Source: https://edwinfigueroag.wordpress.com/5-problemas-de-motivacion-en-sede-constitucional/
Timestamp: 2020-07-04 00:12:49
Document Index: 281246495

Matched Legal Cases: ['artículo 139', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 139', 'artículo 12', 'in dubio', 'artículo 154', 'Artículo 1']

e. Problemas de motivación en sede constitucional | Pensamientos de Derecho Constitucional
Introducción. Resumen. 1. Descripción del problema. 1.1. Ideas previas. 1.2. Enfoque científico de la investigación en desarrollo. 2. Desarrollo del tema. 2.1. Contexto doctrinario del tema en análisis: la argumentación constitucional hoy. 2.2. Argumentación y motivación. 3. Caso a analizar: STC 00728-2008-PHC/TC Caso Giuliana Llamoja. 3. 1. Antecedentes de normativa relacionada al tema. 3.1.1. A nivel constitucional. 3.1.2. A nivel de normas. 3.2. Descripción del caso. 3.3. Juicio valorativo fáctico de la demandante. 3.4. ¿Cuándo un proceso de habeas corpus es improcedente? 3.5. Argumentos del Tribunal Constitucional. 3.5.1. Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales. 3.5.2. Motivación exigible. 3.5.3. Escenarios contradictorios a una debida motivación: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. b) Falta de motivación interna del razonamiento. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. d) La motivación insuficiente. e) La motivación sustancialmente incongruente. 3.5.4. Contradicciones determinadas por el Tribunal en la sentencia de la Corte Suprema, sometida a examen. 3.5.4.1. Falta de corrección lógica. 3.5.4.2. Falta de coherencia narrativa. 3.5.4.3. Falta de justificación externa. 3.5.4.4. El examen de la prueba indiciaria. 3.6. Decisión del Tribunal. 3.7. Implicancias de una sentencia estimatoria en el proceso de habeas corpus. 4. Jurisprudencia constitucional vinculada al tema. 4.1. Jurisprudencia constitucional nacional. 4.1.1. STC 01480-2006-PA/TC Caso Caja de Beneficios y Seguridad Social del Pescador. 4.1.2. STC 3943-2006-PA/TC. Caso Juan de Dios Valle Molina. 4.1.3. STC 0090-2004-AA/TC. Caso Juan Carlos Callegari Herazo. 4.1.4. STC 3361-2004-AA/TC. Caso Jaime Amado Álvarez Guillén. 4.2. Jurisprudencia comparada. 4.2.1. La motivación en el Tribunal Constitucional español. 4.2.1.1. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 229/1988, de fecha 01 de diciembre de1988. 4.2.1.2. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 1145/1987, de fecha 22 de diciembre de 1988. 4.2.1.3. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 28/1994, de fecha 27 de enero de 1994. 4.2.1.4. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 177/1994, de fecha 10 de junio de 1994. 5. Conclusiones.
En relación a esta idea Zagrebelsky[2] afirma:
“El Estado constitucional (…) no admite la ciega aplicación de un solo principio o valor constitucional. La imposición de una sola norma constitucional sin tener en consideración los demás principios constitucionales es una aplicación que rompe el sentido propio del Estado constitucional. Es más, la sola invocación de la primacía de la Constitución como criterio y justificación para determinada decisión resulta vacía de contenido. El Estado constitucional exige que la justificación de las decisiones encuentre sentido en función de los valores que, en su conjunto, sostienen el Estado constitucional. La sola invocación del criterio formal sin alusión alguna al criterio material que supone el Estado constitucional, no es más que una arbitraria consecuencia del enunciado de una alegada supremacía normativa sin atender a los valores y principios que inspiran el sistema. La aplicación de un determinado criterio invocando la sola primacía de la Constitución desatendiendo los valores constitucionales, se presenta frente a la sociedad pluralista como la implacable y arbitraria decisión obligatoria del monarca representativo del Estado absolutista o la ciega aplicación de la ley propia del juez positivista que la aplica por su solo valor formal, sin discernir sobre su contenido ni sobre la razonabilidad de su aplicación”.
La cita de Zagrebelsky nos va a ser de suma utilidad para fijar los ejes de razonamiento del presente ensayo sobre la base de que la interpretación constitucional forma niveles, relaciones y enlaces a través de los cuales, los enunciados interpretativos deberán observar que las normas y principios no resultan absolutos y que una marcada característica de ellos es la ductibilidad, la misma que a su vez podemos entender como la no existencia de derechos absolutos, reflexión que va a marcar el ritmo de nuestro trabajo.
1.2. Enfoque científico de la investigación en desarrollo
Para este efecto, como investigación propiamente dicha, nos parece prudente, dado el carácter de la ponencia que desarrollamos, precisar nuestras hipótesis de trabajo, las cuales residen fundamentalmente en que:
2.1. Contexto doctrinario del tema en análisis: la argumentación constitucional hoy
El Derecho Constitucional desde sus inicios ha sido concebido como un medio de control. Manuel Aragón[16], en un estudio sobre el tema señala que:
“Hablar de Constitución tiene sentido cuando se la concibe como un elemento de limitación y control del poder. Efectivamente, el control es un elemento inseparable del concepto de Constitución si se quiere dotar de operatividad al mismo, es decir, si se pretende que la Constitución se “realice”, en expresión, bien conocida, de Hesse, o dicho en otras palabras, si la Constitución es norma y no pura entelequia o desnuda vaciedad”.
El contexto histórico referido por el autor resulta muy ilustrativo en razón de que partimos de la premisa de que la Constitución sirve para regular la conducta de todos los ciudadanos y en especial de los poderes del Estado. Los jueces ordinarios, y al referirnos a ordinarios no hacemos más que aludir a la justicia que no es constitucional, cuando decidimos causas, ejercemos una verificación de control de los actos de los poderes y en tal sentido, determinamos si sus decisiones se ajustan a derecho o no.
2.2. Argumentación y motivación
La argumentación según Atienza[19] supone efectuar una distinción entre tres tipos de concepciones de la argumentación y señala:
“La concepción formal ve la argumentación como una serie de enunciados sin interpretar (en el sentido de que se hace abstracción del contenido de verdad o de corrección de las premisas y de la conclusión). Para la concepción material, lo esencial no es la forma de los enunciados, sino aquello que los hace verdaderos o correctos; responde al problema de en qué debemos creer o qué debemos hacer (…). Finalmente, la concepción pragmática contempla la argumentación como un tipo de actividad (una serie de actos de lenguaje) dirigidos a lograr la persuasión de un auditorio (…).”
La idea esbozada es muy ilustrativa en la medida que refiere la argumentación como una tarea de adopción de razones explicativas en diversos niveles. Cuando argumentamos, entonces, brindamos fundamentos, construimos un esquema de explicaciones. La motivación, por su lado, involucra un armazón organizativo- racional de la decisión del juzgador. Refiere Marina Gascón Abellán[20]:
“El instrumento jurídico enderezado a garantizar que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites, es la motivación, que representa “el signo más importante y típico de “racionalización” de la función judicial”[21]. La motivación es justificación, exposición de “las razones que el órgano en cuestión ha dado para mostrar que su decisión es correcta o aceptable”[22].
3. Caso a analizar: STC 00728-2008-PHC/TC Caso Giuliana Llamoja
3. 1. Antecedentes de normativa relacionada al tema
3.1.1. A nivel constitucional
El artículo 139 de la Constitución señala:
(..) 5. La motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustentan.”
Capacidad para interpretar y razonar jurídicamente a partir de casos concretos;
Aptitud para identificar los conflictos sociales bajo juzgamiento;
Independencia y autonomía en el ejercicio de la función y defensa del Estado de Derecho;
Conocimiento de la realidad nacional y prácticas culturales del lugar donde el juez desempeña su función;
Propensión al perfeccionamiento del sistema de justicia;
Trayectoria personal éticamente irreprochable”.
3.4. ¿Cuándo un proceso de habeas corpus es improcedente?
El artículo 5 del Código Procesal Constitucional señala:
“1. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado;”
Ya el Tribunal Constitucional se ha manifestado a este respecto, señalando que[25]:
“(…) El Tribunal Constitucional ni los órganos judiciales que conocieron el hábeas corpus tienen competencia para resolver cuestiones de orden penal, pero sí para evaluar si se ha lesionado o no el derecho a la libertad personal u otros derechos conexos. Mediante el hábeas corpus, en efecto, el juez constitucional no puede ingresar a conocer una materia que es de competencia de la jurisdicción ordinaria, sino, únicamente, determinar si, en ese proceso ordinario, se afectó o no un derecho constitucional.”
Este argumento se ve reforzado con la siguiente reflexión del Tribunal Constitucional[26]:
“ Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. “
La inferencia válida a efectuar, entonces, reside objetivamente en el hecho de que la justicia constitucional no tiene competencia para determinar cuestiones de fondo en sede penal ordinaria. Y de esta forma, siempre en el juicio valorativo de la sentencia materia de investigación, el juez constitucional no tendrá competencia para determinar si los jueces penales de mérito apreciaron idóneamente o no las pruebas aportadas, vale decir, no podrá argüir en el denominado “contexto de descubrimiento”[27] que refiere Atienza, sino en el “contexto de justificación” propiamente dicho en atención a que es en este último segmento en donde reside la obligación constitucional del juez, de explicar su decisión con razones válidas, suficientes y congruentes.
3.5.1. Canon para el control constitucional de las resoluciones judiciales
Señala el Tribunal[28] con relación a este tema:
“10. Al respecto, este Colegiado en el Exp. N.° 03179-2004-AA/TC. FJ 23, ha precisado que el canon interpretativo que le permite al Tribunal Constitucional realizar, legítimamente, el control constitucional de las resoluciones judiciales ordinarias está compuesto, en primer lugar, por un examen de razonabilidad; en segundo lugar, por el examen de coherencia; y, finalmente, por el examen de suficiencia.
3.5.2. Motivación exigible
El Tribunal Constitucional señala, entre sus principales argumentos, los conflictos subyacentes a la motivación y describe en el fundamento jurídico sétimo de la sentencia acotada, lo siguiente:
“El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.”
3.5.3. Escenarios contradictorios a una debida motivación
A continuación detalla el Tribunal cuáles son los escenarios sustancialmente contradictorios[32], respecto a la correcta argumentación constitucional. Y así establece las siguientes categorías:
El Tribunal Constitucional precisa que esta digresión [33]“se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.”
El juez constitucional igualmente queda habilitado para revisar las decisiones de la justicia ordinaria cuando las premisas de las que parte el juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto implica una ausencia de conexión entre la premisa y la constatación fáctica o jurídica que le corresponde en el ordenamiento jurídico, a decir del Tribunal en la forma siguiente[34]:
3.5.4. Contradicciones determinadas por el Tribunal en la sentencia de la Corte Suprema, sometida a examen
3.5.4.1. Falta de corrección lógica
El Tribunal Constitucional señala en el fundamento jurídico 21 de la sentencia en comento:
“El magistrado Román Santisteban, en su voto dirimente, en un primer momento señala que “la occisa agarró “otro cuchillo [el tercero] con el que la atacó [a la acusada, ocasionándole un corte en la región palmar de la mano derecha], dando lugar a que la acusada que portaba un cuchillo de cocina que había cogido anteriormente, comenzó a atacarla, mientras que la damnificada hacía lo mismo”. Sin embargo, en líneas posteriores, sin mediar fundamentación ni explicación alguna, concluye que “la occisa privilegió la agresión con un elemento de menor peligrosidad (objeto contundente duro o inclusive sus propios puños), la encausada utilizó primordialmente el arma cortante que portaba en la manos”.
3.5.4.3. Falta de justificación externa
El Tribunal igualmente acota carencias en la decisión de la Sala Suprema respecto a que no se han expuesto las razones objetivas que sustentan la vinculación de la acusada con el hecho atribuido. En efecto, se precisa que el resultado ha sido causado por Giuliana Llamoja al inferirle a su señora madre, la occisa, una herida cortante en la zona de la carótida izquierda. Al respecto, concluye que no se identifican las razones o justificaciones en que se sustentarían las premisas y la conclusión.
Igualmente existe dureza en el fundamento jurídico 32 de la sentencia al enunciarse:
“ 32. Llegado a este punto, este Colegiado Constitucional considera que, definitivamente, la sentencia impugnada no se encuentra dentro del ámbito de la sentencia penal estándar, sino que forma parte de aquellas que se caracterizan por el hábito de la declamación demostrativa de dar ciertos hechos como probados; luego de lo cual tales hechos son declarados de manera sacramental y sin ninguna pretensión explicativa como constitutivos de un ilícito penal como si de una derivación mecánica se tratase.”
3.5.4.4. El examen de la prueba indiciaria
Resulta relevante el análisis que desarrolla el Tribunal con relación a la validez de la prueba indiciaria que sustenta la Sala Suprema. A este efecto, el supremo intérprete desestima que el razonamiento aplicado en la resolución judicial materia de revisión, hubiere observado el procedimiento estándar de determinación de la prueba indiciaria: hecho base o hecho indiciario, que debe estar plenamente probado (indicio); el hecho consecuencia o hecho indiciado, lo que se trata de probar (delito), y entre ellos, el enlace o razonamiento deductivo.
Ahora bien, es pertinente acotar lo importante que resulta en el procedimiento penal la aplicación de los indicios para resolver conflictos penales, mas es pertinente recalcar que ellos exigen un enlace lógico necesariamente racional, pues en caso contrario, los indicios solo constituyen hechos determinados que por sí solos no resultan suficientes para formar un juicio lógico conclusivo. La naturaleza de aplicación de los indicios, exige hechos concomitantes, vinculados entre sí, conforme exigen el Acuerdo Plenario No. 1-2006/ESV-22, conforme pasa a señalar el fundamento jurídico 31 de la sentencia 00728-2008-PHC/TC, en comento:
“ 31. Incluso, la propia Corte Suprema de Justicia de la República del Perú en el Acuerdo Plenario N.° 1-2006/ESV-22 (Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias), su fecha 13 de octubre de 2006, publicada en el diario oficial “El Peruano”, el 29 de diciembre de 2006 ha establecido como principio jurisprudencial de obligatorio cumplimiento para todas las instancias judiciales (jurisprudencia vinculante) el fundamento cuarto de la Ejecutoria Suprema, recaída en el Recurso de Nulidad N.° 1912–2005, su fecha 6 de setiembre de 2005 que señala los presupuestos materiales legitimadores de la prueba indiciaria, única manera que permite enervar la presunción de inocencia.”
3.6. Decisión del Tribunal
El Tribunal declara fundada en parte la demanda de habeas corpus y declara nula la ejecutoria suprema, ordenando a dicha instancia emitir nueva resolución. Igualmente, declara improcedente la demanda en el extremo que la recurrente solicita la excarcelación.
4. Jurisprudencia constitucional vinculada al tema
4.1. Jurisprudencia constitucional nacional
El tema de la argumentación y motivación constituye una preocupación de suyo antigua. En tal sentido, son varios los pronunciamientos constitucionales que inciden en el tema del necesario cuidado del juzgador al emitir sus decisiones. Podemos mencionar, entre otros, los siguientes:
Señala el Tribunal en esta decisión:
“2. El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, al resolver las causas, expresen las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás, pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios.”
Acota la referida sentencia: “ En tal sentido, en el proceso de amparo, el análisis de si en una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales, debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión sólo pueden ser evaluados para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto, porque en este tipo de procesos al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos.”
4.1.2. STC 3943-2006-PA/TC[38] Caso Juan de Dios Valle Molina
Esta sentencia constituye la base del enunciado del caso Llamoja, que reproduce en cuáles casos queda delimitado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la motivación:
Precisa el supremo intérprete a propósito e la motivación en sede administrativa:
“La motivación de las resoluciones.
“ (…) la motivación debe otorgar seguridad jurídica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jurídica de la autoridad que decide el procedimiento; para ello no se debe utilizar las citas legales abiertas, que sólo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qué disposición ampara la argumentación o análisis de la autoridad, como lo establece el apartado 6.3 del artículo 6º de la norma invocada( en referencia a la Ley N.º 27444, del Procedimiento Administrativo General), que dispone que “no son admisibles como motivación, la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad, contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras para la motivación del acto”.( énfasis agregado).
El Tribunal aborda la relación entre motivación y ratificación de magistrados y señala:
“§3. La exigencia de resolución motivada
(…) 39. La motivación es una exigencia que si bien es parte de las resoluciones judiciales, debe ser observada en todo tipo de procedimiento, a la luz del artículo 139. °, inciso 5) de la Constitución, como una ‘motivación escrita’, pues, como lo prescribe el artículo 12° de la Ley Orgánica del PJ, todas las resoluciones, con exclusión de las de mero trámite, son motivadas, bajo responsabilidad, es decir, han de incluir expresión de los fundamentos en que se sustentan.”
Manifiesta el Tribunal del mismo modo: “En ese sentido, toda resolución debe ser congruente a fin de calibrar en ella la debida correlación entre los hechos presentados y la base normativa (debe ceñirse al in dubio pro reo, es decir, la interpretación de las normas debe ser a favor del procesado), que sustentan la decisión final y lo que ésta determina. Y es justamente la motivación la que permitirá medir la congruencia en medida adoptada, por constituir un medio eficaz de control sobre la actividad del juzgador que permite la verificación pública de su convencimiento último”14.
La motivación en el caso de magistrados ha sufrido una modificación sustancial. Inicialmente, el voto de los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, en los procesos de ratificación desarrollados conforme al artículo 154 inciso 2 de la Constitución, involucraban solo un voto de confianza y como tal, la justificación no era exigible. El Código Procesal Constitucional y el desarrollo jurisprudencial de la exigencia de la motivación, en cuyo caso el proceso Álvarez Guillén aquí reseñado es emblemático, han modificado sustancialmente ese panorama y desde la vigencia de la nueva herramienta procesal constitucional, la motivación en los procesos de ratificación, resulta un derecho de los magistrados. Y creemos que la perspectiva de análisis es puntual en el siguiente aspecto; si el magistrado laboró 7 años al servicio del Estado, concluido ese período, dicho magistrado como ciudadano, tiene derecho a saber por qué no se la ratifica y se determina la conclusión de su contrato de trabajo. A ello apunta la motivación constitucional en el tema de la ratificación de magistrados.
4.2.1. La motivación en el Tribunal Constitucional español
4.2.1.1. Sentencia del Tribunal Constitucional español N. º 229/1988., de fecha 01 de diciembre de 1988
Al aludir a las decisiones sobre prueba de indicios en la jurisprudencia comparada, nuestra sentencia en análisis[41] hace una acotación importante y manifiesta:
“El Tribunal Constitucional español en la STC N. º 229/1988. FJ 2, su fecha 1 de diciembre de 1988, y también de modo similar en las STC N. º 123/2002. FJ 9, su fecha 20 de mayo de 2002; N. º 135/2003. FJ 2, su fecha 30 de junio de 2006; y N. º 137/2005. FJ 2b, su fecha 23 de mayo de 2005, ha precisado que:
“La exigencia extrínseca de la sentencia en que consiste la motivación no ha sido cumplida satisfactoriamente en este caso. No hay un razonamiento concreto en torno al supuesto de hecho, sino frases manidas, válidas para cualquier caso e insuficientes por tanto para todos. El error manifiesto en la fundamentación, que hubiese constituido la “ratio decidendi” es una falta de motivación lógica y coherente de la sentencia, la cual, por esta razón, ha de considerarse arbitraria”.
Nos interesa verificar, en el control constitucional que hace el supremo intérprete de la Constitución española, cómo evalúa la decisión jurisdiccional que en el caso aludido, adolece de motivación. Las “frases manidas” a las que alude denotan, con objetividad, que la resolución sometida a control, ha escapado al rigor de justificación decisoria. ¿Cuál es la consecuencia inmediata? Desestimar dicho alegato, haciendo exigible, como en el caso en comento en esta investigación, la emisión de nuevo fallo con observancia escrupulosa de las reglas de motivación exigibles en un Estado constitucional.
[1] Doctor en Derecho. Juez Superior Lambayeque. Profesor Asociado Academia de la Magistratura. Docente Area Constitucional Universidad San Martín de Porres, filial Chiclayo.
[7] CASTILLO CÓRDOVA, Luis. Comentarios al Código Procesal Constitucional. Palestra. Segunda edición 2006. Pág. 247.
[8] HESSE, Konrad. Op cit.
[13] MATHEUS LÓPEZ, Carlos. Conferencias Razonamiento Jurídico AMAG. Lima, 2008.
[14] HESSE, Konrad. Op cit.
[16] ARAGON, Manuel. “El control como elemento inseparable del concepto de Constitución”. Revista española de Derecho Constitucional. Año 7. Número 19. Enero- abril 1987.
[17] ARAGON, Manuel. Op. cit. Pág. 22.
[35] Citado por ATIENZA, Manuel. Op cit. Pág. 33, en referencia a Martín Kaplan (1983) y su método de información integrada: “El proceso de toma de decisión de un juez o un jurado es el resultado de la combinación de los valores de información y de impresión inicial. El proceso de decisión comienza con la acumulación de las unidades de prueba o información; a ello le sigue el proceso de evaluación en el que a cada ítem informativo se le asigna un valor en una escala específica para el juicio que se está desarrollando; el tercer paso consiste en atribuir un peso a cada información; luego se integra la información evaluada y sopesada en un juicio singular como por ejemplo, probabilidad de culpabilidad; y, finalmente, se toma en cuenta la impresión inicial, esto es, los prejuicios del juez o del jurado que pueden provenir tanto de condiciones situacionales como de condiciones asociadas con su personalidad.”
[36] Artículo 1.- Finalidad de los Procesos
por Alex Herrera 7 febrero, 2012 at 21:54
También es frecuente el caso de las resoluciones judiciales que en todos considerandos se refieren al punto a pero en el resolutivo resuelven por el punto b dejando ver una total incoherencia en su sentencia, es decir, por ejemplo en el caso de los reincorporados por ser Servicios No Personales, en los considerandos se refieren al D:Leg. 276 sin embargo, en el resolutivo ordenan que se le reincorpore en el mismo cargo que tenían antes de la violación, eso trae muchos problemas incluso denuncias penales del mismo juzgado debido a que dicen que no se le ha reincoporado al demandante como contratado del D.Leg 276 cuando el resolutivo no lo dice, es decir existe una contradicción entre los considerandos y el resolutivo de la sentencia, sobre ello se ha pronunciado en su momoento el Dr. Aguirre Roca, señalando que cuando existe dicha contradicción LA SENTENCIA ES NULA, cual es su opinión al respecto,estimado colega
JCBUSTOS
CAL 21901
juancarlos310358.jb@gmail.com
por Juan Bustos 27 octubre, 2014 at 11:36
STC 3908-2007-PA/TC. Caso PROVIAS. Deja sin efecto precedente vinculante 4853-2004-AA/TC.