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Timestamp: 2018-10-18 08:50:14
Document Index: 263586873

Matched Legal Cases: ['artículo 51', 'artículo 51', 'Artículo 51', 'artículo 13', 'artículo 139', 'artículo 48', 'Artículo 139', 'artículo 150', 'artículo 139', 'artículo 53', 'artículo 48', 'artículo 51', 'artículo 13']

Sentencia de Constitucionalidad nº 013/02 de Corte Constitucional, 23 de Enero de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43617758
Sentencia de Constitucionalidad nº 013/02 de Corte Constitucional, 23 de Enero de 2002
Fecha de Resolución: 23 de Enero de 2002
Expediente: D-3628
Decreto 1295 de 1994. Art. 51 (p.). Organizacion y administracion del sistema general de riesgos profesionales. Monto de las pensiones por accidente de trabajo o enfermedad profesional. Competencia del legislador para fijar el limite maximo. Trato discriminatorio. Principio de igualdad. Existencia de otro medio de defensa judicial. Cosa juzgada relativa. Exequible.
Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 51, parcial, del Decreto 1295 de 1994, "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales."
Actor: L.C.O..
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, el ciudadano de la referencia demandó parcialmente el artículo 51 del Decreto 1295 de 1994, "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales".
"Decreto 1295 de 1994
"Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales
"Artículo 51.- Monto de las pensiones. Ninguna pensión de las contempladas en este decreto podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, ni superior a veinte (20) veces este mismo salario."
Considera que si el monto de las cotizaciones o aportes que están obligados a hacer los empleadores al seguro de accidentes de trabajo o enfermedad profesional, se determina en función de la actividad económica que desarrolla la empresa y la clase y grado de riesgo, con el fin de lograr reparar en lo posible totalmente el daño causado en la salud y la pérdida económica del ingreso, derivados del estado de incapacidad o invalidez que se haya producido, resulta "contrario al principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución, discriminar a aquellas personas que, teniendo ingresos superiores 20 salarios mínimos y, en consecuencia, ingresos que les determina un nivel de vida medianamente alto o alto, que, frente a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, además del perjuicio que sufren en su salud y en su capacidad laboral, vean disminuido su ingreso en calidad de pensionados, por sujetarse al límite de 20 salarios. Con este beneficio de la seguridad social se está dejando parcialmente sin restablecer el perjuicio causado por el accidente o la enfermedad que producen."
Del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el doctor H.A.G.S., que señaló que tal como la Corte Constitucional lo explicó en la sentencia C-155 de 1997, el constituyente le atribuyó al legislador facultades para desarrollar el derecho a la seguridad social. Dentro de tales facultades está la de establecer los topes máximos y mínimos sobre el valor de la mesada de jubilación o invalidez. Además, al Ejecutivo, el artículo 139 de la Ley 100 de 1993, le otorgó facultades extraordinarias para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales.
Del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la doctora M. de los Angeles Pascual Hidalgo-Gato, se opuso a la declaración de inexequibilidad de la expresión demandada, pues, no existe la desigualdad de trato que se alega, dado que todos los eventos de esta clase de pensiones se encuentran en los mismos límites y el legislador contaba con amplias facultades para establecer estos requisitos. Además, el legislador tiene un amplio margen de libertad para diseñar el Sistema de Seguridad Social, bajo las reglas establecidas en el artículo 48 de la Constitución.
El señor P. General de la Nación, en el concepto N.. 2659 de fecha 6 de septiembre de 2001, solicita declarar exequible la expresión acusada, por las siguientes razones :
"Artículo 139. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo previsto en el ordinal del artículo 150 de la Constitución Política, revístase al Presidente de la República de precisas facultades extraordinarias por el término de seis (6) meses contados desde la fecha de publicación de la presente Ley para :
"11. Dictar las normas necesarias para organizar la administración del Sistema General de Riesgos Profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrir con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores."
En la sentencia C-376 de 1995, la Corte declaró la exequibilidad de las facultades conferidas en los artículos 139 y 248 de la Ley 100 de 1993, salvo la correspondiente al numeral 7, del artículo 139, y, en la misma sentencia, declaró este Decreto 1295 de 1994, junto con otros, exequible "pero sólo en lo que hace referencia a la exequibilidad de las normas que concedieron las facultades extraordinarias para su expedición."
Competencia del legislador para fijar el límite máximo de pensiones que se originen en un accidente de trabajo o una enfermedad profesional.
Si el pago de la pensión no tuviere un límite máximo en cuanto a la prestación económica, se violaría, también, el inciso 2 del artículo 53 de la Constitución, que dice : "El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y el reajuste periódico de las pensiones legales", puesto que, en el corto tiempo, sólo unas pocas personas podrían acceder a esta clase de prestación económica. Lo que, a su vez, también desconocería que la Seguridad Social, como servicio público que es, debe prestarse bajo los principios de "eficacia, universalidad y solidaridad", de acuerdo con lo establecido en el artículo 48 de la Carta.
"De otra parte, la Corporación considera que le corresponde al legislador regular todos los aspectos relativos a las pensiones (art. 53 inc, 2 de la C.P.); por ello, el Estado debe garantizar el reajuste periódico de las pensiones y de los recursos en este campo, los cuales deben mantener su poder adquisitivo razón por la cual es menester que el legislador tenga en cuenta una realidad de trascendencia en este examen, los recursos económicos para satisfacer el pago de las mesadas pensionales, los cuales no son infinitos, sino que ellos son limitados; el legislador puede, por razones de política legislativa, señalar cuáles son los límites máximos y mínimos que deben implantarse para que las reservas de dinero destinadas al pago de las pensiones, tanto en el sector público como en el privado, no pierdan por un lado su capacidad adquisitiva, pero por otro garanticen y protejan los recursos existentes para el pago de las pensiones (C.P. art. 48 y 53). La Corte considera que, dentro de ciertos límites, el legislador tiene libertad para determinar el monto y los alcances de los recursos a fin de lograr el mejor uso de los mismos, en un sistema solidario de seguridad social; es perfectamente legítimo que, la ley conceda un límite mínimo o máximo al monto de la pensión, si con ello se pretende administrar recursos limitados (...)" (sentencia C-155 de 1997, M.P., doctor F.M.D.) (se subraya)
Supuesta violación del derecho de igualdad.
Declarar exequible la expresión demandada del artículo 51 del Decreto 1295 de 1994, "Por el cual se determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales", por no violar el artículo 13 de la Constitución.
Que el h. Magistrado doctor L.E.M.L., no firma la presente sentencia por cuanto presentó excusa, la cual fue debidamente autorizada por la Sala Plena.
Sentencia de Tutela nº 457/07 de Corte Constitucional, 7 de Junio de 2007
Acuerdo nº PSAA08-4902 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Administrativa de 18 de Junio de 2008
Providencia nº 13001110200020110000902 de Consejo Superior de la Judicatura - Sala Disciplinaria de 27 de Julio de 2011