Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2010-00205-de-julio-19-de-2018?documento=jurcol&contexto=jurcol_350e10476a634f43a6206552cc014621&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 17:02:44
Document Index: 265069015

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 78', 'artículo 2', 'artículo 4', 'Artículo 3', 'artículo1', 'Artículo 14', 'artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 13', 'Artículo 26', 'Artículo 65', 'Artículo 333', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 10', 'Artículo 2', 'artículo 333', 'artículo 189', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 78', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 93']

El ciudadano ADY WILSON RIVERA DÍAZ, en ejercicio de la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo —CCA—, presentó demanda ante esta corporación tendiente a obtener la declaratoria de nulidad parcial de los artículos 3º y 14 del Decreto 616 de 28 de febrero de 2006, “Por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país” y 4º del Decreto 2838 de 24 de agosto de 2006, “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 616 de 2006 y se dictan otras disposiciones”, expedidos por el Gobierno Nacional.
1. El 15 de diciembre de 1994 se promulga la Ley 170, por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio —OMC—(1), sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral Anexo Sobre la Carne de Bovino.
Menciona que, son plausibles las motivaciones expuestas en el Decreto 616 de 2006, en relación con la responsabilidad que establece el artículo 78 de la Constitución Política para la comercialización de bienes y servicios que pueda atentar contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. Sin embargo, el artículo 2º, numeral 2, del Acuerdo sobre Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias exige que estas se formulen sobre la base de principios científicos que no se evidencian en el presente caso, según se observa en la parte considerativa de los decretos cuestionados. Por tal razón, estima que el aparte “[…] Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto, no se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo […]” del Decreto 616 de 2006 debe desaparecer del ordenamiento jurídico.
En consonancia con el artículo 4º del Decreto 2838 de 2006, también debe anularse la expresión “[…] excepcionalmente […]”, que se refiere a la autorización excepcional de la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo.
“[…] Artículo 3º—Definiciones. Para efectos del reglamento técnico que se establece a través de la presente disposición, se adoptan las siguientes definiciones:
Adicionadoporelartículo1ºdelDecreto2838de2006. Plan de reconversión: Es el plan de trabajo elaborado por los interesados en la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo, con el propósito de lograr el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 616 de 2006 o lasustitucióndedichaactividadeconómicaenunplazonomayordedos(2)años […]”.
“[…] Artículo 14.—Prohibiciones. Teniendo en cuenta que la leche es considerada alimentodemayorriesgoensaludpública, queda prohibido […]”.
2. Modificado por el artículo 1º del Decreto 2838 de 2006. Despuésdedos(2)añosdeentradaenvigenciaelpresentedecreto,nosepodrácomercializarlechecrudaolechecrudaenfriadaparaconsumohumanodirecto […]”.
Decreto 2838 de 2006.
“[…] Artículo 4º.—Zonas especiales para la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo. A partir de la vigencia del presente decreto se podrá autorizar excepcionalmente la comercialización de leche cruda y leche cruda enfriada para consumo humano directo en aquellas zonas del país que por sus condiciones de accesibilidad geográfica y disponibilidad no pueden comercializar leche higienizada […]”.
“Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
“Artículo 26. Toda persona es libre de escoger profesión u oficio. La ley podrá exigir títulos de idoneidad. Las autoridades competentes inspeccionarán y vigilarán el ejercicio de las profesiones. Las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica son de libre ejercicio, salvo aquellas que impliquen un riesgo social. Las profesiones legalmente reconocidas pueden organizarse en colegios. La estructura interna y el funcionamiento de estos deberán ser democráticos. La ley podrá asignarles funciones públicas y establecer los debidos controles”.
“Artículo 65. La producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de incrementar la productividad”.
“Artículo 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”.
Reconociendo además que es necesario realizar esfuerzos positivos para que los países en desarrollo, y especialmente los menos adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional que corresponda a las necesidades de su desarrollo económico, […]”.
“[…] Los miembros,
Artículo 2º—Derechos y obligaciones básicos.
Artículo 3º—Armonización
Artículo 5º—Evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria
Artículo 10.—Trato especial y diferenciado
1. Al elaborar y aplicar las medidas sanitarias o fitosanitarias, los miembros tendrán en cuenta las necesidades especiales de los países en desarrollo miembros, y en particular las de los países menos adelantados miembros […]”.
“[…] El acuerdo de la OMC se refiere al comercio mundial en sus diversos aspectos y es de enorme importancia para todos los países, ya que del desarrollo de este comercio dependen, en gran medida, muchos factores de progreso de los mismos, como son la producción de mercancías y servicios, el empleo y el nivel de vida de sus habitantes.
“[…] 1. Los miembros se asegurarán que sus medidas sanitarias o fitosanitarias se basen en una evaluación, adecuada a las circunstancias, de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas y de los animales o para la preservación de los vegetales, teniendo en cuenta las técnicas de evaluación del riesgo elaboradas por las organizaciones internacionales competentes.
4. Al determinar el nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria, los miembros deberán tener en cuenta el objetivo de reducir al mínimo los efectos negativos sobre el comercio […]”.
“[…] Artículo 2º: Elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos por instituciones del gobierno central. Por lo que se refiere a las instituciones de su gobierno central:
“[…] No obstante, en los términos del artículo 333, las libertades económicas no son absolutas. Esta disposición señala que la empresa tiene una función social que implica obligaciones, prevé que la libre competencia supone responsabilidades, e indica que la ley delimitará el alcance de la libertad económica “cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación”. Con base en esta disposición de la Carta, la jurisprudencia constitucional ha concluido que las libertades económicas son reconocidas a los particulares por motivos de interés público. Por esta razón, en reiterada jurisprudencia, esta corporación ha aclarado que las libertades económicas no son en sí mismas derechos fundamentales”(17).
“[…] Es por tal razón que la economía social de mercado, establecida en la Constitución de 1991, supone, para el particular un derecho general de libertad , entendido como “una facultad que tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus preferencias o habilidades, con miras a crear, mantener o incrementar un patrimonio” , mientras que para el Estado, como es característico en el marco del Estado de derecho, opera una suerte de limitante jurídica en su actuación, por vía del concepto jurídico de competencia, razón por la cual solo podrá intervenir en el decurso de un actividad económica, cuando así lo disponga una ley para tal efecto, cuestión que quiere decir, adicionalmente, que se trata de un asunto revestido con reserva de ley […]”(18).
En cuanto al alcance general de la potestad reglamentaria, esta Corporación ha indicado que “[…] El numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política le asigna al Presidente de la República la atribución de “Ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes”. La potestad reglamentaria es la expresión por excelencia de la función administrativa que ejerce el Presidente de la República. Es una facultad del gobierno para expedir normas generales, impersonales y abstractas para lograr la cumplida ejecución de las leyes. El acto reglamentario tiene su marco general en la ley para proveer la adecuada ejecución de esta, precisando circunstancias o pormenores no contenidos en ella, por no haber sido regulados o por no ser de carácter sustancial (…). De consiguiente, so pretexto del ejercicio de la potestad reglamentaria mal puede ampliarse el ámbito de aplicación de la ley. El acto reglamentario debe aportar entonces los detalles, los pormenores de ejecución o aplicación de la ley; hace explícito lo implícito en ella; facilita su entendimiento y comprensión. Pero no puede extender su ámbito más allá de la ley. No es posible que el reglamento contenga normas que le están reservadas al legislador; no pude adicionar la ley, cambiarla, restringirla o recortarla en su esencia o sustancia; tampoco puede deslindar los límites de la potestad reglamentaria porque violaría, además de la ley, la propia constitución […]”(20).
— “[…] la sustitución de dicha actividad económica en un plazo no mayor de dos (2) años […]”, contenida en el artículo 3º del Decreto 616 de 2006, con la modificación introducida por el artículo 1º del Decreto 2838 de 2006.
— “[…] Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto, no se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo […]” del artículo 14 del Decreto 616 de 2006, modificado por el artículo 1º del Decreto 2838 de 2006.
“[…] Que el artículo 78 de la Constitución Política de Colombia dispone: “[...] Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios ateten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. [...]”;
Que consecuentemente con lo anterior, es necesario definir los requisitos que debe cumplir la leche para el consumo humano que se obtenga, procese, envase, transporte, comercialice, expenda, importe o exporte en el país; […]”.
“Artículo 4º—Determinada la necesidad de establecer un nuevo reglamento técnico, medida sanitaria o fitosanitaria, se estimará el efecto económico que ocasionaría si no se estableciera tal medida, al igual que el efecto económico en caso de establecerse y/ o la posibilidad de adopción de otras medidas que consigan el mismo objetivo legítimo perseguido, en cuanto a la onerosidad de su aplicación.
“Artículo 5º—En el proceso de elaboración y adopción de reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias, se puede tomar como base de las mismas normas, las directrices o recomendaciones internacionales o sus elementos pertinentes o aquellas cuya aprobación sea inminente, salvo en el caso que ellas o sus elementos, sean un medio ineficaz o inapropiado para el logro de los objetivos legítimos perseguidos”.
“Artículo 6º—Los reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias no deben restringir el comercio más de lo necesario para alcanzar un objetivo legítimo, teniendo en cuenta los riesgos que crearía no alcanzarlo, eligiendo entre las opciones posibles aquellas que generen menores costos de implementación y cumplimiento para los usuarios y para el comercio intrasubregional”. (Resaltado fuera del texto original).
“[…] El Gobierno Nacional, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 170 de 1994 y en la Decisión Andina 562 de 2003, entre otras normas, expidió el Decreto 4003 de 2004 mediante el cual se estableció el procedimiento administrativo para la elaboración, adopción y aplicación de reglamentos técnicos, medidas sanitarias y fitosanitarias en el ámbito agroalimentario, con la finalidad de reducir los efectos negativos de la aplicación de los mismos en el comercio que se realice en desarrollo de los tratados internacionales de los cuales Colombia haga parte.
“[…] Artículo 2º—Derechos y obligaciones básicos.
2. Los miembros se asegurarán de que cualquier medida sanitaria o fitosanitaria solo se aplique en cuanto sea necesaria para proteger la salud y la vida de las personas y de los animales o para preservar los vegetales, de que esté basada en principios científicos y de que no se mantenga sin testimonios científicos suficientes, a reserva de lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 5º […]”.
Para la Sala, lo expuesto en precedencia brinda una razón suficiente para estimar que, en efecto, la expresión acusada “[…] Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto, no se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo […]” del artículo 14 del Decreto 616 de 2006, modificado por el artículo 1º del Decreto 2838 de 2006, desconoció la norma superior en que debía fundarse y de ahí que se advierta la configuración de la causal para su anulación, tal y como lo sostiene el demandante y el señor Agente del Ministerio Público.
Respecto de la expresión “[…] la sustitución de dicha actividad económica en un plazo no mayor de dos (2) años […]”, contenida en el artículo 3º del Decreto 616 de 2006, con la modificación introducida por el artículo 1º del Decreto 2838 de 2006, no advierte la Sala que viole las normas invocadas en la demanda, pues si bien es cierto tal proposición tiene relación con la actividad comercial reglamentada, no se trata de una medida sanitaria o fitosanitaria que deba sujetarse a lo señalado en la norma de la OMC.
1. DECLÁRANSE nulas de las expresiones “[…] Después de dos (2) años de entrada en vigencia el presente decreto, no se podrá comercializar leche cruda o leche cruda enfriada para consumo humano directo […]” contenida en el artículo 14 del Decreto 616 de 2006, modificado por el artículo 1º del Decreto 2838 de 2006 y “excepcionalmente” del artículo 4º del Decreto 2838 de 2006.
9 Pueden consultarse las providencias de la Sección Primera de 29 de abril de 2010 (expediente 2002-00444-01, Consejera Ponente: doctora María Claudia Rojas Lasso) y 1º de diciembre de 2017 (expediente 2011-00067-00, Consejera Ponente: doctora María Elizabeth García González).
11 “Por medio de la cual se aprueba el acuerdo por el que se establece la “Organización Mundial de Comercio (OMC)”, suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino”.
12 Así lo precisó esa corporación en la Sentencia C- 750 de 2008, Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas Hernández:
“[…] Si bien la regla general es que los tratados de integración económica y comercial y del derecho comunitario no hacen parte del bloque de constitucionalidad al no cumplir los presupuestos propios del artículo 93 superior, ello no trae consigo que los mismos carezcan de fuerza normativa pues son disposiciones válidamente incorporadas al ordenamiento interno y por tanto aplicables, y pueden constituir criterio interpretativo de la legislación interna dada la consagración del principio pacta sunt servanda previsto en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969 (art. 26), según el cual todo tratado en vigor obliga y debe ser cumplido por las partes de buena fe. Así lo reseñó la Sentencia C-155 de 2007:
Lo anterior tiene dos consecuencias importantes en el marco de la Constitución. En primer lugar, si el Estado asume válidamente obligaciones internacionales, debidamente incorporadas al derecho interno, las mismas deben ser cumplidas de acuerdo con el principio pacta sun servanda (C.P., art. 9º)[33]; en segundo lugar, si los tratados internacionales suscritos por Colombia conceden derechos a favor de particulares (nacionales o extranjeros), su observancia también está orientada por un deber de protección y efectividad (C.P., art. 2º). En esa medida, los tratados internacionales se erigen también como criterio de interpretación de la legislación interna”. […]”.
13 Sentencia C-137 de 1995, Magistrado Ponente: doctor Jorge Arango Mejía.
17 Magistrado Ponente: doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
“[…] Considerando,
DECRETA, […]”.