Source: http://indigenas.bioetica.org/guia/5b.htm
Timestamp: 2018-01-22 17:41:52
Document Index: 280949039

Matched Legal Cases: ['Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 13', 'Artículo 13', 'Artículo 10', 'Artículo 10', 'Artículo 75', 'Artículo 9']

ESPECIAL: Titulo V del Proyecto de reforma del Código Civil Argentino
Este recurso es de fundamental importancia para los pueblos indígenas, debido a la especial relación que mantienen con el espacio en el cual desarrollan y sobre la base del cual desenvuelven:
su vida de relación dentro del grupo,
su vida de relación con los demás pueblos y
su con la naturaleza y sus recursos
Sin perjuicio de antecedentes más tempranos, la República y sus Provincias fueron andando durante la última década del siglo pasado el camino de la reglamentación de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras y territorios. Si bien no se abandono el espíritu -exclusivamente social y económico- se fue jalonando un proceso de madurez política. Por lo que aunque con altibajos la mayoría de los estados provinciales fue desarrollando experiencia en el punto[1].
En el ámbito nacional, se advierte que:
à para la Constitución de la Nación la base de la atribución de tierras es la identidad, mientras que la ley 23.302 exige la inscripción registral como persona jurídica de carácter privado: “…la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras…”(Artículo 7 de la ley 23.302)
à la Constitución de la Nación recoge un criterio de atribución reivindicatorio histórico (“posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”); mientras la ley 23.302 lo hace de uno asistencial “…La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes…”. (Artículo 7 de la ley 23.302)
à mientras la identidad no se perdería nunca (factor de atribución en la Constitución de la Nación), la personería (factor de atribución en la ley 23.302) podría desaparecer con la cancelación de la inscripción de la figura asociativa “En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ellas pasarán a la Nación o a la Provincia o al Municipio según su caso” (Artículo 13 de la ley 23.302) y la propiedad, con el abandono “… comunidad adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad” (Artículo 13 de la ley 23.302).
à la propiedad –en la Constitución de la Nación- es comunitaria, esto significa que es “de provecho colectivo” y otorga a todo individuo indígena el derecho a habitar las tierras tradicionales o compartir los beneficios que de ella se deriven (bien que de acuerdo con las reglas de sus usos y costumbres –o las decisiones comunitarias que hagan a sus intereses comunitarios-). La propiedad en la ley 23.302 es cooperativa o individual, depende de una inclusión o participación registral (pública o privada) y de un desempeño económico obligatorio “… tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal en cualquiera de sus especialidades” (Artículo 10 de la ley 23.302) y “… c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación, relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas” (Artículo 10 de la ley 23.302)
En resumen, su regulación ha sido errática y dependiente de laudos administrativos o sentencias judiciales, las bases legales pueden ser advertidas y comparadas a partir del siguiente cuadro:
– 22 de agosto de 1994
Artículo 75. Corresponde al Congreso
– 30 de septiembre de 1985
Inciso 17.
§ garantizar
o el respeto a su identidad y
o el derecho a una educación bilingüe e intercultural;
o la personería jurídica de sus comunidades, y
o la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan (*); y
§ regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; (*)
§ asegurar su participación en la gestión referida
o a sus recursos naturales y
o a los demás intereses que los afectan.
(*) ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos.
Articulo 7- Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades indígenas existentes en el país, debidamente inscriptas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares. La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios o provisorios.
Artículo 9- La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de créditos preferenciales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación
Articulo 12- Los adjudicatarios están obligados a: a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar; b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas sin autorización de las autoridad de aplicación. Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos. c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación, relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas.
Si bien su incorporación al orden positivo argentino data de 1992, subyacente y ya vinculante (desde el depósito de la ratificación ante el Secretario de las Naciones Unidas en julio de 2000) el Convenio 169 de la Organización internacional del Trabajo es fuente válida y vigente de la reglamentación a planearse en este (y otros) tema. Podemos esquematizar las pertinentes declaraciones como sigue:
Tierras; obligaciones de los gobiernos:
ü Respetar la relación que los une con las tierras que ocupan.
ü Reconocer el derecho a la propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan.
ü Adoptar medidas para determinar cuales son esas tierras.
ü Instituir procedimientos adecuados, en el marco del sistema jurídico nacional, para la solución de las reivindicaciones de tierras formuladas por ellos.
ü Garantizar, en programas agrarios nacionales, igualdad de condiciones con otros sectores, a efectos de asignar tierras adicionales cuando sean insuficientes y/o de otorgar medios para el desarrollo de las que ya poseen
Transmisión de derechos sobre las tierras
ü Respetar sus modalidades de transmisión.
ü Impedir que personas extrañas se aprovechen de sus costumbres o de su desconocimiento de las leyes para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de sus tierras, previendo la aplicación de sanciones a la intrusión.
Derechos de los pueblos indígenas respecto de las tierras:
ü A no ser trasladados, salvo necesidad y con su consentimiento o por procedimientos legales adecuados.
ü A regresar a sus tierras cuando cesan las causas que motivaron su traslado.
ü En caso de reubicación, a recibir tierras, en lo posible, iguales a las ocupadas, salvo que optaran por una indemnización en dinero o en especie.
ü A una indemnización por daños o pérdidas sufridas por su desplazamiento.
El caso de Amaycha de Valle
[1] Provincia como Catamarca – Córdoba – Corrientes - Entre Ríos - La Rioja - San Juan - San Luis - Santa Cruz - Santiago del Estero no plasmaron sus inquietudes aunque en algunos casos ordenanzas municipales, resoluciones administrativas dieron cuenta del proceso del que hablamos. Tal el caso de el Departamento de Iglesias (Provincia de San Juan) que en abril de 2000 promulgó la ordenanza que reconoció a las autoridades del pueblo Huarpe y restituyó tierras donde se localizaban “tamberías” (cementerios en lenguaje quechua); o la legislación de la Provincia de Corrientes que asumió la educación bilingüe (guaraní) como un compromiso oficial en razón de la presencia indígena en la jurisdicción.