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Timestamp: 2018-06-20 10:19:16
Document Index: 183242700

Matched Legal Cases: ['artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 11', 'artículo 343', 'artículo 9', 'artículo 443', 'artículo 467', 'artículo 108']

EFICACIA DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS EN EL NUEVO PROCESO PENAL
KARINA OLGUÍN ROJAS Memoria para optar al grado de de Licenciado en Ciencias Jurídicas La Serena, noviembre 2007
DEDICATORIA Dedico la presente Tesis a mis seres mas queridos, a Cristian y Catalina por apoyarme en todas mis decisiones, metas y sueños, a mis padres que amo mucho y que me han alentado siempre ha seguir adelante en la vida, y también a mis amigas, quienes me han acompañado y ayudado en todo momento y sobre todo a dios por darme la fortaleza de seguir adelante.
A todas las personas que me han ayudado en esta difícil meta que he trazado en mi vida, sobre todo a mi familia, y a mis amigas Paula y Marcela a quien considero como mi hermana, quienes me han enseñado que la amistad es algo verdadero y duradero, y por sobre todo que aun existen personas en quienes se puede confiar, y a todos mis maestros, por entregarme sus conocimientos y experiencias de vida, a todos ellos gracias infinitas.
INDICE INTRODUCCION CAPITULO I DISEÑO TEORICO Idea de investigación Planteamiento del problema Objetivos generales Objetivos específicos 4 4 6 7 1
CAPITULO II MARCO TEORICO LA VICTIMA COMO SUJETO PROCESAL Concepto de victima Antecedentes generales Fuentes de la victimologia Conceptualización Objetivo de la victimologia: La victima Clasificación de las victimas Formas de victimización - Victimización primaria - Victimización secundaria CAPITULO III MARCO CONTEXTUAL RESEÑA DE LA REFORMA PROCESAL PENAL EN CHILE EL NUEVO PROCESO PENAL CHILENO El sistema procesal inquisitivo El sistema procesal acusatorio contradictorio DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 23 23 24 17 18 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 15 NOCIONES DE VICTIMOLOGIA
CAPITULO IV PENAL -
ESTRUCTURA ORGANICA DEL NUEVO PROCESO Estructura funcional del proceso penal
Misión del Ministerio Público Los fiscales regionales Los fiscales adjuntos Como investigan los fiscales del Ministerio Público
25 26 27 28 30 30 31 32 32 32 32 32 33 33 33 33 34 34 34 34 35 35 36 37 37 38
DIVISION NACIONAL DE ATENCION A LAS VICTIMAS Y TESTIGOS Mision Equipo interdisciplinario Misiones de las unidades regionales
Equipos interdisciplinarios de las unidades regionales 31
Criterios De Derivación De Los Fiscales Conforme al delito En razón de atención En razón de protección
Actividades profesionales de las unidades de atención A victimas y testigos Respecto de las victimas Respecto de los testigos Atención integral Protección Acuerdos reparatorios Suspensión condicional del procedimiento Preparación para declaración en juicio oral
Respecto de las victimas
Respecto de testigos DESAFIOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VICTIMAS Y TESTIGOS DEFENSORIA PENAL PÚBLICA Misión Objetivos Cuenta pública
DERECHO COMPARADO Derecho procesal penal Frances Derecho procesal penal Español 38 40
PRINCIPIOS FUNDANTES DEL NUEVO SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL El principio acusatorio El principio de autonomía El principio del debido proceso Los principios de concentración y oralidad El principio de oportunidad 41 42 43 44 44 45 47 49 52 53
La necesidad de modernización de justicia como factor Impulsor en los ideales reformistas CAPITULO V CAPITULO VI CAPITULO VII BIBLIOGRAFIA RESULTADOS CONCLUSION PROPUESTAS
INTRODUCCION Las víctimas de los delitos han venido tradicionalmente padeciendo cierto olvido no sólo en el ámbito del derecho penal y procesal, sino también en la planificación de la política criminal y la asistencia social. Por otro lado, vienen sufriendo además del daño físico o pérdida material provocada por el acto criminal un proceso de victimización secundaria derivada de un inadecuado tratamiento procesal, en el que entre otras experiencias se ven reiteradamente sometidos a interrogatorios sucesivos, en condiciones no siempre idóneas para la prestación de un testimonio sereno y cabal. Se puede afirmar, que el nuevo sistema busca restablecer, dentro del proceso penal, la posición que la víctima había perdido dentro del mismo, como consecuencia de la adopción del sistema de tipo inquisitivo en la Europa Continental. En este sentido, el nuevo proceso penal pretende lograr un adecuado respeto a la dignidad personal de la víctima y evitar que se genere la denominada "victimización secundaria". Al respecto, cabe recordar, que en los inicios de la existencia del Derecho, la víctima y su familia ocuparon una posición preponderante. Se permitió pedir la venganza o la compensación. Con la evolución social y política y la desaparición de la venganza privada, el Estado se convirtió en el único titular de la persecución criminal y la víctima se trasladó desde una posición central para situarse en una posición periférica en el Derecho. El Ministerio Público como defensor de la legalidad y de los intereses de la sociedad debe jugar un papel protagonista en la salvaguarda, protección y asistencia a las víctimas de todo tipo de delitos, por lo que debe comprometer su esfuerzo y dedicación para lograr incrementar el nivel de garantías de los afectados por el delito y mejorar el tratamiento de las víctimas dentro y fuera del proceso, en la medida de las responsabilidades profesionales de conformidad del marco normativo de cada ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, es conveniente analizar experiencias avanzadas de tratamiento de las víctimas en otros países, con el fin de extender estas buenas practicas y llegar en la medida de lo posible a acordar en las conclusiones unos estándares
mínimos de protección a las víctimas en el proceso penal, incidiendo especialmente en la contribución que los Fiscales pueden prestar en este sentido. Cualquier compromiso conjunto de los ministerios públicos a nivel internacional, en relación a la mejora del tratamiento de las víctimas puede mejorar y fortalecer el servicio público que representa la Administración de Justicia y contribuir a incrementar la confianza de la sociedad en su funcionamiento lo que debe redundar en mayor cohesión social. Por otro lado, en los últimos años la legislación procesal penal en gran parte de America, así como también en nuestro país, ha experimentado una profunda transformación, ya que en el Nuevo Proceso Penal, la víctima asume un rol principal dentro del sistema, lo que marca una notable diferencia con respecto al procedimiento penal establecido en el Código de 1906, en que la víctima, tenía más bien un carácter marginal, y pasaba simplemente a constituirse en un elemento cuya actuación estaba subordinada al poder punitivo, principalmente en lo que se refiere a la notificación del delito, a su participación como testigo y, en general, como colaborador en la producción de las pruebas, dado lo cual se ha dejando atrás sistemas anacrónicos escritos, secretos y fundados en principios inquisitivos desarrollando, en su reemplazo, procesos penales en base a principios acusatorios de publicidad, oralidad, presunción de Inocencia, entre otros. Estas transformaciones han exigido que no sólo sean asumidas como simples modificaciones legales, sino que sean consideradas como cambios culturales, que exigen para la eficacia de la justicia penal, la participación activa de la comunidad en su conjunto. En especial por la valoración de la prueba testimonial en audiencias públicas, contradictorias donde existe una estricta observancia al principio de inmediación. La transformación de la justicia penal a la que se hace referencia, ha exigido al órgano estatal establecer las condiciones necesarias que la nueva estructura de los procesos penales exige. En este sentido una nueva obligación de los órganos estatales está el brindar protección y seguridad necesaria a los intervinientes en el proceso penal, en especial a víctimas y testigos.
Para conseguir este objetivo se han desarrollado diversas medidas de protección de estos sujetos procesales, medidas que de acuerdo a los niveles de riesgo o amenaza son de variada naturaleza y requieren la participación de diversos órganos estatales. Pero cuando los niveles de riesgo o amenaza son de tal magnitud para quien ha sufrido la acción delictual o ha cooperado con el respeto al imperio del derecho, que a un Estado les imposible brindar la seguridad necesaria, se requiere de la ejecución de una medida extrema de protección que exige niveles de coordinación y cooperación internacional y un tratamiento especial hacia el sujeto beneficiario de la medida. En este sentido, parece oportuno destacar, que ya en el Mensaje del Código Procesal Penal, se señalaba que el Nuevo Proceso Penal, busca promover los intereses de la víctima y asegurar sus derechos. Al respecto, el nuevo sistema procesal, le confiere a la víctima el carácter de Sujeto Procesal y de interviniente en el proceso.
MI IDEA DE INVESTIGACION: Un rápido vistazo por la región da cuenta que, no obstante haberse experimentado algunas mejoras relevantes en la satisfacción concreta de los derechos de las víctimas, especialmente en comparación con la realidad existente con anterioridad al proceso de reforma, nuestros sistemas de justicia criminal todavía no han sido capaces de dar un cumplimiento riguroso a los derechos contemplados a nivel normativo. Esto ha sido no sólo fuente de insatisfacción para las víctimas en concreto, sino que una debilidad que en muchos países ha llevado a cuestionar la efectividad de la reforma. De esta forma es que mi idea de investigación es acerca de los principales problemas que han enfrentado los nuevos sistemas procesales penales de la región para generar prácticas concretas destinadas a satisfacer los derechos consagrados a favor de las víctimas, y en definitiva determinar si los derechos de estas, son eficaces en la practica, y por ende si las instituciones a favor de éstas, cumplen eficazmente los roles que les son encomendado por las leyes. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ¿Cual es la eficacia de los derechos de las victimas en el nuevo proceso penal? La percepción ciudadana sobre la evolución de los indicadores relacionados con la delincuencia ha puesto a este problema en los primeros lugares de la agenda pública. Las intervenciones del gobierno han apuntado a aumentar los recursos a las policías, a reforzar la oferta pública existente en materia de seguridad ciudadana y a la implementación de políticas antidelictivas. No obstante la variedad de programas impulsados por el gobierno, el descontento social es generalizado, las personas sienten que sus derechos no son respetados y por lo tanto se sienten mas indefensa, y así la llamada “puerta giratoria de la justicia”,
deja en los habitantes de Chile la sensación y el pensamiento generalizado de que las Instituciones, que deben velar por los derechos de las victimas de los delitos, no funcionan. El alto temor ante la delincuencia en nuestro país se asocia con una mayor demanda por políticas de control y represión del delito más que con una demanda por políticas preventivas y de rehabilitación, y con una baja tolerancia frente a los delitos menores. La mala evaluación de las instituciones policiales también se asocia con los altos niveles de temor de la población: un mayor temor de la población ante la delincuencia se asocia con una mayor demanda por una policía más efectiva en el control de la delincuencia. Determinar quienes son las víctimas y la identificación de los niveles de victimización, es de gran importancia, ya que permite establecer perfiles de los grupos y barrios más propensos a sufrir la acción delictual, y esto genera información útil para el diseño de intervenciones orientadas no sólo a evitar la victimización y combatir a los delincuentes, sino también al diseño de mecanismos de disuasión y políticas dirigidas a la prevención del crimen.
OBJETIVOS GENERALES: ¿Cual es la eficacia de los derechos de las victimas en el nuevo proceso penal? Mis objetivos generales son realizar una investigación acerca de cuales son los derechos de la victima con el fin de determinar la eficacia de estos en el nuevo proceso penal. No obstante lo heterogéneo que es la experiencia de cada país, en la región en el establecimiento de sistemas destinados a satisfacer los derechos de las víctimas reconocidos a nivel internacional y por las legislaciones locales, la información empírica disponible indica que se trata de una tarea que recién comienza y que todavía tiene mucho camino por recorrer antes que podamos evaluar como satisfecha. En este contexto, un factor común que es posible observar y que dificulta avanzar con mayores niveles de profundidad en el logro de estos objetivos, es que la reforma no ha podido establecer una clara responsabilidad a cargo del tema, la
cual debiera estar naturalmente en manos del Ministerio Público. Así, es posible constatar la falta de una institucionalidad en este organismo encargada de diseñar y ejecutar políticas en materia de promoción y protección de los derechos de las víctimas. Esta situación se refleja también en la falta de programas concretos de intervención en la materia, como por ejemplo de información de las víctimas o de protección efectiva de las mismas. Frente a la falta de institucionalidad, operativamente el vínculo con las víctimas queda en manos de los fiscales. En este nivel también se detectan varios problemas. En primer lugar, los fiscales no perciben que las víctimas constituyen “clientes” respecto de quienes deben considerar su opinión para tomar decisiones acerca de la persecución penal de los casos. En segundo lugar, muchas veces tener un rol activo en la promoción de los derechos de las víctimas entra en conflicto con la lógica de persecución penal y, esta última, prima finalmente en caso que hubiera una contraposición de intereses dejando a la víctima completamente insatisfecha respecto de sus pretensiones. Esto obedece no sólo a la falta de sensibilización de los fiscales respecto a la compresión de los problemas de las víctimas sino también debido a que normalmente la evaluación de su trabajo se medirá por resultados en la persecución penal más tradicional. Un ejemplo típico donde se generan dinámicas de este tipo es tratándose de casos en los que fiscales privilegian la persecución penal por sobre el término del caso utilizando mecanismos de reparación a favor de la víctima argumentando interés público por sobre la voluntad de esta última. En la medida que la satisfacción de los derechos de la víctima no se transforme en un parámetro central de evaluación del trabajo del Ministerio Público, dicha función será marginal en el trabajo diario de la institución. Esto constituye uno de los desafíos a los procesos de reforma para cumplir con las finalidades que ha declarado a nivel discursivo.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mis objetivos específicos son los siguientes: -Establecer los orígenes del derecho procesal en nuestro país -Determinar la función especifica del Ministerio Publico -Conocer los fundamentos de la reforma del antiguo procedimiento procesal penal -Estudiar los principios que rigen en la materia, sobre todo el principio de objetividad -Hacer una comparación de nuestro proceso penal en relación con otros países -Hacer un estudio de estadísticas de delincuencia, para determinar cuantas victimas efectivamente hacen valer sus derechos. -Realizar un análisis de la legislación aplicable al tema.
MARCO TEORICO LA VICTIMA COMO SUJETO PROCESAL
Como ya se dijo, el nuevo proceso penal pretende fortalecer la posición de la víctima. Para tal efecto, le otorga la categoría de Sujeto Procesal, posición que comparte con el Tribunal, el Ministerio Público, la Policía, el Imputado, el Defensor y el Querellante. Al respecto, el Código Procesal Penal, destina todo un párrafo para tratar a la víctima como Sujeto Procesal, estableciendo su concepto y principales derechos. - Concepto de Víctima Nuestro Código trata, en el artículo 108º, el concepto de víctima con bastante claridad. En efecto, el citado precepto señala: " Para los efectos de este código se considera víctima al ofendido por el delito" y continua señalando que; " en los delitos cuyo resultado fuere la muerte del ofendido y en los casos en que este no pudiere ejercer los derechos que el Código le otorga, se considerará víctima: a) al cónyuge y los hijos; b) a los ascendientes; c) al conviviente; d) a los hermanos; e) al adoptante y adoptado". De lo anterior, resulta claro que por víctima se debe entender siempre al ofendido por el delito que puede ser el titular de los bienes jurídicos que se ven afectados por el delito o aquel que sufre la acción delictiva, y en casos excepcionales – expresamente señalados en el artículo 108°- también se considerará víctima a personas que tienen, respecto del directamente ofendido, un fuerte vínculo de familia o afectividad. Estas personas, para los efectos de su intervención en el proceso, se encuentran en un orden de prelación, por lo que la intervención de una o más de ellas excluye a las personas comprendidas en las categorías posteriores. Por otra parte, con respecto a las Personas Jurídicas, concuerdo con el sentido que en la definición del artículo 108º, se debe tener por incluidas a las
personas jurídicas las cuales también podrían ser víctimas de un delito, aunque sólo dentro del ámbito económico y patrimonial. NOCIONES DE VICTIMOLOGIA 1.- Antecedentes generales. Para determinar que es lo que sucede con la víctima en el nuevo proceso penal chileno, es preciso determinar en un primer sentido quién es la víctima. Etimológicamente la palabra proviene del latín “victima” y representa a una persona destinada al sacrificio o sacrificada, o bien que se expone a un grave riesgo a favor de otra, padeciendo el daño, por culpa ajena o por causa fortuita. Nos encontramos entonces ante un doble significado: por una parte se refiere el ser vivo, hombre o animal sacrificado a un ser superior como ofrenda correspondiente a un culto, y la otra interpretación que se usa en criminología, referida a la persona que sufre o es lesionada en su cuerpo o propiedad, torturada o asesinada por otra, impulsada por las más diversas motivaciones. Conceptualmente el tema de la víctima es tan antiguo como la existencia del hombre en el planeta, pero su estudio científico es reciente y data del año 1945 cuando el profesor Benjamín Mendelsohn, usa por primera vez el término victimología que es la ciencia que actualmente se preocupa de este sujeto. Esta palabra también tiene una raíz griega en la palabra “logos”, que significa estudio. Dicho concepto fue definido en el Primer Simposio sobre victimología celebrado en Jerusalén, entre el 2 y 6 de septiembre de 1973, en el libro titulado “El estudio científico de las víctimas del delito”, en el cual su autor, Gulota, señala que es “la disciplina que tiene por objeto el estudio de la víctima de un delito, de su personalidad, de sus características biológicas, psicológicas, morales, sociales y culturales, de sus relaciones con el delincuente y del papel que ha desempeñado en la génesis del delito” La victimología se refiere de esta manera al estudio de la víctima del delito.
2.- Fuentes de la victimología. La victimología se encuentra entre sus principales fuentes, las encuestas de victimización, las que consisten en un cuestionario realizado a un grupo representativo de la población, acerca de su calidad de víctima de un delito determinado, índice que arroja los delitos acontecidos, su frecuencia y las características de la gente victimizada. Se refieren a la relación de la víctima con el procedimiento penal. Esto con el objeto de elaborar propuestas de política criminal tanto preventiva como represiva. A través de estas encuestas se ha logrado constatar según la autora, una serie de factores tales como: Que existe un mayor número de delitos que aquél que es objeto de denuncia • • • • • Que cuando se produce la denuncia ésta tiene motivos distintos que perseguir el castigo del culpable; Que un factor influyente es el estilo de vida; Que la víctimas provienen de sectores más pobres de la sociedad; Que es frecuente que la víctima conozca a su agresor; Que la percepción de inseguridad o miedo no está directamente relacionada con la posibilidad matemática de ser víctima del delito. El estudio de dichas encuestas de acuerdo a la autora, nos debería llevar a efectuar una serie de observaciones: Son incapaces de recoger los delitos de “cuello blanco” o los “delitos de los poderosos”, por tanto sobre representan el delito común; El delito común tampoco es íntegramente recogido; La facilidad de ser captadas por los sectores políticos más partidarios de endurecer el derecho penal. Desde un comienzo las encuestas sobre victimización nacen del seno de la arena política entre distintos grupos de presión o de instituciones de gobierno, lo que no las desmerece, pero nos recuerda que en las ciencias sociales no hay datos neutrales, por tanto la forma en que se recopilan estos datos, debe ser a su vez sometida a examen.
Las encuestas de victimización permiten vislumbrar una fructífera agenda de estudio, desde luego por ejemplo surge la pregunta respecto a la falta de denuncia del delito. Al respecto, algunos autores han indicado que la gente no define la mayoría de los problemas como delitos, y en consecuencia recurren a otro tipo de estrategias para encontrarles solución y que cuando se produce el recurso al sistema penal, el interés que lo guía es bastante distinto de un interés retributivo, siendo las motivaciones fundamentales el registrar el delito (por ejemplo, a efectos de reclamar un seguro) o el de conseguir la devolución o la reparación o protección inmediata. El no denunciar refleja desconfianza, discordancia entre lo que la gente espera conseguir y lo que sabe que puede conseguir si recurre al sistema penal. 3.- Conceptualización. Se entiende por "victimología" el estudio científico de la víctima, es decir, el estudio integral de la persona afectada o perjudicada por el delito. Esta disciplina jurídica persigue analizar la personalidad de la víctima desde diferentes ángulos: biológico, psicológico, moral, social, cultural, etc. Importante resulta también la relación de la víctima con el delincuente. En este sentido vamos a observar que hay víctimas absolutamente ajenas al delincuente, víctimas accidentales que no se relacionan en nada con aquél. A veces de tipo masivo, como por ejemplo los actos de terrorismo, los accidentes de tránsito, víctimas desconectadas completamente del agente del delito. Pero hay otro tipo de víctimas que pasan a tener una cierta incidencia de sus conductas en el gen del delito, por ejemplo las llamadas "víctimas provocadoras". El tema de la personalidad de la víctima y su relación con el delincuente tiene consagración legal en las normas del Código Penal que consagran las circunstancias atenuantes y agravantes de la responsabilidad penal. Si analizamos el Código Penal y específicamente las normas sobre circunstancias atenuantes de responsabilidad, podemos observar que el artículo 11 Nº 3 señala que es circunstancia atenuante: "La de haber precedido inmediatamente de parte del
ofendido, provocación o amenaza proporcionada al delito". O sea, en este caso la legislación penal recoge una actitud provocadora de la víctima transformándola en una atenuante de responsabilidad criminal para el agente. Y la del Nº 4: "La de haberse ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave causada al autor, a su cónyuge..." etc.
4.- Objeto de la victimología: la víctima. El objeto de los estudios victimológicos es, generalmente, la víctima del delito. Al respecto podemos distinguir primariamente, la “victimización derivada del delito”, esto es, el proceso por el cual una persona se convierte en víctima de una figura tipificada por el ordenamiento jurídico como delito y en un segundo aspecto, la “victimización no derivada del delito o victimización social”, realizada ésta por el abuso injusto e insolidario de la prepotencia económica y social frente a grupos marginados o especialmente débiles. En este sentido ya se ha preocupado la doctrina en entender que “la ciencia victimológica debería tratar no sólo de víctimas de delitos sino todo tipo de víctimas”. Al respecto hay voces que evidencian pese a la gran amplitud del concepto víctima, al abandono, de las personas jurídicas, que pueden aparecer desamparadas, tanto en relación a la comisión de un delito, como en relación a los demás conflictos del sistema penal. Por otra parte se ha llegado al consenso generalizado sobre que la política criminal oficial tiene por misión, no solamente ni principalmente infligir al delincuente una sanción apropiada para establecer el orden jurídico violado, sino también y ante todo, lograr que la víctima se beneficie de la seguridad ofrecidas por las disposiciones sociales y estatales. Hoy el llegar a ser víctima no se considera un incidente individual sino un problema de derechos fundamentales. Dentro de la victimización derivada del delito, suele distinguirse la victimización primaria y la victimización secundaria, a lo que nos referiremos en seguida.
5.- Clasificación De Las Víctimas. Efectuaremos a continuación una breve clasificación de las víctimas, lo que nos ayudará para entender el avance de las ciencias criminológicas y de la ciencia jurídica en la medida que los conocimientos de la criminología se puedan canalizar o se puedan insertar en normas jurídicas, en dogmáticas jurídico-penales. 1ª Clasificación: Menores, Mujeres, Ancianos, Deficientes Mentales, Inmigrantes. Los menores de edad como víctimas de delitos sufren diversas acciones criminales, comenzando por el infanticidio a las pocas horas de nacido, pasando luego por toda la delincuencia que se desarrolla en torno a los menores. No podemos dejar de mencionar aquí el tema de la violencia intrafamiliar que los menores sufren de manera muy especial. Los delitos que tienen como víctima a las mujeres, en general, se cometen porque se trata de personas con menor capacidad defensiva. Como ejemplo podemos señalar el tema de los delitos sexuales cuando el sujeto pasivo es la mujer. El delito en contra de los ancianos podría insertarse bajo los mismos parámetros explicativos, esto es, personas con escaso poder de defensa, desamparados en la mayoría de los casos. 2ª Clasificación: Otra clasificación que vale tener presente es aquella que divide las víctimas en: enteramente inocentes, víctimas por ignorancia, víctimas provocadoras, víctimas voluntarias, víctimas agresoras. 3ª Clasificación: Se puede clasificar a las víctimas también en: víctimas individuales, víctimas familiares, víctimas colectivas y víctimas sociales. Cuando se habla de víctimas individuales el tema no reviste mayor problema, al igual que las víctimas familiares por ejemplo, de violencia intrafamiliar o parricidio, por ejemplo. El problema se plantea en las víctimas colectivas. Dentro de ellas tenemos, por supuesto, a las personas jurídicas. Obviamente las personas jurídicas pueden ser víctima de delitos y de hecho lo son, de determinados delitos, ya sea contra la propiedad, contra la honra, etc.
En lo que se refiere a los delitos sociales tenemos aquellos que afectan a la comunidad como tal y los delitos contra el Estado, como por ejemplo, el desfalco de una institución fiscal. 4ª Clasificación: Hay otra clasificación pero que un poco repite lo que ya hemos mencionado: víctimas especialmente vulnerables por motivo de edad, por motivo de raza, de sexo, de riqueza (sobre todo cuando tiene que ver con la exhibición de riqueza), por motivo de profesión (por ejemplo en Chile a los taxistas y choferes de transporte público).
6.- Formas De Victimización. La victimización reviste dos formas: victimización primaria y victimización secundaria. 6.1.- Victimización Primaria. Es la que dice relación con los aspectos, o los daños, o los perjuicios ocasionados directamente al titular, es decir, los bienes jurídicos penales. Y aquí hay que tener presente particularmente que las consecuencias primarias del delito, puede tener diferentes matices; así podemos encontrar consecuencias físicas, económicas. Pensemos lo que significa para una víctima, por ejemplo, el tener que distraer sus horarios de trabajo; las consecuencias psicológicas, como la impotencia ante la agresión.
6.2. Victimización Secundaria. Es la que ocasiona el sistema al que, paradojalmente, concurre la víctima en busca de protección. En este sentido, en la victimización secundaria, juega un papel fundamental la policía y el Ministerio Público en su función de persecución penal. No se debería adoptar una decisión discrecional sobre la persecución sin una consideración sobre la reparación del daño sufrido por la víctima y el esfuerzo desplegado por el delincuente a este fin.
Así, existe una atenuante de responsabilidad criminal en nuestro Código Penal esta es, "la reparación con celo del mal causado"; mediante la cual el delincuente, durante el procedimiento realiza abonos de dinero en la cuenta corriente del Tribunal, a fin de que el afectado lo retire posteriormente, pero en la practica las sumas de dinero, en la mayor parte de los casos, es un absurdo en relación a la entidad del delito cometido. También se incluyen dentro de la victimización secundaria, los interrogatorios de la víctima, muy especialmente en lo que dice relación con la situación personal y la dignidad de las personas, ya que la victima muchas veces es expuesta a largos y agotadores interrogatorios, en los que es sometida a una situación que resulta ser a veces incluso mas traumática que el delito respecto del cual, resultó ser el afectado. Otro punto importante dentro de este tema, es la protección de la vida privada especialmente en cierto tipo de delitos, como son aquellos en que el afectado fue expuesto a situaciones degradantes, como por ejemplo, delitos de significación sexual. Ante lo cual es necesario, proteger a la víctima de toda publicidad que le signifique un ataque a su vida privada o a su dignidad. La victimización secundaria dice relación con estas instituciones y particularmente con las personas que trabajan en estas instituciones, tema que no es legal ni jurídico, sino que es un tema de formación de las policías, de los fiscales del Ministerio Público, los jueces y el personal subalterno de los tribunales; qué en ocasiones tratan peor a las víctimas que a los mismos delincuentes, por falta de información, de sensibilización frente al tema.
RESEÑA DE LA REFORMA PROCESAL PENAL EN CHILE La nueva Reforma Procesal Penal constituye un cambio sustantivo en la legislación nacional, tanto de carácter normativo como de índole organizacional, cultural e institucional. Reemplaza normas e instituciones jurídicas preexistentes, modifica la lógica de los procedimientos, de sus actores y la organización y rutina de los mismos. Además, la reforma supone la creación de nuevas instituciones e intervinientes y modifica los parámetros a los que han ceñido su actuar los diversos actores del sistema de justicia durante los últimos 100 años. El sistema actual de justicia penal tiene una estructura bastante lineal y poco compleja, en donde la respuesta que se ofrece a los ilícitos es básicamente una, que no distingue la magnitud del daño social. En otras palabras, no se hace cargo del hecho que ciertamente los ilícitos presentan características distintas, gravedades diversas y, por supuesto las sanciones también deberían ser diferentes. Por el contrario, la Reforma Procesal Penal sí se hace cargo de estas diversidades a través de las distintas etapas que se prevén, a saber, el inicio, la formalización y el cierre de la investigación, la acusación -todas ellas a cargo del Ministerio Público-, la audiencia de preparación del juicio oral -que se lleva a cabo ante el Juez de Garantía-, la audiencia del Juicio Oral -del que conoce el Tribunal Oral en lo Penal-, el pronunciamiento de la sentencia definitiva -antecedido de la decisión de absolución o condena-, un recurso de nulidad ante la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema, según el caso, y la ejecución de la sentencia definitiva, por parte del Juez de Garantía. Además, el Ministerio Público puede aplicar soluciones alternativas del conflicto penal, como el Principio de Oportunidad y el Archivo Provisional del caso, la Suspensión Condicional del procedimiento en tanto que la víctima y el imputado pueden celebrar directamente los Acuerdos Reparatorios. Existen también
procedimientos especiales, como el Procedimiento Abreviado, el Procedimiento Simplificado y el Procedimiento Monitorio, que en sentido estricto son también juicios orales pero celebrados ante el Juez de Garantía como tribunal unipersonal, aplicados a delitos menores. Finalmente, se puede establecer que el espíritu de la nueva reforma es que las fases de investigación y juzgamiento sean dinámicas, carezcan de formalismo y burocracia, estén apoyadas por un equipo de trabajo capacitado y velen por un proceso ágil y justo.
EL NUEVO PROCESO PENAL CHILENO Para analizar esta materia, es indispensable volver sobre algunos rasgos de nuestro actual sistema procesal penal, a fin de poderlos contrastar con otros pertenecientes al nuevo modelo. 1.- El Sistema Procesal Inquisitivo. El procedimiento inquisitivo o inquisitorio, corresponde en sustancia, a un estado absolutista pre-liberal. En él se producen, entre otras, las siguientes graves deficiencias: 1.- Atenuación o desaparición de la figura del acusador. Éste se confunde con el juez, quien además realiza la investigación. Dado lo anterior, cualquier pretendida imparcialidad, en la práctica, se torna imposible; 2.- Discrecionalidad del juez en la búsqueda y recepción de pruebas; 3.- Procedimiento escrito y secreto. Se impide el acceso del común de las personas al juicio criminal, permitiendo toda clase de especulaciones y generando en forma progresiva una mayor desconfianza en la administración de justicia; 4.- Prueba legal o tasada (prueba regulada por ley). El proceso queda cerrado a los avances de la tecnología y el juez queda sujeto a rígidas normas generales y previas, que no necesariamente permiten una adecuada solución del conflicto;
5.- Se exacerba el principio de la doble instancia, provocando que un sinnúmero de resoluciones deban y puedan ser revisadas por un tribunal superior, sea por vía de la consulta o del recurso de apelación. Ello, al margen de significar una cierta desconfianza hacia el tribunal a-quo, importa una traba injustificada y dilata aún más la tramitación de los procesos.
2.- El Sistema Procesal Acusatorio Contradictorio Se identifica con formas democráticas de gobierno, en las que hay una efectiva vigencia del estado de derecho. Este sistema tiene, entre otras, las siguientes características: 1.- Instancia única en relación con la sentencia definitiva (sea que existan jurados o tribunales colegiados). Excepcionalmente se otorga la vía de apelación respecto de determinadas resoluciones (v.gr. de la resolución que recae sobre la querella de capítulos, art. 427°; de la resolución sobre el desafuero, art. 418°; de la suspensión condicional del procedimiento, art. 237°; sobre la admisibilidad de la querella, art. 115°, entre otras). Sin embargo, el recurso normal es el de casación o el de nulidad. 2.- Acusación confiada al Ministerio Público y, en ocasiones, respecto de delitos menores, a particulares. Con todo, que exista la acusación es requisito esencial, como asimismo que ésta no provenga del juez, quien además no es el encargado de realizar la investigación (principio que se contiene en la máxima “el que instruye no debe fallar”). Por ende, se obstruye la parcialidad del juzgador; 3.- Igualdad de las partes. Que se manifiesta en el derecho a la efectiva defensa letrada del acusado durante todo el proceso y gozar de libertad mientras se lleva adelante éste (salvo calificadas excepciones, v.gr., la prevista en el art. 141°, inc.3 CPP); 4.- Pasividad y efectiva imparcialidad del juez. Éste conoce los antecedentes que las partes proporcionan y falla de acuerdo a ellos. Su imparcialidad debe ser tanto subjetiva (estableciendo la ley inhabilidades tales como parentesco, amistad o enemistad, interés, etc.), como objetiva (esto es, que el mismo magistrado no
debe ejercer, sucesivamente, las funciones de instructor y sentenciador del asunto). “En principio, el que instruye no debe juzgar, como garantía de imparcialidad en el Enjuiciamiento Penal”. 5.- Libertad en la apreciación de las pruebas rendidas. Sin embargo, se impiden decisiones arbitrarias, en virtud de lo cual las decisiones jurisdiccionales deben ser debidamente fundamentadas, aún cuando se adopten conforme a la equidad, al leal saber o entender de los sentenciadores, o “con libertad” (art. 297° en relación con los arts. 36°, 340° y 342° del CPP); 6.- Oralidad del juicio; 7.- Publicidad de las actuaciones procesales. Ello permite que el común de las personas pueda acceder a la forma como se ejercita la justicia, provocando así un efecto preventivo en la comisión de ilícitos penales en la medida que se perciba que la respuesta punitiva es rápida y eficaz. 8.- Contradictorio. Desde el primer momento en que un ciudadano es acusado tiene derecho a saber tanto los cargos formulados (derecho a la “intimación”), como las pruebas en su contra; cargos y pruebas que podrá desvirtuar o contradecir. De lo expresado se desprende que en definitiva, el sistema procesal penal adecuado a una república democrática, es el acusatorio-contradictorio. El concepto de “contradictorio” se agrega a fin de reafirmar que no se trata de un sistema sólo acusatorio en el sentido formal, sino que de uno acusatorio adversarial, con efectiva contraposición de dos posiciones. De lo contrario cualquier sistema, aún de raigambre inquisitiva, podría caracterizarse como “acusatorio”, si la formulación de la acusación se entrega a un ente distinto del juez. En el nuevo proceso penal chileno, los pilares de la reforma son la separación de las funciones de investigar y condenar que el juez del sistema antiguo tenía, los juicios orales y públicos y el establecimiento de un servicio público de defensoría para los acusados que no pueden costear un abogado, conformado por profesionales que en esta materia reemplazan a los de la Corporación de Asistencia Judicial.
La separación de funciones del juez tiene que ver con el tema de la imparcialidad. En el sistema inquisitivo se es juez y parte en una causa, investiga, acusa y sentencia. Ahora las tareas de investigación recaen sobre el Ministerio Público, entidad autónoma creada para este efecto. En el nuevo sistema la investigación de un delito y posterior acusación al infractor son responsabilidad de los fiscales de dicho ministerio. Es el fiscal quien tiene que reunir las evidencias de un delito, con la ayuda de la policía, para presentarlas ante el juez, que debe sólo preocuparse de conocer la causa, escuchar a las partes y dictar sentencia. El juicio oral y público permite que el proceso judicial sea, en primera instancia, más transparente: los juicios que se llevaban a puerta cerrada ahora pueden ser presenciados por cualquier ciudadano para que sea testigo de la administración de justicia. Se establece también que el juicio debe ser único: en una sola audiencia deben exhibirse las pruebas, presentarse los argumentos y darse el fallo. Además el juicio oral hace que la relación entre el imputado, la víctima y el juez sea directa, sin necesidad de actuarios, diligencias por escrito ni intermediarios de ninguna clase. Todo lo anterior redunda en un proceso más rápido, que en el sistema escrito de antaño demoraba meses y hasta años si la causa era compleja. La celeridad también se expresa en que, como alternativas a un fallo condenatorio, existe la posibilidad de que las partes lleguen a un acuerdo reparatorio o que el juez dicte la suspensión del procedimiento bajo condiciones impuestas al acusado. También existen procedimientos simplificados para delitos leves. La Defensoría Penal Pública tiene como labor proveer defensa legal a los acusados que no puedan pagar su propio abogado. Uno de los principios regentes de la reforma es que los imputados deben tener derecho a una defensa letrada, es decir, profesional. De allí que los defensores deben ser abogados particulares o integrantes de la Defensoría Penal Pública, quienes son titulados, a diferencia de lo que ocurría con la Corporación de Asistencia Judicial, integrada por egresados de derecho que estarían en amplia desventaja frente a un fiscal preparado. Además hay más garantías para las víctimas de un delito, como mecanismos para que menores de edad declaren sólo ante los jueces, protección policial o
audiencias reservadas. Todo es realizado a través del Ministerio Público, que tiene una división llamada Unidad de Atención de Víctimas y Testigos.
Contenido y Principios Generales del Proyecto ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL NUEVO PROCESO PENAL La nueva configuración obedece a una verdadera redefinición de los roles que desempeñará cada órgano interviniente en el modelo. Es en atención a esta premisa que el objeto perseguido por la reforma consiste en “establecer una distinción nítida entre las funciones de investigación de los delitos y ejercicio de la acción penal, que pasa a corresponderle al Ministerio Público; de las de velar por el respeto de las garantías fundamentales durante esa investigación y decidir sobre la inocencia o culpabilidad de un imputado, tareas que le son encomendadas a los tribunales de justicia”. Lo que se plantea es que dicha separación entre investigación y cautela de los derechos de las partes permita que la labor propia de la judicatura se efectúe con absoluta independencia y que se realice en términos tales que no esté sujeta a “ningún tipo de compromiso, ni personal ni institucional con el éxito o fracaso de la labor de represión penal”. En esta dirección, la nueva estructura se conforma básicamente por: 1. Ministerio Público; 2. Juzgado de Garantía; 3. Tribunal Oral en lo Penal; 4. Defensoría Penal Pública; 5. Estructura Administrativa. Estructura Funcional del proceso penal Como hemos venido insistiendo, el objetivo de la reforma es plantear una verdadera separación entre las tareas de investigar y de juzgar. Pero además se derivan otras funciones completamente diferentes, que apuntan a mejorar las
tareas propias del poder judicial. En efecto, se intenta entregar las herramientas esenciales a cada nuevo órgano a fin de construir una perfecta armonía al interior del nuevo modelo procesal. Se introduce la función administrativa, la cual queda a cargo de un conjunto de funcionarios expertos, procurando con ello establecer verdaderos puentes entre la labor administrativa de los tribunales y el ámbito jurisdiccional. Estos nuevos administradores de tribunales, actúan de acuerdo a las políticas de gestión que elabora el Juez Presidente, logrando con ello atender aquellos asuntos que normalmente distraen a los magistrados de sus tareas propias. Respecto de las funciones de la Defensoría, estas también constituyen una fundamental innovación, puesto que la defensa penal pública se entrega tanto a abogados pertenecientes a la Defensoría Penal Pública, como a abogados particulares; todos pagados por el estado. El sector que vaya realizando mejor esta labor podrá ir ampliando su respectiva cobertura (sistema “mixto”). Resulta fundamental destacar que la reforma logra modernizar la justicia chilena, puesto que organiza de una manera más coherente cada una de las funciones que desarrollarán los órganos intervinientes del nuevo proceso. EL MINISTERIO PÚBLICO El 15 de octubre de 1999 se dictó la ley 19.640 Orgánica Constitucional del Ministerio Público que detalla las funciones de la entidad y los principios que orientan su actuación, su organización interna, atribuciones, las responsabilidades, inhabilitaciones, incapacidades, incompatibilidades y prohibiciones a que estarán sujetos sus fiscales. El Ministerio Público está compuesto por el Fiscal Nacional, por los Fiscales Regionales y por los Fiscales Adjuntos. Existe también un Consejo General, que reúne al Fiscal Nacional con todos los Fiscales Regionales y que cumple funciones de órgano consultivo. Los Fiscales sustituyen el rol investigativo de los jueces, quienes en el antiguo procedimiento investigaban, juzgaban y condenaban. Con el inicio de la reforma,
el 16 de diciembre de 2000, existe un juicio público, en virtud del cual son los fiscales adjuntos los encargados de investigar los hechos constitutivos de delitos. La Reforma Procesal Penal comenzó a funcionar en una primera etapa en dos regiones, la IV Región de Coquimbo y la IX Región de la Araucanía. Para tales efectos se designaron los Fiscales Regionales correspondientes a cada una de esas regiones y los primeros 49 Fiscales Adjuntos, quienes son el brazo visible de la reforma. Posteriormente -y a contar del 16 de Octubre de 2001- la Reforma Procesal Penal se amplió a la II, III y VII regiones del país. En tanto, el 2002 el sistema se aplica en las regiones I, XI y XII, para luego continuar con la aplicación de la reforma a fines del 2003, en las regiones V, VI, VIII y X. Todo el proceso termino con la implementación de la Reforma Procesal Penal el 16 de junio de 2005 en la Región Metropolitana. Misión Del Ministerio Público El Ministerio Público es el ente encargado -en exclusiva- de la investigación de los delitos y de determinar quienes son los responsables por ellos. Sobre la base de su investigación, debe ejercer la acción penal pública formulando acusación en contra de los responsables y sosteniendo dicha acusación en un juicio, ante los Tribunales de Justicia. Además, debe adoptar medidas destinadas a proteger a las víctimas y a los testigos de los delitos. Entre sus principales funciones destacan las siguientes: 1.- Dirección exclusiva de la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado. 2.- Ejercicio de la acción penal pública en la forma prevista por la ley. 3.- Adopción de medidas para la atención y protección de víctimas y testigos de delito.
Los Fiscales Regionales Los 16 Fiscales Regionales -uno por cada región del país, a excepción de la Región Metropolitana, que tendrá cuatro- son los encargados de ejercer las funciones y atribuciones del Ministerio Público en su región. Para ser nombrado Fiscal Regional se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener a lo menos cinco años el título de abogado, haber cumplido 30 años de edad y no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas por la ley. Los Fiscales Regionales cesan en su cargo a los 75 años de edad. Son designados por el Fiscal Nacional a propuesta en terna de las Cortes de Apelaciones de las respectivas regiones. Duran diez años en el ejercicio de sus funciones y no pueden ser designados para el período siguiente, sin perjuicio de que puedan ser nombrados en otro cargo del Ministerio Público. Pueden ser removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados o de diez de sus miembros o del Fiscal Nacional, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones, con el voto conforme de cuatro séptimos de los altos magistrados en ejercicio. Los Fiscales Regionales son responsables de la organización de su Fiscalía Regional y de las Fiscalías Locales bajo su dependencia. Pueden ejercer directamente funciones de investigación y tienen también facultades normativas en el marco de su respectiva región. También les corresponde la importante tarea de conocer y resolver los reclamos que contra un Fiscal Adjunto tuvieren quienes intervienen en un proceso. Las Fiscalías Regionales tienen su asiento en la respectiva capital regional. Los Fiscales Adjuntos En la mayoría de las ciudades importantes del país, existirán Fiscalías Locales dependientes de cada Fiscalía Regional. En ellas se destacarán los Fiscales
Adjuntos y serán las unidades que ejercerán básicamente las tareas de investigación, acusación y sostenimiento de la acción penal pública. Las Fiscalías Locales están formadas por uno o más Fiscales Adjuntos y cada una de ellas está a cargo de un Fiscal Adjunto denominado Fiscal Jefe. La ley ha previsto una dotación total de 625 Fiscales Adjuntos, quedando entregada al Fiscal Nacional la determinación de su distribución a lo largo y ancho del país. Para ser nombrado Fiscal Adjunto se requiere ser ciudadano con derecho a sufragio, tener el título de abogado, reunir requisitos de experiencia y formación especializada adecuadas para el cargo y no encontrarse sujeto a alguna de las incapacidades e incompatibilidades previstas por la ley. Además, el profesional debe cumplir con rigurosos exámenes escritos, entrevistas orales y evaluación de sus antecedentes. El Fiscal Adjunto es nombrado por el Fiscal Nacional a propuesta en terna del Fiscal Regional respectivo. Las ternas deben formarse previo concurso público. Dura indefinidamente en el ejercicio de sus funciones y cesa en el cargo al cumplir los 75 años de edad, por renuncia, muerte, salud incompatible con el cargo o enfermedad irrecuperable, evaluación deficiente de su desempeño funcionario o incapacidad o incompatibilidad sobreviniente. Puede ser removido por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones; falta de probidad, vías de hecho, injurias o conducta inmoral grave, debidamente comprobadas; ausencia injustificada o sin aviso previo a sus labores, si ello significa retardo o perjuicio grave para ellas; por incumplimiento grave de sus obligaciones, deberes o prohibiciones. La remoción es resuelta en primera instancia por el respectivo Fiscal Regional, y en segunda instancia por el Fiscal Nacional. En el ejercicio de sus funciones de investigación, los Fiscales del Ministerio Público tienen la facultad de requerir a cualquier autoridad u organismo público la realización de diligencias o la entrega de información relacionada con la investigación, estando los requeridos obligados a cumplir sin demora dichos requerimientos.
Especialmente, pueden impartir órdenes directas a las instituciones policiales, las que actúan como auxiliares del Fiscal y bajo su dirección exclusiva. Asimismo, los testigos y otras personas que puedan aportar a la investigación están obligadas a comparecer ante el Ministerio Público y colaborar con él. Con todo, cuando una diligencia de investigación afecte derechos del imputado o de terceros, dicha diligencia deberá ser autorizada previamente por el Juez de Garantía respectivo Como Investigan Los Fiscales Del Ministerio Público La actividad del Ministerio Público se inicia normalmente cuando se recibe una denuncia. Esta es presentada por la víctima o por un denunciante, ante la policía, los tribunales con competencia criminal o ante el propio Ministerio Público (a través de sus fiscalías locales). Debe tenerse en cuenta que el Ministerio Público también tiene la facultad de iniciar investigaciones de oficio, es decir, por propia iniciativa sin denuncia previa. En este caso, al inicio de la investigación no hay una denuncia sino un acto de decisión del Fiscal. Si la denuncia es recibida por la policía o por los tribunales, es enviada a la Fiscalía Local respectiva para comenzar con su estudio y con la eventual investigación de los hechos. En la Fiscalía Local, la denuncia es recibida por un funcionario para que el Fiscal Jefe la revise, de esta forma le asigna un rol de causa y evalúa a qué Fiscal Adjunto le designa el caso. A su vez, el Fiscal Jefe se comunica con el denunciante para indicarle el nombre del Fiscal asignado a su causa y, si hay algún detenido, ordena la realización de una serie de diligencias como el extracto de filiación o la toma de huellas digitales para su posterior registro en el Ministerio Público. El Fiscal al que se le ha asignado la denuncia, evalúa y resuelve, con el mérito del caso y en conformidad con las disposiciones legales, si es procedente y conveniente iniciar una investigación. Si no lo considera procedente, por no constituir delito los hechos denunciados o porque las responsabilidades penales se han extinguido, tiene la facultad de no iniciar investigación. Si no lo considera
conveniente, por falta total de antecedentes o por insignificancia del caso, puede determinar el archivo provisional o la aplicación del principio de oportunidad. La investigación tiene por objeto el esclarecimiento de los hechos y de las personas responsables, así como la recopilación de medios probatorios para fundamentar una eventual acusación y su sostenimiento en juicio. Durante la investigación el Fiscal se interrelaciona con personas (la víctima, el imputado, el defensor, el denunciante, los testigos, etc) y con organismos externos (policías, servicios auxiliares como el Servicio Médico Legal, Gendarmería, Registro Civil e Identificación), así como con el Juzgado de Garantía, que debe autorizar todas las diligencias o solicitudes del Fiscal que afecten derechos del imputado o de terceros. Además, se contempla la formalización de la investigación ante el Juez de Garantía. Esto es, la declaración formal del Fiscal de dirigir una investigación en contra de una determinada persona, lo que tiene como efecto el que empiece a correr un plazo máximo de dos años para concluir la investigación. Una vez concluida ésta -o aún antes- pueden adoptar las llamadas salidas alternativas (acuerdos reparatorios y suspensión condicional del procedimiento). Al término de la investigación, los Fiscales formulan una acusación, solicitan el sobreseimiento o manifiestan su propósito de no perseverar en el procedimiento. En el primer caso, el Juzgado de Garantía cita a una audiencia que puede tener como resultado (siempre que no se sigan los caminos alternativos del procedimiento abreviado o del procedimiento simplificado) el auto de apertura del juicio oral. En este último caso, el Juzgado de Garantía hace llegar el auto de apertura del juicio oral al Tribunal Oral en lo Penal competente, junto con los registros que debieren acompañarse. El Tribunal Oral en lo Penal fija la fecha de audiencia del juicio oral, señala los jueces que integrarán la sala y cita a quienes debieran concurrir a ella. Se lleva a cabo, de esta manera, el juicio oral y el Tribunal Oral en lo Penal se pronuncia de inmediato -sin perjuicio de mínimas excepciones- sobre la absolución o condena del acusado, pudiendo diferir la redacción del fallo. Durante todo el procedimiento, el Ministerio Público está obligado a adoptar medidas de atención y protección, tanto a víctimas como a testigos.
DIVISION NACIONAL DE ATENCION A LAS VICTIMAS Y TESTIGOS Son equipos de profesionales integrados por abogados, psicólogos, y asistentes sociales que funcionan en cada Fiscalía Regional y que apoyan a los fiscales del Ministerio Público en todas las materias relacionadas con la atención y protección de víctimas y testigos. Mision: 1.- Elaborar políticas y programas nacionales en materias de atención y proteccion de victimas y testigos, coherentes con las instrucciones dictadas por el Fiscal Nacional 2.- Velar por la ejecución de las acciones destinadas a la atención y protección de víctimas y testigos, durante el proceso penal y posterior a éste, si fuere necesario, a través de las Unidades Regionales. 3.- Coordinar y supervisar técnicamente la gestión de las Unidades de Atención a Víctimas y testigos. 4.- Realizar estudios jurídicos y psicosociales y de gestión, en materia de atención y protección a las víctimas y testigos. 5.- Coordinar las relaciones del Ministerio Público con las instituciones públicas y privadas que se dedican a la protección y atención de las víctimas y los testigos. 6.- Diseñar programas de capacitación de fiscales y funcionarios del Ministerio Público, para mejorar la protección y atención a las víctimas y los testigos 7.- Definir estrategias de difusión y comunicación por parte del Ministerio Público, en materia de protección y atención a víctimas y testigos. 8.- Apoyar a los fiscales y personal de las fiscalías locales para el cumplimiento de las labores de protección y atención a víctimas y testigos mediante la elaboración de recomendaciones técnicas, así como también, del diseño de instrumentos de apoyo.
Equipo Interdisciplinario: Para el cumplimiento de las misiones cuenta con el siguiente recurso humano: - 10 PROFESIONALES : 3 Abogados; 5 Psicólogos ; 1 Sociólogo ; 1 Asistente Social - 3 TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS Equipos Interdisciplinarios De Las Unidades Regionales Unidades Regionales de Atención a Víctimas y testigos - 12 Unidades Regionales (12 Unidades Locales) - 4 Unidades Metropolitanas ( 4 Unidades Locales)
Misiones De Las Unidades Regionales 1. Facilitar la participación de la víctima en el proceso penal (información, asesoría, acompañamiento en diligencias y apoyo económico) 2. Ayudar a la víctima a enfrentar las consecuencias emocionales del delito (atención psicológica y social) 3. Favorecer el ejercicio de los derechos de las víctimas. Entrega de información (a la reparación, a la protección, a presentar querella, a recibir un trato digno, etc.) 4. Prevenir la victimización secundaria por parte de los operadores del sistema (calidad de atención, coordinación, capacitaciones) CRITERIOS DE DERIVACIÓN DE LOS FISCALES (Conforme a Instructivos y Oficios del Fiscal Nacional) A.- Conforme al Delito: Delitos con resultado de muerte o de puesta en peligro concreto de la vida; Delitos con resultado de lesiones corporales de significación; Delitos sexuales, Delitos de secuestro, de abandono o delitos terroristas.
B.- En razón de Atención: Víctima menor de edad; Víctima enfermo mental grave; Víctima persona con capacidad física notoriamente disminuida; Víctima que hubiere sufrido un daño psicológico grave a consecuencia del delito; C.- En razón de Protección Los derivados por razones de atención. Delitos cometidos por organizaciones criminales; Delito en que existiere un vínculo familiar, de amistad o de vecindad o una relación de subordinación o dependencia entre el imputado y la víctima. Existencia, a juicio del fiscal, de antecedentes concretos de hechos reiterados de violencia, de hostigamientos o amenazas, de alcoholismo, drogadicción, u otra causa de inestabilidad psicológica del imputado o de acceso a armas por parte del mismo. Actividades Profesionales De Las Unidades De Atención A Victimas Y Testigos Respecto de las Víctimas
Labores generales Primera atención Atención integral Protección Acuerdos reparatorios Suspensión condicional Preparación para Juicio Oral
Respecto de los Testigos
Medidas de protección Seguimiento de medidas Preparación para Juicio Oral
Entrega de información Apoyo psicológico Acompañamiento (diligencias y audiencias) Preparación (diligencias, audiencias) Apoyo social Prevención victimización secundaria Informe de apreciación psicológica Informe social Informe jurídico Derivación a la red regional Evaluación de atención recibida
Respecto De Las Víctimas: Protección Evaluación de situación de peligro. Informes de riesgo Implementación de medidas de protección (alarmas, rejas, celulares, botones conectados a Carabineros, etc.) Seguimiento medidas de protección y cautelares personales Acuerdos Reparatorios Preparación de conciliación o mediación Apoyo en la implementación de acuerdos reparatorios Verificación de cumplimiento del acuerdo Suspensión Condicional del Procedimiento Informe sobre condiciones para la S.C.P. Verificación de cumplimiento de condiciones
Preparación para declaración en Juicio Oral Inducción Preparación psicológica -Utilización set didáctico para niños y adolescentes - Empleo de video en adolescentes y adultos Coevaluación de medidas de protección Implementación de medidas de protección en la audiencia de Juicio Oral (biombo, circuito cerrado de televisión, reserva de identidad y caracterización) Acompañamiento a la audiencia
Respecto De Testigos: Apoyo al fiscal para ejecutar medidas de protección Informar periódicamente al fiscal sobre cumplimiento y resultado de medida Recomendar al fiscal la necesidad de adoptar la cadena de reserva Elaborar informe para el fiscal recomendando medidas del art. 289 del CPP (Reserva de Identidad) Apoyo al testigo con dificultades psicológicas para concurrir y declarar en audiencia del juicio oral.
DESAFÍOS DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A VÍCTIMAS Y TESTIGOS
Contar con Centros de Asistencia a las Víctimas que brinden cobertura total al proceso de reparación integral, independiente de presentación de querellas.
Déficits de Casas de Acogida (delitos sexuales e intrafamiliares) Ampliar la cobertura de las Salas de Primera Acogida (Proyectos Thuthuzela) en hospitales, para las víctimas de delitos sexuales.
A nivel de Tribunales, promover mejores condiciones para la participación de víctimas. (uso circuito cerrado, biombo y caracterización). Incrementar los recursos del Fondo de Aporte Económico a las Víctimas que administra el Ministerio Público, para mejorar reparación y protección. Continuar la sensibilización de los operadores del sistema penal, respecto del buen trato y efectos de la victimización secundaria. Contar con una red pericial que permita la evaluación oportuna y profesional de las víctimas o fondos para el MP para licitar peritos externos.
DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA. La ley n°19.718, que crea la Publicada en el D.O. el 10 de Marzo de 2001, establece este nuevo órgano, el cual, según lo dispuesto en el art. 1 de esta Ley, es un servicio público, descentralizado funcionalmente y desconcentrado territorialmente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Justicia. Su finalidad principal es proporcionar defensa penal a los imputados o acusados por un crimen, simple delito o falta que sea de competencia de un juzgado de garantía o de un tribunal de juicio oral en lo penal y de las respectivas cortes, en su caso, y que carezcan de abogado (art. 2°). Este servicio tendrá su domicilio y sede en la ciudad de Santiago (art. 3°), y se organizará en una Defensoría Nacional y en Defensorías Regionales, existiendo además, al interior de su estructura, dos organismo encargados de licitar la prestación de defensoría penal a estudios y firmas de abogados particulares. Dichos organismos son el Consejo de Licitaciones de la Defensa Penal Pública y los Comités de Adjudicación Regionales (art. 4°). Los beneficiarios de la defensa penal pública son todos los imputados o acusados que carezcan de abogado y requieran de un defensor (art. 35°). La defensa penal pública será siempre gratuita, salvo los casos en que, atendidas las particulares circunstancias del beneficiario, se determine el cobro total o parcial por la defensa proporcionada (art. 36°), existiendo siempre para el imputado o acusado la
posibilidad de reclamar de la determinación del monto que se le cobra (art. 38° inc. 2). La Defensoría se esfuerza en todas las instancias para que se apliquen plenamente los principios del proceso penal: Que todo imputado sea tratado como inocente; que esté garantizado el juicio previo; que éste cuente con igualdad de fuerzas para sostener su punto de vista frente a las imputaciones que se le formulan; y que, cuando corresponda, se le aplique una sanción Misión: La misión de la Defensoría Penal Pública es “proporcionar defensa penal de alta calidad profesional a las personas que carezcan de abogado por cualquier circunstancia, velando por la igualdad ante la ley, por el debido proceso y actuando con profundo respeto por la dignidad humana de los representados.” Objetivos: El objetivo central de la institución es prestar defensa penal a toda persona imputada de un delito o falta que lo requiera. Los objetivos específicos que se derivan de ese propósito general son: Asegurar la cobertura nacional, de carácter universal, del servicio de defensa penal pública, a través de defensores locales institucionales y defensores licitados. Garantizar la calidad de las prestaciones del servicio de defensa penal pública, a través del cumplimiento de estándares básicos, del desarrollo de peritajes y de la adecuada atención de comparecientes a juicios y audiencias. Asegurar el funcionamiento del sistema de licitaciones de defensa penal, a través del uso eficiente del marco presupuestario disponible y conforme a las directrices emanadas del Consejo de Licitaciones de defensa penal pública. Definir cuáles personas deben ser atendidas gratuitamente y cuáles deben pagar por el servicio de defensa.
Informar a la comunidad nacional respecto de la forma en que se cumplen las obligaciones institucionales. Desarrollar una gestión eficiente y eficaz de los recursos presupuestarios que le otorga el Estado. Coordinarse con los demás actores del Sistema de Enjuiciamiento Criminal Adversarial para la adecuada marcha de éste. Informar a la comunidad respecto de los derechos y los deberes de los detenidos e imputados. Cuenta Pública: A través de la Memoria Anual, la Defensoría Penal Pública entrega a la comunidad la información respecto de la labor que ha desarrollado en el último año. Incluye el balance de los servicios de defensa que entrega; la cobertura y el estado de las causas; el control de los estándares de calidad de la atención; la distribución de los recursos destinados por el Ministerio de Hacienda a la institución; los avances en materias de gestión; la dotación de personal y su capacitación; las actividades de extensión y los convenios que se han suscrito con otras entidades. Se pone especial énfasis en el trabajo que efectúa cada Defensoría Regional en su jurisdicción.
DERECHO COMPARADO 1.- Derecho Procesal Penal Francés. En el Derecho Francés se presentan expresiones de una protección de los
intereses del ofendido. No obstante, también el derecho material presenta disposiciones cuya tendencia apunta, también, en todo caso, a la protección de los intereses del ofendido. Así, en el derecho material el arrepentimiento activo conduce en algunos casos a una atenuación de la pena (como por ejemplo, en el artículo 343 del Código Penal francés, en el caso de la liberación voluntaria de un rehén) o, tal vez, a la exención
de la punibilidad de un miembro arrepentido de una asociación ilícita, que colabora con los órganos de persecución penal con otras revelaciones (art. 768). Sin embargo, sobre todo en este último caso, las consideraciones de reparación apenas deben haber contado en los motivos del legislador. Mayor significación tienen los criterios de reparación en algunas disposiciones de derecho procesal del Code de procédure penale, relativas a la aplicación de la pena. Así, la reparación puede conducir, en los delitos menos graves y en las contravenciones, a una atenuación de la pena y, si otras circunstancias concurren con ella, a la exención de la punibilidad (art. 492). Del mismo modo, la reparación cumple un rol en el marco de la suspensión de la decisión sobre la imposición de una pena (479), a cuyo efecto se debe tener en cuenta la capacidad económica del autor. También la posibilidad de la transacción –una especie de avenimiento sobre la acción en el proceso penal- podría resultar de interés, a primera vista, respecto de una conciliación entre autor y víctima. Sin embargo, la extinción de la acción pública en virtud de una transacción entra en consideración sólo en los casos previstos por la ley para ello; ésta se encuentra sólo en el derecho fiscal, aduanero, forestal y agrícola. En estos casos, en los que normalmente se trata de la protección de bienes jurídicos supraindividuales, la acción pública es ejercida por la autoridad administrativa correspondiente, que entonces puede disponer de la acción por vía de la transacción. En el ámbito de la protección de bienes jurídicos individuales, de los cuales se trata ante todo en esta reseña, no existe una posibilidad de disposición de la acción penal de esta clase: así, este avenimiento queda sin posibilidad de influir sobre la acción penal. No obstante, la acción civil es el instrumento más importante del ordenamiento jurídico francés, para la satisfacción de los intereses de reparación del ofendido por el hecho punible. Grebing, que puso al alcance de los lectores alemanes la regulación de la actino civile en detalle, destaca la “extraordinaria popularidad” de su ejercicio.. El vio tendencias restrictivas respecto de la legitimación para accionar de las sociedades de protección a la víctima, que era en aquel entonces todavía cuestionada. Esta tendencia, entre tanto, se ha revertido: en una serie de leyes
complementarias de la primera mitad de los años ochenta, el legislador francés ha atribuido a las sociedades de protección a la víctima legitimación para accionar en algunos ámbitos. La significación cada vez más creciente de la actino civile se evidencia también en una ley del 8 de julio de 1983, que ha modificado algunas disposiciones del Code de procédure pénale con el fin de facilitar al ofendido la obtención de una indemnización. Así, incluso habiendo formulado la acción civil ante el tribunal penal, el actor civil puede no obstante, solicitar protección jurídica provisional del tribunal civil. Además de esto, en los casos de lesiones u homicidios culposos, el asegurador del autor del hecho penal puede ser incluido en el procedimiento penal. En este caso, la decisión del tribunal penal tiene eficacia también respecto de él.
2.- Derecho Procesal Penal Español. En el derecho procesal español, apenas se encuentran criterios de reparación en el derecho material; puesto que, según el artículo 9º número 9º del Código Penal español, se debe conceder una atenuación de la pena en el caso de una reparación voluntaria del daño por parte del autor, merced a un arrepentimiento activo sin haber tenido conocimiento de la iniciación de un sumario. Asimismo, se debe mencionar al perdón entre las causales de justificación (art. 112 Nº 5), aunque éste sólo entra en consideración en los tipos que no constituyen delitos perseguibles de oficio (como, ante todo, en los delitos sexuales –excepto la violación- de acuerdo al artículo 443, y en los delitos contra el honor, de acuerdo al artículo 467). Sin embargo –como en Italia-, es digna de mención la detallada regulación de la responsabilidad jurídica civil del autor que contiene la ley penal (arts. 101, 111 C.P.). Tampoco la propuesta de un anteproyecto de un nuevo Código Penal de 1983, que no prosperó, ofrecía innovaciones especiales en los aspectos que se referían a la reparación.
En cambio, aspectos favorables al ofendido se encuentran, también en España, -al igual que en los demás países latinos- ante todo en el derecho procesal penal bajo la forma de la acción civil, que ha encontrado una regulación legal pormenorizada. Pero en comparación con la acción civil de otros países latinos (Italia, Francia), llama especialmente la atención el hecho de que el ofendido no necesita formular y sostener expresamente la acción civil, sino que es el Ministerio Público Fiscal el que está obligado a interponer la acción civil ante el tribunal penal, a menos que el ofendido haya renunciado expresamente a ella. De este modo, se evidencia, para los casos en los que el ofendido no puede formular una acción civil por problemas financieros, una solución alternativa a la posibilidad de otorgamiento de asistencia judicial gratuita a la víctima carente de recursos.
PRINCIPIOS FUNDANTES DEL NUEVO SISTEMA DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL A.- El Principio Acusatorio: Desde el punto de vista dogmático, se advierte que la principal innovación que introduce la reforma procesal penal es el tránsito desde una corriente inquisitiva hacia otra de tipo contradictoria o acusatoria. Esto implica, necesariamente, una estricta separación entre las funciones del juez y las del ministerio público. A la luz de este principio, los jueces son llamados a custodiar y tutelar el pleno derecho de las personas al debido respeto de todas las garantías constitucionales. Tanto el inculpado como la víctima, acceden en igualdad de condiciones a esta demanda, reivindicando así el presupuesto del debido proceso en nuestro sistema. En efecto, particularmente destacan los principios de inocencia y el de derecho a la defensa. Además, se reconoce el derecho del imputado, toda vez que: a.- Es informado de manera clara y específica acerca de los cargos que se le imputan;
b.- Debe ser asistido desde el inicio del proceso que se substancia en su contra (se le proporciona un defensor público para los casos en que no cuente con un defensor particular); c.- No está obligado a declarar y de hacerlo, no se le impone el juramento; d.- No puede ser sometido a tratos crueles, inhumanos o vejatorios; etc. El juez interviene como un tercero absolutamente imparcial, por cuanto no tiene acceso a la investigación, logrando así que su decisión no esté influída indebidamente. Por último, cabe precisar que bajo la sujeción de este principio, “Los jueces deberán evitar cualquiera actuación suya o cualquiera interpretación que los aparte del estricto papel de terceros imparciales que el principio les impone. Los jueces no trabajan con la policía, están llamados a controlarla esgrimiendo ante ella los derechos fundamentales; los jueces tampoco trabajan con el Ministerio Público, están llamados a decidir si éste cuenta o no con razones suficientes para perseguir a un ciudadano”. B.- El Principio de Autonomía: La autonomía se advierte como una característica propia de la magistratura. Cada juez se conduce de acuerdo a su conciencia y su propia razón al momento de decidir el asunto controvertido. Esta independencia queda demostrada a la luz de la publicidad que satisface al nuevo modelo, por lo mismo, la transparencia aparece como el principal aliado de este principio formativo. Sin embargo, esta característica también se le atribuye a los otros órganos integrantes de la arquitectura procedimental creada. En efecto, ello queda demostrado en la plena autonomía radicada en el ministerio público ya que no depende del Poder judicial, como tampoco recibe órdenes del ejecutivo. Esta última cuestión no es menor, atendida su delicada función. En todo caso, se contemplan al efecto responsabilidades para los casos de infringir el cometido que se les ha encargado. Dicha cuestión se comprueba en la medida que el Fiscal debe solicitar autorización al Juez de Garantía para efectuar la diligencia de medidas cautelares que afectan a la persona del imputado. Por último, el principio también se hace
extensivo a la Defensoría Penal Pública. En la tradición, los abogados dependen de sus clientes y no de la injerencia estatal, por lo mismo, la intensión primera es acrecentar lo más posible la relación privada que se produce entre patrocinado y abogado.
C.- El Principio del Debido Proceso: Este viejo principio de rango constitucional, por cierto que orienta esencialmente todos los esquemas de la reforma estudiada. Derechamente, es el que alcanza la mayor relevancia de entre el conjunto de principios revisados. Aunque su origen se encuentra arraigado en los sistemas provenientes del common law, hoy ya es parte de casi todas las estructuras legales del orbe. Sintéticamente, este principio implica que nadie puede ser privado de su libertad sin que previamente y con justificado fundamento, se garantice un conjunto de garantías mínimas. Entre éstas: igualdad de armas entre imputado y fiscalía, bilateralidad de todas las actuaciones, consideración pública de la prueba rolante en el proceso, etc. D.- Los Principios de Concentración y Oralidad: Un eje básico del nuevo procedimiento es que todas las actuaciones relevantes deban concentrarse en una audiencia oral y pública. Esta circunstancia es aplicable tanto para la prueba como para las alegaciones, las que deben producirse de manera concentrada en tales audiencias. El objetivo perseguido no es otro que “acrecentar la legitimidad de la decisión judicial por la vía de hacer accesible sus fundamentos al conjunto de la comunidad. La justicia se hace más prestigiosa y más firme cuando se hace a la luz del día, cuando cualquiera puede juzgar si lo que los jueces deciden fue o no razonable”. En cuanto a la oralidad, digamos que al tenor de considerársele una garantía procesal, es el único camino real para lograr la inmediación. Esto tiene directa relación con la “prohibición de lectura”, ya que en la mayoría de las actuaciones se requerirá la acción expresa de la palabra; sólo algunas cuestiones quedan escritas en actas, pero como meros registros que ciertamente se alejan de la tradicional concepción del expediente del sistema inquisitivo.
Lo interesante será observar el desempeño y la ritualidad tratándose de la interrogación de testigos. Finalmente, señalemos que a partir de la inmediación se hace absolutamente necesaria también la intervención del tribunal en pleno durante todo el transcurso del juicio, ya que la ausencia de alguno de sus integrantes se sanciona con la nulidad. E.- El Principio de Oportunidad: La conciencia acerca de la escasez de recursos y todo lo relacionado con la plena eficiencia de la estructura judicial, traen como resultado la necesidad de contemplar soluciones alternativas a la tradicional forma de castigo que ofrece el sistema procesal penal. De ahí que una premisa fundamental del marco de reforma sea el eficiente uso de los recursos. Bajo esta premisa, se le concede la posibilidad al Fiscal de archivar provisionalmente los antecedentes, si de ellos no aparecieren signos visibles de que ciertamente se esclarecerán los hechos investigados. Lo que se pretende es ser realistas en torno a la persecución; ella debe practicarse sobre la base de una efectiva posibilidad de efectuar diligencias conducentes al esclarecimiento de los hechos y no caer en gestiones inútiles. Se le concede al Fiscal asimismo la facultad de no iniciar la persecución penal o abandonar la ya iniciada, cuando se trate de un hecho que por su insignificancia no comprometa gravemente el interés público. En cuestiones de orden patrimonial, se da la posibilidad de establecer acuerdos reparatorios entre el imputado y la víctima, toda vez que se trate de delitos en que no se comprometa la vida, lo que en suma, extingue la acción penal respecto del imputado. El jurista argentino, don Julio Maier asigna dos objetivos principales a la aplicación de criterios de oportunidad: el primero es “la descriminalización de hechos punibles, evitando la aplicación del poder estatal allí donde otras formas de reacción frente al comportamiento desviado pueden alcanzar mejores resultados o donde resulte innecesaria su aplicación”; el segundo es “la eficiencia del sistema penal” en que aquellas áreas o para aquellos hechos en los que resulta
indispensable su actuación como método de control social, procurando el descongestionamiento de una justicia penal sobresaturada de casos, que no permite, precisamente, el tratamiento preferente de aquellos que deben ser solucionados indiscutiblemente por el sistema, y como intento válido por revertir la desigualdad que, por selección natural, provoca la afirmación rígida del principio de legalidad”. La necesidad de modernización de justicia como factor impulsor en los ideales reformistas. La reforma hoy se sustenta en la apertura de mentalidad, en abandonar la nociva costumbre de pretender que el Estado sea el único encargado de resolverlo todo, es decir, la comunidad se debe involucrar en mayor medida con su propia realidad. A partir de estos supuestos, la evolución del medio, la configuración de nuevos estándares económicos y sociales, han posibilitado este urgente planteamiento de reforma que busca ser un real sustento del estado de derecho. Lo anterior se relaciona con los derechos y garantías que se preservan y que hasta ayer se hacían impalpables, ya sea por la falta de capacidad o eficiencia o por la falta de infraestructura para absorber los volúmenes de asuntos penales que conocían los tribunales. La modernización aludida, entraña también una política que tiende a integrar el conjunto de las instituciones que participan de la administración de justicia a los procesos de desarrollo económico y político que ha experimentado Chile en las dos últimas décadas. Desde el punto de vista estrictamente económico, se pretende hacer más redistributivo el gasto en justicia, evitar que el sistema penal produzca marginalidad, lograr mayor rapidez en la resolución de los litigios y maximizar la imparcialidad y la eficiencia del sistema legal en su conjunto. Desde un punto de vista político, se requiere de una justicia accesible, imparcial, igualitaria y que maximice las garantías de los derechos de las personas. En suma, se hace necesario modernizar la justicia para garantizar la gobernabilidad
de parte del sistema político, la integración social y la viabilidad el modelo de desarrollo económico. “El objetivo global de la modernización de la justicia, definido por el Gobierno como la maximización de las garantías, la imparcialidad del estado democrático y el incremento del bienestar obliga a efectuar reformas, a lo menos, en tres áreas diversas: la de acceso a la justicia, la del derecho de menores y la del sistema penal”.
Los fundamentos de la Reforma Procesal Penal y las ventajas que ofrece el nuevo sistema para las victimas de la delincuencia son de variada índole. Este revolucionario sistema cambia el tradicional modelo inquisitivo, unilateral y autoritario, pasando a uno acusatorio, bilateral y democrático, que vela no sólo por los derechos de las víctimas, sino también por las garantías de todas las personas que enfrentan una persecución penal Otra de sus ventajas es que sus audiencias se desarrollan de manera pública, primando la oralidad, existiendo una unidad de atención de víctimas y testigos y también el derecho a defensa material y técnica, lo cual significa que si una persona es imputada, recibirá, sin importar su condición económica, la asistencia de un abogado desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia. Otra de las ventajas, es la transparencia en los procedimientos, y la rapidez con que se resuelven las causas penales, y sobre todo que en las audiencias y procesos orales el Imputado y la víctima ven trabajar al Fiscal, al Defensor y al Juez, quien resuelve, en un clima de equilibrio, de respeto y en presencia directa de los intervinientes en el proceso. Con este sistema, existe un mayor respeto a los derechos de las personas, ya que garantiza la presunción de inocencia del imputado; la Igualdad de condiciones de las partes frente al Juez; los procesos tienen una menor duración, la justicia es más próxima y entendible para la ciudadanía. La Reforma Procesal Penal, permite fortalecer los derechos de las víctimas e imputados por crimen, simple delito, o falta, considerando el respeto por los derechos básicos y constitucionales de todo imputado los que se consagran en normas nacionales e internacionales. No obstante lo dicho anteriormente cabe destacar una de las grandes críticas que se ha hecho a la reforma procesal penal es la facilidad con que los delincuentes son liberados sin juicio ni cumplir reclusión.
Mediáticamente se acuñó el término “puerta giratoria” para graficar los casos en que un sujeto era apresado y puesto en libertad al poco tiempo, dándole la posibilidad de delinquir nuevamente. Esto se infiere porque sólo el 10,8% de los casos termina con un condenado. La mayoría de los cierres sin condena son los llamados “sin imputado conocido”; cuando por ejemplo a uno le roban la billetera y no se da cuenta hasta horas después. Otra parte se explica por la presunción de inocencia -"nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario"- y las medidas cautelares que generan la crítica de que el sistema protege más a los delincuentes que a las víctimas. Pero el que se protejan los derechos de los imputados se ve como algo valorable. Otro factor importante es que con la reforma procesal penal se ha incidido en los indicadores de seguridad ciudadana ya que hoy se produce una desconfianza en las instituciones, ya sea por el aumento de la delincuencia o por la denominada puerta giratoria de la justicia.
El Nuevo Proceso Penal ha mejorado notablemente la posición de la víctima dentro del proceso, en comparación con su situación el sistema del Código de 1906. El nuevo sistema extiende el concepto de víctima en los casos y para las personas descritas en el artículo 108º. Asimismo, el nuevo proceso busca privilegiar los intereses concretos de la víctima al introducir los acuerdos reparatorios como una forma de obtener una reparación del mal que se le ha causado como consecuencia del ilícito, convirtiéndola, además, en un actor principal en la resolución del conflicto penal. De igual modo, se considera a la víctima como interviniente y Sujeto Procesal, reconociéndole variados derechos como: a) ser oída; b) a la información; c) a deducir querella; d) a ejercer acciones civiles, e) a ser tratada de un modo acorde con su condición de víctima; f) a impugnar las resoluciones que le causen agravio. Por otra parte, se establece un Mandato constitucional al Ministerio Público para que otorgue protección a la víctima. Todo lo anterior, permite concluir que el nuevo sistema otorga a la víctima un rol preponderante dentro del proceso penal, mejorando considerablemente su situación respecto a la que tenía en el Código de Procedimiento Penal de 1906 y convirtiéndola en actor principal del nuevo proceso. No obstante lo señalado anteriormente, que en el marco de la reforma procesal penal, el estado contrata abogados defensores para los imputados. La sociedad persigue el delito a través de los fiscales del ministerio publico y tienen una unidad de apoyo a victimas y testigos que tienen la misión de orientarlas y consolarlas, no obstante cabe preguntarse, ¿donde esta en este nuevo sistema, el abogado pagado por el estado que defienda a la victima y vele por sus derechos? no existe, debiendo la victima contratar servicios de abogados particulares con sus recursos económicos. A mi juicio es necesario, por tanto, que así como el estado gasta recursos protegiendo los derechos de los imputados, lo haga con las victimas, contando con el abogado de victimas,
La reforma al proceso penal ha debido hacerse cargo de las expectativas que ha generado, particularmente respecto del que inicialmente no se definiera como su ámbito de competencia, esto es, la seguridad ciudadana. No hay duda respecto que la reforma será también evaluada por su capacidad de incidir en ámbitos como la denunciabilidad, la reducción del temor y la victimización. En este sentido, se han reorientado sus facultades y objetivos, y se hace necesario contar con análisis empíricos y mediciones sistemáticas que permitan dar cuenta de estos efectos. Por otro lado, la reforma ha debido enfrentarse a críticas negativas, tales como aquellas que se hacen respecto de que es un 'sistema muy garantista', que 'desecha' los delitos de menor cuantía', y que esto redundaría en un aumento de la victimización por delitos como el hurto. La presente tesis, así como otras investigaciones recientes en el área, desmitifican a la reforma en ambos sentidos. No hay evidencia que nos permita atribuir a la reforma, al menos aún, algún efecto sobre la victimización, no se incrementa la comisión de delitos, así como tampoco disminuye. La denunciabilidad (denuncias informadas por víctima) no varía al implementarse la reforma, es decir no se reduce la 'cifra negra', como sería esperable producto de la mejor evaluación de las instituciones que se registra al implementarse la reforma. Así la variación en las denuncias oficiales no se explica producto de un aumento específico de la victimización ni de la denunciabilidad, por lo que deberá ser explicada por otras variables, probablemente vinculadas a especificidades del quehacer de las instituciones vinculadas a la persecución criminal. Finalmente, se hace necesario reflexionar sobre el rol que, sin duda, está jugando la 'política comunicacional' en la formación de opinión pública. Esta puede ser muy positiva, como se ha visto respecto de la confianza en las instituciones, pero puede ser también negativa al generar percepciones de 'temor' que no dan cuenta de la realidad local ni del país.
De acuerdo con lo expuesto en el capitulo de las conclusiones, pueden hacerse las siguientes propuestas, tanto para complementar el presente estudio, cuando para aplicar de inmediato algunos de sus frutos: 1.- Proponer al Estado la creación de una defensoría penal gratuita para las victimas de los delitos. Ya que sí el estado gasta recursos protegiendo los derechos de los imputados, proporcionándoles una defensa penal gratuita creo que lo mas lógico es que también lo haga con las victimas,
2.- Proponer al Ministerio Público su inserción, en la estrategia antidelictual, lo que a su vez implica una coordinación con otras agencias involucradas en el tema.
BIBLIOGRAFÍA Autor: Titulo: Editorial: Maria Ines Horvitz L., Julian Lopez M. Derecho Procesal Penal Chileno tomo II Editorial Juridica de Chile
Autor: Titulo: Editorial:
Javier Castro Introduccion al Derecho Procesal Penal Editorial Libromar Ltda
www.bcn.cl www.ministeriopublico.cl www.defensoriapenal.cl www.seguridadciudadana.cl
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