Source: http://laborparlamentaria.bcn.cl/wsgi/consulta/verDiarioDeSesion.py?id=651986
Timestamp: 2019-07-16 04:56:41
Document Index: 27389774

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 52', 'artículo 3', 'artículo 52', 'artículo 57', 'artículo 57', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 124', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 133', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 16', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 62', 'artículo 68', 'artículo 68', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 81', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 4', 'artículo 5', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 102', 'artículo 110', 'artículo 15', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'artículo 52']

MODIFICACIÓN Y ESTRUCTURA DE GOBIERNOS REGIONALES
SOLICITUD DE DICTACIÓN DE REGLAMENTOS PARA PLENA APLICACIÓN DE LEY DE CULTOS. PROYECTO DE ACUERDO
PETICIÓN DE OFICIOS
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR RUIZ-ESQUIDE, MEDIANTE LA CUAL INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 52 DE LA LEY Nº 18.962, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE ENSEÑANZA, CON EL FIN DE INCORPORAR EL TÍTULO DE MATRÓN A LA NÓMINA DE PROFESIONES QUE REQUIEREN EL GRADO DE LICENCIADO (3781-04)
Sesión 24ª, en miércoles 5 de enero de 2005
(De 16:21 a 18:44)
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a estructura y funciones de gobiernos regionales (3203-06) (queda pendiente su discusión particular)...
Solicitud de dictación de reglamentos para plena aplicación de Ley de Cultos. Proyecto de acuerdo (se aprueba)..................................
Concurrieron, además, el señor Ministro de Educación , la señor Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, y los señores Asesores de esa Subsecretaría
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 20ª, ordinaria, en 14 de diciembre, en sus partes pública y secreta; 21ª, especial, y 22ª, ordinaria, ambas en 15 de diciembre, todas del año 2004 recién pasado, que no han sido observadas.
De la Honorable Cámara de Diputados, mediante el cual informa que ha otorgado su aprobación al proyecto que modifica el artículo 3º de la ley Nº 18.340, que fija el Arancel Consular de Chile (Boletín Nº 3.711-10).
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia, por medio del cual contesta un oficio enviado en nombre del Senador señor Ruiz-Esquide, acerca de un subsidio complementario para financiamiento de créditos SERVIU.
De la señora Ministra de Bienes Nacionales , mediante el cual da respuesta a un oficio dirigido en nombre del Senador señor Stange, referido a la comunidad indígena de la Isla Butachauques, Décima Región.
Del Senado de la República de Argentina, por medio del cual transcribe el proyecto de resolución que indica, relativo a la amistad chileno-argentina.
De la Comisión de Relaciones Exteriores, recaído en el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el "Convenio de Cooperación en materia de Cultura, Educación y Ciencia entre el Gobierno de Ucrania y el Gobierno de la República de Chile", suscrito en Kiev el 26 de marzo de 1997 (Boletín Nº 3.652-10).
Informe complementario del segundo informe de la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura recaído en el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura (Boletín Nº 3.222-03).
Del Senador señor Ruiz-Esquide, mediante la cual inicia un proyecto que modifica el artículo 52 de la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el fin de incorporar el título de matrón a la nómina de profesiones que requieren el grado de licenciado (Boletín Nº 3.781-04)
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, mediante la cual solicita autorización para discutir en general y en particular el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal y el Código de Justicia Militar en materia de desacato (Boletín Nº 3.048-07).
Como se ha levantado una objeción, corresponde a la Sala pronunciarse.
¿La Comisión formula su solicitud por unanimidad?
Supongo. La verdad es que no se hace la distinción.
--Se accede a la solicitud (20 votos contra 6).
Votaron por la afirmativa los señores Ávila, Boeninger, Cantero, Fernández, Flores, Frei (doña Carmen), García, Matthei, Larraín, Moreno, Muñoz Barra, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz (don José), Sabag, Silva, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Votaron por la negativa los señores Aburto, Arancibia, Canessa, Cordero, Martínez y Vega.
El Senador señor Ominami, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta Fundamental, solicita autorización para ausentarse del país a contar del 7 de enero en curso.
El Honorable señor Ríos, según lo señalado en el artículo 57 de la Constitución, solicita autorización para ausentarse del país por más de treinta días.
Proyecto de la Cámara de Diputados que introduce modificaciones a la ley Nº 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en lo relativo a la estructura y funciones de los gobiernos regionales, con segundo informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización e informe de la de Hacienda , y urgencia calificada de "simple".
Sesión 8ª, en 6 de julio de 2004 (se aprueba en general).
Solicito el asentimiento del Senado para que ingrese a la Sala la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, señora Adriana Delpiano, quien viene acompañada de los asesores señores Nemesio Arancibia y Eduardo Pérez.
Ambas Comisiones dejan constancia, para los efectos reglamentarios, de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 1 y 12 del artículo 1º; el artículo 3º y los artículos 1º y 4º transitorios. Todas estas disposiciones conservan el mismo texto que el Senado aprobó en general, de modo que, según lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento, deben darse por aprobadas, salvo que algún señor Senador, con la unanimidad de la Corporación, solicite discusión y votación.
Los números 1 y 12 del artículo 1º tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales y, en consecuencia, para su despacho requieren el voto conforme de 27 señores Senadores.
Entonces, habría que dar por aprobadas...
Señor Presidente , entiendo que entre las normas acogidas por unanimidad se encuentra el artículo 1º, y dentro de él, el numeral 9, que reemplaza el artículo 33.
Quiero confirmar con la Mesa si es así.
El señor Secretario responderá a su consulta.
Señor Senador, estamos refiriéndonos sólo a los artículos que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: números 1 y 12 del artículo 1º, artículo 3º y artículos 1º y 4º transitorios.
Nada más que a eso.
En consecuencia, quedarían aprobados estos artículos y registraríamos el quórum requerido para ello.
--Se aprueban y se deja constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que votaron a favor 30 señores Senadores.
Las demás constancias reglamentarias se transcriben en las páginas 1 y 2 de ambos informes.
Las modificaciones efectuadas al proyecto aprobado en general por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización se consignan en su segundo informe y fueron acordadas por unanimidad, excepto aquellas que el señor Presidente pondrá en votación oportunamente.
La Comisión de Hacienda, al pronunciarse sobre los artículos de su competencia, incorporó diversas enmiendas al texto despachado por la Comisión de Gobierno, las cuales fueron acordadas por la unanimidad de sus miembros.
Cabe tener presente que las modificaciones acogidas en forma unánime por las Comisiones deben votarse sin debate, con arreglo a lo dispuesto en el inciso sexto del artículo 133 del Reglamento, salvo que antes de que se inicie la discusión particular se solicite debatir algunas de ellas o que se hayan presentado -lo que no ha ocurrido- indicaciones renovadas.
Los números 7, 10, 11, 13, 15 y 30 del artículo 1º tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales. Por lo tanto, su aprobación requiere el voto conforme de 27 señores Senadores.
Por otro lado, también debe considerarse que los números 2, 5, 6, 8 y 23 a 29 (ambos incluidos) del artículo 1º son normas orgánicas constitucionales. Respecto de ellos se formularon indicaciones, las cuales fueron desechadas. Por lo tanto, han mantenido el mismo texto aprobado en general.
Todas las disposiciones enumeradas por el señor Secretario quedarían aprobadas, salvo que se solicitara votación separada de cualquiera de ellas.
Señor Presidente , deseo contar con la lista de las enmiendas que estamos votando. Sé que el señor Secretario la está leyendo. Pero, ¿sería posible tenerla por escrito?
Está en el informe.
Por cierto, podríamos indicar en cada...
Es bastante difícil seguir la discusión cuando se votan diversas modificaciones, pues una vez votadas no puede volverse atrás.
Para atender la inquietud de la señora Senadora, el señor Secretario verá...
En la misma línea del planteamiento de la Honorable señora Matthei , ¿por qué no comenzamos la votación y señalamos a base del boletín comparado las materias que se van a votar, para que conforme a eso haya orden en las aprobaciones reglamentarias?
Estamos dejando constancia de las materias acogidas en forma unánime por la Comisión aunque hayan sido objeto de indicación.
No sólo interesa conocer los numerales, sino también las materias de que tratan, con el propósito de dejar las constancias respectivas.
Las demás enmiendas serán debatidas como corresponde.
El número 2 del artículo 1° dice: "Agrégase la siguiente letra j), nueva, en el artículo 16:".
Ya lo votamos.
Señora Senadora, ese número fue objeto de indicaciones no aprobadas.
Pero yo entendí que era una de las proposiciones que se dieron por despachadas.
Los que están en dicha situación son los números 1 y 12 del artículo 1º...
¡Ah! El número 12. Yo había entendido que era el 2.
¿Habría acuerdo sobre esa proposición?
Se refiere a la facultad para construir...
Es de rango orgánico constitucional.
En consecuencia, es necesario registrar el quórum de aprobación, con el propósito de remitir a él los resultados de las votaciones siguientes.
En votación electrónica el número 2 del artículo 1º, que agrega una letra j), nueva, en el artículo 16 de la ley Nº 19.175.
--Se aprueba el número 2 del artículo 1º (31 votos a favor).
Votaron los señores Aburto, Ávila, Boeninger, Bombal, Canessa, Cantero, Coloma, Cordero, Fernández, Flores, Foxley, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Núñez, Orpis, Páez, Parra, Prokurica, Romero, Ruiz, Sabag, Silva, Vega, Viera-Gallo, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
Los numerales 3 y 4 se aprobaron por unanimidad.
El número 5 fue objeto de indicaciones que se rechazaron. Su despacho requiere quórum de ley orgánica constitucional.
¿Su Señoría solicita que esta enmienda se discuta y se vote separadamente?
Por lo tanto, el numeral 5 del artículo 1º queda pendiente, para ser discutido y votado por separado.
Aclaro que primero despacharemos todas las disposiciones aprobadas por unanimidad y luego volveremos a aquellas sobre las que haya recaído solicitud de votación separada.
El número 5 tiene una letra b) que entiendo incluida en el pronunciamiento separado planteado por el Senador señor Coloma.
El numeral 6 no fue objeto de modificaciones. También tiene rango de ley orgánica constitucional. Ya fue aprobado en general.
¿Habría acuerdo para que el número 6 se diera por aprobado con la misma votación registrada anteriormente?
¿Su Señoría quiere que esta norma se vote separadamente?
Se deja constancia de que los números 5 y 6 se votarán en forma separada.
El numeral 7 se acogió unánimemente.
Señor Presidente , todas estas enmiendas están relacionadas, pues se refieren a la participación de los alcaldes en la elección de los consejeros regionales. Entonces, su despacho debe quedar pendiente, pues consisten en intercalar la palabra "alcalde".
Señora Senadora , en dicha situación se encuentran los numerales 5 y 6. En cambio, el 7 establece un requisito nuevo para ser elegido consejero regional: haber cursado la enseñanza media o equivalente.
Está bien, pero las normas vinculadas con los alcaldes y concejales deben dejarse aparte.
Por eso iremos viéndolas una a una. Se darán por aprobados las acordadas por unanimidad y las demás se analizarán en su mérito.
¿Habría acuerdo para aprobar el número 7, cuyo texto la Comisión de Gobierno despachó en forma unánime?
--Se aprueba el número 7 del artículo 1º (31 votos a favor).
A continuación está el número 6, que pasa a ser 8, y que también requiere quórum orgánico constitucional para su aprobación.
¿Habría acuerdo en darlo por aprobado?
El número que nos ocupa hace incompatible el cargo de consejero regional con el de alcalde, lo cual es absolutamente razonable.
--Queda aprobado por unanimidad (31 votos), dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
El número 7, que pasa a ser 9, no está en ninguno de los casos que se han visto hasta el momento, porque fue aprobado en votación dividida, con los votos a favor de los Honorables señores Bombal y Cantero y la abstención del Senador señor Stange.
Queda pendiente. Se están considerando sólo las disposiciones acordadas por unanimidad, para el efecto de refrendarlas o no.
¿Me permite una observación, señor Presidente?
Se trata de una lista de incompatibilidades de cargos; pero después se plantea una cuestión de consanguinidad, que se refiere a una inhabilidad. Por lo tanto, sugiero que ello se corrija.
Lo estudiaremos cuando se realice la discusión particular de la norma. Ahora corresponde despachar aquellas aprobadas unánimemente en la Comisión, salvo que alguien pida votación separada, y las que fueron objeto de indicaciones rechazadas y no sufrieron ninguna modificación.
El número 8, que pasa a ser 10, requiere quórum de ley orgánica constitucional y fue acordado unánimemente en la Comisión.
--Queda aprobado, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido (31 votos favorables).
El número 11, nuevo, también se aprobó unánimemente.
¿Para qué se pide el consenso cuando hubo unanimidad?
Yo solicité que viéramos una a una las disposiciones.
Es para saber exactamente a qué estamos dando el visto bueno. Hasta ahora se han aprobado todos los preceptos, salvo dos, respecto de los cuales se pidió votación separada.
¿Habría acuerdo en acoger también éste?
Señor Presidente , sugiero que el señor Secretario dé a conocer quiénes votaron unánimemente estas normas en la Comisión. Porque observo que algunas se aprobaron 5x0, y ésta, en particular, 3x0. Entiendo que fue en una misma sesión.
El informe respectivo consigna que el número 11 fue votado 3x0 y que se pronunciaron a favor los Honorables señores Bombal, Cantero y Stange.
¿Sobre esta materia?
¿Su Señoría quiere objetar la unanimidad?
Entonces, si le parece a la Sala, se dará por aprobado el numeral 11, por unanimidad.
--Queda aprobado, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido (31 votos a favor).
Sólo deseo responder la consulta que hacía el Senador señor Núñez con relación a que hubo votaciones 5x0 y 3x0.
Efectivamente, en algunas sesiones participaron tres Senadores, y en otras, cinco. Pero Su Señoría decía que ello ocurrió en una misma sesión. No. Esto se vio en largas reuniones, y puede coincidir que en una de ellas participaron tres Senadores.
El número 10, que pasa a ser 13 y también es de quórum especial, registró unanimidad en la Comisión.
Señor Presidente, esta norma establece la dieta a que van a tener derecho los consejeros y consigna restricciones respecto del pago de viáticos, etcétera. Hay acuerdo sobre la materia.
Señor Presidente , quisiera que se tuviera presente que la ley en proyecto no regirá para los consejeros elegidos recientemente, sino en cuatro años más.
Pero eso es materia de otro debate, señora Senadora.
No podemos cambiar las dietas, ni los integrantes del consejo, ni todo lo demás. ¿Cómo los vamos a alterar si ya están elegidos?
Estamos ante un trámite muy sencillo: a solicitud de un integrante de esta Corporación, las normas acordadas por unanimidad en la Comisión se darán por aprobadas en la Sala, salvo que algún señor Senador pida votación separada. Y se ha planteado la conveniencia de ir viendo cada una de ellas, para saber exactamente lo que se hace en cada caso. Después podemos abrir debate sobre otro tipo de consideraciones.
--Se aprueba por 31 votos a favor, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional exigido.
La supresión del primitivo número 11 fue objeto de votación dividida.
Ello se verá en su momento.
El número 14, nuevo, agrega un inciso segundo al artículo 62. Contó con unanimidad en la Comisión.
El número 12, que pasa a ser 15, requiere quórum de ley orgánica constitucional. También fue acordado unánimemente en la Comisión.
Sustituye el artículo 68.
--Queda aprobada por unanimidad, dejándose constancia de que se reúne el quórum constitucional requerido (31 votos favorables).
En cuanto al primitivo número 13, la Comisión, por unanimidad de 5 votos, recomienda suprimirlo.
La eliminación se refiere a un artículo 68 bis, nuevo, que se introducía.
Si le parece a la Sala, se aprobará la recomendación.
En el Nº 14, que pasa a ser 16, la Comisión de Gobierno aprobó enmendar el artículo 70 bis por cuatro votos a favor (Senadores señora Frei y señores Cantero , Núñez y Stange ) y uno en contra (Senador señor Ríos); pero la Comisión de Hacienda lo sustituyó por unanimidad.
¿Habría acuerdo para aprobar la sugerencia?
Señor Presidente, el artículo 70 bis, nuevo, dispone que se debe elaborar un anteproyecto regional de inversiones donde se incorporen no sólo las Partidas respecto del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, sino, además, los presupuestos de inversión de cada uno de los Ministerios, de tal forma que con esos antecedentes el consejo regional y el intendente respectivos propongan sus planes de inversiones.
Es una manera de apalancar ambos presupuestos: el del Gobierno central, a través de los Ministerios, y el de los respectivos gobiernos regionales.
Por eso, recomendamos aprobarlo por unanimidad.
Señor Presidente , no entiendo por qué la Comisión de Hacienda analizó específicamente este artículo, que ya había sido aprobado. Aquí no se habla de presupuestos. Se trata de una norma general aprobada debidamente por la Comisión de Gobierno, y no veo ninguna razón para que la haya visto la de Hacienda.
Señalo esto para los efectos de que podamos entendernos. Si no, sería mejor que todos los proyectos fueran a la Comisión de Hacienda. Aquí no hay comprometida, repito, ninguna cuestión de presupuestos. Se trata de una disposición concreta que entrega a los gobiernos regionales la obligación de elaborar anteproyectos, de modo tal de apalancarlos -para seguir con el mismo concepto usado anteriormente- con el presupuesto nacional y que los secretarios regionales ministeriales tengan la posibilidad de generar proyectos en consonancia con ellos.
Insisto en que aquí no existe ningún presupuesto comprometido; y no veo por qué la Comisión de Hacienda tenía que pronunciarse.
En general, comparto el criterio restrictivo del ámbito de acción de ese último órgano técnico -así lo hemos planteado-; pero quizás en este punto se justifica su participación.
El artículo 70 bis aprobado por la Cámara de Diputados señala que se deberá elaborar "un anteproyecto regional de inversión, correspondiente al año siguiente, el cual deberá ser considerado en la formulación de los proyectos de presupuestos de los respectivos ministerios.".
Me parece que ello cae dentro del ámbito de la administración presupuestaria que puede considerarse materia de la Comisión de Hacienda.
Deseo consultar si la redacción del artículo 70 bis cuenta con el patrocinio del Ejecutivo o es creación de dicha Comisión.
No somos tan creativos.
Lo son bastante, pero no sé si tienen el aval de
Le diría al Senador señor Viera-Gallo que somos extraordinariamente creativos en la Comisión, pero que en este caso acordamos contener nuestros ímpetus y pedir al Gobierno que redactara una indicación.
Sí. Y es la que estamos votando.
Se entenderá que ese órgano técnico ha procedido dentro de su ámbito.
Por lo tanto, si le parece a la Sala, se aprobará el artículo 70 bis, nuevo, por unanimidad, salvo que algún señor Senador quiera votarlo por separado.
No hay acuerdo. Queda pendiente, entonces, el número 14, que pasa a ser 16.
¡No "apalancó"!
En el Diccionario de la Lengua Española, señor Presidente, ese verbo significa "mover algo con ayuda de una palanca".
¡Constituye una contribución de la Novena Región...!
En el número 15, que pasa a ser 17, se plantea una modificación de la letra b), con relación al texto original, lo cual fue acordado por unanimidad de 5 votos.
El número 18, nuevo, fue acordado por unanimidad de 3 votos.
En el número 19, nuevo, las letras a) y b) fueron aprobadas con varios cambios en forma unánime.
--Quedan aprobadas unánimemente.
La letra c), del mismo numeral, fue aprobada con una abstención y, por lo tanto, corresponde votarla separadamente.
¿Podríamos saber cómo se votó?
Se pronunciaron a favor los Senadores señora Frei y señores Bombal, Cantero y Núñez, y se abstuvo el Honorable señor Stange.
El número 20 también fue acordado por unanimidad.
En el número 21 se da la misma situación.
A continuación está el número 22.
Como dicho numeral tuvo votación dividida, queda pendiente.
En seguida, el número 23 fue objeto de una indicación que se rechazó.
Tal asunto corresponde a la disposición relacionada con la expresión "alcaldes", como mencioné denantes.
Junto con los números 5 y 6.
Señor Presidente , en mi opinión, estamos trabajando de más, porque todos estuvimos de acuerdo en no incorporar a los alcaldes.
Pero eso lo veremos en su momento.
Dicho numeral fue objeto de una indicación que se rechazó; luego se aprobó en forma unánime por la Comisión. Sin embargo, como se trata de una materia de ley orgánica constitucional, es preciso dejar constancia de la votación.
Ahora, si tal norma se encuentra vinculada con los números 5 y 6, prefiero dejarla pendiente, para hacer un solo debate y votación sobre el punto.
Si le pareciera a la Sala, dejaríamos pendiente el número 23.
Señor Presidente , hay algo que me llama la atención en el informe, porque la expresión relativa a los alcaldes no fue aprobada en la Comisión. En principio se aceptó, pero después la cuestión fue revisada y se rechazó.
Como no tengo claro lo que sucedió, deseo conversar el asunto con el señor Secretario de la Comisión.
Señor Presidente, se trata de dos materias distintas: la primera se refiere a que los alcaldes puedan votar en la elección de los consejeros regionales; y la segunda, a que ellos sean parte del consejo regional.
No: del consejo regional.
Ésa fue la proposición del Honorable señor Ríos.
Al quedar establecida en un artículo que ya vimos la inhabilidad para ser alcalde y consejero regional, no sería necesario pronunciarse sobre la materia, porque automáticamente los alcaldes están impedidos de integrar aquel organismo.
Pero esto se refiere a la elección de los consejeros regionales.
Por eso hago presente que se trata de dos asuntos diferentes, que deberemos tener en cuenta.
Si entiendo bien, aquí hay dos materias en juego, y una de ellas es la relativa a si los alcaldes pueden votar para la elección de consejero regional, lo cual fue rechazado.
Señor Presidente , por lo que informan los miembros de la Comisión, se rechazó la incorporación de la expresión "alcaldes" en el artículo 81. Sin embargo, en el texto que estamos analizando, eso no figura, ni tampoco la votación con que se aprobó.
Señor Presidente , al respecto hubo una doble discusión en la Comisión: originariamente se aprobó y después se modificó. Pero tal circunstancia no se registra.
Trataré de ordenar las ideas.
El señor Secretario de la Comisión informa que el artículo 30 original de la Cámara, en su inciso primero, establecía que los consejeros regionales serían elegidos por los concejales, a lo cual se agregó " y los alcaldes".
Sobre el particular no hubo indicación, o si alguna se presentó, fue rechazada.
Por lo tanto, en el número 6 -respecto de él se ha pedido votación separada-, la Comisión sugiere que voten alcaldes y concejales en la elección de consejeros regionales.
Señor Presidente, eso no fue aprobado por unanimidad en la Comisión. No se dice en parte alguna.
El asunto es muy importante. Si yo no hubiese pedido ver cada materia por separado, habríamos aprobado algo que no contó con la unanimidad, no obstante aparecer con tal carácter. Y eso es supergrave.
Señora Senadora , el señor Secretario de la Comisión me informa que la indicación presentada fue rechazada en forma unánime. Por lo tanto, el texto habría sido aprobado de igual modo.
Ésa es la información que se me ha proporcionado. De manera que corresponde votación separada.
¡Dónde figura aquello!
Eso fue lo que señaló el señor Secretario.
Señor Presidente, ¿por qué no resolvemos lo sustantivo de la materia en discusión?
Lo solucionaremos de todas maneras.
Más allá de si se votó o no se votó la referida expresión, sugiero pedir el pronunciamiento de la Sala sobre la cuestión medular.
Está pedida la votación separada, y así se llevará a cabo.
Propongo a Sus Señorías lo siguiente.
Se ha pedido votar en forma separada los números 5 y 6. En consecuencia, todas las normas relacionadas con ellos se aprobarán o rechazarán de acuerdo al criterio que prevalezca a su respecto.
Por lo tanto, procederemos de esa forma y volveremos al asunto en debate una vez que terminemos de revisar los artículos aprobados por unanimidad.
Señor Secretario , ¿qué pasa con el número 23?
Según informa el Secretario de la Comisión , fue aprobado por unanimidad, señor Presidente.
Entonces, aplicaríamos el mismo criterio empleado en los números 5 y 6.
Por lo tanto, queda pendiente mientras no se conozca el resultado de la votación de dichos numerales.
Señor Presidente , quiero pedir la revisión de las actas y de las cintas de la Comisión, porque en la Sala podríamos cometer un error muy grave por un informe que aparentemente está mal.
Tiene la palabra el señor Presidente de la Comisión.
No se encuentra presente. Yo sólo quiero precisar que el Senador señor Ríos presentó una indicación en la Comisión, que fue rechazada; después se reabrió debate sobre el punto, y hubo discrepancias. Por ello, el asunto debe ser objeto de votación.
Eso lo estamos precisando bien con el personal de la Comisión.
En definitiva, se reabrió el debate. Por eso señalé que se había producido una segunda discusión respecto de la materia después de aprobarse y una vez que se rechazó la indicación del Honorable Ríos.
En la página 24 del informe de la Comisión consta que respecto del primitivo número 16), el cual pasó a ser 23, se presentó una indicación que fue rechazada con los votos de los Senadores señora Frei y señores Cantero y Stange.
Por lo tanto, al ser rechazada la indicación, se entiende que queda el texto de la Cámara de Diputados.
De acuerdo, señor Presidente ; pero después se reabrió debate sobre el punto y se votó de nuevo, lo que no aparece consignado en el informe.
Solicitaremos examinar la materia, porque hay versiones distintas entre los integrantes de la Comisión y su Secretario.
Pero, en todo caso, el asunto se debe votar.
Por ahora no continuaremos la discusión del número 23, sin perjuicio de hacer el estudio respectivo, porque su destino dependerá de lo que ocurra con los números 5 y 6, que van en la misma dirección.
Señor Presidente , no vale la pena seguir discutiendo el punto. Si se pidió votación separada, pronunciémonos.
Eso es lo que señalé.
Entonces, no sigamos trabajando de más.
De todas maneras, es bueno debatir el tema, porque aquí hay diferencias de opinión.
Por eso se debe votar. Todos estamos de acuerdo.
Así se hará, sin perjuicio de averiguar qué ocurrió.
Respecto del número 24 sucede lo propio, pues se refiere a la misma materia.
Y también los números 25, 26, 27, 28 y 29.
Por lo tanto, quedan pendientes de votación los números 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 29, ya que están relacionados con los números 5 y 6.
En seguida, está el número 30, por el cual se incorpora el Capítulo VII, nuevo. Debe votarse, por tener rango orgánico constitucional.
Algunas de las disposiciones del Capítulo fueron objeto de indicaciones. Sin embargo, todas ellas fueron aprobadas por unanimidad.
Por lo tanto, y salvo que se pidiera votación separada, se acogerían los artículos 98 A, 98 B, 98 C, 98 D y 98 E, concernientes a la misma materia.
Quedan aprobados con la misma votación anterior.
A continuación viene el artículo 2º, que crea las plantas de personal de cada uno de los Servicios Administrativos de los Gobiernos Regionales.
Exactamente, por cinco votos.
Si no se pide votación separada, se dará por aprobado el artículo 2º.
Luego se encuentra el artículo 3º.
Igual que el anterior, no sufrió modificación.
No fue objeto de enmiendas ni de indicaciones.
No aparece en el texto del informe.
La norma no fue objeto de indicaciones. Por consiguiente, corresponde darla por aprobada.
Se tendría que votar de todas maneras, independientemente de si hubo indicaciones o no las hubo.
Si el artículo no fue objeto de indicaciones ni de modificaciones, debe darse por aprobado.
La votación tendría que aparecer, porque en la Comisión debió haberse votado. Lo digo para no seguir enredándonos en lo demás.
Ésa es una discusión que ya se hizo.
Pero debemos clarificar el asunto, porque el día de mañana puede debatirse una disposición sobre temas constitucionales y aquí se va a armar una guerra.
El Reglamento establece que si un artículo aprobado en general no es objeto de indicaciones ni de enmiendas, queda aprobado en forma definitiva.
Así no sucede en las Comisiones, señor Presidente , porque en ellas, para los efectos del informe, los artículos deben votarse aunque no hayan sido objeto de indicación.
No abramos debate sobre el punto en este minuto. Ahora debemos avanzar en el despacho del proyecto.
El siguiente es el artículo 4º.
No fue objeto de indicación.
Por lo tanto, se da por aprobado.
El artículo 5º sí fue objeto de indicación, pero ésta fue aprobada por unanimidad.
Si no se solicita votación separada, se dará por aprobado.
Pasamos a los artículos transitorios.
El artículo 1º transitorio está exactamente igual como fue aprobado en general.
En consecuencia, queda aprobado también en particular.
Señor Presidente , si no me equivoco, con el artículo 1º transitorio el aumento de la dieta partiría en este período. Quiero señalarlo porque la Honorable señora Frei planteó el tema antes.
Así se desprende de la interpretación de la norma. Pero ésa es una discusión distinta. Ahora solamente estamos viendo qué artículos deben votarse por separado.
El artículo 1º transitorio no fue objeto de indicación. Por tanto, queda aprobado.
No quisiera abrir debate sobre esta materia, señora Senadora.
Solamente para aclarar, señor Presidente.
Es con respecto a lo que se pone en práctica el próximo año.
Por ejemplo, en la última elección de consejeros regionales no votaron los alcaldes. Y eso no podría regir hasta cuatro años más. Es necesario hacer la diferencia. Hay cosas que se aplicarán en cuatro años, y otras, ahora.
Así es. Las normas de Derecho Público rigen "in actu" y no se aplican retroactivamente. De manera que el incremento de la remuneración de los consejeros regionales rige desde el momento en que se promulga la ley. No puede tener efecto retroactivo. Y el derecho a elegir del alcalde tendría efecto en la próxima elección.
Si se aprueba la ley.
Claro: si se aprueba.
Correcto. Y eso, por aplicación de los principios generales del Derecho y no por ninguna otra consideración.
Señor Presidente , en el mismo sentido, la incompatibilidad establecida en el número 9 del artículo 1º, relacionada con el parentesco por consanguinidad a que se refería el Senador señor Viera-Gallo hace un momento, no se tuvo presente al momento de la elección de los consejeros regionales que van a asumir en febrero, cuando probablemente el proyecto ya sea ley. No existe norma que disponga que empezará a regir dentro de cuatro años.
Así que ahí podría haber un problema, señor Presidente.
Se deben aplicar los principios generales del Derecho. Si los consejeros fueron elegidos cuando no regía el impedimento y no estaban inhabilitados, fueron bien elegidos, aunque la norma varíe posteriormente. No hay cambios en esa situación; pero si los habrá para la próxima elección.
El artículo 2º transitorio también fue aprobado por unanimidad.
¿Alguien solicita votación separada?
Los artículos 3º y 4º transitorios también quedan aprobados, porque no fueron objeto de indicación.
El 5º transitorio fue objeto de indicación, la que fue aprobada por unanimidad.
Si nadie solicita votación separada, se dará por aprobado.
Con esto ya tenemos claro qué artículos quedan aprobados por no haber sido objeto de indicaciones o porque las presentadas fueron acogidas por unanimidad.
En consecuencia, corresponde entrar a votar los artículos que fueron objeto de votación dividida; los que fueron aprobados por unanimidad en la Comisión pero respecto de los cuales se ha pedido votación separada, y los que recibieron indicaciones renovadas reglamentariamente.
Ruego al señor Secretario proceder en orden numérico.
La primera norma es el número 5 del artículo 1º del proyecto, que modifica el artículo 29 de la ley de la siguiente manera:
"a) En el encabezamiento del inciso primero, intercálase, antes de la palabra `concejales´, las expresiones `alcaldes y´.
"b) En el inciso segundo, intercálase, a continuación del vocablo `regional´, la palabra `alcalde´ precedida de una coma (,).".
Esta cuestión, que aparece en varios artículos, se relaciona con la participación de los alcaldes en la elección de los consejeros regionales.
Antes de ofrecer la palabra, solicito autorización para que ingrese a la Sala el señor Rodrigo Cabello, asesor de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, en reemplazo de don Eduardo Pérez.
Señor Presidente , en cuanto a la participación de los alcaldes en la elección de los consejeros regionales, me referiré a dos aspectos de fondo.
En primer lugar, existe la madurez suficiente para que los consejeros regionales sean elegidos en forma directa y descentralizada al interior de cada Región. Porque los vicios que conocemos en la elección de los candidatos a través de los concejales (pagos políticos, negociaciones de la más variada índole) hacen que los consejeros, en el ejercicio de sus cargos, estén bastante alejados de la ciudadanía, e incluso, que no sean fiscalizados.
En segundo término, los alcaldes cumplen una función más bien ejecutiva, y los concejales, una normativa y fiscalizadora.
Por lo tanto, en esta misma línea, y como ha planteado Renovación Nacional, tendría que haber una separación natural. Por ello, los alcaldes no debieran votar en la elección de consejeros regionales, toda vez que surgen vínculos que generan fórmulas viciosas.
Ahora bien, de aquí a que se produzca la nueva elección de consejeros van a pasar cuatro años, y creemos que se dará la madurez suficiente como para tomar una decisión de fondo en esta materia. Mientras tanto, la idea es que los alcaldes, por las razones que he señalado, no elijan a los consejeros regionales.
Deseo hacer una aclaración, porque al parecer he inducido a error.
Hay dos disposiciones que debemos votar. La primera corresponde al número 5, referida a la composición del consejo regional. La norma vigente establece que "El consejo regional estará integrado, además del intendente, por consejeros que serán elegidos por los concejales de la región". Y la Comisión propone agregar a los alcaldes.
Sobre esto debemos pronunciarnos primero.
No se trata de que los alcaldes formen parte del consejo regional, sino que ellos voten para elegir a los consejeros regionales.
Eso es lo que acabo de explicar.
El artículo 29 de la ley Nº 19.175 dice: "El consejo regional estará integrado, además del intendente, por consejeros que serán elegidos por los concejales". Y ahora se le agrega, antes de la palabra "concejales", la expresión "alcaldes y". Es decir, la Comisión sugiere en la letra a) del Nº 5 que para elegir consejeros regionales voten los alcaldes y los concejales.
En consecuencia, cuando debamos pronunciarnos sobre esta materia, votar que sí significará que deseamos que los consejeros regionales sean elegidos por los alcaldes y los concejales; y votar que no, que solamente participen en la elección los concejales.
Señor Presidente , sin duda, ése es el sentido de la modificación propuesta.
Aquí no se busca que los alcaldes sean consejeros regionales, sino que elijan, junto con los concejales, a los integrantes de los consejos regionales. Sin embargo, estimo que esta norma es inconveniente.
He pedido votación separada porque me parece -tal como lo planteó un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra- que esto tiene que ver con funciones. Es decir, aquí hay una función ejecutiva, que básicamente la ejerce el alcalde, y otra normativa, que la llevan a cabo los concejales. De manera que, en el correlato existente respecto de las autoridades, el CORE tiene mucho más que ver con un elemento normativo que con uno ejecutivo. Por tanto, quienes deben elegir a los consejeros regionales son los concejales.
Cabe recordar que antes, conforme al antiguo sistema, el alcalde votaba en la elección de consejeros, por cuanto también tenía la calidad de concejal. Pero ahora, cuando es elegido en votación separada, sólo ejerce el cargo de alcalde y no el de concejal y alcalde como ocurría con la legislación anterior, lo cual justificaba su inclusión entre las personas que votaban por los consejeros regionales.
En resumen -esta materia ha sido largamente debatida en otras ocasiones-, me parece que la norma original se aviene exactamente con el sentido de las instituciones. Por eso, debe ser rechazada la modificación propuesta, a fin de dejar el sistema tal como funcionó hace uno o dos meses, en el sentido de que los concejales eligen a los consejeros regionales.
Están inscritos los Senadores señores Andrés Zaldívar, Moreno y Parra.
Señor Presidente , ésta es una materia opinable. Pero no le encuentro razón al señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, porque el hecho de no poder participar en la elección de los consejeros regionales, los cuales no cumplen una labor normativa, vendría a ser una capitis diminutio para quien ha sido elegido alcalde.
La función fundamental de dichos consejeros es llevar a cabo las inversiones, principalmente en la Región, para lo cual deben adoptar decisiones. El alcalde también es parte de esas definiciones y tiene interés en lo que se pueda realizar en su comuna con cargo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Por otro lado, no sé si señalar que ello es conveniente o inconveniente se debe a cálculos de conveniencia. En todo caso, la verdad es que antes votaban los alcaldes y concejales porque eran elegidos popularmente. Es posible que hoy el número de alcaldes favorezca a un sector, pero mañana puede beneficiar a otro. No estamos legislando para la elección de los actuales consejeros regionales, sino para la que deberá realizarse en cuatro años más. Tal vez en esa oportunidad la Derecha tenga la norma de la conveniencia a su favor, que también puede favorecer a otros.
A mi juicio, en este caso no es admisible marginar a los alcaldes, pues, junto con los concejales, son parte importante del gobierno municipal. Y hacer esa diferenciación es poner una capitis diminutio a quien ha sido elegido alcalde.
Pienso que debemos reflexionar sobre esta materia, mirándola con objetividad en el largo plazo y no relacionándola con lo sucedido en la última elección municipal. Pera ésta no tiene incidencia alguna, porque los consejeros regionales ya fueron elegidos.
Señor Presidente, estoy un poco desconcertado por los argumentos que he escuchado.
Si mi memoria no me traiciona, cuando discutimos el proyecto de ley que estableció una nueva fórmula para elegir alcaldes y concejales, los mismos señores Senadores que han intervenido ahora fueron ardientes defensores de reforzar la figura del alcalde y no escatimaron argumentos ni juicios respecto de la importancia de su función, de su rol como tal. Se dijo que éste debía preocuparse de las inversiones en la comuna, que era un gestor, que tenía que realizar adecuadamente todas las labores propias de su cargo.
Sin embargo, para ser concreto y claro, la ley que aprobamos en esa oportunidad quedó incompleta, mal redactada. Al elegir en forma separada al alcalde , se aumentó el número de concejales, ya que se mantuvo la cantidad par de donde antiguamente salía aquél. O sea, cuando se aprobó la elección separada de alcalde y de concejales, éstos debieron quedar en un número impar.
Asimismo, nadie se percató de que los alcaldes quedaron fuera de la posibilidad de ser electores del consejo regional. Ésa es la estricta verdad. Nadie dijo que, por el hecho de ser elegidos directamente por el pueblo, dejaban de ser idóneos para ejercer esa función. Este argumento sólo se conoció después de los resultados de la última elección municipal.
Tengo mucho respeto por todos los colegas aquí presentes, pero me habría gustado escuchar un argumento más sólido, más real, acerca del motivo para excluir a quien se deseaba dar un gran respaldo de la posibilidad de concurrir a un consejo regional por vía indirecta, a través de la elección de un consejero regional, con el objeto de que éste pudiera ayudar a su comuna.
La verdad es que no entiendo a Sus Señorías.
Lo que sí está claro es que en la elección recién pasada, efectuada a nivel nacional, fallaron rotundamente los cálculos de quienes hoy día se oponen a que los alcaldes sean electores, pues perdieron gran cantidad de alcaldías. Incluso, las perdieron a raíz de indicaciones que desde esas mismas bancadas surgieron para la ley que se aprobó. Ése es el hecho. Lo hemos leído en la prensa y a ellos mismos los hemos escuchado decirlo.
Por lo tanto, aquí estamos ante una situación real: se quiere impedir la modificación propuesta, debido al triunfo electoral de la Concertación y los independientes sobre los candidatos a alcaldes de la Alianza por Chile, la cual disminuyó claramente su representación en todas las comunas del país. Y ahora se sostiene, para castigar a nuestros alcaldes: "Ustedes no podrán ser electores en cuatro años más". Y se sacan argumentos que no resisten la inteligencia de los señores Senadores que los exponen, quienes son gente seria, que puede fundamentar de forma más profunda.
No me vengan a decir ahora que la función del concejal es distinta de la del alcalde. Eso carece de todo asidero; no hay dónde escribir una cosa de esa naturaleza. Ello no fue planteado en la discusión de la iniciativa, ni tampoco ante la opinión pública. Yo jamás escuché decir que, por el hecho de ser alcalde, una persona iba a disminuir su capacidad y su influencia en la gestión.
No lo están escuchando, señor Senador.
No importa que no escuchen. Lo que señalo va a quedar en la Versión Taquigráfica, y podremos decir a los alcaldes del país que la Alianza por Chile estima que ellos no pueden elegir a los consejeros regionales para el bien de su comuna porque han sido declarados incapacitados para ejercer esa función, bajo el argumento de que no les corresponde opinar sobre lo que conviene a su municipio.
¡Quiero ver cómo se va a dar esa explicación!
Por esa razón, apelo a la inteligencia -que respeto- de la Senadora y de los Senadores de la Alianza por Chile, y pido que por lo menos retiren el argumento que han dado para oponerse a algo que tendrá efectos en cinco años. Obviamente, no habría que esperar ese tiempo para sanar las heridas electorales.
Perdieron la elección; eso está claro. Pero no tienen por qué castigar a los alcaldes, incluso a los propios, que resultaron elegidos en los comicios recién pasados.
A continuación, tiene la palabra el Senador señor Parra.
Señor Presidente , voy a votar en contra esta proposición. Y mi enfoque es totalmente distinto del que acabo de escuchar al Honorable señor Moreno.
¡Compañero de votación!
Ante todo, quiero dejar constancia de que mi anhelo es que esta discusión quede muy pronto superada por la de la reforma constitucional que el Gobierno ingresó a trámite en la Cámara de Diputados, donde se establece la elección directa de los consejeros regionales, por voto popular. Soy partidario de esa enmienda constitucional y la apoyaré entusiastamente cuando llegue a la Sala.
Pero el tema que nos ocupa no se puede enfocar de la manera en que se está haciendo hoy.
Se trata de cómo se genera el consejo regional. Desgraciadamente, en nuestra institucionalidad presente, él se genera en votación indirecta y a través de un colegio electoral, que es lo que se está conformando en la norma que nos ocupa. Sin embargo, ese organismo colegiado debe tener la cualidad de representar a la ciudadanía, y de hacerlo cabalmente, para que el órgano que genera tenga realmente esa representación.
El artículo 102 de la Constitución señala que el consejo regional está llamado a hacer efectiva la participación y la representación ciudadanas en el ámbito del gobierno regional correspondiente.
En consecuencia, la lógica indica que el colegio electoral, o está compuesto por los alcaldes, o está integrado por los concejales. En caso contrario, hay una doble representación y una sobrerrepresentación de determinadas corrientes de pensamiento.
Alcaldes y concejales son elegidos por los mismos electores y tienen, por consiguiente, la representación de una base ciudadana que es idéntica. Evidentemente, puestos en la disyuntiva de conformar un colegio electoral sobre la base de alcaldes o de concejales, la opción más sabia es esta última, porque los concejos comunales recogen la expresión de todas las corrientes de pensamiento a través del proceso electoral que se ha realizado.
Por eso, creo que, en el estado en que se hallan hoy las cosas -reitero mi esperanza de que cambien, y muy luego-, cabe rechazar esta disposición y dejar que los colegios electorales estén compuestos únicamente por los concejales.
Señor Presidente , esta discusión se produce justamente por un vacío que nos quedó cuando aprobamos la elección separada de alcaldes y concejales.
Me parece bastante absurdo el hecho de que si antes el alcalde, que había sido primero concejal, tenía la posibilidad de elegir consejeros, ahora no lo pueda hacer. Es ilógico que le restemos esa atribución, porque además, como tal, fue electo en una votación especial y, por lo tanto, representa más el interés de la ciudadanía. En ese sentido, la gente que votó por los alcaldes va a querer que participen en la elección de los miembros del consejo regional, donde se aprueban los proyectos de desarrollo y se resuelve la inversión de los recursos consultados para la región en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, por cuanto muchos de esos planes beneficiarán a su comunidad.
Por ello, considero absurdo que el alcalde no pueda elegir de entre los candidatos al consejo regional a personas que sean responsables y entreguen soluciones a los problemas de los municipios, pues ahí tendrá una herramienta para conseguir recursos del referido Fondo, los cuales muchas veces las entidades edilicias no pueden obtener por carecer de representantes en dicho órgano.
Por lo tanto, si el alcalde no puede acceder directamente al consejo, al menos debe contar con la posibilidad de tener en dicho órgano gente de su confianza para que mueva sus proyectos. Porque, de lo contrario, ¿quién se los va a defender? Se trata de programas municipales que van absolutamente en beneficio de la comunidad que él representa. Por consiguiente, debe tener derecho a participar en dicha votación.
Además -reitero-, los alcaldes fueron elegidos por votación popular.
Mientras no se discuta la posibilidad de que los consejeros regionales sean elegidos mediante sufragio popular, debe otorgarse a las personas que fueron electas mediante una votación especial para representar a la comunidad, esto es, a los alcaldes, la atribución de elegirlos, más aún si a través de dichos consejeros se pueden obtener recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Si no se cuenta con ellos, será difícil conseguir lo que demanda la gente en materia de salud, de educación, de vivienda y de todo lo que atañe a la comuna.
El municipio cada día tiene más autonomía, más recursos, más posibilidades; pero también, a través del citado Fondo, puede completar sus planes. Y, obviamente, el alcalde debe contar con una persona de su confianza en el consejo para que defienda los proyectos municipales.
Señor Presidente , más allá de las ironías del Senador señor Moreno , no es menor darse cuenta de que Su Señoría va quedando un poco solo, porque ya no podrá decir que los de la Alianza queremos tal cosa, dado que el Honorable señor Parra -quien es bienvenido en estas bancadas, aun cuando no forma parte de ellas- claramente tiene una posición distinta. Además, quiero anticiparle que en la votación habida en la Comisión el Senador señor Núñez -quien también está invitado a esta Alianza- se abstuvo, lo que revela que la argumentación va mucho más allá del aspecto político.
En el minuto que me ha concedido la Honorable señora Carmen Frei , expondré tres argumentos sobre la materia que nos ocupa.
Primero, históricamente la votación del alcalde para la integración del consejo regional tuvo lugar en tanto ocupó el cargo de concejal. Ésa fue la razón, y se discutió en su tiempo.
La inadvertencia a que hace referencia el Senador que me atacó es básicamente suya, porque muchos otros advirtieron que el alcalde no integraba el colegio electoral que elegiría a las nuevas autoridades. Para unos podrá ser una inadvertencia; para otros, una concepción de la forma de resolver los problemas públicos.
En segundo lugar, este planteamiento lo hizo el Honorable señor Ríos mucho antes de la elección. ¡Mucho antes! Así que no vendamos una culebra extraña. Antes que se verificara la elección anterior, donde yo esperaba que lográramos mejores resultados -no tengo problema alguno en reconocerlo-, el Senador señor Ríos planteó que aquí había dos concepciones distintas: una referida al aspecto normativo en el mundo administrativo, y la otra, al resolutivo.
Y hay un tercer argumento -lo planteó el Honorable señor Parra -, que merece ser profundizado: la sobrerrepresentación de una mayoría en determinado momento. Porque en este caso, en una misma elección, la mayoría se representa dos veces: en la elección de alcalde y en la de concejales.
Por eso, tiene razón el Honorable señor Parra cuando señala que la elección de concejales es más representativa en cuanto a su universo. Lo otro es una sobrerrepresentación de la mayoría.
Entonces, a uno podrán gustarle o no los argumentos; es un punto discutible (tiene razón el Senador señor Andrés Zaldívar ). Pero no tratemos de festinar la situación ni de ironizar al respecto, porque aquí estamos legislando para el país y con argumentos buenos de un lado y otro.
Como di un minuto al Honorable señor Coloma, continúo con el uso de la palabra.
¡Si otorgué un minuto a Su Señoría, que por lo menos me diga que mis argumentos son buenos!
Yo quiero una interrupción.
Su Señoría debe pedirla al Honorable señor Sabag, a quien corresponde el uso de la palabra.
Señor Presidente , cuando el Senador señor Coloma intervino por primera vez, señaló que la modificación no era conveniente. Debió haber dicho "No nos conviene", lo cual es distinto.
Posteriormente, el Honorable señor Parra dio una argumentación de fondo, que podría tener mayor sentido.
La verdad es que aquí modificamos la ley pertinente para elegir a los alcaldes en forma separada por la importancia que tienen en el desarrollo de la comuna. Sin embargo, durante el debate del proyecto respectivo, a todos -repito: a todos- se nos olvidó hacer el cambio y quitamos a aquéllos la facultad de participar en la elección de los consejeros regionales.
La iniciativa en discusión viene de la Cámara de Diputados, donde fue aprobada unánimemente, por todas las bancadas. En el Senado también estaba votada, y el Honorable señor Bombal dijo que hubo una nueva indicación, un cambio en las reglas del juego.
Ese cambio en las reglas de juego se debió a las elecciones municipales del 31 de octubre último. Porque hasta ese momento había 170 alcaldes contra 164; la diferencia no quitaba ni ponía rey. Pero cuando la Oposición quedó con 101, ¡claro que quitaba y ponía rey! ¡En la Octava Región perdimos dos consejeros regionales a raíz de que no votaron nuestros 40 alcaldes!
Les dolió, entonces.
Hay, en consecuencia, una razón. Y es ésa.
Sin embargo, cuando legislamos aquí, no podemos andar con el cálculo en la mano y hacer leyes según el traje que nos convenga. ¡Tenemos que legislar con seriedad, pensando que se trata de leyes permanentes para la República! Podrá haber cambios posteriormente. Pero ésa es otra cosa.
¡Siempre ha sido ése el espíritu de todos nosotros!
Por eso, creo que los alcaldes también tienen derecho a elegir a los consejeros regionales. Ellos son los más interesados.
Hace un tiempo, también los estábamos dejando sin derecho a voto en el concejo comunal. Yo levanté mi voz aquí y dije: "¡Pero cómo es posible! ¡El alcalde es el más importante y no va a votar en el concejo!".
Afortunadamente, hoy día los alcaldes tienen derecho a voto en el concejo comunal. Y con mayor razón deben tenerlo en el consejo regional.
El más interesado en el desarrollo y progreso de la comuna es el alcalde, pues él pelea los proyectos en la región. ¡Y sucede que no tiene ninguna influencia o participación en la elección de los consejeros regionales!
No es procedente conceder interrupciones al final de cada intervención, señor Presidente.
Señor Presidente , quiero hacerme cargo de un par de argumentos que escuché acerca de la sobrerrepresentación.
Quienes efectuamos un análisis cuidadoso del resultado de la elección municipal trabajamos para comparar exactamente la votación de alcaldes con la de concejales. Y, prácticamente, en la mayoría de los casos que estudiamos no existe correspondencia entre una y otra.
La votación de alcaldes tiene, incluso respecto de sus propios partidos, una valoración totalmente distinta. La mayoría de ellos fueron elegidos tanto por su mérito personal como por las alianzas constituidas.
Por lo tanto, el argumento de que la participación del alcalde en la elección de consejeros regionales da una sobrerrepresentación al partido que tiene la suerte de contarlo entre sus filas no está avalado por las cifras, de acuerdo con los análisis realizados.
Distinto es el caso de que alguien diga: "No quiero que exista votación de un grupo de alcaldes elegidos por la voluntad de la gente". Pero ése es un argumento que deberá explicarse -ya lo dije, y no voy a repetirlo- ante la propia opinión pública, a la cual habrá que señalar que aquéllos quedan impedidos de ejercer la función en comento porque algunos los declaran inhábiles.
Señor Presidente , más allá de los cambios de criterio o de la influencia de determinados resultados políticos en las conductas o juicios respecto del punto en debate -obviamente, son llamativos, pero ocurren siempre-, en primer término, concuerdo con los Senadores señores Horvath y Parra en cuanto a que no estamos legislando en torno de una solución óptima, porque el actual sistema de elección es bastante imperfecto. Y probablemente, a la larga, no hay una mejor fórmula que la elección directa de consejeros regionales, aunque es evidente que ahí surge un problema, pues se genera una competencia de representatividad entre los parlamentarios y aquéllos si unos y otros son elegidos por la misma base ciudadana.
En segundo lugar, yendo a lo sustantivo, estoy en desacuerdo con los tres argumentos dados por el Senador señor Coloma.
Primero, cuando los concejales elegían al alcalde -o sea, éste surgía de entre los concejales-, en la elección del consejo regional votaba siempre el alcalde en ejercicio. Siguiendo la tesis expuesta, bajo la misma lógica de Su Señoría, el alcalde debió haber sido excluido de esa votación, atendido el cambio de responsabilidad, pues actuaba con la de alcalde y no con la de concejal. Sin embargo, nunca se procedió de esa manera.
Segundo, estoy en total desacuerdo con el criterio de que las responsabilidades son distintas por cuanto el alcalde, quien es sólo un administrador y un ejecutivo, no tiene por qué intervenir en la elección de un cuerpo colegiado normativo. El alcalde , como el Presidente de la República a nivel nacional, es ejecutivo y cumple funciones normativas o de colegislador; es tan colegislador y tiene tanta responsabilidad legislativa como el Primer Mandatario en el ámbito nacional. De modo que no me parece correcto excluir al alcalde porque sus responsabilidades son diferentes y no entran en la esfera de las materias que debe analizar el consejo regional.
Y en tercer lugar, respecto de la representación, convengo con lo que acaba de señalar el Senador señor Moreno en el sentido de que haya al menos parcialmente -no en forma total- una representatividad del alcalde diferente de la de los concejales; desde luego, por el número de candidatos, etcétera.
Empero, para mí, una vez elegido el alcalde y en desempeño de su función, su representatividad es menos importante -y ligo este argumento con el anterior- que la función que debe cumplir. Y, como la función del alcalde difiere de la de los concejales, no es fundamental el hecho de que uno y otros hayan sido elegidos por los mismos ciudadanos. Prevalece, en mi concepto, la circunstancia de que son personeros que desempeñan funciones distintas. Y, mientras no exista elección directa, hay buenas razones para que alcaldes y concejales participen por igual en la designación de los miembros del consejo regional.
Señor Presidente , después de escuchar la discusión, tengo claro que el concepto de "conveniencia" es bastante más relativo, ya que depende bastante del cristal con que se mire.
Sin embargo, estoy absolutamente convencido de que seguimos cometiendo un gravísimo error, que genera una anomalía democrática en el país.
Me abstuve porque vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que el sistema democrático chileno sufre una anomalía: los consejeros regionales, a quienes este Parlamento ha dado crecientes atribuciones, son elegidos de la manera que conocemos. Sea sólo por los concejales, sea por los concejales más los alcaldes, seguirá siendo una anomalía absoluta.
Los consejos regionales manejan prácticamente todo el presupuesto de las regiones. Los Gobiernos de la Concertación han aumentado la posibilidad de que lleguen a alrededor de 48 por ciento de la decisión regional. Y no se trata de los concejales ni de los alcaldes, sino de los consejeros.
Ahora bien, todos tenemos experiencia en cuanto a que este sistema lleva aparejados mecanismos poco éticos, que no son convenientes para la sanidad democrática.
Lo lógico es que un candidato a concejal diga antes de ser elegido a cuál consejero regional va a apoyar. Si no lo manifiesta en esa oportunidad, posteriormente ello se convierte en una suerte de rifa o en una conducta carente de ética. Porque, en último término, el concejal tiene -y el alcalde también podría tenerla- una manija que le permite determinar quiénes serán los consejeros. Así, éstos dejan de representar a la provincia o a la comuna y terminan siendo representantes del cuerpo de concejales o de los alcaldes.
Francamente, no entiendo por qué los parlamentarios, quienes hemos hecho un gran esfuerzo para perfeccionar el sistema democrático chileno, no nos damos cuenta de que la única manera de poner fin a esa anomalía que lo afecta es eligiendo en forma directa a los consejeros regionales.
Los diputados, en su momento, tuvieron cierta mirada negativa ante dicha idea, porque entendieron que el consejero regional elegido de tal manera podía disputarles su legitimidad. Eso es absurdo. El consejero regional seguirá siendo tal y tendrá la función que le encomienda la ley, y el diputado , lo mismo.
Yo me abstuve en la Comisión de Gobierno -pude haber votado a favor, porque el Partido Socialista aumentó de 35 a 51 alcaldes; o sea, desde el punto de vista de la conveniencia, perfectamente pude haberme pronunciado de manera afirmativa- porque sigo considerando que se trata de una anomalía.
Hay partidos políticos que deben asumir la decisión de solucionar el problema de aquí a cuatro años. Ahora no lo resolvimos. Espero que lleguemos a un consenso en los siguientes dos o tres años, para que los próximos consejos regionales del país sean elegidos por votación popular. Eso es lo lógico: que respondan ante la gente.
¿Ante quién responden hoy los consejeros regionales, quienes, en algunas provincias, manejan millones de dólares?
Hay consejos conformados por 16 personas que muchas veces administran presupuestos de 16 millones de dólares. Cada consejero vale un millón de dólares. ¡Digámoslo francamente!
Por lo tanto, es inmensa la responsabilidad.
Además, dada la anomalía del sistema, en la que seguimos incurriendo, numerosos consejeros regionales no tienen idoneidad técnica ni política.
Ése es un problema que debemos solucionar de una vez por todas. Y espero que el Gobierno se la juegue y agilice la iniciativa que está en la Cámara de Diputados.
¡Se trata de una cuestión extraordinariamente grave: 48 por ciento del presupuesto regional es resuelto por los consejeros, no por los alcaldes ni por los concejales!
Siendo eso así, mejoremos el sistema. Yo no conozco más mecanismo que la votación popular. Ningún otro es mejor que la elección directa de quienes ocupan un cargo tan relevante en la estructura administrativa del Estado.
Aquí debiéramos resolver el problema. Y por eso me abstuve en la Comisión, al igual que en otras oportunidades, acerca de la misma materia. He sostenido esta posición desde hace muchos años, y lo voy a seguir haciendo.
Señor Presidente , éste es un debate de segundo orden, menor, con relación a la cuestión de fondo, que es cómo resolver la tremenda asimetría existente entre el poder de decisión de los consejeros regionales y su legitimidad democrática. Ése es el centro del problema. Y lo que hemos visto en estos días es una confirmación de la existencia de un fuerte desequilibrio entre ambas cosas.
En mi concepto, la expresión "colegio electoral" constituye casi un eufemismo. Aquí se trata de una especie de mercado secundario de los consejeros regionales. Eso fue lo que operó hace algunos días. Incluso, existen empates que habrán de dirimirse -entiendo que entre hoy y mañana- simplemente mediante sorteo.
Es francamente muy malo el sistema, y en su marco deben resolverse cuestiones fundamentales.
Desde ese punto de vista, comparto por completo lo que han dicho otros señores Senadores en cuanto a que ése es el debate principal: cómo corregir esa asimetría, ese desequilibrio.
De momento, la discusión que nos ocupa ahora es ésta, la menor. No estamos resolviendo la cuestión esencial, cual es de qué manera elegir democráticamente a los consejeros regionales.
Yo me hago la siguiente pregunta: si una cuestión muy importante es la falta de transparencia, de legitimidad democrática, ¿resuelve el problema la participación de los alcaldes en este sistema? Creo que no. Pero me parece mejor que voten a que no voten.
A mi juicio, es más conveniente, en un sistema que sigue siendo ampliamente deficitario desde la perspectiva democrática, que los consejeros regionales tengan por lo menos la legitimidad que otorga el hecho de que los alcaldes voten para su elección. Ésa es la manera de zanjar la discusión, que -reitero- es de segundo orden y no afecta a la cuestión esencial.
En presencia de un sistema que tiene tan poca legitimidad democrática, la circunstancia de que participen en él los alcaldes ayuda a que sea algo más transparente la elección de los consejeros, quienes tienen tanto poder de decisión sobre las inversiones que se determinan en el ámbito regional.
Por lo expuesto, soy partidario de que los alcaldes voten en la próxima elección de consejeros regionales.
Señor Presidente , el argumento esencial que iba a exponer lo plantearon los Honorables señores Núñez y Ominami.
Claramente, el sistema en vigor no tiene ninguna justificación, y es sorprendente que no hayamos sido capaces de cambiarlo.
El proceso de descentralización, para que surta efecto, debe ser básicamente político. Sin embargo, en nuestro país, la máxima autoridad regional, el consejo regional, no tiene legitimidad democrática, sino indirectamente.
En otras naciones hay más tradición de cuerpos colegiados que generan autoridades en elecciones de segundo grado. Pero en Chile, no. Aquí, todas las autoridades políticas (presidentes, alcaldes, concejales, diputados, senadores) son elegidas por votación universal.
¿En virtud de qué principio constitucional, político, los consejeros regionales, que tienen la importancia ya señalada -creciente, además-, son elegidos de manera distinta del resto de las autoridades de aquella índole?
¡No hay ninguna razón!
Por varios años, ésta ha sido una reforma imposible. Ha habido mucha mezquindad parlamentaria, particularmente de los Diputados, por el mero temor a la competencia electoral de autoridades que pueden alcanzar altas votaciones. Y lo digo con toda claridad. He escuchado muy pocos argumentos a favor de ese sistema indirecto, porque -creo- no los hay.
Ahora, que voten sólo los concejales o éstos y los alcaldes no resuelve nada, pues la cuestión está mal hecha desde su origen. Por tanto, debemos cambiarla. Y el cambio es claro: elecciones provinciales.
En tal sentido, tiene que mantenerse el equilibrio provincial ¿a fin de que no se produzcan centralismos al interior de las regiones-, conservando la idea de que los consejeros cuentan con una base de representación a aquel nivel. Y la elección debe ser directa. Esto no da más poder, pero sí mayor legitimidad democrática, más transparencia, más sanidad. Además, permite establecer un sistema político más representativo como sistema nacional.
Si algo ahoga a esta democracia, es la falta de competitividad. Lo vemos aquí, en el Parlamento, donde los niveles de competencia son escasísimos. Y eso tiene que ver también con nuestro rendimiento, el cual a veces no es el que debiera. Porque, con el sistema binominal imperante, hay que ser bastante mediocre para no resultar reelegido; habría que hacer las cosas muy mal.
Nuestros concejos comunales son de los más pequeños del mundo. Si uno va a municipalidades de cualquier país democrático del orbe ve que sus cuerpos deliberativos están constituidos por más de seis miembros. En ciudades de alguna complejidad la representación no es adecuada con ese número.
Aquí, en las regiones, nadie conoce a los consejeros. Éstos no rinden cuenta a nadie, salvo a su cuerpo electoral, que es restringido.
Ante algo tan evidente, me pregunto cómo no hemos llegado a un acuerdo político para esto, que es elemental.
Nunca hemos hecho el debate. Creo que ya es hora de llevarlo a cabo, de transparentarlo, y de que, si alguien no desea competencia electoral, lo diga y no funde sus argumentos en la dilación.
Por lo tanto, espero que esta norma no se aplique en el futuro. Los consejeros fueron elegidos hace quince días. Espero que los próximos no sean designados por este sistema.
No votaré por el mal menor como lo he hecho otras veces: es tan malo el mecanismo, que la incorporación de los alcaldes no lo empeora. La verdad es que a veces debemos ponernos más serios y no optar por esa salida.
Siguiendo la votación del Honorable señor Núñez , anuncio que me abstendré, porque no estoy dispuesto a reforzar con mi voto un sistema que, en mi opinión, debe cambiarse de manera radical.
Señor Presidente , deseo referirme, no a la soledad en que ha quedado la argumentación de algunos Senadores de las bancas del Centro, sino a la coincidencia con el Honorable señor Núñez y con quienes hicieron presente un discurso de fondo en esta materia, invitándolos, en nombre de Renovación Nacional -y estoy seguro de que también en el de la Unión Demócrata Independiente-, a concordar criterios ahora y ya, como dicen algunos.
Será muy difícil volver a tener este debate. Mi preocupación deriva del hecho de que, cuando se ponen de moda temas como éste, surgen otros que se les sobreponen.
Quiero invitar formalmente a las bancadas de enfrente -al parecer las del centro prefieren cierto grado de continuismo- a modificar un mal sistema. No cabe la menor duda de que lo es. Creo que no puede durar más tiempo.
Efectivamente, la descentralización y la regionalización requieren esfuerzos más serios por parte de quienes van a tomar las decisiones importantes -muchas veces más relevantes que las adoptadas por los alcaldes y concejales- para lograr el respaldo de la ciudadanía.
Hay distintos sistemas. El Senador señor Núñez propuso uno que me parece muy racional, evita dobles elecciones y permite que cada concejal tenga una declaración respecto de quién será el consejero regional, como ocurre en algunas democracias del Norte. Deberíamos ponderar otros mecanismos directos. Cualquiera de ellos es mejor que el actual.
Reitero formalmente la invitación para concordar ahora y no mañana cambios en lo vigente. Porque la opinión pública, atónita, no conoce realmente quiénes son los consejeros regionales, personas que están tomando decisiones demasiado importantes para las Regiones. No lo digo por el caso particular de la Quinta, donde el sector político que represento cuenta hoy día con mayoría de consejeros, sino porque, más allá de las connotaciones políticas de corto plazo, debemos considerar la institucionalidad del país.
Por eso, me parece sano -repito- enfrentar la situación ahora y no mañana.
¡La soledad de ahora se va a notar cuando tengamos que elegirlo Presidente del Senado...!
¡Vamos a elegir a Larraín...!
¡Nos da más confianza...!
Como se ve, el tema da para mucho.
Señor Presidente , tiendo a compartir el criterio de fondo: el actual sistema es muy malo. Lo traigo a colación a raíz del debate de una semana en la Comisión de Gobierno, en el que quedó transversalmente en evidencia que el sistema municipal se encuentra en una seria crisis y exige una renovación o modernización muy profunda de sus estructuras.
Aquí se ha dicho que a los consejeros regionales no los conoce nadie; pero a los concejales tampoco los conoce nadie. Por eso, es imprescindible entender que la descentralización, o autonomía, en la que se pone tanto énfasis, se halla en crisis porque las estructuras que la soportan son, en definitiva, insuficientes.
¿Quién controla la gestión del alcalde? ¿Quién controla la gestión del intendente? ¿Quién controla la gestión de los consejeros regionales?
Se habla eufemísticamente y con mucha elegancia, pero, en el fondo, se advierte que hay demasiada corrupción en las estructuras municipales y de los gobiernos regionales. Es un secreto a voces. ¿Cómo se explica la cantidad de situaciones que se dan en forma transversal?
Se piensa que la solución reside en más democracia y en más transparencia, en circunstancias de que, no obstante el sistema democrático, se registra bastante corrupción por falta de fiscalización. El poder contralor no entra al sistema.
Entonces, vamos a la democratización y avancemos en todas las fórmulas. ¡Perfecto! Pero hay que considerar el soporte del sistema, elemento que debe hacernos reflexionar. Si con motivo de este proyecto entramos a la discusión de fondo, habría que analizar la ineficacia del soporte de todo el sistema de administración comunal y de administración regional en lo que respecta al control de su gestión.
Lo digo porque todos los sectores han planteado inquietudes a propósito del proyecto de modernización, llamado "de reforma al 110", para efectos de la administración del personal municipal. ¡Pero no se trata de eso! Es mucha la cantidad de normas que vienen modificándose. Y el Ejecutivo de alguna forma advierte que el sistema no resiste más. Y no resiste más por la forma en que se eligen sus autoridades. Nadie las conoce. La comunidad no tiene idea acerca de quiénes son los concejales, pero éstos se dan maña para ser los funcionarios de la Administración del Estado que más viajan.
Ahí está el tema de fondo.
Me parece muy interesante la reflexión del Ejecutivo planteada en el proyecto de modernización municipal, el cual -repito- no sólo se refiere a problemas relacionados con el artículo 110 o con una modificación de las plantas, sino que además abarca diversos aspectos que, con profundo interés, nos mantendrán ocupados durante el próximo tiempo.
Llamo la atención de los señores Senadores en el sentido de que el sistema debe apuntar, más que a la elección de autoridades -que también es un aspecto crítico-, a un conjunto de normas dispersas que hoy impiden a entes contralores conocer lo que está ocurriendo en la Administración del Estado respecto de las municipalidades y de los gobiernos regionales. Aún más, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo no ha podido recabar toda la información sobre el particular.
En consecuencia, estamos en tierra de nadie.
Considero muy bien encaminado el proyecto del Ejecutivo cuando pretende racionalizar estos asuntos. Incluso más, la señora Subsecretaria habló de hasta una superintendencia encargada de controlar la gestión municipal. Pero ello lo estimo insuficiente, porque debe dotarse mejor al órgano contralor. Además -digámoslo también-, sigue pendiente la ley modernizadora de la Contraloría General de la República.
Por lo tanto, me parece que,
...antes de analizar cómo se eligen las autoridades o simultáneamente con ello, deberíamos abordar lo relacionado con el soporte del sistema de administración comunal y regional, que claramente se halla sumido en una crisis muy profunda.
Señor Presidente , este punto, de mucho interés en la elección del consejo regional y que admite diversas formas de ser analizado -las señaladas acá y otras-, no alude a lo sustancial en materia de regionalización. Ésta, en lo fundamental, tiene que ver con las facultades que se otorgan a las Regiones y no con la forma en que se eligen los consejos regionales, que es -yo diría- uno de los aspectos involucrados, pero no el único ni el más importante.
Sin embargo, permanentemente centramos el tema de la regionalización en la elección de los consejeros.
Admito que siempre puede encontrarse un sistema mucho mejor que el que estamos planteando, pero, como digo, el problema de fondo, el problema real, que responde al clamor de las Regiones, es el de dotarlas de más facultades que les permitan cumplir con determinados objetivos.
En lo personal, creo que hemos sido muy tímidos en esta materia; y el Ejecutivo tampoco ha presentado proyectos que le signifiquen desprenderse de facultades efectivas, especialmente en lo económico. Todas las grandes decisiones en este campo se adoptan en el Ministerio de Hacienda, y, en todos estos años, ninguna facultad de las autoridades económicas centrales se ha entregado a las Regiones. Éstas pueden elegir entre un proyecto y otro dentro de ciertas pautas fijadas a nivel central; pero desprendimiento de facultades no ha ocurrido.
Por otra parte, si verdaderamente queremos llegar a un régimen en que la regionalización adquiera algún sentido, tendremos que dotar al consejo regional de la capacidad de dictar normas de aplicación general en las Regiones. Es decir, debiera contar con facultades normativas. Y, para ese efecto, el Congreso tendría que desprenderse de algunas. De esa manera se crearía lo que ya hemos planteado en otras ocasiones: especies de parlamentos regionales. Porque la capacidad de normar que podrían tener los consejos les daría la posibilidad real de imponer ciertas cargas, establecer disposiciones de carácter regional pero obligatorias, e incluso, determinar la eventual aplicación de tributos de orden regional.
Se trata de cambios mucho más profundos, que tienen que ser analizados debidamente y respecto de los cuales, por desgracia, no hemos avanzado lo suficiente. Dar la posibilidad de elegir es un aspecto; pero no basta.
Con el actual sistema, con las actuales facultades de los consejos, de nada valdría elegir a sus miembros por votación universal - aspiración que, en mi opinión, podría alcanzarse-, porque carecerían de las facultades necesarias. Una parte de ellas debería provenir del Ejecutivo , especialmente del sector económico; y otra, del Poder Legislativo, para que las Regiones tuvieran poder normativo propio. Porque hoy día, si analizamos las facultades que se pretende entregar, descubriremos que dicen relación a elecciones, a opciones, pero no a la posibilidad de lograr un verdadero proceso de regionalización.
En definitiva, los consejos regionales hacen lo que buenamente pueden, de acuerdo con lo que la autoridad central, en lo decisivo o importante, resuelve.
En cuanto a si es oportuno o no que los alcaldes voten en la elección de los consejeros, creo que es sólo un asunto adjetivo. En nuestra Región no incidiría mayormente como problema electoral. De modo que nuestra posición no responde a una conveniencia electoral, contrariamente a lo que aquí se ha planteado. Reitero: en la Región que represento esto no tendría mayor significación, porque la votación por provincia sería más o menos la misma.
La dificultad de fondo no reside en el tema electoral -si bien es importante la forma de elegir a los consejeros-, sino en las facultades que se entregarían a las Regiones. Me refiero a facultades de verdad y no a las que buenamente quiera concederles el Gobierno central.
Si le parece a la Sala, se dará la palabra a la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo.
Señor Presidente , éste es un debate muy interesante. Sólo deseo precisar dos cosas.
En primer lugar, efectivamente, en este momento se encuentra en la Cámara de Diputados un proyecto de reforma constitucional que plantea la elección directa de los consejeros regionales. Se está iniciando su debate y existe una propuesta del Ejecutivo al respecto.
En segundo término, quiero hacer una aclaración que ya envié por escrito al Senador señor Bombal.
Se puede entender mal la cuestión si se piensa que los controles de gestión a los que se somete al gobierno regional son similares a los que se aplican al municipio. Se ha iniciado una discusión muy interesante, y hemos comprendido que debemos dar más facultades a la Contraloría o a algún otro ente relacionado con materias municipales para ejercer estos controles.
Los gobiernos regionales se encuentran sujetos a un conjunto de fiscalizaciones -como sucede con todo el aparato público- tanto en asuntos de competencia de la Contraloría como también en aquellos vinculados con los pasos previos destinados a concretar proyectos de inversión, correspondientes ya sea al MIDEPLAN, a la DIPRES o a la SUBDERE. Además, está la posibilidad de que la Cámara de Diputados cumpla su función fiscalizadora.
Deseaba aclarar este punto para que no quedara en el aire la idea de establecer en esta materia un símil entre los municipios y los gobiernos regionales, porque no es lo mismo.
Tiene la palabra el último inscrito, Honorable señor Ruiz-Esquide.
Señor Presidente , en atención a que ya se ha debatido bastante, trataré de ser breve.
Desde luego, anuncio que votaré favorablemente la idea de que los alcaldes puedan votar. No me parece razonable que la máxima autoridad municipal, que discute con los consejeros regionales asuntos relacionados con inversiones en su comuna y cuya fuerza y presencia resultan sustantivas para decidir lo que deberá hacerse, no pueda ni siquiera elegirlos. Y, francamente, estimo peor sostener que no participen.
Por lo tanto, no hay lógica en la argumentación en cuanto a que sólo deben votar los concejales, máxime si se considera que esto surgió por una inadvertencia nuestra. Lo natural es que, si forman parte de un solo cuerpo, todos participen.
Segundo: pedí la palabra para hacer una pequeña reflexión en el siguiente sentido.
A mi juicio, ni siquiera debería hablarse de mayor o de menor conveniencia respecto al número de alcaldes que hoy tiene la Concertación o que mañana puede elegir la Alianza. Creo que eso peyoriza en exceso el debate. Por último, se trata de cosas que sabemos que se dan, pero que no deben explicitarse porque quedamos en la condición muy lamentable de aparecer negociando sólo porque hoy son más los alcaldes de la Concertación, en circunstancias de que mañana puede ocurrir lo contrario. Y eso es lamentable.
El tema mayor, señor Presidente , radica en que, con el afán de ir creando instancias que permitan la democratización del país, estamos generando una maraña que no está funcionando bien. En eso concuerdo con quienes, desde distintas bancadas, así lo han señalado.
En una oportunidad planteé que, dada la naturaleza humana, todo el mundo entra con mochila de mariscal. Y lo que pasa en las Regiones es muy simple: por cada obra de adelanto que se quiere realizar en una comuna participan por lo menos siete, diez u once instancias que buscan la manera de que la resolución de un problema les represente un beneficio. Seamos claros. Es cuestión de mirar lo que sucede con cualquier obra de progreso -un hospital, un puente, se caiga o no- y veremos la presencia de concejales, alcaldes, consejeros regionales, diputados, senadores, seremis, intendentes, gobernadores, tal vez algún subsecretario, y eventualmente, un ministro. Entonces, eso no funciona, porque terminamos en una maraña descomunal que no está clara.
Tercero, es efectivo lo que se ha dicho aquí acerca de lo que acontece en las elecciones de consejeros regionales. Yo comparto el juicio relativo a la existencia de una corruptela feroz. En mi Región, francamente se produjo una corruptela -seamos claros- en que participaron instancias de toda naturaleza. Aquí no se salva nadie, ya que de alguna manera todos participamos -no sé si alguien lo llamo así- en un negocio secundario,...
Un mercado secundario.
...en un mercado secundario o persa.
Además, debemos delinear las funciones de las instancias, a fin de que haya claridad.
Si me dicen que hoy votaremos exclusivamente este punto, anuncio mi pronunciamiento favorable, por las razones que expuse.
Me parece totalmente absurdo que no participe en la votación el alcalde y sí lo haga el concejal en la elección de la persona que definirá el destino de las platas que se van a entregar a la comuna, en el nivel que sea.
Pero creo que debemos ir más allá. Tenemos que saber exactamente qué van a hacer los consejeros. Porque conocemos lo que realizan hoy, pero existe una limitación brutal si se considera que gran parte de los proyectos deben ser presentados por el intendente, que representa al nivel central. Y ha pasado, respecto de un determinado proyecto, que es necesario "ir a Canossa", como quien dice, para pedir a esa autoridad que por favor intervenga y lo presente, para que después pueda concursar con los otros.
Y, por último, hay que averiguar cuál es la línea del Gobierno central, cualquiera que sea la Administración. Porque no estamos hablando de lo que pase hoy o mañana. Espero que mañana sea el mismo Gobierno central. Estoy convencido de eso. Pero ése no es el punto.
En segundo lugar, no podemos seguir con esto de las responsabilidades similares en todas las instancias.
He sido partidario -y lo he dicho siempre- de algo respecto de lo cual no hay voluntad, por distintas razones. Creo, derechamente, que el Senado debería ser nacional. Porque en algún momento tendremos que contar con una Cámara Alta en que se discuta con el Ejecutivo en el nivel de los grandes problemas del país, en donde el Senador no vaya a pedir un hospital para determinado lugar, sino a debatir con...
Termino en treinta segundos, señor Presidente.
Decía que se debería debatir con el Ministro correspondiente la política de salud, la política agraria, la política de construcciones, la política de desarrollo. Hoy en eso caemos en una cierta minusvalidez o capitidisminución.
Insisto en que en algún instante tendremos que detenernos para ver cuál es el mapa del Gobierno en todas sus instancias, a fin de que sepamos qué va a hacer un Diputado o un Senador y no andemos atropellándonos con un juego de mediocampo.
Por eso, después de formular estas breves observaciones, votaré por que los alcaldes participen en la votación, como un mal menor sin justificación en contrario.
No se registraban más señores Senadores inscritos para intervenir, Su Señoría.
Deseo fundamentar mi pronunciamiento.
¿Algún otro señor Senador desea fundamentar el voto?
Señor Presidente , al escuchar las intervenciones, sin duda que la forma de elegir los consejos regionales es el punto de fondo. Ha habido una larga discusión sobre el particular, la que tendrá que dirimirse en el momento en que a nivel constitucional se defina si esos organismos serán producto de una elección directa o seguirán configurándose por un cuerpo electoral determinado.
El criterio de la mayor participación indica que lo natural sería ir a una elección directa de los consejeros, de acuerdo con su representación en cada provincia, tal como se halla establecido. Por lo tanto, creo que el tema de fondo tendrá que abordarse ahí.
Mientras tanto, lo existente es un cuerpo electoral conformado por concejales, que fueron elegidos hace poco, y, anteriormente, por concejales y alcaldes.
Pues bien, de lo que se trata en esta votación específica es de si incorporamos o no a los alcaldes. Los argumentos que hemos escuchado, francamente, dan para todo, tanto a favor como en contra. ¿Por qué participan los jefes comunales? ¿Son más o menos representativos que los concejales? ¿Cómo podemos conformar un mejor CORE? Y surgen los ejemplos de lo que puede haber sucedido en las últimas elecciones, que va desde casos de corrupción, como decía el Senador señor Ruiz-Esquide , hasta consejos regionales elegidos normalmente, como sucedió en la Región que represento.
Más allá de que cualquiera puede pensar bien o mal sobre los que pueden ser los intereses electorales de cada uno de nosotros, de acuerdo con los resultados, me parece que insistir en demasía en ese argumento no tiene sentido, porque, si llegáramos a aprobar el proyecto, entraría a regir en cinco años más. No sabemos qué va a pasar con las próximas elecciones municipales, y el cuerpo electoral puede variar fundamentalmente.
Pero hay un tema sobre el cual me parece bueno reflexionar. Hoy por hoy, el alcalde tiene un poder casi absoluto en los municipios. Los concejales poseen muy pocas atribuciones y escasa prestancia, iniciativa, capacidad de gestión o de representación. Sin embargo, desde el punto de vista político, la elección de concejales tiene mucha más importancia para los partidos, para la correlación de fuerzas del Gobierno y de la Oposición, e incluso, para la toma de decisiones políticas de nivel nacional. No obstante, en el momento en que ellos deben ejercer sus funciones, carecen de trascendencia.
En mi opinión, tal vez una de las formas de relevar en estos cuerpos electorales el rol de los concejales, mientras la elección sea indirecta, es por la vía de entregar a éstos la facultad de que al menos elijan a los CORES, sin la participación de los alcaldes. Y lo digo derechamente, porque los jefes comunales, con el poder omnímodo que poseen, son los que en la práctica condicionan los proyectos que se discuten después en el consejo regional. Si no les dan prioridad, en efecto, éstos no llegan al tratamiento en tal instancia. Por lo tanto, hay ahí una capacidad de gestión y de influencia de los alcaldes, respecto a la priorización de sus proyectos para ser financiados después por el CORE, que es sumamente importante.
En cambio, los concejales no tienen absolutamente nada. ¿Cuál podría ser su ventaja potencial? La de que, si constituyen el cuerpo electoral, aquellos a quienes designen como consejeros regionales al menos tendrán una mayor posibilidad de interpretar o representar a quienes los eligieron. Me parece que ello puede ser interesante, porque los concejales, las más de las veces, representan en un municipio, no sólo corrientes políticas distintas, sino también legítimos intereses corporativos, sociales, económicos, culturales, deportivos, de cualquier tipo.
Estimo que los concejales, por la forma como son elegidos, tienen mucha más representación que los propios alcaldes, quienes son producto de un acuerdo político entre las dos grandes corrientes. Porque si en determinada comuna predomina la Derecha, el jefe comunal será de la Unión Demócrata Independiente, por ejemplo, y si se trata de la Concertación, será de tal o cual partido de ese conglomerado. En cambio, los concejales compiten y tienen una representación mucho más amplia, la cual es bueno que se dé.
Entonces, me parece que el punto no tiene mucho sentido si al momento de votar el artículo no hemos despejado el tema de fondo: la elección directa o no de los consejeros regionales.
Francamente, me inclino, en principio, porque exista esa mayor participación a través de una votación directa, pues establecer hoy un cuerpo electoral indirecto no tiene mayor sentido.
Como, en realidad, no quiero entrar en discusión con mis colegas de bancada, me abstendré de votar.
Señor Presidente, sobre este tema quiero plantear dos elementos.
En primer lugar, el sistema vigente ha fracasado, o sea, no sirve. Está patente, a través de todas las intervenciones aquí, en la Sala, que a través de los concejales, y aunque se agregue a los alcaldes -no creo que cambie mucho-, será el mismo.
En segundo término, creo que ésta es una discusión casi inútil, si bien se han dicho cosas importantes, porque hay un proyecto de reforma constitucional, en la Cámara de Diputados, que resuelve el problema definitivamente en cuanto a la elección directa de los consejeros regionales. Es algo que en numerosas intervenciones he expuesto en el Senado cuando se ha tocado el tema. Soy partidario de ese sistema, porque es la única solución razonable. Deben tener alguien a quien rendir cuenta aquellos que son elegidos para ejercer un cargo de creciente importancia.
Por lo tanto, creo que no agrega nada la modificación que se está planteando, porque la enmienda de fondo que se debe introducir es el cambio de la elección indirecta por una directa.
En consecuencia, también me voy a abstener, porque considero que la propuesta no aporta nada: el resultado da lo mismo. Los concejales y los alcaldes que han sido electos hoy día no solucionarán el problema, como se ha dicho claramente, pues es preciso aguardar hasta dentro de unos años. Espero que de aquí a cuatro años se haya resuelto el punto definitivo, el cual dice relación al proyecto de reforma constitucional que se encuentra en la Cámara de Diputados.
Por lo anteriormente señalado, anuncio que me abstendré.
Señor Presidente , la descentralización ha tomado un camino defectuoso, que la desnaturaliza y le resta eficacia.
En educación, por ejemplo, se rompió con un sistema centralizado que funcionaba en términos de dar satisfacción a sus actores principales -los profesores-, en cuanto a formar parte de una estructura que les permitía tener una carrera funcionaria y, al mismo tiempo, relevar mucho más la calidad de su labor y su prestigio. Se atomizó todo lo concerniente a la educación en un sinnúmero de instancias, que son los municipios, donde los alcaldes tienen un papel muy importante y ponen la impronta a la calidad del sistema o del subsistema que se administra. La sumatoria total no es mejor de lo que se conseguía con el mecanismo centralizado.
Lo mismo acontece en el plano de la salud. Los médicos y los profesionales que se desempeñan en ese ámbito reclaman que se sienten formando parte de un subsistema que les coloca un techo muy bajo y que también, como en el caso de los profesores, les impide tener un desarrollo profesional con expectativas superiores.
En lo atinente a la inversión regional, el órgano existente resulta curioso. Ello, porque, a pesar de ser cada vez más importante, en la práctica se ha convertido en un premio de consuelo que los partidos otorgan a los militantes que no tuvieron cupo ni para diputado ni para concejal. Entonces, esas personas llegan a una instancia de un valor muy alto para la administración regional con el estigma de ser los más desgraciados que es posible concebir en lo que a elección popular se refiere. Es decir, son quienes no tuvieron ocasión de postularse en dos instancias que, por cierto, tienen más atractivo, dado que hay elección directa. Por lo tanto, van allí a sumergirse en el anonimato, pues nadie sabe quiénes son, y, por curiosas veleidades del sistema, deciden materias de gran relevancia como ya quisieran hacerlo los concejales, e incluso, los diputados.
Entonces, creo que, por desgracia, lo relativo a la descentralización requiere una revisión a fondo en todos sus aspectos. Si no es así, una enorme cantidad de recursos se va a ir perdiendo en los mil vericuetos...
de la modalidad vigente.
Por lo tanto, este debate es bastante marginal y sólo roza un aspecto básico, a mi juicio.
Mi decisión -y parece ser la más sensata- es abstenerme, pues, salga lo que salga, da lo mismo.
Señor Presidente, quiero llamar la atención de la Sala sobre dos puntos.
Primero, en parte importante de la argumentación con la que se ha intentado defender la propuesta de la Comisión de Gobierno se comete un error conceptual de enorme importancia. Si ello, a la larga, da origen a la aprobación de la norma, se puede incurrir en un vicio de constitucionalidad.
En los sistemas electorales indirectos, como el que aquí está contemplado, no es un cuerpo artificial, generado por la ley, el que efectúa la elección, sino los propios ciudadanos, quienes no intervienen en forma directa, sino a través de sus representantes.
En consecuencia, cuando se conforma este tipo de colegios electorales, es preciso buscar una manera en que la voluntad de los votantes esté clara e inequívocamente expresada.
En segundo lugar, por la misma razón, es totalmente aplicable a la composición de este cuerpo electoral lo dispuesto por el artículo 15 de la Constitución Política, que señala los principios sobre cuya base se estructura nuestro sistema electoral. Y uno de ellos, señores Senadores, es el carácter igualitario del sufragio.
Esto último se rompe cuando algún ciudadano está doblemente representado en ese cuerpo electoral. Y eso es lo que ocurre si cada uno de nosotros emite un voto para elegir un alcalde y, simultáneamente, otro para elegir un concejal. Por el hecho de haber ganado la elección de alcalde, una persona, a través de este cuerpo electoral, contará con una doble representación, frente a la que, en cambio, tiene sólo una.
Lo anterior contraría esa disposición constitucional.
Por eso, reitero que votaré en contra de esta norma.
Advierto que el resultado de esta votación, obviamente, afectará a las siguientes que se relacionan con la misma materia.
Pronunciarse a favor de la proposición es hacerlo por la inclusión de los alcaldes como electores de los consejeros regionales.
--Se rechaza la letra a) del número 5) (20 votos contra 7 y 3 abstenciones).
Votaron por la negativa los señores Aburto, Arancibia, Canessa, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, García, Horvath, Larraín, Martínez, Matthei, Novoa, Orpis, Parra, Prokurica, Romero, Silva, Vega y Zurita.
Votaron por la afirmativa los señores Boeninger, Frei (doña Carmen), Frei (don Eduardo), Moreno, Ruiz-Esquide, Sabag y Zaldívar (don Andrés).
Se abstuvieron los señores Gazmuri, Núñez y Ruiz (don José).
En consecuencia, se da por entendido que la norma queda rechazada cada vez que se repita en el texto.
Como se halla próximo el término del Orden del Día, vamos a dejar hasta aquí la discusión de esta iniciativa y continuaremos mañana, ya que quedará en el primer lugar de la Tabla.
¿Sí, señora Senadora?
No queda casi nada por debatir, así que podríamos prorrogar el Orden del Día.
Si se desea hacerlo hasta el despacho de la iniciativa...
No, señor Presidente, porque todavía tenemos que ver un proyecto de acuerdo.
¿No hay voluntad para prorrogar?
Señor Presidente , resta muy poco para despachar totalmente el proyecto; porque, si se revisa, se advertirá que lo que viene después...
Algunas normas fueron aprobadas en votación dividida. Son pocas las que requieren el pronunciamiento de la Sala, pero las hay.
Tienen que ver con la última votación realizada.
En consecuencia, sugiero dejar pendiente la discusión y continuarla mañana, en el orden correspondiente de la Tabla.
Corresponde votar un proyecto de acuerdo presentado por un grupo de señores Senadores.
--Los antecedentes sobre el proyecto de acuerdo (S 775-12) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 23ª, en 4 de enero de 2005.
El proyecto fue iniciado por los Senadores señora Frei y señores Fernández, Larraín, Núñez, Ríos, Zaldívar (don Andrés) y Coloma, y sus objetivos principales son solicitar a Su Excelencia el Presidente de la República la dictación de los reglamentos que harán posible la plena aplicación de la Ley de Cultos, y que instruya a todas las autoridades de la Administración Pública para que velen por la correcta aplicación de dicha norma.
Se aprueba el proyecto de acuerdo (23 votos a favor).
Votaron los señores Arancibia, Ávila, Canessa, Coloma, Cordero, Espina, Fernández, Frei (doña Carmen), García, Gazmuri, Horvath, Larraín, Matthei, Novoa, Núñez, Orpis, Parra, Prokurica, Ruiz-Esquide, Silva, Vega, Zaldívar (don Andrés) y Zurita.
A los señores Ministros del Interior , de Justicia y Secretario General de la Presidencia , solicitándoles INCLUSIÓN DE CONCEPTOS EN PROYECTO SOBRE BONIFICACIÓN POR EGRESO PARA PERSONAL DE GENDARMERÍA.
--En Incidentes, ofrecida sucesivamente la palabra a los Comités Mixto, Demócrata Cristiano, Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Socialista, Institucionales 2 e Independiente e Institucionales 1, ningún señor Senador interviene.
Modifica la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza restableciendo la exclusividad universitaria de la Carrera de Obstetricia y Puericultura.
Lo dispuesto en los artículos 60 y 62 de la Constitución Política de la República; lo prescrito por la ley Nº 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y lo establecido por el Reglamento del Senado,
1º Que mediante la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza se terminó con la antigua tradición de la exclusividad universitaria de la carrera de Obstetricia y Puericultura, permitiéndose en consecuencia que los institutos profesionales pudieran abrir y dictar esta carrera profesional.
2º Que dicha situación, desde su origen motivó los fundados reclamos de la comunidad de Matrones del país, conformada por un elevado número de hombres y mujeres profesionales que se desempeñan en las más variadas esferas del quehacer público y privado, incluyendo un importante segmento de académicos universitarios, por considerar este hecho como un grave atentado contra una disciplina académica de antigua raigambre en el medio universitario chileno, al crearse las condiciones para desligar a la mencionada carrera del seno de las universidades y al permitirse, como consecuencia, la formación de matrona por entidades que por su naturaleza están llamadas a formar a profesionales con un perfil esencialmente técnico y práctico, lo que redunda en una formación con carencias en los aspectos científicos y metodológicos.
3º Que al analizar el concepto legal del grado académico de la licenciatura que da el artículo 31 de la Ley de Enseñanza, ésto es: “El que se otorga a un alumno de una universidad que ha aprobado un programa de estudios que comprenda todos los aspectos esenciales de un área del conocimiento o de una disciplina determinada”, se aprecia su trascendencia para la futura formación e idoneidad científico-técnica de los futuros profesionales del área. En efecto y a contrario sensu, de conformidad al mismo Artículo 31 el título profesional “es el que se otorga a un egresado de un instituto profesional o de una universidad que ha aprobado un programa de estudios cuyo nivel y contenido le confieren una formación general y científica necesaria para un adecuado desempeño profesional”, sólo habilita para un puro desempeño práctico de las profesiones.
4º En atención a lo anterior, vengo a proponer un proyecto de ley que consta de un artículo único que modifica la ley Nº 18.962 orgánica constitucional de Enseñanza, con la finalidad de agregar a su listado de títulos profesionales que requieren de licenciatura previa para su otorgamiento, la carrera de Obstetricia y Puericultura.
“Artículo único.- Agréguese la siguiente letra …) al artículo 52 de la ley Nº 18.962 Orgánica Constitucional de Enseñanza:
“…) Título de Matrón: Licenciado en Obstetricia y Puericultura.”.
(Fdo.): MARIANO RUIZ-ESQUIDE JARA, SENADOR