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Timestamp: 2018-09-22 17:12:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 32', 'artículo 10', 'artículo 35', 'artículo 31', 'artículo 25']

DS. Senado, Comisiones, núm. 355, de 07/10/2014
Sesión celebrada el martes, 7 de octubre de 2014
La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, señorías. Comenzamos la sesión de la Comisión de Cultura convocada para el día de hoy, 7 de octubre de 2014.
En primer lugar, corresponde la aprobación del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 30 de septiembre de 2014. ¿Alguno de ustedes desea hacer algún comentario? (Denegaciones). ¿Puede entenderse que se aprueba por asentimiento? (Asentimiento). Queda aprobada.
El único punto del orden del día es el dictamen del Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.
A este proyecto de ley, señorías, se presentaron 6 propuestas de veto y 209 enmiendas, una de las cuales, la número 143, del Grupo Entesa pel Progrés de Catalunya, fue posteriormente retirada.
El día 30 de septiembre la comisión designó ponencia, que quedó integrada de la siguiente forma: don Joan Baptista Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió; don Alberto Casero Ávila, del Grupo Parlamentario Popular; don Pedro Eza Goyeneche, del Grupo Parlamentario Mixto; don Domingo Francisco Fuentes Curbelo, del Grupo Parlamentario Socialista; don Alberto Gutiérrez Alberca, del Grupo Parlamentario Popular; doña María Elvira Larriba Leira, del Grupo Parlamentario Popular; don Carlos Martí Jufresa, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya; don Jesús Martín Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Rut Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco, y don Felix Montes Jort, del Grupo Parlamentario Socialista.
La ponencia se reunió el día 2 de octubre y emitió informe, en el que se incorporan al proyecto de ley las 5 enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y una enmienda transaccional presentada por todos los grupos parlamentarios. Asimismo, se han incluido diversas correcciones contenidas en el informe elaborado por la letrada de la comisión.
A continuación, pasamos al debate de las propuestas de veto. Quiero indicar a todos los portavoces, por supuesto con la flexibilidad que esta Presidencia suele tener —más o menos, porque, si no, puede ser un debate muy largo— los tiempos establecidos: para la defensa de los vetos, 10 minutos; para el turno en contra, 15 minutos; para el turno de portavoces, 5 minutos. Después votaremos y pasaremos al debate de las enmiendas, para cuya defensa dispondrán de 10 minutos; para el turno en contra, 15 minutos y para el turno de portavoces, 5 minutos. Si esos tiempos les parecen bien, nos podemos ir a 4 horas. Pero les recuerdo, sobre todo a los portavoces, que al terminar la comisión tendremos reunión de Mesa y Portavoces. Por tanto, está en su mano que se cumplan estos tiempos o que la comisión sea más breve. En cualquier caso, la ley es de la suficiente importancia y entidad como para que —vuelvo a repetir—, si algún portavoz utilizara algún minuto más, esta Presidencia sea flexible.
Por lo tanto, señorías, pasamos a la defensa de las propuestas de veto. Propuesta de veto número 1, presentada por la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra el senador Eza.
El señor EZA GOYENECHE: Señora presidenta, si me permite, como portavoz del Grupo Mixto, tengo que decir que —entre comillas— voy a regalar unos cuantos minutos, porque tendré que dar por defendido el veto de la senadora Capella i Farrè, de Esquerra Republicana de Catalunya, así como el de los senadores Iglesias y Mariscal, de Izquierda Unida, y el de los señores, de Amaiur. Evidentemente, remito a sus señorías al texto y no tengo nada más que decir. Unión del Pueblo Navarro no ha presentado ningún veto y, por tanto, es un debate que dejo a sus señorías, porque yo no voy a entrar siquiera a considerar estos textos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Eza.
Damos, por tanto, por defendida la propuesta de veto número 1, la propuesta de veto número 2, del senador Iglesias Fernández y el senador Mariscal Cifuentes, y la propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por los senadores Aiartza Azurtza y Goioaga Llano y la senadora Mendizábal Azurmendi.
Pasamos entonces a la propuesta de veto número 4, presentada conjuntamente por los señores Guillot y Saura. Tiene la palabra el senador Martí.
El señor MARTÍ JUFRESA: Doy por defendido este veto, señora presidenta, aunque no el siguiente.
Propuesta de veto número 5, presentada conjuntamente por la senadora Almiñana Riqué y los senadores Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y la senadora Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés. El senador Martí tiene la palabra.
El señor MARTÍ JUFRESA: Muchas gracias, señora presidenta.
Este proyecto de ley se inscribe en un telón de fondo que cabe tener presente en todo momento, que es el debate sobre cómo debe producirse la financiación de la cultura. No en vano, legislar la propiedad intelectual es reconocer y regular la remuneración del derecho de autor y, por tanto, una de las fuentes de financiación de la cultura.
En este contexto se presenta y, a nuestro juicio, debe leerse esta propuesta de reforma de la Ley de propiedad intelectual que, ya de entrada, se considera a sí misma, parcial y provisional. Es un proyecto de ley que nos parece que aporta poco, si acaso la seguridad jurídica de trasponer algunas directivas de la Unión Europea, la aclaración incompleta de lo que se conoce como las citas y reseñas y, con un poco más de entidad, la ampliación de facultades para combatir la piratería cultural, aunque recursos para ello no hay ninguno. En cambio, nos parece que este proyecto de ley quita mucho a la cultura y, en particular, a su financiación. Además, señorías, nos parece que lo hace de una manera un punto cobarde porque, como intentaré demostrar seguidamente, tira la piedra y esconde la mano en cuanto a la financiación de la cultura en nuestro país. Para hacer esta afirmación me baso en tres elementos: el primero, que este proyecto de ley consolida el modelo de compensación de la copia privada vía Presupuestos Generales del Estado. Este es un modelo cuestionado por la justicia, cada día más. El propio Tribunal Supremo hace muy poco ha expresado sus dudas al respecto y ha elevado una solicitud de prejuicio a la Unión Europea. Es un modelo único en toda la Unión Europea; reciente y único. Pero, además, se ampara en una falacia que es considerar ilícitas muchas de las reproducciones hasta ahora consideradas privadas para no tener que compensarlas o ampliar de una manera muy forzada las excepciones a esta compensación. En total, señorías —y por ello digo que tira la piedra y esconde la mano— antes se disponía de 115 millones de euros para la cultura, a través de esta compensación, ahora, vía Presupuestos Generales del Estado, solo se dispone de 5 millones de euros.
El segundo argumento es que, precisamente, con la excusa del control y transparencia de las entidades colectivas de gestión de los derechos de autor, en realidad lo que se hace es reducir su capacidad de negociación y de recaudación, cambiando procedimientos, determinación de tarifas, capacidad para generar convenios, plazos, un sinfín de medidas muy poco claras pero que tienden todas a lo mismo, a cercenar la capacidad de negociación y recaudación de estas entidades, lo que al final va a llevar, sin ninguna duda, a menos ingresos ordinarios para los autores y, en todo caso, de una forma mucho más conflictiva. Parece como si el Gobierno o el Partido Popular quisieran resarcirse de no haber podido liberalizar el sector de la gestión de los derechos de autor, como estaba en los primeros textos.
Y, el tercero, un argumento menor en relación con su cuantía pero muy simbólico, es la disposición adicional que proclama la rebaja, a través de tarifas especiales, en el pago de los derechos de autor al sector público audiovisual. Es una autoexclusión que simplemente enmascara un recorte más, pero que además raya en lo inmoral y se convierte en altamente simbólica de cómo entiende en realidad el valor de la cultura el Partido Popular: el Gobierno, puesto que es el Gobierno, puede rebajar el precio de esta cultura.
En definitiva, en un contexto de grandísimas dificultades para la financiación e incluso la supervivencia de muchos sectores culturales en España, por la rebaja sostenida y potente de los presupuestos públicos destinados a la cultura y por la subida absolutamente conocida por todo el mundo del tipo de IVA impositivo en los espectáculos culturales, remachado con la renuncia a una auténtica ley de mecenazgo, a todo esto se le añade —si me permiten— un nuevo agravio que lo único que hace es enconar la situación y no abordar de manera clara, directa y diáfana el gran debate de la financiación de la cultura que nuestro país necesita.
Señorías, termino haciendo hincapié en lo que muchas otras veces hemos dicho sobre cómo a nuestro juicio hay que entender el sector cultural en España. Parece que el Gobierno del Partido Popular piensa que nuestro país necesita como locomotora económica y social de referencia a otros sectores —las tecnológicas, el turismo—, pero nosotros continuamos pensando que la cultura es un sector clave y determinante en 3 aspectos de nuestra sociedad: el primero, la riqueza que genera y la capacidad que tiene aún mucho mayor de generar riqueza y puestos de trabajo de manera directa, pero también a través
de la innovación que representa la creación cultural; el segundo, que tiene un valor estratégico inmenso en el posicionamiento global de nuestro país y de nuestras culturas, evidentemente el castellano, pero también las otras lenguas y culturas españolas; y, finalmente, y aún más importante, que el sector cultural define los parámetros de una sociedad moderna, abierta, crítica y plural, que tiene capacidad de progresar y de enfrentarse a los retos que los tiempos van planteando.
En definitiva, señorías, pedimos la retirada de este proyecto de ley y que se fomente algo que simplemente deja en el aire: un gran consenso de todos los sectores culturales y sociales de nuestro país para conseguir una financiación digna y útil para la sociedad española. Les aseguro que se puede conseguir porque en muchos otros países, y en particular los de la Unión Europea, ocurre; hay fórmulas y maneras experimentadas y probadas que funcionan para conseguir que la cultura disponga de la financiación que se merece y que también se merece todo el país.
Para la defensa de la propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fuentes Curbelo.
El señor FUENTES CURBELO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista del Senado presenta este veto por las mismas razones por las que lo presentamos en el Congreso de los Diputados. Partimos de la idea de que el Gobierno está perdido en este asunto y, en el fondo, viene a crear un problema donde no lo había. Cuando ya empezaban a olvidarse las viejas disputas, el Gobierno abre nuevas vías de confrontación dando la espalda a las aspiraciones de los autores y los creadores culturales, a las entidades de gestión de derechos de autor, criminalizando el enlace digital, estableciendo el carácter irrenunciable de los derechos de los editores, con la ventanilla única y con las tarifas.
Este proyecto de ley es producto de un error garrafal que ya cometió el Gobierno nada más tomar posesión en diciembre del año 2011, y pretende corregir este error con otro error. Esto es así porque lo que mal empieza, mal acaba. Pero es que, además, no estamos de acuerdo ni con la oportunidad del proyecto ni con la forma en que se ha tramitado ni con una parte muy relevante de su contenido y su propósito. El veto tiene un objetivo claro e inequívoco: rechazar un proyecto porque no responde a la defensa de los derechos de los autores y creadores culturales; no logrará impulsar el trabajo de las entidades de gestión de derechos, y no defiende los intereses de los usuarios, lo que, a nuestro juicio, no es incompatible con lo anterior.
La de propiedad intelectual es una ley con muchas aristas, con muchos intereses. En muchos casos esos intereses son contrapuestos y generan muchísima controversia; por cierto, alimentada por el Partido Popular cuando estaba en la oposición, cuando asumió compromisos indefendibles que ahora no puede cumplir. El mal, como les dije, empezó con la aprobación del Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, que nos alejó del camino que transitan la mayoría de los países de nuestro entorno, de la Unión Europea. Con este decreto el Gobierno derogó, de facto, la ley que regulaba la compensación por copia privada de un plumazo. Y ahora tratan de corregir ese error con otro error mayúsculo, con un proyecto de poco o de nulo recorrido, que no deja satisfecho absolutamente a nadie, que ha encontrado reparos en el Consejo de Estado, reparos en el Consejo General del Poder Judicial y en el Tribunal Supremo y que entrará sin duda en conflicto con las próximas directivas de la Unión Europea, que ha concitado el rechazo sin precedentes de todos los sectores afectados y que, de no enmendarse, tenemos la certeza de que va a acabar en la jurisdicción ordinaria, que es la que tendrá que interpretar qué pretende el Gobierno con este proyecto de ley. Y, lo que es peor, no corrigen el error cometido en 2011, dejando en suspenso la aplicación de las compensaciones por copia privada y atribuyendo la estimación de esa compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. Un caso único en la Unión Europea denunciado en Bruselas por las entidades de gestión, y el resultado no podía ser peor: un 80% de la industria extranjera se ha embolsado una recaudación que supera los 115 millones.
Los soportes digitales de grabación y reproducción susceptibles de ser utilizados para la producción de copias privadas no han bajado de precio y el usuario sigue pagando lo mismo. La compensación por copia privada sigue saliendo de los bolsillos de todos los españoles, y no digamos ya si llegaran a estimar las demandas y se produjera una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea obligando al Estado español a pagar 400 millones de euros, tal como reclaman las entidades de gestión. Se
esconderían en ese momento; dirían que acatan la resolución y pagarían, pero no buscarían a los responsables de lo que nos podría costar a todos los españoles.
El proceder del Gobierno, desde nuestro punto de vista, ha hecho un daño irreparable a los autores y creadores culturales. Se ha engañado a los usuarios, que siguen pagando los mismos precios, o más, por los soportes digitales; se ha puesto en entredicho a las entidades de gestión y todos los españoles seguimos pagando de nuestros bolsillos las compensaciones por copia privada.
Hemos hablado de falta de oportunidad. Consideramos inoportuno este proyecto porque cuando el Gobierno lo envió a las Cortes Generales ya reconocía su provisionalidad y anunciaba una revisión más profunda, global, dentro de un año. Y cito textualmente al señor Wert en el Congreso, aunque me da miedo citar literalmente por si se considera un fragmento significativo del contenido y me quisieran aplicar una tasa: esta hoja de ruta del Gobierno va a resultar prácticamente imposible. Todavía no hemos terminado de tramitar una ley y están anunciando una reforma parcial y una global, que dudo vaya a llegar a tiempo antes de que acabe la legislatura.
Nos resulta incomprensible que el Gobierno remita a las Cortes Generales un proyecto de ley de una reforma provisional cuando tiene el compromiso de aprobar esa otra ley antes de que acabe el año; vamos a decir antes de que acabe la legislatura. Nos resulta incomprensible que el Gobierno traiga esta ley porque sabe que la propia Unión Europea está pendiente de armonizar el conjunto de legislaciones nacionales en relación con la copia privada, y eso puede ser cuestión de meses. El Gobierno sabe, además, que el Tribunal Supremo expresó sus dudas hace un mes, cuando el proyecto de ley ya había superado el debate en el Congreso de los Diputados, sobre algunos aspectos muy relevantes de él, en concreto sobre el hecho de que se haya imputado el cargo de la compensación por copia privada a los Presupuestos Generales del Estado.
Con respecto a los objetivos de la ley, el Grupo Parlamentario Socialista considera que para traer una ley de este tipo tan complicada, que suscita tanta controversia, es necesario claridad de ideas, de objetivos, saber lo que se quiere hacer, lo que se pretende conseguir, pero, además, necesita sosiego en su tramitación y, sobre todo, diálogo con todos los sectores afectados, y eso nos parece que es lo que ha faltado: el diálogo. Nosotros en el Congreso de los Diputados ya manifestamos nuestra voluntad de diálogo, pero, desgraciadamente, apenas pudimos transar 5 o 6 enmiendas; el resto fueron rechazadas, como la mayoría de las enmiendas presentadas por los demás grupos de la oposición.
Con respecto a los contenidos de la ley, como el veto no va a ser aceptado, hemos presentado unas 35 enmiendas que, a nuestro juicio, podrían mejorar la ley, que nace, como decimos, sin vocación de futuro y sin ambición. En la exposición de motivos de la ley se habla de unos objetivos que nosotros compartimos, es decir, establecer los límites de los derechos de copia privada, ordenar las entidades de gestión de derechos de autor y el control de sus actividades y la mejora de la lucha contra la piratería, así como la trasposición de 2 directivas de la Unión Europea. Pero, desgraciadamente, si siguen adelante con este proyecto, creo que este último objetivo, el de la trasposición de las 2 directivas de la Unión Europea, será el único objetivo alcanzable.
Por último, sobre la criminalización de los enlaces y la irrenunciabilidad al derecho de los editores, nosotros pensamos que en realidad se está abriendo otro frente de conflicto con la creación de la llamada, por unos, tasa Google, y por otros, canon AEDE, pero que en el fondo significan lo mismo, es decir, adelantándose a la Unión Europea y sin tener en cuenta las experiencias fallidas de países de nuestro entorno, como Alemania, Bélgica o Italia, el Gobierno quiere que los agregadores de noticias y contenidos culturales paguen un canon a los grandes editores por enlazar sus contenidos y plantea, además, que este derecho que pretende otorgar a los editores tenga carácter irrenunciable, es decir, que obliga a todos los editores, incluso a aquellos que no desean cobrar por la difusión de fragmentos poco significativos de sus contenidos, los que desean publicar con licencia libre, Creative Commons o Copyleft, porque ya se sienten suficientemente retribuidos por el hecho de que cuando los agregadores les enlazan sus noticias les hacen más competitivos, les envían visitantes y ellos tienen la posibilidad de negociar la publicidad desde una posición más fuerte. Pero es más, el Gobierno en su proyecto de ley plantea que esos derechos sean solo para los grandes editores, ignorando los derechos de los verdaderos creadores de contenidos que constituyen el eslabón más débil de la cadena, que son los periodistas y fotógrafos, a los que incluso en ocasiones se les obliga a renunciar a sus derechos.
Los socialistas, como norma general, estamos de acuerdo en que los derechos deben ser irrenunciables, sobre todo si nos referimos al mundo laboral, porque si renunciamos a algunos serían capaces de quitárnoslos todos. En este caso decimos que si el Gobierno quiere implantar un nuevo
canon, la tasa Google, allá ellos con las consecuencias, pero si eso se consolida y se convalida en la Unión Europea, que la compensación por copia privada se reparta con los verdaderos creadores de los contenidos, que son los periodistas y los fotógrafos.
Si ustedes quieren defender solo los derechos de los editores, nosotros vamos a seguir defendiendo los de los autores y los de las entidades de gestión que les representan. Si quieren defender solo los derechos de los propietarios de los grandes medios de comunicación, nosotros vamos a defender los derechos de los periodistas y los fotógrafos.
Y la pregunta que hacemos, y no es una pregunta retórica, es: ¿hay justificación real para la intervención de la Administración en este asunto? ¿Ese es el camino emprendido por el resto de los países de la Unión Europea y de la propia Unión Europea? ¿No existen otras vías de entendimiento?
Concluyo. Internet se dificulta sin los prestadores de servicios electrónicos de agregación de contenido. Enlazar contenidos es una de las esencias de internet que tiene que seguir siendo un bien público, un instrumento clave para la libertad. Fomentar el acceso libre de los usuarios no tiene por qué ser incompatible con los derechos que asisten a los autores y creadores culturales, que deben recibir una retribución justa por su trabajo y que en el fondo son el objeto de una ley como la que aquí debatimos.
Lo único claro que tenemos en estos momentos es que tenemos delante un proyecto de ley en el que nos dicen que el año que viene tendremos otro más ambicioso, una reforma integral. Por eso, lo sensato es que retiren el proyecto y, cuando tengan las ideas más claras, traigan la reforma global, y aquí nos encontrarán predispuestos a llegar a acuerdos porque hay condiciones objetivas para el acuerdo aunque sea un asunto tan controvertido. Y, ojo, porque en la confrontación cultura-tecnológicas, el día que estas últimas se hagan con los contenidos, ya no hará falta ninguna Ley de propiedad intelectual.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Fuentes Curbelo.
Tiene la palabra el senador Casero Ávila.
El señor CASERO ÁVILA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Seguro que tendremos un ameno e intenso debate esta tarde aquí porque, como han dicho todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra, evidentemente se trata de una ley difícil puesto que contrapone derechos, y siempre que hay una contraposición de derechos, sin ninguna duda, legislar es tremendamente dificultoso y cuanto menos genera intensidad en debates que nosotros consideramos necesarios y que, además, son positivos, puesto que ahora es el momento de que este proyecto de ley pueda mejorarse, pueda enriquecerse y puedan aceptarse determinadas aportaciones al mismo del resto de grupos políticos para mejorarlo y ponerlo en valor.
Es evidente que nosotros no somos partidarios de que se retire este proyecto de ley, que defendemos la posición del Gobierno puesto que existe una necesidad clara y manifiesta de abordar las lagunas regulatorias que han quedado en materia de derechos de protección intelectual y en algunos casos la desprotección que estos mismos tienen y, sin embargo, también entendemos que hay que lograr un equilibrio entre lo que las nuevas tecnologías, el mundo digital y los cambios que internet está produciendo en el mundo cultural, pero también hay que seguir manteniendo esa defensa de los derechos en materia de propiedad intelectual como defensa de la cultura y de los creadores culturales como un elemento de dinamización económica y de puesta en valor de nuestra economía.
Se han presentado seis vetos para impedir que esta ley continúe su trámite en el Senado, uno más que en su debate en el Congreso de los Diputados, y los argumentos son similares. Evidentemente, se mantienen posiciones que contraponen una visión determinada sobre esa colusión de derechos, a la que hacía referencia anteriormente, con la postura que defiende el Gobierno con la reforma y mejora de la Ley de propiedad intelectual, una ley que viene del año 1996, en la que de diferente manera los gobiernos han intentado, sin modificarla directamente, regular y mejorar una serie de derechos a través de otras leyes, pero lo cierto es que es una ley antigua en el tiempo y que no responde a la realidad del año 2014, puesto que pronto hará ya dieciocho años de la promulgación de esa ley, Como digo, sí es cierto que los diferentes gobiernos que se han sucedido han ido legislando a través de otras medidas para ir trabajando y mejorando la defensa, sobre todo, de los derechos de propiedad intelectual.
Puedo entrar a debatir uno a uno los vetos que evidentemente se han defendido y no se han defendido aquí esta tarde, pero entiendo que no estando sus ponentes, de poco serviría el que yo entrara a debatir algunos de los puntos que no son comunes a la mayoría de vetos.
Se ha hecho y se hace referencia en la mayoría de los vetos a la falta de consenso o a la falta de diálogo por parte del Gobierno con los sectores implicados en esta materia. Yo creo que no es cierto. Hay elementos que atestiguan que ha habido diálogo, que el proyecto de ley ha sido lo suficientemente debatido y que, por lo tanto, no es verdad eso de que no se ha permitido a los actores protagonistas de esta ley participar. Otra cosa es que el diálogo, si no tiene un fin determinado, no se considere diálogo. Diálogo se ha producido, conversaciones se han producido; otra cosa es que no se hayan alcanzado los objetivos que se pretendían por parte de los actores que han formado parte de ese diálogo. No solo se han solicitado comentarios a los sectores más implicados, sino que se han celebrado reuniones con todos ellos; así nos lo traslada el ministerio y no solo el ministerio, sino que yo creo que la mayoría de grupos políticos que estamos aquí representados hemos escuchado y hemos mantenido diferentes reuniones con los sectores implicados durante la elaboración del anteproyecto y después de la presentación del proyecto de ley. Es decir, se ha tenido la voluntad de llegar a acuerdos, pero reitero que si uno se sienta a dialogar, y la otra parte entiende que no se ha alcanzado un objetivo, el que no se considere diálogo es otra cosa. Evidentemente, el diálogo es hablar, escuchar o proponer, pero eso no quiere decir que finalmente todo lo que tu propongas tenga que considerarse o estimarse. Además, también se ha sometido el proyecto a un trámite de información pública en línea para que cualquier interesado pudiera presentar aportaciones, comentarios, ideas, que creo que han servido de mejora a la hora de elaborar, como digo, el anteproyecto y a la hora de presentar este proyecto de ley.
Me quedo con las palabras del portavoz de Entesa pel Progrés de Catalunya, que decía que este era un debate fundamentalmente económico, y creo que eso es parte del problema y de la dificultad que el propio proyecto de ley tiene, sobre todo en lo que hace referencia a la copia digital. Ahí se produce uno de los caballos de batalla no solo en España sino, como también han dicho los portavoces, en el ámbito del derecho europeo. No somos ni el primero ni el único país que tiene dificultades a la hora de legislar sobre la copia privada, porque es difícil encontrar homogeneidad en el seno de la Unión Europea a la hora de tener una postura común al regular esta cuestión. Las posturas son diversas. No solo es España la que tiene esa fórmula, que se fijó a finales del año 2011, de cargar la compensación por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Noruega, que no es un país miembro de la Unión Europea y que yo considero que es un país avanzado en materia de protección de derechos de propiedad intelectual y un país avanzado en la defensa de la cultura, aun no perteneciendo a la Unión Europea, aceptó esa directiva porque sí forma parte del espacio económico de la Unión Europea y también tiene esta fórmula. Es cierto que otros países tienen otras fórmulas diferentes, pero también es cierto, y ustedes convendrán conmigo, en que hay diferentes sentencias que reflejan que tampoco era la fórmula más exacta la que teníamos anteriormente. Hay una sentencia de octubre del año 2010 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que señalaba ciertos vicios en el anterior sistema que teníamos de compensación por copia digital en el sistema legislativo español, y eso también puso en duda ese sistema y obligó al Gobierno en el año 2011 a tomar una medida, que compartida o no, de momento no tiene ningún pronunciamiento en este sentido por ningún organismo competente en la Unión Europea sobre la compensación por copia privada a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. También coincidimos en algo todos los grupos, en la necesidad de reformar la Ley de propiedad intelectual, porque la que tenemos actualmente no está dando respuesta a ninguno de los colectivos o sectores implicados en esta materia.
Yo creo que lo que hace el Gobierno con la reforma de la Ley de propiedad intelectual es, como digo, clarificar sus aspectos fundamentales para intentar buscar la protección de los derechos del creador cultural con los derechos, fundamentalmente, de las personas que acceden a esos contenidos culturales y con una nueva realidad tecnológica social que se da y que, vuelvo a reiterar, es muy diferente a la que había cuando se hizo esta Ley de propiedad intelectual. Quien ha puesto en la picota esta cuestión es fundamentalmente el desarrollo de la sociedad de la información, el mundo de internet, y el que ha ido marcando, por decirlo de algún modo, la pauta a seguir en materia de los derechos de propiedad intelectual. Y, por desgracia, y esa es una realidad que no cambia con el tiempo. La ciudadanía y la sociedad suelen ir bastante más rápido que la legislación y no hay ninguna legislación, vuelvo a reiterarlo, que dé respuesta y que contente a todas las partes en nuestro entorno europeo más inmediato.
Lo que está claro, y es una premisa de la que debemos partir, es que en materia de copia privada —y, repito, es uno de los elementos fundamentales de la ley— lo que dice el derecho comunitario es que la compensación tiene que ser equitativa y su cuantía debe determinarse tomando como base la estimación del perjuicio que se causa. Ese es un elemento difícilmente valorable o tangible. Es cierto que no hay una manera de cuantificar cuál es el perjuicio causado. Por lo tanto, lo que hace la ley en materia de copia
privada, como digo, es adaptarse a las sentencias que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viene dictando en los últimos tiempos.
No hay tampoco —ninguno de los portavoces que han usado la palabra ha hecho referencia a ello— una invasión de competencias de las comunidades autónomas, que es otro de los elementos a los que hacen referencia algunos de los vetos que se han presentado aquí. Todo lo contrario, se intenta clarificar y regular cuáles son las competencias de las comunidades autónomas y cuáles son las competencias estatales.
Se actualiza el derecho de reseña, al que también se ha hecho referencia, y se mantiene el derecho de cita. Lo único que se hace es intentar acercar posturas y que se produzcan negociaciones entre los grandes grupos editoriales —como se ha dicho, en referencia a la tasa Google— y los agregadores de noticias. Ese es el objetivo que tiene fundamentalmente esta ley. Se busca que los agregadores de noticias lleguen a acuerdos con los grandes grupos editoriales y no se abandona a los fotoperiodistas ni a los periodistas ni a los fotógrafos, porque se entiende el periódico como una obra en su totalidad, siempre y cuando el periodista, el fotoperiodista o el fotógrafo haya cedido esos derechos al editor. Así se entiende si leen en profundidad la reforma de la ley. El portavoz del Grupo Socialista ha dicho que se protege solo a los editores y no a los fotógrafos y a los periodistas. No es verdad. Se entiende que los periodistas, cuando trabajan para un determinado medio de comunicación o para un determinado grupo editorial, evidentemente están cediendo sus derechos a ese grupo editorial, que es al que se tiene que compensar por parte de los agregadores de noticias. Si trabaja de manera libre, esa persona también tiene derecho a reclamar ese derecho de cita o de reseña.
Yo entiendo que tampoco se declaran ilegales aquellos enlaces que de manera legal acceden a determinados contenidos. No se señalan más elementos como elementos piratas o elementos a castigar a la hora de aportar sus contenidos a un determinado enlace si su origen es legal, entendiendo que si su origen es legal no hay ningún problema para que estos sean compartidos, expuestos, etcétera. Lo que hay es una mejora en la lucha contra esos elementos que de manera ilegal obtienen determinados contenidos.
La ley tiene dos elementos claros, la compensación por copia privada y la regulación de las entidades gestión. El Grupo Socialista decía que se ponía en entredicho a las entidades de gestión. Perdónenme, las entidades de gestión se han puesto en entredicho ellas solas. Hay casos suficientes para tener en cuenta que es real que los ciudadanos tengan sus dudas acerca de para qué se han destinado los fondos que se han dedicado a las entidades de gestión. Lo que hace el Gobierno es clarificar competencias, hacer también caso a diferentes directivas europeas, normalizar situaciones y dar transparencia a la gestión, sobre todo, a la gestión de los fondos de esas entidades de gestión, a las que se respeta, se defiende y se apoya con la mejora de esta ley. Se las hace, fundamentalmente, las responsables de la recaudación de esos fondos que devienen de la defensa de los derechos de propiedad intelectual. Otra cuestión, vuelvo a repetir, es que, evidentemente, se fijen determinados mecanismos que lo que harán es obligar a las entidades de gestión a ser más transparentes a la hora de gestionar esos fondos que tienen y que manejan en pos de esa defensa que hacemos en la mayoría de la Unión Europea de los derechos de propiedad intelectual. Pero es contradictorio, porque en los vetos que se han presentado a esta ley se habla, por algunas partes, de defensa clarísima de las entidades de gestión y en otros momentos se dice que obligamos a los autores a trabajar con las entidades de gestión. También se hace referencia en los vetos a cuestiones de esta índole, lo que pone de manifiesto la dificultad que hay a la hora de llegar a acuerdos o consensos, como se ha pedido, en un tema tan delicado como puede ser este. O sea, no puede decirse a la vez en algunas propuestas de veto que se cercenan los derechos de las entidades de gestión y que se obliga a los autores o creadores a trabajar con las entidades de gestión, cosa que tampoco es cierta, porque, fundamentalmente, lo que se busca, para una mejor gestión de esos derechos de propiedad intelectual, es reconocer y poner en valor esas entidades gestión, pero también permitir el trabajo libre y la defensa libre de una serie de derechos, y es más fácil hacerlo de una manera administrativa que de otro modo. Lo que hace fundamentalmente esta ley y las modificaciones que se adaptan en materia de entidades de gestión es adaptarnos a la Directiva 2014/26, de la Unión Europea, la última directiva que hay sobre esta materia, que habla de la necesidad de transparencia y de mejora en las entidades de gestión.
Se preguntaba el portavoz del Grupo Socialista que por qué en este momento y que por qué ahora se hace una reforma de esta ley y no esperamos a esa reforma global. Pues porque existe una problemática y las diferentes modificaciones que se han ido haciendo no han dado respuesta a ese problema de
manera total y se intenta con esta mejora el seguir cercenado esa vulneración que se produce de manera muy reiterada de los derechos de autor o de los derechos de propiedad intelectual que, en ocasiones, generan que nuestro país sea una oveja negra dentro del ámbito de la Unión Europea en este materia y que nos convirtiéramos en su momento en sede de muchas de las empresas que de manera ilegal distribuían contenidos al resto del mundo. Cierto es que, en los últimos años, las diferentes medidas que se han ido tomando han ido mejorando esa situación, pero consideramos que no es suficiente y que, por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en esta línea y, por eso, reformamos esta ley que lo que va a permitir es hacer las modificaciones legales necesarias para que se puedan combatir las actividades ilícitas que se producen en las redes.
También se ha hecho referencia a la ventanilla única, ventanilla que es demandada por el sector ante las dificultades que tienen para trabajar con diferentes entidades, con distintas maneras y formas. Yo creo que, a grandes rasgos, y entendiendo que la ley tiene que ser mejorada y que la voluntad de este grupo es que se puedan transaccionar, se puedan aceptar y se puedan admitir enmiendas que han presentado el resto de grupos políticos, es necesaria esta reforma, necesaria para mejorar, como he dicho, una compatibilidad de derechos entre los que son de propiedad intelectual y el derecho del resto de ciudadanos a acceder a determinados contenidos desde la red y la sociedad de la información. Creo que nosotros podemos y tenemos la responsabilidad de sacar adelante esta ley, pero sin duda con sus aportaciones, que estimamos positivas, se convertirá en una ley bastante mejor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senador Casero.
El señor EZA GOYENECHE: Gracias, presidenta.
No voy a intervenir.
Intervengo brevemente solamente para manifestar que daremos el voto favorable a los vetos presentados por el resto de los grupos.
Nuestro grupo no presentó un veto en el Congreso —de hecho, nos abstuvimos en la votación del mismo—, pero mi compañero dejó bien claro allí que se trataba de una postura de precaución, dado que había surgido algún problema con la tramitación de nuestras enmiendas y que tanto el Gobierno como el Grupo Parlamentario Popular habían mostrado su voluntad de alcanzar acuerdos al menos parciales respecto a alguna de las enmiendas que nosotros habíamos presentado. En el ínterin ha tenido lugar una causa prejudicial, la presentada en este caso por el Tribunal Supremo a la Corte europea. Esta circunstancia, y el hecho de que ni por parte del Grupo Parlamentario Popular ni por parte del Gobierno se haya producido un acercamiento hacia este grupo parlamentario para intentar consensuar ninguno de los aspectos de esta ley, considero argumentos suficientes como para que mi grupo parlamentario vote favorablemente los vetos presentados por los grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el senador Martí.
Voy a señalar algunas precisiones en cuanto a la intervención del senador Casero, para después reafirmar el núcleo de mis argumentos respecto a la presentación del veto.
En primer lugar, senador Casero, sí, existió la sentencia Padawan, pero el resto de países de la Unión Europea no han cambiado de modelo. Es más, la directiva sobre la remuneración de la copia privada —cuya tramitación se encuentra ya en fase muy avanzada— no va para nada en la dirección de este proyecto de ley sino todo lo contrario. Por tanto, su argumento no me sirve. La sentencia Padawan no puede ser la justificación de este modelo que ustedes consolidan con esta ley y que nosotros consideramos absolutamente equivocado e injusto. Además, Noruega, el país que usted ha citado, remunera diez veces
más por habitante la copia privada. Y no creo yo que los noruegos y las noruegas desarrollen muchas más copias privadas en sus casas de lo que podamos hacer los españoles y españolas. Por tanto, este me parece un argumento pobre. Si eso fuera así y ustedes estuvieran realmente convencidos de la bondad de este modelo que están ahora consolidando, no habrían destinado para ello 5 millones en el presupuesto, sino 50 millones como mínimo, emulando a Noruega.
En segundo lugar, otro de sus argumentos de base era que el proyecto servía para clarificar. Y quizá sí clarifica, aunque siempre en contra de los intereses de los autores. El resultado de estas clarificaciones es que la cultura va a tener menos recursos disponibles y que los creadores van a estar peor remunerados. Por tanto, se trata de una clarificación algo sospechosa, sobre todo porque en un aspecto clave como el de la piratería no va a cambiar nada sustancial; se produce alguna mejora respecto a las tramitaciones pero no cambia nada sustancial. En este mundo de la informática y de la era digital las administraciones solemos ir siempre unos cuantos pasos por detrás de la realidad, por lo que el enfoque tendrá que ser distinto. Por otra parte, esta ley no va a proporcionar más medios ni más recursos ni más capacidad operativa para combatir la piratería sino algunas competencias más a la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual. Por tanto, esta clarificación tampoco va a resultar útil.
En tercer lugar, usted hablaba al principio de contraposición de derechos. Lo siento, pero en esto no coincido. Una Ley de propiedad intelectual solo tiene que proteger un derecho, el derecho del autor. Este derecho se puede organizar de maneras distintas, evidentemente debatibles, pero derecho solo hay uno. El entorno digital no genera nuevos derechos, no puede generar más derechos que los que tenemos en el entorno no virtual, real —palabra que no me gusta, porque lo digital también es absolutamente real—, en el entorno conocido hasta ahora. Evidentemente, lo que sí existe es un contexto diferente donde las capacidades, los medios y las interacciones son absolutamente distintos, pero los derechos son exactamente los mismos. En todo caso, el derecho que debe proteger una Ley de propiedad intelectual es el derecho de autor.
En 1996, la ley era absolutamente pionera, puntera y fruto de un enorme consenso. Si se consiguió en 1996, no entendemos por qué no se puede conseguir ahora, por qué no se puede alcanzar un nuevo consenso. ¿Posiciones diferenciadas, intereses contrapuestos? Evidentemente, como todo en la vida. Pero la función de los gobiernos, de los políticos en general es conseguir el máximo consenso en estos nuevos contextos, y creo sinceramente que se puede conseguir.
Finalmente, me remito al debate de fondo: ¿Cómo se financia la cultura, senador Casero? Ustedes no creen que se deba financiar con los Presupuestos Generales del Estado, puesto que los han recortado masivamente; no creen que se deba financiar sobre la base del derecho de autor, puesto que lo cercenan de muchas maneras; no creen en el mecenazgo, puesto que han retirado la ley y solo han puesto algún parche fiscal. Por tanto, ¿la financiación de la cultura debe quedar solo en manos de los consumidores, con lo que esto conlleva de grandes dosis de discriminación y dificultad en el acceso a la misma, tanto desde el punto de vista social como territorial? Nosotros vemos la financiación de la cultura y su papel en la sociedad, y por tanto el acceso a la misma y su fortaleza, de forma muy distinta. La cultura debe tener medios suficientes y ser responsabilidad de los poderes públicos y del Estado como representantes de todos y cada uno de los ciudadanos.
Por tanto, señorías, me reafirmo: esta ley aporta muy poco y quita mucho. Lo que ustedes hicieron con el IVA puso en la UVI a grandes sectores culturales y esta ley amenaza con darle —si me permiten una expresión que a mi compañero el senador Martín le gusta mucho, al igual que a muchos de ustedes— la puntilla.
El señor BAGUÉ ROURA: Gracia, señora presidenta.
Simplemente quiero anunciar nuestra abstención en la votación de los vetos presentados por los demás grupos y celebrar la predisposición al diálogo anunciada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, aun cuando acercándose la fecha límite de la próxima semana, de momento la aproximación al diálogo más bien brilla por su ausencia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montes.
El señor MONTES JORT: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Socialista quiere dejar muy claro que es el Gobierno del Partido Popular el que nos ha obligado a tener que presentar, tanto en el Congreso como ahora en el Senado, una enmienda de devolución, un veto a esta ley. Lo hemos hecho en defensa del derecho constitucional de los ciudadanos a la cultura, de los derechos de los autores y creadores, de los derechos de los usuarios, en definitiva, por la cultura de este país.
Después de anunciarlo a bombo y platillo se nos ha presentado una propuesta que, tanto en el fondo como en las formas, no respondía ni mucho menos a las demandas, necesidades y a las expectativas planteadas. Como siempre, las estrategias y diagnósticos de la secretaría de Estado y del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes nacen de un hecho equivocado: su principio ideológico por encima de todo. Partiendo de ahí, ni el fondo ni la forma corresponden a una cultura democrática que pretenda llegar a buen puerto.
Yo he escuchado con atención y con interés cómo iba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular a defender su postura contraria a los vetos, y lo he hecho además sin saber si el argumento que utilizaba hoy era el que le mandaba la Secretaría de Estado de Cultura, el que le mandaba Montoro o quién se lo ha mandado. Porque ya ayer no nos desayunamos pero sí nos merendamos con el abandono del señor Lasalle en la defensa de esta ley. Hoy nos hemos desayunado con un día tremendamente alterado para la historia de España viendo que determinadas prebendas o chulerías que tiene este Gobierno con el funcionamiento de diferentes sistemas se le caen por la borda...
La señora PRESIDENTA: Senador Montes, estamos en una Comisión de Cultura, usted siempre se ha comportado correctamente y el lenguaje es muy importante. Sé que en el Senado no se puede retirar, pero yo se lo pediría.
Retiro la palabra chulería.
...con esa prepotencia, más propia de otros lugares que de un Gobierno que tiene un problema que repercute en toda la sociedad.
Fíjese, yo no tenía prevista la intervención por esta línea, pero uno está empezando a estar un poco hastiado de las justificaciones que da el Partido Popular a todas sus normas, justificaciones que pasan por demonizar a la sociedad. Hicieron una contrarreforma laboral y demonizaron a los trabajadores y a los sindicatos; hicieron una contrarreforma educativa y demonizan a los estudiantes, a los profesores, a las ampas, a todo el que pasa por la puerta; hicieron unas medidas sanitarias que han conllevado recortes y problemas y demonizan a los profesionales de la sanidad, a los usuarios, a los pensionistas; y ahora hacen una adaptación de la normativa en cuanto a la Ley de propiedad intelectual e intentan demonizar a las entidades de gestión.
¿Por qué demonizar a la sociedad civil? ¿Por qué no legislar para solucionar problemas y no crear problemas donde ya parte se habían solucionado? Es una estrategia que realmente no comparto y que ha alterado mi intervención en este punto, cuyo objetivo fundamental, obviamente, era justificar —como ha hecho el senador Fuentes Curbelo— por qué presentábamos un veto. Pero las justificaciones —no de la Secretaría, no sé de quién— se escapan un poco a un sector que desde que el Partido Popular está en el Gobierno ha perdido 26 000 empleos y 2000 empresas, no gana dinero, no genera empleo y que, además, ustedes lo demonizan cuando intentan sacar una ley —ley que, por cierto, intenta correr paralelamente a los procesos judiciales, tal y como ha dicho el Tribunal Supremo, y a las directivas comunitarias, que intenta adelantarlas y no sé por dónde— con esa aureola —si me permite la expresión, señora presidenta— de prepotencia para demostrar algo y que nos hace un flaco favor al resto de los españoles. Además —se ha dicho aquí también y con mucha oportunidad; no lo dice el PSOE, no lo dicen los grupos políticos—, basta repasar cuáles han sido las posiciones de los diferentes colectivos de los distintos sectores —tanto de las entidades de gestión como de los autores, como de los creadores, como de los usuarios de las redes-: nadie está de acuerdo en cómo se ha llevado a cabo esta ley, nadie está de acuerdo.
¿No sería más sencillo —y por ahí se puede leer al señor Lasalle en la prensa de ayer— retirar y hacer una ley acorde con las normativas europeas, esperando a ver qué sucede en el procedimiento
judicial en el que estamos inmersos? Yo hago referencia a lo que muy correctamente informan los letrados de esta Cámara, quienes advierten muy claramente en el informe de la ponencia de las posibles repercusiones o de que se tenga en cuenta ese trámite jurídico.
Termino, presidenta. Mi final se une a lo que hubiera sido mi exposición inicial si no hubiera sido por esas justificaciones, que no entiendo, del Grupo Parlamentario Popular. Es una ley que, desde el prisma del Grupo Parlamentario Socialista, debería entender la cultura como recurso, como derecho y no como un problema y como un lujo del que podemos prescindir. Decía Ana María Matute: «Yo no escribo para ganar dinero, pero si escribo y tengo que comer, es mejor que me paguen.»
En todo caso, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señores de la Secretaría de Estado de Cultura —que nos estarán siguiendo—, señor ministro del asunto, señora vicepresidenta del Gobierno —o a quien corresponda—, vamos a seguir como lo hemos hecho en todo este proceso, presentando propuestas, estando abiertos a cambios —ya que parece que ustedes no van a admitir retirar esta normativa— que mejoren el documento en los elementos troncales que han sido enunciados por los diferentes portavoces. Sean capaces —sin duda alguna— de llegar a acuerdos con los sectores, con los sectores de la cultura y no tengan duda de que nosotros les acompañaremos en esos acuerdos. Dejen de demonizar, dejen de intentar cubrir sobre un proceso legislativo culpabilidades donde no lo están. ¿Mejoras en la gestión? Por supuesto. ¿Mejoras en la gestión de los asuntos económicos? Por supuesto, pero en todos los lados. La cultura se lo merece y la cultura también es mejor gestión económica, pero en todos los sitios.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Montes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Casero.
El señor CASERO ÁVILA: Gracias, señora presidenta.
Siento que el señor Montes haya tenido que cambiar su intervención por mis palabras hacia ese tono que ha utilizado en su primera intervención pero segunda del partido al que representa.
Señor Montes, nosotros no demonizamos a nadie, se lo he dicho; se lo he dicho. Cuando hablamos de entidades de gestión, algunas se han demonizado ellas solas. ¿O es que somos usted o yo responsables de lo que pasó en la SGAE? ¿Las demoniza alguien? Entienda usted que ha sido alcalde como lo soy yo ahora, que sabe de las dificultades para pagar determinados conceptos y criterios a la SGAE, para que luego la SGAE hiciera determinadas cuestiones con esos fondos. Que a mí me parecen muy bien pagados. Yo no les demonizo, se demonizan ellos solos; ni les demoniza este portavoz ni les demoniza este partido. Y esa ha sido mi referencia cuando se ha hablado de esa cuestión aquí.
Le diré con respecto a las entidades de gestión y su referencia en los vetos que es tremendamente sorprendente cómo una misma norma puede ser interpretada de diferentes maneras por el resto de los grupos políticos. Hay vetos que hablan de intervencionismo y falta de protagonismo, o de que le quitamos protagonismo a las entidades de gestión, y tengo aquí delante otro veto que dice que las entidades de gestión se consolidan como un monopolio para gestionar los derechos de propiedad intelectual. Entonces o muy confundidos estamos nosotros o, desde luego —que es lo normal—, las percepciones son muy diferentes. Ni una cosa ni la otra. La ley intenta dar transparencia, normalidad a las sociedades de gestión. Las sociedades de gestión también gestionan —y perdonen la redundancia— dinero público, y el dinero público está sometido a una serie de controles, igual que el resto de las administraciones, por muy sociedades de gestión de copias privadas o de derecho de propiedad intelectual que sean, porque el dinero de los ayuntamientos y del resto de las instituciones que se dan a las entidades de gestión para pagar a los autores es dinero de todos; de todos. Por lo tanto, las sociedades de gestión y las entidades de gestión están tan sometidas al imperio de la ley como lo estamos los demás responsables, políticos y públicos. Esa es mi única referencia a las entidades de gestión, nunca demonizarlas y ni muchísimo menos demonizar a los socios de esas entidades de gestión, que en muchas ocasiones son los grandes perjudicados de la gestión de estas.
Es a eso a lo que hacía referencia, y si usted no está de acuerdo conmigo en eso, bien que lo siento, pero entiendo que una inmensa mayoría de ciudadanos y ciudadanas sí lo estarán. Podemos hacer un repasado detalle de lo que han hecho determinadas entidades de gestión, pero no viene a cuento ahora, porque eso sí sería demonizarlas, y yo no lo he hecho. Simplemente, ante una afirmación de su compañero, yo he hecho una apreciación. Más tarde le contestaré al resto de su intervención, pero quería dejar bien claro que este partido y este grupo político no demoniza a ninguna entidad de gestión.
Decía el portavoz de Entesa Catalana —que es la primera persona a quien he contestado en mi intervención en el turno de réplica— que la sentencia Padawan no justificaba la reforma de la manera de gestionar o la forma de compensar la copia privada. Ni tampoco hay ninguna normativa que, de manera taxativa, prohíba lo que este Gobierno, libre y democráticamente, ha decidido poner. Entiendo que el Gobierno tenía la competencia para tomar una decisión, que no compartía la fórmula que el anterior Gobierno había fijado —además, alguna sentencia europea ponía en duda esa fórmula o ponía limitaciones, lo que provocaba cierto debate legal—, y, evidentemente, este Gobierno, en el ejercicio de las competencias que le marcan las normas legales, fijó una nueva fórmula.
Usted ha dicho que en Noruega pagan más, ¿pero tienen esta fórmula o no, que es a lo que he hecho referencia? Yo no he dicho si pagan más o menos, simplemente he dicho que en Noruega, desde el 2006, hay una fórmula en la que la copia privada se compensa a través de los Presupuestos Generales del Estado. Esa es la referencia que he hecho y es lo único que dejo encima de la mesa. Y no somos el único país ni somos una rara avis que esté haciendo algo extrañísimo, cada país ha elegido su fórmula.
Yo, que soy un europeísta convencido, espero y tengo la expectativa de que sea la Unión Europea la que regule esta materia, y que en el entorno más próximo a nosotros, en los países miembros de la Unión Europea, haya una normativa igualitaria sobre el derecho de compensación por copia privada, porque compartimos con ustedes la necesidad que hay de que se protejan las creaciones de los autores y se les dé una serie de beneficios y remuneraciones.
Usted me decía que no es una contraposición de derechos. Tal vez la palabra esté mal utilizada, pero sí convendrá conmigo en que hay serias dificultades a la hora de alcanzar acuerdos y voluntades en una cuestión como esta. La Ley de propiedad intelectual solo regula el derecho de propiedad intelectual, evidentemente, pero hay otra serie de derechos que, sobre la base de ese derecho de propiedad intelectual, se pueden ver afectados o no. Eso es lo que entienden algunos juristas y eso es lo que entiende una mayoría de estudiosos de la materia. De ahí la dificultad. Es muy sencillo legislar cuando no hay actitudes contrapuestas o posturas diferentes, pero es que en estas cuestiones sí hay posiciones distintas para llegar a posibles acuerdos.
La ley busca —y no en contra de los autores, no es cierto y no lo comparto— fijar, mejorar y clarificar determinadas cuestiones derivadas de las reformas que se han ido haciendo o que han ido surgiendo —no de la Ley de propiedad intelectual, sino de otras, como puede ser la Ley de sostenibilidad económica, reformas en las leyes de enjuiciamiento civil o enjuiciamiento penal—, es decir, ser mucho más taxativo. Y creo que usted hacía referencia a lo que yo creo que es un gran avance en la ley: a la creación de una sección segunda en la Comisión de Propiedad Intelectual, dotada de competencias para seguir mejorando en el trabajo silencioso que a lo largo de este tiempo ha venido haciendo. Porque, cuando hablamos en estas salas, parece que la Comisión de Propiedad Intelectual u otros organismos de este país no han hecho absolutamente nada en esta materia, y eso tampoco es cierto, se han hecho cosas. Lo que sucede es que, evidentemente, como suele pasar, sale más lo que no se hace que lo que a lo largo del tiempo vienen haciendo de manera callada organismos como esa Comisión de Propiedad Intelectual, que yo creo que ha realizado un buen trabajo.
Sí coincido con usted en que esto abre un debate mucho más profundo acerca de la necesidad de fijar un modelo de financiación para el mundo de la cultura. Comparto con usted que esta es una de las fuentes de financiación del mundo de la cultura, junto con otras muchas, pero el Partido Popular entiende que se están dando los pasos necesarios para mejorar esos sistemas de financiación del mundo de la cultura.
Aclarado el punto de la demonización de determinados colectivos, que evidentemente no lo comparto y ni el aspecto en el que ha hecho referencia a las entidades de gestión ni en otros muchos, lo que más me sorprende es el veto del Grupo Parlamentario Socialista —y puedo entender los otros vetos— porque esta ley, repito, intenta abordar lagunas regulatorias en materia de derecho de propiedad intelectual, que provocan la desprotección de esos derechos. Eso es lo que intenta la reforma de esta ley, y ustedes tradicionalmente han sido unos firmes defensores de esos derechos y han venido trabajando de una manera sostenida en el tiempo para proteger y mejorar esos derechos. Otra cosa es que estemos de acuerdo en cómo deben compensarse esos derechos o no, pero creo que en la columna vertebral de la reforma de esta Ley de propiedad intelectual tanto ustedes como nosotros estamos de acuerdo.
No se trata de regular más o menos, de lo que se trata es de clarificar y de fijar posturas. Que quede claro que España es un país en el que no se admite la piratería, en el que se combate de manera decidida
la piratería y en el que se busca que aquellas personas que con su trabajo intelectual crean determinadas obras puedan tener una remuneración por ellas.
Vuelvo a mostrar la voluntad de diálogo. Creo que es posible que mejoremos el documento presentado, por lo tanto, de aquí al Pleno de los próximos días 14 y 15 espero que podamos acercar posturas en determinadas cuestiones.
Nada más y muchísimas gracias, presidenta.
Señorías, antes de pasar a la votación de las propuestas de veto les comunico que por el señor letrado de la comisión ya se ha comprobado la asistencia de todos sus miembros y las posibles sustituciones. En consecuencia, pasamos a las votaciones de las propuestas de veto.
Propuesta de veto número 1, presentada por la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de veto número 2, presentada conjuntamente por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de veto número 3, presentada conjuntamente por los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Mendizabal Azurmendi y Unamunzaga Osoro, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.
Propuesta de veto número 4, presentada conjuntamente por los senadores Guillot Miravet y Saura Laporta, ambos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Propuesta de veto número 5, presentada conjuntamente por los senadores Almiñana Riqué, Boya Alós, Bruguera Batalla, Martí Jufresa, Montilla Aguilera, Sabaté Borràs y Sequera García, todos ellos del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
En último lugar, propuesta de veto número 6, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, finalizado el debate y votación de las propuestas de veto, se pasa a la defensa de las enmiendas.
Enmiendas de la 1 a la 16, del senador Quintero Castañeda, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa tiene la palabra el senador Eza.
El señor EZA GOYENECHE: Las doy por defendidas, presidenta. De la misma manera, nos podríamos remitir hasta la enmienda 58, porque son de miembros del Grupo Parlamentario Mixto que no están presentes. Por tanto, las daría todas por defendidas.
La señora PRESIDENTA: Senador Eza, tengo que leerlas. En cualquier caso, al terminar de leer todas las del Grupo Parlamentario Mixto, si le parece, usted me contesta si se dan por defendidas. Lo digo para que conste en el Diario de Sesiones.
Enmiendas 17 a 26, de la senadora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 52 a 58, del senador Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; enmiendas 27 a 45, presentadas conjuntamente por los senadores Iglesias Fernández y Mariscal Cifuentes, del Grupo Parlamentario Mixto; y enmiendas 46 a 51, presentadas conjuntamente por los senadores Aiartza Azurtza, Goioaga Llano, Mendizábal Azurmendi y Unamunzaga Osoro, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.
Senador Eza, tiene la palabra.
El señor EZA GOYENECHE: No sé si me habré despistado yo, señora presidenta, ¿pero se han nombrado las enmiendas 1 a 16?
La señora PRESIDENTA: Sí, son las primeras que le he indicado del senador Quintero Castañeda.
El señor EZA GOYENECHE: Sí, esas son.
Como usted comprenderá, no puedo defender unas enmiendas que tendrán que debatirse en otra instancia puesto que los autores no están aquí.
La señora PRESIDENTA: Bien, senador Eza, ¿pero las da por defendidas?
El señor EZA GOYENECHE: Las doy por defendidas, señora presidenta.
Enmiendas 100 a 113 del Grupo Parlamentario Vasco.
Para su defensa tiene la palabra la senadora Martínez.
Como bien ha dicho usted, son 14 enmiendas en total las que mi grupo parlamentario ha presentado y las doy todas por defendidas.
Como complemento a mi intervención durante el turno de portavoces de los vetos quiero reiterar la voluntad de este grupo parlamentario a transar, negociar y hablar sobre todas y cada una de estas enmiendas sea con el grupo parlamentario, sea con la propia secretaría de Estado. Creo que la disposición de nuestro grupo parlamentario tanto en este como en otros proyectos de ley ha sido siempre clara, y hasta el momento de su votación en el Pleno aquí estará este grupo parlamentario para tratar de todas ellas.
Enmiendas 59 a 99, 135 a 142 y 149 a 169, del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya.
Tiene la palabra, senador Martí.
El señor MARTÍ JUFRESA: Gracias, presidenta.
Doy todas las enmiendas por defendidas, tanto las presentadas por los senadores Guillot y Saura como las del resto de senadores del Grupo de la Entesa.
Solo quiero hacer un comentario muy general sobre el contenido de las enmiendas 135 a 189, presentadas por los senadores socialistas de mi grupo parlamentario. Son dos tipos de enmiendas. Unas intentan buscar una oportunidad de mejora en las propuestas que formula el proyecto de ley básicamente en torno a la cuestión de las porciones de obra no significativa, conocido como cita y reseña en relación a la llamada tasa Google o canon AEDE, para garantizar, como se ha dicho antes, que tanto periodistas como fotoperiodistas puedan beneficiarse también de esta tasa y para avalar que no hay obligatoriedad en asumir esta tasa, aunque ello, evidentemente, no signifique la renuncia al derecho.
También en este apartado hemos introducido una serie de enmiendas que nos ha facilitado la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que son, creemos, altamente significativas y que entrañan mejoras sustanciales de la propuesta del proyecto de ley.
Quiero hacer asimismo referencia a una enmienda para dotar a las obras arquitectónicas de reconocimiento de derecho de autor, una laguna histórica de nuestra legislación, que otorga ese derecho de autor a planos, maquetas y proyectos pero no a la obra física en sí misma, cuando yo creo que en estos momentos el consenso es amplísimo en cuanto a que el trabajo de los arquitectos es de naturaleza autoral y cultural.
El segundo bloque de enmiendas tiene que ver con cambiar sustantivamente, cuando no suspender, las partes del texto que a nuestro entender originan una disminución de los fondos para la cultura y con la remuneración de la copia privada, con las condiciones para la negociación y la gestión de los fondos de derecho de autor por parte de las entidades de gestión colectiva y, en particular, con el tema al que he hecho referencia sobre las autoprebendas que se otorgan los medios de comunicación públicos en relación con el pago de los derechos de autor.
Para la defensa de las enmiendas 114 a 134, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Bagué.
De forma sucinta voy a intentar hacer un resumen del bloque de enmiendas que nosotros presentamos, de la 114 a la 134.
Son 31 enmiendas que dividimos en cuatro bloques, cuyo contenido voy a definir mínimamente en lo que atañe a su redacción.
Un primer bloque se refiere a la revisión del sistema de copia privada, tanto de su definición como del mecanismo de compensación. A este bloque corresponden las enmiendas 114 a 120. Con la aportación del Grupo Parlamentario Popular en relación al sistema universitario, las enmiendas 118 y 119 prácticamente perderían su sentido —de mantenerse el redactado de las del Grupo Parlamentario Popular—.
Existe un segundo bloque referido al diseño de los mecanismos eficaces de supervisión de las entidades de gestión, de los derechos de propiedad intelectual y mejora de la Comisión de Propiedad Intelectual. Son las enmiendas 121 a 126, a cuyo contenido podemos hacer también alguna referencia. Algunas de estas enmiendas permiten definir mejor la expresión cálculo para la determinación de acuerdo con la competencia, y que esa sea atribuida a la sección primera de la comisión para la aprobación de la metodología que cada entidad de gestión deberá aportar para la determinación de las tarifas. Se incluyen dos fases. En cualquier caso las enmiendas que presentamos van siempre en la línea de intentar mejorar el redactado y de clarificar la competencia y el posicionamiento de cada actor a la hora de implementar dicha ley.
Tenemos un tercer bloque de enmiendas competenciales que para nosotros son muy relevantes, en concreto las enmiendas 127 y 128, que se refieren a que es de aplicación la numerosa jurisprudencia que los tribunales han dado respecto a la competencia que tiene el vigente Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre regulación de entidades de gestión, sobre sus competencias, sobre su régimen disciplinario, etcétera. En ese sentido huelga decir que para nosotros son dos enmiendas troncales o básicas a la hora de decantar nuestra posición final.
Existe un cuarto bloque de enmiendas, las números 129 a 134, que constituyen un mosaico, puesto que sus contenidos son distintos. La enmienda 129 apunta a que las sanciones graves deben ser publicadas en el BOE, no solo en el diario oficial de la comunidad. Entendemos que si es una sanción grave, debe hacerse así. La enmienda 130 va en la línea de la ventanilla única, a la que antes nos referíamos. La enmienda 132, a pesar de nos tememos que no va a fructificar, hace referencia al IVA cultural y a su aplicación, confiando en que finalmente la Unión Europea determine un marco europeo de fiscalidad global, que, a lo mejor, nos va a permitir ajustar y dejar en su justa posición esta presión a nuestro entender excesiva. La enmienda 133 es la relativa a la entrada en vigor, es decir, creemos que, hasta que no se clarifique y no sean de aplicación todos los instrumentos que regula y contempla esta ley, no tiene sentido que entre en vigor, por lo que tenemos que esperar a que se pongan en funcionamiento dichos organismos.
Y una última, la enmienda 134, apunta a una evaluación de impacto porque entendemos que ante una ley de tal complejidad, con intereses tan contrapuestos, lo razonable sería lo que creo que apuntó el propio ministro en su intervención en el Congreso de los Diputados, la necesidad de una autoevaluación para ver en qué puntos podía tener problemas la aplicación de esta ley. Teniendo en cuenta que tiene un impacto muy grande en muchos actores y en muchos sectores, parecería razonable y prudente apuntar este plazo de autoevaluación. Entraremos con mayor profundidad en el debate en el Pleno del Senado y confiamos en que el Grupo Popular, el secretario de Estado, el portavoz del grupo o sus distintos
representantes acojan nuestra mano abierta a transaccionar todos aquellos aspectos que redunden y mejoren el contenido de este proyecto de ley.
Para la defensa de las enmiendas 175 a 209, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Montes.
El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: En este caso, el señor Martín. Pero no importa, el orden de apellidos no altera el valor del producto, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Lo lamento.
El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias.
Temo no ser muy elocuente escuchando a todos los predecesores que han hablado a favor y en contra —sorprendentemente todos en contra, salvo quien está en el mantenella y no enmendalla— sobre el tema que nos trae a la defensa de las enmiendas que presenta mi grupo. Lamentándolo mucho, me permitirán los compañeros y compañeras de la Cámara que cuente algo que posiblemente a cada uno de nosotros nos ha pasado en la adolescencia, cuando te decían: te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, y no hacías caso a papá y a mamá y, al final, te caías. Y cuando te levantabas tenías que decir aquello de: no me molesta el haberme caído, me molesta que llevabais razón. Porque ya el 16 de abril del año 2013, en esta misma sala, en comparecencia del señor secretario de Estado Lassalle, el Partido Socialista le dijo la metedura de pata que había tenido el Gobierno con el Real Decreto Ley 20/2011. Aludo a aquella comparecencia y me remito a aquellas mismas palabras por una razón obvia, y es que, en realidad, más allá de la normativa, que lógicamente hacía falta y que es notablemente mejorable, el busilis que mueve esta ley y que marcaba aquella intervención sigue manteniéndose torticeramente en esta ley. Ya le dijimos entonces al Gobierno y se lo decimos hoy, que al margen de todo lo que ya se ha dicho aquí, estamos pendientes de los tribunales y que traemos a colación un país, obviamente, desarrollado, que no está en la Comunidad Económica Europea. Bueno, si estamos en el club, señor Casero, estamos en el club. Si queremos echar los pies por delante e irnos a otro club, nos lo dicen y, a lo mejor, estamos de acuerdo, pero mientras estemos en este tenemos que atenernos a hablar del club en el que estamos. Esta ley, de la manera en que corrige el llamado canon digital, como dijimos en aquel momento, hace que todos los españoles seamos sospechosos de ser filibusteros, ya que nos hacen pagar a través de los Presupuestos Generales del Estado sin aplicarnos la presunción de inocencia.
A partir de ahí, espero que una de las enmiendas —no citaré una por una— se tenga en cuenta. Sobre la base de esa enmienda, la del 25, se alude a la sentencia Padawan. Pues digamos la verdad, porque la mentira más perniciosa es la que se desliza sobre el filo de la verdad. Aquí se ha dicho por el ponente en esta comisión que la sentencia Padawan hizo que el Gobierno tuviera que echar marcha atrás para enmendar no sé qué cosa. No. Esta no es la verdad. Esto no es una rueda de prensa donde los de enfrente, como los taquígrafos, se limitan a escuchar. Aquí, los que estamos creo que sabemos de esto. Por lo tanto, un poquito de respeto. Lo que dice la sentencia Padawan es que el Ejecutivo se había extralimitado en las funciones al fijar los cánones. O sea, lo que vino a decir es: Oiga, no le ha puesto usted la póliza de 15 céntimos; pase por el Consejo Consultivo, por el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia, y vea si el canon que ha ido fijando se atiene a derecho. Y lejos de hacer eso, ustedes, de un mal, nos llevan a otro; borran eso de un plumazo y ahora estamos donde estamos. Y, de manera injustificada, hacen que paguemos todos los españoles para que ganen más solo unos pocos.
En cuanto a las enmiendas, yo voy a dar por defendidas las mías, vista la suerte que ha tenido el veto, vista la suerte que ha tenido esta ley en su paso por el Congreso, vista la suerte que ha tenido esta ley en su tránsito desde el Congreso al Senado y vista la suerte que han tenido, de cara al Gobierno, todos aquellos operadores, intelectuales, asociaciones, medios de comunicación que están contra la ley, así como tribunales, Consejo de Estado... Nada, ustedes a escribir, pero leer, poquito. El señor Casero ha dicho que ahora en el turno de enmiendas —y ahí tienen las nuestras que doy por defendidas, y creo que conocidas— espera poder transar o aceptarlas para hacer la ley bastante mejor. No. Bastante mejor, no; un poquito menos mala. Porque quien mucho abarca, poco aprieta. Y esto no es una ley para los intelectuales, es una ley hecha y fijada para los intereses económicos de unos pocos. El que mayor lobby económico ha tenido es el que ha redactado esta ley y el Gobierno se ha montado en ese halo de luz y de
autismo que parece no querer entender. Pero, en fin, vamos a ver si es verdad que en el camino lo que no se ha conseguido en dos años y medio se consigue ahora en cuarenta y ocho horas. Lo digo porque estamos todos cansados, señorías de la mayoría de esta Cámara, de oírles decir: Estamos abiertos al diálogo, nosotros queremos consensuar... Señorías, para bailar el chotis hacen falta 2 y resulta que cuando Susana quiere bailar, dice la Casta: No, es que esta música no me gusta. Y cuando cambiamos la música para seguir bailando, dice: No, ahora no me gusta la letra. Oiga, ustedes no quieren negociar.
El señor Casero también ha hecho alusión a reuniones con la Secretaría de Estado. Este senador junto con otros compañeros ha estado en varias ocasiones citado por la Secretaría de Estado. Le voy a poner solamente un ejemplo, y por deontología de caballerosidad —fuimos invitados y allí estuvimos—, lo que allí se habló allí se queda. Pero creo que algunos, en particular, el Partido Popular, sabe de lo que estoy hablando. A las 8 menos 10 de la tarde salimos de la Secretaría de Estado con un principio de acuerdo sobre la base a una enmienda que el propio Gobierno se iba a hacer a sí mismo. Llegamos a esta Cámara a las 8.30, aquella mínima para poder entrar en diálogo se mete como enmienda del propio Gobierno y, veinte minutos después, se retira. ¿Cómo se puede llegar a un acuerdo así? Yo no vengo de la generación de mis padres, donde una persona cruzaba el brazo con otra y ya se podía caer la torre de la iglesia que eso iba a misa. Ustedes, se cae la torre, se cae el reloj, tropieza el cura, y nada. (El señor Abad Benedicto: y se llevan al monaguillo por delante). Eso, y se llevan al monaguillo por delante.
Para terminar, doy por defendidas mis enmiendas. Espero que entre todos las hagamos menos malas. El busilis solamente está en una enmienda, lo demás es legislación. Y, como ya no le queda turno a mi compañero Félix, respecto al término demonizar, quiero contestarle al señor Casero. Matar por inanición a la cultura, señor Casero, también es demonizarla.
Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Larriba.
La señora LARRIBA LEIRA: Muchas gracias, presidenta.
Yo voy a pormenorizar las enmiendas presentadas por los grupos que sí han querido defenderlas en esta sala. Los demás grupos encontrarán respuesta a muchas de las que han presentado en lo que yo manifieste ahora. Intentaré ser breve y clara porque son muy numerosas las enmiendas que se han presentado. Antes de comenzar, me uno a mi compañero diciendo que se dieron pasos significativos en la tramitación en el Congreso para poner en marcha enmiendas transaccionales. También se ha hecho en esta Cámara y todavía tenemos una semana de plazo, por lo cual, quiero manifestar mi absoluta disposición para poder llegar a algún acuerdo en estos días.
En primer lugar, voy a contestar a la intervención del representante del Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya, que ha defendido un primer bloque de enmiendas relativas a la copia privada, su límite y cuantía. Aunque ya le adelanto que no vamos a admitir ninguna de las enmiendas que ha presentado, voy a explicarle brevemente las razones.
Con la enmienda número 59 pretenden regular la copia privada en la nube, lo que podría contradecir el punto 5 de la Directiva 2001 de la Comunidad Europea, de derechos de autor, al regular el límite previsto en el 5.3.b) de dicha directiva. Ningún país del mundo lo ha hecho, y hacerlo multiplicaría exponencialmente la necesidad de compensar la copia privada.
Asimismo, lo que proponen en su enmienda 61 va en contra del sistema de copia privada previsto en los Presupuestos Generales del Estado. El pago de los IPS supone un cambio radical en el modo de financiar la copia privada, algo que no ha sido objeto de estudio. Por último, también en relación con esta materia, el modelo que plantean en el proyecto de ley permite que los consumidores sigan realizando legalmente todos los supuestos habituales de copia privada.
También hacen mención a la libre adhesión de autores, al Copyleft, y no podemos admitir esta propuesta porque la gestión obligatoria es la única forma de administrar este derecho. Por tanto, no ha lugar a la enmienda que proponen.
En cuanto al fomento de la oferta digital legal, se desestima por razones técnicas relacionadas con la acotación del concepto de oferta digital.
En su enmienda número 66 proponen una alternativa a la tasa Google, a la autorización y al canon. Esta también se desestima porque el punto 2 propuesto es necesario para actualizar el régimen de límite de cita y reseña de la actividad de los agregadores. La sentencia C466/12, del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea, no se opone en modo alguno, pues se refiere al uso de enlaces, mientras que el punto 32.2 se refiere al uso, a la agregación de fragmentos de contenidos creados por terceros.
Otro grupo de enmiendas se refiere a las citas en el nivel educativo y, por su parte, la número 69 a la sustitución por partituras. He de decirle que se desestiman por razones técnicas; es lo mismo que he explicado antes sobre la dificultad técnica de acotación de límite y la aplicación de la regla de los tres pasos.
En otra de sus enmiendas proponen suprimir el artículo 71 de la Ley de propiedad intelectual. Esta enmienda no presenta ninguna alternativa para instaurar un equilibrio entre las dos partes del contrato de edición musical. Por tanto, se desestima.
Otra de ellas hace referencia al director de fotografía. He de decirle que en 1987, ante la falta de determinación de los autores de la obra audiovisual, obra en colaboración, el legislador optó por fijar un número clausus de categorías de autores, igual que se recoge en otras legislaciones. Se desestima por esta razón.
En cuanto a las enmiendas relacionadas con las entidades de gestión, con su transparencia y con la fijación de tarifas, no se pueden aceptar —son las números 79, 73 y 75— porque no son compatibles con las tarifas por uso. Por otra parte, la aprobación de metodología no se corresponde con la función de control contemplada en el proyecto de ley. No se recoge, por otro lado, una discriminación tarifaria entre usuarios de repertorios. Son estas tres razones las que fundamentan la negativa a aceptarla.
Otra enmienda se refiere a la composición de la Sección Segunda. Tampoco se admite porque lo que se propone no contribuye a una mayor transparencia de las entidades de gestión, que es lo que persigue la ley.
Su enmienda 80, referida a los consumidores sin ánimo de lucro, se desestima porque bloquearía en algunos casos el derecho de acceso a la justicia de los titulares de derechos de propiedad intelectual.
En cuanto a la ventanilla única, no es posible establecer una ventanilla ad hoc para determinados usuarios de la ley, como ustedes proponen.
En relación con los contratos en vigor y los pagos a cuenta, tengo que decirle que la enmienda que proponen rompería el equilibrio técnico de esta disposición transitoria entre la posición de titulares y usuarios de los derechos de propiedad intelectual. Esta enmienda se formula a la disposición transitoria tercera.
La Sección Segunda es objeto de mención en varias ocasiones, por ejemplo en la enmienda 76, referida a las competencias. Pero tengo que decirle que a este órgano ejecutivo no le corresponden funciones de informe o propuesta, y la rendición de cuentas sobre sus actividades corresponde a la propia Secretaría de Estado de Cultura.
En relación con las que presentan sobre copia privada, límite y cuantía, he de decirles que no se puede suprimir, como ustedes proponen, la nueva redacción del artículo 31, apartados 2 y 3, si se aprueba la nueva redacción del 25. Señalo de nuevo que las razones técnicas de acotación de límite y de la aplicación de la regla de los 3 pasos son ineludibles. No resulta asumible tampoco por ser el artículo 32.2 del proyecto la mejor ubicación para esta actualización necesaria del límite de cita y reseña de la actividad de los servicios de agregación de contenidos.
Por último, presentan dos enmiendas proponiendo una alternativa a la tasa Google, que se desestiman porque, como les he indicado antes, debe mantenerse la ubicación en el artículo 32.2, pues no pueden crearse nuevos límites, como se pretende en la enmienda, fuera del catálogo de la Directiva 2001/29 de la Comunidad Europea, de derechos de autor, siendo el límite de cita y reseña el más apropiado para regular la actividad de los agregadores de contenidos, conforme indica la doctrina más autorizada.
Por último, formulan otra enmienda relativa a la seguridad jurídica de las obras huérfanas, y se desestima porque en ella se plantea una regulación enormemente prolija, propia de un reglamento más que de una ley. De hecho, está previsto el desarrollo reglamentario de este artículo con rango normativo, lo que permitirá adaptarlo a la evolución de la realidad de una manera más ágil.
En cuanto a la propuesta referente al uso de las cantidades no reclamadas: un uso social, cultural o educativo, tengo que decir que ha sido transaccionada, como también lo ha sido la número 185, relativa al fomento del área digital legal. Lo mismo cabe decir para las enmiendas 194, 195 y 197; todas ellas han sido transaccionadas e incorporadas al informe. (El señor Martí Jufresa: ¿Qué enmiendas han sido transaccionadas? ¿En el Congreso?) Sí. ¿A cuál se refiere? ¿A la 124 y la 127? (El señor Martí Jufresa: En la ponencia solo ha habido una transacción con una propuesta del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, son propuestas de...
La señora PRESIDENTA: Les ruego que no entablen conversación entre ustedes.
Pida la palabra, yo se la doy, y así podrá consultarlo la senadora Larriba.
La señora LARRIBA LEIRA: De acuerdo.
Pasando a otra materia, me quedan solamente un par de enmiendas.
La número 206 se presenta en relación con los contratos en vigor y los pagos a cuenta. Esta enmienda podría romper el equilibrio técnico de esta disposición transitoria entre la posición de los titulares y usuarios de los derechos de propiedad intelectual.
Y por último, y en cuanto a la enmienda referida a adecuar la entrada en vigor, una enmienda referida a la disposición final tercera, quisiera decirle que se desestima porque la remuneración deberá tomar en cuenta la acotación de límite aunque se determine con posterioridad a la cantidad.
Mencionaba también una enmienda relativa a las obras arquitectónicas y de ingeniería realizadas, y a este respecto debo manifestar que, además de no ser objeto de esta modificación de la ley, es innecesaria, pues la protección de las obras de arquitectura o de ingeniería más allá de la que reciben los planos, maquetas y diseños están incluidas en la letra e) del mismo artículo 10.1, ya que las obras arquitectónicas y de ingeniería son obras plásticas aplicadas, y por tanto, ya están recogidas. Ello, por supuesto, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 35.2, que otorga total libertad para reproducir las obras situadas en la vía pública, límite permitido por la directiva de 2001, y que no es en absoluto recomendable restringir sin una reflexión en el marco de la futura reforma amplia de la ley.
Paso ahora a responder a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió que ha distribuido en 3 grandes bloques. Por un lado, lo referido a la copia privada. Estas enmiendas, que van de la 114 a la 120, se rechazan por diversos criterios. En primer lugar, porque algunas de ellas son contrarias al sistema de compensación vía Presupuestos Generales del Estado. No se puede suprimir la nueva redacción del artículo 31.2.3 que se propone si se aprueba una nueva redacción del artículo 25; tampoco se puede aceptar el límite de agregadores, por razones técnicas que ya hemos mencionado, de acotación del límite y aplicación de la regla de los 3 pasos.
En cuanto al bloque de enmiendas presentadas a las entidades de gestión, relacionadas con el concepto de beneficio económico, con la transparencia, la fijación de tarifas y con la composición, quiero decir que tampoco se aceptan porque técnicamente no se pueden aceptar en el concepto de beneficio económico; y en cuanto a las que se refieren a la transparencia, porque la normativa de protección de datos es de aplicación sin perjuicio de lo que establezca el texto de reforma de la Ley de propiedad intelectual. Respecto del resto de información a facilitar en la web; se considera suficiente y en línea con la directiva 2014/26, de la Comunidad Europea sobre gestión colectiva.
Hay 3 enmiendas más en relación con la composición de la Sección Segunda. Se trata de un órgano ejecutivo formado por funcionarios del grupo A1 especializados, y es necesaria su composición por personal externo. En cuanto a los informes de la Sección Primera, la enmienda que presentan es innecesaria.
En cuanto a la enmienda sobre las notificaciones, se trata de un procedimiento de oficio instado mediante denuncia, por lo que no procede el instituto del silencio negativo. La caducidad es una figura asentada de derecho administrativo que protege a todos los interesados que sean parte en un proceso de oficio que no finaliza en el plazo legalmente establecido. Protege a los presuntos responsables de una infracción frente a resoluciones desfavorables fuera de plazo; asimismo protege a terceros interesados frente a resoluciones fuera de plazo que les impusieran un gravamen, como cumplir una orden de suspensión, y finalmente garantiza a los solicitantes que sus derechos o intereses legítimos no decaen en ningún caso, sino que puede volver a instarse la iniciación del procedimiento administrativo.
Asimismo el requerimiento previo por parte del titular de derechos o su representante debe distinguirse claramente del acuerdo de inicio emitido por la Sección Segunda, que ordena la retirada de contenidos, sin que el primero pueda sustituir este primer acto administrativo.
Y en cuanto al bloque referido al ámbito competencial, y comprendido por las enmiendas números 127 y 128, se desestiman también por razones técnicas, pues ambas eliminarían los puntos de conexión que existen actualmente entre el Estado y las comunidades autónomas, y el proyecto de ley es en todo caso conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional; razones técnicas también derivadas de la competencia normativa exclusiva del Estado y las autorizaciones para operar de las entidades de gestión, las cuales, según el Tribunal Constitucional, forman parte de ese corpus normativo estatal.
Y el último bloque, que usted calificaba de miscelánea, en lo relativo a la ventanilla única debo decirles que no podemos asumir esta enmienda porque no es posible establecer una ventanilla ad hoc para determinados usuarios, aunque podría pensarse en la posibilidad de establecer una ventanilla como regla general, salvo renuncia de los usuarios a centralizar el pago y facturación a través de las entidades de gestión.
En cuanto al lucro en radio y televisión, existe una posible contradicción con las reglas comunitarias de la competencia. Y en lo que se refiere al IVA cultural debo manifestar que este no es objeto de esta reforma legal, que no tiene contenido tributario.
Finalmente, y con respecto a la que hace referencia a adecuar la entrada en vigor, debo decir que no es necesario hacer una remisión reglamentaria, pues el procedimiento será el general establecido para todas las leyes.
Señorías, creo que con esto he respondido también a algunas de las enmiendas que no han sido defendidas en esta sesión por el resto de los portavoces, pero que tendremos oportunidad de debatir más ampliamente en el Pleno.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Eza.
El señor EZA GOYENECHE: Muchas gracias, señora presidenta.
Una vez escuchadas a las partes y leídas las enmiendas, nos parecen realmente producto de un trabajo intenso sobre una ley compleja y difícil, que unos dicen que va a durar poco porque dentro de un año no estará hábil o incluso algunos, pensando en el resultado de las generales, consideran que de entrada la derogarán. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que el entendimiento, con visitas a la Secretaría de Estado o sin ellas, siga, y que de aquí al Pleno se llegue a acuerdos y se mejore la propuesta de Gobierno.
En cualquier caso nos vamos a abstener con ese espíritu de diálogo y acuerdo con el que los enmendantes han marcado sus objetivos. Con ello consideramos que responderemos también a la expectativa creada, y es que en el próximo Pleno el mayor número posible de señorías respalden este proyecto de ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senador Eza.
Por el Grupo Vasco tiene la palabra la senadora Martínez.
Dado lo extensa que ha sido la explicación de la portavoz popular respecto de la justificación de las enmiendas, puedo mantener todavía la esperanza de que de aquí al Pleno alguna de nuestras enmiendas pueda ser transaccionada o aceptada en sus propios términos, algo que sería de agradecer.
En cualquier caso sí me gustaría que de cara a la votación de las enmiendas el Grupo Parlamentario Popular nos aclarase si efectivamente se ha llegado a algún acuerdo de transaccionar con alguno de los grupos parlamentarios, porque me ha parecido entenderle que sí, pero quizá me equivoque. Lo pido únicamente para poder facilitar la votación posterior de las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya tiene la palabra el senador Martí.
Nuestra posición está claramente fijada. Solo voy a incidir en este tema de las enmiendas transaccionales. Evidentemente no soy consciente de haber llegado a ningún acuerdo hasta este momento, y por tanto, no lo hay.
Asimismo me gustaría enfatizar que nuestro grupo no está dispuesto a una práctica legislativa que creemos que no aporta nada y es altamente perjudicial para el funcionamiento de esta Cámara, que es proceder a transaccionales en el mismo momento que se desarrolla el debate en el Pleno. Esta es una ley compleja que no lo permite. Además, no estamos de acuerdo en que habiendo tenido tiempo sobradísimo,
sin ningún trámite de urgencia, se requiera nuestro apoyo a enmiendas transaccionales sobre la marcha. Por tanto, evidentemente, estamos abiertos a negociar y a llegar a acuerdos con el grupo mayoritario, pero no va a ser sobre la marcha. En todo caso, tendrá que ser en los días previos; si no, este grupo no va a dar apoyo a las transaccionales que puedan plantearse.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, el senador Bagué tiene la palabra.
Simplemente, intervengo para no dar lugar a equívocos. En mi anterior intervención dije que, en tanto que el Grupo Popular ha introducido 6 enmiendas en el informe de la ponencia, entendíamos que quedaban recogidas las 2 que nosotros habíamos presentado, números 118 y 119, por lo que nos alegramos de su incorporación. En concreto, se trata de la extensión de obra que se puede reproducir, distribuir y comunicar públicamente sin solicitar autorización a los titulares de derechos. Se precisa el criterio del capítulo para el libro y del artículo para la revista. Esta modificación tiene su justificación en que en ocasiones un capítulo de un libro o el artículo de una revista pueden suponer el 25%, el 50% o incluso el 100% en algún caso extremo de una publicación. Simplemente, hacíamos referencia a esas dos enmiendas, que quedaban circunscritas a universidades y centros de investigación. Quiero decir que no ha habido en ningún caso transacción, sino simplemente una feliz coincidencia —podemos decirlo así— respecto a unas enmiendas que teníamos presentadas.
En cuanto al conjunto de la intervención que ha hecho la portavoz del Grupo Popular, la argumentación jurídico-técnica que nos ha expuesto coincide en buena parte con la que ya se nos avanzó desde la Secretaría de Estado de Cultura, aun cuando discrepamos, sobre todo en algunos aspectos. En primer lugar, nosotros entendemos que lo que tenemos que priorizar en todo caso es la aplicación, es decir, intentar poner los pies en el suelo a la hora de aplicar esta normativa. Por ejemplo, para nosotros el silencio de la Administración es relevante, porque más allá de lo que diga la ley de tramitación administrativa correspondiente, seguro que en la aplicación de los casos concretos vamos a encontrarnos en el día a día con problemas graves.
Respecto a sentencias o jurisprudencia, el mismo Tribunal Constitucional, que es el que dictaminó que el Estatuto de Autonomía de Cataluña era constitucional en los aspectos que actualmente lo hacen vigente, es el que ampara nuestras enmiendas 127 y 128. Por lo tanto, en el momento en que el argumento jurídico de la Secretaría de Estado de Cultura es que no es constitucional se produce una contradicción como mínimo interpretativa, seguro, porque, si ambas jurisprudencias son del Tribunal Constitucional, no se entiende. Los servicios jurídicos del Departament de Cultura de la Generalitat creo que defienden con absoluta solvencia que quedan claramente amparadas por el Tribunal Constitucional nuestras enmiendas 127 y 128, que son las que regulan las capacidades, la aplicación de competencias y sanciones, y todo lo que hace referencia a las entidades de gestión en las comunidades autónomas.
No faltan tantos días; ya tenemos el Pleno convocado, con un orden del día fijado. Por lo tanto, no me cansaré de reclamar al Grupo Popular y tenderle la mano para intentar llegar a acuerdos hasta ese mismo día del Pleno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martín.
Solo para dar fe de la buena voluntad y mejor criterio que tiene este Gobierno para alcanzar consensos. Me refiero a los argumentos aquí dados para no aceptar ninguna enmienda. Vuelva usted mañana. Mañana seguiremos estando aquí, pero, por favor, dótense de mejores criterios para su rechazo que los que he creído escuchar, salvo que haya interpretado mal: no aceptar una enmienda por entender que una obra arquitectónica entra en lo plástico, me lleva a pensar si, al mismo tiempo que me dan esa razón, me argumentan sobre qué lienzo se sustenta El Escorial para que me pueda llevar a mi casa a Felipe II.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Larriba.
Simplemente para enmendar un error en mi exposición al referirme a esas enmiendas transaccionales. En contestación a las preguntas que me han hecho en este segundo turno, les diré que todavía estamos pendientes de una respuesta definitiva, o sea, no la tenemos de momento.
Señorías, pasamos entonces a la votación del informe de la ponencia.
Señorías, finalizada la votación, se proclamará que ha sido dictaminado por la Comisión de Cultura el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de propiedad intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.
Resta la designación del miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. (Pausa).
Gracias por su confianza, señorías. Esta presidenta será la responsable de defenderlo en el próximo Pleno.
¿No hay ruegos ni preguntas? (Pausa).
Recuerdo a los portavoces que a continuación hay reunión de Mesa y Portavoces.
Eran las dieciocho horas y diez minutos.