Source: https://www.scribd.com/document/186273693/Curso-novedades-en-materia-de-contratacion-Diputacion-Provincial-de-Soria-Noviembre-de-2013
Timestamp: 2016-07-25 23:23:32
Document Index: 385155280

Matched Legal Cases: ['Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 146', 'artículo 65', 'artículo 65', 'artículo 25', 'Artículo 45', 'artículo 32', 'Artículo 44', 'artículo 96', 'Artículo 46', 'artículo 102', 'artículo 100', 'Artículo 42', 'artículo 59', 'Artículo 47', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 228', 'Artículo 228', 'artículo 5', 'artículo 228', 'artículo 135', 'artículo 7', 'artículo 32', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 14', 'artículo 207', 'artículo 207', 'artículo 204', 'artículo 81', 'artículo 32', 'artículo 43', 'artículo 42', 'Artículo 65', 'artículo 146', 'artículo 295', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 161', 'artículo 22', 'artículo 98', 'artículo 20', 'artículo 33', 'artículo 87', 'artículo 122', 'artículo 124', 'artículo 141', 'artículo 134', 'artículo 136', 'e contrario', 'Artículo 84', 'artículo 79', 'artículo 84']

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ACTUALIZACIÓN SOBRE RÉGIMEN JURÍDICO Y GESTIÓN DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.
CURSO EN COLABORACIÓN FRMPCYL Y DIPUTACIÓN DE SORIA (2013). “NOVEDADES EN EL MARCO NORMATIVO DE LAS ENTIDADES LOCALES DE CASTILLA Y LEÓN”.
Más en www.contrataciónpublicacp. com
1. ACTUALIZAR el régimen jurídico. 2. REPASAR los aspectos más cotidianos. 3. PLANTEAR cuestiones prácticas. 4. INTRODUCIR en la gestión electrónica de la contratación. 5. Agradecimientos previos.
CONSIDERACIONES SOBRE LA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA: 1. LA LEY DE EMPRENDEDORES. 2. EL PROYECTO DE LEY DE FACTURA ELECTRÓNICA. 3. LA PROPUESTA DE DIRECTIVA. 4. LEY 7/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE ORDENACIÓN TERRITORIO EN CASTILLA Y LEÓN. 5. PROYECTO LEY RACIONALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL.
NOVEDADES LEGISLATIVAS EN CONTRATACIÓN PÚBLICA.
Cuenta D. Juan Alfonso Santamaría Pastor que: "La evolución acelerada de la normativa de contratos públicos ha seguido una senda de continuo incremento en extensión y complejidad, generando unos cuerpos legales enormes, confusos e inextricables en el que muy pocos saben orientarse.”
"La constante e interminable reforma de la normativa sobre contratación pública"
LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO, A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN
Título IV Apoyo al crecimiento y desarrollo de proyectos empresariales. ○ Capítulo II. Medidas para impulsar la contratación pública con emprendedores. ■ Artículo 42. Uniones de empresarios. ■ Artículo 43. Elevación de umbrales para la exigencia de clasificación. ■ Artículo 44. Garantías para la contratación pública. ■ Artículo 45. Prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los ■ procedimientos de contratación pública. ■ Artículo 46. Reducción del plazo para la devolución o cancelación de las garantías ■ para las PYMES. ■ Artículo 47. Reducción del plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución contractual.
SUSTITUCIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN POR UNA DECLARACIÓN
Dos. Se añaden dos nuevos apartados 4 y 5 al artículo 146, de la siguiente forma: ● 4. El órgano de contratación, si lo estima conveniente, podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares que la aportación inicial de la documentación establecida en el apartado 1 se sustituya por una declaración responsable del licitador indicando que cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la Administración. En tal caso, el licitador a cuyo favor recaiga la propuesta de adjudicación, deberá acreditar ante el órgano de contratación, previamente a la Adjudicación del contrato, la posesión y validez de los documentos exigidos. En todo caso bastará con esta declaración responsable en los contratos de obras con valor estimado inferior a 1.000.000,00€ y de suministros y servicios con valor estimado inferior a 90.000,00. En todo caso el órgano de contratación, en orden a garantizar el buen fin del procedimiento, podrá recabar, en cualquier momento anterior a la adopción de la propuesta de adjudicación, que los licitadores aporten documentación acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser adjudicatario del contrato. 5. El momento decisivo para apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para contratar con la Administración será el de finalización del plazo de presentación de las proposiciones.
SE INCREMENTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO COMO UMBRAL PARA LA CLASIFICACIÓN.
Uno. Se modifica el apartado 1 del artículo 65, que queda redactado de la siguiente forma: «1. Para contratar con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00€ o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000,00 €, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado. Sin embargo, no será necesaria clasificación para celebrar contratos de servicios comprendidos en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II.
RÉGIMEN TRANSITORIO DE LA CLASIFICACIÓN.
«Disposición transitoria cuarta. Determinación de los casos en que es exigible la clasificación de las empresas. El apartado 1 del artículo 65, en cuanto determina los contratos para cuya celebración es exigible la clasificación previa, entrará en vigor conforme a lo que se establezca en las normas reglamentarias de desarrollo de esta Ley por las que se definan los grupos, subgrupos y categorías en que se clasificarán esos contratos, continuando vigente, hasta entonces, el párrafo primero del apartado 1 del artículo 25 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. No obstante lo anterior, no será exigible la clasificación en los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000,00€ ni en los contratos de servicios cuyo valor estimado sea inferior a 200.000,00€.»
PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN POSITIVA A FAVOR DE CONTRATISTAS PREVIOS.
Artículo 45. Prohibición de discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública. Artículo que no se incorpora expresamente al RDL 3/2011. 1. En sus procedimientos de contratación, los entes, organismos y entidades integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. 2. Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.
Nulidad de las ventajas para las empresas que hayan contratado previamente con la Administración Pública. Se añade una nueva letra d) al artículo 32 de la siguiente forma: «d) Todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración.»
GARANTÍA DEFINITIVA MEDIANTE RETENCIÓN DE PRECIO EN LAS OBRAS.
Artículo 44. Garantías para la contratación pública. El texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, queda modificado en los siguientes términos: Uno. Se modifica el artículo 96 apartados 2 y 3, que queda redactado de la siguiente forma: «2. Cuando así se prevea en los pliegos, la garantía en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de gestión de servicios públicos cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego se fijará la forma y condiciones de la retención. Este sistema estaba antes vetado a los contratos de obra. 3. La acreditación de la constitución de la garantía podrá hacerse mediante medios electrónicos, salvo que en el pliego se establezca lo contrario.»
REDUCCIÓN DEL PLAZO PARA LA DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS DEFINITIVAS.
Reducción del plazo para la devolución o cancelación de las garantías para las PYME. Artículo 46. Reducción del plazo para la devolución o cancelación de las garantías para las PYME. Se modifica el apartado 5 del artículo 102 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado de la siguiente forma: «5. Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 100. Cuando el importe del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n. º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y no estén controladas directa o indirectamente por otra empresa que no cumpla tales requisitos, el plazo se reducirá a seis meses.»
Artículo 42. Uniones de empresarios.Se modifica el artículo 59.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, que queda redactado de la siguiente forma: «1. Podrán contratar con el sector público las uniones de empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, sin que sea necesaria la formalización de las mismas en escritura pública hasta que se haya efectuado la adjudicación del contrato a su favor. Los empresarios que estén interesados en formar las Uniones a las que se refiere el párrafo anterior podrán darse de alta en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado, que especificará esta circunstancia. »
Artículo 47. Reducción del plazo de demora en el pago para que el contratista pueda optar a la resolución contractual. Se modifica el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que queda redactado de la siguiente forma: Uno. Se modifica el apartado 6 del artículo 216, de la siguiente forma: “6. Si la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen. Antes era de 8 meses. Dos. Se modifica el apartado 8 del artículo 216, de la siguiente forma: 8. Las Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.”
COMPROBACIÓN DE LOS PAGOS A SUBCONTRATISTAS.
Tres. Se añade un nuevo artículo 228 bis, con la siguiente redacción: «Artículo 228 bis. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o suministradores. “Las Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes podrán comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos, calificados como tales en el artículo 5, han de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los mismos. En tal caso, los contratistas adjudicatarios remitirán al ente público contratante, cuando este lo solicite, relación detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participación, junto con aquellas condiciones de subcontratación o suministro de cada uno de ellos que guarden una relación directa con el plazo de pago. Asimismo, deberán aportar a solicitud del ente público contratante justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la prestación dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el artículo 228 y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, en lo que le sea de aplicación. Estas obligaciones, que se incluirán en los anuncios de licitación y en los correspondientes pliegos de condiciones o en los contratos, se consideran condiciones esenciales de ejecución, cuyo incumplimiento, además de las consecuencias previstas por el ordenamiento jurídico, permitirá la imposición de las penalidades que a tal efecto se contengan en los pliegos.»
PROYECTO DE LEY FACTURACIÓN ELECTRÓNICA.
Proyecto de Ley de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público. Los plazos previstos son: A partir de Enero de 2014. Un registro contable de facturas. Un repositorio o fichero donde están todas las facturas recibidas junto con sus estados, por ejemplo: ● LA PROPUESTA DE DIRECTIVA (recibida, registrada, validada formalmente, validada contablemente, conformada, rechazada, anulada, con propuesta de pago, con obligación de pago emitida, pagada…). ● A partir del 15 de Enero de 2015. Será obligatorio presentar facturas electrónicas en importes superiores a 5.000,00€. Más información en el blog de Manuel Caño, en esta entrada. ●
PROPUESTA DE DIRECTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA.
La Comisión Europea está preocupada por la modernización del mercado europeo de contratación pública y para ello planea introducir medidas de simplificación y flexibilización como: ● Mayor uso posible de la negociación a través del procedimiento con negociación y publicación previa; ● Procedimientos simplificados, pudiendo sustituir la publicación de los anuncios de contratos individuales por la publicación de un anuncio general de su plan de contratación para el próximo año.
● Reducción de los requisitos de documentación, en particular, a través de la aceptación obligatoria de las "autodeclaraciones", para las cuales el licitador declara bajo su responsabilidad que cumple los criterios que son una condición previa para la licitación, y la exigencia sólo al ganador de suministrar las pruebas documentales para demostrar los hechos que declaró en su propia declaración, así como la prohibición a las autoridades contratantes de exigir los operadores económicos que vuelvan a presentar documentos que fueron presentados anteriormente a ellos dentro de los últimos cuatro años en un procedimiento anterior y que continúan siendo válidos;
● Medidas ambiciosas en materia de contratación electrónica con el objetivo de la plena comunicación electrónica en la contratación pública, a contar desde la fecha límite de aplicación de la Directiva adoptada; ● Acortamiento de los plazos; ● Alivio de los requisitos de publicación...
CALENDARIO IMPLANTACIÓN CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA U.E..
El 5 de Septiembre fue aprobado por el IMCO (Committee on Internal Market and Consumer Protection of the European Parlamient) con 29 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, la transición a la contratación pública electrónica en la UE.La sesión plenaria donde se aprobarán las directivas, está cerrada para el próximo día 9 de Diciembre en Estrasburgo. El cronograma según lo votado queda de la siguiente manera: ● 9 Diciembre 2013. Aprobación formal de las nuevas directivas; ● Enero-Febrero 2014. Publicación de las nuevas directivas en el OJEU; (Transposición a los países de la UE y su legislación 2 años tras la publicación). ● Enero-Febrero 2016. Obligatorio para todos los estados miembros de la UE, la notificación electrónica en el proceso de contratación y acceso a la información del procedimiento de forma electrónica; ● Enero-Febrero 2017. Licitación Electrónica obligatoria para las centrales de contratación; ● Junio-Julio 2018. Contratación Electrónica obligatoria para todos los estados miembros UE.
LEY 7/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE DE ORDENACIÓN TERRITORIO EN CASTILLA Y LEÓN.
Entre sus objetivos, según se desprende de la Exposición de motivos, consta “la gestión de los servicios locales sustentadas en economías de escala y en la optimización de los recursos municipales”, añadiendo que "la eficiencia debe presidir siempre la gestión de los recursos públicos, y especialmente tras la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, dictada en desarrollo del modificado artículo 135 de la Constitución, cuyo artículo 7 eleva a la categoría de principio general el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos”. En su disposición adicional séptima dispone que “especialmente, se revisará la normativa sectorial que afecte a las siguientes a) Prestaciones de servicios.' 3ª Contratación centralizada de bienes y servicios en el ámbito local. ”
PROYECTO LEY RACIONALIZACIÓN ADMINISTRACIÓN LOCAL.
● El Proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 6 de Septiembre de 2013, propugna igualmente “racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera”, reforzando el papel de las Diputaciones Provinciales. ● Este reforzamiento se llevará a cabo, entre otros, mediante la atribución a las Diputaciones Provinciales de la prestación de servicios de contratación centralizada en los municipios con población inferior a los 20.000 habitantes.
LOS PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN EFICIENTE DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA (ART. 22.2º) "Necesidad e idoneidad del contrato y eficiencia en la contratación."
1. HAY QUE VELAR POR LA EFICIENCIA EN LA LICITACIÓN Y DURANTE LA EJECUCIÓN.
● Una gestión eficiente de un expediente de contratación es una gestión que sea rápida, barata, precisa, sin errores y cómoda para todos los que intervienen en el proceso, tanto del sector público como del privado. ● Para ello disponemos de: ○ Técnicas legales de racionalización de la contratación: 1. Acuerdos marco. 2. Sistemas dinámicos de adquisición. 3. Centrales de compra. ○ Gestión electrónica (tecnología) + trabajos de gestión de procesos. ● Durante la ejecución del contrato, RESPONSABLE DEL CONTRATO.
TÉCNICAS LEGALES PARA RACIONALIZAR LA CONTRATACIÓN
GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LA CONTRATACIÓN.
● Muchas ventajas. ● El uso de la tecnología, para ser seguro, debe ser acorde con la normativa legal (RDL 3/2011 + Ley 11/2007). ● Los empresarios tienen derecho a relacionarse electrónicamente con el poder adjudicador desde el 1 de Mayo de 2008 o desde el 1 de Enero de 2010, (STSJ de Madrid nº 498/2011). ● No van a poder exigir la tramitación de subastas electrónicas o de sistemas dinámicos de adquisición. ● Acceso electrónico (perfil o plataforma de contratación) a las necesidades de un poder adjudicador. (Reducción de 7 días). ● Acceso electrónico a los documentos necesarios para presentar la oferta. (Reducción de 5 días). ● No presentar documentos que se encuentren en formato electrónico en poder de otra Administración. ● Posibilidad de que un empresario digitalice y autentique sus documentos sin la intervención de un fedatario público.. ● Derecho a elegir como canal de comunicación el canal electrónico, aunque en la contratación la Administración tiene un "as en la manga."
2. HAY QUE FAVORECER LA “AGILIZACIÓN” DE TRÁMITES.
● ¿Racionalizar?: “El cambio a los procedimientos electrónicos brinda también una oportunidad acrecentada de racionalizar y revisar el proceso de contratación: esta migración no debe suponer la mera copia en formato electrónico de los procedimientos tradicionales en soporte de papel. Un error que habitualmente se genera al trasladar estos procedimientos a una aplicación informática, sin el paso previo de que los propios generadores del proceso lleven a cabo una revisión del mismo." Libro Verde sobre la contratación pública electrónica de 18 de Octubre de 2010. ● ¿Simplificar?: “se reduzcan de manera sustancial los tiempos y plazos de los procedimientos administrativos, logrando una mayor eficacia y eficiencia en la actividad administrativa.” art. 4 j) Ley 11/2007, de 22 de junio) ● PLAN DE IMPLANTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
3. HAY QUE VALORAR LA INNOVACIÓN Y LA INCORPORACIÓN DE ALTA TECNOLOGÍA COMO “ASPECTOS POSITIVOS” DE LA CONTRATACIÓN
● ¿Qué es un “ASPECTO POSITIVO” de la contratación?. ● ¿Criterio de SELECCIÓN de las empresas?. ● ¿Criterio de VALORACIÓN de las ofertas?. ● ¿Obligación del adjudicatario?
5. HAY QUE PROMOVER EL ACCESO SIN COSTE A LA INFORMACIÓN.
● No se puede cobrar por la obtención de los documentos que una empresa precisa para licitar (no copisterías). ● En el perfil de contratante SE PUEDE facilitar la documentación relativa a las mismas. ● En todos los sitios web (bien perfil o plataforma) una prestación es adjuntar, anexar o subir el documento.
PRIMERA DECISIÓN JURÍDICA EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO
RÉGIMEN JURÍDICO = CALIFICAR EL OBJETO DEL CONTRATO Y EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO.
1.Calificar el contrato. Tomar una decisión de qué tipo de contrato necesitamos para dar respuesta a la necesidad existente (el objeto del contrato). La calificación conllevará la aplicación de un determinado régimen legal y, por lo tanto, de un procedimiento legal de adjudicación: 1. Contratos administrativos: Obras, concesión de obras públicas, suministros, servicios y de gestión de servicios públicos. 2. Contratos administrativos mixtos. 3. Contratos administrativos especiales... 2. Valor estimado del contrato.
● Importe total, que incluye: ○ cualquier forma de opción eventual y ○ las eventuales prórrogas del contrato. ○ las primas o los pagos a efectuar a los candidatos o licitadores, cuando se haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores. ○ el importe máximo de la modificación del contrato prevista en los pliegos o en el anuncio de licitación. ● Sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. ● Debe ser “precio de mercado”, si no se puede anular el procedimiento (Resolución 229/2011 del TACRC).
EL IVA. EL “SALTO” DE RÉGIMEN JURÍDICO.
● Según el informe 43/08, de 28 de julio de 2008: ○ Antes de la formalización, todas las cantidades o importes son IVA EXCLUIDO. ○ No obstante, para determinar la competencia del órgano de contratación (incoación) se incluye el IVA. ○ Después de la formalización, las cantidades son IVA INCLUIDO. ● La inclusión del IVA en esta fase puede suponer un cambio o un “salto” de régimen jurídico. Ejemplo: ○ Contrato servicios valor estimado (98.000,00€); procedimiento negociado con publicidad; la publicidad obligatoria sería exclusivamente el perfil de contratante. ○ Precio de adjudicación, IVA incluido, (106.200,00€) es superior a 106.200,00€ hay obligación de publicar en un diario oficial la formalización de un contrato cuya licitación no se ha publicado en ese medio.
LA PREVISIÓN DE LA "EVENTUAL" MODIFICACIÓN EN LOS PLIEGOS.
LOS PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN MÁS UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL: EL NEGOCIADO Y EL CONTRATO MENOR.
● ● ● ● ● ● ● No es un procedimiento de adjudicación ordinario. Supuestos legales. Causas generales y causas específicas. ¿Quién manifiesta la causa? Dos formas de tramitar: con publicidad o sin publicidad. Cuando es con publicidad, ésta puede ser en el Boletín o sólo en el perfil de contratante. Si es con publicidad, hay que seguir la misma tramitación que para el procedimiento restringido. Si es sin publicidad tres invitaciones. Hay que negociar las ofertas con igualdad de trato y dejar constancia de lo actuado: ○ Informe 48/09, de 1 de febrero de 2010. «Procedimiento negociado. Determinación de los aspectos que serán objeto de negociación y de los criterios de adjudicación que se servirán de base para la adjudicación del contrato. Improcedencia de aplicación cuando no se han fijado» ○ Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, en su Resolución 50/2011 ○ Acuerdo 10/2013, de 14 de junio, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra
● Se prevé en la futura Directiva “un mayor uso posible de la negociación a través del procedimiento con negociación”. ● La publicidad de estos procedimientos cuando no es obligatoria es muy recomendable. La Comunicación (2006/C 179/02) propuso: ○ “Describir el objeto del contrato. ○ Darle la publicidad adecuada (a través del perfil de comprador en Internet). ○ Permitir a cualquier licitador potencial conocer previamente a lo que se va a comprometer y, en su caso, presentar su oferta. ○ Dar a conocer la adjudicación y los motivos de la misma, para que los que no la consideren justa la puedan recurrir.”
● Hasta los siguientes importes, IVA excluido: ○ Hasta 50.000€, obras. ○ Hasta 18.000€, otros contratos. ○ Hasta 200.000€, la suscripción a revistas y otras publicaciones, así como la contratación del acceso a la información contenida en bases de datos especializadas. ● Tramitación: ○ Aprobación gasto + factura: Informes de la JCCA 38/05, de 26 de de octubre de 2005. Informes 40/1995 de 7 de marzo , 13/96, de 7 de marzo de 1996 y 10/98, de 11 de junio de 1998. ○ Aprobación gasto + publicidad y concurrencia + factura: (STSJUE de 11 de enero de 2005 ( Stadt Halle), apartado 37), (STSJUE de 13 de Octubre de 2005, asunto C 458/2003 Parking Brixen GMBH), Comunicación (2006/C 179/02) ○ ¿Y qué pasa con los gastos menores subvencionable?. ( art. 31.3ºLey 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones) ● La modificación del contrato menor. Informe 4/2001, de 4 de abril, sobre la modificación contractual de los contratos menores
ANUNCIOS PREVIOS DE LA LICITACIÓN
● Hay que publicar lo antes posible: ○ una vez tomada la decisión por la que se autorice el programa en el que se contemple la celebración de los correspondientes contratos, en el caso de los de obras, o ○ una vez iniciado el ejercicio presupuestario, en los restantes. ○ Octubre - Noviembre. ● Reducción plazos: ○ en el procedimiento abierto el plazo de presentación de proposiciones de 52 días se puede hasta 36 días. ○ en el procedimiento restringido, el plazo para recepción de ofertas de 40 días se puede reducir hasta 36.
LA PUBLICIDAD “ELECTRÓNICA” DE LA LICITACIÓN EL PERFIL DE CONTRATANTE.
LA PUBLICIDAD “ELECTRÓNICA” DE LA LICITACIÓN
La publicación en medios electrónicos propios o ajenos es: ● obligatoria para procedimientos abiertos y restringidos. ● obligatoria y exclusiva para determinados procedimientos negociados con publicidad, es decir, cantidades IVA excluido: ○ De 200.000€ a 1.000.000€ para obras ○ De 60.000€ a 100.000€ para gestión de servicios públicos, suministros, servicios y demás contratos. ● opcional y muy recomendable para los procedimientos negociados sin publicidad y los menores.
● Hay que poder acreditar la publicación de la actividad contractual en internet. ● El secretario, aunque por Ley es el fedatario público, no puede dar fe de lo que se publica en Internet. ● Son los Prestadores de Servicios de Certificación o Autoridades de Certificación los que dan fe de lo que se publica. ● El mecanismo es el sellado de tiempo. Mucho más en la guía 2.0 sobre el perfil del contratante.
"Todos los actos y manifestaciones de voluntad de los órganos administrativos o de las empresas licitadoras o contratistas que tengan efectos jurídicos y se emitan tanto en la fase preparatoria como en las fases de licitación, adjudicación y ejecución del contrato deben ser autenticados mediante una firma electrónica reconocida de acuerdo con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de Firma Electrónica. Los medios electrónicos, informáticos o telemáticos empleados deben poder garantizar que la firma se ajusta a las disposiciones de esta norma."
¿NUESTRO PERFIL DE CONTRATANTE O LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO?
LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO: 1. Si se tramitan contratos SARA hay que utilizarla para el envío de los anuncios y documentos. 2. Requerimiento de documentación al licitador con la oferta económicamente más ventajosa, de acuerdo con la Ley 34/2010. 3. Envío al DOUE del nuevo anuncio de transparencia previa voluntaria, de procedimientos desiertos, renuncias y desistimientos 4. Posibilidad de publicar nuevos tipos de documentos relacionados con una licitación (composición de las mesas, avisos sobre eventos de información pública, resoluciones, etc.) 5. Cumple lo dispuesto en la Ley 11/2007 sobre comunicaciones y notificaciones electrónicas. Usa el sistema de notificación electrónica por comparecencia en la sede electrónica. 6. Todo esto es muy difícil de desarrollar en una aplicación propia y requiere de una fuerte inversión de recursos. 7. Es gratis, no hay que invertir recursos propios, ni en tiempo ni en dinero.
LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO PERMITE LA PUBLICIDAD DE LOS NEGOCIADOS SIN PUBLICIDAD.
LOS REQUISITOS DE APTITUD PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO
En los recursos nº 189/2011 y 192/2011; resolución nº 218/2011 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se reconoce que: “los Estatutos Sociales prueban que el objeto social de la empresa adjudicataria se corresponde con el objeto del contrato. Recurso nº 239/2013; resolución nº 208/2013 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que dice en su fundamento 6º. Informes 8/2005, de 4 de octubre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Cataluña y el informe 11/08, de 30 de abril de 2009 de la Junta Consultiva de Baleares, “debe hacerse en sentido amplio, es decir, considerando que lo que dicho artículo establece es que las prestaciones objeto del contrato deben estar comprendidas entre los fines, objeto y ámbito de actividad de la empresa.”
LA SOLVENCIA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS.
● Si la administración llegara a adjudicar el contrato a un empresario que careciera de solvencia de solvencia económica, financiera, técnica o profesional, debidamente acreditada, del adjudicatario, concurriría una causa de nulidad de derecho administrativo, (artículo 32 c). Informe 12/2004, de 30 de diciembre, sobre la necesidad de precisar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares criterios de selección en función de los medios de acreditación de la solvencia económica, financiera y técnica o profesional concluye diciendo: 1. "El órgano de contratación deberá determinar los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional, de entre los establecidos en los artículos 16 a 19 de LCAP, así como los criterios de selección en función de éstos, teniendo en cuenta el objeto e importe del contrato, de forma que sean proporcionales a los mismos, e indicarlos en el pliego de cláusulas administrativas particulares y en el anuncio de licitación, como recogen los artículos 15.3 de la LCAP y 11 del RGLCAP, a fin de garantizar el respeto a los principios de publicidad y concurrencia, igualdad y no discriminación establecidos en el artículo 11 de la citada ley. 2. Si el empresario no puede aportar, justificadamente, la documentación solicitada, podrá acreditar su solvencia “por cualquier otra documentación considerada como suficiente por la Administración”, como previene el apartado 2 del artículo 16 de la LCAP”
TRABAJADORES RESIDENTES. ¿CRITERIO DE SELECCIÓN DE EMPRESAS.?
Informe 8/1997, de 6 de mayo, "sobre la viabilidad legal de incluir en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos de obras, un requisito que obligue a los licitadores a emplear trabajadores residentes en la comunidad de Madrid o incluir entre los criterios objetivos de selección - procedimiento restringido - uno que valore dicha circunstancia, como medida de fomento de empleo" entiende: 1. "Que se considera contrario a derecho, por vulnerar el artículo 14 de la Constitución Española -principio de igualdad- y el 48 del Tratado de la Unión Europea -principio de libre circulación de trabajadores-, incluir en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares que han de regir en los contratos que celebre la Administración autonómica, un requisito que exija a los licitadores emplear trabajadores residentes en el territorio de la Comunidad de Madrid para la ejecución de aquéllos. 2. Que no se considera viable legalmente la inclusión en los Pliegos de cláusulas administrativas particulares de los contratos cuyo procedimiento de adjudicación sea el restringido -subasta o concurso-, un criterio, entre los de selección objetiva de licitadores, que valore la residencia en el territorio de la Comunidad de Madrid de los trabajadores de una empresa, habida cuenta que dicho criterio no tiene carácter objetivo, no estando previsto en el ordenamiento jurídico vigente, constituido por la LCAP y derecho comunitario europeo -Tratado de la Unión Europea y Directivas Comunitarias 92/50/CEE, 93/36/CEE y 93/37/CEE-, pues resultaría discriminatorio, vulnerando los principios citados en la conclusión anterior. 3. Que no es acorde con las Directivas Comunitarias ni con la LCAP incluir entre los criterios objetivos de adjudicación el de la residencia, en los términos expuestos en las conclusiones anteriores, pues aquéllos están dirigidos a valorar la oferta o producto y no al empresario o productor."
LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA CON MEDIOS EXTERNOS.
Informe 6/2010, de 21 de diciembre, sobre acreditación de la habilitación empresarial o profesional con medios externos y sobre los modelos de declaraciones que figuran como anexos en los modelos de pliegos de cláusulas administrativas particulares interpretó que: ○ "El empresario podrá complementar la acreditación de la habilitación empresarial o profesional que precisa para ejecutar el contrato, basándose en la habilitación y medios de una sociedad de su grupo de empresas, por disponer efectivamente de sus medios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, 54 y 56 de la LCSP para la integración de habilitación y solvencia con medios externos."
LA CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA
LA CLASIFICACIÓN EN OBRAS. VALOR ESTIMADO SIN IVA.
● ● Contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000,00€. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el recurso 61/2011 sobre el asunto de si se incluye o no el IVA interpretó que: "En todo caso, por valor íntegro del contrato deberá entenderse el que representa el importe íntegro que para la ejecución de la obra se fija en el presupuesto, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido. A juicio de este Tribunal, sin embargo, tal conclusión no es acorde con la naturaleza de las cosas, ya que: ● La clasificación tiene por objeto acreditar de forma permanente la solvencia de los contratistas en relación con la ejecución de una determinada obra. ● Acreditar la solvencia técnica lo que supone que para determinar la mayor o menor envergadura de las obras y, por tanto, la necesidad de exigir una mayor o menor solvencia técnica para ejecutarlas, es absolutamente irrelevante el importe de las cargas fiscales que deban satisfacerse como consecuencia de su ejecución. ● El Impuesto sobre el Valor Añadido es un tributo que ni siquiera grava al contratista, sino que la obligación de pago incumbe a la Administración contratante.”
LA CLASIFICACIÓN EN SERVICIOS. VALOR ESTIMADO SIN IVA.
● ● Contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000,00€. No se exige en los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en las categorías 6, 8, 21, 26 y 27 del Anexo II, es decir, sean de: "servicios financieros: servicios de seguros y servicios bancarios y de inversión, creación e interpretación artística y literaria, espectáculos relativos a "servicios de esparcimiento, culturales y deportivos y “otros servicios." El objeto del contrato determina qué clasificación exigir, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el recurso 61/2011. Informe 21/94, de 19 de diciembre de 1994. "Exigencia de clasificación a los contratistas en las adjudicaciones por lotes" concluyó diciendo que: 1. “Que en el supuesto de adjudicación por lotes la categoría de la clasificación ha de exigirse a los licitadores en función del importe de los lotes a los que concurran y no en función del importe de los lotes que, en su caso, les sean adjudicados. 2. Que jurídicamente no existe posibilidad de renunciar a la adjudicación de determinados lotes, una vez presentadas las proposiciones económicas, al constituir tal renuncia una retirada de proposiciones no admitida por la vigente legislación de contratos del Estado, salvo en el supuesto concreto de retraso en la resolución de concursos."
LA CATEGORÍA “OTROS SERVICIOS”.
La Junta Consultiva Comunidad de Madrid, en su informe 5/1997, de 2 de abril, respecto a la publicidad necesaria para la contratación de una prestación de servicios por medios aéreos (arrendamiento de helicópteros) y su empleo en la extinción de fuegos forestales en la campaña de verano de 1997 interpretó que: ● “A la vista de que el objeto del contrato comprende unos servicios que de una parte son de carga (agua), y de otra de naturaleza distinta a los propiamente de carga, referidos a servicios propios de la protección civil o ciudadana, ha de entenderse que no está comprendido en la categoría 3. ● Por otro lado, y teniendo en cuenta el carácter residual que tanto la Directiva 92/50/CEE como el artículo 207 de la LCAP dan a la categoría 27 "otros servicios" ha de entenderse el objeto del contrato que se analiza incluido en la misma por no encajar en ninguna de las 26 restantes categorías , y por tanto no resulta necesaria su publicidad en el D.O.C.E. ● La contratación de la prestación de servicios por medios aéreos y su empleo en la extinción de fuegos forestales durante la campaña del año 1997 hay que entenderla incluida en la categoría 27 del artículo 207 de la LCAP, y por tanto, en virtud del artículo 204 de dicha Ley no resulta necesaria su publicidad en el D.O.C.E.”
ACREDITACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN EN “TRAMITE”.
informe 19/09, de 25 de septiembre de 2009. «En qué momento debe acreditarse por las empresas que concurren a la adjudicación de un contrato que disponen de la preceptiva clasificación»: ○ "Que cuando la empresa que concurra no se encuentre clasificada puede presentar el documento que acredite que ha solicitado ser clasificada, pero que, en tal caso, necesariamente ha de aportar el certificado de clasificación en el plazo que para la subsanación de defectos en la documentación presentada por la empresa se establece en el artículo 81 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.”
LA CLASIFICACIÓN Y LAS “UTEs”. ACUMULACIÓN.
Informe 40/0, de 30 octubre 20 : "... que las empresas que concurran se encuentren clasificadas como empresas de obras o empresas de servicios en relación con el contrato a que opten, sin que del precepto se deduzca la exigencia de clasificación de todas las empresas precisamente en el subgrupo exigido" Informe 1/92, de 27 de febrero de 1992.: "Como requisito general determina que todas las empresas que integren la agrupación temporal hayan obtenido previamente clasificación como contratista de obra, no siendo factible por consiguiente que alguna empresa no se encuentre clasificada, ni siquiera en trámite de resolución de su expediente de clasificación. Informe 22/96, de 5 de junio de 1996: "la expresión utilizada en el artículo 32.2 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas "en relación con el contrato al que opten" no puede ser interpretada en el sentido de exigir a las empresas que concurran en unión temporal clasificación en todos los grupos o subgrupos exigidos, sino en el más general de excluir la exigencia de doble clasificación en los supuestos de contratos mixtos de obras y de consultoría y asistencia o de servicios y, en consecuencia, debe precisarse que, en los contratos de obras, la clasificación exigible a los empresarios que concurran en unión temporal será exclusivamente la de contratista de obras correspondiente y, por el contrario, en los contratos de consultoría y asistencia o de servicios, exclusivamente la clasificación correspondiente a estos tipos de contratos."
SUSTITUCIÓN DE LA CLASIFICACIÓN POR EL COMPROMISO DE SUBCONTRATAR.
Informe 10/08, de 12 de septiembre de 2008 de la Junta de las Baleares trata el tema de la acreditación de la solvencia de las empresas por medios que pertenecen a otras empresas. Posibilidad de suplir la solvencia por medio de un compromiso de subcontratación de una parte del contrato concluye diciendo: ○ “En los casos en que una parte de la prestación objeto del contrato se haya de llevar a cabo por empresas que tengan una determinada solvencia, clasificación o habilitación o autorización profesional, el licitador que no dispone de este requisito puede suplir la solvencia exigida para llevar a cabo esta prestación por medio de la subcontratación de otra entidad que disponga de esta habilitación o clasificación, siempre que el licitador lo manifieste expresamente y aporte el documento acreditativo de aquella solvencia y el compromiso de la otra entidad, sometido, hasta que se produzca la adjudicación, a la condición de que el licitador resulte adjudicatario del contrato, sin que sea suficiente una simple declaración unilateral del licitador ante el órgano de contratación."
LA HABILITACIÓN PROFESIONAL O EMPRESARIAL
El recurso nº 103/2011; resolución nº 140/2011 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales dice: “La habilitación prevista en este artículo se refiere al requisito legal exigido para el ejercicio de determinadas profesiones o actividades empresariales, y es por tanto un requisito de legalidad y no de solvencia de las empresas que deseen participar en determinadas licitaciones convocadas por la Administración." Se debe interpretar de forma restrictiva. El recurso nº 032/2010, resolución nº 008/2011 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales: “En consecuencia, el precepto de la Ley de Contratos del Sector Público que antes se mencionó, el artículo 43.2, de conformidad con el cual “los empresarios deberán contar, asimismo, con la habilitación empresarial o profesional que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato”, debe ser interpretado de tal forma que la exigencia se ajuste al sentido literal de la norma que la establece. A tal respecto, habrá de entenderse que si el artículo 42 de la Ley General de Telecomunicaciones dispone que para ejercer la actividad de instalador de telecomunicaciones debe cumplirse el requisito de haber presentado una declaración responsable con las indicaciones que la propia norma establece, no puede entenderse que la exigencia se extiende a la previa inscripción en el Registro.”
LA HABILITACIÓN PROFESIONAL PUEDE SUSTITUIR A LA CLASIFICACIÓN.
● Artículo 65: "En el caso de que una parte de la prestación objeto del contrato tenga que ser realizada por empresas especializadas que cuenten con una determinada habilitación o autorización profesional, la clasificación en el grupo correspondiente a esa especialización, en caso de ser exigida, podrá suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecución de esta porción con otros empresarios que dispongan de la habilitación y, en su caso, clasificación necesarias, siempre que el importe de la parte que debe ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por 100 del precio del contrato." La Junta Consultiva de la comunidad autónoma de las islas Baleares en su informe 10/08, de 12 de septiembre de 2008: ".... el licitador que no dispone de este requisito puede suplir la solvencia exigida para llevar a cabo esta prestación por medio de la subcontratación de otra entidad que disponga de esta habilitación o clasificación, siempre que el licitador lo manifieste expresamente y aporte el documento acreditativo de aquella solvencia y el compromiso de la otra entidad, sometido, hasta que se produzca la adjudicación, a la condición de que el licitador resulte adjudicatario del contrato, sin que sea suficiente una simple declaración unilateral del licitador ante el órgano de contratación." La clasificación demuestra que una empresa reúne la habilitación legal o profesional para realizar la prestación objeto del contrato. Recursos nº 189/2011 y 192/2011; resolución nº 218/2011 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales s
LAS PROHIBICIONES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO.
LA DECLARACIÓN RESPONSABLE. VIGENCIA
La declaración responsable de capacidad hecha ante notario no tiene vigencia temporal limitada a 6 meses, como sí lo están las certificaciones de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su recurso nº 059/2011, resolución nº 114/2011 entendió que: “En consecuencia, y mientras no exista una revocación de la declaración hecha ni una norma jurídica que establezca un plazo de vigencia para tales declaraciones, éstas, las relativas a las prohibiciones de contratar y pago de obligaciones mencionada en el artículo 146.1.c) del TRLCSP, debe considerarse vigente sin límite temporal" "mientras la persona que la hizo siga ocupando dentro de la empresa interesada el puesto que le habilitó para ello" .
LA CALIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD Y LA SOLVENCIA
CÓMO SE ACREDITA LA CAPACIDAD Y SOLVENCIA.
Obras con valor estimado IGUAL o SUPERIOR a 1.000.000,00€ y de suministros y servicios con valor estimado estimado IGUAL o SUPERIOR a 90.000,00€. ● ●
Obras con valor estimado INFERIOR a 1.000.000,00€ y de suministros y servicios con valor estimado estimado INFERIOR a 90.000,00€. SÓLO una declaración responsable ¿Más: ○ Certificado de estar inscrito en el Registro de licitadores. ○ Certificado de clasificación empresarial. ○ Garantía provisional. ○ Declaración grupo de empresa. ○ Declaración de U.T.E.?
Todos los papeles que se le exigían hasta ahora o Una declaración responsable.
La Mesa de contratación lo primero que tienen que hacer es "calificar previamente la documentación acreditativa de los requisitos previos para contratar" , en procedimiento abiertos, restringidos y negociados con publicidad. Informe 43/08, de 28 de julio de 2008.: ● "El artículo 295.1 de la Ley de Contratos del Sector Público, establece que será obligatoria la constitución de la mesa cuando se trate de los procedimientos negociados con publicidad a que se refiere el artículo 161.1º de la misma[1] . ● El último inciso dispone que en los procedimientos negociados en que no sea necesario publicar anuncios de licitación, la constitución de la mesa será potestativa. ● Esto, “a sensu contrario” puede interpretarse en el sentido de que la constitución de la mesa es obligatoria en todos los procedimientos negociados con publicidad, es decir no sólo en los del artículo 161.1, sino también en los del 161.2[2] . ● Esta última interpretación parece a juicio de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa la más razonable pues no existen razones de fondo para diferenciar entre un supuesto y otro. ● La intervención de la mesa de contratación en el procedimiento para adjudicar el contrato comporta siempre una mayor garantía de cara a adjudicación del contrato debe concluirse que la aparente antinomia entre estos dos preceptos debe ser resuelta en el sentido de considerar que también en los supuestos contemplados en el artículo 161.2 debe constituirse la mesa de contratación."
DEFECTOS U OMISIONES SUBSANABLES (3 DÍAS HÁBILES).
● Según dispone el art. 81.2º RD 1098/200l, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, La Mesa de contratación: ● lo comunicará verbalmente a los interesados. ● lo deberá hacer público a través de anuncios del órgano de contratación o, en su caso, del que se fije en el pliego. ● concederá un plazo no superior a 3 días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la propia mesa de contratación. Informe 47/09,de 1 de febrero de 2010. Régimen de la subsanación de defectos u omisiones en el examen de la documentación acreditativa de las empresas candidatas a la adjudicación de un contrato: "se reconoce como subsanable, ya sea por errores u omisiones, la aportación de documentos exigidos para concurrir siempre que el contenido del mismo, como elemento acreditativo, exista en el momento en que se presenta y en el momento en que concluye el plazo de presentación de proposiciones, que evidentemente es anterior al momento de subsanación. Es decir, puede subsanarse lo que existe, pero no se ha aportado; no se puede subsanar lo que en el momento citado no existe de manera indudable".
ACLARACIONES Y REQUERIMIENTOS DE DOCUMENTOS (5 DÍAS NATURALES).
El artículo 22 RD 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (vigente según la Disposición derogatoria única del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público), la Mesa de contratación y el órgano puede: ● recabar del empresario aclaraciones sobre los certificados y documentos presentados o ● requerirle para la presentación de otros complementarios, ● conceder un plazo de 5 días, sin que puedan presentarse después de declaradas admitidas las ofertas.
OBLIGACIÓN DE REQUERIR LA SUBSANACIÓN DE DEFECTOS.
El recurso nº 036/2012, resolución nº 064 /2012 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales se manifiesta sobre la exclusión de una oferta a la que no se ha permitido subsanar: ● “La mesa de contratación, ..., la función de determinar los licitadores que deben ser excluidos del procedimiento por no acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en los pliegos, debe actuar de forma que no limite la concurrencia, evitando en la medida de lo posible, excluir a los licitadores por cuestiones formales, pero respetando a su vez los principios de igualdad de trato a los candidatos y transparencia en el procedimiento. ● En este sentido apuntar que cuando una oferta requiera aclaraciones suplementarias o cuando se trate de corregir errores materiales de redacción, el Tribunal de Primera Instancia ha calificado como contraria al principio de buena administración la desestimación de las ofertas sin ejercer esa facultad de solicitar aclaraciones , cuando la ambigüedad detectada en la formulación de una oferta pueda explicarse de modo simple y disiparse fácilmente (Sentencia de 10 de diciembre de 2009 [TJCE 2009, 386]; As. T-195/08, Antwerpse Bouwwerken NV/Comisión, apartado 56). Reconocer en tales casos una facultad discrecional absoluta sería contrario al principio de igualdad de trato. ● Refuerzan la anterior consideración las exigencias del principio de proporcionalidad. Aplicado a un procedimiento de adjudicación de contratos públicos, debe entenderse que dicho principio obliga al órgano de contratación -en este caso a la mesa de contratación-, cuando se enfrenta a una oferta ambigua y una solicitud de aclaraciones sobre el contenido de dicha oferta podría garantizar la seguridad jurídica del mismo modo que una desestimación inmediata de la oferta de que se trate, a pedir aclaraciones al licitador afectado en vez de optar por la desestimación pura y simple de la oferta de éste. En otro caso, el órgano de contratación incurre en un manifiesto error de apreciación, tal y como señaló el Tribunal de Primera Instancia en la Sentencia de 27 de septiembre de 2002 (TJCE 2002, 383; Tideland Signal/Comisión , apartado 43). ● Por lo tanto, no se vulnera el principio de igualdad de los licitadores por el mero hecho de que el órgano de contratación -la mesa de contratación en este caso- solicite aclaraciones a los licitadores sobre el contenido de las ofertas que han presentado, ya que dicha actuación es una exigencia derivada de los principios de buena administración y proporcionalidad, igualmente aplicables a los procedimientos de adjudicación de contratos públicos.” Más en www.contrataciónpublicacp. com
SUBSANACIÓN DE LA ACREDITACIÓN DE LA SOLVENCIA.
Informe 2/2012, de 22 de febrero, sobre posibilidad de subsanación de solvencia técnica entendió que: ● "La posibilidad de subsanación de la documentación acreditativa del cumplimiento de requisitos previos que ha de acompañar a las proposiciones procede tanto para el supuesto de que no se aporte la documentación requerida como para el caso de que la presentada adolezca de defecto, y ha de concederse por igual a todos los licitadores, en cumplimiento de los principios de no discriminación e igualdad de trato establecidos en los artículos 1 y 139 del TRLCSP."
REQUISITOS DE LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.
● Deben estar directamente vinculados al objeto del contrato. La Junta Consultiva de las islas Baleares en su informe 16/01, de 29 de noviembre de 2001. Criterios de adjudicación en los concursos. Posibilidad de utilización de criterios de carácter social, como "porcentajes de trabajadores con contrato indefinido" o "personal con discapacidad". Preferencias de contratación con empresas de economía social, entiende que: "La Comisión Europea, en la comunicación interpretativa de 15 de octubre de 2001 dice que: La característica común a los criterios utilizados para valorar las ofertas es que, al igual que los criterios que se citan a modo de ejemplo, todos ellos deben referirse a la naturaleza de la prestación objeto del contrato o a sus condiciones de ejecución. Su finalidad es permitir a los poderes adjudicadores comparar las ofertas de manera objetiva, a fin de determinar la que mejor responde a sus necesidades en el marco de un contrato dado. Todo criterio de adjudicación ha de permitir valorar las cualidades intrínsecas de un producto o servicio. Los criterios de adjudicación deben, por tanto, estar vinculados al objeto del contrato o a sus condiciones de ejecución”. Son determinados por el órgano de contratación. Se deben detallar en el anuncio y en los pliegos de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.
LA “CALIDAD”.
Informe 56/04, de 12 de noviembre de 2004: ○ “No obstante, ha de afirmarse que la cantidad y calidad de los concretos medios ofertados por los licitadores para garantizar la calidad de la prestación a ejecutar es un elemento cualitativo de la oferta que influye en su valor técnico, por lo que puede utilizarse como criterio de adjudicación, siempre que efectivamente se oferte y, por tanto, se integre en la prestación a ejecutar. ○ Lo que si deben diferenciarse, como hacía nuestro citado informe de 2 de marzo de 1998, es la calidad o su mejora de los medios de aseguramiento de la calidad, ya que los primeros pueden figurar, conforme a lo indicado, como criterios de adjudicación y los segundos como elementos de solvencia según las Directivas comunitarias (hoy artículo 98.2, letras b) y c), de la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004). Informe 73/04, de 11 de marzo de 2005.: ○ "La exigencia de "estar en posesión de la certificación medioambiental ISO 14000" debe configurarse como requisito de solvencia y no puede considerarse criterio objetivo de adjudicación del contrato. ○ No obstante lo anterior, en la utilización de aspectos y criterios medioambientales en la contratación administrativa, deberán tenerse en cuenta las disposiciones de la Comunidad Europea, tal como aparecen reflejadas en la Directiva 2004/18/CE, de 31 de marzo de 2004."
Informe 13/04, de 7 de junio de 2004: "En cuanto se refiere a la consideración y efecto de la reducción de plazo de ejecución presentada por el contratista cabe señalar que si tal reducción constituyó un criterio de adjudicación del contrato su incumplimiento representa en si mismo un manifiesto fraude que impidió la adjudicación del contrato a otro candidato que pudo realizar una proposición más ajustada a la realidad. Por lo tanto, el incumplimiento del plazo de ejecución debe constituir una causa resolutoria del contrato con los efectos que respecto de la misma se determinan en el artículo 20, letra c), como causa de declaración de la prohibición para contratar, y, en su caso, en el artículo 33, apartado 2 y apartado 3, letra b), de la Ley." Informe 29/98, de 11 de noviembre de 1998: "La contestación a la tercera pregunta, aún desconociendo las características de cada contrato de obras, ha de realizarse partiendo de la idea de que son los pliegos de cláusulas administrativas particulares los que deben mencionar la posibilidad de valorar la reducción de los plazos de ejecución de la obra y que tal posibilidad no debe incluirse cuando la reducción del plazo de ejecución sea indiferente a los intereses de la Administración y, en definitiva, al interés público por su actuar representado."
FÓRMULA UTILIZABLE PARA REVISAR LAS RETRIBUCIONES LIGADAS A LA UTILIZACIÓN DE LA OBRA O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
Según la Junta Consultiva de Contratación Administrativa en su informe 45/96, de 22 de julio de 1996. "Revisión de precios en los contratos de suministro y de consultoría y asistencia y de servicios" concluyó que: "Que el carácter no limitativo y simplemente ejemplificativo de la enumeración de criterios objetivos de adjudicación que contiene el artículo 87 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas determina que entre estos criterios no sólo puedan incluirse la fórmula de revisión, sino también por su carácter objetivo, los índices o sistemas de revisión."
CARACTERÍSTICAS VINCULADAS CON LA SATISFACCIÓN DE EXIGENCIAS SOCIALES...
Las características vinculadas con la satisfacción de exigencias sociales que respondan a necesidades, definidas en las especificaciones del contrato, propias de las categorías de población especialmente desfavorecidas a las que pertenezcan los usuarios o beneficiarios de las prestaciones a contratar. La Junta Consultiva de las islas Baleares en su informe 16/01, de 29 de noviembre de 2001: ● "Que en los concursos no pueden figurar como criterios de adjudicación aquellos que atribuyen una puntuación en función del cumplimiento de determinados valores de carácter social como “el mayor porcentaje de trabajadores con contrato indefinido” o “mayor porcentaje de personal con discapacidad”. ● Que conforme al actual marco normativo no puede otorgarse preferencia alguna para contratar a las empresas de economía social, salvedad hecha de lo que dispone la Disposición adicional octava de la LCAP para el caso de igualdad en las proposiciones y siempre que la empresa de economía social cumpla el requisito del porcentaje de minusválidos en plantilla."
¿LA EXPERIENCIA SI?, ¿NO?
● Hay diferentes resoluciones de tribunales administrativos de Recursos Contractuales como Navarra (Acuerdo 4/2013) o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de Madrid (Resolución 40/2011) que si lo admiten. La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores ha: ○ declarado nulas todas aquellas disposiciones, actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano de las Administraciones Públicas que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. ○ prohibido la discriminación a favor de contratistas previos en los procedimientos de contratación pública: ■ En sus procedimientos de contratación, los entes, organismos y entidades integrantes del sector público no podrán otorgar ninguna ventaja directa o indirecta a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier Administración. ■ Serán nulas de pleno derecho todas aquellas disposiciones contenidas en disposiciones normativas con o sin fuerza de Ley así como en actos o resoluciones emanadas de cualquier órgano del sector público que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración
Parece que la futura Directiva de Contratación Pública sí que va admitir expresamente esta posibilidad. Cuenta Borja Colón en "la utilización de la experiencia como criterio de adjudicación en los contratos" que: ● “Así, en su considerando 38 bis reconoce que: “Siempre que la calidad del personal empleado sea pertinente para el nivel de rendimiento del contrato, los poderes adjudicadores deben estar también autorizados a utilizar como criterio de adjudicación la organización, la cualificación y la experiencia del personal encargado de ejecutar el contrato, ya que pueden afectar a la calidad de dicha ejecución y, en consecuencia, al valor económico de la oferta. ● Ello puede ser el caso, por ejemplo, en los contratos relativos a servicios intelectuales, como la asesoría o los servicios de arquitectura. Los poderes adjudicadores que hagan uso de esta posibilidad deben garantizar, a través de los medios adecuados del derecho contractual, que el personal encargado de ejecutar el contrato cumpla efectivamente las normas de calidad que se hayan especificado y que dicho personal solo podrá ser reemplazado con el consentimiento del poder adjudicador que compruebe que el personal que lo reemplace ofrece un nivel equivalente de calidad”.
Según el informe 29/98, de 11 de noviembre de 1998.: ● "No obstante, si respecto de la expresión mejoras en el precio se tratar de interpretar si es posible que el contratista realice mayor volumen de obra de la prevista en el proyecto y en el contrato por el precio de licitación ofrecido, debe advertirse que los contratos de obras de refieren a la ejecución de un proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato (artículo 122 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), previamente supervisado, en su caso, aprobado por el órgano de contratación y replanteado por el servicio competente, y en el mismo se definen los planos de conjunto y de detalle necesarios para que la obra quede perfectamente definida, el pliego de prescripciones técnicas particulares donde se hará descripción de las obras y se regulará su ejecución (artículo 124 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas), por lo que solamente la obra contenida en el proyecto es la que se licita y la que puede ejecutarse sin que sea posible referir las ofertas a mayor volumen de obras comprendidas en las denominadas mejoras de precio de forma que se dé lugar a ejecución de obras distintas de las precisadas en el proyecto aprobado, todo ello sin perjuicio de que el mayor volumen de obra consistiera en la repetición de obras similares a otras que corresponda ejecutar conforme a un proyecto base, siempre que estas últimas hubieran sido adjudicadas por subasta o concurso, podrán ser objeto de un contrato distinto que se adjudicará por procedimiento negociado al mismo contratista conforme a lo dispuesto en el artículo 141, apartado e)."
El informe 9/09, de 31 de marzo de 2009. «Aplicación del criterio de arraigo local o de vecindad de la empresa como requisito de aptitud, de solvencia o como criterio de adjudicación en los contratos» concluye diciendo que: 1. "El origen, domicilio social o cualquier otro indicio del arraigo territorial de una empresa no puede ser considerado como condición de aptitud para contratar con el sector público. 2. Igualmente no pueden ser utilizadas como criterio de valoración circunstancias que se refieran a alguna de las características de la empresa señaladas en la conclusión anterior."
EL JUICIO DE VALOR POR EL COMITÉ DE EXPERTOS.
EL COMITÉ DE EXPERTOS Y LA VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA.
● ● Tres personas expertas con cualificación apropiada No pueden formar parte del Comité aquellas personas que formen parte del órgano proponente del contrato, es decir: ■ "Aquel que en función de sus competencias ejerce la iniciativa de la contratación proponiendo la celebración del contrato al órgano de contratación", informe 34/09, de 25 de septiembre de 2009. ■ “La unidad administrativa de la que parte la propuesta de necesidad del contrato y que aporta la documentación preparatoria”, informe 4/2009 de 25 de xuño de 2009. ● Según dispone el art. 160.1º del TRLCSP, "el órgano competente para la valoración de las proposiciones.... formulando la correspondiente propuesta de adjudicación al órgano de contratación, una vez ponderados los criterios que deban aplicarse para efectuar la selección del adjudicatario, y sin perjuicio de la intervención del comité de expertos o del organismo técnico especializado a los que hace referencia el artículo 134.2 en los casos previstos en el mismo, cuya evaluación de los criterios que exijan un juicio de valor vinculara a aquél a efectos de formular la propuesta." ● Informe 12/2009, de 7 de Mayo de 2010 de la Junta Consultiva de la Comunidad Valenciana relativo a la competencia para la valoración de las proposiciones. Comité de expertos. Vinculación de su informe a la mesa de contratación.
LA VALORACIÓN DEL COMITÉ DE EXPERTOS EN LA MESA DE CONTRATACIÓN.
● La oferta técnica se abre en sesión pública. ● Si en el sobre nº 1 se ha incluido información que debe incluirse en otro sobre, supone un incumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación de los candidatos, debiendo excluirse la proposición presentada , según la ( Resolución 146/2011 del TACRC.) ● La valoración de la oferta técnica se da a conocer en sesión pública .
SE DEBE PREVER EN EL PLIEGO DE CLÁUSULAS
La Junta Consultiva de Contratación Administrativa ha interpretado el problema de la apreciación de la temeridad cuando no se ha previsto la forma de hacerlo en los pliegos de cláusulas administrativas, así en su último informe sobre este asunto, el informe 58/08, de 31 de marzo de 2009 confirma: ○ "la reiterada doctrina de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa (por todos, informes 18/96, 40/99, 48/01 y 28/05), no cabe apreciar la existencia de baja temeraria o desproporcionada en las ofertas presentadas en un concurso si el Pliego no prevé expresamente esa posibilidad".
● Se considerará, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Además para el cómputo de la media aritmética de las ofertas presentadas: Se excluye la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales. La Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de Andalucía, en su Recomendación 8/2002, de 4 de febrero de 2003, sobre interpretación de los artículos 85 y 86 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: ● Que el cálculo de la media aritmética se hace sobre las ofertas en valores absolutos y no en porcentajes, diferencia que se destaca en relación con el derogado Reglamento de 1975, y que a dicha media se le habrá de restar o sumar su 10 por ciento, según los dos casos previstos en este punto. ● Que automáticamente se sitúa en baja temeraria la oferta que represente una baja superior a 25 unidades porcentuales, pero sin que el Reglamento indique en relación con qué parámetro hay que compararla. Necesariamente se ha de entender que es en relación con el presupuesto base de licitación y no con la media aritmética de las ofertas presentadas. Si se pusiera en relación con esta última, nunca sería de aplicación el porcentaje de 25 unidades, porque toda oferta que sobrepase las 10 unidades ya está en situación de baja temeraria. ● Que la oferta de cuantía más elevada superior en 10 unidades porcentuales a la media aritmética se deberá excluir a efectos del cómputo de la media, haciéndose nuevamente la media con las otras dos restantes. Pero sólo se ha de excluir una, tal como dice el texto: "la oferta de cuantía..", en singular; además, es que, de no ser así, sólo quedaría una oferta, imposibilitando cualquier cálculo de media aritmética."
● ● Se considerará, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. Informe 47/03, de 2 de febrero de 2004 ha interpretado que "la interpretación correcta consiste en referir las expresiones de ofertas inferiores o superiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas y no a la media aritmética de las bajas de las ofertas presentadas." Además para el cómputo de la media aritmética de las ofertas presentadas: ● Se excluyen las ofertas de cuantía más elevada cuando sean superiores en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. ● Si el número de las restantes ofertas es inferior a 3, la nueva media se calculará sobre las 3 ofertas de menor cuantía. La Comisión Consultiva de Contratación Administrativa de Andalucía, en su Recomendación 8/2002, de 4 de febrero de 2003, sobre interpretación de los artículos 85 y 86 del Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre estableció que: "En este supuesto, igual que en el anterior, la comparación se hace con la media aritmética de las ofertas presentadas, y también hay que tener en cuenta algunas cuestiones: ● “Que de la misma forma que en el punto anterior el cálculo de la media aritmética se hace sobre las ofertas en valores absolutos y no en porcentajes, y que a dicha media se le habrá de restar o sumar su 10 por ciento, según los dos casos previstos en este punto. ● Que las ofertas de cuantías más elevadas superiores en 10 unidades porcentuales a la media aritmética se deberán excluir a efectos del cómputo de la media, haciéndose nuevamente la media con las restantes. Pero a diferencia del supuesto anterior, aquí se excluyen todas, tal como dice el texto: "si entre ellas existen ofertas", en plural. ● Ahora bien, una vez realizada la anterior operación, si el número de las ofertas que quedan es inferior a tres, es decir una o dos, para el cálculo de la nueva media se tomarán las tres ofertas de menor cuantía. ● En este supuesto no opera las 25 unidades porcentuales de baja en relación con el presupuesto base de licitación previsto en los puntos 1 y 3, puesto que en este punto nada se dice al respecto."
PROCEDIMIENTO DE “TEMERIDAD” A TRAMITAR.
● La Mesa de contratación debe dar audiencia al licitador que la haya presentado para que justifique la valoración de la oferta y precise las condiciones de la misma, el ahorro, siempre se debe justificar, ya sea en base a el procedimiento de ejecución del contrato, las soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la prestación, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protección del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestación, o la posible obtención de una ayuda de Estado. La Abogacía del Estado en la consulta 163/2008 sobre cuándo tramitar la audiencia: a. “A la vista de los dispuesto en la Ley 30/2007, debe darse audiencia a todos los licitadores cuyas ofertas presenten valores anormales o desproporcionados a efectos de que puedan realizar su correspondiente justificación, con carácter previo al cálculo de la puntuación económica de las ofertas y su ordenación consiguiente a los efectos de adjudicar provisionalmente el contrato. b. En consecuencia, el cálculo de la puntuación económica de las ofertas debe realizarse con posterioridad al análisis y valoración de la justificación de las ofertas anormales o desproporcionadas, excluyendo a las no admitidas por no haberse estimado la justificación sobre su vialidad tras el mencionado trámite de audiencia." El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en su recurso nº 018/2011; reesolución nº 065/2011 ha interpretado que: "Y decimos, “en principio”, toda vez que la apreciación final de la citada temeridad corresponderá al órgano de contratación previa audiencia al contratista y previos los informes técnicos oportunos (136.3 y 4), trámites previstos oportunamente en el pliego y que se han cumplido en el supuesto examinado. Así, se concede trámite de audiencia a la ahora recurrente en cumplimiento de lo previsto en el artículo 136.3 de la LCSP. En consecuencia, no pudiendo dudarse del cumplimiento de los trámites formales y materiales que para la apreciación de la temeridad de la oferta presentada por “___” se requieren legalmente, procede desestimar el recurso de contrario interpuesto."
MÁS SOBRE LA OFERTA TEMERARIA. Presentación de María Antonia Narváez Jusdado
Artículo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre: “Si alguna proposición, no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presupuesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. Por el contrario, el cambio u omisión de algunas palabras del modelo, con tal que lo uno o la otra no alteren su sentido, no será causa bastante para el rechazo de la proposición.”
INCLUIR EN EL SOBRE DE LA OFERTA TÉCNICA ALGÚN DATO DE LA OFERTA ECONÓMICA.
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el recurso 46/2012; resolución 51/2012 Informe 43/02, de 17 de diciembre de 2002. "Posibilidad de admisión de una proposición en la que los aspectos técnicos se han incluido en el sobre que contiene la documentación general a que se refiere el artículo 79.1 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas". y Informe 20/07, de 26 de marzo de 2007. «Inclusión en el sobre de la documentación administrativa de aspectos que corresponden a al proposición del licitador. Defectos insubsanables». La Junta Consultiva de la Comunidad de Madrid en el Acuerdo 8/2009, de 10 de junio. En similares términos, y también del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el recurso nº 114/2011;resolución nº 147/2011.
PROPOSICIÓN ECONÓMICA DEFECTUOSA
La Junta Consultiva de Comunidad de Madrid en su informe 4/2007, de 31 de mayo, sobre consulta de la empresa tres cantos, s.a. en relación con una proposición económica defectuosa y documentación administrativa subsanada fuera de plazo sobre este supuesto interpretó que: 1. “Si el error producido en la proposición económica no implica la imposibilidad de determinar por la Mesa de contratación cuál es el precio ofrecido para la ejecución del contrato, se considera que no debe ser desechada, no siendo causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de palabras en el modelo de proposición si no alteran el sentido de la oferta , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del RGLCAP. 2. La documentación de corrección, subsanación, aclaración o complementaria a la aportada, solicitada por la Mesa, presentada por el licitador fuera del plazo concedido para subsanar, no debe ser admitida y la proposición ha de ser rechazada.”
LOS PLAZOS QUE HAY PARA ADJUDICAR EL CONTRATO. Más en www.contrataciónpublicacp. com
LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO
LA NOTIFICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.
● Motivación: "si contiene al menos la información que permita al licitador interponer recurso en forma suficientemente fundada", Resolución TACRC 287/2011. ● ¿A quién?: "Basta con que en la notificación se incluya la motivación respecto de la oferta del adjudicatario y la motivación del notificado, pero no respecto de las ofertas del resto de licitadores." Resolución TACRC 287/2011. ● El correo electrónico no vale.
NO NOTIFICAR POR CORREO ELECTRÓNICO.
No es un medio legal para realizar notificaciones o comunicaciones electrónica. Ni cumple lo previsto en la Disposición adicional 16ª 1º d) del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni los requisitos que la normativa específica de la administración electónico (Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos y Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos) previstos para habilitar las notificaciones electrónica. Es muy inseguro realizar las notificaciones o comunicaciones que se derivan de una licitación por correo electrónico, ya que, no se podrá acreditar, ni quién la ha recibido, ni cuándo lo recibió, ni qué recibió.
LA MODIFICACIÓN “LEGAL” DEL CONTRATO. PINCHAR AQUÍ.
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