Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/4736
Timestamp: 2020-04-04 06:41:08
Document Index: 7475305

Matched Legal Cases: ['e contrario', 'Artículo 795', 'Artículo 795', 'Artículo 796', 'Artículo 24', 'Artículo 24', 'Artículo 379']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 200/2002
SENTENCIA 200/2002, de 28 de octubre
ECLI:ES:TC:2002:200
En el recurso de amparo núm. 4604-2000, promovido por don Reyes Castro Ruiz, representado por el Procurador de los Tribunales don Justo Guedeja-Marrón de Onís y asistido por la Letrada doña Mónica Villanueva Sanz, contra la Sentencia de la Sección Vigesimotercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, de 21 de julio de 2000, recaída en el recurso de apelación núm. 147-2000 contra la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 17 de Madrid, de 25 de febrero de 2000, en autos de juicio oral 4-2000 por delito contra la seguridad del tráfico. Ha comparecido y formulado alegaciones el Ministerio Fiscal. Ha actuado como Ponente el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas, quien expresa el parecer de la Sala.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 17 de agosto de 2000, don Justo Guedeja-Marrón de Onís, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de don Reyes Castro Ruiz, interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Vigesimotercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, de 21 de julio de 2000, a la que se ha hecho mención en el encabezamiento de esta Sentencia.
a) El recurrente en amparo fue absuelto por el Juzgado de lo Penal núm. 17 de Madrid en Sentencia de fecha 25 de febrero de 2000 de un delito contra la seguridad del tráfico del que había sido acusado. En la mencionada Sentencia se declaró probado que sobre las 2:20 horas del día 6 de abril de 1999 el ahora demandante de amparo conducía por la carretera Nacional IV, cuando se dirigía desde el restaurante donde prestaba sus servicios como cocinero hacia su domicilio familiar al finalizar su jornada laboral, mostrándose indeciso al incorporarse a la vía M-50 respecto a la dirección que debía tomar, por lo que se acercó a los pivotes de canalización que hay en la bifurcación. Observada esta actitud por los agentes de la policía local, procedieron a su detención, siéndole practicada la prueba de alcoholemia con un etilómetro, que arrojó sendos resultado de 0,75 y 0,71 miligramos por litro de aire expirado.
b) El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra la anterior Sentencia, alegando la existencia de error en la apreciación de la prueba, que fue estimado por la Sentencia de la Sección Vigesimotercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial, de 21 de julio de 2000, en la que se declaró al demandante de amparo autor de un delito contra la seguridad del tráfico, condenándole a la pena de multa de tres meses con cuota diaria de 1.000 pesetas y privación del derecho de conducir vehículos de motor por tiempo de un año y un día, así como al abono de las costas procesales causadas en la primera instancia.
3. En cuanto a la fundamentación jurídica de la demanda de amparo, se invoca en ésta, frente a la resolución judicial recurrida, la vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
a) En relación con el primero de los derechos fundamentales invocados se afirma en la demanda de amparo que la apreciación de la Sección Vigesimotercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid de que la falta de motivación de la Sentencia de instancia, al no explicitar los criterios que le han llevado a absolver al acusado frente a las pruebas de cargo practicadas, privaba a la parte afectada de obtener la tutela judicial efectiva, al no poder el Tribunal superior controlar la racionalidad y lógica de la resolución recurrida, esto es, en definitiva, que la Sentencia impugnada no cumplía los requisitos esenciales que determina el art. 142 LECrim, debería haber supuesto la anulación de la Sentencia del Juzgado de lo Penal, de acuerdo con lo establecido en el art. 796.2 LECrim, por quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento. Y la inaplicación de las mencionadas normas procesales por parte de la Audiencia Provincial ha originado un desplazamiento sobre el justiciable de la indefensión provocada por el Juez a quo, al haber procedido el Juez ad quem a subsanar las deficiencias apreciadas en la Sentencia de instancia, sin tener en cuenta el principio de inmediación, así como el de libre valoración de la prueba.
b) El demandante considera que la resolución judicial impugnada ha vulnerado también su derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), ya que las pruebas de cargo practicadas en el acto del juicio, y a las cuales no ha dado valor el Juez de instancia, no tienen validez jurídica o no son tales pruebas de cargo.
4. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional por providencia de 22 de febrero de 2001 acordó admitir a trámite la demanda de amparo, y, en aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, dirigir sendas comunicaciones a la Sección Vigesimotercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid y al Juzgado de lo Penal núm. 17 de Madrid, a fin de que, en plazo que no excediera de diez días, remitiesen certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al rollo núm. 147-2000 y al juicio oral núm. 4-2000, debiendo el Juzgado de lo Penal emplazar previamente a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, a excepción del demandante de amparo, para que, si lo deseasen, pudieran comparecer en el plazo de diez días en el presente proceso.
5. La Sala Segunda del Tribunal Constitucional por providencia de 22 de febrero de 2001 acordó formar la oportuna pieza para la tramitación del incidente de suspensión, y, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 56 LOTC, conceder un plazo común de tres días a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, para que alegasen lo que estimaren pertinente sobre la suspensión solicitada.
6. Por diligencia de ordenación de la Secretaría de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional de 10 de mayo de 2001 se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que pudieran presentar las alegaciones que estimaren pertinentes, de conformidad con lo que establece el art. 52.1 LOTC.
7. La representación procesal del demandante de amparo evacuó el trámite de alegaciones conferido mediante escrito registrado en fecha 1 de junio de 2001, en el que reiteró las ya formuladas en el escrito de demanda.
8. El Ministerio Fiscal evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 12 de junio de 2001, en el que interesó, con base en la argumentación que a continuación sucintamente se extracta, la desestimación de la demanda de amparo.
a) En relación con la primera de las vulneraciones constitucionales aducidas en la demanda de amparo, el Ministerio Fiscal, tras reproducir la doctrina recogida en las SSTC 196/1988, de 24 de octubre (FJ 1), 120/1999, de 28 de junio (FFJJ 2 y 6), y recordar, con cita de la STC 55/1999, de 12 de abril, la noción de indefensión con relevancia constitucional, señala que en el presente caso el Juzgado de lo Penal dictó Sentencia absolutoria, pese a considerar probada la ingestión alcohólica, la conducción anómala del vehículo a motor y arrojar un resultado positivo la prueba de alcoholemia, al entender que no había resultado acreditado que la ingesta alcohólica hubiera afectado a las facultades del conductor, sino, por el contrario, con base en las declaraciones del acusado, en todo momento coincidentes y corroboradas por un testigo compañero de trabajo, que las anomalías en la conducción se habían debido al mero cansancio físico producido por una larga jornada laboral. Recurrida la Sentencia por el Ministerio Fiscal, la Sala, al apreciar la existencia de testimonios coincidentes en cuanto a las síntomas de embriaguez del demandante de amparo, resultar constatada igualmente la anómala conducción, y aparecer acreditados también los resultados positivos del test de alcoholemia practicado, estimó como lógica conclusión la comisión del delito del que se acusaba al recurrente en amparo; esto es, que éste se hallaba afectado en sus capacidades y reflejos para la conducción por la ingesta previa de bebidas alcohólicas. Conclusión a la que debía llegarse también por la falta de toda explicación en la Sentencia de instancia del motivo de no haber otorgado credibilidad a los testimonios de los agentes.
El recurrente en amparo pudo combatir el recurso presentado, pudo aducir cuanto tuvo por pertinente acerca de las consecuencias del mismo, pudo proponer prueba, etc. Nada se lo impidió, y de nada de ello se duele, tratándose en este caso de un recurso ordinario, que otorga plenas facultades revisoras al órgano judicial de apelación, que se atuvo estrictamente en su resolución a los términos del recurso y a la impugnación realizada de contrario. Nada aduce el recurrente sobre merma alguna de los derechos de alegación, contradicción o defensa, ni nada opuso a la virtualidad procesal del recurso del Ministerio Fiscal, ni siquiera se cuestiona la racionalidad del discurso de la Audiencia Provincial, ni que no se corresponda con lo reflejado en el acta del juicio. El demandante de amparo contrapone todo ello a una pretensión no esgrimida -nulidad de la Sentencia- y a un hipotético razonar que además sería invulnerable en virtud de unas afirmaciones fácticas no acreditadas y de unas ignotas argumentaciones que colmarían de lógica al discurso absolutorio frente al condenatorio, al que no opone por lo demás tacha alguna.
b) En relación con la denunciada vulneración del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) el Ministerio Fiscal, tras reproducir, con cita de la STC 278/2000, de 27 de noviembre (FJ 9), la doctrina constitucional sobre el mencionado derecho fundamental, comienza por hacer dos precisiones. La primera, relativa a que la protesta del demandante de amparo sobre la falta de homologación del aparato medidor utilizado no ha merecido acogimiento alguno en ninguna de las dos instancias, obrando en las actuaciones el certificado del control del mismo. La segunda, referida a que la supuesta ilícita actuación de los agentes de la policía local se aduce por vez primera en la demanda de amparo, no habiéndose cuestionado en el proceso subyacente, siendo además inexistente tal supuesta irregularidad, dado que los policías locales actuaron dentro de su demarcación. Al respecto lo único acaecido fue que, al haberse realizado la conducción por una determinada vía, la prueba de alcoholemia debía practicarla la Guardia Civil, pero, como quiera que las dotaciones de la misma se encontraban en ese momento realizando otras actuaciones, no pudiendo acudir al lugar en un tiempo razonable, el instructor del atestado decidió que la prueba la realizaran efectivos de la policía local. Decisión que aparece justificada en el atestado, y que resulta plenamente acorde con las facultades y deberes de la policía en torno a la prueba.
9. Por providencia de 24 de octubre de 2002, se señaló para la deliberación y votación de la presente Sentencia el día 28 de octubre siguiente.
1. La presente demanda de amparo tiene por objeto la impugnación de la Sentencia de la Sección Vigesimotercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid de 21 de julio de 2000, que revocó la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 17 de dicha ciudad de 25 de febrero de 2000, la cual había absuelto al solicitante de amparo del delito contra la seguridad del tráfico del que venía siendo acusado. La Sentencia de apelación ahora recurrida en amparo le condenó, como autor penalmente responsable de un delito contra la seguridad del tráfico previsto y penado en el art. 379 del Código penal, a la pena de multa de tres meses con cuota diaria de 1.000 pesetas y privación del derecho a conducir vehículos de motor por un año y un día, así como al abono de las costas procesales causadas en la primera instancia.
2. Delimitadas en los términos expuestos las cuestiones suscitadas en la presente demanda de amparo, nuestro análisis ha de comenzar por la denunciada vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).
3. Acotada en los términos precedentes la queja referible al derecho de tutela judicial efectiva, se ha de comenzar precisando, por ser doctrina reiterada de este Tribunal, que el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) no garantiza el acierto mismo de las resoluciones judiciales en la selección, interpretación y aplicación de las normas a la decisión del caso, cuestiones éstas que, salvo que se traduzcan en la lesión de otro derecho fundamental distinto, no trascienden el plano de la legalidad ordinaria ni el de la competencia de los Jueces y Tribunales (art. 117.3 CE), y que no pueden ser revisadas en vía de amparo (STC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2). En otras palabras, la determinación de cuál sea la norma aplicable al caso concreto es una cuestión de legalidad que no le corresponde resolver a este Tribunal (SSTC 49/1988, de 22 de marzo, FJ 14; 180/1993, de 31 de mayo, FJ 3), dado que la selección de las normas aplicables y su interpretación viene atribuida, en principio, a los Jueces y Tribunales ordinarios en el ejercicio de la función jurisdiccional que, con carácter exclusivo, les atribuye el art. 117.3 CE, siendo, pues, facultad propia de la jurisdicción determinar la norma aplicable al supuesto controvertido. Ahora bien, el que la selección e interpretación de las normas aplicables al caso corresponda en principio a los Jueces y Tribunales ordinarios, no significa que en todos los supuestos carezca dicha cuestión de relevancia constitucional, en la medida en que este Tribunal está llamado a ejercitar un cierto control sobre aquella selección, bien que limitado a determinar, en términos generales, si se ha tratado de una selección arbitraria o manifiestamente irrazonable (SSTC 23/1987, de 23 de febrero, FJ 3; 90/1990, de 23 de mayo, FJ 4; 180/1993, de 31 de mayo, FJ 3) o ha sido fruto de un error patente, o si de dicha selección se ha seguido daño para otro derecho fundamental distinto al de la tutela judicial efectiva e igualmente tutelable a través de la vía del recurso de amparo (SSTC 50/1984, de 5 de abril, FJ 3; 131/1990, de 16 de julio, FJ 1; 102/2000, de 10 de abril, FJ 7; AATC 254/1982, de 22 de julio; 219/1993, de 1 de julio; 372/1996, de 16 de diciembre).
4. La segunda queja del recurrente en amparo ha de encuadrarse, como ya se ha dejado precisado antes, al derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), y bajo ese prisma conceptual debe ser enjuiciada.
a) En la mencionada Sentencia el Tribunal comienza por constatar que, para la solución del problema constitucional planteado, "no basta con que en apelación el órgano ad quem haya respetado la literalidad del art. 795 LECrim, en el que se regula el recurso de apelación en el procedimiento abreviado, sino que es necesario en todo caso partir de una interpretación de dicho precepto conforme con la Constitución, hasta donde su sentido literal lo permita ... para dar entrada en él a las exigencias del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías". Y al propio tiempo se destaca, como elemento clave caracterizador del caso en aquella Sentencia enjuiciado, y que concurre también en el presente caso, el dato de "que nos hallamos ante una Sentencia absolutoria en la primera instancia, que es revocada en la apelación y sustituida por una Sentencia condenatoria, y que es recurrida en amparo por los condenados en la apelación" (FJ 9).
b) A continuación la referida Sentencia del Pleno del Tribunal procede, avanzando en la línea apuntada en el ATC 220/1999, de 20 de septiembre, a rectificar la jurisprudencia hasta entonces mantenida en precedentes resoluciones sobre las exigencias de los principios de inmediación y contradicción en la segunda instancia penal, al objeto de "adaptar más estrictamente la interpretación constitucional del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE) ... a las exigencias del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades públicas, de 4 de noviembre de 1950, y más en concreto, a las del art. 6.1 del mismo, según ha sido interpretado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ateniéndonos así al criterio interpretativo establecido en el art. 10.2 CE" (FJ 9).
Al respecto se trae a colación en la mencionada Sentencia la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con la cuestión suscitada, inicialmente recogida en su Sentencia de 26 de mayo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia- y consolidada posteriormente en pronunciamientos más recientes (SSTEDH de 8 de febrero de 2000 -caso Cooke contra Austria y caso Stefanelli contra San Marino-; 27 de junio de 2000 -caso Constantinescu contra Rumania-; y 25 de julio de 2000 -caso Tierce y otros contra San Marino), que se puede sintetizar en la consideración de que "cuando el Tribunal de apelación ha de conocer tanto de cuestiones de hecho como de Derecho, y en especial cuando ha de estudiar en su conjunto la culpabilidad o inocencia del acusado, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha entendido que la apelación no se puede resolver en un proceso justo sin un examen directo y personal del acusado que niegue haber cometido la infracción considerada punible, de modo que en tales casos el nuevo examen por el Tribunal de apelación de la declaración de culpabilidad del acusado exige una nueva y total audiencia en presencia del acusado y los demás interesados o partes adversas (SSTEDH de 26 de mayo de 1988 -caso Ekbatani contra Suecia, § 32-; 29 de octubre de 1991 -caso Helmers contra Suecia, §§ 36, 37 y 39-; 29 de octubre de 1991 -caso Jan-Ake Anderson contra Suecia, § 28-; 29 de octubre de 1991 -caso Fejde contra Suecia, § 32). En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado más recientemente en su Sentencia de 27 de junio de 2000 (caso Constantinescu contra Rumanía, § 54 y 55, 58 y 59) que cuando la instancia de apelación está llamada a conocer de un asunto en sus aspectos de hecho y de Derecho y a estudiar en su conjunto la cuestión de la culpabilidad o inocencia de acusado, no puede, por motivos de equidad del proceso, decidir esas cuestiones sin la apreciación de los testimonios presentados en persona por el propio acusado que sostiene que no ha cometido la acción considerada infracción penal, precisando en este supuesto que, tras el pronunciamiento absolutorio en primera instancia, el acusado debía ser oído por el Tribunal de apelación especialmente, habida cuenta de que fue el primero en condenarle en el marco de un procedimiento dirigido a resolver sobre una acusación en materia penal. Doctrina que reitera en la Sentencia de 25 de julio de 2000 -caso Tierce y otros contra San Marino, §§ 94, 95 y 96-, en la que excluye que la ausencia de hechos nuevos sea suficiente para justificar la excepción a la necesidad de los debates públicos en apelación en presencia del acusado, debiendo tenerse en cuenta ante todo la naturaleza de las cuestiones sometidas al Juez de apelación" (FJ 10).
c) Finalmente, en la ya reiteradamente mencionada STC 167/2002, de 18 de septiembre, se pone de manifiesto que la utilización de los criterios jurisprudenciales expuestos puede suscitar sin duda algunas dificultades a la hora de interpretar el art. 795 LECrim en el marco de la Constitución española, si bien se precisa, seguidamente, que "en realidad de los tres fundamentos posibles del recurso de apelación, según resulta de lo dispuesto en el art. 795.2 LECrim (y habida cuenta que las limitaciones derivadas de las exigencias de los principios de inmediación y contradicción tienen su genuino campo de proyección cuando en apelación se plantean cuestiones de hecho), es probablemente el relacionado con la apreciación de la prueba el directamente concernido por estas limitaciones, y no, en principio, los otros dos ('quebrantamiento de las normas y garantías procesales" o "infracción de precepto constitucional o legal')" (FJ 11).
5. Para la aplicación de la doctrina que se acaba de exponer al caso actual deben precisarse las circunstancias de éste, lo que exige que nos detengamos en el contenido de la Sentencia del Juzgado de lo Penal, y en el devenir procesal ulterior, culminado en la Sentencia de la Audiencia Provincial aquí recurrida.
La Sala añade a las anteriores declaraciones, como prueba de cargo, los resultados del test de alcoholemia. Seguidamente se exponen en la Sentencia de apelación las razones por las que la Sala entiende que el Juzgado de lo Penal ha sobredimensionado la declaración del testigo propuesto por la defensa y concluye que "en definitiva, existen diversos testimonios coincidentes en cuanto a los síntomas de embriaguez observados en el acusado, debiendo tomarse en consideración la manera anómala de conducir (reconocida por el propio acusado si bien achacada a su estado de cansancio) y los resultados positivos del test de alcoholemia realizado. Conforme a lo anterior -concluye la Sala- la lógica conclusión que ha de extraerse, dado que la Sentencia no explica motivo alguno por el que no ha otorgado credibilidad a los testimonios de los agentes, es que el acusado se hallaba afectado en su capacidad y reflejos para la conducción por la ingesta previa de bebidas alcohólicas".
6. Ateniéndonos a las circunstancias del caso actual, que se acaban de exponer, es claro que el núcleo de la discrepancia entre la Sentencia de instancia y la de apelación no radica, ni en la ingesta de alcohol por el ahora demandante de amparo, ni en los resultados positivos del test de alcoholemia, sino exclusivamente en la influencia de la ingesta de bebidas alcohólicas sobre la capacidad y reflejos del recurrente en amparo para la conducción, esto es, en la afectación de sus facultades para la conducción por la ingesta de alcohol, en cuanto elemento normativo de la conducta tipificada en el art. 379 del Código penal. Así pues, el debate se centra en una y otra instancia en la acreditación de los hechos sobre los que se asienta dicho elemento normativo.
7. Nuestro enjuiciamiento ha de detenerse en la estimación de la demanda de amparo por la aducida vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías, sin que proceda entrar en el examen de la alegada violación del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), por prematuro, pues en este caso, al margen de las pruebas no susceptibles de valoración por el Tribunal ad quem, constan los resultados de las pruebas de alcoholemia, respecto a cuya virtualidad probatoria nada corresponde decidir a este Tribunal, debiéndose respetar la posibilidad de que el órgano de apelación pueda valorar en términos constitucionalmente adecuados el alcance de dicha prueba aisladamente considerada.
Estimar parcialmente la presente demanda de amparo de don Reyes Castro Ruiz y, en su virtud:
1º Declarar vulnerado el derecho del recurrente a un proceso con todas las garantías.
2º Restablecerle en su derecho y, a tal fin, anular la Sentencia de la Sección Vigesimotercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Provincial de Madrid, de 21 de julio de 2000, recaída en el rollo de apelación 147-2000, retrotrayendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al dictarse la mencionada Sentencia, a fin de que se dicte nueva Sentencia respetuosa con el derecho fundamental vulnerado.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 4604-2000
Promovido por don Reyes Castro Ruiz frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que, en grado de apelación, le condenó por delito contra la seguridad del tráfico.
Dado el carácter personal de las pruebas en las que se sustenta la acreditación de los hechos, el respeto por la Audiencia Provincial de los principios de inmediación y contradicción, que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, impedía que valorase por sí misma pruebas practicadas sin observancia de esos principios ante ella [FJ 6].
Aplica la doctrina de la STC Pleno 167/2002 [FFJJ 4-6].
No procede entrar en el examen de la alegada violación del derecho a la presunción de inocencia, debiéndose respetar la posibilidad de que el órgano de apelación pueda valorar en términos constitucionalmente adecuados el alcance de la prueba de alcoholemia aisladamente considerada [FJ 7].
El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no garantiza el acierto mismo de las resoluciones judiciales en la selección, interpretación y aplicación de las normas a la decisión del caso (STC 58/1997) [FJ 3].
El error del recurrente en la calificación jurídica de los derechos fundamentales afectados en modo alguno constituye un obstáculo para el enjuiciamiento bajo el marco constitucional adecuado, al resultar clara y perfectamente delimitada en la demanda la infracción aducida y las razones en las que la misma se sustenta [FJ 2].
Artículo 795.1, f. 5
Artículo 795.2, f. 4
Artículo 796.2, ff. 1 a 3
Artículo 24.2 (derecho a la presunción de inocencia), ff. 1, 7
Artículo 24.2 (derecho a un proceso con todas las garantías), ff. 2, 4
Artículo 379, ff. 1, 5, 6
§ 32, f. 4
§ 39, f. 4
§ 54, f. 4
§ 55, f. 4
§ 58, f. 4
§ 95, f. 4
§ 96, f. 4
Prueba de alcoholemiaPrueba de alcoholemia, f. 7