Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00451-0968-14-de-septiembre-28-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_51b226a2802d4e3bbfe87bae894ee86b&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-18 14:17:19
Document Index: 305989509

Matched Legal Cases: ['artículo 36', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 136', 'artículo 164', 'Artículo 12']

﻿ SENTENCIA 2013-00451/0968-14 DE SEPTIEMBRE 28 DE 2017
SENTENCIA 2013-00451 DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:REGLAS DE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. MEDIANTE EL DECRETO 1042 DE 1978 SE CREA LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS PARA LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS MINISTERIOS, DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, SUPERINTENDENCIAS, ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS Y UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DEL ORDEN NACIONAL. DE IGUAL FORMA, EL DECRETO 247 DE 1997, CREO LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PARA LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA RAMA JUDICIAL. DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, FIJADA, EN PRINCIPIO, PARA LOS TRABAJADORES DEL ORDEN NACIONAL FUE CREADA PARA LOS SERVIDORES DE LA RAMA JUDICIAL MEDIANTE EL DECRETO 247 DE 1997, COMO UN FACTOR SALARIAL AL QUE ESTOS TENDRÍAN DERECHO CUMPLIDO UN AÑO CONTINUO DE LABORES Y QUE DEBÍA TENERSE EN CUENTA PARA EFECTOS PENSIONALES. FINALMENTE, SE DETERMINÓ QUE LA BONIFICACIÓN POR SERVICIOS AL MOMENTO DEL CÁLCULO DE LA PENSIÓN DEBE HACERSE EN UNA DOCEAVA PARTE Y NO SOBRE EL 100% DEL VALOR PERCIBIDO POR ESE CONCEPTO, EN CONSIDERACIÓN A QUE SU PAGO SE HACE DE MANERA ANUAL Y LA MESADA PENSIONAL SE CALCULA CON LA PROPORCIÓN MENSUAL DE TODOS LOS FACTORES SALARIALES DEVENGADOS EN EL ÚLTIMO AÑO.
TEMAS ESPECÍFICOS:BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS, RAMA JUDICIAL, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO, FUNCIONAMIENTO DE LA RAMA JUDICIAL, FUNCIONARIOS DE CARRERA AMINISTRATIVA
Sentencia 2013-0045 de septiembre 28 de 2017
Radicación: 05001233300020130045101
Número interno: 0968-14
i) El acto administrativo que ordenó la reliquidación de la pensión de la demandada, en virtud de una orden de tutela, constituye cosa juzgada constitucional no susceptible de ser cuestionada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo?
ii) La nulidad de la Resolución UGM 045641 de 9 mayo de 2012, decretada por el a quo, se ajusta al precedente jurisprudencial fijado por el Consejo de Estado según el cual la bonificación por servicios prestados debe ser incluida como factor salarial para efectos pensionales en 1/12 parte?
iii) ¿Procede el reintegro de los dineros percibidos por la demandada por concepto del reconocimiento pensional efectuado a través del acto administrativo acusado?
2.2.1. Por medio de la Resolución 1128 de 6 de marzo de 2006 la Caja Nacional de Previsión Social reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor de la señora Blanca Oliva Pineda Pineda, con base en el 75% de lo devengado sobre el salario promedio de 10 años, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a partir del 2 de octubre de 2005 y en cuantía de $1.513.372 (ff. 1232-1237).
2.2.2. A través de la Resolución 44075 de 21 de septiembre de 2007 Cajanal le reliquidó la pensión de vejez por retiro del servicio, elevando la cuantía a $1.689.103. (ff. 813-819).
2.2.3. El Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales mediante providencia del 30 de mayo de 2008, amparó los derechos fundamentales de la demandada y de otros 95 pensionados, al debido proceso, a la seguridad social en conexidad con la vida en condiciones dignas y en consecuencia ordenó a la Caja Nacional de Previsión Social reliquidar la pensión de jubilación incluyendo el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios (ff. 933-958).
2.2.4. Por medio de la Resolución UGM 045641 de 9 de mayo de 2012 Cajanal reliquidó la pensión de jubilación de la accionada, incluyendo el 100% de la bonificación por servicios, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales (ff.918-924).
En materia de acciones de tutela, la Corte Constitucional ha señalado que «decidido un caso por la Corte Constitucional(1) o terminado el proceso de selección para revisión y precluido el lapso establecido para insistir en la selección de un proceso de tutela para revisión, opera el fenómeno de la cosa juzgada constitucional»
ART. 45.—A partir de la expedición de este decreto, créase una bonificación por servicios prestados para los funcionarios a que se refiere el artículo 1º.
ART. 46.—La bonificación por servicios prestados a que tienen derecho los empleados que trabajan en las entidades a que se refiere el artículo 1º de este decreto, será equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor conjunto de la asignación básica, los incrementos por antigüedad y los gastos de representación que correspondan al funcionario en la fecha en que se cause el derecho a percibirla, siempre que no devengue una remuneración mensual por concepto de asignación básica y gastos de representación superior a cien mil setecientos cincuenta pesos ($100.750).
El Decreto 247 de 1997, (en el art 1º), para los funcionarios y empleados de la Rama Judicial y Justicia Penal Militar, señala que esta bonificación es exigible a partir del 1º de enero de 1997 (...). Esta prima es computable para efectos pensionales y por consiguiente, se debe cotizar por ella; ahora, como es una prima anual, se debe tener en cuenta su doceava parte para la liquidación pensional.
(...) Conforme al ordenamiento jurídico estas primas son anuales, pues se pagan una vez por año, cuando se cumplen los requisitos; también se reconocen y pagan ‘proporcionalmente’ cuando el servidor no labora para la época normal de su pago. Por ello, para efectos pensionales, se las ha tenido en cuenta en una doceava parte de su valor.
Sea la oportunidad para mencionar, que el factor de bonificación por servicios se reconoce y paga al empleado cada vez que cumple un año continuo de labor en una misma entidad oficial, es decir que el derecho a su reconocimiento se causa cada vez que aquél cumple un año de servicios y, por lo tanto, el cómputo de este factor para efectos de determinar la cuantía de la pensión debe hacerse en una doceava parte y no sobre el 100%, en consideración a que su pago se hace de manera anual.(7)
2.4.1. De conformidad con los presupuestos expuestos en los capítulos anteriores, se tiene que la cosa juzgada constitucional o inmutabilidad del fallo de tutela se predica respecto de los derechos constitucionales fundamentales amparados por la autoridad judicial, lo que implica que esta figura no cobija la legalidad de los actos administrativos expedidos en virtud de este mecanismo de defensa, pues precisamente existe un ordenamiento especial que otorga a la jurisdicción de lo contencioso administrativo la facultad de juzgarlos.
En ese orden, la Resolución UGM 045641 de 9 de mayo de 2012 «por la cual se da cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, Caldas» y que dispuso la reliquidación de la pensión de jubilación de la señora Blanca Oliva Pineda Pineda con la inclusión del 100% de la bonificación por servicios prestados, es claramente susceptible de ser cuestionado ante esta jurisdicción por tratarse de una competencia otorgada tanto por el legislador como por la Constitución Política (arts. 236 a 238) a los jueces de lo contencioso administrativo, para que a través de los medios de control previstos en los artículos 135 y siguientes del CPACA decidan acerca de la legalidad de los diferentes actos que expide la Administración, incluidos, por supuesto, los que profiera en cumplimiento de una orden constitucional de tutela.
2.4.2. De acuerdo con los antecedentes administrativos que obran en el expediente se encuentra que a través de la Resolución UGM 045641 de 9 de mayo de 2012 Cajanal, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, reliquidó la pensión de vejez del señora Blanca Oliva Pineda Pineda, incluyendo el 100% de lo devengado por concepto de bonificación por servicios (ff.918-924).
Sobre el particular, esta corporación(8) ha señalado que el principio de la buena fe es un postulado que «tiene límites demarcados por principios de igual categoría constitucional, como la prevalencia del interés general, la vigencia de un orden justo y el desarrollo de la función administrativa con base en los principios de igualdad, moralidad, eficacia y economía», pues no puede analizarse de manera separada sino en conexidad con el ordenamiento constitucional vigente puesto que cumple una función esencial en la interpretación jurídica.
En razón de lo anterior, se tiene que el inciso 2º numeral 2º del artículo 136 del Decreto 01 de 1984 según el cual «los actos que reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones a particulares de buena fe» tiene como finalidad amparar a aquellas personas que han percibido prestaciones periódicas como consecuencia de decisiones tomadas de manera errónea por la administración.
i) Los argumentos expuestos por la señora Pineda en el escrito de tutela y que fueron acogidos por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, tuvieron como fundamento antecedentes jurisprudenciales(9) en los cuales se sostuvo que la bonificación por servicios prestados no podía ser fraccionada por el tiempo de servicios, es decir, en una doceava parte, sino por la totalidad, toda vez que se causaba por cada año de servicios.
En vista de lo anterior, considera la Sala que no se logró acreditar una acción temeraria o de mala fe en la actuación administrativa que permitiera acceder al reintegro de las prestaciones pagadas como consecuencia de la reliquidación pensional, razón por la cual se atendió a lo dispuesto en el numeral 1.º literal c) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Esta Subsección en sentencia del 7 de abril de 2016(10), respecto de la condena en costas en vigencia del CPACA, concluyó que la legislación varió del Código Contencioso Administrativo al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo de un criterio subjetivo a uno objetivo valorativo.
A pesar de lo anterior, como las pretensiones de la demanda prosperaron en forma parcial, la Sala considera que se debe dar aplicación al numeral 5 de la norma en comento y, en consecuencia, no condenar en costas de segunda instancia a ninguna de las partes, comoquiera que ambas estaban en uso de su derecho de contradicción y actuaron de igual manera, ejerciendo las actuaciones propias de defensa de los intereses que a cada uno le favorecían.
1. CONFIRMAR la sentencia de veintiséis (26) de noviembre de dos mil trece (2013), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, dentro del proceso instaurado por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) contra la señora Blanca Oliva Pineda Pineda.
4 Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, sentencia de 29 de junio de 2006, expediente 15001-23-31-000-2000-02396-01(7559-05), demandante: Caja Nacional de Previsión Social, demandada: Sara Julia Camacho Pineda, consejero ponente: Tarsicio Cáceres Toro.
5 Artículo 12. De otros factores de salario. Además de la asignación básica mensual fijada por la ley para cada empleo, constituyen factores de salario todas las sumas que habitual y periódicamente reciba el funcionario o empleado como retribución por sus servicios.
La prima de capacitación
La prima ascensional
La prima semestral
Los viáticos percibidos por los funcionarios y empleados en comisión en desarrollo de comisiones de servicio.
8 Expediente 3130-13 actor: Caja Nacional de Previsión Social, Consejero ponente: Gustavo Gómez Aranguren.
9 Entre ellas se citó la sentencia del 4 de mayo de 2000, expediente 2239, Consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero.
10 Rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014), actor: José Francisco Guerrero Bardi, Consejero ponente: William Hernández Gómez.