Source: https://econstitucion.com/constitucion-politica-de-colombia/titulo-ii/
Timestamp: 2020-05-25 21:13:19
Document Index: 205004545

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 80', 'artículo 28', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 140', 'artículo 366', 'artículo 70', 'artículo 10', 'artículo 72', 'artículo 10', 'artículo 10', 'artículo 68', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 88', 'artículo 40', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 1', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 88', 'artículo 4', 'artículo 1']

Titulo II: De los derechos, las garantías y los deberes - Econstitución
1 Capítulo I: De los derechos fundamentales
2 Capitulo II: De los derechos sociales, económicos y culturales
3 Capítulo III: De los derechos colectivos y del ambiente
4 Capítulo IV De la protección y aplicación de los derechos
5 Capítulo V: De los deberes y obligaciones
El lector podrá hacer sus propias deducciones, cuando la norma no específica la vida de los seres que se consagra como inviolable. Esto implica que de acuerdo a nuestra norma suprema, no solamente la vida humana debe gozar de protección, de tal manera que la afectación de cualquier tipo de ser vivo en nuestro territorio, deberá ser reglamentada y justificada.
Concordancias. Artículos: 12, 17, 34, 44, 85
Concordancias. Artículos: 13, 44, 85, 214, 215
Si de tratos crueles se trata, el sometimiento a agua y aire contaminado vulnera la calidad de vida de miles de colombianos. En este sentido no existe desarrollo jurisprudencial. Vale la pena plantear a las altas Cortes que tan cruel, inhumano o degradante es para un ser vivo es permanecer en un ambiente significativamente alterado en relación con las condiciones que afectan su calidad de vida.
Concordancias. Artículos: 40, 44, 53, 70, 85, 95, 180, 333
Bajo este principio de igualdad que ampara a todos los colombianos, el Estado asume la obligación para que todos puedan gozar de los mismos derechos. Razón por la cual todas las políticas de desarrollo deben incluir criterios de protección ambiental. Los contaminadores pierden todo derecho en el momento en que el Estado entra a proveer las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.
Concordancias. Artículos: 85, 120, 266
“La doctrina moderna considera que el derecho a la personalidad jurídica no se reduce únicamente a la capacidad de la persona humana a ingresar al tráfico jurídico y ser titular de derechos y obligaciones sino que comprende, además, la posibilidad de que todo ser humano posea, por el simple hecho de existir e independientemente de su condición, determinados atributos que constituyen la esencia de su personalidad jurídica e individualidad como sujeto de derecho. Son los llamados atributos de la personalidad. Por consiguiente, cuando la Constitución consagra el derecho de toda persona natural a ser reconocida como persona jurídica está implícitamente estableciendo que todo ser humano tiene derecho a todos los atributos propios de la personalidad jurídica. Para la Corte Constitucional es claro que la filiación es uno de los atributos de la personalidad jurídica, puesto que ella está indisolublemente ligada al estado civil de la persona. El derecho a la filiación, como elemento integrante del estado civil de las personas, es un atributo de la personalidad, y por ende es un derecho constitucional deducido del derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica” (C. Constitucional Sentencia C-109 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero).
ARTICULO 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en los bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas.
Hoy contamos con un sistema Data-Ecológico, con la expedición de la Ley 1333 de 2009, (Procedimiento sancionatorio ambiental), se crearon el Registro Único de Infractores Ambientales –RUIA- y el Portal de Información sobre Fauna Silvestre – PIFS-. Con la implementación de estos bancos de datos, se regula el habeas data en temas de incidencia ambiental, al ser la información contenida en estas bases de datos pública y de fácil acceso a la comunidad en general. Artículos 57 a 60 de la norma citada.
Concordancias. Artículos: 68, 79, 85
El libre desarrollo de la personalidad sin las condiciones propicias de una óptima calidad de vida, implica limitaciones, no inherentes a los derechos de los demás ni al orden jurídico. Sin una adecuada oferta ambiental no es posible ofrecer la calidad de vida que demanda la sana formación y desarrollo de los individuos.
Concordancias. Artículos: 11, 12, 17, 34, 85
Concordancias. Artículos: 19, 20, 27, 42, 85
Concordancias. Artículos: 13, 18, 42, 68, 85
Concordancias. Artículos: 18, 85, 111, 265
Poco o nada se ha dicho sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en relación con la información veraz e imparcial que deben difundir sobre productos, tecnologías y modos de producción contaminante. El compromiso comercial de los departamentos de publicidad de los medios compromete en muchas ocasiones la veracidad e imparcialidad que esta norma exige.
Concordancias. Artículos: 85, 150
Concordancias. Artículos:67, 95, numeral 6
Concordancias. Artículos: 74, 85, 95, 112, 150
Este artículo establece el derecho de petición que también se encontraba en la anterior Constitución.
Consiste en solicitar con o sin intervención de abogado, informes, certificados o constancias de cualquier actuación pública, siempre y cuando se tenga un interés particular o privado, o general, es decir, en beneficio de la comunidad.
Se amplía el derecho a entidades privadas, que presten servicios por cuenta del Estado, como por ejemplo las empresas de salud y otras, como la Cámara de Comercio, que siendo una empresa privada presta servicios por delegación del Estado.
No obstante, siempre que una persona se encuentre en estado de indefensión frente a una empresa privada podrá no sólo ejercer el derecho de petición, sino también interponer acción de tutela a fin de obtener amparo sobre cualquier derecho que se sienta amenazado o materialmente vulnerado.
Constituye este derecho una de las principales herramientas para que el activista ecológico, obtenga información, haga requerimientos para la aplicación de normas y correctivos o presente propuestas en pro de la protección de los recursos y el medio ambiente.
El Derecho a la libre circulación en el territorio nacional, como una de las manifestaciones del derecho a la libertad y estrechamente vinculado al derecho humano consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, puede ser limitado por la ley especialmente por razones de seguridad nacional. Sin embargo, la necesidad de preservar especies naturales en un determinado ecosistema debe ser una razón de limitación que prevalezca sobre cualquier otra en relación con la libre circulación en nuestro territorio.
Concordancias. Artículos: 1, 53 al 56, 67
Las condiciones dignas para el ejercicio del derecho al trabajo, son vulneradas en muchísimas empresas que aplican tecnologías sucias o contaminantes.
Concordancias. Artículos: 54, 68, 70, 73, 74, 85, 103, 150 numeral 8, 22
El mayor cuidado sobre el riesgo social del ejercicio de las profesiones, artes y oficios debería orientarse en primer lugar al control de los procedimientos y actividades que producen deterioro ambiental y afectación de fauna y flora.
La minería, la agricultura, la ingeniería, la producción industrial, la medicina y hasta el derecho pueden generar deterioro ambiental en su ejercicio, sin embargo en la formación de estos profesionales es poco lo que se les fundamenta éticamente al respecto.
Son muchas las tecnologías que se encuentran proscritas por contaminantes en los países del “norte” , que llegaron para quedarse a los países latinoamericanos en la condición de trastiendas de los “desarrollados”.
Para erradicarlas, es necesario contar con un ejercicio responsable de la libertad de enseñanza y aprendizaje, en el que las instituciones educativas determinen abstenerse de incorporar tales prácticas y técnicas a los programas de formación, punto de vista que es necesario aplicar en todos los campos del conocimiento.
Concordancias. Artículos: 10, 41, 65, 68, 69,l 70, 89
Motivos previamente definidos en el Código Penal configuran varios tipos penales que tienen como objeto jurídico protegido, los recursos naturales y el medio ambiente, de tal manera que cualquier persona podrá ser aprehendida cuando incurra en alguna de las conductas descritas en el Código Penal. Titulo xi. de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. Capitulo Único. Delitos contra los recursos naturales y medio ambiente.
Responsabilidad ecológica. “Dentro del contexto de este deber el Estado debe cumplir con funciones de policía que prevengan y controlen los factores de deterioro ambiental, imponiendo sanciones y, lo que es aún más importante, exigiendo la reparación de los daños causados, en lo que podemos denominar el establecimiento de la responsabilidad ecológica que no conllevaría una indemnización a favor del Estado, sino el deber para éste de que el responsable restablezca el desequilibrio ecológico y tome las medidas necesarias para la restauración o sustitución de los recursos naturales”. (LLERAS DE LA FUENTE, Carlos. Interpretación y génesis de la Constitución de Colombia. Departamento de publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá, 1992, pág. 184).
EI desarrollo sostenido. La búsqueda de un modelo de desarrollo que respete la conservación de los recursos naturales ha llevado a la doctrina más especializada a hablar de “desarrollo sostenible” o “desarrollo sostenido”. Al interior de tal modelo se han elaborado una serie de propuestas económicas encaminadas a la protección ambiental como garantía de supervivencia de las futuras generaciones. La pregunta que surge a nivel constitucional es cuál es el grado de vinculación que tienen los poderes públicos respecto del mandato del artículo que aquí se comenta. En principio sólo está claro que la Constitución es una norma jurídica que despliega un prevalente poder vinculante. Será entonces la jurisprudencia -ordinaria, contenciosa y constitucional-la encargada de señalar cuál es el alcance del artículo 80.
Además en relación con el proceso sancionatorio ambiental la Ley 1333 de 2009 en el parágrafo único del artículo primero estableció:
“ PARÁGRAFO. En materia ambiental, se presume la culpa o el dolo del infractor, lo cual dará lugar a las medidas preventivas. El infractor será sancionado definitivamente si no desvirtúa la presunción de culpa o dolo para lo cual tendrá la carga de la prueba y podrá utilizar todos los medios probatorios legales.” Sentencia C-595-10 de 27 de julio de 2010, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
Concordancias. Artículos:53, 58, 85, 175, 212, 244, 250, 277, T 26
El debido proceso administrativo deberá atender en toda instancia los preceptos que le obligan a garantizar la no violación de los derechos individuales y colectivos, con prelación de los derechos de carácter ambiental. Esta afirmación surge de las múltiples obligaciones en este sentido que pesan sobre la actuación administrativa. Coherente con ello los entes de control tienen entre sus funciones constitucionales, la evaluación ambiental de la gestión pública.
Concordancias. Artículos: 2, 12, 28, 29, 85, 86, 282 numeral 3
Concordancias. Artículos: 29, 85, 87, 175
Concordancias. Artículos: 28, 186
La configuración de la flagrancia, aplica para todos los tipos penales de carácter ambiental que se citaron en el comentario al artículo 28.
Concordancias. Artículos: 29, 85, 137, 175
Concordancias. Artículos: 11, 12, 28, 29, 85
Valdría la pena profundizar en el concepto de enriquecimiento ilícito desde el punto de vista de bienes adquiridos mediante el grave deterioro del medio ambiente, puesto que puede calificarse a éste como el más significativo tesoro público y las reiteradas conductas contaminantes que asumimos con indiferencia, también afectan significativamente la moral social como lo hacen otro tipo de delitos.
Un ejemplo de ello lo constituye desde hace más de cinco décadas, la pesca ilegal en el Litoral Pacífico Colombiano, bien por utilizar métodos destructivos o de sobre explotación a las especies vegetales y/o animales o bien por sustraer de las aguas continentales la riqueza ictiológica para entregarla clandestinamente a barcos extranjeros o permitirle a estos su ingreso a los mares colombianos sin control ni vigilancia alguna. (ALVARADO MENDEZ ARCESIO) Conozco sobre este horroroso detrimento patrimonial de nuestros recursos naturales marítimos en el Pacifico Colombiano, por tradición oral del valiente innovador vallecaucano citado, que soñó en la década del cuarenta con el fomento de la industria pesquera en Colombia, sin contar con apoyo alguno contra los depredadores institucionalizados.
Información que hoy ratifican pescadores que pretenden materializar los ideales de una pesca artesanal, cooperativa y solidaria con el medio ambiente cuando han informado a una columnista del periódico “El País”, sobre las acciones delictivas y las mismas omisiones administrativas y policivas de siempre. Así se registró en columna de las páginas editoriales del citado diario: “La mayoría de estas embarcaciones, que cuentan con los mayores y más avanzados buques de pesca, llegan a nuestras aguas para sobreexplotarlas. Hace poco menos de dos meses un barco panameño, con helicóptero, varias lanchas y con los permisos al día, vale decir, llegó a Bahía Solano en busca de atún. Aunque iba solo por este pescado, que además limpian, empacan y etiquetan ahí mismo, en su red de cinco kilómetros terminan atrapando infinidad de animales, que igual se llevan.
En una parada, de pocas horas, estos buques capturan casi lo mismo que los pescadores locales en un año. Y entonces uno se pregunta si las autoridades marítimas controlan de verdad estas embarcaciones, si saben lo que están pescando o las cantidades que están extrayendo, si tienen conocimiento de las prácticas que están empleando, si les llevan un control del tiempo que permanecen en nuestras aguas. …” (POSADA SUSO LAURA. 1/05/2015 pagina 9 A Diario “EL PAIS” de Santiago de Cali).
Cuantos barcos decomisados por pesca ilegal en aguas territoriales se registran en los archivos de las autoridades?
Concordancias. Artículos: 36, 96, 150
Los tratados públicos de carácter ambiental pueden ser fundamento para solicitar, conceder u ofrecer la extradición de delincuentes ambientales.
Concordancias. Artículos: 35, 150
Concordancias. Artículos: 56, 85, 107, 149, 212 al 215, 219, 223
La norma suprema protege las manifestaciones públicas, oportunidad para que los activistas ecológicos reclamen sus derechos a un ambiente sano y a la protección de los recursos naturales. Aunque se presentan en proporción menor a otras razones de protesta callejera, la toma de vías para exigir ciclo rutas y las caminatas para proteger alamedas amenazadas por obras de infraestructura, ya han tenido pequeños logros dentro de nuestra corta historia de luchas ambientales.
Hoy las redes sociales ofrecen una posibilidad de gran impacto para movilizar opinión en pro de la defensa de ideales ecológicos.
Concordancias. Artículos: 39, 51, 58, 64, 103
El derecho de asociación es un instrumento de la sociedad civil para ejercer la protección de sus derechos, principalmente los derechos de carácter colectivo. El artículo 81 de la Ley 472 de 1998 establece una obligación especial a las autoridades para colaborar en la creación y funcionamiento de organizaciones cívicas, populares y similares que se establezcan por iniciativa de la comunidad para la defensa de los derechos e intereses colectivos. Las Organizaciones No Gubernamentales de carácter Ambiental, han adelantado un liderazgo en el estudio de la problemática ambiental del País que configura uno de los recursos más desperdiciados de nuestro contexto social, cuando muchas de sus propuestas y metodologías aún no se han implementado a nivel estatal.
Concordancias. Artículos: 14, 56, 189 numeral 3 , 219, T57
Concordancias. Artículos: 99, 219
Concordancias. Artículos: 103 al 105, 170, 241, 377 al 379
Concordancias. Artículos:107 al 109, 111, 12, T35
Concordancias. Articulo: 103
Concordancias. Artículos: 154, 155, 375
Concordancias. Artículos:242, 379, T24
Concordancias. Artículos: 96, 99, 209
Concordancias. Artículos: 1, 85, 95 numeral 5; 100, 152, 265
Este artículo puede considerarse como la columna vertebral de los derechos políticos de un colombiano, ello implica que conlleva inmensas responsabilidades para su ejercicio. Elegir y ser elegido, participar en las consultas, revocar el mandato, tener iniciativa en las corporaciones públicas, desempeñar cargos públicos, está indicando que la protección del medio ambiente y los recursos naturales está en manos de todos y cada uno de los Colombianos. Corresponde a cada ciudadano en el momento de ejercer sus derechos políticos, exigir programas y plataformas políticas consolidadas bajo una cultura ambiental.
Concordancias. Artículos:1, 2, 4, 67, 68, 103, 222
Es deber de las instituciones educativas, formar ciudadanos con capacidad para participar en las decisiones que puedan afectarlos. Los jóvenes tienen el derecho a recibir el patrimonio ambiental del país en óptimas condiciones y la obligación de preservarlo para futuras generaciones. Solo mediante valores y prácticas de participación ciudadana se logrará este cometido.
“Se entiende que la política ambiental en su conjunto es educativa, que el cambio cultural debe ser un compromiso colectivo en donde cada ciudadano asuma su papel social con una mentalidad solidaria y cooperativa. En este sentido, la educación ambiental se orienta a hacia la producción de cambios sustanciales en las maneras de pensar y actuar, no solo en la relación con el medio sino también, y principalmente, en nuestras relaciones con el otro.
La educación ambiental debe facilitar la comprensión de los grandes problemas del deterioro social ambiental, de forma que sensibilice y comprometa a los colombianos en la urgencia de participar activamente en la formación del país que deseamos. La educación ambiental debe estar orientada hacia la creación de espacios de intercambio y comunicación en los cuales el ciudadano tenga la oportunidad de aportar a la construcción de un proyecto colectivo de sociedad. En este sentido, animar procesos de participación que conduzcan a la concertación de la voluntad general, sería una de las metas de la educación ambiental” (GONZALEZ ARANA, 2006, pág. 31).
Capitulo II: De los derechos sociales, económicos y culturales
Concordancias. Artículos:5, 28, 43, 44, 46, 67, 68
En el contexto de nuestra cultura, desde el Génesis, la protección integral de la familia presupone la garantía de un ambiente rico en recursos naturales. Lamentablemente el pecado continuado sigue siendo el uso indebido de tales recursos. La familia entonces, además de ser titular preferencial del derecho al ambiente sano, debe correlativamente cimentarse en una cultura de conservación de todos sus lugares de asentamiento de tal manera que sus descendientes puedan recibir iguales beneficios a los que hoy se reclaman.
Concordancias. Artículos: 11 al 42, 53
La protección de la mujer embarazada como dadora de la vida, exige que sus condiciones de habitación y trabajo, se encuentren en las mejores ambientales posibles.
Concordancias. Artículos: 11 al 42, 50, 356
Cuando de garantizar los derechos de los niños se trata, la transversal ambiental es un factor determinante para su bienestar y desarrollo. El agua como derecho fundamental, tiene en los niños su principal destinatario, de igual manera el aire libre y la garantía de una educación contextualizada en el medio ambiente al cual pertenece.
Concordancias. Artículos: 1, 11 al 42
La protección y formación integral exige condiciones óptimas de calidad de vida, aspecto en el cual como ya lo hemos comentado juegan un papel determinante las políticas de desarrollo económico sobre una plataforma ambiental de protección a las riquezas naturales.
Los jóvenes deberán usar la garantía de participación activa en los organismos públicos y privados que les ofrece la Constitución, para exigir protección no solamente de su condición individual, sino la protección de las riquezas naturales que deberán administrar en un futuro cercano. Pueden y deben exigir educación sería y suficiente sobre las disciplinas ambientales, con prelación a otras materias. Esto les facilitará en un futuro el manejo de todos los frentes en los cuales estos conocimientos son determinantes, además de consolidar una cultura ciudadana sobre la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, con la cual no cuenta la generación que detenta actualmente el poder político, económico y social.
Concordancias. Artículos: 5, 42 al 44, 48, 50, 53, 64, 67, T47, T57
Mucho avanzará la seguridad social para la protección de las personas de tercera edad, cuando cuente con programas de interacción ambiental para recreación y salud del adulto mayor.
Uno de los recursos naturales más desperdiciados en nuestro país es el conocimiento de los mayores consolidado por la experiencia de vida.
Consultar al adulto mayor sobre las razones a las cuales atribuye el deterioro ambiental actual permitirá puede ser una práctica educativa que genere conductas correctivas.
Concordancias. Artículos: 13, 54
Este artículo amerita el mismo comentario que el anterior, además la variedad de pisos térmicos que ofrece nuestro territorio, permite a los expertos realizar terapias de rehabilitación muy eficientes.
Concordancias. Artículos: 44, 46, 48, 50, 53, 64, T47, T57
El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas”.
“Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho”.
“Para la liquidación de las pensiones sólo se tendrán en cuenta los factores sobre los cuales cada persona hubiere efectuado las cotizaciones. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Sin embargo, la ley podrá determinar los casos en que se puedan conceder beneficios económicos periódicos inferiores al salario mínimo, a personas de escasos recursos que no cumplan con las condiciones requeridas para tener derecho a una pensión”.
A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo, no habrá regímenes especiales ni exceptuados, sin perjuicio del aplicable a la fuerza pública, al Presidente de la República y a lo establecido en los parágrafos del presente artículo”.
“Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento”.
“La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados”.
“Parágrafo 1º. A partir del 31 de julio de 2010, no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, con cargo a recursos de naturaleza pública”.
“Parágrafo 2º. A partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán establecerse en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensionales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones”.
“Parágrafo transitorio 1º. El régimen pensional de los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales, vinculados al servicio público educativo oficial es el establecido para el Magisterio en las disposiciones legales vigentes con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, y lo preceptuado en el artículo 81 de esta. Los docentes que se hayan vinculado o se vinculen a partir de la vigencia de la citada ley, tendrán los derechos de prima media establecidos en las leyes del Sistema General de Pensiones, en los términos del artículo 81 de la Ley 812 de 2003”.
“Parágrafo transitorio 2º. Sin perjuicio de los derechos adquiridos, el régimen aplicable a los miembros de la Fuerza Pública y al Presidente de la República, y lo establecido en los parágrafos del presente artículo, la vigencia de los regímenes pensionales especiales, los exceptuados, así como cualquier otro distinto al establecido de manera permanente en las leyes del Sistema General de Pensiones expirará el 31 de julio del año 2010”.
“Parágrafo transitorio 3º. Las reglas de carácter pensional que rigen a la fecha de vigencia de este Acto Legislativo contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el término inicialmente estipulado. En los pactos, convenciones o laudos que se suscriban entre la vigencia de este Acto Legislativo y el 31 de julio de 2010, no podrán estipularse condiciones pensionales más favorables que las que se encuentren actualmente vigentes. En todo caso perderán vigencia el 31 de julio de 2010”.
“Parágrafo transitorio 4º. El régimen de transición establecido en la Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del presente Acto Legislativo, a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año 2014”.
“Parágrafo transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003, a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes”.
“Parágrafo transitorio 6º. Se exceptúan de lo establecido por el inciso 8° del presente artículo, aquellas personas que perciban una pensión igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si la misma se causa antes del 31 de julio de 2011, quienes recibirán catorce (14) mesadas pensionales al año”.
(ADICIONADO POR EL ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2005)
Concordancias. Artículos: 44, 50, 54, 64, 78, 95, 150 numeral 23, 300, 336, 356, 366
“… el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado razón por la cual a éste le compete dirigir y reglamentar su prestación a los habitantes, conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. Igualmente, es deber del Estado proteger la diversidad y la integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines, así como asegurar la prestación eficiente de los servicios público domiciliarios a todos los habitantes del territorio nacional” (HERRERA CARRILLO, 2007).
(NUÑEZ ROJAS, y otros, 2010) Medio ambiente: incluye todos aquellos factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humano y sobre los cuales la persona puede tener un relativo control cuando se refiere a su conducta, pero no tenerlo cuando se refiere a condiciones ambientales ineludibles, tal como ocurre con la contaminación o la disponibilidad de recursos básicos como agua potable y aire puro, aspectos que pueden poner en riesgo la salud. Estos factores determinan en gran parte los criterios de ajuste que las personas desarrollan para adaptarse al medio y están directamente relacionados con los estilos de vida y comportamiento autocuidado.
Estilo de vida: estos representan el conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su salud y sobre las cuales ejerce un cierto control que determinan en gran parte de las acciones frente a la salud o la enfermedad. Desde el punto de vista de la salud, las malas decisiones y los hábitos personales perjudiciales conllevan a riesgos que ubican la salud entredicho, de hecho se plantea que gran parte de los problemas de la salud de las personas que se relacionan con los estilos de comportamiento.
Concordancias. Artículos: 44, 356
Concordancias. Artículos:58, 64, 313, T46
El concepto sobre vivienda digna se ha construido desde diferentes concepciones. Promover un enfoque que parta de un planeta digno para la vida de todos los seres que le habitan, nos permitiría replantear algunas políticas sobre vivienda. De nada nos servirá la lucha por la unidad de vivienda, cuando estamos sacrificando todo el contexto sobre el cual se asientan estas construcciones. El espejismo de la vivienda digna ha sido utilizado como bandera electoral que hoy cobra muchísimos daños irreparables al medio ambiente. El urbanismo del campo y la ciudad debe atemperarse a políticas muy estrictas de protección y saneamiento ambiental.
Concordancias. Artículos: 64, 67, 300
La Constitución ordena al Estado desplegar en algunos campos de la vida social, una actividad de fomento. Dado que el cumplimiento de este tipo de mandatos constitucionales se traduce, por lo general, en gasto público, la consecución de los fondos pertinentes se torna ineludible. Lo interesante sería que el estado estudiara la manera de integrar la preservación del ambiente con las actividades recreativas de los asociados, el tiempo libre invertido en integración con la naturaleza cumpliría cometidos de gran alcance.
Concordancias. Artículos: 1, 25, 39, 44, 54 al 57, 60, 64, 123, 150 numeral 19 literales e) y f), T57
El trabajo con tecnología contaminante además de los efectos nefastos contra el medio ambiente es un ataque a la dignidad humana.
Concordancias. Artículos: 13, 47, 53, 67
Concordancias. Artículos: 53, 56, 103
Estamos lejos del momento en que los trabajadores de la industria, el comercio y el Estado, incluyan en sus pliegos de peticiones, exigencias sobre inversión en la implementación de tecnología limpia e inversión en investigación y protección ambiental por parte de sus patronos?
Concordancias. Artículos:53, 55, T20, T55, T57
Concordancias. Artículos:53, 60
La participación de los trabajadores en la gestión de las empresas debe orientarse en primer lugar a que la actividad empresarial cumpla con la función ecológica que es inherente a sus obligaciones sociales y económicas. Quién mejor que el trabajador conoce si su actividad genera o no contaminación y cuál sería la tecnología adecuada para evitarla.
Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa – administrativa, incluso respecto del precio.
Concordancias. Artículos: 59, 60, 64, 294, 317, 329, T55
Estos bienes pueden ser materiales o intelectuales.
La función social de la propiedad es uno de los preceptos de mayor avance en las reformas realizadas a la Constitución de 1886, pero su desarrollo legal fue muy lento. La Constitución actual presenta un gravamen adicional a la función social de la propiedad y es que le establece una función ecológica inherente.
Cuánto tiempo se necesitará para ver desarrollo doctrinal y jurisprudencial al respecto.?
EXIGENCIAS A LAS MULTINACIONALES DE FUNCION SOCIAL Y ECOLOGICA
“La lectura del concepto de función ecológica en materia de servicios públicos tiene varios componentes. En primer lugar, se parte de la base de que para cumplir su función social las empresas prestadoras de servicios públicos deben cumplir, a su vez, una función ecológica. En segundo lugar, se debe tener en cuenta que cuando se afecten recursos naturales, las empresas de servicios públicos deben proteger la diversidad y la integridad del ambiente. En tercer ecológica. Y, por último, se impone una conciliación de todos los objetivos enunciados con la necesidad de aumentar la cobertura y la sostenibilidad financiera de esos servicios públicos por parte de la comunidad.
Este concepto de función ecológica en servicios públicos está sustentado, en consecuencia, en tres elementos claves: protección de la diversidad, del ambiente, y en general, de los recursos naturales; aumento de la cobertura; y capacidad de pago y/o sostenibilidad financiera del sistema por parte de los usuarios” (AMAYA NAVAS, 2007, pág. 125).
La Unión Europea, a través de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, han fomentado el desarrollo de programas de Responsabilidad Social Empresarial, con la publicación del “Libro Verde” en el 2001, dirigen recomendaciones a empresas, administraciones públicas y agentes sociales respecto de los medios para sensibilizar y mejorar el conocimiento de la RSE.
El Libro Verde busca la contribución de las empresas a una mejora social y a un medio ambiente más limpio, con la vinculación de esta necesidad a los trabajadores y a los grupos de interés de la empresa.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha establecido unas líneas directrices para empresas multinacionales en las que han contemplado deberes como:
“Contribuir al progreso económico, social y medioambiental para lograr un desarrollo sostenible
Tratar constantemente de mejorar los resultados medioambientales de la empresa y,
cuando corresponda, de su cadena de suministro, fomentando actividades como:
a) la adopción de tecnologías y procedimientos de explotación en todas las áreas de la empresa que sean reflejo de la calidad medioambiental del mejor desempeño de la empresa;
b) el desarrollo y el suministro de productos y servicios que no tengan efectos medioambientales indebidos…
d) el estudio y la evaluación de medios para mejorar los resultados medioambientales de la empresa a largo plazo, por ejemplo, mediante la elaboración de estrategias de reducción de las emisiones, de uso eficiente de los recursos, de reciclado, de sustitución o reducción en la utilización de sustancias tóxicas, o de estrategias relativas a la biodiversidad”.
“La función social de la propiedad, con su ingrediente ecológico, en la Constitución de 1991, tiene una concepción y contenido políticos, en cuanto encierra la idea o noción de solidaridad social, de manera que el propietario tiene el deber social de contribuir mediante su explotación racional al bienestar de la comunidad y a la defensa del medio ambiente. En tal virtud, cuando el propietario es inferior a su compromiso social y usufructúa el bien en su solo provecho, sin parar mientes en el daño económico o ambiental que pueda deducirse de su comportamiento, viola el deber constitucional y, según el caso, puede hacerse acreedor a la aplicación de sanciones de distinto orden y alcance (administrativas y penales), y hasta la pérdida misma de la propiedad” (C. Constitucional Sentencia C- 389 de 1994 M.P. Antonio Barrera Carbonell).
“Ahora bien, en la época actual, se ha producido una “ecologización” de la propiedad · privada, lo cual tiene notables consecuencias, ya que el propietario individual no sólo debe respetar los derechos de los miembros de la sociedad de la cual hace parte (función social de la propiedad) sino que incluso sus facultades se ven limitadas por los derechos de quienes aún no han nacido, esto es, de las generaciones futuras, conforme a la función ecológica de la propiedad y a la idea del desarrollo sostenible. Por ello el ordenamiento puede imponer incluso mayores restricciones a la apropiación de los recursos naturales o a las facultades de los propietarios de los mismos, con lo cual la noción misma de propiedad privada sufre importantes cambios” (C. Constitucional Sentencia C- 126 de 1998 M.P. Alejandro Martínez Caballero).
Concordancias. Artículos:58, 97, 173, 184, 189 numeral 5; 212
Concordancias. Artículos:57, 64
Concordancias. Artículos: 150 numeral 24, 189 numeral 27
Concordancias. Artículos:189 numeral 26
Concordancias. Artículos:72, 75, 102, 150, 329, 334, 366
Los bienes de uso público son propiedad de la Nación, esto es, de todos los habitantes colombianos.
Los parques nacionales son reservas de grandes extensiones de terreno que hace el Estado para la preservación del ambiente y protección de la ecología.
Inalienable significa que no pueden venderse, arrendarse, cambiarse ni cederse a ningún titulo o circunstancia.
Inembargables significa que no pueden sustraerse al uso natural a que están destinados.
Imprescriptibles que bajo ninguna circunstancia pueden ser objeto de extinción del dominio.
Los Artículos 674 a 684 del Código Civil Colombiano definen los bienes públicos consideramos de utilidad su trascripción :
SON BIENES DE LA NACIÓN:
ARTICULO 674. BIENES PUBLICOS Y DE USO PUBLICO. Se llaman bienes de la Unión aquéllos cuyo dominio pertenece a la República.
ARTICULO 675. BIENES BALDIOS. Son bienes de la Unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales carecen de otro dueño.
ARTICULO 676. OBRAS DE PARTICULARES. Los puentes y caminos construidos a expensas de personas particulares, en tierras que les pertenecen, no son bienes de la Unión, aunque los dueños permitan su uso y goce a todos los habitantes de un territorio. Lo mismo se extiende a cualesquiera otras construcciones hechas a expensas de particulares y en sus tierras, aun cuando su uso sea público, por permiso del dueño.
ARTICULO 677. PROPIEDAD SOBRE LAS AGUAS. Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la Unión, de uso público en los respectivos territorios.
Exceptúanse las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con estos a los herederos y demás sucesores de los dueños.
ARTICULO 678. USO Y GOCE DE BIENES DE USO PÚBLICO. El uso y goce que para el tránsito, riesgo, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes.
ARTICULO 679. PROHIBICION DE CONSTRUIR EN BIENES DE USO PÚBLICO Y FISCALES. Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión.
ARTICULO 680. LIMITE DE LAS CONSTRUCCIONES PRIVADAS. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios, o hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad de la Unión.
Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria, estarán sujetos a la disposición de este artículo, si se reconstruyeren.
ARTICULO 681. LIMITE A LAS CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS. En los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas, no podrá haber, hasta la altura de tres metros, ventanas, balcones, miradores u otras obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero; ni podrá haberlos más arriba que salgan del dicho plano vertical sino hasta la distancia horizontal de tres decímetros.
Las disposiciones de este artículo se aplicarán a las reconstrucciones de dichos edificios.
ARTICULO 682. DERECHOS SOBRE LAS CONSTRUCCIONES REALIZADAS EN BIENES PUBLICOS. Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad de la Unión, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo.
Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, al uso y goce privativo de la Unión o al uso y goce general de los habitantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por la Unión.
ARTICULO 683. APROVECHAMIENTO DE AGUAS. No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto industrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes respectivas.
ARTICULO 684. DERECHOS ADQUIRIDOS SOBRE BIENES PUBLICOS. No obstante lo prevenido en este capítulo y en el de la accesión, relativamente al dominio de la Unión sobre los ríos, lagos e islas, subsistirán en ellos los derechos adquiridos por particulares, de acuerdo con la legislación anterior a este Código.
ARTICULO 64. Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educacion <sic>, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comunicaciones, comercialización de los productos, asistencia técnica y empresarial, con el fín de mejorar el ingreso y calidad de vida de los campesinos.
Concordancias. Artículos:38, 49, 60, 65, 67, 95, 334, T57
Concordancias. Artículos: 64, 66, 331
Concordancias. Artículos: 64, 65
Hasta ahora el crédito para los campesinos ha sido muy restringido, situación que ha provocado pérdida de cosechas, y aun imposibilidad de sembrado.
Se obliga el Gobierno en esta norma no sólo a facilitar los sistemas de crédito sino implementar la producción de alimentos y armonizar esta norma con el artículo 366 de esta misma Constitución.
Concordancias. Artículos: 10, 41, 46, 64, 68 al 70, 79, 150 numeral 8, 189 numeral 21, 300, 336, 356, 366
Es un fin constitucional de la educación, formar al colombiano para la protección del ambiente. Asunto fundamental cuando esta establecido que el ejercicio de la propiedad privada conlleva una función además de social, ecológica. Y la tendencia innata del colombiano es educarse para contar con la capacidad económica que le permita adquirir una propiedad privada. En consecuencia esa finalidad de la educación podrá demandarse del Estado, la sociedad y la familia. La diaria agresión contra los recursos naturales, la contaminación de los ríos y del aire propiciada por los mismos individuos que educa el sistema colombiano, nos esta indicando la necesidad de replantear la tarea de los educadores en todas las instancias.
“Además de los aspectos técnicos e institucionales para lograr disminuir la contaminación de las actividades productivas, consideramos de particular importancia consolidar la Educación Ambiental como eje articulador de las actividades de los distintos actores sociales. Cada día y en cada segundo, en cualquier lugar del planeta y por supuesto de Colombia, se están tomando decisiones que tienen que ver con el medio ambiente
Está claro entonces que no solamente hay que enfatizar en la educación especializada y técnica provista en los estamentos universitarios y congresos, seminarios y jornadas de actualización e información, sino que hay que seguir creando una cultura ambiental en las aulas de preescolar, primaria y bachillerato” (GALVIS, 2007, pág. 27)
Concordancias. Artículos:2, 67, 71
Otra norma más que permite a la comunidad exigir formación en el campo de las disciplinas ambientales.
Para el cumplimiento a cabalidad del mandato constitucional que exige la formación de una cultura ambiental cimentada desde la primaria hasta la universidad, resulta coherente que las instituciones formadoras de docentes ofrezcan el programa de licenciatura en educación ambiental.
Concordancias. Artículos:64, 67, 70
En el contexto de la libertad de cátedra, el mandato constitucional de fortalecer la investigación científica en las universidades debe orientarse en primer lugar a la búsqueda de soluciones a la contaminación ambiental y deterioro de los recursos naturales.
Concordancias. Artículos:64, 67, 69, 95, 189 numeral 21
Los valores culturales de la nación no pueden promoverse ni fomentarse por fuera de una política de protección al medio ambiente.
Concordancias. Artículos:67, 68, 69, 70, 72
Las organizaciones de carácter ambiental y cultural deben tomar el liderazgo en la exigencia del cumplimiento de este artículo.
Concordancias. Artículos: 63, 88
El fundamento cultural de un pueblo esta íntimamente ligado a su transversal ambiental. Pero es valido hacer unas anotaciones precisas sobre los conceptos a los cuales hace referencia este artículo de manera mas precisa.
El patrimonio arqueológico de la Nación son todas las piezas de arte, utensilios, vasijas, de origen precolombino, es decir, antes del descubrimiento de América, todo ello para buscar, investigar y conocer el origen e historia de nuestra nacionalidad.
La ley 397/97 que desarrolló los dos artículos anteriores y el presente, define el patrimonio cultural de la nación, como aquel constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.
De igual manera, la ley también considera dentro del patrimonio arqueológico, los restos humanos y orgánicos que pertenezcan a las culturas desaparecidas y los elementos geológicos y paleontológicos de la historia del hombre y sus orígenes.
Considera, así mismo, el patrimonio cultural sumergido y concede acción de cumplimiento a cualquier ciudadano para hacer respetar nuestro patrimonio cultural.
NOTA: Normas internacionales concordantes:
– Ley 340 de 1996. Por la cual se aprueba la convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, el reglamento para la aplicación de la convención y el protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, firmados en La Haya el 14 de mayo de 1954.
L. 397/97.
ART. 4º- Definición de patrimonio cultural de la Nación. El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes y valores culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la tradición, las costumbres y los hábitos, así como el conjunto de bienes inmateriales y materiales, muebles e inmuebles, que poseen un especial interés histórico, artístico, estético, plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, científico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico, antropológico y las manifestaciones, los productos y las representaciones de la cultura popular.
PAR. 1º-Los bienes declarados monumentos nacionales con anterioridad a la presente ley, así como los bienes integrantes del patrimonio arqueológico, serán considerados como bienes de interés cultural.
L.397/97.
ART. 5º- Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación. La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la Nación, tendrá como objetivos principales la protección, la conservación, la rehabilitación y la divulgación de dicho patrimonio, con el propósito de que éste sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro.
5.3.1.6. Derecho a la protección de sus riquezas culturales.
Resultado del reconocimiento al carácter multiétnico y pluricultural de la Nación colombiana, pues para nadie es un secreto que la importancia de las diversas Formas y expresiones culturales en un país son la base de su nacionalidad.
Así, el artículo 70 de la Constitución hace explícito el reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país; el artículo 10 hace también un reconocimiento de las lenguas y dialectos indígenas como idiomas oficiales en sus territorios, aliado del castellano. El artículo 72 consagra la obligación de dar protección legal a los “derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica”.
La lengua es uno de los elementos más importantes de la identidad cultural de cada pueblo. A través de ella se comunican los seres humanos y enseñan a sus hijos las costumbres y tradiciones de la comunidad. Muchos pueblos indígenas han perdido su lengua porque se les ha obligado a hablar otro idioma y así han ido perdiendo su cultura. El Constituyente de 1991 acepta que en el territorio de la República coexisten idiomas diferentes al castellano: los de los indígenas, raizales y otros. En el artículo 10 se afirma que “las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios.”
En el mismo artículo 10 se estatuye que la educación de estos grupos se hará en Forma bilingüe. Esta parte debe entenderse de conformidad con el reconocimiento de la multiculturalidad de la Nación colombiana, teniendo como etnia, derecho a su identidad cultural, haciéndose necesario que la educación respete y desarrolle esos valores culturales y, para ello no basta con que la educación que reciban sea en lengua aborigen, ya que en su propia lengua se les puede atropellar con otros valores y costumbres.
Lo importante es que a través de la etno-educación se reproduzcan todos los valores y costumbres de los diversos pueblos indígenas que los hacen diferentes al resto de la población para que no se pierda su identidad, tal como lo consagra el artículo 68 de la Constitución.
“Todos los valores culturales, así como el patrimonio arqueológico son considerados patrimonio de todos los colombianos y el Estado se compromete a protegerlos, según lo expresan los artículos 8 y 72 de la Carta; además, si algunas comunidades viven en territorios considerados como patrimonio arqueológico, el Estado por mandato de la ley les garantizará sus derechos.
Concordancias. Artículos: 20, 74
Las casas periodísticas, tienen la responsabilidad de manejar el poder de la información en pro de la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Concordancias. Artículos: 15, 112
El acceso a la información es un derecho que permite intervenir de manera eficiente en la defensa de los derechos ambientales. Ningún ciudadano debe cohibirse en obtener toda la información que necesite para tener claridad sobre los proyectos de desarrollo que se aplican en sus comunidades y sobre las especificaciones de manejo ambiental que los expertos realizan sobre estos proyectos.
Concordancias. Artículos: 76, 112
El espectro electromagnético, otro recurso natural sobre el cual los ciudadanos del común poco conocemos. Es necesario ejercer el derecho de petición de información para investigar sobre la materia antes de encontrarnos en situaciones que podían prevenirse mediante el reclamo social.
“Se habla de la contaminación electromagnética o electro polución, que corresponde a la contaminación que producen los campos eléctricos y electromagnéticos, como consecuencia de la cantidad de aparatos eléctricos y electrónicos que rodea a la mayoría de la población en los tiempos actuales.
En principio, las consecuencias derivadas de esta clase especial de contaminación, se concretan en afectaciones para la salud, sin embargo también el medio ambiente puede verse afectado, ya que el envenenamiento por radiación puede producirse no solo en el cuerpo de las personas, sino también en el cuerpo de otros animales” (CAMACHO GUTIÉRREZ, 2007, pág. 220).
(APARTE TACHADO DEROGADO POR EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2011)
PARAGRAFO. Se garantizarán y respetarán la estabilidad y los derechos de los trabajadores de Inravisión.
(ARTÍCULO MODIFICADO POR EL ACTO LEGISLATIVO 02 DE 2011 EL NUEVO TEXTO ES:)
Capítulo III: De los derechos colectivos y del ambiente
Concordancias. Artículos: 1, 334
“… han surgido programas en distintos niveles para la promoción de mercados verdes y biocomercio que incluyen bienes y servicios con los que se aprovecha la biodiversidad de manera sostenible, generando recursos económicos para las comunidades.
En la Tercera Conferencia de las Partes de la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) (noviembre de 1996), la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) lanzó la Iniciativa Biocomercio con el objetivo de estimular el comercio y la inversión en recursos biológicos para el desarrollo sostenible, de acuerdo con los tres objetivos de la CDB.
El biocomercio corresponde al conjunto de actividades de recolección o producción, procesamiento y comercialización de bienes y servicios derivados de la biodiversiad nativa, bajo criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica… con el biocomercio se busca propiciar que el comercio sea un incentivo positivo para la conservación de la biodiversidad” (GUZMAN AGUILERA, 2012, pág. 117)
Concordancias. Artículos: 63, 67, 72, 88, 95 numeral 8; 277, 289, 300, 310, 317, 331, 33, 334, 361
Frente al obvio contenido ambiental de este artículo resulta de mayor valor traer algunas citas jurisprudenciales sobre la materia.
Sentencia No. T-125/95
La vinculación in abstracto del derecho al medio ambiente y los derechos a la vida y a la salud, con el objeto hacer comunicable la naturaleza fundamental de los últimos al primero, no es admisible, ya que con ello termina por desconocerse la distinción entre derechos colectivos y derechos fundamentales, y se prescinde de la evidencia empírica necesaria para demostrar la conexidad existente entre unos y otros en el caso concreto. Si bien la órbita de protección de un derecho colectivo cobija indirectamente la efectividad de derechos fundamentales, y la relación entre ambiente sano y vida sana es intuitivamente cierta, no es posible concluir sin incurrir en un error lógico y jurídico, como lo hace el fallador, que la vulneración del derecho al medio ambiente supone necesariamente la violación de los derechos a la salud o a la vida. El daño patrimonial ocasionado a las viviendas por la actividad transportadora, no se relaciona con los derechos a la vida y a la salud.
No significa que la calidad de vida de los habitantes del sector y sus derechos patrimoniales, no estén siendo afectados por las acciones particulares y las omisiones del Estado, o que, a largo plazo, las personas residentes en el lugar puedan presentar afecciones en su salud por las mismas causas, en cuyo caso la situación si podría conducir a plantear la procedencia de la acción de tutela. No obstante, la Sala debe insistir en que este mecanismo constitucional no es la vía judicial adecuada para propender la protección de derechos colectivos salvo que se demuestre la vulneración de un derecho fundamental, y, menos todavía, si los interesados están en posibilidad de interponer las acciones populares, de clase o de grupo que son las idóneas para el fin propuesto.
DERECHO AL AMBIENTE SANO/DERECHOS FUNDAMENTALES
Sentencia No. C-058/94
El fomento a la colonización previsto por el artículo 63 de la Ley 48 de 1993 es conforme a la Constitución. Sin embargo, como es obvio, esa colonización deberá efectuarse dentro del marco de los principios, derechos y valores consagrados por la Constitución. Esto significa entonces, de un lado, que ella deberá respetar las orientaciones establecidas por las autoridades civiles políticas. Las colonizaciones sólo podrán efectuarse en tierras baldías por cuanto no pueden desconocer el derecho de propiedad en general ni en particular los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo y aquellas que hagan parte del patrimonio arqueológico de la Nación, puesto que, conforme al artículo 63 de la Constitución, todas ellas son inalienables.
CONSTITUCION ECOLOGICA/DERECHO AL AMBIENTE SANO
La protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Constitución contiene una “constitución ecológica”, conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente.
El concepto de desarrollo sostenible ha buscado superar una perspectiva puramente conservacionista en la protección del medio ambiente, al intentar armonizar el derecho al desarrollo -indispensable para la satisfacción de las necesidades humanas- con las restricciones derivadas de la protección al medio ambiente. El desarrollo sostenible debe permitir elevar la calidad de vida de las personas y el bienestar social pero sin sobrepasar la capacidad de carga de los ecosistemas que sirven de base biológica y material a la actividad productiva.
Hoy no tienen ningún respaldo constitucional ciertos procesos y conceptos que anteriormente pudieron ser considerados legítimos, cuando los valores ecológicos no habían adquirido el reconocimiento nacional e internacional que se les ha conferido en la actualidad. Y eso sucede en particular con el concepto de que la colonización puede ser predatoria, puesto que, por razones empíricas y normativas, estos procesos son inaceptables ya que se efectúan en contradicción con los principios ecológicos establecidos por la Constitución. Hoy en Colombia no es legítima una colonización incompatible con la preservación del medio ambiente y el desarrollo sostenible. El fomento a la colonización previsto por el artículo impugnado tiene legitimidad constitucional únicamente si se efectúa de acuerdo a los principios del desarrollo sostenible constitucionalizados por la Carta de 1991, de lo cual derivan restricciones y limitaciones.
Sentencia No. T-308/93
CONTAMINACION POR RUIDO/DERECHO AL AMBIENTE SANO/DERECHO A LA IGUALDAD
La ley reconoce que el ruido es uno de los agentes contaminantes del medio ambiente y atribuye a las autoridades públicas competencias para establecer las condiciones y requisitos necesarios con el objeto de preservar la salud y la tranquilidad de los habitantes, las que pueden traducirse en el control de ruidos. El derecho al medio ambiente, en principio, no es susceptible de protección mediante la acción de tutela por existir otros medios de defensa judicial, salvo que se vean comprometidos, de manera directa, otros derechos fundamentales como la vida o la salud, el daño sea individualizado y la ocurrencia de la vulneración o amenaza se halle plenamente demostrada. No existe una violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, el sacrificio que representa padecer el ruido de las prácticas de tiro podría constituir una violación del derecho a la igualdad. La imposición a una persona de una carga pública excesiva, en relación con las que normalmente deben soportar los demás asociados, puede constituir una violación del derecho fundamental que toda persona tiene a gozar efectivamente de los mismos derechos, libertades y oportunidades.
Concordancias. Artículos: 95, 289, 300, 302, 310, 317, 330, 332, 334, 337, 339, 360
La cooperación entre los países es importante en la protección de los ecosistemas en las zonas fronterizas, porque con ello se pueden prevenir los daños que se causen como consecuencia del manejo por uno de los países fronterizos; por ejemplo: mato grosso en el Brasil que se encuentra integrado con la Amazonía Colombiana. La destrucción en cualquiera de las dos áreas de la fauna o la flora, afectará el sistema hidrográfico común a las dos naciones. Otro ejemplo es la situación que reclama Ecuador en relación con la erradicación de cultivos ilícitos por fumigación área.
“…el deber de protección de los recursos naturales va aparejado con la función de planificación en el manejo y el aprovechamiento de esos recursos, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución” (AMAYA NAVAS, 2007, pág. 116).
Concordancias. Artículos: 216, 223
Las armas químicas son aquellas producidas mediante sustancias tóxicas para el organismo humano y aún para la ecología. Ellas son gases venenosos o granulados volátiles en la atmósfera.
Las armas biológicas son las que se obtienen mediante el desarrollo de bacterias, las cuales al penetrar al cuerpo humano producen enfermedades letales, es decir, que producen la muerte en muy corto tiempo.
Las armas nucleares se obtienen por la desintegración y bombardeo de los átomos de hidrógeno, y otros materiales radioactivos, como el uranio y el plutonio.
Todas estas armas de naturaleza mortal y capaces de producir genocidios en cualquier lugar que sean utilizadas, quedan proscritas de nuestro país, y por tanto, prohibida la importación, fabricación, posesión y uso.
Los recursos genéticos, es decir, las células capaces de producir vida vegetal o animal, serán manejados por el Estado.
Concordancias. Artículos: 88, 101
Capítulo IV De la protección y aplicación de los derechos
Concordancias. Artículos: 84, 268 numeral 8
Concordancias. Artículos: 2, 4, 13, 23, 40, 46, 89, 90, 92, 95, 333
Concordancias. Artículos: 11 al 21, 23, 24, 26, al 31, 33, 34, 37, 40
Concordancias. Artículos: 241 numeral 9, 282 numeral 3
COMENTARIO ECO-LOGICO(BORRERO NAVIA, 1994, págs. 119-122) “…la Corte Constitucional precisó la diferencia establecida en la Constitución de Colombia entre los derechos humanos fundamentales y la protección ambiental, reconoció, sin embargo su interrelación, y particularmente, la conexidad del derecho a un ambiente sano con otros derechos fundamentales. La decisión adoptada por la Corte Constitucional en su Sentencia T- 415 hizo tránsito a precedente judicial para la Acción de tutela “en todos los casos similares por sus hechos o circunstancias, siempre que se omitan estudios de impacto y/o permisos de funcionamiento, por el ejercicio de sus actividades que amenacen contaminar el ambiente”
En sentencia T-231 de junio 18 de 1993, la Corte Constitucional prescribió los requisitos para proceder a la protección del derecho fundamental a un ambiente sano a través de la Acción de Tutela, previa ponderación por parte del juez del caso subjudice haciendo uso de la regla de conexidad, según la cual, “en aquellos casos en los cuales, de la vulneración del derecho a gozar del medio ambiente resulte vulnerado igualmente un derecho constitucional fundamental, procede la Acción de Tutela como mecanismo judicial de protección del derecho colectivo al medio ambiente””
La Corte Constitucional en Sentencia T- 975 de 2000, estableció: “El derecho al medio ambiente sano es un derecho colectivo que implica, en general, la preservación de todos los aspectos ambientales que conforman el entorno del individuo. Siendo un derecho colectivo, por regla general, debe procurarse su protección mediante el mecanismo de las acciones populares, consagradas en el artículo 88 de la Constitución, ya que éstas son la vía idónea para para proteger los derechos que implican una relación directa con el medio ambiente y la salubridad, entro otros. No obstante, existen casos en que el mecanismo de la tutela se hace viable para defender derechos colectivos, en tanto que al ser vulnerados tales derechos, se produzca igualmente la vulneración o amenaza de derechos fundamentales de una persona en particular, siempre y cuando se cumpla una serie de requisitos y se acredite dicha vulneración o amenza.
De acuerdo a lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha sido clara al establecer que, ante la vulneración de derechos colectivos, pueden ser tutelados, por conexidad, derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud, justamente porque la naturaleza y la inminencia de la garantía constitucional a los derechos fundamentales, hace perentoria y prevalente su protección.
En los casos en que los olores fétidos provenientes de actividad industrial o agraria, se tornen intolerables para el individuo que está obligado a soportarlos por tener su lugar de residencia o de trabajo en lugar cercano, se hace viable el mecanismo de la tutela para proteger el derecho a un medio ambiente sano, como derecho colectivo, por estar en conexidad con los derechos fundamentales a la vida y a la salud que, evidente y directamente, están siendo vulnerado por la emanación de los malos olores”.
Las sentencias se encuentran disponibles en la página web
Concordancias. Artículos: 6, 115, 189, 238, 277
“se trata por lo tanto de un mecanismo idóneo para sancionar la inactividad de las autoridades en materia ambiental, no sólo respecto de la normatividad de carácter general, impersonal y abstracta, sino también respecto de sus propios actos, por ejemplo, cuando a pesar de haber expedido actos administrativos de naturaleza sancionatoria por afectación del medio ambiente, posteriormente no los hacen cumplir” (ESTRADA, 2006, pág. 176).
Concordancias. Artículos:90, 95, numeral 8, 282 numeral 5
Sobre esta materia de acciones populares presentamos en el último capitulo de esta publicación un ejercicio que hace comprensible el concepto de manera práctica. Ideal entonces ilustrar el comentario solamente con unos cuantos conceptos jurisprudenciales sobre acciones de carácter colectivo.
Sentencia No. T-415/92
DERECHOS COLECTIVOS/DERECHOS
FUNDAMENTALES/DERECHOS DE APLICACION INMEDIATA/JUEZ DE TUTELA
La conexión que los derechos colectivos pueden presentar, en el caso concreto, con otros derechos fundamentales, puede ser de tal naturaleza que, sin la debida protección de aquellos, estos prácticamente desaparecerían o se haría imposible una protección eficaz. En estos casos se requiere una interpretación global de los principios, valores, derechos fundamentales de aplicación inmediata y derechos colectivos, para fundamentar debidamente, una decisión judicial. Un derecho fundamental de aplicación inmediata que aparece como insuficiente para respaldar una decisión, puede llegar a ser suficiente si se combina con un principio o con un derecho de tipo social o cultural, y viceversa. Esto se debe a que la eficacia de las normas constitucionales no está claramente definida cuando se analiza a priori, en abstracto, antes de entrar en relación con los hechos.
DERECHO AL AMBIENTE SANO/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE
El cumplimiento de la ley es un derecho de estirpe constitucional fundamental reconocido en el artículo 40 de la Constitución. Cuando la norma incumplida consagra un derecho constitucional fundamental, entonces el derecho de interponer acciones públicas en defensa de la constitución o de la ley “se puede hacer efectivo mediante instrumentos tales como la tutela”. Los derechos al medio ambiente sano y a la salud de la población pueden ser protegidos mediante la tutela cuando se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Sentencia C-1062/00
Decisión sobre cargos no objeto de pronunciamiento
Mecanismos judiciales que lo hacen efectivo
Se reitera que las acciones de clase o grupo constituyen un mecanismo de defensa judicial frecuentemente utilizado por una categoría o clase de personas determinadas, que pretenden lograr una indemnización resarcitoria económicamente, del perjuicio ocasionado por un daño infringido en sus derechos e intereses.
Las acciones de grupo están orientadas a resarcir un perjuicio proveniente del daño ya consumado o que se está produciendo, respecto de un número plural de personas. El propósito es el de obtener la reparación por un daño subjetivo, individualmente considerado, causado por la acción o la omisión de una autoridad pública o de los particulares. Se insiste en este punto sobre la naturaleza indemnizatoria que evidencian las mismas, la cual configura una de sus características esenciales, así como en el contenido subjetivo o individual de carácter económico que las sustenta.
Definición del Constituyente no es taxativa
El Constituyente se detuvo para categorizar como derechos colectivos al patrimonio público, al espacio público, a la seguridad y salubridad públicas, a la moral administrativa, al ambiente y a la libre competencia económica; sin embargo, como se ha dicho en varias oportunidades por esta Corte, tal definición no es taxativa, pues a la vez se le defirió al legislador la posibilidad de señalar otros derechos e intereses colectivos cuya protección sea materia de las acciones populares, en el evento de que participen de similar naturaleza y siempre que no contraríen la finalidad pública o colectiva para la cual fueron concebidos.
Debe tenerse en cuenta que la acción de clase o de grupo se configura a partir de la preexistencia de un daño que se busca reparar pecuniariamente y en forma individualizada, por todos aquellos que se han visto afectados. Por lo tanto, su ejercicio está sometido a unos requisitos sustanciales específicos, en cuanto a la legitimación activa y pasiva de la acción, la determinación de la responsabilidad que se pretende determinar y el objeto que pretende proteger. Frente a lo primero, debe probarse un interés jurídico determinado por quien la instaure. En cuanto a la legitimación por pasiva, la acción puede dirigirse en contra de personas naturales y jurídicas, de naturaleza privada o pública, por el daño que ocasionen a ese número plural de personas. En lo relativo a la determinación de la responsabilidad en la causación del daño, para el ejercicio de esta acción es requisito indispensable que existan condiciones uniformes en el número plural de personas. Esto significa que las personas que se han visto afectadas en un interés jurídico deben compartir la misma situación respecto de la causa que originó los perjuicios individuales y frente a los demás elementos atribuibles a la responsabilidad; es decir, que el hecho generador del daño sea idéntico, que ese hecho haya sido cometido por el mismo agente, o sea referido a un mismo responsable, y que exista una relación de causalidad entre el hecho generador del daño y el perjuicio por el cual el grupo puede dirigir la acción tendiente a la reparación de los perjuicios sufridos.
Independencia frente a otras acciones
Es, igualmente, característica fundamental de las acciones de clase o de grupo su procedencia independiente de la existencia de otra acción, es decir que presenta un carácter principal y su ejercicio no impide instaurar las correspondientes acciones particulares. Lo que sucede es que por economía procesal y en aras de la eficacia de la administración de justicia, la identidad en la pretensión y los hechos, así como la unidad en la causa del daño y el interés cuya lesión debe ser reparada, las peticiones del número plural de personas o del grupo pueden estudiarse y resolverse bajo una misma unidad procesal.
Debe garantizarse el derecho de defensa
Regulación es de reserva legal legislativa
ACCION POPULAR Y ACCION DE CLASE O DE GRUPO
El Constituyente fue consciente de que debían existir acciones preventivas y restitutorias del uso y goce de los derechos colectivos, cuando no presenten un contenido subjetivo o individual ni económico y en forma preexistente al respectivo daño que en esos derechos se pudiere infligir, a las cuales identificó como acciones populares. Así mismo, determinó que también existirían acciones que permitieran perseguir la reparación subjetiva de los daños producidos en los derechos e intereses de un número plural de personas, generados en virtud del daño causado por la acción u omisión de la autoridad pública o de un particular, las que se han denominado acciones de clase o de grupo, ejercitables sin perjuicio de las demás acciones ordinarias y especializadas.
Derechos amparables
El hecho de que las acciones de clase o de grupo se encuentren reguladas dentro de una norma constitucional que hace referencia en su mayor parte a la garantía procesal de los derechos e intereses colectivos, como ocurre en el artículo 88 de la Carta, no significa que aquellas sólo puedan intentarse para obtener el reconocimiento y pago de la indemnización adeudada por los perjuicios causados en derechos e intereses colectivos, pues dichas acciones también podrán formularse con respecto de toda clase de derechos constitucionales fundamentales y subjetivos de origen constitucional o legal cuando han sido lesionados a un número plural de personas, con identidad de causa y responsable, con el fin de reclamar la respectiva reparación de perjuicios ante el juez, en forma pronta y efectiva.
Sentidos posibles de disposición
En este caso resultan plenamente aplicables los principios hermenéuticos de la conservación del derecho y de la interpretación de la ley conforme con la Constitución, ampliamente desarrollados por esta Corte, según los cuales, a partir del juicio de constitucionalidad de una disposición jurídica no es viable declarar su inexequibilidad y, en consecuencia, generar el correspondiente retiro del ordenamiento jurídico, cuando la misma admite por lo menos una interpretación ajustada a la Constitución, caso en el cual la Corte deberá emitir una sentencia interpretativa condicionando la ejecución de esa norma a la interpretación que desarrolla el texto constitucional. Con esto “se persigue, esencialmente, salvaguardar, al menos, alguno de los posibles efectos jurídicos de la disposición demandada, de manera tal que se conserve, al máximo, la voluntad del legislador.”
JURISPRUDENCIA- TUTELA.-Protección judicial del medio ambiente. “Por lo que atañe al perjuicio que sufra la comunidad por causa del deterioro o corrupción del ambiente, ha de tenerse en cuenta que precisamente para esos eventos la Constitución Política ha contemplado un especial procedimiento encaminado a brindarle protección efectiva en caso de verificarse que en realidad el interés común está siendo dañado o amenazado.
Es así como, dentro de un contexto mucho más amplio que cubre varias materias de interés comunitario, el artículo 88 constitucional, al preceptuar que la “ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella”, ha deferido en el legislador la facultad para indicar las acciones y el procedimiento a seguir cuando se trate de procurar la actividad estatal enderezada al amparo del conglomerado, lo cual desarrolla con marcado énfasis el principio superior enunciado en el artículo 1º de la Carta sobre prevalencia del interés general, mediante la actividad que hoy debe cumplir el estado social de derecho.
Es claro que el ambiente sano hace parte de ese gran temario que puede encerrarse dentro del concepto del interés colectivo que reclama la atención prioritaria de las autoridades y que ha encontrado en la nueva Constitución varias formas de garantía, una de las cuales es cabalmente la del artículo 88 en comento.
Desde luego, las acciones populares no son nuevas dentro del ordenamiento jurídico colombiano, pues están plasmadas algunas de ellas desde el Código Civil, en defensa de los bienes y lugares de uso público, la seguridad de los transeúntes, el interés de la comunidad frente a obras nuevas que amenacen causar daño, o ante el perjuicio contingente que pueda derivarse de delito, imprudencia o negligencia de cualquier persona y que pongan en peligro a personas indeterminadas (artículos 1005, 1006, 1007, 2358, 2359, 2360 del C. C., entre otros).
El precepto constitucional del artículo 88 buscó ampliar el campo propio de esta clase de acciones como “un paso fundamental en el desarrollo de un nuevo derecho solidario, que responda a nuevos fenómenos de la sociedad como es el daño ambiental, los perjuicios de los consumidores, los peligros a que se ven sometidas las comunidades en su integridad física y patrimonial, los daños que se le causan a las mismas por el ejercicio abusivo de la libertad económica, sin consideración a conductas comerciales leales y justas”. Se las consideró como “remedios colectivos frente a los agravios y perjuicios públicos”, en distintas esferas.
El ambiente reviste, dentro de las enunciadas materias, una espacialísima importancia, tal como lo entendió en su momento la Asamblea Constituyente, según consta en varios de los proyectos en ella considerados; “Es claro que la protección del medio ambiente es uno de los fines del Estado moderno. Por tanto toda la estructura de éste debe estar iluminada por ese fin y debe tender a su realización”.
“La problemática ambiental (…) y la protección del medio ambiente constituyen una compleja conjunción de factores socioeconómicos, técnicos e institucionales cuya atención demanda grandes esfuerzos y presupuestos proporcionados a la importancia de la tarea. Sin embargo, no hay duda alguna de que las acciones que el país debe adelantar al respecto corresponden esencialmente a una decisión del Estado, que asigne a la gestión ambiental la importancia que le corresponde dentro del conjunto de actividades prioritarias del país”.
Sobre la necesidad de facilitar a la sociedad los mecanismos jurídicos idóneos para alcanzar el propósito de preservar el ambiente, el constituyente; Alvaro Gómez Hurtado propuso una acción pública, que finalmente quedó incorporada con los demás temas colectivos en el artículo 88, expresando:
“…se justifica que se dote a los particulares de una acción pública que sirva de instrumento para poner en movimiento al Estado en su misión, bien de dirimir los conflictos de intereses que pudieren presentarse, bien de evitar los perjuicios que el patrimonio común pueda sufrir”. (C. Const., Sent. T-437, jun. 30/92, M.P. José Gregorio Hernández Galindo).
Los Derechos e Intereses colectivos que se protegen por medio de las acciones populares han sido desarrollados en la Ley 472 de 1998, expresando en el artículo 4:
“Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
d) El goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público; Ver Fallo Consejo de Estado 071 de 2001 , Ver Fallo Consejo de Estado 116 de 2001
Lamentablemente el uso de los caza incentivos obligó a un pronunciamiento legislativo, que eliminó el incentivo otorgado al actor de las acciones populares. En las búsqueda de la protección de los derechos colectivos ambientales las universidades, las organizaciones ambientales y demás, están llamados a reaccionar en pro de la participación ciudadana en la que se fundamenta nuestro ordenamiento jurídico,
Concordancias. Artículos:83 al 88
“Con respecto a la participación ciudadana es innegable que la Constitución Ecológica de 1991 es el marco ideal para el desarrollo sostenible con instrumentos normativos, tales como los mecanismos de participación política (veedurías, consultas, audiencias), los instrumentos administrativos, como los derechos de petición, las audiencias públicas ambientales, la participación en los consejos especialmente la tutela y las acciones populares” (GALVIS, 2007, pág. 29)
Aunque es poco usado con este objetivo, el artículo que sirve de fundamento a la responsabilidad estatal permite reclamar su responsabilidad en asuntos de carácter ambiental y ecológico.
La Corte Constitucional en Sentencia C-832 de 2001 respecto a la acción de repetición expresó: “La acción de repetición se define como el medio judicial que la Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por los daños antijurídicos que les haya causado.
Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) Que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los antijurídicos causados a un particular; (ii) Que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público. (iii) Que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero determinada por el juez en su sentencia”.
En Colombia han sido pocos los casos de daños ambientales que se han sometido a la justicia administrativa, lo que trae como consecuencia que la acción de repetición en temas ambientales hasta ahora no es operante.
“Con respecto al daño ambiental puro, el cual es de difícil modelación por lo inmensurable de sus efectos (daños a lo biodiversidad), debe ser cubierto por una herramienta conformada por el Estado, de la misma manera como se crean fondos para proteger a los cuenta habientes de un banco, la comunidad ante ocurrencia de catástrofes, etc. Buscando aportes de todos los actuantes en la industria para indemnizar a los afectados por causa de estos daños” (RUEDA BARRERA, 2007, pág. 56) .
Concordancias. Artículos: 6, 90
Concordancias. Artículos: 23, 89, 90
La omisión y la extralimitación de las funciones por parte de los servidores públicos en relación con la protección al medio ambiente que debe desarrollarse en toda actividad pública debe ser motivo de denuncia por parte de los ciudadanos para efecto de los correctivos necesarios.
<Incisos 3 y 4 adicionados por el artículo 1 del Acto Legislativo No. 2 de 2001. El nuevo texto es el siguiente:>
Concordancias. Artículos:44, 53, 94, 150, 164, 189, 214, 215
A manera de ejemplo de la incidencia de los tratados internacionales en asuntos ambientales es concerniente la siguiente cita jurisprudencial:
Acción Popular sobre la importancia de los humedales. Actor: Julio Enrique González Villa Consejo de Estado Radicación: 25000232600020000011201 de septiembre 04 de 2003. Sección Quinta. M P. Dra. Maria Noemí Hernández Pinzón.
“La Convención de Ramsar (ciudad Iraní donde se celebró la reunión), aprobada el 2 de febrero de 1971, en el marco de la “Primera sobre los humedales de importancia internacional especialmente como hábitat de aves acuáticas”, celebrada por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, UICN, definió este recurso natural en los siguientes términos:
“(…) extensiones de marismas, pantanos turveras o superficies cubiertas de agua, ya sea de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluyendo las extensiones de aguas marinas, cuya profundidad en marea baja no excede de los seis metros y pueden incluir zonas ribereñas y costeras adyacentes a los humedales, así como las islas y cuerpos de aguas marina, con una profundidad superior a los seis metros en marea baja, que se encuentran dentro del humedal”.
Colombia, como Estado suscriptor de esa convención adoptó esta definición, de conformidad con la Ley 357 del 21 de enero de 1997.
Otras los definen como: “aquellas tierras permanentemente húmedas o inundables durante parte o todo el año y cuya lámina de agua no alcanza por lo general más de 6 metros profundidad”.
Según esto, la Sala concluye que los humedales juegan un papel muy importante en el mantenimiento del equilibro del ecosistema a través de las funciones que cumple, y su conservación es un imperativo porque coadyuva al mantenimiento de la calidad del medio ambiente, especialmente aquellos residentes en sus áreas de influencia.
(BORRERO NAVIA, 1994, pág. 13) “A través de acuerdos, convenios y declaraciones internacionales, al igual que de leyes nacionales, se ha consolidado un reconocimiento jus filosófico y doctrinario de los principios rectores de la relación ser humano-ambiente. La experiencia normativa sobre la materia, tanto de los Estados como de la comunidad internacional, ha evolucionado en torno a la consagración de los siguientes principios y derechos básicos:
El principio de justicia entre generaciones o equidad intergeneracional en el uso de la oferta ambiental planetaria;
El principio de santidad y unicidad de las formas vivientes;
El derecho humano básico a vivir en un ambiente globalmente sano;
El derecho fundamental de pueblos e individuos a un estilo de vida (subsistencia) sostenible.”
Concordancias. Artículos: 4 ,5, 93
Capítulo V: De los deberes y obligaciones
Concordancias. Artículos: 13, 44, 333
Concordancias. Artículos: 49, 64
Concordancias. Articulo: 4
Concordancias. Artículos: 93, 222
Concordancias. Articulo: 40
Concordancias. Artículos: 22, T12
Concordancias. Artículos: 116, 229
Concordancias. Artículos: 79, 88, 333
Concordancias. Artículos: 345, T43
Concordancias del Articulo: 2, 4, 6, 67, 96, 97
Aunque solo el numeral octavo tiene referencia al medio ambiente, el artículo de las obligaciones ciudadanas, en su integridad indica que la participación activa de los asociados es necesaria para el buen funcionamiento de la administración pública, requisito para la consolidación de la paz como bien supremo de la comunidad, circunstancia en la cual la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables tiene una importancia fundamental.
“La Corte Constitucional ha señalado que para el cumplimiento del deber de protección de los recursos naturales de la Nación están establecidas dos vías: la planificación y la fijación de políticas estatales, por una parte; y, por la otra, la consagración de acciones judiciales encaminadas a la preservación del ambiente y a la sanción penal, civil o administrativa cuando se atente contra él, las cuales pueden ser impetradas por el mismo Estado o por cualquier ciudadano” (C. Const, Sentencia C-423/1994, M.P. V. Naranjo).
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