Source: https://www.scribd.com/doc/183666716/Demanda-Marco-Juridico-Para-La-Paz
Timestamp: 2016-08-30 10:18:47
Document Index: 381228214

Matched Legal Cases: ['artículo 22', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 25', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 93', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 1', 'artículo 93', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 14', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 01', 'artículo 125']

BrowseUploadSign inJoinBooksAudiobooksComicsSheet MusicWelcome to Scribd! Start your free trial and access books, documents and more.Find out moreHonorable Magistrada y Honorables Magistrados Corte Constitucional Sala Plena E. S. D.Ref.: Demanda de inconstitucionalidad contra el acto legislativo 01 de 2012 (parcial), “[p]or medio del cual se establecen instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”
Las dos expresiones que deben ser analizadas en conjunto son las siguientes. y aquel nuevo pilar que es implantado por el acto legislativo (en este 4
. puede concluirse que se instaura una nueva regla en lo concerniente a la investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos. esta disposición no precisa las consecuencias de la selección de casos. el respeto y la garantía de los derechos fundamentales de todas las personas residentes en Colombia exige que las autoridades estatales investiguen y juzguen todas las violaciones graves a los DDHH. Consideramos que dos de estos elementos normativos deben ser leídos en conjunto para demostrar la manera como modifican el deber estatal de investigación y juzgamiento. a saber: es deber del Estado colombiano garantizar los derechos de algunas de las personas residentes en Colombia e investigar algunas de las graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción y juzgar solo a algunos de sus responsables. sino tan solo aquellas conductas que constituyan crímenes de guerra cometidas de manera sistemática. En sí misma. Por eso es necesario acudir a la expresión que establece qué consecuencias se desprenden de la selección. Dicho en otros términos. Por otro lado. La primera de ellas es la que autoriza al Congreso a determinar los criterios con base en los cuales se seleccionarán las violaciones de derechos humanos que serán investigadas y juzgadas. queda claro que la manera como está prevista la selección en el acto legislativo 01 de 2012 conduciría a que no todos los responsables de violaciones de DDHH serán investigados y sancionados. Con esto. el acto legislativo 01 de 2012 señala que el Estado debe investigar a los máximos responsables de los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. el cual exige que se demuestre que el pilar esencial de la Constitución que se considera sustituido. mencionaremos que el acto legislativo 01 de 2012 introdujo tres elementos normativos que modifican el pilar esencial mencionado anteriormente.cuales se encuentran los de investigar y juzgar todos los hechos que constituyan una infracción grave a tales derechos. Al disponer esto restringe el universo de conductas que dan lugar al deber de respeto y garantía de los derechos de todas las personas residentes en Colombia y a la consiguiente obligación de investigación y juzgamiento por parte del Estado colombiano. En segundo lugar. con el propósito de que los esfuerzos investigativos puedan concentrarse en los máximos responsables de las violaciones de derechos humanos. por lo que no se podría determinar la manera como incide en el deber estatal de investigación y juzgamiento. creando así la siguiente regla: el Estado colombiano no está obligado a investigar y juzgar todas las conductas que constituyan crímenes de guerra. de un lado. En la tercera parte de la demanda abordaremos el último paso del juicio de sustitución. la cual dispone que se autorice a la renuncia condicionada de la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. mientras que el otro en sí mismo supone una modificación de dicho deber. Siendo así. incluidas las infracciones graves al DIH.
si se eliminara la expresión “máximos”. son radicalmente opuestas al pilar establecido originariamente por la Constitución de 1991. En este sentido. y que lo hace mediante un artículo de carácter transitorio. los cuales aparecen subrayados en el apartado I de la sección primera de la presente demanda. en vez de solo concentrarse en la investigación de los “máximos” responsables. le solicitaremos a la H. si se eliminara la expresión “cometidos de manera sistemática” quedaría claro que el deber de las autoridades estatales es garantizar que todos los crímenes de guerra.
. investigar y juzgar adecuadamente todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción. permanecería la autorización al Congreso de la República para determinar criterios de selección de casos que permitan concentrar los esfuerzos de investigación sobre todos los responsables de las graves violaciones de derechos humanos allí enlistadas. su impacto en la estructura constitucional es profundo y se extiende a diferentes normas constitucionales. no solo son diferentes. fueran investigados. sino solo a algunos. que son aquellos considerados como máximos responsables. y aquella otra según la cual el Estado colombiano no está obligado a investigar y juzgar todas las conductas que constituyan crímenes de guerra. Específicamente. Así. y el hecho de que la modificación sea temporal no implica que no pueda afirmarse que no se reemplaza lo establecido por el constituyente primario. de otro lado. las expresiones “máximos”. En nuestra opinión. “cometidos de manera sistemática” y “todos los”. no habría lugar a sostener que es posible renunciar a la investigación y el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. en tanto graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH.caso. En segundo lugar. Como consecuencia de este análisis. contenidos todos en el inciso 4 del artículo 1º del acto legislativo demandado. Corte Constitucional que declare inconstitucionales los apartes normativos que sustituyen el pilar esencial de la Constitución de 1991 al que nos hemos venido refiriendo. si se eliminara la expresión “todos los”. sino tan solo aquellas conductas que constituyan crímenes de guerra cometidas de manera sistemática. Nótese entonces que. hacen que un pilar esencial de la Constitución sea sustituido por otro diferente. al punto que resultan incompatibles. según el cual es deber del Estado garantizar los derechos de todas las personas residentes en Colombia y. como se explicará en detalle más adelante. sino tan solo de algunos de sus apartes. por consiguiente. sino que son radicalmente opuestos. Y en tercer lugar. demostraremos que la regla según la cual el Estado colombiano no está obligado a investigar y juzgar a todos los responsables de violaciones de derechos humanos. aunque el acto legislativo estudiado reforma solo un artículo de la Constitución Política. El carácter transitorio del artículo en el que se encuentran las expresiones demandadas tiene como efecto modificar un pilar esencial de la Constitución Política de 1991. aun cuando se tratara de casos que no hayan sido seleccionados. la sustitución no ocurre como consecuencia de la totalidad del acto legislativo. con independencia de si han sido cometidos de manera sistemática o no. por el acto legislativo 01 de 2012).
sino también a los “principios y valores” que emanan del bloque de constitucionalidad. sentencia C-1200 de 2003.II. Posteriormente. sino con el propósito de “delinear el perfil definitorio de la Constitución original. al afirmar que el juez constitucional no debe acudir al bloque de constitucionalidad para “comparar la reforma con el contenido de un principio o regla específica” que se desprenda de él. procederemos a argumentar los tres pasos analíticos del juicio de sustitución. El deber de investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario como elemento esencial del Estado colombiano originalmente diseñado en la CP de 1991 Según lo afirmado por la Corte Constitucional. En suma. Este primer paso del análisis de sustitución constituirá el parámetro de referencia (“premisa mayor”) con base en el cual se juzgará la constitucionalidad de una reforma constitucional.
. 1. con el propósito de demostrar la inconstitucionalidad del acto legislativo 01 de 2012. el análisis de la sustitución de un elemento definitorio de la Constitución requiere.: Eduardo Montealegre Llynet. así como [de] los principios constitucionales fundamentales y su concreción en toda la Constitución original”5. MM. (ii) señalar a partir de múltiples referentes normativos cuáles son sus especificidades en la Carta de 1991 y (iii) mostrar por qué es esencial y definitorio de la identidad de la Constitución integralmente considerada”.
Corte Constitucional. P. Conviene mencionar que desde la primera sentencia en la cual la Corte acogió la teoría de los límites competenciales al poder de reforma constitucional aclaró que el parámetro de referencia para determinar los elementos o pilares sustanciales de la Constitución no solo lo integran los principios y valores que ella contiene. sosteniendo que: “es necesario (i) enunciar con suma claridad cuál es dicho elemento [definitorio de la Constitución]. ha aclarado cuál es la relevancia que tiene el bloque de constitucionalidad en el juicio de sustitución. en primera medida. sentencia C-551 de 2003. cabe destacar que para determinar cuáles son los “límites intrínsecos” al poder de reforma constitucional es necesario acudir no solo al articulado de la Constitución. sino también “aquellos que surgen del bloque de constitucionalidad”4. En la sentencia C-1040 de 2005 la Corte definió la manera como debía constituirse dicha premisa mayor con el fin de “evitar caer en el subjetivismo judicial”. identificar cuál es ese elemento esencial que se considera reemplazado por otro integralmente diferente. PP.
Conforme al plan de trabajo esbozado en el acápite anterior. M. Corte Constitucional.: Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil.
y constituye por lo tanto uno de sus pilares fundamentales. de investigar y juzgar adecuadamente las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción es un elemento definitorio del Estado colombiano diseñado en la CP. Segundo. reconocidas en tratados que integran el bloque de constitucionalidad. corresponde iniciar nuestra argumentación identificando cuál es el principio constitucional esencial que consideramos vulnerado. reconoce que para garantizar los derechos humanos el Estado debe investigar y juzgar a los responsables de las violaciones de DDHH e infracciones al DIH cometidas en su territorio. la obligación de garantizar comporta el deber de tomar todas las medidas necesarias para asegurar el pleno goce de los derechos y libertades fundamentales. En este apartado. Con el propósito de explicar el fundamento del deber de investigar y juzgar las violaciones a los derechos humanos. según el esquema mencionado antes. entonces. La obligación de respetar ordena a todos los órganos que forman parte de la estructura estatal a abstenerse de realizar conductas que vulneren dichos derechos. que establecen las obligaciones generales del Estado colombiano de respetar y garantizar los derechos de todas las personas residentes en Colombia. el cual fue sustituido por el acto legislativo impugnado. y para ello acudiremos tanto a disposiciones de la Constitución de 1991 como a normas del derecho internacional de los derechos humanos. expondremos los siguientes tres temas. Esta última obligación establece
. a. Y tercero. De acuerdo con numerosos instrumentos internacionales vinculantes para Colombia sobre derechos humanos. se explicarán las razones por las cuales tal deber de investigar y juzgar es un pilar esencial de la Constitución Política de 1991. así como la jurisprudencia de los organismos encargados de aplicarlas. sostendremos que el deber del Estado de garantizar los derechos de todas las personas residentes en Colombia y. Obligaciones estatales de respetar y garantizar el goce y ejercicio de los derechos humanos Con el fin de establecer la inconstitucionalidad de las expresiones demandadas se expondrán las normas internacionales y nacionales. la de garantizar los derechos humanos. Primero. explicaremos que los derechos humanos imponen dos obligaciones básicas al Estado colombiano: respetar y garantizar tales derechos. Por su parte. La Constitución Política de 1991.En este orden de ideas. los Estados tienen las obligaciones generales de respetar y garantizar sin discriminación los derechos de las personas que están bajo su jurisdicción. mostraremos que de una de tales obligaciones básicas. de la cual hace parte el deber de investigar ex officio y juzgar adecuadamente los hechos que puedan constituir violaciones a dichos derechos. al igual que diferentes tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia y que hacen parte del bloque de constitucionalidad. por consiguiente. se desprende el deber de investigar y juzgar las violaciones de DDHH y las infracciones al DIH cometidas en la jurisdicción del Estado colombiano.
Por su parte. sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos que ocurran dentro de la jurisdicción estatal. entre otros. Al interpretar esta disposición. P.varios deberes específicos.
Entre muchas otras sentencias en las que la Corte ha manifestado que la Convención Americana sobre Derechos Humanos hace parte del bloque.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos consagra la misma obligación. Doc.1 que es obligación de los Estados que ratifican este instrumento “respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto”. Corte Constitucional. Observación General No. Entre otras.: Clara Inés Vargas Hernández. Las obligaciones mencionadas han sido reconocidas. cfr. P. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “[e]l ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y. en especial a los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención. PP. Igualmente. a saber: prevenir. La índole de la obligación jurídica general impuesta. sin discriminación. el artículo 1. [L]a protección a los derechos humanos. Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos.: Manuel José Cepeda Espinosa. y C-355 de 2006. sentencias C-504 de 2007. al referirse a la obligación de respetar los derechos humanos. En diferentes oportunidades. el Comité de Derechos Humanos ha sostenido que este artículo establece el marco general “dentro del cual los derechos especificados en el Pacto se tienen que promover y proteger”. HRI/GEN/1/Rev. la Corte Constitucional ha reconocido que estos tratados hacen parte del bloque de constitucionalidad6. cfr. razón por la cual no se admiten las reservas frente a este7. En desarrollo de esta disposición. 80º período de sesiones. M. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en las que sólo puede penetrar limitadamente. MM. en consecuencia. Así. y C-046 de 2006. 7 Comité de Derechos Humanos. 31. Corte Constitucional. superiores al poder del Estado […].7 at 225 (2004). investigar. en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. parte de la afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público.
.: Álvaro Tafur Galvis. en distintas oportunidades la Corte Constitucional ha reconocido que el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos integra el bloque de constitucionalidad. M. sentencias C-401 de 2005. el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce en su artículo 2. M. P. al indicar que los Estados Parte deben “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella [y] garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”. U.N.: Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández.
Sentencia de 29 de julio de 1988. en su caso. Igualmente. Sentencia de 31 de agosto de 2012 Serie C No. párr. 9 Corte IDH. 4. En cuanto a la obligación de garantizar.165. todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público. Sentencia de 29 de julio de 1988. como la vida. la convivencia y la justicia. el Preámbulo de la Constitución indica que es fin del Estado asegurar a sus integrantes distintos derechos fundamentales. Argentina. Caso Velásquez Rodríguez Vs. pues son las que hacen de ellos el límite que el Estado no puede traspasar y los objetivos que este debe cumplir. Por esto. si es posible. Fondo. De manera más específica. Fondo. derechos y deberes consagrados en la Constitución”. a la que también hace referencia el artículo 1. Así. Fondo.1 de la Convención. Serie C No. párr. Excepciones Preliminares. véase también: Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Por su parte. la Corte Interamericana ha señalado que esta: “implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el aparato gubernamental y. La expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Según lo anterior. Serie A No. creencias y demás derechos y libertades”. honra. investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar. en su vida. y posteriormente especifica cuáles son esos derechos y libertades que deben ser asegurados y protegidos. el restablecimiento. 10 Corte IDH. la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos es una parte estructural de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por
Corte IDH. Caso Furlan y Familiares Vs. Honduras. de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Serie C No. en lo cual cumplen un papel esencial las obligaciones generales de respeto y garantía de tales derechos.
. a evitar que sus agentes los violen y a tomar todas las medidas necesarias para protegerlos. del derecho conculcado y. señala que este debe “proteger a todas las personas residentes en Colombia. tampoco sería posible para un Estado hacer una reserva frente al reconocimiento de las obligaciones de respeto y garantía previstas en la Convención Americana. Reparaciones y Costas. Caso Velásquez Rodríguez Vs.166. está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal”8. Honduras. en la protección de los derechos humanos. esto es. 21. en general. párr. 4. además. 246. 39.Así. bienes. párr. 6. la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”9. Como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir. existen diferentes disposiciones constitucionales que también obligan al Estado a respetar y a garantizar los derechos humanos. entre otros. el artículo 2 dispone como fin del Estado “garantizar la efectividad de los principios. La Convención Americana tiene como objeto y fin “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos” 10 .
Los deberes estatales de investigar y juzgar todas las violaciones de DDHH y las infracciones al DIH cometidas dentro de su jurisdicción De acuerdo a lo señalado. la obligación de respeto y garantía puede asumirse como un fundamento esencial de la Constitución Política: es gracias a tal obligación como los derechos humanos son a la vez el límite y el fundamento de la acción del Estado de derecho. se hará referencia a las normas de la Constitución Política de 1991 de las cuales se desprende ese mismo deber. b. Puede decirse entonces que la obligación de investigar y juzgar tiene una relación inescindible con el derecho de acceso a un recurso efectivo: es mediante la primera como se satisface el segundo. Una vez hecho esto. De la obligación de garantizar los derechos de todas las personas surge la de investigar y juzgar de oficio y con la debida diligencia aquellos hechos que puedan constituir violaciones a los derechos humanos. vale la pena detenerse a explicar en qué consiste la obligación de garantizar los derechos humanos. Tal es su importancia que los tratados internacionales que las reconocen no admiten reserva en contra de ella.
Sobre este punto volveremos más adelante. que establecen el deber general de investigar y procesar las violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH. A continuación se presentarán algunos de los instrumentos internacionales vinculantes para Colombia. la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas es la que hace que estos sean normas jurídicas en sentido estricto. Ahora. es la razón por la cual las autoridades de la República están instituidas. según lo advierte de manera explícita el inciso 2º del artículo 2º de la CP. no podría hablarse de “derechos” si no existiera la obligación de respetarlos y garantizarlos. sino que sean propiamente derechos. así como la interpretación que de ellos han desarrollado los órganos autorizados para tal fin. caso en el cual ha sido reconocida incluso como una obligación de ius cogens11. Tal obligación no solo está contenida en una disposición o en una norma aislada.
. sino que forma una parte importante de los tratados de derechos humanos y de la Constitución Política. Más aún. Por esta razón. para efectos de la presente demanda de inconstitucionalidad. en el entendido de que imponen límites a la actividad del Estado. Son estas obligaciones las que hacen que los derechos no sean meras declaraciones de finalidades políticas a las que debería llegarse. Esta obligación de investigar y juzgar adquiere especial relevancia cuando se trata de determinadas violaciones a los derechos humanos que revisten cierta gravedad. Solo cumpliendo esta obligación el Estado garantizará el derecho de las víctimas de violaciones a derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario a acceder a un recurso efectivo. lo cual nos permite afirmar que se trata de un elemento esencial de la Constitución. Siendo así. que de no verificarse podrían ser exigidos judicialmente.Colombia y de la Constitución Política.
El Comité atribuye importancia a que los Estados partes establezcan en el derecho interno mecanismos judiciales y administrativos adecuados para conocer las quejas sobre violaciones de derechos.8. 8. Más específicamente. CCPR/C/55/D/563/1993. y Naciones Unidas. El primero es el caso Luis Jiménez vs. aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales”12. Arhuacos v. Colombia. Se requieren en especial mecanismos administrativos que den cumplimiento a la obligación general de investigar las denuncias de violaciones de modo rápido. 14 Naciones Unidas. Bautista v. CCPR/C/60/D/612/1995. 15. […] . en la Observación General N° 31 de mayo 26 de 2004. párr. juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. Este deber es aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones han sido identificados”14 (subrayado y negrilla fuera del original). El hecho de que un Estado Parte no investigue las denuncias de violación puede ser de por sí una vulneración del Pacto”13. Nos limitaremos a mencionar dos dictámenes. donde este organismo determinó que
Cfr. 17. 1997. Colombia. párr.i)
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que los Estados deben garantizar que “toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo. Al interpretar la disposición citada. 1995. El Comité de Derechos Humanos ha reiterado en múltiples casos la obligación de los Estados de investigar violaciones a derechos reconocidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Art. Comité de Derechos Humanos. párrs. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha señalado que: “los Estados parte deberán garantizar que todas las personas dispongan de recursos accesibles y efectivos para reivindicar esos derechos. […] . 2. 8. Comité de Derechos Humanos. Las instituciones nacionales de derechos humanos que cuenten con las facultades pertinentes pueden coadyuvar a tal fin. el Comité ha señalado que “el Estado Parte tiene el deber de investigar a fondo las presuntas violaciones de derechos humanos.3 Comité de Derechos Humanos. y de encausar penalmente. proferidos todos contra el Estado colombiano.6. Colombia. detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales.
. en particular las desapariciones forzadas de personas y las violaciones del derecho a la vida. 19 de agosto. 13 de noviembre.
29 de noviembre de 2002 17 Naciones Unidas. el Estado Parte tiene la obligación de proporcionar al señor Luis Asdrúbal Jiménez Vaca un recurso efectivo. 563/1993.N. de buena fe y en los plazos requeridos todas las denuncias de violaciones del Pacto que se formulen contra él” 17 (negrilla fuera del original). Colombia. Perú. Colombia. El segundo es el caso Coronel Navarro y otros vs. donde se investigaba la detención ilegal de la señorita Laureano y su ulterior desaparición. párrafo 9. U. 15 de abril de 2002 16 Naciones Unidas. 18 Naciones Unidas. Esto implica que la
Naciones Unidas. El Comité insta al Estado Parte a realizar investigaciones independientes sobre el atentado y a acelerar las actuaciones penales contra las personas responsables del mismo”15. el Comité de Derechos Humanos consideró que “está implícito en el párrafo 2 del artículo 4 del Protocolo Facultativo que un Estado Parte investigará a fondo. CCPR/C/76/D/778/1997. según el Comité la obligación de investigación y sanción de aquellos hechos que constituyan violaciones a los derechos humanos debe cumplir ciertas exigencias encaminadas a garantizar que tales recursos sean efectivos. CCPR/C/55/D/563/1993 (1995). Adicionalmente. Colombia. Doc. Nydia Erika Bautista v. Comité de Derechos Humanos. El Estado Parte tiene la obligación de procurar que no ocurran violaciones análogas en el futuro”16. La obligación de investigar y de juzgar todos los hechos que constituyan una infracción grave a los derechos humanos también ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Comité. Comunicación No. hechos atribuidos a las fuerzas armadas de ese país. que incluya una indemnización”. CCPR/C/74/D/859/1999. 540/1993. CCPR/C/56/D/540/1993 (1996). y de adoptar medidas adecuadas para proteger su seguridad personal […]. En este sentido. Comité de Derechos Humanos. sostuvo que: “el Estado Parte se ha comprometido a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el Pacto y a establecer recursos efectivos cuando se hubiese determinado la existencia de una violación” 18 (negrilla fuera del original).
. Comité de Derechos Humanos. en el que el Comité le solicitó al Estado colombiano “proporcionar a los familiares de las víctimas un recurso efectivo.N. Coronel Navarro y otros. Luis Jiménez vs. que incluya una indemnización. Un ejemplo de ello es el caso de Ana Rosario Celis Laureano vs. Comunicación No. Comité de Derechos Humanos. encaminadas a lograr el juzgamiento de los presuntos responsables. U. Peru. Basilio Laureano Atachahua v.“en virtud del apartado a) del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto. e instó al Estado a “finalizar sin demora las investigaciones sobre la violación de los artículos 6 y 7 y a acelerar las actuaciones penales contra las personas responsables de los mismos ante los tribunales penales ordinarios. Al respecto. ha recordado que los Estados deben iniciar investigaciones de tipo penal ante tribunales ordinarios. Doc. Al pronunciarse sobre este caso.
En este sentido.N. en esa oportunidad el Comité instó al Estado colombiano “a que acelere los procedimientos penales que permitan perseguir sin demora y llevar ante los tribunales a las personas responsables del secuestro. ni el derecho a un recurso judicial efecto. Comité de Derechos Humanos. Colombia. en las observaciones finales que examinan el informe presentado por Colombia en el año 2010. Colombia. detallado y efectivo por organismos independientes e imparciales”. según el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Comunicación No.
Ibíd. […] . en las que este organismo expresó su preocupación por los altos niveles de impunidad y las pocas sentencias condenatorias que se han proferido desde la vigencia de la ley 975 de 2005 (ley de justicia y paz). ya que de acuerdo con el Comité si la renuncia a la acción penal se ejerce sin tener en cuenta la normativa de derechos humanos. así como los efectos negativos de la aplicación del principio de oportunidad. U. Doc. En consecuencia. El Estado parte debe construir un sistema centralizado para poder identificar todas las graves violaciones de derechos humanos y dar debido seguimiento a la investigación de las mismas”21. adujo el Comité que “los recursos de carácter puramente administrativo y disciplinario no pueden considerarse recursos efectivos y adecuados a tenor del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto en caso de violaciones particularmente graves de los derechos humanos. Federico Andreu v. como los administrativos o disciplinarios. CCPR/C/55/D/563/1993 (1995).
Naciones Unidas. Examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del artículo 40 del Pacto. 99. no satisfacen el deber de investigación y juzgamiento. párrafo 12. CCPR/C/COL/CO/6. expresó que: “El Estado parte debe asegurar que las investigaciones sean llevadas a cabo por las autoridades competentes.
. 563/1993. Comité de Derechos Humanos. Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos. En esa oportunidad. se estaría violando el derecho de las víctimas a obtener un recurso efectivo. interpretado por el Comité de Derechos Humanos.existencia de recursos no judiciales. en particular cuando se alega la violación del derecho a la vida”19.º período de sesiones. sino que además puede ser un elemento que contribuya a la repetición de las infracciones contra los derechos humanos. que procedan a una investigación pronta e imparcial y que se sancionen violaciones de derechos humanos con penas adecuadas teniendo en cuenta su gravedad. la tortura y la muerte de Nydia Bautista”20 (negrilla fuera del original). El Comité de Derechos Humanos le recordó nuevamente al Estado colombiano su obligación de investigar y juzgar las graves violaciones de derechos humanos recientemente. Ginebra. y señaló que el incumplimiento de estos deberes no solo es una cuestión de permanente preocupación para el Comité. Colombia. Por consiguiente. debe cumplir el Estado para satisfacer su deber de investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos y las
Naciones Unidas. 12 a 30 de julio de 2010. en el caso Federico Andreu v. el Comité instó al Estado colombiano a dar cabal aplicación a la observación general Nº 31 que establece “la obligación general de investigar las denuncias de violación de modo rápido. Son entonces varios los elementos que.
De manera clara esta instancia ha señalado que el deber de investigar y juzgar hace parte de la obligación de garantizar. párr. la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado en reiterada jurisprudencia que: “ante toda violación de derechos protegidos por la Convención. Según el Comité. tales deberes. aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales”. párr. Fondo. Caso Durand y Ugarte Vs. Caso Familia Barrios Vs. y Caso Velásquez Rodríguez.N. En relación con la obligación de investigar. del mismo tratado internacional. U. Debe tener un sentido y ser asumida por el Estado como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares. Caso Godínez Cruz Vs. En especial. 4. Serie C No. ii) Convención Americana sobre Derechos Humanos
En similar sentido. Sentencia de 24 de noviembre de 2011. Serie C No. HRI/GEN/1/Rev. párr. Serie C No. el deber de investigar debe emprenderse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Comité de Derechos Humanos. 68. ha sido el fundamento normativo del deber de investigar y juzgar reconocido por la Corte Interamericana. que dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios. 123.7 at 225 (2004). 23 Corte IDH. párr.
. válidos en general respecto de cualquier violación de derechos humanos e infracción al derecho internacional humanitario. 237. 144. 80º período de sesiones. Venezuela. Honduras. pues “ninguna posición oficial justifica que personas que pueden ser acusadas de responsabilidad por esas violaciones queden inmunes de responsabilidad jurídica”22. que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.infracciones al derecho internacional humanitario. Fondo. el 25 de la Convención Americana. Fondo. 5. 188. Este artículo.
Naciones Unidas. la ley o la presente Convención. Observación General No. Sentencia de 29 de julio de 1988. Serie C No. Doc. Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos Humanos. 24 Corte IDH. debe investigar y juzgar penalmente tales conductas. Fondo. La índole de la obligación jurídica general impuesta. Sentencia de 20 de enero de 1989. al indicar que “[l]a obligación de investigar los hechos que constituyen violaciones de derechos humanos hace parte de las obligaciones derivadas del deber de garantizar los derechos consagrados en la Convención”23. 177. Perú. lo son aún más en casos en los que los responsables de tales conductas han sido identificados. leído en conjunto con el 1. sin que la autoridad pública busque efectivamente la verdad”24. la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone que “[t]oda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes. Sentencia de 16 de agosto de 2000.1. Reparaciones y Costas. 31.
ha sostenido la Corte que “[e]s preciso que se esclarezca. 41. Perú. 153 párr. Reparaciones. 84. en algunos casos. Reparaciones y Costas. en el caso La Cantuta vs. el carácter de jus cogens. Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 12 de agosto de 2008. párr. Debido al carácter reforzado que adquiere la obligación de investigar y juzgar cuando se trata de violaciones graves a los DDHH y de infracciones graves al DIH. párr. la Corte Interamericana ha dicho que se considera inadmisible cualquier figura legal que pretenda excluir la investigación y el juzgamiento de los responsables de tales violaciones de derechos humanos. Perú. y Caso Barrios Altos. Caso de la Masacre de la Rochela Vs. Excepciones Preliminares.Así mismo. todas ellas prohibidas por contravenir
Cfr. Reparaciones y Costas. 26 Cfr. las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura. Perú. Fondo. Fondo. imparcial y efectiva. Serie C No. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Sentencia de 22 de septiembre de 2006.
. extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas. párr. 162. Serie C No. Serie C No. seria. Reparaciones y Costas. Serie C No. 28 Cfr. párr. 115. 276. incluso hasta alcanzar esa obligación. supra nota 167. párr. Por ejemplo. es un elemento fundamental y condicionante para la protección de ciertos derechos afectados por esas situaciones. sin dilación. 157. Fondo. Caso La Cantuta Vs. Fondo. Caso La Cantuta Vs. Sentencia de 3 de julio de 2004. Sentencia de 31 de enero de 2006. la Corte Interamericana ha considerado que la realización de una investigación ex officio. Ver también Caso Goiburú y otros Vs. Serie C No. 145. Al respecto. Corte IDH. como la libertad personal. son inadmisibles las disposiciones que impidan la investigación y eventual sanción de los responsables de estas graves violaciones”28. la integridad personal y la vida 27. 128. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. 108. tortura y otras graves violaciones a los derechos humanos. Sentencia de 14 de marzo de 2001. 194. Paraguay. ha sostenido que: “son inadmisibles las disposiciones de amnistía. 157. véase también Caso Molina Theissen. Fondo. Colombia. Reparaciones y Costas. 186. Corte IDH. 163. Fondo. Colombia. 75. Serie C No. en su caso. el mencionado tribunal ha destacado que “[l]a obligación de investigar adquiere particular intensidad e importancia ante la gravedad de los delitos cometidos y la naturaleza de los derechos lesionados”25. desapariciones forzadas. la Corte Interamericana determinó que “la prohibición de la desaparición forzada de personas y el correlativo deber de investigarla y sancionar a sus responsables han alcanzado carácter de jus cogens” 26. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. 162. Reparaciones y Costas. En tal sentido. Corte IDH. párr. Panamá. la existencia de estructuras criminales complejas y sus conexiones que hicieron posible las violaciones. las ejecuciones sumarias. Serie C No. En casos de ejecuciones extrajudiciales. Reparaciones y Costas. párr. párr. Caso Heliodoro Portugal Vs. 27 Cfr. Sentencia de 29 de noviembre de 2006. Serie C No. Tratándose de violaciones graves de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 140.
la obligación de investigar conlleva el deber de dirigir los esfuerzos del aparato estatal para desentrañar las estructuras que permitieron esas violaciones. en relación con las obligaciones generales de respetar y garantizar los derechos (contemplado en el artículo 1. Colombia. la Corte Interamericana de Derechos Humanos. señaló lo siguiente: “En casos complejos. en un caso en el que se estudiaba la responsabilidad internacional del Estado colombiano por la ejecución extrajudicial del entonces senador Manuel Cepeda Vargas. Reparaciones y Costas. 1. Excepción Preliminar. sus causas. Fondo y Reparaciones. Es decir. Sentencia de 26 de junio de
. y no sólo descubrir. Sentencia de 27 de noviembre de 1998. en cierto modo. la protección de derechos humanos debe ser uno de los fines centrales que determine el actuar estatal en cualquier tipo de investigación. la Corte Interamericana ha interpretado de manera conjunta el derecho a un recurso efectivo (artículo 25 de la Convención Americana) y la obligación estatal de investigar y juzgar. Caso Velásquez Rodríguez. “obliga al Estado a garantizar a toda persona el acceso a la administración de justicia y. que tenga en cuenta los antecedentes y el contexto en que ocurrieron y que busque develar las estructuras de participación”30. 169. entre otros resultados. la determinación sobre los perpetradores de la ejecución extrajudicial del Senador Cepeda sólo puede resultar efectiva si se realiza a partir de una visión comprehensiva de los hechos. párr. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Caso Fairén Garbi y Solís Corrales. 213. En otro caso contra Colombia. Colombia.
Corte IDH. 31 Corte IDH. enjuiciar y en su caso sancionar a los perpetradores inmediatos. lo que comprometería la responsabilidad internacional del Estado”31. Excepciones Preliminares. De tal forma. auxiliados por el poder público. es indispensable dirigir las investigaciones de tal manera que ellas permitan desentrañar el funcionamiento de dicha estructura. que los responsables de las violaciones […] sean juzgados y para obtener una reparación por el daño sufrido” 32 . Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. Como se indicó antes. Serie C No. Sentencia de 26 de mayo de 2010. el Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. en aquellos eventos en los que las violaciones graves de derechos humanos fueron cometidas por miembros de una estructura criminal. en particular.derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”29. Reparaciones. párr. Sentencia de 26 de junio de 1987. Sentencia de Fondo. resultarían.1 de la Convención Americana). Perú. 41. Fondo. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Serie C No. Excepciones Preliminares. Además. Al respecto. Corte IDH. Caso Loayza Tamayo. Colombia. Serie C No. pues “si sus hechos no son investigados con seriedad. párr. 248 32 Corte IDH. sus beneficiarios y sus consecuencias. 118. 91. a un recurso rápido y sencillo para lograr. ha afirmado que el derecho a un recurso sencillo y rápido. Caso Barrios Altos Vs. Así. sostuvo la Corte que la obligación de investigar opera tanto respecto de agentes públicos como respecto de particulares. 42. Excepciones Preliminares. Párr.
Excepción Preliminar. la Corte ya había definido en decisiones anteriores que debía investigarse y juzgarse no solo a los autores materiales. Caso Vélez Restrepo y Familiares Vs. Venezuela. y Caso Hilaire. de un lado. 109. Sentencia de 26 de junio de 1987. Serie C No. sostuvo en esa sentencia que el Estado de Guatemala debía:
1987. la Corte ha considerado que la investigación efectiva de los hechos ocurridos y el juzgamiento de los responsables tiene una relación directa con el derecho a la reparación de las víctimas (directas e indirectas) de violaciones a derechos humanos. 97. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. Serie C No. Excepción Preliminar. punto resolutivo número 2. Reparaciones y Costas. Citaremos tan solo cuatro. Excepciones Preliminares. 121. párr. Caso Nadege Dorzema y otros Vs. Serie C No. sino también a los intelectuales y a los que hubieran sido beneficiados por tal violación. Esto se evidencia tanto en las consideraciones de las sentencias de la Corte Interamericana como en las órdenes específicas que en ellas se profieren. 93. Fondo Reparaciones y Costas. Así. Corte IDH. 3. 99.Igualmente. párr. sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención”33 (negrilla añadida por los demandantes). Reparaciones y Costas. en esta decisión aclaró el alcance de este deber en relación con dos temas específicos: primero. no sólo de la Convención Americana. Guatemala. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. Caso Godínez Cruz. punto resolutivo número 2. Fondo. que corresponden a las sentencias más recientes publicadas por la Corte Interamericana. 248. Guatemala la Corte adujo que los autores materiales e intelectuales que deben investigarse son todos. afirmó con claridad y contundencia que la protección de ese derecho “constituye uno de los pilares básicos. Así. y no basta con intentar investigar solo algunos de ellos. Constantine y Benjamín y otros. 250. 90. 249. Sentencia de 3 de septiembre de 2012 Serie C No. Caso Cantos. Sentencia de 5 de julio de 2004. Caso Masacres de Río Negro Vs.193. la Corte Interamericana de Derechos Humanos sistematizó su jurisprudencia en relación con los alcances que tiene el deber de investigación y juzgamiento. Sentencia de 21 de junio de 2002. En una decisión reciente. Colombia. punto resolutivo número 6. República Dominicana. 2. y segundo. En el Caso Masacres de Río Negro Vs. 150. Caso Uzcátegui y otros Vs. 94.
. 33 Cfr. Guatemala. 52. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. el Caso Masacres de Río Negro Vs. Fondo y Reparaciones. Cfr. párr. 34 Son numerosos los casos que sirven para ejemplificar lo anterior. Corte IDH. y Caso 19 Comerciantes Vs. Sentencia de 7 de junio de 2003. Fondo. párr. párr. 251. Al respecto. Serie C No. Reparaciones y Costas. Serie C No. quiénes son las personas que deben ser investigadas y juzgadas cuando han ocurrido violaciones graves a derechos humanos. con relación a quiénes son los que deben ser investigados y juzgados cuando se haya cometido determinada violación grave a los derechos humanos. Colombia. Fondo. Sentencia de 28 de noviembre de 2002. relacionadas con medidas de reparación hacia las víctimas tendientes a enfrentar y superar la impunidad34. Serie C No. párr. punto resolutivo número 2. cuál es el compromiso que demanda del Estado el cumplimiento de esta obligación. Igualmente. Caso Juan Humberto Sánchez.
la Corte Interamericana entiende que el deber de investigar y juzgar violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario es parte esencial de la obligación estatal de garantizar los derechos humanos. deben investigarse las causas que dieron lugar a ellas y los beneficiarios. Cuarto. como se refleja en el aparte de la Corte Interamericana antes transcrito. Excepción Preliminar. y que las personas que participen en la investigación. nos permitimos de nuevo citar textualmente lo sostenido por la Corte. Guatemala estaba obligada a: “asegurar que los distintos órganos del sistema de justicia involucrados en el caso cuenten con los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar sus tareas de manera adecuada. Este deber de investigar y juzgar debe cumplir determinadas exigencias. ella impone cargas ciertas y contundentes al Estado. Por consiguiente. un Estado no puede desprenderse de su obligación de investigar y juzgar con la simple afirmación de que su aparato de justicia no cuenta con la capacidad necesaria para realizar las investigaciones sobre hechos que constituyan violaciones de derechos humanos y para juzgar a los responsables. 250. deben ser investigados y juzgados. impone al Estado la obligación de brindar la capacidad humana y material a los organismos de investigación. Segundo. La obligación de investigar. 257 literal c). la cual indicó que. independiente e imparcial. entre ellas las víctimas o sus representantes.determinar la identidad de todos los presuntos autores materiales e intelectuales de las masacres y de la posterior persecución de los miembros de la comunidad de Río Negro. párr. Guatemala. Reparaciones y Costas.
. En resumen. Guatemala. 36 Corte IDH. 257 literal e). Caso Masacres de Río Negro Vs. tratándose de crímenes cometidos por estructuras. Fondo. respecto de
Corte IDH. debe ser cumplido cualquiera sea el responsable de las violaciones a los derechos humanos. las cuales aumentan respecto de las violaciones graves de DDHH. todos los responsables de graves violaciones de derechos humanos. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. y proceder a investigar a aquellos presuntos autores que aún no se encuentran identificados35 (negrillas y subrayas puestas por los demandantes). Reparaciones y Costas. no solo los responsables inmediatos de las violaciones. testigos y operadores de justicia. En segundo lugar. Primero. si es que ellos no cuentan con ella. cuenten con las debidas garantías de seguridad”36. Sentencia de 4 de septiembre de 2012 Serie C No. Caso Masacres de Río Negro Vs. por lo que deberá culminar el proceso penal iniciado contra ellos. tanto particulares como agentes públicos. sean materiales o intelectuales. en virtud del deber de investigar. Excepción Preliminar. párr. Fondo. Por su importancia para efectos de la presente demanda. Tercero. el cual no puede simplemente alegar falta de capacidad institucional para desentenderse de tal obligación. la Corte Interamericana precisó que aunque la obligación de investigar y juzgar es de medio. 250.
aprobada mediante la ley 406 de 1997.: Manuel José Cepeda Espinosa. Brasil.determinadas violaciones de derechos humanos. guarda una relación estrecha con los derechos de las víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos a la verdad. iii) Otros instrumentos internacionales
Existen también varios instrumentos internacionales vinculantes para Colombia 37 que establecen el deber de investigar y juzgar efectivamente graves violaciones a los derechos humanos. y los derechos al acceso a la justicia y a la reparación.P. Según lo visto. es relevante tomar en cuenta que la Corte Interamericana ha resaltado que existe una conexión estrecha entre el deber de investigar y juzgar. adoptada por la Asamblea General de la OEA en Cartagena de Indias en 1985. como la tortura y otros tratos crueles. el deber de investigación y juzgamiento adquiere carácter de ius cogens. adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1984. se trata de un deber que se desprende de la obligación general de garantizar los derechos humanos. aprobada mediante la ley 707 de 2001.
. Convención para la sanción y prevención del delito de genocidio. Estatuto de la Corte Penal Internacional. adoptado por la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas el 17 de junio de 1998. inhumanos o degradantes. segundo. Y quinto. y tercero. aprobada por Colombia mediante la ley 28 de 1959. dicho deber no se satisface si el Estado no asegura que los organismos de investigación cuenten con los elementos materiales y técnicos necesarios para desempeñar adecuadamente su función.P. es un pilar esencial no solo de la Convención Americana sino de cualquier Estado de derecho. adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 1948. la cual es la que en estricto sentido le da un carácter obligatorio a los derechos humanos.P. revisada mediante la sentencia C-580 de 2002. M. los hechos referidos constituyen una grave ofensa a la dignidad intrínseca de la persona humana. Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. la desaparición forzada. Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles. revisada mediante la sentencia C-578 de 2002. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. de un lado.: Fabio Morón Díaz. adoptada por la Asamblea General de la OEA en Belém do Pará.: Rodrigo Escobar Gil. al desconocer múltiples derechos esenciales de carácter inderogable. Adicionalmente. declarada exequible mediante la sentencia C-351 de 1998. M. el cual. inhumanos y degradantes. la justicia y la reparación. M. Así
Cfr. de desconocerse el deber de investigar y juzgar se vulnerarían dichos derechos. aprobado mediante la ley 742 de 2002. aprobada mediante la ley 70 de 1986. según la Corte Interamericana. en 1994. guarda relación directa con el derecho de acceso a la justicia. uno de los cuales (el de acceso a la justicia) ha sido considerado por la Corte Interamericana como un pilar esencial de la Convención Americana y en general de cualquier Estado de derecho. las ejecuciones extrajudiciales y las violaciones al derecho internacional humanitario. Siendo así. De acuerdo a los mencionados instrumentos y a la interpretación autorizada de ellos. existen por los menos tres argumentos para concluir que el deber de investigar y juzgar a los responsables de violaciones graves a los derechos humanos hace parte estructural de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: primero. de otro lado.
Comité de Derechos Humanos.N. Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. inhumanos o degradantes. A/RES/47/133. El artículo 14 de este instrumento señala expresamente que los presuntos autores de desaparición forzada “deberán ser entregados a las autoridades civiles competentes (…) a fin de ser procesados y juzgados. procesar a los responsables y compensar a las víctimas. la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 38 reconoce dicho deber respecto de la conducta de desaparición forzada. Communication No. el Comité contra la Tortura se pronunció en el Caso Kepa Urra Guridi contra España reafirmando que el deber de investigar y sancionar a los responsables se desprende también del artículo 2 de la Convención. dichos instrumentos incorporan. España. artículo 6.mismo. U. siempre que haya motivos razonables para creer que actos de tortura o malos tratos han sido cometidos. y del artículo 4. Inhumanos o Degradantes. todas las cuales son consideradas graves violaciones de derechos humanos. Doc. el deber de los Estados de investigar y juzgar determinadas conductas. sin que tenga mayor relevancia el origen de la sospecha"41.N. 41 Naciones Unidas. 212/2002. Es importante también recordar lo dispuesto por el Comité de Derechos Humanos en el Caso Encarnación Blanco Abad c. en el que dio alcance a la obligación del Estado de investigar casos de tortura o tratos o penas crueles. señalando que "con arreglo al artículo 12 de la Convención [contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. Por lo tanto. Inhumanos o Degradantes establece claramente la obligación de los Estados de investigar estos hechos. según el cual el Estado Parte debe tomar todas las medidas eficaces y apropiadas para impedir los actos de tortura. U. Los Estados deberán tomar las medidas jurídicas apropiadas que tengan a su disposición a fin de que todo presunto autor de un acto de desaparición forzada. En relación con la investigación y el juzgamiento de la tortura. sea sometido a juicio”. las autoridades tienen la obligación de iniciar una investigación ex officio. 40 Comité contra la Tortura. CAT/C/34/D/212/2002 (2005). Al respecto. Doc. 59/1996. En igual sentido. relacionado con el deber de prevenir y sancionar este delito40. la Convención establece que todo Estado parte en cuyo territorio se encuentre un presunto responsable de actos de tortura “procederá a la detención de dicha persona (…) a fin de permitir la iniciación de un procedimiento penal o de extradición”39. Inhumanos o Degradantes]. Spain. que se encuentre bajo su jurisdicción o bajo su control. Comunicación No. Encarnación Blanco Abad c.1. la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. Kepa Urra Guridi v. España. la obligación que le asiste al Estado aplica con independencia del lugar o la fuente de donde se conoció la posible ocurrencia del crimen. CAT/C/20/D/59/1996 (1998). Sr. aprobado por la Asamblea General el 18 de diciembre de 1992. Así.
. lo cual implica que en todo caso de sospecha de tortura se deben adelantar las averiguaciones necesarias para el
Doc. entre otros.
Por su parte. el Preámbulo establece de manera clara que es “deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra los responsables de crímenes internacionales”. 43 CPI. El Estatuto reitera este mandato al regular los requisitos que debe cumplir un caso para ser admisible en la Corte Penal Interancional. SCP II. De esta forma. el caso gozará de una presunción de admisibilidad en relación con los artículos 17. 52 y Autorización para la apertura de investigación de la situación de Kenya. pues la seriedad de los hechos cometidos y la necesidad de enfrentarlos con decisión requieren del Estado un mayor compromiso. debe observar si al interior del Estado que esté sometido a observación existe alguna investigación por delitos de competencia de la Corte Penal Internacional. De acuerdo a la Corte Constitucional.esclarecimiento de los hechos.1. 2009 Párr. El Comité también ha sostenido que los Estados parte tienen la obligación de realizar una investigación pronta e imparcial aunque la tortura haya sido denunciada simplemente por la víctima y no exista una denuncia oficial42. A/50/44 at 62 (1995). Párr. Comité de Derechos Humanos. que de no hacerlo se puede activar la competencia del tribunal penal internacional para que sea este el encargado de realizarlo. Comunicación No.1 (d) y 53. Según la jurisprudencia constitucional. el Estatuto de la Corte Penal Internacional reitera en distintas disposiciones que es deber de los Estados partes juzgar a los responsables de los crímenes internacionales. del 26 de noviembre de 2009. y la garantía de los derechos constitucionales de las víctimas se encuentran en íntima relación con el deber de las autoridades de asegurar la vigencia de un orden justo. 6/1990. Sala de Apelaciones. Así.P. 44 Corte Constitucional. ICC-01/04-01/07-1497. iv) Constitución Política de 1991
El deber del Estado colombiano de investigar y juzgar las violaciones de derechos humanos cometidas bajo su jurisdicción está reconocido en varias disposiciones de la Constitución Política. Si hay inactividad de la jurisdicción doméstica. U. este deber adquiere un alcance reforzado tratándose de graves violaciones a los derechos humanos. Es tal la importancia del deber de investigar violaciones graves a los derechos humanos (en este caso: crímenes de carácter internacional). 78. Henri Unai Parot c. Jaime Córdoba Triviño
. M. tal como lo postula el Preámbulo y el artículo 2° de la Carta”44. En tal caso. Doc.b del Estatuto de Roma (siempre que se cumpla con el requisito de gravedad). la Corte Penal Internacional sólo tendrá competencia sobre la situación de un Estado si este ha incumplido su deber de realizar investigaciones a nivel interno. P. en especial en el Preámbulo y en el artículo 2. España. 2010. no será necesario analizar la falta de capacidad y/o de disposición del Estado para adelantar las investigaciones43. “[e]l deber del Estado de investigar y sancionar las conductas punibles. citado en la Solicitud para abrir investigación por la situación de Kenya. establece que cuando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional vaya a resolver si actúa respecto de determinado caso. De esta forma. Fiscalía vs Germain Katanga y Mathieu Ngudjolo Chui. 52.979 de 2005. La
Naciones Unidas.N. Sentencia C.
29 y 229 de la Constitución Política46. Al respecto. sino además porque la comunidad internacional. los cuales están reconocidos en la Constitución en los artículos 12. está comprometida en la sanción de esas conductas”45 (negrillas fuera del original). M. según explicamos más arriba. los cuales. reafirma que es deber del Estado perseguir judicialmente a los responsables de los crímenes internacionales allí previstos. Por otro lado. no solamente por la intensidad de la afectación de la dignidad humana que dichos comportamientos implican. el cual reconoce la obligatoriedad de los tratados internacionales ratificados por Colombia que versen sobre derechos humanos. Igualmente. varios ponentes. el cual. los cuales establecen el derecho de acceso a la administración de justicia. solo que en tal caso la competente para llevar a cabo esta tarea sería la justicia internacional. como ya se vio en los numerales iniciales de este apartado. reconocen tal deber. sentencia C-370 de 2006. otra disposición que sirve de fundamento para esta obligación es el artículo 93.
Corte Constitucional. que solo puede ser satisfecho a las víctimas de violaciones de derechos humanos por el Estado si este inicia investigaciones relacionadas con tales violaciones (tal como ya se explicó antes). M. Por un lado. Este mismo artículo eleva a rango constitucional el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
. la Corte Constitucional ha reconocido que existe un vínculo directo entre el deber de investigar y juzgar y los derechos a la verdad. en virtud del principio de complementariedad. sentencia C. La conexión se debe a que es mediante la investigación exhaustiva de lo sucedido como se garantizan estos derechos de las víctimas47. que los agravios inferidos mediante otras formas de criminalidad. Estas características incrementan las exigencias en el deber de investigación por parte de las autoridades públicas. a la vez que entrañan un enorme poder desestabilizador en el seno de una colectividad. el deber de investigar y juzgar violaciones de derechos humanos tiene fundamento en otras normas de la Constitución. sentencia C-936 de 2010. con mayor potencialidad de daño a los derechos fundamentales de las víctimas. la justicia y la reparación. y convocan un mayor celo protectorio hacia los derechos de las víctimas […] .: Luis Ernesto Vargas Silva. 47 Corte Constitucional. ha afirmado la Corte que: “[…] las violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario configuran los comportamientos más graves. se encuentran los artículos 228 y 229 de la CP. Asimismo. con mayor capacidad de infligir dolor a víctimas y perjudicados. Jaime Córdoba Triviño Corte Constitucional.Corte Constitucional ha agregado que estas conductas deben ser investigadas y juzgadas aun cuando las autoridades nacionales no quieran o no puedan hacerlo. adicionales al Preámbulo y al artículo 2. La impunidad frente a las violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario es mucho más grave e inaceptable.P. P.979 de 2005.
En esta sección pusimos de presente que el Estado no puede renunciar a la investigación y el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. Este deber. lo cual es crucial para evitar caer en el subjetivismo judicial”48. hemos identificado con claridad el elemento que consideramos sustituido: deber del Estado de garantizar los derechos de todas las personas residentes en Colombia y. En este primer paso hemos definido el elemento esencial de acuerdo con los lineamientos de la Corte Constitucional en torno a las razones que permiten afirmar que se está en presencia de un elemento de esas características. Para efectos de mayor claridad. hemos mostrado que
Corte Constitucional. dedicamos esta sección a estudiar el contenido de este elemento esencial. c. la Constitución Política colombiana también establece el deber del Estado de investigar y juzgar. debe ser verificado con mayor exigencia cuando se trate de graves violaciones a los derechos humanos y de infracciones al derecho internacional humanitario. M. y los derechos de las víctimas. la Corte Constitucional también ha puesto de presente que existe una estrecha conexión entre la obligación de investigar y juzgar. Igualmente. el no cumplir con tal deber puede activar la competencia de la justicia internacional. Conclusiones En esta primera sección hemos efectuado el primer paso del juicio de sustitución: identificar y caracterizar el elemento esencial que fue establecido en la Constitución de 1991 y que fue sustituido por el acto legislativo demandado. lo que indica que en tal caso se consideraría que el Estado colombiano desconoció compromisos internacionales adquiridos por él. sentencia C-574 de 2011.En suma.
. Estos tres criterios han sido cumplidos a cabalidad. Así. Además de enunciar este principio. En segundo lugar. (ii) señalar a partir de múltiples referentes normativos cuáles son sus especificidades en la Carta de 1991 y (iii) mostrar por qué es esencial y definitorio de la identidad de la Constitución integralmente considerada. P. al punto que el no cumplir con la primera podría conllevar un desconocimiento de los mencionados derechos. investigar y juzgar adecuadamente todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción. tal como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos al interpretar la Convención Americana. Solo así se habrá precisado la premisa mayor del juicio de sustitución. de otro lado. aplicable en general para todas las violaciones a los derechos humanos. la cual ha dicho que: “es necesario (i) enunciar con suma claridad cuál es dicho elemento [definitorio de la Constitución].: Juan Carlos Henao Pérez. de un lado. volveremos a transcribir los criterios que según la Corte deben verificarse en el primer paso del juicio de sustitución. en consecuencia. Según la propia jurisprudencia constitucional.
el cual consagra como propósito esencial del Estado la vigencia de un orden justo. P. por lo que sería erróneo asumir que tal elemento pueda reducirse a una única disposición de la Constitución. y artículos 2. la obligación de investigar y juzgar adecuadamente todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción. hemos expuesto por qué se trata de un elemento fundamental en el diseño constitucional colombiano. Preámbulo y artículos 17 y 53 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. así como una abdicación del propósito de lograr la vigencia de un orden justo. Adicionalmente.este elemento se encuentra plasmado en distintas disposiciones de la Constitución Política. artículo 14 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. entre otras con el fin de que estas tareas se realicen con mayor eficacia. 4. la argumentación desarrollada no lleva a sostener que se trata de un elemento inmodificable. En este sentido. De otro lado. pues ello implicaría una negación del acceso a la justicia y de los derechos a la verdad. la justicia y la reparación. 228 y 229. la Corte Constitucional ha sostenido que una vez se haya argumentado que se cumplen los tres criterios antes indicados. M. 93. artículos 2. sentencia C-574 de 2011. a saber: Preámbulo y artículos 1.
. De un lado. propósito y derechos que no podrán lograrse si no se investigan y se juzgan con seriedad todas las graves violaciones de DDHH y todas las infracciones del DIH cometidas en la jurisdicción del Estado colombiano. consideramos que sí es admisible que se reforme o se regule el deber de investigación y juzgamiento. consideramos que sostener que el deber del Estado de proteger los derechos de todas las personas residentes en Colombia y. 29. la justicia y la reparación. deberá probarse (iv) que el elemento esencial definitorio de la Constitución no puede reducirse a un único artículo constitucional y (v) que la enunciación del elemento esencial identificado no implica imponer límites materiales intocables al poder de reforma 49 . hemos mostrado que existe un amplio referente normativo en el que se plasma el deber del Estado de proteger los derechos de todas las personas residentes en Colombia y. reconoce el derecho de acceso a la justicia. como por ejemplo priorizando la investigación y
Corte Constitucional. Inhumanos o Degradantes. lo único que se ha afirmado en la demanda es que no puede el Estado renunciar de antemano a investigar y juzgar graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. 6 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.: Juan Carlos Henao Pérez. artículos 1. Y en tercer lugar. y los derechos de las víctimas a la verdad. de investigar y juzgar adecuadamente todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción es un pilar esencial de la Constitución no equivale a afirmar que cualquier modificación a él deba considerarse un exceso del poder de reforma.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 2. 12.1 y 2. por consiguiente. En nuestra opinión. por consiguiente.
en cambio. la justicia y la reparación. pues no implica per se una renuncia a la investigación y el juzgamiento de todos los hechos que constituyan graves violaciones a los DDHH y graves infracciones al DIH. de investigar y juzgar adecuadamente todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción. Por lo anterior. De hecho. con cualquier intento ya no de modificación. El acto legislativo 01 de 2012 establece que solo algunos responsables de perpetrar algunas violaciones graves a los DDHH y al DIH serán investigados y juzgados En el apartado anterior sostuvimos que un elemento esencial a la Constitución Política es el deber del Estado de proteger los derechos de todas las personas residentes en Colombia y. y definimos su alcance. en esta sección estudiaremos de qué manera el acto legislativo 01 de 2012 sustituye este elemento esencial y lo reemplaza por otro nuevo. pero llamamos la atención respecto de que esta facultad encuentra ciertos límites precisos en los pilares de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. 2. insistimos. por consiguiente. también reconocemos que el legislador puede autorizar la renuncia a la persecución penal de determinadas conductas punibles al Fiscal General de la Nación (con la implementación de figuras como el principio de oportunidad). siempre y cuando ello implique que las conductas no priorizadas serán también investigadas dentro de un plazo razonable. ya que consideramos que sí podrá modificarse. Ahora. poniendo especial énfasis en su estrecha conexión con la garantía de los derechos humanos. el legislador no puede autorizar la renuncia a la investigación y juzgamiento penal de graves violaciones de DDHH y graves infracciones al DIH. el acto legislativo demandado precisamente regula el deber estatal de investigación y juzgamiento. sí lo son. y con la satisfacción de los derechos al acceso a la administración de justicia y a la verdad. sino de eliminación de la investigación y el juzgamiento de tales conductas. En especial. ya que este deber es esencial a la Constitución Política y es una parte estructural de obligaciones internacionales que integran el bloque de constitucionalidad. lo cual consideramos que no sustituye el pilar esencial de la Constitución al que nos hemos venido refiriendo. así como de todos sus responsables. Aduciremos que el acto demandado modifica este elemento sustancial. Igualmente. siempre y cuando se respeten los derechos de las víctimas al acceso a la administración de justicia y a la verdad.el juzgamiento de determinadas conductas. no puede pensarse que estamos asumiendo que existe un elemento intangible dentro de la Constitución que esté por encima del poder constituyente derivado. la justicia y la reparación. al permitirle al Fiscal General de la Nación adoptar criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. al distinguir algunas violaciones de derechos humanos
. Tales derechos no son incompatibles con cualquier modificación a la manera como el Estado investigue y juzgue a los responsables de graves violaciones de derechos humanos.
mientras que el otro en sí mismo supone una modificación de dicho deber. El acto legislativo 01 de 2012 establece que el Estado colombiano solo debe investigar y juzgar a algunos de los responsables de graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH Las dos expresiones del acto legislativo demandado que deben ser analizadas en conjunto son las siguientes. Como la selección de casos procedería respecto de los “máximos responsables”. Por eso es necesario acudir a la expresión que establece qué consecuencias se desprenden de la selección. Dos de estos elementos normativos deben ser leídos en conjunto para demostrar la manera como modifican el deber estatal de investigación y juzgamiento. no es una suposición el concluir que. En sí misma. podrán seleccionarse. En otras palabras. algunos. con el propósito de que los esfuerzos investigativos puedan concentrarse en los máximos responsables de las violaciones de derechos humanos. cuando se califica determinada categoría.que serán investigadas y otras que no lo serán. por lo que de la lectura aislada de esta disposición no se podría determinar la manera como incide en el deber estatal de investigación y juzgamiento de todas las graves violaciones a los DDHH y las infracciones al DIH. al afirmar que hay algunos que son “máximos responsables” por la comisión de violaciones de DDHH e infracciones al DIH. pero sin precisar cuáles son las consecuencias de que un caso no sea seleccionado. Podría argumentarse que no es posible llegar a la anterior conclusión por cuanto la expresión “máximos responsables” no ha recibido aún una definición legal. a. aun cuando el acto legislativo no define qué se entiende por “máximos responsables”. A continuación analizaremos estos elementos normativos en dos secciones diferentes. también se da a entender que existen otros responsables de las mismas conductas que no son “máximos”. La primera de ellas es la que autoriza al Congreso a determinar los criterios con base en los cuales se seleccionarán las violaciones de derechos humanos que serán investigadas y juzgadas. con la autorización del Congreso. El acto legislativo 01 de 2012 introdujo tres elementos normativos que modifican el pilar esencial de la Constitución Política que hemos identificado en esta demanda. por lo cual no cabe hacer suposiciones. la renuncia a la investigación penal sucedería respecto de todos aquellos que. esta disposición señala que. No obstante. se está haciendo una distinción dentro de dicha categoría. entre todos los casos de violaciones de DDHH e infracciones al DIH. la cual autoriza a la renuncia condicionada de la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados. Así. no entren en la categoría de máximos responsables. es claro que con esta expresión se demarca una categoría mayor: la de los responsables de violaciones de DDHH e infracciones al DIH. En efecto. teniendo responsabilidad en tales conductas. y al diferenciar entre algunos responsables de violaciones de derechos humanos que serán investigados y juzgados y otros que no. puede 26
. al decir que hay algunas personas que son máximos responsables.
La definición legal de la expresión “máximos responsables”. sección II. eliminaría la posibilidad de que las víctimas de violaciones graves a los DDHH o a infracciones graves al DIH pudieran acudir ante un órgano judicial para exigir el juzgamiento de aquellos responsables de tales conductas que no entraran dentro de la categoría de “máximos responsables”. el Congreso necesariamente excluirá a algunos de los responsables de violaciones graves a los derechos humanos e infracciones graves al DIH de los deberes de investigación y juzgamiento. a la verdad. tal deber general de investigar. puede concluirse que se instaura una nueva regla en lo concerniente a la investigación y juzgamiento de violaciones de derechos humanos. cuando esta sea expedida. Esta posibilidad quedaría entonces limitada a que 27
. o permitiendo la priorización en la investigación de casos sobre conductas delictivas graves). Cuando regule la expresión “máximos responsables”. como se mostró antes. al impedirles a las autoridades que adelanten investigaciones penales en su contra.concluirse que hay otras que no lo son. Al autorizar la renuncia a la investigación y el juzgamiento de responsables de violaciones graves de DDHH e infracciones graves al DIH se afecta. Adicionalmente. pues quedaría a disposición del Congreso autorizar la renuncia a lo que hasta hoy había sido un deber jurídico indisponible.1. tanto en el derecho nacional como en el internacional se ha reconocido que existe una estrecha conexión entre la investigación y el juzgamiento de graves violaciones de DDHH e infracciones al DIH y los derechos al acceso a la justicia. sino eliminarlos. queda claro que la manera como está prevista la selección en el acto legislativo 01 de 2012 conduciría a que no todos los responsables de violaciones de derechos humanos serán investigados y juzgados. solo ayudaría para saber qué tan amplio es este universo y cuántos serían aquellos respecto de los cuales puede renunciarse a la persecución penal. necesariamente.b). Por una parte. a la justicia y a la reparación (supra. Con esto. cuya satisfacción depende de la adecuada observancia del deber de investigación y juzgamiento. la nueva regla introducida por el párrafo 4 del artículo 1 del acto legislativo demandado modificaría el alcance de distintos derechos reconocidos en la Constitución y en instrumentos internacionales. Con esta nueva regla el Congreso puede ya no solo regular los deberes estatales de investigación y juzgamiento (por ejemplo autorizando la renuncia a la persecución penal respecto de conductas delictivas menores. Por lo anterior. Esta conclusión no se modifica por el hecho de que el acto legislativo enuncie que la selección de casos se autorizará “[s]in perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario”. En este sentido. a saber: el deber del Estado colombiano de investigar graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en su jurisdicción y de juzgar solo a algunos de sus responsables.
De esta manera se afectará el derecho de las víctimas de violaciones graves a los DDHH e infracciones graves al DIH de conocer la verdad acerca de lo sucedido. creando así la siguiente regla: el Estado colombiano no está obligado a investigar y juzgar todas las conductas que constituyan crímenes de guerra. b. en el entendido de que solo conociendo en realidad las circunstancias y los autores de los hechos (materiales e intelectuales). sean estos de carácter nacional o internacional. En el caso de los conflictos armados de carácter no internacional. la nueva regla introducida por el acto legislativo demandado puede propiciar la repetición de graves violaciones de DDHH y de graves infracciones al DIH. incorporado a la Constitución Política por el artículo 93. podría evitarse la repetición de las conductas. Al respecto. al definir 28
. Los crímenes de guerra son violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. esta garantía de repetición se ve profundamente alterada con el acto legislativo demandado. En este sentido. Igualmente. Así. ya que solo se podrán dilucidar efectivamente los hechos cometidos por ellos (los “máximos responsables”). al igual que quienes se beneficiaron de ellos. el párrafo 4 del proyecto de acto legislativo 01 de 2012 dispone que no todos ellos serán investigados. los crímenes de guerra son violaciones graves a las leyes y los usos aplicables en los conflictos armados. al señalar que debe investigarse a los máximos responsables de los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.ellos pudieran exigir en una instancia judicial la responsabilidad de los máximos responsables. si no se investiga también a quienes no son “máximos responsables” se tendrá menor certeza sobre lo ocurrido. se restringe el universo de conductas que dan lugar al deber de investigación y juzgamiento al Estado colombiano.4. conforme a la definición contenida en el Estatuto de Roma. Por otro lado. sino tan solo aquellas conductas que constituyan crímenes de guerra cometidas de manera sistemática. ya que respecto de ellos se autorizaría la renuncia a la persecución judicial penal. y la investigación será menos exhaustiva respecto de quienes no son máximos responsables. Al permitírsele al Congreso adoptar criterios de selección para centrar los esfuerzos de investigación en los casos de crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. El acto legislativo 01 de 2012 establece que el Estado colombiano solo debe investigar y juzgar algunas graves violaciones a los DDHH e infracciones al DIH Por otro lado. los que no tengan esta característica (no ser sistemáticos) podrían no ser sometidos a investigación y juzgamiento. vale recordar que la investigación y el juzgamiento de todos los responsables ha sido considerada como una garantía de no repetición. No obstante. sino tan solo algunos: los que hayan sido cometidos de manera sistemática.
la justicia y la reparación que aquella a la que da lugar la regla estudiada en el acápite anterior. se dispone. no es cierto considerar que los crímenes de guerra solo puedan ser tales cuando sean cometidos de manera sistemática.
. con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”50. en cambio. la justicia y la reparación de quienes hayan sido víctimas (directas o indirectas) de crímenes de guerra que no fueron cometidos de manera sistemática. que pueda autorizarse la renuncia de la persecución judicial penal tanto de los máximos responsables de tales violaciones como de quienes no son máximos responsables. artículo 8. la disposición del acto legislativo demandado que hace referencia a “crímenes de guerra cometidos de manera sistemática” permite que determinadas conductas graves queden en total impunidad. Por lo tanto.cuáles son crímenes de guerra. Así. no se trata simplemente de que se autorice que vaya a investigarse y juzgarse solo a los máximos responsables de los crímenes cometidos.2. Lo que les da a estas conductas el carácter de crímenes de guerra no es su sistematicidad. ii) Los ultrajes contra la dignidad personal. el Estatuto de Roma hace referencia a las siguientes conductas: “i) Los atentados contra la vida y la integridad corporal. El artículo 8.e enlista de manera más específica otras conductas que pueden considerarse crímenes de guerra en el marco de conflictos armados no internacionales. especialmente los tratos humillantes y degradantes. En el caso de que el Congreso ejerza la potestad que le ha sido conferida de autorizar la renuncia a la persecución judicial penal de las conductas no seleccionadas. habrá una afectación de los derechos al acceso a la administración de justicia y a la verdad. mientras que la disposición analizada en dicho acápite autoriza la renuncia a la persecución judicial penal de quienes no son los máximos responsables de graves violaciones de derechos humanos y graves infracciones al DIH. iii) La toma de rehenes. y tomando en cuenta los crímenes de guerra enlistados.c. Igualmente. La disposición del acto legislativo que crea esta nueva regla de investigación y juzgamiento únicamente de algunas graves violaciones a los DDHH e infracciones graves al DIH causa una afectación aún mayor en los derechos al acceso a la justicia y a la verdad. permitiendo que no se investigue y juzgue a la totalidad de los responsables de las conductas mencionadas. los tratos crueles y la tortura. las mutilaciones.2. iv) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido. entre las cuales podrían
Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. especialmente el homicidio en todas sus formas. En este caso. no aparece que una característica de estos sea el de haber sido cometidos de manera sistemática. De acuerdo con la enunciación general de aquello en lo que consisten los crímenes de guerra. sino su gravedad.
sino que se distancian a tal punto que se trata de dos aspectos contradictorios e irreconciliables. por el hecho de que no tendrían instancia penal a la cual acudir.
. ambos elementos no son ligeramente diferentes. artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.encontrarse los crímenes de guerra que no hayan sido cometidos de manera sistemática.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 29 y 228 de la Constitución Política. Para ellas. se les reconocía a quienes hubieran sido víctimas (directas o indirectas) de tales conductas la posibilidad de acudir a las instancias investigativas y judiciales a exigir la iniciación de las investigaciones y la participación en los procesos penales abiertos. Este deber de investigación y juzgamiento aplicaba para todas las conductas que infringieran de manera grave los DDHH y el DIH. al reconocer la obligatoriedad de investigar y juzgar violaciones graves a los DDHH e infracciones graves al DIH se le imponía al Estado el deber de garantizarles sus derechos a la verdad. sin distinguir las calidades de los autores. Finalmente.1. en Colombia el Estado tenía el deber de investigar y juzgar ex officio y con la debida diligencia todas las violaciones graves de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario (Preámbulo y artículos 2 y 93 de la CP. En nuestra opinión. 12. artículo 2. entre otros). entre otros). pues aplicaba respecto de los autores materiales y los intelectuales. ni de aportar pruebas para contribuir a la imposición de una sanción penal. por lo que resta entonces confrontar el elemento fundamental de la Constitución que fue modificado por el acto legislativo 01 de 2011. al igual que distintas disposiciones de tratados internacionales). El elemento introducido por el acto legislativo 01 de 2012 es contradictorio con el deber de investigar y juzgar las graves violaciones de DDHH y las infracciones graves al DIH En los dos apartes anteriores hemos abordado los dos primeros pasos del juicio de sustitución. De esta forma. las víctimas de tales conductas no tendrían la oportunidad de acudir a un proceso penal para conocer los hechos en los que ocurrieron tales crímenes y quiénes fueron sus responsables. a saber: el deber de investigar y juzgar todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario. con anterioridad a la vigencia del acto legislativo demandado. y respecto de todos los responsables de haberlas cometido. con el elemento esencial que introdujo el acto legislativo 01 de 2011: el deber del Estado de investigar y juzgar solo algunos responsables de perpetrar algunas violaciones graves a los DDHH y al DIH. artículos 1. la justicia y la reparación (artículos 2. Así. 3. permitiéndoles así ejercer su derecho de acceso a la administración de justicia (artículos 228 y 229 de la CP. así como respecto de aquellos que se hubieran beneficiado con tales infracciones. 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. la decisión penal no podrá constituir un mecanismo de reparación y una garantía de no repetición de las conductas.
De este derecho entonces ya no serían titulares todas las personas residentes en Colombia víctimas de violaciones de derechos humanos. el contenido de esta obligación es diferente.A partir de la vigencia del acto demandado. Así. El pilar esencial contenido originalmente en la Constitución Política de 1991 afirma lo que el acto legislativo 01 de 2012 niega: que deben ser investigadas y juzgadas todas las violaciones de derechos humanos. Igualmente. los cuales pueden tratarse de graves violaciones a los DDHH y al DIH. mas no para exigir la investigación y el juzgamiento de quienes no tengan esta condición. la justicia y la reparación. y renunciar a la persecución penal de los casos no seleccionados. pero solo para la determinación de la responsabilidad penal de los “máximos responsables”. pues el proceso penal y la sentencia que de ella resulte no estarían disponibles para tal propósito. Ahora la obligación de garantizar los derechos humanos autoriza que algunas graves violaciones de DDHH y algunas graves infracciones al DIH. a estas víctimas se les reconocerían solo parcialmente sus derechos a la verdad. y por consiguiente. artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. pues solo se les satisfaría tratándose de los máximos responsables de las violaciones que padecieron. Las víctimas (directas o indirectas) de los casos no seleccionados contarán con el derecho de acceder a la justicia. pero no respecto de todos aquellos que tengan responsabilidad en ellas. entre otros). También las víctimas de conductas que constituyan crímenes de guerra cometidos de manera no sistemática podrían tener que conformarse con una garantía diferente de sus derechos a la verdad. Quienes hayan sido víctimas de tales conductas no podrán exigirle a una autoridad investigativa o judicial que adelante las labores necesarias para llevar a la justicia a quienes sean sus responsables.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por esto. la justicia y la reparación. De este modo. no sean investigados y juzgados. De otro lado. se autoriza a que se renuncie a la persecución penal de crímenes de guerra no cometidos de manea sistemática. así como algunos de sus responsables. entre el pilar esencial originario y el nuevo implantado por el acto legislativo 01 de 2012 no solo existe
. se autoriza al Congreso a determinar criterios de selección de casos que permitan centrar los esfuerzos de investigación en los máximos responsables de determinadas conductas. artículo 1. y todos aquellos que tengan responsabilidad en ellas. el párrafo 4º del artículo 1° del acto legislativo 01 de 2012 crea una zona de excepción en la que no puede exigirse el cumplimiento del deber de investigar y juzgar todas las violaciones de DDHH y todas las infracciones al DIH. por un lado. negándoseles de esta forma el derecho de acceso a la administración de justicia. si bien la Constitución continúa planteando que es obligación del Estado garantizar los derechos humanos y promover la vigencia de un orden justo (Preámbulo y artículo 2 de la Constitución. que las autoridades de la República garanticen solamente los derechos de algunas de las personas residentes en Colombia. sino solo algunas: aquellas que hayan sido víctimas de violaciones graves a los DDHH e infracciones graves al DIH distintas a crímenes de guerra no cometidos de manera sistemática.
29. así como en varios tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. citamos de nuevo el párrafo 4 del artículo 1 del acto legislativo 01 de 2012. Conviene recordar que en el tercer paso del juicio de sustitución la Corte Constitucional ha dicho que debe demostrarse que “como el elemento esencial definitorio ha sido remplazado por otro opuesto o integralmente diferente. 93.
. Consideramos que para mantener la vigencia del pilar esencial de la Constitución Política al que nos hemos venido refiriendo y el cual fue sustituido. solicitamos a la Corte Constitucional que declare inconstitucionales los apartes subrayados del párrafo 4 del artículo 1 del acto legislativo 01 de 2012. 12. sino tan solo de algunas de sus expresiones. Pretensiones Con base en los argumentos planteados. 4. 6 y 12 de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66. cuyo fundamento normativo se encuentra en distintas disposiciones constitucionales. sino propiamente una contradicción. no es necesario declarar la inconstitucionalidad total de todas las disposiciones del acto legislativo 01 de 2012. por vicios de procedimiento en su formación. Inhumanos o Degradantes. para lo cual el bloque de constitucionalidad es especialmente relevante”51. 228 y 229. sentencia C. a saber: Preámbulo y artículos 1. artículo 14 de la Declaración sobre la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y artículos 2. Para mayor claridad. artículos 2.una leve diferencia. artículos 17 y 53 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Por las razones que acabamos de exponer en este acápite. 4. a saber: artículos 1. consideramos que este tercer paso del juicio de sustitución se verifica en la presente ocasión. subrayando las palabras que consideramos deben ser declaradas inconstitucionales por sustituir un pilar esencial de la Constitución Política:
Artículo 1°. varios ponentes. así: […]
Corte Constitucional. no es posible armonizar la reforma constitucional con el resto de normas constitucionales que no fueron modificadas por ella y que reflejan aspectos claves de lo insustituible.1040 de 2005.1 y 2. 2.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. pues la existencia de uno niega la existencia del otro. pues mediante ellos fue sustituido un elemento esencial de la Constitución de 1991: el deber del Estado de investigar y juzgar todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario.
o crímenes de guerra cometidos de manera sistemática.Tanto los criterios de priorización como los de selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. El Fiscal General de la Nación determinará criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal. En relación con la expresión “máximos”. o de modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de la pena. y no solo aquellos cometidos de manera sistemática. 3. el Congreso de la República. genocidio. esta debería declararse inconstitucional con el propósito de que no haya lugar a sostener que es posible renunciar a la investigación y el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con el argumento de que se trata de casos no seleccionados. 2. contenida en el párrafo 4º del artículo 1º del acto legislativo 01 de 2012. requisitos y condiciones en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena. establecer los casos. esta debería declararse inconstitucional con el fin de que la autorización concedida al Congreso para seleccionar casos de violaciones de DDHH e infracciones al DIH incluya todos los crímenes de guerra. La ley estatutaria tendrá en cuenta la gravedad y representatividad de los casos para determinar los criterios de selección. En relación con la expresión “todos los”. evitando así que pueda autorizarse la renuncia a la persecución penal de los crímenes de guerra no cometidos de manera sistemática. por iniciativa del Gobierno Nacional. contenida en el párrafo 4º del artículo 1º del acto legislativo 01 de 2012. podrá mediante ley estatutaria determinar criterios de selección que permitan centrar los esfuerzos en la investigación penal de los máximos responsables de todos los delitos que adquieran la connotación de crímenes de lesa humanidad. en el marco de la justicia transicional. Sin perjuicio del deber general del Estado de investigar y sancionar las graves violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
A continuación explicamos por qué la declaratoria de inconstitucionalidad de estas expresiones mantendría la vigencia del deber estatal de investigar y juzgar todas las graves violaciones de derechos humanos y las infracciones graves al derecho internacional humanitario 1. En relación con la expresión “cometidos de manera sistemática”. establecer los casos en los que proceda la aplicación de sanciones extrajudiciales.
. esta debería declararse inconstitucional pues solo así se entendería que al Congreso se le autoriza seleccionar casos para centrar la investigación penal en todos los responsables de violaciones graves a los derechos humanos enlistadas en el mismo artículo 1º del acto legislativo mencionado. de penas alternativas. contenida en el párrafo 4º del artículo 1º del acto legislativo 01 de 2012. y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial penal de todos los casos no seleccionados.
II. Cabe recordar que la Corte Constitucional ha entendido que los vicios de procedimiento no solo se refieren al trámite de reformas constitucionales. y no por ninguno de los poderes establecidos. pero sin que ello implique que puede renunciarse a la persecución penal de todos los casos no seleccionados. Si la Corte no declara inconstitucionales estas expresiones. pues por ser de la definición de una disposición transitoria el tener efectos por un tiempo limitado puede pensarse que también sería por tiempo limitado la sustitución parcial de la Constitución que
La jurisprudencia sobre este punto ha sido sostenida de manera constante a partir de la sentencia C-551 de 2003. pues esta es una facultad que solo puede ser ejercida por el constituyente primario. la Constitución.La declaratoria de inconstitucionalidad de esta expresión tendría aún mayor fundamento si la Corte Constitucional no accede a declarar inconstitucionales las expresiones “máximos” y “cometidos de manera sistemática”. M. a saber: que el órgano que realice una reforma constitucional tenga la competencia para hacerlo. reiterada en múltiples oportunidades. Cuarta sección: disposiciones finales I.: Eduardo Montealegre Llynet. Por todas. P. transitoria o permanentemente. sino que también implican analizar una cuestión previa al trámite. Corte Constitucional. Competencia
La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda de acuerdo con el artículo 241 numeral 1 de la Constitución Política. total o parcialmente. Se trata de la transitoriedad de la norma constitucional parcialmente demandada.: Humberto Antonio Sierra Porto. que indica que la Corte Constitucional podrá conocer de demandas de inconstitucionalidad contra actos reformatorios de la Constitución por vicios de procedimiento en su formación. M. pero sí declara inconstitucional la expresión “todos los”. P.
. y la relevancia que esta característica tiene en el análisis de la sustitución de la Constitución. sentencia C-141 de 2010. los cuales actúan en calidad de constituyente derivado52. entre ellas los crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. cfr. La transitoriedad de la disposición demandada
Hay un último aspecto al que consideramos pertinente referirnos para finalizar el cargo de sustitución parcial de la Constitución que hemos planteado en la demanda. La facultad conferida a la Corte Constitucional de revisar la competencia del órgano que realiza una reforma constitucional (artículo 241 de la CP) es la base para solicitarle que declare inconstitucional una reforma constitucional que sustituya. pues tal renuncia no puede proceder tratándose de graves violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. el Congreso podría autorizar la selección de casos para centrarse en la investigación de los máximos responsables de determinadas conductas.
574 de 2011.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
Corte Constitucional. en nuestra opinión. Cfr. y sentenciaC-588 de 2009. la oposición que según hemos argumentado existe entre el pilar esencial diseñado originariamente en la Constitución Política y el nuevo pilar que empezó a existir con la vigencia del artículo 01 de 2012. surte efectos inmediatos y reemplaza entonces el pilar esencial que hemos identificado en la demanda. A pesar de la aparente plausibilidad del argumento anterior para negar la ocurrencia de una sustitución de la Constitución con ocasión del acto legislativo 01 de 2012. sino también de artículos transitorios. esta no necesariamente debe provenir de una norma constitucional que tenga vocación de permanencia. la jurisprudencia constitucional la desvirtúa con contundencia. en la cual se declaró inconstitucional el acto legislativo 02 de 2004. sentencia C-1040 de 2005. Por lo anterior. según la Corte Constitucional basta con que los efectos de una norma constitucional contradigan un pilar esencial de la Constitución durante un tiempo determinado –y no necesariamente durante tiempo indefinido– para que sea necesario declarar la inconstitucionalidad de dicha norma constitucional. Notificaciones
Recibiremos notificaciones en la Secretaría de la Corte Constitucional – Sección Leyes. P.
. Por consiguiente. el cual. a pesar de que tenga carácter temporal (pues el mencionado acto legislativo es transitorio). para que se acepte que ha existido una sustitución de la Constitución Política.: Juan Carlos Henao Pérez. De hecho. Corte Constitucional. que adicionaba al artículo 125 de la CP un parágrafo transitorio.se ha argumentado en la demanda. ha hablado de “sustitución transitoria de la Constitución”53. y ha aclarado que también existe un exceso del poder de reforma derivado cuando a través de una disposición transitoria se desconoce un pilar esencial de la Constitución. M. conlleva a concluir que ha ocurrido una sustitución parcial transitoria de la Constitución. P. sentencia C. vale recordar que la Corte Constitucional ha sostenido que. la Corte Constitucional ya ha encontrado que artículos constitucionales transitorios sustituyen pilares esenciales de la Constitución. razón por la cual los ha declarado inconstitucionales54. y que por tal razón no puede decirse que haya operado un cambio sustancial en el texto constitucional originalmente aprobado. la transitoriedad de la norma que se demanda no puede ser un fundamento para no realizar el juicio de sustitución. III. Por esto. en la cual se declaró inconstitucional el acto legislativo 1 de 2008. Así. Al respecto. M. varios ponentes.
157.200 Auxiliar Incidencia Nacional Comisión Colombiana de Juristas
Juan Camilo Rivera Rugeles C.C. 1.020. 1.375 Director Comisión Colombiana de Juristas
Fátima Esparza Calderón C.
Gustavo Gallón Giraldo C.256.962 Coordinadora Incidencia Nacional Comisión Colombiana de Juristas
Mary de la Libertad Díaz Márquez C.De la Honorable Magistrada y de los Honorables Magistrados.741.485 Abogado Incidencia Nacional Comisión Colombiana de Juristas
.C.026.C.C.52.265. 19.
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