Source: https://www.scribd.com/doc/236387643/Comite-Habitacional-La-Libertad-Contra-Luis-Celedon-Burgos
Timestamp: 2016-10-23 20:20:23
Document Index: 101957460

Matched Legal Cases: ['artículo 1554', 'artículo 1482', 'artículo 1485', 'artículo 1583', 'artículo 724', 'artículo 739', 'artículo 1554', 'artículo 1479', 'artículo 1546', 'artículo 1489']

Comité Habitacional La Libertad Contra Luis Celedón Burgos
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Vistos: En estos autos Rol Nº 17.240 del Juzgado de Letras de Curacautín, seguidos en juicio ordinario de resolución de contrato, Daniel Gálvez Henríquez, en representación del Comité Habitacional la Libertad, dedujo demanda en contra de Luis Celedón Burgos, y por sentencia de treinta de abril de dos mil nueve, escrita a fojas 43, se acogió la demanda y se declaró resuelto el contrato de compraventa suscrito entre las partes el 26 de julio de 2005, celebrado ante la señora notaría de Curacautín doña María Elena Pessoa Contreras, que rola a fojas 64 Nº 24 del cuarto bimestre del año 2005, del protocolo de instrumentos públicos de esa Notaría; se tuvo presente la reserva del derecho de discutir en la ejecución del fallo, sobre el monto y especie los perjuicios que el incumplimiento del demandado ha ocasionado a la demandante y se condenó al demandado al pago de las costas del juicio. Apelado ese fallo por la parte demandada, una de las Salas de la Corte de Apelaciones de Temuco, en sentencia de veintiocho de agosto del año dos mil nueve, escrita a fojas 67, lo confirmó. En contra de esta última decisión el demandado ha deducido recurso de casación en el fondo. Se ordenó traer los autos en relación. Considerando: Primero: Que en este recurso se denuncia la infracción a lo preceptuado en los artículos 1482, 1485 y 1553 en relación con el artículo 1554, todos del Código Civil. Explica que la sentencia ha establecido, erróneamente, que la condición estipulada determina un plazo o época que establece cuándo debe estimarse fallida esta condición. Agrega que el fallo interpreta correctamente la cláusula de celebración del contrato definitivo de compraventa que difirió para los 90 días siguientes a que el servicio agrícola y ganadero apruebe la subdivisión del retazo materia de la promesa, al considerar que por ella se establece una condición, sin embargo, la resolución impugnada infringe las normas indicadas al otorgarle a la parte demandaba la posición de encontrarse en mora en el cumplimiento de su obligación, por cuanto ha establecido que existe un incumplimiento voluntario e imputable al haber dejado de cumplir procedería la resolución del contrato. Asevera el recurrente que lo esencial de la obligación condicional es que su cumplimiento se difiere para cuando ocurra un hecho futuro e incierto –que el SAG otorgue la autorización de subdivisión– hecho que cumplido haría exigible la celebración del contrato de compraventa prometido. Indica que la exigibilidad de la obligación de suscribir el contrato de compraventa se suspende, porque mientras no se cumple, se paraliza la adquisición de un derecho, en este caso, a exigir el cumplimiento del contrato de promesa o su resolución, así, no existe aún la obligación correlativa de cumplir con la celebración del contrato prometido pendiente la condición. Concluye que de esta manera, el demandado no se encuentra constituido en mora. La obligación debe cumplirse pura y simple inmediatamente de contraída y si es bajo condición suspensiva, como en el caso de autos, una vez cumplida la condición impuesta. Continúa sosteniendo que la condición establecida en la promesa de compraventa, en los términos redactados, es además clasificable como indeterminada, por cuanto consiste en que el Servicio CURSO CONTRATOS. PROF. FRANCISCO ESTRADA V. 2 Agrícola y Ganadero apruebe la subdivisión del retazo objeto de la promesa, no fijándose un plazo ni época determinada para que se cumpliera el hecho en qué consiste la condición. Añade que este tipo de condiciones indeterminadas pueden cumplirse en cualquier tiempo y, en consecuencia, sólo estará fallida cuando es evidente que no puede cumplirse. Afirma que ni al momento de la interposición de la demanda, ni al del fallo de segunda instancia, había nacido todavía derecho de hacer exigible la celebración del contrato de compraventa, de poner en mora al promitente vendedor, puesto que la condición de la cual pendía la celebración de la compraventa aún se encuentra pendiente. Concluye señalando que el artículo 1482 del Código Civil fue violado al considerar la sentencia, de manera implícita, fallida la condición por culpa del demandado al no obtener la mencionada autorización del Servicio Agrícola y Ganadero. Adiciona que el artículo 1485 del mismo cuerpo legal fue mal aplicado al determinar que es exigible el cumplimiento, aún cuando la obligación condicional no se ha cumplido dentro del plazo máximo en que debe verificarse o no el acontecimiento, en una condición de tipo indeterminado. Sostiene, además, que el artículo 1583 del Código Civil fue mal aplicado al considerar en mora al demandado cuando aún existe pendiente una condición. Finalmente afirma que tales transgresiones influyen sustancial mente en lo dispositivo del fallo desde que en caso de no haberse incurrido en ellas necesariamente se habría rechazado la demanda, por cuanto el promitente vendedor aún no se encuentra en mora de cumplimiento, ya que pendiente la condición no existe aún un derecho exigible. Segundo: Que para resolver el recurso interpuesto resulta clarificador tener presente los siguientes antecedentes y circunstancias del proceso: 1.- Comité Habitacional La Libertad deduce demanda de resolución de contrato y explica que con fecha 26 de julio del año 2005 se ha celebrado un contrato de promesa de compraventa respecto de un retazo de una superficie de una hectárea de propiedad de don Luis Celedón Burgos, consistente en el resto de los predios unificados que forman un solo paño de una superficie aproximada primitivamente de 47,5 hectáreas con los deslindes que indica. Agrega que esta propiedad se encuentra inscrita a nombre del demandado a fojas 999 bajo el Nº 1128 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curacautín del año 1988. Indica que en la cláusula tercera se mencionó que el precio del contrato ascendería a la suma total de 25 muíosles de pesos pagaderos de la siguiente forma: a) Con $ 3.300.000 pagados al contado; a la suscripción del contrato de promesa; b) $ 1.700.000 pagaderos al día 30 de octubre de 2005, suma que a la fecha de la demanda ya se han pagado íntegramente al promitente vendedor y; c) Saldo ascendente a $ 20.000.000 que se pagarían mediante los subsidios habitacionales con que sería beneficiado el promitente comprador por el Serviu, en su oportunidad, mediante el sistema que al momento de dicho pago tenga el servicio aludido. Afirma que, por último, se estipuló como plazo para la suscripción del contrato prometido, el de 90 días después de que quedará aprobada la subdivisión del predio que diera origen al lote de 1 hectárea prometida vender, plazo que se ha cumplido a más tardar el 24 de diciembre de 2006. Asevera que su parte se ha decidido por la acción resolutoria considerando que por negligencia o culpa del demandado se hace imposible el cumplimiento voluntario de la obligación prometida, toda vez que el predio ha sido objeto de dos embargos: i) de fecha 5 de julio de 2006 decretado por el Juzgado de Letras de Curacautín, en causa ejecutiva Rol Nº 16.996, caratulada “Banco Estado con Celedón Burgos”, por no haber dado cumplimiento a las obligaciones contenidas en dos pagarés de fecha 14 de mayo de 2004 y 7 de marzo de 2005 y ii) en los autos Rol Nº 17.051, del mismo tribunal y entre las mismas partes, que persigue el pago de un pagaré suscrito por el ejecutado con fecha 11 de agosto de 2005, inscribiéndose con fecha 12 de octubre de 2006 la medida cautelar que pesa sobre el inmueble en comento. Concluye que se trata, entonces, de un incumplimiento imputable y no podría alegar caso fortuito desde que sobrevino por culpa del deudor, razón por la cual pide declarar resuelto el contrato de promesa de compraventa aludido, con costas y hace presente que se reserva el derecho de discutir CURSO CONTRATOS. PROF. FRANCISCO ESTRADA V. 3 en la ejecución del fallo, sobre la especie y monto de los perjuicios que el incumplimiento del demandado ha traído para su parte. 2.- La demanda se tuvo por contestada en rebeldía de la demandada; 3.- Por sentencia de primera instancia, confirmada por el tribunal de alzada acogió la demanda accediendo a las pretensiones de la actora. Tercero: Que son hechos de la causa, establecidos en la sentencia objetada, los siguientes: a) El 26 de julio del año 2005, suscribieron ante la Notario Público de Curacautín, un contrato de promesa de compraventa entre don Luis Celedón Burgos, promitente vendedor y el Comité Habitacional La Libertad, promitente compradora, rolante a fojas 64 Nº 24 en el Registro de Instrumentos Públicos del año 2005 de esa notaría, mediante el cual el promitente vendedor prometió vender una hectárea del predio unificado que forma un solo paño de 47 hectáreas. b) El precio de la compraventa prometida sería de $ 25.000.000, $ 5.000.000 serían pagados en cuotas por la promitente compradora y $ 20.000.000 mediante los subsidios habitacionales con que serían beneficiados por el Serviu. c) También se pactó, en la cláusula cuarta del contrato de promesa, que “La escritura pública de compraventa se otorgará ante la Notaría de esta ciudad, dentro de los noventa días siguientes a que el Servicio Agrícola y Ganadero apruebe la subdivisión del retazo materia de la presente promesa. d) El promitente vendedor declaró que su propiedad estaba libre de todo gravamen y prohibición, quedando obligado a la evicción y saneamiento en conformidad a la ley. e) El Comité Habitacional la Libertad pagó al promitente vendedor los $ 5.000.000 que le correspondían. f ) El demandado, no obstante que en el contrato prometido señalaba que la propiedad estaba libre de todo gravamen y prohibición, contrajo deudas con el Banco Estado firmando dos pagarés, uno de 14 de mayo de 2004 y otro del 7 de marzo de 2005, comprometiéndose a pagarlo en cuotas y como no cumplió, el 5 de julio de 2006 se procedió a trabar embargo sobre toda la propiedad, la que está inscrita a fojas 999 bajo el Nº 1128 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Curacautín, del año 1988. g) También el banco citado accionó por el cobro de un pagaré suscrito el 11 de agosto de 2005, al que no dio cumplimiento, procediendo dicha entidad bancaria a trabar un nuevo embargo, de manera tal que sobre el bien raíz del demandado, objeto del contrato prometido, pesan dos embargos. Cuarto: Que los jueces del mérito, para resolver acoger la demanda han tenido en consideración que la celebración del contrato prometido quedó diferido al cumplimiento de una condición, cual es, que el Servicio Agrícola y Ganadero, aprobara la subdivisión del retazo materia del contrato de promesa y que a pesar de que no se dejó expresamente estipulado en el contrato de promesa a quién correspondía realizar las gestiones pertinentes ante el Servicio aludido “debe entenderse que la obligación correlativa del promitente vendedor era realizar las gestiones necesarias ante tal Servicio, para que éste se pronunciara sobre la subdivisión del predio en cuestión y en definitiva poder determinar la fijación de la época del contrato prometido, en el evento que se cumpliera la condición estipulada. Refuerza también la idea que aquélla obligación era de cargo del demandado, el hecho que, tal como se estableció en el fundamento anterior, éste recibió al suscribir el contrato de promesa, parte del precio convenido. (Considerando sexto del fallo de segundo grado) Continúan razonando que el demandado no ha cumplido la obligación de celebrar el contrato prometido, incumplimiento que es imputable al propio demandado. Quinto: Que lo reseñado en los considerandos que preceden pone de manifiesto que la cuestión en que el recurrente centra la crítica de ilegalidad dirigida contra la sentencia que objeta, radica en la errónea calificación que los jueces del grado, por la vía de interpretar la promesa de compraventa de autos, han hecho de la condición a cuyo cumplimiento se subordinó la exigibilidad de la obligación de celebrar el contrato de compraventa prometido por las partes. CURSO CONTRATOS. PROF. FRANCISCO ESTRADA V. 4 Sin embargo, en este estado del análisis del recurso corresponde reiterar que el demandado no efectuó alegaciones durante la tramitación de la causa en primera instancia y que el único acto al cual concurrió al tribunal fue a la absolución de posiciones, en la que, ante la consulta si la demandante “cumplió con las obligaciones contraídas en el contrato de promesa respondió “sí, cumplió”. Este antecedente no corresponde que este Tribunal de Casación lo considere en un análisis probatorio, pero refleja la posición jurídica de la demandada, quien afirma categóricamente que su contraparte hizo todo lo necesario para suscribir el contrato definitivo, por lo cual, cualquier obstáculo en este sentido es producto de su propio incumplimiento, no del actor. Por lo expuesto, en el curso del procedimiento le está prohibido tomar una posición jurídica que no guarde concordancia y coherencia con lo por ella sostenido en esa ocasión. Corresponde dejar expresado, además, que la alegación del demandado se sustenta exclusivamente en la calificación jurídica de la cláusula cuarta del contrato, respecto de la que afirma sería una condición suspensiva, la que se encontraría pendiente aún hasta la dictación del fallo de segunda instancia, el 28 de agosto de 2009. No obstante lo exagerado y carente de sustento jurídico de lo expuesto, desde el momento que ha sido interpelado para acreditar su cumplimiento el 2 de agosto de 2007, y siguiendo su mismo razonamiento, hasta la fecha tampoco ha cumplido su obligación. Es más, al no desarrollar una teoría integral en su impugnación relativa al tiempo hasta el cual puede mantenerse pendiente su exigibilidad de la condición, toma incompleta su alegación, como, al mismo tiempo, incierta, puesto que impediría al Tribunal de Casación dictar sentencia de reemplazo, al no tener implícitamente fijado tal acontecimiento. Todo lo anterior resulta suficiente para rechazar el recurso, sin embargo, se proseguirá con su análisis para destacar la inconsecuencia del actuar de la demandada, que no deja de sorprender por ubicarse, casi en términos perfectos con lo sostenido por el Mensaje del Código de Procedimiento Civil, en el que se sostiene que dejados los litigios al solo impulso de las partes “se desvían a menudo de su verdadera marcha, resultando de allí que la acción de la justicia se hace más fatigosa y menos eficaz”. Al respecto y no solamente sobre la prueba puede traerse a colación el artículo 724 del referido cuerpo de leyes, en cuanto orienta la decisión del juzgador “la conducta de las partes durante el juicio y la buena o mala fe con que hayan litigado en él”, según la cual se pretende sostener que es infundada la acción de resolución de un contrato celebrado el 26 de julio de 2005 por estar pendiente de cumplimiento una condición de responsabilidad del demandado y éste no expresa cuando será satisfecha no obstante expresa reconvención. Que en principio podría estar fijado el límite temporal conforme a lo establecido en el artículo 739 del Código Civil, esto es, cinco años. Sexto: Que, en seguida, sobre el contrato de promesa, previsto en el artículo 1554 del Código de Bello, es útil recordar que se trata de un contrato preparatorio que debe constar por escrito, referido a un contrato prometido que se explicite en la promesa con los elementos que lo distinguen en su esencia y al que la ley le reconozca eficacia, señalándose para éste ya un plazo o una condición que fije el momento de su celebración. Añade esta norma, que la convención que reúna tales características autorizará para instar por su ejecución. Sobre la promesa, la jurisprudencia ha dicho que es “la convención por la cual los interesados se obligan a celebrar otro contrato dentro de cierto plazo o en el evento de una condición y “aquel por el cual las partes se obligan a celebrar otro contrato determinado en cierto plazo o en el evento de cierta condición. (R.D.J. T. 58, sec. 1ª, pág. 179 y T. 60, sec. 2ª, pág. 85). En este contexto, se advierte que este contrato solemne, principal y preparatorio, válidamente celebrado, da origen a relaciones, acciones y derechos personales y, particularmente, una obligación de hacer, cual es la de celebrar el contrato prometido. Séptimo: Que el contrato de promesa de compraventa al que refiere el pleito estatuyó deberes mutuos para las partes que ahora litigan entre sí, siendo el principal de ellos el ya mencionado, consistente en celebrar la compraventa prometida, que en este caso los contratantes previeron para CURSO CONTRATOS. PROF. FRANCISCO ESTRADA V. 5 “dentro de los noventa días siguientes a que el Servicio Agrícola y Ganadero apruebe la subdivisión del retazo materia de la presente promesa. Analizada la cláusula transcrita al tenor del artículo 1479 del Código Civil se advierte que las partes pactaron una condición de carácter suspensiva, por cuanto se acordó que mientras no se cumpla el hecho futuro e incierto allí indicado –que el SAG apruebe la subdivisión– se suspende la adquisición del derecho y la obligación correlativa. Sentado lo anterior y a partir de las alegaciones formuladas por el recurrente, debe dilucidarse, de acuerdo con lo que prevén los artículos 1081 y siguientes del Código citado, si aquella condición suspensiva es determinada o indeterminada a fin de establecer si la condición se encontraba fallida y, consecuencialmente el demandado en mora. En tal sentido debe anotarse que será indeterminada aquella que no tiene plazo ni época prefijada para su cumplimiento y, en cambio, será determinada si se desconoce cuándo ocurrirá pero se encuentra anticipado cuándo ha de estimarse la condición fallida, y esto será si no se cumple en el plazo precisado. Fluye de lo expresado que, en el caso sub judice, las partes supeditaron la exigibilidad de la obligación de hacer, a la que se viene haciendo referencia, a una condición suspensiva positiva e indeterminada desde que no establecieron la época en la cual aquella debía verificarse. De manera que la condición está aún pendiente y no fallida. Octavo: Que si bien lo colegido precedentemente podría llevar a anotar que se ha incurrido en algún yerro de derecho en la sentencia objetada, como postula el recurrente, por haber concluido ésta que el demandado no cumplió la obligación de celebrar el contrato prometido al haber omitido realizar las gestiones tendientes a obtener la autorización de subdivisión del Servicio Agrícola y Ganadero, lo cierto es que tal infracción no ha podido tener la aptitud de influir sustancialmente en lo dispositivo del fallo, toda vez que a la luz de la teoría de los actos propios igualmente se habría arribado a la misma determinación a la que llegó la sentencia recurrida, esto es, que procedía rechazar la demanda, no resultando posible a esta Corte variar tal decisión según se dirá. En efecto, la finalidad en esencia de la nulidad sustancial es la de corregir los posibles equívocos en la aplicación de la ley en que haya podido incurrir la sentencia atacada y que tengan la condición de influir de manera fundamental en lo determinación allí adoptada, situación que en el caso en estudio no se da y, por ende, no se encuentra dentro de las facultades de este Tribunal revisar la decisión impugnada en los términos que proyecta el demandado. Noveno: Que viene al caso tener presente que la doctrina de los actos propios reconoce sus primeros orígenes en el Derecho Romano donde, pese a no haberse estructurado con los perfiles de homogeneidad y generalidad, propios de una norma jurídica, vertida inicialmente en la máxima “venire contra factura proprium non valet”, se recogió más tarde en sus líneas esenciales por la codificación de Justiniano, en la que se intentó consagrarla como criterio de aplicación general, según se evidencia en el Digesto, que establece una regla, de acuerdo con la cual, nadie puede cambiar su voluntad en perjuicio de otro. Divulgada por los glosadores, perfeccionó, enseguida, su formulación como doctrina en la obra de los comentaristas medievales, instalándose posteriormente en los diversos ordenamientos jurídicos. Nuestro sistema normativo no establece una regulación específica en relación con la teoría de los actos propios, la cual, sin embargo, ha adquirido amplia acogida durante los últimos tiempos en la doctrina de los autores y en la jurisprudencia, donde se la reconoce como un criterio orientador derivado del principio general de la buena fe –concebida ésta en su faz objetiva– a la que se refiere el artículo 1546 inciso 3º del Código Civil cuando prescribe que los contratos deben ejecutarse de buena fe y que, por consiguiente, obligan no sólo a lo que en ellos se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por la ley o costumbre pertenecen a ella. Décimo: Que la buena fe objetiva –principio general de derecho que, como se expresó, sirve de sustentación a la doctrina de los actos propios– “también llamada buena fe en sentido ético o buena fe lealtad, consiste en la creencia y confianza que tiene un sujeto en que una declaración surtirá en un caso concreto los mismos efectos que ordinaria y normalmente ha producido en casos iguales. CURSO CONTRATOS. PROF. FRANCISCO ESTRADA V. 6 Es decir, son las reglas objetivas de la honradez en el comercio o en el tráfico, que llevan a creer en la palabra empeñada y en que el acto sea concertado lealmente, obrando con rectitud”. “Es que debe exigirse a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los cambios de conducta perjudiciales, desestimando toda actuación que implique un obrar incompatible con la confianza que –merced a tales actos anteriores– se ha suscitado en otro sujeto. Ello es así, por cuanto no sólo la buena fe sino también la seguridad jurídica se encontrarían gravemente resentidas si pudiera lograr tutela judicial la conducta de quien traba una relación jurídica con otro y luego procura cancelar parcialmente sus consecuencias para aumentar su provecho. Nadie puede ponerse de tal modo en contradicción con sus propios actos y no puede –por tanto– ejercer una conducta incompatible con la asumida anteriormente” (Alejandro Borda, “La Teoría de los actos propios. Un análisis desde la doctrina argentina”. Cuadernos de Extensión Jurídica Nº 18, Universidad de Los Andes; páginas 36 y 35); Undécimo: Que, siempre en referencia a la buena fe, considerada como principio inspirador de la regla de los actos propios, se ha dicho por la doctrina de los autores, principal fuente de elaboración conceptual de dicho instituto, ante la ausencia de regulación normativa sobre el tema: “Si se observan los casos en que los autores y los tribunales han afirmado la vigencia del “venire contra factum proprium”, se puede advertir que en todos ellos está en juego la protección de la buena fe objetiva, es decir, del deber de no defraudar deslealmente la confianza que un tercero ha podido legítimamente depositar en un determinado estado de hecho provocado voluntariamente por las palabras o las actuaciones de una persona. Es la lesión injustificada de la buena fe la que proporciona una razón suficientemente fuerte para poner de cargo del que se contradice el riesgo de su inconsistencia (Hernán Corral Talciani. “La doctrina de los actos propios en el Derecho de Familia Chileno”. Cuadernos de Extensión Jurídica Nº 18, Universidad de Los Andes; páginas 105 y 106). “La conducta contraria es una contravención o una infracción del deber de buena fe. Ya antes hemos señalado que el hecho de que una persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la victoria en un litigio, poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder injusto y falta de lealtad. He aquí por donde la regla, según la cual, nadie puede ir contra sus propios actos, se anuda estrechamente con el principio de derecho que manda comportarse de buena fe en las relaciones jurídicas” (Luis Diez Picazo. “La doctrina de los actos propios. Estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo”. Citado por María Fernanda Ekdahl Escobar en “La doctrina de los actos propios”. Editorial Jurídica de Chile. Páginas 72 y 73); Duodécimo: Que, debe apuntarse que, en general, se entiende que la aplicación de la doctrina en análisis requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos: a.- Una conducta jurídicamente relevante y eficaz por parte del sujeto, manifestada con anterioridad a aquélla que, luego, pretende contradecir; b.- Una pretensión antagónica con el comportamiento precedente, exteriorizada mediante el ejercicio, por el mismo sujeto, de un derecho subjetivo, originándose con ello una situación litigiosa, debido a la contradicción de ambas conductas, con afectación del principio de la buena fe; c.- Perjuicio grave para terceros que han ajustado su proceder a la conducta anterior y que resultan afectados por el cambio posterior de ésta; y d.- Identidad entre el sujeto que desarrolló la conducta original y el que, con posterioridad, pretende desconocerla, desplegando un comportamiento en sentido contrario. Decimotercero: Que, practicadas las confrontaciones de rigor, se advierte que la situación fáctica descrita en el basamento tercero de este fallo puede subsumirse sin dificultad alguna en el marco de los presupuestos requeridos por el considerando que antecede para dar aplicación en el caso sub judice a la regla de los actos propios, cuya naturaleza, características y efectos han sido oportunamente destacados. En efecto –valga expresarlo una vez más–, de acuerdo con los antecedentes recogidos en el proceso, las partes suscribieron el 26 de julio del año 2005 un contrato de promesa de compraventa entre don Luis Celedón Burgos y el Comité Habitacional La Libertad, mediante el cual el primero prometió vender una hectárea del predio unificado que forma un solo paño de 47 hectáreas, en la suma de $ 25.000.000, cuyo contrato definitivo se celebraría dentro de los noventa días siguientes a que el CURSO CONTRATOS. PROF. FRANCISCO ESTRADA V. 7 Servicio Agrícola y Ganadero aprobare la subdivisión del retazo materia de la promesa, declarando, asimismo el promitente vendedor que su propiedad estaba libre de todo gravamen y prohibición, quedando obligado a la evicción y saneamiento en conformidad a la ley. Empero, en una actitud manifiestamente contradictoria, el demandado mantuvo varias deudas impagas, contraídas antes y después de la suscripción del instrumento que contiene la promesa en examen y cuyo incumplimiento condujo al ejercicio de las respectivas acciones ejecutivas por parte de sus acreedores, quienes obtuvieron se trabaran sendos embargos sobre el inmueble objeto del contrato respecto del cual se solicita la resolución en este pleito. Así, aun cuando la condición pactada se encuentre pendiente ante la situación planteada el demandado no puede invocar su propio incumplimiento para efectos de mantener pendiente su obligación. Decimocuarto: Que los razonamientos precedentemente desarrollados llevan a concluir que la presente impugnación no puede prosperar. De conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 764 y 767 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza, con costas, el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado señor Rafael Bustamante López, por la parte demandada, en lo principal de fojas 69, en contra de la sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco, de fecha veintiocho de agosto de dos mil nueve, que se lee a fojas 67. Redacción a cargo del Ministro señor Sergio Muñoz G. Regístrese y devuélvase con sus agregados. Pronunciado por la Primera Sala de la Corte Suprema, por los Ministros Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Margarita Herreros M., Juan Araya E., Guillermo Silva G. y Abogado Integrante Benito Mauriz A. No firman los Ministros Sra. Herreros y Sr. Araya, no obstante haber concurrido ambos a la vista del recurso y acuerdo del fallo, por estar con permiso la primera y con feriado legal el segundo. Autorizado por la Ministra de fe de la Corte Suprema. Rol Nº 7.278-09. CORTE DE APELACIONES DE TEMUCO Temuco, veintiocho de agosto de dos mil nueve. Vistos y teniendo, además, presente: Primero: Que en estos autos se intentó acción de resolución de contrato con indemnización de perjuicios, solicitándose que se declare resuelto el de promesa de compraventa celebrado entre las partes del presente juicio, mediante escritura pública de 26 de julio de 2005, por cuánto el promitente vendedor demandado no cumplió con la obligación de suscribir el contrato prometido dentro del plazo estipulado en la cláusula cuarta del contrato de promesa referido. Respecto de los perjuicios ocasionados la parte demandante se reservó para la ejecución del fallo definitivo especie y monto. Segundo: Que la cláusula cuarta del contrato de promesa expresa que “La escritura pública de compraventa se otorgará ante la Notaría de esta ciudad, dentro de los noventa días siguientes a que el Servicio Agrícola y Ganadero apruebe la subdivisión del retazo materia de la presente promesa.”. Tercero: Que del contenido de la cláusula anterior se puede advertir que la celebración del contrato prometido quedó diferido al cumplimiento de una condición, cual es, que el Servicio Agrícola y Ganadero, aprobara la subdivisión del retazo materia del contrato de promesa. Cuarto: Que por ser el contrato de promesa bilateral, éste genera obligaciones para ambas partes, y de conformidad con lo que dispone el artículo 1489 del Código Civil, si una de éstas no cumple las suyas, la otra queda habilitada para exigir su cumplimiento o resolución con indemnización de perjuicios. Quinto: Que de la cláusula tercera del contrato de promesa, consta que el precio del contrato de compraventa prometido era de $ 25.000.000, pagándose una parte de éste al momento de la celebración del contrato de promesa. Sexto: Que a pesar de que no se dejó expresamente estipulado en el contrato de promesa a quién correspondía realizar las gestiones pertinentes ante el Servicio Agrícola y Ganadero para el efecto CURSO CONTRATOS. PROF. FRANCISCO ESTRADA V. 8 indicado en el motivo tercero, del objeto materia de dicha convención, celebrar posteriormente un contrato de compra venta sobre el inmueble determinado en dicho contrato, debe entenderse que la obligación correlativa del promitente vendedor era realizar las gestiones necesarias ante tal Servicio, para que éste se pronunciara sobre la subdivisión del predio en cuestión y en definitiva poder determinar la fijación de la época del contrato prometido, en el evento que se cumpliera la condición estipulada. Refuerza también la idea que aquélla obligación era de cargo del demandado, el hecho que, tal como se estableció en el fundamento anterior, éste recibió al suscribir el contrato de promesa, parte del precio convenido. Se confirma, la sentencia apelada de treinta de abril pasado, escrita de fs. 43 a 46 vta., con costas. Regístrese y devuélvase. Redacción del Ministro don Fernando Carreño Ortega. Pronunciada por la Segunda Sala. Presidente Ministro Sr. Víctor Reyes Hernández, Ministro Sr. Leopoldo Llanos Sagristá y ministro Sr. Fernando Carreño Ortega. Se deja constancia que el Ministro Sr. Llanos, no firmó, no obstante haber estado presente en la vista de la causa y su respectivo acuerdo, por encontrarse con permiso. Rol Nº 906-2009. Comité Habitacional La Libertad Contra Luis Celedón BurgosUploaded by Francisco Estrada276 viewsDownloadEmbedSee MoreCopyright: © All Rights ReservedDownload as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content
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