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Timestamp: 2017-01-22 12:47:45
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Matched Legal Cases: ['artículo 1323', 'artículo 4', 'artículo 14', 'ARTÍCULO 292', 'artículo 14', 'artículo 292', 'artículo 292', 'ARTÍCULO 292', 'artículo 111', 'artículo 1749', 'artículo 1749', 'artículo 1411', 'artículo 129', 'ARTÍCULO 1416', 'artículo 1416', 'artículo 1416', 'in fine', 'artículo 319', 'artículo 101', 'ARTÍCULO 426', 'artículo 426', 'artículo 1423', 'artículo 1416', 'artículo 1', 'artículo 1843', 'ARTÍCULO 404', 'Artículo 86', 'ARTÍCULO 101', 'ARTÍCULO 101', 'artículo 323', 'Artículo 1', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 15', 'ARTÍCULO 17', 'Artículo 769', 'Artículo 1', 'artículo 8', 'artículo 40', 'artículo 40', 'artículo 50', 'ARTÍCULO 266', 'ARTÍCULO 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2']

⭐TESIS Y JURISPRUDENCIAS DERECHO CIVIL MAYO Dirección de Compilación de Legislación y Jurisprudencia
TESIS Y JURISPRUDENCIAS DERECHO CIVIL MAYO Dirección de Compilación de Legislación y Jurisprudencia
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Adolfo Rojas Pinto
1 NOTIFICACIÓN. CUANDO EL NOTIFICADO SE NIEGA A FIRMAR EL ACTA DE LA DILIGENCIA RESPECTIVA, BASTA QUE EL ACTUARIO ASIENTE LA CAUSA, MOTIVO O RAZÓN DE TAL CIRCUNSTANCIA, EMPLEANDO CUALQUIER EXPRESIÓN GRAMATICAL. La notificación, en especial el emplazamiento, debe cumplir con ciertas formalidades, pues las actuaciones públicas deben probar su legalidad por sí mismas, lo que obliga a que dicha diligencia se ajuste a los lineamientos legales, como el único medio de que su eficacia se encuentre asegurada y surta todos sus efectos, además de que salvaguarda la garantía de seguridad jurídica del particular, al asegurar que se entere de la incoación de un proceso en su contra. Por ello, las normas que regulan tal institución ponen énfasis en que deben firmar las personas a las que se les practica, en caso contrario, el servidor público judicial debe especificar si ocurrió porque no supo, no quiso o no pudo firmar, lo que implica que debe realizar una evaluación general del acto notificatorio para determinar si quedó cumplido o no dicho fin. Por tanto, para que la notificación sea válida cuando el notificado no quiere, no sabe o no puede firmar el acta correspondiente, el actuario debe asentar en ésta la causa, motivo o razón de tal circunstancia, empleando cualquier expresión gramatical, con la condición de que sea clara para que quien se imponga de dicha actuación tenga pleno conocimiento del porqué no firmó el interesado, sin requerir de un formulismo sacramental como "no supo", "no pudo" o "no quiso", pues la circunstancia de que sólo firma el actuario y no la persona notificada "porque no lo creyó necesario" significa que el interesado no quiso firmar y explica el motivo. Clave: 1a./J., Núm.: 39/2011 Contradicción de tesis 338/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Sexto Circuito. 16 de marzo de Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Juan Carlos Zamora Tejeda. Tesis de jurisprudencia 39/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintitrés de marzo de dos mil once. Tipo: Jurisprudencia por Contradicción PRESCRIPCIÓN POSITIVA. REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITARSE PARA SU PROCEDENCIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA). La prescripción positiva o adquisitiva es un medio de adquirir el dominio mediante la posesión pacífica, continua, pública, cierta y en concepto de dueño, por el tiempo que establezca la normatividad aplicable, según se desprende de los artículos 998, 1307, párrafo primero, y 1323 del Código Civil para el Estado de Sonora. El concepto de dueño no proviene del fuero interno del poseedor, sino que le es aplicable precisamente a quien entró a poseer la cosa mediante2 un acto o hecho que le permite ostentarse como tal, siempre que sea poseedor originario, dado que en el ordenamiento de referencia, es el único que puede usucapir. Es relevante señalar que la posesión originaria puede ser justa o de hecho. Por ello, además de que el poseedor deberá probar el tiempo por el que ininterrumpidamente poseyó (cinco o diez años según el caso, atendiendo al citado artículo 1323 del Código Civil para el Estado de Sonora), siempre deberá probar la causa generadora de la posesión. Consecuentemente, si pretende que se declare su adquisición por usucapión, por haber detentado la cosa durante cinco años en su calidad de poseedor originario, jurídico y de buena fe, debe exigírsele que demuestre el justo título, en el que basa su pretensión. Así mismo, si pretende que se declare su adquisición, por haber detentado la cosa durante cinco años en su calidad de poseedor originario, de hecho y de buena fe, debe exigírsele que pruebe el hecho generador de la posesión, al igual que si pretende que se declare su adquisición por haber detentado la cosa durante diez años en su calidad de poseedor originario, de hecho, aunque de mala fe. Clave: 1a./J., Núm.: 125/2010 Contradicción de tesis 175/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito. 17 de noviembre de Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Roberto Ávila Ornelas. Tesis de jurisprudencia 125/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil diez. Tipo: Jurisprudencia por Contradicción PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Debe hacerse extensivo el criterio sostenido por esta Primera Sala en la Contradicción de Tesis 130/2005, de la cual emanó la jurisprudencia de rubro: "PRUEBA TESTIMONIAL A CARGO DE LOS MENORES HIJOS EN EL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO DE SUS PADRES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", a las sentencias de segunda instancia que ordenan la reposición del procedimiento para el efecto de que se admitan y desahoguen pruebas psicológicas a cargo de menores en juicios de guarda y custodia y patria potestad. En efecto, conforme a tal criterio el derecho a la salud mental de los niños es un derecho fundamental protegido por el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Convención sobre los Derechos del Niño, el cual debe ser interpretado de acuerdo al interés superior del niño que supone medidas de protección reforzadas a cargo del Estado. Lo anterior supone que cualquier acto dentro de juicio que pudiera afectar su salud mental debe considerarse como de imposible reparación, por lo que no es necesario que se acredite que las pruebas psicológicas ocasionarán una afectación a la salud mental de los menores para que se considere un acto de imposible reparación, sino que la sola posibilidad3 de causar un daño de esa naturaleza genera la procedencia del amparo por la vía indirecta. Ahora bien, el que se considere a las pruebas psicológicas un acto de imposible reparación, no quiere decir que estén proscritas sino que es posible controvertir su pertinencia a través del amparo indirecto. Clave: 1a./J., Núm.: 20/2011 Contradicción de tesis 115/2010. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 19 de enero de Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarias: Ana María Ibarra Olguín y Luisa Reyes Retana. Tesis de jurisprudencia 20/2011. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha dos de marzo de dos mil once. Nota: La tesis de jurisprudencia citada, aparece publicada con la clave 1a./J. 182/2005 en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, enero de 2006, página 478. Tipo: Jurisprudencia por Contradicción RESERVA DE DOMINIO. ES OPONIBLE A UN TERCERO DE MALA FE AUNQUE EL CONTRATO EN QUE SE PACTE NO ESTÉ INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD, SI PUEDE PROBARSE FEHACIENTE E INDUBITABLEMENTE QUE AQUÉL SABÍA QUE EL INMUEBLE MATERIA DE LA CONTROVERSIA ESTABA SUJETO A ELLA. La cláusula de reserva de dominio, por regla general, no puede oponerse contra terceros si el contrato de compraventa en el que se pacta no está inscrito en el Registro Público de la Propiedad. Sin embargo, si un tercero alega la falta de inscripción de la reserva de dominio para beneficiarse de ésta y puede probarse fehaciente e indubitablemente que tuvo conocimiento que el dominio del inmueble materia de la controversia estaba reservado mediante esta figura jurídica, haciendo presumible su mala fe, aquélla le es oponible, pues el propósito publicitario del registro fue cumplido y probado por un instrumento jurídico diverso. Clave: 1a./J., Núm.: 6/2011 Contradicción de tesis 243/2010. Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 1o. de diciembre de Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Luisa Reyes Retana Esponda. Tesis de jurisprudencia 6/2011. Aprobada por la Primera Sala de este4 Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de enero de dos mil once. Tipo: Jurisprudencia por Contradicción DIVORCIO SIN CAUSA. EL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y DEROGA EL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE REFORMA, DEROGA Y ADICIONA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 3 DE OCTUBRE DE 2008, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. El citado precepto, al establecer que es potestativo para las partes en los juicios de divorcio en trámite, iniciados con anterioridad a la vigencia de la reforma, acogerse a las nuevas disposiciones, no viola el principio de irretroactividad de la ley contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que debe interpretarse en el sentido de que la aplicación de las nuevas disposiciones es optativa cuando la única acción ejercida en la demanda de divorcio en trámite sea la de disolución del vínculo matrimonial, ya que si están planteadas en la misma demanda diversas acciones, el juicio debe resolverse al auspicio de la regulación anterior, pues los hechos expuestos en el juicio de divorcio necesario podrían afectar directamente las diversas acciones ejercidas, como pueden ser entre otras, la pérdida de la patria potestad o el pago de alimentos. Clave: 1a., Núm.: LXXVII/2011 Amparo en revisión 1869/ de marzo de Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro. Amparo directo 27/2010. Antonio Eroles Santamaría. 16 de marzo de Cinco votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. PRUEBA PERICIAL EN PSICOLOGÍA EN ASUNTOS SOBRE VIOLENCIA FAMILIAR. SU OBJETO DIRECTO ES CONOCER EL ESTADO PSICOLÓGICO DE LAS PARTES Y NO DEMOSTRAR LOS HECHOS EN QUE SE SUSTENTA. Los psicólogos que se desempeñan en la atención y evaluación de los conflictos familiares, caracterizados por situaciones de maltrato o violencia, tienen la tarea primordial de identificar el daño psicológico o moral que presentan las víctimas y realizar un diagnóstico sólido para5 presentarlo en un informe pericial suficientemente claro, de utilidad para los encargados de impartir justicia. Así, el peritaje psicológico de la violencia en las familias es más que un conjunto de instrumentos destinados a responder a una pregunta requerida por el juez, ya que representa el punto donde se intersectan la psicología y el derecho, porque investiga el mundo afectivo, volitivo y cognitivo de los sujetos involucrados en un litigio para respaldar un saber científico. De ahí que la prueba pericial en psicología no tiene como objeto directo demostrar los hechos de violencia familiar narrados, o las conductas de violencia familiar hechas valer, pues dicha probanza sólo permite conocer la situación psicológica de las partes para determinar, en función de las demás pruebas aportadas, el daño emocional provocado a los miembros de la familia. En ese sentido y dada la naturaleza de dicha probanza, puede servir como prueba directa de la violencia familiar, ya que al tratarse del estado psicológico actual de las personas puede ayudar a concluir si deriva de actos violentos, aun cuando no se mencionen concretamente cuáles fueron. Clave: 1a., Núm.: LXXIX/2011 Amparo directo 30/ de marzo de Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. PRUEBA PERICIAL. LAS MANIFESTACIONES REALIZADAS ANTE EL PERITO NO CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN JUDICIAL, PERO PUEDEN CONSIDERARSE COMO UN INDICIO QUE DEBE VALORARSE CON LAS DEMÁS PRUEBAS APORTADAS AL JUICIO. Las manifestaciones realizadas ante un perito no constituyen una confesión judicial, pues éste no es un funcionario judicial, ni tiene fe pública, sino que su función es la de auxiliar al juez respecto de determinados conocimientos técnicos o científicos para ilustrarlo sobre la percepción de los hechos; sin embargo, nada impide que aquéllas puedan ser consideradas por el juzgador como un indicio que debe valorarse con el resto del material probatorio aportado en el juicio. Clave: 1a., Núm.: LXXVIII/2011 Amparo directo 30/ de marzo de Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza.6 PRUEBA TESTIMONIAL. EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO (ABROGADO), NO VIOLA EL DERECHO DE DEFENSA ADECUADA. El citado precepto, que faculta al juzgador para reducir prudencialmente el número de los testigos ofrecidos debiendo admitir cuando menos a dos declarantes por cada hecho controvertido, no viola el derecho de defensa adecuada contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior es así, ya que el artículo 292 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro (abrogado) responde a la satisfacción del principio de economía procesal, según el cual debe obtenerse el mayor resultado con el mínimo de empleo de actividad procesal. Así, la defensa del oferente de la prueba está colmada con la admisión de por lo menos un par de testigos que depondrán sobre un mismo hecho de igual modo que si se admitieran más de dos testigos, lo anterior considerando que la verdad de las declaraciones de los testigos no depende del número de los declarantes, sino de que sus manifestaciones sean consistentes y coherentes, producto de su propia percepción. Además, cuando el juez del proceso decide hacer uso de la facultad conferida en el indicado artículo 292, su decisión no puede ser arbitraria, pues tiene obligación de expresar las razones (de forma fundada y motivada), de las que se desprenda la necesidad de la reducción en el número de los testigos. Clave: 1a., Núm.: LXXXI/2011 Amparo directo en revisión 1599/2008. Olga Pérez Jiménez y otro. 12 de noviembre de Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Miguel Bonilla López. Amparo directo en revisión 523/2010. Erick Manuel López García. 30 de junio de Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. PRUEBA TESTIMONIAL. EL HECHO DE QUE EL ARTÍCULO 292 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUERÉTARO (ABROGADO), NO DEFINA LA EXPRESIÓN "PUNTO CONTROVERTIDO", NO LO TORNA INCONSTITUCIONAL. El hecho de que el citado precepto no defina la expresión "punto controvertido", no lo torna inconstitucional, ya que no es posible exigir al legislador que defina cada palabra utilizada, si las que eligió tienen un uso que revela que en el medio son de clara comprensión, y que en el caso cualquier persona de entendimiento ordinario puede saber a qué atenerse ante la hipótesis analizada. Lo anterior es así, porque el único significado atribuible a la locución "punto controvertido" es el de hechos, si se atiende a que el objeto de la prueba testimonial es que los declarantes depongan sobre los hechos que percibieron a través de sus sentidos, como se advierte de los artículos 272, 281, 282, 361,7 371, 377 y 378 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro (abrogado). Clave: 1a., Núm.: LXXX/2011 Amparo directo en revisión 523/2010. Erick Manuel López García. 30 de junio de Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Fernando A. Casasola Mendoza. ACCIÓN DE USUCAPIÓN. NO LE ES APLICABLE LA FIGURA DE LA FECHA CIERTA PARA ACREDITAR LA CAUSA GENERADORA DE LA POSESIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA). Al tener en consideración que la figura de la "fecha cierta" legalmente sirve para definir el momento a partir del cual se puede tener por acreditada la existencia de un documento para que desde entonces éste surta efectos contra terceros, mas no para determinar su autenticidad, y tomando en cuenta, además, que para la procedencia de la usucapión en orden con la causa generadora de la posesión, lo que importa es que se justifique la autenticidad del título; luego, atento a ello la figura de la "fecha cierta" no es la idónea para determinar el justo título o causa generadora de la posesión y la procedencia de la prescripción adquisitiva, en los términos de los numerales 781 y 911 del abrogado Código Civil para el Estado de México, ya que lo relevante al efecto no es el acto del acreditamiento en sí de la certeza de la fecha del documento en que aquélla se funda, sino la justificación de la autenticidad y veracidad del propio documento, lo cual es posible demostrar con otros medios de convicción, a diferencia de lo que se prueba con la figura de la fecha cierta, cuyos alcances son útiles sólo para justificar que a partir de determinado momento se puede tener por demostrada la existencia del documento en los términos de su contenido, pero sin tener la certeza de que éste sea auténtico o no, de manera que dicha figura no es la idónea para en la usucapión acreditar el justo título o causa generadora de la posesión. Por ende, si lo que en la acción en cita debe ser acreditado es que el título sea auténtico, no es la figura de la "fecha cierta" la idónea para justificar el elemento mencionado, el cual puede ser probado por cualquiera de los otros medios que establezca la ley, pues, incluso, puede suceder que un documento tenga fecha cierta pero sea falso o que, por el contrario, carezca de dicho requisito pero que sí sea auténtico. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO. Clave: III.2o.C., Núm.: J/318 Amparo directo 9/ de junio de Unanimidad de votos. Ponente: Noé Adonai Martínez Berman. Secretaria: Aimeé Michelle Delgado Martínez. Amparo directo 74/2010. Jesús Zetina Roldán. 4 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Faustino García Astudillo. Amparo directo 622/2010. Bancomer S.A., ahora BBVA Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer. 11 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: Noé Adonai Martínez Berman. Secretario: Saúl Manuel Mercado Solís. Amparo directo 899/2010. Roberto Gudiño Romero. 30 de noviembre de Unanimidad de votos. Ponente: Virgilio A. Solorio Campos. Secretario: Carlos Esquivel Estrada. Amparo directo 860/2010. María de la Luz Ramírez Melo. 30 de noviembre de Unanimidad de votos. Ponente: José Antonio Rodríguez Rodríguez. Secretaria: Adriana Vargas Gómez. Tipo: Jurisprudencia por Reiteración de Criterios EXCEPCIONES NO INVOCADAS EXPRESAMENTE. SI FORMARON PARTE DE LA LITIS, DEBEN ESTUDIARSE AL DICTAR SENTENCIA. Si al contestar la demanda se determinó con precisión el hecho en que se hacía consistir la defensa, aun cuando no se invocó expresamente el nombre de la excepción opuesta, el juzgador debe ocuparse de ella al dictar sentencia, pues es indudable que ese aspecto formó parte de la litis. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO. Clave: VI.2o.C., Núm.: J/323 Amparo directo 4/96. José Rolando Bernardo Huerta. 14 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro. Amparo directo 379/99. Apolonio Díaz Vera y otra. 20 de mayo de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca.9 Amparo directo 220/2000. Porfirio Sánchez Palma. 15 de agosto de Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez. Amparo directo 231/2010. Gotel, S.A. de C.V. 2 de julio de Unanimidad de votos. Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández. Secretario: Nelson Loranca Ventura. Amparo directo 5/2011. **********. 24 de febrero de Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Juan Carlos Cortés Salgado. Tipo: Jurisprudencia por Reiteración de Criterios ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. PROCEDE EN CONTRA DE QUIEN APARECE COMO AVAL EN EL TÍTULO BASE Y NO EN CONTRA DE PERSONA QUE SE OBLIGÓ EN DOCUMENTO DISTINTO. El Código de Comercio establece que el incumplimiento de la obligación consignada en un título de crédito, se puede demandar a través de la vía ejecutiva mercantil como una forma privilegiada de cobro que tiene lugar cuando la demanda se funda en un documento (títulos de crédito) que traiga aparejada ejecución, la legislación en comento también señala que la acción procedente es la cambiaria; la cual puede intentarse solamente contra el obligado directo, o bien, contra quien aparece en el propio documento como aval, figura esta última (aval) que se erige como una garantía propia de los títulos de crédito, regulada en los artículos 109 a 116 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Así las cosas, la acción cambiaria directa que se ejerce a través del juicio ejecutivo mercantil, en tratándose de títulos de crédito, procede en contra del aval, pues a través de ella se hace valer el derecho literal contenido en el título, pues la ejecución va aparejada al documento mismo; sin embargo, no procede en contra de quien en un diverso acto manifestó su voluntad de solidarizarse con el pago del adeudo, pues éste no tendrá el carácter de aval, porque su firma no aparece en el título de crédito base de la acción o en una hoja adherida a él, conforme lo exige el artículo 111 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; por tanto, no se trata de un obligado solidario que deba ser considerado parte y, por ende, condenado en el juicio ejecutivo mercantil. Sin que lo anterior implique que el tenedor no esté en aptitud de ejercer la acción correspondiente, en contra del obligado solidario, a través de la vía ordinaria. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO. Clave: XIX.1o., Núm.: 10 C Amparo directo 461/2010. Cervezas Cuauhtémoc, S.A. de C.V. 24 de febrero de Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Gálvez Tánchez. Secretaria: Hilda Irma Guerrero Herrera.10 ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA EJERCITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Es regla general de la interpretación de las normas legales, que sean interpretadas en forma tal que sin excluirse se complementen, luego, el precepto 1411 del Código Civil del Estado dispone: "La acción para exigir la reparación de los daños causados en los términos del presente capítulo, prescribe en dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño."; en tanto que el artículo 1749 del mismo ordenamiento legal establece: "Desde el momento en que el crédito es exigible, empieza a correr el término para la prescripción que se cuenta por años y no de momento a momento, excepto en los casos en que así lo determine la ley expresamente.". De modo que la interpretación conjunta de los transcritos dispositivos, permite inferir que en el término previsto para ejercitar la acción de responsabilidad civil objetiva, derivada de los supuestos daños causados, a que se refiere el primero de los artículos, están comprendidos todos los días que natural o cronológicamente comprenden dos años conforme al número de días calendario que les correspondieron, esto es, del día de un determinado mes y año, al propio día y mes del segundo año transcurrido pues, incluso, de acuerdo al transcrito artículo 1749, para el cómputo de la prescripción en una forma especial o distinta a la que se trata, sólo se exceptúan los casos en que el legislador así lo hubiese determinado expresamente, lo que evidentemente no ocurre con el artículo 1411 que simplemente establece "dos años contados a partir del día en que se haya causado el daño". Por tanto, para el cómputo del término para que opere la prescripción de las acciones no trasciende lo que dispone el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, sobre la exclusión de días inhábiles para la práctica de actuaciones judiciales, toda vez que la aplicación de tal precepto está orientada a las cuestiones procedimentales dentro del juicio y no a la oportunidad en el ejercicio de las acciones conforme a las disposiciones del Código Civil, ya que es de explorado derecho que la ley sustantiva establece derechos y la adjetiva la forma para ejercitarlos; por ende, los términos que establece el Código Civil son para la adquisición o pérdida de algún derecho y los que prevé el código procesal civil para hacerlos valer ante la autoridad jurisdiccional. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Clave: III.1o.C., Núm.: 177 C Amparo directo 562/2009. Cruz del Toro Jiménez. 19 de noviembre de Unanimidad de votos. Ponente: Francisco José Domínguez Ramírez. Secretaria: Ana Carmina Orozco Barajas. ACCIÓN. SU DESISTIMIENTO NO BENEFICIA AL RESTO DE LOS11 OBLIGADOS SOLIDARIOS, CUANDO SE EFECTUÓ SÓLO POR UNO DE ELLOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 2583 Y 2586 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA). De una armónica e integral interpretación de los artículos 2583 y 2586 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte que cuando el actor demanda a un conjunto de personas que se obligaron de manera solidaria al cumplimiento de una obligación, si bien es cierto que tiene la facultad de exigir en forma autónoma e independiente a cada uno de ellos el pago total de la deuda, también lo es que tiene el derecho de no exigirlo a título personal a uno de ellos mediante el desistimiento de la acción; por tanto, si éste se realiza en esos términos, resulta evidente que tal desistimiento no puede beneficiar al resto de los deudores, en contra de quienes se podrá continuar la acción para exigir el pago de la totalidad de la deuda, la cual no extingue la obligación en los términos pactados en el contrato respectivo. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA DÉCIMA REGIÓN. Clave: VIII.1o.(X Región), Núm.: 12 C Amparo directo 1183/2010. Jorge Luis Villarreal González. 17 de marzo de Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Gallardo Lerma. Secretario: Efraín Frausto Pérez. ACTA DE MISIÓN. FIJA LA LITIS Y LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO ARBITRAL. En la etapa inicial del procedimiento arbitral al tenor de lo planteado por la parte actora y demandada, se define la materia de la controversia. En ciertos casos, conforme a lo pactado por las partes, por establecerlo en la cláusula arbitral o sujetarse a reglas de arbitraje institucional, dicha controversia puede quedar definida a través del acta de misión que consiste en un documento del tribunal arbitral que determina el marco general sobre el que se desarrollará el procedimiento acorde con la materia controvertida. Constituye una apreciación inicial sobre las pretensiones planteadas y sobre la materia de la contienda, que permite identificar a las partes, su existencia, calidad y representación, y domicilio; contiene, además, una exposición sucinta de las pretensiones citadas; la lista de los puntos litigiosos a resolver; el nombre completo, domicilio y calidad de los árbitros; el lugar o sede del arbitraje; la indicación de las reglas aplicables al procedimiento y las precisiones que las partes o el tribunal consideran relevantes a fin de resolver adecuadamente la controversia planteada, como resultaría de la modificación del acuerdo arbitral, determinación de reglas especiales de procedimiento o confirmar la12 competencia de los árbitros o la intención de cuestionar esa competencia; y dada su trascendencia para el procedimiento arbitral, es firmada por las partes y, en ciertos casos, por la institución arbitral. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Clave: I.3o.C., Núm.: 940 C Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. ACUERDO ARBITRAL. TIENE SU ORIGEN EN UNA RELACIÓN JURÍDICA CONTRACTUAL O EXTRACONTRACTUAL (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 1416 DEL CÓDIGO DE COMERCIO). La fracción I del artículo 1416 del Código de Comercio dispone que el acuerdo de arbitraje es aquel por el que las partes deciden someter a arbitraje todas o ciertas controversias de una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, la cual podrá adoptar la forma de una cláusula compromisoria o la forma de contrato independiente. Esta disposición legal confirma que el arbitraje tiene su origen en el acuerdo de las partes que, por un lado, determina qué cuestiones deben resolverse mediante esa institución y, por otro, la previsión de un procedimiento, como el medio necesario para decidir la controversia. En todo arbitraje subyace el hecho de que existe una controversia originada por una relación jurídica, que puede ser contractual o extracontractual. La idea de litigio, diferencia o controversia surge en referencia a un objeto o relación o situación existente entre dos partes diversas, respecto del cual se hallan unidas o bien un hecho extracontractual que trasciende a la esfera jurídica de una de las partes. Se trata de un vínculo jurídico contractual o extracontractual que motiva una controversia arbitrable, la cual puede ser determinada o determinable, como lo refiere el artículo 1416, fracción I, in fine, del Código de Comercio. El acuerdo arbitral incluye dos modalidades: la cláusula arbitral y el compromiso independiente. Por esa virtud, el acuerdo de arbitraje es la base y causa de la institución, porque obliga a las partes a someterse al arbitraje y excluye la intervención del Juez estatal para resolver esa determinada controversia. Ante su existencia, las partes y los tribunales del Estado, deben sujetarse a su cumplimiento. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.13 Clave: III.3o.C., Núm.: 936 C Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. ALIMENTOS. LA PREFERENCIA A SU PAGO LA TIENEN LOS CÓNYUGES E HIJOS AL ENCONTRARSE EN EL MISMO RANGO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE ESTOS ÚLTIMOS SE HAYAN PROCREADO FUERA DEL MATRIMONIO DEL DEUDOR Y ÉSTE SE ENCUENTRE CASADO CON UNA PERSONA DIVERSA A LA MADRE DEL MENOR ACREEDOR (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 319, fracción II, del Código Civil para el Estado de Veracruz establece que el hijo que ha sido reconocido por el padre, tiene derecho a ser alimentado por éste, de ahí que deba proporcionar alimentos al hijo aun cuando esté casado, pues el hecho de que se encuentre unido en matrimonio con una persona diferente a la madre del menor acreedor, no implica que se libere de su obligación. Por otro lado, si de la interpretación al diverso artículo 101 se advierte que la preferencia al pago de alimentos únicamente se materializa respecto a terceros en relación con las percepciones del deudor alimentario, no así respecto a los cónyuges e hijos, se concluye que tratándose del derecho de alimentos, los cónyuges e hijos se encuentran en el mismo rango de preferencia, independientemente de que estos últimos hayan sido procreados fuera del matrimonio del deudor, y aun cuando éste se encuentre unido en matrimonio con una persona diversa a la progenitora del menor para quien se exigen los alimentos. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO. Clave: VII.2o.C., Núm.: 124 C Amparo directo 853/ de febrero de Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel de Alba de Alba. Secretario: Roberto Ortiz Gómez.. APELACIÓN. ACTUALIZACIÓN DEL MONTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 426, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL. El artículo 426, fracción I, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal expresamente dispone que causan ejecutoria por ministerio de ley las14 sentencias pronunciadas en juicios que versen sobre la propiedad y demás derechos reales con un valor de hasta sesenta mil pesos. Ahora, el referido numeral a su vez establece que el monto citado se actualizará conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que fije el Banco de México. Al respecto, se destaca que la operación aritmética que debe practicarse para efectuar dicha actualización se limita a dividir el factor vigente al presentar la demanda -dividendo- entre el factor imperante al mes de julio de mil novecientos noventa y seis -divisor-, porque en esa fecha entró en vigor el dispositivo en comento. Luego, el resultado arrojado como cociente se multiplica entre sesenta mil y el producto será la cantidad actualizada, a partir de la cual se determinará si la sentencia causó o no ejecutoria por ministerio de ley. A propósito, se puntualiza que la consulta de los factores puede realizarse a través de la publicación que realiza mensualmente el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación, o bien, a través de los medios electrónicos con que cuenta aquél. En el primer caso, debe considerarse que el diez de julio de dos mil dos, el Banco de México publicó en el Diario Oficial de la Federación, la determinación a partir de la cual dispuso utilizar como periodo base el factor vigente en junio de dos mil dos, equivalente a trescientos sesenta puntos con novecientas sesenta y ocho centésimas. Por otro lado, el factor correspondiente al mes de julio de mil novecientos noventa y seis parte de una base distinta, esto es, mil novecientos noventa y cuatro base cien y correspondía a ciento ochenta y tres puntos quinientas tres centésimas. Luego, si la demanda se presentó con posterioridad a la publicación de julio de dos mil dos, entonces, resultará necesario adecuar el factor imperante al mes de julio de mil novecientos noventa y seis, por corresponder a una base distinta. Para ello, debe dividirse la última cantidad citada entre tres puntos sesenta mil novecientas sesenta y ocho cien milésimas. El resultado será el divisor en la operación primeramente citada, a partir de la cual se determinará si la sentencia específica causa o no ejecutoria por ministerio de ley. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Clave: I.9o.C., Núm.: 180 C Amparo directo 743/2010. Elva Elizabeth Nevárez Hernández y otro. 9 de diciembre de Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro. APELACIÓN. PROCEDE EN EL JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 94/2007, determinó que la acción hipotecaria debe ejercerse en la vía especial ante un Juez de primera instancia y no ante un Juez de Paz. Lo anterior, porque al existir una vía privilegiada debe preferirse ésta y no una diversa. Además, porque la vía especial otorga mayores oportunidades de defensa, precisamente, porque las resoluciones dictadas en la misma son15 apelables, en términos de lo dispuesto por los artículos 487, 688, 689 y 714 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal; mientras que las emitidas por un Juez de Paz son irrecurribles. En consecuencia, la sentencia dictada en un juicio especial hipotecario, puede combatirse a través del recurso de apelación, toda vez que la posibilidad de interponer dicho medio impugnativo fue una de las razones para preferir el trámite del juicio en esa instancia. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Clave: I.3o.C., Núm.: 961 C Amparo directo 743/2010. Elva Elizabeth Nevárez Hernández y otro. 9 de diciembre de Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Secretario: Arturo Alberto González Ferreiro. Nota: La tesis 1a./J. 94/2007 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, julio de 2007, página 5, con el rubro: "ACCIÓN HIPOTECARIA. DEBE TRAMITARSE EN LA VÍA ESPECIAL ANTE UN JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)." ARBITRAJE. CONCEPTO Y ELEMENTOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO II. 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS). La Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos setenta y uno, en su artículo II. 1, define al arbitraje como el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obligan a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje. De lo expuesto, derivan los siguientes elementos del acuerdo de arbitraje: a. Consentimiento por escrito de las partes de obligarse a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias. b. Las diferencias entre las partes provienen de una relación jurídica, contractual o extracontractual; y, c. La controversia sea arbitrable; en este caso, rige el principio de reserva y de cláusula expresa, porque la cláusula arbitral constituye la base del arbitraje y es la que precisa cuáles son las diferencias y relación jurídica que debe resolverse mediante un tercero al que le confieren el poder de resolver la controversia; es el acuerdo expreso el que contiene los límites del arbitraje que deba desplegarse en el presente o futuro de una relación jurídica, cualquiera que sea su origen, de modo que sólo podrán ser resueltas las diferencias comprendidas en ese acuerdo. Así las cosas, las facultades del árbitro y la materia de su conocimiento derivarán de la voluntad de las partes expresadas de conformidad con la ley. De lo expuesto, se advierte que la cláusula arbitral contiene para un tercero la obligación de hacer, personalísima e infungible, de resolver una16 controversia, y para las partes obligaciones complejas de hacer y poner las medidas necesarias para que el arbitraje se lleve a cabo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Clave: I.3o.C., Núm.: 937 C Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. ARBITRAJE. EQUIVALENCIA FUNCIONAL Y FORMA ESCRITA. El artículo 1423 del Código de Comercio establece que, por regla general, el acuerdo debe constar por escrito y consignarse en un documento firmado por las partes, pero también prevé la aplicación del principio de equivalencia funcional, al reconocer ese carácter al habido en un intercambio de cartas, telex, telegramas, facsímil u otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo; al intercambio de escritos de demanda y contestación en los que la existencia del acuerdo sea afirmada por una parte sin que sea negada por la otra, o bien, puede referirse en un contrato y remitirse a un documento que contenga la cláusula compromisoria, siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esa cláusula forma parte del contrato. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Clave: I.3o.C., Núm.: 938 C Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. ARBITRAJE. ES UNA INSTITUCIÓN CONVENCIONAL PARA RESOLVER LITIGIOS MEDIANTE UN LAUDO. El arbitraje es una institución que nace del pacto expreso de dos o más partes para resolver las controversias que surjan o hayan surgido, mediante un procedimiento legal o específico que debe respetar las formalidades esenciales del procedimiento, atribuyendo a un tercero la facultad de resolver el litigio existente mediante un laudo, que tendrá fuerza vinculatoria para ambas partes, como si hubiera resuelto un Juez del Estado; por la voluntad de las partes el tercero se convierte en Juez de esa controversia específica, cuya facultad queda limitada a resolver sobre lo que se le encomienda y que no está reservado al17 Juez estatal. El árbitro realiza una actividad materialmente jurisdiccional, pero carece de imperium para ejecutar, por lo que debe ser auxiliado por el órgano estatal. El arbitraje es de naturaleza convencional, porque se finca en la autonomía de la voluntad, con sustento en la libertad contractual de las partes, solamente que su objeto específico es otorgar facultades a un tercero para resolver una controversia que puede ser sustraída del ámbito jurisdiccional estatal; de modo que por su propia finalidad el pacto arbitral necesariamente contiene o remite a un procedimiento. El laudo que se dicta es materialmente un acto jurisdiccional, que resulta vinculatorio para las partes contendientes, puesto que se sometieron a la decisión de un tercero en ejercicio de la autonomía de su voluntad, que ha sido libre in causa, lo que le confiere fuerza de obligar. El artículo 1416, fracción II, del Código de Comercio define al arbitraje como cualquier procedimiento arbitral de carácter comercial, con independencia de que sea o no una institución arbitral permanente ante la que se lleve a cabo. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Clave: I.3o.C., Núm.: 934 C Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. ARBITRAJE. LA AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD ES FUENTE DE LAS FACULTADES Y LÍMITES DEL ÁRBITRO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS II. 1 DE LA CONVENCIÓN SOBRE EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS ARBITRALES EXTRANJERAS Y 1 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL). El artículo II.1 de la Convención sobre el Reconocimiento y Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de mil novecientos setenta y uno, reconoce el carácter originario del arbitraje desde la sede contractual, al disponer que cada uno de los Estados contratantes reconocerá el acuerdo por escrito conforme al cual las partes se obliguen a someter a arbitraje todas las diferencias o ciertas diferencias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, concerniente a un asunto que pueda ser resuelto por arbitraje; a su vez, el artículo 1 de la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial Internacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de abril de mil novecientos setenta y ocho, prescribe que es válido el acuerdo de las partes en virtud del cual se obligan a someter a decisión arbitral las diferencias que pudiesen surgir o que hayan surgido entre ellas con relación a un negocio de carácter mercantil; conforme a esos textos legales, se reconoce validez y eficacia al acuerdo de las partes para someter a arbitraje alguna cuestión que surja o haya surgido con18 motivo de una relación jurídica contractual o no contractual; lo anterior revela que sí se otorga a la voluntad de las partes plena eficacia vinculatoria entre ellas por lo que la fuente original de la eficacia normativa de un arbitraje descansa en su reconocimiento por la ley, que regula los efectos del acuerdo de las partes y precisa sus límites para obrar sobre la esfera jurídica de las personas. Pero ese acuerdo de voluntades que da lugar al arbitraje tiene un límite formal y material porque el árbitro no puede llevar a cabo actos de privación o ejecución material sobre las personas o las cosas y la ejecución queda reservada al Juez estatal. El laudo queda sujeto a un proceso de revisión por los órganos jurisdiccionales del Estado, cuando no es acatado voluntariamente o es impugnado por alguna de las partes, lo que da origen a las cuestiones concernientes a la nulidad o reconocimiento o ejecución del laudo. El tribunal arbitral realiza una actividad materialmente jurisdiccional por disposición de la voluntad de las personas involucradas, pero requiere el auxilio y colaboración del Juez estatal para ejecutar medidas precautorias que aseguren el éxito del procedimiento arbitral, la ejecución del laudo o para obtener la nulidad del laudo que se pronuncie. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Clave: I.3o.C., Núm.: 935 C Amparo en revisión 195/2010. Maquinaria Igsa, S.A. de C.V. y otra. 7 de octubre de Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: José Luis Evaristo Villegas. ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. PENA CONVENCIONAL, LÍMITE DE SU APLICACIÓN. Con base en los artículos 1840 y 1843 del Código Civil para el Distrito Federal, por una parte, los contratantes pueden estipular una sanción para el caso de que alguno incumpla con las obligaciones a su cargo, o bien, cuando no lo haga en los términos y condiciones pactados; por otra, se establece un límite a esa libertad contractual porque prohíbe que la cláusula penal exceda en valor y cuantía a la obligación principal, lo que implica la posibilidad de que puede pactarse una pena por cada incumplimiento. Tratándose del arrendamiento inmobiliario, cuando las partes pactan como pena convencional la generación de una cantidad determinada por cada incumplimiento de una pensión rentística, la sanción correspondiente puede generarse por cada periodo en que deja de cubrirse, pero con la limitante de que la pena será legal cuando la suma de los diversos incumplimientos dé como resultado el importe de la pensión que dio lugar a la sanción; en sentido contrario, si la suma de los diversos incumplimientos es superior a la pensión que dejó de pagarse, entonces será contraria a lo dispuesto al artículo 1843 del Código Civil para el Distrito Federal. SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.19 Clave: I.7o.C., Núm.: 163 C Amparo directo 226/ de abril de Mayoría de votos. Disidente: Julio César Vázquez-Mellado García. Ponente: Manuel Ernesto Saloma Vera. Secretario: José Jorge Rojas López. ARRESTO, SU PREVENCIÓN. PARA VENCER LA CONTUMACIA DEL DEMANDADO EN JUICIO EJECUTIVO QUE HA IMPEDIDO EN FORMA PERSONAL EL CUMPLIMIENTO DEL AUTO DE EXEQUENDO, DEBE SER NOTIFICADA PERSONALMENTE AL INTERESADO Y DARLE UN PLAZO OPORTUNO PARA ESTAR EN APTITUD DE CONOCER Y ENTENDER EL ALCANCE DE LA PREVENCIÓN, POR LO QUE TAL NOTIFICACIÓN Y LA DILIGENCIA DE REQUERIMIENTO, EMBARGO Y EMPLAZAMIENTO DEBEN REALIZARSE EN MOMENTOS DIFERENTES. La vía ejecutiva mercantil es privilegiada, en cuanto que autoriza para emitir un auto de ejecución, es decir, un acto de molestia sin audiencia previa. En esa circunstancia, el Juez, para hacer cumplir sus determinaciones, puede auxiliarse de la fuerza pública; además, el cumplimiento del auto de ejecución no es facultativo para el demandado, sino que es privilegio para el actor requerir de pago, embargar bienes y luego emplazar, por lo que en los términos en que la ley regula la práctica de esa diligencia, puede desahogarse aun sin la presencia del buscado o, incluso en su presencia, en contra de su voluntad, por lo que, en determinadas circunstancias, el Juez puede asistir al funcionario judicial con la fuerza pública para la práctica del embargo. Ahora bien, para la práctica de la diligencia de exequendo no se requiere la presencia personal del inconforme, como ya se dijo pero, por otro lado, si el Juez, frente a la reiterada contumacia del demandado para permitir la práctica de la diligencia, decide prevenirlo con una medida de apremio como el arresto, debe entonces darle la oportunidad de estar en aptitud de impugnarla si la considera lesiva a su derecho y quiere evitarla, o preparar lo necesario para proceder a su cumplimiento, o que quede su clara resistencia al mismo pues, en ese caso, el Juez decidió incorporar al cumplimiento del auto de exequendo un elemento que per se es ajeno al referido acto, que esencialmente está dirigido a afectar bienes materiales o jurídicos patrimoniales del demandado, pero no su libertad personal. Por ello, ante esa situación extraordinaria, la prevención de arresto debe ser notificada con antelación suficiente al desahogo del auto de exequendo y como toda prevención implica la realización de una conducta en determinado sentido, debe atenderse a la regla general de que cuando la ley no señala plazo específico debe estarse al mínimo de tres días, lo que necesariamente lleva a considerar que en el caso de la prevención de arresto, dado el valor jurídico en juego (libertad), la notificación personal de la prevención y del auto de exequendo deben realizarse en momentos diferentes, con la referida amplitud de plazo, especialmente si se parte de la base de que al referido apercibimiento se arriba a instancia de parte (generalmente la contraria del inconforme). NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.20 Clave: I.9o.C., Núm.: 181 C Amparo en revisión 124/2011. Yolanda López Sánchez. 6 de mayo de Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretaria: Saira Berenice Aquino Bolaños. AUTOCONTRATACIÓN O CONTRATO CONSIGO MISMO, NATURALEZA JURÍDICA. La representación puede tener dos fuentes: la voluntad del representado, denominada representación voluntaria o la ley, denominada representación legal; la primera tiene su origen en un acto unilateral, por medio del cual se faculta a otro para que actúe en su nombre y representación; esa relación jurídica entre el representante y el representado se funda en un vínculo de confianza cuyo límite se encuentra en las facultades que le son conferidas y las instrucciones que el representado extiende al representante, y dentro de esos límites puede actuar este último. La representación crea la posibilidad de que una persona que actuó por sí y en representación de otra, o que represente a dos partes, concluya un contrato. Por regla general, las relaciones contractuales suponen un encuentro de voluntades diversas, distintas o antagónicas que llegan a un punto de equilibrio a fin de satisfacer una determinada necesidad; es esta última la que justifica el contrato como un acto de cooperación que permite la realización de una transacción de intereses diversos. También es cierto que nadie puede ser acreedor y deudor de sí mismo, porque si ello ocurriere se produciría la confusión y se extinguirían las obligaciones; sin embargo, puede ocurrir que una persona física pretenda un determinado fin lícito que puede ser satisfecho por una persona moral o física, de la que es representante o mandatario, en cuyo caso, dada la representación que tiene de esa persona física o moral, y además del ejercicio de su propio derecho, funja a la vez, como parte directa y como representante de la otra; como representante de ambas partes o como titular de dos patrimonios sometidos a regímenes jurídicos distintos. Es lo que la doctrina ha definido como la autocontratación o contrato consigo mismo. Es el acto jurídico que una persona celebra consigo misma y en el cual actúa a la vez como parte directa y como representante de la otra o como representante de ambas partes; y se encuentra presente en diversas instituciones reguladas por nuestro sistema jurídico, como por ejemplo: a) Si una persona actúa por sí y en representación de otra, ya sea una representación de tipo legal o convencional; esto es, el caso del padre que contrata para sí y también por el hijo; o, el del mandante representado por el mandatario con el mandatario por sí. b) Si una persona es representante (legal o voluntaria) de dos personas diferentes. c) Si una persona tiene dos patrimonios o fracciones de patrimonios sometidos a regímenes jurídicos distintos, y necesita precisar la condición jurídica de ciertos bienes. Es el caso del heredero al que se le concede la posesión provisoria de los bienes del desaparecido, y entre esos bienes hay algunos en que él es comunero. d) Respecto de los bienes del desaparecido, el heredero es usufructuario, y si quiere producir la partición de dichos bienes, deberá acudir al autocontrato. e) Mostrar más
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