Source: http://www.ignacioonline.com.ar/2015/01/rg-1-15-igj-procedimiento-de-acceso--a-la-informacion-publica.html
Timestamp: 2017-05-29 02:04:33
Document Index: 308583881

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 8', 'artículo 43', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 3']

RG 1/15 IGJ Procedimiento de Acceso a la Información Pública
Compartilo! INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIAResolución General 1/2015Apruébase Procedimiento de Acceso a la Información Pública.
VISTO lo actuado en el Expediente N° 5.124.656/7.280.746 del Registro de la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, los artículos 14, 16, 31, 32, 33, 43 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, los artículos 12 y 19 de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS, el artículo 13 de la de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, 17 y 19 del PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS, lo establecido en las Leyes N° 19.550, N° 22.315, N° 25.326, N° 26.047, los Decretos del PODER EJECUTIVO NACIONAL N° 1493 de fecha 13 de diciembre del año 1982, N° 1.558, del 3 de diciembre de 2001, y N° 1172 de fecha 3 de diciembre del año 2003, y
Que el artículo 3° de la Ley N° 22.315 establece que “...la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA tiene a su cargo las funciones atribuidas por la legislación pertinente al Registro Público de Comercio, y la fiscalización de las sociedades por acciones excepto la de las sometidas a la Comisión Nacional de Valores, de las constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en el país de actos comprendidos en su objeto social, establezcan sucursales, asiento o cualquier otra especie de representación permanente, de las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro, de las asociaciones civiles y de las fundaciones.”.
Que, entre otras, como función fiscalizadora, de conformidad con el artículo 6° de la ley 22.315, “...la Inspección General de Justicia tiene las facultades siguientes, además de las previstas para cada uno de los sujetos en particular: a) requerir información y todo documento que estime necesario;”.
Que el Decreto N° 1493 de fecha 13 de diciembre del año 1982, reglamentario de la Ley N° 22.315, establece en su artículo 8° que “...las actuaciones obrantes en la INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, revisten carácter público y estarán a la libre consulta de los interesados, conforme la reglamentación que dicte el organismo”.
Que, por su parte, la protección de datos personales, entendida como “una nueva institución jurídica para poder lograr efectivamente, en un Estado de Derecho, la protección, seguridad, exactitud o rectificación, preservación o destrucción justificadas del secreto o privacidad sobre los datos del ciudadano, que el Estado u otros entes públicos o privados tengan sobre ellos con el propósito del conocimiento y difusión permitidos de los mismos, ya sea que estén archivados o guardados en medios electrónicos o similares, porque ellos constituyen testimonios o proyecciones de la persona, de la vida, de la identidad, pensamiento cultural o instrucción, actividades sociales, económicas, religiosas, así como los de la genética, salud, orientación sexual, pensamiento político, sea que ya se hallen registrados o por registrarse, según el amparo y protección que la Constitución y las Leyes respectivas lo ordenen. (Edgar Salazar Cano; El Habeas Data en el Derecho Comparado; Anuario del Instituto de Derecho Comparado de la Universidad de Carabobo/Universidad de Carabobo, Facultad de Derecho. Instituto de Derecho Comparado.-- Valencia, N° 29, año 2006) tiene jerarquía constitucional como uno de los Nuevos Derechos y Garantías, contemplado en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Que la ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 establece en su artículo 4° (Calidad de los datos). “1. Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos en relación al ámbito y finalidad para los que se hubieren obtenido. (...) 3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.”.
Que el acceso a la información posee asimismo reconocimiento jurisprudencial continental y nacional. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que “...el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones, individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben ser garantizadas por el Estado de forma simultánea (Corte Interamericana de Derechos Humanos caso “Claude Reyes y otros v. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C, 151, párr. 77). Por su parte, la Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información elaborada por el CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS establece “Que el derecho de acceso a la información está basado en el principio de máxima divulgación de la información”.
Por su parte, la Corte Suprema de la Nación establece, como regla, que “…el acceso a la información tiene como propósito coadyuvar a que los integrantes de la sociedad ejerzan eficazmente el derecho a saber, por lo que el otorgamiento de la información no puede depender de la acreditación de un interés legítimo en ésta ni de la exposición de los motivos por los que se la requiere.” (Corte Suprema de Justicia de la Nación, “CIPPEC c/ EN - MO Desarrollo Social - dto. 1172/03 s/ amparo ley 16.986”. 26 de marzo de 2014).
Que el Decreto N° 1172 de fecha 3 de diciembre del año 2003 aprobó en su Anexo VII el Reglamento General del Acceso a la Información Pública para el Poder Ejecutivo Nacional, como “...una instancia de participación ciudadana por la cual toda persona ejercita su derecho a requerir, consultar y recibir información...” (art. 3°) con la finalidad de “...permitir y promover una efectiva participación ciudadana, a través de la provisión de información completa, adecuada, oportuna y veraz.” (art. 4°).
Que por su parte, el artículo 16 establece las excepciones para proveer la información requerida. Dentro de aquellas que pueden analizarse en el contexto de la INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA, pueden darse, “cuando una Ley o Decreto así lo establezca...”, o bien, en los supuestos de “secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos; (inciso c), o, finalmente “notas internas con recomendaciones u opiniones producidas como parte del proceso previo al dictado de un acto administrativo o a la toma de una decisión, que no formen parte de un expediente;” (inciso h).
Que el Ministerio de Justicia en su Resolución N° 3/2009 creó “...el Módulo IGJ para fijar los valores de los formularios utilizados ante la Inspección General de Justicia”.
Que en artículo 3° se faculta “...al Inspector General de Justicia a modificar la clasificación y modulación de los trámites, a fin de mejorar los estándares de atención y funcionamiento administrativo del Organismo, sin que ello implique alteración de los valores expresados en el Anexo I de la presente.”.
2. EXCEPCION DE GRATUIDAD
3. INFORMACION DISPONIBLE PARA SER ENTREGADA
5. RECHAZO DEBIDAMENTE FUNDADO