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Timestamp: 2020-05-25 09:10:50
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Matched Legal Cases: ['artículo 173', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 118', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 1', 'artículo 173']

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Dictamen : 310 del 26/09/2014
Consultante: Daniela Fallas Porras
26 de setiembre, 2014
C-310-2014
Sra. Daniela Fallas Porras
Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República doy respuesta al oficio SM-427-2014 de 12 de setiembre de 2014, recibido el 18 de setiembre de 2014.
En el oficio SM-427-2014 de 12 de setiembre de 2014 se nos comunica el acuerdo N.° 1 del Concejo Municipal de Tarrazú tomado en la sesión ordinaria N.° 228-2014 de 10 de setiembre de 2014 que ha resuelto trasladar el expediente administrativo N.° 02-OPA-2014 a este Órgano Superior Consultivo para que, conforme lo previsto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, se declare la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que le reconoció la compensación por prohibición a la señora xxx.
1. Por informe remitido al Concejo Municipal el 19 de marzo de 2014, la Auditoría Interna advirtió sobre una posible nulidad en el acto que le reconoció la compensación por prohibición otorgada a la señora xxx, quien ocupa el cargo de Asistente de Administración Tributaria. En este sentido, la auditoría señaló que la señora xxx se encontraría percibiendo un plus salarial equivalente al 25% de su salario base, conforme lo previsto en el artículo 1.d de la Ley de Compensación por pago de prohibición, sin contar con estudios universitarios ni tampoco una preparación equivalente. (Ver Folios del 15 al 23 del expediente administrativo.)
2. Consta en el expediente administrativo que por oficio AM-170-2011 de 7 de julio de 2011, la Alcaldía Municipal ordenó reconocer a favor de la señora xxx la compensación por prohibición de un 25% de su salario base. Esto por cuanto a partir de enero del año 2011, la señora xxx habría sido nombrada como Asistente de la Administración Tributaria. (Ver folio 39 del expediente administrativo.)
3. Consta en el expediente administrativo que la señora xxx ostenta un título técnico medio en Secretariado Comercial expedido por el Colegio Técnico Profesional Industrial de San Pablo de León Cortés expedido en 1995. (Ver folio 40 del expediente administrativo.)
4. Consta en el expediente administrativo el oficio GESTION-USD-121-2013 de 12 de diciembre de 2013, donde consta que la Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad no ha hecho ningún criterio en relación con la preparación equivalente de ningún funcionario de la municipalidad en el año 2011 o subsiguientes. (Ver folio 44 del expediente administrativo.)
5. Por acuerdo N.° 12 tomado en la sesión ordinaria N.° 222-2014 de 30 de julio de 2014, el Concejo Municipal de Tarrazú resolvió abrir un procedimiento administrativo para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto administrativo que le reconoció la compensación por prohibición a la señora xxx y designó a la secretaria del Concejo para la instrucción del procedimiento. (Ver folio 47 del expediente administrativo.)
6. El órgano director dictó su resolución de apertura del procedimiento por medio de la resolución OD-05-2014 de las 7:00 horas del 4 de agosto de 2014. Esta resolución contiene una relación detallada de las actuaciones administrativas e identifica el acto a anular. Se señala el vicio que se estima como nulidad absoluta, evidente y manifiesta – sea no tener la preparación universitaria o su equivalente exigida por el artículo 1.d de la Ley de Compensación por pago de Prohibición. Se advirtió sobre las eventuales consecuencias de la declaratoria de nulidad y se convocó la comparecencia oral y privada para el 28 de agosto de 2014. Asimismo se impuso a la señora xxx de su derecho a contar con un patrocinio letrado y de ofrecer y producir prueba, así como de revisar el respectivo expediente administrativo. Esta resolución fue comunicada el 4 de agosto. (Ver folios del 48 al 59 del expediente administrativo.)
7. Por escrito del 8 de agosto de 2014, la señora xxx presentó su defensa indicando que no constituía su responsabilidad el hecho de que la administración no hubiese verificado que ella incumplía con los presupuestos para recibir la compensación por prohibición. En todo caso, alega que no existe en el expediente administrativo prueba de que ella no cumpla con lo requerido por la Ley. Aportó copia de un oficio donde indica distintos cursos de capacitación que ha llevado. (Ver folios del 61 al 65 del expediente administrativo.)
8. La comparecencia oral y privada se celebró el 28 de agosto de 2014. (Ver folios del 81 al 104 del expediente administrativo)
9. El órgano director rindió su informe final por oficio OD-2014 de 10 de setiembre de 2014. (Ver folios del 107 al 117 del expediente administrativo.)
II. ES PROCEDENTE RENDIR EL DICTAMEN PRECEPTIVO Y FAVORABLE REQUERIDO
Examinadas las actuaciones, es procedente rendir el dictamen preceptivo y favorable requerido.
En este sentido, conviene hacer las siguientes consideraciones.
Es decir, para que la Administración pueda ejercer la potestad prevista en el numeral 173 LGAP, no basta con que el defecto acusado sea absoluto y por ende grave. La Ley exige además que la invalidez sea harto notoria, clara y patente. Al respecto, conviene citar lo indicado en el dictamen C-146-2014 de 12 de mayo de 2014 (También puede verse el C-217-2014 de 11 de julio de 2014) – en el cual se hace alusión a lo ya dicho en la materia por la jurisprudencia administrativa de este órgano superior consultivo-:
Ahora bien, en el presente caso, debemos indicar que no nos encontramos ante un vicio que pueda ser calificado de evidente, tampoco de manifiesto.”
Ahora bien, en el presente caso, tenemos que, efectivamente la Ley de Compensación de pago de Prohibición – N.° 5867 de 15 de diciembre de 1975-, específicamente en su numeral 1.d, ha previsto una compensación salarial aplicable al personal de la Administración Tributaria – incluyendo la municipal - que, en razón de sus cargos, se encuentre sujeto a la prohibición contenida en el artículo 118 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. De acuerdo con la norma en comentario, en el caso del personal que haya aprobado solamente el tercer año universitario, esta compensación equivale a un 25% de su salario base.
Igualmente, la norma en comentario dispone que esa compensación se aplica al personal que tenga una preparación equivalente al tercer año universitario.
d) Un veinticinco por ciento (25%) para quienes hayan aprobado el tercer año universitario o cuenten con una preparación equivalente.(…)”
El alcance de esta disposición ha sido examinado en el dictamen C-101-2014 de 24 de marzo de 2014 – que reitera el C-241-2012 de 10 de octubre de 2012 -:
“En cuanto, propiamente, a la duda planteada en su Oficio, en el sentido de si a un grupo determinado de funcionarios que no son profesionales, se les podría aplicar el porcentaje económico por prohibición, (quienes, supuestamente, ocupan puestos en propiedad, recopilando, fiscalizando y administrando tributos o impuestos municipales) se ha de recomendar, en primer lugar, la verificación de cada uno de los supuestos planteados en su Oficio, con los previstos en el artículo 1 de aquella legislación, sobre todo, los que contienen los incisos b), c) y d). Este último ordinal, se convierte en uno de los más importantes, ya que se les podría pagar el 25% del salario base, si pese a no tener el tercer año de la carrera profesional, cuentan con una “preparación equivalente” de estudios, a juicio de la Dirección General del Servicio Civil. En el caso de la Municipalidad correspondería determinar a la Dirección de Recursos Humanos, con el asesoramiento de aquel órgano técnico en materia de administración de personal, según puede derivarse de los artículos, 120, 122 y 125 del Código Municipal.” (Ver también el dictamen C-201-2014 de 24 de junio de 2014)
Luego, conforme lo expuesto, se ha determinado que para aplicar el artículo 1.d de la Ley de Compensación de pago por Prohibición se requiere que el funcionario tenga 3 años de estudios universitarios completos o una preparación equivalente – lo cual le correspondería determinar a la Dirección de Recursos Humanos de la Municipalidad respectiva -.
No obstante, lo anterior debe señalarse que del expediente administrativo se denota, con facilidad, que la señora xxx solamente tiene un título técnico medio en Secretariado Comercial expedido por el Colegio Técnico Profesional Industrial de San Pablo de León Cortés. (Ver folio 40 del expediente administrativo.)
Es decir que la señora xxx carece del tercer año universitario completo, tampoco tiene formación de educación superior y su único título corresponde a la denominada Educación Técnica. Título que corresponde a la educación de grado medio. Esto conforme texto expreso del artículo 17 de Ley Fundamental de Educación.
Asimismo debe constatarse que no existe evidencia de que la señora xxx tenga una preparación equivalente a los tres años universitarios completos, y por supuesto se ha corroborado que el respectivo de Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad de Tarrazú no ha acreditado que la señora xxx tenga esa preparación equivalente. (Ver folio 44 del expediente administrativo.)
Es decir que el acto que reconoció a favor de la señora xxx el pago de la compensación por prohibición, sea el oficio AM-170-2011 de 7 de julio de 2011, carece de su respectivo motivo, pues es claro y patente que la señora xxx no cumple con los requisitos exigidos por el artículo 1.d de la Ley de Compensación por pago de Prohibición para que procediera reconocerle un plus salarial del 25% de su salario base.
Así las cosas lo procedente es rendir el dictamen favorable requerido por la Municipalidad de Tarrazú.
Con fundamento en lo expuesto, se rinde el dictamen preceptivo y favorable, requerido por el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, para declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto que le reconoció a la señora xxx el derecho a percibir el 25% de su salario base por concepto de compensación por prohibición –oficio AM-170-2011 de 7 de julio de 2011-.