Source: http://www4.congreso.gob.pe/comisiones/1997/economia/esta4.htm
Timestamp: 2019-05-23 11:56:27
Document Index: 130722976

Matched Legal Cases: ['artículo 74', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'artículo 14', 'artículo 33', 'Artículo 19', 'Artículo 22', 'Artículo 24', 'artículo 78', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'artículo 15', 'artículo 38', 'artículo 19', 'Artículo 32', 'artículo 29', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 18', 'Artículo 35', 'artículo 19', 'Artículo 36', 'artículo 20', 'Artículo 37', 'artículo 21', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 22', 'Artículo 40', 'artículo 23', 'artículo 16']

esta4
PROPONE: LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION COACTIVA.
DICTAMEN DE LA COMISION DE ECONOMIA
Han llegado a la Comisión de Economía para dictamen los siguientes Proyectos de Ley:
Proyecto de Ley Nº 2319/96-CR, presentado por el Congresista Jorge Trelles Montero, que propone modificaciones tanto al Código Tributario como al Decreto Ley Nº 17355 en lo concerniente a Ejecutores Coactivo, su fecha 28 de Noviembre d e 1996.
Proyecto de Ley Nº 3095/97-CR, presentado por la Congresista Graciela Fernández Baca de Valdez, que propone una ley de ejecución coactiva aplicable a obligaciones que no sean de naturaleza tributaria, su fecha 22 de Octubre de 1 997.
Proyecto de Ley Nº 3118/97-CR, presentado por el Congresista Carlos Ferrero Costa, que propone la sustitución de diversos artículos de la Ley Nº 17355 del 31.12.68, su fecha 21 de octubre de 1997.
Proyecto de Ley Nº 3213/97-CR, presentado por el Congresista Antero Flores Araoz, que propone modificaciones respecto de normas que regulan las cobranzas coactivas.
Proyecto de Ley Nº 3360/97-CR, presentado por la Congresista Ivonne Susana Díaz Díaz, que propone límites para el Ejecutor Coactivo en relación a las ordenes de embargo en forma de inscripción sobre veh&iacu te;culos.
Proyecto de Ley Nº 3512/97-CR, presentado por el Alcalde del Municipio de Ate, Enrique Pajuelo Roldan, que propone la modificatoria de los procesos coactivos, su fecha 31 de Marzo de 1998.
Proyecto de Ley Nº 3576/97-CR, presentado por el Congresista Jorge Muñíz Zíchez, que propone Ley de cobranza Coactiva, su fecha 21 de abril de 1998.
Proyecto de Ley Nº 3589/97-CR, presentado por el Congresista Oswaldo Sandoval Aguirre, que propone Nuevo Procedimiento de Cobranza Coactiva, su fecha 27 de abril de 1998.
Proyecto de Ley Nº 3639/97-CR, presentado por el Congresista Ernesto Gamarra Olivares, que propone Normas relativas a Ejecutores Coactivos, su fecha 14 de mayo de 1998.
Del estudio de las diversas propuestas, se infiere la necesidad de una normatividad exclusiva para acreencias de carácter no tributario y que la cobranza coactiva de deudas tributarias cuente con una sola, toda vez, que actualm ente se viene aplicando indistintamente el Decreto Ley Nº 17355 como el Código Tributario (D. Leg Nº 816).
Al respecto, la Comisión procedió a solicitar informe a diversas Instituciones como celebrar reuniones de trabajo con los autores como con representantes del Tribunal Fiscal, Instituto Peruano de Seguridad Social, Superi ntendencia General de Aduanas, Superintendencia General de Administración Tributaria y Servicios de Administración Tributaria de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Como se podrá observar de los diversos Proyectos de Ley, se formulan diversas críticas sobre la forma en que las Municipalidades vienen aplicando las normas del Código Tributario que regulan las relaciones entre l a administración tributaria y los contribuyentes durante el procedimiento de cobranza coactiva. (La cobranza coactiva es uno de los mecanismos de autotutela previstos por la ley para que los entes administrativos puedan cobrar sus carencias pecun iar
Es evidente, que ello, deriva a que gran parte de las Municipalidades aplican de manera incorrecta varias de las facultades y atribuciones que el Código otorga con carácter general a las entidades públicas dotadas de potestad para administrar tributos, transgrediendo el texto expreso de las normas del Código o extendiendo indebidamente la interpretación de sus disposiciones.
El transcurso del tiempo ha demostrado que la aplicación del Código Tributario, por diversas Instituciones, como la SUNAT ha sido muy distinta a la que se lleva a cabo por parte de cerca de las 1,872 administraciones tri butarias de las municipalidades distritales y provinciales que existen en nuestro país. Lo expuesto, se puede comprobar a través de las diversas Jurisprudencias existentes por parte del Tribunal Fiscal, Tribunal Constitucional o los propio s M
Al margen de lo anotado, es innegable señalar que pese a las graves irregularidades o excesos existentes en las administraciones tributarias en el área coactiva por parte de los Municipios, es importante señ alar el rol que cumplen como instancias descentralizadas que proporcionan servicios esenciales a la comunidad, por lo tanto la propuesta debe buscar establecer un nuevo texto donde ser regulen adecuadamente las obligaciones tributarias y no tributarias que
Debe recordarse que la Constitución en su artículo 74º, les asigna un poder tributario limitado a los tributos que se cobran para cubrir los costos de servicios que prestan, lo que no implica carta blanca para establecer imposiciones no permitidas por el sólo hecho de agenciarse recursos para financiar otros gastos.
Se estima necesario hacer una referencia a algunos de los aspectos polémicos vinculados con la aplicación del Código Tributario por parte de las administraciones tributarias de las municipalidades, como los exceso s que incurren en la práctica muchos municipios al aplicar, conforme se ha señalado, en forma incorrecta varias de las potestades que el Código Tributario confiere a las administraciones tributarias para hacer efectivo el cobro de l as
Podemos citar entre otros, los casos de emisión de Ordenes de Pago, las que constituyen actos de determinación de las obligaciones tributarias de los contribuyentes pero únicamente respecto de aquellas obligacione s ciertas y jurídicamente exigibles. Tales "ordenes" constituyen meros requerimientos de pago, respecto de deudas objetivamente determinables
El sustento para la emisión de las "Ordenes de Pago", es permitir la cobranza expeditiva de deudas respecto de las cuales por regla general ha mediado un acto de reconocimiento del propio deudor. Es el caso del contribuyente qu e presenta declaración jurada de su obligación, con lo que cumple la parte formal, pero no efectúa el pago. En tal caso la administración esta facultada para exigirle mediante "Ordenes de Pago" la cancelación del impor te
La controversia se genera como resultado de que en la práctica la mayor parte de los municipios, emiten indiscriminadamente "Ordenes de Pago" sustituyendo a las Resoluciones de Determinación, lo cual constituye una actua ción administrativa contraria a ley. La preferencia en la emisión de "Ordenes de Pago" en casos en que solo proceda Resoluciones de Determinación, es por la inmediatez del cobro. Cabe preciar que las Ordenes de Pago en principio sol o p
De lo expuesto, fluye que los problemas que viene suscitándose en el área coactiva se ciñen estrictamente a los Gobiernos Locales mas no en lo relativo a aquellas Instituciones que prevé el Código Tr ibutario, como son la SUNAT, ADUANAS e IPSS. Es ante ello, la necesidad de establecer normas de carácter general tanto para el procedimiento de cobranza coactiva para obligaciones tributarias como no tributarias, al margen de disposiciones genera les
Por todas estas consideraciones, la COMISION DE ECONOMIA, se permite recomendar al Pleno del Congreso la APROBACION de los Proyectos de Ley Nº 2319/96-CR, 3095/97-CR, 3118/97-CR, 321397-CR, 3360/97-CR y 3512, 3576, 3589 y 3639/97-CR,con el siguiente Texto Sustitutorio:
LEY DE PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COACTIVA
Artículo 1º.- La presente Ley establece el marco legal de los actos de coerción y cobranza coactiva, que ejercen las entidades de la Administración Pública Nacional en virtud de las facultades otorgadas por las leyes de sus materias específicas. Asimismo, constituye el marco legal que garantiza a los Obligados el desarrollo de un debido procedimiento coactivo.
Artículo 2º.- Para efecto de la presente ley, se entenderá por:
Entidad o Entidades: Aquella de la Administración Pública Nacional, que está facultada por ley a exigir coactivamente el pago de una acreencia o la ejecución de una obligación de hacer o no hacer;
Obligado: Toda persona natural, persona jurídica, sucesión indivisa, sociedad conyugal, sociedad de hecho y similares, que sea sujeto de un procedimiento de ejecución coactiva o de una medida cautelar previa;
Ejecutor: El funcionario responsable de la gestión de cobranza coactiva;
Auxiliar: aquel que tiene como función colaborar con el Ejecutor;
Procedimiento: el conjunto de actos administrativos destinados al cumplimiento de la Obligación;
Obligación: a la acreencia impaga de naturaleza tributaria o no tributaria, debidamente actualizada, o a la ejecución incumplida de una prestación de hacer o no hacer a favor de una Entidad de la Administración P&u acute;blica Nacional, proveniente de relaciones jurídicas de derecho público;
Función del Ejecutor Coactivo
Artículo 3º.- El Ejecutor es el titular del Procedimiento y ejerce, a nombre de la Entidad, las acciones de coerción para el cumplimiento de la Obligación, de acuerdo a lo establecido en esta Ley.
Requisitos del Ejecutor
4.1. El Ejecutor deberá reunir los siguientes requisitos:
a. Ser ciudadano en ejercicio y estar en pleno goce de sus derechos civiles;
b.	Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley;
No haber sido condenado ni hallarse procesado por delito doloso;
No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias, ni de la actividad privada por causa o falta grave laboral;
Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario; y,
No tener ninguna otra incompatibilidad señalada por ley.
4.2. Tratándose de Municipalidades que no estén ubicadas en las provincias de Lima y Callao, así como en las capitales de provincias y departamentos, no será exigible el requisito establecido en el literal b) precedente, bastando que el Ejecutor tenga dos (2) años de instrucción superior o su equivalente en semestres.
Función del Auxiliar Coactivo
Artículo 5°.- El Auxiliar tiene como función colaborar con el Ejecutor, delegándole éste las siguientes facultades:
Tramitar y custodiar el expediente coactivo a su cargo;
Elaborar los diferentes documentos que sean necesarios para el impulso del Procedimiento;
Realizar las diligencias ordenadas por el Ejecutor;
Suscribir la notificaciones, actas de embargo y demás documentos que lo ameriten;
Emitir los informes pertinentes;
Dar fe de los actos en los que interviene en el ejercicio de sus funciones.
Requisitos del Auxiliar
6.1. El Auxiliar deberá reunir los siguientes requisitos:
Acreditar por lo menos el tercer año de estudios universitarios concluidos en especialidades tales como Derecho, Contabilidad, Economía o Administración, o su equivalente en semestres;
No haber sido destituido de la carrera judicial o del Ministerio Público o de la Administración Pública o de empresas estatales por medidas disciplinarias ni de la actividad privada, por causa o falta grave laboral;
Tener conocimiento y experiencia en derecho administrativo y/o tributario;
No tener vínculo de parentesco con el Ejecutor, hasta el cuarto grado de consanguinidad y/o segundo de afinidad; y,
6.2. Tratándose de Municipalidades que no estén ubicadas en las provincias de Lima y Callao, así como en las capitales de provincias y departamentos, no será exigible el requisito establecido en el literal b) precedente, bastando que el Auxiliar tenga un año de instrucción superior o su equivalente en semestres.
Designación y remuneración.
7.1. La designación del Ejecutor como la del Auxiliar se efectuará mediante concurso público de méritos.
7.2. Tanto el Ejecutor como el Auxiliar ingresarán como funcionarios de la Entidad a la cual representan y ejercerán su cargo a tiempo completo y dedicación exclusiva,
7.3. El Ejecutor y el Auxiliar percibirán una remuneración de carácter permanente, encontrándose impedidos de percibir comisiones, porcentajes o participaciones cuyo cálculo se haga en base a los mon tos recuperados en los Procedimientos a su cargo.
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS
Artículo 8º.- El presente capítulo es de aplicación exclusiva para el cobro de Obligaciones no tributarias exigibles coactivamente, provenientes de relaciones jurídicas de derecho pú ;blico.
Exigibilidad de la Obligación
9.1. Se considera Obligación exigible coactivamente a la establecida mediante acto administrativo emitido conforme a ley, debidamente notificado y que no haya sido objeto de recurso impugnatorio alguno en la vía admi nistrativa, dentro de los plazos de ley o en el que hubiere recaído resolución firme confirmando la Obligación. También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y gastos en que la Entidad hubiere incurrido dur
9.2. También serán ejecutadas conforme a ley, las garantías otorgadas a favor de la Entidad, dentro del Procedimiento establecido en la presente norma, cuando corresponda.
10.1. El Ejecutor, bajo responsabilidad, liquidará las costas ciñéndose al arancel de costas procesales aprobado conforme a lo dispuesto por la presente Ley. En caso de incumplimiento, el Obligado podrá exigir, de manera solidaria, al Ejecutor, Auxiliar o la Entidad la devolución de cualquier exceso, incluyendo los intereses correspondientes.
10.2. En ningún caso se efectuará cobro de costas y gastos cuando la cobranza se hubiera iniciado indebidamente en contravención de esta Ley.
Cobranzas onerosas
Artículo 11º.- Teniendo como base el costo del Procedimiento que establezca la Entidad y por economía procesal, no se iniciará Procedimientos respecto de aquellas deudas que, por su monto, resulten onerosas, q uedando expedito el derecho de la Entidad a iniciar el Procedimiento por acumulación de dichas deudas, cuando así lo estime pertinente.
Actos de Ejecución Forzosa
Artículo 12º.- Los actos de ejecución forzosa regulados en el presente capítulo son los siguientes:
Cobro de ingresos públicos distintos a los tributarios, nacidos en virtud de una relación jurídica regida por el derecho público, siempre que corresponda a las obligaciones a favor de cualquier Entidad, proveniente de sus bienes, derechos o servicios distinto de las obligaciones comerciales o civiles y demás del derecho privado;
Cobro de multas administrativas distintas a las tributarias, y obligaciones económicas provenientes de sanciones impuestas por el Poder Judicial;
Demoliciones, construcciones de cercos o similares; reparaciones urgentes en edificios, salas de espectáculos o locales públicos; clausura de locales o servicios; y, adecuación a reglamentos de urbanización o disposicione s municipales o similares, salvo regímenes especiales;
Todo acto de coerción para cobro o ejecución de obras, suspensiones, paralizaciones, modificación o destrucción de las mismas que provengan de actos administrativos de cualquier Entidad, excepto regímenes especiale s.
Medidas cautelares previas
13.1. La Entidad, previa notificación del acto administrativo que sirve de título para el cumplimiento de la Obligación y aunque se encuentre en trámite recurso impugnatorio interpuesto por el Obligado, en forma excepcional y cuando existan razones que permitan objetivamente presumir que la cobranza coactiva puede devenir en infructuosa, podrá disponer que el Ejecutor trabe como medida cautelar previa cualquiera de las establecidas en el art&ia cut
13.2. Las medidas cautelares previas deberán sustentarse mediante el correspondiente acto administrativo y constar en resolución motivada que determine la Obligación, debidamente notificada.
13.3. La medida cautelar previa dispuesta no podrá exceder del plazo de treinta (30) días hábiles. Vencido dicho plazo la medida caducará, salvo que se hubiere interpuesto recurso impugnatorio, en cuyo caso se podrá prorrogar por un plazo de treinta (30) días hábiles más.
13.4. Las medidas cautelares previas trabadas antes del inicio del Procedimiento no podrán ser ejecutadas, en tanto no se conviertan en definitivas luego de iniciado dicho Procedimiento y vencido el plazo a que se refiere el ar ticulo 14° de la presente Ley, siempre que se cumpla con las demás formalidades.
13.5. Mediante medida cautelar previa no se podrá disponer la captura de vehículos motorizados.
13.6. El Ejecutor levantará la medida cautelar previa si el Obligado otorga carta fianza bancaria o presenta alguna otra garantía que, a criterio de la Entidad, sea suficiente para garantizar el monto por el cual se trab ó la medida.
Artículo 14º.- El Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al Obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de una Obligació ;n dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar o de iniciarse la ejecución forzada de las mismas en caso éstas ya se hubieran dictado en base a lo dispuesto po
Resolución de Ejecución Coactiva
Artículo 15º.- La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener, bajo sanción de nulidad, por lo menos los siguientes requisitos:
La indicación del lugar y fecha en que se expide;
El número de orden que le corresponde dentro del expediente o del cuaderno en que expide;
El nombre del Obligado;
La identificación de la resolución o acto administrativo generador de la Obligación, debidamente notificado;
El monto total de la deuda objeto de la cobranza, indicando detalladamente la cuantía de la multa administrativa, así como los intereses; o, en su caso, la especificación de la obligación de hacer o no hacer objeto del Pr ocedimiento;
La base legal en que se sustenta; y,
La suscripción del Ejecutor y del Auxiliar respectivo.
16.1. Ninguna autoridad ni órgano administrativo o político podrá suspender el Procedimiento, con excepción del Ejecutor que deberá hacerlo, bajo responsabilidad, cuando:
La deuda haya quedado extinguida o la obligación haya sido cumplida;
La deuda u obligación esté prescrita;
La acción se siga contra persona distinta a la obligada;
Se haya omitido la notificación al Obligado, del acto administrativo que sirve de título para la ejecución;
Se encuentre en trámite recurso impugnatorio de reconsideración, apelación o revisión, presentado dentro de los plazos de ley, contra el acto administrativo que sirve de título para la ejecución;
Exista convenio de liquidación judicial o extrajudicial o acuerdo de acreedores, de conformidad con las normas legales pertinentes o cuando el Obligado haya sido declarado en quiebra;
Exista Resolución concediendo aplazamiento y/o fraccionamiento de pago; y,
Cuando se trate de empresas en proceso de reestructuración patrimonial al amparo del Decreto Legislativo Nº 845 o estén comprendidas dentro de los alcances del Decreto Ley Nº 25604;
16.2. Además del Ejecutor, podrá disponer la suspensión del Procedimiento el Poder Judicial sólo cuando dentro de un proceso de acción de amparo o de demanda contencioso administrativa, exista medida cautelar firme.
16.3. El Obligado podrá solicitar la suspensión del Procedimiento, siempre que se fundamente en alguna de las causales previstas en el presente artículo, presentando al Ejecutor las pruebas correspondientes.
16.4. El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes. Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el Ejecutor estará obligad o a suspender el Procedimiento, cuando el Obligado acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción de su solicitud.
16.5. Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado.
17.1. Vencido el plazo de siete (7) días hábiles a que se refiere el artículo 14° sin que el Obligado haya cumplido con el mandato contenido en la Resolución de Ejecución Coactiva, el Ejecutor podr&a acute; disponer se trabe cualquiera de las medidas cautelares establecidas en el artículo 33º de la presente Ley, o, en su caso, mandará a ejecutar forzosamente la obligación de hacer o no hacer. El Obligado deberá asumir los ga
17.2. Cuando se trate de embargo en forma de inscripción, el importe de las tasas registrales u otros derechos que se cobren por la anotación en el Registro Público u otro Registro, deberá ser pagado por:
La Entidad, con el producto del remate, luego de obtenido éste, o cuando el embargo se hubiese trabado indebidamente, o;
El Obligado, con ocasión del levantamiento de la medida.
Obligación y responsabilidad del tercero
18.1. El tercero no podrá informar al Obligado de la ejecución de la medida cautelar hasta que se realice la misma. Si el tercero niega la existencia de créditos y/o bienes, aún cuando éstos exis tan, estará obligado a pagar el monto que omitió retener, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiera lugar.
18.2. Asimismo, si el tercero incumple la orden de retener y paga al Obligado o a un designado por cuenta de aquél, estará obligado a pagar a la Entidad el monto que debió retener.
18.3. En los casos a que se refieren los dos párrafos precedentes, sólo se podrá imputar responsabilidad solidaria al tercero mediante la correspondiente Resolución de Determinación, emitida por el & oacute;rgano competente de la Entidad, por el monto que omitió retener.
18.4. La medida se mantendrá por el monto que el Ejecutor ordenó retener al tercero y hasta su entrega al Ejecutor.
18.5. En caso que el embargo no cubra la deuda, podrá comprender nuevas cuentas, depósitos, custodia u otros de propiedad del Obligado, la que no deberá exceder la suma adeudada.
Artículo 19º.- El Ejecutor sólo podrá hacer uso de medidas como el descerraje o similares previa autorización judicial, cuando medien circunstancias que impidan el desarrollo de las diligencias, y siemp re que dicha situación sea constatada por personal de las fuerzas policiales. Para tal efecto, el Ejecutor deberá cursar solicitud motivada ante cualquier Juez Especializado en lo Civil, quien debe resolver en el término de veinticu atr
20.1. El tercero que alegue la propiedad del bien o bienes embargados podrá interponer tercería de propiedad ante el Ejecutor, en cualquier momento antes de que se inicie el remate del bien.
Sólo será admitida si el tercero prueba su derecho con documento privado de fecha cierta, documento público u otro documento, que acredite fehacientemente la propiedad de los bienes antes de haberse trabado la medida cautelar.
Admitida la tercería de propiedad, el Ejecutor suspenderá el remate de los bienes objeto de la medida y correrá traslado de la tercería al Obligado para que la absuelva en un plazo no mayor de cinco (5) días h&aacu te;biles siguientes a la notificación. Vencido el plazo, con la contestación del Obligado o sin ella, el Ejecutor resolverá la tercería dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, bajo responsabilidad.
La resolución dictada por el Ejecutor agota la vía administrativa, pudiendo las partes contradecir dicha resolución ante el Poder Judicial.
20.3. En todo lo no previsto por este artículo serán de aplicación las normas pertinentes, respecto al trámite de tercería, contenidas en el Código Procesal Civil.
Tasación y remate
21.1. La tasación y remate de los bienes embargados, se efectuará de acuerdo a las normas que para el caso establece el Código Procesal Civil.
21.2. Del producto del remate, el Ejecutor cobrará el monto de la deuda debidamente actualizada, además de las costas y gastos respectivos, entregando al Obligado y/o al tercero, de ser el caso, el remanente resultante.< /P>
21.3. El martillero designado para conducir el remate deberá emitir una póliza de adjudicación la cual deberá contener los requisitos establecidos en las normas sobre comprobantes de pago, de modo que garan ticen al adjudicatario sustentar gasto o costo para efecto tributario y/o utilizar el crédito fiscal o el crédito deducible.
Artículo 22º.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal y/o administrativa que corresponda, tanto el Ejecutor como el Auxiliar y la Entidad serán responsables solidarios civilmente por el perjuicio que se cause, en los siguientes casos:
Cuando se inicie un Procedimiento sin que exista acto o resolución administrativa que determine la Obligación;
Cuando se inicie un Procedimiento sin que el acto o resolución administrativa que determine la Obligación hubiese sido debidamente notificado;
Cuando el Procedimiento se inicie sin esperar el vencimiento del plazo fijado por ley, para impugnar el acto o la resolución administrativa que determine la Obligación;
Cuando no se hubiese suspendido el Procedimiento, a pesar que el Obligado hubiese probado fehaciente y oportunamente el silencio administrativo positivo;
Cuando no levante la orden de retención sobre las cantidades retenidas en exceso, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación cursada por el agente retenedor;
Cuando ejecute las medidas cautelares y/o las garantías ofrecidas en contravención a lo dispuesto en la presente Ley;
Cuando el monto obtenido por la ejecución de las garantías no sea destinado a la cancelación o amortización de la deuda; y,
Cuando no se cumpla lo dispuesto por el Tribunal Fiscal, o en los casos que corresponda conforme a ley.
Revisión judicial del Procedimiento
23.1. Sólo después de concluido el Procedimiento, el Obligado podrá interponer demanda ante la Corte Superior dentro de un plazo de quince (15) días hábiles de notificada la resolución que pone fin al Procedimiento.
23.2. Al resolver, la Corte Superior examinará únicamente si se ha tramitado el Procedimiento conforme a ley, sin que pueda entrar al análisis del fondo del asunto o de la procedencia de la cobranza o, en su caso, de la procedencia de la obligación de hacer o no hacer.
PROCEDIMIENTO DE COBRANZA COACTIVA PARA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ADMINISTRADAS POR GOBIERNOS LOCALES
Artículo 24º.- Las normas contenidas en el presente capítulo se aplicarán exclusivamente al Procedimiento correspondiente a obligaciones tributarias administradas por los Gobiernos Locales.
Deuda exigible coactivamente
La establecida mediante Resolución de Determinación o de Multa, emitida por la Entidad conforme a ley, debidamente notificada y no reclamada en el plazo de ley;
La establecida por resolución debidamente notificada y no apelada en el plazo de ley, o por Resolución del Tribunal Fiscal;
Aquella constituida por las cuotas de amortización de la deuda tributaria materia de aplazamiento y/o fraccionamiento pendientes de pago, cuando se incumplan las condiciones bajo las cuales se otorgó ese beneficio, siempre y cuando se haya cumplido con notificar al deudor la resolución que declara la pérdida del beneficio de fraccionamiento y no se hubiera interpuesto recurso impugnatorio dentro del plazo de ley; y,
La que conste en una Orden de Pago emitida conforme a Ley.
25.2. La Administración Tributaria de los Gobiernos Locales únicamente emitirá Ordenes de Pago en los casos establecidos en los numerales 1 y 3 del artículo 78º del Código Tributario. Para los dem&aa cute;s supuestos deberá emitir Resoluciones de Determinación.
25.3. El Ejecutor tiene, asimismo, la facultad de ejecutar las garantías otorgadas a favor de la Entidad por los deudores tributarios y/o terceros, cuando corresponda, con arreglo al Procedimiento establecido por la ley de la m ateria.
25.4. También serán exigibles en el mismo Procedimiento las costas y los gastos en que la Entidad hubiera incurrido en la cobranza coactiva de las deudas tributarias.
26.1. El Ejecutor, bajo responsabilidad, liquidará las costas ciñéndose al arancel de costas procesales aprobado conforme a lo dispuesto por la presente Ley. En caso de incumplimiento, el Obligado podrá exigir, de manera solidaria, al Ejecutor, Auxiliar o la Entidad la devolución de cualquier exceso, incluyendo los intereses correspondientes.
26.2. En ningún caso se efectuará cobro de costas y gastos cuando la cobranza se hubiera iniciado indebidamente en contravención de esta Ley.
Artículo 27º.- Teniendo como base el costo del Procedimiento que establezca la Entidad y por economía procesal, no se iniciarán Procedimientos respecto de aquellas deudas que, por su monto, resulten onerosas, quedando expedito el derecho de la Entidad a iniciar el Procedimiento por acumulación de dichas deudas, cuando así lo estime pertinente.
28.1. Los Ejecutores podrán trabar medidas cautelares previas para garantizar el pago de las deudas tributarias, ciñéndose estrictamente a lo dispuesto en el articulo 13° de la presente ley.
28.2. En ningún caso los Ejecutores de los Gobiernos Locales podrán aplicar lo dispuesto por los artículos 56º, 57º y 58º del Código Tributario.
28.3. El Ejecutor levantará la medida cautelar previa si el Obligado otorga carta fianza bancaria o presenta alguna otra garantía que, a criterio de la Entidad, sea suficiente para garantizar el monto por el cual se trab ó la medida.
Artículo 29º.- El Procedimiento es iniciado por el Ejecutor mediante la notificación al Obligado de la Resolución de Ejecución Coactiva, la que contiene un mandato de cumplimiento de la obligació n exigible coactivamente, dentro del plazo de siete (7) días hábiles de notificado, bajo apercibimiento de dictarse alguna medida cautelar.
Artículo 30º.- La Resolución de Ejecución Coactiva deberá contener los mismos requisitos señalados en el artículo 15º de la presente Ley.
31.1. Además de las causales de suspensión que prevé el articulo 16º de la presente Ley, el Ejecutor, bajo responsabilidad, también deberá suspender el Procedimiento en los siguientes casos:
Cuando existiera a favor del interesado anticipos o pagos a cuenta del mismo tributo, realizados en exceso, que no se encuentren prescritos;
Cuando lo disponga el Tribunal Fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 38º; y,
Cuando se haya presentado, dentro de los plazos de ley, recurso impugnatorio de reclamación; de apelación ante la Municipalidad Provincial de ser el caso; apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contencioso administrativa qu e se encontrara en trámite.
31.2. Excepcionalmente, tratándose de Ordenes de Pago y cuando medien circunstancias que evidencien que la cobranza pueda ser improcedente, la Entidad debe admitir la reclamación sin pago previo, siempre que ésta sea presentada dentro del plazo de veinte días hábiles siguientes al de la notificación de la Orden de Pago, suspendiendo la cobranza coactiva hasta que la deuda sea exigible coactivamente.
31.3. En los casos en que se hubiera trabado embargo y se disponga la suspensión del Procedimiento, procederá el levantamiento de las medidas cautelares que se hubieren trabado.
31.4. Además del Ejecutor, podrá disponer la suspensión del Procedimiento el Poder Judicial sólo cuando dentro de un proceso de acción de amparo o de demanda contecioso administrativa, exista medida cautelar firme.
31.5. El Obligado podrá solicitar la suspensión del Procedimiento, siempre que se fundamente en alguna de las causales previstas en el presente artículo o en el artículo 19° de la presente Ley, presentando al Ejecutor las pruebas correspondientes.
31.6. El Ejecutor deberá pronunciarse expresamente sobre lo solicitado, dentro de los ocho (08) días hábiles siguientes. Vencido dicho plazo sin que medie pronunciamiento expreso, el Ejecutor está obligado a suspender el Procedimiento, cuando el Obligado acredite el silencio administrativo con el cargo de recepción de su solicitud.
31.7. Suspendido el Procedimiento, se procederá al levantamiento de las medidas cautelares que se hubieran trabado.
Artículo 32º.- Vencido el plazo a que se refiere el artículo 29º de la presente ley, el Ejecutor podrá disponer se traben como medidas cautelares cualquiera de las previstas en el siguiente artículo. Pa ra tal efecto:
Notificará las medidas cautelares, las que surtirán sus efectos desde el momento de su recepción; y,
Señalará cualesquiera de los bienes y/o derechos del Obligado, aún cuando se encuentren en poder de un tercero.
Formas de Embargo
Artículo 33º.- Las formas de embargo que podrá trabar el Ejecutor son las siguientes:
En forma de intervención en recaudación, en información o en administración de bienes, debiendo entenderse con el representante de la empresa o negocio;
En forma de depósito, con o sin extracción de bienes, el que se ejecutará sobre los bienes que se encuentren en cualquier establecimiento, inclusive los comerciales o industriales, u oficinas de profesionales independientes, par a lo cual el Ejecutor podrá designar como depositario de los bienes al Obligado, a un tercero o a la Entidad.
Por excepción, respecto de bienes conformantes de una unidad de producción o comercio de una empresa, sólo se podrá trabar embargo en forma de depósito con extracción de bienes aisladamente, e n tanto no se afecte el proceso de producción o comercio del Obligado.
Cuando se trate de bienes inmuebles no inscritos en Registros Públicos, el Ejecutor podrá trabar embargo en forma de depósito respecto de los citados bienes, debiendo nombrar al Obligado como depositario;
En forma de inscripción, debiendo anotarse en el Registro Público u otro registro, según corresponda. El importe de las tasas registrales u otros derechos, deberán ser pagados por la Entidad, con el producto del remate, l uego de obtenido éste, o por el Obligado con ocasión del levantamiento de la medida, salvo que ésta haya sido trabada en forma indebida;
En forma de retención, en cuyo caso recae sobre los bienes, valores y fondos en cuentas corrientes, depósitos, custodia y otros, así como sobre los derechos de crédito de los cuales el Obligado sea titular, que se encuent ren en poder de terceros.
La medida podrá ejecutarse mediante la diligencia de toma de dicho o notificando al tercero a efectos que se retenga el pago a la orden de la Entidad. En ambos casos, el tercero se encuentra obligado a poner en conocimiento del Ejecutor la retención o la imposibilidad de ésta en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles de notificada.
Artículo 34º.- Para efectos de determinar la obligación y responsabilidad del tercero se aplicará lo dispuesto en el artículo 18º de la presente Ley.
Artículo 35º.- Para efectos de la aplicación de la medida del descerraje, se aplicará lo dispuesto en el artículo 19º de la presente Ley.
Artículo 36º.- Para el trámite de la tercería de propiedad, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 20°, excepto en lo referente al agotamiento de la vía administrativa, el que sólo se producirá con la resolución emitida por el Tribunal Fiscal, ante la apelación interpuesta por el tercerista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de la resoluci&oac ute
Artículo 37º.- La tasación y remate de los bienes embargados, se efectuará de acuerdo a lo establecido en el artículo 21° de la presente Ley.
Artículo 38º.- El Obligado podrá interponer recurso de queja ante el Tribunal Fiscal contra las actuaciones o procedimientos del Ejecutor o Auxiliar que lo afecten directamente e infrinjan lo establecido en el presen te capítulo.
El Tribunal Fiscal resolverá dentro de los veinte (20) días hábiles de presentado el recurso, pudiendo ordenar la suspensión del Procedimiento o la suspensión de una o más medidas cautelares.< /P>
Artículo 39º.- La responsabilidad del Ejecutor, del Auxiliar y de la Entidad se determinará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22° de la presente Ley.
Artículo 40º.- La revisión judicial del procedimiento se regirá de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23º de la presente Ley.
Arancel de costas procesales
PRIMERA.- Cada Gobierno Local aprobará mediante Ordenanza el Arancel de Gastos y Costas Procesales de los Procedimientos, el cual tendrá como tope máximo el que se establezca mediante Resolución Ministerial emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas.
El Poder Ejecutivo aprobará el arancel de Gastos y Costas Procesales de los Procedimientos Coactivos, aplicables a los procedimientos Coactivos regulados por esta ley, salvo el de los gobiernos locales, en un plazo de treinta ( 30) días contados a partir de la vigencia de la presente ley.
SEGUNDA.- Facúltese a las entidades de la Administración Pública para celebrar convenios con el Banco de la Nación o con otras entidades públicas de carácter administrativo a fin de que &e acute;stas se encarguen de la tramitación de los procedimientos coactivos.
Apoyo de autoridades policiales o administrativas
TERCERA.- Para facilitar la cobranza coactiva, las autoridades policiales o administrativas prestarán su apoyo inmediato, bajo sanción de destitución sin costo alguno.
Suspensión del procedimiento coactivo
CUARTA.- Lo dispuesto en el numeral 16.2 del artículo 16° de la presente Ley, también será de aplicación al procedimiento coactivo de los órganos de Administración Tributaria distintos a l os Gobiernos Locales.
QUINTA.- La notificación de los actos administrativos de las entidades de la Administración Pública Nacional, se realizará:
Por notificación personal con acuse de recibo en el domicilio del Obligado o por correo certificado;
Mediante la publicación, por dos veces consecutivas, en el Diario Oficial y en el diario de la localidad encargado de los avisos judiciales o, en su defecto, en uno de mayor circulación en dicha localidad, cuando el domicilio del Oblig ado fuera desconocido;
Por carteles, cuando no fuera posible efectuar la notificación de acuerdo a lo señalado en los incisos anteriores.
SEXTA.- Las Entidades comprendidas por esta ley, que a la fecha tengan vigentes reglamentos internos para el trámite o ejecución de Procedimientos Coactivos, deberán adecuar las citadas normas a las disposicio nes de esta ley en un plazo que no excederá de sesenta (60) días, contados a partir de la fecha de publicación de la presente ley.
Asimismo, procederán a convocar a concurso público de méritos para designar a Ejecutores y Auxiliares. En consecuencia, al término de plazo prescrito en el párrafo anterior, quedará sin efecto la designación de quienes en la actualidad ejerzan dichos cargos. Estos últimos no están impedidos de presentarse al concurso, siempre y cuando reúnan los requisitos de ley.
Se exceptúa de la obligación prevista en el párrafo anterior a las Entidades de la Administración Pública que hayan designado a sus Ejecutores y Auxiliares mediante concurso, siempre y cuando los des ignados reúnan los requisitos prescritos en los artículos 4º y 6º de esta ley.
PRIMERA.- Derógase el Decreto Ley Nº 17355, normas modificatorias y demás disposiciones que se opongan a la presente ley.
Aplicación supletoria de otras normas
SEGUNDA.- En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán supletoriamente las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y en el C&oacu te;digo Procesal Civil, en lo que resulte pertinente.
LUIS CHANG CHING Presidente
JORGE VELASQUEZ URETA
VICTOR RUIZ CARO ALVAREZ
JUAN CARLOS LAM ALVAREZ
EDUARDO PANDO PACHECO
CARLOS BLANCO OROPEZA
JUBERT CHAVEZ SERRANO
CARLOS LEON TRELLES
GRACIELA FERNANDEZ BACA
FREDDY GHILARDI ALVAREZ
ANTERO FLORES ARAOZ E.
MAXIMO SAN ROMAN CACERES