Source: http://espanito.com/corte-suprema-de-justicia-sala-de-casacin-penal-magistrado-pon-v36.html
Timestamp: 2019-06-16 01:00:24
Document Index: 383350570

Matched Legal Cases: ['artículo 175', 'artículo 175', 'artículo 798', 'artículo 175', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 6']

Tutela No. 63.654
JOSÉ BUITRAGO BUITRAGO
Aprobado Acta No. 412.
Decide la Sala la impugnación interpuesta por el apoderado especial del accionante JOSÉ BUITRAGO BUITRAGO, contra el fallo proferido el día 4 de octubre de 2012 por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante el cual negó la tutela presentada en contra de los Juzgados Quinto Penal del Circuito de Conocimiento y 14 Penal Municipal, y la Fiscalía 17 Local, todos con sede en la capital de la República, en protección del derecho constitucional fundamental al debido proceso.
Los hechos que motivaron la solicitud de amparo constitucional, lo pretendido por el actor y los informes rendidos por los funcionarios accionados, fueron sintetizados en el fallo impugnado de la forma como sigue:
“José Buitrago Buitrago interpuso la presente acción de tutela contra los Juzgados 5º Penal del Circuito de Conocimiento y 14 Penal Municipal de Conocimiento así como contra la Fiscalía 17 Delegada, al considerar que dentro del trámite efectuado al interior del proceso penal que se sigue en su contra, el mismo ha sido irregular y ajeno a lo establecido en la Ley 1453 de 2011, por lo que consideró vulnerado el derecho al debido proceso.
Señaló, que el ente fiscal debió archivar la indagación una vez concluyeron los 2 años que establece el artículo 175 de la Ley 906, modificado por la Ley 1453 de 2011.
Situación que fue cohonestada con la decisión del Juzgado 5º Penal del Circuito de Conocimiento, cuando al resolver el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado 14 Penal Municipal de Conocimiento, el 29 de noviembre de 2011, confirmó la negativa de nulidad solicitada por la defensa del actor, razón por la cual solicitó el amparo a su debido proceso.”
“La Fiscalía 17 Local refirió sobre los hechos por los cuales el accionante se encuentra vinculado al radicado 11001220400020120245300, que tuvieron ocurrencia el 25 de agosto de 2006 cuando a la altura de la calle 139 con carrera 108 alrededor de las 6:00 a.m., colisionaron la camioneta de placa FSD 257 conducida por el actor y la motocicleta BAW 55 en la que se desplazaba el lesionado Edison Cano Acevedo.
El 3 de agosto de 2011 formuló imputación por el delito de lesiones personales culposas contra José Buitrago Buitrago, ante el Juzgado 5º Penal Municipal de Garantías.
El 12 de septiembre de 2011 radicó escrito de acusación por el delito de lesiones personales culposas.
El 25 de octubre de 2011, la defensa deprecó la nulidad de la actuación con base en el parágrafo del artículo 175 de la Ley 1453 de 2011, por cuanto consideró que debía archivarse la actuación petición que le fue negada, pues no había motivación alguna para sustentar el archivo de las diligencias.
Por lo tanto concluyó que dicho ente fiscal no ha vulnerado el debido proceso del accionante, que en los aspectos rituales de la norma en comento no es aplicable al presente caso, además el artículo 798 de la misma Ley 906 de 2004, establece la posibilidad de reanudar la investigación después de archivada, lo que significa que la fiscalía puede imputar en cualquier momento, mientras no se haya extinguido la acción penal.”
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 4 de octubre de 2012, negó la acción de amparo, pues consideró que:
(i) La irregularidad procesal aducida no tiene efecto determinante en la sentencia o decisión, máxime cuando no lo demostró, ya que “la decisión de archivar o no la actuación como lo adujo el ente fiscal… no incide en las decisiones finales a adoptar, dado que el archivo que demanda el actor es de carácter temporal y no obedece a la aplicación de una causal de extinción de la acción penal…”
(ii) Las providencias censuradas por el actor, aunque negativas para sus pretensiones, encuentran sustento jurídico razonable, el cual no es del resorte del juez de tutela criticar o valorar, máxime cuando gozan de la presunción de legalidad propia de la actuación judicial, y
(iii) En gracia de discusión, frente al tema de fondo plantado por el accionante, señaló que si bien el artículo 175 de la Ley 906 de 2004 no preveía término en el que debía formularse la imputación, como si lo hizo la Ley 1453 de 2011, debe entenderse que a partir de la promulgación de esta última normativa, comienza a correr el lapso de dos años que establece la precitada norma, razón por la cual no le asiste razón al actor, ya que para la fecha de los hechos la última normatividad señalada no se encontraba vigente.
Insistiendo en similares consideraciones a las esbozadas en el libelo de tutela, el apoderado especial del accionante impugnó el fallo emitido por el Tribunal de Bogota, pues, persiste en solicitar la aplicación favorable de la Ley 1453 de 2011 frente al término aplicable para el archivo de las diligencias.
De conformidad con la preceptiva del artículo 1º, numeral 2º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 la Sala es competente para pronunciarse respecto de la impugnación interpuesta en contra de la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces para obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o, existiendo, cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
De acuerdo con los antecedentes expuestos, el actor cuestiona que a pesar de haberse vencido el término establecido en la legislación para formular imputación, la Fiscalía no procedió de conformidad, circunstancia que igualmente fue avalada por los juzgadores accionados al negar la nulidad deprecada por ese mismo aspecto.
En orden a resolver la impugnación interpuesta, debe decirse que la Sala ha sido del criterio que no puede acudirse a la tutela para reemplazar los procedimientos ordinarios de defensa, cuando el amparo se concibió precisamente en orden a suplir la ausencia de éstos, motivo por el cual no puede promoverse la acción constitucional como medio alternativo o paralelo de defensa o instancia adicional para enderezar actuaciones judiciales supuestamente viciadas.
En dicho sentido, de manera reiterada se ha sostenido que no es procedente acudir al juez de tutela para que intervenga en procesos en curso, no sólo porque desconoce la independencia y la autonomía de que está revestido el juez natural para tramitar y resolver los asuntos de su competencia, sino porque, tal proceder desnaturaliza la filosofía que inspiró el mecanismo de amparo para la protección de derechos superiores, mas no para su declaración.
En el asunto examinado, la actuación procesal a la cual se refiere el accionante se encuentra en curso, pues, conforme a la reseña procesal precedente, ya fue presentado escrito de acusación, por tanto, será en ese proceso donde la parte accionante deberá comparecer y hacer uso de los mecanismos de defensa judicial que consagra la Ley 906 de 2004 a lo largo del procedimiento, pues excede la competencia del juez constitucional ordenar al juez que conoce del diligenciamiento proceda de la manera en que lo considera el actor.
Lo anterior, se constituye en motivo suficiente para confirmar la improcedencia del amparo demandado, puesto que, se reitera, dentro de dicha actuación penal el actor aún cuenta con medios de defensa judicial para reclamar el amparo de las garantías fundamentales que considera conculcadas.
En consecuencia, al existir un escenario natural de discusión, la tutela demandada se torna improcedente, en los términos previstos por el numeral 1° del artículo 6°, del Decreto 2591 de 1991. Respecto a este particular aspecto, la Corte Constitucional ha señalado:
“De acuerdo, también, con la amplia jurisprudencia de la Corte, la acción de tutela es improcedente cuando el proceso no ha concluido y se pide la protección del juez constitucional para atacar providencias judiciales en trámite en las que se alegue una vía de hecho, por la sencilla razón de que no obstante la posible irregularidad que se hubiere presentado en el trámite del proceso correspondiente, al no estar culminada la actuación, existen normas en el procedimiento para que el afectado alegue oportunamente estas deficiencias, bien sea, pidiendo nulidades, interponiendo recursos, interviniendo en el proceso, todo con el fin de defender sus derechos. Es decir, la improcedencia de la acción de tutela, en estos casos, radica en la existencia de otro medio de defensa judicial, dentro del propio proceso. De allí que la Corte ha señalado que no toda irregularidad en el trámite de un proceso constituye una vía de hecho amparable a través de esta acción”1.
Asumir una postura como la pretendida, implicaría desconocer y pretermitir las decisiones que en ejercicio de su competencia emiten los funcionarios judiciales en el trámite de los procesos adelantados conforme al procedimiento previsto para el caso concreto en la Ley 906 de 2004, desautorizada en atención a la naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela, que impide la intromisión constitucional en los asuntos de definición propia en las instancias ordinarias correspondientes.
Adicionalmente, tampoco se probó la existencia de situación alguna que haga pensar en la inminencia de sufrir un daño irreversible o un perjuicio que tenga la virtualidad de comprometer o amenazar de manera concreta, grave y específica los derechos fundamentales del actor.
Lo dicho en precedencia constituye razón suficiente para que la Sala confirme el fallo impugnado.
PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia objeto de impugnación, conforme a las anteriores motivaciones.
TERCERO.- En firme esta determinación, remítase el proceso a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
1 Corte Constitucional, Sentencia T- 418 de 2003.