Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=646525
Timestamp: 2019-07-22 12:55:56
Document Index: 385217161

Matched Legal Cases: ['artículo 93', 'artículo 53', 'artículo 104', 'artículo 67', 'artículo 161', 'artículo 45', 'artículo 26', 'artículo 199', 'artículo 104', 'artículo 1891', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 22', 'artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 36', 'artículo 32', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 27', 'artículo 51', 'ARTÍCULO 51', 'artículo 51', 'artículo 18', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 55
RECIBIMIENTO A PARLAMENTARIOS DE PERÚ
MODIFICACIÓN DE LEY DE CONCESIONES DE OBRAS PÚBLICAS Y DE OTRAS NORMATIVAS
INTERVENCIÓN : Pablo Longueira Montes
MODIFICACIÓN DE LEY N° 19.885, SOBRE DONACIONES CON BENEFICIOS TRIBUTARIOS
AYUDA A DAMNIFICADOS POR HURACANES EN HAITÍ, REPÚBLICA DOMINICANA Y CUBA. PROYECTO DE ACUERDO.
PETICIÓN DE OFICIO : Ricardo Nunez Munoz
AMEDRENTAMIENTO A MINISTRA DE CORTE DE APELACIONES SEÑORA ELIANA QUEZADA. OFICIOS
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Nelson Jaime Avila Contreras
CUMPLIMIENTO DE ACUERDO DE ACCESO A INMUEBLE DE EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO. OFICIO
INTERVENCIÓN PETICIÓN DE OFICIO : Andres Allamand Zavala
DEMORA GUBERNAMENTAL EN DETERMINACIÓN DE NORMA PARA TELEVISIÓN DIGITAL EN CHILE. OFICIO
IMPROCEDENCIA DE DECLARACIÓN INTERPRETATIVA EN PROMULGACIÓN DE CONVENIO 169 DE OIT. OFICIOS
34° ANIVERSARIO DE ASESINATO DE GENERAL CARLOS PRATS Y ESPOSA. COMUNICACIÓN
EXPULSIÓN DE DIRECTOR DE HUMAN RIGHTS WATCH DE VENEZUELA. OFICIOS
MOCIÓN DE LOS HONORABLES SENADORES VÁSQUEZ, BIANCHI Y RUIZ-ESQUIDE, CON LA QUE INICIAN UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE VACANCIA DEL CARGO DE DIPUTADOS Y SENADORES. (6117-07)
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR BIANCHI, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE PROPONE UN MECANISMO PARA REEMPLAZO DE PARLAMENTARIOS INDEPENDIENTES EN CASO DE VACANCIA DE SU CARGO. (6118-07)
Sesión 55ª, en martes 30 de septiembre de 2008
(De 16:26 a 19:40)
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES ADOLFO ZALDÍVAR LARRAÍN, PRESIDENTE,
Y BALDO PROKURICA PROKURICA, VICEPRESIDENTE
SECRETARIOS, LOS SEÑORES CARLOS HOFFMANN CONTRERAS Y JOSÉ LUIS ALLIENDE LEIVA
IV.	CUENTA..........................................................
Acuerdos de Comités.
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica (5172-09) (se aprueba en particular)..
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios (5315-05) (queda pendiente su discusión particular).
Ayuda a damnificados por huracanes en Haití, República Dominicana y Cuba. Proyecto de acuerdo (S 1110-12) (se aprueba)..
Peticiones de oficios (se anuncia su envío).
Amedrentamiento a Ministra de Corte de Apelaciones señora Eliana Quezada. Oficios (observaciones del Senador señor Ávila)..
Cumplimiento de acuerdo de acceso a inmueble de Empresa de los Ferrocarriles del Estado. Oficios (observaciones del Senador señor Allamand)..
Demora gubernamental en determinación de norma para televisión digital en Chile. Oficio (observaciones del Senador señor Navarro).
Improcedencia de declaración interpretativa en promulgación de Convenio 169 de OIT. Oficios (observaciones del Senador señor Navarro)..
34º aniversario de asesinato de General Carlos Prats y esposa. Comunicación (intervención del Senador señor Naranjo).
Expulsión de Director de Human Rights Watch de Venezuela. Oficios (observación del Senador señor Naranjo).
Concurrieron, además, los Ministros del Interior , señor Edmundo Pérez Yoma; Secretario General de la Presidencia , señor José Antonio Viera-Gallo Quesney, y de Obras Públicas, señor Sergio Bitar Chacra.
--Se abrió la sesión a las 16:26, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo ( Presidente ).- Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 49ª, especial, y 50ª, ordinaria, ambas en 9 de septiembre; 51ª, ordinaria, en 10 de septiembre; 52ª y 53ª,especiales, ambas en 11 de septiembre, todas del año en curso, que no han sido observadas.
Al iniciarse esta sesión, daremos la bienvenida al señor Presidente del Congreso del Perú y a la delegación de Parlamentarios que lo acompaña.
--(Ingresa a la Sala la delegación anunciada).
Excelentísimo señor Presidente del Congreso del Perú, distinguidos Parlamentarios que lo acompañan:
Es un honor para el Senado chileno recibirlo a usted y a su comitiva, tal como lo hicieron antes los Presidentes don Gabriel Valdés, don Hernán Larraín y don Sergio Romero con quienes lo antecedieron a usted en el cargo: los Presidentes del Congreso peruano don Felipe Osterling, don Henry Pease y don Antero Flores Araos.
En esta ocasión deseo expresarle que para nosotros tiene una especial connotación el que usted presida el Congreso peruano. Ello, porque usted es heredero de la tradición política de un hombre que sobrepasó sus fronteras y que construyó todo un legado político histórico para su país y también para América Latina: don Víctor Raúl Haya de la Torre, quien luchó por la profundización de la democracia social de su pueblo y del continente.
Pero, además, queremos decirle, señor Presidente , que para el desafío Asia-Pacífico es fundamental -así lo entendemos y este acto es una señal clara de ello- que exista una comisión parlamentaria chileno-peruana permanente, a fin de que no terminemos, como en tantos empeños en el pasado, trabajando para otros o por otros.
Por todo esto, señor Presidente, le ofrezco a usted esta tribuna para dirigirse a la nación chilena con plena y absoluta libertad, ya que sus palabras van a ser bien recibidas, signo evidente de la integración permanente que debe existir entre nuestros pueblos.
Tenga usted la palabra, señor Presidente.
El señor VELÁSQUEZ ( Presidente del Congreso de Perú ).-
Excelentísimo señor Presidente del Senado de la hermana República de Chile, Honorables Senadores, Honorables Congresistas que me acompañan, señoras y señores miembros de la Liga de Amistad Perú-Chile, excelentísimo señor Embajador del Perú en Chile, señoras y señores:
Vengo, señor Presidente , a devolver la cortesía de su visita y la de su ilustre comitiva al Congreso de la República del Perú.
Vengo acompañado de una representativa delegación del Parlamento de mi país.
Vengo trayendo un mensaje de paz y de amistad.
Vengo a compartir un ideal, un sueño, una esperanza. Quisiera sellar la fraternidad de nuestras naciones a partir de nosotros, los Parlamentarios, que representamos directamente a nuestros pueblos.
Vengo a comprometer mi palabra proponiendo una unión fértil y duradera.
Quiero proponerle, Presidente Zaldívar , desarrollar una relación armoniosa, permanente, respetuosa, fraterna y, sobre todo, en palabras de la Presidenta Bachelet , "inteligente" entre nuestras naciones.
Nuestra relación bilateral se ha relanzado notablemente y ha ganado profundidad y transparencia gracias al diálogo fluido iniciado por nuestros Presidentes.
Con motivo de la Quinta Cumbre de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, la Presidenta Michelle Bachelet nos honró con su presencia y, con su enorme lucidez, sostuvo que "lo que nos une es mucho más que lo que nos separa. Miramos el mismo océano y compartimos el mismo anhelo de darle una mejor calidad de vida a nuestros pueblos.".
De igual modo, y con idéntica amistad, el Presidente del Perú , doctor Alan García Pérez , ha sostenido reiteradamente que ªuno de los objetivos del Perú es forjar una relación cada vez más sólida y productiva entre los dos países", es decir, entre Perú y Chile. Nuestra historia y nuestra geografía son comunes.
El tratamiento de la controversia sobre la delimitación marítima está en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, es decir, en el ámbito jurisdiccional que le corresponde. El Perú, fiel a su tradición de respeto a los tratados y compromisos internacionales, cumplirá con la decisión que la Corte adopte.
En este punto, debemos emular la lucidez, el tino, el interés mutuo y la responsabilidad frente al futuro que tuvo la Unión Europea, que ha desafiado la inteligencia y el sentimiento del mundo. Allí, en aquel continente, se desarrollaron guerras milenarias que son guardadas en la historia universal como batallas sangrientas. Solo por hablar del siglo XX, ahí, en ese escenario, se focalizaron las dos grandes guerras mundiales, amén de sus conflictos internos y guerras civiles que produjeron decenas y decenas de muertos. Y, sin embargo, la vieja Europa ha sabido integrarse y renovarse y hoy compite en el mundo de igual a igual, en una alianza verdaderamente admirable.
Señor Presidente Zaldívar , Honorables Senadores de la República de Chile, el 2 de julio este Senado aprobó por unanimidad el Acuerdo de Libre Comercio entre el Perú y Chile.
Vengo a agradecer, en nombre de mi pueblo y del Congreso peruano, la unanimidad que ha merecido esa decisión, en un acto parlamentario de elevado nivel, de gran fraternidad, que mi país no va a olvidar.
Muchísimas gracias, colegas y hermanos de Chile.
Por este camino vamos a aumentar nuestra creciente y diversa vinculación económico-comercial e iremos incrementando el tejido social por donde discurra el desarrollo humano de nuestros dos pueblos. Pero, también, ¿por qué no acordar por unanimidad el compromiso de nuestros Parlamentos para forjar con sinceridad y confianza nuestra unidad duradera como aspiración de nuestros pueblos?
De igual modo quiero agradecer profundamente al Gobierno chileno y a la persona de la Presidenta Michelle Bachelet por el hecho de haber otorgado el 30 de julio de este año residencia definitiva a 32 mil peruanos que tenían residencia temporal.
Esa es una muestra real, palpable, de la generosidad con que Chile valora la contribución y el aporte económico y social de mis compatriotas residentes en vuestro país, y los acoge como a sus propios hijos, puesto que han decidido participar del éxito, del crecimiento y del desarrollo que ha logrado esta nación.
También merece destacarse la responsabilidad fraterna de nuestros altos mandos de las Fuerzas Armadas, de nuestros diplomáticos y de nuestros empresarios, que comparten agendas comunes de compromiso y desarrollo mutuo.
Los políticos estamos en la obligación de garantizar el éxito de nuestras relaciones bilaterales. Y para ello venimos aquí, señor Presidente , Honorables Senadores, a ponernos a su disposición para discutir una agenda legislativa común de fraternidad, de distensión y de desarrollo.
La Premio Nobel de Literatura, nuestra gran Gabriela Mistral , llamó a Bernardo O'Higgins "héroe de dos sangres", en clara alusión a su sangre peruano-chilena o chileno-peruana. Y es que O´Higgins fue además un integrador, un noble visionario. Su legado trasciende la lucha militar y premonitoriamente anuncia la necesidad de complementar los intereses del Perú y Chile. Esta idea del Libertador ha tomado fuerza en las nuevas generaciones ya globalizadas.
Señor Presidente , Honorables Senadores, al recibirlo en el Perú, junto a su ilustre comitiva, le dije en el recinto del Congreso peruano: "Existe aquí, y para siempre, el espíritu libertador, fraterno y unitario del primer Presidente de la República de Chile , Bernardo O'Higgins, político y militar que se exilió hasta la muerte en el Perú, encontrando acaso un mismo suelo, un mismo cielo y un mismo destino".
El pensamiento visionario del Libertador Bernardo O'Higgins se hace hoy más vigente que nunca. El dijo hace más de siglo y medio que "es indudable que lo más próspero que sea el Perú, tanto más lo será Chile, y viceversa.". Hoy se concreta esta idea precursora y premonitoria en nuestras crecientes relaciones.
El 17 de julio de este año se realizó la ceremonia de entrega y develamiento del busto del Gran Mariscal del Perú, Bernardo O'Higgins, en el patio de la Embajada del Perú en Santiago de Chile.
En Lima, Perú, el 26 del presente año, el Presidente Alan García recibió a usted, señor Presidente , y a su ilustre comitiva y le ofreció la instalación de un busto de Bernardo O'Higgins en el hall de entrada del propio Palacio de Gobierno. Y ello no es un mero acto simbólico, protocolar, sino un compromiso de forjar nuestra unidad sincera y duradera.
Ese será el mejor homenaje que le hagamos al Libertador de nuestra hermana patria de Chile.
Nosotros también honramos a nuestros prohombres democráticos, como Víctor Raúl Haya de la Torre, patricio pensador, que imaginó una patria latinoamericana unida, indivisible, única, y a la que llamó Indoamérica . El nos legó un pensamiento libertario y la Constitución humanística de 1979, que constituye para nosotros gran ejemplo de progreso y libertad.	La libertad fue un valor supremo para el, que luchó por la integración de América Latina, para el desarrollo común.
Por eso, rendimos también en esta casa del pueblo chileno nuestro homenaje al maestro Víctor Raúl Haya de la Torre, quien siempre sostuvo que no habrá patria mejor si en esta no se reúnen dos condiciones: pan y libertad.
Nuestro gran poeta universal, César Vallejo , nos imprimió su palabra diciendo: "Hay, hermanos, muchísimo que hacer".
César Vallejo y Pablo Neruda no distinguieron fronteras y acudieron prestos a España cuando la Guerra Civil no distinguía casas ni familias. Y ahí César Vallejo , de Perú, y Pablo Neruda , de Chile, no solo se dedicaron a compartir las lágrimas, sino también a rescatar la palabra.
César Vallejo decía: "¿Y si después de la palabra ya no sobrevive la palabra?" Y legaba para la eternidad: "¡Hasta cuándo seguiremos esperando lo que no se nos debe!"
¡Y qué decir de Pablo Neruda! Ese insigne padre de la palabra, que pintó con versos la ciudadela inca de Machu Picchu, cuando desde aquellas alturas entona su canto mayor y dice: "Sube a nacer conmigo, hermano. Dame la mano desde la profunda zona de tu dolor diseminado."
Pablo Neruda le habló desde Machu Picchu al mundo, no solo porque se sentía eternamente chileno o eternamente peruano, sino porque en sí era y es eternamente universal. Porque universales fueron los incas, porque universal es el progreso, el desarrollo y también la palabra. Y porque nadie mejor que Pablo Neruda o César Vallejo para sentirse verdaderamente universales.
En un clima de paz, de armonía y confianza mutua se han desarrollado y se podrán desarrollar mejor las alianzas sociales y comerciales que nutran a nuestros pueblos del legítimo desarrollo al que tienen derecho.
Hemos de mirar juntos la conquista de nuevos mercados, sin perjuicio de nuestro propio comercio.
Nuestro modelo económico no solo debe garantizar crecimiento sostenido, sino además la riqueza que genere debe llegar a los más pobres.
Recordemos, siguiendo la Constitución Política del Perú, que "el fin supremo de la sociedad y del Estado es la persona humana.".
Por eso digo que no puede haber economía exitosa si no está al servicio de nuestro pueblo, que las cifras microeconómicas deben ser tan o más importantes que las macroeconómicas. Y en ese esfuerzo debemos contribuirnos mutuamente.
Sin embargo, para tener una economía al servicio de la gente, necesitamos estar preparados para un mundo altamente competitivo, con economías cada vez más dinámicas. Pero en el entendido de que el crecimiento debe traducirse en desarrollo humano.
Nuestro intercambio comercial bilateral para fin de año se estima que superará los 3 mil millones de dólares. Y el ritmo de crecimiento de nuestro comercio hace prever que pueda duplicarse en algunos años.
Y, por eso, en nuestro país estamos esperanzados en nuestro desarrollo.
Desde hace siete años nuestra patria no ha dejado de crecer. La economía peruana ha registrado un crecimiento anualizado cercano -y a veces superior- a 9 por ciento. La economía se ha convertido para nosotros en una herramienta básica para el desarrollo.
Honramos absolutamente la disciplina fiscal, promovemos la paz social, somos respetuosos de la seguridad jurídica, propiciamos las inversiones y las respetamos. Por ello, invertir en el Perú no solo es rentable, sino que ahora es seguro.
Por eso, nuestro país sigue siendo atractivo para los inversionistas chilenos, cuyo monto de inversión para fines del presente año superará los 7 mil millones de dólares.
Perú es hoy por hoy el legítimo gran socio de Chile para mirar juntos el mundo, empezando por el Océano Pacífico que baña y une nuestras playas.
El 22 y 23 de noviembre próximos se celebrará en Lima la Cumbre de Líderes del Foro Económico APEC, donde concurrirán las 21 economías más dinámicas del mundo.
El Perú y Chile no podemos ir divorciados a este encuentro como miembros de APEC, pues debemos compartir una sola agenda de comercio y desarrollo común.
Defendamos juntos el desarrollo de nuestros pueblos, que sea nuestra generación la que instale para siempre el desarrollo común de nuestros países, respetando y honrando la memoria de nuestros pueblos, respetemos también la esperanza de nuestros ciudadanos. Estamos obligados a no fracasar en esta alianza.
La cultura de paz, la armonía, la estabilidad política y social no solo deben ser pilares, sino vigas maestras para buscar el crecimiento y el desarrollo.
La estabilidad jurídica, la responsabilidad política deben sustentarse en una verdadera paz social que respete las inversiones, que fortalezca la institucionalidad de nuestros Estados, que deben ser cada vez más eficientes, más austeros. Sin paz social no habrá estabilidad, y sin estos factores, el progreso no tendrá continuidad.
La concertación y la alianza entre los partidos políticos deben ser primordiales para generar el clima de estabilidad social y política. Hoy nuestros electores no solo esperan de nosotros mensajes y discursos. Hoy nuestros electores ejercen su ciudadanía como contribuyentes y nos exigen con justa razón resultados.
Por eso, rindo tributo a los políticos chilenos que, al igual que los Pactos de la Moncloa en España, hicieron posible la pacífica y asombrosa transición democrática de aquel país, así también en Chile se produjo un proceso pacífico y constructivo que le ha permitido mostrar su estabilidad y desarrollo.
En el Perú, también las fuerzas políticas, sociales, empresariales y eclesiásticas fundamos en el año 2001 el Foro del Acuerdo Nacional, que pretende continuar el ejemplo de otros países, como el suyo, señor Presidente .
Nos sentimos orgullosos de lo andado, pero no satisfechos, pues siempre existen dificultades en el camino, que finalmente los peruanos vamos superando.
Es cierto, sin embargo, que todas las fuerzas vivas de la sociedad son importantes. Pero quisiera destacar en este recinto de la democracia chilena el rol de los políticos.
Los líderes políticos de ambos países, legitimados por las urnas, debemos actuar con enorme responsabilidad y prudencia. Siendo que el poder emerge del voto popular; siendo que el pueblo es el soberano, nos corresponde a sus representantes la difícil tarea y la responsabilidad de conducir a nuestros pueblos por los caminos democráticos del progreso.
Para nuestro desenvolvimiento parlamentario común, ratifico la voluntad del Congreso peruano de suscribir con el Senado de la República de Chile el Convenio Marco Parlamentario que desarrolle la cooperación técnica y la diplomacia parlamentaria para intercambiar experiencias, fortalezas y capacidades, y para instalar una agenda nutrida de confianza.
Señor Presidente , Honorables Senadores de nuestra hermana República de Chile, les agradezco por acogernos en este recinto del pueblo. Nos sentimos honrados no solo por su recibimiento, sino también por su generosidad y su afecto.
Por eso, en nombre de la representación que presido, les quiero decir que respiro el mismo aire de progreso y libertad en esta noble patria.
El señor Presidente del Congreso de Perú me pidió dar lectura a la siguiente resolución:
"Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú
"RESOLUCIÓN N° 005-2008-2009-P/CMHCRP
"Que el Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, en su sesión del 5 de setiembre de 2008, acordó conceder la condecoración de la Medalla de Honor del Congreso de la República, en el grado de Gran Cruz, al Señor Adolfo Zaldívar Larraín , Presidente del Senado de la República de Chile ;
"Otorgar la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, en el grado de Gran Cruz, al Señor Adolfo Zaldívar Larraín , Presidente del Senado de la República de Chile , como expresión de fortalecimiento de las relaciones entre el Congreso de la República del Perú y el Senado de la República de Chile; extender el diploma correspondiente e imponer la insignia de la condecoración en la oportunidad que se señale.
"Regístrese, comuníquese y archívese.
"Dada en Lima, en el Congreso de la República, a los veintinueve días del mes de setiembre de dos mil ocho.".
Firman Javier Velásquez Quesquén , Presidente del Congreso de la República y del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, y Santiago Fujimori Fujimori , Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República y Secretario del Consejo de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú .
--El señor VELÁSQUEZ ( Presidente del Congreso de Perú ) impone al señor Adolfo Zaldívar Larraín ( Presidente del Senado de Chile ) la condecoración de la Medalla de Honor del Congreso de la República del Perú, en el grado de Gran Cruz.
Expreso sinceramente mis agradecimientos.
Recibo la condecoración como Senador de la República de Chile en todo el sentido que tiene y proviniendo de un país con el cual nos unen entrañables vínculos y un desafío tan grande que no me cabe duda vamos a superar.
Se suspende la sesión para despedir a la delegación que nos visita.
--Se suspendió a las 16:50.
--Se reanudó a las 17:4.
El señor ZALDÍVAR , don Adolfo (Presidente).- Se va a dar cuenta de los asuntos que han llegado a Secretaría.
Con los nueve primeros retira y hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto de los siguientes asuntos:
1.- Proyecto de ley, iniciado en moción de los Senadores señora Alvear y señores Escalona, Girardi y Gómez, que interpreta el artículo 93 del Código Penal a fin de excluir de la extinción de la responsabilidad penal por amnistía, indulto o prescripción los crímenes y simples delitos que constituyen genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra contemplados en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes (boletín N° 5.918-07).
3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regulariza la construcción de bienes urbanos sin recepción definitiva destinados a equipamiento de deporte y salud (boletín Nº 4.304-14).
4.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que transforma la Casa de Moneda en sociedad anónima (boletín Nº 2.949-05).
5.- Proyecto de reforma del Texto Fundamental, en segundo trámite constitucional, en materia de transparencia, modernización del Estado y calidad de la política (boletín N° 4.716-07).
6.- Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas (boletín N° 4.248-06).
7.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública (boletín N° 3.562-06).
8.- Proyecto de reforma de la Carta, en segundo trámite constitucional, en materia de gobierno y administración regional (boletín N° 3.436-07).
9.- Proyecto que modifica la ley N° 19.067 y establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz (boletín N° 5.068-10).
Con el décimo retira y hace presente la urgencia, calificada de "simple", acerca del proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios (boletín N° 5.315-05).
Con el siguiente hace presente la urgencia, calificada de "suma", respecto del proyecto de ley, en trámite de Comisión Mixta, que crea nueva circunscripción senatorial y Dirección Regional del Servicio Electoral de Arica y Parinacota (boletín N° 5.432-06).
Con los tres últimos hace presente la urgencia, calificada de "simple", en cuanto a las siguientes iniciativas:
1.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley que establece un sistema de responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal (boletín N° 5.458-07).
2.- Proyecto que establece nueva Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos (boletín N° 5.887-06).
3.- Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 4.808, sobre Registro Civil , para establecer que el apellido de la madre anteceda al del padre (boletines números 3.810-18 y 4.149-18, refundidos).
De Su Excelencia la Presidenta de la República , mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para designar miembros del Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, por el período que se indica, a los señores Alejandro Ferreiro Yazigi, Roberto Guerrero Valenzuela, Juan Pablo Olmedo Bustos y Raúl Urrutia Ávila (boletín N° S 1.113-05), con la urgencia prevista en el inciso segundo del N° 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
Con el primero comunica que aprobó, con las enmiendas que indica, el proyecto que modifica la ley N° 19.067 y establece normas para la participación de tropas chilenas en operaciones de paz, con urgencia calificada de "suma" (boletín N° 5.068-10).
Con los tres siguientes informa que prestó su aprobación a los siguientes asuntos:
1.- Proyecto que modifica el artículo 104 de la ley N° 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado está contenido en el decreto con fuerza de ley N° 29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, para permitir que la persona que se enferme en sus vacaciones pueda hacer uso de licencia médica (boletín N° 5.709-06).
2.- Proyecto de ley que perfecciona el derecho a renta vitalicia de los ascendientes o descendientes que hubieren vivido con el voluntario bombero fallecido en actos de servicio (boletín N° 6.104-22).
3.- Proyecto que modifica el Código Penal y el decreto ley N° 321, de 1925, para sancionar el femicidio, aumentar las penas aplicables a este delito y modificar las normas sobre parricidio (boletines números 4.937-18 y 5.308-18, refundidos).
Con el quinto remite el mensaje mediante el cual Su Excelencia la Presidenta de la República inicia la tramitación del proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2009 (boletín N° 6.116-05).
Asimismo, para los efectos de lo establecido en el inciso primero del artículo 67 de la Carta Fundamental, hace presente que dicho mensaje fue recibido en la Cámara Baja el 29 de septiembre en curso.
Con el último comunica la nómina de los señores Diputados que integrarán la Comisión Especial que deberá informar el proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2009.
Once del Excelentísimo Tribunal Constitucional:
Con el primero remite copia autorizada de la sentencia dictada respecto del proyecto de ley que establece disposiciones para la instalación, mantención e inspección periódica de los ascensores y otras instalaciones similares (boletín Nº 4.975-14).
Con los diez siguientes remite copia autorizada de igual número de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad formulados en contra de los siguientes preceptos: artículo 161 del Código Tributario; incisos primero y segundo del artículo 45 del Título IV "De la Declaración de Quiebras" del Código de Comercio, e inciso segundo del artículo 26 de la Ley de Timbres y Estampillas; artículo 199 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud; inciso cuarto del artículo 104 de la Ley General de Bancos, y artículo 1891 del Código Civil.
Del señor Contralor General de la República , con el que da respuesta a un oficio enviado en nombre de los Honorables señor García, señora Matthei y señores Arancibia, Espina, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Novoa, Orpis, Pérez Varela y Romero, referido a la intervención de funcionarios públicos en el proceso de elecciones internas del Partido Socialista de Chile.
Dos del señor Fiscal Nacional del Ministerio Público , con los que contesta igual número de oficios cursados en nombre del Honorable señor Espina, relativos a los robos de que han sido objeto los comerciantes del sector céntrico de la ciudad de Victoria y los delitos de abigeato cometidos en esa comuna y en las de Ercilla y Collipulli.
Cinco del señor Ministro del Interior , con los que responde igual número de oficios remitidos en nombre del Honorable señor Horvath -al segundo de ellos adhirió el Senador señor Zaldívar-, con relación al cierre, en Puerto Aisén, de la planta de la empresa Salmones Antártica; a la situación ocurrida en la Undécima Región producto de los sismos iniciados en enero de 2007 en la falla geológica denominada "istmo de Ofqui-Liquiñe"; a la adopción de medidas ante los efectos de la catástrofe de Palena; a la implementación de una red de monitoreo volcánico a lo largo del país, y a la ampliación del período de zona de emergencia en la Región de Aisén.
Con el primero contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor Romero, acerca de información sobre diversos aspectos del Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo y del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles Derivados del Petróleo.
Con el segundo responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Kuschel, en cuanto a medidas que eviten que el aumento del gasto público eleve excesivamente las tasas de interés.
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , con el que da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Orpis, en el cual se agradece la labor de asistencia desarrollada por el Gobierno con motivo del accidente que afectó a una delegación de estudiantes del Colegio Cumbres, de Santiago.
De la señora Ministra de Educación, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, tocante al atraso en la entrega de textos escolares gratuitos.
Tres del señor Ministro del Trabajo y Previsión Social:
Con el primero da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Letelier, sobre los horarios máximos de jornada de los conductores de los vehículos del Transantiago.
Con el segundo contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor García, respecto del pago del bono extraordinario concedido a los pensionados por la ley N° 20.269.
Con el tercero responde un oficio cursado en nombre del Honorable señor Navarro, atinente al seguro de cesantía.
Con el primero da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Horvath, referente a los problemas que ha enfrentado la motonave "Don Baldo", que cubre el tramo entre Quellón y Puerto Chacabuco.
Con el segundo contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Navarro, relativo a la concesión de la "Ruta de la Madera".
Cuatro de la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo:
Con el primero responde un oficio expedido en nombre del Honorable señor Horvath, concerniente a la adopción de medidas ante la catástrofe de Palena.
Con el segundo da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Frei, acerca de la situación que afecta al señor Julio Enrique Huichal.
Con el tercero contesta un oficio enviado en nombre del Honorable señor Kuschel, con relación a las medidas para limpiar y encauzar el caudal del río Blanco.
Con el cuarto responde un oficio remitido en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto a los problemas que afectan a los habitantes de Pedro de Valdivia Bajo, comuna de Concepción, que participan en el Programa "Quiero mi Barrio".
Tres de la señora Ministra de Agricultura:
Con los dos primeros da respuesta a igual número de oficios expedidos en nombre del Honorable señor Espina, a los cuales adhirió el Senador señor García, sobre la disminución del presupuesto del Programa de Recuperación de Suelos Degradados y las barreras sanitarias a la papa.
Con el tercero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, referido a la distribución de alimento concentrado a las comunidades y agricultores afectados por la sequía.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales , mediante el cual contesta un oficio cursado en nombre del Honorable señor Horvath, concerniente a los propietarios del área hacia la cual se podría ampliar Chaitén.
Dos de la señora Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente:
Con el primero responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Navarro, tocante a la denuncia sobre corta ilegal de bosque nativo protegido en Aisén por parte de la empresa Energía Austral.
Con el segundo da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Espina, referido al problema de contaminación que afecta a los valles de Huelehueico y Manzanares, ubicados en la comuna de Renaico, Región de La Araucanía.
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor Horvath, en cuanto a la posibilidad de estudiar una fórmula de subsidio a la operación de energía eléctrica en favor de la Municipalidad de Las Guaitecas.
De la señora Subsecretaria de Carabineros, con el que da respuesta a un oficio remitido en nombre del Honorable señor Navarro, relativo a un informe financiero acerca de la permanencia de efectivos policiales en la comuna de Tirúa.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Salud del Biobío , con el que contesta un oficio expedido en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto a las dificultades registradas en Concepción debido al abandono de la vía férrea.
De la señora Secretaria Regional Ministerial de Educación de Antofagasta, con el que responde un oficio cursado en nombre del Honorable señor Cantero, respecto de los actos de violencia escolar en la Escuela Victoriano Quinteros Soto, de Taltal.
Dos del señor Director de Presupuestos , con los que da respuesta a igual número de oficios enviados en nombre del Honorable señor Horvath, referentes al retraso en el pago de los compromisos financieros del Servicio Regional de Vivienda y Urbanización.
De la señora Directora Nacional de la Oficina Nacional de Emergencia , mediante el cual contesta un oficio remitido en nombre del Honorable señor Horvath, tocante a la implementación de una red de monitoreo volcánico a lo largo del país.
Tres del señor Coordinador General de Transportes de Santiago:
Con el primero responde un oficio expedido en nombre del Honorable señor Letelier, acerca de los horarios máximos de jornada de los conductores de los vehículos del Transantiago.
Con el segundo da respuesta a un oficio cursado en nombre del Honorable señor Novoa, concerniente al pago del arriendo de los vehículos contratados por la empresa de buses "Gran Santiago" para atender al Transantiago.
Con el tercero contesta un acuerdo adoptado por el Senado, a proposición de los Honorables señores Naranjo y Muñoz Aburto, mediante el cual se solicitó a Su Excelencia la Presidenta de la República que instruyera a los Ministerios de Transportes y Telecomunicaciones, de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para adoptar las medidas necesarias a fin de que se construyan ciclovías en las calles o avenidas segregadas para la locomoción colectiva (boletín N° S 1.039-12).
Del señor Secretario General de Carabineros de Chile, con el que responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, sobre los reiterados delitos de los que han sido objeto los vecinos de la comuna de Ercilla.
De la Comisión de Minería y Energía, recaído en el proyecto de ley, iniciado en moción del Honorable señor Allamand, que establece estándares mínimos de desempeño energético de los artefactos eléctricos que se comercialicen en el territorio nacional (boletín N° 5.967-08).
De los Honorables señores Vásquez, Bianchi y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de reforma constitucional en materia de vacancia del cargo de Diputados y Senadores (boletín N° 6.117-07).
Del Honorable señor Bianchi, con la que inicia un proyecto de reforma constitucional que propone un mecanismo para el reemplazo de los parlamentarios independientes en caso de vacancia del cargo (boletín N° 6.118-07).
El señor ZALDÍVAR, don Adolfo ( Presidente ).- Terminada la Cuenta.
El señor HOFFMANN ( Secretario General ).- Los Comités, en sesión de hoy, acordaron fijar un nuevo plazo para formular indicaciones, hasta las 12 del día 13 de octubre próximo, respecto de los siguientes proyectos de ley:
a) El que tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, y
b) El que establece medidas contra la discriminación.
Con relación a este último, las indicaciones deben ser presentadas en la Secretaría de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
Proyecto de ley, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República , en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas y otras normas que indica, con segundo y nuevo segundo informes de la Comisión de Obras Públicas e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5172-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En primer trámite, sesión 30ª, en 4 de julio de 2007.
Obras Públicas, sesión 40ª, en 7 de agosto de 2007.
Obras Públicas (segundo), sesión 41ª, en 5 de agosto de 2008.
Hacienda, sesión 41ª, en 5 de agosto de 2008.
Obras Públicas (nuevo segundo), sesión 54ª, en 16 de septiembre de 2008.
Sesión 42ª, en 14 de agosto de 2007 (se aprueba en general).
--Se aprueban las modificaciones (25 votos a favor).
Votaron la señora Matthei y los señores Ávila, Bianchi, Coloma, Escalona, Frei, García, Gazmuri, Girardi, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Muñoz Aburto, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Pizarro, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Solicito el asentimiento de la Sala para que ingrese el Subsecretario de Obras Públicas , señor Juan Eduardo Saldivia.
No lo hay, entonces.
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 14 de agosto de 2007.
Las Comisiones dejan constancia, para los efectos reglamentarios, que los artículos 2º, 4º y 5º no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, por lo que conservan el mismo texto acogido en general y, de acuerdo al Reglamento, deben darse por aprobados. Los dos últimos revisten el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren el voto conforme de 22 señores Senadores.
Si le parece a la Sala, se darán por aprobadas las disposiciones a que se ha hecho referencia.
--Se aprueban, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que se pronuncian favorablemente 22 señores Senadores.
La Comisión de Obras Públicas, en el segundo y el nuevo segundo informes, efectuó diversas modificaciones al proyecto aprobado en general, las que fueron acordadas por unanimidad, con excepción de tres de ellas, que serán puestas en discusión y votación oportunamente por el señor Presidente .
Por su parte, la Comisión de Hacienda realizó una serie de enmiendas al texto despachado por la Comisión de Obras Públicas, todas ellas acordadas en forma unánime, salvo la que sustituye el inciso primero del artículo 36 bis, la cual, a su vez, fue reemplazada por la Comisión de Obras Públicas en su nuevo segundo informe.
Asimismo, la Comisión de Hacienda aprobó, en los mismos términos que la Comisión de Obras Públicas, el artículo segundo transitorio, con los votos a favor de los Senadores señora Matthei y señores Frei y García, y la abstención del Honorable señor Ominami, por lo que también se pondrá en discusión y votación.
Cabe recordar que las modificaciones aprobadas unánimemente en las Comisiones informantes deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas.
El inciso tercero del artículo 36, el inciso segundo del artículo 36 bis y el inciso primero del artículo 36 ter, contenidos en el artículo 1º, y el número 4 del artículo 3º tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por lo que requieren el voto conforme de 22 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en seis columnas: la primera consigna los textos legales vigentes; la segunda, el proyecto aprobado en general; la tercera, la cuarta y la quinta, las enmiendas efectuadas por las Comisiones en sus diversos informes, y la sexta, el texto final que resultaría en caso de aprobarse las modificaciones.
Solo deseo consignar que me siento inhabilitado para pronunciarme en relación con el proyecto en debate.
Se dejará la constancia respectiva.
En votación las enmiendas aprobadas por unanimidad en las Comisiones.
La Comisión de Obras Públicas, en su nuevo segundo informe, recomienda intercalar, a continuación de la primera oración del inciso segundo del artículo 22, después del punto seguido, lo siguiente:
"No podrán ingresar ni mantenerse en el Registro de Contratistas aquellas empresas que hayan sido condenadas por sentencia de término en virtud de haber incumplido gravemente sus obligaciones en obras públicas previas.".
Lo anterior no fue resuelto en forma unánime, pues le dieron sus votos favorables los Senadores señores Letelier y Sabag, pero se abstuvo el Honorable señor Kuschel.
En discusión la proposición.
Señor Presidente, en forma intencional he pedido la palabra antes que otros Honorables colegas para precisar que durante el tratamiento del proyecto fuimos construyendo un acuerdo.
Uno de los miembros de la Comisión de Obras Públicas no estuvo presente cuando discutimos el punto que nos ocupa, y no diré que ha tenido cierta percepción de mala fe al respecto, pero sí que no esperaba que estuviera contemplado.
Hago presente -y es el ánimo con el cual acogimos la indicación respectiva- que la Ley de Presupuestos considera la materia desde hace ya tres años, habiendo registrado unanimidad. Por ello, le pido al Senador señor Romero que comprenda la lógica involucrada. En dicho cuerpo legal ya se comprende la norma relativa a que empresas que mantienen contrato con el Estado y evidencian incumplimiento -en realidad, la disposición es más amplia aún- no deben estar incorporadas en los registros para trabajar en ese ámbito.
El precepto en análisis no se refiere en particular a los infractores de la normativa laboral, como lo han señalado las leyes de Presupuestos de los últimos tres años, sino solo a la no mantención en el Registro de Contratistas de empresas que hayan sido condenadas -quiero destacarlo-, por sentencia de término, en virtud de un incumplimiento grave de sus obligaciones.
¿Cuál es el sentido de ello? Algunas de esas entidades dañan al Estado en esas circunstancias y han sido condenadas por tal razón. No se trata de multas, de situaciones menores. Por eso se acogió la norma en estudio, concluyéndose que es incluso más restrictiva que la que se encuentra en la Ley de Presupuestos. Entendemos que ninguno de nosotros desea que empresas que incumplen de manera grave se mantengan en los registros de Obras Públicas, no solo para concesiones, sino también para otros rubros. Ese fue el espíritu.
El Senador señor Romero , en un momento, me representó que no se sentía interpretado por el texto. Por mi parte, nunca pensé que su percepción sería distinta en la materia, porque la idea siempre ha sido asegurar que el proceso de concesiones sea lo más transparente posible. Deseo subrayar que en ningún instante ha habido voluntad, en cuanto al tema en examen -secundario, con relación al proyecto en su conjunto-, de generar algo que se aparte de los acuerdos a que habíamos llegado.
Creemos algunos que la norma resulta muy importante para que las malas empresas no compitan deslealmente con las buenas, que son la mayoría.
Señor Presidente , agradezco al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra por explicar el motivo de haber incorporado la disposición, ya que mi observación es formal, no de fondo: no se encontraba dentro de los acuerdos un aspecto de esta naturaleza.
Eso no significa que no pueda coincidir con ella, que no es el caso. Pero me parece -y en ello debemos ser muy cuidadosos, tal como se ha sostenido acá- que cuando existe este tipo de acuerdos es necesaria la voluntad de todas las partes para concurrir a definiciones como la que se ha planteado.
Con la explicación entregada por el Honorable señor Letelier en cuanto a la falta de una voluntad e intencionalidad diferentes, no tengo inconveniente en prestar mi aprobación acerca de la cuestión de fondo. Pero, respecto de la forma, espero que ello no se repita.
Tiene la palabra el Senador señor Longueira.
El señor LONGUEIRA.-
Señor Presidente , tal como se ha mencionado, el proyecto en discusión ha sido fruto de grandes acuerdos y del trabajo muy intenso en la Comisión de Obras Públicas.
Se ha iniciado el debate en particular y pienso que hemos perfeccionado enormemente la iniciativa original. En términos generales, muchas indicaciones de los señores Senadores fueron recogidas en el convenio, y otras, rechazadas, por no encontrarse dentro del espíritu del texto.
La norma en análisis corresponde a una indicación del Honorable señor Navarro que, en atención a que Su Señoría no es miembro de la Comisión y no fue parte del acuerdo, podría haber sido rechazada; pero estimo que, en su mérito, resulta fundamental que se incorpore la disposición. En efecto, se hace posible modificar el Registro de Contratistas que establece la ley, y el precepto habla por sí solo, porque es muy simple: las empresas que sean condenadas por sentencia de término en virtud de haber incumplido gravemente sus obligaciones en obras públicas previas deberán ser eliminadas del Registro o no podrán ingresar a este.
Me parece muy sano que ello ocurra. En términos generales, tenemos en Chile muy buenas concesionarias. Se trata de una industria que ha generado un desarrollo que todos vemos a diario a través de las distintas concesiones. Pero pienso que es muy sano -repito-, precisamente para las buenas empresas, que estas no compitan con aquellas que han recibido una sanción tan seria como lo es el término de una concesión fruto de haber caído en un incumplimiento grave.
Por lo tanto, aunque no haya sido parte de materias consideradas en el acuerdo, estimo un aporte la indicación del Senador señor Navarro, de modo que aprobaremos la norma.
Señor Presidente , el que una empresa mal evaluada sea eliminada del Registro es una solución anodina, porque, con toda seguridad, va a constituir otra razón social, y los mismos socios, accionistas y quienes se encontraban detrás podrán seguir operando en lo mismo, pero con una fachada jurídica distinta.
Entonces, el problema radica en cómo evitar que los causantes de un deterioro del patrimonio fiscal sigan perpetrando los mismos hechos a través de mecanismos que burlen las disposiciones legales que el Congreso aprueba.
Señor Presidente , durante la tramitación del proyecto formulamos un número importante de indicaciones, relativas particularmente a salvaguardar el que en el ejercicio de la concesión la empresa contratante respete básicamente el derecho de los usuarios y, también, el de contratistas y subcontratistas involucrados en el proceso. Lamentablemente, fueron rechazadas.
Propusimos impedir que el contratista se constituyera por el concesionario o una empresa relacionada. Es decir, se buscaba que hubiera una división muy clara entre el que ejerce la concesión y quienes le prestan servicios.
Y planteamos -lo que resulta más importante- que, cuando la empresa realizara las obras, se encontrasen garantizados los pagos y el cumplimiento de los deberes tanto laborales como previsionales para con quienes las desarrollan, en particular los subcontratistas. Ello, a la luz de la situación gravísima ocurrida con las cárceles concesionadas, en donde un número muy relevante de pequeños y medianos contratistas no recibieron los pagos pertinentes, aun cuando con posterioridad las empresas contratantes -o sea, las que llevaban a cabo las obras- ganaron en los tribunales millonarias indemnizaciones, como BESALCO, por ejemplo, que obtuvo 117 millones de dólares. Y no han pagado un peso a contratistas, subcontratistas y quienes dependen de estos, personas que prestaron servicios, que trabajaron. Es algo que no sucede hasta la fecha.
Entonces, me parece que el proyecto, si bien va a sancionar cuando haya un juicio terminado, ejecutoriado -es decir, cuando se ha demostrado la culpabilidad-, no contempla adecuadamente la situación de quienes intervienen en el proceso de construcción ni salvaguarda del todo el cumplimiento cabal de las cláusulas de la concesión.
En tal sentido, pregunto al señor Ministro -tenía mis razones para objetar el ingreso del Subsecretario, no por el proyecto, sino por diferencias con el Gobierno- o a los miembros de la Comisión si es posible que el caso de la concesión de las cárceles se repita en los hospitales. Nadie quisiera que ello ocurriera.
Creo que concesionar los hospitales constituye una mala idea. Sin embargo, la ley va a permitirlo. Y en las cárceles hemos tenido un desastre, porque el Fisco ha debido pagar sobre lo que ya había cancelado. Así, con relación a la de Concepción, proyectada en 22,5 millones de dólares, se desembolsaron más de 60 millones de dólares solo por 43 por ciento de la obra, y resta ahora hacerla de nuevo. Es algo inaceptable.
Por lo tanto, la ley en proyecto debiera apuntar a que estos hechos no ocurrieran más. Pregunto a los miembros de la Comisión si la normativa efectivamente impedirá que empresas concesionarias que se adjudiquen las obras puedan incumplir gravemente los objetivos y que, al final, "papá Fisco" vuelva a pagar por todos los errores, incluso los cometidos tal vez por él mismo al licitar en forma equivocada malos proyectos.
Si estamos ante una iniciativa que, según entiendo -y en esto me ayudarán mis colegas-, constituye la cuarta o quinta modificación a la Ley de Concesiones, uno debería aprender la lección.
En el caso de las cárceles, he recurrido personalmente a la Contraloría General de la República y al Consejo de Defensa del Estado e iniciado acciones junto a los pequeños contratistas estafados.
Además, una comisión de la Cámara de Diputados está investigando las falencias, las arbitrariedades y los atropellos perpetrados por las empresas.
Por tanto, considero importante lo expresado por el Senador señor Longueira . Porque en este momento no existe ninguna norma sobre el particular. Las empresas pueden hacer las cosas mal, pelearse con el Estado y con los contratistas y, en los hechos, "dejar la escoba" en materia constructiva, social, económica, y el Ministerio de Obras Públicas sigue atado de manos: ni siquiera puede llamarles la atención; tiene que admitirlas en una nueva licitación y, si alguna de ellas ofrece el mejor precio, debe declararla ganadora.
Ahora, si existe una sentencia, mi pregunta es: ¿el Ministerio tendrá en cuenta ese antecedente, o siempre deberá ser un particular, un tercero, el que lidie, el que combata?
Se agotó su tiempo, señor Senador.
Termino, señor Presidente .
Quiero decir que ningún subcontratista tiene espaldas para enfrentar a BESALCO ni a ninguna empresa internacional. Los "chicos", los que construyen, no pueden enfrentar un juicio de tal naturaleza. Por ende, será clave la disposición del Ministerio para recurrir a los tribunales. Si no lo hace, la verdad es que la norma se vuelve absolutamente insuficiente y anodina, porque, en definitiva, quien pelea con una empresa que factura miles de millones de dólares al año se halla en una situación de amplia desventaja.
Me pronunciaré a favor, señor Presidente . Como manifestó el Senador señor Letelier , existe un acuerdo -este tipo de acuerdos a mí no me gustan- sobre el proyecto, el cual, con mi voto o sin él, se va a aprobar igual.
En ese contexto, como soy autor de la indicación correspondiente, por supuesto que la voy a votar favorablemente.
Señor Presidente , en la Comisión expresé mi conformidad con la modificación en estudio. Hay que reconocer que no forma parte del acuerdo. Y, lamentablemente, cuando fue tratada no estuvo presente el Senador señor Romero . Sin embargo, la consideré apropiada, por cuanto impide que figuren en el Registro de Contratistas empresas que hayan sido condenadas por sentencia de término en virtud de haber incumplido gravemente sus obligaciones en obras públicas previas.
Muchas empresas contratistas dejan las obras abandonadas, no les pagan a los trabajadores y provocan gran descalabro. No obstante, pueden postular a otras licitaciones y adjudicárselas. Yo he alegado: "¡Cómo le pueden entregar nuevamente un contrato a una empresa incumplidora que ha dejado botados los trabajos!". Pero la Contraloría ha determinado que es obligatorio declarar ganador al postulante que presente el precio más bajo.
Con la modificación, entonces, al menos las empresas contratistas -el precepto no habla de subcontratistas- van a quedar imposibilitadas de participar en nuevas licitaciones.
Cabe destacar que el Registro de Contratistas del Ministerio de Obras Públicas es muy estricto. Por lo general, en la actualidad las empresas incumplidoras no pueden volver a postular. O sea, ya existe una disposición al respecto. El agregado en análisis solo representa un reforzamiento. Por eso no era tan necesario, pero "lo que abunda no daña".
Quiero hacer presente que el que llevó el proyecto tanto en la Comisión de Obras Públicas como en la de Hacienda fue el Subsecretario Juan Eduardo Saldivia , quien lo conoce al dedillo. En consecuencia, su presencia en la Sala resultaba absolutamente necesaria. Él no tiene por qué pagar los platos rotos por otro Ministerio que no ha cumplido o no ha contestado algún oficio.
En todo caso, señor Presidente , vamos a aprobar la recomendación formulada por la Comisión.
Señor Presidente , yo también voy a votar favorablemente, no obstante compartir las aprensiones del Senador señor Ávila .
En la Región de La Araucanía una empresa contratista del Ministerio de Obras Públicas ha dejado inconclusos numerosos trabajos; ha sido sancionada y multada. Sus dueños han recurrido al expediente de cambiar la razón social, pero la compañía sigue siendo exactamente la misma, con la misma maquinaria y el mismo capital. Y le continúan asignando obras, que vuelve a dejar botadas o bien no cumple los plazos, por lo cual hay que llamar a una nueva propuesta pública para elegir a una firma que sí lleve a cabo los trabajos.
Así las cosas, me parece que la norma propuesta, si bien es mejor que no tener nada, no resuelve el problema, ni respecto de las concesionarias, ni mucho menos respecto de las empresas que realizan obras públicas para el Ministerio del ramo. Existe, me imagino que en el reglamento respectivo de dicha Cartera, un vacío gigantesco. Porque es cierto que, por la vía del cambio de razón social, las empresas limpian sus antecedentes y quedan en condiciones de presentarse a una nueva licitación pública para que el Ministerio les vuelva a asignar trabajos por valores muy importantes. Al final, en todas partes la gente reclama por la demora de las obras, por lo mal que se hacen, por sus deficiencias y porque, como ya indiqué, muchas veces quedan abandonadas.
Por lo tanto, señor Presidente , aunque se apruebe la modificación, quedará pendiente un gran tema, cual es evitar que los recursos fiscales finalmente no terminen invirtiéndose de manera correcta y eficiente.
Tiene la palabra el Honorable señor Ominami, quien es el último orador inscrito.
Yo también comparto, señor Presidente , la motivación de la norma, pero quiero expresar un cierto escepticismo en cuanto a su eficacia.
Una de mis aprensiones tiene que ver con lo que aquí se ha señalado: la posibilidad de cambiar de razón social. La otra apunta a que las condiciones para que la disposición se aplique son bastante restrictivas.
¿De qué se trata? De evitar que las empresas dejen una obra abandonada y, no obstante ello, sigan desarrollando actividades para el Estado.
¿Qué ocurre? Que la falta debe ser calificada de grave y ha de haber sentencia de término. Por lo tanto, mientras esta no se dicte muchas empresas pueden seguir haciendo de las suyas en distintas Regiones de manera bastante impune.
Es probable que la norma sea un avance, pero temo que, desde ese punto de vista, sea un avance más retórico que práctico.
Por mi parte, deseo señalar algo que me parece relevante.
Al igual que la mayoría, estoy a favor de la modificación. Sin embargo, contiene un error de redacción que, en el evento de aprobarse, sería bueno corregir. Para ello habría que facultar a la Secretaría.
No tiene sentido colocar "en virtud". Los fallos se cumplen o están cumplidos. Tampoco corresponde hablar de "previas".
Me parece que arreglar eso sería de mínima lógica.
El señor BITAR ( Ministro de Obras Públicas ).-
Señor Presidente , si a la Sala le parece, se pueden hacer esfuerzos para mejorar la redacción durante el segundo trámite del proyecto en la Cámara de Diputados. Porque, en realidad, la empresa incumplidora es la concesionaria, y el Ministerio no posee registros de concesionarias. Por lo común, son empresas de ingeniería, empresas constructoras.
En segundo lugar, el sistema de concesiones funciona a través de la creación de una empresa ad hoc por cada concesión, de manera que la empresa de la siguiente concesión no es la misma que la de la anterior, sino una nueva. Por eso, salvo que la limitación se extendiera a empresas ligadas o vinculadas mediante asociaciones o los mismos dueños, habría que hacer la precisión. Pero, existiendo acuerdo acerca de la conveniencia de desincentivar el mal uso de los recursos fiscales o el incumplimiento por parte de las empresas, considero que es posible afinar la norma en los términos que acaba de indicar el señor Presidente y otros señores Senadores, a lo que se sumaría lo expresado por mí en la Cámara de Diputados. No sé si la Sala comparte eso. Así, se daría curso a la iniciativa y la disposición se podría adecuar después.
Se procederá a votar la propuesta de la Comisión.
¡Si le parece!
¡Si le parece, señor Presidente !
Hay que dejar constancia de la posición de cada uno de Sus Señorías.
--Se aprueba la intercalación al inciso segundo del artículo 22 propuesta por la Comisión de Obras Públicas en su nuevo segundo informe (24 votos).
Votaron la señora Alvear y los señores Ávila, Bianchi, Escalona, Espina, Frei, García, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Letelier, Longueira, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Pérez Varela, Prokurica, Romero, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
En seguida, la Comisión de Obras Públicas, en su segundo informe, sugiere la siguiente letra c) para el número 14) del artículo 1° del proyecto, que modifica el artículo 30 de la ley vigente: "c) Elimínase el número 1, pasando los actuales números 2 y 3 a ser números 1 y 2, respectivamente.".
Esta norma fue aprobada con los votos favorables de los Senadores señores Kuschel y Pérez Varela y el voto en contra del Honorable señor Romero.
Señor Presidente , seguramente hay un error. Yo siempre me pronuncio en la misma línea, de modo que le solicito retirar mi voto negativo y sumarlo a la mayoría.
En consecuencia, si le parece a la Sala, se aprobará con la misma votación anterior.
--Se aprueba la letra c) del número 14) con la misma votación anterior (24 votos).
A continuación, en su nuevo segundo informe, la Comisión de Obras Públicas recomienda intercalar, en el inciso decimocuarto del artículo 36 bis, nuevo, entre las palabras "recurso" y "alguno", el vocablo "ordinario", de tal forma que el inciso diga: "La sentencia definitiva no será susceptible de recurso ordinario alguno.".
La modificación fue aprobada con los votos favorables de los Senadores señores Letelier y Sabag y la abstención del Honorable señor Kuschel.
Señor Presidente , con el ánimo de ilustrar a los Honorables colegas, debo señalar que el artículo 32 bis establece que tanto el Estado como las concesionarias pueden presentar sus reclamaciones a una comisión arbitral o bien a la Corte de Apelaciones de Santiago.
Su inciso decimocuarto disponía que "La sentencia definitiva no será susceptible de recurso alguno". Y ahora se intercala el vocablo "ordinario" entre las expresiones "recurso" y "alguno", para que, si se opta por el mecanismo del arbitraje, después no se pueda volver a la vía ordinaria.
Se trata de una precisión, que nosotros votaremos favorablemente.
Señor Presidente , quizás sería útil que el Ministro de Obras Públicas nos comentara la experiencia que su Cartera ha tenido con las comisiones arbitrales. He sabido que el Estado está perdiendo sistemáticamente juicios muy importantes, que involucran cantidades muy elevadas. En uno solo de ellos, dependiendo del pronunciamiento que adopte la Corte Suprema, corre el riesgo de perder más de mil millones de dólares.
¡Otro Transantiago!
En consecuencia, las comisiones arbitrales están significando un riesgo enorme para el Estado, porque cuando un tercero entra en litigio se asocia con los que representan intereses privados, ya que, por lo general, tiene algún tipo de conexión con esos sectores. Y, obviamente, el que pierde es "Moya", como acontece casi siempre.
Entonces, si no existe ninguna posibilidad de apelación frente a las aberraciones que muchas veces se dan en las comisiones arbitrales, creo que quedará totalmente cerrada la opción de reivindicar los legítimos intereses públicos en una instancia superior.
Entiendo que ese es el sentido de la modificación. Tal vez me lo pueda explicar el Honorable señor Longueira , quien está muy entretenido conversando con el Honorable señor Chadwick .
Siempre existirá la casación, señor Senador.
¿Eso implica que queda abierta la posibilidad de una apelación en la instancia superior?
¡No: casación!
Casación y queja.
En suma, señor Presidente , me gustaría que pudiesen aclararse los dos aspectos a que he aludido en mi intervención.
Señor Presidente , pienso que la intercalación del vocablo "ordinario" entre las palabras "recurso" y "alguno" tiene por objeto excluir a los recursos de casación en la forma y en el fondo, que son recursos extraordinarios. Porque el texto anterior, al señalar que "La sentencia definitiva no será susceptible de recurso alguno", hacía extensiva la norma a todos los recursos. Sin embargo, siempre se ha entendido que, aun cuando se diga eso, cabe el recurso de casación, por ser extraordinario.
Por consiguiente, para la historia fidedigna de la ley, conviene aclarar que, al introducirse el término "ordinario", queda abierta la posibilidad de entablar el recurso de casación, tanto en la forma como en el fondo.
Con la venia de la Mesa, le concedo una interrupción al Senador señor Vásquez.
Señor Presidente , el texto anterior, al señalar que la sentencia definitiva no sería susceptible de "recurso alguno", dejaba como único recurso posible el de queja, por ser un recurso de carácter constitucional. O sea, eliminaba la disposición del Código Orgánico de Tribunales, en relación con el Código de Procedimiento Civil, de que en los juicios arbitrales está prohibido renunciar al recurso de casación en la forma.
En consecuencia, al agregarse el término "ordinario", lo que se está haciendo es mantener el recurso de casación en la forma junto a la queja.
Eso es, en definitiva, lo que técnicamente ocurre.
Doy las gracias a Su Señoría por haberme concedido una interrupción.
Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Romero.
Señor Presidente , agradezco la aclaración al Senador señor Vásquez. Efectivamente, la incorporación del vocablo "ordinario" deja abierta la posibilidad de que se interpongan un recurso de casación en la forma y una queja, que es una medida disciplinaria para cierto tipo de situaciones.
¡Es el pataleo!
Aclaro lo anterior para que quede constancia en acta, señor Presidente.
Ha pedido la palabra el señor Ministro , quien goza de preferencia. Después podrán intervenir los Senadores señores Letelier y Longueira, para no perder la ilación del debate que originó la intervención del Honorable señor Ávila.
Señor Presidente , el proyecto en debate tiene la ventaja de limitar los riesgos para el Fisco y fortalecer, a través de los mecanismos del Panel Técnico y de la Comisión Arbitral, la capacidad de defensa de los intereses del Estado, contrariamente a lo que ocurre hoy.
Un conjunto muy importante de conflictos comprometen al Ministerio de Obras Públicas cada vez que se presentan divergencias. Y cuando se recurre a los tribunales de justicia, se judicializan.
Sin perjuicio de ello, quiero hacer un reconocimiento a la Corte Suprema. Por primera vez, en un hecho sin precedentes, acogió una queja contra la Corte de Apelaciones de Santiago, que nos permitió reducir los montos de una compensación estatal muy importante. Incluso, sugirió una mediación.
Con todo, este proyecto significa un mejoramiento en varios puntos.
Uno de ellos -ya fue aprobado, pero lo quiero mencionar- se refiere a que se limita el monto que se puede adicionar al convenido inicialmente, tanto durante el período de construcción de las obras como posterior a él: a 15 por ciento del presupuesto oficial para modificaciones; a 5 por ciento en el período de explotación; a 25 por ciento como máximo, si hay acuerdo entre las partes y, en condiciones excepcionales de fuerza mayor, a un porcentaje más alto, mediante decreto supremo fundado.
Con ello se restringen las posibilidades de que algunas empresas presenten cifras bajas para ganar los contratos, con la pretensión de aumentarlas después para compensar.
Eso está resuelto y mejorado.
El segundo punto que estamos optimizando se refiere a que tenemos un Panel Técnico estable y Comisiones Arbitrales para cada concesión.
Si hay diferencias, la empresa puede recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago o a la Comisión Arbitral. Si va a esta última, no cabe más que la queja o el recurso de casación.
De lo contrario, se va a judicializar de tal forma que el texto del proyecto dificultaría la continuación de este gran proceso de concesiones, el cual ha sido muy bueno para el país por la alianza público-privada que implica.
Por lo tanto, el Ejecutivo respalda la manera como está establecido el proceso, en el sentido de que no haya recursos ordinarios.
Además, señor Presidente, con la presente iniciativa el Estado suma un conjunto de mecanismos lo suficientemente poderosos, mejores que los actuales, para defender sus intereses.
Señor Presidente , el artículo que estamos analizando constituye una de las grandes modificaciones del proyecto. Quizás el Senador señor Ávila no reparó en ello.
Hoy día las Comisiones Arbitrales fallan de manera distinta de la propuesta en la iniciativa. Y lo que se quiere modificar es precisamente la forma como hasta ahora ellas se han generado e integrado y, sobre todo, cómo han resuelto las dificultades.
Con el proyecto en debate, dichas Comisiones Arbitrales tendrán que fallar en Derecho, porque no son árbitros arbitradores que componen de forma amigable los desencuentros.
Además, se establece un proceso bastante complejo de generación de sus integrantes, donde intervienen algunos organismos del Estado, como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, para asegurar la idoneidad e independencia de los árbitros. Pero lo esencial es que fallen -reitero- en Derecho.
Se tendrá la opción de acudir ante la Corte de Apelaciones de Santiago o usar la Comisión Arbitral. Y cuando se escoja esta última, habrá una regla más expedita.
Es la esencia de la propuesta.
La Corte Suprema representó reparos en esta materia. Es normal. Porque, en general, en doctrina no le gustan las comisiones arbitrales, pues éstas sacan del ámbito propio de los tribunales algunas decisiones. Y en su informe alega que así sucederá con las nuevas que se van a generar, precisamente para evitar ciertos perjuicios al Estado. Además, dice que no va a haber segunda instancia.
En verdad, de acuerdo a lo señalado por el Senador señor Vásquez y a la forma como se redactó el texto, se puede acudir a la Corte Suprema mediante recurso de casación en la forma o de queja. Y ello es parte esencial del acuerdo que hemos alcanzado: lograr un mejor equilibrio al actual entre los intereses públicos y privados.
Las Comisiones Arbitrales que permitían el acuerdo amigable entre las partes sin tener que fallar en Derecho generaban perjuicio para el Estado.
Esa es la tremenda transformación que hay acá.
Y las partes, en particular la concesionaria, siempre pueden optar por ir a la Corte de Apelaciones. Creo que eso deja a resguardo la inquietud planteada por el Máximo Tribunal.
Señor Presidente , este es el tema fundamental del proyecto. A mi juicio, más del 50 por ciento de él se relaciona con esto: cómo se resuelven los conflictos en esta nueva etapa, garantizando los intereses públicos. Siempre queda la posibilidad del recurso.
Mediante la iniciativa en debate se evitarán las situaciones del pasado que inquietan al Senador señor Ávila y que motivaron este proyecto desde su inicio.
Señor Presidente, solo intervengo para complementar lo ya señalado.
Este asunto constituye la esencia del proyecto y es una de las materias más importantes, pues permitirá dar mayor transparencia a todas aquellas resoluciones de controversias y reclamos.
Hoy día las Comisiones Arbitrales se constituyen con un miembro propuesto por el Ministerio de Obras Públicas, otro por la concesionaria y un tercero sugerido de común acuerdo. Y eso se modifica radicalmente.
El artículo 36 bis del proyecto establece que la Comisión Arbitral estará constituida por tres miembros nombrados de común acuerdo. De los tres, dos deberán ser abogados adscritos a una nómina de veinte que llevará la Corte Suprema, quienes tendrán que cumplir requisitos de idoneidad para conformarla. Estas listas se renovarán cada cinco años.
El tercer integrante se deberá elegir de una nómina de diez expertos que elaborará el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
Por lo tanto, de un conjunto de treinta destacados profesionales -veinte abogados y diez de otras disciplinas (ingenieros, economistas)-, se eligen tres de común acuerdo. Ya no habrá dos elegidos por las partes y uno de común acuerdo, como antes.
Además, según se ha dicho, la Comisión Arbitral fallará en Derecho.
Asimismo, como es opcional el lugar donde se establezca el reclamo por la controversia, si se elige la Comisión Arbitral no procede volver a tribunales, salvo en los casos de recursos extraordinarios, como se ha señalado aquí. Por tanto, se excluyen los ordinarios.
La otra alternativa es recurrir a la Corte de Apelaciones Santiago y, obviamente, ahí corresponderán todos los recursos requeridos.
Entonces, aquí se produce un cambio fundamental. El proyecto en debate da transparencia en tal aspecto.
Y se deben considerar las modificaciones establecidas en los otros artículos señalados por el Ministro de Obras Públicas . Por ejemplo, los que apuntan a que no puede haber concesiones cuya inversión supere en más de 25 por ciento el monto máximo para aquella, salvo casos muy justificados y mediante decreto supremo fundado. Y la obra pasa, para visto bueno, por el Consejo de Concesiones -otra instancia que se crea-, y lo mismo, en este caso, por el Panel Técnico.
Por lo tanto, creo que se han tomado todos los resguardos para que los arbitrajes sean en el futuro mucho más técnicos y den garantía de transparencia, tanto para los inversionistas como para el Estado.
Y hay otro punto también fundamental. Si judicializamos las controversias que se produzcan, generaremos un factor de riesgo enorme.
Por lo anterior, considero que se establece una instancia bastante expedita, con plazos adecuados, con un mecanismo de nominación que asegura que gente idónea integre las Comisiones Arbitrales que se constituirán para cada concesión.
Señor Presidente , en términos globales, estimo que no solo se está perfeccionando lo acordado en general, sino que el artículo 36 bis es fundamental dentro de las modificaciones, por la experiencia con que se van a dirimir las discrepancias.
Señor Presidente , sin duda hay que tomar resguardos para que el proceso de concesiones no se judicialice con situaciones controversiales. Por su naturaleza, la experiencia demuestra que son caminos difíciles la construcción, la aplicación y la gestión. Lo vemos hoy día con la concesionaria Costanera Norte respecto del tag.
De ahí que se elimina la persistencia de dejar todo en la ley. Porque lo que no está en ella las concesionarias lo interpretan a su favor. Por lo tanto, como no se consagra con meridiana claridad quién paga el reemplazo del tag, ellas dicen que corresponde al usuario.
Me parece bien extremar el detalle en la ley. Pero también se debe insistir en normas generales que estipulen que ningún derecho puede ser atropellado. Al establecer que no procederán recursos ordinarios, se podría decir que es lo correcto, ya que el tema no se judicializa; sin embargo, será posible la queja -como señaló el Senador señor Vásquez - o la casación en la forma, que es un recurso extremo, cuya tramitación, por lo demás, tarda mucho tiempo.
Debido a la declaración de incumplimiento grave del contrato por parte de la concesionaria -que debe ser fundada, por cierto-, resulta necesario esclarecer quiénes integrarán el tribunal que va a tomar tal determinación, que es lo que se ha estado discutiendo.
En cuanto a la lista confeccionada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, se discutió en la Comisión -así leo en el informe- quiénes y cómo debería conformarse, porque al final lo que se da a los integrantes de la Comisión Arbitral es la potestad de jueces, que no manejarán dos chauchas, sino que tendrán que decidir sobre mucha plata.
En definitiva, se requiere garantizar que los magistrados -respecto de cuyas resoluciones se establecen como salvedad los recursos de casación o de queja- deberán ser idóneos, no tener conflictos de intereses y estar acreditados profesionalmente.
Por lo tanto, la disputa por integrar esa selecta Comisión va a ser feroz, pero no por lo que se pagará, sino por las consecuencias de sus decisiones, pues se constituye en tribunal.
Creo que la Corte Suprema podrá llamar la atención al respecto.
La experiencia que deseamos evitar -y el Ministro señor Bitar la conoce muy bien-, porque este es el peor momento de todos los escenarios posibles, se refiere a cuando uno de los miembros de la actual Comisión Conciliadora -integrada por tres profesionales: uno designado por el Ministerio de Obras Públicas, otro por la concesionaria, y un tercero nombrado por consenso entre las partes-, a propósito de los 117 de millones de dólares de las cárceles concesionadas, votó en contra del Ministerio de Obras públicas, a pesar de haber sido nominado por dicha Cartera.
Entonces, si uno nombra a un árbitro porque le da confianza y al final termina pronunciándose en contra, en mi parecer, es una gran injusticia legal, judicial e incluso constitucional. Pero ahí están las presentaciones sobre el particular.
Por lo tanto, la constitución de la Comisión Arbitral pasa a ser crucial no tan solo por los recursos jurídicos en caso de un fallo adverso para la concesionaria o el Estado, sino por la necesidad de que efectivamente los jueces otorguen garantías.
Con el sistema de conformación propuesto para dicha Comisión -según he leído-, no podrán los postulantes estar más de 15 años en las nóminas y deberán cumplir con el requisito de selección, al igual como ocurre en el Consejo de la Alta Dirección Pública.
En ese sentido, creo que cuanto pueda contribuir a que tal tribunal se integre de la manera más objetiva y, particularmente, sin ningún tipo de intereses, va a ser clave, porque pondrá énfasis en la prevención y no en la apelación.
De ahí que entiendo -y se lo pregunto al señor Ministro - que lo propuesto obedece a un acuerdo, el cual no representa lo que deseamos: el reguardo del Fisco frente a las pésimas experiencias. Se trata de una Comisión que pondría el acento en la defensa de la concesionaria o del Estado, pero la experiencia nos dice que esos tribunales no siempre defienden al Estado, sino que tienen una tendencia más privatizadora que estatal.
Entonces, el Ministerio posee la responsabilidad de supervisar tal proceso en general, la cual no solo compete al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia .
Ahora, como efectivamente aprobaremos el proyecto de ley relativo al lobby -espero que se cumpla el plazo dado para la presentación de indicaciones del Gobierno-, este resultará muy importante, pues el lobby en torno a dichos jueces será brutal, así es que intentaremos que dicha iniciativa permita su regulación.
En mi concepto, hay elementos -respecto de los que la iniciativa que regula el lobby entrega salvaguardias- para pensar que efectivamente se pretende ejercer influencia sobre esos jueces. Antes no podíamos efectuar nada al respecto. Ahora podríamos hacer mucho, como controlar el tipo de reunión que se realice, las propuestas formuladas.
En definitiva, lo que debemos intentar es que la Comisión Arbitral -que tendrá tanto poder, pues decidirá sobre cosas muy concretas- actúe de la mejor forma. El organismo que estamos eliminando no lo hizo, y espero que eso sirva de prueba.
Señor Presidente, considero que el debate es muy importante, porque se refiere a la parte más fundamental de las modificaciones y de los acuerdos alcanzados.
Todos estuvimos contestes en que se debían equilibrar los intereses de las partes, pues no es adecuado que continúen los problemas del pasado.
Desde esa perspectiva, estructuramos un mecanismo extraordinariamente novedoso, porque no basta la Comisión Arbitral. Si nos quedásemos solo con dicho organismo, significaría que no se entendió por completo el sentido de la propuesta implícita en el acuerdo del Ministerio de Obras Públicas y de quienes sostuvimos en la Comisión respectiva la posición de dar modernidad al sistema, pero equilibrada.
El procedimiento, básicamente, se encuentra estructurado sobre la base de dos elementos esenciales.
Uno de ellos es el Panel Técnico, establecido en el artículo 36 del texto final propuesto, el cual dispone: "Las discrepancias de carácter técnico o económico que se produzcan entre las partes durante la ejecución del contrato de concesión," -es allí donde se produce la mayor parte de los inconvenientes- "podrán someterse a la consideración de un Panel Técnico a solicitud de cualquiera de ellas.".
"El Panel Técnico, que no ejercerá jurisdicción, deberá emitir, de acuerdo con el procedimiento público establecido en el Reglamento, una recomendación técnica, debidamente fundada, dentro de un plazo de 30 días corridos,".
Más adelante señala: "La recomendación del Panel no obstará a la facultad del concesionario para accionar posteriormente ante la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones de Santiago, aunque la controversia recaiga sobre los mismos hechos.".
¿Qué ocurre? Que, en la práctica, este tipo de contratos son muy complejos, por lo que, dadas sus características, es necesario ir dejando constancia -en una suerte de bitácora, de cuaderno de obras perfectamente definidas, en el que figuren profesionales elegidos por el Consejo de Alta Dirección Pública con quórum muy alto, de cuatro quintos-, con el objeto de solucionar las diferencias que puedan darse durante el transcurso de la obra. Porque es allí donde surgen los problemas y, a lo mejor -lo diré simplemente así-, los enriquecimientos injustos o los abusos que hemos podido apreciar. Porque unos y otros entendieron cosas diferentes.
El Panel Técnico estará encima de la obra en forma permanente, con el objeto de verificar la exactitud de los hechos reales, ya sea económicos o de construcción durante el transcurso de la obra.
Luego, la Comisión Arbitral -en la que participan coetáneamente la Corte Suprema y el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia- decide como árbitro de Derecho y no como árbitro arbitrador, tal cual señala la norma respectiva en la legislación vigente.
Esa es una modificación muy importante.
En definitiva, nosotros buscamos la manera de relacionar esas distintas operaciones. Y en verdad el Senado, con todo el respeto que me merece el Ministerio de Obras Públicas, hizo un aporte fundamental a la legislación que nos ocupa en la Comisión de Obras Públicas, porque estudiamos a fondo la materia y concordamos con esa Cartera en que debía haber un sistema mucho más moderno que el actual.
Por eso, se incorpora una teoría muy moderna, como la del "hecho del príncipe", conforme a la cual cuando la autoridad adopta una decisión fundadamente hay que indemnizar como corresponde.
Así lo establece la legislación moderna. Porque no podemos arbitrariamente obligar a un privado a ejecutar por la vía de la concesión una determinada obra y al día siguiente decirle que debe hacerla en otro sector.
La normativa en debate acota esa arbitrariedad. Le dice al Ministerio de Obras Públicas que no puede exigir obras complementarias que excedan -según entiendo- el 25 por ciento del total de la obra, porque de otra manera nos encontraríamos con la absurda situación -como la producida en muchas obras concesionadas- de que se tripliquen las obras complementarias acordadas en el contrato principal. Es decir, se licita la concesión, y después se empiezan a generar trabajos extraordinarios, los cuales, al final, terminan siendo mucho más importantes que el principal.
Señor Presidente, estimo que estamos frente a una situación extraordinariamente moderna, de futuro.
Estoy seguro de que quienes concurrimos en el estudio de esta materia lo hicimos pensando en los intereses del país, pero también en los intereses legítimos de los que participan en las obras. Porque no sacamos nada con tener una espectacular Ley de Concesiones si no equilibramos los intereses privados con los del sector público.
Tiene la palabra el Honorable señor Kuschel.
Señor Presidente , por cierto ello constituye el núcleo del proyecto de ley en análisis, y en la Comisión hubo especial cuidado en equilibrar los distintos intereses en juego.
Sin embargo, me preocupa -tal como lo planteé en el órgano técnico- que gran parte de las dificultades que han surgido en esta materia tengan su origen en el diseño de las bases de las concesiones. Por ejemplo, respecto de la cárcel de Puerto Montt, el Ministerio de Obras Públicas estableció ciertas bases y después Gendarmería exigió murallas más altas; más piezas, etcétera. Y, de ese modo, se alteran el contenido de las bases. En el sector salud han ocurrido situaciones similares.
Por lo tanto, ha habido -espero que se solucione- poca coordinación entre el Ministerio de Justicia y Gendarmería, por una parte, y entre el Ministerio de Obras Públicas con los de Salud y de Educación, por otra, eventualmente. Y eso puede resolverse no solo a través de normativas legales -como estamos haciendo acá-, sino también mediante medidas administrativas que la Secretaría de Estado responsable debe considerar adicionalmente.
Entiendo que Su Señoría retiró su abstención.
El señor KUSCHELL.-
En consecuencia, quedaría aprobada la indicación con la misma votación anterior.
--Se aprueba el inciso N° 14 del articulo 36 bis (24 votos).
Corresponde pronunciarse respecto del artículo segundo transitorio, que comienza diciendo: "Durante los dos primeros años de vigencia de esta ley, el Ministerio de Obras Públicas", etcétera.
La Comisión de Hacienda aprobó este artículo en los mismos términos en que lo hizo la de Obras Públicas, pero se abstuvo el Senador señor Ominami.
Señor Presidente , la verdad es que respecto al tema del tribunal, el Panel Técnico tiene la misma importancia. La complicación es quién pagará a ese Panel para que exista la transparencia necesaria. Sucede con frecuencia en los proyectos de medioambiente, en donde los estudios de impacto ambiental son financiados por la empresa que va a ejecutar la obra. Entonces, el informe se hace a la medida; o sea, muchas veces, es como un terno a la medida.
Por lo tanto, el Panel Técnico debe tener un origen internacional que despeje toda duda, porque si al final la empresa paga a los expertos, y después muestran un amplio favoritismo hacia quien los financió, le resta credibilidad técnica al estudio.
Entiendo que la observación del Senador Ominami apuntaba en ese sentido más que al monto de los honorarios. Estos nunca serán tan importantes. Generalmente, las obras involucran grandes cifras. Y, en este sentido, el pago debería hacerlo una comisión mixta.
En cuanto a la importancia de quién cancela los honorarios, es preciso destacar que los integrantes del Panel Técnico tienen exactamente la misma trascendencia, transparencia, generación e idoneidad que los del Tribunal Arbitral, porque este, que decide en Derecho, consultará a aquellos para determinar técnicamente. Entonces, ambos son igualmente relevantes.
No sé si el Senador señor Ominami o el señor Ministro nos pueden aclarar el punto antes de votar.
Señor Presidente , me abstuve en la Comisión justamente para abrir paso a la posibilidad de que se diera una explicación respecto de esta norma en la Sala.
Comparto lo planteado por el Senador señor Navarro , pero tengo la sensación de que el problema no tiene solución en esta fase de la tramitación del proyecto.
Así que, desde ese punto de vista, retiro mi abstención.
Al retirarse la abstención, queda aprobado el artículo segundo transitorio con la misma votación anterior.
--Se aprueba el artículo segundo transitorio (24 votos), y queda despachado el proyecto en este trámite.
Aunque la iniciativa ya fue aprobada, tiene la palabra el Honorable señor Sabag para dejar una constancia, y, a continuación, el Senador señor Larraín.
Señor Presidente , cuando el proyecto llegó a la Sala pedí que volviera a la Comisión, porque había dos artículos que perjudicaban seriamente la autoridad del Ministerio de Obras Públicas.
El Consejo de Concesiones estaba prácticamente por sobre la autoridad del Secretario de Estado, y el Panel de Expertos gozaba de facultades tan grandes que se podía inmiscuir directamente en las obras con atribuciones superiores a la consultora y al inspector fiscal.
Por esas dos únicas materias la iniciativa volvió a la Comisión. Y la razón por la cual el Senador señor Romero alegó fue porque se introdujeron otros asuntos que no estaban contemplados previamente. Pero los temas fundamentales fueron aprobados por unanimidad, corrigiéndose así el proyecto. De esa manera, cualquiera que sea el Ministro de Obras Públicas a futuro, tendrá la autoridad que le corresponde como representante de la Presidenta de la República , ya que antes, como venía la iniciativa, prácticamente no la tenía. Repito: ambas cosas las corrigió la Comisión.
Sin embargo, en diversos medios de comunicación -en editoriales de El Mercurio, La Tercera, La Nación, El Mostrador- apareció el mismo ataque porque yo había pedido que el proyecto volviera a la Comisión, señalando que estaba inmiscuido con las concesionarias, y otras acusaciones de igual tenor.
¿Se hallaba la misma mano detrás de esas publicaciones? ¿Estamos sometidos a presiones por parte de los medios de comunicación para hacer lo que ellos quieren? ¿Nos encontramos sometidos a presión en otras leyes en las tribunas?
Señor Presidente , toda mi vida he estado preocupado de las obras públicas, desde que llegué al Parlamento, me conozco las leyes al revés y al derecho, y alzo mi voz solo porque quiero que las cosas operen.
La Ley de Concesiones es una gran ley, y gracias a ella se han invertido 12 mil millones de dólares, pero había que hacerle algunas perfecciones.
Por otra parte, muchas cosas que aquí se han dicho no son ciertas, por lo que habría que analizarlas e investigarlas, tal como lo ha hecho reiteradamente el Senador señor Navarro respecto de las cárceles. En ellas hubo un mal manejo de los Ministros. Al comienzo se habrían gastado 22 millones de dólares, cuando las empresas pedían que se les pagaran 30 millones. Se dijo que no y se llegó a la justicia, donde se exigió una indemnización por 128 millones de dólares. Si hasta el representante del Ministerio de Obras Públicas votó en contra de esta Secretaría de Estado. Finalmente, la Corte Suprema determinó que los litigantes llegaran a un avenimiento, el cual representa para el Fisco pagar algo más de 60 millones de dólares. Y todo -reitero- por un mal manejo de la situación por parte de los Ministros de Estado.
Hay muchas otras cosas que se han dicho que no son verdad. Por ejemplo, las ampliaciones de obras nunca han llegado a más del 10 por ciento. El resto son trabajos que nunca se consideraron en las propuestas de concesiones, como el cambio de las cañerías de agua potable y de otras instalaciones, por las cuales se cobra una barbaridad. Posteriormente, hubo que incluir también las obras del Metro y los colectores de aguas lluvias.
A mi juicio, esto ha sido manejado perfectamente. Aquí solo se han introducido algunas adecuaciones para que el sistema de concesiones sea más operativo y dé garantías a ambas partes.
Como sostuvo el Senador señor Romero , no sacamos nada con aprobar una ley a la pinta nuestra y del Gobierno, ya que se opera con los concesionarios. Esto debe ser algo equitativo. No estamos despachando una legislación para esta Administración, porque las concesiones son a 25, a 30 años. Por tanto, la ley mantiene la seguridad jurídica para el futuro.
Señor Presidente , Honorables colegas, la única relación que tengo con las concesionarias es que todos los días uso la Costanera Norte, el camino hacia Valparaíso , la Ruta 5 Sur, la ruta del Itata, el aeropuerto de Concepción y el de Santiago, siendo todas obras concesionadas. Gracias a esas concesiones, hoy día, tenemos un país con una infraestructura desarrollada.
Sin embargo, quiero señalar que, en mi Región, durante estos tres años, se ha llamado a licitación para una sola concesión de importancia, y corresponde a un camino a Arauco. Lamentablemente, su ejecución empezará a fines de 2009. Digamos las cosas por su nombre, en estos cuatro años -reconozco que el Ministro Bitar ha activado últimamente el llamado a propuestas- ninguna otra obra se va a iniciar en el país. Habrá solo una. Yo diría que son cuatro años perdidos.
Asimismo, cabe destacar que la inversión en concesiones de obras públicas significaba más de un punto en el crecimiento de nuestro país, y lo hemos perdido.
Por eso, me alegra que este proyecto se haya aprobado, pero quiero manifestarles a quienes mandan mensajes por los medios de comunicación: ¡A mí no me van a presionar! ¡Yo voto en conciencia y en conocimiento de las cosas que sé!
Señor Presidente , como se estaba repitiendo la votación y no me había pronunciado con anterioridad, quiero dejar ahora constancia de mi voto. Al no haberse tomado aquella, simplemente quiero agregar mi nombre.
En la misma situación se hallan los Senadores señores Muñoz Barra y Girardi , quienes no se encontraban en la Sala durante la primera votación.
En consecuencia, respecto de la votación del artículo 36 bis y en las siguientes, se dejará constancia de los pronunciamientos de Sus Señorías y también de los Honorables señores Larraín , Muñoz Aburto y Letelier .
Señor Presidente, recuerdo a la Mesa que en una sesión anterior adoptamos el acuerdo de registrar todas las votaciones, precisamente para que no hubiera que agregar los votos no consignados en su momento.
Efectivamente, así se ha hecho.
Señor Presidente , solo deseo agradecer al Senado, al haberse aprobado el proyecto.
Por cierto, hemos tratado de agilizar las concesiones. La cifra adjudicada en 2006-2007 fue de 30 millones de dólares, y espero que en 2008-2009 ella alcance a cerca de 2 mil millones de dólares. Parte de este incremento corresponde a estudios realizados en el período 2006-2007; de lo contrario, no podríamos licitar y adjudicar.
Además, uno de los cambios importantes no presentes en esta iniciativa pero que estamos implementando -algunos Senadores lo mencionaron en la Sala- es mejorar la ingeniería de detalle, de manera que cuando se encargue un proyecto exista un nivel de precisión que reduzca enormemente las vicisitudes y variaciones.
Asimismo, reconozco -como bien se expresó acá- la labor realizada por los integrantes de las Comisiones de Obras Públicas y de Hacienda para lograr un mejoramiento notable en el proyecto. Creo que esa colaboración se hizo, además, con un criterio de Estado: se trata de inversiones a veinte, treinta, cuarenta años plazo, que trascienden la coyuntura.
Por último, en materia de concesiones, la demanda de infraestructura que enfrentaremos en las próximas décadas será enorme, y por lo tanto, no será susceptible de ser financiada únicamente con recursos fiscales. Chile está en la punta, en la vanguardia, y necesita de recursos provenientes de una asociación público-privada esencial.
Hoy recibimos en el Gabinete a representantes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como ayer al Gobernador de Sao Paulo y antes a personeros de Colombia y de Perú, quienes desean conocer la experiencia chilena de cómo asociar capital público y privado para cerrar la brecha en el déficit de infraestructura.
Saludamos el despacho de esta iniciativa en el Senado, que ahora irá a la Cámara de Diputados, y esperamos que con su aprobación dispongamos de un instrumento muy potente para los próximos años. Así que reitero mi agradecimiento a los Senadores y Senadoras.
Tiene la palabra el Honorable señor Longueira.
Señor Presidente , aprovechando que se encuentra presente el señor Ministro de Obras Públicas , deseo plantear lo siguiente:
En materia de concesiones, hay un punto que ha causado polémica en estos días, referido a las grandes colas generadas en ciertas fechas del año, fruto del sistema de cobro de peaje de las concesiones interurbanas.
Hace un par de años le solicité al anterior Ministro de Obras Públicas en la Comisión pertinente que se implementara el tag en todas las concesiones y peajes. En ese minuto el punto se discutió. Es evidente que debe negociarse con las concesionarias porque implica mayores costos y riesgos. Inicialmente, aquellas se adjudicaron con un sistema de cobro automático: reciben la plata y no hay morosidad ni riesgo.
En consecuencia, es evidente que el sistema de peaje es mucho más fácil, como negocio, y al introducir el tag, existe un riesgo mayor, en cuanto a morosidad, y un costo de cobranza posibles de calcular.
En esa oportunidad el señor Ministro señaló que en ocho meses -así lo anunció a la prensa-, iba a estar instalado el sistema del tag, al menos en las autopistas de acceso al Gran Santiago más importantes.
La verdad es que no sé qué impide adoptar la decisión de que se instale un sistema de tag alternativo, que redundará en la prestación de un mejor servicio para los chilenos que usan las autopistas.
No cuesta nada calcular el riesgo, la morosidad, los costos, y si eso significa ampliar el plazo para no subir las tarifas en las actuales concesiones o, en definitiva, llevarlo vía tarifa, que ello se cuantifique y se simulen los riesgos y costos, lo cual es factible de realizar en dos o tres meses.
Y, finalmente, deben suscribirse convenios complementarios a fin de brindar un mejor servicio.
Por lo tanto, deseo aprovechar el despacho de estas modificaciones tan importantes a la Ley de Concesiones para pedirle al señor Ministro que ojalá contemos con los cambios antes mencionados, porque creo que redundarán en una mejor impresión y atención de parte de las concesionarias, que se ocupan de bienes públicos y brindan servicios de utilidad pública, y en definitiva, van a permitir que esta infraestructura, por el sistema de pago y de peaje, sea disfrutada por los chilenos en la forma como deben hacerlo.
Por lo anterior, solicito formalmente al señor Ministro aquí presente que ojalá se implementen en breve los sistemas en comento, porque en verdad no vislumbro ningún impedimento técnico para ello. Entiendo que deberemos negociar con las concesionarias por los mayores riesgos y costos existentes, pero los chilenos estamos dispuestos a prorrogar el plazo de operación de las concesionarias para que puedan resarcirse por lo que signifique implementar un sistema de pago distinto al de licitaciones pasadas.
Pienso que puedo entregar un informe útil, aunque breve, a los usuarios de la carretera Santiago-Valparaíso presentes aquí en la Sala.
Considero importante el punto a que hizo referencia el Honorable señor Longueira . Ayer, justamente, convoqué a mi oficina al Presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública y a representantes de las dos autopistas concesionadas que cubren los tramos Santiago-Talca y Valparaíso-Santiago, en cuyos contratos, suscritos en 2001, figuran cláusulas sobre telepeaje. Les solicité poner en marcha dos pasadas ya instaladas, con telepeajes en cada una de ellas, y hacerlas interoperables, es decir, que posibiliten su utilización por los vehículos con tag de las autopistas urbanas.
Los acuerdos pertinentes fueron suscritos en 2001, antes de que pusiéramos en funcionamiento las autopistas urbanas. Pero la tecnología de estas y la sofisticación de lo que hicimos después -ello puso a Chile en primer lugar- no han sido asumidas aún por las empresas que acabo de mencionar.
Por lo tanto, quiero dejar establecido en el Senado que ayer se constituyó un equipo de trabajo, al cual fijé un plazo limitado para llegar a un acuerdo.
Sin embargo, quiero aclarar también en esta Sala que, de no producirse la adaptación correspondiente, procederé a entablar una querella contra ambas concesionarias para que cumplan los contratos, donde se dispone que deben poner telepeajes.
De otro lado, el riesgo que argumentan las empresas en cuanto a un eventual menor ingreso por los vehículos que pasan por el portal sin pago -se calcula en 4 ó 5 por ciento- puede obviarse inicialmente instalando el sistema de "pago seguro" -por cierto, no para todos, pero sí para una parte importante del millón y medio de personas con tag urbano-, sobre la base de contratos con bancos para efectuar automáticamente los cargos respectivos en cuenta corriente. Los cambios tecnológicos y la lectura de códigos que hacen las antenas son fáciles de implementar y tienen un costo muy bajo.
El Estado no puede asumir el riesgo. Les expresé a las concesionarias que estaríamos en disposición para realizar inversiones materiales menores, pero que el riesgo que connotan deben afrontarlo ellas, en función del servicio que otorgan.
Confío en las concesionarias, y pienso que el sistema se va a poner en marcha.
Termino señalando que, de todas maneras, lo planteado ayuda a hacer más expedito el flujo vehicular, pero no resuelve el problema de las congestiones registradas durante los fines de semana de cuatro días. Para solucionarlo requeriríamos una infraestructura de tamaño adecuado al pick de atochamiento, que sería absolutamente injustificable desde el punto de vista de su rentabilidad.
Con todo, debo aclarar que los portales del peaje Angostura serán corridos hacia el norte, antes del nuevo acceso sur a Santiago. Además, se convino con la concesionaria la construcción de tres pistas adicionales a orillas del río, para ampliar la capacidad vehicular en esa zona.
Luego sacaremos la nueva normativa sobre seguridad y servicialidad.
Espero que podamos licitar, si no a fines de este año en 2009, los trabajos de mejoramiento de la autopista de la Ruta 68.
Reitero mi confianza en que lo indicado se ponga en marcha pronto. De no ocurrir como manifesté, interpondré ante los tribunales una demanda para que las concesionarias cumplan lo que dicen los convenios.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.885, referida a donaciones con beneficios tributarios, con segundo informe de la Comisión de Hacienda y urgencia calificada de "simple".
--Los antecedentes sobre el proyecto (5315-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 17ª, en 6 de mayo de 2008.
Hacienda, sesión 31ª, en 1 de julio de 2008.
Hacienda (segundo), sesión 54ª, en 16 de septiembre de 2008.
Sesión 33ª, en 2 de julio de 2008 (se aprueba en general).
Este proyecto fue aprobado en general en la sesión del 2 de julio recién pasado, y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Hacienda que deja constancia para los efectos reglamentarios de que el numeral 1) del artículo 1° y el artículo 1° transitorio no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones y mantienen el mismo texto con que fueron acogidos en general. Estas disposiciones deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador solicite su discusión y aprobación.
La Comisión efectuó una serie de modificaciones al proyecto aprobado en general, las que fueron todas acordadas en forma unánime, por lo que, conforme a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 de nuestro Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que algún señor Senador solicite su discusión o que existan indicaciones renovadas.
El número 5 del artículo 1° de la ley N° 19.885 tiene el carácter de norma de quórum calificado, por lo que requiere para su aprobación el voto conforme de veinte señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cuatro columnas, que transcriben el texto de la ley Nº 19.885; el proyecto aprobado en general; las enmiendas efectuadas por la Comisión de Hacienda, y el texto final que resultaría si se aprobaran dichas modificaciones.
--Se aprueban (22 votos favorables y una abstención), dejándose constancia de que se reunió el quórum constitucional requerido.
Votaron por la afirmativa las señoras Alvear y Matthei y los señores Allamand, Espina, García, Gazmuri, Horvath, Kuschel, Larraín, Longueira, Muñoz Aburto, Muñoz Barra, Naranjo, Navarro, Novoa, Núñez, Ominami, Orpis, Prokurica, Sabag, Vásquez y Zaldívar.
Se abstuvo el señor Ávila.
Corresponde votar sin debate todas las modificaciones aprobadas unánimemente por la Comisión, con dos excepciones.
Primero, los Honorables señores Orpis, Bianchi, Chadwick, Coloma, Larraín, Longueira, Novoa, Pérez Varela, Prokurica y Romero renovaron la indicación número 5 sexies.
De otra parte, se solicitó una votación separada, que se explicitará oportunamente.
Cabe hacer presente que se requiere quórum calificado.
En votación electrónica las enmiendas aprobadas por consenso en la Comisión, con las salvedades que hizo el señor Secretario .
En seguida, corresponde pronunciarse sobre la indicación renovada número 5 sexies, suscrita por los señores Senadores que individualicé, cuyo propósito es agregar en el número 7 del numeral 4) -pasa a ser 5)- del artículo 1º de la ley N° 19.885 el siguiente inciso nuevo: "Un mismo contribuyente no podrá aplicar las donaciones establecidas en el inciso anterior a las instituciones relacionadas".
Señor Presidente, la indicación en debate tiene el siguiente fundamento.
En materia de los beneficios tributarios que establece la ley N°19.885, genéricamente se distinguen dos grandes donaciones: las inferiores a 1.000 unidades tributarias mensuales y las que superan dicha cantidad.
La donación inferior a 1.000 UTM recibe un beneficio tributario significativo: 50 por ciento como crédito tributario y 50 por ciento como gasto; es decir, el donante tiene potestad para decidir el destino de aquella. Es la donación buena.
En cuanto a la igual o superior a 1.000 unidades tributarias mensuales, el proyecto dispone que, para obtener un crédito de 50 por ciento, al menos 33 por ciento de ella debe ir al Fondo.
¿A qué apunta la indicación renovada, señor Presidente?
Existen instituciones sociales grandes, emergentes y pequeñas. ¿Y qué habría ocurrido en la práctica de aprobarse el proyecto original? Las grandes, aquellas con mayores posibilidades de hacer marketing para llegar a los donantes, obviamente habrían operado con la donación de mil UTM. Entonces, las más pequeñas, al momento de solicitar la donación, se habrían encontrado con la siguiente respuesta: "No. Ya la entregamos a las grandes".
Entonces, ¿qué hizo el Ejecutivo ? Dividió las 1.000 unidades tributarias mensuales -cantidad que da acceso a un beneficio tributario relevante- y determinó que deben entregarse por lo menos a dos instituciones, con un tope de 700 UTM, para que las emergentes y las medianas cuenten con alguna posibilidad de acceder a las donaciones.
¿Pero qué sucede con las grandes instituciones? Algunas -y aquí se centra la indicación renovada- tienen muchas entidades de beneficencia. Entonces, no basta con decir "dos instituciones", porque ambas pueden estar completamente ligadas.
Entonces, yo pretendo precaver que las instituciones emergentes y las pequeñas tengan acceso al menos a las 700 UTM. Y, para tales efectos, no debe existir ninguna relación entre las entidades que postulan a las 1.000.
El concepto de "instituciones relacionadas" deberá ser definido por el Consejo de Administración del Fondo.
En todo caso, a través de la indicación renovada pretendo asegurarles a las instituciones emergentes y a las pequeñas acceso, con un buen crédito tributario, a las 700 UTM. De esta manera las grandes entidades podrán postular a dicha cantidad y dejarles el espacio pequeño de las 300 a las emergentes.
Ese es el fundamento de la indicación que renovamos, señor Presidente.
Señor Presidente , solo quiero dejar constancia de que a mí nunca me ha gustado esta ley con apellido que aplauden tan fervorosamente algunos colegas.
La razón es que, en mi concepto, el Estado pierde el control sobre el destino de sus propios aportes.
Vean lo que ha ocurrido con las donaciones universitarias. Gracias a ellas, la Universidad del Desarrollo -Sus Señorías saben muy bien a qué sectores está ligada- se ha convertido en una de las instituciones de educación superior más poderosas del país. En su publicidad reciente llega incluso a decir que los profesionales egresados de sus aulas tienen asegurada una cabida en empresas muy calificadas, que, naturalmente, se encuentran en su entorno y han contribuido de manera decisiva a su fortalecimiento como plantel.
Entonces, este pobre Estado chileno
muy pobre desde el punto de vista de sus facultades, de su capacidad reguladora- es objeto de toda clase de engaños -algunos, sutiles; otros, francamente groseros-, y, en la práctica, buena parte de los recursos se diluye en un conjunto de disposiciones legales que no lo favorecen para nada en su rol de garante del bien común.
Se ha constituido en los hechos en una comparsa de grupos de interés. Lo vemos en casi todos los ámbitos.
En el plano cultural ha ocurrido exactamente lo mismo.
Mencionaré un ejemplo que probablemente el Senador señor Navarro conoce más de cerca, pues durante la campaña electoral ha tenido la oportunidad de estar en contacto con los más variados sectores y, por ende, ha conseguido en el terreno información de la más diversa naturaleza.
El Centro de Danza Calaucán ha formado decenas de bailarines y profesores, con un esfuerzo notable, sin colaboración de ninguna índole, pese a lo cual ha sido elogiado por la tenacidad que han impreso a su labor todos los profesionales vinculados con él. ¿Qué pasó? Debió cerrar sus puertas porque no tenía ninguna posibilidad de que algún empresario, en virtud de la referida ley, lo asistiere económicamente; carecía de vínculos, y no tenía llegada con los círculos de poder. Por tanto, quedó absolutamente al margen de todo, independiente del trabajo que llevaba a cabo.
Entonces, creo que, en esta materia, ha llegado la hora de que apliquemos la transparencia de que tanto nos ufanamos muchas veces.
Respecto de la famosa "Ley Valdés", me gustaría que todos pudiésemos conocer
¡El "fiscal antidelincuencia", señor Presidente , está muy ocupado en una tertulia a viva voz que me interrumpe groseramente!
Prosiga, señor Senador.
Señor Presidente , estimo -retomo lo que decía- que ha llegado el momento de saber qué ha pasado en realidad con las donaciones en el ámbito cultural.
A ese respecto, quiero que se oficie en mi nombre al Servicio de Impuestos Internos para que nos dé cuenta detallada de quiénes han sido los beneficiados con donaciones efectuadas al amparo de la referida ley durante los años tributarios 2006-2007, distinguiendo a los donatarios según su nombre, RUT, comuna, domicilio.
Particularmente, deseo tener un mapa
¿Necesita un minuto más?
Se lo concedemos.
¡Es una donación!
Señor Presidente , se requiere tener un mapa claro, preciso de cómo se ha configurado todo lo atinente a las donaciones en el ámbito cultural. Es muy importante que el Senado, dado que está aprobando este tipo de legislación y que hay dineros públicos comprometidos, conozca con exactitud todos los antecedentes relativos a esta materia.
Por lo tanto, pido formalmente que se envíe, en mi nombre, el oficio pertinente.
Señor Presidente , no puedo sino compartir la indicación que renovaron el Senador Orpis y otros colegas.
Claramente, resulta insuficiente que las donaciones se efectúen a un total de dos instituciones. Una sola entidad financiera o empresarial, dentro de su política de responsabilidad social, puede ayudar a un conjunto de ellas. Si se beneficia a dos, el aporte se va a concentrar. Y eso es lo que queremos evitar.
Entonces, se busca no solo eliminar la concentración de donaciones en Santiago, sino también estimular una distribución homogénea a lo largo del país. La drogadicción, por ejemplo, está presente en todo Chile, particularmente en el norte. Hay problemas en todas partes.
En consecuencia, me parece adecuada la indicación.
El criterio aplicado en este caso -votaré a favor, por cierto- pasa obligadamente por un debate en la línea que planteó el Senador Ávila.
Uno entiende la necesidad de las donaciones y el fin social que se persigue con ellas. Pero la "Ley Valdés", contenida en el artículo 8º de la ley Nº 18.985, de Reforma Tributaria, ha generado lo que señalaré en seguida (el Senador Ávila solo hizo mención del punto; yo tengo las cifras aquí).
En el año 2007, las donaciones privadas a universidades alcanzaron los 20 mil 225 millones de pesos, monto superior al aporte fiscal directo; es decir, más de lo que pone el Estado.
Las mayores donaciones fueron recibidas por tres universidades (entre ellas no aparece la del Desarrollo): la de los Andes, con 5 mil 413 millones de pesos, respecto a los cuales hay exención de impuestos de 50 por ciento; la Católica no ha informado, pero se consignan más de 4 mil 500 millones, y la de Chile, con 4 mil 500 millones.
Esos tres establecimientos concentran cerca del 75 por ciento de los aportes.
Los mayores donantes son: Elina Gianoli (accionista de Molynet), con 1.420 millones de pesos, todo a la Universidad de los Andes; familia Garcés Silva , con 928 millones, 99 por ciento a ese mismo plantel; Luis Enrique Yarur , con 871 millones e igual destino; grupo Fernández León , con 1.164 millones, todo a la referida Universidad.
En consecuencia, existe un problema de concentración que debe abordarse.
Además, las universidades privadas, la Pontificia Universidad Católica y los institutos privados se llevan 68,7 por ciento del total de las donaciones, contra el 5,3 por ciento que reciben las universidades estatales regionales.
Por consiguiente, hay una pésima distribución de los aportes, que revela la inexistencia absoluta de factores de equidad.
Es más, al examinar la evolución de las donaciones privadas a universidades entre 1998 y 2006 se observa que en ese último año -quiero compartir con ustedes las cifras; fueron publicadas por la prensa- la Universidad de los Andes recibió 4 mil 333 millones de pesos, mientras la del Bío-Bío solo llegó a 8 millones.
Señalo lo anterior para dar una visión de la cantidad que se dona a los planteles estatales, como la Universidad del Bío-Bío, donde más del 70 por ciento de los alumnos son de ingresos bajos.
Por lo tanto, hay una situación que enmendar. Entiendo en este sentido la indicación del Senador señor Orpis y voy a apoyarla, porque lo que Su Señoría pretende corregir también tiene que ser modificado en la ley sobre donaciones con fines educacionales.
Por otra parte, si bien lo que sigue no dice relación directa al asunto en debate, me interesa destacar el número 2 del artículo 1º que se sustituye en la ley Nº 19.885, norma que impide, en el caso de candidatos a cargos de elección popular, tener derecho al crédito tributario por donaciones a determinadas instituciones entre los seis meses anteriores a la fecha de inscripción de la postulación y los seis meses posteriores a la elección. Me parece poco.
Lo mismo habría que señalar de las donaciones que se efectúen, dentro de ese plazo, a entidades en cuyos directorios participen dichos candidatos.
Tenemos que buscar una fórmula más eficiente al respecto. Porque cabría decir que en esos casos es injusto que no se pueda donar, pero si, a seis meses de la elección presidencial, un candidato dueño de numerosas empresas va a hacer una gran donación por disponer de recursos considerables, muchos podrían afirmar que media una intervención electoral. Nadie podría concluir que no lo es una donación hecha, por ejemplo, en junio de 2009, en plena campaña presidencial.
Por tanto, me parece que el plazo es breve y que debiera ser aumentado.
De igual modo, señor Presidente , debiera existir una información permanente respecto de cómo funciona el mecanismo. La Comisión aprobó la iniciativa y, al parecer, el Senado se dispone a hacer lo mismo. Por mi parte, soy partidario de que los antecedentes sean allegados a ese organismo técnico y sean públicos.
Voy a votar a favor de la indicación del Senador señor Orpis.
Señor Presidente , por desgracia, no estuve en la Comisión de Hacienda cuando se presentó la indicación. En todo caso, advierto que en el informe se señala que ella fue rechazada por unanimidad, aunque no se explican las razones que se tuvieron en vista para adoptar esa decisión. Quizá el Senador señor García , que también aparece rechazándola, podría ilustrarnos al respecto.
En lo personal, comparto la motivación del Honorable señor Orpis en el sentido de que las donaciones puedan distribuirse de manera pluralista y no concentrarse solo en grandes instituciones.
Ahora, esa discusión no la sostuvimos a propósito de la indicación, sino cuando se trató la existencia del Fondo que contempla la iniciativa. Y en eso mantuvimos un punto de vista distinto del Senador señor Orpis , que es contrario a la idea de establecerlo. El concepto básico de la solidaridad dentro del mecanismo de las donaciones se halla determinado por la obligación relativa al Fondo, en tanto una empresa no puede obtener el beneficio tributario y asignar el cien por ciento de su donación a una sola institución. Y la idea es, justamente, que una parte de esos recursos vaya a un Fondo, para que instituciones más pequeñas, menos conocidas, con menos brillo, con menos visibilidad, también resulten favorecidas con ellos. Pero, como digo, con el Honorable señor Orpis mantuvimos un punto de vista distinto en ese tema.
Por lo que colijo y lo que explica el señor Senador, lo que este plantea en la indicación es algo distinto: que no pueden beneficiarse de este mecanismo de donación dos entidades relacionadas.
Entonces, ¡ojo!, porque grandes instituciones, como el Hogar de Cristo, generan otras actividades, y lo que se está haciendo con la indicación es impedir que se entregue el beneficio tributario a una obra secundaria, con una razón social distinta pero generada por la entidad madre. Eso es diferente.
Que se opte.
Creo que hay argumentos a favor y en contra. Aquí, por ejemplo -el propio señor Senador me lo expresaba-, si una empresa le dona directamente al Hogar de Cristo, no puede donarle también a Un Techo para Chile. Eso es lo que se expresa.
Entonces, que sea bien claro lo que se está discutiendo.
Por mi parte, tengo la sensación de que puede ser justo que una empresa le done a ambas entidades. Esa es la discusión, para que la Sala se ilustre.
Por desgracia -reitero-, no estuve en la Comisión cuando se abordó el punto, pero mi impresión es que, de repente, se está tomando una decisión sobre algo que no está claramente advertido.
Señor Presidente , en la Comisión de Hacienda rechazamos por unanimidad, en efecto, la indicación del Senador señor Orpis , primero por una razón de fondo, y luego, también por una razón de forma.
La razón de fondo es la que ha mencionado el Honorable señor Ominami : de aprobarse la proposición, pudiera significar que si se le dona al Hogar de Cristo no se podría hacer lo propio con la Fundación Un Techo para Chile, porque, supuestamente, uno y otra están relacionados; son las mismas instituciones que integran sus directorios, en fin.
Pero la razón de forma también es muy importante, porque ocurre que no está definido en la ley el concepto de "empresas relacionadas". Y encuentro que dejar al Consejo la labor de definirlo se puede prestar para una enorme arbitrariedad.
Digo esto porque, por ejemplo, se podría donar a la Fundación Las Rosas y querer hacer otro tanto con una fundación que también mantuviera hogares de ancianos, y bien pudiera entenderse que son actividades relacionadas, aun cuando, desde el punto de vista jurídico, fuesen enteramente distintas.
Entonces, el concepto tendría que ser el de "jurídicamente relacionadas", y luego habría que entrar incluso a definir el grado de relación, el número de consejeros o de directores, etcétera. Eso complica bastante la situación.
Dado que existe urgencia en despachar la iniciativa y que finalmente se logró llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para modificarla -porque, en realidad, lo que recibimos inicialmente era bastante malo y mejoraba muy poco la actual Ley de Donaciones-, convinimos en aprobarla como este la venía proponiendo, dejándose de lado la indicación que establecía el requisito de que las instituciones beneficiadas no fueran relacionadas. Se ha perseguido el propósito de lograr un pronto despacho del proyecto, porque lo cierto es que las donaciones con fines sociales están absolutamente paralizadas y son muchas las instituciones que necesitan los aportes y hacen un tremendo bien en ese ámbito. Aunque todo es perfectible, en este momento la rapidez requerida obliga a llegar a acuerdo con el Ejecutivo y sacar cuanto antes esta legislación.
Solicito el acuerdo de la Sala para prorrogar el Orden del Día, que termina a las 19 -se corre el riesgo, por lo tanto, de no poder despachar en esta oportunidad la normativa en debate-, a fin de que puedan intervenir todos los señores Senadores inscritos. Son cinco hasta el momento.
Señor Presidente , se encuentra citada la Comisión de Agricultura. Vienen autoridades de Gobierno y esperamos resolver un asunto que creo importante. En consecuencia, o nos autorizan para actuar en paralelo, o no concedemos la prórroga, porque no podemos estar en dos sitios a la vez.
Otra alternativa es que los señores Senadores inscritos no intervengan, a fin de votar ahora.
¿Por qué no nos pronunciamos mañana, señor Presidente?
No hay prórroga, señor Presidente .
Señor Presidente , solo deseo hacer una aclaración. El concepto de "empresas relacionadas" -y, por lo tanto, lo atinente a la "relación"- está definido en forma bastante clara en el decreto ley Nº 824, Ley de la Renta.
Ello se vincula con relaciones tanto de carácter patrimonial como administrativo.
Estoy de acuerdo con la indicación del Senador señor Orpis, para que no se registre una centralización excesiva en ciertas instituciones que pueden contar con un muy buen manejo pero impiden el surgimiento de nuevas organizaciones para atender necesidades distintas de aquellas que cubren las entidades actuales.
En lo personal, conozco, para citar un caso, la labor que realiza la Fundación Las Rosas, a la que considero una gran institución, y que no ha logrado remontar todo lo que necesita.
También existen otras organizaciones que requieren tanta ayuda como ella. Naturalmente, cuando no poseen suficiente capacidad de marketing, de manejo o de relaciones, son de carácter menor.
La propia Fundación del Senador señor Orpis , por ejemplo, efectúa una gran obra, pero seguramente enfrenta dificultades de financiamiento, entre otras cosas por no registrar la misma difusión que el Hogar de Cristo.
En consecuencia, comparto el contenido de la indicación.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Proyecto de acuerdo, presentado por los Senadores señores Navarro, Ávila, Flores y Naranjo, mediante el cual se solicita a Su Excelencia la Presidenta de la República que evalúe la posibilidad de enviar ayuda humanitaria a los damnificados por los recientes fenómenos climáticos en Haití, República Dominicana y Cuba.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 1110-12) figuran en el Diario de Sesiones que se indica:
Se da cuenta en sesión 51ª, en 10 de septiembre de 2008.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Tiene la palabra el señor Secretario.
El señor HOFFMANN (Secretario General).- El propósito que se persigue es el envío de ayuda a los miles de afectados por los huracanes que han azotado a los países a los que se ha hecho referencia.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- En votación.
El señor PROKURICA (Vicepresidente).- Terminada la votación.
--Se aprueba el proyecto de acuerdo (18 votos).
Votaron la señora Matthei y los señores Allamand, Ávila, Espina, Flores, García, Gazmuri, Kuschel, Larraín, Longueira, Naranjo, Navarro, Novoa, Ominami, Orpis, Prokurica, Romero y Vásquez.
A la señora Superintendente de Servicios Sanitarios , para INVESTIGACIÓN SOBRE TRANSFERENCIA DE CONCESIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN REGIÓN DE MAGALLANES.
A los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Obras Públicas, acerca de HABILITACIÓN DE CAMINOS DE INTEGRACIÓN CON ARGENTINA EN ZONA AUSTRAL.
Al señor Ministro de Obras Públicas y la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, pidiendo FONDOS PRESUPUESTARIOS 2009 PARA HABILITACIÓN DE CAMINO DE PENETRACIÓN ENTRE LAGO VERDE Y LA TAPERA (Undécima Región).
A la señora Directora Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal , requiriendo información sobre PROTECCIÓN DE PARQUE NACIONAL LAGUNA SAN RAFAEL ANTE EVENTUAL CONCRECIÓN DE CENTRALES HIDROELÉCTRICAS EN AISÉN.
A la señora Superintendente de Electricidad y Combustibles y señor Director del Servicio de Salud de Aisén , con el objeto de que remitan antecedentes sobre DERRAME DE COMBUSTIBLES Y ACEITES EN ESTERO SAN LUIS, PUERTO CISNES.
A los señores Ministros de Defensa Nacional, de Hacienda , Secretario General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social, para consultar sobre POSIBILIDAD DE ESTUDIO POR GOBIERNO DE PROYECTO DE LEY DE REPARACIÓN A CONSCRIPTOS ENTRE 1973 Y 1990.
Al señor Ministro de Obras Públicas , con el objeto de que informe sobre REEMPLAZO, FISCALIZACIÓN Y CAMBIO DE TAGS.
Del señor NÚÑEZ:
A la señora Ministra de Salud , a fin de pedir ESTUDIO SOBRE LUDOPATÍA EN POBLACIÓN CHILENA Y FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN TAL PATOLOGÍA.
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité Demócrata Cristiano, que no lo usará.
En el tiempo del Comité Mixto (Partido Radical Social Demócrata), tiene la palabra el Honorable señor Ávila.
Señor Presidente , el martes 23 de septiembre, la Ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso señora Eliana Quezada sometió a proceso por el delito de secuestro calificado, en calidad de autores, a cuatro oficiales y nueve suboficiales en retiro de la Armada, en el marco de la investigación del llamado "caso Woodward".
Los ex miembros de las Fuerzas Armadas afectados por la medida son los capitanes de Navío Víctor Valverde y Luis Holley ; los capitanes de Fragata José Yáñez y Marcos Silva ; los suboficiales de Infantería de Marina José García, Alfredo Mondaca , Luis Pinda y Carlos Miño ; el suboficial mayor José Rojas ; los sargentos primeros Pedro Vidal y Héctor Palomino ; el cabo segundo Guillermo Inostroza , y el marinero primero Claudio Cerezo .
Por primera vez en la historia del caso, una magistrada entrega los detalles formales de la desaparición del sacerdote. Según su investigación, el capitán de Navío (r) Víctor Valverde Steinlein , director de la Escuela de Operaciones de la Armada , fue el jefe en la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), usada por la Marina como centro de detención hasta fines de octubre de 1973, tras el golpe militar.
Gracias a la señora Ministra sabemos que el capitán de Navío (r) Luis Holley de la Maza y los capitanes de fragata (r) José Yáñez Riveros y Marcos Silva Bravo comandaron los equipos que la Armada formó, coordinados por Valverde, para reprimir en los cerros Los Placeres, Esperanza y Barón . Miguel Woodward fue detenido el 21 de septiembre en el mismo cerro donde murió Portales y conducido a la casa de estudios superiores, donde recibió golpes y torturas.
El sacerdote continuó luego siendo torturado en la Academia de Guerra Naval y quedó moribundo. Fue necesario trasladarlo al buque escuela Esmeralda , donde existía un hospital de campaña. Allí fue chequeado por el oficial y médico naval Kenneth Gleiser , quien recomendó llevarlo al Hospital Naval, entonces ubicado en el cerro Playa Ancha.
A quienes encuentran absurda la figura legal del secuestro permanente quiero decirles que es más espantoso no saber hasta hoy dónde se encuentra el cuerpo de Miguel Woodward . Incluso no se ha determinado aún el lugar exacto donde murió.
La acuciosidad que ha manifestado la magistrada Eliana Quezada determinó de seguro que recibiera amedrentamientos y amenazas de muerte. Ya en noviembre del año pasado el recientemente desaparecido Diputado señor Juan Bustos informaba que la jueza era víctima de tales actos. En su momento se debió pedir protección policial.
Hoy, cuando, lamentablemente, ya no se encuentra entre nosotros ese parlamentario, homenajeado por todo un país, se informa que después de la resolución del martes pasado las amenazas de muerte y los llamados por teléfono buscan de nuevo intimidar a la jueza tras la excelente investigación que ha realizado. Se pretende, sin dudas, trabar el avance registrado por el proceso.
En las últimas semanas se intensificaron los seguimientos y amenazas en su contra. Prueba de ello es que le han gritado insultos en la calle y que vehículos desconocidos le han cortado el paso en la carretera.
No es clara la información respecto de qué institución le estaría prestando el debido resguardo a la magistrada, como tampoco cuál es la protección que el Ejecutivo ha destinado para tal efecto. Por lo tanto, señor Presidente , solicito que se oficie tanto al Ministerio del Interior como a la Subsecretaría de Carabineros para que nos indiquen en detalle el tenor de las amenazas y cuál es la estrategia de protección con que cuenta la señora Eliana Quezada .
En el turno del Comité Partido Renovación Nacional, tiene la palabra el Honorable señor Allamand.
Señor Presidente , hace unos días intervine en relación con diversos antecedentes sobre la inauguración de la construcción del puente San Pedro , ubicado en la ciudad de Osorno, Décima Región.
En esta oportunidad, con respecto a la misma materia, solicito que se oficie a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado en particular para que informe acerca del cumplimiento del "Acuerdo tripartito de acceso a inmueble de propiedad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado y expropiación", de 28 de marzo de 2008, relacionado precisamente con la obra pública a que he hecho referencia.
Dicho convenio fue suscrito por el Gerente General de EFE; el Intendente de la Región de Los Lagos , señor Sergio Galilea , y el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas de esa Región , señor Eduardo Vicencio .
En ese instrumento se establece que, como la construcción del puente "requiere necesariamente emplazar una de sus bases en los terrenos de propiedad de EFE", la empresa autoriza a ingresar a dichos inmuebles, dejando "expresa constancia de que no podrán iniciarse trabajos de excavación" mientras no se cumplan tres requisitos:
1.- Que la empresa EFE haya autorizado la construcción del paso inferior del nuevo puente;
2.- Que la empresa EFE haya percibido el pago de los derechos correspondientes al atravieso, y
3.- Que el Gobierno haya expropiado o adquirido los inmuebles, de propiedad de EFE (en los que parcialmente se emplazará el puente), en la parte que corresponda, lo que debió ocurrir, conforme al convenio a que he hecho referencia, "durante el primer semestre del año en curso".
En consecuencia, solicito que se oficie a la Empresa de Ferrocarriles del Estado a fin de que nos informe detalladamente acerca del cumplimiento del convenio y, en particular, de los tres requisitos o exigencias que mencioné, acompañando todos los documentos que resulten pertinentes, ya sea con relación al cumplimiento mismo de aquel o con respecto a cualquier otra materia atingente a la construcción del puente San Pedro en la ciudad de Osorno.
En los tiempos de los Comités Independientes y Socialista, tiene la palabra el Senador señor Navarro.
Señor Presidente , en marzo del año pasado se decía que la decisión respecto al estándar de la televisión digital en Chile se daría a conocer el 31 de ese mismo mes.
Han pasado 19 meses desde entonces y seguimos sin saber cuál será la norma que adoptaremos.
Brasil optó por la japonesa, con modificaciones nacionales, el 2006, y estableció el apagón analógico para el 29 de junio de 2016.
Colombia adoptó la norma europea en agosto pasado, y su apagón analógico será el 2019.
Uruguay también hizo su opción por la norma europea en agosto del año pasado, pero aún no fija su apagón analógico.
México, que adoptó la norma norteamericana en julio del 2004, definió su apagón analógico para el 2021.
Honduras igualmente se inclinó por la norma norteamericana -¡no faltaba más!- en enero del año pasado y estableció julio del 2022 como límite para su apagón analógico.
Argentina está en la etapa final para definir su norma.
Entonces, cuando durante gran parte del 2006 y todo el 2007 se hicieron constantes anuncios sobre la inminente decisión nacional y esta aún no se lleva a efecto, solo cabe preguntarse: ¿qué la detiene? Al principio, era tener toda la información a mano. Luego, esperar los resultados de los estudios comparativos encargados. Más tarde, la realización de algunas pruebas técnicas y la evaluación de los costos que significarían para la población y el Estado cada una de las normas.
En el camino, muchos seminarios para discutir, discutir y discutir el tema; noticias en los medios que hablan de diferencias al interior del Gobierno sobre cada alternativa; lobby desplegado por las empresas promotoras de cada norma.
Pero el tiempo transcurre y seguimos sin dar el paso que falta.
¿Cuándo modificaremos las normas legales que se requerirán para la puesta en marcha del sistema? ¿Cuánto tiempo demoraremos en llegar al apagón analógico? ¿Cuánto costará el decodificador (esto es muy importante)? ¿Deberá cancelarlo íntegramente el usuario, o habrá algún tipo de subsidio estatal?
El año pasado se había hablado incluso de poder ver en señal digital las Olimpiadas de Beijing. Los Juegos terminaron y todavía seguimos a la espera. Los canales regionales (unos 120), que hoy deben trabajar limitados a la transmisión por cable, aguardan su oportunidad para invertir en un desarrollo propio, autónomo, independiente, a través de la señal digital abierta que aún no llega.
Entendemos que una decisión de esta envergadura no es simple, pero también está claro que cada día que pasa es un día más que nos quedamos atrás respecto del desarrollo que van alcanzando otros países, especialmente Brasil, cuya determinación ha ido de la mano con el desarrollo de su industria científica, tecnológica y computacional, no limitándose a una pura decisión tecnocrática o económica.
Allí los japoneses fueron a invertir. Se trató de una resolución que estableció una cooperación e integración económica descomunal.
Esperamos que la decisión se tome pronto y, en especial, que se adopte pensando en la democratización y ampliación del espectro televisivo, tanto nacional como regional, para que no tengamos solo 3 ó 4 canales de televisión abierta, sino muchos: 36, 40 o más. Así, habrá espacio para la pluralidad territorial, humana, religiosa, cultural, que seguimos echando tanto de menos en Televisión Nacional.
Por eso, solicito que se oficie al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones con el objeto de que nos indique cuáles son los plazos reales que está manejando el Gobierno para adoptar una norma de televisión digital y cuáles son los obstáculos que enfrentamos y que nos impiden, como país, tomar esa decisión ahora.
Está bien, el Ministro señor Cortázar ha estado ocupado del Transantiago. El Subsecretario señor Pablo Bello ha señalado en numerosas ocasiones que la decisión está a punto de tomarse. El espacio para el lobby nos va a encontrar con la ley del sector aprobada, lo cual es positivo.
Sin embargo, todo indica que la pugna de intereses es tan brutal que, a la fecha -según información que tenemos-, se sigue importando la friolera de 60 mil televisores adaptados a la norma norteamericana. Es decir, nos quieren imponer esta norma por la vía de los hechos consumados. Porque, claramente, si el mercado se copa de estos aparatos, los usuarios van a tomar su determinación por ese camino.
Por ello, resulta muy importante que el señor Ministro pueda responder, dar una explicación al país. Hay mucha inquietud, no solo entre los usuarios, los televidentes, que no tienen defensor alguno, sino también en el sector comercial y en los gobiernos. Legítimamente, los gobiernos europeos, el japonés, el norteamericano, han desplegado también un fuerte lobby. Hemos escuchado a los embajadores.
En particular, tengo una opinión más cercana a la norma europea.
Es una decisión que debe tomar la Presidenta, y siento que se ha aplazado sin un fundamento plausible.
Señor Presidente , quiero expresar mi desazón ante un eventual intento premeditado de mutilación del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, por medio de un decreto promulgatorio que se publicará en el Diario Oficial.
Hemos sabido que se pretende fundar la promulgación del Tratado con una declaración interpretativa que no fue aprobada por el Senado. Esto es inconstitucional, e implica actuar de mala fe y hacer historia de la ley con elementos parciales y no definitivos.
El decreto de ratificación del Convenio 169 expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores a la OIT contiene la referencia del intercambio epistolar entre el señor Viera-Gallo , Ministro Secretario General de la Presidencia , y la Oficina de Normas de la OIT. Esa carta es previa a la aprobación del Senado, que no contiene ninguna declaración interpretativa. La única declaración concreta se hizo en la Comisión de Relaciones Exteriores. Y ahora se pretende fundar la promulgación del Tratado y su publicación en el Diario Oficial con una declaración interpretativa que no fue votada ni aprobada.
Si eso ocurre, estaremos frente a una situación grave. El Senado, efectivamente, tendrá que reaccionar.
El Departamento de Normas de la OIT, en su respuesta al Ministro señor Viera-Gallo , de febrero de 2008, señala expresamente que, de acuerdo con la Constitución de la Organización del Trabajo, la OIT NO está facultada de ninguna manera para interpretar un convenio de la Organización. Solo se limita a proporcionar información complementaria. En efecto, según la Constitución de la OIT, el intérprete autorizado de un convenio del trabajo es la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Al incorporar esta carta de la OIT al decreto promulgatorio del Convenio 169, el Gobierno pretende dar estatus de interpretación autorizada del Convenio a lo que es una simple información (una carta enviada por el Ministro señor Viera-Gallo).
Quiero advertir que vamos a tener un grave lío si esto ocurre.
Con ello se burla la Constitución de la OIT. Anexar al decreto promulgatorio las cartas del Ministro señor Viera-Gallo -por muy importante que sea- y el Departamento de Normas de la OIT es un acto de derecho interno chileno. Tal decreto promulgatorio, con esos anexos, es contrario a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que en su artículo 27 establece que "Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado".
O sea, no podemos justificar que nos saltaremos el Convenio 169 porque hay una carta del Ministro señor Viera-Gallo dirigida a un representante de la OIT.
Lo que se persigue es investir a tales cartas de un estatus o marco interpretativo, tergiversando hechos y transgrediendo normas.
A nuestro juicio, esta cita a las cartas a la OIT tiene como única función desactivar la aplicación del Convenio mediante recursos judiciales ante el Tribunal Constitucional. Semejante actitud no es tolerable, pues lesiona gravemente la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo , particularmente con el Senado, que despachó el Convenio 169 -¡casi todos lo votamos a favor!-, sin ninguna carta del Ministro señor Viera-Gallo .
Por esta razón, pondré todos los antecedentes en manos del Presidente de esta Corporación, pues yo no aprobé el Convenio 169 con alguna declaración. Lo aprobé, al igual que mis Honorables colegas -con excepción del Senador señor Novoa , quien, legítimamente, votó en contra-, sin ningún intento de mutilación, como se pretende hoy día.
No es posible que se utilice como fundamento una parte no definitiva de la tramitación del Convenio. La prueba de todo ello se encuentra en las actas de esta Alta Cámara y en los oficios enviados al Ejecutivo . No existe ninguna declaración sugerida por el Senado. Es más, la Constitución es clara en señalar que es, no dicha rama del Parlamento, sino el Congreso, en su conjunto, el que "podrá sugerir" una declaración, para que esta sea válida. Pero nada de ello ha ocurrido. No se puede pretender consolidar una declaración que no fue aprobada con los votos ni del Senado ni de la Cámara de Diputados.
El Gobierno ha señalado que el intercambio epistolar con la OIT tiene por finalidad determinar el alcance de algunas disposiciones del Convenio en el ordenamiento jurídico chileno. Pero esto no es necesario y solo revela el intento de boicot a un tratado en las postrimerías de su proceso de tramitación. La OIT jamás ha permitido reservas o declaraciones interpretativas en su práctica institucional. Las ratificaciones y los decretos promulgatorios deben ser hechos de manera pura y simple, no condicionada. Si no, ¡para qué aprobamos el Convenio! ¡Para qué lo suscribió el Ejecutivo! ¿Se pretenderá borrar con el codo lo que se firmó con la mano?
Esta solución "a la chilena" es igual a la que intentó Guatemala, cuyo decreto promulgatorio interno supeditaba la vigencia de las normas del Convenio 169 a su legislación interna, lo que trabó su aplicación por más de diez años.
Los creadores de esta estrategia no se saldrán con la suya, señor Presidente . Cualquiera limitación de los efectos del Convenio 169 en el decreto promulgatorio adolecerá de nulidad de derecho público, ya que nadie puede dificultar de manera ilegal un tratado de derechos humanos.
Si el Gobierno de Chile no logró mutilar el Convenio ante la OIT, tampoco le es factible hacerlo ante el derecho interno. Apelaremos a todas las instancias, incluida la Contraloría General de la República y la propia Organización Internacional del Trabajo, para declarar ilegal esa estrategia, así como el decreto promulgatorio. Este decreto debe ser objetado, pues consolida una declaración interpretativa irregular, que no ha sido emitida de acuerdo con la Constitución.
Nos queda otra duda: la carta de la Presidenta Bachelet a la OIT comunicando la ratificación tiene fecha 8 de AGOSTO. ¿Es esta la misma carta a que hace referencia la comunicación de la OIT como NOTA 284? La carta de la Organización Internacional del Trabajo confirmando la ratificación, enviada el 17 de septiembre, menciona una NOTA 284, del Gobierno de Chile, de fecha 8 de SEPTIEMBRE y recepcionada el 15 del mismo mes. La carta de la Presidenta Bachelet del día 8 de AGOSTO, ¿es la misma de la NOTA 284, o hay más documentos reservados? Y si los hay, ¿por qué son reservados?
En resumen, tenemos varios puntos:
1° La carta del Ministro señor Viera-Gallo , que es falaz, pues no existe una declaración interpretativa del Senado, sino solo de su Comisión de Relaciones Exteriores.
2° La carta de la OIT al Ministro señor Viera-Gallo no constituye interpretación autorizada.
3° Incorporar ambas cartas al decreto promulgatorio del Convenio 169 implica dar estatus de marco interpretativo a una falacia y a un documento no autorizado.
4° Tal marco interpretativo de derecho interno es contrario a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Por lo expuesto, señor Presidente , solicito que se haga llegar copia de mi intervención al Comisionado Indígena señor Egaña , al Director y a los miembros del Consejo de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), al Ministro del Interior , al Ministro Secretario General de Gobierno , al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, al Ministerio de Planificación, al Contralor General de la República , al Consejo Nacional Aimara, al Consejo de los Pueblos Atacameños, a la Identidad Lafquenche, al Consejo de Todas las Tierras, al Parlamento Mapuche, a la Asamblea Mapuche de Izquierda , al Consejo de Caciques de Chiloé, a los dos Consejos de Ancianos de Rapa Nui, a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y, por cierto, a la OIT en Ginebra.
Además, pido que se oficie a la Cancillería y a la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, para que nos hagan llegar una copia facsimilar de la famosa NOTA 284.
Igualmente, solicito enviar oficio, en mi nombre, a la Central Unitaria de Trabajadores, como parte mandante de la OIT, a fin de que intervenga ante el Gobierno y ante ese organismo por este fraude -si se llega a consumar- a la ley chilena e internacional.
Asimismo, pido que se oficie a la Contraloría General de la República con el propósito de que no tome razón del decreto promulgatorio y solicite a esta Corporación un oficio aclaratorio sobre lo que realmente aprobó.
¡Estoy hablando del Senado de la República, señor Presidente ! En Chile no existe monarquía, sino división de Poderes. Y si la Cámara Alta acepta que se hagan este tipo de cosas, pierde facultades y potestad.
Solicito, también, que se oficie a la Contraloría General de la República pidiéndole que requiera el pronunciamiento del Congreso acerca de si hizo o no alguna sugerencia de declaración interpretativa de acuerdo con los procedimientos constitucionales, y planteándole que no puede tomar razón del decreto promulgatorio por presentar discrepancias respecto de lo que el Estado de Chile registró ante la OIT.
Finalmente, pido remitir oficio a la Presidenta de la República para que promulgue y publique el Convenio 169 sin ningún texto o documento adicional.
En el resto del tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Senador señor Naranjo.
Señor Presidente , en esta ocasión me referiré a dos hechos que ocurrieron justamente en el mes de septiembre: uno, 34 años atrás, y otro, hace pocos días. El primero dice relación al asesinato del Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Prats y de su esposa, señora Sofía Cuthbert; y el segundo, a la expulsión, por parte del Gobierno de Venezuela, del Director para América Latina de la organización Human Rights Watch.
Señor Presidente , hace 34 años, el 30 de septiembre de 1974, fueron brutalmente asesinados en Buenos Aires el ex Comandante en Jefe del Ejército General Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert .
Desde un comienzo, a los sectores democráticos no nos quedó ninguna duda de que detrás de los asesinatos se encontraba la mano de la dictadura del General Pinochet y, específicamente, de la DINA, ya que por todos era sabido que al General Prats no se le perdonaba su doctrina constitucionalista, opuesta al golpe militar.
Sin embargo, tal como ocurrió en otros crímenes cometidos por la DINA en el extranjero, la Junta Militar "condenó" ese "brutal acto de violencia", atribuyéndoselo a agentes del "comunismo internacional". Pero, en contradicción con sus afirmaciones, nunca ordenó una investigación acerca de ese hecho, ni se la solicitó al Gobierno argentino, con el cual se relacionaba estrechamente a través de la denominada "Operación Cóndor", cuyo objetivo era exterminar a los opositores de los regímenes militares en América del Sur. Tampoco pudo explicar por qué al General Prats y a su esposa no se les concedieron los pasaportes que habían solicitado en la Embajada de Chile en Buenos Aires para viajar a otro país.
Y lo que igualmente constituye un hecho no menor y posee enorme simbolismo, señor Presidente, es que, a pesar de haber sido el General Prats un ex Comandante en Jefe del Ejército, durante la dictadura militar nunca se le rindieron los honores a que tenía derecho.
Tales conductas demostraban, sin lugar a dudas, que detrás de ese crimen se encontraban las más altas autoridades del Régimen militar. Se trataba de eliminar a quien consideraban un "traidor" a su causa y un supuesto peligro, ya que lo veían como una persona que podía unificar y encabezar la oposición democrática.
Sin embargo, señor Presidente , gracias a la persistencia de las hijas del General Prats, quienes nunca cedieron a presiones y amenazas, al final la verdad que todos conocíamos se comprobó jurídicamente.
Es así como la jueza argentina señora María Servini de Cubría estableció que Enrique Arancibia Clavel , Michael Townley y Mariana Callejas , todos agentes de la DINA, participaron de manera directa en los asesinatos, para lo cual contaron con la colaboración de extremistas italianos de Derecha y de los organismos de seguridad transandinos.
En definitiva, después de esa investigación, solo Arancibia Clavel fue condenado (a cadena perpetua), aunque se le otorgó la libertad condicional el año 2007.
Pero eso no era suficiente, pues en nuestro país ni el Poder Judicial ni el Ejército habían hecho algo para esclarecer dichos asesinatos, lo cual, lógicamente, nos debía llenar de vergüenza a todos los chilenos.
En efecto, en el caso del Ejército, solo en los últimos años se procedió a realizar gestos de reparación hacia quien fue su Comandante en Jefe. Tuvo que pasar más de una década desde la recuperación de la democracia y desaparecer la figura de Pinochet como actor político para que eso aconteciera. Sin duda, algo lamentable, que empaña la hoja del Ejército como institución nacional.
Por su parte, los tribunales de justicia apenas el 25 de febrero de 2003, es decir, después de 29 años de sucedidos los hechos, por intermedio del juez Alejandro Solís , procedieron a procesar a la cúpula de la DINA.
Y solo el 30 de junio de este año -es decir, hace pocos días- se dictó sentencia, en primera instancia, condenando a Manuel Contreras a dos cadenas perpetuas por los homicidios calificados de Carlos Prats y Sofía Cuthbert , y además a 20 años de presidio por ser el jefe de una asociación ilícita.
Por otra parte, el Coronel Pedro Espinoza recibió dos condenas de 20 años por los mismos asesinatos.
De la misma forma, un numeroso grupo de agentes, entre los cuales se encontraban los hermanos Iturriaga Neumann , también recibieron condenas.
Angélica Prats , hija de los asesinados, al conocer la sentencia en primera instancia, señaló: "Ahora el país conoce la verdad".
Señor Presidente , no podemos desconocer que resulta lamentable que al conmemorarse 34 años de tan alevosos crímenes, aún los tribunales de justicia de nuestro país no hayan sido capaces de condenar definitivamente a los asesinos del General Prats y su esposa.
En este sentido, la mejor reparación que los chilenos podemos hacer a ambas víctimas es lograr que las instancias judiciales ratifiquen cuanto antes las condenas dictadas en primera instancia por el juez Alejandro Solís.
Mientras eso no ocurra, los chilenos, y muy especialmente el Poder Judicial, continuarán teniendo una enorme deuda con el General Prats y su esposa y con su familia.
Por tal motivo, hago un llamado al Poder Judicial para que agilice los procesos correspondientes, ya que es lo menos que podemos hacer en memoria de este gran oficial y su esposa.
De igual forma, espero que el Ejército, una vez dictadas las condenas definitivas, cumpla su palabra y, por tanto, retire todos los honores y grados militares a los asesinos, los cuales hasta hoy gozan de diversos privilegios.
Señor Presidente, quiero que esta intervención se haga llegar a la familia del General Prats.
--Se anuncia el envío de la comunicación solicitada, en nombre del señor Senador, conforme al Reglamento.
Señor Presidente , no quiero dejar pasar la oportunidad para referirme a otro hecho que también ocurrió en un día de septiembre, pero de 2008.
Hace algunos días el Gobierno de Venezuela procedió a expulsar violentamente al Director para América de la organización Human Rights Watch , el ciudadano chileno, compatriota, José Miguel Vivanco , acusándolo de haber violado normas internas constitucionales, debido a un informe crítico sobre la situación de los derechos humanos en dicho país, dado a conocer en una conferencia de prensa efectuada en Caracas.
Tal expulsión generó enorme convulsión y, principalmente, un rechazo unánime, tanto a nivel internacional como nacional.
Es así como en Chile quienes apoyaban al Presidente Chávez respaldaron abiertamente esa expulsión, mientras que el Gobierno y algunos sectores oportunistas, la condenaron.
A ello hay que sumar las condenas de diversas organizaciones internacionales como la Asociación Latinoamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin lugar a dudas, esta situación tuvo en nuestro país una especial significancia debido a que el Presidente Chávez es un personaje conflictivo que, además, concita mucho rechazo en la sociedad.
Ante esta circunstancia, uno no puede dejar de preguntarse si hubiese existido el mismo revuelo en Chile si el expulsado fuera ciudadano de otro país y los hechos hubiesen ocurrido en Asia, África u otro continente. Aún más claro, si el país autor de esta acción hubiese sido, por ejemplo, una potencia como China, ¿habría sido la respuesta de condena de todos por igual? No me cabe duda alguna, señor Presidente , de que la respuesta sería "NO".
Entonces, volvemos una vez más al problema central, que ha sido la permanente dificultad que han enfrentado los derechos humanos durante la historia de la humanidad. A veces, "los árboles no dejan ver el bosque".
Lo que verdaderamente importa, más allá del hecho puntual, y que condeno enérgicamente, es el respeto y el apoyo que los Gobiernos democráticos del mundo prestan a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
Y esto pasa por dejar en el pasado las defensas corporativas y carentes de la mínima objetividad respecto de los regímenes con los cuales podemos tener cierta simpatía.
Una de las tragedias de la promoción y defensa de los derechos humanos, principalmente durante la denominada "Guerra Fría", fue justamente la excesiva politización de ellos.
Esto no solo inhibió muchas veces los pronunciamientos de importantes organismos internacionales como la ONU y la OEA, sino que también impulsó la descalificación de las organizaciones no gubernamentales -como Human Rights Watch-, las que aun a riesgo de la vida de sus integrantes condenaban las violaciones a los derechos humanos que ocurrían en distintos países del mundo.
Es así como, en forma lamentable, la defensa de los derechos humanos sufrió descalificaciones tanto de las dictaduras de Derecha como de Izquierda. Las primeras, cuando las personas denunciaban las violaciones a los derechos humanos las acusaban de ser agentes del comunismo internacional; las segundas, cuando en los socialismos reales se daba cuenta de las violaciones a los derechos humanos que ocurrían ahí, señalaban a los acusadores como "agentes de la CIA".
Sin embargo, lo lamentable es que muchos parecen no haber aprendido las lecciones de este doloroso pasado y continúan acomodando sus discursos en materia de derechos humanos a sus intereses políticos o económicos.
Es así como muchos de los que aplaudían a José Miguel Vivanco por ser uno de los primeros en manifestar que Pinochet podía ser juzgado en el extranjero, lo acusaban de ser agente de la CIA o de Bush. Por su parte, la Derecha, que lo condenó por haber dicho eso en relación con ese ex gobernante, hoy lo alababa por haber denunciado las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Una vez más la causa de los derechos humanos volvía a chocar con la misma piedra, como ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad.
Quienes realmente creemos en la causa de los derechos humanos no podemos continuar aceptando este tipo de argumentos que solo pretenden descalificar informes de organizaciones tan prestigiosas como Amnistía Internacional o Human Rights Watch .
En pleno siglo XXI y aprendiendo las lecciones de nuestro pasado, debemos hacer valer uno de los principios fundamentales de los derechos humanos: que son supranacionales y universales, razón por la cual ningún Estado puede invocar seriamente la intromisión en asuntos internos cuando es acusado de no respetarlos. Es decir, la defensa y promoción de los derechos humanos no tienen fronteras.
Por tanto, debemos dar nuestro más irrestricto apoyo a todo tipo de organizaciones que defiendan y promuevan los derechos humanos, sean estas la ONU, la OEA u organismos no gubernamentales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional.
Ojalá algún día termine el "doble estándar" en que caen algunos. Quienes en el pasado alababan a estas organizaciones por condenar al régimen de Pinochet y que hoy cuando alguien critica a un Gobierno que consideran "amigo" lo califican de "agente de la CIA", deben comprender que con dicha actitud le hacen un grave daño a la causa de los derechos humanos que dicen respetar y defender.
Es cierto que estos informes a veces pueden contener errores o presentar carencias, pero el deber del Estado democrático cuestionado es replicar con argumentos y no con medidas violentas y arbitrarias propias de las dictaduras del pasado, de Derecha o de Izquierda.
Chile es criticado principalmente por el denominado "conflicto mapuche" y por el hacinamiento carcelario. Pero nuestro Gobierno ha respondido con argumentos a esos cuestionamientos y no con medidas arbitrarias o con la expulsión de miembros de esas organizaciones.
Ese es el camino correcto. Ese es el actuar democrático. Pero, por sobre todo, constituye una muestra concreta de un compromiso sin límites con la causa de los derechos humanos, ya que el sacrificio de millones de víctimas en todo el mundo no puede ser en vano.
Señor Presidente , solicito que se haga llegar mi intervención al Ministro de Relaciones Exteriores , a la Embajada de Venezuela, a Amnistía Internacional y, por cierto, a la organización no gubernamental Human Rights Watch , con la cual, a través de mis palabras, quiero solidarizar.
Es plenamente conocido que en el marco de un régimen republicano, democrático y basado en el derecho a la autodeterminación, el fundamento del poder político radica en la soberanía del pueblo, entendida como el conjunto de ciudadanos libres e iguales que, manifestando su voluntad de concurrir al pacto social, constituyen lo que el mundo civilizado en los últimos siglos ha denominado como "la sociedad política", formada en aras de satisfacer el interés general de toda la comunidad, convivir civilizadamente, y no sólo respetar la dignidad humana sino desarrollarla de manera integral, a través de la observancia y el ejercicio de los derechos fundamentales de cada persona, que pasan a constituir la guía, el norte y el objetivo básico del ejercicio del poder político.
Dentro de tales derechos fundamentales están los denominados "civiles y políticos", entendidos como "derechos de participación del ciudadano en la sociedad política", que son el pilar fundamental del funcionamiento de la República, de tal forma que el derecho a elegir y ser elegido para la gestión de los asuntos comunes y la prosecución del interés general, son los presupuestos básicos de toda República.
Por ello, bajo el concepto democrático y en función de la soberanía popular, todo representante electo por la ciudadanía es un servidor del país, ejerce potestades por cuenta de la comunidad y para su bienestar, en el marco de lo que Abraham Lincoln definió como "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo".
El moderno Estado democrático, estructurado sobre la base del principio de separación de poderes, reconoce en el poder legislativo al representante directo e inmediato del pueblo soberano que constituido en Asamblea, ha de expresar la diversidad ideológica, moral y política de los distintos sectores de la sociedad, que han elegido a sus representantes sobre la base de reglas predeterminadas, de manera libre, informada y periódica. En este contexto la ley, principal acto parlamentario, es una declaración de la voluntad del pueblo soberano, reflejo fiel de las mayorías en la distribución de escaños y del respeto por la votación popular, todas cuestiones fundamentales sin cuya existencia se puede afirmar que no existe real democracia.
Nuestra institucionalidad electoral vigente debe ser eco de los principios de la democracia moderna. Si bien Chile mantuvo la institucionalidad política y electoral heredada de diecisiete años de autoritarismo militar, de manera pacífica, por los cauces establecidos, dentro del ordenamiento político y en un difícil proceso de quince años de transición, nuestro sistema político supo generar los consensos necesarios para finalmente repudiar el legado derivado del ideario de la Junta Militar, lo que significó el retorno de las antiguas tradiciones republicanas. A pesar de lo impecable de dicho proceso, quedaron tareas pendientes, una de ellas, el perfeccionamiento de la institucionalidad electoral, que además requerir la sustitución del sistema binominal necesita mejoras, una de los cuales busca ser abordado en el presente proyecto.
Una democracia eficiente, no puede funcionar con escaños vacíos en el poder legislativo y la institución del reemplazo resulta tan obvia como la misma elección. En la historia chilena de los últimos dieciocho años ha ocurrido que, a causa de hechos sobrevivientes, un elegido del pueblo ha fallecido en el ejercicio de su alta magistratura o caído en causales de cesación o inhabilidad lo que se traduce en la vacancia de su cargo.
Los procedimientos de sustitución deben ser entendidos a la luz de la historia política chilena reciente, y precisamente a ello responde el presente proyecto de reforma constitucional.
La tradición constitucional de occidente contempla diversas formas de reemplazo parlamentario. En la Constitución de 1925 mediante elecciones complementarias se reemplazaba al congresista que cesaba en el ejercicio de su cargo, mecanismo que el gobierno militar eliminó por los nefastos efectos políticos que se generaron de su aplicación antes de 1973.
Otra fórmula consiste en el reemplazo por el compañero no electo de la lista en la que postuló el parlamentario vacado, norma que rigió hasta la última modificación constitucional, objetada en razón de nuestro sistema binominal, en el que el compañero de lista, casi sin excepción, es militante de un partido distinto al del parlamentario cesado.
El mecanismo actualmente vigente en Chile, siguiendo los modelos europeos, entrega al partido la designación del reemplazante, lo que más bien corresponde al sistema parlamentario, centralmente distinto al exacerbado presidencialismo nacional.
De la misma forma que una democracia eficiente no puede funcionar sin escaños vacíos, un sistema de reemplazo para emergencias no puede ser una excusa para eludir el cumplimiento y el respeto de los principios fundantes de la convivencia política pacífica, entre los cuales se encuentran los ya muchas veces aludidos principios de participación y soberanía del pueblo.
Así, la pregunta es: ¿cómo generar un sistema de sucesión que no provoque trastornos en el sistema político y que sea lo más similar posible a la misma elección?. La respuesta es delicada, pues se estima la elección como fuente de legitimidad y razón de ser para el ejercicio del cargo parlamentario, por lo que un sistema que prescinda de la voluntad de los electores es conceptualmente imperfecto, y puede ser calificado como deficitario en términos de legitimidad democrática.
Sería iluso y utópico plantear el retorno de las elecciones complementarias, en circunstancias que el constituyente de 2005 las rechazó de plano, pero a su vez fluye que tanto la participación como la legitimación de las instituciones políticas son hoy una necesidad imperiosa.
De lo anterior se colige que no es dable permitir la subsistencia de una institucionalidad que permita calificar a los miembros del legislativo, según tengan mayor o menor legitimidad dada su generación, tal cual era en la ya pretérita época de los senadores designados.
Al respecto debemos considerar que el actual sistema permite que una directiva de un partido político, electa con una participación nunca superior a 30.000 votos, designe al reemplazante del parlamentario cesado, directiva que incluso puede no coincidir con la que proclamó la candidatura del parlamentario a reemplazar.
El presente Proyecto de Reforma Constitucional busca la legitimidad de origen, e intenta responder de manera armónica y equilibrada, a la necesidad de crear un sistema de reemplazo respetuoso de los principios básicos del sistema democrático, que a la vez no genere trastornos a éste, utilizando al mismo cuerpo electoral y en la misma elección parlamentaria para determinar quien pueda obrar de suplente, y sólo en subsidio de ello, la nominación del sustituto por mecanismos distintos, dotando de transparencia al proceso sucesorio.
Asimismo, y dada la generación del cargo parlamentario, distingue entre los parlamentarios electos en representación de colectividades políticas de aquéllos elegidos como independientes, caso este último en que se opta por un mecanismo fundado en la persona de dicho parlamentario pues tal calidad fue determinante para su elección, solucionando el vacío que contempla la actual Constitución Política de la República, al declarar expresamente que los independientes no serán reemplazados.
II.- PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
El presente proyecto consta de un artículo único, cuya finalidad es reemplazar los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 51 de la Constitución Política de la República, que contemplan el reemplazo de un parlamentario fallecido o que ha cesado en el cargo.
En razón de todo lo anterior, vengo en proponer el siguiente:
PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 51 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA.
Artículo único.- Reemplázanse los incisos tercero, cuarto y quinto del artículo 51 de la Constitución Política de la República, por los siguientes:
“Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que se haya señalado como eventual suplente en la cédula electoral respectiva, nominación que será esencial para la inscripción del candidato titular.
Si el suplente no pudiere asumir el cargo, la designación del reemplazante se hará por el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.
Si no pudiere asumir el cargo el suplente de un parlamentario electo como independiente, lo sustituirá de pleno derecho y en el mismo orden correlativo, una de las personas incluidas en una terna propuesta por el mismo parlamentario al momento de inscribir su candidatura, nómina que necesariamente deberá quedar en poder del Servicio Electoral."
(Fdo.): Guillermo Vásquez Úbeda, Senador.- Carlos Bianchi Celech, Senador.- Mariano Ruiz-Esquide Jara, Senador.
Nuestro sistema democrático todavía mantiene una diferencia entre las posibilidades de participación política entre personas que son parte de un partido político y aquellas que provienen de una naturaleza independiente a éstos.
Las diferentes normas que regulan nuestro sistema democrático vulneran en muchas ocasiones el principio de igualdad entre independientes y partidos políticos, establecido en el artículo 18 de la Carta Fundamental
Así, en el momento de la elección de cargos existen diferencias que privilegian a los partidos políticos. En el ejercicio del cargo, no es lo mismo ser representante de un partido o ser independiente, y en materia de financiamiento igualmente se discrimina favoreciendo con recursos públicos únicamente a organizaciones de tipo partido político
Un ejemplo claro, dentro de las muchas disposiciones que podrían ser citadas, es el artículo tercero de la ley 18.700, General de Votaciones Populares y Escrutinios, que discrimina entre las candidaturas independientes y las de partidos políticos, dándole la oportunidad sólo a esta últimas de formar listas en las que se unen las fuerzas y votos de dos candidatos, mientras que los independientes sólo pueden llevar la denominada “nómina”, que sólo suma los votos de un candidato.
Continuando con esta enumeración de diferenciaciones inconstitucionales, y en directa relación con la última diferencia descrita en el párrafo anterior, está el artículo 51 de la Constitución Política.
Dicho artículo dispone que las vacantes de Diputados y de los Senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.
Por su parte, en el inciso cuarto del mismo artículo se señala que los parlamentarios elegidos como independientes no serán reemplazados.
Dicha diferencia puede provenir del error que existe sobre la interpretación de lo que es una candidatura independiente.
Una candidatura independiente no es una opción de sólo una persona, que en solitario representa a un distrito o circunscripción. Una candidatura independiente es aquella que proviene de organizaciones que no tienen la estructura de un partido político, ya sea corporaciones, ONG, etc., y que buscan y tienen una base ideológica distinta a la de los partidos políticos, pero no por eso menos representativa de un sector o agrupación de personas que quieren participar del debate público haciendo ver sus preocupaciones y visiones
Es por esto que creemos necesario idear un mecanismo que permita el reemplazo de un Senador Independiente en caso de que su cargo quede vacante.
Asimismo, creemos que este mismo mecanismo debe, también, utilizarse para el reemplazo de un parlamentario de partido político. En primer lugar, la regla de la igualdad aquí no tiene problemas y debe operar completamente; además, el marcado carácter antidemocrático del sistema de reemplazo actual, en donde la cúpula de un partido puede designar a la persona que mejor le parezca, por sobre cualquier voluntad de la soberanía popular y del lugar en que se representa, es quizás uno de los mejores ejemplos de las actitudes que desprestigian a la clase política
Este proyecto de ley propone que para el caso de que se produzca la vacancia de un parlamentario, el reemplazante provenga de una nómina de tres personas designadas al momento de inscribirse la candidatura respectiva, y que con dicha nómina deba realizarse una nueva elección en el distrito o circunscripción, según corresponda entre los tres candidatos nominados al momento de inscribirse la candidatura.
Por las razones anteriores es que vengo en presentar el siguiente:
Artículo Único: Sustitúyase artículo 51 de la Constitución Política por el siguiente artículo 51 nuevo.
Las vacantes de diputados y las de senadores se proveerán con aquel ciudadano que de una nómina de tres personas designadas al momento de inscribirse la candidatura, resulte electo en una nueva votación popular que se efectúe entre los tres miembros de la nómina en el distrito o circunscripción respectiva
(Fdo.): Carlos Bianchi Chelech, Senador.