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Timestamp: 2018-09-25 09:52:17
Document Index: 306826928

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 45', 'artículo 97', 'artículo 135', 'artículo 255', 'artículo 229', 'artículo 97', 'artículo 125', 'artículo 164', 'artículo 164', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 45', 'artículo 10']

﻿ Sentencia 2010-00142 de agosto 14 de 2012
SENTENCIA 2010-00142 DE 14 DE AGOSTO DE 2012
CONTENIDO:JUECES Y MAGISTRADOS DE SAN ANDRÉS DEBEN HABLAR INGLÉS RAIZAL. QUIENES ASPIREN A OCUPAR LOS CARGOS DE MAGISTRADO O JUEZ EN SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA DEBEN CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SER ANGLOPARLANTES, EN LAS CONDICIONES EN LAS QUE HABLAN INGLÉS LOS ISLEÑOS, SO PENA DE DESCONOCER LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY 47 DE 1993. SE ANULÓ EL ACUERDO 118 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2009, MEDIANTE EL CUAL EL CONSEJO DE ESTADO NOMBRÓ COMO MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONTENCIOSO DEL ARCHIPIÉLAGO A DOS ASPIRANTES QUE NO ACREDITARON SER ANGLOPARLANTES ANTE SU NOMINADOR. LA CORTE RECORDÓ QUE, SEGÚN LA SENTENCIA C-086 DE 1994, LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DEBEN HABLAR LA LENGUA DEL TERRITORIO EN EL QUE ACTÚAN.
TEMAS ESPECÍFICOS:MAGISTRADO, NOMBRAMIENTO EN PROVISIONALIDAD, JUEZ, TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2010-00142 de agosto 14 de 2012
Rad. Procesos acumulados 11-001-02-30-000-2010-00142/143
Aprobado Acta 28
1. En este proceso —acumulado— se pretende la declaratoria de nulidad de los numerales quinto y sexto del Acuerdo 118 del 22 de septiembre de 2009, a través de los cuales el Consejo de Estado eligió a Beatriz Ariza de Zapata y Jorge Eduardo Ramírez como magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; así como la de los actos administrativos por los que esa corporación, el 25 de mayo de 2010, confirmó la elección de los referidos funcionarios.
Como consecuencia de lo anterior, pide también que se ordene al Consejo de Estado proveer las dos vacantes existentes para magistrados del referido Tribunal Administrativo, con apego al requisito establecido en los artículos 42, 45 y 57 de la Ley 47 de 1993 y a la Sentencia C-086 de 1994, previa solicitud a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, de la lista de candidatos que optaron por la vacante ofertada, en el orden contenido en los puntajes individuales, teniendo en cuenta la reclasificación realizada por la unidad de administración judicial en la Resolución CJRES09-185 del 2 de abril de 2009.
2. Es competente esta corporación para estudiar la legalidad de las anteriores elecciones, en acatamiento de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, adicionado por la Ley 446 de 1998 que prevé: “... La Corte Suprema de Justicia conocerá de las acciones impetradas contra los actos administrativos emitidos por el Consejo de Estado”.
3. Se decidirá primero lo pertinente en torno a las excepciones propuestas por la parte demandada, rama judicial, representada por el director ejecutivo de administración judicial, así:
Plantea como excepciones: i) la de inepta demanda, por cuanto considera que el proceso de selección, el cual culmina con la provisión efectiva del cargo, es un acto complejo que debe ser atacado en su integridad. De allí que el actor debió debatir también los actos emitidos por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. ii) la de indebida acumulación de pretensiones, pues el accionante ataca lo referente a las calidades y requisitos que debían cumplir los elegidos para obtener el cargo, pero también, las que considera irregulares dentro del proceso de selección que culminara con los actos de elección, nombramiento y confirmación de la magistrada. Tales pretensiones no son acumulables y, por tal razón, debieron ser tramitadas bajo diferente cuerda procesal.
3.1. En relación con la primera excepción referida, se establece que no puede prosperar.
Para explicar tal decisión, precisa señalar que la jurisdicción contencioso administrativa, de manera reiterada ha determinado que las etapas de los concursos de méritos, como son la convocatoria, calificación, lista de elegibles, etc., se caracterizan como pasos previos a la manifestación de voluntad de la administración, la cual culmina con los nombramientos del concurso, puesto que solo con ella se pone término a la actuación administrativa y se recoge la resultante de las etapas que la antecedieron.
De allí que, por tratarse de actos previos o de trámite no son demandables, la acción solo procede frente a los actos de nombramiento y confirmación, en los casos en que esta última es procedente, como en el sub júdice. Uno y otro constituyen el acto complejo definitivo de la administración y en esa medida, puede ser atacado ante la jurisdicción, en los términos del artículo 135 del Código Contencioso Administrativo.
Cabe precisar al respecto que en efecto, el acto de confirmación constituye una unidad jurídica con la elección o nombramiento, y por ende, configura un “acto complejo”, en la medida que no pueden darse independientemente, como así lo señaló el Consejo de Estado, en los siguientes términos:
“... Como en el caso en estudio el nombramiento se produjo para el cargo de miembro del Consejo Superior de la Judicatura, para cuya posesión y ejercicio se requiere reunir requisitos especiales señalados en el artículo 255 de la Constitución Nacional, la confirmación era indispensable. Los actos de elección y de confirmación configuran un acto administrativo complejo, de manera que la eficacia legal no puede darse independientemente en uno u otro acto. El acto confirmatorio no es posible sin el acto de elección, y este carece de eficacia sin el segundo. Con otras palabras: sin elección no es posible la confirmación y sin esta no produce efectos la elección porque el elegido no puede posesionarse del cargo, menos aún ejercerlo”(1) (destacado fuera del texto).
Al examinar el libelo, que fue reformado (fls. 216 a 258 y 211 a 253), se observa que está dirigido a que se declare la nulidad de los numerales quinto y sexto del Acuerdo 118 del 22 de septiembre de 2009, a través de los cuales el Consejo de Estado eligió a Beatriz Ariza de Zapata y a Jorge Eduardo Ramírez Amaya, como magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; así como la de los actos administrativos por los que esa corporación confirmó la elección de los referidos funcionarios, expedidos el 25 de mayo de 2010, lo que indica que la demanda fue estructurada en legal forma.
Dígase además que, como la acción ejercida en este caso es la electoral, “solo se puede juzgar la legalidad del acto de elección, y no los actos intermedios o previos, vale decir, las distintas etapas del proceso de selección que culminó con la expedición del acto de elección. Lo viable es examinar si dentro del trámite del proceso de selección, se presentaron irregularidades que pudieron tener incidencia directa en la expedición del acto de elección y si las mismas son de tal magnitud que puedan llevar a su nulidad. Conforme al artículo 229 del Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos demandables ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en acción de nulidad electoral, deben tener el carácter de definitivos y no meramente previos o intermedios”(2).
3.2. Una segunda excepción formulada por la dirección ejecutiva de administración judicial, que denomina “indebida acumulación de pretensiones”, la hizo consistir en que el demandante ataca lo referente a las calidades y requisitos que debían cumplir los elegidos para obtener el cargo, pero también, las que considera irregulares dentro del proceso de selección que culminara con los actos de nombramiento y confirmación de los magistrados.
La excepción así propuesta, tampoco prospera, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el numeral anterior. En efecto, las pretensiones de la demanda, claramente están dirigidas a que se decrete la nulidad de los actos de nombramiento y confirmación de los magistrados Beatriz Ariza de Zapata y Jorge Eduardo Ramírez Amaya. Si el actor se refirió a presuntas irregularidades en el trámite de selección, ello lo hizo al explicar el “concepto de violación” de las normas que estima vulneradas, lo cual, en puridad, constituye propiamente la temática de fondo que debe abordarse en este fallo.
En virtud de lo expuesto, se declarará no probada esta excepción.
4. Pasa ahora la Corte a determinar, de conformidad con la competencia especial atribuida en virtud del parágrafo del artículo 97 del Código Contencioso Administrativo, si las elecciones de los doctores Beatriz Ariza de Zapata y Jorge Eduardo Ramírez Amaya, como magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, vulneraron el ordenamiento constitucional y legal vigentes al momento de la elección y que regulan esta específica materia.
Para esa finalidad, es necesario destacar, inicialmente, que las directrices que la Corte habrá de sentar, en aras de efectuar el estudio de legalidad correspondiente, se ceñirán, como debe ser, a estos concretos actos de elección del Consejo de Estado, así como a las pretensiones enmarcadas en los libelos, su carta de navegación.
Señala el artículo 125 de la Constitución Política, que los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera, con excepción de los cargos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los que señale la ley. Además, el ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.
El régimen de carrera, en el caso de la rama judicial, está desarrollado en el título sexto, capítulo II de la Ley 270 de 1996 (estatutaria de la administración de justicia). Allí se establece un conjunto de aspectos tales como: los fundamentos de la carrera judicial, la administración, el campo de aplicación, el régimen de carrera de la Fiscalía General, los requisitos especiales para ocupar cargos en la carrera judicial, los requisitos adicionales para el desempeño de cargos de empleados, las etapas del proceso de selección, la programación del proceso de selección, el concurso de méritos, el registro de elegibles, la lista de candidatos, el nombramiento, el curso de formación judicial, la evaluación de servicios, las causales de retiro de la carrera judicial, la competencia para administrar la carrera y las atribuciones de las corporaciones judiciales y los jueces de la República.
Justamente, el concurso de méritos para acceder a la rama judicial y el curso de formación judicial como parte de este último, encuentran su regulación en los artículos 164 y 168 de la Ley 270 de 1996, disposiciones que, entre otras, facultan a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para señalar y reglamentar las pruebas que integran la etapa de selección y el curso de formación judicial.
En ejercicio de tales facultades, esa autoridad, expidió el Acuerdo 1550 del 17 de septiembre de 2002, “Por medio del cual se convoca al XIII concurso de méritos para la provisión de cargos de carrera de la rama judicial”.
A través del artículo primero, el citado acuerdo convocó a los interesados en vincularse a la rama judicial en los cargos de magistrado de tribunal y juez administrativo, para que se inscribieran en el concurso de méritos destinado a la conformación de los registros nacionales de elegibles. Además, luego de advertir que “El concurso será abierto mediante convocatoria pública a los interesados, la cual es norma obligatoria y reguladora de este proceso de selección...”, fijó los términos y condiciones a los que debía ceñirse el concurso, ordenó la publicación y fijación de la convocatoria, señaló las entidades que colaborarían en la realización de las distintas etapas del concurso y las que coordinarían y apoyarían logísticamente las mismas. Por último, dispuso que el acuerdo regía a partir de su publicación en la Gaceta de la Judicatura.
Los aspectos esenciales de las condiciones y términos del concurso que se fijaron en ese acuerdo son los siguientes:
— Para magistrado de tribunal administrativo: acreditar experiencia profesional, por un lapso no inferior a ocho (8) años.
— Para juez administrativo: acreditar experiencia profesional, por un lapso no inferior a cuatro (4) años.
— No tener antecedentes disciplinarios.
La experiencia profesional deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas, ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados, o en el ejercicio de la función judicial (L. 270/96, art. 128, par. 1º).
Los aspirantes podrán inscribirse para uno o todos los cargos que se someten a concurso con esta convocatoria.
El formulario de inscripción al concurso podrá obtenerse dentro del término señalado para llevar a efecto la inscripción, en las direcciones seccionales de administración judicial de todo el país o a través de la página web de la rama judicial: www. ramajudicial.gov.co
2.5.2. Fotocopia del acta de grado o del diploma de abogado o de la tarjeta profesional de abogado.
Quienes hayan ejercido de manera independiente la profesión de abogado, podrán anexar certificaciones de las entidades públicas o privadas en las que hubiere prestado servicios profesionales y en las que se indiquen las fechas exactas (día, mes y año) de vinculación y retiro, y la dedicación (tiempo completo, medio tiempo y funciones), o constancias de personas naturales o jurídicas que indiquen tipo de asesoría y lapso de desempeño (fechas exactas).
2.6.1. Los certificados de servicios prestados en entidades privadas deben ser expedidos por el jefe de personal o el representante legal de la entidad. En las entidades públicas, por el jefe de personal o quien haga sus veces.
Los documentos exigidos para la inscripción deberán ser entregados debidamente clasificados y foliados en una carpeta “celuguía” identificada con nombres y apellidos completos, número de cédula de ciudadanía, teléfono, dirección y ciudad de residencia, en las mismas fechas y lugares establecidas para la inscripción.
2.7. Presentación de documentación adicional.
Fotocopia de los diplomas del título o títulos de postgrado en derecho o el acta de grado correspondiente, o las certificaciones que acrediten los estudios, docencia o experiencia adicional a que se refieren los literales b) y c) del punto 4.1 de esta convocatoria.
La Sala Administrativa del Consejo Superior, una vez verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos señalados en la presente convocatoria decidirá, mediante resolución, sobre la admisión o inadmisión al concurso, indicando en esta última los motivos que dieron lugar a la decisión. Contra esta Resolución no habrá recurso en la vía gubernativa (L. 270/96, art. 164, num. 3º).
La ausencia de requisitos mínimos para el cargo determinará el retiro inmediato del proceso de selección, cualquiera que sea la etapa en que el aspirante se encuentre.
Fase I. Oposición.
Esta fase tiene por objeto seleccionar a los aspirantes que serán admitidos al curso de formación judicial. Está integrada por:
a) Pruebas de conocimientos y aptitudes. Hasta 600 puntos
La experiencia laboral en cargos relacionados, o en el ejercicio profesional independiente con dedicación de tiempo completo en áreas jurídicas, dará derecho a veinte (20) puntos por cada año de servicio o proporcional por fracción de este.
Los concursantes serán citados a entrevista personal que será realizada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura cuando se trate de aspirantes al cargo de magistrado; los interesados exclusivamente en el cargo de juez serán entrevistados por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura correspondiente al lugar de inscripción.
El curso estará conformado por módulos de análisis y de aplicación práctica, así como por pasantías en las correspondientes corporaciones o despachos judiciales, cada uno de los cuales será prerrequisito para tomar el siguiente, de manera que quien no apruebe alguno de estos no podrá continuar en el concurso.
Para aprobar el curso se requiere haber asistido al menos al 80% de las actividades presenciales siempre que las inasistencias, que no pueden superar el 20%, se encuentren debidamente justificadas; cumplir todas las cargas académicas y las prácticas programadas, y obtener el puntaje mínimo aprobatorio correspondiente en cada módulo. El promedio del puntaje obtenido en los diferentes módulos y en el trabajo final de investigación será el puntaje final del curso.
Los gastos que se generen por desplazamiento y estadía para quienes asistan al curso, serán asumidos por cada concursante.
Esta etapa tiene por objeto establecer el orden de clasificación en el registro nacional de elegibles, de conformidad con los resultados del curso de formación judicial, asignándole a cada una de las personas que hayan aprobado el curso, un lugar dentro del grupo de personas que concursaron para el mismo cargo.
5. Notificación de resultados y recursos.
Los resultados de los exámenes de conocimientos y aptitudes y de los puntajes correspondientes a la fase II se darán a conocer mediante resolución expedida por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se notificará mediante fijación en la unidad de administración de la carrera judicial y en las salas administrativas de los consejos seccionales de la judicatura.
Contra los resultados, procederá el recurso de reposición que deberán presentar por escrito los interesados, dentro de los tres (3) días siguientes a la fijación de la misma.
6. Publicación de resultados finales.
Los puntajes que se obtengan en la etapa clasificatoria serán comunicados mediante fijación en la unidad de administración de la carrera judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura de lo cual se dará aviso en un diario de amplia circulación nacional.
Concluida la etapa clasificatoria, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura procederá a elaborar los listados de inscripción en el registro nacional de elegibles, por tipo de cargo y en orden descendente de puntajes.
8. Opción de sedes.
El concursante que obtenga el mayor puntaje tendrá la primera opción para elegir entre las vacantes existentes o que se presenten, lo cual deberá informar a la unidad de administración de la carrera judicial, dentro de los tres días siguientes al recibo de la comunicación de la existencia de las mismas por parte de dicha unidad. Si no se produce la respuesta en el tiempo indicado se entenderá declinado el turno.
Cuando se produzcan nuevas vacantes se repetirá el procedimiento iniciando con el primero de la lista.
9. Exclusión del registro.
Será causal de retiro de la lista el fraude comprobado en la realización del concurso o el error evidente en el proceso de selección.
ART. 3º—La convocatoria en los términos señalados en el presente acuerdo y firmada por la presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, se publicará en el Diario Oficial y adicionalmente, mediante aviso en diarios de amplia circulación nacional y local, y se fijará en la sala administrativa de los consejos superior y seccionales de la judicatura y en las direcciones ejecutiva y seccionales de administración judicial.
ART. 4º—La sala administrativa de los consejos seccionales de la judicatura, las direcciones seccionales de administración judicial y las oficinas de apoyo administrativo colaborarán en la realización de las distintas etapas del concurso, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán separadamente.
La unidad de administración de la carrera judicial de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, tendrá a su cargo la coordinación y el apoyo logístico de tales actividades, en asocio con la dirección ejecutiva de administración judicial y con las demás unidades de apoyo de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en lo que fuere de su incumbencia.
La Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” impartirá el curso de formación judicial y remitirá los resultados definitivos del mismo a la unidad de carrera judicial para los fines pertinentes.
ART. 5º—El presente acuerdo rige a partir de su publicación en la Gaceta de la Judicatura y deroga o modifica las disposiciones proferidas por esta misma corporación que le sean contrarias.
Es claro entonces que la convocatoria, de conformidad con el numeral 2º del artículo 164 de la ley estatutaria, es norma obligatoria que regula todo proceso de selección mediante concurso de méritos. De allí que, tanto la entidad estatal que emplaza al concurso, como los participantes, deben acatar y respetar las reglas que ella ha diseñado para el efecto, so pena del rompimiento de la confianza en la autoridad y la vulneración de principios tales como la buena fe, transparencia e imparcialidad, que son de la esencia del mismo.
Al respecto, textualmente la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:
“Así, el diseño de los concursos debe estar orientado a lograr una selección objetiva, que cumpla con el doble propósito de permitir que accedan al servicio del Estado las personas más idóneas para el desempeño de los distintos cargos, al tiempo que se garantiza para todos los aspirantes la igualdad de condiciones en el trámite de su aspiración.
Por otra parte, una vez definidas las reglas del concurso, las mismas deben aplicarse de manera rigurosa, para evitar arbitrariedades o subjetivismos que alteren la igualdad o que vayan en contravía de los procedimientos que de manera general se han fijado en orden a satisfacer los objetivos del concurso. De este modo, el concurso se desenvuelve como un trámite estrictamente reglado, que impone precisos límites a las autoridades encargadas de su administración y ciertas cargas a los participantes. De manera particular, en orden a garantizar la transparencia del concurso y la igualdad entre los participantes, el mismo debe desenvolverse con estricta sujeción a las normas que lo rigen y en especial a las que se hayan fijado en la convocatoria, que como se señala en el artículo 164 de la Ley 270 de 1996, es la ley del concurso. Quiere esto decir que se reducen los espacios de libre apreciación por las autoridades en la medida en que, en la aplicación rigurosa de las reglas está la garantía de imparcialidad en la selección fundada en el mérito.
Uno de los ámbitos en el que se manifiesta ese rigor del concurso es en el señalamiento de los requisitos y las calidades que deben acreditar los participantes así como de las condiciones y oportunidades para hacerlo. Igualmente rigurosa debe ser la calificación de los distintos factores tanto eliminatorios como clasificatorios que se hayan previsto en la convocatoria”(3).
En torno a este tema, ha de precisarse que efectivamente en la convocatoria al concurso para la elección de los magistrados que desembocó en la expedición de los actos administrativos expedidos por la Sala Plena del Consejo de Estado, declaratorios de las elecciones demandadas, se omitió en su integridad indicar la necesidad para los aspirantes, de acreditar hablar, además del idioma castellano, el inglés, tal como lo exige perentoriamente el artículo 45 de la Ley 47 de 1993.
Para superar la anterior deficiencia, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, con posterioridad a la convocatoria aludida, expidió el Acuerdo 3536 del 25 de julio de 2006 —a través del cual reglamentó el procedimiento para acreditar el idioma inglés en el departamento archipiélago para los cargos de juez y magistrado—. Dicho acto administrativo, mediante sentencia del 8 de abril de 2010, fue declarado nulo por el Consejo de Estado, fundado principalmente, de un lado, en que la autoridad que lo expidió, exigió como requisito el inglés estándar a través de diversos sistemas de prueba como el TOEFL, Michigan o IELTS, en lugar del “inglés comúnmente hablado por las comunidades nativas del Archipiélago”, como lo establecen los artículos 42 y 45 de la Ley 47 de 1993; y del otro, al considerar que se vulneró el principio de confianza legítima, porque el procedimiento para acreditar el idioma inglés, no se incluyó como requisito dentro de la convocatoria dispuesta mediante el referido Acuerdo 1550 de 17 de septiembre de 2002, sino con posterioridad a ella, circunstancia que fue sorpresiva para los participantes. Adicionalmente, su aplicación fue retroactiva de aquella disposición.
No puede la Corte dejar de anotar que efectivamente la Ley 47 de 1993, “Por la cual se dictan normas especiales para la organización y el funcionamiento del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, previó en sus artículos 42 y 45 que “el castellano y el inglés comúnmente hablado por las comunidades nativas del archipiélago”, son el idioma oficial en dicho departamento y para aquellas personas que ejerzan en dicha jurisdicción como empleados públicos “y que tengan relación directa con el público, deberán hablar los idiomas castellano e inglés”, disposiciones que fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-086 de 1994.
Estas últimas, para nada han sido derogadas ni expresa ni tácitamente por la Ley 1381 de enero 25 de 2010, pues de su articulado no aparece en parte alguna modificación respecto a tales exigencias para quienes ejerzan cargos públicos en dicho departamento, o mejor, para que válidamente su elección se encuentre ajustada al ordenamiento jurídico. De allí que, inequívocamente se puede predicar la vigencia de la citada normatividad, en especial, en cuanto toca con el tema relacionado con los funcionarios públicos, de cuya elección trata esta demanda.
Y es que como lo afirmó la Corte Constitucional en la Sentencia C-086 de 1994, “En lo relativo a los empleados públicos, es apenas normal que estos deban, al menos, hablar el idioma del territorio en que actúan”, por lo que, más adelante agrega la providencia, “Lo que si violaría la Constitución, sería obligar a los isleños a abandonar su lengua, que es parte de su herencia cultural”. Sobre el particular, anota ahora esta Corte, tratándose la administración de justicia de un servicio público esencial, en donde necesariamente el funcionario y sus empleados tienen una relación directa y permanente con la ciudadanía, nada más correcto y adecuado que quienes van a prestar ese servicio público, tengan el manejo del idioma que practica la comunidad destinataria del mismo. De no ser así, equivaldría a adecuar las condiciones personales del funcionario en contravía de las realidades de estas comunidades, para lo cual precisamente se requirió de una legislación especial, determinada por las mismas connotaciones culturales, de raza, costumbres, idioma o idiomas, etc. Bien es sabido que el interés público general prevalece sobre el particular.
Bajo este entendido, si el Consejo Superior de la Judicatura omitió la perentoria exigencia impuesta en el artículo 45 de la Ley 47 de 1993, acerca de la necesidad de acreditar para todos los aspirantes a ocupar el cargo de magistrado en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el manejo del idioma inglés, adicional al castellano, es omisión, negligencia o descuido, por decir lo menos, que no puede afectar de manera grave los intereses de la administración de justicia de que deba ser beneficiaria dicha comunidad, pues esos errores, incuestionablemente no se les puede trasladar a los usuarios del servicio.
Complemento de lo anterior, es que ni el Consejo Superior de la Judicatura, ni los mismos participantes en el concurso que concluyó en las elecciones cuestionadas en estas demandas acumuladas que se resuelven ahora, pueden alegar válidamente la ignorancia de la ley, como razón excusable de la omisión en la exigencia y acreditación de un requisito fundamental como el ya anotado. No solo por las funciones que sobre el particular corresponde a la entidad convocante, sino también, teniendo en cuenta la connotación de las personas emplazadas, pues es un hecho notorio, la inaplazable y urgente necesidad del manejo del inglés comúnmente hablado por las comunidades nativas del archipiélago, en los términos de la referida Ley 47, para cumplir adecuadamente las funciones propias del cargo, que es lo que, al fin de cuentas, tiene primacía en casos como el presente y exige la comunidad y la ley dentro de sus requisitos.
Acorde con lo probado en autos, el Consejo de Estado, luego de la declaratoria de nulidad del Acuerdo 3536 de 2006, mediante oficios visibles a folios 111 (cdno. 2, Rad. 143) y 99 (cdno. 2, Rad. 00142), solicitó a los elegidos, doctores Beatriz Ariza de Zapata y Jorge Eduardo Ramírez Amaya, respectivamente, que acreditaran el requisito establecido en el artículo 45 de la Ley 47 de 1993.
En respuesta a lo anterior, aparece a folios 112 a 114 (cdno. 2, Exp. Rad. 0142) que la doctora Beatriz Ariza de Zapata, allegó certificación expedida por “Asesorías Académicas de Inglés”, según la cual “cursó y aprobó satisfactoriamente el nivel básico de inglés durante el año 2003, completando un total de 120 horas de clases de inglés”, sin que se afirme o establezca con tal documento, que esta persona hable el que corresponde al “comúnmente hablado por las comunidades nativas del archipiélago”.
Igualmente sucede con la certificación del folio 103 (cdno. 2, Rad. 143), expedida por “Alliance Language Centers” a nombre de Jorge Eduardo Ramírez Amaya, en la cual tampoco consta que el referido funcionario maneje el inglés exigido en la Ley 47 de 1993.
Así las cosas, el nominador, ante la declaratoria de nulidad del Acuerdo 3536 de 2006, tuvo la oportunidad de corregir la deficiencia, y superarla, exigiendo a los elegidos la comprobación del requisito que impone el artículo 45 de la Ley 47 de 1993, pues estaba en el proceso de confirmación de las elecciones cuestionadas, y sin embargo, procede a efectuarla y/o declararla, desestimando el requisito impuesto en la ley que, como ya se ha visto, es de una marcada importancia para la adecuada prestación del servicio público de administración de justicia en esa jurisdicción especial del territorio nacional, pues al decir del artículo 45 invocado, dicha exigencia tiene carácter imperativo cuando utiliza la expresión “deberán” hablar los idiomas castellano e inglés.
No está de más agregar a lo anterior, que si bien, conforme con lo dispuesto en el artículo 10 de la Constitución Política, en Colombia tenemos un idioma oficial que es el castellano, ella misma igualmente advierte que “Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios”. Se reconoce entonces para esas minorías, una pluralidad lingüística, en virtud de lo cual surge para ellas el derecho a comunicarse, es decir, a entender y ser entendidos; y la obligación para el Estado-administración de justicia, como servicio público que es, el de hablar en su territorio, el idioma propio de la comunidad usuaria.
Finalmente, ha de señalar la Corte que el control de legalidad que se ejerce propiamente en este tipo de acciones contra actos administrativos declaratorios de elecciones, esencialmente va dirigido a establecer precisamente si en todo el proceso eleccionario, incluidos los actos de trámite y el de aquellos que tienen carácter decisorio o definitivo, con ellos se quebrantó el derecho positivo vigente que regula toda esa actuación.
Siendo ello así, bastará a esta corporación las consideraciones que preceden para adoptar una decisión de mérito respecto de los actos acusados, al concluir que en el trámite del concurso, existió flagrante violación a una disposición legal que imponía la exigencia de un requisito muy especial, por estar destinado al servicio de la administración de justicia, a una comunidad que tradicional y culturalmente utiliza el idioma inglés, en la forma y términos que ellos lo practican, tales argumentos, relevan a la corporación de análisis adicionales.
Por tanto, procederá la declaratoria de nulidad de las elecciones demandadas y de los actos de confirmación de las mismas, por incumplimiento, por parte de los elegidos, de uno de los requisitos impuestos en la ley, cual es el de la acreditación de hablar el inglés comúnmente utilizado por las comunidades nativas del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a donde deben prestar sus servicios como magistrados de tal jurisdicción territorial.
Ninguna otra condena, como consecuencia de lo anterior puede incluirse en este fallo de nulidad, toda vez que:
“En la acción de nulidad el juez está limitado para el examen de validez, pues únicamente puede hacer el análisis de la norma invocada como violada y el acto viciado, para confrontarlos y deducir su legalidad o no. La sentencia no puede hacer otros pronunciamientos, aunque aparezcan acreditados dentro del proceso, su decisión debe ser objetiva, debe limitarse a declarar si el acto es nulo, pero carece de facultad el juez para sustituir el acto por otro o para determinar otra consecuencia...”(4).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
1. DESESTIMAR las excepciones de ineptitud de la demanda e indebida acumulación de pretensiones, propuestas por la dirección ejecutiva de administración judicial.
2. DECLARAR LA NULIDAD de los numerales quinto y sexto del Acuerdo 118 del 22 de septiembre de 2009, a través de los cuales el Consejo de Estado eligió a Beatriz Ariza de Zapata y Jorge Eduardo Ramírez como magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina; así como la de los actos administrativos por los que esa corporación, el 25 de mayo de 2010, confirmó la elección de los referidos funcionarios.
3. En firme esta providencia, archívese el proceso.
(1) Consejo de Estado, sentencia de 1º de octubre de 1992, Radicación 0676.
(2) Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 22 de febrero de 2008, Radicación 2007-00013.
(3) Corte Constitucional, sentencia de 12 de junio de 2007, Radicación T-470 de 2007.
(4) Juan Ángel Palacio Hincapié. Derecho Procesal Administrativo. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., tercera edición, 2002, pág. 205.