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Timestamp: 2019-08-24 00:42:04
Document Index: 350510404

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 36', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 124', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 1']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 52
FUSIÓN DE ESCALAFONES MASCULINO Y FEMENINO DE OFICIALES DE CARABINEROS
RESTABLECIMIENTO DE EXCLUSIVIDAD UNIVERSITARIA PARA CARRERA DE TRABAJO SOCIAL
INTERVENCIÓN : Jorge Patricio Arancibia Reyes
ESTABLECIMIENTO DE IMPUESTO ESPECÍFICO A ACTIVIDAD MINERA
INTERVENCIÓN : Sergio Paez Verdugo
INTERVENCIÓN : Miguel Adolfo Zaldivar Larrain
INCENTIVOS PARA USO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS
PETICIÓN DE OFICIO : Marco Antonio Cariola Barroilhet
REPARACIÓN DE DAÑO PREVISIONAL A TRABAJADORES DE "PEM" Y "POJH". OFICIOS
LEGISLATURA 352ª, EXTRAORDINARIA
Sesión 52ª, en martes 17 de mayo de 2005
(De 16:19 a 19:54)
III. TRAMITACIÓN DE ACTAS..........................................................................¿.
Acuerdos de Comités.................................¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fusiona escalafones femenino y masculino de oficiales de Carabineros de Chile (3694-02) (se aprueba en general y particular)....................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para restablecer exclusividad universitaria de la carrera de trabajo social (2792-04) (se aprueba en general)............................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un impuesto específico a la actividad minera (3772-08) (se aprueba en general)...............
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para utilización de éste como combustible en vehículos (2701-15) (queda pendiente su discusión particular) .........................
Reparación de daño previsional a trabajadores de "PEM" y "POJH". Oficios (observaciones del señor Páez)................................................................
Concurrieron, además, los señores Ministros del Interior, de Defensa Nacional, de Hacienda subrogante, Secretario General de la Presidencia y de Minería , y los señores Subsecretario de Carabineros , Subsecretario de Minería y Coordinador de Políticas Económicas.
--Se abrió la sesión a las 16:19, en presencia de 22 señores Senadores.
El señor ROMERO (Presidente).- En el nombre de Dios, se abre la sesión.
El señor ROMERO ( Presidente ).- Las actas de las sesiones 50ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, y 51ª, ordinaria, en 10 y 11 de mayo del año en curso, respectivamente, se encuentran en Secretaría a disposición de los señores Senadores, hasta la sesión próxima, para su aprobación.
Con el primero retira la urgencia y la hace presente de nuevo, en el carácter de "suma", respecto del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que modifica los Códigos Procesal Penal y Penal en diversas materias relativas al funcionamiento de la reforma procesal penal (boletín Nº 3.465-07).
Con el segundo hace presente la urgencia, en el carácter de "discusión inmediata", acerca del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece un impuesto específico a la actividad minera (boletín Nº 3.772-08).
De Su Excelencia el Presidente de la República , por medio del cual comunica, por un lado, su ausencia del territorio nacional entre los días 13 y 16 de mayo en curso para dirigirse a la ciudad de Durham, Estados Unidos de América, con la finalidad de recibir un Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Duke; y por otro, la subrogación, con el título de Vicepresidente de la República , por el Ministro titular de la Cartera del Interior , señor José Miguel Insulza Salinas.
Con el primero comunica que dio su aprobación al informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley N° 17.235, sobre Impuesto Territorial; el decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, y la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y faculta a los municipios para otorgar condonaciones que indica (con urgencia calificada de "suma") (boletín Nº 2.892-06).
Con el segundo comunica que accedió a la solicitud de Su Excelencia el Presidente de la República en orden a retirar de tramitación los proyectos de acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones, y sus Protocolos, suscritos por la República de Chile con la República de El Líbano; con el Gobierno de la República de Indonesia; con la República Socialista de Vietnam; con el Gobierno de Nueva Zelandia; con la República de Turquía; con la República Dominicana; con la República de Túnez, y con la República de Sudáfrica (boletines Nos. 2.936-10, 2937-10, 2.956-10, 2.957-10, 2.958-10, 2.960-10, 2.961-10 y 2.965-10, respectivamente).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar a Su Excelencia el Presidente de la República y archivar el documento con sus antecedentes.
Con el tercero informa que aprobó el informe de la Comisión Mixta constituida para resolver las divergencias suscitadas durante la tramitación del proyecto que modifica la ley Nº 19.284 con el objeto de regular el uso de perros guías, de señal o de servicio por parte de las personas con discapacidad (boletín Nº 2.595-11).
--Se toma conocimiento y se manda comunicar el proyecto a Su Excelencia el Presidente de la República.
Con el cuarto informa que otorgó su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado al proyecto de ley que establece un sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del Servicio Nacional de Menores y su régimen de subvención (boletín Nº 2.391-18).
Con los dos últimos remite la nómina de los Honorables Diputados que integrarán las Comisiones de Reja y de Pórtico que recibirán a Su Excelencia el Presidente de la República el 21 del mes en curso, a las 10.
De la Excelentísima Corte Suprema, mediante el cual emite su parecer respecto del proyecto de ley que modifica el Código Civil en lo relativo a la exigencia de presentación de antecedentes para dar curso a la demanda de reclamación de maternidad o paternidad, y a la valoración de los medios de prueba sobre el particular (Boletín Nº 3.043-07).
De la señora Contralora General de la República subrogante, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Senador señor Espina, relativo a una investigación realizada en el Servicio Agrícola y Ganadero de la Novena Región.
Del señor Ministro de Educación , por medio del cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Honorable señor Muñoz Barra, sobre la factibilidad de destinar recursos del Fondo de Infraestructura Educacional a la reconstrucción de la escuela G-63, de Quilaco, comuna de Purén.
Dos del señor Ministro de Obras Públicas:
Con el primero contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Moreno, referido a la posibilidad de destinar recursos a la construcción de aceras en el camino que une las localidades de Las Garzas y Calleuque, en la comuna de Palmilla.
Con el segundo da respuesta a un oficio enviado en nombre del Honorable señor Stange, relativo a la situación de los operadores de transbordadores en el canal de Chacao.
Del señor Intendente de la Séptima Región , por medio del cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Naranjo, sobre el estado actual del proyecto "Construcción de toldos para la feria libre en la comuna de Cauquenes".
Del señor Director del Servicio de Salud Araucanía Sur, mediante el cual responde un oficio enviado en nombre del Honorable señor Espina, atinente a los motivos para declarar desierta la propuesta pública destinada a enajenar inmuebles pertenecientes a dicho Servicio.
Del señor Director del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, por medio del cual contesta un oficio dirigido en nombre del Senador señor Horvath, sobre el proyecto denominado "Reparación y Conservación Eje Alameda".
De la Comisión de Obras Públicas, por medio de la cual informa que, en sesión celebrada el 10 del mes en curso, acordó solicitar a la Sala modificar el trámite dado al proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dicta normas sobre compensaciones a los usuarios de servicios de distribución de agua potable en casos de interrupciones o suspensiones no autorizadas o no comunicadas previamente a ellos (correspondiente al boletín N° 2.357-09), en el sentido de que dicha iniciativa sea informada, no por aquel órgano, sino por la Comisión de Economía.
De la Comisión Especial sobre Seguridad Ciudadana, con el que da cuenta del estudio efectuado en ese ámbito y formula recomendaciones (boletín Nº S 694-12).
De las Comisiones de Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional, unidas, recaído en la solicitud mediante la cual Su Excelencia el Presidente de la República requiere el acuerdo del Senado a los efectos de prorrogar la autorización para la salida de tropas nacionales del territorio de la República , concedida hasta el 1º de junio del año en curso, a fin de continuar participando en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) (boletín Nº S 794-05).
Segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el proyecto, en segundo trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley Nº 19.325, que establece normas sobre procedimiento y sanciones relativas a los actos de violencia intrafamiliar (boletín Nº 2.318-18).
Declaración de inadmisibilidad Moción a través de la cual los Senadores señores Ruiz-Esquide y Viera-Gallo --Se declara inadmisible, por referirse a una materia de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República , conforme a lo dispuesto en el número 6º del inciso cuarto del artículo 62 de la Carta Fundamental.
Haremos llegar a Su Excelencia el Presidente de la República un oficio para solicitar el patrocinio correspondiente.
Señor Presidente , usted me interpreta plenamente.
Estoy para eso, señor Senador.
Continúa con la palabra el señor Prosecretario.
De los señores Heriberto Hernán Romero Silva, Gastón Antonio Gómez Vega y Jorge Patricio Rojas Campos, por medio de las cuales piden la rehabilitación de su ciudadanía (boletines Nos S 795-04, S 796-04 y S 797-04, respectivamente).
--Pasan a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.
Los Comités, en reunión de hoy, acordaron por unanimidad lo siguiente.
1.- Tratar en Fácil Despacho de la sesión de mañana las tres rehabilitaciones de ciudadanía que figuran en la tabla de hoy.
2.- Dejar para el primer lugar del Orden de Día de la primera sesión que se celebre en junio el proyecto sobre genoma humano, salvo que medien normas reglamentarias.
3.- Poner en el segundo lugar del Orden del Día de esta sesión el proyecto sobre impuesto específico a la actividad minera y, si se aprueba en general, pasarlo a las Comisiones de Hacienda y de Minería, unidas, abriendo plazo para presentar indicaciones en ellas hasta que lo traten en particular.
4.- En cuanto al proyecto sobre impuesto al gas, abrir un nuevo plazo, hasta las 16:30 de hoy, para presentar indicaciones; tratarlo en esta sesión, y facultar a la Comisión de Hacienda para informar verbalmente.
Señor Presidente , ¿en qué lugar va a quedar el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza para restablecer la exclusividad universitaria del trabajo social?
En el primer lugar del Orden del Día, señor Senador.
Es decir, se trata ahora.
Así es, señor Senador.
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que fusiona los escalafones femenino y masculino de oficiales de Carabineros de Chile, con informe de la Comisión de Defensa Nacional
--Los antecedentes sobre el proyecto (3694-02) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 48ª, en 3 de mayo de 2005.
Defensa, sesión 51ª, en 11 de mayo de 2005.
Solicito autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Carabineros, señor Felipe Harboe Bascuñán.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho de este proyecto y la calificó de "simple".
El objetivo principal de esta iniciativa es contar con un Escalafón unificado de Orden y Seguridad de Oficiales de Fila de Nombramiento Supremo, integrado por hombres y mujeres, de manera que el personal femenino tenga las mismas posibilidades que el masculino para desarrollar su carrera funcionaria.
Este proyecto cuenta con un primer informe de la Comisión de Defensa Nacional, la que fue autorizada por la Sala para discutirlo en general y particular a la vez.
La unanimidad de los miembros presentes de esa Comisión (Senadores señores Canessa, Fernández y Páez) dio su aprobación tanto en general como en particular a la iniciativa en los mismos términos en que la despachó la Honorable Cámara de Diputados.
Corresponde hacer constar, finalmente, que los artículos 3º, 5º y 6º permanentes y el 3º transitorio tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Señor Presidente , como Presidente de la Comisión de Defensa , informo este proyecto a la Sala y solicito su aprobación.
La iniciativa en debate contó con el respaldo unánime de dicho órgano, por cuanto permitirá un mejor desarrollo de la carrera funcionaria y profesional de las oficiales del Escalafón de Orden y Seguridad de la policía uniformada al haber los cupos necesarios para tales efectos.
La existencia de escalafones separados de hombres y mujeres, además, impide a éstas acceder a muchos de los cursos de perfeccionamiento, especialización y capacitación, y por ende, ascender a los grados superiores en igualdad de condiciones con sus pares masculinos.
Por último, cabe destacar que el texto que se sugiere al Senado no implicará mayor gasto fiscal, como lo señala expresamente su articulado.
En mérito de lo anterior, y considerando el apoyo unánime que tuvo este proyecto en la Comisión y la necesidad de aprobarlo con la mayor urgencia, pido a la Sala que se pronuncie favorablemente.
Como estamos en Fácil Despacho, ofreceré la palabra al Senador señor Naranjo, luego de lo cual se cerrará el debate y votaremos de inmediato.
Señor Presidente , no puedo menos que expresar mi satisfacción por lo que está ocurriendo en este momento en la Sala, pues uno de los objetivos que nos hemos planteado en los diversos Gobiernos de la Concertación ha sido justamente el de avanzar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, del cual, por cierto, no están exentas nuestras Fuerzas Armadas y de Orden.
El proyecto que hoy debatimos se inserta en esa dirección, ya que, mediante la creación de un Escalafón unificado de Orden y Seguridad de Oficiales de Carabineros de Chile, se busca garantizar que las nuevas promociones de aspirantes a oficiales de sexo femenino puedan desarrollar una carrera funcionaria en condiciones de igualdad con relación al personal masculino que integra actualmente dicha Institución, abriéndose de esa forma el camino -cuestión no menor- para que una mujer pueda alcanzar el grado de General Director.
De esa manera se pretende reparar en parte una situación de extrema injusticia para con las oficiales pertenecientes principalmente a las promociones de los años 1975, 1976 y 1977, quienes se han visto limitadas en sus opciones de ascensos a raíz de las escasas plazas existentes en los grados superiores, por lo cual han debido conformarse con los de coronel, teniente coronel o mayor, mientras la inmensa mayoría ha tenido que pasar a retiro.
Se da así el caso de que algunas oficiales de estas promociones, que ostentan el grado de mayor, han permanecido diez años en cada uno de los grados inferiores y sólo su infinito cariño por la Institución les ha permitido superar esta situación.
También, se busca subsanar otra distorsión que afecta a las oficiales egresadas en 1989, que actualmente tienen los grados de capitán, teniente y subteniente y que han ascendido con mayor rapidez que sus pares masculinos. Sin embargo, esta situación se vería revertida al llegar al grado de mayor, debido a la falta de plazas para ascender a grados superiores.
No podemos desconocer que Carabineros de Chile ha sido la primera institución de las Fuerzas Armadas y de Orden que abrió sus puertas para que nuestras mujeres se incorporaran a sus filas. Es así como hace ya 43 años -en 1962- se creó la Brigada Femenina que con posterioridad -en 1974- dio origen al actual Escalafón Femenino de Carabineros.
De igual forma, Carabineros tuvo el honor de nombrar a la primera mujer General de nuestras Fuerzas Armadas y de Orden: la señora Mireya Pérez .
A pesar de estos casos que honran a la Institución, el Escalafón Femenino de Orden y Seguridad no permite a las oficiales alcanzar los grados superiores, situación que se verá subsanada una vez aprobado el proyecto en debate, abriendo la posibilidad de que -como señalé anteriormente- el día de mañana una mujer llegue a ocupar la más alta responsabilidad de la Institución.
Señor Presidente , concluyo destacando que la experiencia mundial nos enseña que las mujeres perfectamente pueden formar parte de las diversas ramas militares y, más aún, encabezarlas exitosamente.
Hoy hemos dado otro pequeño paso hacia el gran anhelo de que en Chile se haga real y efectiva la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Sin embargo, aún queda mucho camino por andar, ya que lo decisivo pasa por un profundo cambio cultural del cual nadie debe quedar al margen.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad la iniciativa.
--Se aprueba en general el proyecto y, por no haberse formulado indicaciones, queda también aprobado en particular, dejándose constancia de que votaron favorablemente 30 señores Senadores.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.862, Orgánica Constitucional de Enseñanza, para restablecer la exclusividad universitaria de la carrera de trabajo social.
--(Manifestaciones en las tribunas).
Como al parecer los asistentes a las tribunas son novatos, debo advertirles que en el Senado no se permite ningún tipo de manifestaciones. El Reglamento me otorga facultades casi imperativas para desalojar a quienes se encuentran ellas en estos casos.
Como no me gustaría hacerlo -muy por el contrario: quiero que escuchen atentamente el debate-, les solicito que guarden silencio.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2792-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 4ª, en 15 de octubre de 2003.
Educación, sesión 43ª, en 12 de abril de 2005.
El proyecto cuenta con informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
-Reconocer la relevancia científica y el aporte del servicio social chileno al desarrollo del país.
-Modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, con la finalidad de agregar la carrera de Trabajo Social o de Servicio Social al listado de títulos profesionales que requieren el grado de licenciatura previamente a su otorgamiento.
La Comisión discutió la iniciativa solamente en general, de conformidad con lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 36 del Reglamento.
Luego de escuchar a los representantes de diversas entidades educacionales públicas y privadas interesadas en la materia, se sometió a votación la idea de legislar, produciéndose un doble empate. Se pronunciaron a favor los Honorables señores Moreno y Parra, y en contra, los Senadores señores Arancibia y Vega.
Dicho empate se dirimió con la aprobación en general de la iniciativa por tres votos a favor (Honorables señores Flores, Moreno y Parra ) y dos en contra (Senadores señores Arancibia y Vega).
El texto que la Comisión propone aprobar en general se transcribe en el informe.
Finalmente, cabe señalar que la iniciativa reviste el carácter de norma orgánica constitucional, por lo que su aprobación requiere el voto favorable de 27 señores Senadores.
En mi calidad de Presidente de la Comisión de Educación , Cultura, Ciencia y Tecnología debo informar a la Sala respecto de esta moción iniciada en la Cámara de Diputados en 2001, hace casi cuatro años. Fue aprobada después de un extenso debate, durante el cual surgieron elementos que van más allá de la consideración misma de la profesión de asistente social o de trabajador social.
Asimismo, se busca un ordenamiento y reconocimiento de una de las actividades cuyo desempeño tiene un efecto concreto en la vida de millones de personas.
Todos estamos conscientes de que los sectores más vulnerables, incluso de clase media, en muchas circunstancias de su vida deben recurrir a informes de asistentes sociales, documentos que deben prepararse con competencia profesional, con ecuanimidad y también con sentido de servicio propio de la profesión.
A raíz del proceso de expansión del sistema de educación superior -que cuenta con más de 260 universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales- hoy se entregan numerosos títulos. El Senado debe saber que la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha terminado de estudiar otro proyecto que, de algún modo, se relaciona con el que ahora discutimos y que se refiere al aseguramiento de la calidad de la educación superior. Y cuando se constata que en Chile se otorgan 5 mil 700 títulos en más de 260 planteles de educación superior, muchos de los cuales no acreditan sus carreras ni la calidad con que las imparten y sus egresados trabajan en áreas sensibles de la sociedad, surge ineludiblemente la siguiente pregunta: ¿en qué rol y en qué función se desempeñarán esas actividades?
La carrera de Asistente Social tiene más de ochenta años de existencia con rango universitario, no como actividad auxiliar de un municipio, de un ministerio o de una empresa determinada. A lo largo de nuestra historia estos profesionales se han caracterizado -y todos los señores Senadores son conscientes de ello- por ejercer sus funciones con seriedad y responsabilidad.
Aún más, muchas escuelas de trabajo social o de servicio social de América Latina han sido formadas por profesionales chilenas, quienes han participado en su puesta en marcha mediante contratos o por convenios con el Gobierno o con organismos internacionales. Ello acredita la solidez con que la profesión ha nacido.
Pues bien, cuando surge la aspiración de mucha gente por ingresar a la educación superior y no se está en condiciones de hacerlo en universidades, aparece la oferta de institutos profesionales o de centros de formación técnica que, buscando satisfacer ese anhelo, empiezan a preparar profesionales análogos, con la misma nomenclatura, con la misma definición, pero con estructuras de formación distintas. Y de ahí viene la presión, que en un momento dado se vio en las votaciones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, donde algunos dijeron: "Miren, si hay institutos -como INACAP, concretamente- que forman asistentes sociales, ¿por qué vamos a cercenar la posibilidad de que se acceda a una formación universitaria o a la obtención de un título universitario?".
Pues bien, ese argumento complicó el debate en diversos lugares, porque muchos no querían cercenar fuentes de trabajo, si bien se amagaba la posibilidad de una formación sólida y reconocida mediante el título universitario de asistente social, nomenclatura que ahora se propone denominar "trabajador social".
Sin embargo, las pruebas vinieron solas, porque fue el propio INACAP el que el año pasado, dándose cuenta de la necesidad de impartir una formación más universitaria, celebró un convenio con la Universidad Finis Terrae, que tiene autonomía, con el objeto de que quienes completaran cuatro años, tres o tres años y medio en el INACAP, pudieran acceder al título universitario. Y en 2004 se entregó el título a 24 profesionales egresados del INACAP que siguieron ese procedimiento. Además, se buscó regularizar la situación de 240 personas que también se habían atenido a dicho esquema de estudio.
¡A confesión de parte, relevo de prueba!
Obviamente, se trata de una profesión universitaria. Si los títulos entregados por institutos de formación técnica o por institutos profesionales no tenían esa característica, entonces aquí se la reconocía de manera evidente.
Por lo tanto, señor Presidente , creo que no sólo es de justicia, sino que también de transparencia, reconocer que la profesión de trabajador social es de nivel universitario y requiere preparación sólida, prolongada y permanente. Las funciones de quienes la desempeñan comprende el manejo de gran parte de la política de subsidios, responsabilidad ética propia del informe que emiten. ¿Hoy día cuántas personas piden que se les realice la famosa encuesta CASEN? De lo que haga el trabajador social dependerá si acceden o no a los beneficios de los subsidios. Parte de la calidad de vida de aquéllas queda sometida a una firma, sin la posibilidad de recurso ulterior. ¿Por qué? Porque está respaldada por una formación profesional.
Como Presidente de la Comisión de Educación, quiero aclarar que este tema, que puede ser debatible, no está directamente vinculado al proyecto sobre acreditación. ¡No está vinculado! Y si alguien dice: "No quiero aprobar el proyecto en discusión, porque estoy a la espera de que se acoja la otra normativa", no es un argumento correcto.
Reitero a un sector del Senado -que, ejerciendo su derecho legítimo, ha dicho que no se encuentra disponible para dar su voto favorable a la moción porque sería negar la fuente de trabajo a quienes han pasado por institutos profesionales o por centros de formación técnica- el reconocimiento del INACAP vía firma de un convenio con la Universidad Finis Terrae, que prueba que la carrera de trabajador social es propia de una formación universitaria.
Por tales razones, solicito a la Sala que apruebe la iniciativa con el quórum constitucional exigido, para que dicha profesión readquiera la categoría que siempre tuvo en nuestro ordenamiento jurídico y educacional.
Señor Presidente, el Senador señor Moreno , como Presidente de la Comisión de Educación , dio a conocer un criterio que me parece atendible en cuanto a la normativa en estudio, que se relaciona con la acreditación universitaria. Sin duda alguna, ése es tan sólo su punto de vista. Lo respetamos, pero no lo compartimos.
El Senado está considerando dos caminos distintos para resolver acerca de los títulos de la educación superior y las capacidades de los profesionales que adquieren una responsabilidad social al recibirlos. Es cierto que hasta el momento en algunos casos se ha exagerado al otorgarlos sin las acreditaciones respectivas, es decir, sin las bases necesarias para entender que este proceso corresponde a los objetivos nacionales en materia de preparación y capacidad de nuestros profesionales.
Es cierto también que muchísimos organismos han creado más bien desilusión en los jóvenes que, al titularse, se encontraron con una sociedad ausente en cuanto a la responsabilidad que deseaban asumir mediante estudios superiores.
¡Todo eso es verdad! No hay duda de ello.
Es cierto, además, que existen instituciones que, a pesar de ser universidades, todavía no han alcanzado frente a la sociedad el peso académico necesario para entregar títulos universitarios. Y a su vez hay establecimientos de formación técnico-profesional que han alcanzado nivel universitario, incluso sin acreditarse, gracias a su tradición, a la gente que los administra, en fin.
En definitiva, la diversidad de ejemplos es muy grande.
El tema está radicado en una sola cosa: ¿cuán trascendente será la acreditación en la educación superior? Ése es el tema.
Quienes hemos participado en el estudio de esta normativa -a la que presentamos un conjunto de indicaciones- estamos convencidos de que la acreditación es indispensable.
Cabe destacar, señor Presidente , que hoy cerca de 5 mil jóvenes chilenos se hallan estudiando doctorados, maestrías, MBA, etcétera, en distintas universidades muy prestigiosas del mundo. Y ellos regresan al país con títulos donde, aparte de la firma, se agrega un informe sobre la institución donde los obtuvieron, lo que es muy importante para quienes contratan sus servicios o para quienes desarrollan actividades profesionales con ellos, porque da veracidad y fortaleza a su responsabilidad como profesionales.
Entonces, ¿cuál es lo trascendente en el futuro inmediato de Chile? Una sola cosa: la acreditación. ¡Eso es lo más importante! Y los profesionales egresados de institutos de educación superior o de universidades acreditadas, con todas las dificultades que ello significa, recibirán títulos con valor distinto de los emanados de planteles no acreditados.
Es cierto que esto responde a un criterio aceptado por todos los chilenos. Hay evidente unanimidad en el Congreso Nacional. También es evidente que se están abriendo las puertas a una nueva doctrina en materia de educación superior, a la cual todos hemos accedido y a la que queremos perfeccionar. A ello obedece el estudio profundo que lleva a cabo la Comisión de Educación. Y a pesar de que el Presidente de ésta sostiene que ahora no es el momento para unir dos proyectos, es imposible dejar de hacerlo. Porque las cosas de futuro siempre se unen y llevan a establecer una manera de actuar conforme a una política definitiva.
Antes de determinar nuestra votación, quisiéramos oír otros argumentos. La verdad de las cosas es que los planteados en la Comisión no nos convencieron. Sí nos convenció la acreditación. Creemos que ése es el camino que deben tomar los institutos de enseñanza superior o universidades para que quienes estén estudiando en ellos tengan la fortaleza suficiente y necesaria para poder actuar.
Señor Presidente , nosotros creemos que es indispensable estudiar primero este criterio. Porque si aceptamos, como política, la existencia de una ley especial que acredite para los trabajadores o trabajadoras sociales un título otorgado solamente por universidades y no agregamos la obligación de acreditación a estas últimas, la verdad es que no vamos a dar ningún paso fundamental. Entiendo que podría ser trascendente que dicho título sea conferido por universidades acreditadas; pero, si éstas no lo están, no habrá ningún avance decisivo.
El que el proyecto establezca una norma de ese tipo abre las puertas para nuevas iniciativas en el futuro. La diversidad de ingenieros que existe en Chile es enorme. Antes la Ingeniería Civil -Mecánica, Industrial, Química - no superaba las cinco o seis menciones. Hoy son cientos. Luego vendrán, entonces, los ingenieros solicitando una ley especial para que su título sólo lo tengan determinadas universidades. Y nosotros volveremos a discutir el tema de la acreditación y a analizar cuál va a ser la política de Chile en materia de educación superior.
En consecuencia, señor Presidente, proponemos concretamente estudiar a fondo el tema de la acreditación, porque de esa forma vamos a dar seguridad a quienes obtienen los títulos para ejercer la actividad profesionalmente.
Señor Presidente , éste es un tema de gran relevancia para todas las trabajadoras o asistentes sociales del país.
La verdad es que, como señala el propio informe, Trabajo Social perdió su condición de carrera universitaria en 1981, lo que quedó definitivamente consagrado cuando se dictó la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, poco tiempo antes de que terminara el Régimen militar. Después de mucho tiempo, se viene a discutir aquí la posibilidad de que recupere su condición universitaria.
Creo que es muy importante manifestar dos cosas.
En primer lugar, como lo indica el informe, la historia del establecimiento de las escuelas de Trabajo Social se remonta a la época de don Arturo Alessandri , en su primera Magistratura, y llega hasta el día de hoy. Esta carrera, en sus inicios, era básicamente asistencial y estaba muy motivada por la crisis de la época, la del salitre. Después pasó a ser, crecientemente, una carrera perfectamente encuadrada dentro del ámbito de una licenciatura universitaria, que busca proporcionar el conocimiento interdisciplinario suficiente de los fenómenos sociales, de los procesos de cambio, y asumir, como señalaron varias de las personas que intervinieron en la Comisión, el compromiso de erradicar las causas de los problemas sociales.
En segundo término, como se lee en la moción, es muy impresionante ver la cantidad de responsabilidades que tienen los trabajadores sociales del país: en los sistemas de asistencia pública; en los procedimientos auxiliares de administración de justicia -los nuevos tribunales de familia tienen ahí un papel significativo-; en las nuevas técnicas de mediación; en la judicatura especializada de menores, que ahora se transforma en judicatura de familia; en la administración de los sistemas de protección de menores; en la implementación de los primeros programas de vivienda social en Chile; en la apertura de métodos innovadores en su tiempo, como fueron el desarrollo de la terapia familiar y la organización de movimientos poblacionales y vecinales; en el desarrollo municipal; en la implementación de las políticas públicas de Gobierno; en los programas de promoción de la mujer y de la infancia; en los combates contra cualquier forma de discriminación de género y, también, hacia los discapacitados; en todo el sistema de seguridad social. O sea, son múltiples las actividades estatales y de la sociedad, en el ámbito público y privado, en que estos profesionales se desempeñan, función que debe hacerse con gran responsabilidad, porque la intervención que ellos realizan incide directamente en la suerte de las personas, de los ciudadanos y, al final, de las acciones que el propio Estado o las empresas o el sector privado o los organismos no gubernamentales llevan a cabo.
Por todo ello, señor Presidente, quiero manifestar mi total acuerdo con el contenido del proyecto, como lo he hecho presente al Colegio de Asistentes Sociales de la Región del Biobío.
Sin embargo, subsiste la necesidad de resolver el problema, como muy bien señala en el informe el Senador señor Parra , respecto de los actuales estudiantes de Trabajo Social de institutos profesionales. Y por eso se pide a la Sala la aprobación en general. Obviamente hay que introducir una indicación para que las personas que hoy se están formando en dichas instituciones puedan terminar su carrera y no se vean perjudicadas por esta disposición.
Pero, cuando esta normativa entre en vigencia, la carrera de Trabajo Social tendrá el rango universitario que le corresponde, que tuvo en el pasado y que nunca debió perder.
Hago presente a quienes se encuentran en las tribunas que debo aplicar el Reglamento. Si no, me lo van a exigir mis colegas. En consecuencia, les solicito que no efectúen manifestaciones, pues, de haberlas, desgraciadamente tendré que disponer su desalojo.
Ésta es la segunda advertencia. A la próxima, debo proceder. Por tanto, están en el límite.
Señor Presidente , en primer lugar, quiero plantear una cuestión de la mayor trascendencia, atendido que la votación en la Comisión fue, como Sus Señorías ya han escuchado, dividida. Me refiero a la naturaleza de las normas que ahora estamos llamados a aprobar o a rechazar.
En el informe se hace constar que se trata de disposiciones de carácter orgánico constitucional. Soy miembro de la Comisión y, tal vez por estar ausente en el momento en que se dejó esa constancia, no tuve oportunidad de observar que se trata de una afirmación equivocada. Éstas son normas de ley ordinaria. En consecuencia, no requieren quórum especial para su aprobación. Y pido que la Mesa, antes de que se inicie la votación, se pronuncie sobre este particular.
Las razones por las que hago esta afirmación son dos.
La primera se encuentra en la última parte del inciso cuarto del Nº 16º del artículo 19 de la Constitución Política de la República. Dicho precepto dispone lo siguiente: "La ley [y se refiere claramente a una ley común] determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas.".
Por su parte, el inciso quinto del Nº 11º del mismo artículo 19 establece la existencia de una ley orgánica constitucional de enseñanza, pero circunscribe el contenido de dicho cuerpo legal a los requisitos necesarios para el reconocimiento y funcionamiento de los establecimientos educacionales de todo nivel.
Entonces, esta norma, que determina la exigencia de estudios universitarios para acceder al título de trabajador o asistente social, es claramente una disposición de ley común y no puede ser votada con quórum de ley orgánica constitucional.
En segundo lugar, debo señalar que me pronuncié a favor de la idea de legislar en la Comisión y también voy a concurrir con mi voto favorable esta tarde en la Sala.
Sin embargo, creo que se requiere un esfuerzo de otra naturaleza y mucho más significativo que el que estamos realizando para resolver los problemas de la educación superior.
No es la primera vez que el Congreso Nacional tiene que pronunciarse sobre una materia como ésta. Desde 1990 lo ha hecho, por ejemplo, respecto de las pedagogías y de las carreras de educación, y también en relación con los comunicadores sociales y el periodismo, incorporándolos a la nómina que taxativamente establece el artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Asimismo, se encuentra en tabla en este momento una iniciativa relacionada con el título de matrón y, en la Cuenta de una de las sesiones de la semana pasada, se informó de un proyecto, iniciado en moción de diversos señores Senadores, donde se pide que todas las carreras del área de la salud tengan el carácter de universitarias, incluidas algunas tecnologías conducentes a títulos de tecnólogos en distintas áreas de apoyo, que son tremendamente importantes para el ejercicio de la medicina.
Lo que el país requiere es una nueva Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. La que está en vigencia, publicada el 10 de marzo de 1990, ha sido ampliamente superada por los hechos y tiene metida a la educación superior chilena en una camisa de fuerza, en una estructura extraordinariamente rígida, en una arquitectura -como algunos han dicho- de tres pisos, donde no existen escaleras adecuadas de comunicación.
No es posible que, con modificaciones como las que se están incorporando, estemos sistemáticamente reduciendo el campo de desarrollo de uno de los niveles contemplados en dicha arquitectura: el de los institutos profesionales. Hay que tomar una decisión sobre el particular para determinar si están o no están justificados.
Se deben trazar las fronteras divisorias entre los distintos establecimientos de educación superior de manera más adecuada y nítida. La experiencia chilena sobre la materia no es buena. Y, en este momento -y también en el futuro inmediato-, ello genera serios problemas en el desarrollo de ese nivel educativo.
En tercer término, señor Presidente , lo que el proyecto hace es incorporar el título de Trabajador Social en la lista del artículo 52 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.
Pero, ¿a qué se refiere dicho precepto? A las carreras, cuyo título profesional requiere en forma previa la entrega de una licenciatura, la cual, conforme a la ley, es un grado académico, como lo son el de bachiller, el de magíster y el de doctor. Y, en tanto grado académico, constituye naturalmente un prerrequisito para desarrollar estudios de posgrado de nivel superior, como son, específicamente, el magíster y el doctorado.
En consecuencia, se trata de que los estudiantes de Trabajo Social obtengan la licenciatura y, una vez alcanzada ésta, puedan acceder al título profesional correspondiente.
En cuarto lugar, el caso sobre el cual tenemos que pronunciarnos está absolutamente justificado.
No sólo hay una tradición histórica; no sólo hay un campo de investigación y de desarrollo profesional -al que muy bien se refirió el Honorable señor Viera-Gallo en su intervención-, sino que las universidades que imparten estas carreras en el país también se orientan al ámbito del desarrollo de las ciencias sociales. No son pocas las que contemplan estudios generales en esta materia conducentes al grado de bachiller. Desde luego, se ha extendido vigorosamente el posgrado en todo el campo de las ciencias sociales, resucitadas a partir de 1990 en Chile, pues en el período inmediatamente precedente muchas facultades debieron cerrar sus puertas o se vieron forzadas a descontinuar su trabajo.
Hoy los trabajadores sociales están accediendo a estos programas de posgrado, no obstante no poseer la licenciatura, salvo que, en el ejercicio de su autonomía, la propia universidad la haya contemplado y la otorgue.
Pienso que está plenamente justificado dar el paso que se propone y habrá que valerse del plazo para formular indicaciones, a fin de corregir dos omisiones o defectos que hay en el proyecto.
En primer lugar, no me parece suficientemente clara la homologación que establece el artículo 2º entre títulos distintos, materia sobre la cual la Comisión no tuvo suficientes antecedentes. Y, en segundo término, como ha ocurrido en los casos que antes referí y que han sido objeto de disposiciones similares a las que ahora debemos aprobar, debe resolverse la situación de los actuales estudiantes de institutos profesionales, los que, con buena fe y en el marco de la ley, se han matriculado para cursar dichos estudios.
Por las consideraciones expuestas, votaré a favor de la iniciativa.
Señor Senador, antes de proceder a votar, la Mesa se pronunciará sobre el quórum requerido.
Tiene la palabra el Honorable señor Arancibia.
El señor ARANCIBIA .-
Señor Presidente , quiero dejar en claro mi reconocimiento a la labor trascendente que realizan los asistentes sociales; más aún, con el tremendo desarrollo que ha tenido esta actividad en todos los ámbitos del quehacer nacional. Sin embargo, con la misma intensidad, debo hacer presente que la dignidad que se pretende reconocer, otorgando un título universitario, no apunta al fondo del asunto.
Digo lo anterior porque, en todos los antecedentes que logramos allegar y en las reuniones que sostuvimos, no se planteó la carencia del reconocimiento de la licenciatura como causa de un mal desempeño de los profesionales de esta área, formados durante los últimos veinte años y algo. Por el contrario, las organizaciones que los han empleado están plenamente satisfechas. Éste es un punto fundamental: la capacitación técnica que tales funcionarios han otorgado al servicio público está fuera de discusión.
Admitimos que puede existir, en parte de quienes operan en este sector, el legítimo derecho -o la aspiración de recuperación histórica o de otro tipo- a obtener la licenciatura en Trabajo Social, como se define en el proyecto. Encuentro que es legítimo. Pero yo estoy yendo a la necesidad de que la sociedad se pronuncie frente a estos temas.
En ese sentido -y lo digo con todo respeto- percibo una confusión.
Por una parte, está el título profesional que se otorga a un estudiante después de haber cursado una malla curricular. Después de revisar los programas de estudio de las actuales carreras de Asistencia Social, puedo decir que son extraordinariamente completos, con objetivos muy eficientes y claramente definidos.
No estamos hablando, entonces, de la malla curricular, sino de la aspiración legítima de alguien que desea obtener la licenciatura para seguir los procedimientos que han planteado los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.
Quiero ser enfático al decir que debe distinguirse entre dos cosas: una es el título profesional, que es lo que estamos discutiendo, y otra, el grado académico de licenciado, de magíster o de doctorado que se puede obtener. Y lo uno no niega lo otro.
Si una persona que obtuvo título profesional en la forma acostumbrada hasta este momento y que se ha desempeñado satisfactoriamente por determinado número de años quisiera postular a una licenciatura, a un magíster o a un doctorado en cualquiera de las disciplinas afines a ese título, no le está negado hacerlo; pero ahora, por ley, le estaríamos tratando de confundir tal posibilidad.
Eso lo quiero dejar bien en claro, y es lo que me conduce a adoptar una posición contraria. Porque no estamos mejorando un servicio, sino avanzando en una idea legítima de recuperación histórica -por así decirlo- de algo que en un momento existió, pero que no guarda relación con los servicios que estos distinguidos profesionales prestan al sistema.
Señor Presidente, creo que en esta materia hay un punto esencial.
En relación con la actual profesión de asistente social -que de acuerdo con el proyecto se convierte en la de trabajador social, ligada a las licenciaturas de igual nombre-, pienso que lo fundamental es que se trata de una actividad extremadamente necesaria, dados los desafíos y problemas que enfrentan tanto el desarrollo social del país como la convivencia a nivel familiar. En todos estos frentes se necesita un número muy amplio de profesionales del más alto nivel.
Por ello, me congratulo realmente de que se esté tomando acá la decisión de devolver a esta profesión la categoría de universitaria. Entre paréntesis, me parece que está ligada a las licenciaturas -y en esto discrepo de lo que acaba de decir el Senador señor Arancibia -, que involucran exigencias de calidad unidas a la entrega del título correspondiente.
En seguida, quiero señalar que me alegró mucho lo dicho por el Honorable señor Moreno en su primera intervención de la tarde, y que ha sido corroborado por otros señores Senadores, en el sentido de que se ha abierto una puerta. Y dio el ejemplo de un convenio celebrado el año pasado, que permite a quienes siguieron la carrera de asistente social en institutos profesionales continuar y terminar sus estudios en una universidad, y titularse. Porque, de no abrirse esa puerta de par en par y de no haberse mantenido esa legítima aspiración y la necesidad de dar rango universitario a la carrera de asistente social, el propósito habría sonado a reivindicación corporativa, legítima, por cierto, pero reivindicación al fin. Y creo que la forma de resolverlo es exactamente mediante este conducto.
Para que todo esto sea una solución real, el punto esencial es la acreditación, tanto de las carreras que impartan los institutos profesionales en este terreno como la de trabajador social de rango universitario a que nos estamos refiriendo. Porque la acreditación es lo que nos va a permitir generar profesionales de alto nivel para tan delicada y fundamental función social, la cual debe desempeñarse con la calidad requerida, evitando que, por mejorar la carrera, simplemente se descuide la excelencia en la instrucción de las personas que la sigan.
En consecuencia, la acreditación en estos dos niveles -instituto profesional y universidad- resulta absolutamente esencial.
A propósito de lo que señaló el Senador señor Parra , quiero agregar que no es necesario elevar cualquier formación tecnológica -sea en equipos médicos o en otro ámbito- a categoría universitaria.
Como Sus Señorías saben, por haber sido rector de universidad, pude percatarme de que la presión por elevar a rango universitario cualquier formación intermedia era interminable, porque obviamente llevaba aparejados diversos beneficios sociales; pero ahora no se trata de eso, sino de que realmente haya profesionales de alto nivel en las áreas que los requieren.
Por lo tanto, para mí no debe constituir un precedente el hecho de que, al aprobarse este proyecto -espero que así sea-, cualquier otra carrera intermedia de tipo tecnológico que se imparta en institutos profesionales o en centros de formación técnica pase súbitamente, por disposición de la ley, a adquirir carácter universitario. Considero pertinente analizar cada caso en su mérito.
Concuerdo con el Honorable señor Parra en que es indispensable mantener los incentivos a la formación tecnológica después de la enseñanza media, y que no necesariamente todos los que egresen de ella deban pasar a ser profesionales universitarios, sin perjuicio de reconocer que siempre es bueno, conveniente y necesario mantener las puertas abiertas para que completen el escalón -muchas veces no lo logran, por insuficiencia de medios materiales- y tengan la posibilidad de continuar sus estudios en un nivel superior.
En síntesis, quiero manifestar mi acuerdo con el proyecto. En la discusión particular -esto también tiene que ver con una de las observaciones del Senador señor Parra - habrá que precisar lo relativo a la declaración de equivalencia del título de asistente social a que se refiere el artículo 2º, para que, de alguna manera, podamos incluir el tema de la calidad en relación con la acreditación y con este paso de reconocimiento a lo ocurrido en el pasado.
Señor Presidente , en primer término quiero destacar que, en materia de estudios y desarrollo del trabajo social, Chile es pionero en Latinoamérica. El doctor Alejandro del Río, eximio salubrista, después de sus estudios y trabajos en Inglaterra, en 1925, llega a reconocer la importancia de los trabajadores y trabajadoras sociales para resolver las condiciones por las que se producen enfermedades sociales. Y fue así que, al regresar al país, se creó la carrera universitaria de asistente social, que irradia al resto de Latinoamérica en forma pionera.
Esa actividad se vio cambiada profundamente. En 1981, con la dictación del decreto con fuerza de ley Nº 1, se generan los tipos de enseñanza superior: los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las universidades. Y dentro de los institutos profesionales se empieza a impartir sistemáticamente la carrera de asistente social.
En marzo de 1990 -antes de que reiniciara sus actividades el Congreso Nacional-, mediante la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, se quitó la obligatoriedad de que tal carrera tuviera rango universitario.
Las diferencias entre quienes estudian en un instituto profesional y los que lo hacen en una universidad son evidentes. No lo digo en forma discriminatoria en cuanto a valores, pues éstos son distintos por la modalidad de la enseñanza en cada una de estas instituciones. Me ha tocado trabajar largamente con profesionales de los dos sectores. Pero en la universidad -que también tiene la malla curricular que se entrega en los institutos-, hay exigencias previas: la Prueba de Aptitud Académica, que pasó a ser Prueba de Selección Universitaria; la necesidad de una tesis o de una memoria; hacer disciplina científica; relacionarse con otras ciencias sociales y con el desarrollo del área que se estudia en otras partes del mundo. Esto es algo que no podemos desconocer.
Por otro lado, la realidad chilena, a la luz de los indicadores de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, es que las inequidades han aumentado en forma alarmante y escandalosa, como señaló la última Conferencia Episcopal. Las diferencias existentes en tales indicadores determinan que en Chile haya comunas que están al nivel de Canadá, Estados Unidos y países europeos, y otras que se encuentran a la altura -lo digo con todo respeto- de los países africanos. Esas inequidades entre comunas ocurren en el interior de las ciudades y a veces dan lugar, por causa de planes sociales de vivienda mal llevados, a la generación de verdaderos guetos, como lo ha reconocido recientemente la propia autoridad.
Ésa es la realidad que debemos enfrentar. Y, desde luego, la manera de realizarlo con profesionales provenientes de una universidad o con otros de un instituto profesional es absolutamente distinta.
La necesidad de focalizar, investigar y evaluar en forma permanente los problemas de la población hace imprescindible el reconocimiento de que la carrera de trabajo o servicio social precisa del grado académico de licenciado.
La cuestión radica en cómo hacer también justicia a todas las personas -más de 6 mil- que han estudiado en institutos profesionales por distintas razones: algunas, por no haber alcanzado un puntaje acorde con la exigencia universitaria; y otras, por residir en lugares donde no tuvieron la opción de acceder a una universidad.
Ésa es la situación que se palpa en diversas partes de Chile, especialmente a raíz de las inequidades que señalé.
Por otro lado, hemos revisado las mallas curriculares de los institutos profesionales y comprobamos que en algunos casos incluso superan a las de las universidades. Pero ello no es suficiente.
Por las razones expuestas, estimamos que se debe seguir la vía adoptada por algunos institutos, como el INACAP, que suscribió un convenio con la Universidad Finis Terrae y el 19 de enero comunicó por la prensa que este año sus alumnos empezarán a recibir título universitario después de cumplir con las exigencias para la licenciatura.
La idea es establecer por ley tal modalidad, de manera que tenga fuerza legal, pero que también se dé en los hechos.
Por eso, he elaborado una indicación para agregar el siguiente artículo transitorio, nuevo:
"Las universidades que ofrezcan el Título de Trabajador Social y el grado académico de licenciado en Trabajo Social, a los que se refiere la presente ley, deberán celebrar, con los respectivos institutos profesionales, acuerdos destinados a establecer procedimientos efectivos que permitan que los Asistentes Sociales titulados en estos últimos, puedan optar a completar los requisitos conducentes a obtener el grado académico y el título profesional mencionados.".
Estimo que de ese modo podemos hacer justicia a los dos sectores y posibilitar la entrega del título universitario que merece esta importante carrera.
En ese contexto, votaré a favor.
Señor Presidente , pido una interrupción para hacer una consulta.
Señor Senador, la Honorable señora Matthei le solicita una interrupción.
Se la concedo, con todo agrado.
Con la venia de la Mesa, tiene la palabra Su Señoría.
Señor Presidente , deseo formular una pregunta, porque, obviamente, a todos nos preocupan las personas que cursaron esa carrera en un instituto y cuya situación se complicaría mucho si se aprobara el proyecto.
Se propone obligar a las universidades a celebrar contratos. ¿Cuánto tiempo duraría el proceso? Porque si la convalidación se realizara en cinco años, entonces sería lo mismo que empezar de nuevo. Pero el asunto sería distinto si ella se efectuara en seis meses o a lo más un año. Por ese motivo, no me parece conveniente votar en esta ocasión sin saber qué va a pasar con toda esa gente. ¡Son 6 mil las personas que de buena fe cursaron una carrera que la ley permite impartir a los institutos profesionales a las que mediante esta iniciativa estaríamos perjudicando!
Entonces, quiero preguntar al Senador señor Horvath -le agradezco que gentilmente me cediera este espacio- cuánto tiempo demoraría la convalidación. Porque, como dije, podría durar como mínimo seis meses o significar cinco años. Un lapso de seis meses sería razonable, porque la carrera tiene cuatro años y medio en un instituto y cinco en la universidad. O sea, la diferencia sería sólo de un semestre.
Ésa es mi consulta.
Puede continuar el Honorable señor Horvath.
Ante todo, hago presente que estamos en la discusión general del proyecto. Además, requerimos contar con muchos antecedentes para examinar la gran gama de institutos en los cuales se ha instaurado esta carrera profesional y en qué medida ella calza con las exigencias y características universitarias, como señalé antes.
Por lo tanto, propongo lo siguiente: aprobar la idea de legislar y en la Comisión de Educación, con motivo del segundo informe, analizar caso a caso, como debe ser, la realidad de los más de 6 mil profesionales referidos, más la de quienes actualmente estudian esta carrera en institutos profesionales, y luego dirimir lo atinente al plazo y la razonabilidad de la convalidación. Pero no podemos fijar un plazo por ley, pues se corre el riesgo de provocar también una terrible inequidad en cuanto a la exigencia universitaria para obtener el título.
Señor Presidente , han pasado quince años para que se ponga en discusión la posibilidad de restituir el estatus...
¡Solicito guardar silencio o me veré obligado a desalojarlos!
¡Voy a ordenar sacar de las tribunas a quienes están realizando manifestaciones!
--Se suspendió a las 17:31.
--Se reanudó a las 17:32.
Retoma el uso de la palabra el Senador señor Ávila.
Señor Presidente , creo que a todos los que hemos asistido a esta curiosa manifestación nos ha dejado perplejos el nivel de "desubicación" de algunos ejemplares de nuestra fauna social.
Hacía tiempo que no veíamos la imagen de don " Daniel López " en este Hemiciclo.
Pero como eso no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando -aun cuando no es difícil buscarle cierta conexión, como lo explicaré-, voy a proseguir, a los efectos de que rápidamente procedamos a la votación del proyecto.
No deja de ser un hecho simbólico el que precisamente en el último día del Gobierno que representaba el "personaje del afiche" se haya puesto término a la exclusividad universitaria de la carrera de asistente social.
Quizás pensaron que después de la obra que todos conocemos, a la luz de sus resultados, ya no era necesario el trabajo social en el país. Y por eso estos profesionales fueron víctimas, primero, de esa circunstancia inexplicable, y luego, de la lógica mercantilista que ha dominado, por desgracia, a la educación superior chilena.
Es así como en estos años ha proliferado un conjunto de ofertas destinadas a entregar una carrera formalmente similar a la que venía impartiendo una escuela universitaria por espacio de 65 años.
Entonces, ha llegado el momento de devolver un derecho y de reordenar una situación caracterizada por un conjunto de circunstancias que hacen que mucha gente sienta inseguridad respecto de su futuro y, al mismo tiempo, un temor constante de que sigan saliendo al mercado ofertas que compitan sin equivalencias académicas adecuadas para los escasos puestos de trabajo que hoy quedan disponibles para desempeñar dicha profesión.
Por lo tanto, señor Presidente , sin más dilación, deseo manifestar que aprobaré en general el proyecto y que espero verlo pronto convertido en ley.
Señor Presidente, parto por señalar que mi voto y el del Senador señor Flores serán a favor de la iniciativa que nos ocupa.
Cabe recordar que mediante un decreto con fuerza de ley, de 1981, se terminó con la exclusividad universitaria de la carrera de asistente social. Frente a un hecho de esa envergadura, estoy absolutamente cierto de que ese año no se entregaron los antecedentes tenidos en vista para adoptar esa determinación. Además, dichos argumentos no fueron conocidos por los organismos gremiales -que no existían- ni por los colegios profesionales.
Por lo tanto, para mí constituye un hecho histórico el restituir un derecho a su estado original, respecto del cual no hubo un fundamento que avalara su supresión.
La verdad de las cosas es que hasta la presentación de esta iniciativa nadie se había detenido a pensar en ello, salvo, por supuesto, quienes se sentían perjudicados.
El motivo por el cual el Senador que habla y mi Honorable colega Flores votaremos a favor de la idea de legislar obedece a que muchas medidas cuya aplicación incidía en derechos fundamentales de los chilenos nunca fueron avaladas por razones técnicas o científicas, contrariamente a lo que ocurre en los procesos democráticos. Eso sucedió, por ejemplo, cuando se municipalizó la educación. Y hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se hacen, no se logra afirmar su tranco para seguir un camino fecundo, como es el clamor que en la actualidad emerge de todas las familias chilenas.
De tal manera que ése es mi compromiso, al igual que el del Senador señor Flores.
Asimismo, quiero manifestar que, así como voy a aprobar en general el proyecto, también participaré y daré a conocer mi opinión durante su discusión en particular en la Comisión.
Deseo decir derechamente que no me gusta el hecho de que tengamos la posibilidad de podar, tijeretear, injertar iniciativas diversas y de ir creando un cuerpo extraño en lo que atañe a la educación superior, a la cual considero fundamental para el desarrollo del país en este siglo que es del conocimiento y la tecnología. Repito: estamos generando un cuerpo extraño.
Felicito a los autores del proyecto en debate, que, como sabemos, tuvo su origen en una moción. Sin embargo, no es dable que en asuntos eminentemente técnicos como el que nos ocupa estemos entregados a mayorías o minorías políticas circunstanciales.
No participo del procedimiento empleado en una materia como la que ahora se discute, que no emana de proyectos del Ministerio técnico correspondiente, y que entremos a debatirla, corregirla o mejorarla en el Senado.
No nos olvidemos de que en varias oportunidades hemos debido detener proyectos en los que, con un entusiasmo legítimo, honesto y sin mala intención, por iniciativa de un señor Parlamentario o de un grupo de ellos, se pretendía introducir contenidos en los programas de educación.
Ese camino me parece sumamente peligroso en un país que debe legislar y crear estructuras en niveles de esta naturaleza con coherencia y absoluta responsabilidad.
Hay un tema que no podemos soslayar: la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza. Actualmente, dicha normativa otorga el carácter de profesiones de rango universitario a determinado número de carreras, lo cual permite postular a algunos beneficios económicos en la Administración Pública, como la asignación de título.
Entonces, aquí hay un trabajo y una responsabilidad que no deben eludir el Ministerio de Educación y su respectivo organismo técnico, porque no es dable ir creando un cuerpo injertado, adosado con diferentes medidas de tipo coyuntural.
Y es preciso decirlo: no estoy defendiendo a los institutos profesionales, ¡pero el Gobierno tiene que rayar la cancha, en el sentido de establecer qué carreras profesionales les corresponde dictar a las universidades, y qué carreras, a los institutos profesionales!
Esto no puede quedar en tierra de nadie. Los institutos profesionales, cuya existencia incluso fue aceptada por este Gobierno, deben tener ideas claras y saber los límites dentro de cuáles han de desenvolverse. Aquí, quedan en cuestionamiento. Si hay un clamor nacional para que desaparezcan, conversémoslo, discutámoslo, pero es preciso dotar de reglas absolutamente claras a esas instituciones que acogen a chilenos de diferentes sectores sociales del país.
Señor Presidente , éste es un camino complejo y peligroso, porque así como hoy día, con legítimo derecho, los trabajadores sociales están pidiendo que se les otorgue el reconocimiento que históricamente han tenido, también habrá colegios profesionales e instituciones gremiales fuertes que cada cierto tiempo solicitarán que se le dé también carácter universitario a otro tipo de carreras. Y mañana o pasado mañana, ¿por qué no?, las autoridades de un instituto profesional podrán decir que las carreras que ofrecen no las pueden impartir las universidades, cuando las mallas curriculares -como se señaló- sean bastante similares.
Entonces, mi intervención apunta a que debemos buscar -reitero- un camino coherente, serio y responsable para crear una educación superior acorde con la exigencias de la globalización, que cada día nos exige mostrar calidad en nuestros profesionales o técnicos de nivel superior -como se les quiera llamar-, en comparación con los de otros países, ya sea de la Unión Europea, del APEC, o con Estados Unidos, en fin, con los que hemos suscrito tantos convenios comerciales, culturales y educacionales.
En definitiva, se van a crear dos tipos de trabajadores sociales. Eso deberemos acotarlo en la discusión en particular. Porque ¿en qué rango se van a ubicar, por ejemplo, los egresados de los institutos profesionales? ¿Cuáles serán las diferencias con los profesionales que -insisto- en buena hora vuelven a las universidades?
Esto hay que reglarlo.
Asimismo, como muy bien planteó una señora Senadora , en el proyecto en análisis será preciso determinar qué va a ocurrir con los jóvenes que hoy día cursan esta carrera en los institutos profesionales, porque, en los términos en que aparece su articulado, ellos no podrían titularse. De tal manera que ese asunto debe aclararse y especificarse. Se trata de 6 mil y tantos jóvenes que creyeron en nuestro sistema jurídico, que pensaron que tenían estabilidad y seguridad, y que ahora se encuentran con esta nueva situación respecto de la cual ahora legislamos.
Por lo anterior, y para terminar mi intervención, señalo que mi voto está disponible para devolver el reconocimiento histórico a los trabajadores y a las trabajadoras sociales; pero en la discusión en particular haré presentes las aprensiones a que me he referido, porque un grupo importante de jóvenes chilenos también tiene derecho a que se les reconozca su esfuerzo, por lo menos conforme a los convenios que suscribieron cuando ingresaron a un instituto profesional.
En consecuencia, anuncio que los votos de los dos Senadores del Partido Por la Democracia serán favorables al proyecto.
El último orador inscrito es el Senador señor Larraín. Luego se procederá a votar.
Señor Presidente , como hemos podido apreciar en el transcurso del debate, en realidad estamos ante un problema mayor, con todo respeto a los profesión de los trabajadores sociales, quienes, por supuesto, han realizado una labor realmente significativa durante nuestra historia cercana, sobre todo en una sociedad que está emergiendo del subdesarrollo y que presenta múltiples problemas en todo Chile.
He tenido la oportunidad de trabajar con muchos de ellos y de ellas a lo largo de mi carrera, así que conozco bien la importancia de una profesión de esta naturaleza para resolver los problemas coyunturales, particularmente de la familia.
Sin embargo, ése no es el tema. Éste tiene que ver -como se ha manifestado en forma reiterada aquí- con la estructura del sistema de la educación superior. Lo recalco: por esa razón voté en contra del proyecto, no por el problema de la profesión, sino por el que dice relación a aquélla. Siempre que en el Senado empezamos a discutir aspectos relevantes de la estructura del Estado terminamos por establecer soluciones absolutamente tangenciales que no guardan correspondencia con la cuestión principal.
El problema de fondo -como expresó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- es el de la arquitectura de nuestra educación superior, de las universidades y de los institutos de formación técnica, que está a la inversa de la de los países desarrollados. En efecto, no obstante que hemos suscrito importantes convenios con dichas naciones, nuestro sistema de educación superior, que deberá responder a las nuevas exigencias, no se encuentra a la misma altura del exhibido por ellas y aún debe realizar un largo proceso de perfeccionamiento, como vimos en la discusión de la iniciativa sobre acreditación de la calidad de la educación superior.
Ése es el gran problema. No tiene que ver sólo con los trabajadores sociales, sino también con la cantidad de profesionales técnicos y universitarios que necesariamente tendrán que graduarse en el presente y en el futuro para poder competir relativamente en igualdad de condiciones con los países con los cuales estamos negociando convenios.
Fíjense Sus Señorías que, de acuerdo con cifras del 2002 entregadas por el Banco Mundial, en Chile hay 570 mil profesionales, según las categorías 3 y 4 de la International Standard Classification of Occupations
Al establecer una relación con la fuerza de trabajo, que hoy llega a los 6 millones de chilenos, apenas alcanzamos el 10 por ciento, mientras que Finlandia llega al 40 por ciento, Irlanda y España al 30 por ciento, y Corea, al 20 por ciento.
Por lo tanto, en Chile, contrariamente a lo que se sostiene a veces, no existe un superávit de profesionales y técnicos, sino un déficit, lo cual nos va a ocasionar debilidades en nuestros tratados con los países desarrollados, pues se nos están requiriendo en todas las áreas acreditaciones y certificaciones que, si no perfeccionamos la educación superior, no podremos concretar.
El sistema de educación superior fue completamente reformulado. A un modelo monopolizado por los establecimientos estatales se le introdujeron competencia, flexibilidad, libertad, diversidad y gestión moderna, lo que derivó en una compleja red de 62 universidades, 49 institutos profesionales, 113 centros de formación técnica, que operan en 500 sedes, donde alrededor de 50 mil profesores desarrollan 3 mil programas de estudio, con cobertura a 600 mil alumnos.
En el año 82 teníamos 95 mil educandos en las carreras técnicas y alrededor de 135 mil en las profesionales. Hoy día hemos crecido en 400 por ciento en estas últimas y en 4 ó 5 por ciento en las carreras técnicas.
Ésa es la cuestión. Ése es el talón de Aquiles de nuestro sistema de educación superior.
Ahora bien, este proyecto es importante para los profesionales que laboran en el área del Trabajo Social. Pero el problema mayor es el que deberíamos enfrentar en la Comisión de Educación: vamos a marginar a 6 mil egresados de institutos, como expresó el Senador señor Muñoz Barra ; para 4 mil 500 jóvenes que se hallan estudiando no tenemos solución. Eso es, en mi opinión, desigualdad ante la ley. Y yo diría que es hasta inconstitucional.
Por esa razón, señor Presidente , voté que no en la Comisión y mantendré en la Sala ese pronunciamiento.
Hay un proyecto relativo a las matronas; existe otro relacionado con técnicos de la salud. Ambos son importantes. Y creo que deberíamos analizar juntas en la Comisión todas las iniciativas sobre la misma materia, a la luz de la necesidad de perfeccionar nuestro sistema de educación superior.
Por tanto, habiendo dificultades de fondo y sobre la base de que el sistema de educación superior requiere soluciones, mantendré -como dije- mi voto en contra.
Muchas gracias, Honorable colega, por cederme los minutos que le restan.
Señor Presidente , frente al tema que estamos discutiendo, es posible que todos tengamos alguna razón en lo que señalamos. Sin embargo, a hechos concretos, precisos, debemos buscarles soluciones que no se pueden seguir postergando.
Yo comparto como el que más la necesidad de cambiar la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Y lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo en la Comisión de Educación.
Más aún, hubo un proyecto de ley marco que se estudió en forma muy extensa. No logramos acuerdo y se perdió porque, literalmente, estábamos empatados frente a sus normas, entre las cuales se hallaban las que planteaban determinar cuál era el nivel de cada una de las instancias que hoy tiene la educación superior; cuáles eran los ámbitos de los centros de formación técnica y de los institutos profesionales, y qué debía ser la universidad.
Y ello, con un segundo punto agregado sobre esta materia -lo he dicho muchas veces aquí-: en el área de las universidades, como reza la vieja frase, "no están todas las que son, ni son todas las que están". Porque, en definitiva, algunas no cumplen el rol universitario clásico, salvo que la sociedad chilena resuelva que desea otro tipo de enseñanza superior. Pero hoy día la concepción clásica de universidad se da en muy pocos establecimientos de educación superior chilenos.
También es verdad que, como consecuencia de eso, hay otro elemento en que estamos de acuerdo: la pirámide de la educación superior tiene que ser más ancha en la base y de menor nivel cuantitativo en el vértice, que son las universidades. Por cierto, en Chile la pirámide se encuentra invertida.
Entonces, yo comparto que aquello debe cambiarse. Empero, esto no imposibilita entender que no es bueno que ciertas cosas sigan como están. Y una de ellas es ésta: el sistema de enseñanza que se está aplicando en el caso de las trabajadoras sociales no da cuenta de las actuales necesidades de la disciplina respectiva.
Alguien mencionó que prácticamente en todo el mundo existen otros criterios. Sin embargo, tengo aquí un texto entregado por Christine Labonté-Roset , Presidenta de la Asociación Europea de Escuelas de Trabajo Social, que en una de sus partes dice lo siguiente: "en noviembre del 2001, la Comunidad Económica Europea ratificó el que Trabajo Social fuese una de las carreras que debía desarrollarse tanto a nivel de Licenciatura como de Magíster y Doctorado.".
O sea, dicha especialidad requiere el licenciamiento y, por lo tanto, que aprobemos el proyecto en debate.
Y señalo esto porque en el Senado se habla con frecuencia de cómo debemos asimilarnos a determinadas exigencias que está haciendo el mundo más desarrollado. Pero de repente, cuando tratamos, por ejemplo, de los requerimientos y del perfeccionamiento de las disciplinas sociales o de las relativas a salud -como las que vienen en otra iniciativa-, pareciéramos olvidar la fuerza que utilizamos para hablar de aquello.
Señor Presidente , a quienes hemos conocido el trabajo social no nos cabe ninguna duda de que requiere el intangible entregado por la educación universitaria. Porque de lo que los trabajadores sociales realizan dependen personas, al igual que en otras profesiones, pero con mayor fuerza, porque se trata de la vida de seres humanos o de su existencia real, como señaló aquí el señor Senador informante .
Por lo tanto, voy a votar a favor del proyecto.
Ahora, se han expuesto sobre el particular tres argumentos que no comparto.
En primer lugar, se planteó que deberíamos esperar una solución de largo aliento y global en cuanto al problema de la educación superior.
Con el debido respeto, he de puntualizar que llevamos muchos años -y lo he dicho aquí en otras oportunidades- tratando de avanzar en temas sobre los cuales, como Senado, no tenemos capacidad de resolución, por la exigencia de quórum especiales y por nuestras visiones distintas acerca de ellos.
Entonces, definamos si la carrera de Trabajo Social requiere nivel universitario. Si lo requiere, establezcámoslo hoy, mañana o cuando sea necesario. Pero no podemos esperar una solución global, porque ella puede tardar muchísimos años.
En segundo término, se dijo que existe un problema con las personas que estudiaron dicha carrera en institutos profesionales y, por consiguiente, quedarán defraudadas.
Al respecto, me parece -insisto en ello- que debemos resolver en definitiva sobre el proyecto en su mérito, cual es dar nivel universitario a la carrera de Servicio Social.
¿Qué pasará con el resto? Lo que señalaron el Honorable señor Horvath y algunos Senadores de la Concertación: hagamos una homologación que considere tanto lo que hoy se aprende en los institutos como los requerimientos universitarios, para luego posibilitar la realización de un posgrado o, en forma directa, la prosecución de estudios en la universidad, a los efectos de permitir llenar la brecha existente entre ambos tipos de establecimientos.
Y, por último, creo que aquello no debe llamar a escándalo, porque no significa que quienes estudiaron la carrera de Servicio Social en institutos quedarán sin posibilidades de trabajo o sin título viable. Será también un aspecto por definir. Y ello podría extenderse a otras carreras impartidas en dichos establecimientos. Tal ha ocurrido en el caso de quienes siguen la de parvularia: tienen un título universitario y uno en los otros establecimientos.
Por lo expuesto, anuncio mi voto favorable.
El último Senador inscrito para intervenir es el Honorable señor Larraín. Luego se procederá a la votación.
Señor Presidente , doy excusas por hacer uso de la palabra a estas alturas, pues sé que todos quieren votar. Pero la verdad es que este proyecto nos plantea una situación entre difícil e imposible. Porque si lo miramos desde el punto de vista de una carrera, de una profesión, de una actividad, como lo es el trabajo social, resulta bastante complicado emitir un juicio sobre cuál es el nivel que corresponde. En último término, nos lleva a una discusión epistemológica de muy ardua resolución por parte del Senado.
Sin embargo, la dificultad mayor no estriba en eso, sino en que, si seguimos el camino de ir analizando y decidiendo carrera por carrera, estaremos estructurando una normativa bajo la teoría del salame: cortándola a tajaditas.
Ésa no es manera de legislar. Ya dijo un señor Senador que aquí se está tratando de cambiar un sistema, pero en forma oblicua, mediante resquicios, en definitiva, pues se ha planteado el tema de un modo difícil de entender.
Originalmente, cuando se reformó el sistema universitario y se creó el que restringió para las universidades las carreras que requerían licenciatura, definiéndolas en la ley, éstas no eran más de 10 ó 12 (no recuerdo exactamente su número). Ahora ya se han autorizado 17.
Aparte de este proyecto, en la tabla de hoy figura otro que, por razones semejantes, plantea incorporar una carrera más, sin contar otra iniciativa -alguien la señaló- referida a los tecnólogos médicos. Es decir, estamos haciendo un análisis casuístico, en lugar de abocarnos al problema de fondo.
¿Por qué lo digo? Porque aquí no se trata de la jerarquía o dignidad de una carrera -como manifesté, es un juicio difícil de emitir-, sino de la estructura que queremos para nuestra educación superior. Porque el concepto que subyacía en esa lista -que era excepcional, exclusiva- consistía en lo siguiente. La educación superior está constituida por universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Cada cual tiene tales objetivos. En general, todos pueden impartir ciertas carreras. La limitación, en el caso de los institutos profesionales (y eso los diferenciaba de los centros de formación técnica), es que ninguna de ellas puede durar menos de 4 años. No obstante, respecto de las universidades se dijo: "Aquellas que deben tener el grado de licenciado"; y se las definió abiertamente, pero restringiéndolas -como expresé- a unas pocas.
Por lo tanto, si en vez de aplicar el criterio de la excepción seguimos el de la apertura -cosa que me parece perfectamente discutible-, estaremos dejando a la educación superior con un nivel sin objetivos, porque, en el fondo, la continuidad legislativa por este camino nos conduce a terminar con el sentido de los institutos profesionales y a forzar para la educación superior una sola institucionalidad: la universitaria.
Ése era el sistema antiguo. Eso fue lo que ocurrió con el desarrollo de la reforma, sobre todo en la década de los 60, cuando se produjo una explosión universitaria, con un gran crecimiento en el número de matrículas y en las posibilidades de los planteles del sector para satisfacer las demandas por educación postmedia.
Para atender dichas demandas, las universidades generaron todo tipo de carreras. Cuanto quería tener algún sentido debía estar al interior de aquellos establecimientos. Y eso dio lugar a una institucionalidad con múltiples objetivos, pero sin claridad.
La legislación vigente corrigió esa situación. Para bien o para mal, logró ordenar. Lo que nosotros estamos haciendo es, no queriéndolo, modificar el actual sistema -porque pareciera que no nos atrevemos a reformarlo derechamente- y, al mismo tiempo, pretender mantenerlo.
Me parece que esos dos propósitos son contradictorios. O tenemos universidades en que las posibilidades de otorgar títulos queden circunscritas a los grados académicos y las profesiones sean las menos, y dejamos, por tanto, que los institutos profesionales ofrezcan otros en forma genérica, o estos últimos dejan de existir. Pero no podemos conseguir las dos cosas a la vez.
Ir decidiendo caso a caso en proyectos diferentes nos desvía de la definición de una política de educación superior para Chile y, en consecuencia, es un mal camino.
Por eso, creo que, más allá de las bondades o falencias de esta iniciativa, estamos legislando en forma equivocada.
Corresponde votar.
El Senador señor Parra pidió a la Mesa definir el quórum necesario para aprobar este proyecto.
El informe de la Comisión de Educación señala que esta iniciativa es de rango orgánico constitucional. No es ése, sin embargo, el criterio de la Mesa. Y voy a declarar que el quórum es de ley simple.
Se trata de un asunto de difícil solución, pero que, a mi juicio por lo menos, debe ser resuelto en función de la Carta Fundamental, que en su artículo 19 -contenido en el capítulo relativo a los derechos y deberes constitucionales- consigna dos normas sobre la materia.
El número 11º de dicha disposición estatuye en su inciso final: "Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel;".
El mencionado inciso habla, de manera clara y explícita, de los niveles de la educación y del reconocimiento oficial de los establecimientos.
Si ése fuera el único precepto constitucional referido a la materia, podría ser discutible que el otorgamiento de un grado o título constituyera nivel.
Sin embargo, el número 16º, inciso cuarto, del mismo artículo 19 -asegura la libertad de trabajo y su protección- es explícito en cuanto al tema que hoy está discutiendo el Senado. Dice a la letra en su parte final: "La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas".
Esa norma habla de "La ley" y no de "Una ley orgánica".
Se trata, entonces, de un mandato constitucional respecto de este asunto específico. Y estamos frente a un proyecto relativo precisamente a una profesión que requiere grado o título universitario.
En consecuencia, existiendo sobre la materia una norma constitucional explícita que no exige el requisito de ley orgánica constitucional, la Mesa determina que el proyecto, para ser aprobado, precisa quórum simple.
--Se aprueba en general el proyecto (23 votos contra 7 y 4 abstenciones), y se fija el 8 de junio próximo, a las 12 horas como plazo para formular indicaciones.
Votaron por la afirmativa los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Cantero, Flores, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Moreno, Muñoz Barra, Naranjo, Núñez, Páez, Parra, Pizarro, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo), Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Arancibia, Cordero, Fernández, Martínez, Matthei, Prokurica y Vega.
Se abstuvieron los señores Canessa, Larraín, Orpis y Stange.
En este momento ha llegado a la Mesa el segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y el informe de la Comisión de Hacienda recaídos en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.502, en relación con el impuesto al gas, y establece regulaciones complementarias para la utilización del gas como combustible en vehículos, iniciativa con urgencia calificada de "simple" (boletín 2.701-15).
Proyecto de ley de la Cámara de Diputados que establece un impuesto específico a la actividad minera, con informe de la Comisión de Minería y Energía y urgencia calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (3772-08) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 41ª, en 5 de abril de 2005.
Minería y Energía, sesión 51ª, en 11 de mayo de 2005.
Los principales objetivos de la iniciativa son modificar la Ley sobre Impuesto a la Renta para establecer un impuesto específico a la renta obtenida por la venta de productos mineros, así como el decreto ley Nº 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera, de forma de compatibilizar con tal gravamen las garantías de invariabilidad tributaria para nuevos proyectos mineros.
La Comisión, luego de escuchar a los señores Ministros de Hacienda y de Minería sobre el contenido de la normativa y de recibir en audiencia a una serie de entidades relacionadas con la actividad minera cuyas opiniones constan en el informe, aprobó en general la idea de legislar por cuatro votos a favor, de los Honorables señora Frei y señores Núñez, Páez y Prokurica, y la abstención del Senador señor Orpis. Los fundamentos de esos pronunciamientos también se transcriben.
Y se consigna, asimismo, el texto que se propone acoger en general y que corresponde al despachado por la Honorable Cámara de Diputados en el primer trámite.
Finalmente, el proyecto, en su segundo informe -y tal como se dio a conocer en los acuerdos de Comités-, será analizado por las Comisiones de Hacienda y de Minería y Energía, unidas.
Antes de que intervenga el señor Presidente de ese último órgano técnico, pido el asentimiento de la Sala para que asistan a la sesión el señor Marcelo Tokman, Coordinador de Políticas Económicas , Ministerio de Hacienda, y del señor Mario Cabezas, Subsecretario de Minería .
Señor Presidente , además, me gustaría que usted recabara el acuerdo para que dichas Comisiones unidas pudiesen sesionar simultáneamente con la Sala a contar de las 18:30, con el objeto de ocuparse justamente en el proyecto.
Primero debe ser aprobado en general.
Entonces, para ese caso.
Puede usar de la palabra, Su Señoría.
Señor Presidente , Honorable Senado:
En el mensaje cuyo contenido paso a exponer y entre los considerandos que acompañan la iniciativa, Su Excelencia el Presidente de la República destaca que, desde el punto de vista jurídico, la Carta Fundamental consagra, en su artículo 19, Nº 24, inciso sexto, el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas para el Estado. Añade que éste las concesiona para su explotación, en virtud de lo dispuesto en la ley Nº 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.
Plantea que, desde la óptica económica, los recursos minerales no renovables poseen un valor intrínseco, debido a la posibilidad de explotarlos rentablemente, y que, no obstante, en la actualidad el concesionario los aprovecha en forma gratuita, como si se tratase de un bien sin valor económico.
Expone que no cobrar por el uso de un insumo provoca una disminución artificial en los costos de extracción y procesamiento de productos mineros. Agrega que esa disminución artificial en el costo de explotación genera incentivos para sobreexplotar, ya que los oferentes toman decisiones de producción sobre la base de los costos que enfrentan, y que, además, dada la naturaleza no renovable de los minerales, el país perdería una importante fuente de ingresos y bienestar en caso de un eventual agotamiento de esos recursos. Señala que el establecimiento de un impuesto específico como el propuesto en el presente proyecto de ley corrige ambas situaciones.
Y finalmente expresa que el derecho del Estado a cobrar impuestos específicos a la actividad minera, por lo demás, ha sido aceptado por todas las naciones que explotan tal capital natural no renovable y que éstas han aplicado diversas fórmulas de reposición económica de dichos recursos, creando los instrumentos para que se capitalicen adecuadamente los fondos que se perciben por tal concepto.
El presente proyecto, que determina un impuesto específico a la renta operacional de la actividad minera obtenida por un explotador minero, persigue dos objetivos fundamentales:
1) Por un lado, modificar la Ley sobre Impuesto a la Renta, para establecer un impuesto específico a la renta obtenida por la venta de productos mineros. Su tasa será de 5 por ciento y quedarán exentos los explotadores mineros cuyas ventas anuales sean iguales o inferiores a 8 mil unidades tributarias anuales.
En primer lugar, el impuesto específico no se aplicará a aquellos explotadores mineros cuyo margen operacional por la venta de productos mineros sea igual o inferior a 8 por ciento. Se entiende por margen operacional la razón entre la renta imponible operacional y los ingresos por ventas de productos mineros en el ejercicio correspondiente. Lo anterior se funda en la circunstancia de no transformar proyectos marginalmente rentables en proyectos no rentables por la sola aplicación del impuesto.
En segundo término, tampoco se aplicará a aquellos explotadores cuya venta anual de productos mineros no exceda de 8 mil unidades tributarias anuales. Por el tamaño de operación de la pequeña y mediana minería, los márgenes con que se trabaja y los costos de administración del impuesto, no resulta conveniente comprender a dichos segmentos.
2) Por el otro, introducir modificaciones al decreto ley Nº 600, de 1974, Estatuto de la Inversión Extranjera, de forma de compatibilizar con el impuesto específico las garantías de invariabilidad tributaria para nuevos proyectos mineros.
Para lograr esos objetivos, se modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974; el Estatuto de la Inversión Extranjera, incluido en el decreto ley Nº 600, de 1974, y el decreto ley Nº 1.349, de 1976, Ley Orgánica de la Comisión Chilena del Cobre.
La Comisión consideró apropiado que la actividad minera realice un mayor aporte al desarrollo del país. Sin embargo, algunos de sus miembros discreparon del mecanismo. Uno de ellos fue de parecer que lo adecuado para lograr este mayor aporte son las patentes y no un nuevo impuesto. O bien, plantearon diversas inquietudes a los señores Ministros. Algunas de ellas son las que paso a exponer resumidamente.
En primer lugar, la situación de la mediana minería y su intención de que quedaran excluidas las empresas del impuesto que crea el proyecto, por estimar que no son comparables con los costos y volúmenes que maneja la gran minería. Además, se trata de empresas nacionales que pagan impuestos y no están acogidas a los beneficios del decreto ley Nº 600.
Para tal efecto, los miembros de la Comisión solicitaron que se estudien medidas para que dicho sector quede exento de la aplicación de ese tributo.
En segundo término, la necesidad de destinar un porcentaje importante de los mayores recursos recaudados en las zonas mineras, a fin de mejorar la situación comparativa de estas regiones, las cuales se hallan desmedradas frente al resto del país, así como proponer polos de desarrollo a nivel de investigación y de tecnología aplicada.
Dicha idea nace hace aproximadamente una década de diversos expositores entre ellos el Diputado señor Carlos Vilches y el Senador señor Lavandero , y siempre se plantea sobre la base de poder resarcir a las regiones desde donde se extraen recursos no renovables. Sin embargo, la iniciativa en debate no incluye esa materia, y diversos Parlamentarios hicieron presente la necesidad de establecer alguna relación entre la generación de esos recursos y el beneficio para las zonas de donde proceden.
Tercero, la importancia de revisar la situación de la minería no metálica y la del hierro.
Finalmente, la necesidad de efectuar correcciones a las normas aprobadas por la Cámara de Diputados.
Los señores Ministros de Hacienda y de Minería se comprometieron a estudiar los planteamientos de la Comisión, a fin de lograr un consenso respecto de las indicaciones que se presenten en el segundo informe.
Con el objeto de que los señores Senadores conozcan las nuevas modificaciones, tienen a su disposición las indicaciones del Ejecutivo , que acogen varias de las propuestas por los miembros de la Comisión de Minería.
Es cuanto puedo exponer, señor Presidente.
Señor Presidente, esta materia fue largamente discutida el año pasado, de manera que no procede repetir todos los planteamientos expuestos en esa oportunidad.
Muy brevemente deseo señalar que mi apoyo al proyecto se basa en que, primero, no hay ninguna duda de que, por tratarse de un recurso natural no renovable, se genera una renta económica que justifica la aplicación de un gravamen especial. Por lo tanto, en modo alguno es discriminatorio.
Asimismo, ello significa que no existe ningún otro sector que pueda calificarse de productor de un recurso natural no renovable. Es decir, esa denominación no es aplicable por extensión a otros sectores productivos. De manera que no hay un efecto imitación que derive del proyecto en análisis, lo cual me parece muy importante, dados los temores que rodean a esta materia. Por ejemplo, los peces pueden tener dificultades para reproducirse y es posible que hayan sido sobreexplotados, pero eso corresponde a condiciones de renovación y no al hecho de que no sean renovables. Lo mismo sucede con los árboles, que se plantan y crecen.
Por otro lado, la cuantía de la renta económica que genera la explotación de un recurso natural no renovable no es un problema de la cantidad que se saca de la tierra, sino que tiene que ver con el costo de dicha extracción, con la ley del mineral, con los costos de exploración, con las distancias que recorre el transporte que lo lleva a los puertos o a los centros de consumo, y por cierto, con el precio del mineral.
De allí que resulte lógico aplicar este gravamen al concepto que el proyecto denomina "renta imponible operacional", el cual implica ajustes de varias cosas que no deben incluirse en los costos y que sí aparecen en lo que es propiamente renta imponible para efectos del cálculo del impuesto a la renta.
Esto es muy esencial, porque es la forma en que un impuesto moderado, que toma en cuenta elementos del costo -específicamente la exploración y la ley del mineral-, no se convierta en un desincentivo para invertir a futuro, permitiendo a Chile mantener su condición de gran productor y exportador de cobre.
La lógica del proyecto se refuerza con las indicaciones que presentó -o que presentará- el Ejecutivo , que analizaremos durante la discusión en particular en Comisiones unidas, en orden a hacer una excepción para fijar un límite mínimo de producción, el que de 8 mil toneladas pasó a 12 mil, desde donde se impone un gravamen creciente hasta las 50 mil toneladas, cantidad a partir de la cual se aplica la tasa máxima. Ello, por la simple razón de que lo importante es que la renta económica extraída sea significativa. Por eso, la pequeña empresa minera queda excluida porque no hace una excepción de renta significativa y, en cambio, su funcionamiento se ve afectado -bien lo sabemos- por otras dificultades.
Por último, me parece que todos los antecedentes -repito: se señaló el año pasado- apuntan a que las tasas y las condiciones en que se aplica este gravamen -hay ejercicios de simulación basados en estudios de la Universidad de Colorado y en otros citados por el Decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile- permitirán al país continuar manteniendo su actual situación, ligada a ventajas comparativas privilegiadas en términos de producción minera. El atractivo minero chileno no disminuye significativamente en modo alguno por el establecimiento del referido gravamen, dada la naturaleza moderada de éste y las reglas que presiden la aplicación propuesta.
Antes de continuar la discusión, debo informar que hay ocho señores Senadores inscritos y que quedan tres minutos para el término del Orden del Día. Sin embargo, los Comités acordaron, por unanimidad, despachar hoy este proyecto y el relativo a la rebaja del impuesto al gas. O sea, una iniciativa aplica un impuesto y, la otra, disminuye un impuesto.
Propongo a la Sala prorrogar el Orden del Día hasta despachar ambos proyectos.
Se trata de un acuerdo unánime de los Comités.
Si hay oposición, se dará por concluido el debate y se procederá a votar de inmediato. Es una cosa u otra.
Repito: reglamentariamente un acuerdo unánime de los Comités nos obliga a despachar hoy ambos proyectos.
Si no hay mayoría para extender el Orden del Día, la Mesa primero pondrá en votación la iniciativa en discusión, y en seguida, previo un breve informe, la que disminuye el impuesto al gas.
Señor Presidente , deseo fundamentar mi voto.
No podemos votar, señor Presidente , porque no hemos intervenido.
En conformidad al Reglamento, sí se puede votar.
Insisto: reglamentariamente debemos atenernos al acuerdo unánime de los Comités que obliga a la Mesa...
¡Y a la Sala!
...y también a la Sala a tratar las dos materias señaladas. Para ello es necesario ampliar el tiempo destinado al Orden del Día, a fin de que los señores Senadores puedan exponer sus puntos de vista. Pero si no hay acuerdo, no queda otra opción que poner de inmediato en votación el proyecto en debate.
Señor Presidente , solicito fundamentar mi voto, conforme al Reglamento.
En votación nominal, con fundamento de voto.
¿Por qué no abre la votación, señor Presidente , para que podamos ir dejando el voto? ¡Es mucho más fácil!
Ya estamos en votación. Los señores Senadores que quieran fundar su voto obviamente tienen derecho a hacerlo.
Señor Presidente , señores Senadores, admito que uno de los temas relevantes en el proyecto se refiere al mayor aporte que debería realizar la minería, especialmente en las regiones donde se encuentran ubicados los yacimientos, para compensarlas y crear actividades permanentes cuando éstos dejen de explotarse. Admito que, desde mi punto de vista, esta contribución puede y debe ser mayor.
Sin embargo, tal como vengo señalando desde que se discutió el primer proyecto sobre royalty, difiero en el instrumento.
Tengo la convicción de que el mecanismo natural son las patentes: no provoca las distorsiones en materia tributaria que he mencionado anteriormente; asegura que un porcentaje muy importante de su recaudación se quede en la comuna y en la región donde están ubicados los yacimientos, y reconoce la distinta naturaleza de los diferentes tipos de minerales.
El proyecto que se presenta a la consideración del Senado sin duda constituye un avance con relación a la iniciativa anterior. Se respetan el derecho de propiedad sobre las pertenencias mineras y los contratos válidamente suscritos por el Estado de Chile con los inversionistas, en lo relativo a la invariabilidad tributaria.
Señor Presidente , señalé que, desde mi punto de vista, el instrumento natural son las patentes. Al respecto, se hizo una propuesta muy formal en esta materia, pero, desgraciadamente, no fue acogida. Pese a ello, con ciertas perfecciones, la presentaré en la discusión particular, al menos para dejar una constancia sobre el tema.
En esa proposición, se plantea incrementar la contribución de la minería en los lugares donde se encuentran ubicados los yacimientos y aumentar el valor de las patentes, que en la actualidad alcanza a cinco dólares anuales por hectárea. En mi concepto, este valor puede ser incrementado sin dañar el desarrollo minero. Por el contrario, una propuesta de esta naturaleza favorece la entrada de más actores. Confirma lo anterior el hecho de que, dentro del total de concesiones, es una fracción muy menor la que, en definitiva, está siendo explotada.
Además, se exime del aumento de la patente minera a la pequeña minería metálica y no metálica a partir de una superficie de cinco mil hectáreas y a las pertenencias de exploración inferiores a esa superficie. Y se acentúa el cobro a las mayores pertenencias no explotadas para dar mayor movilidad y desincentivar la concentración.
Se manifiestan, y quedan claramente establecidas, las diferencias entre la minería metálica y no metálica.
Se postula que la transferencia de los recursos -quiero rescatar esto- debe beneficiar a los lugares donde están ubicados los yacimientos. Tales fondos debieran destinarse al área educacional, que es la gran palanca para provocar la movilidad social.
Señor Presidente, una de las grandes debilidades del proyecto es que no se ha discutido en forma paralela el destino de estos recursos. No hay ninguna certeza de que ellos efectivamente lleguen a las regiones y a las comunas donde se encuentran los yacimientos. En general, la experiencia que tenemos con los distintos fondos me hace tener serias dudas respecto del fin de tales recursos.
En aras del tiempo, sólo haré dos alcances más.
En primer lugar, creo que un gran capital que tenía Chile hasta hace poco era la no discriminación tributaria en lo que se refiere al impuesto a la renta. Las grandes virtudes hoy día en materia minera no se dan en el ámbito de las ventajas comparativas, sino en el de las competitivas. De estas últimas, una de las más importantes tenía que ver con que este tributo no era discriminatorio. Hoy día, con el actual proyecto, se rompe la neutralidad.
En segundo término, el Senador señor Boeninger hizo referencia a las rentas económicas. La verdad es que éstas no sólo existen respecto de los recursos naturales no renovables, sino también, de los renovables.
Sobre el particular, mencionaré un ejemplo.
En la salmonicultura se produce una renta económica, porque se opera en ríos, lagos, fiordos. Como éstos son limitados, no todos pueden entrar a esta actividad. Ello genera una renta económica.
Pasa lo mismo en sectores no competitivos.
Por lo tanto, aquí estamos creando, independiente de que hoy día se opere sobre recursos no renovables, el precedente de terminar gravando las rentas económicas. Y el día de mañana puede haber razones muy justificadas para hacer lo propio respecto de recursos renovables o de sectores poco competitivos.
Por eso, señor Presidente , en función de estos dos aspectos en materia impositiva (discriminar en torno a un sector productivo y crear el precedente de gravar una renta económica), a mi juicio, estamos ante un cambio tributario de mayor envergadura.
En consecuencia, como considero que aquí debe existir mayor aporte de parte de la minería...
...pero difiero básicamente del instrumento, me abstengo.
Señor Presidente , Chile ha retomado con fuerza la senda del crecimiento, inaugurando un ciclo que promete ser, además de vigoroso, prolongado. Los favorables desarrollos recientes del entorno internacional y su futuro previsible abren hoy inmejorables perspectivas para sentar las bases para una nueva etapa de desarrollo que beneficie más equitativamente a todas sus Regiones y a toda su gente.
La combinación de estabilidad y confianza que hoy proyecta el país, factor clave en la generación de inversiones, crecimiento económico y progreso social, más el favorable entorno económico mundial, que se ha traducido en una fuerte demanda por materias primas -entre ellas, el cobre-, permiten al país una extraordinaria oportunidad para situarse en el umbral del desarrollo.
Nuestro desafío consiste, entonces, en aprovechar el momento que se nos presenta, convirtiendo lo que podría ser un impulso transitorio en un factor de desarrollo duradero. La experiencia de los países ricos en recursos naturales, que abordaron con éxito retos análogos al nuestro al invertir en innovación y agregar valor y conocimiento a sus ventajas comparativas, muestra el camino que debiéramos seguir.
Por ello, el apoyo al proyecto de impuesto a la actividad minera es de gran importancia para Chile, ya que permitirá que las empresas del sector realicen un aporte justo a la sociedad y, al mismo tiempo, que nuestro país cuente con los recursos necesarios para financiar actividades que aumenten su esfuerzo innovador, al abarcar los campos de la ciencia, la tecnología aplicada y la formación de recursos humanos especializados, con especial énfasis en la inversión en Regiones.
La Constitución consagra la propiedad del Estado sobre los recursos mineros. Éstos tienen un valor económico que es transferido en forma gratuita a los concesionarios mineros, quienes obtienen una renta producto de su explotación. Una forma en que el Estado puede cobrar un precio por estos recursos minerales es a través de un royalty o regalía minera que grave la renta generada por esa explotación.
El Ejecutivo ha estimado que optar por la alternativa de establecer un royalty significaría la postergación innecesaria de la discusión y el riesgo de patrocinar una iniciativa de carácter testimonial. Por el contrario, la opción de un impuesto específico que cumpla el mismo objetivo de la regalía minera, implica la discusión inmediata de un proyecto que proveería al Estado de recursos para ser destinados a ciencia y tecnología.
Sin embargo, un impuesto que grave la renta de los explotadores mineros resulta incompatible con las garantías de invariabilidad tributaria de que gozan los inversionistas extranjeros en virtud de los contratos leyes firmados con el Estado. Es por ello que la iniciativa incluye diversos incentivos y disuasivos para lograr que tales inversionistas renuncien a la invariabilidad tributaria actual y se sometan al régimen impositivo que se crea.
Por esto y por una serie de descripciones del proyecto que no explicaré ahora, pues prefiero no alargar mi intervención, voto a favor.
Señor Presidente , debo presidir la Comisión de Pesca, que iniciará su labor dentro de unos minutos. Por lo tanto, solicito fundar mi voto ahora.
¿Habría acuerdo en la Sala para ello?
Abra la votación para esta iniciativa y la próxima, señor Presidente .
No, señor Senador. La votación se encuentra abierta sólo para este proyecto.
Una vez terminada, abordaremos la iniciativa que modifica el impuesto al gas. En su momento se harán sonar los timbres para que los señores Senadores que estén en Comisiones vengan a votar, porque dicho proyecto requiere quórum orgánico constitucional para su aprobación.
Tiene la palabra el Senador señor Ávila, para fundar el voto.
Señor Presidente , hasta 1989 las grandes empresas mineras debían pagar tributo en función de las ventas: un 4 por ciento de acuerdo al principio de la renta presunta. Era un impuesto seguro. Nadie se pronunció nunca por cambiar esto.
El festín de las transnacionales con el cobre chileno -a espaldas de todos, por cierto- tiene su base legal en la ley Nº 18.985, que aumentó el IVA de 16 a 18 por ciento y la tasa del impuesto de primera categoría, de 10 a 15 por ciento.
El contrabando consistió en cambiar la renta presunta a que estaban sometidas las empresas mineras por renta efectiva. Esto es, si obtienen utilidades, pagan; si no, no pagan. Salvo La Escondida, ninguna otra empresa obtuvo utilidades.
Pero esto no era todo.
Surgió, además, la figura del costo de pertenencia. Cada tonelada que el concesionario extrae del yacimiento -que, por cierto, disminuye en igual proporción el patrimonio del Estado- da pie a que se contabilice como costo de producción del concesionario.
En el mal llamado proyecto "Royalty II", las únicas empresas que pagarían impuesto eran las chilenas. Las transnacionales, pese al buen precio del cobre, podrían seguir teniendo pérdidas, ahora valiéndose de los mercados de futuro. Una operación riesgosa -entre comillas-, con una filial, resuelve el problema.
A este respecto, señor Presidente , se encargó a una Comisión Especial el estudio de la tributación de las empresas mineras, de cuyo informe se dio cuenta a la Sala el 16 de junio de 2004. En el número III, letra C) -relativa al cierre de las brechas tributarias-, del resumen que se nos entregó en su oportunidad, se consigna lo siguiente: "Ésta [la Comisión], por unanimidad, ha creído necesario cerrar las brechas tributarias, y restablecer a COCHILCO las facultades de fiscalización que le fueron cercenadas a fines de 1989.".
El razonamiento era que no tenía lógica crear impuestos sobre las utilidades si se dejaba abierta la posibilidad de que, a través de resquicios, las empresas siguieran arrojando pérdidas.
¿Cuáles son estas brechas tributarias? Una, los precios de transferencia. Dos, la pérdida en los mercados de futuro.
Entonces, bastaría solamente con agregar -indicación que, por cierto, haremos llegar en su momento- un nuevo inciso al artículo 36 de la Ley de la Renta, que disponga: "Las pérdidas en los mercados de futuro de metales y en cualquier otro mercado de valores que no correspondan al giro de la empresa serán consideradas gastos no necesarios para obtener la renta".
Otra brecha es el endeudamiento con financieras relacionadas.
Y, por último, está el denominado costo de pertenencia. Mediante esta figura -como ya señalé- las empresas mineras increíblemente contabilizan como costo propio la pérdida de patrimonio del Estado de Chile.
Señor Presidente , desde luego la denominación es equívoca. Se ha insistido en llamar "royalty" a un impuesto a las utilidades. No hay que confundir los términos, porque, en medio de este cambio de nomenclatura, algunos, quizás, se aprovecharán en el futuro para declarar como cerrada toda discusión acerca del royalty, pues supuestamente ahora estamos legislando a ese respecto.
Por lo tanto, insisto en que es una mera ilusión, un gesto retórico, plantear un tributo que...
...podría correr la misma suerte que aquellos que se encuentran vigentes hasta ahora y que, sencillamente, son hechos sal y agua a través de las denominadas "brechas tributarias".
En razón de que este pequeño, modesto, tímido impuesto podría desaparecer como elemento eficaz para captar recursos, voto en contra del proyecto.
Señor Presidente , al igual que el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, considero que la iniciativa es un esfuerzo demasiado modesto para lo que el país tiene derecho a esperar respecto de su principal recurso natural.
El proyecto que estamos votando en este momento es estrictamente de orden fiscal; crea un impuesto específico a la minería, que es de pequeño monto, y, por la misma razón, no forma parte de un contexto mayor, como era nuestra esperanza.
Se ha dicho, en efecto, que el objetivo del establecimiento de este tributo es que el país financie un esfuerzo adicional para el desarrollo científico y tecnológico. Pero, hasta la fecha, la iniciativa legal que crea un fondo para este fin no ha sido ingresada a trámite legislativo.
Nuestra esperanza, como radicales, era que ahora se hubiera dado el paso de modificar sustancialmente las bases de nuestra política y legislación minera.
Por esa razón, la semana pasada ingresamos dos proyectos de ley: el primero -el más importante- establece el carácter no concesible del cobre, materia a la que le damos el alcance de una verdadera segunda nacionalización, y el otro modifica la ley Nº 16.624, para obligar a las empresas de la gran minería a constituirse como sociedades anónimas.
Y en los próximos días presentaremos una tercera iniciativa, que tiene por objeto fortalecer las facultades del Ministerio de Minería y de COCHILCO, particularmente en el ámbito de la regulación respecto de la producción y la exportación de cobre.
Desgraciadamente, todavía no hemos recibido señales que indiquen que ese esfuerzo es compartido por el Estado. Estamos convencidos de que esto es indispensable, porque la política minera que se puso en marcha a partir de los años 80 ha resultado un verdadero fiasco para Chile. El interés general está fuertemente desprotegido y, consecuencialmente, los chilenos, en rigor propietarios de esos recursos, no reciben el retorno y los beneficios que debieran derivarse de esa explotación.
Sin embargo, señor Presidente , no puedo desconocer que ha sido extraordinariamente duro y difícil el camino para llegar a este paso modesto. Ha habido infinidad de dificultades. Y quiero aprovechar este minuto para recordar con emoción y afecto la figura del Senador Jorge Lavandero , quien durante años nos ilustró sobre esta materia con intervenciones de fondo que, a la larga, no pudieron ser desmentidas ni desconocidas tanto en su mérito como en su contenido.
Votaré a favor la idea de legislar. Sin embargo, me reservo el derecho de pedir en la sesión de mañana votación separada respecto de algunas normas, en particular sobre las relacionadas con la invariabilidad tributaria y el nuevo artículo 11 ter que se pretende introducir en el decreto ley Nº 600.
Además, las disposiciones transitorias, desde mi punto de vista, son inconstitucionales. Naturalmente, no me pronunciaré a favor de ellas, entre otras cosas, porque el hacerlo sería validar un supuesto contrato ley establecido en dicho cuerpo legal que, en mi opinión, no sólo no tiene ese carácter, sino que también daña severamente el interés general del país.
Señor Presidente , seré muy breve, no para analizar el proyecto en sí mismo, sino para poner de manifiesto dos cosas.
La primera es que la votación tranquila, serena, con pocos Senadores y sin muchos periodistas muestra lo que significa el que hoy estemos aprobando el royalty.
Segundo, hemos seguido la historia del cobre en la perspectiva de nuestro Partido, que ha sido el alma máter de diversas observaciones y políticas, con la participación de grandes dirigentes de la Democracia Cristiana y de muchas colectividades políticas y militantes de otras tiendas.
Por eso, en verdad, deseo recalcar el valor de esta votación.
Éste es el tercer proyecto que en los últimos cuarenta años permite legislar sobre nuestra riqueza minera básica. Primero fue el relativo a la "chilenización"; luego vino el de la nacionalización, y ahora éste. Cada uno tuvo las características especiales del momento.
La chilenización fue posible llevarla a cabo en los términos en que se dio. No podíamos avanzar más en ese instante, a pesar de que todos deseábamos que se lograra mucho más con esa iniciativa. Sin embargo, respondió a la realidad política de aquel entonces. Eso abrió definitivamente el debate para alcanzar la nacionalización del cobre años después.
Como aquí se ha señalado, el proyecto actual data de mucho tiempo. Desde hace prácticamente quince años varios de nosotros requeríamos este cambio. Hoy día, es digno de resaltarlo por el significado que reviste.
Pero, además, quiero referirme a dos aspectos que nos atañen particularmente en este momento, sin por ello demeritar la participación de otros señores Senadores y Partidos.
Deseo destacar, primero, lo expresado aquí por el Honorable señor Parra , que agradecemos: poner en claro, en blanco y negro, la permanente preocupación de uno de los nuestros, el Senador señor Lavandero , quien hubiera deseado estar aquí. Estoy cierto de que en la historia de esta futura ley y más allá de los detalles del proyecto, tenemos la obligación de destacar su preocupación y su lucha incansable, que lo llevó inclusive a colocarse en una situación incómoda, por cuanto muchos creían que estaba volando contra el viento y que no lograría nada.
Por eso lo señalo esta tarde.
En segundo lugar, señor Presidente y Honorables colegas, éste es un tema país que se relaciona con el desarrollo futuro de Chile. Tal vez ésta será una de aquellas votaciones donde uno no puede dejar de sentirse satisfecho de haber participado, sin perjuicio de las mejoras que deben hacerse al proyecto.
Conversábamos con algunos Honorables colegas sobre la posibilidad de luchar por el maximalismo o por la evolución positiva y creativa, viejo dilema de quienes pretendemos cambiar el mundo.
Esta iniciativa es importante para nosotros. En mi condición de jefe de la bancada de los Senadores democratacristianos, debo destacar el esfuerzo que hicimos ante el Gobierno y los otros Partidos de la Concertación por allegar nuestros puntos de vista. La disposición favorable de todas las partes nos permitió alcanzar una votación unánime al interior de ella. Yo desearía que también fuera unánime en el Senado, porque si uno mira el largo pasado en que hemos estado abocados al tema, observará que nunca pudimos lograr un cambio. Por eso el que ahora se propone bien merece nuestro apoyo.
"Nada es fácil en el cobre", dijo cierta vez un gran dirigente de nuestro Partido. Pero nada es pequeño y nada es más necesario cuando se trata de transparentar las políticas vinculadas con el metal rojo.
Por lo tanto, señor Presidente , aunque mi discurso es un tanto distinto de lo que requiere una materia técnica como ésta, deseo dejar de manifiesto estas ideas. Y creo que el Senado debe preciarse de contar con una enorme mayoría para aprobar el proyecto.
Señor Presidente , estamos dando un paso tremendamente significativo. Sólo basta ver las cifras en juego para tener conciencia de lo que se está haciendo.
No se trata de algo menor, toda vez que, de seguir las exportaciones al ritmo que van, la minería llegará a los 20 mil millones de dólares. Y en esto, por cierto, el cobre es lejos lo más relevante. Si el precio se mantiene a un dólar con 50 centavos la libra, la cantidad será del orden de los 16 mil a los 18 mil millones de dólares.
Los subproductos del metal rojo -respecto de los cuales muchos ni siquiera saben de su existencia o que se relacionan con dicho metal-constituyen, después del mineral mismo, el mayor producto de exportación de Chile. Si se suman el oro, la plata y el molibdeno, que este año llegarán aproximadamente a los 2 mil millones de dólares, podemos ver la importancia de lo que tenemos que resolver hoy día.
Por eso, al proponerse un royalty por el uso de un recurso no renovable -en todas partes del mundo se paga por ello-, se está en la dirección correcta estableciendo un impuesto, entre otras cosas, porque una parte muy importante de la producción de cobre, que fundamentalmente es de propiedad privada o extranjera -son alrededor de 4 mil millones de toneladas-, pagaba poco o nada.
Entre otras razones, eso también nos lleva a dar este paso.
En consecuencia, debemos tener clara conciencia de que al fijar este royalty estamos, en realidad, avanzando en la determinación de una verdadera política minera para Chile.
Dicho impuesto no es discriminatorio, porque incluye además a la pequeña y mediana minería. En la forma en que estaba originalmente no era viable fijar la misma tasa para una empresa cuya producción está por sobre el millón de toneladas de cobre que para otras en que ella fluctúa entre las 2 mil a 40 mil toneladas, que corresponden a la mediana minería. ¡No es lo mismo!
Por eso, nos parece de justicia que hoy día se proponga para la mediana minería una tasa progresiva muy menor a la que se sugiere para la gran minería.
De otro lado, debe quedar en claro que aquí también vamos a legislar para evitar los holdings o las empresas que van en cascada unas con otras, lo que prácticamente hace que no paguen impuestos, porque se separa propiamente la etapa de extracción minera de lo que es el tratamiento, el procesamiento o la comercialización del cobre. Todo ello implica que muchas veces se evite el pago de tributos. Sin embargo, esto quedará cautelado hoy en debida forma.
Es necesario que pongamos más atención en un tema de esta envergadura si queremos ser un país desarrollado. De los 4 millones de toneladas de cobre que exporta actualmente la minería privada o la extranjera desde Chile, cerca de 3 millones van en tierra, en concentrados, sin procesamiento y prácticamente sin trabajo agregado, lo que resulta bastante injusto para una nación que necesita desarrollarse.
Deberíamos abordar estos asuntos con mayor plenitud si deseamos que en Chile realmente existan posibilidades y que el cobre no sea tratado como cualquier otro recurso, porque es el más importante que tenemos. Pese a ello, sin darnos cuenta, caemos en el infantilismo de creer que estas cosas son menores o irrelevantes.
Me alegro del paso que estamos dando, y espero que otros nos permitan situar nuestro desarrollo y la economía chilena en la dirección correcta.
Me congratulo de igual modo de que haya una diferencia entre la pequeña y mediana minería y la gran minería. Las dos primeras -constituidas por capitales e ingenieros chilenos- requieren apoyo. Ha habido mayor tolerancia y comprensión para la inversión extranjera que para la inversión nacional, con lo cual se ha perjudicado al trabajador criollo, al hombre que quiere emprender en Chile. Al parecer, las cosas han ido por el camino equivocado. Hoy, en parte, establecemos lo que debió ser y no agravamos más la situación de la pequeña y mediana minería, sectores que han sido importantes también para el desarrollo de áreas decisivas en el norte.
Por eso, señor Presidente, entre otras consideraciones, voto a favor.
Señor Presidente , después de la discusión del proyecto de Royalty Minero I, donde sectores de la Alianza presentaron una proposición alternativa en torno de las patentes mineras, se patrocinó la iniciativa en debate, que implica un gravamen específico a la minería.
En general, soy contrario, por principio, a los impuestos específicos por sector. Sin perjuicio de ello, creo que éste corresponde a una situación particular, toda vez que el sugerido se aplica a sobresaldos y utilidades. En definitiva, tiene una compensación: la invariabilidad tributaria, perspectiva desde la cual adquiere mayor justificación.
Desde el punto de vista macro, me parece importante asumir que Chile en la década del 80 estableció un modelo de desarrollo que buscaba crear un clima general de inversiones, con normas claras, estables y parejas para todos los sectores. El objetivo principal era la inversión extranjera, atendido el hecho de que nuestro país vivía una crisis financiera y fiscal y no gozaba de credibilidad a nivel internacional para atraer capitales. Por ello, se dictó un estatuto que privilegiaba la llegada de dólares, el decreto ley Nº 600, que protegía la inversión extranjera. Naturalmente, el Estado también recibía algún tipo de compensación, ya que, por la vía de las tasas cambiarias, se obligaba en esa época a liquidar los dólares en el Banco Central, con una sobretasa del orden del 10 por ciento, o algo superior, que hacía una diferencia importante en ese aspecto.
Por ello, considero relevante asumir que, después de más de veinte años, resulta del todo lógico y apropiado que Chile evalúe la situación y se pregunte si no es necesario readecuar su política minera. La respuesta a esa interrogante, debería ser positiva, a mi modo de ver. Me parece que las condiciones vigentes en Chile en la década del 80 han cambiado drásticamente, y nuestro país se ha convertido en un gran polo de atracción para la inversión extranjera, con proyectos de rentabilidades alternativas, en sectores distintos, etcétera. Ello hace recomendable, en consecuencia, avanzar en un mecanismo que permita que el erario goce de mayores beneficios como consecuencia del desarrollo de una actividad tan importante como la minería. Como producto de lo que señalé anteriormente, en la política minera se establecían diversas franquicias, a fin de alcanzar un avance más rápido.
El royalty, por cierto, es muy distinto a un impuesto específico; pero, en el fondo, apunta a lo mismo. En todo caso, resulta aceptable en este momento. A mi juicio, la minería puede efectuar un aporte mayor al desarrollo nacional.
No obstante, deben tomarse algunas prevenciones.
La lógica del royalty y también la del impuesto específico a la minería, se orienta en el sentido de reconocer que las zonas de donde se extraen recursos naturales no renovables sufren una depredación o empobrecimiento a medida que se explotan. Por lo tanto, resulta del todo conveniente buscar la sustentabilidad del desarrollo mediante la generación de nuevos dineros a partir de tributos particulares.
Lo importante es que, si el sistema se orienta a los recursos naturales no renovables, resulta de toda lógica que un porcentaje relevante de los dineros que se obtengan con el impuesto vaya en beneficio del desarrollo sustentable de las zonas mineras, y no de otras, sin dejar al solo arbitrio del nivel central el destino final de esos fondos.
En consecuencia, estimo que esta futura ley debe destinar los recursos específicos y claramente definidos, a las regiones mineras de que se trate.
También creo que es importante establecer que el Sistema Nacional de Innovación...
Señor Presidente , si me lo permite, termino la idea.
Redondee y vote, Su Señoría.
Decía que el Sistema Nacional de Innovación debería contar con la presencia de agentes regionales, de manera de cautelar una distribución equilibrada y armónica de los recursos y no pase lo que ha ocurrido siempre: quedan todos concentrados en la Región Metropolitana.
Por esa razón, señor Presidente , junto con el Senador señor Prokurica , hemos hecho varias indicaciones. Una se orienta a establecer fondos específicos para las zonas mineras. Esperamos que el Gobierno le dé patrocinio.
Igualmente buscamos asegurar los recursos con un mecanismo ad hoc, de manera que no suceda lo que pasó con las patentes mineras, que han terminado en cero.
También queremos aclarar lo atinente a la mediana minería, a través del establecimiento de una escala; precisar lo relativo al artículo 11 bis del DL Nº 600 y lo concerniente a los no metálicos, y eliminar cualquier posibilidad de que tributos, regalías, patentes o cargos similares puedan surgir en el futuro.
Para finalizar, deseo consultar formalmente al Gobierno, representado por el señor Ministro de Minería, si CODELCO, ENAMI y otras empresas del Estado que actúan en el ámbito minero quedan sujetas a este tributo, porque eso no queda claro en la norma.
Señor Presidente , considero muy importante para nuestro país que hayamos podido avanzar en un tema de tanta relevancia como es la legislación minera.
Además de lo señalado por varios Parlamentarios, quiero expresar que es necesario introducir pequeños ajustes al proyecto durante su tramitación en las Comisiones unidas.
El primero de ellos es el relativo a la cantidad de recursos que recibirán las Regiones provenientes de este impuesto específico.
Junto con el Honorable señor Núñez y el apoyo de diversos señores Senadores introdujimos un cambio al inciso final del número 20º del artículo 19 de la Constitución, que posibilitó la aplicación de tributos a bienes de clara identificación regional. Estamos hablando de productos mineros no renovables, por lo que corresponde que dichos fondos queden en nuestra Región.
El segundo aspecto tiene que ver con el resguardo de la pequeña y la mediana minerías.
Pero hay otra materia que deseo resaltar esta tarde. Es preciso consignar en la iniciativa en debate un gravamen a la producción de minerales no metálicos. La Segunda Región es rica en ellos y en la actualidad se extrae y exporta molibdeno, sodio, potasio, boro, magnesio y litio, entre otros.
El tema del litio no es menor. En este momento, se está llevando a cabo un plan de producción de energía limpia a nivel mundial a través del proyecto International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER), en el cual se ocupará ese elemento químico mediante el método de fusión. A dicha iniciativa se han incorporado los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón , Rusia y ahora se han sumado China y Corea.
Se trata de un proyecto energético que pretende construir el primer reactor a fusión, que producirá 500 megawatts, con una inversión cercana a los 10 mil millones de euros. Con tal objeto se necesita el litio 6, que es una de las materias primas que requiere el reactor para producir energía limpia y no contaminante.
En nuestra Región se halla el Salar de Atacama, donde existe la mayor reserva y producción de litio a nivel mundial. Muy poco se ha investigado en Chile respecto de su importancia futura, por lo que en la actualidad se están haciendo estudios sobre el particular.
Los países desarrollados conocen la técnica para lograr separar el litio 6 del litio 7. Nosotros lo exportamos en su totalidad, sin ningún tipo de procesamiento. Y muchas naciones acopian el litio 6, ya que es un producto estratégico para la energía limpia.
El proyecto -reitero- representa un valor de 10 mil millones de euros. Y ya se está empezando -como lo hemos visto hace pocos días en los medios de comunicación- a construir el primer reactor de fusión en Francia, país que ganó la licitación.
Dado que en Chile poseemos esas materias primas, debemos contar con los recursos necesarios para investigar. El litio 7 también tiene muchos otros usos, entre otros, sirve para acumular energía. Todos sabemos que si se logra avanzar en la fabricación de automóviles eléctricos, éstos requerirán baterías que usarán grandes cantidades de ese elemento químico.
Por estas razones, entre otras, junto con el Senador señor Prokurica hemos presentado una indicación tendiente a posibilitar una tributación específica a los minerales no metálicos, a fin de desarrollar en Chile investigaciones científicas y tecnológicas para los diversos usos de los minerales que ya he señalado, muchos de los cuales son también incorporados a aleaciones que dan por resultado la construcción de nuevos productos de diferentes usos.
Nuestro país no puede quedar fuera de este proceso, toda vez que posee inmensas extensiones de litio en el Salar de Atacama. Además, su extracción es muy fácil, ya que a través de la evaporación del agua se produce una salmuera en la cual queda como residuo el litio.
En 1999, el presidente del Instituto Marck Plank de Alemania -todos sabemos acerca de la importancia que éste reviste- dijo que no entendía cómo Chile no era la capital científica mundial en cobre y litio.
Las condiciones existentes en 1982 han cambiado sustantivamente. Hoy la minería es un negocio muy rentable. Y creemos que el proyecto en debate, aun cuando tal vez es limitado y pequeño, para nuestras Regiones resulta demasiado importante, dado que deseamos que esos recursos queden ellas.
Por las razones expuestas, voto que sí.
Señor Presidente , entiendo que la iniciativa en debate, por la vía del incremento del impuesto a la renta a las empresas mineras con una rentabilidad operacional superior a determinado porcentaje, generará ingresos del orden de los 150 millones de dólares anuales, que van a ser destinados a un fondo de innovación tecnológica cuya existencia aún se discute en alguna instancia legal.
En verdad, considero oportuno acotar en mejor forma el destino y uso de este ingreso adicional.
El sistema de patentes establece, de acuerdo con lo que dispone la Ley de Rentas Municipales II que hace poco despachamos, que el 50 por ciento de lo recaudado va para la comuna respectiva y el 50 por ciento restante al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Por lo tanto, se trata de un mecanismo bastante transparente, porque se sabe de antemano a dónde serán destinados los recursos. El hecho de que un porcentaje significativo quede en el lugar, justamente compensa el desfase que se produce cuando cesa una actividad minera y a la vez posibilita la creación de nuevas fuentes de trabajo.
El otro tema se refiere al pasivo ambiental que históricamente se ha dejado producto de la actividad minera. La verdad es que constituye un costo que ningún balance económico toma en consideración.
Por eso, hemos presentado indicaciones para que un porcentaje de esos ingresos adicionales quede en la Región y no esté orientado solamente a la innovación tecnológica concursable a través de toda la burocracia y los problemas existentes a nivel nacional. Y, en ese sentido, llamamos al Ejecutivo a que respalde dichas indicaciones, por razones obvias.
En ese contexto, voto a favor del proyecto.
Señor Presidente , la iniciativa en estudio, llámese royalty, regalía minera o impuesto específico a la minería, como en realidad lo es, lleva inserta una situación de incertidumbre y de inseguridad jurídica muy delicada para el futuro de Chile.
Hoy las inversiones buscan espacios donde exista estabilidad y seguridad. Pero lo más importante es que estas particularidades sean creíbles. Y para lograr esto último se deben mantener los acuerdos anteriores, como asimismo los conceptos estipulados en los respectivos convenios o tratados que se han suscrito.
El proyecto pretende -si uno lo mira bien fríamente- aprovechar el precio del cobre. En efecto, nuestro principal producto de exportación exhibe un valor bastante alto y, por ende, las utilidades son muy grandes. Ello ha despertado la búsqueda de una forma que permita obtener más recursos para el Estado, en circunstancias de que éstos han aumentado a través de los impuestos normales ya establecidos. Basta apreciar los montos percibidos por tal concepto.
Por lo tanto, con la implementación de dicho tributo, so pretexto de que cierto porcentaje de los recursos recaudados se aportará a la ciencia y la tecnología en determinadas Regiones productivas de esos minerales, se vulnerarán no sólo principios fundamentales de la Constitución Política que nos rige, sino la seguridad jurídica, en el sentido de que al desaparecer las condiciones mediante las cuales se hicieron las inversiones, puede producirse -de hecho está ocurriendo- un alejamiento de la posibilidad de que Chile sea un país realmente atractivo para la inversión minera a largo plazo.
Estamos hablando aquí de un desarrollo, que nos interesa a todos, y de una estrategia que consiste en cómo alcanzar aquél. Uno de los elementos fundamentales es la atracción de las inversiones extranjeras.
Por cierto, se puede solucionar un problema de inmediato con el impuesto específico a la minería. Pero eso es en el corto tiempo. Qué ocurrirá después cuando comiencen a verse los costos generales comparativos frente a esa inseguridad jurídica que se está introduciendo, versus el hecho de seguir con un sistema en el cual la tributación sea igual para todas las actividades -es lo que corresponde- y, por esa vía, obtener los fondos necesarios para incrementar los que se destinan a ciencia y tecnología, o incluso asignarlos a determinados institutos en las Regiones.
La verdad de las cosas es que en el Perú, país minero por excelencia, a raíz de la aplicación de este impuesto especial, royalty, regalía, o como quiera llamársele, se produjo la paralización de las inversiones. Y eso, desgraciadamente, lo veo venir en el futuro en Chile, porque los capitales disponibles en el mundo buscan la áreas más favorables para la inversión.
¿Cuál es la gracia del arte de gobernar? Que los dineros obtenidos a través de impuestos que gravan en general a todas las actividades que se desarrollan en el país -ése es el verdadero espíritu de la Constitución y también el de la competencia, porque, de lo contrario, ésta desaparece- sean administrados correctamente para lograr lo que se desea, en este caso, invertir en ciencia y tecnología.
En mi opinión, éste es un proyecto que puede significar sencillamente "pan para hoy y hambre para mañana", porque las inversiones en el mundo buscan dónde existe mayor posibilidad de que el retorno sea equivalente, apropiado, como asimismo que haya la seguridad clara y precisa de que no se van a modificar las reglas del juego y de que no aparecerá la sombra de nuevos cambios en otras actividades.
A pesar de todo lo que se diga, incluso de que ciertos elementos naturales no son renovables y que por ello se debe castigar su extracción, estos antecedentes me hacen plantear que estamos en presencia de una iniciativa que no mira al desarrollo ni al progreso de Chile a futuro, sino que es inmediatista.
Señor Presidente , la ex alcaldesa de Andacollo , doña Marcelina Cortés , que en paz descanse, lideró la lucha en la Cuarta Región a favor del royalty. Ella, que era de la Alianza, no de la Concertación, junto con los entonces miembros del concejo municipal, me invitaron a hablar de dicho impuesto hace ya varios años. Ella soñaba con tener mayores ingresos para los habitantes de su comuna, que es muy pobre.
En Andacollo, el 90 por ciento de la gente está cesante. La mayoría de las familias tiene a una mujer como jefa de hogar, porque los hombres deben ir a la Segunda o a la Tercera Región para encontrar trabajo. Algunos no sólo consiguen empleo; también forman una nueva familia y dejan abandonada a aquella mujer, que debe sacar adelante a sus hijas trabajando como temporera o recibiendo ayuda del municipio.
Por eso, doña Marcelina Cortés anhelaba contar con más recursos para el municipio, a fin de ir en ayuda de esa gente tan pobre.
En esa reunión les dije que conocía bien al Gobierno, que no les iba a llegar un peso del royalty, que se lo iban a gastar todo en Santiago, que era mucho mejor aumentar el valor de las patentes mineras y también el porcentaje que se destinaba a la comuna, de 30 a 50 o a 70 por ciento.
Ha pasado exactamente lo que predije en esa reunión con la señora Marcelina Cortés : ni un peso para Andacollo, ni un peso para Illapel, ni un peso para Salamanca , para Combarbalá, para Ovalle , para La Higuera, para La Serena, para Coquimbo, para todas las comunas pobres de la Región que represento. ¡Ni un peso!
Ésta es una burla para las regiones mineras, señor Presidente . El tema del royalty fue impulsado básicamente por alcaldes de la Primera a la Cuarta Regiones, de todas las tendencias políticas, que soñaban con algo más de dinero, porque están desesperados por la pobreza de sus comunas. Han sido traicionados por la Concertación, que se valió de sus ideas y del apoyo que esos alcaldes brindaron, pero se apropió de los recursos.
¿De qué les va a servir este royalty a las madres jefas de hogar de Andacollo? ¿De qué manera ayudará a toda la gente pobre de la Cuarta Región? ¿Acaso los va a beneficiar la investigación científica?
Señor Presidente, no me opongo a que las empresas mineras aporten más, pero no puedo votar a favor de esta verdadera burla a las comunas y a la gente pobre de esa Región.
Voy a presentar una indicación para que el dinero pueda ir, por ejemplo, a financiar los estudios que se requieren para la construcción del paso de Aguas Negras, porque eso va a generar empleo y riqueza en la zona. O bien, con el objeto de que se destinen fondos al proyecto del embalse El Bato, que es muy necesario en el área sur de la Cuarta Región, a fin de que los pequeños campesinos tengan seguridad en el suministro de agua y puedan hacer sus plantaciones.
También formularé indicación para que esos recursos puedan llegar a las municipalidades de los lugares donde hay minas que paguen royalty. Porque cuando el mineral se agota, señor Presidente , la cesantía se genera en la Región; el hoyo queda en la zona o en la comuna donde está el yacimiento. Por ende, el dinero proveniente del royalty también debe quedar ahí. No veo por qué otras Regiones, que no viven los problemas de la minería, tengan que beneficiarse con él.
Me voy a abstener en la votación en general, señor Presidente . Y sólo si se aceptan las indicaciones que presentaré y me aseguran que los fondos que se generen en la Cuarta Región por tal concepto llegarán a la gente que habita en ella, cambiaré mi voto.
Señor Presidente , es bueno que todos tengamos claro que hoy día no estamos votando el proyecto sobre el royalty. Esa iniciativa fue debatida en esta Sala, al igual que en la Cámara de Diputados, y no obstante que obtuvo una abrumadora mayoría, debido al alto quórum exigido para su aprobación, no pudo convertirse en ley. Dicha normativa establecía el cobro de una tasa a quienes explotan el cobre, recurso natural no renovable, como asimismo la creación del Fondo de Innovación para la Competitividad.
Debo hacer notar que ese proyecto duerme en la Comisión de Educación del Senado, la cual debería abocarse a discutir, en el momento en que llegue la indicación del Ejecutivo, acerca de la forma como ese Fondo se distribuirá.
Deseo también dejar en claro que fue precisamente la Alianza por Chile la que no dio sus votos en la Cámara Alta, salvo algunas excepciones, al proyecto del royalty. Y hoy día estamos ante la necesidad de analizar una nueva iniciativa de impuestos, con todas las modificaciones que ha sido necesario discutir.
Desde ese punto de vista, quiero rescatar que históricamente la Democracia Cristiana, desde siempre, por medio de sus Senadores y Diputados, ha planteado que los recursos renovables y no renovables en Chile deben ser tratados con mirada nacional. Y fueron los ex Senadores Radomiro Tomic , Eduardo Frei Montalva , Narciso Irureta , Luis Papic , Ricardo Valenzuela ; el actual Senador Jorge Lavandero , y personas como Javier Lagarrigue y Jaime Varela , quienes siempre discutieron este asunto y nos enseñaron a muchos de nosotros que el cobre era precisamente un recurso por cuya extracción Chile no estaba cobrando lo que debía.
Por lo tanto -que esto quede claro-, éste no es el problema de una comunidad o de una señora en determinada localidad, por respetable que sea. Aquí hay una visión de país sobre la forma de tratar estos recursos. Y agradezco que el Ejecutivo , como se mencionó, haya modificado el criterio aprobado en la Cámara de Diputados.
En tal sentido, con otros Senadores de la Concertación logramos que no se cobrase el impuesto a rajatabla a todo el sector de la minería, cualquiera que fuese su tamaño, sino que se considerara lo que siempre ocurrió, no sólo por Constitución, sino también por historia: el sometimiento de las empresas mineras a una clasificación que dependía del volumen de lo que extraían y no de la coyuntura transitoria del precio del cobre en determinado año.
Aquí el Gobierno modificó el criterio. Los Senadores de la Democracia Cristiana dimos nuestro acuerdo. Y también, pese a que el proyecto no dice cómo se van a distribuir los recursos del Fondo -que quede claro: en el texto nada se expresa sobre el particular-, hacemos confianza en los compromisos de honor que aquí, en el curso de los debates, se han tomado tanto con los Parlamentarios democratacristianos como con los de otros sectores de la Concertación en el sentido de que 70 por ciento se destinará a la creación de un Fondo de Investigación y 30 por ciento irá a las Regiones. Y éstas deberán desarrollar la capacidad para generar sistemas de investigación a los efectos de levantar la actividad.
Ésa es nuestra posición, señor Presidente . Y, al igual como en los casos de la pequeña agricultura, de la mediana empresa y de la clase media, hemos defendido a las pequeñas y medianas empresas mineras para que no se les imponga un tributo, pues, de lo contrario, en el mediano y largo plazos prácticamente desaparecerían de la economía nacional.
Ése es el criterio con que nosotros operamos. Y me alegro de que hoy día podamos aprobar este proyecto, cualquiera que sea el monto que se recaude. Lo importante es que con ello se reabre la senda que iniciaron Radomiro Tomic y Eduardo Frei Montalva en este Senado cuando plantearon que los recursos renovables y no renovables, pero en particular los de la minería, debían rendir frutos para el desarrollo de los chilenos y no sólo para el enriquecimiento de quienes habían realizado inversiones o servían a las compañías que tenían capitales en nuestro país.
Por eso, con agrado, voto que sí. Y quedo a la espera de que el Gobierno cumpla el compromiso que pactó aquí con muchos de nosotros en cuanto a cómo se distribuirán los recursos del Fondo una vez que comience la recaudación.
Señor Presidente , en primer lugar, valoro la disposición que tuvieron el Presidente de la República , el Ministro de Hacienda y, por cierto, el Ministro de Minería para insistir en esta iniciativa. No era fácil hacerlo después del rechazo, el año pasado, tanto del proyecto de royalty enviado por el Ejecutivo como del que presentamos con los Senadores señora Frei y señor Lavandero , en los cuales se avanzaba de modo sustantivo en la perspectiva de que la gran minería del cobre, y en particular la privada, entregara mayores recursos al Estado. Avanzar en esa línea a través de un impuesto específico nos ha parecido muy positivo, aun cuando puedan existir las dificultades que han señalado algunos señores Senadores.
Quiero dejar en claro, sin embargo, que en algunos países el royalty es exactamente un impuesto. En ellos el mecanismo no es similar al planteado por nosotros la vez anterior, sino que se denomina "royalty" a un impuesto del mismo tipo que el que ahora se propone aplicar a la gran minería del cobre.
En segundo término, quiero referirme a la afirmación de que es perfectamente posible avanzar hacia una mayor recaudación desde la gran minería del cobre a través de las patentes.
No creo que la renta extraíble a los minerales pueda realizarse mediante licitaciones. Todos sabemos que la patente es un mecanismo de amparo a las concesiones mineras. Y si fuera factible seguir ese camino, lo cierto es que deberíamos aumentar a lo menos en mil por ciento el valor de las patentes a fin de que pudieran tener un rendimiento significativo para el país.
Actualmente no se recaudan por ese concepto más de 18 millones de dólares, la mayor parte concentrados en la Segunda Región. Y si incrementáramos en mil por ciento el valor de las patentes, la recaudación no alcanzaría a la que se prevé con el proyecto en debate.
Además, ello sería del todo inapropiado, dado que muchos de los recursos que se obtienen por la vía de las patentes ya se encuentran asignados a las Regiones y a los municipios. Entonces, sería absurdo replantear un tema que está resuelto formalmente en la ley.
En tercer lugar, estoy por completo convencido de que el hecho de que el Ejecutivo haya basado la iniciativa en el inciso sexto del Nº 24º del artículo 19 de la Constitución Política de la República -consagra "el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas" para el Estado- es altamente favorable. Y digo "favorable" en el sentido de que eso, que está implícito en las disposiciones positivas, figura en los fundamentos expuestos por el Gobierno.
Ello significa que el Presidente de la República decidió generar las condiciones jurídicas para entender que todos los recursos del subsuelo de nuestro país pertenecen al conjunto de los chilenos.
Tal resolución me parece positiva -lo cierto es que los proyectos precedentes sobre royalty resolvían el problema-, porque, si bien ese hecho no se consigna en el texto de la iniciativa, sí aparece en la fundamentación que el Primer Mandatario entrega en el mensaje enviado al Parlamento.
En cuarto término, se ha sostenido en forma reiterada que la minería nacional requiere ventajas no sólo comparativas sino también competitivas.
Insisto, señor Presidente , en que en el mundo no hay otro país que tenga ventajas comparativas y, por lo tanto, competitivas mejores que las nuestras. Y la COCHILCO ha informado que la sola inversión privada en cobre y oro para los próximos cinco años llegará a más de 10 mil millones de dólares.
Además, Chile sigue siendo -así lo señalan todas las entidades económicas internacionales que analizan la situación de cada una de las naciones- el país que atrae más inversión extranjera en el continente.
Más aún: bien sabemos -y lo hemos reconocido- que la gran minería no aporta todos los recursos que debiera entregar a la economía nacional.
Pero hay algo más importante: nuestro país sigue exhibiendo ventajas comparativas en materia de cobre, por las inmejorables leyes de sus minerales; por las reservas que tiene; por la cercanía de sus puertos; por la calidad de sus profesionales, técnicos y trabajadores.
Ése es un factor extraordinariamente relevante a los efectos de aumentar la productividad y la producción de un metal tan significativo para la economía del país.
Por último, estimo de gran importancia la afirmación de que en este proyecto no se considera lo que planteamos en la Comisión Especial de Tributación Minera -conformada aquí, en el Senado, y que funcionó durante bastante tiempo- acerca de las llamadas "brechas tributarias", las cuales todavía se manifiestan en las empresas de la minería.
Estoy de acuerdo con quienes han hecho presente la necesidad de legislar sobre el tema: los precios de transferencia; las pérdidas en los mercados de futuro; el pago de cuantiosos intereses y comisiones a las empresas relacionadas; el mejoramiento de la fiscalización, particularmente por parte de la COCHILCO.
Todos esos puntos siguen pendientes y resulta imperioso enfrentarlos, a los efectos de que nuestra principal industria sea capaz de aportar en forma más significativa al desarrollo y crecimiento del país.
Con respecto a los minerales no metálicos, tengo claro lo siguiente.
Presentamos una indicación en el sentido de no incluirlos en la ley en proyecto. Sin embargo, en lo personal, mi única preocupación...
Termino de inmediato, señor Presidente .
Al respecto -digo-, mi única preocupación deriva del hecho de que debemos efectuar una discriminación similar a la que hemos realizado en la mediana minería. Se ha concretado bien la planteada dentro de este sector en el proyecto que nos envió el Ejecutivo .
Sin embargo, en la minería no metálica sólo existen empresas pequeñas junto a otras grandes, como la SOQUIMICH. Y, obviamente, soy partidario de que estas últimas paguen determinado impuesto. Pero no vaya a suceder que por esta vía también afectemos a las pequeñas o medianas empresas que se dedican a trabajar los minerales no metálicos -tarea no fácil y en la que no tenemos una gran tradición como país- y les impidamos seguir invirtiendo en un bien tan preciado para el desarrollo de la futura economía mundial.
¿Cómo vota, Su Señoría?
--Se aprueba en general el proyecto (28 votos contra 5 y 6 abstenciones).
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Canessa, Cantero, Coloma, Chadwick, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Gazmuri, Horvath, Moreno, Naranjo, Novoa, Núñez, Ominami, Páez, Parra, Pizarro, Prokurica, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Adolfo) y Zaldívar (don Andrés).
Votaron por la negativa los señores Ávila, Cariola, Cordero, Martínez y Zurita.
Se abstuvieron los señores Bombal, Fernández, García, Matthei, Orpis y Romero.
El señor DULANTO ( Ministro de Minería ).-
Sólo ocuparé treinta segundos, señor Presidente , para agradecer en nombre del Gobierno la votación de esta tarde y dejar constancia de que esta iniciativa claramente se ha enriquecido en sus pasos por la Cámara de Diputados y, ahora, por el Senado.
Esperamos que la discusión particular nos permita arribar a un texto que ojalá sea aprobado de manera unánime por esta Sala en las horas que siguen.
Conforme a lo acordado por los Comités, el proyecto pasa para segundo informe a las Comisiones de Hacienda y de Minería, unidas.
Proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.502 en relación con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilización de éste como combustible en vehículos, con segundo informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones e informe de la Comisión de Hacienda.
--Los antecedentes sobre el proyecto (2701-15) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 18ª, en 18 de diciembre de 2001.
Transportes, sesión 18ª, en 1 de diciembre de 2004.
Transportes (segundo), sesión 52ª, en 17 de mayo de 2005.
Hacienda, sesión 52ª, en 17 de mayo de 2005.
Sesión 27ª, en 12 de enero de 2005 (se aprueba en general).
Solicito que se abra la votación.
"Si le parece", señor Presidente .
Si me permiten los señores Senadores, primero verificaré la existencia de quórum para aprobar los preceptos de carácter orgánico constitucional.
El señor Secretario hará la relación del proyecto, se llamará a los señores Senadores que están en Comisiones y esperaremos cinco minutos para ver si se reúne el quórum exigido. De no ser así, el proyecto quedará pendiente hasta la sesión ordinaria de mañana.
El Ejecutivo hizo presente la urgencia para el despacho del proyecto y la calificó de "simple".
Esta iniciativa fue aprobada en general en sesión de 12 de enero del año en curso.
La Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y la de Hacienda dejan constancia en sus respectivos informes, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los numerales 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 1º; el artículo 2º, y el artículo 1º transitorio.
Estas disposiciones, que conservan el mismo texto que el Senado despachó en general, deben ser aprobadas conforme al artículo 124 del Reglamento.
El número 3 del artículo 1º, que sustituye el artículo 3º de la ley Nº 18.502, tiene carácter orgánico constitucional, por lo que debe ser aprobado con el voto conforme de 27 señores Senadores.
Las demás constancias reglamentarias se consultan en los respectivos informes.
Todas las modificaciones efectuadas en el segundo informe al proyecto aprobado en general por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones fueron acordadas por la unanimidad de los integrantes de ésta, Honorables señores Muñoz Barra, Novoa, Pizarro, Prokurica y Sabag.
La Comisión de Hacienda aprobó la iniciativa despachada por la de Transportes y Telecomunicaciones e introdujo modificaciones a los artículos 2º y 3º transitorios, las que fueron acordadas por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señora Matthei y señores Boeninger, Flores y Foxley.
En virtud de lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, las enmiendas aprobadas por unanimidad en las Comisiones deben ser votadas sin debate, salvo que, antes de la discusión particular, se solicite discutir alguna de ellas o que existan indicaciones renovadas.´
Los incisos décimo, undécimo, duodécimo, decimotercero y decimocuarto del artículo 1º de la ley Nº 18.502, contenido en el número 1 del artículo 1º del proyecto, tienen carácter orgánico constitucional, por lo que requieren para su aprobación el voto conforme de 27 señores Senadores.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en cinco columnas. En las tres últimas se transcriben las modificaciones efectuadas por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones y por la de Hacienda y el texto final que resultaría si se aprobaran dichas enmiendas.
Daré la palabra al Honorable señor Orpis, en el entendido de que la votación se hará durante la sesión de mañana.
Mi intervención será muy breve, señor Presidente .
Solicito a la Mesa abrir la votación.
La Mesa no va a abrir la votación porque, si no se reúne el quórum constitucional exigido, el proyecto no quedará aprobado. Y como no hay ninguna garantía de que tengamos 27 votos...
Los hay, señor Presidente.
Hay 20 votos a favor y uno en contra. Por lo tanto, votaremos en la sesión de mañana.
Voy a ver si junto los votos que faltan.
Señor Presidente, mientras se hace ese intento...
Tiene la palabra el Senador señor Orpis; en seguida, el Honorable señor Fernández, y después resolveremos cuándo se vota.
Es urgente despachar el proyecto hoy, señor Presidente . La verdad es que ha costado bastante llegar a un acuerdo con el Gobierno -se logró después de dos a tres años- en cuanto a la rebaja del impuesto al gas.
El problema radica en que los vehículos que usan GLP deben pagar un impuesto muy alto. Cuando comenzó a tramitarse esta iniciativa, muchas autoridades instaron a los dueños de vehículos a gasolina a cambiarse a gas. Por tanto, estas personas no pagaron dicho tributo.
Adicionalmente, el permiso de circulación se otorga en mayo y su obtención está condicionada al pago del referido impuesto. Si no se renueva durante dos años, se pierde la condición de taxi o de taxi colectivo. Y ya ha transcurrido más de ese lapso.
Por otra parte, el Parlamento termina mañana las sesiones del período extraordinario. De manera que si el Senado no despacha el proyecto hoy y la Cámara de Diputados, en tercer trámite, mañana, cientos de taxistas o colectiveros van a perder la calidad de tales.
En consecuencia, llamo a Sus Señorías a despachar la iniciativa esta tarde, para que mañana la Cámara Baja pueda aprobarla en tercer trámite.
Señor Presidente , no puedo prestar mi aprobación a un proyecto que establece un impuesto al gas, en razón de que no se reconoce una situación que ocurre en la Duodécima Región, que represento.
En Magallanes, por el uso de gas natural comprimido se paga un impuesto a razón de 9 UTM anuales. Ésta es una gran conquista obtenida por la ciudadanía local.
Esta iniciativa fija un impuesto igual para todo el país, con lo que el beneficio otorgado a los magallánicos hasta el 31 de diciembre del presente año -a mi juicio, debe ser permanente o tiene que prorrogarse por varios años más- se desconoce por completo. Ello significará en el hecho que los empresarios del transporte de la Duodécima Región que utilicen gas en sus vehículos deberán pagar una cuota fija de 4 UTM, más un porcentaje por el consumo.
Nosotros concordamos -es una lucha que hemos dado todos los Parlamentarios de la zona desde hace varios años- en que se pague de acuerdo con el consumo. Pero ocurre que la tasa que se pretende aplicar provocará, por ejemplo, según una simulación dada a conocer por el propio Gobierno, que un taxista que recorra 80 mil kilómetros al año pague 19 UTM, es decir, más del doble de lo que desembolsa hoy.
Creemos, por tanto, que una situación de tal naturaleza debería ser salvada.
Como no tenemos facultades sobre la materia, no pudimos formular indicaciones para los efectos de solucionar ese problema, que, a nuestro juicio, merece ser tenido en cuenta.
Pensamos que el Ejecutivo debiera mantener la situación existente. Con ese fin, en su oportunidad, a través del Senado, envié un oficio al señor Ministro de Hacienda donde le pedí prorrogar el sistema actual de 9 UTM anuales, que corresponde al 43 por ciento del valor total del impuesto que dispone la ley Nº 19.952, o bien, dar carácter permanente a la norma respectiva; o sea, que a Magallanes se le aplicara el 43 por ciento del valor del impuesto. Ello, sólo a los efectos de mantener la disposición vigente. De otra manera, el tributo subiría a más del doble.
Por esa razón, no puedo aprobar este proyecto. En consecuencia, votaré en contra.
¿Se reunió el quórum?
No, señora Senadora .
Queda pendiente la discusión particular del proyecto hasta la próxima sesión ordinaria.
Del señor CARIOLA:
Al señor Ministro Secretario General de la Presidencia , solicitándole ENVÍO AL PARLAMENTO DE PROYECTO PARA RESTITUCIÓN DE "QUINQUENIO PENITENCIARIO" A PERSONAL EN RETIRO DE GENDARMERÍA.
Al señor Subsecretario del Interior , pidiéndole información sobre ESTADO DE PROYECTOS POSTULADOS A FONDO SOCIAL EN PROVINCIA DE CAUTÍN.
Al señor Director Nacional de Obras Hidráulicas , requiriéndole información acerca de RESPUESTA A CARTA SOBRE PREOCUPACIÓN POR FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE RURAL (ambos de la Novena Región).
Al señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones , solicitándole información con respecto a SISTEMA DE LICITACIÓN DE CALLES, y a la señora Ministra de Vivienda y Urbanismo, pidiéndole INFORME SOBRE PROBLEMA DE COMITÉ DE VIVIENDA EL CARRIZO, DE MAULLÍN (los dos de la Décima Región).
En Incidentes, los Comités Socialista, Institucionales 2, Institucionales 1 y Mixto no harán uso de sus tiempos.
En el turno del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Honorable señor Páez.
Señor Presidente , deseo plantear un problema particularmente sensible que afecta en forma directa a muchos habitantes de la Décima Región Sur y que, por cierto, es extensivo a miles de ciudadanos en el resto del país.
En los últimos días he sostenido diversas reuniones en que han participado cientos de habitantes de las provincias de Osorno, Llanquihue, Chiloé y Palena que tienen un denominador común: se vieron obligados a incorporarse a los precarios planes de empleo implementados por el Gobierno militar conocidos como "PEM" y "POJH".
Esos programas de absorción de cesantía contemplaban una forma de remuneración equivalente a un tercio del ingreso mínimo, que no era imponible para ningún efecto legal. Fueron concebidos como una solución de carácter transitorio, pero, de hecho, se prolongaron por más de diez años.
En el momento más agudo de las crisis económicas que vivió el país durante esos años, el PEM y el POJH, en conjunto, llegaron a emplear a medio millón de chilenos. Estos compatriotas se vieron afectados por bajas remuneraciones, deficiencias manifiestas en las condiciones de trabajo, baja autoestima y, sobre todo, por un daño previsional irreparable, traducido en la total ausencia de cotizaciones en ese período. Nunca se les enteraron imposiciones, a pesar de haber prestado servicios en los términos comunes a cualquier relación laboral.
Es cierto que los textos legales que establecen las normas por las que se rigieron esos planes de empleo eximieron de los derechos previsionales a sus beneficiarios. Sin embargo, tanto connotados juristas como los miles de trabajadores afectados, aducen, razonablemente, que se perpetró una evidente violación al principio constitucional de igualdad ante la ley.
En efecto, estamos ante un caso de trato discriminatorio y abusivo por parte del Estado, dado que se establecieron condiciones inequitativas para cientos de miles de chilenos que se desempeñaron laboralmente por largo tiempo en condiciones lesivas para su patrimonio personal y familiar. Se les desconocieron, por mandato de un decreto ley dictado en un Gobierno de facto, derechos reconocidos a todos quienes ejercen un empleo remunerado en el territorio de la República.
Esos hechos no importan una responsabilidad civil ni penal del Estado. Se trata del incumplimiento real y objetivo de una responsabilidad constitucional. Al violentarse claras disposiciones establecidas en la Carta Fundamental, el propio Estado provocó un daño a miles de ciudadanos que deben ser compensados en correspondencia directa al perjuicio causado.
El daño previsional ocasionado a tantos compatriotas por desconocimiento de derechos tan esenciales como la igualdad ante la ley debe tener una reparación.
Aquellos chilenos que padecieron esta forma de trabajo sobreexplotada y humillante merecen el respeto de nuestra sociedad democrática de hoy.
Así como este Congreso Nacional dio aprobación a proyectos de ley de reparación en casos de exonerados políticos, exiliados y víctimas de atropello a los derechos humanos, creemos que resulta de mínima justicia reparar a estos chilenos sin voz; víctimas silenciosas de políticas insensibles aplicadas en épocas oscuras de nuestra historia republicana.
En virtud de ello, señor Presidente , solicito que se oficie, en mi nombre, a los señores Ministros Secretario General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social, a fin de que se estudie, en el más breve plazo, una iniciativa legal que permita compensar el daño previsional causado a quienes se desempeñaron efectivamente en los planes PEM y POJH durante el período de su vigencia, esto es, entre 1974 y 1987.
Como nadie hará uso de la palabra en los tiempos de los Comités Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, y habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.
--Se levantó a las 19:54.