Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-309-de-mayo-10-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_6e085c4c7b614c64aad23b1d4cf5764e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-22 15:06:30
Document Index: 27141012

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 32', 'artículo 241', 'artículo 20', 'artículo 103', 'artículo 189', 'artículo 211', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 10', 'artículo 8', 'artículo 104', 'artículo 38', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 5']

﻿ SENTENCIA C-309 DE MAYO 10 DE 2017
SENTENCIA C-309 DE 10 DE MAYO DE 2017
CONTENIDO:LA OBLIGACIÓN DE PUBLICAR Y DIVULGAR LOS ACUERDOS DE PAZ CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LA GUERRILLA DE LAS FARC, CON UN ENFOQUE DIFERENCIAL PARA PUEBLOS ÉTNICOS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD. SE OBSERVA QUE: (I) LA TRADUCCIÓN DEL ACUERDO A LAS DIFERENTES LENGUAS ÉTNICAS, O SU AJUSTE RAZONABLE PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL, NO ERAN REQUISITOS QUE SE DERIVASEN DE LA REGULACIÓN LEGAL APLICABLE NI DEL CONDICIONAMIENTO QUE SOBRE LA MISMA HIZO LA SENTENCIA C-379 DE 2016Y (II) EN CUALQUIER CIRCUNSTANCIA, SE VERIFICÓ QUE EL EJECUTIVO ADELANTÓ ACCIONES TENDIENTES A LA ACCESIBILIDAD DEL CONTENIDO DEL ACUERDO. FINALMENTE SE DECLARA LA EXEQUIBILIDAD DEL DECRETO 1391 DE 2016, Y SE ADVIERTE AL GOBIERNO NACIONAL (PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y MINISTERIO DE LA CULTURA) SOBRE LA NECESIDAD DE MANTENER CANALES DE COMUNICACIÓN PERMANENTES CON LOS PUEBLOS ÉTNICAMENTE DIFERENCIADOS Y LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD DEL PAÍS, CON MIRAS A ASEGURAR SU PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA ETAPA DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS CELEBRADOS ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LA GUERRILLA DE LAS FARC-EP.
TEMAS ESPECÍFICOS:OBLIGACIONES DEL ESTADO, GRUPO ÉTNICO, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, MINISTERIO DE CULTURA, PERSONA CON DISCAPACIDAD, MINISTERIO DEL INTERIOR, PROCESO DE PAZ
Sentencia C-309 de mayo 10 de 2017
Ref.: Exp. D-11664, D-11675 y D-11687
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en particular en desarrollo de los artículos 103 de Constitución Política y el artículo 1 º de la Ley 1806 de 2016 y
Que el artículo 1º de la Ley 1806 de 2016 autoriza al Presidente de la República, con la firma de todos los ministros, a someter a consideración del pueblo mediante plebiscito, el Acuerdo final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la Ley 1806 de 2016, el Presidente de la República, mediante comunicación del 25 agosto de 2016 con la firma de todos los ministros, informó al Congreso su intención convocar a un plebiscito para someter a consideración del pueblo el Acuerdo final para Terminación del Conflicto y la Construcción una Paz Estable y Duradera, y fijó el domingo 2 de octubre de 2016 como la fecha en que se llevará a cabo la votación.
ART. 1º—Convocatoria. Convocase al pueblo de Colombia para que el domingo 2 de octubre de 2016, en ejercicio de su soberanía, decida si apoya o rechaza el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 2º de la Ley 1806 de 2016, «se entenderá que la ciudadanía aprueba este plebiscito en caso de que la votación por el sí obtenga una cantidad de votos mayor al 13% del censo electoral vigente y supere los votos depositados por el no».
ART. 2º—Organización electoral. La organización electoral garantizará el cumplimiento de los principios de la administración pública y la participación en condiciones de igualdad, equidad, proporcionalidad e imparcialidad en los términos que fija la Ley 1806 de 2016 y demás normas legales pertinentes.
ART. 3º—Campañas. Con sujeción a las normas vigentes, a partir de la fecha se podrán desarrollar campañas a favor o en contra del plebiscito.
ART. 4º—Acompañante para votar. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 163 de 1994, los ciudadanos que padezcan limitaciones y dolencias físicas que les impidan valerse por sí mismos, podrán ejercer el derecho al sufragio acompañados hasta el interior del cubículo de votación, sin perjuicio del secreto del voto. Así mismo, bajo estos lineamientos, podrán ejercer el derecho al voto las personas mayores de ochenta (80) años o quienes padezcan problemas avanzados de visión.
ART. 5º—Información de resultados. El día del plebiscito, mientras tiene lugar el acto de votación, los concesionarios del servicio de radiodifusión sonora, los espacios de televisión del servicio de televisión abierta y por suscripción y los contratistas de los canales regionales y locales, podrán suministrar información sobre el número de personas que emitieron su voto, señalando la identificación de las correspondientes mesas de votación, con estricta sujeción a la normas vigentes.
ART. 6º—De las encuestas, sondeos y proyecciones electorales. Toda encuesta de opinión al ser publicada o difundida tendrá que serlo en su totalidad y deberá indicar expresamente la persona natural o jurídica que la realizó y la encomendó, la fuente de su financiación, el tipo y tamaño de la muestra, el tema o temas concretos a los que se refiere, las preguntas concretas que se formularon, el área y la fecha o período de tiempo en que se realizó y el margen de error calculado.
ART. 7º—Información sobre orden público. En materia de orden público, el día del plebiscito, los medios de comunicación solo transmitirán las informaciones confirmadas por fuentes oficiales.
ART. 8º—Prelación de mensajes. Desde el viernes 30 de septiembre hasta el lunes 3 de octubre de 2016, los servicios de telecomunicaciones darán prelación a los mensajes emitidos por las autoridades electorales.
ART. 9º—Uso de celulares y otros aparatos en los puestos de votación. Durante el plebiscito no podrán usarse dentro del puesto de votación, teléfonos celulares, cámaras fotográficas o de video entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., salvo los medios de comunicación debidamente identificados.
ART. 10.—Ley seca. Quedan prohibidos en todo el territorio nacional la venta y el consumo de bebidas embriagantes desde las seis (6) de la tarde del día sábado 1º de octubre hasta las seis (6) de la mañana del día lunes 3 de octubre de 2016.
ART. 11.—Porte de armas. Las autoridades militares de que trata el artículo 32 del Decreto Ley 2535 de 1993 adoptarán las medidas necesarias para la suspensión general de los permisos para el porte de armas en todo el territorio nacional, desde el viernes 30 de septiembre hasta el miércoles 5 de octubre de 2016, sin perjuicio de las autorizaciones especiales que durante estas fechas expidan las mismas.
ART. 12.—Tránsito de vehículos automotores y de transporte fluvial. Los gobernadores y/o los alcaldes, de conformidad con la recomendación del respectivo consejo departamental o municipal de seguridad o en los correspondientes comités territoriales de orden público, podrán restringir la circulación de vehículos automotores, embarcaciones, motocicletas, o de estas con acompañantes, durante el periodo que se estime conveniente, con el objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público.
ART. 13.—Toque de queda. Los gobernadores o alcaldes de acuerdo con sus facultades legales, y acorde con la recomendación del consejo departamental o municipal de seguridad o de los respectivos comités territoriales de orden público, y durante el periodo que se estime conveniente, podrán decretar el toque de queda con el objeto de prevenir posibles alteraciones del orden público.
ART. 14.—Comunicación a la Registraduría. Por conducto del Ministerio del Interior, comuníquese al Registrador Nacional del Estado Civil la convocatoria al Plebiscito dispuesta en el presente Decreto con el objeto de que adopte las medidas pertinentes.
ART. 15.—Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación”.
Las demandas acumuladas.
2. Para simplificar la exposición, la corporación no se referirá a cada una de las demandas, sino a los cuestionamientos que estas presentan y que se dividen en tres grandes temas: (i) violación de las normas estatutarias que ordenan al Presidente informar al Congreso su intención de convocar a un plebiscito, y a este último pronunciarse sobre la conveniencia del plebiscito (arts. 20 y 32 de la L. 1757/2015); (ii) defectos en la formulación de la pregunta presentada a la ciudadanía y contenida en el Decreto 1391 de 2016, por el cual se convocó al Pueblo a las urnas; y (iii) otras irregularidades. Este último grupo incluye cinco cuestionamientos distintos, asociados a la firma del Acuerdo entre la guerrilla de las Farc y el Gobierno Nacional, a su divulgación entre los pueblos étnicamente diferenciados y las personas en situación de discapacidad visual, y a la supuesta presentación de acuerdos parciales, al momento de convocar al pueblo.
4.1. El cuestionamiento según el cual el Presidente y el Congreso de la República desconocieron las normas relativas a la presentación de informe, por parte del primero, y emisión de concepto, por parte del segundo, contenidas en la Ley Estatutaria 1757 de 2015;
5. En lo que tiene que ver con el tercer conjunto de cuestionamientos, la Corte Constitucional es incompetente para pronunciarse sobre el aspecto relativo a la validez del Acuerdo final que, desde el punto de vista de los accionantes, no fue firmado adecuadamente ni por el Presidente de la República, ni por parte de los negociadores de las FARC-EP. Es importante recordar que, de acuerdo con la Sentencia C-379 de 2016,(21) la facultad del Presidente de la República de celebrar este tipo de acuerdos con el fin de lograr la desmovilización de grupos armados al margen de la ley no está atada a la realización de un mecanismo de participación ciudadana. Por lo tanto, el acuerdo y el plebiscito son asuntos conceptualmente independientes y el artículo 241 Superior no establece la competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse sobre el primero.
6.2. Asimismo, una de las demandas plantea que el Gobierno Nacional incumplió las reglas de divulgación con enfoque diferencial, especialmente, para los pueblos étnicamente diferenciados y las personas en condición de discapacidad visual. Indica que el acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las FARC-EP fue traducido sólo a 6 de las 65 lenguas del país (el castellano y 64 lenguas de pueblos étnicamente diferenciados). En criterio de la corporación, la divulgación es un asunto regulado en la Ley Estatutaria 1806 de 2016, que tiene relevancia constitucional, pues hace parte del derecho al acceso a la información y porque es imprescindible para la participación de los ciudadanos, de manera que la Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre este punto.
En ese orden de ideas, las razones de inconstitucionalidad deben ser “(i) claras, es decir, seguir un curso de exposición comprensible y presentar un razonamiento inteligible sobre la presunta inconformidad entre la ley y la Constitución; (ii) ciertas, lo que significa que no deben basarse en interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados, sino exponer un contenido normativo que razonablemente pueda atribuírseles; (iii) específicas, lo que excluye argumentos genéricos o excesivamente vagos; (iv) pertinentes, de manera que planteen un problema de constitucionalidad y no de conveniencia o corrección de las decisiones legislativas, observadas desde parámetros diversos a los mandatos del Texto Superior; y (v) suficientes, esto es, capaces de generar una duda inicial sobre la constitucionalidad del enunciado o disposición demandada”. (C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
11. En criterio de la Sala este cuestionamiento no satisface los requisitos de pertinencia y suficiencia. Primero, porque la Sala no observa que la condición exigida por la accionante se encuentre prevista en la Constitución, en las leyes estatutarias relevantes (1757 de 2015 y 1806 de 2016) o en las sentencias en las que se adelantó el control previo e integral que le corresponde a la Corte Constitucional (C-150/15 y C-379/16(22)).
— “Ley 1757, artículo 20, numeral c) “Plebiscito. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El Congreso de la República deberá pronunciarse sobre la conveniencia de la convocatoria a plebiscito. Cuando dentro del mes siguiente a la fecha en la que el Presidente de la República haya informado sobre su decisión de realizar un plebiscito, ninguna de las dos cámaras por la mayoría simple haya manifestado su rechazo, el Presidente podrá convocarlo. En ningún caso podrá versar sobre la duración del mandato presidencial ni podrá modificar la Constitución Política”;
— Ley 1757 de 2015, “ART. 31.—Requisitos especiales previos al trámite. Antes de iniciar el trámite ante corporaciones públicas de cada mecanismo de participación ciudadana se requiere.
— Ley 1757 de 2015, “ART. 32.—Conceptos previos. Para convocar y llevar a cabo un plebiscito o una consulta popular nacional se requiere el concepto previo de la corporación pública correspondiente.
16. Estos cuestionamientos cumplen con el requisito de claridad, pues no existe dificultad alguna para comprender la argumentación de los accionantes, quienes consideran que la pregunta formulada en el plebiscito especial de 2 de octubre de 2016 no fue clara ni precisa; es cierta, pues si bien la demanda no se dirige contra una norma jurídica(23), los demandantes describen la pregunta en su tenor literal, así que su punto de vista no es caprichoso o puramente subjetivo; es pertinente porque se invoca como parámetro de control el contenido de las leyes estatutarias 1757 de 2015 (sobre mecanismos de participación) y 1806 de 2016 (sobre el plebiscito especial), así como la Sentencia C-379 de 2016,(24) es decir, normas pertenecientes al bloque en sentido lato; es específica, pues el mecanismo de la presunta violación está explicado de forma precisa. La alegada ausencia de claridad de la pregunta, en consideración de los demandantes, había impedido un pronunciamiento informado de la ciudadanía.
18. El Decreto 1391 de 2016 es el resultado de un mandato contenido en la Ley Estatutaria 1806 de 2016, que fue objeto de control integral, automático, previo y definitivo por parte de este Tribunal en Sentencia C-379 de 2016,(25) providencia que, en virtud de la naturaleza del control ejercido, hace tránsito a cosa juzgada absoluta.
En esa sentencia se analizó entonces todo el texto de la Ley 1806 de 2016 con todas las disposiciones constitucionales relevantes. Y, precisamente, el primer artículo de la normativa estatutaria mencionada hace referencia al acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, como el Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera(26).
“Ahora bien, el logro de la paz es sin duda una de las políticas más importantes que debe implementar el ejecutivo, es por esto que los acuerdos a los que lleguen el Gobierno nacional y grupos armados como las FARC-EP o el ELN, para la terminación del conflicto armado interno, que persiste en Colombia desde hace más de cincuenta años, deben contar con el respaldo y refrendación populares, para que mediante un mecanismo democrático, pueda el pueblo dar su aval definitivo a los acuerdos suscritos para la terminación del conflicto y el logro de la paz.
(...) A través de esta iniciativa se habilita la posibilidad de que el Presidente de la República convoque a Plebiscito a los colombianos para que refrenden los acuerdos de paz para la terminación del conflicto, que suscriban el gobierno y los grupos armados.
Este plebiscito tiene unas reglas especiales y diferentes a las consagradas en las leyes estatutarias que han regulado el plebiscito y buscan garantizar la mayor participación de la ciudadanía, para a su vez garantizar un verdadero pronunciamiento popular mayoritario”.(27)
Esta misma posición es planteada por la ponencia favorable para segundo debate ante el Senado de la República, la cual plantea ese carácter amplio antes identificado. Sobre este particular, indica que “[e]l proyecto de ley estatutaria que se somete a consideración tiene como objetivo establecer la posibilidad de que los acuerdos que el Gobierno nacional suscriba con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley, puedan ser refrendados a través del plebiscito para la paz en ese sentido, la finalidad del proyecto es reafirmar la importancia del pronunciamiento popular frente a los contenidos del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, ya que serán los colombianos quienes decidan si estos acuerdos serán implementados en el país. Eso solo se logra a través de un mecanismo de refrendación que sea ágil y sencillo pero que a la vez mantenga un umbral adecuado para lograr la necesaria legitimidad de la decisión ciudadana. || Teniendo en cuenta que desde la vigencia de la Constitución de 1991 el plebiscito no ha sido utilizado, el proyecto en consideración comprende unas reglas especiales que buscan modificar, de manera transitoria, las consagradas en las leyes estatutarias regulatorias del artículo 103 constitucional”.(28)
“34. Conforme al numeral 4º del artículo 189 de la Constitución, el Presidente de la República es la autoridad pública competente para “conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuera turbado”. En consecuencia, los gobernadores y los alcaldes tienen el deber de cumplir con las órdenes que el Jefe de Estado emita sobre este asunto (...)
En todo caso, el Presidente tiene la potestad de delegar en otros funcionarios del Gobierno Nacional acciones por medio de las que se busque el restablecimiento del orden público; y, por tanto, sus delegados pueden llevar a cabo diálogos durante un proceso de paz e incluso suscribir acuerdos intermedios o instrumentales. Dichas actuaciones deben llevarse a cabo conforme a lo determinado por el Presidente, quien emite las respectivas instrucciones y lineamientos orientadores de la función de sus delegados. Sin embargo, el Jefe de Gobierno es la única autoridad pública autorizada para firmar los acuerdos definitivos de un proceso de paz. Al respecto se pronunció la Corte Constitucional en la Sentencia C-214 de 1993,(29) al señalar que “el acto de firma de los acuerdos definitivos, mediante el cual se plasman con carácter vinculante los pactos que constituyan resultado final de los diálogos, está reservado de manera exclusiva al Presidente de la República en su calidad de Jefe del Estado. Dada la índole del compromiso que se contrae y sus repercusiones para el futuro de la colectividad, el contenido del acuerdo de paz no puede quedar en manos de personas distintas a aquella que tiene a su cargo la conducción del orden público (art. 189, num. 4º C.N.). Se trata de decisiones de alta política reservadas, por tanto, al fuero presidencial y que, dada su naturaleza, no son delegables. La figura prevista en el artículo 211 de la Carta no sería aplicable a ellas, en especial si se recuerda que, por mandato de la propia norma, la delegación exime de responsabilidad al delegante, mientras que el ejercicio de las atribuciones de los estados de excepción compromete al Presidente de la República (art. 214-5 C.N.), precisamente por su gravedad y trascendencia”.
En ese mismo sentido se manifestó la Corte en la Sentencia C-048 de 2001(30), en la que afirmó “[n]o obstante la generalidad del deber social de ‘propender al logro y mantenimiento de la paz’ (C.P., art. 95-6), la rama ejecutiva es la principal responsable de cumplir con la obligación de adelantar los medios pertinentes y necesarios para proteger la seguridad de los habitantes del territorio nacional.”
35. Con todo, el hecho de que el Presidente sea la autoridad competente para firmar un acuerdo final en materia de paz, no implica que este sea el único poder constituido sobre el que recae la obligación de adelantar acciones tendientes a la consecución de la paz. De hecho, ello resultaría un imposible en el Estado colombiano fundado sobre el principio de división de poderes y la colaboración armónica de las ramas del poder público. Es decir que si bien la competencia de restablecer el orden público le corresponde al Presidente de la República y este indefectiblemente es quien debe firmar un acuerdo final de paz, las otras ramas del poder público también deben desarrollar lo que les corresponda dentro de la órbita de sus respectivas atribuciones en esta materia (...)”(31).
Así las cosas, los demandantes parten de premisas ciertas: la pregunta formulada al pueblo hablaba de un acuerdo de “paz”, utilizaba los adjetivos “estable” y “duradera”, y no mencionaba ni al Gobierno Nacional ni a las FARC-EP. Además, la pregunta no puede ser formulada de cualquier manera, ni existe en este ámbito discrecionalidad plena en cabeza del Presidente de la República(32), pues su planteamiento debe respetar el marco normativo establecido en la Ley 1806 de 2016 y las condiciones de precisión y claridad descritas por este tribunal en la Sentencia C-379 de 2016.(33) Sin embargo, lo que no presentan los accionantes es un argumento que explique por qué el Presidente no podía utilizar precisamente la expresión que ya había incorporado el Legislador Estatutario en la ley citada para referirse al acuerdo entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP, y que fue declarada exequible por este Tribunal. De ahí que el cargo propuesto resulte inepto.
En efecto la fuente de información a la que se refiere la accionante es el Comunicado Conjunto Nº 88, el cual fue publicado el 12 de agosto de 2016, y en el que se habla de la Jurisdicción especial para la paz y la escogencia de sus miembros. Pero, siguiendo la misma fuente, el Comunicado Conjunto 93, publicado el 24 de agosto de 2016 se refiere a la finalización de las negociaciones y el Comunicado Conjunto 94 hace alusión a fallas en la numeración del Acuerdo final, hecho que concuerda con la fecha que posee el citado acuerdo, tal como fue publicado en el portal de internet del Alto Comisionado para la Paz (es decir, 27 de agosto de 2016)(34).
23.2. El cargo sobre ausencia de divulgación del acuerdo en todas las lenguas o idiomas de los pueblos indígenas es claro, pues no exige ningún esfuerzo para su comprensión. El acuerdo, dicen los accionantes, fue traducido sólo a seis lenguas, de 65 que existen en el país. Además, no fue llevado al sistema de escritura braille, para facilitar su acceso a las personas en situación de discapacidad visual. Sobre este punto, la Sala debe aclarar que, de acuerdo con la información disponible en los portales del Alto Comisionado para la Paz(35) y el Ministerio de Cultura, el proceso de traducción del Acuerdo continuó durante el mes de septiembre de 2016, ocurriendo algo similar en lo que tiene que ver con la divulgación para personas en condición de discapacidad visual(36). Sin embargo, los demandantes no conocían este hecho al momento de presentar la demanda, y persiste la duda de si esa traducción respetó los parámetros exigidos en materia de publicación y divulgación en el artículo 5º de la Ley 1806 de 2016, de acuerdo con el condicionamiento planteado en la Sentencia C-379 de 2016.(37)
25. Para resolver el problema jurídico la Sala hará referencia a la obligación estatal de adelantar la publicación y divulgación de los acuerdos, prevista en el artículo 5º de la Ley 1806 de 2016, a partir de lo expresado en la Sentencia C-379 de 2016(38).
26. El artículo 5º de la Ley 1806 de 2016, estatutaria sobre el plebiscito especial de 2 de octubre de 2016, estableció un conjunto de normas relativas a la divulgación de los acuerdos(39).
Entonces, es posible diferenciar la finalidad que tiene la divulgación o publicación de la que cumple la promoción. En las primeras, se busca proteger el derecho a una información veraz e imparcial, y, con ello, la libertad del elector. En la segunda tiene el objetivo de lograr el apoyo al plebiscito resaltando las cualidades favorables del acuerdo. En consecuencia, el artículo 5º impone al Gobierno Nacional la obligación de poner a disposición de la ciudadanía el contenido íntegro del Acuerdo final para garantizar el derecho a la información y la libertad del elector.
127. Bajo esta línea argumentativa, de ninguna manera el Gobierno puede usar los espacios previstos en el artículo 5º para promocionar una votación apoyando el plebiscito. Es decir que los espacios en los que se va a publicar y difundir el Acuerdo final únicamente pueden ser usados como un medio para materializar el derecho a la información, y bajo ninguna circunstancia para promover el apoyo de la campaña a favor del plebiscito. En la democracia participativa y en el marco de la naturaleza del plebiscito, el Presidente de la República tiene el deber de dar a conocer a los ciudadanos de manera objetiva, imparcial y suficiente el asunto sobre el que van a decidir. En consecuencia, para la publicación y divulgación del Acuerdo final debe usarse un lenguaje claro, desprovisto de elementos o notas sugestivas que induzcan a apoyar el plebiscito o que confundan a los ciudadanos. Solo así se garantiza el derecho del elector “a ejercer sin interferencias sus facultades críticas, con el fin de conocer y comprender la decisión que debe tomar, y la responsabilidad que tiene —al hacerlo— frente a la construcción de su propio destino y el de la colectividad.”(40)”.
30. La existencia de información acorde con esos parámetros, dijo la Corte, no sólo es constitucionalmente válida, especialmente en el marco de un mecanismo de participación como el plebiscito, en el que se pide al pueblo que exprese su posición sobre una decisión política de trascendencia nacional(41). Es, en realidad, un presupuesto esencial para el ejercicio del derecho al voto en el escenario del plebiscito especial, con una base sólida para la comprensión, deliberación y construcción de una opinión autónoma sobre la conveniencia de los acuerdos. Es decir, (i) la diferencia entre promoción, de una parte, y publicación y divulgación, de otra; así como (ii) el vínculo entre el derecho fundamental a la libertad de expresión y la libertad del elector, fueron los fundamentos centrales para considerar que los primeros incisos del artículo 5º de la Ley 1806 no violaban la Constitución Política.
“122. En el marco de la democracia participativa, la finalidad del derecho de información es brindar a los ciudadanos suficientes elementos de juicio para que puedan formarse un criterio con base en el que puedan participar activamente, tanto en la elección de sus representantes como por medio de los mecanismos de participación ciudadana. Por esa razón, esta garantía “se convierte en un instrumento esencial para el conocimiento de los asuntos que revisten una mayor importancia en la vida colectiva de un país, de tal suerte, que condiciona la participación de todos los ciudadanos en el buen funcionamiento de las relaciones democráticas que proclama la Constitución Política, así como el ejercicio efectivo de otros derechos y libertades”.(42) En concordancia con ello, la Constitución establece que la función administrativa debe desarrollarse con fundamento en el principio de publicidad (art. 209 C.P.).
123. Dada la estrecha relación que tiene el derecho de información y la libertad del elector en una democracia participativa, es esencial que la información transmitida a los ciudadanos sea verdadera, “esto es, que adecúe el intelecto con la realidad; en otras palabras, debe recaer sobre lo cierto, de suerte que quien informe se fundamente y describa la realidad”.(43) De ahí que la eficacia de la libertad del elector esté supeditada a que como sujeto pasivo del derecho de información reciba información veraz e imparcial, con base en la que puede adoptar libremente la postura que considere refleja de mejor manera su ideal de Estado. Por ello esta corporación expresó: “en la libertad de información el interés del receptor de la misma es crucial, puesto que sin información no está en condiciones de ejercer efectivamente su ciudadanía.”(44) Así también lo resaltó la declaración conjunta sobre medios de comunicación y elecciones, adoptada en el marco del sistema interamericano de derechos humanos, al afirmar: “las elecciones libres y transparentes solo son posibles cuando el electorado se encuentra debidamente informado y tiene acceso a información pluralista y suficiente”.(45)
“130. El análisis expuesto lleva a esta corporación a concluir que la norma es exequible, en tanto protege el derecho fundamental a la información y la libertad del elector. En todo caso, la Corte advierte al Gobierno Nacional que para que la publicación y divulgación del Acuerdo final cumpla con la finalidad establecida (i) esta debe estar desprovista de cargas valorativas y estratégicas que incidan en la vocación de voto del ciudadano y (ii) la información debe ser veraz e imparcial. A partir del cumplimiento de estas condiciones, se garantiza que la divulgación cumpla con su objetivo constitucional de otorgar eficacia al derecho a recibir información objetiva, a la vez que protege la libertad del elector, la cual pasa necesariamente por la posibilidad institucional de contar con un acceso objetivo y transparente al contenido del Acuerdo final”.
31. Esta trascripción de la Sentencia C-379 de 2016(46) resulta pertinente como trasfondo a la discusión sobre el deber de incorporar un criterio diferencial en la publicación y divulgación de los acuerdos. Frente a este segundo problema (el quinto del artículo 5º de la Ley 1806 de 2016, en la exposición original de la C-379 de 2016), la Corte Constitucional señaló que el Acuerdo final debía incorporar el citado criterio diferencial, para asegurar una participación informada y libre de los pueblos indígenas y las personas en situación de discapacidad (especialmente, de carácter visual). Además, la corporación invocó la jurisprudencia establecida en la Sentencia C-273 de 2014, relativa al control de constitucionalidad automático, integral y definitivo del proyecto que dio lugar a la ley estatutaria de transparencia y del derecho al acceso a la información pública nacional, en cuyo artículo 8º se incorporó un deber de traducción de ciertos documentos públicos.
Por lo tanto, la publicación y divulgación del Acuerdo final debe llevarse a cabo con un criterio diferencial de accesibilidad, para lo que se deben adecuar los medios de comunicación. Le corresponde entonces al Gobierno Nacional cumplir esta obligación “en favor no sólo de comunidades étnicas, sino también de sujetos en situación de discapacidad que requieran para comprender la información pública que pueda afectarlos que ésta se les divulgue en diversos idiomas, lenguas y lenguajes.”En el caso concreto de las personas en situación de discapacidad, si no se lleva a cabo la publicación en los términos establecidos previamente, se estaría incurriendo en una discriminación por motivos de discapacidad, en los términos de la Convención ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’, suscrita por el Gobierno Colombiano y aprobada por la Ley 1346 de 2009.
138.2. La Corte concluye que dada la trascendencia del Acuerdo final en el Estado colombiano, en este caso particular no debe mediar solicitud alguna de las autoridades de las comunidades, establecida en el artículo 8º de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, para que la publicación y divulgación del Acuerdo final se haga con un criterio diferencial de accesibilidad. Por ende se declarará la exequibilidad de la norma en el entendido de que la publicación y divulgación del Acuerdo final debe hacerse con un criterio diferencial de accesibilidad dirigido a las personas en condición de discapacidad y aquellas comunidades que no se comunican en castellano (...)”. (Se destaca).
32. La comprensión adecuada de estas subreglas, remite entonces a lo señalado por la corporación en Sentencia C-274 de 2013(47) y, especialmente, a lo que tiene que ver con el condicionamiento establecido al artículo 8º de la ley de transparencia y del derecho al acceso a documentos públicos nacionales. De acuerdo con esta disposición, para facilitar el acceso a la información que afecte a esta población, los obligados deberían divulgar la información pública en diversos idiomas, lenguas y en formatos alternativos, para facilitar su acceso a personas con discapacidad y a los pueblos étnicamente diferenciados que no se comunican en castellano.
33. La Corporación consideró que esta norma desarrolla un deber del Estado, contenido en los artículos 74 de la Constitución Política, (acceso a los documentos públicos) y 209 (principios de la función pública). Sin embargo, indicó la Corte que, en la medida en que la publicidad de la información oficial es un principio general del Estado colombiano, y que la “divulgación proactiva” constituye un principio cardinal de la Ley estatutaria citada, no resultaba acorde restringir la presentación en diversos idiomas, lenguas o formatos alternativos sólo a solicitud de los interesados. Indicó que el “pleno funcionamiento del régimen constitucional” exige publicidad y transparencia de la gestión pública, y que para evitar que la diversidad de formas de comunicación de la población colombiana se erija en barrera de acceso a los documentos citados, corresponde al Estado el deber constitucional de traducir la información pública en todos aquellos casos en que se presente la posible afectación de una o varias comunidades étnicas que no tienen la posibilidad de comunicarse en castellano, lengua oficial de Colombia de acuerdo con el artículo 10 constitucional, aún en el evento en que no medie solicitud de la autoridad o autoridades correspondientes”(48).
35. Para resolver el presente asunto, debe partirse de considerar que los demandantes e intervinientes ofrecen diversas interpretaciones sobre la obligación impuesta al Gobierno Nacional en la parte resolutiva de la Sentencia C-379 de 2016, derivada a su vez de las subreglas sentadas en la Decisión C-274 de 2013(49), ambas citadas extensamente. Por lo tanto, corresponde a la Corte determinar cuál es la hermenéutica adecuada de dichos enunciados normativos de naturaleza jurisprudencial, como presupuesto para la decisión sobre el cargo de inconstitucionalidad propuesto.
38. La ley de acceso a la información pública dispone que el Estado debe traducir a los idiomas indígenas y hacer disponible en formatos accesibles a personas en condición de discapacidad visual, los asuntos que sean de su interés, y que esta es una obligación que debe cumplirse sin necesidad de una petición por parte de los posibles afectados o interesados. Sin embargo, en la Sentencia C-274 de 2013(50) la corporación calificó como excesivamente “onerosa” una traducción permanente de todos los documentos públicos, al tiempo que definió una obligación mínima inicial de divulgar la existencia de los documentos, para facilitar así la petición de traducción.
“Por lo tanto, la publicación y divulgación del Acuerdo final debe llevarse a cabo con un criterio diferencial de accesibilidad, para lo que se deben adecuar los medios de comunicación. Le corresponde entonces al Gobierno Nacional cumplir esta obligación “en favor no sólo de comunidades étnicas, sino también de sujetos en situación de discapacidad que requieran para comprender la información pública que pueda afectarlos que ésta se les divulgue en diversos idiomas, lenguas y lenguajes.”(51) En el caso concreto de las personas en situación de discapacidad, si no se lleva a cabo la publicación en los términos establecidos previamente, se estaría incurriendo en una discriminación por motivos de discapacidad, en los términos de la Convención ‘Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad’, suscrita por el Gobierno Colombiano y aprobada por la Ley 1346 de 2009(52).
138.2. La Corte concluye que dada la trascendencia del Acuerdo final en el Estado colombiano, en este caso particular no debe mediar solicitud alguna de las autoridades de las comunidades, establecida en el artículo 8º de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, para que la publicación y divulgación del Acuerdo final se haga con un criterio diferencial de accesibilidad. Por ende se declarará la exequibilidad de la norma en el entendido de que la publicación y divulgación del Acuerdo final debe hacerse con un criterio diferencial de accesibilidad dirigido a las personas en condición de discapacidad y aquellas comunidades que no se comunican en castellano”.
41. Por ese motivo, si bien lo dicho por la Corte Constitucional en la Sentencia C-274 de 2013(53) sobre el carácter oneroso de la traducción permanente de todos los documentos públicos, así como el establecimiento de un deber inicial y mínimo podrían indicar que la corporación estableció una obligación progresiva, no parece que, en el marco del análisis de la Sentencia C-379 de 2016 el argumento del entonces Procurador General de la Nación, según la cual la traducción a seis lenguas implica un paso adelante en el cumplimiento de una obligación de carácter progresivo, pues, en caso de aceptar esta posición, al menos en los términos descritos, la Sala admitiría, contrario sensu, que no garantizar el acceso a los pueblos que hablan los 59 idiomas o lenguas restantes y al formato braille (o algún otro sistema de acceso a la información para la población invidente) no desconoce la Constitución Política, a pesar de todos los principios superiores asociados a la divulgación de los acuerdos, y a que los afectados son personas y colectivos de especial protección constitucional.
44. La diferencia que resulta relevante es la que se presenta entre publicación y divulgación. La primera se refiere al deber del Gobierno Nacional de publicar, a través de los medios oficiales establecidos por la ley (y específicamente por la Estatutaria sobre el plebiscito especial) la integridad del acuerdo suscrito con las FARC-EP. Este, como se sabe, era un documento de cerca de 300 páginas, que comprendía seis grandes temas, y que, en algunos aspectos, involucraba conceptos jurídicos y políticos de relativa complejidad. Este acuerdo fue negociado y suscrito en castellano, idioma oficial del país, compartido por las partes en la negociación. Sin embargo, una vez satisfecha la publicación del acuerdo, la obligación siguiente radicaba en su adecuada difusión, transparente y veraz.
48. La diferencia entre publicación definitiva del acuerdo, en su versión original, en idioma castellano, y el desarrollo de una estrategia de divulgación universal, así como los hechos que demuestran que la síntesis de los puntos centrales de los acuerdos fue traducida a 62 idiomas (algunos en versión escrita y otros en grabaciones de audio)(54), en un ejercicio en el que intervinieron 150 personas, entre lingüistas, antropólogos y miembros de los pueblos étnicamente diferenciados; así como el trabajo realizado por el centro de memoria histórica y el INCI, permiten a la Sala llegar a las siguientes conclusiones:
Magistrados: Luis Guillermo Guerrero Pérez, Presidente—Aquiles Arrieta Gómez (e)—Hernán Correa Cardozo (e)—José Antonio Cepeda Amarís (e)—Alejandro Linares Cantillo—Iván Humberto Escrucería Mayolo (e)—Antonio José Lizarazo Ocampo, con salvamento parcial de voto—Gloria Stella Ortiz Delgado—Alberto Rojas Ríos.
21 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva.
22 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva.
23 La aclaración obedece a que, en principio, el requisito de certeza se refiere a que los demandantes presenten una interpretación razonable (en contraste con una caprichosa o meramente subjetiva) de los textos normativos que cuestionan. (C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
24 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva.
25 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva.
26 Ley Estatutaria 1806 de 2016, por medio de la cual se regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera.
“ART. 1º—PLEBISCITO PARA LA REFRENDACIÓN DEL ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE exequible> El Presidente de la República con la firma de todos los Ministros, podrá someter a consideración del pueblo mediante plebiscito, el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, el cual estará sometido en su trámite y aprobación a las reglas especiales contenidas en la presente ley”. (Se destaca).
27 Gaceta del Congreso 698 de 2015.
28 Gaceta del Congreso 965 de 2015.
29 Corte Constitucional, Sentencia C-214 de 1993 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara. SV Jorge Arango Mejía, José Gregorio Hernández Galindo, Hernando Herrera Vergara).
30 Corte Constitucional, Sentencia C-048/01 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett. AV. José Gregorio Hernández Galindo).
31 Corte Constitucional, Sentencia C-283 de 1995 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Unánime).
32 En efecto, como lo indicó la Sala en Sentencia C-379 de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva): En la sentencia, después de explicar los elementos estructurales del plebiscito, la Corte se refirió a las reglas esenciales del procedimiento establecidas en el artículo 104 de la Carta y en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015. Así, el literal b del artículo 38 de la Ley 1757 de 2015 prevé que la pregunta formulada al pueblo “debe estar redactada de forma clara y debe contestarse con un ‘sí’ o [un] ‘no’.
33 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva.
34 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/procesos-y-conversaciones/Paginas/Texto-completo-del-Acuerdo-Final-para-la-Terminacion-del-conflicto.aspx
35 http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Paginas/acuerdo-lenguas-nativas/El-Acuerdo-de-Paz-se-habla-en-lenguas-nativas.aspx, donde se encuentra la traducción a los acuerdos a 47 idiomas indígenas en medio escrito, y 9 audios para pueblos que utilizan comunicación oral. Se trata de resúmenes o síntesis de los elementos centrales de los acuerdos de paz.
36 Al respecto, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) anunciaron jornadas de lectura del acuerdo, programadas para los días 21 y 27 de septiembre; el Instituto citado también ha publicitado la presentación de los acuerdos en el sistema braille. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/noticias/noticias-cmh/la-paz-se-lee-en-braille
37 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva.
38 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva.
39 El artículo 5º de la Ley 1806 de 2016, establece: “Divulgación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. El Gobierno Nacional publicará y divulgará el contenido íntegro del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Dicha publicación se realizará de manera permanente, con mínimo treinta (30) días de anticipación a la fecha de votación del plebiscito.
41 “125.1. Existe un mandato constitucional que impone al Presidente de la República el deber de informar al Pueblo sobre “todos los asuntos de orden económico, político y social, a fin, de que tenga plena realización el postulado constitucional establecido en el artículo 2º de la Carta, que consagra como uno de los fines esenciales del Estado facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación”. [Sent. C-1172/2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SPV Marco Gerardo Monroy Cabra. AV Manuel José Cepeda Espinosa)]. Ese deber de informar sus decisiones políticas es esencial en la democracia participativa, dado que los actos de las autoridades públicas “deben encontrarse sujetas a un examen detallado, no sólo por las autoridades que constitucionalmente tengan esa función, sino de la opinión pública que es la base y fundamento de una sociedad libre y democrática”. [Sent. C-1172/2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SPV Marco Gerardo Monroy Cabra. AV Manuel José Cepeda Espinosa)]”.
42 Sentencia C-1172 de 2001 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SPV Marco Gerardo Monroy Cabra. AV Manuel José Cepeda Espinosa).
45 http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=745
48 Sentencia C-274 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa. SPV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Mauricio González Cuervo, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva.
49 M.P. María Victoria Calle Correa. SPV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Mauricio González Cuervo, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva.
PAR. 2º—La estrategia de socialización dispuesta en este artículo, también deberá estar dirigida a los colombianos que se encuentran en el exterior, especialmente para las víctimas del conflicto armado. Su ejecución estará a cargo del Gobierno Nacional a través de las embajadas y consulados”.
40 Sentencia C-784 de 2014 (M.P. María Victoria Calle Correa. SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV Mauricio González Cuervo, Jorge Pretelt Chaljub, Luis Ernesto Vargas Silva. AV María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Luis Ernesto Vargas Silva).
43 Sentencia C-488 de 1993 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra. SPV Marco Gerardo Monroy Cabra. AV Manuel José Cepeda Espinosa).
44 Sentencia T-391 de 2007 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. SV Rodrigo Escobar Gil).
46 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. AV. María Victoria Calle Correa, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Alejandro Linares Cantillo, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Gloria Ortiz Delgado, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva.
47 M.P. María Victoria Calle Correa. SPV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Mauricio González Cuervo, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva.
50 M.P. María Victoria Calle Correa. SPV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Mauricio González Cuervo, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva.
51 Corte Constitucional, Sentencia C-274 de 2013.
52 La Corte Constitucional realizó el correspondiente control de constitucionalidad en la Sentencia C-293 de 2010.
53 M.P. María Victoria Calle Correa. SPV. y AV. María Victoria Calle Correa, Jorge Iván Palacio Palacio, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SPV. Luis Guillermo Guerrero Pérez, Mauricio González Cuervo, Nilson Pinilla Pinilla y Luis Ernesto Vargas Silva.
54 http://www.mincultura.gov.co/prensa/noticias/Paginas/Lenguas-Nativas-y-Criollas-de-Colombia.aspx?platform=hootsuite. En realidad, diversas fuentes, hablan de entre 56 y 62 lenguas indígenas. La Sala toma como referencia esta publicación, de 25 de septiembre de 2016, del portal oficial de Internet de Mincultura, pues por su carácter oficial, hace parte de los sitios en los que se previó por Ley 1806 de 2016, artículo 5º, adelantar la difusión de los acuerdos de paz. Sin embargo, al día de hoy, en el portal del Alto Comisionado para la Paz, reposa la traducción de esta síntesis en 47 lenguas indígenas por escrito y 9 por vía oral. el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) y el Instituto Nacional para Ciegos (INCI) anunciaron jornadas de lectura del acuerdo, programadas para los días 21 y 27 de septiembre; el Instituto citado también ha publicitado la presentación de los acuerdos en el sistema braille. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/fr/noticias/noticias-cmh/la-paz-se-lee-en-braille.