Source: https://www.parcan.es/pub/ds.py/2015/5/3/
Timestamp: 2019-12-06 02:42:18
Document Index: 167724369

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 349', 'e contrario', 'artículo 6', 'artículo 46', 'artículo 46']

Diario de Sesiones 5/2015, de fecha 21/7/2015 - Punto 3 - Parlamento de Canarias
DS 5/2015 (21/jul/2015)
Diario de Sesiones 5/2015, de fecha 21/7/2015 - Punto 3
8L/IAE-0009 Informes y audiencias a emitir por el Parlamento. Proyecto de modificación de la disposición adicional décimo tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por la que se regulan las subvenciones al transporte, marítimo y aéreo, regular de pasajeros en lo que afecta a los residentes en Canarias.
La señora presidenta: En relación al informe a emitir por el Parlamento de Canarias respecto al proyecto de modificación de la disposición adicional décimo tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por la que se regulan las subvenciones al transporte, marítimo y aéreo, regular de pasajeros en lo que afecta a los residentes en Canarias.
Para la presentación del informe tiene la palabra el portavoz del Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano.
El señor Ruano León: Señora presidenta, señorías, señor presidente del Gobierno, señoras y señores miembros del Gobierno.
Empezamos esta legislatura, desde el punto de vista del contenido, con una de las funciones más importantes de las que puede realizar la Cámara en relación con el estatus singular de Canarias en el conjunto del Estado, como es emitir un informe acerca de la afectación al Régimen Económico y Fiscal de Canarias de una normativa estatal.
Como saben sus señorías, como consta en la propuesta de informe que hemos suscrito cinco grupos parlamentarios, todos excepto el Grupo Popular, que manifestará su posición en esta tribuna y, por tanto, justificará por qué no lo firmó, pero la propia oposición en relación con el contenido del informe... Como digo, suscribimos cinco grupos parlamentarios esa propuesta de informe porque estamos ante una situación que requiere un posicionamiento claro de esta Cámara en torno a un asunto que está contenido dentro del Régimen Económico-Fiscal de Canarias, específicamente en los aspectos económicos del REF, que son las ayudas al transporte de pasajeros, las bonificaciones al transporte de pasajeros.
Quisiera señalarles a todas sus señorías y a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, que este fue un debate, el debate en general sobre la política de transportes en la legislatura que se cerró, en la VIII Legislatura, muy importante, en tanto que a lo largo de la pasada legislatura, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, sucedieron muchas cosas que afectaron, sin duda, al régimen de transportes de los ciudadanos y ciudadanas del Archipiélago, desde la caída de Spanair, con la pérdida de más de 600 000 plazas, hasta la implantación o la reimplantación del certificado de residentes como medida pública realizada por el Gobierno de España. Y muchas decisiones, algunas, fueron tomadas a través del texto articulado de las leyes de presupuestos, y otras a través de decretos leyes, algunas de las cuales ni siquiera conocimos de forma directa en este Pleno, sino que fueron objeto de recursos de inconstitucionalidad.
Hoy vamos a evacuar un informe desde el Parlamento en relación con la modificación que el Estado pretende realizar sobre la disposición adicional décimo tercera de la Ley de Presupuestos para el año 2013.
Hay que tener en cuenta que los antecedentes de esa modificación están dados porque fue este Parlamento el que impugnó esa disposición décimo tercera de la Ley de Presupuestos, porque no se había evacuado el preceptivo informe del Parlamento de Canarias. En aquella regulación propuesta originariamente era posible que la ministra de Fomento articulara las ayudas al transporte, las bonificaciones a los pasajeros, mediante un sistema cuantitativo, una limitación cuantitativa a las ayudas. Y el Parlamento, viendo que esa regulación no contó con el informe de la Cámara, evacuó un acuerdo desfavorable a través de una proposición no de ley que presentamos en aquel momento los grupos Nacionalista y Socialista.
El buen recurso de los servicios jurídicos del Parlamento hizo que el Tribunal Constitucional estimara el recurso, y, por tanto, declarara inconstitucional las previsiones de la disposición adicional décimo tercera de la Ley de Presupuestos del Estado para el año 2013.
Lo que se hace ahora por parte del Estado es modificar, necesariamente, porque hay sentencia del Constitucional, aquella regulación, y lo que tenemos que hacer, lo que hacemos, es evacuar ahora nuestro informe acerca de la nueva propuesta que formula el Estado.
Y lo más relevante, señorías, desde el punto de vista de la formulación de esa propuesta conjunta que hemos suscrito cinco grupos parlamentarios, es que, en primer lugar, hacemos referencia a los antecedentes, pero, a su vez, hacemos un contraste de aquella regulación original, que pretendía atribuir a la ministra de Fomento la fijación mediante orden ministerial de límites a la subvención por residente, a la propuesta de regulación que se hace por parte del Gobierno en este momento, y lo sustancial es que se mantiene el concepto de tarifa bonificable frente a la tarifa de servicio, que es el concepto originario de la ley del 94, la ley de aspectos económicos del 94, que habla de tarifa por servicios regulares de pasajeros. Por tanto, esa sería a nuestros efectos la tarifa de servicio. Y, sin embargo, la propuesta que nos remite el Gobierno de España habla de tarifa bonificable.
Por lo tanto, existe la posibilidad de que en el marco de esta propuesta nueva realizada por el Gobierno de España se desarrolle reglamentariamente lo que se entiende por tarifa bonificable, y podamos vernos ante el mismo supuesto que motivó la impugnación que el Parlamento realizó cuando se pretendió la regulación por orden ministerial de límites cuantitativos a la subvención por residente.
Hemos dicho, y lo dice también la propuesta de informe, que ya esto ocurrió en la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos para el año 1997, cuando se pretendió establecer el límite de 10 000 pesetas por trayecto -entonces pesetas-, aproximadamente 60 euros de hoy. Y esa era, a su vez, la pretensión que tenía la Ley de Presupuestos del Estado en su redacción original, cuando se preveía que la ministra de Fomento podía regular mediante orden una limitación cuantitativa a la subvención por residente.
Creemos que de forma legítima el Gobierno de España intenta establecer límites a las compañías aéreas en la fijación de precios, pero lo que está haciendo no es establecer límites a las compañías aéreas, sino establecer límites a la subvención al residente. Y, por tanto, la dirección lo que está haciendo en la propuesta es cambiar el contenido de la ley del año 94, cambiar el concepto de tarifa general, de tarifa de servicio, que es aquel que debe justificar que, en ningún caso, se produzca una disminución de la aportación del Estado a la subvención por residente, que, como saben ustedes, está establecida en un 50 % en el tráfico aéreo y en un 25 % en el tráfico marítimo, que se complementa con el otro 25 que aporta el Gobierno de Canarias, en este caso, en el tráfico marítimo.
Creemos, señorías, que esto justifica en sí mismo lo que acabo de exponer, un informe desfavorable del Parlamento a la regulación pretendida. Creemos que es posible que el Gobierno de España atienda el informe del Parlamento, y, por tanto, que en el trámite normativo que finalmente utilice, el que sea, cambie ese concepto de tarifa bonificable y lo sustituya por el concepto primigenio del año 94 que se refiere a las tarifas por servicios regulares de pasajeros. A su vez, en la propuesta de informe incorporamos también dos previsiones respecto del trayecto directo entre escalas, porque establece la propuesta una limitación a que la bonificación se produzca, si hay escalas, solo si el tiempo que media entre el primer vuelo y el último es de 12 horas: entendemos que esto puede producir, en algunos supuestos, problemas para la aplicación efectiva de la bonificación, y, por tanto, el Parlamento informa que se debe llevar a un límite de 24 horas.
Finalmente, hay una referencia final a la restricción a la libertad comercial, porque se obliga a las operadoras, a las compañías aéreas, a depositar aquellos contratos que signifiquen precios especiales. Como saben ustedes, los precios especiales se realizan fundamentalmente hacia clubes deportivos, federaciones, organizaciones de la tercera edad... Nosotros creemos que no se debe establecer ese límite por parte de la, en el depósito de los contratos, y lo que es obvio es que la subvención por residente del 50 % será al precio real finalmente pagado por el usuario, ya sea un club deportivo o ya sea un club de la tercera edad.
Esto es cuanto se contiene en el informe, y me gustaría terminar, señorías, presidenta, refiriéndome a que la sentencia que sustancia el recurso estimado a los servicios jurídicos del Parlamento habla del REF, de la protección del REF desde el punto de vista formal: es decir, se estimó el recurso porque no se pidió el informe, y nuestro objetivo, señorías, señoras y señores diputados, en esta legislatura, debe ser intentar fortalecer la estructura del REF, ya sea mediante una modificación estatutaria, o ya sea porque eventualmente se produce una modificación de la Constitución española y tenemos condiciones políticas para establecer la protección necesaria al Régimen Económico y Fiscal desde el punto de vista del contenido y no solo de la forma.
Para la fijación de posición por los grupos parlamentarios no intervinientes, por el Grupo Popular, doña Mercedes Roldós, por tiempo de cinco minutos.
La señora Roldós Caballero: Muchas gracias, señora presidenta.
Consejeros, felicitaciones a todos. Señoras y señores diputados.
El Grupo Parlamentario Popular no ha firmado esta emisión de informe desfavorable, señor Ruano, no por el fondo sino por la forma, porque nosotros consideramos que la reiteración de temas ya suficientemente debatidos en esta Cámara, a lo largo de la pasada legislatura, no nos lleva a ningún lado, porque lo cierto y verdad y lo sustancial, señor Ruano, es que la bonificación al transporte regular de pasajeros ha sido atendida en tiempo y forma durante toda esta legislatura. Durante toda esta legislatura no ha faltado ni un euro desde el Gobierno de España para subvencionar el transporte aéreo y marítimo de los ciudadanos de Canarias. Eso es lo importante, eso es lo sustancial, a pesar de las dificultades económicas en las que se encontró el Gobierno de España y que todavía está superando el Gobierno de España, nunca, nunca ha faltado ni un solo euro para la subvención al transporte de los ciudadanos canarios. Y eso no quita, señoras y señores diputados, para que el Grupo Parlamentario Popular también fije una posición de informe desfavorable a esta propuesta de modificación de la disposición adicional tercera que, como sus señorías han podido leer, ha sido anulada por una sentencia del Tribunal Constitucional, concretamente la 164/2014, de 7 de octubre, que declaraba la nulidad de esa disposición adicional décimo tercera por no haber respetado el preceptivo trámite de audiencia previa de este Parlamento de Canarias con arreglo a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de la Constitución española, en relación con las iniciativas legislativas que modifican nuestro Régimen Económico y Fiscal.
Señorías, una nulidad que ha sido diferida en el tiempo durante un año para no perjudicar, precisamente, y que no hubiera un vacío normativo en la aplicación de esa bonificación, y que ahora se debe proceder a su sustitución para que entre en vigor antes del día 30 de octubre del 2015. Y mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, estima informe desfavorable por lo importante, por lo sustancial, que es que en esta modificación se mantiene el concepto de tarifa bonificable y no el de tarifa de servicio. Tarifa bonificable que no está definida, y que causa inseguridad, y no tarifa de servicio, que es a la que se refiere el artículo 6 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal. Pero es que, además, señor Ruano, usted lo sabe bien, que el artículo 2.4 del Real Decreto 1340/2007, de 11 de octubre, que fue posteriormente modificado por el Real Decreto 1316/2001, de 30 de noviembre, que es el que regula las bonificaciones en las tarifas, es el que entiende y define la tarifa de servicios, y por lo tanto mi grupo entiende que se debe atener a tarifa de servicio y no a tarifa bonificable, para que no haya interpretaciones -torticeras o no- de ese término.
Pero también entendemos que es importante que esta propuesta de modificación mantenga algo de esos dos reales decretos, el último el del 2007, que es el vigente, en el que se establecen los trayectos directos y se fijan en la escala las doce horas, y nosotros entendemos, sobre todo atendiendo a la doble insularidad, a las islas no capitalinas, que sería bueno, que sería deseable, que ese impasse de doce horas se ampliara a veinticuatro horas, para garantizar las suficientes conexiones de las islas, de los ciudadanos de las islas no capitalinas.
Y, de la misma manera, no coincidimos en su interpretación acerca de la normativa europea, en el punto 11b, cuando habla de la obligatoriedad del registro y de la aprobación por parte de la Dirección General de Aviación Civil de aquellos contratos, convenios y acuerdos de los billetes emitidos para ser subvencionados, entendemos, en primer lugar, que el Real Decreto del 2007, el ya referido 1340, ya establece el registro, y, por lo tanto, nosotros en vez de la aprobación por la Dirección General de Aviación Civil lo que sugeriríamos es que lo que se apruebe sea la comunicación simplemente, porque no deja de ser una garantía, y en esta comunidad autónoma ha habido algún suceso de fraude... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.)
Gracias, presidenta. Decía que no deja de ser una garantía esa comunicación a la Dirección General de Aviación Civil, y el registro no deja de ser una garantía de que no se produzca ningún fraude con un derecho de todos los ciudadanos de Canarias, que es la subvención al transporte aéreo y marítimo de todos los canarios.
La señora presidenta: Gracias, señora Roldós.
¿Algún grupo más quiere intervenir para fijación de posición? Grupo Socialista, el señor Julio Cruz. ¿Alguien más? Perdón (La señora Santana Perera y el señor Rodríguez Rodríguez solicitan la palabra), Podemos, perdón, disculpe.
Doña Noemí Santana. ¿Quién interviene? (Manifestaciones del señor Rodríguez Rodríguez desde su escaño.) Sí, vamos a seguir de mayor a menor, como hicimos el otro día. ¿Quiere intervenir el Grupo Podemos?
Vamos a ver, señor Román. He pedido palabra, ha empezado el Grupo Popular, podemos hacer como, igual, no estaba determinado el orden, pero ha empezado el Grupo Popular. Seguimos, si quieren, de mayor a menor en la oposición, y seguimos con los grupos que apoyan al Gobierno, si le parece.
La señora Santana Perera: Muy buenas...
La señora presidenta: Disculpe un momentito, señora Santana.
Pueden intervenir los grupos para fijar posición. Ha pedido la palabra y se la concedo.
La señora Santana Perera: Gracias, señora presidenta.
Desde Podemos queremos mostrar nuestro apoyo al informe desfavorable a los términos del proyecto de modificación de Ley 17/2012, de los Presupuestos Generales del 2013.
Nosotros consideramos que este es un ataque a la libertad de transporte a los residentes en el Archipiélago. Además, creemos que limita la competitividad de las empresas canarias con respecto a las radicadas en el resto del territorio del Estado español.
Por otro lado, rechazamos que la subvención pasara a aplicarse a tarifa bonificable. Nosotros entendemos que esto se debe aplicar al precio real de mercado, al coste real, porque si no, estaríamos afectando y una vez más castigaríamos a los y a las ciudadanas.
Tampoco aceptamos el límite de tiempo de escala de menos de veinticuatro horas, entendemos que esto depende de las condiciones de ofertas que establezcan las operadoras, y, además, depende de otras variables que son incontrolables, como, por ejemplo, las condiciones atmosféricas. Por lo tanto, no entendemos que las escalas puedan ser menores de veinticuatro horas.
También, desde nuestro grupo parlamentario, queremos que se promuevan medidas de descuento, no solo en los vuelos que se realizan dentro del Estado español, también queremos profundizar en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea -no olvidemos que Canarias no es una región ultraperiférica del Estado español, pero sí una región ultraperiférica de la Unión Europea- y, por lo tanto, entendemos que se debe facilitar la movilidad de nuestros residentes con el resto del territorio de la Unión.
No olvidemos que en los últimos tres años son más de 9500 canarios los que han tenido que emigrar de nuestras islas en búsqueda de oportunidades, en búsqueda de empleo, por eso, creemos que es imprescindible buscar soluciones para ayudar a ellos y a sus familias en la movilidad dentro del territorio europeo.
Por otro lado, también reclamamos medidas que garanticen una mejor conectividad e igualdad entre las islas. Creemos que debe incrementarse la frecuencia para adaptarla a una debida entre las islas no capitalinas y las capitalinas, y también que los precios sean más asequibles a todas las capas sociales de la realidad canaria.
Creemos que estas son demandas de la ciudadanía y que nosotros como representantes de la ciudadanía en esta Cámara la debemos atender desde el Parlamento.
¿Algún grupo más quiere intervenir? El portavoz de Nueva Canarias, don Román Rodríguez.
El señor Rodríguez Rodríguez: Señora presidenta, señorías, muy buenos días.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el informe desfavorable que hoy emite esta Cámara en relación a una modificación de una ley injusta que fue la Ley de Presupuestos para el año 13 que, entre otras muchas cuestiones negativas, introdujo modificaciones en nuestro Régimen Económico y Fiscal y, sin embargo, no notificó a este Parlamento esa modificación.
Este hecho formal cogido de la disposición final tercera, creo, de la Constitución española, segunda, nos obliga a este informe. Pero hay que decir, claro, para que nos entendamos los que aquí estamos, no tenemos mecanismos legales suficientes para garantizar la protección, los derechos fiscales y económicos de Canarias, sencillamente, cuando los gobiernos de turno del Estado español toman decisiones en relación a este tema, notifican esto al Parlamento y podemos opinar, pero nuestra opinión no es vinculante. Hoy con este informe negativo, con las consideraciones que en él hacemos, el Gobierno de España sencillamente puede ponerlo en la papelera.
Tenemos, por tanto, los canarios un problema, entre otros, y es que el nivel de protección que tiene nuestro sistema económico y fiscal es insuficiente, está al albur de los intereses de las mayorías políticas de las Cortes Generales, y, por lo tanto, este Parlamento no determina, no condiciona sus modificaciones. Y esto no lo conquistaremos los canarios hasta que la Constitución española lo preserve, porque ni el Estatuto de Autonomía tendrá rango suficiente para garantizar la protección de estos derechos de la ciudadanía de Canarias. Y, en este caso que hablamos del asunto del transporte, que sería una prestación que afecta a la ciudadanía de a pie, a las personas, a las familias, a las empresas, a todo el mundo, pues es un ejemplo claro de lo que debe ser un trato justo por parte de los poderes centrales a esta condición y es contribuir a paliar las diferencias de costes en el transporte, en este caso de personas, pero también de emergencia. Y estamos a lo que diga el gobierno de turno, a lo que quiera el Gobierno de España, y en la Ley de Presupuestos para el año 13 el Gobierno de España se volvió a retratar, primero olvidándose de este Parlamento, cosa razonablemente habitual; y, en segundo lugar, promoviendo modificaciones que entendemos restan derechos, creemos, consolidados en relación a la continuidad territorial y, en este caso, a las ayudas al transporte de las personas en el sistema regular existente. De manera que debemos ser conscientes de que, aunque hoy emitimos un informe contrario a esta modificación, como en su momento aprobamos aquí una PNL para recurrir al Tribunal Constitucional, con éxito, porque se habían equivocado en los aspectos formales, tenemos un asunto de fondo gravísimo y es que el Gobierno de España, las Cortes Generales pueden modificar nuestros derechos económicos y fiscales en función de sus intereses y sin tener en cuenta los derechos de este pueblo y de sus instituciones.
El pasado mes de abril en este Parlamento aprobamos por unanimidad un texto referido a la actualización de los aspectos económicos del REF, justamente este es uno de esos aspectos muy relevantes y hay que decir que, fíjense ustedes lo que duran las cosas que proponemos desde este Parlamento a los poderes centrales del Estado, se vuelven a olvidar, decíamos en aquel texto, con claridad, en relación a las ayudas al transporte, que estas tendrían que ser servicios esenciales que tendríamos que garantizar en todos los casos a toda la ciudadanía residente en Canarias, sea de nacionalidad española o europea, tendríamos derecho a garantizarles al menos el 50 % de los costes reales de los billetes en los transportes marítimos y aéreos, y hoy estamos asistiendo aquí a la formulación de un informe negativo al que -insisto- el Gobierno de España puede sencillamente no hacer caso porque no les obliga la cobertura jurídica a actuar.
Por lo tanto, acabo diciendo, señorías, que esta tierra, este Parlamento, este pueblo necesita conquistar el derecho a que sus derechos económicos y fiscales estén protegidos en el marco de la Constitución española porque ni siquiera la reforma estatutaria da cobertura jurídica suficiente para que esto tan elemental, que es que los canarios, las canarias, cuando nos movemos entre nuestros territorios o entre nuestro territorio y el resto del Estado español tengan una ayuda reglada como establece el artículo 6 de la Ley de aspectos económicos, del año 94, y, desgraciadamente... (Corte producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.)
Desgraciadamente, este derecho no lo tenemos garantizado. Y el hecho de sustituir el término tarifa bonificable o incorporar el hecho de la tarifa bonificable, introduce un riesgo evidente, que en manos nuestras seguramente no existiría, pero en manos de los poderes centrales del Estado, y no nos importa el color, porque siempre se comportan igual, puede ser un riesgo para ver mermados nuestros escasos derechos en materia de ayudas al transporte, que -insisto-son esenciales, junto a otros, pero este es el que mejor define lo que significa vivir en un archipiélago alejado por el fraccionamiento territorial y los costes que supone mover a las personas en nuestra tierra.
Por lo tanto, nuestro informe, el informe, lo apoyamos inequívocamente, como hicimos en su momento con el recurso de inconstitucionalidad, y esperamos tener condiciones para algún día cambiar las reglas del juego.
La señora presidenta: Muchas gracias, señor Román. Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto, ¿quiere intervenir?
El señor Curbelo Curbelo: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, miembros del Gobierno en este comienzo de la IX Legislatura, señorías, buenas tardes a todos.
Yo voy a intentar fijar la posición del Grupo Mixto, que lo integran los diputados de la Agrupación Socialista Gomera, y voy a fijar la posición para ratificar la propuesta de informe desfavorable a la modificación del REF que, de forma unilateral -por eso es inconstitucional-, ha llevado a cabo el Gobierno de España, a través del Congreso de los Diputados, para modificar el REF, que tanto nos preocupa y que tanto nos afecta.
Y yo quiero hoy, señor presidente, acudir a su participación en este periplo que inicia de nueva andadura para establecer relaciones excepcionales con el Gobierno de España, para que en un asunto, quizás el más que ocupe y preocupe hoy, aparte de los servicios esenciales -sanidad, educación- porque no cabe duda de que el transporte es para el archipiélago canario un servicio esencial, es decir, la condición archipielágica, la condición de insularidad, la lejanía del continente, hace que nosotros tengamos que buscar mecanismos de cohesión territorial, elementos que incidan en el desarrollo económico y social, y, además, que nos hagan iguales. Porque hoy quiero hacer una reflexión para sus señorías, los diputados de todas las islas mal llamadas menores: La Gomera, La Palma, El Hierro, Lanzarote y Fuerteventura. No somos iguales al resto de los canarios, y tengo un especial afecto también a los ciudadanos del resto de las islas, de las islas capitalinas, de Gran Canaria y de Tenerife, pero no somos iguales en determinados servicios. Y lo que nos puede hacer iguales es precisamente el que negociemos en el nuevo marco del REF económico una realidad que permita a los canarios no estar supeditados al vaivén del Gobierno de turno y del color político de turno, es lo que el señor Román acaba de referir en lo relativo al anclaje de los incentivos al transporte en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
Por tanto, yo aspiro y nosotros aspiramos a que podamos incorporar a esa realidad de los costes, de la doble insularidad, la subvención adecuada. Sé que se está pidiendo al Gobierno de España el 50 % y que el Gobierno de la comunidad autónoma indudablemente complementará después en un porcentaje que está permitiendo a los herreños hoy tener la subvención, del 75 %, y que usted en el debate de investidura adelantó también que para el resto de los canarios sería del 75 %. Yo aspiro al 100 %, porque hoy los ciudadanos de las islas menores están en desigualdad de condiciones en determinadas prestaciones de servicios respecto de las grandes. Y las mal llamadas menores y las islas capitalinas estamos en desigualdad de condiciones respecto a otros territorios peninsulares o respecto a otros ciudadanos, andaluces, extremeños o de otras comunidades autónomas.
Por tanto, yo le pido que esa participación sea real y que sea de tal forma que haya una convicción también por parte del Gobierno de España y los representantes del Gobierno de España para que sepan que este es un debate recurrente en todas las legislaturas en este Parlamento, y a ver cuándo de una vez por todas, porque si no Canarias seguirá siempre teniendo un déficit importante respecto a la fortaleza económica en el desarrollo de las islas menores...
Por tanto, es un servicio esencial, somos región ultraperiférica, necesitamos la cohesión territorial, y no nos las puede dar, y, además, no nos podemos mover de otra manera, si no nos movemos por el mar o el aire, no hay otra forma de hacerlo, así que este es un debate, hoy, para decir "no" al informe, o decir "sí" al apoyo del informe desfavorable al Gobierno de España, pero indudablemente aquí hay una tarea importante por hacer, por el Gobierno, que la debe hacer con inteligencia, con... (Corte de sonido producido por el sistema automático de cómputo del tiempo.) ...y, además, con mucho tacto.
Si logramos ese objetivo, seguro que dentro de dos años, en las islas mal llamadas menores estaremos trabajando en prestaciones de servicios que nos hagan igual al resto de los ciudadanos canarios. Así que, yo espero que así sea, que haya esa cordura, y que haya también la flexibilidad adecuada por parte del Gobierno de España.
En nombre del Grupo Socialista, señor Cruz.
El señor Cruz Hernández: Señora presidenta, señorías.
La señora presidenta: Cuando quiera, señor Cruz.
Valgan mis primeras palabras para saludar al conjunto de diputadas y diputados desde esta tribuna, en esta mi primera intervención, para desearles la bienvenida a este Parlamento y un trabajo fructífero en estos próximos cuatro años. Igualmente, felicitar a todos los miembros del Gobierno, a su presidente, a su vicepresidenta y a todos los consejeros y consejeras, y esperar y desear que hagan un gran trabajo en estos cuatro años en que tienen que lidiar con las tareas del Gobierno de Canarias.
Señorías, acudimos hoy a tratar un asunto que me ha resultado bastante no asumible por parte del Partido Popular, que se hable de reiteración, porque, claro, se ha reiterado mucho, en esta legislatura está empezando, pero en la legislatura pasada y en la anterior se han reiterado mucho los temas y los problemas sobre las bonificaciones al transporte. Y eso se ha hecho porque el Partido Popular siempre ha pretendido -es la tercera vez que lo pretende- modificar el Régimen Económico y Fiscal, modificar las bonificaciones al transporte de pasajeros en Canarias, sin tener en cuenta los intereses de los ciudadanos de Canarias. Porque manifiesta que la bonificación se mantiene a pesar de las dificultades económicas, no, la bonificación se mantiene por la presión de los ciudadanos de Canarias, por la presión de este Parlamento, de su Gobierno, y a pesar de que el Partido Popular, por tercera vez, pretende modificar esa bonificación, y la pretende modificar porque, si la quisiera mantener, no la pretendería modificar. La quiere modificar, no para, dice que para ocultar o intentar luchar contra un fraude; no, la pretende modificar claramente para pagar menos, porque se considera a Canarias como una carga, se considera un gasto, y como somos un gasto para el Estado, todo lo que sea aminorar ese gasto es importante.
Tengan en cuenta que ha sido una sentencia del Tribunal Constitucional, y hemos esperado ocho meses para que este tema venga por el Gobierno de España. Pero, señorías, tenemos que decir que el Partido Popular nos vuelve a engañar, porque hoy estamos tratando un informe desfavorable a una propuesta y un informe del Ministerio de Fomento que remite, que quiere hacer un proyecto legislativo, y nos solicita el informe previo de este Parlamento en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional. Hasta ahí es exacto, es correcto, pero, señorías, es que hoy, a esta hora, mientras estamos debatiendo este tema aquí, en el Congreso de los Diputados, en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, también se está debatiendo este asunto, y se está debatiendo este asunto, ¿saben cómo? Con una enmienda del Partido Popular. El Partido Popular presenta una enmienda en el Congreso de los Diputados, en una ley que no tiene nada que ver con el transporte, pero que mete de rondón esta bonificación. Y lo mete, ¿para qué? Para modificar eso pretendido, eso que ustedes señalan aquí, en este informe del Ministerio de Fomento, que lo pretende modificar.
Pero este no es un proyecto de ley que vaya a introducir de nuevo el Gobierno de España, no, ya se está debatiendo, con una enmienda del Partido Popular, por supuesto, sin oír al Parlamento de Canarias. Es posible, como siempre, señorías, que el Congreso de los Diputados, después de aprobado, porque tiene competencias legislativas plenas, a la Comisión de Hacienda y de Administraciones Públicas, y cuando lo remite al Senado, el Senado lo remite aquí para oír el informe, pero ya está tramitándose. ¿Y qué se está tramitando en el Congreso de los Diputados? Porque se habla de que ustedes están de acuerdo en que no debe haber esa tarifa bonificable, sino la tarifa de servicio, pero siguen manteniendo hoy, ustedes están aprobando una tarifa bonificable. Es más, no solo aprueban una tarifa bonificable, sino que, además, perfectamente la definen, ¿y cómo la definen? La definen diciendo que en ella no estarán, o se quitarán de dicha tarifa, las prestaciones por el servicio de inspección y control de pasajeros y equipajes, de control y vigilancia de los aeropuertos, por uso de pistas, terminales, plataformas, servicios, por uso y movimiento de las instalaciones en los aeropuertos; cuando tengan otras actividades, como se señalaba anteriormente, con unas bonificaciones por equipos de fútbol, etcétera. Todo eso va a ser suprimido de la tarifa bonificable, y, por lo tanto, ya no será subvencionado al 50 %. Y eso hoy se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Y entonces, ¿de qué estamos hablando aquí, señorías? Estamos hablando... ¿cuál es el informe? El informe es desfavorable a un proyecto de ley. Claro, es informe, pero el proyecto de ley se aprueba hoy en el Congreso de los Diputados donde se incluye esto, y eso es lo que hacen ustedes. Ustedes, señorías del Partido Popular, me alegra que hayan rectificado, porque en abril del año pasado -en 2013, perdón- manifestaron y se abstuvieron en el recurso, no votaron a favor del recurso. Hoy han considerado..., el Tribunal Constitucional nos ha dado un palo por tercera vez, y, por favor, vamos a..., hoy vamos a apoyar este informe desfavorable. Pero, claro, como dicen: "por cuestiones de forma, por...". No, las cuestiones de forma no, aquí son cuestiones de fondo, de fondo, muy importantes, señores del Partido...
La señora presidenta: Tiene un minuto más, señor Cruz.
El señor Cruz Hernández: Gracias, señora presidenta.
Señorías, modifiquen, rectifiquen, Grupo Parlamentario Popular, rectifique aquí y rectifique en el Congreso de los Diputados, porque ustedes aquí hoy han cambiado la postura, pero su postura es importante, porque, por lo menos, parece que hoy se ponen de parte de los canarios, y que lo hagan en el primer pleno de una legislatura cuando han estado cuatro años abandonando a los canarios me parece una rectificación importante. Pero si, además, de esta rectificación ustedes logran que en el Congreso de los Diputados su grupo parlamentario, al que ustedes apoyan, su presidente de Gobierno y sus diputados y senadores modifiquen eso que ahí van a aprobar, que en la comisión han aprobado esta mañana, en la Comisión de Hacienda, Canarias habrá mejorado mucho, habrá mejorado porque la garantía y única dificultad que tienen las bonificaciones al transporte en Canarias, la única dificultad que tienen, siempre se llama Partido Popular, y siempre se llama Gobierno del Partido Popular.
El Partido Socialista la subió del 25 al 50 %, y ustedes siempre las pretenden reducir.
La señora presidenta: Muchas gracias, señor Cruz, muchas gracias.
Una vez fijada la posición de los partidos, vamos a proceder a la votación (La señora presidenta acciona el timbre de llamada a votación).
Bien, vamos a proceder a la votación. Va a ser electrónica -si me escuchan, por favor- (Rumores en la sala). Si me escuchan, por favor.
Va a ser electrónica, por tanto, tienen a disposición sus señorías, pues, para poder realizarlo. Y damos comienzo a la votación (Pausa).
Muy bien, señorías. ¿Ha habido alguna dificultad en la votación? (Antes comentarios desde los escaños.)
Vamos a repetirla de nuevo, si les parece, porque he visto que hay dificultades a la hora de utilizar el sistema electrónico. Cuando yo pulse y esté preparada, si la máquina no hace de las suyas ni esta presidenta pulsa mal, que también puede pasar, se encenderá en sus respectivas terminales una serie de lucecitas que el 2 corresponde al sí, el 3 corresponde al no -si no me equivoco-, y el 4 a la abstención. (Manifestaciones desde los escaños.) 2, 3, ¿abstención no? Esperen, esperen.
Ustedes pulsen, ustedes pulsen la opción que quieran, y aquí saldrá reflejada.
Vamos a comenzar -si les parece- de nuevo la votación (La señora presidenta vuelve a accionar el timbre de llamada a votación).
¿Preparados, preparadas? Comienza la votación. Por favor, silencio (Pausa).
Entiendo que sigue sin funcionar su... (Dirigiéndose a la señora Monzón Navarro.) Bueno, pues si les parece damos por válido, o manifiesta el voto y lo computamos. Manifiesta el voto "sí", sí.
Pues entonces, si les parece, entienden que dado que ha habido un fallo en el sistema electrónico, serían 59 síes y una abstención, porque no ha comparecido. ¿De acuerdo?
Sí, quería hablar, señor Ruano.
El señor Ruano León (Desde su escaño): Presidenta.
A los únicos efectos, he visto que no hay abstenciones, y a los únicos efectos de ver que la votación ha sido unánime, y, teniendo en cuenta que se trata de una votación que afecta al artículo 46 del Estatuto de Autonomía de Canarias, que se haga constar en su remisión al Gobierno de España que la votación del Parlamento de Canarias en relación a este asunto ha sido unánime; que aparezca, por tanto, así en el acta, en su remisión a Madrid.
La señora presidenta: Bien, así se hará constar, señor Ruano, muchas gracias.
Si les parece, continuamos con el orden del día, que habíamos alterado, recuerden... (La señora Roldós Caballero solicita el uso de la palabra, desde su escaño.)
La señora Roldós Caballero (Desde su escaño): Sí, señora presidenta.
Únicamente creo que la intervención del señor Ruano lo que hace es interferir en lo que realmente dice el 46.3. El 46.3 dice que en el caso de que los informes sean favorables tienen que ser aprobados por dos tercios de esta Cámara y para nada habla de los informes desfavorables, por lo tanto, me parece que huelga esa afirmación del señor Ruano.
La señora presidenta: (Sin micrófono.)
El señor Ruano León(Desde su escaño): Yo no sé si el Grupo Popular se avergüenza de su voto, yo he visto, he constatado... No, no (Ante gestos de la señora Roldós Caballero desde el escaño), solo he constatado que la votación ha sido unánime y he pedido que figure en el acta esa cuestión, solo eso.
La señora presidenta: Señora Roldós, vamos, para terminar.
La señora Roldós Caballero (Desde su escaño): Señora presidenta, sin ánimo de polemizar.
Mire, señor Ruano, para nada hay ninguna vergüenza, todo lo contrario, con la cabeza muy alta. Solamente he venido a constatar lo que dice nuestra norma fundamental de Canarias que es el Estatuto de Autonomía de Canarias, concretamente el artículo 46.3.
Doy por cerrada la discusión, no ha a más y si les parece continuamos con el orden del día, señorías.
Recuerden que habíamos alterado el mismo y que ahora nos toca el nombramiento o la designación de los senadores representantes de la Comunidad Autónoma de Canarias.
8L/IAE-0009 Sobre Proyecto de modificación de la disposición adicional décima tercera de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013, por la que se regulan las subvenciones al transporte, marítimo y aéreo, regular de pasajeros en lo que afecta a los residentes en Canarias.