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Timestamp: 2019-02-21 11:32:08
Document Index: 145693059

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 1', 'Artículo 9', 'artículo 105', 'Artículo 10', 'Artículo 1', 'Artículo 3', 'Artículo 38', 'Artículo 24', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 4', 'Artículo 39']

ARARTEKO, 14. Algunas referencias normativas para orientar la reflexión
Algunas de las referencias normativas que afectan, explícita o implícitamente, tanto al ejercicio de los derechos o las posibilidades de la ciudadanía de participar en los asuntos públicos o en el progreso científico (incluido los beneficios de las TIC), como aquellas referencias que regulan los principios de igualdad, no discriminación o derecho de acceso en igualdad de condiciones (a la información, al conocimiento, a la cultura, a las tecnologías…) se exponen a continuación, ordenadas temáticamente y por ámbitos jurisdiccionales.
Art. 6.3. Nadie podrá ser discriminado por razón de la lengua.
Art. 9.2. Los poderes públicos vascos, en el ámbito de su competencia:
Art.1. Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer los principios generales que han de presidir la actuación de los poderes públicos en materia de igualdad de mujeres y hombres, así como regular un conjunto de medidas dirigidas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y trato de mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida y, en particular, a promover la autonomía y a fortalecer la posición social, económica y política de aquéllas. Todo ello con el fin último de lograr una sociedad igualitaria en la que todas las personas sean libres, tanto en el ámbito público como en el privado, para desarrollar sus capacidades personales y tomar decisiones sin las limitaciones impuestas por los roles tradicionales en función del sexo, y en la que se tengan en cuenta, valoren y potencien por igual las distintas conductas, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres.
Anteproyecto de Ley de Transparencia y Buen Gobierno del Gobierno Vasco
El desarrollo de estos principios tiende al logro de una ciudadanía informada, participativa activa y corresponsable a través de la formación de un entramado social que palie la desestructuración social, que sea convenientemente informado, que elabore propuestas y que colabore con las instituciones, incluso, en los procesos de producción normativa y en las fases de planificación y de evaluación de las políticas públicas.
Justificación del contenido del Anteproyecto de Ley.
El texto legal persigue impulsar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, tanto desde el punto de vista individual como colectivo, exceptuando, en el segundo caso, la denominada “participación institucional”, referida fundamentalmente a sindicatos y asociaciones empresariales que, aunque tienen el mismo origen constitucional (artículo 9.2 de la Constitución), se trata por otros cauces. Se busca la implicación de la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas al margen de los procedimientos ya establecidos para lo cual se apuntan en el texto algunos mecanismos e instrumentos de participación. Por último, se pretende impulsar la generación de una cultura y hábitos de participación entre la ciudadanía indirectamente por medio del impulso de la información y la rendición de cuentas y directamente a través medidas específicas de fomento de la participación ciudadana.
Título Preliminar. Disposiciones generales (Artículo 1.- Objeto)
a) Promover el acceso de la ciudadanía a la información pública consolidando el principio de publicidad activa.
b) Informar a la ciudadanía sobre la planificación del gobierno y sus compromisos estratégicos.
c) Impulsar la evaluación de las políticas públicas en dos aspectos: obligación de evaluar y obligación de comunicar los resultados de esa evaluación.
d) Favorecer la generación de una cultura y hábitos de participación corresponsable en los asuntos públicos, tanto entre la ciudadanía como en la propia Administración.
Preámbulo: Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Art. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Consejo de Derechos Humanos ONU: Resolución sobre libertad de expresión en Internet
Tomando nota de los informes del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, presentados al Consejo de Derechos Humanos en su 17º período de sesiones y a la Asamblea General en su 66º período de sesiones, relativos a la libertad de expresión en Internet:
Art. 3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto.
Art. 26. Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Preámbulo: Los Estados partes en el presente Pacto, considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana, reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto.
Propósito: El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.
Artículo 3: Principios generales: Los principios de la presente Convención serán:
Art. 2. La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres.
Art. 3.3. (…) La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño.
Art. 9. La Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones, órganos y organismo (…).
Art. 11.1. Las instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión.
Art. 21.1. La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional.
Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (Carta Niza)
Art. 21. No discriminación.
Art. 23. Igualdad entre mujeres y hombres. La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y retribución.
Art. 25. Derechos de las personas mayores. La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural.
Art. 26. Integración de las personas discapacitadas. La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.
Directiva 2002/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 7 de marzo de 2002 relativa al servicio universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva servicio universal)
• El derecho a celebrar un contrato con una o varias empresas al abonarse a servicios que faciliten la conexión o el acceso a la red de telefonía; los contratos celebrados entre usuarios y proveedores de conexiones a una red telefónica debe precisar, como mínimo: la identidad y dirección del suministrador, los tipos de servicios prestados (incluido si se presta o no acceso a los servicios de urgencia, la información sobre cualquier otra condición que limite el acceso a los servicios y aplicaciones y/o su uso, los niveles mínimos de calidad de los servicios prestados, etc.), la duración del contrato y sus condiciones de renovación, el método para iniciar los procedimientos de resolución de litigios, etc.;
• La puesta a disposición, por parte de los operadores, de una información transparente y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables. Dicha información deberá publicarse de forma clara, detallada y fácilmente accesible. Las ANR pueden obligar a las empresas a comunicar a los abonados información relativa a las tarifas aplicables a un número o servicio sujeto a condiciones tarifarias particulares, a notificar cualquier modificación de las condiciones limitadoras del acceso a los servicios o aplicaciones, etc.;
• La publicación por parte de los operadores de información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de sus servicios;
• El establecimiento de exigencias mínimas en materia de calidad de los servicios, para evitar el empeoramiento de la calidad de los mismos y la obstrucción o la ralentización del tráfico en las redes;
• La garantía de disponibilidad de la red telefónica pública en caso de avería de la red debido a catástrofes o fuerza mayor;
• La oferta de servicios de asistencia mediante operador y servicios de información sobre números de abonados.
Art. 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
Art. 23.2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Art. 35. Derechos de los Ciudadanos.
Art. 18. 1. Son derechos y deberes de los vecinos:
Proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (121/000019)
Artículo 1. Objeto. Esta Ley tiene por objeto ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, reconocer y garantizar el derecho de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento.
Título I. Transparencia de la Actividad Pública. Capítulo III: Derecho de Acceso a la Información Pública.
Artículo 9. Derecho de acceso a la información pública. Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105 b) de la Constitución Española y en esta Ley.
Artículo 10. Información Pública. Se entiende por información pública los contenidos o documentos que obren en poder de cualquiera de los sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de este Título y que hayan sido elaborados o adquiridos en el ejercicio de sus funciones.
Disposiciones generales: Artículo 1. Objeto de la Ley.
Artículo 3. Principios de la Ley. Esta Ley se inspira en los siguientes principios:
Art. 28. Sociedad de la Información.
Ley 32/2003, de 3 de noviembre, General de Telecomunicaciones modificada por 38 bis, 38 ter por Real Decreto-ley 13/2012, de 30 de marzo (ref. BOE-A-2012-4442)
Artículo 38 ter. Transparencia y publicación de información.
Diferentes declaraciones o propuestas de declaración de Derechos Humanos de origen ciudadano
• “Propuesta de Declaración de los Derechos Humanos en el Ciberespacio”, formulada en el año 1997, basada en los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y cuyo objetivo es servir de documento de discusión y de compromiso voluntario en la red global de comunicaciones.
• “Declaración de Itacuruçá”, que establece, entre otras cosas, que el principal desafío contemporáneo en la sociedad de la información es el acceso democrático a la sociedad del conocimiento.
• “Declaración de Independencia del Ciberespacio”, de John Perry Barlow, 1996, que establece que Internet y las redes relacionadas con ella representan un camino abierto para la potencial mejora de la condición humana, para la libertad, la justicia, la igualdad y la paz mundiales.
• “Declaración de Florianópolis”, que recoge la aspiración compartida de los países de América Latina y el Caribe de llegar al año 2005 integrados como miembros plenos de la sociedad de la información con eficiencia, equidad y sostenibilidad, en el marco de la economía global basada en el conocimiento.
• Declaración de Derechos publicada por Emilio Suñé en 2008, mucho más reciente e innovadora, que parece ajustarse de una manera práctica y más realista a los fenómenos que están surgiendo en la actualidad.
En cuanto a buen gobierno y Administración pública, Administración electrónica y servicios públicos electrónicos, se han de tener en cuenta:
Título IV. Participación ciudadana (Artículo 24.- Finalidad y articulación de la participación ciudadana).
a) información y difusión de los fines que se pretenden, del proceso que se llevará a cabo y de los compromisos que se adquieren.
b) promoción del conocimiento, la reflexión y el debate.
c) discusión deliberativa y contraste desde diferentes ópticas y grupos de interés.
e) proposiciones y búsqueda de consensos.
f) información-devolución pública de las conclusiones del proceso participativo.
1.- El presente Decreto tiene por objeto establecer las condiciones de apertura o puesta a disposición pública, para su reutilización, de todas las aplicaciones informáticas propiedad de cualquiera de las entidades incluidas en su ámbito de aplicación.
Artículo 5. Derecho a la participación.
Artículo 6. Derecho a la información para los procesos de participación.
Artículo 7. Derecho de petición para la realización de procesos de participación.
Artículo 8. Derecho de iniciativa.
Consideración 2. La evolución hacia la sociedad de la información y del conocimiento afecta a la vida de todos los ciudadanos de la Comunidad, en particular al permitirles contar con nuevos medios para acceder y adquirir el conocimiento.
• El derecho a celebrar un contrato con una o varias empresas al abonarse a servicios que faciliten la conexión o el acceso a la red de telefonía; los contratos celebrados entre usuarios y proveedores de conexiones a una red telefónica debe precisar, como mínimo: la identidad y dirección del suministrador, los tipos de servicios prestados (incluido si se presta o no acceso a los servicios de urgencia, la información sobre cualquier otra condición que limite el acceso a los servicios y aplicaciones y/o su uso, los niveles mínimos de calidad de los servicios prestados, etc.), la duración del contrato y sus condiciones de renovación, el método para iniciar los procedimientos de resolución de litigios, etc.
• La puesta a disposición, por parte de los operadores, de una información transparente y actualizada sobre los precios y tarifas aplicables. Dicha información deberá publicarse de forma clara, detallada y fácilmente accesible. Las ANR pueden obligar a las empresas a comunicar a los abonados información relativa a las tarifas aplicables a un número o servicio sujeto a condiciones tarifarias particulares, a notificar cualquier modificación de las condiciones limitadoras del acceso a los servicios o aplicaciones, etc.
• La publicación por parte de los operadores de información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de sus servicios.
• El establecimiento de exigencias mínimas en materia de calidad de los servicios, para evitar el empeoramiento de la calidad de los mismos y la obstrucción o la ralentización del tráfico en las redes.
• La garantía de disponibilidad de la red telefónica pública en caso de avería de la red debido a catástrofes o fuerza mayor.
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Libro Blanco sobre los servicios de interés general /* COM/2004/0374 final */
Principios rectores del planteamiento de la Comisión.
3.1. Permitir una actuación de las autoridades públicas próxima a los ciudadanos.
3.3. Asegurar la cohesión y el acceso universal.
3.8. Aumentar la transparencia.
Art. 27.1. La Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y otras Entidades locales podrán delegar en los Municipios el ejercicio de competencias en materias que afecten a sus intereses propios, siempre que con ello se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance una mayor participación ciudadana. La disposición o el acuerdo de delegación deben determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de ésta, así como el control que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos que ésta transfiera.
Título V Disposiciones comunes a las Entidades locales. Capítulo IV Información y participación ciudadana, destacando:
Art. 69.1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.
Art. 70 bis.1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el municipio dichas divisiones territoriales.
Art. 70 bis.3. Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación de documentos y para la realización de trámites administrativos, de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
Art. 128.1. Los distritos. Los ayuntamientos deberán crear distritos, como divisiones territoriales propias, dotadas de órganos de gestión desconcentrada, para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio.
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que debe ser atendida en su totalidad
En su artículo 4, determina que la utilización de las TIC debe tener en cuenta los siguientes principios:
1. El respeto al derecho a la protección de datos de carácter personal y a los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar.
2. El principio de igualdad, con objeto de evitar restricciones o discriminaciones de los ciudadanos que se relacionen con las Administraciones Públicas por medios electrónicos y los que todavía no lo hacen.
3. Principio de accesibilidad a la información y a los servicios por medios electrónicos en los términos establecidos por la normativa vigente, garantizando especialmente la accesibilidad universal y el diseño para todos.
4. Principio de legalidad, de modo que el uso de la TIC no conlleve una restricción de las garantías jurídicas de los ciudadanos ante las Administraciones Públicas ya previstas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común.
5. Principio de cooperación en la utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al objeto de garantizar tanto la interoperabilidad de los sistemas y soluciones adoptados por cada una de ellas como, en su caso, la prestación conjunta de servicios a los ciudadanos.
6. Principio de seguridad en la implantación y utilización de los medios electrónicos por las Administraciones Públicas.
7. Principio de proporcionalidad en cuya virtud sólo se exigirán las garantías y medidas de seguridad adecuadas a la naturaleza y circunstancias de los distintos trámites y actuaciones, a la vez que los ciudadanos sólo deberán aportar aquellos datos estrictamente necesarios.
8. Principio de responsabilidad y calidad en la veracidad y autenticidad de las informaciones y los servicios ofrecidos por las Administraciones Públicas a través de medios electrónicos.
9. Principio de neutralidad tecnológica y de adaptabilidad al progreso de las técnicas y los sistemas de comunicaciones electrónicas garantizando la independencia en la elección de las alternativas tecnológicas por los ciudadanos y por las Administraciones Públicas, así como la libertad de desarrollar e implantar los avances tecnológicos en un ámbito de libre mercado.
A estos efectos, las Administraciones Públicas utilizarán estándares abiertos y de uso generalizado por los ciudadanos.
10. Principio de simplificación administrativa, reduciendo en lo posible los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.
11. Principio de transparencia y publicidad del procedimiento, por el cual el uso de medios electrónicos debe facilitar la máxima difusión, publicidad y transparencia de las actuaciones administrativas.
Art. 3.5. Principios generales. En sus relaciones con los ciudadanos las Administraciones públicas actúan de conformidad con los principios de transparencia y de participación.
Art. 86.4. Información pública. Conforme a lo dispuesto en las Leyes, las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas, medios y cauces de participación de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la Ley en el procedimiento de elaboración de las disposiciones y actos administrativos.
Artículo 39 bis.1. Principios de intervención de las Administraciones Públicas para el desarrollo de una actividad. Las Administraciones Públicas que en el ejercicio de sus respectivas competencias establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, deberán elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la protección del interés público así como justificar su adecuación para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningún caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias.
Preámbulo. La información generada desde las instancias públicas, con la potencialidad que le otorga el desarrollo de la sociedad de la información, posee un gran interés para las empresas a la hora de operar en sus ámbitos de actuación, contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo, y para los ciudadanos como elemento de transparencia y guía para la participación democrática.
Art. 5.3. Formatos disponibles para la reutilización. Con arreglo en lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, los medios electrónicos de puesta a disposición de los documentos a que se refiere el apartado 1 de este artículo serán accesibles a las personas con discapacidad, de acuerdo con las normas técnicas existentes en la materia.
Art. 2.2. Autorización general para la reutilización de los documentos del sector público y puesta a disposición por medios electrónicos. Se pondrán a disposición del público los documentos reutilizables que se encuentren previamente disponibles en formato electrónico por medios electrónicos, de una manera estructurada y usable para los interesados e interesadas y preferentemente en bruto, en formatos procesables y accesibles de modo automatizado correspondientes a estándares abiertos en los términos establecidos en el Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica. Asimismo, los documentos reutilizables y los medios electrónicos de puesta a disposición de los mismos deberán ser accesibles a las personas con discapacidad de acuerdo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y su normativa de desarrollo aplicable.
(…) La presente Ley tiene un triple alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública –que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades públicas–, reconoce y garantiza el acceso a la información –regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y objetivo– y establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento –lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública–.