Source: http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REC/SUP-REC-00771-2015.htm
Timestamp: 2018-08-19 13:22:50
Document Index: 258924671

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 66', 'artículo 65', 'artículo 63', 'artículo 61', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 83', 'artículo 41', 'artículo 123', 'artículo 83', 'Artículo 83', 'artículo 99', 'artículo 83', 'artículo 123', 'artículo 116', 'artículo 123', 'artículo 83', 'ARTÍCULO 41', 'artículo 1', 'artículo 35', 'Artículo 1', 'Artículo 14', 'Artículo 35', 'artículo 25', 'artículo 636', 'ARTÍCULO 83', 'artículo 123', 'artículo 116', 'artículo 123', 'artículo 83', 'artículo 636', 'Artículo 83', 'Artículo 636', 'artículo 83', 'artículo 123', 'artículo 123', 'artículo 83', 'artículo 41', 'artículo 123']

SUP-REC-0771-2015
EXPEDIENTES: SUP-REC-771/2015 Y ACUMULADOS
RECURRENTES: LUIS ARMANDO CÓRDOVA DÍAZ Y OTROS
AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL, CON SEDE EN GUDALAJARA, JALISCO
MAGISTADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA
SECRETARIOS: GUILLERMO ORNELAS GUTIÉRREZ Y GERARDO RAFAEL SUÁREZ GONZÁLEZ
México, Distrito Federal, a veintinueve de septiembre de dos mil quince.
VISTOS, para resolver, los autos de los recursos de reconsideración identificados con las claves SUP-REC-771/2015, SUP-REC-772/2015 y SUP-REC-774/2015, interpuestos por Luis Armando Córdova Díaz, en su carácter de otrora candidato a Presidente Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, postulado por la coalición PRI-PVEM; por el Partido Revolucionario Institucional y por el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, para impugnar la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil quince, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, al resolver los juicios de Revisión Constitucional Electoral y el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano identificados con las claves SG-JRC-161/2015 y acumulados SG-JRC-162/2015, SG-JRC-163/2015 y SG-JDC-11417/2015; y,
I.- Antecedentes.- De lo narrado por los recurrentes en sus escritos de reconsideración, así como de las constancias que obran en autos, se advierte lo siguiente:
1.- Jornada electoral.- El pasado siete de junio, se llevó a cabo la elección de Ayuntamiento en el Municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.
2.- Cómputo municipal.- El diez de junio del año actual, el Consejo Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, efectuó el cómputo de la elección de ese Municipio, mismo que arrojó los resultados siguientes, respecto de la votación por candidato:
(CON NÚMERO)
Veintiséis mil cuatrocientos noventa y dos
Sesenta y dos mil doscientos cuatro
Cuatro mil trescientos seis
Sesenta y tres mil quinientos setenta y ocho
Cuatro mil trescientos cuarenta y tres
Siete mil ciento treinta y tres
Tres mil cuatrocientos tres
Cinco mil trescientos quince
Cinco mil doscientos veintiocho
3.- Recuento de la votación.- El once de junio dos mil quince, el Consejo Municipal Electoral de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, efectuó el recuento de la votación, culminando el catorce de junio siguiente, levantándose el Acta Final de Cómputo Municipal, que arrojó los siguientes resultados:
Veintiséis mil novecientos trece
Sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y cuatro
Cuatro mil cuatrocientos treinta y siete
Sesenta y cinco mil ochocientos cincuenta y uno
Siete mil cuatrocientos ochenta y tres
Tres mil quinientos ocho
Cinco mil cuatrocientos ochenta y cuatro
Cinco mil ochocientos setenta y seis
4.- Calificación de la elección y asignación de regidores por el principio de representación proporcional.- El catorce de junio del dos mil quince, el Consejo General del Instituto Electoral local emitió el "ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL CALIFICA LA ELECCIÓN DE MUNÍCIPES CELEBRADA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO Y SE REALIZA LA RESPECTIVA ASIGNACIÓN DE REGIDORES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2014-2015", identificado como IEPC-ACG-271/2015.
5.- Presentación de las demandas de juicios de inconformidad.- El veinte de junio del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional, la Coalición "Jalisco merece más" y Movimiento Ciudadano, promovieron sendos medios de impugnación local. Los expedientes se radicaron con las claves JIN-080/2015 y sus acumulados; JIN-081/2015, JIN-083/2015 y JIN-185/2015.
6.- Juicio ciudadano federal.- El treinta de junio de dos mil quince, la Sala Regional responsable ordenó reencauzar el juicio ciudadano SG-JDC-11417/2015 promovido por Martha Genoveva Martínez González, a efecto de que fuera el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, el que conociera respecto de la impugnación de mérito, al que se le asignó la calve JIN-105/2015 y fue acumulado al expediente JIN-080/2015 y sus acumulados JIN-081/2015, JIN-083/2015.
7.- Resolución emitida en el juicio de inconformidad.- El tres de septiembre de dos mil quince, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco dictó sentencia en los juicios de inconformidad, en el sentido de modificar el cómputo municipal, confirmar la expedición de la constancia de mayoría otorgada a favor de la planilla postulada por Movimiento Ciudadano, así como declarar la validez de la elección y confirmar la asignación de regidores por el principio de representación proporcional.
La modificación del acta final de Cómputo Municipal derivada del recuento de casillas, quedó en los siguientes términos:
4,483*
4,404*
189,099*
185,392*
8.- Presentación de las demandas de juicios de revisión constitucional electoral.- El nueve de septiembre siguiente, los actores en los medios de impugnación antes referidos, presentaron ante la autoridad señalada como responsable, juicios de revisión constitucional electoral, en contra de la sentencia de tres de septiembre del presente año, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, mismos que quedaron radicados con las claves de expediente SG-JRC-161/2015, SG-JRC-162/2015, SG-JRC-163/2015 y SG-JDC-11417/2015, todos del índice de la Sala Regional Guadalajara.
II.- Acto impugnado.- El veintidós de septiembre de dos mil quince, la indicada Sala Regional dictó sentencia en los expedientes antes precisados, determinando, en lo que interesa, acumular los medios de impugnación en cuestión y confirmar la sentencia de tres de septiembre de dos mil quince, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en el juicio de inconformidad JIN-080/2015 y sus acumulados.
III.- Recursos de reconsideración.- El veinticinco de septiembre de dos mil quince, Luis Armando Córdova Díaz, en su carácter de otrora candidato a Presidente Municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, postulado por la coalición PRI-PVEM; el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, respectivamente, interpusieron sendos recursos de reconsideración para impugnar la referida sentencia.
IV.- Trámite y sustanciación.- a) Por proveídos de veintiséis de septiembre de dos mil quince, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior, ordenó integrar los expedientes SUP-REC-771/2015, SUP-REC-772/2015 y SUP-REC-774/2015 y dispuso turnarlos a la Ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
b) Dichos acuerdos fueron cumplimentados por la Secretaria General de Acuerdos de esta Sala Superior, mediante oficios TEPJF-SGA-9685/15, TEPJF-SGA-9686/15 y TEPJF-SGA-9688/15, de la misma fecha.
c) En su oportunidad, el Magistrado Instructor radicó y admitió a trámite los medios de impugnación, declaró cerrada la instrucción en cada uno de ellos, quedando los autos en estado de dictar sentencia.
PRIMERO.- Competencia.- Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los medios de impugnación al rubro indicados, de conformidad con lo previsto en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción X, y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 64 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de tres recursos de reconsideración promovidos para controvertir la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, al resolver los juicios de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves de expediente SG-JRC-161/2015 y acumulados SG-JRC-162/2015, SG-JRC-163/2015 y SG-JDC-11417/2015.
SEGUNDO.- Acumulación.- Del análisis de los escritos de demanda que motivaron la integración de los expedientes identificados en el apartado de antecedentes de esta sentencia, se advierte lo siguiente:
1.- Acto impugnado.- En los escritos de demanda, se controvierte el mismo acto, esto es, la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil quince, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Primera Circunscripción Plurinominal, con sede en Guadalajara, Jalisco, dentro de los expedientes identificados con las claves SG-JRC-161/2015 y acumulados SG-JRC-162/2015, SG-JRC-163/2015 y SG-JDC-11417/2015.
2.- Autoridad responsable.- Los recurrentes, en cada uno de los escritos de demanda, señalan como autoridad responsable a la indicada Sala Regional Guadalajara.
En ese contexto, si existe identidad en el acto controvertido y en la autoridad responsable, resulta inconcuso que hay conexidad en la causa; por tanto, a fin de resolver en forma conjunta, congruente, expedita y completa los recursos de reconsideración identificados en el capítulo de antecedentes de esta sentencia, conforme a lo previsto en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo conducente es decretar la acumulación de los diversos SUP-REC-772/2015 y SUP-REC-774/2015 al recurso de reconsideración radicado con la clave de expediente SUP-REC-771/2015, por ser el primero.
En consecuencia, se debe glosar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos de los medios de impugnación acumulados.
TERCERO.- Requisitos de procedencia.- Esta Sala Superior considera que los recursos de reconsideración que ahora se resuelven cumplen con los requisitos generales y especiales de procedibilidad, como se precisa a continuación:
1.- Requisitos formales.- En este particular se cumplen los requisitos formales esenciales, previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque los recursos fueron interpuestos por escrito, en el cual los actores: a) Precisan la denominación de los partidos políticos y del recurrente; b) Identifican el acto impugnado; c) Mencionan a la autoridad responsable; d) Narran los hechos en los que basan sus impugnaciones; e) Expresan los conceptos de agravio atinentes; y, f) Asientan su nombre, calidad jurídica con la que promueven y su firma autógrafa.
2.- Oportunidad.- Los escritos para interponer los recursos de reconsideración al rubro indicados, fueron presentados dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 66, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la sentencia impugnada fue emitida por la citada Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral, el veintidós de septiembre de dos mil quince, en tanto que los escritos recursales fueron presentados, ante la Oficialía de Partes de la indicada Sala Regional, el inmediato día veinticinco del mismo mes y año, esto es, de manera oportuna.
3.- Legitimación.- Los recursos de reconsideración al rubro indicados, fueron promovidos por parte legítima, de conformidad con lo previsto en el artículo 65, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que corresponde incoarlos a los partidos políticos, así como a los candidatos que hubieren participado en la contienda electoral.
4.- Personería.- La personería de Jorge Armando Carrillo Muñoz, en representación del Partido Revolucionario Institucional, así como de Francisco Juárez Piña, en representación del Partido de la Revolución Democrática, está debidamente acreditada, dado que promueven en su carácter de representante suplente y propietario, respectivamente, de dichos partidos políticos, al habérseles reconocido por la Sala Regional responsable.
5.- Interés jurídico.- Los recurrentes tienen interés jurídico para promover los recursos de reconsideración en que se actúa, dado que impugnan la sentencia de veintidós de septiembre de dos mil quince, dictada por la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral dentro de los expedientes identificados con las claves SG-JRC-161/2015 y acumulados SG-JRC-162/2015, SG-JRC-163/2015 y SG-JDC-11417/2015, donde fueron parte actora y, toda vez que dicha resolución confirmó la sentencia de tres de septiembre de dos mil quince, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, en el juicio de inconformidad JIN-080/2015 y sus acumulados, aducen que la sentencia impugnada vulnera los principios de legalidad y certeza, siendo esta la vía procedente para obtener la reparación respectiva, en caso de asistirles la razón.
6.- Definitividad.- En los recursos de reconsideración, al rubro identificados, se cumple el requisito establecido en el artículo 63, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en haber agotado las instancias previas de impugnación, toda vez que se controvierte una sentencia dictada por la Sala Regional Guadalajara de este Tribunal Electoral, respecto de la cual no procede otro medio de impugnación, que deba ser agotado previamente.
En la especie se acreditan estos requisitos, atento a las siguientes consideraciones.
En el artículo 61, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se establece que el recurso de reconsideración es procedente para impugnar sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales de este Tribunal Electoral.
En los incisos a) y b) del precepto normativo señalado, se prevén los actos que pueden ser objeto de controversia mediante el recurso de reconsideración, a saber:
•Las sentencias dictadas en los juicios de inconformidad, que se hubiesen promovido para controvertir los resultados de las elecciones de diputados y senadores, por el principio de mayoría relativa.
•La asignación de diputados y senadores electos por el principio de representación proporcional, que lleve a cabo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
•Las sentencias dictadas en los demás medios de impugnación, de la competencia de las Salas Regionales, cuando éstas hubiesen determinado la no aplicación de una ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución Federal.
La procedibilidad del recurso de reconsideración, tratándose de sentencias dictadas en cualquier medio de impugnación diferente al juicio de inconformidad, se actualiza en el supuesto de que la Sala Regional hubiese dictado una sentencia de fondo, en la cual haya determinado la inaplicación de una Ley electoral, por considerarla contraria a la Constitución Federal.
Sin embargo, para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, que incluye el derecho de acceso a la justicia, el respeto a las garantías mínimas procesales, así como el derecho a un recurso efectivo, de conformidad con lo previsto en los artículos 1º y 17, de la Constitución Federal, así como 8 y 25, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establecen los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, esta Sala Superior ha ampliado la procedencia del recurso de reconsideración, lo cual ha contribuido a la emisión de criterios que han fortalecido la facultad de revisar el control concreto de constitucionalidad que llevan a cabo las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
En ese sentido, a partir de la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 41 y 99, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 3, 61 y 62, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los que se prevé que el recurso de reconsideración, como parte del sistema de medios de impugnación en materia electoral que garantiza el respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, es el medio a través del cual la Sala Superior del Tribunal Electoral está facultada para revisar las sentencias relativas a la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución, se concluye que el recurso de reconsideración también es procedente cuando se hizo valer la inaplicación de una Ley electoral, en el caso, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y se sostenga que la Sala Regional responsable declaró inoperante dicha solicitud.
En ese tenor, los presentes recursos satisfacen el requisito consistente en señalar el presupuesto de la impugnación.
Así, al haberse cumplido los requisitos mencionados en los párrafos que anteceden y, en virtud, de que no se actualiza alguna de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en la legislación aplicable, se debe realizar el estudio de fondo de la cuestión planteada.
CUARTO.- En virtud de que del análisis de los escritos recursales interpuestos por Luis Armando Córdova Díaz y el Partido Revolucionario Institucional, se advierte que los impetrantes, sustancialmente, formulan los mismos motivos de inconformidad, se transcriben, únicamente aquellos que se contienen en la demanda del SUP-REC-771/2015.
Fuente de Agravio.- la Sentencia emitida por la Sala Regional Guadalajara, en el Juicio de Revisión Constitucional identificado con la clave SG-JRC-161/2015 Y SUS ACUMULADOS SG-JRC-162/2015 Y SG-JRC-163/2015, del pasado 22 de septiembre del año que transcurre.
Normatividad violentada:-artículos 1, 14, 16, 17, 35 fracciones II, 41, base quinta; 123 apartado B, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y artículo 25 de la Declaración de los Derechos Político electorales del Ciudadano y puesto que se reclaman preceptos constitucionales que en mi consideración fueron soslayados por la autoridad Responsable del acto que se combate, cuya determinación quebrantan la regularidad constitucional de una contienda electoral.
Conceptos de agravio:- ME CAUSA AGRAVIO LA SENTENCIA DICTADA EL PASADO 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el Juicio de Revisión Constitucional identificado con la clave SG-JRC-161/2015 Y SUS ACUMULADOS SG-JRC-162/2015 Y SG-JRC-163/2015, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
Respecto del considerando Décimo. Estudio de fondo. Sostengo que la determinación de la Sala responsable, respecto de declarar INOPERANTE la solicitud de inaplicación al caso concreto de una porción normativa de la ley general de instituciones y procedimientos electorales que se tilda de inconstitucional cancela toda posibilidad de acceso a una Tutela Judicial Efectiva, prevista en el artículo 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me explico.
Como se expuso en el juicio de revisión constitucional, la solicitud planteada ante la Sala Regional, fue que se realizara el estudio de la inaplicación al caso concreto del concepto CON MANDO SUPERIOR previsto en el artículo 83, párrafo 1, inciso g); de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, puesto que dicho concepto se considera un concepto ambiguo, contrario al principio de legalidad como parte de los principios rectores del proceso electoral, previsto en la Base V del artículo 41 Constitucional, y desde luego, que no es acorde con la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la misma norma general, que establece las bases para la expedición de las leyes sobre el trabajo, y de manera específica de los cargos que serán considerados de confianza.
En efecto, el artículo 83, párrafo 1, inciso g) establece:
Artículo 83. 1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:...
g) No ser servidor público de confianza con mando superior.
Sin embargo, la Sala Responsable determinó ante este planteamiento que: resulta inoperante el planteamiento para examinar la conformidad o no de la porción normativa controvertida, toda vez que si el actor solicita que esta Sala Regional ejerza la facultad de resolver sobre la no aplicación de leyes sobre la materia electoral contrarias a la Constitución, prevista en su artículo 99, debe señalar claramente los elementos mínimos que posibiliten dicho análisis; es decir, cuál es la norma, principio o base constitucional concreta que se estima infringido, la norma general a contrastar y el agravio que le depara. En apoyo a tal determinación, cobra aplicación, mutatis mutandi, como criterio orientador, la tesis de jurisprudencia XXVII.3º. J/11 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIÓNALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE, (foja 47 de la resolución)
De esa forma, la Sala Responsable, da respuesta al planteamiento expuesto.
No obstante lo anterior, sostengo que no es aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia utilizada por la Responsable para eludir el estudio planteado, porque recientemente se han realizado diversos pronunciamientos defendiendo y apoyando la progresividad de los derechos humanos por los órganos terminales de la procuración y administración de justicia quienes han sustentado que cuando se trata de garantizar un verdadero acceso a la tutela judicial efectiva, no se deben exigir requisitos innecesarios o carentes de razonabilidad para asumir el estudio de un planteamiento de esta envergadura, puesto que se trata de mantener la regularidad constitucional y desde luego tiende a maximizar los derechos fundamentales de las personas; por eso, son aplicables las siguientes tesis de jurisprudencia.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO. [Se transcribe]
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", "PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS", [Se transcribe]
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. CUANDO LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ADVIERTAN QUE EL RESPETO A LOS DERECHOS Y LIBERTADES DE ACCESO A LA JUSTICIA, GARANTÍA DE AUDIENCIA Y TUTELA JURISDICCIONAL SE SUPEDITÓ A REQUISITOS INNECESARIOS, EXCESIVOS, CARENTES DE RAZONABILIDAD O PROPORCIONALIDAD, EN EJERCICIO DE AQUÉL, DEBEN ANALIZAR PREPONDERANTEMENTE TAL CIRCUNSTANCIA, AUN CUANDO NO EXISTA CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO AL RESPECTO. [Se transcribe]
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN, ES PROCEDENTE CUANDO EN LA DEMANDA SE ALEGA LA OMISIÓN DE LA RESPONSABLE DE REALIZAR EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL. [Se transcribe].
Luego entonces, siguiendo la línea argumentativa de la responsable, formula una argumentación para desestimar que no es posible realizar el estudio de proporcionalidad de la porción normativa controvertida porque, en términos de lo expuesto a foja 48 y 49, aduce: ...esta autoridad jurisdiccional federal considera que no ha lugar a desaplicar al caso concreto la porción normativa objetada por el Partido Revolucionario Institucional.
Lo anterior es así, toda vez que a juicio de esta autoridad judicial, la restricción a los servidores públicos de confianza para que puedan ser nombrados -en cumplimiento al deber cívico correlativo- como integrantes de las mesas directivas de casilla; así como el límite a dicha restricción, encuentran precisamente su justificación en sendos imperativos de rango constitucional que operan de manera congruente y en armonía con los diversos de legalidad y certeza electoral invocados por el impetrante.
... En el anterior sentido, esta autoridad advierte que la prohibición para que los servidores públicos de confianza con mando superior sean nombrados como miembros de las mesas directivas de casillas, tiene como finalidad garantizar la imparcialidad de dichos órganos electorales, tomando en cuenta que el acceso a ese tipo de cargos son mediante procesos electorales o por designación directa de los titulares de los respectivos cargos de elección popular; lo que implica, ordinariamente una militancia o filiación partidista relevante.
En el mismo sentido, se tiene que, en aras de aplicar de manera racional la señalada restricción a los servidores públicos para ser nombrados como funcionarios de las mesas directivas de casilla, no resulta acorde al fin perseguido, incluir en la restricción examinada a todos y cada uno de los servidores públicos de confianza, sino sólo aquellos que ostenten cargos con funciones de mando superior, por ser éstos sobre los que racionalmente podría sostenerse de manera objetiva, la presunción de que cuentan con facultades que, por su naturaleza —precisamente de mando superior —, podrían influir objetivamente en el ánimo de los electores si se propiciara inclusión como miembros de las mesas directivas de casilla.
De la ponderación jurídica expuesta por la responsable, sostengo que los argumentos vertidos no están soportados por un test de proporcionalidad, en el que se motive y fundamenta sus razones, ya que de la exposición anterior no se advierte que el concepto controvertido sea el más idóneo, necesario y razonable para establecer que la participación de los servidores públicos de confianza con mando superior en la integración de una mesa directiva de casilla, tenga como finalidad garantizar la imparcialidad de dichos órganos electorales, puesto que como lo señala la propia responsable a foja 50 y 51 de su resolución,... que las salas de este tribunal han sostenido reiteradamente que el principio de certeza consiste en que, al iniciar el proceso electoral, los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de dicho proceso; es decir, que conozcan previamente con toda claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación, y la de las autoridades electorales, están sujetas.
En principio de legalidad, es la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, a fin de que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo. (sic)
Por eso mismo, sostengo que de haber realizado el test de proporcionalidad del concepto tildado de inconstitucional, -artículo 83, párrafo 1, inciso g) LGIPE- la Sala responsable se hubiese pronunciado en forma distinta a como se ha venido exponiendo, tan es así, que su razonamiento se podría haber traducido en las siguientes consideraciones jurídicas:
a)Que la distinción legislativa impugnada no persigue una finalidad objetiva y constitucional, porque, la Constitución general de la república establece en su artículo 123, apartado B, fracción XIV, las bases para expedir las leyes del trabajo de los poderes de la unión y de manera específica los cargos que se reputan de confianza
b)Que en relación con esta normativa, el artículo 116, párrafo segundo, fracción VI, del mismo ordenamiento general, dispone que los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, sujetando su actuación a las siguientes normas: VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la CPEUM y sus disposiciones reglamentarias.
c)Que la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, en su numeral 3 establece como se clasifican los servidores públicos de acuerdo con la naturaleza de su función, en de CONFIANZA Y DE BASE.
d)Que los servidores públicos de confianza son aquellos que realizan funciones de: DIRECCIÓN, MANDO, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN, VIGILANCIA, FISCALIZACIÓN, AUDITORÍA, MANEJO DE FONDOS O VALORES, CONTROL DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS, ASESORÍA, CONSULTORÍA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.
Por tanto, la porción normativa contenida en el artículo 83 párrafo 1 inciso g) de la Ley General de Instituciones y procedimientos Electorales, que se reprocha inconstitucional, NO ES IDÓNEA, porque establece una exigencia que se considera excesiva, al señalar QUE PARA SER INTEGRANTE DE UNA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE REQUIERE, NO SER SERVIDOR PÚBLICO DE CONFIANZA CON MANDO SUPERIOR.
Y de acuerdo, con el diseño de la legislación para los servidores públicos del estado de Jalisco, NO EXISTE DENTRO DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA, LA HIPÓTESIS DEL MANDO SUPERIOR, DE AHÍ QUE DICHO CONCEPTO SE TILDE DE INCONSTITUCIONAL AL NO ESTAR PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, NI TAMPOCO EN LA LEY ESPECIAL DE LA ENTIDAD.
POR ESO, SE CONSIDERA QUE LA PORCIÓN NORMATIVA IMPUGNADA SEA UN CONCEPTO AMBIGUO QUE NO ESTA DETERMINADO EN LA LEY, EL CUAL, REPRESENTA UNA CARGA EXCESIVA, PARA LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES, PUESTO QUE, CUANDO INTEGRAN LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA SE ENCUENTRAN CON ESE OBSTÁCULO AL MOMENTO DE INTEGRAR LAS CASILLAS ELECTORALES, PORQUE UNA VEZ QUE HAN HECHO EL PROCEDIMIENTO DE INSACULACIÓN DE LOS CIUDADANOS QUE PODRÍAN INTEGRAR LAS MESAS RECEPTORAS DEL VOTO; Y DESPUÉS DE HABER REALIZADO LA ENTREVISTA CON LOS MISMOS, SE PERCATAN DE QUE HAY CIUDADANOS DESEMPEÑÁNDOSE COMO SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA, DE ALGUNA ENTIDAD PÚBLICA, LO QUE EN EL CASO PARTICULAR, GENERA QUE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA SE INTEGREN EN FORMA IRREGULAR POR CIUDADANOS QUE SON SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA CON FUNCIONES DE DIRECCIÓN, MANDO, ASESORÍA, VIGILANCIA, ETC, PUESTO QUE AL NO ESTAR DETERMINADO EL MANDO SUPERIOR EN LA LEY, ESTA AMBIGÜEDAD VIENE HA GENERAR QUE NO HAYA CERTEZA EN LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA QUE A LA POSTRE PROVOCA UNA IRREGULARIDAD GRAVE PREVIA AL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL.
BAJO ESA PERSPECTIVA, ES QUE LA SALA RESPONSABLE, ADUCE QUE QUIENES INTERVENIMOS EN UN PROCESO ELECTORAL CONOZCAMOS LAS REGLAS DEL JUEGO PARA DE MANERA ESPECIAL LOS ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, a fin de que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.
POR ESO, SOSTENGO QUE SÍ EXISTE UN CONFLICTO AL MOMENTO DE INTEGRAR LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA, PORQUE LA PORCIÓN NORMATIVA IMPUGNADA, ES UN CONCEPTO QUE PER SE, ES UN CRITERIO GRAVOSO AL DERECHO HUMANO DE LOS CIUADANOS QUE SE DESEMPEÑAN COMO SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA, FRENTE A OTROS, PORQUE "EL MANDO SUPERIOR" PODRÍA NO SER EL CONCEPTO MÁS ADECUADO PARA PROHIBIR LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DE VOTACIÓN.
De ahí que insisto, EL MANDO SUPERIOR ES UN CONCEPTO AMBIGUO, QUE HASTA PARA LOS PROPIOS DOCTRINISTAS LES CUESTA DEFINIRLO CON CERTEZA, A GUISA DE EJEMPLO, SEÑALO LO QUE CONSIDERA GABINO FRAGA EN SU OBRA de "Derecho Administrativo" (Editorial: Porrúa, México 2007, p. 167.) señala que el "Poder de mando" dentro del régimen de centralización administrativa, "...consiste en la facultad de las autoridades superiores de dar órdenes e instrucciones a los órganos inferiores, señalándoles los lineamientos que deben seguir para el ejercicio de las funciones que les están atribuidas. Este poder de mando se ejercita generalmente por medio de órdenes, instrucciones o circulares dirigidas por las autoridades superiores a los empleados que les están subordinados...)
POR CONSECUENCIA, SOSTENGO QUE DE LLEGAR A DECLARAR LA INAPLICACIÓN DE LA PORCIÓN NORMATIVA IMPUGNADA, ES QUE SE DEBEN ANULAR LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LAS CASILLAS ELECTORALES 2532 C2, 2534 B, 2613 C1, 2619 C1, 2613 C16, 3172 C2, 3317 C7, 2624 C2, 2623 B, 2624 C4 Y 3204 C3; EN RAZÓN DE HABERSE INTEGRADO ESAS CASILLA DE UNA FORMA IRREGULAR, LO QUE VIENE A VIOLENTAR EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 41 BASE V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
EN TAL SENTIDO, Considero que al desestimar el estudio de constitucionalidad de la norma controvertida se niega el acceso de una Tutela Judicial Efectiva, prevista en el artículo 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El artículo primero de nuestra carta magna, establece que los operadores jurídicos encargados de aplicar la norma, la deben interpretar en el sentido que más favorezca los derechos fundamentales de las personas, lo cual, implica que los operadores jurídicos sean sensibles, sin dejar de ser jueces, para que cuando sea de su conocimiento un litigio, comprendan a la luz de los hechos de la demanda que es lo que quiere el actor y que es lo que expresa el demandado, y en atención a un planteamiento jurídico se decida de una forma útil para las partes y no de una manera formal o dogmática, criterio que ha sido sustentado por la Suprema Corte de Justicia en la Tesis de Jurisprudencia de voz: TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA Y DEBIDO PROCESO. CUALIDADES DE LOS JUECES CONFORME A ESOS DERECHOS FUNDAMENTALES.
En este contexto, sostengo que la Sala Responsable, pretende denegar justicia al amparo de un formalismo dogmático.
De esa forma, la Sala Responsable, también:
A)viola al principio de exhaustividad, porque la Responsable, como autoridad jurisdiccional debió de estudiar el planteamiento propuesto para no incurrir en conclusiones:
•Desestimatorias
•Que generen Incertidumbre jurídica
•Que no dan firmeza a los actos controvertidos
•Que provocan la privación irreparable de derechos
Bajo esa lógica, la sentencia desestimatoria de la Responsable, viola el principio de exhaustividad que debe revestir todas sus determinaciones para brindar al justiciable una recta aplicación de la norma, que en el caso no se presume.
Sobre esta base, es que considero que con la resolución emitida por la responsable, se cancela mi derecho a ser votado, previsto en el artículo 35 párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Como podrán advertir, magistrados de la Sala Superior, de lo argüido en párrafos anteriores, la Sala responsable, al desestimar el estudio de la inaplicación del precepto controvertido se violan en mi perjuicio los preceptos de la Constitución General del País, en el orden siguiente:
Artículo 1o. [Se transcribe]
Artículo 14 [Se transcribe]
Artículo 35. [Se transcribe]
De igual forma, se vulnera en mi perjuicio lo dispuesto en El Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles y la Convención Americana de los Derechos Humanos que comprometen al respeto de esta garantía ciudadana como lo es el de ser votado en una contienda electoral. Documentos normativos que en lo conducente señalan:
Pacto Internacional de los Derechos políticos y Civiles:
Convención Americana de los Derechos Humanos:
En mérito de lo anterior es que se viola el principio de legalidad que, al caso concreto es aplicable la jurisprudencia, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, de rubro:
PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. [Se transcribe]
Es el caso, que la Sala responsable pretende menoscabar mis derechos políticos electorales de ser votado en la vertiente para encabezar el cabildo municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, como en el caso acontece, y por ende, restringir la participación democrática es tutelado por el artículo primero constitucional, que establece que los derechos humanos se deben interpretar en un sentido más amplio y sin restringir los mismos.
En sí, la determinación de la Sala Responsable, quebranta mi derecho fundamental de carácter político electoral como lo es el derecho a encabezar el cabildo municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, según lo previenen los artículos 35 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
f) Ofrecimiento de pruebas para acreditar los hechos.
Para acreditar los extremos contenidos en el presente escrito, se ofrecen desde este momento las siguientes:
Por otra parte, el Partido de la Revolución Democrática, formula en la demanda del SUP-REC-774/2015, los siguientes motivos de inconformidad:
Normatividad violentada:-artículos 1, 14, 16, 17, 41, base quinta; 116, párrafo 2, fracción VI; 123 apartado B, inciso g), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y artículo 25 de la Declaración de los Derechos Político electorales del Ciudadano, en razón de que se reclaman preceptos constitucionales que en consideración de mi representado fueron soslayados por la autoridad Responsable del acto que se combate, cuya determinación quebrantan los principios fundamentales de toda contienda electoral y de manera específica el principio de legalidad, lo que deviene en una trasgresión a la regularidad constitucional.
CONCEPTOS DE MOLESTIA:- EL ACTO QUE CAUSA AGRAVIO ES LA SENTENCIA DICTADA EL PASADO 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, en el Juicio de Revisión Constitucional identificado con la clave SG-JRC-161/2015 Y SUS ACUMULADOS SG-JRC-162/2015 Y SG-JRC-163/2015, POR LOS SIGUIENTES MOTIVOS:
ÚNICO. Que la responsable haya dejado de tomar en cuenta la causal de nulidad prevista en el artículo 636, párrafo 1 fracción II), que establece que la votación recibida en casilla será cuando, se ejerza presión o violencia sobre los electores o funcionarios de mesa directiva de casilla, puesto que consideramos que la responsable realizó una Errónea interpretación de la causal de mérito, al soslayar que las casillas impugnadas, se integraron en forma irregular por servidor público de confianza.
POR ESO, EL MOTIVO DE MOLESTIA HECHO VALER ANTE ESTA SALA SUPERIOR, CONSISTE EN EL HECHO DE ESTAR DEMOSTRADO EN ACTUACIONES, QUE, EN LAS CASILLAS IMPUGNADAS PARTICIPARON DE UNA FORMA IRREGULAR SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA, EN LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA, Y QUE LA RESPONSABLE NO EXPUSO ARGUMENTO PARA JUSTIFICAR EL PORQUE SE VIOLENTABA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD COMO GARANTÍA FORMAL PARA QUE LOS CIUDADANOS Y LAS AUTORIDADES ACTÚEN EN ESTRICTO APEGO A LA LEY, A FÍN DE QUE NO EMITAN O DESPLIEGUEN CONDUCTAS ARBITRARIAS AL MARGEN DEL TEXTO NORMATIVO.
ELLO ES ASÍ, PORQUE LA RESPONSABLE, AL EXAMINAR LOS AGRAVIOS RELATIVOS DE LAS CASILLAS IMPUGNADAS, CUYO ESTUDIO ES VISIBLES EN EL CONSIDERANDO DÉCIMO; NO SE PRONUNCIA RESPECTO DE ESTA IRREGULARIDAD Y SOLAMENTE MANIFIESTA QUE EL TRIBUNAL DE JALISCO HABÍA DETERMINADO CORRECTAMENTE LA CAUSAL POR LA CUAL DEBERÍA ESTUDIARSE LA IREGULARIDAD INVOCADA.
SIN EMBARGO, DE HABERSE PRONUNCIADO, EN EJERCICIO DE UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, DE LOS DERECHOS PRO HOMINE Y DE GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 1 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA RESPONSABLE EN MÉRITO DE SUS ATRIBUCIONES ESTUVO EN LA POSIBILIDAD DE IMPONERSE DE QUE SE COMETIÓ UNA VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, POR HABERSE INTEGRADO UNA MESA DIRECTIVA DE CASILLA POR CIUDADANOS QUE NO SATISFACÍAN UNO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL INCISO G) PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO 83 DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.
SE SOSTIENE LO ANTERIOR, PORQUE LA RESPONSABLE, NO CONSIDERO QUE LA Que la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, en su numeral 3 establece como se clasifican los servidores públicos de acuerdo con la naturaleza de su función, en de CONFIANZA Y DE BASE.
QUE DE LA CITADA LEY, NO SE DESPRENDE QUIÉNES OSTENTAN UN MANDO SUPERIOR.
SI BIEN, LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA TIENEN UN PODER JURÍDICO Y MATERIAL, ESTE NO PUEDE SER UN ATRIBUTO ESPECIALISIMO PARA LOS QUE OSTENTEN UN MANDO SUPERIOR, QUE LA LEY NO DETERMINA, SINO QUE QUEDA AL ARBITRIO DE LA AUTORIDAD.
Que POR TANTO, la Constitución general de la república establece en su artículo 123, apartado B, fracción XIV, las bases para expedir las leyes del trabajo de los poderes de la unión y de manera específica los cargos que se reputan de confianza.
Y que en relación con esta normativa, el artículo 116, párrafo segundo, fracción VI, del mismo ordenamiento general, dispone que los poderes de los estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, sujetando su actuación a las siguientes normas: VI. Las relaciones de trabajo entre los estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la CPEUM y sus disposiciones reglamentarias.
Por lo tanto, al estar acreditado que LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA no cumplían con el requisito para ser integrante de la Mesa Directiva de Casilla en la que participaron era motivo suficiente para anular la votación recibida en las casillas impugnadas, puesto que su participación violento el principio de legalidad a que deben sujetar su actuación las autoridades electorales.
En mérito de lo anterior, es que se debió de anular la votación recibida en las casillas impugnadas, y por ende, modificar los resultados consignados en el acta de cómputo final del municipio de la Tlaquepaque, Jalisco.
f) ofrecimiento de pruebas para acreditar los hechos
Para acreditar los extremos contenidos en el presente escrito, se ofrecen desde este momento las siguientes
QUINTO.- Síntesis de agravios y estudio de fondo.- De los escritos recursales se desprende que, sustancialmente, los recurrentes formulan los siguientes motivos de disenso:
I.- SUP-REC-771/2015 y SUP-REC-772/2015
Que la determinación de la Sala Regional responsable, respecto de declarar inoperante la solicitud de inaplicación al caso concreto de una porción normativa del artículo 83, párrafo 1, inciso g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la calificación de mando superior en los servidores públicos de confianza, tildada de inconstitucionalidad, canceló toda posibilidad de acceso a la tutela judicial efectiva, consagrada en los artículos 1 y 17 de la Norma Fundamental Federal.
Ello, porque a decir de los recurrentes, la Jurisprudencia XXVII.3º.J/11 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito invocada por la Sala Regional responsable, de rubro: "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE", no es aplicable al caso concreto, porque recientemente se han realizado diversos pronunciamientos defendiendo y apoyando la progresividad de los derechos humanos a fin de garantizar un verdadero acceso a la tutela judicial efectiva, por lo que no se deben exigir requisitos innecesarios o carentes de razonabilidad para asumir el estudio de un planteamiento de esta naturaleza.
En dicho sentido, sostienen los recurrentes que los argumentos vertidos por la Sala Regional responsable, no se encuentran soportados por un test de proporcionalidad, en el que motive y fundamente sus razones, pero no se advierte que el concepto "de mando superior" resulte el más idóneo, necesario y razonable, de ahí que de haber realizado el referido ejercicio en torno a la porción normativa del artículo mencionado, su determinación hubiera sido distinta, ya que el diseño de la legislación actual para los servidores públicos del Estado de Jalisco, no contiene dentro de su clasificación de los servidores públicos de confianza, la hipótesis de mando superior, además de que tal expresión resulta un concepto ambiguo que no está determinado en la Ley, por lo que representa una restricción excesiva e implica una dificultad para las autoridades administrativas electorales encargadas de organizar las elecciones, al momento de integrar las mesas directivas de casilla.
Así, para los recurrentes, si resulta inconstitucional la porción normativa en cuestión, por lo que debió declararse la inaplicación de tal precepto legal y anularse la votación recibida en las casillas electorales 2532 C2, 2534 B, 2613 C1, 2619 C1, 2613 C16, 3172 C2, 3317 C7, 2624 C2, 2623 B, 2624 C4 y 3204 C3, pues fueron integradas en forma irregular.
De esta forma, los recurrentes aducen también que la Sala Regional responsable no fue exhaustiva, al dejar de estudiar sus planteamientos, por lo que igualmente vulneró el principio de legalidad.
II.- SUP-REC-774/2015
Por su parte, el Partido de la Revolución Democrática sostiene que la Sala Regional responsable, al emitir la sentencia impugnada, dejó de tomar en cuenta la causal de nulidad prevista en el artículo 636, párrafo 1, fracción II), del Código Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, consistente en ejercer presión o violencia sobre los electores o funcionarios de mesa directiva de casilla, toda vez que realizó una interpretación errónea de la causal de mérito, soslayando que las casillas impugnadas se integraron en forma irregular por un servidor público de confianza.
Por lo tanto, al estar acreditado que los servidores públicos de confianza no cumplían con el requisito para ser integrantes de las mesas directivas de casillas en las que participaron, debió anularse la votación recibida en las mismas, pues su participación violentó el principio de legalidad, no obstante la Sala Regional responsable solamente manifestó que el Tribunal local había determinado correctamente la causal a estudio por la irregularidad invocada.
Por cuestión de método, los motivos de disenso anteriormente reseñados se analizarán en el orden propuesto en la síntesis respectiva.
Esta Sala Superior estima infundados los motivos de disenso descritos en el numeral I.
Las disposiciones normativas implicadas en la resolución al caso concreto establecen, en lo que interesa, lo siguiente:
"Artículo 83.
1. Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere:
g) No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía, y
"Artículo 636
1. La votación recibida en una casilla electoral será nula cuando:
II. Se ejerza violencia física, exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o de los electores, de tal manera, que afecte la libertad o el secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla;
Ahora bien, en el Considerando Décimo (Estudio de fondo) de la resolución ahora impugnada, la autoridad responsable estableció, en lo conducente, lo siguiente:
Primeramente estableció los agravios que se hicieron valer ante esa instancia jurisdiccional.
Al efecto, señaló que el Partido Revolucionario Institucional había solicitado la inaplicación al caso concreto del "complemento sobre el que descansa la oración sustantiva del inciso g) del artículo 83, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales", por ser, a su parecer, contrario al principio de constitucionalidad y legalidad dispuesto en los numerales 41, bases V y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el apartado B del artículo 123 de la Norma Fundamental Federal.
Asimismo, precisó que el impetrante pretendía la desaplicación de la porción normativa siguiente: "con mando superior", porque vulneraba la regularidad constitucional y legal, ya que solamente los servidores públicos con mando superior tienen prohibido integrar las mesas directivas de casilla; mientras que para los servidores públicos de confianza clasificados con otra característica, no se establecía la limitación. Agrega el actor que si bien era cierto que la Sala Superior ha determinado que para identificar a los servidores públicos con mando superior es menester reconocerles el poder jurídico o material que detentan para poder asumir esa cualidad; también lo es que éste órgano jurisdiccional electoral federal en reiteradas resoluciones ha sostenido, que el poder de mando no deviene simplemente del nombramiento que ostente el servidor público, sino que este puede darse a partir de las funciones desempeñadas, siempre y cuando éstas incidan de una forma directa en la comunidad, por lo que el recurrente solicitaba desaplicar la porción normativa en comento.
Al respecto, la Sala Regional responsable estimó, por una parte, inoperante el planteamiento para examinar la conformidad constitucional de la porción normativa controvertida, en atención a la circunstancia de que el recurrente no había señalado claramente los elementos mínimos que posibilitaran dicho análisis; es decir, cuál era la norma, principio o base constitucional de las incluidas en el artículo 123, apartado B de la Constitución Federal, que resultaban contrarias a la porción normativa cuya inaplicación se solicitaba y que estimaban infringía la norma general a contrastar y el agravio que le deparaba, para lo cual utilizó como criterio orientador el contenido en la Jurisprudencia XXVII.3º. J/11 del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de rubro: "CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. SI SE SOLICITA SU EJERCICIO Y NO SE SEÑALA CLARAMENTE CUÁL ES EL DERECHO HUMANO QUE SE ESTIMA INFRINGIDO, LA NORMA GENERAL A CONTRASTAR NI EL AGRAVIO QUE PRODUCE, DEBE DECLARARSE INOPERANTE EL PLANTEAMIENTO CORRESPONDIENTE".
Sin perjuicio de lo anterior, precisó que el partido político actor también pretendía la desaplicación al caso concreto de la citada porción normativa del artículo 83, párrafo 1, inciso g), de la citada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, al estimar que era contraria a la Norma Fundamental Federal, particularmente a los principios de legalidad y certeza, previstos en el artículo 41 de la Constitución Federal como principios rectores de la función electoral, porque en opinión del recurrente, se trataba de una frase ambigua respecto de la cual la Ley no establece cuáles son los cargos del servicio público, de mando superior.
Al respecto, la Sala Regional responsable consideró que no había lugar a desaplicar, al caso concreto, la indicada porción normativa.
Lo anterior, toda vez que la restricción a los servidores públicos de confianza, para que pudieran ser nombrados como integrantes de las mesas directivas de casilla; así como el límite a dicha restricción, encontraban su justificación en sendos imperativos de rango constitucional que operaban de manera congruente y en armonía con los diversos principios de legalidad y certeza electoral invocados por la impetrante.
La Sala Regional responsable razonó que, conforme a lo previsto el artículos 35 y 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, eran derechos de los ciudadanos de la República; entre otros, votar en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley; asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; y poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley; asimismo, que constituían obligaciones de dichos ciudadanos, entre otras, desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados; así como las funciones electorales.
De ahí que los derechos y obligaciones descritos anteriormente, al ser fundamentales, sólo podían ser restringidos o dispensados, por causa justificada, a través de medidas que resultaran razonables, idóneas y proporcionales para alcanzar el fin constitucional perseguido.
De esta forma, entre los valores o principios electorales que el Poder Constituyente incluyó como rectores de la materia electoral, cobraba especial relevancia el de imparcialidad, consistente en que en el ejercicio de sus funciones, las autoridades electorales eviten irregularidades, desviaciones o la proclividad partidista.
La Sala Regional responsable indicó que, con base en lo anterior advertía que la prohibición para que los servidores públicos de confianza con mando superior fueran nombrados como miembros de las mesas directivas de casillas, tenía como finalidad garantizar la imparcialidad de dichos órganos electorales, tomando en cuenta que el acceso a ese tipo de cargos era mediante procesos electorales o por designación directa de los titulares de los respectivos cargos de elección popular; lo que implicaba, ordinariamente, una militancia o filiación partidista relevante.
En tal sentido, la Sala Regional responsable sostuvo que en aras de aplicar de manera racional la señalada restricción a los servidores públicos para ser nombrados como funcionarios de las mesas directivas de casilla, no resultaba acorde al fin perseguido el planteamiento de los actores, esto es, incluir en la restricción examinada a todos y cada uno de los servidores públicos de confianza, sino sólo a aquellos que ostentaran cargos con funciones de mando superior, por ser éstos sobre los que racionalmente podría sostenerse de manera objetiva, la presunción de que cuentan, por su naturaleza de mando superior, podrían influir objetivamente en el ánimo de los electores si se propiciara su inclusión como miembros de las mesas directivas de casilla.
Lo anterior, con apoyo en la tesis II/2005, visible a fojas novecientos treinta y cuatro y novecientos treinta y cinco, de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo I, Volumen 2, Tesis, de rubro: "AUTORIDADES COMO REPRESENTANTES PARTIDISTAS EN LAS CASILLAS. HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE EJERCEN PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DE SINALOA)".
Asimismo, en torno a este aspecto, señaló que las Salas de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han sostenido, reiteradamente, que el principio de certeza consiste en que, al iniciar el proceso electoral, los participantes conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de dicho proceso; es decir, que conozcan previamente con toda claridad y seguridad las reglas a que su propia actuación, y la de las autoridades electorales, están sujetas, por lo que el principio de legalidad, constituía una garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la Ley, a fin de que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.
En tal sentido, arribó a la conclusión de que en el caso, de la norma controvertida, no se advertía conflicto alguno con ninguno de los principios constitucionales señalados, conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 3/2004, visible a fojas ciento cincuenta y dos y ciento cincuenta y tres, de la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Volumen 1, Jurisprudencia, de rubro: "AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES)".
De ahí que podían reputarse como servidores públicos de mando superior, aquellos que por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente, contaran con poder material y jurídico ostensible frente a toda la comunidad, pues sólo de actualizarse dicha circunstancia, podría reflejarse una acción inhibitoria al momento de la emisión del sufragio; esto es, que por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a determinados funcionarios de mando superior, sólo así cabría presumir que su presencia en la casilla, generaría una presión sobre los electores.
Sin embargo, dicha presunción, de naturaleza humana, no podía hacerse extensiva a servidores públicos que ostentaran cargos que no gozaran de los atributos señalados; pues ello equivaldría a adjudicar, a distintos cargos, una presunción que derivara de premisas o atributos ajenos.
Por lo que no se advirtiera que la porción normativa cuya desaplicación se solicitaba, fuera contraria a los principios de certeza o legalidad pues, en todo caso, para determinar si un cargo público podía o no ser catalogado como de mando superior, debía analizarse la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente al mismo, a fin de determinar si las mismas le otorgaban poder material y jurídico ostensible frente a toda la comunidad, sin que fuera requisito para tener por satisfecha la congruencia de la norma objetada con los principios de legalidad y certeza, el que la normativa electoral definiera la naturaleza de cada uno de los múltiples cargos públicos federales, estatales y municipales de los distintos poderes, entre mandos superiores y los que no lo eran; toda vez que se debían examinar las atribuciones que les fueron conferidas constitucional y legalmente al cargo y así poder determinar si las mismas los dotaban de poder material y jurídico ostensible frente a toda la comunidad, de ahí que arribara a la conclusión de que era improcedente la desaplicación al caso concreto de la porción normativa objetada por el recurrente.
De lo reseñado anteriormente, esta Sala Superior arriba a la conclusión de que si bien declaró inoperante la solicitud de inaplicación de la indicada porción normativa, la Sala Regional responsable sí efectuó el estudio constitucional correspondiente, concluyendo que resultaba improcedente la solicitud en cuestión, medularmente porque conforme al criterio sostenido en la Jurisprudencia 3/2004 de esta Sala Superior, de rubro: "AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES), no advertía conflicto alguno con ninguno de los principios constitucionales y convencionales aducidos por los impetrantes, ya que para determinar si un cargo público podía o no ser catalogado como de mando superior, debía analizarse la naturaleza de las atribuciones conferidas, a fin de determinar si las mismas contaban o no con un poder material y jurídico ostensible frente a toda una comunidad, de ahí que tal exigencia no podía hacerse extensiva a servidores públicos que ostenten cargos que no gozan de los atributos señalados, es decir, de mando superior, de ahí lo infundado del planteamiento en cuestión.
No obsta lo anterior, que se declaró inoperante el planteamiento respecto al artículo 123 Constitucional, porque en última instancia, el estudio de la normativa sí cumplió con los principios y valores en juego, incluyendo la determinación en torno a la clasificación de empleados públicos.
En tal sentido, resulta infundado el planteamiento en torno a la omisión de realizar el test de proporcionalidad al que aluden los impetrantes, ello porque como ha quedado evidenciado, la Sala Regional responsable sustentó su determinación en la indicada Jurisprudencia 3/2004, de rubro: "AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SIMILARES), misma que es producto de un ejercicio de esta naturaleza.
En las relatadas circunstancias, resulta inconcuso que con el actuar de la Sala Regional responsable en modo alguno se vulneró el acceso a la tutela judicial que aducen los recurrentes, pues como ha quedado evidenciado, la Sala Regional responsable sí analizó los planteamientos de éstos.
Finalmente, los restantes motivos de disenso hechos valer por los recurrentes devienen inoperantes, dado que se trata de planteamientos que versan sobre cuestiones de mera legalidad, circunstancia que formal y materialmente impiden a esta Sala Superior pronunciarse al respecto, en términos de lo preceptuado por los artículos 61 y 62 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como de los criterios sostenidos por este órgano jurisdiccional electoral federal a través de diversos precedentes.
Por tanto, al haber resultado infundados e inoperantes los motivos de inconformidad hechos valer por los recurrentes, lo procedente conforme a Derecho es confirmar la sentencia impugnada.
PRIMERO.- Se acumulan los recursos de reconsideración identificados con las claves SUP-REC-772/2015 y SUP-REC-774/2015, al recurso de reconsideración SUP-REC-771/2015, por ser éste el primero que se recibió en este órgano jurisdiccional electoral federal.
En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia, a los autos de los expedientes que se acumulan.
SEGUNDO.- Se confirma la sentencia impugnada.
Notifíquese como corresponda.
En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expediente, como asunto total y definitivamente concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante la Secretaria General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.