Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/T-281-18.htm
Timestamp: 2019-05-20 17:05:07
Document Index: 194840053

Matched Legal Cases: ['artículo 48', 'artículo 22', 'artículo 47', 'artículo 42', 'artículo 93', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 36']

T-281-18
SUSTITUCION PENSIONAL-Naturaleza, finalidad y principios constitucionales
SUSTITUCION PENSIONAL-Requisitos que debe acreditar el hijo en situación de discapacidad para ser beneficiario
FAMILIA-Concepto en la jurisprudencia constitucional a partir de lazos de afecto, solidaridad, respeto y asistencia entre padres e hijos de crianza
Esta Corporación ha definido a la familia de crianza como aquella que no se conforma por vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios materiales, y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y protección constitucional. Se trata de una figura de creación jurisprudencial que se ha dado, por un lado, en respuesta al desarrollo de la sociedad, la cual consta en una relación entre padres e hijos que no tienen un lazo consanguíneo ni jurídico, y de características precisas que se abordarán más adelante; y por el otro, ante la ausencia de regulación sobre el particular en la legislación colombiana.
FAMILIA DE CRIANZA-Reiteración de jurisprudencia
FAMILIA DE CRIANZA-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia
HIJOS DE CRIANZA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD COMO BENEFICIARIOS DE LA SUSTITUCION PENSIONAL-Subreglas para la determinación de acceso a la pensión de sobrevivientes o sustitución pensional
Para esta Corporación no se debe distinguir la naturaleza de la relación familiar que se tenga entre hijo y padre, al momento de otorgar el reconocimiento y pago de una mesada pensional por medio de la figura de la sustitución, cuando se produce el fallecimiento del titular de la prestación; en consecuencia, a las entidades estatales o particulares encargados del reconocimiento de dicha prestación, les está prohibido realizar distinciones entre familias configuradas por vínculos de facto, pues ello se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales que los revisten como parte de un grupo familiar. En todo caso, se deberá analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a la sustitución pensional y constatar la configuración de los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de la familia de crianza.
DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA HIJO DE CRIANZA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Orden reconocer y pagar sustitución pensional en favor de accionante
Acción de tutela instaurada por Agobardo Córdoba Aragonés, actuando en calidad de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A, la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza[1].
Dentro del proceso de revisión de los fallos dictados por el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali en primera instancia y del Juzgado 4 Civil del Circuito de la misma ciudad en segunda instancia, en la acción de tutela instaurada por Agobardo Córdoba Aragonés, actuando en calidad de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A[2].
Sobre la situación familiar de Pedro Pablo Córdoba Aragonés
1. El señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés nació el 29 de junio de 1978 en Andalucía, Valle del Cauca. Ese día su madre biológica, la señora Rubiela Aragonés Parga, lo abandonó.
2. Desde ese momento, Clementina Aragonés, tía de Rubiela Aragonés Parga, y Agobardo Córdoba, su esposo y padre del señor Agobardo Córdoba Aragonés, se hicieron cargo de él.
3. Pedro Pablo Córdoba fue bautizado por Agobardo Córdoba, pues no se sabía quién era su padre biológico y no se tenía conocimiento del paradero de su madre biológica.
4. Cuando Pedro Pablo Córdoba tenía diez años empezó a presentar ciertas dificultades en su comportamiento, como no continuar con sus estudios y consumir drogas, por lo que el señor Agobardo Córdoba se vio en la obligación de internarlo en centros de rehabilitación en varias oportunidades.
5. El 14 de marzo de 2008, falleció la señora Clementina Aragonés, según señala el actor “de pena moral por verlos en ese estado”[5].
6. Posteriormente, el 4 de agosto de 2011 Agobardo Córdoba decidió registrar a Pedro Pablo con su apellido, en la Notaría de Andalucía, porque “lo amaba mucho, le daba todo lo necesario. Para todas las cosas, hacía como ‘padre putativo’ pues dependía emocional y económicamente de él”[6].
7. Actualmente, Pedro Pablo Córdoba se encuentra en una casa de paso llamada Fundación Gerontológica Luz y Esperanza, donde se pagan $400.000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo a lo afirmado por el Agobardo Córdoba Aragonés, es necesario trasladarlo a un centro de rehabilitación “donde no logre salirse, pues no es solo un drogadicto sino con retardo mental, esquizofrenia, comportamientos desordenados, y en ese centro nos cobran $1.500.000”[7].
8. El señor Agobardo Córdoba prestó sus servicios a la Empresa Ingenio Riopaila S.A.
9. Mediante la Resolución No. 01205 del 21 de mayo de 1986, el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez, la cual era sufragada en una cuota parte por el Ingenio Riopaila Castilla.
10. El 30 de marzo de 2014, el señor Agobardo Córdoba falleció, razón por la cual el 20 de agosto de 2014 Agobardo Córdoba Aragonés solicitó a dicha empresa y en nombre de Pedro Pablo Córdoba el reconocimiento de la sustitución pensional.
11. El 12 de septiembre de 2014, el Director de Gestión Laboral del Ingenio Riopaila Castilla le informó al peticionario que para iniciar el proceso de reconocimiento de dicha prestación era necesario indicar quién era el representante legal o curador designado del señor Pedro Pablo Córdoba.
12. Surtido el trámite correspondiente, mediante sentencia del 31 de octubre de 2016 el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali declaró en interdicción judicial definitiva por discapacidad mental absoluta a Pedro Pablo Córdoba Aragonés y designó a Agobardo Córdoba Aragonés como su curador legítimo[8].
13. Los días 22 y 23 de diciembre de 2016 fueron radicados los documentos para el reconocimiento de la sustitución pensional ante el Director de Gestión Laboral de Riopaila y ante Colpensiones, respectivamente.
14. A través de la Resolución No. GNR 46366 del 13 de febrero de 2017 Colpensiones reconoció y ordenó el pago de dicha prestación a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés a partir del 30 de marzo de 2014, en calidad de hijo en condición de invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 70.25%.
15. En oficio del 28 de julio de 2017 Riopaila Castilla S.A., negó la solicitud al considerar que una vez revisada la documentación, la realización de dos visitas domiciliarias y la práctica de otras pruebas, “el señor Pedro Pablo Córdoba (registrado como Pablo Aragonés) realmente es sobrino político del señor Agobardo, hijo de una hermana de quien fuera su esposa, la señora Rubiela Aragonés y no hijo del mencionado señor”[9].
16. El 25 de septiembre de 2017, el señor Agobardo Córdoba Aragonés instauró acción de tutela en calidad de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, con el fin de que le fueran amparados los derechos fundamentales al mínimo vital, a una vida digna y a la igualdad.
17. Señaló que la empresa Riopaila Castilla S.A., desconoció la realidad fáctica y jurídica consistente en la intención del señor Agobardo Córdoba de formalizar legalmente el reconocimiento como padre de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, según consta en el registro civil de nacimiento, serial 39606715.
18. Manifestó que él y sus tres hermanos han asumido como tíos el sostenimiento de Pedro Pablo, pero sus actuales condiciones económicas no les permiten solventar los gastos mensuales que requiere, los cuales ascienden a la suma de $1.200.000 y eran cubiertos por el señor Agobardo Córdoba.
19. Mencionó que las declaraciones extra juicio que anexa al expediente coinciden en señalar que cuando Pedro Pablo Córdoba nació fue abandonado por su madre, por lo que Agobardo Córdoba y Clementina Aragonés se hicieron cargo de él, “se lo llevaron para la casa y lo hicieron parte del hogar, dado que nunca se conoció quién era el padre biológico. Le brindaron apoyo económico, emocional y material determinante para su adecuado desarrollo. Desde que nació hasta que murió don Agobardo asumió todos los gastos de crianza, manutención, estudio, aseo personal (…) siempre lo consideró como un hijo y le brindó educación. (…) Les llamaba papá y mamá”[10].
20. Por otro lado, hizo referencia a la historia clínica de Pedro Pablo Córdoba, donde quedó registrado que su cuidado estaba a cargo de “sus padres adoptivos” y una vez fallecen “sus hermanas”. Así mismo, al informe de evaluación del Instituto de terapia INTEI donde se consignó que “Pedro Pablo pertenece a una familia donde las relaciones son adecuadas”[11]. Finalmente, a una petición radicada ante la Nueva EPS el 5 de noviembre de 2013, donde se lee “Mi hijo Pedro Pablo Aragonés (…)”[12].
21. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se le ordenara a la empresa accionada reconocer la sustitución pensional a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, incluyendo la liquidación y el pago retroactivo desde la fecha en la que se consolidó su derecho, esto es, el 31 de marzo de 2014.
22. Mediante Auto del 26 de septiembre de 2017, el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali avocó conocimiento de la acción de tutela y vinculó al trámite a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-.
23. Más adelante, a través de Auto del 4 de octubre de 2017 vinculó a la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza.
24. La sociedad Riopaila Castilla S.A., resaltó que desde un principio la petición formulada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo Córdoba Aragonés era hijo natural de Agobardo Córdoba, y no hijo de crianza como se evidenció posteriormente. Al respecto, indicó que esa empresa no tuvo la oportunidad de controvertir ninguna prueba o afirmación en ese sentido “lo que hace ilegal, injusto e inconstitucional cualquier determinación que pretenda reconocer sustitución a esa condición”[13]. Así mismo, puso de presente que el actor también se presentó como hermano natural del señor Pedro Pablo Córdoba ante el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali, que conoció el proceso de interdicción judicial, y ante Colpensiones, toda vez que la resolución mediante la cual se reconoce la pensión de sobrevivientes en ningún aparte considera la condición de hijo de crianza del causante, sino de hijo natural.
Destacó que en el Registro Civil de Nacimiento original se registró como nombre “Pedro Pablo Aragonés”, pero solo hasta 2011, esto es, tres años antes de la muerte de Agobardo Córdoba, se modificó dicho registro incluyendo el apellido de este último, documento en el cual se dejó una inscripción para la toma de la huella y la firma a ruego, siendo que el señor Córdoba sabía leer y escribir.
Adicionalmente, expuso que durante la ejecución del contrato de trabajo, el señor Agobardo Córdoba nunca inscribió a Pedro Pablo Córdoba como hijo natural ni como hijo de crianza. De igual modo, sostuvo que las declaraciones que anexó a la solicitud nunca fueron presentadas ante la empresa.
Finalmente, mencionó que no se acredita el requisito de inmediatez pues el fallecimiento del señor Agobardo Córdoba ocurrió en marzo de 2014 y el nombramiento del actor como curador en 2016, lo que desvirtúa la urgencia alegada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés.
25. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza guardaron silencio[14].
26. Mediante sentencia del 5 de octubre de 2017, el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali declaró improcedente el amparo invocado.
27. En primer lugar, señaló que no emitiría ningún juicio de valor en cuanto a la relación afectiva que se estableció entre el señor Pedro Pablo y el causante Agobardo Córdoba, dado que si bien es indiscutible que las familias de crianza surgen de presupuestos sustanciales y no formales, en los que prima la relación de afecto que debe ser ponderada en cada caso concreto, se trata de un asunto que debe ser valorado ante la jurisdicción ordinaria laboral. A juicio del fallador, la controversia impone un análisis exhaustivo del material probatorio y uno detallado de la normatividad que gira en torno al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en las familias de crianza.
28. En relación con la afectación al mínimo vital encontró que Colpensiones reconoció y ordenó el pago de la pensión solicitada con una mesada de $737.717 y un retroactivo de $25.421.304, suma que consideró suficiente para satisfacer las necesidades enunciadas en sede de tutela, referentes al tratamiento que requiere el señor Pedro Pablo Córdoba para su problema de drogadicción.
29. Por otro lado, advirtió que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, ya que no fueron agotadas las vías ordinarias establecidas por el legislador cuando se presenta una inconformidad con la decisión emitida respecto al reconocimiento de un derecho pensional. Finalmente, concluyó que tampoco se acreditó el requisito de inmediatez, por cuanto las circunstancias fácticas que originaron la solicitud de amparo constitucional ocurrieron el 30 de marzo de 2014 cuando falleció el causante y solo hasta el 25 de septiembre de 2017 fue interpuesta la acción de tutela, es decir, más de tres años después.
30. Agobardo Córdoba Aragonés presentó escrito de impugnación contra la decisión de primera instancia. En primer lugar, explicó que el 20 de agosto de 2014, esto es, 5 meses y 9 días después del fallecimiento del causante, solicitó ante Riopaila Castilla S.A., la sustitución pensional a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés. El 12 de septiembre de 2014 la empresa le informó que requería información sobre el curador legítimo del beneficiario y el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Indicó que ante dicho requerimiento, inició el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, así como el trámite de interdicción judicial.
Manifestó que el primer trámite culminó el 4 de diciembre de 2014 cuando Colpensiones determinó una pérdida de capacidad laboral del 70.25%, mientras que el segundo finalizó con la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016, mediante la cual el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali lo designó como curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba. Señaló que una vez se completaron los documentos requeridos por Riopaila Castilla S.A., se reanudó ante esa entidad el trámite de sustitución pensional el 22 de diciembre de 2016, el cual terminó el 29 de junio de 2017 con la respuesta negativa por parte de la empresa.
31. Sobre la presunta irregularidad relacionada con haber ocultado la calidad de hijo de crianza del señor Pedro Pablo, mencionó que en la solicitud de sustitución pensional presentada ante la empresa accionada se hizo referencia a “hermano de parentesco” y no a “hermano natural” como lo señala la empresa. Así mismo, puso de presente que ante el juzgado que conoció el proceso de interdicción se dejó claramente establecida la calidad de hijo de crianza del beneficiario, y la decisión adoptada en ese proceso fue allegada tanto a la empresa accionada como a Colpensiones. De igual forma, puso de presente que en el dictamen de pérdida de capacidad laboral se ventiló ante Colpensiones dicha situación: “hermano de crianza, abandono por la madre biológica”. Además, resaltó que de la solicitud de entrega de medicamentos para Pedro Pablo Córdoba Aragonés, presentada el 5 de noviembre de 2013 por Agobardo Córdoba ante la Nueva EPS, se evidenciaba que este lo tenía afiliado como su beneficiario y lo reconocía como su hijo de parentesco.
Sobre el particular, adujo que en todo caso “no está a cargo del accionante (sic) demostrar la calidad de hijo (así sea de crianza) ante Riopaila Castilla por la vía ordinaria, toda vez que esta calidad se ventiló ante Colpensiones y ante un juez de familia en un proceso de interdicción”[15].
32. Por otro lado, reiteró que el señor Agobardo Córdoba no sabía leer ni escribir, para lo cual anexó una copia de la cédula de ciudadanía donde aparece consignado que “NO FIRMA”.
33. Finalmente, resaltó que la cuota parte de la mesada pensional a cargo de Riopaila Castilla S.A., es necesaria para continuar con el proceso de rehabilitación integral del representado.
34. Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2017, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali confirmó el fallo impugnado.
35. No encontró razones para revocar el fallo de primera instancia a pesar de que, a su juicio, el a quo erró en la interpretación sobre el requisito de inmediatez, pues la causa que originó la presente acción obedeció a la negativa de la empresa accionada de reconocer la sustitución pensional, lo cual ocurrió tan solo dos meses antes de la interposición del amparo.
Al respecto, sostuvo que el curador cuenta con otros mecanismos de defensa judicial, ya que si bien el representado es una persona en condición de discapacidad y, por lo tanto, sujeto de especial protección constitucional, no se indicaron ni se demostraron las circunstancias que configuraran la afectación al mínimo vital. Por el contrario, encontró acreditado que ha contado con el pago oportuno de la pensión reconocida por Colpensiones.
36. Por último, destacó que con el nuevo sistema procesal de oralidad, el tiempo que conlleva la resolución de esta clase de conflictos ante la jurisdicción ordinaria laboral es más expedita que en años anteriores, lo que hace idóneo y eficaz ese mecanismo judicial.
37. Entre las pruebas aportadas en el trámite de la acción de tutela la Sala destaca las siguientes:
- Copia del Registro Civil de Nacimiento de Pedro Pablo Aragonés, serial 3423162[16].
- Copia del Registro Civil de Nacimiento de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, serial 39606715, que reemplaza aquel de serial 3423162[17].
- Copia del Registro Civil de Nacimiento de María Rubiela Aragonés Parga[18].
- Copia del Registro Civil de Defunción de la señora Clementina Aragonés Parga[19].
- Copia de la petición radicada por Agobardo Córdoba Aragonés el 20 de agosto de 2014 ante Recursos Humanos del Ingenio Riopaila Castilla, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la pensión sustitutiva a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés[20].
- Copia de la respuesta emitida el 12 de septiembre de 2014 por el Director de Gestión Laboral de Riopaila Castilla, donde le indica al peticionario que se requiere información sobre el representante legal o curador de Pedro Pablo Córdoba Aragonés para efectos de la pensión sustitutiva[21].
- Copia de la petición radicada por Agobardo Córdoba Aragonés el 22 de diciembre de 2016 ante el Director de Gestión Laboral de Riopaila Castilla, mediante la cual solicitó el reconocimiento de la pensión sustitutiva a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés[22].
- Copia de la respuesta emitida el 28 de julio de 2017 por el Gerente de Gestión Laboral de Riopaila Castilla, en la cual niega el reconocimiento de la sustitución de la cuota parte de la pensión de jubilación a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, por no ser hijo del causante[23].
- Copia de la Resolución No. 46366 del 13 de febrero de 2017, a través de la cual Colpensiones reconoce la pensión de sobrevivientes al señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés[24].
- Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, emitido por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones[25].
- Copia de la declaración extra juicio rendida por Luis Arnulfo Rayo Pérez y Luzmila Rivera de Victoria el 24 de noviembre de 2011 ante la Notaría Única de Andalucía, Valle[26].
- Copia de las declaraciones extra juicio rendidas por Rosenber Cataño Jaramillo, Gloria Josefa Cataño Jaramillo y Nohoralba Aragonés, autenticadas, las dos primeras el 13 de septiembre de 2017 ante la Notaría Única de Andalucía, Valle, y la tercera el 20 de septiembre de 2017 ante la Notaría 19 de Cali[27].
- Copia de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali, en el proceso de interdicción judicial radicado No. 2015-00467-00 interpuesto por Agobardo Córdoba Aragonés[28].
- Copia del acta de la diligencia de posesión de Agobardo Córdoba Aragonés en el cargo de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, celebrada el 31 de enero de 2017 ante el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali[29].
- Copia de la nota de urgencias siquiátricas emitida por el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle el 15 de mayo de 2003 ante el ingreso de Pedro Pablo Córdoba Aragonés[30].
- Copia de la historia clínica de Pedro Pablo Córdoba Aragonés expedida por el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle[31].
- Copia de la certificación expedida por el médico Julián Llanos Romero del Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Valle, donde consta que Pedro Pablo Córdoba Aragonés depende totalmente de sus cuidadores (María Felinda Córdoba Aragonés – hermana del paciente)[32].
- Copia de la historia clínica de Pedro Pablo Córdoba Aragonés expedida por el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Valle[33].
- Copia de la certificación expedida por el médico siquiatra Juan Pablo Villamarín, sobre el estado de salud de Pedro Pablo Córdoba Aragonés[34].
- Copia del informe de evaluación realizado por el Instituto de Terapia Integral -INTEI- sobre el estado de salud de Pedro Pablo Córdoba Aragonés[35].
- Copia de la solicitud de entrega de medicamentos para Pedro Pablo Córdoba Aragonés, presentada el 5 de noviembre de 2013 por Agobardo Córdoba ante la Nueva EPS[36].
- Copia de la solicitud de la historia clínica de Pedro Pablo Córdoba Aragonés presentada por María Felinda Córdoba Aragonés el 24 de julio de 2014 ante el Hospital San Vicente Ferrer de Andalucía, Valle[37].
- Copia de la certificación expedida 19 de septiembre de 2017 por el Director de la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza de Cali, donde consta que Pedro Pablo Córdoba Aragonés es paciente en esa institución, donde se sufraga un aporte mensual de $450.000[38].
- Copia de la certificación expedida el 7 de julio de 2017 por la Coordinadora del Adulto Mayor de Baraya, Huila, donde consta que María Rubiela Aragonés Parga “tiene discapacidad mental y habita en la casa del abuelo de este municipio”[40].
38. Mediante Auto del 8 de mayo de 2018 el magistrado sustanciador solicitó lo siguiente: i) a la empresa Riopaila Castilla S.A., que indicara a cuánto asciende la cuota parte de la mesada pensional cuya sustitución se solicita en la presente tutela; ii) al señor Agobardo Córdoba Aragonés que manifestara a cuánto ascienden sus ingresos y egresos mensuales, así como los miembros de la familia que están a cargo del sostenimiento de Pedro Pablo Córdoba Aragonés; iii) a la Nueva EPS que informara desde qué fecha fue afiliado el señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés en esa entidad en calidad de beneficiario del señor Agobardo Córdoba, y cuál es su estado de afiliación actual; y iv) a Colpensiones le informó que la presente acción se encuentra en esta Corporación, para que se pronunciara sobre el asunto.
39. La sociedad Rioapaila Castilla S.A., informó que la última mesada pensional que recibió el señor Agobardo Córdoba en el año 2014 fue por un valor de $616.000[41].
40. El señor Agobardo Córdoba Aragonés, a través de apoderado judicial, anexó los siguientes documentos:
- Declaración extra juicio rendida el 11 de mayo de 2018 por Agobardo Córdoba Aragonés donde indica que: i) se desempeña como mensajero independiente de Fonaviemcali; ii) en promedio percibe $1’200.000; iii) tiene un crédito con el Banco Caja Social del cual debe 197 cuotas, cada una de $309.960, paga $227.300 de seguridad social y pensión, $70.000 aproximadamente de servicios públicos, $200.000 en transporte, ya que vive en una zona rural de Jamundí y debe desplazarse hasta Cali, y $200.000 en promedio de alimentación; iv) le quedan libres $192.000 con lo que sufraga los gastos de vestido y recreación, aunado a que ayuda a su hermano de crianza Pedro Pablo Córdoba y a su hijo de crianza Diego Alejandro Ordoñez; v) su hermana María Felinda Córdoba Aragonés recibió una indemnización sustitutiva, trabaja en casa de familia “y en lo que puede cuando le alcanza nos colabora para Pedro Pablo en ocasiones nos envía gallinas y frutos del campo”; vi) su hermano Sigifredo Córdoba Aragonés tampoco es pensionado y “se dedica a la venta de limones frutos del campo que recoge por ahí ya que no tiene finca, vive en un ranchito que dejó nuestro padre, ayuda lo que puede para los cuidados de Pedro Pablo”[42].
- Constancia de pago de seguridad social del señor Agobardo Córdoba Aragonés, correspondiente a los meses de abril y marzo de 2018[43].
- Copia del recibo del agua del mes de abril de 2018 a nombre de Agobardo Córdoba Aragonés, estrato 2, por un valor de $60.300[44].
- Certificado de afiliación a la EPS S.O.S donde constan como sus beneficiarios de Agobardo Córdoba Aragonés la señora Jhamilet Valencia y el menor Diego Alejandro Ordoñez Valencia[45].
- Extracto del último año de la cuenta bancaria del señor Agobardo Córdoba Aragonés[46].
- Estado de crédito de vivienda del señor Agobardo Córdoba Aragonés[47].
- Resolución No. GNR301382 del 12 de octubre de 2016, donde se documenta indemnización sustitutiva de pensión de vejez de la señora María Felinda Córdoba Aragonés[48].
- Declaración extra juicio rendida el 11 de mayo de 2018 por Nohoralba Aragonés, donde indica que: i) vive con su hija y su nieto, su hija Paola no tiene un trabajo estable y cuando está desempleada le ayuda con los gastos de su nieto; ii) es pensionada de Colpensiones por lo que recibe $687.442 mensuales, aunado al ingreso obtenido rentando piezas y el garaje de su casa, para un total de $2.287.422; iii) sufraga $600.000 por los gastos de alimentación y de ayuda a Pedro Pablo y a sus hermanos[49], $95.000 por el colegio de su nieto, $165.130 por los servicios públicos, $84.700 por teléfono, internet y parabólica y $14.155 por el gas, $532.000 de cuota por un carro que tiene prenda, $349.000 mensuales por un crédito con el Banco Caja Social y $345.000 mensuales por un crédito con Mundo Mujer; iv) sus egresos suman un total de $2.185.000; y v) con lo que recibe “no alcanza a cubrir los gastos de Pedro Pablo en un centro de rehabilitación donde le ofrezcan una mejor calidad de vida, donde se encuentra en este momento no ha tenido avance en la recuperación de su salud y en otro lugar nos cuesta $1.500.000”[50].
- Constancia de pago de la pensión para Nohoralba Aragonés por un valor de $687.442, para mayo de 2018[51].
- Copia del recibo del agua del mes de abril de 2018 a nombre de Nohoralba Aragonés, estrato 3, por un valor de $165.130[52], recibo de UNE por un valor de $84.700[53] y recibo del gas por $14.155[54].
- Tarjeta de propiedad del carro a nombre de Nohoralba Aragonés donde se evidencia la pignoración[55].
- Constancia del crédito con el Banco Caja Social y con Mundo Mujer a nombre de Nohoralba Aragonés[56].
- Constancia del pago del colegio del nieto de Nohoralba Aragonés por un valor de $94.817.
41. La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones-[57] indicó que como la tutela se dirige contra la empresa Riopaila Castilla S.A., está acreditada la falta de legitimación por pasiva de Colpensiones.
Aclaró que esa administradora le reconoció la sustitución pensional a Pedro Pablo Córdoba Aragonés, quien a través de los medios idóneos, esto es, el Registro Civil de Nacimiento, probó ser dependiente del causante, y a través del fallo de interdicción y el dictamen de pérdida de capacidad laboral, acreditó que es una persona en situación de discapacidad que dependía económicamente del causante.
Con sustento en lo anterior, solicitó a la Corte declarar la falta de legitimación por pasiva respecto de Colpensiones, en la medida que no es la responsable del quebrantamiento de los derechos fundamentales invocados por el actor.
42. Finalmente, la Nueva EPS informó que el señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés se encuentra afiliado a esa entidad desde el 29 de febrero de 2012.
De la planilla enviada por esa entidad se evidencia que: i) estuvo afiliado en calidad de beneficiario desde febrero de 2012 hasta el 9 de abril de 2014 y el documento de identificación del cotizante corresponde al del señor Agobardo Córdoba; ii) Pedro Pablo Córdoba aparece nuevamente afiliado a esa EPS desde el 1° de junio de 2017 hasta la fecha, en calidad de cotizante[58].
De acuerdo con los hechos descritos corresponde a esta Sala de Revisión establecer si ¿la sociedad Riopaila Castilla S.A., vulneró los derechos fundamentales a la vida en condiciones dignas, al mínimo vital y a la seguridad social de Pedro Pablo Córdoba Aragonés al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional del señor Agobardo Córdoba, de quien se alega ser su hijo de crianza, al considerar que no se acreditan los presupuestos legales para tal reconocimiento en tanto es sobrino político del causante y no su hijo natural?
43. El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control del Estado[60].
44. La protección de este derecho fundamental se refuerza además según lo consagrado en distintos instrumentos internacionales[64]. En primer lugar, se tiene el artículo 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en virtud del cual “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”.
45. Ahora bien, es claro que aun cuando el derecho a la seguridad social ostenta un carácter fundamental, tal particularidad no puede ser confundida con la posibilidad de hacerlo efectivo, en todos los casos, por medio de la acción de tutela.
46. En definitiva, el derecho a la seguridad social busca proteger al trabajador cuando por algún evento o contingencia que mengua su salud, calidad de vida o capacidad económica, requiere de la ayuda del Estado y de la comunidad para proveerse los medios mínimos que le garanticen una subsistencia en condiciones dignas. Si bien esta prerrogativa constitucional ostenta un carácter fundamental, no por ello puede hacerse efectiva, en todos los casos, a través de la acción de tutela, porque para ello existen otros mecanismos de defensa judicial previstos por el Legislador. La procedencia de la acción de tutela para obtener la protección del derecho a la seguridad social es excepcional y depende de las circunstancias propias de cada asunto, debiendo el juez constitucional evaluar criterios como la edad, el estado de salud, la composición del núcleo familiar, la situación económica, así como cualquier aspecto que permita identificar por qué este debe ser el mecanismo principal o transitorio de protección.
47. Con la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones el Legislador consagró diferentes prestaciones económicas dirigidas a prevenir las contingencias de los trabajadores, como la viudez, la invalidez, la muerte y la vejez. Para ello, fueron creados derechos pensionales cuyo reconocimiento depende del cumplimiento de los requisitos establecidos según la eventualidad acaecida[70].
48. Pese a que la figura está regulada en la legislación colombiana, esta Corporación en múltiples sentencias se ha referido a ella para delimitar su ámbito de aplicación y su importancia para quienes la solicitan, con el fin de evitar la vulneración desmesurada de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y la vida digna.
49. Ahora bien, en cuanto a los posibles beneficiarios de la sustitución pensional, la Ley 100 de 1993 en su artículo 47 estipula a quién se le puede otorgar dicha prestación, bajo los siguientes requisitos específicos:
d) A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de éste”.[76] (Resaltado fuera de texto).
50. El artículo 42 de la Constitución Política de 1991 definió la familia como el núcleo esencial de la sociedad[77]. El numeral primero de esa disposición establece que la familia se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla[78].
51. Ahora bien, en relación con el bloque de constitucionalidad, el cual hace parte del ordenamiento jurídico colombiano según lo dispuesto en el artículo 93 de la Carta, existen diversos instrumentos internacionales que han tratado la figura de la familia, consagrando su importancia y la trascendencia de su protección por parte del Estado.
52. Esta Corporación ha definido el alcance del concepto de familia y, de manera general, ha señalado que es “un fenómeno sociológico que se comprueba cuando dentro de un grupo de personas se acreditan lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común, construida bien por la relación de pareja, la existencia de vínculos filiales o la decisión libre de conformar esa unidad familiar”[82]. De igual forma, ha sostenido que es un concepto dinámico, por lo que debe guardar correspondencia con la constante evolución e interacción de las relaciones humanas, de modo que “no es posible fijar su alcance a partir de una concepción meramente formal, sino atendiendo a criterios objetivos y sustanciales surgidos de las diversas maneras que tienen las personas de relacionarse y de la solidez y fortaleza de los vínculos que puedan surgir entre ellos”[83].
53. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se ha protegido la diversidad en las familias, y se han establecido directrices tendientes a garantizar el acceso en materia de derechos a todas sus formas, sin discriminación. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en su observación número 19 sobre la familia, resaltó la importancia del artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sosteniendo que[92]:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció de manera similar en el caso Atala Riffo y niñas contra el Estado de Chile, estableciendo que no hay modelos específicos de familia, en la medida en que la sociedad ha venido evolucionando y generando diferentes formas de convivencia y vida[93]:
54. En definitiva, tanto en el plano internacional como la jurisprudencia constitucional se ha reconocido el concepto amplio de familia y, así mismo, su ámbito de protección más allá del concepto formal. Esta Corporación ha desestimado la estructura parental de la familia como única reconocida en el ordenamiento jurídico y ha fijado el alcance de su existencia a los lazos de solidaridad, amor, respeto mutuo y unidad de vida común, como parámetros que consolidan la conformación del grupo familiar.
55. Esta Corporación ha definido a la familia de crianza como aquella que no se conforma por vínculos biológicos, sino por la comprobación de criterios materiales, y es una modalidad de grupo familiar con reconocimiento y protección constitucional[94]. Se trata de una figura de creación jurisprudencial que se ha dado, por un lado, en respuesta al desarrollo de la sociedad, la cual consta en una relación entre padres e hijos que no tienen un lazo consanguíneo ni jurídico, y de características precisas que se abordarán más adelante; y por el otro, ante la ausencia de regulación sobre el particular en la legislación colombiana.
56. Este reconocimiento ha sido producto, en su mayoría, de pronunciamientos en fallos de revisión de tutela, por lo que se hará una referencia a las principales decisiones que sobre el particular ha adoptado esta Corporación[95]:
Posteriormente, en la sentencia T-525 de 2016 donde se revisó el caso de dos menores que solicitaban a Colpensiones el reconocimiento de la sustitución pensional de su abuelo, de quien alegaban ser hijos de crianza, se dijo puntualmente: “[s]e puede colegir que las familias de crianza son las que no necesariamente surgen por lazos de consanguinidad o vínculos jurídicos, sino principalmente por relaciones de facto que involucran sentimientos de afecto, respeto, solidaridad, comprensión y protección que consolidan el núcleo familiar (…) Se generan, normalmente, cuando padres de crianza toman como suyos hijos que en principio no lo son, ante la ausencia de uno o todos los integrantes de la familia consanguínea o jurídica. Estas familias generan derechos y obligaciones, y es responsabilidad del Estado concebir escenarios de protección que faciliten el cumplimiento de sus deberes a las familias de crianza (…)”.
57. Recientemente, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia STC6009-2018 del 9 de mayo de 2018[97], conoció una acción de tutela interpuesta por una ciudadana contra el Juzgado de Familia de Soacha, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, desconocidos por ese despacho judicial al rechazar una demanda por ella promovida con el objeto de que los señores Teófilo Romero Ríos (q.e.p.d) y Berenice Romero de Romero fueran declarados sus padres de crianza, quienes asumieron ese rol desde que ella tenía 3 años de edad. El juzgado accionado rechazó esa demanda bajo el argumento de que “la figura de padres de crianza no existe en la ley y tampoco se halla previsto procedimiento para tramitarlo”[98] y porque “tampoco acreditó a través de la prueba de ADN existencia de lazos de consanguinidad entre ella y los padres de crianza”[99].
58. Se puede interpretar entonces que la familia de crianza nació como una necesidad de brindar protección a los menores que resultaban en estado de abandono por parte de sus padres biológicos, ya que estos no podían o no tenían la voluntad de velar por su integridad y cuidados básicos, por lo que otras personas voluntariamente se hacían con dicha obligación de crianza y protección de forma permanente, sin la intervención del Estado, generando así una relación interpersonal estrecha de aprecio, acompañamiento y apoyo continuo, tanto económico como emocional, que se evidencia claramente por parte de la sociedad, de tal manera que sean vistos como una familia tradicional.
59. Como se expuso en acápites anteriores, la legislación en materia laboral determina cuáles son los parentescos y uniones que se deben verificar para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional.
Entre tanto, en la sentencia T-525 de 2016 abordó el asunto de un joven que promovió acción de tutela en nombre propio y como agente oficioso de su hermana menor, en contra de Colpensiones, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital y a la seguridad social, debido a que no se les concedió la sustitución pensional de su abuelo. En esa ocasión, se dijo respecto de la sustitución pensional para hijos de crianza, lo siguiente:
60. Teniendo claro, entonces, que la sustitución pensional procede en favor de los hijos de crianza, siempre y cuando se den las condiciones establecidas en la ley para tal sustitución, se deben acreditar adicionalmente los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de una familia de crianza, los cuales han sido delimitados por la jurisprudencia de esta Corporación en los siguientes términos[105]:
61. En conclusión, para esta Corporación no se debe distinguir la naturaleza de la relación familiar que se tenga entre hijo y padre, al momento de otorgar el reconocimiento y pago de una mesada pensional por medio de la figura de la sustitución, cuando se produce el fallecimiento del titular de la prestación; en consecuencia, a las entidades estatales o particulares encargados del reconocimiento de dicha prestación, les está prohibido realizar distinciones entre familias configuradas por vínculos de facto, pues ello se traduce en la vulneración de los derechos fundamentales que los revisten como parte de un grupo familiar. En todo caso, se deberá analizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley para acceder a la sustitución pensional y constatar la configuración de los presupuestos que permitan evidenciar la existencia de la familia de crianza.
62. El representado Pedro Pablo Córdoba Aragonés, de 40 años de edad, fue abandonado por su madre biológica el día de su nacimiento y de su padre biológico no se conoce su paradero. Desde ese momento, Clementina Aragonés, tía de la madre de Pedro Pablo, y Agobardo Córdoba, su esposo y padre del señor Agobardo Córdoba Aragonés, se hicieron cargo él. El 4 de agosto de 2011, Agobardo Córdoba decidió registrar a Pedro Pablo con su apellido, en la Notaría de Andalucía de Cali.
Cuando tenía diez años empezó a presentar ciertas dificultades en su comportamiento, como no continuar con sus estudios y consumir drogas, por lo que el señor Agobardo Córdoba se vio en la obligación de internarlo en centros de rehabilitación en varias oportunidades. Actualmente, se encuentra en una casa de paso llamada Fundación Gerontológica Luz y Esperanza, donde se pagan $400.000 mensuales. Sin embargo, de acuerdo a lo afirmado por el señor Agobardo Córdoba Aragonés, es necesario trasladarlo a un centro de rehabilitación “donde no logre salirse, pues no es solo un drogadicto sino con retardo mental (sic), esquizofrenia, comportamientos desordenados, y en ese centro nos cobran $1.500.000”[107].
El señor Agobardo Córdoba prestó sus servicios a la Empresa Ingenio Riopaila S.A., y el 21 de mayo de 1986 el Instituto de Seguros Sociales le reconoció la pensión de vejez, la cual era sufragada en una cuota parte por el Ingenio Riopaila Castilla. El 30 de marzo de 2014 el señor Agobardo Córdoba falleció, razón por la cual su hijo, Agobardo Córdoba Aragonés, solicitó tanto a Colpensiones como a dicha empresa y en nombre de Pedro Pablo Córdoba, el reconocimiento de la sustitución pensional. Esta prestación fue reconocida por Colpensiones a favor de Pedro Pablo en calidad de hijo en condición de invalidez con una pérdida de capacidad laboral del 70.25%, mientras que la sociedad Riopaila Castilla S.A., negó la solicitud al considerar que una vez revisada la documentación, la realización de dos visitas domiciliarias y la práctica de otras pruebas, “el señor Pedro Pablo Córdoba (registrado como Pablo Aragonés) realmente es sobrino político del señor Agobardo, hijo de una hermana de quien fuera su esposa, la señora Rubiela Aragonés y no hijo del mencionado señor”[108].
En virtud de lo anterior, el señor Agobardo Córdoba Aragonés instauró acción de tutela en calidad de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, con el fin de que le fueran amparados los derechos fundamentales al mínimo vital, a una vida digna y a la igualdad. Solicitó que se le ordenara a la empresa accionada reconocer la sustitución pensional, incluyendo la liquidación y el pago retroactivo desde la fecha en la que se consolidó su derecho, esto es, el 31 de marzo de 2014.
63. La sociedad Riopaila Castilla S.A., resaltó que desde un principio la petición formulada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo Córdoba Aragonés era hijo natural de Agobardo Córdoba, y no hijo de crianza como se evidenció posteriormente. Puso de presente que el actor también se presentó como hermano natural del señor Pedro Pablo Córdoba ante el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali, que conoció el proceso de interdicción judicial, y ante Colpensiones, toda vez que la resolución mediante la cual se reconoce la pensión de sobrevivientes en ningún aparte considera la condición de hijo de crianza del causante, sino de hijo natural.
Destacó que en el Registro Civil de Nacimiento original se registró como nombre “Pedro Pablo Aragonés”, pero solo hasta 2011, esto es, tres años antes de la muerte de Agobardo Córdoba, se modificó dicho registro incluyendo el apellido de este último. Adicionalmente, expuso que durante la ejecución del contrato de trabajo, el señor Agobardo Córdoba nunca inscribió a Pedro Pablo Córdoba como hijo natural ni como hijo de crianza.
64. El Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali declaró improcedente el amparo invocado, al considerar que se trata de un asunto que debe ser valorado ante la jurisdicción ordinaria laboral, por lo que no se acreditó el requisito de subsidiariedad. Advirtió que tampoco se cumplió con el requisito de inmediatez, por cuanto las circunstancias fácticas que originaron la solicitud de amparo constitucional ocurrieron el 30 de marzo de 2014 cuando falleció el causante y solo hasta el 25 de septiembre de 2017 fue interpuesta la acción de tutela, es decir, más de tres años después. Por último, en relación con la afectación al mínimo vital encontró que Colpensiones reconoció y ordenó el pago de la pensión solicitada con una mesada de $737.717 y un retroactivo de $25.421.304, suma que consideró suficiente para satisfacer las necesidades enunciadas en sede de tutela, referentes al tratamiento que requiere el señor Pedro Pablo Córdoba para su problema de drogadicción.
65. Esta decisión fue confirmada por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali. Aclaró que el a quo erró en la interpretación sobre el requisito de inmediatez, pues la causa que originó la acción obedeció a la negativa de la empresa accionada de reconocer la sustitución pensional, lo cual ocurrió tan solo dos meses antes de la interposición del amparo. Sin embargo, estimó que no se demostró de manera contundente la posible ocurrencia de un perjuicio irremediable que hiciera viable la intervención del juez de tutela, pues el actor cuenta con otros mecanismos de defensa judicial.
66. En sede de revisión, la sociedad Rioapaila Castilla S.A., informó que la última mesada pensional que recibió el señor Agobardo Córdoba en el año 2014 fue por un valor de $616.000[109]. Por su parte, el señor Agobardo Córdoba Aragonés, a través de apoderado judicial, anexó varios documentos a través de los cuales informó sobre los ingresos y egresos de él y de los familiares que tienen a su cargo el sostenimiento de Pedro Pablo Córdoba. Colpensiones indicó que como la tutela se dirige contra la empresa Riopaila Castilla S.A., está acreditada la falta de legitimación por pasiva de esa entidad. Aclaró que esa administradora reconoció la sustitución pensional luego de que el beneficiario acreditara con los documentos pertinentes ser dependiente del causante y estar en situación de discapacidad. La Nueva EPS informó que el señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés: i) estuvo afiliado en calidad de beneficiario desde febrero de 2012 hasta el 9 de abril de 2014 y el documento de identificación del cotizante corresponde al del señor Agobardo Córdoba; ii) Pedro Pablo Córdoba aparece nuevamente afiliado a esa EPS desde el 1° de junio de 2017 hasta la fecha, en calidad de cotizante.
67. En primer lugar, es preciso hacer mención a la calidad por medio de la cual actúa el señor Agobardo Córdoba Aragonés, pues interpuso la acción de tutela como curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
En el caso que ahora estudia el señor Agobardo Córdoba Aragonés manifiesta de manera expresa en el escrito de tutela que actúa “en calidad de curador legítimo del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, designado mediante sentencia de interdicción No. 260 proferida el 31 de octubre de 2016, por el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad, mediante la cual decreta la interdicción judicial definitiva por discapacidad mental absoluta”[110].
De otra parte, es preciso señalar que la persona en cuya representación se actúa no se encuentra en condiciones físicas ni mentales de promover su defensa, pues lo señalado por el señor Agobardo Córdoba Aragonés está debidamente acreditado en el expediente, con los siguientes documentos:
(i) Copia de la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016 por el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali, en el proceso de interdicción judicial radicado No. 2015-00467-00 interpuesto por Agobardo Córdoba Aragonés, de la cual se extrae lo siguiente[111]: “PRIMERO. DECLARAR EN INTERDICCIÓN JUDICIAL DEFINITIVA por discapacidad mental absoluta a Pedro Pablo Córdoba Aragonés (…) TERCERO. DESIGNAR a AGOBARDO CÓRDOBA ARAGONÉS, (…) en su condición de hermano como curador legítimo de PEDRO PABLO CÓRDOBA ARAGONÉS (…)”.
(ii) Copia del acta de la diligencia de posesión de Agobardo Córdoba Aragonés en el cargo de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, celebrada el 31 de enero de 2017 ante el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali[112].
(iii) Copia del dictamen de pérdida de capacidad laboral del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, emitido por el Grupo Médico Laboral de Colpensiones, donde se dictamina una PCL del 70.25% por enfermedad de origen común y con fecha de estructuración del 8 de febrero de 2012[113].
68. Bajo los anteriores términos, se encuentra acreditado que el señor Agobardo Córdoba Aragonés está legitimado para actuar en representación del señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
69. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 13[114] y 42[115] del Decreto 2591 de 1991, se puede invocar la acción de tutela contra una autoridad pública o un particular que haya vulnerado o amenazado algún derecho de rango constitucional fundamental. Al respecto, esta Corporación ha señalado que la legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la “aptitud legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental. Es un presupuesto procesal que exige que la persona contra quien se incoa la tutela sea la autoridad o el particular que efectivamente vulneró o amenaza vulnerar el derecho fundamental”[116].
70. En el caso que se revisa, la acción de tutela fue interpuesta contra la sociedad Riopaila Castilla S.A., y durante el trámite de la acción de tutela el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali, que conoció el asunto en primera instancia, vinculó a Colpensiones y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza.
La Corte encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva respecto de la sociedad Riopaila Castilla S.A., pues es la empresa llamada a responder por la vulneración alegada en esta oportunidad. En efecto, de hallarse demostrada la violación de los derechos fundamentales, deberá ser dicha sociedad la que asuma lo concerniente al reconocimiento del derecho pensional, en tanto era la que tenía a cargo el pago de la pensión que en vida le fue concedida al causante Agobardo Córdoba.
Sin embargo, a juicio de la Sala, Colpensiones y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza no están llamadas a responder en este caso, por cuanto el asunto se circunscribe a determinar si se vulneraron los derechos fundamentales de Pedro Pablo Córdoba Aragonés al negarle el reconocimiento de la sustitución pensional del señor Agobardo Córdoba, de quien se alega ser su hijo de crianza. Por una parte, la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza es el lugar de paso donde actualmente se encuentra internado el representado, pero respecto de la cual no se alega ningún tipo de vulneración. Por otra, según se desprende del material probatorio que obra en el expediente, Colpensiones reconoció la sustitución pensional en la parte que le corresponde, por lo que no puede endilgarse algún tipo de responsabilidad respecto de esta entidad.
71. Bajo ese entendido, la Sala dispondrá la desvinculación de Colpensiones y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza, del trámite de esta tutela.
72. En cuanto al requisito de subsidiariedad, sea lo primero señalar que el Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el numeral 4º del artículo 2º, establece que es competencia de la jurisdicción ordinaria conocer de “[l]as controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos.”. De ahí que, la existencia de dicho medio, en principio, permite al señor Agobardo Córdoba Aragonés acudir ante esa jurisdicción para aportar los elementos probatorios y jurídicos para obtener la sustitución pensional en favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
Si bien a Pedro Pablo Córdoba le fue reconocida la sustitución pensional por parte de Colpensiones en un valor de $737.717, el curador legítimo puso de presente que dicha suma es insuficiente para solventar las necesidades básicas del representado, las cuales se suplen con los aportes que, en la medida de lo posible, realizan quienes asumieron su cuidado. Lo anterior, se sustenta en las declaraciones extra juicio allegadas en sede de revisión y de las cuales se deriva que los ingresos y los gastos asumidos por Agobardo Córdoba Aragonés, Nohoralba Aragonés, María Felinda Córdoba Aragonés y Sigifredo Córdoba Aragonés no son suficientes para cubrir de lo que en vida era sufragado por Agobardo Córdoba.
- Si bien el señor Agobardo Córdoba Aragonés percibe aproximadamente $1.200.000 mensuales, le quedan libres $192.000, con lo que sufraga los gastos de vestido y recreación, y ayuda a su hermano de crianza Pedro Pablo Córdoba y a su hijo de crianza Diego Alejandro Ordoñez.
- María Felinda Córdoba Aragonés recibió una indemnización sustitutiva, trabaja como auxiliar de servicios domésticos “y en lo que puede cuando le alcanza nos colabora para Pedro Pablo en ocasiones nos envía gallinas y frutos del campo”.
- Sigifredo Córdoba Aragonés tampoco es pensionado y “se dedica a la venta de limones frutos del campo que recoge por ahí ya que no tiene finca, vive en un ranchito que dejó nuestro padre, ayuda lo que puede para los cuidados de Pedro Pablo”[120].
- Nohoralba Aragonés, si bien tiene un ingreso de $2.287.422, sus egresos ascienden a la suma de $2.185.000, por lo que “no alcanza a cubrir los gastos de Pedro Pablo en un centro de rehabilitación donde le ofrezcan una mejor calidad de vida, donde se encuentra en este momento no ha tenido avance en la recuperación de su salud y en otro lugar nos cuesta $1.500.000”[121].
Bajo ese entendido, es clara la premura de la intervención del juez constitucional para proteger el derecho a la seguridad social y la vida en condiciones dignas de Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
73. Ahora bien, en cuanto al requisito de inmediatez, la Sala observa que el mismo se encuentra acreditado, una vez revisadas las actuaciones efectuadas por el curador luego del fallecimiento del señor Agobardo Córdoba.
- El 20 de agosto de 2014, esto es, 5 meses y 9 días después del fallecimiento del causante, solicitó ante Riopaila Castilla S.A., la sustitución pensional a favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés[122].
- Ante dicho requerimiento, inició el proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral, así como el trámite de interdicción judicial. El primero, culminó el 4 de diciembre de 2014 cuando Colpensiones determinó una pérdida de capacidad laboral del 70.25%[124]. El segundo, finalizó con la sentencia proferida el 31 de octubre de 2016, mediante la cual el Juzgado Séptimo de Familia de Oralidad de Cali designó como curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba al señor Agobardo Córdoba Aragonés[125].
La tutela fue interpuesta el 25 de septiembre de 2017, esto es, tres meses después de recibir la respuesta que se considera vulneratoria de los derechos fundamentales de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, lo que a juicio de la Sala es un término razonable para acudir al amparo constitucional.
74. Superado el análisis de procedibilidad de la acción de tutela, la Corte debe examinar si se cumplen los presupuestos para la determinación de acceso a la sustitución pensional tratándose de una familia de crianza, de conformidad con lo señalado en acápites precedentes:
Del escrito tutelar y las declaraciones extra juicio anexadas al expediente, se determinó que las circunstancias por las cuales el señor Agobardo Córdoba y su esposa Clementina Aragonés acogieron a Pedro Pablo Córdoba Aragonés en su hogar, como hijo se crianza, fueron que su madre natural lo abandonó en el Hospital donde nació, nunca se conoció quién era su padre y desde su nacimiento tuvo múltiples problemas de salud, que solo al cuidado de sus padres de crianza, pudo superar.
El señor Agobardo Córdona Aragonés indicó en el escrito de la tutela que: i) Agobardo Córdoba y Clementina Aragonés se hicieron cargo de Pedro Pablo desde el día que nació, debido a que la madre biológica lo abandonó[126]; ii) fue bautizado por el señor Agobardo Córdoba como padre, pues no se conocía el paradero de su progenitor[127]; iii) Agobardo Córdoba decidió darle el apellido el 4 de agosto de 2011 “pues lo amaba mucho, le daba todo lo necesario”[128].
El 24 de noviembre de 2011 los señores Luis Arnulfo Rayo Pérez y Luzmila Rivera de Victoria declararon que:
“Conocemos desde hace más de 30 años de vista, trato y comunicación al señor Agobardo Córdoba, (…) quien es nuestro vecino. (…) Sabemos y nos consta que el señor Agobardo Córdoba es quien le suministra todo lo necesario a su hijo discapacitado el señor Pedro Pablo Córdoba tales como vestuario, alimentación, vivienda, medicamento, etc, puesto que viven bajo el mismo techo”[129].
El 13 de septiembre de 2017 el señor Rosenber Cataño Jaramillo y la señora Gloria Josefa Cataño Jaramillo declararon lo siguiente:
“Cuando nació Pedro Pablo, quien era hijo de Rubiela Aragonés, persona aue padecía de retardo mental, quien lo abandonó en el hospital desde el momento en que nació, a los esposos el señor Agobardo Córdoba y Clementina Aragonés (tía de Rubiela) en el hospital le entregaron al niño que nació con muchas deficiencias, a tal punto que no tenía talla normal de un bebé (…) Se lo llevaron para la casa y lo hicieron parte del hogar dado que nunca se conoció quién era el padre biológico, le brindaron apoyo económico, emocional y material determinante para su crianza (…) Como el padre ni la madre biológica lo reconocieron como hijo fue recogido por los esposos siendo este un recién nacido con la intención de asumirlo como propio con todas las obligaciones”[130].
De igual forma, el 20 de septiembre de 2017 Nohoralba Aragonés declaró que:
“Soy hermana de crianza de Pedro Pablo Córdoba, no soy hija de Agobardo Córdoba, sino de Clementina Aragonés su esposa, soy la hija mayor. Mi mamá también fallecida siempre lo que iba hacer (sic) me lo hacía saber. Cuando Rubiela Aragonés sobrina de mi mamá fue a dar a luz hizo que llamaran a mi mamá. Ella inmediatamente me llamó aquí a Cali donde vivo. Desde ese día Pedro Pablo quedó al cuidado de mi mamá Clementina y su esposo Agobardo Córdoba era el que respondía por todos los gastos de alimentación, educación, ropa, bienestar del hogar conformado por Sigifredo, Agobardo, María Felinda, Pedro Pablo. Siempre y hasta el momento de su fallecimiento Agobardo a cada momento nos decía que no le fuéramos a desamparar a Pedro Pablo. Yo desde acá de Cali siempre he estado pendiente por todos ellos y ayudándoles en todo lo que más he podido. Aquí en Cali siempre llevo a Pedro al siquiatra y lo tengo por ahora en un centro, espero una ayuda más para colocarlo en un lugar donde se pueda rehabilitar como debe ser”[131].
Del análisis del expediente se pudo concretar que hubo un reemplazo de ambas figuras, tanto paterna como materna, en la vida de Pedro Pablo Córdoba, ya que desde su nacimiento las personas que estuvieron a su cuidado fueron Clementina Aragonés y Agobardo Córdoba, como sus padres de facto. Aunque es claro que su madre de crianza, era a su vez tía de su madre natural, este aspecto no es óbice para que se desvirtúe la figura que se estudia.
Además de las declaraciones extra juicio citadas y de lo manifestado por el señor Agobardo Córdoba Aragonés en el escrito de tutela, en el expediente se encuentran varios documentos que dan cuenta del reemplazo de las figuras paterna y materna.
Por ejemplo, está la nota de urgencias psiquiátricas emitida por el Hospital Departamental Siquiátrico Universitario del Valle el 15 de mayo de 2003, ante el ingreso de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, donde se registra como padres a Agobardo Córdoba y a Clementina Aragonés[132]. Así mismo, en la historia clínica de Pedro Pablo emitida por ese mismo hospital, se consigna: “paciente asiste a consulta de control después de 9 años, viene en compañía de su familiar quien manifiesta que él se crio como su hermano pero en realidad fue acogido en su hogar recogido en un hospital y que su madre biológica tenía problemas mentales (…)”[133]. De igual modo, la certificación expedida por el médico siquiatra Juan Pablo Villamarín, sobre el estado de salud de Pedro Pablo, donde se registra: “paciente con antecedente de retardo psicomotor y esquizofrenia, quien además consume marihuana y basuco (sic) cada vez que ‘se vuela’, nunca ha trabajado y su cuidado corría a cargo de sus padres adoptivos y una vez fallecen a cargo de sus hermanas (…)”[134].
Según se reseñó previamente, en las declaraciones extra juicio adjuntadas al expediente, tanto los señores Luis Arnulfo Rayo Pérez y Luzmila Rivera de Victoria, y Rosenber Cataño Jaramillo y Josefa Cataño Jaramillo, como su hermana de crianza, Nohoralba Aragonés, manifestaron bajo la gravedad de juramento que el señor Agobardo Córdoba fue quien veló por las necesidades básicas de Pedro Pablo desde su nacimiento, como lo fue “gastos de alimentación, educación, ropa, bienestar del hogar” por lo que sin esta intervención económica de su padre de crianza, el señor Pedro Pablo no habría tenido un adecuado desarrollo.
Cabe señalar además, que a partir del fallecimiento del señor Agobardo Córdoba, los hijos de este, se hicieron cargo económicamente de su hermano de crianza, a raíz de su estado de interdicción por discapacidad mental absoluta, reconocida judicialmente.
La dependencia económica quedó igualmente demostrada con el reconocimiento de la sustitución pensional por parte de Colpensiones. Mediante la Resolución GNR 46366 del 13 de febrero de 2017 esa entidad accedió a dicha prestación teniendo en cuenta, entre otros documentos, las declaraciones extra juicio rendidas por terceros, allegadas como medio probatorio en la reclamación del derecho pensional, las cuales daban cuenta de la dependencia económica del peticionario del causante. Lo mismo fue afirmado por esa entidad en sede de revisión[135].
Incluso, el señor Agobardo Córdoba lo tenía afiliado como su beneficiario en el sistema de salud, según quedó demostrado con las pruebas enviadas por la Nueva EPS[136].
Han sido los hermanos de crianza de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, los que han manifestado las razones por las cuales se puede constatar que existió un vínculo de afecto, respeto, comprensión y protección en dicha familia de crianza, para lo cual se debe realizar una mirada retrospectiva a la época de nacimiento del representado, en el entendido de que se manifestó en las pruebas anexadas al expediente que “cuando nació (Pedro Pablo Córdoba) no tenía una talla de un recién nacido, demasiado pequeño, no comía pues todo se le devolvía, (Clementina Aragonés) lo alimentaba con un gotero hasta que lo operaron…”[137], así mismo, que “siempre y hasta el momento de su fallecimiento Agobardo a cada momento nos decía que no le fuéramos a desamparar a Pedro Pablo”[138], evidenciándose así, que desde su nacimiento tuvo la protección de ambos padres de crianza, que permite demostrar además el afecto que tenían hacia él, que se fue consolidando con el paso del tiempo.
De igual modo se deriva de la declaración de Rosenber Cataño Jaramillo y Gloria Josefa Cataño Jaramillo quienes señalaron que: “Pedro Pablo vivió con la familia Córdoba Aragonés desde el nacimiento hasta la muerte, sustentada en el cariño, amor, acompañamiento mutuo y comprensión entre ellos. Existiendo al interior del hogar un ambiente de cordialidad, tolerancia y respeto aun cuando existen dificultades. Les llamaba papá y mamá. La decisión del señor Agobardo fue desinteresada, fue su voluntad darle hogar adecuado y estable, ante el desamparo de la madre biológica y el abandono del padre biológico”[139].
El presente requisito se concreta con las actuaciones realizadas por sus hermanos de crianza, tanto Agobardo Córdoba Aragonés, quien solicitó ser su curador dentro del proceso de interdicción que se adelantó, demostrando así su reconocimiento como hermano de facto, como Nohoralba Aragonés, quien en la declaración extrajuicio, reconoció el vínculo filial que tenía Pedro Pablo, con sus padres de crianza. Además de lo anterior se cuenta también con la declaración de Rosenber Cataño Jaramillo y Josefa Cataño Jaramillo, quienes señalaron bajo la gravedad de juramento, la relación que ostentaba dicha familia de facto, la cual cumplía todas las características de una familia tradicional.
Incluso, el señor Agobardo Córdoba efectuó dicho reconocimiento de manera formal, registrando a Pedro Pablo con su apellido, según consta en el Registro Civil de Nacimiento serial 39606715[140].
Claramente del estudio de las pruebas anexadas a la acción de tutela se puede establecer que dicho vínculo de crianza se dio desde el nacimiento de Pedro Pablo en el año 1978, hasta la muerte de su padre de crianza en el año 2014 y ha trascendido, pues continúa vigente con sus hermanos de crianza.
Finalmente, se debe decir que el hecho de que el señor Agobardo Córdoba le haya dado su apellido al señor Pedro Pablo Córdoba Aragonés, como consta en su actual registro civil de nacimiento, además de que en todo el transcurso de su vínculo afectivo le dio el mismo trato que a sus demás hermanos de crianza, prueba la necesidad de reconocimiento como familia que quería establecer su padre de crianza, tanto para cumplir con los mismos deberes familiares, como para poder acceder a los mismos derechos con los que cuentan las demás familias conformadas por vínculos naturales o jurídicos. A pesar de ello, la empresa Riopaila Castilla S.A., negó el reconocimiento de la sustitución pensional aduciendo que:
“Después de revisada la documentación incluida en su solicitud, la realización de dos visitas domiciliarias y la práctica de otras pruebas por parte de Riopaila Castilla S.A., la empresa considera que el señor Pedro Pablo Córdoba (registrado como Pedro Aragonés) realmente es sobrino político del señor Agobardo Córdoba, hijo de una hermana de quien fuera su esposa la señora la señora Rubiela Aragonés y no hijo del mencionado señor.
Motivo por el cual, al no darse los presupuestos legales para la sustitución solicitada Riopaila Castilla S.A., considera que no se ajusta a derecho y se niega”[141].
Esta determinación generó una inmediata discriminación, pues la empresa accionada negó la prestación solicitada bajo el único argumento de no ser Pedro Pablo hijo natural del causante.
Ahora bien, en la contestación de la acción de tutela, la empresa resaltó que desde un principio la petición formulada por el señor Agobardo Córdoba Aragonés ante esa empresa lo fue bajo el entendido de que Pedro Pablo Córdoba Aragonés era hijo natural de Agobardo Córdoba, y no hijo de crianza como se evidenció posteriormente. Al respecto, indicó que no tuvo la oportunidad de controvertir ninguna prueba o afirmación en ese sentido “lo que hace ilegal, injusto e inconstitucional cualquier determinación que pretenda reconocer sustitución a esa condición”[142]. De igual modo, sostuvo que las declaraciones que anexó el curador nunca fueron presentadas ante la empresa.
Por otro lado, destacó que en el Registro Civil de Nacimiento original se registró como nombre “Pedro Pablo Aragonés”, pero solo hasta 2011, esto es, tres años antes de la muerte de Agobardo Córdoba, se modificó dicho registro incluyendo el apellido de este último, documento en el cual se dejó una inscripción para la toma de la huella y la firma a ruego, siendo que el señor Córdoba sabía leer y escribir.
En primer lugar, como se expuso anteriormente, si bien el reconocimiento formal se dio hasta el 4 de agosto de 2011, según consta en el Registro Civil de Nacimiento serial 39606715, ese medio probatorio no puede ser analizado de forma aislada, pues del conjunto probatorio se logró establecer el vínculo afectivo desde el momento del nacimiento de Pedro Pablo. Ese documento lo único que permite evidenciar es la reafirmación formal del vínculo generado materialmente a lo largo de la vida del representado. En segundo lugar, en cuanto a la toma de la huella y la firma a ruego cuando el señor Córdoba sabía leer y escribir, la empresa intenta sugerir una falsedad sobre la firma del documento sin ningún sustento para hacer una afirmación en ese sentido, y siendo que de la copia de la cédula de ciudadanía del señor Agobardo Córdoba se desprende una inscripción igual de “NO FIRMA”[143].
75. Por lo anterior, se puede concluir que Pedro Pablo Córdoba Aragonés cumple con las características propias, previamente desarrolladas, para ser considerado como hijo de crianza de Agobardo Córdoba, con quien constituyó un vínculo que trascendió de la mera cooperación económica y se hizo verificable en términos emocionales y de afecto. Por tal motivo, es sujeto de derecho de todos los beneficios que en materia de seguridad social se desprenden de la muerte del señor Córdoba, al ostentar la calidad de hijo de crianza.
76. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, que confirmó la emitida el 5 de octubre de 2017 por el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali, que declaró improcedente el amparo. En su lugar, concederá la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, y ordenará a la empresa demandada reconocer la sustitución pensional del señor Agobardo Córdoba en favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, quien actúa a través de curador legítimo.
Primero.- REVOCAR la sentencia proferida el 20 de noviembre de 2017 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Cali, que confirmó la emitida el 5 de octubre de 2017 por el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali, que declaró improcedente el amparo, dentro de la acción de tutela instaurada por Agobardo Córdoba Aragonés, actuando en calidad de curador legítimo de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, contra la sociedad Riopaila Castilla S.A. En su lugar, CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas de Pedro Pablo Córdoba Aragonés.
Segundo.- ORDENAR a la sociedad Riopaila Castilla S.A., que en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta sentencia, inicie los trámites correspondientes para reconocer y pagar la sustitución pensional del señor Agobardo Córdoba en favor de Pedro Pablo Córdoba Aragonés, reconocimiento que deberá ser efectivo a más tardar dentro del mes siguiente a la notificación de la sentencia. La sociedad deberá pagar retroactivamente las mesadas pensionales a que haya lugar por dicho concepto a partir de la notificación de la presente providencia, en cuanto no estén prescritas, de conformidad con lo establecido en los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
Tercero.- DESVINCULAR del presente trámite de tutela a la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y a la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
Cuarto.- LÍBRENSE por Secretaría General las comunicaciones previstas en el artículo 36 del Decreto ley 2591 de 1991.
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA HIJO DE CRIANZA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Se debió declarar improcedente por cuanto existía otro medio de defensa judicial (Salvamento de voto)
ACCION DE TUTELA EN MATERIA DE DERECHO A LA SUSTITUCION PENSIONAL PARA HIJO DE CRIANZA EN CONDICION DE DISCAPACIDAD-Desacuerdo con la flexibilización que se realizó del requisito de subsidiariedad (Salvamento de voto)
(iii) Tampoco se evidencia un perjuicio irremediable. El accionante recibe actualmente una pensión de Colpensiones equivalente al salario mínimo, recibió un retroactivo pensional mayor a 25 millones de pesos y su atención en salud está garantizada mediante el régimen contributivo. Por estas razones, considero que no existe una afectación grave e inminente al mínimo vital.
[1] La Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones- y la Fundación Gerontológica Luz y Esperanza fueron vinculados por el Juzgado 26 Civil Municipal de Cali, que conoció el asunto en primera instancia.
[2] La acción de tutela fue instaurada en contra del Grupo Agroindustrial Riopaila Castilla. Sin embargo, el Juzgado 26 Civil Municipal de Oralidad de Cali vinculó a la sociedad Riopaila Castilla S.A., luego de que esta última interviniera como entidad pagadora de la cuota parte pensional que se discute en este proceso y aclarara que dicho grupo agroindustrial no existe y no es una persona jurídica.
[3] Conformada por la Magistrada Cristina Pardo Schlesinger y el Magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo.
[14] En el expediente se encuentra un documento allegado por Colpensiones, el cual se dirige a un juzgado que no corresponde al que conoce este asunto y se refiere a una acción de tutela diferente a la que ahora se revisa. Ver folios 155 a 159 del cuaderno de instancias.
[49] El apoderado del señor Agobardo Córdoba Aragonés aclaró que según la información dada por la señora Nohoralba, por error se repitió la suma de 600.000 pesos mensuales con lo cual ella paga los gastos de alimentación y le ayuda a sus hermanos. Indicó que no se pudo corregir la misma debido al costo del certificado.
[66] Sobre la figura del perjuicio irremediable y sus características, la Corte, en sentencia T-786 de 2008 (M.P. Manuel José Cepeda) expresó: “Dicho perjuicio se caracteriza, según la jurisprudencia, por lo siguiente: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad.”. En un sentido semejante pueden consultarse las sentencias T-225/93 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), SU-544/01 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett), T-1316/01 (M.P. Rodrigo Uprimny Yepes), T-983/01 (M.P. Álvaro Tafur Galvis), entre otras.
[87] Ibíd. Consideración 18.1.
[88] Ibíd. Consideración 18.2.
[89] Ibíd. Consideración 18.3.
[90] Ibíd. Consideración 18.4.
[137] Cuaderno principal. Folio 26. Declaración de Nohoralba Aragonés.