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Timestamp: 2019-01-19 08:53:38
Document Index: 149918367

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 50', 'ARTÍCULO 421', 'artículo 421', 'artículo 420', 'artículo 421', 'artículo 421', 'artículo 437', 'artículo 468', 'artículo 338', 'artículo 421', 'artículo 28']

﻿ SENTENCIA C-488 DE MAYO 4 DE 2000
SENTENCIA C-488 DE 04 DE MAYO DE 2000
CONTENIDO:IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA. PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LOS TRIBUTOS Y PRINCIPIO DE CERTEZA DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 488 DE 1998 QUE ADICIONA AL ARTÍCULO 421 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, EL LITERAL C.
TEMAS ESPECÍFICOS:IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA, ESTATUTO TRIBUTARIO, PRINCIPIO DE CERTEZA TRIBUTARIA
Sentencia C-488 de mayo 4 de 2000
Sent. C-488/2000
Ref.: Expediente D-2623
Santafé de Bogotá, D.C., cuatro de mayo de dos mil.
EXTRACTOS: «A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial 43.460 del 28 de diciembre de 1998.
“ART. 50.—Hechos que se consideran venta.
3. El artículo 421 del estatuto tributario.
“ART. 421.—Hechos que se consideran venta. Para los efectos del presente libro se consideran ventas:
a) Todos los actos que impliquen la transferencia del dominio a título gratuito u oneroso de bienes corporales muebles independientemente de la designación que se de a los contratos o negociaciones que originen esa transferencia y de las condiciones pactadas por las partes sea que se realicen a nombre propio por cuenta de terceros a nombre propio o por cuenta y a nombre de terceros;
En relación con el segundo ha dicho que toda norma que cree un impuesto debe contener claramente todos los elementos esenciales del mismo, a saber: sujeto activo, sujeto pasivo, hecho gravable, base gravable y tarifa. El principio de legalidad “conlleva que los tributos contengan de manera completa, clara y directa todos los elementos de la obligación tributaria. La norma debe contener todos los elementos esenciales para configurar en un momento dado el vínculo de que se trata. En tales condiciones se debe determinar la persona titular del derecho que puede demandar el cumplimiento de la obligación tributaria, la especificación de la persona que queda responsabilizada por el tributo, la caracterización de los hechos que generan la correspondiente obligación, la precisión de los elementos esenciales para determinar el valor del tributo”(1).
(1) Sent C-987/99 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
La predeterminación de los elementos que configuran la obligación tributaria y el principio de representación popular tienen como objetivo primordial “fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales para ser válido”(2).
(2) Sent C-084/95 M.P. Alejandro Martínez Caballero.
Dicha situación también se prestaría para abusos y arbitrariedades pues en últimas quien vendría a definir tales elementos serían las autoridades administrativas encargadas de exigir su cumplimiento, lo cual no se aviene con el ordenamiento constitucional.
El impuesto a las ventas se encuentra ampliamente regulado en el libro tercero del estatuto tributario —Decreto 624/89—, artículos 420 y siguientes.
En términos generales se puede afirmar que dicho impuesto recae sobre las ventas de bienes corporales muebles, no excluidos; la prestación de servicios en el territorio nacional; y la importación de bienes corporales; además de otros hechos expresamente contemplados en el artículo 420 del estatuto tributario.
El literal c) del artículo 421 de dicho ordenamiento, que es materia de impugnación en este proceso, considera “ventas” para efectos del pago de dicho tributo, estas operaciones:
1. La incorporación de bienes corporales muebles a inmuebles o a servicios no gravados, y
2. La transformación de bienes corporales muebles gravados en bienes no gravados.
La expresión “ventas” aquí utilizada, como bien lo afirman algunos de los intervinientes y ha sido aceptado por la jurisprudencia y la doctrina, cubre todos aquellos casos en que se produzca un traspaso de propiedad de bienes corporales muebles a título gratuito u oneroso.
En el precepto demandado no se establecen todos los elementos que configuran el impuesto a las ventas por la sencilla razón de que en él solamente se consagra un nuevo hecho generador del tributo, que viene a adicionar los señalados en el artículo 421 estatuto tributario. Los demás aspectos ya habían sido fijados por el legislador al crear dicho impuesto. Veamos:
En el artículo 437 del estatuto tributario se establece el sujeto pasivo del impuesto, que es la persona a quien puede atribuirse la realización del hecho imponible, es decir, el obligado a pagar el tributo, que según tal precepto lo son “los comerciantes, cualquiera que sea la fase de los ciclos de producción y distribución en la que actúen y quienes sin poseer tal carácter, ejecuten actos similares a los de aquéllos”. En el caso bajo examen, el sujeto pasivo es quien realiza la incorporación o la transformación de los bienes.
En los artículos 447 y siguientes del estatuto tributario se consagra la base gravable del tributo, que corresponde al valor sobre el cual se debe aplicar la tarifa para obtener el impuesto respectivo. Para efectos de la disposición demandada, dicho valor es el que se fija como regla general en la citada disposición, que no es otro que el valor total de la operación.
En el artículo 468 estatuto tributario se señala la tarifa del impuesto que es el porcentaje aplicable a la base gravable.
Siendo así, la disposición acusada no infringe el artículo 338 de la Constitución, pues si bien es cierto que allí se exige que en el acto creador del tributo se consagren todos los elementos esenciales del mismo, nada impide que cuando el impuesto ya existe, esto es, ha sido creado con anterioridad a la modificación que se pretende hacer de uno de sus elementos —como sucedió en el presente caso en el que se ha introducido un nuevo hecho generador—, el legislador pueda hacerlo sin necesidad de reproducir nuevamente las disposiciones que contienen los demás supuestos de la obligación tributaria, siempre y cuando éstos se encuentren claramente determinados en la ley. Además, no sobra agregar que es potestad exclusiva del legislador establecer qué actividades u operaciones generan el pago de un tributo y esto es precisamente lo que se regula en la norma demandada.
3.3 La norma demandada no adolece de imprecisión o falta de claridad.
El literal acusado, se reitera, crea unos nuevos hechos u operaciones que dan lugar al pago del impuesto a las ventas, adicionando de esta manera los supuestos generadores del tributo, taxativamente consagrados en el artículo 421 del estatuto tributario.
Para la Corte estas disposiciones son comprensibles no sólo porque el legislador ha utilizado expresiones usuales en nuestro idioma y, por tanto, deben ser entendidas en su sentido natural y obvio, o como lo señala el artículo 28 del Código Civil, según el uso corriente de las mismas; sino porque su texto es lo suficientemente claro e inteligible.
“Incorporación” según el diccionario de la Real Academia de la Lengua significa “acción o efecto de incorporar o incorporarse”. “Incorporar” es “agregar, unir una cosa a otra para que haga un todo con ella”.
“Transformación” “acción y efecto de transformar o transformarse” y “transformar” es “hacer cambiar de forma a una persona o cosa”; “transmutar una cosa en otra”.
De otra parte, es pertinente aclarar que el principio de legalidad del tributo resulta violado solamente cuando las expresiones utilizadas por el legislador al describir los distintos elementos del impuesto, no tienen un claro significado en nuestro idioma o cuando del contenido de la disposición correspondiente no se puede determinar, mediante una interpretación razonable, la existencia de la obligación tributaria(3).
3.4 La interpretación de disposiciones legales no es el objeto del control constitucional.
Las interpretaciones que se puedan derivar de la disposición demandada, como sucede con las demás del ordenamiento positivo, no pueden ser, en principio, objeto de control constitucional, por ser éste un juicio abstracto en el que se confronta solamente el contenido del precepto legal frente a la Constitución para derivar de allí su conformidad o disconformidad. Pero ello no quiere decir “que no puedan darse situaciones en las que tales interpretaciones conduzcan a la inaplicabilidad de la disposición o a otras situaciones que puedan conducir a crear situaciones claramente inconstitucionales”, como lo expuso ampliamente la Corte en la sentencia C-496/94, en la que también señaló los criterios y lineamientos que deben seguirse en estos casos.
“(...) en principio, no corresponde a la Corte entrar a definir los debates sobre los alcances de las normas legales, ya que tal tarea corresponde a los jueces ordinarios que, al tenor de la Constitución, están sometidos únicamente al imperio de la ley (C.P. art. 230).
No puede entonces la Corte Constitucional, como regla general, establecer cual es el sentido autorizado de las normas legales. Sin embargo, el anterior principio se ve matizado por los siguientes dos elementos que provocan una constante interpenetración de los asuntos legales y constitucionales. De un lado, es obvio que un proceso de control de constitucionalidad implica siempre un juicio relacional que busca determinar si una norma legal es o no conforme con las normas constitucionales. Este juicio no es entonces posible si no se establece previamente el significado de la norma legal. Ningún tribunal constitucional puede entonces eludir la interpretación de las normas legales. De otro lado, la Constitución es norma de normas y constituye la base de todo el ordenamiento positivo (C.P. art. 4º), por lo cual los jueces ordinarios están también sometidos al imperio de la Constitución. Esto significa que los jueces ordinarios tampoco pueden dejar de lado la interpretación de las normas constitucionales al ejercer sus funciones”.