Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/817356433
Timestamp: 2020-08-09 21:18:54
Document Index: 330473520

Matched Legal Cases: ['artículo 594', 'artículo 594', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 6', 'artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 594', 'artículo 241', 'artículo 594', 'artículo 243', 'artículo 594']

Sentencia de Constitucionalidad nº 416/19 de Corte Constitucional, 10 de Septiembre de 2019 - Jurisprudencia - VLEX 817356433
Ponente: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS AVDIANA CONSTANZA FAJARDO RIVERA
BIENES INEMBARGABLES. LOS BIENES DESTINADOS AL CULTO RELIGIOSO DE CUALQUIER CONFESIÓN O IGLESIA QUE HAYA SUSCRITO CONCORDATO, TRATADO INTERNACIONAL O CONVENIO DE DERECHO PÚBLICO CON EL ESTADO COLOMBIANO. Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 10 (parcial) del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expide el Código General del Proceso. El demandante considera que la disposición cuestionada vulnera los artículos 1, 2, 4, 13, 18 y 19 de la Constitución. Por comprobar la identidad formal en el objeto acusado, la identidad material en el cargo propuesto y la ausencia de variación del parámetro de validez constitucional, la Corte decidió ESTARSE A LO RESUELTO en la Sentencia C-346/19 que declaró la exequibilidad condicionada de la expresión que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público con el Estado colombiano, en el entendido de que todas las confesiones o iglesias que tengan personería jurídica y que cumplan con los requisitos legales, pueden acceder a la celebración de algunos de estos instrumentos en condiciones de igualdad. Recibo Relatoria:
Demandante: L.G.J..
El ciudadano L.G.J., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución, presentó demanda contra el numeral 10º (parcial) del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012 “por la cual se expide el Código General del Proceso”, por desconocer los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 18 y 19 de la Constitución.
Por medio de Auto del 21 de marzo de 2019 se inadmitió la demanda en relación con la presunta vulneración de los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 19 superiores ante el incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto ley 2067 de 1991 y los desarrollados por la jurisprudencia en la sentencia C-1052 de 2001 y se le concedió al actor el plazo de tres días para corregirla en los términos señalados. En la misma decisión, se resolvió admitir la demanda, exclusivamente en relación con el artículo 13 de la Constitución.
Dentro del término otorgado, el ciudadano G.J. presentó escrito de corrección de la demanda. A través de auto del 22 de abril de 2019, se resolvió rechazarla respecto de los artículos 1º, 2º, 4º, 18 y 19 de la Constitución dado que no se cumplió con las exigencias del proveído inadmisorio. En igual sentido, se dispuso continuar con el trámite correspondiente respecto de la admisión de la demanda, por la posible violación del derecho a la igualdad (art. 13 C. Pol.).
Atendiendo lo expuesto, se procedió a comunicar la iniciación de este proceso al Presidente del Congreso, al Presidente de la República y a los Ministerios de Justicia y del Derecho, Interior, y Relaciones Exteriores para que, si lo consideraban conveniente, intervinieran en el presente asunto.
Además se invitó a participar en este proceso a la Defensoría del Pueblo Delegada para Asuntos Constitucionales; a los Decanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Libre de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Nacional de Colombia, de C. y de Manizales, Externado de Colombia, del Rosario, Santo Tomás, La Sabana, S.A.; al Instituto Colombiano de Derecho Procesal; a la Academia Colombiana de Jurisprudencia; a la Conferencia Episcopal Colombiana; al Consejo Evangélico de Colombia; al Concilio de Asambleas de Dios de Colombia; a la Iglesia Presbiteriana de Colombia; a la Iglesia Menonita en Colombia; a la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia; y a la Iglesia Bautista de Pontevedra; para que si lo estimaban conveniente emitieran su concepto sobre la disposición materia de examen.
Los bienes destinados al culto religioso de cualquier confesión o iglesia que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano.”
El ciudadano considera que el aparte impugnado vulnera el artículo 13 de la Constitución, de acuerdo con los siguientes argumentos.
Explica que el Legislador estableció una discriminación sin fundamento legítimo, necesario e idóneo. Para ello refiere que si todas las confesiones religiosas reconocidas en Colombia tienen los derechos descritos en el artículo 6° y pueden desarrollan las actividades señaladas en el 8° inc. 2° de la Ley 133 de 1994, como maneras legítimas de exteriorizar su credo, por lo que la exigencia de suscribir un concordato, un tratado internacional o convenio de derecho público interno, como requisito para la protección del patrimonio destinado al culto religioso “no tiene ningún propósito, carece de una justificación constitucionalmente relevante, generándose de esta manera una situación de discriminación entre iguales”.
Agrega que todas las confesiones religiosas deben reunir unos requisitos especiales para el reconocimiento de su personalidad jurídica (Ley 133 de 1994, artículo 9°[1] y el Decreto Único Reglamentario número 1066 de 2015, artículo 2.4.2.1.1[2]), por lo que al cumplirlos adquieren calidades y beneficios vinculados al ejercicio de la libertad religiosa.
Destaca que si las distintas confesiones religiosas reconocidas por el Estado tienen mismas cualidades y desarrollan las mismas actividades, deben contar con las mismas garantías de protección a favor de los bienes destinados al culto. En consecuencia, considera que la “indemnidad patrimonial” no puede ser exclusiva para aquellas confesiones que hayan suscrito un concordato, tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno.
Afirma que la inembargabilidad de los bienes destinados al desarrollo de un culto religioso no debe orientarse a favor de aquellas minorías confesionales, generando un menoscabo de derechos hacia la totalidad de las confesiones religiosas que han sido reconocidas por el Estado, pero no han suscrito los referidos instrumentos, desconociendo el deber de proteger a todas las iglesias y confesiones religiosas que estén debidamente constituidas.
Concluye que este es un “trato discriminatorio injustificado entre las diversas confesiones religiosas reconocidas por el mismo Estado colombiano al garantizar la indemnidad patrimonial de los bienes asociados a la difusión del culto profesado por éstas, por cuanto el ámbito de acción de todas las iglesias en el país es el mismo, que se encuentra previsto en la Ley 133 de 1994, artículo 6°”.
Ministerio del Interior[3]. Solicita se declare la exequibilidad del aparte acusado, toda vez que de acuerdo con la sentencia C-350 de 1994, el carácter laico del Estado colombiano no le impide establecer relaciones de cooperación con diversas confesiones religiosas siempre y cuando se respete la igualdad entre las mismas. Así, destaca que la suscripción de un concordato, tratado internacional o convenio de derecho público interno, con el fin de hacer inembargables los bienes de las confesiones religiosas, es un medio idóneo de cooperación.
Instituto colombiano de derecho procesal[4]. solicita declarar exequible el texto demandado, dado que las confesiones o iglesias que no celebren convenios con el Estado colombiano se toman como sujetos diferentes con respecto a quienes sí los celebren y, por tanto, el tratamiento debe ser distinto. Advierte que un comportamiento de cooperación es la suscripción de un concordato, tratado internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano y ello genera la consecuencia de proteger los bienes dedicados al culto religioso, impidiendo a sus acreedores la persecución de los mismos.
Universidad Externado de Colombia[5]. Solicita se declare la constitucionalidad condicionada de la norma bajo estudio, en el entendido de que serán inembargables todos los bienes de titularidad de los cultos y congregaciones religiosas que tengan reconocida personería jurídica ante el Estado colombiano, sin distinguir si han celebrado convenios internacionales o de derecho público interno con el Gobierno.
Universidad de C.[6]. Solicita se declare la exequibilidad del aparte demandado. Explica que existe un fundamento razonable para diferenciar la prohibición de embargo frente a las iglesias y confesiones que han suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano, de aquellas que no.
Universidad Industrial de Santander[7]. Solicita se declare la inexequibilidad del aparte acusado. En tal sentido, comienza por indicar que el Estado reconoce los mismos derechos a todas las religiones o confesiones religiosas en Colombia. En consecuencia, considera que el privilegio que contiene el aparte atacado es discriminatorio para las religiones que únicamente han sido reconocidas mediante personería jurídica por el Ministerio del Interior, pues es claro determinar que la única religión que tiene suscrito un concordato con Colombia es la iglesia católica y que el convenio de derecho público que se ha celebrado con el Estado colombiano solo cobija algunas iglesias cristianas, generando de esta manera un brecha entre religiones que han realizado este tipo de convenios y las que no.
El Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional estarse a lo resuelto en la sentencia que decida el expediente D-12320, en el que el Ministerio Público solicitó a la Corte declarar exequible la expresión “(...) que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano”, contenida en numeral 10 del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012, por el cargo analizado, esto es, el desconocimiento del derecho a la igualdad (art. 13 C. Pol.).
En ese proceso, sostuvo que el segmento normativo acusado no desconoce la igualdad de acuerdo con las siguientes premisas: (i) los sujetos objeto de comparación no son análogos y, en consecuencia, es legítimo que el tratamiento que reciban por parte del Estado sea diferente, pues los principios de libertad y pluralidad se aplican únicamente a las instituciones reconocidas en Colombia como confesiones religiosas; (ii) el legislador está facultado para conceder este tipo de beneficios de acuerdo a la importancia otorgada a la confesión, derivada de la dimensión religiosa o metafísica reconocida por la población; y (iii) la representación legal es un medio a través del cual el Estado garantiza que todas las iglesias y confesiones estén registradas legalmente y observen las reglas establecidas en el tratado internacional, convenio o concordato, según el caso, para operar en igualdad de condiciones.
De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, la Corte es competente para conocer el asunto de la referencia ya que se trata de una demanda interpuesta contra el numeral 10º (parcial) del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.
Como lo sostuvo el Procurador, durante el trámite del presente asunto de constitucionalidad esta Corporación analizó el actual aparte atacado y profirió la sentencia C-346 del 31 de julio de 2019, dentro del expediente D-12320.
Por lo tanto, la Sala debe determinar previamente si la disposición acusada hizo tránsito a cosa juzgada constitucional. Para resolver esta cuestión la Sala reiterará brevemente los criterios jurisprudenciales desarrollados por esta Corporación al momento de constatar la configuración de la cosa juzgada constitucional en los juicios de control abstracto. Para así establecer si efectivamente ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional.
El artículo 243 de la Carta Política establece que los fallos que dicte la Corte Constitucional en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Así, este fenómeno se caracteriza por ser una “institución jurídico procesal que le otorga a las decisiones tomadas en las sentencias de constitucionalidad el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas”[10]. La jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que esta figura tiene fundamento en: (i) la protección de la seguridad jurídica, que impone estabilidad y certidumbre en las reglas que rigen la actuación de autoridades y ciudadanos; (ii) la salvaguarda de la buena fe, que exige asegurar la consistencia de las decisiones de la Corte; (iii) la garantía de la autonomía judicial, al impedir que un asunto que ya ha sido juzgado por el juez competente sea examinado nuevamente; y (iv) la condición de la Constitución como “norma de normas”, en tanto las decisiones de la Corte que ponen fin al debate constitucional tienen el propósito de asegurar la integridad y supremacía de la Carta[11].
Este Tribunal ha precisado que para configurar la cosa juzgada constitucional deben concurrir tres circunstancias: (i) la norma demandada debe guardar identidad con el contenido normativo consignado en la disposición jurídica que fue objeto de examen en la decisión previa; (ii) los cargos de inconstitucionalidad que formula la nueva demanda deben ser materialmente semejantes a los propuestos y estudiados con antelación por la Corte; y (iii) el parámetro normativo de validez constitucional debe ser el mismo[12].
Las consecuencias de la cosa juzgada en el control abstracto de constitucionalidad dependen del sentido de la decisión que la Corte haya adoptado en la sentencia previa. Así, la declaratoria de inexequibilidad de una norma implica que carece de objeto emitir respecto de ella un nuevo pronunciamiento, por lo tanto, las demandas que la cuestionen con posterioridad deben rechazarse o, si han sido admitidas, la Corte deberá estarse a lo resuelto. En cambio, cuando la norma censurada fue declarada exequible, corresponde a la Corte determinar el alcance de la decisión antecedente, con la finalidad de “(…) definir si hay lugar a un pronunciamiento de fondo o si por el contrario la problemática ya ha sido resuelta, caso en el cual, la demanda deberá rechazarse de plano o, en su defecto la Corte emitirá un fallo en el cual decida estarse a lo resuelto en el fallo anterior”[13].
Este Tribunal ha identificado diferentes modalidades de cosa juzgada constitucional, las cuales se pueden clasificar de la siguiente manera:
Procede la Sala Plena a establecer si en este caso se presentan las circunstancias para establecer el fenómeno de la cosa juzgada en el presente caso, esto es, identidad de (i) el contenido atacado; (ii) cargos; y (iii) el parámetro de validez constitucional.
La Corte constata que en el presente asunto se configura el elemento de identidad en el contenido normativo atacado, pues el aparte normativo demandado en la sentencia C-346 de 2019, es el mismo que se analiza en esta oportunidad, ya que ambas demandas se refirieron a la expresión “que haya suscrito concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano”, contenida en el numeral 10 del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.
En cuanto a la existencia de identidad entre los cargos formulados en la demanda que dio lugar a la sentencia C-346 de 2019, de acuerdo al análisis hecho por la Corte en esa oportunidad y los reproches propuestos en esta ocasión, la Sala Plena constata lo siguiente:
Esta situación, lleva a examinar si el parámetro de validez constitucional es el mismo en los dos casos, lo que obliga a hacer referencia al problema jurídico planteado en la sentencia C-346 de 2019, el cual fue estipulado así: “Corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional resolver si es razonable y proporcionado que el legislador autorice la inembargabilidad de los bienes destinados al culto religioso, solo para las iglesias o confesiones religiosas que hayan suscrito ‘concordato o tratado de derecho internacional o convenio de derecho público interno con el Estado colombiano’, y no para las demás entidades religiosas jurídicamente constituidas”.
En ese orden de ideas, toda vez que se comprobó la identidad formal en el objeto acusado, la identidad material en el cargo propuesto y la ausencia de variación del parámetro de validez constitucional, la Sala se estará a lo resuelto en la sentencia C-346 de 2019 frente al reproche propuesto por violación del principio de igualdad (art. 13 C. Pol.).
[3] S.J.F.V., en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio del Interior (folios 95 a 97).
[4] J.F.S., en representación del Instituto colombiano de derecho procesal (folios 91 a 94).
[5] L.E.H.M., en calidad de investigadora y profesora del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Externado de Colombia (folios 98 a 102).
[6] M.C.J., P.B.A.R. y J.F.O.O., docentes del Programa de Derecho y de la Clínica Socio-jurídica de Interés Público de la Universidad de C.; A.F.C.A. y O.A.C. asistentes docentes del Consultorio Jurídico D.R.E. de la Universidad de C.; y A.B.O. y D.F.G.L. estudiantes del Programa de Derecho de la Universidad de C. (folios 104 a 139).
[7] C.I.T.P., directora del Consultorio Jurídico de la Escuela de Derecho y Ciencia (folios 142 a 145).