Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/83312
Timestamp: 2019-10-18 14:29:32
Document Index: 262811252

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 8', 'artículo 16', 'artículo 119', 'artículo 119', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 89', 'artículo 40', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 4', 'artículo 11']

Gaceta: LXIV/1PPO-5/83312
Propone abrogar la Ley de Seguridad Interior, en razón de ser inconstitucional y violentar diversos preceptos.
Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se abroga la Ley de Seguridad Interior, presentada por senadores de Movimiento Ciudadano.
Los suscritos, Senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 8, fracción I del Reglamento del Senado de la República, sometemos a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se abroga la Ley de Seguridad Interior.
I. El 21 de diciembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior, a pesar de las múltiples críticas y observaciones vertidas por fuerzas políticas, especialistas, académicos y organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Entre los principales cuestionados a esta Ley se encuentra su trasfondo, ya que detrás del planteamiento sobre seguridad interior subyace un intento por normalizar el estado de excepción, es decir, por normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. En este sentido, se puede decir que la Ley de Seguridad Interior busca legitimar el enfoque militarista y la estrategia de combate a la inseguridad de la última década, cuyo corolario es la violación de derechos humanos.
De manera particular, también debe señalarse que la Ley de Seguridad Interior, incurre en cuestiones de inconstitucionalidad. Algunos preceptos violentados son los siguientes:
El Congreso de la Unión no tiene facultades para legislar en materia de seguridad interior. La seguridad interior no es una facultad otorgada al Congreso de la Unión, dado que no tiene base constitucional, además la seguridad interior no es parte de la seguridad pública, por lo que no es posible derivar la facultad para legislar en la materia. Por ello, es violatoria de los artículos 49 (principio de división de poderes) y 73 (división funcional de poderes) de la Constitución.
La Ley de Seguridad Interior transgrede el principio de legalidad, dado que ninguna autoridad puede tomar decisiones que no estén previstas o autorizadas en una disposición legal anterior, de modo que la seguridad interior carece de fundamentación, siendo violatoria del artículo 16 de la Constitución, dado que no se funda el acto legislativo.
Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior violan el principio de salvaguarda federal, que establece en el artículo 119 de la Constitución, que en casos de trastorno interior, serán las legislaturas locales o el Gobernador (si aquéllas no estuvieran reunidas), las que solicitarán la intervención y protección de las fuerzas federales. La Ley viola este principio, al facultar al Presidente a disponer de las fuerzas federales y armadas a intervenir ante amenazas a la seguridad interior, así como a realizar “tareas permanentes” en materia de seguridad interior. La discrecionalidad otorgada al Presidente y a las fuerzas armadas viola este principio, establecido en el artículo 119 de la Constitución..
Viola el derecho a la información, previsto en el artículo 6° Constitucional, al establecer que la información que se genere será siempre considerada de “seguridad nacional”. En primer lugar, no se justifica que “toda” la información sea considerada de seguridad nacional, pero además la Ley está previendo otorgar esta categoría a toda la información incluso antes de que se genere dicha información y antes de que sea clasificada por los órganos competentes. Si bien la Ley General de Transparencia establece que efectivamente se podrá clasificar la información, dicho análisis debe realizarse caso por caso, pero la Ley de Seguridad Interior evita este procedimiento y de facto clasifica toda la información como reservada, por lo que es violatoria del artículo 6° de la Constitución en materia de acceso a la información.
Viola la libre asociación, al establecer que sólo las movilizaciones no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, debiendo ser mucho más amplio y no ceñirse sólo a las movilizaciones, por lo que es violatoria del artículo 16 de la Constitución.
Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior establecen que en las operaciones de seguridad interior se designará a un comandante de las fuerzas armadas para coordinar los trabajos, lo que invade las atribuciones de otros órdenes de gobierno y vulnera las propias atribuciones del Presidente de la República, que en todo caso debería poder designar a quien él decida, sin que tenga que ser forzosamente un comandante, por lo que es violatoria del artículo 89 de la Constitución relativo a las atribuciones del Presidente.
Diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior invaden competencias de estados y municipios, las que sólo podrían replantearse a través de una reforma constitucional y una legislación general, pero la Ley de Seguridad Interior no tiene ese carácter, por lo que es violatoria del artículo 40 de la Constitución respecto a la organización federal de la República.
Diversos artículos limitan e invaden facultades del ministerio público y las de autoridades civiles de procuración de justicia, y pueden violentar los derechos humanos, al no preverse que las personas detenidas deberán ser puestas a disposición de inmediato, por lo que es violatoria del artículo 21 de la Constitución relativa a las funciones del ministerio público y del 16 relativo a las detenciones.
La Ley de Seguridad Interior transgrede disposiciones en materia de recolección de información, ya que prevé que las fuerzas armadas podrán recolectar información mediante medios lícitos, concediendo así que las fuerzas armadas puedan pedir a un juez la intervención de comunicaciones privadas, lo que transgrede el equilibrio de poder cívico-militar, dado que la instancia facultada para solicitar este tipo de intervenciones a un juez son las autoridades civiles, no las militares, por lo que es violatoria del artículo 21 y 16 de la Constitución.
Por estas razones, es que diputados federales de la LXIII Legislatura de diversos grupos parlamentarios, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior.
Además de las cuestiones de inconstitucionalidad registradas en la Ley de Seguridad Interior, deben resaltarse otros problemas de la misma, como la ambigüedad en sus definiciones: las causales para activar la participación de las Fuerzas Armadas son muy laxas: “las que afecten la estabilidad de las instituciones”, o “las que afecten los deberes de colaboración de las entidades federativas y municipios en materia de seguridad nacional”.
Peor aún, se incluyen como causales las previstas en el artículo 5 de la Ley de Seguridad Nacional, que son bastante abiertas, como: “Actos tendentes a consumar espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria”, “Actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada”, “Actos tendentes a quebrantar la unidad de las partes integrantes de la Federación”, “Actos ilícitos en contra de la navegación marítima”, “Actos tendentes a obstaculizar o bloquear actividades de inteligencia o contrainteligencia”, “Actos tendentes a destruir o inhabilitar la infraestructura de carácter estratégico o indispensable para la provisión de bienes o servicios públicos”.
Por otro lado, establece un régimen de discrecionalidad en la aplicación de la ley, ya que El artículo 4 define los «riesgos a la seguridad interior» como la «situación que potencialmente puede convertirse en una amenaza a la seguridad interior». Y los artículos 16 y 26 señalan, respectivamente, que el Presidente podrá ordenar acciones de seguridad interior sin que exista ninguna Declaratoria, y que las Fuerzas Armadas podrán “identificar, prevenir y atender riesgos a la seguridad interior” de manera permanente y sin Declaratoria.
En este mismo sentido, en la Ley de Seguridad Interior hay una ausencia total de controles institucionales, ya que no se prevén mecanismos de control en torno a la autorización y actuación de las acciones de seguridad interior, ni por parte del Poder Legislativo ni de la Suprema Corte, únicamente se señala que se deberá “notificar” a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Finalmente, la Ley de Seguridad Interior es un incentivo perverso para que las instituciones civiles de seguridad de los tres órdenes de gobierno no mejoren sus capacidades. El mecanismo previsto en el artículo 11 para que las entidades federativas soliciten acciones de seguridad interior es demasiado laxo. Se plantea que podrán solicitarlo las legislaturas (sin especificar una mayoría requerida) o el Ejecutivo estatal en caso de receso de aquellas, cuando se vean comprometidas sus “capacidades efectivas” para atender una amenaza. Este es un incentivo perverso para que las entidades federativas se postren a la necesidad de mejorar sus instituciones y “capacidades efectivas”, y recurran sistemáticamente a la intervención de las Fuerzas Armadas. En este sentido, la aprobación de la Ley de Seguridad Interior significó también la renuncia del Estado mexicano a mejorar sus policías y sus instituciones civiles de seguridad, particularmente en los municipios y entidades federativas.
Todo lo anterior, obliga al Poder Legislativo a realizar un ejercicio de reflexión en torno a la Ley de Seguridad Interior y en torno al futuro de la política de seguridad de nuestro país. Consideramos que la apuesta del Estado mexicano debe ser tener policías fuertes, eficaces y coordinadas, y no prolongar más una estrategia de seguridad que ha fallado durante los últimos años.
Que abroga la Ley de Seguridad Interior.
ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la Ley de Seguridad Interior.
SEGUNDO. Se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
TERCERO. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto para elaborar y aprobar la reforma para el fortalecimiento de las policías e instituciones civiles de seguridad, considerando esquemas de coordinación efectivos, modelos de mando mixto coordinados, mecanismos de capacitación, evaluación y mejora continúa de las instituciones de seguridad pública, la mejora en las condiciones laborales, salariales y de seguridad social de los integrantes de las instituciones de seguridad pública.
CUARTO. El Poder Ejecutivo contará con un plazo de 180 días para elaborar y ejecutar un programa calendarizado para el regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales.