Source: http://bazica.org/comisin-interamericana-de-derechos-humanos-v3.html?page=28
Timestamp: 2018-06-23 08:04:56
Document Index: 226776910

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 60', 'artículo 26', 'artículo 6', 'artículo 27', 'artículo 27', 'artículo 28', 'artículo 37', 'artículo 66', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo 21', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 7', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 39', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 40', 'artículo 27', 'artículo 40', 'artículo 47', 'artículo 48', 'artículo 9', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 18']

b. Obligación de contar con un recurso administrativo que permita la satisfacción del derecho de acceso a la información
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La adecuada satisfacción del derecho de acceso a la información supone la necesidad de incorporar en el ordenamiento jurídico un recurso efectivo e idóneo que pueda ser utilizado por todas las personas para solicitar la información requerida. Para garantizar la verdadera universalidad del derecho de acceso, este recurso debe reunir algunas características: (a) debe ser un recurso sencillo, de fácil acceso para todas las personas, que sólo exija el cumplimiento de requisitos básicos tales como, la identificación razonable de la información solicitada y los datos requeridos para que la administración pueda entregarle la información al interesado; (b) debe ser gratuito o de bajo costo, de tal forma que no desaliente las solicitudes de información; (c) debe establecer plazos cortos pero razonables para que las autoridades suministren la información requerida; (d) debe permitir que las solicitudes se hagan de forma oral en los casos en que no pueda realizarse por escrito, por ejemplo, por no conocer la lengua, por no saber escribir o en situaciones de extrema urgencia; (e) debe establecer la obligación de la administración de asesorar al solicitante sobre la manera de formular la solicitud, incluyendo la asesoría sobre la autoridad facultada por la ley para responder, incluso hasta el punto de que la propia autoridad haga la correspondiente remisión informando del trámite a la persona interesada; y (f) debe establecer la obligación de que la respuesta negativa sea motivada y la posibilidad de que ésta pueda ser impugnada ante un órgano superior o autónomo, y posteriormente cuestionada en la vía judicial121.
Respecto a la obligación de crear un mecanismo especial para hacer exigible el derecho de acceso, la Corte Interamericana ha destacado que el Estado “debe garantizar la efectividad de un procedimiento administrativo adecuado para la tramitación y resolución de las solicitudes de información, que fije plazos para resolver y entregar la información, y que se encuentre bajo la responsabilidad de funcionarios debidamente capacitados”122.
En los términos utilizados por los relatores para la libertad de expresión de la ONU, la OEA y la OSCE en su Declaración Conjunta de 2004, “el acceso a la información es un derecho de los ciudadanos. Como resultado, el proceso para acceder a la información deberá ser simple, rápido y gratuito o de bajo costo”123. En palabras del Comité Jurídico Interamericano, en sus “Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”, “deben implementarse reglas claras, justas, no discriminatorias y simples respecto al manejo de solicitudes de información. Estas reglas deben incluir plazos claros y razonables, la provisión de asistencia para aquél que solicite la información, el acceso gratuito o de bajo costo y que, en ese caso, no exceda el costo de copiado o envío de la información. Las reglas deben disponer que cuando el acceso sea negado, deben darse las razones específicas sobre la negativa en un tiempo razonable”124.
Todos los países analizados han reglamentado los procedimientos administrativos para acceder a la información. Esa reglamentación incluye tanto la creación de un recurso administrativo, como la determinación de las exigencias que deben satisfacer las solicitudes y los procesos que ellas surten dentro de la Administración. Como se explica adelante, en Estados como México y Chile existe además un órgano autónomo y especializado encargado de revisar las respuestas negativas de la administración y de adoptar una decisión definitiva al respecto. La experiencia y la práctica de estas dos instituciones ha sido de enorme importancia para avanzar en la garantía efectiva del derecho de acceso y demuestra la importancia de que existan este tipo de autoridades especializadas en los distintos ordenamientos jurídicos.
En la reglamentación de los recursos y los procedimientos administrativos para acceder a la información la mayoría de los países establecen un recurso sencillo y de fácil acceso, sin necesidad de contar con los servicios de un abogado, para solicitar el acceso a la información. También cumplen la mayor parte con las exigencias de que la solicitud sea gratuita - sin perjuicio de los costos que pueden generar la expedición de copias y que en algunos casos puede convertirse en una barrera que impide el acceso al derecho -, y del establecimiento legal de plazos cortos para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información. De la misma manera, se exige que los sujetos obligados motiven la respuesta denegatoria a las solicitudes de información. No obstante, como ya se indicó, en algunos lugares los recursos no han operado como ordena la ley, pues no se han adoptado políticas de implementación adecuadas. Este tema, sin embargo, será objeto de estudio en análisis futuros, dado que el presente informe está orientado fundamentalmente al estudio de los distintos marcos normativos.
En relación con las otras exigencias arriba mencionadas, algunos países contemplan la posibilidad de presentar solicitudes verbales de acceso a la información (Guatemala, Nicaragua, Uruguay, Colombia y El Salvador), o por teléfono u otros medios electrónicos (como es el caso de Jamaica), pero en la mayoría de los casos la petición debe ser escrita, bien sea en papel o por medios electrónicos. También se puede observar que algunos países establecen el deber de los servidores públicos de asesorar a los interesados en la formulación de la solicitud de información (Antigua y Barbuda, Guatemala, Nicaragua, México, Jamaica), aunque para ello no se observan en todos los países suficientes políticas de implementación adecuada. En casi todos los ordenamientos jurídicos se le exige al peticionario que se identifique, pero en Colombia y República Dominicana se requiere además que el solicitante exprese cuál es su interés directo en la información que solicita. Como se verá adelante, algunas de estas exigencias han sido matizadas por la jurisprudencia, en un intento por adecuar los marcos normativos nacionales a los estándares internacionales.
El artículo 18 de la Ley de Acceso a la Información Pública de Guatemala dispone que “el acceso a la información pública será gratuito, para efectos de análisis y consulta en las oficinas del sujeto obligado”125. Luego, la Ley establece que el recurso podrá presentarse de manera escrita, verbal o por vía electrónica, y que quien reciba la solicitud no podrá alegar incompetencia para resolverla, pues de ser así debe remitirla inmediatamente a quien corresponde. La sencillez del recurso se plasma en la flexibilidad del formato para presentar la solicitud, pues si bien es ideal que se diligencie completamente, no está establecido como un requisito de procedibilidad. La ley exige que el peticionario se identifique, pero no requiere que éste demuestre su interés directo en la información solicitada126. El plazo para responder la solicitud es de 10 días. El Título IV de la Ley reglamenta el recurso de revisión ante la máxima autoridad del sujeto obligado, el cual puede ser interpuesto por los solicitantes a los que se les hubiere negado el acceso a la información o que se encuentren insatisfechos con la información que les fuere proporcionada. De acuerdo con el inciso segundo del artículo 60, una vez “[a]gotado el procedimiento de revisión se tendrá por concluida la fase administrativa pudiendo el interesado interponer la acción de amparo respectiva a efecto de hacer prevalecer su derecho constitucional, sin perjuicio de las acciones legales de otra índole”127.
En Nicaragua, el artículo 26 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que la solicitud de acceso a la información puede ser presentada “de forma verbal, por escrito o por medio electrónico” y que “la entidad registrará en un formulario las características de la solicitud y entregará una copia del mismo al interesado, con los datos que exige la presente Ley”128. Asimismo, el artículo 6 prescribe que los sujetos obligados tienen el deber de orientar a aquellos solicitantes que tengan capacidades diferentes o que tengan necesidades idiomáticas especiales. Luego, el inciso final del artículo 27 establece la obligación de orientar al peticionario cuando su solicitud escrita no sea clara y comprensible, o no contenga los datos necesarios, o cuando la presentó ante una oficina que no es competente129. La Ley dispone también que el acceso a la información es gratuito130, y que no se requiere demostrar un interés directo en la información solicitada131. El artículo 27 de la Ley exige que el solicitante se identifique y proporcione una descripción clara y precisa de la información requerida y, a renglón seguido, el artículo 28 determina que es obligación de las autoridades correspondientes dar respuesta a las solicitudes que se les presenten, de manera inmediata o dentro de un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentada la solicitud. El artículo 37 de la Ley determina que las respuestas de la Administración pueden ser apeladas ante la oficina de coordinación de acceso a la información pública correspondiente132.
En Colombia se prevé también que las solicitudes de información, a través del derecho de petición, son gratuitas y pueden ser elevadas de manera escrita u oral. Las solicitudes pueden ser presentadas sin la asistencia de un abogado y, por lo general, no existen formatos, lo que imprime sencillez al recurso133. Para el caso de las solicitudes escritas, el Art. 5 del Código Contencioso Administrativo establece ciertos requisitos adicionales tales como la identificación completa del peticionario, el objeto de la petición, las razones en que fundamenta su petición y la designación de la autoridad a la que se dirigen. Asimismo, la Ley 57 de 1985 explícitamente establece la preferencia en el trámite de solicitudes de información planteadas por periodistas134. La respuesta debe emitirse en un término no superior a 15 días hábiles135. De acuerdo con los artículos 11 y 12 del Código, para el caso de las peticiones en interés particular, la Administración está obligada a manifestarle al peticionario si su solicitud está incompleta, y a indicarle los datos o documentos faltantes136. Las respuestas de la Administración pueden ser impugnadas a través de los recursos administrativos ordinarios y posteriormente mediante los recursos judiciales que adelante se explican.
En El Salvador, el artículo 66 de la Ley dispone que cualquier persona puede presentar ante “el Oficial de Información una solicitud, en forma escrita, verbal, electrónica o por cualquier otro medio idóneo, de forma libre o en los formularios que apruebe el Instituto”137. La Ley aclara que en los casos en los que la solicitud sea verbal se deberá diligenciar un formulario. El peticionario debe identificarse y aportar los datos necesarios para que la entidad obligada pueda remitirle la información. Sin embargo, “en ningún caso, la entrega de información estará condicionada a que se motive o justifique su utilización, ni se requerirá demostrar interés alguno”138. El acceso a la información se rige por el principio de gratuidad139. El costo de la reproducción o la remisión de los documentos no puede ser superior al de los materiales utilizados o el costo de envío140. Los peticionarios tienen derecho a ser asistidos para la elaboración de sus solicitudes141. Si la información solicitada está disponible al público en medios impresos, formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio se le hará saber por escrito al peticionario la fuente, el lugar y la forma en que puede consultarla, reproducirla o adquirirla142. Las respuestas u omisiones de los sujetos obligados pueden ser impugnadas ante el Instituto de Acceso a la Información Pública y, posteriormente, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia143.
En la República Dominicana, la Ley General de Libre Acceso a la Información, en su Capítulo II - Del Procedimiento para el Ejercicio del Derecho de Información y Acceso a la Información -, indica en su artículo 7, que las solicitudes de acceso deben realizarse de forma escrita y deben contener al menos: el “[n]ombre completo y calidades de la persona que realiza la gestión”; la “[i]dentificación clara y precisa de los datos e informaciones que requiere”; “[l]a identificación de la autoridad pública que posee la información”; y “las razones por las cuales se requieren los datos e informaciones solicitadas”144. No obstante, el decreto reglamentario de esta norma indica que al solicitante le basta con invocar cualquier simple interés relacionado con la información buscada145.
En cuanto a otros requisitos, el acceso público a la información es gratuito en tanto no se requiera la reproducción de la misma. Cuando ésta se requiera, “las tarifas cobradas por las instituciones deberán ser razonables y calculadas, tomando como base el costo del suministro de la información”146. Según el artículo 11: “[l]a información solicitada podrá ser entregada en forma personal, por medio de teléfono, facsímil, correo ordinario, certificado o también correo electrónico, o por medio de formatos disponibles en la página de Internet que al efecto haya preparado la administración”147. El artículo 13 de la referida Ley dispone: “[e]n caso de que la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, archivos públicos de la administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en Internet o en cualquier otro medio, se le hará saber por medio fehaciente, la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información previamente publicada”148.
En Chile, el artículo 12 de la Ley de Acceso a la Información Pública exige que la solicitud sea presentada de manera escrita. Si la entidad tiene la infraestructura necesaria, es posible presentarla por vía electrónica. Pero no se establece el derecho a presentar el recurso de manera verbal, lo que dificulta el acceso a la información de personas iletradas o que hablen otro idioma. Por lo demás, el recurso es gratuito y sencillo, y a pesar de que se exige que el peticionario se identifique, no se requiere que motive su solicitud de información (Art. 11, lit. g). Igualmente, la Ley contempla el principio de facilitación (Art. 11, lit. f), el cual exige eliminar los requisitos que pueden obstaculizar el ejercicio del derecho149. También indica que si la entidad que recibe la petición no es competente, deberá remitirla a la autoridad que deba conocer sobre ella150. Finalmente, el artículo 15 de la Ley dispone que si la información solicitada ya constare en un documento impreso o electrónico, se entiende que el sujeto obligado cumple con su deber de responder con el hecho de indicarle al peticionario “la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información”151. Las respuestas de los sujetos obligados – o la omisión de las mismas - pueden ser recurridas ante el Consejo para la Transparencia152.
La Ley de Transparencia de Panamá establece que las solicitudes de información solamente se pueden presentar por escrito, bien sea en papel o por vía electrónica. La solicitud no requiere de abogado y, aun cuando no se exige demostrar un interés directo en la información solicitada, el peticionario debe identificarse153. El artículo 4 de la Ley dispone que el acceso a la información es gratuito, salvo los costos de las copias. Por último, se prevé un plazo de respuesta de las solicitudes de 30 días, siendo uno de los plazos más largos que se encuentran en este estudio154. En los artículos 17 y 18 de la Ley se prevé que contra las respuestas de la Administración – o la falta de ellas – puede interponerse la acción de hábeas data155.
También la Ley sobre el Derecho de Acceso a la Información Pública de Uruguay prevé, en su artículo 13, que la solicitud de acceso a la información debe presentarse únicamente por escrito. La misma norma prevé muy pocos requisitos para la solicitud, entre los cuales está el de que el peticionario debe identificarse. Sin embargo, el artículo 3 establece que no se requiere “justificar las razones por las que se solicita la información”. El sujeto obligado tendrá hasta 20 días hábiles para contestar la solicitud156 y el acceso a la información será siempre gratuito, aunque el interesado deberá asumir los costos de copia de la misma157. La actuación de la Administración en relación con la solicitud puede ser impugnada a través de la acción judicial de acceso a la información pública, la cual está reglamentada en el capítulo V de la Ley158.
En Canadá las solicitudes de información se deben dirigir por escrito a la institución gubernamental que tiene el documento y deben proveer suficientes detalles como para que un “empleado experimentado” de la institución pueda con un esfuerzo razonable identificar el documento159. Igualmente, en el caso de que la solicitud haya sido transferida, conforme a la sección 8, se considerará que ella fue presentada a la institución a la cual se transfirió el día que en la se elevó originalmente. Asimismo, la Ley establece que se considera que una institución es responsable sobre un documento cuando éste se produjo originalmente en esa o para esa institución o, si el documento no se produjo originalmente en esa institución, cuando ésta fue la primera en recibir una copia del mismo160.
Como se indicó anteriormente, la sección 7 de la Ley de Acceso a la Información de Canadá impone a la institución gubernamental la obligación de notificar al solicitante, dentro de un plazo de 30 días, si se niega el acceso al documento solicitado o a parte del mismo, o si se concede el acceso a la información. Igualmente, la sección 8(1) prescribe que si la institución que recibe la solicitud considera que otra institución gubernamental es la responsable del documento solicitado, el director de la institución deberá, dentro de un plazo de quince días, transferir la solicitud y notificar en forma escrita al solicitante sobre la transferencia161. Asimismo, la Ley de Acceso a la Información de Canadá establece la figura del Comisionado de la Información, el cual está encargado, entre otras funciones, de recibir las quejas que presenten personas a quienes (a) se les haya negado el acceso a un documento o a parte del mismo; (b) se les haya exigido el pago de un monto que consideren excesivo; (c) se les haya extendido el plazo de entrega en un lapso que consideren excesivo; (d) no se les haya dado acceso al documento o a parte del mismo en el idioma oficial en el que lo solicitaron o no se les haya dado acceso en ese idioma en un tiempo que se considere razonable, o no se les haya dado acceso en el formato solicitado. Asimismo, el Comisionado de la Información conoce de cualquier otro asunto relacionado con la solicitud u obtención de acceso a documentos conforme a la Ley162.
En Estados Unidos de América, los organismos gubernamentales deben determinar en 20 días hábiles el sentido de su respuesta y notificar inmediatamente al peticionario dicha determinación y las razones de la misma. En la notificación se debe informar al peticionario sobre su derecho de impugnar ante el titular de la dependencia cualquier determinación adversa. En el caso de que la decisión de negar el acceso a los documentos sea confirmada total o parcialmente, el organismo debe notificar a la persona que solicitó la información sobre su derecho a una revisión judicial de tal determinación, de acuerdo con lo que establece la FOIA163.
La FOIA establece un recurso administrativo para impugnar la denegación de acceso a una información determinada, la tardanza en la respuesta, la falta de una búsqueda adecuada por parte de la dependencia, la imposición de un costo exagerado, u otros asuntos que pudieran interferir efectivamente con el acceso a los documentos. El recurso se decide de forma descentralizada en cada dependencia o entidad gubernamental164.
En Ecuador, el artículo 19 de la Ley Orgánica de Transparencia establece que las solicitudes de información se deben realizar de manera escrita, y que en ellas deben constar en forma clara la identificación del solicitante y la ubicación de los datos o temas motivo de la solicitud. Como lo dispone el literal b) del artículo 4, no tiene ningún costo, a menos de que la entidad que entrega la información incurra en gastos, pues en este caso el solicitante los debe pagar antes de que se provea la información. Como lo disponen el artículo 21 y el Título Quinto de la Ley, la respuesta del sujeto obligado – o la omisión de ella – puede ser impugnada a través de los recursos administrativos, del recurso judicial de acceso a la información o de la acción de amparo165.
La Ley de Transparencia de Perú no especifica cómo debe presentarse la solicitud de información ante la Administración. Sin embargo, en el artículo 10 del reglamento de la misma, dictado mediante el Decreto Supremo Nº 072-2003, se establece que la solicitud será presentada por escrito, bien sea de forma personal ante la unidad de recepción de la entidad, o bien mediante el portal de trasparencia de la entidad. Para las solicitudes se diseñó un formato, sin perjuicio de que la petición se pueda presentar por otro medio escrito. El artículo 11 de la Ley establece que la solicitud debe ser elevada ante el funcionario designado en cada entidad para la atención de las peticiones de información o, en caso de que esa función no se hubiere asignado todavía, al funcionario que tiene la información o al superior inmediato166. El peticionario debe identificarse, pero el artículo 7 de la misma Ley establece que no requiere motivar su petición167. De acuerdo con el numeral (b) del artículo 11, la entidad tiene 7 días para responder la solicitud, prorrogables por otros 5. La Ley prevé que cuando la entidad requerida no posea la información solicitada, pero sí conozca su ubicación y destino, debe poner esta circunstancia en conocimiento del solicitante168. Además, el artículo 11 del reglamento dispone que cuando la solicitud no cumpla con los requisitos necesarios, la entidad debe solicitarle al interesado que la subsane dentro de las 48 horas siguientes, so pena de que sea archivada169. El artículo 17 de la Ley dispone que el acceso a la información es gratuito, salvo los costos de reproducción de la información solicitada170. El literal d) del artículo 11 de la Ley prescribe que si la solicitud no es contestada dentro de los términos previstos, deberá considerarse que ha sido denegada171. Tanto en este caso, como en el caso que la petición haya sido negada expresamente, el peticionario debe presentar el recurso de apelación, si existe un órgano superior, para poder dar por agotada la vía administrativa. Si la decisión del recurso es desfavorable o si no hay pronunciamiento dentro del término de 10 días, el interesado podrá iniciar un proceso contencioso administrativo u optar por un proceso constitucional de hábeas data172.
En el año 2007, el Tribunal Constitucional del Perú falló una acción de hábeas data en la que se pronunció sobre la gratuidad de la información. La acción había sido instaurada contra la Municipalidad Distrital de Alto Nanay debido a que no le había sido entregada al demandante información relacionada con el presupuesto del período 2004 -2005, y los proveedores que prestaron servicios a la Municipalidad durante ese periodo. La entidad demandada contestó que no contaba con una lista de proveedores y que la solicitud había sido contestada explicando que se requería de manera previa que el solicitante pagara un monto correspondiente a la “movilidad”173.
En el fallo, el Tribunal resaltó la obligación de transparencia activa que la Municipalidad tiene frente a esos asuntos, no sin antes destacar la publicidad como principio y la excepcionalidad de la reserva. En este sentido, manifestó:
“Asimismo es de señalar que un Estado social y democrático de Derecho se basa en el principio de publicidad (artículo 39º y 40º de la Constitución), según el cual los actos de los poderes públicos y la información que se halla bajo su custodia son susceptibles de ser conocidos por todos los ciudadanos. Excepcionalmente el acceso a dicha información puede ser restringido siempre que se trate de tutelar otros bienes constitucionales, pero ello debe ser realizado con criterios de razonabilidad y proporcionalidad.
“[…] [E]s del caso señalar que el artículo 5º inciso 3 del Texto Único Ordenado de la Ley N.º 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala que “[l]as entidades de la Administración Pública establecerán progresivamente, de acuerdo a su presupuesto, la difusión a través de Internet de la siguiente información: 3. Las adquisiciones de bienes y servicios que realicen. La publicación incluirá el detalle de los montos comprometidos, los proveedores, la cantidad y calidad de bienes y servicios adquiridos”. En ese sentido, como ya se señaló supra, la demandada debe entregar la información solicitada en este extremo por el recurrente” (Negrilla y subraya originales)174.
Por lo tanto, el Tribunal ordenó la entrega de la información al solicitante y estableció que él no estaba obligado a cancelar ninguna suma de dinero, ya que como bien lo establece la Ley, estaba prohibido el cobro de cualquier monto diferente al equivalente a la reproducción de la información.
“En relación al pago solicitado por la Municipalidad no resulta posible a ésta cobrar monto alguno por concepto de movilidad, toda vez que el artículo 20º del TUO de la Ley Nº 25806 prohíbe el cobro de cualquier concepto distinto a los costos de reproducción”175.
En México, el artículo 40 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental establece que la solicitud de información se debe presentar en forma escrita, bien sea a través de un escrito libre o de los formularios aprobados por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Las solicitudes se presentan ante la llamada “unidad de enlace” de la entidad respectiva y, en todo caso, deben contener la forma de identificar al solicitante, la descripción de los documentos que solicita y, opcionalmente, el medio en que desea recibir la respuesta. No se exige que el peticionario motive o justifique su solicitud, ni que demuestre interés alguno en la información176. El artículo 27 de la Ley establece que los costos por obtener la información no podrán superar el valor de las copias y el del envío, en caso de que fueren necesarios177.
El mismo artículo 40 establece que las unidades de enlace deben auxiliar a las personas en la elaboración de sus solicitudes de información, especialmente cuando se trate de personas analfabetas. En los casos en los que la entidad no sea competente para entregar la información solicitada, la unidad de enlace debe orientar al particular sobre la entidad o dependencia competente. De la misma manera, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, la unidad debe comunicarle al interesado si la petición carece de elementos necesarios para la identificación de la información o si contiene datos erróneos178.
El artículo 47 prescribe que tanto las solicitudes de información como las respuestas a las mismas y la información que se les brinde serán públicas179. Y luego, el artículo 48 dispone que las unidades de enlace no están obligadas a responder a las solicitudes “ofensivas”, o a solicitudes de contenido idéntico a otras que ya han sido contestadas a la misma persona, o cuando la información solicitada se encuentre disponible públicamente. En este último caso, bastará con indicarle al solicitante el lugar donde puede encontrar la información180.
La actuación de la Administración frente a la solicitud de información puede ser cuestionada ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), mediante el recurso de revisión, a través del procedimiento establecido en el Capítulo IV de la ley181.
En Jamaica, la Ley de Acceso a la Información establece una obligación de ayuda al solicitante, y unos plazos de respuesta taxativamente delimitados. Las respuestas negativas deben estar debidamente motivadas e indicar los posibles recursos con que cuenta el solicitante182. En la misma sección 7 de la ley, el acápite (2) establece además que las peticiones de acceso a la información podrán realizarse por escrito, o ser transmitidas por teléfono o por cualquier otro medio electrónico183. Por su parte, la sección 30 (1) de la ley prescribe la posibilidad de que los solicitantes invoquen una revisión administrativa de aquellas decisiones de la autoridad pública que: “(a) niegue el acceso al documento; (b) concedan el acceso sólo a algunos de los documentos solicitados en la petición; (c) difieran el acceso al documento a otra autoridad; (d) requieran el pago de una tasa por la actuación administrativa”184. También puede impugnarse el monto de la tasa exigida. La decisión sobre la revisión deberá ser tomada por el ministro responsable, en relación con ciertos documentos, por el secretario permanente del ministerio aludido o por el director de la autoridad pública cuya decisión es objeto de la revisión185. La solicitud de revisión deberá elevarse en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la decisión que impugna el solicitante186. Igualmente, la autoridad que realiza la revisión cuenta con 30 días para tomar una decisión187. La sección 32 de la Ley de Acceso a la Información, en consonancia con el Anexo 2 de la misma, establece la posibilidad de un recurso de apelación ante un tribunal especializado tanto para las decisiones que hayan sido sujetas a revisión interna como para cualquier otro tipo de decisión tomada en virtud de la ley188.
En Antigua y Barbuda, la sección 17(1) de la ley dispone que las peticiones deberán ser presentadas por escrito. Las personas iletradas podrán contar con la asistencia de los funcionarios, quienes deberán recibir la petición y llenar los formularios necesarios189. De acuerdo con la sección 19, la respuesta a las peticiones deberá ser hecha por escrito y en ellas se deberá informar al solicitante sobre la forma en la cual se le dará acceso a la información requerida, el valor a pagar, en caso de que sea necesario, y su derecho de impugnar la contestación ante el comisionado o ante la justicia. Si la petición fuere negada, la respuesta deberá indicar adecuadamente las razones en las cuales se funda dicha decisión. Una persona a la que se deniegue una petición, total o parcialmente, que no reciba respuesta, o que considere que el valor pedido para cubrir el costo de la búsqueda es excesivo, puede interponer una queja ante el comisionado de información, una figura independiente creada para garantizar la correcta implementación de la ley190. El comisionado está investido con facultades para conducir investigaciones, incluyendo la competencia para dictar órdenes requiriendo la producción de pruebas y para citar testigos191.
En Trinidad y Tobago, la sección 13 de la Ley de Libertad de Información prescribe que la solicitud de acceso a un documento oficial se debe presentar ante la autoridad pública pertinente en el formato que dispone el anexo de la misma ley y debe identificar el documento oficial o proveer suficiente información para su identificación. La solicitud puede especificar en cuál de los formatos descritos en la sección 18 se desea obtener el acceso y se debe dirigir al Ministro responsable192.
Cuando la autoridad pública decida que el solicitante no tiene derecho a tener acceso al documento, que se difiere el acceso o que no existe el documento, deberá notificar por escrito su determinación al solicitante. En la notificación se deberán “exponer los hallazgos sobre el asunto en cuestión, refiriéndose al material en el que dichos hallazgos se encuentran y las razones para la decisión”193. La sección 38 A. (1) establece el derecho de elevar una queja ante el Ombudsman, la cual debe ser presentada por escrito dentro de los veintiún días siguientes a la notificación de la negativa. Tras examinar el documento, en caso de que él exista, el Ombudsman deberá formular las recomendaciones que estime convenientes sobre el acceso al documento194.
Finalmente, en Argentina, como ya se ha mencionado, no existe una ley de acceso a la información, pero el Poder Ejecutivo Nacional expidió el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional que, entre otros asuntos, regula el procedimiento para la satisfacción del derecho al acceso a la información. El artículo 9 del Reglamento establece que el acceso a la información es gratuito, pero las copias deben ser sufragadas por el interesado195. Luego, en el artículo 10 se dispone que la información será provista sin más requisitos que los contemplados en el reglamento196. Estos son establecidos en el artículo 11, que dispone que la solicitud se presentará por escrito y que en todo caso el solicitante debe identificarse. Sin embargo, el mismo artículo aclara que no puede exigirse que el interesado manifieste cuál es su interés en la información197. Asimismo, el Decreto establece que la entidad requerida tendrá hasta 10 días para resolver la solicitud198. El Reglamento no establece la obligación de la Administración de asesorar al solicitante en la elaboración de la petición. Para los casos en los que la respuesta sea desfavorable, o no sea precisa, completa o pronunciada en tiempo, el artículo 18 del Reglamento establece que el requirente puede acudir ante la Autoridad de Aplicación del Reglamento, que es la Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la cual tiene la tarea de verificar y exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Reglamento. Sin embargo, las decisiones de la Autoridad de Cumplimiento constituyen simples recomendaciones, es decir que no tienen un carácter vinculante. Igualmente, el interesado puede hacer uso de la acción judicial de amparo por mora regulada en la Ley de Procedimientos Administrativos199.