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Timestamp: 2018-07-21 17:25:27
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Matched Legal Cases: ['artículo 196', 'artículo 196', 'artículo 196', 'artículo 256', 'artículo 196', 'artículo 256']

(Lunes, 27 Enero 2014)
(Domingo, 05 Mayo 2013)
(Domingo, 07 Abril 2013)
El "Derecho laboral" encuentra su génesis en los “abusos” que durante la Revolución Industrial padecieron los trabajadores en las fábricas inglesas. Desde entonces, los derechos de los trabajadores han sido el principal caballo de batalla de los socialistas para procurar defender al proletariado de las opresoras garras del gran capital.
(Domingo, 03 Marzo 2013)
La reelección y la estrategia "envolvente"
La pregunta ahora es: ¿el TC efectivamente es independiente del poder político y podrá llevar a cabo una interpretación de la Constitución desde la Constitución?
El TC: entre la espada y la pared
No existe Estado de Derecho si al mismo tiempo no existe la tutela efectiva de los derechos individuales y generales. La Constitución sería una mera carta de intenciones si sus "derechos” y sus “garantías” resultaran fácilmente vulnerados por el arrogante poder político, más propenso a la imposición que al pacto. No existe falla en el sistema, el Legislativo debe someterse a estas restricciones como poder constituido.
Es comprensible el interés del Estado de castigar los delitos, pero aun en caso de flagrancia y antes de la sustanciación de un proceso, no puede existir coerción estatal. La Constitución establece que la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el ser oído en juicio, y a un juicio justo, son derechos fundamentales, desconocerlos no es solo inconstitucional, sino que atenta contra la lógica jurídica de los Tratados Internacionales sobre DDHH ratificados por el país, los que prevalecen en el orden interno, aun por sobre lo estipulado en la Constitución.
Me ha parecido serio y propio de un cargo como el que ocupa Rebeca Delgado, que ésta haya recomendado al titular de Gobierno mayor cuidado a la hora de remitir proyectos de ley para su tratamiento legislativo. La Presidenta de Diputados no pudo haber actuado de otra manera si consideramos que la propuesta de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado, jurídicamente hablando, atenta contra las garantías constitucionales reconocidas para todo ciudadano.
La Constitución cuando se refiere a la propiedad privada establece que toda persona tiene derecho a la misma, por lo que a tiempo de garantizar el ejercicio de dominio sobre aquella, fija tres presupuestos insoslayables: que cumpla una función social, que el uso que se haga de ella no sea perjudicial al interés colectivo y que a la muerte de su titular, sus herederos la detenten. La única limitante que recoge como mecanismo para negar el derecho de tenencia de un bien inmueble es la expropiación, que se impone por causa de necesidad o utilidad pública, calificada conforme a ley y previa indemnización justa en favor del propietario.
Legisladores "amateurs"
(Lunes, 12 Noviembre 2012)
Las últimas sentencias del Tribunal Constitucional y proyectos de ley motivan algunas reflexiones: Las normas internacionales de los DDHH tienen preeminencia en su aplicación no solo sobre las leyes nacionales, sino también primacía sobre la propia Constitución, a la que limitan su potestad mediante restricciones. Esta internacionalización consolida los DDHH en el país, al estar protegidos por la comunidad internacional contra excesos ilegales del poder político. En el marco de la lógica, el respeto se debe tanto a las normas internacionales de DDHH, como a la Constitución, pero a esta última, sólo en la medida en que se conforme con aquellas. Quien lo ignora, o desprecia, es el legislativo al dictar inadvertidamente normas y leyes incompatibles con las normas internacionales de DDHH.
Polémica "Ley de extinción del derecho propietario a favor del Estado"
(Domingo, 04 Noviembre 2012)
El Gobierno a título de lucha contra la corrupción pretende aprobar una ley a todas luces violatoria del ordenamiento legal vigente, de derechos fundamentales y garantías constitucionales.
Dicha ley ha sido denominada de manera eufemística como “Ley de Extinción de Bienes a Favor del Estado”, cuando en esencia la ley proyectada no es más que una ley de carácter confiscatorio dado que a sola denuncia y en forma casi simultánea los bienes del “denunciado” en cuestión, pasarán a dominio del Estado, otorgándosele al denunciado nada menos que el plazo de cinco días para que demuestre el origen lícito de sus bienes. Y por si fuera poco establece supuestos mecanismos de impugnación ante la misma autoridad que dispuso la confiscación de sus bienes.
(Domingo, 28 Octubre 2012)
En las últimas horas se han hecho públicas dos sentencias constitucionales pronunciadas por el actual Tribunal Constitucional. La primera de ellas que declara la inconstitucionalidad de la figura penal del desacato por ser este ilícito penal un viejo resabio dictatorial, cuya finalidad era la de atentar contra el derecho a la libre expresión de la ciudadanía que se veía amordazada y casi impedida de ejercer en los hechos su derecho a la crítica respecto del accionar de un determinado funcionario público, dado que si lo hacía se veía expuesto casi en forma inmediata a ser encausado penalmente por sus expresiones por parte del funcionario público en cuestión, que para materializar su acción intimidatoria contaba con el apoyo del Ministerio Público.
De ahí que, a título de desacato, tenemos procesos judiciales instaurados curiosamente la mayoría de ellos en contra de todos aquellos que son parte de la oposición política. A tal punto que por la vía de la amenaza de enjuiciamiento penal por el ilícito de desacato tenemos a gente llena de temor ante la posibilidad de ser, de la noche a la mañana, enjuiciada y sentenciada a penas privativas de libertad nada más que por haberse atrevido a cuestionar y/o criticar el desenvolvimiento del Gobierno.
A propósito de la función interpretativa del Tribunal Constitucional
El colaborador de Página Siete Franz Barrios González sostiene que “el párrafo II del artículo 196 [se] refiere a la preferencia con la cual el Tribunal Constitucional aplicará su criterio de interpretación, que a decir del tenor literal de su texto es la voluntad del constituyente” (“La función interpretativa del Tribunal Constitucional”). No es así.
El artículo 196.II es una cláusula de interpretación: “En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación, con preferencia, la voluntad del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el tenor literal del texto”. No dice que preferirá un criterio al otro, sino que preferirá ambos: “con preferencia” uno “así como” el otro, que es lo mismo que “con preferencia” uno “y” el otro.
La determinación de su significado jurídico es más compleja que la lectura de su texto. Si ambos criterios deben aplicarse “con preferencia”, entonces otros criterios también pueden aplicarse, pero sin tal carácter preferente. Por su contenido, “con preferencia” no es una prohibición, sino un permiso: autoriza a servirse de otros criterios, frente a los cuales tienen preferencia los mencionados en la cláusula. Por tanto, la cláusula de interpretación no confina a la aplicación de sus criterios, sino que obliga al Tribunal a justificar su inaplicación, cuando existan razones excluyentes para hacerlo (razones que justifiquen que, a pesar de inaplicarlos, no está incumpliendo la Constitución). Hasta aquí se extiende su sentido normativo.
Que esto complejiza la labor del Tribunal, es un hecho: es el costo de haber direccionado desde la Constitución su capacidad interpretativa. Pero que es eso lo que le toca hacer, es también un hecho: del custodio de la Constitución no se espera que la custodie incumpliéndola. Y que es esto lo que hasta el momento no ha efectuado, es otro hecho: (1) En unos pocos casos, el Tribunal ha dicho inaplicar el artículo 196.II con la cobertura del artículo 256.II, que no es alternativa al primero, sino expresión de la vocación existencial de la Constitución: garantizar el ejercicio de los derechos, de lo que el artículo 196.II es tan sólo instrumento.
Más allá del lenguaje, el acto interpretativo, como tal, es metodológicamente correcto, porque tiene apoyatura en la relación de medios a fines que vincula a ambos artículos (por todas, STC 773/2011 RAC).
(2) En menos casos aun, los disidentes con la mayoría han justificado sus votos en la insuficiencia de la cláusula de interpretación. La diferencia con el supuesto anterior es solamente retórica. También aquí aplican el artículo 256.II, aunque sin citarlo. Por tanto, también aquí el acto interpretativo en sí mismo, velado por el texto, es acertado (por todos, voto disidente a la STC 270/2011 RAC).
(3) Pero en la mayoría de los casos, la cláusula de interpretación simplemente ha sido pasada de largo: el Tribunal no justifica que sus decisiones estén fundamentadas en sus criterios, ni justifica tampoco que se fundamenten en otros.
Horacio Andaluz Vegacenteno tiene una Maestría en Derecho Constitucional otorgada por la Escuela de Leyes de Harvard.