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Timestamp: 2016-10-25 19:08:34
Document Index: 240471412

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 14', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 219']

Sentencia Nº: 1.193/2010RECURSO CASACION Nº:805/2010 EXTRACTO UNA PARTE DE LA SENTENCIA, CONTRA EL CONSEJERO DEL BANCO SANTANDER TAN COMENTADA ULTIMAMENTE.EN ESTE CASO, LA VALORACION DE LA PRUEBA EN RELACION CON LA PRESUNCION DE INOCENCIAComo hemos reiterado ya en muy numerosas ocasiones, el derecho a la presunción de inocencia reconocido en el artículo 24 CE implica que toda persona acusada de un delito o falta debe ser considerada inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (artículo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; artículo 6.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), lo cual supone que se haya desarrollado, bajo la iniciativa de la acusación, una actividad probatoria de cargo con arreglo a las previsiones constitucionales y legales, y por lo tanto válida, cuyo contenido incriminatorio, racionalmente valorado, sea suficiente para desvirtuar aquella presunción inicial, en cuanto que permita al Tribunal alcanzar una certeza objetiva sobre los hechos ocurridos y con base en la misma declararlos probados, así como la participación del acusado en ellos, descartando, al mismo tiempo y en su caso, la versión alternativa por carencia de la necesaria racionalidad.El control procedente en casación relativo a la existencia de prueba de cargo bastante requiere generalmente una triple comprobación. En primer lugar que el Tribunal de instancia ha apoyado su relato fáctico en pruebas relativas a la existencia del hecho y a la participación del acusado en él. En segundo lugar, que las pruebas son válidas, es decir, que han sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica. Y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de cargo disponible, no se aparta de las reglasde la lógica, de las máximas de experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por lo tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea.En consecuencia, el Tribunal de casación podrá rechazar las conclusiones alcanzadas por el de instancia cuando su discurso valorativo desde las pruebas hasta el hecho probado carezca de la necesaria consistencia como consecuencia de su falta de respeto por la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos, debiendo mantenerlas, sin embargo, en caso contrario.Este control casacional no supone la posibilidad de valorar de nuevo en su integridad pruebas personales, cuya práctica no se ha presenciado, para llegar a conclusiones fácticas, especialmente si son de cargo, distintas de las que el Tribunal declara probadas. Tiene dicho esta Sala en la STS nº 951/99, de 14 de junio de 1.999, que "...el juicio sobre la prueba producida en el juicio oral es sólo revisable en casación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo que respecta a la observación por parte del Tribunal de los hechos de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia y los conocimientos científicos.Por el contrario, son ajenos al objeto de la casación aquellos aspectos del juicio que dependen sustancialmente de la inmediación, o sea de la percepción directa de las declaraciones prestadas en presencia del Tribunal de instancia". En este sentido, como recuerda la STS nº 455/1999, de 29 de abril, "...se ha señalado repetidamente que la cuestión de la credibilidad de los testigos, en principio, queda fuera de las posibilidades de revisión en el marco del recurso de casación (Cfr. SSTS de 22-9-1992 y 30-3-1993)".También en la STS nº 625/2009, de 17 de junio, se advertía que "Como señalan las SS. 272/95 de 13.2 ó 515/96 de 12.7, "es evidente que el juicio relativo a si los indicios deben pesar más en la convicción del Tribunal sentenciador que la prueba testifical (de descargo) o la propia declaración exculpatoria del acusado, es una cuestión íntimamente vinculada a la inmediación que tuvo el Tribunal de los hechos, que no puede ser objeto de revisión por otro que no gozó de aquella inmediación y, por tanto, ni oyó ni vio la prueba practicada en su presencia. Este juicio podría únicamente ser impugnado si fuese contrario a las reglas de la lógica o a las máximas de experiencia". Es decir que queda fuera del ámbito casacional la valoración por el Tribunal sentenciador del peso de los indicios incriminatorios en relación con las pruebas de descargo practicadas que el Tribunal valora con inmediación, otorgándoles o no credibilidad o con las manifestaciones exculpatorias del acusado, quien proporciona una versión fáctica alternativa que el Tribunal puede estimar convincente o bien inverosímil por su incoherencia interna, falta de consistencia, contradicción con datos objetivos debidamente acreditados, etc.; ponderación de elementos incriminatorios y dedescargo que debe ser respetada, pues constituye el núcleo de la función enjuiciadora del Tribunal "a quo", siempre que responda a las reglas de la lógica y del criterio humano".Estas afirmaciones han sido matizadas con posterioridad en el sentido de que nopueden entenderse de manera que el Tribunal de casación, operando con criterios objetivos basados en datos debidamente acreditados, no pueda en ningún caso revisar la racionalidad con la que el Tribunal de instancia ha reconocido credibilidad a quien ha prestado declaración a su presencia. Ni que, por lo tanto, el Tribunal que efectúa la revisión no pueda excluir de lo probado aquellos hechos respecto de los que considere que la prueba personal, tal como ha sido valorada, resulta inconsistente (STS nº 677/2009). Así, entre otras, en la STS nº 1302/2009, de 9 de diciembre, se decía que "este Tribunal tiene declarado de forma reiterada que en la ponderación de las declaraciones personales (acusado, víctima, testigos) se debe distinguir un primer nivel dependiente de forma inmediata de la percepción sensorial, condicionado a la inmediación y por tanto ajeno, en principio, al control en vía de recurso por un Tribunal superior que no ha contemplado la práctica de la prueba; y un segundo nivel, en el que la opción por una u otra versión de los hechos no se fundamenta directamente en la percepción sensorial derivada de la inmediación, sino en una elaboración racional o argumentativa posterior, que descarta o prima determinadas pruebas aplicandolas reglas de la lógica, los principios de la experiencia o los conocimientos científicos. Esta estructura racional del discurso valorativo puede ser revisada en casación, censurando aquellas argumentaciones que resulten ilógicas, irracionales, absurdas o, en definitiva, arbitrarias (SSTS 227/2007, de 15-3; 893/2007 de 31-10; 778/2007, de 9-10; 56/2009, de 3- 2; 264/2009, de 12-3; 901/2009, de 24-9 ; y 960/2009, de 16-10 , entre otras ). En consecuencia, la valoración del Tribunal respecto de pruebas personales practicadas bajo el principio de inmediación no puede ser sustituida, simplemente, por la que pueda efectuar otro Tribunal que no las haya presenciado. Ello no impide, como se hadicho, descartar la valoración realizada desde la perspectiva de su falta de adecuación a las reglas de la lógica, a las máximas de experiencia o a los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos. Pero para llegar a esa conclusión es preciso acreditar tal falta de adecuación, y no solo a través de una apreciación carente de bases objetivas.http://www.ilpglobal.com/
AL PRINCIPIO PARECE CLARO ENJUICIAMIENTO POR SEPARADO, PERO CUANDO NO IMPIDA LA CONTINENCIA DE LA CAUSA.YA ESTAMOS BUSCANDO CISNES NEGROS, CONOCEIS ALGUN CASO DE DELITOS CONEXOS DONDE EL ENJUICIAMIENTO SEPARADO NO IMPIDA LA CONTINENCIA DE LA CAUSA. ( minutos para pensar) VALE YO TAMPOCOAL FINAL DEL ARTICULO LA FORMA DE PROCEDER, TAN COMPLICADA QUE SOLO PARA ARGUMENTARLA TE PUEDES VOLVER LOCO.EN FIN PARA MI QUE SE LO PODIAN HABER AHORRADOACUERDO DEL PLENO NO JURISDICCIONAL DE 23 DEFEBRERO DE 2010, REFUNDIENDO ESTA CUESTIÓNCuando se imputen varios delitos y alguno de ellos sea de losenumerados en el artículo 1.2 de la LOTJ:1. La regla general es el enjuiciamiento separado, siempre que no loimpida la continencia de la causa.a) Se entenderá que pueden juzgarse separadamente distintosdelitos si es posible que respecto de alguno o algunos puedarecaer sentencia de fallo condenatorio o absolutorio y respectode otro u otros pueda recaer otra sentencia de sentido diferente.b) La analogía o relación entre varios hechos constitutivos devarios delitos, en ningún caso exige, por sí misma, elenjuiciamiento conjunto si uno o todos ellos son competenciadel Tribunal del jurado (artículo 1.2 LOTJ).2. La aplicación del artículo 5.2.a) no exige que entre los diversosimputados exista acuerdo. Se incluyen los casos de daño recíproco.3. La aplicación del artículo 5.2.c) requiere que la relación funcionala la que se refiere se aprecie por el órgano jurisdiccional enatención a la descripción externa u objetiva de los hechoscontenidos en la imputación.La competencia se extenderá al delito conexo siempre que se hayacometido teniendo como objetivo principal perpetrar un delito quesea de la competencia del Tribunal del Jurado, es decir, que ha deser de la competencia del Jurado aquel cuya comisión se facilita ocuya impunidad se procura.Por el contrario, si el objetivo perseguido fuese cometer un delitoque no es competencia del Tribunal del Jurado y el que se cometepara facilitar aquél o lograr su impunidad fuese alguno de losincluidos en el artículo 1.2, en estos casos la competencia será delJuzgado de lo Penal o de la Audiencia Provincial, salvo que,conforme al apartado 1 de este acuerdo, puedan enjuiciarseseparadamente.Cuando existieren dudas acerca de cuál es el objetivo principalperseguido por el autor de los hechos objeto de las actuaciones yuno de ellos, al menos, constituya delito de los atribuidos alTribunal del Jurado (art. 1.2 LOTJ), la competencia sedeterminará de acuerdo con la que corresponda al delito másgravemente penado de entre los imputados.4. El artículo 5.3, al mencionar un solo hecho que pueda constituirdos o más delitos, incluye los casos de unidad de acción quecausaren varios resultados punibles.5. Se excluye el caso de la prevaricación, que nunca serácompetencia del Tribunal del Jurado.6. previstas en el artículo 5.2.c) o el delito fin no sea de losenumerados en el artículo 1.2 (cuando hubiere dudas sobre cuál esel delito fin se atenderá al criterio de la gravedad); no concurranlas circunstancias de los apartados a) o b) del artículo 5.2; no setrate de un caso de concurso ideal o de unidad de acción; o, encualquier caso, siempre que uno de los delitos sea el deprevaricación, y no pueda procederse al enjuiciamiento separadosin romper la continencia de la causa, la competencia será delJuzgado de lo Penal o de la Audiencia Provincial.http://www.ilpglobal.es/En consecuencia, cuando no se aprecie alguna de las finalidades
Muy relevante a la hora de plantear las denuncias o querellas. Como el juez no lo califique como pretende la acusación el caso se puede venir abajo por prescripción.Creo que el acuerdo del supremo es razonable, pero habrá que tenerlo en cuenta en actuaciones futuras ante los Tribunales. Tribunal Supremo Sala de lo Penal Gabinete Técnico Acuerdo adoptado en Sala general, por el Pleno de la Sala Segunda, en su reunión de 26-10-2010: Único Asunto: Criterio que debe adoptarse para el cómputo de la prescripción de un delito que contiene en su descripción normativa un tipo básico y otro subtipo agravado. Acuerdo: Para la aplicación del instituto de la prescripción, se tendrá en cuenta el plazo correspondiente al delito cometido, entendido éste como el declarado como tal en la resolución judicial que asi se pronuncie. En consecuencia, no se tomarán en consideración para determinar dicho plazo aquellas calificaciones jurídicas agravadas que hayan sido rechazadas por el Tribunal sentenciador. Este mismo criterio se aplicará cuando los hechos enjuiciados se degraden de delito a falta, de manera que el plazo de prescripción será el correspondiente a la calificación definitiva de los mismos como delito o falta. En los delitos conexos o en el concurso de infracciones, se tomará en consideración el delito más grave declarado cometido por el Tribunal sentenciador para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado. http://www.ilpglobal.es/
El Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) de Cataluña avala la decisión de la Generalitat de que no se hagan gratuitamente las traducciones del catalán al castellano de los documentos en los juicios, sino que las paguen quienes las soliciten, salvo en los casos penales.El TDC de Cataluña ha rechazado la denuncia del abogado José Luis Mazón, porque considera responsable al juez que tomó la decisión que originó la denuncia de no dar la gratuidad de la traducción de documentos. Mazón cree que “el juez no hacía otra cosa que ejecutar la política de medios materiales diseñada por la Generalitat”.En opinión del denunciante, la decisión del TDC de Cataluña constituye “una tomadura de pelo” y la Generalitat se comporta “como un pícaro que niega sus evidentes responsabilidades y competencias en el ramo de los medios materiales de a Justicia”.Mazón denunció en octubre de 2009 ante la Comision Nacional de la Competencia (CNC, con sede en Madrid) al Departamento de Justicia de la Generalitat por práctica restrictiva de la competencia. La Generalitat ha dispuesto que no se hagan gratuitamente las traducciones del catalán al castellano de los documentos en los juicios, sino que las paguen quienes las soliciten, salvo en los casos penales, “pese al deber de gratuidad de tales traducciones dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para todo tipo de procesos”, apostilla Mazón.La CNC consideró que el caso competía a Competencia de Cataluña. Mazón presentará de nuevo la denuncia ante la CNC contra el Ministerio de Justicia, el CGPJ, el juez aludido y la Generalitat.Fomentar la lengua
La Generalitat estableció en 2008 un plan para fomentar el uso del catalán en tribunales y bufetes. Los cursos para abogados recibieron entonces, al menos, 66.000 euros, según el Diario Oficial de la Generalitat.El catalán se usa poco en los tribunales, por ejemplo, en el 16% de las sentencias. El 80% de los funcionarios en los juzgados puede atender oralmente y por escrito en catalán. Y el 55% de jueces, secretarios y fiscales, en datos de 2007. En el curso 2008-2009 se inscribieron en cursos de catalán 1.237 personas del mundo jurídico.http://www.ilpglobal.es/
Un codemandado recurre una sentencia, con posterioridad a que el demandado presentara ya su recurso de apelación en el que no me había incluido previamente, mi recurso le abre la puerta para solicitar la reforma de la sentencia…………. O como a veces es mejor estarse quietecito Publicado por
pero por si había dudas viene el supremo a confirmarloLa STS 18-12-2009 (Rc 879/2005) estima un recurso extraordinario por infracción procesal contra sentencia de apelación cuyo fallo contiene un pronunciamiento por el cual se difiere para la fase de ejecución de sentencia la liquidación concreta de la indemnización solicitada fijando unas bases de determinación. Se recuerda que el artículo 219 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ha puesto fin a la viciosa practica de pedir y de conceder determinadas indemnizaciones, cuya concreción dejaban los Tribunales para ejecución de sentencia, sumando un juicio a otro, sin tener en cuenta que la prueba de su importe tiene su lugar específico en el curso del proceso y no en su ejecución. Dicho precepto permite que la sentencia fije la cuantía líquida a abonar pero siempre que se establezcan las bases a partir de las cuales pueda determinarse la cantidad a pagar mediante una pura operación aritmética, lo que en el caso concreto no ocurría.http://www.ilpglobal.es/