Source: https://supremo.vlex.es/vid/-226087702
Timestamp: 2019-10-19 01:44:30
Document Index: 365553768

Matched Legal Cases: ['artículo 368', 'artículo 368', 'artículo 21', 'in dubio', 'artículo 714', 'artículo 741', 'artículo 24', 'artículo 120', 'artículo 851']

STS 874/2010, 22 de Octubre de 2010 - Jurisprudencia - VLEX 226087702
Número de Recurso: 10433/2010
Número de Resolución: 874/2010
TRAFICO DE DROGAS. Cuando se trata de actos de transporte, a pesar de su omisión textual en el art. 368, están comprendidos en la expresión actos de " tráfico " y han sido considerados por esta Sala como suficientes para colmar la tipicidad del indicado precepto (STS. 2327/2001 de 30.11 ), siendo por ello, irrelevante que el acusado no hubiera participado en la preparación de la droga y de que ésta fuera destinada a terceras personas para su distribución entre consumidores (STS. 578/2010 de 16.6 ), pues el artículo 368 del Código Penal describe de forma muy amplia la conducta típica, pues se refiere expresamente a cualesquiera actos de favorecimiento o facilitación del consumo ilegal, en los que deben ser incluidas las conductas que supongan el acercamiento de la droga al consumidor, cual sucede en el caso de autos en el que el recurrente fue detenido en el polígono Tejerías de Calahorra, cuando llevaba en el maletero de su vehículo, propiedad de su compañera sentimental una caja de cartón con seis cirios ornamentales que contenían 5,985 Kg. de cocaína con una pureza del 69,7%, que le había sido entregada en la localidad de Cintruenigo (Navarra) por una mujer joven de origen latino, conducta que supone la realización efectiva de un acto de transporte con plena disponibilidad de la sustancia, que poseyó aunque no fuera a titulo de dueño. En primera instancia se condena al acusado. Se desestima la casación.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Calahorra, incoó Procedimiento Abreviado con el
número 2 de 2008, contra Nicanor y Sixto y otro, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Logroño, cuya Sección Primera, con fecha 22 de febrero de 2010, dictó sentencia, que contiene los siguientes:
El día 16 de abril de 2008, los acusados, D. Nicanor y D. Sixto mayores de edad y sin antecedentes penales, por indicación de un tal " Verrugas ", cuya exacta identidad se desconoce con precisión, pero que pudiera responder a Augusto, se dirigieron en el vehículo Ford Fiesta, matrícula ....-GQR, propiedad de Dña. María Consuelo, quien convivía con D. Nicanor, a la localidad de Cintruenigo (Navarra), para recoger una entrega de cocaína, llegados a dicho lugar una mujer joven de origen latino, posiblemente colombiana, cuya identidad se desconoce, les hizo entrega de un cargamento consistente en una caja de cartón con seis cirios ornamentales en cuyo interior se escondían distribuidos en dos paquetes en cada uno de ellos, 5,985 kilos de cocaína, con una pureza del 69,7%, caja que guardaron en el maletero, regresando a Calahorra.
Al llegar los procesados en el vehículo a la altura de la glorieta del Polígono "Tejerías de Calahorra", alrededor de las 00:20 horas, loa agentes de la Guardia Civil núm. NUM005 y NUM006, con destino en la localidad de Aldeanuela de Ebro, realizaban un control rutinario de prevención de delincuencia, dando el alto al vehículo en que viajaban los procesados, al notar algo extraño en su actitud procedieron al registro del turismo encontrando la caja con los cirios, ante la insuficiencia de las explicaciones dadas por los procesados, los agentes acordaron su traslado al cuartel, permitiendo los agentes que el procesado, Sixto, que estaba indocumentado fuera a su domicilio a recoger su documentación, lo que así hizo. Una vez en el cuartel los agentes descubrieron el contenido de los cirios.
Ambos procesados tenían pleno conocimiento de que la caja de cirios contenía cocaína, y una vez recogida debían hacer entrega a una tercera persona para su posterior distribución.
el valor aproximado de la totalidad de droga ocupada, que atendiendo a su pureza alcanzaba los
4.171,55 gramos, en venta por kilogramos era en el mercado aproximadamente de 32.000 #, valor mucho más elevado si la venta se hacía por gramos o por papelinas.
Al momento de la comisión de estos hechos D. Nicanor no era adicto al consumo de sustancias estupefacientes.
Que debemos condenar y condenamos a D. Nicanor, y a D. Sixto como criminalmente responsables en concepto de autores y en grado de consumación, de un delito contra la salud pública, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de once años de prisión y multa de trescientos mil euros, (300.000 #), con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el tiempo de duración de la condena.
Se acuerda la destrucción de la droga ocupada, así como el embargo de la suma de 128 # intervenida al procesado D. Nicanor ; y decomiso de los móviles intervenidos a los que se dará el destino legal procedente.
Finalmente se acuerda la entrega a su propietaria del vehículo Ford Fiesta, ....-GQR .
Notificada la sentencia a las partes, se prepararon recursos de casación por quebrantamiento de forma, infracción precepto constitucional e infracción de Ley, por Nicanor y Sixto, que se tuvieron por anunciados, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las certificaciones necesarias para su substanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose los recursos.
Al amparo del art. 849.1 LECrim ., por aplicación indebida de los arts. 368 y 369.1.6 CP .
Al amparo del art. 849.1 LECrim . por aplicación indebida del art. 21.6 en relación con los arts. 21.5 y 376 CP .
Al amparo del art. 849.2 LECrim . y del art. 5.4 LOPJ . por infracción del art.. 24 CE .
Al amparo del art. 849.1 LECrim ., por infracción del art. 368 CP .
Al amparo del art. 849.2 LECrim . y del art. 5.4 LOPJ . por infracción del art. 24 CE .
Al amparo del art. 5.4 LOPJ . por infracción del art.. 24 CE .
Hecho el señalamiento se celebró la deliberación prevenida el día siete de octubre de dos mil diez.
El motivo primero por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim. denuncia en primer lugar, la indebida aplicación del art. 368 CP . por cuanto la conducta del recurrente no reviste los elementos necesarios para su condena, pues su participación en los hechos es de mero correo sin que favorezca o facilite el consumo, al desconocer el destino final del paquete, sin que la sustancia fuera de su propiedad, asimismo la aplicación de la agravante del art. 369.6 CP . en relación con la cantidad de droga intervenida carece de significado, puesto que ningún beneficio o mayor peligro reviste su conducta al carecer de decisión sobre la sustancia, por lo que el que sea una cantidad de "notoria importancia" solo debe repercutir para el verdadero dueño de la misma.
El art. 368 del Código Penal al penalizar dentro del mismo marco penal todos los comportamientos que suponen aportación causal a la actividad de los autores en sentido estricto, ha definido un concepto extensivo de autor que excluye, por regla general, otras formas de participación.
Cuando se trata de actos de transporte, a pesar de su omisión textual en el art. 368, están comprendidos en la expresión actos de " tráfico " y han sido considerados por esta Sala como suficientes para colmar la tipicidad del indicado precepto (STS. 2327/2001 de 30.11 ), siendo por ello, irrelevante que el acusado no hubiera participado en la preparación de la droga y de que ésta fuera destinada a terceras personas para su distribución entre consumidores (STS. 578/2010 de 16.6 ), pues el artículo 368 del Código Penal describe de forma muy amplia la conducta típica, pues se refiere expresamente a cualesquiera actos de favorecimiento o facilitación del consumo ilegal, en los que deben ser incluidas las conductas que supongan el acercamiento de la droga al consumidor, cual sucede en el caso de autos en el que el recurrente fue detenido en el polígono Tejerías de Calahorra, cuando llevaba en el maletero de su vehículo, propiedad de su compañera sentimental una caja de cartón con seis cirios ornamentales que contenían 5,985 Kg. de cocaína con una pureza del 69,7%, que le había sido entregada en la localidad de Cintruenigo (Navarra) por una mujer joven de origen latino, conducta que supone la realización efectiva de un acto de transporte con plena disponibilidad de la sustancia, que poseyó aunque no fuera a titulo de dueño.
Respecto a la concurrencia del subtipo agravado del art. 369.6ª, la jurisprudencia que se cita en el recurso se refiere a un supuesto distinto en el que la misión del recurrente era recoger al portador de la droga en el aeropuerto y contribuir, al transporte de ésta hasta quien lo había organizado, conducta que la Sala califica como tentativa al no estar debidamente acreditado que había participado con autoridad en el encargo y en la organización del transporte, pero sin excluir la aplicación del subtipo agravado de cantidad de notoria importancia para el que basta con que el sujeto se represente la posibilidad de que porta una cantidad de cierto relieve o significado para la salud pública, rechazándose en STS. 19.7.2000 el error sobre la notoria importancia de la droga, en ese caso heroína, que transportaba, al ser inexistente cuando se trataba de cantidades de cierto relieve y significado, más allá de pequeñas cantidades.
Postula también en este motivo primero al amparo del art. 849.1 LECrim . la aplicación de la atenuante analógica del art. 21.6 en relación con el art. 21.5 y 376 CP, en cuanto facilitó al tribunal cuantos datos conocía y había podido averiguar acerca de la persona que organizó toda la operación. Se argumenta que la jurisprudencia ha apreciado la atenuante analógica en los casos en los que, no respetándose el requisito temporal de confesar la infracción antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, sin embargo el autor reconoce los hechos y aporta una colaboración relevante para la justicia, realizando así un acto contrario a su acción delictiva que de alguna forma contribuye a la reparación o restauración del orden jurídico vulnerado, como sucedió en el supuesto de autos en el que el acusado colaboró con los agentes actuantes ofreciendo todos los datos sobre la persona que le había entregado el paquete, y el lugar donde se realizó y posteriormente los datos que poseía de la persona que le encargó el asunto; poniendo a disposición de los agentes su propio teléfono móvil.
En primer lugar el fundamento de la atenuación no se asienta en el factor subjetivo de pesar o contrición sino en el dato objetivo de la realización de actos efectivos de colaboración con la justicia, facilitando la investigación del delito y descubrimiento y castigo de los culpables (S.T.S. nº 613 de 1-6-2006; nº 145 de 28-2-2007; nº 550 de 18-6-2007 y nº 889 de 24-10-2007; nº 738 de 8-7-2009 ).
En la expresión "dirigir el procedimiento contra el culpable" debe entenderse en el sentido de que las diligencias policiales deben incluirse dentro del término procedimiento, dado que forman parte de él y de no interpretarse de este modo perdería su razón de ser la atenuación. El término "dirigir" debe entenderse en el sentido de poseer datos suficientes para poder identificar al autor del hecho, de ahí que la atenuación tendrá virtualidad cuando la identidad del autor del hecho delictivo se desconozca y dicho autor lo haga saber a las autoridades encargadas de la investigación, como decimos, todavía ignorantes de la autoría del delito (S.T.S. nº 164 de 22-2-2006; nº 1009 de 18-10-2006; nº 1057 de 3-11-2006; nº 1071 de 8-11-2006; nº 1145 de 23-11-2006; nº 1168 de 29-11-2006; nº 159 de 21-2-2007; nº 179 de 7-3-2007 y nº 544 de 21-6-2007 ).
Otra de las notas que conviene destacar por venir al caso es la necesidad de que la confesión sea veraz, esto es, se trata de una declaración sincera, que en lo esencial se atribuya el confesante, sin propósito exculpatorio, la materialización de los hechos investigados (S.T.S. nº 1421 de 14-11-2005; nº 79 de 7-2-2007 y nº 550 de 18-6-2007 ).
En efecto la aplicación de una atenuante por analogía debe inferirse del fundamento de la atenuante que se utilice como referencia para reconocer efectos atenuatorios a aquellos supuestos en los que concurra la misma razón atenuatoria. En las atenuantes "ex post facto" el fundamento de la atenuación se encuadra básicamente en consideraciones de política criminal, orientadas a impulsar la colaboración con la justicia en el concreto supuesto del art. 21.4 CP . pero en todo caso debe seguir exigiéndose una cooperación eficaz, seria y relevante aportando a la investigación datos "especialmente significativos" para esclarecer la intervención de otros individuos en los hechos enjuiciados (SSTS. 14.5.2001, 24.7.2002 ), que la confesión sea veraz, aunque no es necesario que coincida en todo (SSTS. 136/2001 de 31.1, 51/97 de
22.1 ), no puede apreciarse atenuación alguna cuando es tendenciosa, equivoca y falsa, exigiéndose que no oculta elementos relevantes y que no añada falsamente otros diferentes, de manera que se ofrezca una versión irreal que demuestre la intención del acusado de eludir sus responsabilidades (STS. 888/2006 de
20.9 ), no considerándose confesión la sola inculpación de otros si el acusado no confiesa su hecho, y que se mantenga en todas las fases del procedimiento (STS. 6/2010 de 27.1 ).
En esta dirección la reciente STS. 344/2010 de 20.4, recuerda que la atenuante de confesión se ha apreciado la analógica en los casos en los que, no respetándose el requisito temporal, sin embargo el autor reconoce los hechos y aporta una colaboración relevante para la justicia, realizando así un acto contrario a su acción delictiva que de alguna forma contribuye a la reparación o restauración del orden jurídico vulnerado. Así, decíamos en la STS núm. 809/2004, de 23 junio que «esta Sala ha entendido que la circunstancia analógica de colaboración con la justicia requiere una aportación que, aun prestada fuera de los límites temporales establecidos en el artículo 21.4ª del Código Penal, pueda ser considerada como relevante a los fines de restaurar de alguna forma el orden jurídico perturbado por la comisión del delito». En el mismo sentido, la STS 1348/2004, de 25 de noviembre .
El motivo segundo por error de hecho en la apreciación de la prueba al amparo del
art. 849.2 LECrim .
En todo caso, el error a que atiende este motivo de casación se predica sobre aspectos o extremos de naturaleza fáctica, nunca respecto a los pronunciamientos de orden jurídico que son la materia propia del motivo que por "error iuris" se contempla en el primer apartado del precepto procesal, art. 849 LECrim, y siempre que tal error sobre un extremo fáctico sea grave y con relevancia causal respecto del fallo y quede evidenciado en algún documento o documentos genuinos, obrantes en autos y no contradichos por otras pruebas de la causa (SSTS. 728/2001 de 3.5, 1662/2003 de 5.12 ).
El motivo tercero por infracción de precepto constitucional con base en el art. 5.4 LOPJ . al considerar que la sentencia ha infringido el derecho fundamental a la presunción de inocencia consagrado en el art. 24 CE, al no haber existido en el juicio prueba de cargo suficiente obtenida con todas las garantías sobre los hechos que se imputan al acusado, dado que el presente procedimiento es incoado como consecuencia de un registro de vehículo, propio de una actuación de los agentes de la Guardia Civil, y aparece la sustancia en el interior de unos velones y por este motivo, en base a meras especulaciones e imposiciones, se llega a imponer una sentencia condenatoria al recurrente; y de igual forma con respecto al principio "in dubio pro reo", en caso de duda ésta debe beneficiar al acusado, que ha negado su participación en los hechos y ha aportado al procedimiento todos los datos que conocía de las personas que contactaron con su persona.
1) Que como hemos dicho en SSTS. 84/2010 de 18.2, 1322/2009 de 30.12, 778/2008 de 28.11, nuestro sistema casacional no queda limitado al análisis de cuestiones jurídicas y formales y a la revisión de pruebas por el restringido cauce que ofrece el art. 849.2 LECrim . pues como señala la STC. 136/2006 de
8.5, en virtud del art. 852 LECrim, el recurso de casación puede interponerse, en todo caso, fundándose en la infracción de un precepto constitucional, de modo que a través de la invocación del 24.2 CE (fundamentalmente, en cuanto se refiere al derecho a la presunción de inocencia), es posible que el Tribunal Supremo controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (por todas STC. 60/2008 de 26.5 ).
Doctrina esta que ha sido recogida en la STC. 123/2006 de 24.4, que recuerda en cuanto al derecho de presunción de inocencia, art. 24.2 CE . "se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo validas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma quepa inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. En cualquier caso es doctrina consolidada de este Tribunal que no le corresponde revisar la valoración de las pruebas a través de las cuales el órgano judicial alcanza su intima convicción, sustituyendo de tal forma a los Jueces y Tribunales ordinarios en la función exclusiva que les atribuye el art. 117.3 CE . sino únicamente controlar la razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico que de ella resulta... De modo que sólo podemos considerar insuficiente la conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. En tales casos, aún partiendo de las limitaciones ya señaladas al canon de enjuiciamiento de este Tribunal y de la posición privilegiada de que goza el órgano judicial para la valoración de las pruebas, no cabrá estimar como razonable, bien que el órgano judicial actuó con una convicción suficiente, más allá de toda duda razonable, bien la convicción en sí (STC. 300/2005 de 2.1, FJ.5 ).
En definitiva se puede decir con la STS. 90/2007 de 23.1, que en el momento actual, con independencia de la introducción de la segunda instancia, es lo cierto que reiterada jurisprudencia de esta Sala y del Tribunal Constitucional han declarado la naturaleza efectiva del recurso de casación penal en el doble aspecto del reexamen de la culpabilidad y pena impuesta por el Tribunal de instancia al condenado por la flexibilización y amplitud con que se está interpretando el recurso de casación desposeído de toda rigidez formalista y por la ampliación de su ámbito a través del cauce de la vulneración de derechos constitucionales, singularmente por vulneración del derecho a la presunción de inocencia que exige un reexamen de la prueba de cargo tenida en cuenta por el Tribunal sentenciador desde el triple aspecto de verificar la existencia de prueba válida, prueba suficiente y prueba debidamente razonada y motivada, todo ello en garantía de la efectividad de la interdicción de toda decisión arbitraria --art. 9-3º --, de la que esta Sala debe ser especialmente garante, lo que exige verificar la razonabilidad de la argumentación del Tribunal sentenciador a fin de que las conclusiones sean acordes a las máximas de experiencia, reglas de la lógica y principios científicos.
2) Por otro lado, a falta de prueba directa, también la prueba indiciaria puede sustentar un pronunciamiento de condena sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia, siempre que (STS.
23.12.2009 ).
En el supuesto de autos la Sala de instancia, fundamento jurídico tercero, parte del hecho objetivo indiscutible del hallazgo de la cocaína en los cirios ornamentales en el maletero del vehículo en el que viajaban y del dato, no discutido que recibieron de manos de una mujer de aspecto latino, cuya identidad desconocían, la caja que contenía los cirios con la cocaína, y llega a la convicción de que el acusado conocía ese contenido, valorando la primera declaración que el hoy recurrente, asistido de letrado, prestó ante el juez instructor en la que manifestó que "sí sabia lo que iba a recoger, pero no la cantidad, que no se concretó el beneficio que podía sacar de ello, que sabia que le iba a dar dinero, pero no cuanto".
Es cierto que en la declaración indagatoria y en el acto del juicio se retractó de esas manifestaciones manteniendo su desconocimiento del contenido de los cirios, pero esta Sala tiene declarado, SSTS. 665/2009 de 24.6, 304/2008 de 5.6, 450/2007 de 30.5, que el Tribunal de Instancia puede otorgar prevalencia para fundar su convicción a la prueba practicada en la fase de instrucción sobre la practicada en el plenario, caso de discordancia entre ambas, siempre que aquella se halla practicado judicialmente con las debidas garantías y se halla sometido a efectiva contradicción en el acto del juicio oral. Concretamente en el caso de testimonios contradictorios previstos en el artículo 714 de la L.E .Criminal, la doctrina constitucional y de esta Sala (S.T.C. 137/88, S.T.S. 14-4-89, 22-1-90, 14-2-91 o 1 de diciembre de 1.995, sentencia nº 1207/95 ), admite que el Tribunal pondere la mayor o menor verosimilitud de las versiones contrapuestas, contrastándolas con los datos deducidos de otras pruebas practicadas y con la credibilidad de las razones expuestas para justificar las contradicciones, correspondiendo al Tribunal de Instancia dicha valoración, conforme a lo dispuesto en el artículo 741 de la L.E .Criminal.
En efecto, la alegación de desconocimiento del contenido del paquete resulta irrelevante, como decíamos en la STS. 145/2007 de 28.2, quien no quiere saber, aquello que pueda y debe conocer y sin embargo trata de beneficiarse de dicha situación, si es descubierto, debe responder de las consecuencias de un ilícito actuar (SSTS. 941/2002 de 22.5, 1583/2000 de 16.10 ). Quien por su propia decisión asume una situación debe asumir las consecuencias de un delictivo actuar porque lo sabido y querido, al menos vía dolo eventual, coincidió con lo efectuado ya que fue libre de decidir sobre su intervención en la operación del envío y recepción del paquete y el no querer saber los elementos del tipo objetivo que caracteriza el dolo, equivale a querer y aceptar todos los elementos que vertebran el tipo delictivo cometido.
"La ignorancia deliberada es un plus respecto a la mera pereza mental. Supone, en definitiva que aquél que puede y debe conocer las consecuencias de sus actos, y sin embargo presta su colaboración y se beneficia, debe hacer frente a las consecuencias penales de su actuar" (STS. 22.7.2007 ).
El motivo cuarto por infracción de precepto constitucional, art. 5.4 LOPJ. por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia, por cuanto en ella se ha omitido toda la motivación respecto a la prueba practicada, así como de su valoración con respecto al procedimiento en su conjunto.
El desarrollo argumental del motivo hace necesario señalar como el Tribunal Constitucional y esta Sala (SSTS. 1192/2003 de 19.9, 742/2007 de 26.9, 728/2008 de 18.11 ), han recordado el mandato del art. 120.3 CE . acerca de la necesidad de que las sentencias estén siempre motivadas, lo cual constituye, asimismo, una exigencia derivada del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales, proclamado en el artículo 24.1 del mismo texto constitucional . Motivación que viene impuesta para evitar cualquier reproche de arbitrariedad, satisfacer el derecho del justiciable a alcanzar la comprensión de la resolución judicial que tan especialmente le afecta, así como para garantizar y facilitar el control que permite la revisión de la sentencia en otras instancias judiciales o, en su caso, por el Tribunal Constitucional. Así, se ha señalado, entre otras en la STS núm. 584/1998, de 14 de mayo, que, por lo que se refiere específicamente a las sentencias, la motivación debe abarcar (Sentencias del Tribunal Supremo de 26 abril y 27 junio 1995 ), los tres aspectos relevantes: fundamentación del relato fáctico que se declara probado, subsunción de los hechos en el tipo penal procedente (elementos descriptivos y normativos, tipo objetivo y subjetivo, circunstancias modificativas), y consecuencias punitivas y civiles en el caso de condena (Sentencia 1132/2003, de 10 de septiembre ). Pues, como dice la Sentencia 485/2003, de 5 de abril, las sentencias deben estar suficientemente motivadas no sólo en lo referente a la calificación jurídica central o nuclear a que se contraiga el objeto del proceso, sino también en lo relativo a cualquier punto jurídico del debate y de las peticiones de las partes, pues así lo exige el referido artículo 120.3 de la Constitución y también el no hacerlo puede conllevar el defecto formal contenido en el artículo 851.3º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, falta que tradicionalmente se ha denominado «incongruencia omisiva».
Cuando se trata de la llamada motivación fáctica, recuerda la STS. 32/2000 de 19.1, la sentencia debe exponer cuál o cuáles son las pruebas que sustentan la declaración de hechos probados, al objeto de que, conocidas éstas, la parte tenga posibilidad real de impugnar la razonabilidad del criterio valorativo del juzgador y que el Tribunal de casación, pueda, asimismo, efectuar la función revisora sobre si el razonamiento de la resolución judicial impugnada es suficiente para cimentar el relato histórico. Siendo así y con respecto a la motivación fáctica, hemos dicho en STS. 285/2006 de 8.3, que no basta con dar como probada la participación de los diversos sujetos incursos en un proceso penal, mediante una genérica y global apreciación probatoria, sino que es necesario, uno por uno, destacar cada uno de los elementos probatorios, indiciarios o directos, de los que se han servido las acusaciones para determinar, después, sí los mismos son aptos para destruir la presunción constitucional de inocencia proclamada en el art. 24.2 CE .
Por ello la cuestión de si la valoración de la prueba está suficientemente motivada en la sentencia no es una cuestión que ataña solo al derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE .), afecta principalmente al derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE .). El Tribunal Constitucional ha reiterado que uno de los modos de vulneración de éste derecho lo constituye precisamente la falta de motivación del iter que ha conducido de las pruebas al relato de hechos probados de signo incriminatorio. Como se afirma en la STC. 145/2005 de 6.6, existe "una intima relación que une la motivación y el derecho a la presunción de inocencia, que no en vano consiste en que la culpabilidad ha de quedar plenamente probada, lo que es tanto como decir expuesta o mostrada.
La culpabilidad ha de motivarse y se sustenta en dicha motivación, de modo que sin la motivación se produce ya una vulneración del derecho a la presunción de inocencia; así lo hemos afirmado en numerosas ocasiones, señalando que no sólo se vulnera el derecho a la presunción de inocencia cuando no haya pruebas de cargo validas o cuando por ilógico o insuficiente, no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado, sino también, con carácter previo a estos supuestos, en los casos de falta de motivación del resultado de la valoración de las pruebas (SSTC. 189/98 de 28.9, FJ.2, 120/99 de
28.6, 249/2000 de 30.10 FJ.3, 155/2002 de 22.7 FJ. 7, 209/2002 de 11.11 FJ. 3, 163/2004 de 4.10 FJ.9 ).
Articula este recurrente cuatro motivos. El primero por infracción de Ley art. 849.1 LECrim. El segundo por error en la apreciación de la prueba, art. 849.2 LECrim. y el tercero y cuarto por infracción de preceptos constitucionales, art. 5.4 LOPJ .: presunción de inocencia y tutela judicial efectiva. Dados los efectos que produciría en el resto de los motivos la eventual estimación de los dos últimos procede un análisis prioritario, bien entendido que las cuestiones planteadas en el motivo seguido por error en la apreciación de la prueba en orden a que el recurrente desconocía el contenido de los paquetes que se encontraban en el maletero del vehículo, son propias del motivo por vulneración del derecho constitucional a la presunción de inocencia y por lo tanto, deben ser analizadas conjuntamente.
Siendo así los motivos segundo, al amparo del art. 849.2 LECrim. y el motivo tercero con base en el art. 5.4 LOPJ . por infracción del art. 24 CE . coinciden en destacar la ausencia de pruebas sobre que el recurrente conocía lo que había en el interior de los cirios ornamentales como se deduce de que cuando los agentes de la Guardia Civil, debido a que el acusado carecía de documentación, le permitieron acudir a su domicilio para recoger la misma, así lo hizo volviendo al Cuartel y ya quedó detenido, cuando de haber sabido lo que portaban, lo lógico hubiera sido irse dado que los agentes al no tener su documentación no podían siquiera identificarlo.
Ciertamente la presunción de inocencia no tolera en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito, en este caso contra la salud pública, se presume en contra del acusado, y la jurisprudencia (por todas STC. 87/2001 de 2.4, viene afirmando, que no cabe condenar a una persona sin que tanto el elemento objetivo como el elemento subjetivo del delito, cuya comisión se le atribuye hayan quedado suficientemente probados, por más que la prueba de este último sea dificultosa y que, en la mayoría de los casos, no quepa contar para ello más que con la existencia de la prueba indiciaria. Pues si bien el objeto de la prueba han de ser los hechos y no normas o elementos de derecho y la presunción de inocencia es una presunción que versa sobre los hechos, pues solo los hechos pueden ser objeto de prueba y no sobre su calificación jurídica, ello no obstante en la medida en que la actividad probatoria que requiere el art. 24.2 CE . ha de ponerse en relación con el delito objeto de condena, resulta necesario que la prueba de cargo se refiera al sustrato fáctico de todos los elementos objetivos del delito y a los elementos subjetivos del tipo en cuanto sean determinantes de la culpabilidad (STC. 87/2001 de 2.4 ), esto es, como dice la STS. 724/2007 de 26.9 : "si el elemento subjetivo es tal que de él depende la existencia misma del hecho punible, debe entenderse que la presunción de inocencia exige la prueba de tal animo tendencial o finalista.
En igual dirección la STS. 545/2010 de 15.6 "...ciertamente el elemento subjetivo del delito ha de quedar probado, si bien es cierto que la prueba de este último resulta más compleja y de ahí que en múltiples casos haya que acudir a la prueba indiciaria, pero, en cualquier caso, la prueba de cargo ha de venir referida al sustrato fáctico de todos los elementos tanto objetivos como subjetivos del tipo delictivo, pues la presunción de inocencia no consiente en ningún caso que alguno de los elementos constitutivos del delito se presuma en contra del acusado (SSTC. 127/90 de 5.7, 87/2001 de 2.4, 233/2005 de 26.9, 8/2006 de 16.1, 92/2006 de 27.3, 91/2009 de 20.4 ). En relación específicamente con los elementos subjetivos debe tenerse presente además que solo pueden considerarse acreditados adecuadamente si el enlace entre los hechos probados de modo directo y la intención perseguida por el acusado con la acción se infiere de un conjunto de datos objetivos que revela el elemento subjetivo a través de una argumentación lógica, razonable y especificada motivadamente en la resolución judicial" (SSTC. 91/99 de 26.5, 267/2005 de
24.10, 8/2006 de 16.1 ).
En el supuesto de autos, la Sala de instancia considera probado que éste procesado se prestó a cambio de una retribución económica a recoger la cocaína para su posterior entrega y distribución por otras personas, a pesar de que a la vista de las circunstancias concurrentes no resultaría muy comprensible que los Agentes de la Guardia Civil permitiesen al acusado ausentarse del Cuartel, para recoger la documentación de su domicilio, el hecho de que volviera al Cuartel tras una llamada del otro acusado, no implica que desconociera el contenido de los cirios. Conocimiento que la Sala infiere de la declaración incriminatoria del otro procesado ante el Juzgado en la que afirmó que " Sixto sabia que iban a recoger droga perno sabían la cantidad y el origen" (folio 91).
Pues bien hemos dicho con reiteración, tanto el Tribunal Constitucional como esta Sala (SSTS. 56/2009 de 3.2, 665/2009 de 24.6, 1142/2009 de 24.11, 1290/2009 de 23.12) han establecido que las declaraciones de coimputados son pruebas de cargo válidas para enervar la presunción de inocencia, pues se trata de declaraciones emitidas por quienes han tenido un conocimiento extraprocesal de los hechos imputados, sin que su participación en ellos suponga necesariamente la invalidez de su testimonio, aunque sea un dato a valorar al determinar su credibilidad (Cfr. STC 68/2002, de 21 de marzo y STS nº 1330/2002, de 16 de julio, entre otras). Sin embargo, ambos Tribunales han llamado la atención acerca de la especial cautela que debe presidir la valoración de tales declaraciones a causa de la posición que el coimputado ocupa en el proceso, en el que no comparece como testigo, obligado como tal a decir la verdad y conminado con la pena correspondiente al delito de falso testimonio, sino como acusado y por ello asistido de los derechos a no declarar en su contra y a no reconocerse como culpable, por lo cual no está obligado legalmente a decir verdad, pudiendo callar total o parcialmente. En orden a superar las reticencias que se derivan de esa especial posición del coimputado, la doctrina de esta Sala ha establecido una serie de parámetros o pautas de valoración, referidas a la comprobación, a cargo del Tribunal de instancia, de la inexistencia de motivos espurios que pudieran privar de credibilidad a tales declaraciones, como la existencia de razones de enemistad o enfrentamiento, odio o venganza, afán de autoexculpación u otras similares. A estos efectos, han de valorarse, de existir, las relaciones existentes entre quien acusa y quien es acusado.
El motivo cuarto por infracción de precepto constitucional por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia, al amparo del art. 5.4 LOPJ . y art. 24 CE . al haberse omitido toda motivación respecto de la prueba practicada, así como de una valoración con respeto al procedimiento en su conjunto.
El motivo primero por infracción de Ley al amparo del art. 849.1 LECrim. en relación con el art. 368 CP . por cuanto la acción descrita en los hechos probados imputada a este acusado consistente en "acompañar y guiar el Sr. Nicanor a recoger un pedido y trasladarlo a un pueblo cercano", conducta de mero acompañante a un familiar, que no a un tercero, porque éste le pido que le acompañe a una dirección que él conoce y el otro no, para recoger un pedido de objetos, que en apariencia resultaban extraños, velones, pero que no puede considerarse una actividad ilícita, y sin que concurre animo tendencial alguno de facilitar el trafico o consumo del producto tóxico.
Es cierto que el delito del art. 368 el Código Penal al penalizarse dentro de un mismo marco penal todos los comportamientos que suponen alguna aportación causal a la actividad de los autores en sentido estricto, ha definido un concepto extensivo de autor, que se extiende a todos los que ostentan el dominio del hecho dentro de la acción conjunta planteada, pues la división de trabajo no requiere la realización personal y material de todas la partes del hecho delictivo dentro de esa planificada ejecución conjunta; habiendo adoptado el Legislador un tipo tan amplio que excluye ordinariamente las formas accesorias de participación, pero ello como expresa la STS. 547/2006 de 18.5, desde la obviedad que supone el recordatorio de que por grave que sea el delito de tráfico de drogas --que lo es--, esa gravedad no puede constituirse en argumento para efectuar una interpretación que, de hecho, suponga una derogación de las reglas generales de la participación delictiva (STS. 117/2009 de 17.2, 665/2009 de 24.6 ).
20.4, 335/2008 de 10.6 ):
la mera indicación al consumidor que quiere comprar la droga el lugar donde se vende e incluso el acompañamiento hasta dicho lugar.
Desestimándose el recurso interpuesto por Nicanor se le imponen las costas correspondientes; y estimándose parcialmente el de Sixto se declaran de oficio las costas de dicho recurso (art. 0'1 LECrim .).
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar D. Perfecto Andres Ibañez D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Diego Ramos Gancedo SEGUNDA SENTENCIA
En la causa incoada por el Juzgado de Instrucción nº 1 de Calahorra, con el número 2 de 2008, y seguida ante la Audiencia Provincial de Logroño, Sección 1ª, por delito contra la salud pública, contra Nicanor, nacido el día 12 octubre 1973, natural de Buga Valle (Colombia), hijo de Antonio y de Fabiola, con NIE. NUM007, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta y en situación de prisión provisional por esta causa, por la que está privado de libertad desde el día 16 de abril de 2008; Sixto, nacido el día 2 septiembre 1980, natural de Buga Valle (Colombia), hijo de Gildardo y de Eneime, con NIE. NUM008, sin antecedentes penales, cuya solvencia no consta, y en situación de prisión provisional por esta causa, por la que está privada de libertad desde el día 16 de abril de 2.008; se ha dictado sentencia que ha sido CASADA Y ANULADA PARCIALMENTE por la pronunciada en el día de hoy, por esta Sala Segunda del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. expresados al margen y bajo la Ponencia del Excmo. Sr. D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre, hace constar los siguientes:
El apartado 1 quedaría redactado en los siguientes términos: "el día 16.4.2008 el acusado Nicanor, mayor de edad y sin antecedentes penales, por indicación de un tal Verrugas ", cuya exacta identidad se desconoce con precisión, pero que pudiera responder a Augusto se dirigió en el vehículo Ford Fiesta,
....-GQR, propiedad de Dª María Consuelo, quien convivía con Nicanor, a la localidad de Cintruenigo (Navarra) para recoger una entrega de cocaína en las inmediaciones de una discoteca, siendo acompañado por el acusado Sixto, mayor de edad y sin antecedentes penales, quien conocía el motivo del viaje, siendo su cometido el indicarle la ubicación de la discoteca, percibiendo por ello, 100 E. Llegados a dicho lugar una mujer joven de origen latino, posiblemente colombiana, cuya identidad se desconoce, les hizo entrega de un cargamento consistente en una caja de cartón con seis cirios ornamentales en cuyo interior se escondían distribuidos en dos paquetes 5,985 kilos de cocaína, con una pureza del 69,7 %, caja que guardaron en el maletero, regresando a Calahorra.
Tal como se ha razonado en el fundamento jurídico noveno de la sentencia precedente la
conducta de Sixto debe calificarse de complicidad.
En orden a la individualización, partiendo de la pena prevista en el art. 389 CP . con un mínimo de 9 años, procede la rebaja en un grado, conforme el art. 63 CP . lo que nos sitúa en una pena de prisión entre 4 años y 6 meses y 9 años menos 1 día y multa de la mitad al tanto, art. 70.1.2 CP, siendo la más proporcionada a las circunstancias del hecho y del culpable la de 5 años prisión y 100.000 E multa.
Primera de la Audiencia Provincial de Logroño de fecha 22 de febrero de dos mil diez, debemos condenar y condenamos a Sixto como cómplice de un delito contra la salud pública, a la pena de 5 años prisión y 100.000 E multa con la accesoria de inhabilitación especial derecho sufragio pasivo durante la condena.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos D. Adolfo Prego de Oliver y Tolivar D. Perfecto Andres Ibañez D. Miguel Colmenero Menendez de Luarca D. Juan Ramon Berdugo Gomez de la Torre D. Diego Ramos Gancedo
STS 391/2010, 6 de Mayo de 2010 (Delito contra la salud pública)
STSJ Galicia 1626/2013, 19 de Marzo de 2013
STSJ Castilla y León 556/2014, 14 de Marzo de 2014
AUTO nº 13 DE 2009 DE TRIBUNAL DE CUENTAS - SALA DE JUSTICIA, 3 de Junio de 2009