Source: http://mercantil.blogs.lexnova.es/
Timestamp: 2016-05-26 00:31:21
Document Index: 272277967

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 225', 'artículo 226', 'artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 227', 'artículo 228', 'artículo 229', 'artículo 230', 'artículo 229', 'artículo 230', 'artículo 230', 'artículo 227']

Mercantil hoy El derecho a la información en la adquisición de productos financieros
La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, erige a la transparencia informativa como una de las columnas básicas del sistema. Por su parte, el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y registros obligatorios, recoge en un anexo el Código General de Conducta de los Mercados de Valores. El artículo 5 del Código establece: 1. Las entidades ofrecerán y suministrarán a sus clientes toda la información de que dispongan cuando pueda ser relevante para la adopción por ellos de decisiones de inversión y deberán dedicar a cada uno el tiempo y la atención adecuados para encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos…3. La información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la operación que contrata”.
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El documento “Educación Superior en Iberoamérica. Informe 2014. La transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades. Avance de resultados”, elaborado por Senén Barro Ameneiro y Sara Fernández López, de la Universidad de Santiago de Compostela y Red Emprendia (http://www.redemprendia.org//sites/default/files/spin2014/spin_211014_con_portada.pdf), nos ha dejado un avance de informaciones realmente interesantes en relación al tema de la transferencia de I+D, la innovación y el emprendimiento en las universidades y el territorio de Iberoamérica, destacando la idea central del papel desempeñado por las Universidades como catalizadoras de la innovación tecnológica, que siendo siempre esencial en este tema, lo es aún más en Iberoamérica, donde el resto de agentes que participan en el sistema de ciencia e innovación (sobre todo empresas y sector privado), realizan un papel más secundario.
Así, y por ejemplo, en el documento citado hemos podido leer que en los primeros años del siglo XXI en Iberoamérica la Universidad ha concentrado el 50 % de los investigadores y ha ejecutado en torno a un tercio del presupuesto destinado a I+D; también que sobre la Universidad ha recaído prácticamente de forma exclusiva la responsabilidad de la formación del capital humano avanzado; y, además, que su contribución en publicaciones ha superado el 50 % del total del sistema de ciencia e innovación.
En el aspecto concreto, y que más nos interesa resaltar, de la transferencia del conocimiento mediante patentes y licencias por parte de los sistemas de ciencia e innovación (o sea, de las Universidades) en Iberoamérica, el número 5 del documento referido arriba, utiliza una plástica expresión para describir la situación: <<muchas sombras>>, dice expresamente. Sombras comenzando por el hecho de que con excepción de Argentina, Brasil, España, México y Portugal, no se han conseguido datos consistentes de las actividades de patentes de los sistemas de ciencia e innovación iberoamericanos. Y sombras también por la enorme disparidad de cifras en la cuestión de las patentes universitarias entre los cinco países que se han podido analizar.
En lo que a España se refiere, se apunta que el número de patentes solicitadas a nivel nacional por las universidades españolas ha superado en los últimos años las quinientas anuales (como México; Brasil sin embargo ha superado las mil anuales, mientras que Portugal ha superado las cien anuales y en Argentina se ha quedado en un reducido número –por debajo de las veinticinco -). Aunque, si te toma en consideración el dato de la población, España se sitúa mejor, pues el indicador muestra que hay más de diez patentes universitarias solicitadas por millón de habitantes (mientras que Brasil y Portugal se sitúan por encima de las ocho solicitudes por millón de habitantes, México por encima de las dos y Argentina por debajo de una).
En cuanto al número de patentes concedidas en el ámbito nacional, en España (también en Portugal) se ha producido una mejora de la tasa de éxito, pues se ha superado el 50 % (en Brasil, Argentina y México se ha producido sin embargo un empeoramiento, lo que hace que en Brasil sólo un 12 % de las patentes hayan sido concedidas y en Argentina y México en torno al 30 %). En definitiva, en España parecería que la contribución de las universidades a las patentes otorgadas en el país es significativa (también lo sería en Brasil y Portugal, pero sería poco significativa en México y sobre todo Argentina), lo que ha hecho que algún periódico económico, con un punto quizás triunfalista, haya dicho que “las universidades españolas se están poniendo las pilas en investigación” (así, elEconomista de 29 de abril de 2015).
Pero ¿y las <<sombras>>?
Ese mismo documento nos dice que en lo que respecta a patentes concedidas en el extranjero (sólo España y Brasil ofrecen información en este punto), son muy escasas, con unas tasas de éxito inferiores al 10 %. Y, también, que en lo que al tema de licencias se refiere, esta vía de transferencia de tecnología es prácticamente no usada por las universidades españolas (por ejemplo, en 2012 en España sólo se logró por las universidades la obtención por esta vía de 2 millones de euros, frente a los 146 millones de dólares de Brasil).
Tengamos en cuenta, además, que en la normativa española hasta ahora existen dos sistemas a los que un solicitante de una patente de invención se puede acoger, el procedimiento general de concesión, sin examen, y el del procedimiento con examen, y este último procedimiento en la práctica apenas se ha elegido como opción de tramitación durante la vigencia de la Ley de patentes actual, pues lo habitual ha sido la utilización del procedimiento general de concesión, sin examen, en la mayor parte de los casos por cuestiones estratégicas y por su menor coste económico. En España, la patente débil ha sido pues la consecuencia lógica derivada de un sistema en el que casi todo lo que se presenta como solicitud de patente se puede llegar a conceder. Sabido esto, esas patentes obtenidas en España por las universidades en esta última década ¿son de las fuertes o de las débiles?
En todo caso, y para finalizar, recordemos que existe un proyecto de ley en tramitación parlamentaria que prevé una profunda renovación de la actual Ley 11/1986, de patentes y modelos de utilidad, tras treinta años de vigencia durante los cuales los cambios, aunque importantes, han sido puntuales. Con la nueva normativa, cuando se apruebe (se prevé que lo sea a finales del 2016), se pretenden fortalecer las figuras tanto de las patentes como de los modelos de utilidad y, en consecuencia, fortalecer el sistema que sustenta la creatividad española.
Así, la novedad más destacada de dicho proyecto de Ley es que clarifica y simplifica el procedimiento de concesión de la patente, que siempre conllevará un <<examen previo>> que acredite que la invención es nueva, tiene actividad inventiva y aplicación industrial. Si no se cumplen estos requisitos, no se concederá la patente, desapareciendo pues las conocidas como “patentes débiles”, también conocidas como “patentes curriculares”, que actualmente existen, carentes de examen previo. No tener que tramitar patentes de escasa calidad técnica garantizará la seriedad de las patentes españolas.
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Defensa de la competencia	El Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas a la espera de su aplicación
El Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas, disponible en la web de la CNMV desde el pasado 24 de febrero tras su aprobación por acuerdo de su Consejo el día 18 parece, a pesar del escaso tiempo transcurrido, un texto ya lejano en el tiempo después de la expectación que su proceso de reforma ha levantado. Tal vez ello se deba a la enorme celeridad con la que cada día digerimos cientos de noticias, también jurídicas, o también a la existencia de otros fenómenos mediáticos más cercanos a la ciudadanía que consume este tipo de información. El caso es que de momento se han enfriado las referencias a su existencia y posterior aplicación e igualmente se han aplacado las críticas de distinta índole al resultado final publicado.
Suponemos que será una cuestión que se retomará ante las iniciativas de alguna corporación empresarial relevante, en las que se adopten algunas de las recomendaciones en la línea de lo incorporado por este Código o suceda precisamente lo contrario, lo cual debe ser objeto de la correspondiente reflexión ante el convencimiento generalizado de la utilidad de este tipo de prácticas empresariales. El problema es que en algunos ámbitos no resulta tan infrecuente.
Una de las cuestiones por las que ha venido marcado el actual Código es la conversión en normas imperativas de recomendaciones no vinculantes, basadas en el principio de cumplir o explicar, que aparecían en sus versiones anteriores. Con la publicación de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, el legislador ha considerado que determinadas cuestiones merecen una intervención de naturaleza imperativa, como sucede con las competencias exclusivas de la junta general de accionistas o del consejo de administración, la votación separada de acuerdos o el fraccionamiento del voto, entre las doce recomendaciones que desaparecen del texto actual, y entre las que destacamos la obligación que se impone a las sociedades cotizadas de recoger en su informe anual de gobierno corporativo el grado de seguimiento de las recomendaciones o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de las mismas. Tal intervención legislativa, en todo caso, no es nueva pues este cambio de bando se ha venido produciendo sucesivamente desde que se aprobara el primer Código de Buen Gobierno, el Informe Olivencia, en 1998, y se ha acentuado a partir del inicio de la crisis financiera internacional, redoblando la importancia de una gestión correcta de las sociedades cotizadas.
Otras de las principales novedades de la actualización del Código de Buen Gobierno es ajustarse a un nuevo formato consistente en distinguir e identificar los principios que, en número de veinticinco, inspiran las recomendaciones de carácter concreto y específico. Lo que tal vez se ha querido proponer como un refuerzo del trabajo realizado se ha visto en ocasiones como un contenido vacío y carente de un verdadero significado puesto que las explicaciones que se otorgan a las recomendaciones no recogen más que obviedades que se podrían haber suprimido.
El texto contempla sesenta y cuatro recomendaciones que están divididas en tres bloques: uno referido a los aspectos generales; otro a la junta general de accionistas y el tercero, como no, al consejo de administración. Como ya se ha indicado cada una de estas indicaciones está inspirada por alguno de los veinticinco principios que les sirven de base. El grueso de las novedades se incluyen en el tercer bloque destacando cuestiones relativas a las funciones del consejo de administración, en concreto, la búsqueda del interés social, su composición (promoviendo el objetivo de que en el año 2020 el número de consejeras represente al menos el treinta por ciento del total de sus miembros), reuniones, el presidente o las comisiones, así como la remuneración de los consejeros, con carácter general o de los consejeros ejecutivos; otras novedades hacen referencia a las emisiones y exclusión del derecho de suscripción preferente; a la política de comunicación de la sociedad cotizada; a la junta general de accionistas, en particular, en lo que se refiere al fomento de la transparencia informativa y a la facilitación del ejercicio de sus derechos por parte de los accionistas; y habría que hacer referencia en último lugar a la promoción de la responsabilidad social corporativa.
El texto ya está ahí y ahora habrá que esperar para comprobar cómo lo adoptan las sociedades cotizadas que ya están obligadas por el mandato de lo dispuesto en la Ley 31/2014.
Sociedades	Los deberes de diligencia y de lealtad de los administradores en la rerforma de la LSC
Las modificaciones del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, introducidas por la Ley 31/2014 pueden agruparse en dos categorías: las que reforman la disciplina jurídica de la junta general y derechos de los accionistas y las que reforman la ordenación del órgano de administración (consejo de administración y estatuto jurídico de los administradores). En lo que a los administradores se refiere, la reforma establece novedades importantes en la regulación del estatuto jurídico del administrador (sus funciones, deberes, responsabilidad y retribución), así como en la organización del consejo de administración al objeto de contribuir al correcto funcionamiento del mismo.
Esas novedades son todas ellas cuestiones <<clave>> para asegurar el buen gobierno de las sociedades. El objetivo principal ha sido reforzar la regulación y adecuarla a estándares de jurisdicción comparables y, además, en el caso de las sociedades cotizadas, adecuarlas a algunas de las exigencias de los inversores institucionales.
En cuanto al estatuto de los administradores, éste se ha redefinido, pues tanto el <<deber general de diligencia>> como el <<deber de lealtad>> han sido objeto de una regulación más precisa.
Así, en el caso del deber de diligencia, la reforma completa el enunciado general: (“los administradores deberán desempeñar el cargo y cumplir los deberes impuestos por las leyes y los estatutos con la diligencia de un ordenado empresario, (…)”) y prevé que la diligencia en el desempeño del cargo deberá valorarse según las funciones atribuidas a cada administrador y considerando de alguna manera la división del trabajo: “teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y las funciones atribuidas a cada uno de ellos”, termina diciendo el artículo 225.1 LSC. Asimismo, se introduce expresamente la obligación general de adecuada dedicación al cargo (artículo 225.2 LSC) y el deber de exigir y el derecho de obtener de la sociedad la información necesaria para su ejercicio (artículo 225.3 LSC).
Siguiendo con el deber de diligencia, se ha introducido en nuestro Derecho el denominado <<principio de discrecionalidad empresarial>> (o sea, la regla norteamericana conocida como <<Business Judgement Rule>>) (artículo 226 LSC), estableciendo determinados elementos para que las decisiones estratégicas empresariales, con independencia del resultado final para la sociedad, se entiendan correctamente adoptadas de conformidad con la diligencia exigible a los administradores. Para ello, establece la norma que, en el ámbito de las decisiones estratégicas y de negocio, el estándar de diligencia de un ordenado empresario se entenderá cumplido si el administrador en cuestión ha actuado de buena fe, sin interés personal en el asunto objeto de decisión, con información suficiente y con arreglo a un procedimiento de decisión adecuado. Esta discrecionalidad en ningún caso podrá amparar las decisiones que afecten personalmente a otros administradores y personas vinculadas a ellos y, en particular, a los acuerdos para la dispensa de las obligaciones propias del deber de lealtad (a las que se refiere el artículo 230 LSC).
En cuando al deber de lealtad de los administradores, la Ley de reforma 31/2014 refuerza su régimen afirmando expresamente su carácter imperativo: “El régimen relativo al deber de lealtad y a la responsabilidad por su infracción es imperativo. No serán válidas las disposiciones estatutarias que lo limiten o sean contrarias al mismo” (artículo 230.1 LSC).
Y aunque se mantiene, mejorándola, la técnica de establecer una “cláusula general” y sistematizar un “catálogo de obligaciones básicas” derivadas de dicho deber, se modifica el régimen hasta ahora vigente para subsanar ciertas deficiencias detectadas en su aplicación:
-1) reformulándose la definición del deber genérico: “Los administradores deberán desempeñar el cargo con la lealtad de un fiel representante, obrando de buena fe y en el mejor interés de la sociedad” (artículo 227.1 LSC).
-2) incrementándose el detalle en la caracterización de las conductas desleales, completando el catálogo actual (especialmente en materia de conflictos de interés), y repartiendo el contenido de los anteriores artículos 227 a 230 y 232 LSC en dos grupos: i) las obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad (nuevo artículo 228 LSC) y ii) el deber de evitar situaciones de conflicto de interés (nuevo artículo 229 LSC):
i) Entre las primeras se incluyen, por ejemplo, el tradicional deber de secreto, la abstención de voto en caso de conflicto de intereses y la actuación independiente sin injerencias de terceros.
ii) En el punto segundo, se mantiene el deber de abstenerse de aprovechar las oportunidades de negocio de la sociedad o de competir con ella, a la vez que se tipifican expresamente otros comportamientos que han de ser evitados
-3) reglamentándose el régimen de dispensa de las obligaciones asociadas al deber de lealtad (artículo 230.2 LSC), pues la sociedad podrá dispensar, caso a caso, cualquiera de las conductas no permitidas asociadas al deber de lealtad que recoge el nuevo artículo 229 LSC referido al deber de evitar situación es en conflicto de interés: la dispensa la podrá otorgar el órgano de administración, siempre que se garantice la independencia de los administradores que la conceden respecto del administrador dispensado, que sea inocua para el patrimonio social o, en su caso, que se realice en condiciones de mercado, y la transparencia del proceso. No obstante, en los casos más relevantes, enumerados en el artículo 230.2 LSC, la dispensa deberá ser otorgada por la junta. En particular se reserva a la junta en exclusiva la autorización específica a los administradores para realizar actividades competidoras, aunque la obligación de no competencia con la sociedad sólo podrá ser objeto de dispensa cuando no quepa esperar daño para la sociedad o el daño esperable se vea compensado por los beneficios que prevén obtenerse (artículo 230.3 LSC). Esta dispensa se concederá mediante acuerdo expreso y separado de la junta general.
-4) se extiende el deber de lealtad a los <<administradores de hecho>> (art. 236.3 LSC).
-5) se amplía el alcance de la sanción por infracción del deber de lealtad, pues no sólo traerá consigo la obligación de indemnizar el daño causado al patrimonio social, sino también la obligación de devolver a la sociedad el enriquecimiento injusto obtenido por el administrador (artículo 227.2 LSC).
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AutoresMaria Jesús Peñas Moyano y Benjamín Peñas Moyano
Profesores de Derecho Mercantil de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Valladolid y colaboradores técnicos de Lex Nova	Entradas recientes	El derecho a la información en la adquisición de productos financieros
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