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Timestamp: 2020-08-03 23:54:27
Document Index: 38634020

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 65', 'Artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 338', 'artículo 338', 'Artículo 131', 'artículo 338', 'artículo 338', 'artículo 338']

Sentencia de Constitucionalidad nº 511/99 de Corte Constitucional, 14 de Julio de 1999 - Jurisprudencia - VLEX 43562824
IV. INTERVENCION DE LA REGISTRDURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
Sentencia citada en: 70 sentencias, un artículo doctrinal, 4 disposiciones normativas
S. de Bogotá D.C., julio catorce (14) de mil novecientos noventa y nueve (1999).
Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios del proceso a que da lugar la acción pública de inconstitucionalidad, procede la Corte, en ejercicio de la competencia que le otorga el artículo 241-5 de la Constitución, a decidir en sentencia de mérito sobre la demanda presentada por el ciudadano G.E.E.F., contra la expresión "renovaciones", contenida en el artículo 65 del Decreto Ley 2241 de 1986, "por medio del cual se adopta el Código Electoral".
Es de observar, que el proyecto original de sentencia presentado a la Sala Plena por el H. Magistrado V.N.M. no fue aprobado, razón por la cual la elaboración de la sentencia que contiene la decisión mayoritaria fue asignada al Magistrado Ponente.
Artículo 65: El Registrador Nacional del Estado Civil periódicamente señalará el valor de los duplicados, renovaciones, rectificaciones de las cédulas de ciudadanía y tarjetas de identidad y de los libros y publicaciones que edite la Registraduría y la tarifa de los servicios que ésta preste.
En la oportunidad legal, el señor P. General de la Nación se pronunció sobre la demanda y solicitó a esta Corporación declarar la inexequibilidad de la expresión "renovaciones," contenida en el artículo 65 del Decreto Ley 2241 de 1986, de acuerdo con los argumentos que se enuncian a continuación.
Por las razones señaladas considera el P. no viable, desde la perspectiva de la axiología constitucional, trasladar la carga económica de la renovación de la cédula de ciudadanía a los destinatarios de la misma, cuando mediante este documento el pueblo ejerce su soberanía.
De otro lado, para el señor P. el establecer un costo a cargo del ciudadano por la renovación de la cédula de ciudadanía, resulta contradictorio con la política estatal de promoción y fomento de la participación electoral, política que, a su juicio, es deber del Estado adelantar. F. este acerto en la jurisprudencia de esta Corporación sentada con ocasión del examen de constitucionalidad de la Ley 403 de 1997, "Por la cual se establecen estímulos a los sufragantes". Sentencia C- 337 de 1997, M.P.D.C.G.D..
De otra parte, para el señor P. la expresión acusada del artículo 65 del Decreto ley 2241 de 1986 vulnera el artículo 338 de la Constitución dado que la renta que percibe el Estado por concepto de la renovación es de aquellas que corresponden al concepto tributario de tasa. Así las cosas, "la facultad otorgada por el Legislador al Registrador Nacional del Estado Civil, para señalar el valor de las renovaciones de las cédulas de ciudadanía, en principio estaría enmarcado dentro del numeral segundo del artículo 338 de la Constitución Política, según el cual la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen las tarifas de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen". Sin embargo, en la norma acusada, "cuando el legislador otorgó al Registrador Nacional del Estado Civil la facultad de señalar las tarifas aquí cuestionadas, no le dio cumplimiento a lo exigido por la Carta, en el sentido de que el sistema y el método para definir tales cortos deben ser fijados por la ley."
En este sentido ha señalado la Corte Sentencia C-337/97 M.P.C.G.D.:
- La tasa se entiende como "una modalidad intermedia de ingreso público colocado entre el precio y el impuesto. El mecanismo que estructura el precio es el del valor de cambio o como equivalencia total de la contrapartida, y el sistema que estructura el impuesto es la detracción como contrapartida indirecta, colectiva y sin equivalencia, en tanto que el mecanismo propio de la tasa es el cambio imperfecto por defecto o contrapartida de parcial equivalencia. Y mientras que el beneficio logrado mediante el precio es radicalmente oneroso, y el beneficio individual obtenido en la prestación de servicios financiados con el impuesto es gratuito, en la tasa el beneficio es parte oneroso y en parte gratuito" R.C.A., Hacienda Pública, edición 1998, pag. 213.
Concordante con las ideas expuestas la Corte Constitucional Sentencia C-337/97, M.P.C.G.D. ha expresado:
Si bien es cierto la cédula de ciudadanía acredita entre nosotros la condición de ciudadano, y por lo tanto la titularidad de los derechos políticos que conforman este concepto, y además sirve como documento de identidad personal, ello no implica necesariamente que, a la luz de los preceptos constitucionales, su expedición deba ser siempre gratuita para el ciudadano.
En efecto, la cedulación, como actividad comprendida dentro de la función de organización electoral y de identificación, es función pública llevada a cabo por los organismos constitucionales competentes y es, así mismo, servicio público como lo señala la propia Constitución Política Artículo 131 de la Constitución Política.
Desde un punto de vista fiscal, el cobro que la ley autoriza hacer al ciudadano por concepto de la expedición, reposición o renovación de su cédula de ciudadanía, corresponde al concepto jurídico de tasa. En efecto, "la tasa es una retribución equitativa por un gasto público que el Estado trata de compensar en un valor igual o inferior, exigido de quienes, independientemente de su iniciativa, dan origen a él.... Toda tasa implica una erogación al contribuyente decretada por el Estado por un motivo claro, que, para el caso, es el principio de razón suficiente: Por la prestación de un servicio público específico. El fin que persigue la tasa es la financiación del servicio público que se presta.... Es decir, se trata de una recuperación total o parcial de los costos que genera la prestación de un servicio público; se autofinancia este servicio mediante una remuneración que se paga a la entidad administrativa que lo presta. " Sentencia C-465 de 1993, M.P.D.V.N.M.
De manera general, la prestación de servicios públicos puede involucrar la efectividad de derechos de rango constitucional del usuario de los mismos. Así sucede con los servicios públicos esenciales, como por ejemplo el de salud, o el de acueducto y alcantarillado, que pueden comprometer la vida de las personas, o el de Administración de Justicia, o el de seguridad que presta la Fuerza Pública, o el de educación, que compromete el correspondiente derecho. Dichos servicios públicos, cuando son prestados por el Estado, se financian de diversas maneras: algunas veces con recursos provenientes del presupuesto nacional o local, otras veces mediante el cobro de tasas o contribuciones. Sin embargo, las normas superiores, como antes se expuso, autorizan el traslado al usuario del costo de prestación del servicio, sin distinguir si en él se involucran o no derechos de rango superior.
De manera general, en la determinación de las tarifas correspondientes a los servicios públicos -tarifas cuya fijación el inciso segundo del artículo 338 permite deferir a las autoridades administrativas, previo señalamiento del sistema y el método por parte de la ley, la ordenanza o el acuerdo respectivo- deben tenerse en cuenta consideraciones de tipo económico, político y social, que pueden llevar a establecer tarifas inferiores al costo del servicio. De cualquier manera, el principio de igualdad, bajo su connotación de proporcionalidad, que implica establecer tratamiento diferenciado para los sujetos ubicados en distintas situaciones de hecho, como puede ser la diferente capacidad económica, permite el establecimiento de tarifas diferenciales, e incluso la prestación de los servicios públicos a cargo del Estado en forma gratuita para algunos. También el mismo principio, así como el de solidaridad uno de los fundamentales de nuestra democracia, permiten establecer subsidios para algunos sujetos con cargo a otros con mayor capacidad para financiar los servicios estatales.
"Bien importante es anotar que las consideraciones de orden político, económico o social influyen para que se fijen tarifas en los servicios públicos, iguales o inferiores, en conjunto, a su costo contable de producción o distribución. Por tanto, el criterio para fijar las tarifas ha de ser ágil, dinámico y con sentido de oportunidad. El criterio es eminentemente administrativo." Ibídem
"...Autoridades que, por lo demás, están obligadas a ejercer sus atribuciones con sujeción a los principios de equidad, eficiencia y progresividad." Sentencia C- 482 de 1996. M.P.D.H.H.V. y J.A.M..
En lo que concierne al argumento del demandante según el cual la norma acusada resulta inconstitucional por violación del principio de igualdad, el suscrito estima que si bien desde un punto de vista subjetivo es posible sostener que la situación de hecho de quien acude ante las autoridades a obtener por primera vez su cédula de ciudadanía es idéntica a la de quien acude a renovarla por orden de las mismas autoridades, desde un punto de vista objetivo tal situación no es la misma. En efecto, visto desde la perspectiva de la función pública de cedulación y de la financiación de la misma, para las finanzas públicas no es lo mismo la cedulación individual de los colombianos que van accediendo a la mayoría de edad, o que han perdido su cédula de ciudadanía, que la cedulación masiva de toda la ciudadanía por determinación del legislador, con el objeto de modernizar y tecnificar el proceso de identificación de los ciudadanos y de lograr la transparencia del proceso electoral. El costo de este último proceso, por tratarse de un mecanismo masivo altamente tecnificado, ejecutable en un período de tiempo corto señalado por la propia ley La Ley 486 de 1998 facultó al Consejo Nacional Electoral a iniciativa del Registrador Nacional del Estado Civil, para determinar el término dentro del cual deben los ciudadanos renovar su cédula de ciudadanía, término que, por determinación de la misma Ley, no puede ir más allá de la fecha de cierre de inscripciones para participar en las elecciones presidenciales para el período constitucional 2002 a 2006. , resulta mucho más difícil de financiar con cargo al presupuesto nacional. Por ello el traslado del mismo a los ciudadanos mediante el cobro de una tasa razonable, tiene justificación.
No obstante todo lo anterior, el suscrito encuentra que la Corte ha debido pronunciar la declaratoria de inexequibilidad de la norma, pero no por las razones que adujo la mayoría, sino por motivos que tocan con la indeterminación por parte de la norma acusada, del sistema y método de fijación de la tarifa correspondiente a la tasa de renovación de la cédula de ciudadanía.
"La Constitución en su artículo 338, inciso 2o. ordena que la ley, la ordenanza o el acuerdo que permita que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones, deben definir previamente tres elementos: a) Un sistema, b) un método para definir costos y beneficios, y c) una forma para hacer el reparto entre los beneficiarios del servicio." Sentencia C-465 de 1993, M.P.D.V.N.M.
En la interpretación del mencionado precepto superior la Corte ha indicado también que "No es necesario que las leyes usen las palabras "sistema" y "método", como si se tratara de fórmulas sacramentales. Basta que de su contenido se deduzcan el uno y el otro, es decir, los principios que deben respetar las autoridades y las reglas generales a que están sujetas, al definir los costos recuperables y las tarifas correspondientes." Sentencia C- 482 de 1996. M.P.D.H.H.V. y J.A.M.
"¿En qué consisten el sistema y el método? ¿Cuál es su contenido mínimo y cuál su alcance? Es claro que la Constitución no hizo estas precisiones, sencillamente porque no podía hacerlas, habida cuenta de su carácter de norma fundamental y de la inmensa variedad de tasas y contribuciones posibles, correspondientes a una multiplicidad de servicios y de beneficios.
"La determinación legal del sistema y el método para definir el costo de un servicio debe ser evaluada en cada caso concreto, tomando en consideración las modalidades peculiares del mismo". (Magistrado ponente, doctor E.C.M..
"La ley, en síntesis, no tiene por qué contener una descripción detallada de los elementos y procedimientos que deben tenerse en cuenta para establecer los costos y definir las tarifas. Tal exigencia haría inútil la delegación prevista en el artículo 338, y crearía un marco rígido dentro del cual no podrían obrar las autoridades competentes." Idem