Source: http://corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/ficha_tecnica.cfm?nId_Ficha=219&lang=en
Timestamp: 2019-12-11 12:26:14
Document Index: 169095240

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 25', 'Artículo 4', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 46', 'artículo 51', 'artículo 4', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 27', 'artículo 68']

Technical Data: Neira Alegría y otros Vs. Perú
Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar.
El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la muerte de Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar durante el operativo militar en el centro penitenciario El Frontón.
Keywords: Derecho a la vida, Garantías judiciales y procesales, Libertad personal, Personas privadas de libertad, Protección judicial
American Convention: Artículo 1 (Obligación de respetar los derechos.) , Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno) , Artículo 25 (Protección Judicial) , Artículo 4 (Derecho a la vida) , Artículo 7 (Derecho a la libertad personal) , Artículo 8 (Garantías Judiciales)
- Los hechos del presente caso se centran durante el operativo militar realizado en el establecimiento penal de El Frontón durante los días 18 y 19 de junio de 1986. Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar se encontraban detenidos en dicho centro penitenciario en calidad de procesados como presuntos autores del delito de terrorismo.
- El 18 de junio de 1986 se produjo un amotinamiento en El Frontón. Como consecuencia, el gobierno ordenó que las Fuerzas Armadas retomen el contro del centro penitenciario. Luego de numerosos bombardeos, 111 internos fallecieron, dentro de los cuales se encontraban Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar.
- Sus familiares presentaron un recurso de hábeas corpus que fue declarado improcedente debido a que se había decretado un estado de emergencia. De otro lado se abrió instrucción en la jurisdicción penal militar para determinar una posible responsabilidad de los miembras de las Fuerzas Armadas que participaron en el operativo. No obstante se sobreseyó la causa y se determinó la no responsabilidad de los encausados.
- Fecha de presentación de la petición (10.078): 31 de agosto de 1987
- Fecha de informe de fondo (43/90): 7 de junio de 1990
- Fecha de remisión del caso a la Corte IDH: 10 de octubre de 1990
- Petitorio de la CIDH: La CIDH sometió este caso con el fin de que la Corte IDH decida si hubo violación, por parte del Estado involucrado, de los artículos 1, 2, 4, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar.
- Fecha de audiencia ante la Corte IDH: 6 de diciembre de 1991
28. El Gobierno sostiene (…) que los recursos internos interpuestos por los recurrentes quedaron agotados cuando ellos fueron notificados de la resolución del Tribunal de Garantías Constitucionales mediante la publicación correspondiente en el Diario Oficial, esto es, el 14 de enero de 1987. Agrega que según la ley 23385, artículo 46, que rige la actividad de este Tribunal, su fallo tiene por efecto agotar las instancias internas. Esta afirmación del Gobierno peruano no es compatible con lo que había expresado antes a la Comisión mediante la nota de 29 de septiembre de 1989.
32. El Gobierno ha opuesto otra excepción preliminar fundada en el hecho de que la Comisión presentó su demanda ante la Corte una vez que había vencido el plazo previsto por el artículo 51, inciso 1, de la Convención Americana. Esta disposición otorga a la Comisión un plazo de tres meses, a partir de la fecha de remisión del informe al Gobierno interesado, para presentar su demanda. Una vez concluido ese plazo, el derecho de la Comisión caducaría. En el presente caso, el informe Nº 43/90 fue remitido al Perú el 11 de junio de 1990 y la demanda fue presentada a la Corte el 10 de octubre de ese año. Por lo tanto, habiendo excedido el plazo de los tres meses a partir del 11 de junio, el derecho de la Comisión, según el Perú, habría caducado.
33. No existe entre las partes discrepancia acerca de las fechas mencionadas. Dado que el informe Nº 43/90 fue remitido al Gobierno peruano el 11 de junio de 1990, la demanda debió haber sido presentada dentro de los tres meses a partir de entonces. Antes de vencido ese plazo, el 14 de agosto de 1990, el Perú solicitó a la Comisión una prórroga de 30 días (…). Esta le concedió la prórroga solicitada a partir del 11 de septiembre de 1990, mediante nota de 20 de agosto de ese año.
34. Resulta entonces que el plazo original de tres meses fue prorrogado por la Comisión a pedido del Perú. Ahora bien, en virtud de un principio elemental de buena fe que preside todas las relaciones internacionales, el Perú no puede invocar el vencimiento del plazo cuando ha sido él mismo quien solicitó la prórroga. Por lo tanto, no puede considerarse que la demanda de la Comisión fue interpuesta fuera de término sino que, por el contrario, la presentación tuvo lugar dentro del plazo acordado al Gobierno a su solicitud (…).
35. Tampoco puede el Perú (…) afirmar que la Comisión no tenía competencia para otorgar una prórroga al plazo de tres meses que él mismo pidió, pues, en virtud de la buena fe, no se puede solicitar algo de otro y, una vez obtenido lo solicitado, impugnar la competencia de quien se lo otorgó.
63. Se considera innecesario analizar si los funcionarios y autoridades que tomaron parte en la debelación del motín actuaron o no dentro de sus funciones y de acuerdo con su derecho interno, ya que la responsabilidad de los actos de los funcionarios del Gobierno es imputable al Estado con independencia de que hayan actuado en contravención de disposiciones de derecho interno o desbordado los límites de su propia competencia, puesto que es un principio de Derecho internacional que el Estado responde por los actos de sus agentes realizados al amparo de su carácter oficial y por las omisiones de los mismos aún si actúan fuera de los límites de su competencia o en violación del derecho interno
74. El artículo 4.1 de la Convención estipula que “[n]adie puede ser privado de la vida arbitrariamente”. La expresión “arbitrariamente” excluye, como es obvio, los procesos legales aplicables en los países que aún conservan la pena de muerte. Pero, en el caso que nos ocupa, el análisis que debe hacerse tiene que ver, más bien, con el derecho del Estado a usar la fuerza, aunque ella implique la privación de la vida, en el mantenimiento del orden, lo cual no está en discusión. Hay abundantes reflexiones en la filosofía y en la historia sobre cómo la muerte de individuos en esas circunstancias no genera para el Estado ni sus oficiales responsabilidad alguna. Sin embargo, como aparece de lo expuesto con anterioridad en esta sentencia, la alta peligrosidad de los detenidos en el Pabellón Azul del Penal San Juan Bautista y el hecho de que estuvieren armados, no llegan a constituir, en opinión de esta Corte, elementos suficientes para justificar el volumen de la fuerza que se usó en éste y en los otros penales amotinados y que se entendió como una confrontación política entre el Gobierno y los terroristas reales o presuntos de Sendero Luminoso (…), lo que probablemente indujo a la demolición del Pabellón, con todas sus consecuencias, incluida la muerte de detenidos que eventualmente hubieran terminado rindiéndose y la clara negligencia en buscar sobrevivientes y luego en rescatar los cadáveres.
82. La Corte ha interpretado los artículos 7.6 y 27.2 de la Convención en las opiniones consultivas OC-8 y OC-9, del 30 de enero y 6 de octubre de 1987, respectivamente. En la primera sostuvo que “los procedimientos de hábeas corpus y de amparo son de aquellas garantías judiciales indispensables para la protección de varios derechos cuya suspensión está vedada por el artículo 27.2 y sirven, además, para preservar la legalidad de una sociedad democrática”.
85. De acuerdo con el artículo 1.1 de la Convención los Estados Partes “se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción”, de lo cual se desprende que esta es una disposición de carácter general cuya violación está siempre relacionada con la que establece un derecho humano específico. (…)
- Fija en US$154.040,74 el total de las indemnizaciones debidas a los familiares de las víctimas a que se refiere este caso. Este pago deberá ser hecho por el Estado del Perú en el plazo de seis meses a contar de la fecha de la notificación de la presente sentencia y en la forma y condiciones que en ella se expresan.
- Ordena el establecimiento de fideicomisos según lo previsto en los párrafos 65 y 66 de la Sentencia de Reparaciones y Costas. En ambos se señala que, en lo que respecta a la indemnización a favor de los menores de edad el Gobierno constituirá fideicomisos en una institución bancaria peruana solvente y segura, dentro de un plazo de seis meses, en las condiciones más favorables que permitan la legislación y la práctica bancarias, en beneficio de cada uno de esos menores, quienes recibirán mensualmente los intereses respectivos. Al cumplir la mayoría de edad o haber contraído matrimonio, recibirán el total que les corresponde. En caso de fallecimiento, el derecho se transmitirá a los herederos. De otro lado, en el supuesto de que alguno de los mayores de edad no se presentare a recibir el pago de la parte de la indemnización que le corresponde, el Estado depositará la suma debida en un fideicomiso en las condiciones indicadas en el párrafo anterior, y hará todo esfuerzo necesario para localizar a esa persona. Si después de diez años de constituido el fideicomiso la persona o sus herederos no lo hubieren reclamado, la suma será devuelta al Estado y se considerará cumplida esta sentencia respecto a ella. Lo anterior será aplicable también a los fideicomisos constituidos en favor de los familiares menores de edad.
- Decide que el Estado del Perú no podrá gravar con impuesto alguno el pago de las indemnizaciones.
- Decide que el Estado del Perú está obligado a hacer todo el esfuerzo posible para localizar e identificar los restos de las víctimas y entregarlos a sus familiares.
- Resuelve que supervisará el cumplimiento de la Sentencia de Reparaciones y Costas y sólo después dará por concluido el caso.
- Declara que no hay condena en costas.
- Rechaza las excepciones preliminares opuestas por el Gobierno del Perú.
- Declara que el Perú ha violado en perjuicio de Víctor Neira Alegría, Edgar Zenteno Escobar y William Zenteno Escobar el derecho a la vida reconocido por el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con el artículo 1.1 de la misma.
- Declara que el Perú ha violado, en perjuicio de las tres personas indicadas, el derecho de hábeas corpus establecido por el artículo 7.6 en conexión con la prohibición del artículo 27.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
- Fecha de última resolución: 19 de enero de 2009
(i) Que de conformidad con lo señalado en los Considerandos 17 a 22 de la presente Resolución, el Estado ha incumplido con su obligación de informar a esta Corte sobre las medidas adoptadas para dar cumplimiento a lo dispuesto en las Sentencia de reparaciones y costas emitida el 19 de septiembre de 1996.
(ii) Que mantendrá abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de sentencia, en lo que respecta al punto resolutivo cuarto de la Sentencia de reparaciones y costas de 19 de septiembre de 1996 que aún se encuentra pendiente de cumplir.
(i) Requerir al Estado que adopte todas las medidas que sean necesarias para dar efectivo y pronto cumplimiento al punto resolutivo pendiente de la Sentencia de reparaciones y costas de 19 de septiembre de 1996 en el presente caso, de acuerdo con lo considerado en la presente Resolución, y con lo estipulado en el artículo 68.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
(ii) Solicitar al Estado que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a más tardar el 9 de marzo de 2009, un informe en el cual indique todas las medidas adoptadas para cumplir con lo ordenado por la Corte, que se encuentran pendientes de cumplimiento.
(iv) Continuar supervisando el punto pendiente de cumplimiento de la Sentencia de Reparaciones y Costas de 19 de septiembre de 1996.