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Timestamp: 2018-12-16 14:50:21
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Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 33', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 160']

Asesores Legales y Tributarios CIALT Abogados | Blog
13 noviembre, 2018 /0 Comentarios/en Blog Español /por Maite Aizpiri Etxeberria
9 noviembre, 2018 /0 Comentarios/en Blog Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
7 noviembre, 2018 /0 Comentarios/en Blog Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
La limitación de la exención por los dividendos percibidos por las empresas españolas de filiales extranjeras
30 octubre, 2018 /0 Comentarios/en Blog Español /por Gorka Alonso Reta
El Gobierno ha alcanzado un acuerdo con Podemos para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado que incluye una batería de medidas que abarcan diversas materias. Entre esas medidas se desliza la posible limitación de la exención de los dividendos percibidos que procedan de empresas filiales o entidades participadas domiciliadas en el extranjero. En palabras del Gobierno, esta medida tiene la previsión de recaudar cerca de alrededor de 1.000 millones de euros.
En la actualidad, el artículo 21 LIS (artículo 33 de las NFIS de los distintos Territorios Forales), permite la exención de los dividendos percibidos de sociedades nacionales o extranjeras, siempre que se ostente, directa o indirectamente, una participación en el capital social del 5%, que se mantenga dicha participación al menos durante un año de forma continuada, y que la sociedad que reparte los dividendos tribute en el Impuesto sobre Sociedades, u otro de naturaleza análoga, a un tipo nominal superior del 10%. En los Territorios Forales, además, se exige que los beneficios distribuidos procedan de actividades empresariales, por lo que, es necesario que, al menos, el 85 por 100 de los ingresos del ejercicio de la entidad que reparte el dividendo procedan de la realización de este tipo actividades. Hay que señalar que el objetivo de la exención es evitar que se produzca una doble imposición de los beneficios.
La propuesta presentada por el Gobierno y Podemos consiste incluir en la base imponible del Impuesto el 5% sobre el monto de los dividendos percibidos de fuente extranjera. Este incremento de la base se realiza en concepto de gastos no deducibles en el impuesto derivados de la gestión de la participación que mantiene la matriz en la filial.
A este respecto la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes, permite la adopción de este tipo de medidas siempre que no se exceda de un 5 % de los beneficios distribuidos por la sociedad filial.
Analizando la normativa de otros Estados miembros, esta medida es un reflejo de las limitaciones ya existentes en países como Alemania o Francia. En el caso de este último, la normativa fiscal francesa establece una exención del el 95% de los dividendos netos de las filiales que tributan en el Impuesto sobre Sociedades o en un impuesto de naturaleza análoga. Hay que subrayar que se hace tributar el 5% del dividendo neto percibido, esto es, una vez descontado del dividendo bruto el impuesto pagado en el Estado donde la sociedad que distribuye el dividendo está domiciliada. Para la aplicación de la exención, se exige la participación mínima del 5% en el capital social de la entidad filial y el mantenimiento continuado de la participación durante al menos 2 años.
En el caso de Alemania, la normativa del Impuesto sobre Sociedades permite la exención total de los dividendos percibidos por sociedades alemanas siempre y cuando ostenten una participación mínima en el capital social del 10% y cumplan con el requisito de su mantenimiento temporal. Sin embargo, sí establece una obligación de aumentar en la base imponible incluyendo el 5% del dividendo bruto percibido en concepto de gastos empresariales no deducibles. A efectos prácticos, nos encontramos también con una limitación de la exención de los dividendos percibidos del 5%, con la diferencia de que, en Francia, se tiene en cuenta para el cálculo el dividendo neto y, en Alemania, el dividendo bruto.
Por otro lado, debe señalarse que, a diferencia de la propuesta para España, en el caso de Francia y Alemania, la limitación de la exención se aplica tanto para los dividendos de fuente extranjera como para los dividendos de empresas nacionales, evitando vulnerar la normativa comunitaria.
La adopción de esta medida supondría un obstáculo para la internacionalización de las empresas españolas porque desincentiva la inversión en empresas en el extranjero. En el caso de las grandes empresas, esta medida se añadiría a la limitación, ya existente, a la aplicación de la deducción por doble imposición internacional recogida en el último apartado de la disposición adicional decimoquinta de la LIS.
Todavía se desconocen los términos finales de la medida que se quiere implantar, por lo que no podemos opinar sobre su compatibilidad con el principio comunitario de no discriminación, ni con las medidas contenidas en los Convenios internacionales para evitar la doble imposición.
También es pronto para conocer cuál va a ser la posición que van a adoptar las Territorios Forales en relación con esta medida. En cualquier caso, si no establecieran una limitación similar en la exención de los dividendos extranjeros, las empresas de estos territorios estarían en una situación más beneficiosa que las entidades de Territorio Común.
Si su empresa tiene inversiones en el extranjero y tiene dudas sobre esta cuestión, no dude en ponerse en contacto con nosotros para que le ampliemos esta información.
8 octubre, 2018 /0 Comentarios/en Blog Español /por CIALT Asesores Legales y Tributarios
Muy recientemente, el 3 de octubre de 2018, el Tribunal Supremo, en su sentencia número 1462/2018, se ha pronunciado sobre la interpretación correcta del artículo 7 h) de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en cuanto a la prestación por maternidad y unifica la doctrina contradictoria que existía hasta ahora.
El artículo 7 h) establece que estarán exentas “las prestaciones familiares reguladas en el Capitulo IX del Título II del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, y las pensiones y los haberes pasivos de orfandad y a favor de nietos y hermanos, menores de veintidós años o incapacitados para todo trabajo, percibidos de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas.”
El mismo artículo en su párrafo tercero dice “Igualmente estarán exentas las demás prestaciones públicas por nacimiento, parto o adopción múltiple, adopción, hijos a cargo y orfandad” y el artículo finaliza diciendo que “También estarán exentas las prestaciones públicas por maternidad percibidas de las Comunidades Autónomas o entidades locales”.
Interpretando literalmente este precepto, la Administración ha venido aplicando la exención a las prestaciones públicas por maternidad percibidas únicamente de las entidades de las Comunidades Autónomas o entidades locales. Por su parte, las prestaciones públicas por maternidad a cargo de la Seguridad Social se consideraban como rentas percibidas de una incapacidad temporal que sustituía la renta correspondiente al trabajo del contribuyente. Por lo tanto, se interpretaba que tributaban en el IRPF como renta del trabajo.
Pues bien, en su sentencia, el Tribunal supremo ha ido más allá de la literalidad del artículo 7 h) de la ley y lo interpreta a partir de lo establecido en la Exposición de Motivos de la Ley 62/2003 que fue la que estableció la exención. En esta, se enumeran las prestaciones públicas exentas. Entre ellas incluye, junto a las prestaciones por nacimiento, parto múltiple, adopción e hijo a cargo, la prestación por maternidad, sin hacer distinción del órgano público del que se perciban. De este modo, el Tribunal llega a la conclusión de que el legislador sí ha querido incluir la prestación por maternidad dentro entre las rentas exentas del tercer párrafo del artículo 7 h.
En cuanto al párrafo cuarto del artículo 7 h), el Tribunal entiende que “trata de extender el alcance del tercer párrafo a las percibidas de las comunidades autónomas o entidades locales”. Es decir, el Supremo interpreta que la prestación por maternidad no se limita a las concedidas únicamente por las administraciones de las comunidades autónomas o entidades locales, sino que abarca a todas las entidades públicas que concedan prestaciones por este concepto.
La Sentencia concluye diciendo que establece como doctrina legal que “las prestaciones públicas por maternidad percibidas de la Seguridad Social están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas”.
Este pronunciamiento del Tribunal Supremo afecta a todos los contribuyentes que hubiesen percibido rentas a cargo de la Seguridad Social por maternidad. Ahora van a poder reclamar a la Administración las cantidades que abonaron en exceso durante los ejercicios no prescritos. Como regla general, podrán solicitar las devoluciones correspondientes al IRPF de los cuatro últimos ejercicios presentados.
¿Quieres recuperar la devolución?
Si has sido madre a partir del 2014 y quieres solicitar la devolución de la prestación por maternidad ingresada ante la Agencia Tributaria o en su caso, ante las Haciendas Forales correspondientes, no dudes en ponerte en contacto con nosotros en cialt@cialt.com o si lo prefieres contactando con nosotros en 943 31 18 66.
28 septiembre, 2018 /0 Comentarios/en Blog Español /por Patxi Garikano Iñiguez de Gordoa
Esta semana, en la que se celebra el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, ha sido la elegida por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa para la presentación del Anteproyecto de Norma Foral por la que se modifican los incentivos para el fomento de la cultura en el Impuesto sobre Sociedades.
La Diputación ha decidido apostar definitivamente por el cine guipuzcoano, que goza de buena salud, con reconocimientos nacionales e internacionales y que presenta un alto potencial de crecimiento. De esta forma se da respuesta al apoyo financiero que parte del sector audiovisual estaba reclamando a las Instituciones en los últimos tiempos.
Con el Anteproyecto, la Diputación Foral de Gipuzkoa pretende dar un impulso definitivo a esta industria ofreciendo a los inversores en proyectos cinematográficos importantes incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades. Se pretende adaptar la Disposición Adicional decimoquinta de la Norma Foral del Impuesto, que regula hasta ahora los incentivos para el fomento de la cultura, a los parámetros establecidos en la Comunicación de la Comisión Europea 2013/C 332/01 sobre la ayuda estatal a las obras cinematográficas y otras producciones del sector audiovisual.
El Anteproyecto prevé la introducción de dos incentivos para el sector audiovisual:
El primero de ellos será de aplicación a inversiones en producciones españolas de largometrajes y series audiovisuales, estableciéndose una deducción en cuota del 30% sobre el coste de producción, gastos de obtención de copias y gastos de promoción. La deducción será del 40% para aquellas obras que se rueden en euskera. Para la aplicación de esta deducción se establece el requisito de que al menos el 50% de la deducción se corresponda con gastos realizados en la Comunidad Autónoma Vasca. También es necesario que la participación técnica o artística vasca sea de, al menos, cuatro personas y que el período mínimo de rodaje en el País Vasco sea de dos semanas. Asimismo, se establece que el importe máximo de deducción será de 2,5 millones de euros por cada producción realizada.El incentivo será de aplicación en el ejercicio en el que la obra audiovisual se estrene en las salas de cine, en televisión, o en similares medios, y no en el ejercicio en el que se realice la inversión.
El segundo de los incentivos es de aplicación sobre las inversiones en producciones extranjeras. Se establece una deducción en cuota del 25% de los gastos realizados en territorio de la CAV, siendo necesario que estos gastos asciendan al menos a un millón de euros y que el coste total de la producción supere los dos millones de euros. Al igual que para el caso anterior, la deducción máxima será de 2,5 millones de euros por cada producción realizada.
En ambos casos, la base de deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas.
El Anteproyecto establece que surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2019, aunque la exposición de motivos recoge que la aplicación de los incentivos queda supeditada a su compatibilidad con el ordenamiento comunitario.
Estamos sin duda ante una buena noticia para el cine en general y sobre todo para las obras que se rueden en euskera.
Para aquellos interesados en ampliar la información sobre estos incentivos, desde CIALT nos comprometemos a poner a su disposición la experiencia que hemos adquirido en los últimos años en la gestión fiscal de diversos proyectos audiovisuales.
27 septiembre, 2018 /0 Comentarios/en Blog Español /por Maite Aizpiri Etxeberria
La reforma para la mejora del gobierno corporativo, que entró en vigor a finales del 2014, amplió las competencias de la Junta de Socios o Accionistas (“Junta”), entre otros supuestos, para autorizar “la adquisición, enajenación o la aportación a otra sociedad de activos esenciales”
La aplicación de este precepto, contenido en el artículo 160 de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), ha dado lugar a muchos problemas de interpretación respecto de los bienes que pueden constituir activos esenciales para una sociedad. Por otra parte, la norma tampoco especifica cuáles son los negocios jurídicos que requieren de dicha autorización y, por tanto, en qué supuestos los administradores deben convocar a los socios para que legitimen sus actuaciones.
En este contexto, una de las cuestiones que mayor debate ha generado ha sido si la norma exige, o no, la autorización de los socios para la constitución de gravámenes sobre activos esenciales requiere.
Es decir, ante actos que no supongan una adquisición o enajenación inmediata (como ocurre con la constitución de una hipoteca), pero cuya ejecución futura puede producir esa circunstancia, ¿deben los administradores solicitar autorización a la Junta?
Si bien una interpretación literal de la norma no exige el permiso de la Junta para la constitución de gravámenes o cargas sobre activos esenciales, son muchos quienes opinan que es imprescindible obtener este consentimiento en el momento de su constitución, dado que en el momento de su ejecución la enajenación del activo ya no depende de la voluntad de la sociedad.
Al respecto, la Dirección General de los Registros y del Notariado (“DGRN”), en Resolución de 22 de noviembre de 2017, analiza la negativa del Registrador de la Propiedad de inscribir una escritura en la que, el administrador único de la SL constituye una hipoteca sobre una finca, para garantizar precisamente el préstamo destinado a financiar su compra. Aunque la Junta había autorizado expresamente la adquisición de la finca no había autorización expresa para hipotecarla.
A juicio de la DGRN, la adquisición de la finca y su posterior gravamen están íntimamente ligados y, en consecuencia, no se trata de la disposición de un activo esencial, sino de su adquisición con detracción de la deuda hipotecaria. Por ello, revoca la calificación del Registrador, entendiendo incluida en la autorización de la Junta para la adquisición de la finca, el permiso de esta para constituir la hipoteca que garantiza la financiación señalada.
La Resolución de la DGRN no especifica si este supuesto de compra y gravamen simultáneo es el único caso en el que se exime de autorización de Junta, o si, por el contrario, los gravámenes están excluidos del art.160 de la LSC con carácter general.
Por todo ello, ante la imprecisión de la DGRN y la disparidad de criterios doctrinales al respecto, parece lógico que, por el momento, sean muchos quienes sigan requiriendo del acuerdo de la Junta para la formalización e inscripción de gravámenes sobre activos esenciales.