Source: http://www.elhombreylascosas.com.ar/2017/06/responsabilidad-del-estado-por-arboles.html
Timestamp: 2017-08-17 07:46:38
Document Index: 87512833

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 236', 'artículo 3485', 'artículo 3486', 'artículo 669', 'artículo 395', 'artículo 62', 'artículo 1113', 'artículo 395', 'artículo 398', 'artículo 395', 'artículo 399', 'in fine']

EL HOMBRE Y LAS COSAS: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ARBOLES EN VÍA PÚBLICA
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ARBOLES EN VÍA PÚBLICA
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ARBOLES EN LA VÍA PÚBLICA
Se mantiene el decisorio de grado que condenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a resarcir los daños y perjuicios sufridos por la reclamante en su inmueble como consecuencia del crecimiento de las raíces de los árboles que se encontraban en el frente de la propiedad, toda vez que, ha quedado demostrado que la actora efectuó oportunamente los reclamos administrativos, denunciando que el crecimiento de las raíces estaban produciendo daños en el inmueble y el accionado desoyó el mentado reclamo; a lo que cabe agregar que el informe elaborado por dependencias de la propia ciudad, al igual que el informe pericial del ingeniero civil, vincularon la producción de los daños con el crecimiento de las raíces. Así, ha quedado comprobado que el demandado omitió cumplir con su obligación de mantener y conservar la arboleda pública, siendo ello causa adecuada y eficiente para la producción del daño reclamado.
(Sada Manzini, María I. vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s. Daños y perjuicios /// Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Sala II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02-02-2017; RC J 3448/17)
Sada Manzini, María I. vs. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s. Daños y perjuicios /// Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario Sala II, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 02-02-2017; RC J 3448/17
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 02 días del mes de febrero de dos mil diecisiete, se reúnen en Acuerdo los Señores jueces de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para dictar sentencia en los autos caratulados: "Sada Manzini María I. c/ GCBA s/daños y perjuicios (excepto resp. médica)" Expte. N° 14946/0, y habiéndose practicado el sorteo pertinente resulta que debe observarse el siguiente orden: FERNANDO E. JUAN LIMA, FABIANA H. SCHAFRIK DE NUÑEZ Y ESTEBAN CENTANARO, resolviendo plantear y votar la siguiente cuestión: ¿es justa la resolución apelada?
A la cuestión planteada, el Sr. juez FERNANDO E. JUAN LIMA dijo: RESULTA:
1. Que la señora María Inés Sada Manzini promovió demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA) a raíz de los daños y perjuicios que habría sufrido en el inmueble donde habitaba como consecuencia del crecimiento de las raíces de los árboles que se encontraban en el frente de la propiedad.
Conforme se desprende del relato de los hechos, la actora indicó que en las inmediaciones de su domicilio, existían tres árboles que tenían entre 60 y 100 años (v. fs. 49).
En este sentido, explicó ante la falta de mantenimiento por parte del demandado, el crecimiento desmedido de las raíces de las especies en cuestión se desplazaron por debajo de los cimientos de la propiedad favoreciendo la filtración de humedad en estos sectores de la casa (v. fs. 49 vta.). Asimismo, relató que sufrió daños en el interior de su domicilio tales como grietas en las paredes y en el suelo» (v. fs. 50/50 vta.).
En este contexto, expresó que desde 1997 efectuó reclamos por dicha situación ante el Centro de Gestión y Participación de su zona. A su vez, destacó que a partir de la nota presentada en diciembre de 1999, se formó el expediente administrativo 61548/1999.
En particular, manifestó que se han producido varios daños en el inmueble tales como grietas en las paredes, daños en los cimientos, destrucción parcial de los pisos, entre otros (v. fs. 50/50 vta.).
En función de lo expuesto, reclamó la suma total de quinientos ochenta y tres mil pesos ($ 583000) para reparar la totalidad de los daños sufridos como consecuencia del crecimiento de las raíces de los árboles ubicados en el frente de su domicilio, con costas (v. fs. 2 y 52/52 vta.).
2. Que, corrido el pertinente traslado, el GCBA contestó la demanda a fs. 57/65 vta.
En primer lugar, opuso la excepción de falta de legitimación activa como defensa de fondo, dado que al momento de presentar la demanda no acreditó su condición de propietaria del inmueble afectado ni ninguna otra documentación que determine su relación con el bien.
Por su parte, al contestar la demanda, sostuvo que no podía endilgársele responsabilidad por el estado de la propiedad, puesto que el deterioro descripto obedecía al descuido y negligencia de los ocupantes (v. fs. 60/61 vta.).
A su vez, entendió que la actora era la responsable del mantenimiento de las rejillas y desagües internos, por lo cual, no podría atribuírsele responsabilidad por los supuestos daños causados por los anegamientos de las rejillas (v. fs. 62).
Ante ello, destacó la ausencia de nexo de causalidad. En efecto, la parte demandada expuso que la actora no logró vincular los hechos que le imputa con los daños alegados en la demanda. Es decir, no logró demostrar cuál sería la causa atribuible al GCBA que le haya generado un daño (v. fs. 63 vta./64).
En otro orden, manifestó que existía otro expediente judicial tramitando en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°12, Secretaría N°24, en el cual la actora le estaba reclamando los daños sufridos en su propiedad como consecuencia de las fuertes lluvias ocurridas el 24 de enero de 2001. En consecuencia, solicitó la acumulación de los expedientes y la suspensión de los plazos.
Por último, manifestó su oposición a la prueba informativa, planteó caso federal y solicitó el rechazo de la demanda con costas a la actora.
3. Que, ante la excepción opuesta por el GCBA, la actora efectuó su contestación a fs. 71/72 vta.
Asimismo, a fs. 98/98 vta., la parte actora denunció como hecho nuevo el trabajo realizado por personal del GCBA tendientes a cortar las raíces de los árboles ubicados en el frente de su domicilio. A su vez, acompañó las correspondientes pruebas del mentado hecho.
En este sentido, el a quo admitió el hecho nuevo y la prueba acompañada (v. fs. 108/108 vta.).
Por último, a fs. 148/149, se rechazó el pedido de acumulación efectuado por la parte demandada.
4. Que, conforme surge de fs. 310/320, el Sr. magistrado de grado hizo lugar a la demanda y condenó al GCBA a abonar la suma de ochenta y dos mil sesenta y tres pesos ($ 82063), comprensiva de los gastos necesarios para la reparación del inmueble según fue detallado en el correspondiente informe pericial.
Para así decidir, en primer lugar, resolvió rechazar la excepción de falta de legitimación activa opuesta oportunamente por la demandada, puesto que la aptitud de la actora para interponer el reclamo judicial había quedado demostrado a través de los diversos informes de dominio y de las constancias que surgían en el expediente "Sada Carlos Marcos s/ Sucesión ab intestato" (v. fs. 312 vta.).
Con respecto a la responsabilidad del demandado, el a quo sostuvo que "... por expresa previsión normativa los árboles de la Ciudad de Buenos Aires (...) constituyen bienes del dominio público del Estado, y pesa sobre las autoridades de la Ciudad la obligación de conservarlos en buen estado, de manera que las personas puedan transitar por las calles sin riesgos para su integridad o bienes" (confr. fs. 314 vta.).
En virtud de ello, tuvo por probado que el GCBA tenía conocimiento del estado de las raíces de los árboles ubicados en el frente de la propiedad donde habitaba la Sra. Manzini, considerando especialmente que su inacción fue lo que provocó el hecho dañoso reclamado en el sub lite (v. fs. 315 vta.).
En este contexto, a través de los diversos dictámenes periciales agregados en la causa, tuvo por comprobado los daños sufrido por la actora -v. fs. 315 vta./316-. Asimismo, en base al informe elaborado por el perito ingeniero civil -coincidente con el informe elevado por el arquitecto Delfor E. García a la Dirección General de Guardia, Auxilio y Emergencias de la Ciudad de Buenos Aires, que obra a fs. 19- determinó la existencia de nexo causal entre la inacción del GCBA y los daños sufrido por la actora en su inmueble (v. fs. 318).
En otro orden, para cuantificar los daños sufridos, se basó en el informe pericial presentado por el ingeniero civil. Allí, se calcularon los costos de las reparaciones que habría que efectuarle al inmueble y estimó para ello la suma de ochenta y dos mil sesenta y tres pesos ($ 82063) según los costos de 2009. Con respecto a los intereses, teniendo en cuenta que el daño fue valuado a valores actuales al momento del dictamen mencionado anteriormente, determinó la aplicación de la tasa promedio establecida en el plenario "Eiben", estableciendo como inicio del cómputo la fecha de confección del informe pericial en cuestión (v. fs. 319 vta.).
5. Que, notificada la sentencia a las partes, el GCBA interpuso recurso de apelación a fs. 326/326 vta., el cual fue concedido a fs. 327.
A fs. 336/343 vta. obra la correspondiente expresión de agravios. Allí, se agravió concretamente por: a) la legitimación activa de la actora, toda vez que ella no era la propietaria de la totalidad del inmueble dañado; b) la falta de nexo de causalidad; c) los daños materiales endilgados, por considerar que ellos se debieron al deterioro de la cosa y no a las raíces de los árboles; d) el plazo para el pago de la condena y e) la imposición de las costas.
Conferido el traslado pertinente, la parte actora contestó los agravios a fs. 346/349 vta. solicitando su rechazo, a cuyos fundamentos cabe remitirse en honor a la brevedad.
Finalmente, a fs. 350, los autos pasaron al acuerdo.
6. Que, en primer lugar, resulta necesario señalar que, durante la tramitación del expediente, entró en vigencia el Código Civil y Comercial (en adelante, CCyC) aprobado mediante la Ley 26994 y su modificatoria Ley 27077.
En virtud de ello, con respecto al alcance del cambio normativo suscitado, cabe destacar que el hecho ilícito sindicado como fuente del daño reclamado es anterior a la reforma legal aludida. El nacimiento de la relación jurídica a la que se refiere este pleito, por tanto, quedó agotado al momento de producirse aquel hecho y la procedencia de la responsabilidad imputada al demandado, entonces, no puede ser juzgada con arreglo a la nueva ley sin darle un efecto retroactivo categóricamente prohibido en las disposiciones del artículo 7 del CCyC.
Ello así, conforme se pronunció la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en adelante, CSJN) con relación a la eficacia temporal de la reforma mencionada, el principio de irretroactividad impide la aplicación de las nuevas disposiciones a relaciones y situaciones jurídicas consumidas bajo el anterior régimen legal (in re "D. L. P., V. G. c/ Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas s/ amparo", Fallos: 338:706).
Establecido lo anterior, corresponde abordar el análisis de las objeciones planteadas por la recurrente.
7. Que, a fin de mantener un orden metodológico, se tratará en primer lugar la crítica referida a la ausencia de nexo de causalidad y la inexistencia de falta de servicio, ya que de proceder, sería innecesario tratar los demás agravios expresados por la parte demandada.
Al respecto, de forma preliminar resulta oportuno recordar que el reconocimiento de la responsabilidad estatal por su actividad tanto lícita como ilegítima, exige para su procedencia el cumplimiento de ciertos requisitos imprescindibles, esto es: a) la existencia de un daño actual y cierto; b) la relación de causalidad entre el accionar lícito (que lo coloque en una situación de afectación especial) o ilícito del Estado -hecho o acto ilegítimo, o funcionamiento irregular o defectuoso del servicio, por no cumplirse de una manera regular las obligaciones impuestas por las normas (confr. art. 1112 del Código Civil)- y aquel perjuicio y, c) la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a dicho Estado (confr. Fallos: 306:2030; 307:821; 318:1531; 320:113; 321:1776; 321:2144; entre otros).
Sobre esas bases, debe interpretarse que cuando un derecho ha sufrido menoscabo frente a la preeminencia de un interés público o por el obrar irregular del Estado, no basta la existencia de tal perjuicio para justificar por sí la procedencia del resarcimiento, pues corresponde examinar si concurren los requisitos enumerados anteriormente.
8. Que, en este marco de ideas, cabe recordar que el GCBA sostuvo la inexistencia de la falta de servicio, puesto que la causa de las roturas producidas en el inmueble donde habitaba la actora no se debió a las raíces sino a las características del bien en cuestión (v. fs. 337 vta.).
A raíz de ello, sostuvo que existía una interrupción del nexo causal toda vez que la causa eficiente de los daños sufridos por la actora no radicaban en una omisión que se le pudiera atribuir (v. fs. 338 vta.).
8.1. En virtud de lo expuesto, es oportuno resaltar que el GCBA se encuentra obligada a la conservación de la arboleda pública. A tal efecto, cabe destacar que la norma vigente tanto al momento de la interposición del reclamo administrativo por parte de la actora (22 de septiembre de 1999) como la fecha de la interposición de la demanda (30 de diciembre de 2004), era la Ordenanza 44779.
En este contexto, es dable señalar que la manutención del arbolado constituye un servicio público (conf. art. 3o de la Ordenanza 44779). En efecto, según surge de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ordenanza, el Estado local "... tomará las medidas necesarias para la conservación del arbolado público, conforme las normas técnicas para su adecuado manejo y conservación. A tal fin realizará inspecciones periódicas a los efectos de detectar enfermedades o daños... ".
8.2. Mencionada la normativa aplicable, cabe destacar que la parte actora formuló los correspondientes reclamos administrativos ante los daños que estaba sufriendo como consecuencia del crecimiento desmedido de las raíces de los árboles que se encontraban en el frente de su domicilio. En efecto, el 22 de septiembre de 1999, presentó formalmente su reclamo ante la Dirección General de Espacios Verde (v. fs. 43/43 vta.).
Asimismo, el 11 de junio de 2004, la Sra. Manzini presentó una nota dirigida al Sr. Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, solicitando un informe técnico con respecto a los daños producidos en el inmueble en el cual habitaba (v. fs. 18). En consecuencia a ello, en julio de 2004, se realizó la correspondiente inspección del estado del inmueble y de la arboleda en cuestión. Ante ello, el arquitecto Delfor E. García, informó que la propiedad se encontraba "... sumamente afectada por filtraciones en muros y techos, observándose fisuras en el paramento de la medianera derecha. También además de estar la acera completamente desnivelada debido al crecimiento desmedido de las raíces de los árboles existentes, las cuales han crecido de manera tal, que han obstruido la cañería de desagüe del inmueble, provocando anegamientos en el terreno con el consecuente asentamiento diferencial de las paredes (origen de las fisuras citadas)
(...) Por otro pare, las ramas de estos árboles, avanzan sobre la terraza de la casa, obstruyendo los desagües pluviales de la misma debido a sus hojas desprendidas
(...) De acuerdo a lo dicho, deberá procederse al corte de las raíces en forma urgente, debiéndose podar las ramas que afectan la azotea, con el fin de evitar que la situación planteada se potencie con el correr del tiempo " (v. fs. 19).
En virtud de ello, del propio informe producido en el ámbito del GCBA surgía que los daños ocasionados a la propiedad eran producto del crecimiento de las raíces ubicados en el frente del inmueble.
A su vez, en el informe pericial elaborado por el perito ingeniero civil, se expuso expresamente que "... los tres árboles citados, dada la antigüedad y envergadura de los mismos, causaron daños en la construcción con el crecimiento de sus raíces y ramas" (v. fs. 221 vta.). Por consiguiente, el dictamen mencionado anteriormente es coincidente con el informe elaborado para el GCBA que obra a fs. 19. A su vez, cabe aclarar que la parte demandada no impugnó el informe pericial en cuestión.
En este contexto, según puede colegirse de las diversas constancias de la causa, ha quedado demostrado que la actora efectuó oportunamente los reclamos denunciando que el crecimiento de las raíces estaban produciendo daños en el inmueble donde habitaba. Sin embargo, al momento de interponer la demanda, el GCBA desoyó el mentado reclamo. A ello, cabe agregar que un informe elaborado por la propia demandada -v. fs. 19- al igual que el informe pericial del ingeniero civil -v. fs. 221/225 vta - vincularon la producción de los daños con el crecimiento de las raíces de los árboles en cuestión. Así, ha quedado comprobado que el GCBA omitió cumplir con su obligación de mantener y conservar la arboleda pública, siendo ello causa adecuada y eficiente para la producción del daño reclamado por la actora.
En otro orden, cabe recordar que el GCBA alegó la ruptura del nexo causal por entender que el crecimiento de las raíces no era la causa eficiente para la producción de los daños denunciados por la actora. Al respecto, no debe soslayarse que quien alega una causal de eximición de responsabilidad debe probarla. Sin embargo, la demandada se ha limitado en disentir con los resultados producidos en los distintos informes técnicos y también con el razonamiento efectuado por el juez de grado, sin demostrar ni aportar elemento alguno que permitan apartarse de los expuesto por los profesionales mencionados.
Por último, la parte demandada criticó al juez de grado por no haber valorado el informe pericial elaborado por el perito ingeniero agrónomo, toda vez que este habría expresado que las causas del daño habrían sido otras distintas al crecimiento desmedido de las raíces de los árboles (v. fs. 337 vta.).
Ante ello, es importante señalar que la parte actora impugnó el dictamen pericial en cuestión -v. fs. 218/219 vta.-. En consecuencia, el perito contestó dicha impugnación y formuló algunas aclaraciones al respecto. Allí, destacó que "[para mayor confirmación de la totalidad de las causas que definitivamente provocaron los daños descritos, será necesario recurrir a la aplicación de técnicas de relevamiento propias de disciplinas como la Ingeniería Civil o la Arquitectura" (v. fs. 240).
De este modo, el a quo valoró en todo su conjunto los distintos informes periciales producidos en la causa, incluso el dictamen presentado por el ingeniero agrónomo. En base a ello, fue persuadido de que la causa del daño fue la falta de control y mantenimiento de los árboles ubicados en las inmediaciones del inmueble en cuestión (v. fs. 318).
En virtud de ello, no le asiste razón a la recurrente al sostener que el juez de grado no sopesó la totalidad de la prueba, máxime cuando no expresó de qué manera pudiera existir un desacierto en la valoración de la prueba efectuado por el magistrado.
A mayor abundamiento, es oportuno destacar que el propio perito dictaminante consideró que un ingeniero civil o un arquitecto eran los profesionales idóneos para establecer la causa del daño del inmueble. Por lo tanto, incluso del propio dictamen del cual intenta valerse el demandado para justificar la inexistencia de nexo de causalidad surge que los peritos idóneos para valorar dichas circunstancias eran otros profesionales distintos a él.
Por todo ello, considero que debe rechazarse el agravio de la demandada referente al nexo de causalidad y confirmar la sentencia de grado en lo atinente a este punto.
9. Que, asentado lo anterior, cabe adentrarse en el tratamiento del agravio del GCBA referido a los daños materiales reclamados por la actora.
9.1. En este contexto, cabe recordar que la expresión de agravios "...constituye un acto de impugnación destinado específicamente a criticar la sentencia recurrida, con el fin de obtener su revocación o modificación parcial por el tribunal" y que, de ese modo "...tiene la trascendencia de una demanda destinada a abrir la segunda instancia, pues sin expresión de agravios el tribunal se halla imposibilitado de entrar a verificar la justicia o injusticia del acto apelado y como su objeto lo constituye el ataque a la decisión del juez, la doctrina la denomina demanda de impugnación" (conf. Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, 2a edición, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1993, p. 939/940).
Asimismo, se ha dicho que "[e]/ contenido u objeto de la impugnación lo constituye la crítica precisa de cuáles son los errores que contiene la resolución; sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho. Crítica razonada, que no se sustituye con una mera discrepancia, sino que implique el estudio de los razonamientos del juzgador, demostrando a la Cámara las equivocadas deducciones, inducciones y conjeturas sobre las distintas cuestiones resueltas (...) La parte del fallo no impugnado o criticado insuficientemente, como sanción al recurrente, quedará consentida, pues reiteramos, la demanda de impugnación viene a determinar los agravios y capítulos que se someten a la Cámara" (conf. Fenochietto, Carlos E. - Arazi, Roland, ob. cit, p. 941/942).
En idéntico sentido, Fassi ha sostenido que el escrito de expresión de agravios debe contener "... un análisis razonado de [la] sentencia y una demostración de los motivos que se tienen para considerar que ella es errónea" (conf. Fassi, Santiago C, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1971, p. 473).
Por su parte, Palacio manifiesta que "... todo recurso se halla supeditado a dos tipos de requisitos: de admisibilidad y de fundabilidad. En ese orden de ideas un recurso es admisible cuando posibilita el examen de los agravios invocados por el recurrente..." y que "[és, en cambio, fundado, cuando en razón de su contenido substancial, resulta apropiado para la obtención de una resolución que reforme, modifique, amplíe o anule la resolución impugnada" (conf. Palacio, Lino E., Derecho Procesal Civil, T. V, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, reimp. 1979, p. 41/42, núm. 526).
Agrega este último autor que "[l]a expresión de agravios es el acto mediante el cual, fundando la apelación, el recurrente refuta total o parcialmente las conclusiones establecidas por la sentencia en lo que atañe a la apreciación de los hechos o de la prueba o a la aplicación de normas jurídicas. Se trata, por lo tanto {...)deuna alegación crítica e indirecta". Asimismo, añade que "... no constituyen expresiones de agravios idóneas las afirmaciones genéricas sobre la prueba omitiéndose precisar el yerro o desacierto en que incurrió el juez en sus argumentos sobre aquélla; el disentimiento con la interpretación judicial sin suministrar bases jurídicas a un distinto punto de vista; la mera disconformidad con la sentencia por considerarla equivocada o injusta o las generalizaciones y apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada. También es insuficiente la expresión de agravios si el recurrente se limita a manifestar que da por reproducidos argumentos formulados en presentaciones anteriores {...)ya que el respectivo escrito debe bastarse a sí mismo" (confr. Palacio, Lino E., ob. cit, p. 266/267).
9.2. De conformidad con las pautas precedentemente delineadas, cabe analizar el agravio de la demandada, por lo que -adelanto- considero que corresponde declarar desierto el planteo impetrado.
En primer lugar, el GCBA cuestionó el monto determinado por el juez de grado para indemnizar los daños materiales sufridos por la actora. Sin embargo, sostuvo que los árboles que habrían causado el daño no se encontraban en el frente de la propiedad en cuestión.
Por otro lado, reiteró sus argumentos referidos al estado de conservación del inmueble y la exclusiva responsabilidad de la actora por su abandono (v. fs. 339 vta.).
Asimismo, volvió sobre el punto de la causa de los daños, explicando que ellos se debían a las inundaciones sufridas en el año 2001, agregando que la verdadera causa del mal estado del inmueble no eran las raíces sino la falta de mantenimiento por parte del ocupante (v. fs. 340 vta.).
De esta manera, de lo alegado por la demandada no se desprende cuál sería la crítica concreta efectuada a la sentencia de grado. Al momento de expresar el agravio en cuestión, se limitó a repetir los fundamentos brindados para fundar la inexistencia de nexo causal. Sin embargo, la recurrente no se hizo cargo de los argumentos brindados por el a quo en lo que respecta a las conclusiones de la perito ingeniero civil.
En otro orden, el demandado reiteró los argumentos brindados al momento de fundar la inexistencia de nexo causal, arguyendo que los daños han sido provocados para la falta de mantenimiento del inmueble en cuestión. De esta manera, negó que la causa de estos daños fuera producto del crecimiento de las raíces de los árboles. A pesar de ello, tampoco ha tenido en cuenta lo dispuesto por el juez de grado al respecto, discrepando con su criterio sin aportar elementos que permitiesen determinar su desacierto. En efecto, la reiteración de argumentos en nada se relaciona con la existencia o no del daño.
En virtud de ello, no logra desprenderse del agravio en cuestión cuál sería la crítica concreta a la decisión del juez de grado, puesto que en ningún momento formuló un razonamiento tendiente a demostrar el error al momento de fijar el monto indemnizatorio.
Por lo expuesto, no se hallan motivos que me permitan concluir en que el juez de grado haya incurrido en algún yerro al cuantificar el daño material sufrido por la actora, como así tampoco se ha logrado conmover los fundamentos dados para determinar el monto de la indemnización.
9.3. Asentado lo anterior, debe señalarse que el recurrente, en su expresión de agravios, se limitó a discrepar con el juicio del a quo, sin fundar adecuadamente su parecer. En efecto, aún cuando se ponderase el agravio con el criterio amplio que observa esta sala, la brevísima presentación en análisis no cumple con los recaudos exigidos en el artículo 236 del CCAyT, por cuanto en el fundamento articulado se limitó a reiterar los argumentos expuestos en su escrito de contestación de demanda y en parte de su expresión de agravios, pero de forma alguna demostró el error o la arbitrariedad en el que habría incurrido el magistrado de grado en su resolución (Fallos: 310:2278; 311:1989 y 312:1819, entre otros).
En pocas palabras, en el escrito en estudio se ha manifestado un simple desacuerdo con la decisión adoptada en autos, en el cual no se han expuesto -con el rigor jurídico que debe observarse en los planteos como el presente- las bases legales de punto de vista del recurrente, no se ha atacado la pacífica jurisprudencia del fuero en la materia, así como tampoco se ha hecho cargo la parte de los argumentos esenciales del pronunciamiento de grado, circunstancias que sellan la suerte del recurso.
10. Que, en otro orden, cabe tratar el agravio referido a la falta de legitimación activa.
En este sentido, destacó que el inmueble dañado integra el acervo hereditario del Sr. Marcos Sada. En consecuencia, mencionó que la sucesión se encuentra aún en estado de indivisión, existiendo un condominio entre los herederos, destacando que a la actora le corresponde solamente "...de 1/6 partes del 9/16 que pertenecieron a su padre " (v. fs. 337).
En virtud de ello, entendió que en caso de prosperar la demanda, la actora no podría recibir la totalidad de la indemnización, ya que le corresponde a la totalidad de los coherederos (v. fs. 337).
Al respecto, es dable señalar que la actora acompañó el informe de dominio del inmueble ubicado en la calle Gabriela Mistral 4182/86 (v. fs. 287/287 vta.). Allí, conforme lo explicó la parte, figuran como titulares su padre y sus hermanos (v. fs. 288/288 vta.).
En este contexto, explicó que ante el fallecimiento de su padre, la Sra. Manzini resultaba heredera y tendría derecho a una parte del inmueble en cuestión. En efecto, dicha circunstancia surge de la copia de la declaratoria de herederos dictada en los autos "Sada, Marcos Carlos s/ sucesión ab intestato", que tramitara ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°49 de esta Ciudad (v. fs. 6/6 vta. de expediente "Sada Manzini Maria I c/ GCBA s/ beneficio de litigar sin gastos", expte. N° 14946/2).
A su vez, cabe recordar que el juez de grado rechazó la excepción de falta de legitimación opuesta por el GCBA. Para fundar dicha solución, tuvo por acreditado el vínculo de la parte actora con su padre a través de la compulsa del expediente sucesorio mencionado en el párrafo anterior. Asimismo, destacó que se había celebrado un acuerdo de partición en el cual los herederos convinieron adjudicar a la señora Manzini la totalidad de la cuota parte que le correspondía al señor Marcos Carlos Sada, como así también "... se comprometían a otorgar, mediante escritura pública, el acto jurídico que correspondiera a fin de que MARÍA INÉS SADA MANZINI adquiriera la titularidad del 100 % del inmueble mencionado..." (v. fs. 312 vta., lo destacado pertenece al original). Sin embargo, expuso que dicho acuerdo de partición no llegó a ser homologado.
Ahora bien, según surge de expediente sub examine, el señor Marcos Carlos Sada tenía derecho a la novena dieciseisavas partes del inmueble dañado (v. fs. 287/287 vta.). Por otra parte, la actora acreditó su condición de heredera del causante mencionado anteriormente mediante la copia de la correspondiente declaratoria de herederos, la cual fue cotejada por el a quo con la resolución original que obra en el expediente en el cual tramita la sucesión del señor Sada (v. fs. 312 vta.). Asimismo, vale destacar que en la mentada declaratoria, surge que existían otros herederos del Sr. Sada.
Por consiguiente, el carácter de heredera de uno de los cotitulares del inmueble legitima a la actora para reclamar los daños y perjuicios en cuestión. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que en el artículo 3485 del Código Civil de Vélez Sarsfield (en adelante, CC) se estableció que "[l]os créditos divisibles que hacen parte del activo hereditario, se dividen entre los herederos en proporción de la parte por la cual uno de ellos es llamado a la herencia".
En concordancia con ello, en el artículo 3486 del CC se dispuso que desde la muerte del causante"... cada heredero está autorizado para exigir, hasta la concurrencia de su parte hereditaria, el pago de los créditos a favor de la sucesión".
En virtud de las normas expuestas anteriormente, le asiste razón en forma parcial al demandado en el planteo formulado con respecto al planteo atinente a que la actora no puede percibir la totalidad de la indemnización. En efecto, como consecuencia de la normativa citada, la señora Manzini estaría facultada solo a percibir la suma correspondiente a su porción viril.
Sin embargo, cabe formular algunas aclaraciones respecto a este supuesto. En primer lugar, el monto indemnizatorio fijado por el juez de grado es una obligación de dar sumas de dinero, que constituye una obligación divisible en los términos de lo dispuesto en el artículo 669 del CC.
En este contexto, la limitación que se hace referencia en los artículos 3485 y 3486 del CC respecto al cobro de los créditos divisibles concierne a la relación que mantienen los coherederos con los deudores hereditarios. Esto se debe a que, al analizar la relación interna entre los coherederos, el crédito en cuestión forma parte del acervo hereditario, puesto que el importe del monto a percibir deberá computarse en las correspondientes hijuelas. Al respecto, es dable remarcar que se ha sostenido que "... el valor del crédito integra también la masa de cálculo sobre la cual se determinará la cuantía y extensión de la hijuela de cada heredero. Esta determinación interesa sólo a las relaciones entre los coherederos y a efectos de asegurar la justicia del acto partitivo" (conf. Zannoni, Eduardo A., Derecho de las sucesiones, T. I, Ed. Astrea, Ciudad de Buenos Aires, 2001, pág. 553).
Habida cuenta de ello -a los fines de mantener incólume los derechos de los demás coherederos y posibles acreedores del causante- corresponde que, a fin de efectuar el pago de la condena establecida por el juez de grado, se ordene la transferencia de los fondos a una cuenta abierta o por abrirse en el marco del expediente "Sada, Marcos Carlos s/ sucesión ab intestato", expte. N°627/1994, que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°49 de esta Ciudad, con el objeto de que la indemnización reclamada en autos sea computada en el acervo hereditario y se distribuya conforme a los procedimientos establecidos en la ley por el juez a cargo de la sucesión mentada.
11. Que resuelto lo anterior, corresponde tratar el agravio del GCBA respecto a la falta de determinación de plazo para el cumplimiento de la sentencia.
Sobre el punto, es dable señalar que si bien en la sentencia recurrida la Sra. juez de grado no especificó un plazo para el cumplimiento de la condena -que en este caso considero no es de naturaleza alimentaria-, no se advierte cómo esa indeterminación podría constituir algún tipo de agravio para la demandada.
Al respecto, en el artículo 395 del CCAyT expresamente se señala que cuando en la sentencia no se establece plazo de cumplimiento, la autoridad administrativa vencida enjuicio dispondrá de sesenta (60) días desde la notificación de la sentencia condenatoria, salvo los casos en que se trate de obligaciones de dar sumas de dinero, que no sean de naturaleza alimentaria, en cuyo caso son de aplicación los artículos 399 y 400 del mismo código (confr. sala II CAyT in re "Beñacar Alegre Catalina c/ GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)", EXP. N° 21817/0, del 05/08/2014 y "Barrotaveña Estela Renee el GCBA s/ daños y perjuicios (excepto resp. médica)", EXP N°36.667/0, del 01/07/2014). Por lo tanto, propongo que se rechace este agravio.
12. Que por último, corresponde expedirse respecto del agravio del GCBA relativo a la imposición de las costas del proceso.
En primer lugar, resulta menester recordar que en el artículo 62 del CCAyT se dispone que "[l]a parte vencida en el juicio debe pagar todos los gastos de la contraria, aun cuando esta no lo hubiese solicitado. Sin embargo, el tribunal puede eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al/la litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento, bajo pena de nulidad".
En este sentido, cabe señalar que las costas son, en nuestro régimen procesal, corolario del vencimiento. Se imponen no como una sanción, sino como el resarcimiento de los gastos provocados por el litigio.
De ese modo, la justificación de la condena en costas está en que la actuación de la ley no debe representar una disminución patrimonial para la parte en cuyo favor tiene lugar, haciendo su imposición al deber del juez de condenar al derrotado. Por lo tanto, el vencido debe cargar con todos los gastos que hubo de realizar el vencedor para obtener el reconocimiento de su derecho, quien debe salir incólume del proceso.
Así, en principio, quien hace necesaria la intervención del tribunal por su conducta -acción u omisión- debe soportar el pago de las costas que la contraparte ha debido realizar en defensa de sus derechos.
Por lo tanto, habiendo resultado sustancialmente vencida la demandada, no corresponde apartarse del principio general, debiendo confirmarse la sentencia de grado en este punto.
En virtud de lo dispuesto, propongo al acuerdo que: 1) se rechace parcialmente el recurso interpuesto por la parte demandada; 2) se declare parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por el GCBA; 3) se confirme la sentencia de grado en cuanto ordena el pago de la suma de ochenta y dos mil sesenta y tres pesos ($ 82063) con más sus intereses conforme lo dispuesto por el a quo. Dicho pago deberá efectuarse mediante la transferencia de los fondos mencionados anteriormente a una cuenta abierta o por abrirse en el marco del expediente "Sada, Marcos Carlos s/ sucesión ab intestato", expte. N° 627/1994, que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°49 de esta Ciudad. Asimismo, se libre oficio al Sr. juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°49 de esta Ciudad con copia certificada de la presente resolución, a los fines de poner en conocimiento lo aquí decidido; 4) se impongan las costas de ambas instancias a la parte demandada sustancialmente vencida (art. 62 del CCAyT).
A la cuestión planteada, la Sra. juez FABIANA H. SCHAFRIK DE NUÑEZ dijo:
Que adhiero al voto del Sr. juez FERNANDO E. JUAN LIMA.
A la cuestión planteada, el Sr. juez Dr. ESTEBAN CENTANARO dijo:
1. Coincido con lo expuesto por mi colega preopinante, Dr. FERNANDO E. JUAN LIMA, así como con la solución que propone para el caso en estudio, con excepción de lo expresado con relación a los fundamentos generales de la responsabilidad del Estado (ver considerando 7) y de lo dispuesto en el considerando 11° de su voto.
2. En cuanto al factor de atribución, cabe señalar que, mientras un sector de la jurisprudencia, coincidiendo con la postura que funda la responsabilidad en la teoría del riesgo, considera que la génesis del daño se encuentra en el vicio de la cosa -entendido como un defecto de fabricación o funcionamiento que la hace impropia para su destino normal- y haciendo aplicable el art. 1113, 2o párrafo, 2ª parte, del Código Civil; otro sector de la jurisprudencia, aún cuando la considera de naturaleza objetiva, lo hace con base en el deber de seguridad y garantía.
En suma, en el caso que nos ocupa, en que la responsabilidad pretende atribuirse al dueño o guardián de una cosa viciosa o riesgosa, forzoso resulta aplicar lo normado por el 2o párrafo del art. 1113 del Código Civil.
2.1. Al respecto, resulta oportuno poner de resalto que, de acuerdo al nuevo art. 1113 citado, si el daño hubiese sido causado por el vicio o riesgo de la cosa, el dueño o guardián de ella sólo se eximirá total o parcialmente de responsabilidad acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder. Resulta conveniente tener en cuenta que con esta fórmula se ha agregado al sistema original previsto por el Código Civil, la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa.
Ahora bien, se ha sostenido que, mientras de algunas cosas se puede decir que son peligrosas, de ninguna se puede decir, en cambio, que no lo sea en absoluto. En efecto, la pólvora está siempre pronta a estallar; es peligrosa. Un bastón sirve de apoyo al hombre para caminar, pero puede ser el objeto con el que al caerse se lesione clavándose la punta; puede ser peligroso (BUSTAMENTE ALSINA, JORGE, Tratado de la responsabilidad civil, Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1997, núm. 1042, pág. 414).
Así, sentado ello, cabe destacar que la opinión doctrinaria mayoritaria sostiene que el carácter inerte de la cosa no es un elemento que habrá de excluir su carácter riesgoso, pues el análisis de dicha característica no pasa por la determinación de si la misma se presenta pasiva o, por el contrario, en actividad, sino que, más bien, es la conclusión, a partir del estudio de las características de la cosa, respecto de si "ofrecía un riesgo especial, intrínseco, normal o extraordinario" (ZAVALA DE GONZÁLEZ, M., Responsabilidad por riesgo. El nuevo artículo 1113, Hammurabi, Buenos Aires, pág. 42).
El riesgo de la cosa ha de ser la causa del daño, y ese riesgo supone una "probabilidad de daño abstracta, que computa anticipadamente un número indefinido de sucesos perjudiciales en función de la aplicación de la cosa a su destino normar (ZAVALA DE GONZÁLEZ, M, op. cit., pág. 45). No altera dicha conclusión la circunstancia de que exista algún acto que desencadene esa potencialidad de riesgo en el caso concreto: así, la falta de adopción de medidas de seguridad (CNCiv., Sala H, en autos "Moltedo de Dickson, Nelly M. c/ Empresa Distribuidora Sur S.A. y otro", del 24/4/00, del voto del Dr. Claudio Kiper, publicado en L. L. 2001-D-693).
Y la constatación del incumplimiento de ese deber por parte de la Ciudad no se ve alterado por la mera invocación -huérfana de todo sustento probatorio- de que la causa de la roturas y filtraciones producidas no se debió al crecimiento de las raíces del árbol sino a las características de la construcción del inmueble donde reside la accionante.
Es decir que, no habiéndose probado adecuadamente el hecho del tercero o de la víctima, cabe concluir en la exclusiva responsabilidad que, en el evento de marras, le cabe al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
3. Con respecto a el agravio formulado por la demandada con relación al plazo fijado para el pago de la condena de marras.
En tal sentido, con vinculación a la aplicación de la Ley N° 23982, cabe mencionar que dicha norma había ordenado consolidar en el Estado Nacional las obligaciones vencidas o de causa o título anterior al Io de abril de 1991 (art. Io) y además resulta comprensiva de las obligaciones a cargo de la ahora ex Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (art. 2o). Sin embargo, a la fecha de publicación de la Ley de Consolidación (23/08/91) la Ciudad de Buenos Aires carecía de autonomía como contrariamente ocurre en la actualidad.
Es decir, previo a alcanzar la referida autonomía el Estado Nacional consolidaba sus obligaciones a fin de responder por las deudas contraídas por el Municipio de la Ciudad de Buenos Aires. Empero, en la actualidad, "El Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es sucesor de los derechos y obligaciones legítimas de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires..." (art. 7o de la Constitución de la CABA).
A tales efectos, si bien la Ley N° 23982 resulta vigente a la fecha de este pronunciamiento, cabe apuntar que no es aplicable al ámbito local, toda vez que es la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien debe dar cumplimiento a sus propias obligaciones y, siendo que la Ley de Consolidación es ajustada al Estado Nacional y a las Provincias que adhirieron al sistema, excede claramente su posibilidad de emplearla a este tipo de casos.
Por lo expuesto, cabe concluir que no resulta de aplicación la Ley 23.982 de conformidad como ya lo expusiera este tribunal (in re "Fundación de la hemofilia el Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires s/ cobro de pesos", EXP 3792/0, del 30/08/07, entre otros).
Sin embargo, con relación a la aplicación de las prescripciones contenidas en el Código Contencioso Administrativo y Tributario, cuadra precisar que en el artículo 395 se establece respecto de la ejecución de sentencias que "[l]a autoridad administrativa vencida en juicio, cuando en la sentencia no se establezca plazo de cumplimiento, dispone de sesenta (60) días computados desde la notificación de la sentencia condenatoria, para dar cumplimiento a las obligaciones en ellas impuestas, salvo cuando se trate de las de dar sumas de dinero, que no sean de naturaleza alimentaria, en cuyo caso son de aplicación los artículos 399°y 400° A los efectos de lo establecido en este artículo, están exentos de lo previsto en los artículos 399° y 400°, los créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno".
Por otra parte, en el artículo 398 del CCAyT se sienta el principio del carácter declarativo de las sentencias firmes que condenan a las autoridades administrativas al pago de sumas de dinero, con excepción de los créditos de carácter alimentario que no sobrepasen el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno. De conformidad con esto, las autoridades administrativas deben incluir en los proyectos de presupuesto para el ejercicio siguiente, la imputación con la que atender las erogaciones que resulten de las sentencias condenatorias mencionadas en el art. 398 (art. 399). El carácter declarativo cesa el 31 de diciembre del año de ejecución del presupuesto en el que se haya debido efectuar la inclusión del crédito (conf. arts. 399 y 400 del CCAyT).
Asimismo, como juez de esta sala, he dicho al respecto que los créditos de naturaleza alimentaria que sobrepasen el doble del sueldo del Jefe de Gobierno, son ejecutables hasta ese monto y en lo que lo exceden tienen carácter declarativo y, por ende, debe aplicarse a su respecto el procedimiento establecido en los artículos 399 y 400 del CCAyT. Esto se debe a que "la literalidad del artículo 395 del ordenamiento deforma -en cuanto señala que "están exentos de lo previsto en los artículos 399 y 400 los créditos de naturaleza alimentaria cuyo importe total no sobrepase el doble de la remuneración que percibe el Jefe de Gobierno- no puede conducir a la conclusión de considerar que la circunstancia que el crédito exceda esa referencia, hace que en su integridad se le apliquen las previsiones de los artículos 399 y 400 del citado ordenamiento. Adviértase que una conclusión contraria conduciría a soluciones reñidas con la razón, pues el solo hecho de exceder el honorario profesional en un peso la remuneración del Jefe de Gobierno haría que su ejecución encuadre en las previsiones del artículo 399 y 400 del ordenamiento de forma, negando en forma elíptica su carácter alimentario al diferir en el tiempo su percepción" (in re, SAC Sociedad Anónima Cinematográfica c/ GCBA (Dirección General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario) s/ amparo (art 14 CCABA)", EXP N° 2462/0, sentencia del 17/12/02).
De acuerdo con lo expuesto, deberá precederse de modo que la parte del crédito que no exceda el monto establecido como límite al que alude el art. 395 in fine del CCAyT sea abonada dentro del plazo de sesenta días desde la notificación de la sentencia. Por el contrario, si existiese una porción del crédito que exceda ese límite tendrá carácter declarativo y se regirá por el principio general establecido en el CCAyT es decir deberá sujetarse a lo normado por los artículos 399 y 400 de ese cuerpo legal para las sentencias condenatorias contra las autoridades administrativas que impliquen dar sumas de dinero (esta sala, in re "Goncalvez, Graciela I. el GCBA s/ expropiación", EXP 18788/0, sentencia del 12/12/08).
I. Rechazar parcialmente el recurso interpuesto por la parte demandada.
II. Declarar parcialmente desierto el recurso de apelación interpuesto por el GCBA.
III. Confirmar la sentencia de grado en cuanto ordena el pago de la suma de ochenta y dos mil sesenta y tres pesos ($ 82063) con más sus intereses conforme lo dispuesto por el a quo. Dicho pago deberá efectuarse mediante la transferencia de los fondos mencionados anteriormente a una cuenta abierta o por abrirse en el marco del expediente "Sada, Marcos Carlos si sucesión ab intestato", expte. N° 627/1994, que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°49 de esta Ciudad. Asimismo, se libre oficio al Sr. juez a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N°49 de esta Ciudad con copia certificada de la presente resolución a los fines de poner en conocimiento lo aquí decidido.
IV. Imponer las costas de ambas instancias a la parte demandada sustancialmente vencida (art. 62 del CCAyT).
Regístrese, notifíquese por secretaría y, oportunamente, archívese.
Esteban Centanaro - Fabiana H. Schafrik de Nuñez - Fernando E. Juan Lima.
http://www.rubinzalonline.com.ar/fallo/18022
Publicadas por Nina Norma Noriega a la/s 20:45