Source: http://www.slideshare.net/eipel/reflexiones-15340673
Timestamp: 2017-01-24 18:15:48
Document Index: 939264

Matched Legal Cases: ['artículo153', 'artículo 136', 'Artículo 23', 'Artículo 31', 'Artículo 334', 'Artículo 334', 'artículo 349', 'Artículo 291', 'artículo 3', 'Artículo 3']

Cuestiones previas conceptos
Allan R. Brewer-Carías REFLEXIONES SOBREEL CONSTITUCIONALISMO EN AMÉRICA (con una Biblio verbi grafía del autor) Cuadernos de la Cátedra Fundacional Dr. Charles Brewer Maucó “Historia del Derecho de Venezuela” Universidad Católica Andrés Bello Nº 2 Editorial Jurídica Venezolana Caracas, 2001 5 2.
© by Allan R. Brewer-Carías www.allanbrewercarias.com arbrewer@cantv.net abrewer@bblegal.com Depósito Legal: lf54020013403079 ISBN: 980-365-064-5 Diagramación y montaje por Arelis Torres Book Antigua 12 Interlineado Exacto 14, Editorial Jurídica Venezolana Torre Oasis, Av. Francisco Solano López, Nivel Planta, Local N° 4. Apartado Postal 17.598 - Caracas 1015-A, Venezuela Teléfonos: 762-25-53/762-38-42/Fax: 763-52-39 Email: fejv@cantv.net6 3.
A MANERA DE EXPLICACIÓN El momento constituyente que se inició en Venezuela conmotivo de la crisis política de finales del siglo XX, a pesar de lasesperanzas que había generado de poder haber sido el instrumentopara la producción de los necesarios cambios políticos que requeríael país, para consolidar y perfeccionar el Estado de derecho y lo-grar una democracia más repres entativa y participativa, no los ha producido hasta ahora. Por ello, puede decirse que dicho momento constituyente noconcluyó con la sanción de la Constitución de 30-12-99 ni muchomenos con la transitoriedad constitucional a que ha sido sometidoel país en los últimos años, con el lamentable aval del TribunalSupremo de Justicia. En realidad, aún persiste la crisis del sistema político que looriginó, la cual no ha sido superada y, más bien, se ha agravadocon un régimen que además de ser más centralista y partidocrático,ha sido autoritario, exclusivista, exclusionista, intolerante y concen-trador del poder y, además sordo ante el clamor del país. Todos los índices que nos hacían prever, en 1998, el inevita-ble proceso de cambios que se avecinaba, en efecto, se han agrava-do: desde el punto de vista político, tenemos más centralismo ymás y peor partidismo, pues incluso, el Presidente de la Repúblicay sus Ministros, a pesar de la prohibición que la Constitución im-pone a los funcionarios de estar al servicio de parcialidades políti-cas, son los jefes del partido de gobierno y están a su servicio y desus militantes, y no actúan como funcionarios de un Estado quedebería estar al servicio de todos los ciudadanos; desde el punto devista constitucional, existe menos autonomía de los poderes públi-cos, con un sometimiento de los mismos a los dictados del Presi-dente de la República y un ahogamiento progresivo de las auto- 7 4.
nomías estadales y municipales; el control de la gestión del patri-monio público es casi inexistente, y nada se ha sabido en estosaños, por ejemplo, de la Contraloría General de la República y susactividades o de las actuaciones de control parlamentario en rela-ción con la arbitraria disposición de los recursos públicos; desde elpunto de vista del Estado de Derecho, tenemos mayor deterioro ysujeción del Poder Judicial al poder del Ejecutivo, con ausencia deautonomía y acentuada dependencia de los jueces, por la transito-riedad constitucional y la provisionalidad de los mismos; desde elpunto de vista administrativo, hay más y peor ineficiencia, corrup-ción e impunidad rampante; desde el punto de vista jurídico, existemayor pobreza legislativa, clandestinidad en la elaboración de lostextos legales y menos seguridad jurídica; desde el punto de vistaciudadano, tenemos mayor inseguridad personal, impunidad y apesar del discurso gubernamental y toda la fraseología constitucio-nal, ausencia de toda posibilidad efectiva de participación política;desde el punto de vista social, existe mayor pobreza y desempleo, ymenor protección social; y desde el punto de vista económico, hahabido menos inversión, mayor recesión y creciente informalidadeconómica. Las perspectivas políticas de Venezuela al finalizar el año2001, por tanto, no son nada prometedoras, y menos aún cuandoquienes asaltaron el Poder en 1998, han manifestado toda la in-competencia, ineficacia, resentimiento y corrupción imaginables,que en sólo tres años supera los peores índices de los cuarenta añosprecedentes. El Estado venezolano, como lo expresa un viejo dicho caste-llano, parece haber sido asaltado, como si fuera un oscuro ConcejoMunicipal, por “concejales hambrientos” cuyo único objetivo hasido saciarse personalmente. Eso es lo que hemos vivido en los tres últimos años (1999-2001) en Venezuela. En ese período, sin embargo, lamentablemente poco se hapodido hacer para promover cambios políticos con el objeto deenfrentar el autoritarismo y la corrupción, dado el avasallamientoinsolente y vulgar de quienes han acaparado todo el poder, provo-cado, entre otros factores, por el vacío político dejado por los parti-dos políticos tradicionales y su liderazgo, que como lo hemos dichorepetidamente, no entendieron lo que había ocurrido en el país enlas últimas décadas de ejercicio democrático.8 5.
Pronto, en todo caso, vendrán nuevos tiempos de acción y,más pronto que tarde, ante nuestros ojos, se derrumbará este casti-llo de ineficacia e intolerancia política que ha caracterizado el ré-gimen actual. Definitivamente, el gobierno, cuya actuación políticaha estado orientada por el arte del desconcierto, terminará pordesconcertarse a si mismo, y colapsará. Concluida nuestra labor en la Asamblea Nacional Constitu-yente de 1999, a partir de enero de 2000 y durante estos últimosdos años, sin embargo, no hemos dejado de meditar, reflexionar yescribir en ámbitos académicos tanto en el país como en el exterior,sobre el constitucionalismo en Venezuela y en América, analizandonuestras instituciones y nuestra realidad; tomando conciencia denuestra situación política constitucional y evaluando los efectos dela catástrofe institucional que hemos sufrido con estos dos años dedesgobierno y de destrucción. Este libro recoge algunas de nuestras reflexiones en este pe-ríodo, en el exterior, en San Salvador; La Romana; San José; Lima;Antigua Guatemala; Guadalajara; Austin; Ciudad de México; Bue-nos Aires; y Cartagena de Indias; expresadas en foros y mesasredondas y en conferencias dictadas en universidades y congresosinternacionales a los cuales fuimos invitados. Lo que en estos foros académicos hemos captado como apre-ciación de lo que ha ocurrido en Venezuela, lamentablemente y lodecimos con pena, es una mezcla de sentimientos de curiosidad,compasión, lástima e incomprensión de cómo una de las democra-cias más consolidadas del continente pudo haber llegado a esteextremo de destrucción institucional y gobierno personalista quetenemos. La experiencia, en todo caso, se convierte en advertencia,pues también puede ocurrir algo similar en otras democraciascuando no evolucionan a tiempo, o en ellas no se sabe detectar, atiempo, el precio que hay que pagar por conservarlas, el cual siem-pre está vinculado a perder y compartir el poder. En todo caso, lo cierto es que las crisis siempre colocan a lospaíses ante nuevos retos y oportunidades que provocan la genera-ción de nuevas ideas y soluciones. Venezuela, precisamente, estáen esta situación para el futuro, con la dificilísima tarea de tenerque reconstruir la institucionalidad democrática que ha sido gra-vemente demolida. Pero el futuro, es eso, lo que vendrá, que no podemos contro-lar. Lo que tenemos que hacer es esperarlo, apertrechados, porcierto, incluso con las armas constitucionales necesarias para con- 9 6.
tribuir a reinstitucionalizar al país, en la vía de una democraciamás representativa y más participativa, que es la antítesis del auto-ritarismo y la concentración del poder. Confiamos en que estasreflexiones contribuyan en algún grado con esos propósitos. He querido publicar estas reflexiones en la Colección deCuadernos de la Cátedra Fundacional de Historia del Derecho CharlesBrewer Maucó de la Universidad Católica Andrés Bello. Es un homena-je más, que he querido hacer a ese ser humano excepcional, que espapá, quien a pesar de su discapacidad, no deja de hacer el esfuer-zo, al recibirnos, de darnos siempre la bendición y, con frecuencia,mostrarnos su sonrisa habitual, de aliento y de expresión de quetodo está bien, como si lo estuviera!. En fin, a pesar de su edad, deque ahora es cuando!. Ello, en gran parte, se debe a mamá. Por ello, no puedo sinodarle una vez más las gracias por su entereza, entusiasmo, amor ydedicación en la asistencia de papá, sobre todo en estos últimosaños. Sabemos que ha sido una carga muy importante para ella,pero a la vez su presencia ha sido una bendición de Dios para papáy para nosotros. Por mi parte, como académico, compartiendo mis actividadescon el ejercicio profesional y con la actividad política independien-te, mi vida ha girado permanentemente en la preparación y dictadode cursos universitarios, la investigación jurídica, la escritura delibros y artículos, y el dictado de charlas y conferencias en forosprofesionales y universitarios, en Venezuela y en el exterior. Hetenido la suerte de haber registrado casi todos esos eventos, ini-cialmente para la preparación de los informes anuales respectivoscomo profesor adscrito que fui del Instituto de Derecho Público dela Universidad Central de Venezuela (1960-1987), donde no sólome formé académicamente, sino donde tuve la oportunidad decontribuir a la formación de muchos profesores y profesionalesactualmente activos en el campo del derecho público. El hábito deregistrar mis actividades académicas lo continué con posterioridadcon la asistencia de mi secretaria de tantos años, Arelis TorresAmaro –a quien una vez más quiero agradecer su eficiente colabo-ración y lealtad- y por eso la información de la Biblio verbi grafia quese ha incorporado en el anexo de esta obra. Lo que he hecho en lasúltimas décadas, allí está. Caracas, diciembre 200110 7.
I Reflexión en San Salvador: RETOS CONSTITUCIONALES PARA EL SIGLO XXI∗ Junio, 2000∗ Texto ampliado de la Conferencia dictada en el Seminario sobre “Améri- ca Latina: Retos para la Constitución del Siglo XXI” con ocasión del En- cuentro Anual de los Presidentes y Magistrados de los Tribunales Constitucio- nales y Salas Constitucionales de América Latina, Corte Suprema de El Sal- vador, Federación de Asociaciones de Abogados de El Salvador y Funda- ción Konrad Adenauer, San Salvador, 8 de junio de 2000. Este trabajo ha sido publicado en Revista Politeia (Constitución y Constitucionalismo hoy. Bicentenario del Derecho Constitucional Comparado de Manuel García Pelayo), Instituto de Estudios Políticos, UCV, Caracas 2001, pp. 47 a 68. 11 8.
La Revolución de Independencia Hispanoamericana de prin-cipios del Siglo XIX, puede decirse que fue el primer campo deensayo del constitucionalismo moderno que tuvo sus raíces en lasRevoluciones Norteamericana y Francesa de fines del Siglo XVIII. Ha sido ese constitucionalismo el que ha enmarcado durantelos últimos 200 años, el régimen político de todos los Estados delmundo y, particularmente, el de los Estados Latinoamericanos,caracterizado por los siguientes siete principios esenciales: la ideade Constitución y su supremacía; la soberanía del pueblo, el repu-blicanismo y la democracia representativa como régimen político;la distribución vertical del Poder Público, el federalismo, el regio-nalismo político y el municipalismo; la separación orgánica depoderes y los sistemas presidencial y parlamentario de gobierno; ladeclaración constitucional de los derechos del hombre y sus garan-tías; el rol del Poder Judicial como garante del Estado de Derecho ydel principio de legalidad; y el control jurisdiccional de la constitu-cionalidad de las leyes. Sin embargo, la verdad es que fue realmente a partir de laSegunda Guerra Mundial cuando esos principios llegaron efecti-vamente a afianzarse en el mundo contemporáneo. No olvidemosque en Europa, con anterioridad, la Constitución no siempre seconsideró como norma suprema de efectos directos; el centralismosignó la configuración de los Estados, impidiendo en gran medidael desarrollo de la democracia; la soberanía parlamentaria atentócontra los derechos humanos, cuyo reconocimiento y garantía noconstituían un valor esencial; y el control judicial de la constitucio-nalidad de las leyes constituía una rareza inaceptable, propia delderecho americano. En consecuencia, fue durante la segunda mitad del siglo pa-sado que la Constitución, efectivamente, se convirtió en normasuprema; que la democracia representativa comenzó a funcionarrealmente; que la descentralización política se convirtió en instru- 13 9.
mento de democratización; que los sistemas de gobierno comenza-ron a desarrollar sus mecanismos de balance; que los derechoshumanos adquirieron real efectividad y protección; que el PoderJudicial encontró mecanismos de garantía de su independencia yautonomía, y que se desarrolló mundialmente un verdadero siste-ma de control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes. En las últimas décadas todos los países de América Latinahan reformado sus Constituciones, y en todas ellas se puede encon-trar la consolidación de todos esos principios. Hemos llegado, así,al Siglo XXI, con un conjunto de Constituciones que contienen unarsenal de instituciones que recogen lo mejor de dos siglos deconstitucionalismo. La pregunta que ahora debemos formularnos, sin embargo,es si las mismas satisfacen efectivamente las exigencias constitu-cionales del nuevo Siglo; es decir, ¿La Constitución del Siglo XXIestá ya elaborada? Y si no, ¿cuáles son los retos de América Latinapara constitucionalmente enfrentar el nuevo milenio?. Nuestro propósito es, precisamente, referirnos a estas pregun-tas y tratar de darles respuestas, para lo cual analizaremos las diezcuestiones constitucionales que consideramos más importantes enel momento actual, y que conforman las nuevas tendencias delconstitucionalismo para enfrentar el Siglo que estamos iniciando.I. LA REFORMULACIÓN DEL CONCEPTO DE SOBERANÍA PARA ASEGURARLA EN EL MARCO DE COMUNIDADES SUPRANACIONALES En primer lugar está el tema de la soberanía o del poder supe-rior que existe en todo Estado, sobre el cual, en principio, no podríaexistir otro. La soberanía fue la que permitió al Estado ser Estado y, ade-más, luego, el republicanismo. Con las Revoluciones del SigloXVIII la soberanía pasó del Monarca absoluto al pueblo o a laNación en los términos de la Revolución Francesa, y este comenzóa ejercerla mediante representantes. De allí, incluso, la idea de lademocracia representativa como régimen político. Un Estado, por tanto, no puede tener un poder superior a símismo, pues entonces, este último poder superior sería el soberanoy el Estado. Este principio, esencial de la construcción del Estado Moder-no, sin embargo, ha comenzado a ser efectivamente trastocadoimponiéndose su reformulación. Cincuenta años de experiencia en14 10.
la construcción de la ahora Unión Europea desde la suscripción delos Tratados de París de 1951, pusieron en evidencia que, precisa-mente para afianzar la soberanía de los Estados Europeos y hacer-los efectivamente más soberanos, había que limitar dicha sobera-nía; y que el reconocimiento constitucional de un poder superior alos propios Estados Nacionales en un marco comunitario de Esta-dos, no necesariamente conducía a reconocer a la Comunidadcomo soberana, negando la soberanía de aquellos. Se llegó, así, a laconclusión de que la supranacionalidad no implicaba ni implicaterminar con la soberanía nacional; pero para ello fueron precisa-mente las Constituciones nacionales y no el derecho internacional,las que encontraron el camino. Por ello, no hay que perder de vista que el esquema de inte-gración regional europeo fue, ante todo, una creación del constitu-cionalismo. Ni un paso se dio en la limitación de la soberanía na-cional y en la transferencia de poderes de los órganos constitucio-nales de los Estados a la comunidad supranacional, que no estuvie-se previamente prevista y autorizada en las Constituciones respec-tivas. Por ello, la integración regional se desarrolló fundada sobredisposiciones constitucionales expresas y no sobre interpretaciones.En las Constituciones fue que se previó la limitación de los poderessoberanos de los órganos de los Estados y, por tanto, de los pue-blos, y allí fue que se le dio valor de fuente del derecho interno, deaplicación inmediata y prevalente, al derecho comunitario emana-do de los órganos supranacionales. En el mundo actual, sin duda, América Latina tiene el mismoreto que se plantearon los países europeos después de la SegundaGuerra Mundial, de renunciar al concepto cerrado de soberaníapara la construcción de relaciones interestatales en un marco depaz, lo que en definitiva condujo, al final, a la creación de la UniónEuropea. En el futuro, para sobrevivir en la civilización contemporáneaunipolar y globalizante, tendremos que asumir la integración comopolítica continental y ello tiene que permitirlo, expresamente, laConstitución del Siglo XXI. La orientación, en esta materia, puede derivarse por ejemplo,de las recientes Constituciones de Colombia, Argentina, Paraguayy Venezuela y de algunos de los países centroamericanos, como ElSalvador, en las cuales se le ha dado solución constitucional a unproblema que, de otra forma, sería insoluble, que es la limitaciónde la soberanía de los Estados en beneficio de un poder suprana- 15 11.
cional, sin que esté expresamente previsto y autorizado en la Cons-titución. Insistimos, la solución que compatibilice la soberanía de losEstados Nacionales con Comunidades de Estados que tengancarácter supranacional sólo la pueden dar las Constituciones y ental sentido la más reciente de las Constituciones de América Latina,la de Venezuela de 1999, es un ejemplo, al establecer en su artículo153, no sólo que la República “promoverá y favorecerá la integra-ción latinoamericana y caribeña, en aras de avanzar hacia la crea-ción de una comunidad de naciones”, sino que “podrá atribuir aorganizaciones supranacionales, mediante tratados, el ejercicio delas competencias necesarias para llevar a cabo estos procesos deintegración”; previendo expresamente que “Las normas que seadopten en el marco de los acuerdos de integración serán conside-radas parte integrante del ordenamiento legal vigente y de aplica-ción directa y preferente a la legislación interna”. La soberanía, dice la Constitución venezolana de 1999, resideen el pueblo, quien la ejerce directamente mediante referendos oindirectamente mediante el sufragio, por los órganos de los Pode-res Públicos (art. 5). Pero como se dijo, la misma Constituciónlimita la soberanía al prever la supraconstitucionalidad y así, inclu-so, poder apuntalar la soberanía nacional con la creación de unaComunidad de Estados que asuma poderes que tradicionalmenteestaban en las manos aisladas de estos. Incluso, para reforzar lapropia soberanía popular en un proceso de integración y suprana-cionalidad, se destaca la posibilidad de que los Tratados Interna-cionales en los cuales se pueda comprometer la soberanía nacionalo se transfieran competencias a órganos supranacionales (art. 73),se sometan a referendo aprobatorio. En todo caso, la idea de la supranacionalidad y la consecuen-te transformación de la soberanía como poder cerrado, es uno delos grandes retos en América Latina para la Constitución del SigloXXI.II. LA REFORMULACIÓN DE LA FORMA DE EJERCICIO DE LA DEMOCRACIA PARA HACERLA MÁS REPRESENTA- TIVA En segundo lugar está el tema de la democracia, que tiene quellegar a ser más representativa. No hay duda de que la democracia como régimen político,está basada en la idea de la representación, al punto de que la16 12.
historia no conoce de experiencias de democracias ejercidas por elpueblo exclusivamente en forma directa, sin representantes. Aúnen la democracia griega gobernaban Magistrados escogidos porsorteo. No tienen sentido, por tanto, los planteamientos que con mo-tivo de los vicios de la representatividad en las democracias departidos, pretenden sustituir la democracia representativa por unasupuesta democracia directa. La democracia, en las complejas so-ciedades contemporáneas, tiene que ser representativa y, en reali-dad, lo que hay que perfeccionar es esa representatividad, precisán-dose a quién, efectivamente, es que tiene que representarse. Definitivamente es al pueblo, por lo que el reto constitucionalde nuestros países, en el futuro, está en diseñar un esquema deefectiva representación popular y superar aquellos sistemas políticosen los cuales los partidos políticos monopolizaron toda la represen-tación, desligándose del pueblo. Los partidos, en una democracia,son instrumentos esenciales de intermediación entre el pueblo y elgobierno del Estado; pero no por ello deben confiscar la propiasoberanía y asumir el monopolio de la representación, muchasveces de espaldas al propio pueblo. Las comunidades, los pueblos,las regiones deben tener representantes y los partidos no puedensustituirse en aquellos, sino contribuir y orientar para que realmen-te encuentren representación en los órganos representativos. Pero ello sólo es posible cuando la democracia llegue a seruna forma de vida político-social y no sólo un mecanismo eleccio-nario, donde el Poder, lejos de estar concentrado, este desparrama-do en el territorio, ubicándose cerca del ciudadano y sus organiza-ciones comunales. Ello tiende, a la vez, a garantizar que las socie-dades intermedias, como los gremios profesionales o los sindicatos,respondan a la organización democrática. Ahora bien, la representación democrática y su reforma, parasacarla de las exclusivas manos de los partidos políticos exige, porsupuesto, la reforma del sistema electoral. Si este, con un métodocomo el de representación proporcional, tiende a asegurar la repre-sentación de los partidos políticos, se llegará ineludiblemente a unademocracia de partidos. De lo contrario, si de lo que se trata, parti-cularmente a nivel regional y local, es lograr la representatividadde la comunidad, entonces la uninominalidad como sistema deescrutinio debe imponerse, y con ella, el sistema mayoritario. LaConstitución de América Latina para el Siglo XXI, en esta materia 17 13.
tiene que optar por más representatividad democrática, y estructu-rar el sistema electoral acorde con ello. Otro aspecto que debe enfrentar la Constitución de AméricaLatina para el Siglo XXI, es el del régimen mismo de los partidospolíticos, para hacerlos, internamente, entidades democráticas,cuyas autoridades deben ser el resultado de elecciones libres inter-nas, como lo ha regulado la Constitución venezolana (art. 67); y,además, el del régimen de financiamiento de los partidos políticosy, consecuentemente, de las campañas electorales. Los grandesmales de la política contemporánea en América Latina pasan poreste tema. Pero además de la transformación del principio de la repre-sentatividad democrática, por supuesto que tienen que establecersemecanismos de democracia directa, no como sustitutivos de lademocracia representativa, sino como medios para asegurar laparticipación directa del pueblo en ciertos asuntos públicos. En elfuturo, por tanto, la figura de los referendos tendrá que encontrarcabida en los textos constitucionales, como ha sucedido, precisa-mente, en algunas Constituciones recientes de América Latinacomo las de Colombia y Venezuela. En esta última, por ejemplo, seprevén los referendos como “medios de participación y protago-nismo del pueblo en ejercicio de su soberanía” (art. 74) en todas susmanifestaciones: los consultivos, tanto nacionales, estadales ymunicipales, sobre materias de trascendencia en los diversos nive-les territoriales; los revocatorios, respecto de todos los cargos ymagistraturas de elección popular; los aprobatorios, de leyes ytratados; y los abrogatorios, de leyes y decretos leyes (art. 71 a 74).III. LA REFORMULACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN VERTICAL DEL PODER Y DE LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA PARA PERFECCIONAR LA DEMOCRACIA En tercer lugar está el tema de la distribución territorial delPoder y de la descentralización política para perfeccionar la demo-cracia. En efecto, el gran aporte del constitucionalismo moderno a laorganización del Estado y que implicó el desmantelamiento delEstado Absoluto, fue la distribución vertical del Poder. Ello seinició con el ejercicio democrático de la soberanía mediante elfederalismo norteamericano y el municipalismo francés. Despuésde doscientos años de experiencia, hoy el municipalismo es el signode la organización territorial del Poder en el más bajo nivel; y el18 14.
federalismo o las otras formas de unidades político territorialesregionales o intermedias entre el Poder Central y el Poder Local,también se han generalizado en el mundo contemporáneo. No hay país democrático en el mundo occidental, desarrolla-do y consolidado después de la Segunda Guerra Mundial, cuyoEstado no este montado sobre la distribución vertical del Poder endos niveles. Ya no hay Estados democráticos centralizados. Entodas partes existen Federaciones (Alemania, Suiza, Canadá,EEUU) o esquemas regionales de carácter político, como las Regio-nes en Italia, Francia o Bélgica, o las Comunidades Autónomas enEspaña. Incluso en el Reino Unido, la devolution o descentralizacióndel Poder constituye la gran reforma política del laborismo desdelos años noventa, reflejada en la elección de Parlamentos en Escociay Gales y del Alcalde del Gran Londres. Y en cuanto al municipa-lismo, es en el nivel local donde la democracia realmente existe. Cuántas veces no nos hemos preguntado los latinoamerica-nos, por ejemplo, por qué los países europeos y de norteaméricatienen democracias funcionales auténticas y por qué, en nuestrospaíses, la democracia no ha llegado a funcionar, salvo formalmen-te. La respuesta, tan simple, es que en aquellos países la democra-cia, por sobre todo, es vida local, lo que significa gobierno local y,en definitiva, municipalismo. Ello lo descubrió Alexis De Tocquevi-lle hace casi 200 años cuando se topó con “la democracia en Améri-ca”, y ello es lo que ha caracterizado la democracia en el mundodesarrollado de la post guerra. No se olvide, por ejemplo, que enFrancia hay más de 36.000 comunas, las cuales, después de lasreformas políticas impulsadas a partir de 1982, son, además, autó-nomas; que en Alemania hay más de 16.000 gobiernos locales y queen España hay más de 8.000 municipios. Pero lo importante no es tanto el número de entidades localesautónomas políticamente hablando, sino la relación entre ellas y lapoblación. En todo el mundo democrático desarrollado contempo-ráneo, esa relación oscila entre aproximadamente 6.000 habitantespor autoridad local, como sucede en los Estados Unidos y Canadá,independientemente de la extensión del territorio y la densidad depoblación, y aproximadamente 1.500 habitantes por Municipio,como sucede en Francia. Entre esos dos extremos, están, por ejem-plo, Suiza, España y Alemania. Eso es precisamente lo que nos hace falta en América Latina:vida local, la cual no se puede lograr cuando el Municipio está lejosdel ciudadano como en Venezuela, que por más verbalismo consti- 19 15.
tucional que haya sobre democracia, participación, descentraliza-ción y protagonismo del pueblo, hay sólo 332 Municipios en unterritorio que tiene el doble de superficie del de Francia. Por eso, enVenezuela, la relación población-gobierno local es más de 66.000habitantes por Municipio, lo que definitivamente no permite que lavida local sea la escuela de la libertad y el campo propicio del juegodemocrático. Una relación similar, quizás menor, existe en todosnuestros países de América Latina. Es cierto que el municipalismo es parte de nuestra historiapolítica y constitucional, al punto de que los Cabildos fueron losque hicieron la Revolución de Independencia. Pero en la realidaddemocrática contemporánea no logran ser la cuna del ejerciciodemocrático, porque están demasiado lejos del ciudadano; lo queen muchos casos, también los hace inservibles para la adecuadagestión de los intereses locales. En cuanto al Federalismo, este ha sido consustancial al consti-tucionalismo latinoamericano; pero la verdad es que nuestrasFederaciones, como las de México, Venezuela, Brasil y Argentina ylas que fueron y ya no son en otros países, como por ejemplo en losde Centroamérica y en Colombia; todas han sido Federacionescentralizadas, muy poco propicias para una efectiva distribuciónvertical del Poder. En los otros países de dimensión territorialimportante, por lo demás, no se han logrado implantar nivelespolíticos intermedios. La Constitución de América Latina del Siglo XXI, por tanto,para perfeccionar y arraigar la democracia, tiene que impulsar ladescentralización política, tanto a nivel intermedio como a nivellocal, desparramando efectivamente el Poder en el territorio. Comolo dice la Constitución de Venezuela de 1999, La descentralización, como política nacional, debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población y creando las mejo- res condiciones tanto para el ejercicio de la democracia como para la prestación eficaz y eficiente de los cometidos estatales (art. 158).IV LA REAFIRMACIÓN DE LA SEPARACIÓN ORGÁNICA DE PODERES PARA ENFRENTAR EL AUTORITARISMO En cuarto lugar está el tema de la separación de poderes. Desde que la Declaración francesa de los Derechos del Hom-bre y del Ciudadano de 1789 proclamó que “toda sociedad en la20 16.
cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separaciónde poderes determinada, no tiene Constitución” (art. XVI); el prin-cipio de la separación orgánica de poderes, como manifestación dela distribución horizontal del Poder, ha sido y continúa siendo elsigno más arraigado del constitucionalismo contemporáneo paragarantizar la libertad. Por ello, toda vez que se ha conculcado la libertad y descono-cido los derechos humanos, se ha comenzado por concentrar elPoder. Esa fue la experiencia de los países de Europa oriental, enlos cuales durante el Siglo XX, frente a la distribución horizontaldel Poder propia de las democracias occidentales, se erigió el prin-cipio de la Unicidad del Poder, ubicándolo, todo, en una Asambleapopular que lo concentraba, de la cual dependía toda la organiza-ción del Estado y que controlaba todo. Esa estructura unitaria delPoder estalló en mil pedazos ante nuestros ojos, quedando susescombros enterrados en las ruinas del muro de Berlín. Por ello, ennuestra América Latina, el caso de la Constitución de Cuba, con suAsamblea Popular que concentra todo el Poder, ha quedado comoun fósil político. En contraste, la Constitución de América Latina para el SigloXXI tiene que arraigar el principio de la separación orgánica depoderes, como antídoto efectivo frente al autoritarismo. Inclusodebe consolidar la separación de Poderes más allá del Legislativo,del Ejecutivo y del Judicial y hacer partícipes efectivos del PoderPúblico, con rango constitucional como lo tienen desde hace déca-das, a los órganos de control, como las Contralorías Generales, elMinisterio Público, los Defensores del Pueblo o de los DerechosHumanos y los órganos electorales. Un ejemplo de ello es la nuevaestructura del Poder Público en la Constitución de Venezuela, encuyo artículo 136 se establece que “El Poder Público Nacional sedivide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral”.En este contexto, el llamado Poder Ciudadano comprende a laContraloría General de la República, a la Fiscalía General de laRepública y al Defensor del Pueblo. Pero por elemental que sea el planteamiento no debemos de-jar de insistir en la reafirmación del principio de la separación depoderes. No pasemos por alto que los fracasos de la representativi-dad y participación democráticas, por los abusos de los partidospolíticos, han hecho surgir en América Latina la tentación autorita-ria que, precisamente, se monta sobre el concepto de la concentra-ción del Poder, lo que se agrava aún más si al Poder Militar se lo 21 17.
erige como Poder no subordinado. Ya en el Perú se han visto mani-festaciones en esta orientación, incluso con carta de naturalezaconstitucional; pero las más graves se están viendo en Venezuela,implantadas en la propia Constitución. En efecto, a pesar de la antes mencionada flamante separa-ción del Poder Público en cinco conjuntos de órganos del Estadoque deberían ser autónomos e independientes entre sí –de eso setrata la separación de poderes-, en la Constitución venezolanaencontramos una absurda distorsión de dicha separación, que esnecesario superar y evitar en América; y ello en tres sentidos: enprimer lugar, en el otorgamiento a la Asamblea Nacional que comoórgano político ejerce el Poder Legislativo y de control, del poderde remover de sus cargos –léase bien, remover– a los Magistradosdel Tribunal Supremo de Justicia, al Fiscal General de la República,al Contralor General de la República, al Defensor del Pueblo y a losMiembros del Consejo Nacional Electoral (arts. 265, 279 y 296); enalgunos casos, por simple mayoría. En segundo lugar, en la previ-sión de la delegación legislativa por parte de la Asamblea Nacionalal Presidente de la República, mediante una ley habilitante, pararegular mediante Decreto-Ley cualquier materia (arts. 203, y 236,ord. 8), lo que puede dar al traste, incluso, con la garantía de lareserva legal respecto de los derechos humanos. Y en tercer lugar,con la eliminación del Senado, no sólo como Cámara Federal parabalancear la Cámara de representantes, sino como instrumentopara garantizar la participación igualitaria de los Estados en laelaboración y control de las políticas nacionales. Con estos tres atentados al principio de la separación de po-deres, Venezuela con su nueva Constitución, no sólo entró en ellibro de récord de las contradicciones constitucionales (una Federa-ción sin Senado; una delegación legislativa ilimitada; y una concen-tración inusitada del poder en el órgano político representativo),sino que ha abierto el camino constitucionalizado al autoritarismo;sobre todo si a ello se agrega el acentuado militarismo, tambiénconstitucionalizado. No hay que perder de vista que en la nueva Constitución ve-nezolana desapareció el principio de la subordinación de la autori-dad militar a la civil, así como la prohibición tradicional del ejerci-cio simultáneo de mando militar con autoridad civil; desapareció elcarácter no deliberante y apolítico de la Fuerza Armada e, incluso,su obligación tradicional de velar por la estabilidad de las institu-ciones democráticas. La Institución militar, así, adquiere casi la22 18.
característica de un Poder más autónomo dentro del Estado, cuyoúnico vínculo con los demás Poderes es que tiene como Coman-dante en Jefe al Presidente de la República. En contraste con la incubadora autoritaria que en este aspectoconstituye la Constitución de Venezuela, la Constitución de Améri-ca Latina para el Siglo XXI, al contrario, tiene que montarse en unauténtico sistema de separación, balance y contrapeso de poderes,para garantizar la libertad. En el constitucionalismo, ciertamente,aún no hemos inventado otro sistema más efectivo de garantía dela libertad y contra el abuso del poder, que no sea su efectiva sepa-ración orgánica.V. LA NECESARIA CONCEPTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GOBIERNO PRESIDENCIAL LATINOAMERICANO En quinto lugar está el tema del sistema de gobierno y particu-larmente del sistema presidencial, que es endémico de AméricaLatina. Ciertamente, en toda la historia republicana nunca en nuestroContinente hemos tenido algún ejemplo de sistema parlamentariode gobierno. Así como el parlamentarismo es propio de Europa, elpresidencialismo, desde que se inició el republicanismo, se propa-gó por todo el Continente Americano. Pero el presidencialismo “puro” como lo suelen definir losconstitucionalistas europeos al estudiar el sistema norteamericanopara contrastarlo con el sistema parlamentario, sin duda que noexiste en América Latina, como tampoco existe el federalismo“puro” en ninguna parte del mundo. La verdad es que progresivamente se ha venido configurandoun sistema de gobierno presidencial latinoamericano, en el cual sehan incrustado todo tipo de elementos clásicos del parlamentarismo.Por ello hemos hablado del sistema presidencial con sujeción par-lamentaria o de presidencialismo intermedio, moderado, modifi-cado, atenuado o racionalizado. No se olvide, por ejemplo, que en el sistema latinoamericanoen general y muy lejos del sistema norteamericano, no se concibe alEjecutivo como unipersonal, pues el Presidente de la República engeneral actúa con el refrendo de los Ministros o en Consejo deMinistros; y con responsabilidad política solidaria ante la Asam-blea. Por ello, el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa y los Ministrosno sólo pueden ser interpelados por la Asamblea, sino que tienen 23 19.
derecho de palabra en ellas, y varias Constituciones ya establecenel voto de censura a los Ministros, originando su remoción. Recientemente, incluso, como ha sucedido en Argentina conel Jefe de Gabinete y en la reciente Constitución de Venezuela, conel Vicepresidente Ejecutivo, de designación exclusivamente ejecu-tiva, se han incorporado otros elementos al sistema de gobiernolatinoamericano que sin tener nada que ver con la figura parlamen-taria del Primer Ministro, buscan establecer un puente expeditoentre el Ejecutivo y la Asamblea y hacer más efectivo el funciona-miento de la Administración del Estado. Todo ello, sin embargo,sin deslindar la jefatura del Estado de la jefatura del Gobierno, lascuales continúan coincidiendo en el Presidente de la República. A estas reformas se agrega la figura del ballottage en la elec-ción presidencial directa, ya generalizada en toda América Latina,con muy contadas excepciones como el penoso caso de Venezuela,en cuya novísima Constitución, al contrario, se siguió la tradiciónde la elección presidencial por mayoría relativa. A esto se agregaque la reelección inmediata del Presidente de la República, contra-riamente a la tendencia en otros países, se introdujo por primeravez en muchas décadas, en la Constitución venezolana. En todo caso, la Constitución de América Latina para el SigloXXI tiene que terminar de encuadrar o conceptualizar el sistema degobierno latinoamericano, deslastrándose de la comparación conlos presidencialismos o parlamentarismos “puros” que, como sedijo, por lo demás no existen; y ello tienen que hacerlo nuestrospaíses, alertando respecto del principal problema que histórica-mente hemos tenido y que parece comenzar a revivir en algunasConstituciones como la venezolana: el autoritarismo constitucional,que conduce al ejercicio del poder en forma unipersonal, sin parti-dos políticos que sirvan de intermediarios entre la sociedad civil yel poder, sin controles ni contrapesos efectivos y con un podermilitar autónomo. He allí el reto para el Siglo XXI: identificar elsistema de gobierno latinoamericano con sus orígenes presidencia-les, vacunándolo contra el autoritarismo constitucional; para locual, entre otros factores, es indispensable establecer un verdaderocontrol parlamentario, que no se quede en la obstrucción guber-namental, y que garantice el balance entre los Poderes del Estado.24 20.
VI. LA REFORMULACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PARA LOGRAR SU INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA EFECTI- VAS En sexto lugar está el tema del Poder Judicial y, en particular,el de su independencia y autonomía efectivas. De la esencia misma del principio de la separación de pode-res surge la necesidad de un Poder Judicial autónomo en el sentidode que para decidir sólo debe estar sujeto a la ley; e independiente,particularmente de los otros Poderes del Estado y de los grupos deintereses, de presión política o de cualquier otra naturaleza. Hacia la preservación de la independencia judicial es que sehan movido todos los sistemas constitucionales en todos los tiem-pos del constitucionalismo; y la opción tradicional ha estado enhacer participar o no al Poder Ejecutivo en la designación de losjueces. Ha sido precisamente la tendencia a neutralizar la injerenciadel Poder Ejecutivo en la Administración del sistema judicial, loque ha hecho florecer en América Latina, a una institución deorigen europeo y con antecedentes en Italia desde 1907, que es elConsejo de la Judicatura o de la Magistratura. Este órgano ha sidoconcebido con rango constitucional, con autonomía funcionalrespecto de los tres clásicos poderes, al cual se le ha atribuido engeneral la función de velar por la independencia del Poder Judicial,desarrollar la carrera judicial comenzando por la designación delos jueces y ejercer la función disciplinaria judicial. Esta figura se ha generalizado completamente en AméricaLatina, al punto de que se puede considerar ya como propia delconstitucionalismo latinoamericano. Todo comenzó con la creación en la Constitución de Vene-zuela de 1961 del Consejo de la Judicatura, que comenzó a funcio-nar en 1970, lo cual fue seguido en el Perú en 1979 con la creacióndel Consejo Nacional de la Magistratura. En la década de losochenta la institución se estableció en El Salvador, Panamá y Brasil,y en los noventa en Colombia, Paraguay, Ecuador, Bolivia, CostaRica, Argentina y México. Con la creación de esta institución, porsupuesto se ha producido un vaciamiento de competencias de lasCortes o Tribunales Supremos en materia de administración delsistema judicial, lo cual comienza ahora a ser evaluado con la expe-riencia. Y no podemos dejar de destacar en este campo, de nuevo, laexperiencia venezolana, que habiendo sido el primer país de Amé- 25 21.
rica Latina en introducir la institución con rango constitucional,también, ahora, es el primer país en desaparecerla, al establecer lanueva Constitución que “Corresponde al Tribunal Supremo deJusticia la dirección, el gobierno y la administración del PoderJudicial, la inspección y vigilancia de los tribunales de la Repúblicay de las Defensorías Públicas”, así como “la elaboración y ejecuciónde su propio presupuesto y del presupuesto del Poder Judicial….Para el ejercicio de estas atribuciones, el Tribunal Supremo enpleno creará una Dirección Ejecutiva de la Magistratura, con susoficinas regionales” (art. 267). Esta norma, al ser de carácter orgánico, como lo ha decididola Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debió serde aplicación inmediata, por lo que a partir del 1° de enero de 2000el Tribunal Supremo debió haber asumido tal competencia, absor-biendo la estructura administrativa y burocrática del antiguo Con-sejo de la Judicatura. Lamentablemente, sin embargo, incurrió enuna omisión constitucional y en su lugar continuó actuando pormuchos meses una “Comisión de Reestructuración y Funciona-miento del Poder Judicial” creada por la Asamblea Nacional Cons-tituyente antes de la entrada en vigencia de la nueva Constitución.Esta Comisión ejerció las competencias que correspondían al Tri-bunal Supremo, particularmente en cuanto a la disciplina de losjueces (que constitucionalmente es una función atribuida a losjueces y no a un órgano administrativo), y al nombramiento dejueces provisionales, que terminaron siendo la mayoría. Incluso laComisión pretendió convocar concursos para designación de jue-ces, lo cual es competencia exclusiva del Tribunal Supremo. De ello resulta que el remedio que se quiso introducir a losmales derivados de la actuación del Consejo de la Judicatura, queoriginó una nueva dependencia del sistema judicial inicialmente delos partidos políticos y luego de grupos de jueces que se enquista-ron en la Judicatura, deformando y corrompiendo el sistema dejusticia; ha causado otro mal, y es otra dependencia respecto delPoder. Algo similar, pero mediante la deformación del Consejo dela Magistratura a través de leyes sucesivas, ocurrió desde 1994 en elPerú, con la consecuencia de que la mayoría de los jueces hanterminado siendo suplentes o provisionales y, por tanto, con de-pendencia del Poder. Ello, al final, originó la renuncia masiva delos Consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura en 1998,denunciando las violaciones constitucionales cometidas por elCongreso.26 22.
Por todo ello, el tema de la independencia del Poder Judicialsigue siendo otro de los grandes retos de América Latina para laConstitución del Siglo XXI. Todo se ha ensayado, pero aún carece-mos del modelo adecuado para asegurar dicha independenciarespecto de los otros poderes del Estado. En todo caso, también están pendiente de solución los meca-nismos legales para la protección de los jueces. Si queremos quesean autónomos e independientes, hay que protegerlos frente a laspresiones indebidas, provengan del Poder o de los intereses priva-dos. Definitivamente estamos en un círculo vicioso que tiene queromperse: no se protege a los jueces porque se desconfía de suautonomía e independencia, pero nunca lograrán ser autónomos eindependientes, si no se les protege de presiones. Pero además del tema de la independencia judicial, en rela-ción con la actuación de los jueces y con su autonomía está el con-flicto entre el formalismo y la justicia, respecto del cual, en muchoscasos, los procedimientos legales inclinan la balanza a favor de laformalidad de la ley sacrificando la justicia. Hay que hacer esfuer-zos porque la justicia, en su forma más elemental de dar a cadaquien lo que le corresponde, pueda actualizarse independiente-mente de las formas, y a ello es que tiene que apuntar, por ejemplo,la nueva Constitución venezolana de 1999, al establecer expresa-mente que el Estado de Derecho es además un Estado de Justicia(art. 22); que el Estado debe garantizar una “justicia gratuita, acce-sible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente,responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sinformalismos o reposiciones inútiles” (art. 26); que en materia de laacción de amparo el procedimiento debe ser “oral, público, breve,gratuito y no sujeto a formalidad” (art. 27); y que, en general, en elproceso “No se sacrificará la justicia por la omisión de formalida-des no esenciales” (art. 257). Pero una cosa en el imperio de la justicia sobre los formalis-mos no esenciales, cuya observancia ciega no puede sacrificar laprimera; y otra es pretender dar al juez libertad absoluta respectode su sujeción al derecho positivo. Su autonomía consiste en suje-ción a la ley, y sólo a la ley; lesionaría la propia autonomía y laseguridad jurídica si el juez, respecto de normas sustantivas, pu-diera apartarse de ellas so pretexto de aplicar su concepción subje-tiva y temporal de la justicia. Así, el derecho quedaría sustituidopor la anarquía. 27 23.
Pero en todo caso, el juez, precisamente por su autonomía eindependencia, es responsable de sus decisiones. De allí que debadestacarse la previsión expresa de la responsabilidad del Estado yde los Jueces por las actuaciones judiciales, particularmente porerror judicial, retardo u omisiones injustificadas (art. 49, ord. 8); yen particular de los jueces, además, por la inobservancia sustancialde las normas procesales, por denegación y parcialidad, y por losdelitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempe-ño de sus funciones (art. 255).VII. EL REDIMENSIONAMIENTO DE LA DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE SU PROTECCIÓN JU- DICIAL En séptimo lugar está el tema de los derechos humanos. La batalla por su reconocimiento universal que comenzó conel constitucionalismo moderno desde la Revolución Norteamerica-na en 1776, sólo comenzó a cristalizar efectivamente, con su Decla-ración Universal por todos los países civilizados, después de lasegunda guerra mundial, lo cual ha venido progresivamente dan-do sus frutos en las Constituciones contemporáneas. No sólo en todos los textos constitucionales se han incorpo-rado declaraciones de derechos, tanto individuales como sociales,culturales, económicos, políticos, ambientales e incluso de lospueblos indígenas; sino que también se han regulado sus garantíasfundamentales como la igualdad ante la ley, su irretroactividad, lareserva legal, el acceso a la justicia, el debido proceso y la protec-ción judicial inmediata por la vía del amparo o la tutela. El amparo a los derechos humanos, así, puede decirse que esuna institución propia del constitucionalismo latinoamericano, quesi bien tiene su antecedente en la institución mexicana del juicio deamparo adoptada a mitades del Siglo XIX, en las últimas décadasse ha configurado en la mayoría de los países latinoamericanoscomo un derecho constitucional de todos a ser amparados por losTribunales, mediante mecanismos o acciones judiciales mucho másprotectivos que la propia institución original mexicana, entre loscuales está la acción de amparo, la de habeas corpus y la de habeasdata ya bastante generalizada. La Constitución de América Latinadel Siglo XXI, por supuesto, tiene que continuar esta línea de afian-zamiento de la acción de amparo o tutela de todos los derechosconstitucionales, no sólo frente a los Poderes Públicos sino tambiénante los particulares que los violen.28 24.
Pero en esta materia, el más grande reto de la Constitución deAmérica latina del Siglo XXI es la constitucionalización de la inter-nacionalización de la protección de los derechos humanos. Enefecto, el régimen de los derechos inicialmente de origen constitu-cional, se ha ido internacionalizando progresivamente con las Decla-raciones Americana y Universal de 1948, los Pactos Internacionalesde 1966 y la Convención Americana de los Derechos Humanos de1969, además de los múltiples tratados multilaterales protectivos delos mismos; hasta el establecimiento de sistemas internacionales deprotección. Toca ahora la retroalimentación del constitucionalismo, conla incorporación, en los Textos Fundamentales, de los progresoslogrados en esta materia en el ámbito internacional. La dirección en este sentido se ha venido conformando en losúltimos años al dársele rango constitucional, por ejemplo en laConstitución de Guatemala de 1985 y de Argentina de 1994, atratados y convenciones sobre derechos humanos, lo cual se haperfeccionado en la reciente Constitución de Venezuela de 1999,que no sólo establece la obligación del Estado de garantizar a todapersona “conforme al principio de la progresividad y sin discrimi-nación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e inter-dependiente de los derechos humanos” (art. 19); sino que precisaque: Artículo 23: Los tratados, pactos y convenciones relativos a dere- chos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerar- quía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás ór- ganos del Poder Público. En esta forma, todos los instrumentos internacionales en lamateria tienen no sólo rango constitucional, sino incluso supra-constitucional, cuando contengan normas más favorables para elgoce y ejercicio de los derechos respecto de las previstas en laConstitución. Además, la Constitución de Venezuela, al establecer la cláu-sula abierta de protección de los derechos y garantías inherentes ala persona, no enunciados expresamente en la Constitución, no sólose refiere a estos sino también a los no enumerados en los propiosinstrumentos internacionales sobre derechos humanos (art. 22). 29 25.
Pero la Constitución venezolana, en esta materia, además, nosólo establece la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humani-dad, de violaciones graves de los derechos humanos y de crímenesde guerra, los cuales en todo caso deben ser juzgados por los tribu-nales ordinarios quedando excluidos de los beneficios que puedanconllevar a su impunidad, como el indulto y la amnistía (art. 29);sino que prescribe expresamente que el Estado tiene “la obligaciónde indemnizar integralmente a las víctimas de violaciones de losderechos humanos que le sean imputables o a su derechohabientes,incluido el pago de daños y perjuicios”, debiendo adoptarse “lasmedidas legislativas y de otra naturaleza” para hacer efectivas talesindemnizaciones (art. 30). En esta forma puede decirse que se ha constitucionalizado laobligación que deriva de la Convención Americana sobre DerechosHumanos, como resultado de las sentencias de la Corte Interameri-cana; estableciéndose, además, en la propia Constitución el derechociudadano de acceso a la justicia internacional, así: Artículo 31: Toda persona tiene derecho, en los términos estableci- dos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos huma- nos ratificados por la República, a dirigir peticiones o quejas ante los órganos internacionales creados para tales fines, con el objeto de solicitar el amparo a sus derechos humanos; Agregándose además, en la norma, la obligación del Estadode adoptar “conforme a procedimientos establecidos en esta Cons-titución y en la ley, las medidas que sean necesarias para dar cum-plimiento a las decisiones emanadas de los órganos internaciona-les”. Este marco de constitucionalización de la internacionaliza-ción de la protección de los derechos humanos, en nuestro criterio,también debe orientar la formulación de la Constitución de Améri-ca Latina para el Siglo XXI.VIII. EL REDIMENSIONAMIENTO DEL ESTADO SOCIAL PARA ABRIRLO A LA PARTICIPACIÓN En octavo lugar está el tema del Estado Social y su redimen-sionamiento. Debemos destacar, por ejemplo, que la Constitución de Co-lombia de 1991 (art. 1) y la reciente de Venezuela de 1999 (art. 2),quizás sin tener en cuenta las transformaciones del Estado contem-30 26.
poráneo en las últimos 30 años, y siguiendo la terminología de laConstitución alemana de 1949 (art. 20,1) y de la española de 1978(art. 1) han calificado al Estado como Estado Democrático y Socialde Derecho. La idea del Estado Social, en efecto, apareció precisamente apartir de la Segunda postguerra como consecuencia de la transfor-mación social provocada por la urbanización o la desruralizaciónen gran escala, con la consecuente concentración de la población enlas ciudades. Ello provocó en todo el mundo y especialmente enEuropa, la aparición de una masa enorme de nuevos actores políti-cos, identificados con el proletariado urbano e industrial, en granparte marginal, que comenzó a reclamar la protección del Estado y,además, el acceso al Poder. La presión social fue tan real que elEstado tuvo que asumir un rol protector y benefactor, en definitivasocial, lo cual luego resultó inevitable ante la quiebra generalizadade las economías después de la Segunda Guerra Mundial. Surgió así el Estado Social, en muchos casos rico y todopode-roso (como en Venezuela, por ser Estado petrolero), el cual asumiópara sí la justicia social. El Estado dejó de ser sólo regulador y seconvirtió en gestor, asumiendo directamente la carga, primero, nisiquiera de redistribuir la riqueza sino de distribuirla directamente,subsidiándolo todo, sustituyendo al ciudadano contribuyente yahuyentando toda idea de solidaridad social; y segundo, prestandotoda clase de servicios públicos para asegurar el funcionamiento dela sociedad. El Estado Social se convirtió así, en el único responsa-ble del bienestar de la colectividad, al cual se reclamaba todo y lopretendía solucionar todo, con vistas a asegurarle a todos unaexistencia digna y provechosa. Ello lo llevó no sólo a prestar todoslos servicios públicos, y tratar de suministrar a la población todoslos beneficios sociales inimaginables; sino a asumir una interven-ción directa y activa en la economía, llegando a ser empresario detodo y, además, dirigiendo y ordenado la economía en su conjunto. La consecuencia de todo ello fue una desatada inflación ad-ministrativa, surgiendo así una Administración Pública centralistay todopoderosa, que apagó progresivamente las autonomías terri-toriales y locales, y que originó empresas públicas de todo tipo. Ese Estado Social, por cierto, desde hace 20 ó 30 años está enun proceso de observación y en plena transformación. Es decir, elEstado rico, todopoderoso, intervencionista, empresario, prestadorde todos los servicios, asistencial, asegurador de los beneficiossociales, benefactor, paternalista y, por tanto, industrial, hotelero y 31 27.
hasta organizador monopólico de loterías y juegos; simplementeterminó en el mundo contemporáneo y ya no podrá ser más lo quefue. El Estado, hoy, con la complejidad creciente del mundo mo-derno y la quiebra generalizada de las finanzas públicas, es incapazde seguir siendo el Estado Social benefactor de hace varias déca-das, que todo lo daba, que todo lo aseguraba, que todo lo prestabay que todo lo atendía. No se olvide que ese Estado Social, ante todo, acabó con lasiniciativas privadas y minimizó a la sociedad civil, la cual fuesustituida por la burocracia pública. Al controlar, dirigir, someter yregular todo, el Estado no ha dejado libre a la iniciativa privada, ala cual, por lo demás, no logra siquiera suplirla a medias pues nosólo no tiene recursos suficientes para ello, sino que se ha endeu-dado excediendo su capacidad de pago. Ese Estado Social ineficiente y agobiado por tantas deman-das, tiene que sufrir un proceso de racionalización definitiva, dedesregulación y de privatización, para liberar la iniciativa privaday permitir la participación privada en las tareas públicas, y asípoder ocuparse de las funciones básicas que ha descuidado. Bastadel Estado que todo lo pretende hacer y controlar, mediante fun-cionarios controladores que no tienen la capacidad y la experienciade los ciudadanos controlados; pues, en definitiva, aquellos termi-nan no haciendo ni controlando nada, y estos también terminanhaciendo lo que quieren, en muchos casos intermediando la co-rrupción. La Constitución de América Latina para el Siglo XXI, sin du-da, tiene que redefinir el papel del Estado Social, para asegurar losprincipios de justicia social del régimen económico, tanto públicocomo privado; pero para ello tiene que deslastrarse de la imposi-ción a los particulares de tantas limitaciones y controles –tiene quedesregularse-; y tiene que salir de tantas empresas y actividadesque tiene que privatizar, de manera que se liberen las iniciativasprivadas, se asegure la participación de la sociedad civil y el sectorprivado en tantas tareas tradicionalmente públicas, y el Estado seconcentre en la conducción y asunción de las políticas públicas queaseguren seguridad, salud, educación, infraestructura y servicios atodos y con la participación de todos. En este aspecto, por ejemplo, el modelo que no se debe seguires el de la reciente Constitución de Venezuela de 1999, que planteaun esquema de organización del Estado Social montado en el esta-tismo, el paternalismo y el populismo más tradicionales, con la32 28.
consecuente minimización de las iniciativas privadas, que haceresponsable al Estado de casi todo, pudiendo regularlo todo. DichaConstitución no asimiló la experiencia del fracaso del Estado regu-lador, de control, planificador y empresario de las últimas décadas,ni entendió la necesidad de privilegiar las iniciativas privadas yestimular la generación de riquezas y empleo por la sociedad. Elresultado de dicho texto constitucional en materia económica, vistoglobalmente y en su conjunto, es el de una Constitución hecha parala intervención del Estado en la economía y no para el desarrollode la economía bajo el principio de la subsidiariedad de la inter-vención estatal. En materia social, por otra parte, el texto de la Constituciónvenezolana pone en evidencia un excesivo paternalismo estatal y laminimización de las iniciativas privadas, por ejemplo, en materiade salud, educación y seguridad social. La regulación de estosderechos en la Constitución no sólo ponen en manos del Estadoexcesivas cargas, obligaciones y garantías, de imposible cumpli-miento y ejecución en muchos casos, sino que minimiza al extremode la exclusión, a las iniciativas privadas. En esta forma, serviciospúblicos esencial y tradicionalmente concurrentes entre el Estado ylos particulares, como los de educación, salud y seguridad social,aparecen regulados con un marcado acento estatista y excluyente.IX. LA REAFIRMACIÓN DEL SISTEMA LATINOAMERICANO DE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES En noveno lugar está el tema del control jurisdiccional de laconstitucionalidad de las leyes que, por sobre todo, también es untema del constitucionalismo latinoamericano. No se olvide que la cláusula de supremacía que tenía laConstitución de los Estados Unidos de América fue adoptada,ampliada, en América Latina, a partir de la Constitución Federalpara los Estados de Venezuela de 1811, en la cual, además, se esta-bleció en forma expresa la garantía objetiva de la Constitución,declarándose nulas y sin valor, las leyes y actos estatales contrariosa la Constitución. Se constitucionalizó, así, en América Latina, ochoaños después lo que la Corte Suprema de los Estados Unidos deNorteamérica había deducido, en forma pretoriana, a partir delcaso Marbury vs. Madison de 1803. El llamado control difuso de la constitucionalidad de las le-yes, por tanto, se instaló en América Latina desde del Siglo XIX y 33 29.
así sucedió en Argentina, a partir de 1887, con el caso Sojo; enMéxico, a partir de 1847, con la introducción en la Constitución deljuicio de amparo; en Brasil, a partir de su previsión expresa en laConstitución de 1891; y en Venezuela, a partir de su consagraciónexpresa en el Código de Procedimiento Civil de 1897. La tendencia siguió durante en el Siglo pasado con la consti-tucionalización del control difuso, en Colombia, a partir de suconsagración expresa en la reforma constitucional de 1910; enGuatemala, en la Constitución de 1921, y luego más recientementeen las Constituciones de Honduras (1982), Perú (1993), Bolivia(1994) y Ecuador (1996). La última de las constituciones latinoamericanas en constitu-cionalizar en forma expresa, el control difuso de la constitucionali-dad de las leyes y demás actos normativos, ha sido la Constituciónde Venezuela de 1999, en la cual se estableció no sólo que “LaConstitución es la norma suprema y el fundamento del ordena-miento jurídico” de manera que “Todas las personas y los órganosque ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución” (art.7), sino que se reguló expresamente la garantía judicial de dichasupremacía, al establecerse que: Artículo 334: Todos los jueces de la República en el ámbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constitución y en la ley, están en la obligación de asegurar la integridad de la Constitu- ción. En caso de incompatibilidad entre esta Constitución y una ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, aún de oficio, decidir lo conducente. La Constitución de América Latina para el Siglo XXI, ennuestro criterio, tiene que reafirmar este control difuso de la consti-tucionalidad de las leyes como mecanismo de garantía judicial dela Constitución, conforme al cual todos los jueces, en los casosconcretos que deban decidir, son jueces de la constitucionalidad delas leyes y normas, al punto de que pueden desaplicarlas al casoconcreto cuando las juzguen inconstitucionales, aplicando conpreferencia la Constitución. Pero no sólo el control difuso de la constitucionalidad de lasleyes es consustancial al constitucionalismo latinoamericano y debeser afianzado en el futuro, sino que también, el control concentradode la constitucionalidad de las leyes por un Tribunal Supremo34 30.
también debe ser afianzado en la Constitución para el Siglo XXI,pues incluso tuvo su origen en nuestros países. En efecto, no hay que dejar de mencionar que ochenta añosantes de que Hans Kelsen ideara el control concentrado de la cons-titucionalidad de las leyes el cual, por la tradicional desconfianzaeuropea respecto de los tribunales y la vigencia en la época delprincipio de la soberanía parlamentaria, fue atribuido a un Tribu-nal Constitucional separado del Poder Judicial; a partir de 1858, enAmérica Latina, ya se había establecido en la Constitución venezo-lana de la época la competencia anulatoria de la Corte Suprema,por razones de inconstitucionalidad, de determinadas leyes. Este método de control que atribuye a una Jurisdicción Cons-titucional el poder anulatorio respecto de las leyes inconstituciona-les, se caracteriza precisamente por esto último, y no por el órganoque conforma la Jurisdicción constitucional, que puede ser sea laCorte Suprema o un Tribunal Constitucional especializado. Porello, el órgano estatal dotado de este poder de ser el único juezconstitucional con poder anulatorio respecto de las leyes, en el casode México, Brasil, Panamá, Honduras, Uruguay, Paraguay, ElSalvador, Nicaragua, Costa Rica y Venezuela, es la Corte Supremaaún cuando en estos cinco últimos países, sea a través de una SalaConstitucional; pero también puede tratarse de una Corte o Tribu-nal Constitucional creado especialmente por la Constitución, de-ntro o fuera del Poder Judicial, como sucede en Colombia, Chile,Perú, Guatemala, Ecuador o Bolivia. En Venezuela, por ejemplo, la reciente Constitución de 1999precisa que: Artículo 334: …Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa o inmediata de la Constitución o que tengan rango de ley. De esta norma resulta claro, por tanto, que lo que caracterizaa la Jurisdicción constitucional es el objeto del control (leyes, actosde rango legal o de ejecución inmediata o directa de la Constitu-ción), más que el órgano o el motivo de control. De lo señalado resulta que el control de la constitucionalidadde las leyes ha sido una tradición constitucional de América Latina,cuya implantación se remonta al Siglo XIX, pudiendo decirse,incluso, que ha sido en nuestro continente donde se ha originado el 35 31.
sistema mixto o integral de control de la constitucionalidad, quecombina el método difuso con el método concentrado de control dela constitucionalidad que se ha desarrollado, por ejemplo, en Co-lombia, Venezuela, El Salvador, Guatemala, Brasil, México, Perú yBolivia; siendo incluso de origen Latinoamericano, la institución dela acción popular de inconstitucionalidad que existe en Colombia yVenezuela. En el futuro, por tanto, la Constitución de América Latina pa-ra el Siglo XXI tiene que reafirmar estos métodos de control de laconstitucionalidad, por lo demás de origen o carácter latinoameri-cano.X. LA REFORMULACIÓN DE LOS MÉTODOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL Por último, en décimo lugar, está el tema de la revisión consti-tucional, que incide en uno de los principios más clásicos del cons-titucionalismo moderno, como es el de la rigidez. Todas las Constituciones latinoamericanas han sido y son rí-gidas, en el sentido de que su revisión no puede hacerse mediantelos métodos ordinarios de formación o reforma de la legislaciónordinaria, sino que, al contrario, son especialmente establecidospara ello con un mayor grado de complejidad. En la generalidad delos casos, en nuestros países se atribuye al órgano legislativo delEstado, mediante un procedimiento específico y quórum calificado,la potestad de revisar la Constitución como sucede en Bolivia,Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Honduras, Perú, México,Panamá y República Dominicana. En otros casos, además de laintervención del órgano legislativo, se exige la aprobación popularde la reforma, como sucede en Ecuador, Guatemala, Paraguay,Uruguay y Colombia. En otros países se exige la intervenciónadicional de una Asamblea Nacional Constituyente, institución queencuentra regulación expresa en las Constituciones de Colombia,Costa Rica, Nicaragua y Paraguay. En otros países se distingue elprocedimiento de la Enmienda del de la Reforma Constitucional. En todo caso, un aspecto fundamental que debe desarrollar laConstitución de América Latina del Siglo XXI, es el de conciliar lasexigencias de las mutaciones constitucionales con los procedimien-tos propios de la rigidez constitucional para la revisión de lasConstituciones y, en todo caso, resolver expresamente el conflictoque puede presentarse entre la soberanía popular y la supremacíaconstitucional.36 32.
En este aspecto, la recién experiencia venezolana puede ser-vir de estudio de caso a los efectos de asimilar su experiencia. LaConstitución de 1961 establecía dos métodos de revisión constitu-cional: la Enmienda y la Reforma General, con procedimientosdiferenciados según la importancia de la revisión, en los cuales laparte preponderante estaba en el Congreso Nacional, exigiéndosereferéndum aprobatorio sólo para las Reformas Generales. En laConstitución, a pesar de la importante experiencia histórica delpaís en la actuación de Asambleas Constituyentes, sin embargo, noestaba prevista la posibilidad de convocar alguna para que pudieraasumir la tarea de revisar el Texto Fundamental y reformular elsistema político en crisis. En 1999, sin embargo, el entonces recién electo Presidente dela República planteó la necesidad de convocar una Asamblea Na-cional Constituyente, con lo cual muchas personas y sectores ajenosal Presidente estábamos de acuerdo, y decretó convocar un refe-réndum consultivo para tal fin. La discusión constitucional que seprodujo sobre dicha posibilidad, sin previsión constitucional, fi-nalmente terminó con una ambigua decisión e interpretación de laCorte Suprema de Justicia que, fundada en el derecho a la partici-pación como inherente a las personas, abrió el camino para laelección de la Asamblea Constituyente, al aprobarse la iniciativamediante referéndum en abril de 1999. La Asamblea se eligió en julio de 1999, pero en lugar de con-centrarse en la revisión constitucional, pretendió asumir poderesconstituyentes originarios y colocarse por encima de los poderesconstituidos, cuyos titulares habían sido electos meses atrás. Porsupuesto, los conflictos constitucionales y políticos no se hicieronesperar y se sucedieron durante todo el segundo semestre de 1999,concluyendo el proceso, en principio, con la aprobación de la nue-va Constitución la cual fue sometida a referendo aprobatorio endiciembre de 1999. La Asamblea Nacional Constituyente, sin em-bargo, e incluso al margen tanto de la nueva Constitución, como dela anterior, asumió poderes constitucionales paralelos, dictandonormas de rango constitucional que, sin embargo, no fueron apro-badas por el pueblo, lo cual lamentablemente así fue aceptado porel nuevo Tribunal Supremo de Justicia, en marzo de 2000. El resultado del proceso constituyente venezolano, en todocaso, ha sido la regulación en el texto Constitucional, de todas lasmodalidades de revisión constitucional (arts. 340 y sigts): en primerlugar, la Enmienda Constitucional destinada a adicionar o modifi- 37 33.
car uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estruc-tura fundamental, la cual luego de aprobada mediante un proce-dimiento especial por la Asamblea Nacional, debe someterse areferéndum aprobatorio; en segundo lugar, las Reformas Constitu-cionales con el objeto de revisar parcialmente la Constitución ysustituir una o varias de sus normas sin alterar los principios fun-damentales del Texto, la cual también tiene un procedimiento algomás complicado y la necesidad de aprobación mediante referendo;y en tercer lugar, la Asamblea Nacional Constituyente para trans-formar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactaruna nueva Constitución. Por supuesto, a partir de la Constituciónde 1999, y estando expresamente previsto en su texto, como unmecanismo para su revisión, esa Asamblea –al contrario de lo queocurrió con la de 1999- no podría pretender asumir un poder cons-tituyente originario, sino que para cumplir su misión, debe actuaren paralelo con los órganos de los Poderes constituidos. El artículo 349 de la Constitución, sin embargo, establece que“los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir lasdecisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, lo que podríaconducir a que la Asamblea acuerde, por ejemplo, la cesación delmandato de los órganos de los poderes constituidos. El asunto, entodo caso, lo resuelve expresamente, la Constitución de Paraguaycon una luminosa previsión: Artículo 291: La Convención Nacional Constituyente es indepen- diente de los poderes constituidos. Se limitará, durante el tiempo que duren sus deliberaciones, a sus labores de reforma, con exclu- sión, de cualquier otra tarea. No se arrogara las atribuciones de los poderes del Estado, no podrá sustituir a quienes se hallen en ejerci- cio de ellos, ni acortar o ampliar su mandato. Una norma como esta, de haber existido en la Constituciónvenezolana de 1961, ciertamente nos hubiera ahorrado no sólo unaño de conflictos políticos y constitucionales, sino el conjunto de“interpretaciones” constitucionales que la antigua Corte Suprema yel actual Tribunal Supremo tuvieron que hacer para justificar loinjustificable. La Constitución de América Latina para el Siglo XXI, sin du-da, debe nutrirse de conflictos vivos como el de Venezuela, paraprevenirlos o encauzarlos en su propio texto, y permitir las revi-siones constitucionales necesarias e indispensables, particularmen-te en momentos de crisis del sistema político.38 34.
En América Latina, sin duda, tenemos suficiente experienciaconstitucional como para poder aprender de nosotros mismos.Como dijimos al inicio, fue en nuestros países donde se comenza-ron a ensayar todos los principios del constitucionalismo moderno,pues aquí fue que penetraron, en paralelo, las ideas y aportes de laRevolución Norteamericana de 1776 y de la Revolución Francesade 1789. América Latina fue así un campo de ensayo de esos prin-cipios desde que se inició su Independencia a comienzos del SigloXIX y, por supuesto, mucho antes que en la mayoría de los paíseseuropeos. Aquí hemos probado de todo, y tenemos experiencia propiaen todo lo que tenga que ver con la organización del Poder. Nues-tra Constitución para el Siglo XXI, por tanto, tiene que surgir denuestras propias experiencias, para lo cual, por supuesto, tenemosque pasar por conocerlas, porque la verdad es que muchas veceslos latinoamericanos no nos conocemos a nosotros mismos. De allí,a veces, la inadecuada importación de tantas instituciones de otraslatitudes, que a veces se enquistan en nuestros sistemas constitu-cionales, y no terminan ni siquiera de latino americanizarse. 39 35.
II Reflexión en La Romana: LA OPCIÓN ENTRE DEMOCRACIA Y AUTORITARISMO* Julio, 2001* Texto de la Conferencia Inaugural dictada en la XV Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de Centroamérica y del Caribe, Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), Instituto Interameri- cano de Derechos Humanos, La Romana, República Dominicana, 27 de julio de 2001. 36.
El más importante y esencial de los debates políticos que se-guimos teniendo los latinoamericanos en estos comienzos del sigloXXI, no es otro que el de la democracia, es decir, confrontar crite-rios sobre qué es lo que debemos hacer para perfeccionar y pro-fundizar la democracia y asegurar su efectiva gobernabilidad;pues, sin duda, hay muchos que plantean que hay que sustituirlapor un régimen político autoritario, militarista e impositivo, fun-damentado en la centralización y la concentración del Poder. En definitiva, es el debate de siempre, que origina la opciónentre democracia y autoritarismo, el cual no puede tener otro resul-tado que no sea el de diseñar un sistema político que asegure quenuestras democracias, en las próximas décadas, sean más participa-tivas y más representativas. Y no basta, para que una democracia sea tal, que sólo secumplan los requisitos que enumera el artículo 3 del Proyecto deResolución sobre la Carta Democrática Interamericana, adoptadopor la Asamblea Nacional de la OEA celebrada en San José deCosta Rica el 5 de junio de 2001, y que dice: Artículo 3: Son elementos esenciales de la democracia representa- tiva la celebración de elecciones libres y justas como expresión de la soberanía popular, el acceso al poder por medios constitucionales; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas, y el respe- to a los derechos humanos y libertades fundamentales. Recientemente, un Embajador de Venezuela, glosando -sindecirlo ni citarlo- esa norma del Proyecto de Carta DemocráticaInteramericana, en un artículo periodístico publicado dos semanasdespués de la celebración de la Asamblea General de la OEA, sepreguntaba en el título de su trabajo sobre ¿Autoritarismo en Ve-nezuela?, señalando que: 43 37.
Son fundamentos de la democracia la celebración de elecciones li- bres y justas; el acceso al poder por medios constitucionales; el ré- gimen plural de partidos y organizaciones políticas; y el respeto a los derechos humanos1. Con base en ello, dicho Embajador, refiriéndose a la situaciónde Venezuela, afirmó –lo que evidencia la insuficiencia del textodel Proyecto de Carta Democrática Interamericana-, que supues-tamente en mi país (Venezuela) “experimentamos un verdaderoproceso democrático que es, en esencia, antiautoritario”. Aparte de que esto no se lo cree casi nadie, la verdad es queen su análisis al Embajador se le olvidó mencionar o tener en cuen-ta para identificar un verdadero régimen democrático, como tam-bién quedó olvidado en el Proyecto de Carta Democrática Inter-americana, lo que consideramos que es lo más importante paraque, incluso, los otros factores por él mencionados puedan serefectivos. Ese factor no es otro que el orden institucional que debeexistir, en toda democracia, para controlar y limitar el poder. Y es que, en efecto, sin control institucional no hay democra-cia: sólo controlando al Poder es que podría haber elecciones libresy justas; sólo controlando al Poder es que podría haber efectivorespeto a la Constitución; sólo controlando al Poder es que podríahaber pluralismo; y sólo controlando al Poder es que podría habergarantía de respeto a los derechos humanos. Es falso, por tanto, que para que haya democracia basta queexistan sólo los factores mencionados por el referido Embajador,pues como hemos dicho, la democracia es, ante todo, un sistemainstitucional para controlar el ejercicio del poder político; lo queimplica, ineludiblemente, su distribución o separación. Por tanto,demasiada concentración del Poder, si no hay controles efectivossobre los gobernantes, y peor aún, si estos tienen o creen tenerapoyo popular, conduce al autoritarismo y, en definitiva, a la tira-nía. No olvidemos que la historia de la humanidad durante el siglopasado, nos muestra, precisamente, a tiranos que usaron el voto dela mayoría para acceder al poder y desde allí aplicaron el autorita-rismo para acabar con la democracia y todos sus elementos, co-menzando por los derechos humanos.1 Jorge Valero, Embajador ante la OEA, El Nacional, Caracas 16-7-01, p. A- 5.44 38.
I. PROBLEMAS DE LAS DEMOCRACIAS LATINOAMERI- CANAS Me imagino que muchos de Uds. pensarán, como yo, que pa-rece mentira que hoy, cincuenta años después del derrumbe de lossistemas fascistas, basados en concepciones holísticas o totalitariasdel poder, nuestras reflexiones tengan que estar marcadas por elmismo dilema y el mismo debate entre democracia y autoritarismo.Pero no hay mas remedio, tenemos que hacerlas, pues en nuestraAmérica Latina se están oyendo demasiados cantos de sirena auto-ritarios, que cada vez con más fuerza están emanando de ciertosneo críticos de la democracia, que pretenden basarse en un supues-to apoyo popular para, precisamente, acabar con la democracia. Enfrentar este dilema, que es el de siempre, sin embargo, exi-ge ante todo, que estemos conscientes de la crisis de gobernabili-dad que presentan buena parte de las democracias en nuestrospaíses, y que están afectando sus cimientos. ¿Qué pasa con nues-tras democracias que son menos democratizadas que las de otrospaíses mas desarrollados del mundo universal, a pesar de tenerfactores aparentemente comunes?. Una característica general de muchas de nuestras democra-cias, es que en ellas, los partidos políticos organizados conforme alprincipio del centralismo democrático, con demasiada frecuenciahan asumido y ejercido el monopolio de la participación y de larepresentatividad políticas, cerrando el espacio para la emergenciade distintos y nuevos liderazgos fuera de los propios partidos. Enesa forma, en muchos casos, sólo se ha podido participar a travésde los partidos, y éstos solos, han sido los que han obtenido repre-sentación en los cuerpos representativos, donde muchas veces sesigue eligiendo a ciegas a los candidatos de los partidos, que hanterminado sustituyendo al pueblo. Los sistemas electorales, congran frecuencia se han diseñado para ello, y no para hacer realidaduna auténtica democracia representativa. Este es un problema que tenemos que superar desesperada-mente, para que no se siga tratando de desprestigiar a la mismademocracia representativa. Pero a la democracia de partidos o partidocracia, se ha agre-gado el centralismo político del Estado y del gobierno, que enmuchos casos ha concentrado todo o casi todo el poder en el nivelnacional, vaciando políticamente de poder a las provincias y loca-lidades. Adicionalmente, en muchos casos, el poder se ha concen-trado en el órgano ejecutivo del Estado, reforzándose al presiden- 45 39.
cialismo o a los propios partidos que controlan los demás órganosestatales; y lo cierto es que la mezcla de centralización del Poderdel Estado y de los partidos políticos, es lo más antidemocráticoque puede existir en los sistemas políticos. Así como no hay ni hahabido jamás autocracias descentralizadas, tampoco una democra-cia puede funcionar, en el largo plazo, en un sistema de Podercentralizado. En el corto plazo, sin embargo, sobre todo durante los proce-sos de transición democrática que hemos tenido en nuestros países,puede decirse que el sistema ha funcionado pues los proyectospolíticos que los motivaron se han logrado y los países se democrati-zaron progresivamente. Pero después, en gran parte, la incompren-sión del liderazgo partidista respecto de la propia realización delproyecto democratizador, -que ha comenzado en muchos países aexigir la apertura de la misma democracia, para permitir nuevasformas de participación y de representatividad políticas-, en mu-chos casos ha conducido al deterioro del sistema y a su crisis. Todo esto lo hemos presenciado en muchos países durantelos últimos lustros, con el consiguiente desprestigio y desmorona-miento de los partidos que todo lo han controlado y monopolizado;y, adicionalmente, el desprestigio de la propia democracia, lo queha sido aprovechado por los autoritarismos emergentes que, preci-samente, pretenden asentarse sobre la crítica al funcionamiento dela democracia. De todo ello ha surgido un vacío de liderazgo,muchas veces copado por pseudo demócratas autoritarios que hanaparecido, y lo mas grave aún, con apoyo popular y militar, comopasó en el Perú en la última década y como está pasando en Vene-zuela. Todo ello, ciertamente, es para que todos los demócratas nospreocupemos, y mucho. Lo importante, en todo caso, es no confundir a la democraciacomo régimen político, con el sistema de centralismo de Estado yde partidos y de concentración del Poder Público, que ha estadoconspirando contra la propia democracia. Es ese sistema el quepuede estar en crisis, pero no la democracia misma; es el sistemapolítico el que tenemos que buscar cambiar para, precisamente,perfeccionar y profundizar la democracia, pero no para acabar conella. Y en democracia ello sólo se puede lograr estableciendo unsistema de control institucional del Poder, una de cuyas piezasesenciales es la descentralización y la participación política. Precisamente por ello, este es el dilema que tenemos por de-lante. No hay otra alternativa, ni términos medios. No hay regíme-46 40.
nes políticos medio democráticos o medio autoritarios; o lo son ono lo son. Es decir, en este campo, insisto, no hay otra opción: o demo-cracia o autoritarismo. La primera exige controlar el Poder y, enparticular, distribuirlo territorialmente para que haya más partici-pación; la segunda, necesariamente conduce a la concentración ycentralización del poder, lo que es incompatible con la democracia.Y lamentablemente, a esto último es que ha apuntado el discursoque pretende establecer una supuesta legitimidad para gobernarderivada de la sola relación entre un líder y el pueblo e, incluso, elejército, basada en la simple popularidad. Por otra parte, tenemos que estar conscientes de que la crisisde la democracia que nos esta afectando en muchos países lati-noamericanos, muchas veces ha tenido su origen en la incompren-sión del liderazgo partidista, que todo lo ha controlado, en intro-ducir a tiempo las reformas necesarias para permitir la evoluciónde la misma, sin traumas, rupturas o quiebras del régimen consti-tucional. No hay que llegar a la incomprensión que tuvieron lospartidos políticos en Venezuela en reformar a tiempo el sistemapolítico, lo que condujo, en definitiva, a la producción de un golpede Estado por una Asamblea Nacional Constituyente, que si bienfue electa, no tenía poder legítimo alguno para violar la Constitu-ción, como lo hizo. Por eso, las reformas que muchas veces hay que hacer, debenrealizarse precisamente a tiempo, no después, cuando sea dema-siado tarde, y para ello, en todo caso, hay que comenzar por identi-ficar el precio que hay que pagar por asegurar la continuidad delrégimen constitucional democrático, y que no es otro, invariable-mente, que la pérdida de áreas de poder que en general los parti-dos han controlado férreamente.II. LA DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA PARA HACER LA DEMOCRACIA MÁS REPRESENTATIVA Y PARTICIPATI- VA Por ello, el perfeccionamiento y profundización de la demo-cracia tiene que apuntar al diseño de un sistema político que nece-sariamente tiene que estar montado sobre la descentralización delpoder del Estado, para acercarlo al ciudadano, con nuevas formas derepresentatividad y de participación políticas. En América Latina no podemos seguir con un sistema centra-lizado de Estado de Partidos, sólo cambiando unos partidos por 47 41.
otros. No se trata de sustituir partidos políticos tradicionales pornuevos partidos que sigan las mismas tácticas exclusivistas y ex-clusionistas. Ello es lo que atenta contra la democracia que, alcontrario, para sobrevivir, requiere precisamente deslastrarse delférreo control tanto de los viejos como de los nuevos partidos. Más democracia implica, invariablemente, abandonar la au-tocracia partidista, que tantos de nuestros países tienen; agravadaen muchos casos por la aparición de supuestos nuevos partidosmás débiles que los tradicionales, y que a veces ni siquiera tienenideología y conducción propias, sino que aparecen sujetos a un jefe,obedeciendo ciegamente lo que diga o imponga. En todo caso, para captar la esencia del régimen democráticono olvidemos que ninguna sociedad democrática occidental conso-lidada después de la II Guerra Mundial, ha sobrevivido comodemocracia sin haber descentralizado el Poder como mecanismoinstitucional para su efectivo control. Por ello, sin duda, puededecirse que la descentralización política es un fenómeno de lasdemocracias, consecuencia de la democratización y condición parasu sobrevivencia. En consecuencia, en nuestro criterio, el debate contemporá-neo en nuestros países por más democracia, tiene que centrarse enel rescate del proceso de descentralización política. Perfeccionar lademocracia exige hacerla más participativa y más representativa,para lo cual la única vía posible que existe es acercando el Poder alciudadano, y ello sólo puede lograrse descentralizando territorial-mente el Poder del Estado y llevarlo hasta la más pequeña de lascomunidades; es decir, distribuyendo el Poder en el territorionacional. Por supuesto, para asumir esta indispensable tarea democrá-tica, que pueda permitir sustituir el sistema político centralizantede partidos por un sistema político descentralizado y participativo,debe recurrirse a los esquemas de autonomías territoriales másadecuados, conforme a la tradición constitucional de cada uno denuestros países, descentralizando los viejos Estados Unitarios e,incluso, Federales y, en todo caso, municipalizando los territorios. De todo ello lo que deriva es que cualquiera que sea la formade descentralización política, se trata de proyectos y propuestascontrapuestos radicalmente al centralismo de Estado y a la concen-tración del Poder, que son esencialmente antidemocráticos. La propuesta política que formulamos, por tanto, busca el di-seño, en nuestros países, de un nuevo sistema político que la de-48 42.
mocracia exige, y que sólo puede tener por objeto hacerla másparticipativa, con gran presencia de la sociedad civil, y más repre-sentativa de las comunidades. Ello implica desparramar el poderen todo el territorio, hasta la última de las comunidades, para queel ciudadano y sus sociedades intermedias puedan realmenteparticipar. Por supuesto, esto no es nada nuevo en la historia del consti-tucionalismo. La democracia comenzó, efectivamente, con motivode las Revoluciones Norteamericana (1776) y Francesa (1789),cuando la soberanía, como supremo poder de decisión en unasociedad determinada, dejó de ser el poder absoluto de un Monar-ca, sin límites, de la cual era titular por la gracia de Dios, y comen-zó a ser el poder del pueblo, ejercido mediante representantes. Porello, durante más de 200 años, el constitucionalismo moderno haestado signado por el principio de la democracia representativa, esdecir, que residiendo la soberanía en el pueblo, éste la ejerce me-diante representantes electos; y es que si el pueblo es el titular de lasoberanía, en democracia, éste sólo puede ejercerla directamente oa través de representantes; de allí la distinción que usualmente sehace entre democracia directa y democracia representativa. La primera, la democracia directa, es aquella en la cual elpueblo supuestamente ejercería directamente su poder en asam-bleas, sin intermediación de representantes, lo cual es absoluta-mente imposible en sociedades complejas como las contemporá-neas. Incluso, en los propios ejemplos históricos que nos han llega-do respecto de su existencia en las ciudades griegas, por ejemplo,lo que hacen es confirmar su imposibilidad, pues incluso en dichasCiudades-Estado el gobierno se ejercía mediante Magistradosdesignados por sorteo en las asambleas del pueblo. Además, no puede confundirse la democracia directa con lademocracia participativa, y menos aún, con la supuesta democraciade los Comités de Defensa de la Revolución que, como centros decontrol político vecinal se establecieron en cada barrio o localidadde Cuba, con la tarea, incluso, de influir en los Comités de postula-ciones de candidatos electorales. Eso no es participación, es impo-sición hegemónica y totalitaria. Y no pensemos que se trata defantasmas del pasado: el Presidente de Venezuela viene de anun-ciar muy recientemente uno de sus tantos proyectos: la constitu-ción de unos fantasmagóricos Círculos Bolivarianos con los cualesalgunos pretenden en cada esquina, barrio o pueblo controlarpolíticamente a la sociedad. 49 Recommended