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Timestamp: 2019-08-18 03:01:15
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Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 33', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 51', 'artículo 85', 'artículo 8']

66. En realidad, esta tendencia viene ocurriendo ya hace algún tiempo (a partir de fines de 2004), como lo señalé en mi extensos Votos Disidentes (párrs. 1-49 y 1-75, respectivamente) en las Sentencias de excepciones preliminares (del 23.11.2004), y de fondo y reparaciones (del 01.03.2005), en el caso de las Hermanas Serrano Cruz versus El Salvador41. Para evocar otra ilustración, trascurrida media década desde la trascendental Interpretación de Sentencia en el caso Barrios Altos, la Corte ya no parecía más tener el mismo ánimo de aclarar lo planteado ante ella, v.g., en la demanda de Interpretación de Sentencia en el caso de la Comunidad Moiwana versus Suriname.
67. En su Interpretación de Sentencia del 08.02.2006 en este caso de la Comunidad Moiwana, la Corte se frenó y se autolimitó a tal punto que me vi en el deber de suplir, en un Voto Razonado (párrs. 1-32), lo que la Corte prefirió abstenerse de hacer. Centré mis reflexiones en tres puntos, a los cuales atribuí particular importancia, a saber: a) la delimitación, demarcación, titulación y entrega de la tierra como forma de reparación (no-pecuniaria); b) la garantía del retorno voluntario y sostenible (de los miembros desplazados de la Comunidad); y c) la necesidad de reconstrucción y preservación de la identidad cultural42. En aquél caso de la Comunidad Moiwana, como en el presente caso de la Prisión de Castro Castro, me he mantenido fiel, - como en todo mi período como Juez Titular de la Corte Interamericana, - a mi concepción del rol fundamental de un tribunal internacional de derechos humanos, el cual no se agota en "resolver" una controversia sometida a su conocimiento, sino requiere, además, de él, decir cuál es el Derecho.
70. En seguida, no se presta a cualquier intento de "teoría general": cada masacre - exterminio de no-combatientes, - entre hombres y mujeres, niños y ancianos, - en general enteramente indefensos, ha sido perpetrado en un determinado contexto histórico, político y cultural distinto43. Dicho fenómeno difícilmente se prestaría a cualquier intento de generalización.
71. Por otro lado, los autores intelectuales y materiales de los masacres intentan sistemáticamente caracterizar las víctimas, aunque inocentes e indefensas, como "enemigos" que deben ser eliminados o exterminados, - buscan, en suma, deshumanizarlas antes de matarlas44. Con esto, buscan "protegerse" del propio sentimiento de culpa por sus actos de extrema crueldad. El elemento de la intencionalidad parece estar siempre presente, a mi juicio como circunstancia agravante, inclusive para efectos de reparaciones.
72. La noción de "masacre" empieza a ser tomada como una "unité lexicale de référence": en dichos casos de masacres, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas fatales traen consigo la carga de sus sufrimientos personales sumados a los sufrimientos de los que fueron masacrados45. Es esta una circunstancia agravante, sumada a la premeditación e intencionalidad que conllevaron a la perpetración de los masacres. En fin, en los esfuerzos por lograr la justicia restaurativa, hay necesariamente que tomar en cuenta los profundos efectos traumáticos de las masacres, no sólo y obviamente en las víctimas y sus familiares, sino también en el propio tejido social, en la propia población por afectada por las masacres como un todo.
73. Significativamente, el hecho de que víctimas de masacres, y personas que se encuentran en situaciones de la más aguda adversidad (como, inter alii, los detenidos en condiciones infra-humanas), logran hoy día alcanzar la jurisdicción internacional para hacer valer sus derechos. Tal hecho, - difícil de anticipar hace algunas décadas, - revela los avances del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en medio a tantas dificultades. Constituye, en mi percepción, una de las manifestaciones de la humanización del Derecho Internacional contemporáneo, que revela, además, el impacto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho Internacional Público, y, en última instancia, lo que yo conceptuaría como la evolución corriente del Derecho Internacional hacia el Derecho de Gentes46.
"une science du droit des gens: mais malhereusement on chercha des lois des nations, non dans la raison et la nature (...). On s'occupa moins des droits de l'humanité, de la justice envers les individus, que de l'ambition, de l'orgueil ou de l'avidité des gouvernements"47.
"les principes de la philosophie, les maximes de la liberté, la connaissance des véritables droits de l'homme et de ses intérêts réels, sont répandus dans un trop grand nombre des nations, et dirigent dans chacune d'elles les opinions d'un trop grand nombre d'hommes éclairés, pour qu'on puisse redouter de les voir jamais tomber dans l'oubli"48.
80. En confirmación del entendimiento sostenido de la Corte sobre el punto en examen, la Convención Interamericana contra el Terrorismo (2002) dispone, en su artículo 15, que las medidas adoptadas por los Estados Partes de conformidad con su normativa "se llevarán a cabo con pleno respeto al estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales" (párr. 1). Salvaguarda, en seguida, las obligaciones convencionales de los Estados Partes, de conformidad con "el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de los Refugiados" (párr. 2). Y agrega que "a toda persona que se encuentre detenida o respecto de la cual se adopte cualquier medida o sea encausada con arreglo a la presente Convención se le garantizará un trato justo, incluido el goce de todos los derechos y garantías de conformidad con la legislación del Estado en cuyo territorio se encuentre y las disposiciones pertinentes del Derecho Internacional"49.
81. En mi Curso General de Derecho Internacional Público50, ministrado en la Academia de Derecho Internacional de La Haya en 2005, al referirme a Informes finales de Comisiones de la Verdad contemporáneas51, me permití señalar precisamente que
"They warn against responding to crimes committed by non-State entities (including terrorist groups) with crimes perpetrated by the State itself: the results are invariably the disruption of the rule of law (État de droit), social decomposition, killings of innocent people, impunity and corruption"52.
"The issue of the obligations of the non-State actor as regards the right to life hardly arises in practice. Taking a life is clearly illegal under national law and there would normally be no reason to raise this before a national court in terms of human rights law"53.
87. La incidencia de la normativa internacional de derechos humanos se daría, en tales circunstancias, a partir de la teoría de las obligaciones positivas de protección por parte del Estado. En el sistema europeo de protección, encuéntrase este punto desarrollado, v.g., en monografía pionera, por el jurista luxemburgués Dean Spielmann54. En el sistema interamericano de protección, el mismo punto encuéntrase desarrollado en numerosos de mis Votos en el seno de esta Corte acerca del Drittwirkung55. Si el Estado no asume sus obligaciones positivas de protección, se configura su responsabilidad por negligencia u omisión en el plano internacional, concomitantemente con la responsabilidad penal de los perpetradores de actos terroristas en el plano del derecho interno.
89. Hace años vengo sosteniendo la aplicación concomitante del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario (cf. infra). Importa, en última instancia, asegurar que nadie quede fuera de la protección del Derecho. La cuestión del ámbito preciso de las personas destinatarias de la normativa del Derecho Internacional Humanitario en conflictos armados internos o no-internacionales ha dado margen a debates y controversias. La doctrina inclínase por considerar a todos involucrados en tales conflictos, inclusive los que apoyan las partes en ellos involucrados, como destinatarios de aquella normativa, y vinculados por ella56. La aplicabilidad del Derecho Internacional a todos los involucrados en conflictos armados internos tiene el efecto de fortalecer gradualmente la protección de los indefensos57, de las víctimas potenciales.
90. Esto significa que, movido por las propias necesidades de protección, el Derecho Internacional Humanitario ha trascendido su óptica inter-estatal del pasado, y hoy extiende su ámbito de aplicación también a entidades y grupos no-estatales, a grupos armados que se oponen en conflictos internos, que pueden tener su responsabilidad penal comprometida58 (cf. infra). Este desarrollo no se limita al plano puramente doctrinal, y ha encontrado hoy expresión también en la jurisprudencia internacional: recientemente, la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona sostuvo, en el caso Prosecutor versus Sam Hinga Norman (jurisdicción, decisión del 31.05.2004), que
"it is well settled that all parties to an armed conflict, whether States or non-State actors, are bound by International Humanitarian Law, even though only State may become parties to international treaties"59.
91. Así, las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario se imponen tanto a los Estados como a individuos y grupos, a entidades no-estatales, a insurgentes armados en general, y este notable desarrollo del Derecho Internacional Humanitario no ha sido cuestionado por los Estados en la práctica60. Él atiende, además, a las crecientes necesidades de protección del ser humano en situaciones de conflicto armado interno (y también internacional). De ese modo, la responsabilidad del individuo, actuando aisladamente o en grupos, puede configurarse por violación del Derecho Internacional Humanitario.
92. Este último prohíbe cualquier acto de terrorismo. Recuérdese, al respecto, que la IV Convención de Ginebra de 1949 sobre la Protección de Civiles expresamente prohíbe inter alia cualquier acto de intimidación o de terrorismo (artículo 33). Esta disposición sirvió de base para la prohibición absoluta subsiguiente, consignada en el Protocolo Adicional II de 1977 a las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, de "actos de terrorismo" (artículo 4(2)(d)). En relación con la protección de la población civil, el Protocolo Adicional II prohíbe cualesquiera actos o amenazas de violencia con el propósito de diseminar el terror en la población civil (artículo 13(2)). Esta misma prohibición se encuentra igualmente consagrada en el Protocolo Adicional I (artículo 51(2)). La referencia a "actos o amenazas de violencia" torna la prohibición particularmente amplia, de modo a abarcar "todas las circunstancias posibles"61.
93. El reconocimiento de que las violaciones del Derecho Internacional Humanitario aplicable a los conflictos armados (internacionales o internos) configuran la responsabilidad penal individual ha sido considerado como un "acontecimiento histórico"62. Esto ocurre con aún mayor rigor cuando se trata de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario63 (artículos 50/51/130/147 de las Convenciones I-IV de Ginebra de 1949, además del artículo 85 del Protocolo Adicional I de 1977), en relación a las cuales los Estados Partes en las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949 están obligados a cerciorarse de que su legislación prevé las "sanciones penales adecuadas" a ser aplicadas, a los responsables, por los propios tribunales nacionales (artículos 49/50/129/146 de las Convenciones I-IV de Ginebra de 1949)64.
94. En la práctica, varios Estados ya han adaptado su legislación nacional a los requisitos de las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, práctica ésta que se ha ampliado a partir de mediados de la década de noventa, con la creación de los Tribunales Penales ad hoc para la Ex-Yugoslavia y para Rwanda65. En nada sorprende, pues, que, en los últimos años, las atenciones se vengan centrando - en la teoría y la práctica - en la implementación nacional (en el plano del derecho interno de los Estados) de la normativa del Derecho Internacional Humanitario66.
95. Las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (que son violaciones graves también de los derechos humanos), consignadas en las cuatro Convenciones de Ginebra y el Protocolo Adicional I (supra) han venido marcando presencia también en el Estatuto de Roma de 1998 del Tribunal Penal Internacional67; su artículo 8, al identificar los elementos de los crímenes de guerra, por ejemplo, contiene una lista bien más amplia (que la de las cuatro Convenciones de Ginebra) de las referidas violaciones graves68. El concepto de dichas violaciones graves en materia de crímenes de guerra se extiende hoy día también a violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (y de los derechos humanos) perpetrados en conflictos armados internos o no-internacionales.
96. Esto desvenda otra situación en medio a la complejidad de los conflictos armados (internos o no-internacionales, así como internacionales) contemporáneos: en caso de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario (o de los derechos de la persona humana)69, tiene aplicación el Derecho Penal Internacional contemporáneo. Quedan claras las complejidades de situaciones de conflictos armados (internos o internacionales), que revelan la apremiante necesidad de protección de todas las víctimas, y de provisión de reparación a todas ellas, o sea, - las víctimas de actos terroristas perpetrados tanto por simples particulares (inclusive agentes clandestinos o no-identificados) como por el propio Estado. En tales circunstancias, todos se encuentran vinculados por las obligaciones del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Penal Internacional.
97. En el pasado, la justicia retributiva y la justicia restaurativa han sido abordadas paralelamente, de forma compartimentalizada. Sin embargo, en los últimos años, parece formarse una nueva tendencia, reflejada en avances recientes en el Derecho Penal Internacional (a partir de la adopción del Estatuto de Roma de 1998), de dejar de contraponer70 la justicia retributiva (centrada en la sanción de la conducta criminosa) a la justicia restaurativa (atenta a la situación de las víctimas y su rehabilitación). En mi entendimiento, la justicia retributiva y la justicia restaurativa no se autoexcluyen, sino más bien se complementan. Hay una convergencia entre la búsqueda de la justicia mediante la sanción de los responsables por violaciones de los derechos humanos (la justicia retributiva) y la búsqueda de la rehabilitación de las víctimas de tales violaciones (la justicia restaurativa)71.