persona esté desaparecida
de su vida.8 50. En el caso de los señores Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca ha quedado establecida su desaparición por agentes estatales, y existen elementos suficientes para presumir su muerte, considerando que ya han transcurrido más de nueve años de su detención y desaparición, y que los responsables son agentes del Estado.
51. Por lo tanto, la Comisión considera que el Estado peruano violó en perjuicio de las víctimas el derecho a la vida, que es un derecho
59. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos confirma lo establecido en la legislación interna cuando se refiere
60. El Estado no puede eludir, bajo argumento alguno, su deber de investigar un caso que involucre la violación de derechos humanos elementales.
61. El derecho a ser presentado ante un juez competente es una garantía fundamental de los derechos de todo detenido. Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la supervisión judicial sobre la detención, a través del habeas corpus, "cumple una función esencial, como medio para controlar el respeto a la vida e integridad de la persona, para impedir su desaparición o la indeterminación de su lugar de detención, así como para protegerla contra la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".14 62. Precisamente por este motivo es que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 27, ha establecido que no pueden suspenderse
63. Asimismo, ha señalado la Corte: "El carácter judicial de tales medios implica la intervención de un órgano independiente e imparcial,
Estado de excepción"16 y "[D]ebe entenderse que... la implantación del estado de emergencia --cualquiera que sea la dimensión o denominación con que se le considere en el derecho interno-- no puede comportar la supresión o la pérdida de la efectividad de las garantías judiciales que los Estados Partes están obligados a establecer, según la misma Convención, para la protección de los derechos no susceptibles de suspensión o de los no suspendidos en virtud del estado de emergencia".17 64. Esto incluye también --según la Corte Interamericana de Derechos Humanos-- el derecho al debido proceso legal contenido en el artículo
66. En el presente caso se ha demostrado que el Estado peruano no ha cumplido con la previsión del artículo 1(1) de la Convención de "respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y de garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción", por haber violado los derechos contemplados en los artículos 7, 5, 4, 3, 8 y 25 de la
67. La primera obligación de los Estados, emergente del artículo 1(1) de la Convención, es la de respetar los derechos y libertades de todos
69. La segunda obligación prevista en el artículo 1(1) es la de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertades reconocidos
70. El Estado en un caso de "desaparición forzada" tiene el deber de determinar el destino y situación de la víctima, sancionar
ejercicio de los derechos y garantías de los señores Manuel Pacotaype Chaupín,
Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca.
72. Mediante Nota No 7-5-M/556, de fecha 17 de diciembre de 1999, el Estado transmitió a la Comisión sus consideraciones al Informe No 98/99 y manifestó su desacuerdo con aspectos de hecho y de derecho reflejados
73. El Estado peruano indicó su discrepancia específica con la conclusión de la CIDH a que se refiere el párrafo 77 infra, insistiendo al efecto que los señores Pacotaype Chaupín, Cayllahua Galindo, Cabana Tucno
y Huamán Vilca no fueron detenidos por efectivos policiales. Agregó que "en consecuencia, no resultan admisibles las recomendaciones de la CIDH, más aún cuando la investigación efectuada en su oportunidad sobre la presunta desaparición y posterior desaparición de Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca, considerando las circunstancias de violencia terrorista, fue seria e imparcial, y no determinó responsabilidad alguna de los agentes del Estado peruano". 74. Finalmente el Estado señaló, respecto a las leyes de amnistía Nos. 26479 y 26492, que "ambas normas fueron aprobadas por el Congreso de la República en el ejercicio de las funciones que la Constitución política le confiere, y forman parte de la política de pacificación iniciada por el Estado peruano".
76. Con respecto al alegato de Perú respecto a que las leyes de amnistía se ajustan a la Constitución peruana, la Comisión considera importante
tanto de la Declaración Americana como de la Convención.22 Estas decisiones, coincidentes con el criterio de otros órganos internacionales de derechos humanos respecto a las amnistías,23 han declarado en forma uniforme que tanto las leyes de amnistía como las medidas legislativas comparables que impiden o dan por terminada la investigación y juzgamiento de agentes del Estado que puedan ser responsables de serias violaciones de la Convención o la Declaración Americana, violan múltiples disposiciones de estos instrumentos.24 Esta doctrina ha sido confirmada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha establecido que los Estados partes tienen el deber
de "investigar las violaciones a los derechos humanos, procesar a los responsables y evitar la impunidad".25 La Corte ha definido la impunidad como la falta de investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos, y ha afirmado que los Estados tienen la obligación de combatir esta situación por todos los medios legales disponibles, ya que la impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos y la total indefensión de las víctimas y sus familiares.26 Los Estados partes en la Convención Americana no pueden invocar disposiciones de su derecho interno, tales como leyes de amnistía, para incumplir su obligación de garantizar el funcionamiento completo y debido de la justicia.27
77. La Comisión reitera su conclusión respecto a que el Estado peruano, a través de efectivos policiales de la Comisaría policial local, quienes
actuaron apoyados por efectivos militares del Cuartel Militar de Pampacangallo,
detuvo a los señores Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo,
Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca el día 14 de marzo de 1991 en la localidad
de Chuschi del Distrito del mismo nombre, provincia de Cangallo, Departamento
de Ayacucho, y que posteriormente procedió a desaparecerlos, por lo cual
Estado peruano es responsable de la violación del derecho a la libertad (artículo
7), del derecho a la integridad personal (artículo 5), del derecho a la vida
(artículo 4), del derecho a la personalidad jurídica (artículo 3) y del derecho
a un recurso judicial efectivo (artículo 25) consagrados en la Convención
sobre Derechos Humanos. Igualmente, ha incumplido su obligación general de
respetar y garantizar el ejercicio de estos derechos consagrados en la Convención, en los términos del artículo 1(1) de dicha Convención.
1. Llevar a cabo una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar las circunstancias de la desaparición de los señores
Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno
Huamán Vilca y para sancionar a los responsables con arreglo a la legislación
peruana. 2. Dejar sin efecto toda medida interna, legislativa o de otra naturaleza, que tienda a impedir la investigación, procesamiento y sanción
Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo Cabana Tucno e Isaías
Vilca. En tal virtud, el Estado debe dejar sin efecto las Leyes Nos. 26479
3. Adoptar las medidas necesarias para que los familiares de los señores Manuel Pacotaype Chaupín, Martín Cayllahua Galindo, Marcelo
Cabana Tucno e Isaías Huamán Vilca reciban adecuada y oportuna reparación
por las violaciones
VIII. PUBLICACIÓN 78. El 2 de marzo de 2000, la Comisión transmitió el informe 16/00 --cuyo texto es el que antecede-- al Estado peruano y al peticionario, de conformidad con lo establecido en el artículo 51(2) de la Convención, y le otorgó un plazo adicional al Estado para el cumplimiento de las recomendaciones precedentes. En fecha 31 de marzo de 2000, Perú remitió una comunicación a la Comisión en la cual reiteró consideraciones efectuadas respecto a las conclusiones de hecho y de derecho de la Comisión, y no acreditó haber efectuado ninguna acción relacionada con el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión. 79. En virtud de las consideraciones que anteceden, y de lo dispuesto en los artículos 51(3) de la Convención Americana y 48 de su Reglamento, la Comisión decide reiterar la conclusión y las recomendaciones contenidas en los capítulos VI y VII supra; hacer público el presente informe e incluirlo en su Informe Anual a la Asamblea General de la OEA. La Comisión, en cumplimiento de su mandato, continuará evaluando las medidas adoptadas por el Estado peruano respecto a las recomendaciones formuladas, hasta que éstas hayan sido cumplidas.
1 El Estado peruano depositó el instrumento de ratificación de la Convención Americana el 28 de julio de 1978. 2 CIDH, Informe N° 51/99, Caso 10.471 y otros (Perú), Informe Anual 1998, párrafos 58 al 63. Ver en el mismo sentido, CIDH, Informes Nos. 52/99, 53/99, 54/99, 55/99, 56/99 y 57/99, (Perú), Informe Anual 1998. 3 CIDH, Informe N° 51/99, Caso 10.471 y otros (Perú), Informe Anual 1998, párrafos 68 al 95. Ver en el mismo sentido, CIDH, Informes Nos. 52/99, 53/99, 54/99, 55/99, 56/99 y 57/99, (Perú), Informe Anual 1998.