Source: https://derechoglobalizado.wordpress.com/tag/tribunal-supremo/
Timestamp: 2019-10-17 19:19:40
Document Index: 50212862

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 1255', 'artículo 23', 'artículo 15', 'artículo 24', 'artículo 23', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 249']

Tribunal Supremo « Derecho Globalizado
Posted on 16 de septiembre de 2019
La Sala I del Tribunal Supremo ha condenado a Quirón Hospitales S.L. a abonar una indemnización total de 96.800 euros en concepto de responsabilidad civil a la viuda y los dos hijos de un hombre que murió en diciembre de 2010 en la UCI del hospital San Carlos de Murcia de una infección intrahospitalaria, también llamada nosocomial, adquirida en el centro hospitalario tras una intervención quirúrgica. Dos aseguradoras, Mapfre y Zurich, son condenadas como responsables solidarias del pago de parte de la indemnización, más el interés moratorio previsto en elartículo 20 de la Ley del Seguro desde la fecha del fallecimiento del paciente.
Esta entrada fue publicada en Civil Law y etiquetada como Derecho Civil, España, Tribunal Supremo.
La sentencia anula el fallo de la Audiencia Provincial de Madrid que, en apelación, rechazó que la voluntad de las partes pueda influir en el reparto de la cantidad en que se rescate el plan de pensiones.
El ponente, el magistrado Arroyo Fiestas, declara que al margen de la calificación del plan de pensiones, lo que es indiscutible es que las partes acordaron que se repartiría a partes iguales, acuerdo que tiene sustento jurídico en el principio de libertad de contratación de los cónyuges.
El Tribunal de apelación estimó que el fondo de pensiones, de inicio y en su producto o percepción final, es de naturaleza privativa del titular, pues está relacionado directamente el contrato de trabajo de éste con la empresa, lo cual es una condición impuesta por dicha entidad en dicho contrato como condición laboral y por las razones económicas que sean y en beneficio de dicha empresa, se concierta tal fondo de pensiones cuyos fondos los aporta la empresa y no el trabajador.
Así, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid consideraron que es algo impuesto, que no nace de la voluntad privada de las partes ni del matrimonio y no es dinero el de las aportaciones que saliera de dicho matrimonio.
Sin embargo, el Tribunal Supremo, que acoge las tesis de la instancia, determina que en principio, el plan de pensiones del demandado también habría de considerarse incluido en uno de los acuerdos suscritos por ambas partes, en que se comprometieron a “separar la parte mobiliaria” de los bienes gananciales. En uno de los puntos pactaron que cuando se rescatase el plan de pensiones del demandado, se repartiría a partes iguales.
El titular del plan de pensiones reconoció que todos los bienes incluidos por su cónyuge eran bienes gananciales, pero que la liquidación estaba ya realizada, aunque pendiente de reparto.
No cabe discernir tampoco sobre si son o no gananciales las aportaciones al plan
Por ello, el ponente estima que “efectivamente, así es, porque tampoco proceden mayores disquisiciones sobre el carácter ganancial del importe cobrado por el demandado a consecuencia del plan de pensiones, debiendo estarse a lo expresamente pactado por las partes, aunque dicho documento no fuese elevado a público”.
Asegura, además, que ni cabe discernir tampoco sobre si son o no gananciales las aportaciones al plan, o bien deba considerarse así el importe íntegro cobrado por el titular del plan de pensiones de empresa, porque en aplicación de la doctrina de los actos propios, y de las obligaciones asumidas contractualmente -artículo 1255 y 1258 del Código Civil (CC)-, el total percibido por el demandado fue considerado ganancial, que debió repartirse por mitad entre los litigantes.
En este litigio, el titular del fondo defendía que su interpretación del acuerdo era que al hablar de fondos de pensiones se refería a los que habían creado con aportaciones de gananciales ambos cónyuges. La sentencia concluye que en el documento privado no quedaba excluido el plan de pensiones en discusión.
Esta entrada fue publicada en Derecho Civil y etiquetada como Empresa, España, Pensiones, Tribunal Supremo.
Posted on 8 de julio de 2019
El Supremo entra de lleno en la cuestión jurídica de las criptomonedas. En una reciente sentencia, la primera sobre un asunto de estafa mediante criptomonedas, el Alto Tribunal deja claro que los ‘bitcoins’ no pueden ser considerados dinero a efectos civiles, sino simplemente bienes inmateriales que pueden ser intercambiados por otros bienes, siempre que las partes lo acepten.
El resumen de la sentencia explica la cuestión de forma clara: “Los bitcoins no pueden considerarse un objeto material o dinero electrónico a los efectos de la restitución de la cosa. El bitcoin es un activo inmaterial. Es una unidad de cuenta de la red del mismo nombre, de las que se crearon 21 millones de ellas, y que se comercializa en unidades o porciones a través de las plataformas de trading bitcoin” determina el TS.
Así, la Sala de lo Penal determina que el bitcoin no puede tener consideración legal de dinero, pues se trata de un activo inmaterial de contraprestación o de intercambio sin más, que no cumple los requisitos para ser considerado dinero electrónico, recogidos en la Ley 21/2011, de 26 de julio.
El fallo confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid, que condenaba al acusado por estafa a pagar la indemnización en el valor de cotización de los bitcoins estafados, valor que sería ejecutado en el momento de la sentencia. En desacuerdo, los estafados recurren la decisión al Supremo exigiendo que se le pague la indemnización en bitcoins, y no en su valor.
El Supremo, no obstante, rechaza la cuestión. “El Tribunal de instancia no puede acordar la restitución de los bitcoins, siendo lo adecuado reparar el daño e indemnizar los perjuicios en la forma que se indicó en la sentencia de instancia, esto es, retornado a los perjudicados el importe de la aportación dineraria realizada (daño)” establece.
No sirven para cubrir una indemnización
Así, el Supremo concluye que lo restituido en la estafa no son los bitcoins en sí, sino el dinero que se aportó por su valor.
El Tribunal deja claro que los bitcoins no pueden ser utilizados como objeto de restitución de una indemnización por responsabilidad civil de la misma forma que puede serlo el dinero. “El acto de disposición patrimonial que debe resarcirse se materializó sobre el dinero en euros que, por el engaño inherente a la estafa, entregaron al acusado para invertir en activos de este tipo. Por otro lado, tampoco el denominado bitcoin es algo susceptible de retorno, puesto que no se trata de un objeto material, ni tiene la consideración legal de dinero” determina la sentencia.
¿Qué son los bitcoins entonces?
El Alto Tribunal define los bitcoins como activos patrimoniales inmateriales, lo que supone la primera definición jurídica que el tribunal da sobre el fenómeno.
Así, la Sala establece: “el bitcoin no es sino una unidad de cuenta de la red del mismo nombre. A partir de un libro de cuentas público y distribuido, donde se almacenan todas las transacciones de manera permanente en una base de datos denominada Blockchain, se crearon 21 millones de estas unidades, que se comercializan de manera divisible a través de una red informática verificada”.
Por tanto, el Supremo niega cualquier posibilidad de que estas criptomonedas puedan ser considerado dinero a efectos civiles, a pesar de contar con un valor semejante todas ellas dado por la oferta y la demanda.
“El bitcoin no es sino un activo patrimonial inmaterial, en forma de unidad de cuenta definida mediante la tecnología informática y criptográfica denominada bitcoin, cuyo valor es el que cada unidad de cuenta o su porción alcance por el concierto de la oferta y la demanda en la venta que de estas unidades se realiza a través de las plataformas de trading Bitcoin” sentencia la Sala.
Esta entrada fue publicada en Derecho Económico y Comercial y etiquetada como Bitcoin, Tribunal Supremo.
Tras seis años de batalla judicial, el TC ha declarado vulnerado la integridad moral de un funcionario al que no le asignaban tareas de forma intencionada durante más de un año en el nuevo puesto donde había sido destinado.
Los hechos recogidos en autos relatan que Don Darío (nombre ficticio) había sido relevado de su cargo de director del gabinete del presidente del Consejo de Estado en 2012.
Tras su cese fue destinado como “vocal asesor” en la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad de Estado, posición laboral creada exclusivamente para su ocupación por el denunciante tras el cese en instancia superiores.
Darío denunció la situación por el trámite previsto para el acoso laboral y recursos humanos le dió parcialmente la razón. El informe emitido al respecto apreció que, efectivamente, Darío no tenía funciones asignadas. No obstante, no apreció la existencia de acoso laboral por no existir situaciones de violencia psicológica como hostigamiento o agresiones verbales, así como por no dar Darío muestras de estrés o ansiedad. Según el informe, estas situaciones eran “normales” después de elecciones o en situación de crisis, donde hay menos trabajo, y que en todo caso Darío tenía acceso a información sobre la Gerencia en espacios “tan particulares” como la cafetería.
El TSJM emite sentencia el 17 de abril de 2017: no concurre el factor de violencia según el Tribunal propio del acoso. El reconocimiento de acoso debe ser reservado para situaciones “graves, intensas o extremas”, sin que en este caso existan estos presupuestos. El Tribunal afirma que estas situaciones son normales en tiempos de crisis económica donde hay menos actividad inmobiliaria y por tanto menos trabajo, y que en todo caso, no queda probada que existan órdenes para mantener de instancias superiores para mantener la situación de marginalidad a Darío.
Ante la denegación de acceso a recurso, y tras interponer nulidad de actuaciones desestimado pues existe motivación para denegar el acceso al recurso, Darío interpone recurso de amparo mixto por vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española sobre acceso al cargo o función pública en condiciones de igualdad y del artículo 15 por vulneración a su integridad moral, así como del artículo 24.1 de tutela judicial efectiva por la inadmisión a trámite del recurso de casación.
Se desestima la vulneración del artículo 23.2, pero se estima la del artículo 15 de la Constituciónen relación con el artículo 10 por vulneración de la dignidad de la persona.
Establece el Tribunal que el TSJM está aportando una nueva visión sobre el concepto de acoso laboral cuando no es el competente para ello, declarando que existe “abuso de poder” por parte de la Administración al promocionar y permitir la marginación contra Darío, incluso sin existir daño psicológico o situación de estrés posterior.
El Supremo ratificará que las remuneraciones de los ejecutivos consten en estatutos
Los magistrados mercantiles se muestran convencidos de que el Tribunal Supremo (TS) mantendrá en su próxima sentencia y, por tanto, fijará jurisprudencia sobre la obligación de las sociedades de incluir en los estatutos sociales las remuneraciones de los administradores sociales y el máximo anual que la Junta General haya aprobado para todos ellos.
A pesar de la gran polémica generada por esta cuestión, de ser así, un gran número de sociedades, deberán modificar sus estatutos en el caso de que no contemplen el sistema de retribución y sus límites en caso de que el cargo de consejero (delegado o no delegado) sea retribuido.
Garantías de los socios
Así lo han confirmado los magistrados Teodoro Ladrón, titular del Juzgado Mercantil nº 5 de Madrid, y Francisco de Borja Villena, magistrado de la Sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, en sus intervenciones en el Primer Simposio Profesional de Derecho Concursal y Societario de Madrid, organizado por Estudios AZT, Eserp Business School y el Colegio de Titulados Mercantiles de Madrid.
“El TS va a seguir compaginando la información sobre las retribuciones con las debidas garantías de los socios, para que no se vean sorprendidos por remuneraciones desproporcionadas, no previstas en los estatutos y superiores al importe máximo anual que la Junta haya acordado para el conjunto de los administradores sociales., tal y como establece la sentencia del TS de 26 de febrero de 2018”, afirmó el magistrado Teodoro Ladrón.
Esta sentencia es la única, hasta el ahora dictada por el TS en este sentido, por lo que se trata de jurisprudencia no reiterada y no dictada en Pleno, que ha generado las críticas de un amplio sector de los catedráticos de Derecho Mercantil que consideran injustificada esta posición doctrinal, encabezados por el catedrático Cándido Paz-Ares, socio de Uría y Menéndez.
Explica el diario que, su condición de sentencia única, que no ha creado aún jurisprudencia, permite que la Ley mantenga los artículos 217 y 249 sin modificación y que siga vigente la Doctrina defendida por la Dirección General de los Registros y el Notariado (DGRN), en cuyos razonamientos se apoya la jurisprudencia recaída hasta el momento y que supone una doctrina opuesta a la defendida en la sentencia de febrero de 2018.
Incluso, la propia DGRN ha emitido con posterioridad a la sentencia otras dos resoluciones -de 31 de octubre y de 20 de noviembre de 2018- en las que reitera su doctrina tradicional de la doble condición de los administradores, distinguiendo entre los ejecutivos y los no ejecutivos a efectos de su obligación de reserva estatutaria.
Esta corriente doctrinal defiende que no se exija que la retribución de los administradores ejecutivos no se regule en estatutos, puesto que las labores ejecutivas se entienden como una función adicional, siendo suficiente la suscripción del contrato de administración, regulado en el artículo 249.3 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el consejo de administración y sin la competencia de la Junta General de la sociedad.
En cuanto al derecho de separación de los socios, el magistrado Javier Vaquer, titular del Juzgado Mercantil nº 6 de Madrid, auguró una gran litigiosidad a tenor de como está redactada la legislación.
“Se puede generalizar que el socio demande de una sola tacada a la sociedad por su derecho de separación, por acciones de responsabilidad y por impugnación de los acuerdos adaptados”, ha afirmado.