Source: https://www.asbabogados.com.ar/igj-resolucion-11-2020
Timestamp: 2020-06-06 18:29:17
Document Index: 194301436

Matched Legal Cases: ['Artículo 239', 'Artículo 158', 'artículo 100', 'artículo 1', 'artículo 84', 'artículo 2', 'artículo 360', 'artículo 3', 'artículo 84', 'artículo 360']

IGJ Resolución 11/2020 | asbabogados
IGJ - Resolución 11/2020
La Inspección General de Justicia dio el paso que tanto esperábamos
El 26 de marzo, la Inspección General de Justicia- en adelante IGJ- publicó una inédita Resolución en relación a cómo deben comportarse las sociedades en este momento que nos encontramos atravesando.
Esto ya lo habíamos advertido en el artículo “Impacto del aislamiento social para la celebración de reuniones de los órganos sociales”[1], escrito hace 2 días. En consecuencia,, la presente Resolución continúa con la línea dictada por la Comisión Nacional de Valores en su comunicación emitida el 17 de marzo del corriente.
A continuación, dividiremos la resolución 11/2020 dictada por la IGJ en tres secciones:
1. Aclaraciones sobre la utilización de medios electrónicos para la celebración de Asambleas y/ Reuniones de los órganos sociales:
Primero, la Resolución 11/2020 aclara que el Artículo 239 de la Ley General de Sociedades N. 19550- en adelante LGS no prohíbe pero tampoco expresa de forma concreta que las sociedades anónimas y de comandita simple se encuentran facultadas para celebrar sus reuniones a distancia.
Luego, realiza una aclaración respecto al Art. 233 de la LGS que hace referencia a que los accionistas deben reunirse en la sede social o dentro de la jurisdicción del domicilio social para celebrar las Asambleas. Respecto a esto la IGJ aclara que esta norma no se debe interpretar de forma restrictiva, es decir, si todos los accionistas se encuentran en consenso para celebrar la Asamblea a distancia (por medios electrónicos) y no tiene consecuencias negativas para ninguno de ellos, lo pueden realizar libremente. Y de esta manera la IGJ entenderá que todos se encuentran bajo la misma jurisdicción de acuerdo al Art. 233 de la LGS.
Respecto a este último punto, hago una breve reflexión: lo que acaba de aclarar la IGJ no es menor ya que de esta manera, se aceleran los pasos en la celebración de las Asambleas. Muchas veces las mismas no se pueden celebrar porque uno de los accionistas no se encuentra en el país, pero teniendo en cuenta lo dicho por el Organismo, ahora si media consenso no existe inconvenientes para la celebración de la misma.
Seguidamente, hace referencia al Art. 238 de la LGS que establece que “los accionistas o sus representantes deben firmar el libro de asistencia a fin de dejar constancia de su presencia y quórum.” Esto era claramente otro obstáculo para las sociedades. Pero, en esta resolución IGJ aclara que esto no debe ser interpretado como un obstáculo y que hoy en día se puede constatar la presencia y quórum por medios electrónicos o digitales como puede ser la grabación, dejando constancia que luego se transcribirá dicha asamblea al libro rubricado.
2. Aclaraciones sobre la interpretación de nuestro Ordenamiento Jurídico en relación a la prelación normativa.
La segunda parte de la Resolución se expide de manera muy interesante sobre la prelación de normas ya que estos días, mientras la IGJ no emitía comunicado al respecto, se utilizó de manera supletoria el Artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación –en adelante CCyCN- para la celebración de las reuniones societarias. Dicho artículo expresa que: “El estatuto debe contener normas sobre el gobierno, la administración y representación y, si la ley la exige, sobre la fiscalización interna de la persona jurídica. En ausencia de previsiones especiales rigen las siguientes reglas: a) si todos los que deben participar del acto lo consienten, pueden participar en una asamblea o reunión del órgano de gobierno, utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos. El acta debe ser suscripta por el presidente y otro administrador, indicándose la modalidad adoptada, debiendo guardarse las constancias, de acuerdo al medio utilizado para comunicarse.”
Atento a no tener normativa acorde a la situación, las sociedades comenzaron a utilizar esta norma para justificar su celebración de actos de forma remota, más allá de tenerlo o no indicado en el Estatuto social, como lo exige, hasta ahora, la IGJ.
En este sentido, el Art. 150 del CCyCN establece que las personas jurídicas se rigen por el siguiente orden normativo: “1. Por las normas imperativas de la ley especial o, en su defecto, de este Código; 2. Por las normas del acto constitutivo con sus modificaciones y de los reglamentos, prevaleciendo las primeras en caso de divergencia; 3. Por las normas supletorias de leyes especiales, o en su defecto, por las del Código Civil y Comercial de la Nación”. A este artículo debemos sumarle el Art. 2 del CCyCN que expresa que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento.
La IGJ se detiene en este punto para aclarar que mientras las normas de nuestro ordenamiento no se contrapongan y tengan el mismo criterio, no debemos enfocarnos en su prelación. En este sentido, debemos mirar la finalidad de la norma que es la protección de las personas jurídicas como así también colaborar a facilitar el funcionamiento de estas. A continuación, citaremos la respectiva Resolución para que se entienda con total claridad lo expresado: “(…) en la medida en que las normas regulatorias de la persona jurídica privada prevista en los artículos 141 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación no afecten intereses jurídicos protegidos por normas imperativas o de orden público del ordenamiento societario, corresponde integrar las normas ambos sistemas jurídicos en la medida que no resulten contradictorias.”
Finalmente, respecto a este tema, la IGJ acepta que debemos posibilitar a los órganos sociales utilizar los medios electrónicos para favorecer el desarrollo económico de los mismos. Por este motivo la LGS hace extensiva la aplicación del Art. 158 del CCyCN en relación a todos los tipos societarios. Y agrega que no podemos ir contra las medidas de emergencia sanitaria dictadas por nuestro Gobierno y se deben tomar todas las medidas alineadas con las indicaciones principales, que son la prevención y el aislamiento.
Por último, IGJ hace una referencia ligera sobre un principio fundamental que hoy debemos utilizar más que nunca: la interpretación normativa debe ajustarse al principio de conservación de la empresa prevista por el artículo 100 de la Ley N° 19.550.
En su última parte, la Resolución IGJ 11/2020 realiza reformas a dos artículos de la resolución IGJ 7/2015:
3. Reformas a la Resolución IGJ 7/2015
El artículo 1 de la Resolución IGJ 11/2020 procede a modificar el artículo 84 de la Resolución IGJ 7/2015 e indica que “El estatuto de las sociedades sujetas a inscripción ante el Registro Público a cargo de este Organismo podrá prever mecanismos para la realización de las reuniones del órgano de administración o de gobierno a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos (…)”
Anteriormente a esta concepción, la resolución 7/2015 indicaba que se permitían mecanismos para la realización no presencial de la asamblea , lo que hoy entendemos que es una gran contradicción y por esto su debida reforma.
Asimismo, la reforma del artículo agrega que para configurar validez en una asamblea o reunión de forma remota o a distancia, se deben tener en cuenta las siguientes garantías estatutarias: (i) libre accesibilidad de todos los participantes a las reuniones; (ii) posibilidad de participar de la reunión a distancia mediante plataformas que permitan la transmisión en simultáneo de audio y video; (iii) participación con voz y voto de todos los miembros y del órgano de fiscalización, en su caso; (iv) que la reunión celebrada de este modo sea grabada en soporte digital; (v) que el representante conserve una copia en soporte digital de la reunión por el término de 5 años, la que debe estar a disposición de cualquier socio que la solicite; (vi) que la reunión celebrada sea transcripta en el correspondiente libro social, dejándose expresa constancia de las personas que participaron y estar suscriptas por el representante social. (vii)que en la convocatoria y en su comunicación por la vía legal y estatutaria correspondiente, se informe de manera clara y sencilla cuál es el medio de comunicación elegido y cuál es el modo de acceso a los efectos de permitir dicha participación.
Respecto a estas garantías, debemos hacer una salvedad en la número (v) –indicada en cursiva- ya que la misma nos da a entender que si el acta de asamblea o de gobierno se encuentra en soporte digital sigue siendo igualmente válida aunque no esté en su libro físicamente. Entendemos que en un futuro no muy lejano podremos prescindir los libros sociales físicos como hoy se conocen y resguardar nuestra documentación y registros de manera digital.
El artículo 2 de la Resolución 11/2020 procede a reformar el artículo 360 de la Resolución 7/2015, inciso (6) sobre las Asociaciones Civiles, a saber: “(…). La realización de las reuniones del órgano de administración o de gobierno a distancia utilizando medios que les permitan a los participantes comunicarse simultáneamente entre ellos (…)”
Antes de esta reforma, este artículo cometía la misma contradicción que el 84 de la Res. IGJ 7/2015, si bien no prohibía que haya actos celebrados por medios digitales, obligaba que “el quórum de las mismas se configure con la presencia física en el lugar de celebración de los integrantes necesarios para ello y que la regulación estatutaria garantice la seguridad de las reuniones y la plena participación de todos los miembros de dicho órgano y del órgano de fiscalización, en su caso”. En consecuencia con esta reforma, este párrafo se elimina para que realmente las reuniones a distancia sean celebradas de ese modo por todos los miembros configurándose su presencia y quórum a través de una plataforma digital que graba dicho acto y da registro del mismo.
Al final de este artículo se agregan las mismas garantías estatutarias explicadas en el ítem anterior pero en este caso se suma una más, a saber: “La integración del Órgano de Fiscalización con miembros no asociados” ya que estamos hablando de Asociaciones Civiles.
El artículo 3 de la Resolución 11/2020 hace una disposición muy importante en torno a todo este nuevo esquema de funcionamiento. La IGJ aclara que durante este periodo de aislamiento se admitirán las reuniones del órgano de administración o de gobierno de sociedades, asociaciones civiles o fundaciones celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando sean celebrados con todos los recaudos previstos, según corresponda, en los artículos 1° (Reforma del artículo 84 de la Res. IGJ 7/2015) o 2° (Reforma del artículo 360 de la Res. IGJ 7/2015) de la presente resolución, aún en los supuestos en que el estatuto social no las hubieran previsto.
Pero, transcurrido este periodo únicamente se aceptaran la celebración de las reuniones del órgano de administración o de gobierno celebradas a distancia mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales, cuando los estatutos sociales expresamente lo prevean en términos de los artículos 84 o 360 de la Resolución General 7/2015. Es decir, transcurrido el periodo de aislamiento, las sociedades que no prevean esto en su estatuto, lo deberán reformar para que las asambleas y/o reuniones celebradas a distancia sean válidas y sin cuestionamientos por parte de la IGJ.
En conclusión, entendemos que la presente Resolución es de suma importancia para la facilitación del funcionamiento de las personas jurídicas. Hoy día, no puede ser posible pensar que una asamblea conlleva a un trastorno para los miembros de la sociedad y entendemos congruente que las mismas se puedan realizar por medios digitales ya que muchas veces los miembros tienen actividades en relación a la sociedad que no pueden llevar a cabo por cumplir con un mero requisito formal que impone la IGJ. Y esto en definitiva, conlleva a un detrimento económico para la sociedad a largo plazo.
De todas formas, la IGJ podría haber habilitado las Reuniones y Asambleas a distancia sin necesidad de reformar el Estatuto cuando el periodo de aislamiento termine. Igualmente, esta última apreciación no quita mérito a le presente Resolución sumamente favorable para las personas jurídicas.
Todos los derechos del presente artículo pertenecen a ASB Abogados y su violación hará susceptible al infractor y difusor de las infracciones que por derecho correspondan según la ley 11.723 y concordantes, como así también de las normas de aplicación del Cógido Penal.
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