Source: http://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/va-l6-1994.html
Timestamp: 2017-03-22 22:15:43
Document Index: 395726869

Matched Legal Cases: ['Artículo 10', 'artículo 17', 'artículo 56', 'artículo 33', 'artículo 31', 'artículo 148']

Régimen de ejercicio de las potestades urbanísticas
Las competencias urbanísticas
Gestión de la actividad urbanística e intervención de los particulares
La ejecución del planeamiento y sus formas de actuación
Formas de gestión de las actuaciones
Clasificación del suelo urbano y urbanizable. Finalidad y criterios de distinción entre ambos
Incidencia de la actividad urbanística en el suelo no urbanizable
Reglamento Técnico o Planeamiento e instrucciones de planeamiento
Reglamento orientativo de las distintas zonas de ordenación urbanística
Planes de acción territorial de finalidad urbanística
Otras determinaciones del plan general; ordenación pormenorizada
Límites al ejercicio de la potestad de planeamiento a través de los planes generales
Estándares mínimos de cumplimiento preceptivo por el planeamiento parcial
Documentación adicional para planes parciales o de reforma interior de mejora
Los programas para el desarrollo de actuaciones integradas. Objeto y determinaciones
Objetivos imprescindibles y complementarios de los programas
Documentación del programa para el desarrollo de actuaciones integradas
Las unidades de ejecución. Delimitación y finalidad
Elaboración del planeamiento general
Elaboración de los planes especiales y de los catálogos de bienes y espacios protegidos
Tramitación de planes generales, especiales y catálogos de bienes y espacios protegidos
Planes y programas de ejecución directa a cargo de Administraciones no municipales
Tramitación urgente. Intervención de órganos especializados
Colaboración particular en la elaboración de los programas
Iniciación del procedimiento a iniciativa de un particular
Información pública y simultánea competencia entre iniciativas
Aprobación y adjudicación
Simplificación del procedimiento a instancia de un particular
Registro de programas y de agrupaciones de interés urbanístico
Régimen de adjudicación preferente
Elaboración, tramitación y aprobación de los proyectos de urbanización
Aprobación por la Generalitat de determinados planes o programas
Revisiones y modificaciones de los planes
Procedimiento y competencia para otorgar las cédulas de urbanización
Suspensión de licencias y de acuerdos de programación
Publicación, ejecutividad y entrada en vigor de los planes
Modos en que el Plan puede delimitar Areas de Reparto
Delimitación de Areas de Reparto en suelo urbanizable
Determinación y cálculo del aprovechamiento tipo
Coeficientes correctores según el uso y la tipología
Prerrogativas del Urbanizador y derechos de los propietarios afectados
Reparcelación. Finalidad legal y supuestos en que procede
Procedimiento y efectos de la reparcelación forzosa
Reglas para la adjudicación de parcelas
Retribución al Urbanizador. Determinación y modalidades
Requisitos para la edificación de los solares
Programas en suelo urbano
Compensaciones monetarias sustitutivas de las transferencias de aprovechamiento
Deber urbanístico de edificar y obligación de hacerlo dentro de plazos determinados
Inclusión de inmuebles en el Registro Municipal de Solares y Edificios a Rehabilitar
Efectos de la inclusión
Patrimonios públicos de suelo y sociedades urbanizadoras
Medidas urbanísticas para la construcción de viviendas sujetas a protección pública
Registro Autonómico de Patrimonios Públicos Municipales de Suelo
Consejo Superior de Urbanismo
Atribuciones de los órganos municipales
Plazo para el otorgamiento de licencias
Obras de reparación o reforma en suelo urbanizable aún no programado
Desarrollo reglamentario de la presente Ley
Innecesariedad de adaptación de los Planes a la presente Ley
Aprobación de instrumentos de planeamiento de conformidad con las disposiciones de la legislación anterior
Aprovechamiento tipo en suelo urbanizable
Procedimientos incoados a la entrada en vigor de la presente Ley
Normas Subsidiarias y Proyectos de Delimitación de Suelo Urbano
Vigencia transitoria de la normativa anterior hasta que se desarrollen reglamentariamente determinados preceptos de esta Ley
Régimen transitorio hasta la constitución de órganos y registros
Régimen Transitorio de Entidades Urbanísticas de Conservación de la Urbanización
Vigencia de las normas urbanísticas contenidas en los planes
Régimen para facilitar el normal desarrollo de actuaciones emprendidas por empresas promotoras y constructoras antes de la entrada en vigor de esta Ley
Incompatibilidad de determinados preceptos de la legislación estatal
Derogación de determinados preceptos de la Ley de la Generalitat, 6/1989, de Ordenación del Territorio
Cláusula derogatoria general
Tabla de vigencia de la normativa urbanística
L 16/2005 de 30 Dic. CA Valenciana (urbanística) Norma afectada por
L 10/2004 de 9 Dic. CA Valenciana (suelo no urbanizable) Ocultar / Mostrar comentarios Téngase en cuenta la disposición adicional 1.ª de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/2004, 9 diciembre, de la Generalitat, del Suelo No Urbanizable («D.O.G.V.» 10 diciembre), que dispone: «Las referencias contenidas en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat, Reguladora de la Actividad Urbanística, a la Ley 4/1992, de 5 de junio, de la Generalitat, sobre Suelo No Urbanizable, se entenderán efectuadas respecto a los instrumentos y determinaciones establecidas en la presente ley».
L 4/2004 de 30 Jun. CA Valenciana (ordenación del territorio y protección del paisaje) Ocultar / Mostrar comentarios Artículo 10 redactado por la disposición adicional 4.ª de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 4/2004, 30 junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje («D.O.G.V.» 2 julio).
Téngase en cuenta la disposición adicional 1.ª de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 4/2004, 30 junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje («D.O.G.V.» 2 julio), que dispone: «Las referencias contenidas en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, a la pertinencia de aplicar instituciones legales reguladas en la Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio, se entenderán efectuadas respecto a los instrumentos y determinaciones establecidas en la presente ley».
L 16/2003 de 17 Dic. CA Valenciana (medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat) Ocultar / Mostrar comentarios Letra E) del número 2 del artículo 17 redactada por el artículo 56 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 16/2003, 17 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat Valenciana («D.O.G.V.» 19 diciembre).
L 10/1998 de 28 Dic. CA Valenciana (medidas fiscales, de gestión administrativo y financiera, y de organización de la Generalidad Valenciana) Ocultar / Mostrar comentarios Disposición Adicional 11.ª introducida por el artículo 33 de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 10/1998, 28 diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalidad Valenciana («D.O.G.V.» 31 diciembre).
Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 6/1994, 15 noviembre, derogada por la disposición derogatoria primera de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 16/2005, 30 diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana («D.O.G.V.» 31 diciembre) el 1 de febrero de 2006.
L 9/2001 de 27 Dic. CA Valenciana (medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat) L 46/1998 de 17 Dic. (introducción del euro) Téngase en cuenta la disposición adicional 1.ª de la Ley [COMUNIDAD VALENCIANA] 4/2004, 30 junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje («D.O.G.V.» 2 julio), que dispone: «Las referencias contenidas en la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, Reguladora de la Actividad Urbanística, a la pertinencia de aplicar instituciones legales reguladas en la Ley 6/1989, de 7 de julio, de Ordenación del Territorio, se entenderán efectuadas respecto a los instrumentos y determinaciones establecidas en la presente ley».
Véase D [COMUNIDAD VALENCIANA] 201/2003, 3 octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los Órganos Urbanísticos de la Generalitat («D.O.G.V.» 8 octubre).
Véase D [COMUNIDAD VALENCIANA] 201/1998, 15 diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana («D.O.G.V.» 8 enero 1999).
Preámbulo I Nuestro Estatuto de Autonomía, en su artículo 31.9, establece la competencia plena de la Generalitat para legislar sobre Urbanismo; competencia fundada en el artículo 148.1.3.ª de la Constitución. Sin embargo los intentos de ejercer esta competencia en nuestra historia autonómica se han enfrentado a una dificultad notable.
II La Ley de 1956 publicó históricamente el Urbanismo en España. Con ella nuestro país se une, tardíamente, al grupo de las naciones civilizadas, en su forma de enfocar el régimen legal del suelo. Las decisiones sobre el destino del suelo y su potencial transformación urbanística pasan a ser, desde entonces, propias de los poderes públicos y sujetas a un proceso de racionalización global del territorio denominado Plan. Paralelamente el legislador quiso mantener la propiedad privada del suelo y admitir la participación de ésta en las plusvalías generadas por la acción urbanística.
III El propósito de la presente Ley excede la mera adaptación de la ley estatal a las peculiaridades territoriales autonómicas. Eso, habitual en desarrollo autonómico de legislación básica estatal, no es lo propio de una legislación de competencia exclusiva autonómica, como el Urbanismo. El propio legislador estatal ha puntualizado su función supletoria respecto al autonómico deslindando el Urbanismo de los aspectos concomitantes que atañen a su competencia, tales como las valoraciones, el procedimiento expropiatorio, o lo que se ha venido a denominar como el régimen urbanístico básico de la propiedad inmueble.
IV Las novedades antes expuestas no podían trasladarse, sin importantes matices, desde la problemática de la urbanización a la de la edificación. Nuestra tradición legislativa jamás ha reconocido el derecho de urbanizar (a generar infraestructuras públicas) como algo imprescindiblemente unido a la propiedad del suelo. La legislación estatal no le reconoce ese derecho al propietario del suelo urbanizable no programado y en el terreno sujeto a un sistema de actuación pública, nunca lo concibe como una facultad de hacer. Por tanto, las medidas de esta Ley respecto a la actividad urbanizadora, pese a ser innovadoras, son claramente compatibles con los principios básicos del régimen urbanístico de la propiedad contemplados en la legislación estatal y encajan fácilmente en el concepto de propiedad inmobiliaria propio de nuestra tradición histórica, incluso en cierto modo, vienen a delimitar las líneas divisorias entre la acción pública y privada volviendo a los más puros orígenes de nuestra tradición jurídica secular.
V La Ley presta una atención especialísima a la tan olvidada problemática de la conservación de la edificación. Se modifica el vetusto concepto de ruina legal hasta ahora vigente que, a la sazón, no era sino una salida demolicionista, propiciada por puerta falsa, al propietario agobiado por las consabidas rigideces de la legislación de arrendamientos urbanos.
VI Recapitulando, cabe decir que estamos ante una Ley estrictamente urbanística, como pone de manifiesto su propio título. Su cometido se ve allanado por el esfuerzo que el legislador estatal realizó durante el bienio 1990-92. Así el legislador autonómico puede excusar la definición de aspectos, siempre espinosos, relativos a los rasgos más aparentes del régimen urbanístico de la propiedad y que ya vienen resueltos por la Ley estatal y se asumen en sus propios términos, como las cesiones obligatorias y los porcentajes de cesión. Cuenta, asimismo, con un horizonte despejado de incógnitas en materia de valoraciones de suelo y con una nada despreciable ordenación del Registro de la Propiedad reorientada al servicio del urbanismo. Por tanto, en los albores del cambio de siglo, aun estamos a tiempo de cambiar el discurso legal del urbanismo, abriéndolo a nuevas temáticas con perspectivas que lo liberen de la trasnochada herencia de décadas pasadas, reubicándolo en el contexto de nuestro derecho comparado y salvando lo que de positivo ha fertilizado en el campo de la tradición experimentada.