Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2007/A284-07.htm
Timestamp: 2017-11-20 13:40:36
Document Index: 220650542

Matched Legal Cases: ['artículo 533', 'artículo 241', 'artículo 40', 'artículo 235', 'artículo 7', 'artículo 533', 'artículo 533']

A284-07
Auto 284/07
Uno de los principios fundamentales del Derecho Procesal es el de la imparcialidad de los servidores públicos, pues en un Estado Democrático los ciudadanos tienen derecho a acceder a la administración en igualdad de condiciones y con la confianza legítima en el actuar exento de prejuicios de las autoridades estatales, lo cual exige que quien por alguna circunstancia se encuentre en una situación que pueda alejarlo de la objetividad, la ecuanimidad y la estricta sujeción a la aplicación de la ley, deba separarse del conocimiento del proceso respectivo.
El Decreto 2067 de 1991 en los artículos 25 y 26 señala las causales de impedimento y recusación para los Magistrados de la Corte Constitucional, a saber, intervenir en la expedición de la norma acusada, haber sido miembro del Congreso durante la tramitación del proyecto, tener interés en la decisión, estar vinculado por matrimonio o unión permanente o por parentesco en cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con el demandante, causales que son aplicables al Procurador General de la Nación para actuar en estos procesos.
IMPEDIMENTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Intervención en la comisión redactora del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal/IMPEDIMENTO DEL VICEPROCURADOR GENERAL DE LA NACION-Intervención en la subcomisión redactora del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 533 parcial de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
Demandantes: Juan Carlos Mahecha Cárdenas y John Harvey Pinzón Navarrete.
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de octubre del año dos mil siete (2007)
1. Los ciudadanos Juan Carlos Mahecha Cárdenas y John Harvey Pinzón Navarrete, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad establecida por el artículo 241 numeral 4º de la Carta Política, en armonía con el artículo 40 numeral 6º íbidem, demandaron ante esta corporación la frase “Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000”, contenida en la parte final del primer inciso de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”.
2. Admitida la demanda por auto de octubre 5 de 2007, se dispuso enviarla al despacho del señor Procurador General de la Nación para que rinda el concepto de rigor.
3. Mediante escrito recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional en octubre 19 de 2007, los doctores Edgardo José Maya Villazón, Procurador General de la Nación y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Viceprocurador General de la Nación, manifiestan a la corporación que se encuentran impedidos para actuar en este proceso, habida cuenta que en ejercicio de sus funciones participaron “en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hace parte el precepto legal demandado”.
En consecuencia, solicitan a esta corporación que, aceptado el impedimento por ellos propuesto, se disponga que el Procurador General de la Nación, conforme a lo dispuesto por el artículo 7º numeral 33 del Decreto Ley 262 de 2000, designe al funcionario que debe rendir el concepto en este proceso.
1. Uno de los principios fundamentales del Derecho Procesal es el de la imparcialidad de los servidores públicos, pues en un Estado Democrático los ciudadanos tienen derecho a acceder a la administración en igualdad de condiciones y con la confianza legítima en el actuar exento de prejuicios de las autoridades estatales, lo cual exige que quien por alguna circunstancia se encuentre en una situación que pueda alejarlo de la objetividad, la ecuanimidad y la estricta sujeción a la aplicación de la ley, deba separarse del conocimiento del proceso respectivo.
3. En el caso que ahora ocupa la atención de la Corte, es claro que si los doctores Edgardo José Maya Villazón, como Procurador General de la Nación y Carlos Arturo Gómez Pavajeau, Viceprocurador General de la Nación, intervinieron en la comisión redactora, el primero, y en la subcomisión redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal –Ley 906 de 2004-, de cuyo texto hace parte el precepto legal demandado, se encuentran impedidos para conceptuar sobre la constitucionalidad del artículo 533 de esa ley, cuya inexequibilidad parcial se insta declarar en este proceso.
SALVAMENTO DE VOTO AL AUTO A-284 DE 2007 DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 533 parcial de la Ley 906 de 2004 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”
Con el debido respeto por las decisiones mayoritarias de esta Corporación, me permito salvar mi voto frente al presente Auto, reiterando para ello mi posición jurídica sostenida en repetidas oportunidades en relación con que esta Corte carece de la competencia tanto constitucional como legal para resolver los impedimentos manifestados por el Procurador General de la Nación y el Viceprocurador para emitir el concepto sobre constitucionalidad, en este caso respecto del asunto de la referencia. Las razones que justifican mi posición son las que paso a exponer a continuación: