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Timestamp: 2017-02-28 01:38:46
Document Index: 394208991

Matched Legal Cases: ['artículo 66', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 92', 'artículo 503', 'Artículo 104']

Felisa Montoya Paz
1 CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 357 Pág. 1 INTERIOR PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN CARLOS APARICIO PÉREZ Sesión núm. 18 celebrada el martes 25 de junio de 2013 ORDEN DEL DÍA: Comparecencia del señor secretario general de Instituciones Penitenciarias (Yuste Castillejo), para: Informar sobre la situación y perspectivas de las unidades terapéuticas y educativas (UTE); la situación de los convenios en materia sanitaria y el programa de atención integral a enfermos mentales en centros penitenciarios (Paiem). A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001002)... 2 Informar de la prestación de asistencia sanitaria en las prisiones y manera en que se presta y garantiza la misma. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000714)... 2 Informar en relación con la aplicación del «Plan de salud mental de instituciones penitenciarias 2007» y la evaluación del «Protocolo de aplicación del programa de atención integral a enfermos mentales en centros penitenciarios (Paiem) de septiembre de A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000715)... 2 Página Informar en relación con la situación, dificultades y perspectivas de las unidades terapéuticas y educativas (UTE) en el sistema penitenciario español y la repercusión internacional del modelo. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000748)... 2 Informar sobre los acuerdos alcanzados con parroquias, colegios y comunidades religiosas para que las personas condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad presten estas tareas en beneficio de estas instituciones, acuerdo que se2 Núm de junio de 2013 Pág. 2 encuentra en funcionamiento en el centro penitenciario de Picassent. A petición de los grupos parlamentarios Mixto y de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000803)... 2 Que explique la situación en que se encuentra la negociación de los convenios que garanticen la asistencia sanitaria de las personas privadas de libertad. A petición del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural. (Número de expediente 212/000825)... 2 Informar de la reducción de la asistencia sanitaria que se presta a los internos, de la situación en general de la asistencia sanitaria en las prisiones españolas, así como de la específica problemática relacionada a la unidad terapéutica de Villabona. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000854)... 2 Que determine las medidas que pretende adoptar con carácter urgente para poner fin a la situación de presos vascos que padecen enfermedades graves y que permanecen en situación de privación de libertad, lo que potencia hasta el extremo un desenlace fatal para la vida de los mismos. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000914)... 2 Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana. El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señorías, gracias a todos por su presencia y quiero pedirles disculpas por este retraso, no imputable a la voluntad de quien les habla. Si les parece, vamos a dar comienzo a la decimoctava sesión de esta Comisión de Interior, que tiene como objeto central la comparecencia, a petición propia y a petición de distintos grupos, del secretario general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste Castillejo. Como bien saben, la mecánica de funcionamiento será que hablarán en primer lugar aquellos grupos que constan como peticionarios de comparecencia, de menor a mayor, posteriormente los grupos que no han solicitado la comparecencia y, como viene siendo habitual, cerrará el turno de grupos el representante o la representante del Grupo Parlamentario Popular. También de acuerdo con el Reglamento, en este caso para sustanciar la comparecencia solicitada, tiene la palabra el secretario general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Yuste Castillejo, a quien damos la bienvenida en esta su primera comparecencia de esta legislatura, algo que conoce muy bien ya que ha tenido la oportunidad de cumplir con sus obligaciones en numerosísimas ocasiones, como me consta. Señor Yuste, cuando guste. El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): Señoras y señores miembros de la Mesa, señorías, es para mí un placer comparecer para exponer los temas por los que se han interesado los grupos parlamentarios. Tienen toda mi disposición, no solo hoy sino también en la Secretaría General de Instituciones Penitenciaras para cuanto precisen. Procederé a estructurar mi exposición en tres bloques, agrupando los asuntos de las comparecencias. En el primero expondré la asistencia sanitaria a internos, el programa de atención integral a enfermos mentales en centros penitenciarios, denominado Paiem, y las unidades terapéuticas y educativas, UTE. En el segundo trataré el asunto relacionado con la situación de los internos vascos que padecen enfermedades. Y por último, el tercer bloque estará referido a los trabajos en beneficio de la comunidad, especialmente en la Comunidad Valenciana. Los servicios sanitarios penitenciarios en España han experimentado un constante desarrollo hasta alcanzar en la actualidad un nivel de prestaciones que admite una comparación ventajosa con los países más avanzados de nuestro entorno. La atención sanitaria en las prisiones de nuestro país comparte aspectos comunes con el resto de los Estados miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de las diferencias organizativas propias de cada uno de ellos. La asistencia sanitaria en prisión es uno de los principales instrumentos de que dispone el Sistema Nacional de Salud para desarrollar su estrategia de lucha contra las desigualdades sociales en materia de salud. Buena prueba del reconocimiento internacional que la sanidad penitenciaria española ha alcanzado es la serie de premios a las buenas prácticas recibidos de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud en los últimos años. Las prestaciones3 Núm de junio de 2013 Pág. 3 sanitarias que recibe la población reclusa están plenamente garantizadas a través de los servicios médicos penitenciarios y de los concertados con el Sistema Nacional de Salud. La Administración penitenciaria asegura la atención primaria con medios propios y para ello cuenta con plantillas de médicos, enfermeros y personal auxiliar de enfermería, cuyo número varía según el tamaño y características de cada establecimiento. Se asegura igualmente a todos los internos la prestación farmacéutica necesaria. Un total de treinta y cuatro establecimientos cuentan con un farmacéutico propio, que también supervisa los depósitos de medicamentos de centros próximos. La atención especializada se lleva a cabo por los organismos gestores del Sistema Nacional de Salud y el ingreso hospitalario para pacientes privados de libertad se realiza con carácter general en unidades de acceso restringido habilitadas en los hospitales de referencia de la red pública designados por esta y cuyas obras de acondicionamiento son costeadas por la Administración penitenciaria. Hay un total de cuarenta unidades de acceso restringido en el territorio dependiente de la Administración General del Estado. Próximamente se van a iniciar obras de habilitación de una sala de espera en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y de reforma en la unidad de acceso restringido existente en el Hospital 12 de Octubre. El continuo proceso de evaluación de la asistencia sanitaria penitenciaria determina que se planteen activamente nuevos retos a la luz de las necesidades que se detectan y que permiten seguir mejorando la calidad de sus prestaciones. En general, puedo afirmar que la atención sanitaria a los internos es de calidad. En la actualidad, la institución penitenciaria sigue haciendo frente a las obligaciones que legalmente tiene establecidas en relación con la atención sanitaria y suministro farmacológico para la población reclusa relativa a internos diagnosticados tanto de hepatitis C como de infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, de acuerdo con las indicaciones de tratamiento autorizadas por la Agencia Española del Medicamento. En estos momentos estamos trabajando en la consecución de cuatro objetivos que paso a exponer. El primero es la organización del personal de los servicios médicos en un contexto de optimización de recursos. En el ámbito de la atención primaria, el personal sanitario presta una asistencia integral equivalente a la que se presta en un centro de salud de atención primaria en cualquier comunidad autónoma. En el mes de abril del año 2008 había una población penitenciaria de internos, población similar a la que hay en estos momentos, que es de internos. Entonces, la institución contaba con 383 médicos; este año hay 391 para atender al mismo número de internos, pese a las dificultades y restricciones en materia de personal que ha habido en los últimos ejercicios y que sus señorías conocen. Actualmente, se está llevando a cabo el proceso selectivo de personal interino del cuerpo facultativo de sanidad penitenciaria en su modalidad de acumulación de tareas, por un máximo de seis meses a un periodo de un año, y el número de plazas autorizadas es de 50 efectivos. Para garantizar los principios de eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público, desde enero de este año se optimizó la atención médica continuada en ocho centros penitenciarios; en seis de ellos Daroca, El Dueso, Jaén, Madrid I, Murcia I y Valladolid se modificó el servicio de presencia física, sustituyéndolo por una localización permanente del personal sanitario. En otros dos centros Las Palmas II y Madrid VII el servicio de localización pasó a ser de presencia física. En la evaluación posterior de estos cambios no se ha observado ninguna incidencia negativa, comprobándose que la prestación del servicio se ha mantenido en los mismos niveles de eficacia previos al cambio organizativo. También estamos trabajando para impulsar la telemedicina en todos los centros penitenciarios. La telemedicina, como saben, es un término genérico que se utiliza para definir distintos tipos de actuación sanitaria a distancia, desde la teleconsulta a la recolección, procesamiento, transmisión, análisis, almacenamiento y visualización de datos médicamente relevantes, pasando por la organización independiente de las agendas de las consultas hospitalarias. En la actualidad, está implantada en trece centros penitenciarios distribuidos por toda España y con diferentes grados de desarrollo. En el centro penitenciario de El Dueso funciona desde hace dos meses un servicio de telemedicina con el hospital de Valdecilla. En la Comunidad Autónoma de Galicia se está gestionando actualmente la conexión de todos los centros penitenciarios gallegos a la historia clínica digital del Servicio Gallego de Salud. Con la Comunidad de Madrid, en virtud del convenio de asistencia sanitaria con instituciones penitenciarias, se está desplegando un servicio de teleconsulta que en la prisión de Madrid IV, Navalcarnero, está funcionando desde el mes de marzo de este año. Los resultados de estas técnicas, a juicio de los profesionales y de los propios internos, son en muchos casos mejores que con el procedimiento presencial convencional. No obstante, cuando la dolencia no puede resolverse a distancia, al enfermo se le programa una salida presencial al hospital.4 Núm de junio de 2013 Pág. 4 El segundo objetivo es la cooperación interinstitucional a través de fórmulas de colaboración con otras administraciones y entidades. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha venido manteniendo convenios de colaboración en materia de asistencia hospitalaria y especializada con distintas comunidades autónomas. Dichos convenios precisaban la solicitud expresa de prórroga que tuviese en cuenta las disposiciones del nuevo marco jurídico que surgió a raíz de la promulgación de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, cuya disposición adicional 41ª exigía que todos los convenios que contemplaran gasto y se fueran a suscribir por la Administración del Estado con las distintas comunidades autónomas, tuvieran como requisito de validez el informe y autorización preceptiva, previa y vinculante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Este requisito se ha venido incorporando en las sucesivas leyes de presupuestos hasta la fecha. La Administración penitenciaria responsable en el año 2011 no instó la necesaria prórroga de los convenios en vigor, lo que motivó su extinción, con la única excepción del convenio vigente con la Comunidad de Madrid. La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias ha promovido la suscripción de nuevos convenios que sustituyan a los anteriormente firmados en materia sanitaria con las comunidades autónomas de Madrid, Andalucía, Extremadura y Murcia, de próxima firma. Además, estamos negociando aún convenios similares con la Comunidad Autónoma de Galicia, con el Principado de Asturias y con la Comunidad Autónoma de Aragón. De igual forma se ha realizado propuesta de convenio a la Comunidad Autónoma Valenciana, aunque dicha propuesta está aún en una fase incipiente. También en este año 2013 se ha firmado un convenio de colaboración interinstitucional con el Plan nacional sobre drogas. De la misma forma, se está negociando el convenio de colaboración con el Plan nacional sobre el sida, que se enmarca en una tradicional cooperación de la institución penitenciaria con el Ministerio de Sanidad en esta materia. El tercer objetivo es implementar la estrategia global de actuación en salud mental y drogodependencias. Hace ya años que los responsables de los países europeos vienen alertando sobre el elevado número de personas con trastornos mentales que se encuentran ingresadas en prisión. Atendiendo a la legislación penal, hay dos grandes grupos diferenciados de situaciones legales que determinan las necesidades asistenciales en el sistema penitenciario, la de los enfermos mentales que por los tribunales sentenciadores son declarados como no responsables del delito cometido y en consecuencia se les aplica una medida de seguridad que persigue su curación y rehabilitación, y la de los enfermos mentales que sí han sido declarados culpables del delito y se encuentran cumpliendo una pena. El Paiem está dirigido específicamente a los enfermos mentales que se encuentran cumpliendo una pena de privación de libertad, es decir, aquellos que fueron considerados responsables del delito que cometieron por el tribunal sentenciador. Los enfermos mentales considerados inimputables y por tanto con aplicación de una medida de seguridad, se benefician de otros programas en las unidades psiquiátricas penitenciarias creadas al efecto. Los internos con enfermedad mental sobrevenida durante su estancia en prisión o por reagudización de un proceso mental crónico previo al delito y muchas veces desconectado de su conducta criminal, que se encuentran en un centro penitenciario, deben igualmente ser atendidos de su trastorno mental, que se presenta con diferente naturaleza y gravedad. En estos casos, la institución penitenciaria recurre a las recomendaciones de la estrategia en salud mental del Sistema Nacional de Salud para su tratamiento. La excepcionalidad de la situación y su dificultad consiste en mantener en el medio penitenciario los principios y valores básicos del modelo comunitario de atención a la salud mental. Recientemente se ha realizado un extenso análisis del funcionamiento del programa que ha complementado la evaluación continuada que se viene haciendo trimestralmente con los indicadores índice. Los primeros datos de esta amplia evaluación indican que el programa está progresivamente alcanzando los objetivos para los que fue diseñado. Primero, el programa se encuentra implantado prácticamente en todos los centros, incluyendo el total de los enfermos más graves que se encuentran en prisión. Segundo, ha facilitado la adaptación del enfermo al medio, ha mejorado su sintomatología y ha disminuido de manera significativa los incidentes regimentales que estos pacientes protagonizan. Tercero, el punto más importante que debe mejorar es el relacionado con la última parte del programa, el que se dedica a la derivación y reinserción social del enfermo. Se ha observado que hay dificultades desde los equipos Paiem en los centros penitenciarios para establecer los contactos adecuados con los recursos asistenciales en la comunidad. Cuarto, se está preparando un nuevo programa que mejore los resultados en esa fase y complemente el Paiem. Esta nueva iniciativa, que está en fase de confección y se denominará programa Puente, se desplegará en los centros de inserción social. Su objetivo primordial será optimizar la continuidad asistencial de los enfermos incluidos en el Paiem y asegurar su correcta derivación a los recursos asistenciales de la comunidad cuando llegue el momento de la excarcelación. Se trata de un5 Núm de junio de 2013 Pág. 5 proyecto que ha estado en fase de pilotaje durante dieciocho meses en el centro de inserción social Victoria Kent de Madrid con resultados muy esperanzadores y que ahora, en una segunda fase, va a extenderse a otros centros de inserción como el de Zaragoza, el de Sevilla, el de Coruña y el de Santander. Abordaré a continuación, dentro del tercer objetivo, el modelo de intervención con drogodependientes en prisión, en especial los programas de las unidades terapéuticas y educativas, para referirme por último a la unidad del centro asturiano de Villabona. La intervención de la institución penitenciaria en materia de drogas comprende, por un lado, los programas dirigidos a la población penitenciaria o intervenciones sobre la demanda y, por otro, las medidas contra la introducción y tráfico de drogas o intervenciones de reducción de la oferta. Las primeras se estructuran en torno a tres áreas fundamentales interrelacionadas entre sí prevención, asistencia y reincorporación social y se ejecutan mediante una serie de programas específicos de reducción de riesgos y daños de deshabituación, de intervención sanitaria y de intervención psicosocial. Como exponente cuantitativo, resaltaré que el total de internos en tratamiento de drogodependencias es de , el 21,5% de la población reclusa. En tratamiento con metadona están internos, de los cuales están en programa psicosocial. En tratamiento de deshabituación se encuentran internos que podemos desglosar según los siguientes programas: en unidades terapéuticas y educativas, internos; en otros módulos terapéuticos, internos en veintitrés centros; en otros programas de deshabituación, internos. Las intervenciones de deshabituación se dirigen a internos drogodependientes con buena perspectiva para iniciar un proceso de cambio orientado a la abstinencia. La intervención se lleva a cabo en un módulo terapéutico mediante una acción educativa intensa para que los internos puedan alcanzar autocontrol, autoestima, confianza, responsabilidad y motivación para el abandono de conductas adictivas. La Administración penitenciaria, como no podría ser de otra manera, impulsa la puesta en marcha de nuevas unidades terapéuticas educativas, manteniendo lógicamente las que existen, y tiene previsto extender este modelo de intervención poniendo en marcha siete nuevas UTE en Señorías, hace ya varios meses que se viene acusando a la dirección del centro penitenciario de Villabona de tratar de desmantelar la unidad terapéutica y educativa de este centro con una actitud de acoso y derribo a la misma. Han sido varias las iniciativas parlamentarias, como preguntas, proposiciones no de ley, etcétera, que han pedido explicaciones al Gobierno sobre el cuestionamiento que se podía estar haciendo de esta unidad terapéutica. Pese a los reiterados desmentidos expresados en sede parlamentaria y en contestaciones a preguntas de varios diputados y a las prudentes razones esgrimidas, la respuesta sigue siendo la misma: reiterar la acusación que, como un delirio de perjuicio, inmutable a los argumentos, mantiene que se acosa y derriba la UTE de Villabona. Intentaré trasladar a sus señorías la falta de consistencia de estas afirmaciones. Ya he hecho referencia a las características de esta forma de intervención, cuyo objetivo es profundizar en las herramientas terapéuticas que permitan la superación de las carencias que presentan los internos drogodependientes y en los mecanismos que propician su reinserción social efectiva. El programa UTE se desarrolla, como todos los demás programas, bajo la dirección, control y supervisión de los órganos unipersonales y colegiados que configuran la organización formal del centro penitenciario: director, subdirector de tratamiento, juntas de tratamiento, equipos técnicos, etcétera. En ningún caso las UTE son unidades penitenciarias autónomas, alternativas o divorciadas del resto de ofertas de tratamiento del centro penitenciario. Tampoco disponen de órganos propios y diferentes a los que están previstos en la normativa penitenciaria ni pueden, obviamente, funcionar al margen de las exigencias legales y reglamentarias establecidas al efecto para el cumplimiento de la pena privativa de libertad en nuestro ordenamiento legal. El pretendido problema de la UTE de Villabona surge cuando el director del centro penitenciario pretende regularizar ciertas situaciones administrativas provisionales de algunos funcionarios que prestaban servicio en estos departamentos. Desde hacía varios años estos realizaban funciones o tareas inherentes a los educadores mediante la figura de la atribución temporal de funciones prevista en el artículo 66.1 del Real Decreto 364/1995. Esta forma de provisión de puestos de trabajo tiene un carácter excepcional y marcadamente coyuntural y conlleva la percepción de retribuciones por un puesto de trabajo diferente al que se desempeña. En el caso de los funcionarios aludidos, estaban retribuidos por los conceptos de peligrosidad, penosidad y turnicidad que no realizaban. Esta decisión, que ha afectado a otros centros penitenciarios donde se producía esta disfunción, fue calificada en el establecimiento de Villabona de recorte y ataque a la UTE, trasladándola a la opinión pública como un acto de acoso6 Núm de junio de 2013 Pág. 6 institucional en lo que solo puede entenderse como una reacción interesada de quienes pretendían mantener los privilegios abusivos e ilegales que habían mantenido hasta la fecha. En el centro de Villabona no coexisten dos modelos de prisión, como se pretende. Conviven, como en otros muchos centros penitenciarios, diferentes programas de intervención y tratamiento. La UTE de Villabona, aun respetando sus peculiaridades, tiene que estar integrada en el centro de forma normalizada para desterrar de una vez por todas la sensación que existía de que había dos prisiones diferentes, una buena y otra mala. Actualmente este centro tiene cinco módulos destinados al programa UTE. El total de los internos que son atendidos en estos departamentos es de una media de 455. Esta es la UTE que más internos atiende de los dieciocho centros penitenciarios donde está implantado este modelo terapéutico. Estos módulos están dotados del personal suficiente para hacer exitoso este programa. Comparativamente con otras UTE, su dotación es claramente privilegiada. En concreto, en estos módulos trabajan cinco educadores de los trece que tiene el centro en su relación de puestos de trabajo. De los doce trabajadores sociales del centro, cinco están asignados a los módulos UTE y presentan mejores ratios de funcionarios de vigilancia que el resto de los departamentos. Hay que hacer notar que la cárcel de Villabona alberga una media de internos en régimen de internamiento ordinario y no todos tienen el perfil para poder estar en un módulo UTE o en un módulo de respeto. Sin embargo, todos requieren la atención que exige nuestro modelo de ejecución penal. Quiero terminar el asunto de las UTE manifestando a sus señorías que el Gobierno mantiene su total apoyo al modelo de intervención educativo y terapéutico de estas unidades en el centro penitenciario de Villabona y en los demás centros penitenciarios que se hallan bajo la responsabilidad de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Este apoyo lo tienen también los demás programas de intervención y tratamiento que se realizan en este y en otros centros penitenciarios. El cuarto objetivo al que me he referido es el Plan de eficiencia en el gasto farmacéutico. La prestación farmacéutica es uno de los factores que influye de manera determinante en el gasto sanitario. Ha de regirse por criterios de racionalidad y eficacia, de manera que la atención debida a los pacientes se lleve a cabo mediante la mejor utilización posible de los medios públicos. La complejidad cada vez mayor de los tratamientos prescritos, algunos de elevado coste, y la limitación de recursos económicos existentes exigen efectuar un seguimiento y control efectivo y desarrollar una política de utilización racional de los productos farmacéuticos. Se hace, por tanto, necesario disponer de documentos o guías que faciliten la toma de decisiones con criterios basados en la mejor evidencia científica disponible. En este sentido, la institución penitenciaria ha impulsado tradicionalmente políticas tendentes al uso racional de los medicamentos, entre las cuales ha estado la publicación de una guía farmacoterapéutica para uso de los médicos prescriptores en el ámbito sanitario penitenciario a imagen y semejanza de las que han sido elaboradas por la mayor parte de las instituciones sanitarias del país. Según los datos disponibles, hasta el momento el 80% de las sustituciones que se realizan en base a la guía farmacoterapéutica de instituciones penitenciarias se hacen con el acuerdo del médico prescriptor, sin que exista conflicto en el tratamiento a aplicar. Doy paso al segundo bloque, relativo a la comparecencia solicitada por la coalición Amaiur, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, que comienza haciendo referencia al fallecimiento de dos internos vinculados a la organización terrorista ETA, uno de ellos mientras se encontraba ingresado en un establecimiento penitenciario francés, del que no resulta posible conocer los datos que hayan podido llevar a su fallecimiento, y el otro, Ángel Carlos Figueroa Fernández, que murió en su domicilio mientras cumplía condena en un modelo de ejecución flexible aprobado por la autoridad judicial y sin que su muerte fuera consecuencia de la enfermedad que padecía. Relata, además, la supuesta existencia de otros quince internos vascos a los que no identifica; por tanto es difícil conocer exactamente a quiénes se puede referir. Estos quince internos padecerían enfermedades que califica de graves, aseverando que su estancia en prisión impide su mejoría y agrava la situación de su salud. En consecuencia, interpela sobre las medidas a adoptar en el ámbito penitenciario para atender estas situaciones. La Administración penitenciaria desarrolla su actividad para hacer efectivo el cumplimiento de las finalidades establecidas en la Ley General Penitenciaria y conforme a los procedimientos contemplados en la misma y en el reglamento que la desarrolla, ejecutando los mandatos de los jueces y tribunales, y con el control en relación con la salvaguarda de los derechos constitucionales y penitenciarios de los reclusos de los juzgados de Vigilancia Penitenciaria. En este ámbito, la ley singulariza que la Administración penitenciaria velará por el derecho a la vida, la integridad y la salud de los internos. Por tanto, y como he explicado detenidamente al inicio de mi exposición, a todos los internos se les garantiza una atención médico-sanitaria de carácter integral7 Núm de junio de 2013 Pág. 7 equivalente a la dispensada al conjunto de la población española, y esto, como es obvio, es aplicable a los presos vascos como a los de cualquier otra región española. En relación a los quince supuestos internos enfermos vascos, no hace falta un esfuerzo intelectual excesivo para deducir que los internos que le preocupan a sus señorías son los integrantes de una listado de presos de la banda terrorista ETA que organizaciones de apoyo a los presos de esta organización vienen publicitando desde hace años. Quiero dejarle claro que todos los presos de la citada relación algunos, por cierto, no son vascos reciben una asistencia sanitaria adecuada a sus padecimientos similar a la de cualquier otro recluido, sin que de los informes médicos que obran en poder de la Administración penitenciaria se desprendan circunstancias médicas que no puedan ser tratadas en el medio penitenciario o en los centros hospitalarios de referencia. Para finalizar, me referiré al tercer bloque, relativo a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad y los convenios suscritos por la Administración penitenciaria. La novedosa inclusión en el Código Penal de 1995 del trabajo en beneficio de la comunidad transformó sustancialmente nuestro sistema de penas, pretendiendo buscar la mejor consecución de los fines resocializadores que la Constitución otorga a las mismas mediante un modelo de cumplimiento en libertad que ha sido definido como en sociedad, para la sociedad y por la sociedad. Desde entonces y hasta ahora este modelo punitivo consagra el resarcimiento de las responsabilidades penales por parte del infractor en el entorno comunitario y supone la necesaria y obligada cooperación para obtener las plazas suficientes para poder ejecutar estas penas alternativas. Desde finales de diciembre de 2011 y hasta el 19 de junio de 2013 se han tramitado por la institución penitenciaria sentencias de trabajos en beneficio de la comunidad. Centrándonos en uno de los motivos de esta comparecencia, concretamente los acuerdos alcanzados con parroquias, colegios y comunidades religiosas para que las personas condenadas a realizar trabajos en beneficio de la comunidad presten estas tareas en beneficio de estas instituciones, acuerdo que, según se indica, se encuentra en funcionamiento en el centro penitenciario de Picassent, he de señalar lo siguiente: El centro penitenciario encargado de la ejecución, seguimiento y control de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad en la provincia de Valencia no es el centro penitenciario de Picassent, es el centro de inserción social de Valencia a través de su unidad y servicio de gestión de penas y medidas alternativas. Por lo tanto, el centro penitenciario de Picassent no tiene formalizado ningún acuerdo, ni acuerdos al respecto. Tampoco el centro de inserción social de Valencia los tiene. Es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias quien tiene capacidad de firma de dichos convenios, o bien el propio ministro del Interior en los casos de convenios con comunidades autónomas u otros ministerios. La derivación de penados a determinadas instituciones públicas o privadas con interés social se lleva a cabo, bien por propia solicitud del penado que puede proponer dónde cumplir su prestación comunitaria pues la norma le concede esta capacidad, o bien por colaboraciones que no se han plasmado en convenios preso al efecto. Entre estas colaboraciones no conveniadas destacan en la provincia de Valencia, como en el resto del ámbito nacional, multitud de instituciones con fines de interés social que ofertan plazas para el cumplimiento de esta pena. Por lo expuesto, los penados no trabajan en beneficio de esas instituciones sino en beneficio de las obras sociales que estas instituciones practican. Existe un convenio de colaboración entre instituciones penitenciarias y Cáritas Española. Este convenio se desarrolla a través de las distintas Cáritas diocesanas y bajo dicha organización de nivel provincial, algunos de los penados a trabajos en beneficio de la comunidad son derivados a determinadas parroquias y comunidades religiosas. En estas, los penados colaboran en la acción social de dicha institución, aportando su tiempo y labor en destinos como comedores sociales, reparto de alimentos, asistencia a familias, acompañamiento de enfermos y necesitados de la comunidad parroquial, ayudas a impedidos en tareas cotidianas, etcétera. Además, en Valencia hay otras instituciones religiosas no católicas que ofertan plazas para los penados para que presten su colaboración a las tareas asistenciales que esta realiza. Con carácter general no se realizan derivaciones de penados condenados a trabajos en beneficio de la comunidad a centros escolares. Sí colaboran en determinadas tareas y actividades que inciden indirectamente en colegios y centros de enseñanza, a través de una institución pública, los ayuntamientos en la mayoría de los casos. También, en algunos supuestos, otras entidades. Así, podemos destacar las tareas de control de tráfico en horas de entrada o salida de los colegios. En ocasiones es la propia Policía municipal la que solicita la contribución de los penados para su participación en charlas y conferencias llevadas a cabo en institutos, dirigidas a jóvenes y adolescentes. Dicho esto y volviendo al ámbito de actuación general de la institución penitenciaria, podemos destacar lo siguiente: Primero, las sanciones y medidas penales alternativas de las que el trabajo en beneficio de8 Núm de junio de 2013 Pág. 8 la comunidad forma parte tienen como objetivo final una pretensión reparadora de los daños causados con la infracción penal, colaborando con el interés general. Segundo, las tareas y actividades desarrolladas por los penados son de tipo complementario, tareas auxiliares, y no son remuneradas; no sustituyen puestos de trabajo ni compiten con el mercado laboral y deben compaginarse con las obligaciones laborales de quien cumple la medida. Tercero, se promocionan valores como la solidaridad, la responsabilidad y el bien común. Cuarto, se cumplen en libertad, evitando la ruptura con la vida familiar, laboral y social del penado. Quinto, es, en definitiva, una pena para cumplir en sociedad y para la comunidad. Es esta beneficiaria directa de las tareas que realizan estas personas. Sexto, del 1 de enero al 19 de junio de 2013 se han gestionado un total de sentencias a trabajos en beneficio de la comunidad. Séptimo, en el período de enero de 2012 hasta la fecha se han firmado un total de 99 nuevos convenios para el cumplimiento de penas en trabajos en beneficio de la comunidad, lo que reporta un total de nuevas plazas conveniadas. Por último, no quiero dejar pasar esta ocasión sin manifestar mi público reconocimiento a los cerca de trabajadores de la institución penitenciaria. Sin su profesionalidad y dedicación no sería posible la consecución de los fines que tenemos encomendados, especialmente en las circunstancias económicas que vivimos. Quiero destacar también la abnegada colaboración de todas las organizaciones no gubernamentales, entidades e instituciones públicas y privadas que cooperan con nosotros, gracias a las cuales llegamos donde solos no podríamos. Para finalizar, quiero agradecer su paciencia si la exposición ha resultado un poco larga y reiterarles mi absoluta y total disposición para responder a cuantas preguntas quieran formularme. El señor PRESIDENTE: Señor secretario general, no sufra por la duración. No ha sido precisamente la más extensa de las que hemos tenido. Tal como anuncié, se abre un turno de grupos comenzando por los solicitantes de comparecencias. Se da la circunstancias de que en una de las peticiones de comparecencia coinciden como coautores el Grupo Parlamentario Mixto y La Izquierda Plural. Va a ser más correcto habilitar, deberían compartirlo; se puede habilitar un pequeño espacio de unos tres a cinco minutos para que el señor Baldoví pueda intervenir también. En este caso, seguiríamos el ritmo y ya le indicaré el momento más oportuno, para no tener que estar con la tensión de compartir los horarios; lo haríamos de esa manera con un tiempo de tres a cinco minutos que es la estimación que entiendo que sería razonable. Comenzaría así, por parte del Grupo Mixto, el señor Urbina. Cuando guste. El señor URBINA FERNÁNDEZ: Es cierto, al margen de lo que fue la solicitud de nuestra interpelación, que usted ha hablado de más cuestiones, en general de todo el mapa de instituciones penitenciarias, y nos ha venido a plantear una situación en lo que respecta a la asistencia sanitaria en las instituciones que parece modélica. De hecho, en alguna ocasión, si no ha sido usted ha sido el propio ministro del Interior, así lo ha reivindicado, pero luego la realidad parece bastante distinta. Yo me remito, en primer lugar, y antes de abordar la segunda cuestión, a un informe que recientemente realizó un grupo, una asociación, Salhaketa, no sé si la conocerá, del País Vasco, en relación con las condiciones de la cárcel de Zaballa. Lo que se nos expone ahí es bastante diferente a la situación que usted trae aquí, entre otras cuestiones porque si en algo hacía hincapié era en las carencias más que carencias de la asistencia sanitaria en ese centro penitenciario. Incluso el año pasado dejó por muerte natural cuatro internos, sobre los cuales, si conoce el informe, se hacía hincapié en la falta de respuesta, de explicación por parte del centro penitenciario de en qué condiciones habían sucedido estas muertes. Le digo esto porque quien le habla también ha tenido, por su experiencia profesional, contacto con las prisiones y creo que se acerca bastante más lo que recoge el informe de Salhaketa a la realidad de los centros penitenciarios, no solo en el País Vasco sino en todo el Estado español, que a la realidad que usted nos ha expuesto hoy aquí encima de la mesa. No solo eso sino que esa realidad que expone Salhaketa se corresponde bastante fielmente con lo que, en definitiva, es el modelo penal y penitenciario en el Estado español, es decir, las cárceles están para sacar de la sociedad, apartar de la sociedad a quien sobra y no para reinsertar y solucionar problemas que tienen mucho de social, y a eso responde mayormente, decía, tanto el modelo penitenciario actual como el modelo penal y su exponente más claro es en lo que corresponde a la asistencia sanitaria, a la desasistencia sanitaria que, como decía, de la experiencia que tengo y de lo que se recoge en el informe, es evidente. Esto nos lleva a la segunda parte. Usted en un primer momento ha hecho referencia a que era difícil conocer a quiénes nos estábamos refiriendo en la solicitud de comparecencia, si bien luego lo ha9 Núm de junio de 2013 Pág. 9 determinado perfectamente y, en efecto, nosotros le solicitamos una comparecencia para determinar las medidas que se adoptarían con aquellas 15 personas que desde diferentes grupos se identifican dentro de lo que se denomina el colectivo de presos políticos vascos. Usted ha hecho referencia a un grupo está calificado en esos términos, luego tiene conocimiento de que padecen todas ellas de enfermedades graves e incurables. Quizás aquí la cuestión o la raíz de todo ello parta de la primera parte de la intervención, y es que, usted lo ha dicho, a estas personas se les aplica lo que se le aplica al resto de presos en todo el Estado español, y posiblemente ahí esté el problema: que el sistema sanitario actual en los centros penitenciarios no está capacitado, ni los propios centros penitenciarios están diseñados y difícilmente lo pueden estar para abordar ciertas enfermedades graves e incurables, que son con las que se identifica a estas 15 personas, de las que no tengo la menor duda de que usted tiene un conocimiento perfecto, están plenamente identificadas. Esa es la cuestión, esa es la solicitud de nuestra comparecencia con respecto a estas 15 personas, y somos conscientes de que en el mapa penitenciario del Estado español habrá muchísimas más, claro que sí, claro que las habrá. El problema es abordar estas situaciones. En concreto, le interpelábamos sobre estas 15 personas en cuanto a las medidas concretas que se iban abordar para hacer frente a las enfermedades graves e incurables, que claramente es imposible tratar en una situación de privación de libertad y en una situación de internamiento en un centro penitenciario. Además en este caso y en la mayoría de estos casos se les siguen aplicando medidas que tienen un carácter excepcional y que vulneran derechos, principalmente aquí quería hacer una mención especial al respecto porque sobre ello nos hemos dirigido al Gobierno vía pregunta escrita, en la dispersión, que todavía agudiza más estas situaciones y, como decía, supone una vulneración de derechos, claramente, además de suponer una ruleta rusa para los familiares de los presos y presas. En lo que va de año se han producido siete accidentes en los que se han visto implicadas 15 personas, no ha habido lesiones pero estamos todos de acuerdo en que esto es algo que queda al arbitrio de la suerte, y por eso hacemos referencia a la existencia de la ruleta rusa en este asunto. Son conscientes en el Ministerio del Interior y en Instituciones Penitenciarias, y esto es algo que se añade a lo que anteriormente decía. Por eso la solicitud de comparecencia era clara, la solicitud era la de poner medios, poner fin a la situación de prisión de aquellas personas que padecen enfermedades graves e incurables, y creo que a ese respecto la respuesta en general en modo alguno puede satisfacer casos que son muy concretos y que revierten una gravedad especial como, por supuesto, los habrá en mayor cantidad a lo largo de todo el mapa penitenciario español, no tengo la menor duda, porque, como decía al principio, la desasistencia sanitaria en instituciones penitenciarias, en los centros penitenciarios en el Estado español es algo absolutamente palpable. El señor PRESIDENTE: Tal y como anunciaba, el señor Baldoví, del Grupo Mixto, tiene un tiempo de tres minutos para hacer la exposición, dado que es materia concurrente con la de la solicitud de La Izquierda Plural. Cuando guste. El señor BALDOVÍ RODA: Hablo en mi condición de diputado valenciano y en relación con la noticia aparecida en medios de comunicación de Valencia, en el sentido de que la cárcel de Picassent ofrece a las parroquias presos para trabajar en beneficio de la comunidad. La sustitución de la pena privativa de libertad por trabajos en beneficio de la comunidad debe tener la reeducación como fin principal y así lo reconoce el mismo Ministerio del Interior en su web. El trabajo en beneficio de la comunidad es una medida alternativa al ingreso en prisión. Para quienes lo realicen comporta una función reeducativa a la vez que se hace algo útil y provechoso para la sociedad, por lo que las administraciones públicas han de establecer los mecanismos necesarios para garantizar que el trabajo tenga un fin social. Lo ideal es que estuviera relacionado con la pena, tal y como prevé el mismo Código Penal. La sorpresa es cuando en lugar de encargar trabajos en beneficio de la comunidad que conduzcan al preso a una reflexión sobre sus hechos que fomenten el cambio en su modelo de la actuación que le condujeron a la condena penal, la actual Administración ha optado, a nuestro entender, por utilizarlos como mano de obra ya no barata sino a veces gratuita. El gran problema es confundir la exigencia legal de trabajos en beneficio de la comunidad con trabajos en beneficio de quien lo solicite. En ese sentido iba la noticia del Levante. Es más, en esta noticia, el responsable del Secretariado Diocesano de la Pastoral Penitenciaria concretaba que los reos podrán ofrecer servicios de mantenimiento, administración y oficios varios como albañilería, carpintería y electricidad, entre otros. El trabajo social, insisto, tiene un fin no laboral ni de castigo, sino reeducativo, y que se haya llamado expresamente a la Iglesia católica para ofrecer a los condenados para que les hagan trabajillos gratis de albañilería, de carpintería o de electricidad es apartarse del mandato legal pues10 Núm de junio de 2013 Pág. 10 confunde el beneficio de la Iglesia con el de la comunidad. A nuestro entender no es lo mismo llamar a la Iglesia que llamar a Caritas, es decir, el mismo Secretariado Diocesano dice que se ofrecerán a las parroquias, a los colegios y a las comunidades religiosas. No entendemos muy bien qué trabajos puede hacer una persona condenada en una comunidad religiosa. Por qué no se ha llamado a las entidades sociales? Por qué no se ha llamado a las ONG? En qué estamos pensando? Poner a un condenado a realizar tareas de albañilería para una iglesia no es exactamente reeducativo por lo que entendemos que lo único que se está haciendo es aprovecharse de su trabajo y competir claramente con autónomos profesionales que, en definitiva, se dedican a los mismos trabajos que el mismo Secretariado Diocesano piensa ofrecer a parroquias, colegios y comunidades religiosas. El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra por el Grupo de La Izquierda Plural, también solicitante de comparecencia, el señor Sixto. El señor SIXTO IGLESIAS: Pero, con motivo de esta comparecencia o no? Quiero decir El señor PRESIDENTE: En este caso, para la comparecencia concurrente y el resto. Dispone de diez minutos. El señor SIXTO IGLESIAS: Muy bien. Tenía confusión respecto de la comparecencia que habíamos pedido y teníamos conjuntamente con el señor Baldoví. El señor PRESIDENTE: Ha sido correctamente atendida por el señor Baldoví. Persisten en este caso las 715, 748, 803 y 825, para lo cual dispone de un tiempo de diez minutos. El señor SIXTO IGLESIAS: Quisiera empezar con un concepto que a mi grupo parlamentario le preocupa mucho, que es el concepto de lo público y de la gestión pública de las cosas. Lo digo porque acaba de entrar en esta Cámara la ley de seguridad privada que afecta a buena parte de la gestión de la política penitenciaria, extramuros de los centros penitenciarios, de la vigilancia fuera de los centros que hasta ahora está encomendada a la Guardia Civil y esta nueva ley permitirá encomendarla a empresas privadas. Esto lo digo también al hilo de una pregunta que le formulamos al Gobierno y a la que se nos contestó que estaban estudiando la posibilidad de privatizar algunos servicios en el interior de las prisiones, no lo habían descartado. Digo esto porque el anterior secretario de Estado de Seguridad en una de sus comparecencias hizo alguna afirmación y textualmente dijo que el trabajo de estar contemplando unos monitores lo podía hacer cualquier persona sin necesidad de ser funcionario. Eso fue lo que me llevó a hacer la pregunta y la respuesta que en aquel momento se nos dio es que no se había descartado y se estaba estudiando. Quisiera preguntarle si con el cambio de secretario de Estado se ha descartado cualquier privatización de servicios en el interior de las prisiones o el ministerio lo sigue contemplando dentro de esta marcha hacia la privatización que en mi grupo parlamentario no compartimos. Entraré en algunas de las cuestiones por las que hemos pedido la comparecencia. Una de ellas era específicamente el tema las transferencias de sanidad que establece la Ley 16/2003. La legislación vigente establece que se debe transferir a las comunidades autónomas la gestión de la sanidad penitenciaria y hasta ahora solamente en el País Vasco se ha hecho esa transferencia. La pregunta sería cuál es la previsión de transferir la gestión de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, sobre todo teniendo en cuenta que el hecho de estar fuera o dentro de los muros de un centro penitenciario no debe convertirse en un problema para la atención sanitaria de una persona. Si, por ejemplo, ya se ha transferido a las comunidades autónomas la cuestión educativa y los centros penitenciarios son un centro educativo más a la hora de elegir plaza para los profesores o de impartir la enseñanza reglada o enseñanzas especiales, nos encontramos con que en la cuestión sanitaria las prisiones siguen siendo un mundo aparte. Si bien hay que reconocer los esfuerzos que se hacen para atender a toda la población penitenciaria, ello conlleva necesariamente problemas a la hora de la atención sanitaria, costes desmedidos y cuestiones que no comprendemos y que nos han llevado a hacer varias preguntas dirigidas al Gobierno no ya solo sobre la transferencia, sino sobre cuestiones muy concretas. Nos hemos encontrado con centros penitenciarios a los que se dota de equipos de radiología y después, por la falta de personal, estos equipos no se ponen en marcha, no funcionan y cuando a los internos hay que hacerles alguna prueba diagnóstica debe habilitarse el consecuente procedimiento de traslado de la Guardia Civil para realizar esta prueba diagnóstica cuando resulta que los propios centros se han ido dotando de capacidad de realizar esas pruebas.11 Núm de junio de 2013 Pág. 11 Hemos hecho preguntas además sobre la cuestión de la guía farmacoterapéutica y de las especificidades que ello impone a la hora de prescribir determinados fármacos a la población penitenciaria, porque a nuestro grupo parlamentario le ha preocupado que esto haya conllevado algún tipo de problema específico a la hora de cambiar unos fármacos por otros. Usted ha aludido también en su comparencia a una cuestión que nos ha llamado la atención, que ha salido publicada en los medios de comunicación, que es lo relativo a los convenios con las comunidades autónomas. Concretamente saltó la alarma en el caso de Andalucía cuando la comunidad autónoma dio por sentado que se prolongaba el convenio anterior, y fue el ministerio el que dijo que los convenios se tienen que prorrogar de acuerdo con toda la normativa específica, por lo que la Comunidad de Andalucía decidió no seguir atendiendo a los internos so pena de girar facturas específicas al ministerio. Le agradeceríamos algo más de detalle a ese respecto ya que buena parte de la atención sanitaria de los internos depende de estos convenios. Una cuestión también fundamental es el tema de la salud mental. Una buena parte de la población penitenciaria española que tiene problemas de salud mental y la falta de personal es palmaria. He podido visitar el complejo de Picassent y me llamó poderosamente la atención la falta de un médico psiquiatra para el mayor centro penitenciario de toda España. Mi grupo político no entiende que no se atienda de forma adecuada, no se diagnostique y sobre todo que no se realice el seguimiento de los tratamientos de las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental y están internadas en prisión. Sobre todo, porque es un medio, el penitenciario, que lleva al surgimiento de determinadas patologías, al empeoramiento de determinadas patologías, a la necesidad de un tratamiento y un seguimiento específico y en este tema de la salud mental al margen de lo que se ha hecho hay todavía mucho que mejorar y mucho que implementar. Respecto a la cuestión que se ha comentado anteriormente por parte del señor Baldoví, quisiera preguntarle específicamente no sé si tendrá datos ahora para contestar por el convenio que había con la Federación Española de Municipios y Provincias para hacer trabajos de reinserción y demás que, precisamente, en los Presupuestos Generales del Estado de los últimos ejercicios no se ha venido dotando suficientemente. Si es posible le agradecería alguna explicación al respecto o alguna indicación de cómo marcha este convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, puesto que las labores de reinserción y las labores de trabajo con las personas que están internadas en centros penitenciarios es fundamental para conseguir el objetivo que nos debe guiar en el sistema penitenciario español tal y como establece la Constitución que es la rehabilitación. Quisiera preguntarle además cuál es la previsión de finalización y apertura del centro de Siete Aguas. Vuelvo a la cárcel de Picassent, soy diputado por Valencia, y es el mayor complejo de todo el Estado español, con gravísimos problemas que nos trasladan los propios funcionarios por la masificación, por la a veces no demasiado cuidadosa destinación de los internos a unos centros u a otros. Cuándo se piensa poner en marcha Siete Aguas y descongestionar un poco los centros de Picassent? Esto me lleva a preguntarle también por la cuestión de la masificación. Durante los últimos años, en los que los Presupuestos Generales del Estado funcionaban mejor, se construyó un importante número de centros en el conjunto del Estado. Ello llevó a disminuir los niveles de masificación que llegó a haber pero nos seguimos encontrando con centros como el de Melilla por las noticias que tenemos que están desmesuradamente ocupados. Al menos esa es la información que pude recoger el otro día en la ciudad autónoma. Cuál es la solución? Esto me lleva a pedirle su valoración sobre cómo están afectando los recortes en personal a la cuestión penitenciaria. Las plantillas no se renuevan todo lo que se deberían renovar y periódicamente vemos aparecer en los medios de comunicación denuncias sindicales de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias que hablan de módulos con más de 100 personas donde tiene que estar solamente un funcionario atendiéndolo y vigiándolo. Esa es una práctica muy arriesgada para los funcionarios que realizan una tarea meritoria, pero que lleva a una situación muy complicada para ellos y también para los internos. Eso junto a los recortes presupuestarios que llevan a faltas de mantenimiento y hablo muy concretamente de las alarmas antiincendios en algunos centros como en Picassent donde dos veces hubo incendios, hubo que desalojar algún módulo y las alarmas no funcionaron o cuestiones como los inhibidores y demás. Todo ello, nos lleva a pedirle o a recomendar al Gobierno que a pesar de la política de recortes que implementa en sus presupuestos, hay cuestiones que por mucho que no estén de actualidad o no sean de permanente actualidad como es la política penitenciaria desde el punto de vista de mi grupo político, La Izquierda Plural, entendemos que deben tener una consignación presupuestaria adecuada para conseguir el fin constitucional último que es la rehabilitación de las personas que han cometido un delito.12 Núm de junio de 2013 Pág. 12 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación, por parte del Grupo Socialista, la señora Martín González. La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Bienvenido a esta Comisión, señor Yuste. Es su primera comparecencia fuera del ámbito de debate de los presupuestos y ha acumulado diecisiete peticiones de comparecencia. Hoy responde a ocho de ellas y esperamos que en breve pueda volver a comparecer, esperemos que no pasen otros dos años porque le quedan nueve peticiones de comparecencia. No se ha incluido en estas ocho que hoy responde una petición del Grupo Parlamentario Socialista, del 15 de marzo de 2012, para informar de las líneas de actuación de su departamento, que es algo habitual en todos los responsables de la Administración que comparecen en todas las comisiones. Seguiremos esperándola. No ha incluido tampoco en su intervención ningún tipo de referencia al Plan de infraestructuras, pero no puedo evitar sacarlo en mi intervención por las palabras del secretario de Estado de Seguridad de hace una semana está muy fresquito que nos dijo que se están replanteando todas las infraestructuras. Las palabras que dijo en esta Comisión es que próximamente se aprobará la revisión del Plan de infraestructuras penitenciarias en el que se reconsiderará la necesidad de terminar las infraestructuras pendientes de finalización. Dijo: se eliminarán aquellos elementos y equipamientos no necesarios y también afectará a los centros de reinserción social. Aunque usted no lo haya incluido suponemos que algo nos podrá aclarar sobre esto aunque sea de forma muy breve y que nos lo complemente después si es posible por escrito. Díganos algo de qué previsiones hay sobre las obras terminadas y que están sin dotación de personal o incluso sin equipamiento y, sobre todo, qué obras son las que se van a suprimir. Nos gustaría que nos hiciera llegar el borrador si tienen del Plan de infraestructuras o el contenido en el que van avanzando. La salud es lo primero, y lo es dentro y fuera de los centros penitenciarios. La implantación del Real Decreto 16/2012 está teniendo una fuerte repercusión en todos los ciudadanos y queremos saber cómo está afectando a la población reclusa. Usted nos dice que hay garantía de calidad en la atención sanitaria a la población reclusa, pero ha reconocido que hay un recorte importante de personal sanitario y nos gustaría que nos dijera si ese volumen de recorte era lo estrictamente necesario. No sé si está seguro de que se esté garantizando el abastecimiento farmacológico para todo tipo de tratamientos. Me cabe la duda de que usted sea consciente de lo que ha dicho. No sé si es así en los casos de salud mental pero mucho me temo que no, y en los tratamientos por hepatitis y por VIH creo que tampoco. Las informaciones que nos llegan son muy preocupantes. Hace unos meses los titulares eran: salud suspende el Plan de atención a presos por impago del Gobierno. Usted ha hecho mención a que se van a renovar los convenios, pero llevamos desde enero hasta finales de junio sin renovar los convenios de atención sanitaria con las comunidades autónomas? La verdad es que eso nos da bastante que pensar. Esta página es del día de hoy (Muestra un recorte de prensa). No sé si usted tiene por costumbre desayunar ojeando el periódico, pero esto es del día de hoy y supongo que lo habrá visto. Los médicos acusan a Interior de negar a fármacos a presos enfermos mentales. Se nombra en el inicio del artículo que los recortes en la sanidad penitenciaria han llegado a uno de los medicamentos más empleados para tratar a los presos con trastornos mentales. Reconoce que más del 45% de los reclusos tienen algún trastorno mental y, concretamente, se hace mención al recorte claro de los tratamientos con pregabalina. Además, se menciona expresamente lo que dice una familiar de un recluso y es que para que lo vea un psiquiatra lo tiene que pagar la familia, y habla de traslados que se producen para tratar la Hepatitis C. El Defensor del Pueblo está investigando los cupos impuestos por el Ministerio del Interior para acceder a la triple terapia con Hepatitis C. Se está sugiriendo que se trasladen a una prisión de Madrid para ser tratados en el Hospital Gregorio Marañón, donde se ha centralizado el tratamiento. La fuente de información es un medio de comunicación y nos gustaría que nos lo pudiera aclarar. Saben además que hay población inmigrante que es atendida en los centros penitenciarios y que a su salida carecen de atención sanitaria. No sé si esto se lo han trasladado a la ministra de Sanidad porque ella también debe ser consciente de lo que está ocurriendo, aunque ponga en duda las referencias que se han hecho en sede parlamentaria hace pocos días por Médicos del Mundo en muchos casos en los que se está negando atención sanitaria. Le podemos constatar que hay población reclusa que cuando se tiene que enfrentar a su salida carece de atención sanitaria y debe ser un foco de preocupación. No sé cómo se está priorizando la dotación de personal en los centros en los que se ha suprimido la presencia de personal sanitario las noches y fines de semana. Usted ha reconocido que en algunos se ha suspendido esta presencia, pero verdaderamente las guardias localizadas ante una situación de máxima13 Núm de junio de 2013 Pág. 13 gravedad no pueden dar respuesta. Esto solamente tiene un nombre que es recorte puro y duro y usted nos ha hablado de la implantación de telemedicina en trece centros, y de teleconsulta. No sé cómo lo han implantado, no sé qué prioridades han dado para la implantación en algunos centros y por qué en otros no, pero alguna información nos tendrá que dar de cuáles son los resultados de esta implantación. Algo a lo que no ha hecho mención son los programas específicos para penados por violencia de género. Le hemos preguntado varias veces por esta cuestión, no nos han respondido, agotamos el periodo de sesiones y yo quiero que haga alguna referencia a ello, no solamente a los programas específicos dentro de los centros penitenciarios, sino también a los programas de los que ustedes han asumido la responsabilidad del seguimiento para aquellas personas con violencia de género que no han entrado en centro penitenciario, pero que ustedes tenían que hacer el seguimiento de los programas de tratamiento. No podemos finalizar la intervención en materia de salud si no hablamos de los modelos de intervención de las unidades terapéuticas. Suponía que íbamos a tratar este tema y no solo quiero hablar de Villabona, porque son diecisiete las unidades en funcionamiento, pero nos preocupa mucho que este modelo se esté intentado matar por inanición. Están sometiendo a las unidades terapéuticas a una presión completamente despiadada. Puede que usted cabecee y diga que es una obsesión nuestra, pero no se están cubriendo las vacantes de personal y además se está limitando el acceso de los internos a estas unidades terapéuticas. Quizá no le guste el modelo, es la deducción que nosotros hacemos. Por lo que se va viendo, y menos todavía le gusta a la UTE de Villabona, pero es un modelo que está muy bien valorado nacional e internacionalmente. Los resultados son muy positivos en su modelo de terapias y ahí están los datos, pero es que ustedes han logrado que las asociaciones de familiares les den la llamada de alerta por la situación de abandono en la que se están viendo estas unidades. No sabemos si se está desmantelando el modelo; nos quedamos con la parte positiva que usted nos ha dicho de que van a ampliar siete unidades nuevas. Le felicitamos por esa iniciativa, pero verdaderamente me llama la atención que hemos dicho muchas veces que ese acoso manifiesto y permanente al equipo multidisciplinar de la UTE de Villabona usted diga que no es tal, pero usted conoce muy bien lo que está ocurriendo. Conoce bien la sanción de su director, conoce la indemnización a uno de los educadores, conoce la rectificación pública que ha tenido que hacer y además lo mantienen en su puesto. Eso es lo que nos parece más incomprensible. Usted defiende que hay un acoso hacia el director y lo que está reconocido claramente es el acoso de la dirección del centro hacia el resto del equipo. Nos gustaría que pudiera dedicar un día a una comparecencia completa y, si quiere, como tema único para debatir sobre el modelo de las UTE. Es un modelo que ha sido bien valorado por ustedes y así lo ha manifestado en sus diferentes comparecencias en el Senado. Quizá haya muchos detalles que se nos escapen, pero queremos es tener un espacio donde poder hablar de ello. Quería hacer alguna referencia a temas de personal. Quería que nos ampliara la información sobre la cobertura de las vacantes de personal, cómo se están haciendo y con qué prioridades porque la verdad es que la información que nos llega es que hay unos recortes más que preocupantes. No sabemos qué previsión de vacantes tienen previsto cubrir por el paso a segunda actividad. Sí hay una previsión, como es lógico, porque las estadísticas les dicen quiénes tienen posibilidades de pasar a segunda actividad, pero queremos saber qué está ocurriendo con las vacantes que se producen por el paso a segunda actividad. El señor PRESIDENTE: Dispone de un segundo turno y le ruego que vaya concluyendo este primero. La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Concluyo enseguida. Cuántos efectivos de la Guardia Civil han disminuido su presencia en los diferentes centros penitenciarios? Sabemos que ya en veintiún centros se han incorporado vigilantes pertenecientes a seguridad privada, no sabemos qué resultados se están obteniendo y no sabemos cuál es su compromiso para saber si esto va a ser más generalizado; lo que queremos son garantías de que este tipo de vigilancia no va a ser dentro de los centros penitenciarios. Además, queremos saber cómo están afectando los recortes en materia educativa, los recortes que aplican las comunidades autónomas en los programas educativos que se están desarrollando en los centros penitenciarios. Para concluir, ahora sí, quisiera hacer alguna mención a los recortes que están produciéndose en el mantenimiento de los centros. Hemos presentado varias preguntas, hemos pedido el presupuesto desagregado por centros y no nos han respondido. Como le decía anteriormente, se está terminando el periodo de sesiones pero volveremos a repetir las preguntas. El mantenimiento de los centros está dejando mucho que desear y especialmente las partidas destinadas a limpieza. Los internos y los propios14 Núm de junio de 2013 Pág. 14 trabajadores nos lo hacen llegar y espero que puedan tomar medidas al respecto. Entre todos hemos hecho un modelo penitenciario que estaba siendo muy bien valorado por los países de nuestro entorno. Solo les pido que no lo echen por la borda y sobre todo por respeto a los profesionales, a los internos pero también al resto de ciudadanos. Le agradezco su intervención y espero que nos pueda responder a lo que le hemos planteado. El señor PRESIDENTE: Entramos ahora en la parte correspondiente a los grupos que no han solicitado comparecencia, pero que obviamente tienen derecho a intervenir por igual tiempo de diez minutos. En primer lugar, tiene la palabra por parte del Grupo del PNV el señor Olabarría. El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor Yuste, bienvenido a esta Comisión. Es la primera vez que comparece para tratar estas cuestiones siempre vidriosas que hacen referencia a la política penitenciaria y esta es de las pocas secretarías de Estado a la que ninguno de los que estamos a este lado de la Comisión aspiraríamos; no nos produce particular envidia su posición institucional, salvo que usted tenga una extraña vocación que no sabemos en este momento si interpretarla desde una perspectiva patológica o no. Al margen de estas circunstancias, señor Yuste, si le digo este pequeño preámbulo con cierta ironía es porque es metafísicamente imposible que usted pueda cumplir con los requerimientos de la legislación penitenciaria y el modelo penitenciario que configura la legislación penitenciaria fundamentalmente por falta de medios penitenciarios y por la falta también del número de cárceles o prisiones, número de funcionarios y la imposibilidad de atender a requerimientos de una legislación particularmente progresista y humanista en el ámbito penitenciario. No le voy a pedir que cumpla con los requerimientos o los derechos que se reconocen a los presos en la legislación penitenciaria consistentes en que cada preso tiene derecho a una celda. Resultaría utópico hacer una petición que, sin embargo, forma parte de un mandato legal específico porque cada preso tiene derecho a una educación y a una formación profesional adecuada. Usted es el custodio de su salud y debe proveer de los medios sanitarios profilácticos, preventivos, recuperadores y reparadores de la salud de los presos. El cumplimiento de las condenas en el lugar más próximo al domicilio del preso, como preconiza la exposición de motivos del reglamento penitenciario, es una medida resocializadora en sí misma, por tanto, la dispersión contradice la literalidad y el espíritu de las normas penitenciarias. Le estoy manifestando una posición muy crítica en relación con la dispersión que no debe configurar la política penitenciaria en relación con ningún colectivo de presos ni ninguna figura o fenomenología delictiva o criminal con carácter general. Dicho esto, señor Yuste, me imagino que usted hará lo que pueda y, dentro de lo que pueda, le hago la primera pregunta específica que le quiero hacer: Qué pasa con la prisión ubicada en la ciudad de Donostia de Zubieta? Este es un proyecto antiguo, que se inició antes de la prisión de Zaballa. Se pudo demoler la prisión de Nanclares y construir la prisión de Zaballa, en las proximidades de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, pero no sabemos nada de qué ocurre con la prisión de Zubieta, que generaría una descongestión en relación con la masificación que se está produciendo en otros centros penitenciarios de ese entorno. No sé cuál es la situación ni por qué se ha paralizado y ralentizado tanto. En este momento me imagino que habrá problemas de tesorería importantes; no en vano un ministro de su Gobierno proclamaba que ya no creía en la teoría de las fuentes de Kelsen, sino que la única fuente que reconoce su Gobierno es el ahorro. Me imagino que sería una reflexión satírica también, pero la teoría de las fuentes de Kelsen, la pirámide invertida, sigue vigente, y me imagino que se deberá también a la legalidad, en los términos de una evitación de la masificación que en este momento provoca la falta de centros penitenciarios. En cuanto a las medidas sanitarias, me preocupan dos cosas que han sido comentadas. En primer lugar, la atención debería ser objeto de convenios con todas las comunidades autónomas, pero no solo la atención sanitaria. La mayoría de comunidades autónomas, como la de Euskadi, poseen dos títulos competenciales en materia penitenciaria: competencia exclusiva en materia de estructuras penitenciarias y competencia en el ámbito de la ejecución de la política penitenciaria. En relación con Euskadi, esta competencia ni siquiera aparentemente se puede transferir. Hay una especie de invocación al carácter no negociable e indisponible de esta transferencia. Me gustaría alguna reflexión respecto a esta cuestión. Cuando la transferencia de aspectos parciales de la política penitenciaria se transfiere a las comunidades autónomas las prestaciones mejoran. El convenio que existía hace tiempo con el Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, en lo referente a la asistencia psiquiátrica era para prestarla 365 días al año las veinticuatro horas cada día a los enfermos con patologías de naturaleza psiquiátrica, lo cual provocó, cuando estas transferencias no se habían generalizado todavía, una concentración de una población reclusa con patologías psiquiátricas en este centro penitenciario, solo por la circunstancia de que podían ser atendidos15 Núm de junio de 2013 Pág días al año veinticuatro horas al día, concentración que hacía muy difícil gestionar un centro penitenciario dadas las características de esa población. Generalice esto, pero sobre todo le pediría que cumpla con los títulos competenciales que habilitan a las comunidades autónomas a ostentar competencias en gestión y ejecución de la política penitenciaria de la legislación española y competencia exclusiva en materia de estructuras penitenciarias. Ese es un requerimiento del bloque de constitucionalidad, que no me parece que sea una materia disponible ni que se pueda declarar no negociable de forma absolutamente arbitraria. Esta sería la segunda cuestión. La tercera cuestión hace referencia ya se lo han preguntado algunos portavoces que me han precedido a cómo es posible que sea tan fácil adquirir sustancias tóxicas, drogas, sustancias psicotrópicas y estupefacientes en los centros penitenciarios. El informe de Salhaqueta al que se refería el señor Urbina comenta la generalización de estas sustancias y las facilidades, las paradójicas posibilidades de adquirir sustancias de esta naturaleza en el seno de los centros penitenciarios. Cuales son los controles para evitar que sea fácil y casi universal por quien quiera poder adquirir estas sustancias dentro de un centro penitenciario custodiado por funcionarios y por la Administración? Es una pregunta muy recurrente, muy llamativa, pero es una patología que no se termina de corregir. En cuanto a los enfermos terminales, qué quiere que le diga. No se qué ocurre con determinados enfermos terminales que están cumpliendo penas de privación de libertad. No voy a hablar de presos vascos, ni de asturianos ni de ningún colectivo de presos vinculados a su origen, nacionalidad, nación o comunidad autónoma a la que pertenezcan, no es esta la cuestión a debatir hoy en día, sino la aplicación correcta y equitativa del artículo 92 del Código Penal en relación con las patologías, que aconseja el cumplimiento en un régimen especial, en el régimen domiciliario, para enfermos que acreditan, que pueden acreditarlo, estar padeciendo enfermedades irreversibles, graves e incurables. Esto sirve para todos. Algún alto responsable de la Guardia Civil de otrora está cumpliendo en este régimen desde hace muchos años. No sé si la situación de irreversibilidad de su enfermedad ha podido ser constatada, sabiendo que después de la concesión de este régimen de cumplimiento en su propio domicilio de su pena de privación de libertad no ha habido un empeoramiento significativo. Si le digo esto es porque ha sido objeto de una interpelación específica al señor ministro del Interior del último Gobierno socialista, del último Gobierno de Zapatero, que es donde se acometió esta operación. No estoy reprochando nada ni imputando ninguna responsabilidad, solo le hago una petición, una solicitud. Hay que aplicar con equidad, y utilizando además los criterios médicos de forma absolutamente objetiva y neutra, al margen de la fenomenología delictiva del preso, las previsiones contenidas en el artículo 92 en relación con el cumplimiento de las penas en el domicilio, y sin que eso provoque alarma social ni particulares aspavientos o reacciones desmesuradas de unos u otros. Todos los que estamos aquí ubicados nos debemos al principio de legalidad y el principio de legalidad se debe cumplir en sus propios términos y de forma igual para todos, porque también nos debemos al principio de igualdad ante la ley que proclaman los artículos 9 y 14 de la Constitución. Esa es la única petición que mi grupo se permitiría hacer en cuanto a los enfermos que padezcan patologías graves, irreversibles y manifiestamente incurables, y por lo que se está comprobando, empírica y experimentalmente, la patología de algunos de los que están gozando de este régimen no parece que sea tan irreversible ni tan incurable, pero esa es una cuestión obiter dicta que vamos a dejar al margen. Estas son las cuestiones. Le pediría que se intentara evitar los ajustes presupuestarios que afectan a todos los ministerios, a todos los departamentos, a todos las secretarías de Estado en este ámbito en la medida de nuestras posibilidades, señor Yuste, porque estamos hablando de personas que están en una situación de particular vulnerabilidad. En los centros penitenciarios se producen patologías que están provocadas por la privación de libertad y por otras circunstancias que dimanan a veces de la falta voy acabando, señor presidente de medios, de funcionarios, de sistemas de asistencia sanitaria, de existencia de sistemas de asistencia psiquiátrica y de posibilidades de aplicación de los requerimientos de la legislación penitenciaria, de la Ley General Penitenciaria, y del reglamento penitenciario. Desde esa perspectiva, vamos a hacer un esfuerzo por intentar evitar recortes en esta materia y por tener una dimensión de prisiones y para eso le vuelvo a preguntar qué ocurre con Zubieta que sea suficiente para evitar la masificación. Yo no le voy a invocar aquí ese derecho que, pretendidamente pretendidamente no, de verdad, se atribuye a los presos de ostentar o poder disfrutar de una celda por persona, pero vamos a intentar evitar que no sean cuatro o cinco los que se acumulan en cada celda de nuestros centros penitenciarios.16 Núm de junio de 2013 Pág. 16 El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra a continuación por UPyD la señora Díez. La señora DÍEZ GONZÁLEZ: En nombre de mi grupo quiero también dar la bienvenida al señor Yuste, secretario general de Instituciones Penitenciarias, a esta Comisión y agradecerle todas sus explicaciones. Este grupo no había solicitado comparecencia al respecto, pero sabe el secretario general que tenemos planteadas una serie de cuestiones que exigen respuesta por escrito y que tienen que ver con todas aquellas que se han abordado por el secretario general y prácticamente por el conjunto de portavoces que me han precedido. Efectivamente, nuestro grupo está también preocupado por la dotación presupuestaria de Instituciones Penitenciarias, por su organización y por su gestión; preocupados por la privatización de la seguridad en centros penitenciarios, por los efectos que eso pueda tener; por los problemas de personal y de atención sanitaria general, psiquiátrica en particular, a los presos y también por algunos elementos de mala gestión y conductas delictivas en la gestión de los centros que hemos conocido en los últimos tiempos. Todas estas cuestiones nos preocupan porque creemos, como proclama nuestra Constitución, que el objetivo de la política penitenciaria ha de ser la rehabilitación de las personas que están en las cárceles porque han cometido delitos. Parece una obviedad, pero quiero resaltar esta cuestión. El objetivo es la rehabilitación de personas que están en las cárceles porque han cometido delitos. En España, la gente que está en la cárcel es porque ha cometido un delito, por ninguna otra cosa. Entonces la rehabilitación de los reclusos es un objetivo. Son delincuentes, sí, algunos han incurrido en delitos muy graves contra el conjunto de la comunidad, aparte de contra ciudadanos concretos, pero tenemos una Constitución que establece unos objetivos de la política penitenciaria, y uno de ellos, importante, es la rehabilitación. Todas nuestras preocupaciones en ese sentido son que se dote presupuestariamente, económicamente, a la secretaría general, a Instituciones Penitenciarias, pero también que se organice correctamente, que gestione correctamente. Estoy segura de que el secretario general conoce todas estas preguntas y que merecerán una respuesta espero que concreta y no tan general como suele ser costumbre del Gobierno y además una respuesta rápida. Quisiera brevísimamente insistir en la penúltima reflexión que hacía el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, el señor Olabarría, que tiene que ver con la exigencia de aplicación con criterios de absoluta equidad del artículo 92. Creo que el señor Olabarría ha hecho la reflexión de manera suficientemente extensa y a mi juicio correcta como para que me sume a esa inquietud que tiene también mi grupo al respecto. Nos da la impresión de que no se está utilizando correctamente ese artículo 92 y que se utiliza de manera sesgada, de una manera distinta según quién sea el preso e incluso por qué esté en la cárcel. Me parece que la petición de que se utilice la ley con criterios de absoluta equidad y absoluta transparencia, que es lo único que da seguridad, es importantísimo, y si no se quiere utilizar de esa manera, que se cambie. Es decir, si hay algún argumento para cambiar el artículo 92, que se promueva la reforma y que se cambie, pero en tanto sea norma, que se utilice de la manera correcta, con equidad absoluta, con justicia y con transparencia. No querría dejar de aprovechar la comparecencia del secretario general con esto concluyo, presidente para una cuestión que hoy es titular, que hoy es noticia. Perdóneme, presidente, y discúlpeme usted, secretario general, si le parece un abuso de confianza o de oportunidad lo que le voy a plantear, pero al fin y al cabo usted es un alto responsable del Gobierno, la fiscalía tiene una actuación jerárquica depende del Gobierno y yo le voy a pedir ayuda para que inste desde el Gobierno al fiscal a recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que hoy hemos conocido, por la cual se declara absuelto de delito a un exasesor de Bildu, concretamente en el Ayuntamiento de San Sebastián, con el argumento jurídico tan peregrino de que era imposible cumplir su amenaza porque esta persona no tenía licencia de armas a su nombre. Le pido que ayude al fiscal a montar el recurso. Le pido que le pida al Gobierno que le pida al fiscal valga la redundancia que recurra y además le pido a usted, como responsable de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, que ayude con datos al fiscal, por ejemplo, que le diga cuántos criminales de ETA están en la cárcel con licencia de armas, es decir, cuántos hay en la cárcel que tengan licencia de armas, o cuántos condenados por haber montado bombas mortales tenían una licenciatura en Químicas o similares. O sea, que le dé argumentos al fiscal para que organice ese recurso y para que se instaure, aparte del sentido común y la decencia en esta cuestión, el imperio de la ley. El señor PRESIDENTE: Señora Díez, evidentemente no es esta la Comisión que entiende de las actuaciones de la fiscalía y estoy seguro de que en cualquier caso habrá una respuesta adecuada por17 Núm de junio de 2013 Pág. 17 parte del Gobierno y por parte de quien en cada momento tenga la jurisdicción si me lo permite en este sentido, y hoy por hoy la persona citada no está bajo la tutela del señor secretario general, y no porque algunos no lo deseásemos. Tiene la palabra a continuación por parte del Grupo de Convergència i Unió el señor Jané. El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió quiero dar la bienvenida a esta Comisión de Interior al señor Yuste como secretario general de Instituciones Penitenciarias. Nuestro grupo no había solicitado su comparecencia y es cierto también que el ámbito penitenciario fue asumido por el Gobierno de Cataluña, por la Generalitat de Cataluña, prácticamente desde los inicios del autogobierno, por tanto, es uno de los ámbitos en los que es necesario reclamar la más leal colaboración entre administraciones penitenciarias para, incluso en aspectos como aquellos sobre los que hoy ha informado el secretario general, poder intercambiar experiencias, poder colaborar en aquello que pueda redundar siempre en una mejora. En primer lugar, se ha referido el secretario general a las unidades terapéuticas y educativas, las UTE. Sabe que en Cataluña desde el año 1990 existen los llamados departamentos de atención especializada, unos departamentos que funcionan como unidades terapéuticas para el tratamiento de las drogodependencias. Son unos departamentos además que suponen un complemento a la intervención que ya se realiza en cada uno de los centros en materia de drogodependencia y en este sentido todos los centros penitenciarios catalanes disponen de módulos de intervención específica e intensiva para abordar todas las problemáticas en toxicomanías. En ese ámbito de compartir experiencias quería trasladarle también cómo en determinados módulos de determinados centros penitenciarios en Cataluña se están realizando módulos específicos de participación y convivencia destinados al tratamiento de toxicomanías y otros destinados al tratamiento de delitos violentos, módulos en los que se facilita la gestión alternativa de conflictos desde una vertiente mediadora. Esperemos que todo ello dé sus frutos, que de alguna manera se intente en determinados ámbitos potenciar la responsabilidad y compromiso de cambio de los propios internos y, de otro lado, posibilitar una mejora en el desarrollo del rol de los funcionarios de vigilancia y de rehabilitación. Por tanto, son experiencias que pueden ser fructíferas para todas las administraciones penitenciaras y desde esta óptica hoy en esta Comisión de Interior las quería poner en valor. Para finalizar, en relación con todos los aspectos de los convenios en materia sanitaria, sabe también que en Cataluña estos convenios se realizan con el Departamento de Salud, el CatSalut, de manera que se pueda facilitar una cobertura veinticuatro horas al día los 365 días al año, bien sea a través de la propia asistencia del hospital penitenciario y del centro de día para enfermos mentales clasificados como tercer grado, bien sea a través de la asistencia en centros concertados. Cierto es que la situación económica presupuestaria afecta a todos, pero cierto es también que toda administración penitenciaria debe garantizar en todo momento esa asistencia todos los días, todas las horas en casos de urgencia y en casos también de determinadas especialidades médicas que requieren de una atención más personalizada. Solo me cabe desearle suerte en sus cometidos y para no redundar en las cuestiones y alargar más esta sesión, hago mías muchas de las que le han trasladado otros grupos parlamentarios que sí habían solicitado la comparecencia. El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra por parte del Grupo Parlamentario Popular la señora Vázquez Blanco. La señora VÁZQUEZ BLANCO: En primer lugar, quiero darle la bienvenida al secretario general de Instituciones Penitenciarias, que no es la primera sino la tercera vez que comparece aquí, y me gustaría comenzar con las palabras del portavoz del PNV, que decía que para estar al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias había que tener vocación. Sin lugar a dudas el señor Yuste tiene vocación, pertenece a Instituciones Penitenciarias, donde trabaja desde hace muchísimos años, y creo que es una persona de demostrada valía, que en su momento, en el Gobierno del año 2000, tuvo responsabilidades y ahora vuelve a tenerlas. El señor Yuste está haciendo una gestión saneada en unas condiciones más difíciles, con menos dinero, donde hay que darle prioridad a lo prioritario. Es el tiempo de las ideas, de hacer más con menos, no ya de economía de empresa, como decía la vicepresidenta, sino de economía doméstica. Ayer mismo por la noche estaba en el despacho preparando la intervención y sentí cierto orgullo de ver cómo efectivamente es el momento de las ideas porque en un canal de televisión de ámbito nacional18 Núm de junio de 2013 Pág. 18 estaban dando un reportaje sobre la telemedicina, sobre la teleconsulta. Hablaban de Navalcarnero, se veía a una especialista del Hospital de Alcorcón y decían que con esto evitaban una media de 200 traslados sanitarios de reclusos al mes. Le felicito por este mejor aprovechamiento de los servicios que redunda en una mejor prestación. Hay una alta calidad asistencial que permite la sostenibilidad del sistema. Se optimizan los recursos. Antes había 383 médicos y ahora hay 391 y, señor secretario general, ahora le toca estar pagando posiblemente las alegrías y las fiestas de otros. Le felicito también por la referencia que hizo a Galicia en cuanto a intentar la conexión de todos los centros penitenciarios gallegos a la historia clínica digital del Sergas, el Servicio Galego de Saúde. En cuanto a los convenios, que el Grupo Socialista dice que lleva desde enero sin poner en marcha, me alegro de que se den las explicaciones que hay que dar y es que en el año 2010, que era cuando había que intentar prorrogar e instar la prórroga de los convenios con las comunidades autónomas, el Gobierno anterior no lo hizo, y ha tenido que ser el Gobierno del Partido Popular en un tiempo récord el que esté instando los convenios de Madrid, Andalucía, Extremadura, Murcia, Galicia, Asturias, Aragón. Le felicitamos por ello, porque fue en los presupuestos de 2011 cuando se instaba a las comunidades autónomas que tenían déficit a pedir una autorización previa del Ministerio de Hacienda y fue el Gobierno anterior el que dejó de insistir en esos convenios. Ahora le felicitamos porque en menos de un año porque no llevamos todavía dos usted ya esté poniendo en marcha otra vez los convenios sanitarios con las comunidades autónomas. Ha hecho el convenio de colaboración con el Plan nacional sobre drogas, está a punto de firmarse el del sida. Los objetivos del Paiem sobre enfermedad mental se están logrando, pero usted nos dice aquí que hay que desarrollarlo y mejorarlo con el programa puente. Pues ahí va a tener nuestra ayuda. Una simple referencia, porque no quiero perder mucho tiempo en eso, sobre la hepatitis C. Nosotros somos muy concretos. Hay que recetar el fármaco que necesite el paciente, no el fármaco concreto de cierto laboratorio. Lo dejo ahí. A buen entendedor, pocas palabras bastan. En cuanto a la UTE de Villabona, el señor Trevín sin lugar a dudas ha contagiado ese interés por Villabona a todo su grupo parlamentario. Yo no sabía qué sucedía en la UTE de Villabona. Yo sé que viene el ministro y el señor Trevín habla de la UTE de Villabona, viene el secretario de Estado y habla de la UTE de Villabona, viene el subsecretario, la UTE de Villabona. (El señor Trevín Lombán: Y va a seguir.) Perdone mi ignorancia. Entonces busqué y veo que hay dieciocho UTE. Usted hoy nos ha anunciado que va a hacer siete más, que las está impulsando, que todas están más o menos funcionando bien y que incluso en Galicia tenemos una en la prisión de Teixeiro. Llamo a Galicia y pregunto cómo funciona: todo va fenomenal. Nadie duda de que se estén impulsando. Pero hay un problema con la UTE de Villabona. Entonces pongo en Internet: UTE Villabona, para ver un poco qué era lo que sucedía. Uf! Cómo están los foros! Una tal Chusa dice que la UTE de Villabona es una especie de república independiente al margen de la dirección del centro y de las normas del mismo, un coto cerrado con funcionarios elegidos a dedo, con funciones que no les son atribuidas y dejando que el resto se coma la saturación, las incidencias y las no reinsertables. Qué se está haciendo? Poner fecha de caducidad a comisiones de servicios que duraban años y años, plazas a las que deberían tener acceso compañeros a través de un concurso, poner a cada persona en el puesto que le corresponde. Si uno tiene un puesto de trabajo de servicio interior, qué hace en reuniones de una inventada pseudojunta de tratamiento? No se puede permitir que se cree un centro dentro del centro, una plantilla dentro de la plantilla y unas normas aparte. Todo esto es un foro de instituciones penitenciarias, señor secretario general, que utilizan los funcionarios. Continúa diciendo que usan a las familias de los internos y los amiguetes políticos para cargarse al director. Ya dejan ver ustedes el estilo de UTE. Por último, un entrecomillado de una declaración de la señora Gallizo en una visita en la que tenía sentado a su derecha a un tal Tino, del que ella dice: Gracias a este señor, he llegado a ser la secretaria general de Instituciones Penitenciarias. Yo creo que aquí se está mezclando lo personal. Si hay dieciocho UTE en España y no hay ningún problema, si todos los problemas que tiene el Partido Socialista con Instituciones Penitenciarias son la UTE de Villabona, le felicitamos doblemente, lo está haciendo usted chapó, porque si toda la crítica que puede hacer el Partido Socialista, el principal partido de la oposición, a su gestión es defender unos intereses personales de unos funcionarios solo de la UTE de Villabona, sin lugar a dudas debe estar usted orgulloso del trabajo que está haciendo en esta situación económica que está viviendo España. El Grupo Parlamentario Popular no está a favor de que se patrimonialice el esfuerzo que pagan todos los ciudadanos españoles. Las UTE son cosa de todos, no de cinco funcionarios que les hagan a algunos19 Núm de junio de 2013 Pág. 19 políticos los papeles. A todos nos hacen y nos dan recomendaciones, pero no tenemos que tener una servidumbre de por vida. Hoy usted nos ha dicho que había funcionarios que cobraban conceptos de peligrosidad, penosidad y turnicidad que no tenían. Es más, le exijo que cese esto. Si esto es así, como realmente aparece en los foros y como usted ha comentado aquí, no podemos pagar favores personales a nadie. La UTE de Villabona tiene que seguir funcionando como las demás. Le felicito porque vaya a poner ahora siete más en marcha. Ahí nos va a tener apoyándole totalmente. Preguntaba el Grupo Socialista por el Plan de infraestructuras. Mientras descendían en los reclusos, aquí hacíamos prisiones, aquí hacíamos monumentos al despilfarro, es decir ya no eran prisiones. Le han preguntado por el centro de Zubieta. Yo también le pregunto. La anterior fue una planificación desastrosa. Eran prisiones a la carta: Teruel, Soria... De donde era un diputado al que le interesaba se hacía una prisión, sin analizar las necesidades, sin analizar la posible población que iba ingresar en esa prisión, sin nada. Aquí había el cuento de la lechera en una nueva evolución del cuento, y es: adjudico obras primero, después que vengan otros y que las paguen y ahora el tercer punto que se puso hoy de manifiesto en la Comisión, ahora crítico porque no las abren y no hay personal para abrir esas prisiones que previamente yo he licitado, he quedado bien con empresas, y ahora que los otros las paguen y los otros las abran. Esto es el cuento de la lechera. Hagamos planificación seria. Yo me imagino, al igual que todos los españoles, que la reinserción y la seguridad no se alcanzan con 721 televisores de plasma en la prisión de Pamplona. Yo me imagino que no se alcanzan con las piscinas climatizadas en las prisiones. Creo que tenemos un buen sistema penitenciario, porque tenemos profesionales que en momentos difíciles están trabajando incluso más que antes. Tenemos una población reclusa de , es decir, tenemos un dos por uno, un funcionario por cada dos reclusos. Creo que es una de las mejores ratios de Europa y debemos presumir de eso. Yo traía aquí una anécdota. Es de El faro de Vigo: Mercedes Gallizo inaugura la caldera de la calefacción de la prisión de Pereiro de Aguiar. Si un día le pido a usted que me venga a inaugurar una caldera a esta prisión de Orense, está autorizado para llamar a mi portavoz y decirle que me destituya. Dice: Indicó que la caldera era una de las principales necesidades del centro de Orense, dado que es muy difícil pasar el invierno en Orense. Efectivamente, la señora Gallizo tenía toda la razón, pero no se va a inaugurar calderas, no se va a viajar. Otra noticia dice: Los sindicatos critican una nueva visita de Mercedes Gallizo. Y va a visitar todas las obras. Gallizo explica el caso del apartamento de su hija en Interior. Gracias a Dios no tenemos nada de esto: piscinas, televisiones de plasma, el despilfarro también llegó a las cárceles españolas. A usted solo le critican por Villabona, así que la verdad es que tiene poquito. Respecto la intervención de Amaiur, a todos los internos se les garantiza una atención médico-sanitaria equivalente a la de cualquier español. Esto, como es obvio, es aplicable tanto a presos vascos como a los de cualquier otra región española y tanto a los presos como a los que no estamos privados de libertad. Por otro lado, ni todos los presos vascos son miembros de ETA, como dijo el secretario general, ni todos los presos de ETA obviamente son vascos. Ponía usted un ejemplo, el de Ángel Carlos Figueroa, que murió en su domicilio sin que su muerte fuera a consecuencia de la enfermedad que padecía. Sin lugar a dudas me produce tristeza que el tiempo de Amaiur en esta Comisión lo dedique a crear invenciones de maltrato a presos terroristas. Usted quiere un trato privilegiado para los presos de ETA, señor Urbina? Quiere eso? Por ahí nosotros no vamos a pasar. Todos los presos son iguales, todos. Aquí no hay colectivo de presos políticos vascos. Aquí hay terroristas, terroristas que están en las cárceles. Eso es lo que hay. Incluso me parece sarcástico y ofensivo que usted diga que se les aplican medidas que vulneran derechos, como la dispersión de los presos, frente a otros a los que se les ha privado del derecho fundamental, que era el derecho a la vida. Por eso le digo, ustedes, que siguen sin condenar a la banda terrorista ETA, tienen una oportunidad. Háganlo de una vez, sin reparos, y olvídense de presos políticos. Son terroristas, que están en las prisiones y que son atendidos como los demás y no van a ser tratados de forma diferente ni van a tener más privilegios que los demás reclusos que hay en las prisiones de España. El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señora Vázquez. La señora VÁZQUEZ BLANCO: Por último, también quiero felicitarle por la seguridad en las prisiones. Efectivamente, es un plus, se mejora el problema de la seguridad, es una actividad adicional y tienen que estar bajo control de la Guardia Civil y de la Policía. Tendríamos muchas más cosas que explicarle, pero en todo caso le felicitamos por su gestión.20 Núm de junio de 2013 Pág. 20 El señor PRESIDENTE: Dispondrán todos los grupos de un segundo turno. Señor secretario general, dispone lógicamente del turno de réplica. El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Yuste Castillejo): El señor Urbina hacía referencia en su intervención a un informe de Salhaketa. Permitirá que yo no atribuya un excesivo rigor a esta asociación a la que basta echar una mirada histórica para darse cuenta de los intereses que defiende y sobre todo porque el método que utiliza, insisto, a mí no me genera ninguna confianza. Usted hablaba de las condiciones de la cárcel de Zaballa en ese informe y principalmente hacía referencia a una falta de atención sanitaria. Simplemente quiero recordarle a un hombre de perfil jurídico como usted que cualquier persona que tenga un mínimo interés por los temas penitenciarios sabe que la sanidad está transferida en el País Vasco, es decir, es Osakidetza la que atiende dentro y fuera de las cárceles. En consecuencia, atribuir a la Administración penitenciaria cualquier deficiencia respecto al funcionamiento de Osakidetza me parece, cuando menos, un punto frívolo. El segundo tema al que hace referencia es a la muerte de cuatro personas en la cárcel. Efectivamente, han muerto cuatro personas, y de cualquier muerte en un centro penitenciario se realiza una investigación exhaustiva tanto administrativa como, muy especialmente, judicial. Se levanta el cadáver, se instruyen unas diligencias previas para esclarecer el origen de la muerte y se hace la autopsia. Pretende buscar opacidad en unas circunstancias en las que jueces independientes analizan estas circunstancias exactamente igual que cuando fallece una persona de una muerte no natural en cualquier otro sitio. No entiendo, insisto, por qué esa fijación respecto a que una muerte en prisión tiene un plus de sospecha, como si el hecho de estar encarcelado supusiera necesariamente tener garantizada la vida, cosa que no tiene ningún ciudadano. Respecto a nuestro modelo y a ese divorcio que usted veía entre lo que yo decía y la realidad que usted atribuía como notario a Salhaketa, quiero decirle que nuestro modelo penal es la expresión de la voluntad colectiva de todos los españoles. Esa voluntad se expresó de una forma poco frecuente, ya que la Ley General Penitenciaria, que es la primera ley que desarrolla la Constitución de 1978, fue aprobada por aclamación por todos los ciudadanos. Si alguien discrepa de ese modelo, quien tiene que mirar en la soledad en la que se sitúa es él y no el resto de los ciudadanos, mucho menos las instituciones, que estamos obligadas a cumplir las leyes. Ha mencionado usted que yo había hecho referencia al colectivo de presos políticos vascos. No recuerdo desde luego tal circunstancia que procuro erradicar de mi vocabulario porque yo no creo que haya presos políticos en España. En cualquier caso, no asocio a los terroristas de la organización ETA con los vascos. Creo que esa es una equiparación profundamente deshonrosa para los vascos. Respecto a la fórmula que la legislación vigente prevé para aquellos internos que padecen enfermedades graves, creo que es una fórmula que se utiliza cuando se cumplen los requisitos que la legislación exige y que además está fiscalizada, controlada por jueces y magistrados independientes. La creación de una figura expresa de juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que se incorpora también en ese modelo como un plus de garantía, creo que tiene que tranquilizar a los ciudadanos de que las leyes se aplican de forma adecuada y que en consecuencia los presos vascos, como los no vascos, cuando tienen una enfermedad que les hace acreedores de una situación determinada, esa situación se reconoce, y si la Administración no lo hace, pueden acudir a los juzgados de Vigilancia Penitenciaria, en este caso, por las características de los delitos que han cometido, al juez central de vigilancia. Insisto, usted que es una persona de formación jurídica conoce perfectamente el procedimiento. Lo que no se puede es buscar la impunidad de determinadas conductas gravísimas pretendiendo enfatizar, por decirlo de alguna manera, la gravedad de determinadas enfermedades que, como ya le he dicho y por los informes médicos de que dispone la Administración penitenciaria, pueden ser perfectamente tratadas en el medio penitenciario o en los hospitales de referencia. Creo sinceramente que esa preocupación demostrada por la salud de estas personas que en este momento pretenden disfrazarse de víctimas, cuando realmente han sido los autores de delitos gravísimos, distorsiona profundamente la actividad penitenciaria. A mi juicio, y como bien le ha dicho la diputada del Grupo Popular, su grupo haría mejor pidiendo la disolución de una organización terrorista que tengo que recordarle que en estos momentos intenta controlar a sus presos incluso con más intensidad que lo hacía antes, cuando no mataba. Eso justifica plenamente, primero, las políticas que en este momento se están aplicando. 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