Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43623127
Timestamp: 2020-08-15 19:12:34
Document Index: 355790842

Matched Legal Cases: ['artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 431', 'artículo 194', 'artículo 431', 'artículo 13', 'artículo 431', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 431', 'artículo 431', 'artículo 13', 'artículo 431', 'artículo 194', 'artículo 431']

Sentencia de Constitucionalidad nº 475/05 de Corte Constitucional, 10 de Mayo de 2005 - Jurisprudencia - VLEX 43623127
Ley 599 de 2000 art. 431 expresion "durante el año inmediatamente anterior". Por el cual se expide el codigo penal. Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de funcion publica. Potestad de configuración del legislador y su autonomia para fijar la política criminal. Contenido y alcance de la disposicion donde se contienen las expresiones acusadas. Analisis del cargo por supuesta vulneración del principio de igualdad. No asiste razon al actor en ninguno de los argumentos que expone en relacion con la supuesta vulneración por la expresión acusada del principio de igualdad. Exequible
Sentencia citada en: 11 sentencias, 4 artículos doctrinales, una disposición normativa, un tema práctico
Para el demandante las expresiones ''durante el año inmediatamente anterior'' contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que establecerían una discriminación entre los servidores públicos y las demás personas, toda vez que a los primeros se les posibilita pasado un año vulnerar los derechos de los demás ciudadanos en la medida en que pueden utilizar la información por ellos conocida en su condición de servidores públicos. La Corte constata que no resulta posible equiparar la situación de los servidores públicos a los que se aplica la norma en que se contienen las expresiones acusadas con la de cualquier otra persona. Cabe destacar en efecto que el actor no toma en cuenta que el bien jurídico específico que se pretende proteger por la norma es la administración pública y que es en consecuencia en relación con la protección de ese bien jurídico especifico que debe analizarse la eventual vulneración del principio de igualdad invocado. En este sentido es claro que es en función de que se ha tenido acceso a determinada información en calidad de servidor público en el año inmediatamente anterior que el Legislador establece una sanción penal de multa en este caso y ello como acaba de verse en función de la protección del bien jurídico administración pública. Situación que no es predicable de cualquier otra persona que no tenga dicha calidad y que por tanto no tiene en esas condiciones acceso a la información aludida y desde esta perspectiva no está en capacidad de vulnerar de esta manera el bien jurídico administración pública. En ese orden de ideas, es claramente improcedente exigir el mismo tratamiento jurídico frente a supuestos de hecho diversos, y por tanto ninguna vulneración del principio de igualdad cabe predicarse respecto de la tipificación efectuada por el Legislador del delito de ''Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública'' pues ni siquiera los supuestos planteados por el actor resultan comparables. A ello cabe agregar que en sí mismo el límite temporal establecido en la norma se enmarca dentro de la potestad de configuración que la Constitución reconoce al Legislador para determinar la política criminal y en este sentido para penalizar o no determinadas conductas
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión ''durante el año inmediatamente anterior'' contenida en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 ''por la cual se expide el Código Penal''
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano J.A.E.M. presentó demanda contra la expresión ''durante el año inmediatamente anterior'' contenida en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 ''por la cual se expide el Código Penal'', por la presunta vulneración del Preámbulo y de los artículos 1º, 2º, 4º y 13 constitucionales.
Dado que el accionante dentro del término legal, corrigió la demanda, el Magistrado Sustanciador, mediante auto del 14 de octubre de 2004, la admitió, pero solamente en relación con el cargo de inconstitucionalidad por vulneración del artículo 13 superior, y dispuso correr traslado de la misma al P. General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor P. de la República, y al P. del Congreso de la República, así como también al Ministro del Interior y de Justicia y al F. General de la Nación, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptúen sobre la constitucionalidad de las normas acusadas.
'' LEY 599 DE 2000''
El demandante afirma que la expresión acusada vulnera el artículo 13 de la Constitución Política toda vez que: ''...permite divulgar una información que el servidor público conoció en su condición de tal, luego de transcurrido un año de que el servidor haya dejado el cargo, a lo cual no habría sanción alguna para el infractor con relación a los daños que pudiera ocasionar con la manifestación por él hecha...''. En ese orden de ideas considera que el precepto acusado establece una discriminación entre quienes ya cumplieron un año de haber sido servidores públicos y las demás personas, toda vez que a los primeros, se les posibilita vulnerar los derechos de los demás ciudadanos en la medida en que pueden divulgar la información por ellos conocida en su condición de servidores públicos pasado un determinado tiempo, mientras que a las demás personas no se les da la misma posibilidad.
En ese orden de ideas, afirma que la actividad del legislador al momento de definir los delitos: ''...está sujeta a los límites que impone la propia Carta, de tal suerte que el ejercicio del ius puniendi supone una adecuación de la potestad del legislador con los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución, de tal manera que se garanticen efectivamente los derechos fundamentales dentro de un marco de respeto a la dignidad humana y la libertad...''. Sobre el particular cita un aparte de la sentencia C-248 de 2004.
Concluye entonces que: ''...la descripción del artículo 431 del Código Penal se ajusta a las previsiones constitucionales, en tanto, como se ha advertido, con la incorporación del ingrediente normativo demandado se ha delimitado el margen de punibilidad atendiendo criterios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad, y teniendo en cuenta además la naturaleza del bien jurídico y la plena aplicación del principio de legalidad ...''.
El F. General de la Nación, interviene en el presente proceso para solicitar a la Corte que declare la constitucionalidad de la disposición acusada; con base en los argumentos que se resumen a continuación.
Considera que el límite temporal fijado por el legislador en la expresión acusada es totalmente razonable, pues establece un lapso prudencial contado a partir del retiro del cargo, para que el exservidor se abstenga de utilizar la información que haya sido de su conocimiento, especialmente si se considera que: ''...la velocidad con la que actualmente fluye la información, hace que el periodo de un año, (...) sea más que suficiente para la protección de la administración pública, pues lo que hoy puede ser información de gran connotación susceptible de reserva, en un tiempo no muy lejano, incluso menor a un año, podría ser simple historia...''.
Finalmente, señala que no es cierto que el ordenamiento jurídico nacional: ''...permita dejar sin sanciones los casos que no puedan ser subsumidos bajo la norma en estudio, ya que hay que tener presente que corresponderá al organismo competente punitivo mirar si la conducta desplegada por ese ciudadano se adecua a otro tipo penal con el fin de determinar la posible pena a que se hace merecedor quien actúa de esa forma, a manera de ejemplo bien pudiera acomodarse dicho hecho al delito contemplado en el artículo 194 del Código Penal...''.
El Señor P. General de la Nación, allegó el concepto número 3711, recibido el 26 de noviembre de 2004, en el que solicita a la Corte inhibirse para fallar de fondo en relación con la constitucionalidad de la expresión acusada, de conformidad con las siguientes consideraciones.
La Vista F. advierte que: ''...Los argumentos expuestos por el ciudadano E.M. son confusos y no permiten inferir cuál es el concepto de la violación del ordenamiento superior ni demuestra como el precepto acusado infringe las normas superiores invocadas ''.
Recuerda que la jurisprudencia constitucional ha señalado que: ''...la formulación de un cargo constitucional específico contra la disposición demandada, constituye uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, por lo que antes de pronunciarse de fondo, la Corte debe verificar si el actor ha cumplido con la exigencia de fundamentar en debida forma el respectivo cargo, so pena de inhibirse para fallar por ineptitud sustantiva de la demanda, al carecer de argumento susceptibles de ser analizados por el juez constitucional...''. Al respecto cita apartes de las sentencias C-131 de 1993 y C-045 de 2003.
La Vista F. considera que: ''...el ciudadano E.M. no explicó suficientemente el concepto de la violación del principio de igualdad por parte de la norma acusada, ya que, bajo un contexto poco claro, intenta hacer una supuesta comparación entre los exfuncionarios y el resto de personas, sin definir supuestos de hecho claros que permitan realizar un verdadero test de igualdad, por lo que dicho cargo, también ha debido ser rechazado...''.
Para el actor las expresiones ''durante el año inmediatamente anterior'' contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que establecerían una discriminación entre los servidores públicos y las demás personas, toda vez que a los primeros se les posibilita pasado un año vulnerar los derechos de los demás ciudadanos en la medida en que pueden divulgar la información por ellos conocida en su condición de servidores públicos. Posibilidad que no existe para ninguna otra persona. Afirma igualmente que no resulta razonable ni se justifica la desigualdad prevista por la expresión acusada entre los servidores públicos y un ciudadano común y corriente, toda vez que no existe ningún motivo constitucionalmente válido que justifique la posibilidad para los primeros de utilizar la información simplemente por haber pasado un año.
Para el señor P. y para el interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia no se reúnen en este caso los presupuestos para adelantar el juicio de constitucionalidad por no haberse explicado clara y específicamente por el actor las razones por las cuales las expresiones acusadas vulneran el artículo 13 de la Constitución.
El señor F. General de la Nación coincide en que las expresiones acusadas no vulneran en manera alguna el principio de igualdad y destaca que son otros tipos penales los que protegen los bienes jurídicos que el actor considera desprotegidos por dichas expresiones.
Debe la Corte en consecuencia establecer si las expresiones ''durante el año inmediatamente anterior'' contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 ''por la cual se expide el Código Penal'' que tipifica el delito de Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública vulneran o no el principio de igualdad por cuanto supuestamente establecen una discriminación entre los servidores públicos y las demás personas sin ninguna justificación.
El señor P. General de la Nación afirma que el actor no formuló en debida forma el cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, por lo que solicita a la Corte inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo en el presente caso por ineptitud sustantiva de la demanda. En similar sentido se expresa el interviniente en representación del Ministerio del Interior y de justicia para quien no se expresaron claros y específicos argumentos para sustentar el cargo referido
Al respecto, cabe recordar que la Corte ha explicado de manera reiterada que dado que el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política Defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001 M.P.M.G.M.C. y 244 de 2001 M.P.J.C.T. y las sentencias C-281 de 1994 M.P.J.G.H.G., C-519 de 1998 M.P.V.N.M., C-177 de 2001 M.P.F.M.D., C-013 de 2000 y C-362 de 2001 M.P.A.T.G., C-1052 de 2001 M.P.M.J.C.E., entre varios pronunciamientos., al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional Ver por ejemplo, el Auto de Sala Plena 244 de 2001 .
Ahora bien, en el presente caso la Corte constata que contrariamente a lo afirmado por el interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia y por señor P. General de la Nación, el actor no solo invoca la norma constitucional que considera vulnerada respecto de la cual se admitió la demanda, a saber el artículo 13 superior-, sino que explica que la vulneración del principio de igualdad se da por el establecimiento, en su criterio sin ninguna justificación, de una diferencia de trato entre los servidores públicos y las demás personas, al permitir a los primeros pasado un determinado tiempo divulgar o utilizar informaciones a las que se tuvo acceso como funcionario, posibilidad que no tienen las demás personas. Así mismo que la diferencia de trato aludida sería irrazonable pues dejaría sin protección la información que sobre determinadas personas pudiera tenerse y cuyos derechos podrían entonces ser vulnerados.
Téngase en cuenta que si bien los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991 deben cumplirse, el rigor en el juicio que aplica la Corte al examinar la demanda no puede convertirse en un método de apreciación tan estricto que haga nugatorio el derecho reconocido a todo ciudadano para acudir ante la Jurisdicción Constitucional y obtener una sentencia Ver entre otras las Sentencias C-1052/01 M.P.M.J.C.E., C-362/01 y C-510/04 M.P.A.T.G...
Tales fueron las razones que se tuvieron en cuenta para admitir parcialmente la demanda planteada y son las que llevan a la Corte a pronunciarse de fondo sobre la misma, de modo que la Corte se abstendrá de atender la solicitud formulada por el interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia y por señor P. General de la Nación y procederá a analizar la acusación formulada por el demandante.
La Corte ha sido enfática en reconocer que para la definición de la política criminal del Estado y, en particular, en materia penal para la configuración de las conductas punibles, el órgano legislativo tiene una competencia amplia y exclusiva que encuentra claro respaldo en el principio democrático y en la soberanía popular (C.P. arts. 1º y 3º), razón por la cual, corresponde a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, determinar, dentro de los marcos de la Constitución Política, la orientación del Estado en estas materias Ver en este sentido entre otras las sentencias C-559 de 1999. MP A.M.C., , C-420/02 M.P.J.C.T., C-762/02 M.P.R.E.G., C-205/03 M.P.C.I.V.H., C-226/02 y C-100/05 M.P.Á.T.G..
Esta circunstancia, permite que el legislador adopte distintas estrategias de política criminal, siempre que la alternativa aprobada, además de ser legítima en cuanto a la forma en que se configura, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Así las cosas, es evidente que la política criminal y el derecho penal no se encuentran definidos en el texto constitucional sino que corresponde al legislador desarrollarlos. La Corte ha precisado que en el ejercicio de su atribución el Congreso ''no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (CP art. 4). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el Legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta. Sentencia C-038 de 1995. Fundamento 4.''
En este sentido es claro para la Corte que la Constitución reconoce al Legislador una amplia potestad de configuración para desarrollar la política criminal y determinar o no el establecimiento de delitos y sanciones según la valoración que este haga en el marco de la Constitución Al respecto cabe recordar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-237/97 en la que se señaló lo siguiente:''El derecho penal, que en un Estado democrático debe ser la última ratio, puede ser utilizado, sin vulnerar la Constitución, para sancionar las conductas lesivas de bienes jurídicos ajenos que se estiman esenciales y cuya vulneración, en consecuencia, debe asociarse a una pena. La Corte, en función de la competencia que le ha sido atribuida, puede valorar la norma atendiendo sólo criterios de razonabilidad y proporcionalidad..''Sentencia C-237/97 M.P.C.G.D... Ese es el margen de acción de la función legislativa en materia punitiva, en el que si el legislador advierte que la criminalización es la forma más invasiva de control social, por su intensa afectación de la libertad, y esa circunstancia no contribuye al perfeccionamiento de una política adecuada al logro de los fines perseguidos por la norma, puede prescindir de ella luego de la ponderación que haga de la realidad que pretende controlar Ver Sentencia C-226/02 M.P.A.T.G...
La Corte también ha sido constante en afirmar que mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales ''bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de éstas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado'' Sentencia C-013/1997 M.P.J.G.H.G... En el mismo sentido ''puede consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, entre otros''. Sentencia C-840 de 2000.
Por lo anterior, solamente ''en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad,'' I. correspondería al juez Constitucional declarar la inexequibilidad de la disposición que sea objeto de análisis.
Cabe destacar al respecto que la jurisprudencia ha señalado con especial énfasis que en el Estado Social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden ''El Constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio''. Por lo que ''Sólo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento''. Sentencia C-070 de 1996 M.P.E.C.M..
En ese orden de ideas la Corte ha explicado que si bien el Legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado Desde luego que la política criminal del Estado no se agota en el ejercicio de su poder punitivo. En un reciente pronunciamiento esta Corporación definió en un sentido amplio el concepto de política criminal y la amplia gama de medidas que comprendía: ''Dada la multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado definir la política criminal en un sentido amplio. Es ésta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica''. Corte Constitucional, Sentencia C-646-01. M.P., M.J.C.E.. y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales, o los derechos fundamentales Sentencia C-420/02 M.P.J.C.T...
La norma donde se contienen las expresiones acusadas, a saber el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 hace parte del capitulo once ''de la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública'' Capítulo Once De la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública del titulo XV sobre delitos contra la administración pública
ART. 431.--Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, información obtenida en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa.
ART. 432.--Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función cumplida, con el fin de obtener ventajas en un trámite oficial, incurrirá en multa.
ART. 433.--Soborno transnacional. El nacional o quien con residencia habitual en el país y con empresas domiciliadas en el mismo, ofrezca a un servidor público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que éste realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, relacionado con una transacción económica o comercial, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 434.--Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. El servidor público que se asocie con otro, o con un particular, para realizar un delito contra la administración pública, incurrirá por ésta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la misma no constituya delito sancionado con pena mayor.
del título XV ''sobre delitos contra la administración publica'' del Libro segundo ''sobre los delitos en particular'' del Código Penal.
Así en el Capítulo Octavo ''De los abusos de autoridad y otras infracciones'', del título XV ''sobre delitos contra la administración publica'' del Libro segundo ''sobre los delitos en particular'' del Código Penal para el caso de los servidores públicos se penaliza la revelación de secreto (art. 418) ART. 418.--Revelación de secreto. El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
, la utilización de asunto sometido a secreto o reserva (art. 419) ART. 419.--Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor.
, la utilización indebida de información oficial privilegiada (art. 420) ART. 420.--Utilización indebida de información oficial privilegiada. El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea éste persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
A su vez, y en relación no con los servidores públicos sino respecto de cualquier persona en el capítulo VII ''De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones'' del título III ''de los delitos contra la libertad individual y otras garantías'' del Libro segundo del Código Penal se penaliza la violación ilícita de comunicaciones (Art. 192) ART. 192.--Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
, la divulgación y empleo de documentos reservados (art. 194) ART. 194.--Divulgación y empleo de documentos reservados. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
, el acceso abusivo a un sistema informático (art. 195) ART. 195.--Acceso abusivo a un sistema informático. El que abusivamente se introduzca en un sistema informático protegido con medida de seguridad o se mantenga contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá en multa.
, la violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (art. 196) ART. 196.--Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida comunicación o correspondencia de carácter oficial, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.
El análisis del cargo por la supuesta vulneración del principio de igualdad
Para el demandante las expresiones ''durante el año inmediatamente anterior'' contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 vulneran el derecho a la igualdad, toda vez que establecerían una discriminación entre los servidores públicos y las demás personas, toda vez que a los primeros se les posibilita pasado un año vulnerar los derechos de los demás ciudadanos en la medida en que pueden utilizar la información por ellos conocida en su condición de servidores públicos. Posibilidad que no existe para ninguna otra persona. Afirma igualmente que no resulta razonable ni se justifica la desigualdad prevista por la expresión acusada entre los servidores públicos y un ciudadano común y corriente, toda vez que no existe ningún motivo constitucionalmente válido que justifique la posibilidad para los primeros de utilizar la información a que acceden en ejercicio de sus funciones simplemente por haber pasado un año.
Sobre el particular, ha de reiterarse que la jurisprudencia ha precisado, de manera invariable que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles Ver Sentencia C-100/04 M.P.Á.T.G.. .
La Corporación ha establecido también en múltiples ocasiones que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable Ver, entre muchas otras, la sentencia C-530 de 1993 M.P.A.M.C... La Corte ha acudido entonces a un instrumento metodológico-sobre cuyo alcance y límites se ha pronunciado reiteradamente La metodología de análisis para establecer una eventual vulneración al principio de igualdad ha ocupado varias veces a la Corte Constitucional, entre muchas otras pueden verse las siguientes sentencias: T-422/92, C-230/94 y C-1141/00 M.P.E.C.M.; C-040/93 M.P.C.A.B.; C-410/94, C-507/97 y C-952/00 M.P.C.G.D.; C-265/94,C-445/95 y C-093/01 M.P.A.M.C.; C-673/01 y C-980/02 M.P.M.J.C.E.A.VJ.A.R., C-1191/01 M.P.R.U.Y., C-973/02 y C-043/03 M.P.Á.T.G.S.P.V.M.J.C.E.; C-475/03 M.P.J.C.T.A.V.J.A.R..
-, para verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado Al respecto Ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994, C-022 de 1996, C-093/01 M.P.A.M.C., C-1108/01 MP R.E.G. y M.G.M.C., C-1176/01 M.P.M.G.M.C., C-1191/01 M.P.R.U.Y. , C-043/03 y C-100/04 M.P.Á.T.G...
Se busca así establecer en cada caso i.) si se está frente a supuestos de hecho diversos o si estos son comparables; ii.) si el fin perseguido por la norma es un fin objetivo y legítimo a la luz de la Constitución; iii.) si los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad entre ellos; iv.) si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido; b) los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes Sentencia C-1176/01 M.P.M.G.M.C.
Respecto de la primera condición, que en caso de no cumplirse impide que se desarrolle el instrumento metodológico expresado En múltiples oportunidades esta Corporación ha explicado que. ''la aplicación de los "tests" de razonabilidad y proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (...)El orden de estas etapas corresponde a necesidades no sólo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente sólo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior.''Ver Sentencia C-022/96 M.P.C.G.D. En el mismo sentido, ver sentencias T-230 de 1994, T-563 de 1994, C-337 de 1997, T-454 de 1998, T-861 de 1999, C-445 de 1995, C-673 de 1999, C-093 de 2001, C-586/01, C-742/01, C-233/02, C-1116/03, entre muchas otras., la Corte ha precisado que el derecho a la igualdad que consagra la Constitución es objetivo y no formal, puesto que se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción ésta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos. Corte Constitucional. Sentencia C-221/92 M.P.A.M.C..
Desde esta perspectiva solamente resulta posible establecer la eventual vulneración del principio de igualdad cuando las situaciones de hecho que se comparan atienden a dichos presupuestos Ver Sentencia C-1063/00 M.P.V.N.M.. .
En ese orden de ideas, es claramente improcedente exigir el mismo tratamiento jurídico frente a supuestos de hecho diversos, y por tanto ninguna vulneración del principio de igualdad cabe predicarse respecto de la tipificación efectuada por el Legislador del delito de ''Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública'' pues ni siquiera los supuestos planteados por el actor resultan comparables.
A ello cabe agregar que en sí mismo el límite temporal establecido en la norma se enmarca dentro de la potestad de configuración que la Constitución reconoce al Legislador para determinar la política criminal y en este sentido para penalizar o no determinadas conductas de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan causar a los bienes jurídicos que se buscan proteger acudiendo a la sanción penal Sentencia C-013/1997 M.P.J.G.H.G.. y en este caso específicamente al bien jurídico administración pública .
Recuérdese que, como se señaló en los apartes preliminares de esta sentencia, el Legislador en determinadas circunstancias y salvo en casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad, I. bien puede prescindir de la sanción penal luego de la ponderación que haga de la realidad que pretende controlar Ver Sentencia C-226/02 M.P.Á.T.G...
Así como lo señala el señor F. General de la Nación sin que ello signifique desproteger el bien jurídico administración pública el Legislador bien podía considerar que un año resultaba un término adecuado para establecer como límite a la sanción penal con multa de la conducta descrita en el artículo 431 de al Ley 599 de 2000 dadas las características actuales del manejo de información por parte de la administración pública sometida al principio de transparencia y en la que salvo las excepciones señaladas en la ley se predica el libre acceso a los documentos públicos. Así como en función de la existencia de tipos penales específicos para sancionar la violación de la reserva que en casos específicos señala la ley.
Ahora bien, resulta pertinente precisar de otra parte que no es cierto que en este caso se desamparen -pasado el limite temporal fijado en la norma- los derechos de las personas respecto de las cuales el servidor público pueda acceder a alguna información en razón de sus funciones pues es claro que como lo señala el señor fiscal General de la Nación serán otros tipos penales -en función de bienes jurídicos diferentes al de la administración pública- los que eventualmente sean utilizados para penalizar a quienes luego de haber dejado de ser servidores públicos lleguen a utilizar por fuera del limite temporal a que alude la norma una información que conocieron en tal calidad y que pueda afectar los derechos de determinadas personas. A título de ejemplo cabe recordar, como lo hace el mismo señor F. General de la Nación, que el artículo 194 de la Ley 599 de 2000 contenido en el capítulo VII ''De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones'' del título III ''de los delitos contra la libertad individual y otras garantías'' del Libro segundo del Código Penal sanciona con multa a quien en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
Declarar EXEQUIBLES, por el cargo formulado, las expresiones ''durante el año inmediatamente anterior'' contenidas en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000.