Source: https://www.rodriguezramos.es/2020/03/12/stjue659_18/
Timestamp: 2020-04-10 06:45:09
Document Index: 169731945

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STJUE (Sala Segunda) VW, C‑659/18, de 12 de marzo de 2020: necesaria revisión de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre el derecho de asistencia letrada y personación de investigados no comparecidos o rebeldes en el proceso penal. – Rodríguez Ramos
Artículo de D. Gabriel Rodríguez-Ramos, Socio de Rodríguez Ramos.
1. El TJUE resuelve la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Instrucción nº 4 de Badalona sobre el alcance de la proyección del art. 3.2 de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013 sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea (que regula el momento desde el que debe concederse el derecho a la asistencia letrada), sobre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español limitadora del derecho a la asistencia de letrado y de defensa (art. 118 LECr) en los casos en los que esa persona permanece ausente o en ignorado paradero (para ver la completa posición del Tribunal Constitucional, con los matices que tiene, puede acudirse a la STC 24/2018, de 5 de marzo, FFJJ 3 a 6).
En el caso concreto, el Juzgado de instrucción nº 4 de Badalona le plantea al TJUE el supuesto de un investigado al que se decidió tomar declaración, para lo que se le asignó un letrado del turno de oficio. Tras varios intentos de citación, que resultaron infructuosos por encontrarse el interesado en paradero desconocido, se dictó una requisitoria de detención y personación contra él. Un mes después, una letrada envió por fax un escrito en el que declaraba que comparecía en el procedimiento en nombre de VW, adjuntando escrito de designación a su favor suscrito por el interesado y la venia del anterior letrado de este designado por el turno de oficio. Dicha letrada solicitó que se entendieran con ella las sucesivas diligencias y que cesara la requisitoria de detención dictada contra su cliente, manifestando que era la voluntad de este último comparecer ante el Juzgado de Instrucción. En la medida en que VW no compareció a la primera citación y es objeto de requisitoria de detención, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si el disfrute de su derecho a la asistencia de letrado puede demorarse, conforme a la normativa nacional sobre el derecho de defensa, hasta la ejecución de tal requisitoria, exponiendo:
Que tal normativa se basa en el artículo 24 de la Constitución y que, en materia penal, el derecho de defensa de la persona investigada se regula en el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, habiendo interpretado el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo que el derecho a la asistencia de letrado puede estar supeditado a la necesaria comparecencia personal del investigado en el proceso. En particular, según jurisprudencia constante del Tribunal Constitucional, el disfrute de tal derecho podría negarse en aquellos casos en los que esa persona permanece ausente o en ignorado paradero. Conforme a esa jurisprudencia, la exigencia del requisito de la comparecencia personal es razonable y no incide sustancialmente en el derecho de defensa. En esencia, la presencia personal del acusado en el proceso penal es un deber. Puede ser necesaria para el esclarecimiento de los hechos.
Que esa jurisprudencia se ha mantenido pese a la reforma llevada a cabo en el año 2015 con el fin de trasponer la Directiva 2013/48 al Derecho español y que, en virtud del artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el derecho a la asistencia de letrado se limita única y exclusivamente en los supuestos previstos en el artículo 527 de esa Ley, expresamente citado en dicho artículo 118.
En consecuencia, el mencionado Juzgado de Instrucción se pregunta sobre el alcance del derecho a la asistencia de letrado establecido en esa Directiva. En particular, alberga dudas sobre la conformidad de la citada jurisprudencia con el artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva y con el artículo 47 de la Carta. Y lo hace con el siguiente contenido de cuestión prejudicial: «¿Deben interpretarse el artículo 47 de la [Carta] y en especial, el artículo 3.2 de la Directiva [2013/48] en el sentido de que el derecho a ser asistido por letrado puede ser demorado justificadamente en cuanto el sospechoso o acusado no comparece a la primera citación del Tribunal y se dicta orden nacional, europea o internacional de detención, demorando la asistencia de letrado y su comparecencia en la causa hasta que se verifiquen y el sospechoso sea conducido por la fuerza pública hasta el Tribunal?»
2. El TJUE enmarca la cuestión determinando que el órgano jurisdiccional remitente pretende que se dilucide si el disfrute del derecho a la asistencia de letrado puede demorarse por razón de la incomparecencia del sospechoso o acusado, sin que la petición verse sobre el contenido del derecho a la asistencia de letrado conforme a la citada Directiva (cuyos elementos se mencionan en su artículo 3, apartado 3), y lo resuelve señalando que:
El artículo 3, apartado 1, de la Directiva obliga a los Estados miembros a velar por que los sospechosos y acusados tengan derecho a ser asistidos por un letrado en el momento y del modo que les permita ejercer sus derechos de defensa en la práctica y de manera efectiva (STJUE Kolev y otros, C‑612/15, de 5 de junio de 2018, EU:C:2018:392, apartado 103) -apartado 30-. Señala la STJUE Kolev y otros en su apartado 104 que como se desprende esencialmente de su considerando 12, la Directiva que nos ocupa pretende promover, en particular, el derecho a hacerse aconsejar, defender y representar, enunciado en el artículo 47, párrafo segundo, de la Carta, y los derechos de defensa garantizados en el artículo 48, apartado 2, de esta.
En virtud del artículo 3, apartado 2, de esa Directiva, el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado sin demora injustificada y, en cualquier caso, a partir del momento que antes se produzca de entre los cuatro específicos que se indican en las letras a) a d) de esa misma disposición -apartado 32-.
El art. 3, apartado 2 de la Directiva dispone que el sospechoso o acusado tendrá derecho a ser asistido por un letrado, en particular, «antes [de ser] interrogado por la policía u otras fuerzas o cuerpos de seguridad o autoridades judiciales», de conformidad con dicho artículo 3, apartado 2, letra a), y «con la suficiente antelación antes de que el sospechoso o acusado citado a personarse ante el tribunal competente en materia penal se presente ante dicho tribunal», de acuerdo con ese mismo artículo 3, apartado 2, letra d) -apartado 33-.
El artículo 3 de la Directiva establece que el derecho a la asistencia de letrado consagrado en ella podrá dejar de aplicarse temporalmente en tres circunstancias, contempladas, respectivamente, en su artículo 3, apartado 5, en su artículo 3, apartado 6, letra a), y en su artículo 3, apartado 6, letra b) -apartado 37-.
El disfrute del derecho de los sospechosos o acusados a la asistencia de letrado, consagrado por la Directiva 2013/48 y nacido, en todo caso, a partir del momento que antes se produzca de entre los que se indican en su artículo 3, apartado 2, letras a) a d), no depende de la comparecencia del interesado -apartado 46-.
La incomparecencia del sospechoso o acusado no forma parte de las razones por las que puede dejar de aplicarse el derecho a la asistencia de letrado enumeradas exhaustivamente en dicha Directiva, por lo que el hecho de que un sospechoso no se haya presentado, pese a las citaciones practicadas para que compareciera ante un juzgado de instrucción, no puede justificar que se le prive del disfrute de tal derecho -apartado 46-.
La interpretación del art 3, apartado 2, de la Directiva 2013/48 en el sentido de que el derecho a la asistencia de letrado no puede demorarse por razón de la incomparecencia del sospechoso o acusado tras haber sido citado es coherente con las exigencias del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta -apartado 47-.
Y, desde lo anterior, responde el TJUE a la cuestión prejudicial planteada señalando que la Directiva 2013/48, y en particular su artículo 3, apartado 2, debe interpretarse, a la luz del artículo 47 de la Carta, en el sentido de que se opone a una normativa nacional, tal como la ha interpretado la jurisprudencia nacional, según la cual, durante la fase de instrucción, el disfrute del derecho a la asistencia de letrado puede demorarse por razón de la incomparecencia del sospechoso o acusado tras habérsele practicado la citación para comparecer ante un juzgado de instrucción, hasta la ejecución de la orden de detención nacional dictada contra el interesado.
3. Encontrándonos ante una materia indiscutiblemente propia del derecho de la Unión (apartados 23 a 28 de la Sentencia), debe recordarse en este punto aún no mencionándola la Sentencia, el contenido de la STJUE (Gran Sala) Melloni, C- 399/11, de 26 de febrero de 2013 -apartados 59 y 60-: «En virtud del principio de primacía del Derecho de la Unión, que es una característica esencial del ordenamiento jurídico de la Unión (véanse los dictámenes 1/91, de 14 de diciembre de 1991, Rec. p. I‑6079, apartado 21, y 1/09, de 8 de marzo de 2011, Rec. p. I‑1137, apartado 65), la invocación por un Estado miembro de las disposiciones del Derecho nacional, aun si son de rango constitucional, no puede afectar a la eficacia del Derecho de la Unión en el territorio de ese Estado (véanse, en especial, las sentencias de 17 de diciembre de 1970, Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Rec. p. 1125, apartado 3, y de 8 de septiembre de 2010, Winner Wetten, C‑409/06, Rec. p. I‑8015, apartado 61). Es cierto que el artículo 53 de la Carta confirma que, cuando un acto del Derecho de la Unión requiere medidas nacionales para su ejecución, las autoridades y tribunales nacionales siguen estando facultados para aplicar estándares nacionales de protección de los derechos fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de protección previsto por la Carta, según su interpretación por el Tribunal de Justicia, ni a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión”, por lo que debe abandonarse por los tribunales nacionales la aplicación estricta de la doctrina del Tribunal Constitucional y este órgano deberá revisar su jurisprudencia y en concreto que «pueda entenderse compatible con el derecho de defensa (art. 24.2 CE y art. 118 LECrim) una decisión judicial de rechazo de la personación del investigado o acusado mediante procurador o abogado, con fundamento en que aquel se encuentra sustraído a la acción de la justicia, resulta[ndo] necesario: i) que el condicionamiento judicial del ejercicio del derecho de defensa a la comparecencia personal del investigado o acusado venga impuesto por la norma legal reguladora del concreto proceso de que se trate o se infiera razonablemente de las reglas generales que disciplinan la tramitación de ese proceso; y ii) que la negativa judicial a la personación del investigado o acusado mediante procurador o abogado, por no hallarse aquel a disposición del Tribunal, supere las exigencias del juicio de proporcionalidad» (STC 24/2018, de 5 de marzo, FJ 4), en tanto que su adaptación al art. 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de acuerdo con el contenido dado por el TJUE y con el contenido de la Directiva 2013/48, implica que el derecho a la asistencia de letrado consagrado en ella sólo podrá dejar de aplicarse temporalmente en tres circunstancias:
En caso de que la lejanía geográfica de un sospechoso o acusado imposibilite el ejercicio del derecho a la asistencia de letrado sin demora injustificada tras la privación de libertad (art. 3, apartado 5 de la Directiva 2013/48).
En caso de una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona (art. 3, apartado 6, letra a de la Directiva 2013/48),
En caso de una necesidad urgente de una actuación inmediata de las autoridades de instrucción para evitar comprometer de modo grave el proceso penal (art. 3, apartado 6, letra b de la Directiva 2013/48).
STJUE VW, C‑659/18, de 12 de marzo de 2020
Gabriel Rodríguez Ramos	2020-03-18T17:48:29+00:00	12 marzo, 2020|Jurisprudencia|