Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-t-582-de-octubre-25-de-2016?documento=jurcol&contexto=jurcol_28cfb6f940994e4bbf55fe57405310d7&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-17 08:38:27
Document Index: 147599594

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 91', 'ARTÍCULO 18', 'artículo 248', 'artículo 250', 'artículo 93', 'artículo 91', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 15', 'artículo 91', 'artículo 25', 'artículo 28', 'artículo 91', 'artículo 15', 'artículo 4', 'artículo 25', 'artículo 28']

﻿ SENTENCIA T-582 DE OCTUBRE 25 DE 2016
SENTENCIA T-582 DE 25 DE OCTUBRE DE 2016
CONTENIDO:ALCANCE DE LA OBEDIENCIA DEBIDA COMO EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD. SE RECUERDA QUE EL ARTÍCULO 91 SUPERIOR CONSAGRA LA OBEDIENCIA DEBIDA Y LA RESPONSABILIDAD QUE SE DERIVA DE LA EJECUCIÓN DE ÓRDENES QUE EVIDENCIAN LA INFRACCIÓN MANIFIESTA DE UN PRECEPTO CONSTITUCIONAL EN DETRIMENTO DE UNA PERSONA. PRECISAMENTE, ESTE PRINCIPIO ES UTILIZADO EN LAS FUERZAS MILITARES, INSTITUCIÓN EN DONDE ES OBSERVADA UNA DISCIPLINA ESTRICTA Y SE RESPETAN LOS NIVELES JERÁRQUICOS, SIN QUE POR ELLO SE EXIJA UNA OBEDIENCIA CIEGA O IRRACIONAL. EN EFECTO, SE RESALTA QUE LA JURISPRUDENCIA HA RECHAZADO COMO INCONSTITUCIONAL LA OBEDIENCIA ABSOLUTAMENTE IRREFLEXIVA. DESDE 1992 YA SE SOSTENÍA QUE LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 18 DE LA CARTA Y LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES ASUMIDOS POR COLOMBIA EN MATERIA DE RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, PERMITÍA AL SUBALTERNO SUSTRAERSE DEL CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN SUPERIOR. SEGÚN LA CORTE, EL RECHAZO DE LA CONCEPCIÓN ABSOLUTA Y CIEGA DE LA OBEDIENCIA CASTRENSE FUE FINALMENTE RECOGIDO EN LA SENTENCIA C-540 DEL 2012, CON OCASIÓN DEL CONTROL PREVIO DE CONSTITUCIONALIDAD DEL PROYECTO DE LEY ESTATUTARIA QUE DIO LUGAR A LA LEY 1621 DEL 2013, Y HASTA HOY SE MANTIENE EL PLANTEAMIENTO EN EL QUE SE AFIRMA QUE ESTE PRINCIPIO SI BIEN EXONERA DE RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL AL MILITAR QUE EJECUTA LA ORDEN DE SERVICIO IMPARTIDA POR SU SUPERIOR, TAMBIÉN LO ES QUE, DE ACUERDO CON EL ALCANCE FIJADO, NO LO HACE DE MANERA TOTAL O IRRESTRICTA, PUES LA PREVALENCIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES INTANGIBLES E INESCINDIBLES DE LA DIGNIDAD HUMANA Y LA VIGENCIA DE UN ORDEN JUSTO IMPONEN EL RECHAZO DE LA CONCEPCIÓN ABSOLUTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE TUTELA, DERECHO A LA LIBERTAD DE CONCIENCIA, DEBER DE OBEDIENCIA, OBEDIENCIA LEGÍTIMA, RESPONSABILIDAD DE LA ORDEN MILITAR
Sentencia T-582 de octubre 25 de 2016
Expediente: T-5.639.930
Bogotá, D. C., veinticinco de octubre dos mil dieciséis.
El 19 de enero de 2016, Juan Marcos Castañeda Osorio, Ana Clara Monsalve Gómez, Mariluz Castañeda Monsalve, Cristian Mauricio Castañeda Monsalve y Jhon James Castañeda Monsalve, por conducto de apoderado judicial, formularon acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar que la sentencia del 26 de noviembre de 2015, proferida por esa colegiatura en el marco de un proceso contencioso administrativo de reparación directa que promovieron contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral.
2.3. En consecuencia, sus padres y hermanos acudieron al medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, con el fin de que fuera declarada administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios morales y patrimoniales causados con ocasión del fallecimiento de Juan Carlos Castañeda Monsalve.
2.6. Impugnada la anterior decisión por los demandantes, el Tribunal Administrativo del Cesar, en sentencia del 26 de noviembre de 2015, decidió revocarla y, en su lugar, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, tras hallar probada la falla en el servicio como consecuencia de la inobservancia de los protocolos de seguridad por parte del comandante SI. Eustor Jesús Bulasco Guzmán. Sin embargo, como quiera que, a juicio de esa colegiatura, existió concurrencia de culpas, redujo el quantum indemnizatorio en un cincuenta por ciento (50%), basado en los siguientes argumentos:
3.1. Con fundamento en la situación fáctica descrita, los demandantes le atribuyen a la decisión proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar un defecto material por desconocimiento del precedente jurisprudencial, toda vez que consideran que no se ajusta a la tesis de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 11 de junio de 2014(1).
Comoquiera que en la citada sentencia se declaró la responsabilidad patrimonial del Estado sin reducir el monto de la indemnización a pagar, al constatarse que el patrullero de la Policía Nacional no estaba en posición de abstenerse de cumplir la orden de su superior (patrullaje), por cuanto dicha instrucción no presuponía, ni por asomo, una posible vulneración de un derecho fundamental, los actores consideran que, ante supuestos de hecho y de derecho análogos, debió aplicarse la misma solución a su caso.
En ese orden de ideas, puntualizan que constituye error de hecho, transgredir los principios de la sana crítica, ingresando en la interpretación y evaluación caprichosa de los medios probatorios –las diferentes actas–, error que incide desde luego en la decisión final, es decir, en la sentencia, al disminuir la responsabilidad estatal al cincuenta por ciento (50%).
• Copia simple de los poderes conferidos por los demandantes para la presentación de la acción de tutela (fls. 1-5).
• Copia simple del escrito que contiene la demanda de reparación directa tramitada ante el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar (fls. 32-132).
• Copia simple de la sentencia del 12 de mayo de 2015, proferida, en primera instancia, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, dentro del proceso de reparación directa promovido por los actores contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (fls. 133-145).
• Copia simple de la sentencia del 26 de noviembre de 2015, dictada, en segunda instancia, por el Tribunal Administrativo del Cesar, dentro del proceso de reparación directa promovido por los actores contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional (fls. 146-192).
• Copia simple del Acta 0149 del 10 de abril de 2011, firmada por el personal adscrito a la Estación de Policía González, en la que el comandante de estación imparte instrucciones en materia de seguridad, así: “El personal no debe realizar patrullajes por el perímetro rural, ni realizar Puestos de Control sin la autorización del Comandante de Estación.” (fls. 193-196).
• Copia simple del Acta 0178 del 2 de mayo 2011, firmada por el personal adscrito a la Estación de Policía González, en la que el comandante de estación imparte instrucciones en materia de seguridad, así: “El comando de estación recalca al personal a todo el personal [sic] que para movilizarse por fuera de la jurisdicción del perímetro urbano, es bajo orden del señor comandante de estación quien realizar[á] las coordinaciones con el ejército y comando de distrito. En todo momento se debe tener en cuenta las informaciones de inteligencia y las consignas emitidas por el comando de distrito, comando operativo y las demás informaciones de inteligencia, que dan cuenta de las pretensiones de los grupos al margen de la ley. […] Cuando se realicen desplazamientos por las veredas y corregimiento[s] del municipio se debe realizar todas las coordinaciones con ejército y demás fuerza pública que exista por la jurisdicción y previa autorización del comando de estación.” (fls. 197-198).
• Copia simple del Acta 0194 del 18 de mayo 2011, firmada por el personal adscrito a la Estación de Policía González, en la que el comandante de estación imparte instrucciones en materia de seguridad, así: “El personal NO debe realizar patrullajes por el perímetro rural, ni realizar Puestos de Control sin la Autorización del Comandante de Estación” (fls. 199-201).
• Copia simple del Acta 0260 del 4 de julio de 2011, firmada por el personal adscrito a la Estación de Policía González, en la que el comandante de estación imparte instrucciones en materia de seguridad, así: “Igualmente se recuerda que en aquellos casos cuando se requiera desarrollar operaciones especiales en áreas rurales por parte de miembros de la Policía Nacional, en cualquiera de las diferentes jurisdicciones, se efect[ú]e una coordinación previa con el Comandante Militar de las unidades ubicadas en la respectiva zona, o si se considera prudente, con un nivel superior para prever la ocurrencia de incidentes que produzcan p[é]rdidas humanas” (fls. 202-205).
• Copia simple del Acta 0275 del 12 de julio 2011, firmada por el personal adscrito a la Estación de Policía González, en la que el comandante de estación imparte instrucciones en materia de seguridad, así: “Concientizar a nuestro personal para que especialmente en los desplazamientos adopten las medidas de seguridad necesarias y efectivas que permitan minimizar riesgos” (fls. 206-209).
• Copia simple del Acta 0302 del 12 de julio 2011, firmada por el personal adscrito a la Estación de Policía González, en la que el comandante de estación imparte instrucciones en materia de seguridad, así: “En cumplimiento de informaciones llegadas por intermedio de los códigos Diansa 173 emitidos durante el presente mes de julio, el personal de la unidad, para salir del perímetro urbano debe realizar la coordinación previa con el comando de estación. […] Todo el personal de la unidad cuando realice desplazamiento en el área rural debe extrema[r] las medidas de seguridad, adaptando las acciones aprendidas para cruzar obstáculos, toma y posicionamiento estratégico” (fls. 210-212).
• Copia simple de la declaración rendida por el IT. José Germán Ceballos Sánchez, comandante de estación, dentro de la indagación preliminar iniciada por la Oficina de Control Disciplinario de la Inspección General de la Policía del Cesar, por los hechos ocurridos el 27 de agosto de 2011 (fls. 213-2015).
5.1. Tribunal Administrativo del Cesar.
5.2. Ministerio de Defensa-Policía Nacional.
Dentro del término de rigor, el Ministerio de Defensa - Policía Nacional impugnó la anterior decisión, ratificándose en todo lo manifestado en su escrito de respuesta.
De acuerdo con la situación fáctica expuesta en los antecedentes de esta providencia, le corresponde a la Corte establecer, si la sentencia proferida en segunda instancia dentro del proceso contencioso de reparación directa, promovido por Juan Marcos Castañeda Osorio, Ana Clara Monsalve Gómez, Mariluz Castañeda Monsalve, Cristian Mauricio Castañeda Monsalve y Jhon James Castañeda Monsalve contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, vulnera sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral, por disminuir en un cincuenta por ciento (50%) el monto de la indemnización reconocida a su favor, bajo el supuesto de haberse acreditado una concurrencia de culpas.
3.1. La posibilidad de controvertir las decisiones judiciales a través del ejercicio de la acción de tutela, ha sido objeto de un amplio proceso de elaboración jurisprudencial por parte de esta corporación, tanto por vía de control concreto de constitucionalidad, como a través del control abstracto. Bajo esta premisa, se ha llegado a considerar que la acción de tutela contra providencias judiciales constituye un mecanismo idóneo y eficaz para garantizar la primacía, prevalencia y efectividad de los derechos constitucionales fundamentales, cuya realización es uno de los pilares esenciales del Estado Social y democrático de derecho(2).
3.3. En ese sentido, dada la naturaleza supletiva de la acción de tutela, la misma no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos en el ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos de manera preferente, como quiera que, a través de su ejercicio, no se busca reemplazar los procedimientos ordinarios o especiales y, menos aún, pretermitir los mecanismos que dentro de estos se han establecido para controvertir las decisiones que se adopten(3).
3.4. Siguiendo esta línea interpretativa, el carácter excepcional y restrictivo al que se ha hecho expresa referencia, conduce necesariamente a afirmar que solo procederá la acción de tutela contra providencias judiciales, “en aquellos eventos en que se establezca una actuación del juzgador, manifiestamente contraria al orden jurídico y violatoria de derechos fundamentales, en especial, de los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. En estos casos, el control en sede de amparo constitucional se justifica, toda vez que los pronunciamientos judiciales que no se ajustan a las reglas preestablecidas, y que afectan de forma indebida los derechos fundamentales, constituyen, en realidad, una desfiguración de la actividad judicial, que termina por deslegitimar la autoridad confiada al juez para administrar justicia, y que debe ser declarada constitucionalmente para dar primacía al derecho sustancial y salvaguardar los derechos fundamentales de los administrados”(4).
3.7. Respecto de los primeros, denominados también requisitos formales, indicó que se trata de aquellos presupuestos cuyo cumplimiento forzoso es condición necesaria para que el juez constitucional pueda entrar a valorar, de fondo, el asunto puesto en su conocimiento. En cuanto a los segundos, llamados requisitos materiales, señaló que corresponden, específicamente, a los vicios o defectos presentes en el fallo judicial y que constituyen la fuente de vulneración de los derechos fundamentales. (5)
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable(7). De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible(10). Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado [dentro] del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela(11). Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas”(12) (Negrilla fuera del texto original).
— Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos. Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien debe determinar, conforme a los criterios de la sana critica, y en virtud de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso concreto. El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no solo es autónomo sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
— Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, ‘[e]l error en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto’(13).
f. Error inducido o por consecuencia. Tiene lugar, en los casos en que el juez o tribunal ha sido víctima de un engaño por parte de terceros, y ese engaño lo conduce a la adopción de una decisión que afecta derechos fundamentales. En estos eventos, la providencia judicial se soporta en hechos o situaciones en cuya realización participan personas obligadas a colaborar con la administración de justicia -autoridades o particulares–, y cuyo manejo irregular induce en error al funcionario judicial, con grave perjuicio para los derechos fundamentales de alguna de las partes o de terceros.
i. En violación directa de la Constitución. La misma tiene lugar, entre otros eventos, cuando, amparada en la discrecionalidad interpretativa, la decisión judicial se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados amparados por la Carta Política”(14).
3.12. En efecto, se observa que (i) la cuestión que se discute resulta de indudable relevancia constitucional, toda vez que se persigue la protección efectiva de los derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral de los demandantes, presuntamente trasgredidos por el Tribunal Administrativo del Cesar, como consecuencia de una decisión judicial proferida en el marco de un proceso de reparación directa que ha cobrado firmeza; (ii) también es claro que durante el trámite del medio de control de reparación directa, los actores desplegaron todos los mecanismos de defensa judicial a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales, pues contra la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Valledupar, interpusieron el recurso de apelación, el cual fue tramitado y resuelto por el Tribunal Administrativo del Cesar, siendo esta última sentencia el objeto de la presente providencia. En este punto específico es conveniente precisar que, aun cuando por expreso mandato del artículo 248 del Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), contra las sentencias dictadas por los Tribunales Contencioso Administrativos, en segunda instancia, procede el Recurso Extraordinario de Revisión, no es posible invocarlo en el presente asunto, toda vez que este no se enmarca en ninguna de las causales de revisión que prevé el artículo 250 de la citada norma; (iii) adicionalmente, se tiene que la acción de tutela de la referencia fue promovida en un término razonable y proporcional al hecho que originó la presunta vulneración, pues tan solo trascurrió un (1) mes y veinticuatro (24) días desde que se profirió la sentencia de segunda instancia hasta la presentación de la acción de tutela(15); (iv) del mismo modo, considera la Corte que los demandantes identificaron claramente los hechos que, a su juicio, generaron la vulneración alegada y los derechos fundamentales presuntamente infringidos, aspectos que fueron abordados en el trámite contencioso administrativo; (v) finalmente, es patente que la sentencia objeto de discusión no corresponde a un fallo de tutela.
4. La obediencia debida como eximente de responsabilidad. Reiteración jurisprudencial.
Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden”(16).
“... el perentorio mandato consagrado en el artículo [18] de la Constitución vigente permite al subalterno reclamar el derecho inalienable de no ser obligado a actuar en contra de su conciencia, lo cual conduce necesariamente a distinguir, en el campo de la obediencia militar, entre aquella que se debe observar por el inferior para que no se quiebre la disciplina y la que, desbordando las barreras del orden razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones impartidas por el superior.
“Obligado en esos términos el Estado colombiano, mediante un convenio internacional que, por otra parte, es hoy fuente interpretativa sobre el alcance de los derechos y deberes de rango constitucional (artículo 93 Constitución Política), mal podría prohijarse actualmente una concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense”(17).
Estas prohibiciones del derecho internacional humanitario, por su vínculo evidente y directo con la protección a la vida, la dignidad y la integridad de las personas, tienen además una consecuencia constitucional de gran trascendencia, puesto que ellas implican una relativización, en función de estos trascendentales valores constitucionales, del principio militar de obediencia debida consagrado, por el inciso segundo del artículo 91 de la Carta. En efecto, esta corporación ya había señalado que, como es necesario conciliar la disciplina castrense con el respeto de los derechos constitucionales, es inevitable distinguir entre la obediencia militar ‘que se debe observar por el inferior para que no se quiebre la disciplina y la que, desbordando las barreras del orden razonable, implica un seguimiento ciego de las instrucciones impartidas por el superior’”(18) (negrilla fuera del texto original).
4.5. Posteriormente, al decidir sobre la constitucionalidad del art 15 del Decreto 0085 de 1989(19) conforme al cual, “[l]a responsabilidad de toda orden militar recae en quien la emite y no en quien la ejecuta”, en la Sentencia C-578 de 1995 la Corte volvió a reiterar su posición y condicionó la exequibilidad de dicha norma, siempre que se entienda que las órdenes militares violatorias de los derechos fundamentales intangibles e inescindibles de la dignidad humana no deben ser ejecutadas y que, en caso de serlo, tales órdenes no podrán ser alegadas como eximentes de responsabilidad. En esa oportunidad, indicó lo siguiente:
“Si el inferior es consciente de que su acto de ejecución causará con certeza la violación de un derecho fundamental intangible de alguna persona y, no obstante, lo realiza, pudiéndolo evitar, actuará de manera dolosa. Si se admite que la Constitución, en este caso, ha condonado el dolo, se tendrá que aceptar que ella ha consentido en crear el germen de su propia destrucción. La idea de Constitución, por lo menos en un régimen no totalitario, es incompatible con la existencia en la sociedad y en el Estado de sujetos con poderes absolutos. La corte rechaza resueltamente la tesis de la exoneración absoluta de responsabilidad del militar subalterno porque si pese a su dolo aquella se mantiene, su poder adquiere una dimensión inconmensurable, capaz de erradicar todo vestigio de derecho, justicia y civilización”(20) (negrilla fuera del texto original).
4.6. A su turno, mediante la Sentencia C-431 de 2004, al declarar inexequible la exigencia contenida en el artículo 33 de la Ley 836 de 2006(21), según la cual, el subalterno debe exponer al superior las razones de su negativa a cumplir la orden respecto de la cual advierta que puede derivarse manifiestamente la comisión de una conducta punible o una infracción disciplinaria o fiscal, la Corte sostuvo:
Así las cosas, el deber de advertencia a que hace referencia la norma demandada, que debe cumplirse para justificar la negativa a obedecer órdenes inconstitucionales o ilegales, significa la imposición de una carga excesiva a fin de poder incumplir esa categoría de órdenes. Dado que de tal cumplimiento se derivan consecuencias antijurídicas, la Corte estima desproporcionada tal exigencia, por lo cual retirará del ordenamiento jurídico la expresión “y deberá exponer al superior las razones de su negativa”, contenida en el artículo 33 acusado”(22) (negrilla fuera del texto original).
4.7. El rechazo de la concepción absoluta y ciega de la obediencia castrense fue finalmente recogido en la Sentencia C-540 de 2012, con ocasión del control previo de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria que dio lugar a la Ley 1621 de 2013(23). Con fundamento en las consideraciones vertidas en las sentencias C-225 de 1995 y C-431 de 2004, la Corte declaró la exequibilidad pura y simple de la previsión legal contenida en el artículo 15 del citado proyecto de ley, según la cual “[l]a obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad por quien ejecuta la operación de inteligencia cuando ésta suponga una violación a los derechos humanos o una infracción al Derecho Internacional Humanitario -DIH- y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”(24).
4.8. Así las cosas, hasta lo aquí expuesto es claro que el principio de obediencia debida previsto en el artículo 91 Superior, si bien es cierto exonera de responsabilidad constitucional al militar que ejecuta la orden de servicio impartida por su superior, también lo es que, de acuerdo con el alcance fijado por esta corporación, no lo hace de manera total o irrestricta, pues la prevalencia de los derechos fundamentales intangibles e inescindibles de la dignidad humana(25) y la vigencia de un orden justo, imponen el rechazo de la concepción absoluta de dicho principio en tratándose del cumplimiento de una orden de servicio manifiestamente antijurídica o ilegítima, caso en el cual deberá asumir su responsabilidad el agente que la ejecute.
En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 1015 de 2006, por medio de la cual se expide el Régimen Disciplinario para la Policía Nacional, “[l]a disciplina es una de las condiciones esenciales para el funcionamiento de la Institución Policial e implica la observancia de las disposiciones Constitucionales, legales y reglamentarias que consagran el deber profesional”(26).
Dentro de los deberes profesionales de los miembros de la Policía Nacional se encuentra el de cumplir las órdenes de sus superiores. A este respecto, el artículo 28 de la misma ley define la orden como “la manifestación externa del superior con autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar”(27) y, precisa, que esta “debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con el servicio o función”(28) (negrilla fuera del texto original).
5.1. Análisis de la acusación formulada por desconocimiento del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado.
En esta oportunidad, se recuerda, la inconformidad de los demandantes con el fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar el 26 de noviembre de 2015 radica en que, pese a que declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por el daño antijurídico causado con ocasión de la falla en el servicio que condujo a la muerte del patrullero Juan Carlos Castañeda, redujo el quantum indemnizatorio en un 50%. Ello, tras considerar que en el caso planteado existió concurrencia de culpas, como quiera que la víctima tampoco observó los protocolos de seguridad previamente informados, siendo determinante su actuar en la producción del daño.
5.1.1. La sentencia del 11 de junio 2014, proferida por la Sección Tercera-Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
5.1.1.2. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda accedió parcialmente a las súplicas de la demanda, tras hallar probada la falla en el servicio, consistente en el incumplimiento, por parte del capitán al mando del operativo, del “instructivo de ataques subversivos” que se había dado a conocer a todo el personal, en el que se impartían órdenes precisas en materia de seguridad, como la de coordinar cualquier plan de defensa o desplazamiento de agentes con el Ejército Nacional. En consecuencia, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación por el daño antijurídico causado a los demandantes, pero la condenó a indemnizar únicamente los perjuicios morales, pues, respecto de los perjuicios patrimoniales –lucro cesante–, consideró que no había lugar a tal reconocimiento, como quiera que ya se le había otorgado a la esposa y a la hija de la víctima una pensión por muerte.
Para la entidad demandada –a pesar de que en cada intervención cambiaba su argumento de defensa, circunstancia que no se acompasa [con] los principios que deben orientar una entidad pública, en especial con la coherencia en la argumentación– expuso que el daño se había ocasionado como consecuencia de la intervención de un tercero.
Finalmente basta decir que, como también lo expuso la entidad demandada, en el evento que el Capitán Chávez no contara con la experiencia suficiente para ejercer el cargo de Comandante de un Distrito de Policía –como se puede deducir de los testimonios rendidos–, tal circunstancia lejos de ser una causal de exoneración de la entidad, por el contrario, constituye una irregularidad adicional imputable a la parte demandada, comoquiera que es su deber y obligación elegir al personal idóneo para cumplir las tareas que le corresponden, más aún cuando la zona era considerada de alto riesgo por la presencia de grupos al margen de la ley.
En consecuencia, se repite, dado que el daño antijurídico causado a los demandantes devino de la conducta irregular de la entidad demandada y, por ende, el caso de la emboscada por parte de un grupo al margen de la ley a una patrulla de la Policía Nacional ocurrida en la vía que del Municipio de Belén de Umbría conduce al Municipio de Mistrató, Departamento de Risaralda, el día 4 de julio de 2000, se ubica en el plano de la falla en el servicio, puesto que se comprobó que hubo un comportamiento negligente y descuidado de la entidad demandada en cuanto a la atención de los deberes de planeación, protección y seguridad que debió brindar a sus propios funcionarios, se impone la confirmación de la sentencia en lo que a este aspecto se refiere.(29)” (Negrilla fuera del texto original)
5.1.2. El fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Cesar el 26 de noviembre de 2015 desconoce el precedente de la Sección Tercera-Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado.
Sobre el particular, es menester recordar que la Corte ha sido enfática en señalar que “los jueces están en el deber de respetar y aplicar en situaciones análogas, aquellas consideraciones jurídicas cierta y directamente relacionadas que emplearon los jueces de mayor jerarquía y los órganos de cierre para resolverlos, a menos que expresen razones serias y suficientes para apartarse”(30). En tal virtud, “los funcionarios judiciales que en sus providencias se distancian del precedente sentado por los órganos encargados de unificar jurisprudencia, sin cumplir con la carga de argumentación estricta, entendida esta como el deber de demostrar de manera adecuada y suficiente, las razones por las cuales se apartan, configura lo que la jurisprudencia constitucional ha denominado defecto por desconocimiento del precedente, que hace procedente la acción de tutela contra providencia judicial”(31).
5.2. Revisión de la providencia judicial objeto de cuestionamiento a la luz del defecto fáctico por incorrecta valoración probatoria.
5.2.2. Como se indicó en la parte considerativa de esta providencia (§3.9), en términos generales, el defecto fáctico es aquel que “surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”(32). Se configura, entonces, siempre que existan fallas sustanciales en la decisión, atribuibles a deficiencias probatorias del proceso.
“En cumplimiento de informaciones llegadas por intermedio de los códigos DIANSA 173 emitidos durante el presente mes de julio, el personal de la unidad, para salir del perímetro urbano debe realizar la coordinación previa con el comando de estación. […] Todo el personal de la unidad cuando realice desplazamiento en el área rural debe extrema[r] las medidas de seguridad, adaptando las acciones aprendidas para cruzar obstáculos, toma y posicionamiento estratégico” (negrilla fuera del texto original).
5.2.4. Bajo ese contexto, ningún reproche merece lo resuelto por el Tribunal Administrativo del Cesar en cuanto declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional por la falla en el servicio que ocasionó la muerte del PT. Juan Carlos Castañeda Monsalve. Sin embargo, cuestión distinta amerita la decisión de reducir el quantum indemnizatorio por considerar que existió concurrencia de culpas, pues tal determinación comporta, indudablemente, un defecto fáctico por incorrecta valoración probatoria.
5.2.7. Así las cosas, concluye la Sala que la providencia dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar el 25 de noviembre de 2015, en el marco del proceso de reparación directa promovido por los actores contra la Nación - Ministerio de Defensa - Policía Nacional, además del desconocimiento del precedente judicial, adolece de un defecto fáctico por incorrecta valoración probatoria.
1. REVOCAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo de segunda instancia proferido, el 1º de junio de 2016, por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, dentro de la acción de tutela instaurada por Juan Marcos Castañeda Osorio, Ana Clara Monsalve Gómez, Mariluz Castañeda Monsalve, Cristian Mauricio Castañeda Monsalve y Jhon James Castañeda Monsalve contra el Tribunal Administrativo del Cesar. En su lugar, CONFIRMAR la sentencia de primera instancia dictada por la Sección Segunda-Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el 19 de febrero de 2016, que (i) concedió el amparo del derecho fundamental al debido proceso de los demandantes; (i) dejó sin efectos la providencia del 26 de noviembre de 2015, dictada por el Tribunal Administrativo del Cesar; y (iii) ordenó, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación, emitir una decisión de reemplazo tomando como referente las consideraciones expuestas en dicho proveído.
1 Consejo de Estado, Sección Tercera-Subsección A. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón (E). 11 de junio de 2014. Radicación 29359.
2 Sobre el particular, consultar, entre otras, las sentencias T-217 de 2010, T-285 2010, T-707 de 2010, T-018 de 2011 y T-271 de 2013.
3 Consultar, entre otras, las sentencias T-500 de 1995 y T-285 de 2010.
4 sentencias T-271 de 2013 y T-047 de 2014.
5 Sobre el particular, consultar, entre otras, las sentencias C-590 de 2005, T-789 de 2008, T-217 de 2010, T-285 de 2010, T-973 de 2011, T-271 de 2013, SU-625 de 2015 y T-247 de 2016.
6 Sentencia 173 de 1993, cuyo pronunciamiento ha sido reiterado en las sentencias T-707 de 2010, T-037 de 2015 y T-247 de 2016.
7 Sentencia T-504 de 2000 y T-037 de 2015.
8 Consultar, entre otras, las sentencias T-315 de 2005 y T-343 de 2012.
9 Sentencia T-008 de 1998, reiterada recientemente en las sentencias T-271 de 2013, T-037 de 2015 y T-247 de 2016.
10 Sentencia T-658 de 1998, reiterada recientemente en las sentencias T-271 de 2013, T-037 de 2015 y T-247 de 2016.
11 Sentencias T-088 de 1999, SU-1219 de 2001 y T-271 de 2013.
13 Sentencia T-590 del 2009.
14 Acápite contenido en las sentencias T-271 de 2013 y SU-625 de 2015.
15 Enero 19 de 2016.
16 Constitución Política, artículo 91.
17 Sentencia T-409 de 1992.
18 Sentencia C-225 de 1995.
19 “Por el cual se reforma el Reglamento de Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”.
20 Sentencia C-578 de 1995.
21 “Por la cual se expide el reglamento del Régimen Disciplinario para las Fuerzas Militares”.
22 Sentencia C-431 de 2004.
23 “Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el marco jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”.
24 Proyecto de ley estatutaria número 263 de 2011 Senado, 195 de 2011 Cámara, artículo 15.
25 Ley 137 de 1994, artículo 4º.
26 Ley 1015 de 2006, artículo 25.
27 Ley 1015 de 2006, artículo 28.
29 Consejo de Estado, Sección Tercera-Subsección A de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Hernán Andrade Rincón (E). 11 de junio de 2014. Radicación 29359.
30 Sentencia T-153 de 2015.