Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-su-224-de-mayo-20-de-1998-unificacion?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920418264f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-14 18:44:26
Document Index: 316969238

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 4', 'artículo 23', 'artículo 13', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 44', 'artículo 29', 'artículo 53', 'artículo 25', 'artículo 1']

﻿ SENTENCIA SU-224 DE MAYO 20 DE 1998 UNIFICACION
SENTENCIA SU-224 DE 20 DE MAYO DE 1998
CONTENIDO:MADRES COMUNITARIAS - PROGRAMA DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMILIAR: DERECHO AL TRABAJO, A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO AL TRABAJO, ICBF, SISTEMA NACIONAL DE BIENESTAR FAMILIAR, ASOCIACIONES DE HOGARES COMUNITARIOS, ASOCIACIONES COMUNITARIAS, MADRE COMUNITARIA, HOGAR COMUNITARIO
Sentencia SU-224 de mayo 20 de 1998
Ref.: Expediente T-143974
Santafé de Bogotá, D.C., veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho.
El expediente llegó al conocimiento de esta corporación por remisión que hizo el juzgado mencionado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991.
El 31 de enero del presente año (1997) le llegó una nota firmada por la Presidenta y Tesorera de la Asociación de padres de Bienestar del Niño Jesús en la cual se le dijo: "Después de analizar el Acuerdo 21 del mes de abril de 1996 que señala lineamiento para la organización y funcionamiento del programa hogares de Bienestar y fija como edad máxima para el trabajo con los niños 55 años y una escolaridad mínima de 4º año de primaria, en razón a lo anterior la señora Carolina Mena, cumplió la mayoría de edad para ser madre comunitaria...".
Al presentar una reclamación, el Centro Zonal de Quibdó, con oficio de mayo 28 de 1997, le respondió manteniendo la decisión de cierre del hogar comunitario, con base en que la vivienda carece del mínimo espacio para albergar 15 niños y no reúne los requisitos mínimos, anotando algunas deficiencias presentadas en el funcionamiento del mismo, las cuales fueron observadas después de haberse realizado una serie de visitas a dicho establecimiento.
De conformidad con el Acuerdo 50 de 1996 proferido por la Junta Directiva del ICBF, que señala el procedimiento a seguir para el cierre de un hogar comunitario, el artículo primero del citado acuerdo establece dos procedimientos: uno para el cierre definitivo por las causales señaladas en el artículo segundo y otro para las causales contempladas en el artículo tercero.
"Es palmario que a pesar que a la señora Carolina Mena Córdoba, se le hicieron algunas recomendaciones o recriminaciones sobre el particular, es decir, sobre las irregularidades, es evidente que se guardó silencio respecto al término dentro del cual debería remediar sus falencias. De allí el quebrantamiento del Derecho Fundamental Constitucional al debido proceso".
La Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias proferidas por los juzgados segundo civil municipal y civil del circuito de Quibdó, con fechas 9 de julio y 26 de agosto de 1997, respectivamente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 al 36 del Decreto 2591 de 1991.
El Congreso de la República, por medio de la Ley 7ª de 1979, fijó los principios fundamentales para consagrar medidas de protección de la niñez colombiana, establecer el sistema nacional de bienestar familiar y reorganizar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (art. 1º), al cual le asignó a través de su junta directiva, entre otras funciones, la de formular su política general, y los planes y programas que prescritos por el Ministerio de Salud, el departamento nacional de planeación y la dirección general del presupuesto, se propondrán para su incorporación a los planes sectoriales y a través de estos, a los planes generales de desarrollo (art. 26, lit. a)).
Posteriormente, el legislador, por medio de la Ley 89 de 1988, asignó unos recursos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lCBF, (conforme a las leyes 27/74 y 7ª/79) destinados a desarrollar y dar cobertura a los hogares comunitarios de bienestar de las poblaciones infantiles más vulnerables del país, definidos éstos como “aquellos que se constituyen a través de becas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a las familias con miras a que en acción mancomunada con sus vecinos y utilizando un alto contenido de recursos locales, atiendan las necesidades básicas de nutrición, salud, protección y desarrollo individual y social de los niños de los estratos sociales pobres del país”. (art. 1º, par. 2º).
En ejercicio de esas atribuciones, la junta directiva del ICBF en el Acuerdo 21 de 1996 señaló los lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos que deben regir la organización y funcionamiento del programa hogares comunitarios de bienestar, de conformidad con lo cual, tales hogares podrán funcionar en la casa de una madre comunitaria o en espacios comunitarios que, de acuerdo con las necesidades de los niños, menores de siete (7) años, sus familias y la disponibilidad de recursos, podrán ser familiares, múltiples y empresariales. Adicionalmente, los espacios deben garantizar mínimas condiciones físicas, ambientales y de seguridad, que permitan a los infantes realizar actividades que les proporcionen su normal crecimiento y desarrollo y les eviten posibles riesgos.
Conforme al funcionamiento descrito, el cuidado de los hogares comunitarios estará a cargo de una o más madres comunitarias, escogidas por la junta de padres de familia o la organización comunitaria pertinente, que presenten un determinado perfil para desempeñarse en la labor, calificado por la edad, comportamiento social y moral, educación básica primaria, disponibilidad de una vivienda adecuada y de brindar atención a los niños en un espacio comunitario, con vinculación al programa como un trabajo solidario y voluntario, con propósito de capacitarse para dar una mejor atención a los beneficiarios, con buena salud y con el tiempo necesario para dedicarse a la atención de los niños (art. 5º, lits. a), b), c)).
Cabe precisar, en primer termino, que en la Sentencia T-269 de 1995, de esta corporación, se determinó que el vínculo existente entre las madres comunitarias y la asociación de padres de familia de los hogares comunitarios de bienestar, es de naturaleza contractual, de origen civil, al expresar lo siguiente:
“Para la Sala, el vínculo que unió a la señora Gómez de Soto (madre comunitaria) con la asociación de padres de familia hogares comunitarios de bienestar del sector la fuente, municipio de Tunja, departamento de Boyacá, era de naturaleza contractual. En esto concuerda con el criterio que adoptó el ad quem, en la sentencia objeto de revisión, porque para éste, tal nexo, sin ser laboral, sí supuso una vinculación voluntaria, una colaboración humanitaria y ciudadana.
Sin duda, alrededor,de la relación surgida entre ambas partes –una entidad sin ánimo de lucro, de beneficio social, vinculada al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, y un particular que nunca ostentó la calidad de empleado—, se puede decir que fue de orden civil; bilateral, en la medida en que los contratantes se obligaron recíprocamente; la madre, a la satisfacción del interés de su contraparte, o sea la adecuada prestación de una serie de servicios a los niños usuarios y a sus padres, y la asociación, al apoyo debido y al pago de la beca suministrada por el lCBF; consensual, puesto que no requirió de ninguna solemnidad; onerosa, porque daba derecho a la madre comunitaria para percibir parcialmente parte de la beca mencionada.
Establecido que el nexo era contractual, la Sala piensa que la clausura del hogar no fue sino una simple consecuencia de su terminación. Y, en este sentido, considera que la decisión de la junta directiva no fue una medida disciplinaria, sino la aplicación de una facultad otorgada por el ordenamiento”. (Subraya fuera del texto).
Como es sabido, para que exista una vinculación contractual de carácter laboral se requiere la prestación personal del servicio por parte del trabajador, la subordinación y el salario, este último como retribución del servicio; y si se trata de un empleado vinculado a través de una relación legal y reglamentaria, el respectivo nombramiento de la autoridad oficial nominadora, con la prestación personal del servicio con posterioridad a la posesión, unido a la subordinación y el respectivo salario, cuyos presupuestos no aparecen configurados en el asunto sub examine.
“Al efecto el artículo 4º del Decreto 1340 de agosto 10 de 1995, decreto por el cual se dictan disposiciones sobre el programa de hogares comunitarios de bienestar, señala que “la vinculación de las madres comunitarias, así como la de las demás personas y organismos de la comunidad, que participen en el programa de “hogares de bienestar”, mediante trabajo solidario, constituye contribución voluntaria, por cuanto la obligación de asistir y proteger a los niños, corresponde a los miembros de la sociedad y de la familia: por consiguiente, dicha vinculación no implica relación laboral con las asociaciones u organizaciones comunitarias administradoras del mismo, ni con las entidades públicas que en él participan”.
De lo anterior es claro concluir que no existe una relación laboral entre el lCBF, la junta mencionada y la accionante, aun cuando ésta última sienta que se le ha violado vulnerado (sic) su derecho al trabajo.
Entre el lCBF y la junta de asociación de usuaria existe una relación contractual a través de un contrato de aporte, celebrado entre la regional del lCBF y la asociación de padres de hogares de bienestar. En el que en términos generales establece que el primero se compromete a aportar unos recursos de la entidad estatal y el segundo a utilizar dichos recursos en la ejecución del programa de hogares comunitarios, a través de la nutrición.
Queda excluido pues de este fallo el amparo al derecho al trabajo artículo 23 de la Constitución Nacional, por no existir relación laboral alguna entre la accionante y los querellados”.
“Al tener la acción de tutela como fin esencial la protección de los derechos constitucionales fundamentales resulta imposible que provoque el desplazamiento de la justicia ordinaria para el conocimiento y decisión sobre los derechos de orden legal. Así las cosas, la mencionada acción no constituye el mecanismo de defensa judicial idóneo para resolver las controversias de naturaleza contractual o convencional que surjan entre las partes contratantes o los sujetos gobernados por estipulaciones convencionales, en cuanto la definición de fondo de esos litigios corresponde constitucional y legalmente a una determinada jurisdicción, que deberá tramitarlos a través de procedimientos ordinarios, previamente establecidos en el ordenamiento jurídico vigente; lo contrario, supondría una incursión ilegal y arbitraria en la órbita de competencia de las autoridades judiciales con la consecuente usurpación de funciones, que desdibujaría la naturaleza de ese amparo y desviaría sus objetivos hacia ámbitos extraños a sus finalidades”. (Sent. T-551/96, M.P. Hernando Herrera Vergara).
Como se ha señalado, los motivos aducidos por la asociación de padres para suspender el hogar comunitario que funcionaba en la residencia de la señora Carolina Mena Córdoba, a partir del 1º de febrero de 1997, consistían, de un lado, en haber sobrepasado ésta la edad límite para desempeñarse como madre comunitaria y, del otro, no contar con la escolaridad mínima exigida, ya que según su propia declaración (fl. 17) nació en el año de 1933 y para la fecha de la formulación de la presente acción, se encontraba cursando el grado segundo escolar de primaria.
“El principio constitucional de la igualdad se traduce en el derecho que tienen todas las personas a que no se consagren excepciones o privilegios que “exceptúen” a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se infiere que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos.
Al precisar el alcance del derecho a la igualdad, la corporación también ha señalado que el objeto de esta garantía que a toda persona reconoce el artículo 13 de la Carta, no es el de construir un ordenamiento jurídico absoluto que otorgue a todas las personas idéntico trato dentro de una concepción matemática, ignorando factores de diversidad que exigen del poder público la previsión y la práctica de diferenciaciones tendientes a evitar que por la vía de un igualitarismo formal, se favorezca la desigualdad. Para ser objetivas y justas las reglas de la igualdad ante la ley, no pueden desconocer en su determinación tales factores, ya que ellas exigen regulación diferente para fenómenos y situaciones divergentes.
La igualdad exige el mismo trato para los entes y hechos que se encuentran cobijados bajo una misma hipótesis y una distinta regulación respecto de los que presentan características desiguales, bien por las circunstancias concretas que los afectan, ya por las condiciones en medio de las cuales actúan, pues unas y otras hacen imperativo que el Estado procure el equilibrio, que en derecho no es cosa distinta que la justicia concreta”. (Sent. C-345/93, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
La norma aplicada, en la decisión que se cuestiona, está contenida en el Acuerdo 021 del 23 de abril de 1996 “por el cual se dictan lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos para la organización y funcionamiento del programa hogares conmunitarios de bienestar”, que establece, en el literal c) de su artículo 5º, como requisitos de las madres comunitarias los siguientes:
“ART. 5º—De la organización y operación. La dirección general del ICBF, establecerá los lineamientos y procedimientos técnicos y administrativos que garanticen el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente acuerdo, así como los manuales para el manejo de cuentas y su rendición conforme a las normas vigentes.
c) Los hogares comunitarios de bienestar funcionarán bajo el cuidado de una madre comunitaria si es hogar comunitario familiar o varias madres comunitarias si es hogar comunitario múltiple o empresarial, escogidas por la asociación de padres de familia o la organización comunitaria quienes deben tener el siguiente perfil: hombre o mujer con actitud y aptitud para el trabajo con niños, mayor de edad, y menor de 55 años, de reconocido comportamiento social y moral, con mínimo cuatro años de educación básica primaria, posea vivienda adecuada o tenga disposición para atender a los niños en espacio comunitario, acepte su vinculación al programa como un trabajo solidario y voluntario, esté dispuesto a capacitarse para dar una mejor atención a los beneficiarios, tenga buena salud y cuente con el tiempo necesario para dedicarse a la atención de los niños. (...)”. (Subraya la Sala).
Ahora bien, el único testimonio en virtud del cual se sustentó la violación del derecho a la igualdad que el juez de primera instancia encontró configurada, se refiere a la declaración rendida por la señora Herminia Puentes Hidalgo, profesional universitario del centro zonal del ICBF de Quibdó, el día 3 de julio de 1997, la cual se produjo en este sentido:
“... las asesoras se reunieron con las diferentes madres y se les leyó y explicó el acuerdo 021 de 1996 y el acuerdo 050 de 1996, advirtiéndoles que se iba a proceder conforme a lo estipulado en los mismos: fue así como a partir del primero de febrero fueron desvinculadas algunas madres únicamente o exclusivamente por la edad, no recuerdo sus nombres (el despacho deja constancia que la declarante para suministrar los nombres de las madres abre una carpeta que tiene en su poder) y prosigue con la declaración que las madres que fueron retiradas fueron: Sonia Cuesta Moreno, de 56 años, Bárbara Serna García de 59 años, Eulogia no dice el apellido, de 60 años, estas correspondían al sector Kennedy o zona número 2. También fue desvinculada la señora Crescencia Valencia de Castro de 62 años, perteneciente a la zona Kennedy número 1. Del barrio Cabí fue desvinculada únicamente la señora Carolina Mena Córdoba de 59 años. Del sector Chambacú fue desvinculada la señora Olga Helena Palacio de 61 años. Del barrio Palenque fue desvinculada la señora Marina Elisa Mena Abadía de 59 años de edad. Del barrio San Martín fue desvinculada la señora Fidelina Mena de Chala quien para ese entonces tenía 65 años de edad, todas estas bajo mi responsabilidad. Todas las madres comunitarias del sector Kennedy antes nombradas fueron reintegradas a raíz de una nota que llegó directamente desde Bogotá la cual hacía aclaración que el acuerdo 021 de 1996 sería únicamente para aplicarlo a las madres que fueran vinculadas a partir del año de 1996”, (fl. 67). (Subraya fuera del texto).
Como se expuso en la ponencia inicial presentada a la Sala Plena: “según se desprende de la anterior declaración se reintegró a todas las madres comunitarias que habían sido desvinculadas por el factor edad sin que se hubiese hecho distinción alguna entre ellas por ese concepto, ni se hubiere discriminado a la accionante, ante lo cual no prosperará la tutela en relación con este derecho”.
Sin embargo, a juicio de la corporación, si la única circunstancia para retirar a la demandante era la de haber llegado a la edad máxima de 55 años, se hubiese podido configurar la violación del derecho a la igualdad, en el evento de que ello estuviese suficientemente acreditado por los medios legales pertinentes, pues aparte del referido testimonio único, no existe prueba alguna aportada, al expediente o recaudada por los jueces de instancia que demuestre la existencia de un evidente trato discriminatorio entre la demandante y las demás madres comunitarias, que permita establecer con veracidad que, evidentemente, éstas, con excepción de la actora, fueron reintegradas una vez revocada la medida que la excluía por la edad, razón por la cual, la tutela no puede concederse por este aspecto, como lo estimó de manera acertada el juzgado civil del circuito de Quibdó, en la sentencia que se revisa.
Además de lo anterior, cabe destacar que si bien es cierto que inicialmente una de las causas que motivó el retiro de la demandante fue el del factor de la edad, con posterioridad, el centro zonal de Quibdó determinó la desvinculación de la misma por las razones invocadas en el oficio que obra a folios 8º y 9º del expediente, relacionadas con las deficiencias encontradas en el hogar comunitario asignado a la demandante, luego de practicadas las pertinentes visitas al mismo.
El juzgado civil del circuito de Quibdó, quien conoció de la acción en segunda instancia, concedió la tutela por violación al derecho al debido proceso, al señalar que no se había observado en el trámite de cierre adelantado respecto del hogar comunitario de la actora Carolina Mena Córdoba, toda vez que los coordinadores de los centros zonales, una vez adelantadas las visitas de seguimiento, asesoría, así como de supervisión al servicio, no fijaron un término para subsanar las fallas encontradas en la dirección del mismo (fls. 7º, 8º y 9º, del 22 al 27, 37 y 38) y encuadradas dentro del artículo 3º del Acuerdo 050 de 1996, lo que ocasionó su cierre definitivo.
La reglamentación vigente acerca del procedimiento a seguir en caso de cierre y reubicación de los hogares comunitarios de bienestar, se encuentra contenida en el antes citado Acuerdo 050 de 1996, expedido por la junta directiva del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cuyo artículo 1º dispone lo siguiente:
“ART. 1º—Entiéndese por cierre de un hogar comunitario de bienestar el acto de clausurar el servicio que se presta en el mismo, cuando sobrevengan circunstancias que impidan su normal funcionamiento.
La decisión del cierre de un hogar comunitario de bienestar será competencia de los coordinadores de los centros zonales o quien haga sus veces. El ICBF deberá definir la renunciación del hogar cerrado o de los niños, de conformidad con las necesidades de atención y los recursos existentes.
El cierre de un hogar comunitario de bienestar es definitivo y se producirá en la siguiente forma: a) Inmediata cuando se presente alguna de las causales señaladas en el artículo 2º del presente acuerdo, y
b) Después de realizar las visitas de seguimiento, asesoría y supervisión al servicio, donde se detecte alguna de las causales señaladas en el artículo 3º del presente acuerdo, y dichas fallas no se subsanen dentro del término establecido”. (Subraya la Sala).
Del contenido de la normatividad mencionada se colige que, la decisión de cierre de un hogar comunitario es de competencia de los coordinadores de los centros zonales del ICBF, de conformidad con las causales de cierre que se evidencien en los artículos 2º y 3º de ese acuerdo, en forma inmediata o definitiva, esta última después de haber sido señalado un término para permitir corregir las fallas. Debe entonces confrontarse la anterior normatividad con el asunto materia de revisión, a fin de determinar si el trámite de cierre que se censura se ajustó o no a dichas estipulaciones.
Del cuaderno de pruebas que obra en el expediente se observa la realización de varias visitas de supervisión y asesoría al hogar de la señora Carolina Mena Córdoba, por funcionarios del centro zonal de Quibdó del ICBF y miembros de la asociación comunitaria de familias usuarias de hogares de bienestar del barrio Niño Jesús del sector Cabí, con formulación de las debidas recomendaciones acerca de las fallas encontradas en el funcionamiento del hogar, según lo exigido en el programa nacional (fls. 7º,8º, 9º, 22 al 27, 37 y 38).
Las irregularidades allí presentadas, las cuales venían desde el año de 1994, hacen relación con la planeación y ejecución de actividades pedagógicas o de nutrición y salud con los niños, las deficientes condiciones de higiene o de seguridad en el espacio de atención a aquellos, y la inobservancia de los lineamientos técnico administrativos que dificultaban el normal funcionamiento del hogar, y que ocasionaron la comunicación de cierre definitivo del hogar comunitario, por parte del centro zonal de Quibdó del ICBF, como se desprende del documento que obra a folios 8º y 9º del expediente.
Para la Corte es evidente que, de acuerdo con las visitas realizadas por funcionarios del ICBF, se detectan una serie de deficiencias en el hogar comunitario asignado a la actora, que se encuentran comprendidas dentro de las causales de cierre definitivo del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 3º del Acuerdo 050 del 14 de noviembre de 1996 “por el cual se dictan lineamientos para el cierre y reubicación de hogares comunitarios de bienestar”.
La Carta Política de 1991 señala claramente en el artículo 29 que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; de manera que, al no haberse otorgado dicho término para proceder al cierre definitivo del hogar comunitario de la demandante, resulta evidente que en el caso sub examine se deberá retrotraer la actuación para garantizar el derecho de defensa de la inculpada, permitiéndole, dentro del plazo que se establezca, desvirtuar las irregularidades encontradas en las visitas mencionadas.
En consecuencia, habrá de confirmarse parcialmente la sentencia materia de revisión proferida por el juzgado civil del circuito de Quibdó, en cuanto tuteló el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, modificándola en el sentido de retrotraer la actuación administrativa adelantada por el ICBF, en relación con el cierre del hogar comunitario de la señora Mena Córdoba, a fin de que se le señale a ésta el término dentro del cual deberá demostrar que ha subsanado las fallas encontradas, que le permitan continuar a cargo del mismo en circunstancias normales, en cumplimiento del mandato constitucional contenido en el artículo 44 de la Carta Fundamental, según el cual “los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”.
1. Confirmar parcialmente, por las razones indicadas en esta providencia, el fallo proferido por el juzgado civil del circuito de Quibdó, el 27 de agosto de 1997, en cuanto tuteló a la ciudadana Carolina Mena Córdoba el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991.
2. Modificar la mencionada sentencia del juzgado civil del circuito de Quibdó, en el sentido de retrotraer la actuación administrativa adelantada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, en relación con el cierre del hogar comunitario de bienestar de la actora, para los efectos de que se le señale a aquélla un término dentro del cual deberá acreditar que ha subsanado las irregularidades encontradas por dicho instituto, que permitan el normal funcionamiento del mismo, en defensa de los derechos de los niños a su cuidado.
Magistrados: Vladimiro Naranjo Mesa—Antonio Barrera Carbonell—Eduardo Cifuentes Muñoz—Carlos Gaviria Díaz—José Gregorio Hernádez Galindo—Hernando Herrera Vergara—Carmenza Isaza de Gómez—Alejandro Martínez Caballero—Fabio Morón Díaz.
SENTENCIA SU-224 DE 1998
Los suscritos magistrados, al apartarnos de la decisión mayoritaria, que inclusive provocó la renuncia del ponente inicial, Dr. José Gregorio Fernández Galindo, a la conducción del caso, lo hicimos con fundamento en la convicción de que lo resuelto en la sesión del 7 de mayo de 1997, aprobado por seis votos contra tres, llevaba a que la Corte, en esta sentencia, no entraría a definir la naturaleza de la relación jurídica —laboral o contractual— que se genera entre el ICBF o las comunidades que en su representación actúan y las madres comunitarias. Fue precisamente de esa determinación de la que disentimos, ya que, en nuestro criterio, el mencionado asunto era en esta ocasión el de mayor trascendencia desde el punto de vista de la función doctrinal que cumple la revisión de los fallos de tutela por la Corte.
“El presidente, de conformidad, con lo acordado por la Sala, procedió a someter a votación el punto acerca de si en este fallo se entraría a definir el tema sobre la naturaleza de la relación contractual al con las madres comunitarias o sólo sobre el tema de la igualdad. Fue negada la propuesta del ponente para tratar ese tema con tres (3) votos”.
No obstante, el nuevo ponente, Dr. Hernando Herrera Vergara, elaboró un proyecto de fallo que, sin análisis especifico, transcribió y acogió las razones del juez de instancia para negar el amparo sobre el supuesto de que la aludida relación no era laboral sino civil, y respaldó la tesis plasmada en la Sentencia T-265 de 1995 —que justamente los suscritos proponíamos que fuera revisada—, para concluir que, “si de la relación existente entre la demandante y la accionada no se desprende una vinculación de carácter laboral, no es posible deducir la amenaza o violación de dicho derecho, razón por la cual no prospera la tutela para los efectos de la protección del mismo”.
Aunque en la sesión del 20 de mayo el magistrado Alejandro Martínez Caballero advirtió que, con ese texto de la ponencia, se estaba “reviviendo un tema que ya había sido debatido y decidido por mayoría excluir de este fallo, cual es el de la naturaleza del contrato de las madres comunitarias” —opción que los firmantes prohijábamos pero que no fue aceptada por la mayoría—, lo cierto es que, según consta en el acta correspondiente, la ponencia presentada por el magistrado Hernando Herrera Vergara fue votada, como se presentó, y aprobada por seis (6) votos, sin negar la parte referente a la naturaleza de la relación.
Esto hace que la Corte haya mantenido la posición que sostuvo la Sala Primera de Revisión en la Sentencia T-265 del 22 de junio de 1995 (M.P. Jorge Arango Mejía), en el sentido de que el vínculo establecido con las madres comunitarias es de orden contractual, de origen civil, consensual y oneroso.
Pero el estudio de la Sala Plena, con independencia de la definición que se adoptara, ha debido producirse a cabalidad, de manera sustancial y completa. Tal para el propósito de los magistrados de la Sala Quinta de revisión cuando sometieron el punto al análisis y a la decisión de ella.
Prefirió la corporación eludir todo examen material del problema, remitiendo su dictamen a los argumentos del juez de instancia y a lo dicho en sentencia anterior de una sala de revisión, sin profundizar en elementos tales como la continuada subordinación y dependencia de las madres comunitarias, su obligación de cumplir horario, su necesaria presencia en el hogar correspondiente, el sometimiento a instrucciones sobre el funcionamiento de aquél, la insistencia de una ínfima remuneración periódica inferior al salario mínimo legal, la prestación efectiva, cierta, constante y además exclusiva de un servicio personal, elementos todos ellos que, si se hubiese aplicado un criterio de prevalencia del derecho sustancial, deberían haber llevado, en sana lógica y en desarrollo de la doctrina sentada por la Corte en otros casos (v. gr., en el de los maestros), a concluir que en realidad está de por medio el trabajo de un importante número de mujeres colombianas claramente discriminadas en relación con los demás trabajadores, y que inclusive —dado el nivel de sus únicos ingresos— ven comprometido su mínimo vital.
Por tanto, el interrogante que suscita la situación de la actora permanecerá todavía por mucho tiempo en el libro, hasta que la propia ley lo defina o esta Corte, con mayor decisión que la ahora demostrada, proceda a examinarla a luz de la Carta Política, con un criterio sustancial que extienda a ese importante sector de los trabajadores los fundamentos constitucionales que reconozcan a la relación que entablan con el Estado su innegable carácter laboral.
Será sólo entonces cuando el postulado de “primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales”, proclamado por el artículo 53 de la Constitución Política —varias veces aplicado con fortuna en nuestra jurisprudencia constitucional— proyecte sus consecuencias a plenitud en las injustas circunstancias que afrontan las madres comunitarias.
No se nos escapan las dificultades presupuestales que para el ejecutivo hubiera supuesto una definición como la que propiciamos, pero estimamos que es deber de la Corte, en defensa de los derechos fundamentales y de los postulados básicos del sistema jurídico y del Estado Social de Derecho, el de hacerlos explícitos sin entrar en consideraciones de conveniencia u oportunidad, que corresponden a otros autoridades.
La corporación ha convertido en teórico, por lo menos en lo que a este tema respecta, el mandato del artículo 25 de la Carta, a cuyo tenor el trabajo goza, “en todas sus modalidades” de la especial protección del Estado. Y ha olvidado por supuesto, que, de conformidad con el artículo 1º ibídem, el trabajo constituye fundamento esencial del Estado colombiano.
Continúan firmas Salvamento de Voto Sentencia SU-224 de 1998.