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Timestamp: 2017-01-18 16:24:03
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'in fine', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'ARTÍCULO 82', 'artículo 87', 'artículo 85', 'artículo 85', 'artículo 17']

⭐EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODERNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE: REVISIÓN O REFORMA
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Marcos Botella Henríquez
1 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODERNIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE: REVISIÓN O REFORMA Rafael ALLENDESALAZAR CORCHO Abogado-Socio. Martínez Lage & Asociados In focussing on consumer welfare, one must not fall into the trap of seeing competition policy as a tool of active policy intervention designed to correct the inefficiencies associated with monopolies and oligopolies so as to maximize some measure of welfare. Competition policy is based on the principle that competition itself is the best mechanism for avoiding inefficiencies, so the competition authority should not try to let its own intervention replace the role of competition in the market place. The powers given to the competition authority are, with very few exceptions, powers to prohibit certain behaviours and certain developments, not powers to actively determine where the market participants should be going. Economic Advisory Group for Competition Policy (EAGCP) An economic approach to art. 82 EC. July 2005 [c]ompetition is a ruthless process. A firm that reduces cost and expands sales injures rival (...) These injuries to rivals are byproducts of vigorous competition, and the antitrust laws are not balm for rivals wounds Juez EASTERBROOK Ball Meml Hosp., Inc. v. Mutual Hosp. Ins., Inc., 784 F. 2d 1325, 1338 (7th Cir. 1986). Y para los juristas que ven con temor la irrupción de los economistas en el mundo del Derecho de la competencia:2 156 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO The purpose of studying economics is not to acquire a set of ready-made answers to economic questions, but to learn how to avoid being deceived by economists. Joan ROBINSON 1. INTRODUCCIÓN Desde que hace algo más de dos años el entonces comisario Mario Monti anunciara públicamente que la Dirección General de Competencia había iniciado un proceso interno de revisión de su política en relación al art. 82 TCE, se ha abierto un intenso debate acerca de la oportunidad y el alcance de esta revisión. Además, con independencia de cuál termine siendo la intensidad de este proceso, lo cierto es que no va a limitar sus efectos al ámbito de la política europea de la competencia. En virtud de la creciente descentralización en la aplicación de los arts. 81 y 82 TCE y de los principios que rigen las relaciones entre los Derechos comunitario y nacionales de la competencia, dicha reforma también está llamada a incidir directamente sobre las políticas nacionales de la competencia. En efecto, el art. 3 del Reglamento 1/ dispone que cuando las autoridades de competencia de los Estados miembros o los órganos jurisdiccionales nacionales aplican el Derecho nacional de la competencia a una práctica abusiva prohibida por el art. 82 TCE, tienen la obligación de aplicar también a la misma dicho artículo. En este sentido, conviene recordar un matiz con el art. 81 TCE: mientras que el art. 3 del Reglamento 1/2003 expresamente obliga a los Estados miembros a aplicar el Derecho nacional de la competencia de forma que no se prohíban prácticas que no restrinjan la competencia en el sentido de su apartado 1 o que estén cubiertas por una exención en virtud de su apartado 3, en el ámbito de los comportamientos unilaterales de las empresas se permite expresamente a los Estados miembros adoptar y aplicar en sus respectivos territorios legislaciones nacionales más estrictas 2. Ahora bien, esta disposición no constituye una limitación del principio de aplicación uniforme del Derecho comunitario de la competencia impuesto tanto a los órganos jurisdiccionales nacionales como a las autoridades de la competencia de los Estados miembros por el art. 16 del Reglamento 1/2003. En efecto, en la medida en que la legislación nacional contenga una disposición equivalente al art. 82 TCE, los órga- 1 Reglamento (CE) núm. 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los arts. 81 y 82 del Tratado (DO L1, de 4 de enero de 2003). 2 Art. 3.2 in fine del Reglamento 1/2003.3 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODENIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE nos administrativos y jurisdiccionales nacionales deberán aplicarla de forma compatible con los procedentes comunitarios, sin perjuicio de que esa misma legislación nacional pueda, además, sancionar otras conductas unilaterales distintas de las comprendidas en el art. 82 TCE 3. En definitiva, el proceso de revisión iniciado por la Comisón europea en el ámbito del art. 82 TCE presenta un gran interés, ya que está llamado a incidir directamente sobre la forma en que, tanto la Comisión europea como las autoridades y jueces nacionales, van a perseguir en el futuro los abusos de posición de dominio. 2. OPORTUNIDAD DE LA REFORMA De los dos elementos que integran el tipo del art. 82 TCE existencia de una posición de dominio y abuso de dicha posición, posiblemente los aspectos más polémicos de la reforma se refieren al nuevo enfoque que se le pueda dar a la figura del abuso. Antes de entrar a comentar cómo creemos que debería perfilarse en el futuro dicha figura, conviene recordar las razones por las que, en los últimos años, una gran mayoría de los comentaristas han criticado con dureza la forma en que la Comisión, con el respaldo entusiasta del Tribunal de Justicia, ha estado aplicando la noción de abuso y han venido clamando por una revisión en profundidad del ámbito de especial responsabilidad 4 impuesta a las empresas en posición de dominio. A) El art. 82 TCE ha permanecido ajeno al proceso de modernización del Derecho comunitario de la competencia y sigue anclado en una concepción formalista que ignora los efectos de las prácticas Frente al importante proceso de modernización que ha afectado en los últimos años tanto al 81 TCE como al control de concentraciones, la aplicación de la tercera pata del Derecho europeo de la competencia i.e. el art. 82 TCE ha permanecido inalterada, aferrada a una mecá- 3 A este respecto, el Considerando 8 del Reglamento 1/2003 afirma que: «las legislaciones nacionales más estrictas podrán incluir disposiciones que prohíban o impongan sanciones sobre comportamientos abusivos hacia empresas económicamente dependientes». Este es el caso precisamente del actual art. 6 LDC, el cual, tras su reforma por la Ley 52/1999 de reforma de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (BOE, núm. 311, del 29 de diciembre), incorpora la figura del abuso de la situación de dependencia económica. 4 Apartado 57 de la Sentencia Michelin I de 9 noviembre de 1983, Nederlandsde Banden Industrie Michelin/Comisión. (As. 322/81. Rec. Edición española, p ).4 158 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO nica reiteración de una serie de pronunciamientos adoptados por el Tribunal de Justicia hace ya muchos años 5, o a su descontextualización al extenderlos a supuestos de hecho sustancialmente diferentes de aquellos en los que tuvo lugar el pronunciamiento inicial del Tribunal 6. Como ha apuntado elocuentemente un comentarista, el art. 82 TCE ha quedado relegado a ser el último tren de vapor frente a la alta velocidad con la que circulan hoy en día tanto el art. 81 TCE como el control de concentraciones 7. El proceso de modernización que ha afectado al art. 81 TCE y a las concentraciones se ha caracterizado por consagrar un enfoque económico y el análisis casuístico de los efectos de las prácticas dentro del contexto económico y jurídico específico de cada mercado. Así, en el apartado 7 de las Directrices sobre restricciones verticales 8, la Comisión afirma expresamente que: «Cuando aplica las normas de competencia de la CE, la Comisión adoptará un enfoque económico basado en las consecuencias en el mercado; los acuerdos verticales han de analizarse en su contexto económico y jurídico» (negrita añadida). Estos nuevos aires no han alcanzado aún al art. 82 TCE, que continúa aplicándose con criterios esencialmente formalistas, ajenos a cualquier análisis económico de los efectos específicos de las prácticas en cada caso concreto. 5 P. LOWE, director general de competencia, reconocía, al comentar la conveniencia de revisar la aplicación del art. 82, que: «day-to-day enforcement of art. 82 so far has been to a large extent based upon a few important court judgements». P. LOWE, Conferencia en la Fordham Institute Antitrust Conference en octubre 2003 (http://europa.eu.int/comm/competition/speeches/text/sp2003 _040_en.pdf). Las principales sentencias que se siguen citando como fundamento de las actuales decisiones ex art. 82 TCE, pese a tener todas ellas más de diez años de antigüedad, son las dictadas en los asuntos Continental Can [Sentencia de 21 de febrero de 1973, Europemballage Corporation et Continental Can Company/Comisión (As. 6/72, Rec. p. 215)], Hoffmann-La Roche [Sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión (As. 85/76, Rec. p. 461)]; Michelin I [Sentencia de 9 de noviembre de 1983, Nederlandsde Banden Industrie Michelin/Comisión (As. 322/81, Rec. p. 3461)]; AKZO [Sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (As. C-62/86, Rec. p. I-3359)]; Hilti [Sentencia de 12 diciembre de 1991, Hilti/Commission (As. T-30/89, Rec. p. II-1439)]; British Gypsum [Sentencia de 1 de abril de 1993, BPB Industries y British Gypsum/Comisión (As. T-65/89, Rec. p. II-389)]; Tetra Pack [Sentencia de 6 de octubre de 1994, Tetra Pak/Comisión (As. T-83/91, Rec. p. II-755)]. 6 La práctica de la Comisión europea de ir dando como jurisprudencia asentada posiciones que el Tribunal no ha adoptado anteriormente ha sido incluso reconocida por destacados funcionarios de la DG de Competencia. Ver por ejemplo los comentarios a la decisión Michelin II de L. GYSELEN, «Rebates: Competition on the Merits or Exclusionary Practice?», en European Competition Law Annual 2003: What is an Abuse of Dominant Position? (en preparación). 7 B. SHER, The Last of the Steam-Powered Trains: Modernising art. 82, ECLR, 2004, p Directrices sobre restricciones verticales (2000/C 291/01). DO C 291, de 13 de octubre de 2000, p. 1.5 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODENIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE Es más, resulta chocante constatar cómo, al mismo tiempo que la Comisión emprendía el camino de la modernización respecto del art. 81 TCE, el Tribunal de Primera Instancia pronunciaba sendas sentencias que apuntaban en una dirección diametralmente opuesta. En efecto, tanto en Michelin II 9 como en British Airways 10 el TPI parece aceptar abiertamente la existencia de prohibiciones per se y reconocer que la Comisión no tiene que analizar los efectos de las prácticas presuntamente abusivas para poder aplicar el art. 82 TCE. Así, en la Sentencia Michelin II el TPI afirmó: «El efecto al que se refiere la jurisprudencia citada en el apartado anterior no se refiere necesariamente al efecto concreto del comportamiento abusivo denunciado. Para poder demostrar la existencia de una infracción del art. 82 CE, basta con demostrar que el comportamiento abusivo de la empresa que ocupa una posición dominante tiene por objeto restringir la competencia o, en otros términos, que el comportamiento puede tener dicho efecto. [...] De ello se desprende que, en el marco de la aplicación del art. 82 CE, la demostración del objeto y del efecto contrario a la competencia se confunden (...). En efecto, si se demuestra que el objeto perseguido por el comportamiento de la empresa en situación de posición dominante consiste en restringir la competencia, dicho comportamiento podrá también producir dicho efecto» 11 (negrita añadida). Algunas semanas más tarde, en su Sentencia British Airways el TPI señalaría nuevamente que: «Por último, BA no puede reprochar a la Comisión no haber demostrado que sus prácticas producían un efecto excluyente. En efecto, por un lado, al objeto de determinar si existe una violación del art. 82 CE, no es necesario demostrar que el abuso considerado tuvo un efecto concreto en los mercados afectados. Basta a este respecto con demostrar que el comportamiento abusivo de la empresa en posición dominante tiende a restringir la competencia o, en otras palabras, que el comportamiento puede tener tal efecto» 12 (negrita añadida). Estas sentencias supusieron una importante decepción para la mayoría de la doctrina. En efecto, el enfoque formalista y contrario al análisis de los efectos económicos que aplicó el TPI respecto del art. 82 TCE contrasta vivamente, no sólo con los principios que ya propugnaba la Comisión para el art. 81 TCE, sino también con la posición que el propio TPI había adoptado pocos meses antes en tres resonantes sentencias anulando otras tantas decisiones en materia de concentraciones por la insu- 9 Sentencia Michelin II de 30 septiembre de 2003, Manufacture français des pneumatiques Michelin/Comisión (As. T-203/01, Rec. p.ii-04071). 10 Sentencia de 17 diciembre de 2003, British Airways/Comisión (As. T-219/99. Rec. p. II ). 11 Considerandos 239 y 241 de la Sentencia Michelin II, cit. núm Considerando 293 de la Sentencia British Airways, cit., núm. 10.6 160 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO ficiencia en su análisis económico 13. De hecho, el formalismo del TPI pareció sorprender a la incluso Comisión, tal y como reconoció el director general de la Competencia a los pocos días de que se pronunciara la Sentencia Michelin II: «We [the Commission], I think as you, were slightly surprised at the Court of First Instance s analysis in Michelin II, that it placed so great an emphasis on per se rules and on certain types of conduct and did not go into any further economic analysis of the case» 14. Urge pues superar las dudas que hayan podido suscitar las Sentencias Michelin II y Bristish Airways, y realinear los principios que han de regir la aplicación del art. 82 TCE con el enfoque económico basado en los efectos de las prácticas que ha inspirado la modernización del art. 81 TCE. Así lo ha reconocido recientemente la comisaria Kroes al adelantar algunas de sus ideas sobre la reforma de la política relativa al art. 82 TCE: «I am convinced that the exercise of market power must be assessed essentially on the basis of its effects in the market, although there are exceptions such as the per se illegality of horizontal price fixing. This is consistent with the way we apply Europe s rules on collusive behaviour, laid down in art. 81 of the EC Treaty, as well as other instruments of European competition law» 15 (negrita añadida). B) Deben eliminarse las incongruencias actuales entre los arts. 81 y 82 TCE Debido al distinto grado de evolución de los principios que inspiran los arts. 81 y 82 TCE, en este momento se puede dar la paradoja de que una práctica esté autorizada ex lege en virtud del art TCE si la empresa no supera una cuota de mercado de 30 por 100 y sin embargo se considere per se contraria al art. 82 TCE cuando esa cuota de mer- 13 Sentencias del TPI de 6 de junio de 2002, Airtours/Comisión (As. T-342/99); de 22 de octubre de 2002, Schneider Electric SA/Comisión (T-301/01); y de 25 de octubre de 2002, Tetra Laval/Comisión (As. T-5/02). 14 P. LOWE, op. cit., 5. La sorpresa de la Comisión no debía ser sin embargo demasiado grande en la medida en que en el recurso de British Airways había argumentado que: «El art. 82 CE no impone la demostración de efecto real o directo alguno del comportamiento criticado sobre los consumidores. El Derecho de la competencia se dirige a proteger la estructura del mercado contra las distorsiones artificiales y protege así lo mejor posible los intereses de los consumidores a medio y largo plazo». Considerando 264 de Sentencia British Airways, cit., núm N. KROES, Preliminary Thoughts on Policy Review of art. 82. Discurso ante la Fordham Corporate Law Institute el 23 de septiembre de 2005 (SPEECH/05/537).7 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODENIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE cado es algo mayor 16. En este sentido, no parece razonable que dos resultados tan dispares puedan depender de que una empresa llegue o no a ser considerada como dominante 17. La posibilidad de que se produzcan este tipo de situaciones incongruentes no es meramente teórica. Un ejemplo lo podemos encontrar en la autorización concedida ex art TCE por la Comisión a unos contratos de suministro de cerveza de la empresa Interbrew, pese a que contenían cláusulas de no competencia que podrían considerarse per se contrarias al art. 82 TCE en la medida en que, por su cuota de mercado 18, Interbrew sería una clara candidata a ser calificada como dominante. C) Conviene dotar de mayor coherencia interna a los principios que inspiran la aplicación del art. 82 TCE El art. 82 TCE es actualmente la mayor fuente de suspense en la aplicación del Derecho comunitario de la competencia 19. Y si bien es cierto que en Derecho de la competencia siempre existirá un área gris de cierta incertidumbre jurídica, no lo es menos que las empresas necesitan estabilidad en las pautas que permitan definir qué estrategias competitivas son lícitas y cuáles no lo son. Pues bien, tras más de cuarenta años de aplicación del Derecho europeo de la competencia, no cabe sino constatar que el alcance de la prohibición establecida en el art. 82 TCE está lejos de ser clara. Si una empresa deseosa de cumplir estrictamente las normas de la competencia ya tiene en muchos casos difícil determinar cuándo puede ser considerada dominante, lo que le resultará prácticamente imposible a su asesor jurídico será delimitar con precisión hasta dónde podrá com- 16 A. FLETCHER, The reform of art. 82: recommendations on key policy objectives, 2005: «From an economic point of view, it is in fact hard to think of any form of unilateral behaviour that will only ever be harmful, or even any form of behaviour of which it is possible to say that it will tend to be harmful on average (ie more often harmful than not), even when carried out by dominant firms, without considering the market context in which the behaviour occurs. Moreover, in many cases the benefits of a particular behaviour can be easy to overlook and difficult to evaluate; as in the case in the price discrimination example above. As such, it is hard to find an economic rationale for a regime in which certain types of behaviour are per se unlawful once a firm passes over the threshold into dominance, especially where they are per se lawful below this threshold» (negrita añadida). 17 British Airways, por ejemplo, fue considerada empresa en posición de dominio con una cuota de mercado del 39,7 por 100, que además era decreciente. [Decisión de la Comisión, de 14 julio de 1999, Virgin/British Airways (DO, núm. L 030, de 4 de febrero de 2000, p. 1)]. 18 Interbrew tenía una cuota de mercado del 56 por 100 del sector hostelero belga, frente a un 13 por 100 del segundo y de menos del 6 por 100 del tercero. [Comunicación publicada de conformidad con el apartado 3 del art. 19 del Reglamento núm. 17 relativa a la Comunicación COMP/A37.904/F3-Interbrew (DO C 283, de 20 de noviembre de 2002, p. 14)]. 19 I. FORRESTER, Art. 82: remedies in search of theories?, en International Antitrust Law & Policy (Fordham, 2004, pp ).8 162 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO petir sin incurrir en un eventual abuso. En efecto, la jurisprudencia se limita a afirmar que la empresa dominante no puede «recurrir a medios diferentes de los que rigen una competencia normal de productos o servicios basada en las prestaciones de los agentes económicos» 20, ni utilizar «medios distintos a los propios de una competencia basada en los méritos» 21 y que tiene «una responsabilidad especial de no impedir, con su comportamiento, el desarrollo de una competencia efectiva y no falseada en el mercado común» 22. Sin embargo, todas estas formulaciones son hueras cuando no contradictorias 23 y desde luego no le permitirán conocer los límites que separan una estrategia comercial pro-competitiva agresiva, deseable desde el punto de vista del bienestar de los consumidores, de un eventual abuso anticompetitivo que perjudique ese bienestar. A falta de una definición legal suficientemente precisa de lo que deba ser considerado como un abuso de posición dominante, sólo cabe recurrir al estudio de los distintos precedentes para deducir cómo la Comisión y/o el Tribunal de Justicia han perfilado en cada caso la noción de abuso. Pero si se realiza este análisis, lejos de desprenderse la existencia de unos principios claros, lo que se constata es la presencia de incongruencias entre la solución adoptada en unos u otros casos. Así, por ejemplo, en algunas decisiones la Comisión ha entendido que el hecho de que una empresa dominante otorgue y pague los descuentos en factura o por adelantado podía afectar a su carácter fidelizador y por lo tanto abusivo ya que los clientes tendrían miedo a tener que devolverlos en el futuro 24 y esos pagos adelantados servirían como recordatorio a los clientes de sus compromisos de fidelidad 25. En otros casos, ese mismo carácter fidelizador se ha predicado de la situación inversa, respecto de descuentos pagados varios meses después de realizadas las transacciones, por entender que con ello se reforzaba la incer- 20 Apartado 91 de la Sentencia de 13 de febrero de 1979, Hoffmann-La Roche/Comisión (As. 85/76, Rec. p. 461). 21 Apartados 69 y 70 de la Sentencia de 3 de julio de 1991, AKZO/Comisión (C-62/86, Rec. p. I-3359). 22 Apartado 57 de la Sentencia Michelin I, cit., núm Así, por ejemplo, la idea de que el abuso implica la utilización de «medios distintos de los que rigen una competencia normal» parecería excluir del concepto de abuso a las prácticas normales en el mercado; y, sin embargo, la imposición de una «especial responsabilidad» implica, precisamente, que se prohíbe a la empresa en posición de dominio emplear ciertos medios normales de competencia. 24 Decisión 73/109/CEE, de 2 de enero de 1973 [IV/ Industria Europea del Azúcar (DO L 140, de 26 de octubre de 1973, p. 17)]. 25 Decisión 81/969/CEE, de 7 de octubre de 1981 [IV Bandengroothandel Frieschebrug BV/NV Nederlandsche Banden-Industrie Michelin (DO L 353, de 9 de diciembre de 1981, p. 33)] (Michelin I).9 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODENIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE tidumbre del cliente que tendería así a mantenerse fiel a su suministrador dominante 26. Otro aspecto en el que la práctica de la Comisión pone de manifiesto tratamientos dispares sin aportar una explicación coherente a esas diferencias es el relativo a la duración del período de referencia a la hora de fijar los descuentos por volumen. En Michelin I el Tribunal consideró que la duración de dicho período de referencia puede convertir en abusivo un sistema de descuentos en la medida en que «es inherente a cualquier sistema de bonificaciones concedidas en función de las cantidades vendidas durante un período de referencia relativamente dilatado que, al final del período de referencia, aumente la presión para el comprador para alcanzar el volumen de compras necesario para obtener la ventaja o no incurrir en la penalización prevista para el conjunto del período» 27. Y si bien en aquel procedimiento un período de un año fue considerado excesivamente largo, esa misma duración fue aceptada en otro caso sin mayores objeciones 28. En otros supuestos, el período de referencia que ha sido considerado normal fue de seis meses 29 o de tres meses 30. De esta forma, pese a que la Comisión parece considerar que la duración del período de referencia es un elemento crucial a la hora de determinar el carácter abusivo de ciertos sistemas de descuento, lo cierto es que, a día de hoy, resulta imposible determinar con carácter general cuál es la duración crítica que permite distinguir un descuento normal de otro abusivo. Es más, algunos funcionarios de la Comisión han llegado a opinar que, tras Michelin II, cualquier descuento abonado con posterioridad a la fecha de pago de factura puede ser considerado, a falta de una justificación económica suficiente basada en economías de escala, como un intento abusivo de fomentar la lealtad del cliente 31. Otros en cambio defienden que la duración del período de referencia resulta irrelevante 26 Decisión de 20 de junio de 2001 [COMP/E-2/36.041/PO-Michelin (DO L 143, de 31 de mayo de 2002, p. 1)] (Michelin II). 27 Apartado 81 de la Sentencia Michelin I, cit., núm Comunicación efectuada con arreglo al art. 19 (3) del Reglamento del Consejo núm. 17 en relación con los sistemas de descuentos aplicados por British Gypsum. Asunto núm. IV/ British Gypsum (DO C321, de 8 de diciembre de 1992, p. 10). 29 Decisión Virgin/British Airways, cit., núm Coca-Cola Export, Nota de Prensa IP(90) 7, de 9 de enero de C. ROQUES, CFI Judgment, Case T-203/01, Manufacture française des pneumatiques Michelin v Commission, ECLR, 2004, p A parecida conclusión llega L. GYSELEN (cit., núm. 6), cuando afirma que la única forma de que un sistema de suprimir íntegramente los efectos de succión y de agrupación de compras sería vinculando los descuentos exclusivamente a los volúmenes pedidos en firme por el cliente. Por su parte, P. OLIVER identifica el concepto descuento cuantitativo que la jurisprudencia considera lícito por contraposición a los descuentos de fidelidad con los descuentos concedidos por un único pedido. Ver P. OLIVER, The concept of abuse of a dominant position under art. 82 EC: recent developments in relation to pricing», ECJ, vol. I, núm. 2, p. 315.10 164 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO para valorar los costes de cambio ( switching costs ) y los potenciales efectos de cierre de mercado de los sistemas de descuentos retroactivos 32. Un tercer punto en el que la Comisión y el Tribunal han entrado en contradicción con sus propios precedentes son los precios predatorios. En efecto, en la sentencia AKZO el Tribunal de Justicia estableció de forma inequívoca que, para estar en presencia de precios predatorios, es necesario que dichos precios estén por debajo de una determinada medida de costes de la empresa: si son inferiores a la media de los costes variables se consideran per se predatorios, mientras que los costes inferiores a los costes medios totales pero superiores a la media de los costes variables serán predatorios si se enmarcan en el ámbito de una estrategia tendente a eliminar a un competidor 33. A pesar de la aparente claridad de este test, en el asunto Compagnie Maritime Belge la Comisión y el Tribunal consideraron predatorios los precios de lucha aplicados por unas empresas navieras como reacción a la aparición de un nuevo competidor, con independencia de que esos precios en ningún caso estaban por debajo de coste 34. Un cuarto ejemplo de contradicción en la posición de la Comisión y del Tribunal con sus pronunciamientos anteriores se refiere a la posibilidad de considerar abusivos los sistemas de estandarizados de descuentos. En efecto, hasta Michelin II era pacífico que sólo los descuentos calculados de forma subjetiva, atendiendo al consumo individual de cada cliente, podían tener efectos fidelizadores contrarios al art. 82 TCE. Desde Hoffmann-La Roche el Tribunal había venido distinguiendo entre descuentos cuantitativos lícitos y descuentos de fidelidad contrarios al art. 82 TCE basándose en el carácter objetivo o subjetivo de sus criterios de aplicación 35. En Michelin II, sin embargo, tanto la Comisión como el Tribunal de Justicia dieron al traste con esta distinción al considerar contrario al art. 82 TCE un sistema de descuentos que carecía de todo elemento discriminatorio, ya que los objetivos de volumen 32 F. P. MAIER-RIGAUD, Switching Costs in Retroactive Rebates-What s time got to do with it?, Preprints of the Max Planck Institute for Research on Collective Goods, febrero Apartados de la Sentencia AKZO, cit., núm Decisión de la Comisión de 23 de diciembre de 1992 (DO, núm. L 034, de 10 de febrero de 1993, p. 20) y Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de octubre de 1996, Compagnie Maritime Belge/Comisión (As. T-24/93, T-25/93, T-26/93, T-28/93. Rec. p. II-01201). 35 En efecto, en el apartado 100 de la Sentencia Hoffmann-La Roche, cit., núm. 20, el Tribunal afirmó que: «Este método de calcular los descuentos se diferencia de la concesión de descuentos cuantitativos relacionados exclusivamente con el volumen de las compras efectuadas al productor de que se trate, en que los descuentos controvertidos no dependen de cantidades fijadas objetivamente y válidas para todos los posibles compradores, sino de estimaciones realizadas, caso por caso, para cada cliente según la capacidad de absorción que se supone que éste tiene, siendo el objetivo no la máxima cantidad, sino las máximas necesidades» (negrita añadida).11 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODENIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE se aplicaban por igual a todos los clientes. Es más, ni la Comisión ni el Tribunal razonaron adecuadamente por qué consideraban que el criterio de la subjetividad ya no resultaba relevante a efectos del art. 82 TCE. Todos estos ejemplos ponen, en definitiva, de manifiesto que la práctica de la Comisión y del Tribunal en materia de abuso de posición dominante adolece en este momento de no pocas incongruencias internas. Esta situación adquiere mayor gravedad en un momento en el que el proceso de modernización del Derecho europeo de la competencia está impulsando la descentralización en la aplicación del art. 82 TCE por 25 autoridades nacionales de la competencia 36 y un sinfín de jueces nacionales. Como apuntaba con humor británico un autor, esta situación puede llegar a parecerse a un caótico partido de fútbol en el que participaran muchos jugadores, con varios balones de distinto tamaño y forma y con porterías que fuesen cambiando de tamaño 37. D) Deberían reducirse las divergencias con las legislaciones de competencia de otros países En un momento en que la globalización de las economías mundiales aconseja limitar las divergencias entre las principales legislaciones de la competencia, la política de la Comisión en relación con algunas prácticas unilaterales choca abiertamente con las posiciones sostenidas, no sólo por las autoridades de la competencia de países terceros, sino incluso también por algunas autoridades nacionales de los Estados miembros. Así por ejemplo, la Office of Fair Trading británica se ha pronunciado expresamente a favor de una concepción del abuso en la que prevalezca el análisis de los efectos sobre la forma de las prácticas 38, difí- 36 En un discurso pronunciado coincidiendo casi con el primer año de aplicación del Reglamento 1/2003, la comisaria Kroes aportaba a este respecto un dato muy significativo: de las nueve decisiones del art. 82 TCE adoptadas hasta ese momento, ocho lo habían sido por autoridades nacionales de la competencia y sólo una por la Comisión europea. Con ser este dato elocuente, lo es todavía más si se compara con la proporción de decisiones del art. 81 TCE: seis correspondían a la Comisión, por tan sólo cinco a autoridades nacionales. N. KROES, Taking Competition Seriously- Anti-Trust Reform in Europe; Conferencia ante la Internacional Bar Association el 10 de marzo de 2005 (Speach 05/157). 37 T. SOAMES, Towards a smart art. 82: qui audet adipiscitur, Fordham 31st Annual Conference on International Antitrust Law and Policy, septiembre 2005: «Abuse control in the EU now has the potential to resemble a chaotic game of football with many players using not just one football as would normally be the case, but many and furthermore, not all of the same size and shape. The goal posts rather confusingly also may have an unfortunate tendency to move depending on who is kicking the sometimes misshapen ball». 38 OFT, Abuse of a dominant position. Understanding Competition Law, «The Act and art. 82 list broad categories of business behaviour, within which particular examples of abusive conduct are most likely to be found. In general, the OFT considers that the likely effect of a12 166 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO cilmente reconciliable con el formalismo de Michelin II o Bristish Airways. La posición de la OFT es también mucho más matizada que la de la Comisión europea y del Tribunal de Justicia respecto de los descuentos otorgados por empresas en posición de dominio que producen efectos fidelizadores para sus clientes 39. Por otra parte, es precisamente en el ámbito de las prácticas unilaterales donde la política europea de la competencia más claramente difiere de la práctica de las autoridades norteamericanas de la competencia. En efecto, más allá de las diferencias en el ámbito de las prohibiciones establecidas por el art. 82 TCE y la equivalente sección 2 de la Sherman Act, en los últimos años la aplicación de ambas disposiciones ha seguido enfoques cada vez más divergentes. Ya no se trata de teorizar sobre hasta qué punto es cierto que unos protegen la competencia y otros a los competidores, o si unos apoyan a los vaqueros capitalistas mientras que otros preservan a los caballeros competidores 40. El problema real se ha planteado desde el momento en que una misma práctica ha sido analizada a ambos lados del Atlántico y se han alcanzado soluciones diametralmente opuestas. Así sucedió con la denuncia presentada por Virgin Atlantic Airways contra British Airways por su sistema de descuentos y comisiones a las agencias de viajes. Mientras que los Tribunales norteamericanos consideraron que Virgin no había acreditado que tales descuentos perjudicasen a los consumidores 41, la Comisión europea entendió que eran abusivos, imponiendo a British Airways una multa de 6,8 millones de euros 42. Pero probablemente el conflicto más llamativo hasta la fecha ha sido el célebre caso Microsoft. Mientras que la Comisión europea terminó sancionando con una multa récord de más de 497 millones de euros e imponiendo severas obligaciones a Microsoft, en los Estados Unidos ésta y el Gobierno pusieron fin al procedimiento mediante terminación con- dominant undertaking s conduct on customers and on the process of competition is more important to the determination of an abuse than the specific form of the conduct in question. Conduct may be abusive when, through the effects of conduct on the competitive process, it adversely affects consumers directly (for example, through the prices charged) or indirectly (for example, conduct which reduces the intensity of existing competition or potential competition)» (negrita añadida). 39 OFT, Assessment of conduct; Draft competition law guideline for consultation, «However, even where a discount scheme adopted by a dominant undertaking has a loyalty inducing effect, the scheme would not be found abusive if it did not (or was not likely to) harm competition». 40 B. McDONALD, Section 2 and art. 82: Cowboys and Gentleman, Conferencia ante la Segunda Conferencia Anual del Global Competition Law Center, Bruselas, junio 2005 (http://www.usdoj.gov/atr/public/speeches/ htm). 41 Sentencia de la Corte Federal de Apelación, Virgin Atlantic Airways limited v. British Airways Plc. [257 F.3d 256, 2, 2001 US]. 42 Decisión Virgin/British Airways, cit., núm. 17.13 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODENIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE vencional ( consent decree ). Se da así la paradoja que lo que empresas norteamericanas como Sun o Real Player no consiguieron ante las autoridades de la competencia de su propio país lo han logrado a través de la Comisión Europea. Es más, es evidente que el efecto de los remedios impuestos por la Comisión permitir el acceso a terceros del código fuente de Windows y la obligación de sacar una versión de Windows sin reproductor media player trascienden del ámbito europeo. Estos ejemplos ilustran los riesgos que padecen las empresas multinacionales de verse sometidas a unas reglas distintas de competencia para unos negocios que muchas veces requieren de estrategias comerciales globales. Pensemos, por ejemplo, en los problemas que supondría para Microsoft tener que sacar una versión específica de sus programas para Europa cada vez que lanzase nuevas versiones que incorporasen aplicaciones añadidas; llegado el caso, podría incluso plantearse no comercializar en Europa esas nuevas versiones, lo que, a su vez, podría infringir el art. 82.b) TCE. Pues bien, aunque la revisión de la política europea de la competencia en relación al art. 82 TCE no tiene como objetivo inmediato la eliminación de esas disparidades, sí cabe esperar que, como un subproducto de este proceso 43, se aproximen los principios que inspiran estos ordenamientos, reduciéndose con ello algunas de las actuales diferencias. E) La actual política en relación con algunos abusos es excesivamente rígida y desincentiva la competencia Otra crítica frecuente a la política de la Comisión en relación con el art. 82 TCE es la de que limita excesivamente la capacidad de las empresas dominantes para competir y en especial de otorgar descuentos y rivalizar así en precio. Se suele señalar que, si la política de la competencia aspira esencialmente a beneficiar a los consumidores, resulta paradójico que la mayoría de las decisiones adoptadas por la Comisión en aplicación del art. 82 TCE hayan prohibido distintas formas de descuentos, ya que de esta forma se ha sacrificado un beneficio cierto aunque sólo sea a corto plazo a los clientes, en aras a la protección de una estructura competitiva del mercado cuyas hipotéticas ventajas se percibirán en todo caso a medio o largo plazo Discurso del entonces comisario M. MONTI, Monti ante el Fordham Corporate Law Institute de Nueva York el 7 de octubre de 2004, Internacional Antitrust-A personal perspectiva (Speech/04/449). 44 J. KALLAUGHER y B. SHER, Rebates Revisited: Anti-Competitive Effects and Exclusionary Abuse under art. 82, ECLR, 2004, p. 263.14 168 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO Además, las reglas propugnadas por la Comisión impiden a las empresas, por el hecho de ser dominantes, adoptar estrategias comerciales perfectamente racionales y pro-competitivas. Así, por ejemplo, su oposición al otorgamiento selectivo de descuentos podría impedir a una empresa dominante con elevados costes fijos y reducidos costes variables diferenciar sus precios en función de la elasticidad de la demanda de sus clientes, de forma que los que sean menos sensibles al precio cubran los costes fijos y aquellos con una demanda más elástica obtengan el producto a un precio ligeramente superior al coste variable ( Ramsey princing ) 45. Un ejemplo cotidiano de la racionalidad y de los beneficios de este tipo de estrategia lo encontramos en los precios diferenciados de los billetes de avión: si la compañía aérea consigue cubrir los costes fijos de sus vuelos con los pasajeros con demanda rígida que están dispuestos a pagar un mayor precio, podrá ofrecer el resto de las plazas a precios mucho más baratos a aquellos consumidores que no pagarían un precio tan elevado pero que, en cambio, aceptan adaptarse a la disponibilidad de plazas. Por otra parte, el principio que parece subyacer en Michelin II y British Airways de que los descuentos otorgados por una empresa en posición de dominio «sólo pueden corresponder a las economías de escala realizadas por la empresa gracias a las compras suplementarias inducidas de los consumidores» 46 ignora el hecho de que los descuentos son, hoy en día, una práctica comercial ubicua. Las empresas, sea cual sea su poder de mercado, se ven abocadas a otorgar descuentos a sus clientes por razones comerciales absolutamente ajenas a las economías de escala que puedan derivarse de los pedidos concretos de ese cliente 47. «The fact that all rebate schemes involve a potential benefit in the form of lower prices means that prohibiting rebate schemes without proof of likely consumer harm from the scheme in question will itself lead to consumer harm in a significant percentage of cases». 45 Los eventuales efectos pro-competitivos de este tipo de discriminación de precios han sido expresamente reconocidos por algunas autoridades de la competencia. Así, por ejemplo, la OFT ha señalado que: «[p]rice discrimination can be beneficial if it leads to a sufficiently large increase in output in relation to the output level that would have pertained if there was no price discrimination. Indeed, in some cases price discrimination may allow a new market segment to emerge. This might occur, for example, in industries characterised by relatively high fixed costs, where customers can be split up into groups according to their willingness to pay, and where groups with low willingness to pay would not buy in the absence of price discrimination». OFT, Assessment of conducts OFT414a, 2004 (http://www.oft.gov.uk/nr/rdonlyres/2e79a0a6- b14e-4e54 -ab cc6f/0/oft414a.pdf). 46 Considerando 101 de la Sentencia de Michelin II, cit., núm. 9, en el que el TPI cita, sin contradecirlo, un argumento de la Comisión. 47 A este respecto, D. RIDYARD, «Exclusionary Pricing and Price Discrimination Abuses under art. 82-an Economic Analysis, ECLR, 2002, p. 286, señala que: «Price differences that cannot be fully explained by differences in the costs of supply are an extremely pervasive phenomenon in real world markets [...] there is almost no plausible cost function that15 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODENIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE En definitiva, esa concepción del abuso viene a cercenar sustancialmente el margen de las empresas en posición de dominio para competir en precios 48, situándolas ante una disyuntiva diabólica: o bien deniegan a sus clientes descuentos que son normales en el mercado y que sus competidores que no están sometidos al art. 82 TCE sí podrán conceder, con lo que se enfrentarán con sus clientes y se arriesgarán incluso a ser denunciadas 49 ; o siguen otorgando los descuentos normales en el mercado, asumiendo con ello el riesgo de ser denunciadas por sus competidores. Es más, ante este dilema, la empresa dominante puede buscar una estrategia menos arriesgada para maximizar su beneficio: puede renunciar a crecer en volumen de ventas con una política agresiva de precios en mercados maduros ese crecimiento sería a costa de los competidores, lo que incrementaría el riesgo de denuncia y optar por aumentar su rentabilidad elevando los precios o reduciendo los descuentos. Una vez señalizada esta estrategia, el resto de los competidores pueden optar por alinearse y mantener el diferencial de precios; ésta sería, probablemente, la respuesta más racional si los competidores pensasen que no son más eficientes que la empresa dominante y quisieran maximizar su propio beneficio sin arriesgarse a desencadenar una guerra de precios de la que podrían no salir vencedores 50. En definitiva, creemos que no carecen de fundamento las críticas que señalan que la actual política de la competencia en relación con el art. 82 TCE puede tener el efecto paradójico de enfriar dicha com- would make [a volume based] discount scheme cost related in the sense that the differences in price were explained by differences in the costs of supply». 48 Como apunta W. KOLASKY, What is competition?, 2002: «Two of the main reasons for cutting prices are to discourage entry and to take away sales from rivals. If such price cuts are disallowed, competition would necessarily be less intense» (negrita añadida). Otro comentarista ha hecho este elocuente resumen de la situación tras Michelin: «[T]he only way a dominant company s management can ensure the legality of its rebate scheme is to give no rebate at all. This situation is clearly counterproductive and could ultimately lead to a market where the main actors are afraid to compete, the opposite of what competition law is intended to achieve». P. TROBØL, Modernising art. 82. Combining legal certainty and an economic effect-based approach, Competition Law Insights, 4 de octubre de Esta opción, además de ser contraria a la lógica comercial, facilitaría la prueba de al menos el primero de los dos elementos que integran el tipo del art. 82 TCE. En efecto, desde United Brands la posición de dominio se ha venido definiendo, precisamente, como capacidad de una empresa «de actuar en gran medida con independencia de los demás competidores, de su clientela y, por último, de los consumidores». Sentencia de 14 de febrero de 1978, United Brands/Comisión, As. 22/76, Rec. p La propia Comisión en sus Directrices sobre restricciones verticales (cit., núm. 8) reconoce que, en mercados concentrados, una mayor transparencia en precios facilita la colusión horizontal (apartado 112).16 170 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO petencia 51 en perjuicio de quienes, en principio, deberían ser sus beneficiarios directos, i.e. los consumidores PRINCIPIOS QUE DEBERÍAN GUIAR LA MODERNIZACIÓN DEL ART. 82 TCE A la vista de los problemas en la actual aplicación del art. 82 TCE que hemos identificado en el apartado anterior, creemos que para su modernización convendrían plantearse al menos las siguientes cuestiones: A) Una definición de los abusos por la forma o por los efectos? Para responder a esta pregunta, hay que partir de la premisa de que la eventual modernización en la aplicación del art. 82 TCE en ningún caso va a afectar a la literalidad del propio precepto. Y aunque, como hemos señalado, esta disposición no contiene una definición del concepto de abuso, sí menciona cuatro tipos de conductas que, al menos en determinadas circunstancias, deben ser abusivas 53 : Los apartados a) y b) abarcan dos formas de conductas directamente explotadoras de la posición de dominio: la imposición de precios u otras condiciones no equitativas [letra a)] y la limitación de la producción, el mercado o el desarrollo técnico [letra b)]. 51 La doctrina anglosajona ha acuñado la expresión chilling effect. Así, por ejemplo, en un reciente estudio publicado la OFT (Selective price cuts and fidelity rebates, Economic discussion paper prepared by RBB, julio 2005, OFT 804) se afirma: «Since economic theory does not indicate that dominant firms usually use discounts and price cuts that result in anti-competitive outcomes, we do not support placing the burden upon dominant firms to justify their price cuts or discounts, even when those discounts are non-cost-related, or conditional on the share of a buyer s needs. Such a presumption would cast the net too widely, catching many benign practices and generating an administratively costly process of throwing the beneficial practices back to sea. As a result, it would also risk chilling effective competition by discouraging firms from engaging in a wide range of pro-competitive pricing practices» (negrita añadida). 52 RBB Brief 13, The special responsibility of dominant firms under art. 82: don t compete on price, febrero 2004: «The CFI judgments represent a major set-back to the introduction of a more economic effect-based enforcement regime for art. 82. As such, they are bad news for European business, consumers and even for DG COMP. The adverse impact on business arises from the impracticality of the compliance advice that follows from such judgments. The special responsibility of dominant firms that is sketched out by these judgments appears to translate into a requirement not to compete on price, irrespective of whether that price competition seriously threatens the vitality of the competitive process. The result may make life easier for competitors, but the breadth of the intervention that is implied by the judgments makes it very unlikely that consumers will enjoy more competitive markets and lower prices as a result» (negrita añadida). 53 P. LOWE, op. cit., núm. 5.17 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODENIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE Por su tenor literal, el apartado c) que prohíbe las prácticas discriminatorias parecería limitarse a los supuestos de secondary line discrimination la que perjudica a una empresa respecto de otras de su mismo nivel ; sin embargo, en la práctica se ha utilizado con mayor frecuencia para sancionar casos de primary line discrimination la que perjudica al competidor de la empresa que discrimina. En ocasiones, so pena de condenar una discriminación de segundo nivel, en realidad lo que se ha sancionado son los efectos de primer nivel 54. La vinculación, contemplada en la letra d). En la medida en que ni el concepto general de abuso ni tampoco los ejemplos de prácticas abusivas contenidas en el art. 82 TCE aparecen suficientemente delimitadas, surge la duda de si debería intentarse una definición formal de conductas que per se estarían prohibidas o si sería mejor optar por definir las prácticas que deben prohibirse en función de sus efectos. Quienes propugnan el establecimiento de reglas per se consideran que es posible definir a priori las condiciones que son necesarias y suficientes para distinguir, con carácter general, cuándo determinadas conductas son anti-competitivas y cuándo son pro-competitivas. Entienden además que este tipo de reglas son indispensables para ofrecer a las empresas la necesaria seguridad jurídica. Uno de los más destacados defensores de esta posición, el presidente del Bundeskartellamt Dr. Böge, parece propugnar lo que podríamos calificar de reglas per se flexibles, ya que admite que deben ajustarse si varía la teoría económica que las sustenta 55 y que deben también dejar suficiente espacio para que puedan existir soluciones divergentes en casos individuales 56. Ahora bien, si las reglas han de interpretarse de forma flexible, cabe preguntarse si no perderán parte de su propia esencia per se y de su finalidad fundamental, i.e. otorgar seguridad jurídica a las empresas. Las empresas eventualmente dominantes podrían ser sancionadas por conductas que escapasen a las reglas per se, y las que padecieran el presunto abuso tampoco podrían estar seguras a priori de la suerte de una eventual denuncia. En definitiva, tales reglas flexibles se quedarían en 54 Decisión British Airways, cit., núm. 17. Aunque la Comisión consideró abusivas las diferencias entre los distintos niveles de descuentos percibidos por agencias de viajes similares, es claro que el origen y la esencia del expediente eran los efectos de los descuentos sobre las compañías aéreas competidoras. 55 Siguiendo el famoso aforismo de que, en economía, las cuestiones esenciales no varían; lo que cambia regularmente son las respuestas. 56 U. BÖGE, Modernisation of art. 82 EC., 2005 (http://www.competition-commission.org.uk/ our_role/cc_lectures/abuse _of_market_ _boge.pdf).18 172 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO meras presunciones iuris tantum de que una determinada práctica puede restringir la competencia en perjuicio de los consumidores. Su virtualidad se limitaría, en esencia, a invertir la carga inicial de la prueba: ante este tipo de prácticas, la acusación ya no tendría que empezar por demostrar que, en ese caso concreto, se produce el efecto restrictivo, sino que correspondería a la empresa acusada probar que la presunción no debería aplicarse en su caso 57. Por otra parte, los dos ejemplos de reglas per se que sugiere el Dr. Böge no hacen sino reforzar nuestras dudas acerca de su utilidad. Una de las reglas consistiría en definir como predatorios los precios inferiores a los costes medios variables (el llamado Test Arreda-Turner ). La eficacia de esta regla a efectos del art. 82 TCE resulta, sin embargo, muy limitada, en la medida en que la práctica de la Comisión y del Tribunal han extendido la noción de precios predatorios más allá del Test Areeda 58. Además, tampoco creemos que exista el suficiente consenso entre los economistas como para enunciar una definición per se de práctica predatoria que resulte suficientemente operativa 59. Así, mientras que algunos economistas consideran que deberían considerarse predatorias algunas conductas aun cuando los precios se mantengan por encima de los costes 60, otros rechazan el carácter predatorio de cualquier práctica que no implique la existencia de precios inferiores a costes 61. Tal disparidad de criterios demuestra hasta qué punto resulta difícil encontrar un consenso entre los economistas por no mencionar a los juristas que permita definir una regla per se, incluso para los casos de predación. 57 La demostración de que una práctica denunciada no produce efectos restrictivos en un caso concreto es conceptualmente distinta de la prueba de que dicha práctica produce eficiencias procompetitivas; sin embargo, ambas argumentaciones pueden solaparse en una suerte de ballancing test. 58 Ya hemos indicado que en Akzo el Tribunal señaló que los precios superiores a los costes medios variables pero inferiores a los costes medios totales también deberían ser considerados predatorios si se enmarcan en una estrategia tendente a eliminar a un competidor. Además, en Compagnie Maritime Belge se aplicó el art. 82 TCE a precios estratégicos superiores a costes. 59 Una definición sería operativa cuando permite a las empresas para distinguir a priori y sin gran dificultad entre práctica prohibida y permitida. Para ello, no debe ser ni tan estrecha que sólo se aplique a prácticas comerciales excepcionalísimas, ni tan amplia que abarque prácticas que puedan tener, según los casos, efectos pro y/o anticompetitivos. 60 Ver, por ejemplo, P. BOLTON, J. BRODLEY y M. H. RIORDAN, Predatory pricing: strategic theory and legal policy, Boston University School of Law Working Paper Series, Law & Economics Working Paper, núm. 99-5, para quienes: «A cost standard can be faulted as difficult and expensive to prove, an also under-inclusive because price above costs can be both predatory and injurious to competition» (p. 42). 61 Ver E. ELHAUGE, Why above-cost price cuts to drive out entrants are not predatory-and the implications for defining costs and market power, The Yale Law Journal, vol. 112, 2003, p. 681, que concluye afirmando: «This analysis reaffirms the wisdom of the position that antitrust law should not recognize any claim of above-cost predatory pricing» (p. 827).19 EL ABUSO Y SUS EFECTOS. MODENIZACIÓN DEL ARTÍCULO 82 TCE El otro ejemplo de regla per se propuesta por el Dr. Böge i.e. los descuentos de fidelidad otorgados por empresas dominantes infringen en principio el Derecho de la competencia produce mayor perplejidad. En efecto, si una cuestión es capaz de obrar el milagro de poner de acuerdo a la práctica totalidad de los economistas, es precisamente la imposibilidad de predecir a priori cuándo los descuentos de fidelidad son anticompetitivos. Los descuentos de fidelidad son el paradigma de práctica que siempre debería valorarse casuísticamente, atendiendo a las particularidad de cada forma de concesión y a las condiciones concretas de cada mercado en el que se otorgan. En consecuencia, no parece posible ni deseable intentar reconducir su tratamiento a una regla per se 62. No existe pues ninguna base económica o empírica sólida que demuestre que los ejemplos de prácticas mencionadas por el Dr. Böge deban ser consideradas a priori abusivas, y que permita, en consecuencia, inducir una regla de prohibición per se. Y siendo esto así para las dos conductas que se proponen como paradigma de regla per se, no podemos sino pensar que lo mismo ocurrirá con el resto de multitud de reglas per se que, según el D. Böge, existirían en materia de prohibición de abusos 63. Antes de descartar definitivamente la utilidad de las reglas per se, conviene examinar brevemente los inconvenientes que sus partidarios atribuyen a la opción de definir las conductas prohibidas en función de sus efectos, por si fuesen de tal entidad que nos condujeran a reconsiderar nuestra opción. Una primera crítica derivaría de la necesidad y dificultad de probar el vínculo de causalidad entre la conducta y los efectos en el mercado. En la medida en que esa demostración exige comparar las condiciones reales del mercado con otras condiciones potenciales de mercado, siem- 62 Esta parece ser, no sólo la opinión casi unánime de la doctrina, sino incluso también de numerosos órganos públicos y autoridades de la competencia. Así, la OECD, en su Informe de 2003 Loyalty and fidelity discounts and rebates (http://www.oecd.org/dataoecd/18/27/ pdf), afirmaba: «Fidelity discounts have the obvious pro-competitive effect of lowering prices and may also have other pro-competitive effects especially those sometimes associated with exclusive dealing; because fidelity discounts have potentially significant pro-and anticompetitive effects, and both are highly dependent on specific features of the discounts and the markets they are found in, a case by case approach to fidelity discounts seems warranted». Por su parte, la OFT británica, en su borrador de guía de consulta Assessment of conducts, 2004, cit., núm. 45, señala: «Fidelity rebates may be abusive where they lead to foreclosure effects. It is the loyalty inducing effect of a fidelity rebate that generally raises potential competition concerns. However, even where a discount scheme adopted by a dominant undertaking has a loyalty inducing effect, the scheme would not be found abusive if it did not (or was not likely to) harm competition». 63 U. BÖGE, op. cit., núm. 56, p. 4.20 174 RAFAEL ALLENDESALAZAR CORCHO pre será necesario teorizar acerca de cuáles deberían ser estas condiciones potenciales de mercado. De esta forma, el análisis de los efectos quedará siempre abierto, en mayor o menor medida, a la especulación y por lo tanto a la crítica 64. A este respecto cabe señalar que, si bien es cierto que en ocasiones puede resultar difícil probar el vínculo entre la conducta y sus eventuales efectos en el mercado y que tal demostración conllevará siempre una cierta carga especulativa, también lo es que ese inconveniente no se evita con la aplicación de prohibiciones per se. En efecto, para el Dr. Böge las reglas per se se inducirían, precisamente, de la constatación de una relación generalizada de causalidad entre una determinada conducta y unos efectos restrictivos sobre la competencia. Por lo tanto, las reglas per se adolecerán en su raíz del mismo carácter especulativo que un sistema basado en el análisis de los efectos. Una prueba práctica de que el razonamiento especulativo no se evita con una regla per se nos lo proporciona el caso British Airways. Ante su alegación de que la persistente pérdida de cuota de mercado demostraba que sus descuentos carecían de efecto fidelizador, la Comisión se limitó a responder con un razonamiento puramente especulativo: «esto no significa que dichos sistemas careciesen de efecto. Tan sólo cabe deducir que los competidores hubieran tenido aún más éxito de no haber existido dichos sistemas abusivos de comisiones» 65. Por lo demás, no parece que el análisis necesario para delimitar los efectos de una conducta en relación con el art. 82 TCE precise de razonamientos más especulativos ni más complejos que los que se requieren para determinar si un acuerdo restringe o no sensiblemente la competencia y, en especial, si cumple los cuatro criterios fijados en el art TCE. Más bien cabría pensar todo lo contrario. Así pues, si en el actual sistema de autoevaluación se considera a las empresas y jueces nacionales capaces de valorar por sí mismos los efectos sobre la competencia de los acuerdos a la luz del art. 81 TCE, no se ve por qué serían incapaces de evaluar esos mismos efectos respecto de una práctica unilateral y en relación con el art. 82 TCE. Una segunda crítica a la definición del abuso basada en los efectos señala que la necesidad de constatar tales efectos impediría a las autoridades de la competencia intervenir antes de que se haya materializado el daño al mercado. 64 Ibid., p Apartado 107 de la Decisión British Airways, cit., núm. 17. Mostrar más
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