Source: https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/09/24/1203
Timestamp: 2020-08-07 09:04:23
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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 18', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 508', 'artículo 10', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'artículo 3']

BOE.es - Documento BOE-A-2010-14658
Documento BOE-A-2010-14658
«BOE» núm. 233, de 25 de septiembre de 2010, páginas 81464 a 81481 (18 págs.)
BOE-A-2010-14658
https://www.boe.es/eli/es/rd/2010/09/24/1203
Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 abril 2010 se modificó la estructura orgánica de los departamentos ministeriales para la mayor eficacia y racionalidad en la acción de la Administración General del Estado, dentro del marco del plan de austeridad del gasto público y del plan de reestructuración de aquélla.
El artículo 2 del citado Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, determinó los órganos superiores y directivos en los que se estructuraba el Ministerio de Justicia, suprimiendo en su apartado segundo la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional con fecha de efectos el 1 de julio de 2010, y estableciendo su disposición final segunda que la Ministra de la Presidencia, a iniciativa de cada ministerio interesado, elevaría al Consejo de Ministros los proyectos de reales decretos de adaptación de la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales a las previsiones contenidas en el mismo real decreto.
Posteriormente, el Real Decreto 869/2010, de 2 de julio, modificó el artículo 2 del anteriormente citado, referido exclusivamente al Ministerio de Justicia, dándole una nueva redacción que en esencia comporta la supresión de dos direcciones generales, la de Cooperación Jurídica Internacional dependiente de la Subsecretaria y que ya había sido suprimida por el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, y la de Relaciones con las Confesiones, dependiente de la Secretaría de Estado de Justicia, refundiéndose los servicios y medios de ambas en la nueva de Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las Confesiones, que dependerá de la Secretaria de Estado.
En todo lo demás el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, permanece inalterable y por consiguiente plenamente vigente las previsiones de la disposición final segunda sobre los proyectos de reales decretos de adaptación de la estructura orgánica de los diferentes departamentos ministeriales a las previsiones contenidas en el mismo real decreto.
En cumplimiento de dicha previsión, este real decreto desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, consecuencia de la supresión de las dos direcciones generales comentadas, la creación de una nueva y el cambio de adscripción de dos órganos directivos, la Abogacía General del Estado-Servicio Jurídico del Estado y la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Al haberse refundido las actividades de cooperación jurídica internacional con las de relaciones con las confesiones, dado el carácter multinacional de las distintas confesiones religiosas y sus relaciones con los organismos internacionales en el marco de los convenios o tratados internacionales, parece mas razonable que el nuevo centro directivo se encuadre en la Secretaría de Estado de Justicia y no en la Subsecretaría, y así se dispone en el texto del presente real decreto.
Asimismo, la Abogacía General del Estado-Servicio Jurídico del Estado y la Dirección General de los Registros y del Notariado pasan a depender, respectivamente, de las personas titulares del Ministerio y de la Subsecretaría.
Razones de seguridad jurídica y técnica legislativa aconsejan dictar un nuevo real decreto que sustituya al Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia, como la mejor y más clara solución que evite tener que consultar varias normas parcialmente vigentes.
En su virtud, a iniciativa del Ministro de Justicia, a propuesta de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de septiembre de 2010,
1. El Ministerio de Justicia, cuyo titular es el Notario Mayor del Reino, es el departamento de la Administración General del Estado al que corresponde, dentro del ámbito de las competencias que le confieren las disposiciones legales vigentes, la propuesta y ejecución de la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, sin perjuicio de las competencias de otros departamentos, derechos y libertades religiosas y de culto, derechos de gracia y títulos nobiliarios y grandezas de España; la política de organización y apoyo de la Administración de Justicia; la cooperación jurídica internacional, así como con las comunidades autónomas en coordinación con los demás departamentos competentes en la materia; y la asistencia jurídica del Estado.
4. Como órgano de asistencia inmediata al Ministro existe un Gabinete, con nivel orgánico de dirección general, con la estructura que se establece en el artículo 18.2 del Real Decreto 495/2010, de 30 de abril.
Dependiente del Gabinete del Ministro existe una Oficina de Prensa, cuyo titular tendrá el nivel orgánico que se determine en la relación de puestos de trabajo y a la que será de aplicación lo dispuesto en el artículo 18.4 del Real Decreto 495/2010, de 30 de abril.
a) El Consejo del organismo autónomo Centro de Estudios Jurídicos.
b) La Junta de Gobierno de la Orden de San Raimundo de Peñafort.
c) La Conferencia Sectorial de Administración de Justicia.
1. La Secretaría de Estado de Justicia es el órgano superior del departamento al que corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la coordinación y colaboración con la Administración de las comunidades autónomas al servicio de la Justicia, la ordenación, planificación, apoyo y cooperación con la Administración de Justicia y con la Fiscalía en su modernización, la cooperación jurídica internacional y las relaciones con los organismos internacionales y de la Unión Europea en el ámbito de las competencias del Ministerio de Justicia la dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas a los asuntos religiosos y libertad de conciencia.
a) La Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, de la que dependen los siguientes órganos directivos:
1.° La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
2.° La Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia, que ejercerá la ejecución de las funciones de la Secretaría General en materia de modernización de la Administración de Justicia.
3. Están adscritos al Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Estado de Justicia, el Centro de Estudios Jurídicos y la Mutualidad General Judicial, con la naturaleza jurídica, estructura y funciones que se prevén en su normativa especifica.
4. Como órgano de apoyo y asistencia inmediata al Secretario de Estado, existe un Gabinete, con nivel orgánico de subdirección general, con la estructura que establece el artículo 18.3 del Real Decreto 495/2010, de 30 de abril por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Artículo 3. Secretaria General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia.
La Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia, con nivel orgánico de subsecretaría, es el órgano directivo que asume respecto de la Administración de Justicia las funciones de impulso, dirección y seguimiento de su modernización, la ordenación y distribución de sus recursos humanos, materiales y financieros, las relaciones ordinarias con sus diferentes órganos, y la dirección e impulso de los procesos de traspasos de medios materiales y personales en esta materia.
Dependen de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia los siguientes órganos directivos con nivel orgánico de dirección general:
I) La organización y supervisión de los institutos de medicina legal y del Instituto Nacional de Toxicología y de Ciencias Forenses y de sus medios técnicos, así como de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual y de los equipos de especialistas sobre la materia.
d) La Subdirección General de Organización y Coordinación Territorial de la Administración de Justicia, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos j), k). I), m) y n) del apartado anterior.
Artículo 5. Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia.
1. La persona titular de la Dirección General de Modernización de la Administración de Justicia tiene la condición de Secretario General de la Administración de Justicia, según lo previsto por la disposición adicional novena de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
i) La planificación estratégica, la dirección y la ejecución de la modernización tecnológica de los juzgados y tribunales, del Ministerio Fiscal, de los Registros Civiles y de los registros administrativos de apoyo a la actividad judicial, así como la coordinación de las actuaciones en esta materia con otras administraciones, órganos del Estado, corporaciones profesionales e instituciones públicas.
4. La persona titular de esta Dirección General desempeñará la Presidencia del Consejo del Secretariado.
c) La organización de la participación de los representantes del Ministerio de Justicia en los organismos y programas internacionales, en relación con las actividades y funciones propias del departamento.
f) La asistencia al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los trabajos de los órganos subsidiarios, comités y grupos de trabajo de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la OCDE, así como en materia de protección y promoción de los derechos humanos.
g) La dirección, la gestión y la informatización del Registro de Entidades Religiosas, la ordenación del ejercicio de su función y la propuesta de resolución de los recursos en vía administrativa que se ejerzan contra los actos derivados del ejercicio de dicha función registral.
h) Las relaciones ordinarias con las entidades religiosas.
i) La elaboración de las propuestas de acuerdos y convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas y, en su caso, su seguimiento.
j) El análisis, seguimiento, vigilancia, impulso y desarrollo de la libertad religiosa y de culto, en coordinación con los órganos competentes de los demás departamentos, así como su promoción en colaboración con las instituciones y organizaciones interesadas en ella.
k) Las relaciones con los organismos nacionales y departamentos competentes en la materia, dedicados al estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad religiosa y de culto.
l) Las relaciones con los organismos internacionales competentes en materia de libertad religiosa, de creencias y de culto y, más particularmente, en la aplicación y desarrollo de los convenios o tratados internacionales referentes a las mencionadas libertades.
m) La elaboración de los proyectos normativos sobre las materias propias del ejercicio de los derechos de libertad religiosa y de culto, en coordinación con la Secretaría General Técnica, y el conocimiento y, en su caso, informe de cuantos proyectos normativos puedan afectar a tales derechos.
La Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos a) y b) del apartado 1.
La Subdirección General para los Asuntos de Justicia en la Unión Europea y Organismos Internacionales, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos c), d), e) y f) del apartado 1.
La Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, a la que corresponde el ejercicio de las funciones indicadas en los párrafos g) a m) del apartado 1.
3. La persona titular de la Subdirección General de la Cooperación Jurídica Internacional será la representante del Ministerio de Justicia en la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio.
Le corresponde, con carácter general, el apoyo y asesoramiento técnico al Ministro en la elaboración y aprobación de los planes de actuación del departamento, el análisis de la actuación, funcionamiento y estructura de los órganos, unidades y organismos del departamento o dependientes del mismo y la formulación, en su caso, de propuestas para su mejora funcional, organizativa y administrativa atendiendo a los principios de legalidad, eficacia, eficiencia y calidad, así como el análisis y coordinación de aquellas otras propuestas que, al efecto, propongan los demás órganos superiores del departamento, además de las directrices de actuación y funcionamiento de los órganos y unidades dependientes de la Subsecretaría.
Es también el órgano directivo del departamento al que corresponde, bajo la superior autoridad del Ministro, la dirección, impulso y gestión de las atribuciones ministeriales relativas a estado civil y nacionalidad, la fe pública notarial, los derechos regístrales y el Registro Civil, así como las relaciones con el Consejo General del Notariado y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España.
n) Facilitar a las administraciones públicas, organismos, entidades, asociaciones y a los particulares la información sobre las materias referidas en la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, así como los medios y procedimientos para que los interesados puedan ejercitar sus derechos.
ñ) Promover la coordinación de las distintas unidades responsables de la ejecución de la citada Ley 52/2007, y en particular la elaboración, en colaboración con las demás administraciones, de un mapa integrado de los territorios donde se localicen restos de víctimas, así como la elaboración de un protocolo de actuación científica multidisciplinar, para la realización de las exhumaciones.
4. Asimismo, depende de la Subsecretaría, con nivel orgánico de subdirección general, el Gabinete Técnico, como órgano de apoyo y asistencia al Subsecretario, al que se atribuyen las funciones de coordinación y seguimiento de las actividades de las unidades que dependen de la Subsecretaría, así como la preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia, títulos nobiliarios y grandezas de España.
e) La Subdirección General de Información Administrativa e Inspección General de Servicios, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos i), j),k) y I) del apartado 2.
6. Asimismo, dependen de la Subsecretaría las siguientes unidades:
a) La División de Informática y Tecnologías de la Información, con el rango que se determine en la relación de puestos de trabajo, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en el párrafo m) del apartado 2.
b) La Oficina de Victimas de de la Guerra Civil y la Dictadura, con el nivel que se determine en la relación de puestos de trabajo, a la que corresponde el ejercicio de las funciones enumeradas en los párrafo n) y ñ) del apartado 2.
7. Está adscrita a la Subsecretaría, con las funciones que le atribuyen las disposiciones vigentes, y sin perjuicio de su dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda, la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración General del Estado, con nivel orgánico de subdirección general.
Artículo 8. Secretaria General Técnica.
f)	El seguimiento de las disposiciones y actos de las comunidades autónomas.
i)	Las propuestas de resolución de los recursos administrativos contra los actos y disposiciones del departamento, de los procedimientos de revisión de oficio, de las reclamaciones previas a la vía judicial, civil o laboral y de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros órganos del departamento.
j)	Las relaciones con los juzgados y tribunales de Justicia, sin perjuicio de lo previsto por la normativa vigente en materia de representación y defensa en juicio del Estado y otras instituciones públicas.
b) La Subdirección General de Política Legislativa, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas los párrafos k) y I) del apartado anterior.
3. Depende, asimismo, de la Secretaría General Técnica, la División de Recursos y Relaciones con los Tribunales, con el rango que se determine en la relación de puestos de trabajo, a la que corresponde el ejercicio de las funciones señaladas en los párrafos i) y j) del apartado 1,
a) El asesoramiento jurídico a la Administración General del Estado y a sus organismos autónomos, así como, cuando proceda normativa o convencionalmente, el de las demás entidades y organismos públicos, sociedades mercantiles estatales y fundaciones con participación estatal. En particular, le corresponde el asesoramiento jurídico del Ministerio de Justicia.
c) La asistencia jurídica en materia de Derecho de la Unión Europea, así como la representación y defensa del Reino de España ante los órganos jurisdiccionales de la Unión Europea, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y ante cualesquiera órganos internacionales competentes en materia de salvaguarda de los derechos humanos. Asimismo, la asistencia jurídica del Reino de España en otros organismos internacionales, así como cuanto se relacione con la representación y defensa del Estado, organismos autónomos, restantes organismos y entidades públicas, sociedades mercantiles estatales o fundaciones con participación estatal, cuando así corresponda legal o convencionalmente, y órganos constitucionales ante cualesquiera jurisdicciones o procedimientos prejudiciales o extrajudiciales en el extranjero.
6. La unidad especial en el Servicio Jurídico del Estado creada por el Real Decreto 915/1994, de 6 de mayo, actuará bajo la superior dependencia del Ministro de Justicia y la inmediata del titular de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, y desempeñará las funciones previstas en el artículo 3 del citado real decreto.
7. La organización antes descrita no será óbice para que, mediante la aprobación de la correspondiente relación de puestos de trabajo, puedan configurarse departamentos por órdenes jurisdiccionales y/o por materias, dependientes orgánica y funcionalmente de la Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, que asuman la llevanza de algunos de los procesos y/o el ejercicio de algunas de las funciones consultivas atribuidas al Servicio Jurídico del Estado.
2. Las gerencias territoriales suministrarán a los servicios centrales del Ministerio de Justicia cuantos datos, informes y estudios de planificación les sean solicitados o consideren oportuno remitir, con arreglo a las instrucciones recibidas, en materia de la competencia de aquéllos, y realizarán las funciones de información y atención al ciudadano que, en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, se les asignen.
f)	Realizar el inventario de inmuebles y demás bienes inventariables.
La División de Tramitación de Derechos de Gracia y otros Derechos.
La Subdirección General del Registro y Relaciones Institucionales.
La Subdirección General de Coordinación y Promoción de la Libertad Religiosa.
Los titulares de la Secretaría de Estado de Justicia y de la Subsecretaría de Justicia acordarán la suplencia de los órganos directivos directamente dependientes de ellos en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad. En su defecto, la persona titular de la Secretaría General de Modernización y Relaciones con la Administración de Justicia será suplida en los supuestos mencionados por las personas titulares de las direcciones generales que de ella dependen por el orden en que aparecen reguladas en este real decreto, y el Abogado General del Estado-Director del Servicio Jurídico del Estado, la persona titular de la Secretaría General Técnica y las personas titulares de las direcciones generales del departamento serán suplidos, en los supuestos mencionados, por las personas titulares de las subdirecciones generales que de ellos dependen por el orden en que aparecen reguladas en este real decreto.
Las unidades y puestos de trabajo de nivel orgánico inferior a subdirección general que resulten afectados por las modificaciones orgánicas establecidas en este real decreto continuarán subsistentes y serán retribuidos con cargo a los mismos créditos presupuestarios, hasta tanto se aprueben las relaciones de puestos de trabajo adaptadas a la estructura orgánica de este real decreto.
Las unidades y puestos de trabajo encuadrados en los órganos suprimidos se adscribirán provisionalmente, mediante resolución de la Subsecretaría y hasta la entrada en vigor de la nueva relación de puestos de trabajo, a los órganos regulados en este real decreto, en función de las atribuciones que éstos tengan asignadas.
Se encomienda a la Subsecretaría de Justicia la gestión e inspección de las funciones en materia de objeción de conciencia y prestación social sustitutoria que continúe gestionando el departamento y, en particular, la resolución de los recursos interpuestos sobre esta materia, el ejercicio de la potestad disciplinaria, la gestión del Registro de objetores y la gestión de las prestaciones económicas de los objetores de conciencia en situación de actividad.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en este real decreto y, en particular, el Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Justicia.
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 869/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.
Uno. El artículo único del Real Decreto 869/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, queda redactado como sigue:
C. La Abogacía General del Estado-Dirección del Servicio Jurídico del Estado, con rango de Subsecretaría.»
Disposición final segunda. Modificación del Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos.
Se modifican los artículos 3.1.c) y 10 del Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Centro de Estudios Jurídicos, que quedan redactados como sigue:
Uno. El artículo 3.1.c) queda redactado como sigue:
«La formación continuada y especialización de los miembros de la carrera fiscal, en colaboración con la Fiscalía General del Estado, y de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Médicos Forenses y demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así como, en su caso, del personal a que se refiere el artículo 508 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.»
Dos. El artículo 10 queda modificado como sigue.
«La Dirección del Centro de Estudios Jurídicos se desempeñará por un subdirector general, nombrado y separado por Orden del Ministro de Justicia, con los requisitos señalados en el artículo 19.2 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.»
Disposición final tercera. Modificación del Real Decreto 1159/2001, de 26 de octubre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.
El Real Decreto 1159/2001, de 26 de octubre, por el que se regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, queda modificado como sigue:
«Artículo 1. Naturaleza y composición.
1. La Comisión Asesora de Libertad Religiosa es un órgano colegiado adscrito orgánica y funcionalmente al Ministerio de Justicia.
A. Presidente: La persona titular de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones.
a) Un representante de la Presidencia del Gobierno y de cada uno de los Ministerios de Economía y Hacienda, del Interior, de Defensa, de Educación, de Cultura, de Trabajo e Inmigración, de Sanidad y Asuntos Sociales, y de la Presidencia, designados por sus respectivos titulares.
b) Nueve representantes de las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas o Federaciones de las mismas entre las que, en todo caso, estarán las que tengan arraigo notorio en España, que serán designados por el Ministro de Justicia después de oídas al menos estas últimas.
c) Nueve personas de reconocida competencia en el campo de la libertad religiosa, designadas por acuerdo del Consejo de Ministros a propuesta de Ministro de Justicia.
C. Secretario: Un funcionario del Ministerio de Justicia, licenciado en Derecho, designado por el Presidente de la Comisión, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.
3. El mandato de estos vocales será de cuatro años, pudiendo ser nombrados para nuevos mandatos, sin perjuicio de las sustituciones que sean consecuencia de los supuestos de cese, renuncia o fallecimiento. La duración de las sustituciones quedará limitada al tiempo de mandato que restara al vocal sustituido.»
Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo 3 que queda redactado como sigue:
«3. La Comisión Permanente ejercerá las competencias que el Pleno le delegue y estará integrada por las siguientes personas:
a) La persona titular de la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones, que la presidirá.
b) Ocho vocales designados por el Pleno, tres entre los representantes de las Iglesias, Confesiones y Comunidades Religiosas o Federaciones de las mismas, tres entre las personas de reconocida competencia, y dos entre los representantes de la Administración General del Estado.
c) Actuará como Secretario el del Pleno, que asistirá a las reuniones con voz pero sin voto.»
La modificación del art. 2 del Real Decreto 495/2010, de 30 de abril, se establece de acuerdo con la modificación del art. único del Real Decreto 869/2010, de 2 de julio.
SE DEROGA, por Real Decreto 453/2012, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2012-3161).
DEROGA el Real Decreto 1125/2008, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2008-11579).
art. único del Real Decreto 869/2010, de 2 de julio (Ref. BOE-A-2010-10545).
art. 2 del Real Decreto 495/2010, de 30 de abril (Ref. BOE-A-2010-7184).
arts. 3.1.c) y 10 del Real Decreto 1276/2003, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2003-19155).
arts. 1 y 3.3 del Real Decreto 1159/2001, de 26 de octubre (Ref. BOE-A-2001-20091).