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Timestamp: 2017-10-21 21:04:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 11', 'artículo 9', 'artículo 149', 'artículo 134', 'artículo 81', 'artículo 43', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 20', 'artículo 7', 'artículo 10']

Sentencia T.S.J. Cataluña 2460/2010, de 1 de abril. Prestación de incapacidad temporal. Desestimación. Trabajadora convaleciente tras cirugía estética - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S.J. Cataluña 2460/2010, de 1 de abril
Incapacidad temporal: Trabajadora en situación de incapacidad temporal debido a una intervención de mamoplastia. Absolución de la Mutua del abono de la prestación. Dolencias motivadas por una intervención de cirugía estética. Ausencia de cobertura por el sistema de salud pública. Doctrina jurisprudencial. Distinción entre convalecencia y agravación del estado físico por complicaciones derivadas de la intervención.
En el recurso de suplicación interpuesto por Mutual Midat Cyclops frente a la Sentencia del Juzgado Social 8 Barcelona de fecha 26 de junio de 2008 dictada en el procedimiento Demandas n.º 187/2008 y siendo recurrido/a Aurora, -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social), -T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad Social), -I.C.S.-(Institut Català de la Salut) y Fincas Corral Vetton, S.L.. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. SEBASTIÁN MORALO GALLEGO.
Primero.-Con fecha 20 de marzo de 2008 tuvo entrada en el citado Juzgado de lo Social demanda sobre Incapacidad temporal, en la que el actor alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó procedentes, terminaba suplicando se dictara sentencia en los términos de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el juicio se dictó sentencia con fecha 26 de junio de 2008 que contenía el siguiente Fallo:
"Que estimando la demanda promovida por Aurora debo condenar y condeno a Mutual Midat Cyclops a abonar a la parte actora una prestación de incapacidad temporal a razón de 27,92 euros diarios desde el 19-6-2007, y al resto de los codemandados a estar y pasar por la presente declaración en el marco de sus responsabilidades legales."
"Primero.- Que Aurora suscribió contrato de trabajo con la empresa Fincas Corral Vetton SL el 8-11-2006 y que se extendió hasta el 6-11-2007. Hecho no controvertido.
Segundo.-Que la actora estuvo en situación de incapacidad temporal por enfermedad común del 19-6-2007 al 5-11-2007 inicialmente por intervención quirúrgica de mamoplastia de aumento que después se alargó por infección respiratoria, y en agostó se añadió cuadro de ansiedad, valorado inicialmente en urgencias de hospital, donde se pautó tratamiento con Passiflorine.- folios 35 a 39, folio 41-.
Tercero.-Que en fecha 7 de agosto de 2007 la Mutua demandada denegó el pago del subsidio de incapacidad temporal en atención a " no se consideraran incluidas en las prestaciones sanitarias la cirugía estética que no guarde relación con accidente, enfermedad o malformación congénita".
Cuarto.-Que de prosperar la demanda la indiscutida base reguladora diaria y efectos ascendería a: 27,92 euros y 19-6-2007."
Tercero.-Contra dicha sentencia anunció recurso de suplicación la parte demandada Mutual Midat Cyclops, que formalizó dentro de plazo, y que la parte contraria, a la que se dió traslado no impugnó, elevando los autos a este Tribunal dando lugar al presente rollo.
Primero.-Recurre en suplicación la Mutua demandada, contra la sentencia de instancia que estima la demanda y declara el derecho de la trabajadora a percibir el subsidio económico de incapacidad temporal en el periodo 19 de junio a 5 de noviembre de 2007, al entender que la baja médica inicial derivada de una intervención quirúrgica de cirugía estética se ha agravado posteriormente con una infección respiratoria y un cuadro de ansiedad.
Al amparo del párrafo b) del art. 191 de la LPL se formula el primer motivo del recurso que interesa la revisión del hecho probado segundo, para que se haga constar que la baja médica de la trabajadora es por la intervención de mamoplastia, habiendo sido atendida posteriormente en urgencias por dispepsia gástrica y faringitis aguada, haciendo referencia a los distintos informes médicos que menciona el recurso.
Sostiene la Mutua, que no hay en los autos ningún documento médico en el que conste que la trabajadora pudiere haber sufrido una infección respiratoria y un cuadro de ansiedad durante el periodo de incapacidad temporal.
Pretensión que ha de ser acogida por los siguientes motivos: 1.º) no se discute que la trabajadora se sometió en fecha 19 de junio de 2007 a una intervención quirúrgica de cirugía estética, consistente en una mamoplastia de aumento; 2.º) con esa misma fecha se le concede la baja médica por los servicios de la sanidad pública, y en resolución de la Mutua recurrente de fecha 7 de agosto de 2007, se le deniega el pago del subsidio de incapacidad temporal, porque la cirugía estética no es una prestación sanitaria incluida en el sistema de seguridad social y protección de la sanidad pública; 3.º) en fecha 21 de agosto la trabajadora acude a los servicios de urgencia, donde es atendida por sufrir dispepsia gástrica y faringitis aguda, siendo dada de alta ese mismo día; 4.º) en fecha 20 de marzo de 2008 se presenta la demanda origen de estas actuaciones, y se aporta luego al acto de juicio un informe de 22 de abril de 2008, de la médico de familia del ABS de la actora, en el que se dice que la situación de incapacidad temporal que era inicialmente por mamoplastia, se alargó por infección respiratoria y cuadro de ansiedad, tratado con Passiflorine.
Siendo estas las circunstancias del caso, tiene razón la Mutua recurrente cuando afirma que se ha producido un error evidente de valoración de la prueba aportada al proceso, porque ni tan siquiera en la demanda se hace la más mínima alusión a la existencia de ese posible cuadro de ansiedad y de infección respiratoria.
No hay ni un solo documento del que pueda resultar acreditada la efectiva existencia de dichas dolencias, y el único documento médico de fecha anterior a la demanda que presenta la actora, es una atención en los servicios de urgencia por un trastorno digestivo y faringitis aguda, sin que conste ninguna referencia que permita valorar la real afectación de estas dolencias y su posible incidencia relevante en la incapacidad temporal.
Y no solo eso, sino que dicho atención en urgencias es posterior a la resolución de la Mutua en la que se denegó el pago del subsidio de incapacidad temporal, porque la cirugía estética no es una prestación sanitaria de la sanidad pública, y lo que es aún más importante, el informe médico de abril de 2008 es posterior incluso a la presentación de la demanda, y se expide seis meses después de que se hubiere dado el alta médica en noviembre de 2007, sin que conste ni un solo informe médico en el que aparezca la menor alusión a aquellas dolencias, ni al tratamiento médico indicado que se dice con Passiflorine. Con independencia de que tenga razón la Mutua cuando esgrime que esa sustancia es una simple jarabe de hierbas, eso no quita que se trate de un medicamente, pero lo cierto es que no evidencia una gravedad mínimamente relevante del supuesto cuadro ansioso que no aparece recogido en ningún documento médico anterior.
De cualquier manera, es innegable que la trabajadora inicio la situación de baja médica tras ser intervenida quirúrgicamente de cirugía puramente estética, y por lo tanto le corresponde la carga de probar que ese inicial motivo pudiere haberse visto luego agravado o complicado por otro tipo de enfermedades comunes diferentes, y de manera adecuadamente relevante y suficientemente grave y trascendente como para justificar la permanencia en la situación de incapacidad temporal durante todo el periodo en litigio.
Ya hemos dicho que en la demanda ni siquiera se hace la más mínima mención a ninguna otra dolencia a tal efecto, y reiteramos que en la prueba aportada al proceso no consta adecuadamente reflejada ninguna enfermedad de las características recogidas en el ordinal segundo de los hechos probados, que pudiere justificar razonablemente ese supuesta agravación de su estado físico por tal motivo.
Debemos por ello revisar el hecho probado segundo en el sentido postulado por la Mutua recurrente.
Segundo.-Por la vía del párrafo c) del art. 191 de la LPL se formula el motivo segundo que denuncia infracción de los arts. 128 de la LGSS, 3.2.º c) del RD 63/1995, de 20 de enero y art. 5.4 y Anexo III del RD 1030/2006 y Ley 29/2006, y demás normativa que se cita, para sostener que la trabajadora no tiene derecho a percibir el subsidio económico de incapacidad temporal, porque la dolencia que ha motivado la baja médica es una intervención de cirugía estética que no está cubierta por el sistema de salud pública.
Debemos atenernos en esta materia al criterio jurisprudencial que establece la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2007, para justificar la exclusión de determinadas intervenciones quirúrgicas del catálogo de asistencia sanitaria cubierto por la sanidad pública.
Como se razona en la misma, " la sentencia de 4 de junio de 1986, cuya doctrina reitera la de 16 de febrero de 1988, señala que la Seguridad Social, como cualquier entidad de análoga naturaleza, tiene que garantizar tanto la eficacia y la igualdad en los servicios prestados, como la necesaria estabilidad financiera del sistema.Ello supone el reconocimiento de unos límites inherentes a la asistencia debida por la Seguridad Social, aunque por su especial naturaleza estos no se precisan por la norma como ocurre en materia referente a prestaciones dinerarias...b) El problema de la asistencia debida es una cuestión médica, que jurídicamente solo obliga a determinar si de hecho era exigida por el enfermo como tal, esa asistencia que la ciencia médica, que jurídicamente solo obliga a determinar si de hecho era exigida por el enfermo como tal, esa asistencia que la ciencia médica aconseja y si ésta fue o no prestada por la entidad obligada a ello.Pero junto a esta valoración, que parte del enfermo individualmente considerado y prescinde del marco concreto de lugar y medios en que se encuentre, cabe y es necesario contemplar una dirección inversa, partir y hacer pie en el conjunto de medios disponibles de modo concreto, real, y no indeterminado, es decir los meramente existentes para la ciencia médica y con arreglo a ellos medir la asistencia que el enfermo requiere.Este punto de vista es primordialmente social y como cuestión jurídica plantea la determinación de qué medios son los exigibles a la Entidad Gestora para que estén a disposición del beneficiario.c) La tensión entre uno y otro término, el individual y el social, se encuentra ya en la Constitución pues su artículo 43 se inicia con el reconocimiento del derecho a la protección a la salud, lo que abre de modo indeterminado la expectativa a cuantos medios sean adecuados y conducentes a la conservación y recuperación a la salud, para concluir el párrafo del número segundo, con el mandato de "la ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto", con lo que al extender a "todos" el derecho, necesariamente está excluyendo aquellos medios que están fuera del ámbito especial de soberanía de la ley o, que por su propia índole emergente o limitada, como pueden ser los servicios de un excepcional facultativo, sólo son accesibles a algunos, no a todos.d) Esta misma tensión entre uno y otro término se encuentra en la normativa de la Seguridad Social; así el art. 98 de la Ley de Seguridad Social de 30 de mayo de 1994, fija como objeto de la asistencia sanitaria los servicios médicos y farmacéuticos conducentes a conservar y restablecer la salud, sin precisar el ámbito de los mismos, mientras que el artículo 11 de Decreto 2766/67 de 16 de noviembre circunscribe las técnicas terapéuticas y diagnósticas "a todas las que se consideren precisas por los facultativos asistentes" y el propio art. 18 del mismo Decreto al referirse a la denegación injustificada de la prestación debida al enfermo, deja abierta la posibilidad de que aún siendo debida a un enfermo una asistencia médica, su negativa sin embargo está justificada, es decir no está obligada la Seguridad Social a prestarla...."
Esta doctrina aparece reiterada en las sentencias de 20 de octubre de 2003 y 20 de marzo de 2004 (recurso 1737/03), recogiendo esta última que "la asistencia sanitaria debida por la Seguridad Social tiene unos límites, sin que pueda constituir el contenido de la acción protectora del sistema, caracterizado por una limitación de medios y su proyección hacia una cobertura de vocaciones universal, la aplicación de aquellos medios no accesibles ni disponibles en la Sanidad Española, a cuanto lo solicite". TERCERO.- Expuesta la anterior doctrina jurisprudencial, es necesario indicar que como recoge la Exposición de Motivos del Real Decreto 63/95, de 20 de enero, que esta norma se dicta dentro del marco normativo definido por los preceptos constitucionales y legales aplicables y, de acuerdo con lo previsto en los artículo 9.2, 31.2, 41, 43, 49, 50, 51 y en los apartados 1, 16 y 17 del artículo 149.1 de la Constitución q y, ordena y sistematiza las atenciones y prestaciones sanitarias directas y personales del Sistema Nacional de Salud, partiendo de los niveles alcanzados por los diferentes regímenes públicos de protección sanitaria, pero acomodándolos a los principios básicos establecidos en la Ley General de Sanidad, como prevé su disposición final decimocuarta.Entre tales principios, que desarrollan y concretan los formulados de modo más abstracto y general en los preceptos constitucionales se alude a que:"La homologación de las atenciones y prestaciones del sistema sanitario público que, en cuanto son financiadas con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales adscritos a la sanidad, han de ajustarse necesariamente a la asignación de recursos financieros, conforme a lo dispuesto en el artículo 134.2 de la Constitución, en el artículo 81 de la Ley General de Sanidad y en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año".
Precisamente el Reglamento teniendo en cuenta entre otros principios, que las atenciones y prestaciones del sistema sanitario son financiados con cargo a la Seguridad Social han de ajustarse a la asignación de recursos financieros; en base a ello, establece en el Anexo III como "Prestaciones que no son financiables con cargo a la Seguridad Social o fondos estatales destinados a la asistencia sanitaria: 1. La expedición de informes o certificados sobre el estado de salud distintos de los previstos en el Anexo I. 2. Los reconocimientos y exámenes o las pruebas biológicas voluntariamente solicitadas o realizadas por interés de terceros. 3. La cirugía estética que no guarde relación con accidente, enfermedad o malformación congénita. 4. Los tratamientos en balnearios y las curas de reposo. 5. La cirugía de cambio de sexo, salvo la reparadora en estados intersexuales patológicos. 6. El psicoanálisis y la hipnosis".
Precepto éste que dada la claridad de su redacción, no ofrece dudas interpretativas en cuanto a que es aplicable al supuesto de autos y, llegar a la conclusión que recoge la sentencia combatida implica no interpretación progresiva y amplia, sino que se está modificando o dejando sin efecto lo que en el Reglamento se establece.
Por otra parte, dicha norma reglamentaria en ningún momento supone quebranto del mandato contenido en el artículo 43 de la Constitución (en relación con los artículos 14, 41 y 139 del mismo Texto, que proclama el derecho a la protección de la salud y de las prestaciones que a él corresponden; ni es opuesto al espíritu informador de los artículos, 1 del Real Decreto antes citado, que dispone que el Sistema Nacional de Salud facilitará la atención y asistencia sanitaria conforme a lo establecido en la Ley 14/1986, de 25 de abril y, 1, 3.2 y 10.1 de esta Ley
En este sentido la posterior Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, si bien establece que la prestación de servicios sanitarios habrá de llevarse a cabo en condiciones de igualdad, efectividad y calidad con un sentido de aseguramiento integral, universal y público en el que se observe el principio de igualdad de oportunidades -artículo 2.º a), b), d) y f) -, sin embargo, a lo largo de su articulado, va precisando los términos de la prestación de ese servicio sanitario y así, en su artículo 7.º1 señala que "El catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de la Salud tiene por objeto garantizar las condiciones básicas y comunes para una atención integral, continuada y en el nivel adecuado de atención... el catálogo comprenderá las prestaciones correspondientes a la Salud pública, atención primaria, atención especializada, atención socio sanitaria, atención de urgencias...", añadiendo en el artículo 20 que "1.- La cartera de servicios es el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante las que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias. 2.- En el seno del Consejo Interterritorial se acordará la cartera de servicios correspondiente al catálogo de prestaciones al que se refiere el artículo 7 de esta Ley, que se aprobará mediante Real Decreto.
Las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, podrá aprobar sus respectivas carteras de servicios, que incluirán cuando menos la cartera de servicios del Sistema Nacional de la Salud.En la elaboración de las carteras de servicios se tendrá en cuenta la eficacia, eficiencia, efectividad, seguridad y utilidad terapéuticas, así como las ventajas alternativas asistenciales, el cuidado de grupos menos protegidos o de riesgo y las necesidades sociales, y su impacto económico y organizativo".Por su parte el artículo 10.2, dispone que la suficiencia para la financiación de las prestaciones y de las garantías establecidas en la Ley viene determinada por los recursos asignados a las Comunidades Autónomas, añadiendo en el número 3 que"De acuerdo con el apartado anterior, la inclusión de una nueva prestación en el catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud se acompañará de una memoria económica que contenga la valoración del impacto positivo o negativo que pueda suponer". Lo que viene a evidenciar que por, elementales razones de índole económica y de efectividad terapéutica en cada momento solo se podrá facilitar las prestaciones médicas que se hallen previamente catalogadas. Tampoco cabe olvidar que a tenor de los antiguos artículos 98, 101, 103 y 104 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Decreto 2065/74, de 30 de mayo también resulta evidente que la asistencia sanitaria, farmacéutica habrá de dispensarse, con la extensión, duración y condiciones "que reglamentariamente se determinen" en el marco de las posibilidades técnicas y financieras que, en cada momento, tenga la Seguridad Social.
Tercero.-De lo que se desprende que la cirugía puramente estética, que no guarde relación con accidente, enfermedad o malformación congénita, se encuentra excluida del sistema de la sanidad pública, y no se recibe por lo tanto atención sanitaria de la seguridad social, con lo que no puede configurar la situación de incapacidad temporal que define el art. 128.1.º de la LGSS, para lo que es requisitos esencial que el trabajador afectado se encuentre recibiendo asistencia sanitaria de esa naturaleza.
Distinta sería la situación en el supuesto de que la intervención de cirugía estética pudiere haber presentado complicaciones o derivaciones que hicieren necesaria la asistencia sanitaria pública, aunque fuese como consecuencia de un empeoramiento de la salud del trabajador derivado de los efectos secundarios de dicha intervención.
Pero no es este el caso de autos, en el que no consta que la trabajadora padeciere ninguna complicación tras su intervención de cirugía estética, ni sufriere ninguna posterior agravación o patología secundaria derivada de la misma que hiciese necesaria la asistencia sanitaria pública y que a su vez originase una situación de incapacidad temporal para el trabajo.
En el presente supuesto no hay ninguna agravación del estado físico de la trabajadora como consecuencia de la intervención de estética, sino tan solo la simple y pura convalecencia posterior que una operación de esta naturaleza requiere. Y si la sanidad pública no ha de asumir este tipo de intervenciones, no debe tampoco soportar los costes económicos que la misma genera como consecuencia del proceso de recuperación indisolublemente asociado a la misma, que puede sin duda dar lugar a situaciones de incapacidad temporal en función del tipo de intervención estética de que se trate y de la profesión del trabajador afectado, pero no así a la percepción del subsidio económico.
No es exigible al trabajador que preste servicios laborales si necesita recuperarse de una operación de cirugía estética, pero tampoco puede exigirse a la seguridad social que asuma los costes económicos derivados de esa misma situación, cuando no hay ninguna complicación o agravación de su estado físico, distinta y diferente a la pura y simple recuperación de la intervención médica.
Esa convalecencia posterior a la intervención de cirugía estética puede justificar la baja médica, en la medida en que la trabajadora se encuentra imposibilitada de reincorporarse a su puesto de trabajo hasta que no transcurran unos días desde la operación, pero no se genera con ello el derecho a percibir el subsidio económico de incapacidad temporal, cuando no hay ninguna otra enfermedad o dolencia interconcurrente distinta al mero proceso de reposo y recuperación que exige cualquier intervención quirúrgica mínimamente agresiva.
No desconoce esta sala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País vasco de 18 de diciembre de 2007, que se ha pronunciado en sentido contrario, pero también lo hace a favor de nuestra tesis la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 24 de mayo de 2005.
Debemos por ello estimar el recurso de la Mutua y revocar la sentencia de instancia con desestimación de la demanda.
Que debemos estimar y estimamos el recurso de suplicación interpuesto por MUTUAL MIDAT CYCLOPS contra la Sentencia de fecha 26 de junio de 2008, dictada por el Juzgado de lo Social 8 de los de Barcelona en el procedimiento número 187/2008, seguido en virtud de demanda formulada por Aurora contra la recurrente, INSS, TGSS, y FINCAS CORRAL VETTON S.L. y en consecuencia, debemos revocar y revocamos dicha resolución y desestimando la demanda absolvemos a la recurrente de las pretensiones ejercitadas en su contra. Reintégrese a la recurrente el depósito y consignaciones constituidas para recurrir.