Source: https://www.slideshare.net/vigilanza/trabajo-adriana-vigilanzaleyespoderpopularydescentralizacion11
Timestamp: 2017-02-22 09:33:40
Document Index: 358200187

Matched Legal Cases: ['Artículo 4', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 184', 'Artículo 184', 'Artículo 136', 'Artículo 141', 'Artículo 141', 'Artículo 347', 'artículo342', 'artículo 342', 'artículo 2', 'artículo 136', 'artículo 112', 'artículo 2', 'artículo 342', 'artículo 347', 'artículo 342', 'artículo 343', 'artículo 348', 'artículo 7', 'Artículo 136', 'Artículo 136', 'Artículo 3', 'artículo 164', 'Artículo 185', 'Artículo 3', 'Artículo 164', 'Artículo156', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 5', 'Artículo 141', 'Artículo 62', 'Artículo 70', 'Artículo 1', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 9', 'Artículo 173', 'Artículo 173', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 8', 'Artículo 10', 'Artículo 21', 'Artículo 23', 'Artículo 50', 'artículo 16', 'Artículo 185', 'Artículo 132', 'Artículo 333', 'Artículo 350']

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1 LA DESCENTRALIZACION POLITICA DE VENEZUELA 1 Y LAS NUEVAS LEYES DEL “PODER POPULAR” Adriana Vigilanza García Abogado (1985). Especialista en Derecho Tributario (1989). UCV Master en Jurisprudencia Comparada, New York University, 1994I.- INTRODUCCION: Hay que recordar que la vigente Constitución de la República Bolivariana de Venezuela(“CRBV”), si bien emplea un fórmula bastante bizarra para definir la forma del Estado venezolano, aldenominarlo “federal descentralizado” (Artículo 4) 2, no hay dudas de que alumbró un Estado plural,política, financiera y jurídicamente descentralizado y con tres esferas territoriales de ejercicio depoder público, esto es, de Gobierno, de competencias y de recursos, propios: el nivel “nacional”(“Estatal” en la terminología usual para juristas españoles); el estadal (término gramaticalmente impropiopero reconocido en el derecho positivo venezolano, para identificar al nivel político-territorial intermedioo “lo correspondiente a los Estados federados”) y el local o municipal, que deben funcionar bajo elprincipio de la coordinación. La forma de Estado que se quiso asumir en la Constitución de 1999, está expresamenteidentificada en su “Exposición de Motivos”, donde se indica que el nuestro ha de ser un Estado con“federalismo cooperativo”. Esto se lo dice al hacer referencia al llamado “Consejo Federal de Gobierno”,así: “(...) En cuanto a la estructura del Estado venezolano, el diseño constitucional consagra un Estado Federal que se define descentralizado para expresar la voluntad de transformar el anterior Estado centralizado en un verdadero modelo federal con las especificidades que requiere nuestra realidad (...) Resaltado nuestro. “(...) Es pues, un órgano producto de la fase más avanzada del federalismo cooperativo, superación histórica de lo que ha sido denominado federalismo dual que entendía al Estado como producto de un pacto entre los distintos entes político territoriales los cuales tendrían una esfera de soberanía no delegada a la Unión y en principio, intangible a la acción del Poder federal...” (Resaltado nuestro). En el texto Constitucional, en sí, no aparecen después referencias expresas al “Federalismo”,pero sí a la descentralización, no sólo administrativa sino también y muy especialmente, a ladescentralización política. Es así porque los gobiernos municipales y Estadales deben ser ejercidos porquienes resulten electos Alcaldes y Gobernadores, en elecciones universales, libres, directas y secretas(Artículos 160 y 174 de la Constitución vigente). Y se agrega: “Artículo 157: La Asamblea Nacional, por mayoría de sus integrantes, podrá atribuir a los Municipios o a los Estados determinadas materias de la competencia nacional, a fin de promover la descentralización”. Resaltado nuestro. Artículo 158. La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejores condiciones, tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales (…)”Resaltado nuestro.1 Utilizaremos el nombre de “Venezuela” en lugar de “República Bolivariana de Venezuela”, para abreviar.2 A nosotros, esta definición nos luce pleonástica. Decir que un Estado es “federal” es también “descentralizado” es como decir queun circulo es redondo. Ya HANS KELSEN decía que “La federación es la forma más perfecta de descentralización”. Ver esta cita yuna más profunda explicación de esta opinión en: VIGILANZA GARCIA, Adriana: “Mitos y Realidades en el Reparto de Tributosy otros ingresos entre los entes político-territoriales, en Venezuela”. Editorial “Los Ángeles”. Maracaibo, 2010. 2.
2 Los citados Artículos dan cuenta de lo que debe ser la descentralización política, en Venezuela ycómo la Asamblea Nacional puede atribuir competencias que según el texto constitucional son“nacionales”, a los Estados y a los Municipios. Y aunque se dispone que la descentralización, comopolítica nacional, debe acercar el poder a la población, sigue siendo requisito que existan las dos cosas “elpoder (público)” y la “población” y no que estos se “confundan” el uno con el otro, que es lo que endefinitiva se pretende, demagógicamente, con el tema del “Poder Popular”, como veremos. Es imprescindible, pues, no perder el norte: para la Constitución vigente, la descentralización decompetencias nacionales, a Estados y Municipios, es únicamente para lograr la “prestación eficaz yeficiente de los cometidos estatales”. Eso significa que: (i) la Asamblea Nacional sólo puede atribuircompetencias nacionales (no puede disponer de competencias que sean, por Constitución, de los Estadoso de los Municipales); (ii) que esa atribución de competencias puede hacerse únicamente a los Estados yMunicipios y (iii) que la transferencia de competencias se debe hacer cuando esté garantizado que losEstados o Municipios harán mejor cobertura de las necesidades de la población. Más adelante, el Artículo 184 de la Constitución vigente, agrega: “Artículo 184: La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos, promoviendo: (…) (…) 6.- La creación de nuevos sujetos de descentralización a nivel de las parroquias, las comunidades, los barrios y las vecindades a los fines de garantizar el principio de la corresponsabilidad en la gestión pública de los gobiernos locales y estadales y desarrollar procesos autogestionarios y cogestionarios en la administración y control de los servicios públicos estadales y municipales. De manera pues que está claro que es a los Estados y Municipios a quienes correspondetransferir los servicios que ellos gestionen, a los grupos vecinales, parroquias o comunidades, perotambién previa demostración de parte de los entes locales “menores” al Municipio, de su capacidad paraprestar eficientemente esos servicios. Y es también competencia de Estados y municipios, la creaciónde “nuevos sujetos de descentralización”, a nivel de las parroquias, comunidades, barrios. Ahora bien, en Gaceta Oficial No. 6.011, Extraordinario, del 21 de diciembre de 2010, fueronpublicadas las siguientes leyes, sancionadas por la Asamblea Nacional (“AN”) electa en el año 2005 ycuyas funciones cesaban el 01 de enero de 2011: 1. Ley Orgánica del Poder Popular. 2. Ley Orgánica de las Comunas. 3. Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. 4. Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. 5. Ley Orgánica de Contraloría Social. A este “paquete” de leyes le siguió la “Ley de Reforma parcial de la Ley Orgánica del PoderPúblico Municipal”, también sancionada a finales de diciembre, por esa AN 3 y se supone que ha devenir una “Ley de Transferencia de Competencia y Servicios al Poder Popular” 4. En su conjunto yaestán siendo llamadas “las Leyes del Poder Popular” y así nos referiremos a ellas, cuando sea en formaconjunta. El presidente Hugo Chávez ya había dicho en reiteradas oportunidades que el “Poder Popular” ylas “Comunas”, son una parte fundamental de su proyecto, para instaurar en Venezuela el llamado“Socialismo del siglo XXI” 5. Alega que mediante ambas cosas podrá transferir poder al pueblo y lograr3 Esta Ley no fue publicada en la misma Gaceta Oficial. Fue sancionada el 28-12-2010, y sometida a primera discusión, el 13-12-2010. Ver: http://edgutierrez.com/?p=29145 El Dictador cubano, Fidel Castro, es abiertamente reconocido por el Presidente Chávez como su “mentor”. A la pregunta que leformulara una periodista, en televisión, sobre el significado de “Socialismo del Siglo XXI”, respondió: “Es el comunismo del SigloXX”. 3.
3la transformación del espacio geográfico para el modelo socialista. En lo económico, ello será asiblesegún dice, con la aparición de la propiedad social y de la producción destinada a satisfacer lasnecesidades humanas y no para crear mercancías 6. También había dicho, al justificar la presentación, el15 de agosto de 2007, de su propuesta de “reforma” Constitucional, que “(…) el otorgamiento de rangoconstitucional al Poder Popular, expresado en consejos comunales, obreros, estudiantes, campesinos,entre otros, profundizará la democracia participativa y protagonista (sic) (…). Y agregó que esaproyección, según su criterio, contrasta con lo que él denominó "(…) el viejo concepto de sociedad civilelitesca", el cual -aseguró- (…) está pasando la página: ahora es el pueblo, el poder popular, la nuevasociedad civil. Básicamente se trata de una modificación constitucional tendente a terminar con lasubordinación del Estado a la sociedad civil burguesa (…)”7. Resaltados nuestros. Pero en cambio, otros no opinamos lo mismo. Por ejemplo, el diputado Ismael García, delpartido Podemos, durante el brevísimo debate legislativo que tuvieron esas “Leyes del Poder Popular”,aseveró que con ese paquete de leyes se buscaba "un atajo para desmontar la estructura del Estado" queestá definida en la Carta Magna de 1999. Y en efecto, decimos nosotros, si la Constitución sólo contempla tres niveles políticoterritoriales para el ejercicio territorial de Poder Público (Artículo 136), que son el llamado “PoderMunicipal”, el “Poder Estadal” y el “Poder Nacional” y si además no contempla ni el “Poder Popular”,ni la organización territorial denominada “comuna”, ni mucho menos el llamado “Socialismo del SigloXXI”, ¿a quién pueden caberle dudas de que es violatorio de esa Constitución crear el “Poder Popular”como está siendo creado, como un nuevo nivel de ejercicio del supuesto “poder público” , así sea con laexcusa, a decir del diputado oficialista, Ulises Daal, de que las leyes del Poder Popular “abren paso alprecepto constitucional de la participación directa del pueblo en el ejercicio directo en funciones deGobierno y en el desarrollo pleno de la soberanía" 8. Por otro lado, es un hecho comunicacional que tanto el “Poder Popular”, como las “Comunas”y hasta “el Estado Socialista del Siglo XXI” 9, llamado en todas estas nuevas leyes “el EstadoComunal”, fueron expresamente rechazados por el pueblo de Venezuela, el día 2 de diciembre de2007, cuando no fue aprobada la propuesta de “Reforma” Constitucional que el Presidente Chávezsometió a la aprobación del pueblo, que incluyó más de 60 artículos, muchos de ellos necesarios parainstaurar lo que en esa propuesta se llamó “la nueva geometría del poder”, que incluía las “Comunas” yal “Poder Popular”. Por esa razón, porque con esos elementos se cambia la forma del Estado venezolano, nosotros yanos habíamos pronunciado sobre el hecho de que aquella llamada “Reforma” Constitucional no era tal,sino una auténtica transformación profunda y total del Estado venezolano, de su arquitectura territorial,de las reglas de reparto de poder político y económico y que por lo tanto, que para proceder a esaprofunda transformación se tendría que haber acudido a una Asamblea Nacional Constituyente, del estilode la que llevó a la sanción de la propia Constitución “vigente”, en 1999. Porque, en Venezuela, existeuna disposición Constitucional que reza:6 Ver: http://www.mundo-oriental.com.ve/DetalleNoticia.aspx?IdNoticia=116257 Artículo de Miguel Lozano, intitulado “Poder Popular sustento de reforma constitucional venezolana”. En www.prensa-latina.cu. Según la visión expresada, existen dos sociedades civiles, la burguesa y “el pueblo”, que se supone se concreta en el“Poder Popular”. De allí que en la reforma se cambiaba, también, el contenido del Articulo 141 de la Constitución, según el cual laAdministración Pública dejaba de estar sometida al ciudadano para estar al servicio de los Poderes Públicos. La propuesta de eseArtículo rezaba: “Artículo 141. Las Administraciones Públicas son las estructuras organizativas destinadas a servir de instrumentoa los poderes públicos (…)”. En contraste, la vigente Constitución dispone: “Artículo 141. La Administración Pública está alservicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia,eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a laley y al derecho”.8 Tomado el 10 de febrero, de: http://www.unionradio.net/ActualidadUR/Nota/visorNota.aspx?id=61688&tpCont=19 Según se puede leer en http://www.eluniversal.com/2010/07/18/pol_art_el-manifiesto-del-ps_1973534.shtml, artículo publicado el18-07-2010, en las “Bases Programáticas del PSUV y la Declaración de Principios”, documentos emanados del I CongresoExtraordinario del PSUV y publicados en abril de 2010, se aclara que Venezuela se encuentra en un período de transición y elobjetivo es la superación del capitalismo para la construcción de un nuevo modelo, que se denomina “Nuevo Estado Socialista”.Para conseguir ese objetivo, se acepta allí como necesario utilizar, durante la transición, las formas de lucha y organizacióndemocráticas, electorales, pacíficas y constitucionales. Pero se dice que estas formas de lucha “tienen un carácter burgués” y poreso, que es necesario “trascenderlas”. También se aclara que la Revolución Bolivariana no es una revolución desarmada y seplantea su defensa mediante la participación de todo el pueblo. Ello hasta la derrota definitiva de “(…) nuestros enemigos de clase(…)”. Esa llamado “transición” no se encuentra siquiera mencionado en alguna Disposición Transitoria de la Constitución de laRepública Bolivariana de Venezuela vigente, de 1999; mucho menos en su cuerpo principal. De manera que el carácter subversivodel PSUV está comprobado. 4.
4 “Artículo 347 de la Constitución de 1999: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. Resaltados nuestros Pero es el caso que con estas nuevas leyes -más algunas anteriores- ya se ha transformado alEstado venezolano, a través de la creación de un nuevo ordenamiento jurídico, sólo que sin redactar(y menos aprobar), una nueva Constitución. Y todo eso no lo hizo el llamado “poder constituyenteoriginario”, a través de Asamblea Constituyente, sino la Asamblea Nacional constituida con muy escasalegitimidad de origen, por cierto, a juzgar por el número de electores que participó en su escogencia, en elaño 2005 10. En este orden de ideas, cabe resaltar que también es doctrina internacional que latransformación político-territorial de un Estado debe llevarla a cabo el poder constituyente y no lospoderes constituidos. Así lo ha expresado, entre otros, el catedrático español CASADO OLLERO, quiensabiamente ha dicho que: “(…) La potestad de organización es un poder necesario para la articulación del Estado, y el ejercicio que de ella haga el Constituyente se plasma en la parte orgánica de la Constitución, que regula los principales órganos constitucionales y la arquitectura territorial del Estado; es decir, la organización del poder público en general. Ninguna actuación posterior del Legislativo ni del Ejecutivo (al amparo de sus respectivas potestades organizativas) podrá desconocer o alterar la estructura territorial y política del Estado decidida por el Constituyente y sustentada en el valor normativo de la Constitución. Al Tribunal Constitucional, como intérprete supremo de la Constitución, le corresponde garantizar que las ulteriores disposiciones organizativas emanadas de los poderes constituidos no desborden el marco constitucional (…)” (CASADO-OLLERO, 2003). Por eso, en el año 2007, nosotros le planteamos al Tribunal Supremo de Justicia (“TSJ”) 11 , enSala Constitucional, una acción de Nulidad por razones de inconstitucionalidad, tanto contra la“Reforma” Constitucional, sancionada por la Asamblea Nacional el 2 de noviembre de 2007 y basada enla iniciativa del Presidente de la República, como contra la Resolución Nº 071102-2862, dictada por elConsejo Nacional Electoral, el 2 de noviembre de 2007, por medio de la cual se convocó a la realizacióndel Referendo Aprobatorio de la Reforma Constitucional, para el 2 de diciembre de 2007. Este recurso fue decidido por sentencia de fecha 27-11-2007, en la cual la acción fue declarada“improponible”, palabra que no existe, ni en el diccionario, ni en el argot del Derecho ProcesalVenezolano y jamás antes se había empleado, en sentencia alguna. No obstante, en esa decisión hubo dosvotos salvados, de los Magistrados PEDRO RONDON HAAZ y JESÚS EDUARDO CABRERAROMERO. Nos interesa destacar sobre todo el primero y citarlo en gran extensión, por la trascendenciade su contenido en especial en el tema del cambio en la forma político territorial del Estado venezolanoque contenía la “Reforma” y que ha sido ya lograda, vía leyes de la Asamblea Nacional. El MagistradoRONDON HAAZ, dijo: “(…) En el asunto de autos, se observa que la Asamblea Nacional, antes del inicio del procedimiento de discusión del proyecto que ante ella planteó el Presidente de la República en sesión especial del 15 de agosto de 2007, no invocó el10 Tal como lo reseña Wikipedia, la abstención alcanzó entonces un 75% de los electores inscritos. Ver:Vhttp://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_parlamentarias_de_Venezuela_de_2005. En contraste, los comicios para elección deparlamentarios en el 2010 contaron con una participación estimada de 67,5%, lo que implica que hasta 11,8 millones de personasacudieron a las urnas, de un total de 17.575.975. Ver http://www.eluniversal.com/2010/09/27/pol_art_votaron-11,8-millone_2050596.shtml.11 La acción de Nulidad por Inconstitucionalidad la ejercimos el día 13 de noviembre de 2007, en nuestro propio nombre yasistiendo a los ciudadanos VANESA SÁNCHEZ, FRANCO CASELLA, RICARDO BENAÍM, ALONSO DOMÍNGUEZ, ADARAFFALLI, PEDRO MONTOYA, FRANCISCO JAVIER SOTELDO USECHE, PAUL ESCOVAR, ROBERTO CASANOVA,IVÁN GUILLERMO BARRIOS, LUIS PENZINI FLEURY, JUAN MANUEL SANTANA, CARLOS VECCHIO, MARÍA DEOTEYZA, RODRIGO AYALA, GUSTAVO MÁRQUEZ, TADEO ARRIECHE, LUCÍA SAMBRANO, VLADIMIRO MUJICA,ANÍBAL RUIZ, ANDRÉS COVA, ENRIQUE COLMENARES FINOL y ANTONIO VARELA. Este recurso fue decidido porsentencia de fecha , el la cual la acción fue declarada “improponible”, palabra que no existe, ni en el diccionario, ni en el argot delderecho Procesal Venezolano y jamás antes se había empleado. Exp. 07-1625. 5.
5incumplimiento por parte de éste, de los requisitos objetivos que exige el artículo342 de la Constitución, y en tanto tales requisitos no se cumplían a cabalidad, talsituación derivó en una inactividad legislativa, pues se omitió el ejercicio de unapotestad o deber de actuación que preceptúa la Constitución.Así, quien difiere considera que la Asamblea Nacional debió rechazar eltrámite de esa propuesta de reforma constitucional porque, ciertamente, lamisma no cumplía con los requisitos objetivos del artículo 342 de laConstitución, en tanto se trató de un proyecto de reforma constitucional quepretende la modificación de la estructura y principios fundamentales delTexto ConstitucionalEn efecto, el proyecto de reforma constitucional que se propuso a la AsambleaNacional en agosto de 2007 y que, para el momento de esta decisión ya fue objetode aprobación por parte de ese órgano legislativo, si fuera aprobadoreferendariamente, cambiaría sustancialmente aspectos esenciales del marcoconstitucional vigente. Así, y sin que se deje de admitir que existen otros muchosaspectos de fondo que son modificados por el proyecto, pueden enfocarse dosgrandes cambios en la estructura y principios fundamentales del textoConstitucional de 1999:De una parte, el proyecto de reforma introduce cambios en la organizaciónpolítico-territorial, a través de la creación del Poder Popular, que pretendeafianzar los principios de democracia participativa de la Constitución de1999, pero que alteraría radicalmente el esquema del Estado federaldescentralizado del texto vigente, lo que derivaría en un afianzamiento delPoder nacional en franco desmedro del estadal y municipal, desde que aquélcoordina el funcionamiento del nuevo Poder Popular que se superpone aestos últimos. Asimismo, la creación del Poder Popular mutaría en formasustancial las bases democráticas de la Constitución vigente (artículo 2) cuando sepropone que el Poder Popular “no nace del sufragio ni de elección alguna, sinode la condición de los grupos humanos organizados como base de la población”(artículo 136 del proyecto).Mención especial debe hacerse al carácter regresivo que se da, en general, en elproyecto, al tema de los derechos humanos (p.e.. derechos al sufragio, al debidoproceso, a la información, a la participación política, a la elección de quienesejercen los cargos públicos) en franca contradicción con el principio deprogresividad de los mismos que tiene su origen en el hecho de que éstospreceden y legitiman al Estado, que no puede desconocerlos ni desmejorarlos.Asimismo, de otra parte, el Proyecto persigue un cambio radical del sistema deeconomía social de mercado que recoge la vigente Constitución de 1999, yestablece un modelo de economía socialista a través de la promoción, por partedel Estado, de un “modelo económico productivo, intermedio, diversificado eindependiente, fundado en los valores humanísticos de la cooperación y lapreponderancia de los intereses comunes sobre los individuales, que garanticela satisfacción de las necesidades sociales y materiales del pueblo, la mayor sumade estabilidad política y social y la mayor suma de felicidad posible” (artículo 112del proyecto). En este sentido, el proyecto no reconoce expresamente, como sílo hace la Constitución de 1999, el derecho fundamental a la libertadeconómica, da preponderancia a la iniciativa pública sobre la iniciativa privada, ala iniciativa comunitaria sobre la individual, y condiciona cualquier iniciativapública, mixta, comunal o privada, al desarrollo de ese nuevo modelo económicosocialista.En definitiva, se trata de la sustitución del Estado social y democrático dederecho y de justicia que recogió el vigente artículo 2 constitucional(Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y deJusticia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y desu actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, lademocracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de losderechos humanos, la ética y el pluralismo político), por el de un Estadosocialista que es, a grandes rasgos, un sistema de organización social oeconómico basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de losmedios de producción, lo que evidencia una transformación radical del Estadoy la creación de un nuevo ordenamiento jurídico que escapa, a todas luces, delos parámetros que, para la reforma constitucional, impone el artículo 342 de laConstitución y cuya concreción exige, de conformidad con el artículo 347eiusdem, una Asamblea Nacional Constituyente. 6.
6 En consecuencia, cuando recibió una iniciativa de reforma constitucional cuyo contenido, como se ha expuesto anteriormente sólo con algunos ejemplos de su texto, excedía con mucho de los parámetros objetivos que el artículo 342 de la Constitución de 1999 exige para la procedencia de una reforma, la Asamblea Nacional estaba en la obligación de rechazar –o en todo caso suspender- el trámite de discusión de esa iniciativa a través del procedimiento del artículo 343 de la Constitución y, en todo caso, expresar tal situación al proponente para que modificara su propuesta o bien, si así lo consideraba pertinente, ejerciera su iniciativa de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con el artículo 348 eiusdem. En lo que atañe a las competencias de la Sala Constitucional, el fundamento de aquellas que le atribuye la Constitución y de las que se le asignarán mediante ley, está representado por los principios de supremacía y fuerza normativa de la Constitución consagrados en el artículo 7 y en virtud de los cuales. Todo acto del Poder Público, sin excepción, debe estar sometido al control constitucional. Por tal razón, a la Sala Constitucional se le atribuye competencia para controlar la constitucionalidad de todos los actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. En todo caso, la ley orgánica respectiva garantizará que ningún órgano del Poder Público quede fuera del control constitucional,… (Subrayado añadido). En consecuencia, la demanda de autos no era improponible como erradamente se declaró (…)”. Subrayado del Magistrado disiente. Resaltados nuestros 12. Por todo lo relatado resulta muy doloroso para nosotros, hombres y mujeres de ley, constatarcómo a casi 152 años de haber sido proclamada la “Federación” de los “Estados Unidos de Venezuela”13 (esa proclamación se debe a EZEQUIEL ZAMORA, quien lo hizo el 20 de febrero de 1859.Paradójicamente, prócer que se utiliza desde el oficialismo para sustentar “La Revolución”), debemosconstatar que en el entramado de “Leyes del Poder Popular” se hunde, desaparece todo vestigio de aquélfederalismo, que en palabras de ZAMORA, representaba un antídoto contra las dictaduras y que estáconsagrado aún en la Constitución vigente. Es así como en su Proclama de la Federación, se lee: “(…) VENEZOLANOS: Federación: La federación encierra en el seno de su poder el remedio de todos los males de la patria. No, no los remedia, es que los hará imposibles. Con Federación atenderá cada Estado a todas sus necesidades y utilizarán todos sus recursos, mientras que juntos construirán por el vínculo del Gobierno general, el gran bien, el bien fecundo y glorioso de la unidad nacional. El orden público dejará de ser un pretexto de tiranía, porque será la primera de las atribuciones de cada Gobierno particular. Tendrán los pueblos magistrados de su exclusiva elección. Volveremos la espalda, ya para siempre, a las tiranías, a las dictaduras, a todos los disfraces de la detestable autocracia (…)”14. Resaltados nuestros. Esta introducción nos sirve pues para dejar sentado que todas las “Leyes del Poder Popular”que analizaremos destrozan la aún precaria descentralización política de la que gozaba Venezuela ypor ello, son completa y totalmente inconstitucionales. Nuestro análisis se limitará, por tanto, a destacareste aspecto, antes que en criticar problemas de técnica legislativa o cómo pudieran haber sido obtenidoslos objetivos que ellas persiguen, de una mejor manera. Simple y llanamente, no nos interesa hacer eseejercicio porque partimos de la premisa de su inconstitucionalidad. Sin embargo, antes de hacer ese análisis, consideramos relevante explicar cuáles fueron losantecedentes de esas leyes, más allá de la propuesta de “Reforma” Constitucional de 2007. A esodedicamos el siguiente Capítulo. II. Antecedentes de las “Leyes del Poder Popular”, diferentes a la propuesta de “Reforma” Constitucional de 2007:12 Tomado el 14-02-2011 de: www.tsj.gob.ve.13 Primer nombre que recibió nuestra República.14 Extracto tomado de un libro de Laureano Villanueva, “Vida del Valiente Ciudadano General Ezequiel Zamora”, del cual se nossuministró copia. 7.
7 Nosotros veníamos haciendo un análisis de diferentes instrumentos jurídicos que han sido“puestos en el ruedo” jurídico, a partir del año 2006, tales como leyes, Decreto-Leyes, Resoluciones ysentencias del TSJ, en especial, de la Sala Constitucional, e incluyendo entre ellos una supuesta“enmienda” de la Constitución 15, propuesta por el propio Presidente Chávez en el año 2008 y mediante lacual se le volvía a preguntar al pueblo si quería la “reelección indefinida” o “reelección continua” decargos de elección popular 16, así como de infinidad de declaraciones de voceros del oficialismo. De eseanálisis llegamos a la conclusión de que aquello que algunos llaman, gráficamente, la “arquitecturaterritorial” del Estado y que forma parte de lo que sólo el Poder Constituyente puede modificar, esto es, ladistribución territorial del poder político 17, se venía desmantelando, poco a poco, “pedacito porpedacito”, desde antes de la propuesta de “Reforma” Constitucional de 2007. De hecho, ya desdeprincipios de 2006, al menos, empezamos a escuchar la expresión “la nueva geometría del poder”, quedespués apareció contenida en el Artículo 136 de la propuesta de Reforma Constitucional de 2007 y cuyoepicentro es el llamado “Poder Popular” 18. Esas referencias estaban incluidas en aquella propuesta de“Reforma”, como sigue: “Artículo 136: El Poder Público se distribuye territorialmente en la siguiente forma: el poder popular, el poder municipal, el poder estatal y el poder nacional. El pueblo es el depositario de la soberanía y la ejerce directamente a través del Poder Popular. Este no nace del sufragio ni de elección alguna, (…) El Poder Popular se expresa constituyendo las comunidades, las comunas y el autogobierno de las ciudades, a través de los consejos comunales (…) y otros entes que señale la ley”. Resaltado y subrayado nuestro. Por cierto, vale la pena apuntar que ese artículo es una copia mala de un artículo muy parecido de la Constitución Cubana de 1994, según el cual: "Artículo 3: En la República de Cuba la soberanía residen en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado. Ese poder es ejercido directamente o por medio de las Asambleas del Poder Popular". Resaltado nuestro Ya hemos aludido al tema de cómo en Venezuela se pretende, bajo el eufemístico “Poder Popular” y “Socialismo del Siglo XXI”, implementar un sistema marxista-leninista, sin haber sido cambiada una Constitución que consagra la propiedad privada y el pluralismo político. Por ello, los15 El día 22 de enero de 2009, junto con los colegas TADEO ARRIECHI y JUAN MANUEL SANTANA, y el ciudadanoALONZO DOMÍNGUEZ, acudimos a la Sala Constitucional del TSJ para interponer recurso de nulidad por inconstitucionalidadejercido conjuntamente con medida cautelar innominada contra “el acto sancionatorio de modificación constitucional que bajo ladenominación de ‘enmienda’, fue indebidamente aprobado por la Asamblea Nacional, el 16 de enero de 2009”. Por decisión defecha 21-05-2009, este Recurso fue declarado, igualmente, “improponible”. Exp. Nº AA50-T-2009-0079. El Magistrado PedroRafael Rondón Haaz disintió de este fallo. De manera un tanto absurda, a nuestro juicio, reprodujo textualmente el Voto salvado quehabía expresado respecto de nuestra demanda de fecha 13-11-2007.16 Primero el Presidente propuso que sólo él fuese candidato perpetuo, a la Presidencia, pero tuvo que ceder ante el partido “Patriapara Todos” (“PPT”), quien, tal vez para hacer honor a su nombre, apoyó esta “enmienda” siempre y cuando fuera “para todos” loscargos de elección popular.17 Dejaremos de lado referirnos aquí a las numerosas violaciones a derechos humanos fundamentales que se vienen orquestando através de leyes y actos sub legales, que afectan derechos como la libertad de expresión, la propiedad privada, la libertad deasociación, el derecho al sufragio pasivo y otros, que a diario refleja la prensa local venezolana, así como la internacional (siendo loscasos más emblemáticos el del productor agrícola Franklin Brito, quien falleció en huelga de hambre, reclamando un Tribunalimparcial que analizara el despojo de la posesión de sus tierras de que había sido objeto, por parte del Instituto Nacional de Tierras(“INTI”); el de la Jueza María Afiuni, a quien el propio Presidente de la República condenó, anticipadamente, a 30 años de prisión,por televisión y recientemente tratado a nivel de la Organización de las Naciones Unidas; y el de los Diputados electos a los que nose les permitió tomar posesión de sus cargos por estar incursos e supuestos “delitos comunes” siendo el peor de todos esos casos, eldel Diputado Biaggio Pillieri, quien ha sido 2 veces absuelto por el Tribunal de Escabinos debidamente constituido y cuyasdecisiones fueron anuladas por el TSJ so pretexto de que se le habían violado sus derechos por la supuestamente errada conduccióndel “proceso legalmente establecido”.18 Según se lee de las Bases Programáticas del partido de gobierno, el “PSUV” y su “Declaración de Principios”, no estácontemplado hacia el futuro mantener los organismos plurales representativos de la diversidad, como el Parlamento y lasinstituciones emanadas del voto popular. Al menos eso no se menciona. En su lugar, se señala que el objetivo central es elfortalecimiento del Poder Popular, que en esta etapa de transición debe expresarse en la creación de un nuevo espacio públicocomunal. Textualmente se lee: "Es necesario eliminar la falsa dicotomía entre espacio público y privado, pues los aspectos másimportantes de la formación del carácter y la escala de valores que sirven de soporte a la dominación política se forjan en el llamadoespacio de la vida privada, colonizado por los aparatos mediáticos en defensa de la propiedad privada. Necesitamos un Estadofuerte que vaya asumiendo progresivamente diversas esferas de la economía y la vida social y cultural. Surgirá así un nuevoEstado socialista que terminará de desplazar al Estado burgués" (...) "La comuna, como forma organizada de la comunidad,será la célula fundamental de la nueva sociedad". Tomado de: http://www.minijuegos.com/buscar.php?enviar=1&b=tower bloxx 8.
8 artículos que ahora hemos citado aquí, sólo contribuyen a probarlo. Pero también vale la pena agregar que existen documentos del “Partido Socialista Unido de Venezuela” (“PSUV”), además de constantes declaraciones del Presidente de la República, que insisten en “radicalizar la revolución” y “acabar con el Estado Burgués”, lo que para nosotros no tiene otra forma de ser interpretado que “acabar con el Estado de Derecho”, como decía el Magistrado RONDON HAAZ en el Voto Salvado que citamos anteriormente y como en efecto ya ocurrió. Las “leyes del Poder Popular” no sólo contradicen la Constitución, en su espíritu y propósito, sino que están alejadas por completo del auténtico poder popular y de nuestra tradición Bolivariana y Republicana. Por ello, son el instrumento para derrocar el “Estado de Derecho”, ya de manera insalvable. Dada esta circunstancia es que nosotros opinamos que en Venezuela se consumó un Golpe de Estado 19. Y para afirmarlo, nos apoyamos en el criterio expresado por un eminente tratadista español de Derecho Constitucional y Político, según el cual: “(…) Constituye el golpe de Estado un suceso político que modifica violenta 20, brusca e ilegalmente el régimen jurídico establecido y cuyo agente no es el Pueblo sino la Autoridad, depositaria del Poder. Pudiera decirse que es una revolución, hecha por los imperantes, aunque ello exigiría aclaraciones. Lo esencial es que, al margen del Derecho, que no puede prever, ni regular, ni menos consentir su aparición, se produce un movimiento de origen no popular, aunque a la postre reciba aliento y asenso nacional, en ocasiones y en el que propio Jefe del Estado o autoridades supremas y caracterizadas de él, se apartan de la legalidad y alteran perentoriamente las instituciones fundamentales. Podrá no hacerse uso material de la fuerza; pero será porque haya bastado para vencer resistencias con la simple amenaza de emplearla, pues el golpe de Estado necesita la apelación a este resorte. Podrá prolongarse algo la lucha originada por la subversión, aunque es caso algo insólito; mas ello no resta verdad a la nota de transformación brusca que acompaña al fenómeno. Y, sobre todo, el síntoma patognomónico (ya que de Patología política hablamos) radica en ser los titulares del poder los que lo esgrimen y utilizan para derrocar la estructura a que servían (…)” 21 Resaltados y subrayados nuestros. Como hemos adelantado, las “Leyes del Poder Popular” fueron precedidas por otras leyes que ya venían desconociendo la forma federal descentralizada del Estado venezolano. Estas últimas son sólo “la guinda de la torta”, como decimos nosotros. Con ellas se cierra un círculo y se acaba con el Estado federal. Las leyes anteriores venían alterando la Constitución en tres órdenes de cosas: (i) En la distribución territorial del poder público, al alterar las competencias atribuidas a Estados y Municipios, en la Constitución ; (ii) En las fuentes constitucionales de recursos para el financiamiento de los entes político territoriales (Estados y Municipios). (iii) En la forma de elegir autoridades o en el nombramiento de “autoridades paralelas”. Esbozaremos brevemente los cambios que incidieron en estos tres (3) órdenes, pre y post reforma Constitucional de 2007: A. Cambios operados en la distribución territorial del poder público:1. Referencias a la “nueva geometría del poder” antes de la propuesta de reformaConstitucional: a. Junio de 2005 22: Se sanciona la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, donde se incluye la figura de los “consejos comunales” (entes que no existen en la Constitución). Se los concibe en esa ley como entes de participación ciudadana, adscritos al gobierno municipal (como lo hacía la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública, de 2002).19 Así lo expusimos hace ya 1 año, en entrevista que nos hiciera el Diario La Voz, el 15-02-2010. Verhttp://www.diariolavoz.net/seccion.asp?pid=18&sid=1050&notid=33874220 En Venezuela no hay dudas de que existe un gran violencia política, que si bien no siempre llega al extremo de manifestarse enataques a la integridad física de los ciudadanos disidentes políticos, sí se emplea mediante subterfugios, como por ejemplo, laaprobación de leyes sin consultas auténticamente populares y el irrespeto a los personeros que son electos por el voto popular,privándosele de recursos y competencias que les corresponden por Constitución. El llamado “parlamentarismo de calle”, tras elcual se escuda la Asamblea Nacional para decir que sus leyes sí han sido consultadas, son actos que se organizan desde el mismopoder político, con el empleo de cuantiosos recursos públicos, a los que se obliga a participar a la militancia partidista del partido degobierno, el PSUV y a empleados o funcionarios públicos. Nunca hay consultas sobre las leyes a las Universidades, ColegiosProfesionales u otros sectores con capacidad técnica para evaluar esos proyectos.21 PEREZ SERRANO, Nicolás: “Tratado de Derecho Político”. Segunda Edición. Editorial Civitas. Madrid 1984. Página 420.22 Gaceta Oficial No. 38.204, del 8 de junio de 2005. 9.
9 b. Abril de 2006 23: Se reforma la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para eliminar las normas que se referían a los “consejos comunales”. c. Abril de 2006: Se sanciona la Ley de los Consejos Comunales 24 y en ella la existencia, registro y recursos de esos entes queda en manos del Presidente de la República. d. Se empiezan a escuchar declaraciones que apuntaban al logro de cambios profundos en el reparto territorial del poder público, como las siguientes: d.1. Octubre 2006 (día 26): Declaraciones del Diputado oficialista, Carlos Escarrá Malavé, recogidas en el Diario “El Universal”: “ (…) Cuando los consejos comunales tengan la fortaleza que deben tener y, a su vez, se madure desde el punto de vista de las asambleas de ciudadanos, ciertamente ya no tendrán razón de existir los municipios”. d.2 Febrero de 2007 (día 16): “(…) La Nueva geometría del Poder establece esa nueva división político territorial que incluye ciudades federales, comunales y espacios territoriales alejados de los centros poblados (…) para darle paso a esta nueva estructura territorial es de vital importancia la modificación de la Carta magna (…)”. Declaraciones del Diputado oficialista Darío Vivas, a la Agencia Bolivariana de Noticias 25. e. Febrero 2007 (día 22): Se sanciona la “Ley Derogatoria de la Ley Orgánica para la Gestión y Ordenación del Territorio”: En la exposición de motivos de esa ley derogatoria, se lee: "(…) Esta era una Ley que no normaba la realidad actual, la coyuntura de estas nuevas propuestas estratégicas del Estado venezolano en lo concerniente a la estructura territorial, esto que se ha llamado la Nueva Geometría del Poder y la nuevas disposiciones para gestionar los territorios nacionales" (…). Una manera diferente de distribuir poder político (…)”. Resaltados nuestro. f. Junio de 2007 (día 22): Ley Orgánica de Creación de la Comisión Central de Planificación26: En esa ley se dispone que su finalidad es (…) 1. Impulsar la transición hacia un modelo integrado de planificación centralizada (…) 3. Orientar el establecimiento de un modelo capaz de garantizar la satisfacción de las necesidades espirituales y materiales de la sociedad, logrando la suprema felicidad social, esto es, el modelo socialista”. 2. La nueva geometría del poder, después de la rechazada propuesta de reforma Constitucional (votada el 02-12-2007): 1. Abril de 2008 (25): Se publica sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la cual se modificó el numeral 10 del artículo 164 de la Constitución en cuanto a las competencia exclusivas atribuida a los Estados para conservar, administrar y aprovechar las carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos comerciales. La sentencia prácticamente termina diciendo que donde la Constitución dice “competencia exclusiva de los Estados”, debe leerse “competencia exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional” 27. 2. Julio 2008: Son dictados una serie de Decretos Presidenciales, mediante los cuales se transfirieron a Ministerios nacionales servicios y competencias que habían sido descentralizados a favor de los Estados y del Distrito Metropolitano de Caracas, por la “Ley de Descentralización”, de 1989, reconocida y recogida en la Constitución de 1999. 3. Agosto de 2008: Fueron publicados en Gaceta Oficial del 31-08-2008, 27 Decretos Leyes (que coloquialmente fueron llamados “El Paquetazo”), en los cuales se plasmaron muchos de los contenidos de la propuesta de reforma constitucional. En el tema que nos concierne, destaca la Ley Orgánica para la Gestión y Ordenación del Territorio, que en su Art. 21, dispone: (…) Las Administraciones públicas estadales y municipales, y sus entes descentralizados funcionalmente, estarán sometidos a las directrices impartidas por las Autoridades Regionales (…)”. 4. Marzo de 2009: Reforma a Ley de Descentralización de 1989 para adaptarla a la sentencia del TSJ, del 25 de abril, esto es, eliminar las competencias estadales sobre puertos, aeropuertos y autopistas nacionales. Es admisible pensar que esta medida no tuvo que ver tanto con privar a los Estados de los recursos que obtenían por la administración de esos bienes, sino con lograr control absoluto de las vías de acceso y salida del país. 5. Noviembre de 2009 (día 13). Declaraciones del Diputado oficialista Aurelio Gil Beroes a la ABN: “(…) Una nueva institucionalidad política y administrativa, fundamentada en los consejos23 Gaceta Oficial No. 5.808 Extraordinario, de fecha 10 de abril de 2006.24 Gaceta Oficial Nº 5.806 Extraordinaria del 10 de abril de 2006.25 Recogidas también en: http://www.diariolaregion.net/seccion.asp?pid=29&sid=1557&notid=1381226 Gaceta Oficial No. 5.841 Extraordinaria, del 22 de junio de 2007.27 Ver comentarios de esta sentencia, así como sobre los de diferentes textos legales comentados, en VIGILANZA, Adriana: “LaFederación descentralizada: Mitos y Realidades en el reparto de tributos y otros ingresos, entre los entes político territoriales, enVenezuela”. Editorial Los Ángeles. Maracaibo, 2010. 10.
10 comunales y en las comunas, que pondrá fin a las desigualdades distributivas impuestas por el régimen de alcaldías y concejos municipales de la IV República, se afirmará en el país cuando entre en vigencia la nueva Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno que actualmente se discute en la Asamblea Nacional. Esta nueva institucionalidad se establecerá al margen de la antigua estructura burocrática de los concejos municipales y alcaldías, y representa el surgimiento, desde el seno del pueblo organizado, del nuevo orden de administración socialista del país. El cambio significará, además, un enorme salto en el camino de la verdadera descentralización, porque el pueblo organizado en concejos comunales y comunas, recibirá y administrará recursos financieros directamente del Estado, que hasta ahora han ido a alcaldías y gobernaciones. Así, quedarán a un lado las asimetrías que en la distribución de recursos y oportunidades para el desarrollo impone la antigua división político territorial del país, heredada del período histórico de la IV República. El pueblo es la descentralización. Los consejos comunales son el fundamento de este cambio (…)”. 6. Diciembre de 2009 (día 15): Aristóbulo Iztúriz, Ministro oficialista, pronuncia un discurso con ocasión de los 10 años de la Constitución de 1999, en sesión extraordinaria convocada por la Asamblea Nacional, donde dijo: “(…) hay que desbaratar gobernaciones y Alcaldías y sustituirlos por un Estado comunal (…)”. Precisó que el objetivo del oficialismo es desmontar la estructura del “Estado burgués” para abrir paso a los consejos comunales, para que acumulen mayor cuota de poder sobre gobernaciones y alcaldías 28. 7. Enero 2010: Se dicta la Ley del Consejo Federal de Gobierno 29. Dispone que regulará la “(…) Transferencia de las competencias entre los entes territoriales, y a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado (…)”, en abierta contradicción con la letra del Artículo 185 de la Constitución, que se refiere a la transferencia de competencias del Poder Nacional, a Estados y Municipios. 8. Marzo 2010 (día 9): Es dictado el Reglamento Ley del Consejo Federal de Gobierno 30. Contiene definiciones “inéditas” de “federalismo” y “descentralización política”, que desnaturalizan esos conceptos para adaptarlos al Estados socialista centralizado que se ha venido dibujando, de espaldas a la Constitución, pero con el empleo de lenguaje seductor y populista, que exalta la supuesta ausencia de intermediarios entre el Presidente-caudillo y “su pueblo”, así: “Artículo 3: Definiciones: “Federalismo: Sistema de organización política de la República Bolivariana de Venezuela, regido por los principios de integridad territorial, económica y política de la Nación venezolana, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad entre las instituciones del Estado y el pueblo soberano, para la construcción de la sociedad socialista y del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, mediante la participación protagónica del pueblo organizado en las funciones de gobierno y en la administración de los factores y medios de producción de bienes y servicios de propiedad social, como garantía del ejercicio pleno de la soberanía popular frente a cualquier intento de las oligarquías nacionales y regionales de concentrar, centralizar y monopolizar el poder político y económico de la Nación y de las regiones”. “Descentralización: Política estratégica para la restitución plena del poder al Pueblo Soberano, mediante la transferencia paulatina de competencias y servicios desde las instituciones nacionales, regionales y locales hacia las comunidades organizadas y otras organizaciones de base del Poder Popular, dirigidas a fomentar la participación popular, alcanzar la democracia auténtica restituyendo las capacidades de gobierno al pueblo, instalando prácticas eficientes y eficaces en la distribución de los recursos financieros e impulsar el desarrollo complementario y equilibrado de las regiones del país”.B. Cambios operados en las fuentes constitucionales de recursos para Estados y Municipios: Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, existen 4 fuentes o “fondos”destinados a financiar a Estados y Municipios. Estos son:28 El Dr. Germán Duque Corredor, ex Magistrado de la anterior Corte Suprema de Justicia y hoy presidente de la Academia deCiencias Políticas y Sociales, calificó esas declaraciones, como subversivas, pero lamentó que la ausencia de institucionesindependientes hacía imposible reinstaurar el orden constitucional en Venezuela, por ahora. De allí que, que las fuerzasdemocráticas del país logren conquistar la Asamblea Nacional en las elecciones de septiembre de 2010, luce indispensable para esefin. http://www.guia.com.ve/noti/55680/desbaratar-gobernaciones-y-alcaldias-es-subversivo.29 Gaceta Oficial Nº 5.963 Extraordinario del 22 de febrero de 201030 Gaceta Nº 39.382, con fecha 9 de marzo de 2010. 11.
11 1. El situado Constitucional (Art. 167), el cual consiste en un 20% de todos los ingresos ordinarios estimados por la Nación; 2. Las llamadas “asignaciones económicas especiales” (conocidas como “LAEE”), en principio destinadas a Estados con mina e hidrocarburos” (Art-156.16). Estas constituyen, por ley, un 25% de las regalías mineras y de hidrocarburos, adicionales al situado, a ser distribuidas de acuerdo con los criterio y porcentajes que establece la ley; 3. El Fondo de Compensación Interterritorial, que hasta este año no había sido creado. En su lugar seguía vigente el llamado “Fondo Intergubernamental para la Descentralización” (conocido como “FIDES”), que se nutría del 15% de toda la recaudación de IVA y 4. El Fondo para la Estabilización Macroeconómica (Art. 321), nutrido, por disposición de ley, del 20% de los excedentes recibidos después de ejecutado el presupuesto. Aparte de esos fondos, los Estados –pero mucho más, los Municipios- cuentan con recursostributarios propios, asignados desde el propio texto Constitucional. Ahora bien, de los fondosconstitucionales mencionados, sólo el situado permanece (y mermado al extremo por artilugiosjurídico-financieros). Los demás fondos ya han desaparecido por obra y gracia de leyes aprobadaspor la AN. Supuestamente, se deben entender sustituidos por el “Fondo de Compensación Ínterterritorial” (“FCI”), pero eso, aparte de ser inconstitucional, es falso, ya que este “FCI”, creado en el año2010, no tiene asignada por ley ninguna fuente concreta de recursos que lo deba nutrir, ni porcentajesespecíficos destinados a Estados y Municipios y tampoco periodicidad para entrega de recursos. Muchomenos se encuentran referencias en esa ley a principios básicos que deben regir las relaciones decooperación entre entidades político territoriales, a saber, los principios de eficiencia, equidad y nodiscriminación entre las entidades públicas. Todas estas particularidades quedan a discreción del ConsejoFederal, compuesto, según decidió el Presidente de la República, por Gobernadores y Alcaldes de supartido. De seguidas explicamos los instrumentos jurídicos mediante los cuales operó tan insólito cambioinstitucional:1. Atentados contra las fuentes de recursos estadales y municipales, antes de la propuesta dereforma Constitucional: a. Noviembre 2003: La AN reforma la Ley que Crea el Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), para eliminar la obligación del Gobierno de aportar los excedentes presupuestarios a ese fondo, en la proporción legalmente establecida. Ese aporte lo contemplaba la Constitución y la ley para lograr tanto un “ahorro integeneracional”, como estabilidad financiera, dadas las usuales fluctuaciones en los precios del petróleo 31. b. Abril 2004 (día 20): Es vetada por el Presidente de la República la “Ley Orgánica de Hacienda Pública Estadal”, contemplada como obligatoria en la Constitución, para asignar recursos adicionales a los Estados, en especial, tributos. Seis (6) años más tarde, esta ley sigue “vetada” sin que la AN se pronuncie sobre su veto. c. Junio 2005 (día 17): Es vetada por el Presidente de la República la “Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno”. La AN nunca le levantó la sanción a esa ley y sin embargo, procedió a aprobar, en el año 2010, un nuevo texto para esta ley, ajeno por completo al que ya había aprobado en el año 2005 y, por supuesto, diseñado para la centralización total en la toma de decisiones, bajo el empleo demagógico del tema del “Poder Popular”. d. Junio 2005 (día 20): Fue reformada la Ley del Banco Central de Venezuela, para eliminar la obligación que tuvo siempre Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus filiales, de vender todas sus divisas al BCV (salvo un modesto presupuesto en dólares que le permitía cumplir con sus compromisos en moneda extranjera), quien a cambio le entregaba bolívares. PDVSA luego aportaba al Fisco nacional (situado) vía tributos, regalías y dividendos. Aparte, PDVSA ha sido obligada a incurrir en multimillonarios “gastos sociales”, que se deducen antes del cálculo del Impuesto sobre la Renta de Sociedades, que nutre al situado constitucional. De manera que su aporte al situado constitucional disminuye sensiblemente. e. Agosto 2005 (día 30): Se creó el “Fondo de Desarrollo Nacional, S.A.” 32 cuyo slogan es “Una empresa para optimizar la inversión productiva y social”. En verdad, se trata de una sociedad anónima mercantil (S.A.) que sólo gasta pues no vende ningún bien ni servicio, violando la Ley de Administración Pública, que prohíbe al Estado crear empresas mercantiles si fines31 Esta ley s reformada luego 4 veces más, para exactamente el mismo objetivo.32 Gaceta Oficial N° 38.261 del 30 de agosto de 2005. 12.
12 comerciales. En definitiva, se utilizó la figura de “empresa mercantil del Estado” para lograr un presupuesto paralelo, que no nutre al situado constitucional y por tanto, no “baja” a Alcaldías ni Gobernaciones. f. Marzo 2006: Fueron reformadas las Ley de Asignaciones Económicas Especiales (“LAEE”) 33 y la Ley del Fondo Intergubernamental para la Descentralización (“FIDES”) 34, para dar parte importante de los recursos que correspondían a Estados y Municipios, a los “Consejos Comunales”.2. Atentados a las fuentes de recursos para Estados y Alcaldías después de la rechazadapropuesta de reforma Constitucional:a. Enero de 2008: Resolución Conjunta de los Ministerios de Infraestructura y Defensa, NºMINFRA-001 y 005273, mediante la cual se eliminó el cobro en las estaciones recaudadoras de Peajeen autopistas, lo cual está asignado a los Estados en el Artículo 164.10 de la Constitución.b. Agosto 2008: Son dictados los 27 Decretos Leyes del 31/08/2008 o “Paquetazo”. Por uno de esos“Decretos con rango, valor y fuerza de ley” se crea el “Fondo Social para la Captación y Disposición delos Recursos Excedentarios de los entes de la Administración Pública Nacional”. Allí van a parar lasutilidades de las empresas estatales y no al situado constitucional.c. 2009: Reforma a Ley de Descentralización de 1989. Se eliminan algunas fuentes de ingresos“marginales”, de orden tributario, que habían sido destinadas a los Estados, desde la ley de 1989 yconsagradas en la Constitución de 1999.d. Marzo 2010: Derogatoria del FIDES 35. El presidente de la Comisión de Finanzas de la AN,diputado oficialista Ricardo Sanguino, descartó que se tratara de una retaliación política contra losgobernadores y alcaldes de oposición o por las elecciones parlamentarias venideras. Dijo: “Estamos enotra etapa de estructuración de la gestión pública en revolución y hoy venimos a actualizar y viabilizar lanueva estructura de un Estado que va hacia la construcción del socialismo del Siglo XXI (…)”http://www.antv.gob.ve/m8/noticiam8.asp?id=30824desburocratizar – como lo dijo el Presidente – lagestión pública”.e. 2010: Derogatoria de LAEE (ordenada por el Reglamento Ley del Consejo Federal de Gobierno).Hay que recordar que las asignaciones económicas especiales son de origen Constitucional (Artículo156.16). Como se ve, aparte del situado, no queda ninguna otra fuente de ingresos para Estados yMunicipios. Y las fuentes de orden tributario desaparecerán solas, con la desaparición de la propiedadprivada que debe dar paso a la “propiedad colectiva”, eufemismo para decir “propiedad estatal”. Perotampoco cause mucha alegría la permanencia del “situado constitucional”. También éste ha ido siendo“desmantelado” en su composición, principalmente a través de la fijación del precio del barril de petróleo,que sirve para estimar un porcentaje muy alto de los ingresos ordinarios del Estado de origen notributario, muy por debajo de lo que la realidad indica. De esta forma, los ingresos excendentarios, por eldiferencial del precio, debe ser manejados a través de los llamados “créditos adicionales”, que sonrepartidos a la libre discreción del Ejecutivo nacional.III. Contenido de las “Leyes del Poder Popular” que menoscaban la descentralización políticade Venezuela: Dado que ya hemos venido adelantando la orientación que tienen estas leyes y dado que lashemos calificado, con sobradas razones, de inconstitucionales, haremos sólo un breve bosquejo de lasnormas que ellas contienen, que más delatan la vulneración del orden constitucional, limitándonos a laLey Orgánica del Poder Popular y a la Ley Orgánica de la Comunas, por razones de espacio.Además, todas esas nuevas leyes están redactadas en forma tal que lucen más como tratados de sociologíamarxista antes que normas jurídicas, por lo cual no merecen análisis jurídicos concienzudos, más allá dela verificación de que su orientación es absolutamente inconstitucional. No puede olvidarse que son leyesdiseñadas, como dijo su proponente, el Presidente Chávez, para “(…)terminar con la subordinación delEstado a la sociedad civil burguesa (…) 36, por lo que es obvio que acaban con la Constitución.1.- LEY ORGÁNICA DEL PODER POPULAR:33 Gaceta Oficial N° 38.408 del 29 de marzo de 200634 Gaceta Oficial N° 5.805 Extraordinario, de fecha 22 de marzo de 200635 Gaceta Oficial N° 39.394 del 25 de marzo de 2010.36 Ver pie de página número 7. 13.
13 Esta ley tiene por “Objeto”, lo siguiente: “Artículo 1: La presente Ley tiene por objeto desarrollar y consolidar el Poder Popular, generando condiciones objetivas, través de los diversos medios de participación y organización establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley, y los que surjan de la iniciativa popular, para que los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan el pleno derecho de la soberanía, la democracia participativa, protagónica y corresponsable, y la constitución de formas de autogobierno comunitarias y comunales, para el ejercicio directo del poder”. Resaltado nuestro. Ya hemos dicho que la Constitución vigente no acepta la visión de que el llamado “Poder Público” se confunda con los ciudadanos, eso que para el Presidente Chávez es “la sociedad civil burguesa”. Tal “confusión”, por lo demás, difumina la responsabilidad en el ejercicio de funciones de gobierno. Según la Constitución vigente, el “poder Público” se ejerce, territorialmente, por Alcaldes y Gobernadores, electos por votación universal, directa y secreta. Por lo tanto, “el pueblo” no ejerce “poder público” directamente. Esto para nada significa que se le haya privado al ciudadano, de derechos y obligaciones. Es más, en el Estado de Derecho y de Justicia que consagra el Artículo 2 de la Constitución, hay el pleno sometimiento a la ley, tanto de quienes ejercer directamente el “poder público”, como de quienes lo ejercemos indirectamente. Por lo tanto, no se trata de ver en Gobernadores y Alcaldes como “soberanos”, contra un pueblo “oprimido”, sólo porque aquellos ejerzan directamente el “Poder Público”. Lo que es más, los ciudadanos están en mejor posición porque de ellos depende, con el voto, que existan los Alcaldes y los Gobernadores. Y además, quienes detentan ejercicio directo de poder público, están por Constitución, sometidos a los ciudadanos: “Artículo 2. El Poder Popular es el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, internacional, y en todo ámbito del desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad, a través de sus diversas y disímiles formas de organización, que edifican el Estado Comunal”. Resaltado nuestro. Según la Constitución vigente, en efecto la soberanía reside en el pueblo. Dice el artículocorrespondiente: “Artículo 5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos”. Resaltado nuestro. “Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho”. Resaltado nuestro. “Artículo 62: Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas…”. Resaltado nuestro. De manera pues que el ejercicio “directo” de Poder Público por parte de funcionarios electos onombrados por los electos, no se contradice con que el pueblo detente soberanía, pero éste la debeejercer “en la forma prevista en esta Constitución” y luego, en leyes que la desarrollen, pero nunca quela violen o contradigan. De lo contrario estaríamos en presencia de un Estado anárquico, inmanejable eineficiente. Más adelante, la Constitución señala cómo se ejerce directamente la soberanía popular, así: 14.
14 “Artículo 70. Son medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros; y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”. Resaltado nuestro.2. LEY ORGÁNICA DE LAS COMUNAS Esta le tiene por “Objeto”, lo siguiente: “Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto establecer las normas que regulan la constitución, conformación, organización y funcionamiento de la Comuna, como entidad local, donde los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio del Poder Popular, ejercen el pleno derecho de la soberanía y desarrollan la participación protagónica mediante formas de autogobierno para la edificación del Estado Comunal, en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia”. Resaltado nuestro. “Artículo 4: Definiciones: A los efectos de la presente Ley se entiende por: (…) 6.- Distritos motores del desarrollo: Son unidades territoriales decretadas por el Ejecutivo Nacional que integra las ventajas comparativas de los diferentes espacios geográficos del territorio nacional, y que responde al modelo de desarrollo sustentable, endógeno y socialista¨. (…) 12. Instancias del Poder Popular: Están constituidas por los diferentes sistemas de agregación comunal: consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales y los otros que, de acuerdo a la Constitución de la República y la ley, surjan de la iniciativa popular (…)”. Resaltado nuestro. Artículo 5: Comuna: Es un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una memoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación”. Resaltado nuestro. “Artículo 6: Propósito: La Comuna tiene como propósito fundamental la edificación del estado comunal, mediante la promoción, impulso y desarrollo de la participación protagónica y corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en la gestión de las políticas públicas, en la conformación y ejercicio del autogobierno por parte de las comunidades organizadas, a través de la planificación del desarrollo social y económico, la formulación de proyectos, la elaboración y ejecución presupuestaria, la administración y gestión de las competencias y servicios que conforme al proceso de descentralización, le sean transferidos, así como la construcción de un sistema de producción, distribución, intercambio y consumo de propiedad social, y la disposición de medios alternativos de justicia para la convivencia y la paz comunal, como tránsito hacia la sociedad socialista, democrática, de equidad y justicia social”. Resaltado nuestro. 15.
15 “Artículo 9: Organización político-territorial: Atendiendo a condiciones históricas, integración, rasgos culturales, usos, costumbres y potencialidades económicas, el ámbito geográfico donde se constituya la Comuna, podrá coincidir o no con los límites político-administrativos de los estados, municipios o dependencias federales, sin que ello afecte o modifique la organización político-territorial establecida en la Constitución de la República”. Resaltado nuestro. Repetiremos aquí lo ya mencionado en la introducción de este trabajo: la Constitución vigentesólo autoriza la ceración de nuevas entidades locales, a través de la legislación estadal o municipal.Agregamos que es requisito adicional, que esas nuevas entidades locales se encuentren dentro de loslímites de un Municipio. Así se lo indica, expresamente, en el Artículo 173, según el cual: “Artículo 173: El Municipio podrá crear parroquias conforme a las condiciones que determine la ley. La legislación que se dicte para desarrollar los principios constitucionales sobre régimen municipal establecerá los supuestos y condiciones para la creación de otras entidades locales dentro del territorio municipal, así como los recursos de que dispondrán, concatenados a las funciones que se les asignen, incluso su participación en los ingresos propios del Municipio. Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria, con el objeto de proveer a la desconcentración de la administración del Municipio, la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos. En ningún caso las parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio”. Resaltado nuestro. Por lo que respecta a los llamados “Distritos motores del desarrollo”, son unidades territorialesdecretadas por el Ejecutivo Nacional, para lo cual la Constitución vigente no le confiere competenciaalguna. “Artículo 8: De la constitución: La Comuna se constituye por iniciativa popular a través de la agregación de comunidades organizadas. El Reglamento de la presente Ley establecerá lo relativo al número de comunidades organizadas requeridas para su constitución, tanto en el área urbana como en el área rural”. Resaltado nuestro. “Artículo 10: Iniciativa. La iniciativa para la constitución de la Comuna corresponde a los consejos comunales y a las organizaciones sociales que hagan vida activa en las comunidades organizadas, quienes deberán previamente conformarse en comisión promotora, notificando de este acto al órgano facilitador”. Resaltado nuestro. Como se ve, si bien la ley hace ver, en su Artículo 8, que la Comuna se constituye “por iniciativapopular”, en verdad el Artículo 10 dice que su creación es iniciativa de los Consejos Comunales.Aparte de eso, son también los Consejos Comunales (que se debe apuntar que son registrados y portanto, creados, cuando lo decide un Ministerio nacional, al que se le haya asignado competencia paraello y que son entidades locales que no están previstos en la Constitución y por lo tanto, deberían sercreados por iniciativa vecinal y según una ley estadal u ordenanza municipal) los que mayoritariamenteeligen a los miembros de lo que se llama “Parlamento Comunal”, “máxima instancia de gobierno de laComuna”. En efecto, esta ley dispone al respecto: 16.
16 “Artículo 21: Parlamento Comunal: El Parlamento Comunal es la máxima instancia del autogobierno en la Comuna; y sus decisiones se expresan mediante la aprobación de normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, coadyuvar con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos, así como en actos de gobierno sobre los aspectos de planificación, coordinación y ejecución de planes y proyectos en el ámbito de la Comuna”. Resaltado nuestro. ”Artículo 23: Integración: El Parlamento Comunal está integrado de la siguiente manera: 1. Un vocero o vocera y su respectivo suplente, electo o electa por cada consejo comunal de la Comuna. 2. Tres voceros o voceras y sus respectivos suplentes, electos o electas por las organizaciones socio-productivas. 3. Un vocero o vocera y su respectivo suplente, en representación del Banco de la Comuna. El período de ejercicio de los voceros y voceras ante el parlamento Comunal es de tres años, pudiendo ser reelectos”.Resaltado nuestro. Por lo expuesto, esa ley desdibuja el reparto del Poder Público porque coloca a una parte del pueblo (no sólo a quienes adquieren carácter de “funcionario público”, por medio de un juramento, que los hace sujetos de responsabilidades especiales), como ejecutor de actividades que para la Constitución, están limitadas a entes que detenten Poder Público. De manera que, desde otra perspectiva, la libre participación ciudadana en la gestión pública, deja de ser tal para convertirse en la “obligada” ejecución de funciones de gobierno, de paso, a titulo no oneroso, es decir, sin sueldo. Aparte de eso, las instancias de gobierno dentro del Parlamento Comunal las Comunas puedenser revocadas pero sólo por quienes integren el “Parlamento Comunal” y basta un precario 10% de loselectores de una Comuna para que queden revocados los miembros del Parlamento Comunal: “Artículo 50: Revocatoria del mandato. Los voceros o voceras integrantes del Consejo Ejecutivo, Consejo de Planificación, Consejo de Economía Comunal y Banco de la Comuna, podrán ser revocados por decisión de la mayoría simple del Parlamento Comunal, previo informe del Consejo de Contraloría Comunal. Los voceros o voceras del Consejo de Contraloría Comunal, podrán ser revocados por decisión de las dos terceras partes del Parlamento Comunal. Los voceros y voceras del Parlamento Comunal podrán ser revocados mediante referendo solicitado por el diez por ciento de los electores y electoras de la Comuna. Cuando la mayoría de los electores y electoras voten a favor de la revocatoria, los voceros o voceras se considerarán revocados, siempre y cuando hayan concurrido al referendo un número de electores y electoras mayor al quince por ciento del registro electoral de la Comuna”. Por último, las Comunas tienen función legislativa, ejecutiva, judicial y electoral, lo que ayuda a entender que son otra entidad político territorial, diferente a las Constitucionales, esto es, a los Estados y Municipios, quienes, por cierto, no cuentan con función judicial alguna. Y ninguna de las “leyes del Poder Popular” determina cómo ha de coordinarse la labor de la comuna con la de los gobiernos estadales y municipales. Lo que es peor, podríamos decir que esta nueva entidad político-territorial local, que es la Comuna, es autónoma frente al municipio, ya que no sólo tiene su propia estructura funcional, sino que además no debe someterse a las normas que provengan de las ordenanzas municipales o de las leyes estadales y aún cuando las leyes señalan que las Comunas deben respetar la integridad territorial del municipio, lo cierto es que en una Comuna se pueden unir los espacios geográficos de varios 17.
17 municipio. Por lo tanto, esta nueva forma de organización político-territorial contradice también el artículo 16 de la CRBV, según el cual todo el territorio nacional se organiza en Municipios. IV. CONCLUSIONES: Como hemos expuesto, el “Poder Popular” del cual hablaba la propuesta de reforma Constitucional, no fue aprobado por el pueblo. Sin embargo, no ha hecho falta pues tanto la AN, como el TSJ, se han encargado de darle entrada, deshaciendo la “forma federal descentralizada” concebida por el Constituyente, en la cual la descentralización de recursos y competencias debían operar de la Nación, a los Estados y Municipios y no desde el Presidente a un supuesto “Poder Popular” que no tiene asidero en la Constitución y que augura un grado de ineficiencia en la satisfacción de las necesidades colectivas y un populismo sin precedentes, que creemos que colocará a Venezuela en una aún más penosa situación de la que estaba cuando entró al Siglo XX, habiendo sufrido la dictadura más larga de su historia, hasta ahora, la del General Juan Vicente Gómez. Ya habíamos dejado sentado que según la CRBV, es a los Estados y Municipios a quienes corresponde transferir los servicios que ellos gestionen, a los grupos vecinales, parroquias o comunidades y previa demostración de parte de los entes locales “menores” al Municipio, de su capacidad para prestar eficientemente esos servicios. Y también, que es competencia de Estados y municipios, la creación de “nuevos sujetos de descentralización”, a nivel de las parroquias, comunidades, barrios. Pero absolutamente nada de esto está contemplado en las “Leyes del Poder Popular”. Por lo demas, no es en las “Leyes del Poder Popular” donde se acaba con es principio. Eso ya ocurrió en Ley del Consejo Federal de Gobierno 37, la cual dispuso que su objeto es regular la “(…) Transferencia de las competencias entre los entes territoriales, y a las organizaciones detentadoras de la soberanía originaria del Estado (…)”, en abierta contradicción con la letra del Artículo 185 de la Constitución, que se refiere a la transferencia de competencias del Poder Nacional, a Estados y Municipios. Evidentemente, las “Leyes del Poder Popular” desarrollan o complementan a la Ley del Consejo Federal de Gobierno. Con ellas, el rol de Alcaldes y Gobernadores electos por el voto universal, directo y secreto queda muy limitado y en todo caso, sometido en su totalidad a un supuesto “Poder Popular” que en el fondo será el poder del partido de gobierno, quien a su vez, debe todo su poder al Presidente-Caudillo. Con ello, la descentralización política acaba o si se quiere, tal como dijo el Magistrado RONDON HAAZ en su Voto Salvado, en sentencia del 21-11-2007, todo esto altera: “(…) radicalmente el esquema del Estado federal descentralizado del texto (Constitucional) vigente, lo que derivaría en un afianzamiento del Poder nacional en franco desmedro del estadal y municipal, desde que aquél coordina el funcionamiento del nuevo Poder Popular que se superpone a estos últimos (…)”. Repetimos: Todo esto se ha hecho sin modificar la Carta Magna, pese lo que decía el Diputado oficialista DARIO VIVAS al respecto: (…) para darle paso a esta nueva estructura territorial es de vital importancia la modificación de la Carta magna (…)” 38 Nota Final: Este trabajo lo escribimos en cumplimiento de los siguientes Artículos de la Constitución: “Artículo 132:. Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y37 Gaceta Oficial Nº 5.963 Extraordinario del 22 de febrero de 201038 Ver declaraciones del Diputado oficialista Darío Vivas, a la Agencia Bolivariana de Noticias, el 17 de febrero de 2007. Ytambién http://www.diariolaregion.net/seccion.asp?pid=29&sid=1557&notid=13812 18.
18defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la pazsocial”.Artículo 333: Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerzao porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella.En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá eldeber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.“Artículo 350. El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por laindependencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridadque contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechoshumanos” Recommended
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