Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A199-01.htm
Timestamp: 2017-11-22 20:09:25
Document Index: 290810381

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 215', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 29', 'artículo 4']

A199-01
Auto 199/01
Referencia: expediente 421831
Acción de tutela instaurada por Raúl Londoño Puerta contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia -Sección Primera- y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda, Subsección B-.
La solicitud de amparo de la referencia fue presentada el 2 de octubre de 2000, ante los Juzgados Penales del Circuito de Medellín. El Juzgado Segundo Penal del Circuito, mediante providencia del 4 de octubre del mismo año, expreso:
“No obstante que este Despacho tiene conocimiento de la inaplicación del Decreto 1382/2000, efectuada en la Sala de Decisión de la Honorable Corte Constitucional al dirimir conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Promiscuo de Junín y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, considérase que ello no amerita mengua a la plena vigencia de la norma presidencial, y por ende, no compete a este Juzgado el conocimiento de la presente acción de tutela instaurada por el Doctor Alejandro Decastro González en representación del señor Raúl Londoño Puerta.
“Por lo anotado, y de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2º. Del Artículo 1º. Del Decreto 1382/2000, remítase la actuación (acción de tutela), ante la Sala de Decisión de lo Contencioso Administrativo del Honorable Consejo de Estado”.-
Después de asumir el conocimiento y de evaluar las pruebas correspondientes, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante fallo del 30 de noviembre de 2000, decidió negar por improcedente la tutela presentada por Raúl Londoño Puerta. Enviado el expediente a la Corte Constitucional, la Sala de Selección número 2, mediante auto del 22 de febrero del presente año, seleccionó para revisión el presente caso.
1.- La Sala Séptima de Revisión es competente para conocer del asunto de la referencia. Sin embargo, observa que durante el trámite correspondiente, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín, Despacho que conoció en primera instancia de la petición formulada por Raúl Londoño Puerta, mediante auto del 4 de octubre de 2000, decidió dar aplicación a lo establecido en el artículo 1º. del Decreto 1382 de 2000, “Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”.
2.- Al respecto es preciso recordar que la Sala Plena de esta Corporación ha inaplicado, en reiteradas oportunidades, el artículo 1º del mencionado Decreto, acudiendo para ello a la excepción de inconstitucionalidad, por tratarse de una norma manifiestamente contraria a la Carta Política[1].
3.- Los argumentos por los cuales la norma debe ser inaplicada han sido claramente expuestos en anteriores pronunciamientos que en esta oportunidad serán reiterados. Así, en el auto 085 de 2000, MP. Alfredo Beltrán Sierra, la Corte señaló[2]:
“1. Como es suficientemente conocido, para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 6º, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", (artículo 4º), institución esta conocida como la ‘excepción de inconstitucionalidad’, que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior.
5.- De lo expuesto ha de concluirse que ante la aplicación del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, no queda otra alternativa que decretar la nulidad de todo lo actuado a partir de ese momento, toda vez que una decisión en sentido contrario implicaría desconocer abiertamente los principios de efectividad (artículo 2 de la C.P), del debido proceso (artículo 29 C.P.) y de supremacía constitucional (artículo 4 C.P.).
En este orden de ideas, la Sala Séptima de Revisión declarará la nulidad del trámite adelantado con ocasión de la solicitud de tutela formulada contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia -Sección Primera- y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda, Subsección B-, y dispondrá que el expediente respectivo sea remitido al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín, por ser el Juez competente para tramitar en primera instancia la petición presentada por Raúl Londoño Puerta, para que allí se le imprima el trámite que en derecho corresponde.
Primero.- Declarar la nulidad de todo lo actuado en el trámite de la petición de amparo presentada por Raúl Londoño Puerta contra el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia -Sección Primera- y el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda, Subsección B-, a partir del auto del cuatro (4) de octubre de 2000, proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín.
Segundo. Por Secretaría General de la Corte Constitucional remítase el expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Medellín, para que de manera inmediata se le imprima a la solicitud de tutela el trámite que corresponde, conforme a la Constitución y a la Ley.