Source: https://www.scribd.com/book/295469935/Control-de-convencionalidad-y-responsabilidad-del-estado
Timestamp: 2018-11-15 21:37:02
Document Index: 276835679

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 53', 'artículo 93', 'artículo 90', 'artículo 41', 'artículo 6', 'artículo 340', 'artículo 9', 'artículo 106']

Control de convencionalidad y responsabilidad del estado by Alan Brewer and Jaime Santofimio by Alan Brewer and Jaime Santofimio - Read Online
by Alan Brewer and Jaime Santofimio
Length: 667 pages11 hours
El presente libro se desarrolla en dos partes. En la primera parte, realizada por el profesor Allan R. Brewer-Carías, se estudia el novedoso mecanismo del "control de convencionalidad" y su particular referencia a la garantía del derecho a la protección judicial mediante un recurso sencillo, rápido y efectivo de amparo de los derechos humanos. Se revisan las dos vertientes del control de convencionalidad, su desarrollo conceptual y el despliegue del mismo en el marco del ejercicio del recurso de amparo. En la segunda parte, elaborada por el profesor Jaime Orlando Santofimio Gamboa, se estudia la cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado y la aplicación en virtud de la misma de la convencionalidad como principio. Se trata de estudiar el régimen de responsabilidad del Estado y de cómo en él opera el control de convencionalidad. Se incorporan, para el efecto, los principales pronunciamientos del Consejo de Estado como "juez de convencionalidad" y las medidas adoptadas en dichas providencias tendientes a preservar la Convención Americana de Derechos Humanos.
Publisher: Universidad ExternadoReleased: Jan 1, 2013ISBN: 9789587721508Format: book
Control de convencionalidad y responsabilidad del estado - Alan Brewer
ISBN 978-958-710-894-1
© 2013, ALLAN R. BREWER-CARÍAS
© 2013, JAIME ORLANDO SANTOFIMIO GAMBOA
© 2013, UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Teléfono (57 I) 342 0288
Imagen de cubierta: Die Albertus-Universität Königsberg um 1900 (colorierte Postkarte), Photoglob AG, Zürich, Switzerland or Detroit Publishing Company, Detroit, Michigan
LUCIANO PAREJO ALFONSO{*}
Del cataclismo que supuso la II Guerra Mundial surgió la reafirmación del valor de la persona y su dignidad, lo que vale decir, su libertad (y, con ella, las concretas libertades en que, para su efectividad, se desagrega), haciéndolo trascender el plano nacional-estatal en búsqueda de su garantía real también en el internacional. De ahí el establecimiento de mecanismos de reconocimiento y protección colectivos de los derechos humanos que, si no dotados inicialmente -por razones obvias- de potencia suficiente para su plena efectividad a escala universal (Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948), pronto se articularon, en la regional -primero en la Europa integrada en el Consejo de Europa: CEDH Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (en adelante CEDH), y luego en América: Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969)-, no solo de forma más enérgica, sino también portadora de las posibilidades de una evolución perfeccionadora. Así lo demuestra magistralmente este libro por lo que hace al caso americano, que ha sido capaz -gracias a su afirmación y decantación progresivas- de la acuñación de la feliz categoría del control de la convencionalidad ; fenómeno que, como veremos, ha tenido lugar, paralelamente y con resultados sustancialmente equivalentes, en el ámbito europeo.
La razón de este proceso luce en las características de este último sistema, impresas en él desde su mismo origen: la imbricación de los principios de democracia, primacía del Derecho y garantía de los derechos fundamentales sobre la base de la dignidad de la persona en cuanto valor fundante del orden político, social y económico. En modo alguno puede tenerse por casual, por ello, que cuando España se refunda democráticamente en la Constitución de 1978, esta encabece su orden sustantivo de libertades, derechos, deberes y principios rectores de la política social y económica con la afirmación (art. IO. I) de la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la Ley y a los derechos de los demás precisamente en calidad de fundamento del orden político y de la paz social. Se explica, así, el vínculo que el artículo 3 del Estatuto del Consejo de Europa (Tratado de 1949) establece con el reconocimiento por los Estados miembros de dicho Consejo de los principios del imperio del Derecho y el de goce por cualquier persona que se halle bajo su jurisdicción de los derechos humanos y de las libertades fundamentales; reconocimiento que debe ir acompañado del compromiso de colaboración sincera y activa en la consecución de la finalidad de una unión más estrecha en la salvaguardia y promoción de los ideales y los principios constitutivos del patrimonio común. De donde -como dejó dicho la Declaración de Jefes de Estado y de Gobierno de Viena de 1993- la presuposición por la adhesión al Consejo de Europa de la adaptación de la instituciones y los ordenamientos estatales a la tríada constituida por los principios fundamentales del Estado democrático, la preeminencia del Derecho y el respeto de los derechos fundamentales (inclusiva implícitamente de la ratificación previa del CEDH). Y consecuentemente también de la exclusión de la incorporación de los Estados no democráticos (en tal sentido), regla aplicada en especial con ocasión de la incorporación de los antiguos países socialistas de Europa central y oriental.
Los desarrollos aludidos se inscriben en el fenómeno de internacionalización del Derecho a escala regional y mundial, favorecido recientemente por la generalización de la lógica de la economía de mercado. Pero por ello mismo sus logros y la continuación de su avance, de suyo permanentemente dificultados por la lógica inercial de la soberanía estatal, corren serio riesgo en tal contexto por la dinámica expansiva y colonizadora adquirida en la actualidad por la economía, en detrimento del orden de valores de que ahora tratamos. Porque la aludida dinámica es capaz de suyo de desconocer las barreras de aquella soberanía e imponerle sus condiciones, como está demostrando sobradamente la actual crisis económica mundial, pero con especial incidencia en Europa. Razón esta por la que la internacionalización puede experimentar arrolladores avances no solo en los ámbitos del Derecho civil y mercantil o comercial, sino, incluso, administrativo. Pues hasta en este último orden es capaz de sortear más fácilmente aquella soberanía, so capa de producirse su penetración en el espacio teóricamente cubierto por ella de modo intersticial y funcional. Esto es justamente lo que no sucede de manera tan fácil, sin embargo, cuando está en juego -cual sucede con las libertades y los derechos de la persona frente al Estado- no ya el orden constitucional (aunque también en él, dada su resistencia a abandonar su carácter introspectivo y, por tanto, nacional ), sino el núcleo esencial del mismo, aquel donde lo que se dilucida es la plena disposición estatal (del poder público) sobre la relación con sus ciudadanos. Y no solo en el caso de los Estados con posición preeminente en el orden mundial actual, como sucede, por ejemplo, con Estados Unidos, refractario a toda incidencia en su orden interior de cualquier instancia internacional (incluida la apoyada en la Convención Americana de los Derechos Humanos, que ni siquiera ha llegado a ratificar). Así lo demuestran, en el caso americano, la no participación de Canadá en esta última Convención y las denuncias de la misma por parte de Trinidad y Tobago en 1998 y de Venezuela en 2012. Y en el caso europeo -dejando aparte las fricciones derivadas de la coexistencia de los tribunales constitucionales nacionales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la actual Unión Europea- la reticencia de la jurisprudencia constitucional de algunos Estados y especialmente del Tribunal Federal alemán frente al proceso de integración europea. Tal reticencia -conducente a la afirmación de una reserva última del control sobre la garantía efectiva de los derechos llamados fundamentales según el estándar de su proclamación nacional incluso frente a la acción de las instancias comunitarias europeas (con evitación, sin embargo, del conflicto directo con el Derecho supranacional: sentencias Solange I de 1974, Vielleicht de 1979, Solange II de 1986 y Maastricht de 1993{1})- ha tenido ciertamente un efecto de signo inverso (de abajo hacia arriba) paradójico: la contribución significativa a un proceso de incorporación en el plano comunitario de la protección de los referidos derechos no solo en sede jurisprudencial, sino normativa (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2000) y, con ello, también a la suavización, si no eliminación, de fricciones entre los órdenes de dicha Unión y del Consejo de Europa{2}. Pero ha determinado asimismo -suscitando notable controversia{3}- la erección de la identidad constitucional nacional{4} en valor absolutamente indisponible para el Derecho europeo, de modo que -aún reconociéndose que, en el espacio europeo de justicia, las garantías constitucionales internas y comunitario europeas pueden ir perfectamente de la mano- se entiende que la sola existencia de tal doble escalón de garantía de los derechos no autoriza la renuncia por parte del propio Tribunal al ejercicio de su propia jurisdicción, constituyendo motivo, antes al contrario, para afirmar la pertinencia de la activación del control interno de identidad en caso de que, por efecto de la acción de los órganos europeos, se violen los principios fundamentales intangibles de la Ley fundamental de Bonn. Y esto es así, incluso si el Derecho comunitario respeta -como lo hace- la identidad de los Estados miembros, pues esta noción europea no coincide con la constitucional propia, expresiva de un núcleo resistente a la integración europea. Con independencia de la difícil precisión del alcance jurídico de la posición así formulada (evidentemente sobre el trasfondo de la verificación de la integración europea como un proceso abierto y continuado), parece claro que alude a un núcleo singular e irreductible en Alemania (y, por tanto, en cada Estado miembro) susceptible de interpretación específica interna (ahora y en el futuro) con independencia de que algunos contenidos de la identidad coincidan con valores propios de las tradiciones comunes de dichos Estados. Lo que lleva de suyo a la tesis de la llamada integración protegida y, con ella, a la reserva de la facultad de no aplicación en territorio nacional tanto de la normativa europea "ultra vires" (por exceso sobre el principio de competencias de atribución), como de aquella que vulnere el núcleo de la identidad constitucional.
Obvia es, pues, la actualidad, oportunidad y, sobre todo, pertinencia, por su objeto (que urge revitalizar), de la obra de los Profs. A. R. BREWER-CARÍAS y J. O. SANTOFIMIO GAMBOA; obra cuya calidad huelga resaltar dado el abrumador aval que le proporciona la trayectoria -sembrada de relevantes publicaciones- de ambos, más que administrativistas iuspublicistas con una dedicación acusada a las cuestiones constitucionales, teóricas y prácticas: el primero, maestro de maestros con proyección de su auctoritas a ambos lados del Atlántico de quien -en largos años de amistad- no he dejado nunca de aprender y cuya curiosidad investigadora, generadora de enormes frutos para el Derecho constitucional patrio, le ha llevado a desbordar pronto tal marco en términos premonitorios del magnífico estudio que ahora nos brinda; y el segundo, administrativista de fulgurante carrera, por méritos sobrados, tanto en el ámbito universitario como de la judicatura de más alto rango nacional en el orden contencioso-administrativo (orden en el cual ha sido y sigue siendo actor destacado en la jurisprudencia precisamente sobre responsabilidad del Estado), parte de cuya andadura científica he tenido la enorme suerte de compartir en beneficio propio.
El acierto de la perspectiva adoptada por los autores en el tratamiento de las cuestiones que abordan (el control de la convencionalidad y, desde tal perspectiva, la responsabilidad del Estado), sumado a la compleción y el rigor del tratamiento de las mismas -características que lejos de empañar hacen más meritoria la claridad, fluidez y capacidad de atracción de la atención de la exposición-, dejan poco espacio y proporcionan escaso soporte para cualquier análisis crítico a quien en cualquier caso -por no ser precisamente experto en el sistema americano de protección de los derechos humanos, ni, por supuesto, en el colombiano de responsabilidad extracontractual del Estado- carecería de criterio para realizarlo con fundamento. Por ello, solo el aprovechamiento de estas líneas de exordio para una muy sintética exposición de los correspondientes sistemas europeo y español y respectiva evolución puede proporcionarles siquiera sea un pequeño valor añadido de utilidad para el lector, al situarlo en condiciones de contrastar, a la luz de la misma y sus resultados, los alcanzados en la actuación de los estudiados en este libro.
El desarrollo del mecanismo europeo de tutela de los derechos humanos se ha desplegado en el doble plano sustantivo y organizativo. Si inicialmente selectivo (restricción a los considerados básicos, tomados a préstamo, para su proclamación, de la Declaración Universal){5}, el catálogo de derechos se ha ido ampliando mediante protocolos adicionales, el último de los cuales es de 2002{6}. En todo caso ese catálogo comprende, junto con los derechos sustantivos, los de carácter instrumental precisos para su tutela y, por tanto, efectividad, es decir, los alusivos a un recurso efectivo ante las jurisdicciones nacionales en caso de violación de los derechos, no discriminación y abuso de derecho. Su complemento -verdadera pieza capital- es el mecanismo de control, articulado en origen -de forma análoga al americano- en tres instituciones: la Comisión Europea (establecida en 1954), receptora de las demandas de los individuos y competente para decidir sobre su admisibilidad, el establecimiento de los hechos y el intento de un arreglo amistoso o, caso de fracaso de tal intento, la emisión de informe con pronunciamiento sobre la existencia o no de la violación denunciada; el Tribunal Europeo (constituido en 1959), encargado del conocimiento de las demandas admitidas y del dictado de sentencia definitiva (con carácter declarativo); y el Comité de Ministros, competente para el seguimiento de la ejecución de las sentencias y la adopción de decisiones definitivas sobre aquellas demandas examinadas por la Comisión que no hayan sido remitidas al conocimiento del Tribunal.
El mayor salto cualitativo experimentado por el sistema y que más lo diferencia hoy del americano se sitúa, sin duda, en este último mecanismo de control de la observancia por los Estados del CEDH es decir, el que los Profs. BREWER y SANTOFIMIO califican como control de la convencionalidad. Pues, tras sucesivas modificaciones del CEDH{7}, dicho control ha quedado concentrado en un único órgano: un nuevo tribunal de carácter permanente y con jurisdicción obligatoria y exclusiva en todos los asuntos relativos a la interpretación y aplicación del CEDH (quedando reducido el Comité de Ministros al seguimiento de la ejecución de las sentencias){8}. Esta opción en modo alguno ha sido inocua, en la medida en que dicho tribunal ha ido asumiendo dos funciones decisivas:
I. Por de pronto, la de interpretación dinámica del CEDH a la luz de las condiciones de vida en cada momento (sentencias, entre otras, de 25 de abril de 1978, asunto Tyrer c. Reino Unido; 7 de julio de 1989, asunto Soering c. Reino Unido, y 20 de marzo de 1995, asunto Loizidou c. Turquía) o, lo que es lo mismo, la desplegada asumiendo el papel de garante de un instrumento vivo. Posición esta que ha hecho de la interpretación dinámica una segunda vía -paralela a la de los protocolos adicionales- de expansión del catálogo de derechos, como lo acreditan (i) la apreciación de la violación del derecho de libertad de expresión al servicio de la efectividad del derecho de acceso a la función pública (Sentencia de 26 de septiembre de 1995, asunto Vogt c. Alemania), y (ii) la extensión del radio de acción de los derechos a la vida privada y familiar, el domicilio o, incluso, a la salud y la vida para cubrir la dimensión medioambiental y proteger así, indirectamente, un cierto derecho a un medio ambiente adecuado (sentencias de 7 de diciembre de 1972, asunto Handyside c. Reino Unido, 21 de febrero de 1990, asunto Powely Rayner c. Reino Unido, 9 de diciembre de 1994, López Ostra c. España, 19 de febrero de 1998, asunto Guerra y otros c. Italia, y 2 de octubre de 2001, asunto Hattony otros c. Reino Unido -seguida de Sentencia de la Gran Sala de 8 de julio de 2003-).
El impacto de esta interpretación dinámica -con idénticos efectos- en los órdenes jurídicos internos es indudable. Así sucede, a título de ejemplo, en el caso español, teniendo en cuenta que, como tiene señalado el Tribunal Constitucional{9}, para precisar el contenido de los derechos proclamados en la Constitución revisten relevancia especial la Declaración Universal de Derechos Humanos y los demás tratados y acuerdos internacionales ratificados por España, a los que remite el artículo 10.2 de la norma constitucional como criterio interpretativo; opción constitucional, que expresa el reconocimiento de la coincidencia con el ámbito de valores e intereses que aquellos instrumentos protegen y la voluntad de incorporación a un orden jurídico internacional que propugne la defensa y protección de los derechos humanos como base fundamental de la organización del Estado. De donde
... la importante función hermenéutica que, para determinar el contenido de los derechos fundamentales, tienen los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados [...] y muy singularmente, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Públicas, firmado en Roma en 1950, dado que su cumplimiento está sometido al control del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a quien corresponde concretar el contenido de los derechos declarados en el Convenio que, en principio, han de reconocer como contenido mínimo de sus derechos fundamentales, los Estados signatarios del mismo (cursiva del autor).
De hecho, la doctrina sentada en las sentencias del Tribunal Europeo antes citadas ha determinado un giro en la del Tribunal Constitucional español, plasmado en su Sentencia 119/2001, de 24 de mayo, que, por ello, señala -a pesar de la inexistencia de un derecho fundamental al medio ambiente- que "una exposición prolongada a unos determinados niveles de ruido, que puedan objetivamente calificarse como evitables e insoportables, ha de merecer la protección dispensada al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, en el ámbito domiciliario, en la medida en que impidan o dificulten gravemente el libre desarrollo de la personalidad, siempre y cuando la lesión o menoscabo provenga de actos u omisiones de entes públicos a los que sea imputable la lesión producida" (cursiva del autor).
2. Pero, además y de forma congruente con la anterior, una función en todo equivalente -en el campo de los derechos humanos- a la propia de un Tribunal Constitucional interno, estableciendo estándares de protección del ejercicio de los referidos derechos y adaptándolos a la evolución social{10}. Y ello sobre la base de una doble afirmación: la del carácter de instrumento constitucional del orden público europeo en materia de derechos humanos del CEDH{11} y la de similitud de su actuación con la de las jurisdicciones constitucionales internas, trascendiendo así el plano propio del juez del caso concreto{12}. De esta forma, el Tribunal, precisamente por incluir en sus decisiones pronunciamientos generales sobre el desarrollo del CEDH ha ido en ocasiones -y tempranamente- más allá de la declaración de la violación de este por un Estado para efectuar un control de las normas jurídicas (incluso las constitucionales) del mismo{13}, imponiendo su interpretación del CEDH sobre la de la respectiva Constitución verificada por el correspondiente Tribunal Constitucional{14} y, además, estableciendo por propia autoridad las consecuencias de sus sentencias. Ello en modo alguno significa, sin embargo, que haya llegado a alcanzar propiamente una función de depuración jurídica directa (mediante declaración de nulidad de normas o pronunciamientos judiciales internos) y de íntegro e igualmente directo restablecimiento de los derechos violados. Pero sí la extensión del control que le es propio incluso a los tribunales constitucionales de los Estados miembros por lo que hace a la observancia, en los procesos ante ellos seguidos, del derecho a un proceso equitativo{15}.
En la medida en que el diseño del CEDH es de doble escalón (con acento en el estatal), queda planteada así la cuestión del funcionamiento real del sistema europeo de protección de los derechos humanos. Ese funcionamiento reposa básicamente en el principio de subsidiariedad (de la intervención del Tribunal Europeo), toda vez que la función protectora principal corresponde a los Estados miembros, sin que -de otro lado y conforme al artículo 53 CEDH- las disposiciones del CEDH puedan interpretarse en el sentido de limitar o perjudicar los derechos humanos y libertades fundamentales susceptibles de ser reconocidos por los ordenamientos nacionales o en cualquier otro CEDH internacional. Sobre la base de la responsabilidad principal estatal (art. I CEDH{16}), sus manifestaciones principales son dos: (i) la obligación de los Estados de articulación de vías de recurso efectivas para la reparación de las violaciones, incluso si estas tienen su origen en la actuación de personas en ejercicio de funciones oficiales (art. 13 CEDH), y (ii) la necesidad del agotamiento previo de dichas vías internas como requisito del acceso al Tribunal Europeo (art. 35 CEDH). La subsidiariedad implica desde luego que este último no debe ocupar el lugar de los tribunales internos (correspondiéndole más bien verificar si los efectos de la interpretación realizada por estos es compatible con el CEDH{17}), pero igualmente que la protección interior no sea inferior a la dispensada por tal instrumento internacional, por más que a los Estados se les reconozca un cierto margen de apreciación (por su mejor posición para conocer las circunstancias concretas del caso){18}. Y en ningún caso significa que el control europeo subsidiario sea meramente ocasional, ya que su ejercicio puede producirse en todos los casos. Esto último conduce, según ha destacado la doctrina{19}, a una sustracción a los órganos judiciales nacionales del juicio definitivo sobre el carácter satisfactorio o no de la situación de los derechos en el Estado de que se trate.
Al anterior principio se añade otro de origen más bien jurisprudencial (en su caso, compartido con el escalón nacional, cual sucede en España): el de solidaridad, que se manifiesta en el efecto de cosa juzgada (en términos, por lo que hace al Tribunal Europeo, de cosa interpretada por razón del precedente, de la doctrina sentada como fuente del Derecho). Este es un punto clave, ya que de él depende la eficacia del sistema colectivo. En la práctica está demostrado{20} que el CEDH y la jurisprudencia del Tribunal Europeo se aplican con normalidad por los tribunales nacionales (ordinarios y constitucionales) con independencia de los términos de la interiorización del CEDH y del rango que este asuma en los ordenamientos internos en calidad bien sea de fuentes del Derecho lato sensu, bien sea de criterio interpretativo de dichos ordenamientos (incluso de las normas de rango constitucional).
Por lo que hace a España, a los precedentes se suma aún el principio de complementariedad derivado de la Constitución y conforme al cual la protección dispensada por el Tribunal Europeo es una modalidad más -justamente complementaria de las nacionales- de garantía jurisdiccional de los derechos y las libertades reconocidos por la norma fundamental.
Sin perjuicio de la apariencia que pueda resultar de las consideraciones precedentes (teórico funcionamiento armónico de los dos escalones del sistema europeo), la práctica demuestra que el esquema de las relaciones entre dichas piezas no garantiza la ausencia total de fricciones y conflictos, tanto más si se considera la complejidad añadida de su conversión en triangular por efecto de la integración comunitaria (la actual Unión Europea dotada de jurisdicción propia, cuya lógica conduce al desdoblamiento funcional de los órganos judiciales internos: al propio tiempo jueces nacionales y comunitarios cuando están en juego normas supranacionales). Las causas principales radican, junto con la operatividad en el plano internacional (europeo) de conceptos de contenido poco preciso (orden público europeo, tradiciones constitucionales comunes), en la autoconsideración por los tribunales Europeo de Derechos Humanos y constitucionales nacionales como instancias jurisdiccionales últimas en sus respectivos ámbitos y la duplicidad de cuerpos normativos (CEDH y protocolos, de un lado, y ordenamientos nacionales -con más, en su caso y el supranacional comunitario formando bloque con ellos, sin perjuicio de no estar exento tal bloque, a su vez, de dificultades de integración interna). Tomando el ejemplo de España, si la relación internormativa no plantea muchas dificultades en virtud de la integración en el Derecho interno (aunque no sea con carácter supralegal) de los tratados y convenios suscritos{21} y la cobertura por el principio de asunción de las obligaciones internacionales del acatamiento de las decisiones del Tribunal Europeo, otra cosa sucede con la específica articulación de la jurisdicción de este, pues la ratificación del CEDH no ha significado cesión de soberanía, es decir, de competencia, alguna -en virtud del artículo 93 ce y como sucede en el caso de la Unión Europea- no obstante estar claro (en el caso de España desde la ratificación en 20i0 del Protocolo adicional 14, de 2004, y, por tanto, del actual art. 46 CEDH), que: (i) los Estados se comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal, debiendo, así, ejecutarlas (a cuyo efecto el Comité de Ministros posee la facultad de supervisión), y (ii) el Tribunal puede apreciar (sobre la base de acuerdo previo de dicho Comité) la violación del deber estatal de ejecución, remitiendo al Comité de Ministros el examen de las medidas que deban ser adoptadas.
Para la superación de la expresada dificultad, doctrinalmente se ha llamado la atención sobre el carácter jurisdiccional del Tribunal Europeo (aunque sus sentencias sean declarativas) y la aceptación de su jurisdicción tedh (que no requiere integración orgánica en el poder judicial español), pero especialmente se ha sostenido la posibilidad de sortear la prescripción constitucional (art. 117. I) de la administración de justicia por jueces y magistrados integrantes del poder judicial tanto sobre la base de la extensión por la Ley orgánica de este poder (art. 2.I) del ejercicio de la potestad jurisdiccional, más allá de los juzgados y tribunales determinados en las leyes, por los que lo sean por los tratados internacionales, cuanto con apoyo en la obligación de la interpretación de los derechos y las libertades reconocidos por la Constitución (art. 10.2) de conformidad con los tratados ratificados sobre las mismas materias como una limitación de los poderes públicos internos. Sea como fuere, es convincente la tesis de que la ratificación del CEDH implica la sujeción a un proceso de integración por el Derecho , con la consecuente repercusión en la relación entre Tribunal Europeo y tribunales nacionales; proceso análogo al que, aquí sí con clara e institucionalizada interacción entre estos últimos y el Tribunal de Justicia, se cumple en la Unión Europea. Quiere decirse con ello que los Estados han perdido el monopolio sobre el Derecho, que es cada día más fruto del juego combinado de normas y reglas de procedencia diversa, dando lugar -en lo que ahora importa- al fenómeno ya destacado en su día por P. HÄBERLE{22} de cristalización progresiva de un Derecho constitucional común europeo, del que el CEDH constituye núcleo esencial y en el que a la jurisprudencia corresponde un papel capital.
Desde la perspectiva del CEDH las sentencias del Tribunal Europeo tienen ciertamente fuerza de obligar a los Estados, pero no por ello son directamente ejecutivas, toda vez que, a tal efecto, se requiere la interposición de la autoridad estatal (aunque bajo la supervisión del Comité de Ministros){23}. De ahí que el propio Tribunal, tomando pie en el carácter declarativo de sus pronunciamientos, reconozca a los Estados cierto margen de apreciación a la hora de la ejecución, sobre todo cuando esta -por referirse a deficiencias estructurales ordinamentales- determine la necesidad de introducir modificaciones normativas. Así, ya en su Sentencia de 13 de junio de 1979, asunto Marckx c. Bélgica, dejó señalado -a propósito de asunto relativo a filiaciones y sucesiones- que, aun cuando no puedan referirse directamente a los textos legales, sus pronunciamientos pueden producir efectos que desbordan los límites del asunto concreto cuando las violaciones tienen su origen inmediato en normas y no en decisiones individuales, si bien el carácter declarativo de sus decisiones deja a los Estados la elección de los medios a emplear para su acatamiento. La jurisprudencia ha ido, no obstante, matizando el alcance de tal carácter declarativo para justificar la posibilidad de la concreción de las medidas a adoptar (p. ej.: la de restitución en materia de propiedad o las generales precisas para evitar la repetición de la violación o las concretas pertinentes, en particular la de indemnización sustitutoria), generalizar el recurso a la medida consistente en una satisfacción equitativa sustitutoria (relativa a los daños morales y materiales y los gastos y costas ocasionados), de modo que la conexión, en la sentencia, entre apreciación de la violación y fijación de esta última medida (de carácter pecuniario y en contraste con el carácter declarativo del pronunciamiento) ha llegado a convertirse en práctica habitual (pasando de mecanismo subsidiario a mecanismo ordinario). Tal evolución se ha consolidado con el Protocolo 14 de 2004, de suerte que, a partir del mismo, la apreciación de problemas estructurales en el ordenamiento correspondiente (problemas que están en el origen de las violaciones apreciadas) conduce -con reducción del margen de apreciación en la fase ejecutiva- a requerir del Estado de que se trate el reexamen de la efectividad de los recursos internos y el establecimiento de los procedentes para evitar casos repetitivos e, incluso, la eliminación en el orden interno de cualquier obstáculo a la reparación que proceda (trátese de la adopción de medidas generales o de concretas, incluso con identificación de la única procedente){24}.
La determinación interna de la responsabilidad extracontractual del Estado se realiza en algunos Estados americanos a partir y sobre la base del Derecho internacional. Así se justifica detenida y convincentemente en el libro respecto del ordenamiento jurídico colombiano, en el que está en consolidación, sobre la base del artículo 90 cp y la jurisprudencia de la Corte Constitucional (sentencias C-169 y C-918 de 2002), en consideración a la cláusula del Estado Social y Democrático de Derecho y al principio "pro homine" inspirador de la Convención protectora de los derechos humanos.
La comparación con la situación en Europa no permite apreciar, en esta materia, paralelismo equivalente al apreciado en la protección de los derechos humanos. Pues del CEDH no parece que pueda predicarse capacidad de influjo, en el terreno de la responsabilidad, parecida a la de la Convención americana, siquiera sea más allá de lo que resulta de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre reparación o indemnización por las violaciones apreciadas. El fundamento real en Europa de la responsabilidad extracontractual del Estado es, pues, el correspondiente orden constitucional. El único régimen supranacional desarrollado a tal respecto es, en efecto, el de la Unión Europea (en adelante UE).
El artículo 41.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la ue, a la que remite el artículo 6 del Tratado de la Unión, incluye, en el contenido del derecho ciudadano a la buena administración que proclama, el derecho de toda persona a la reparación por la ue de los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones; y ello de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros. Por su parte, el artículo 340 del Tratado de Funcionamiento de la Unión determina que, en materia de responsabilidad extracontractual, la ue debe reparar los daños causados por sus instituciones o sus agentes en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los principios generales comunes a los Derechos de los Estados miembros (añadiendo que el Banco Central Europeo afronta por sí mismo, de conformidad con los mismos principios, la responsabilidad en que pueda incurrir). Lo que ha llevado a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión a desarrollar una doctrina de la responsabilidad fundamentalmente por ilegalidad, inspirada en la noción de falta (pero sin excluir totalmente la posibilidad de la responsabilidad sin falta en caso de un perjuicio anormal y especial){25}.
De esta forma, en Derecho comunitario europeo el surgimiento de responsabilidad extracontractual depende, como regla general, de la concurrencia de (i) un acto u omisión ilegal, (ii) la producción de un daño o perjuicio real, y (iii) la existencia de una relación de causalidad entre el acto (o la omisión) y el daño. Aunque, así debe precisarse, se admita también la responsabilidad por acto lícito (o conforme a Derecho), siempre que -además de los requisitos de causalidad y realidad del daño o perjuicio- concurra el del carácter anormal y especial de este último. El mero error o la simple irregularidad no bastan por sí solos, pues, para desencadenar la responsabilidad, a menos que aquellos se caractericen por falta de diligencia o de prudencia. Concurriendo responsabilidad, la indemnización incluye tanto el daño experimentado como el perjuicio o beneficio dejado de obtener, lo que implica que uno y otro han de ser ciertos y no meramente posibles, aunque pueden ser inminentes y posibles con certeza suficiente, esto es, daño o perjuicio futuros pero suficientemente ciertos{26}. Dada la peculiar construcción de la ue (en la que los Estados asumen la función de agentes ejecutores indirectos y ordinarios del Derecho supranacional), este régimen rige también cuando el órgano a cuya acción u omisión (en aplicación del Derecho comunitario) sea imputable el daño o perjuicio sea estatal, al menos en términos de impedimento de previsión por el Derecho interno correspondiente de requisitos menos favorables que los que se refieran a reclamaciones semejantes derivadas de la aplicación del Derecho nacional, ni articularse de manera que hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil obtener una indemnización{27}.
Importa destacar, por lo que luego se dirá respecto del Derecho nacional, que -gracias en este caso a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión{28}– incluso los actos legislativos pueden dar lugar a responsabilidad patrimonial. La responsabilidad por acto legislativo así admitida:
a) Solo se produce cuando el dictado del acto legislativo (comunitario o estatal en ejecución, en este último caso, del Derecho comunitario) o su omisión (por institución comunitaria u órgano estatal; por ejemplo y en este último caso, la no trasposición de una Directiva comunitaria) merece la calificación de ilegal{29}. A este respecto, tienen la consideración de normas superiores de Derecho protectoras de los particulares, cuya contravención da lugar a responsabilidad extracontractual, los principios generales de legalidad, confianza legítima, respeto a los derechos consolidados, irretroactividad, no discriminación y proporcionalidad.
En ningún caso puede una disposición con rango de Derecho primario (originario -tratados y sus modificaciones-, es decir, del orden constitucional supranacional) dar lugar, sin embargo, a responsabilidad extracontractual porque no constituye acto de las instituciones comunitarias o de sus agentes.
b) Y es aplicada, en todo caso, con criterio restrictivo según las reglas que pueden sintetizarse así: (i) debe existir, como regla general, infracción o incumplimiento de una norma superior protectora de situaciones jurídicas individualizadas, si bien (ii) en materias en las que el poder opera con amplio margen de discrecionalidad (p. ej., política económica), solo cuando tales infracción o incumplimiento sea manifiestos y graves (incumplimiento caracterizado ) y el daño sufrido por los particulares sea anormal y singular.
Siendo impracticable aquí siquiera sea una sintética exposición del panorama que ofrece la institución de la responsabilidad extracontractual del poder público a escala europea, preciso es circunscribirse a unas pinceladas del régimen de dicha institución en el Derecho español. La responsabilidad del poder público tiene rango constitucional, al incluir el artículo 9.3 de la norma fundamental -en el contexto de la enumeración de los principios propios del Estado de Derecho que ella garantiza- los de responsabilidad e interdicción de los poderes públicos. De estos principios se predica, pues, un radio de acción que alcanza a todos los poderes públicos, trátese del ejecutivo-administrativo o del judicial o, incluso, legislativo. Ocurre que, en el desarrollo constitucional, el régimen de la responsabilidad de cada uno de ellos es distinto.
La responsabilidad extracontractual de la Administración pública está establecida también con rango constitucional: el artículo 106.2 ce reconoce a los particulares el derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos en los términos establecidos por la Ley {30}. Es, en este sentido, específica y no dependiente de la concurrencia de los requisitos tradicionales derivados de la responsabilidad civil (que descansa sobre la culpa como criterio de la ilicitud del daño o perjuicio y en la excepcionalidad de la imputación de la misma por hecho de tercero -culpa in vigilando o in eligendo-), actualizándose en cuanto exista un daño o perjuicio que traiga causa del funcionamiento de los servicios públicos y no sea debido a fuerza mayor.
Conforme a su regulación legal{31} es efectivamente directa (atribución a la organización titular del servicio correspondiente{32}) y objetiva (no exigencia del concurso de culpa y exclusión solo de los casos de fuerza mayor), lo que significa: giro en torno a la noción de lesión{33}, lo que hace de la institución mecanismo de cierre de la garantía constitucional patrimonial del ciudadano frente a la acción del poder público, cubriendo todos los supuestos de lesión valorable económicamente distintos de la expropiación forzosa y, por tanto, no cubiertos por esta. Se trata, empero, de un desarrollo legal que no deriva inexcusablemente del orden constitucional, por lo que, habiendo sido objeto de crítica doctrinal, está sufriendo una cierta reconsideración -incluso jurisprudencial- en el sentido de la superación de la equiparación de objetividad y universalidad{34}, así como de la vinculación entre causalidad e imputación{35} y de lesión e indemnización, con revalorización{36} del significado de la objetividad como imposición -con carácter determinante- de la perspectiva de la posición del ciudadano afectado y, en concreto, del deber o no de este de soportar las consecuencias de la acción u omisión del poder público{37}. El resultado es, así, que la objetividad no implica hoy surgimiento mecánico del deber de indemnizar, sin perjuicio de la persistencia y alcance general del principio de responsabilidad patrimonial -directa y plena- de la Administración pública, conforme a un régimen jurídico-público único garante a todos de un tratamiento común frente a la acción de ésta, cuando cause a los ciudadanos lesiones que estos no tengan el deber jurídico de soportar; y ello sin necesidad de individualizar -ni de reclamar previamente- a la autoridad, funcionario o agente cuya conducta haya causado efectivamente la lesión, y, además, con independencia de la licitud o ilicitud de tales conducta o funcionamiento, pero con referencia, en su caso, a un estándar del servicio público{38} y siempre que dicho daño sea efectivamente imputable a la Administración y en la medida en que lo sea, determinando en esta el correlativo deber.
Cuando el Estado opera en calidad de juez su responsabilidad es específica por relación a la anterior de la Administración pública, estando regulada por ello en la Ley orgánica del poder judicial (arts. 292-296). Aquí el ámbito de la responsabilidad es más restringido{39}, pues cubre ya solo los supuestos de error en la función de juzgar y de mal funcionamiento de la Administración de Justicia, pudiendo derivar de dos supuestos: (i) lesión causada por la actividad judicial misma, y (ii) lesión derivada del funcionamiento de la Administración de Justicia, es decir, de toda otra actividad del poder judicial que no consista precisamente en el ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
A diferencia de como opera en el caso de las Administraciones públicas y del Estado-juez, la Constitución no extrae del principio general de responsabilidad de los poderes públicos, por último, consecuencia alguna, expresa y concreta, para el Estado-legislador. Por ello, la admisión de la responsabilidad por hecho del legislador es cuestión controvertida, a pesar de la existencia, desde 1992, de una regulación legal (art. 139.2 de la Ley de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común), que se refiere a ella al establecer que las Administraciones públicas indemnizarán a los particulares por la aplicación de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos y que éstos no tengan el deber jurídico de soportar, cuando así se establezca en los propios actos legislativos y en los términos que especifiquen dichos actos .
No siendo este punto pacífico en la doctrina científica, probablemente el mejor enfoque de la cuestión sea -por clarificador y en ausencia de previsión constitucional suficiente- el que descansa en la diferenciación del doble papel que cumple hoy el legislador al mismo tiempo como poder de un Estado miembro de la Unión Europea e interno derivado de la soberanía constituida y retenida (no cedida a dicha Unión){40}, es decir, como ejecutor del ordenamiento comunitario y productor de decisiones de la comunidad nacional sobre sí misma. Pues si cuando actúa en el marco del Derecho comunitario y por estar desde luego sujeto a este, su responsabilidad surge en los casos y la medida previstos por dicho Derecho (en los términos ya antes expuestos) y puede, por ello, ser apreciada por el juez ordinario contencioso-administrativo (en tanto que juez indirecto de la Unión Europea){41}, no parece que pueda sostenerse con verdadero fundamento un régimen distinto para dicha responsabilidad cuando opera exclusivamente en el marco de la Constitución. Y, sin embargo, existen en la práctica diferencias en este último caso, cuando menos en punto a la exigencia de: (i) la impugnación de los actos de aplicación de la norma legal (viabilidad de la responsabilidad incluso frente a actos firmes, pero no así cuando está implicada una violación del Derecho europeo); (ii) la cualificación de la violación (inexistencia del requisito de la suficiente caracterización, que sí se aplica en caso de violación del Derecho europeo), y (iii) la condición directa del daño (carente del rigor que presenta en caso de violación del Derecho europeo).
En todo caso, la cuestión debe analizarse, en el plano del Derecho constitucional interno, en el terreno de la garantía constitucional de la propiedad y, por tanto, de la expropiación forzosa (art. 33.3 ce), pues esta es una garantía establecida en todo caso frente a la acción de cualquier poder público. Es, pues, en este terreno, en el que debe interpretarse y aplicarse la regulación legal establecida, que se refiere a derechos (de los sujetos privados) y emplea, así, fórmula equivalente a la utilizada tanto en dicho artículo como en el previsor de la responsabilidad administrativa. La clave de tal regulación legal reside en la remisión que hace al plano de la aplicación de la Ley y, por tanto, al administrativo, pero excepcionando el régimen general de la responsabilidad propio de la Administración. Pues desde ella debe entenderse que:
a) Excluye los actos legislativos expropiatorios. Esta exclusión es lógica en tanto que expresiva de respeto estricto de la garantía expropiatoria. En efecto: si la Ley es formalmente expropiatoria (ley, problemática, de caso único), sólo el Tribunal Constitucional puede decidir sobre su conformidad o no con la garantía constitucional de la propiedad. Caso de declaración de constitucionalidad, las únicas cuestiones ya posibles (en especial: fijación y pago del justiprecio; eventual reversión) deben resolverse en sede judicial ordinaria. Pero si la ley resulta declarada inconstitucional, ha de tenerse por infractora de la garantía expropiatoria y, por tanto, productora de un daño que, de deber ser indemnizado por haberse actualizado en sede aplicativa, determina la entrada en juego de la cláusula constitucional de cierre de la garantía patrimonial: la responsabilidad.
b) Incluye las leyes que, no siendo formalmente expropiatorias, puedan tener, por el alcance de su regulación y en su aplicación, efecto materialmente equivalente al expropiatorio (privación o lesión total o parcial de derechos). Es justamente la falta de jurisdicción del juez contencioso-administrativo para enjuiciar la ley propia del constitucionalismo continental europeo, la que explica el requisito de la previsión del derecho de indemnización y los términos de esta por el propio legislador. Legitimando, de esta forma, incluso desde la perspectiva del juicio de constitucionalidad, su propia regulación, se traslada la efectividad del cierre de la garantía patrimonial al momento de la efectividad de la norma legal (si es autoaplicativa) o, en otro caso, de su ejecución administrativa, pero sin confusión de la responsabilidad que con ocasión de esta se actualice (que trae causa del legislador y queda sujeta a un régimen especial) y la de la Administración por razón de su propia actuación, es decir, de su giro o tráfico propio. Es lógica y en modo alguno errónea, por ello, la exigencia de inexistencia respecto de los destinatarios de la regulación de deber jurídico de soportar la consecuencia dañosa que traiga causa directa de la ley, pues de consecuencia de efecto equivalente al expropiatorio debe tratarse.
De esta suerte, este régimen especial de la responsabilidad por hecho del legislador puede dar lugar a los siguientes supuestos básicos: (i) ley sin previsión alguna acerca del derecho a indemnización, en su caso por actos de aplicación, cuya regulación sea reconducible enteramente a la (de)limitación de derechos: de ser constitucional, su aplicación no puede dar lugar nunca a responsabilidad; y de ser declarada inconstitucional por ser materialmente expropiatoria, su efectividad o, en su caso, aplicación habrá determinado, en su caso y en los términos que resulten de la sentencia del Tribunal Constitucional, la correspondiente responsabilidad; y (ii) ley con previsión del derecho a indemnización, en su caso por actos de aplicación, de cuya regulación puedan derivarse efectivamente consecuencias de efecto equivalente al expropiatorio: de ser declarada constitucional, su aplicación puede dar lugar a responsabilidad en los términos de la propia ley; y de ser declarada inconstitucional, sucederá lo mismo que en la hipótesis de inconstitucionalidad antes aludida.
Para que surja efectivamente la responsabilidad y proceda, por tanto, la indemnización, es preciso que: (i) sea directamente eficaz en la realidad la norma legal o tenga lugar una aplicación efectiva de la misma y, por tanto, una incidencia real de su regulación en las situaciones individualizadas de los ciudadanos; (ii) el daño o perjuicio, aunque se actualice con ocasión de la actuación de la Administración (permitiendo así la exigencia a esta del abono de la indemnización), traiga causa de la regulación legal y no sea imputable a dicha Administración por razón de su giro o tráfico propio (en cuyo caso lo que hay es una responsabilidad administrativa); y (iii) no exista deber jurídico de soportar el daño o perjuicio por tener éste efecto equivalente al expropiatorio, es decir, implicar un sacrificio especial, singular y desigual y, por ello, insusceptible de ser calificado como una carga general.
Aunque la doctrina del Tribunal Constitucional{42}, al igual que -desde mucho antes- la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo{43}, afirma la inexistencia de verdaderos derechos adquiridos frente a la acción innovativa del legislador, lo cierto es que en el contexto del reconocimiento incidental por el Tribunal Constitucional, primero y a propósito de la anticipación por el legislador de la edad de jubilación de funcionarios, de que las nuevas regulaciones legales pueden producir la frustración de expectativas existentes y, por tanto, perjuicios económicos merecedores de compensación, y posteriormente{44} de la posibilidad de aplicación por los tribunales ordinarios de la normativa general en la materia, se ha producido en la jurisprudencia contencioso-administrativa una evolución en la que, tras algunas vacilaciones, se ha acabado imponiendo y consolidando la línea claramente afirmativa de este tipo de responsabilidad{45} en los siguientes términos:
I. El principio constitucional de responsabilidad de los poderes públicos tiene valor normativo directo y virtualidad inmediata, desplegando la triple función que es propia de todo principio general del Derecho y, en particular, la de operar como fuente supletoria del Derecho en los casos de inexistencia o de insuficiencia de la regulación legal. Por ello, el sistema constitucional no permite ámbitos exentos de responsabilidad, hallándose el Estado obligado a reparar los daños antijurídicos que tengan su origen en la actividad de los poderes públicos, sin excepción alguna. Las únicas excepciones posibles son, pues, las que la propia Constitución contempla (p. ej., el Rey: art. 64.2 CE) y las puedan prever las leyes que la desarrollan.
Ahora bien, la garantía que el principio comporta permite al legislador un margen de maniobra en cuanto a su concreción, en función del poder público respecto del cual aquella se predique. No puede recibir el mismo tratamiento, en efecto, la responsabilidad de unas organizaciones sometidas plenamente a la Ley y al Derecho (las Administraciones) o la un poder disperso (el judicial) que la del poder legislativo, que representa directamente al pueblo y es, por lo tanto, esencialmente soberano y con una gran libertad de configuración, sin más limites que el bloque de constitucionalidad. Lo que no quiere decir que el margen de maniobra del legislador sea ilimitado, por lo que no excluye su responsabilidad, aunque le confiere carácter excepcional. Por ello, ni siquiera la omisión de toda regulación de la responsabilidad de cualquiera de los poderes constituidos, ni, por tanto, su silencio respecto de la responsabilidad derivada de su propia actuación con ocasión del establecimiento de una concreta regulación, son capaces de crear un espacio inmune a las reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Son en este caso los tribunales -indagando la ratio legis- los llamados a determinar la existencia o no de una lesión antijurídica que deba resarcirse y efectuar la correspondiente declaración de responsabilidad, sin por ello incurrir en suplantación del legislador.
2. La actuación del legislador capaz de producir lesión resarcible es tanto la constitucional como la inconstitucional. La que sea constitucional puede siempre, cuando no tenga carácter expropiatorio, determinar responsabilidad patrimonial, con la consecuencia de la desaparición, al menos como presupuesto o exigencia ineludible de la referida posibilidad, la de previa previsión y aceptación de la responsabilidad en la propia ley. Y la declarada inconstitucional da lugar normalmente a responsabilidad, pero el desencadenamiento de esta puede presentar específicas dificultades.
Por de pronto, el título de imputación de la responsabilidad no es otro que la declaración de inconstitucionalidad, derivando la lesión, por ello, de la aplicación misma de la ley (constatada, sobrevenidamente, como indebida), de modo que no es exigible la previsión por el propio legislador de la indemnizabilidad de sus decisiones, porque conduciría a una conclusión interpretativa absurda e ilógica, de suyo rechazable: la supeditación de la reparación del perjuicio a la contemplación por el propio legislador de la posibilidad de la inconstitucionalidad y del consecuente planteamiento, para tal hipótesis, de la procedencia o no de la inclusión de un pronunciamiento al respecto.
De otro lado, el juego de la responsabilidad se produce tanto cuando la declaración del Tribunal Constitucional establece la responsabilidad, como cuando nada dice al respecto o, incluso, dispone para aquella declaración solo efectos ex nunc. Más aún, tiene lugar incluso cuando la referida declaración no puede afectar a fallos judiciales firmes en virtud del efecto de cosa juzgada. Y ello, porque -no planteando problema el primer supuesto-: (a) la regla general es la de la nulidad radical, en origen, de