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Timestamp: 2020-08-15 11:30:24
Document Index: 349835975

Matched Legal Cases: ['artículo 137', 'artículo 143', 'artículo 30', 'artículo 18', 'artículo 20', 'artículo 80', 'artículo 79', 'artículo 81', 'artículo 27', 'artículo 42', 'Artículo 7', 'Artículo 5', 'Artículo 17', 'Artículo 11']

El Proceso Abreviado y la aparente violación a garantías Constitucionales en El Uruguay.
“Cuando la Justicia y el Derecho entran en conflicto,
debe prevalecer la Justicia antes que el Derecho”
Por: Dr. Federico Dos Santos Minetti
Lic. Sergio A. Flores
El actual Código del Procesal Penal, surgió en el año 2017, como una necesidad de modernizar la antigua normativa de carácter inquisitivo que no facilitaba una pronta y efectiva administración de justicia. El nuevo código está basado en normas de tendencia acusatoria que lo vuelve sencillo y con celeridad en la tramitación de los procesos; además de regirse por principios que fomentan el respeto a las garantías constitucionales.Dentro de sus innovaciones se encuentran procedimientos especiales, entre estos sobresale el denominado Proceso Abreviado.
Cuando decimos que sobresale, es por haberse convertido en la herramienta de solución temprana más utilizada por la Fiscalía General de la Nación, para dirimir los casos. Lo anterior, como conocedores del derecho, nos ha llevado a realizar ciertas consideraciones que deseamos compartirlas con usted estimado lector, para que, desde una perspectiva no institucional, reciba una opinión de la manera en cómo se están tramitando los casos de investigación penal que conoce la Fiscalía y que son tramitados rápidamente en los tribunales de justicia.
Primeramente, es necesario entender en que consiste la figura del Proceso Abreviado; el cual se entiende como una transacción, o lo que es lo mismo un convenio entre acusación e imputado y su defensor, para poner fin al proceso, aceptando una disminución de la pena, procedente por el delito reconocido. Uno de los requisitos especiales, para que el Proceso Abreviado sea admitido es la confesión del imputado con las consecuencias jurídicas de poner fin al proceso.
Según la doctrina el Proceso Abreviado no debe entenderse como una solución automática, por el simple hecho de la aceptación del imputado y su auto incriminación ante el juez, pues esto generaría violaciones importantes a Derechos Fundamentales, dicha afirmación pende de los siguientes razonamientos: para José I. Cafferata Nores, penalista argentino sostiene que: “La idea de lograr sentencias en un lapso razonable, con fuerte ahorro de energía y recursos jurisdiccionales y sin desmedro de la justicia, tradicionalmente aceptada para delitos leves, se ha extendido últimamente también para el tratamiento de ilícitos de mayor entidad. Respecto a estos, ahora se admite alternativas para evitar el juicio oral y público, cuando él no sea imprescindible para arribar a una sentencia que resuelvan el caso, con respecto de los principios de legalidad y verdad. Condicione sine que non (teoría de equivalente de las condiciones, todas las condiciones son por igual causa del resultado) para ello será que la prueba reunida en la investigación preparatoria sea idónea a tal fin, sin que sea necesario reproducirla en un debate, a criterio de los sujetos esenciales del proceso”
El anterior comentario se simplifica, en cuanto a que, dentro del Proceso Abreviado, cualquier acuerdo que se haga con el imputado sobre su situación, debe resultar de un juicio seguido de una estricta observancia de todas las garantías establecidas en la Constitución y en la ley. Lo anterior incluye a ser debidamente informado de los contenidos de la acusación, y de los elementos de prueba recogidos por la Fiscalía y que se encuentran debidamente incorporados en el proceso, ya que el Juez debe valorarlas como suficientes, para admitir la procedencia de la confesión de los hechos por parte del imputado. Es bueno agregar que el imputado a pesar de haber admitido los hechos, puede exponer sus propias razones y con el derecho de poder producir pruebas de descargo, sin ningún tipo de obstáculos.
Estos controles no son producto de una tendencia a querer propiciar un ambiente favorable a los delincuentes que, flagelan la integridad y tranquilidad de los uruguayos, sino que responden a la necesidad de garantizar la protección de derechos fundamentales, de aquellos ciudadanos que puedan ser inculpados de manera injusta y que, debido a inobservancia de preceptos legales, podrían ser condenados de manera arbitraria.
Esto lo manifestamos debido a que la Fiscalía General de la Nación, ha generalizado el Proceso Abreviado, para poder resolver la carga procesal y darle una salida inmediata a los casos de conocimiento. Sin embargo, no es difícil advertir que, en algunos de los casos reales, resueltos por medio del Proceso Abreviado, la Fiscalía, no formaliza adecuadamente la prueba dentro del proceso. Y en muchas ocasiones la solicitud de autorización de Proceso Abreviado, no lleva agregados los elementos de prueba suficientes, para sostener la acusación. Lastimosamente ese tipo de solicitudes son autorizadas por algunos jueces, sin el examen previo de los elementos probatorios, los cuales deberían ser presentados de manera formal, por medio de actas de entrevistas de testigos, actas de inspección, objetos debidamente embalados etc.
Desde esa perspectiva, el Proceso Abreviado, en nuestro sistema de justicia penal ha acrecentado las facultades del Ministerio Público, reduciendo las del Poder Jurisdiccional (juzgar e imponer penas). Es decir que el ente fiscal está persiguiendo los delitos, teniendo como único objetivo el castigo y la represión, aplicando una fórmula de alto contenido inquisitivo, pues se utiliza una verdadera coacción sobre el acusado, a quién se le coloca frente al dilema de aceptar el trámite acelerado o afrontar el riesgo de una condena mayor, si opta por el juicio común. Visiones que son contrarias al espíritu del Sistema Acusatorio, en el cual se debe buscar la solución más justa, la que mejor exprese el sentido de equidad y que además aparezca como la mejor para todos los involucrados en el proceso.
La ley regula adecuadamente, las actuaciones para evitar el abuso del Derecho, en tal sentido exponemos solamente dos regulaciones que garantizan, los derechos de cualquier uruguayo, al ser llevado ante los tribunales de justicia; dichos artículos rezan de la siguiente manera:
El artículo 137 del Código General del Proceso, regula la Necesidad de la Prueba, y su contenido dice: Corresponde probar los hechos que invoquen las partes y sean controvertidos. También requieren prueba los hechos, aun admitidos, si se tratare de cuestiones Indisponibles.
El artículo 143 del Código del Proceso Penal regula la Valoración de la prueba. El cual reza de la siguiente manera: Las pruebas serán valoradas por separado y en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa.
Como ciudadanía tenemos el derecho de vigilar el actuar de las instituciones públicas, sobre todo, aquellas que tienen el poder de limitar uno de los derechos más importantes, como lo es la Libertad ambulatoria. El Proceso Abreviado es una salida procesal novedosa, la cual para garantizar el estado de derecho debe ser aplicada siguiendo las reglas del debido proceso.
Sexualidad en las Cárceles. Por el Dr. Federico dos Santos Minetti
2. 1. La sexualidad en las Cárceles
2. 1. 2. Algunos ejemplos en otros países
2. 1. 3. Derechos fundamentales
2. 2. Lesbianismo en la cárcel
2.3. Managua, carta de una reclusa
2.4. “No gusta del lesbianismo”
2.5. ¿Por qué a los hombres?
3. Situación en el Establecimiento Correccional y de Detención para
mujeres. Cárcel de Cabildo de Montevideo
3. 1. Vistas íntimas y lugares adecuados “venusterios”
3.2. Prevención ¿atenta contra los derechos de la mujer recluida?
3.3. Relevamiento Nacional sobre visitas íntimas
3.4. Beneficios y dificultades que se podrían presentar con la
implementación de los denominados “venusterios”
4. Abusos a visitantes
5. Nuevas cárceles bajan violencia entre reclusos
7.7.8. CONCLUSIONES
7.7.9 PROPUESTAS
8.- BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
8.1. Entrevistas de Human Rights Watch Magazine, Global Report on Prisons (New York: Human Rights Watch, 1993), pág. 108.
8.2. Presos mala conducta a El Dorado," El Universal, 30 de noviembre de 1996, Venezuela.
8.3. “El Mercurio”, diario de Chile, publicación del Domingo 10
de diciembre de 2006. “Nuevas cárceles bajan violencia entre reos”.
8.4. "Criminología y Delincuencia Femenina" (LOM), de la socióloga Doris Cooper, 1980. www.Emol.com
8.5. Tutela de la Corte Constitucional de Colombia: sentencia Nº T-273-93
8.6. ALMEDA I SAMARANCH, E.: “Corregir y castigar: el ayer y hoy de las cárceles de mujeres”. Barcelona, Ed. Bellaterra, 2002.
8.7.ALMEDA I SAMARANCH, E.: “Mujeres encarceladas”. Barcelona, Ed. Ariel, 2003.
8.8. RODRIGUEZ, María Noel (2004)
Estudio sobre las condiciones de las Mujeres en Prisión en los países de América Central
ILANUD – San José, Costa Rica.
9. Informe del Comisionado Parlamentario, Poder Legislativo, informa de actuación y evaluación del Sistema Penitenciario 2005-2006, Montevideo- Uruguay.
9.1. Criminología nº 4-1990 (pag.117 a 131). San Sebastián, 1990.
9.2. CERVELLÓ DONDERIS, VICENTA, “Las prisiones de mujeres desde una perspectiva de género” en Revista General de Derecho Penal Iustel, sección Derecho Penitenciario n.º 5, Mayo 2006,http://www.iustel.com/revistas
9.3. Régimen de visitas conyugales en el sistema carcelario Chileno, DEPESEX/BCN/SERIE ESTUDIOS, AÑO XI, Nº 260, SANTIAGO DE CHILE. 2001.
El derecho a la libertad figura en la Constitución Uruguaya como principio inspirador de todo el sistema político-social que con ella se inicia.
La sexualidad de las personas privadas de libertad y su regulación (visitas íntimas, educación sexual, prevención sexual, etc.), constituyen hoy día un importante problema que es manejado fundamentalmente según el buen criterio de las autoridades de los diferentes Centros de reclusión, con una escasa normativa al respecto. Por otra parte, se trata de una temática muy poco tratada por los especialistas.
La elaboración de esta monografía se inspiró y apoyó en varias fuentes. Primero, en el Curso de Introducción a la Criminología, llevado a cabo en el 2006 en el INACRI. Segundo, en el informe del Comisionado Parlamentario de reciente elaboración, el cual nos ilustra en forma general sobre la situación del Sistema Carcelario a nivel Nacional. Resultó fundamental asimismo, la experiencia vivida en algunos centros de reclusión (Centros de Recuperación Nº 1 y 2, Establecimiento Correccional y de Detención para mujeres y del Complejo Carcelario de Santiago Vázquez). Se consultó la Legislación nacional e internacional en materia constitucional, penal, procesal, penitenciaria, de derechos humanos y género y estadísticas nacionales e internacionales. Debido a la escasa producción nacional sobre el tema, fue necesario recurrir a Internet para obtener información publicada en el exterior.
Por primera vez, he tenido ocasión de intercambiar ideas con técnicos, administrativos, ejecutivos y personal en general sobre la temática planteada, a través de entrevistas de contenido abierto, en las que nos han trasladado sus opiniones e inquietudes.
Agradezco a las autoridades del INACRI y en especial al Dr. Bibbó quien, desde la Dirección del Instituto y la coordinación docente del Curso de Introducción a la Criminología, estimuló y apoyó la presente actividad de investigación, en cuyo tránsito me he visto enriquecido.
Montevideo, 19 de marzo de 2007.
Dr. Federico dos Santos Minetti.-
Técnico Procurador del INACRI
En Uruguay como en el resto del mundo, no le es ajeno el hecho de que aquellas personas que están privadas de libertad tengan sexo durante su estadía en centros de reclusión penitenciaria.
Al respecto existe actualmente en nuestro país escasa legislación al respecto sobre el tema: vistas conyugales, protección sanitaria, métodos anticonceptivos o de protección contra enfermedades de transmisión sexual, relaciones con parejas estables, etc.
Asimismo, es muy frecuente también que en los hechos nos encontremos con casos de promiscuidad en las cárceles, violaciones, atentados al pudor, acosos sexuales etc., que atentan contra los Derechos Fundamentales de la persona privada de libertad, la cual convive con otras carencias que existen actualmente en el sistema penitenciario nacional; hacinamiento, mala alimentación, falta de ejercicio, ocio etc., lo cual no alienta en absoluto a la reinserción de los mismos a la sociedad en condiciones de libertad.
Es por ello que mediante este trabajo intentaremos dar una idea acabada de la situación existente al respecto en la actualidad, si bien es un tema muy poco tratado por especialistas, ello concita un problema de gran magnitud que lleva incito la necesidad de solucionarlo: la sexualidad en las cárceles, las visitas conyugales y los denominados “venusterios” que son los lugares adecuados para las vistas íntimas. Todo ello acompañado de una política al respecto y la implementación de normativa que regule en forma sistemática dicho tema.
En la actualidad el sistema carcelario se encuentra en situación deficitaria, sobre todo por el gran hacinamiento y en general por las condiciones en la mayoría infra- humanas en la que se encuentra, las cuales no se corresponden con las reglas mínimas internacionales de las Naciones Unidad sobre las condiciones de reclusión y las recientes recomendaciones del Comisionado parlamentario en lo nacional, así como el anteproyecto presentado en 1996 por la Comisión Honoraria de Mejoramiento del Sistema Penitenciario.
El tema es muy basto y nos excederíamos al respecto al querer tratarlos todos, es por ello que intentaremos una aproximación a las principales problemáticas que se viven hoy día, prestando opinión en algunas de ellas a fin de intentar dar solución o simplemente un punto de vista más al respecto.
La sexualidad en las Cárceles:
Como bien es sabido el tema aludido, el de la sexualidad en las Cárceles, data desde que existen las mismas, toda persona que se encuentra por haber infringido la norma penal privada de libertad en forma forzosa, ya sea el procesado o el penado, experimenta mediante el aislamiento un trastorno de su ambiente social y sobre todo de sus equilibrios emocionales, psíquicos y físicos.
La falta de contacto con su grupo familiar, el estado constante de alerta de su integridad física, la privación de intimidad con su pareja, lleva al recluso a experimentar un alto grado de degradación, indignidad y frustración de la masculinidad o feminidad.
Esta situación de ansiedad ante la no posibilidad de mantener (no en todos los casos) relaciones sexuales con la pareja que este recluso o reclusa solía tener fuera de la cárcel, lo lleva a crear soluciones intramuros, que se materializan en lo que se denomina sodomización voluntaria o forzosa.
Sobre el tema de la sodomización, existieron algunos estudios, citamos los comentario de la socióloga Doris Cooper, quien al respecto estudio el efecto que produce el encierro de personas que han delinquido: se refiere a dos instancias de satisfacción al interior de la población penal: la heterosexual, realizada por los reclusos con sus parejas durante las horas de visita y otra alternativa de carácter homosexual, aunque los mismos nunca hayan tenido esa experiencia fuera de la cárcel. En este sentido los reclusos homosexuales habituales, se los aísla del resto de la población carcelaria, a fin de brindarles protección ante posibles ataques de los mismos. Pero no obstante cuando ello no es posible la tendencia es a que se formen parejas con internos no homosexuales aliviándose de esta forma la tensión sexual de ambos”.
En Uruguay a diferencia a lo que ocurre en otros países de la región, como ser Chile, no existe una norma jurídica que regule específicamente sobre la temática: visitas íntimas, profilaxis sexual, educación sexual, comercio sexual intramuros, etc.
Las visitas a los reclusos pueden ser de varios tipos: ordinarias, extraordinarias y especiales.
Las visitas ordinarias, las cuales se llevan a cabo en el horario previsto para cada centro de reclusión y que varía según el criterio impuesto por el director del mismo, por lo general oscila entre 3 o 4 horas y puede ser de mañana o de tarde una, dos o tres veces por semana.
Las visitas extraordinarias, constituyen una excepción debidamente justificada por el recluso y autorizada por el Director del Centro Penitenciario, por un lapso de tiempo determinado.
Y por último, las visitas especiales, pueden ser familiares o íntimas (conyugales), por lo menos ese era el cometido en un principio, actualmente la visita puede ser con la pareja estable o no y en algunos casos se han autorizado que las mismas sean con parejas homosexuales. Inclusive existe comunicación ínter carcelaria para aquellas personas privadas de libertad de ambos sexos, es decir en Montevideo, entre Cárcel de Mujeres (Cabildo) y los demás Centros Penitenciarios (dependientes de la DNCPyCR).
Estas visitas son otorgadas a reclusos que carecen de salidas transitorias ya que no tendría sentido que le fuera otorgada este beneficio a quienes tienen contacto con el exterior.
Respecto de las visitas íntimas actualmente como ya se dijo no existe regulación específica, por lo que el acceso al beneficio dependerá de la solicitud de cada recluso amparado el derecho de petición consagrado en la Constitución de la República, artículo 30 y en la ley 14.470 “Ley de Reclusión Carcelaria”, artículo 18 y a la autorización de la autoridad Carcelaria competente. Además deben de existir lugar o lugares físicos habilitados, con un mínimo de condiciones tanto de espacio y confortabilidad, como de higiene; no en todo los Centros existen y no todas cuentan con estas condiciones mínimas a fin de cumplir con el cometido y con las reglas sanitarias que lo determinan, artículo 20 Ley 14.470.
Es por ello que creemos necesario la implementación de una ley que regule a nivel nacional el problema de las vistas íntimas y la sexualidad en general en las Cárceles de Uruguay.
Algunos ejemplos en otros países:
Chile, es un país que en esta temática presenta grandes avances, cuenta con un Decreto del año 1998 (518), dictado por el ministerio de Justicia, el cual estableció el reglamento Penitenciario, incluyendo un capítulo en el cual regula las “vistas”, incluyendo las ordinarias, extraordinaria y las íntimas. Las íntimas son autorizadas a reclusos que no poseen salidas transitorias previa solicitud al Alcalde. El texto señala que el interno debe especificar en su solicitud la relación de parentesco, “conyugal o afectiva” que lo vincula con la visita, y agrega que dichas visitas se concederán una vez al mes, con un mínimo de 1 hora y un máximo de 3.
Más adelante, recalca, con respecto a las visitas especiales, que éstas “se llevarán a efecto en dependencias especialmente habilitadas”.
No existe una explicitación respecto a encuentros íntimos de los reclusos con sus parejas; el término “venusterio” no aparece en el cuerpo legal, ni tampoco se hace alusión a internos hombres o mujeres. No obstante ello, debe tenerse presente que la condición indispensable es la de contar con dependencias apropiadas para dicho efecto.
El estudio de Doris Cooper, señala que un 55% de los internos dice tener muy ocasionalmente relaciones sexuales con sus parejas. Este porcentaje varía dependiendo de las instalaciones del recinto y de la tolerancia de las autoridades. También señala que entre un 20% y un 50% de los internos tienen permanentemente relaciones sodomíticas y un 2% reconoce haber sido violado. Añade, por último que “un 98% de los internos condenados declara que los Venusterios o Visitas Conyugales resultan la única alternativa racional, humana y viable de solución a las formas alternativas actualmente existentes de comportamiento sexual intrapenitenciario, que como se ha demostrado, resulta un alto grado de peligrosidad respecto de la propagación del SIDA y del aprendizaje de comportamientos sexuales dañinos.
Desde el punto de vista de los Derechos Fundamentales, toda persona privada de libertad, sea en prisión preventiva o en cumplimiento una sentencia condenatoria carece del derecho de la libertad ambulatoria y se ve sometida a una vigilancia especial en un Centro de Reclusión, esta es la principal restricción a un derecho inherente a la misma. También y como otro efecto de la prisión, se suspende la ciudadanía como lo expresa el artículo 80 inc. 2º, “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría.”, y el inc. 4 “por sentencia que imponga pena de destierro, prisión, penitenciaría o inhabilitación para el ejercicio de derechos políticos durante el tiempo de condena”; Por lo tanto aquellos reclusos que sean procesados por delitos en los cuales no ha de recaer pena de penitenciaría, estarían en condiciones de ejercer el derecho de voto, cosa que actualmente no sucede en la práctica. Asimismo el artículo 79 del Código Penal que se titula “de los derechos políticos” y que consisten en la capacidad para ser ciudadano elector y/o electo en una elección popular; se establece al respecto que las sentencias de condena sean comunicadas a la Corte Electoral; a la Administración (ente público) en caso de funcionario público; etc., a fin de que tomen conocimiento de la situación que atraviesa dicha persona.
El artículo 81 y 82 de Código Penal establecen “penas accesorias a la de penitenciaría o prisión” establecen en cuanto al penado, quien queda inhabilitado para cargos, oficios públicos y derechos políticos, para otros casos la suspensión de oficio público cargo, derechos políticos y de profesiones académicas durante el término de la condena.
En el informe anual reciente del Comisionado Parlamentario (Informe de actualización y evaluación del sistema Penitenciario 2005-2006) se recomienda conjuntamente al Ministerio del Interior y a la Corte Electoral la previsión de medidas para posibilitar el ejercicio de los derechos políticos de todas las personas privadas de libertad que no los tengan suspendidos por decisión jurisdiccional.
Otros efectos accesorias a la pena “eventuales” pero posibles son: la pérdida de la Patria Potestad, tutela, curatela, capacidad para heredar, derechos de familia y otros establecidos por las leyes civiles. Como ejemplo: aquellos padres de hijos menores, que según lo establecido en el Capítulo XVI del Código de la Niñez y la Adolescencia, que regula dicho Instituto, se establecen las formas de pérdida, limitación, suspensión y rehabilitación de la Patria Potestad. El código citado nos remite a los artículos 285 y ss. del Código Civil, los cuales establecen las maneras en que dicho derecho se pierde, debiendo ser a instancia de parte y previa sentencia de un juez competente. Como ser el inc. 1º del art. 285 establece: “si fueren condenados a penitenciaría como autores o cómplices de un delito común” o el inc. 3º que nos remite a los delitos de corrupción en el que intervienen menores, prescriptos en el art. 274 del Código Penal.”. Además art. 148, 842, 1012, 900, 901 del Código Civil, Ley 16.099, Ley 17.296 art. 172; ley 12.381 art. 14; Decreto 500/991 art. 173; 354 C.P; D.L. 14.219 art. 82, etc.
Otras consecuencias se derivan del hecho a que la persona se encuentra privada de libertad y que por lo tanto no puede ella personalmente realizar determinadas actividades, pero podrá si el caso lo amerita solicitar al Juez competente que sigue su causa, pedir una salida transitoria o especial para realizar dicha actividad.
Demás esta decir, que el centro de gravedad de las personas privadas de libertad es la cárcel, donde se encuentran alojado y que en consecuencia, deberán desarrollar en ese entorno su vida de la mejor manera posible, vista ya las carencia de las que sufren.
Es por ello que desde el punto de vista de los Derechos fundamentales o Derechos Humanos, existen normas mínimas de condiciones de reclusión, referentes al trato humano al privado de libertad, condiciones de salubridad, alimentación, trabajo, ejercicio, recreación, visitas etc. Y dentro de las visitas están las íntimas como bien explicáramos anteriormente.
El Organismo Internacional Naciones Unidas, se encargó hace ya unos cuantos años, de la elaboración de las denominadas “Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos”, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977. Esta es una herramienta más al servicio del buen funcionamiento de los centros de reclusión de todo el mundo, reglas que hacen al respeto de los derechos aludidos.
Lesbianismo en la cárcel
Un capítulo del libro "Criminología y Delincuencia Femenina" (LOM), de la socióloga Doris Cooper, aborda el tema del comportamiento sexual femenino intrapenitenciario.
El estudio revela que en el caso de los reos, en 1980, la práctica de la homosexualidad situacional (ejercida por heterosexuales en situaciones anormales como la reclusión) llegaba al 80% en las cárceles. En 1992, esa cifra decreció al 28% al difundirse el problema del SIDA y al adoptarse medidas de satisfacción sexual heterosexual.
En una investigación realizada, determina que la práctica de lesbianismo en las Cárceles Femeninas, es mucho mayor de lo que se cree y un porcentaje de un 20% lo experimenta en forma situacional.
Se podría llegar a pensar que no habría tanto lesbianismo si se legislara en forma uniforme, los denominados “venusterios” donde la mujer pudiera tener intimidad afectiva y sexual con sus parejas heterosexuales".
No obstante, esa práctica homosexual persistiría en el caso de lesbianas "de nacimiento", que llegan a un 7%, según el estudio.
Las mujeres recluidas - añade- reproducen la estructura familiar externa: se casan y adoptan a internas más jóvenes. De esta forma, mantienen los vínculos afectivos y emocionales rotos con el exterior por la pérdida de las parejas al no poder mantener el contacto sexual, advirtió la socióloga. Las violaciones también constituyen una realidad carcelaria. En esta investigación, el 1% de las consultadas dijo haber sido violada y el 2%, que había sufrido un intento.
Managua, carta de una reclusa.
«Soy madre soltera, tengo varios meses de estar presa en la cárcel La Esperanza por un asunto de drogas, pero no es ese mi problema, pues estoy consciente de mi falla y tengo que pagar mi pena», comienza el escrito.
“No gusta del lesbianismo”.
«Mi problema y el de muchas de las que estamos aquí es que no hemos tenido relaciones sexuales porque no hay visitas conyugales y aquí adentro la única opción es tener relaciones con las demás (reclusas) algo que desde mi punto de vista no es correcto porque a mí me gustan los hombres», relata la primera carta enviada por una convicta a quien llamaremos «Lorna».
«Tengo miedo -agrega Lorna- de caer en una de tantas, porque a mí y otras presas ya nos han hecho propuestas algunas de las compañeras que tienen esas prácticas, y la verdad es que sí siento la necesidad de tener relaciones, pero también me da miedo que me hagan algo las que ya son parejas porque se celan entre sí y hasta han llegado a sentenciarme diciéndome que cuidado si me enredo con algo ajeno. ¿Será que alguien nos puede ayudar con este problema?».
La otra carta que envió una mujer que llamaremos «Sandra», es más corta, pero relata que «tengo ya un buen tiempo de estar detenida y me ha acostumbrado poco a poco a la vida del penal, pero a lo que no me acostumbro es a tener relaciones (sexuales) con mujeres, ya que ante la falta de hombres y de visitas conyugales, no me ha quedado como a otras aquí adentro más opción que satisfacer mis necesidades con algunas de las compañeras».
«Esto es incómodo, porque siempre una piensa en los hombres y además como es una práctica muy general en el penal, existe una especie de ‘pirateo’ de parejas y ha habido problemas por celos entre algunas compañeras aquí adentro. Le envío esta carta para ver qué se puede hacer porque la verdad es que siento que el hecho de no poder tener relaciones con hombres, es una violación a mis derechos como mujer tomando en cuenta que en La Modelo (centro de reclusión) hay hasta 16 cuartos para visitas conyugales ¿por qué esa diferencia?, ¿será que los hombres tienen más necesidades que las mujeres?», concluye la misiva.
Situación en el Establecimiento Correccional y de Detención para mujeres. (Cárcel de Cabildo - Montevideo.)
Respecto a este Establecimiento 24 reclusas de 245 internas cuentan con visitas íntimas, disponiéndose de una habitación especialmente para ello. La visita íntima en Cabildo tiene ciertos requisitos como tener un mínimo de tres meses de reclusión, poseer buena conducta y pareja estable. La misma se puede desarrollar una vez por semana, una hora, y se tiene una sala destinada a tales efectos, la que posee baño y equipamiento.
La situación en Montevideo es más favorable a la del resto de los Departamentos del país donde se alojan mujeres y hombres dado que en el interior del país solo en 14 de ellos existe un lugar destinado a las “visitas íntimas” y en algunos casos están en pésimo estado; como ser Canelones es el Departamento de mayor cantidad de población reclusa femenina, luego de Montevideo, el cual no posee un lugar para que se lleven a cabo las mismas.
Asimismo, una vez por mes se realiza una visita ínter carcelaria, en coordinación con los centros de reclusión: COM.CAR, La Tablada y Penal de Libertad, donde se alojan reclusos varones, a fin de que parejas heterosexuales, que por motivos diversos se encuentran ambos privados de libertad, puedan de esta manera tener un momento de privacidad e intimidad. Esta práctica muchas veces vislumbra situaciones encubiertas de prostitución, ya que estas visitas se conciertan por teléfono muchas de las veces sin conocerse la pareja. Algunos lo denominan en tono irónico “el crucero del amor”, claro que se refieren al transporte terrestre que los lleva de un lugar a otro.
Por último es de señalar que este tema aludido es de gran resistencia en nuestro país por los Jueces Penales, quienes no comparten en su mayoría la idea de dicho traslado, sobre todo por el riesgo de que se ocasionen incidentes durante su realización, no estando bien claro la naturaleza o extensión de la autorización previa.
Al no existir una política uniforme al respecto, este sistema demuestra sus fallas, ya que las visitas no pasan por una revisión médica y sicológica, además se carece de charlas acerca de la prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Tampoco el interno especifica en su solicitud la relación de parentesco conyugal o afectiva que lo vincula al visitante, la que no cuenta como requisito la antigüedad de dicha relación, considerando algunos que debe ser de por lo menos 6 meses mínimo, para obtener este beneficio. Ello podría llevar a que se conformen redes de prostitución encubiertas entre una cárcel y otra.
El tema de las visitas conyugales provoca “un momento de alegría entre quienes pueden tenerla, sirven en general para relajar las tensiones”; esto que decimos los hemos extraído de conversaciones con los mismos reclusos, los cuales le dan prioridad a dicho encuentro ante problemas como pueden ser de salud o alimentación. Aunque estas visitas son concebidas para que las parejas tengan relaciones sexuales, para muchos, lo más rescatable es que se puede tener intimidad para conversar o simplemente para estar al lado de su pareja. Cada recluso según cada centro tiene derecho a una visita al mes, con una duración que varía en cada lugar a criterio de la autoridad carcelaria.
Vistas íntimas y lugares adecuados “venusterios”
Como ocurre en otros muchos países de Latinoamérica, Uruguay tiene una política tolerante en relación a las visitas conyugales a los internos varones y mujeres en todo el país, pero en algunos Departamentos este beneficio no existe dada la mala calidad edilicia que mantienen algunas cárceles no lo permiten. En la mayoría de las prisiones se reserva uno de los dos días de visitas, para las visitas conyugales o íntimas. Los centros no imponen requisitos previos o controles en relación a estas visitas; podría si se quisiera actualmente ingresar cualquier persona mayor del sexo contrario a la misma.
La falta de intimidad en nuestras prisiones constituye un problema para las visitas conyugales. La mayoría de los centros, no tienen salas especiales para visitas conyugales. Así, los internos se ven obligados a crear su propio espacio íntimo lo mejor que pueden, una tarea difícil en vista del terrible hacinamiento en la mayoría de los centros. Algunos internos instalan separaciones temporales alrededor de sus camas con ayuda de sabanas, toallas u otro tipo de materiales.
La limpieza es también un problema por los mismos motivos.
La solución a estos problemas como ya se dijo anteriormente son los venusterios como los llaman en algunos países o simplemente habitaciones en condiciones para la intimidad de la pareja. Esta debe estar prevista de todo lo necesario para desde el punto de vista de la higiene que una pareja debe considerar a la hora de mantener relacionamiento sexual, si lo hubiere.
Los “venusterios”, palabra extraña que significa “habitación especial en que las personas presas tienen relaciones sexuales con la pareja visitante”.
Es un oasis de soledad que los reclusos agradecen. “Más que la satisfacción del sexo, lo bueno que es juntarse en un lugar tranquilo, sin gente mirando. “Uno se da un beso en el gimnasio donde se reciben las visitas y todos se quedan mirando, no falta la que grita ‘no cuentes dinero delante de los pobres’ y eso es súper incómodo” comenta una interna.
“Las que van al venusterio vuelven felices. Aunque no creo que sea sólo por el sexo, yo creo que a las mujeres les importa más estar tranquilas con su pareja, conversar, comer con ellas, estar solos. Eso ayuda a olvidar por un rato que están encerradas y que tienen que volver a la realidad de la cárcel”, dice una segunda interna. Ambas conversan animadamente pero se niegan a dar sus nombres. Una de ellas tiene dos hijos, de trece y once años”. A ellos les contó que se iba de viaje al extranjero.
Uno de los problemas que se intenta disminuir con los venusterios es la homosexualidad situacional. Muchas mujeres, heterosexuales en el exterior, buscan afecto en otras reclusas debido a la situación de desamparo y carencia afectiva en la que caen luego de ingresar al penal.
Prevención ¿atenta contra los derechos de la mujer recluida?
No hace mucho tiempo se dio un caso en Colombia, sobre una mujer privada de libertad a la cual, según las normas jurídicas de dicho país, se la obligaba en caso que deseara mantener relaciones íntimas, a someterse a la aplicación de un dispositivo intrauterino. La reclusa interpuso ante la Corte Constitucional de dicho país una acción en contra de tal disposición; por la cual considera que se ha violado su derecho a la maternidad, además de su derecho a la igualdad.
La justificación de esta medida, según explicó el director de la cárcel, se deriva del hecho de que la ley permite a las mujeres embarazadas reemplazar la pena de prisión por arresto en instalaciones hospitalarias.
Para el director, permitir el embarazo de las reclusas sería tanto como permitir su libertad. La actora solicita que se inaplique el reglamento y que se le permita recibir visitas conyugales sin la proscripción del uso de anticonceptivos
La Corte Constitucional colombiana concede la tutela a favor de la demandante, ordenando que se inaplique el reglamento y se le permita recibir visitas conyugales sin que sea necesario demostrar la imposición de un dispositivo intrauterino.
La Corte Constitucional, para la resolver el caso, hizo referencia a la sentencia T-222 de 1993, en donde se estableció que la visita íntima en las prisiones es un derecho que puede limitarse. La Corte Constitucional consideró en la referida sentencia que, si bien es cierto que las visitas conyugales pueden ser limitadas, tal limitación no puede darse bajo cualquier razón ni tampoco puede vulnerar otros derechos de mayor protección constitucional. El reglamento de la Cárcel exige educación para el control natal y uso de método de control de la natalidad, lo cual a todas luces se encuentra ajustado a la Constitución y no vulnera los derechos de la mujer. Por otro lado, el hecho de exigir a las reclusas probar la imposibilidad de concebir hijos para obtener el permiso de la visita íntima sí es vulnerador de las disposiciones constitucionales, además de disposiciones internacionales. La Convención sobre la Mujer (Convención de la que es parte Colombia y Uruguay) prescribe que "el papel de la mujer en la procreación no debe ser causa de discriminación". El reglamento de la cárcel vulnera el derecho a la igualdad y el derecho a decidir el número de hijos.
La actora de la demanda se encuentra recluida en la Cárcel Nacional Femenina. Por otro lado, el Art. 407 del Código de Procedimiento Penal (de Colombia) dispone que la libertad en caso de embarazo no se suspende del todo, sino máximo 8 meses. Esta protección a la madre se da "en razón de su función biológica en la procreación del género humano...", por lo que el embarazo en ningún momento lleva a la libertad, sino solo a la suspensión temporal de la condena en razón a la protección a la maternidad y, por lo tanto, a la vida.
En Uruguay el Decreto-Ley 14.470 el cual estableció un sistema de Normas sobre Reclusión Carcelaria, cuenta con 5 artículos sobre la mujer reclusa, y el artículo 27 en especial refiere a la reclusa embarazada, la cual “quedara excluida de la obligación de trabajar o de otra modalidad de tratamiento incompatible con su estado durante 45 días antes de la fecha del parto y 45 días posterior del mismo…”. Por lo tanto el trato es diferente al establecido en Colombia, asimismo.
Los argumentos de la decisión de la sentencia giran en torno a dos derechos: el derecho a la igualdad, según el cual no se justifica la discriminación de la mujer en razón de su papel en la procreación (Convención sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer); y el derecho a la libertad de procrear, plasmado en la posibilidad de elegir el número de hijos (este último derecho corresponde al artículo 42 de la Constitución colombiana.)
El juez constitucional, a través de su jurisprudencia, es un creador consciente de sub.-reglas constitucionales en concordancia con el texto superior. La doctrina constitucional, mientras no sea modificada por la Corte es un criterio auxiliar obligatorio para las autoridades. Debe aclararse que la tutela sólo surte efectos en el caso en concreto.
La sentencia establece un precedente jurisprudencial en el que se pondera a favor del derecho a decidir el número e intervalo entre los hijos, y se protege la maternidad, además del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres respecto de las visitas conyugales.
Esta sentencia si bien se dictó en otro país, no deja de ser trascendente a la hora de reflexionar sobre un tema que no es menor, el de si es conveniente que las reclusas queden o no embarazadas en mientras transcurre su estadía en los centros de reclusión. La opinión que al respecto se podría realizar sería la siguiente: 1) Es cierto que, como bien este fallo deja entre ver, son derechos fundamentales, no solo en Colombia o en Uruguay sino que en todo el mundo, el derecho a la igualdad, a procrear, a la protección de la mujer, a la elección de la cantidad de hijos que se desee tener, etc.
2) Pero hay también otro derecho (el del hijo) que se contrapone a los ya dichos. Es obligación de todo padre velar por la salud, seguridad, educación y el bienestar general del hijo, lo cual de alguna manera se podría contradecir con la situación de que este hijo nazca estando su madre recluida. Es decir siempre se debe velar por el Interés superior del niño.
3) Por ello sería pertinente al caso, que sin vulnerar los derechos de igualdad y a la maternidad, se realizara -previa concepción de un hijo- un estudio profundo de las condiciones de viabilidad del mismo. Habría que tener en cuenta si la madre es procesada por un delito del cual pudiera recaer pena de prisión o penitenciaría, cuánto tiempo va estar allí alojada, antecedentes sico-sociales, posibilidades económicas al salir del recinto carcelario, apoyo familiar, etc., a fin de garantizar el interés superior del niño. Todas estas medidas ayudarían a la reclusa a tomar conciencia de la importancia de la concepción y de los cuidados que habrían que tomarse antes de la misma.
Relevamiento Nacional sobre visitas íntimas.
A nivel nacional la Cárcel Departamental de Florida y el Establecimiento de Reclusión de Mujeres de Canelones, no poseen visitas íntimas por no permitirlo las condiciones edilicias respectivas. Otro tema preocupante y que va en contra al principio de igualdad entra hombres y mujeres, es la situación que se da en el interior del país donde aún no se cuenta con recitos carcelarios adecuados para mujeres y las mismas son alojadas en algunos casos en comisarías o jefaturas, sin tener por lo tanto lugar para que pueda mantener visitas íntimas.
Beneficios y dificultades que se podrían presentar con la implementación de los denominados “venusterios”
De acuerdo a los estudios realizados por especialistas la implementación de una política referente a la vistas íntimas, habilitando recintos especiales a tales efectos, llevaría como vía de consecuencia, una serie de beneficios y a su vez desventajas:
I. Disminuirían los grados de tensión y violencia al interior de las cárceles, pues parte importante de los conflictos (peleas, homicidios) se generan por el problema sexual sodomítico.
II. Se fortalecería la estabilidad de los matrimonios o parejas de los reclusos y reclusas, por la vía de incorporar a la pareja a la satisfacción sexual en condiciones dignas, limitando la violencia doméstica por adulterio y celos.
III. Disminuirían las violaciones al interior de los penales masculinos y femeninos, humanizando en algún grado las relaciones intramuros del sistema carcelario.
IV. Disminución del lesbianismo situacional y de enfermedades de transmisión sanguínea en penales femeninos.
V. Repercusión el la conducta de los reclusos, pues sería un requisito para optar al beneficio, el poseer buena conducta.
VI. Menos posibilidades de contagio de Sida y de propagación al interior de los recintos
I. La actual infraestructura edilicia no permite en la mayoría de los casos la implementación de venusterios en condiciones adecuadas.
II. Problemas relacionados con la seguridad de los recintos, dada la congestión de internos y de eventuales visitas conyugales, la presión por el uso del beneficio, la exigencia de mayor presencia funcionaria, ya sobrecargada en las tareas habituales.
III. Problemas dados por la aplicación masiva del beneficio supondría el ingreso no sólo de convivientes o cónyuges, sino también de prostitutas (como ya se ha detectado), con la inseguridad derivada de posibles contagios de enfermedades de transmisión sexual y de Sida, además de la introducción de elementos de intercambio comercial y corrupción que desvirtuarían el objetivo inicial.
IV. También se señala como un problema la relativa similitud de niveles socio-económicoculturales entre algunos funcionarios y la mayoría de los internos, lo que podría derivar en conflictos por el acceso a visitas femeninas orientadas a la satisfacción sexual de los internos.
Abusos a visitantes
Durante nuestras vistas de las prisiones, una de las quejas más reiteradas estaba relacionada con el maltrato a los visitantes -- en forma de abusos físicos, falta de respeto y extorsión económica. Los presos de Uruguay son muy sensibles a los abusos contra sus familiares especialmente por depender tanto del apoyo que les proporcionan.
Aunque son pocas las restricciones oficiales a las visitas, la aplicación de estas restricciones por parte de los funcionarios es bastante arbitraria. La Guardia Penitenciaria registra a todos los visitantes antes de que entren en el centro. En principio, los vigilantes deben asegurarse de que los visitantes no llevan contrabando. Sin embargo, en ocasiones los vigilantes son sumamente abusivos durante el desempeño de esta tarea.
Las quejas más fuertes estaban relacionadas con los registros a los visitantes, especialmente las inspecciones vaginales y corporales (realizadas por personal femenino cuando se trata de visitantes mujeres). Los presos afirmaron que sus familiares se ven obligados constantemente a someterse a inspecciones intimas y vejatorias para poder visitar y que a veces se inspeccionaba indebidamente incluso a los niños y a las mujeres ancianas. Consideraban que el propósito de estas inspecciones -- y su efecto evidente -- solía ser sencillamente humillar al visitante.
Por otra parte, las autoridades penitenciarias alegan que las inspecciones íntimas eran necesarias con frecuencia. Según su punto de vista, los visitantes eran los responsables de la mayoría de las armas y drogas que llegaban a las prisiones.
Uruguay carece de una política nacional que regule las inspecciones corporales y vaginales de visitantes; es decir que las políticas varían en cada prisión. En algunos centros se realizan inspecciones internas y en otros las inspecciones son oculares, se coloca un espejo debajo de los genitales de la visitante desnuda; en algunos se exige a las visitantes que se sienten en cuclillas o salten. Según los funcionarios de prisiones, no siempre se aplican dichas inspecciones sino sólo cuando existe la sospecha de que un visitante está intentando introducir contrabando..
Aunque Human Rights Watch es consciente de los requisitos de seguridad en las prisiones y de la dificultad de combinar dichos requisitos con una política humana de visitas, consideramos que la práctica arbitraria y no reglamentada de las inspecciones vaginales en Uruguay constituye una violación de las normas internacionales en materia de derechos humanos y que, en algunos casos, la práctica de inspecciones corporales es igualmente abusiva. En concreto, dichas inspecciones constituyen un trato degradante prohibido por el Artículo 7 del PIDCP y el Artículo 5(2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como una injerencia arbitraria en la honra y la dignidad de la persona, prohibida por el Artículo 17 del PIDCP y el Artículo 11 de la Convención Americana. Nuestra interpretación de estas disposiciones se inspira en una decisión reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que decretó que las inspecciones vaginales a visitantes de prisiones constituyen un trato vejatorio y violan el derecho a la intimidad de las visitantes, a no ser que se realicen de acuerdo a una serie de requisitos estrictos.
En un caso sucedido en Argentina, una mujer y sus hijas de trece años intentaron visitar al esposo en una prisión. Unos días antes de la visita se habían encontrado 400 gramos de explosivos en la celda del esposo. Las autoridades penitenciarias argentinas comunicaron a la mujer que para poder realizar una visita de contacto a su esposo tanto ellas como su hija tenían que someterse a una inspección vaginal, a lo cual se negaron.
La Comisión decretó que se había violado la Convención Americana y declaró que sólo se pueden aceptar las inspecciones vaginales si están autorizadas por una ley que especifique claramente en qué circunstancias son pertinentes y en cada uno de los casos la inspección: 1) tiene que ser absolutamente necesaria para lograr el objetivo legítimo en el caso específico, 2) no debe existir medida alternativa alguna, 3) debería, en principio, ser autorizada por orden judicial y 4) debe ser realizada únicamente por profesionales de la salud. Al exponer estas medidas estrictas, la Comisión subrayó la injerencia extrema de estas inspecciones que "pueden provocar sentimientos profundos de angustia y vergüenza" en las personas que se someten a ellas.
La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también ha tratado el tema de las inspecciones potencialmente degradantes. Emitió un comentario general que englobaba la utilización de inspecciones corporales, que, aunque no mencionaba concretamente las inspecciones vaginales, es claramente importante. El comentario advertía que "en lo referente a los registros de personas y la inspección corporal, se deben tomar medidas eficaces para garantizar que se procede de un modo compatible con la dignidad de la persona que es objeto de los mismos.
En Uruguay no se han instituido mecanismo que ayuden a garantizar que las inspecciones íntimas a visitantes de prisiones no se realizan de manera arbitraria y abusiva. No existen normas que regulen dichas inspecciones y no existen restricciones efectivas a su aplicación. En el caso concreto de las inspecciones vaginales, como subrayó la Comisión Interamericana en su decisión, se deben explorar métodos alternativos para proteger la seguridad en las prisiones. Por ejemplo, se puede recurrir más a los detectores de metales.
Nuevas cárceles bajan violencia entre reclusos.
La experiencia chilena al respecto ha sido y sigue siendo un modelo a seguir en cuanto a la experiencia nuevas cárceles como ser la de “Alto Hospicio y Rancagua”, nuevas cárceles que han logrado bajar los índices de violencia entre reclusos.
Para ingresar al penal de Alto Hospicio hay que sortear una serie de controles. Hay máquinas detectoras de metales y otras de rayos X que detectan material orgánico e inorgánico.
Avances en tecnología en penales concesionados también han reducido el ingreso de drogas y armas. Las condiciones de vida de reclusos, visitas de familiares y el trabajo de gendarmes se han visto beneficiados.
Hubo una fuerte inversión en tecnología y nuevos procedimientos de seguridad, lo que también se disminuyó la violencia entre los reos y el ingreso de drogas y elementos extraños.
Desde máquinas que detectan partículas de droga, 500 cámaras de televisión, sensores de movimiento, rayos X y pasillos diferenciados para la circulación independiente de guardias, visitas y reclusos, son algunas de las innovaciones tecnológicas que tiene el nuevo complejo penitenciario de Alto Hospicio, ubicado a 14 kilómetros al nororiente de Iquique.
Hay una mejor calidad de vida tanto para los internos como para las visitas y guardias. Éstos últimos ya no presentan tantas licencias médicas por estrés y ha disminuido drásticamente la violencia y la cantidad de armas decomisadas.
El visitante -además- debe ingresar a una especie de cabina donde se lanzan pequeños chorros de aire y se absorben las partículas que lleva la persona en el cuerpo y la ropa, para analizarlas químicamente y entregar un informe instantáneo sobre la presencia o no de alguna sustancia ilegal.
Los internos están segregados conforme al grado de compromiso delictual y la disponibilidad de celdas individuales o colectivas.
La población penal y las visitas transitan por dependencias separadas, por lo que su único contacto se produce en los recintos especialmente habilitados para su encuentro.
Los elementos más recurrentes que intentan ingresar las visitas son celulares, drogas, armas de fuego y objetos corto punzantes. Las visitas ocultan los objetos prohibidos en pañales de niños, tarros de conservas, emulsionados, verduras o papas.
En el nuevo penal de Alto Hospicio cada módulo tiene en forma independiente un lugar para las visitas y dos veces al mes se gestionan visitas conyugales en un sitio especialmente diseñado para aquello. Cada reo tiene una celda propia, con baño y ducha. La cama es de cemento y viene junto a la construcción, con colchones y frazadas antiflama.
Hay -además- una comunidad terapéutica, capilla, gimnasio, escuela y talleres, además de piezas acolchadas para reos con trastornos mentales, celdas especiales para minusválidos y otra unidad para internos con VIH.
· Constitución vigente, capítulo I, de la Sección II “De los Derechos, Deberes y Garantías” especialmente los artículos 8, 26, 27 y ss.
· Capítulo XVI del Código de la Niñez y la Adolescencia
· Ley 17.897 Ley de Humanización del Sistema Carcelario.
· Decreto Reglamentario 225/06 del 13/07/2006
· Decreto Ley 14.470 de 2/12/1975 norma General Penitenciaria (Régimen de Reclusión)
· Decreto 440/70 Reglamento de los Centros de Recuperación.
· DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III) de 10 de diciembre de 1948.
· PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966.
· PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS. Adoptado por la Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, entrado en vigor el 23 de marzo de 1976.
· CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. Suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, entrada en vigor el 18 de julio de 1978.
· REGLAS MINIMAS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
· CONJUNTO DE PRINCIPIOS PARA LA PROTECCION DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCION O PRISION. Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988.
· PRINCIPIOS BASICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RECLUSOS. Adoptados y proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111 de 14 de diciembre de 1990.
· PRINCIPIOS DE ÉTICA MÉDICA APLICABLES A LA FUNCIÓN DEL PERSONAL DE SALUD, ESPECIALMENTE LOS MÉDICOS, EN LA PROTECCIÓN DE PERSONAS PRESAS Y DETENIDAS CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. Adoptados por la Asamblea General en su resolución 37/194, de 18 de diciembre de 1982.
· INSTRUMENTOS RELATIVOS A LOS DERECHOS DE LA MUJER Y CUESTIONES DE GENERO.
· CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. CONVENCION DE “BELEM DO PARÁ”. Adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, el 9 de junio de 1994.
· CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER. Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 34/180, del 18 de diciembre de 1979.
· INSTRUMENTOS RELATIVOS A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
· CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO. Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25 de 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de setiembre de 1990.
· Decreto N° 518 promulgado en 1998 por el Ministerio de Justicia, estableció el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios, cuyo párrafo 6° se denomina “De las visitas”, abarcando los artículos 49 al 57 y, en los cuales, el texto legal identifica visitas ordinarias, extraordinarias y especiales.
· Tal como esta planteada actualmente la situación de la sexualidad en las cárceles nacionales, no brindan un mínimo de resguardo y no reúne los requisitos mínimos exigidos por la normativa nacional e internacional en la materia.
· El gran problema es el hacinamiento que supera los mínimos tolerables y la falta de recursos que se destinan a los mismos.
· Tampoco se encuentra con espacios necesarios para estudio, trabajo visita o recreación.
· No se cumple con la normativa vigente de separar por categorías según sean los reclusos primarios, reincidentes, penados o procesados.
· No existe un programa acorde con respecto a la atención de niños que se encuentran con sus madres recluidas.
· El personal médico y de enfermería resulta escaso. Faltan medicamentos. Salvo para la Tuberculosis y el VIH-SIDA (cuyo control depende de operadores externos) no existen programas de prevención y seguimiento de enfermedades. El acceso universal a la salud resulta, de esta manera, vulnerado en las prisiones, con lo que se genera, además, gran malestar en la población reclusa .
· No todos los reclusos -tanto varones como mujeres- acceden a puestos de trabajo ni a oportunidades educativas, promoviéndose el ocio, los trastornos de conducta y el consumo de sustancias.
· No existen lugares adecuados para que los reclusos que no poseen régimen de salidas transitorias puedan, si lo desean, mantener visitas íntimas en condiciones adecuadas.
· Además, la situación del interior del país es aún más crítica ya que en dos Departamentos, por incapacidad edilicia y por lo tanto inexistencia de lugar adecuado, no se permiten las visitas íntimas.
· Edificar (o refaccionar según el caso) en todos los centros de reclusión del país, locales adecuados a las necesidades de esparcimiento físico (incluidos los denominados “venusterios”) e intelectual, a fin de disminuir el ocio y las tenciones provocadas por el encierro.
· Fortalecer el sistema de atención médico a los reclusos para el tratamiento y la profilaxis de enfermedades, ginecólogos/as, pediatras y otros especialistas, incluyendo la incorporación y sujeción a las Guías de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública, Dirección General de la Salud Programa Nacional de Salud de la Mujer y Género.
· Que se tuvieran en consideración -ante una eventual unificación de reglas y procedimientos, cristalizados en una ley en el sentido orgánico formal- el capítulo de sexualidad en los Establecimientos de detención, a fin de poder contar con una opinión más al respecto.
· Sería adecuado que se crearan condiciones igualitarias para todos los centros de reclusión con respecto al trabajo, educación, visitas o recreación.
· Adoptar un sistema de inspección digno en la visita a la cárcel, el cual no incluya exámenes vejatorios que atenten contra la dignidad e intimidad personal. Como ser sustituir el examen vaginal ocular mediante de la incorporación de aparatos electrónicos especializados en detectar sustancias orgánicas e inorgánicas que los mismos puedan introducir a la cárcel en forma clandestina e ilegal.
Instruir debidamente al personal penitenciario sobre los derechos de los reclusos, desde un punto de vista de género.
“Cuando la Justicia y el Derecho entran en conflicto, debe prevalecer la Justicia antes que el Derecho” Por: Dr. Federico Dos Sant...
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