Source: https://boe.vlex.es/vid/arbitral-conflictos-cedidos-autonomas-16135000
Timestamp: 2020-07-03 19:21:41
Document Index: 49184397

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 106', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 23', 'Artículo 6', 'artículo 25', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 9', 'Artículo 12', 'Artículo 13']

REAL DECRETO 2451/1998, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas. - BOE. Boletín Oficial del Estado - Legislación - VLEX 16135000
Fecha de Entrada en Vigor: 26 de Noviembre de 1998
Marginal: BOE-A-1998-27046
CAPÍTULO I. Naturaleza y competencias de la Junta Arbitral - arts. 2 y 3
CAPÍTULO II. Organización de la Junta Arbitral - arts. 4 a 6
CAPÍTULO III. Funcionamiento de la Junta Arbitral - art. 7
CAPÍTULO IV. Procedimiento de la Junta Arbitral - arts. 8 a 13
Norma citada en: 21 sentencias, 11 artículos doctrinales, 3 disposiciones normativas, 7 resoluciones administrativas
Artículo único Aprobación del Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas.
Disposición adicional primera Regímenes fiscales del País Vasco y Navarra.
Disposición adicional segunda Referencia a las Ciudades de Ceuta y Melilla.
El artículo 7.3.2.b) del Reglamento del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, aprobado por Real Decreto 1629/1991, de 8 de noviembre.
El artículo 106.3.b) del Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo.
Disposición final primera Autorización al Ministro de Economía y Hacienda.
ANEXO. Reglamento de la Junta Arbitral de resolución de conflictos en materia de tributos del Estado cedidos a las Comunidades Autónomas
CAPÍTULO I Naturaleza y competencias de la Junta Arbitral Artículos 2 y 3
Artículo 2 Naturaleza de la Junta Arbitral.
Artículo 3 Competencias de la Junta Arbitral.
La resolución de los conflictos que se susciten entre la Administración tributaria del Estado y la de una o varias Comunidades Autónomas, o entre éstas entre sí, con motivo de la aplicación de los puntos de conexión de los tributos cedidos.
La resolución de los conflictos que se suscriben entre la Administración tributaria del Estado y la de una o varias Comunidades Autónomas, o entre éstas entre sí, con motivo de la competencia en relación a los procedimientos de gestión, liquidación, recaudación e inspección de los tributos cedidos, de acuerdo con los puntos de conexión aplicables.
CAPÍTULO II Organización de la Junta Arbitral Artículos 4 a 6
Artículo 4 Composición de la Junta Arbitral.
Artículo 5 El Presidente de la Junta Arbitral.
El Presidente de la Junta Arbitral, en quien deberá concurrir la condición de jurista de reconocido prestigio, será nombrado por el Ministro de Economía y Hacienda a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
El mandato del Presidente de la Junta Arbitral tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha del nombramiento, sin perjuicio de su posible renovación por períodos sucesivos de igual duración.
El Presidente de la Junta Arbitral cesará en su cargo a petición propia o por decisión del Ministro de Economía y Hacienda a propuesta del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
Son competencias del Presidente de la Junta Arbitral:
En general, las propias de los Presidentes de órganos colegiados señaladas en el artículo 23 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que sean compatibles con la naturaleza y las normas de organización, funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral establecidas en este Reglamento.
En particular, las previstas en este Reglamento.
Las retribuciones del Presidente de la Junta Arbitral serán fijadas por el Ministro de Economía y Hacienda.
Será nombrado un Presidente sustituto en la forma y con los requisitos previstos en el apartado 1 anterior, el cual sustituirá al Presidente en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Artículo 6 Los Vocales de la Junta Arbitral.
Son Vocales de la Junta Arbitral:
Cuatro representantes de cada Comunidad Autónoma en conflicto.
Los Vocales de la Junta Arbitral en representación de la Administración del Estado serán nombrados por el Ministro de Economía y Hacienda. Actuará como Secretario de la Junta aquél de sus Vocales que determine el Ministro de Economía y Hacienda.
Los cuatro Vocales en representación de cada Comunidad Autónoma serán designados por el órgano de Gobierno respectivo:
Bien para cada conflicto en el que la Comunidad Autónoma sea parte interesada.
Bien genéricamente para todos los conflictos en los que la Comunidad Autónoma sea parte interesada.
Son funciones del Secretario de la Junta Arbitral:
En general, las especificadas en el artículo 25.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que no sean incompatibles con la naturaleza y las normas de organización, funcionamiento y procedimiento de la Junta Arbitral establecidas en este Reglamento.
Cuantas se desprendan de lo establecido en este Reglamento.
CAPÍTULO III Funcionamiento de la Junta Arbitral Artículo 7
Artículo 7 Régimen de funcionamiento de la Junta Arbitral.
CAPÍTULO IV Procedimiento de la Junta Arbitral Artículos 8 a 13
Artículo 8 Régimen aplicable.
Artículo 9 Iniciación.
El procedimiento se inicia mediante el planteamiento del conflicto ante la Junta Arbitral por la Administración tributaria del Estado o por la de cualquier Comunidad Autónoma.
La Administración tributaria del Estado, a través de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, podrá promover conflictos en los supuestos siguientes:
Cuando estime que, por aplicación de los puntos de conexión de los tributos cedidos, le corresponda el rendimiento de un determinado tributo declarado y, en su caso, ingresado por el sujeto pasivo en una Comunidad Autónoma, o respecto del cual ésta se haya dirigido a aquél para su declaración o ingreso.
Cuando, por aplicación de las normas reguladoras de la cesión de tributos, se considere competente en relación con la gestión, liquidación, recaudación o inspección de un tributo cedido respecto del cual esté ejerciendo o haya ejercido dichas funciones la Administración tributaria de una Comunidad Autónoma.
La Administración tributaria de cualquier Comunidad Autónoma, a través de su respectivo órgano competente en la materia, podrá promover conflictos en los supuestos siguientes:
Cuando estime que, por aplicación de los puntos de conexión de los tributos cedidos, le corresponda el rendimiento de un determinado tributo declarado y, en su caso, ingresado por el sujeto pasivo en la Administración tributaria de otra Comunidad Autónoma o del Estado, o respecto del cual cualesquiera de éstas se haya dirigido a aquél para su declaración o ingreso.
Cuando, por aplicación de las normas reguladoras de la cesión de tributos, se considere competente en relación con la gestión, liquidación, recaudación o inspección de un tributo cedido respecto del cual esté ejerciendo o haya ejercicio dichas funciones la Administración tributaria de cualquier otra Comunidad Autónoma o del Estado.
Será necesario que antes del planteamiento del conflicto la Administración tributaria que se considere competente haya requerido a la que estime incompetente, reclamando su competencia, y que esta última se haya ratificado en su competencia expresa o tácitamente. El mencionado requerimiento se realizará en el plazo de treinta días hábiles a contar desde la fecha en que la Administración que se considere competente tuviera conocimiento del acto o disposición que a su juicio vulnere los puntos de conexión establecidos en las normas reguladoras de la cesión de tributo. En el escrito de requerimiento se especificarán con claridad, los actos o disposiciones viciados, así como los fundamentos de derecho.
Los conflictos se promoverán en el plazo de quince días a contar desde la ratificación expresa o tácita a que se refiere el apartado anterior, mediante escrito dirigido al Presidente de la Junta Arbitral en el que se harán constar los extremos siguientes, en relación con el conflicto:
La Administración tributaria que lo plantea.
La Administración tributaria contra la que el mismo se plantea.
Todos los datos que permitan identificar el supuesto concreto objeto del mismo.
Los antecedentes y razonamientos en los que se fundamenta la reclamación de competencia.
Simultáneamente al planteamiento del conflicto la Administración tributaria promotora del mismo notificará esa circunstancia a la Administración tributaria afectada por aquél, absteniéndose ambas, desde entonces, de cualquier actuación en relación con el asunto objeto del conflicto.
Una vez recibido el escrito de planteamiento del conflicto el Presidente de la Junta Arbitral acusará recibo del mismo dentro del plazo de cinco días, solicitando, en su caso, a la Administración tributaria promotora de aquél la subsanación de los defectos advertidos en la documentación exigible prevista en el apartado 5 del artículo 9 del presente Reglamento, a cuyo fin dicha Administración tributaria dispondrá de un plazo de diez días.
Cumplido el trámite anterior, el Presidente de la Junta Arbitral notificará el planteamiento del conflicto a la Administración tributaria contra la que el mismo se haya promovido, adjuntando a la notificación el escrito de planteamiento del conflicto, así como la documentación anexa al mismo, con las subsanaciones que, en su caso, se hubieran realizado.
Tras las recepción de las alegaciones o, en su defecto, al término del plazo señalado en el párrafo segundo del apartado anterior, el Presidente de la Junta Arbitral dispondrá de un plazo máximo de dos meses para completar la instrucción del expediente.
Una vez evacuados los trámites a que se refiere el apartado anterior, y, en todo caso, al término del plazo de dos meses señalados en el párrafo primero de dicho apartado, el Presidente de la Junta Arbitral pondrá de manifiesto el expediente a las Administraciones tributarias en conflicto, así como a los interesados en el mismo, todos los cuales dispondrán de un plazo de quince días para formular cuantas alegaciones tengan por conveniente.
Cumplido el trámite de alegaciones a que se refiere el apartado anterior, el Presidente de la Junta Arbitral dispondrá de quince días para elaborar una propuesta de resolución, la cual deberá comprender:
Una relación de todos los antecedentes del conflicto y de las actuaciones llevadas a cabo durante la instrucción del expediente, con una descripción sucinta de su contenido.
Una relación de las normas legales y reglamentarias de aplicación al caso en controversia.
Las consideraciones jurídicas en torno a cuantas cuestiones se deriven del expediente, hayan sido suscitadas o no por las Administraciones tributarias o interesados en el conflicto.
La fórmula de ejecución del acuerdo.
Notificará la propuesta de resolución a los restantes Vocales de la Junta Arbitral en representación de la Administración del Estado, así como a los Vocales representantes de las Administraciones de las Comunidades Autónomas en conflicto.
Convocará a los Vocales a que se refiere el párrafo a) anterior a la sesión de la Junta Arbitral de deliberación y adopción del acuerdo que proceda, con indicación de la fecha, lugar y hora en la que habrá de celebrarse la referida sesión, la cual deberá tener lugar dentro de los quince días siguientes a dicha notificación.
En la sesión de la Junta Arbitral señalada para la resolución del conflicto los Vocales, tras las oportunas deliberaciones, podrán:
Solicitar, previa votación, la aportación de nuevos documentos de contenido esencial para la resolución, en cuyo caso el Presidente de la Junta Arbitral ordenará la retroacción del procedimiento al momento en el que el defecto u omisión fue cometido, no obstante en la nueva sesión de la Junta Arbitral que se celebre para la resolución del conflicto, los Vocales no podrán volver a formular esta solicitud.
Formular observaciones a la propuesta de resolución elaborada por el Presidente de la Junta Arbitral.
Proceder, sin más, a someter a votación la propuesta de resolución.
Los acuerdos de la Junta Arbitral, tanto de solicitud de nuevos documentos como de modificación o aprobación de la propuesta de resolución, modificada o no, deberán ser adoptados por mayoría de votos. En caso de empate el voto del Presidente de la Junta Arbitral tendrá carácter dirimente.
Los acuerdos que adopte la Junta Arbitral quedarán reflejados en el acta que habrá de extender al efecto el Secretario de aquélla, quien la remitirá al Presidente dentro de los cinco días siguientes al de la celebración de la sesión correspondiente.
Artículo 12 Notificación y ejecución.
Artículo 13 Impugnación.
Real Decreto 1507/1984, de 1 de agosto, por el que se aprueban las Normas reguladoras de la Junta de Cooperacion entre la administracion del Estado y l...
REAL DECRETO 1204/2002, de 20 de noviembre, por el que se regula el Observatorio de la Pequeña y Mediana Empresa.
DECRETO FORAL 589/1999, de 22 de noviembre, por el que se modifican los artículos 2.1, 3, 23.1.A) y 26 del Decreto Foral 85/1995, de 3 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Foral 10/1994, de 4 de julio, de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
ORDEN de 14 de marzo de 2012, por la que se crea la Comisión de Trabajo denominada Unidad de Modernización Administrativa.