Source: http://revcienciapolitica.com.ar/num39art3.php
Timestamp: 2020-05-31 09:47:32
Document Index: 236595827

Matched Legal Cases: ['artículo 45', 'in fine', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 10', 'artículo 161', 'artículo 161', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 10', 'Artículo 19', 'Artículo 41', 'in fine', 'in fine', 'Artículo 48', 'Artículo 161', 'artículo 2']

Revista Nº39 "INSTITUCIONES Y PROCESOS GUBERNAMENTALES"
El presente trabajo se propone analizar, a través de un modelo secuencial (formulación, implementación y evaluación), la “Ley de Medios” como política pública. De manera general, se realizará un recorrido histórico mediante el cual se intenta reflejar como se fue gestando la ley hasta convertirse en tal. En particular, se analizará el proceso de implementación de la ley durante el gobierno de Cristina Fernández, el posicionamiento y las reacciones de los actores involucrados (principalmente las disputas judiciales entre el gobierno y el Grupo Clarín) y las modificaciones introducidas por Mauricio Macri.
Palabras clave: políticas públicas, modelo secuencial, formulación, implementación, medios de comunicación, ley 22.285, kirchnerismo, Fernández, Ley de Medios, Clarín, justicia, Macri, Decreto 267.
This essay is supposed to analize; by considering a sequential model (the formulation, implementation and evaluation) the “Media Law” as a public policy. In general, it will be described the historical context which is intended to reflect the way that this law had been developing until it was a law indeed. In particular, it will be examined the process when this law was implemented during Cristina Fernández government, the position and responses of the actors involved (mainly, judicial arguments between the government previously mentioned and Clarín) and the modifications introduced by Mauricio Macri.
Keywords: public policies, sequential model, formulation, implementation, media, law 22.285, kirchnerismo, Fernández, Media Law, Clarín, justice, Macri, Decree 267.
Por: Joaquín Pastormerlo[1]
Las políticas públicas son, básicamente, acciones gubernamentales que surgen como respuesta a una demanda social o como iniciativa del propio gobierno. A los efectos de su análisis, las políticas públicas pueden ser entendidas como un proceso en el que se encuentran involucrados diversos actores. Es cierto que el Estado es el actor central, de lo contrario las políticas no serían “públicas”, pues es el único con la capaz de imponer leyes y sanciones. No obstante, la sociedad civil también es parte relevante del proceso. Dicho esto, hay que considerar que tanto el Estado como la sociedad civil no son actores endógenamente homogéneos. En el Estado convergen distintos actores (los distintos niveles de gobierno, los distintos poderes de la república, la administración burocrática permanente, etc.) con intereses disímiles y en la sociedad también (individuos particulares, sindicatos, iglesias, medios de comunicación, grupos de interés, ONGS, etc.).
Existen distintos modelos para analizar el proceso de las políticas públicas. Para este trabajo, resultó conveniente adoptar el más utilizado de ellos: el modelo secuencial de las políticas públicas. La característica esencial de este modelo es que entiende las políticas públicas como un ciclo compuesto de distintas etapas. Entre estas etapas, las más importantes son “formulación”, “implementación” y “evaluación”. En la formulación, el gobierno reconoce un problema, elabora distintas soluciones y finalmente adopta una política pública orientada a resolverlo. Durante la implementación, el gobierno trata de trasladar su idea de política pública a los hechos concretos. En otras palabras, la implementación es el proceso que ocurre entre las declaraciones formales de la política y el resultado final alcanzado. La evaluación, por último, constituye un proceso sistémico de observación, medida, análisis e interpretación del ciclo de las políticas públicas. En general, la evaluación es la etapa que permite evaluar en qué grado los resultados coinciden con los objetivos iniciales de la política pública.
La Ley de Medios, entendida como política pública, constituye un proceso interesante para analizar las etapas del modelo secuencial. En la formulación, se analizará los antecedentes de la Ley de Medios, constituyendo la ley 22.285 el núcleo central. Además, se desarrollaran los distintos intentos de establecer políticas en materia de regulación de los medios de comunicación, desde el retorno de la democracia hasta la sanción de la Ley de Medios en 2009. La implementación constituirá la etapa más interesante de este trabajo pues en ella se narrará las disputas entre el gobierno kirchnerista, el poder judicial y el principal grupo empresarial afectado por la Ley (Clarín). La evaluación, por su parte, se irá reflejando a lo largo de todo el texto, principalmente en las críticas de los distintos actores a ley. No obstante, la modificación realizada por el gobierno de Cambiemos a la Ley puede ser interpretada como una mecanismo de evaluación, y resulta entonces el hecho más significativo de esta etapa.
Durante el régimen militar autodenominado Proceso de Reorganización Nacional se sancionó la Ley 22.285 de radiodifusión que fijaba “los objetivos, las políticas y las bases que deberán observar los servicios de radiodifusión”[2] y creaba el Comité Federal de Radiodifusión (COMFER) como organismo encargado de su aplicación.
En 1983, Raúl Alfonsín ganó las elecciones presidenciales y nació una nueva etapa democrática para nuestro país. Desde aquel entonces hasta los tiempos actuales, los diferentes gobiernos han intentado dejar atrás los resabios legales de la dictadura y reemplazarlos por leyes que afiancen el incipiente proceso democrático. Sin embargo, la Ley 22.285 fue derogada recién en 2009. A pesar de que siempre estuvo en su agenda, los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner no lograron –a pesar de las reformas- elaborar un proyecto que reemplazara la totalidad de la Ley 22.285.
En 1988, Raúl Alfonsín envió al Congreso un proyecto que se apoyaba en un trabajo del Consejo de Consolidación de la Democracia, pero el mismo no prosperó. Un año después, el 30 de mayo de 1989, el Poder Ejecutivo envió otra iniciativa que tampoco avanzó.
Durante el menemismo las reformas favorecieron al gran empresariado. En este sentido, el Poder Ejecutivo aplicó tres reformas sustanciales. En 1989, Menem derogó el artículo 45 de la Ley 22.285, que negaba a las empresas periodísticas extender su actividad al campo de la televisión y radiofonía. Esta medida favoreció a Televisión Federal y a Artear, quienes consiguieron canal 11 y canal 13, respectivamente. En la Convención Constituyente de 1994 se discutió incluir un artículo antimonopólico en el nuevo texto constitucional, pero los constituyentes optaron por derivar el asunto a una futura ley. En 1998, un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) posibilitó a los titulares de licencias radiales a transferir sus acciones. Por último, en septiembre de 1999, -otra vez mediante DNU- Menem modificó puntos considerados clave de la ley de radiodifusión. La nueva norma autorizaba que cualquier persona física o sociedad comercial fuera titular de hasta 24 licencias de radio o televisión en todo el país, modificando el tope de 4 admitidas por la ley.
Fernando De la Rúa había anunciado en la campaña presidencial de 1999 que "Es un desafío de la Alianza elaborar una nueva ley, moderna y actualizada, cuya consigna básica sea no restringir, sino ampliar y asegurar la libertad de prensa". Además, había criticado la legitimidad y el nivel de atraso de la ley 22.285: "Esa ley tiene más de veinte años y además de la ilegitimidad con que fue sancionada, sufre un anacronismo tal que la hace inaplicable". Correspondiente con sus dichos, durante los primeros meses del gobierno, De la Rúa anunció la "decisión de construir consensos" con diversas entidades privadas de la radiodifusión y con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupaba a las universidades nacionales, para converger en una nueva ley que reemplazaría la 22.285. Ese intento se concretó seis meses después, cuando el Gobierno concluyó la redacción de un anteproyecto que, entre otras cosas, limitaba la concentración de licencias. Pero la oposición de ciertos grupos de comunicación logró que se estancara el proyecto. Los directivos de estos grupos reaccionar ante el contenido del proyecto, especialmente por los límites para la presencia de capitales extranjeros. En abril de 2001, miembros del COMFER y la Secretaría de Cultura, elaboraron un proyecto de ley, pero éste tampoco prosperó.
Durante los gobiernos de Dualdhe y Kirchner tampoco se derogó la ley de la dictadura. Eduardo Duhalde se limitó a modificarle un solo artículo días antes de dejar la presidencia. Mientras sucedía la presidencia de Kirchner, lo sustancial fue que la Cámara de Diputados aprobó una modificación a la ley de radiodifusión que permitía a las organizaciones sin fines de lucro (cooperativas y mutuales) ser propietarias de medios de comunicación.
En octubre de 2007, la candidata presidencial y cónyuge del presidente en ejercicio (Néstor Kirchner), Cristina Fernández, ganaba las elecciones en nombre del Frente Para la Victoria (FPV) con el 45 por ciento de los votos. Durante este período presidencial ocurre, al fin, el reemplazo de la Ley 22.285 por una nueva.
Sancionar una nueva ley de medios había sido una promesa de campaña del FPV. En una entrevista mediática, Gabriel Mariotto -hombre clave en la elaboración del proyecto-, había dejado trascender las intenciones reales de Fernández de llevar a cabo esta misión. Asimismo, la Iglesia ya había dado su visto bueno por medio del arzobispo Mario Maulión, quien se reunió con el Secretario de Medios Enrique Albistur y le dio su respaldo para la creación de una nueva norma que apuntara "al bien común, la libertad de expresión y la pluralidad".
A fines de marzo de 2008, Gabriel Mariotto fue nombrado como nuevo interventor del COMFER y se dio impulso proyecto. El anteproyecto final, “Servicios de Comunicación Audiovisual”, estaba basado en una propuesta de veintiún puntos que había sido presentada por la Coalición por una Radiodifusión Democrática en 2004[3] y debatida durante un año en 24 foros que se desarrollaron ha dicho fin en distintos puntos del país.
Finalmente, el Gobierno presentó en 2009 el anteproyecto para reemplazar la ley de radiodifusión. La Presidenta hizo el anuncio el 18 de marzo, en el Teatro Argentino de La Plata, ante una multitud.
Según sus impulsores, el propósito del texto es implementar una política pública destinada a desconcentrar el mercado de la radiodifusión y facilitar la entrada de nuevos inversores, medios comunitarios y asociaciones sin fines de lucro y también contemplar nuevas tecnologías como la digitalización (véase en anexo, artículo 1° de la Ley 26.522). Para hacer cumplir la ley, la sanción del proyecto daría origen a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), que reemplazaría a COMFER (véase en anexo, artículo 10° de la Ley).
De acuerdo a sus detractores, la sanción del proyecto en realidad era exclusivamente para perjudicar a Clarín, grupo mediático-empresarial con el que el gobierno había entrado en una etapa de conflicto.
En 2009, el anteproyecto de la “Ley de Medios” se envió a la Cámara de Diputados. El 16 de septiembre, se desarrolló una sesión especial en la cual los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica (confederación), Propuesta Republicana y el peronismo disidente expresaron disconformidades con el texto y luego abandonaron el Congreso. Finalmente, tras catorce horas de debate,​ el proyecto fue aprobado en general por 147 votos a favor, 4 en contra y una abstención. El gobierno logro conseguir los votos positivos de sus partidarios y de partidos opositores de la izquierda moderada. En octubre, el proyecto fue remitido a la Cámara de Senadores. Allí, con 44 votos a favor y 24 en contra, el kirchnerismo aprobó en general el proyecto y se encaminaba a convertir en ley la iniciativa del Ejecutivo. Entre los opositores, se destacó lo dicho por la Senadora de la Coalición Cívica, María Estenssoro: “Aunque dice que quiere terminar con los monopolios, este proyecto oficial habilita un solo monopolio, el del Gobierno. Esto es volver a los ’80”, y también las palabras del radical Emilio Rached “Es contra un sector, del cual antes eran amigos” (en referencia al conflicto del gobierno con Clarín).
El proyecto se promulgó bajo el título oficial de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (número 26.522), pero pasó a la historia como “Ley de Medios”.
Conflictos alrededor de la ley
No obstante la promulgación del proyecto de ley, el Grupo Clarín impugnó ante la justicia la aplicación de cuatro artículos de la Ley (41, 45, 48 y 161, véanse en anexo) mediante el uso de sucesivas medidas cautelares, cuestionando aspectos que limitaban la acumulación de licencias de televisión y que obligaban a la desinversión, en consecuencia, de aquellos grupos económicos que se hallaran más allá de esas limitaciones (entre ellos el propio Grupo Clarín). Esta postura de la empresa logró paralizar la plena aplicación de la Ley durante más de cuatro años y permitió al Grupo la no adecuación a los artículos 41, 45, 48 y 161, manteniendo mientras la posesión de la totalidad de sus licencias de medios de comunicación.
El 22 de mayo de 2012, la Corte Suprema de Justicia estableció un plazo concreto para el cumplimiento de artículos de la ley cuya aplicación se encontraba suspendida por medidas cautelares solicitadas por el Grupo Clarín. La Corte fijó para el 7 de diciembre de 2012 el plazo límite para el vencimiento de dichas medidas cautelares. De este modo, ordenaba a que se aplique el artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión en el caso de multiplicidad de licencias, con lo que quedaban obligados tanto el Grupo Clarín como los demás grupos de medios que excediesen la cantidad de licencias permitidas a deshacerse de sus activos excedentes en el plazo de un año. De las aproximadamente 300 licencias que poseía el Grupo Clarín, podría mantener un máximo de 24, debiendo deshacerse de las demás. No obstante la decisión de la Corte Suprema, el 6 de diciembre de 2012, a un día de la fecha fijada por la Corte Suprema para el vencimiento de la cautelar, los jueces Francisco De las Carreras y Susana Najurieta, de la Cámara Civil y Comercial Federal, extendieron la medida cautelar que mantenía suspendido el artículo 161 de la Ley de Medios “hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa”. Esta decisión, contraria al dictamen de la Corte, provocó la inmediata reacción del gobierno, ya que el juez De las Carreras se encontraba investigado por la Justicia Penal en una causa por supuestas dádivas por parte del Grupo Clarín. Finalmente, el 14 de diciembre el juez federal del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, declaró constitucionales los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que habían sido cuestionados por Clarín.
Al año siguiente, y en vistas de terminar por fin con la controversia, la Corte envió a la procuradora Gils Carbó la causa por la Ley de Medios para que emitiera opinión sobre la declaración de una inconstitucionalidad parcial decretada por la Cámara Civil y Comercial Federal. El 12 de julio, la procuradora se pronunció a favor de la constitucionalidad de la Ley de Medios y aconsejó a la Corte Suprema la revocación de la decisión tomada por la Cámara Civil y Comercial que declaró inconstitucionales parte de dos artículos de la ley, el 45 y el 161, que tratan de la multiplicidad de licencias de servicios y un régimen de adecuación de los titulares de medios a los nuevos requisitos establecidos por la ley en 2009.
Por último, en octubre de 2013, cuatro años después de la promulgación de la Ley, y tras haber pasado el proceso por las distintas instancias judiciales vistas, la Corte dictó un fallo final de 392 páginas en el que determinó la validez de los cuatro artículos en cuestión y la constitucionalidad general de la ley. Además, resolvió que los plazos para el total cumplimiento de la ley se encontraban entonces vencidos desde el 7 de diciembre de 2012, por lo que obligaba la adecuación y consecuente desinversión de aquellos grupos económicos que se hallaran excediendo el límite de licencias, poniendo fin a la larga controversia judicial y dando paso a la aplicación de la totalidad de la Ley en Argentina.
La reacción del Grupo Clarín
Según la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ningún grupo podía poseer más de diez licencias de radio y televisión abierta (Clarín tenía 12). La norma también prohibía a un mismo dueño tener un canal de televisión abierta y una operadora de cable en la misma localidad, lo que obligaba a Clarín a tener que decidir entre su canal insignia, el Trece, y su principal fuente de ingresos, Cablevisión, en la ciudad de Buenos Aires. En tanto, la ley también restringía a 24 localidades el alcance de la TV por cable. Al momento de la plena aplicación de la Ley, Cablevisión operaba en 158 ciudades, por lo que se encontraba obligado a dejar de brindar servicios en 134. También el principal canal de noticias del Grupo Clarín, Todo Noticias (TN), estaba en riesgo, ya que la ley indicaba que un operador de cable sólo puede tener una señal de generación propia, y Clarín tenía cinco, además de TN.
Como vemos, el carácter de la ley perjudicaba severamente los intereses del Grupo Clarín. Por lo tanto, era de esperarse sus reacciones más allá de lo judicial. En un comunicado publicado en el portal online de su principal medio, el diario Clarín (que no es afectado por la polémica ley por no tratarse de un medio audiovisual), los voceros de la empresa afirmaron en 2009 que el Grupo "respeta las decisiones judiciales", pero que "analiza las futuras derivaciones judiciales del caso, incluyendo la apelación ante tribunales internacionales". Clarín también acusó al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de buscar "colonizar" a la prensa a través de esta ley y "silenciar, sin justificación técnica ni competitiva alguna, medios que hoy ejercen periodismo crítico".
La Ley de Medios durante el gobierno de Cambiemos
Tan solo 19 días después de asumir el mando del gobierno, Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU 267/2015) que fusionó los organismos AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) e introdujo modificaciones a la “Ley de Medios” (Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual).
AFSCA y AFTIC se disolvieron para dar nacimiento al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El ENACOM es ahora el único ente que controla las licencias de medios audiovisuales y las telecomunicaciones. Dependía originalmente del Ministerio de Comunicaciones, cuyas funciones fueron adquiridas en 2017 por el Ministerio de Modernización (actualmente Secretaría), aunque es un “ente autárquico y descentralizado”. Por el Decreto, el directorio del ENACOM tiene cuatro integrantes del Poder Ejecutivo sobre un total de siete. Los otros tres son designados por el Congreso (primera, segunda y tercera minoría). Los directores asumen por cuatro años y “podrán ser removidos por el Ejecutivo en forma directa y sin expresión de causa”. Ante esta reforma, miembros de la oposición hicieron oír su reclamo advirtiendo que, al poseer cuatro miembros en ENACOM, el Ejecutivo se asegura la mayoría y con esto el manejo discrecional del organismo en beneficio de ciertos grupos empresariales de la comunicación.
Todavía más controvertidas resultaron las modificaciones introducidas por el Decreto a la Ley de Medios. Dos de las reformas apuntan directamente a revestir el carácter antimonopólico de la norma. Inicialmente, el DNU amplía la cantidad de licencias que un grupo puede poseer: en el orden nacional, pasan de 10 a 15 y en el orden local, de 3 a 4. Sobre la prórroga de licencias, si antes la ley preveía una única prórroga de diez años previa audiencia pública, ahora tendrán una prórroga automática de cinco años y otra más de 10, por concurso. Además, las licencias dejan de ser intransferibles. No obstante, la reforma más polémica la constituye el hecho de que ahora las compañías telefónicas pueden operar el servicio de cable. Como argumentación para este cambio, el jefe de gabinete Marcos Peña destacó que la “convergencia tecnológica entre medios y telecomunicaciones, caracterizada por la competencia entre diversas tecnologías en los servicios de video, telefonía –voz– y banda ancha –internet– es una realidad indiscutible” y que así ocurre en “los países líderes en el sector”. Desde la oposición, las críticas se orientaron a decir que es una medida hecha directamente para favorecer al Grupo Clarín. Martín Sabbatella, ex titular de AFSCA, expresó que “La única necesidad de urgencia es la de responder a los intereses de Héctor Magnetto (CEO del grupo) y Clarín, de pagarle los favores que le han hecho en campaña y de tener un blindaje mediático por las medidas antipopulares que han puesto en marcha”.
La medida adoptada por el gobierno de Cambiemos suscitó también preocupaciones a niveles internacionales. Según un trabajo conjunto realizado por Reportes Sin Fronteras (RSF), quizás la organización periodística más importante del mundo, y Tiempo Argentino, diario argentino controlado por una cooperativa de trabajadores, lo más preocupante en materia comunicacional de la Argentina es la concentración de medios. “Los principales medios de Argentina se encuentran en las manos de unas pocas empresas, que son las que determinan lo que miran, leen y escuchan la gran mayoría de los 44 millones de argentinos. Los cuatro conglomerados más grandes concentran casi la mitad de la audiencia nacional en todos los soportes, y el 25% de toda esa audiencia está en manos del Grupo Clarín. Además, la actual crisis económica y la ausencia de políticas por parte del Estado para atenuar sus efectos, junto con una legislación que favorece a los grandes grupos mediáticos, asfixia económicamente el periodismo crítico y limita el derecho de los argentinos a tener acceso a voces plurales”, sostuvo el informe. En el mismo sentido, Emmanuel Colombié, director regional de RSF para América Latina, señaló que en Argentina “La ausencia de una censura directa no implica automáticamente que los medios sean diversos e independientes. Las presiones económicas y la concentración de la propiedad pueden limitar la capacidad del periodismo para hacer que quienes tienen el poder rindan cuentas”.
A poco más de dos años de la entrada en vigor del DNU, el 29 de junio de 2018, el Grupo Clarín logró expandirse hacia el sector de las comunicaciones ya que Cablevisión se fusionó con Telecom. Al mismo tiempo, el ENACOM aprobó la transferencia de las licencias de Fibertel a Cablevisión, algo que había prohibido el gobierno kirchnerista. Estos hechos convirtieron al Grupo en el mayor conglomerado de medios de la historia de las comunicaciones de Argentina y en el primero en brindar servicio “Cuádruple Play” (telefonía fija y móvil, internet y televisión).
Los momentos que anteceden a la aplicación efectiva de la “Ley de Medios” constituyen un material adecuado para analizar un ciclo de política pública. Desde el retorno a la democracia hasta 2009 se puede evidenciar como los distintos gobiernos tuvieron en su agenda la cuestión legal del sector mediático. Así, de acuerdo a su ideología, cada gobierno propuso soluciones diferentes, las cuales, en definitiva, no lograron modificar la sustancia de la ley vigente (22.285). Tanto Alfonsín como De la Rúa quisieron dotar de mayor pluralidad y justicia social a la ley. En el medio, Menem decreto soluciones que beneficiaron más bien al sector privado. Con la llegada de Fernández a la presidencia, las intenciones de Alfonsín y De la Rúa -complementadas a los veintiún puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática- se vieron reflejadas en un texto integral que además adoptaba la ideología kirchnerista. El proyecto, que se convirtió en ley en 2009 y reemplazó a la 22.285, presentaba un conjunto de ideas de corte democrático y social. Sus artículos más destacados estaban orientados a la desconcentración de medios en pos de una pluralidad mayor de información.
Constituyendo Clarín el grupo mediático más grande de la Argentina, era de esperarse que fuera el más afectado por la nueva ley. En un contexto de malas relaciones con el oficialismo, el Grupo interpretó la implementación de la “Ley de Medios” como una medida que los afectaba intencionalmente. Así, a través de sus distintas herramientas, Clarín se convirtió en el más férreo opositor a la ley. Durante cuatro años, apeló incansablemente a la justicia y logró paralizar algunas de las disposiciones. Sin embargo, en 2013, la Corte resolvería la controversia en favor del gobierno. La batalla judicial la había ganado el kirchnerismo, pero Clarín se las ingeniaría en los años venideros para mantener, e inclusive ampliar, su capital.
El 22 de noviembre de 2015, la alianza Cambiemos, con Mauricio Macri como candidato, se impuso en las elecciones presidenciales. El 29 de diciembre, 19 días después de asumido su mandato, el presidente –quizás aprovechando la legitimidad recibida en las elecciones- sancionó un DNU que modificaba los principales aspectos de la Ley de Medios, logrando revestir su carácter antimonopólico. Los motivos y la rapidez de la sanción del DNU son objeto de controversias: mientras que desde el gobierno afirman adecuarse a los principios comunicacionales del primer mundo, opositores y especialistas resaltan que se trata de una maniobra para favorecer a los grandes grupos de comunicación, en especial a Clarín. En la práctica, las reformas introducidas beneficiaron principalmente a Clarín, grupo que logró fusionarse con Telecom y Fibertel.
Sabemos entonces que cada gobierno intento, desde su ideología, sancionar una ley que modificase aquel resabio de la dictadura militar (ley 22.285). Sin embargo, las presiones de los grupos afectados y las oposiciones políticas obstaculizaron la sanción de una nueva ley hasta 2009. En dicho año, el poder político de la presidente Cristina Fernández logró sortear los obstáculos y sancionar la Ley de Medios tan anhelada durante años. La nueva ley, adoptaba una ideología pluralista y antimonopólica. Pronto, el sentido de la ley iba a ser modificado por el gobierno de Macri, quien mediante DNU reformó los artículos que apuntaban a desmonopolizar el mercado de las comunicaciones para establecer nuevos que permitieron una mayor concentración de medios. Así, se concluye entonces que materializar las ideas en materia comunicacional no es una cuestión sencilla para los gobiernos. Desde el retorno de la democracia, solo el gobierno de Cristina Fernández logró plasmar sus ideas en una ley integral. Con respecto a la ideología de la que dotan los gobiernos a las leyes comunicacionales, las causas deben buscarse en los convencimientos profundos de cada uno de ellos, pero también en su relación con los grandes grupos comunicacionales -principalmente Clarín-, los cuales son capaces de influir sobre los propios gobiernos y sus decisiones.
De la ley 26.522:
Artículo 1: El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de comunicación audiovisual en todo el ámbito territorial de la República Argentina y el desarrollo de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con fines de abaratamiento, democratización y universalización del aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Quedan comprendidas en las disposiciones de esta ley todas las emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o distribuidas en él.
Artículo 2: Legitimación. Toda persona que acredite interés podrá requerir a la autoridad de aplicación competente el cumplimiento por parte de los servicios de comunicación audiovisual de las obligaciones previstas en esta ley.
Este derecho incluye el de participar en las audiencias públicas establecidas como requisito de prórrogas de licencias, entre otras.[4]
Artículo 10. — Autoridad de aplicación. Créase como organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, como autoridad de aplicación de la presente ley.
Artículo 19. — Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Créase la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tendrá las siguientes misiones y funciones:
a) Recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión y demás servicios regulados por la presente teniendo legitimación judicial y extrajudicial para actuar de oficio, por sí y/o en representación de terceros, ante toda clase de autoridad administrativa o judicial. No obstará a su legitimación judicial la existencia o no de causa individual, siendo su legitimación tanto subjetiva como objetiva y por los derechos de incidencia colectiva previstos expresa o implícitamente en la Constitución Nacional y otros que hacen al desarrollo del Estado democrático y social de derecho y a la forma republicana de gobierno;
b) Llevar un registro de las consultas, reclamos y denuncias presentados por los usuarios en forma pública o privada y a través de los medios habilitados a tal efecto;
c) Convocar a las organizaciones intermedias públicas o privadas, centros de estudios e investigación u otras entidades de bien público en general, para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el desarrollo y funcionamiento de los medios de comunicación;
d) Realizar un seguimiento de los reclamos y denuncias presentados e informar a las autoridades competentes, a los interesados, a la prensa y al público en general sobre sus resultados y publicar sus resultados;
e) Presentar ante la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual un informe anual de sus actuaciones;
f) Convocar a audiencias públicas en diferentes regiones del país a efecto de evaluar el adecuado funcionamiento de los medios de radiodifusión y participar en aquellas previstas por la presente o convocadas por las autoridades en la materia;
g) Proponer modificaciones de normas reglamentarias en las áreas vinculadas con su competencia o cuestionar judicialmente la legalidad o razonabilidad de las existentes o que se dicten en el futuro, sin plazo de caducidad, dejando a salvo el respeto a la autoridad de cosa juzgada judicial;
h) Formular recomendaciones públicas a las autoridades con competencia en materia de radiodifusión las cuales serán de tratamiento obligatorio;
i) Representar los intereses del público y de la colectividad, en forma individual o en su conjunto, en sede administrativa o judicial, con legitimación procesal en virtud de la cual puede solicitar la anulación de actos generales o particulares, la emisión, modificación o sustitución de actos, y otras peticiones cautelares o de fondo necesarias para el mejor desempeño de su función.
Las delegaciones de la autoridad de aplicación deberán recibir actuaciones dirigidas a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, remitiendo dichas actuaciones a la Defensoría en forma inmediata.
Artículo 41. — Transferencia de las licencias. Las autorizaciones y licencias de servicios de comunicación audiovisual son intransferibles.
Personas de existencia ideal sin fines de lucro. Las licencias concedidas a prestadores de gestión privada sin fines de lucro son intransferibles
a) Para los prestadores consignados en el apartado 1, subapartado "b", se permitirá la titularidad del registro de una (1) señal de servicios audiovisuales;
Artículo 48. — Prácticas de concentración indebida. Previo a la adjudicación de licencias o a la autorización para la cesión de acciones o cuotas partes, se deberá verificar la existencia de vínculos societarios que exhiban procesos de integración vertical u horizontal de actividades ligadas, o no, a la comunicación social.
Se considera incompatible la titularidad de licencias de distintas clases de servicios entre sí cuando no den cumplimiento a los límites establecidos en los artículos 45, 46 y concordantes.
Artículo 161— Adecuación. Los titulares de licencias de los servicios y registros regulados por esta ley, que a la fecha de su sanción no reúnan o no cumplan los requisitos previstos por la misma, o las personas jurídicas que al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento —en cada caso— correspondiesen.
-Ley 26.522 “Servicios de Comunicación Audiovisual” (2009), recuperado de www.servicios.infoleg.gob.ar
-Ley 22.285 “Radiodifusión” (1980), recuperado de www.servicios.infoleg.gob.ar
- www.clarín.com
-www.página12.com
-Material dictado en la Cátedra “Políticas Públicas” de la carrera Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de La Plata (UCALP).
[1] Estudiante de la Carrera de Ciencia Politica y Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de La Plata (UCALP)
[2] Introducción de la Ley 22.285
[3] Para ver los 21 puntos, se puede acceder a la página oficial de la Coalición: http://www.coalicion.org.ar/21-puntos-por-el-derecho-a-la-comunicacion/
[4] El contenido del artículo 2 Y 19 no fue parte del desarrollo principal de este trabajo. No obstante, es relevante adherirlo aquí para destacar la importancia que le otorga la Ley a la participación ciudadana en el proceso de evaluación de las políticas públicas.