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Timestamp: 2020-01-28 05:15:18
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Matched Legal Cases: ['artículo 37', 'artículo 29', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo\n29', 'artículo 29', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 565']

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como las sentencias inhibitorias en colombia, podrian perder su calidad de llamarse sentencias ya que la deficinion de estas es que pueden ser estimatorias y desestimatorias a las pretencioones, y las inhibitorias el juz se inhibe y no contesta, es decir que deja un vacio juridico
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LAS SENTENCIAS INHIBITORIAS, UN PROBLEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN
MANUEL DE JESUS FLOREZ REYES
ANDREA CAROLINA ARIZA SANCHEZ
PROGRAMA DE DERECHO SEMESTRE V
1. TEMA JURIDICO O SOCIO JURIDICO
4. Delimitación del problema
5. Formulación del problema jurídico
6. Fuentes directas, indirectas
7. Referencias y/o Bibliografía
En procura de garantizar el debido acceso a la administración de justicia, y hacer viable la
posibilidad de que se lleve a cabo la impartición de ese valor jurídico en todos los casos, hemos
decidido elaborar el presente proyecto de investigación, el cual desarrollamos explorando las
fuentes bibliográficas adecuadas, tomando los aspectos sobresalientes de la sentencia como
punto final del proceso; con el objeto de no sólo plasmar una descripción de esta figura procesal,
sino, de criticar vehementemente como estudiantes de derecho la postura inhibitoria de las
sentencias, al considerar que en dichos eventos se hace prevalecer la legislación legal, en
detrimento de la Norma Constitucional, violándose derechos fundamentales como el
anteriormente mencionado; el cual no sólo implica el poder de acceso de los individuos a los
medios estatales, sino de realización de la acción estatal cuando los individuos se dirigen hacia
ella… dándole en los casos establecidos por el legislador, beneficio entonces a la ley
(inhibitoriedad de las sentencias), en detrimento de la justicia, del hombre y por tanto del Estado
Social de Derecho.
De la misma manera, pensamos poder hacer realidad uno de los sueños fundamentales de la
Constitución de 1991, lograr que la ley procesal sea observada, pero que esta reconozca en el
derecho sustancial su verdadero fundamento. No significando esto el olvido de los
procedimientos, sino por el contrario, el perfeccionamiento de los mismos.
¿Se puede o no aceptar la existencia de la sentencia inhibitoria, afecta o no a la
administración de justicia?
Ante el interrogante anterior, teniendo en cuenta los dictámenes de la sentencia, y su mismas
esencia, no podrán aceptarse los fallos inhibitorios como sentencias, ya que si estudiamos
detenidamente el entramado de estas , tendremos que el único objeto, o no el único pero si más
esencial es resolver sobre las pretensiones y excepciones que se presenten en el proceso; según la
doctrina presentada por innumerables tratadista el carácter eminente de la sentencia, por
definición legal implica un pronunciamiento del juez del juez sobre la pretensiones y la
excepciones, por tanto las mal llamadas a nuestro parecer sentencias inhibitorias, son en realidad
anti-sentencias, ya que declaradamente se contraponen al objeto, esencia y razón de ser de la
sentencia puesto que las “sentencias inhibitorias” por naturaleza estas no resuelven ni sobre las
excepciones ni sobre las pretensiones; Por consiguiente el hecho de que el legislador las
menciones (art.91.101 y 33), no implica que se deba aceptar su existencia ya que el concepto
mismo impide significar o calificar a los fallos inhibitorios como sentencias; violando también
la ley 153 del 1887 la cual establece que el juez en ningún caso puede dejar de decidir.
Quizás la primigenia y principal razón de ser de la organización jurídico-política de cualquier
sociedad, es la búsqueda de unos patrones individuales y colectivos de comportamiento
comúnmente aceptados por sus integrantes, y hechos respetar por unas autoridades imparciales.
Es por ello, que la crisis del Estado de derecho en Colombia, en gran medida es la resultante de
la falta de eficiencia de la administración de justicia y, consecuentemente, de la ausencia de
credibilidad, de confianza y de respeto que sienten los ciudadanos frente a ella.
Quiero con este proyecto de investigación imprimirle un nuevo carácter al cumplimiento de la
responsabilida estatal, eliminando trabas procesales para que el Estado con todos sus esfuerzos
garantice la pronta y adecuada impartición de justicia a sus asociados. Por lo que la propuesta de
supresión de la figura de las sentencias inhibitorias, es una proposición novedosa, que hoy nos
sentimos en la obligación de realizarla para contribuir humildemente al derecho en la nación.
Es deber constitucional de los funcionarios investidos de jurisdicción, corregir los posibles vicios
procesales sin menoscabo del derecho de defensa, pero también es un derecho ciudadano
presentar proyectos como el nuestro, para ayudar a los particulares investidos de esa jurisdicción
a que resuelvan nuestros conflictos, dotándolos de herramientas en donde no gane la astucia sino
✓ Descubrir como la sentencia inhibitorias dentro de nuestro entender son violatorias al
reconocimiento de un derecho cierto e indiscutible, dejando así un vacío o laguna jurídica
✓ Identificar en qué consiste una sentencia inhibitoria
✓ Reconocer los elementos faltantes en los fallos inhibitorios por el cual es considerable
que no estos no constituyen sentencia
✓ Investigar la razón de ser de la sentencias inhibitorias
✓ Describir por qué consideramos que una sentencia inhibitoria es violatoria a la debida
LAS SENTENCIA INHIBITORIAS UN PROBLEMA PARA
La sentencia es, ante todo, un acto del juez (y, por consiguiente, un acto del estado) que expresa
la voluntad del estado en el que se declara o se afirma existente o inexistente el efecto jurídico
pedido de la demanda. Por tanto la sentencia es un mecanismo aplicador del derecho, ya se
entienda que este derecho es resultado de la propia sentencia, o como elemento determinante de
El concepto de sentencia no se haya como un concepto claro por excelencia, ya que presenta una
dualidad en cuanto a su esencia, puesto que no se sabe a ciencia cierta si la sentencia es un acto
de voluntad o un acto de pensamiento; lo que quiere decir que nadie ha considerado la sentencia
como un acto de voluntad sin expresar de momento que esta misma es un acto de pensamiento;
es decir que nadie ha considerado la sentencia como un orden de validez sin afirmar al mismo
tiempo que es manifestación de pensamiento, por ende cualquier estudio que se quiera
emprender de la sentencia y de la propia esencia de la jurisdicción, tiene que enfrentarse con
esta dualidad. (Blanco, 2010)
De lo regulado en los artículos 206 y 245, se entiende que para el legislador solo revisten la
forma de sentencia aquella resoluciones que se hallen destinadas a decidir definitivamente la
pretensión plantada en el pleito, sea en primera instancia o en los recursos tanto ordinarios como
extraordinario, acabando así con la confusión que existía en la ley derogada, que permitía que se
dictaran sentencia para resolver cuestiones que eran absolutamente procesales.
Teniendo en cuenta que la sentencia es una respuesta a la demanda, se establece una limitación,
esta consiste en que las demandas solo pueden ser estimatorias o desestimatorias de la
pretensión ejercitada; lo que quiere decir tal afirmación es que la sentencia es un acto
jurisdiccional con solo dos caminos, el de condenar o absolver al demandado; esta condena de la
cual se habla es una condena tocada de manera genérica, teniendo en cuenta que no siempre que
la sentencia condena al demandado implica contraposición a la absolución sino que en algunas
ocasiones simplemente no se declara existente las relaciones judiciales o niega el derecho al
cambio o a la extinción de una situación jurídica; tal como lo retrata, o expresa el art. 218 de
nuestra ley. (Blanco, 2010)
Nuestro ordenamiento jurídico distingue de manera clara entre una sentencia definitiva y una
sentencia en firme; esta distinción sin embargo no parte de lo esencial o de la íntima naturaleza
de la sentencia, sino más bien a cuestiones exógenas a las propias resoluciones, es decir fuera de
las propias resoluciones; en el caso de las sentencias definitivas se tratan de aquellas sentencias
que resuelven el problemas planteado siempre en la instancia o en el recurso, por tanto se
llaman definitivas porque cierra o finiquita de forma específica la cuestión tratada por la
sentencia en la instancia o en el recurso. Las dificultades existentes son removidas por la
sentencia judicial, terminando el juez que la dicta su contenido específico en cuanto su función
jurisdiccional. La sentencia en firme hace referencia por el contrario a esa posibilidad de ser
recurrida, y más que la posibilidad, la negativa o imposibilidad de interponer contra ella recurso
alguno ya sea porque no está previsto en la ley, sea porque previsto en la ley el recurso, este no
se haya interpuesto en el tiempo adecuado.
La sentencia en firme es para la ley similar a la preclusión de los medios normales o
extraordinarios de impugnación o recurso: sentencia en firme es, desde otro punto de vista la
que pasa en autoridad de cosa juzgada.
Ahora si tocamos la sentencia desde el ámbito de la finalidad de la función jurisdiccional,
encontramos que las sentencias se clasificaran en declarativas, es decir que con ellas viene
implícita la certeza y la seguridad con la declaración, y por último las sentencias de condena que
no solo traen consigo la certeza y la seguridad no solo con la declaración si no también con la
conminatoria a la realización de una determinada actividad que hace posible posteriormente la
ejecución. La diferencia se marcara entonces en que en las sentencias declarativas no existe más
que un juicio lógico mientras que en las sentencias de condena al juicio lógico se le suma la
realización de una actividad. (Blanco H. F., 2010)
La distinción establecida entre las sentencias condenatorias y las declarativas está determinada
por mandato legal (art. 219) que obliga al juez a fijar en la sentencia la cantidad que hay que
satisfacer en el supuesto de condena, o en su caso, obliga al juez a fijar las bases con que se
hallará, en fase de ejecución y con simples operaciones aritméticas, la cantidad cuyo pago es
condenada al parte vencida en el pleito (art.219.2), lo cual quiere decir que el legislador quiere
establecer la diferencia existente entre la declaración y la declaración en condena, de modo que
solo se hable de sentencia en condena cuando se presente la inclusión en el fallo de la cantidad
de dinero o cosas que hay que entregar o la actividad que debe realizarse a futuro, de forma
voluntaria o en trámite de ejecución para así satisfacer el derecho del autor (Blanco H. F., 2010)
Por último existe otra distinción entre sentencias es la que se refiere a las declarativas y
constitutiva, de una lado, y ejecutivas de otro. Esta distinción hace referencia a la clasificación de
las pretensiones y tiene menor relevancia puesto que es solo aplicable a las sentencias
estimatorias.
CONGRUENCIAS Y CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA
SENTENCIA. CONSECUENCIAS
La sentencia como acto final que pone término al proceso es condicionada, tanto en su estructura
como en contenido; esta es condicionada como se advirtió antes, por la demanda y el proceso,
Dicho de otra manera es la misma sentencia quien determinada por la demanda de acuerdo con la
naturaleza del proceso, fin y función, debe dar respuesta en la misma demanda a las pretensiones
formuladas por las parte; esto es conocido como el principio de correlación de la sentencia con la
demanda, estrictamente inseparable del de congruencia, y distinto cuando no autónomo del
principio de disposición. (Camacho, 2012)
Tanto la congruencia como la precisión y la claridad son requisitos fundamentales y esenciales
de tal acto de judicial (sentencia), estos requisitos impuestos por la ley para garantizar la
estabilidad y eficacia permanente. Dado el caso una sentencia no fuera precisa o no que no fuera
clara, sería un gran caos puesto que se obtendría lo contrario a lo que se busca y se podría sumir
las relaciones y situaciones jurídicas e inseguridad jurídicas, lo cual, siendo obvio pero aun así
necesario exponer, llevaría a la violación del derecho a la tutela efectiva, de tal afirmaciones se
tiene el principio; “las sentencias no pueden tener pronunciamientos contrarios”. (Camacho,
La congruencia es la necesidad del órgano judicial que se resuelva solo sobre lo pedido, y
sobre todo lo pedido; esta tiene su base o fundamente en dos principios procesales:
1. Principio de la imparcialidad judicial y el propio derecho constitucional de defensa,
2. Principio de la tutela efectiva;
 El primer principio del no existir congruencia se vería violado cuando una sentencia
resuelva más allá de los confines de la pretensión ejercitada por el actor (o dado el caso
por el demandado;
 Para el segundo el ejemplo preciso serpa una sentencia que no resolviera sobre alguna de
las pretensiones ejercitadas en el proceso, situación llamada por el tribunal constitucional
Incongruencia ex silentio (sentencia c de 27 de marzo de 1985), este caso afecta como
se dijo el derecho de la tutela efectiva puesto que el silencio judicial supondría la
negación a obtener una sentencia fundada en derecho sobre las cuestiones que se
plantearon en la demanda. (Camacho, 2012)
Por tanto citaremos el art 218 donde el legislador especifica que se hace prudente y necesario,
que el juez decida sobre todas las pretensiones del autor y del demandado, pero únicamente
sobre las planteadas no sobre las que este considere, lo que significa que el juez deberá decidir
sobre los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, haciendo uso para tal labor de los
fundamentos de hecho y derecho que hayan sido alegados por las mismas partes, por tanto la
congruencia no queda afectada por el hecho de que el juez no se atenga en su sentencia a los
fundamentos legales alegados por las partes, ya que estos no forman parte de la pretensión y en
todo caso, entran dentro de campo de conocimiento necesario que tiene que tener el juez y que
puede utilizar dentro del campo del conocimiento necesario que tiene que tener el juez y que
puede utilizar sin cortapisa alguna (iura novit curia).
Todas las cualidades que la sentencia debe reunir se halla en el fallo de a SSTS de 31 y 9
mayo de 1986.
MOTIVACIÓN DE LA SENTENCIA:
La sentencia es un juicio lógico jurídico que responde a la figura del silogismo, este concepto ha
sido promulgado gracias a la constitución. De manera que la obligación que tiene los jueces de
motivar la sentencia (Art. 120.3 y 218.2 LEC) adquiere gran significación tanto por el hecho de
que de no ser así da lugar a la indefensión, y porque el juez ha de ser sujeto a la ley (Art. 117.3
CE), es decir juzgar es solo posible si se viene motivado, tras un acto de pensamiento con fuerza
de un juicio lógico jurídico.
ESTRUCTURA EXTERNA DE LA SENTENCIA:
Las sentencias se formularán expresando, tras un encabezamiento, en párrafos separados y
numerados, los antecedentes de hechos, hechos probados, en su caso, los fundamentos de
derecho y por último, el fallo; serán firmadas por el juez, magistrados que les dicten. Esta norma
ha sido desarrollada por los artículos. 209 y 218 de la LEC.
En el encabezamiento de la sentencia se ha de expresar el lugar y la fecha en que se ha dictado;
el nombre del juez o el tribunal que las pronuncien; con nombres, domicilios y profesiones de las
partes y el carácter con que han litigado. De igual forma se expresaran los nombres de los
procurados y letrados que hayan intervenido en la acción ejercitada en el proceso u objeto del
juicio (art. 208.3 y 209. 1). (Echandía, 2011)
Referente a los antecedentes de hecho, no sólo se debe expresar, tal como se hace en la práctica,
los pasos dados en el proceso sino fundamentalmente el supuesto fáctico que ha conformado el
objeto del proceso.
DEFINICIÓN DE SENTENCIA INHIBITORIA:
Respecto de la inhibición misma, se dijo que era un acto en el cual sencillamente el juez se
abstenía,
La sentencia inhibitoria como su nombre lo indica hace alusión a abstención lo que quiere decir
que el juez se abstiene a resolver lo relativo al fondo del asunto objeto del proceso; por tanto por
definición la sentencia o fallo inhibitorio consiste en la no pronunciación de la administración de
justicia, es decir no falla, no decide, no juzga, y si no juzga carece de sentido, carácter, fuerza y
de valor la cosa juzgada, la cual permite la firmeza y la intangibilidad de “lo resuelto” Tal
conclusión resulta mucho más clara y evidente en el caso de inhibiciones constitutivas de vías de
hecho, por cuanto la flagrante violación judicial al ordenamiento jurídico no puede alcanzar en
justicia el nivel y la intangibilidad de la cosa juzgada (Echandía, sentencias, 2011)
ANALISIS DE LA SENTENCIA
Se deduce de la Sentencia C-666/96) los siguientes puntos:
 Uno de los deberes del juez es evitar las sentencias inhibitorias.
Según el artículo 37 del código de procedimiento civil. Deberes del juez. Modificado por el
Art 1 numeral 3 Decreto 2282/89; Son deberes del juez:
“Emplear los poderes que este código le concede en materia de pruebas, siempre que lo
considere conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y evitar nulidades y
providencias inhibitorias”.
Sin embargo ha de entenderse por supuesto que no se den fallos inhibitorios, de hecho según
investigaciones se da con alguna frecuencia, mucho más de lo que se quiere al menos,
incluso se presentan en sede de constitucionalidad, un ejemplo de esta es la Sentencia C-
013/00. Existen casos en los cuales pasa de deber general a obligación sancionable como en
el caso de incumplimiento como ocurre en las acciones populares. (Sentencia C-666/96) )
Se ha de tener en cuenta que el inc 3, art.5. L 472/89 Establece que promovida la acción, es
obligación del juez impulsar oficiosamente y producir la decisión de mérito so pena de
incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución. Para este fin el funcionamiento de
conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para adecuar la petición a la acción
que corresponda. (Sentencia C-666/96) )
 El art. 333 del código de procedimiento civil se haya inconstitucional parcialmente
o exequible parcialmente, como se desee decir, en la parte en que se refiere a las
sentencias inhibitorias
SENTENCIAS QUE NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA.
No constituyen cosa juzgada las siguientes sentencias:
1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria. (codigo general del proceso)
2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior,
por autorización expresa de la ley (codigo general del proceso).
3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal, que no impida iniciar
otro proceso al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento. (codigo general
del proceso)
4. Numeral CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE Las que contengan decisión
inhibitoria sobre el mérito del litigio.” (codigo general del proceso)
 Las sentencias inhibitorias ponen fin a una etapa del proceso
El juez por diversas causas pone fin a una etapa del proceso pero lo que en realidad desea es
abstenerse de penetrar en la materia del asunto planteado, permitiendo que se adopte una
resolución de mérito, esto es, “resolviendo” apenas de manera forma, por tanto la indefinición
 Las sentencias inhibitorias solo podrán ser proferidas por el juez en casos
La inhibición, aunque es posible en casos extremos, en los cuales se establezca con seguridad
que el juez no tiene otra alternativa, no debe ser la forma corriente de culminar los procesos
judiciales. Ha de corresponder a una excepción fundada en motivos ciertos que puedan ser
corroborados en los que se funde objetiva y plenamente la negativa de resolución sustancial. De
lo contrario, es decir, mientras no obedezca a una razón jurídica valedera, constituye una forma
de obstruir, por la voluntad del administrador de justicia, el acceso de las personas a ella."
(Sentencia C-666/96) (Sentencia C-666/96) )
En caso de que se den fallos inhibitorios infundados se tendrá por lesionados los derechos
fundamentales de las partes, se constituye una vía de hecho, el juez elude su responsabilidad
toda vez que, al inhibirse sin razón válida, el juez elude su responsabilidad, apartándose de la
Constitución y de la ley; realiza su propia voluntad, su interés o su deseo, por encima del orden
jurídico; atropella a quienes están interesados en los resultados del juicio y hace impracticable el
orden justo preconizado por la Constitución. Si ello es así, la inhibición injustificada carece de
legitimidad y pierde el sentido de una decisión judicial apta para producir cualquier efecto
jurídico. Es tan sólo una providencia judicial aparente que no merece la intangibilidad
normalmente atribuida a las determinaciones de los jueces." (Sentencia C-666/96)
abstenía:
"De la misma esencia de toda inhibición es su sentido de "abstención del juez" en lo relativo al
fondo del asunto objeto de proceso. Siempre consiste, por definición, en que la
administración de justicia no se pronuncia, esto es, no falla, no decide, no juzga. Y, si no
juzga, carece de toda lógica atribuir al acto judicial en que se consagra tal determinación -de no
juzgar- el carácter, la fuerza y el valor de la cosa juzgada, que de suyo comporta la firmeza y la
intangibilidad de "lo resuelto". Tal conclusión resulta mucho más clara y evidente en el caso de
inhibiciones constitutivas de vías de hecho, por cuanto la flagrante violación judicial al
ordenamiento jurídico no puede alcanzar en justicia el nivel y la intangibilidad de la cosa
juzgada." (Sentencia C-666/96) (Sentencia C-666/96) )
No hay que olvidar, como esa misma sentencia señala, que uno de los objetos de la
administración de justicia es la definición de los asuntos que se someten a su consideración.
Un caso típico que conlleva inhibición es la falta de jurisdicción, el cual no puede confundirse
con la falta de competencia, la cual se resuelve por remisión al competente.
"Desde luego, la proscripción de las inhibiciones no puede ser absoluta, ya que se dan
circunstancias excepcionales, en las que resulta imposible adoptar fallo de mérito, a pesar de que
el juez haya hecho uso de todas sus facultades y prerrogativas para integrar los presupuestos
procesales de la sentencia.
Uno de tales eventos es el de la falta de jurisdicción, que corresponde en el fondo a la absoluta
carencia de facultades del juez para administrar justicia en el caso controvertido. Lo que
entonces se le exige es precisamente no resolver, ya que, al hacerlo, invadiría la órbita propia de
una jurisdicción distinta, con ostensible violación del debido proceso (artículo 29 C.P.)
(constitucion politica de cololmbia, 1991) y en clara extralimitación de funciones públicas
(artículo 6 C.P.), lo que justifica la inhibición cuando la demanda no ha sido rechazada de plano.
Hipótesis distinta es la de falta de competencia del juez, si ella corresponde a otro de la misma
jurisdicción, pues entonces no tiene lugar la decisión inhibitoria, en cuanto lo procedente es el
envío de la diligencias al competente. Ello es posible en tal caso, a partir del concepto de
economía procesal y en cuanto no se rompe la autonomía que la Constitución consagra en cabeza
de las distintas jurisdicciones." (Sentencia C-666/96) (Sentencia C-666/96) )
Es muy frecuente que los operadores judiciales confundan la falta de competencia con la falta de
jurisdicción. La falta de jurisdicción se origina en el trámite de un asunto en jurisdicción distinta
a la que le corresponde (clic aquí para un caso donde se define jurisdicción competente). La falta
de competencia se predica al interior de una jurisdicción (como cuando un asunto que debió
tramitar un juez de un departamento determinado (competencia por factor territorial) se tramita
en otro departamento (como en este caso, donde se trata del saneamiento, pues -a diferencia de la
competencia por el factor funcional- la nulidad por falta de competencia por el factor territorial
sería saneable).
En el caso en concreto de las acciones populares, en las cuales existe el deber de fallar de fondo,
debe recordarse que para el trámite de las mismas debe distinguirse entre la falta de jurisdicción
(que puede plantearse como excepción, en los términos del art. 23 L. 472/98) (Ley 478 , 1998) y
la de falta de competencia. En el primer caso, en la sentencia debe declararse la falta de
jurisdicción en la sentencia, en la segunda, debe remitirse al competente. Respecto de la falta de
jurisdicción, existe la figura del Agotamiento de jurisdicción
LAS SENTENCIAS INHIBITORIAS. UN PROBLEMA PARA LA ADMINISTRACION
Las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia, el legislador, los doctrinantes e incluso los
litigantes, han hecho patente su desagrado ante las decisiones judiciales que dejan intactos los
conflictos que suscitan un litigio; las sentencias inhibitorias que muchos consideran proscritas
del ordenamiento jurídico nacional, hoy se profieren muy a pesar de que implican una
denegación absoluta del principio de la eficacia del proceso judicial y de que constituyen
palmaria obstaculización al derecho fundamental del efectivo acceso a la administración de
El impacto negativo en el ámbito social y jurídico de la sentencia inhibitoria ha generado sólidas
manifestaciones tendientes a proscribirla de modo absoluto, o por lo menos, como lo han hecho
las Cortes Constitucional y Suprema de Justicia a limitarla de tal modo que se convierta en un
instrumento excepcional.
No es que haya prohibición expresa para la expedición de estos fallos, pues el Estatuto Procesal
Civil Colombiano, en los artículos 37, 101, 333, 357, 401 y 438 (codigo de procedimiento civil),
hace clara referencia a las sentencias inhibitorias, lo cual indica, de entrada, que son posibles.
Pero el propio legislador advierte al juzgador que no haga uso de ellas, orientación que
seguramente permite a la Corte Suprema de Justicia diseñar argumentaciones dirigidas a
subsumir las tradicionales causales de sentencias inhibitorias en causales de nulidad.
Finalmente, se evidencia que los fallos inhibitorios, en definitiva, pueden constituir una clara
denegación de justicia, pues corresponde a los jueces decidir de fondo cada uno de los asuntos
que se someten a su estudio. Al no hacerlo, lesionan derechos fundamentales de las partes, con lo
cual se configura una verdadera e inocultable vía de hecho, cuando la inhibición es
manifiestamente injustificada, lo cual ocurre en la inmensa mayoría de los casos, ya que rara vez
tiene razonable justificación. Además, ese tipo de sentencias sitúa a las partes en el terreno de la
provisionalidad pues, mientras no exista un pronunciamiento de fondo, jurídicamente y en
esencia, el conflicto subsistirá.
La Constitución Política de Colombia consagra el acceso a la administración de justicia como
derecho de los ciudadanos, que la jurisprudencia ha reconocido como fundamental, y establece,
además, como uno de sus postulados, la prevalencia del derecho sustancial (artículos 228 y 229),
frente al derecho procesal. Tales mandatos constitucionales tienen claro destinatario, de tal suerte
que no cabe duda de la obligación primordial de velar por su eficacia está en cabeza de los
Jueces de la República, a quienes compete adoptar, en principio, decisiones de fondo en los
asuntos materia de una controversia jurídica.
La Corte Constitucional lo ha enseñado así:
"El acceso a la administración de justicia es un derecho fundamental cuyo alcance no puede
concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o
en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados.
Su núcleo esencial reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los
procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su
decisión” ( Sentencia: C-66, 1996)
El derecho fundamental de acceder a la administración de justicia implica, en principio, la
posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la normativa vigente aquello
que haga justicia en un evento determinado, que el juez resuelva en forma oportuna imparcial,
efectiva y prudente las diversas situaciones que las personas someten a su conocimiento y, desde
luego, que las decisiones sean ejecutables.
De los reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia se desprende que un fallo
inhibitorio corresponde a la negación absoluta de un derecho fundamental de quien, amparado en
el Estado Social de Derecho, acude a la jurisdicción en busca de solucionar un conflicto:
“La sentencia inhibitoria, por regla, es un pronunciamiento que desdibuja el ejercicio de la
función judicial, en cuyas actuaciones, por cierto, debe prevalecer el derecho sustancial (art. 228
C. Pol. Y 4 C.P.C.) (codigo de procedimiento civil) (constitucion politica de cololmbia, 1991).
Aunque formalmente es un fallo, la inhibición, en lo material, es la negación del esperado
pronunciamiento que debe ponerle fin al conflicto jurídico”.
En busca de evitar al máximo este actuar judicial, tanto el legislador como la jurisprudencia han
entregado a los jueces herramientas jurídicas que propugnan por garantizar a los asociados la
efectividad del derecho de acceso a la administración de justicia, incluso con el otorgamiento de
poderes para que los presupuestos procesales se cumplan y los procesos conduzcan a dirimir
conflictos o a resolver situaciones jurídicas.
Como se señaló, a la luz del ordenamiento jurídico nacional, no le está vedado al juzgador
proferir sentencias inhibitorias. Sin embargo, corresponde a los jueces decidir de fondo cada uno
de los asuntos que se someten a su estudio, so pena de lesionar derechos fundamentales; la
culminación de un negocio con un fallo puramente formal, en definitiva no es más que una
denegación de justicia.
De entrada y frente a las sentencias inhibitorias, surgen interrogantes tales como:
 ¿Es aceptable una verdadera justicia que no garantice certidumbre acerca del sentido
último de las decisiones judiciales?, o
 ¿La inhibición configura en realidad una denegación de la justicia?, o
 ¿Estos fallos no son más que la prolongación de los conflictos que precisamente la
justicia está llamada a resolver?, o
 ¿Este tipo de fallos generarán un masivo rechazo a la administración de justicia, de parte
de los litigantes que deben acudir a los despachos judiciales?
La Corte Constitucional al fijar un precedente en torno a las implicaciones de los fallos
inhibitorios ha dicho:
“La administración de justicia es función pública y, en tal calidad, debe ser ejecutada con
primacía del derecho sustancial, sin dilaciones injustificadas y a través de un funcionamiento
desconcentrado y autónomo.
Estas características cualifican la administración de justicia e impiden que la garantía de su
acceso se vea limitada a una perspectiva formal y, en contrario, obligan a que las controversias
sometidas al estudio de la jurisdicción obtengan una decisión de fondo que otorgue certidumbre
sobre la titularidad y el ejercicio de los derechos objeto de litigio, razón por la cual las
providencias judiciales de carácter inhibitorio, que dejan en suspenso la resolución del asunto
correspondiente, prima facie atentan contra el derecho al acceso a la administración de justicia y,
por ende, son solamente admisibles cuando el juez carece de alguna otra alternativa a la luz del
ordenamiento jurídico aplicable, situaciones que, por supuesto, deben ser extraordinarias”.
(CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, 2004)
Se desprende de lo anterior que la labor del juez no puede jamás circunscribirse únicamente a la
sola observancia de los términos procesales, dejando de lado el deber esencial de administrar
justicia en forma independiente, autónoma e imparcial. Es decir, si dentro de un proceso se
presenta una falla, es el juez quien debe hacer todo lo necesario para corregirla y, si no lo hace,
no puede excusar su ineptitud con fallos inhibitorios.
Así lo sentenció la Corte Constitucional "porque estaría vulnerando los derechos de una de las
partes y favoreciendo en la práctica a la otra, puesto que la ineficacia de la administración de
justicia puede llevar a que prescriba la oportunidad para intentar nuevamente la acción, con la
consiguiente pérdida de tiempo y dinero de los administrados, así como la maledicencia respecto
a las autoridades jurisdiccionales" ( CORTE CONSTITUCIONAL, 2004)
Insiste la Corte Constitucional “no puede haber verdadera justicia sino dentro de un orden que
garantice a la sociedad la certidumbre sobre el sentido último de las decisiones judiciales”. (
CORTE CONSTITUCIONAL, 2004)
Alude la Corporación, a que la sociedad ha de tener plena conciencia en torno de que los juicios
que se susciten llegarán a su fin mediante resoluciones fijas y estables que precisen el derecho;
de lo contrario y aún en el campo de la permisividad legal, los fallos inhibitorios, así sean la
resultante de situaciones excepcionales, no son más que violaciones al derecho fundamental de
acceder a la función pública de la administración de justicia.
En definitiva, lo pretendido por el litigante es la solución de un conflicto, nunca su prolongación,
ni mucho menos moverse eternamente en el terreno de lo provisional; sin embargo, cuando el
fallador, después de agotados todos lo momentos procesales, profiere resolución inhibitoria,
configura en realidad la negación de la justicia, atropellando a quienes están interesados en los
resultados del juicio y hace impracticable el orden justo ordenado por la Constitución.
En otros términos, la inhibición, aunque es posible en “casos extremos”, en los cuales se
establezca con seguridad que el juez no tiene otra alternativa, no debe ser la forma corriente de
culminar los procesos judiciales. Entonces ha de corresponder a una situación extrema basada en
motivos ciertos que puedan ser verificados y en los que se funde objetiva y plenamente la
negativa de resolución sustancial.
Considera la Corte que no puede haber verdadera justicia sino dentro de un orden que
garantice a la sociedad la certidumbre sobre el sentido último de las decisiones judiciales:
(constitucional)
“Es decir, la plena conciencia en torno a que los juicios lleguen a su fin mediante resoluciones
fijas y estables que precisen el derecho. La introducción de elementos que desconozcan este
postulado y que, por tanto, lesionen el valor de la seguridad jurídica, impide la vigencia del
orden justo al que aspira la Carta Política tanto en el Preámbulo como en su artículo 2o., pues el
logro de aquél exige momentos de definición judicial que otorguen al conglomerado la confianza
en lo resuelto" (Sentencia C-666/96) )
Si bien la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia aceptan las sentencias inhibitorias
en la medida en que estas obedezcan a situaciones excepcionales, no se ha establecido cuáles
son, lo que igualmente lleva a que en determinado momento la inhibición no se justifique y se
configure, en realidad, la negación de la justicia y la prolongación de los conflictos que
precisamente ella está llamada a resolver.
En tales ocasiones, es decir cuando el Juez elude su responsabilidad al inhibirse sin razón válida,
se configuran verdaderas vías de hecho, pues implican decisiones contrarias a la Constitución y a
la Ley, normas que en realidad obligan al Juez a pronunciarse de acuerdo con la naturaleza
misma del proceso y según las pruebas aportadas al mismo.
Los funcionarios judiciales, no pueden interpretar y aplicar las normas en forma arbitraria, pues
ello implica abandonar el ámbito de la legalidad y pasar a formar parte de actuaciones de hecho
contrarias al Estado de Derecho.
En definitiva, el acceso a la administración de justicia no se entiende concluido con la simple
solicitud o el planteamiento de las pretensiones; por el contrario, esta debe ser efectiva, es decir
se deberán cumplir además los imperativos consagrados en los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política y más allá propender por que las decisiones se cumplan; de no ser así,
habrá sin duda violación a uno de los derechos fundamentales susceptible de protección jurídica
inmediata a través de mecanismos como la acción de tutela.
PROHIBICIÓN DE LAS SENTENCIAS INHIBITORIAS
Frente a la prohibición de las sentencias inhibitorias, compartimos de entrada el planteamiento
hecho por el Doctor Antonio Bohórquez Orduz, Magistrado del Tribunal Superior de
Bucaramanga, en su escrito ¿Hacia la desaparición de la sentencia civil inhibitoria? (Orduz), quien
 “Estaremos prestos a darle la bienvenida a esa solución, pues somos enemigos acérrimos
de tales proveídos como el que más. Pero para que ello sea posible sin hollar la lógica,
sería preciso erigir en nulidad las hipótesis que hoy conducen a sentencia inhibitoria…”,
creo que el camino jurídico pretendido apunta a la prohibición de los fallos inhibitorios,
los cuales son abiertamente controvertidos y, por cierto, muy frecuentes en nuestro
sistema judicial.
El Magistrado Antonio Barrera Carbonell, en la sentencia T-93973, al referirse a los fallos
inhibitorios manifiesta: (T-93973)
“Para el derecho procesal moderno las llamadas sentencias inhibitorias son un horror, porque
niegan el derecho a la justicia y un orden justo, reflejan la equivocada dirección y composición
del juicio y no se compadecen con los poderes que se le reconocen al juez para conducir e
integrar el proceso del modo y con los elementos requeridos para que concluya con una solución
definitiva y de fondo de la controversia jurídica que le sirve de escenario”.
Si bien la discusión sobre la urgente necesidad de prohibir las sentencias inhibitorias no se ha
dado con la profundidad que el tema amerita, lo cierto es que voces especializadas lo han venido
planteando, incluso ofreciendo alternativas como la ampliación de las causales de nulidad o la
obligatoriedad del juez para fallar de fondo.
Aunque las sentencias inhibitorias no están prohibidas, el Código de Procedimiento Civil le
ordena al juzgador agotar los instrumentos que la ley le ha otorgado a fin de evitarlas; se
entenderá entonces que corresponde a los jueces echar mano de los mecanismos que la ley les ha
dado y evitar que estas decisiones vuelvan a aparecer en el ámbito jurídico nacional.
Basta una mirada a los artículos 37, 101, 333, 357, 401 y 438 del Código de Procedimiento Civil
(codigo de procedimiento civil), para entender que no hay prohibición en la expedición de
sentencias inhibitorias; sin embargo, se le reitera al operador jurídico la imperiosa necesidad de
acudir a sus poderes para evitarlas.
A su vez la jurisprudencia constitucional ha sido reiterativa al indicar:
“La inhibición, aunque es posible en casos extremos, en los cuales se establezca con seguridad
de obstruir, por la voluntad del administrador de justicia, el acceso de las personas a ella".
procesales de la sentencia” (CORTE CONSTITUCIONAL, 1992)
Sin embargo, normas como el Decreto 2591 de 1991 y la Ley 472 de 1989 prohíben
expresamente a los jueces proferir sentencias inhibitorias en asuntos que sean materia de tutela o
de acciones populares.
Para el caso de la tutela se encuentra expresamente prohibido por el parágrafo único del artículo
29 del Decreto 2591 de 1991 que dice (decreto, 1991): "El contenido del fallo no podrá se
inhibitorio", tipo de determinación que supondría la posibilidad de que el negocio se concluyera
con un fallo puramente formal, es decir, sin entrar a resolver de fondo sobre los hechos o las
conductas de la administración y, en ciertos casos, de los particulares, que afectan o pueden
amenazar la vigencia o el ejercicio de un derecho fundamental.
En el proceso de tutela la necesidad de la sentencia de mérito no ofrece duda, porque
constitucionalmente no hay manera distinta de proteger los derechos fundamentales sino
mediante un fallo de fondo de inmediato cumplimiento (C.P. art. 86). Esto explica, a su vez, el
parágrafo del artículo 29 del Decreto 2591 de 1991, según el cual, el contenido del fallo de tutela
no podrá ser inhibitorio.
Así mismo, la normativa de las Acciones Populares contempla en el Inc. 3, art. 5, Ley 472 de
1989: (ley 472, 1989) “Promovida la acción, es obligación del juez impulsarla oficiosamente y
producir decisión de mérito so pena de incurrir en falta disciplinaria, sancionable con destitución.
Para este fin el funcionario de conocimiento deberá adoptar las medidas conducentes para
adecuar la petición a la acción que corresponda".
La reflexión ahora deberá enfocarse a que si lo pretendido con estas prohibiciones es lograr de
manera efectiva y oportuna la protección de derechos fundamentales, y con ello la obligatoriedad
de una sentencia de fondo, entonces como explicar que el juez de conocimiento de una acción
civil, con más recursos jurídicos, más tiempo, diferentes etapas procesales y herramientas
constitucionales y legales, sí pueda, en contra de los intereses de los asociados, proferir una
sentencia inhibitoria.
PROSCRIPCIÓN Y LÍMITES
La fuerza negativa de la sentencia inhibitoria ha generado manifestaciones jurisprudenciales y
doctrinales tendientes a proscribirla de modo absoluto o, por lo menos, a limitarla de tal modo
que se convierta en un evento excepcional.
La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C 666 de 1996 (Sentencia C-666/96) ), dio visto
bueno de constitucionalidad a las normas procesales que se refieren a la sentencia inhibitoria,
pero la limitó a casos excepcionales y extremos en los cuales se establezca con seguridad que el
juez no tiene otra alternativa.
Sobre su exclusión del sistema jurídico dijo la Corte:
“Desde luego, la proscripción de las inhibiciones no puede ser absoluta, ya que se dan
procesales de la sentencia”.
Es oportuno señalar que, a pesar de las orientaciones jurisprudenciales de la Corte
Constitucional, es frecuente que esta corporación profiera sentencias inhibitorias en materia de
A su vez, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha ido consolidando
progresivamente una beneficiosa tendencia jurisprudencial que tiende a restringir de modo
absoluto y definitivo los eventos de sentencia inhibitoria.
La Corporación ha diseñado argumentaciones dirigidas a subsumir las tradicionales causales de
sentencias inhibitorias en causales de nulidad. Con ello se logra un efecto muy provechoso, pues
la declaratoria de nulidad permite rehacer la actuación viciada a favor de la eficacia del proceso.
La sentencia inhibitoria compromete definitivamente la eficacia del proceso, pues lo termina sin
acto de enjuiciamiento, en tanto que la nulidad salvaguarda el proceso, pues impone un volver
atrás para reponer únicamente la parte viciada con la nulidad, es decir, se transforma en un
remedio procesal que protege el derecho a acceder a la administración de justicia.
SISTEMA PROCESAL CIVIL
El numeral 4º del artículo 37 del Código de Procedimiento Civil (codigo de procedimiento civil)
impone a los jueces el deber de emplear los poderes que esa codificación les confiere para evitar
providencias inhibitorias. Desde luego que no es éste un simple propósito legislativo, sino un
verdadero dictado de comportamiento judicial, es decir se advierte al juzgador que frente a una
demanda oscura, ya en la narración de los hechos, en la parte petitoria, en los fundamentos de
derecho y con más razón en la parte probatoria, está en la obligación de interpretarla para buscar
la verdadera intención del demandante a fin de no sacrificar el derecho cuya protección busca el
Por lo tanto, en el entendido que dirigir el proceso es uno de los deberes de un buen juez y que la
ley le ha fabricado las herramientas para la verificación de los hechos alegados por las partes y
evitar nulidades y providencias inhibitorias, art. 37, numeral 4 del C.P.C, el operador jurídico
debe hacer todo lo necesario para corregir las fallas del proceso y, de no hacerlo, mal hace en
excusar su ineptitud con fallos inhibitorios.
Sobre el particular señala el Maestro Devis Echandía, "con ese artículo 37 hemos querido
llamarle la atención a los jueces acerca de que es un deber usar esas facultades, cuando con ellas
pueden llegar a la justicia y a la verdad, y que, por consiguiente estarán faltando a sus deberes,
cuando dejen de utilizarlas por pereza o por descuido, pues no creo que sea el caso de decir por
ignorancia". (Echandía, sentencias tomoI, 2011)
En el mismo sentido los artículos 101, 357, 401 y 438 del Estatuto Procesal Colombiano ordenan
a los jueces emplear los poderes en materia de pruebas, adoptar las medidas de saneamiento,
sanear los vicios de procedimiento o precaverlos, integrar el litisconsorcio necesario con el
propósito de evitar que el proceso concluya con sentencia inhibitoria.
Es decir, si nuestro sistema jurídico exige que la demanda debe ajustarse a los requisitos
previstos en los artículos 75, 76, 77, 81 y 82 del C.P.C, pero por alguna razón el juez advierte
apartes oscuros, deberá, en un primer ejercicio, interpretar la demanda para buscar la efectividad
de los derechos reconocidos por la ley sustancial, máxime cuando las causales de la sentencia
inhibitoria son originarias, no posteriores a la demanda.
Al no existir causales sobrevivientes de inhibición, los sistemas de control de admisibilidad de la
demanda, excepciones previas y oportunidad de saneamiento, deben estar dirigidos a identificar,
desde el comienzo mismo del proceso, las deficiencias de estructura de la pretensión que puedan
obstaculizar el acto de juzgamiento.
De ahí que se haya sostenido que en aquellos casos en que exista cierta vaguedad en la demanda,
el juez está en la obligación de interpretarla "...con el fin de no sacrificar un derecho y siempre
que la interpretación no varíe ni modifique los capítulos petitorios del libelo. En la interpretación
de una demanda, ha dicho la Corte, existe el poder necesario para ir tras lo racional y evitar lo
absurdo...", facultad que se torna en un deber, en cuanto compele al fallador a emplear sus
atribuciones legales para evitar las decisiones inhibitorias.
Bien vale la pena retomar al Doctor Antonio Bohórquez Orduz: (Orduz)
“Entonces resulta imperioso para el juez, y no una mera facultad, hacer actuante este postulado
legal en las ocasiones previstas por el código: Admisión de la demanda (arts. 85 y siguientes,
401, 412, 432, parágrafo 2º y 438, Parágrafo 2º), decisión de las excepciones previas (art 99),
audiencia de conciliación en aquéllos procesos que la admitan (art 101, parágrafo 5º), decreto de
pruebas (arts. 179 y 180) y antes de fallar (ídem). El juez, en cualquiera de estos momentos, debe
reflexionar si el proceso que tiene entre manos podría llegar a una sentencia inhibitoria, cuál
sería la causa y en caso de que sea evitable, debe proveer lo necesario para precaver el
vituperable resultado”.
Desde luego que esa labor de interpretación no puede llegar al extremo de suplir la voluntad del
peticionario, sea reformulando las pretensiones o elaborando un planteamiento fáctico no
propuesto por aquel, pues ello quebrantaría el principio según el cual los procesos sólo podrán
iniciarse por demanda de parte (art. 2 C.P.C.) (codigo de procedimiento civil). Aquí advierte la
“cuando la demanda sea tan vaga que…no permita indagación de su real sentido, lo que
corresponde es que se desestime como inepta”.
No se trata, por supuesto, de reformular la demanda o de sustituir al demandante en sus
planteamientos, pues es obvio que la orientación jurisprudencial y doctrinal, obedece más a la
preocupación porque se cumplan los cometidos de la justicia en torno a la certidumbre y
confianza que depositan los asociados cuando acuden a los estrados judiciales en busca de una
solución a un conflicto.
Es cierto, el ideal es que el litigante, al aplicar la técnica jurídica predefinida, sea claro y preciso
a la hora de presentar la demanda. Sin embargo, en la eventualidad que no sea así, la ley y la
jurisprudencia le construyeron herramientas al juez para que, advertida la imprecisión, entre a
corregir y, de no ser posible, opte por los caminos que igualmente le ha señalado la normativa,
que bien puede ser una nulidad en algunos casos y, en otros, una sentencia desestimatoria; y,
como última ratio, el fallo inhibitorio.
En todo caso para el derecho procesal moderno las llamadas sentencias inhibitorias son un
“horror”. Sin embargo y contra las apreciaciones de los más avezados juristas, el procedimiento
civil mantiene abierto el camino de las sentencias inhibitorias, situación que continuamente
genera la negación del esperado pronunciamiento que debe ponerle fin al conflicto jurídico.
Por eso la sentencia inhibitoria, “antes que un acto de paz”, dijo la Corte Suprema de
Justicia, “es un acto que deja latente la controversia, porque nada resuelve; ninguna certidumbre
otorga a los derechos disputados y, menos aún, genera confianza de los asociados en las
instituciones judiciales, quienes acuden a ellas en procura de una resolución de fondo y no de
una frustrante inhibición, con todo lo que ese pronunciamiento envuelve”.
HIPÓTESIS EXCEPCIONALES
Los continuos planteamientos jurisprudenciales y doctrinales, poco a poco han cerrado las
posibilidades a los jueces de invocar situaciones conducentes a los fallos inhibitorios. Sin
embargo, al no ser taxativas las causales, es frecuente que el juzgador no cumpla su obligación
ineludible de proferir providencia de mérito incurriendo en denegación de justicia.
Mientras que la Corte Constitucional mantiene como precedente que las sentencias inhibitorias
solo podrán obedecer a situaciones excepcionales, la Corte Suprema de Justicia ha diseñado
argumentaciones dirigidas a subsumir las tradicionales causales de sentencias inhibitorias en
causales de nulidad; pero no parece claro en qué casos el juez podrá o deberá optar por la
sentencia inhibitoria. (costitucional)
No existe un catálogo ni parámetros claros sobre los casos en que el juez deba acudir a esta
figura sin equivocarse. La doctrina es tal vez quien más ha avanzado en este campo,
planteando hipótesis susceptibles de fallos inhibitorios. Algunas son:
 La resolución que considera fundada una excepción dilatoria o previa, que deba fallarse
en sentencia.
 Cuando el juzgador encuentra que hay factores que le impiden conocer de la esencia de
las exposiciones de la demanda, como cuando hay carencia absoluta de jurisdicción, que
otra autoridad tampoco tiene.
 Cuando la propia demanda adolece de defectos tan graves, no subsanados por medio
alguno, que ella misma se erige como obstáculo insalvable para producir un fallo de
 Cuando una o ambas partes, por no ser personas ni naturales ni jurídicas, no es o no son
sujetos de derecho y por tanto, la absolución o la condena caerían en el vacío.
En decisiones judiciales también se ha planteado como causa de la inhibición situaciones
 La sentencia que desestima la demanda por carencia de interés para obrar.
 La sentencia que desestima la demanda por un déficit en la legitimación de la causa.
Pero ambas hipótesis, como es fácil de comprender y se deduce de su solo planteamiento,
conducen en realidad a sentencias de fondo, pero absolutorias o que deniegan las pretensiones.
En síntesis, si se trata de encontrar argumentos para justificar las sentencias inhibitorias, la lista
se haría bastante extensa, lo importante es que los jueces que se inhiben al término del proceso,
atiendan las consideraciones de la normativa, apliquen oportunamente los correctivos procesales
y hagan uso de las herramientas jurídicas con que cuentan.
No puede subsistir un Estado de Derecho cuando los asociados dejan de creer en aquél o en las
leyes. Así, la labor del juez es fundamental en la medida en que su actuar no puede dejar de lado
el deber esencial de administrar justicia con celeridad, en forma autónoma e imparcial. Y si
dentro de un proceso se presenta una falla, es el juez quien debe hacer todo lo necesario para
corregirla; si no lo hace, incumple sus deberes, pues el fallo inhibitorio es, por regla general,
En todo caso el legislador, la jurisprudencia, la doctrina y los litigantes, han mostrado su
desagrado ante el fracaso que representan las providencias inhibitorias. Una forma sana de
romper con esta “tradición”, seria la extinción definitiva de estas sentencias del ordenamiento
civil, para lo cual sería bienvenido un pronunciamiento legislativo que tendría claro sustento
El anhelo de quien litiga es encontrar una decisión favorable a sus pretensiones y, de no ser así,
antes que un fallo inhibitorio, se suplica una decisión oportuna, así sea desfavorable, pues se
tiene la opción de los recursos. Pero la ausencia de decisión conlleva un perjuicio de extrema
Las hipótesis planteadas por la doctrina, que igualmente buscan cerrarle el paso a las sentencias
inhibitorias, al restringir su ámbito de aplicación, o bien el legislador las incluye dentro de las
nulidades o deberán desaparecer, para que el caso, forzosamente, se lleve a sentencia de fondo,
que sería necesariamente desestimatoria. Pero, entonces:
¿Cuál será el remedio a casos de difícil solución en los que se clama por una inhibición,
para que la parte que resulta titular de un derecho pueda reiniciar su pleito?
Como se expuso a lo largo del presente proyecto, el juzgador deberá, desde la presentación de la
demanda, advertir los defectos procesales que puedan conducir a una decisión de este tipo y
tomar los correctivos del caso.
Si se logra que el juez asuma la dirección del proceso, que cumpla su deber con decisión y
firmeza, que emplee los poderes que le otorga el código para verificar los hechos alegados por
las partes, las sentencias inhibitorias deben desaparecer.
Es aquí cuando debemos reconocer, sin temores ni miramientos, que todos debemos regirnos por
la autoridad legítimamente constituida y que, por esa razón tan simple pero tan necesaria, el juez
debe asumir su rol de director del proceso.
ASPECTOS SOBRE EL NUEVO CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Después de mucha expectativa, debate público y análisis, fue publicado el martes pasado en la
Gaceta del Congreso el Proyecto de Ley Número 196 de 2011, Cámara, por medio del cual se
expidió el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, presentado por el
Ese proyecto es el primer esfuerzo legislativo para integrar y actualizar el Código de
Procedimiento Civil que se expidió en 1970, modificado parcialmente a través de los años, a
veces en forma inarmónica.
Regula las materias civiles, comerciales, de familia, agrarias, ya sea ante jueces o ante
autoridades administrativas y es referente para los procesos laborales, administrativos y de
cualquier otra naturaleza. De allí que se llame el Código General del Proceso. (codigo general
 Primará la oralidad, cambio fundamental respecto de nuestra larga historia procesal
 La prueba será practicada y valorada en forma oral, con atención a los principios de
inmediación, concentración, contradicción y publicidad.
El nuevo proceso constará de tres etapas:
a) Una etapa inicial de demanda y contestación esencialmente escrita;
b) Una etapa oral intermedia de audiencia de conciliación, saneamiento y control de
legalidad, interrogatorio de las partes, fijación de hechos y decreto de pruebas; y
c) Una etapa oral final de práctica de pruebas, alegaciones y sentencia.
 Incluye también nuevas disposiciones sobre el ejercicio de funciones jurisdiccionales por
autoridades administrativas, entre ellos, las normas en materia de protección de los
derechos de los consumidores y la regulación sobre propiedad intelectual. (codigo general
El proyecto de ley, de aprobarse, entraría en vigencia el primero (1°) de enero de dos mil catorce
(2014), pero en forma gradual a medida que se disponga de los recursos físicos necesarios, según
lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, en un plazo máximo de dos años. De los dos
años se cuentan desde el primero de enero de 2014, lo cual lleva que al primero de enero de 2016
como plazo máximo para que entre a regir el nuevo Código.
¿Qué sucede con los procesos en curso: se les aplica la nueva ley cuando entre en vigencia?
El artículo 565 del proyecto dice que: “los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las
notificaciones que se estén surtiendo se regirán por las leyes vigentes cuando se interpuso el
recurso, se decretaron las pruebas, empezó a correr el término, se promovió el incidente o
principió a surtirse la notificación”.
La excepción son los artículos 390 y 391 (Procesos ante la Superintendencia de Industria y
Comercio), que entrarán a regir a partir de la promulgación del Código. Adicionalmente, se
mantiene la competencia de los jueces para las demandas presentadas con anterioridad a la
vigencia del nuevo Código.
En su afán por modernizar los procedimientos, el proyecto acoge los adelantos en tecnologías de
la información y la comunicación; uso de internet, documentos electrónicos para las actuaciones
procesales, práctica de pruebas y expediente, entre otros.
El proyecto presentado por el Gobierno será objeto de cuidadoso análisis por parte de los
estudiosos del tema, las Facultades de Derecho, los jueces y demás operadores jurídicos.
PRINCIPALES PUNTOS DEL NUEVO CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
Analizando el nuevo Código General del Proceso, hemos observado que entre sus propuestas
más novedosas está la de introducir medidas de saneamiento para las sentencias inhibitorias,
aspecto principal de nuestro Proyecto.
Dando a conocer las presentes, nos despedimos con agrado del presente proyecto de
investigación, el cual hoy con la nueva reforma comienza a hacerse realidad
(http://www.mij.gov.co/Ministerio/newsdetail/693/1/CodigoGeneraldelProceso)
 Se propone un proceso por audiencias, con un componente oral predominante.
 Los sujetos procesales intervendrán en audiencias que se sucederán de manera ágil y
coordinada, en debates orales, cara a cara, no mediante escritos como sucede ahora.
 En la audiencia inicial, el juez, de manera oficiosa, interrogará a las partes y éstas podrán
confrontarse. En esta audiencia, el juez tendrá la facultad incluso de dictar sentencia
cuando no se requiera la práctica de más pruebas. En caso contrario, habrá una audiencia
de instrucción y juzgamiento.
 Prevé que los procesos duren apenas lo razonable sin que ello afecte las garantías
constitucionales y legales.
 Con este Código, no más de 1 año deberá transcurrir para el fallo de primera instancia y
hasta 6 meses para la sentencia de segunda instancia.
 INTRODUCE MEDIDAS DE SANEAMIENTO QUE TIENEN POR PROPÓSITO
EVITAR SENTENCIAS INHIBITORIAS.
 Incorpora medidas cautelares, indispensables para que se garantice el cumplimiento de
los fallos.
 El juez podrá, y deberá, decretar pruebas de oficio a fin de hacer efectiva la igualdad
entre las partes, así como la prevalencia del derecho sustancial.
 En algunos casos, la carga de la prueba se trasladará, al amparo del principio de
solidaridad, a la parte que se encuentre en mejor posición para probar los hechos.
 Se permitirá interrogar a los peritos en audiencia.
 Los documentos privados, de las partes y de terceros, y todos los memoriales, demandas
y poderes, se presumirán auténticos, lo mismo que las copias de los documentos públicos
o privados, y se establecen reglas muy claras para el juramento estimatorio, evitándose la
cuantificación temeraria de la pretensiones.
La conclusión de la siguiente investigación; responde a la negativa presentada en el
planteamiento del problema y a lo largo del desarrollo de este trabajo; a nuestro entender, y al
entender de doctrinantes y jurisconsultos como López Blanco; es inadmisible la aceptación de
los fallos inhibitorios como sentencias, por el hecho de que simple y llanamente no cumplen con
el objeto fundamental de las mismas; (resolver las pretensiones), de manera que las sentencias
inhibitorias más que apegarse al derecho como debería ser casa resolución del juez; esta se aleja
de manera contunde puesto que no cumple con los requisitos mínimos esperados, dejando de esta
forma un aire de inconformidad en las partes que no encuentran solución alguna al problema
planteado; consideramos que resultaría muchísimo mejor que el juez no se declare imposibilitado
para resolver la Litis, si no que haciendo uso de su razón, experiencia, conciencia y silogismo,
halle la conclusión más conveniente, o que dictamine a manera de sugerencia como podría
resolverse tal caso, y así excluir de nuestro ordenamiento tal figura.
INHIBIR:
1. Impedir o reprimir el ejercicio de facultades o hábitos.
2. Decretar que un juez no prosiga en el conocimiento de una causa por no ser de su
3. Suspender transitoriamente una función o actividad del organismo mediante la acción de un
estímulo adecuado.
4. Prohibir, estorbar, impedir.
5. Abstenerse, dejar de actuar.
6. Echarse fuera de un asunto o abstenerse de entrar en él o de tratarlo.
PROVIDENCIAS:
1. Disposición anticipada o prevención que mira o conduce al logro de un fin.
2. Disposición que se toma en un lance sucedido, para componerlo o remediar el daño que pueda
resultar.
3. providencia de Dios.
4. Resolución judicial que tiene por objeto la ordenación material del proceso.
CONTROVERCIA:
1. Cualidad de caduco.
2. Fecha límite para el uso o consumo de un producto alimenticio, farmacéutico o cosmético.
3. Extinción de una facultad o de una acción por el mero transcurso de un plazo configurado por
la ley como carga para el ejercicio de aquellas. Tengo un plazo de caducidad de un mes para
recurrir a la multa.
4. Terminación de un proceso por falta de actividad de la instancia.
VEHEMENTE:
1. Que tiene una fuerza impetuosa. Un discurso vehemente.
2. Ardiente y lleno de pasión.
3. Dicho de una persona: Que obra de forma irreflexiva, dejándose llevar por los impulsos.
1. Acción y efecto de prevenir.
2. Preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar algo.
3. Provisión de mantenimiento o de otra cosa que sirve para un fin.
4. Concepto, por lo común desfavorable, que se tiene de alguien o algo.
5. Puesto de policía o vigilancia de un distrito, donde se lleva preventivamente a las personas que
han cometido algún delito o falta.
6. Guardia del cuartel, que cela el orden y policía de la tropa.
7. Lugar donde está.
MALEDICENCIA:
Acción o hábito de maldecir
INVESTIDURA: Carácter que se adquiere con la toma de posesión de ciertos cargos
SILOGISMO JURIDÍCO:
Es lograr una relación coherente entre el aspecto formal y la norma; es decir adecuar unos hechos
a la descripción abstracta que hay en la norma por lo tanto este tipo de razonamiento servirá
efectivamente para garantizar la solidez en la argumentación que el abogado o cualquier
operador del derecho presente para sustentar su posición, sin perder de vista que lo que se evalúa
es la corrección de la conclusión a partir de la estructura lógica de sus premisas de base.
FALLO: Pronunciamiento definitivo en un pleito. Parte dispositiva de una sentencia resolviendo
todos los hechos litigiosos.
RESOLUCIÓN DE FONDO: Derecho de todo actor o demandante a obtener una resolución
sobre el fondo del proceso, jurídicamente motivada, a través de su formulación en los
fundamentos de derecho de la resolución. En consecuencia, supondrá una violación de este
derecho aquella resolución que revele una evidente contradicción interna entre los fundamentos
jurídicos, o entre éstos y el fallo
REQUISITOS DE FORMA: Son todos aquellos a seguir para el formato de demanda,
márgenes, estructura, buena redacción y orden.
La falta de éstos la demanda puede ser declarada inadmisible, y puedes subsanar la falta.
REQUISITOS DE FONDO: Estos son los más importantes, son los fundamentos en que se
basan la demanda, la fundamentación jurídica, los artículos en que te basas, la Legitimación e
interés para obrar.
A falta de unos de éstos la demanda es declarada improcedente o inadmisible.
COSA JUZGADA:(Del latín res iudicata) es el efecto de una sentencia judicial cuando no
existen contra ella medios de impugnación que permitan modificarla (sentencia firme) y que se
traduce en el respeto y subordinación a lo decidido en un juicio. Por ello también se le define
como la fuerza que atribuye el derecho a los resultados del proceso. Habitualmente se utiliza
como un medio de defensa frente a una nueva demanda planteada sobre el mismo objeto que fue
de la controversia ya sentenciada.
CORTE CONSTITUCIONAL, Referencia: expediente T-788807 (4 de febrero de 2004).
Sentencia: C-66, Expediente D-1357. M. P. (CORTE CONSTITUCIONAL 27 de noviembre de 1996).
Blanco, H. F. (2010). Derecho Procesal Civil General.
Blanco, T. I. (2010). Derecho Procesal Civil General.
Camacho, A. (2012). Nociones Generales de derecho Procesal Civi. bogota.
codigo de procedimiento civil. Bogota: legis.
codigo general del proceso. bogota: legis.
constitucion politica de cololmbia. (1991). Bogota: legis.
constitucional, c. corte constitucional.
CORTE CONSTITUCIONAL, : Expedientes D-056 y D-092 (1 de octubre de 1992).
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Expediente No. 0115 ( Sala de casación civil. 11 de noviembre de 2004).
costitucional, c.
decreto, 2691 (1991).
Echandía, H. D. (2011). sentencias.
Echandía, H. D. (2011). sentencias tomoI.
http://www.mij.gov.co/Ministerio/newsdetail/693/1/CodigoGeneraldelProceso. (s.f.).
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¿Hacia la desaparición de la sentencia civil inhibitoria?.
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