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Timestamp: 2020-02-22 19:19:19
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Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 44', 'artículo 52', 'artículo 44', 'artículo 15', 'artículo 34', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 15', 'artículo 250', 'artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 52', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 44', 'artículo 11', 'artículo 49', 'artículo 49', 'artículo 156', 'artículo 24', 'artículo 26', 'artículo 94', 'artículo 1956', 'artículo 267', 'artículo 19', 'artículo 94', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 2', 'artículo 95', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 49', 'artículo 13', 'artículo 39', 'artículo 44', 'artículo 47', 'artículo 223', 'artículo 227', 'artículo 15']

Sentencia nº 727 de Tribunal Supremo de Justicia - Sala Constitucional de 5 de Junio de 2012 - Jurisprudencia - VLEX 378268854
Número de Expediente: 04-2973
El 4 de noviembre de 2004, el ciudadano G.J.M.H., actuando para la época, en su condición de Defensor del pueblo, y los abogados F.P.R., A.R.P., V.C.S. y L.C.G.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 70.575, 71.275, 75.192 y 78.194, respectivamente, actuando en su carácter de abogados pertenecientes a la Defensoría del Pueblo, interpusieron acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con medida cautelar innominada, contra el artículo 11, numerales 2, 3, 4, 11 y 14; artículo 15 numeral 6; y artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 107, 141, 145, 146, 150, 152, 157, 166, 172, 182, 185, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 199 y 200 del Código de Policía del Estado Sucre, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, N° 40, Extraordinario, del 05 de enero de 1988.
El 30 de noviembre de 2004, se admitió el recurso y se ordenó notificar al Presidente del C.L. y al Procurador General del Estado Sucre, así como al Fiscal General de la República. En el mismo auto se ordenó emplazar a los interesados mediante cartel publicado en prensa. Por cuanto también se solicitó la concesión de una medida cautelar, se ordenó abrir cuaderno separado.
Mediante diligencia del 7 de diciembre de 2004, la abogada V.C.S., en su carácter de autos, se dio por notificada del auto de fecha 30 de noviembre de 2004, y solicitó la expedición del cartel de emplazamiento de los terceros interesados.
El 9 de diciembre de 2004, fue recibido en Sala el cuaderno separado y se designó ponente a la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, siendo reasignada posteriormente la ponencia al Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, para emitir un pronunciamiento respecto la medida cautelar solicitada.
El 28 de abril de 2005, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, expidió el cartel de emplazamiento de los terceros interesados.
Mediante diligencia del 11 de mayo de 2005, la abogada V.C.S., ya identificada, consignó constancia de la publicación del cartel de emplazamiento de los terceros interesados realizada en el Diario Últimas Noticias del 10 de mayo de 2005.
El 8 de noviembre de 2005, esta Sala mediante decisión n.° 3.416, acordó parcialmente la medida cautelar solicitada por el Defensor del Pueblo y, en consecuencia, suspendió “(…) la vigencia de las normas contenidas en los artículos 15.6, 18, 19, 20, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 66, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92 Parágrafo Primero, 94, 97, 107, 141, 150, 152, 157, 166, 185, 190, 195, 196 y 199, (sic) publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, N° 40, Extraordinario, del 05 de enero de 1988; pero en el entendido de que sólo alcanza a las aludidas previsiones que establecen penas de arresto y las que otorgan la potestad a autoridades administrativas a realizar aprehensiones fuera de los parámetros del artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual forma, se suspende la vigencia del artículo 52 del mencionado Código de Policía, toda vez que se fundamenta, a los efectos de su aplicabilidad, en la normativa que contemplaba la Ley sobre Vagos y Maleantes, cuya inconstitucionalidad fue declarada mediante sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en Pleno, en fecha 6 de noviembre de 1997”.
Mediante diligencia del 9 de noviembre de 2005, la abogada V.C.S., ya identificada, se dio por notificada del fallo n.° 3146/2005 y solicitó “(…) la remisión del fallo al C.L.d.E.S., a la Gobernación del Estado Sucre y a la Policía del Estado Sucre”.
Mediante diligencia del 12 de julio de 2006, la abogada E.F.D.S., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 79.059, actuando en su condición de representante de la Defensoría del Pueblo, dejó sin efectos la diligencia presentada el 4 de julio de2006, donde solicitaba la expedición del cartel por haber sido previamente expedido este y consignó Oficio n.° G-04-00791-2004 donde se faculta a dicha ciudadana para representar los intereses de la Defensoría del Pueblo en el presente recurso de nulidad por inconstitucionalidad.
Mediante diligencias del 21 de noviembre de 2006, 25 de enero de 2007, 1 de marzo de 2007, 26 de abril de 2007, 5 de junio de 2007 y 31 de enero de 2008, la abogada Yixci Beza.S., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 69.032, actuando en su condición de representante de la Defensoría del Pueblo, manifestó el interés procesal de la Defensoría.
Mediante escrito consignado el 24 de abril de 2008, la abogada E.M.T.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 39.288, actuando en representación del Ministerio Público, presentó escrito de consideraciones sobre el recurso de nulidad interpuesto.
Mediante auto del 2 de abril de 2009, el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, ordenó la convocatoria para el acto oral y público para el día jueves 16 de abril de 2009.
El 16 de abril de 2009, los abogados M.L.d.P.R., Á.R.B., N.V.B., R.M.S. y Z.A., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 61.671, 77.554, 13.061, 95.923 y 71.387, respectivamente, en su condición de abogados de la Defensoría del Pueblo, consignaron escrito de pruebas.
En la misma fecha, se celebró el acto oral y público, en el cual se dejó constancia de la presencia de la representación judicial de la Defensoría del Pueblo, y de la no comparecencia del representante del C.L.d.E.S., del representante de la Procuraduría General del Estado Sucre y del representante del Ministerio Público.
Mediante auto del 3 de junio de 2009, se designó ponente a la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño, quien con tal carácter suscribe el presente fallo.
El 23 de julio de 2009, se dijo “Vistos” en la presente causa.
Mediante diligencia del 20 de septiembre de 2011, la abogada L.C.P., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el n.° 145.484, solicitó pronunciamiento en la presente causa.
Que los artículos denunciados del Código de Policía del Estado Sucre, vulneran el derecho fundamental a la libertad personal “(…) lo cual se verifica con la violación al principio de la legalidad de los delitos, faltas y penas, así como el principio de reserva judicial en cuanto a la posibilidad de detener o arrestar a los ciudadanos (…)”.
Que los artículos 11 en sus numerales 2 y 3, 15.6, 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 66, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 107, 141, 150, 152, 157, 166, 185, 190, 195, 196 y 199 del Código de Policía del Estado Sucre, establecen la posibilidad para las autoridades administrativas de dictar decisiones firmes de privación de libertad produciendo, en consecuencia, detenciones o arrestos sin ninguna clase de intervención de la autoridad judicial, lo cual vulnera el artículo 44.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que “(…) los artículos 11 en sus numerales 2 y 3, el artículo 15 en su numeral 6; y los artículos 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 66, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 107, 141, 150, 152, 157, 166, 185, 190, 195, 196 y 199 del Código de Policía del Estado Sucre, establecen un procedimiento administrativo sumario, ajeno a cualquier control jurisdiccional, que implica una injerencia grave en el derecho a la libertad personal (…)”.
Que “(…) prevalecen en el interior de estas disposiciones, verdaderos tipos penales, figuras elásticas y no taxativas, que dejan un amplio margen de libertad y arbitrariedad a los agentes policiales. Asimismo (…) estas disposiciones están caracterizadas por un alto grado de indeterminación semántica. Palabras como ‘sospechas’ (artículo 34 del Código impugnado) son por su naturaleza incompatibles con las exigencias de la estricta legalidad, ya que rehúyen una determinación legal y dejan espacio a medidas en blanco basadas en valoraciones tan opinables como incontrolables (…)”.
Que “(…) igualmente, es preciso señalar que los artículos 11, en sus numerales 4, 11 y 14; y artículos 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 107, 141, 145, 146, 150, 152, 157, 166, 172, 182, 191, 194, 195, 196, 197, 199 y 200 del Código de Policía del Estado Sucre, establecen procedimientos sumarios que no solamente atentan en sí mismos contra derechos constitucionales tales como el debido proceso, la inviolabilidad de recintos privados, la igualdad y la no discriminación y el derecho al libre tránsito, sino que al prever la aplicación de sanciones como multas, decomiso, caución de buena conducta, amonestación, retiro de patentes municipales a establecimientos comerciales, limitación de expendio y consumo de licores, así como el remate de bienes, demolición de inmuebles, entre otros, vulneran el principio de legalidad de los procedimientos toda vez que su regulación está reservada de manera exclusiva a la Asamblea Nacional a través de leyes nacionales (…)”.
Que asimismo el referido Código contempla “(…) el establecimiento de procedimientos sumarios en materia de niños, niñas y adolescentes, lo cual igualmente es materia de exclusiva regulación por parte de la Asamblea Nacional a través de leyes formales, actualmente en vigencia la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. El artículo 11, en su numeral 14, y los artículos 49, 50, 54, 55, 58, 60 y 197 del Código de Policía del Estado Sucre, consagran plenas atribuciones a las autoridades de policía en cuanto al tratamiento de niños, niñas y adolescentes; previéndose, entre otras disposiciones, la prohibición de que estos (sic) transiten libremente, la obligación de que estos (sic) acudan a las escuelas, bajo pena de sanción a los padres o representantes; así como la prohibición de que ingresen a determinados lugares. Igualmente, se establece la aplicación de medidas, a cargo de los funcionarios policiales, tales como la aprehensión de los menores de edad en caso de evasión del hogar con el consecuente ‘depósito’ de los mismos en establecimiento adecuado o en casa de familia honorable; y el retiro de sus hogares en los casos de corrupción por parte de sus padres o representantes legales (…)”; normas las cuales, violan lo establecido en los artículos 54, 75 y 78 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Que “(…) la normativa impugnada del Código de Policía del Estado Sucre comporta una verdadera usurpación de funciones en perjuicio del Poder Legislativo Nacional. Se estatuyen procedimientos donde el ciudadano no tienen ninguna posibilidad de defensa, quedando desprovisto de oportunidades para alegar y probar, así como de ejercer los recursos contra la decisión administrativa definitiva, la cual ni siquiera se exige que sea motivada; ocasionando que la medida dictada se encuentre exenta de cualquier tipo de control (…)” (Subrayado de la parte).
Que al efecto señalan, la violación del derecho al debido proceso, así como que “(…) los artículos impugnados del Código de Policía del Estado Sucre vulneran tal principio –principio de legalidad-, toda vez que en nuestro ordenamiento jurídico, la comisión de un delito, falta o infracción es el único supuesto admitido constitucionalmente para ser objeto de sanción, siendo absolutamente imprescindible que el delito, falta o infracción esté previsto en una ley emanada de la Asamblea Nacional (…)”.
Que “(…) los artículos antes referidos del Código de Policía del Estado Sucre, al establecer la posibilidad de sancionar a los ciudadanos con normas de aplicación discrecional, violan el principio de legalidad de delitos, faltas e infracciones, toda vez que los mismos pertenecen a una normativa emanada del Poder Legislativo Estadal, el cual no se encuentra facultado para legislar sobre delitos, faltas o infracciones que tengan como consecuencia la imposición de una sanción a las personas (…)”.
Que “(…) los artículos impugnados del Código de Policía del Estado Sucre, al prever sanciones administrativas (faltas), son inconstitucionales y contradicen lo previsto en el artículo 49.6 de nuestro texto constitucional, pues (…) están proscritas absolutamente las sanciones que no se fundamenten en la comisión de un delito, falta o infracción que haya sido prevista en la ley. Es de destacar que la Asamblea Legislativa del Estado Sucre al dictar los artículos denunciados, usurpó funciones legislativas del Poder Legislativo Nacional al crear sanciones, con lo cual se configura lo previsto en los artículos 25 y 138 del texto constitucional, y en consecuencia, debe declararse la nulidad de dichos artículos (…)”.
Que “(…) los artículos 11 en sus numerales 2 y 3; el artículo 15 en su numeral 6; y los artículos 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 66, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 107, 141, 150, 152, 157, 166, 185, 190, 195, 196 y 199 del Código de Policía del Estado Sucre, al permitir a las autoridades administrativas que decidan sobre privaciones de libertad, vulnera lo establecido en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal, que solamente faculta a la autoridad judicial a dictar órdenes de aprehensión (…)”.
Que “(…) el artículo 11 en su numeral 14, así como los artículos 49, 50, 54, 55, 58, 60 y 197 del Código de Policía del Estado Sucre, al establecer procedimientos sumarios, obligaciones, restricciones y prohibiciones en materia de niños, niñas y adolescentes, violan el principio de reserva legal contemplado en el artículo 14 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (…)”.
Que “(…) el artículo 52 del Código de Policía del Estado Sucre debe ser declarado inconstitucional, debido a que se desarrolla la llamada «Ley sobre Vagos y Maleantes» la cual fue declarada inconstitucional y suspendida su aplicación en todo el territorio nacional en virtud de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, del 6 de noviembre de 1997 (…)”.
Que al efecto, solicitan como medida cautelar innominada que “(…) se suspenda provisionalmente, hasta la sentencia que resuelva el presente recurso, la aplicación del artículo 11 en sus numerales 2, 3, 4, 11 y 14, artículo 15 en su numeral 6; y artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 107, 141, 145, 146, 150, 152, 157, 166, 172, 182, 185, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 199 y 200 del Código de Policía del Estado Sucre, publicado en la Gaceta Oficial del referido Estado, Edición Extraordinaria N° 40, de fecha 5 de enero de 1988, y en consecuencia, se ordene a todos los funcionarios encargados de la aplicación de tales artículos, como el Gobernador del Estado Sucre, el Secretario General de Gobierno, y Oficiales de la Policía del Estado Sucre, entre otros, abstenerse de aplicar los procedimientos y sanciones establecidas en dicho Código, especialmente las privativas de libertad mediante arresto policial, e instarles a la aplicación del procedimiento de faltas previsto en el Código Orgánico Procesal Penal en caso de que se constate la verificación, por parte de ciudadanos, de las faltas previstas en el Código Penal (…)”.
Que en atención a ello, fundamentan la existencia del fumus boni iuris en la violación de los preceptos constitucionales denunciados -derecho a la libertad personal, principio de reserva legal, principio de reserva judicial y el derecho al debido proceso-, por otra parte, exponen que el periculum in mora se evidencia en tratar de evitar que “(…) continúen los funcionarios policiales del Estado Sucre, en la realización de arrestos administrativos, los cuales no podrían ser reparados con la sentencia definitiva, contrariando así normas de rango constitucional (…)”.
El 24 de abril de 2008, la abogada E.M.T.C., inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 39.288, actuando en representación del Ministerio Público, presentó escrito de consideraciones sobre el recurso de nulidad interpuesto, en el cual expuso lo siguiente:
Que “(…) las sanciones restrictivas de la libertad previstas en el Código de Policía del Estado Sucre, numerales 2 y 3 del artículo 11, 15 en su numeral 6, y los artículos 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 66, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 107, 141, 150, 152, 157, 166, 185, 190, 195, 196 y 199 del Código de Policía del Estado Sucre, no se fundan en decisiones judiciales que estén precedidas por una investigación y un procedimiento contradictorio, sino que constituyen sanciones administrativas impuestas por autoridades policiales de la misma naturaleza, sin procedimiento alguno, y basadas en conceptos genéricos y heterogéneos, tales como el orden público, moral o decencia pública y la seguridad social, cuya interpretación queda al criterio subjetivo de funcionarios a quienes les ha sido atribuida tal facultad (…)”.
Que “(…) las disposiciones anteriormente citadas, como el arresto, no contemplan mecanismo de defensa alguno por parte de la persona que ha sido detenida, como sería la oportunidad de alegar lo que considerare pertinente a su favor y el derecho que tiene todo ciudadano de contradecir cada una de las pruebas en su contra, en defensa de sus derechos e intereses, simplemente establecen la potestad de las autoridades administrativas de aplicar sanciones de arresto sin procedimiento alguno y utilizando criterios discrecionales (…)”.
Que “(…) este Ministerio Público, concuerda con el criterio sostenido por la parte accionante, en el sentido de que las referidas disposiciones del Código General de Policía del Estado Falcón (sic), violan el derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 44 de la Carta Fundamental, viciando de nulidad por inconstitucionalidad la Ley estadal en cuestión (…)”.
Que los numerales 2 y 3 del artículo 11, 15 en su numeral 6, y los artículos 18, 19, 20, 23, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 46, 48, 49, 50, 51, 54, 56, 57, 58, 60, 66, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 92, 94, 95, 96, 97, 107, 141, 150, 152, 157, 166, 185, 190, 195, 196 y 199 del Código de Policía del Estado Sucre, tipifican en varios de sus enunciados infracciones administrativas que acarrean como consecuencia jurídica, alternativamente, la imposición de multas o de penas de arresto “(…) dando origen, a su vez, a otras dos (2) normas o proposiciones a las que corresponden, respectivamente, dos (2) comportamientos coercitivos de la autoridad, lo cual resulta a todas luces inconstitucional (…)”.
Que “(…) igual consideración merecen los artículos 53, 54, 84, 178 y 183, de esa ley estadal, al establecer la pena de arresto como única sanción a la verificación de la hipótesis tipificada, por lo cual, dichas normas también son contrarias en la totalidad de su contenido a la garantía penal del principio de legalidad consagrado en el artículo 49.6 del Texto Constitucional, toda vez que sólo por ley foral puede establecerse delitos o faltas y en consecuencia, ninguna persona puede ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos o faltas por leyes preexistentes, luego de haber sido sometido a un procedimiento que garantice sus derechos (…)”.
Que “(…) la conversión de multas en arrestos que permiten los artículos 20, 31, 33, 38, 40, 42, 43, 50, 55, 58, 58 (sic), 61, 62, 64, 69, 71, 74, 75, 76, 86, 89, 99, 134, 138, 143, 145, 150, 189 y 195 del Código impugnado, también es contraria al artículo 49.6 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por cuanto aunque las autoridades administrativas sí pueden imponer multas, no pude habilitarse a órganos administrativos a convertir la multa en arresto (…)”.
Que “(…) en conclusión, las normas contenidas en el Código General de Policía del Estado Sucre denunciadas, devienen en inconstitucionales en la medida que el Poder Legislativo Estadal usurpa las funciones constitucionalmente atribuidas al Poder Legislativo Nacional, como lo es legislar en materia penal, violando con ello el principio de reserva legal al establecer delitos y faltas a través de una ley estadal (…)”.
Que “(…) igualmente, concuerda el Ministerio Público con el criterio de la parte accionante, en el sentido de que los artículos 97 y 98 de la ley estadal incurren en violación del principio de legalidad en materia de procedimientos, en la medida que solo mediante ley nacional, de acuerdo con lo previsto en el citado artículo 156, numeral 32 y 253 constitucional (sic), es posible establecer procedimientos (…)”.
Finalmente, solicita que se declare con lugar la presente acción de nulidad por inconstitucionalidad.
En primer lugar, aprecia esta Sala que atendiendo a la promulgación de la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional en la Gaceta Oficial n.° 5.940 Extraordinario del 7 de diciembre de 2009, debe pronunciarse sobre la Disposición Derogatoria Primera contenida en el Ley de Reforma del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional, en relación a la presunta derogatoria del Código de Policía del estado Sucre.
En este sentido, se aprecia que la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional, establece el sistema organizativo y estructural del servicio de policía, mediante la creación del Instituto, sus fines, la dirección, miembros que los conforman, atribuciones de la Junta Directiva, su régimen patrimonial, las funciones policiales del Cuerpo de Policía Nacional, su sistema organizativo, y su régimen de personal, estableciéndose en las Disposición Derogatoria Única que “Quedan derogadas todas las disposiciones contenidas en leyes nacionales, estadales, ordenanzas y normas de rango sublegal contrarias a esta ley”, no obstante en la mencionada ley no se establece un régimen de faltas y sanciones administrativas como se establece en el Código de Policía del Estado Sucre impugnado.
En atención a ello, debe destacarse que las derogatorias pueden ser expresa-formal, material y tácita, en las dos últimas se da como en el caso de autos, una ausencia de derogación expresa de la norma en sí misma (Vgr. un enunciado normativo E2 que establezca que E1 queda derogado un día x), y se fundamenta la misma en la colisión de una norma posterior que regula el mismo supuesto con diferente contenido, en razón de lo cual, existen unos elementos característicos que permiten su identificación, los cuales a saber son a) un enunciado E, b) un enunciado E2 que contiene una disposición derogatoria material, de incompatibilidad en cuanto a su contenido de las normas previas (E1), c) Este último enunciado E2 tiene un rango igual o superior a E1, d) La existencia de un enunciado E3 que es posterior a E1 e incompatible con E1 para la fecha de su entrada en vigencia.
Así, expuesto lo anterior, se aprecia que para patentizarse la incompatibilidad ineludible para la derogatoria material o tácita de la norma, es una condición necesaria que el enunciado E2 sea similar a E1 en un tiempo X, y que el mismo puede tener variaciones sustanciales o materialmente determinantes ante un supuesto F, si no se establecen dichas condiciones perfectamente puede subsistir un enunciado E2 que regule un supuesto F2 y un enunciado E1 aun cuando sea previa en el tiempo, que regule un supuesto F1, ya que en este supuesto no existiría la incompatibilidad denunciada, en principio, salvo que axiológicamente sea contradictoria la regulación de ambos supuestos de manera disímil, pero ello corresponde a una labor interpretativa de los órganos jurisdiccional y a la posible confrontación entre principios y reglas para su resolución, cuestión que escapa al supuesto de autos.
Ello así, para constatarse la incompatibilidad es necesaria la existencia de dos normas que concurran en un lapso similar de tiempo, -por cuanto si no existe esta condición el problema se centra en la aplicación temporal de la ley-, y que regulen un supuesto similar, de manera de verificar la incompatibilidad por la derogatoria de la norma previa por la posterior, atendiendo al criterio de la temporalidad y no a otros criterios –vgr. Especialidad- los cuales no son objeto del presente recurso sino a través de la colisión de leyes, concurriendo dichas condiciones aunado a la existencia de la norma derogatoria es que se puede patentizar la derogatoria tácita de la norma, ya que en ausencia de alguno de los elementos el conflicto se dirige a otros escenarios de resolución.
Conforme a los supuestos planteados, debe examinarse si en la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional, se derogó tácitamente la totalidad de los artículos contenidos en el Código de Policía, con la finalidad de determinar sí pueden persistir los vicios denunciados de inconstitucionalidad sobre aquellos artículos que en nada coliden con la norma posterior.
En el caso planteado, ciertamente se aprecia que la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional contiene unos enunciados normativos que como se expuso anteriormente se refieren al funcionamiento del servicio de policía pero no establece un sistema de sanciones penales (arresto proporcional), sanciones administrativas así como un régimen de faltas que haga relevante la contrariedad, en razón de lo cual, la presunta incompatibilidad entre la norma N1 y la norma N2 devendría del régimen estructural del mencionado cuerpo de policía y no respecto a la generalidad del cuerpo normativo, ya que la incompatibilidad genera la regulación de manera distinta de un supuesto determinado por ambas normas en un mismo tiempo, el cual de no verificarse en un mismo lapso temporal no existe una discordancia sino la determinación de la ley aplicable según el lapso de concurrencia de la norma con el supuesto determinado, de manera de ser prudente en la posible aplicación retroactiva de la ley (ex artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).
En razón de lo expuesto, se aprecia que la presunta inconstitucionalidad de los artículos impugnados, mantiene un interés jurídico actual para su resolución por no existir una incompatibilidad entre la Ley Orgánica del Servicio de Policía Nacional y del Cuerpo de Policía Nacional y la norma denunciada en cuanto al sistema de sanciones y así se decide.
Ahora bien, como punto previo a la resolución del fondo, esta Sala observa, que de las actas que conforman el expediente, se observa que desde la fecha en que se dijo “Vistos” en la presente causa -23 de julio de 2009 hasta la última actuación de las partes actoras que data del 20 de septiembre de 2011, oportunidad en la cual la apoderada judicial de la parte recurrente solicitó pronunciamiento en la causa, transcurrió un lapso superior al de un año establecido en la sentencia de esta Sala n.° 132/2012, para declarar la pérdida del interés procesal y el abandono de trámite.
Lo anterior demuestra que durante dicho lapso no existió interés en que se produjera decisión sobre lo que fue solicitado, el cual debió mantenerse a lo largo del proceso que inició, porque constituye un requisito del derecho de acción y su ausencia acarrea el decaimiento de la misma.
El derecho al acceso a los órganos de Administración de Justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 416 de 28 de abril de 2009, caso: “Carlos Vecchio y otros”).
Asimismo, el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid Sentencia de esta Sala n.° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).
Este criterio se estableció en el fallo de esta Sala n.º 2673 del 14 de diciembre de 2001, caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”, ratificado en sentencias de reciente data Núms. 922/8.6.2011; 1054/28.6.2011, en los siguientes términos:
En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido (…)
En atención al referido criterio, ciertamente observa esta Sala que no se verifican los presupuestos procesales para declarar la perención de la instancia, ya que conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra limitada la fase procedimental para la procedencia i) antes de la oportunidad de los informes o ii) antes de la fijación de la audiencia.
En este escenario, se aprecia que la consecuencia procesal de la perención no resulta aplicable al procedimiento de autos, por cuanto el mismo culminó satisfactoriamente y se encuentra en estado de sentencia, ya que mediante auto de esta Sala del 23 de julio de 2009, se dijo “Vistos” en la presente causa, habiendo culminado el iter procedimental el cual se desarrolló íntegramente bajo la vigencia de la entonces Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
No obstante lo anterior, qué consecuencia procesal se podría aplicar a la inactividad procesal en la causa aún en fase de sentencia que haga presumir el interés en la misma, en atención a la falta de lapso de caducidad para la presentación del escrito contentivo de la demanda de nulidad por inconstitucionalidad, la cual por ser una acción popular en la cual no tiene lapso para su interposición ni una legitimación activa calificada sino un simple interés para su ejercicio, ¿llevaría ello a admitir la inactividad ad perpetum de dichos casos sin que la Sala esté en conocimiento del interés procesal de los accionantes?.
En atención a ello, debe citarse lo expuesto en el fallo n.° 956/2001 (caso: “Frank Valero González”), en el cual se dispuso que “(…) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. (…) La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda”.
Al efecto, en el mencionado fallo la Sala planteó la interrogante sobre qué interés procesal puede tener el accionante sí ha dejado transcurrir igual tiempo que el que tenía para recurrir, sin ni siquiera instar la admisión o la resolución de la causa, aplicando en este último supuesto el término de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se reclama, exponiendo incluso en el referido fallo que “(…) resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara”.
En atención a lo expuesto, se aprecia que ante la carencia de lapso alguno para ejercicio de la acción y la inexistencia de un lapso para la prescripción del derecho de acción, esta Sala se encuentra ante una ausencia de regulación expresa que puede atentar contra el derecho a la tutela judicial de las partes procesales, en relación a ello, la sentencia de esta Sala n.° 132/2012, aplicó analógicamente el lapso de un año establecido para la perención de la instancia, previo a lo cual expuso:
Transcrito el criterio anterior la Sala no puede dejar de advertir que si bien en las acciones de nulidad de normas legales no existe un lapso de caducidad de la acción así como tampoco un derecho individual sujeto a prescripción, el factor ‘interés’ constituye un presupuesto que debe subsistir en el curso del proceso.
No obstante lo anterior, considerando que el interés debe permanecer en el transcurso de toda la causa y que la falta de actividades traduce en una pérdida de interés, esta Sala, a fin de establecer cuál es el lapso que debe considerarse para considerar que operó el abandono del trámite, aplica analógicamente el previsto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, ya que mediante decisión N° 1466 de 5 de agosto de 2004 (caso: C.L.d.E.A.), esta Sala Constitucional desaplicó por ininteligible el aparte quince del artículo 19, de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, vigente para el momento en que ocurren los hechos que aquí se analizan, artículo éste que con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, fue recogida en el artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (…)
No obstante lo anterior, si bien es cierto que dicho criterio tiene como finalidad normalizar una inactividad en el proceso que puede extenderse en algunos casos de manera prolongada, como consecuencia, se insiste de la inexistencia del lapso para el ejercicio de la acción de nulidad por inconstitucionalidad para considerar el abandono del trámite, se advierte que la ratio de la inexistencia de un lapso de caducidad se fundamenta en la protección del orden constitucional, a través del principio de supremacía constitucional, en atención a que no podría admitirse la convalidación de una norma presuntamente inconstitucional por el simple transcurso del tiempo.
Así, la justicia constitucional no puede obedecer pura y estrictamente a las formalidades procesales existentes en el ordenamiento jurídico, sino que ella atiende a la protección de la institucionalidad democrática y a la jerarquización de unas normas que aseguren el común desarrollo dentro de un Estado Constitucional en respeto a los principios de legalidad y seguridad jurídica, y en virtud de la existencia de un sistema jurídico que responda a una unidad normativa integradora de manera de garantizar una máxima eficacia a los postulados constitucionales.
Siendo ello así, cabría reflexionar si la simple inactividad procesal o recursiva de las partes puede convalidar la inconstitucionalidad de la norma, ante lo cual cabría formular dos argumentos que niegan su aceptación, el primero se verifica en la consagración en el Texto Constitucional del principio de supremacía constitucional (ex artículo 7 eiusdem), el cual a través de las diferentes competencias constitucionales permite incluso proceder a la desaplicación de una norma aun de oficio si se verifica la colisión normativa con el texto constitucional, o la apertura de un procedimiento de nulidad por inconsticionalidad de manera oficiosa (ex artículos 34 y 89 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia) y el segundo se encuentra determinado por la legitimación activa de las partes para impugnar del ordenamiento jurídico un acto que presuntamente posee un vicio que afecta su existencia incluso, sin necesidad de demostrar ni un interés calificado ni un lapso para su ejercicio.
Al efecto, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone: “De conformidad con la Constitución de la República, el control concentrado de la constitucionalidad sólo corresponderá a la Sala Constitucional en los términos previstos en esta Ley, mediante demanda popular de inconstitucionalidad, en cuyo caso, no privará el principio dispositivo, pudiendo la Sala suplir, de oficio, las deficiencias o técnicas del demandante por tratarse de un asunto de orden público (…)”.
En este sentido, se observa que al versar el control concentrado sobre una norma legislativa con carácter erga omnes su vigencia afecta e interesa a todos los ciudadanos, ya que no sólo puede abarcar una incidencia particular, determinada en la esfera jurídica individual de los derechos constitucionales de un ciudadano o un grupo de ciudadanos, sino que la misma, puede poseer un efecto de irradiación mayor no sólo en el ámbito subjetivo en cuanto a la totalidad de los habitantes de la República, sino que incluso puede afectar la estabilidad democrática e institucional de un determinado Estado, por lo que su ámbito de protección se encuentra dirigido a garantizar entre otros aspectos, la estabilidad del ordenamiento constitucional, a través de la consolidación de un Estado Democrático Social de Derecho y Justicia -ex artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela-.
Al efecto, es de destacar que el principio de supremacía constitucional no agota su contenido en una concepción material, entendida como el grado de jerarquía de las normas en cuanto a un parámetro de validez de todas las demás normas subsiguientes que conforman el sistema y por ende analizar su adecuación constitucional (Vid. E.G.d.E.; La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 2001), sino que dicho principio revela un contenido instrumental delimitado en la vigilancia que deben mantener los jueces de la intangibilidad constitucional (Vid. A.C.V.; Constitución, Estado y democracia en el umbral del siglo XXI, 1995, pp. 25).
En sincronía con lo expuesto, resulta ilustrativo citar lo expuesto por G.d.E., en relación al grado de jerarquía de la Constitución como norma suprema, así como mecanismo interpretativo que rige el resto del ordenamiento jurídico, cuando expone: “La Constitución asegura una unidad del ordenamiento esencialmente sobre la base de un «orden de valores» materiales expreso en ella y no sobre las simples reglas formales de producción de normas. La unidad del ordenamiento es, sobre todo, una unidad material de sentido, expresada en unos principios generales de Derecho, que o al intérprete toca investigar y descubrir (sobre todo, naturalmente, al intérprete judicial, a la jurisprudencia), o la Constitución los ha declarado de manera formal, destacando entre todos, por la decisión suprema de la comunidad que le ha hecho, unos valores sociales determinados que se proclaman en el solemne momento constituyente como primordiales y básicos de toda la vida colectiva. Ninguna norma subordinada -y todas lo son para la Constitución- podrá desconocer ese cuadro de valores básicos y todas deberán interpretarse en el sentido de hacer posible con su aplicación al servicio, precisamente a dichos valores (...)”. (Vid. E.G.d.E.; La Constitución como norma y el Tribunal Constitucional, Civitas, Madrid, 2001, pp. 97-99).
Por ende, se hace imprescindible para esta Sala verificar, aunque sea preliminarmente sobre la declaratoria de perención de la instancia o la recientemente declarada pérdida de interés del proceso (Vid. Sentencia n.° 132/2012), la existencia de una causal de orden público, que haga procedente el examen de constitucionalidad de la norma o la presunción prima facie de la inconstitucionalidad de la misma, de manera de no vulnerar el orden público constitucional al no proceder a la revisión de normas que incluso podrían infringir derechos fundamentales como el derecho a la vida, a la salud, entre otros.
En virtud que el análisis de la constitucionalidad, no solo se aprecia mediante el ejercicio del control de constitucionalidad de las normas sino que puede verificarse la constitucionalidad o no de las interpretaciones efectuadas por los órganos jurisdiccionales, lo cual, no sólo se da cuando el juez ordinario aplica una ley inconstitucional y no procede a su desaplicación, disponiendo de los medios utilizables para ello de manera de garantizar y proteger el principio de supremacía constitucional, sino también cuando su decisión infringe los derechos garantizados en la Constitución por cualquier otra causa -desconociéndolos en su totalidad, haciéndolos nugatorios de su ejercicio o menoscabando el desarrollo de los mismos, de manera tal en su esencia que queden desprovistos de toda operatividad- (Vid. R.L., Francisco; “¿Divide et obtempera?. Una reflexión desde España sobre el modelo europeo de convergencia de protección en los Derechos”, REDC 67/2003, pp. 49-67).
Por ende, se aprecia en razón de los argumentos planteados, que en la acción de nulidad por inconstitucionalidad, a diferencia de otras acciones judiciales en las cuales existe una inminente actividad subjetiva de las partes en la defensa de sus respectivas pretensiones procesales, el análisis versa sobre un control puramente objetivo de la adecuación constitucional, aun cuando ésta pudiesen sostener un interés directo o incidental en la resolución de la inconstitucionalidad planteada.
Este control del principio de supremacía constitucional requiere que todas las actuaciones o situaciones se adecúen al contenido constitucional, siendo controlables incluso las omisiones en el cumplimiento del texto constitucional. En este sentido¸ es ilustrativo lo considerado por J.A.D.S. en su Curso de Direito Constitucional positivo, cuando expone que la conformidad con los principios y preceptos constitucionales no se satisface simplemente con una actuación positiva de acuerdo con la Constitución, sino que existe una exigencia mayor, por cuanto omitir la aplicación de normas constitucionales cuando la Constitución así lo determina, también constituye una conducta inconstitucional (Vid. J.A.D.S.; Curso de Direito Constitucional Positivo, Sao Paulo, 2000, pp. 48).
En consecuencia, delimitado los anteriores aspectos es de resaltar que cabría adicionar otra excepción diferente al orden público, las cuales están contempladas en el artículo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en cuanto a las causas que versen sobre materia ambiental, o en procesos dirigidos a sancionar delitos contra derechos humanos, el patrimonio público, o el tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.
En atención a los razonamientos expuestos, y visto el cuestionamiento de constitucionalidad efectuado, corresponde a la Sala, pasar a verificar si en el presente caso, se aprecian causas de inconstitucionalidad que hagan procedente la anulación de las normas impugnadas a pesar de haberse constatado el lapso para la declaratoria de la pérdida del interés por privar una causa de orden público, en tal sentido, se advierte que la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad, se planteó contra el artículo 11, numerales 2, 3, 4, 11 y 14; artículo 15 numeral 6; y artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 107, 141, 145, 146, 150, 152, 157, 166, 172, 182, 185, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 199 y 200 del Código de Policía del Estado Sucre, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, N° 40, Extraordinario, del 05 de enero de 1988, preceptos que se transcriben a continuación:
Parágrafo Único: En todo caso los arrestos a que se refiere la presente Ley podrán ser convertidos en multa, si el contraventor lo pidiere, todo de conformidad con lo establecido en el Código Penal y en tal caso, el monto de dichas multas ingresará al t.d.E. o al erario del respectivo Municipio.
e) Los patios, corredores y pasajes de las casas llamadas de vecindad
Dicha garantía encuentra aplicación, conforme a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en cualquiera de las manifestaciones del ius puniendi del Estado, esto es, tanto en el m.d.D.P. como del Derecho Administrativo Sancionador. En consecuencia, no puede haber delito ni pena sin ley formal preexistente y no puede haber ilícito administrativo ni sanción administrativa sin ley formal preexistente (Vid. Sentencia de esta Sala n.° 1.789/2008).
Ciertamente, algunos de los preceptos del Código de Policía del Estado Trujillo tienen incidencia en la esfera jurídica de menores de edad, como serían la vigilancia de que cumplan con su obligación de ir a la escuela, no deambulen en sitios públicos y su protección frente a ‘actos denigrantes’ (artículo 13, cardinal 14); protección al menor frente a situaciones de embriaguez en establecimientos abiertos (artículo 39); el control y protección de menores prófugos, abandonados o en situación de ociosidad (artículo 44); la prohibición de los dueños o encargados de casas de juegos lícitos de ‘consentir’ en ellas a menores de edad (artículos 45 y 46), la vigilancia policial respecto de la obligación de los padres o representantes de enviar a los menores a las escuelas primarias (artículo 47); la prevención de la prostitución y de la concurrencia de menores de edad a casas de prostitución (artículos 52 y 53); auxilio policial, a solicitud del padre de familia, en caso de fuga del menor (artículo 223) y protección del menor en caso de intento de corrupción (artículo 227).
Resulta entonces obvio que el contenido de todos estos valores, principios y derechos constitucionales antes mencionados se ve afectado por la norma aquí examinada, toda vez que ésta dispone que el carácter de ˈvagoˈ o de ˈmaleanteˈ constituirá un presupuesto para las sanciones correspondientes (a saber, las previstas en la Ley sobre Vagos y Maleantes) (…)
Por las razones que fueron expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de nulidad por razones de inconstitucionalidad conjuntamente con medida cautelar innominada ejercida por el ciudadano G.J.M.H., actuando en su condición de Defensor del pueblo, y los abogados F.P.R., A.R.P., V.C.S. y L.C.G.G., inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los nros. 70.575, 71.275, 75.192 y 78.194, respectivamente, actuando en su carácter de abogados pertenecientes a la Defensoría del Pueblo, contra los artículos 11, numerales 2, 3, 4, 11 y 14; artículo 15 numeral 6; y artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 66, 69, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 102, 104, 107, 141, 145, 146, 150, 152, 157, 166, 172, 182, 185, 190, 191, 194, 195, 196, 197, 199 y 200 del Código de Policía del Estado Sucre, publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad, N° 40, Extraordinario, del 05 de enero de 1988.
Decisión nº 648 de Tribunal Primero de Protección del Niño y Adolescente de Zulia (Extensión Maracaibo), de 28 de Septiembre de 2007