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Timestamp: 2020-01-18 10:31:48
Document Index: 289858680

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 19', 'artículo 11', 'artículo 16']

* Aprobadas por el Comité en su 63 er período de sesiones (15 de febrero a 4 de marzo de 2016).
Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Islandia*
El Comité examinó los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Islandia (CEDAW/C/ISL/7-8) en sus sesiones 1377ª y 1378ª, celebradas el 17 de febrero de 2016 (véanse los documentos CEDAW/C/SR.1377 y 1378). La lista de cuestiones y preguntas del Comité figura en el documento CEDAW/C/ISL/Q/7-8 y las respuestas de Islandia figuran en el documento CEDAW/C/ISL/Q/7-8/Add.1.
El Comité agradece al Estado parte la presentación de sus informes periódicos séptimo y octavo combinados. Asimismo, agradece las respuestas escritas del Estado parte a la lista de cuestiones y preguntas planteadas por el grupo de trabajo anterior al período de sesiones y acoge con satisfacción la presentación oral de la delegación y las aclaraciones posteriores facilitadas en respuesta a las preguntas orales planteadas por el Comité durante el diálogo.
El Comité elogia al Estado parte por su delegación, encabezada por la Embajadora para los Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Islandia, Gréta Gunnarsdóttir, y constituida por representantes del Ministerio de Bienestar y la Misión Permanente de Islandia ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra.
El Comité acoge favorablemente los progresos realizados desde el examen, en 2008, de los informes periódicos quinto y sexto del Estado parte (CEDAW/C/ICE/5 y CEDAW/C/ICE/6) con respecto a la adopción de medidas legislativas, en particular las siguientes:
a)La Ley de Financiación Pública (núm. 123/2015), que contempla la elaboración de presupuestos con perspectiva de género;
b)La Ley sobre Igualdad de Condición y de Derechos de la Mujer y el Hombre (núm. 10/2008) y sus modificaciones (Leyes núms. 62/2014 y 79/2015), en las que se incluye una nueva definición de discriminación directa e indirecta;
c)El Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas (2013-2016), aprobado en 2013;
d)El criterio de igualdad salarial, establecido en 2012;
e)El Plan de Acción sobre Igualdad de Género en Materia Salarial, aprobado en 2012;
f)La Ley de Órdenes de Alejamiento y Desalojos (núm. 85/2011);
g)La Ley núm. 72/2011, por la que se modifica el Código Penal General aumentando la pena máxima impuesta por delitos de trata de personas;
h)La Ley núm. 13/2010, por la que se modifica la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Sociedades Privadas de Responsabilidad Limitada exigiendo el cumplimiento de cuotas de género en la composición de las juntas directivas de las empresas.
b)La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en 2010.
El Comité destaca el papel crucial del poder legislativo en la garantía de la plena aplicación de la Convención (véase la declaración del Comité sobre su relación con los parlamentarios, aprobada en el 45º período de sesiones, celebrado en 2010). Asimismo, invita al Parlamento a que, de conformidad con su mandato, adopte las medidas necesarias respecto a la aplicación de las presentes observaciones finales de aquí al próximo período objeto de informe en virtud de la Convención.
El Comité toma nota de la conmemoración pública del centenario del sufragio femenino en el Estado parte. No obstante, está preocupado por la existencia de un desconocimiento generalizado acerca de la Convención y su Protocolo Facultativo en el Estado parte, en particular entre los funcionarios gubernamentales, los miembros del poder judicial y otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, así como por la ausencia de referencias a la Convención en las causas sobre las que se han dictado fallos en los tribunales, inclusive en el Tribunal Supremo. Al Comité le preocupa también que las propias mujeres desconozcan sus derechos en virtud de la Convención así como los procedimientos de presentación de comunicaciones individuales e investigación establecidos en virtud del Protocolo Facultativo, y que, por lo tanto, carezcan de la información necesaria para reclamar sus derechos, lo que puede deberse al hecho de que la Convención no se ha incorporado al ordenamiento jurídico nacional.
El Comité exhorta al Estado parte a lo siguiente:
a) Adoptar las medidas necesarias para asegurar la difusión pública adecuada de la Convención, el Protocolo Facultativo y las recomendaciones generales del Comité entre todas las partes interesadas, incluidos ministerios, parlamentarios, funcionarios del poder judicial y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley;
b) Incluir la Convención y las recomendaciones generales del Comité en los programas de formación judicial;
c) Intensificar los esfuerzos por concienciar a las mujeres sobre sus derechos en virtud de la Convención y sobre los procedimientos de comunicaciones individuales e investigación contemplados en el Protocolo Facultativo.
El Comité observa que, aunque el Estado parte ratificó la Convención en 1985 y el Protocolo Facultativo en 2001, la Convención todavía no se ha incorporado a la legislación nacional en todos sus aspectos. Asimismo, observa con preocupación que el Estado parte aún no ha aplicado las directivas de la Unión Europea contra la discriminación 2000/78/EU y 2000/43/EU, mediante la aprobación de una ley integral contra la discriminación.
El Comité recomienda al Estado parte que incorpore plenamente y sin demora la Convención en la legislación nacional y haga que forme parte integrante de esta. También recomienda al Estado parte que apruebe una legislación integral contra la discriminación que abarque todos los motivos de discriminación, en consonancia con lo dispuesto en las directivas de la Unión Europea 2000/78/EU y 2000/43/EU.
Mecanismo nacional encargado del adelanto de la mujer e incorporación de la perspectiva de género
El Comité acoge con beneplácito la modificación de la Ley sobre Igualdad de Condición y de Derechos de la Mujer y el Hombre mediante la incorporación de una nueva definición de discriminación directa e indirecta, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2 de la Convención, y toma nota del trabajo del Foro sobre Igualdad de Género en la elaboración de un nuevo plan de acción en dicha materia. No obstante, el Comité observa con preocupación la existencia de un retraso, desde diciembre de 2014, en la aprobación del nuevo plan de acción. Asimismo, observa con preocupación que el Centro para la Igualdad entre los Géneros, encargado de la aplicación de la Ley sobre Igualdad de Condición y de Derechos de la Mujer y el Hombre, carece de los recursos humanos y financieros suficientes y está situado en una zona remota. Al Comité le preocupa, además, que no existan coordinadores de cuestiones de género trabajando a tiempo completo en la incorporación de la perspectiva de género en las instituciones gubernamentales y que la elaboración de presupuestos con perspectiva de género no se aplique de manera sistemática en toda la programación pertinente orientada a la consecución de la igualdad de facto de las mujeres.
a) Culminar la elaboración del nuevo plan de acción sobre igualdad de género y proceder sin demora a su aprobación, dotándolo de un presupuesto adecuado que permita establecer coordinadores de cuestiones de igualdad de género en todas las instituciones gubernamentales competentes, además de garantizar la incorporación de la perspectiva de género en todas las instituciones gubernamentales;
b) Proporcionar al Centro para la Igualdad entre los Géneros recursos humanos y financieros suficientes y estudiar la posibilidad de trasladar su sede a la capital para que resulte más accesible;
c)Aplicar de manera sistemática la elaboración de presupuestos con perspectiva de género en toda la programación pertinente orientada a la consecución de la igualdad de facto entre mujeres y hombres.
El Comité observa que el Estado parte está estudiando la posibilidad de crear una institución nacional de derechos humanos que abarque de manera integral todas las cuestiones de derechos humanos, inclusive los derechos de las mujeres. No obstante, al Comité le preocupa que no se haya establecido un plazo al respecto.
El Comité recomienda al Estado parte que proceda sin demora a la creación de la institución nacional independiente de derechos humanos prevista, de conformidad con los principios relativos al estatuto de las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos (Principios de París), dotándola de un mandato amplio de promoción y protección de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género.
El Comité está preocupado por las siguientes cuestiones:
a)El escaso uso de medidas especiales de carácter temporal para acelerar el logro de una igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en particular en lo que respecta a la representación de las mujeres en puestos con funciones decisorias en el plano local, las instituciones académicas, el sistema judicial, la política exterior, el sector privado y el sector encargado de hacer cumplir la ley;
b)El uso cada vez más frecuente de políticas imparciales en materia de género en el Estado parte, que puede causar involuntariamente un aumento de la desigualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
a) Evaluar la repercusión de las medidas existentes, inclusive mediante la recopilación y el análisis de datos desglosados por género, y adoptar medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 1) de la Convención y en la recomendación general núm. 25 (2004) del Comité sobre medidas especiales de carácter temporal, con el fin de acelerar el logro de una igualdad sustantiva entre los géneros con respecto a todos los ámbitos de la Convención en los que las mujeres sigan encontrándose en situación de desventaja e insuficientemente representadas;
b) Abordar de manera general el problema de la aplicación de un planteamiento imparcial en materia de género en la legislación y la formulación de políticas, prestando especial atención a las posibles consecuencias negativas de este tipo de políticas en la financiación pública de programas específicamente orientados a la mujer.
Al Comité le preocupa la persistencia de estereotipos sobre las funciones del hombre y la mujer en la familia y la sociedad que tienen un efecto negativo sobre la posición y las oportunidades de la mujer, especialmente en el ámbito educativo y el mercado laboral.
El Comité recomienda al Estado parte que intensifique la labor de concienciación a través de los medios de comunicación y aplique medidas para eliminar los estereotipos y los obstáculos estructurales que puedan disuadir a los niños y las niñas de elegir opciones educativas y profesionales no tradicionales o impedir el progreso de la mujer en las instituciones académicas, el mercado laboral, la familia y la sociedad.
El Comité observa con preocupación el aumento del número de casos de violencia contra la mujer. Asimismo, acoge con beneplácito la cooperación entre la policía y los servicios de atención a la infancia, los servicios sociales y los servicios de salud, además de la creación de una nueva fiscalía nacional encargada de actuar frente a los delitos sexuales y de un comité encargado de examinar propuestas para mejorar la tramitación de las causas por violación. El Comité observa también que el Estado parte tiene la intención de modificar el Código Penal General, para tipificar específicamente como delito la violencia doméstica, así como la de ratificar y aplicar plenamente el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul). El Comité acoge con satisfacción las nuevas normas, los nuevos procedimientos y el nuevo instrumento de evaluación del riesgo elaborados por la Policía Metropolitana de Reykjavik en marzo de 2015 para los casos de violencia doméstica. No obstante, el Comité está preocupado por las siguientes cuestiones:
a)La existencia de un elevado número de sobreseimientos de procesos penales dictados por el Fiscal del Estado en causas de violencia contra la mujer, especialmente de violación y violencia sexual, y la existencia de un escaso número de condenas;
b)La ausencia de un análisis jurídico con respecto a la existencia de un alto número de sentencias absolutorias en causas de violencia sexual;
c)La carencia de un plan de acción nacional de lucha contra la violencia sexual y doméstica que tenga en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad;
d)La inexistencia de legislación que tipifique específicamente la violencia psicológica y el acoso y el hostigamiento en Internet.
a) Ratificar el Convenio de Estambul e incorporarlo en la legislación nacional para reforzar la protección jurídica de las mujeres frente a la violencia doméstica y otras formas de violencia;
b) Intensificar los esfuerzos encaminados a enjuiciar y condenar a los autores de violaciones y actos de violencia sexual contra las mujeres, y analizar y abordar las causas de la existencia de un elevado número de sentencias absolutorias en casos de violencia sexual;
c) Aprobar, sin demora, un plan nacional de lucha contra la violencia sexual y doméstica que tenga en cuenta las necesidades y vulnerabilidades específicas de las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad, y destinar recursos humanos y financieros suficientes a ampliar a todos los distritos policiales el enfoque intersectorial adoptado por la Policía Metropolitana de Reykjavik para luchar contra la violencia doméstica;
d) Modificar el Código Penal General para tipificar específicamente como delito el acoso en Internet y la violencia psicológica contra las mujeres.
El Comité celebra la firma, en diciembre de 2014, de un acuerdo entre el Ministerio de Asuntos Sociales y Vivienda y el Albergue de Mujeres, por el que se garantiza alojamiento de emergencia y se establece la contratación de dos psicólogos encargados de prestar asistencia a las mujeres víctimas de la violencia. El Comité pone de relieve la necesidad de contar con centros de acogida, como medida adicional al sistema previsto en la Ley de Órdenes de Alejamiento y Desalojos (núm. 85/2011). No obstante, el Comité sigue preocupado por las siguientes cuestiones:
a)La existencia de un único centro de acogida para mujeres en Reykjavik, al que no pueden acceder fácilmente las mujeres que viven fuera de la capital ni las mujeres con discapacidad;
b)La existencia de un número insuficiente de servicios, varios de ellos creados y gestionados por organizaciones no gubernamentales, cuyos proveedores carecen de la financiación adecuada para cubrir las necesidades de las mujeres víctimas de la violencia;
c)La existencia de solo dos hospitales en el país que ofrezcan tratamiento y servicios especializados a las mujeres víctimas de la violencia sexual;
d)El escaso apoyo prestado a las mujeres víctimas de la violencia en las zonas rurales, en especial en lo referente al acceso a servicios psicosociales y de salud.
a) Garantizar que, además de lo contemplado en la Ley de Órdenes de Alejamiento y Desalojos (núm. 85/2011), las mujeres víctimas de la violencia, incluidas las mujeres migrantes, las mujeres rurales y las mujeres con discapacidad, dispongan de los centros de acogida necesarios, dotados de personal cualificado y recursos financieros adecuados;
b) Inaugurar centros de crisis para atender casos de violación, centros de atención sin cita previa y líneas telefónicas de ayuda gratuitas, disponibles las 24 horas, que presten asistencia a las mujeres víctimas de la violencia, inclusive a las mujeres migrantes y las mujeres con discapacidad;
c) Garantizar que las mujeres víctimas de la violencia en las zonas rurales dispongan de servicios médicos y psicosociales y que las organizaciones no gubernamentales encargadas de ofrecer esos servicios fuera de la capital reciban financiación suficiente.
El Comité toma nota de la aprobación del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas correspondiente al período 2013-2016 y de las modificaciones legislativas por las que se prohíben los clubes de striptease. El Comité observa también que la aplicación de los cambios legislativos exige destinar tiempo y financiación suficientes, así como recursos humanos con la formación adecuada. Además, el Comité toma nota de la modificación del Código Penal General (Ley núm. 54/2009) por la que se despenaliza la venta de servicios sexuales, se tipifica como delito la adquisición de dichos servicios y se penaliza a los clientes. El Comité sigue preocupado por las siguientes cuestiones:
a)La falta de financiación suficiente para la aplicación del Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas (2013-2016), en particular para que la policía pueda investigar los casos de trata;
b)La falta de enjuiciamientos o la existencia de una tasa incoherente de condenas por delitos relacionados con la trata y la carencia de datos correspondientes a 2015;
c)La falta de información desglosada por género sobre el número de personas que han sido objeto de trata con fines de trabajo forzoso;
d)La existencia de un número desproporcionadamente alto de mujeres migrantes que trabajan en los denominados “locales de champán”.
a) Garantizar que se destine la financiación necesaria a aplicar eficazmente la legislación vigente y el Plan de Acción Nacional contra la Trata de Personas (2013-2016), inclusive al enjuiciamiento y la imposición de sanciones adecuadas a los autores de este tipo de delitos y la pronta remisión de las víctimas a los servicios de protección y asistencia;
b) Reforzar la protección y la asistencia ofrecidas a las víctimas de la trata con fines de explotación sexual;
c) Recopilar datos sobre la trata de personas en el Estado parte y analizar la magnitud de este problema;
d) Analizar las causas fundamentales de la existencia de un número desproporcionadamente elevado de mujeres migrantes que trabajan en los llamados “locales de champán”, a fin de atender sus necesidades y vulnerabilidades específicas;
e) Ofrecer programas de ayuda para las mujeres que deseen abandonar la prostitución, inclusive para las mujeres migrantes.
El Comité elogia al Estado parte por la existencia de un alto porcentaje de mujeres en el Parlamento (un 43%) y acoge con beneplácito que el Ministerio del Interior haya adoptado medidas para aumentar la representación de las mujeres en la policía. No obstante, el Comité está preocupado por la existencia de un escaso número de mujeres entre los agentes de policía y por la representación insuficiente de la mujer en el Tribunal Supremo y en los puestos con funciones decisorias del servicio diplomático (embajadoras) y de los gobiernos locales.
a) Adoptar, a la mayor brevedad posible, medidas específicas, incluidas medidas especiales de carácter temporal, con plazos claros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 1) de la Convención y la recomendación general núm. 25 del Comité, para aumentar rápidamente la representación de las mujeres en la fuerza de policía, en el Tribunal Supremo y en los puestos con funciones decisorias del servicio diplomático (embajadoras);
b) Adoptar medidas, inclusive medidas especiales de carácter temporal, orientadas a aumentar la participación de las mujeres en la vida política y pública, en particular en los órganos legislativo y ejecutivo a nivel municipal, entre ellas, el establecimiento de incentivos económicos para los partidos políticos que incluyan un número igual de mujeres y hombres en sus listas electorales o un sistema de cremallera (alternancia) para el nombramiento de mujeres y hombres en cargos públicos.
El Comité acoge con satisfacción que la igualdad haya constituido uno de los pilares de los planes de estudios nacionales de 2011 y que el Estado parte tenga previsto elaborar un plan de acción sobre posibles modos de lograr que existan menos opciones educativas y profesionales basadas en estereotipos de género. El Comité toma nota asimismo de la creación de clubes feministas e iniciativas de profesores a título personal con el fin de ofrecer cursos sobre cuestiones de género en el ámbito de la enseñanza secundaria. No obstante, el Comité sigue preocupado por la persistencia de estereotipos en las elecciones de opciones de estudios efectuadas tanto por mujeres y niñas como por hombres y niños, lo que da lugar a una representación insuficiente de las mujeres y las niñas en ámbitos de estudio en los que tradicionalmente existe un predominio de los hombres. Al Comité también le preocupa el escaso espacio otorgado a las mujeres en los libros de historia utilizados en la escuela, la reducida participación de las niñas en la enseñanza deportiva y la existencia de una tasa supuestamente más alta de deserción escolar entre las niñas migrantes.
a) Estudiar la posibilidad de instaurar, en los ámbitos de la enseñanza primaria y secundaria, programas de educación obligatoria adecuada a la edad sobre los derechos humanos de las mujeres, entre ellos, los derechos sexuales y reproductivos;
b) Intensificar los esfuerzos encaminados a diversificar las opciones académicas y profesionales tanto para las mujeres y las niñas como para los hombres y los niños, y adoptar medidas adicionales para alentar a ambos sexos a optar por ámbitos educativos y carreras profesionales no tradicionales;
c) Promover y facilitar en mayor medida el ascenso de las mujeres en las carreras académicas, inclusive a través de la aplicación de medidas especiales de carácter temporal;
d) Revisar los libros de historia utilizados en la escuela para asegurarse de que reflejen adecuadamente el papel y las contribuciones históricas de las mujeres;
e) Adoptar medidas para hacer que la enseñanza deportiva resulte más atractiva y adecuada desde el punto de vista cultural para las niñas y promover la participación de mujeres y niñas en los clubes deportivos;
f) Proporcionar información sobre el acceso de las niñas migrantes a la enseñanza primaria y secundaria y adoptar medidas para apoyar su integración en el sistema escolar, entre otros medios, impartiendo clases de idiomas en caso necesario.
El Comité elogia al Estado parte por haber elaborado un criterio de gestión de la igualdad salarial y por haber prorrogado el mandato del Grupo de Acción de Igualdad Salarial hasta finales de 2016, así como por sus esfuerzos orientados a reducir la desigualdad salarial por razón de género y establecer cuotas que garanticen una representación igualitaria de las mujeres en los comités gubernamentales y en los consejos de administración de sociedades anónimas y sociedades limitadas. No obstante, el Comité sigue preocupado por las siguientes cuestiones:
a)La persistencia de una desigualdad salarial por razón de género que, en los últimos años, se ha mantenido entre el 7% y el 18% y la limitación del ámbito de aplicación del artículo 19 de la Ley sobre Igualdad de Condición y de Derechos de la Mujer y el Hombre, que contempla que el principio de igualdad de remuneración se aplique únicamente a mujeres y hombres que trabajen para “el mismo empleador”;
b)La persistencia de la segregación horizontal y vertical en el mercado laboral y la concentración de las mujeres en trabajos a tiempo parcial, principalmente debido a sus obligaciones familiares, lo que perjudica a su desarrollo profesional y a la percepción de prestaciones sociales y pensiones por parte de aquellas;
c)La falta de recursos humanos y financieros suficientes que permitan al Centro para la Igualdad entre los Géneros vigilar eficazmente que las empresas cumplan con lo dispuesto en la Ley sobre Igualdad de Condición y de Derechos de la Mujer y el Hombre;
d)La ausencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas con plantillas de tamaño igual o inferior a 49 empleados;
e)La existencia de un elevado número de denuncias de mujeres agentes de policía que han sufrido acoso sexual en el lugar de trabajo.
a) Proseguir su labor encaminada a aplicar el criterio de gestión de la igualdad salarial y continuar modificando las leyes para aplicar el principio de igualdad de remuneración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 1) d) de la Convención, sin que dicha aplicación se limite al “mismo empleador”.
b) Continuar con sus esfuerzos por erradicar la desigualdad salarial por razón de género adoptando medidas proactivas para eliminar la segregación ocupacional, como facilitar la transición de las mujeres del trabajo a tiempo parcial al empleo a jornada completa y crear más oportunidades para que las mujeres accedan a empleos a tiempo completo, además de reforzar las medidas destinadas a superar la discriminación salarial contra la mujer;
c) Proporcionar al Centro para la Igualdad entre los Géneros la financiación suficiente que le permita vigilar que las empresas cumplan con lo dispuesto en la Ley sobre Igualdad de Condición y de Derechos de la Mujer y el Hombre;
d) Elaborar y aplicar un plan de acción orientado a diversificar las opciones laborales de mujeres y hombres;
e) Estudiar la posibilidad de aplicar cuotas de género en los consejos de administración de las empresas con plantillas de tamaño igual o inferior a 49 empleados;
f) Adoptar medidas para proteger a las mujeres agentes de policía frente al acoso sexual en el trabajo.
El Comité observa que se ha solicitado al Grupo de Acción de Igualdad Salarial la presentación de un plan de acción para la conciliación de la vida familiar y laboral y que el proyecto de política de familia para el período 2015-2020 contempla medidas orientadas a permitir a padres y madres compaginar su trabajo con su vida familiar. No obstante, al Comité le preocupan las siguientes cuestiones:
a)La falta de servicios de guardería garantizados para niños con edades entre 9 meses y 2 años;
b)La disminución del límite máximo del Fondo de Licencias Parentales, que se tradujo en la reducción del número de días de licencia parental disfrutado por los padres entre 2008 y 2012.
a) Adoptar medidas para acortar el período transcurrido entre el final de la licencia parental y el alcance de la edad mínima para poder acceder a servicios de guardería garantizados, ampliando dicha licencia de 9 a 12 meses, admitiendo a los niños en los jardines de infancia justo al término de la licencia parental y proporcionando suficientes recursos humanos y económicos a los municipios para que puedan atender la demanda de plazas en los jardines de infancia;
b) Dotar de financiación suficiente al Fondo de Licencias Parentales y aumentar su cuantía máxima de desembolsos.
El Comité acoge con satisfacción la labor que realiza el Estado parte para mejorar la situación de los progenitores sin cónyuge, como el pago de prestaciones por hijos a cargo en función de los ingresos, pero le sigue preocupando el hecho de que la gran mayoría de este tipo de progenitores sean mujeres que suelen tener, además, dificultades económicas.
El Comité recomienda al Estado parte que adopte medidas específicas para facilitar el acceso de las madres solas al mercado laboral y que las ayude a mejorar la conciliación de su trabajo con la vida familiar.
El Comité observa que el Estado parte legalizó el aborto en 1975 (Ley núm. 25/1975), si bien está preocupado por el hecho de que algunos trabajadores sociales y sanitarios encargados de aplicar determinados aspectos de dicha Ley, por ejemplo, la prestación de servicios de asesoramiento, lo hagan de tal manera que las mujeres que pretenden abortar se sientan juzgadas y humilladas.
El Comité recomienda al Estado parte que institucionalice programas de formación que tengan en cuenta las cuestiones de género, orientados a trabajadores sociales y sanitarios, que capaciten a estos para llevar a cabo la labor encomendada por la ley de manera que no se desaliente a las mujeres que pretendan abortar. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que garantice que todas las mujeres, inclusive las jóvenes y las mujeres rurales, tengan acceso a métodos anticonceptivos modernos y a información sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos, en particular a información sobre planificación familiar, con el fin de evitar embarazos no deseados.
El Comité lamenta la falta de información sobre el alcoholismo, así como la ausencia de estudios sobre cuestiones de salud mental y sobre el alcance y las causas del suicidio entre las mujeres en el Estado parte.
El Comité recomienda al Estado parte que recopile datos y facilite, en su próximo informe periódico, información sobre el alcoholismo, los suicidios y los problemas de salud mental entre las mujeres del Estado parte.
El Comité está preocupado por la escasa financiación que siguen recibiendo las artistas de la industria del cine y la música y por el hecho de que la mayoría de las juntas directivas de las asociaciones y los órganos reguladores encargados de dicha financiación estén compuestas por hombres.
El Comité recomienda al Estado parte que revise sus normativas relativas a los órganos gubernamentales de financiación de la cultura y explore alternativas para garantizar que los fondos públicos destinados a la cultura se distribuyan equitativamente entre mujeres y hombres.
Al Comité le preocupa el futuro papel de las mujeres en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y las cuestiones relacionadas con el cambio climático.
El Comité recomienda al Estado parte que continúe fortaleciendo el papel de las mujeres en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como en las cuestiones relacionadas con el cambio climático.
El Comité está preocupado por las dificultades a las que se enfrentan las mujeres migrantes en materia de empleo y atención sanitaria, así como por su exposición al riesgo de sufrir violencia. Asimismo, observa que el Centro Multicultural y de Información proporciona a las mujeres migrantes información sobre temas diversos, como los nuevos tipos de familias y los procedimientos de divorcio, y que el Centro de Derechos Humanos de Islandia les ofrece asesoramiento jurídico. Al Comité le preocupa también que el Centro Multicultural y de Información esté situado fuera de la capital y no sea fácil acceder a él. Además, el Comité está preocupado por la carencia de datos desglosados y estudios sobre la situación de las mujeres migrantes en el Estado parte, que pueden tener dificultades para acceder a los servicios sociales y de protección por temor a perder su permiso de residencia o a ser deportadas si se encuentran en situación irregular.
a) Recopilar datos desglosados y llevar a cabo estudios exhaustivos sobre el acceso de las mujeres migrantes al empleo y la asistencia sanitaria y sobre las formas de violencia que puedan sufrir, además de detectar posibles carencias y formular políticas que aborden las diversas formas interrelacionadas de discriminación contra las mujeres migrantes;
b) Dotar de financiación suficiente al Centro Multicultural y de Información y mejorar la accesibilidad de sus servicios;
c) Elaborar programas y estrategias específicos para concienciar a las mujeres migrantes sobre sus derechos y ofrecerles asistencia letrada gratuita y soluciones jurídicas eficaces en caso de vulneración de sus derechos.
Mujeres rurales, mujeres con discapacidad y mujeres reclusas
El Comité está preocupado por los siguientes hechos:
a)Las mujeres rurales tienen escaso acceso a los servicios sociales y de protección y a los centros de acogida, inclusive a los servicios prestados en caso de violencia doméstica, debido a las deficiencias de la infraestructura viaria, factor al que se suman las difíciles condiciones climatológicas en invierno;
b)Las mujeres con discapacidad tienen escaso acceso a los servicios y al centro de acogida para mujeres, que carece de la infraestructura necesaria para permitir que dicho tipo de mujeres acceda físicamente a él;
c)Las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok) no se aplican plenamente en el Estado parte y los centros penitenciarios carecen de espacios adecuados para las mujeres y para la reunión familiar;
d)Existe una carencia de datos desglosados y de estudios sobre las deficiencias sociales y de protección y sobre las formas interrelacionadas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad y las mujeres reclusas.
a) Adoptar todas las medidas necesarias para mejorar el acceso de las mujeres rurales a los servicios sociales y de protección y a los centros de acogida, mejorando las infraestructuras y prestando dichos servicios en zonas rurales remotas;
b) Hacer que el centro de acogida y los servicios destinados a las mujeres sean accesibles para las mujeres con discapacidad, adaptándolos a sus necesidades específicas;
c) Aplicar plenamente las Reglas de Bangkok y habilitar espacios adecuados en los centros penitenciarios para las mujeres y para la reunión familiar;
d) Recopilar datos desglosados y llevar a cabo estudios exhaustivos sobre el acceso de las mujeres rurales, las mujeres con discapacidad y las mujeres reclusas al empleo y la atención sanitaria, así como sobre las formas de violencia que puedan sufrir, a fin de detectar deficiencias y formular políticas que aborden las formas interrelacionadas de discriminación.
Al Comité le preocupa que la distribución de funciones y tareas dentro de la familia siga estando determinada, especialmente en las zonas rurales, por prácticas tradicionales que consideran a las mujeres las principales cuidadoras. También le preocupa que algunos medios de comunicación contribuyan a dicha distribución tradicional de funciones entre hombres y mujeres en el ámbito familiar.
El Comité recomienda al Estado parte que colabore con los medios de comunicación a fin de eliminar la imagen estereotipada de las mujeres, en particular en lo relativo a su papel en la familia.
Al Comité le preocupa que el régimen patrimonial de comunidad diferida de bienes aplicable al matrimonio en el Estado parte no tenga debidamente en cuenta la existencia de diferencias económicas entre los cónyuges por razón de género derivadas de los modelos tradicionales de trabajo y vida familiar que, con frecuencia, dan lugar a un aumento del capital humano y la capacidad de generar ingresos de los hombres, mientras que en el caso de las mujeres ocurre lo contrario. No obstante, ni la legislación vigente, ni la jurisprudencia ni los reglamentos relativos a las pensiones abordan las cuestiones relacionadas con el modo en que deberían distribuirse el activo intangible, la capacidad de obtener ingresos en el futuro o el aumento del capital humano para compensar las posibles disparidades económicas por razón de género entre los cónyuges. El Comité está preocupado asimismo por la falta de mecanismos para evitar la ocultación de activos antes del divorcio. Además, al Comité le preocupa que, debido a incoherencias en la jurisprudencia, los derechos económicos de las mujeres que forman parte de uniones de hecho solo estén protegidos de manera parcial.
El Comité recomienda al Estado parte que lleve a cabo una investigación sobre las consecuencias económicas del divorcio para ambos cónyuges, teniendo en cuenta la duración del matrimonio y el número de hijos, y que adopte las medidas jurídicas necesarias para compensar las diferencias económicas entre el hombre y la mujer al disolverse el matrimonio, en particular, el reconocimiento de todos los activos profesionales (la capacidad de obtener ingresos, el activo intangible y el aumento del capital humano) como parte de los activos que se han de distribuir entre los cónyuges en caso de divorcio o que deben tenerse en cuenta al establecer pagos periódicos con posterioridad a este. Asimismo, el Comité recomienda al Estado parte que adopte las medidas jurídicas necesarias para evitar la ocultación de patrimonio conyugal. El Comité insta al Estado parte a adoptar las medidas legales necesarias para garantizar que las mujeres que forman parte de uniones de hecho tengan protección económica mediante el reconocimiento de su derecho a la propiedad de los bienes adquiridos en el transcurso de la relación, en consonancia con su recomendación general núm. 29 relativa al artículo 16 de la Convención (consecuencias económicas del matrimonio, relaciones familiares y su disolución).
El Comité pide que se haga efectiva una igualdad sustantiva de género, de conformidad con las disposiciones de la Convención, en todo el proceso de aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
El Comité observa que la adhesión del Estado parte a los nueve principales instrumentos internacionales de derechos humanos potenciaría el disfrute, por parte de la mujer, de sus derechos humanos y libertades fundamentales en todos los aspectos de la vida. Por ello, el Comité alienta al Estado parte a estudiar la posibilidad de ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumentos de los que todavía no es parte.
El Comité solicita al Estado parte que facilite, en el plazo de dos años, información por escrito sobre las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones que figuran en los párrafos 20 c) y 26 a).
El Comité invita al Estado parte a presentar su noveno informe periódico en marzo de 2020.
El Comité solicita asimismo al Estado parte que siga las directrices armonizadas para la presentación de informes con arreglo a lo dispuesto en los tratados internacionales de derechos humanos, incluidas las directrices relativas a la elaboración de un documento básico común y de informes específicos para cada tratado ( HRI/GEN/2/Rev.6 , cap. I).