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Timestamp: 2020-05-26 23:56:03
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Manual de Procedimiento Penal I 2008-1
La Nacion 12
ANÁLISIS Y EFECTOS JURÍDICOS DE LOS DICTÁMENES EMITIDOS POR LA SECCIÓN DE CONSULTORÍA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACION
JEREMY DAVID ARRECIS MUÑOZ
Guatemala, junio de 2007.
Saulo de León Estrada Hector David España Pinetta Jaime Ernesto Hernández Zamora
Saulo de León Estrada Héctor René Granados Figueroa Carlos Manuel Castro Monroy
Únicamente el autor es responsable de las doctrinas sustentadas y del contenido de la Tesis. (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis, Tesis de Licenciatura en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala).
Que en su infinita bondad me permitió llegar a este punto tan importante en mi vida.
Que mueve mi vida a diario, por hacer aflorar en mí la responsabilidad y el empeño por finalizar mis estudios universitarios.
Por su incesante apoyo, dedicación, paciencia y su afán por hacer de mí un mejor ser humano, porque motiva mi esmero y es refugio diario de mis preocupaciones.
Por su trabajo inagotable y por su afán por propiciar mi educación y mi correcto actuar.
A LA FACULTAD DE DERECHO: Por abrir las puertas de sus aulas donde el saber y la academia propugnan por la verdad y la conciencia social.
CARLOS DE GUATEMALA: Por involucrarme con las ciencias del derecho a través de sus entrañables aulas, por los días de estudiante
vividos en ella y por los días de profesional que vendrán.
La Procuraduría General de la Nación ………………………………………….
1.1. Antecedentes Históricos ………………………………………………….
1.2. Origen ………………………………………………………………………
1.3. Estructura …………………………………………………………………
Procurador General de la Nación…………………………………
Oficinas de apoyo directo al Procurador
General de la Nación ………………………………………………
Sección de Procuraduría ………………………………………….
Sección de Consultoría …………………………………………
Unidades que desempeñan otras funciones de tipo
legal, que forman parte de la Sección de Procuraduría ……….
Oficinas de apoyo administrativo …………………………………
1.4. Normativa legal …………………………………………………………….
Carencia de una Ley Orgánica ………………………………………………
2.1. Consideraciones Generales ……………………………………………….
2.2. La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación ……………
La Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación ……….
Origen ……………………………………………………………………….
3.2. Ubicación en la organización estatal …………………………………….
3.3. Estructura …………………………………………………………………
3.3.1. Jefe de la Sección de Consultoría ……………………………….
3.3.2. Abogados Auxiliares ……………………………………………….
3.3.3. Personal
y Secretarial ………………………………………………………
3.4. Área de Trabajo ……………………………………………………………
3.5. Normativa legal …………………………………………………………….
Análisis de los Dictámenes emitidos por la Sección de Consultoría de la
Procuraduría General de la Nación ……………………………………………
Fundamento Legal aplicable ………………………………………………
Clasificación de los dictámenes ………………………………………….
4.2.1. Dictámenes Vinculantes ………………………………………….
4.2.2. Dictámenes Facultativos
4.2.3. Dictámenes Obligatorios …………………………………………
Diferencias ………………………………………………………………….
Factores que influyen en la emisión de un dictamen …………………
Efectos de los Dictámenes emitidos por la Sección de Consultoría …
CONCLUSIONES ……………………………………………………………………………
RECOMENDACIONES ……………………………………………………………………
ANEXO A …………………………………………………………………………………
ANEXO B …………………………………………………………………………………
ANEXO C …………………………………………………………………………………
ANEXO D …………………………………………………………………………………
ANEXO E …………………………………………………………………………………
ANEXO F …………………………………………………………………………………
ANEXO G …………………………………………………………………………………
Debido a la falta de conocimiento de las personas en general, sobre las funciones que desarrolla la Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, surge el interés en el autor de este trabajo, por escudriñar y dar a conocer la importante función desarrollada por dicha dependencia.
Ahora bien, debido a que el basto campo de trabajo de dicha sección, permite y obliga al personal que la integra, al análisis legal, a la investigación y a la actualización jurídica, con el objeto claro, de externar opiniones fundamentadas en ley, que no solo serán opiniones de un abogado, de una Sección o de una Institución, sino que en muchas ocasiones, son opiniones del Estado de Guatemala, lo que nos arroja al análisis de otro punto de vital importancia, como lo es que, al observar el contenido del Artículo 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala, reparamos en que la función de Asesoría y Consultoría que la misma le asigna a la Procuraduría General de la Nación, es desempeñada a través de la Sección de Consultoría, asimismo se analizará cuales son los efectos de los dictámenes jurídicos emitidos en cumplimiento de dicha función asesora y consultora.
De tal manera que, para llegar al análisis de los efectos que arriba se mencionan, se iniciará tratando ciertos temas como: el origen de la Procuraduría General de la Nación, su organización, organización y funcionamiento; el origen y la estructura de la Sección de Consultoría; la carencia de una ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación, para llegar al tema de los efectos que producen los dictámenes jurídicos emitidos por dicha Sección de Consultoría.
Encontraremos que las opiniones legales emitidas por la referida Sección, en aplicación de la legislación guatemalteca que se relacione con determinado tema, otorgan respaldo, confianza y legalidad a los actos llevados a cabo por las distintas instituciones de gobierno, no solo en el ámbito social, jurídico y político, sino más aún,
a los actos que el Estado de Guatemala realiza en el normal desarrollo de sus relaciones dentro del concierto de naciones, del cual forma parte.
Claro está que para realizar la presente investigación, se practicaron métodos investigativos para recabar la información, analizándola para distribuirla en los capítulos que forman el documento que se presenta, analizando e interpretando la legislación aplicable al caso que nos ocupa, utilizando para el efecto los métodos analítico y científico, deductivo, inductivo y jurídico, sobre las bases de las técnicas de observación y análisis de investigación, todo ello para asentar los conceptos originados dentro del plan de investigación, que propulsaban por la demostración de que los efectos producidos por los dictámenes emitidos por la Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, no obstante tener un carácter no vinculante, se proyectan hacia distintos ámbitos de la vida de los ciudadanos, ocasionando un relieve mayor de su función constitucional, del que comúnmente se conoce en el ambiente jurídico de nuestro país.
Apoyado en los métodos arriba mencionados se logró profundizar sobre los distintos tópicos que se desarrollan en el presente trabajo, desarrollando los siguientes capítulos: “la Procuraduría General de la Nación”, “Carencia de una Ley Orgánica”, “la Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación” y por último el “Análisis de los Dictámenes emitidos por la Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación”.
En virtud de lo anterior y según la observación progresiva que el lector otorgue al presente trabajo, se denotará la vital importancia del desempeño de la función de
“asesoría y consultoría”, realizada por la Sección ya mencionada, función que motiva
la emisión de los dictámenes jurídicos cuyo estudio realizaremos con detenimiento
conforme el desarrollo de la presente investigación.
La Procuraduría General de la Nación es una Institución que encuentra su
asidero en la Constitución Política de la República de Guatemala. El Estado
asignó a la dicha institución, la función de asesoría y consultoría de sus órganos,
así como de las entidades estatales, y esta función primordialmente se realiza
por medio de su Sección de Consultoría, una de los dos pilares que la sostienen.
Su fundamento legal lo encontramos en el Artículo 252 de la Constitución
El Jefe de la Procuraduría General de la Nación es el Procurador General
de la Nación, ejerce por mandato constitucional la representación del Estado de
Al hablar sobre la Institución de la Procuraduría General de la
Nación, es ineludible investigar sobre su origen histórico y adentrarnos en
el principio mismo de tal institución de derecho, y dentro de ese contexto
encontraremos como figura primaria la del Procurador.
instituciones de derecho, refiriéndonos a lo expuesto por el licenciado
José Adolfo Villatoro B. en su trabajo “Bases para la promulgación de una
ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación”, encontramos que,
dentro de la etapa de derecho pretoriano, del Derecho Romano, surge la
figura del Procurator Caesaris, a quien se atribuyen funciones tales como
encargado o administrador de la hacienda o finanzas de los emperadores,
claro está, dentro de las provincias cuya jurisdicción les era otorgada.
Semejanza con la figura anterior, encontramos al analizar la del
Procurador Fisci, siendo ésta última, más bien, un vocablo latino, utilizado
para denominar a los administradores de los bienes de los emperadores,
propiamente designados.
No podemos obviar la influencia que el Derecho Francés ha
ejercido sobre las legislaciones extranjeras, y, al ocuparnos de la figura
funcionarios franceses instituidos precisamente para la percepción de
bienes y dinero, figuras que en cierto grado de madurez jurídica, se
atribuciones de defensa de los intereses del Estado, de la Sociedad
Francesa; asimismo, debido
al progresivo paso a la conclusión de la
Edad Media, encontramos la figura denominada Ministerio Fiscal, surgida
para ser utilizada como brazo del Estado dentro de la defensa de los
intereses del fisco, cabe decir que es allí de donde deriva su nombre,
pero, mejor aún, es que surge para llenar el
vacío de la falta
acusador dentro de la persecución de los delitos, “promoviendo la justicia
penal de la población.”. 1
Procurador o Fiscal General, han surgido debido a la necesidad de los
Estados, de tener un instrumento de defensa, no solo de los intereses
fiscales y monetarios, sino también para ejercer presencia dentro de las
persecuciones penales por la comisión de delitos, presencia necesaria en
la conservación del poder del Estado.
Ahora bien, damos un paso gigantesco dentro del inevitable paso
de los años, y nos ubicamos en nuestra legislación y nuestro ubicación
territorial, al estudiar la figura de la Procuraduría General de la Nación y
Ministerio Público, como se encontraba previo a la realización de la
Consulta Popular llevada a cabo en nuestro país en el año de 1993 y la
reforma a la Constitución Política de la República de Guatemala el 17 de
noviembre de 1993, observamos que le correspondía, no solo el ejercicio
de la Acción Penal, sino también las funciones que actualmente posee la
Procuraduría General de la Nación; 2 dentro de ése análisis constatamos
que previo a dicha reforma, la Institución que estudiamos, estaba formada
1 Villatoro Berganza, José Adolfo, Bases para la promulgación de una ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación, página 26.
2 Calderon M., Hugo Haroldo, Derecho administrativo parte especial, página 97
por tres grandes secciones que eran: Sección de Fiscalía, Sección de
Consultoría y Sección de Procuraduría.
Como consecuencia de las reformas hechas a nuestra Carta
Magna, se produjo la dicotomía institucional, que hoy conocemos como:
Ministerio Público y Procuraduría General de la Nación, quedando en ésta
última las Secciones de Consultoría y de Procuraduría.
No obstante lo anterior, nos percatamos que, previo a las reformas
ya mencionadas, ambas instituciones, que formaban una sola, se regían
por el Decreto 512 del Congreso de la República, el cual fue derogado
parcialmente, por el Decreto 40-94 del citado Organismo, que contiene la
actual Ley Orgánica del Ministerio Público, creando un vacío legal que
impide el crecimiento institucional de la Procuraduría General de la
Dejando clara la separación de las Instituciones mencionadas,
observaremos el surgimiento de la Procuraduría General de la Nación
como Institución constitucionalmente creada, a través del Artículo 252 de
la Constitución Política de la República de Guatemala, otorgándole las
funciones de asesoría y consultoría de los órganos del Estado, asimismo
atribuyéndole al Procurador General de la Nación, el ejercicio de la
Representación del Estado de Guatemala, lo que quiere decir, según el
Administrativo, que el Procurador General de la Nación, “…practicará
determinadas decisiones o actividades jurídicas en nombre del Estado de
Guatemala, en documentos y hechos que se relacionen con el Estado o
General de la Nación, se encuentra de la siguiente manera:
1.3.1 Procurador General de la Nación
Por mandato constitucional, el Procurador General de la
Nación es el Jefe de la Procuraduría General de la Nación, quien
ejercicio de la Representación del Estado de Guatemala.
En ese contexto, dentro del ámbito de sus atribuciones, debe
los intereses de la Nación, frente
particulares, como frente a los Estados con los cuales, Guatemala,
3 Castillo González, Jorge Mario. Derecho administrativo, página 196.
Oficinas de apoyo directo al Procurador General de la Nación
relación, con el Despacho del señor Procurador General de la
y la Asesoría Jurídica del Despacho, así como la recién
creada oficina de Inspectoría General.
De conformidad con lo establecido en el Decreto 512 del
Congreso de la República, en la Procuraduría General de la Nación
existen dos grandes secciones: Procuraduría y Consultoría, cuyos
jefes asumen en determinado momento, según el orden aquí
apuntado, las funciones de Procurador General de la Nación, en
ausencia del titular de dicho cargo.
1.3.3. Sección de Procuraduría
organizacional, se encuentra integrada por el Jefe de Sección
(Procurador Suplente), por el personal de apoyo secretarial y por
un grupo de profesionales del derecho, que son auxiliados por
personal nombrado para tal efecto, quienes deben ser estudiantes
de derecho, a los que se les denomina Auxiliares Jurídicos.
abogacía del Estado en sus diferentes ramas y conoce los asuntos
de jurisdicción voluntaria, niñez y adolescencia, particularmente los
1.3.4. Sección de Consultoría
encuentra integrada por el Jefe de la Sección y su personal de
apoyo, asimismo por un grupo de profesionales del derecho,
1.3.5. Unidades que desempeñan otras funciones de tipo legal, que forman
parte de la Sección de Procuraduría
especialización de sus funciones y área de trabajo, se encuentran
divididas de la siguiente manera: Procuraduría de la Niñez y la
Adolescencia, Unidad de Protección de los Derechos de la Mujer y
la Familia, Unidad de la Ancianidad y Personas con Discapacidad;
Unidad Laboral; Abogacía del Estado, Áreas Civil y Penal; Unidad
Constitucionales y Unidad de Medio Ambiente.
1.3.6. Oficinas de apoyo administrativo
Encontramos otras unidades de apoyo que brindan soporte
Recursos Humanos; Dirección Financiera; Unidad de Auditoria de
Apoyo Legal, entre otras.
1.4. Normativa legal
En atención a la jerarquía de nuestro ordenamiento jurídico vigente,
abordaremos el presente tema, partiendo de la Constitución Política de la
República de Guatemala, puesto que es allí de donde se origina la
institución denominada en nuestro medio: Procuraduría General de la
Nación y, es donde se le atribuye su función primordial.
Al tenor del Artículo 252 de la Constitución Política de la República
de Guatemala, la Procuraduría General de la Nación “
la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales.
Su organización y funcionamiento se regirá por su ley
En tanto, el segundo párrafo de la norma constitucional citada, al
referirse a la figura del Procurador General de la Nación, establece:
“ejerce la representación del Estado y es el jefe de la Procuraduría
cabe mencionar que la representación a la que
se refiere éste párrafo, es otorgada a la figura del Procurador General de
la Nación, y no a la persona en sí, para comprenderlo mejor
manera en que lo expone el Licenciado Jorge Mario Castillo González “El
representante es la persona individual que representa con autoridad al
Estado o a cualquiera de sus organizaciones. La autoridad proviene del
nombramiento para ocupar un puesto o cargo y de la toma de posesión
del mismo.”. 4
En ese orden de ideas, y al analizar el Decreto 512 del Congreso
de la República, encontramos, en su Artículo 2, el desarrollo de la función
otorgada por la norma constitucional ya citada, en el sentido de que el
Procurador General de la Nación es el Jefe de la Procuraduría General de
la Nación, dirige la institución y tiene a su cargo exclusivo la facultad de
ejercer la personería de la Nación, personería que, al tenor del mismo
artículo podrá delegar en otros funcionarios de la institución u otorgar
poderes para asuntos determinados.
4 Castillo González, Ob. Cit; página 196
2. Carencia de una Ley Orgánica
Es importante partir,
proporcionando al lector una definición de ley
orgánica, por lo que se aporta la que define el autor Manuel Ossorio, en el
Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales: “La que, derivando inmediatamente
de la Constitución, tiene como finalidad la organización de una rama de la
Administración Pública.” 5
Tomando como principio la reforma constitucional llevada a cabo
en noviembre de 1993, notaremos que, de aquella fecha a la actual, han
sido nombrados cuatro Procuradores Generales, y cada uno ha tratado,
Organismo Legislativo para alcanzar la tan anhelada Ley Orgánica de la
En líneas anteriores apuntamos como, entre otras situaciones, la
carencia de una ley orgánica ha propiciado que la Procuraduría General
de la Nación dependa más aún del Organismo Ejecutivo, provocando con
ello un obstáculo para el buen y ágil desempeño de la Institución, esto
debido a que, si en primera instancia el Procurador General de la Nación
es nombrado por el Presidente de la República, obvio es pensar que dicho
5 Ossorio, Manuel. Diccionario de ciencias jurídicas y sociales, página 427
nombramiento es efectuado atendiendo a políticas de gobierno distintas,
situación que encuentra un retroceso al momento de tomar posesión el
siguiente gobernante electo, debido a que encontrará en el Procurador
General de la Nación un funcionario que no encaja en sus políticas de
De acuerdo a lo investigado, se tiene información que se han
entregado ante la Comisión respectiva del Organismo Legislativo más de
tres propuestas de Ley Orgánica para la Procuraduría General de la
Nación, y otras dos han emanado de los legisladores, en distintas
Alguno de ellos refleja en su contenido, similitud con cuerpos
legales extranjeros, lo cual no es del todo perjudicial, dentro de lo
enriquecedor que puede ser el ámbito del derecho comparado; otras
propuestas han sido emanadas del seno propio de la Procuraduría
General de la Nación, creadas por grupos de profesionales miembros de
la Institución, reunidos en comisiones organizadas para tal objeto. Esto sin
mencionar los proyectos que actualmente puedan estarse analizando para
su presentación y propuesta.
La Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación
Como lo tratamos anteriormente, los intentos fallidos por dotar a la
Procuraduría General de la Nación de una Ley Orgánica, han sido ya
varios, lo cual lejos de crear desesperanza, ha provocado un mayor
interés por parte de las autoridades de dicha Institución para obtener
alianzas estratégicas con actores que incidan directa o indirectamente con
el quehacer de la Procuraduría General de la Nación, que les interese
dotar a la P.G.N. de su Ley Orgánica.
En ese orden de ideas, se considera que las personas que forman
parte de tal Institución, quienes ven en ella más que un simple ingreso
económico y encuentran en el cumplimiento de sus labores un aporte para
el fortalecimiento jurídico e institucional de la Procuraduría General de la
Nación, como profesionales, auxiliares jurídicos, autoridades superiores y
administrativas, organizados a través de comisiones de trabajo, tengan la
responsabilidad de analizar la situación pasada, presente y futura de la
P.G.N., como una Institución moderna y fortalecida que preste sus
servicios con eficacia y eficiencia como institución pública de carácter
técnico jurídico, creada por mandato constitucional y que responda a los
retos que implica la modernización del Estado.
En esa línea, el trabajo de concientización y consensualismo que
debe buscarse dentro de los sectores involucrados con el trabajo de la
Procuraduría, debe ser arduo y permanente, lo que redundaría en una
mayor presión ante el Organismo Legislativo para, no solo dar lectura y
aprobar con un simple e inconsciente levantamiento de mano, sino buscar
en el propio seno de ése Organismo, propuestas serias y profesionales,
dada la importancia que como entidad asesora y consultora de los
Estado, la Constitución Política de la República le ha
asignado a la Procuraduría General de la Nación.
Por lo tanto, mientras las autoridades y personal profesional como
no profesional, pertenecientes a la Procuraduría General de la Nación, no
busquen el advenimiento de un cuerpo legal congruente con el
que se desempeña y el papel que juega esa Institución a nivel nacional,
tratando por todos los medios porque el proyecto de Ley Orgánica emane
del interior mismo de dicha Institución, el anhelo por obtenerla se verá
cada vez más lejos, pudiendo quedar dicha institución al margen de otras
modernización para estar acorde con la globalización.
3. La Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación
Como ya hemos apuntado, la Sección de Consultoría, es una de las
secciones que forman parte de la Procuraduría General de la Nación, encuentra
su origen en el Decreto 512 del Congreso de la República, y a través de ella, se
ejercen las funciones de consultoría y asesoría a los órganos y entidades del
Estado, que por mandato constitucional le corresponde a la Procuraduría
Procuraduría General de la Nación, es de menester importancia traer a
colación el ya mencionado concepto vertido en el Artículo 252 de la
Constitución Política de la República de Guatemala, ya que es allí donde
al preceptuar: “La Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la
función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales.”,
le asigna en forma clara a dicha Institución la función de asesoría y
consultoría, misma que, en la práctica se realiza a través de la Sección de
encontramos que, el Estado de Guatemala, al organizarse estructural y
jurídicamente, debe contar con una institución que asesore en el irrestricto
cumplimiento de la ley a los órganos y entidades estatales, dicho de otra
manera, una institución que vele por la juridicidad de los actos de la
Remontándonos al año de 1948, cuando cobró vida el Decreto 512
del Congreso de la República, encontramos en su Artículo 34 que, la
dependencias del Organismo Ejecutivo, lo cual es superado por nuestra
Carta Magna al ampliar su campo de aplicación, a todos los órganos del
Estado y entidades estatales.
3.2. Ubicación en la organización estatal
En primera instancia, encontramos a la Procuraduría General de la
Nación como una institución integrante del Organismo Ejecutivo,
como una Organización no jerarquizada, como lo indica el autor Jorge
Mario Castillo González en su obra “Derecho administrativo” 6 ; ahora bien,
observamos que el nombramiento del Jefe de la misma, depende del
depende económicamente del Organismo
Ejecutivo y el Procurador General de la Nación, está supeditado a las
instrucciones del mandatario.
6 Castillo González, Ob. Cit; página 226
Sumado a lo anterior, encontramos que debido a la carencia de una
ley orgánica, la Institución no puede ejecutar en forma propia sus planes
de crecimiento, regionalización y administración.
Por lo anterior, se deduce que el Estado de Guatemala, al estar
dividido en tres poderes y organismos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
encontramos ubicada a la Institución que nos ocupa, paralela al primero
Ahora bien, como se mencionó anteriormente, en la actualidad la
Procuraduría General de la Nación, se encuentra dividida en dos grandes
Secciones: Procuraduría y Consultoría, encontrando a ésta última como
un brazo fundamental para el desarrollo de las funciones de asesoría y
consultoría que fueran asignadas a dicha Institución, lo que en la práctica,
importancia a la función constitucional de asesoría y consultoría de los
consecuencia del cambio de Procurador General de la Nación, cuando
período para el
que fue nombrado, e incluso antes del
vencimiento de dicho período, la Institución no puede realizar planes a
largo plazo que logren su crecimiento institucional.
En el caso de la Sección de Consultoría, previo al nombramiento
del actual Procurador General de la Nación, se encontraba integrada por
el Jefe de la misma y su personal de apoyo administrativo, asimismo
contaba con un grupo de abogados quienes tenían el soporte técnico y
jurídico de sus Auxiliares Jurídicos.
Posteriormente, dicha Sección fue objeto de una reorganización
que provocó cambios contundentes, en primer lugar con el recurso
humano integrante de la Sección de Consultoría, además, sistematizando
los procesos internos de la misma, impulsando a los abogados a un
rápido aprendizaje de los sistemas de cómputo, dando como resultado
que los propios abogados ejecutaran su trabajo sin contar con el apoyo de
los auxiliares jurídicos, lo que contribuyó a que se agilizara el trámite de
De ésa cuenta, la estructura de la Sección de Consultoría que en
se presenta, refleja la forma en que actualmente se
encuentra integrada la misma.
De conformidad con el Artículo 35 del Decreto 512 del Congreso de
la República, la Sección de Consultoría se encuentra integrada por: “… el
adscritos a los Ministerios y dependencias del Ejecutivo y cualesquiera
otros abogados que llame el Procurador General para dictaminar en casos
En tal sentido, encontramos que la Sección en referencia se
encuentra organizada de tal manera que cumpla con los requerimientos
integrándose con el recurso humano necesario para la consecución de
sus funciones dentro de la Institución, de la siguiente manera:
12 Abogados auxiliares
2 Revisores de expedientes
1 Encargado del control de expedientes
3.3.1. Jefe de la Sección de Consultoría
Para ser jefe de la Sección de Consultoría se necesita ser
preparación académica, tiene a su cargo la revisión, análisis y firma
de los dictámenes, oficios, providencias y vistos buenos emitidos
por los Abogados Auxiliares,
vela por que los mismos se emitan
conforme a la ley y las constancias adjuntas a los expedientes,
debe unificar criterios para evitar dictámenes contradictorios; es el
enlace directo entre la Sección de Consultoría y las Asesorías
Jurídicas de los Ministerios, Dependencias e Instituciones del
Estado con los cuales mantiene relación como Sección de la
expedientes que son de suma importancia para la Institución y el
Estado, como por ejemplo en los contratos de préstamo, suscritos
personalmente y emitiendo las opiniones necesarias velando por la
legalidad y juridicidad de los asuntos en que se da intervención a la
Procuraduría General de la Nación, como ente Asesor y Consultor
de los órganos del Estado, manteniendo conexión directa, tanto con
el Despacho del señor Procurador General de la Nación como con
los Jefes de las Asesorías Jurídicas que requieren la intervención
de ésta Institución.
observación directa y permanente sobre el personal a su cargo, con
el objeto de mantener el orden disciplinario y administrativo dentro
de la Sección que dirige.
En sí, corresponde al Jefe de la Sección de Consultoría, dar
cumplimiento a lo prescrito por los Artículos 40 y 42 del Decreto
512 del Congreso de la República, en el sentido de ser cuidadoso
concordancia, manifestando su desaprobación cuando un dictamen
compilación de los dictámenes, con el objeto de evitar contradicción
o discrepancia entre los mismos.
3.3.2. Abogados Auxiliares
Es el personal profesional con que cuenta la Sección, tienen
a su cargo el análisis de los expedientes que diariamente les son
adecuados para tal fin, velando por el irrestricto cumplimiento de la
manteniendo actualización jurídica y tecnológica para el mejor
3.3.3. Personal de Soporte Técnico, Jurídico, Administrativo y Secretarial
Expedientes y dos Revisores de dictámenes. Todos deben ser
estudiantes de la carrera de abogacía y notariado, brindando dentro
del campo de sus funciones: apoyo jurídico, tecnológico y de
planeación, así como asesoría en la redacción y elaboración de
documentos oficiales que, por su importancia deben ser tratados
con discreción y profesionalismo; apoyo secretarial y administrativo;
de información y control de expedientes que se encuentran bajo
colaboración en la revisión
ortográfica y confrontación de datos y
constancias obrantes en los expedientes con los anotados en los
dictámenes emitidos por los Abogados.
Por último, cabe mencionar que en virtud de lo preceptuado por el
Artículo 36 del Decreto 512 del Congreso de la República, se considera
abogados consultores permanentes de la Institución, todos aquellos que a
cualquier título de asesoría, laboren para los ministerios y dependencias
del Organismo Ejecutivo, ya sea en asesorías jurídicas u oficinas legales
o consultivas, por lo que se consideran parte integrante de la Sección de
Consultoría como consultores permanentes.
3.4. Área de Trabajo
La función constitucional “Asesoría y Consultoría de los órganos y
entidades del Estado” otorgada a la Procuraduría General de la Nación,
es ejercida, como ya apuntamos, a través de la Sección de Consultoría,
de ello se deriva la afluencia de funcionarios, empleados públicos y
personas interesadas a dicha oficina, la que, a pesar de no contar con la
personas interesadas que requieren de información del trámite de sus
3.5. Normativa legal
constitucional de la función de Asesoría y Consultoría de los órganos del
Estado, otorgada a la Procuraduría General de la Nación y, ejercida a
través de la Sección de Consultoría,
ubicamos en el Artículo 252
el inicio de la normativa legal que regula y da vida a la
Procuraduría General de la Nación se rige por su Ley Orgánica.
Ahora bien, ya hemos hablado de la carencia de una ley orgánica
específica que regule el actuar de la Procuraduría General de la Nación,
legalmente para la realización de sus funciones, en el Decreto 512 del
Procuraduría General de la Nación cuando eran una sola Institución. Por
lo que la normativa legal que crea la Sección de Consultoría se encuentra
en el Artículo 6 del Decreto 512 del Congreso de la República, el cual
establece que, el Ministerio Público funcionará por medio de las secciones
de: Procuraduría , Fiscalía y Consultoría.
Dicho cuerpo legal, dedica su CAPÍTULO IV, formado por 12
Artículos, a la Sección de Consultoría,
precisando, entre otras, las
atribuciones y funciones de: Asesoría a los Ministerios de Estado y
dependencias del Organismo Ejecutivo, apuntando en el texto de su
Artículo 34 “en todos aquellos asuntos en que, sin tener intervención
obligatoria, se le mande oír.”.
intervención obligatoria y en que asuntos no?, como ilustración, podemos
citar el Artículo 12 de la de la Ley de lo Contencioso Administrativo,
Decreto 119-96 del Congreso de la República, que establece la obligación
de correr audiencia a la Procuraduría General de la Nación dentro del
trámite de los recursos de revocatoria y reposición, por lo que es fácil
deducir que éste es un asunto en que se da intervención obligatoria a
En tanto, la Sección de Consultoría, cumple con brindar apoyo
legal, asesoría, soporte legal y análisis jurídico en los asuntos que le son
sometidos, por parte de, entre otras instituciones, a la Superintendencia
de Administración Tributaria, a los distintos Ministerios de Estado con sus
distintas dependencias, así como a la Oficina Nacional de Servicio Civil, el
Instituto de Previsión Militar, Contraloría General de Cuentas, Instituto
Nacional de Bosques, Banco de Guatemala, Universidad de San Carlos
de Guatemala, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral,
así como a las distintitas municipalidades del país; no sólo en los asuntos
determinados por la ley, en cumplimiento de su función asesora y
consultora de los órganos del Estado.
cuerpos legales donde se da intervención obligatoria a la Procuraduría
General de la Nación, como asesor y consultor de los órganos del Estado,
y entre ellos encontramos el Decreto 1613 Ley de Nacionalidad; Decreto
6-91 del Congreso de la República, Código Tributario, Ley de Policías
Particulares, Código de Comercio y, en especial el Decreto 119-96 del
Congreso de la República, Ley de lo Contencioso Administrativo, ley que,
bajo su amparo, ordena se de audiencia a dicha Institución en diversidad
de asuntos y materias, cuando a interposición de recursos administrativos
se refiera. Lo anterior sin menoscabo de la libertad de los órganos y
entidades estatales de requerir opinión de la Procuraduría General de la
Nación, en asuntos sobre los cuales exista duda o se requiera ampliación
o esclarecimiento de procedimientos o normas legales.
La aplicación del Decreto 512 del Congreso de la República, en lo
concerniente a la Procuraduría General de la Nación, encuentra sustento
en el contenido del Artículo 90 del Decreto 40-94 del Congreso de la
República, Ley Orgánica del Ministerio Público, al disponer la derogatoria
del Decreto No. 512 del Congreso de la República, únicamente en lo
concerniente a la Sección de Fiscalía, por lo que conservan su vigencia
los Artículos relativos a las Secciones de Procuraduría y de Consultoría.
No se podría desarrollar el presente título, sin antes conocer el significado
legal del Dictamen, puesto que en la práctica es usual utilizar éste término
cuando nos referimos a una opinión jurídica, o bien al resultado de un análisis
realizado por expertos en determinada materia; en virtud de ello, es preciso
partir, trayendo a éstas líneas la siguiente definición: se considera al Dictamen
como un “Parecer técnico de un abogado sobre un caso que se consulta; en
especial, cuando se concreta por escrito.”. 7
4.1. Fundamento Legal aplicable
abordados ya algunos cuerpos legales que rigen en su actuar y su
actividad jurídica a la Procuraduría General de la Nación y a la Sección de
Consultoría propiamente, lo cual no podemos obviar, puesto que de lo
Instituciones, sin las cuales no existirían los Dictámenes cuyo estudio
pretendemos abarcar en el presente capítulo.
A riesgo de parecer monótono, considero necesario traer a estas
líneas lo preceptuado por el Artículo 252 de la Constitución Política de la
7 Ossorio, Manuel. Ob. Cit.; página 253
República de Guatemala, en el sentido de que la Procuraduría General de
la Nación “tiene a su cargo la función de asesoría y consultoría de los
De esa cuenta, necesariamente la Procuraduría General de la
Nación debe contar con una Sección que brinde a los órganos y entidades
estatales tal asesoría y consultoría, situación que se ve reflejada en el
contenido de los Artículos 1, 2, 6 inciso tercero, y del 34 al 45 del Decreto
512 del Congreso de la República, aportando disposiciones que dan
Como se indicó anteriormente, la aplicación del Decreto 512 del
Congreso de la República es realizable gracias al acceso que deja abierto
el Artículo 90 del Decreto 40-94 del Congreso de la República, Ley
Orgánica del Ministerio, precepto sin el cual la regulación pertinente a la
Procuraduría General de la Nación y, en especial a la
Consultoría sería nula.
Ahora bien, las normas legales ya apuntadas, crean el marco que
da vida, no sólo a la Procuraduría General de la Nación cómo Institución,
sino también le otorga funciones específicas, lo que redunda en una clara
organización estructural de la misma, lo que da origen a la Sección de
Consultoría y la delimitación de su campo de trabajo.
No obstante lo anterior, considero necesario, discernir aún más
sobre el basamento legal de la actuación de la Sección de Consultoría en
nuestro medio social y jurídico, de allí que en cierta medida y cómo
mediante las reformas a la Constitución Política de la República de
Guatemala, nació a la vida jurídica, en el año de 1997, el Decreto 25-97
del Congreso de la República, el cual, en sus dos únicos Artículos, abre
de manera significativa la brecha institucional y funcional existente entre la
Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público, al regular que
“Salvo en materia penal, procesal penal, penitenciaria y en lo que
Constitucionalidad y en la propia Ley Orgánica del Ministerio Público, en
toda norma legal y reglamentaria en que se mencione Ministerio Público,
deberá entenderse que se refiere a la Procuraduría General de la Nación.”
al analizar con detenimiento el Decreto 512 del
Congreso de la Republica, encontraremos en su ya citado CAPÍTULO IV,
el basamento legal para que la Institución de la Procuraduría General de
determinando quién o quienes ejercen tal asesoría, designando en primer
lugar al Procurador General, en segundo al Jefe de la Sección de
encontramos cierta peculiaridad, y es que se considerarán, según el
permanentes de la Procuraduría General de la Nación a los abogados que
dependencias del Organismo Ejecutivo.
En ese sentido y complementando la idea, el Artículo 37 del mismo
cuerpo legal, establece la obligatoriedad de que los ministerios y oficinas
hagan saber al Ministerio Público (Procuraduría General de la Nación),
cuando cuenten con abogados consultores a su servicio, con el objeto de
que sean incorporados a la Sección de Consultoría, circunstancia que en
la práctica no se realiza.
De forma clara, encontramos en el Artículo 38 del ya citado cuerpo
legal, un procedimiento para la actuación de la Procuraduría General de la
Nación, a través de la Sección de Consultoría, dentro de los asuntos
sometidos a su consideración, estableciendo que, cuando los ministerios
deberán pasar el asunto a su abogado consultor, pero, si no lo tuviere
deberá mandarlo a la Sección de Consultoría de la Procuraduría General
de la Nación, entonces encontramos que, si el ministerio o dependencia
cuenta con abogado consultor, éste emitirá dictamen y lo mandará a la
Sección de Consultoría para recabar su visto bueno, y si no cuentan con
abogado consultor, enviará la consulta para que emita la Sección de
Consultoría dictamen sobre el particular.
Por último, el Artículo 45 del citado Decreto 512, amplia aún más el
preceptuar sobre la intervención de esta Institución en la elaboración y
análisis de proyectos de ley, designando abogados, profesionales y
técnicos en la materia a tratar.
4.2. Clasificación de los dictámenes
contenido se encuentra ligado de tal manera a un expediente que
somete la suerte o el destino del mismo a la opinión emitida,
obligando a la autoridad requirente del dictamen a su aplicación.
En lo personal, luego de analizar el origen, funcionamiento y
lamentablemente los Dictámenes emitidos por aquella no tienen
ése carácter de vinculante, toda vez que el Artículo 34 del Decreto
512 del Congreso de la República, norma que los dictámenes se
emitirán “sin pedimento alguno”, al ser una función de asesoría y
consultoría, lleva implícita en la emisión de sus dictámenes, la
libertad, por parte de las instituciones que requieren tal dictamen,
pudiendo tomar en cuenta o no, lo expresado por la Procuraduría
General de la Nación, en sus dictámenes respectivos.
Aquí se posicionan los dictámenes cuyo contenido no obliga
a las partes interesadas, por lo que se convierte en una mera
opinión técnica o profesional sobre determinado asunto, quedando
en libertad las partes, de acatarlos o no acatarlos.
Respecto de ésta no vinculación y para entenderlo de mejor
manera, traemos a éstas líneas lo expresado por el Licenciado
Jorge Mario Castillo González, en su obra “Derecho Administrativo”
cuando se refiriere a la intervención de la Procuraduría a un
inconstitucionalidad, “Esta participación, prevista legalmente, no
tiene carácter obligatorio, como puede suponerse, dado que en el
proceso constitucional la Procuraduría General cumple una función
asesora del tribunal constitucional.”. 8
requeridas a la Sección de Consultoría como consecuencia de la
expediente cumple o no los requisitos para que sea otorgado lo
pedido por el interesado,
precisaremos un ejemplo, según mi
criterio, una mera opinión sería la emitida como consecuencia de la
duda del Registrador Civil de determinada municipalidad, quien
improcedencia de la inscripción ante ese registro de determinada
voluntaria, pues ese tipo de opiniones solo son emitidas por la
Sección de Consultoría.
4.2.3. Dictámenes Obligatorios
Estos dictámenes son de obligatoria emisión y cumplimiento,
puesto que para el pronunciamiento o resolución definitiva o bien
8 Castillo González, Ob. Cit; página 446
para la prosecución de las diligencias que forman un expediente, es
obligatorio contar con ellos. Podríamos citar como ejemplo, el
dictamen de la Asesoría Económica y el posterior dictamen de la
Asesoría Jurídica en la Dirección General de Transportes, previo al
otorgamiento de una Licencia de Transportes, los cuales son de
obligatoria emisión, según lo establece el “Reglamento del Servicio
de Transporte Extraurbano de Pasajeros por Carretera”, Acuerdo
Gubernativo número 42-94.
Otros documentos emitidos por la Sección de Consultoría:
a) Visto Bueno
Por otro lado, como vimos arriba, si los órganos y entidades
estatales cuentan con abogados asesores o consultores, deberán mandar
a ellos, los asuntos sobre los cuales necesiten dictamen u opinión jurídica,
una vez emitida tal opinión por el abogado consultor, éste deberá enviar el
expediente con el dictamen a la Procuraduría General de la Nación para
recabar su Visto Bueno. Claro está que, de no estar de acuerdo con el
contenido del dictamen venido en consulta, éste puede ser improbado,
razonando o exponiendo las razones por las cuales no se otorga el Visto
Bueno regulado en el Artículo 38 del Decreto 512 del Congreso de la
Partiremos de la definición brindada por Cabanellas y citada por
Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales, que establece: “… Providencia es la resolución judicial no
peticiones secundarias o accidentales.”, de allí que encontramos lo
siguiente, al analizar un expediente, es necesario analizar el orden de las
actuaciones, la congruencia entre las mismas y la efectiva aplicación de la
ley al momento de emitir un dictamen sobre el asunto que lo motiva, en
caso de faltar alguna de tales circunstancias o encontrar ciertos hallazgos
incongruentes con el asunto de que se trate, la Procuraduría General de
legalmente para no emitir dictamen u otorgar el visto bueno de ley,
emitiendo providencias para el efecto, con el fin de solicitar determinada
información o documentación para contar con mejores elementos de juicio
al momento de emitir el dictamen correspondiente.
tema anterior, sobre la clasificación de los
dictámenes, encaminando nuestro estudio a los dictámenes emitidos por
diferencias que, doctrinariamente podrían definirse como:
a) El dictamen vinculante es de obligatoria aplicación en la emisión de
mientras el facultativo no lo es;
administrativo, es obligatorio emitir un dictamen para poder emitir
otro atendiendo a las consideraciones vertidas en el primero;
c) El dictamen facultativo, es originado de un pedimento que surge de
una duda o una aclaración sobre la aplicación de una norma legal
o sobre la aplicación de determinado procedimiento, tiene carácter
técnico jurídico y no es de obligatoria aplicación como el vinculante
y no es originado de otro dictamen como un obligatorio;
d) El visto bueno surge de la emisión de un dictamen previo, que
atendiendo a que haya sido emitido por un abogado consultor o
asesor que en virtud del Artículo 37 del Decreto 512 del Congreso
otorgándole a dicho dictamen la aprobación, en este caso.
solicitud de un dictamen y el desarrollo del mismo, hasta llegar a su
incorporación al expediente de que se trate, encontrando a través de la
explicación, las diferencias que perseguimos plasmar en éste trabajo.
Procuraduría General de la Nación es tan diverso que, en la medida de lo
A través del Decreto 119-96 del Congreso de la República de
Guatemala, Ley de lo Contencioso Administrativo, se da, en su Artículo 12
literal c), intervención a la Procuraduría General de la Nación en todos los
recursos de revocatoria y reposición, siguiendo el orden allí establecido y
observando las formalidades que para tal efecto establece dicho Decreto.
Antes de continuar, es imprescindible aclarar que, los recursos
administrativos, según lo indica el Licenciado Hugo Calderón en su obra
“Derecho Administrativo I” son las facultades que la ley le otorga a las
emanados de los órganos administrativos. 9 Ahora bien, en este caso, el
contenido del dictamen se basará en las diligencias obrantes en el
expediente y en la aplicación de las normas legales concernientes a la
interposición y resolución de los recursos administrativos congruentes con
la materia de que se trate, opinando si se declara con lugar o sin lugar el
9 Calderón M., Hugo Haroldo, Derecho Administrativo I, página 340
Congreso de la República, Ley de Nacionalidad, observamos que, en los
publicaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores dará audiencia por
ocho días al Ministerio Público (entiéndase Procuraduría General de la
Nación). En este caso, el contenido del dictamen versará sobre si en
dichas diligencias se han satisfecho los requisitos establecidos por la ley
de la materia, opinando si es procedente o improcedente emitir la
anterior, o al menos requiere menor análisis y aplicación de leyes.
El párrafo anterior trae a colación un aspecto muy importante, y es
la separación material que produce el Decreto 25-97 del Congreso de la
República, entre las funciones del Ministerio Público y la Procuraduría
General de la Nación, puesto que, a partir del momento de inicio de la
Institución, ha sido ampliado significativamente.
Retomando el tema, y atendiendo al procedimiento propio para la
intervención de la Procuraduría General de la Nación en la emisión de
dictámenes y vistos buenos, encontraremos que existe diferencia entre
uno y otro, aunque los dos contendrán la opinión de la Procuraduría
General sobre el asunto de que se trate. El Dictamen por ejemplo, puede
ser emitido en la audiencia que se corre a la Procuraduría General de la
Nación dentro del trámite de un recurso de revocatoria o un recurso de
reposición, también puede ser por intervención dentro de un trámite de
otorgamiento de licencia de transporte extraurbano de pasajeros o para el
otorgamiento de una licencia de exploración minera. Por otro lado, el Visto
Bueno será otorgado cuando, en cumplimiento del Artículo 38 del Decreto
512 del Congreso de la República, el órgano o dependencia del Estado
mande a recabar opinión a su abogado consultor sobre un asunto
Procuraduría General de la Nación para recabar el Visto Bueno del
Procurador General de la Nación, mismo que se otorgará solo si se
cumplimiento del ordenamiento legal relacionado con las mismas, de lo
contrario el dictamen emitido por el abogado consultor serán improbado.
Por último, aunque, como se dijo arriba, todos los dictámenes
contienen la opinión de ésta Institución sobre determinado asunto, el
origen de los mismos es lo que conducirá al abogado auxiliar a efectuar el
análisis, tanto de las actuaciones como de la legislación aplicable, no es lo
un Dictamen emitido como consecuencia de un recurso de
Superintendencia de Administración Tributaria, que un Dictamen emitido a
solicitud del Instituto Geográfico Nacional, en virtud de la solicitud de una
comunidad para elevar de categoría el caserío o aldea en la cual residen.
4.4 Factores que influyen en la emisión de un dictamen
Los factores que influyen en la emisión de un Dictamen, aunque de
la lectura del presente trabajo se encontrarán hallazgos que demarcan
claramente esos factores, los mencionaremos aquí.
Como primer punto, es de tomarse en consideración el orden y
claridad de las actuaciones, así mismo que las constancias que obran
dentro del expediente sean originales y exista congruencia entre la
totalidad de las diligencias con las resoluciones que obren en el mismo.
Verificado lo anterior, deberá efectuarse un análisis crítico sobre la
circunstancia que motiva las actuaciones y el posible destino de las
Por último, al verificar que las constancias se encuentren conforme
a derecho y se cumplan en ellas los requisitos legales de cada caso,
deberá hacerse un estudio de la ley aplicable, emitiendo una opinión
acertada, congruente y sobre todo respetando el régimen de legalidad
imperante en nuestro país, puesto que la opinión emitida por un abogado
auxiliar de la Sección de Consultoría, es la opinión de la Institución
4.5. Efectos de los Dictámenes emitidos por la Sección de Consultoría
A lo largo del desarrollo de la presente investigación, hemos
encontrado el origen de la Procuraduría General de la Nación, como
Institución de derecho, la asignación de sus funciones y a través de qué
Sección las ejecuta, en este caso, a través de la Sección de Consultoría.
Encontramos que la Sección de Consultoría, emite Dictámenes,
opiniones jurídicas y aprueba con su visto bueno las ya emitidas por las
asesorías jurídicas de los distintos ministerios y dependencias de Estado.
Partiendo de que los actos jurídicos producirán consecuencias,
considero que los efectos que producirá un Dictamen emitido por la
Sección de Consultoría, dependerá de la vinculación que se haga del
mismo dentro del expediente en el cual fue emitido.
República, notaremos que al establecer taxativamente en dicha norma
Procuraduría General de la Nación tiene a su cargo la función
de asesoría y consultoría de los órganos y entidades
evidencia que la no obligatoriedad de acatamiento de los dictámenes
emitidos por la referida Institución, se da como consecuencia de lo
prescrito en el texto de dicha norma, quedando claro que lo que brinda es
asesoría y consultoría,
buscando el significado de dichas palabras
encontramos que se refieren a aconsejar e ilustrar, evacuando consultas
que le hayan formulado.
Lo anterior no resta importancia ni mucho menos menoscaba el
Consultoría, aunque tal alcance no sea reconocido.
Oportunamente fueron analizados dictámenes emitidos sobre la
conveniencia o inconveniencia de que el Estado de Guatemala ratifique
detenido de sus efectos y de la legislación interna, con el objeto de que no
riñan o se contradigan. Los alcances de tales opiniones son a nivel
nacional como internacional, y la mala aplicación de la lógica y del
conocimiento jurídico, repercutiría, por ejemplo en una mala imagen del
Los efectos jurídicos, por ejemplo al ser analizado un proyecto de
ley, igual que el caso anterior, debe ser analizado en conjunto con la
legislación guatemalteca, sus efectos trascienden a nivel nacional, una
mala opinión redundaría en una mala ley que, aunque de esas tenemos
muchas, se debe velar por mantener la paz, la seguridad y la integridad
Los dictámenes emitidos por la Sección de Consultoría, dada su
importancia, además de producir efectos jurídicos a nivel nacional y en
algunas ocasiones a nivel internacional, también puede producir efectos
sociales, tanto dentro de una comunidad como del país en general, puesto
que una falta de conciencia social o una mala aplicación de la ley, daría
como resultado que ésta Institución se pronunciara en forma desfavorable
al asunto sometido a su consideración, por ejemplo, en el otorgamiento de
una licencia de transporte vemos que su otorgamiento es de ayuda social
y económica para las comunidades que beneficia, no solo a una sino a
varias comunidades del interior del país, porque el servicio de transporte
es coadyuvante del desarrollo, de la salud y de la educación de las
La falta de conocimientos o la mala aplicación de la ley, podría
concluir en la opinión adversa de ésta Institución, por ejemplo en el
trámite de solicitud de compraventa de una fracción de bien inmueble
propiedad del Estado, para ser otorgada a una persona que vive en
extrema pobreza; o,
en una opinión negativa respecto de la solicitud de
otorgamiento de una pensión
civil por jubilación requerida por una
persona anciana, por ejemplo, si no se ha tramitado conforme a la ley en
la Institución competente para el efecto.
Del resultado de la investigación de campo realizada, se pudo
podemos mencionar: Oficina Nacional de Servicio Civil, el Instituto de
Previsión Militar, Contraloría General de Cuentas, Instituto Nacional de
Guatemala, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, por
las distintitas municipalidades del país, entre otras, concluyéndose que
cada dictamen emitido por la mencionada Sección, tendrá un análisis
jurídico específico, especializado y producirá efectos dentro de cada
Al examinar cada caso en particular, encontramos como efectos
que pueden producirse, luego de la emisión del dictamen correspondiente,
El reconocimiento de la nacionalidad guatemalteca de una persona;
El otorgamiento de una licencia de transporte extraurbano de
El otorgamiento de una licencia de exploración o explotación
La declaratoria con lugar o sin lugar de los recursos administrativos
interpuestos por los particulares en contra de una resolución
emitida por determinado ministerio o municipalidad;
El otorgamiento de una pensión civil por jubilación;
El otorgamiento en venta de una fracción de terreno de una finca
propiedad del Estado de Guatemala, a una persona que vive en la
La declaratoria con lugar o sin lugar de un recurso administrativo
que persigue la inscripción de una marca, de un nombre comercial,
etc., ante el Registro de la Propiedad Intelectual;
El reconocimiento de la personalidad jurídica de una fundación o de
Autorizar el funcionamiento de una empresa privada de seguridad;
El pago hecho a una persona a quien el Estado de Guatemala le
haya expropiado una fracción de terreno por utilidad pública para la
Por último, al evidenciarse que la actuación de la Procuraduría
General de la Nación, a través de su Sección de Consultoría, se produce
dentro de la esfera del Derecho Administrativo, y tomando éste como el
conjunto de normas de Derecho Público interno, que regulan
organización como la actividad de la
administración pública, regulando
las relaciones entre las entidades públicas y los particulares, encontramos
afectados por las opiniones jurídicas emitidas por parte de la entidad
momento de resolver, toma en consideración lo opinado por la Sección de
El mantenimiento de la juridicidad y del Estado de Derecho es
obligación del Estado de Guatemala, pero es deber de todos; y al ser
obligación del Estado, éste se auxiliará en su representante y en la
Institución que mediante la Constitución Política de la República de
Guatemala, tiene como función, la de asesorar y dar consultoría a los
órganos y entidades de Estado.
1. La Procuraduría General de la Nación es la Institución encargada de brindar
Asesoría y Consultoría a los órganos y entidades del Estado, así como el
Procurador General de la Nación, es el representante del Estado de Guatemala
y, que precisamente ésa función de Asesoría y Consultoría es desarrollada por
medio de la Sección de Consultoría.
2. La Procuraduría General de la Nación carece de una ley orgánica, empero, dicha
institución encuentra asidero legal a su actuar dentro de la esfera jurídico estatal,
gracias al Decreto 40-94 del Congreso de la República que derogó parcialmente
el Decreto 512, también del Congreso de la República, dejando vigentes los
Artículos que se refieren a la Institución en mención.
3. La no obligatoriedad de los órganos y entidades del Estado de acatar o vincular
los dictámenes emitidos por la Sección de Consultoría a los procesos que ante
ellos se diligencian, provoca, por un lado, que se reste importancia y credibilidad
a la labor tan importante de dicha Sección.
4. Se detectó que en muchas ocasiones, algunas instituciones, aun cuando lo
considerado por ellos, ha sido acatado y tomando en cuenta en el momento de
resolver en definitiva lo que en derecho a correspondido.
Los dictámenes emitidos por la Sección de Consultoría de la Procuraduría
General de la Nación, son requeridos, para respaldar o dar soporte legal, a
opiniones o diligencias ya iniciadas en instituciones estatales que, a sabiendas
de existir anomalías o cuestiones contrarias a los intereses del Estado, buscan
tal respaldo para revestir de legalidad tales procedimientos.
6. Los dictámenes emitidos por la Sección de Consultoría de la Procuraduría
General de la Nación, producen efectos a nivel político, jurídico, social e
demostrándose la trascendencia que, en casos particulares, ha tenido un
dictamen emitido por dicha Sección.
7. La Sección de Consultoría no cuenta con el registro ni con la información que el
Artículo 37 del Decreto 512 del Congreso de la República ordena, esto debido a
que las instituciones obligadas en hacerlo saber a la Procuraduría General de la
Nación, no cumplen con tal función.
8. Existen profesionales del derecho, asesores jurídicos de oficinas y dependencias
del Estado, que desconocen el origen y el otorgamiento de las funciones
desarrolladas por la Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la
Nación, lo que es desconcertante.
El Artículo 252 de la Constitución Política de la República, se concluye que,
establece taxativamente “
la Procuraduría General de la Nación tiene a su
cargo la función de asesoría y consultoría de los órganos y entidades estatales.
se considera que la no obligatoriedad de acatamiento de los dictámenes
emitidos por dicha Institución, es el resultado del texto mismo, puesto que al
establecer asesoría y consultoría se deriva el significado mismo de las palabras,
ó sea se estaría aconsejado, ilustrando y evacuando consultas.
1. Debería de dotarse, por parte del Organismo Legislativo y a propuesta de la
de un cuerpo legal congruente con la
realidad nacional, otorgando dentro de sus preceptos, las facultades que debería
tener tal Institución
para el desarrollo de su administración, su crecimiento
interno y su desenvolvimiento interinstitucional.
2. La Procuraduría General de la Nación debería contar con una asignación
presupuestaria mayor a la que actualmente posee, lo cual redundaría en un
mejoramiento de las áreas de trabajo, incentivos laborales y un crecimiento de
tal Institución.
3. Se debe informar a cada una de los órganos y entidades del Estado, por parte
de la Procuraduría General de la Nación, sobre las funciones desempeñadas por
la Sección de Consultoría y el asidero legal de la misma, con el objeto de darla a
conocer y crear un conducto por el cual, las asesorías jurídicas de tales
instituciones, puedan tener comunicación directa con la Sección de Consultoría.
4. Es necesario crear los mecanismos por los cuales, en cumplimiento del Artículo
37 del Decreto 512 del Congreso de la República, la Sección de Consultoría de
la Procuraduría General de la Nación tenga registrados y actualizados en sus
archivos, los nombres de los Abogados Asesores y Consultores que, según
dicha norma, se encuentran adscritos a la Sección de Consultoría, y que
desempeñan tales funciones como asesores jurídicos dentro de los órganos y
entidades del Estado; cabe decir que es un registro con el cual actualmente no
5. No obstante que la función desarrollada por la Sección de Consultoría es de
asesoría y consultoría a los órganos y entidades del Estado, debería de
propiciarse su conocimiento dentro del gremio de los profesionales del derecho,
otorgando mayor publicidad a sus actos y mayor conocimiento sobre los
dictámenes emitidos por dicha Sección.
6. Debe otorgarse mayor importancia, validez y aplicación a los dictámenes de la
Sección de Consultoría de la Procuraduría General de la Nación, no sólo por ser
opiniones jurídicas emitidas con seriedad y profesionalismo, sino también por ser
emitidas por el órgano facultado para tal efecto por la Constitución Política de la
Organig. Funcional de la P.G.N. aprobado por Acuerdo 042-2006
de fecha 28 de febrero de 2006.
PPrrooccuurraaddoorr GGeenneerraall ddee llaa NNaacciióónn
SSeecccciióónn ddee CCoonnssuullttoorrííaa
SSeecccciióónn ddee PPrrooccuurraadduurrííaa
AAsseessoorrííaa ddeell DDeessppaacchhoo
AAssuunnttooss CCoonnssttiittuucciioonnaalleess
AAuuddiittoorriiaa IInntteerrnnaa
ÁÁrreeaa PPeennaall
AAuuddiittoorriiaa ddee aappooyyoo lleeggaall
ÁÁrreeaa CCiivviill
SSeeccrreettaarrííaa PPrriivvaaddaa
CCoonntteenncciioossoo AAddmmiinniissttrraatt
LLaabboorraall
IInnssppeeccttoorrííaa GGeenneerraall
MMeeddiioo AAmmbbiieennttee
DDeelleeggaacciioonneess RReeggiioonnaalleess
NNiiññeezz yy AAddoolleesscceenncciiaa
AAnncciiaanniiddaadd yy PP DDiissccaapp
SSeeccrreettaarrííaa GGeenneerraall
DDeerr ddee llaa MMuujjeerr yy FFaammiilliiaa
AArrcchhiivvoo GGeenneerraall
RReeccuurrssooss HHuummaannooss
CCoommuunniiccaacciióónn SSoocciiaall
DDiirreecccc FFiinnaanncciieerraa
DDiirreecccc AAddmmiinniissttrraattiivvaa
IInnffoorrmmááttiiccaa
CCoonnttaabbiilliiddaadd
TTrraannssppoorrtteess yy LLooggííssttiiccaa
TTeessoorreerrííaa
SSeerrvviicciiooss GGeenneerraalleess
IInnvveennttaarriiooss
CCllíínniiccaa MMééddiiccaa
AAllmmaaccéénn
FUENTE: Comunicación Social-P.G.N., Guatemala, marzo de 2006.
Organigrama Sección de Consultoría previo a la reestructuración hecha en el mes de febrero de 2006.
JJeeffee ddee llaa SSeecccciióónn
SSeeccrreettaarrííaa
RReeppaarrttoo--CCoonnttrrooll ddee EExxppss
AAbbooggaaddoo AAuuxxiilliiaarr
AAuuxxiilliiaarr JJuurrííddiiccoo
FUENTE: Sección de Consultoría - P.G.N., Guatemala, marzo de 2006.
Organigrama Sección de Consultoría posterior a la reestructuración hecha en el mes de febrero de 2006.
RReevviissiióónn ddee DDiiccttáámmeenneess
CCoonnttrrooll ddee EExxppeeddiieenntteess
Guatemala, 20 de diciembre del 2005.
Dictamen 1000-2005 Ingreso No. 1000-05 Sección de Consultoría
ASUNTO: XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX, INTERPONE RECURSO DE REVOCATORIA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN XX-XX-XXX-XXXXX, QUE EMITIERA EL 28 DE ABRIL DE 2005 LA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.
HONORABLE DIRECTORIO:
La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, identificado,
al analizar el expediente arriba
Antecedentes La contribuyente XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX, el 17 de mayo de 2005, en memorial que obra a folios 70 al 77 de las actuaciones, interpone recurso de Revocatoria en contra de la resolución XXX-XX-XXXX-XXXX, que emitiera el 28 de abril de 2005 la SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, con motivo de la verificación efectuada a las obligaciones tributarias correspondientes al periodo impositivo de septiembre de 2002, que resuelve: CONFIRMAR a la contribuyente, el ajuste al débito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, por Q.57,223.40, en concepto de venta no registrada y no declarada. Ajuste que genera impuesto a pagar por Q.44,707.40 y multa de Q.44,707.40 equivalente al cian por ciento del impuesto omitido, más los intereses resarcitorios respectivos.
Según obra a folios 68 y 69 del expediente, la resolución precitada se hizo del conocimiento de la contribuyente relacionada.
Consideraciones Legales y de Hecho Los artículos 69 y 98 del Código Tributario, respectivamente determinan, que toda acción u omisión que implique violación de normas tributarias de índole sustancial o formal constituye infracción que sancionará la Administración Tributaria, y que, esta ultima tiene la obligación de verificar el correcto cumplimiento de las leyes tributarias, y
que al ejercer sus funciones, lo hará conforme a las normas del ordenamiento legal antes mencionado, las de su Ley Orgánica, las leyes especificas de cada impuesto y las de sus reglamentos respectivos, en lo concerniente a la aplicación, fiscalización, recaudación y al control de los tributos.
Consta dentro de las actuaciones, que la parte recurrente manifiesta que no es cierto que haya dejado de declarar la factura 72, pues esta fue declarada en el periodo de diciembre de 2002, situación por la cual considera que no es procedente el ajuste, pues los auditores actuantes en su oportunidad pudieron haber establecido dicho extremo, como medio de prueba adjunto, libro computarizado de ventas de los meses de julio a diciembre de 2002 y enero de 2003; así mismo, fotocopia de la factura numero 72, fotocopia de la declaración y recibo de pago mensual de impuesto relacionado, SAT- No. XXX XXXXXXXXX, correspondiente al mes de diciembre de 2002, de fecha 30 de enero de 2003, presentado en el XXXXX XXXXXXX, Sociedad Anónima, y entre otros aspectos, continua manifestando que consiente el error cometido, consistente en no declarar la factura que se ajusta, procedió a rectificar la declaración del mes de septiembre de 2002, con formulario SAT-No.XXXX XXXXXXXX del 19 de noviembre de 2004, donde ya incluyo el débito fiscal no declarado y el crédito fiscal de los meses de julio, agosto y septiembre de 2002, que no fue incluido en su oportunidad.
A ese respecto, el artículo 88 del Código Tributario, estatuye que, la omisión de pago de tributos se constituye por la determinación incorrecta de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo detectada por la Administración Tributaria. En el presente caso, se establece de la norma precitada así como de la documentación que obra en el expediente, que la contribuyente determinó incorrectamente el impuesto del mes de septiembre de 2002, circunstancia que redunda en perjuicio del fisco.
Del análisis realizado, se concluye que corresponde confirmar el ajuste formulado, en virtud que la Administración Tributaria, procedió a consultar el Sistema Integrado de Administración Tributaria, Modulo de Control Bancario, habiendo determinado que con fecha 19 de noviembre de 2004, la parte recurrente presentó la rectificación de la declaración numero SAT-XXXXX XXXXXXXX, del periodo de septiembre de 2002, por medio de formulario SAT No. XXXX XXXX el cual obra en folio 58 del expediente, en el cual se puede observar que hubo variaciones en el monto de las compras y de las ventas, que no corresponden al ajuste formulado.
Por otra parte, es de advertirse, que a la contribuyente, se le confirió audiencia para que hiciera valer su derecho de defensa, sin que presentara las pruebas o argumentos que desvanezcan el ajuste cuestionado, con lo cual queda determinado además, que la Administración Tributaria actúo de conformidad con la ley y respetando los principios de defensa y de debido procedimiento administrativo.
Con fundamento en los hechos relacionados y normas legales citadas, LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN, OPINA: que el RECURSO DE REVOCATORIA interpuesto por la contribuyente XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXX, debe ser declarado SIN LUGAR.
FUNDAMENTO LEGAL: Ley y artículos citados, y: 252 de la Constitución Política de la
República de Guatemala; 1, 6, 34, 40
35 de la Ley de Nacionalidad, todos del Congreso de la República de Guatemala.
y 42 del Decreto 512; 90 del Decreto 40-94;
JJEEFFEE SSEECCCCIIOONN CCOONNSSUULLTTOORRIIAA
JEFE SECCION DE PROCURADURIA
HONORABLE DIRECTORIO SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -SAT- SU DESPACHO.
Dictamen No. 500-05 ingreso No. 500-05 Sección de Consultoría
ASUNTO: RECONOCIMIENTO DE XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX, COMO GUATEMALTECA DE ORIGEN, POR HABER NACIDO EN EL EXTRANJERO Y SER HIJA DE PADRES GUATEMALTECOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 144 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA.
La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, al analizar el expediente arriba identificado, manifiesta lo siguiente y, EXPONE:
Antecedentes El 20 de enero de 2004, la señorita XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX, presentó solicitud, ante la autoridad correspondiente, para que se le reconozca la nacionalidad guatemalteca de origen, de conformidad con el artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
La Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, con base en la documentación acompañada, emite el dictamen número XXX-XXXX de fecha 02 de agosto de 2004, en el cual estima que previa audiencia a la Procuraduría General de la Nación, dicho Ministerio puede emitir la resolución que reconozca como guatemalteca de origen a XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, también identificada como XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.
Consideraciones de Derecho El artículo 144 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece:
“Artículo 144. Nacionalidad de Origen. Son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen, puede privársele de su nacionalidad.”.
En virtud de los anteriores razonamientos, la Procuraduría General de la Nación,
guatemalteca de origen, a XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX, también identificada como XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX.
FUNDAMENTO LEGAL: Ley y artículo citado, y: 252 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1, 6, 34, 40 y 42 del Decreto 512; 90 del Decreto 40-94, ambos del Congreso de la República de Guatemala.
JJEEFFEE DDEE LLAA SSEECCCCIIOONN DDEE CCOONNSSUULLTTOORRIIAA
SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES SU DESPACHO.
Visto Bueno 100-2006 IInnggrreessoo N