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Timestamp: 2020-01-22 09:21:01
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Pactos Nacionales e Internacionales y el Derecho del Administrado a ser tratado en condiciones de dignidad por parte de la Administración
Pactos Nacionales e Internacionales y el Derecho del Administrado a ser tratado en condiciones dedignidad por parte de la Administración(*)
Cuestión esencial a los fines de determinar la procedencia de un tema en materia jurídica, y considerar la trascendencia queél porta, resulta importante analizar los derechos que involucra, quienes son los actores de la situación o relación jurídica que se analizará y el equilibro de fuerzas entre ellos.
En este contexto, entendemos que la selección del tema depende, fundamentalmente, de la asignación de valores[2]vinculados a la trascendencia de la cuestión sometida a estudio, como también del tema elegido, principalmente en loconcerniente, a su naturaleza, objeto y efectos.
En este trabajo tratamos una cuestión que, lato sensu, entendemos propende a generar nuevas ideas con respecto a las relaciones entre la Administración y los administrados, las que de imponerse, con prisa y sin pausa, permitirá, en el mundo real, la constitución de un nuevo sistema de interrelaciones en la cual las personas sean verdaderamente tuteladas y protegidas en sus derechos, todo ello para que estos no sean meras abstracciones,[3] pero también conduciendo a que estas asuman compromisos y obligaciones frente y ante el Estado y a terceros.
Así las cosas, entendemos que un tema trascendente, que necesita su abordaje –bajo conceptos actuales y reales, y de acuerdo a una visión del derecho que exceda sus meros límites técnicos–[4] es el relativo al trato digno que debe darle la Administración a los administrados, a las personas que se vinculan por ella en el marco de relaciones contractuales y extra-contractuales.
En principio no olvidamos que las autoridades públicas deben adoptar medidas en pos de resguardar a los administradosen general[5] y usuarios[6] y consumidores[7] en particular, en lo que hace a sus derechos. No hay duda de eso.
Pero también, es importante destacar que los administrados deben actuar en forma positiva a los fines de colaborar conlas autoridades públicas a los efectos que estas puedan cumplir con sus objetivos constitucionales y legales.
En esa actividad que debe ser interrelacionada, se advierte que las misma debe propender a satisfacer, dentro del contexto estatal, los derechos de las personas.
Entre los principales derechos de las personas se encuentra el de la dignidad humana. Entendida esta en sentido general yamplío, lo que abarca el derecho a vivir en condiciones regulares, para lo cual debe:
1. Acceder a bienes y servicios que tiendan a satisfacer sus necesidades básicas, sin que dicho acceso signifique, en todoslos casos, liberación total de gastos por el uso y goce de esos bienes y servicios.
2. Ser objeto de trato que no ponga en riesgo su integridad física
3. Ser objeto de trago que no impacte negativamente en su psiquis.
4. Ser objeto de trato que no implique que no implique poner en situación degradante o vejatoria al individuo frente y ante terceros.
Este análisis no es caprichoso y se sustenta en la circunstancia que, tanto como consecuencia de las imposiciones nacionales,como de las convenciones internacionales, los Estados a través de los órganos pertinentes deben adoptar las medidas quecorrespondan a los efectos que los administrados puedan verse tutelados en sus derechos.
Por ejemplo, no olvidemos que la Constitución Nacional establece que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos;a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno”.[8]
Esos derechos no son abstractos, ya que se dan dentro de la relación de consumo, pero, amén de ello, debe destacase que la Constitución impone quienes son los obligados a adoptar las medidas necesarias y suficientes para que los administrados y consumidores puedan ver satisfechos los mismos.
Al respecto la Constitución establece que: “Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a laeducación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, alcontrol de los monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a laconstitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.[9]
Esa obligación que recae sobre las autoridades públicas con respecto a que deben instrumentar las medidas de rigor a los efectos que se protejan efectivamente los derechos de los administrados usuarios y consumidores es una manda que recae sobre ellos, con el objeto que estos últimos puedan disfrutar y gozar sus derechos con regularidad, lo que significa conformeal orden normativo en cuanto a calidad y alcances y con continuidad, lo que significa que estarán a su disposición siempre y cuando los necesiten y requieran.
Se ha dicho, en este contexto, que: “El artículo 42 de la Constitución Nacional tiene una doble proyección: elderecho de los usuarios y consumidores a la protección de sus intereses personales y económicos y el correlativodeber del Estado y de los proveedores de bienes y servicios”.[10]
Es importante decir, entonces, que:
• Las autoridades públicas deben adoptar en concreto medidas a los fines que los administrados usuarios y consumidores puedanejercer sus derechos constitucionales.
• El concepto autoridades debe ser entendido en forma amplia, incluyendo por ende a todos los poderes del Estado, es decir al que:
− Reglamenta legislativamente, Órgano Legislativo, elaborando y sancionado las normas que establecerán el régimen jurídico tutelar.
− Ejerce las funciones de policía que permiten la ejecución de las normas, Órgano Ejecutivo, y amén de ellotambién dicta reglamentos de Ejecución (de plena naturaleza ejecutiva) a los efectos de operativizar las leyes, yDelegados y de Necesidad y Urgencia (de pleno carácter legislativo) en los casos permitidos y previstos en losartículos 76[11] y 100 inciso 3º[12] de la Constitución respectivamente.
− Resuelve los conflictos, a través del Órgano Judicial.
Por otra parte, no debemos olvidar que los Tratados y Convenciones Internacionales que son parte del ordenamiento constitucional,[13] establecen que las personas tienen que ser objeto de trato digno, principalmente quienes se encuentran encondiciones de vulnerabilidad,[14] o de debilidad en las relaciones jurídicas.[15]
En este contexto no olvidamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que la dignidad es unacondición humana,[16] y que a los fines de su protección se deben adoptar medidas concretas, aun a favor de declarar, encaso de duda, la inconstitucionalidad de las normas cuando se encontraren comprometidos los derechos de los más débiles (discapacitados, mujeres, menores, minusválidos).[17]
Así las cosas, tanto el orden nacional, como el internacional, amén de la jurisprudencia que los recepta a ambos, entiende quecorresponde brindar trato digno a los administrados, valuando o mensurando al mismo según el grado de vulnerabilidad de la persona.
II. Todas las personas tienen el derecho a ser tratadas en condiciones de dignidad, no exclusivamente quienes actúen como consumidores
Las personas gozan del derecho a que se les respete su dignidad, tanto en lo concerniente a que se adopten medidas que la resguarde,como en lo atinente al trato que reciben.
Leída la frase precedente, seguramente la mayoría entenderá que la misma tiene por destino la situación de los proveedores por un lado, y de los usuarios y consumidores por el otro.
Ello así, en virtud que, expresamente, tanto la Constitución nacional,[18] como la de la Provincia de Buenos Aires,[19] la dela Ciudad de Buenos Aires,[20] y también otras,[21] como la normativa específica que consagra principios destinados a laprotección y tutela de los derechos de los usuarios y consumidores,[22] se refieren expresamente a que los mencionados deben ser objeto de trato digno.[23]
En realidad, no tenemos la intención de abocarnos, en este trabajo de doctrina, al trato digno que le deben dispensar los proveedores a los usuarios, sino que, por el contrario, el que la Administración debe brindarle a los administrados.[24]
Pero, esa obligación, de trato digno, si bien expresamente –dentro del texto de la Constitución Nacional– está destinada a ser impuesta para tutelar a los consumidores o usuarios,[25] no está expresamente consignada ni en la Constitución Nacional,[26] y recientemente luego de muchos años de ausencia de una obligación expresa en tal sentido,[27] ha sido incorporado en las normas administrativas nacionales a través del Decreto Nº 891/2017 denominado de “Buenas Prácticas Administrativas”.[28]
En paralelo con lo señalado en el párrafo anterior “in fine”, no debemos olvidar que, en los últimos años, se dictarondiversas normas destinadas a auto-obligar a la Administración a que adopte medidas concretas destinadas y dirigidas a que los administrados sean tratados en condiciones de dignidad e igualdad, bajo el paraguas de la buena fe, cuando acceden a sedeadministrativa, y hasta cuando se vinculan con la Administración.[29]
Importante es destacar que las normas, a las que nos referimos en el párrafo anterior, no han sido dictadas como una gracia porlas autoridades legislativas o administrativas, sino que se ciñen al derecho implícito, no enumerado, que recae a favor de las personas administradas, como lo es el ser tratadas en condiciones de dignidad, ello a los efectos de garantizar que estas puedandesarrollar su vida en condiciones de regularidad, lo que significa sin afectaciones o impactos negativos en su salud física o síquica.
En este contexto, decimos que si bien del texto de la Constitución no emerge, expresamente, que las personas son titularesdel derecho a ser tratadas en condiciones de dignidad, ese derecho existe, esto en virtud que:
• Las personas son titulares de derechos esenciales que garantizan su integridad, por ese mero carácter, los cuáles sonínsitos a su carácter de seres humanos, inescindibles a su personalidad, ello sin perjuicio que estén, o no, mencionados en el texto constitucional, pues los derechos básicos existen, independientemente, de si el texto constitucional los enuncia, o no.[30]
• La autoridad estatal debe respetar los derechos básicos de los administrados, entre ellos, lógicamente, el de la dignidad.
• El trato digno es un medio para resguardar la vida y la salud de los administrados, razón por la cual, si el fin delEstado es la custodia de ellos, sin dudas deberá actuar con pericia y diligencia a los fines de brindarle, en tiempooportuno, trato digno a los administrados.
• La dignidad es un derecho esencial que poseen las personas, transversal, que promueve:
− Que no se discrimine a la persona.[31]
− Que no se veje a la persona, colocándola en situación vergonzante ante y frente a terceros.[32]
− Que se la atienda con perica y diligencia, a fin de evitar que pueda afrontar situaciones que la afecten física, emocional y hasta patrimonialmente.
• Los animales también deben ser objeto de trato digno,[33] ya que portan derechos, más allá que para el CódigoCivil vigente sean considerados cosas.[34]
No obstante, con ese criterio coexiste con ese criterio normas, específicas, que tutelan los derechos de los animales, las que impiden que sean objeto de maltrato o de trato cruel.[35]
En este estado de situación, y atendiendo a que la preservación de la integridad de las personas que habitan en lajurisdicción bajo su actividad potestataria es una de las finalidades del Estado[36] (quizás esa la esencia primaria de suconstitución, de su creación, por lo menos en teoría)[37], razón por la que este debe adoptar medidas para resguardar esos derechos, pues ello es su obligación.[38]
En este contexto, podemos señalar que:
• El trato digno es independiente de su consagración normativa, ya que es preexistente a ése, claramente ello en el caso de las personas físicas[39] que tienen que ser objeto del mismo en forma constante y regular.
• La dignidad es un derecho esencial, ya que es un medio que garantiza la integridad de las personas.
• Todas las personas tienen derecho a ser tratadas en condiciones de dignidad, por parte:
− Del propio Estado,
− De quienes le proveen bienes y servicios,
− De otras personas.
• El derecho a ser destinatario de trato digno, si bien en principio recae a favor de personas físicas, en ciertas ocasiones cuando a través del mismo se garantiza un trato no discriminatorio y no vejatorio, puede alcanzar a personas jurídicas, públicas o privadas, por ejemplo, cuando:
− El trato digno está dirigido a evitar situaciones de discriminación hacia determinados países o nacionalidades, o razas, o religiones.
− Se adoptan medidas destinadas a impedir que una organización sea destratada, vejada, por manifestaciones deterceros, colocándola en una posición vergonzante ante terceros, que no hace más que descalificarla.
En este contexto, recuerdo que cierta doctrina se ha manifestado a favor del llamado daño moral colectivo.[40]
También hasta entendió, en algunos pocos casos puntuales, que las instituciones pueden ser afectadas por daño moral, ello cuando se las menoscaba frente y ante terceros, colocándola en una situación decorosa que puede afectar su nombre y suprestigio,[41] aunque la posición mayoritaria es la de rechazar que esas personas puedan soportar afectaciones morales, ya que carecen de sentimientos y son sólo ficciones jurídicas.[42]
III. Normas dictadas por la Administración, con el objeto de auto-obligarse a actuar de modo determinado, ello a los efectos de brindar condiciones de dignidad a los administrados
Del análisis antes desarrollado emerge que, las autoridades públicas deben adoptar medidas para tratar con dignidad a los administrados en general, y no sólo a los usuarios, ya que nosotros expandimos lo señalado en el artículo 42º de la Constitución Nacional, a todos los casos.
No reducimos la obligación de tratar a la persona en condiciones de dignidad solamente a los casos en los que actúacomo usuaria y consumidora, ello debido a que estimamos que:
• Los usuarios y consumidores poseen los mismos derechos que los administrados en general, pero especificados, exclusivamente, a una relación de consumo.[43]
• Los derechos específicos que pueden portar los consumidores, se extienden a los administrados en general, ya que los primeros no son más que los segundos, pero bajo un rol particular.[44]
En este contexto, es decir entendiendo que la Administración debe tratar en condiciones de dignidad a todas las personas, cualquiera fuere el rol que ocupan en un momento determinado, ya que todas ellas son administradas, y, consecuentemente, merecedoras de trato que garantice:
• Su igualdad ante la ley.
• Su vida y salud.
• Su derecho a armar una familia en condiciones de plena libertad y voluntad.
• La intangibilidad de sus derechos, cuando atraviesan circunstancias especiales, lo que genera que, por ejemplo, se dictenleyes que, en su texto, consagran derechos a favor de unos limitando los de otros (mediante, por ejemplo, la imposición de obligaciones) ellos a los efectos de:
− Evitar abusos de unos sobre otros, por ejemplo, de los empleadores sobre los trabajadores,[45] de losproveedores sobre los consumidores y usuarios;[46] es decir a fin de impedir que el sujeto fuerte puedaaprovecharse de esa situación en desmedro de los derechos del débil, del inexperto, del profano, del necesitado.
− Asegurar que ciertas personas, en condiciones económicas desfavorables (por la zona donde viven, por su situaciónsocial, por su edad, por estar jubiladas, etc.) puedan acceder a bienes y servicios básicos (suministro de agua potable,por ejemplo), ello en pos que puedan vivir en condiciones básicas de dignidad de dignidad, para lo cual seestablecen planes y programas de subsidios que tienden a fomentar tarifas sociales.[47]
− Resguardar la salud de aquellos que se encuentran atravesando condiciones especiales, dado su avanzada edad,dado que tiene capacidades diferentes, o por estar embarazadas.
Nos detendremos en el último punto, las normas que se dictaron, en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, a los efectosque, la Administración, garantice la dignidad de los administrados en general, cuando acceden a sus instalaciones, sin desconocer que normas de ese tenor se dictaron, también, en otras jurisdicciones.[48]
Sobre el particular señalamos que, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dictó diversas normas con el objeto debrindar trato digno a los administrados que se apersonan a sus dependencias.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en ejercicio de poder de policía regulatorio, sancionó, por ejemplo, la siguiente normativa, a saber:
a) La Ley Nº 2982, “de Atención Prioritaria”
La norma en cuestión establece que: “Todos los establecimientos públicos dependientes del Gobierno de laCiudad Autónoma de Buenos Aires y los establecimientos privados en el ámbito de la misma que brindan atención al público a través de cualquier forma y/o modalidad deben garantizar la atención prioritaria a mujeresembarazadas, personas con necesidades especiales o movilidad reducida transitoria y personas mayores de sesenta y cinco (65) años, sin otro requisito que demostrar su edad con un documento de identidad válido.” (artículo 1º). Agrega la norma que: “Se entiende por prioritaria a la atención prestada en forma inmediata evitando ser demorado en el trámite mediante la espera de un turno.” (artículo 2º) y a eso adiciona que: “Los establecimientos señalados en el artículo 1° de la presente Ley, deberán exhibir con carácter obligatorio y a la vista del público el texto completode la misma con las dimensiones que establezca la reglamentación”. (artículo 3º)
De una simple lectura de la normativa transcripta surge que:
• La Ley tiende a darle un estatus especial a las personas que se encuentran atravesando una situación física especial (embarazadas, ancianos, personas con movilidad reducida, tienen necesidades especiales), ello a los fines de resguardar su salud.
• La norma obliga a la administración a adoptar ciertas medidas que tiendan a proteger a las personas que atraviesancircunstancias especiales, y que, por ello, necesitan de una tutela específica y directa. Esas auto-imposiciones, insoslayables para las dependencias oficiales de la CABA, son, entre otras, las siguientes:
− Atender con premura y dando prioridad a ciertos administrados.
− Colocar cartelería en lugar visible de sus dependencias, informando a los administrados, que acceden a ellas, sobre sus derechos.
• La norma retrae los derechos de administrados que se encuentran en mejor situación que los beneficiarios, ya queestablece deberán cederle el lugar de atención.
Los derechos que consagra la Ley de la CABA Nº 2982 surgen, claramente, del texto constitucional nacional, en cuanto elmismo propende a que los administrados en general (sin importar si son usuarios y consumidores) sean: i) Protegidos en su salud,[49] ii) Objeto de trato equitativo y digno,[50] iii) Debidamente informados sobre la naturaleza, alcances y efectos de larelación de consumo,[51] iv) Educados sobre sus derechos,[52] v) Objeto de tutela especial por parte de las autoridadespúblicas, las que deben adoptar, en consecuencia, las medidas de rigor.[53]
La norma dispone que las personas que tienen más de una edad determinada, o que se encuentren en una situación física especial (embarazadas, con problemas de movilidad) o sean discapacitadas, tienen derecho a ser atendidas bajo un régimen de prioridad en dependencias públicas provinciales, y también en las entidades privadas que atienden público, en el marco de laventa o comercialización de servicios y/o de bienes.
Por eso, siguiendo los preceptos constitucionales y normativos, se advierte que la Ley CABA Nº 2.982 pretende la tutela dela salud de los usuarios y consumidores, de los administrados en general, como así también que sean objeto de un trato digno, no discriminatorio, no vejatorio.
Ello así, pues se pretende, a través de la norma en cuestión, que las personas que, por razones de edad, o necesidadesfísicas coyunturales, o discapacidades permanentes, que requieran de atención especial, gocen de trato prioritario, ello a losfines de no generarles esperas que puedan resultar contrarias a su salud o a la de sus niños infantes.
Y si bien la aplicación norma (Ley Nº 2982) en ciertos casos en los que la “espera” no agrava la salud de las personasbeneficiadas puede parecer discriminatoria (ya que les da una consideración especial a diversas personas, cuando no se amerita ello), no es posible determinar estándares de atención que consideren situaciones diferenciadas, ni que puedan diferenciar aquienes las “esperas” les causan agravio, y a quienes no.
Por eso se establecen categorías generales de beneficiarios, a saber: i) Embarazadas, ii) personas mayores de 65 años, iii) personas con movilidad reducida, iv) personas con discapacidades.
• La Ley incluye en su análisis situaciones jurídicas distintas, a saber:
− Por una parte, la de las personas que deben ser reputadas administradas, lo que ocurre cuando realizan trámites y gestiones típicamente administrativas, que involucran actividad ejecutiva por parte de la Administraciónmunicipal.[54]
− Por la otra, la de las personas que concurren a establecimientos, en su carácter de usuarios o consumidores,para adquirir bienes y servicios. Estas personas están protegidas por el artículo 42 de la Constitución Nacional, por el artículo 46 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Apires, por la Ley nacional Nº 24.240 y por las leyes de la ciudad que resulten aplicables.
b) La Ley Nº 962
Esta norma establece la obligatoriedad de construir rampas, en edificios públicos y privados con el objeto de favorecer la accesibilidad a ellos, y permitir así que los administrados puedan, en el caos de los primeros, presentar solicitudes, iniciaractuaciones, efectuar reclamos, o cumplir obligaciones con la Administración estatal.
Significa esto que las personas (públicas o privadas) que atienden público (y hasta los edificios particulares) tienen laobligación de construir rampas que permitan la accesibilidad personas con movilidad reducida.[55] Y, no olvidamos, cuando los proveedores no han cumplido con ello, fueron condenados en sede judicial, por vulnerar los derechos de los usuarios, en virtud del trato discriminatorio e indigno que le han dispensado.[56]
Asimismo, debe destacarse que las rampas no son el único mecanismo que garantizan la accesibilidad a sede administrativa, ni tampoco a los proveedores. Y esto debe ser tenido en cuenta por la Administración a los efectos de brindar un trato digno a los Administrados.
Ello así, ya que las rampas sólo resguardan a accesibilidad de las personas con movilidad reducida, pero no la de los no videntes o de los sordomudos, quienes necesitarán, por ejemplo, que:
• Las guías de trámites, condiciones administrativas, contratos y otros documentos que rijan las condicionesadministrativas o de consumo, estén escritas lenguaje braile, o grabadas en un CD, en el caso de los no videntes.
• Toda información sea brindada de modo escrito, en el caso de los individuos sordomudos o con hipoacusia.
Entendemos que, siguiendo lo escrito, se resguarda íntegramente el derecho del administrado de acceder a la Administración, y conocer lo que esta dispone.
Y, a todo evento, no olvidamos que la Ciudad debe actuar con presteza y diligencia a los efectos de resguardar los derechos de las personas con capacidades especiales, y permitir que estas puedan ejercerlos con regularidad, ya que ello es un imperativo constitucional.[57]
c) La Ley N° 4.389, “de Esperas”
La norma establece que: “Establécese el carácter de “práctica abusiva” contraria al “trato digno” al consumidor o al usuario en: a) Toda práctica y/o conducta que la autoridad de aplicación determine contraria a la establecida enel art. 8 bis de la Ley Nacional de Defensa al Consumidor (Ley Nº 24.240). b) Toda práctica de atención al públicoque implique permanecer en filas con esperas mayores a 30 minutos. c) Toda práctica de atención al público que implique permanecer en filas a la intemperie en el exterior de instituciones y/o locales comerciales. d) Todapráctica de atención al público que obligue a esperas en instituciones y locales comerciales mayores a 90 minutos,incluso aunque: se provea de suficientes asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según ticket numerado.” (artículo 1º).
Si bien, la norma en cuestión, en principio está dirigida a los proveedores de bienes y//o servicios que atienden usuarios y consumidores, nada obsta a que los términos de la misma obliguen a la Administración cuando esta presta servicios y/o provee bienes, ya que ley, claramente, establece que las instituciones (en general) deben cumplir ciertos recaudos.
Esos recaudos, que se deben cumplir, tienen por fin resguardar a los usuarios y consumidores (de bienes y/o serviciosprovistos por la Administración y por particulares), en sus derechos, pues:
• Tienden a que estos administren con independencia sus tiempos, sin someterlos a largas y estériles esperas, que importan lamanipulación de su propia vida.
• Procuran que las personas no estén sometidas a situaciones que puedan impactar negativamente en su seguridad, yaque procura que no hagan filas a la intemperie.
Una lectura de lo antes escrito, nos permite entender que, por los derechos protegidos (administración del propio tiempo,resguardo a la vida, salud y patrimonio) los recaudos también deberían ser adoptados por la Administración cuando atiende administrados.
Para eso debe aplicar conceptos análogos y bajo el entendimiento que en materia de protección de derechos lasinterpretaciones siempre deben ser amplias (contrario sensu a lo que ocurre, cuando se restringen los mismos, caso en que lainterpretación debe ser limitativa) ello en pos de permitir un regular,[58] un pacífico, ejercicio de los mismos, sin cortapisas ni interrupciones.
En este contexto, entendemos que un régimen de atención al público, por parte de la Administración, tendrá que respetar los principios del procedimiento administrativo, como además deberá estar en consonancia con los derechos que, la normativa constitucional y legal, consagra a favor de los administrados.
Así las cosas, todo procedimiento estatal que regule la atención al público, deberá, a los fines de garantizar la dignidad deladministrado, como también su derecho de defensa y de acceso a la Administración:
• Construir una estructura de atención con celeridad.[59]
• Promover la diligencia y la pericia en el atender administrativo.[60]
• Promover que la atención a los administrados, con base en el principio de sencillez,[61] lo que tendrá por finalidad evitar que se los obligue a realizar trámites abstractos o meramente dilatorios, o presentar documentación duplicada, oa desplegar cualquier actividad que resulte gravosa para la disposición de su propio tiempo.[62]
• Establecer plazos razonables para que los administrados puedan cumplir las cargas que le son impuestas por la administración, o para que puedan presentar escritos, solicitudes, peticiones, recursos, impugnaciones,[63] etc., ello a fin que no se conviertan en abstractos sus derechos en general, y el debido proceso en particular.[64]
• Resguardar los derechos constitucionales básicos de los administrados, como ser:
− El de tutela de la salud física y síquica.
− El de trato digno.
− El de trato no discriminatorio.
− El de trato no vergonzante.
− El de una debida información.
Reiteramos, la tutela a los administrados en general, no es completa ni absoluta, cuando no se les garantiza una atención expedita y diligente en sede administrativa.
Consideramos que todos los principios del procedimiento administrativo, que procuran una atención diligente, sencilla, conceleridad, razonable y donde se resguarde la salud y la dignidad de las personas, deben recaer a favor de todos los individuos.
Por ello, entendemos que no hay que limitar la aplicación de esos principios, únicamente, a quienes padecen enfermedades, discapacidades, o se encuentran en una situación física especial de coyuntura, como ser las embarazadas, todas estas personas que son beneficiarias de la Ley de “Atención Prioritaria”, Nº 2982.
Así las cosas, como condición para garantizar el trato digno que debe serle dispensado al administrado, se promueve una atención expedita, sin dilaciones, que respete, básicamente, la administración de su tiempo por parte de la persona que accede a sede estatal.
Se entiende que el trato digno al administrado, se garantiza con una atención diligente y especializada, que tenga por fin satisfacer las consultas y gestiones del administrado, sin “idas y vueltas”, que lo único que hacen es hacerle perder tiempo, dilatar el ejercicio de sus derechos, y que hasta afectan su patrimonio, lo que sucede cuando, por ejemplo, se lo hace ir distintasdependencias estatales, o regresar al otro día, o cuando se le piden documentos innecesarios.
Para evitar daños al usuario, deben arbitrar medidas tendientes a evitar esperas innecesarias (como también no debenefectuársele requerimientos supliciados o inútiles) que afecten la salud de las personas, que impacten negativamente en suderecho a disponer libremente de sus tiempos, sin manipulaciones de terceros.[65]
De esta forma se evita que los administrados, “pierdan tiempo”, lo que, sin dudas, reiteramos, puede ser considerado “pérdida de vida”,[66] lo que se traduce en un trato indigno, como también que soporten impactos negativos en su patrimonio.
Más allá de lo dicho con respecto al tiempo de las esperas, se entiende, también, que las mismas deben ser llevadas a cabo en condiciones que resguarden la integridad física, síquica y patrimonial del administrado.
Por ello, deben eliminarse todo tipo de medidas que pueda adoptar la Administración y que pongan en situaciones demanifiesta incomodidad y/o vejamen a las personas que s apersonan a sede administrativa.
En este sentido, se puede señalar que constituyen prácticas de la Administración, que afectan la dignidad (y también de cuerdo a cada caso en particular, la vida o la salud) de los administrados:[67]
• No poner a disposición de los administrados, durante largas esperas, instalaciones sanitarias, y, eventualmente,elementos para hidratarse, principalmente en épocas estivales.
• Hacer esperar por largo tiempo a los administrados, en instalaciones donde no haya bancos, o sillas, o, eventualmente, aire acondicionado o calefacción, cuando haga mucho calor, o frío, respectivamente.
• Hacer esperar en la vía pública o en la intemperie,[68] a los administrados que realizan trámites y gestiones o formulandenuncias o presentan peticiones y/o solicitudes en oficinas públicas.
Ello así, ya que esas condiciones de atención pueden:
− Disuadir el acceso a sede estatal, a fin de efectuar planteos, o formular reclamos, o de cancelar obligaciones.[69]
− Generar desconcierto en el administrado.
− Poner en riesgo la seguridad de los administrados, si están haciendo fila en la calle, y es sabido que tienen dinero, pues están esperando a los efectos de cancelar una obligación.
− Poner en riesgo su salud, cuando por ejemplo llueve, hace frío, calor excesivo, etc.
La dignidad de los administrados debe ser resguardada y protegida por la Administración, con decisiones activas y concretas.
Los derechos básicos (vida, salud, condiciones dignas de vida) son ínsitos al individuo, y existen sin perjuicio que una norma los consagre, o no, expresamente.[70]
Entendiéndose a la dignidad como un derecho humano, es evidente que la Administración los violenta cuando no adoptamedidas en pos de brindarle al administrado un trato que garantice esas condiciones.
Así las cosas, consideramos que la Administración está obligada a atender al administrado en condiciones que resguardeníntegramente sus derechos, ya que este, además de ser el objeto final de la tutela del Estado, es un colaborador de éste, y no un mero súbdito ni subordinado.[71]
Amén de lo dicho, entendemos que las autoridades públicas deben actuar, con constancia, en pos de la protección de los derechos de los Administrados.
Ello así, a los fines de asegurar la dignidad de las personas, para lo que deben actuar con diligencia, pericia, buena fe y de acuerdo a las finalidades de su función.
Todo esto, con el objeto de evitar que las personas sufran lesiones a sus derechos, como también, con el fin de no obtener(esas autoridades, o sus allegados, o terceros que actúan en connivencia con ellas) beneficios no previstos en la norma, quepuedan ser considerados incursos en vicio de poder.[72]
(*) (Capítulo del libro "PACTOS Y TRATADOS NACIONALES E INTERNACIONALES. Actualidad y perspectiva", Director: Patricio Maraniello, elDial.com - Año 2018)
[1] Abogado, Especialista en Derecho Administrativo y del Consumidor. Director del Suplemento de Derecho del Consumidor y Regulaciónde los Servicios Públicos de eldial.com. Ganador del Premio Formación Judicial 2010– Edición del Bicentenario– del Centro de FormaciónJudicial del Consejo de la Magistratura de la CABA, Eje: Usuarios y Consumidores. Autor de libros y artículos en la disciplinas de DerechoConstitucional, Administrativo, del Consumidor, Comercial y Civil. Derecho del administrado a ser tratado en condiciones de dignidad porparte de la Administración.
[2] Se ha entendido que a los fines de desarrollar pensamiento científico, hay que considerar que las prácticas y teorías científicas están cargadas de valores de todo tipo, no solo verdad, simplicidad, predictividad, consistencia, rigor y precisión, sino tambiénvalores económicos, sociales y éticos propios del contexto político en el que tiene lugar la investigación. En este sentido, Gómez, Ricardo; “La dimensión valorativa de las Ciencias”, 2014, ISBN 978-987-558-304-7
[3] En el estudio de la epistemología, se ha sostenido que la búsqueda de “…crear una ciencia unificada que pueda servir exitosamente paracambiar el mundo”. Neurath, Otto (1983): Philosophical Papers 1913-1946, ed. y trad. por Robert S. Cohen y Marie Neurath, Dordrecht: Reídle,página 42. Siguiendo ese paradigma en el ámbito del derecho, podemos decir que el análisis integral del mismo, basado en nuevas ideasque se generen considerando la situación de los sujetos, sus obligaciones y sus necesidades, conduce a una ciencia jurídica que sustentadaen la equidad promueve un cambio tendiente a que prime una verdadera igualdad en las relaciones jurídicas.
[4] Realzaremos un descriptivo, basado en la observación, como también en cuestiones vinculadas a la génesis de los derechosinvolucrados. Por otra parte, señalamos que se ha sostenido que: “La invención de nuevos principios, la resolución de aparentes contradicciones, la distinción de soluciones diversas inexactamente confundidas, la eliminación de prejuicios o mitos inexplicados yreiterados por la simple inercia, la edificación de un sistema institucional capaz de explicar todas sus reglas y de hacerlas jugar enel sentido de su mejor función social, son obra de la dogmática, no de la mera práctica o de simples ocurrencias”, García de Enterría, Eduardo, opinión dada en el prólogo al libro de Huergo, Alejandro, “Los Contratos sobre los Actos y las Potestades Administrativas”, Madrid, 1998, p. 13.
[5] Las personas habitantes de un país.
[6] Los usuarios son aquellos que usan servicios con el objeto de satisfacer sus necesidades. También es usuario aquel que integra el grupofamiliar o social conviviente del usuario originario. Por una cuestión semántica-operativa, a los efectos de este trabajo de doctrina utilizaremoscomo sinónimos los conceptos de Consumidor y Usuario.
[7] Consumidor es el que consume bienes. También es consumidor aquel que integra el grupo familiar o social conviviente del usuariooriginario. Además, es consumidor el que se subroga por derivación del consumidor originario, sucediendo esto, por ejemplo, cuandouna persona adquiere al consumidor originario un producto que aún está en garantía. El ultimo adquirente, el sucesivo, se subroga enlos derechos que tenía el comprador originario frente al proveedor (y los demás obligados) en materia de garantía.
[8] Artículo 42 de la Constitución Nacional, 1º párrafo.
[9] Artículo 42 de la Constitución Nacional, segundo párrafo.
[10] CNFCA, Sala IV, 23 de febrero de 1999, “Unión de Usuarios y Consumidores C/Secretaria e Transporte y Otros”, Revista La Leydel 17/09/1999, SAd, p. 28.
[11] Reza el artículo 76 de la Constitución Nacional que: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materiasdeterminadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegaciónque el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
[12] Dispone el artículo 99 de la Constitución Nacional que el Presidente de la Nación “Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta einsanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros”. (inciso 3º).
[13] Artículo 75 inciso 2º de la Constitución Nacional.
[14] La CSJN entendió que: “La Constitución Nacional obliga a los prestadores de servicios públicos a brindarles un trato digno a losconsumidores (art. 42, Constitución Nacional), que en el caso del pasajero transportado significa que se deben adoptar medidas para queéste sea atendido como una persona humana con dignidad, contemplando la situación de quienes tienen capacidades diferentes, o sonmenores, o no tienen la instrucción necesaria para comprender el funcionamiento de lo que se le ofrece, y ello incluye la adopción de lasdiligencias mínimas para que el tren, una vez en marcha, circule con las puertas correctamente cerradas, y para evitar que viajen pasajerosubicados en lugares peligrosos para la seguridad del transporte.”, autos “URIARTE MARTÍNEZ HÉCTOR VÍCTOR Y OTRO c/TRANSPORTESMETROPOLITANOS GENERAL ROCA S.A. Y OTROS s/ORDINARIO”, U. 55. XLIII. RHE, fallo del 09/03/2010, Fallos: 333:203.
[15] Sostuvo la CSJN que: “…la prestación de uno de los celebrantes, el trabajador, está constituida nada menos que por la actividadhumana, la cual resulta, per se, inseparable de la persona humana y, por lo tanto, de su dignidad.”, autos “ÁLVAREZ MAXIMILIANO YOTROS c/CENCOSUD S.A. s/ ACCIÓN DE AMPARO”, A. 1023. XLIII. RHE, fallo del 07/12/2010,Fallos: 333:2306
[16] Sostuvo la CSN que: “las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, que persiguen la protecciónde la dignidad humana,…”, autos “Villamil, Amélia Ana c/Estado Nacional s/daños y perjuicios”, V. 203. XLVIII. REX, fallo del 28/03/2017, Fallos: 340:345.
[17] Se sostuvo que: “…la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha utilizado criterios de control deconstitucionalidad más estrictos al juzgar acerca de la validez de normas que afectan los derechos de personas pertenecientes agrupos desaventajados (extranjeros, mujeres, niños, ancianos, personas con discapacidad, entre otras categorías que se derivandel art. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos o del art. 75.23 CN).”, Expediente Nº 3.061/2017, autos “CENTRODE ESTUDIOS LEGALES Y SOCIALES Y OTROS C/EN– DNM S/AMPARO LEY 16.986”, fallo del 22/03/2018, CNACAF, Sala V.
[18] Artículo 42. Señala esta norma que: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, ala protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y acondiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a ladefensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al de lacalidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios”.
[19] Artículo 38. Reza esa norma que: “Los consumidores y usuarios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección frente a los riesgos para la salud y su seguridad, a la promoción y defensa de sus intereses económicos y a una información adecuada yveraz. La Provincia proveerá a la educación para el consumo, al establecimiento de procedimientos eficaces para la prevención yresolución de conflictos y promoverá la constitución de asociaciones de usuarios y consumidores”.
[20] Artículo 46. “La Ciudad garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo,contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de losconsumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, verazy oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine comoinadecuadas. Debe dictar una ley que regule la propaganda que pueda inducir a conductas adictivas o perjudiciales o promover laautomedicación. Ejerce poder de policía en materia de consumo de todos los bienes y servicios comercializados en la Ciudad, enespecial en seguridad alimentaria y de medicamentos. El Ente Único Regulador de los Servicios Públicos promueve mecanismos departicipación de usuarios y consumidores de servicios públicos de acuerdo a lo que reglamente la ley”.
[21] Por ejemplo la Constitución de Río Negro en su artículo 30 establece que: “El Estado reconoce a los consumidores el derecho aorganizarse en defensa de sus legítimos intereses. Promueve la correcta información y educación de aquellos, protegiéndolos contra todo acto de deslealtad comercial; vela por la salubridad y calidad de los productos que se expenden”. La de Entre Ríos, en su artículo 30 establece que: “Se garantiza la defensa de los derechos de consumidores y usuarios de bienes y servicios públicos y privados. Las autoridades provinciales y municipales proveerán a la educación para el consumo responsable, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y al de la calidad, regularidad y continuidad de los servicios. Estos derechos son protegidos, controlados y su prestación regulada por un ente provincial o municipal. La norma establecerá los procedimientos para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios, previendo la participación de asociaciones de consumidores y usuarios. Existiendo organismos de defensa del consumidor en los municipios, éstos ejercerán las funciones en su jurisdicción. El Estado debe garantizar en los servicios públicos concesionados la fijación de un sistema tarifario justo, razonable y transparente”.
[22] Ley Nº 24.240.
[23] Reza el artículo 8bis de la Ley Nº 24.240 que: “Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones deatención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. Deberán abstenerse de desplegar conductas que coloquen a losconsumidores en situaciones vergonzantes, vejatorias o intimidatorias. No podrán ejercer sobre los consumidores extranjerosdiferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios quecomercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés generaldebidamente fundadas. En los reclamos extrajudiciales de deudas, deberán abstenerse de utilizar cualquier medio que le otorgue laapariencia de reclamo judicial. Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multacivil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor,siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor”.
[24] Entendemos por administrado a toda persona.
[25] Aunque entendemos que se trata de un derecho implico al individuo, no enumerado, contemplado en el artículo 33 de la Constitución Nacional.
[26] No se expresa en concreto la CN con respecto a la dignidad de las personas, aunque lo hace en forma no enunciada a través del artículo 33 de su texto, y al incorporar los Tratados Internacionales que protegen la dignidad humana.
[27] Por ejemplo la Ley nacional Nº 19.549, ni el Decreto CABA Nº 1510/97, ni el decreto Ley 7647 de la Provincia de Buenos Aires,expresamente se refieren a que la Administración debe tratar en condiciones de dignidad a los administrados. Tampoco dicen eso, expresamente, las constituciones de las jurisdicciones mencionadas.
[28] Decreto de fecha 01/11/2017.
[29] El artículo 7º establece que: “Las regulaciones que se dicten deben partir del principio que reconoce la buena fe del ciudadano,permitiéndole justificar a través de declaraciones juradas situaciones fácticas que deban acreditarse ante los organismos del Sector Público Nacional”.
[30] Son los denominados derechos no enumerados, del artículo 33 de la Constitución Nacional. Sostuvo la CSJN que: “La ConstituciónNacional organiza una república en la que los ciudadanos, que participan de la formación del orden jurídico mediante la elección dequienes sancionarán las leyes, ostentan derechos de jerarquía supralegal, y el reconocimiento que la Ley Fundamental efectúa deaquellos derechos, como preexistentes a su sanción, inclusive no enumerados, pero igualmente válidos –art. 33 de la Constitución Nacional–, traduce la existencia de una zona de reserva de los habitantes de la Nación en cuanto al ejercicio de sus derechos básicos, quese refleja en el sistema de control de constitucionalidad.”, Fallos: 326: 417.
[31] Autos “GALLARDO, Ricardo Adolfo c/PLUSMAR S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, fallo del 10/07/12, CNACiv, Sala C.
[32] Se sostuvo que: “la empresa de transporte que deniega un pasaje una persona por su condición de discapacitada, estámenoscabando del derecho del consumidor al no proporcionarle un trato digno en los términos del art. 8 bis de la mencionada ley, evidenciando un menosprecio por los derechos individuales del mismo con clara incidencia colectiva para el resto de las personascon ‘capacidades diferentes’”. Autos “GALLARDO, Ricardo Adolfo c/PLUSMAR S.A. s/DAÑOS Y PERJUICIOS”, fallo del 10/07/12, CNACiv, Sala C.
[33] La Sala II de Casación Penal, en el caso “Asociación de Funcionarios y Abogados por el Derecho de los Animales (Afada)”, endiciembre de 2014, sostuvo (con la firma de los camaristas Slokar, Ledesma y David) que: “A partir de una interpretación jurídicadinámica y no estática, menester es reconocer al animal el carácter de sujeto de derechos, pues los sujetos no humanos (animales) son titulares de derechos, por lo que se impone su protección en el ámbito competencial correspondiente”.
[34] “Hace seis décadas que tenemos una ley que tipifica como delitos los actos de crueldad y de maltrato: hay países que recién ahora están considerándolo. Pero al mismo tiempo, nuestro código civil sigue considerando a los animales como cosas y no como seres sintientes. En Francia y de acuerdo con una reciente enmienda adoptada por la comisión de leyes de la Asamblea Nacional, se los considera como “seres vivos dotados de sensibilidad”; http://www.infojusnoticias.gov.ar/nacionales/se-sigue-conside- rando-a-los-animales-como-cosas-y-no-como-seres-sintientes-5248.html
[35] Ley Nº 14.346. Esa norma establece que cualquier trato que impacte negativamente en los animales será considerado maltrato. Al respecto señala, en su artículo 2º, que: “Serán considerados actos de maltrato: 1) No alimentar en cantidad y calidadsuficiente a los animales domésticos o cautivos. 2) Azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simpleestímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas. 3) Hacerlos trabajar en jornadas excesivas, sinproporcionarles descanso adecuado, según las estaciones climáticas. 4) Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estadofísico adecuado. 5) Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. 6) Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan notoriamente sus fuerzas”.
Esa norma, penaliza los actos de crueldad contra los animales. Su artículo 3º reza que: “Art. 3º: Serán considerados actos decrueldad: 1) Practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no esténdebidamente autorizadas para ello. 2) Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines demejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal o se realice por motivos de piedad. 3) Intervenirquirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario, con fines que no sean terapéuticos o de perfeccionamiento técnico operatorio, salvo en casos de urgencia debidamente comprobada. 4) Experimentar con animales degrado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia. 5) Abandonar a sus propios mediosa los animales utilizados en la experimentación.
6) Causar la muerte de animales grávidos, cuando tal estado sea patente en el animal y salvo en el caso de las industriaslegalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato. 7) Lastimar o arrollar animales intencionalmente,causarles torturas o sufrimientos innecesarios, o matarlos por el sólo espíritu de perversidad. 8) Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice animales”.
[36] Se sostuvo que: “Cabe hacer lugar a la demanda de daños y perjuicios interpuesta contra una Provincia por la madre derivadosde la muerte de su hijo quien cumplía condena en una Unidad penitenciaria dependiente del Servicio Penitenciario local y próximo a recuperar su libertad, en ocasión de una disputa entre internos que le provocó graves heridas de arma blanca y su posterior fallecimiento, pues resulta comprometida la responsabilidad del Estado local al haberse acreditado que aquél servicio incumplió consus deberes primarios, lo que constituye una irregular prestación del servicio a cargo de la autoridad penitenciaria.”, Fallos: 332:2842.
[37] A lo largo de la historia, durante el periodo de conformación y consolidación del Estado, se puede observar que ese fin tuitivo dela sociedad se distorsionó, en menoscabo de los derechos individuales de la mayoría y en abierto beneficio de quienes logobernaron
[38] “Si bien la ley 21.541 se preocupa de precisar las distintas condiciones que han de cumplirse para la procedencia del transplanteentre personas vivas, entre ellas las que debe reunir el dador, no puede dejar de tenerse presente que el espíritu que movió a lasanción de esa norma y el fin último por ella perseguido consisten primordialmente en proteger la vida del paciente, permitiendo que, alno haber otra alternativa terapéutica para la recuperación de su salud, se recurra a la ablación e implantación de órganos, que considerason ya de técnica corriente y no experimental. Es el derecho a la vida lo que está fundamentalmente en juego, primer derecho natural dela persona humana, preexistente a toda legislación positiva, y que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y lasleyes”, Fallos: 302:1284.
[39] Denominadas “personas humanas” por el Código Civil y Comercial, aprobado por Ley Nº 26.994, cuya vigencia, por imperio de laLey Nº 27.007, comenzará el 1º de agosto de 2015. Esa diferenciación que distingue persona humana de otro tipo de persona, abre lapuerta para que se consideren a ciertos primates superiores (antropoides, por ejemplo bonovos, orangutanes, chimpancés y gorilas)como personas, en la medida que se interprete que los mismos, en virtud de compartir más del 90% de ADN, poseen sentimientos,sufren padecimientos, estrés, etc., al igual que los humanos. Se sostuvo que: ““«una persona no humana que mantiene lazos afectivos,razona, siente, se frustra ante el encierro, toma decisiones, llora las pérdidas, aprende, se comunica y es capaz de transmitir loaprendido». La Cámara de Casación Penal aceptó la figura del hábeas corpus, que se utiliza para pedir la inmediata liberación depersonas ilegalmente detenidas. Para el tribunal, Sandra debe ser reconocida como persona jurídica no humana y gozar de la vida enlibertad. Por sus cualidades no puede ser considerada un objeto, sino un sujeto con derechos”http://www.laverdad.es/murcia/sociedad/201412/23/mono-hizo-hombre-20141223000418-v.html.
[40] Álvarez, Agustín; “EL DAÑO MORAL COLECTIVO: Comentario al fallo “Casa Millán”. Sostiene el autor que: “Señala GALDÓS, queel “daño moral colectivo” es un instituto jurídico de síntesis. Ello porque su estructura supera aparentes contradicciones gracias a laconfluencia de distintas ramas del ordenamiento jurídico: derecho constitucional e infraconstitucional, derecho público y derecho privado, derecho materia y derecho procesal. Lo define como la lesión en la esfera social de una clase o categoría de sujetos por el menos cabo de bienes públicos o por la afectación global de intereses no patrimoniales colectivos”.
[41] Se sostuvo que: “Entiende la sentencia que tanto las personas físicas como las personas jurídicas son susceptibles de padecer daños morales y, por tanto, de pretender su reparación y de verlos resarcidos. Ahora bien, el daño moral en los individuos es angustia, sufrimiento, reocupación que, de forma innegable, disminuye la situación de utilidad o el nivel de bienestar de lasvíctimas. En el caso de las personas jurídicas, se nos dice, el daño moral “…se manifiesta en el prestigio y estima moral (en sudeterioro o desmerecimiento, más bien habría que decir) en el concepto público…”. Y este daño moral para la empresa Aerpons queda acreditado en el caso, de acuerdo con el Tribunal Supremo, por el impacto de la falsa noticia sobre clientes y proveedores, loscuales inmediatamente manifestaron sorpresa, asombro o preocupación, quedando afectado negativamente el negocio de la compañía, pues algunos exigieron el pago inmediato de los fletes, cancelaron encargos o se abstuvieron de emitir conocimientosaéreos.”, Gómez Pomar, Fernando; “Comentario a la sentencia del Tribunal supremo, Sala 1ª, 20.2.2002: el daño moral de las personas jurídicas”, http://www.indret.com/pdf/105_es.pdf
[42] En autos “Free Way SRL contra IATA Internacional (Air Transport Association) sobre daños y perjuicios”, la CNCIV - SALA H, el09/04/2002, sostuvo que: “Se ha dicho que “no cabe ninguna reparación de índole moral a favor de una sociedad comercial, dado que su capacidad jurídica está limitada por el principio de la especialidad (art. 35 Cód. Civ. Y 2 de la ley 19.550) y que su finalidad propia es la obtención de ganancias (art. 1 ley cit.). Por ende, todo aquello que pueda afectar su prestigio, o su buen nombre comercial, o bien redunda en la disminución a sus beneficios, o bien carece de trascendencia a los fines indemnizatorios, pues se trata de entes no susceptibles de sufrir padecimientos espirituales” (CNCiv., Sala G, 19/3/1999, in re: “Bira SA c/Consorcio Av. Pueyrredón 923”, JA 2001-I, p. 87)…”, http://ari-derechomercantil.blogspot.com.ar/2009/07/dano-moral-en-las-personas-juridi- cas.html. También se sostuvo que: “El daño moral solo puede ser experimentado por una persona individual. Las personas jurídicas, que carecen de subjetividad, no pueden ser sujetos pasivos de daño moral, ya que si bien, tienen algunos de los atributos similares a los de las personas humanas, como la denominación, el prestigio, la reputación externa, etc., - que serían similares a la intimidad o el honor –, carecen de espíritu o sentimientos. Consecuentemente, cualquier lesión que les produzca perjuicio mensurable en términos económicos, como rentabilidad, prestigio, imagen, no puede ser resarcido sino sobre la base de una mensuración efectiva a título de daño material en función del perjuicio económico sufrido”, CCC. Quilmes, sala 2, fallo del 14-05-2002, “Industrias Fuhr SA c/Banco de la Plata SA s/ Daños y Perjuicios”, JUBA B2951492.
[43] En “La inacción del Estado constituye una conducta omisiva que puede lesionar los derechos de los administrados y de losconsumidores” sostuvimos que: “En este contexto, podemos decir, a mero título final, que se lesionan los derechos de losadministrados en general y de los usuarios y consumidores en particular, cuando las autoridades legislativas y las administrativashaciendo caso omiso a lo que establece la Constitución, o las leyes, o las normas administrativas, no reglamentan derechos, o noconforman los órganos administrativos respectivos, o no designan autoridades que estarán a cargos de organismos que prestarán servicios públicos o actuarán en lo que concierne a la protección de los derechos de las personas”, Citar: elDial.com - CC2720.
[44] “El usuario es un administrado. No hay dudas de ello. En la medida que tomemos conciencia de ello, adoptaremos conductasque tiendan o promuevan la custodia de nuestros propios derechos, ya que todos somos consumidores, todos somos usuarios.Consideramos que es vital para la tutela de los derechos, reconocer cual es el rol que le cabe asumir a las personas que sontitulares de los mismos, saber cuál es su posición en el mundo, y, una vez tomada conciencia de ello, encontrar el rumbo para poderdefender la plena e intangible vigencia y ejercicio de los mismos. Lo primero que debe reconocer el usuario, es que es unadministrado, en el sentido lato del concepto. Y ello es así, pues, el usuario, es un administrado que ejecuta una actividad especial, consumir, que permite se lo repute como usuario, ya que consume, ya que es parte de una relación de consumo, con el objeto de satisfacer sus necesidades, y poder, así, ejercer sus derechos constitucionales y sociales, como ser, entre otros, el gozar de una vida digna, de salud, de alimentarse, de educación, de seguridad, de defensa, etc. Cuando nos referimos al usuario como administrado, lo hacemos en el sentido que lo consideramos como sujeto titular de todos los derechos emergentes de su calidad de persona, de todos los que derivan de la ciencia del derecho, y de todos los que surgen del texto constitucional. Es decir, el usuario es un administrado que consume, pues todos consumimos insumos, productos y servicios básicos, pues para poder ejercer regularmente nuestra vida, todos debemos hacerlo. Entonces, si todos somos administrados, por nuestro mero carácter de personas, y si todos los administrados consumen como condición para poder vivir, es evidente que cuando consumen las personas actúan como administrados.”, Lowenrosen, Flavio Ismael “Es importante que, el usuario, asimile que es un administrado”. http://www.eldial.com.ar/nuevo/archivo-legislacion-detalle.asp?Base=99&id=2440
[45] Ley Nº 20.744.
[46] Ley Nº 24.240. Artículo 42 CN, artículo 46 Constitución CABA.
[47] Por ejemplo: “El Programa de Tarifa Social de los servicios de agua potable y desagües cloacales en el Área Metropolitana deBuenos Aires es un instrumento de política social que tiene por objetivo dar respuesta a las necesidades de aquellos hogares einstituciones sin fines de lucro que presentan dificultades económicas para afrontar el pago de dichos servicios. El Programa cuenta conun nuevo marco normativo, renovado durante el año 2014. Su reglamento fue aprobado por la Disposición SSRH Nº 16/14 y sus Criteriosde Inclusión y Asignación del Beneficio a través de la Resolución ERAS Nº 46/14”. http://www.eras.gov.ar/tarifa-sociales/
Asimismo, la Ley Nº 26.522, establece en su artículo 73 que: “Los prestadores de servicios de radiodifusión por suscripción a título oneroso, deberán disponer de un abono social implementado en las condiciones que fije la reglamentación, previa audiencia pública y mediante un proceso de elaboración participativa de normas. La oferta de señales que se determine para la prestación del servicio con abono social, deberá ser ofrecida a todos los prestadores a precio de mercado y en las mismas condiciones en todo el país”.
[48] Ley Nacional Nº 24.314, Ley Provincial 14.564, entre muchas otras.
[49] Artículo 42 de la Constitución Nacional. Asimismo, entre muchos fallos, se pronunciaron en el sentido que los usuariosdeben ser protegidos en su derecho a la salud, los siguientes: a) Autos “ANTELO ALVAREZ JUAN JOSE Y OTROS C/TELEFONICA DE ARGENTINA SA S/INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES”, CAUSA N° 18.210/96, fallo del 04/11/97,CNACyCF, Sala 1; b) Autos “CANTERAS MALAGUEÑO S.A.C.I.F. C/GAS DEL ESTADO S/REPETICION”, CAUSA N° 6759/94, fallo 09/11/94, CNACyCF, Sala 3.
[50] Artículo 42 de la Constitución Nacional. Artículo 8 bis de la Ley Nº 24.240. Entre muchos otros fallos, entendieron que losusuarios deben ser objeto de trato equitativo y digno: a) Causa Nº 6.986/08, autos “UNION DE USUARIOS Y CONSUMIDORESc/TELEFONICA MOVILES ARGENTINA SA s/INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES”, fallo del 13/08/09, CNACYCF, Sala 1; b) Causa Nº 7.712/09, autos “I. G. A. Y OTROS C/SWISS MEDICAL SA S/ INCUMPLIM. DE PREST. DE OBRA SOC./ MED. PREPAGA”, 17/12/2013, CNACYCF, Sala 1.
[51] Artículo 42 de la Constitución Nacional, que establece que los usuarios deben ser objeto de información adecuada y veraz. Artículo 4º de la Ley Nº 24.240.
[52] Artículo 60 de la Ley Nº 24.240
[53] Artículo 42, segundo párrafo, de la Ley Nº 24.240. Se ha sostenido que: “El art. 42 de la C.N. tiene una doble proyección; el derecho de los usuarios y consumidores a la protección de sus intereses personales y económicos, y el correlativo deber del Estadode asegurarlos; deber que también es exigible a los proveedores de bienes y servicios. Estas garantías son operativas, y nodependen de su reglamentación, atento a su naturaleza y a la vía jurídica que se prevé expresamente en el art. 43 de la C.N.”, autos “Youssefian, Martín c/E.N. –Secr. de Comunicaciones s/amparo ley 16.986”, Causa Nº 22.776/97, fallo del 23/06/1998, CNACF, Sala IV.
[54] Cuando nos referimos a actividad ejecutiva, lo hacemos con relación al ejercicio de potestades administrativas típicas, como lo son las derivadas de las potestades administrativas: a) de elaboración e imposición de políticas públicas, b) de gestión y tramitaciónde peticiones, solicitudes, impugnaciones y recursos, c) de prestación de servicios de “postestas” pública (seguridad, justicia, iluminación en la vía pública, educación pública, etc.), d) de reglamentar, e) de verificar el cumplimiento de la reglamentación impuesta, y sancionar a quienes no cumplan con la normativa. Para Marienhoff, las potestades administrativas son las siguientes: a)Imperativa o de mando, b) Reglamentaria, c) Sancionatoria, e) De Gestión y tramitación, d) Jurisdiccional, resolviendo de formapreliminar reclamaciones de los particulares, decisiones que deberán ser revisadas por el órgano judicial. Marienhoff, Miguel;“Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, editorial Abeledo Perrot, Bs. As., 1970, páginas 573/580.
[55] Ley nacional Nº 24.314. Ley provincia de Buenos Aires Nº 10592, Ley CABA 962.
[56] En autos “Machinandiarena Hernández c/Telefónica Móviles Argentina S.A. S/daños y perjuicios”, se resolvió el planteo delactor, persona discapacitada motriz, que no pudo acceder a efectuar un reclamo a la empresa demandada, ya que no había rampa de acceso. Por ello por lo que se vio en la necesidad de solicitar ayuda al personal de seguridad de la empresa. Luego de esperar quince minutos en un día de muy baja temperatura, fue atendido por una empleada quien le manifestó que no podían brindarle la asistencia requerida porque “el seguro no los cubría si les pasaba algo” subiéndolo por la escalera. Ante tal estado de cosas, la misma le dijo que podían recibirle el reclamo en la vereda, a lo cual el actor se negó y pidió ser atendido como cualquier personadentro de la oficina. solicitando que se hablara con algún supervisor a fin de resolver el problema. Al cabo de otros quince minutosvolvió la misma empleada respondiéndole que tampoco el personal directo podía colaborar a que accediera al edificio, por locual, finalmente, fue atendido en la entrada del local. La Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Airessostuvo, en el 2012, al resolver el caso que: “que de acuerdo con el art. 1 de la ley 23.592, quien arbitrariamente impida, obstruya,restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución nacional, será obligado a pedido del damnificado a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesaren su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados; y que los proveedores deben garantizar condiciones deatención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios (conf. art. 42 de la Carta Magna y el nuevo art. 8 bis de la ley de defensa del consumidor; fs. 235)”.
[57] El artículo 42 de la Constitución de la CABA establece que: “La Ciudad garantiza a las personas con necesidades especiales el derecho a su plena integración, a la información y a la equiparación de oportunidades. Ejecuta políticas de promoción y protección integral, tendientes a la prevención, rehabilitación, capacitación, educación e inserción social y laboral. Prevé el desarrollo de unhábitat libre de barreras naturales, culturales, lingüísticas, comunicacionales, sociales, educacionales, arquitectónicas, urbanísticas, del transporte y de cualquier otro tipo, y la eliminación de las existentes”.
[58] Entendiendo por regularidad como el apego en el ejercicio del derecho, a los principios jurídicos establecidos, por tratarse dederechos ser ínsitos a la persona e inescindibles de ella, o por estar consagrados en el ordenamiento constitucional.
[59] Principio del procedimiento administrativo. Ver, por ejemplo, artículo 1º de la Ley nacional Nº 19.549.
[60] Principios del procedimiento administrativo. Ver, por ejemplo, artículo 1º de la Ley nacional Nº 19.549.
[61] Principio del procedimiento administrativo. Ver por ejemplo, artículo 1º de la Ley nacional Nº 19.549.
[62] Todo procedimiento dilatorio que difiera en el tiempo los derechos de los administrados, es ilegítimo e injustificado. Se sostuvoque: “Carece de justificación el procedimiento dilatorio del art. 3 del decreto 1.316/02, instrumentado ante el B.C.R.A. para la ejecuciónde las medidas cautelares o sentencias, pues la respuesta a esta Sala al oficiar a la autoridad monetaria a los fines simplemente derequerirle informes sobre la existencia y legitimidad de determinadas imposiciones financieras, consistió en un expresivoreconocimiento de la imposibilidad de cumplimentar con lo solicitado.” (Del voto del Dr. Otero, consid. II), Causa Nº 29.225/01, autos“Defensor del Pueblo de la Nación c/E.N. –PEN Dtos. 1.570/01 y 1.606/01 s/amparo ley 16.986” y Causa 147.369/02 “Defensor delPueblo de la Nac. –Inc.Dto. 1.316/02 c/EN- PEN-Dtos.1570/01 y 1606/01 s/amparo ley 16.986”, fallo del 13/09/2002, CNCAF, Sala V.
[63] La Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, en autos “Parra de Presto, Estella Maris c/Municipalidad de Escobar” sostuvoque: “la doctrina expuesta resulta de estricta aplicación en el sub iudice. En efecto, frente a una sanción de tal magnitud como lo esla cesantía y, no obstante, el informalismo del procedimiento administrativo, el actor debe contar con un plazo razonable que le permita fundar adecuadamente el recurso deducido contra esa medida separativa. En el caso, la exigencia de deducir el recurso de revocatoria del art. 89 de la ordenanza general 207 dentro del plazo de 24 horas, computadas a partir de la notificación del acto, torna ilusorio el derecho de defensa del agente municipal, toda vez que, sin duda alguna, en ese breve período no se pueden, razonablemente, rebatir los fundamentos dados por la administración en oportunidad de disponer su baja. En consecuencia, la interposición inoportuna del recurso obedece a la imposibilidad de deducirlo con un margen de tiempo extremadamente breve y no, como lo sostiene el a quo, a un accionar negligente del apelante”.
[64] Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, autos “Parra de Presto, Estella Maris c/Municipalidad de Escobar”.
[65] Se sostuvo que: “La pérdida de tiempo –que no es otra cosa que pérdida de vida– constituye un daño cierto y no conjetural; y quecuando ella es causada por la voluntad de quien presta el servicio de transporte aéreo internacional puede proyectarse en daños materiales, y siempre involucra una acentuación indudable del estado de estrés que consciente o inconscientemente padecen lospasajeros”. Causa Nº 15.383/04, autos “THOMSON, DIEGO PEDRO c/IBERIA LINEAS AÉREAS DE ESPAÑA SA s/daños y perjuicios”, fallo del 04/12/2007, CNACyCF, Sala 3.
[66] Autos “FAIRSTEIN, JUAN CARLOS Y OTRO C/VARIG S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, Causa Nº 10.482/01, fallo del 10/12/2003, CNCyCF, Sala 2.
[67] Corti, Alexis; Dorio, Laura; “Trato Digno a los Consumidores y Usuarios”, Revista de Derecho Privado; Año III, Nº 8, Infojus, Argentina, 2014, p. 7.
[68] La Ley Nº 4.389 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires considera a esta una práctica abusiva. Dice la norma que: “Establéceseel carácter de “práctica abusiva” contraria al “trato digno” al consumidor o al usuario en:…c) Toda práctica de atención al público queimplique permanecer en filas a la intemperie en el exterior de instituciones y/o locales comerciales”.
[69] Algunos autores entienden que las demoras en atender a los consumidores cuando hacen reclamos, puede generardesgaste en ellos y, consecuentemente, causar que “desista de su reclamo ante de que pueda ser oído”. Corti, Alexis; Dorio, Laura; “Trato Digno a los Consumidores y Usuarios”, Revista de Derecho Privado; Año III, Nº 8, Infojus, Argentina, 2014, p. 8.
[70] “Es el derecho a la vida lo que está fundamentalmente en juego, primer derecho de la persona humana preexistente a toda legislación positiva y que, obviamente, resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional y las leyes”, Fallos: 302:1284, Voto de los Dres. Pedro J. Frías y Elías P. Guastavino.
[71] “A su vez, las garantías procesales son: el informalismo en favor del administrado (o, más propiamente, formalismo moderado a causa del carácter de colaborador que a éste corresponde reconocerle), un concepto amplio de legitimación y el debido procedimiento previo a todo acto administrativo, que incluye el debido proceso adjetivo.”, Comadira, Julio; Escola, Héctor; “CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO”, p. 12.
[72] “Existe desviación de poder toda vez que el funcionario actúa con una finalidad distinta de la perseguida por la ley… Casos de desviación de poder:
El vicio de la desviación de poder, que causa la nulidad del acto, encuentra teóricamente aplicación en tres casos, en todos los cuales el funcionario actúa con una finalidad distinta de la perseguida por la ley que ejecuta.
El funcionario actúa con una finalidad personal. Trataríase de las hipótesis en que actuara con un fin de venganza, partidismo, lucro, etc. En estos casos, aunque el acto responda objetivamente a las condiciones expresamente exigidas por la ley, está viciado al contravenir su finalidad.
El funcionario actúa con la finalidad de beneficiar a un tercero o grupo de terceros. Ello ocurre cuando, también aquí, sin violar objetivamente la ley, usa del poder administrativo con la finalidad de beneficiar a terceros; por ejemplo, si un funcionario está autorizado para realizar contratación directa, prescindiendo de la licitación pública y contrata con una determinada empresa porque son amigos suyos y desea ayudarlos con el contrato, etc.
El funcionario actúa con la finalidad de beneficiar a la administración Este es un caso bastante común, y si acaso el que más, de desviación de poder. El funcionario, imbuido de un erróneo espíritu fiscalista y estatista, como lo es habitualmente el funcionario argentino por la presión de equivocados doctrinarios, pretende ejercer el poder de la ley en indebido beneficio de la administración o del Estado. Trata así de cobrar el mayor número posible de multas, no para desalentar el incumplimiento de las ordenanzas municipales, sino para obtener fondos para la comuna; usa de las facultades que le confiere el estado de sitio (seguridad interna) para fines comunes de control de la moralidad; usa de facultades que tiene para suprimir cargos por reordenamiento o racionalización administrativa, con fines disciplinarios, etc.”; Gordillo, Agustín; http://www.gordillo.com/pdf_tomo8/capitulo09.pdf
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