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Timestamp: 2020-03-28 12:10:09
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FISCALIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE CONTRIBUCIONES ¿LEGALES?
Publicado el 05 Sep a las 09:48h
Por. LC y LD Victor Hugo González Martínez
Dentro de las facultades de las autoridades tributarias está la de fiscalizar la contabilidad a fin de comprobar que la solicitud de devolución de contribuciones esté debidamente sustentada por lo que podrá ejercitar el procedimiento de revisión conforme al artículo 22 del Código Fiscal de la Federación.
De manera específica el procedimiento que establece la forma en que deberá llevarse a cabo la fiscalización de las solicitudes de devolución se encuentra regulada en el artículo 22-D del Código Tributario Federal que a la letra indica que para comprobar la procedencia de las devoluciones las autoridades podrán ejercer las facultades previstas en la fracción II o III del Artículo 42 de dicho código. Dicho numeral fija las bases en que deberá revisarse la documentación de los contribuyentes, los plazos y las formalidades que debe cumplir.
El referido artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación señala que para revisar la procedencia de las devoluciones la autoridad podrá ejercer cualquiera de las siguientes facultades de comprobación:
• Revisión de gabinete o en las oficinas de la autoridad.
• La visita domiciliaria en las instalaciones del contribuyente.
Es decir, en dicho numeral se establecen los lineamientos para llevar a cabo la verificación y solo puede ser mediante cualquiera de esas dos formas de fiscalización, sin embargo es importante destacar que el propósito de estas facultades de comprobación tienen como propósito “verificar la procedencia de la devolución” de tal forma que en la notificación al contribuyente debe especificar el propósito de la auditoria, el periodo y las contribuciones.
Resulta muy importante como lo establece el artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación que el único propósito de la revisión es para verificar si procede o no la revisión, por lo que si la autoridad se aparta de dicho objeto estaría vulnerando los derechos del contribuyente siendo incluso probable que ejercite un amparo a su favor.
El numeral señalado nos dice:
Artículo 22-D. Las facultades de comprobación, para verificar la procedencia de la devolución a que se refiere el noveno párrafo del artículo 22 de este Código, se realizarán mediante el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones II ó III del artículo 42 de este Código. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación a que se refiere este precepto por cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente, aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y periodos, conforme a lo siguiente:
I. El ejercicio de las facultades de comprobación deberá concluir en un plazo máximo de noventa días contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de este Código, el plazo para concluir el ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de este Código.
II. La facultad de comprobación a que se refiere este precepto se ejercerá únicamente para verificar la procedencia del saldo a favor solicitado o pago de lo indebido, sin que la autoridad pueda determinar un crédito fiscal exigible a cargo de los contribuyentes con base en el ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción.
III. En el caso de que la autoridad solicite información a terceros relacionados con el contribuyente sujeto a revisión, deberá hacerlo del conocimiento de este último.
IV. Si existen varias solicitudes del mismo contribuyente respecto de una misma contribución, la autoridad fiscal podrá emitir una sola resolución.
V. En caso de que las autoridades fiscales no concluyan el ejercicio de las facultades de comprobación a que se refiere el presente artículo en los plazos establecidos en la fracción I, quedarán sin efecto las actuaciones que se hayan practicado, debiendo pronunciarse sobre la solicitud de devolución con la documentación que cuente.
VI. Al término del plazo para el ejercicio de facultades de comprobación iniciadas a los contribuyentes, la autoridad deberá emitir la resolución que corresponda y deberá notificarlo al contribuyente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes. En caso de ser favorable la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro de los diez días siguientes a aquel en el que se notifique la resolución respectiva. En el caso de que la devolución se efectué fuera del plazo mencionado se pagarán los intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código.
De la lectura a la norma antes transcrita podemos destacar que lejos de establecer beneficios a la autoridad en la especie concede derechos del contribuyente por lo que deberá estarse atento a ellos para salvaguardarlos.
En virtud de lo anterior podemos destacar los siguientes puntos:
• La revisión tiene un solo propósito que es verificar la procedencia de la devolución.
• La auditoria debe ceñirse al periodo que abarca la devolución solicitada y no uno distinto.
• Debe especificar la contribución a revisar.
• Tendrá que señalarse las partidas que son sujetas de revisión.
• Evidentemente tendrá que señalar en la notificación si se trata de una orden de auditoria o de gabinete.
• El plazo máximo de duración de la auditoria es de 90 días, por lo que en caso contrario opera la caducidad de la instancia administrativa. En casos excepcionales la auditoria podrá duplicarse a 180 días.
• Asimismo el plazo de duración de la auditoría puede ser sujeto de suspensión conforme lo estable el código como por ejemplo la no entrega de la documentación, la muerte del contribuyente, la huelga y otros casos más.
• La autoridad tiene la obligación de notificar al contribuyente una vez vencido el plazo legal de la revisión en 10 días posteriores para conocer la resolución que puede ser autorizando o negando la devolución.
• Destaca el hecho de que por esta revisión la autoridad no puede determinar ningún crédito fiscal, sino que para hacerlo tendrá que ser por medio de otro acto de fiscalización
Cabe señalar que el contribuyente en cualquier momento puede ejercer el derecho de defensa, como por ejemplo desde el inicio de la notificación interponer el amparo, o en su caso al final de la auditoria cuando tenga conocimiento de la resolución concluyente.
Asimismo los tribunales ya se han pronunciado para decir que toda vez que la autoridad puede ejercer una visita domiciliaria en cuyo caso está obligada a levantar las actas parciales y final que proceda.
En ese sentido la tesis nos indica lo siguiente:
Registro: 2011629
Publicación: viernes 13 de mayo de 2016 10:13 h
Tesis: XVII.1o.P.A.5 A (10a.)
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR. LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 46-A, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SON APLICABLES A LA VISITA DOMICILIARIA QUE PRACTIQUE LA AUTORIDAD PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD RELATIVA. El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación prevé como un derecho de los contribuyentes, solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente al fisco federal o las que procedan conforme a las leyes fiscales y, además, establece que la autoridad tributaria puede ejercer sus facultades de comprobación para verificar la procedencia de la solicitud de devolución, sin señalar normas especiales para su desarrollo; sin embargo, cuando aquélla, con arreglo a ese precepto, ejerce la facultad de comprobación contenida en el artículo 42, fracción III, del propio código, es decir, una visita domiciliaria para el fin mencionado, debe sujetarse a las formalidades establecidas en los numerales 46 y 46-A, último párrafo, del mismo ordenamiento, de acuerdo a los cuales, deben levantarse actas parciales, última acta parcial y final, y si las autoridades no levantan esta última dentro de los plazos fijados en el artículo 22 mencionado, la visita se entenderá concluida al término de éstos y quedarán sin efectos la orden y las actuaciones que de aquélla derivaron, pues la génesis de esas formalidades consiste en hacer respetar los derechos fundamentales de seguridad jurídica e inviolabilidad del domicilio, previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para acotar suficientemente el ejercicio de la facultad de la autoridad administrativa en el domicilio fiscal, y evitar que se torne arbitrario.
Amparo directo 385/2015. Móvil Six, S.A. de C.V. 12 de febrero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Dorian Campos Hinojos.
Amparo directo 412/2015. Patronato de la Feria y Exposición Ganadera Santa Rita del Estado de Chihuahua, A.C. 10 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Martín Hernández Simental. Secretario: Juan Carlos Rivera Pérez.
Esta tesis se publicó el viernes 13 de mayo de 2016 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.
Es importante señalar que la autoridad está sujeta a cumplir con diversos procedimientos establecidos en diversas normas legales pero esencialmente en el artículo 22-D del Código Fiscal de la Federación.
Dentro de las obligaciones que debe cumplir la autoridad irremediablemente son:
• Notificar la facultad de comprobación que esta ejerciendo.
• Señalar el período sujeto de revisión y no dejarlo ambiguo o genérico.
• Establecer la documentación que es materia de la revisión.
• Asimismo debe precisar la contribución que va a revisar.
• No debemos olvidar que hemos estado hablando de la revisión propiamente, pero la autoridad cuando notifique una resolución negativa debe darle a conocer de forma fundada y motivada las razones que tuvo para dictarla en ese sentido como lo sería la no causación de la contribución, la falta de algún requisito o que no se haya cumplido con alguna obligación sustantiva.
• De igual forma la autoridad debe respetar los plazos legales para terminar su revisión porque de otro modo queda sin efectos la auditoria.
Los puntos anteriores son enunciativos y del análisis de una adecuada defensa del contribuyente pueden sobre salir otros aspectos no mencionados pero que podrían ayudar al contribuyente para afrontar este tipo de revisiones, pues podemos advertir que estos procedimientos tienen dos propósitos como es evitar las devoluciones o buscar un pretexto para no devolverlas sino no tendría sentido.
En conclusión el contribuyente debe estar atento porque puede interponer un amparo desde el inicio para lo cual goza de 15 días hábiles para ello, de igual manera estar atento para hacer valer sus derechos mediante el apoyo del abogado fiscalista.
IMPULSAN NORMA MEXICANA PARA REGULAR EL OUTSOURCING
Publicado el 08 Dic a las 02:10h
Con fecha 6 de Diciembre de 2016 fue publicado en el D.O.F. proyecto de Norma Mexicana bajo el la ClavePROY-NMX-R-086-SCFI-2016 y titulo SERVICIOS-EMPRESAS DE SUBCONTRATACIÓN Y/O TERCERIZACIÓN DE PERSONAL-REQUISITOS.
Hay que aclarar que aun es un proyecto y que se tienen 60 días naturales para que cualquier interesado pueda prestar sus comentarios, sin embargo se espera que opere para 2017.
Hemos encontrado que en diferentes medios de comunicación hacen referencia a es una NOM, sin embargo el proyecto se refiere a una NMX. La aclaración anterior es importante debido a que tienen diferencias que para efectos prácticos podemos resumir en lo siguiente:
Son regulaciones técnicas para productos, procesos o servicios.
La NOM-068-SCT-2-2000 es una Norma Oficial Mexicana
Establecen requisitos mínimos de calidad de productos y servicios.
Son de aplicación voluntaria.
La NMX-EC-17020-IMNC-2000 es una Norma Mexicana.
Como antecedente de esta Norma tenemos que las secretarías de Economía y del Trabajo, junto con la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH), buscan fijar estándares o criterios mínimos que las empresas que ofrecen servicios de outsourcing deben cumplir y evitar la simulación de las firmas que tercerizan personal.
El Proyecto de Norma Mexicana tiene como objetivo coadyuvar con las Empresas deSubcontratación y/o Tercerización de personal, a efecto de que cumplan con el marco jurídico aplicable,evitando plenamente la simulación de operaciones y estableciendo los requisitos para obtener la certificación y autorización del uso del signo distintivo que compruebe que se cumple con el presente Proyecto de Norma Mexicana.
Así pues tendremos que en la NOM se incluirán aspectos como que las empresas de outsourcing deberán cumplir con los básicos de la Ley Federal del Trabajo (contrato escrito, prestaciones como aguinaldo y vacaciones), seguridad social, pago de impuestos y contribuciones y protección de datos personales del trabajador.
Recordemos que con la reforma a la Ley Federal del Trabajo de 2012 en su artículo 15 A ya se reconoció a la Subcontratación (outsourcing) desde el punto de vista laboral, por tanto se buscará fortalecer con una regulación específica que permita certificar el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia laboral, fiscal y de seguridad social frente a sus clientes y empresas, es decir la Nom no cambiará a ninguna la ley, por el contrario, precisará las obligaciones descritas en las leyes del Infonavit en su artículo 29 bis y la Ley del IMSS en su artículo 15 A, que obliga a las empresas de outsourcing a informar trimestralmente a ambos institutos el padrón de empleados registrados y la Ley Federal del Trabajo.
A decir de los involucrados en su creación, dentro de los datos que se consideraron alarmantes alarmantes y que por tanto impulsaron la creación de dicha Norma se encuentra que:
Hay más de 800 empresas, de las cuales no todas cumplen con el pago de impuestos.
Puede ser que estén ofreciendo eludir responsabilidades fiscales y en materia de prestación.
Encontrarse con la simulación de buscar un ahorro a costa de los ingresos del trabajador.
Existen esquemas de simulación para contratar personal que pueden afectar al trabajador como los sindicatos, pagos asimilados a salarios y asociaciones civiles y cooperativas.
Así pues, esta norma servirá para que las empresas que ofrezcan los servicios de subcontratación puedan contar con una certificación oficial y que aquellas empresas que contraten los servicios de las outsourcings tengan la seguridad de recibir un servicio que esté cumpliendo con la Ley.
Por tanto lo que se buscará con esta Norma es promover el outsourcing formal, que respetare y cumpla con las obligaciones fiscales y laborales, y de seguridad social pagando íntegramente sus contribuciones.
Finalmente será importante que todas aquellas empresas de outsourcing revisen su contenido y alcances, para efectos implementar los requisitos mínimos de calidad que se establece en esta NOM para otorgar este tipo de servicios.
INCONSTITUCIONAL QUE NO EXISTA PLAZO PARA QUE LA CNBV DICTE RESOLUCIÓN EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
Publicado el 09 Sep a las 17:43h
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el artículo 88 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, vigente en 2015, no prevé expresamente un plazo para que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dicte resolución en el procedimiento administrativo sancionador correspondiente y, por lo mismo, transgrede el principio de seguridad jurídica.
Aun cuando el artículo 89 Bis-1 de la misma ley prevé el lapso de cinco años para que caduquen las facultades sancionadoras de la citada Comisión, lo cierto es que dicho plazo se interrumpe con el inicio del procedimiento administrativo relativo, de ahí que a partir de ese momento queda en manos de la autoridad definir cuándo dictar la resolución correspondiente.
A través de un comunicado se precisó que la ausencia del límite temporal descrito en el precepto impugnado no se encuentra subsanada por la figura de la caducidad prevista en el artículo 89 Bis-1, pues al interrumpirse el plazo de esta última con el inicio del procedimiento sancionador subsiste el vicio de inconstitucionalidad determinado en la sentencia recurrida.
Lo anterior, toda vez que la indefinición legislativa de un límite temporal para que la autoridad emita una resolución, posibilita incurrir en arbitrariedades o que se prolongue indefinidamente el procedimiento y se deje en incertidumbre jurídica al particular.
Razón por la cual, la Primera Sala confirmó la sentencia recurrida y amparó a una empresa a la cual se le impuso una multa por la omisión de remitir el reporte de operaciones relevantes del segundo trimestre de 2012. Resolución que fue considerada válida en el juicio de nulidad.
Inconforme la empresa quejosa promovió amparo, mismo que le fue concedido por el tribunal colegiado, lo cual motivó la presente revisión por parte de la autoridad.
Veamos el Comunicado emitido por la SCJN:
INEXISTENCIA DE NOTIFICACIÓN NO ES CAUSA DE NULIDAD LISA Y LLANA
Publicado el 06 Sep a las 09:06h
Por: GM Capacitación
En términos de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en su artículo 16 si el actor niega conocer la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, y, al contestarla, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, las cuales puede combatir el actor mediante ampliación de la demanda.
ARTÍCULO 16.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes:
I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció.
II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda.
III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa.
Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución.
En este sentido los Plenos de Circuito a través de la tesis PC.XXX. J/7 A (10a.), emitida por contradicción entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos del Trigésimo Circuito publicada el viernes 4 de abril de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación y, siendo de aplicación obligatoria a partir del lunes 7 de abril de 2014 resolvió lo siguiente:
Libro 5, Abril de 2014, Tomo II
Página: 1186
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU EXISTENCIA YEXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, PERO SEÑALA NO HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, DEBE DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.
Conforme al artículo 16, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (cuyo contenido sustancial reproduce el numeral 31, fracción II, de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo para el Estado de Aguascalientes), y a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 2a./J. 196/2010, cuando el actor niega conocer la resolución que pretende impugnar, la autoridad, al contestar la demanda, debe exhibir el documento original del acto impugnado o copia certificada. Ahora bien, dicha regla debe aplicarse, por igualdad de razón, cuando el demandante niega conocer dicho acto y la autoridad afirma su existencia y la demuestra con la exhibición del documento original o en copia certificada, pero señala no haber efectuado la notificación correspondiente; de ahí que si la autoridad no prueba que se notificó antes de que se instaure la demanda, el acto administrativo no puede surtir efectos y debe declararse su nulidad lisa y llana, ya que debe darse oportunidad al actor de imponerse de su contenido e impugnarlo, por lo que la ausencia de la notificación no puede generar un beneficio procesal para la autoridad demandada (como sobreseer en el juicio contencioso administrativo), sin que sea válido que ésta pretenda notificar la resolución, a través del juicio contencioso administrativo, toda vez que la ley no lo autoriza y porque no puede obligarse al particular a promover un juicio para enterarse del contenido del acto emitido en su contra, pues ello implicaría vulnerar los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, respectivamente.
La tesis de jurisprudencia 2a./J. 196/2010 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 878, con el rubro: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO, LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA DEBE EXHIBIR EL DOCUMENTO ORIGINAL O, EN SU CASO, COPIA CERTIFICADA.”
Finalmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la Tesis 2a./J. 86/2016 (10a.) emitida por contradicción entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito publicada el viernes 05 de agosto de 2016 en el Semanario Judicial de la Federación siendo de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de agosto de 2016, que dicta lo siguiente:
Registro: 2012189
Publicación: viernes 05 de agosto de 2016 10:05 h
Materia(s): (Administrativa, Administrativa)
Tesis: 2a./J. 86/2016 (10a.)
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SI EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y SU NOTIFICACIÓN, Y LA AUTORIDAD AL CONTESTAR LA DEMANDA EXHIBE CONSTANCIA DE LA RESOLUCIÓN, PERO RECONOCE NO HABERLA NOTIFICADO, ELLO NO CONDUCE A DECRETAR SU NULIDAD LISA Y LLANA.
En términos de los artículos 16, fracciones II y III, y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, si en un juicio contencioso administrativo el actor niega conocer la resolución administrativa que pretende impugnar así lo expresará en su demanda y, al contestarla, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, las cuales puede combatir el actor mediante ampliación de la demanda; debiendo estudiarse los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados contra la resolución administrativa, y si se resuelve que no hubo notificación, se considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que se le dio a conocer. En este sentido, no se deja en estado de indefensión al accionante, pues pese a que la autoridad demandada no haya notificado la resolución impugnada, lo cierto es que al dársele vista con el oficio de contestación de la demanda y la constancia del acto combatido, se le tiene como conocedor de éste y podrá reclamarlo en la ampliación a la demanda; por tanto, la omisión de la demandada en el juicio contencioso administrativo de exhibir la constancia de notificación de la resolución, por sí sola, no conduce a declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados, pues ello será motivo de pronunciamiento por el ponente o la Sala, según sea el caso.
Contradicción de tesis 104/2016. Entre las sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Pleno del Trigésimo Circuito. 15 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos; en su ausencia hizo suyo el asunto Eduardo Medina Mora I. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.
Tesis PC.XXX. J/7 A (10a.), de título y subtítulo: “JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CUANDO EL ACTOR NIEGA CONOCER EL ACTO IMPUGNADO Y LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA, AFIRMA SU EXISTENCIA Y EXHIBE EL DOCUMENTO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA, PERO SEÑALA NO HABER EFECTUADO LA NOTIFICACIÓN RESPECTIVA, DEBE DECRETARSE SU NULIDAD LISA Y LLANA.”, aprobada por el Pleno del Trigésimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas, y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo II, abril de 2014, página 1186, y
El sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo directo 489/2015.
Tesis de jurisprudencia 86/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de junio de dos mil dieciséis.
Hay que recordar lo que al efecto establece el artículo 217 de la Ley de Amparo que dice lo siguiente:
Con lo anterior queda de manifiesto que la tesis Tesis 2a./J. 86/2016 (10a.), sera el criterio que los tribunales inferiores deberán respetar y con ello, la omisión de la demandada en el juicio contencioso administrativo de exhibir la constancia de notificación de la resolución, por sí sola, no conduce a declarar la nulidad lisa y llana de los actos impugnados,
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores presentó en noviembre del año pasado, una iniciativa con proyecto de decreto para incluir a la defraudación fiscal y la defraudación fiscal equiparada en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada, esto con el objetivo de "combatir a quienes acuerdan criminalmente evadir millonariamente al fisco federal"
El senador Alejandro Armenta Mier, ponente de la iniciativa, señala en su exposición de motivos que la SHCP ha realizado un estudio sobre la concurrencia de diversos delitos de carácter fiscal y ha llegado a la conclusión de que se puede distinguir entre delincuentes peligrosos y de otros que no lo son.
El equiparar las penas de defraudación fiscal con las de delincuencia organizada evitaría pérdidas anuales por 500 mil millones de pesos al erario, advirtió Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación.
Dicha iniciativa se hace relevante debido a que durante el seminario Corrupción y Lavado de Dinero, realizado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el objetivo de hacer cambios a la ley es endurecer las penas y dar mayores competencias a las autoridades para que las investigaciones no sean superficiales.
Recordó que de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) factureras lavaron en promedio 2 billones de pesos de 2014 a 2018, cifra cercana a una décima parte del gasto público. Para su propósito los delincuentes de cuello blanco utilizan a personas que no ganan más de dos salarios mínimos y a adultos mayores como prestanombres.
De acuerdo con el dictamen del proyecto que reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y la Ley de Seguridad Nacional en materia de empresas fantasma, se busca combatir a las empresas facturadoras de operaciones simuladas (EFOS) y a las empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS), y a "cualquier otra conducta delictiva de contenido económico", de manera que los delitos fiscales sean considerados como graves, de manera que implicarían forzosamente la aplicación de prisión preventiva oficiosa, es decir, que dado el tipo de delito, quienes lo cometen no alcanzan el beneficio de llevar a cabo su proceso en libertad.
El proyecto se encuentra actualmente turnado a la Comisión de Estudios Legislativos Primera y aún debe discutirse en esta instancia antes de pasar al Pleno del Senado.
Habrá que estar pendiente del estatus legislativo de esta iniciativa.
Consulta el documento fuente de esta iniciativa en la siguiente liga:
LA SHCP A TRAVÉS DE LA UIF PRECISA COMO PRESENTAR AVISOS ANTI-LAVADO POR OUTSOURCING
Publicado el 07 Feb a las 13:03h A través de una nota publicada el pasado 21 de Octubre de 2016 en el portal del gobierno federal www.gob.mx, se da a conocer un criterio sobre la tipificación de la subcontratación laboral (outsourcing) como actividad vulnerable sujeta a identificación en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como Ley Anti-Lavado
Al respecto se transcribe el comunicado:
En este sentido el pasado 30 de enero de 2017, y nuevamente a través del portal de la SCHP, se da a conocer un nuevo comunicado de la Unidad de Inteligencia Financiera donde se precisa como deben de ser presentados los avisos en términos de la Ley Anti-Lavado quienes prestan el servicio de subcontratación (outsourcing) en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo.
A Continuación se Trascribe el comunicado:
UIF – Outsourcing (Presentación de Avisos)
LLENADO DE AVISOS QUE DEBEN REALIZAR QUIENES PRESTAN EL SERVICIO DE SUBCONTRATACIÓN (OUTSOURCING) EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.
Hago referencia al criterio emitido por esta Unidad administrativa en el sentido de que el contratista al prestar el servicio de subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, actualiza el supuesto previsto por el inciso b) de la fracción XI del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para ser considerada como Actividad Vulnerable y, por lo tanto, está sujeto al cumplimiento de las obligaciones previstas por dicha ley y su normatividad secundaria, al llevar a cabo la administración y manejo de recursos del contratante, es decir de su cliente, en la realización del servicio contratado.
En alcance a lo anterior se precisa la manera en que, quienes llevan a cabo dicha actividad, deben llenar el formato oficial para la presentación de los Avisos correspondientes, a saber:
– Utilizar el Anexo 11 de la Resolución por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen actividades vulnerables, correspondiente a la operación de “Administración y manejo de recursos, valores, cuentas bancarias, ahorro o valores, o cualquier otro activo”.
– En la sección “Tipo de activos administrados” utilizar el campo denominado “Otros activos”, y en la “Descripción del activo administrado” indicar, separados con una diagonal (/), por lo menos los siguientes datos:
Iniciar el campo con la palabra Outsourcing.
Indicar como tipo del activo administrado, las palabras: manejo de nómina, recursos humanos o ambos, según corresponda.
Indicar el monto total de las operaciones financieras realizadas en el mes, desglosando lo que corresponda al pago del servicio prestado.
De esta manera se expone el siguiente ejemplo: Outsourcing/recursos humanos/operaciones financieras: $10,000.00 MN honorarios: $1,000.00 MN.
Respecto al tema te invitamos a participar en la segunda fecha del curso Riesgos y Oportunidades Legales del Outsourcing que será de cupo limitado y abarcara este y otros temas relacionados, que podrás consultar en nuestro portal
LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL ES EXENTA DE IVA POR JURISPRUDENCIA (ANTECEDENTES Y ALCANCES)
Publicado el 17 Jul a las 23:53h
Por GM Capacitación
En 2015 la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) emitió la Recomendación 30/2015 (1) y la Recomendación 37/2015 (2) d erivadas de quejas de contribuyentes que tienen que ver con el rechazo, por parte de la autoridad, de un acreditamiento de Impuesto al Valor Agregado (IVA) derivado de un servicio de subcontratación laboral.
Anteriormente la Procuraduría ya se había pronunciado en sucriterio sustantivo 5/2015/CTN/CS-SASEN que señala lo siguiente:
VALOR AGREGADO. PARA ACREDITARLO NO SE REQUIERE EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15-A DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. El artículo 5° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), establece cuales son los requisitos que se deben cumplir para el acreditamiento de dicha contribución, entre otros, que el impuesto corresponda a servicios por los cuales se deba pagar el IVA establecido en ley, que haya sido trasladado expresamente, que conste en comprobantes fiscales por separado y que se haya pagado efectivamente en el mes de que se trate. Por su parte el artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo (LFT), regula relaciones de orden estrictamente laboral bajo el régimen de subcontratación, estableciendo una serie de supuestos o condiciones normativas que de no cumplirse, generan derechos y obligaciones para las partes en materia de trabajo y de seguridad social, razón por la que, en opinión de esta Procuraduría, no es jurídicamente correcto que la autoridad fiscal condicione la procedencia del saldo a favor materia del acreditamiento al cumplimiento de requisitos establecidos en un ordenamiento de carácter laboral; de ahí que para determinar si un contribuyente tiene o no derecho a acreditar el IVA pagado por la prestación de servicios que recibió, basta con probar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5° de la LIVA; máxime que la Ley Federal del Trabajo
Dentro de la Ejecutoria (3) podemos considerar de forma concreta y como puntos relevantes lo siguiente:
“La postura del SAT en términos generales es rechazar el acreditamiento argumentando que no es acreditable puesto que se trata de erogaciones exentas, en términos del Artículo 14 de la Ley del IVA,indicando que se trata de relaciones de trabajo subordinadas, las cuales no son objeto del impuesto; en consecuencia, no debería haber un IVA trasladado al contribuyente y por otro lado que el contribuyente no acreditó que se tratara de prestación de servicios independientes sino de nómina, el cual no es sujeto de IVA, además de que no fueron servicios personales tal como lo establece la Ley Federal de Trabajo en su Artículo 15-A, y que aplica tal ordenamiento por tratarse de subcontratación laboral.”
“Esta controversia llego a los Tribunales y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo directo 238/2015 en sesión del ocho de octubre de dos mil quince, sostuvo, que en términos de lo dispuesto por el artículo 1. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, están obligadas al pago del impuesto relativo, las personas físicas y morales que, en territorio nacional presten servicios independientes; luego, que el diverso numeral 14 de esa misma ley, señala que se considerará prestación de servicios independientes la prestación de obligaciones que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes y, que en su penúltimo párrafo, establece que no se considerará prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada, mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta, asimile a dicha remuneración; que consecuentemente, es que si en el contrato de prestación de servicios que se celebraron , en el sentido de que prestaría servicios de personal temporal y administrativo de nómina, es que llega a la conclusión de que el acto , es un acto no objeto del impuesto al valor agregado, de conformidad al penúltimo párrafo del artículo 17 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, porque no corresponde a la contraprestación de un servicio personal independiente, sino que representan remuneraciones pagadas por concepto de salarios, por conducto de un tercero, al ser ésta quien suministra los trabajadores, sin que sea óbice el que se alegara que la autoridad fiscal nunca acreditó la subordinación, puesto que tal carga no correspondía a la fiscalizadora, puesto que sólo era su obligación verificar si efectivamente la actividad realizada por la contribuyente, correspondía a servicios personales independientes, es decir, a las actividades que causan el impuesto al valor agregado de conformidad a los artículos 1o. y 14 de la ley relativa.”
Luego, por su parte el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, al resolver el amparo directo 215/2015 y la revisión fiscal 76/2015, estimó, en lo que interesa, que en términos del artículo 1., primer párrafo, fracción II y 14, primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, se establecen, en el primer numeral, los hechos imponibles que darán lugar al pago del impuesto al valor agregado, entre los que se encuentra la prestación de servicios independientes y, que el segundo dispositivo, señala que se considerará prestación de servicios independientes, la prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen, el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes, es decir, que se refiere a cualquier obligación de hacer, que de ahí que no haya existido una subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, aunado a que ello es irrelevante para negar la devolución solicitada, porque al haber realizado o prestado obligaciones de hacer o servicios de la tercera , como lo es la prestación de servicios de personal, lo que se evidenció con el contrato de prestación de servicios es que se actualiza la hipótesis que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado, motivo por el que no se puede tener como patrona a la quejosa , como lo estimó la autoridad fiscal y la responsable, porque la calificación es de tipo laboral, lo que es ajeno a la actividad fiscal, motivo por el que el hecho de que la tercera le proporcione la totalidad de los trabajadores a la quejosa para que realice su actividad, implica que no hay subordinación alguna y en consecuencia que tampoco se pagaron salarios, de ahí que proceda la devolución, al constituir el pago que erogó la quejosa por servicios independientes el valor de actos o actividades gravadas para efecto del impuesto señalado.
Es claro y evidente que existe contradicción de tesis que debe esclareció El Tribunal Pleno de Circuito a través del cual debatió sobre la litis siguiente:
¿Si deben estimarse como s ervicios independientes los que se contratan con un tercero para la realización de la actividad de la contribuyente, es decir, el pago a un tercero que proporciona trabajadores para desarrollar la actividad del solicitante de la devolución o se debe tener como el pago de salarios para entenderlo como que los trabajadores son subordinados?
Derivado de lo anterior, el pasado viernes 15 de julio de 2016 a las 10:15 horas fue publicado en el Semanario Judicial de la Federación la Tesis de Jurisprudencia PC.III.A. J/18 A (10a.) que se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 01 de agosto de 2016 y que se transcribe a continuación
Con lo anterior queda claro que siempre que se trate de una subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo se considerará exento para efectos de IVA, ya que ese tipo de contratos -según lo establecido por el tribunal- implica la existencia de una verdadera subordinación del trabajador hacia el contratante, sin embargo en los casos de que se solicite la devolución del IVA se deberá acreditar que fueron cumplidos los tres requisitos que establece dicho numeral.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66791/_Testado__30-2015_Recomendaci_n.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/66799/_Testado__37-2015_Recomendaci_n.pdf
http://200.38.163.178/sjfsist/(F(C9Ia-HEfAiDAGLDxEUtFV_R4ZjRHtzhX-7ad_soEkPXidwxgNV8AvDdTyDRz1MalBYGYfimTm3U_4zxHFYdtwOxFrqeMKYzjL1Xlc4nv_-SkF2UhSakWefolUu5w6SQfF9tdCgP20jStTYxGyPgmY5B7DzCa9XUaiFOF5hxyZkY1))/Paginas/DetalleGeneralScroll.aspx?id=26440&Clase=DetalleTesisEjecutorias&IdTe=2012122
LAS DEDUCCIONES EN MATERIA DE ISR (COMENTARIOS JURÍDICOS PARA LA DECLARACIÓN ANUAL)
Publicado el 21 Mar a las 19:58h
Por: LD y MDF Luis Raúl Díaz González
Las complejas reglas de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, nos obligan a volver a los orígenes; en este caso al análisis de los elementos constitutivos de un impuesto, por ello haremos los siguientes comentarios:
Una contribución tiene como elementos constitutivos, los siguientes:
Sujetos;
Tasa o tarifa; y
Época y forma de pago.
La existencia de los elementos constitutivos de los impuestos, sea cual fuere la clasificación de estos, tienen como finalidad el formar un conjunto de componentes relacionados con la existencia y manejo de dichas contribuciones.
El artículo 5° del Código Fiscal de la Federación, marca los elementos constitutivos de los impuestos (sujetos, objeto, base, tasa y tarifa) y una Jurisprudencia los indica a todos y adiciona uno más, la época de pago.
De esta manera, las leyes fiscales deben:
Marcar quienes están obligados a contribuir (sujetos pasivos).
Que deben entregar para satisfacer dicho deber (pago).
Cuando deben hacerlo (plazos).
Como deber realizarlo (declaraciones y medios de pago), y
Para que, o sea cual es el destino de los tributos (presupuesto).
BASE DEL TRIBUTO.
Por base del tributo, debemos entender el monto o importe económico, asignado a ciertos actos, actividades o bienes, que permitirán la cobertura del gravamen de que se trate. De este modo, se podrá usar la tasa o la tarifa, según corresponda.
En el Impuesto Sobre la Renta (ISR), la base en personas con actividades empresariales, se forma con la totalidad de los ingresos gravados, menos deducciones autorizadas.
Que debe entenderse por deducción: “En materia fiscal esta expresión se utiliza para referirse a cada una de las partidas que pueden ser restadas a los ingresos y de esta forma obtener la base gravable. La Ley del Impuesto Sobre la Renta regula dicha figura y fija los requisitos que deben satisfacer para ser válidas”1.
Hay que atender esta opinión jurisdiccional:
VII-TASR-1NOI-22
OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR. COMPRENDE EL CORRELATIVO DERECHO A DEDUCIR LOS GASTOS INDISPENSABLES PARA OBTENER LOS INGRESOS.– La obligación del particular de contribuir al gasto público como lo establece la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; entendiéndose que la misma comprende pagar el impuesto sobre la renta como lo han reiterado los criterios establecidos por el Poder Judicial de la Federación, entre ellos la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro IMPUESTOS, VALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS; la cual se encuentra visible a página 111 de la primera parte del tomo 187-192 del Semanario Judicial de la Federación. Impuesto sobre la renta que se calcula básicamente tomando en cuenta los ingresos acumulables y restando a eso las deducciones autorizadas, mismas que básicamente consisten en los gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente como lo dispone la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Queda claro entonces, que la obligación general es contribuir; y en lo particular pagar el impuesto sobre la renta, y el derecho en general es disfrutar de la aplicación del gasto público como integrante de la población, y el derecho en lo particular es deducir los gastos estrictamente indispensables a efecto que lo que se grave sea un indicador indirecto de la riqueza del particular, indicador que no se debe tomar como el ingreso bruto, sino el resultado, es decir, en palabras llanas, a los ingresos restar los gastos necesarios para obtener la utilidad, misma que es la que está gravada con la tasa prevista en la norma.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año III. No. 19. Febrero 2013. p. 525
Así, el ISR pretende pesar sobre los incrementos patrimoniales positivos y la base del gravamen se desprende del conjunto de normas que establecen componentes positivos y negativos, con el objeto de que el ISR no termine gravando sobre los ingresos brutos.
De este modo, en el ISR convergen figuras de naturaleza sustractiva —mismas que provocan la disminución de la cantidad líquida a cargo del contribuyente— y figuras de naturaleza aditiva. Entre las primeras se pueden encontrar las deducciones, los créditos, las amortizaciones, los supuestos de exención o no sujeción, etc., mientras que en las figuras aditivas se observan, entre otras, la acumulación. Y es precisamente a través de la interacción entre las figuras sustractivas y aditivas, que se puede conocer la deuda tributaria.
Por lo tanto, las deducciones autorizadas, al restarse de los ingresos gravados, se configuran como un concepto que se contrapone a estos últimos y que, para el contribuyente, no contemplan un valor real equiparable a su valor nominal, dado que su aplicación se suscita previamente a la de la tasa del impuesto.
Por ende, las deducciones únicamente aminoran la base imponible conforme al monto deducido, a diferencia de lo que ocurre con la deuda tributaria correspondiente, misma que se aminora únicamente en razón de la tasa del impuesto.
Ahora bien, existen diversas razones que originan el establecimiento de las deducciones en materia de ISR; sin embargo, pueden englobarse en dos vertientes que permiten reconocer los casos en los que el legislador se encuentra conminado a reconocer deducciones, veamos:
– Razones estructurales, propias de la mecánica del tributo o de las exigencias constitucionales (proporcionalidad y equidad); o bien,
– Razones no estructurales, o de política pública —no necesariamente de política fiscal—, que obedecen a la intención del legislador de promover o disuadir ciertas conductas, y que aprecian en el sistema tributario un mecanismo idóneo para tal efecto.
En las primeras se permiten como costo de producción del ingreso, es decir, en la medida en que los gastos estén íntima o causalmente relacionados con la intención de producir un ingreso; o bien, si es común hacerlo así en la industria; o, si parece lógicamente diseñado para aumentar o preservar un flujo en la generación de ingresos.
Y las segundas, no convergen con la mecánica del impuesto, sino que se identifican con erogaciones que no se vinculan a los costos de producción del ingreso, como sucede en el caso de los gastos generados por consumos personales.
De esta manera, las deducciones estructurales en el ISR, contemplan gastos necesarios e indispensables para la consecución de la actividad productiva gravada, como pueden ser la adquisición de materia prima, el pago de salarios a trabajadores, los gastos de administración del negocio, por citar algunos.
Y las deducciones no estructurales, atienden a gastos que no son necesarios para la obtención de ingresos, sino que su realización es alternativa y no está estrechamente vinculada a la obtención de utilidades. Ante ellos, el legislador se encuentra en plena libertad de reconocer la deducción de los mismos, o de una parte de ellos, ya que su erogación no condiciona la obtención del ingreso en forma alguna.
De esto se desprende, que las deducciones estructurales deben respetar al 31, fracción IV constitucional.
Las deducciones estructurales: se configuran como elementos sustractivos que subjetivizan el impuesto y lo adecuan a las circunstancias personales del contribuyente, con el objeto de frenar o corregir los excesos de progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas, o bien, rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad contributiva.
Estas son reconocidas en cumplimiento al principio de proporcionalidad tributaria, tomando en cuenta los costos inherentes a la producción del ingreso y permitiendo que el gravamen pese únicamente sobre el impacto positivo en el haber patrimonial del causante.
Este tipo de deducciones operan desde el interior del tributo y contribuyen a la exacta definición y cuantificación del presupuesto de hecho, de la base imponible, del tipo de gravamen o de la cuota tributaria. Pueden afectar a la riqueza o al sujeto gravado, con apoyo en consideraciones que obedecen fundamentalmente a la aptitud de contribuir para sufragar los gastos públicos, o a la propia condición del sujeto y, por otro lado, no excluyen la posibilidad de asumir finalidades extrafiscales con carácter secundario.
Y las deducciones no estructurales (“beneficios”): son figuras sustractivas que si bien auxilian en la configuración de la base imponible, a diferencia de las anteriores, confieren o generan posiciones preferenciales, o bien, tienen alguna finalidad específica propia de la política fiscal del Estado, o bien, de carácter extrafiscal (fomentar el ahorro, la inversión, la contratación de trabajadores de la tercera edad, etc.).
Contrario a lo que se suscita con las deducciones “estructurales”, las llamadas “no estructurales” pueden ser equiparadas con subvenciones públicas, toda vez que dichos beneficios tienen como objetivo fundamental plasmar criterios de extrafiscalidad justificados en razones de interés público.
Por otro lado, en el caso de las pérdidas fiscales, su disminución o amortización implica una figura jurídica sustractiva que permite reducir la utilidad fiscal, con las pérdidas fiscales sufridas en anualidades anteriores, reconociendo de esa forma la continuidad de la operación de la empresa en el tiempo.
Todos estos elementos permiten llegar a una ganancia o utilidad —o bien, en su caso, a un resultado fiscal—, conceptos éstos a los que se les aplicará el porcentaje contemplado como tasa, mismos que reflejan —o, cuando menos, tienen la pretensión de reflejar— la situación jurídica-fiscal del contribuyente de una manera global, comprensiva tanto de los elementos aditivos como de los sustractivos que tienen un impacto en su operación desde un punto de vista económico.
Hay que ver, la siguiente Tesis:
DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Conforme a la tesis 1a. XXIX/2007, de rubro: “DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.”, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre dos tipos de deducciones en materia de impuesto sobre la renta. Ahora bien, en un avance progresivo sobre lo sostenido en dicho criterio, puede abonarse, diferenciando dos tipos de deducciones: 1. Estructurales, identificadas como figuras sustractivas o minorativas que tienen como funciones, entre otras, subjetivizar el gravamen, adecuándolo a las circunstancias personales del contribuyente; frenar o corregir los excesos de progresividad; coadyuvar a la discriminación cualitativa de rentas; o bien, rectificar situaciones peculiares derivadas de transferencias de recursos que son un signo de capacidad contributiva. En este rubro se ubican las deducciones que, por regla general, el legislador debe reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria para que el impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes. Ahora bien, los preceptos que reconocen este tipo de deducciones son normas jurídicas no autónomas -dada su vinculación con las que definen el presupuesto de hecho o los elementos de gravamen-, que perfilan los límites específicos del tributo, su estructura y función, se dirigen a coadyuvar al funcionamiento de éste y, en estricto sentido, no suponen una disminución en los recursos del erario, pues el Estado únicamente dejaría de percibir ingresos a los que formalmente parece tener acceso, pero que materialmente no le corresponden; de ahí que estas deducciones no pueden equipararse o sustituirse con subvenciones públicas o asignaciones directas de recursos, ya que no tienen como finalidad prioritaria la promoción de conductas, aunque debe reconocerse que no excluyen la posibilidad de asumir finalidades extrafiscales. 2. No estructurales o “beneficios”, las cuales son figuras sustractivas que también auxilian en la configuración de las modalidades de la base imponible del impuesto sobre la renta pero que, a diferencia de las estructurales, tienen como objetivo conferir o generar posiciones preferenciales, o bien, pretender obtener alguna finalidad específica, ya sea propia de la política fiscal del Estado o de carácter extrafiscal. Estas deducciones son producto de una sanción positiva prevista por una norma típicamente promocional y pueden suscribirse entre los denominados “gastos fiscales”, es decir, los originados por la disminución o reducción de tributos, traduciéndose en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social; tales deducciones sí pueden equipararse o sustituirse por subvenciones públicas, pues en estos beneficios se tiene como objetivo prioritario plasmar criterios de extrafiscalidad justificados en razones de interés público.
Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXIII, Febrero de 2011 Página: 170 Tesis: 1a./J. 15/2011
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha dicho sobre el tema lo siguiente:
“Efectivamente, del contenido de los artículos 29 y 31, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se desprende que los contribuyentes tienen la posibilidad de deducir entre otros conceptos, los gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente.
Sobre la disposición contenida en la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la doctrina ha señalado:
“En el derecho fiscal, particularmente en una Ley relativa a un impuesto sobre la Renta, el criterio ‘estrictamente indispensable’ se erige rector el principio de proporcionalidad en materia impositiva respecto de las deducciones que los sujetos pueden efectuar. Mientras que indispensable o no toda erogación que efectúa una persona disminuye su capacidad económica, porque indefectiblemente reduce el haber patrimonial (…).”
Como lo apunta el párrafo citado, la indispensabilidad en las deducciones constituyen el principio rector de éstas en términos del artículo 31, fracción I, de la ley de la materia, así los gastos deducibles permitidos por la Ley a los contribuyentes deben cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales se encuentra, que sean estrictamente indispensables para los fines de la actividad empresarial; la concepción genérica de este requisito, que el legislador estableció en el precepto jurídico en comento, es justificable al atender a la cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan recibir el calificativo de “estrictamente indispensables”; por tanto, siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta necesario interpretar el concepto de estrictamente indispensable, atendiendo a los fines de cada empresa y al gasto específico de que se trate.
De esta manera, por gastos se entiende las erogaciones o salidas de dinero o bienes del patrimonio de una empresa, sin recuperación.
El Diccionario de la Lengua Española, señala como significado de los conceptos estrictamente, indispensable y necesario, lo siguiente:
“Estrictamente: precisamente, en todo rigor de derecho”.
“Estricto: estrecho, ajustado enteramente a la necesidad o a la ley”.
“Necesario: que precisa, forzosa e inevitablemente ha de ser o de suceder, dícese de lo que se hace y ejecuta obligado de otra cosa, como opuesto a voluntario y espontáneo y que es menester indispensablemente o hacer falta para un fin”.
“Indispensable: adj. Que no se puede dispensar. Que es necesario o muy aconsejable que suceda”.
En relación con los calificativos examinados, conviene atender a los elementos comunes que se han tomado en cuenta en la doctrina, para determinar cuándo puede considerarse un gasto como estrictamente indispensable para una empresa, a saber:
1.- Que el gasto esté destinado o relacionado directamente con la actividad de la empresa;
2.- Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de ésta;
3.- Que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo;
4.- Que deben representar un beneficio o ventaja para la empresa en cuanto a sus metas operativas.
5.- Que deben estar en proporción con las operaciones del contribuyente.
De ello se sigue que los gastos a que alude la fracción I del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en vigor a partir del primero de enero de dos mil dos, son aquéllos que resultan necesarios para el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización de su objeto social, de donde se infiere que en este supuesto, el legislador únicamente podría excluir erogaciones de esa naturaleza al considerar la capacidad contributiva del sujeto, cuando existieran motivos de carácter jurídico, económico y/o social, que justificara ese proceder”.
De lo expuesto, desprendemos que toda erogación que lleve a un negocio a tener utilidades, será deducible por cumplir con las reglas fijadas por la Ley del ISR, de conformidad con las siguientes opiniones judiciales:
Registro: 2003527
Tesis: I.9o.A.34 A (10a.)
Página: 1765
DEDUCCIONES ESTRUCTURALES. LA AUTORIDAD HACENDARIA NO DEBE NEGARSE A RECONOCER COMO TAL UNA EROGACIÓN, POR EL HECHO DE QUE EN EL DOCUMENTO EN DONDE SE FORMALIZÓ EL ACTO JURÍDICO QUE LE DIO ORIGEN SE UTILIZARON LOCUCIONES QUE PUDIERAN DAR CABIDA A CONSIDERAR QUE NO ES DEDUCIBLE EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, VIGENTE EN 2001. En las jurisprudencias 1a./J. 103/2009 y 1a./J. 15/2011, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomos XXX, diciembre de 2009, página 108 y XXXIII, febrero de 2011, página 170, de rubros: “DEDUCCIONES. CRITERIOS PARA DISTINGUIR LAS DIFERENCIAS ENTRE LAS CONTEMPLADAS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, A LA LUZ DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN IV, CONSTITUCIONAL.” y “DEDUCCIONES ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES. RAZONES QUE PUEDEN JUSTIFICAR SU INCORPORACIÓN EN EL DISEÑO NORMATIVO DEL CÁLCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA.”, respectivamente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en función a la mecánica del impuesto sobre la renta y en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria, el legislador se encuentra obligado a reconocer que una erogación es deducible (deducción estructural) en la medida en que es idónea para generar ingresos al contribuyente, a fin de que el impuesto resultante sea acorde con la capacidad de éste, es decir, gravar sólo el provecho o utilidad obtenida, con exclusión de los gastos y costos estrictamente necesarios para obtener el ingreso neto. Sobre esta base, la autoridad hacendaria no debe negarse a reconocer una erogación como deducción estructural, por el hecho de que en el documento en donde se formalizó el acto jurídico que le dio origen se utilizaron locuciones que pudieran dar cabida a considerar que no es deducible en términos del segundo párrafo de la fracción II del artículo 22 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en 2001, si un análisis más profundo demuestra que la erogación debe deducirse de los ingresos acumulables del referido tributo, por ejemplo, cuando se utiliza en una escritura pública la expresión “compraventa de terreno” y ésta se realizó con la finalidad de obtener materia prima para la consecución del objeto social de la empresa contribuyente, máxime si ésta no dedujo el monto total de la transacción, sino sólo el de la materia prima. De no ser así, se dejaría de atender al principio constitucional de proporcionalidad tributaria y, por lo mismo, el contribuyente determinaría su base gravable de manera desproporcionada, al no considerarse una erogación en su justa dimensión por virtud a una formalidad contractual.
Revisión fiscal 473/2012. Administrador de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes “5”, unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 14 de febrero de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba. Secretario: Milton Kevin Montes Cárdenas.
Registro: 2007759
Tesis: I.1o.A.80 A (10a.)
Página: 2825
DEDUCCIÓN DE GASTOS INDISPENSABLES. ES INNECESARIO INFORMAR EL NOMBRE Y EL GRADO DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS QUE MATERIALMENTE PRESTARON UN SERVICIO, PARA EFECTO DE DEMOSTRAR LA INDISPENSABILIDAD DE LA EROGACIÓN. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en qué casos un gasto puede considerarse estrictamente indispensable para una empresa, lo que ocurre cuando le reporte un beneficio tal que, de no efectuarlo, se dejaría de estimular su actividad productiva. Luego, si bien tiene relevancia en la procedencia de la deducción del pago por un servicio el hecho de que efectivamente haya sido prestado, pues de ese modo se evitan simulaciones en perjuicio de la hacienda federal, se debe considerar que la información que no sea útil para determinar el grado de vinculación del servicio contratado por una persona moral con la realización de su objeto social resulta innecesaria cuando se pretende comprobar la viabilidad de la deducción. En conclusión, a pesar de que la autoridad hacendaria debe contar con los datos que precise para estar en aptitud de verificar que el contratista efectivamente tenga la posibilidad de prestar el tipo de servicio que originó el gasto, no se debe llegar al extremo de considerar que también requiere corroborar el nombre y el grado de capacitación de las personas que lo ejecutaron, al ser datos que en nada coadyuvan para acreditar, conforme a lo indicado, la indispensabilidad de la erogación.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 296/2014. Administrador Local Jurídico del Norte del Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria. 3 de julio de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.
GASTOS DEDUCIBLES PARA FINES DE ISR. LO SON LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO POR SER GASTOS ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DEL CONTRIBUYENTE.– Para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, de conformidad con lo establecido en el artículo 5°, primer párrafo, fracción I, de la ley de dicha materia, deberá reunir, entre otros requisitos, que dicho impuesto corresponda a bienes, servicios o al uso o goce temporal de bienes, estrictamente indispensables para la realización de actividades distintas de la importación, por las que se deba pagar el impuesto establecido en la mencionada ley o a las que se les aplique la tasa del 0%, precisando además que se considerarán estrictamente indispensables las erogaciones efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del impuesto sobre la renta, aun cuando no se esté obligado al pago de este impuesto. Ahora bien, el artículo 31, primer párrafo, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dispone que las deducciones que se autoricen deberán de ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos. Por tal razón, a fin de determinar si las erogaciones efectuadas por el contribuyente son estrictamente indispensables, esto se cumple si se concluye que el gasto es necesario para que se cumplimenten cabalmente las actividades del contribuyente, de manera que de no realizarse, estas tenderían a disminuirse o suspenderse, es decir, que el gasto esté relacionado directamente con la actividad de la empresa, y sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o desarrollo; o bien, que de no producirse, se podrían afectar sus actividades, mermar o entorpecer su normal funcionamiento. De ahí que los contribuyentes tengan la posibilidad de deducir, entre otros conceptos, los gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad de este, siendo estos, aquellos que resultan necesarios para su funcionamiento, como podrían ser los cursos de capacitación o adiestramiento dirigidos a los empleados y sin los cuales sus metas operativas se verían obstaculizadas a tal grado que se disminuiría la realización de su objeto social, viéndose, en consecuencia, disminuidos los ingresos en su perjuicio. En tal sentido, debe considerarse que los gastos que se efectuaron relativos a los cursos para los trabajadores, forman parte de la capacitación y/o adiestramiento para sus empleados, la cual tiene por objetivo intrínseco el de incidir directamente en la ejecución y productividad de las labores que desempeñan con motivo del desarrollo de la actividad del contribuyente, puesto que tales trabajadores son la mano de obra que se encarga de llevar a cabo el objeto de la actividad del contribuyente; además de que constituye una obligación del patrón de proporcionárselo a estos, según el artículo 153-A de la Ley Federal del Trabajo, es otorgado con el motivo principal de conseguir se cumplimente en forma cabal las actividades y productividad del negocio, de manera que de no realizar tales capacitaciones, tanto la actividad y productividad citadas podrían verse disminuidas, mermadas y en su caso, suspendidas, impactando ello de forma negativa en el ingreso del contribuyente. Por lo que, si las erogaciones con motivo de la capacitación y/o adiestramiento en las cuales se trasladó el impuesto al valor agregado que pretende sea acreditable, se encuentran íntimamente ligadas a la realización de la actividad, es que se concluya que sí le representan gastos deducibles al contribuyente para los fines del impuesto sobre la renta, puesto que el no otorgarlos, podría incidir evidentemente en sentido negativo, en las actividades que desarrollan los empleados para realizar adecuadamente el objeto de la empresa.
Revista del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, Séptima Época, Año V, No. 46, Mayo 2015, p. 282, Tesis: VII-CASAIII-57.
Como se aprecia, a modo de ejemplo, el capacitar el personal de un negocio, es totalmente deducible, para efectos del ISR.
Primera.- Los contribuyentes pueden efectuar todas las acciones que no se encuentren prohibidas por la Ley, siguiendo el Principio General de Derecho que dice “Lo que no está prohibido, está permitido”, aún cuando se trate de actividades gravadas, puesto que puede ir funcionando dentro de los diversos caminos o vías legales, con la finalidad de abatir su carga tributaria; o sea puede emplear lícitamente cualquier estrategia fiscal que no constituya evasión tributaria.
Segunda.- El Legislador, al crear contribuciones, debe respetar los lineamientos que al efecto establece el numeral 31, fracción IV de la Constitución General de la República y el espíritu de dicho artículo tiene que ser respetado por las autoridades fiscales.
Tercera.- Los gastos estrictamente necesarios, son deducibles plenamente, siempre y cuando estén relacionados con los fines perseguidos por los contribuyentes, de conformidad con las opiniones judiciales aquí vertidas.
Cuarta.- Las deducciones pueden reflejarse en la declaración anual y las que no se han hecho valer, se pueden ejercer en una declaración “complementaria” en los términos del artículo 32 del Código Fiscal de la Federación, teniendo cinco (5) años para hacerlo, que no se nos olvide.
Esperando que esta información le sea útil amable Lector, aprovechamos para saludarle.
Díaz González, Luis Raúl. Diccionario Jurídico para Contadores y Administradores. Editado por Gasca, SICCO, Segunda edición, Página 43.
Hay que ver estas Tesis:
Tesis: P./J. 52/96
RENTA. SOCIEDADES MERCANTILES. OBJETO Y MOMENTO EN QUE SE GENERA EL IMPUESTO. De conformidad con el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el objeto de este impuesto está constituido por los ingresos y no por las utilidades que tengan los sujetos pasivos del mismo. La obligación tributaria a cargo de éstos nace en el momento mismo en que se obtienen los ingresos, bien sea en efectivo, en bienes, en servicios o en crédito, como lo establece el artículo 15 del mismo ordenamiento, y no hasta que al término del ejercicio fiscal se determina que hubo utilidades. No es óbice para esta conclusión el hecho de que sean las utilidades las que constituyen la base a la que habrá de aplicarse la tarifa de acuerdo con la cual se determinará el impuesto, así como tampoco la circunstancia de que aun cuando haya ingresos, si no hay utilidades, no se cubrirá impuesto alguno, pues en este caso debe entenderse que esos ingresos que, sujetos a las deducciones establecidas por la ley, no produjeron utilidades, están desgravados, y lo que es más, que esa pérdida fiscal sufrida en un ejercicio fiscal, será motivo de compensación en ejercicio posterior. No es cierto pues, que el impuesto sobre la renta se causa anualmente, ya que, como se dijo, éste se va causando operación tras operación en la medida en que se vayan obteniendo los ingresos; por ende, no es cierto tampoco, que al realizar pagos provisionales a cuenta del impuesto, se esté enterando un tributo no causado y que ni siquiera se sabe si se va a causar. El impuesto se ha generado, se va causando operación tras operación, ingreso tras ingreso, y el hecho de que, de conformidad con el artículo 10 de la ley en comento, sea hasta el fin del ejercicio fiscal cuando se haga el cómputo de los ingresos acumulables, y se resten a éstos las deducciones permitidas por la ley, para determinar una utilidad fiscal que va a constituir la base (no el objeto), a la que se habrá de aplicar la tarifa que la misma ley señala, para obtener así el impuesto definitivo a pagar, no implica que dicha utilidad sea el objeto del impuesto y que éste no se hubiese generado con anterioridad.
Amparo en revisión 8456/87. Tecnologías Unidas, S.A. 3 de mayo de 1988. Mayoría de dieciocho votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretario: Raúl Melgoza Figueroa.
Amparo en revisión 6003/87. Impulsora de Lubricantes Automotrices e Industriales, S.A. de C.V. 10 de noviembre de 1988. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 1489/88. Val-Mart Cosméticos, S.A. de C.V. 15 de junio de 1989. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Jorge Fermín Rivera Quintana.
Amparo en revisión 6966/87. Deltra, S.A. y otros. 15 de junio de 1989. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: Guillermo Cruz García.
Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos.
Se uso como base de este artículo: “Mecanismos de control del impuesto sobre la renta y la problemática del impuesto empresarial a tasa única en el contexto internacional”. Juan Carlos Roa Jacobo. https://www.scjn.gob.mx/Transparencia/Lists/Becarios/Attachments/149/Becarios_149.pdf.
LOS PRESTAMOS NO REQUIEREN CERTIFICACION NOTARIAL EN SU CONTRATO PARA TENER VALOR PROBATORIO EN AUDITORIAS DEL SAT
Publicado el 27 Sep a las 10:02h
Por GM Capacitacion
Actualmente el SAT al momento de realizar actos de fiscalización donde por su naturaleza se requiere diversa información y documentación probatoria para efectos de acreditar las operaciones de los contribuyentes, solicita que en lo que corresponde especificamente a los contratos, que en estos se acredite la fecha cierta en ellos a través de la ratificación o certificacio ante fedatario publico, sobre todo en aquellos casos en los que existen prestamos. Sin embargo hay que recordar que en estos casos los contratos de Mutuo con los que se documentan los prestamos, son aquellos por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. Asimismo el artículo 1796 del código del Distrito Federal indica que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. En este sentido, dada la naturaleza de un contrato de mutuo, no obstante que es un documento privado, en ninguna parte de la legislación se exije que para su existencia, validez y eficacia se requiere de su registro o certificación notarial, y por tanto el mismo puede tener la eficacia correspondiente dentro de una auditoria o juicio, siempre que que existe correspondencia entre los depósitos bancarios , los registros contables y los contratos.
En este sentido se pronuncio fue que se pronuncio el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa al resolver el Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3011/12-18-013/1395/13-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de abril de 2016, al aprobar la tesis VII-P-2aS-1024, que se reproduce a continuación:
VII-P-2aS-1024
RENTA.- LOS CONTRATOS DE MUTUO Y PAGARÉS CON LOS QUE LA ACTORA PRETENDE ACREDITAR EN JUICIO QUE LOS INGRESOS DETERMINADOS DE MANERA PRESUNTIVA SON PRÉSTAMOS QUE LE FUERON OTORGADOS, NO REQUIEREN DE LA FORMALIDAD DE TENER “FECHA CIERTA”, PARA CONSIDERARSE QUE TIENEN VALOR PROBATORIO.- El artículo 2384 del Código Civil para el Distrito Federal establece que el mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. El artículo 2389 del referido ordenamiento establece que consistiendo el préstamo en dinero, pagará el deudor devolviendo una cantidad igual a la recibida conforme a la ley monetaria vigente al tiempo de hacerse el pago, sin que la prescripción sea renunciable. Si se pacta que el pago debe hacerse en moneda extranjera, la alteración que esta experimente en valor, será en daño o beneficio del mutuatario. Por su parte, el artículo 1796 de dicho código indica que los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no solo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley. Ahora bien, el Poder Judicial de la Federación en la tesis de jurisprudencia 220, Sexta Época, Tercera Sala, cuyo rubro indica: “DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS”; ha considerado “que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un Registro Público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la muerte de cualquiera de sus firmantes”. Por lo que, dada la naturaleza de un contrato de mutuo, no obstante ser documento privado, no es aquella de las que la legislación exija para su existencia, validez y eficacia su registro o certificación notarial, entonces, el mismo puede tener la eficacia correspondiente dentro del juicio, si además existe correspondencia entre los depósitos bancarios, los registros contables y los citados contratos así como el vínculo entre los diversos títulos de crédito y los acuerdos de voluntades aludidos.
VII-P-2aS-620
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3243/12-17-045/1244/13-S2-08-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 17 de junio de 2014, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrado Ponente: Víctor Martín Orduña Muñoz.- Secretaria: Lic. María Elda Hernández Bautista.
(Tesis aprobada en sesión de 7 de agosto de 2014)
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año IV. No. 41. Diciembre 2014. p. 698
VII-P-2aS-923
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 12418/10-17-041/1206/12-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 15 de octubre de 2015, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. Juan Carlos Perea Rodríguez.
(Tesis aprobada en sesión de 15 de octubre de 2015) R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año VI. No. 56. Marzo 2016. p. 781
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 3011/12-18-013/1395/13-S2-07-04.- Resuelto por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sesión de 28 de abril de 2016, por unanimidad de 5 votos a favor.- Magistrada Ponente: Magda Zulema Mosri Gutiérrez.- Secretario: Lic. José Antonio Rivera Vargas.
(Tesis aprobada en sesión de 28 de abril de 2016)
MODELO DE AGRAVIÓ PENAL-FISCAL UTILIZANDO COMO ESTRATEGIA “LA DUDA RAZONABLE”
Publicado el 07 Oct a las 13:04h
Por: Lic. Andrés Mateos Santiago – El Fiscalista de México
El gran diamante de la defensa penal fiscal en el nuevo procedimiento penal acusatorio se llama “Duda razonable”. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece la necesidad de la certeza jurídica sobre la culpabilidad del imputado como condición estricta para que el tribunal de enjuiciamiento pueda dictar una sentencia de condena, y ante la duda lo que procede será absolver al acusado.
EL AGRAVIO DE LA DUDA RAZONABLE.
Un ejemplo con datos hipotético de la forma de redactar el agravio alegando en beneficio de la duda:
El presente agravio lo hago valer en contra de la sentencia definitiva de fecha veinticinco de septiembre del año de dos mil dieciséis, derivada de la causa penal 027/-2-2016, llevada en mi contra por el delito de defraudación fiscal equiparada y de la cual resultó que el Tribunal de enjuiciamiento con sede en la Ciudad de Puebla, tuvo por acreditada la responsabilidad penal del ahora recurrente, en mi carácter de representante legal de la contribuyente enjuiciada, imponiendo una pena corporal de tres años de prisión, la que resulta ilegal y viola las reglas del debido procedimiento al no haberse configurado la demostración plena de los elementos de cargo y convicción de la culpabilidad en el fallo emitido, y transgrediendo así en mi perjuicio el beneficio de ” la duda razonable” a que tengo derecho según expresan los artículos: 1, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 359, 402 párrafo tercero, 406 párrafo sexto, del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en el país, y aplicando indebidamente los artículos 108 fracción lll, y 109 fracción ll, en relación con el 95 fracción ll del Código Fiscal Federal, de cuyo articulado ha resultado la sentencia cuestionada a través del presente recurso de apelación.
Es necesario acudir a la raíz latina e interpretativa sobre el significado de la duda: La palabra, como tal, deriva del verbo dudar, que a su vez procede del latín dubitare, que significa ‘vacilar; por lo tanto la duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más juicios o decisiones; o la incertidumbre que se experimenta ante determinados hechos y noticias. La duda, en este sentido, supone la carencia de certezas en el pensamiento o las acciones. Así que la duda puede afectar las decisiones, la confianza y el juicio de una persona. La duda razonable, en el derecho penal supone la absolución de responsabilidad penal al acusado de un delito debido a que no existe plena prueba de su culpabilidad, el Tribunal de enjuiciamiento debe conceder el beneficio de la duda. La duda razonable se basa en el principio de la presunción de inocencia a que tienen derecho todas las personas, de modo que para declarar la culpabilidad de una persona debe probarse, más allá de toda duda razonable tal como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente en todo el país a partir del día 18 de juniodel año en curso, y que en el contexto de su articulado establece: ” El tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio de que la carga d la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate” (Párrafo 6to del art. 406 CNPP)
Del contenido e interpretación de los numerales señalados como violados en el párrafo anterior, en su conjunto se desprende, que una condición necesaria para que el tribunal de enjuiciamiento pudiera resolver la causa penal condenando al acusado, es la convicción plena de la culpabilidad más allá de toda duda razonable, bajo el principio de que la carga de la prueba corresponde a quien acusa y ante la duda lo procedente es declarar inocente al imputado; no puede pasarse por alto que la duda siempre debe favorecer al acusado, este es un principio jurídico esencial de la materia procesal penal y vigente al momento de dictarse la resolución que hoy recurro, según se desprende del contenido de los artículos siguientes:
“Nadie podrá ser condenado, sino cuando el Tribunal que lo juzgue adquiera la convicción más allá de toda duda razonable, de que el acusado es responsable de la comisión del hecho por el que siguió el juicio. La duda siempre favorece al acusado.” (Párrafo tercero art. 402 CNPP)
“Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento absolverá al imputado ” (Art. 359 CNPP)
“El tribunal de enjuiciamiento solamente dictará sentencia condenatoria cuando exista convicción de la culpabilidad del sentenciado, bajo el principio de que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal de que se trate” (Párrafo 6to del art. 406 CNPP)
Así que no queda ninguna duda en que la sentencia de condena debe obedecer a la convicción plena de la responsabilidad del acusado en una causa penal, y que ante la duda razonable lo procedente es dictar un fallo absolviendo al enjuiciado; Ahora bien, la demostración de la culpabilidad debe tener sustento probatorio suficiente que no deje ninguna duda sobre la responsabilidad penal de la parte acusada, corresponde entonces a la parte querellante la aportación del material probatorio y al órgano jurisdiccional asignar libremente el valor correspondiente a cada uno de los datos de prueba en base a la apreciación conjunta, integral y armónica, de donde debe surgir la plena convicción de culpabilidad, sin que exista duda sobre la culpabilidad, y debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.
Así lo ha considerado también la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante tesis de Jurisprudencia: Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.) relativa a la consideración de la duda razonable en favor del acusado.
Registro: 2011871
Publicación: viernes 17 de junio de 2016 10:17 h
Tesis: 1a./J. 28/2016 (10a.)
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO ESTÁNDAR DE PRUEBA. CONDICIONES PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRUEBA DE CARGO SUFICIENTE PARA DESVIRTUARLA. Para poder considerar que hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia, el juez debe cerciorarse de que las pruebas de cargo desvirtúen la hipótesis de inocencia efectivamente alegada por la defensa en el juicio y, al mismo tiempo, en el caso de que existan, debe descartarse que las pruebas de descargo o contraindicios den lugar a una duda razonable sobre la hipótesis de culpabilidad sustentada por la parte acusadora.
Amparo directo 21/2012. 22 de enero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Amparo directo en revisión 4380/2013. 19 de marzo de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Amparo directo en revisión 3457/2013. 26 de noviembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Amparo directo en revisión 3046/2014. 18 de marzo de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Amparo directo en revisión 5601/2014. 17 de junio de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.
Tesis de jurisprudencia 28/2016 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha primero de junio de dos mil dieciséis.
Esta tesis se publicó el viernes 17 de junio de 2016 a las 10:17 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 20 de junio de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
Ahora bien, de los elementos de prueba aportados por la Procuraduría Fiscal de la Federación órgano dependiente del Servicio de Administración Tributaria, los que sustentaron la querella en mi contra como presunto responsable del delito de defraudación fiscal equiparada prevista en el artículo 109 fracción ll y sancionada por la fracción lll del artículo 108 del Código Fiscal Federal, tenemos que se refieren concretamente a las pruebas documentales obtenidas de la revisión fiscal de fecha 4 de enero de 2015, practicada a mi representada la contribuyente “. SA de CV ” , y llevada a cabo por personal de la Administración Local de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria , de la Ciudad de Tampico, misma que concluyó con la determinación de crédito fiscal y la supuesta comisión del delito fiscal antes referido. Así que en su oportunidad, el juez de control que conoció de los registros probatorios, tuvo a bien los antecedentes y elementos de prueba aportados que sirvieron como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y con posterioridad para que el Tribunal de enjuiciamiento resolviera la sentencia condenatoria que por este medio estoy recurriendo en apelación , dado que no estoy de acuerdo con el dictado ni el sentido del fallo que me declara culpable del delito de defraudación fiscal equiparada sin que existiera absoluta convicción de la comisión y responsabilidad del mismo.
El Tribunal de enjuiciamiento está obligado a analizar y decidir en derecho sobre las cuestiones esenciales del proceso, la demostración plena de la acusación y la responsabilidad del acusado; todo ello en base a la valoración de las pruebas, las que debieron ser analizadas libre y lógicamente, justificando el valor otorgado y la manera clara y precisa en que sirvieron para tener por acreditada la plena responsabilidad penal de la parte acusada, sin que mediara duda al respecto y ante la duda, debió dictarse una resolución definitiva en favor del suscrito hoy apelante.
La carpeta probatoria analizada por el tribunal de enjuiciamiento se refiere a la revisión de las obligaciones fiscales de mi representada, de donde derivaron observaciones subjetivas de las autoridades fiscales que a su juicio acreditaron el delito fiscal de que se trata, pero debe tomarse en cuenta que dicha revisión fiscal se llevó a cabo con un tercero de la contribuyente, consta así en los diversos folios relativos al levantamiento de todas las actuaciones fiscales, nunca se entendieron las diligencias con el suscrito representante legal y mucho menos existió aceptación ni consentimiento con el contenido de las actas parciales y resoluciones del procedimiento fiscalizador llevado a cabo a mi representada; tampoco quedó acreditada mi culpabilidad en el presente juicio puesto que según constancia de hechos, fui llamado a declarar e interrogado tanto por la fiscalía especializada en delitos fiscales, como mi abogado defensor sobre las imputaciones hechas en mi contra como probable responsable del delito fiscal, resultando que en ningún momento acepte mi responsabilidad en la participación, planeación, propósito, engaño, comisión o cualquier otra modalidad de culpabilidad tal como era necesario quedara demostrada para dictar sentencia de condena; la resolución administrativa que fincó el crédito fiscal fue impugnada mediante juicio contencioso administrativo en el entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y está pendiente su resolución, luego entonces no se cumplieron los elementos indispensables de la demostración plena de la culpabilidad de que se trata.
La parte acusadora sostuvo en la secuela procesal que se realizó el delito de defraudación fiscal equiparada y que debido a que ostento el cargo de representante legal de la contribuyente, es que resulto responsable penalmente, circunstancia que argumenta quedó demostrada con el acta constitutiva en donde consta el nombramiento, así como documentales referente al manejo de la firma electrónica avanzada y registros de obligaciones de carácter tributario, estados de cuenta bancario y constancias sobre el procedimiento de revisión fiscal practicado a la contribuyente; no obstante el hecho de que tenga el cargo de representante legal, y en efecto haya tramitado la firma electrónica para trámites fiscales, así como también sea titular de las cuentas bancarias de donde derivaron los estados de cuenta analizados, no significa de ningún modo mi responsabilidad penal en la comisión del delito, ya que la representación legal es un cargo que deriva para efectos societarios de la propia ley general de sociedades mercantiles y para efectos del funcionamiento y operación de la sociedad es necesario designar a la persona que lleva tal representación , pero ello en nada sirve para tenerlo como responsable directo penalmente si es que no se demuestra la comisión del delito y su participación en el mismo; insisto en que no quedó demostrada concretamente la manera directa de la participación en el delito fiscal, no existió aceptación expresa de mi parte en la realización de los elementos punitivos del delito, y en consecuencia de ninguna manera quedó acreditada la existencia del engaño o aprovechamiento del error como elementos constitutivos de la defraudación fiscal. Tan resulta cierta esta afirmación que lo que sí quedó demostrado en el juicio penal es que terceras personas realizaron los registros contables y la determinación de contribuciones a mi cargo, que las mismas son obligaciones que se encargan a un profesionista como resultó ser el contador público de la contribuyente que compareció a declarar como testigo de descargo y que dio testimonio de la veracidad de los registros y asientos contables, quedando a cargo de la parte querellante haber demostrado lo contrario pero no lo hizo, y más aún cuando la resolución administrativa que determinó el crédito fiscal se encuentra actualmente subjudice en espera de su pronunciamiento definitivo; así es que no existen elementos suficientes de la demostración del delito fiscal y de la responsabilidad del suscrito en la comisión del mismo, siendo insuficiente derivar la responsabilidad objetiva por el mero nombramiento de representante legal que como he manifestado, obedece a un cargo de representación mercantil, para efectos de representación orgánica y funcional del ente societario que no puede señalarse para imputar la responsabilidad penal si es que no se demuestran los elementos suficientes de la responsabilidad objetiva. Es aplicable al presente agravio la tesis que enseguida cito:
DELITOS FISCALES. LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL NO DERIVA PER SE DEL CARGO DE SOCIO, ADMINISTRADOR O APODERADO DE UNA PERSONA MORAL, SINO QUE ES NECESARIO DEMOSTRAR SU INTERVENCIÓN A TÍTULO DE AUTOR O PARTÍCIPE Y LA VINCULACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE SUS ACTOS EN LA COMISIÓN DE DICHOS ILÍCITOS.Tratándose de la perpetración de delitos de índole fiscal, el solo hecho de ser socio, administrador o apoderado de alguna persona moral resulta insuficiente para atribuirle responsabilidad penal, pues ésta no deriva per se del encargo u obligación que la Ley General de Sociedades Mercantiles le impone, sino que es necesario demostrar la intervención que tuvo a título de autor o partícipe de acuerdo con las hipótesis previstas por el artículo 95 del Código Fiscal de la Federación, es decir, cuáles fueron los actos que desplegó y que le vinculan directa o indirectamente en la comisión del delito, pues sólo de esta manera se cumple con los principios de nullum crime sine conducta y de exacta aplicación de la ley previstos en el artículo 14 de la constitución federal.
Tesis II2oP. 224 P. no. de registro 170529, novena época, segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 2770.
Así que una vez que ha quedado demostrada la ausencia de certeza sobre la responsabilidad objetiva del suscrito, y en base a la aplicación del beneficio de la duda razonable, solicitó de la manera más atenta tomar en consideración lo manifestado y ordenar dejar sin efectos la sentencia recurrida.
Estimados Lectores, esperamos que sea de gran utilidad la presente aportación .
A través de un comunicado en el portal oficial del SAT el 21 de Junio de 2019, se da a conocer las modificaciones a los CFDI de los centros cambiarios, mismo que se reproduce a continuación:
A partir del 20 de abril de 2019 es obligatorio incorporar en las facturas de compra y de venta de divisas el complemento correspondiente. La obligación aplica para centros cambiarios, instituciones integrantes del sistema financiero y las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (SOCAP).
Pide tu factura si compras o vendes divisas y verifica que contenga el complemento.
RMF 2018 2.7.1.17 CFF 29, 29-A, LISR 7.
NUEVO ANEXO 24 ¿REVÉS DEL SAT PARA LOS AMPARADOS VS LA E-CONTABILIDAD?
Publicado el 04 Oct a las 17:19h
Por: L.C. y E.F. Luis Enrique Angón Velázquez
Con fecha 4 de octubre de 2016, fue publicado en el D.O.F. la 4ª modificación a la RMF-2016, así como el NUEVO ANEXO 24 “CONTABILIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS”, que se había dado a conocer el pasado 28 de septiembre el SAT como Anteproyecto.
Esto se debe seguramente como respuesta por parte del SAT a la Resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación al Amparo en Revisión 1287/2015 en donde se votó de manera unánime que las disposiciones integradas a partir de 2014 en materia de contabilidad electrónica, buzón tributario y revisiones electrónicas son CONSTITUCIONALES.
Por otro lado, se votó, de manera específica, el AMPARO Y PROTECCIÓN a la parte quejosa en contra del artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil quince y del anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal de dos mil quince. En relación a este último aspecto en particular: “Para el efecto de que se le desincorpore de su esfera jurídica (al SAT) la obligación de atender los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w3, establecidos en la página de internet http://www.w3.org., hasta en tanto no se encuentre en idioma castellano o español;…”. Lo anterior, dentro del “CONSIDERANDO OCTAVO. Decisión” del señalado Amparo en revisión 1287/2015
Con lo anterior, aquellos contribuyentes que interpusieron el medio de defensa, específicamente en este punto, quedaron amparados contra el cumplimiento de la obligación de llevar la contabilidad electrónica, tal y como lo establecen las reglas de carácter general, a través del Anexo 24 de la RMF todavía vigente debido a que los lineamientos técnicos informáticos se encuentran en el idioma INGLÉS. Es así que la resolución en comento se vuelve una protección constitucional de carácter temporal mientras el SAT modifica y da a conocer nuevamente el Anexo 24 sin la intervención del SAT en la difusión de dichos elementos técnicos mientras no estén en idioma ESPAÑOL.
El nuevo Anexo 24 publicado hoy, contiene texto completo en español, pero en el cual ya NO SE INCLUYEN los mencionados LINEAMIENTOS TÉCNICOS como parte del contenido Anexo como ha sucedido. Es así que hasta el final del documento se establece un párrafo en el cual de manera textual se indica:
“La referencia técnica en materia informática para la construcción de los archivos digitales XML que contienen la información mencionada en el presente Anexo, se encuentra contenida en el documento técnico, que deberán utilizar los entes especialistas en informática y telecomunicaciones que realicen la construcción de cada uno de los archivos a
enviar a través del Buzón Tributario o el portal de trámites.”
Resulta interesante ver que se del Anexo 24 eliminan los elementos eminentemente informáticos que deben observar los contribuyentes para la elaboración de un programa propio o los desarrolladores de software con el que puedan comercializar un producto para tales fines y que ahora estén en un documento específico aparte para su consulta. Así quedará en lo sucesivo porque es casi imposible pensar que algún día estos lineamientos lleguen a estar en español si consideramos que el inglés es el idioma oficial en materia de programación y desarrollos informáticos.
Ahora bien, nos parece que este simple hecho, no solventa el fondo ya que la parte quejosa señala en su demanda: “Que la referida página electrónica (del SAT), cuyas disposiciones deben ser observadas conforme al anexo 24 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2015, se encuentran en idioma inglés, a pesar de que el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece que el español es la lengua nacional; y el artículo 33 apartado B, fracción XI, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación dispone que la contabilidad debe plasmarse en idioma español.
Como es posible advertir, al establecer las reglas de estructura planteadas dentro del estándar de los formatos respectivos para cumplir con la obligación de llevar la contabilidad en medios electrónicos, la autoridad responsable dispuso que el contribuyente que utilice dicho estándar deberá –además- sujetarse tanto a las disposiciones fiscales vigentes, como a los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML especificados por el consorcio w325, establecidos en el sitio electrónico http://www.w3.org, cuyo contenido es el siguiente:
De la impresión anterior, se desprende que el texto de la página de internet a la que hace referencia el Anexo 24 impugnado, se encuentra en idioma inglés; lo cual, significa que para poder operar los formatos respectivos, de acuerdo con la disposición impugnada, es necesario tener ciertos conocimientos en dicha lengua.
Ahora bien, en una aproximación al tema que nos ocupa, cabe señalar que el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, dispone que las actuaciones judiciales y promociones deben escribirse en lengua española y que lo que se presente escrito en idioma extranjero se acompañará de la correspondiente traducción al castellano.
Al intentar ingresar a la ventana ubicada en la parte inferior izquierda de la pantalla, relativa a la “Tecnología XML” en el sitio WEB http://www.w3.org., se abre otra imagen cuyo contenido es en idioma inglés, tal como se demuestra a continuación.
En ese sentido, tal como se anticipó, el hecho de que los lineamientos técnicos de forma y sintaxis para la generación de archivos XML establecidos en la página de internet http://www.w3.org., estén en idioma inglés, vulnera el derecho de seguridad jurídica de la parte quejosa, debido a que no existe garantía de que tenga conocimiento del mismo y por consecuencia, la manera de operar los formatos establecidos para tal efecto.”
Desde nuestro punto de vista, la publicación del nuevo Anexo 24, es una salida fácil, apresurada y hasta absurda para que concluya el “plazo temporal del Amparo”, por llamarle de alguna manera, otorgado a favor de aquellos contribuyentes que así lo interpusieron en su demanda porque no vienen los lineamientos TÉCNICOS que se conocían desde mediados de 2014 dentro de dicho Anexo, sin embargo, no se resuelve el fondo, con base en lo antes transcrito, los lineamientos y las sintaxis siguen estando en idioma inglés con lo cual sigue siendo inconstitucional la normativa en comento.
Con estos cambios al Anexo 24, si bien no se subsana de fondo la violación constitucional, dichos amparos podrá quedar sin efectos debido a que ya no se tratará del mismo anexo que impugnaron y con ello están buscando la manera de darle la vuelta jurídica a este asunto para hacerlo CONSTITUCIONAL.
El SAT dio a conocer la nueva aplicación Web para la Consulta de seguimiento del Dictamen Fiscal, la Declaración Informativa sobre su Situación Fiscal y la Información Alternativa al Dictamen para su acceso por medio de dispositivos móviles (Smartphone y/o Tabletas), denominado MONITOR DE DOCUMENTOS POR DISPOSITIVOS MOVILES.
La justificación la basa en que existe la necesidad de proporcionar una herramienta que permita consultar la información del estado actual de los documentos enviados al SAT por parte de los Contribuyentes o Contadores Públicos Inscritos (CPI’s) desde sus dispositivos móviles personales.
Por tanto se pone a disposición una aplicación de consulta de la información de los documentos por Internet y con una estructura preparada y optimizada para su uso en dispositivos móviles como Smartphone y Tabletas, por parte de los Contribuyentes y CPI´s.
En esta aplicación los contribuyentes y los contadores autorizados podran dar seguimientos mediante un Smartphone o Tablet, el estado que guarda el envío de los siguientes documentos de carácter fiscal:
· dictamen fiscal
· Declaración Informativa sobre si Situación Fiscal, e
· Información Alternativa al Dictamen
En la liga siguiente puedes descargar el Manual Oficial del SAT de este nuevo aplicativo.
Con fecha 6 de Diciembre de 2020 se publica en el Semanario Judicial de la Federación la Tesis de Jurisprudencia 2a./J.161/2019 emanada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece como obligatorio que en casos de fiscalización se deberá acreditar la fecha cierta de los documentos privados para demostrar la adquisición de un bien, contrato y operaciones fiscales. Para ello dichos documentos deberán ser inscritos en el Registro Publico de la Propiedad con independencia de que la legislación fiscal no establezca este requisito.
Con esta tesis se obliga a todos los contribuyentes a usar los servicios de fedatarios públicos para cumplir con este requisito que en caso de no tenerlo las autoridades fiscales podrán desconocer los efectos de las operaciones vertidos en los documentos privados exhibidos como prueba y en caso de Juicio todos los tribunales por debajo de la SCJN deberán acatar este criterio.
Baja la ejecutoria con el análisis que realizo el máximo tribunal para emitir esta tesis de la siguiente liga:
Registro: 2021218
Tesis: 2a./J. 161/2019 (10a.)
DOCUMENTOS PRIVADOS. DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE "FECHA CIERTA" TRATÁNDOSE DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES DEL CONTRIBUYENTE.
La connotación jurídica de la "fecha cierta" deriva del derecho civil, con la finalidad de otorgar eficacia probatoria a los documentos privados y evitar actos fraudulentos o dolosos en perjuicio de terceras personas. Así, la "fecha cierta" es un requisito exigible respecto de los documentos privados que se presentan a la autoridad fiscal como consecuencia del ejercicio de sus facultades de comprobación, que los contribuyentes tienen el deber de conservar para demostrar la adquisición de un bien o la realización de un contrato u operación que incida en sus actividades fiscales. Lo anterior, en el entendido de que esos documentos adquieren fecha cierta cuando se inscriban en el Registro Público de la Propiedad, a partir de la fecha en que se presenten ante un fedatario público o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; sin que obste que la legislación fiscal no lo exija expresamente, pues tal condición emana del valor probatorio que de dichos documentos se pretende lograr.
Tesis III.6o.A.4 A (10a.), de título y subtítulo: "FECHA CIERTA. NO ES UN REQUISITO EXIGIBLE RESPECTO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA A LA AUTORIDAD FISCAL EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACIÓN Y QUE CONSTITUYE PARTE DE LA QUE EL CONTRIBUYENTE SE ENCUENTRA OBLIGADO A LLEVAR.", aprobada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de enero de 2018 a las 10:13 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, Tomo IV, enero de 2018, página 2164; y,
Recientemente se ha reportado en Redes Sociales que se ha propagado una pagina apócrifa del SAT, en la que manda un mensaje de un supuesto descuento.
Además, se han identificado mensajes apócrifos de direcciones electrónicas, supuestamente bancarias, que hacen referencia a la situación del contribuyente ante el SAT, los cuales tienen el siguiente remitente: SHCP Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
El SAT aclaró que no distribuye software, ni solicita ejecutar, guardar o descargar archivos, ni requiere información personal, claves o contraseñas. Tampoco manda enlaces o vínculos por correo. El único número de contacto del organismo vía telefónica es el de MarcaSAT: 6272-2728.
Precisó que “en los correos que enviamos no nos referimos al contribuyente por su correo electrónico”.
Una cuenta bancaria dejó de tener una connotación de poder adquisitivoo de una persona (moral o física) para convertirse en un instrumento comercial sin el cual muy difícilmente se puede incorporar a la vida comercial o de prestación de servicios, ante la necesidad de acreditar un gasto o recibir un pago.
Para el Código Fiscal de la Federación dicha cuenta bancaria tiene enorme relevancia en materia tributaria, pues el artículo 59, en su fracción III, previene que por cada peso que se tenga en la cuenta bancaria de un contribuyente (inscrito o no al RFC), el SAT “presume” que es un ingreso gravado para efectos del Impuesto Sobre la Renta y el Impuesto al Valor Agregado.
De ahí que la autoridad fiscal parte de una “presunción” de un hecho conocido, que es un numerario en la cuenta bancaria de la persona, para concluir primariamente un ingreso; sin embargo, dicha presunción en detrimento del particular es “salvo prueba en contrario, esto es, se puede probar que el dinero en una cuenta bancaria no es un ingreso grabado derivado de una actividad. Pero ¿Qué pasa cuando existe una transferencia bancaria no autorizada por la persona? ¿Qué sucede con la restitución que se haga del dinero a la cuenta bancaria después de litigar el caso?
En primer término, si un cuentahabiente exige que se anulen las transferencias electrónicas que asegura no haber realizado, la institución bancaria está obligada a acreditar que las operaciones sí fueron autorizadas por el usuario, al conservar el banco todos los registros de las operaciones, además que la legislación en comercio establece dicha carga para la institución financiera.
Sobre esto, recientemente el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, resolvió de manera favorable a un particular, ante la realización de transferencias bancarias sin la autorización del usuario. El argumento toral de la sentencia fue que tanto la legislación mercantil como las disposiciones administrativas bancarias, obligan a las instituciones financieras a contar con factores de autenticación para verificar la identidad de sus usuarios, mecanismos que permiten obtener comprobantes, así como registros, bitácoras y huellas de auditoría de las operaciones y servicios que los bancos ofrecen por medios electrónicos.
Para que la institución bancaria demuestre las autorizaciones de las transferencias electrónicas, debe exhibir los certificados digitales que avalen el uso de la firma electrónica; por lo que es insuficiente que la institución muestre impresiones de pantalla —llamadas “consulta específica de transacción”— en las cuales se muestra la información general de las operaciones y los números de autorización.
Así, se le condenó al Banco a restituir el numerario indebidamente extraído de su cuenta bancaria, sin embargo, esta cantidad no puede volver a considerarse como un ingreso fiscal adicional, al corresponder a una restitución de un retiro indebido. Por lo que el cuentahabiente deberá de tener todo el soporte documental de la controversia, para exhibirla a las autoridades en el momento de que sean requeridas y desvirtuar la presunción de ingreso.