Source: http://asociaciondemaestros.org/Privatizaci%C3%B3n/Privatizaci%C3%B3n/PONENCIA-DE-LA-AMPR-ANTE-EL-PS-825/285.htm
Timestamp: 2018-12-19 03:33:02
Document Index: 283714824

Matched Legal Cases: ['in fine', 'Artículo 1', 'in fine', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'in fine', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 1']

Comparecencia de la doctora Aida Díaz de Rodríguez,
presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, ante la
Comisión de Educación y Reforma Educativa del Senado de Puerto Rico
sobre el PS 825 que busca crear la Ley de Reforma Educativa en Puerto Rico
Martes, 27 de febrero de 2017 • San Juan, Puerto Rico
Comparece ante esta honorable Comisión de Educación y Reforma Universitaria del Senado de Puerto Rico, la doctora Aida Díaz de Rodríguez, en calidad de presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, para exponer nuestros comentarios, análisis y posición sobre el Proyecto del Senado (PS) 825 que busca crear la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”.
Muy buenos días a los honorables miembros de la Comisión y su señor presidente, honorable Abel Nazario Quiñones. Agradecemos la oportunidad que nos brindan de expresarnos en torno a la medida que lee como sigue:
Para establecer la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” con el propósito de fijar la nueva política pública de Puerto Rico en el área de educación; reformular el sistema educativo en función del estudiante como centro y eje principal de la educación; establecer un presupuesto basado en el costo promedio por estudiante para garantizar que cada estudiante reciba la misma inversión de recursos en su educación; establecer las Escuelas Alianza para darle acceso a un mayor ofrecimiento académico a los estudiantes a través de entidades especializadas sin fines de lucro que pueden fortalecer el currículo y la enseñanza, y permitir que las comunidades, incluyendo a los padres y madres, tengan un rol más activo en la educación de sus hijos; establecer la Oficina Regional Educativa para descentralizar los servicios, tener una estructura más eficiente que responda a las necesidades de toda la comunidad escolar, reducir costos y eliminar la redundancia; establecer sistemas de evaluación y rendición de cuentas efectivos; establecer una política de transparencia en los procesos educativos; delegar mayores facultades y responsabilidades a los Superintendentes y Directores para atender los asuntos académicos y administrativos y evaluar sus ejecutorias mediante la rendición de cuentas; reconocer y brindarle mayor participación al tercer sector para que tengan una colaboración directa y activa en el proceso de enseñanza con el Departamento de Educación; establecer un Programa de Libre Selección de Escuelas como una alternativa adicional para promover la igualdad en el acceso a una educación de calidad para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, el cual promueve el subsidio directo a los padres mediante becas educativas; enmendar la definición del término “Empresa Pública” en el Artículo 1-104 de la Ley Núm. 447 del 15 de mayo de 1951, según enmendada; derogar la Resolución Conjunta Núm. 3 del 28 de agosto 1990 que creó la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas de Puerto Rico; derogar la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico”; derogar la Ley 71-1993, según enmendada, conocida como "Ley del Programa de Vales Educativos y Libre Selección de Escuelas”; y para otros fines relacionados.
Todos queremos transformar nuestro sistema de educación. Todos queremos las mejores oportunidades para nuestros estudiantes y sus maestros. Tenemos un gran reto y una gran responsabilidad. Ahora bien, la transformación que nuestro sistema no debe ser producto de un ejercicio apresurado y menos utilizando como ejemplo experiencias fallidas. Todos queremos que el sistema cambie, pero queremos que sea para bien. Hay maneras probadas de lograr cambios y hay avenidas que se han explorado en el pasado con resultados no deseados. Eso no es lo que deseamos. Hay un camino correcto para los cambios profundos que requiere nuestro sistema y hay una manera incorrecta de lograrlos. Habiendo tenido ocasión de revisar con detenimiento el PS 825 que tenemos ante nuestra consideración, le puedo asegurar que este proyecto no representa la manera correcta de lograr los cambios profundos necesarios en nuestro sistema de educación. Veamos.
Antes de entrar en el análisis de este proyecto, me parece necesario hacer constar, en primer lugar, que si alguna organización ha demostrado en nuestro país ser de avanzada y favorecedora de cambios que redunden en resultados positivos en nuestro sistema de educación es la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR). Someto para el récord legislativo de esta vista muestra algunos de nuestros trabajos sobre reforma educativa. Estos trabajos han contado con la participación de todos los sectores y han sido presentados a los candidatos a puestos electivos que así nos lo solicitaron.[1]
En segundo lugar, como entidad seria y responsable, deseo consignar que estamos todos muy conscientes que nuestro sistema reclama y requiere una transformación. Este no es un reclamo de ahora, es un reclamo de décadas. Tampoco es un reclamo que surge del escritorio de alguien que no conoce nuestra situación social, económica y cultural. Es el reclamo que surge de las vivencias de miles de maestros que día a día viven la tragedia de una profesión poco valorada y atropellada por aquellos que se supone los protejan y los defiendan. Es el reclamo de miles de padres que ven cómo pasan los meses y no se les nombra el maestro o el trabajador I de sus hijos porque su solicitud se extravió en alguno de los procesos burocráticos del sistema; o porque con la posposición de ese nombramiento el gobierno se economiza los salarios de ese personal. Es el reclamo de miles de niños que, de no ser por el alimento del comedor escolar, no ingerirían alimento alguno en un día cualquiera. Es el reclamo de un niño que no tiene cómo completar su tarea porque hace diez años el sistema no compra libros. Es el reclamo de los niños que no pueden llegar a la escuela porque la escuelita de su barrio fue cerrada y la guagua tarda dos horas en dar la vuelta para recoger estudiantes en distintos vecindarios. Es el reclamo que nace del corazón de los que vivimos la tragedia de una población empobrecida económicamente, pero con grandes deseos de que sus hijos tengan oportunidades para desarrollar su potencial. Es el reclamo para eliminar la burocracia que nos ahoga. No es un reclamo para despojar a los más vulnerables de su protección para enriquecer a los que ya tienen demasiado. No es un reclamo hueco, vacío o caprichoso. Es uno válido, fundamentado y razonado.
Esta medida reconoce que uno de los problemas fundamentales del país es la pobreza[2] y la falta de oportunidades de empleo. Al respecto la medida expresa lo siguiente: “Inevitablemente, los factores socioeconómicos inciden sobre el proceso educativo y de aprendizaje de los estudiantes. El rezago educativo y la limitación de futuras oportunidades laborales fomentan la desidia educativa de los estudiantes y la deserción escolar del Sistema de Educación Pública”.[3] Sin embargo, no se observa en ninguna de las secciones del proyecto que se atienda esta problemática sin lo cual se hará más difícil la tarea educativa.
Reconozco que en un proyecto de legislación la Exposición de Motivos es tan importante como los cambios que introduce la medida. En la Exposición de Motivos del proyecto se indica que el mismo va dirigido a la transformación de nuestro sistema educativo, por lo que me parece pertinente definir el término transformación. En el campo de la educación cuando se habla de transformación educativa se refiere a cambios profundos en los modelos pedagógicos, organizacionales y administrativos del sistema educativo en que se producen o adoptan como resultado de las investigaciones realizadas en torno al fenómeno que se quiere cambiar. Es, precisamente, la ausencia de investigación seria y profunda una de las mayores deficiencias de este proyecto.
La ruta incorrecta hacia el cambio
Si este proyecto estuviera fundamentado en investigación, sus proponentes se hubiesen percatado de que a pesar de que necesitamos mejorar los resultados de las pruebas estandarizadas, nuestros estudiantes están por encima de muchas jurisdicciones en Estados Unidos. Se hubiesen percatado, además, que este último año se cerraron más de siete escuelas de excelencia, algunas de alto progreso. Sabrían, también, que el nivel de deserción escolar de la escuela pública puertorriqueña es de solo 0.73%[4] en comparación con el 5.9% en Estados Unidos.[5] Y se habrían percatado, además, que según informara la doctora Julia Keleher, secretaria del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) a esta Comisión, el gasto por alumno en algunas escuelas del país es tan de solo $2,500.00 anuales.
Con solo haber realizado una revisión de literatura se habrían percatado del fracaso de las escuelas charter en Estados Unidos donde después de diez años solo 6,750 de las 91,430 escuelas en esa nación tal vez habrían hecho lo que hizo Massachusetts. Un artículo publicado en The Boston Globe señala que la población votante de Massachusetts derrotó mediante votación un proyecto dirigido a expandir el número de escuelas charters con un resultado de 62% (2, 004,932) de los votos en contra y 37.7% (1, 221,364) a favor. Hay que destacar que Massachusetts ocupa el lugar número 15 en las pruebas PISA que es el más alto de todos los estados en Estados Unidos.
Massachusetts sabe del nivel de fraude en las escuelas charter en Estados Unidos que le ha costado a los estados millones de dólares. Sabe, además, que aunque algunas obtienen buenos resultados, estudios realizados sobre su desempeño demuestran que en términos generales no son mejor que el de las escuelas públicas. El mejor ejemplo lo tenemos en una de las escuelas que visitó el señor gobernador, doctor Ricardo Rosselló, la Esperanza Academy Charter High School, en Filadelfia. El primer mandatario dijo que “es un ejemplo de Charter School exitosa en Philadelphia. Un modelo centrado en el estudiante y sus características para lograr su mejor desarrollo. En Puerto Rico podemos lograr un sistema educativo competitivo para nuestra juventud”.[6]
Sin embargo, según la organización GreatSchools, la cual ofrece califica la calidad de las escuelas en Estados Unidos, Esperanza Academy tiene una clasificación de tres en su desempeño en una escala de diez. Esto indica que su desempeño está por debajo del promedio. Esta escuela recibe $15,717 dólares por estudiante y, según el School Digger, está por debajo del 86.6% de las escuelas superiores en Pensilvania. Tiene una clasificación de C- en la una escala que mide la diversidad basada en criterios raciales y económicos, donde los ofrecimientos de clubes y actividades atléticas ha sido catalogada como muy baja. Esperanza Academy opera cuatro escuelas de las cuales tres tienen clasificación de C y una de B. Honestamente, creo que quien llevó a nuestro Gobernador a visitar estas escuelas como modelo no le está haciendo ningún favor por lo que, respetuosamente, sugiero se investiguen las razones para que estas escuelas hayan sido seleccionadas y tomadas como modelo.
En relación al nivel de fraude basta con mencionar lo ocurrido en los casos más recientes en lugares como (Orlando, Detroit, Philadelphia, entre otros). Para muestra un botón basta: este camino se ha tratado en el pasado sin éxito. Las charter son la ruta incorrecta para lograr los cambios profundos que todos deseamos.
Como pueden ver, la transformación de un sistema educativo no puede darse en el vacío. Los cambios tienen que ser producto de una investigación profunda y del consenso y el convencimiento de que el cambio será para mejorar. Insisto en que realmente no creo que este proyecto vaya dirigido a mejorar la educación. Lo que el proyecto propone es el traspaso de la responsabilidad del Estado a personas ajenas, no electas por el pueblo, además, de la transferencia del 30% de los fondos asignados a cada niño para su educación a empresas que se hacen llamar “sin fines de lucro” cuando todos en Puerto Rico sabemos que son muy pocas las que verdaderamente operan como tal.
Así las cosas, deseo puntualizar mis comentarios en asuntos específicos que plantearé ante esta Comisión.
Uno de los puntales de este proyecto es la nueva forma preparar el presupuesto. En su ponencia ante este cuerpo, la misma Secretaria de Educación aceptó que la asignación presupuestaria por estudiante es de unos $2,500.00 anuales, mientras que en otros casos es de $6,400.00. Avalamos esta nueva forma de presupuestar y hacer justicia a nuestra niñez, pero tengo que señalar que no hay nada en la Ley 149-1999, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación de Puerto Rico, que impida o dicte la forma en que un secretario prepare su presupuesto. La elaboración del presupuesto es un asunto administrativo sobre el que no hay que legislar, a menos que se haga con otro fin.
Cónsono con ello, se dispone una estructura más eficiente basada en un sistema descentralizado de educación que destina el 78% del presupuesto del DEPR a las gestiones educativas en los salones de clases y a las actividades relacionadas poniendo primero al estudiante. Más adelante, señala que el 30% será para administración. Independientemente de cuanto sea la cantidad para administración, lo que llama la atención aquí es que no se especifica que es administración ni si ese 30 % se suma o se deduce de la cantidad asignada por estudiante.
Oficinas regionales educativas
Otro asunto contemplado en el proyecto es la creación de las Oficinas Regionales Educativas (ORE). Según reza el proyecto con los cambios propuestos se promueve una estructura interna del DEPR más eficiente y descentralizada. Hasta en la presentación de este proyecto la Secretaria había llamado estas oficinas como LEA. La realidad es que, según el proyecto, si siguen respondiendo a directrices del nivel central no pueden llamarse LEA. Siempre hemos dicho que los cambios de nombre y lugar no hacen una reforma. Durante décadas hemos visto como se juega con las posiciones y estructuras dentro del sistema. Cada vez que cambia una administración cambia este tipo de configuración. Primero, teníamos un Secretario con 78 superintendentes.[7] Posteriormente, se crearon las regiones educativas[8] a quienes respondían los superintendentes, las cuales han variado de cantidad (siete, diez). Luego se consolidaron los distritos en 28 distritos.[9] Ahora se eliminan los 28 distritos y se le cambia el nombre de las regiones a Oficinas Regionales Educativas.
No nos oponemos a este cambio, pero si la intención es la que dice el proyecto que es que estos recursos estén más cerca de la escuela, lo que se está haciendo es alejándolos de la misma. Estén donde estén las regiones o las oficinas del superintendente, lo importante son las cualificaciones del personal que ocupe esas posiciones. No obstante, llamamos la atención a la siguiente expresión incluida en el proyecto: “Es importante señalar que Puerto Rico es la única jurisdicción de la Nación Americana que no ha establecido el modelo LEA a nivel regional.” No creo que debamos cambiar lo que tenemos por copiar a otro.
En torno a la figura del Superintendente de la ORE, el PS 825 señala que este será nombrado por y servirá a discreción del Secretario(a). Deberá ser ciudadano de los Estados Unidos, poseer estudios graduados, y deberá contar experiencia en finanzas y administración de nivel equivalente al de una ORE. Esta disposición cambia por completo los requisitos para ocupar la posición de Superintendente. Según la misma se estará nombrando una persona que no necesariamente conoce de administración educativa. Nos preguntamos: ¿Cómo puede esto contribuir a mejorar un sistema educativo?
Por otro lado, el nombramiento del Director de Escuela será por el término de un (1) año y podrá ser renovado sujeto al resultado de las evaluaciones correspondientes y al desempeño de la escuela. Al respecto nos preguntamos: ¿Puede un director de escuelas lograr cambios en diez meses? ¿Estará dispuesto un profesional de ese nivel a aceptar una posición de dirección por un año?
Delegación de funciones, reclutamiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia
Otro de los asuntos que llama nuestra atención es lo relacionado con la delegación de funciones, reclutamiento, evaluación, rendición de cuentas y transparencia, que dispone lo siguiente: “De otra parte, es imperativo renovar el sistema de reclutamiento para que el Departamento pueda incorporar y retener a los mejores profesionales y, además, desarrollar en estos profesionales las capacidades necesarias para desempeñar las tareas docentes con excelencia y pertinencia.”[10]
Más adelante señala que todas las convocatorias serán abiertas y que se elimina el Registro de Elegibles (registro de turnos). Debo señalar que el registro de turnos se creó, precisamente, para honrar el principio del mérito que asigna puntuaciones a cualificaciones esenciales para ejercer como maestro. Criterios como preparación, años de experiencia, resultado de las Pruebas de Certificación para Maestros (PCMAS), residencia, entre otros son utilizados para determinar quién cumple mejor con los requisitos y está mejor preparado para ejercer la profesión.
En ese sentido, nos preguntamos: ¿Cómo se hará el proceso para reclutar 1,500 en caso de que el 30% de los 5,000 maestros que tienen derecho decida retirarse en junio si hasta ahora, aun con el registro de turnos, no están los maestros nombrados para agosto? ¿No volveremos a ver más nepotismo y discrimen como ocurría antes de que se creara el registro? ¿Cómo se honrará el principio de mérito?
Sobre las leyes que regulan las normas de personal que labora en las escuelas charter, el PS 825 en el Artículo 13.02.- Disposiciones generales, señala y cito: “El personal contratado por la Escuela Alianza estará exento de las leyes y reglamentaciones que gobiernan los asuntos de personal del Departamento, de conformidad con lo establecido en esta Ley”.[11] ¿Significa esto que ese personal perderá los derechos que ha adquirido bajo las leyes de personal que ahora le cobijan? ¿En cuanto a los derechos y procedimientos de reclutamiento, nombramientos, reubicaciones de los maestros y demás personal serán tratados mediante reglamentos, mientras las regulaciones de los procesos del resto de los empleados públicos serán regidas por una ley que les aplica y rige sus derechos equitativamente? ¿Cómo se les garantiza a los maestros los mismos derechos que poseen el resto de los empleados públicos? ¿Dónde queda la ley 312-1938 (Ley para Regular la Permanencia de Maestros)? ¿Cómo atiende el proyecto la Ley 84-2017 (Ley para asegurar la permanencia de los maestros excedentes de las Escuelas Públicas en Puerto Rico)? ¿Dónde se garantizan los derechos constitucionales de los maestros en el proyecto?
El proyecto señala, además, lo siguiente: “Un sistema educativo de excelencia requiere que los recursos y personal tengan un alto grado de compromiso y un sentido de responsabilidad social profundo y es responsabilidad del estado con el estudiante el garantizarlo”.[12] En ese sentido, no creo que alguien pueda tener la menor duda del compromiso del magisterio con sus estudiantes. Sin embargo, un estudio realizado por la Fundación SM señala que el magisterio no se siente valorado por sus superiores. Las investigaciones en manejo de personal señalan que para que el personal motivado tiene que sentirse respetado y valorado. Sobre este particular, tengo que decir, varias cosas.
En primer lugar, la AMPR ha logrado que se radiquen ocho proyectos en tres administraciones distintas para que el maestro tenga derecho a acogerse al Seguro Social sin que ninguna administración le diera el derecho, aun sabiendo que su Sistema de Retiro estaba en malas condiciones.
En segundo lugar, a la misma vez permiten que se desangre su retiro y no se toma acción alguna que no sea despojarlos de lo poco que tenían garantizado.
En tercer lugar, han transcurrido más de diez años sin que los maestros reciban un centavo de aumento en su sueldo.
En cuarto lugar, la aportación patronal a su plan médico es el más bajo entre todos los empleados públicos.
En quinto lugar, le acaban de eliminar los días de enfermedad acumulados en exceso a pesar de haber trabajado en la limpieza y acondicionamiento de las escuelas después del huracán María, mientras a otros grupos le extienden el tiempo para agotarlos o utilizarlos en caso de necesidad.
En sexto y último lugar, no honran la Carrera Magisterial cuando hicieron un contrato con ellos para que si se pagaban sus estudios y completaban un grado superior se les aumentaría su salario quedando los maestros ahora sin el aumento, pero con una deuda de estudios que no tenían. Me pregunto: ¿Estarían ustedes motivados si vivieran estas experiencias profesionales? Estoy segura que no, pero por suerte para el país la motivación principal de los maestros sigue siendo sus estudiantes. Sin embargo el nivel de tolerancia del magisterio está llegando a su fin. Aquí no ha habido respeto hacia el magisterio en ninguna de las administraciones.
Por otro lado, en cuanto al personal que pasa a laborar en una escuela charter, el PS 825 propone en el Artículo 13.08.- Empleados Docentes y No Docentes, que:
“El personal docente y no docente que trabaja en una escuela administrada por el Departamento que pase a ser una Escuela Alianza, podrá participar en entrevistas y evaluaciones con el fin de recibir una oferta de empleo por parte de la Entidad Si el personal docente o no docente de la Escuela Alianza realizó contribuciones al Sistema de Retiro de Maestros de Puerto Rico o al Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico, como empleado del Departamento antes de convertirse en empleado de la Entidad Educativa Certificada, y ésta no establece un plan de ahorro de conformidad con la ley federal, 26 U.S.C. §401(k), dicho empleado podrá continuar bajo su sistema de retiro de conformidad con la Ley 106-2017, conocida como “Ley para Garantizar el Pago a Nuestros Pensionados y Establecer un Nuevo Plan de Aportaciones Definidas para los Servidores Públicos”. A tales efectos, la Entidad Educativa Certificada continuará haciendo las deducciones correspondientes de conformidad con la Ley 106-2017”. [13]
¿Tiene derecho el maestro que pasa a formar parte de una escuela charter a retirar su dinero que tiene aportado al Sistema de Retiro? ¿Podrá un maestro, que pasó a una escuela charter y regresa al DEPR, reingresar al Sistema de Retiro para Maestros bajo los mismos parámetros de que le cobijaban antes de salir? ¿Le cuentan los años de experiencia para el cómputo de su retiro?
Sobre la evaluación de maestros, quiero señalar lo siguiente. El proyecto llama la atención de que: “Así también, es de suma importancia el establecimiento de un proceso riguroso de evaluación de desempeño del personal que resulte en la promoción, retención, determinación de permanencia, reconocimiento e incentivación de aquellos que cumplen o exceden las expectativas, así como en la consideración de imposición de medidas correctivas oportunas y adecuadas o hasta la terminación del empleo, cuando se detecte un reiterado bajo rendimiento. Es decir, se hace urgente poner en vigor un sistema de rendición de cuentas en el que pueda identificarse, sin demora, dónde están las deficiencias, y cómo atenderlas”.[14]
Durante los pasados años, la AMPR, así como otras organizaciones, hemos colaborado en los sistemas de evaluación que han preparado los distintos Secretarios. Estos procesos se han realizado en cumplimiento con la Ley 149-1999, según enmendada, que les da esta potestad a los secretarios para desarrollar procesos y mecanismos de evaluación del personal. El último instrumento de evaluación fue desarrollado con la participación de la Secretaria, su personal y personal de la Asociación de Maestros de Puerto Rico-Local Sindical hace apenas unos cuatro meses. El resultado fue un proceso basado en la investigación y las últimas tendencias en evaluación de personal. De hecho, cuando comparamos con otros sistemas, el nuestro es muy superior. Me pregunto ¿Perdimos el tiempo? ¿Se nos tomó el pelo? Si no se va a utilizar ¿Por qué se comenzaron las evaluaciones con el instrumento que desarrollamos? ¿Serán válidas las evaluaciones que se están realizando en estos momentos?
El proyecto introduce el concepto de escuelas alianza que no es otra cosa que escuelas charter. Sobre la particular señala y cito:
“Otra innovación que introducimos mediante esta reforma es el establecimiento de Escuelas Alianza que serán públicas, gratuitas y no discriminatorias. Resaltamos que este tipo de escuela ha probado ser parte esencial de las mejores prácticas implementadas en otras jurisdicciones y que existe evidencia sustancial que indica su efectividad. Por lo tanto, decidimos hacer evaluación cautelosa que demuestra que su implementación será en beneficio de nuestros estudiantes y toda la comunidad escolar.”
Creo pertinente definir el término alianza. Durante la discusión de este proyecto tanto la Secretaria como otros funcionarios han dado varios ejemplos mal utilizados como son la escuela de idiomas (español, inglés y francés) de Cayey, Federico Degetau, que es una verdadera alianza, pero contrario a una charter, es administrada por personal del DEPR y la Universidad de Puerto Rico en Cayey le brinda servicios.
Esto porque ese es, en parte, el rol de las universidades. La escuela laboratorio de la Universidad que es, otro ejemplo, que se ha utilizado como charter, pero no lo es. Esta es una escuela que opera con fondos de la Universidad y su personal responde a la Universidad. De hecho en esta escuela tienen prioridad los hijos de los empleados de la Universidad de Puerto Rico y de haber cabida los niños que no son hijos de empleados son seleccionados mediante un sorteo y tienen que aprobar un examen.
En una alianza, dos o más personas o entidades se unen con el fin de mejorar lo que uno o ambos ofrecen, sin que uno se beneficie poniendo en desventaja al otro. La escuela que ustedes describen aquí es una escuela que va a operar con los fondos públicos destinados a nuestros niños de los cuales se les quitará el 30% para la administración de la compañía o entidad que la opere. Las compañías que operarán estas escuelas no lo harán gratis, tampoco el proyecto les requiere que aporten nada. Todo lo contrario, vienen a llevarse. Si existe una compañía que opere charters de forma gratuita merece un gran reconocimiento. El mejor ejemplo lo acaba de dar el presidente de la Universidad de Puerto Rico (UPR), doctor Darell Hillman, quien señaló que necesitaba las escuelas públicas para balancear el presupuesto de la UPR.
En términos de la certificación de las escuelas alianzas, el proyecto dispone que: “Además, la inclusión de estas escuelas le dará mayor flexibilidad y efectividad al Secretario(a) del Departamento para propiciar Entidades Educativas Certificadas que estén enfocadas en brindar enseñanza a los estudiantes de educación especial, fortaleciendo la oferta y los servicios disponibles para ese sector tan importante de la población estudiantil. Ello debido a que estas escuelas podrán enfocar sus servicios educativos a un tipo de población estudiantil en particular, como por ejemplo, estudiantes de escuela elemental, estudiantes de educación especial, estudiantes con problemas de disciplina, estudiantes dotados, entre otros”.[15] Me parece que el nivel de tolerancia del magisterio está llegando a su fin. Aquí no ha habido respeto hacia el magisterio en ninguna de las administraciones.
En esa misma página el proyecto lee que: “Las Escuelas Alianza, así como las Entidades Certificadas que administren las mismas, estarán sujetas a los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas del Departamento que el resto de las escuelas públicas de Puerto Rico. Además, el Departamento, a través de su Secretario(a), supervisará estas escuelas para asegurar que éstas cumplen cabalmente con esta Ley, las leyes federales y con la Carta Constitutiva”.[16] No veo en ningún lugar que señale que estas escuelas alianzas tendrán que cumplir con las leyes de Puerto Rico. ¿Es que estarán exentas?
El Artículo 13.01.- Escuelas Alianzas, las define como “una escuela pública de nivel elemental y/o secundario de nueva creación que es operada y administrada por una Entidad Educativa Certificada autorizada por el Secretario(a); o (ii) una escuela pública de nivel elemental y/o secundario existente, cuya operación y administración es transferida a una Entidad Educativa Certificada autorizada por el Secretario(a), de conformidad con el otorgamiento de una Carta Constitutiva”.[17]
Por otro lado, sorprende grandemente que el proyecto no incluya criterios mínimos con los que debe cumplir una entidad para ser certificada. Tampoco, incluye estándares con los que debe cumplir lo que es equivalente a dar un cheque en blanco sin saber a quién lo entregamos. Lo más triste de todo es que el cheque que estamos dando no es con nuestro dinero, es con el dinero del pueblo.
Nos reafirmamos en que una escuela que recibe fondos públicos, pero es administrada por una entidad privada, donde sus transacciones de personal están reguladas por leyes que rigen la empresa privada, no es una escuela pública. Eso es una empresa privada.
En el Artículo 13.02.- Disposiciones generales, se dispone que si no hay suficiente capacidad para matricular a todos los estudiantes que deseen asistir a la Escuela Alianza, la escuela puede seleccionar estudiantes mediante una lotería realizada según las normas que establezca el Autorizador. No obstante, de conformidad con esta ley y las reglas establecidas por el Autorizador, una Escuela Alianza puede dar preferencia de matrícula en la selección de estudiantes a: (i) aquellos que estuvieron matriculados en la escuela durante el año anterior, a menos que hayan sido expulsados de forma justificada; (ii) a los hermanos de los estudiantes que están matriculados en la escuela y; (iii) a los estudiantes que residen dentro de los límites regionales de la escuela, si ello ha sido estipulado por el Autorizador en la Carta Constitutiva. Si un estudiante cualifica para preferencia de matrícula, el estudiante será excluido de la lotería.[18]
Más adelante indica: “estas escuelas podrán requerir ciertas cualificaciones que sean razonablemente necesarias para alcanzar la misión educativa de la escuela, siempre y cuando las mismas cumplan con las leyes estatales y federales aplicables”.[19] Debemos señalar que el término puede no es mandatorio por lo que se deja a discreción de la administración de las charters la admisión de alumnos. ¿Significa esto que un estudiante cuyo promedio académico este por debajo de las requeridas por la escuela podría ser rechazado por la misma? Podemos presentar varios ejemplos de escuelas en los Estados Unidos que requieren exámenes, ensayos y otros trabajos como criterio para ingreso del estudiante.
Más adelante, el Artículo 13.03.- Estatus Legal de las Escuelas Alianza, señala que las Escuelas Alianza estarán gobernadas por esta Ley y por todas las leyes y autoridades federales enumeradas en ese capítulo o concertadas en la Carta Constitutiva.[20] ¿Significa que estas escuelas no estarán sujetas a las leyes locales?
En el Artículo 13.06.- Presupuesto y Financiamiento, indica que los fondos para cubrir los costos operacionales y administrativos del Autorizador deben ser identificados e incluidos como parte del presupuesto del Departamento.[21] ¿Significa esto que, además, de asignar fondos para la administración de las escuelas el DEPR tiene que asignar fondos también para el Autorizador mermando aún más los fondos de educación?
En cuanto al Financiamiento de Instalaciones el proyecto señala: “de existir fondos disponibles bajo algún estatuto o regulación estatal o federal, para el financiamiento, la compra o alquiler de instalaciones para escuelas públicas de educación elemental o secundaria, el Departamento le asignará fondos al Autorizador para que cualquier Entidad Educativa Certificada facultada para operar una Escuela Alianza pueda participar en igual condición que cualquier otra escuela pública de educación elemental o secundaria”. ¿Es que además del 30% para fondos de administración se sumaran los gastos para mejoras capitales de la empresa?
Sobre los servicios de transportación y comedor escolar, el proyecto indica que el DEPR continuará ofreciendo a los estudiantes matriculados en una Escuela Alianza que opere de conformidad con la Carta Constitutiva, los mismos servicios de transportación pública y servicio de comedor escolar que ofrece a estudiantes matriculados en las otras escuelas administradas por el DEPR. ¿Significa que los servicios de comedor y transportación escolar no tendrán costo para las escuelas charter? ¿Se sumará este gasto a los $6,400.00 que recibirán por estudiante?
En relación a los consejos escolares el proyecto indica lo siguiente: “A tono con la promoción de la regionalización del sistema de educación, promovemos cambios a los consejos escolares, para que su participación sea real y efectiva, respondiendo a las necesidades de la escuela a la que representan, con la responsabilidad, entre otras, de fomentar la participación de los padres y la comunidad en la gestión educativa de la escuela y de proponer medidas que favorezcan la sana convivencia, igualdad y solución pacífica de conflictos”.[22] Sobre el particular señalo que las mejores prácticas educativas incorporan los padres como actores importantes en las comunidades escolares. Los cambios que el proyecto propone despojan a los consejos de una verdadera participación y lo convierte en un receptor de información y seguidor de directrices. Este cambio va en contra de los avances en la incorporación de los padres en los procesos educativos de sus hijos.
De otra parte, se establece que el DEPR garantizará los servicios educativos a los niños y jóvenes que cumplen su sentencia en una Institución Juvenil o Institución Correccional para Adultos con el objetivo de impactarlos positivamente con herramientas. Favorecemos esta disposición.
El “Programa de Integración Comunitaria”, adscrito a la Oficina del secretario(a) del Departamento, el cual tendrá como objetivo fomentar el trabajo voluntario, los acuerdos colaborativos y la participación de la comunidad en actividades curriculares y extracurriculares. El DEPR deberá establecer alianzas con las entidades sin fines de lucro para que puedan ofrecer servicios a los estudiantes y a sus padres en las facilidades escolares en horario regular y en horario extendido. Favorecemos esta disposición que ya está en la ley 149-1999, según enmendada.
Programa de Vales Educativos
En cuanto al Programa de Vales Educativos, el proyecto dispone que: “Finalmente, en esta Ley establecemos el Programa de Libre Selección de Escuelas. Mediante dicho programa, se autoriza la otorgación de certificados para que cada estudiante pueda escoger la escuela pública que desee o que lo utilice para asistir a una escuela privada de su preferencia. Con esta nueva política pública, esta Administración reafirma que la educación y la igualdad en el acceso a la misma son un interés apremiante y un principio de justicia social para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esta iniciativa está contenida en la página 103 del Plan para Puerto Rico, en la manera que se ofrece un sistema con opciones para padres e hijos.”
No voy a entrar en el análisis de este concepto porque ustedes mismos saben lo que ha ocurrido donde se ha implantado. Además, he recibido información que indica que el asunto será tratado en una legislación separada. Los vales o “vouchers” le quitan presupuesto a las escuelas públicas hasta que desaparecen.
De otra parte, resulta preocupante que cuando se refiere a los servicios de educación especial el proyecto reza de la siguiente manera: “La educación especial debe proveer a los estudiantes que sirve una instrucción de calidad que reconozca y atienda sus necesidades particulares. A esos fines, el sistema público de enseñanza debe facilitar la prestación de servicios y no obstaculizarlos y contar con los mecanismos que permitan una administración y operación eficaz y ágil. Además, y como parte del compromiso con esta población, el sistema de enseñanza debe desarrollar en los estudiantes de la corriente de educación especial las destrezas que le permitan su futura independencia y que faciliten su integración a la fuerza laboral”.[23]
A mi mejor juicio, el término “debe” no obliga, por lo que no será obligación del Estado de proveer los servicios a esta población.
El PS 825 señala que diseñará e integrará en el currículo del Programa de Salud Escolar, en todos los niveles, actividades escolares y módulos dirigidos a brindarle al estudiantado de la corriente regular, la oportunidad de adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para la vida. El propósito es que estas les orienten con respecto a las condiciones de salud o trastornos del desarrollo que afectan el aprendizaje de los estudiantes de educación especial, con el fin de sensibilizarlos y crearles empatía, con miras a aumentar el conocimiento general sobre sus problemáticas. Además, se busca evitar el discrimen y aislamiento de esta población y los daños a su autoestima. Este inciso llama la atención porque el Programa de Salud está contemplado en la Ley 149-1999, según enmendada, pero no se han estado nombrando maestros.
Empleados transitorios
En relación a los empleados transitorios, esta medida indica que los empleados transitorios serán contratados para trabajos de duración fija y no tendrán derecho propietario de su posición, ni expectativa de permanencia en el empleo. En la actualidad, un empleado transitorio es nombrado anualmente según la necesidad, pero tiene la expectativa que, aunque transcurran 10 o más años por contrato algún día podría obtener la permanencia. ¿Quiere decir esto que estos empleados no podrán aspirar a tener derecho a un puesto permanente nunca?
Convenios colectivos y sindicación
Ese mismo artículo dispone que las determinaciones finales sobre asuntos de personal serán revisadas, a solicitud de parte, en la Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación, la cual tendrá jurisdicción primaria y exclusiva para atenderlas. La Oficina de Apelaciones del Sistema de Educación estará compuesta por jueces administrativos contratados por el Departamento, así como por el personal de apoyo que disponga el Secretario(a) para su funcionamiento.
Llamo la atención el proyecto menciona los procesos que se dan en virtud de la Ley 45-1998, según enmendada, conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público” que esta ley no deroga pero que tampoco menciona. ¿Queda vigente la sindicación de los empleados bajo la Ley 45? ¿Qué sucederá con los convenios ya negociados si ahora hay una estructura totalmente diferente? De hecho, al preguntarle sobre el particular en una entrevista a la doctora Keleher esta respondió que no se había incluido nada sobre el derecho a la sindicación porque algunos operadores de escuelas se niegan a participar en el proceso si los empleados están sindicados. Se entiende, entonces, que se elimina el derecho a la sindicación de los empleados en el DEPR.
En relación al plan médico de los empleados el proyecto indica que el Departamento le mantendrá informado sobre las fechas de solicitud y cierre de planes médicos y proveerá la información suministrada por las aseguradoras en cuanto a planes médicos, pero no hace alusión alguna a la aportación patronal del empleado. Debe aclararse la responsabilidad del patrono en este aspecto.
El estado de derecho vigente establece que el “maestro es el recurso principal del proceso educativo”. En reconocimiento a esa valía, la Ley 149-1999, según enmendada, dedica un capítulo completo, IV – El Maestro, para disponer en 17 artículos los asuntos más apremiantes de la profesión, desde su concepción filosófica hasta el reconocimiento a la negociación colectiva. El PS 825 elimina por completo ese capítulo y resume, en solo dos artículos, el papel de los maestros en esta ley limitándolos en su función y sus deberes y responsabilidades.
Este proyecto de ley establece que para ser maestros en el Sistema de Educación Pública, un maestro deberá poseer un certificado de maestros de conformidad con la Ley Núm. 94 de 21 de junio de 1955. Sin embargo, más adelante indica que los maestros deberán certificarse completando: i) un programa de preparación pedagógica, ya sea un programa tradicional o alterno o; ii) completando un grado de maestría; o través de un programa de certificación o; iii) un programa de maestro practicante.
En Puerto Rico no existe un programa de maestro practicante. Donde único existe es en Estados Unidos. Dicho programa recluta estudiantes universitarios a quienes les concede un préstamo mientras cursan sus estudios. Les da un adiestramiento de un mes y los envía a las escuelas. Todos conocemos el descrédito de esta entidad que ha sido clasificada como un fiasco. ¿Es eso lo que vamos a traer a Puerto Rico? ¿Así es que se mejorará la educación?
En relación a la disciplina, señala que el maestro será responsable del orden institucional dentro del salón de clases y sus alrededores. En otro inciso del proyecto indica que los alrededores de la escuela comprenden el espacio hasta cien metros de distancia de la misma. ¿Será posible para un maestro mantener el orden institucional a esa distancia de la escuela?
En el Artículo 7.02., sobre Fondos insuficientes, la medida indica que en caso de que la cantidad asignada, según la Sección (b) del Artículo 7.04, resulte en fondos insuficientes para cubrir los gastos de una Escuela Pública específica, el Secretario debe evaluar dicha escuela para consolidación, conforme a esta Ley, promoviendo así la eficiencia presupuestaria y administrativa del Sistema de Educación Pública de Puerto Rico. Nos preguntamos: ¿Será ese el único criterio para el cierre de una escuela? ¿No se tomará en cuenta distancia y contexto socio cultural en que esta ubica?
En torno a los derechos de los estudiantes, dispuestos en el Artículo 9.01.- Derechos de los estudiantes, el proyecto señala que estos tendrán derecho a recibir una educación bilingüe, en la cual se le enseñe a comunicarse con fluidez en, al menos, los dos idiomas oficiales de Puerto Rico, el inglés y el español. Aunque en la Exposición de Motivos se señala como finalidad el desarrollo holístico de los estudiantes, en ningún lugar garantiza que el estudiante tendrá acceso a educación musical ni artística ni gimnasia. ¿Es que se considera que la educación bilingüe tiene mayor importancia que las materias que sensibilizan y desarrollan el aspecto físico del estudiante?
Los estudiantes deben ser educados de forma integral atendiendo sus intereses y velando por satisfacer sus necesidades particulares. Esto incluye velar por su bienestar físico, emocional y mental. Este principio de educación holística se contrapone a lo dispuesto en el Artículo 9.06.- Educación física, que dispone que “Siempre que los recursos fiscales y humanos lo permitan, las escuelas proveerán a todos sus estudiantes con un mínimo de tres (3) horas semanales de educación física”.[24]
Traigo a su atención el artículo 9.06 sobre la Educación Física. El proyecto indica que siempre que los recursos fiscales y humanos lo permitan, las escuelas proveerán a todos sus estudiantes con un mínimo de tres (3) horas semanales de educación física.
Hace algunos años esta misma asamblea reconoció la importancia de la educación física. Ahora la condiciona su ofrecimiento a que los recursos humanos y fiscales lo permitan. Esa es la práctica, en algunas charters en EU quienes para economizar dinero en la docencia limitan sus ofrecimientos. ¿Significa este cambio de postura que la educación física no es necesaria para el desarrollo holístico del estudiante?
Educación Ocupacional y Técnica
El Artículo 12.01.- Disposiciones generales, dispone que el Programa de Educación Ocupacional y Técnica del Departamento proveerá a todos los estudiantes acceso a una educación ocupacional y técnica con una estructura rigurosa, pertinente, coherente y alineada a la industria. Este responderá a las necesidades y realidades del Puerto Rico de hoy, como también a la demanda y tendencias a nivel mundial. Los contenidos del programa buscarán que los estudiantes puedan desarrollar las destrezas y competencias que le permitan insertarse en la fuerza laboral y que reflejen, además, las necesidades del mercado y economía puertorriqueña y de aquellas en las que nos queremos integrar alrededor del mundo. Para garantizar estos ofrecimientos se promoverá el desarrollo de servicios, programas de estudios académicos y ocupacionales, el establecimiento de acuerdos colaborativos con el comercio e instituciones postsecundarias, y se proveerá al estudiante la oportunidad. Este artículo está a tono con las leyes que regulan la educación ocupacional, por lo que avalamos el mismo.
Como verá, Señor Presidente y miembros de esta Comisión, todos aquí tenemos un compromiso inequívoco de lograr un sistema de educación de excelencia. He decido comentar, en esta primera comparecencia, asuntos que considero son fundamentales pensar bien en lo que sobre una reforma educativa se trata. Asuntos que van a la raíz de Puerto Rico como país.
Para esto se requiere vernos todos en un espejo, libre de prejuicios, libre de presiones, pero sí, llenos de un firme compromiso de lograr el mejor sistema posible para nuestros maestros, pero muy en especial para nuestros estudiantes. Nuestros niños no merecen menos. Aun cuando reconozco que la intención pueda ser mejorar el sistema, la verdad es que la experiencia con el modelo charter no es la panacea. En muchos casos ha resultado una apuesta muy costosa para aquellas jurisdicciones que lo han intentado, solo para luego tratar de revertir el daño que les infligieron a sus estudiantes y maestros pagando un gran costo. Son muchos los casos que se documentan en la nefasta historia de las charters en Estados Unidos. Hay un mejor camino.
Ninguno de nosotros puede afirmar responsablemente que nuestro sistema es uno que no requiere sufrir una profunda transformación, pero las transformaciones tienen que siempre tener como norte el bienestar de la población que sirve. Esta propuesta es una invitación a encaminarnos en un camino lleno de escollos que invita a que intereses con agendas distintas tomen el control del componente más sagrado de la gestión pública: nuestra educación.
Hay un mejor camino y otro, incorrecto, que ha fracasado en más de una ocasión. La pregunta es: ¿por qué si sabemos el tipo de cambio que queremos, queremos aventurarnos en un camino que ya han recorrido otros con resultados nefastos? ¿Por qué aventurarnos a probar “unchartered waters” en Puerto Rico si una gran parte de nuestra gente, nuestros estudiantes, nuestros estudiantes de educación especial y Montessori, sus padres y nuestros maestros rechazan esta ruta? ¿Por qué insistir en el camino incorrecto?
Hay una mejor manera de hacer las cosas, sin atropellar, sin imponer. La experiencia dicta que por la fuerza, no se logra nada. Sin el apoyo de los actores principales de nuestro sistema, entiéndase, nuestros maestros y estudiantes, no se logra nada.
El cambio tiene que ser algo más que un estribillo. Tiene que ir atado de acciones afirmativas dirigidas a fortalecer una de las vocaciones más nobles, que tan vejada ha sido en Puerto Rico, el magisterio y el futuro de cualquier país: sus niños, quienes más se afectarían por mal llamados “cambios”. Es a ellos a quienes debemos la responsabilidad de realizar una reforma educativa profunda y pensada, anclada en firmes principios y controles.
Nuestro sistema de educación requiere una transformación real, un cambio fundamentado en el respeto a los derechos y futuro de nuestros estudiantes, incluyendo los de educación especial, sus padres y nuestros maestros que día a día, con muy limitados recursos, forjan los líderes del futuro, como muchos de ustedes, que son el producto, a mucha honra, de nuestro sistema público y el magisterio que me honro en representar.
Mi llamado a todos ustedes es a no precipitar la aprobación de esta propuesta hasta que podamos de forma expedita agrupar a los expertos en esta materia para confeccionar, junto a ustedes, una verdadera transformación de nuestro sistema. Hay un mejor camino, caminemos juntos.
Nos hacemos disponibles para ayudar a Puerto Rico y sus justas causas para tener la educación que todos merecemos.
[1] Véase, entre otros, de El Sol, Núm. 1, Año 2014, dedicado al tema de Revolucionar el modelo desde la escuela pública.
[2] El Centro de Información Censal de la Universidad de Puerto Rico en Cayey (UPR-Cayey) reveló que el nivel de pobreza en la isla aumentó de un 44.3% a un 52.3% en un estudio realizado recientemente y dado a conocer en noviembre de 2017, tras el paso del huracán María.
[3] Proyecto del Senado 825, que busca establecer la “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico” con el propósito de fijar la nueva política pública de Puerto Rico en el área de educación, radicado el 7 de febrero de 2018 (en adelante citado como PS 825), p. 3.
[4] Reporte de Deserción Escolar de Puerto Rico, 2015-2016, disponible en http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/LinkClick.aspx?fileticket=IVuv3_xOqy4%3d&tabid=186
[5] The Condition of Education 2017, National Center for Education Statistics, US Departament of Education, disponible en https://nces.ed.gov/pubs2017/2017144.pdf
[6] Perfil del gobernador Ricardo Rosselló, Facebook, 16 de febrero de 2018.
[7] Hasta la creación de las regiones educativas, los distritos escolares eran la unidad académica y administrativa que estaba entre la escuela y el Departamento de Instrucción Pública, como se llamaba entonces el Departamento de Educación.
[8] Se crearon mediante la reforma educativa de 1960.
[9] Su consolidación ocurrió en el 2009 y fueron llamados megadistritos.
[10] PS 825, p. 9.
[11] PS 825, p. 109.
[12] PS 825, Artículo 1.02.- Declaración de Política Pública, inciso D, núm. 2, p. 18.
[13] PS 825, p. 125.
[14] PS 825, p. 9.
[15] PS 825, p. 11.
[16] PS 825, p. 11.
[17] PS 825, p. 109.
[18] PS 825, pp. 108-109.
[19] PS 825, p. 109.
[20] PS 825, p. 110.
[21] PS 825, p. 117.
[22] PS 825, pp. 11-12.
[23] PS 825, p. 18.
[24] PS 825, p. 82.