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Timestamp: 2020-02-29 13:58:52
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Matched Legal Cases: ['artículo 417', 'artículo 422', 'artículo 417', 'artículo 422', 'artículo 382', 'artículo 427']

Sentencia nº 896 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2016. - Jurisprudencia - VLEX 671269509
Sentencia nº 896 de Suprema Corte de Justicia, del 22 de Agosto de 2016.
Exp. 2016-448
Rc: C.J.C.F.: 22 de agosto de 2016
Sentencia núm. 896
M.A.M.A., Secretaria General Interina de la Suprema Corte de Justicia, certifica. Que en los archivos a su cargo existe un expediente que contiene una sentencia de fecha de 22 de agosto de 2016, que dice:
Germán Brito, P.; F.E.S.S. y Alejandro Adolfo
Moscoso Segarra asistidos del secretario de estrado, en la Sala donde celebra
Nacional, hoy 22 de agosto de 2016, años 173° de la Independencia y 154° de
Sobre el recurso de casación interpuesto por C.J.C.
dominicano, mayor de edad, herrero, no porta cédula de identidad y
electoral, domiciliado y residente en la calle 3, casa núm. 24, del sector
N., Santiago, imputado, contra la sentencia núm. 0239, dictada por la Exp. 2016-448
Santiago el 24 de junio de 2014, cuyo dispositivo se copia más adelante;
Oído al Licdo. O.E.G., por sí y por la Licda.
L.Y.R., defensores públicos, en la lectura de sus
conclusiones de fecha 8 del mes de junio de 2016, en nombre y
representación del recurrente C.J.C., imputado;
Licda. L.Y.R., Defensora Pública, en representación de
C.J.C., depositado el 25 de junio de 2015, en la secretaría
general de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento
Judicial de Santiago, mediante el cual interpone dicho recurso;
Visto la resolución núm. 861-2016, dictada por esta Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia el 31 de marzo de 2016, la cual declaró Exp. 2016-448
admisible el recurso de casación interpuesto por C.J.C., y fijó
audiencia para conocerlo el 8 de junio de 2016;
400, 418, 419, 420, 425, 426 y 427 del Código Procesal Penal, modificados por
la Ley núm. 10-15; la Ley núm. 278-04, sobre Implementación del Proceso
dictada por la Suprema Corte de Justicia el 31 de agosto de 2006 y la
que el 10 de agosto de 2011, la Licda. L.G., Procuradora Exp. 2016-448
Fiscal Adjunta del Distrito Judicial de Santiago, presentó acusación y
solicitud de apertura a juicio en contra del imputado C.J.C., por
presunta violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 379, 382 y 385
del Código Penal Dominicano, en perjuicio de las víctimas Rosa Victoria
Rodríguez Estévez y L.R.R.;
que el 29 de diciembre de 2011, el Tercer Juzgado de la Instrucción
del Distrito Judicial de Santiago, mediante resolución núm.559, admitió la
acusación y dictó auto de apertura a juicio en contra de C.J.C.,
por presunta violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 379 y 382
del Código Penal Dominicano, en perjuicio de Rosa Víctoria Rodríguez
Estévez y L.R.R.;
que fue apoderado para el conocimiento del fondo del asunto, el
Instancia del Distrito Judicial de Santiago, el cual dictó la sentencia núm. 81-2013, el 13 de marzo de 2013, cuyo dispositivo establece lo siguiente:
“PRIMERO: Declara al ciudadano C.J.C., dominicano, mayor de edad, herrero, no porta cédula de identidad y electoral, domiciliado y residente en la calle 3, casa núm. 24, del sector N., Santiago, culpable de violar las Exp. 2016-448
disposiciones consagradas en los artículos 265, 266, 379 t 382 del Código Penal en perjuicio de R.V.R.E., y L.R.R.; SEGUNDO : Condena al ciudadano C.J.C. a cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres de esta ciudad de Santiago la pena de diez (10) años de reclusión mayor, y al pago de las costas penales del proceso; TERCERO: Ordena la confiscación de la prueba material consistente en: 1. Un objeto contundente, cortante, en forma de arma con cinta adhesiva (tape), color blanco; 2. Una correa color marrón, marca B. y
3. Un pedazo de cable color negro; CUARTO : Acoge las conclusiones vertidas por el Ministerio Público y se rechazan por improcedentes las de la defensa técnica del imputado”;
que dicha decisión fue recurrida en apelación por la Licda. Laura
Yisell Rodríguez, defensora pública, en representación del imputado Carlos
Joel Camejo, siendo apoderada la Cámara Penal de la Corte de Apelación
del Departamento Judicial de Santiago, quien dictó la sentencia núm. 0239-2014, objeto del presente recurso de casación, el 24 de junio de 2014, cuyo
dispositivo dispone lo siguiente:
“PRIMERO: En cuanto a la forma ratifica la regularidad del recurso de apelación interpuesto por el imputado C.J.C., por intermedio de la licenciada L.Y.R., defensora pública, en contra de la sentencia núm. 081-2013, de fecha trece (13) del mes de marzo del año dos mil trece (2013), Exp. 2016-448
dictada por el Primer Tribunal de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago; SEGUNDO : En cuanto al fondo, declara parcialmente con lugar el recurso y acoge como motivo válido la violación de la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica al tenor de lo dispuesto en el artículo 417.4 del Código Procesal Penal y en virtud del artículo 422 (2.1) del mismo código sobre las comprobaciones de hecho ya fijado dicta directamente la sentencia del caso, y en consecuencia anula el ordinal primero de la sentencia impugnada dejando sin efecto por vía de supresión los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifica el delito de asociación de malhechores y su sanción; TERCERO: Confirma los demás aspectos de la sentencia impugnada; CUARTO : Exime de costas el recurso; QUINTO : Ordena la notificación de esta decisión a todas las partes del proceso”;
Considerando, que el recurrente C.J.C., alega en su
“Sentencia manifiestamente infundada. La Corte de Apelación procedió a declarar con lugar el primer medio expuesto en el recurso de apelación atinente al proceso que se le sigue al ciudadano C.J.C., consistente en la falta de acreditación de la asociación de malhechores bajo el fundamento siguiente: “…esta Corte ha comprobado que los jueces del Tribunal a-quo declararon culpable al imputado C.J.C. de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifica la asociación de malhechores sin ni siquiera establecer el concierto con el objeto de preparar o cometer crímenes y sin haber aportado el Ministerio Público pruebas Exp. 2016-448
para demostrar tal planteamiento; por lo que procede declarar parcialmente con lugar el recurso…”. Que no obstante la Corte haber acogido parciamente el recurso de apelación del censor y como consecuencia de esto haber excluido el tipo penal de asociación de malhechores mantuvo la misma pena consistente en la privación de libertad por 10 años. La situación resulta ser paradójica debido a que si la asociación de malhechores agrava el robo, la desaparición de la misma debe generar, como consecuencia lógica, la disminución de la cuantía de la pena, lo que no ocurrió en el caso de la especie”;
Entiende la Corte que lleva razón el recurrente en su queja planteada en el sentido de endilgarle a los jueces del tribunal a-quo haber declarado culpable al imputado C.J.C. de violar las disposiciones consagradas en los artículos 265, 266, 379 y 382 del Código Penal, en perjuicio de R.V.R.E., y L.R.R. “sin probar que entre el imputado y el presunto coparticipe obrara un acuerdo o concierto con el objetivo de cometer de manera habitual hechos reñidos con la ley penal”, incurriendo en el vicio de “violación a la ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica y falta de motivación de la sentencia”, toda vez que tal y como aduce el recurrente, esta Corte ha comprobado que los jueces del tribunal a-quo declararon culpables al imputado C.J.C. de violar los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano que tipifica la asociación de malhechores sin ni siquiera establecer el concierto con el objeto de preparar o cometer crímenes y sin haber aportado el Ministerio Público pruebas para demostrar tal
siguiente: Exp. 2016-448
planteamiento; por lo que procede declarar parcialmente con lugar el recurso y acoger como motivo válido la violación de la Ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica al tenor de lo dispuesto en el artículo 417.4 del Código Procesal Penal, y en virtud del artículo 422 (2.1) del mismo Código sobre las comprobaciones de hecho ya fijado dicta directamente la sentencia del caso, eliminando por vía de supresión la violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, toda vez que en el presente caso no se configuran los elementos constitutivos de la Asociación de Malhechores, ya que no quedó demostrado que el imputado se reunieran previamente a la comisión de los hechos con el objetivo de cometer actos delictivos con las personas que refiere la testigo R.V.R. quien le manifiesta al a quo, que fueron amarrados; por lo que procede excluir la calificación jurídica dada por el Juez a-quo de violación de los artículos 265 y 266 del Código Penal. Que esos hechos ocurridos de esa forma justifican la pena impuesta por los jueces del tribunal a-quo, sobre todo que el reconocimiento médico núm. 2,022-11, de fecha 05-05-2011, realizado por el Dr. E.R.S., médico legista, adscrito al INACIF, a la víctima R.V.R.E., quien presenta equimosis región posterior ambos antebrazos, lesión de origen contuso con una incapacidad médico legal definitiva de 12 días. Y el reconocimiento médico núm. 2,023-11, de fecha 05-05-2011, realizado por el Dr. E.R.S., médico legista, adscrito al INACIF, a la víctima L.R.R., en el que se pudo constatar que presenta equimosis región peri-orbitaria izquierda, excoriación lineal tabique nasal, excoriación lineal región maxilar inferior, herida corto punzante en región maxilar superior, herida sin suturar en región anterior 3er y 4to. Dedo mano derecha, lesión de origen constante-corto punzante, incapacidad provisional de 21 días, pendiente de nueva evaluación, razón más que E.. 2016-448
suficiente para que se le impusiera el máximum de la pena de trabajos públicos, es decir, 20 años de reclusión mayor. De modo y manera que no hay nada que reprocharle a los jueces del a quo, en ese sentido, todo lo contrario la errónea aplicación de la ley en este caso fue en contra de las víctimas ya que por lo sucedido le correspondía el máximum de la pena, por lo que la queja planteada debe ser desestimada
Considerando, que establece el recurrente en su recurso de casación
que la sentencia resulta ser manifiestamente infundada, toda vez que “no
obstante la Corte haber acogido parciamente el recurso de apelación del censor y
como consecuencia de esto haber excluido el tipo penal de asociación de malhechores
mantuvo la misma pena consistente en la privación de libertad por 10 años. La
situación resulta ser paradójica debido a que si la asociación de malhechores agrava
el robo, la desaparición de la misma debe generar, como consecuencia lógica, la
disminución de la cuantía de la pena, lo que no ocurrió en el caso de la especie”;
Considerando, que el imputado C.J.C., fue condenado
por el tribunal de primer grado a 10 años de reclusión mayor, por presunta
violación a las disposiciones de los artículos 265, 266, 372 y 382 del Código
Penal Dominicano; procediendo la Corte, no obstante haber excluido el tipo Exp. 2016-448
penal de asociación de malhechores, a confirmar la pena impuesta por los
motivos siguiente:
”… que esos hechos ocurridos de esa forma justifican la pena impuesta por los jueces del tribunal a-quo, sobre todo que el reconocimiento médico núm. 2,022-11, de fecha 05-05-2011, realizado por el Dr. E.R.S., médico legista, adscrito al INACIF, a la víctima R.V.R.E., quien presenta equimosis región posterior ambos antebrazos, lesión de origen contuso con una incapacidad médico legal definitiva de 12 días. Y el reconocimiento médico núm. 2,023-11, de fecha 05-05-2011, realizado por el Dr. E.R.S., médico legista, adscrito al INACIF, a la víctima L.R.R., en el que se pudo constatar que presenta equimosis región peri-orbitaria izquierda, excoriación lineal tabique nasal, excoriación lineal región maxilar inferior, herida corto punzante en región maxilar superior, herida sin suturar en región anterior 3er y 4to. Dedo mano derecha, lesión de origen constante-corto punzante, incapacidad provisional de 21 días, pendiente de nueva evaluación, razón más que suficiente para que se le impusiera el máximum de la pena de trabajos públicos, es decir, 20 años de reclusión mayor. De modo y manera que no hay nada que reprocharle a los jueces del a quo, en ese sentido, todo lo contrario la errónea aplicación de la ley en este caso fue en contra de las víctimas ya que por lo sucedido le correspondía el máximum de la pena, por lo que la queja planteada debe ser desestimada”;
Considerando, que en virtud de lo que establece el Código penal Exp. 2016-448
Dominicano en su artículo 382, que: “La pena de cinco a veinte años de reclusión
mayor se impondrá a todo aquel que se haga culpable del crimen de robo, si lo comete
ejerciendo violencias, si la Violencia ejercida para cometer el robo ha dejado siquiera
señales de contusiones o heridas, está sola circunstancias bastará para que se
pronuncie el máximum de la pena de reclusión mayor”;
juez del fondo, y podría ser objeto de apelación cuando se trate de una
no ocurre en el caso de la especie; resultando la pena impuesta, contrario a
lo que establece la parte recurrente, justa y conforme al derecho, por
tratarse, como bien lo estableció el tribunal de segundo grado, de un hecho
grave, sancionado con una pena de 20 años, y que en virtud de la gravedad
del hecho, según se advierte de los certificados médicos, la pena de 10 años
impuesta al imputado, resulta justa para condenar el daño causado por el
Considerando, que en el presente caso, al confirmar la pena impuesta
por el tribunal de primer grado, la ley fue debidamente aplicada por la
Corte a qua, y la sentencia impugnada no resulta manifiestamente Exp. 2016-448
infundada, por lo que procede rechazar su recurso de casación interpuesto,
de conformidad con las disposiciones del artículo 427.1 del Código Procesal
para eximirla total o parcialmente”; por lo que procede eximir al recurrente del
pago de las costas del procedimiento, por haber sido asistido por un
Primero: Rechaza el recurso de casación interpuesto por C.J.C., contra la sentencia núm. 0239, dictada por la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago el 24 de junio de 2014, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo;
Segundo: Confirma la sentencia impugnada por los motivos expuestos en el cuerpo de la presente decisión; Exp. 2016-448
Tercero: E. al recurrente del pago de las costas penales del proceso por haber sido asistido de un defensor;
(Firmados).-M.C.G.B.-FranE.S.S..-A.A.M.S..-
Sentencia nº 225 de Corte Suprema de Justicia - Primera, del 14 de Mayo de 2014.
Sentencia nº de Corte Suprema de Justicia - Segunda, del 9 de Marzo de 2016.