Source: https://supremo.vlex.es/vid/703389533
Timestamp: 2019-07-22 20:50:38
Document Index: 399086411

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'artículo 62', 'artículo 9', 'artículo 62', 'artículo 9', 'artículo 271', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 28', 'artículo 49', 'artículo 24', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 82', 'artículo 24', 'artículo 83', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 14', 'artículo 86', 'artículo 14', 'artículo 163', 'artículo 5', 'artículo 9']

STS 181/2018, 7 de Febrero de 2018 - Jurisprudencia - VLEX 703389533
STS 181/2018, 7 de Febrero de 2018
Número de Recurso: 838/2014
Número de Resolución: 181/2018
PARÁMETROS RETRIBUTIVOS DE LAS INSTALACIONES TIPO APLICABLES A DETERMINADAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES, COGENERACIÓN Y RESIDUOS. El régimen retributivo no sobrepasará el nivel mínimo necesario para cubrir los costes que permitan competir a las instalaciones de producción a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración de alta eficiencia y residuos en nivel de igualdad con el resto de tecnologías en el mercado y que permita obtener una rentabilidad razonable referida a la instalación tipo en cada caso aplicable. Se desestima el contencioso administrativo.
Sentencia núm. 181/2018
Número del procedimiento: 838/2014
ALBUJÓN SOLAR 17, S.L.
REC.ORDINARIO(c/d) núm.: 838/2014
Esta Sala ha visto el recurso contencioso-administrativo registrado bajo el número 1/838/2014 interpuesto por el procurador don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar (sustituido con posterioridad por el procurador don Victorio Venturini Medina, al haber fallecido el Sr. Velasco Muñoz-Cuellar), en representación de la mercantil ALBUJÓN SOLAR 17, S.L., bajo la dirección letrada de don Juan Perdigó Solà, contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
El procurador don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, en representación de la mercantil ALBUJÓN SOLAR 17, S.L., interpuso con fecha 19 de septiembre de 2014, recurso contencioso-administrativo, que se registró con el número 1/838/2014, contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Admitido a trámite el recurso, se solicitada por el Abogado del Estado la suspensión de la tramitación procesal de este recurso contencioso-administrativo, a resultas de la decisión que adopte la Comisión Europea en relación al procedimiento de examen preliminar de ayudas de Estado planteado por las Autoridades españolas, y una vez oídas las partes, se dictó Auto el 17 de julio de 2015, por el que se acuerda «no ha lugar a la petición de la Administración demanda de que se suspenda la tramitación del presente proceso».
En su escrito de demanda presentado el 10 de septiembre de 2015, la representación procesal de la mercantil ALBUJÓN SOLAR 17, S.L. demandante, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y lo concluyó SOLICITANDO:
que, teniendo por presentado este escrito, con sus copias y los documentos que lo acompañan, se sirva admitirlo, unirlo a los autos de su razón, y, en su virtud, tenga por formalizada la demanda en los presentes autos por parte de Albujón Solar, 17 S.L., y, previos los trámites legales, dicte sentencia por la que:
(i) Declare la nulidad de pleno Derecho de la Orden IET de conformidad con el artículo 62.2 de la LRJPAC al haber sido aprobada dicha norma con la omisión de un trámite esencial.
(ii) Subsidiariamente, para el hipotético supuesto de que se considere que la Orden IET no adolece de un vicio de procedimiento, declare la nulidad de pleno Derecho de los siguientes preceptos de la Orden IET:
- Artículo 1, apartados 2 y 3
- Artículo 2, apartado 1
- Anexos a los que se refiere el Artículo 3
todo ello de conformidad con el artículo 62.2 de la LRJPAC, al constituir un supuesto de retroactividad, en grado máximo y medio, prohibido por el artículo 9.3 de la Constitución .
(iii) Subsidiariamente, para el hipotético supuesto de que se considere que la Orden IET no adolece de un vicio de procedimiento y que no constituye un supuesto de retroactividad prohibida por la Constitución, declare la nulidad de pleno Derecho de los valores estándar de la inversión inicial previstos para las IT-00069 e IT-00070 en el Anexo VIII de la Orden IET, y ello de conformidad con el artículo 62.2 de la LRJPAC por vulnerar dichos valores el principio de interdicción de la arbitrariedad del artículo 9.3 de la Constitución .
Por Primer Otrosí solicita que se plantee cuestión de inconstitucionalidad en el caso que la Sala entienda que no procede la nulidad de la Orden IET sin cuestionarse la disposición final tercera de la Ley del Sector Eléctrico de 2013.
Por Segundo Otrosí solicita el recibimiento del pleito a prueba y propone los medios sobre los que ha de versar.
Por Tercer Otrosí manifiesta que la cuantía de este recurso debe fijarse como indeterminada.
Por Cuarto Otrosí interesa la formulación de conclusiones.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito presentado el 20 de octubre de 2015, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y lo concluyó SOLICITANDO:
que teniendo por presentado este escrito y los documentos que se acompañan con sus copias, se sirva admitirlos, teniendo por contestada la demanda, dictándose sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda, confirmando la disposición impugnada, con condena en todo caso al actor de las costas incurridas.
Por Otrosí acompaña informe pericial emitido por el IDAE y los elaborados en el informe presentado en el recurso 1/62/2011 y su ampliación, que acreditan el hecho de la valoración de la inversión inicial para las IT-00069 e IT-00070, solicitando el recibimiento a prueba para acreditarlo en base al referido informe.
Por Otrosí Digo se opone al planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad respecto de la disposición final tercera la LSE 2013.
La Letrada de la Administración de Justicia, por Decreto de 27 de octubre de 2015, resuelve fijar la cuantía del presente recurso contencioso-administrativo en indeterminada.
El 21 de enero de 2016, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo dictó Auto cuya parte dispositiva dice literalmente:
1) Recibir el recurso a prueba.
2) Admitir y practicar las propuestas por la demandante, para lo que se tienen por reproducidos los documentos acompañados al escrito de interposición del recurso, el expediente administrativo y el dictamen pericial emitido por D. Benedicto (documento nº 1 anexo a la demanda) y por aportados los documentos 1, 2, 3 y 4 adjuntos al escrito de ampliación de medios de prueba presentado el 3 de noviembre de 2015.
3) Admitir y practicar las propuestas por la Administración, para lo que se tienen por incorporados el informe pericial emitido por el IDAE y los elaborados en el informe presentado en el recurso 1/62/2011 y su ampliación, adjuntos a la contestación de la demanda.
4) Respecto de la ratificación del Sr. Benedicto , se señala el próximo 18 de febrero de 2016 a las 12 h ., quedando citadas en forma las partes, y el compareciente a través de la cédula que entregará el Tribunal al Procurador demandante.
Por providencia de 18 de febrero de 2016, se declara terminado y concluso el periodo de prueba concedido; unir las practicadas a los autos y conceder al representante procesal del actor el plazo de diez días para que presente conclusiones sucintas sobre los hechos por el mismo alegados y motivos jurídicos en que se apoye, lo que efectuó el procurador don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar por escrito presentado el 16 de marzo de 2016, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:
que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, unirlos a los autos de su razón, tenga por formulado en tiempo y forma escrito de conclusiones y dicte en su día sentencia de acuerdo con las pretensiones articuladas en el escrito de demanda.
Por diligencia de ordenación de 17 de marzo de 2016, se acuerda dar traslado a la parte demandada, otorgándole el plazo de diez días para que presente sus conclusiones, evacuándose dicho trámite por el Abogado del Estado, en escrito presentado el 31 de marzo de 2016, en el que tras efectuar las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguente SUPLICO:
que teniendo por presentado este escrito con su copia se sirva admitirlo, teniendo por por formuladas conclusiones.
Por providencia de 4 de abril de 2016, se acuerda conferir a las partes un plazo común de diez días para que formulen alegaciones acerca de la incidencia que pueda tener sobre las cuestiones suscitadas en este proceso la sentencia el Pleno del Tribunal Constitucional, STC 270/2015, de 17 de diciembre , publicada en el Boletín Oficial del Estado nº 19, de 22 de enero de 2016, evacuándose dicho trámite con el siguiente resultado:
- El Abogado del Estado, en escrito presentado el 7 de abril de 2016, efectuó las manifestaciones que consideró oportunos, y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:
Por Otrosí, y con base en el artículo 271 LEC , aporta la sentencia 164/2013 del Tribunal Constitucional .
- El procurador don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar, en representación de la mercantil ALBUJÓN SOLAR 17, SL.L. demandante, presentó escrito el 21 de abril de 2016, en el que tras efectuar, asimismo, las alegaciones que consideró oportunas, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:
que se tenga por presentado este escrito, lo admita, y tenga por evacuado el trámite de alegaciones conferido por Providencia de fecha 11 de marzo (sic) de 2016 y resuelva de conformidad, continuando con el procedimiento contencioso-administrativo que nos ocupa ante la no incidencia en el mismo de lo resuelto por el Tribunal Constitucional en STC 270/2015 .
Por diligencia de ordenación de 8 abril de 2016, se concede a la parte actora un plazo de cinco días para que alegue lo que a su derecho convenga, sobre la procedencia de admitir el documento, notificación a los miembros del Parlamento Europeo de la petición 2520/2014, presentado por el Abogado del Estado, evacuándose dicho trámite por el Procurador don Francisco Velasco Muñoz-Cuellar por escrito presentado el 21 de abril de 2016, en el que tras efectuar las alegaciones que estimó pertinentes, lo concluyó con el siguiente SUPLICO:
Que teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlos, unirlos a los autos de su razón, y tenga por formulado, en tiempo y forma, escrito de alegaciones y en sus méritos, inadmita el documento aportado de adverso (notificación a los miembros del Parlamento Europeo), por no guardar relación alguna con el fondo del asunto, y subsidiariamente, en caso de ser admitido, no sea tomado en consideración a la hora de resolver el presente recurso por cuanto es totalmente ajeno a los Fundamentos de Derecho y pretensiones que sostiene mi mandante en el presente procedimiento.
Por providencia de 10 de mayo de 2016 se acuerda, una vez oído el Abogado del Estado, no haber lugar a la ampliación al presente recurso de la Orden ETU/130/2017, de 17 de febrero, solicitada por la representación procesal de la mercantil ALBUJÓN SOLAR 17, S.L. por escrito de 20 de abril de 2017, concediendo a dicha representación el plazo de treinta días para interponer recurso contencioso-administrativo contra la citada Orden.
Por providencia de fecha 18 de octubre de 2017 se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Jose Manuel Bandres Sanchez-Cruzat y se señaló para votación y fallo el día 30 de enero de 2018.
Por diligencia de ordenación de 14 de diciembre de 2017 se tiene por personado al procurador don Victorio Venturini Medina, en lugar de su compañero fallecido Sr. Muñoz Cuellar, en nombre y representación de la mercantil ALBUJÓN SOLAR 17, S.L. recurrente.
El acto de votación y fallo tuvo lugar el día 30 de enero de 2018, fecha acordada por providencia de 18 de octubre de 2017.
El recurso contencioso-administrativo que enjuiciamos, interpuesto por la representación procesal de la mercantil ALBUJÓN SOLAR 17, S.L., tiene por objeto la pretensión de que se declare la nulidad de pleno derecho de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Con carácter subsidiario, se solicita que se declare la nulidad de pleno derecho de los artículos 1, apartados 2 y 3, 2, apartado 1, 3 y los Anexos a los que se refiere el citado artículo 3.
También, con carácter subsidiario, se pretende que se declare la nuldiad de pleno derecho de los valores estándar de la inversión inicial previstos para las instalaciones tipo IT-00069 e IT 00070, en el Anexo VIII de la Orden IET/1045/2014.
En aras de una adecuada comprensión del objeto del recurso contencioso-administrativo, procede trascribir el contenido de las disposiciones específicamente impugnadas:
El artículo 1 de la Orden IET/1045/2014, bajo la rúbrica « Objeto », en sus apartados 2 y 3, dispone:
3. Finalmente, se completan los criterios para el cálculo de la retribución de las instalaciones híbridas definidas en el artículo 4 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio , de conformidad con el artículo 25 del referido real decreto .
El artículo 2 de la Orden IET/1045/2014, bajo la rúbrica « Ámbito de aplicación », en su apartado 1, establece:
La presente orden será de aplicación a las instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que tuvieran reconocida retribución primada a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, contempladas en las disposiciones adicionales segunda y tercera del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio .
El artículo 3 de la Orden IET/1045/2014, bajo la rúbrica « Aspectos retributivos de las instalaciones previstas en el artículo 2.1. », refiere:
1. Para las instalaciones definidas en el artículo 2.1 las equivalencias entre las categorías, grupos y subgrupos definidos con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio , y las nuevas categorías, grupos y subgrupos establecidas en el citado real decreto, así como las diferentes instalaciones tipo para estas últimas y sus códigos correspondientes aplicables serán los recogidos en el anexo I.
No obstante lo anterior, en el anexo II.3 no se incluyen los valores de la retribución a la operación correspondiente a los años 2015 y 2016 de aquellas instalaciones tipo cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio de combustible, debido a que tales parámetros se actualizarán con la periodicidad establecida en el artículo 20.3 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio .
4. A aquellas instalaciones que hayan superado su vida útil regulatoria en los términos previstos en el artículo 28 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio , no se les asignará instalación tipo, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 49.6 del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio .
El recurso contencioso-administrativo se fundamenta, en primer término, en la alegación de que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la Orden IET/1045/2014, por haber sido dictada vulnerando el procedimiento legalmente establecido para la aprobación de los reglamentos.
Se aduce, al respecto, que el Ministerio de Industria, en atención a lo previsto en el artículo 24.1 b) de la Ley del Gobierno consideró oportuno recabar informes para garantizar el acierto y la legalidad del texto. Sin embargo, ninguno de los estudios encargados a RBSC y The Boston Consulting Group pudieron ser tomados en consideración pues o fue emitido con posterioridad a la aprobación de la Orden IET o no se había elaborado en dicho momento.
En segundo término, se aduce que dicha declararse la nulidad de pleno derecho de la Orden IET/1045/2014 porque contraviene el principio de irretroactividad del artículo 9.3 de la Constitución .
Se argumenta, al respecto, que la inconstitucionalidad de la Orden IET/1045/2014 deriva de la inconstitucionalidad del régimen legal de cobertura, lo que determina que sea pertinente el planteamiento de cuestión de inconstitucionalidad respecto del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, que establece el nuevo sistema retributivo específico aplicable a las instalaciones primadas preexistentes, así como la disposición final tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico .
En tercer término, se refiere que procede declarar la nulidad de pleno derecho de los valores estándar de la inversión inicial de las instalaciones tipo IT 00069 e IT 00070, por vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad, que constituye un límite a la discrecionalidad técnica de la Administración.
Se afirma, al respecto, que el dictamen pericial demuestra sin lugar a dudas que el hecho de que el mismo valor estándar de la inversión inicial de la instalación de 100 kW agrupada en plantas fotovoltaicas de mas de 10 Mw que para las plantas de igual potencia pero sin agrupación, no se corresponde con la realidad, estando falto de cualquier soporte técnico que lo sustente.
Sobre el marco normativo en el que se inserta la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio.
Sobre el motivo de impugnación basado en la vulneración del procedimiento legalmente establecido para la aprobación de los reglamentos.
El motivo de impugnación formulado contra la Orden IET/1045/2014, basado en la vulneración del procedimiento legalmente establecido para la aprobación de los reglamentos, y, en concreto, del artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno , no puede ser estimado.
En efecto, esta Sala no comparte la tesis argumental que desarrolla la defensa letrada de la mercantil recurrente, respecto de que procede declarar la nulidad de pleno derecho de la Orden IET/1045/2014, porque el Ministerio de Industria se vio abocado a solicitar informes sobre el texto del proyecto a consultoras para garantizar el acierto y la legalidad de la disposición, conforme a lo dispuesto en el artículo 24.1 b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre , y, sin embargo, no los pudo tomar en consideración al no disponer de ellos a lo largo de la tramitación de la norma.
Cabe subrayar, al respecto, que esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en las sentencias de 29 de septiembre de 2016 (RCA 523/2014 ), 7 de junio de 2016 (RCA 441/2014 ) y 14 de diciembre de 2017 (RCA 641/2014 ), ya ha rechazado expresamente dicho argumento impugnatorio, con la exposición de los siguientes razonamientos jurídicos que procedemos a trascribir:
[...] Pero esta conclusión no puede ser asumida, pues la ausencia de un informe elaborado por una empresa privada externa con el fin de servir de apoyo técnico al órgano administrativo encargado de dictar la norma reglamentaria no es una exigencia procedimental ni su ausencia condiciona la validez de dicha norma. A diferencia de otros informes preceptivos previstos para la elaboración de este tipo de normas reglamentarias, tales informes externos pueden ser solicitados para coadyuvar a la labor técnica de la Administración, ( artículo 82 de la Ley 30/1992 y artículo 24.1.b de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno ) pero son facultativos y no vinculantes ( artículo 83.1 de la ley 30/1992 ). El hecho de que la Administración inicialmente considerase conveniente elaborar un informe de estas características y que posteriormente prescindiese del mismo, tal vez por la conveniencia de aprobar lo antes posible los criterios técnicos que desarrollaban el nuevo régimen retributivo de este sector o por disponer de la información suficiente al respecto, no vicia de nulidad dicha norma, pues su existencia no era preceptiva para su tramitación, siempre que se alcance la conclusión de que la justificación de tales criterios puede obtenerse por otras vías.
Sobre el motivo de impugnación fundado en la vulneración del principio de irretroactividad garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución .
El motivo de impugnación formulado contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, fundamentado en la alegación de que dicha disposición adolece de un vicio de nulidad de pleno derecho, puesto que contraviene el principio de irretroactividad del artículo 9.3 de la Constitución , al tener en cuenta para el cálculo de la retribución específica de las instalaciones preexistentes datos procedentes de toda la vida útil regulatoria y por implementar un modelo retributivo totalmente diferente al que era de aplicación a las instalaciones que tenían reconocido el derecho a la percepción de un régimen primado a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 9/2013, no puede ser estimado.
Siguiendo los criterios expuestos en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 1 de junio de 2016 (RCA 651/2014 ), cabe subrayar que la Orden IET/1045/2014 impugnada se limita a desarrollar lo dispuesto en la disposición final tercera del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio , así como la disposición final tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre , que establecen criterios para la aplicación del nuevo régimen financiero y económico de la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos de régimen económico primado, disponen que «la rentabilidad razonable a lo largo de toda la vida regulatoria de la instalación girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez años anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, de las Obligaciones del Estado a diez años incrementada en 300 puntos básicos, todo ello, sin perjuicio de su ulterior revisión en los términos legalmente previstos» y que «en ningún caso podrá resultar de dicho nuevo modelo retributivo la reclamación de las retribuciones percibidas por la energía producida con anterioridad al 14 de julio de 2013, incluso si se constatase que en dicha fecha pudiera haberse superado dicha rentabilidad».
Sobre el motivo de impugnación sustentado en la vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad garantizado por el artículo 9.3 de la Constitución .
El motivo de impugnación que se formula contra la Orden IET/1045/2014, sustentado en el argumento de que son nulos de pleno derecho los valores estándares de la inversión inicial de las instalaciones tipo IT-00069 e IT-00070, por vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad, enunciado en el artículo 9.3 de la Constitución , no puede ser estimado.
Esta Sala ha desestimado, con carácter general, en las sentencias de 7 de junio de 2016, resolviendo los recursos núm. 850/2014 y 851/2014 , y en la de 24 de junio de 2016 en el recurso núm. 536/2014 , la pretensión de que se declare la nulidad de la Orden IET/104572014, por falta de justificación de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo, decíamos en la última de las sentencias mencionadas:
Considera que tanto el RD 413/2014 como la Orden Ministerial incurren en una manifiesta arbitrariedad por cuanto el régimen retributivo y parámetros aprobados no están justificados y no responde a la rentabilidad razonable que se suponen garantizan. Y ello por varios motivos que analizaremos de forma independiente:
a) En primer lugar cuestiona la Orden Ministerial, por la que se aprueban los parámetros de retribución de las instalaciones, al entender que carece de toda justificación técnica, no respondiendo a la realidad de los datos y rentabilidad que debería reflejar. Entiende que falta la justificación y respaldo técnico necesario, como lo demuestra la falta en el expediente de estudios e informes que deberían justificar los parámetros aprobados, ya que el Gobierno encargó, tras un concurso, a dos empresas (The Boston Consulting Group SL y Roland Berger Strategy Consultants SA) sin que la Orden los tuviera en consideración, al no emitirse uno de ellos y al haberse emitido el otro cuatro meses después de aprobarse la Orden. Sin que, a su juicio, figuren en el expediente los datos económicos y los métodos de cálculo que deberían haberse tomado en consideración para la determinación de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo.
Para dar respuesta a esta alegación ha de partirse de que el nuevo régimen retributivo instaurado se basa en la fijación de unos parámetros estándar que pivotan en torno a una "instalación tipo", separándose así del anterior régimen basado en una retribución por "prima" y una rentabilidad razonable calculada sobre los costes de inversión reales en que se hubiese incurrido, por lo que la utilización de unos valores estándar de la inversión y de los costes estándar de explotación es uno de los pilares en torno al que gira el nuevo sistema retributivo diseñado en el Real Decreto-ley 9/2013 y en la Ley 24/2013 por remisión al mismo. Desde esta perspectiva, ningún reproche puede dirigirse a la Orden por el hecho de que utilice tales valores estándar o medios y prescinda de las inversiones reales de cada una de las instalaciones, pues con ello no hace sino cumplir con el mandato legal que se le encomendó, sustentado en las ideas de aplicar una metodología definida por estándares a la enorme diversidad de instalaciones existentes que se agrupan por criterios homogéneos, elaborarlos partiendo de la premisa de que se trata de una instalación "eficiente y bien gestionada". A tal efecto, el art. 30.4 de la Ley del Sector Eléctrico , tras la modificación operada por el Real Decreto-ley 9/2013, ya disponía que el cálculo de la retribución específica debe establecerse en relación con unas instalaciones tipo con referencia a la actividad realizada por una empresa eficiente y bien gestionada, tomando en consideración los "ingresos estándar" por la venta de la energía generada valorada al precio de mercado de producción, los "costes estándar de explotación" y el "valor estándar de la inversión inicial".
Sentada esta premisa, debe destacarse que la impugnación referida a la falta de motivación o justificación de la Orden se plantea en términos muy generales, alegando en esencia que la misma carece de los criterios en los que fundar los diferentes parámetros utilizados, lo que induciría a pensar que se fijaron de forma arbitraria, pero sin cuestionar de forma concreta qué variables o qué datos aplicados a las diferentes instalaciones tipo, y muy especialmente los que afectan a la recurrente, no son acertados o adecuados. Planteada la impugnación en estos términos no nos corresponde examinar cada uno de los datos utilizados para cada tecnología o instalación tipo. Ello no solo desbordaría el recurso tal y como ha sido formulado sino la propia la capacidad de este Tribunal, ya que se establecieron casi 1500 instalaciones tipo. Bastará, en consecuencia, con determinar, también con carácter general, si al tiempo de elaboración de la Orden se utilizaron criterios objetivos y contrastables en los que fundar los elementos que se tomaron en consideración para fijar la retribución específica en sus variables fundamentales.
A tal efecto, no debe dejar de señalarse que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (en lo sucesivo IDAE), organismo dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, encargó la realización de sendos informes a las entidades privadas Roland Berger Strategy Consultants SA (en lo sucesivo RBSC) y The Boston Consulting Group SL (en adelante BCG) para que valoraran y establecieran los estándares de costes de inversión y operación de las tecnologías de generación de electricidad que operaban en régimen especial en España, con la finalidad de que proporcionara los datos que servirían para fijar los parámetros retributivos de las instalaciones tipo que se adoptarían por la Orden impugnada. El informe de la empresa BCG no llegó a elaborarse y el informe de la empresa RBSC es de fecha posterior (31 de octubre de 2014) a la aprobación de la Orden, por lo que los datos e información aportados por dicho informe no pudieron ser tomados en consideración para elaborar la Orden impugnada, lo que podría interpretarse como la ausencia de justificación técnica de los parámetros utilizados por la Orden impugnada al fijar las variables principales (coste estándar de la inversión y coste estándar de los costes de explotación entre otro) de las diferentes instalaciones tipo.
Pero esta conclusión no puede ser asumida, pues la ausencia de un informe elaborado por una empresa privada externa con el fin de servir de apoyo técnico al órgano administrativo encargado de dictar la norma reglamentaria no es una exigencia procedimental ni su ausencia condiciona la validez de dicha norma. A diferencia de otros informes preceptivos previstos para la elaboración de este tipo de normas reglamentarias, tales informes externos pueden ser solicitados para coadyuvar a la labor técnica de la Administración, ( art. 82 de la Ley 30/1992 y art. 24.1.b) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre del Gobierno ) pero son facultativos y no vinculantes ( art. 83.1 de la ley 30/1992 ). El hecho de que la Administración inicialmente considerase conveniente elaborar un informe de estas características y que posteriormente prescindiese del mismo, tal vez por la conveniencia de aprobar lo antes posible los criterios técnicos que desarrollaban el nuevo régimen retributivo de este sector o por disponer de la información suficiente al respecto, no vicia de nulidad dicha norma, pues su existencia no era preceptiva para su tramitación, siempre que se alcance la conclusión de que la justificación de tales criterios puede obtenerse por otras vías.
Por otra parte, la exposición de motivos de la Orden IET/1045/2014 (apartado III) especifica aún más los criterios utilizados para el cálculo de la retribución: a) para la determinación del valor estándar a la inversión menciona los «equipos principales nuevos, así como el resto de equipos y sistemas electromecánicos, de regulación y control, equipos de medida y líneas de conexión, incluyendo sus transporte, instalación y puesta en marcha, junto con la partida de ingeniería y dirección de obras asociadas, entre otras partidas»; b) respecto de los criterios para establecer los costes de explotación asociados a la generación eléctrica para cada tecnología distingue entre costes de explotación variables -enumerando a titulo enunciativo los costes de seguros, gastos de administración, gastos de representación en el mercado, coste de peaje de acceso a las redes de transporte y distribución- y los costes fijos de explotación -entre los que cita los costes de alquiler de los terrenos, gastos asociados a la seguridad de las instalaciones y el impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales-; c) señala los criterios utilizados para el cálculo de las horas de funcionamiento -las horas anuales que han realizado las instalaciones según los datos publicados por la Comisión nacional de los Mercados y la Competencia-; d) y finalmente identifica la fuente de la que se obtuvo la estimación del precio de mercado.
Corresponde ahora analizar si en el proceso de elaboración de la Orden se explicitan y justifican los valores en los que se funda para fijar las principales variables que sirven para determinar la rentabilidad establecida en la Ley, lo que conecta con el segundo de los reproches planteados.
b) Se considera que las tipologías definidas en la Orden son arbitrarias en cuanto no se corresponden con valores homogéneos entre sí que deban ser diferenciados del resto. Argumenta que no existen dos plantas iguales por lo que cualquier agrupación que realice será deficiente, pero, en todo caso, aceptando la necesidad de agrupar proyectos en estándares medios, los estándares elegidos no son relevantes (la tecnología de la instalación, la potencia de la instalación, el año de autorización de explotación definitiva y la zona climática). Y ello porque si bien la tecnología de la instalación es un criterio relevante necesitaría especificar el fabricante de los módulos, el material de los mismos o sus específicas técnicas; en la potencia de las instalaciones no se debe tomar en consideración la potencia conjunta de las agrupaciones a efectos de la tarifa retributiva, pues intenta reducir la retribución de las instalaciones de mayor tamaño en base a unas económicas de escala inexistentes; y respecto del año de autorización de explotación definitiva no justifica diferencias en los costes de inversión y explotación pues pueden existir plantas que han entrado en funcionamiento el mismo año pero cuya tramitación empezó varios años antes.
A tal efecto, resulta relevante el contenido del informe sobre la propuesta de la Orden, emitido el 3 de abril de 2014 por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. En dicho informe, por lo que respecta a los criterios de clasificación de las diferentes instalaciones tipo, se afirma «que el criterio elegido para realizar la clasificación por instalaciones tipo ha sido, con carácter general, el distinguir tantas categorías como circunstancias normativas históricas hayan existido y años hayan transcurrido, pues en la nueva metodología retributiva es relevante la contabilización y descuento de flujos y costes habidos y previstos». Añadiendo que existe un «argumento de peso para haber seguido este criterio" consistente en "ofrecer un tratamiento que se ciña tanto como sea posible a la realidad económica, también dispar, que han vivido las instalaciones». Es más «los parámetros identificados para los ejercicios pasados en la fichas que para cada IT proporciona el anexo VII de la propuesta...responde al promedio calculado de datos históricos, correspondiente a las instalaciones reales que integran cada IT. Es decir, no se trata de estándares teóricos, cuyas características pudieran haberse inferido únicamente de documentación técnica o parámetros constructivos, sino de valores medios reales correspondientes a las instalaciones que integran cada IT». Y sin bien entiende que se producen situaciones puntuales anómalas concluye que "En definitiva, sin perjuicio de las consideraciones efectuadas, la clasificación empleada es, pese a su complejidad, posiblemente la más objetiva y probablemente también la más robusta; arroja valores esperables cuando una IT engloba un volumen de instalaciones tal que permite alcanzar un grado de representatividad suficiente o bien, cuando aun agrupando un número reducido de instalaciones [...] estas son muy parecidas entre sí". No cabe duda, por tanto, que los criterios clasificatorios tomados en consideración por la orden para establecer las diferentes instalaciones tipo están justificados en razones objetivas que son conocidas y, por lo tanto, contrastables permitiendo a la parte discutir la sujeción o no a tales criterios al tiempo de definir la instalación tipo en que su ubica su concreta instalación.
También resulta relevante a estos efectos analizar la información proporcionada por la memoria de impacto normativo de la Orden, en la que especifican los datos e informes tomados en consideración por tipos de tecnologías y el impacto económico por grupos de tecnologías. En concreto, para el subgrupo solar fotovoltaica se establecieron 578 estándares y se especifican los criterios utilizados para las instalaciones dependiendo de que se tratara de instalaciones acogidas al Real Decreto 661/2007 o al RD 1578/2008 y los datos e informes específicos que se tomaron en consideración al respecto (folio 73 de dicha memoria), los ratios de inversión adoptados, los gastos de explotación dependiendo del rango de potencia y de la tecnología de las instalaciones y los datos tomados en consideración para la fijación de las horas de horas equivalentes de funcionamiento. Es más, la memoria aclara, en respuesta a las cuestiones planteadas en el informe del CNMC y a las alegaciones (más de 600) presentadas por empresas y asociaciones del sector y por las Comunidades Autónomas, las razones que le llevan a aceptar o rechazar las mismas, lo que, en definitiva, implica exteriorizar los criterios o razones tomadas en consideración para aceptar determinados elementos de cuantificación. Sirva como ejemplo el hecho de que dicha memoria afirme que «ha revisado, con carácter general los valores de inversión y el resto de los parámetros retributivos de las instalaciones tipo incluida en los anexos de la orden, especialmente aquellos posibles errores puestos de manifiesto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por los interesados en el trámite de audiencia. Además, se ha mejorado la justificación de determinadas hipótesis que se han considerado en el nuevo modelo retributivo (como la fijación del precio del mercado previsto a futuro)».
No resulta razonable, sin embargo, tal y como pretende la parte recurrente, que se individualicen las instalaciones tipo no solo por la tecnología empleada y la antigüedad de la misma sino también por el fabricante o el material empleado, pues este criterio no es un criterio representativo de la inversión para fijar unos estándares homologables. Por otra parte también resulta razonable tomar en consideración la fecha de puesta en funcionamiento de la instalación, al tratarse de un criterio objetivo y relevante para determinar la antigüedad de la misma, y aunque pudiera haberse optado por otra distinta, por ejemplo la fecha en que se inició el procedimiento administrativo sugerida por la parte recurrente, la opción elegida por la norma es objetiva y no puede considerarse irrazonable o arbitraria, siendo representativa del tiempo de funcionamiento efectivo de la instalación y, por lo tanto, de la antigüedad y características de sus equipos, desechando las incidencias y vicisitudes que hubiesen podido tener su tramitación.
c) En tercer lugar, argumenta que los valores de los parámetros aprobados no se corresponden con los datos medios de las instalaciones en funcionamiento ni garantizan la rentabilidad razonable, pues se excluyen los gastos financieros y los impuestos.
Tampoco puede acogerse esta alegación. Así, por lo que respecta a los datos medios ponderados debemos empezar por afirmar que la retribución a la operación y retribución a la operación extendida, el criterio de asignación ha sido atribuírselo a aquellas instalaciones que necesitan de dicha retribución adicional en relación con los ingresos obtenidos por la venta de energía en el mercado para poder igualar los costes estimados de explotación por unidad de energía exportada, por lo que resulta razonable no asignarlo a instalaciones eólicas ni hidráulicas dado que sus costes variables son relativamente reducidos y concedérselo, en mayor o menor medida, a las restantes tecnologías. Es más, el informe de la CNMC referido se dirige en este punto alguna crítica respecto a los criterios empleados para elegir a alguna instalación tipo como receptora de esta retribución, suscitando dudas sobre la percepción de una retribución no justificada por alguna instalación pero sin cuestionar que se haya dejado de establecer la misma cuando resultaba procedente.
Y por lo que respecta a los ratios de inversión estándar, en dicho informe se afirma que los reflejados en la propuesta se corresponden con los recopilados de instalaciones reales con motivo de la Circular 3/2005, de 13 de octubre, de la CNE, basada en la petición de información de inversiones, costes, ingresos y otros parámetros de las instalaciones de producción de electricidad en régimen especial y que se reflejan en los diversos informes públicos que menciona. Es más, el propio informe, tras efectuar un estudio comparado con los costes medios de inversión referidos a años concretos disponibles, concluye que «los resultados obtenidos de este análisis muestran que los valores de inversión que reconoce la Propuesta son, con carácter general, próximos o superiores en las ITs consideradas a los datos disponibles en esta CNM», destacando algunas excepciones. Más específicamente, con relación a la tecnología solar fotovoltaica, afirma que los costes de inversión tomados en consideración por la Orden se compararon con los datos históricos disponibles por dicho organismo, que se materializan en diversos gráficos aportados a dicho informe, de los que se concluye que los costes de inversión estándar son, con carácter general, superiores o iguales a aquellos. Para concluir que «la reducción de la retribución no es atribuible con carácter general a la aplicación de ratios de inversión bajos. El ajuste retributivo se debe, pues, fundamentalmente al establecimiento de una tasa de rentabilidad aplicable a toda la vida útil regulatoria de cada instalación menor a la implícita en las primas y tarifas vigentes en el marco retributivo anterior al Real Decreto-ley 9/2013 [...]».
La fijación de la retribución específica que sirve para cubrir los costes de inversión y explotación y que le permita obtener una rentabilidad adecuada a una instalación tipo es lógico que tome como parámetro de referencia la actividad de una "empresa eficiente y bien gestionada" en la medida que estos parámetros estándar deben partir de una actividad empresarial media y razonable, dejando al margen la patología en el funcionamiento.
La no percepción de la retribución específica por costes de operación tiene también un límite, en la medida en que el nuevo régimen no se configura, a diferencia del anterior sobre la energía producida, sino sobre la potencia instalada sin olvidar, como ya hemos dicho en nuestra sentencia de 6 de junio de 2016 (rec. 553/2014 ) que «[...] la previsión legal de dicho modelo y el concepto de rentabilidad razonable tienen por objeto promover mediante una retribución específica y añadida a la obtenida en el mercado la actividad de producción de energía eléctrica mediante energías renovables, cogeneración y residuos, esto es, en definitiva, una actividad de fomento en la que, lógicamente, es mayor el ámbito discrecional en el que se mueva la acción pública», pudiendo limitar esta percepción a un determinado límite, sin perjuicio del precio del mercado que puedan obtener por la venta de energía en el mercado.
También se cuestiona la rentabilidad razonable por arbitraria, al entender que se ha utilizado como referencia el comportamiento de las obligaciones del Estado en lugar del WACC que determina el coste de capital de una empresa, ponderando la importancia de los recursos propios y ajenos, y por excluir para su cálculo los gastos financieros y los impuestos.
La Disposición Adicional Primera del RD-ley 9/2013 establece la forma de calcular la rentabilidad razonable afirmando que «A los efectos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 30.4 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre , para las instalaciones que a la fecha de la entrada en vigor del presente real decreto ley tuvieran derecho a un régimen económico primado, la rentabilidad razonable girará, antes de impuestos, sobre el rendimiento medio en el mercado secundario de los diez años anteriores a la entrada en vigor del presente real decreto-ley de las Obligaciones del Estado a diez años incrementada en 300 puntos básicos, todo ello, sin perjuicio de la revisión prevista en el último párrafo del citado artículo». Previsión legal que se reitera en la Disposición Final Tercera , apartado tercero, de la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico .
De modo que los reproches que la parte dirige a las normas impugnadas sobre la forma de calcular la rentabilidad razonable no son sino reproducción de las previsiones contenidas en normas de rango legal, lo cual bastaría por sí mismo para descartar la pretendida nulidad de las disposiciones impugnadas, pues tampoco se dirige ni se atisba reproche de constitucionalidad a tales normas legales por la opción de este mecanismo de cálculo, manifestando simplemente su discrepancia con el criterio elegido y la creencia de que se debería haber optado por otro (el denominado "WACC"), lo cual no pasa de constituir un mero desiderátum carente de trascendencia jurídica.
Lo cierto es que esta previsión legal trata de cuantificar con un criterio objetivo la rentabilidad que tendrán derecho a percibir tales empresas. Tal previsión, sin perjuicio de su revisión, se cuantifica para ese primer periodo en una rentabilidad cierta del 7,398%, (el valor de las Obligaciones del Estado de referencia equivale a 4,398%, de acuerdo con la Memoria de la Orden impugnada, por lo que una vez sumados los 300 puntos establecidos como diferencial para el primer período regulatorio, se alcanzaba dicho porcentaje). Se cuantifica así por ley la rentabilidad a percibir a modo de régimen primado garantizado para el fomento de estas tecnologías, y con la expresión "antes de impuestos" se hace referencia a que sobre este rendimiento garantizado se aplicarán los impuestos que la empresa esté obligada a pagar, previsión legal que no puede calificarse de arbitraria dado que se trata de establecer un régimen retributivo uniforme con cargo al sistema eléctrico al margen de los impuestos que cada instalación esté obligada a satisfacer.
Los gastos financieros ocasionados por la utilización de financiación ajena que hayan podido tener cada una de las empresas no tienen cabida en este modelo, sin que pueda estimarse que al no incluir en los gastos de la inversión inicial los costes de financiación, infrinja o contradiga los principios y criterios del nuevo régimen retributivo establecidos por normas con rango legal, sino al contrario, tanto el artículo 30.4 de la Ley 54/1997 , en la redacción dada por el RD-ley 9/2013, como el artículo 14.7 de la Ley 24/2013 , establecen que "solo" se tendrán en cuenta aquellos costes e inversiones «que respondan exclusivamente a la actividad de producción de energía eléctrica», y los intereses y gastos financieros no tienen esa condición de cantidades invertidas directamente -o exclusivamente- en la producción de energía eléctrica.
d) Finalmente cuestiona que la justificación para aprobar esta normativa fuese la necesidad de reducir el déficit tarifario, pues la evolución del déficit de tarifa no se puede imputar a las retribuciones percibidas por las energías renovables sino que comenzó antes de la aprobación del régimen primado sino por otras causas.
Lo cierto es que tampoco este reproche puede dirigirse contra las normas impugnadas sino contra el RD-ley 9/2013 y la Ley 24/2013 de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. El Preámbulo de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico destaca, como elemento determinante de la reforma del sector eléctrico en la que se enmarca, la acumulación durante la última década de desequilibrios anuales entre ingresos y costes que han provocado la aparición de un déficit estructural, llegando la situación de desequilibrio al punto de que «la deuda acumulada del sistema eléctrico supere en el momento actual los veintiséis mil millones de euros, el déficit estructural del sistema alcanzase los diez mil millones anuales y la no corrección del desequilibrio introdujera un riesgo de quiebra del sistema eléctrico».
La ponderación de las circunstancias económicas y financieras por las que atravesaba el sector eléctrico, ya fueron examinadas por la sentencia del TC 270/2015 , que estimó que no podía calificarse de inesperada la modificación de que tratamos, «pues la evolución de las circunstancias que afectaban a dicho sector de la economía, hacían necesario acometer ajustes de este marco normativo, como efecto de las difíciles circunstancias del sector en su conjunto y la necesidad de asegurar el necesario equilibrio económico y la adecuada gestión del sistema. No cabe, por tanto, argumentar que la modificación del régimen retributiva que se examina fuera imprevisible para un "operador económico prudente y diligente", atendiendo las circunstancias económicas y a la insuficiencia de las medidas adoptadas para reducir el déficit persistente y continuamente al alza del sistema eléctrico no suficientemente atajado con disposiciones anteriores». Sin olvidar que el Tribunal Constitucional en la sentencia 270/2015, de 17 de diciembre , 19/2016, de 4 de febrero , 29/2016, de 16 de febrero , 30/2016, de 16 de febrero , 42/2016, de 3 de marzo y 61/2016, de 17 de marzo , enjuiciando la constitucionalidad del Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, y examinando, singularmente, la concurrencia del presupuesto habilitante de «extraordinaria y urgente necesidad», exigido por el artículo 86.1 de la Constitución Española , considera explícitamente que está plenamente justificada la adopción de un nuevo marco regulatorio de la generación de electricidad a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, debido a la necesidad de dar una respuesta global que permitiese corregir los desajustes producidos en el sistema eléctrico, que soporta un déficit de tarifa estructural que pone en grave riesgo la sostenibilidad del sector energético.
Por ello, no puede considerase que el régimen primado que percibían estas instalaciones, que fue objeto de numerosas reformas legales precisamente motivadas con la finalidad de reducir el sobre-retribución y el excesivo coste que ello suponía para el sistema eléctrico, no justificaba un cambio normativo destinado a permitir la sostenibilidad del sistema.
No se considera, por tanto, que la Orden carezca de la necesaria motivación o que se desconozcan los elementos tomados en consideración para fijar las distintas variables que conforman los parámetros fundamentales de la retribución específica de las instalaciones tipo.
Y, singularmente, en lo que concierne a la argumentación desarrollada en este proceso, relativa a que la Orden IET/1045/2014 incurre en arbitrariedad respecto de las valores estándar de las instalaciones tipo IT-00069 e IT-00070, por cuanto contemplan una inexistente economía de escala en la inversión acometida para la implementación de instalaciones de 100 kW agrupados en plantas de más de 10 MW, procede subrayar que ha sido rechazada por esta Sala jurisdiccional, en la sentencia de 14 de julio de 2016 (RCA 507/2014 ), poniendo de relieve que «el objetivo perseguido por la Orden impugnada es evitar que se produzcan abusos de derecho en la percepción del régimen retributivo específico derivados de la práctica de compartimentar artificialmente los parques productores de energía eléctrica, con base en la tecnología fotovoltaica en unidades de potencias inferiores a 100 KW para beneficiarse injustificadamente de la mayor retribución otorgada en el régimen anterior a las instalaciones de menor tamaño».
En la sentencia de esta Sala jurisdiccional de 7 de abril de 2017 (RCA 570/2015 ), hemos dicho:
[...] La razón de ser de esta agrupación de potencia y el consiguiente reflejo en una retribución proporcionalmente menor para las mayores instalaciones respecto de las de menor tamaño, se debe al ahorro de costes por la aplicación de la economía de escala, intentando fijar unos criterios objetivos que tratan evitar segregaciones fraudulentas de una instalación en pequeñas instalaciones de menor tamaño para poder percibir una retribución mayor. Los criterios fijados por la norma son razonables y resultan relevantes para evidenciar una actuación empresarial conjunta. Así, por lo que respecta a las instalaciones de los grupos b.1,b.2 y b.3, se establecen criterios técnicos relacionados con la utilización de una misma red de distribución o transporte, la existencia de una referencia catastral común y la inscripción en un lapso temporal cercano en el registro. Pero además, aun cumpliéndose tales requisitos, la parte puede desvirtuar esta conexión cuando «una instalación acredite que no existe continuidad entre ella y ninguna de las instalaciones que satisfacen dichos criterios», entendiendo que existe continuidad entre dos instalaciones cuando, están a una distancia inferior a 2000 mt o 500 mt, dependiendo del tipo de instalaciones de que se trate. En definitiva, la apreciación conjunta de todos estos criterios permite concluir, y es razonable hacerlo, que se trata de instalaciones con una misma dirección y gestión común que se aprovecha de unos menores costes por la economía de escala, sin que puedan tacharse de arbitrarios o irrazonables en atención a los requisitos contemplados en relación con la finalidad perseguida.
La parte se limita a cuestionar en abstracto estos criterios y no acredita en modo alguno que las diferentes instalaciones a las que representa, que por cierto tienen la misma denominación con un diferencial numérico, se tratase de instalaciones individuales ajenas a cualquier actuación o gestión conjunta.
Se aduce finalmente el incumplimiento de la prohibición de retroactividad por aplicar dicho precepto a las instalaciones fotovoltaicas preexistentes, atribuyendo una potencia superior a la tenida en cuenta en los años anteriores con los consiguientes perjuicios económicos que ello conlleva. Argumentación que también ha de ser rechazada, pues ya hemos razonado sobre la aplicación del nuevo régimen retributivo a las instalaciones preexistentes, de modo que la agrupación por potencia a los efectos de encuadrarlas en una instalación tipo forma parte del régimen retributivo aplicable y en cuanto tal cabe reproducir lo ya argumentado en anteriores fundamentos jurídicos.
Ello determina que también descartemos que deba declararse la nulidad de la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos, por cuanto la aplicación del concepto de agrupación de instalaciones, a que alude el artículo 14.2 del Real Decreto 413/2014 , afecta lesivamente a uno de los principios clave sobre los que pivota la reforma del sector eléctrico, que es el relativo al reconocimiento del derecho a la obtención de una rentabilidad razonable que corresponda a una empresa eficiente y bien gestionada.».
El dictamen pericial elaborado por el Ingeniero Industrial Benedicto , relativo a la «Evaluación de la determinación de los valores iniciales propuestos por la Orden IET/1045/2014», no resulta convincente para desvirtuar la falta de razonabilidad de los valores de inversión iniciales asignados a las instalaciones tipo IT-00069 e IT-00070.
En efecto, cabe poner de relieve que el objeto del Informe es demostrar, partiendo de los datos proporcionados por Roland Berger Strategy Consultants, que la supuesta economía de escala definida en la Orden IET/1045/2014 para las plantas mayores de 10 MW construidas en el periodo 2006-2008, no es real en el caso de agrupaciones de huertos en instalaciones de 100 KW o menos.
Por todo ello, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 163 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial , esta Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo sostiene que no resulta procedente plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, para que se pronuncie sobre la presunta inconstitucionalidad de la disposición final tercera de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico , en cuanto estimamos que resulta plenamente aplicable la doctrina del Tribunal Constitucional sentada en la sentencia 270/2015, de 17 de diciembre , para rechazar que dicha disposición no es contraria a los principios de seguridad jurídica, irretroactividad, interdicción de la arbitrariedad que garantiza en el artículo 9.3 de la Constitución .
En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente los motivos de impugnación formulados, procede desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil ALBUJÓN SOLAR 17, S.L. contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil ALBUJÓN SOLAR 17, S.L. contra la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
QUE FORMULA EL MAGISTRADO EXCMO. SR. D. Eduardo Calvo Rojas A LA SENTENCIA DE LA SECCIÓN TERCERA DE ESTA SALA DICTADA EN EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 1/838/2014 , AL QUE SE ADHIERE LA MAGISTRADA EXCMA. SRA. Dª. Maria Isabel Perello Domenech.