Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.079.01.0054.01.SPA
Timestamp: 2020-07-12 23:36:07
Document Index: 368375024

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 3', 'artículo 5', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 108', 'artículo 107', 'artículo 3', 'artículo 107', 'artículo 107', 'artículo 2', 'artículo 101', 'artículo 74']

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Document 52019IR3686
Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2018
Opinion of the European Committee of the Regions – The European Commission Report on Competition Policy 2018
OJ C 79, 10.3.2020, p. 54–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
C 79/54
(2020/C 79/11)
Dominique LÉVÊQUE (FR/PSE), alcalde de Aÿ-en-Champagne
Informe de la Comisión Europea sobre la política de competencia 2018
considera que una política de competencia no falseada y eficaz constituye una base indispensable para el proyecto europeo. No constituye, pues, un fin en sí misma, sino un instrumento de aplicación del mercado interior que es necesario para la realización de los objetivos de la UE, tal como se definen en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), y que se basa en particular en el marco estratégico de los objetivos de desarrollo sostenible, una economía social de mercado y el progreso social. Por otra parte, la aplicación de la política de competencia debe ser coherente con las demás políticas de la Unión [artículo 7 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)] y obedecer a los requisitos transversales en materia de empleo, medio ambiente y protección de los consumidores definidos en los artículos 9, 11 y 12 del TFUE;
recuerda que el artículo 3 del TFUE confiere una competencia exclusiva a la Unión Europea (UE) en materia de adopción de las normas de competencia y que la Comisión dispone de poderes de ejecución directa. En consecuencia, no se aplican a la política de competencia los mecanismos jurídicos previstos para garantizar el respeto del principio de subsidiariedad (artículo 5 del TUE). No obstante, esta competencia exclusiva no exime a la Comisión de la obligación de mantener un diálogo permanente y prestar la debida consideración, durante la preparación y la evaluación de los mecanismos de competencia, con las autoridades públicas de los Estados miembros a todos los niveles, las autoridades nacionales de competencia, el Parlamento Europeo, el Comité Europeo de las Regiones (CDR), el Comité Económico y Social Europeo y la sociedad civil, y en particular, las asociaciones de consumidores;
acoge con satisfacción el Informe anual sobre la política de competencia 2018, si bien observa que este, en esencia, expone las principales decisiones adoptadas por la Comisión ese año y la evolución legislativa en la materia, pero no contiene ninguna propuesta de reforma. Por otra parte, las Orientaciones políticas para la próxima Comisión Europea (2019-2024), presentadas por la presidenta electa el pasado 16 de julio, sí contemplan reformas de la política de competencia europea, en particular, en relación con el «Pacto Verde Europeo», una nueva legislación sobre los servicios digitales o la creación de un fondo público-privado especializado en ofertas públicas iniciales de pymes;
lamenta profundamente que el acuerdo de retirada del Reino Unido de 17 de octubre de 2019 ya no contenga medidas vinculantes para garantizar que en el futuro este país cumpla las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales, competencia y cuestiones fiscales pertinentes. El compromiso no vinculante y no específico del Reino Unido de mantener la igualdad de condiciones para todos mediante «normas comunes estrictas» en estos ámbitos, tal como se establece en la Declaración política que acompaña al Acuerdo, ofrece una protección insuficiente a los ciudadanos, los trabajadores y las empresas del Reino Unido;
resalta que el Reino Unido seguirá sujeto a las normas de competencia de la UE como mínimo hasta la fecha de su retirada de la Unión Europea. Las investigaciones abiertas antes de esa fecha podrían cerrarse con posterioridad a la misma, pero deberán en cualquier caso llevarse a cabo; celebra en este contexto las aclaraciones aportadas por la Comisión en su nota de 25 de marzo de 2019 sobre las consecuencias de una retirada del Reino Unido en lo que respecta al Derecho de la UE en materia de competencia (1), pero lamenta que en ella solo se aborden las prácticas de competencia desleal y el control de las operaciones de concentración entre empresas;
considera que, en el supuesto de una retirada británica, se debe vigilar también sobre si el Gobierno británico cumple o no su compromiso de seguir controlando las ayudas estatales con arreglo a un marco reglamentario común con la UE; reitera, por otra parte, su petición de que se estudie la posibilidad de establecer medidas de adaptación temporales (por ejemplo, de flexibilización o suspensión) de las normas sobre ayudas estatales para aquellas zonas geográficas y aquellos sectores económicos que resulten especialmente afectados por las consecuencias de una retirada del Reino Unido, con mayor razón si esta se produce fuera de un marco negociado (escenario sin acuerdo); ello deberá dar lugar a la ampliación del ámbito de aplicación del Reglamento general de exención por categorías;
Política de competencia y estrategia industrial de la UE
recuerda que el Consejo animó a la Comisión a que «presentara, a más tardar al final de 2019, una visión a largo plazo del futuro industrial de la UE, junto con medidas concretas para hacerla realidad». En este contexto, el CDR se ha declarado ya convencido de «que una estrategia industrial de la UE también debe incluir una revisión de las normas de la Unión sobre ayuda y control de las operaciones de concentración para garantizar la igualdad de condiciones en el plano internacional, de conformidad con las políticas comerciales y los acuerdos multilaterales globales. Al mismo tiempo, esta estrategia debe incluir el potencial de inversión e innovación de las ayudas estatales o las fusiones» (2). El CDR considera que uno de los parámetros de este potencial es la capacidad de crear o mantener empleos industriales en la UE, en particular participando en la reconversión de sectores industriales con dificultades y en la producción de componentes estratégicos para la industria europea;
sugiere un cambio de método en materia de control de las ayudas a la I+D y a la innovación (I+D+I), limitando al máximo el control ex ante ejercido por la Comisión, reduciendo los plazos de examen de las ayudas y simplificando el mecanismo para los proyectos importantes de interés común europeo (PIICE) (3). Este cambio debería facilitar la ejecución de los PIICE, de los que solo se ha podido poner en marcha uno, en materia de microelectrónica, por un importe de 1 750 millones EUR, mientras que el proyecto relativo al diseño y la producción de células y módulos de baterías de nueva generación, por un importe de 6 000 millones EUR de inversión para 1 200 millones EUR de ayudas públicas, fue presentado a la Comisión el pasado mes de mayo;
Ayudas estatales – Consideraciones generales
celebra que el proceso de modernización del control de las ayudas estatales iniciado en 2014 haya hecho posible un aumento del número de exenciones, con más del 96 % de las nuevas medidas de ayuda aplicadas desde 2015 con arreglo al Reglamento general de exención por categorías (RGEC), así como que el control de las ayudas estatales se haya centrado en los principales problemas;
resalta el interés que presenta, en términos de transparencia, el desarrollo de la plataforma informática «Transparency Award Module» (4), que permite transmitir y publicar los datos relativos a las ayudas estatales de importe superior a 500 000 EUR, y constata que a finales de 2018 veinticinco Estados miembros habían publicado información sobre más de 43 000 ayudas concedidas;
reitera su convencimiento de que la Comunicación sobre el concepto de ayuda estatal adoptada en 2016 por la Comisión proporciona una base útil a las autoridades públicas para abordar mejor esta compleja problemática. No obstante, pide a la Comisión que la actualice a la luz de la evolución de su propia práctica decisoria y de la jurisprudencia europea, en particular en materia de selectividad;
pide a la Comisión que incremente el límite máximo de las ayudas de minimis de 200 000 a 500 000 EUR durante un período de tres ejercicios fiscales, teniendo en cuenta que este límite se fijó en 2006;
destaca que en 2018 la Comisión emprendió un control de adecuación de las normas sobre ayudas estatales que debería ir seguido, a principios de 2020, de una serie de propuestas de revisión. En ese contexto, insiste en que el CDR participe plena y oportunamente en el análisis de las propuestas relativas a los mecanismos más intrínsecamente vinculados a las competencias y al ámbito de acción político, económico y social de los entes locales y regionales, a saber, el RGEC; el Reglamento de minimis; las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional; el Marco sobre ayudas estatales de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I); la Comunicación relativa a las ayudas estatales para proyectos importantes de interés común europeo (PIICE); las Directrices sobre financiación del riesgo, las relativas a las ayudas estatales a los aeropuertos y las compañías aéreas, las relativas a la protección del medio ambiente y la energía, las relativas a las ayudas al salvamento y la reestructuración; y por último, las relativas al sector ferroviario;
toma nota de la consulta pública celebrada entre el 26 de junio y el 27 de septiembre de 2019 sobre la propuesta de revisión del Reglamento general de exención por categorías («RGEC») que debe acompañar al próximo marco financiero plurianual («MFP»), con el objetivo de determinar la manera más sencilla y eficaz posible de facilitar una combinación de financiación nacional y financiación con cargo al presupuesto de la UE. Se felicita especialmente de que la propuesta amplíe la actual exención por categorías, que se limita a las ayudas concedidas a las pymes y a las grandes empresas sin necesidad de notificación previa (artículo 20). Se congratula asimismo de que el RGEC pueda establecer una exención por categorías simplificada para los importes muy pequeños de ayudas concedidas a los proyectos de cooperación territorial europea (hasta 20 000 EUR por empresa y proyecto) (artículo 20 bis). Por último, apoya el aumento del límite máximo de intensidad de la ayuda al 80 % para las pymes. No obstante, plantea dos preocupaciones adicionales:
la necesidad de aclarar que el uso de recursos propios por parte de las instituciones públicas que participan en proyectos no cuenta como contribución pública en el cálculo de los porcentajes máximos de intensidad de la ayuda;
la confirmación de que las ayudas concedidas en virtud del artículo 20 bis no entran en el ámbito de aplicación de las obligaciones de información (artículo 11) y de control (artículo 12) del RGEC y no entrañan obligaciones de información por parte de terceros;
toma nota de la Comunicación de la Comisión relativa a la recuperación de las ayudas estatales ilegales e incompatibles, publicada el 22 de julio de 2019 (5), que forma parte de la aplicación del Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, de 13 de julio de 2015, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (6). Dentro de este marco jurídico, la Comunicación no ofrece ninguna facilidad a los beneficiarios de ayudas estatales y, en particular, de ayudas de minimis. En efecto, no se reduce el plazo de prescripción de diez años para las ayudas de minimis, a pesar de que este plazo sea en la práctica mucho más largo como consecuencia de las acciones procedimentales de suspensión. La Comisión tampoco acepta renunciar a la recuperación en aquellos casos en que haya creado una confianza legítima, cuando no se disponga de la información necesaria para la recuperación o cuando una resolución de un tribunal nacional relativa específicamente a la existencia de una ayuda pase a ser firme. Por otra parte, la Comisión considera que, si no se puede recuperar el importe de la ayuda, no solo se debe declarar insolvente al beneficiario, sino que tampoco se le debe autorizar ninguna reestructuración ni la continuación temporal de su actividad sin recuperar antes el importe total de la ayuda. Este enfoque es difícilmente conciliable con el objetivo de unos procedimientos de insolvencia nacionales y europeos. Aunque los procedimientos de recuperación de ayudas estatales tienen por objeto eliminar de forma retroactiva los efectos distorsionadores de las ayudas ilegales, la reestructuración de empresas con arreglo a la legislación en materia de insolvencia tiene en cuenta asimismo otros objetivos, como el mantenimiento del empleo. Por consiguiente, el CDR pide a la Comisión que considere la posibilidad de presentar una propuesta para modificar el Reglamento 2015/1589;
destaca que el marco para las ayudas estatales en el sector bancario no ha evolucionado desde agosto de 2013 (7), mientras que el contexto económico ha cambiado radicalmente, y cabe plantearse si la condición previa de que una ayuda pueda contribuir a «poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro» [artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE] sigue siendo pertinente;
acoge con satisfacción la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, de 24 de septiembre de 2019, en los asuntos acumulados T-755/15 y T-759/15, relativa a la validez de la Decisión de la Comisión Europea de 2015 sobre la ayuda concedida por Luxemburgo a Fiat Chrysler Finance Europe. En efecto, la sentencia confirma que una ventaja selectiva mediante una consulta fiscal puede constituir ayuda estatal ilegal e incompatible con el mercado interior y que el examen por la Comisión de una consulta fiscal con arreglo a las normas sobre ayudas estatales no constituye una «armonización fiscal»; Al mismo tiempo, subraya que, según la sentencia del Tribunal de 15 de noviembre de 2011 en los asuntos acumulados C-106/09 y C-107/09P, «es competencia de los Estados miembros […] la determinación de las bases imponibles y el reparto de la carga fiscal entre los diferentes factores de producción y los diferentes sectores económicos»;
Ayudas estatales en materia de servicios de interés económico general (SIEG)
recuerda que, para la aplicación de las normativas de la UE sobre ayudas estatales en materia de SIEG, los Tratados otorgan a los Estados miembros amplias facultades de apreciación en cuanto a la definición de un SIEG. También deben respetarse los principios de autonomía local y regional, de cohesión económica, social y territorial y de neutralidad con respecto al régimen de la propiedad en los Estados miembros de la Unión, garantizados en el artículo 3 del TUE y en los artículos 14, 106 y 345 y el Protocolo n.o 26 del TFUE;
resalta la importancia que reviste, en materia de SIEG de vivienda social, la sentencia del Tribunal de Justicia de 15 de noviembre de 2018 en respuesta a un recurso de organismos neerlandeses de vivienda social (8). En efecto, dicha sentencia precisa, por una parte, la obligación del Estado miembro de demostrar que, para eludir las normas de competencia, el alcance de un SIEG de vivienda social debe ser necesario y proporcionado con respecto a una necesidad real de servicio público en materia de acceso a la vivienda, y, por otra parte, limita el papel de la Comisión al control de los errores manifiestos. La definición del SIEG de vivienda social contiene un error manifiesto si es imprecisa por limitarse a prever el alquiler prioritario a las personas con dificultades para encontrar una vivienda adecuada, sin definir dicho grupo objetivo;
reitera, en este contexto (9), su llamamiento a favor de una aclaración del ámbito de aplicación de la Decisión de la Comisión de 20 de diciembre de 2011 en cuanto a la vivienda social. Para responder a la realidad alarmante del sector de la vivienda que afecta a un amplio sector de la población con ingresos modestos o incluso medios, y a las distintas particularidades de los mercados inmobiliarios locales, así como a fin de respetar la facultad de apreciación otorgada a los Estados miembros en cuanto a la definición de un SIEG, y en aplicación del principio de subsidiariedad, la decisión debería aplicarse a la oferta de viviendas sociales para colectivos específicos, cuyas necesidades de alojamiento no pueden satisfacerse con arreglo a las condiciones de mercado, en particular debido a sus limitaciones en materia de solvencia o a otras vulnerabilidades. Las autoridades competentes de los Estados miembros han de definir claramente la naturaleza exacta de las necesidades recurriendo a criterios adecuados y transparentes;
toma nota de que la Comisión adoptó, el 7 de diciembre de 2018, una prolongación hasta el 31 de diciembre de 2020 del período de aplicación de su Reglamento relativo a las ayudas de minimis a las empresas que prestan SIEG. En este contexto, el Comité remite a lo que solicitó:
una elevación de los umbrales de minimis aplicables a las ayudas estatales en favor de los SIEG (más allá de las medidas de compensación por un máximo de 500 000 EUR sobre cualquier período de tres ejercicios fiscales);
una revisión de la definición de «beneficio razonable» de un SIEG, para tener en cuenta, en particular, que dichos beneficios suelen reinvertirse en los propios SIEG, en especial adoptando incentivos o aumentando el porcentaje de beneficio que puede reconocerse como razonable;
Ayudas estatales en materia de transición ecológica y energética
insiste en la importancia de que la política de la Comisión en materia de ayudas a la protección del medio ambiente y a la energía se inscriba plenamente en la aplicación del Acuerdo de París adoptado en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, promueva la energía sostenible en la forma de energías renovables y de medidas a favor de una mayor eficiencia energética, y permita luchar contra la precariedad energética, garantizar el suministro de energía y reforzar la cohesión territorial; reclama en este contexto que se ponga fin a las ayudas estatales para la extracción de combustibles fósiles;
llama la atención de los miembros del Comité Europeo de las Regiones y, en general, de los representantes de los entes locales y regionales, respecto de la consulta en curso (hasta el 6 de noviembre de 2019) referida a la evaluación de las normas sobre las subvenciones estatales para los servicios sanitarios y sociales de interés económico general (10) y espera que tenga lugar un amplio intercambio de experiencias prácticas. Por su parte, se hace eco de las dificultades a las que se enfrentan los entes locales y regionales a la hora de definir el ámbito de aplicación del concepto de «personas desfavorecidas» en relación con la vivienda social y el método de cálculo de las compensaciones excesivas;
toma nota del proceso de revisión de las Directrices relativas a determinadas medidas de ayuda estatal en el contexto del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, iniciado el 20 de diciembre de 2018;
desea aportar las siguientes contribuciones con vistas a la futura revisión de las Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía:
pide que las ayudas estatales a la biomasa y el biometano se condicionen a garantías de origen;
recomienda que se introduzcan disposiciones sobre el almacenamiento y el autoconsumo de energías renovables, garantizando la coherencia con la Directiva revisada sobre energía renovable (en particular, artículos 21 y 22);
aboga por que se vincule la concesión de las ayudas a una obligación de transparencia, en virtud de la cual se definan claramente en la factura los costes repercutidos a los consumidores [en coherencia con la Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo (11)];
sugiere modificar el apartado 220 de las Directrices de forma que los Estados miembros estén obligados a demostrar que han considerado de forma prioritaria diferentes medios de alcanzar el objetivo de suprimir gradualmente las ayudas perjudiciales para el medio ambiente o la economía, tales como dar prioridad a la gestión de la demanda y a las medidas de eficiencia energética, aumentar la capacidad de interconexión y abrir el sistema a las energías renovables (12);
pide a la Comisión que compruebe si la exención de impuestos del queroseno no constituye un falseamiento de la competencia en beneficio del sector aéreo basada en una interpretación incorrecta del Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional (1944). En efecto, este dispone que en un vuelo internacional el combustible contenido en los depósitos de un avión no puede gravarse a la llegada a un país, pero no dice nada sobre la imposición en el momento del avituallamiento. En consecuencia, como sucede en algunos Estados miembros, un Estado podría imponer, como mínimo en un vuelo interior, para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, una tasa sobre los billetes si el avión está en competencia directa con un servicio ferroviario, o un impuesto sobre el queroseno. Sin embargo, debido al impacto de dichos impuestos en el mercado interior de la UE, sería preferible que dicha imposición se coordinase a escala europea. Considera, por tanto, que la Iniciativa Ciudadana Europea «Fairosene» destinada a poner fin a la exención fiscal a los carburantes de aviación en Europa merece ser tenida en cuenta (13);
reitera su petición (14) de que «de conformidad con el artículo 107, apartado 3, letras a) y c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), se designe a las regiones carboníferas como regiones susceptibles de recibir ayuda especial y que se adapten las normas de la UE en materia de ayudas estatales para estas regiones especiales al objeto de permitir la adopción de medidas que permitan hacer frente a los cambios estructurales […]. Además, deberá examinarse si, en razón de la enorme relevancia y el ejemplo que puede suponer la reconversión medioambiental de las regiones carboníferas para la política energética y climática de la Unión Europea, estas medidas de apoyo podrían fundamentarse en el artículo 107, apartado 3, letra b), del TFUE»;
Política de competencia y cohesión económica, social y territorial
acoge con satisfacción que en 2018, la Comisión aplicase por vez primera las Directrices relativas a la banda ancha autorizando a los poderes públicos a apoyar el despliegue de la banda ancha, en concreto para un proyecto bávaro (15) relativo al despliegue de redes de muy alta capacidad en seis municipios rurales. Con respecto a la afirmación de que la realización de los objetivos en materia de conectividad del mercado único digital requerirá una inversión total de unos 500 000 millones EUR en los próximos diez años, es esencial que la política de competencia tenga en cuenta las características específicas del despliegue de la banda ancha en las zonas rurales, a fin de servir al interés público e invertir la tendencia cada vez más asimétrica entre las zonas rurales y las zonas urbanas en lo que atañe a las posibilidades de acceso a las tecnologías;
hace hincapié en que, en su Dictamen sobre el Reglamento marco relativo a los Fondos Estructurales y de Inversión, el CDR propuso que, en el contexto de los regímenes de ayudas estatales, el organismo que concede la ayuda pueda considerarse beneficiario de la misma (artículo 2) «cuando la ayuda por empresa sea igual o inferior a 200 000 EUR» y destaca que el Parlamento Europeo y el Consejo han aceptado esta propuesta;
recuerda que, en materia de fondos europeos, el Reglamento general de exención por categorías dispone (considerando 26) que «la financiación de la Unión gestionada centralmente por las instituciones, agencias, empresas comunes u otros órganos de la Unión, que no quede directa o indirectamente bajo el control del Estado miembro no constituye ayuda estatal. En caso de que dicha financiación de la Unión se combine con ayudas estatales, únicamente deben tomarse en consideración estas últimas para determinar si se respetan los umbrales de notificación y las intensidades máximas de ayuda, siempre que el importe total de la financiación pública concedida en relación con los mismos costes subvencionables no exceda de los porcentajes máximos de financiación establecidos en la normativa europea aplicable»;
reitera su llamamiento a la Comisión para que aumente significativamente el umbral para la aplicación del RGEC a las ayudas a los aeropuertos regionales respecto al umbral actual de 200 000 pasajeros al año, dado que no perjudican de manera significativa el comercio entre los Estados miembros, que son incapaces estructuralmente de cubrir los costes de capital y de funcionamiento (16) y que las ayudas estatales otorgadas tienen por objeto el desarrollo de infraestructuras de transporte aéreo seguras y viables en las regiones mal comunicadas (17);
lamenta que las propuestas avanzadas por la Comisión en junio de 2018 para una reforma de la PAC después de 2020 no incluyan, a diferencia de lo que había pedido el CDR, propuestas de revisión de las normas de competencia aplicables al sector agrícola; pide, por tanto, a la Comisión que, independientemente del seguimiento interinstitucional de las propuestas legislativas relativas a la PAC para después de 2020, reconsidere su interpretación, hasta ahora demasiado restrictiva, del artículo 101 del TFUE en las directrices horizontales y no obstaculice los acuerdos colectivos celebrados por las organizaciones de productores;
acoge con satisfacción el hecho de que, en línea con las reivindicaciones del CDR, la Comisión haya aumentado en marzo de 2019 el límite máximo individual para las ayudas de minimis en el sector agrícola de 15 000 EUR a 20 000 EUR (en determinadas condiciones, a 25 000 EUR), incrementando al mismo tiempo el límite máximo nacional para todas las ayudas de minimis del 1 al 1,25 % de la producción agrícola anual del país durante un período de tres años. Estos dos aumentos permiten tener en cuenta, al menos parcialmente, la recrudescencia de situaciones de crisis climáticas, sanitarias y económicas;
La política de competencia en la era digital
acoge con satisfacción que en el informe de la Comisión se considere una prioridad la adaptación de la política de competencia de la UE a la era digital y que el nuevo Programa de competencia para el período 2021-2027 se centre en los retos asociados al uso de los metadatos y los algoritmos;
lamenta, en consecuencia, que las propuestas contenidas en el informe sobre «una política de competencia para la era digital» (18), presentado el pasado mes de abril, no se hayan abordado más en profundidad en el informe anual; considera especialmente pertinentes las siguientes propuestas:
en ausencia de beneficios bien justificados en materia de protección del consumidor, deberían prohibirse las estrategias utilizadas por las plataformas dominantes para reducir la presión competitiva a que se enfrentan;
las investigaciones de la Comisión deberían hacer menos hincapié en el análisis de la definición del mercado y más en las teorías del perjuicio, así como en la identificación de estrategias anticompetitivas;
debería analizarse caso por caso el acceso a los datos de que dispone la empresa considerada dominante —pero no las competidoras— así como la continuidad de ese acceso diferenciado a los datos;
deberían garantizarse: i) la portabilidad de los datos, es decir, la capacidad de los usuarios de transferir a otro lugar los datos que haya recogido una plataforma sobre ellos; y ii) la interoperabilidad de los datos;
se debería imponer a las plataformas que constituyen infraestructuras de intermediación sistémica la carga de la prueba de que la «autopreferencia» no tiene un efecto de exclusión a largo plazo en los mercados de productos, tal como afirma la denuncia presentada por veintitrés bolsas de empleo electrónicas europeas contra el programa «Google for Jobs»;
reclama la creación de un mecanismo legislativo europeo que permita a la autoridad responsable (local, regional, nacional o europea) que haya encomendado a plataformas el desempeño de misiones o servicios de interés general el acceso a los algoritmos utilizados por ellas, así como el control sobre estos;
apoya un mayor grado de control de las adquisiciones de empresas emergentes por parte de plataformas o ecosistemas dominantes o de dimensión sistémica; recomienda asimismo que los umbrales jurisdiccionales establecidos por el Reglamento de la UE relativo a las concentraciones se modifiquen de forma que las adquisiciones se valoren no solo en función del volumen de negocios, sino también del valor de la transacción, a fin de evaluar mejor el potencial competitivo de las empresas emergentes, que por lo general no se ajustan a un modelo de beneficios a corto plazo;
insiste en la necesidad de que el análisis competitivo realizado por la Comisión tenga más en cuenta la cuestión del control del Estado y de las subvenciones concedidas a empresas que pueden falsear la competencia, en especial cuando se trata de competidores de terceros países;
invita asimismo a la Comisión a que estudie la posibilidad de adaptar el Reglamento (CE) n.o 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas («Reglamento comunitario de concentraciones») (19) y actualizar las directrices en materia de operaciones de concentración. En concreto, la Comisión debería garantizar que los compromisos estructurales exigidos para autorizar fusiones no conduzcan a la venta de activos estratégicos a competidores fuera de Europa (lo que sucede en un caso de cada dos desde 2010). Por otra parte, el horizonte temporal del análisis de la Comisión se ha fijado en principio a dos o tres años, lo que no permite anticipar cambios importantes derivados de la entrada en el mercado de actores innovadores, en particular en el sector digital. Por tanto, las Directrices sobre la evaluación de las concentraciones horizontales podrían modificarse suprimiendo la referencia al plazo de dos años (artículo 74) y estipulando que el horizonte temporal del análisis dependa «de las características y la dinámica del mercado, así como de las capacidades específicas de los competidores potenciales»;
Dimensión mundial de la política de competencia
considera que, cuando se concluyan nuevos acuerdos de libre comercio, la Comisión no debe centrarse solo en incluir capítulos sobre competencia, sino también en controlar la aplicación de los acuerdos ya firmados y anticipar medidas de represalia cuando se restrinja el acceso de las empresas europeas a mercados extranjeros. A tal fin, se debe estudiar la posibilidad de crear en el seno de la Comisión un cargo de «chief enforcer»;
pide que, en el contexto de la apertura de la contratación pública a la competencia internacional, se relance el procedimiento legislativo para la adopción del instrumento de reciprocidad para los contratos públicos con terceros países propuesto por la Comisión en 2016. En efecto, parece indispensable un instrumento de este tipo cuando, en el contexto de las negociaciones para la revisión del Acuerdo sobre Contratación Pública llevadas a cabo en la OMC y mediante negociaciones bilaterales con terceros países, la Unión ha confirmado la apertura de contratos públicos a la competencia internacional por un importe de unos 352 000 millones EUR, mientras que otros signatarios de dicho Acuerdo han limitado la contratación pública en sus listas de cobertura (178 000 millones EUR en los Estados Unidos y 27 000 millones EUR en Japón);
invita a todos los Estados miembros a complementar el Reglamento para el control de las inversiones extranjeras en Europa (20) con mecanismos nacionales de control, en particular para permitir que los Estados miembros se ayuden entre sí cuando una inversión extranjera directa en un Estado miembro pueda perjudicar la seguridad o el orden público en otros Estados miembros;
acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya impuesto, en febrero de 2019, medidas definitivas de salvaguardia en respuesta a la decisión de los Estados Unidos de imponer aranceles aduaneros sobre los productos siderúrgicos. En efecto, las importaciones de productos siderúrgicos en la UE aumentaron considerablemente, lo que supone una amenaza grave para las empresas siderúrgicas de la UE, que siguen encontrándose en una situación vulnerable debido a un exceso de capacidad persistente en el mercado mundial del acero y a un número sin precedentes de prácticas comerciales desleales por parte de algunos socios comerciales. En consonancia con los compromisos adoptados por la UE en el marco de la OMC, estas medidas mantienen un flujo continuo de importaciones que garantiza una competencia efectiva en el mercado europeo del acero y una oferta suficiente para los numerosos usuarios europeos de acero. No obstante, visto el deterioro acelerado de las perspectivas económicas de la industria siderúrgica, conviene revisar rápidamente estas medidas de salvaguardia y reforzarlas cuando sea necesario.
(1) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/eu-competition-law_es.pdf
(2) Dictamen del CDR – «Un enfoque de base local para la política industrial de la UE», 26 de junio de 2019, apartado 16.
(3) Véase el manifiesto franco-alemán por una política industrial adaptada al siglo XXI https://ue.delegfrance.org/manifeste-franco-allemand-pour-une.
(4) Véase https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public.
(5) https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/recovery_notice_es.pdf
(6) DO L 248 de 24.9.2015, p. 9.
(7) Comunicación de la Comisión sobre la aplicación, a partir del 1 de agosto de 2013, de la normativa sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo en favor de los bancos en el contexto de la crisis financiera.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013XC0730(01)&from=ES
(8) Asunto T-202/10 RENV II: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text&docid=207808&pageIndex=0&doclang=fr&mode=req&dir&occ%20=first&part=1&cid=14523814.
(9) Véase el apartado 41 del Dictamen del CDR sobre «Ayudas estatales y servicios de interés económico general» (ECON-VI-013), aprobado el 11 de octubre de 2016.
(10) https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-3777435_es.
(11) Directiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se modifica la Directiva 2012/27/UE (DO L 158 de 14.6.2019, p. 125).
(12) Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2014-2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014XC0628%2801%29.
(13) https://eci.ec.europa.eu/008/public/#/initiative
(14) Apartados 29 a 31 del proyecto de Dictamen del CDR sobre «Reestructuración socioeconómica de las regiones carboníferas en Europa», ponente Mark Speich (PPE/DE), aprobación prevista para el pleno de los días 8 y 9 de octubre de 2019.
(15) Asunto SA.48418 Bayerisches Gigabit Pilotprojekt – Alemania, disponible en: http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48418.
(16) Dictamen del Comité de las Regiones, de 28 de noviembre de 2013, sobre las «Orientaciones de la UE sobre las ayudas estatales a los aeropuertos y las compañías aéreas» (COTER-V-043).
(17) Véase la Decisión de la Comisión Europea sobre el aeropuerto de Angulema, de 23 de julio de 2014: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-498_es.htm
(18) http://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf.
(19) DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.
(20) Reglamento (UE) n.o 2019/452, de 19 de marzo de 2019.