Source: https://www.scribd.com/document/217101591/Democracia-Directa-Ecuador
Timestamp: 2019-04-19 16:45:09
Document Index: 235984326

Matched Legal Cases: ['Artículo 104', 'Artículo 26', 'Artículo 103', 'Artículo 105', 'Artículo 115', 'Artículo 283', 'Artículo 5', 'Artículo 104', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 110', 'Artículo 112', 'Artículo 109', 'Artículo 109', 'Artículo 146', 'Artículo 144', 'Artículo 146', 'Artículo 146', 'Artículo 149']

Democracia Directa Ecuador
Uploaded by Pablo Domínguez Acuña
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En esa ocasión se pusieron a consideración dos textos constitucionales para que los electores escogieran entre ellos. con un total de doce preguntas. Cada una de ellas debe seguir un proceso específico. abordó varios temas políticos y económicos. cada una de ellas sobre el tema de la autonomía administrativa de la respectiva localidad. Organizada por: . La ciudadanía tiene facultad de convocatoria solamente para estas últimas. Todas ellas se han realizado por iniciativa de los gobiernos en funciones. contenidos en ocho preguntas. realizada en 1995. pueden realizarse consultas con carácter vinculante pero también sin éste. se han realizado cinco consultas provinciales. con un total de 14 preguntas. Ecuador Democracia Directa en Ecuador Ecuador ha hecho uso intensivo del referéndum y del plebiscito como mecanismos de democracia directa. Ya dentro del régimen constitucional se han realizado cuatro consultas plebiscitarias. La cuarta.Simón Pachano FLACSO. trató también sobre diversos temas políticos y económicos. Es preciso señalar que según el ordenamiento jurídico ecuatoriano. La segunda se realizó en 1994 y abordó varios temas políticos y económicos. La primera tuvo lugar en 1984 y consultó (con una sola pregunta) acerca de la participación de los independientes como candidatos para dignidades de elección popular. La primera ocasión en que se utilizó uno de estos instrumentos fue en 1978 para escoger la Constitución que regiría en el nuevo ordenamiento democrático. Adicionalmente. La tercera.
hace un balance de lo avanzado en estos campos y desarrolla algunas reflexiones acerca de su posible evolución dentro del proceso de reforma política que se debate en el país. La Constitución de 1978 –aprobada precisamente por medio de un referendo. las tres formas básicas de democracia directa. de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional. 1 ∗ 1 . En segundo lugar. en tanto que el tercero se incorporó en la Constitución de 1998. hace una breve revisión de las consultas realizadas a o largo de este período y busca algunas respuestas que puedan explicar la no utilización de las otras dos modalidades. la iniciativa popular y la revocatoria del mandato 1 . Desde el retorno a la democracia. Las disposiciones constitucionales y legales La Constitución vigente determina que “Los ciudadanos ecuatorianos gozarán del derecho de elegir y ser elegidos. en diferentes grados. Las otras dos modalidades han permanecido solamente como una posibilidad.DEMOCRACIA DIRECTA EN ECUADOR Simón Pachano ∗ Introducción En el ordenamiento constitucional ecuatoriano se incluyen. se ha utilizado el referendo en cinco ocasiones a nivel nacional y cinco veces se lo ha aplicado en ámbitos provinciales 2 . ya que ese fue el producto de una decisión de un gobierno de facto y que no constaba en ningún ordenamiento jurídico. las disposiciones constitucionales y legales que establecen estas tres formas de democracia directa. en primer lugar. en el año 1979. Por último. el referendo (o plebiscito). El presente texto analiza. Pero. 2 Las consultas a nivel nacional se elevan a seis si se incluye la realizada en 1978 (que fue un referendo) para la aprobación de la Constitución.introdujo por primera vez en la historia nacional los dos primeros. en parte por la falta de reglamentación al respecto y en parte también por la ausencia de iniciativa de los sectores que podrían tener interés en su aplicación. FLACSO. de ser consultados en los casos previstos en la Constitución. de revocar el mandato que confieran a los dignatarios de Profesor de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. de fiscalizar los actos de los órganos del poder público. 1. Ecuador Más adelante se abordará la diferencia entre referendo y plebiscito. esto es. no puede ser considerado como un elemento propio de la normatividad jurídica del país.
cada uno de estos derechos está desarrollado en otros lugares de la Constitución. Por tanto. como para tratar asuntos de trascendental importancia para el país (Artículo 104). La decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes” 3 . Artículo 26). es un requisito más exigente que el establecido para las elecciones de los diversos cargos de representación en los que no se contabilizan los votos nulos y blancos. La Ley de Elecciones ratifica esto cuando señala que “La decisión adoptada será obligatoria si el pronunciamiento popular contare con el respaldo de la mayoría absoluta de votantes” (Ley de Elecciones. el referendo aparece únicamente como un derecho pasivo para los ciudadanos. las tres formas de democracia directa están reconocidas como derechos políticos básicos cuando se establecen las facultades de presentar proyectos de ley (iniciativa). esto es. denominado “De otras formas de participación popular”. no de votos válidos). que deriva en un mandato vinculante) como para el plebiscito (la consulta de temas diferentes a leyes o textos constitucionales. y de desempeñar empleos y funciones públicas” (Capítulo 3.elección popular. dentro del Título IV “De la participación democrática”. En el Artículo 103. de ser consultados (referendo) y de revocar el mandato (revocatoria). La iniciativa para la consulta corresponde al presidente de la República. que lo ejercerán al ser consultados. 4 La Constitución utiliza la denominación genérica de consulta popular tanto para el referendo (el sometimiento de leyes o de textos constitucionales a la aprobación popular. Como se verá de inmediato. Los procedimientos para cada uno de estos casos son los que se describen a continuación. De los derechos políticos. Por consiguiente. mientras que los organismos subnacionales y los ciudadanos solamente lo pueden hacer para temas que no signifiquen reformas constitucionales (Artículo 105). El Presidente puede convocar a consulta popular tanto para reformar la Constitución. que no generan un mandato vinculante). pero antes de entrar en ese campo es necesario destacar que. en el mencionado artículo número 26. a los organismos del régimen seccional (consejos provinciales y municipios) y a los ciudadanos 4 . Sin embargo. El referendo y la revocatoria del mandato se desarrollan en un capítulo específico. para el resultado de la consulta deben considerarse todos los votos emitidos. que establece los derechos políticos básicos. Artículo 115). en otros lugares del texto constitucional sí se reconoce esa facultad ciudadana. sin que conste la iniciativa que ellos pueden desarrollar en ese campo. incluidos los nulos y los blancos (ya que hace referencia a la mayoría absoluta de votantes. Según esta disposición. 3 2 . correspondiente a este capítulo “Se establece la consulta popular en los casos previstos por esta Constitución.
aunque la Constitución no lo establece explícitamente. el presidente de la República puede convocar directamente a consulta. por medio de este procedimiento no se pueden procesar reformas constitucionales (y al parecer tampoco legales) 6 . Este organismo. “una vez que haya comprobado el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas y en la ley. de plebiscito y no propiamente de referendo ya que. la consulta impulsada por los organismos subnacionales tendría el carácter de referendo para el tratamiento de leyes. sin pasar por el Congreso. Debido a los vacíos que deja la Constitución en este aspecto. los organismos correspondientes deben contar con el voto favorable de las tres cuartas partes de sus integrantes y con ese respaldo pueden acudir directamente al organismo electoral de su respectiva provincia. podrá someter a consulta popular la aprobación de reformas constitucionales” (Artículo 283). 3 . calificados previamente por el Congreso Nacional con el voto de la mayoría de sus integrantes. Dicho de otra manera. En ese caso.En primer lugar. no se puede afirmar si se incluye o se excluye el tratamiento de leyes por esta vía. la iniciativa ciudadana para la realización de consultas populares no puede utilizarse para realizar reformas constitucionales ni para tratar temas tributarios (Artículo 5 6 La Constitución no contempla la posibilidad de referendo para la aprobación o la reforma de leyes. En segundo lugar. siempre que no constituyan reformas constitucionales (Artículo 104). El texto correspondiente señala que “El Presidente de la República. sin participación del Congreso Nacional. Por consiguiente. que justifiquen el pronunciamiento popular” (Artículo 106). procederá a hacer la correspondiente convocatoria” (Artículo 107). Por último. el presidente de la República puede convocar a plebiscito directamente. pero previamente debe someter las preguntas al Congreso Nacional para su calificación como urgentes. a su juicio. Se trata. para convocar a referendo el Presidente debe contar con la aprobación del Congreso Nacional 5 . se trate de cuestiones de trascendental importancia para el país”. el Presidente es la única persona que tiene la potestad de convocar a consulta para impulsar reformas constitucionales. Para la formulación de la consulta. En tercer lugar. los consejos provinciales y concejos cantonales (municipios) podrán convocar a consulta “Cuando existan circunstancias de carácter trascendental atinentes a su comunidad. En caso de hacerlo. “Cuando. por tanto. en los casos de urgencia. el Presidente debe enviar el texto de las preguntas al Tribunal Supremo Electoral y éste se encargará de organizar el proceso.
“Los ciudadanos en goce de derechos políticos y que representen el ocho por ciento del padrón electoral nacional. el referendo y el plebiscito forman parte del ordenamiento jurídico-político ecuatoriano como procedimientos tanto de reforma constitucional como de tratamiento de otros tipos de temas de carácter político. La revocatoria del mandato es el otro componente del capítulo constitucional dedicado a la participación popular. A pesar de que en uno y otro caso están claramente diferenciadas las potestades para su convocatoria. El que se orienta a reformas constitucionales y legales (referendo) tiene vigencia inmediata bajo la forma de un mandato vinculante. para consultas sobre temas provinciales o cantonales). podrán solicitar al Tribunal Supremo Electoral que convoque a consulta popular en asuntos de trascendental importancia para el país. Además. Por otra parte. solicitar que se convoque a consulta popular. asimismo. en ésta se establecen criterios diferentes para el nivel nacional y para los niveles subnacionales. para consultas de alcance nacional y los tribunales provinciales. en tanto que los demás (plebiscitos) pueden interpretarse como un sondeo de opinión. En síntesis. De alguna manera. no existe claridad acerca de la utilización de estos procedimientos para la reforma y la aprobación de leyes. que no sean reformas constitucionales” (Artículo 105). Esta ocupa toda la sección segunda de aquél capítulo y se inicia con el reconocimiento de que “Los ciudadanos tendrán derecho a resolver la revocatoria 7 También en este caso no queda claramente establecido si la iniciativa ciudadana puede promover un referendo para reformas legales o si solamente puede hacer un plebiscito sobre temas de interés general. es posible suponer que los resultados de cada uno de los tipos de consulta serán sustancialmente diferentes. los ciudadanos deberán dirigir su solicitud directamente al organismo electoral correspondiente (el Tribunal Supremo Electoral.108) 7 . sin intervención del Congreso ni de los consejos provinciales y municipios. así como las particularidades de los diferentes niveles territoriales. este vacío queda parcialmente superado con el reconocimiento del derecho a la iniciativa en la formulación y reformas de leyes que será tratado más adelante. En el primero. los consejos provinciales. como una manera de legitimar decisiones de organismos representativos (el Gobierno Nacional. los municipios) o como la expresión de la voluntad ciudadana que puede o no ser asumida por las autoridades correspondientes. En el segundo nivel se establece como requisito un porcentaje más alto de firmas de respaldo. En ambos casos. 4 . ya que “Podrán. los ciudadanos en goce de derechos políticos y que representen por lo menos el veinte por ciento del número de empadronados en la correspondiente circunscripción” (Artículo 106).
Con el fin de hacerla posible en lo que se refiere a la última causa. señalar a las actividades de legislación y de fiscalización como plan de trabajo). “los candidatos a alcalde. la revocatoria podrá solicitarse en cualquier tiempo del período para el que fue elegido el dignatario. Por tanto. consejeros y concejales provienen de la Como se puede ver. El acto electoral se realizará dentro de los treinta días subsiguientes a la convocatoria” (Artículo 110). exceptuando el presidente de la República que se elige con mayoría absoluta. por una sola vez dentro del mismo período” (Artículo 111). la Constitución establece que “Cuando se trate de actos de corrupción. 8 5 . En cualquier caso. Adicionalmente. la Constitución sugiere que el procedimiento para la revocatoria incluye la realización de un referendo. prefectos y diputados. Al hacerlo así se abriría un campo demasiado amplio para los fines de revocatoria. ya que cualquier acción podría interpretarse como incumplimiento del plan. que represente por lo menos el treinta por ciento de los empadronados en la respectiva circunscripción territorial” (Artículo 110). a los consejeros provinciales y a los concejales municipales. En los casos de incumplimiento del plan de trabajo. La confusa redacción solamente permite suponer que a la presentación de la solicitud por parte de los ciudadanos deberá seguir una consulta (la “convocatoria” y el “acto electoral” a los que hace referencia). De manera más implícita que explícita. la participación es obligatoria (lo que constituye una manifestación del carácter obligatorio del voto) y la revocatoria se producirá por mayoría absoluta de los sufragantes de la respectiva circunscripción territorial (Artículo 112). El carácter de su actividad no lo admite a menos que se lo haga en términos muy generales (por ejemplo. prefectos y diputados de su elección. se podrá solicitar después de transcurrido el primero y antes del último año del ejercicio de sus funciones. prefecto o diputado. por actos de corrupción o incumplimiento injustificado de su plan de trabajo” (Artículo 109) 8 . la revocatoria está restringida a alcaldes. los alcaldes y prefectos requieren de mayoría simple y los diputados. al inscribir su candidatura presentarán su plan de trabajo ante el correspondiente tribunal electoral” (Artículo 109) 9 . ya que señala que “Una vez que el tribunal electoral verifique que la iniciativa cumple con los requisitos previstos en esta Constitución y en la ley. En ambos casos. la revocatoria requiere de una proporción de votos que por lo general resulta sustancialmente mayor que la requerida para la elección de cada uno de esos cargos ya que.del mandato otorgado a los alcaldes. 9 Desde cualquier punto de vista es un absurdo exigir la presentación del plan de trabajo a los diputados. La iniciativa de la revocatoria puede ejercerla “un número de ciudadanos en goce de los derechos políticos. procederá a la convocatoria en los diez días inmediatamente posteriores a tal verificación. Se excluye al presidente de la República.
reconoce como portadores de este derecho a los diputados (con el apoyo de un bloque legislativo o de diez legisladores). Sin embargo. un análisis sobre las concepciones que guían a este tipo de disposiciones constitucionales. Pero. En cualquiera de estos casos y “Mediante estos procedimientos no podrán presentarse proyectos de ley en materia penal ni en otras cuya iniciativa corresponda exclusivamente al Presidente de la República” (Artículo 146). no hace lo mismo con la iniciativa. En efecto. se los puede considerar incluidos en la disposición que señala que “Se reconocerá el derecho de los movimientos sociales de carácter nacional. Es probable que al no incluir a la iniciativa dentro de las formas complementarias de la democracia representativa no se deriven consecuencias prácticas. artículos 115-132). Su reconocimiento en el ámbito de la formación de la ley equivale a considerarla como una forma de democracia directa. Artículo 144). a causa de la deficiente redacción los ciudadanos no constan como uno de los actores que tienen la facultad de presentar leyes. así como la Constitución reconoce a estas dos como formas complementarias a las de la democracia representativa. a la Corte Suprema de Justicia y a la Comisión de Legislación y Codificación del Congreso. “De la iniciativa”. ya que se encuentra desarrollada en la sección segunda del capítulo 5 “De las leyes”. un número de personas en goce de los derechos políticos. A ésta le da un tratamiento diferente. Así mismo. aún allí. Ellos aparecen después. Por último. “Cuando el proyecto sea presentado por la ciudadanía. aunque explícitamente no se la trate de esa manera.aplicación de una fórmula proporcional en distritos plurinominales con lo que resulta prácticamente imposible que obtengan mayoría absoluta. podría arrojar luces sobre el trato diferencial que se hace de ésta con respecto al referendo y a la revocatoria del mandato.destina una sección a la consulta popular y a la revocatoria del mandato (Título V. Adicionalmente. además del Reglamento General de la Ley 6 . sin incluir a los ciudadanos (Capítulo 5. cuando se establece que “Podrán presentar proyectos de ley. equivalente a la cuarta parte del uno por ciento de aquellas inscritas en el padrón electoral” (Artículo 146). Sección segunda. al presidente de la República. cabe señalar que la Ley de Elecciones –que debe reglamentar lo estipulado en la Constitución. a ejercer la iniciativa de presentar proyectos de ley” (Artículo 146). Adicionalmente. Pero. se señalarán los nombres de dos personas para participar en los debates” (Artículo 149).
mientras que las otras dos apenas han quedado como posibilidades establecidas en los cuerpos normativos.de Elecciones. capítulos I. en el caso de la consulta popular. Un análisis de estas disposiciones permite sostener que. 2. desde el año 2001 está en vigencia el Reglamento para Consulta Popular y Revocatoria del Mandato. pero sus autores encontraron justificación en la movilización social que lo precedió. y los sectores movilizados han optado más bien por actuar al margen de las instituciones y de los procedimientos. por el carácter no vinculante del mandato que emana de ella cuando es convocada por la ciudadanía 11 . para la de los niveles subnacionales (Título II. desde la perspectiva de la ciudadanía y de los grupos organizados. artículos 5-10). artículos 2-4). La experiencia en materia de democracia directa De las tres formas de democracia directa. Es probable que. ya que en la actividad política desarrollada a lo largo de veintiocho años de régimen constitucional se encuentra una tendencia muy marcada a la participación social y a la intervención directa en los asuntos políticos. No sucede lo mismo con la iniciativa en el proceso de formación de la ley. artículos 20-41).la consulta popular. En este último existen capítulos específicos para la consulta de iniciativa presidencial (Capítulo II. esto es. Sin embargo. que no se encuentra desarrollada en un cuerpo legal. III y IV. II. sería de esperar que existiera gran interés en la utilización de aquellas disposiciones que se encuentran en el marco normativo y que son las que precisamente pueden canalizar esa voluntad de participación. 11 Como se ha visto.por parte de la población 10 . a pesar de algunos vacíos y de errores formales que pueden desembocar en consecuencias negativas. no exista una relación satisfactoria entre el esfuerzo que demandan tanto la recolección de firmas como la campaña y unos resultados que no generan obligaciones y que por tanto 10 Una expresión de esto es la destitución de tres presidentes de la República como resultado de la presión ejercida por medio de movilizaciones sociales. en Ecuador solamente se ha utilizado –y en mínimo grado. No deja de llamar la atención este hecho. En estricto sentido. Por tanto. cuando se desarrolla un referendo y no un plebiscito 7 . entre los que se cuentan los de la democracia directa establecidos constitucional y legalmente. una de ellas fue claramente un golpe de Estado (el de enero de 2000. existe un marco legal bastante desarrollado para regular la consulta popular y la revocatoria del mandato. que terminó con el gobierno de Jamil Mahuad). el único caso en que se establece un mandato vinculante es cuando la convoca el presidente de la República para reformas constitucionales. para la de iniciativa popular (Capítulo III. Este hecho paradójico puede explicarse. no ha ocurrido de esa manera.
Aunque se suponía que era un tema que contaría con el respaldo mayoritario de la población –lo que en efecto quedaba establecido en los sondeos de opinión-. viene a ser un obstáculo la mayoría absoluta del total de votantes (no sólo de los votos válidos) que se debe obtener para lograr la revocatoria. éste se convirtió en un plebiscito acerca de la gestión del gobierno y eso fue lo que definió el resultado. esto es. Más bien. esta explicación no es válida para la revocatoria del mandato. en ambos casos sería conveniente atacar el problema en su esencia. ha sido utilizada en cinco ocasiones en el ámbito nacional. De esta manera. en un contexto de alta fragmentación como es el ecuatoriano. En este caso se puede suponer que no ha sido utilizada por los requisitos que se deben cumplir para su materialización y porque el mismo resultado se puede obtener por medio de procedimientos informales que demandan menos esfuerzos. se presentarían problemas de gobernabilidad. el carácter no vinculante del mandato emanado de la consulta actuaría como un desincentivo para su utilización 12 . Por todo ello. pero esto tendría consecuencias impredecibles en términos de gobernabilidad. En junio de 1986. como se señaló antes. 13 También en este caso se podría proponer la flexibilización de los requisitos como solución que llevaría a la mayor utilización de esta modalidad. Igualmente. como medida que tendería a impulsar la utilización de esta forma de democracia directa. en los que se ha buscado crear una corriente de opinión favorable a determinado tema (específicamente el de las autonomías provinciales). Pero. como una obligación relativamente difícil de cumplir. La consulta. ya que ésta sí tiene efecto práctico e inmediato. en la alta fragmentación de la representación política. lo que depende en gran medida de las características del sistema elctoral.no desembocan necesariamente en hechos concretos. En realidad. el resultado fue negativo. Por ello. Pero. León Febres Cordero. su utilización ha estado restringida a temas y momentos específicos. del mismo modo que en lo que hace referencia a la consulta. convocó a un plebiscito para consultar sobre la posibilidad de que los independientes pudieran presentarse como candidatos a cargos de elección popular. la presión directa sobre las autoridades ha sido el mecanismo utilizado para lograr la destitución de autoridades de elección popular 13 . La necesidad de que la iniciativa cuente con el respaldo de por lo menos el 30% de los empadronados de la respectiva circunscripción aparece. antes que a obtener resultados concretos. 8 . 12 Frente a esto se podría proponer la asignación de mandato vinculante a este tipo de consulta. En cada una de ellas han influido las condiciones políticas del momento en que se desarrollaron. el presidente de la República.
La respuesta fue positiva a pesar de la baja calificación del gobierno. Todas las reformas fueron aprobadas. Sin embargo. La fuerte corriente que se había expresado bajo la forma de movilizaciones sociales en calles y caminos. en noviembre de 2006. además de la reducción de facultades de los diputados en la asignación de partidas presupuestarias. en septiembre de 1995. el manejo presupuestario. lo que podría explicarse no tanto por el carácter extremadamente general y obvio de las preguntas formuladas (que en todas las ocasiones 9 . además de la ratificación de la destitución del ex presidente Bucaram y del nombramiento del mandatario interino. Aunque entre las catorce preguntas formuladas se incluyó una amplia gama de temas. Entre ellos se incluyó nuevamente el de las candidaturas independientes. y abarcaban aspectos como la reforma a la seguridad social. Fabián Alarcón. el presidente Sixto Durán Ballén convocó a una consulta para tratar siete preguntas sobre temas políticos y económicos. El deterioro de la situación económica y los conflictos políticos se manifestaron en el voto negativo en las once preguntas realizadas en ella. la reelección de los cargos de elección popular (excepto para el presidente de la República) y el reconocimiento de la doble nacionalidad para los ecuatorianos. lo que coincidió con un momento de aprobación de la acción gubernamental. la reforma a los organismos judiciales. Algunos de ellos gozaban de fuerte apoyo entre la población. pero pesaron mucho más las condiciones políticas del gobierno. convocada también por el presidente de la República. quien había sido nombrado para el cargo por el Congreso en una acción alejada del orden constitucional después del derrocamiento del presidente Abdalá Bucaram. En mayo de 1997 se realizó una nueva consulta. la descentralización. las huelgas en los servicios públicos y la relación entre el ejecutivo y el legislativo (concretamente. la posibilidad de que el presidente pudiera disolver el Congreso). algo más de un año después. el objetivo central de esta consulta era legitimar lo actuado por el Congreso y darle un sustento al gobierno. como interino. Finalmente. se incluyó la convocatoria a una asamblea encargada de reformar la Constitución. En ese momento ejercía esa función. el presidente Alfredo Palacio convocó a una consulta sobre tres preguntas referidas a políticas de educación y salud y a la asignación de los excedentes de los recursos petroleros para acciones sociales. se manifestó en la aprobación de los temas de la consulta. Entre estos. el mismo presidente Durán Ballén obtuvo un resultado adverso en otra consulta. Los temas eran muy variados.En agosto de 1994.
los temas de la campaña electoral coparon el escenario político. así como la amazónica de Sucumbíos. La iniciativa legal se ha dejado en manos de los diputados. fue impulsada por una agrupación ciudadana. En esas condiciones perdía asidero la interpretación del voto como una calificación a la gestión gubernamental. Por tanto. Por tanto. La instauración de un régimen de esa naturaleza triunfó en cada una de ellas con márgenes superiores al 80%. Su existencia ha sido estéril hasta el momento y nada indica que eso pueda cambiar en el futuro inmediato. pero en el proceso se sumaron las instituciones provinciales y cantonales. realizada en la provincia de Guayas. por su condición de plebiscito y no de referendo. Balance y perspectivas En síntesis. no se puede dejar de lado la otra causa de esa alta votación 14 . La revocatoria del mandato. lo que es lo mismo. además. incluso en los casos en que ella ha surgido desde sectores ciudadanos 15 . 15 Ocasionalmente. Jamil Mahuad. En el nivel provincial se han realizado cinco consultas. A ésta le siguieron las provincias costeñas de Manabí. A pesar del apoyo abrumadoramente mayoritario. La iniciativa ciudadana en términos de formación de la ley o de reformas legales y la revocatoria del mandato no han recibido ninguna atención.anteriores no arrojó resultados positivos). La primera de éstas. Los Ríos y El Oro. aunque expresaban una demanda real de mayor autonomía provincial. ya que era inútil cualquier tipo de sanción a un gobierno que terminaba y. la consulta no tuvo trascendencia. organizaciones no gubernamentales) han impulsado propuestas de ley o de reforma sin llegar a presentarlas directamente 14 10 . estas consultas no tuvieron efectos prácticos ya que carecía de mandato vinculante por provenir de la iniciativa ciudadana y de las instituciones provinciales o. todas ellas en el año 2000 y sobre la instauración de un régimen autonómico. 3. la incorporación de las tres formas de democracia directa en el ordenamiento político ecuatoriano no ha tenido el correlato de su aplicación práctica. sino más bien porque se la realizó cuando el gobierno concluía su mandato y conjuntamente a la segunda vuelta de la elección presidencial. pero también se derivó de los problemas económicos que habían afectado al país durante el año anterior y que en buena medida estuvieron en la base del derrocamiento del presidente de República. La alta aprobación del tema consultado correspondió a la fuerte corriente de opinión que se había construido en ese sentido. ha sido sustituida por la acción directa sin atenerse a las disposiciones formales y a los procedimientos establecidos para su realización. con excepción de las ocasiones en que se ha acudido a la consulta popular. algunas organizaciones sociales (cámaras empresariales.
esa explicación es válida solamente para el tema de la consulta. en un balance de costos y beneficios resulta mucho más conveniente procesar los temas al margen de los procedimientos establecidos y por medio de la presión.Hasta la utilización de la consulta puede ser considerada como restringida si se considera que a lo largo de todo el período ha existido un alto grado de movilización. 11 . Una primera causa puede encontrarse en el ya mencionado carácter no vinculante de la consulta popular surgida desde los ciudadanos. como proyectos ante el Congreso Nacional. Una expresión de esto se encuentra en los efectos limitados. Sin embargo. Por consiguiente. buena parte de la política ocurre fuera de esos ámbitos. mientras las instituciones se han ido vaciando paulatinamente de sus capacidades y son cada vez menos aptas para procesar las demandas y los conflictos. ya que una vez terminado el proceso de consulta las decisiones se desplazaron –como debía ocurrir. Por ello es que tanto la iniciativa legal como la revocatoria del mandato tienden a hacerse sin atenerse a las normas prescritas constitucional y legalmente. una segunda causa puede encontrarse en el proceso de informalización de la política que ha afectado al país a lo largo de por lo menos la última década y media. de las consultas realizadas para exigir las autonomías provinciales. El esfuerzo que ella demanda constituye un costo demasiado alto para unos resultados que pueden no llegar a concretarse en términos de políticas o de acciones de las instituciones correspondientes. la constante recurrencia a prácticas políticas como el clientelismo y el corporativismo han desplazado a la política hacia formas y espacios ajenos a la institucionalidad establecida y han establecido una lógica de acción caracterizada por la fuerte presencia de los grupos de presión. es preciso buscar explicaciones al respecto. Es muy poco lo que se avanzó en éstas después de haber obtenido un abrumador apoyo la opción autonómica. Lo han hecho más bien como grupos de presión que inciden los diputados para que sean ellos quienes se encarguen tanto de la presentación como de su trámite. al que debería corresponder una mayor utilización de las diversas formas de democracia directa. Por tanto. Como lo han destacado varios estudios. La desactivación de la presión ciudadana convirtió al tema en un asunto más de la rutina de aquellas instancias y por tanto quedó sometido a las determinaciones presupuestarias. Así. Por ello. mas no para la iniciativa en materia legal ni para la revocatoria del mandato. a los equilibrios de fuerzas y a la mayor o menor voluntad política de los responsables de la toma de decisiones.a las respectivas instituciones y autoridades. o incluso nulos. como se señaló antes.
pero sí sería productivo emprender en algunas reformas de otra naturaleza para eliminar los factores que reducen al mínimo su utilización. Como se ha visto a lo largo del texto. 12 . se avanzaría muy poco por medio de reformas a las disposiciones actualmente existentes. En términos generales. quiere decir que los problemas no se encuentran en la forma en que ellos están establecidos en la normatividad política ecuatoriana. Por ello. no existen impedimentos significativos para su ejercicio y las causas se encuentran en otros ámbitos.Si las causas de la escasa utilización de estos instrumentos de democracia directa son los señalados. sería posible introducir un conjunto de disposiciones y procedimientos que pudieran constituir un sistema de incentivos y castigos para lograr la formalización de la política y reducir la incidencia de los grupos de presión. sino que derivaría en general en una mejor calidad de la democracia en todos sus aspectos y niveles. Una acción de este tipo contribuiría no solamente a la mayor y mejor utilización de estas formas de democracia directa.
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