Source: http://www.slideshare.net/CEEPENAL/amicus-curiae-caso-mendoza
Timestamp: 2015-08-28 17:48:19
Document Index: 149980068

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 24', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 19', 'artículo 4', 'artículo80', 'artículo 37', 'artículo 75', 'artículo 17', 'artículo 13', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 1', 'artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 5', 'artículo 37', 'artículo 5', 'artículo 26', 'artículo 8', 'artículo 37', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 8', 'artículo 80']

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Amicus Curiae presentado por cuatro investigadores del CEEP ante la Corte IDH sobre el caso Mendoza.
Transcript of "Amicus curiae caso mendoza"
AMICUS CURIAE CASO 12.561 CÉSAR ALBERTO MENDOZA Y OTROS (Prisión y reclusión perpetuas de adolescentes) Presentan este Amicus Curiae particularmente el siguiente grupo de investigadores:Silvana Di Vincenzo (Investigadora del Centro de Estudios de Ejecución Penal)Ariel Sebastian Garin (Investigador del Centro de Estudios de Ejecución Penal)Nvard Nazaryan (Investigadora del Centro de Estudios de Ejecución Penal)Adalberto Polti (Investigador del Centro de Estudios de Ejecución Penal) 2.
I- PRESENTACIÓN Venimos a presentarnos en el caso No. 12.561, “César AlbertoMendoza y Otros”, que tramita ante esta Corte Interamericana de DerechosHumanos (en adelante la “Corte”, “Corte Interamericana”, “Honorable Corte”,“ilustre Corte” o “CorteIDH”, indistintamente) y sometemos a consideración deV.E. el presente memorial en derecho, en calidad de Amici Curiae (“amigo de laCorte”), en el que ofrecemos un análisis fáctico y jurídico de los hechos en losque se fundan las alegaciones de las presuntas victimas. El presente amicus curiae es presentado en conformidad con losartículos 44 y 28.1 del Reglamento de la Corte Interamericana de DerechosHumanos (en adelante “el Reglamento”) ante esta Honorable Corte, por elgrupo de académicos/as e investigadores/as que suscriben este documento: Silvana Di Vincenzo (Investigadora del Centro de Estudios de EjecuciónPenal), Ariel Sebastian Garin (Investigador del Centro de Estudios de EjecuciónPenal), Nvard Nazaryan (Investigadora del Centro de Estudios de EjecuciónPenal), Adalberto Polti (Investigador del Centro de Estudios de EjecuciónPenal). Todos constituyendo domicilio en Av. Presidente Quintana 440(C1425CKB), piso 14 “G”. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, RepublicaArgentina. Teléfono: (54 011) 4804-1284. Mail:investigaciones.ddhh@gmail.com Quienes firman el presente informe se desempeñan actualmente endiversos organismos de Derechos Humanos, siendo docentes en diversasuniversidades del país y ejerciendo la abogacía ya particularmente ya en elsistema judicial. Son además Investigadores en el Centro de Estudios deEjecución Penal, el cual se encuentra cumpliendo sus funciones dentro delDepartamento de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho,Universidad de Buenos Aires1, hace poco menos de una década, desarrollandoinvestigaciones y capacitaciones en el ámbito de la ejecución de la pena, con elfin de resolver los problemas que aquejan a nuestra sociedad dandorespuestas a las injusticias que asimismo se presentan tomando como metagarantizar la plena vigencia en el respeto de los derechos humanos de laspersonas privadas de libertad. Junto a esto, la experiencia académica y1 http://www.derecho.uba.ar/institucional/depto_penal_criminologia_cep.php 3.
práctica acumulada de quienes presentan este documento dentro del ámbito dela Ejecución de la Pena y mas precisamente dentro de la esfera de nuestrosistema penitenciario nacional, ya federal, ya provincial, respalda el análisisque a continuación se desarrolla. Al mismo tiempo, esa misma experiencia fueel impulso para buscar asistir a esta Honorable Corte, al considerar que lascuestiones que hoy se someten a su conocimiento se enmarcan en un procesode reflexión sobre el presente y futuro del Sistema Interamericano deProtección a los Derechos Humanos, el cual debe ser inclusivo, participativo ypúblico, y llevar a la consolidación de la protección del ser humano en todo elcontinente.II- INTERES QUE MOTIVA ESTA PRESENTACIÓN Como académicos e investigadores nos sentimos motivados a efectuareste informe ante esta Honorable Corte debido a la implicancia que la temáticaque se suscita representa en el ámbito interamericano, en particular teniendopresente los instrumentos y normativas interamericanas e internacionales quese manifiestan en contra a un trato a los menores de edad en la aplicación desanciones penales que se asemeje a aquellos aplicables a quienes hancumplido la mayoría de edad, teniendo como meta la reinserción social de lapersona humana considerada como un fin en si misma y no como un mediopara la consecución de fines externos a su persona. Dicho esto, y debido a que el caso aquí en cuestión ha tenido lugardentro del sistema penitenciario de la Republica Argentina, donde se hacuestionado la adecuación del sistema penal a la normativa interamericana einternacional, es que inevitablemente ha debido surgir nuestra mas altapreocupación, motivándonos a brindar mediante el presente escrito nuestraperspectiva jurídica fundada sobre las violaciones que han alegado laspresuntas victimas de los hechos que dan lugar al caso. Siendo conscientes de que la decisión que eventualmente adopte esteHonorable Tribunal será la de mayor importancia para el logro de una efectivaprotección de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, esque nos acercamos en calidad de “amigos del tribunal”. 4.
III- ANTECEDENTES: El presente caso ha tenido lugar tras recibir la Comisión Interamericanade Derechos Humanos (en adelante “la Comisión”) una serie de denunciasentre el 9 de abril de 2002 y el 30 de diciembre de 2003, a favor de: CésarAlberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl CristianRoldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández. Con la particularidad detratarse todas de reclamos referidos a la imposición de la pena de prisiónperpetua a adolescentes, fueron estos tratados en conjunto bajo el expediente270/02, declarado admisible por la Comisión mediante el informe 26/08registrado con el numero de caso 12.561.Estos casos han llegado a ser tratados dentro del sistema interamericano deprotección a los Derechos Humanos tras un largo recorrido en la jurisdiccióninterna del estado: - César Alberto Mendoza El 28 de octubre de 1999, el Tribunal Oral de Menores No. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la causa No. 1048, declaró a César Alberto Mendoza coautor penalmente responsable de los delitos de robo calificado perpetrado con armas en cuatro oportunidades, homicidio calificado en dos oportunidades y lesiones graves, todos los cuales concurren materialmente entre sí. Con base en la Ley 22.278, César Alberto Mendoza fue condenado a la pena de prisión perpetua2. Los delitos por los cuales César Alberto Mendoza fue condenado, tuvieron lugar cuando contaba con 17 años y 10 meses de edad. Contra esta resolución de primera instancia la defensora pública oficial de la causa interpuso recurso de casación el 16 de noviembre de 1999 y, ese mismo día, 16 de noviembre de 1999, también interpuso recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia,2 Petición inicial a favor de César Alberto Mendoza recibida el 17 de junio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Sentencia del Tribunal Oral de Menores No. 1 de 28 de octubre de1999, causa No. 1048. 5.
alegando que la sentencia impuesta constituye una “pena cruel, inhumana y degradante, incompatible con la readaptación social” y, por lo tanto, contraria a la Constitución Nacional y a otros tratados de derechos humanos de los cuales el Estado es parte 3. Asimismo, la titular de la Defensoría Pública de Menores No. 3, interpuso también un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia condenatoria, el 18 de noviembre de 19994. El Tribunal Oral de Menores, actuando como tribunal habilitador de la instancia superior, mediante resolución del 30 de noviembre de 1999 rechazó el recurso de casación por considerar que las valoraciones que realizan los magistrados relativas a la graduación de la pena a imponer, quedan, por vía de principio, excluidas del control casatorio5. Contra dicha resolución, la defensora pública oficial de la causa interpuso recurso de queja por denegación de la casación, donde planteó nuevamente la indebida aplicación del artículo 4 de la Ley 22.278 sobre la base de que el tribunal de primera instancia no fundamentó debidamente las razones por las cuales aplicó la pena de prisión perpetua6. Este recurso fue desestimado por la Cámara Nacional de Casación Penal mediante fallo del 23 de junio de 2000. El 24 de agosto de 2000 fue declarado inadmisible el recurso extraordinario federal interpuesto por la defensa3 Petición inicial a favor de César Alberto Mendoza recibida el 17 de junio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora OficialPública Nelly Allende el 16 de noviembre de 1999, causa No. 1048.4 Petición inicial a favor de César Alberto Mendoza recibida el 17 de junio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora Públicade Menores Claudia López Reta el 18 de noviembre de 1999, causa No. 1048.5 En esta resolución el Tribunal reiteró que: “es la facultad del Tribunal de mérito efectuar unarevisión de cada recurso a fin de examinar si, en su interposición, se han observado lascondiciones formales que la ley prevé y, además, que su decisión no debe ceñirse solo alrecuento de esas exigencias, debiendo avanzar sobre las condiciones de admisibilidad eimpidiendo el progreso del trámite, cuando de su estudio surja la improcedencia de la víarecursiva. Ello no implica que el Tribunal se convierta en Juez de su propio fallo, sino queparticipa en la habilitación de la instancia superior […]”. Petición inicial a favor de César AlbertoMendoza recibida el 17 de junio de 2002. Anexo 2: Resoluciones Judiciales. Resolución delTribunal Oral de Menores No. 1 del 30 de noviembre de 1999, causa No. 1048.6 6.
- Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza fueron procesados conjuntamente, por el Tribunal Oral de Menores No. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 12 de abril de 1999 el Tribunal declaró a Claudio David Núñez penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado reiterado en cinco oportunidades, robo agravado por el uso de armas reiterado en ocho oportunidades, tenencia ilegítima de arma de guerra y asociación ilícita. Claudio David Núñez fue condenado a la pena de reclusión perpetua7. En la misma resolución, el tribunal declaró a Lucas Matías Mendoza penalmente responsable de los delitos de homicidio calificado reiterado en dos oportunidades; robo agravado por el uso de armas en ocho oportunidades; asociación ilícita y tenencia ilegítima de arma de guerra. Lucas Matías Mendoza fue condenado a la pena de prisión perpetua8. Los delitos por los cuales Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza fueron condenados, tuvieron lugar cuando contaban con 17 y 16 años de edad, respectivamente. Contra esta sentencia condenatoria emitida por el Tribunal Oral de Menores No. 1 se interpusieron tres recursos de casación: (a) a favor de Lucas Matías Mendoza, presentado por su defensora particular9; (b) a favor de Claudio David Núñez, presentado por la defensa pública oficial de la causa 10; y (c) a favor de Lucas Matías7 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Sentencia. Causa número 833/838/839/851/910/920/937/972/1069.En el caso específico de Claudio David Núñez, se observa que fue condenado a reclusiónperpetua, la cual presenta algunas diferencias que la hacen más gravosa que la prisiónperpetua. Entre dichas diferencias, cabe mencionar el artículo 24 del Código Penal de laNación, según el cual: La prisión preventiva se computará así: por dos días de prisiónpreventiva, uno de reclusión; por un día de prisión preventiva, uno de prisión, o dos deinhabilitación o la cantidad de multa que el tribunal fijase entre $ 35 y $ 175. La Comisión nocuenta con información detallada sobre cómo esta regulación se vio reflejada en el caso deClaudio David Núñez.8 Petición inicial a favor de Lucas Matías Mendoza recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Sentencia. Causa número 833/838/839/851/910/920/937/972/10699 Petición inicial a favor de Lucas Matías Mendoza recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de casación interpuesto por la abogada Mirta Beatriz Lópezel 3 de mayo de 1999, causas No. 833/838/839/851/910/920/937/972/106910 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de casación interpuesto por la Defensora Pública Oficial 7.
Mendoza y Claudio David Núñez, presentado por la Defensoría Pública de Menores11. Además, se interpusieron contra aquella sentencia dos recursos de inconstitucionalidad: uno 12, por la Defensora Pública de Menores, a favor de Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, y otro, a favor de Claudio David Núñez, por su defensora pública oficial13. En cuanto a los recursos de inconstitucionalidad, la Defensora Pública de Menores alegó que las penas de reclusión y prisión perpetuas aplicadas a personas que delinquieron siendo menores de 18 años violaba el artículo 37(a) de la Convención de los Derechos del Niño y, por ende la Constitución Nacional, que prohíbe que los niños sean sometidos a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes14. La defensora oficial de la causa también utilizó este argumento en el recurso de inconstitucionalidad que interpuso, refiriendo que este tipo de penas violaban disposiciones similares de otros tratados internacionales ratificados por la Argentina, señalando así a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes15.Nelly Allende el 3 de mayo de 1999, causas No. 833/838/839/851/910/920/937/972/106911 Peticiones iniciales a favor de Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, recibidas el 1de julio de 2002. Anexo 2: Resoluciones Judiciales. Recurso de casación interpuesto por laDefensora Pública de Menores María Luz de Fazio el 3 de mayo de 1999, causas No.833/838/839/851/910/920/937/972/1069.12 Petición inicial a favor de Lucas Matías Mendoza recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora Públicade Menores María Luz de Fazio el 3 de mayo de 1999, causas No.833/838/839/851/910/920/937/972/1069.13 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora PúblicaOficial Nelly Allende el 3 de mayo de 1999, causas No. 833/838/839/851/910/920/937/972/106914 Petición inicial a favor de Lucas Matías Mendoza recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora Públicade Menores María Luz de Fazio el 3 de mayo de 1999, causas No.833/838/839/851/910/920/937/972/1069.15 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Defensora OficialPública Nelly Allende el 3 de mayo de 1999, casusa No.833/838/839/851/910/920/937/972/1069. 8.
En su resolución de 6 de mayo de 1999, el Tribunal Oral de Menores No. 1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se pronunció rechazando estos cinco recursos (los tres de casación y los dos de inconstitucionalidad). Contra esta resolución del Tribunal Oral de Menores, tanto la representante de Lucas Matías Mendoza16, como la Defensoría Publica Oficial17 y la de Menores18 presentaron los correspondientes recursos de queja por casación denegada ante la Cámara Nacional de Casación Penal. La Cámara Nacional de Casación Penal mediante fallo del 4 de abril de 2000 se pronunció sobre el punto específico del recurso de queja planteado por la Defensoría Pública Oficial a favor de Claudio David Núñez, que había declarado admisible. Al respecto, determinó que el a quo había cumplido efectivamente con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la Ley 22.278. Además, el tribunal concluyó que “la sentencia impugnada se encuentra suficientemente fundada en orden a su decisión relativa a la individualización de la pena impuesta a Claudio David Núñez”; considerando además el tribunal que la pena impuesta guarda entera proporcionalidad con la magnitud y la gravedad de los delitos por los cuales aquel fue condenado19. La Defensoría Pública Oficial, actuando en representación de Claudio David Núñez, presentó recurso extraordinario contra el fallo emitido por la Cámara el 19 de abril del 2000 que rechazó los16 Petición inicial a favor de Lucas Matías Mendoza recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de queja por casación denegada interpuesto por la abogadaMirta Beatriz López el 17 de mayo de 1999, en las causas833/838/839/851/910/920/937/972/1069.17 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de queja por casación denegada interpuesto por laDefensora Pública Oficial Nelly Allende el 3 de mayo de 1999, causas833/838/839/851/910/920/937/972/1069.18 Petición inicial a favor de Lucas Matías Mendoza recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso de queja por casación denegada interpuesto por laDefensora Pública de Menores María Luz de Fazio el 13 de mayo de 1999, causas833/838/839/851/910/920/937/972/1069.19 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2.Resoluciones Judiciales. Resolución de la Sala Ii de la Cámara Nacional de Casación Penal del4 de abril de 2000, causa No. 2209. 9.
recursos de casación e inconstitucionalidad planteados por la Defensoría Pública de Menores 20. Este recurso fue declarado inadmisible por la Cámara Nacional de Casación Penal el 3 de agosto de 200021 y la decisión fue notificada a Claudio David Núñez el 6 de septiembre de ese año 22. Contra esta resolución denegatoria del recurso extraordinario, la Defensoría Pública Oficial interpuso recurso de queja ante la Corte Suprema de la Nación el 19 de septiembre de 200023, el cual fue rechazado por extemporáneo el 23 de agosto de 200124. La Defensora particular de Lucas Matías Mendoza interpuso recurso extraordinario contra el rechazo definitivo del recurso de casación 25. Este recurso fue rechazado por la Cámara Nacional de Casación Penal, en su función de tribunal habilitador 26 y, posteriormente, desestimado formalmente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la base de que la queja no refuta los motivos de la resolución denegatoria del recurso extraordinario 27. - Saúl Cristian Roldán Cajal20 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso extraordinario presentado por el Defensor Público OficialGuillermo Lozano el 15 de junio de 2000, causa No. 2211.21 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal del3 de agosto de 2000, causa No. 2211.22 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Boleta de notificación del 6 de septiembre de 2000 firmada por laAyudante 3ra María Cristina Hassan Auxiliar Sección Despacho.23 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Oficio recibido el 20 de septiembre de 2000 por medio del cual elDefensor Público Oficial Guillermo Lozano notifica a la Cámara Nacional de Casación Penalque ha interpuesto recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación,causa No. 2211.24 Petición inicial a favor de Claudio David Núñez recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 23 deagosto de 2001, causa No. 193/00.25 Petición inicial a favor de Lucas Matías Mendoza recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Recurso extraordinario federal presentado por la abogada MirtaBeatriz López el 10 de mayo de 2000, causa No. 2215.26 Petición inicial a favor de Lucas Matías Mendoza recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal del1 de junio de 2000, causa No. 2215.27 Petición inicial a favor de Lucas Matías Mendoza recibida el 1 de julio de 2002. Anexo 2:Resoluciones Judiciales. Resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 3 de abrilde 2001, causa 768/00. 10.
El 8 de marzo de 2002 el Tribunal en lo Penal de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza impuso a Saúl Cristian Roldán Cajal la pena de prisión perpetua como “autor de los delitos de homicidio agravado en concurso real con robo agravado”28. Los delitos por los cuales Saúl Cristian Roldán Cajal fue condenado, tuvieron lugar cuando aún no había alcanzado los 18 años de edad. La defensora oficial de la causa interpuso recurso de casación contra dicha resolución alegando que no se merituó debidamente el resultado del tratamiento tutelar al que fue sometido Saúl Cristian Roldán y su positivo progreso, careciendo la sentencia de motivación en ese sentido y, señaló, que éste debía ser acreedor a la reducción de pena contemplada en el artículo 4 de la Ley 22.278 29. Mediante sentencia del 5 de agosto de 2002 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza rechazó este recurso de casación. Este tribunal estimó que la defensa procuraba una revisión de cuestiones de hecho y prueba y, frente a ese planteamiento la Suprema Corte de Justicia consideró que “la valoración de los materiales de la causa es privativo del tribunal a-quo, y que mientras en esa actividad se hayan respetado los postulados que gobiernan el correcto entendimiento humano, la misma permanece incensurable en casación". Asimismo, refirió que “no ha mediado la falta de fundamentación esgrimida. El tribunal de mérito ha consignado en sus considerandos las razones de su decisión (…). En relación al valor que el a-quo haya acordado al régimen tutelar, el mismo deviene inobjetable en casación…”30.28 Petición inicial a favor de Saúl Cristian Roldán Cajal recibida el 15 de agosto de 2003. Anexo2. Resoluciones Judiciales. Sentencia del Tribunal en lo Penal de Menores de la PrimeraCircunscripción de 8 de marzo de 2002, causa 5/00.29 Según el relato contenido en la Resolución del 5 de agosto de 2003 del Recurso deCasación. Petición inicial a favor de Saúl Cristian Roldán Cajal recibida el 15 de agosto de2002. Anexo 2. Resoluciones Judiciales.30 Petición inicial a favor de Saúl Cristian Roldán Cajal recibida el 15 de agosto de 2003. Anexo2. Resoluciones Judiciales. Resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza del 5 deagosto de 2002, causa No. 73.771. 11.
- Ricardo David Videla Fernández. El 28 de noviembre de 2002 el Tribunal en lo Penal de Menores de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza impuso a Ricardo David Videla Fernández la pena de prisión perpetua como sanción por los siguientes delitos: dos homicidios agravados; cinco robos agravados; un robo agravado en grado de tentativa; coacción agravada; tenencia de arma de guerra, y porte ilegítimo de arma de uso civil. Respecto de estos delitos se iniciaron nueve causas penales31 Los delitos por los cuales Ricardo David Videla Fernández fue condenado, tuvieron lugar cuando contaba con 17 años y 9 meses de edad, respectivamente. El 19 de diciembre de 2002 el defensor particular de Ricardo David Videla Fernández presentó recursos de casación por cada una de las causas acumuladas alegando errónea aplicación del derecho en la sentencia. Específicamente se indicaron como agravios la falta de declaratoria de nulidad de algunos medios de prueba utilizados, la errónea aplicación del derecho sustantivo en la determinación del tipo penal aplicable a la conducta desplegada, la falta de motivación, la motivación ilógica y la arbitrariedad de la sentencia 32. Estos recursos fueron desestimados formalmente por la Suprema Corte de la Provincia de Mendoza, mediante fallo del 24 de abril de 2003 Contra esta sentencia la defensa del procesado interpuso recurso extraordinario federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza33. Este recurso fue denegado mediante resolución del 25 de junio de 2003, tras estimar que los agravios31 Causas penales números: 109/02, 110/02, 111/02, 112/02, 113/02, 116/02, 117/02, 120/02 y121/02. Petición inicial a favor de Ricardo David Videla Fernández recibida el 30 de diciembrede 2003. Anexos. Sentencia No. 107 del Tribunal en lo Penal de la Primera Circunscripción dela Provincia de Mendoza del 28 de noviembre de 2002.32 Petición inicial a favor de Ricardo David Videla Fernández recibida el 30 de diciembre de2003. Anexos. Ver recursos de casación sucesivos presentados el 19 de diciembre de 2002 porel Defensor particular Fernando Gastón Peñaloza, causas: No. 121/02; 116/02; 112/02; 109/02;110/02; y 117/02.33 Petición inicial a favor de Ricardo David Videla Fernández recibida el 30 de diciembre de2003. Anexos. Recurso extraordinario federal interpuesto por el abogado Fernando GastónPeñaloza el 22 de mayo de 2003, causa No. 76.063. 12.
presentados por el recurrente consistían en su mero disenso con el criterio previo del tribunal en cuanto al cumplimiento de los requisitos formales del recurso de casación34. Ricardo David Videla Fernández interpuso contra esta sentencia un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual fue negado mediante resolución del 14 de octubre de 200335. Los peticionarios alegaron ante la Comisión que la República Argentinaha incurrido en responsabilidad en el marco de la Convención Americana sobreDerechos Humanos (en adelante “la Convención”) por la presunta violaciónde los derechos consagrados en los artículos 5 (integridad personal), 7 (libertadpersonal), 8 (garantías judiciales) y 19 (derechos del niño), con relación a losartículos 1.1 (obligación de respetar los derechos) y 2 (deber de adoptardisposiciones de derecho interno) por haber impuesto a las presuntas víctimasla pena de prisión perpetua, por delitos perpetrados siendo menores de 18años, por no haber contado con una revisión plena de las sentenciascondenatorias por los tribunales superiores, así como por su internamiento encárceles de máxima seguridad que, según alegatos de los peticionarios hanperjudicado su integridad personal, limitando también su desarrollo personal. En la petición se señala que las presuntas víctimas tenían entre 16 y 17años al momento de cometer los delitos por los cuales habrían sidocondenados a la pena de prisión perpetua. Se refiere, asimismo, que en elámbito interno, la defensa de los ahora jóvenes interpuso los respectivosrecursos de casación contra las sentencias condenatorias, los cuales habríansido denegados por cuestiones formales, con lo que los peticionariosargumentan que las presuntas víctimas no contaron con una revisión, portribunal superior, de los fallos que los condenaron a prisión perpetua.Asimismo, en la petición se indica que la defensa de los jóvenes interpusodiversos recursos cuestionando la constitucionalidad de las penas impuestas,34 Petición inicial a favor de Ricardo David Videla Fernández recibida el 30 de diciembre de2003. Anexos. Resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza del 25 de junio de2003, causa 76.063.35 Petición inicial a favor de Ricardo David Videla Fernández recibida el 30 de diciembre de2003. Anexos. Resolución de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza de 14 de octubre de2003, causa No. 109 y otros. 13.
por tratarse de personas que al momento de cometer los ilícitos penales eranmenores de 18 años; dichos recursos fueron rechazados por las autoridadesjudiciales, al considerar que la aplicación de la pena, en cada caso, se realizóconforme a la Constitución y la legislación argentina aplicable. En resumen entendemos que las cuestiones a analizarse para laresolución del presente caso son las que siguen: 1- Imposición de prisión perpetua a menores de edad 2- Vinculación con los calificativos de “tortura”, “cruel, inhumano y degradante”. 3- Violación al deber de brindar una doble instancia judicial. 4- Conclusiones. Procederemos a continuación a expedirnos sobre estas cuestiones.IMPOSICION DE PRISION PERPETUA A MENORES DE EDAD. Debemos en primer lugar ubicarnos en el contexto sobre el que estamostrabajando, aquel que nos lleva a escribir este amicus. Esto es, el instituto,herramienta o pena de la prisión perpetua, como quiera que se lo denomine.No siendo objeto de este desarrollo discutir su validez ni en nuestro país ni enel ámbito interamericano sino más bien delimitar su alcance. La prisión perpetua es, en nuestro país y en todos aquellos donde lapena de muerte ha sido abolida, la sanción más severa que se puede aplicar aquien ha cometido un delito. Es, por ende, una sanción que procede solo antelos delitos más graves que tipifican las figuras más disvaliosas. Ahora bien, no tenemos intención de discutir la validez de la prisiónperpetua como sanción aplicable a quien comete los delitos más graves, sinomas bien su extensión a personas que debido a su situación particular seentienden portadoras de una inmadurez emocional que las sitúa en unaposición de mayor vulnerabilidad, dignas de una protección extra por parte delsistema jurídico y como tal objeto de un reproche distinto al que mereceríanquienes no se encuentran en esa situación. 14.
Existe un hecho que debe ser remarcado primordialmente: en elcontinente Americano hay una realidad, la Republica Argentina es el único paíssignatario de la Convención Americana de Derechos Humanos que continúaaplicando la pena de prisión perpetua a personas que al momento de cometerun delito eran menores de 18 años 36. En el resto del Continente se repudia todaaplicación de penas a menores que no se distinguen de la aplicable a losmayores de edad. A modo de ejemplo, dentro del continente americano los países queaplican penas más altas a menores de edad son Chile y Costa Rica, cuyo topemáximo es de 10 y 15 años de prisión respectivamente. Aplicando RepúblicaDominicana la pena más baja del continente con un tope máximo de 2 años deprisión. Incluso en Estados Unidos, donde la pena de muerte no ha sido abolida,la Suprema Corte ha puesto en relieve dicha cuestión, así se indico en el casoSimmons37 que los menores de 18 años tienen tres diferencias generales conlos adultos que demuestran que los delincuentes juveniles no pueden, a cienciacierta, ser incluidos en la categoría de los peores delincuentes. La propensiónde los menores a tener un comportamiento inmaduro e irresponsable da lugar aque su conducta irresponsable no sea tan moralmente reprochable como la deun adulto (citando el caso Thompson v Oklahoma p. 835). Con el afán de determinar las características que hacen a los menoresde 18 años de edad merecedores de una tutela especial es menester recurrir alSistema Internacional de protección de los Derechos Humanos en búsqueda deuna definición de “niñez”. El articulo 25 inc. 2 de la Declaración Universal de los DerechosHumanos dispone que “[l]a maternidad y la infancia tienen derecho a cuidadosy asistencia especiales”38. Ya la Declaración de los Derechos del Niño dispuso36 En efecto desde 1997 hasta la fecha se han aplicado como mínimo catorce sentencias amenores ordenando prisión perpetua. Cf. Juliano, Mario Alberto y Ávila, Fernando. Contra laprisión perpetua. Editores del Puerto, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2012. Pág. 154.37 Suprema Corte de los Estados Unidos. ROPER V. SIMMONS (03-633) 543 U.S. 551(2005), 112 S. W. 3d 397, affirmed.38 Derecho también enunciado en la Declaración de Ginebra de 1924 sobre los Derechos delNiño, la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General el 20 denoviembre de 1959, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el PactoInternacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 15.
en su artículo 8 que “[e]l niño debe, en todas las circunstancias, figurar entrelos primeros que reciban protección y socorro”. Seguidamente la Convención sobre los Derechos del Niño, tras citar a laDeclaración de los Derechos del Niño en cuanto dispone en su preámbulo que"el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidadoespeciales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después delnacimiento", en su artículo 1º define como niño “[…] a todo ser humano menorde 18 años de edad […]”. Concordantemente con esta posición ha sostenido laHonorable Corte I.D.H. que “[…] tomando en cuenta la normativa internacionaly el criterio sustentado por la Corte en otros casos, se entiende por “niño” atoda persona que no ha cumplido 18 años de edad” 39. Podemos decir que una de las características principales de los menoresde 18 años de edad es la inmadurez, siendo su experiencia de vida menor enrelación a un adulto, considerando de este modo que esa inmadurez por símisma conlleva un menor grado de reprochabilidad del sujeto frente a lacomisión de un ilícito penal. Por ello, el Estado debe garantizarle a los niños el pleno goce de susderechos en igualdad de condiciones, otorgándole las mismas garantías que alos mayores, más un plus de garantías por su condición de vulnerabilidad. Hasostenido esta Honorable Corte I.D.H. que “[…] los niños poseen los derechosque corresponden a todos los seres humanos, menores y adultos, y tienenademás derechos especiales derivados de su condición, a los quecorresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el Estado” 40 Esta característica de mayor inmadurez/mayor vulnerabilidad es lo quellevo a la Asamblea General de las Naciones Unidas a adoptar las “Reglas deBeijing”41, las que en su artículo 2.3 disponen que “[e]n cada jurisdicciónnacional se procurará promulgar un conjunto de leyes, normas y disposicionesaplicables específicamente a los menores delincuente […]” con el objeto de39 Opinión Consultiva OC-17/2002 de 28 de agosto de 2002, solicitada por la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Párr.42.40 Ibíd. Párr. 54.41 “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores”(Reglas de Beijing). Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 40/33, de 28 denoviembre de 1985. 16.
“[r]esponder a las diversas necesidades de los menores delincuentes, y almismo tiempo proteger sus derechos básicos” entre otros. Además dispone elartículo 19.1 que “[e]l confinamiento de menores en establecimientospenitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el másbreve plazo posible”. En nuestro país el Decreto 22.27842 regula el régimen penal aplicable amenores. En lo relativo a la determinación de las penas y la posibilidad deexcarcelación el artículo 4 remite a la normativa aplicable a los adultos. Estopermite aplicar a personas que al momento de la comisión del hecho ilícitotenían entre 16 y 18 años de edad las penas máximas previstas en el artículo80 del Código Penal de la Nación, a saber, la prisión y reclusión perpetuas, obien a discrecionalidad propia se faculta al juez a disminuir la pena al grado detentativa. Si bien el Decreto 22.278 dispone que los adolescentes infractoresinicien el cumplimiento de su condena al momento de alcanzar los 18 años deedad, la obligación de los Estados de disponer medidas especiales en materiade justicia juvenil no se basa en la edad en la cual la condena será cumplida,sino en el momento en el cual se generó su responsabilidad por infringir lasleyes penales. Frente a esta legislación nacional, la Corte I.D.H. ha resaltado queresulta evidente que las condiciones en las que participan los niños en unproceso penal no son las mismas en que lo hace un adulto. “Si se sostuvieraotra cosa se desconocería la realidad y se omitiría la adopción de medidasespeciales para la protección de los niños, con grave perjuicio para estosmismos. Por lo tanto, es indispensable reconocer y respetar las diferencias detrato que corresponden a diferencias de situación, entre quienes participan enun procedimiento”43. La Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 37, prohíbeexpresamente la determinación de penas capitales y de prisión perpetua sinposibilidad de excarcelación44. De lo anterior se desprende que la pena deprisión perpetua, no encontrándose prohibida en términos definitivos, puede ser42 Publicado en B.O. el 28 de agosto de 1980.43 Corte IDH. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC 17/02de 28 de agosto de 2002. 17.
aplicada siempre y cuando exista una posibilidad de excarcelación. En cuantoal alcance de la posibilidad de excarcelación, el Comité de los Derechos delNiño ha interpretado esta disposición indicando que “[…] la posibilidad de lapuesta en libertad deberá ser realista y objeto de examen periódico” 45. Conforme a esto entendemos que no es válido argumentar que laposibilidad de libertad condicional prevista para la prisión perpetua garantiza suadecuación al artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, en tanto loslapsos necesarios para llegar a la mera posibilidad de aplicación del régimende semilibertad, previsto en 12 años conforme al artículo 17 de la ley 24.660, ya la efectiva libertad condicional previsto en 35 años conforme al artículo 13 delCódigo Penal de la Nación son demasiado prolongados como para satisfacer elmandato convencional. Asimismo conforme a los Instrumentos Internacionales de protección alos Derechos Humanos se entiende al niño en una situación de mayorvulnerabilidad y por ende merecedor de una mayor protección por parte delEstado y de penas inferiores a las aplicables al régimen de adultos. En este sentido, las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para laadministración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), adoptadas por laAsamblea General en su resolución 40/33, de 28 de noviembre de 1985, en laregla 17.1 dispone que las restricciones a la libertad personal del menor seimpondrán sólo tras cuidadoso estudio y se reducirán al mínimo posible. En igual sentido, la Comisión desde la Relatoría sobre los Derechos dela Niñez, en el Informe sobre la Justicia Juvenil y Derechos Humanos en lasAméricas del año 2011, recomienda en conformidad con las normas yestándares internacionales sobre la materia, que los Estados reserven el usode la privación de la libertad como un último recurso, y tener a disposiciónmedidas alternativas a la privación de libertad. El sistema de justicia juvenildebe además tener consideración especial con respecto a la proporcionalidad yla duración de las penas, sean éstas privativas o no privativas de libertad. Ypara ser legítima, toda sanción privativa de la libertad que se aplique a un niño44 [...] No se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelaciónpor delitos cometidos por menores de 18 años de edad.45 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en lajusticia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 77. 18.
responsable de infringir una ley penal debe cumplir con los principios deexcepcionalidad y proporcionalidad de la pena, debe ser aplicada durante elplazo más breve posible y debe garantizar a los niños privados de su libertadde todos sus derechos y protecciones acordes a su edad, sexo ycaracterísticas individuales. Tanto la Corte Interamericana46 como el Comité de los Derechos delNiño se han referido a este principio de mínima intervención. El Comité haexpresado que [...] la respuesta que se dé al delito debe ser siempreproporcionada, no sólo a las circunstancias y la gravedad del delito, sinotambién a la edad, la menor culpabilidad, las circunstancias y las necesidadesdel menor, así como a las diversas necesidades de la sociedad, en particular alargo plazo. La aplicación de un método estrictamente punitivo no está enarmonía con los principios básicos de la justicia de menores enunciados en elpárrafo 1 del artículo 40 de la Convención [...] 47. Es así que estando previsto en la normativa interna (art. 4 del decreto22.278/80) la posibilidad de aplicar a los menores la pena prevista para losdelitos en tentativa en lugar de la prisión perpetua para los delitos que estaproceda y a consideración del juez, entendemos que tomando en consideraciónlas disposiciones internacionales de protección a los derechos humanoscomentadas párrafos atrás, es que cabria al juez aplicar de forma imperativa lasanción correspondiente a la tentativa en lugar de la prisión perpetua para nocaer en la violación a dichos instrumentos generando responsabilidadinternacional al Estado. Siendo de este modo toda pena de prisión perpetua amenores de edad devendría en inconstitucional y anti-convencional. En el ámbito interno la Corte Suprema de Justicia de la Nación (enadelante “CSJN”) tuvo oportunidad de expedirse sobre la aplicabilidad de laprisión perpetua a menores, en diciembre de 2005, en el caso Maldonado 48donde, si bien no se dijo que las penas a prisión perpetua serian46 Cf. Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones yCostas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110.47 Cf. Comité de los Derechos del Niño, Observación General Nº 10, Los derechos del niño enla justicia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 71.48 Corte Suprema de Justicia de la Nación. "Recurso de hecho deducido por el defensor oficialde Daniel Enrique Maldonado en la causa Maldonado, Daniel Enrique y otro s/ robo agravadopor el uso de armas en concurso real con homicidio calificado —causa N° 1174—", 7 dediciembre de 2005. 19.
inconstitucionales, si se aclaro que no se puede aplicar la misma pena a unadolescente que a un adulto, los adolescentes gozan de la posibilidad de recibirpenas atenuadas conforme a su condición de sujeto en desarrollo. La CSJN sostuvo además que los niños poseen los derechos quecorresponden a todos los seres humanos y tienen ciertos derechos especialesderivados de su condición propia. Indico que “[…] en el caso de los menores, laconcreta situación emocional al cometer el hecho, sus posibilidades reales dedominar el curso de los acontecimientos, o bien, la posibilidad de haberactuado impulsivamente o a instancias de sus compañeros, o cualquier otroelemento que pudiera afectar la culpabilidad adquieren una significacióndistinta, que no puede dejar de ser examinada al momento de determinar lapena”49. Indicando respecto de lo previsto en el articulo 4 párrafo 2 que “la razónpor la que el legislador concede al juez una facultad tan amplia al momento desentenciar a quien cometió un hecho cuando aún era menor de 18 años serelaciona con el mandato de asegurar que estas penas, preponderantemente,atiendan a fines de resocialización, o para decirlo con las palabras de laConvención del Niño, a -la importancia de promover la reintegración social delniño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad- (art. 40, inc.1°)”50. Existiendo en el caso de menores “[…] el deber de fundamentar lanecesidad de la privación de libertad impuesta, desde el punto de vista de lasposibilidades de resocialización, lo cual supone ponderar cuidadosamente enese juicio de necesidad los posibles efectos nocivos del encarcelamiento” 51. Finalmente la CSJN indico que esta “[…] incuestionada inmadurezemocional [de los menores] impone, sin lugar a duda alguna, que el reprochepenal de la culpabilidad que se formula al niño no pueda tener la misma entidadque el formulado normalmente a un adulto. Desde este punto de vista, laculpabilidad por el acto del niño es de entidad inferior a la del adulto, comoconsecuencia de su personalidad inmadura en el esfera emocional” 52.49 Ibíd. para. 16.50 Ibíd. para. 22.51 Ibíd. para. 23.52 Ibíd. Para. 37. 20.
Indican Juliano y Ávila que ha sido un argumento común de losorganismos jurisdiccionales que han aplicado penas de prisión perpetua, apersonas que al momento de la comisión del hecho ilícito eran menores deedad, sostener que si bien la Comisión de Derechos del Niño establece la reglageneral de prohibición de este tipo de sanción, tiene una excepción, cuandoexiste la posibilidad de excarcelación del condenado, y entienden estos quedicha situación se presentaría con la admisión de la libertad condicional en unmomento del transcurso de la prisión perpetua 53. Concordamos con la posición adoptada por estos autores al entenderque la excarcelación a que alude la Convención no puede ser asimilada a lalibertad condicional de la ley argentina. Pues “excarcelación y libertadcondicional no pueden ser asimiladas bajo ningún concepto ya que se trata deinstitutos que tienen diferentes modos de funcionamiento” 54. Esto así, toda vezque la excarcelación procede de supuestos predeterminados por la ley,mientras que la libertad condicional solo puede ser otorgada cuando se cumplióuna parte de la condena y ante una evaluación positiva por parte del serviciopenitenciario. Mas allá de lo anterior, la Comisión I.D.H. destaca que existe unatendencia a eliminar la posibilidad de aplicar las penas de prisión perpetua porinfracciones a las leyes penales cometidas por las niñas, niños y adolescentes,tendencia que, en consideración de la Comisión se encuentra en concordanciacon las obligaciones de protección especial de los niños bajo la ConvenciónAmericana y la Declaración Americana 55. Al respecto, el Comité de losDerechos del Niño al interpretar la Convención de los Derechos del Niñorecomendó la abolición de la prisión perpetua debido a que “[…] la condena deun menor a prisión perpetua, aún con la posibilidad de puesta en libertad, harámuy difícil, por no decir imposible, la consecución de los objetivos de la justiciade menores”56.53 Mario Alberto Juliano y Fernando Avila. Contra la prisión perpetua, una visión histórica ycomparada de las penas a perpetuidad, Pág. 161.54 Ibídem.55 Cf. Comisión Interamericana de derechos humanos. Justicia Juvenil y Derechos Humanos enlas Américas. Relatoría sobre los derechos de la niñez. Pág. 112.56 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en lajusticia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 77. 21.
Ha indicado la Comisión que los niños, niñas y adolescentes deben sertratados de forma coherente con la promoción de su dignidad, los objetivos dela justicia juvenil y las obligaciones especiales del Estado de respetar ygarantizar sus derechos, de forma que se elimine toda forma de castigocorporal o sanción que atente contra su integridad personal e impida sureintegración de forma constructiva dentro de la sociedad 57. Esto lleva a que se prevea a la prisión en el caso de menores solo comoun último recurso, así concuerda cierta doctrina en aceptar al precepto delartículo 40.4 de la Convención de los Derechos del Niño como una guía quenos viene a indicar una serie de medidas que deben ser consideradas por losjueces en lugar de la privación de la libertad y señala que esta solo se aplicarácuando las siguientes medidas fracasaren, puesto que solo así se cumple conel cometido de que sea el último recurso58. Esto así puesto que una pena efectivamente perpetua lesionaría laintangibilidad de la persona humana, ocasionando graves y severos trastornosen la personalidad, lo cual la tornaría inconstitucional por ser incompatible conel art. 18 de la C.N. que prohíbe la aplicación de tormentos físicos y psíquicos yel art. 1° de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas cruelesinhumanas o degradantes. Asimismo la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes delHombre, establece en su artículo 1º que “Todo ser humano tiene derecho a lavida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. La Convención Americanasobre Derechos Humanos por su parte establece en su artículo 5 que "Todapersona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral". En igual sentido la Convención Interamericana para Prevenir ySancionar la Tortura que fue ratificada por nuestro país en 1989 establece ensu artículo 2 que “Se entenderá por tortura todo acto realizadointencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientosfísicos mentales, con fines de investigación criminal, como medio intimidatorio,como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier57 Cf. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Justicia Juvenil y Derechos Humanosen las Américas. Relatoría sobre los derechos de la niñez. Pág. 112.58 Cf, Terragni, Martiniano. Justicia Penal de Menores. Ed. La Ley. 3ra edición, Buenos Aires,2010. Pág. 311. 22.
otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona demétodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o de disminuir sucapacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica”.TORTURAS, TRATOS CRUELES, DEGRADANTES E INHUMANOS EN LASCÁRCELES. Se puede citar un gran numero de instrumentos internacionales quepropenden a la eliminación de todo tipo de acto que impliquen torturas, tratoscrueles, degradantes e inhumanos, entre estos: la Convención contra la Torturay otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la ConvenciónEuropea contra la Tortura; la Convención Interamericana para Prevenir ySancionar la Tortura; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos(artículo 7º); la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 5º; yla Convención sobre los Derechos del Niño (artículo 37). De igual eninstrumentos declarativos como la Declaración sobre la Protección de todas lasPersonas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos oDegradantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos (artículo 5º) y laDeclaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (artículo 26). La Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5.2) estableceque “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles,inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con elrespeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Por su parte, el art. 18 de la Constitución Nacional es la guía que nosexplica a nivel interno cual es y debe ser el sentido de la pena de prisión enArgentina, enuncia así que “Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias,para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medidaque a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo queaquella exija, hará responsable al juez que la autorice”. Comprendido dentro de este contexto, claramente se observa que elconcepto de resocialización seria de imposible realización por los periodos deencierro prolongados que implican las penas de prisión perpetua. Si además, aesto se suman las condiciones de detención de las cárceles en Argentina, en 23.
general, en las que la tortura, los apremios, los golpes y las amenazas, la malaalimentación, la falta de educación, el hacinamiento y la superpoblación sonalgunos de los problemas cotidianos, la violación de los derechos humanosfundamentales es mas que evidente. Esto ha quedado demostrado en la visitade la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a Argentina entre el 13 yel 17 de diciembre de 2004, en el marco de las medidas provisionales que sehabían tomado el 22 de noviembre del mismo año, donde se pudo corroborar lagravedad de la situación de seguridad que enfrentaban los internos en laPenitenciaría Provincial de Mendoza, como las deplorables condiciones deseguridad que propician altos índices de violencia entre los internos; elhacinamiento; las pésimas condiciones de higiene que genera que muchos delos internos padezcan de enfermedades de la piel o infecciones crónicas aconsecuencia del medio que viven. A propósito el Centro de Estudios Legales y Sociales redacto un informesobre la situación de los Derechos Humanos en la Argentina de 2012 que ponede manifiesto esta situación que se repite en las cárceles nacionales. Conrespecto a las practicas de requisas ha indicado que estas importan un fuerteavasallamiento de la intimidad e integridad física de los detenidos y de susfamilias59. Otro de los hechos denigrantes denunciados por el CELS es el delaislamiento por tiempos prolongados en condiciones denigrantes al que sonsometidos los internos, esta es “otra de las prácticas reglamentadas,extendidas en los distintos servicios penitenciarios y utilizada como forma degestión de la población y de castigo”60. En este caso podemos observar loshechos que afectaron a David Videla Fernandez como un claro reflejo de estasituación (cita cesaroni 208). Cuenta Lucas Matías Mendoza que después de lacondena, en Marcos Paz “había un jefe de tratamiento y por seguridad me pusoen una celda aislado, salía un rato al patio para estirar las piernas un poco peronada más. Estuve así nueve meses. Con 18 cumplidos” 61.59 Centro de Estudios Legales y Sociales. Derechos humanos en Argentina. Informe 2012. Ed.Siglo XXI. 186.60 Ibíd.61 Revista Pagina 12, 11/06/2006. 24.
La tortura y los malos tratos afectan de forma cotidiana a las personasprivadas de libertad, como práctica extendida en todo el territorio nacional. Esun fenómeno que se oculta, a partir de la ausencia de información consolidadarespecto de las denuncias que tienen lugar en todos los centros de detencióndel país. Un claro ejemplo de esta situación es lo denunciado por Cesar Nuñez,al indicar que fue objeto de constantes golpes y torturas. 62 Además ha quedado probado, en el Informe de fondo Nro 172/11 de laCIDH, que Lucas Matías Mendoza sufrió un desprendimiento de retina, comoconsecuencia de un golpe recibido en el ojo izquierdo en 1997, cuando seencontraba detenido en el centro para niños, niñas y adolescentes Luis Agote.En el mismo año y mientras permanecía bajo custodia del Estado, fuediagnosticado con toxoplasmosis en el ojo derecho y, posteriormente, fueexaminado en el Hospital Durán y en el Hospital Santa Lucía, en donde leinformaron que el ojo izquierdo era inoperable. El Estado no presentóinformación sobre seguimiento o tratamiento médico alguno proporcionado aLucas Mendoza como consecuencia de dicho diagnóstico. En diciembre del año 2007 Lucas Matías Mendoza y Claudio DavidNuñez fueron revisados en 3 oportunidades por del Servicio de AsistenciaMédica del Complejo Penitenciario Federal No. 1 por representantes de laProcuración Penitenciaria de la Nación, incluyendo un médico legista,encontrando varias heridas en distintas partes de su cuerpo que, como quedademostrado en el Informe de fondo Nro 172/11 de la CIDH, fueron producto degolpes, malos tratos y humillaciones por parte de funcionarios del serviciopenitenciario. Sostiene también el CELS en su informe que durante el año 2011 en elMódulo Residencial V del Complejo Penitenciario Federal II –anexo delComplejo Federal para Jóvenes Adultos (CFJA)– de Marcos Paz los jóvenesdetenidos en el pabellón 3 (de entre 18 y 21 años de edad) se encontrabansometidos a un régimen de aislamiento prolongado. En un hábeas corpuscolectivo se pudo comprobar que el SPF decidía el encierro unicelular, duranteveintitrés horas diarias, de los jóvenes calificados como conflictivos, en62 Cesaroni, Claudia. La vida como castigo. Ed. Norma. Buenos Aires, 2012. Pág. 147. 25.
respuesta a su mala conducta. Situación que se condice con la descripción querealiza Lucas Matías Mendoza63. Así, se ha establecido que el confinamiento solitario constituye un tratocruel, inhumano o degradante cuando se aplica a jóvenes 64. Finalmente indica el informe del CELS que frente a la falta deinformación consolidada respecto de los hechos de violencia en las cárcelesfederales, el número de personas muertas es un indicador clave. Se advierteun aumento importante de las muertes en las cárceles federales en el últimoaño. Mientras que en 2010 hubo 33 muertes, según los propios datos del SPFen el 2011 hubo 39. De ellas, 10 fueron clasificadas como “violencia deterceros” y 6, como suicidios. Sin embargo, la información brindada por el SPFtiene serias deficiencias y persiste la dificultad para acceder a estos datos,centrales para el análisis penitenciario 65. Claramente la muerte de David VidelaFernández es otro de estas tantas muertes violentas/suicidios tan comunes enlas cárceles argentinas66. Al respecto la CIDH ha reiterado que “en los casos demuertes ocurridas en custodia del Estado –incluso en los casos de muertenatural o suicidio–, éste tiene el deber de iniciar de oficio y sin dilación, unainvestigación seria, imparcial y efectiva, que se desarrolle en un plazorazonable y que no sea emprendida como una simple formalidad” 67. Aun así,como explica la comisión, habiendo tomado conocimiento los funcionarios delEstado sobre la situación que se presentaba estos no actuaron con la debidadiligencia68. Concordantemente con esto es enriquecedor citar el informe de laComisión IDH, en tanto esta ha observado que los problemas más graves yextendidos en la región son: (a) el hacinamiento y la sobrepoblación;63 Cf. Centro de Estudios Legales y Sociales. Op. cit. Pág. 230.64 Cf. UNICEF. Derechos del Niño. Seguimiento de la aplicación de la Convención sobre losDerechos del Niño. Pag. 1465 Cf. Centro de Estudios Legales y Sociales. Ob. cit. Pág. 235.66 Cesaroni, Claudia. La vida como castigo. Ed. Norma. Buenos Aires, 2012. Págs. 218 y 21967 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre los derechos humanos de laspersonas privadas de libertad en las Américas. (OEA documentos oficiales ; OEA/Ser.L). Parr.217.68 Ibid. Parr. 318. 26.
(b) las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas, como relativas a la falta de provisión de servicios básicos; (c) los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades; (d) el empleo de la tortura con fines de investigación criminal; (e) el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros penales; (f) el uso excesivo de la detención preventiva, lo cual repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria; (g) la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables; (h) la falta de programas laborales y educativos, y la ausencia de transparencia en los mecanismos de acceso a estos programas; Finalmente la Comisión Interamericana considera que esta realidadestacionaria es el resultado de décadas de desatención del problema carcelariopor parte de los sucesivos gobiernos de los Estados de la región, y de la apatíade las sociedades, que tradicionalmente han preferido no mirar hacia lascárceles. Así, los centros de privación de libertad se han convertido en ámbitoscarentes de monitoreo y fiscalización en los que tradicionalmente ha imperadola arbitrariedad, la corrupción y la violencia 69. Es en este sentido que el Comitéde los Derechos del Niño al recomendar la abolición de la prisión perpetuadebido a que “[…] la condena de un menor a cadena perpetua, aún con laposibilidad de puesta en libertad, hará muy difícil, por no decir imposible, laconsecución de los objetivos de la justicia de menores […]” 70.VIOLACIÓN AL DEBER DE BRINDAR UNA DOBLE INSTANCIA JUDICIAL. El caso Maldonado fue el primero en el que la CSJN tuvo oportunidad deexpedirse acabadamente respecto del régimen penal aplicable a menores deedad. Esto así puesto que en ninguno de los casos aquí bajo análisis tuvo lugarun adecuado recurso ante la Suprema Corte del país, siendo rechazados loscasos por esta debido a cuestiones formales.69 Ibidem, Parr. 4.70 Comité de los Derechos del Niño, Observación General No. 10, Los derechos del niño en lajusticia de menores, CRC/C/GC/10, 25 de abril de 2007, párr. 77. 27.
Violándose el derecho a una doble instancia, esta situación se vioagravada por las restricciones en el alcance de la revisión mediante losrecursos de casación interpuestos por las víctimas, lo que dio lugar a que nopudieran argumentar cuestiones de hecho y valoración probatoria mediante losreferidos recursos. El Art. 75 de nuestra Constitución Nacional, en su inciso 22, señala entrelas atribuciones del Congreso Nacional la de “Aprobar o desechar tratadosconcluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales ylos concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquíasuperior a las leyes”, expresa el mencionado texto legal. Luego enumera unalarga serie de convenios y tratados, entre los que se encuentran la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) queen su artículo 8, apartado 2°, Garantías Constitucionales, afirma que durante elproceso, toda persona tiene derecho en plena igualdad, a las siguientes“garantías mínimas” y enumera entre otras, en el inciso h) “el derecho derecurrir del fallo ante el juez o tribunal superior”, es decir que no hay distinciónen la titularidad del derecho señalado que la persona sea menor o mayor,puesto que si la garantía de rango constitucional juega a favor de las personasmayores, como mucha mayor razón debe interpretarse a favor de los menores,cuya vulnerabilidad dentro del sistema aumenta, sobre todo en el sistemacarcelario. En el mismo sentido es oportuno citar la nota suscrita por Jorge DanielPirozzo71 que en su punto IV “La cuestión de la doble instancia en el juicio demenores…” expresa: “Como vimos el hecho de que los imputados menores deedad no puedan interponer recursos ante el Tribunal de Casación conforme ala ley que regula el respectivo procedimiento (Ley N° 13,634) y a la reiteradajurisprudencia de ése órgano judicial, considero que afecta en forma clara elderecho constitucional de la doble instancia. Para este análisis correspondecomenzar señalando que este derecho a la “doble instancia” en materia penalresulta un derecho fundamental del ciudadano –mayor o menor- pues estáconsagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8° inc.2°,71 Pirozzo, Jorge Daniel. “Proceso de menores, medidas de coerción y derecho a la dobleinstancia”, aparecida en la Revista de Derecho Penal y Criminología, Año II, N°2, de marzo de2012 (págs.219 y ss.) 28.
apartado h) y en el Pacto Internacional d Derechos Civiles y Políticos (art. 14inc .5°), tratados a los que el constituyente nacional en la reforma de 1994 lesotorgó jerarquía constitucional, en el art. 75 inc.22 de la Carta Magna”. Asimismo Ricardo S. Favarotto sostiene que “La función garantística dela actividad impugnativa quedó axiomáticamente establecida desde suinserción entre las garantías judiciales prescriptas en la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos (C.A.D.H.), es decir, el derecho al recursoes un derecho fundamental de naturaleza convencional y constitucional , quetiene un beneficiario –la persona imputada- y un obligado a su prestación –elEstado Parte-“72. En lo que concierne a los menores de edad particularmente, cabeagregar lo sostenido en la “Convención de los Derechos del Niño”, que en suartículo 37, inciso d) proclama que “Todo niño privado de su libertad tendráderecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada,así como derecho a impugnar la legalidad de la privación de su libertad ante untribunal u otra autoridad competente, independiente e imparcial y a una prontadecisión sobre dicha acción”, aclarando en la primera parte del artículo 4° que“Los Estados Parte adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas yde otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presenteConvención”. Coincidimos con el informe elevado por la Comisión Interamericana deDerechos Humanos el 17 de junio de 2011, sobre el caso “César AlbertoMendoza y otros” en cuanto a que la situación in-convencional a la que fueronsometidos los 5 menores “[…] se vio agravada por las restricciones en elalcance de la revisión mediante los recursos de casación interpuestos por lasvíctimas […]. Los exámenes realizados por los tribunales competentes, sea la CámaraNacional de Casación en el caso de Cesar Mendoza, Claudio Núñez y LucasMendoza, así como por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza en el casode Saúl Roldan Cajal y Ricardo David Videla Fernández, no se expidieronsobre si la pena impuesta era adecuada a la luz de las facultades otorgadas72 Favarotto Ricardo S. “El derecho al doble conforme” publicado en la Revista de DerechoPenal y Criminología (Año I, N° 4, diciembre de 2011, págs.133 y ss.). 29.
por el artículo 4 de la Ley 22.278 y de las circunstancias particulares de lasvíctima. Siendo esta una premisa constante de la práctica judicial vigente hastael fallo “Casal”, según la cual existían una serie de aspectos privativos del juezo tribunal de juicio que, por lo tanto, no eran revisables por la vía de casación. Lo dicho ha quedado reforzado por el nuevo pronunciamiento de la SalaII de la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa nº 14.087 “Mendoza,Cesar Alberto y otros s/recurso de revisión”, en la que los jueces han entendido“que el órgano supranacional –sea o no de carácter jurisdiccional- fija unestándar de reconocimiento mayor al que rige en el orden interno, entonces esaquél el que debe aplicarse, pues el control de convencionalidad consisteprecisamente en la consagración de las disposiciones de la Convención y delas interpretaciones de la Corte IDH y la Comisión IDH, teniendo en miras ladefensa y el resguardo de los derechos humanos. Es decir, el deber de losjueces de seguir los parámetros valorativos marcados por la Comisión, no sólose vincula con la necesidad de evitar una posible responsabilidad internacionaldel Estado, sino que encuentra su razón de ser en la realización de losderechos fundamentales en el caso concreto, lo cual constituye la funciónprimaria del Poder Judicial”. Por lo cual, si las normas procesales del derecho interno no prevén unasolución para dar eficacia a los derechos cuya reparación es imperativa pormandato constitucional y convencional entonces es deber de los magistradosarbitrar los mecanismos necesarios para su protección de modo tal degarantizar su plena vigencia. En este sentido, cabe recordar que el artículo 27 de la Convención deViena sobre el Derecho de los Tratados establece que los Estados parte nopueden invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación delincumplimiento de un tratado. Aun así entendemos que si bien esta cuestión hoy en día, para casosfuturos, podría entenderse resuelta conforme a lo dispuesto por la CorteSuprema de la Nación Argentina en el caso “Casal” 73. No cabe perder de vistael posible cambio jurisprudencial o la falta de acotación por los tribunales a73 Corte Suprema de Justicia de la Nación. Causa No. 1681. Matías Eugenio Casal y otro.Decisión de 20 de septiembre de 2005. 30.
dicha sentencia, volviendo el estado de cosas a la situación anterior, por lo queno debe dejar de recomendarse al Estado que adecue su legislación interna aestas pautas básicas en pos de mantener la situación vigente.CONCLUSIONES Con respecto al régimen aplicable en el país debemos de considerar, enprimer lugar, que la Constitución Nacional es la ley suprema, asimismo existeuna serie de Tratados Internacionales a los que el constituyente le ha asignadoigual jerarquía, por lo que tendrían también esa cualidad de ser ley suprema. De este modo el análisis de Constitucionalidad que corresponde hacer alos jueces nacionales, de modo que ninguna norma sea contraria o violatoria ala Constitución, debe extenderse también a lo que se conoce como control deConvencionalidad. Es decir, que el análisis de compatibilidad entre la norma yla Constitución se extiende necesariamente a la Convención. Masprecisamente hemos de referirnos en el presente caso a la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos, y ha sostenido ya la Corte Suprema que lainterpretación que corresponda hacer sobre sus normas deberá de seguiraquella que haga el órgano jurisdiccional correspondiente, es decir la CorteIDH. Siendo así y conforme al principio sentado por la Convención de Vienasobre Derechos de los tratados, respecto a que no se puede alegar el derechointerno para incumplir una obligación internacional. Es que necesariamente sedeben de adecuar la interpretación que se haga de la normativa internaconforme a la normativa internacional. Hemos observado que conforme a la Convención sobre los Derechos delNiño, si bien no se prohíbe la aplicación de prisión perpetua, se prevé laobligación del Estado de garantizar una revisión periódica de la situación delmenor condenado. Esta sería una primera conclusión: El Estado debe garantizar en el casode menores condenados una periódica revisión de su situación. 31.
Pero más allá de esta situación, es unánime la normativa internacionalde protección a los derechos humanos al indicar que en el caso de menorescondenados a prisión se le deberá de aplicar el mínimo correspondiente para eldelito dado dentro de la legislación interna. Acorde con esto, se observa en el Decreto 22.278, art. 4, que en loscasos de condena a prisión perpetua a personas que al momento de cometer eldelito eran menores, quedara a discrecionalidad del juez la aplicación de lapena prevista para la tentativa. Consideramos, como segunda conclusión, que conforme el sistemainternacional de protección a los Derechos Humanos, y en particular a losderechos del niño que prevén la aplicación de la pena mínima correspondiente,se debería de aplicar en estos casos de modo ya no discrecional sino mas bienimperativo la pena prevista para la tentativa, siendo esta la pena mínimaprevista para esos delitos en nuestra legislación. Nos hemos referido ya al caso Casal, por cuya doctrina la CorteSuprema de la Nación ha dispuesto que la revisión por casación no debehacerse exclusivamente sobre las cuestiones formales del caso sino ademássobre las cuestiones de fondo. Ahora bien, es claro que al no ser esta aplicablea los casos analizados en el presente, por ser estos anteriores a “Casal”, laComisión dentro de las recomendaciones dictadas al Estado ha previsto que sedebe disponer las medidas necesarias para que César Alberto Mendoza,Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza y Saúl Cristian Roldán Cajal,puedan interponer un recurso mediante el cual obtengan una revisión amplia delas sentencias condenatorias en cumplimiento del artículo 8.2 h) de laConvención Americana. Conforme a los estándares internacionales en materiade justicia penal de niños, niñas y adolescentes. Si bien el día 21 de Agosto de 2012 la Sala II de la Cámara Nacional deCasación Penal resolvió el caso “Mendoza, Cesar Alberto y otros s/ recurso derevisión”74 en el cual se decidió hacer lugar a los recursos de casación einconstitucionalidad deducidos por la defensa y por la Defensoría Pública deMenores en favor de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y LucasMatías Mendoza. Declarándose la inconstitucionalidad del artículo 80 inciso 7°74 Causa Nº 14.087 –Sala II- C.F.C.P. “Mendoza, Cesar Alberto y otros s/ recurso de revisión”. 32.
del Código Penal en orden a la pena de prisión perpetua prevista con relación aniños, niñas y adolescentes. Este caso solo tiene por fin dar respuesta a estastres víctimas, no a las dos restantes. Por esto entendemos que si bien el Estado Argentino a comenzado a darcumplimiento a las solicitudes de las presuntas víctimas mediante sus órganosjurisdiccionales, es necesario para un pleno cumplimiento que se efectué unamodificación de su legislación vigente. Eliminándose la posibilidad de sometera menores de edad a la pena de prisión perpetua. Impulsando asimismo laposibilidad de excarcelación mediante periódicas y continuas evaluaciones alos menores. Finalmente hemos observado que los menores se encuentran en unaespecial situación de vulnerabilidad y por ende son pasibles de una mayorprotección por parte del Estado. A raíz de esto entendemos que esta HonorableCorte debe llamar la atención al Estado Argentino respecto de la situación devulnerabilidad en la que se encuentran muchos de los menores y adolescentesque habitan el país, en particular que se requiera al Estado que preste especialatención en el cuidado de los menores sometidos a prisión. Volviendo a ponerénfasis sobre el estado de las prisiones en el país. Silvana Di Vincenzo Ariel Sebastian Garin DNI: 27.037.104 DNI: 32.465.866 33.
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