Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-698-08.htm
Timestamp: 2018-12-13 16:01:12
Document Index: 102099221

Matched Legal Cases: ['artículo 355', 'artículo 355', 'artículo 355', 'artículo 355', 'artículo 243', 'artículo 355', 'artículo 355', 'artículo 333', 'artículo 355', 'artículo 333', 'artículo 39']

En segundo término, luego de examinar el contenido normativo de los artículos 53 y 39 superiores, los accionantes señalaron que de estas disposiciones se deduce la existencia de un espectro de protección dentro del cual no resultan legítimas intervenciones por parte de la organización estatal o de terceros. De ahí que la proscripción establecida en el artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo, en la medida en que limita la obtención de los recursos económicos indispensables para la conservación y el normal funcionamiento de las organizaciones sindicales, resulta ilegítima dado que supone una “flagrante intromisión”[1] que afecta un elemento definitivo de la independencia que debe ser asegurada al movimiento sindical.
Por consiguiente, concluyen los demandantes, el estudio de las disposiciones superiores que dan alcance al derecho de asociación sindical permite concluir que el Estado se encuentra llamado a permitir el desarrollo autónomo de aquellas actividades que, sin desnaturalizar tal derecho, permitan su cabal ejercicio; observación que en el caso concreto sugiere que la consagración del derecho de asociación sindical en el texto constitucional supone para la organización estatal el deber de no obstruir el desarrollo de labores económicas marginales que no alteren el objeto principal de la organización, toda vez que su proscripción –tal como ocurre en el caso específico de la disposición demandada- impide en la práctica el sostenimiento y, más aún, la existencia de los sindicatos dentro de la economía de mercado imperante.
El Ciudadano Diego Germán Mejía Lemos, actuando como representante de la institución universitaria, remitió concepto solicitando a esta Corporación estarse a lo resuelto en sentencia C-797 de 2000. De manera puntual señaló que, de acuerdo al diseño de la acción pública de constitucionalidad contenido en los artículos 241 y 243 de la Carta, existe un conjunto de condiciones sustanciales de las cuales depende la procedibilidad de la realización del juicio de exequibilidad, entre las cuales se encuentra “Que no haya pronunciamientos en relación con la misma [disposición] con efectos de cosa juzgada constitucional”[2]. En opinión del interviniente en el caso concreto se habría configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional dado que en la providencia señalada la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 355 demandado.
Mediante oficio recibido por la Secretaría General de esta Corporación el día 28 de febrero de 2008, el Ciudadano Gustavo Gallón Giraldo, actuando como representante de la organización no gubernamental, solicitó a la Sala Plena “acogerse a lo resuelto en la sentencia C-797/00 en lo relativo al artículo 355 del C.S.T”. Sobre el particular, manifestó que en la anotada providencia la Corte Constitucional realizó una precisión hermenéutica de la disposición que se ajusta materialmente a las consideraciones sobre las cuales se apoya el cargo de inexequibilidad planteado en esta oportunidad por los demandantes. En tal sentido, en la medida en que en tal pronunciamiento la Corte restringió el sentido interpretativo de la disposición garantizando protección al derecho de asociación sindical, solicitó reiterar la decisión adoptada en la sentencia C-797 de 2000.
En oficio recibido el día 28 de febrero del año en curso, el Ciudadano Otoniel Camargo Ramírez, actuando como representante del Ministerio, se opuso a la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por los Ciudadanos. Con el objetivo de fundamentar su oposición señaló que en la práctica las organizaciones sindicales no se encuentran limitadas para la realización de actividades comerciales que les permitan asegurar la provisión de fondos de la cual depende el cumplimiento de su objeto social. En consecuencia, a juicio del Ministerio, “[L]a norma no es prohibitiva: los sindicatos realizan actividades dentro del marco de una economía capitalista: recaban fondos de sus afiliados, hacen colectas, rifas, bailes, bazares, venden sus libros y periódicos, adquieren sus sedes a través de compraventas, pagan servicios públicos domiciliarios, reciben donaciones, etc.”[3]. En segundo término, señaló que, a pesar de la eventual orientación ideológica de las organizaciones sindicales, su funcionamiento dentro de la economía de mercado impone el cumplimiento de determinadas obligaciones provenientes de su participación en el tráfico comercial. Al respecto, de manera textual señaló lo siguiente: “[L]os sindicatos –algunos de los cuales pueden tener justamente una ideología antisistema, no están por fuera del sistema capitalista: tienen que pagar servicios públicos, pasajes, alojamientos, alquileres, contratar servicios de impresión y un largo etcétera, en iguales condiciones que cualquiera de nosotros: con moneda corriente”[4].
En su calidad de Presidente de la agremiación sindical, el Ciudadano Carlos Rodríguez Díaz emitió concepto con el objetivo de “coadyuvar la demanda de inconstitucionalidad”[5] interpuesta por los accionantes. En primer término se pronunció acerca de la eventual configuración del fenómeno de la cosa juzgada con el objetivo de señalar que en el caso particular de la demanda interpuesta por los accionantes, el escrito de demanda fundamenta el cargo de inexequibilidad no sólo en la violación de los artículos 39 y 44 superiores –tal como ocurrió en el proceso de constitucionalidad que concluiría con la sentencia C-797 de 2000- sino que, adicionalmente, el reproche de constitucionalidad incluye referentes normativos que no fueron objeto de consideración en dicho pronunciamiento, tal como ocurre con el Convenio 87 de la OIT.
Mediante concepto número 4512, radicado ante la Secretaría General el día 1° de abril de 2008, el Jefe del Ministerio Público solicitó a esta Corporación “Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-797 de 2000 de la Corte Constitucional en relación con el artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo, por existir cosa juzgada constitucional”.
Formulado el anterior recuento, el Procurador adelantó un breve examen de las disposiciones sobre las cuales se apoya la “cosa juzgada constitucional”, análisis dentro del cual fueron incluidos los artículos 243 superior, 6° del Decreto 2067 de 1991 y 48 de la Ley 270 de 1996. Con fundamento en el análisis enunciado concluyó que, dada la coincidencia entre los cargos planteados y al tenor de la decisión acogida por la Sala Plena de esta Corporación en sentencia C-797 de 2000, en esta oportunidad correspondía a la Corte estarse a los resuelto en dicha providencia.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 243 superior y 20 del Decreto 2067 de 1991, las sentencias proferidas por la Corte Constitucional tienen valor de cosa juzgada, razón por la cual son de obligatorio cumplimiento para la totalidad de las autoridades públicas y los particulares. Lo anterior significa que, atendiendo los aludidos principios de seguridad jurídica e igualdad, dichas providencias agotan la jurisdicción constitucional e impiden volver sobre una disposición legal que ha sido objeto de control judicial por parte de esta Corporación[8]. Así las cosas, la figura conocida en la jurisprudencia como la cosa juzgada constitucional hace referencia a los efectos de las sentencias proferidas por la Corte, con el objetivo de resaltar “su carácter inmutable y la imposibilidad de presentar recursos en contra de las decisiones en ellas consagradas”[9]
En el primer evento el pronunciamiento de constitucionalidad realizado por la Corte no se encuentra limitado por la propia sentencia, razón por la cual se entiende que la norma ha sido declarada exequible o inexequible, según sea el caso, como consecuencia de un examen dentro del cual la norma censurada ha sido confrontada con la totalidad del texto constitucional. Al respecto, en sentencia C-584 de 2002 la Sala Plena señaló que “en principio debe entenderse que toda sentencia de constitucionalidad hace tránsito a cosa juzgada absoluta, salvo que la propia Corporación, bien de manera explicita en la parte resolutiva, o bien de manera implícita en la parte motiva, restrinja el alcance de su decisión a los cargos analizados en la sentencia”. De acuerdo a lo anterior, la configuración del fenómeno de la cosa juzgada absoluta no sólo depende de una manifestación expresa realizada dentro de la parte resolutiva de una sentencia de constitucionalidad, pues adicionalmente, es posible esclarecer dicho asunto a partir de un examen del contenido sustancial de la providencia.
(ii) En segundo término, el Ciudadano señaló que el artículo 355 del Código infringía el principio de “autonomía sindical” dado que impide la obtención de los recursos económicos que resultan indispensables para este tipo de organizaciones. Como consecuencia de dicha vulneración, la disposición mantendría a los sindicatos en una situación de “inferioridad” que, en opinión del demandante, obstaculizaría de facto el cumplimiento de los objetivos que inspiran la organización. Textualmente, en dicha providencia se resumió el correspondiente cargo en los siguientes términos:
(iii) Para terminar, el Ciudadano esgrimió una última razón de inconstitucionalidad consistente en que el artículo 355 se opondría a la libertad económica consagrada en el artículo 333 de la Constitución Nacional en atención a que la disposición estaría desconociendo el derecho de autonomía en cabeza de las asociación sindicales en virtud del cual aquellas podrían formular de manera independiente “sus programas e inversiones para el logro de sus objetivos”; garantía que contendría como elemento esencial de la aludida libertad el ejercicio de actividades económicas que aseguren la provisión de los recursos económicos requeridos.
De acuerdo al anterior examen, la demanda que luego concluiría con la expedición de la sentencia C-797 de 2000 planteó varios problemas jurídicos que fueron resueltos por la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del artículo 355 del Código Sustantivo del Trabajo: (i) ¿la restricción impuesta a las organizaciones sindicales, en virtud de la cual no les es permitido desarrollar “actividades con fines de lucro”, constituye una discriminación en contra de dichas organizaciones, al tener en cuenta que tal limitación no resulta aplicable a otro tipo de asociaciones? (ii) ¿el establecimiento de tal prohibición infringe el derecho de asociación sindical en la medida en que dificulta la obtención de los recursos económicos requeridos para el desarrollo independiente y autónomo de las actividades laborales y sociales por las cuales han sido creadas dichas agremiaciones? (iii) ¿la libertad económica consagrada en el artículo 333 superior incluye, en el caso específico de las asociaciones sindicales, la potestad de desarrollar actividades comerciales?
Con el objetivo de absolver tales planteamientos, la Corte realizó una abundante reiteración jurisprudencial a propósito del alcance del derecho fundamental de asociación sindical. En tal sentido, luego de examinar el propósito y fundamento sobre los cuales descansa la consagración de esta modalidad específica del derecho de asociación[10], realizó un detenido análisis de las disposiciones constitucionales e internacionales –estas últimas incluidas en el bloque de constitucionalidad- a partir de las cuales se logra la configuración jurídica del derecho. Para terminar, especificó el contenido de esta libertad[11], al tiempo que demarcó las fronteras jurídicas a las cuales se encuentra sometida. Una vez concluido el anterior recuento normativo y jurisprudencial, la Corte procedió a analizar de manera individual los cargos propuestos contra cada una de las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo cuya inconstitucionalidad había sido demandada por el accionante.
“CUARTO. Declarar EXEQUIBLE el art. 355 e INEXEQUIBLE la expresión acusada del literal d) del art. 379 del C.S.T.”
La conclusión anterior surge de la comparación entre las dos acciones promovidas: en esta ocasión los demandantes explican la acusación de inconstitucionalidad en los siguientes términos “Es claro que de acuerdo a la Carta Política y los Convenios Internacionales ratificados por Colombia, le es reconocido a los sindicatos la posibilidad de gozar de cierta autonomía, no absoluta, para que integrando sus propios estatutos y organizando su administración y actividades, pueda, quedando fuera del margen interventor del Estado, hacer que el derecho de asociación despliegue a cabalidad sus efectos en aras de proteger a quienes con base en este derecho reconocido se agrupan y puedan cumplir en un plano realista la función primordial del sindicado (Sic) que es, como se dijo, defender los intereses de clase de quienes siendo trabajadores así se agrupan; a nuestra manera de ver y en conjunción con el artículo 39 de la Constitución Política, tal objeto que es de la naturaleza del derecho, no puede ni podrá jamás cumplirse si de entrada se le niega a tales agrupaciones aumentar y extender el alcance de cualquier labor y aumentar con este el contrapeso al empleador, con el fin de hacer que de un verdadero puje de intereses surjan en el marco del Estado Social de Derecho, relaciones de trabajo más igualitarias”[12] (Énfasis fuera de texto)
Para la Corte es evidente que el fundamento de la acusación es idéntico, toda vez que las dos demandas coinciden en señalar que el artículo señalado mengua de manera desproporcionada el derecho de asociación sindical, al punto de hacerlo nugatorio, dado que priva a tales asociaciones de la posibilidad de recabar los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos que animan la congregación de los trabajadores en los sindicatos. Aunado a lo anterior, la Sala observa que las dos demandas concurren en el señalamiento según el cual la disposición pone a los asociados en una situación de “inferioridad”. Los demandantes coinciden en señalar que la limitación impuesta por la disposición rompe el equilibrio que pretende conseguir la labor de defensa de los intereses de los trabajadores llevada a cabo por estas asociaciones. Así las cosas, la Sala Plena concluye que, en atención a que el cargo de inconstitucionalidad formulado por los demandantes en esta oportunidad resulta idéntico al planteado en la sentencia C-797 de 2000, la solución al problema jurídico que fue sugerido a la Corte en dicha oportunidad ha de ser reiterada en esta oportunidad en la medida en que el escenario fáctico y jurídico dentro del cual fue resuelta la acción precedente no ha sido modificado.
[10] En la providencia en comento se trascribió el siguiente apartado de la sentencia T-441 de 1992: “Se concluye que el derecho de asociación sindical es un derecho subjetivo que tiene una función estructural qué desempeñar, en cuanto constituye una vía de realización y reafirmación de un estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho que permite la integración del individuo a la pluralidad de grupos, no constituye un fin en sí mismo o un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en una sociedad democrática y, es más, debe ser reconocido por todas las ramas y órganos del poder público”
[11] Sentencia C-797 de 2000 “Considera la Corte, en consecuencia, que la libertad sindical comporta: i) el derecho de todos los trabajadores, sin discriminación ni distinción alguna, para agruparse a través de la constitución de organizaciones permanentes que los identifican como grupos con intereses comunes, y cuya defensa propugnan. Este derecho implica la libertad tanto para afiliarse como para retirarse de dichas organizaciones; ii) la facultad de constituir y organizar estructural y funcionalmente las referidas organizaciones y conformarlas automáticamente como personas jurídicas, sin la injerencia, intervención o restricción del Estado; iii) el poder de las organizaciones de trabajadores de determinar: el objeto de la organización, condiciones de admisión, permanencia, retiro o exclusión de sus miembros, régimen disciplinario interno, órganos de gobierno y representación, constitución y manejo del patrimonio, causales de disolución y liquidación, procedimiento liquidatorio, y otros aspectos que atañen con su estructura, organización y funcionamiento, que deben ser, en principio, libremente convenidos por los miembros de las asociaciones sindicales al darse sus propios estatutos o reformarlos, salvo las limitaciones que válidamente pueda imponer el legislador conforme al inciso 2 del art. 39; iv) La facultad de las asociaciones sindicales para formular las reglas relativas a la organización de su administración, así como las políticas, planes y programas de acción que mejor convengan a sus intereses, con la señalada limitación; v) la garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial; vi) el derecho de las organizaciones sindicales para constituir y afiliarse a federaciones y confederaciones nacionales e internacionales; vii) la inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical”