Source: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2019-0032_ES.html
Timestamp: 2019-08-17 16:04:59
Document Index: 412288372

Matched Legal Cases: ['artículo 294', 'artículo 91', 'artículo 290', 'artículo 290', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 1', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 3', 'Artículo 8', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 26', 'artículo 26', 'Artículo 8', 'Artículo 1', 'Artículo 11', 'artículo 11', 'Artículo 1', 'artículo 13', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 15', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 15', 'artículo 15', 'Artículo 1', 'artículo 17', 'Artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 12', 'artículo 12', 'Artículo 1', 'Artículo 28', 'Artículo 28']

Procedimiento : 2017/0288(COD)
Ciclo relativo al documento : A8-0032/2019
270k 115k
sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 1073/2009, relativo a las normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses
– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM((2017)0647),
– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 91, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C8-0396/2017),
– Visto el dictamen motivado presentado por el Parlamento irlandés, de conformidad con lo dispuesto en el Protocolo n.º 2 sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,
– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 19 de abril de 2018,
– Visto el informe de la Comisión de Transportes y Turismo (A8-0032/2019),
(1) La aplicación del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo17 ha puesto de manifiesto que los operadores de los mercados nacionales se enfrentan a obstáculos para desarrollar servicios interurbanos de autocares. Además, los servicios de transporte de viajeros por carretera no han seguido el ritmo de las necesidades cambiantes de los ciudadanos en lo que se refiere a la disponibilidad y la calidad, y los modos de transporte sostenibles siguen contando con una cuota modal reducida. Como consecuencia, algunos grupos de ciudadanos se encuentran en desventaja en lo que se refiere a la disponibilidad de los servicios de transporte de viajeros, y han aumentado los accidentes en carretera, las emisiones y los atascos debido al mayor uso del automóvil.
(1) La aplicación del Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo17 ha puesto de manifiesto que algunos operadores de los mercados nacionales se enfrentan a obstáculos injustificados para desarrollar servicios interurbanos de autocares que beneficien a los viajeros. Además, los servicios de transporte de viajeros por carretera no han seguido el ritmo de las necesidades cambiantes de los ciudadanos en lo que se refiere a la disponibilidad y la calidad, y los modos de transporte sostenibles siguen contando con una cuota modal reducida. Como consecuencia, algunos grupos de ciudadanos se encuentran en desventaja en lo que se refiere a la disponibilidad de los servicios de transporte de viajeros, y han aumentado los accidentes en carretera, las emisiones, los atascos y los costes de las infraestructuras debido al mayor uso del automóvil.
17 Reglamento (CE) n.º 1073/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 561/2006 (DO L 300 de 14.11.2009, p. 88).
(2) A fin de garantizar un marco coherente en toda la Unión para el transporte interurbano de viajeros mediante servicios regulares de autocares y autobuses, el Reglamento (CE) n.º 1073/2009 ha de aplicarse a todo transporte interurbano efectuado mediante servicios regulares. Por consiguiente, debe ampliarse el ámbito de aplicación de dicho Reglamento.
(2) A fin de garantizar un marco coherente en toda la Unión para el transporte interurbano de viajeros mediante servicios regulares de autocares y autobuses, el Reglamento (CE) n.º 1073/2009 ha de aplicarse a todo transporte interurbano efectuado mediante servicios regulares. Por consiguiente, debe ampliarse el ámbito de aplicación de dicho Reglamento, pero sin aplicarlo a los centros urbanos o suburbanos o las conurbaciones y sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007.
(3) Debe designarse en cada Estado miembro un organismo regulador independiente e imparcial, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado del transporte de viajeros por carretera. El organismo también puede encargarse de otros sectores regulados como el ferroviario, el de la energía o las telecomunicaciones.
(3) Cada Estado miembro debe designar un organismo regulador independiente e imparcial, encargado de emitir dictámenes vinculantes, a fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado del transporte de viajeros por carretera. El organismo también puede encargarse de otros sectores regulados como el ferroviario, el de la energía o las telecomunicaciones.
(4) Las operaciones de servicios regulares comerciales no deben afectar a la estabilidad económica de los contratos de servicios públicos existentes. Por ello, el organismo regulador debe estar en posición de efectuar un análisis económico objetivo para velar por que así sea.
(4) Las operaciones de servicios regulares comerciales no deben afectar a la estabilidad económica de los contratos de servicios públicos existentes o adjudicados de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1370/2007. Por ello, el organismo regulador debe estar en posición de efectuar un análisis económico objetivo y estar habilitado, en su caso, para proponer las medidas necesarias para velar por que así sea. Las operaciones de servicios regulares comerciales no deben competir con operadores de transporte a quienes se hayan otorgado derechos exclusivos para prestar determinados servicios públicos de transporte de viajeros a cambio del cumplimiento de obligaciones de servicio público en el marco de un contrato de servicio público.
(5) Los servicios regulares en forma de transportes de cabotaje han de estar sujetos a la posesión de una licencia comunitaria. Para facilitar el control real de estos servicios por parte de los cuerpos de seguridad, deben aclararse las normas relativas a la expedición de licencias comunitarias.
(5) Los servicios regulares en forma de transportes de cabotaje han de estar sujetos a la posesión de una licencia comunitaria y al uso de un tacógrafo inteligente con arreglo a lo dispuesto en el capítulo II del Reglamento (UE) n.º 165/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. Para facilitar el control real de estos servicios por parte de los cuerpos de seguridad, deben aclararse las normas relativas a la expedición de licencias comunitarias y debe desarrollarse un módulo IMI para la transmisión de las declaraciones de desplazamiento y las solicitudes electrónicas, de manera que los inspectores que realizan controles en carretera tengan acceso directo y en tiempo real a los datos y la información contenidos en el Registro Europeo de Empresas de Transporte por Carretera (ERRU) y en el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), y se pueda garantizar que realmente se pagan las cotizaciones sociales de los conductores de autobuses desplazados.
(6) A fin de garantizar la competencia leal en el mercado, los operadores de servicios regulares deben obtener derechos de acceso a las terminales en condiciones justas, equitativas, no discriminatorias y transparentes. Los recursos contra las decisiones que denieguen o restrinjan el acceso deben presentarse ante el organismo regulador.
(6) A fin de garantizar la competencia leal en el mercado, los operadores de servicios regulares deben obtener derechos de acceso a las terminales en condiciones justas, equitativas, no discriminatorias y transparentes. La explotación de una terminal debe ser autorizada por una autoridad nacional, que ha de comprobar cuáles son los requisitos necesarios que han de cumplirse. Los recursos contra las decisiones que denieguen o restrinjan el acceso deben presentarse ante el organismo regulador. Los Estados miembros podrían excluir a aquellas terminales que sean de propiedad y uso exclusivos del operador de terminales para sus propios servicios de transporte de viajeros por carretera.
(8) La autorización de servicios regulares nacionales e internacionales debe estar sujeta a un procedimiento de autorización. La autorización debe concederse, salvo que existan motivos específicos para denegarla atribuibles al solicitante o que el servicio pueda afectar a la estabilidad económica de un contrato de servicio público. Debe introducirse un límite de distancia para garantizar que las operaciones de servicios regulares comerciales no afecten a la estabilidad económica de los contratos de servicios públicos existentes. En el caso de las rutas que ya estén siendo explotadas en virtud de más de un contrato de servicio público, debe poder aumentarse dicho límite.
(8) La autorización de servicios regulares nacionales e internacionales debe estar sujeta a un procedimiento de autorización. La autorización debe concederse, salvo que existan motivos específicos para denegarla atribuibles al solicitante o que el servicio pueda afectar a la estabilidad económica de un contrato de servicio público. Debe introducirse un límite de distancia, determinado por los Estados miembros y en ningún caso superior a 100 kilómetros por trayecto, para garantizar que las operaciones de servicios regulares comerciales no afecten a la estabilidad económica de los contratos de servicios públicos existentes.
(9) Los transportistas no residentes deben ser capaces de efectuar servicios regulares nacionales en las mismas condiciones que los transportistas residentes.
(9) Los transportistas no residentes deben ser capaces de efectuar servicios regulares nacionales en las mismas condiciones que los transportistas residentes, siempre y cuando respeten las disposiciones relativas al transporte por carretera u otras disposiciones pertinentes del Derecho nacional, internacional y de la Unión.
(10) Deben simplificarse en la medida de lo posible las formalidades administrativas, sin renunciar por ello a los necesarios controles y sanciones que permitan garantizar la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1073/2009. La hoja de ruta representa una carga administrativa innecesaria y, por tanto, debe suprimirse.
(10) Deben simplificarse siempre que sea posible las formalidades administrativas, sin renunciar por ello a los necesarios controles y sanciones que permitan garantizar la correcta aplicación y el efectivo cumplimiento del Reglamento (CE) n.º 1073/2009.
(11) Las excursiones locales constituyen un transporte de cabotaje autorizado y se les aplican las normas generales sobre el cabotaje. Por consiguiente, debe suprimirse el artículo relativo a las excursiones locales.
(14) Con el objetivo de tener en cuenta los progresos técnicos y los avances del mercado, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a fin de que modifique los anexos I y II del Reglamento (CE) 1073/2009, así como para complementar dicho Reglamento con medidas relativas al formato de los certificados de las operaciones de transporte por cuenta propia, el formato de las solicitudes de autorización y de las propias autorizaciones, el procedimiento y los criterios que deben seguirse para determinar si un servicio propuesto puede afectar a la estabilidad económica de un contrato de servicio público, y las obligaciones de información de los Estados miembros. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201618. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y los expertos del Parlamento Europeo y del Consejo han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
(14) Con el objetivo de tener en cuenta los progresos técnicos y los avances del mercado, debe delegarse en la Comisión la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a fin de que modifique los anexos I y II del Reglamento (CE) 1073/2009, así como para complementar dicho Reglamento con medidas relativas al formato de los certificados de las operaciones de transporte por cuenta propia, el formato de las solicitudes de autorización y de las propias autorizaciones, el procedimiento y los criterios que deben seguirse para determinar si un servicio propuesto puede afectar a la estabilidad de un contrato de servicio público, y las obligaciones de información de los Estados miembros. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 201618. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y los expertos del Parlamento Europeo y del Consejo han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.
18 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.
Reglamento (CE) n.º 1073/2009
Artículo 1 – apartado 4
«4. El presente Reglamento se aplicará a los servicios nacionales de transporte de viajeros por carretera por cuenta ajena explotados por un transportista no residente, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo V.».
«4. El presente Reglamento se aplicará a los servicios nacionales interurbanos de transporte de viajeros por carretera por cuenta ajena explotados por un transportista no residente, con arreglo a lo dispuesto en el capítulo V y sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1370/2007.».
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra c
«9. «terminal»: toda instalación con una superficie mínima de 600 m2, que ponga plazas de aparcamiento a disposición de los autocares y autobuses para recoger y depositar a los viajeros;
«9. «terminal»: instalación autorizada que ponga plazas de aparcamiento a disposición de los autocares y autobuses para desembarcar o embarcar a los viajeros;
10. «operador de terminales»: toda entidad responsable de conceder acceso a una terminal;
10. «operador de terminales»: toda entidad de un Estado miembro responsable de la gestión de una terminal que reúna los requisitos necesarios en materia de competencia profesional y capacidad financiera;
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11
11. «alternativa viable»: otra terminal económicamente viable para el transportista, que le permita efectuar el servicio de transporte de viajeros de que se trate.».
11. «alternativa viable»: otra terminal económicamente viable para el transportista y con una infraestructura y conectividad comparable a la de la terminal solicitada inicialmente, que ofrezca a los viajeros acceso a otras formas de transporte público y que permita al transportista efectuar el servicio de transporte de viajeros de que se trate de forma similar a la que permitiría la terminal solicitada inicialmente;
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 bis (nuevo)
11 bis. «contrato de servicio público»: uno o varios actos jurídicamente vinculantes que plasmen el acuerdo entre una autoridad competente y un operador de servicio público determinado de confiar a este último la gestión y la explotación de los servicios públicos de transporte de viajeros sometidos a las obligaciones de servicio público; según el Derecho de los Estados miembros, el contrato podrá consistir asimismo en una decisión adoptada por la autoridad competente que revista la forma de acto legislativo o reglamentario independiente, o que contenga las condiciones con arreglo a las cuales la autoridad competente preste por sí misma o confíe la prestación de esos servicios a un operador interno;
El contrato de servicio público debe definirse con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1370/2007.
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 11 ter (nuevo)
11 ter. «ruta alternativa»: ruta con el mismo origen y destino que la de un servicio regular existente que pueda utilizarse como alternativa.».
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 1
Cada Estado miembro designará un único organismo regulador nacional del sector del transporte de viajeros por carretera. Dicho organismo será una autoridad imparcial jurídicamente distinta e independiente de cualquier otra entidad pública o privada en lo relativo a las cuestiones organizativas, funcionales, jerárquicas y de toma de decisiones. Además, será independiente de toda autoridad competente que participe en la adjudicación de un contrato de servicio público.
Las autoridades competentes de cada Estado miembro designarán un organismo público regulador del sector del transporte de viajeros por carretera. Dicho organismo será una autoridad imparcial jurídicamente distinta, transparente e independiente de cualquier otra entidad pública o privada en lo relativo a las cuestiones organizativas, funcionales, jerárquicas y de toma de decisiones. Además, será independiente de toda autoridad competente que participe en la adjudicación de un contrato de servicio público.
Artículo 3 bis – apartado 1 – párrafo 2
El organismo regulador podrá encargarse de otros sectores regulados.
El organismo regulador podrá ser un organismo ya existente responsable de otros servicios regulados.
Artículo 3 bis – apartado 2
2. El organismo regulador del sector del transporte de viajeros por carretera tendrá la capacidad organizativa necesaria en lo relativo a los recursos humanos y otro tipo de recursos. Esta capacidad será proporcional a la importancia de dicho sector en el Estado miembro de que se trate.
2. El organismo regulador del sector del transporte de viajeros por carretera tendrá la capacidad organizativa necesaria en lo relativo a los recursos humanos, financieros y otro tipo de recursos para desempeñar sus funciones. Esta capacidad será proporcional a la importancia de dicho sector en el Estado miembro de que se trate.
Artículo 3 bis – apartado 2 bis (nuevo)
2 bis. Sin perjuicio de las facultades de las autoridades nacionales de competencia, el organismo regulador tendrá la facultad de supervisar la situación de la competencia en el mercado interior en lo que respecta a los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera, con el fin de impedir la discriminación o el abuso de posición dominante en el mercado, también a través de la subcontratación. Sus dictámenes serán vinculantes.
Artículo 3 bis – apartado 3 – letra b
b) recabar y facilitar información sobre el acceso a las terminales; y
b) recabar y facilitar información sobre el acceso a las terminales para garantizar así que el acceso de los operadores de servicios a las terminales se conceda en condiciones justas, equitativas, no discriminatorias y transparentes;
Artículo 3 bis – apartado 3 – letra c
c) resolver los recursos contra las decisiones de los operadores de terminales.
c) resolver los recursos contra las decisiones de los operadores de terminales; y
Artículo 3 bis – apartado 3 – letra c bis (nueva)
c bis) crear un registro en formato electrónico de acceso público en el que figurarán todos los servicios regulares nacionales e internacionales autorizados.
Artículo 3 bis – apartado 4 – párrafo 1
En el ejercicio de sus tareas, el organismo regulador podrá solicitar información pertinente a las autoridades competentes, los operadores de terminales, los solicitantes de autorizaciones o cualquier otro tercero afectado en el territorio del Estado miembro en cuestión.
En el ejercicio de sus tareas, el organismo regulador podrá solicitar información pertinente a otras autoridades competentes, los operadores de terminales, los solicitantes de autorizaciones o cualquier otro tercero afectado en el territorio del Estado miembro en cuestión.
Artículo 3 bis – apartado 4 – párrafo 2
La información solicitada se facilitará en un plazo razonable establecido por el organismo regulador y no superior a un mes. En casos justificados, el organismo regulador podrá ampliar el plazo para presentar la información en dos semanas adicionales como máximo. El organismo regulador deberá ser capaz de garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información mediante sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.
La información solicitada se facilitará en un plazo razonable establecido por el organismo regulador que no podrá ser superior a un mes. En casos debidamente justificados, el organismo regulador podrá ampliar el plazo para presentar la información en dos semanas adicionales como máximo. El organismo regulador deberá ser capaz de garantizar el cumplimiento de las solicitudes de información mediante sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Artículo 3 bis – apartado 5
5. Los Estados miembros garantizarán que las decisiones adoptadas por el organismo regulador puedan ser objeto de recurso judicial. Este recurso podrá tener efecto suspensivo solo cuando el efecto inmediato de la decisión del organismo regulador pueda provocar daños irreversibles o manifiestamente excesivos al recurrente. Esta disposición no prejuzgará los poderes otorgados constitucionalmente al órgano jurisdiccional que conozca del recurso en el Estado miembro de que se trate.
5. Los Estados miembros garantizarán que las decisiones adoptadas por el organismo regulador puedan ser objeto de un recurso judicial rápido. Este recurso podrá tener efecto suspensivo solo cuando el efecto inmediato de la decisión del organismo regulador pueda provocar daños irreversibles o manifiestamente excesivos al recurrente. Esta disposición no prejuzgará los poderes otorgados constitucionalmente al órgano jurisdiccional que conozca del recurso en el Estado miembro de que se trate.
Artículo 3 bis – apartado 6
6. Se harán públicas las decisiones que tome el organismo regulador.».
6. Se harán públicas las decisiones que tome el organismo regulador en un plazo de dos semanas a partir de su adopción.».
Artículo 5 bis – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis. En el caso de que los operadores de terminales concedan el acceso, los operadores de autocares y autobuses deben cumplir las condiciones vigentes aplicables a la terminal.
Artículo 5 bis – apartado 2 – párrafo 2
Las solicitudes de acceso solo podrán rechazarse en caso de que no haya capacidad suficiente.
Las solicitudes de acceso a las terminales solo podrán rechazarse por motivos debidamente justificados de falta de capacidad suficiente, impago reiterado de las tasas, infracciones graves y reiteradas, debidamente justificadas, por parte del operador de transporte por carretera, u otras disposiciones nacionales, siempre que la aplicación sea sistemática y no se discrimine a determinados transportistas que solicitan acceso a una terminal ni sus modelos de negocio respectivos. Cuando se rechace una solicitud, el operador de la terminal también comunicará su decisión a la autoridad reguladora.
Artículo 5 bis – apartado 2 – párrafo 3
Cuando un operador de terminales rechace una solicitud de acceso, ofrecerá alguna alternativa viable.
Cuando un operador de terminales rechace una solicitud de acceso, se le alentará a indicar las mejores alternativas viables de las que tenga conocimiento.
Artículo 5 bis – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria
Los operadores de terminales publicarán al menos la siguiente información en dos o más lenguas oficiales de la Unión:
Los operadores de terminales publicarán al menos la siguiente información en sus lenguas nacionales respectivas y en otra lengua oficial de la Unión:
Artículo 5 bis – apartado 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)
a bis) una lista de toda la infraestructura existente y de los requisitos técnicos de la terminal;
Artículo 5 bis – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis. Los Estados miembros podrán excluir de la aplicación del presente artículo a aquellas terminales que sean de propiedad y uso exclusivos del operador de terminales para sus propios servicios de transporte de viajeros por carretera. Al examinar una solicitud de exclusión, los organismos reguladores tomarán en consideración la disponibilidad de alternativas viables.».
Artículo 5 ter – apartado 2
2. En caso de que no sea posible conceder el acceso conforme a lo requerido en la solicitud, el operador de la terminal consultará a todos los transportistas interesados con el objetivo de dar cabida a esta última.
Artículo 5 ter – apartado 3
3. El operador de la terminal tomará su decisión sobre toda solicitud de acceso a una terminal en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el transportista la haya presentado. Las resoluciones relativas al acceso deberán motivarse.
3. El operador de la terminal tomará su decisión sobre toda solicitud de acceso a una terminal sin demora y a más tardar en un plazo de un mes a partir de la fecha en que el transportista la haya presentado. Cuando se rechace el acceso, el operador de la terminal justificará su decisión.
Artículo 5 ter – apartado 5 – párrafo 2
La decisión sobre el recurso que tome este organismo será vinculante. El organismo regulador podrá velar por su cumplimiento mediante sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.
La decisión sobre el recurso que tome este organismo será vinculante a reserva de las disposiciones del Derecho nacional en materia de revisión judicial. El organismo regulador podrá velar por su cumplimiento mediante sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias.
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 10
Procedimiento de autorización para el transporte internacional de viajeros en distancias inferiores a 100 kilómetros en línea recta
Procedimientos de autorización, suspensión y retirada de autorización para el transporte internacional de viajeros en distancias de hasta 100 kilómetros por trayecto
1. La autorización se expedirá previo acuerdo de las autoridades competentes de todos aquellos Estados miembros en cuyo territorio se recojan o depositen viajeros y se ofrezcan transportes en distancias inferiores a 100 kilómetros en línea recta. En el plazo de dos semanas desde la recepción de la solicitud, la autoridad expedidora enviará a dichas autoridades competentes una copia de esta última, acompañada de copias de toda la documentación pertinente, solicitándoles su acuerdo. Al mismo tiempo, la autoridad expedidora enviará dichos documentos a las autoridades competentes de otros Estados miembros cuyo territorio se atraviese, a los efectos informativos.
1. La autorización se expedirá previo acuerdo de las autoridades competentes de todos aquellos Estados miembros en cuyo territorio se recojan o depositen viajeros y se ofrezcan transportes en distancias definidas por cada Estado miembro de hasta 100 kilómetros por trayecto. En el plazo de dos semanas desde la recepción de la solicitud, la autoridad expedidora enviará a dichas autoridades competentes una copia de esta última, acompañada de copias de toda la documentación pertinente, solicitándoles su acuerdo. Al mismo tiempo, la autoridad expedidora enviará dichos documentos a las autoridades competentes de otros Estados miembros cuyo territorio se atraviese, a los efectos informativos.
Reglamento (CE) n.° 1073/2009
Artículo 8 – apartado 2 – párrafo 1
Las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo acuerdo se haya solicitado darán a conocer su decisión a la autoridad expedidora en un plazo de tres meses. Este plazo empezará a correr a partir de la fecha de recepción de la solicitud de acuerdo que figure en el acuse de recibo. En caso de que las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo acuerdo se haya solicitado estén en contra, deberán exponer los motivos de su desacuerdo.
Las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo acuerdo se haya solicitado darán a conocer su decisión a la autoridad expedidora en un plazo de dos meses. Este plazo empezará a correr a partir de la fecha de recepción de la solicitud de acuerdo que figure en el acuse de recibo. En caso de que las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo acuerdo se haya solicitado estén en contra, deberán exponer los motivos de su desacuerdo.
3. La autoridad expedidora resolverá en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha en que el transportista haya presentado la solicitud.
3. La autoridad expedidora resolverá en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que el transportista haya presentado la solicitud.
4. La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos enumerados en las letras a) a d) del artículo 8 quater, apartado 2).
4. La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos objetivos relacionados con el interés público enumerados en las letras a) a d) del artículo 8 quater, apartado 2).
4 bis. En el caso de que un servicio regular internacional de autocares y autobuses haya puesto en riesgo la estabilidad económica de un contrato de servicio público, debido a razones excepcionales que era imposible prever al otorgar la autorización y que no son responsabilidad del titular del contrato de servicio público, el Estado miembro de que se trate podrá, con el acuerdo de la Comisión, suspender o retirar la autorización de prestar el servicio tras dar un preaviso de seis meses al transportista. El transportista podrá recurrir dicha decisión.
6. Previa consulta a los Estados miembros de las autoridades competentes que hayan manifestado su desacuerdo, la Comisión tomará una decisión en el plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la comunicación de la autoridad expedidora. La decisión entrará en vigor a los treinta días de su notificación a los Estados miembros afectados.
6. Previa consulta a los Estados miembros de las autoridades competentes que hayan manifestado su desacuerdo, la Comisión tomará una decisión, a más tardar, en el plazo de dos meses a partir de la recepción de la comunicación de la autoridad expedidora. La decisión entrará en vigor a los treinta días de su notificación a las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Artículo 8 bis – título
Procedimiento de autorización para el transporte internacional de viajeros en distancias iguales o superiores a 100 kilómetros en línea recta
Procedimientos de autorización, suspensión y retirada de autorización para el transporte internacional de viajeros en distancias superiores a 100 kilómetros por trayecto
Artículo 8 bis – apartado 1
1. La autoridad expedidora resolverá en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el transportista haya presentado la solicitud.
1. La autoridad expedidora resolverá sin demora y a más tardar en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el transportista haya presentado la solicitud.
Artículo 8 bis – apartado 2
2. La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos enumerados en las letras a) a c) del artículo 8 quater, apartado 2.
2. La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos enumerados en las letras a) a c bis) del artículo 8 quater, apartado 2.
Artículo 8 bis – apartado 3
3. La autoridad expedidora facilitará a las autoridades competentes de los Estados miembros en cuyo territorio se recojan o depositen viajeros, así como a las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo territorio se atraviese sin recoger ni depositar viajeros, junto con su valoración, una copia de la solicitud y de todos los demás documentos pertinentes, a efectos informativos.
3. La autoridad expedidora facilitará a las autoridades competentes de los Estados miembros en cuyo territorio embarquen o desembarquen viajeros, junto con su valoración, una copia de la solicitud y de todos los demás documentos pertinentes, en el plazo de dos semanas desde la recepción de la solicitud solicitándoles su acuerdo. La autoridad expedidora transmitirá también, a efectos informativos, los documentos pertinentes a las autoridades competentes de los Estados miembros cuyo territorio se atraviese sin que embarquen o desembarquen pasajeros.
Artículo 8 bis – apartado 3 bis (nuevo)
3 bis. Si alguna de las autoridades competentes de los Estados miembros en cuyo territorio embarcan o desembarcan pasajeros no está de acuerdo con la autorización por alguna de las causas enumeradas en el apartado2, podrá no aprobarse la autorización, si bien el asunto podrá remitirse a la Comisión en el plazo de un mes a partir de la recepción de su respuesta.
Artículo 8 bis – apartado 3 ter (nuevo)
3 ter. Previa consulta a los Estados miembros de las autoridades competentes que hayan manifestado su desacuerdo, la Comisión tomará una decisión en el plazo de cuatro meses a partir de la recepción de la comunicación de la autoridad expedidora. La decisión entrará en vigor a los treinta días de su notificación a los Estados miembros afectados.
Artículo 8 bis – apartado 3 quater (nuevo)
3 quater. La decisión de la Comisión resultará de aplicación hasta el momento en que los Estados miembros alcancen un acuerdo y la autoridad expedidora adopte una decisión sobre la solicitud.
Artículo 8 ter – apartado 1
1. La autoridad expedidora resolverá en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el transportista haya presentado la solicitud. Este plazo podrá ampliarse a cuatro meses cuando se requiera un análisis de conformidad con el artículo 8 quater, apartado 2, letra d).
1. La autoridad expedidora resolverá a más tardar en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que el transportista haya presentado la solicitud. Este plazo podrá ampliarse a tres meses cuando se requiera un análisis de conformidad con el artículo 8 quater, apartado 2, letra d).
Artículo 8 ter – apartado 2
2. La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos enumerados en las letras a) a c) del artículo 8 quater, apartado 2, y si el servicio realiza el transporte de viajeros en distancias inferiores a 100 kilómetros en línea recta, artículo 8 quater, apartado 2, letra d).
2. La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos enumerados en las letras a) a c bis) del artículo 8 quater, apartado 2, y si el servicio realiza el transporte de viajeros en distancias de un máximo de 100 kilómetros por trayecto, artículo 8 quater, apartado 2, letra d).
Artículo 8 ter – apartado 3
3. La distancia a que se hace referencia en el apartado 2 puede ampliarse a 120 kilómetros si el servicio regular que se prevé introducir se presta entre un punto de destino y un punto de llegada que ya son objeto de más de un contrato de servicio público.
Artículo 8 quater – apartado 2 – párrafo 1
Las decisiones de denegación de una solicitud o de concesión de una autorización con restricciones deberán motivarse.
Las decisiones de denegación de una solicitud o de concesión de una autorización con restricciones, o de suspensión o retirada de una autorización, deberán motivarse y basarse en los análisis del órgano regulador, y, si procede, tendrán en cuenta los análisis del organismo regulador. El solicitante o el transportista encargado de efectuar el servicio de que se trate tendrá la posibilidad de recurrir las decisiones de la autoridad expedidora.
Artículo 8 quater – apartado 2 – párrafo 2 – parte introductoria
La autorización se aprobará salvo que su denegación pueda justificarse por uno o varios de los motivos siguientes:
Una solicitud de autorización solo podrá rechazarse por uno o varios de los motivos siguientes:
Artículo 8 quater – apartado 2 – párrafo 2 – letra b
b) el solicitante no ha respetado la normativa nacional o internacional sobre transporte por carretera y, en particular, las condiciones y exigencias relativas a las autorizaciones para los servicios de transporte internacional de viajeros, o ha cometido una infracción grave de la legislación sobre transporte por carretera de la Unión, y en particular de las normas aplicables a los vehículos y a los períodos de conducción y de descanso de los conductores;
b) el solicitante no ha respetado la normativa nacional o internacional sobre transporte por carretera y, en particular, las condiciones y exigencias relativas a las autorizaciones para los servicios de transporte internacional de viajeros, o ha cometido una infracción grave de la legislación sobre transporte por carretera de la Unión o nacional o, en su caso, regional, y en particular de las normas aplicables a los requisitos técnicos de los vehículos y a las normas de emisión, así como a los períodos de conducción y de descanso de los conductores;
Artículo 8 quater – apartado 2 – párrafo 2 – letra c bis (nueva)
c bis) el interesado ha solicitado autorización para un servicio regular que discurra por la misma ruta o por otra ruta alternativa, cuando una autoridad competente haya otorgado a un operador de servicio público un derecho exclusivo para prestar determinados servicios públicos de transporte de pasajeros a cambio del cumplimiento de obligaciones de servicio público en el marco de un contrato de servicio público de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.° 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo. Este motivo de rechazo se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 8 quinquies, apartado 1, letra a), del presente Reglamento;
Artículo 8 quater – apartado 2 – párrafo 2 – letra d
d) un organismo regulador ha determinado, sobre la base de un análisis económico objetivo, que el servicio pondría en riesgo la estabilidad económica de un contrato de servicio público.
d) un organismo regulador ha determinado, sobre la base de un análisis económico objetivo, que el servicio pondría en riesgo la estabilidad económica de un contrato de servicio público. Dicho análisis evaluará las características estructurales y geográficas pertinentes del mercado y la red en cuestión (tamaño, características de la demanda, complejidad de la red, aislamiento técnico y geográfico y servicios cubiertos por el contrato) y si el nuevo servicio da como resultado una mejora en la calidad de los servicios o de la rentabilidad.
Artículo 8 quater – apartado 2 – párrafo 3
Las autoridades expedidoras no rechazarán una solicitud solo por el hecho de que el transportista ofrezca precios inferiores a los que ofrecen otros transportistas por carretera o de que el trayecto de que se trate ya esté siendo explotado por otros transportistas por carretera.
Las autoridades expedidoras no rechazarán una solicitud solo por el hecho de que el transportista que solicite la autorización ofrezca precios inferiores a los que ofrecen otros transportistas por carretera a menos que la autoridad reguladora u otros organismos nacionales pertinentes determinen que el solicitante que pretende entrar en el mercado tiene la intención de ofrecer servicios a precios inferiores a su valor normal durante un período de tiempo prolongado y que, al hacerlo, socavará probablemente la competencia leal. Las autoridades expedidoras no podrán denegar una solicitud únicamente debido a que el trayecto de que se trate ya esté siendo explotado por otros transportistas por carretera.
Artículo 8 quinquies – apartado 1
1. Los Estados miembros podrán restringir el derecho de acceso al mercado internacional y nacional de los servicios regulares si el servicio regular propuesto realiza transportes de viajeros en distancias inferiores a 100 kilómetros en línea recta y en caso de que el servicio pueda poner en riesgo la estabilidad económica de un contrato de servicio público.
1. Los Estados miembros podrán restringir el derecho de acceso al mercado internacional y nacional de los servicios regulares de autobuses y autocares si el servicio regular propuesto realiza transportes de viajeros de hasta 100 kilómetros de distancia y en caso de que el servicio pueda poner en riesgo la estabilidad económica de un contrato de servicio público, o cualquier distancia, si se produce en un centro o conurbación urbana o suburbana, o satisface las necesidades de transporte entre ese centro o conurbación y las zonas circundantes, o si el solicitante no ha cumplido con las disposiciones en materia de transporte u otras disposiciones pertinentes de la legislación nacional, de la Unión o internacional.
Artículo 8 quinquies – apartado 1 bis (nuevo)
1 bis. Cuando una autoridad competente haya otorgado derechos exclusivos a una empresa que preste un servicio público de conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.º 1370/2007, la protección de los derechos exclusivos solo se referirá a la operación de los servicios públicos de transporte de viajeros que prestan servicios a las mismas rutas o a rutas alternativas. Esta concesión de derechos exclusivos no impedirá la autorización de nuevos servicios regulares cuando dichos servicios no compitan con el servicio prestado con arreglo al contrato de servicio público o que opere en otras rutas.
Artículo 8 quinquies – apartado 2 – párrafo 2
El organismo regulador examinará la solicitud y decidirá si llevar a cabo el análisis económico. Informará a las partes interesadas de su decisión.
Cuando se reciba la solicitud, el organismo regulador la examinará y podrá decidir si llevar a cabo el análisis económico de conformidad con el artículo 8 quater, apartado 2, letra d), a menos que existan razones excepcionales, prácticas o de otra índole, que justifiquen la decisión de no hacerlo. Informará a las partes interesadas de su decisión.
Artículo 8 quinquies – apartado 3 – párrafo 1
Cuando el organismo regulador efectúe un análisis económico, informará a todas las partes interesadas de los resultados de dicho análisis y de sus conclusiones en el plazo de seis semanas a partir de la recepción de toda la información pertinente. El organismo regulador podrá determinar si debe concederse la autorización, si debe concederse sujeta a determinadas condiciones, o si debe denegarse.
Cuando el organismo regulador efectúe un análisis económico, informará a todas las partes interesadas de los resultados de dicho análisis y de sus conclusiones en el plazo más breve posible, nunca superior a tres meses, a partir de la recepción de toda la información pertinente. El organismo regulador podrá determinar si debe concederse la autorización, si debe concederse sujeta a determinadas condiciones, o si debe denegarse.
Artículo 8 quinquies – apartado 5
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 que establezcan el procedimiento y los criterios que deben seguirse para aplicar el presente artículo.
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 26 que establezcan el procedimiento y los criterios que deben seguirse para aplicar el presente artículo, especialmente en lo que respecta a la realización del análisis económico.
Artículo 8 quinquies – apartado 5 bis (nuevo)
5 bis. Los Estados miembros podrán liberalizar aún más el sistema de autorización de servicios regulares nacionales teniendo en cuenta los procedimientos de autorización y los límites de kilometraje.
Artículo 1 – apartado 1 – punto 13 bis (nuevo)
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)
13 bis. En el artículo 11, se añade el apartado 3 bis siguiente:
«3 bis. Tras la autorización de un servicio regular nacional a un transportista no residente y antes de que este empiece a prestar el servicio correspondiente, un Estado miembro podrá decidir si exige a dicho transportista no residente el cumplimiento de las condiciones respecto del requisito de establecimiento en el Estado miembro de acogida previstas en el Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo*. Dicha decisión deberá motivarse. La decisión tendrá en cuenta el tamaño y duración de la actividad del transportista no residente en el Estado miembro de acogida. Si el Estado miembro de acogida determina que el transportista no residente no cumple el requisito de establecimiento, podrá retirar las autorizaciones pertinentes para los servicios regulares nacionales que se le hubieran concedido o suspenderlas hasta que se cumpla dicho requisito.».
* Reglamento (CE) n.º 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (DO L 300 de 14.11.2009, p. 51).
(https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=1071&DTA=2009&qid=1549551854960&DB_TYPE_OF_ACT=regulation&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=REGULATION&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL)
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 15
(15) Se suprime el artículo 13.
[La referencia en el encabezamiento al acto modificativo («Artículo 1 - párrafo 1 - punto 15» se corresponde a «Artículo 1 - párrafo 1 - punto 14» de la propuesta de la Comisión. Esta discrepancia se debe a la numeración incorrecta (el artículo 1, párrafo primero, punto 7 está duplicado) en la propuesta de la Comisión en todas las versiones lingüísticas excepto el griego.]
La reintroducción del artículo pertinente es necesaria para garantizar que las excursiones locales sean consideradas como un único servicio de transporte internacional y no como transportes de cabotaje.
Artículo 1 –párrafo 1 – punto 16
Artículo 15 – apartado 1 letra b
b) los servicios discrecionales explotados temporalmente;
b) los servicios discrecionales;
[La referencia en el encabezamiento al acto modificativo («Artículo 1 - párrafo 1 - punto 16» corresponde a «Artículo 1 - párrafo 1 - punto 15» de la propuesta de la Comisión. Esta discrepancia se debe a la numeración incorrecta (el artículo 1, párrafo primero, punto 7 está duplicado) en la propuesta de la Comisión en todas las versiones lingüísticas excepto el griego.]
c) los servicios regulares explotados de conformidad con el presente Reglamento.
c) los servicios regulares explotados de conformidad con el presente Reglamento por un transportista no residente en el Estado miembro de acogida en el curso de un servicio internacional regular de conformidad con el presente Reglamento, con excepción de los servicios de transporte que satisfagan las necesidades de un centro urbano o conurbación, o sus necesidades de transporte con las áreas circundantes. El transporte de cabotaje no se efectuará independientemente de dicho servicio internacional.
c bis) los servicios regulares prestados por un transportista no residente en el Estado miembro de acogida en el curso de un servicio regular nacional de conformidad con el presente Reglamento.
Artículo 1 – apartado 1 – punto 16 bis (nuevo)
16 bis. En el artículo 16, apartado 1, la parte introductoria se sustituye por el texto siguiente:
1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa comunitaria, la realización de los transportes de cabotaje previstos en el artículo 15 estará sometida a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en el Estado miembro de acogida, en lo que se refiere a los siguientes ámbitos:
«1. Sin perjuicio de la aplicación de la normativa comunitaria, la realización de los transportes de cabotaje previstos en el artículo 15 estará sometida a la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo* y a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas vigentes en el Estado miembro de acogida, en lo que se refiere a los siguientes ámbitos:
* Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (DO L 18 de 21.1.1997, p. 1).
(https://eur-lex.europa.eu/search.html?DTN=0071&DTA=1996&qid=1549552338640&DB_TYPE_OF_ACT=directive&CASE_LAW_SUMMARY=false&DTS_DOM=ALL&excConsLeg=true&typeOfActStatus=DIRECTIVE&type=advanced&SUBDOM_INIT=ALL_ALL&DTS_SUBDOM=ALL_ALL)
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17
(17) Se suprime el artículo 17.
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo)
17 bis. El artículo 17 se sustituye como sigue:
Documentos de control para los transportes de cabotaje
1. Los transportes de cabotaje en forma de servicios discrecionales se realizarán al amparo de la hoja de ruta contemplada en el artículo 12, que se llevará a bordo del vehículo y se presentará cuando lo pidan los agentes encargados del control.
1. Los transportes de cabotaje en forma de servicios discrecionales se realizarán al amparo de una hoja de ruta, ya sea en papel o formato digital, que se presentará a petición de cualquier inspector autorizado.
2. La hoja de ruta incluirá los siguientes datos:
a) los puntos de partida y de destino del servicio;
b) las fechas de comienzo y de fin del servicio.
3. Las hojas de ruta serán expedidas en los talonarios a que se hace referencia en el artículo 12, certificados por la autoridad o el organismo competente del Estado miembro de establecimiento.
4. En el caso de los servicios regulares especiales, tendrá valor de documento de control el contrato celebrado entre el transportista y el organizador del transporte o una copia auténtica del mismo.
4. En el caso de los servicios regulares especiales, tendrá valor de documento de control el contrato celebrado entre el transportista y el organizador del transporte o una copia auténtica del mismo. No obstante, se cumplimentará una hoja de ruta en forma de resumen mensual.
No obstante, se cumplimentará una hoja de ruta en forma de resumen mensual.
5. Las hojas de ruta utilizadas se remitirán a la autoridad o al organismo competente del Estado miembro de establecimiento, según las modalidades que determinen la autoridad o el organismo citados.
5. Durante los controles, el conductor estará autorizado a ponerse en contacto con la sede, el gestor de transporte o cualquier otra persona o entidad que pueda proporcionar los documentos solicitados.»
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 21
Artículo 28 – apartado 1
1. Cada año, el 31 de enero a más tardar, y por primera vez el 31 de enero de [...el primer mes de enero después de la entrada en vigor del presente Reglamento], los Estados miembros comunicarán a la Comisión el número de autorizaciones de servicios regulares expedidas el año anterior y el número total de autorizaciones de servicios regulares vigentes el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha información se facilitará desglosada por Estado miembro de destino del servicio regular. Los Estados miembros comunicarán también a la Comisión los datos relativos a los transportes de cabotaje en forma de servicios regulares especiales y servicios discrecionales, efectuados durante el año anterior por los transportistas residentes.
1. Cada año, el 31 de enero a más tardar, y por primera vez el 31 de enero de [...el primer mes de enero después de la entrada en vigor del presente Reglamento], las autoridades competentes de los Estados miembros comunicarán a la Comisión el número de autorizaciones de servicios regulares expedidas el año anterior y el número total de autorizaciones de servicios regulares vigentes el 31 de diciembre de ese mismo año. Dicha información se facilitará desglosada por Estado miembro de destino del servicio regular. Los Estados miembros comunicarán también a la Comisión los datos relativos a los transportes de cabotaje en forma de servicios regulares especiales y servicios discrecionales, efectuados durante el año anterior por los transportistas residentes.
Artículo 28 – apartado 5
5. A más tardar el [introducir la fecha calculada correspondiente a un plazo de cinco años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación del presente Reglamento. El informe incluirá información sobre la medida en que el presente Reglamento ha contribuido a mejorar el funcionamiento del mercado del transporte de viajeros por carretera.».
5. A más tardar... [5 años después de la entrada en vigor del presente Reglamento], la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación del presente Reglamento. El informe incluirá información sobre la medida en que el presente Reglamento ha contribuido a mejorar el funcionamiento del sistema de transporte de viajeros por carretera, en particular para los viajeros, el personal de autobuses y autocares, y el medio ambiente.
Los autobuses y autocares son uno de los modos de transporte más accesibles e importantes de la Unión. Conectan las zonas rurales y urbanas de los Estados miembros, siendo a menudo el único medio de transporte público disponible en determinadas regiones. Por tanto, es de vital importancia que los pasajeros reciban el mejor servicio posible. Una competencia leal y sana es la mejor manera de conseguirlo.
El ponente acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento pertinente, cuyo objetivo es abrir la actividad a los transportistas no residentes que actualmente no pueden entrar en un mercado nacional para ofrecer servicios de autocares interurbanos. Como tal, un transportista de un país A debe poder ofrecer libremente servicios nacionales del punto X al punto Y en un país B. La discriminación por razón de la nacionalidad o del lugar de establecimiento no puede permitirse en el mercado único.
Con las enmiendas que figuran a continuación, el ponente ha mantenido el espíritu de la propuesta: una mayor liberalización de los mercados de autobuses y autocares. Al mismo tiempo, el ponente tiene en cuenta que la situación del mercado de autobuses varía de un país a otro y también ha tenido cuidado de no socavar el buen funcionamiento de los sistemas de algunos Estados miembros.
Protección de los contratos de servicio público y de las zonas urbanas
Los contratos de servicio público (CSP) tienen una finalidad específica y un valor inestimable. Es necesaria una protección adecuada de dichos contratos a fin de garantizar que la apertura del mercado de autobuses y autocares no se traduzca en una reducción de los servicios para las regiones en cuestión y en una simple selección de las rutas rentables por parte de los nuevos operadores en el mercado. Por este motivo, el ponente ha introducido una nueva cláusula en virtud de la cual la autorización de un nuevo servicio puede denegarse efectivamente incluso si se supera el límite máximo de 100 km propuesto por la Comisión en caso de que el servicio en cuestión ponga en riesgo un contrato de servicio público existente que haya sido licitado de forma transparente sin posibilidad de prórroga, aúne rutas rentables y no rentables y no reciba una cantidad significativa de subvenciones públicas que puedan socavar la igualdad de condiciones.
Por otra parte, la autorización de un servicio ya existente se puede incluso suspender o retirar si un organismo regulador determina, sobre la base de un análisis económico objetivo, que el servicio ha puesto en riesgo la estabilidad económica de un contrato de servicio público existente. El ponente espera que estas medidas sean suficientes y proporcionadas para garantizar una protección adecuada de los CSP al mismo tiempo que se abre el mercado a la competencia.
Para disipar aún más las dudas, el ponente ha introducido una disposición adicional en virtud de la cual los Estados miembros pueden restringir el derecho de acceso a un servicio regular nacional si, entre otras cosas, entra en contacto con un centro urbano o suburbano o si el servicio propuesto presta el mismo servicio de transporte público de viajeros en una determinada ruta o red en la que una autoridad competente haya concedido a un operador de servicios públicos un derecho exclusivo a cambio del cumplimiento de obligaciones de servicio público en el marco de un CSP.
Garantizar la competencia leal y la protección contra el abuso de poder en el mercado
Además de proteger los CSP, el ponente trata de evitar situaciones en las que la apertura del mercado de que se trate lleve a otros resultados no deseados. El organismo regulador propuesto debe garantizar la igualdad de condiciones y la competencia leal entre los transportistas. Esto incluye la prevención del abuso de un poder significativo sobre el mercado o de una posición de monopolio, también mediante la subcontratación o el establecimiento de tales condiciones de mercado. Además, las autoridades expedidoras de la autorización podrán rechazar una solicitud si la autoridad reguladora determina que el solicitante que pretende entrar en el mercado tiene la intención de ofrecer servicios a precios inferiores a su valor normal durante un período de tiempo, socavando así la competencia leal.
Requisito de establecimiento y posibilidad de un régimen más liberal
Para evitar que se abuse del espíritu de la propuesta y para dar cabida a los requisitos más estrictos de algunos Estados miembros, el ponente también ha introducido la posibilidad de que los Estados miembros exijan el establecimiento del transportista en el Estado miembro de acogida una vez concedida la autorización para un servicio regular nacional.
Al mismo tiempo, el ponente ha aclarado que los Estados miembros que ya cuentan con un régimen más liberal pueden conservarlo. Asimismo, los Estados miembros que deseen una apertura del mercado que supere los requisitos establecidos en la presente propuesta estarán autorizados a realizarla.
Garantizar unas condiciones de competencia equitativas
Con otras enmiendas menores, aunque muy necesarias, el ponente se ha esforzado por mejorar y aclarar el espíritu de la propuesta. Por ejemplo, para garantizar la protección de la propiedad privada, los Estados miembros podrán excluir a las terminales que sean de propiedad y uso exclusivos del operador de terminales para sus propios servicios de transporte de viajeros por carretera.
Por lo tanto, el ponente confía en que la propuesta modificada haya abordado las preocupaciones no solo de aquellos que buscan más protección, especialmente en el ámbito de los CSP, sino también de aquellos que buscan un enfoque más liberal. La propuesta modificada pretende encontrar el equilibrio adecuado entre los intereses de los pasajeros, las empresas de transporte y las autoridades locales, regionales y nacionales. El ponente confía en que la presente propuesta contribuya a avanzar hacia un mercado de autobuses y autocares en la Unión Europea que resulte verdaderamente único y justo.