Source: http://es.nhritortureprevention.org/local-and-regional-resources/domestic-torture-laws/chile/
Timestamp: 2018-08-21 02:04:09
Document Index: 210432842

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'artículo 3', 'Artículo 7', 'artículo 1', 'Artículo 150', 'Artículo 150', 'artículo 397', 'Artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 150']

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La información relativa a las leyes nacionales de tortura y los comentarios han sido amablemente proporcionados por Karinna Fernández.
Fecha de ratificación de la CT: 30 de septiembre de 1988
Fecha de ratificación del Protocolo Facultativo de la CT: 12 de septiembre de 2008
Fecha de ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura: 15 de septiembre de 1988
La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura fue ratificada el 15 de septiembre de 1988, con reservas a los artículos 4, 8 (3) y 13 (inciso final). Estas reservas fueron retiradas el 18 de mayo de 1990.
Aunque la CT fue ratificada en 1988, la competencia del Comité contra la Tortura no fue reconocida hasta marzo de 2004.
Leyes relevantes:
Ley 20.357 de 2009
Código Penal de 1874
Prohibición de la tortura:
- Capítulo I, Artículo 5 de la Constitución
Cita: El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Definición de la tortura:
- Código Penal de 1874
Comentario: El tipo penal de la tortura no está adecuada a los parámetros convencionales actuales en el antiguo Código Penal Chileno.
Así a inicios de la dictadura militar chilena, la legislación interna no contemplaba las figuras típicas de torturas, de modo que la figura con la que se sancionan los delitos perpetrados en dictadura se denomina “apremios ilegítimos”, y eventualmente se sancionan las lesiones provocadas.
Al finalizar el régimen militar, tres mil ciento setenta y ocho personas habían caído víctimas de homicidios y desapariciones forzadas y, veintisiete mil doscientas cincuenta y cinco fueron secuestradas, pero pudieron sobrevivir a las torturas de que fueron objeto. Cifras establecidas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. 2 vols., Santiago de Chile, 1991, (p. 881 tomo II), Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), Santiago de Chile, 2005 (p. 471), Informe sobre Calificación de Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos y de la Violencia Política elaborado por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, Santiago de Chile, 1996.
Cifras que luego del período de reapertura de ambas Comisiones, establecido por el artículo 3 transitorio de la Ley 20.405, se ha visto aumentado de la siguiente forma; 30 victimas calificadas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y 9.795 víctimas de prisión política y tortura, elevando a más de 40 mil los casos reconocidos por la Comisión Valech y sus predecesoras, incluyendo detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, víctimas de violencia política, torturados y presos políticos durante los 17 años de la dictadura. Información contenida en el Informe de la Comisión Presidencial Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, Santiago de Chile, 2011.
Artículo 7, Ley 20.357
Cita: Será castigado con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio, el que, concurriendo las circunstancias descritas en el artículo 1º:
1º. Torturare a otro que se encuentre bajo su custodia o control, infligiéndole graves dolores o sufrimientos físicos o mentales. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas.
Comentario: Se criticó la generación de una Ley especial, pues, la técnica legislativa exige que los delitos estén en el Código punitivo y no en estatutos especiales, aún más cuando se trata de los delitos más graves dentro de cualquier ordenamiento democrático, evitando que se generen normas arbitrarias de carácter procesal o reglas de ejecución por el legislativo .
Dentro de los inconvenientes que presenta la normativa aprobada se observan algunos relacionados con la plena vigencia en el país de los principios generales de responsabilidad penal, consagrados por el Estatuto de Roma y en diversos instrumentos internacionales en relación a tan graves crímenes, y otros problemas relativos a la insuficiente adecuación de los tipos penales creados por la ley nacional respecto de cómo son definidos por el propio Estatuto y otros tratados internacionales, como es el caso de la tortura que no se encuentran adecuadamente tipificada en el Código Penal ni consagrada su imprescriptibilidad.
Referencias: BUSTOS RAMIREZ, J., El debate legislativo chileno en torno a la implementación del Estatuto de Roma, En: CORPORACIÓN HUMANAS, Corte Penal Internacional, Condiciones Políticas, Jurídicas y Ciudadanas para la Ratificación del Estatuto de Roma, Corporación Humanas, 2 vol., t. II., Santiago, 2008, pp. 159, 160.
- Artículo 150 del Código Penal (modificado significativamente en 1998)
Cita: Artículo 150. Sufrirá las penas de presidio o reclusión menores y la accesoria que corresponda:
1º. El que incomunicare a una persona privada de libertad o usare con ella de un rigor innecesario, y
2º. El que arbitrariamente hiciere arrestar o detener en otros lugares que los establecidos por la ley.
Si mediante alguna de las conductas descritas en el inciso primero el empleado público compeliere al ofendido o a un tercero a efectuar una confesión, a prestar algún tipo de declaración o a entregar cualquier información, la pena será de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo y la accesoria correspondiente.
Si de la realización de las conductas descritas en este artículo resultare alguna de las lesiones previstas en el artículo 397 o la muerte de la persona privada de libertad, siempre que el resultado fuere imputable a negligencia o imprudencia del empleado público, la pena será de presidio o reclusión mayor en su grado mínimo a medio y de inhabilitación absoluta perpetua.
Artículo 150 B. Al que, sin revestir la calidad de empleado público, participare en la comisión de los delitos sancionados en los dos artículos precedentes, se le impondrán las siguientes penas:
1º. Presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio, en los casos de los artículos 150 y 150 A, inciso primero;
2º. Presidio o reclusión menor en su grado medio a máximo, en el caso del inciso segundo del artículo 150 A, y
3º. Presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo, si se tratare de la figura del último inciso del artículo 150 A. En todos estos casos se aplicarán, además, las penas accesorias que correspondan.
Comentario: La Ley 1874 se aplica en la actualidad para castigar los actos de tortura cometidos durante la dictadura. Hasta la fecha, ha habido cinco sentencias de las Cortes Supremas en las actuaciones en curso por 148 crímenes perpetrados durante este período.