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Timestamp: 2019-08-24 01:44:27
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IMPLICANCIAS SOCIALES, LABORALES, ECONÓMICAS Y MEDIOAMBIENTALES DE LA INDUSTRIA FORESTAL Y DE LA CELULOSA. PROYECTO DE ACUERDO.
ANEXO DE DEBATE
Sesión 50ª, en miércoles 11 de julio de 2007
(Especial, de 19.04 a 21.11 horas)
-	Implicancias sociales, laborales, económicas y medioambientales, de la industria forestal y de la celulosa. Proyecto de acuerdo	7
Anexo de Debate.
-	Implicancias sociales, laborales, económicas y medioambientales, de la industria forestal y de la celulosa. Proyecto de acuerdo, discutido en sesión especial de la Cámara de Diputados:	37
-	Presentación del ministro del Trabajo y Previsión Social.
-	Presentación de la señora Cecilia Leiva Montenegro, Subsecretaria de Agricultura.
-	Presentación de la señora Ana Lya Uriarte Rodríguez, Ministra presidenta de Conama.
1.	Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Farías, Barros, Enríquez-Ominami, Lobos, Martínez, Núñez, Pérez; Tuma, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Sepúlveda, doña Alejandra, que modifica el artículo 7° de la ley N° 18. 450, de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje. (boletín N° 5199-01)	115
-	Oficios del Tribunal Constitucional por los cuales pone en conocimiento de la Cámara de Diputados los siguientes recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad:
2.	Del artículo 416, inciso 3° del Código Procesal Penal. ROL N° 806-07-INA. (Oficio N° 1195)	117
3.	De los artículos 4° de la ley N° 18.549, y 29 de la ley N° 18.669. Rol N° 790-07-INA. (Oficio N° 1204)	118
-Asistieron, además, la ministra de Agricultura (S), señora Cecilia Leiva; el ministro del Trabajo y Previsión social, señor Osvaldo Andrade, y la presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte.
-Concurrió, también, el senador Alejandro Navarro.
-Por encontrarse con permiso constitucional, no asistieron los diputados señores Fernando Meza Moncada, Juan Carlos Latorre Carmona, Nicolás Monckeberg Díaz, y Eugenio Tuma Zedan.-
-Se abrió la sesión a las 19.03 horas.
El acta de la sesión 46ª queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados.
Esta sesión ha sido solicitada en virtud de una petición suscrita por 43 honorables diputados y diputadas, con el objeto de conocer antecedentes respecto a las implicancias sociales, laborales, económicas y medioambientales de la industria forestal y de la celulosa en nuestro país.
Han sido invitados los ministros de Agricultura , señor Álvaro Rojas; del Trabajo y Previsión Social, señor Osvaldo Andrade, y la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte.
Para poder hacer la presentación es necesario que ingrese a la Sala un asesor, a fin de que maneje el computador.
El tiempo previo de 15 minutos, contemplado en el artículo 74 del Reglamento, corresponde al Comité del Partido Socialista. Tiene la palabra, en primer término, el diputado señor Manuel Monsalve.
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar afectuosamente a todos los dirigentes de la Unión de Sindicatos Forestales de la provincia de Arauco, que represento, y que hoy se encuentran en las tribunas.
Con el diputado Alfonso De Urresti pedimos la celebración de esta sesión, precisamente, a solicitud de los dirigentes, con el objeto de que la Cámara de Diputados haga un análisis de la industria forestal.
Durante esta primera intervención, voy a entregar a la Sala elementos y datos que permitirán ir configurando la enorme concentración económica, la gran rentabilidad y el gran crecimiento experimentado por la industria forestal, que contrastan con las condiciones de precariedad laboral con la pobreza existente en las comunas en las cuales se llevan a cabo actividades forestales y con las infracciones a la normativa laboral que a diario afectan a los trabajadores forestales.
La industria forestal representa el 3,5 por ciento del producto interno bruto, PIB. Constituye la segunda actividad económica más importante después de la minería.
Hoy, las exportaciones forestales alcanzan a los 3.397 millones de dólares, es decir, representan el 11 por ciento del total de las exportaciones chilenas.
En el caso de Arauco, que en los últimos 14 años ha aumentado sus ganancias en ocho veces, con rentabilidades de 32 por ciento en 2005 y utilidades netas durante el transcurso del 2006 de 620 millones de dólares, todavía mantiene a los trabajadores forestales en condiciones indignas de trabajo.
Es evidente que el sector forestal chileno ha tenido un extraordinario crecimiento en los últimos años, lo que se basa fundamentalmente en el gran desarrollo de las plantaciones y la preponderancia de la producción y exportación de celulosa.
La industria de la celulosa es, a su vez, una de las más importantes desarrolladas por el sector forestal. En los últimos años, su crecimiento ha sido descollante, del orden del 160 por ciento. Ha pasado de aproximadamente unas 700 mil toneladas, en 1986, a cerca de 2 millones de toneladas, en 1998.
El repunte más espectacular de la celulosa acontece en 1991, con el inicio de las operaciones de las plantas de celulosa Arauco II , en la comuna de Arauco, Pacífico, en Collipulli, y Santa Fe, en Nacimiento, que sumadas a las de las ya existentes, Arauco I , Constitución, Laja y Licantén , duplicaron la producción.
El producto interno bruto del sector forestal chileno creció a una tasa promedio de 4,8 por ciento entre 1999 y 2004, y en el año 2004 acumuló más de 2.300 millones de dólares. El PIB forestal representa el 3,5 por ciento del PIB total nacional, participación que se ha mantenido de manera constante en los últimos años.
Por otro lado, las exportaciones forestales chilenas han crecido exponencialmente en los últimos años a una tasa promedio de 10,8 por ciento en la primera mitad de la década de 2000, y en el año 2005 acumuló retornos cercanos a los 3.500 millones de dólares. La importancia del crecimiento del sector forestal dentro de la economía nacional en los últimos años, junto al espectacular crecimiento de las exportaciones forestales, han acrecentado su acumulación y concentración de riqueza.
Es interesante analizar la distribución del ingreso entre el capital y el trabajo. Para la industria de la madera el 54,5 por ciento del ingreso se lo lleva el capital, es decir, los accionistas de los grupos económicos, a través de los excedentes, mientras que los trabajadores menos calificados se llevan sólo el 22,4 por ciento. En el caso de la industria de la celulosa la cosa es peor, ya que el capital se lleva el 68,9 por ciento del ingreso generado por la actividad, destinándose sólo el 14,5 por ciento a los trabajadores menos calificados. En definitiva, esta industria es la tercera más desigual del país, sólo superada por la minería y la industria química.
La industria forestal ha generado una enorme concentración de riqueza y propiedad. En la Octava Región, por ejemplo, una de las que posee más plantaciones con especies introducidas, aproximadamente el 70 por ciento del total de la superficie plantada está en manos de seis empresas forestales.
El holding Arauco , relacionado con el grupo Angelini , en el año 2000, mostraba utilidades superiores a los 369 millones de dólares, y el 2005 cerró con utilidades superiores a los 438 millones de dólares, con lo que se ubicó en el quinto lugar del ranking de sociedades anónimas con mejores resultados. Las utilidades acumuladas durante el período 2000-2005 superaron los 2.268 millones de dólares.
Por su parte, Inversiones CMPC, que es el holding relacionado con el grupo Matte , en el 2000 tuvo utilidades superiores a 244 millones de dólares, y cerró el 2005 con utilidades mayores a 230 millones de dólares. Con esto, se situó en el noveno lugar del ranking de sociedades anónimas con mayor rendimiento. En el período 2000-2005 acumuló más de 1.269 millones de dólares.
Cabe destacar que en 2001 los Grupos Angelini y Matte controlaban el 63 por ciento de todas las exportaciones forestales. Esta enorme concentración, ganancia y rentabilidad de la industria forestal nada tienen que ver con los efectos sociales y el empleo.
En Chile, hay un total de 133 mil trabajadores forestales: 44 mil, en extracción; 72 mil, en industria, y 17 mil, en servicios. Sin embargo, sólo entre el 25 y 30 por ciento tiene contrato permanente. El resto, 70 ó 75 por ciento, sólo tiene trabajo temporal. Es contratado por faenas; por lo tanto, su contrato expira con éstas.
Los niveles de ingreso de los trabajadores forestales muestran que el 82 por ciento se encuentran bajo la línea de la pobreza, según el estudio del Programa de Economía del Trabajo.
La revisión de las empresas contratistas del área forestal de la Región del Biobío, realizada entre enero del 2006 y abril del 2007 por la Dirección del Trabajo, mostró un 22 por ciento de infracciones, ya sea a la normativa laboral, previsional o de higiene y seguridad.
Por lo tanto, los beneficios sociales de esta industria son casi inexistentes. Por ejemplo, el empleo generado por el sector forestal no ha sido suficiente para generar polos de desarrollo en las zonas donde se asienta la industria. Una prueba de ello es la relación entre el empleo y la producción, la que se ha reducido de manera importante en los últimos cinco años.
Según algunos cálculos, dicho coeficiente para el caso de la producción de pulpa química ha disminuido visiblemente, ha pasado de 12,6 hombres por mil toneladas en 2000 a 10,8 hombres en 2004. Lo mismo se puede apreciar al comparar la evolución del empleo respecto a la producción de madera aserrada. Mientras en 2000, 4,9 hombres producían mil metros cúbicos; en 2004, lo hacían sólo 3,8 hombres.
Esta tendencia del empleo implica un proceso creciente de capitalización del sector, reemplazo de trabajo por capital para la producción, todo lo cual favorece la concentración del ingreso, la rentabilidad del capital y va en desmedro del factor trabajo y de una gran mayoría que tiene como única fuente de sustento su propio trabajo.
Por otra parte, un indicador social importante es el relacionado con el nivel de pobreza. Cabe destacar que Arauco, a pesar de ser una provincia con vocación forestal, tiene el 28 por ciento de su población bajo la línea de la pobreza.
La gran mayoría de las comunas forestales de la Octava Región, donde residen las familias de los trabajadores, muestran niveles de pobreza superiores al promedio nacional. Por ejemplo, las comunas de Curanilahue y Los Álamos muestran, respectivamente, un 30,9 por ciento y un 37 por ciento de su población bajo la línea de pobreza.
Por lo tanto, esta industria concentra grandes riquezas, pero, a su vez, genera mucha pobreza por las condiciones indignas de trabajo.
Por eso, en la segunda parte de nuestra intervención vamos a dar cuenta de las necesidades y urgencias. Asimismo, vamos a emplazar al Gobierno y a la Cámara de Diputados a tomar iniciativas tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores forestales.
Señor Presidente , ¿en esta sesión se va a aplicar el sistema manual de asistencia?
Sí, señor diputado .
Señor Presidente , antes de hablar sobre el tema para el cual ha sido solicitada esta sesión, saludo a la Unión de Sindicatos Forestales de la provincia de Arauco y a los alumnos de Ingeniería Forestal de la Universidad Austral de Valdivia, que nos acompañan y siguen el debate.
Como señaló el diputado Monsalve , dividimos nuestra presentación. Él desarrolló las condiciones laborales de la industria forestal y la celulosa.
A mí me corresponde referirme a los aspectos medioambientales.
A partir de 1965, el Estado comienza a tomar parte activa en el impulso a la actividad forestal, para lo cual se realiza una reestructuración legal e institucional que crea las condiciones necesarias, tanto para la ampliación del área plantada como para la inversión industrial.
En 1974, durante el gobierno militar, se promulgó el decreto ley Nº 701, que estableció subsidios y otros incentivos a las plantaciones forestales, medida propiciada por los empresarios del sector. Estas bonificaciones y otras iniciativas determinaron una rápida expansión de la superficie plantada anualmente, en forma principal con pino radiata y eucaliptos, pasando de una superficie de plantación anual de menos de 30.000 hectáreas, en el período 1970-1973, a un rango de 60.000 a 100.000 hectáreas anuales, entre 1975 y 1980.
La política de subsidio a las plantaciones ha continuado en los gobiernos de la Concertación, y en 1998 se promulgó la renovación del decreto ley Nº 701. La política de expansión de plantaciones del Estado y de las empresas forestales ha llevado a mantener ritmos de forestación de 44.000 a 68.000 hectáreas anuales, entre 2000 y 2004.
El aumento de la superficie anual plantada ha sido la base de una expansión a una tasa mucho más rápida del volumen de madera cosechado anualmente para diversos fines industriales, el cual ha pasado de 5 millones cúbicos, en 1976, a más de 30 millones, en 2004, vale decir, en 28 años se ha multiplicado por un factor de 6.
El proceso sectorial expansivo ha llevado a una superficie de plantaciones estimada en 2.1 millones de hectáreas, de las cuales un 68 por ciento corresponde a pino radiata, un 24 por ciento a eucaliptos y el restante 8 por ciento a otras especies.
Otras medidas que favorecieron la expansión de las plantaciones de las empresas forestales fueron la privatización de bosques e industrias forestales, entre ellos, las empresas originalmente estatales Celco , Bosques Arauco y Celulosa Arauco , a precios inferiores al valor de mercado, la inexpropiabilidad de las plantaciones acogidas al decreto ley Nº 701 y la posibilidad de exportar trozos y productos en cualquier estado de elaboración.
El desarrollo del llamado “modelo forestal chileno” ha tenido un impacto muy claro en la economía nacional. Sin embargo, no son claros ni han sido valorados en su totalidad los costos totales de este impacto, en especial en materia laboral, ambiental y cultural. Nuestra hipótesis es que en estos tres factores radica gran parte de la rentabilidad evidente de este sector; rentabilidad exclusivamente económica y que beneficia a un reducido sector de la población chilena.
En 2006, se entregaron 55.990 millones en virtud de lo dispuesto por el decreto ley Nº 701. Con su aplicación, se ha bonificado el establecimiento de las plantaciones forestales en Chile, particularmente con especies exóticas. Por eso, resulta necesario hacer una evaluación pública de la aplicación de este sistema de incentivo.
1. Es necesario evaluar cuánto ha sido el aporte del Estado, es decir, de todos los chilenos, al establecimiento de un sector tan importante en la economía nacional.
2. Es necesario saber cuánto dinero ha aportado el Estado de Chile -por concepto de bonificaciones otorgadas de conformidad con el decreto ley Nº 701- a las plantaciones forestales exóticas y nativas; qué porcentaje de este aporte ha ido al fomento de plantaciones exóticas y cuánto a nativo; qué porcentaje de estas plantaciones está en manos de los pequeños propietarios y cuál es de propiedad de grandes y medianas empresas.
3. Es necesario hacer un análisis y evaluación del modelo forestal chileno, para saber en manos de qué empresas están las plantaciones forestales, en qué comunas y regiones se ubican, cuál es su aporte a la economía local, a la economía regional y a la economía nacional. Incluso, cómo ha evolucionado la concentración de la propiedad en estos 33 años de aplicación del decreto ley Nº 701.
4. Es necesario hacer una evaluación social y ambiental del impacto de las plantaciones forestales; qué ha pasado con las poblaciones locales y comunidades indígenas; qué ha sucedido con la propiedad de la tierra, el acceso al agua y las superficies forestales nativas y/o exóticas que están en manos de poblaciones locales y comunidades indígenas.
Hoy, Chile posee una de las mayores superficies plantadas con pino radiata del mundo. Sin embargo, el modelo forestal chileno ha implicado una pérdida de la calidad de vida de la población de las zonas forestales y ha sido la causa de una importante degradación ambiental.
Uno de los temas más controversiales en torno al desarrollo de la industria forestal es el relacionado con su impacto sobre el bosque nativo, ya que es sabido que una gran proporción de los 2 millones de hectáreas actualmente plantadas en Chile ha significado una disminución de la superficie de bosque nativo, por un proceso sostenido de sustitución.
Sobre este punto, por ejemplo, un estudio del doctor Cristián Echeverría , del Núcleo Milenio Forecos, de la Universidad Austral de Chile, usando un sofisticado método de interpretación de imágenes satelitales, demostró que entre 1975 y 2000 se registró una reducción de ese bosque equivalente a un 67 por ciento en el sector del río Maule y Cobquecura, entre la Séptima y Octava regiones, una de las zonas claves en el desarrollo forestal chileno.
Señor diputado , ha terminado el tiempo previo de 15 minutos.
De los datos obtenidos, se desprende que el bosque nativo desaparece en esta zona de la Séptima Región a una tasa anual de 4.5 por ciento, situación que resulta alarmante desde el punto de vista biológico si se considera que en ella se encuentra la tasa más alta de endemismo del país.
El catastro y evaluación de recursos vegetacionales de Chile fue elaborado en 1997 y publicado en 1999. Es necesario saber cuándo y cómo se actualiza la información y cuándo el Gobierno piensa hacer una actualización de la información. ¿Será compatible con la información que maneja el Sinia? ¿Cuál es la planificación de la inversión y de las plantaciones forestales?
Por último, existe la industria de la celulosa; a nivel del país, con varias plantas. Queremos saber cuál es la evaluación de su impacto ambiental, cuáles son sus planes de contingencia, cuáles son los programas para mitigar eventuales desastres, como los que se han sufrido en el río Cruces, en un santuario de la naturaleza, en Licantén; cuál es el impacto cultural, medioambiental y laboral que ocasiona en su entorno.
Al pedir la realización de esta sesión especial, hemos querido provocar este debate para saber cuál es la sustentación, la viabilidad y la proyección de esta industria con las comunidades locales, con el medio ambiente, con sus trabajadores, con las comunidades indígenas aledañas. En definitiva, para saber cuál es el efectivo diagnóstico de la industria forestal chilena.
Estimados amigos que nos acompañan desde las tribunas, para nosotros es muy grata su presencia. Pero debo recordarles que el Reglamento de la Corporación prohíbe hacer manifestaciones.
Tiene la palabra el diputado Sergio Correa.
Señor Presidente , me quiero referir a un problema que ha ocurrido en la costa curicana. El 5 de junio pasado, aparecieron numerosos peces muertos en las riberas del río Mataquito, entre el sector de Lora y su desembocadura, en la localidad de La Pesca, responsabilizándose de ello a la planta de celulosa Licancel, propiedad de Celulosa Arauco Constitución, ubicada en el sector.
De inmediato, las autoridades sanitarias concurrieron a la zona afectada y comprobaron los daños causados en la fauna del río; adoptaron numerosas medidas medioambientales, epidemiológicas, judiciales en contra de Licancel, y entregaron ayuda social a los pescadores afectados por la mortandad de peces.
Por otra parte, la empresa, también en forma rápida, reconoció su responsabilidad en el hecho, detuvo la puesta en marcha de la planta, que se encontraba en mantención, e inició una investigación al interior de ella; se contrataron estudios de investigación con universidades de Concepción y se contactó a la comunidad afectada, pescadores y operadores turísticos, para mitigar los efectos sociales.
Hasta ahora, hay dos versiones respecto de lo que sucedió al interior de la empresa. Empleados de Licancel señalan que se habría producido una falla en la puesta en marcha de la planta, lo que generó un derrame del llamado “licor negro” al río Mataquito. Altos ejecutivos de la empresa descartan de plano esa versión. Si bien reconocen que se produjeron derrames de licor negro, advierten que no hay indicios de que ese químico haya llegado al río, pues los mecanismos de control interno funcionaban.
Por su parte, las autoridades sanitarias insisten en que se construyeron ductos clandestinos, lo que los representantes de Licancel rechazan, y han señalado que dichos ductos han existido siempre. Si se acusa a la empresa de construir ductos no autorizados, cabe preguntar ¿cómo es posible que los funcionarios de la Conama no los hayan detectado antes? Si fuese cierta la acusación, está claro que la fiscalización ha sido mala y que la autoridad medioambiental tiene responsabilidad.
Preocupado por la contaminación y por el alto impacto social producido en la zona costera por la paralización de Licancel, el lunes pasado visité dicha planta y me impuse de los trabajos de construcción que allí se están ejecutando de una nueva planta de tratamiento de aguas, de tipo primario y secundario, cuyo costo asciende aproximadamente a nueve millones de dólares. El proyecto convertirá a la planta Licancel en una de las más modernas del país, similar a la planta Nueva Aldea, ubicada en la provincia de Ñuble.
Debemos crear conciencia de la importancia de vivir en un mundo libre de contaminación. Por tal razón, debemos ser exigentes con las empresas altamente contaminantes, como aquellas que transforman la madera en celulosa.
Sin perjuicio de ello, una vez superado el problema y aplicadas las sanciones que correspondan, la empresa involucrada debe volver a la normalidad en sus labores, a fin de evitar que sus trabajadores enfrenten situaciones dramáticas por falta de empleo. El efecto socioeconómico producido por la paralización de Licancel en las comunas del secano costero de las provincias de Curicó y Talca es significativo: 281 trabajadores directos, 284 trabajadores indirectos y un gasto mensual, por concepto de contratación de servicios a contratistas, del orden de 234 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de 800 trabajadores, con un gasto total mensual de 434 millones de pesos.
Por lo expuesto, hago un llamado a las autoridades sanitarias a extremar las medidas para solucionar esta situación lo más pronto posible. Muchas personas lo están pasando mal pues quedaron sin su fuente de trabajo en una zona donde no existen otras alternativas laborales. La planta Licancel quizás cometió una imprudencia que provocó un daño ecológico importante, pero no debe cometerse otro daño dejando cesantes a muchas personas.
Señor Presidente, en esta sesión especial no puedo obviar rendir un homenaje al compañero de Arauco, primer mártir obrero de Chile en democracia.
Supuestamente, en este hemiciclo se dice la verdad y se actúa con transparencia. Ocho diputados presentamos un proyecto de acuerdo para pedir justicia en relación con el mártir de Arauco y solicitar la remoción del general de carabineros de la zona y la renuncia de la intendenta y del gobernador de esa provincia. Sin embargo, sólo cuatro diputados: Patricio Hales , Marco Enríquez-Ominami , Manuel Monsalve y quien habla votamos a favor del proyecto de acuerdo. ¿Qué pasó con el resto de los parlamentarios comprometidos con los trabajadores forestales?
Hubo una época en que la región de Aisén, a la que pertenece mi distrito, tenía grandes riquezas forestales. Es cierto que muchas de ellas fueron exterminadas por los incendios que provocaron los colonos, pero también hubo un tiempo en que la explotación forestal fue abusiva e indiscriminada. Nuestra región conserva muy poca riqueza forestal; sin embargo, se siguen sobreexplotando nuestros bosques. Cabe señalar que hace tres o cuatro años el Gobierno concesionó 27 mil hectáreas de bosque nativo de lenga a Maderas Aysén, una de las mayores empresas que ha llegado a la región. Para ello hubo presiones y -por qué no decirlo- chantajes por esos empresarios, en el sentido de que si no se les otorgaba dicha concesión iban a ser despedidos alrededor de 400 trabajadores que se desempeñaban en el rubro. En consecuencia, debido a la presión de la empresa, el Gobierno le entregó la concesión sin mayor estudio. Sin embargo, al poco tiempo, la empresa Maderas Aysén de todos modos despidió a 400 trabajadores. Eso significa que los compromisos adquiridos por los empresarios forestales no se cumplen, al menos en mi región.
Posteriormente, Maderas Aysén se declaró en quiebra, y sus trabajadores todavía están esperando el pago de sus salarios. Jamás se les pagó. Además, esta empresa, seguramente coludida con intereses o poderes fácticos, en vez de devolver la concesión de 27 mil hectáreas de bosque nativo de lenga -especie muy requerida en el mercado internacional-, vendió la concesión a una empresa extranjera, la cual, a su vez, la vendió a otra. Me parece que hoy las hectáreas están en manos de capitales japoneses. ¿Cuándo vamos a comenzar a defender el patrimonio y los intereses de nuestro país?
Los bosques de la región de Aisén y de otras regiones han sido devastados por las grandes transnacionales forestales. Los trabajadores no tienen la culpa de ello, pues en algo tienen que ganarse los porotos. Las grandes empresas forestales utilizan el sentido social y dicen: “hay que explotar y explotar los recursos para dar trabajo a la gente”. Considero que pueden generarse fuentes de trabajo permanentes, pero explotando de manera racional nuestros bosques.
La ley medioambiental es letra muerta, pues no protege realmente nuestras riquezas naturales forestales, marítimas, etcétera. Aprovecho la presencia en la Sala de nuestro compañero ministro del Trabajo para pedirle, por su intermedio, señor Presidente , que adopte todas las medidas que corresponda para que la ley medioambiental sea respetada y se cumpla.
Por último, debo aclarar que nadie está en contra de los industriales. Hay que explotar nuestras riquezas naturales en beneficio del hombre y de la sociedad, para elevar nuestra calidad de vida, pero eso no significa abusar en su explotación ni de quienes las extraen, los trabajadores.
Pido a los diputados presentes en la Sala que esta sesión no se transforme en una reunión más. Aquí debemos llegar a algún acuerdo para que se respeten los intereses de los trabajadores forestales y ningún trabajador de ése u otro rubro sea asesinado por exigir sus derechos.
¡Dejemos de defender a esos richachones que se han hecho millonarios a costa de la explotación de los trabajadores chilenos, como el señor Angelini y otros!
Se debe exigir al Estado chileno la defensa de Chile, que implica la defensa de sus trabajadores.
Tiene la palabra el diputado señor Pedro Álvarez-Salamanca .
EL señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-
Señor Presidente , a principios de los 90, un grupo de inversionistas suizos y chilenos dieron a conocer en la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara, un proyecto para la construcción de una planta de celulosa que se ubicaría a orillas del río Mataquito, en la costa de Curicó, hoy Licancel.
En la oportunidad, sostuvieron que dicha planta contaría con tecnología de última generación que permitiría contar con producción limpia, aguas reciclables y mínimas descargas al río, que serían inocuas y prácticamente inodoras.
Se les hizo ver que ese río es de escaso caudal en verano, muy poco torrentoso y represable con las mareas. Además, se les advirtió sobre la existencia, en ese lugar, de una interesante diversidad de peces, que se trataba de una zona de postura e hibernación de aves y que, aguas abajo, existían unas mil hectáreas pertenecientes a pequeños y medianos agricultores que, para sus cultivos y animales, dependen exclusivamente de las aguas de ese río. Por último, se les manifestó que esa actividad agrícola ha generado, por años, la proliferación de numerosas comunidades rurales que, para su subsistencia, dependen de las aguas de ese cauce.
Sostuvieron que nada ocurriría porque se trataba de una planta que contaría con tecnología de última generación. De igual forma, se les recomendó utilizar tecnología europea para la captación y evacuación de aguas y, además, se pidió a la autoridad efectuar un monitoreo de las aguas antes y después de la instalación de la planta Licancel.
Al respecto, deseo expresar dos cosas.
Se pidió utilizar tecnología europea para que la captación se llevara a efecto aguas abajo para la evacuación de los riles. Asimismo, se pidió al Ministerio de Obras Públicas la instalación de dos estaciones de monitoreo, a fin de medir oxígeno, turbidez, ph y temperatura. Esas dos estaciones se instalaron, pero al momento del desastre que provocó Licancel hace pocas semanas, ambas se encontraban en mal estado por falta de mantención. Se requerían 2 ó 3 millones de pesos, pero el Ministerio de Obras Públicas expresó que no había plata para su reparación. De haberse encontrado en funcionamiento, se habría reducido bastante el daño y podríamos haber conocido con mayor rapidez qué se vertió al río, información que aún se encuentra en veremos.
Las plantas de celulosa ocupan mucha agua. En ellas, básicamente se separa la celulosa de otros compuestos orgánicos presentes en las plantas, en su gran mayoría lignina, pero también otros que, mezclados a su vez con otros compuestos, pueden provocar la salida de productos químicos nocivos para la fauna y la flora.
Eso ocurrió en la planta Licancel. El 6 de junio se produjo un derrame de miles de litros de agua con licor negro, lo que provocó un gigantesco desastre ambiental que redundó en la muerte de peces y aves y en que decenas de pescadores quedaran sin trabajo. Por lo tanto, nadie que se encuentre en su sano juicio puede afirmar que Licancel no es responsable de lo ocurrido. No se puede tapar el Sol con un dedo.
Deseo destacar que en 1999, en medio de la campaña presidencial, la prensa de la zona publicó diferentes artículos relacionados con una situación similar, pero de menor escala. Sin embargo, ninguna autoridad tomó nota de lo ocurrido. En esa oportunidad, se dijo que un avión fumigador provocó la muerte de peces en la desembocadura del Mataquito. Al respecto, deseo aclarar que un avión fumigador no lleva más de 350 litros de producto, por lo cual resulta imposible responsabilizar a dicha aeronave de lo ocurrido.
Como nadie reparó en los hechos, no se hicieron los estudios de los peces muertos. En esa ocasión, la planta Licancel guardó silencio y nada más se dijo.
Sobre el particular, deseo destacar dos hechos.
En primer lugar, el desastre ocurrido en junio pasado no es el único provocado por Licancel, pero sí el más brutal.
En segundo lugar, los agricultores de la zona expresan que, a partir de la construcción y puesta en marcha de la planta Licancel, siempre, antes de regar sus cultivos o dar de beber a sus animales, observan las condiciones de las aguas del río, porque a ciertas horas ellas vienen turbias debido a la descarga de riles, pese a que no se cuenta con autorización alguna para eso.
Celco no es la única empresa que produce celulosa en Chile. Deseo aclarar que mi reclamo no apunta contra la industria de la celulosa, sino contra esa empresa, dirigida por fenicios que sólo maximizan las utilidades y no se preocupan del daño ambiental que provocan.
Parece paradójico que esa empresa presente problemas ambientales en todas las zonas donde se instala, es decir, en Valdivia, Itata , Constitución y Mataquito . Al respecto, como se sabe, en Constitución dicha empresa vertió durante treinta años sus residuos y riles a la playa, ni siquiera al mar. Recién, hace quince o veinte días se inició la instalación de un ducto hacia el mar.
La empresa abusa de su poderío económico. La actividad económica que genera donde se instala es de tal magnitud, que la comunidad circundante comienza a depender de ella. El transporte, vital para esa empresa, sólo subsiste gracias a presiones permanentes a la baja en sus tarifas y a la advertencia de que, en caso de existir quejas, se recurrirá al cambio de transportistas por empresas de mayor envergadura. El comercio se incentiva y crece debido a la generación de más trabajo. Los trabajadores forestales cuentan con fuentes laborales más estables. Los municipios reciben dádivas de esa generosa empresa. Los abogados reciben trabajos a honorarios o efectúan estudios en derecho para ella.
En suma, todos tocan algo. Por esa razón, las comunidades guardan silencio y defienden a la empresa.
Nadie quiere el cierre definitivo de la planta Licancel, sino que los fenicios de Celco cuiden el medio ambiente, protejan a decenas de pescadores del Mataquito que hoy se encuentran en la más absoluta cesantía, ayuden a la protección de los cultivos orgánicos de esa zona, de alto valor exportable, que podrían verse afectados debido al manejo irresponsable de Licancel. Queremos que recuerden que en las riberas del Mataquito viven niños y ciudadanos iguales a ellos, que, para su subsistencia, necesitan de ese único curso de agua de la zona, y que no olviden que sus productos van al extranjero, al igual que muchos otros, todos los cuales son observados, cada día más, con un estricto ojo ambiental por los compradores. Con su conducta irresponsable, pueden provocar el desplome de las exportaciones nacionales.
Celco no puede provocar más desastres ambientales. Espero que su actual gerente general conserve algún gen naturalista que le permita mirar de manera diferente la relación de Celco con el medio ambiente, dado que desciende de un ilustre polaco que, en su momento, ocupó la rectoría de la Universidad de Chile, tras ser contratado por el gobierno de Chile, a mediados del siglo XIX, quien advirtió del desastre natural que en esos años provocaba la minería en el norte y sobre la devastación de sus bosques.
Señor Presidente, las intervenciones que hemos escuchado demuestran la enorme relevancia de la materia en discusión.
A mi juicio, debe existir un antes y un después tras la muerte del trabajador Rodrigo Cisternas ; pero, en especial, debe haber un antes y un después en la relación que se debe generar entre empresarios y trabajadores, como expresó el diputado Alinco .
Las situaciones vividas en la Octava Región y en las regiones del sur son muy similares y tienen como denominador común el hecho de que, a la hora de efectuar fumigaciones, las empresas forestales no tienen el más mínimo cuidado con el medio ambiente. Así me lo expresaron el domingo pasado en Huellelhue, cerca de la cordillera de Río Negro, cuya población está padeciendo enfermedades debido a la exacerbada utilización de pesticidas.
Las relaciones laborales de las empresas con los trabajadores son lamentables y deplorables.
Entonces, sería súper bueno que la gente que nos acompaña en las tribunas, que viajó desde tan lejos, sepa que muchas veces en el Congreso Nacional ocurre una situación bastante ilógica: algunos vienen a pronunciar bonitos discursos, pero, en la práctica, cuando deben entregar sus votos a fin de establecer mayores regulaciones a las empresas y mecanismos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, por lo general se niegan a hacerlo.
Situaciones como la descrita ocurren no sólo en las empresas forestales. En efecto, me correspondió conocer muy de cerca lo ocurrido tras la muerte de trabajadores de empresas salmoneras. Aquí se generó una gran discusión en relación con los enormes abusos que ocurren en esas empresas, y muchos parlamentarios que se sacan fotografías con los trabajadores, a quienes van a pedir su voto cuando hay elecciones, en el Congreso Nacional hicieron cualquier cosa menos defender sus derechos.
Por eso, es importante que se sepa que debemos hacer algo, como país, para regular la creciente y preocupante concentración del poder económico de estas empresas. Han desaparecido muchas pequeñas y medianas empresas forestales. Ha disminuido la competitividad, con lo cual ganan siempre los poderosos; pierden siempre los trabajadores y también la comunidad del país, porque no hay respeto por el medio ambiente.
Desde ese punto de vista, consideramos tremendamente relevante que aquí surjan proyectos de acuerdo que tengan concordancia extrema con lo que se está buscando, cual es que, efectivamente -por lo que está sucediendo a la gente de la Octava Región y en el sur del país-, haya más negociación colectiva, más respeto por los trabajadores, que sus parlamentarios no sólo vayan a tomarse una fotografía cuando haya una desgracia, sino que realicen su trabajo, que es estar con la gente en las buenas y en las malas, como lo ha hecho, por ejemplo, el diputado Monsalve de nuestra bancada.
Señor Presidente , termino mis palabras repitiendo el ejemplo que daba recién -aprovechando que está acá la distinguida ministra de Medio Ambiente -: que no nos suceda lo que está pasando en el sur, donde todos cierran los ojos ante los atropellos de las salmoneras. Con las forestales ocurre una situación con dimensiones bastante similares. Queremos un país -como decían los parlamentarios- en el cual haya respeto por todos. Aboguemos para que esta sesión se constituya en un avance en la materia.
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable diputado Iván Norambuena.
Señor Presidente , en primer lugar, saludo en forma especial a todos los dirigentes de la provincia de Arauco que nos acompañan en esta sesión.
Quiero agradecer, en particular, a tres dirigentes que llevaron con éxito la última negociación del conflicto forestal: Juan Miranda , Pascual Sagredo y Jorge González .
Quiero, asimismo, para comenzar, dar a conocer el siguiente discurso de un ex ministro de Agricultura de la Concertación: “Nuestros bosques poseen gran diversidad y plenitud de valores, nos brindan valiosos productos, dan empleo y generan para nuestro país el mayor ingreso de divisas, en base a un recurso natural renovable. Además de ser la fuente de materias primas para la industria forestal, son fundamentales para la conservación de la biodiversidad, la calidad del agua y eficaces almacenadores de carbono, proveyendo también al ser humano de un magnífico lugar para sus actividades recreacionales.”
Sigue este discurso de ese ex ministro de la Concertación: “Por su parte, la creación de grandes complejos industriales, con las más modernas tecnologías productivas y ambientales a nivel mundial, el establecimiento creciente de bosques plantados, la conformación de grandes parques privados de bosques nativos en el sur del país, junto al reconocimiento internacional del estándar de certificación chileno, no sólo protegen las áreas boscosas, sino también aseguran el crecimiento de la industria forestal y otorgan un valioso pasaporte ambiental a nuestras exportaciones.”
Señor Presidente , ésta es la visión que tienen los gobiernos de la Concertación de la industria forestal. Con la sola lectura de lo señalado por el ex ministro de Agricultura , se responde a todas las interrogantes que sirvieron de fundamento para realizar esta sesión especial.
Según la citación, debemos analizar las implicancias sociales, laborales, económicas y medio ambientales de la industria forestal y de la celulosa en nuestro país. Tenemos que ser sinceros: para el Gobierno, este sector presenta únicamente aspectos positivos. ¡Cómo no! Si nos encontramos ante un sector de mucha relevancia para la economía nacional que entrega miles de empleos. Entonces, ¿qué podemos decir en esta sesión si la industria forestal es intocable, infalible y modelo empresarial para nuestras principales autoridades políticas? Bueno, yo tengo algo que decir y no tengo el conflicto de varios parlamentarios en esta sesión, quienes, posiblemente, criticaron con mucha fuerza a esta industria, pero que su gobierno, éste y los últimos, los desmienten de manera clara y categórica.
En relación a las menciones del diputado señor Espinoza , le pido a él, por su intermedio, señor Presidente, que diga la verdad en sus denuncias respecto a la industria del salmón. Ni siquiera lo acompañaron las autoridades laborales ni los parlamentarios de gobierno cuando había que pronunciarse. Hay que decir la verdad desde todo punto de vista.
En esta oportunidad, es importante reconocer y aplaudir la considerable cantidad de trabajo que entrega la industria forestal en la provincia de Arauco y los significativos recursos que aporta al erario. Pero, algo pasó en este mundo de fantasía avalado por el Gobierno. La sociedad chilena se vio conmocionada el pasado 3 de mayo con la muerte del trabajador forestal Rodrigo Cisterna , quien, como consecuencia de la impotencia que lo embargaba por una justa aspiración laboral, se enfrentó a carabineros y en un confuso incidente, que aún está investigando la justicia, perdió la vida.
Desde la perspectiva de la provincia de Arauco, fue una manera brutal para que el país constatara la marginación y exclusión que viven sus más de 160 mil habitantes, discriminados tanto por el aparato público como por la gran empresa existente en ese territorio, los cuales se debaten entre la pobreza, el desempleo, el empleo precario, las bajas remuneraciones y, por ende, la falta de expectativas.
Existe, en el papel, un plan Arauco para nuestra provincia, elaborado por este Gobierno, el cual da cuenta definitiva de las deudas del Estado para con esos chilenos. La organización, la seriedad y la férrea decisión que adoptaron los trabajadores, con el propósito de obtener mejores condiciones laborales, ha permitido que el grupo de empresas Arauco esté dispuesto a mirar su provincia y su gente, y no sólo a sus accionistas. Ello constituye un pequeño avance, pero avance al fin. Puede ser considerado como el inicio de una discriminación positiva para nuestra provincia, a fin de igualar a sus habitantes con los de las demás provincias de la región del Biobío.
Creo, sinceramente, que debemos asumir el compromiso de avanzar en disminuir esa brecha inmensa que separa a unos y otros. Debemos buscar fórmulas para que de verdad opere una economía libre, competitiva y haya muchos otros actores participando, a fin de evitar lo que hoy vemos con desazón: una concentración cada vez mayor en pocas empresas. Hay tareas por realizar; quizás todas urgentes y necesarias de abordar.
Por ejemplo, perfeccionar la legislación laboral. Las disposiciones legales deben dar la oportunidad para encauzar y resolver los conflictos; que opere tanto la libertad como la defensa estricta de los derechos de los trabajadores. Hay espacio para ello y para incorporar normas que nos permitan una convivencia tranquila, civilizada entre empleadores y trabajadores, de manera que no vuelva a ocurrir la muerte de un trabajador en un conflicto laboral.
En esta parte de mi intervención, quiero detenerme y rendirle un merecido homenaje a Rodrigo Cisterna y entregar nuestro pesar a su familia, porque fue un hombre que, con su sacrificio, nos permitió descubrir las inconvenientes y muchas veces lamentables condiciones laborales en que se desenvuelven los trabajadores del mundo forestal. Tengo fe en que su muerte no haya sido en vano y que todos los actores involucrados logren los consensos indispensables para obtener la justa retribución que tanto unos como otros se merecen.
Señor Presidente , aquí nos encontramos ante una empresa muy exitosa económicamente, con utilidades bastante considerables; sólo entre enero y marzo, obtuvieron 164 millones de dólares y el conflicto con los trabajadores les costó cerca de 15 millones de dólares.
Me pregunto si las utilidades de las empresas Arauco son proporcionales a las logradas por los contratitas que les prestan servicios. Entendemos que no. Por lo tanto, hay que buscar mecanismos para sincerar los beneficios que, en justicia, corresponde a los trabajadores.
¿Hasta cuando la empresa va a seguir fijando las tarifas de los contratistas? Así no existe competencia.
Les pregunto a las autoridades de Gobierno qué solución van a dar a los trabajadores de empresas contratistas que se encuentran impagos de imposiciones. Ellos han envejecido y enfermado, lo que hace muy difícil que encuentren trabajo. ¿Quién se preocupará de las lagunas previsionales de esos trabajadores, que, sin duda, se transformarán en un futuro foco de conflicto? Dejemos de culpar a los demás y busquemos soluciones.
¿Por qué las autoridades de gobierno, en complicidad con la empresa mandante, no se han preocupado de las condiciones laborales de los trabajadores de bosques, descuidando la integridad física en el desarrollo de las faenas? En invierno, trabajadores mojados gran parte de la jornada laboral; en verano, trabajadores expuestos al sol, sin los elementos adecuados para soportarlo. ¿Hasta cuándo vamos a soportar que las autoridades de Gobierno y la empresa mandante permitan el traslado de los trabajadores a sus faenas forestales en condiciones inhumanas? ¿Cómo se compensan las horas de traslado a los trabajadores de bosque?
¿Sabe esta Sala que la empresa mandante fumiga sin ningún tipo de precaución sobre los habitantes de la provincia de Arauco? ¿Quién controla esa peligrosa actividad, que acarrea consecuencias insospechadas para los afectados?
Los dirigentes de los sindicatos forestales me solicitaron que planteara en esta sesión la creación de una subsecretaría forestal, que aborde, en conjunto con otros servicios públicos, la actividad forestal de manera global e integral.
Esos mimos dirigentes me plantearon, y con justa razón, la necesidad de que la labor forestal sea considerada, para todos los efectos legales, como trabajo pesado.
Digamos las cosas como son: estamos ante una empresa que da mucho trabajo, que aporta importantes divisas al país y que es destacada por el Gobierno como empresa modelo; sin embargo, presenta falencias en sus relaciones laborales.
¡Los trabajadores forestales sólo piden trato digno, sólo piden cumplimiento de las leyes laborales y sociales, sólo piden mejores condiciones de vida para la familia forestal!
En el tiempo del Partido Radical, tiene la palabra el diputado señor José Pérez.
Señor Presidente , de siempre conozco el mundo forestal, porque, por una u otra razón, he estado vinculado a él.
Los años más importantes de mi vida los trabajé en la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones. Lamentablemente, el 13 de septiembre de 1973 -cosa curiosa- fui exonerado de la empresa. Pasaron los años y se recuperó la democracia. Cuando asumió la presidencia don Patricio Aylwin , fui nombrado director regional de la Corporación Nacional Forestal, Conaf , en la Octava Región. Desde ese cargo mantuve excelente relaciones con los trabajadores de la Confederación Forestal y acerqué a empresarios y trabajadores, porque, en el sector, las injusticias eran enormes. No existían campamentos adecuados; no se pagaban imposiciones oportunamente; no existían equipos de seguridad. La faena forestal era muy dura en aquellos años y los accidentes se suscitaban a diario. Las condiciones han mejorado, pero no todo lo que quisiéramos.
Nuestro país tiene aptitud forestal por excelencia; el pino radiata y el eucalipto crecen mucho mejor que en sus lugares de origen. Por eso, a partir de la década de los 70 se han masificado las plantaciones de estas especies y hoy cubren una superficie de 2,5 millones de hectáreas, de las cuales el 40 por ciento corresponde a la Octava Región.
Por eso, hace algunos días dije en esta Sala que si queremos descentralizar, la Corporación Nacional Forestal -ente que debe preocuparse del mundo forestal, no sólo de bosques, parques y reservas, sino que también qué sucede con los trabajadores del sector-, debe estar en la Octava Región. Me dieron algunas explicaciones para nada atendibles sobre el tema, pero seguiremos insistiendo.
No estoy en contra de las industrias forestales, porque generan muchos puestos de trabajo y en buena hora que así sea; pero debemos pedirles respeto por el medio ambiente, por el lugar donde se instalan y fundamentalmente por sus colaboradores, sus trabajadores.
El negocio forestal es tremendamente jugoso. Por consiguiente, pueden darse el lujo y la satisfacción de atender de mejor manera al mundo laboral, que es el que permite el desarrollo, el crecimiento y el enriquecimiento de estas industrias. No importa que ganen mucho, pero algo de esa gran utilidad debe llegar a los trabajadores.
El decreto ley 701, que data del año 1940, señala que quedarán exentos de contribuciones los predios de aptitud preferentemente forestal hasta la cosecha, lo que no me parece razonable. Lo digo, porque no sé qué pasa después de esa época.
Respeto de los lugares donde se instala la industria forestal, no deben invadirse los suelos agrícolas como acontece en algunas comunas, donde esta actividad es tremendamente importante, entre otras, la de Mulchén. Cuidemos los suelos de aptitud preferentemente forestal ubicados entre Nacimiento y Santa Juana, que se están yendo por los esteros al río Biobío, y también los de Cabrero a Concepción, que son suelos erosionados, pero que bien merecen la preocupación del mundo forestal, para lograr que sean productivos y evitar que continúen rodando cuesta abajo.
Saludo a los trabajadores del mundo forestal presentes en las tribunas.
Señor Presidente , el sector forestal es uno de los pilares de la economía chilena que más ha crecido en los últimos treinta y cinco años, lo que ha permitido convertir a nuestro país en uno de los principales actores mundiales en productos forestales de exportación, con presencia en más de cien países de los cinco continentes.
En efecto, el año recién pasado las exportaciones del sector forestal se empinaron sobre los 3 mil millones de dólares, lo que lo eleva al segundo lugar, después del cobre, en términos de valor exportado y de ingresos de divisas para el país.
El sector forestal provee de más o menos 140 mil empleos directos y otros tantos indirectos, que se concentran principalmente en el norte de la Región del Maule y en el sur de la Región de Los Lagos.
No obstante este comportamiento tan singular y el relevante aporte al desarrollo que ha significado establecer más de 2 millones de hectáreas de plantaciones -acompañadas de importantes instalaciones industriales, dirigidas principalmente al mercado mundial-, el sector forestal ha sido criticado en forma ácida y sistemática por diferentes actores de la comunidad, en general en relación con los aspectos laborales, sociales y medioambientales.
Éste es el tema que nos convoca hoy. Sin duda, resulta positivo tener la oportunidad de sincerar, de una vez por todas, muchos de esos aspectos planteados en los últimos años.
Deseo dejar claramente establecido que, en lo personal, estoy profesional y vocacionalmente vinculado al sector forestal desde que tenía 18 años, cuando entré a estudiar ingeniería forestal a la Universidad Austral de Chile, en Valdivia. Desde entonces hasta que entré a la arena política, hace diez años, me correspondió trabajar en investigación, docencia y extensión forestal en la universidad, así como más tarde debí desarrollar un importante proyecto forestal en la empresa privada. En consecuencia, que quede claro que soy un defensor de la noble actividad forestal, porque la conozco bien y la he vivido por muchos años, con todas sus virtudes y sus defectos.
Habría que ser ciego para no reconocer las virtudes de esta actividad, las que, como dije al comienzo, han permitido convertir a Chile en un país con una profunda vocación forestal, por contar con atributos naturales inmejorables y sin parangón en otras partes del mundo.
También habría que ser ciego para no reconocer los defectos, que es necesario diagnosticarlos adecuada y objetivamente para mejorar cada día más y hacer que esta actividad sea realmente sustentable y aún más importante para que las futuras generaciones puedan obtener los beneficios que este sector les podrá brindar.
Pero vamos por parte y analicemos las fortalezas y virtudes de este sector de la economía.
El sector forestal chileno creció físicamente, entre 1970 y 2006, desde 300 mil hectáreas plantadas hasta 2.070.000. Actualmente la actividad que se desarrolla en torno al sector representa más del 13 por ciento del total de las exportaciones del país. Se estima que esta industria tiene sobre 24 mil millones de dólares en activos.
El total de la superficie plantada con bosques artificiales hasta la fecha representa apenas el 2,7 por ciento de la superficie total del país, pero todavía existen al menos 3 millones de hectáreas de aptitud forestal que están desarboladas, por lo que tenemos un potencial tremendo para crecer como país forestal. Baste con mencionar que sólo en la Región de Aisén hay cerca de un millón de hectáreas de suelos forestales que se encuentran desnudos, sin cubierta vegetal y sujetos a una severa erosión por el viento y el agua, por lo que deben ser plantadas con urgencia.
En la década de los 60, más del 95 por ciento de la producción forestal provenía de la cosecha de bosques nativos, lo que condujo al deterioro del bosque remanente y a la pérdida definitiva de miles de hectáreas de bosques nativos de alto valor. Con el inicio de las masivas plantaciones artificiales que se hicieron a comienzos de la década de los 70, esta situación comenzó paulatinamente a revertirse, de modo que hoy cerca del 98 por ciento de la producción forestal proviene de esas nuevas plantaciones y un mínimo procede del bosque nativo. En consecuencia, se puede decir que las plantaciones de pino radiata y de eucalipto salvaron la vida del bosque nativo. Si hace treinta y cinco años se hubiese seguido con esa tasa de consumo y destrucción del bosque nativo, hoy no tendríamos las más de 5 millones de hectáreas de bosques nativos productivos, que son la base del proyecto de ley sobre fomento del bosque nativo, que se encuentra en discusión en el Senado.
Adicionalmente, se estima que existen, a lo menos, unas 600 mil hectáreas de bosques nativos que se encuentran cautivas entre las plantaciones, que están debidamente protegidas y sin intervención humana.
Las plantaciones artificiales hechas estos últimos 35 años tuvieron un beneficio ambiental adicional: detener la erosión en cientos de miles de hectáreas de las regiones del Maule y del Biobío, fenómeno que provocó el embancamiento de ríos, como el Maule, el Andalién y el Biobío, lo que se ha evitado, porque están protegidos con bosques de pino radiata, que han sido tan vilipendiados en esos sectores forestales.
Por otro lado, es verdad que hubo cierta sustitución de bosque nativo por plantaciones, por una errada concepción original del decreto ley 701, que justificaba los grandes roces de bosques nativos para plantar pino radiata, error que fue posteriormente corregido. Estudios realizados por el Instituto Forestal señalan que en el inicio de este proceso hubo alrededor del 16 por ciento de la superficie sustituida por plantaciones.
Con la incorporación del concepto de los bonos de carbono en el mercado mundial, el sector forestal chileno, tanto estatal como privado, podrá tener un rol principal en la tarea de reducir los niveles de gases de invernadero, especialmente del anhídrido carbónico, al emitir bonos de carbono por cuenta de nuestros bosques que son de rápido crecimiento y, por lo tanto, se constituyen en eficientes secuestradores de carbono de la atmósfera terrestre. Ya se han iniciado esfuerzos en este sentido.
Pero también veamos objetivamente los defectos y debilidades de este sector de la economía.
A diferencia de otros sectores productivos masivos, como la minería, la actividad forestal se realiza cubriendo extensos territorios rurales en los cuales debe cosechar, almacenar y transportar grandes volúmenes de la materia prima necesaria para la industria.
Esto trae como consecuencia impactos de diversa índole a las comunidades vecinas, que deberían ser mitigados o compensados, a fin de tener una buena convivencia con la comunidad. Como no siempre esas mitigaciones se implementan, se produce, entonces, un sentimiento contrario a la actividad, por los ruidos molestos, caminos deteriorados, polvo en verano y barro en invierno, etcétera.
El impacto visual de la cosecha de un bosque no es el mismo que produce la cosecha de una siembra agrícola; ésta es una realidad y una condición de la actividad forestal.
Por otra parte, las condiciones laborales de los trabajadores forestales son muy diferentes a las de otros trabajadores. Frecuentemente tienen que pernoctar en terreno, en campamentos que deben tener adecuadas condiciones de habitación y alimentación. Mantener un buen nivel de calidad en este sentido también debe ser preocupación permanente de las empresas.
Es necesario no sólo mantener buenas condiciones laborales para los trabajadores forestales, aspecto que ha mejorado en los últimos años, sino que también se debe generar un mejor desarrollo humano de ellos y de las comunidades en las cuales se inserta la actividad forestal, a fin de elevar su nivel de vida. En este sentido, todavía falta un esfuerzo adicional y más generoso que incorpore a todos los actores en los beneficios.
En el mundo están funcionando cerca de mil plantas de celulosa, la mayoría de las cuales se encuentran en países medioambientalmente muy exigentes, como Estados Unidos, Canadá , Suecia, Finlandia, Alemania , Australia, Nueva Zelanda, etcétera. En todos esos países se produce celulosa en gran escala, sin mayores problemas ambientales y en armonía con las comunidades. ¿Por qué en Chile no podríamos seguir produciendo celulosa como lo hemos hecho en el pasado, en circunstancias de que ahora existe mejor tecnología y mayor conciencia ambiental?
Los serios accidentes ocurridos en las plantas de celulosa de Valdivia y Mataquito en el último tiempo no pueden servir para condenar a toda esta industria y al sector forestal. Sin embargo, previo reconocimiento de los errores en cada caso, es necesario tomar todas las medidas pertinentes para evitar cualquier percance a futuro que afecte la salud ambiental del medio y de las personas que laboran en el sector.
Debemos tener claro que ningún empresario desea que las cosas se hagan tan mal, al extremo de tener que clausurar sus operaciones, con las graves consecuencias económicas que ello significa para todos los involucrados.
El Estado, las empresas y los trabajadores debieran actuar más en conjunto para que este aparato productivo del país sea sustentable en el tiempo. Es decir, que sea económicamente rentable, socialmente aceptable para los trabajadores y para la comunidad y medioambientalmente amigable.
Por estas razones, un conjunto de diputados del Partido Socialista, del Partido por la Democracia, del Partido Demócrata Cristiano y de mi partido hemos presentado un proyecto de acuerdo para solicitar a la Presidenta de la República y a la ministra de Medio Ambiente que se arbitren las medidas necesarias para que la autoridad ambiental cuente a futuro con los medios humanos y económicos que le permitan aplicar la ley ambiental cabalmente, de modo que se pueda garantizar a la población el buen uso de los recursos y un medio ambiente sano y sustentable en el tiempo.
Señor Presidente , las recientes intervenciones de los colegas de las distintas bancadas me ahorran gran parte de mi intervención. Tenemos claro que la producción de celulosa es muy contaminante y que, como tal, se ha desarrollado en distintas partes del mundo gracias a las inversiones.
Me han llegado varias decenas de correos electrónicos, entre ellos, una profecía de los indios del Canadá, que dice:
“Sólo cuando el último árbol sea cortado, sólo cuando el último río sea envenenado, sólo cuando el último pez sea atrapado, sólo entonces sabrás que el dinero no se puede comer.”
He querido traer a colación esta profecía, porque después de haber escuchado a los colegas de las distintas bancadas debemos tener claro lo que pasa con el grupo Arauco en los distintos lugares en que realizan sus actividades. Tenemos que decir categóricamente en este hemiciclo, como lo hemos dicho en todas partes, que el grupo Arauco Constitución tiene la cultura de la contaminación; a ellos no les importa el medio ambiente ni los trabajadores.
El diputado Álvarez-Salamanca me señala que no alcanzó a decir lo siguiente por problemas de tiempo: está demostrado en el mundo que las empresas que se dedican a contaminar adormecen las conciencias de las personas, tienen grupos de apoyos, reparten mucha plata, porque deben justificar la inversión al menor costo posible.
Señor Presidente , por su intermedio, quiero señalar al diputado Correa que me hubiera gustado que hubiese expresado no sólo su preocupación de que la planta siga funcionando y de hacer un llamado a las autoridades en ese sentido, sino que hubiese dicho a la empresa que no debe contaminar. No es primera vez que contamina. En estudios de hace más de quince años, los que, por su intermedio, señor Presidente , haré llegar a la ministra presidenta de la Comisión del Medio Ambiente , se indicaron los problemas que iba a ocasionar en la costa curicana la instalación de esta empresa, de donde desaparecieron los bancos de choros más grandes que había en Chile.
¿Qué le podremos decir a las futuras generaciones sobre eso? Nada.
Los últimos episodios son, única y exclusivamente, de responsabilidad de la planta Celco Licancel : cinco sumarios sanitarios incoados por el Servicio de Salud, proceso de sanción de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que amplía los cargos en contra de Licancel; la Corema inicia un proceso de sanción; Sernapesca entrega antecedentes a los tribunales ordinarios; la Dirección General de Aguas ordena destruir los ductos clandestinos -no es que no hayan sido clandestinos, diputado Correa , por su intermedio, señor Presidente -, la Conama envía los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y solicita hacerse parte para investigar el daño ambiental.
¿Hay que callar esto? ¿Hay que temer al dinero de este grupo económico? ¿Hay que temer a su presión porque nos atrevemos a decir, con mucha claridad, que esta empresa le hace mucho daño a Chile, no sólo a la costa licantenina?
Diputados de las distintas bancadas se han referido a la forma de operar de esta empresa. Entonces, tenemos que ver qué está pasando con la salud. Pero resulta que aquí, desde las tribunas, nos pifian. Espero que ninguna persona cercana a quienes lo hacen haya muerto debido al cáncer gástrico, enfermedad que ha aumentado en Licantén. Ahí están las cifras...
Pido a las personas que nos acompañan desde las tribunas, que respeten a los diputados que hacen uso de la palabra. Tienen todo el derecho a discrepar, pero les pido respeto, el mismo que han tenido con todos los diputados.
Continúe con el uso de la palabra, diputado señor Roberto León.
Señor Presidente , las cifras las tiene el Servicio de Salud, no son inventos nuestros. Tal vez el doctor Osvaldo Palma pueda explicar de qué manera se provoca un daño a la comunidad.
En consecuencia, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que presionar a las autoridades con estos grupos que respaldan su trabajo. Por cierto, el trabajo es importante, lo he dicho en todas mis intervenciones y se lo he planteado a todas las autoridades con que he conversado. Por ejemplo, a la ministra del Medio Ambiente . ¡Queremos que la planta funcione, respetando la ley! ¿O por ser la empresa más grande del mundo tiene derecho a ponerse al margen de la ley? ¿Por ser la empresa más grande del mundo tiene derecho a contaminar y comprometer la salud de la gente de la costa curicana? ¡No, señor, no estoy disponible para eso! Quiero que la empresa funcione, pero respetando la ley, como la que más. No podemos silenciarnos por la presión del dinero, que llega de distintas maneras.
En otro correo, don Claudio Barrios Cancino , me dice: “ Diputado León, increíble cómo se pierde el rumbo en Licantén. Se nota que algo huele a podrido, y no es sólo la Licancel. Lo felicito por la claridad de su pensamiento”.
En otro mensaje, aparte de felicitarme por lo que se estaba haciendo, me dicen: “ Diputado León, espero que no se adormezca. Espero que el dinero de la empresa no lo haga cómplice. Espero que el dinero de la empresa no lo silencie, como a otros. Espero que el dinero de la empresa no lo haga desconocer y denunciar, con mucha fuerza, la responsabilidad de esta empresa”.
Respecto del tema laboral, le pido al ministro del Trabajo , por su intermedio, señor Presidente , que nos informe qué ha pasado después de los procesos de negociación colectiva en esa planta; qué ha sucedido con los sindicatos; cuántos trabajadores fueron despedidos después de cada una de las huelgas, por cuanto esta empresa no sólo comete dumping ambiental, sino también dumping laboral, como, por lo demás, ha quedado demostrado y se ha denunciado en esta ocasión.
No sólo queremos dar tareas al Gobierno, por cuanto comparto lo dicho por el diputado señor Iván Norambuena, en el sentido de que aquí ha habido silencio de nuestras autoridades. No puede ser que esta empresa haya funcionado todos estos años sin seis permisos -¡Seis permisos!- de la Dirección General de Aguas, DGA. Ella es la que tiene que controlar los ductos, no la Conama. ¿Cuántas irregularidades más faltan por descubrir?
Pero, ¡oh, sorpresa! Piensan invertir ocho millones de dólares. Como dijo el diputado señor Sergio Correa , es perfectamente legítimo que nos preguntemos: si no hubieran ocurrido estos nuevos incidentes ¿habrían invertido esos ocho o nueve millones dólares?
Excúseme, diputado señor Roberto León.
Pido, por favor, que tengan respeto por las intervenciones, de lo contrario, no podremos seguir.
Continúe, señor diputado .
No sea tan drástico, señor Presidente , no hay problema. Tenemos que acostumbrarnos a recibir críticas. Me siento feliz de que en este momento nos critiquen dos personas de esa zona, críticas que también recaen sobre la directora de la Conama, quien ha tenido una actitud muy dura y ha sido categórica en hacer cumplir la ley. Por eso, no me extraña que pasen estas cosas.
La historia reciente de este país nos muestra que cuando hay gente, poca al comienzo, que se atreve a alzar la voz, aparecen los grupos de amigos de las empresas. Pero no sólo de las empresas, porque hace poco tiempo vimos circular por los medios de comunicación nacional a los grupos de amigos de Colonia Dignidad. La estrategia es conocida, pero no nos preocupan ni nos asustan.
Por lo tanto, pedimos que la empresa, que ha aumentado mucho su producción, se someta voluntariamente a la ley de impacto ambiental ¿Por qué no? ¿Por qué no se somete a la ley si en Chile existen industrias que producen celulosa sin contaminar? ¿Por qué esta empresa tiene que funcionar a cualquier costo? ¡No, señor! Primero, respeto a la vida, respeto al medio ambiente, respeto a la legalidad vigente en nuestro país. El ser los más ricos y más grandes del mundo no los faculta para violar la ley. ¡Que funcionen cumpliendo la ley, seremos los primeros en reconocer que es una empresa que quiere ganar toda la plata del mundo, pero que respeta la vida y el medio ambiente!
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el diputado señor Juan Lobos .
Señor Presidente, en primer lugar, quiero saludar a los trabajadores forestales y darles la bienvenida al Congreso Nacional.
Inicio mi intervención con un poco de historia. En algún momento todo Chile apoyó a las empresas de la madera y la celulosa, incluso con un eslogan que circuló: “¡La Papelera No!”.
Eso ocurrió en otra época. Esa industria creció, está madura y hoy presenta balances con millonarias utilidades. Ha forestado miles de hectáreas con la ayuda de todo el país, con la plata de todos los chilenos, los ricos y los pobres, a través del decreto ley Nº 701. Por ese concepto se puede decir que todos aportamos para que esas empresas se hicieran más ricas.
Ha transcurrido el tiempo y hoy podemos apreciar con toda nitidez el progreso que ha experimentado la industria forestal en la eficiencia de su producción, en los altos niveles que ha logrado en prevención de riesgos, en su indesmentible aporte al PIB y en la alta tasa de empleo que entrega a la zona.
En consecuencia, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la industria forestal y de la celulosa ha sido un gran aporte al desarrollo económico del país. Y el Gobierno gusta destacarla como una empresa ejemplar.
No obstante lo expresado anteriormente, creo que existen a lo menos dos áreas en las cuales esa industria debe adecuar su modus operandi y aprender a actuar de otra manera.
La primera de ellas es lo que se refiere a lo que podríamos llamar “la sustentabilidad ecológica”, donde evidentemente el monocultivo intensivo y extensivo provocó y sigue provocando resultados no deseados para el medio ambiente, entre los cuales se cuenta, por ejemplo, el impacto que las megaplantaciones de eucaliptos han provocado en las napas de agua. ¡Y qué decir de los lamentables episodios de contaminación protagonizados por la empresa Celco que señaló el diputado León!
Aquí, por su intermedio señor Presidente , me gustaría decir al diputado León que con el mismo ímpetu con que intervino hace algunos momentos podría haber tomado el teléfono para reclamarle por este proceso a su camarada de partido, Alberto Etchegaray , a la sazón presidente del directorio de la Celulosa Arauco, y no al diputado Correa .
¡Y para qué vamos hablar de la irresponsable aplicación de fumigaciones aéreas para el tratamiento de plagas en bosques lindantes a villorrios rurales!
La segunda área en la que la industria forestal y de la celulosa debe cambiar su manera de actuar dice relación con la responsabilidad social y empresarial.
Es cierto que ella hace aportes significativos a los municipios, principalmente en el área de la educación, pero ello de ninguna manera puede hacernos olvidar cómo controla e interviene a las empresas contratistas: les fija el sueldo que deben pagar a sus trabajadores forestales, la maquinaria que deben usar, incluso el margen de utilidades a percibir que, por cierto, no tiene ninguna relación con las millonarias ganancias de la empresa forestal.
¿Es esto compatible con la ley de subcontratación, en su letra y en su espíritu, o corresponde más bien a la interpretación unilateral que hace aquel que se encuentra en una posición de indudable ventaja monopólica?
Los trabajadores forestales se merecen todo el respeto de su empleador. Ellos son los que participan de manera directa y preponderante en la actividad forestal; son los que con su sangre, su esfuerzo y su trabajo permiten el engrandecimiento económico de esas empresas y -digámoslo- también de Chile. Pero, desgraciadamente, eso no se ha transformado en un elemento de progreso individual. Por eso hoy ellos están en nuestras tribunas.
Las precarias condiciones laborales en que se desenvuelven principalmente los faeneros del bosque -hecho que no puede pasar inadvertido para el Gobierno ni menos para los parlamentarios-, los largos traslados a que son sometidos y en general una serie de condiciones que implican un gran esfuerzo ergonómico, redundan finalmente en que hombres de 45 años ya presenten severas lesiones osteoarticulares secundarias vinculadas a este trabajo pesado.
Señalo de manera enfática que el trabajo forestal debe ser considerado a la brevedad como trabajo pesado. No nos explicamos cómo el Gobierno aún no lo ha calificado así.
Por último, así como esta industria ha sido señera en Chile en una serie de aspectos que mencioné al principio de mi discurso, espero que su proceder en materia laboral y de relación con sus trabajadores no se convierta también en el detonante de algo que la empresa chilena, sobre todo la pequeña y mediana, mira con bastante preocupación por las consecuencias que puede tener para ella: la negociación por área.
En el tiempo del Comité Partido por la Democracia, tiene la palabra, el diputado señor Enrique Accorsi.
Señor Presidente , honorable Cámara, estimados amigos trabajadores forestales.
En mi condición de Presidente de la Comisión de Recursos Naturales , Bienes Nacionales y Medio Ambiente considero importantísimo evaluar esta materia.
¿Cuál es la percepción de la ciudadanía de la actividad forestal, especialmente de la celulosa? Uno, daño medioambiental, y dos, empleos precarios. Esa suma no puede seguir existiendo. Ya se han dado varias opiniones desde todas las bancadas sobre la labor que realizan los trabajadores forestales.
Por su intermedio, señor Presidente, pido al ministro que evaluemos la labor de los trabajadores forestales, puesto que dicha actividad no puede seguir sin calificarse como trabajo pesado. Viví durante muchos en Puerto Montt y fui testigo de las condiciones en que ellos laboran.
Por lo tanto, como parlamentarios tenemos la obligación de modificar la ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Eso es fundamental. No podremos cambiar nada si no introducimos a la legislación las modificaciones que corresponden, porque el daño ambiental se produce igual, a pesar de la normativa vigente, pues se trata de leyes blandas, que no van al fondo de los problemas.
En todo caso, informo que ya consensuamos con la ministra del Medio Ambiente que ésa será una tarea esencial de nuestra Comisión.
Estas riquezas, que son renovables, son una manera de incentivar la equidad, de mejorar los empleos y de repartir mejor los ingresos del país.
Aquí también hay responsabilidad empresarial. Además, no puede ser que la planta en Licantén haya tenido cuatro o cinco ductos sin fiscalizar.
Anuncio que el 20 de julio nuestra Comisión visitará la planta de Licantén y la ciudad de Constitución, para fiscalizar en terreno que se cumplan las leyes.
Creo que -y esto es lo más importante- que la empresa Celco y las demás que explotan el bosque chileno no pueden seguir siendo sinónimo de daño ambiental y precariedad de los empleos.
En el tiempo que resta al Comité Renovación Nacional tiene la palabra el diputado señor Rosauro Martínez.
Señor Presidente , hemos escuchado algunos relatos de episodios de contaminación en los que participan en forma constante las mismas empresas. Y todos los chilenos nos preguntamos dónde estaba la autoridad que tiene la obligación de prevenir estos hechos y de resguardar la seguridad de todos los habitantes del país.
Las catástrofes ecológicas dan pie a una verdadera parodia, con un libreto bien conocido: primero se constituyen en el lugar los gobernadores, los intendentes y algún parlamentario de Gobierno con avidez de aparecer en la prensa y con caras compungidas balbucean tímidas y trilladas frases preparadas para la ocasión. Se dan explicaciones ramplonas. Se reparte un poco de dinero entre los afectados, vuelta a la rutina, el olvido y la displicencia.
¿Pero qué hicieron antes, cuando todos los antecedentes anticipaban estos desastres? Nada. Simplemente, nada.
Creo que ya está bueno. De una vez por todas, debemos exigir que el Gobierno asuma su responsabilidad y cumpla con todas sus obligaciones en esta materia. Y para los trabajadores debemos exigir algo muy simple, pero tan difícil para este Gobierno: que se cumpla la ley y se respeten todos sus derechos.
En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el diputado don Alfonso De Urresti.
Señor Presidente , casi al término del debate queda en evidencia la preocupación que todos tenemos respecto de la industria forestal. Existen déficit en la legislación, en el control y una serie de situaciones que debemos corregir.
Ante tal evidencia, debemos aprovechar el consenso que se ha producido en las diferentes bancadas sobre el punto, con el objeto de perfeccionar la legislación ambiental, para lo cual pido a la Oposición que consensuemos la creación de la Superintendencia Ambiental a fin de fiscalizar y sancionar todo tipo de situaciones irregulares, y, asimismo, que avancemos en la creación de la Subsecretaría de la Madera, con el objeto de enfrentar de manera integral los problemas de los trabajadores del sector; hacer un análisis, a través de un estudio comparado de las políticas forestales de Canadá y Finlandia, para estar al tanto de los programas nacionales forestales; con el fin de saber dónde se está sustituyendo bosque, cuál es el impacto en las comunidades indígenas; qué sucede con los pequeños pueblos campesinos, con el pequeño agricultor; cómo evitar el monocultivo y que amplias extensiones se conviertan en zonas con plantación únicamente de pino y eucalipto, con los consiguientes inconvenientes ambientales; para saber dónde ha habido apropiación de las aguas, del terreno, de la biodiversidad.
Esos son los desafíos y la ciudadanía espera saber cómo el Gobierno y el Congreso Nacional los enfrentarán, hacia dónde se apuntará. Los temas medioambientales y la industria forestal necesitan tener la mirada del Congreso Nacional y de las autoridades de Gobierno. Es necesario que la información sobre agua, suelo, comunidades indígenas y pequeños agricultores sea manejada en forma transparente; que Conaf trabaje los subsidios, especialmente, con el pequeño campesino. Es preciso avanzar en esas materias. Además, pido al Gobierno dar urgencia al proyecto sobre bosque nativo. Esas son las preocupaciones en las cuales debemos centrar nuestra atención.
Pido que ese tipo de recomendaciones -no me cabe duda que van a estar en el proyecto de acuerdo- sean consideradas y que las distintas autoridades de Gobierno puedan avanzar en esa dirección.
Tiene la palabra el diputado de Renovación Nacional don Osvaldo Palma, a quien la Democracia Cristiana le cedió parte de su tiempo.
Señor Presidente , agradezco a la Democracia Cristiana, en particular al diputado don Roberto León , por haberme cedido parte de su tiempo.
En relación con la planta Licancel, en la Comisión de Medio Ambiente fueron analizados en forma exhaustiva todos los antecedentes respecto de los hechos recientes, y quedó en evidencia su desidia y falta de responsabilidad en el cuidado del medio ambiente.
Este es el tercer episodio similar, ya que, en 1999, ya ocurrió un hecho, del cual se culpó a un avión fumigador, cuando ni en cantidad ni en concentración es capaz de provocar una mortandad como la que vio todo Chile. Este año, se produjeron otros dos hechos similares por la existencia ductos clandestinos. Entonces, ¡cómo les vamos a creer! Ello provocó la mortandad de miles de peces y grave daño al medio ambiente. ¡Antes, Constitución; después, Valdivia , y ahora, el Mataquito! Pero el daño actual es mayor aún no sólo para miles de peces y flamencos, ya que no se ha evaluado aún el efecto en las personas. Aquí se producen dioxinas, un potente cancerígeno, por lo cual, quienes viven en las riberas del río, en el litoral cercano, o quienes consumen productos de la zona, deben tener una propensión mucho mayor que la población normal a contraer cáncer. Ya se solicitó dicho estudio a las autoridades de salud. Lo peor es que aquí existe mala fe, ya que hay episodios graves que se repiten, una y otra vez, en diferentes lugares donde la causante es la misma empresa.
Por ello, con urgencia, debemos tipificar el delito medioambiental, pues las sanciones y multas actuales en poco o nada conducen a evitar o prevenir el daño medioambiental que empresas como la forestal Celco S.A. causan en la Región del Maule y en otras zonas.
En el tiempo que resta al Partido por la Democracia, tiene la palabra el diputado don Jaime Quintana.
Señor Presidente , hace un rato, aprobamos un Tratado de asociación económica con Japón. De alguna forma, estamos consagrando que la globalización económica prima en nuestra sociedad, en nuestro Estado, en desmedro de la globalización de los derechos humanos, de los derechos de los trabajadores, principalmente forestales y forestales mapuches.
En las últimas décadas, se ha verificado una explosiva expansión de las plantaciones forestales, la construcción de grandes plantas de celulosa y una presión sobre los bosques nativos para abastecer de leña a la ciudad, particularmente en las Regiones del Bíobío, de la Araucanía y de Los Ríos. Esos procesos -con excepción del consumo urbano de leña- no han sido espontáneos, sino consecuencia directa de políticas públicas relacionadas con el sector forestal, que han afectado fuertemente a las comunidades mapuches y sus derechos.
La situación más grave para los mapuches y sus derechos es el auge de las plantaciones forestales industriales de pino y eucalipto, asociadas a la construcción de plantas de celulosa a gran escala. Entre las consecuencias para las comunidades mapuches rurales pueden señalarse los conflictos sobre tierras con las empresas forestales, disminución de la calidad y cantidad de agua para riego y consumo humano, pérdida de la diversidad de importancia cultural y económica, deterioro de los caminos rurales y problemas de salud asociados al uso de pesticidas.
Nos preocupa, fundamentalmente, la tendencia a la plantación forestal y su expansión.
Las modificaciones al decreto ley Nº 701 no hacen sino consagrar ese sistema. Si bien dejaron la posibilidad para que los pequeños propietarios pudieran también reorientar sus plantaciones; hay no obstante, una ventana abierta para seguir beneficiando a las grandes empresas a través de los subsidios a los suelos degradados.
Nos preocupa la tendencia, porque estamos seguros de que a este ritmo, en veinte años más vamos a llegar a cerca de cinco millones de hectáreas con estas especies exóticas, que crecen muy rápido; a la concentración de la propiedad de la tierra -como ha señalado el diputado De Urresti - en manos de las pocas empresas forestales, lo que genera una realidad de inequidad que supera con creces la del latifundio, tema que fue abordado a partir de la década de los sesenta, con la reforma agraria. Es decir, lo que hoy está ocurriendo es absolutamente más preocupante. Baste señalar que las dos principales empresas forestales están relacionadas a dos familias, Angelini y Matte , y tienen un patrimonio muy superior al de todas las comunidades mapuches de Chile, que se estima que no alcanza al millón de hectáreas. Sólo en Chile, el grupo Arauco , controlado por la familia Angelini , con inversiones también en Argentina y Uruguay, tiene un patrimonio de un millón de hectáreas, de las cuales, más de seiscientas mil se encuentran plantadas con pino y eucalipto. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (Cmpc), el otro gigante forestal chileno, controlado por la familia Matte , con inversiones en Argentina, Perú y Uruguay, supera las quinientas mil hectáreas, las que explota a través de su filial Forestal Mininco S.A.
Hemos sido testigos, incluso ha habido observadores internacionales, como el relator de Naciones Unidas para los Derechos Indígenas, quien, el año 2003, al referirse a estos temas, señaló que era una criminalización de la protesta social. Son temas respecto de los cuales no nos hemos hecho cargo.
En materia laboral, la tecnificación de las faenas forestales ha hecho que la necesidad de mano de obra se vaya reduciendo. Es probable que esa tendencia decreciente se mantenga en el futuro. Adicionalmente, el sistema de empresas externas, llamadas contratistas, contrata a sus propios trabajadores y los moviliza por las distintas faenas, lo que limita las oportunidades de ocupar mano de obra local. Por su parte, las empresas forestales ya han anunciado la necesidad de expandir fuertemente la superficie de plantaciones, comprando tierras o plantando en las comunidades para abastecer nuevos y crecientes mercados.
Nos preocupa también la posición del Estado frente al tema, ya que no puede permanecer como un espectador en un conflicto que tiende a agudizarse, esgrimiendo el argumento de que se trata de diferencias entre particulares. En definitiva, se trata de una cuestión que afecta al país en términos políticos, económicos, sociales y ambientales, debido a lo cual el Estado debe intervenir, a través de los gobiernos regionales, en consideración al bien común y al respeto por los derechos de los trabajadores, en particular, de los indígenas, porque es precisamente la mayor parte de ese sector la que labora en las plantaciones forestales, donde no se respeta su cultura ni se tiene en cuenta su precario desarrollo económico.
Tiene la palabra, por los tres minutos que restan al Comité Socialista y los dos minutos que le cedió el Comité Demócrata Cristiano, el honorable diputado Manuel Monsalve .
Señor Presidente , quiero volver al tema central que originó la petición de esta sesión especial, por lo menos en lo que a mí respecta: la movilización de los trabajadores forestales de la provincia de Arauco.
Dichos trabajadores, agrupados en la Unión de Sindicatos Forestales, desplegaron un movimiento que puso en el centro del debate las precarias y abusivas condiciones en que deben trabajar: sueldos base miserables de 35, 45 ó 65 mil pesos, que ni siquiera llegan al ingreso mínimo; trabajos temporales, por faenas; permanencia por más 30 días continuos en campamentos, alejados de sus familias, con mínimas condiciones de higiene y seguridad laboral -muchas veces, no hay agua potable para consumo humano, ni baños ni comedores para los trabajadores-; medios de transporte humano que no cumplen con las condiciones básicas de seguridad; alta tasa de accidentabilidad laboral con resultados fatales -en 2005 se registraron 245 accidentes en la Región del Bíobio, con ocho trabajadores muertos en las faenas-; realización de trabajos pesados sin el debido reconocimiento.
Aquí se ha dicho, precisamente por los abusos que se cometen en esta actividad, que lo único que quieren los trabajadores es que se respeten sus derechos laborales. Pero ellos no lo están pidiendo por favor, sino exigiendo al Congreso Nacional que les entregue las herramientas legales para tener fuerza y posibilidades efectivas de defenderlos. Para eso, es indispensable modificar las normas sobre negociación colectiva.
Por ello, a partir de los discursos pronunciados en este hemiciclo, porque no basta con eso, aprovecho de emplazar en ese sentido a los parlamentarios de la Alianza por Chile, porque los trabajadores necesitan herramientas de negociación colectiva eficaces. Debo recordar que en 1993, cuando en esta Sala se propuso una reforma de la normativa laboral que permitía regular la subcontratación, los diputados de la Alianza por Chile se opusieron, y cuando en 1999 se pretendió fortalecer los mecanismos de negociación colectiva, también se opusieron.
De manera que no se trata de pedir por favor que se respeten los derechos de los trabajadores; lo que ellos necesitan es que exista efectivamente una negociación colectiva en cada empresa, que haya negociación colectiva interempresas. Quiero decirles a los trabajadores que hoy día están aquí que los votos de los parlamentarios de la bancada del Partido Socialista están disponibles para fortalecer los mecanismos sobre negociación colectiva.
Quiero pedirle al Gobierno que, lo antes posible, envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley sobre la materia, a fin de que los trabajadores puedan defender con fuerza sus derechos laborales.
En segundo lugar, en consideración a que el sector forestal es la segunda actividad económica de nuestro país y que laboran en él 133 mil trabajadores, debe existir una institucionalidad que lo regule.
Le pido al Gobierno que escuche a los trabajadores forestales y envíe un proyecto de ley que cree una Subsecretaría de la Madera, porque es indispensable que este rubro que ocupa a tantos trabajadores tenga una contraparte en el Estado, y que contribuya, a través de la Subsecretaría de Previsión Social y de la Comisión Económica Nacional, a lograr que el trabajo forestal sea reconocido como trabajo pesado. En ese sentido, presentaremos un proyecto de acuerdo.
Asimismo, esperamos que se faculte a la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de Cámara para que vaya a terreno, a las faenas forestales, a fin de que compruebe las condiciones en que laboran los trabajadores forestales, que existen faenas en las cuales no hay agua potable ni baños, lo que no se puede aceptar en un país como el nuestro. Eso tiene que ser corregido por la Cámara de Diputados, con el voto de todos, sobre todo a la luz de los discursos pronunciados en esta sesión. Así entregaremos a los trabajadores las herramientas que necesitan para desarrollar su trabajo con dignidad.
Tiene la palabra el ministro del Trabajo y Previsión Social , señor Osvaldo Andrade.
Señor Presidente , traía una presentación escrita que contenía un conjunto de datos relacionados con el sector forestal que considero interesante compartir con los señores diputados. Sin embargo, creo que es suficiente dejarlo a su disposición. Además, eso me evitará tener que leerlos.
Sin perjuicio de esto -de ahí que le he solicitado que me permita intervenir-, quiero hacerme cargo de dos asuntos que se han planteado, que no están incluidos en mi presentación porque han surgido de las distintas intervenciones, sobre todo, porque la interpelación respecto del incumplimiento de las normas laborales ha sido formulada con mucha vehemencia e interés. Es una convicción que celebro y comparto, y espero que se traduzca en iniciativas que vayan en esa línea, porque los temas laborales se han transformado en cuestiones de genuino interés.
Pero -como dije- quiero referirme a dos cosas, en particular.
En primer lugar, en el sector forestal -probablemente también en otro tipo de industrias- ha habido una profusión muy importante de las líneas de subcontratación que, en muchos casos, debido a la fragmentación de las empresas, han dificultado la generación de derechos colectivos para los trabajadores. Por de pronto, en estos casos, la organización laboral también es muy precaria.
Entonces, me gustaría que cuando se hace esta interpelación tan maciza sobre incumplimiento de las normas laborales, también se generen, desde el espacio que tiene cada uno de los presentes, iniciativas que sean coherentes. Uno de los grandes problemas -permítanme decírselo- que nos impide tener una genuina fiscalización de la ley sobre subcontratación tiene que ver con algo que aprobó esta Cámara, que es un concepto distinto de empresa. Sin embargo, por iniciativa de algunos senadores -no de la Concertación- se recurrió al Tribunal Constitucional, que tomó una decisión distinta.
De manera que lo que pido es que exista una mínima línea en este sentido, porque si el punto central dice relación con aspectos relacionados con incumplimiento de normas, en particular, sobre derechos colectivos -tema tan importante en el mundo del trabajo-, para que se cumplan es necesario regular la fragmentación empresarial por la vía de la subcontratación y del suministro. Ahora, si mediante normas que se establezcan posteriormente por otras vías y en otras instancias se evita que dichas normas permanezcan vigentes, estamos frente a un problema de coherencia que hay que mencionar. Entonces, que no se alegue precariedad de la fiscalización, si a pesar de existir instrumentos que hacen posible materializarla y, en consecuencia, que se cumplan, más allá del trabajo parlamentario, surgen iniciativas que lo impiden. Creo que hay que hacerse cargo de esto porque, de lo contrario, todo es sólo retórica.
Y permítanme decir que, gracias al rol que me corresponde desempeñar -los dirigentes sindicales del sector forestal me conocen bastante bien-, sé que hay problemas de incumplimiento de normas que tienen que ver con estas cosas. Se ha abusado de la subcontratación, porque se ha desvirtuado su concepto central, que es el factor de la especialización. Hoy día, la subcontratación es del mismo giro que la empresa mandante o principal, lo que constituye un problema que hay que remediar. Espero que, después de escuchar las intervenciones efectuadas aquí, podamos remediarlo en el corto plazo.
En segundo lugar, se insiste mucho en que hay problemas de aplicación de las normas, especialmente de las relativas a seguridad. Permítanme decirles que, después de varios años que permaneció en el Congreso Nacional, logramos aprobar, durante el actual Gobierno, la ley sobre subcontratación que, entre otras cosas, establece que respecto de los temas de higiene y seguridad en el trabajo, la empresa mandante tendrá la responsabilidad de la faena. Es decir, hemos mejorado los estándares laborales de los trabajadores de contratistas y subcontratistas, precisamente a través de una ley que ustedes mismos aprobaron y que establece que la responsabilidad relacionada con higiene y seguridad recaerá en la empresa mandante.
Con esto quiero decir que hay instrumentos, pero no todos los que se requieren.
Espero que los señores diputados sean coherentes con este genuino interés manifestado en sus intervenciones respecto del cumplimiento de las normas laborales, cuando el Ejecutivo les pida su voto para la materialización de las nuevas disposiciones legales.
No es casual la campaña sobre la Dirección del Trabajo en medios de prensa no vinculados, precisamente, a la coalición de Gobierno. Entonces, ¿en qué mundo estamos?
El órgano fiscalizador, la agencia pública que debe velar por el cumplimiento de las normas de trabajo hoy está siendo objeto de una manifiesta campaña en su contra.
En consecuencia, les pido que cuando lleguen las iniciativas anunciadas les den el respaldo manifestado en sus discursos.
Tiene la palabra la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, señora Ana Lya Uriarte.
La señora URIARTE, doña Ana Lya (ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente).-
Señor Presidente , voy a dejar a disposición de los señores diputados la presentación con los datos más detallados de los ocho complejos de celulosa que operan en el país. En ella se indican los que han sido sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental desde su inicio y los casos en que no ha sido.
También se menciona un historial de sanciones que da cuenta de los puntos débiles en la gestión ambiental de esos complejos de celulosa.
En razón del tiempo, abreviaré mi intervención y me referiré sólo algunos puntos esenciales.
El Gobierno se ha comprometido a trabajar en la generación de una política ambiental moderna, que tenga como eje el desarrollo sustentable.
Asimismo, enviar al Congreso Nacional dos proyectos de ley el próximo año. Uno, que crea el Ministerio del Medio Ambiente. Con ello se crea -por primera vez, después de una gestión realizada en 1994 mediante la cual se instauró un modelo coordinador de política ambiental-, un modelo que se manifieste concentrado, con una autoridad política responsable y que dé cuenta del desarrollo ambiental del país; y por otra parte, que signifique una señal poderosa respecto de la importancia que hoy tiene para Chile el desarrollo de la temática ambiental.
El segundo proyecto que presentará el Ejecutivo se refiere a la creación de la Superintendencia de Fiscalización Ambiental. Porque en 2007, a la luz de los actuales desafíos y de las características de las actividades económicas y de los grupos económicos que las desarrollan, no basta sólo con tener una norma al respecto. También es necesario una fuerza fiscalizadora que garantice a la ciudadanía su cumplimiento.
Las actividades económicas que presenciamos son las desarrolladas por transnacionales o por grupos económicos muy poderosos, respecto de los cuales cabe preguntarse si la aplicación de una multa, por muy millonaria que sea, constituye un desincentivo a la infracción de la norma.
Ciertamente, la respuesta parece ser negativa en atención a los sucesos ocurridos. Una política ambiental moderna aparentemente no es tan moderna si se realizan gestiones ambientales de la calidad observada.
Las decisiones que tomemos como país necesariamente deben incorporar la variable medioambiental. ¡Ésa es la materia de debate!
Hoy, en la mañana, por ejemplo, participamos en una sesión en el Senado sobre el tema energético. De nuevo surge el mismo asunto. Tenemos un desafío energético, con consecuencias medioambientales a la hora de enfrentarlo. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo compatibilizamos el desarrollo energético o el de la actividad de la celulosa con la variable medioambiental?
Estamos convencidos de que la ciudadanía entiende que el medio ambiente no tiene por qué pagar los costos de la inoperancia o del afán de lucro exacerbado. Se requiere inversión en medio ambiente, lo que conlleva un esfuerzo. Pero son muchos más los beneficios que vamos a obtener a cambio.
Asimismo, nos comprometimos a generar procedimientos eficientes y ágiles a la hora de evaluar proyectos. Insisto, esta materia está sobre el tapete a la hora de avanzar en el tema energético, pero también al momento de abordar lo referente a la celulosa. Sin embargo, la eficiencia, es decir la mayor agilidad en las evaluaciones medioambientales, no es sinónimo de ceguera ni de pasividad.
En este punto llamo a no equivocarse. No será el medio ambiente el que pague el costo de la improvisación, de la inoperancia o de la mezquindad.
Proyecto de acuerdo Nº 416, de los señores De Urresti, Monsalve, León, Delmastro, Accorsi, Pérez, Súnico, Palma, Martínez, Quintana, Lobos, Alinco, Norambuena, Bobadilla, Bertolino, Lonrenzini, Hales y García, don René Manuel, y de las señoras Pascal, doña Denise, y Pacheco, doña Clemira, que en su parte resolutiva dice:
Solicitar a S.E. la Presidenta de la República que, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales:
1. Adopte y refuerce las medidas necesarias para la creación de:
La Fiscalía Nacional Ambiental.
La Subsecretaría de la Madera.
2. Ordene efectuar un catastro de las instalaciones y el cumplimiento de la normativa ambiental de las plantas de celulosa existentes a nivel nacional, con la finalidad de precaver desastres ambientales.
3. Haga presente el trámite de urgencia, calificada de suma, al Mensaje sobre recuperación del bosque nativo y de Fomento Forestal (boletín N.º 669-01), en segundo trámite constitucional en el Senado y con más de quince años de tramitación.
4. Aumente las bonificaciones al manejo y conservación de los bosques nativos contemplados en el Mensaje sobre recuperación del bosque nativo y de Fomento Forestal.
5. Solicite a la Corporación Nacional Forestal que informe sobre los criterios utilizados en la elaboración de las tablas de costos.
6. Pida a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que proponga, a la mayor brevedad, las modificaciones a la ley de Bases del Medio Ambiente, que permitan recoger las experiencias obtenidas de su aplicación hasta la fecha y, especialmente, que fortalezcan y perfeccionen la participación ciudadana durante la evaluación de los proyectos de inversión, protegiendo y recuperando la fe pública de las comunidades.
7. Contemple los recursos económicos suficientes en la futura ley de presupuestos de la Nación a fin de que la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) pueda tener plena autonomía e independencia técnica y científica, tanto durante la evaluación de los proyectos sometidos al Sistema de Estudio de Impacto Ambiental , así como durante el monitoreo y la supervisión de las operaciones industriales.
8. Requiera a la ministra presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente que recabe -por parte de los gremios de la industria y del sector forestal- todos los programas que están desarrollando relacionados con Responsabilidad Social Empresarial, Códigos de Mejores Prácticas, Acuerdos de Producción Limpia, Certificaciones ISO, Aportes a la Biodiversidad, Declaraciones de Valores Ambientales y todas aquellas medidas que la industria está abordando en beneficio del medio ambiente y de sus relaciones laborales, de modo que esa información se envíe a la Comisión del Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y ese Ministerio lo pueda publicar en su página web.
9. Modifique:
El decreto supremo Nº 90 sobre Descarga de riles a aguas superficiales, atendido que no considera la calidad del agua del cuerpo receptor y sólo toma en cuenta la capacidad de dilución, por lo que si el cuerpo receptor viene contaminado, aun cumpliendo la norma, puede destruir el ecosistema.
Las normas pertinentes a fin de que el trabajo de la industria forestal esté sujeto a las normas sobre trabajo pesado.
Las normas correspondientes del Código del Trabajo, en relación con los conflictos laborales del sector forestal, a fin de fortalecer las reglas de la negociación colectiva”.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 60 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.
Accorsi Opazo Enrique; Alinco Bustos René; Alvarado Andrade Claudio; Álvarez Zenteno Rodrigo; Araya Guerrero Pedro; Arenas Hödar Gonzalo; Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán Francisco; De Urresti Longton Alfonso; Delmastro Naso Roberto; Díaz Díaz Marcelo; Dittborn Cordua Julio; Egaña Respaldiza Andrés; Eluchans Urenda Edmundo; Encina Moriamez Francisco; Farías Ponce Ramón; Galilea Carrillo Pablo; García García René Manuel; Godoy Ibáñez Joaquín; González Torres Rodrigo; Hales Dib Patricio; Insunza Gregorio De Las Heras Jorge; Isasi Barbieri Marta; Jaramillo Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; León Ramírez Roberto; Lobos Krause Juan; Lorenzini Basso Pablo; Martínez Labbé Rosauro; Masferrer Pellizzari Juan; Monsalve Benavides Manuel; Montes Cisternas Carlos; Mulet Martínez Jaime; Muñoz D'Albora Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo; Pascal Allende Denise; Pérez Arriagada José; Quintana Leal Jaime; Recondo Lavanderos Carlos; Robles Pantoja Alberto; Rojas Molina Manuel; Rubilar Barahona Karla; Salaberry Soto Felipe; Sepúlveda Hermosilla Roberto; Súnico Galdames Raúl; Turres Figueroa Marisol; Ulloa Aguillón Jorge; Valenzuela Van Treek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto Patricio.
-Se levantó la sesión a las 21.11 horas.
Implicancias sociales, laborales, económicas y medioambientales, de la industria forestal y de la celulosa. Proyecto de acuerdo, discutido en sesión especial de la Cámara de Diputados:
-Presentación del ministro del Trabajo y Previsión Social .
-Presentación del Ministerio de Agricultura.
-Presentación del Ministerio de Medio Ambiente.
-Presentación del ministro del Trabajo y Previsión Social, don Osvaldo Andrade Lara:
Buenas tardes honorables diputadas y diputados.
En atención a la invitación que se me hiciera a exponer sobre la situación del sector forestal, presentaré algunos antecedentes generales de la industria, a modo de introducción, para concentrarme después en los aspectos más atingentes a mi cartera.
Las exportaciones del sector forestal en el año 2006 fueron de 3.495,4 millones de dólares.
Las exportaciones de productos forestales en abril de 2007 totalizaron 371,5 millones de dólares, cifra superior en un 27,5% a la registrada en igual mes del año 2006. Con este resultado el valor acumulado al primer cuatrimestre del año fue de 1.539 millones de dólares, un 31,5% superior al valor registrado en igual período de 2006.
Los productos forestales exportados llegan a 96 países y fueron comercializados por 169 empresas. Los principales mercados de destino son EE.UU., que concentra un 26%) de los mismos; China con un 10% y Japón con un 8%.
Celulosa Arauco y Constitución es el principal exportador de productos forestales chilenos, concentrando un 31% del total. En segundo lugar se ubica Cmpc Celulosa, con el 18,4%.
El principal rubro exportado es la celulosa (pulpa química), cuya proporción es del 34%. En segundo lugar se ubican las remanufacturas, con un 27%. Y el tercer rubro en importancia es la madera aserrada, que contribuye con un 12% y el grupo papeles y cartones, que participa también con un 12% del total.
De acuerdo a datos del Infor, en el año 2006 la ocupación en el sector forestal era de 133.193 trabajadores, distribuidos del siguiente modo:
En la industria primaria 33.930 trabajadores.
En la industria secundaria 38.028 trabajadores.
En servicios 16.520 trabajadores.
Desde el punto de vista geográfico, la actividad forestal está concentrada en las regiones 7ª, 8ª, 9ª y 10ª. Particularmente en la región del Bío Bío, la actividad forestal es el rubro económico más importante: aporta más del 20% del empleo regional dependiente. También es la actividad que muestra mayor dinamismo, considerando los niveles de inversión en la región y su aporte al PIB y a las exportaciones regionales.
La actividad forestal incluye varias sub áreas: silvicultura, cosecha, aserradero, procesamiento industrial y celulosa. Las grandes empresas forestales han desarrollado una estrategia de integración vertical de todas las áreas forestales, explotando conjuntamente todas ellas mediante grupos de empresas vinculadas entre sí. De hecho, los principales grupos económicos del país tienen participación activa y protagónica en la actividad forestal.
2. Subcontratación en la actividad forestal.
La subcontratación de faenas forestales es una práctica habitual. De hecho, en las regiones forestales han proliferado cientos de empresas de servicios que operan para las grandes empresas forestales en las faenas de silvicultura, cosecha, aserradero, procesamiento industrial y celulosa. No se ha cuantificado hasta ahora el número de empresas contratistas que operan en la actividad forestal ni el número de trabajadores subcontratados, ya que no existe la obligación legal de registrarse para operar. Sin embargo, la sorprendente cantidad de certificaciones de contratistas requeridas recientemente a las Inspecciones del Trabajo de las regiones con actividad forestal, revela su envergadura.
Así por ejemplo, en la región del Bío Bío los primeros cuatro meses de este año se efectuaron 2.491 certificaciones de contratistas de la actividad forestal. Entre ellas, 1.019 correspondían a empresas de servicios del sector silvícola, 555 a empresas del rubro cosecha forestal, 256 a empresas de la industria y 661 a empresas del sector transportes.
Por añadidura, las numerosas empresas contratistas generan parte importante del empleo forestal. Un reciente estudio de la Dirección del Trabajo que evaluó el cumplimiento de la ley laboral en la industria forestal de la 8ª región constató que, en promedio, el 42% de los trabajadores que se desempeñaban en tareas productivas eran subcontratados. Incluso en once grandes plantas forestales de la región, el número de trabajadores subcontratados era superior al de los trabajadores directos.
Cabe destacar que los procesos de selección de los contratistas forestales dependen de varios factores. Muchos de estos contratistas tuvieron un pasado como supervisores de empresas forestales, a las que luego pasaron a venderles servicios como contratistas independientes. Otros prestaban servicios subcontratados a determinadas plantas de una empresa forestal, y fueron convocados a participar en licitaciones para adjudicarse nuevas faenas en otras plantas de la misma empresa. En ocasiones, las empresas principales han pedido a contratistas que prestaban servicios para una planta que asumieran una nueva razón social, con el objeto de prestar servicios en otra faena de la misma empresa.
En suma, la selección de contratistas forestales está fuertemente mediada por relaciones de confianza y fidelidad para con la empresa principal, la que muchas veces no implementa un proceso objetivo e imparcial de selección de contratistas.
En recientes investigaciones de la Dirección del Trabajo, algunos contratistas forestales han afirmado que los últimos años ha aumentado la competencia entre contratistas que ofrecen el mismo servicio a las empresas forestales. En no pocos casos se ha encontrado que en la faena forestal de una empresa suelen operar varios contratistas desarrollando el mismo servicio. En realidad, la mayoría de los contratistas forestales parecen resignados a un mercado de subcontratación habitualmente confuso, en que algunos de ellos tienen ganado per se el contrato de servicios con empresas forestales (manteniendo, así, estable el servicio que prestan), mientras otros se ven forzados a competir periódicamente por precios para obtener la renovación de un contrato o la firma de uno nuevo.
Esto se puede constatar revisando los contratos entre las empresas forestales principales y sus contratistas, tal y como lo ha estado haciendo la Dirección del Trabajo. Las cláusulas de vigencia son muy disímiles: en algunos casos se establecen dos años o un año de duración, con renovación tácita, y en otros sólo seis meses de vigencia, también con renovación tácita, reservándose la empresa principal la posibilidad de desahuciar el contrato con solo 30 días de anticipación sin expresión de causa.
Parece evidente que la estabilidad de los contratos de prestación de servicios subcontratados en la actividad forestal depende de las relaciones de confianza y lealtad con las empresas principales y de mantener los precios acotados o susceptibles de ser rebajados, más que de la mejora permanente de la calidad del servicio otorgado.
Las condiciones exigidas por las empresas forestales suelen ser incontrarrestables para los contratistas. Por ejemplo, la Dirección del Trabajo ha detectado casos en que plantas forestales (aserraderos y plantas de remanufactura) terminan el contrato con una contratista por mal desempeño y exigen que el nuevo contratista que asumió la faena contrate a todos los trabajadores del anterior contratista, reconociéndoles la antigüedad de servicio. En estos casos, probablemente la subcontratación oculta prestación directa de trabajo subordinado para la empresa principal.
Es habitual que las empresas forestales contraten a los trabajadores subcontratados que ya han ganado experiencia y conocimiento de las faenas forestales. Esto, junto a los antecedentes anteriores, revela que los trabajadores subcontratados de la actividad forestal suelen ser utilizados por las empresas principales como una fuerza de trabajo secundaria, menos calificada y peor remunerada, disponible para efectuar un reemplazo, colaborar ante un incremento de demanda o, en algunos casos, ser incorporada como trabajador directamente contratado cuando se requiera.
Parte importante de los contratistas forestales en realidad no otorgan un servicio distinto del giro de la empresa principal. En realidad sustituyen la contratación directa de trabajadores por parte de las empresas principales para emplearlos directamente en el proceso productivo.
En efecto, la subcontratación ha penetrado tan vigorosamente en la actividad forestal, que suele ser difícil distinguir los trabajadores subcontratados de los directamente contratados cuando comparten las mismas faenas, o bien discernir el entramado contractual cuando faenas forestales son realizadas totalmente por personal subcontratado.
Cabe agregar que, frecuentemente, la línea que separa la subcontratación de servicios de las tareas efectuadas por el personal propio de las empresas forestales es confusa. En la práctica, trabajadores directamente contratados suelen convivir con trabajadores subcontratados efectuando las mismas funciones, en los mismos horarios de trabajo y habitualmente con las mismas responsabilidades laborales. Sin embargo, lo común es que los trabajadores subcontratados forestales ganan remuneraciones significativamente menores que los directamente contratados, incluso muchas veces no recibiendo más que el salario mínimo.
Estos bajos salarios se explican porque se trata de trabajadores no calificados, ocupados especialmente en servicios de producción que no demandan mayor complejidad, pero en muchos casos los trabajadores subcontratados realizan las mismas tareas y en los mismos puestos de trabajo de los directamente contratados, asumiendo tareas más calificadas. En esos casos la remuneración de los trabajadores subcontratistas también es inferior, lo que solo se explica como una política de ahorro salarial de las empresas mandantes.
Debe consignarse además que no es raro que los trabajadores subcontratistas de la actividad forestal estén expuestos a más riesgos que los directamente contratados. La opinión de varios sindicalistas forestales es que las empresas principales cautelan que los trabajadores subcontratados cumplan sólo formalmente condiciones de seguridad en el trabajo, sin preocuparse de la real protección y seguridad que les otorgan los contratistas. En esa línea, se ha tenido conocimiento, los años recientes, de accidentes fatales en la actividad forestal, la gran mayoría de los cuales han afectado a trabajadores subcontratistas.
3. Cumplimiento laboral en la actividad laboral.
En esta materia puedo informar que los datos actuales revelan que, al menos en la región del Bío Bío, la actividad forestal se caracteriza por una infraccionalidad laboral frecuente: los primeros cuatro meses de 2007 se efectuaron 546 fiscalizaciones a empresas forestales de la región: 45 a empresas silvícolas, 50 a empresas del sector cosecha, 43 a plantas industriales forestales y 408 a camiones de transporte forestal. Estas fiscalizaciones constataron 207 obligaciones laborales incumplidas por los empleadores, esto es, un 38% de infraccionalidad.
En la actividad silvícola se constataron 22 materias infringidas, en la actividad de cosecha 21 infracciones, en la industria 40 infracciones y en el transporte forestal 124 infracciones.
Por otra parte, también se efectuaron 2.491 certificaciones de contratistas de la actividad forestal, en las que se constataron 551 infracciones laborales, previsionales o de higiene y seguridad, lo que representa una infraccionalidad de un 22%.
En cuanto a reclamos administrativos, los primeros cuatro meses del año 2007 hubo 246 reclamos, de los cuales 165 afectaron a empleadores del subsector silvícola y 81 a empleadores de la industria forestal. En la actividad silvícola se sancionó incumplimiento en 33 ocasiones, lo que equivale a un 20% de infraccionalidad. En la industria forestal se constataron 26 casos de incumplimiento, lo que equivale a un 32% de infraccionalidad.
Es todo lo que podemos informar sobre el particular y, desde luego, quedamos abiertos a proporcionar cualquier información adicional que se nos solicite.
Presentaciones publicadas en la página de Internet de la Cámara de Diputados
e impresas en el boletín de sesiones
-	Presentación del ministro del Trabajo y Previsión Social .
-	Presentación de la señora Cecilia Leiva Montenegro, Subsecretaria de Agricultura .
-	Presentación de la señora Ana Lya Uriarte Rodríguez, Ministra presidenta de Conama .
Moción de los diputados señores Farías, Barros, Enríquez-Ominami, Lobos, Martínez, Núñez, Pérez; Tuma, y de las diputadas señoras Muñoz, doña Adriana y Sepúlveda, doña Alejandra. Modifica el artículo 7° de la ley N° 18.450, de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje. (boletín N° 5199-01)
1.	Acreditación de Derechos.
El Código de Aguas de 1981 establece que la propiedad de un derecho de aprovechamiento de aguas se establece y se acredita mediante su inscripción en el Registro de Propiedad de Aguas del Registro Conservatorio de Bienes Raíces , validando así lo establecido en la legislación anterior a su promulgación. El mismo Código, en su artículo 122, crea el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , bajo la responsabilidad de la Dirección General de Aguas, en el que se consignen todos los datos, actos y antecedentes que digan relación con el recurso hídrico, con las obras de desarrollo del mismo, con los derechos de aprovechamiento, con los derechos reales constituidos sobre éstos y con las obras construidas o que se construyan para ejercerlos. El Reglamento del Catastro Público de Aguas fue aprobado por el DS N° 1.220, de 25 de julio de 1998.
2.	Unidad de equivalencia.
El Código estableció, además, que los derechos de aguas deben expresarse en Unidad de Volumen por Unidad de Tiempo (Litros por segundo), y fijó las características de estos, es decir, si ellos son de carácter consuntivo o no consuntivo, permanente o eventual, continuo alternado o discontinuo.
Sin embargo, los derechos de aprovechamiento de aguas inscritos en el Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces , en su gran mayoría, están expresados en partes alícuotas de un caudal (acciones de agua, regadores, partes proporcionales de río, etc.) y muchos de ellos no expresan sus características, ya que provienen de inscripciones anteriores a la vigencia del actual Código de Aguas.
3.	Restricciones a la Ley de Fomento al Riego.
El Código de Aguas, luego de las modificaciones que le fueron introducidas por las leyes Nºs 20.017 y 20.099, estableció (en el inciso 7° de su articulo 122) restricciones específicas para optar a los beneficios de la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Obras de Riego y Drenaje
Ley 18.450, según se transcribe a continuación.
“Los titulares de derechos de aprovechamiento de aguas, cuyos derechos reales se encuentren en trámite de inscripción en el Registro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas , podrán participar en los concursos públicos a que llame la Comisión Nacional de Riego de acuerdo con la ley N° 18.450, que aprobó normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje, pero la orden de pago del Certificado de Bonificación al Riego y Drenaje, sólo podrá cursarse cuando el beneficiario haya acreditado con la exhibición de copia autorizada del registro ya indicado, que sus derechos se encuentran inscritos.”
De lo expresado en el párrafo anterior, el inciso 7° del artículo 122 del Código de Aguas impone los siguientes requisitos para postular a la ley:
1°	Supedita la postulación a concurso a que previamente se acredite que los derechos de aprovechamiento de agua involucrados se encuentren en trámite de inscripción en el Catastro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DGA).
2°	Se condiciona el pago del Certificado de Bonificación a la acreditación del registro efectivo de los derechos, mediante exhibición del certificado de registro de los derechos de aguas en el Catastro Público de Derechos de Aprovechamiento de Aguas (DGA).
4.	Inoperatividad de la Ley de Fomento.
Los requisitos mencionados anteriormente han significado serios inconvenientes a los postulantes a los beneficios de la Ley 18.450. En los concursos del año 2006 en adelante, menos de un 30% (agricultores grandes) de sus postulantes poseen inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces que cumplen con la exigencia de estar expresados en litros por segundo y poseen las características esenciales del derecho, según lo dispone el artículo 45 del Reglamento del Catastro y, por consiguiente, cumplen con los requisitos para solicitar su registro en el mencionado Catastro.
El 70% restante (pequeños agricultores) de los derechos de aprovechamiento, para postular, ingresan una solicitud de registro en el Catastro Público de Aguas de la DGA, y obtienen un certificado que acredita que han iniciado el trámite de perfeccionamiento del derecho respectivo, otorgándole un año de plazo para efectuar dicho trámite.
5.	Largo Procedimiento Judicial.
El procedimiento de perfeccionamiento de un derecho expresado en partes alícuotas requiere de un procedimiento judicial (Así lo establece el art. 177 del Código De Aguas), mediante el cual el interesado debe solicitar al juez de letras correspondiente que establezca la equivalencia de su derecho en litros por segundo y reconozca las características de este (por ejemplo, consuntivo, permanente y continuo).
El procedimiento referido que aún siendo de procedimiento sumario puede tardar mucho y una vez que se obtenga sentencia se debe requerir del Conservador que complemente su inscripción con los antecedentes señalados en ella. Cumplido lo anterior, el interesado deberá adjuntar estos antecedentes para que la DGA inicie el trámite de registro de estos derechos en su catastro.
Todo lo anterior significa plazos y costos adicionales que entorpece drásticamente la opción de los usuarios de menores recursos para acceder a los beneficios de la Ley 18.450.
6.	Daño a la Pequeña Agricultura.
En el caso específico de los pequeños productores agrícolas, esta situación se ve agravada, ya que ellos en su gran mayoría provienen del proceso de la Reforma Agraria, proceso que asignó los derechos de aguas mediante estudios realizados por el Servicio Agrícola y Ganadero, quien supeditó esta asignación a los derechos inscritos y vigentes (expresados en partes alícuotas) al momento de la expropiación de los predios agrícolas, (1967 1973) y posteriormente subdivididos y asignados como parcelas y sitios.
7.	Agricultores Imposibilitados de acceder a los beneficios de la ley 18.450.
Los agricultores beneficiarios de las Grandes Obras construidas por el Estado, como son los embalses Paloma, Santa Juana , Digua, y sistemas como el de los canales Pencahue, Laja Diguillin , también ven impedida su participación, ya que los derechos de aguas que estas obras generan sólo se asignan a los beneficiarios, una vez que estas obras han sido traspasadas en propiedad a sus usuarios, proceso que en su gran mayoría no ha concluido.
8.	Afecta el Principio de Coordinación.
Se debe considerar el principio de la debida coordinación entre los servicios involucrados en determinadas situaciones jurídicas que consagra el artículo 5°, inciso segundo de la ley Nº 18.575, esto es, que los órganos de la Administración del Estado deberán cumplir sus cometidos coordinadamente y propender a la unidad de acción, evitando la duplicidad o interferencia de funciones.
Lo anterior, en cuanto por medio de aquella interpretación estaría afectando la libre y correcta aplicación de la Ley N° 18.450, mediante la cual la Comisión Nacional de Riego subvenciona obras de riego y drenaje a privados, muchos de los cuales son carentes de recursos. Y si entendemos que tanto la Dirección General de Aguas como la Comisión Nacional de Riego son organismos de la Administración del Estado, no es admisible que el primero interprete una norma de forma tal que restrinja y limite las atribuciones y facultades que la propia ley ha dado a la Comisión Nacional de Riego.
9.	Incumplimiento de la Programación Presupuestaria de la Comisión Nacional de Riego.
Actualmente la Comisión Nacional de Riego no puede cursar el pago de alrededor de catorce mil millones de pesos ($ 13.602.454.441), afectando principalmente a pequeños agricultores. Esta cifra se desglosa en $ 4.991.854.650 para agricultores medianos, correspondiente al 36,7% y $ 8.610.599.791 para pequeños agricultores, que corresponde al 63.3% del total de bonos que no pueden ser pagados. No existiendo grandes agricultores perturbados por esta situación, ya que son los pequeños agricultores los que tienen mayor dificultad de regularizar sus derechos.
Por último, se debe tener presente el principio de la razonabilidad y de la confianza legítima, es decir, que no pueden dictarse leyes que priven derechos adquiridos o alteren el espíritu de leyes anteriores.
Todo lo anterior, nos lleva a proponer el siguiente
Modificase el inciso segundo del artículo 7° de la ley N° 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje agregando la siguiente oración a continuación del punto aparte: “Para estos efectos se posterga la aplicación de lo dispuesto por el inciso 7° del artículo 122 del Código de Aguas, hasta el 1° de enero de 2010.”
Oficio Nº 1195
Tengo el honor de poner en conocimiento de Ud. copia autorizada de la causa Rol Nº 806-07-INA recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad del artículo 416, inciso 3º del Código Procesal Penal, que incide en la causa Rol Nº 3.643-2007, seguida ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago y RIT 3093-2007, RUC 0710009414-7, seguida ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago . La resolución de admisibilidad y la que ordena dar traslado para los fines que indica.
(Fdo.): JOSÉ LUIS CEA EGAÑA , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario ”.
Oficio Nº 1204
Tengo el honor de poner en conocimiento de V.E. el requerimiento Rol Nº 790-07-INA, recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 4º de la ley Nº 18.549 y 29 de la ley Nº 18.669, que incide en la causa Rol 18.828-2006 del 7º Juzgado Civil de Santiago , caratulada “Lagos Hipólito y otros con INP”, su admisibilidad y la resolución que ordena dar traslado para los fines que indica.