Source: https://www.scribd.com/doc/170066125/Informe-CGPJ-Al-Anteproyecto-de-Ley-de-Corresponsabilidad-Parental
Timestamp: 2017-02-20 18:45:22
Document Index: 267286607

Matched Legal Cases: ['artículo 39', 'artículo 92', 'artículo 93', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 90', 'artículo 103', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 153', 'artículo 92', 'Artículo 770', 'artículo 95', 'artículo 438', 'artículo 806', 'artículo 770', 'artículo 770', 'artículo 777', 'artículo 777', 'artículo 16', 'artículo 770', 'artículo 39', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 153', 'artículo 96', 'artículo 159', 'artículo 152', 'artículo 93', 'artículo 92', 'artículo 152', 'artículo 92', 'artículo 152', 'artículo 770', 'artículo 777', 'artículo 806', 'artículo 809']

BrowseInterestsBiography & MemoirBusiness & LeadershipFiction & LiteraturePolitics & EconomyHealth & WellnessSociety & CultureHappiness & Self-HelpMystery, Thriller & CrimeHistoryYoung AdultBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoin,CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Sin perjuicio de lo anterior, y con arreglo al principio de colaboración entre los órganos constitucionales, el CGPJ ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras
La segunda consideración general no incide sobre ninguno de los aspectos objeto de modificación o reforma, sino sobre una cuestión ayuna de regulación específica por parte del Código Civil,
concretamente los casos en que, existiendo hijos comunes, los progenitores no vivan juntos o bien dejen de convivir, sin que exista vínculo matrimonial entre ellos. Aun cuando el modelo familiar más
materialización efectiva por la existencia de hijos o la existencia de una efectiva voluntad de crearla, a diferencia de lo que ocurre con la familia que se constituye jurídicamente en el momento de contraer matrimonio, sin perjuicio de afirmar que la protección que garantiza el artículo 39.1 CE se extiende en su caso a ambas. En efecto, hemos dicho en relación con la noción de familia a la que se refiere este precepto constitucional que, si bien “no es discutible que tal concepto incluya sin duda la familia que se origina en el matrimonio, que es en todo caso la que especialmente toman en consideración tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos … como los Tratados sobre derechos
La redacción dada por la Ley 25/2005, de ocho de julio, al número ocho del artículo 92 del Código Civil consagró un régimen excepcional de guarda y custodia compartida, salvo que mediase acuerdo entre los cónyuges, al establecer, como requisitos, el informe favorable del Ministerio Fiscal y que dicha opción sea la única que satisfaga el superior interés del menor. No obstante, la rigurosidad con que fue concebido el precepto ha quedado un tanto mitigada por el contenido de la STC 185/2012, que consideró contrario al derecho a la tutela judicial efectiva que el dictamen favorable del Ministerio Fiscal tuviera carácter vinculante, y por la doctrina jurisprudencial, que se mostrado proclive a extender su ámbito de aplicación, al reconducir el significado de la excepcionalidad a la mera a la falta de acuerdo entre los cónyuges. De hecho, el fundamento jurídico segundo de establece el siguiente criterio al respecto: la STS de 29/4/2013
Respecto de este último punto, el Anteproyecto traslada al ámbito del convenio regulador la previsión contenida en el número tres del artículo 93 para el cálculo de la prestación de alimentos por gastos ordinarios. Pero, y ahí radica la disfunción sistemática, mientras el proyectado régimen jurídico para el supuesto de determinación judicial se ciñe al cálculo de los alimentos por gastos ordinarios, la letra c) del artículo 90.1 c) no distingue entre necesidades ordinarias y
Aun cuando la Exposición de Motivos sigue apostando por mantener la prioridad de lo acordado por los padres para la regulación de las relaciones familiares, salvo que los pactos sean dañosos para los hijos o gravemente perjudiciales para alguno de los cónyuges ( véase el segundo párrafo de la página 8), en el segundo párrafo de la página 19 de la MAIN (apartado 1.1.c) expresamente se dice lo siguiente: “La contribución a las cargas familiares (se dejan de llamar matrimoniales) y el abono de la pensión para alimentos de los hijos, tanto respecto de las ordinarias como extraordinarias, así como su extinción, debiendo tener como criterios para su determinación, además de las considerados hasta ahora de las necesidades de los menores y la capacidad económica de los padres, el tiempo de permanencia de éstos con los hijos, la atribución de la vivienda familiar, el lugar de residencia de los hijos, o la contribución al resto de las cargas”. Como se observa, queda constatada la voluntad del prelegislador en orden a establecer criterios vinculantes para la fijación de la contribución a las cargas familiares y la prestación por alimentos, en el contexto del convenio regulador. Tal propósito debería ser repensado, pues más allá de los límites insalvables que establece el artículo 90.2, la autonomía de los intervinientes no debería ser constreñida con observancia. criterios de obligada
El Anteproyecto ofrece al órgano judicial un elenco de directrices, de cara a dilucidar cuál el régimen más adecuado al caso concreto. Algunas vienen referidas a lo que cabría denominar el fondo del asunto, es decir, a las circunstancias que deberá tener en cuenta el juzgador para decantarse por el régimen de guarda y custodia (párrafo segundo del número tercero), mientras que otras son de carácter instrumental, en tanto que constituyen una fuente de conocimiento sobre las
no se puede compartir, pues se presenta como un simple conflicto entre pretensiones privadas que ha de ser decidido jurisdiccionalmente dentro de los límites objetivos y subjetivos propuestos por los litigantes, como si de un conflicto más de Derecho privado se tratara. Sin embargo, si bien es cierto que el deber de congruencia cuyo incumplimiento se denuncia tiene una indudable relevancia constitucional y ha de ser exigido en todo tipo de procesos en los que los Jueces actúan la potestad reconocida en el artículo 117.3 (juzgar y hacer ejecutar lo juzgado), pues así lo exigen los principios de contradicción e imparcialidad judicial, no puede olvidarse que la propia Constitución (artículo 117 ) admite también la atribución a Jueces y Tribunales, por mediación de la ley, de otras funciones en garantía de cualquier derecho, distintas a la satisfacción de pretensiones. Y precisamente en garantía de cualquiera de los cónyuges (artículo 90, párrafo 2, Código Civil ), de los hijos, o del interés familiar más necesitado de protección (artículo 103 CC, reglas primera y tercera ), la ley atribuye al Juez que conozca de un proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial potestades de tutela relacionadas con
Por último, en relación con el tema tratado debe destacarse que la redacción del último inciso del párrafo segundo del artículo 92 bis debería ser enmendada, pues los términos empleados no revisten la claridad deseable, hasta el extremo de dificultar la comprensión del mandato. Dejando a salvo las consideraciones efectuadas
ocho del artículo 92 bis no habilita expresamente tal modificación, ya que solamente contempla, como circunstancia específica, el
En relación con la violencia de género, el régimen previsto para la apreciación de indicios fundados de criminalidad no resulta
Piénsese en la condena penal por un delito de lesiones en la persona del cónyuge previsto en el artículo 153.1 del Código Penal; dicho delito puede ser encuadrado en la violencia de género recogida en el párrafo segundo, o bien como un atentado contra la integridad física del cónyuge, contemplado en el párrafo primero. En ese caso, las consecuencias de ser incardinado en una u otra categoría serían diferentes si recayera sentencia penal firme, ya que, en función de la catalogación por la que se opte el régimen de estancia, relación y comunicación sería distinto. Por ello, para evitar problemas
Otro aspecto a tratar versa sobre la apreciación, por parte del juez civil, de indicios de la comisión de los delitos indicados en el párrafo segundo del artículo anteriormente indicado. Cierto es, que en esencia se mantiene el régimen jurídico vigente (artículo 92.7 del Código civil), pero, conforme al criterio sustentado por al circular 6/2011 de la FGE, se estima procedente que en este último supuesto expresamente se establezca, a cargo del juez civil, la obligación de deducir testimonio al orden jurisdiccional penal, pues ello posibilitaría la eventual revisión de las medidas adoptadas por el aquél cuando en el procedimiento penal incoado recayera sentencia absolutoria, se sobreseyeran las
consignó los siguientes razonamientos “Tampoco puede admitirse en el recurso que se enjuicia, que haya violado el derecho de Dª María Teresa a la presunción de inocencia. En nuestro Derecho Constitucional no existe derecho del ciudadano a una declaración de su inocencia sino el derecho a ser presumido inocente, lo que equivale, como en numerosísimas ocasiones ha declarado este Tribunal, a que la condena sea precedida por una suficiente actividad probatoria de cargo. Desde ese punto de vista, lejos de haber violado su derecho a la presunción de inocencia, la solicitante de este amparo se ha visto plenamente favorecida por él a partir del momento en que el Ministerio Fiscal decidió no formular ningún tipo de acusación pidiendo para ella el
a) Atribución del uso de la vivienda familiar. El número uno confiere al juez la potestad de aprobar las medidas que pacten los padres sobre el lugar o lugares de residencia de los hijos menores o con capacidad judicialmente completada. En defecto de pacto, acordará lo que se estime procedente en congruencia con el régimen de guarda y custodia de los hijos, debiendo quedar garantizado el derecho de aquéllos a una vivienda digna, así como también determinarse el domicilio de los menores a efectos de
El ordinal cuarto contempla dos supuestos netamente diferentes; por una parte mantiene la prohibición de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica, salvo pacto en contrario, mientras que el párrafo primero dispone que quedarán sin efecto, salvo voluntad expresa del testador, las disposiciones
Por otra parte, junto al supuesto de la reconciliación que se contempla como circunstancia susceptible de dejar sin efecto de lo establecido en ese apartado, también se debería incluir la nueva celebración de matrimonio entre los divorciados o anulados. Asimismo, también se debería prever la subsistencia de la disposición
A) PROCESOS MATRIMONIALES. 1. Artículo 770 Conforme al propósito expresamente manifestado por el
prelegislador, de cara anticipar la realización de inventario al inicio del procedimiento matrimonial, para así dar solución al excesivo
El ordinal objeto de análisis también contempla la posibilidad de que los cónyuges puedan solicitar la división de los bienes en comunidad ordinaria indivisa, previsión que también está recogida en el artículo 95 al referirse a la eventual acumulación de la acción de división de la cosa común. El antecedente próximo de la modificación ahora analizada fue La Ley 5/2012, de 6 julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, cuya Disposición Final tercera, dedicada a la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, recoge en el apartado doce una
ordinaria indivisa. Si hubiere diversos bienes en régimen de comunidad ordinaria indivisa y uno de los cónyuges lo solicitare, el tribunal puede considerarlos en conjunto a los efectos de formar lotes o adjudicarlos". Aun cuando la redacción dada al precepto ha sido calificada por algunos de concisa, a la vez de confusa, de forma mayoritaria se entendió que tanto los juzgados de Familia especializados como los juzgados de Primera Instancia no especializados con competencias en materia de familia eran competentes para conocer de la acción de división de la cosa común, en el contexto establecido en el artículo 438.4º de la LEC. Por otra parte, también se suscitaron dudas acerca de si el procedimiento previsto en los artículos 806 y siguientes era el adecuado para liquidar el condominio, siendo la posición mayoritaria proclive a ello, pues consideraron ilógico mantener la posibilidad de acumulación en un proceso matrimonial y, sin embargo, impedir que la liquidación de la cosa común pueda materializarse en el procedimiento regulado en el artículo 806 y concordantes. El artículo 770.1.1ª deja claro que el órgano judicial encargado de conocer del procedimiento matrimonial será competente para conocer de la división de los bienes en comunidad ordinaria indivisa, pues
una petición de separación o divorcio suscrita de común acuerdo o, por uno de los cónyuges con el consentimiento del otro. Sin embargo, mediante el añadido que se introduce el ordinal quinto del artículo 770 adquiere un sentido manifiestamente contradictorio, en tanto que la posibilidad de continuar la tramitación de acuerdo con lo previsto en el artículo 777, es decir para las peticiones de mutuo acuerdo, pasan
Cierto es, que el párrafo segundo del artículo 777.2 contempla específicamente la posibilidad de alcanzar un acuerdo en todos los extremos, salvo el referido a la liquidación del régimen económico matrimonial -aspecto éste que será objeto de análisis más adelante-. Sin embargo, ello no justifica que, tal y como literalmente se recoge, la transformación del proceso contencioso a consensuado se condicione, exclusivamente, a la existencia de falta de acuerdo en el régimen económico matrimonial. Por ello, entendemos que la redacción dada al referido ordinal debe subsanarse, para lo cual bastaría con modificar el texto del añadido en los siguientes términos, “incluso cuando la única controversia matrimonial”. estribe en la liquidación del régimen económico
Si bien no cabe albergar duda alguna sobre la adecuación del procedimiento especial para la liquidación del régimen económico matrimonial en aquellos casos en que el régimen aplicable sea el de gananciales y, no obstante ello, los cónyuges sean titulares de bienes en régimen de comunidad indivisa, cabría plantear si el procedimiento a que se ha hecho mención también es aplicable al régimen de separación de bienes, habida cuenta que, en ese caso, todos los bienes que sean titularidad de ambos cónyuges estarán sujetos al régimen de condominio ordinario. La posición seguida al respecto por los órganos judiciales no es unánime, toda vez que mientras algunos argumentan que el régimen de separación de bienes excluye la existencia de una masa común de bienes o derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones (entre otras AAP de Toledo, de fecha 15/3/2006; SAP de santa Cruz de
Varias son las observaciones que cabe formular respecto del elenco de materias contenidas en el número dos del artículo dos bis. El supuesto enunciado en la letra c) extiende la mediación a los conflictos que surjan entre personas unidas por vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, en los supuestos de herencia u otros de ámbito familiar. Redactado en esos términos, la extensión del precepto resulta excesivamente amplia, siendo
El artículo 16 incorpora un nuevo apartado, concretamente el número tercero, que atañe a los supuestos en que se esté tramitando un procedimiento judicial. En esos casos, las partes podrán solicitar la suspensión conforme a lo establecido en la legislación procesal, sin perjuicio que el juez puede proponer a las partes la mediación como solución, si estima posible el acuerdo. El procedimiento judicial se reanudará a solicitud de cualquiera de las partes o en el caso de alcanzarse acuerdo. Lo previsto en este artículo se acomoda a lo estatuido en el artículo 770.1.6º.
A) Disposición adicional primera. Igualdad de género. Su principal finalidades la de atribuir a determinados vocablos del género masculino (padres, hijos, y abuelos) una acepción comprensiva de los hombres y mujeres, con independencia de cuál sea su sexo.
B) Disposición adicional segunda. Dicha disposición prevé que “El gobierno propondrá a las Comunidades Autónomas, el establecimiento de unas directrices en políticas de viviendas de alquiler social y VPO, de modo que las situaciones de nulidad, separación o divorcio se priorice el acceso a una vivienda digna a las personas de este colectivo en situación necesidad, siempre que haya menores a su cargo”. No parece propio de un mandato legislativo contemplar la mera posibilidad de proponer la asunción de ciertas directrices a las entidades a quienes les está atribuida la competencia en política de vivienda de protección oficial y alquiler social. Por otra parte, desde el respeto al ámbito de decisión del prelegislador y siendo conscientes de la problemática que en relación con la vivienda puede originar la ruptura del vínculo matrimonial –extensible, por otra parte, a cualquier ruptura de la convivencia familiar-, no cabe ignorar que la necesidad de ocupar una vivienda puede ser más apremiante en otras circunstancias y, de ahí que la prioridad a que hace mención el Anteproyecto pueda ser, cuanto menos, discutible. de
C) Disposición transitoria primera. Conforme a lo preceptuado, los procedimientos en trámite a la entrada en vigor de la ley continuarán sustanciándose conforme a las normas procesales vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
Por otra parte, este Consejo debe poner de manifiesto que la medida proyectada dará lugar a un incremento sustancial de los procedimientos, que incidirá negativamente en la ya precaria situación de los órganos judiciales. Por ello, en la situación actual es ineludible que se lleve a cabo un reforzamiento de los medios materiales y
personales, para que la revisión de los asuntos pueda desarrollarse con éxito.
No se desconoce que tanto la doctrina constitucional como jurisprudencial han puesto de relieve las diferencias existentes entre el matrimonio y la convivencia “more uxorio”; mas ello no debe suponer que las relaciones paterno-filiales subsiguientes a la ruptura de la convivencia extramatrimonial hayan de quedar exentas de regulación por parte del Anteproyecto, máxime cuando el artículo 39.2 de la Constitución garantiza la protección integral de los hijos, con independencia de su filiación. Por tanto, la nueva regulación que el Anteproyecto ofrece en aspectos tales como el ejercicio de la patria potestad conjunta, los periodos de convivencia, el régimen de estancia, relación y comunicación de los hijos con sus padres, la atribución de la vivienda familiar y la prestación por alimentos, debería aplicarse a cualquier situación de ruptura de la convivencia entre los progenitores, en sintonía con lo ya previsto en algunas leyes autonómicas, que toman
como principal referente la ruptura de la convivencia, al margen de la existencia o no de vínculo matrimonial.
TERCERA. El Anteproyecto confiere a la modalidad de custodia compartida un estatus de normalidad, frente al carácter excepcional que proclama el vigente artículo 92.8 del Código Civil. Esta medida debe ser valorada como opción de política legislativa, en la línea seguida por algunos ordenamientos autonómicos (entre ellos ley Valenciana 5/2011, de 1 de abril, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas; el Libro
Segundo del Código Civil de Cataluña y el Código de Derecho Foral de Aragón).
CUARTA. La principal modificación que incorpora el Anteproyecto se contiene en el último inciso del segundo párrafo del número uno del artículo 92 bis, toda vez que el juez podrá acordar la custodia compartida aun cuando ninguno de los progenitores interés la adopción de tal régimen, con tal que cada uno de los cónyuges inste para sí la custodia monoparental. La modificación llevada a cabo en ese punto puede abocar que la guarda y custodia compartida sea fijada a modo de solución salomónica -cuando ambos padres interesen la custodia exclusiva para sí- lo que, previsiblemente, no comportará ventaja o utilidad alguna respecto del criterio jurisprudencial imperante y, además, es previsible que su otorgamiento sea cuestionado a través del cauce procesal establecido al efecto.
Si bien parece razonable que el Anteproyecto regule la modalidad compartida de custodia bajo el prisma de la normalidad, lo que carece de sentido es alterar el criterio jurisprudencial asentado, a través de una modificación que difícilmente puede revertir en interés de los hijos, ni servir para que los padres puedan desempeñar de mejor manera las
funciones inherentes a la guarda y custodia, al no haber interesado la fijación del ejercicio conjunto de esa facultad tuitiva. Por el contrario, es más que previsible que el otorgamiento de oficio de la guarda conjunta agudice las tensiones y controversias que, frecuentemente, pueden surgir tras la ruptura de convivencia, en aspectos tan transcendentes como la educación, la vigilancia y el cuidado de los hijos.
QUINTA. El segundo párrafo del artículo 92 bis.3 incorpora un listado de circunstancias, a las que el juez deberá prestar especial atención para establecer el régimen de guarda y custodia, relación y comunicación con el progenitor no conveniente y con parientes y allegados. El hecho mismo de incorporar un catálogo de esa naturaleza merece una valoración positiva, al adecuarse a las pautas establecidas, entre otras, por la STS 8/10/2009, pues a diferencia de otros sistemas extranjeros, hasta ahora el Código Civil no ha incorporado una lista de criterios que permitan determinar, en cada caso, qué circunstancias deben ser tomadas en consideración para justificar el superior interés del menor cuando existan discrepancias entre los padres.
SEXTA. El artículo 92 bis.5 tiene por objeto regular la prohibición de atribución de la guarda y custodia y, en su caso, de establecer un régimen de estancia, relación y comunicación con los hijos, respecto del progenitor condenado por determinados delitos, o bien que esté sujeto a un proceso penal en el que se aprecien indicios fundados de criminalidad. La condena por los delitos enumerados en el párrafo primero del citado precepto dará lugar, salvo excepción, a la prohibición de ejercicio de la guarda y al disfrute de los derechos de relación con los hijos, mientras que la apreciación de indicios fundados de participación en aquellos delitos, o en otros relacionados con la violencia de género o
doméstica, sólo impedirá que el progenitor concernido quede excluido de la guarda y custodia.
género, con sustantividad propia, en el caso de que el progenitor sea imputado en un proceso penal por la existencia de indicios fundados en su contra, pero nada dispone para el supuesto que, finalmente, resultase condenado por un delito de aquella naturaleza. Determinados delitos, como el previsto el artículo 153.1 del Código Penal, pueden ser encuadrados en la violencia de género recogida en el párrafo segundo, o bien como un atentado contra la integridad física del cónyuge contemplado en el párrafo primero. En esos casos, las consecuencias de ser incardinado en una u otra categoría serían diferentes si recayera sentencia penal firme, ya que, en función de la catalogación por la que se opte el régimen de estancia, relación y comunicación sería distinto. Por ello, para evitar problemas interpretativos, se propone incluir los delitos de violencia de género dentro del primer párrafo, de conformidad con la sistemática seguida en el párrafo segundo, en el cual se contempla específicamente dicha violencia junto con los atentados contra el cónyuge y los hijos.
NOVENA. La sentencia absolutoria y el sobreseimiento libre son las únicas circunstancias que el Anteproyecto considera susceptibles de dar lugar a la revisión régimen de guarda y custodia, cuando previamente se haya dictado resolución, en el proceso penal, en cuya virtud se constaten indicios racionales y fundados de criminalidad respecto de uno de los cónyuges. En consecuencia, el sobreseimiento provisional no habilita tal revisión.
DÉCIMA. En relación con la atribución del uso de la vivienda familiar al cónyuge custodio, cuando el inmueble pertenezca
Por otra parte, como también es factible que la vivienda familiar sea utilizada alternativamente por los progenitores -en determinados supuestos de custodia compartida- lo previsto en el primer inciso del artículo 96.3 debería abarcar también el supuesto enunciado, habida cuenta que los hijos comunes habitarían dicho inmueble con carácter permanente.
UNDÉCIMA. La Disposición Derogatoria Única deja sin contenido el artículo 159 del Código Civil. La derogación del mencionado precepto supone la desaparición de una norma cuya aplicación está
DUODÉCIMA. El segundo párrafo del ordinal quinto del artículo 152 incluye un nuevo motivo de extinción de la obligación de prestar alimentos, que operará cuando el hijo mayor de edad contrajera matrimonio, mantuviera análoga relación de afectividad o dejase de residir en el domicilio familiar, no pudiendo incluirse en este último supuesto las ausencias temporales o involuntarias del mismo. Si bien tanto el artículo 93.2 del Código civil como el artículo 92.4, según versión del Anteproyecto, establecen que la prestación por alimentos para los hijos mayores de edad o emancipados quedará condicionada, en el marco de un procedimiento matrimonial, a que estos últimos convivan en el domicilio familiar, de mantenerse la actual redacción, la causa de extinción a que se refiere el artículo 152-5º no sólo operaría en el contexto del procedimiento matrimonial, sino en cualquier
circunstancia en que el descendiente sea beneficiario de alimentos a cargo del ascendiente, lo que alteraría la sistemática del derecho de alimentos, basada en la reciprocidad entre ascendientes y
Por todo lo expuesto, se sugiere trasladar al número cuatro del artículo 92 la previsión contenida en el ordinal quinto del artículo 152, de manera que cuando en un procedimiento matrimonial se hubieran reconocido alimentos al hijo mayor de edad, y éste alcanzara la
Por otra parte, La modificación introducida en el ordinal sexto del artículo 770.1 faculta al juez para proponer una solución de mediación, cuando a la vista de las circunstancias concurrentes considere posible el acuerdo. Si las partes aceptan el proceso de mediación, motu propio o en virtud de propuesta del juez, el procedimiento quedará suspendido hasta en tanto se tramite la mediación, reanudándose a instancia de cualquiera de las partes. En caso de alcanzarse acuerdo, éste deberá ser aprobado por el juez conforme a lo establecido en el artículo 777.
DÉCIMO CUARTA. El Anteproyecto no lleva a cabo modificación alguna del contenido del artículo 806; de ahí que puedan suscitarse
dudas sobre si el procedimiento regulado en el citado artículo y siguientes, resulta aplicable al conjunto de bienes que pertenecen pro indiviso a ambos cónyuges, cuando el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes.
Ante tal situación sería conveniente de despejar cualquier duda sobre este aspecto. Por ello, si lo que se pretende es que el procedimiento establecido en los artículos 806 y siguientes sea idóneo para proceder a la liquidación de la comunidad indivisa en supuestos de separación de bienes, así debería recogerse expresamente.
DÉCIMO QUINTA. El párrafo segundo del artículo 809 establece un procedimiento especial para los supuestos de urgencia, en cuya virtud el Tribunal podrá acordar, mediante auto, sin más trámites y dentro del plazo de cinco días, lo que proceda sobre la administración y disposición de los bienes incluidos en la propuesta de inventario, así como aquellas medidas indispensables para la seguridad de los bienes, libros, papeles, correspondencia y demás efectos susceptibles de ocultación y sustracción. La medida proyectada establece un trámite que omite la comparecencia de las partes para la formación de inventario, de manera que el juez queda facultado para resolver, sin audiencia del
demandado, sobre el régimen de administración y disposición de los bienes incluidos en la propuesta de inventario.
DÉCIMO SEXTA. La Disposición transitoria segunda establece que, a partir de la entrada en vigor de esta ley, a través del procedimiento establecido para la modificación de las medidas definitivas acordadas en un procedimiento de separación, nulidad, o divorcio, se podrán revisar judicialmente las adoptadas conforme a la legislación anterior, cuando alguna de las partes o el Ministerio Fiscal, respecto de los casos concretos, soliciten la aplicación de esta norma.
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