Source: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scc/mayo/199100-AVOC.000309-18517-2017-17-202.HTML
Timestamp: 2019-06-25 12:48:27
Document Index: 73363409

Matched Legal Cases: ['Artículo 31', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'artículo 267', 'artículo 6', 'artículo 122', 'artículo 122']

199100-AVOC.000309-18517-2017-17-202.html
Mediante escrito presentado ante la Secretaría de esta Sala de Casación Civil, en fecha 22 de febrero de 2017, por los abogados Francisco Banchs, Héctor Rojas Trías y Ángel Gil Fernández, inscritos en el I.P.S.A. bajo los N° 112.069, 106.903 y 270.525, respectivamente, en representación judicial de la sociedad mercantil distinguida con la denominación ETIQUETAS SOL SIL C.A., solicitaron el avocamiento del expediente N° AP71-R-2016-000692, que cursa ante el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por desalojo de inmuebles fue incoado en su contra por la sociedad mercantil distinguida con la denominación Inversiones Buena Vía, S.A..
En fecha 22 de marzo de 2017, se designó ponente y se dio cuenta en Sala del expediente, por lo que pasa la Sala a dictar sentencia bajo la ponencia del Magistrado que con tal carácter la suscribe, en los siguientes términos:
Antes de entrar a resolver sobre la primera fase del avocamiento solicitado, esta Sala de Casación Civil pasará a pronunciarse sobre su competencia a los fines de determinar si es a ella a quien en definitiva le corresponde el conocimiento del mismo, de conformidad con la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada el 9 de agosto de 2010 en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el N° 39.483.
Efectivamente, establece los artículos 31 y 106 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, lo siguiente:
“Artículo 31.- Son competencias comunes de cada Sala del Tribunal Supremo de Justicia:
Artículo 106.- Cualesquiera de las Salas del Tribunal Supremo de Justicia, en las materias de su respectiva competencia, de oficio o a instancia de parte, con conocimiento sumario de la situación, podrá recabar de cualquier tribunal, en el estado en que se encuentre, cualquier expediente o causa para resolver si la avoca y asume el conocimiento del asunto o, en su defecto, lo asigna a otro tribunal”.
De acuerdo a las normas antes transcritas, las mismas regulan la facultad de las distintas Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia para avocarse, bien de oficio o a instancia de parte, a las causas que cursen ante otros tribunales, regulando dicha atribución competencial en base a la materia debatida en el juicio cuyo avocamiento se pretende.
Esta atribución debe ser ejercida con suma prudencia y sólo en caso grave o de escandalosas violaciones al ordenamiento jurídico que perjudique ostensiblemente la imagen del Poder Judicial, la paz pública, el orden público procesal, la decencia o la institucionalidad democrática venezolana, y se hayan desatendido o mal tramitado los recursos ordinarios o extraordinarios que los interesados hubieren ejercido. (Artículo 107 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia).
En aplicación de lo expuesto, esta Sala, a los fines de determinar su competencia, observa del escrito presentado que el juicio cuyo avocamiento se pretende, versa sobre un juicio por desalojo de inmueble incoado por la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., en contra de la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil C.A., el cual fue incoado en fecha 30 de abril de 2015 ante el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, siendo admitida la causa en fecha 5 de mayo de 2015, y decidida mediante sentencia definitiva en fecha 15 de junio de 2016, y que por recurso de apelación ejercido por la demandada pasó a conocer el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que dicto sentencia definitiva en fecha 3 de febrero de 2017; de lo cual se desprende que el caso de autos es de naturaleza eminentemente civil y, por tanto, es afín con la materia propia de esta Sala.
En la solicitud de avocamiento, consignado ante la Secretaría de esta Sala de Casación Civil, en fecha 22 de febrero de 2017, se alegó expresamente lo siguiente:
Ciudadanos Magistrados, no pretende esta representación ahondar en este capítulo respecto de los graves vicios que afectaron al ordenamiento jurídico venezolano, pero desde ya advertimos que se verificó una violación inequívoca a la garantía constitucional del Juez (sic) Natural (sic) así como a la voluntad de las partes, habida cuenta que, el tribunal de la causa, al percatarse de la referida cláusula compromisoria, debió declarar inadmisible la demanda –como en efecto se solicitó en diversas oportunidades- por no tener jurisdicción.
El sentido de la flagrante violación que hemos anunciado, encuentra su razón de ser en la inequívoca aplicación de una ley al caso concreto, con la agravante que dicha ley no permite –inconstitucionalmente, dicho sea de paso- la ejecución de cláusulas compromisorias de arbitraje.
Como puede observarse, el requerimiento del expediente de la causa a los efectos de la presente solicitud de avocamiento, es necesario y, además, es una actuación ajustada a la ley y a la jurisprudencia; por ello, solicitamos respetuosamente a esa Sala de Casación Civil se sirva admitir la presente solicitud de avocamiento y, en consecuencia, se requiera de parte del Juzgado (sic) correspondiente, el expediente de la causa…”. (Mayúsculas, resaltado, cursivas y subrayado del texto).
Asimismo, se transcribe escrito complementario de la solicitud de avocamiento, consignado ante la Secretaría de esta Sala en fecha 17 de marzo de 2017, que señala expresamente lo siguiente:
De igual forma, se pasa a transcribir escrito complementario de la solicitud de avocamiento consignado en la Secretaría de esta Sala en fecha 21 de marzo de 2017, que señaló expresamente lo siguiente:
· La sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., intentó en el año 2011 una demanda contra mi representada, por desalojo, referente a una relación arrendaticia que mantienen, la cual se tramitó ante el Juzgado 22° de Municipio (sic) del Área Metropolitana de Caracas según el expediente AP31-V-2011-00179;
· El referido Juzgado 22° de Municipio (sic) del Área Metropolitana de Caracas, declaró adecuadamente la falta de jurisdicción aludida en fecha 19 de marzo de 2012;
· La Sala político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia , mediante sentencia de fecha 23 de mayo de 2012, confirmó la aludida decisión adoptada por el Juzgado 22° de Municipio (sic) del Área Metropolitana de Caracas, respecto a la falta de jurisdicción, adquiriendo firmeza ésta y carácter de cosa juzgada material;
· El apoderado judicial de Inversiones Buena Vía, S.A., efectuó diversas actuaciones en el mes de marzo de 2015 –cuando ya se le había apoderado- en la causa contenida en el expediente AP31-V-2011-00179, donde se había declarado la falta de jurisdicción;
· En el mes de abril de 2015, la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., con conocimiento de que existe una decisión firme –con carácter de cosa juzgada material- que declaró la falta de jurisdicción en los términos ya indicados por esta representación, demandó a mi representada plantando (sic) la misma pretensión. Nótese que el apoderado judicial que suscribe la demanda, fue quien también representó a la demandante en marzo de 2015 para solicitar unas copias certificadas en el expediente AP31-V-2011-00179 en el que se había producido dicha decisión de falta de jurisdicción.
En relación con la figura del avocamiento, este Supremo Tribunal de la República ha indicado que en el mismo deben utilizarse criterios de extrema prudencia y ponderación, tomando en consideración fundamentalmente la necesidad de evitar graves injusticias o una denegación de justicia, o que se encuentren en disputa cuestiones que rebasen el interés privado y afecten de manera directa el interés público y social, o que sea necesario restablecer el orden en algún proceso judicial que así lo amerite en razón de su trascendencia e importancia (Cfr. Sentencia N° 1.439 de la Sala Político Administrativa de fecha 22 de junio de 2000).
De igual forma cabe señalar, en cuanto a los requisitos de procedencia de la figura del avocamiento y el alcance del concepto de orden público e interés público, la doctrina de esta Sala, plasmada en su fallo N° AVOC-211 de fecha 3 de mayo de 2005, caso de Nais Graciela Blanco, expediente N° 2004-1009, que indicó lo siguiente:
A los cuatro requisitos de procedencias citados, explicados y exigidos por la jurisprudencia transcrita, debe agregarse uno más, el cual fue referenciado por la Sala de Casación Penal en su fallo N° 406 del 13/11/03, exp. 03-0405, citando otra de la Sala Político-Administrativa de fecha 7 de marzo de 2002, cual es ‘...Que las garantías o medios existentes resulten inoperantes para la adecuada protección de los derechos e intereses jurídicos de las partes intervinientes en determinados procesos...”.
Los precedentes jurisprudenciales de manera clara establecen la especialidad de la figura jurídica excepcional del avocamiento, vista con criterios de extrema prudencia, tomando en consideración y de manera fundamental la necesidad de evitar flagrantes injusticias que trasciendan las esferas particulares, que lesionen al colectivo, afectar la paz social, la seguridad jurídica o entraben el normal desempeño de la actividad pública (...)…”. (Resaltado, cursivas y subrayado del fallo).
En el caso que se examina, los motivos invocados por el solicitante del avocamiento, se contraen a la existencia de una situación de manifiesta injusticia y de evidente error judicial consistente, en: 1) ) La incorrecta admisión de la acción incoada; 2) La falsa aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial; y 3) El desacato de los tribunales de instancia al fallo de fecha 23 de mayo de 2012, emanado de la Sala Político Administrativa del este Supremo Tribunal de la República, que declaró la falta de jurisdicción del poder judicial y aplicable al presente asunto.
Al respecto, del estudio efectuado a las actas del expediente, esta Sala evidenció al folio 92 y 93, que el Tribunal Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 5 de mayo de 2015, admitió la demanda incoada por la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., contra la sociedad de comercio Etiquetas Sol Sil, C.A.
Así mismo, consta a los folios 94 al 102 del expediente, que el referido juzgado en fecha 15 de junio de 2016, declaró con lugar la pretensión de desalojo y la ordenó a la demandada entregar a la demandante los dos (2) inmuebles objetos de litigio.
Igualmente, se pudo constatar a los folios 134 al 160 del expediente, que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 3 de febrero de 2017, declaró parcialmente con lugar la acción incoada, ordenó la entrega de los inmuebles arrendados y condenó en costas procesales a la parte demandada de acuerdo con los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil.
Asimismo, consta a los folios 164 al 166 de expediente, que la representación judicial de la demandada mediante diligencia peticionó al ad quem lo siguiente:
Al respecto, observa esta Sala que a los folios 167 al 169 del expediente, consta que el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 21 de febrero de 2017, expuso lo siguiente:
Así las cosas, y de la revisión de las actas procesales mencionadas anteriormente, no se desprende que en el presente proceso, ante el Tribunal (sic) de la causa, ni ante esta Alzada (sic), se haya propuesto, discutido y mucho menos decidido la supuesta falta de jurisdicción que señala la representación judicial de la parte demandada, (…), por lo que, considera esta Superioridad (sic), que tal aseveración respecto a que ambos órganos jurisdiccionales se pronunciaron en cuanto a la supuesta falta de jurisdicción, resulta grave y relevante error de apreciación, para lo cual, se insta a la representación judicial de la parte demandada a no continuar en el el futuro, realizando falsos señalamientos contra los jueces en sus decisiones, (…), de allí que resulta IMPROCEDENTE, el alegato de que se realice la consulta obligatoria correspondiente a la falta de jurisdicción, por cuanto no fue alegada durante la secuela del proceso la defensa de falta de jurisdicción, ni ante el Tribunal (sic) de Municipio (sic), ni ante este Juzgado (sic) Superior (sic), resultando imposible el trámite de dicha solicitud, y ASI (sic) SE DECIDE…”. (Mayúsculas del texto).
Asimismo, consta a los folios 218 al 220 del expediente, fallo dictado en fecha 31 de mayo de 2011, por el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró la perención breve de la instancia de conformidad con el numeral 1° del artículo 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, en el juicio por desalojo de inmuebles incoado por la sociedad de comercio Inversiones Buena Vía, S.A., contra la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil C.A.,
Posteriormente, consta a los folios 221 al 227 del expediente, libelo de demanda del juicio por desalojo de inmuebles pretendido por la sociedad de comercio Inversiones Buena Vía, S.A., en fecha 26 de enero de 2011, contra la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil C.A., incoado ante el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y admitida en fecha 8 de febrero de 2011.
Y en respuesta de lo anterior, se verifica a los folios 228 al 236 del expediente, que el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 19 de marzo de 2012, dicto sentencia interlocutoria con carácter de definitiva, declarando que “…EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO, Y CON LUGAR LA CUESTION (sic) PREVIA OPUESTA, y ASI (sic) SE DECIDE”.
Finalmente, consta a los folios 362 al 376 del expediente, sentencia N° 560 de fecha 23 de mayo de 2012, expediente N° 12-597, de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, en la cual confirmó que “…el PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir de la demanda por desalojo de un inmueble, interpuesta por los abogados Gustavo López Gorrín, Carlos Mederico y Ángel Morillo, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil INVERSIONES BUENA VÍA S.A., contra la sociedad mercantil ETIQUETAS SOL SIL, C.A.”.
Ahora bien, de acuerdo a lo expuesto por los solicitantes del avocamiento y lo evidenciado por esta Sala en las actas del expediente, la sociedad de comercio Inversiones Buena Vía S.A., ha intentado en diversas oportunidades tres (3) juicios de desalojo sobre el mismo bien inmueble dado en arrendamiento en contra de la sociedad mercantil Etiquetas Sol Sil, C.A., a decir:
1) Inicialmente, ante el Juzgado Décimo Octavo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitida en fecha 2 de febrero de 2011.
2) Paralelamente, ante el Juzgado Vigésimo Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitida en fecha 8 de febrero de 2011.
3) Finalmente, ante el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, admitida en fecha 5 de mayo de 2015.
Así las cosas, la situación denunciada recae principalmente en el presunto desacato desplegado por el Juzgado Décimo Séptimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que conocieron del presente asunto como juzgado de cognición y superior jerárquico, respectivamente, de la sentencia emanada de la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, N° 560 de fecha 23 de mayo de 2012, expediente N° 2012-597, que señaló lo siguiente:
Asimismo, dispone la primera parte del artículo 6 de la precitada Ley de Arbitraje Comercial que: “…El acuerdo de arbitraje deberá constar por escrito en cualquier documento o conjunto de documentos que dejen constancia de la voluntad de las partes de someterse a arbitraje...”.
De acuerdo a la sentencia antes transcrita, se tiene que la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, declaró que el poder judicial no tiene jurisdicción para conocer y decidir de la demanda por desalojo de inmueble interpuesta por la sociedad mercantil Inversiones Buena Vía, S.A., contra la sociedad de comercio Etiquetas Sol Sil, C.A., al verificarse que el contrato objeto de estudio contiene en una cláusula arbitral, que excluye a la jurisdicción del poder judicial para conocer del presente asunto.
Ante esta situación, al evidenciarse que el presente asunto está en trámite y sin sentencia definitivamente firme, acreditándose un caso de manifiesta injusticia que toca materia de orden público procesal, al incidir directamente en el debido proceso y al derecho a la defensa, se concibe la necesidad de restablecer el orden jurídico procesal en el presente asunto, lo que hace obligante a esta Sala declarar la procedencia del avocamiento solicitado, en su primera fase.
Por tales razones, esta Sala considera procedente requerir el expediente original N° AP71-R-2016-000692, nomenclatura del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para tener conocimiento exacto de los hechos narrados por la solicitante y así determinar la procedencia o no de la solicitud de avocamiento en su segunda fase.
En consideración a lo anteriormente expuesto, la Sala juzga procedente la primera fase del avocamiento solicitado por los abogados Francisco Banchs, Héctor Alonzo Rojas Trías y Ángel Gil Fernández, en representación judicial de la sociedad mercantil ETIQUETAS SOL SIL C.A. Así se decide.
Finalmente, la Sala advierte que el incumplimiento de lo aquí decidido y ordenado dará lugar a la multa prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que dispone: “Las Salas del Tribunal Supremo de Justicia sancionarán con multa equivalente hasta doscientas unidades tributarias (200 U.T.) a las personas, funcionarios o funcionarias que no acataren sus órdenes o decisiones, o no le suministraren oportunamente las informaciones, datos o expedientes que solicitare de ellos, sin perjuicio de las sanciones penales, civiles, administrativas o disciplinarias a que hubiere lugar”.
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PROCEDENTE LA PRIMERA FASE DEL AVOCAMIENTO, solicitado por los abogados Francisco Banchs, Héctor Rojas Trías y Ángel Gil Fernández, en representación judicial de la sociedad mercantil ETIQUETAS SOL SIL C.A., y en consecuencia ORDENA: Al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, LA REMISIÓN INMEDIATA A ESTE MÁXIMO TRIBUNAL DE LA REPÚBLICA, DEL EXPEDIENTE ORIGINAL N° AP71-R-2016-000692, contentivo del juicio que por desalojo de inmuebles intentara la sociedad de comercio INVERSIONES BUENA VÍA, S.A. contra la sociedad mercantil ETIQUETAS SOL SIL C.A.
SE LE ORDENA al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, QUE DEBERÁ ABSTENERSE DE REALIZAR ACTUACIÓN ALGUNA EN EL EXPEDIENTE QUE LE HA SIDO REQUERIDO, HASTA TANTO ESTA SALA DECIDA EN DEFINITIVA EL AVOCAMIENTO SOLICITADO.
Asimismo, se le concede cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, para que el mismo sea remitido a este Alto Tribunal, so pena de que se aplique la sanción prevista en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas, a los dieciocho días del mes de mayo de dos mil diecisiete. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
Exp.: Nº AA20-C-2017-000202