Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-603-de-octubre-27-de-1992?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414ef6f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-22 08:28:18
Document Index: 135180638

Matched Legal Cases: ['artículo 20', 'artículo 21', 'artículo 20', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 42', 'artículo 20', 'artículo 42', 'artículo 36']

﻿ SENTENCIA T-603 DE OCTUBRE 27 DE 1992
SENTENCIA T-603 DE 27 DE OCTUBRE DE 1992
CONTENIDO:RECTIFICACIÓN DE INFORMES DE PRENSA. EFICACIA Y EQUIDAD
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PRESENTACIÓN DE LA ACCIÓN DE TUTELA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA INFORMACIÓN, SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN, EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE TUTELA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:255 DE MARZO DE 1993, PÁG.280
Sentencia T-603 de octubre 27 de 1992
RECTIFICACIÓN DE INFORMES DE PRENSA
EXTRACTOS: «El artículo 20 expresa:
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura’’.
La norma garantiza la libertad de expresión y la difusión de pensamiento y opiniones y la de fundar medios masivos de comunicación. Acorde con la serie de libertades que consagra la Carta Política para reafirmar el criterio de la prevalencia del hombre en sociedad, hacerle importante como actor y generador de ideas en la búsqueda de alternativas para su desarrollo social, le limita también esta libertad, en el sentido de que las informaciones deben tener dos presupuestos básicos para su realización: que los informes periodísticos sean ajustados a la verdad y que a través de ellos se demuestre la imparcialidad, la equidad de la noticia. Los medios además deben cumplir con una función social cual es la de tener bien enterados a la opinión pública de todos los sucesos o acontecimientos que se producen en el diario transcurrir de la comunidad. Mal pueden ellos distorsionar la realidad de los hechos porque de esta manera la sociedad no recibiría información sino la desinformación de lo que ha sucedido. De ahí que el mismo constituyente haya consagrado la responsabilidad social, como consecuencia de las publicaciones, responsabilidad que en los precisos términos en que está concebida sólo es posible establecerla, después de producido el hecho periodístico o informativo, con el cual se hayan roto los criterios o requisitos previos de veracidad e imparcialidad de que deben estar precedidas las actuaciones de los comunicadores o informadores de la opinión nacional.
Cuando la información no cumple con los requisitos previos de veracidad, es decir que ella no se ajusta a los hechos que se reseñan o que a través de la noticia o del informe se promuevan la parcialidad o la discriminación o se trate de influir deliberadamente en el comportamiento de la comunidad, la norma constitucional ha previsto un medio de defensa para el afectado porque se consagra el derecho a la rectificación en condiciones de equidad para cualquier persona que se crea lesionada por los informes de prensa. Para que proceda la rectificación se requiere que a solicitud de parte interesada se haga la petición correspondiente al medio informativo, acompañando a la petición el escrito de cómo desea que se le haga su rectificación. Opera aquí una especie de recurso de reposición contra el medio informativo para que a través del mismo se haga claridad sobre los hechos que el peticionario reclama que fueron tergiversados y sobre los cuales espera pronta y equitativa difusión.
Como se vio en el capítulo de antecedentes, la presente acción de tutela fue incoada por Felipe López Caballero, contra Inversiones Cromos S. A., por la publicación que aparece en la revista Cromos número 3878 de mayo 25 de 1992 en la sección Runrunes, páginas 8 y 9, bajo el subtítulo El Niño y El Papa, cuyo texto se transcribe:
“Va a reabrirse la investigación sobre los créditos que Focine le concediera a la productora de la película El Niño y El Papa de propiedad de Felipe López Caballero, la cual quedó debiendo más de cien millones de pesos de aquella época, que hoy equivalen a más de quinientos sesenta millones de pesos. Lo que no se entiende es que el Estado sea tan lento para cobrar sus dineros que en algo aliviarían el déficit fiscal”.
En esa misma fecha, el señor López Caballero presentó la acción de tutela, según él, porque le habían violado el derecho a la honra que consagra el artículo 21 de la Constitución Nacional, el derecho a la información veraz e imparcial que señala el artículo 20 y el derecho al buen nombre que determina el artículo 15 del Estatuto Superior.
Como lo expresa el doctor Mario Madrid Malo en su obra los Derechos Fundamentales, página 215, “conforme al segundo inciso del artículo 2o de la Constitución, la honra es uno de los valores eminentes para cuya protección están instituidas las autoridades de la República. Con la vida y la libertad la honra integra el grupo de aquellos intereses jurídicos originarios cuyo contenido esencial está preservado constitucionalmente por un rígido perímetro de intangibilidad, pues los tres son bienes que toman el propio ser del hombre”.
Cuando se manifieste que la honra es una percepción o trascendencia exterior que los demás se han formado de la persona, quiere esto significar que la valoración que los demás hagan del comportamiento individual, debe estar sometida a un criterio de valoración objetiva sin que para los efectos de esa valoración, se tenga en cuenta otros criterios que hagan variar la realidad de ese reconocimiento social que cada quien en particular merece.
En el caso de la publicación señalada, esta no es cierta de conformidad con la prueba documental que para el efecto expidió Javier Cortázar Mora, Gerente de Focine, según oficio del 25 de mayo de 1991, lo que demuestra que la publicación, no se ajusta a la realidad, es por lo que puede desacreditar al quejoso ante la opinión nacional.
Los medios periodísticos tienen una cobertura amplia de difusión y los hechos descritos en ellos, que se dan a conocer de la opinión pública, además de estar precedidos de la buena fe, propia de un medio de comunicación, deben estar sometidos a los principios de veracidad y al de equidad. Porque la misma Constitución señala que la prensa como fuente de información tiene la obligación de reseñar los actos informativos sin alterar la verdad de los acontecimientos e igualmente que la noticia no se considere como causa de beneficio para unos, en detrimento de los demás.
En relación con la violación del derecho al buen nombre, cierto es también que éste por razón lógica se encuentra estrechamente vinculado con el de la honra. Aquel que equivale a la reputación o la buena fama, es el juicio favorable que la opinión pública se ha formado de una persona y que por tanto no les permite a los demás su difamación, detracción o ultraje, por lo que ha de afirmarse que en el caso en estudio, ha de tutelarse debidamente el derecho fundamental al buen nombre.
El peticionario solicitó a través del Juzgado que se rectificara la versión periodística, si que previamente hubiera cumplido con el requisito que establece el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 42 No 7o, el cual establece:
“Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o ereróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma”.
Es preciso anotar que antes de haberse presentado esta acción litigiosa, como se dijo, no se había solicitado el requerimiento de la nueva publicación. Más a pesar de ello, en el transcurso en que el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito adelantó el proceso de tutela, Mireya Durán Uribe en nombre del doctor Felipe López Caballero, envió a la Sociedad Inversiones Cromos S. A., una carta en la cual le solicitó a esa empresa se hiciera la rectificación, carta fechada el día 2 de junio, la cual aparece publicada en la Revista Número 3882 del 22 de junio pasado, situación con la que el demandado en este caso, a juicio de la Corte, cumplió a medias con la rectificación solicitada, porque se limitó a transcribir dicha misiva sin asumir de su parte la responsabilidad de la rectificación como asunto propio.
Es decir que la Sociedad Inversiones Cromos S. A. quiso y creyó haber satisfecho el requerimiento que se le hizo de publicar la rectificación del quejoso, presentada por agente oficioso, vertiendo en la Revista Cromos el texto completo de ella. Pero sucede, según las apreciaciones que hace esta Sala, que ello no es suficiente, porque ella ha de responder directamente por sus afirmaciones y así ha de presentarlo ante el público.
1. Revocar las sentencias del Juzgado Civil del Circuito y de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D. C., de 18 de junio y de 29 de julio de 1992, respectivamente, por medio de las cuales no ampararon los derechos a Felipe López Caballero.
2. Tuelar los derechos a la honra y el buen nombre de Felipe López Caballero y ordenar a la Sociedad Inversiones Cromos S. A. una vez surtida la notificación de la presente sentencia al representante legal de ésta, que proceda a publicar en su próxima edición, con el mismo despliegue gráfico, la misma foto y demás condiciones, al texto de la nota que dice:
“Título: Pedimos excusas.
Texto: En nuestra edición No 3.878 de mayo 2 de 1992 publicamos una nota titulada EL NIÑO Y EL PAPA en la que acusábamos a la productora de la película “EL NIÑO Y EL PAPA” (sic) de propiedad de Felipe López Caballero de haber quedado debiendo más de 100 millones de pesos de aquella época, que hoy equivalen, según nuestros cálculos a más de 560 millones de pesos. Quisiéramos por medio de esta nota pedirle disculpas al doctor López Caballero puesto que después de recibir la información pertinente de Focine, nos vemos obligados a reconocer que toda la información es falsa”.
3. La Sociedad Inversiones Cromos S.A., deberá imprimir un mínimo de 27.539 ejemplares de la revista donde se haga la publicación, en cumplimiento del principio de la equidad, señalado en el inciso final del artículo 20 de la Constitución Nacional, y para asegurar la eficacia de la rectificación, como lo expresa el artículo 42-7 del Decreto 2591 de 1991.
4. Comunicar al Juzgado 24 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., la presente decisión, para que sea notificada a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, con entrega de copia de esta sentencia.
Comuníquese y notifíquese».
(Sentencia T-603 de octubre 27 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez).