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Timestamp: 2016-10-28 18:35:21
Document Index: 49112960

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 166', 'artículo 69', 'Artículo 5', 'artículo 111', 'Artículo 6', 'artículo 166', 'artículo 142', 'Artículo 7', 'artículo 81', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 26', 'artículo 60', 'artículo 43', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 165', 'artículo 165', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'artículo 29', 'Artículo 24', 'artículo 305', 'artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 60', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 34', 'artículo 26', 'Artículo 29', 'artículo 24', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 60', 'artículo 60', 'artículo 34', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 60', 'Artículo 34', 'artículo 172', 'artículo 60', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 60', 'artículo 32', 'Artículo 37', 'artículo 60', 'artículo 60', 'Artículo 38', 'artículo 36', 'Artículo 1', 'Artículo 1']

⭐DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre)
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Víctor Henríquez Aguirre
1 Última modificación normativa: 10/12/2014 DECRETO FORAL 215/2005, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia (BOB 31 Diciembre) La aprobación de la Norma Foral 2/2005, de 10 de marzo, General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, supone una renovación y actualización integrales de nuestra normativa tributaria general, produciendo una revisión en profundidad de la estructura y de las normas de procedimiento que debe aplicar la Administración tributaria en el ejercicio de sus funciones. En el ámbito del ejercicio de las funciones de la recaudación, dicha Norma Foral establece una nueva sistemática de sus normas reguladoras, que en aras a una mayor seguridad jurídica de los obligados tributarios, incorpora algunos preceptos de naturaleza procedimental de especial relevancia contenidos hasta la entrada en vigor de la misma en el Reglamento de Recaudación aprobado en Además, en numerosos preceptos de la citada Norma Foral se producen remisiones a posteriores desarrollos reglamentarios y en otros supuestos es preciso clarificar determinadas disposiciones de la Norma Foral o regular los trámites procedimentales que deben seguir los órganos de recaudación. En consecuencia, el Reglamento de Recaudación, aprobado mediante el presente Decreto Foral, persigue adecuar los procedimientos recaudatorios al nuevo marco legal establecido con el objetivo de optimizar la gestión recaudatoria de la Hacienda Foral de Bizkaia. En su virtud, a propuesta del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas y previa deliberación y aprobación por la Diputación Foral de Bizkaia en su reunión de 27 de diciembre de DISPONGO. Artículo único. Aprobación del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia. Se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, que se incorpora como Anexo al presente Decreto Foral. En Bilbao, a 27 de diciembre de El Diputado Foral de Hacienda y Finanzas, JOSE MARIA IRUARRIZAGA ARTARAZ El Diputado General, JOSE LUIS BILBAO EGUREN Única. DISPOSICIÓN DEROGATORIA A la entrada en vigor de este Decreto Foral, quedarán derogadas todas las disposiciones de igual o inferior rango que se opongan a esta disposición, y en particular: a) Decreto Foral 36/1997, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia. 12 b) Orden Foral 203/2003 de 15 de enero, por la que se establece la forma de pago y el tratamiento de cantidades anticipadas en los aplazamientos de pago concedidos a partir del 1 de enero de Primera. Habilitación normativa. DISPOSICIONES FINALES Se habilita al Diputado Foral de Hacienda y Finanzas para dictar las normas que sean precisas para el desarrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente Decreto Foral y en el Reglamento que por medio de él se aprueba. Segunda. Entrada en vigor. El presente Decreto Foral entrará en vigor el día 1 de enero de ANEXO REGLAMENTO DE RECAUDACIÓN DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES CAPÍTULO I NORMAS COMUNES SECCIÓN I LA RECAUDACIÓN Artículo 1. Contenido y ámbito de aplicación. 1. El presente Reglamento desarrolla el ejercicio de las funciones administrativas conducentes al cobro de las deudas y sanciones tributarias y demás recursos de derecho público, siendo de aplicación a la Administración foral. A los efectos de este Reglamento, los créditos por ingresos tributarios y demás de derecho público en lo sucesivo se denominarán deudas, considerándose obligados al pago las personas o entidades a las que la normativa correspondiente exija el ingreso de una cantidad en relación con esas deudas. 2. La Diputación Foral ejercerá sus competencias en materia de recaudación en todo el territorio del Estado, conforme a lo dispuesto en el Concierto Económico. Artículo 2. La recaudación. 1. La recaudación de los tributos y demás recursos de derecho público de la Administración Foral y sus Organismos Autónomos Forales se llevará a cabo por el Departamento de Hacienda y Finanzas, a través de los órganos del mismo que la tengan atribuida. Por Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas, podrá autorizarse a otros Departamentos Forales o a Organismos Autónomos Forales a que realicen la recaudación de determinados recursos de derecho público no tributarios. 2. El Departamento de Hacienda y Finanzas podrá asumir la recaudación de los recursos de otras Administraciones Públicas o Entes Públicos mediante la formalización de los oportunos convenios. 23 Asimismo, realizará las actuaciones de colaboración en la recaudación propias de otras Administraciones Públicas que establezcan las leyes o las normas forales. 3. Se proveerá al personal adscrito al Servicio de Recaudación de un carnet u otra identificación que les acredite para el desempeño de su propia función. Cuando dicho personal actúe fuera de las oficinas públicas deberá acreditar su personalidad, si es requerido para ello. Artículo 3. Entidades que prestan el servicio de caja y entidades colaboradoras en la recaudación. 1. Pueden prestar el servicio de caja las entidades de depósito con las que, en su caso, el Departamento Foral de Hacienda y Finanzas así lo convenga. A efectos del presente Reglamento, tendrán la consideración de entidades de depósito los Bancos, Cajas de Ahorro y las Cooperativas de Crédito. 2. Pueden actuar como entidades colaboradoras en la recaudación las entidades autorizadas mediante Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas. 3. En ningún caso el convenio que se formalice o la autorización que se conceda atribuirá el carácter de órganos de recaudación a las entidades de depósito que presten el servicio de caja o a las entidades que sean colaboradoras en la recaudación. SECCIÓN II FACULTADES DE LA RECAUDACIÓN Artículo 4. Facultades relativas a las obligaciones de información. 1. Los órganos de recaudación podrán obtener la información necesaria en el ejercicio de sus funciones en los términos previstos en los artículos 92 y 93 de la Norma Foral General Tributaria. 2. Las entidades, a requerimiento de la Jefatura del Servicio de Recaudación, estarán obligadas a informar de los saldos de cuentas corrientes, de depósito, de ahorro, a plazo, cuentas de préstamos o créditos y demás operaciones activas y pasivas de deudores en período ejecutivo, de forma individual o colectiva, así como de terceros en cuanto tengan relación con ellos. 3. Los requerimientos individualizados, relativos a deudores en período ejecutivo o a terceros en cuanto tengan relación con las operaciones de aquellos, correspondientes a los movimientos de cuentas corrientes, depósitos de ahorro y a plazo, cuentas de préstamos y créditos y demás operaciones activas y pasivas, incluidas las que se reflejen en cuentas transitorias o se materialicen en la emisión de cheques u otras órdenes de pago, de los bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y cuantas entidades se dediquen al tráfico bancario o crediticio, podrán efectuarse en el ejercicio de las funciones de recaudación, previa autorización del Director General de Hacienda. 4. Los requerimientos efectuados al obligado al pago en virtud del apartado 2 del artículo 166 de la Norma Foral General Tributaria para que ponga en conocimiento de la Administración, cuando ésta así lo requiera, una relación de bienes y derechos integrantes de su patrimonio suficientes para cubrir el importe de la deuda, podrán efectuarse en el procedimiento de apremio y para investigar la solvencia sobrevenida de dicho obligado. Dicho requerimiento incluirá una identificación completa de las deudas pendientes y la notificación del mismo producirá efectos interruptivos conforme a lo establecido en la letra a) del apartado 2 del artículo 69 de la Norma Foral General Tributaria. 5. Las funciones de investigación y de obtención de información para el cobro de la deuda o para declarar la responsabilidad tributaria se realizarán por personal adscrito al Servicio de Recaudación, que podrá ser acompañado por expertos que le asistan en la materia que 34 corresponda, mediante el examen de documentos, libros, contabilidad principal y auxiliar, ficheros, facturas, justificantes, correspondencia con trascendencia tributaria, bases de datos informatizadas, programas, registros y archivos informáticos relativos a actividades económicas, así como mediante la inspección de bienes, elementos, explotaciones y cualquier otro antecedente o información que deba facilitarse a la Administración o que sea necesario para la exigencia de las obligaciones tributarias, tanto respecto a los bienes, derechos y registros de los obligados tributarios como de terceros en cuanto tengan relación con las operaciones de aquéllos. 6. Los requerimientos de información que se efectúen por los órganos de recaudación, deberán atenderse tan pronto se proceda a su notificación, salvo que se aprecien causas que justifiquen la imposibilidad de su inmediato cumplimiento, en cuyo caso se podrá conceder un plazo de diez días hábiles para atender a los mismos. Artículo 5. Entrada en fincas y locales. 1. Cuando las actuaciones recaudatorias lo requieran, los órganos de recaudación podrán entrar en las fincas, locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrollen actividades o explotaciones sometidas a gravamen, existan bienes sujetos a tributación o bien se produzcan hechos imponibles o exista alguna prueba de los mismos, siempre que lo juzguen conveniente para la práctica de cualesquiera actuaciones y, en particular, para reconocer los bienes, despachos, instalaciones o explotaciones del interesado, practicando cuantas actuaciones probatorias conexas sean necesarias. En particular, podrán acceder a cualquier lugar en el que concurran indicios de la existencia de elementos patrimoniales o de prueba que pudiesen ser necesarios para el ejercicio de la actividad recaudatoria de la Administración Foral. 2. Se precisará autorización del Director General de Hacienda cuando el interesado o la persona bajo cuya custodia se encuentren las fincas se opusiesen a la entrada de los órganos de recaudación, sin perjuicio, en todo caso, de la adopción de las medidas cautelares que procedan. Se considerará que el interesado o el encargado de la custodia de las fincas prestan su conformidad a la entrada o al reconocimiento cuando ejecuten los actos normalmente necesarios que de ellos dependan para que aquellas operaciones puedan llevarse a cabo. 3. Cuando la entrada y reconocimiento se refieran al domicilio constitucionalmente protegido de un obligado al pago, se aplicará lo dispuesto en el artículo 111 de la Norma Foral General Tributaria, salvo que se obtenga el consentimiento expreso del interesado que se hará constar en diligencia. A tal efecto, se cursará la petición del mandamiento a la autoridad judicial correspondiente por parte del Director General de Hacienda, al que se remitirá informe motivado con el visto bueno de la jefatura del Servicio de Recaudación. Si la misma finca se destina a domicilio constitucionalmente protegido y al ejercicio de una actividad económica, con accesos diferentes y clara separación entre las partes destinadas a cada fin, se entenderá que la entrada a la parte donde se desarrolla una actividad económica no lo es al domicilio constitucionalmente protegido. En casos excepcionales, entre otros, cuando el órgano de recaudación entienda que puede producirse alzamiento de bienes o desaparición de los mismos, podrá solicitar la oportuna autorización judicial sin previa solicitud de consentimiento al interesado. Artículo 6. Medidas cautelares de aseguramiento de los medios de prueba. 1. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 166 de la Norma Foral General Tributaria, el personal adscrito al Servicio de Recaudación encargado de las actuaciones podrá adoptar 45 las medidas cautelares de aseguramiento de los medios de prueba a que se refiere el artículo 142 de la misma. 2. Deberá existir proporcionalidad entre la naturaleza y extensión de la medida adoptada y los fines que se deseen alcanzar, procurando perturbar en la menor medida posible el desarrollo normal de la actividad del interesado. 3. La adopción de estas medidas deberá documentarse adecuadamente mediante diligencia en la que se hará constar sucintamente las circunstancias, razones y finalidad determinantes de la misma, advirtiendo al interesado de su derecho a formular alegaciones en los términos del apartado siguiente. Dicha diligencia se extenderá en el mismo momento en que se adopta la medida cautelar, entregando en el acto una copia de la misma al interesado o su representante, salvo que ello no sea posible por la propia conducta del interesado o por otras causas no imputables a la Administración, en cuyo caso se extenderá posteriormente, remitiéndose copia al interesado. Cuando la medida consista en el depósito de los bienes, se dejará constancia de la identidad del depositario, de su aceptación expresa y de que ha quedado advertido del deber de conservar a disposición de la Administración tributaria, en el mismo estado en que se le entregan los elementos depositados, y de las responsabilidades administrativas o penales en las que pudiera incurrir por incumplimiento de sus obligaciones. 4. La medida cautelar adoptada se comunicará al interesado o a su representante, si uno u otro no hubieran estado presentes en el momento de su adopción, pudiendo éstos, en el plazo improrrogable de cinco días a partir del siguiente al de su comunicación, formular ante la jefatura del Servicio de Recaudación las alegaciones que estimen oportunas frente a la misma. Cuando las actuaciones se entiendan directamente con el interesado o su representante, o alguno de ellos se encontrase presente en el momento de su adopción, la comunicación se entenderá efectuada con la entrega de la copia de la diligencia a que se refiere el apartado anterior. 5. Las medidas adoptadas deberán ser ratificadas, modificadas o levantadas por medio de acuerdo, debidamente motivado, del titular de la jefatura del Servicio de Recaudación en el plazo de quince días desde la adopción. Artículo 7. Medidas cautelares de aseguramiento del cobro de las deudas. Las medidas cautelares que se adopten con los fines y requisitos previstos en el artículo 81 de la Norma Foral General Tributaria, serán acordadas por la jefatura del Servicio de Recaudación, al igual que el acuerdo motivado que establezca la ampliación de su plazo de duración por otros seis meses, o el acuerdo de cese, modificación o conversión de las mismas. CAPÍTULO II EXTINCIÓN DE LA DEUDA SECCIÓN I PAGO Artículo 8. Legitimación para efectuar el pago. Cualquier persona podrá efectuar el pago, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca o lo apruebe ya lo ignore el obligado al pago. En ningún caso el tercero que pagase la deuda estará legitimado para ejercitar ante la Administración los derechos que correspondan al obligado al pago. Sin embargo, podrá ejercitar los derechos que deriven a su favor exclusivamente del acto del pago. 56 Artículo 9. Lugar y momento de pago y legitimación para recibir el pago. 1. El pago de las deudas habrá de realizarse en las entidades que presten el servicio de caja y en las entidades colaboradoras en la recaudación, directamente o por vía telemática, cuando así esté previsto en la normativa vigente. Mediante Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas se podrán autorizar otros lugares de pago. 2. Si el vencimiento de cualquier plazo coincide con un sábado o día inhábil quedará trasladado al primer día hábil siguiente. 3. Los pagos realizados a órganos no competentes para recibirlos o a personas no autorizadas para ello, no liberarán al deudor de su obligación de pago, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra el que indebidamente los reciba. La relación de entidades colaboradoras en la recaudación se mantendrá actualizada a través de Internet. Artículo 10. Formas de pago. El pago de las deudas podrá realizarse en efectivo, mediante efectos timbrados y en especie. Artículo 11. Medios y momento de pago en efectivo. 1. El pago de las deudas en efectivo se podrá realizar por alguno de los siguientes medios, con los requisitos y condiciones que para cada uno de ellos se establecen en el presente Reglamento y siguiendo los procedimientos que se dispongan en cada caso: a) Dinero de curso legal b) Cheque c) Domiciliación bancaria d) Cualesquiera otros que se autoricen mediante Orden del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas. No obstante, si el pago se realiza a través de entidades colaboradoras en la recaudación será admisible cualquier otro modo de pago que el establecimiento perceptor acepte, responsabilizándose este último del ingreso ante la Administración tributaria. 2. El pago en efectivo de las deudas no tributarias se efectuará por los medios que autorice su propia normativa. Si no se hubiera dispuesto regla especial, el pago deberá realizarse por los medios citados en el apartado 1 anterior. 3. Se entiende pagada en efectivo una deuda cuando se ha realizado el ingreso de su importe en las entidades colaboradoras en la recaudación o las entidades que presten el servicio de caja o en otras personas o entidades autorizadas para recibir el pago. 4. No obstante, cuando el pago se realice a través de entidades colaboradoras en la recaudación, entidades que presten el servicio de caja o de otras personas autorizadas, la entrega al deudor del justificante de ingreso liberará a éste desde la fecha que se consigne en el justificante y por el importe que figure en él, quedando obligada la entidad o el intermediario financiero frente a la Administración tributaria desde ese momento y por dicho importe, salvo que pudiera probarse fehacientemente la inexactitud de la fecha o el importe que conste en la validación del justificante. 5. Las órdenes de pago dadas por el deudor a las entidades o personas autorizadas para recibir el pago no surtirán por sí solas efectos frente a la Administración tributaria, sin 67 perjuicio de las acciones que correspondan al ordenante frente a la entidad o persona responsable del incumplimiento. 6. En aquellos casos en los que el obligado al pago desee abonar parcialmente la deuda pendiente deberá hacerlo acompañado de documento de ingreso expedido por la Administración tributaria. Artículo 12. Pago mediante cheque. 1. Los pagos que deban efectuarse en las entidades que presten el servicio de caja podrán hacerse mediante cheque, que deberá reunir, además de los requisitos generales exigidos por la legislación mercantil, los siguientes: a) Ser nominativo a favor de la Hacienda Foral de Bizkaia y cruzado. b) El nombre o razón social del librador que se expresará debajo de la firma con toda claridad. c) Estar conformado o certificado por la entidad librada, en forma y con una fecha de vencimiento de al menos tres días hábiles posterior a la fecha en que se efectúe el pago, o cheque bancario librado en forma y plazo. 2. La admisión de cheques que incumplan alguno de los requisitos anteriores quedará a riesgo de la entidad que los acepte, sin perjuicio de las acciones que correspondan a la entidad contra el obligado al pago. Artículo 13. Pago mediante domiciliación bancaria. 1. El pago podrá realizarse mediante domiciliación en cuenta bancaria, ajustándose a los siguientes requisitos: a) Que el obligado al pago sea titular de la cuenta en la que se ordene la domiciliación y que dicha cuenta se encuentre abierta en una entidad colaboradora en la recaudación. b) Que el obligado comunique su orden de domiciliación a la Administración tributaria, siguiendo a tal efecto los procedimientos que se establezcan en cada caso por Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas. c) Que el obligado indique el código IBAN de la cuenta de domiciliación y que justifique la titularidad, si ésta no consta con anterioridad en la Administración tributaria. 2. Se considerará justificante del pago el que a tal efecto expida la entidad colaboradora en la recaudación, una vez efectuado el cargo en la cuenta bancaria indicada. Artículo 14. Fechas de cargo en cuenta de las domiciliaciones bancarias. 1. La Administración tributaria podrá efectuar el cargo de las domiciliaciones en la cuenta bancaria proporcionada por el obligado al pago en los siguientes plazos: a) Para las autoliquidaciones presentadas telemáticamente en periodo voluntario de pago, desde la fecha de finalización de los plazos que determine la normativa reguladora de cada tributo o ingreso público, hasta los tres días hábiles siguientes. b) Para las autoliquidaciones presentadas telemáticamente en periodo ejecutivo de pago y para las que correspondan a autoliquidaciones cuya fecha de ingreso en periodo voluntario se fije para cada una de ellas, desde la fecha posterior más próxima a la de presentación de entre las dos que se establecen a continuación y los tres días hábiles siguientes a ellas: - Día 25 del mes en curso o inmediato hábil posterior. 78 - Día 10 del mes en curso o mes siguiente o inmediato hábil posterior. c) Para las deudas de vencimiento periódico, que no sean de notificación colectiva, los días 10 ó 25 de cada mes o inmediatos hábiles posteriores y los tres días hábiles siguientes a ellos. d) Para los aplazamientos y fraccionamientos de pago, el 25 de cada mes o inmediato hábil posterior y los tres días hábiles siguientes. 2. En aquellos casos en que la tramitación de las domiciliaciones impida el cargo en los plazos indicados en el apartado anterior, el diputado foral de Hacienda y Finanzas podrá autorizar el cargo en una fecha diferente. 3. El obligado al pago deberá mantener saldo igual o superior al importe de la deuda en la cuenta de domiciliación durante los periodos a que se refiere el apartado 1 anterior. La inexistencia de saldo suficiente en la cuenta de domiciliación en la fecha de cargo supondrá la falta de ingreso de la deuda. 4. En aquellos casos en los que el cargo en cuenta no se realice, o se realice fuera del plazo indicado en este artículo, por causa no imputable al obligado al pago, no se exigirán a éste recargos, intereses de demora ni sanciones por este motivo, sin perjuicio de los intereses de demora que, en su caso, corresponda liquidar a la entidad responsable por el retraso en el ingreso. Artículo 15. Pago de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva. 1. El plazo de ingreso en periodo voluntario de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva será del 10 de septiembre al 10 de octubre, o inmediato hábil posterior si el último día de plazo es inhábil. 2. En circunstancias excepcionales el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas podrá modificar los plazos señalados en el apartado anterior. 3. La Administración tributaria, junto con el padrón o matrícula correspondiente, anunciará el plazo para ingreso en periodo voluntario de las deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, con indicación de que transcurrido el mismo sin que se haya efectuado el pago en su totalidad se iniciará el periodo ejecutivo por la deuda pendiente. Artículo 16. Pago mediante efectos timbrados. 1. Tienen la condición de efectos timbrados: a) El papel timbrado común. b) Los documentos timbrados especiales. c) Los timbres móviles. 2. Los efectos timbrados se utilizarán como medio de pago, exclusivamente, en los casos en que así se determine, siempre que las deudas se encuentren en período voluntario de pago. 3. El empleo, forma, estampación, visado, inutilización, condiciones de canje y demás características de los efectos timbrados se regirán por las disposiciones que regulan los tributos y demás recursos de derecho público que admiten dicho medio de pago y por las de este Reglamento. 89 4. La creación y modificación de efectos timbrados se hará por Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas y llevarán numeración correlativa, excepto cuando sean inferiores a la cifra que éste, en su caso, determine. 5. Cuando por modificación de las normas que regulan los tributos y demás recursos de derecho público resulten inadecuados los efectos timbrados, se procederá a retirarlos de la circulación de forma que se garantice su destrucción. 6. Los poseedores de efectos retirados de la circulación podrán obtener su canje por otros en vigor, siempre que aparezcan sin señal alguna de haber sido utilizados. Igualmente podrá obtenerse el canje del papel timbrado común y documentos timbrados especiales por errores en su redacción o por cualquier otra causa que los inutilicen para su uso, siempre que no contengan firmas, rúbricas u otros indicios de haber surtido efecto. Artículo 17. Pago en especie. 1. En casos excepcionales, podrán ser admitidos para pago de deudas tributarias y demás de derecho público cualesquiera bienes o derechos. 2. El obligado que pretenda pagar deudas, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, mediante entrega de bienes o derechos, lo solicitará por escrito a la Subdirección de Recaudación, acompañando a la solicitud una descripción detallada y la valoración de los bienes que se ofrecen. La solicitud de dación de bienes o derechos en pago de deudas presentada en período voluntario junto con los documentos a los que se refiere el párrafo anterior impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo de intereses de demora que corresponda, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 9 del artículo 26 de la Norma Foral General Tributaria. Cuando la solicitud de dación de bienes o derechos en pago de deuda se presente con anterioridad a la finalización del plazo establecido en el apartado 3 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria, no se iniciará la ejecución contra el patrimonio del deudor y el recargo exigible será el ejecutivo. La solicitud en período ejecutivo podrá presentarse hasta el momento en que se notifique al obligado el acto administrativo por el que se acuerde la enajenación de los bienes embargados y no tendrá efectos suspensivos, sin perjuicio de que la Subdirección de Recaudación estime conveniente proceder a la suspensión de las actuaciones de enajenación de los bienes embargados hasta la finalización del procedimiento. 3. Salvo que por Norma Foral se disponga lo contrario, la aceptación o no de los bienes o derechos ofrecidos en pago de la deuda es facultad discrecional del Diputado Foral de Hacienda y Finanzas y a tal fin se podrán solicitar cuantos informes se considere oportunos, así como la entrega de los bienes por el tiempo necesario para proceder a la valoración de los mismos o para su custodia hasta tanto se acuerde su aceptación. 4. La solicitud se resolverá en el plazo máximo de seis meses por el Diputado Foral de Hacienda y Finanzas. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución se entenderá desestimada la solicitud. 5. En el caso de aceptación de la dación, los bienes o derechos deberán ser entregados o puestos a disposición de la Administración tributaria dentro del plazo de dos meses, que se computará desde la notificación del acuerdo de aceptación. Dicho plazo podrá ampliarse por causas justificadas. El acuerdo de aceptación surtirá los efectos del pago de las deudas que resulten cubiertas desde el momento de la entrega o puesta a disposición de los bienes o derechos. Se exigirán intereses de demora desde la finalización del plazo de ingreso en período 910 voluntario hasta que los bienes hayan sido entregados o puestos a disposición, pudiendo afectarse en el mismo acuerdo de aceptación el bien dado en pago a la cancelación de dichos intereses de demora, siempre que sea suficiente el valor del citado bien. De no efectuarse la entrega o puesta a disposición de los bienes en dicho plazo quedará sin efecto el acuerdo, iniciándose de manera inmediata el período ejecutivo si la solicitud fue presentada en período voluntario. 6. En caso de que la Administración tributaria discrepe de la valoración ofrecida por el obligado se notificará a éste el valor por el cual se admite el pago en especie, dándole un plazo de diez días para que muestre su conformidad. Se entenderá que renuncia al pago en especie cuando no acepte la valoración en el plazo indicado, procediéndose a dictar resolución denegatoria. 7. En caso de resolución denegatoria o de admisión por un valor inferior al de la deuda, se producirán los siguientes efectos: a) Si la solicitud se presentó en período voluntario, el obligado al pago deberá ingresar la deuda pendiente, junto con los intereses de demora devengados desde la finalización del período voluntario de pago hasta la fecha de la resolución denegatoria, en el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la notificación. Transcurrido el plazo sin que se hubiera realizado el ingreso de la deuda se iniciará el período ejecutivo. b) Si la solicitud se presentó en periodo ejecutivo, se reanudarán las actuaciones de enajenación de los bienes embargados que se hubiesen suspendido. 8. Cuando se pretenda efectuar el pago en especie de la cantidad correspondiente proveniente de un acta con compromiso de pago, la solicitud deberá presentarse con antelación a la firma de dicho acta y se suspenderá la aplicación del depósito constituido, según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 43 del Reglamento de inspección tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado por medio de Decreto Foral 99/2005, de 21 de junio, hasta la resolución de la solicitud presentada. En caso de denegación de la solicitud de pago en especie, el depósito constituido se destinará a cancelar la cantidad adeudada correspondiente con efectos desde el día en que hubiera debido ser aplicado de no mediar la solicitud de pago en especie. En el caso de aceptación de la solicitud de pago en especie, no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido hasta la entrega del bien, procediéndose inmediatamente a la devolución del depósito constituido, sin que tampoco se devenguen intereses de demora en favor del obligado tributario. Artículo 18. Consignación. 1. Los obligados al pago podrán consignar en efectivo el importe total o parcial de la deuda y de las costas en la Tesorería Foral en los siguientes casos: a) Cuando se interpongan las reclamaciones o recursos procedentes. b) Cuando el órgano de recaudación competente o entidad autorizada para recibir el pago no lo haya admitido indebidamente o no pueda admitirlo por causa de fuerza mayor. c) Cuando así se establezca, en supuestos excepcionales, que se regulen por Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas. 2. En el supuesto de la letra a) del apartado anterior, la consignación suspenderá el procedimiento recaudatorio del acto impugnado desde la fecha en que haya sido efectuada. 1011 3. En el supuesto de la letra b) del apartado 1 anterior, la consignación tendrá efectos liberatorios del pago desde la fecha en que haya sido efectuada y por el importe consignado. Artículo 19. Justificantes y certificaciones de pago. 1. El que pague una deuda conforme a lo dispuesto en este Reglamento tendrá derecho a que se le entregue un justificante del pago realizado. 2. Los justificantes del pago en efectivo serán, según los casos: a) Los documentos aprobados o emitidos por órganos competentes y validados por entidades, órganos o personas autorizadas para recibir el pago. b) Las certificaciones acreditativas del ingreso efectuado. c) Cualquier otro documento al que se otorgue expresamente el carácter de justificante de pago mediante Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas. 3. Todo justificante de pago en efectivo deberá indicar, al menos, las siguientes circunstancias: a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal, localidad y domicilio del obligado al pago. b) Concepto, importe de la deuda y período a que se refiere, así como referencia identificativa de la deuda cuando ésta ya conste reconocida como tal en la Administración tributaria. c) Fecha de cobro. d) Órgano, persona o entidad que lo expide. En el caso de ingreso de una deuda por persona diferente al obligado al pago, por embargo de cualquier bien o derecho o por cualquier otro motivo recogido en la normativa, en el justificante se hará constar además la identidad de quien efectúe el ingreso, a instancia del mismo. 4. Cuando se empleen efectos timbrados, los propios efectos, debidamente inutilizados, constituyen el justificante de pago. 5. Cuando se efectúe el pago en especie, se considerará justificante del mismo el acuerdo dictado por el órgano competente aceptando los bienes o derechos siempre que vaya acompañado del acta, escritura pública o recibo que acredite la efectiva entrega o puesta a disposición de los mismos. 6. El obligado al pago podrá solicitar de la Administración, y ésta deberá expedir, certificación acreditativa del pago efectuado. Artículo 20. Actuaciones a realizar en el supuesto de tributos incompatibles y de ingresos en otra Administración. 1. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 165 de la Norma Foral General Tributaria, el procedimiento recaudatorio respecto de un obligado tributario se suspenderá total o parcialmente durante un plazo máximo de 12 meses, sin aportación de garantías, cuando se haya satisfecho indebidamente a otra Administración la deuda tributaria. El obligado tributario deberá justificar documentalmente el ingreso en otra Administración, así como haber efectuado la solicitud de traspaso de la cantidad indebidamente ingresada. 1112 Cuando circunstancias excepcionales, ajenas al obligado tributario, impidan el ingreso de la deuda tributaria en el plazo máximo señalado en este apartado la Administración podrá prorrogarlo. 2. En los supuestos contemplados en el apartado 7 del artículo 165 de la Norma Foral General Tributaria, en los que la Administración foral haya procedido a la suspensión de la liquidación girada, una vez acordado cuál de los dos tributos incompatibles es el procedente, se actuará de la siguiente manera: a) Si se declara procedente la liquidación girada en primer lugar, el órgano competente anulará la liquidación suspendida. b) Si se declara improcedente el tributo satisfecho en primer lugar se procederá al levantamiento de la suspensión acordada. 3. En el caso de que la Administración en la que se ingresó indebidamente la deuda proceda al traspaso de la misma a la Administración tributaria se considerará como fecha de ingreso efectivo la del efectuado en aquélla. SECCIÓN II APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DE PAGO Artículo 21. Aplazamiento y fraccionamiento. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa reguladora de los distintos tributos y demás ingresos de derecho público, podrá aplazarse o fraccionarse el pago de las deudas, tanto en período voluntario como en período ejecutivo, previa solicitud de los obligados, cuando su situación económico-financiera, discrecionalmente apreciada por la Administración tributaria, les impida de forma transitoria efectuar el pago. 2. El fraccionamiento de pago, como modalidad del aplazamiento, se regirá por las normas aplicables a éste en lo no regulado específicamente. 3. La solicitud de aplazamiento sólo se tramitará cuando se presente antes de la notificación al deudor del acuerdo de enajenación de bienes. Artículo 22. Aplazamientos y fraccionamientos excepcionales. Cuando concurran circunstancias excepcionales o razones de interés público que dificulten el cumplimiento de la obligación de pago de la deuda, mediante Orden Foral del Diputado de Hacienda y Finanzas, se podrá autorizar a realizar el ingreso de las deudas en condiciones o garantías distintas a las previstas en este Reglamento. Las condiciones excepcionales de aplazamiento de determinadas deudas se regularán por las Ordenes Forales que las establezcan y, en lo no previsto en ellas, por lo dispuesto en el presente Reglamento y demás disposiciones reglamentarias. Artículo 23. Competencia. El Diputado de Hacienda y Finanzas determinará mediante Orden Foral el órgano competente en cada caso para resolver las solicitudes de aplazamiento, atendiendo a límites cualitativos y cuantitativos o a la naturaleza de las garantías. Artículo 24. Solicitud. 1. La solicitud de aplazamiento se dirigirá al Servicio de Recaudación y contendrá necesariamente los siguientes datos: a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, número de identificación fiscal, domicilio fiscal de la persona solicitante y, en su caso, de quien la represente. 1213 b) Identificación de la liquidación o autoliquidación presentada, cuyo aplazamiento se solicita, indicando su importe, modelo, ejercicio y periodo. c) Causas que motivan la solicitud del aplazamiento, pudiéndose acompañar además los documentos o justificantes que estime oportunos en apoyo de su petición. d) Plan de pagos propuesto, con indicación de los plazos de amortización. e) Garantía que se ofrece, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 29 de este Reglamento respecto de la no exigencia y dispensa de garantías. f) Orden de domiciliación bancaria del cobro de los plazos, indicando el código IBAN de la cuenta abierta en la entidad colaboradora en la recaudación que deba efectuar el cargo en cuenta. La cuenta de domiciliación será única para todas las deudas que se encuentren aplazadas y/o fraccionadas. Dicha cuenta podrá modificarse mediante solicitud remitida con al menos quince días de antelación al vencimiento del plazo correspondiente. g) Lugar, fecha y firma. h) En su caso, los documentos que establezca la Administración tributaria para acreditar la representación. 2. Cuando se ofrezca aval solidario de entidades de crédito o sociedad de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, se acompañará a la solicitud el correspondiente compromiso expreso e irrevocable de estas entidades de formalizar el aval necesario si se concede el aplazamiento. 3. Cuando se ofrezcan garantías diferentes de las señaladas en el apartado anterior deberá acompañarse además la siguiente documentación o información: a) Identificación del bien, con indicación de las referencias que se precisen, junto con la copia del título de propiedad, escritura, factura o documento que la acredite. b) Valoración de los bienes ofrecidos en garantía, efectuada por empresas o profesionales especializados e independientes, que deberá ser visada, en su caso, por el Colegio Profesional que proceda. En el caso de bienes que lo tengan establecido, se admitirá como valoración el Valor Mínimo Atribuible fijado por la Administración tributaria. c) Certificado de cargas actualizado emitido por el Registro correspondiente y certificados de los acreedores del importe actual exigible de las deudas con garantía inscrita. 4. El bien o bienes ofrecidos en garantía con la solicitud, no podrá ser objeto de sustitución por otro u otros, salvo excepciones debidamente motivadas, que serán resueltas por la Subdirección de Recaudación. 5. Cuando se solicite dispensa total o parcial de garantía, el peticionario deberá aportar, además, la siguiente documentación: a) Declaración del obligado tributario manifestando carecer de bienes o no poseer otros que los ofrecidos en garantía. Dicha carencia de bienes se entenderá referida, en su caso, a todas las personas físicas y jurídicas vinculadas según se determina en la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades. b) Cuentas anuales de los tres últimos ejercicios e informe de auditoría, si existe. c) Plan de viabilidad, caso de existir, y cualquier otra información con trascendencia económica, financiera y patrimonial que se estime pertinente y que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento solicitado. 1314 d) El solicitante podrá acompañar los demás documentos o justificantes que estime oportunos en apoyo de su petición. Artículo 24 bis. Inadmisión de solicitudes de aplazamiento. 1. No serán admitidas las solicitudes de aplazamiento en los siguientes casos: a) Cuando la deuda deba ser declarada mediante autoliquidación y esta última no haya sido objeto de presentación con anterioridad, o conjuntamente con la solicitud de aplazamiento. b) Cuando existan otras deudas en periodo ejecutivo que no se encuentren aplazadas o suspendidas. c) Cuando la deuda objeto de solicitud de aplazamiento se ha encontrado aplazada en otras ocasiones y haya perdido eficacia por no cumplir, en más de una ocasión, alguno de los requisitos establecidos en el acuerdo de aplazamiento. d) Cuando se trate de solicitudes de aplazamiento de deudas que tengan la consideración de deudas contra la masa de acuerdo con la legislación concursal. e) Cuando se trate de autoliquidaciones que hayan sido objeto de un procedimiento de comprobación e investigación que hubiera quedado suspendido por haber pasado el tanto de culpa a la jurisdicción competente o por haber sido remitido el expediente al Ministerio Fiscal por concurrir alguno de los supuestos regulados en el artículo 305 del Código Penal, siempre que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se refiera a conceptos y periodos objeto de dicho procedimiento de comprobación e investigación. 2. También serán objeto de inadmisión aquellas solicitudes que no contengan los requisitos exigidos en el artículo 24 del presente Reglamento, previos los requerimientos al interesado para que en el plazo de diez días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos. 3. La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento se tenga por no presentada a todos los efectos. Artículo 25. Efectos de la solicitud de aplazamiento. 1. Cuando la solicitud de aplazamiento se presente dentro del periodo voluntario, si al término de dicho periodo no se hubiere resuelto la solicitud, se suspenderá el inicio del periodo ejecutivo, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que se estimen pertinentes. 2. Cuando la solicitud de aplazamiento se presente en periodo ejecutivo, no se suspenderá el procedimiento recaudatorio. En caso de presentarse ésta con anterioridad a la finalización del plazo establecido en el apartado 3 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria no se iniciará la ejecución contra el patrimonio del deudor y el recargo exigible será el ejecutivo. Artículo 26. Garantías. 1. El peticionario ofrecerá garantía en forma de aval solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o mediante certificado de seguro de caución. 2. Cuando no sea posible obtener dicho aval o certificado o si con ello se compromete seriamente la viabilidad de la empresa, se podrá admitir alguna de las siguientes garantías: - Hipoteca inmobiliaria unilateral. - Hipoteca mobiliaria unilateral. 1415 Prenda con o sin desplazamiento unilateral. - Cualquier otra que se estime suficiente. Artículo 27. Importe de la garantía. 1. La garantía deberá cubrir el importe de la cuota o sanción pendiente, más el 20 por 100 de la misma, salvo que el recargo de apremio se hubiera devengado y el importe pendiente fuera mayor, en cuyo caso se exigirá éste, más el 5 por 100 en concepto de costas y además todos los intereses de demora exigibles, incluso los del aplazamiento que se conceda, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes. 2. En el caso de que la garantía consista en aval solidario de entidades de crédito, sociedades de garantía recíproca o certificado de seguro de caución, y la deuda se encuentre en periodo voluntario de pago, el importe a garantizar se limitará a la cuota o sanción pendiente más el 5 por 100 de dicha cantidad en concepto de recargo ejecutivo y se adicionarán todos los intereses de demora exigibles, correspondientes al aplazamiento que se conceda, con un límite de dos años. 3. En el caso de garantía distinta de la del apartado anterior y cuando el aplazamiento tenga una duración superior a cinco años, el importe de los intereses de demora del aplazamiento a garantizar se limitará al periodo de cinco años. 4. Tratándose de fraccionamientos, podrán aportarse sendas garantías parciales por cada uno de los plazos. En tal caso, cada garantía cubrirá los importes correspondientes a cada fracción de acuerdo con los apartados anteriores. 5. A los únicos efectos de cuantificar la garantía, se tomará como tipo aplicable para el cálculo de los intereses de demora el vigente a la fecha de concesión del aplazamiento. Artículo 28. Formalización de la garantía. 1. La garantía deberá formalizarse en el plazo de un mes desde la notificación del acuerdo de concesión, cuya eficacia estará condicionada a su prestación. Este plazo podrá ampliarse hasta tres meses por el órgano competente para aceptar las garantías, previa solicitud razonada del interesado cuando se justifique la existencia de motivos que impidan su formalización en dicho plazo. Las garantías que requieran inscripción registral para su constitución, se entenderán formalizadas con la presentación de la misma en el Registro correspondiente, salvo que posteriormente fuera rechazada la inscripción. 2. Transcurridos estos plazos sin formalizarse la garantía quedará sin efecto el acuerdo de concesión, produciéndose los efectos previstos en el artículo 34 de este Reglamento. 3. Las garantías serán liberadas una vez comprobado el pago total de la deuda. Cada garantía parcial podrá liberarse cuando se haya satisfecho la deuda por ella garantizada. 4. La suficiencia jurídica y económica de las garantías será apreciada por el Servicio de Asesoría Jurídica. 5. La aceptación, sustitución y cancelación de las garantías a que se refiere el apartado 2 del artículo 26 será competencia del titular de la Subdirección de Recaudación. Artículo 29. No exigibilidad y dispensa de garantías. 1. Con carácter general, no se exigirá al deudor la prestación de garantía para el aplazamiento de deudas, cuando el importe total pendiente de las mismas no supere las 1516 cuantías y los plazos de pago que se determinen mediante Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas. 2. No se exigirá garantía para los aplazamientos de pago de deudas en periodo voluntario, siempre que no existan otras deudas sin garantizar para el mismo contribuyente y se cumplan los siguientes requisitos: - Se trate de plazos máximos improrrogables de seis meses y deudas no superiores a euros. - Se trate de plazos máximos improrrogables de doce meses y deudas no superiores a euros. La no exigibilidad de garantía, para lo dispuesto en este apartado, podrá condicionarse a la solvencia del deudor para hacer frente a los aplazamientos solicitados, que será apreciada por la jefatura del Servicio de Recaudación. 3. El diputado foral de Hacienda y Finanzas podrá dispensar, total o parcialmente, con las condiciones que en cada caso se establezcan, la prestación de garantías cuando, de la declaración presentada, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del apartado 5 del artículo 24 de este Reglamento, se haya comprobado por la Administración tributaria la inexistencia o insuficiencia de bienes o derechos para prestarlas. La concesión del aplazamiento con dispensa de garantías en los términos previstos en el párrafo anterior comportará el seguimiento y control de la inexistencia o insuficiencia de bienes para constituir las garantías. En todo caso, en la medida en que lo permita la evolución futura de dicha situación, el deudor vendrá obligado a la prestación de las garantías en su momento dispensadas. En particular, si durante la vigencia del aplazamiento se repartiesen beneficios o se procediese a la devolución de capital, habrá de constituirse garantía para el pago de las obligaciones pendientes con la Administración tributaria. El beneficiario del aplazamiento de pago con dispensa de garantía quedará obligado, durante el periodo a que aquél se extienda, a comunicar a la Administración tributaria cualquier variación económica o patrimonial que le permita garantizar la deuda. 4. No se exigirá garantía en los aplazamientos de las administraciones públicas territoriales, organismos autónomos y entidades públicas de derecho privado de las citadas administraciones, así como de las mancomunidades y consorcios constituidos por entidades públicas en más de un 50 por La no exigibilidad y dispensa de garantías no supondrá la cancelación de embargos y/o trabas efectuadas con antelación a la concesión del aplazamiento. Artículo 30. Tramitación. Artículo 31. Resolución. 1. Las solicitudes de aplazamiento deberán resolverse en el plazo máximo de dos meses. En aquellos supuestos en que se solicite al interesado la aportación de documentación o información adicional, el plazo de resolución será ampliado por el periodo de tiempo que haya durado dicho trámite. Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído resolución se podrá entender denegada la misma. 1617 2. Las resoluciones de concesión de aplazamientos señalarán los requisitos a los que en cada caso se condicione su eficacia. Si la concesión se efectúa con los mismos plazos y por cuantías no superiores a las señaladas en la solicitud, podrá iniciarse el cobro de los plazos mediante cargo en la cuenta de domiciliación con anterioridad a la fecha de la efectiva notificación del acuerdo. 3. Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en periodo voluntario de pago, la deuda deberá pagarse en los plazos establecidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria. Si el aplazamiento se hubiese solicitado en el periodo a que se refiere el apartado 3 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria, se le dará un plazo de cinco días, a fin de que pueda realizar el ingreso de la deuda incluido el recargo ejecutivo, sin que en este plazo sea exigible el recargo de apremio. 4. Si durante la tramitación del expediente se realizara el ingreso de la deuda, se entenderá renunciada la solicitud de aplazamiento formulada, por la parte ingresada, exigiéndose los intereses de demora que procedan. 5. Cuando se estime que la determinación y la comprobación de la valoración de la garantía pudiera demorarse, podrá concederse el aplazamiento condicionado a la suficiencia de la garantía. 6. Cuando se produzca la concurrencia de varios obligados solidarios por la misma deuda, la concesión de aplazamiento a uno de ellos únicamente producirá efectos respecto del obligado particularmente afectado por dicha circunstancia, salvo que se trate de los obligados a que se refiere el apartado 5 del artículo 34 de la Norma Foral General Tributaria. No obstante, previa solicitud del obligado cuya deuda resulta aplazada, cuando el pago de la misma resulte suficientemente garantizado, la jefatura del Servicio de Recaudación podrá acordar la suspensión del procedimiento recaudatorio respecto de alguno o todos los demás obligados solidarios. 7. La declaración de concurso del obligado comportará la pérdida de eficacia de todos los acuerdos de aplazamiento concedidos y la finalización de cualquier procedimiento de aplazamiento que estuviera en tramitación. 8. La gestión de cobro de las deudas aplazadas de un obligado se realizará mediante domiciliación en cuenta bancaria. 9. Los plazos de exigencia de las deudas podrán alterarse por cancelación anticipada de éstas o por modificación en los importes de los plazos. Artículo 32. Cancelación anticipada. El aplazamiento o fraccionamiento de pago concedido, se cancelará, total o parcialmente, de forma anticipada: a) A instancias del deudor, pudiendo optar, respecto a la deuda restante, por reducir el periodo de amortización o el importe de los plazos, mediante comunicación al Servicio de Recaudación. En caso de no efectuarse esta comunicación se reducirá el periodo de amortización, manteniéndose el importe de los plazos. b) Por compensación de oficio, con cualquier crédito reconocido por la Administración tributaria a favor del mismo obligado, por devolución de ingresos u otro motivo, salvo que las deudas aplazadas se encuentren en periodo voluntario de pago debidamente garantizadas, reduciéndose el periodo de amortización del aplazamiento. 1718 El diputado foral de Hacienda y Finanzas podrá excepcionar mediante Orden Foral la aplicación de lo dispuesto en la presente letra. Artículo 33. Cálculo de intereses. 1. En caso de concesión de aplazamiento se calcularán y exigirán intereses de demora por el tiempo comprendido entre el vencimiento del periodo voluntario de pago, o la fecha del último cálculo realizado, si ésta es posterior, y el vencimiento del plazo concedido, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo. 2. En caso de concesión de fraccionamiento, los intereses de demora se calcularán: a) Para el primer plazo se estará a lo dispuesto en el apartado anterior. b) Para los plazos sucesivos los intereses se calcularán para cada uno de ellos sobre la deuda pendiente de ingreso por el tiempo transcurrido entre el vencimiento del plazo anterior y el que corresponde. 3. En el caso de denegación de la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento de las deudas, si hubiese sido solicitado en período voluntario, o en período ejecutivo dentro del plazo establecido en el apartado 3 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria, se calcularán intereses de demora por el período transcurrido desde el vencimiento del período voluntario hasta la fecha de la resolución denegatoria. 4. En el caso de ingreso de las deudas con anterioridad a la resolución de la solicitud de aplazamiento, si hubiese sido solicitado en periodo voluntario, se calcularán intereses de demora por el periodo transcurrido desde el vencimiento del periodo voluntario hasta la fecha de ingreso de las deudas. 5. El importe correspondiente a los intereses del aplazamiento se exigirá como mínimo en el mes de diciembre de cada año, aplicándose el criterio del devengo. Artículo 34. Consecuencias de la falta de pago de cantidades aplazadas o fraccionadas. 1. En los aplazamientos, si llegado el vencimiento del plazo concedido, no se efectuara la totalidad del pago, se procederá de la siguiente manera, en función de las solicitudes de aplazamiento de las diferentes deudas incluidas en él: a) Para las deudas cuya solicitud se realizó en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo al día siguiente y se procederá sin más trámite a dictar providencia de apremio por la deuda no pagada. b) Para las deudas cuya solicitud se realizó en periodo ejecutivo, se continuará el procedimiento de apremio, pudiéndose desde ese momento ejercitar la opción de ejecutar la garantía en primer lugar, conforme lo establecido en el artículo 172 de la Norma Foral General Tributaria. 2. En los fraccionamientos, de no pagarse dos plazos a su vencimiento, se considerarán vencidas todas las fracciones pendientes, procediéndose de igual manera que en el apartado anterior. No será necesario el incumplimiento de dos plazos para dejar sin efecto el fraccionamiento, cuando, incumplido uno de ellos, exista requerimiento de la Administración tributaria para su pago y éste no se efectúe en el plazo establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria, ni en el caso de impago en los plazos que establece la normativa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para el pago fraccionado de la cuota de este impuesto. 3. La existencia de otras deudas en periodo ejecutivo sin solicitud de aplazamiento o fraccionamiento o sin suspensión, comportará la pérdida de eficacia de todos los acuerdos 1819 de aplazamiento o fraccionamiento que se le hubiesen concedido y la inmediata exigibilidad de dichas deudas. SECCIÓN III COMPENSACIÓN Y CUENTA CORRIENTE TRIBUTARIA Artículo 35. Deudas compensables y competencia. 1. En los casos y con los requisitos que se establecen en esta Sección, podrán extinguirse total o parcialmente por compensación las deudas a favor de la Hacienda Foral, que se encuentren tanto en periodo voluntario de recaudación como ejecutivo, con los créditos reconocidos por la misma a favor del deudor. 2. Asimismo, podrán compensarse las deudas no comprendidas en el apartado anterior cuando lo prevean las normas reguladoras de los tributos y demás recursos de derecho público. 3. Será competencia de la jefatura del Servicio de Tesorería acordar la compensación de oficio o a instancia del deudor de las deudas y créditos a que se refieren los apartados anteriores, salvo lo dispuesto en las letras a) y b) del apartado 3 del artículo siguiente de este Reglamento. Artículo 36. Compensación de oficio. 1. Las deudas a favor de la Administración tributaria, cuando el deudor sea el Estado, un Ente territorial, Organismo Autónomo, Seguridad Social o Entidad de derecho público, cuya actividad no se rija por el ordenamiento jurídico privado, serán compensables de oficio una vez transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario. El acuerdo de compensación será notificado a la Entidad deudora. 2. Cuando un deudor a la Administración tributaria no comprendido en el apartado anterior sea, a la vez, acreedor de la misma por un crédito reconocido, transcurrido el período voluntario, se compensará de oficio la deuda con el crédito, cualquiera que sea la fase del procedimiento ejecutivo en que se encuentre. La compensación será notificada al interesado. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, se compensarán de oficio durante el plazo de ingreso en período voluntario: a) Las cantidades a ingresar o devolver que resulten de un mismo procedimiento de comprobación limitada o inspección relativas a un mismo sujeto pasivo. El órgano competente para practicar la liquidación resultante de dichas actuaciones acordará, de oficio, la compensación de las deudas y créditos hasta donde alcancen aquéllas. b) Las cantidades a ingresar o devolver que resulten de la práctica de una nueva liquidación por haber sido anulada otra anterior en la cuantía que hubiera sido ingresada. En la nueva liquidación se procederá a la compensación de la cantidad que proceda y se notificará al obligado al pago el importe diferencial para que lo ingrese en los plazos establecidos en la letra b) del apartado 1 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria. c) Las deudas aplazadas que no tengan constituida garantía, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra b) del artículo 32 de este Reglamento. Artículo 37. Compensación a instancia del obligado al pago. 1. El deudor que inste la compensación deberá dirigir al Servicio de Tesorería una solicitud que contendrá los siguientes requisitos: 1920 a) Nombre y apellidos, razón social o denominación, domicilio fiscal y número de identificación fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo represente. b) Identificación de la deuda cuya compensación se solicita, indicando, al menos, su importe, concepto y fecha de vencimiento del plazo de ingreso en periodo voluntario. Cuando se refiera a una autoliquidación se deberá acompañar el modelo oficial de la deuda que se pretende compensar, salvo que la solicitud se tramite por vía telemática. c) Identificación del crédito a favor del solicitante, cuya compensación se ofrece indicando al menos su importe, concepto y órgano gestor. d) Declaración expresa de no haber sido transmitido o cedido el crédito. e) Lugar, fecha y firma del solicitante. 2. La solicitud que se presente, dentro del periodo voluntario, con los requisitos y documentos del apartado anterior suspenderá el inicio del periodo ejecutivo durante la tramitación de la misma hasta el límite del crédito cuya compensación se ofrece, sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Si la solicitud se presenta dentro del periodo ejecutivo, no se suspenderá el procedimiento recaudatorio. En caso de presentarse antes de finalizar el plazo establecido en el apartado 3 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria, durante la tramitación de la solicitud no se iniciará la ejecución del patrimonio del deudor y el recargo exigible será el ejecutivo. 3. La jefatura del Servicio de Tesorería acordará la compensación de la parte concurrente con el crédito cuando se den los requisitos establecidos con carácter general en la normativa tributaria y civil o, en su caso, en la legislación aplicable con carácter específico, siempre y cuando no existan otras deudas susceptibles de compensación de oficio. Si se deniega la compensación y ésta se hubiese solicitado en período voluntario, en la notificación del acuerdo, que deberá ser motivado, se advertirá al solicitante que la deuda deberá pagarse, junto con los intereses devengados desde la fecha de finalización del período voluntario hasta la fecha de la resolución, en el plazo establecido en la letra b) del apartado 1 del artículo 60 de la Norma Foral General Tributaria. Transcurrido dicho plazo, si no se produce el ingreso, se exigirá la deuda por el procedimiento de apremio. 4. La resolución deberá adoptarse en el plazo máximo de un mes contado desde el día en que la solicitud se presente. En los supuestos en los que se solicite al interesado la aportación de documentación o información adicional, el plazo de resolución será ampliado por el período de tiempo que haya durado dicho trámite. Transcurrido el plazo máximo sin que haya recaído resolución se podrá entender denegada la solicitud a los efectos de interponer el recurso correspondiente o esperar la resolución expresa. Artículo 38. Efectos de la compensación. 1. Acordada la compensación, se declararán extinguidas las deudas y créditos en la cantidad concurrente. 2. En caso de compensación de deudas de entidades públicas a que se refiere el apartado 1 del artículo 36 de este Reglamento, si el crédito es inferior a la deuda, por la parte de deuda que exceda del crédito se acordarán sucesivas compensaciones con los créditos que posteriormente se reconozcan a favor de dichas entidades. 3. En los demás casos, si el crédito es inferior a la deuda, se seguirá el procedimiento de recaudación por la parte de deuda que exceda del crédito. 4. En caso de que el crédito sea superior a la deuda, acordada la compensación, se abonará la diferencia al interesado. 20 Mostrar más
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