Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2015-00007-de-mayo-11-de-2015?documento=jurcol&contexto=jurcol_de91b6e3028d4f22a42383d8f00e5d6f&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-19 16:11:41
Document Index: 367402981

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 10', 'artículo 229', 'artículo 67', 'artículo 189', 'artículo 10', 'artículo 10']

﻿ Auto 2015-00007 de mayo 11 de 2015
AUTO 2015-00007 DE 11 DE MAYO DE 2015
CONTENIDO:GOBIERNO ESTÁ FACULTADO PARA REGLAMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA VIGILAR FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. SE ACLARA QUE EL GOBIERNO SI PUEDE REGLAMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS PARA VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR. ASÍ SE DETERMINA AL NEGAR LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL DECRETO 2219 DEL 2014, QUE REGULA EL EJERCICIO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DEL SECTOR. SE INDICA QUE SI BIEN LA LEY 30 DE 1992 NO ESTABLECÍA LA POSIBILIDAD DE QUE EL GOBIERNO INTRODUJERA MEDIDAS PREVENTIVAS O CAUTELARES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR, LA LEY 1740 DEL 2014, QUE MODIFICÓ CIERTOS ASPECTOS DE LA PRIMERA NORMA, SÍ LO PERMITE. ADEMÁS EL ARTÍCULO 10º LE CONFIERE PODER PARA INTRODUCIR ESTE TIPO DE INSTRUMENTOS AL ORDENAMIENTO. DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS A SU DISPOSICIÓN SE CUENTA ORDENAR LA PRESENTACIÓN Y ADOPCIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO FRENTE A CASOS DE ANORMALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVOIMPEDIR EL DESARROLLO DE PROGRAMAS QUE NO CUENTEN CON REGISTRO CALIFICADO Y ADELANTAR VIGILANCIA ESPECIAL EN INSTITUCIONES, ENTRE OTRAS.
TEMAS ESPECÍFICOS:SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEL ACTO ADMINISTRATIVO, MEDIDAS CAUTELARES, EDUCACIÓN SUPERIOR, FACULTAD REGLAMENTARIA, ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR
Auto 2015-00007 de mayo 11 de 2015
Rad.: 11001 0324 000 2015 00007 00
EXTRACTOS: «III. Consideraciones de las medidas cautelares en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
• El decreto de medidas cautelares no constituye prejuzgamiento.
En efecto, con el ánimo de superar los temores y las reservas que siempre acompañaron a los jueces respecto del decreto de la suspensión provisional en vigencia de la legislación anterior, célebre por su escasa efectividad producto de las extremas exigencias que la jurisprudencia le impuso para salvaguardar su imparcialidad, el inciso segundo del artículo 229 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo expresamente dispone que “[l]a decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento”. De lo que se trata, entonces, con esta norma, es brindar a los jueces “la tranquilidad de que se trata de mecanismos meramente cautelares, que en nada afectan ni influyen en la decisión final del fondo del asunto sub lite”(2). Una suerte de presunción iure et de iure sobre cómo acceder a la medida no afecta la imparcialidad del juez ni compromete su capacidad de discernimiento ni poder de decisión, que busca además promover la efectividad del nuevo régimen cautelar introducido. La jurisprudencia ya ha señalado que este enunciado debe ser visto como un límite a la autorización que se otorga al juez para que analice los hechos, las pruebas y los fundamentos del caso, pues es evidente que por tratarse de una primera aproximación al asunto este análisis debe ser apenas preliminar, razón por la cual no puede suponer un examen de fondo o “prejuzgamiento” de la causa(3). La carga de argumentación y probatoria que debe asumir quien solicita la medida cautelar garantizan que el juez tenga suficientes elementos de juicio para emprender esta valoración sin tener que desplegar un esfuerzo analítico propio de la fase final del juicio ni renunciar ni relevarse del examen más profundo que debe preceder a la sentencia.
Requisitos para decretar la suspensión provisional de actuaciones administrativas
Lógicamente esta regulación especial de la suspensión provisional no puede significar que en los juicios de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho únicamente resulte procedente esta medida cautelar. Dado el principio general sentado por el código(7)respecto de la posibilidad de decretar las medidas que mejor se ajusten a las particularidades del caso cuando quiera que se cumplan los requisitos previstos para ello se impone entender que la suspensión provisional de un acto administrativo puede verse acompañada de otras medidas previas: sería el caso, por ejemplo, de una de tipo suspensivo de la actuación si se está, por hipótesis, frente a la solicitud de suspensión de la licencia ambiental para la construcción de una obra, cuya paralización podrá también requerirse; o de tipo anticipativo si se está, por ejemplo, frente a una reclamación contra un acto que deniega el reconocimiento de un derecho, cuya suspensión se solicita, y se acompaña del pedido de anticipación de reconocimiento provisional del derecho.
IV.- Caso concreto
El acto administrativo cuya suspensión se solicita es el Decreto 2219 del 31 de octubre de 2014 “Por el cual se reglamenta el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior”.
Por su parte, las normas que se consideran manifiestamente infringidas son los artículos 11, 21, 22, 26, 211, 355, 365, y 357 de la Constitución, y los artículos 3º, 6º, 28, 31, 32 y 33 de la Ley 30 de 1992.
Visto el contenido de la solicitud de suspensión provisional formulada, se concluye que, en síntesis, la preocupación del actor radica en que, a su juicio, el Presidente excedió su potestad reglamentaria al expedir el decreto demandado. Considera que las medidas preventivas o cautelares previstas en acto acusado corresponden a disposiciones novedosas no establecidas en la Ley 30 de 1992 lo cual, a juicio del actor, inhibe al Gobierno para crearlas por la vía del ejercicio del poder reglamentario; pues son de reserva de ley.
Al respecto debe manifestarse que con posterioridad a la expedición del decreto demandado, se profirió la Ley 1740 del 2014 “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”.
El despacho observa que el artículo 10 de la Ley 1740 del 2014 prevé las medidas preventivas o cautelares previstas en el decreto acusado tal y como a continuación se transcribe:
“ART. 10.—Medidas preventivas. El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, podrá adoptar, mediante acto administrativo motivado, una o varias de las siguientes medidas de carácter preventivo, con el fin de promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar:
6. Salvaguardar los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en los programas de las instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional”.
Advirtiendo que la preocupación del actor estaba sentada en el hecho de que la Ley 30 de 1993 no consagraba las medidas preventivas o cautelares y que hoy en día sí están previstas en la legislación nacional (L. 1740/2014), surge la necesidad de realizar un análisis sobre la configuración de la eventual “purga de ilegalidad” del acto administrativo demandado.
El despacho debe señalar que en virtud de ello la presente solicitud no cumple con los requisitos señalados en el numeral tercero (III) de la presente providencia, pues en la actualidad no existe violación de las normas invocadas en el escrito contentivo de la tutela pues el acto administrativo acusado, actualmente encuentra sustento en artículo 10 de la Ley 1740 del 2014.
Si bien se procederá a negar la solicitud de suspensión provisional, debe aclararse que ello no es óbice para que continúe el trámite del proceso y mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se decida de fondo sobre la legalidad del decreto demandado, toda vez que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1740 de 2014 las medidas preventivas o cautelares no estaban previstas en la Ley 30 de 1992.
NEGAR la suspensión provisional del Decreto 2219 del 31 de octubre de 2014 “Por el cual se reglamenta el ejercicio de la inspección y vigilancia de la educación superior”.
(2) González Rey, Sergio. “Comentario a los artículos 229-241 CPACA”, en Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 492.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 3 de diciembre de 2012, Rad. 11001-03-24-000-2012-00290-00. C.P. Guillermo Vargas Ayala.