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Timestamp: 2020-07-13 11:42:04
Document Index: 301433601

Matched Legal Cases: ['Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 30']

Artículo 3 Cuantía y financiación de las ayudas
Artículo 5 Publicación de la Resolución
Artículo 6 Pago y justificación
Artículo 7 Obligaciones de las personas beneficiarias y de las empresas
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA No suspensión de plazos
La concesión de las ayudas corresponderá a la consejera de Empleo y Políticas Sociales y la Resolución o Resoluciones que se dicten serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria.
Finalmente, el conjunto de trámites que deberán realizarse para hacer efectivas estas ayudas, exige del tratamiento de datos de carácter personal entre diferentes órganos de las Administraciones Públicas. Las comunicaciones de datos que resulten necesarias para su tramitación, se consideran fundadas en el cumplimiento de una misión realizada en interés público, por lo que no será necesario recabar el consentimiento de aquellas. Todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.1.e) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
En virtud de lo señalado, y al objeto de conseguir los fines que han quedado expuestos, se propone:
1. La presente Ley tiene por objeto la regulación de la concesión de ayudas económicas para mejorar las rentas de personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo, en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19.
2. Las ayudas económicas tendrán la consideración de subvenciones públicas, sujetas al régimen jurídico establecido en esta Ley y en la legislación básica del Estado sobre la materia que, por sus características, les resulte de aplicación.
3. La presente Ley tiene el carácter de bases reguladoras de las subvenciones que contempla, para cuya concesión no será necesaria la publicación de acto previo de convocatoria.
4. Las ayudas reguladas en esta Ley serán compatibles con cualesquiera otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, locales, autonómicos, estatales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.
1. Serán personas beneficiarias de estas ayudas las personas trabajadoras a las que el Servicio Público de Empleo Estatal o el Instituto Social de la Marina haya reconocido una prestación con motivo de su inclusión en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), al amparo de lo dispuesto en el artículo 25 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del CO-VID-19, y que cumplan los siguientes requisitos:
2. Para tener derecho a la ayuda, la prestación reconocida por el Servicio Público de Empleo Estatal o Instituto Social de la Marina deberá cumplir, además, con los siguientes requisitos:
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 12.2 de la Ley de Cantabria 10/2006, de 17 de julio, de Subvenciones de Cantabria, atendiendo a la naturaleza de las ayudas y a la condición de las personas beneficiarias, no serán de aplicación las prohibiciones establecidas en dichos preceptos.
1. La cuantía de la ayuda ascenderá a 200,00 euros por persona.
2. Las ayudas se financiarán a través del crédito presupuestario que se deberá crear a tal efecto en la Sección 13: Servicio Cántabro de Empleo, de los vigentes Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para 2020.
3. El crédito presupuestario para financiar estas ayudas tendrá carácter de ampliable.
1. El procedimiento para el otorgamiento de estas ayudas será el de concesión directa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. El procedimiento se iniciará y se impulsará de oficio en todos sus trámites. A tal efecto, el Servicio Cántabro de Empleo obtendrá los datos necesarios del Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo de aquellas personas que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 2, salvo el indicado en la letra c) del artículo 2.1, que será objeto de seguimiento y control posterior a la concesión y pago de las ayudas.
3. Atendiendo a razones de índole organizativa y de eficacia administrativa, la preparación de los expedientes será realizada por la Agencia Cántabra de Administración Tributaria.
4. Completada la documentación anterior, el Servicio Cántabro de Empleo, que actuará como órgano instructor del procedimiento, elevará propuesta de resolución de concesión de las ayudas, que podrá realizarla en un solo acto o en varios para lotes sucesivos.
5. La concesión de las ayudas estará exenta de función interventora previa y se someterá a control financiero posterior, y corresponderá a la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, que será así mismo la competente para la autorización y el compromiso del gasto.
6. Se establece un plazo de dos meses para dictar la resolución o resoluciones que procedan, contados a partir del día siguiente a la entrada en vigor de la presente Ley.
7. La Resolución o Resoluciones que se dicten agotarán la vía administrativa y contra las mismas cabrá interponer recurso potestativo de reposición o directamente recurso contencioso-administrativo, en los términos establecidos en la legislación básica del Estado.
1. Dictada la Resolución de la concesión, se tramitará de oficio el expediente de reconocimiento de la obligación de pago, correspondiendo su autorización a la consejera de Empleo y Políticas Sociales.
2. A la justificación le será de aplicación lo previsto en el artículo 30.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. Las personas beneficiarias de estas ayudas tendrán las obligaciones previstas con carácter general en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y, en particular, las siguientes:
a) Facilitar cuantos datos e información relacionados con la ayuda concedida les sean requeridos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
b) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo la percepción de complemento a la prestación por parte de su entidad empleadora.
c) Comunicar al Servicio Cántabro de Empleo cualquier incidencia que se produzca en relación con el percibo de su prestación concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal que pudiera afectar al mantenimiento de la ayuda otorgada.
d) Proceder al reintegro de la subvención en el caso de incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos para su percepción.
2. Las empresas estarán obligadas a suministrar la información necesaria para la comprobación de los requisitos establecidos para la obtención de estas ayudas, que pueda ser requerida por los órganos de seguimiento y control.
1. Procederá el reintegro de la cantidad percibida y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a esta, en los siguientes casos:
a) En el caso de que se declare judicialmente la nulidad de la suspensión o reducción de jornada del contrato de trabajo, que haya dado lugar a la percepción de la prestación reconocida por el Servicio Público de Empleo Estatal.
b) En el caso de que la persona beneficiaria haya percibido complemento a la prestación por parte de su entidad empleadora.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero previstas en la normativa sobre subvenciones públicas.
2. En el caso de renuncia a la subvención por parte de personas beneficiarias, procederán al reintegro voluntario de las cantidades en su caso recibidas a través del procedimiento determinado por la consejería competente en Economía y Hacienda.
Los tratamientos de datos personales de las personas beneficiarias, y las cesiones de los mismos entre las Administraciones Públicas que resulten necesarias para la tramitación de estas ayudas, se consideran fundadas en el cumplimiento de una misión realizada en interés público, por lo que no será necesario recabar el consentimiento de aquellas.