Source: http://www.proteccionlegal.com/matrimonial/articulos/210-violencia-de-genero-introduccion.html
Timestamp: 2014-10-23 07:55:00
Document Index: 82441932

Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 48', 'artículo 44', 'artículo 416', 'Artículo 416', 'artículo 261', 'Artículo 707', 'artículo 416']

Violencia de Género, Introducción
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Escrito por Javier Hernández	Sábado, 03 de Agosto de 2013 18:43	Violencia de género, Introducción (I)
Violencia doméstica (que es una cosa) y violencia de género (que es otra). Diferencias
Aún entre abogados (no dedicados a esta rama como especialistas, obviamente) no es raro ni extraño, que cometan el error de confundir ambas figuras, considerándolas como sinónimas. A continuación explicaremos la diferencia entre ambas:
También denominada intrafamiliar, pero distinta a la llamada de género, es la que se da entre las siguientes personas:
descendientes o hermanos (ya sean propios, del cónyuge o conviviente)
incapaces, o menores de edad, sometidos a patria potestad, curatela, tutela, acogimiento, o guarda de hecho (ya sean propios, del cónyuge o conviviente)
cualquier otra persona, siempre y cuando, tengan por origen el núcleo convivencia familiar
Lo anterior será válido pero siempre y cuando el agresor, siendo un varón, no cometa el delito contra una mujer, concurriendo en ésta además la circunstancia de ser, o haber sido, su pareja (matrimonial o no, con convivencia o no, incluso noviazgo – o ex noviazgo -).
Al momento de redactarse este artículo (agosto 2013), la base legal para ello la encontramos en el Código Penal, en concreto en el artículo 173º2, que dice (la cursiva, negrita y subrayados, son nuestros):
“El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de dos a cinco años y, en su caso, cuando el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o incapaz, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos o faltas en que se hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 de este Código o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza. 3. Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, se atenderá al número de actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores”
De lo expuesto en el artículo citado, se exceptúan las víctimas recogidas en el 153º1 del mismo Código citado, pues éstas, concretamente éstas, SÍ serían víctimas de violencia de género, pero de tal artículo hablaremos en el epígrafe siguiente.
Requisito esencial de este tipo de violencia es que el causante sea un hombre (en la anteriormente expuesta, no, pues también podría causarla una mujer). A su vez, la víctima resultará obligado que sea una mujer, pero no porque sí, o por capricho, sino precisamente por el hecho de ser mujer. Da igual que esta mujer sea o no, especialmente vulnerable (por razón de la edad, por ejemplo: menores, o ancianas). Por poner un caso posiblemente extremo, pero bastante gráfico, sería posible un caso de este tipo contra una mujer cinturón negro de karate.
A su vez, nuestro Tribunal Constitucional, analizando la presunta discriminación contenida en la normativa que ahora analizamos, en el sentido de interepretarse (éso fue lo que alegaron los jueces, entre otras instancias), que había una discriminación, inconstitucional, en favor de la mujer y en contra del hombre, sin fundamento constitucional a tal fin, manifestó lo siguiente en su sentencia 59/2008, en la que dejó claro la ausencia total y absoluta de todo tipo de discriminación en dicha normativa. En concreto, y en lo concerniente al concepto de género, dijo (como antes, la cursiva, subrayado y negrita, son nuestros):
“Como el término “género” que titula la Ley y que se utiliza en su articulado pretende comunicar, no se trata de una discriminación por razón de sexo. No es el sexo en sí de los sujetos activo y pasivo lo que el legislador toma en consideración con efectos agravatorios, sino -una vez más importa resaltarlo- el carácter especialmente lesivo de ciertos hechos a partir del ámbito relacional en el que se producen y del significado objetivo que adquieren como manifestación de una grave y arraigada desigualdad. La sanción no se impone por razón del sexo del sujeto activo ni de la víctima ni por razones vinculadas a su propia biología. Se trata de la sanción mayor de hechos más graves, que el legislador considera razonablemente que lo son por constituir una manifestación específicamente lesiva de violencia y de desigualdad”.
A su vez, y aunque determinada legislación internacional, como por ejemplo la Declaración ONU de 1993, extienda el concepto de violencia de género a toda violencia contra la mujer, haya habido no concurrencia del elemento relación de pareja agresor hombre/víctima mujer, la normativa actual española, como ya hemos dicho, es más restrictiva, pues si no estamos en el ámbito (actual o pasado) de pareja, no regula tal tipo de violencia la ley que la regula (la famosa Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, o Ley de Violencia de Género), ni siendo competentes, por tanto, para esos otros tipos de violencia, los llamados Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
A su vez, y según el artículo 44º de la Ley de Violencia de Género, los sujetos a los que se aplicaría tal ley serían, y serían sólo ellos, aquellos entre los cuales haya habido una relación, o bien matrimonial, o lo que se suele denominar relación análoga de afectividad, haya habido o no convivencia.
El problema práctico (como ocurre más de una vez con la interpretación de las leyes, afectando así, negativamente, a la supuesta y pretendida objetividad de los jueces en la aplicación del derecho, aspecto éste que, en general, se trata con más detalle en el artículo correspondiente de esta web) se da cuando en el día a día, los tribunales, no interpretan de la misma manera tales requisitos expuestos en el párrafo anterior, pues ante ello habría dos posturas:
a) Unos, en relación a dicha relación de pareja, presente o pasada, exigen que se caracterice por haber sido continuada y estable, orientada además al fin de un proyecto de vida en común.
b) Otros (creando así un clima de inseguridad jurídica, al decidir de forma diferente ante situaciones realmente iguales) sólo exigen un mínimo de compromiso o estabilidad, no considerando ni preciso ni necesario el proyecto en común antes aludido.
¿Qué dice la Fiscalía ante tales interpretaciones?
La Fiscalía General del Estado, y a fin de que sus fiscales mantengan una postura común y unánime, ha dictado una Circular, la 6/2011, la cual, entre otras cosas, dice (subrayado, cursiva y negrita, como siempre, son nuestros):
“Las relaciones de noviazgo están incluidas dentro del ámbito de competencia de la LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Por tales se entienden las que trasciendan de los meros lazos de amistad, afecto y confianza. No se incluyen las relaciones ocasionales o esporádicas. La víctima menor de edad está incluida en el ámbito de protección de la LO, siempre y cuando el vínculo afectivo participe de las características señaladas en el apartado anterior. El hecho de que imputado y/o víctima mantengan más de una relación afectiva no excluye la aplicación de la LO 1/2004.” ¿Qué se ha dicho recientemente en los cursos para jueces dedicados a la Violencia de Género?
En marzo del presente año (2013), en las jornadas celebradas para los jueces de los Juzgados de lo Penal, especializados en violencia de género, se indicó lo que sigue:
“Sin perjuicio de considerar la indefinición del concepto “análoga relación de afectividad a la matrimonial”, en un mundo en el que las relaciones afectivas han perdido parte de las características que, tradicionalmente, tenía el matrimonio, dicha expresión ha de ser interpretada de conformidad con la realidad social cambiante, tanto en la interpretación de los tipos penales como a la hora de aplicar los arts. 416 o 707 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El artículo 416º aludido dice:
Artículo 416. “Están dispensados de la obligación de declarar: 1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales consanguíneos hasta el segundo grado civil, así como los parientes a que se refiere el número 3 del artículo 261. El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las manifestaciones que considere oportunas, y el Secretario judicial consignará la contestación que diere a esta advertencia. 2. El Abogado del procesado respecto a los hechos que éste le hubiese confiado en su calidad de defensor. Si alguno de los testigos se encontrase en las relaciones indicadas en los párrafos precedentes con uno o varios de los procesados, estará obligado a declarar respecto a los demás, a no ser que su declaración pudiera comprometer a su pariente o defendido” Y el 707º, dice:
Artículo 707. “Todos los testigos que no se hallen privados del uso de su razón están obligados a declarar lo que supieren sobre lo que les fuere preguntado, con excepción de las personas expresadas en los artículos 416, 417 y 418 en sus respectivos casos. La declaración de los testigos menores de edad se llevará a cabo evitando la confrontación visual de los mismos con el inculpado, utilizando para ello cualquier medio técnico que haga posible la práctica de esta prueba”
Por lo expuesto, los jueces consideran imprescindible la probanza de la relación de pareja (actual o pasada), llegando incluso a aprobar, con la finalidad de unificar criterios en la interpretación y aplicación de la ley, en el año 2009 (Seminario sobre Unificación de Criterios, llevado a cabo en el Consejo General del Poder Judicial), concluyéndose en tal seminario lo que sigue:
“Se plantea qué sucede cuando los afectados niegan la relación y cómo acreditarla: Habría que distinguir dos situaciones, si se trata de integrar los tipos penales en que esa relación es inherente, entonces es la acusación la que tiene la carga de probar su existencia a través de los medios de prueba que estime oportunos. Caso diferente es cuando esa relación tenga relevancia a los efectos del artículo 416 de la LECrim. En estos casos el Juez deberá interrogar al testigo y cerciorarse de si la relación existe o no para decidir si el testigo tiene o no derecho a acogerse a la excusa. En este sentido es interesante la STS no 292/2009 de 27 de marzo.” Autor: Javier Hernández Martínez, abogado
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