Source: http://www.oas.org/es/sap/dgpe/guia_mexico.asp
Timestamp: 2017-10-23 22:39:07
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Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 79', 'Artículo 6', 'Artículo 33', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 212', 'artículo 134', 'artículo 134', 'artículo 108', 'artículo 6', 'artículo 13', 'Artículo 33', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 19']

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México cuenta con un desarrollado sistema de órganos de control. Por un lado cuenta con órganos de control de tipo horizontal de balance, los cuales integran los tres Poderes del Estado (el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial), asimismo, cuenta con órganos de control horizontales de balances asignados, éstos gozan de autonomía respecto del gobierno, tales como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y el Instituto Federal Electoral (IFE) (Ver sección de Políticas y Acciones Gubernamentales).
Órganos que controlan el Poder Ejecutivo
La Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, publicada en mayo de 2009, reglamenta los artículos 74 y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública.
De acuerdo con lo establecido en dicha Ley, Artículo 1, “La fiscalización de la Cuenta Pública tiene el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto, la Ley de Ingresos y demás disposiciones legales aplicables, así como la práctica de auditorías sobre el desempeño para verificar el cumplimiento de los objetivos y las metas de los programas federales, conforme a las normas y principios de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.”
La revisión de la Cuenta Pública está a cargo de la Cámara de Diputados, la cual se apoya en la Auditoría Superior de la Federación para el cumplimiento de dicha función. Dentro de las comisiones ordinarias con las que cuenta la Cámara de Diputados se encuentra la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, órgano a cargo de comprobar si la gestión financiera del Gobierno Federal se ajustó a los objetivos de los programas gubernamentales.
La Auditoría Superior de la Federación tiene autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones de fiscalización superior, las cuales ejerce de acuerdo con la reforma introducida al Artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1999.La ASF inició sus labores el primero de enero del 2000, como resultado de reformas legislativas adoptadas en un periodo de transición democrática que dio paso a una mayor pluralidad en la composición de las fuerzas políticas en el país.
Como lo establece la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, la ASF es “una institución que goza de autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, que tiene a su cargo la fiscalización superior de la propia Cuenta Pública.” Uno de los objetivos de esta institución es el de mejorar la gestión pública en los distintos niveles gubernamentales, informando a los ciudadanos sobre los resultados de sus revisiones.
Su estructura orgánica está conformada por un Auditor Superior de la Federación que está al frente de la institución. El Auditor Superior de la Federación se apoya en 4 Auditores Especiales: de Cumplimiento Financiero, de Desempeño, de Tecnologías e Información, y de Gasto Federalizado. Éstos tienen a su cargo la revisión de la Cuenta Pública y la realización de auditorías a los Poderes de la Unión y a los entes Públicos Federales.
Cabe destacar que el programa de auditorías se somete a consideración de los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, quienes finalmente aprueban las auditorías que habrá de realizar la institución. La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados cuenta con la Unidad de Evaluación y Control, la cual tiene como atribución evaluar el desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aportar elementos para perfeccionar el sistema de fiscalización superior del país y, en funciones de contraloría, vigilar el estricto cumplimiento de las funciones a cargo de los servidores públicos de la entidad de fiscalización superior de la Federación.
La Unidad de Asuntos Jurídicos y la Unidad General de Administración son parte de la estructura orgánica de la ASF. La primera actúa como órgano de consulta en materia judicial y la segunda se encarga de administrar los recursos humanos, financieros y materiales.
La rendición de cuentas se encuentra presente en todos los Estados de la República Mexicana, ya que cada uno de ellos cuenta con instancias de control estatales conocidas como Oficinas de Fiscalización Superior.
La ASF no tiene la capacidad jurídica para sancionar a los funcionarios públicos, por lo que requiere del apoyo de la Secretaría de la Función Pública, la cual tiene como facultad el inicio de procedimientos de responsabilidad para el fincamiento de sanciones administrativas.
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,a la Secretaría de la Función Pública (SFP) le corresponde, entre otras funciones, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación gubernamental; expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Federal y vigilar su cumplimiento; y realizar las auditorías que requieran estas dependencias y entidades. Igualmente, se encarga de la organización y operación del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, así como de organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
La Secretaría de la Función Pública busca consolidar un Gobierno honesto, eficiente y transparente, a través de 5 acciones de gobierno prioritarias:
Ampliar la cobertura, impacto y efecto preventivo de la fiscalización a la gestión pública.
Inhibir y sancionar las prácticas corruptas.
Articular estructuras profesionales, eficientes y eficaces del gobierno.
Mejorar la regulación, la gestión y los procesos de la Administración Pública Federal.
Optimizar el uso y aprovechamiento de los inmuebles federales.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria estipula que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son responsables del Sistema de Evaluación del Desempeño. De igual manera, según lo estipulado por Ley General de Desarrollo Social, la SHCP, la SFP y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) llevan a cabo la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal, cuyo objetivo es “orientar los programas y el gasto público al logro de objetivos y metas, así como medir sus resultados objetivamente mediante indicadores relacionados con la eficiencia, economía, eficacia y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto del gasto social público.”
Dentro de las unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública se encuentra la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control, la cual a través de los Órganos de Vigilancia de Control (conformados por los órganos internos de control (OIC) y, los delegados y comisarios públicos propietarios), contribuye a reducir los riesgos de corrupción y transparentar la Administración Pública Federal, así como a eficientar la operación de ésta mediante una adecuada relación con las dependencias, entidades, órganos desconcentrados y la Procuraduría General de la República, con un enfoque preventivo del control, una correcta vigilancia de la gestión pública y una efectiva aplicación de medidas correctivas.
Los órganos internos de control son responsables de llevar a cabo los procesos de control y evaluación gubernamental y tienen la autoridad para atender las denuncias sobre irregularidades administrativas. Los delegados y comisarios públicos propietarios y los suplentes de los mismos, por otra parte, ejercen la vigilancia de las dependencias y entidades públicas desde los ámbitos de toma de decisión correspondientes a siete sectores de gobierno: Desarrollo Económico, Desarrollo Social y Recursos Renovables; Educación y Cultura; Energía; Hacienda; Salud y Previsión Social; y Seguridad Nacional. Un Delegado y Comisario Público Propietario y un grupo de Subdelegados y Comisarios Públicos Suplentes realizan la cobertura de la totalidad de dependencias, órganos desconcentrados, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal correspondiente a cada uno de estos sectores.
La Procuraduría General de la República (PGR) se ubica en el ámbito del Poder Ejecutivo Federal. Tiene a su cargo la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas. Entre sus principales funciones se encuentra investigar y perseguir los delitos del orden federal y dar seguimiento de los procesos relacionados con éstos en los Tribunales de la Federación, dichos delitos incluyen narcotráfico, crimen organizado, delitos electorales, etc.
A partir de 1992 un Decreto del Ejecutivo facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los Estados para que establecieran organismos especializados en atender las quejas en contra de actos administrativos violatorios de los derechos humanos, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Fue así como se crearon la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos a nivel estatal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las Comisiones de Derechos Humanos de los Estados gozan de autonomía política y operativa plena, siendo su principal función conocer e investigar los actos ilícitos que cometan las autoridades administrativas contra los ciudadanos y los que los ciudadanos puedan cometer con los servidores públicos. De igual manera, busca promover y fomentar la formulación de políticas públicas que fomenten el respeto a los derechos humanos en el país al mismo tiempo que supervisa que se respeten los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país.
Órganos de Control del Poder Judicial
El Poder Judicial goza de autonomía a partir de 1994. Su órgano de control interno es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el cual tiene a su cargo “la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral.”
El CJF es un órgano del Poder Judicial de la Federación que cuenta con independencia técnica, de gestión, y para emitir resoluciones. También determina la la división y competencia territorial y, en su caso, la especialización -por materia- de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y los Juzgados de Distrito. La misión de la CJF es garantizar la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial, que permitan el funcionamiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito y aseguren su autonomía, así como la objetividad, honestidad, profesionalismo e independencia de sus integrantes, a fin de coadyuvar a que la sociedad reciba justicia pronta, completa, gratuita e imparcial.
Para realizar su trabajo, el Consejo de la Judicatura se apoya en diversos órganos auxiliares y para su funcionamiento se integra en diversas comisiones que tienen a cargo funciones específicas, algunas de las comisiones referidas al tema de transparencia y evaluación son la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación, quien también se encarga de la Comisión para la Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales.
Acuerdo Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción
Hace 25 años que existe legislación anticorrupción en México; no obstante, fue hasta el año 2000 que las fuerzas políticas durante el gobierno de transición estuvieron de acuerdo en la implementación efectiva del derecho a la información. El 26 de febrero de 2001, diversas entidades del gobierno y organizaciones de la sociedad civil suscribieron el Acuerdo Nacional para la Transparencia y el Combate a la Corrupción, en éste, el Presidente de la República se compromete a impulsar acciones para ofrecer un gobierno federal cuya actuación obedezca a una estrategia de trasparentar sus decisiones, así como combatir la corrupción.
A partir de entonces, comenzaron a surgir varias propuestas de leyes relacionadas con el acceso a la información en todo el país. Además de los marcos legales, se establecieron en los distintos cuerpos y niveles gubernamentales órganos de control tales como las fiscalías y la figura del Procurador General.
En la actualidad, las estrategias para prevenir y atacar la corrupción en México se llevan a cabo desde la Secretaría de la Función Pública (SFP) e incluyen tanto acciones preventivas como acciones correctivas. En este sentido, la corrupción se ha combatido desde distintos ámbitos, a través de medidas estrictas para el gasto gubernamental y con la creación e implementación de leyes que apuntan a transparentar las acciones de los funcionarios y evitar el mal uso de los recursos del Estado.
En el año 2000, durante el gobierno del Presidente Vicente Fox Quesada, se creó la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción (CITCC). Este acto se llevó a cabo mediante el acuerdo 04/12/00, reformado el 14/12/05. La entidad se constituyó como una Comisión de carácter permanente, con el objeto de “coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia en el ejercicio de las atribuciones de las diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.”
La Comisión está integrada de manera permanente por funcionarios titulares de todas las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) o sus delegados con el rango de Subsecretario; el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, hasta cinco funcionarios titulares de las unidades adscritas a la Presidencia de la República; representantes invitados de los sectores social y privado; el Procurador General de la República o la persona que éste designe. Sus objetivos son: establecer lineamientos y acciones para prevenir la corrupción; facilitar mecanismos de información y rendición de cuentas; crear de una cultura del servicio público sustentada en valores y principios éticos; fortalecer los instrumentos jurídicos para aplicar sanciones efectivas ante conductas irregulares.
La Secretaría Ejecutiva de la CITCC se encarga de dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión y de realizar los informes, estudios, diagnósticos, proporcionar la información y la cooperación técnica que se requiera para el cumplimiento de los objetivos de la CITCC. Además de la Secretaría Ejecutiva, la CITCC ha constituido dos subcomisiones a cargo de impulsar acciones en dos áreas: Análisis de Índices y Mejora de Trámites y la de Seguimiento a Convenciones Internacionales.
La primera de estas subcomisiones tiene por objeto “incidir positivamente en la percepción ciudadana, y aumentar las posibilidades de mejorar la calificación de México en índices nacionales e internacionales de transparencia, corrupción y competitividad”, y la segunda, como su nombre lo indica, se encarga de garantizar el cumplimiento de los lineamientos y recomendaciones de las convenciones internacionales suscritas por el Estado Mexicano; así como de coordinar con los poderes Judicial y Legislativo y con los Estados y Municipios.
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción (2008-2012)
En concordancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008 – 2012 ha llevado a cabo diversas acciones como el blindaje electoral y los programas sectoriales. El primero tiene como objetivo contribuir a fomentar el uso legal y honesto respecto de los programas y recursos del gobierno federal. Los segundos, buscan ser un apoyo para la instrumentación y el seguimiento de aquellos programas que se comprometieron con la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
En el marco del Programa se avanza también en la mejora de los sitios Web institucionales de las entidades gubernamentales, en la promoción de la participación ciudadana y en iniciativas de promoción de la transparencia focalizada en información de gran relevancia para la población, con las cuales se busca fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
Para leer de las estrategias del Programa, haga clic aquí.
Con base en lo establecido en el Artículo 6 de la Constitución Política, en junio de 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) con el objetivo de que todo individuo pudiera acceder a la información en posesión del gobierno.
Esta Ley obliga a que todas las dependencias del Gobierno Federal (alrededor de 250 dependencias) atiendan las solicitudes de información de los ciudadanos. Todas ellas cuentan con una Unidad de Enlace para ese fin. Cada una de las dependencias del Gobierno Federal cuenta con un Comité de Información que determina que la información solicitada no se encuentre bajo la categoría de reservada o confidencial, para que en su caso se otorgue la información solicitada. En caso de que la decisión sea negativa, el ciudadano puede interponer un recurso de revisión ante el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), y éste elabora un dictamen abriendo la información o confirmando la decisión de la dependencia.
La sanción de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en 2002, se implementó tanto en el Distrito Federal como en los Estados federados a un nivel muy extendido. Posteriormente, cada una de las entidades federativas adoptó su propia Ley de Acceso. Actualmente se avanza en la homogeneización de las normativas y criterios para evitar asimetrías en el ejercicio del Derecho de Acceso a la Información
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI)
La creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) en 2003, está contemplada en el Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). El IFAI es una institución que está al servicio de la sociedad, garantizando tanto su derecho de acceso a la información pública gubernamental como la protección de los datos personales que están en manos del gobierno federal. De igual manera, se encarga de resolver las negativas de acceso a la información que las dependencias del gobierno hayan formulado. Se debe destacar que esta Ley faculta al IFAI para vigilar el cumplimiento de lo estipulado en ella y resolver sobre negativas de acceso a la información, únicamente respecto de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF). La Ley señala que tanto los poderes Legislativo y Judicial como los organismos constitucionales autónomos podrán establecer sus propios reglamentos para garantizar su observancia y disposiciones en cuanto a temas de acceso a la información.
El IFAI está integrado por cinco Comisionados quienes ejercen sus atribuciones de manera autónoma e independiente. Algunas de sus funciones son: ofrecer lineamientos en materia de clasificación de la información gubernamental, proteger los datos personales y resolver las quejas que los ciudadanos interpongan en materia de acceso a la información. Los Comisionados se renuevan en distintos periodos (dos cada siete años y tres cada cuatro), con el fin de que los ciclos de desempeño y renovación conserven la experiencia acumulada de parte de sus miembros y se asegure la incorporación periódica de nuevos integrantes.
El Comisionado Presidente es quien preside el IFAI, y además de ejercer las funciones que le son propias, ejerce también la representación legal del Instituto y es el enlace entre el órgano de dirección y la estructura ejecutiva del IFAI.
Los Comisionados del IFAI cuentan con el apoyo de la Secretaría de Acuerdos y la Secretaría Ejecutiva. La primera, tiene la función de apoyar al Pleno y a los Comisionados en los criterios de clasificación de la información gubernamental; la segunda, tiene la función de apoyar en la coordinación y vigilancia de las entidades de la Administración Pública Federal en diversos temas: los programas de capacitación a los servidores públicos del gobierno federal, en la ejecución de políticas y programas del IFAI, las relaciones institucionales con otros poderes, los organismos constitucionales autónomos y los gobiernos locales y municipales.
En México existen diversas iniciativas e instituciones que desde el ámbito público y académico buscan fomentar la participación de la ciudadanía en el control y la vigilancia de los actos gubernamentales algunas de estas iniciativas son las siguientes:
La Contraloría Social tiene su sustento legal en la primacía de los derechos constitucionales a la información, de petición y de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos:
Par exigir responsabilidad al gobierno también existe el control formal, tanto la vigilancia de un poder hacia otro como el control interno realizado a través de auditorias y fiscalizaciones y por medición de resultados. El control social activa el control formal al emitir observaciones y presentar quejas o denuncias que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoria, rediseño de programas y servicios y sancionar a los responsables del manejo irregular de recursos. Por tanto, la contraloría social es un mecanismo que contribuye a que la gestión gubernamental se realice en términos de transparencia, eficacia y honradez.
Con el apoyo del IFAI, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) implementó un sistema de participación ciudadana en el sistema de transparencia y rendición de cuentas del gobierno por medio de un Comité Externo de Evaluación. Este órgano tiene como función evaluar las actividades del CIDE y está compuesto por 7 investigadores elegidos por el Consejo Directivo. El CIDE tiene un órgano de control interno que cuenta con un área de auditoría, control, evaluación y apoyo al buen gobierno y otra de responsabilidades y quejas. El órgano de control interno del CIDE depende jerárquica y funcionalmente de la Secretaria de la Función Pública (SFP).
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tiene como funciones evaluar la Política Nacional de Desarrollo Social y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. La creación del CONEVAL obedece a la necesidad de que el gobierno cuente con un organismo que tenga la capacidad técnica para generar información sobre la pobreza y la política social y que sea útil para la toma de decisión en los programas gubernamentales y para su mejoramiento.
El Comité Directivo es el órgano de gobierno del CONEVAL, el cual está compuesto por 6 investigadores que son elegidos democráticamente por convocatoria pública. Dichos investigadores tienen a su cargo la coordinación con otras entidades a cargo del desarrollo social y la administración del Consejo. Los diferentes informes de evaluación realizados por el CONEVAL contribuyen con la rendición de cuentas del gobierno federal y emiten recomendaciones para mejorar el desempeño de la política de desarrollo social.
Resultados de las Prácticas de Transparencia en México
México ha logrado importantes avances en la promoción de la transparencia en la administración pública; una muestra de esto es la creación de instituciones que gozan de autonomía y credibilidad, como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), cuyos esfuerzos han sido claves para promover la rendición de cuentas entre diferentes entidades de la Administración Pública Federal y son un referente para el desarrollo de mecanismos y políticas de acceso a la información pública en otros países de la región.
Para continuar con estos esfuerzos en favor de la transparencia en la administración pública, la Secretaría de la Función Pública (SFP), ha promovido diversas publicaciones que buscan difundir y promover un amplio debate entre especialistas y académicos con líneas de investigación ligadas a la temática de la transparencia y la rendición de cuentas.
En agosto de 2009, se presentó el documento titulado “La rendición de cuentas en México: perspectivas y retos” en el que se analizan los retos fundamentales de la rendición de cuentas en México. En febrero de 2010, el titular de esta Secretaría, presentó el documento titulado “La Rendición de Cuentas en México: Diseño Institucional y Participación Ciudadana,” en el que se analizan las prácticas de los diferentes tipos de rendición de cuentas y su relación con la transparencia. De igual manera, en el documento se señala el impacto social que han tenido los sistemas de transparencia en el país y los obstáculos legales e institucionales que impiden su desarrollo.
En julio de 2011, se presentó el documento titulado “Gestión Pública y Rendición de Cuentas: ¿Un enfoque basado en cumplimiento a uno basado en resultados?” en el que se busca exponer una visión más amplia acerca de la rendición de cuentas vista como una vivencia diaria de los funcionarios que integran la gestión pública y que se enfrentan además a los esquemas tradicionales, como las jerarquías o las auditorías, a sistemas de indicadores, sistemas de evaluación del desempeño y presupuestos con base en resultados.
Sistema Nacional e–México
El Proyecto e-México fue anunciado durante la toma de posesión del Presidente Vicente Fox en el año 2000. Este es un proyecto federal a través del cual se que ejecutan políticas para promover la sociedad de la información y el cierre de la brecha digital. El proyecto esta bajo la responsabilidad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y su objetivo principal es contribuir a reducir la brecha digital garantizando el acceso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en diferentes zonas del país, especialmente las más necesitadas.
El 12 de marzo de 2001, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes convocó a los académicos, investigadores, instituciones públicas y privadas, Cámaras, Asociaciones, trabajadores del Sector Comunicaciones y Transportes, así como al público en general, a participar en el Foro de Consulta Ciudadana para el desarrollo del Sistema Nacional e-México.
Una de las principales líneas de acción del Proyecto e-México fue instalar una red de 7,200 puntos de acceso a las TIC en la mayor parte del territorio nacional. A estos puntos de acceso se les conoce como Centros Comunitarios Digitales (CCD), estos fueron instalados por distintas entidades del gobierno federal como el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), entre otros.
El Portal de e-México es el canal de comunicación que integra, a través de una ventana única y de manera armónica, las cuatro vertientes iniciales del Sistema Nacional e-México (e-Aprendizaje, e-Salud, e-Economía y e-Gobierno), permitiendo también el acceso a los servicios provistos por las administraciones públicas federales, estatales y municipales. El portal se convertirá en un medio que fomente la participación ciudadana y mejore las relaciones estado – sociedad, sociedad – sociedad, sociedad – estado, de forma ágil, eficiente, transparente y segura abierta las 24 horas del día los 365 días del año. Para lo cual se han identificado como principales objetivos a cubrir los siguientes:
Sumar iniciativas y generar sinergias entre dependencias y organismos de la administración pública federal y organismos e instituciones privadas al permitir en forma dinámica la integración de contenidos, servicios y trámites que aporten valor al ciudadano.
Ofrecer conocimientos, oportunidades y servicios en materia de aprendizaje, salud, economía y gobierno al ciudadano para su desarrollo en sus propias comunidades y ser el promotor del acercamiento de los trámites e información del Estado.
Complementar los servicios tradicionales de correo y telégrafo con las Tecnologías de Información modernas para establecer una forma flexible de comunicación con el ciudadano.
Disminuir la Intermediación al permitir la comunicación directa con las oficinas responsables de realizar los trámites y proveer los servicios.
Elaborar un sistema tecnológico y de contenido social que impacte en el desarrollo integral de la sociedad.
Incorporar a las comunidades más remotas al desarrollo social aprovechando las nuevas tecnologías de telecomunicaciones e informática para hacer llegar servicios básicos de aprendizaje, salud, economía y gobierno.
Ser una ventana de México en el extranjero permitiendo mostrar la cultura y valores de nuestro país a todos los que deseen conocerlo.
Ser el vínculo que permita a los ciudadanos conectarse con portales de la Administración Pública, Institutos y Organismos Públicos y Privados.
Fomentar un Gobierno basado en las tecnologías que permita la creación de oportunidades, elimine barreras y promueva la eficiencia.
Proporcionar la experiencia en implementaciones de proyectos de Internet, para el óptimo desarrollo de un portal de acceso único a contenidos y servicios a través del Portal de portales.
Proporcionar la consultoría basada en las mejores prácticas mundiales en servicios de Gobierno a través de Internet, que ayuden a ampliar la cobertura de servicios básicos del Gobierno a los ciudadanos.
Este programa funciona bajo la coordinación de la Secretaría de la Función Pública y tiene como objetivo principal optimizar las tecnologías de la información y comunicación “para hacer más eficiente la gestión gubernamental proporcionar servicios de mayor calidad y oportunidad a la ciudadanía, transparentar la función pública en todos los ámbitos de gobierno y combatir las prácticas de corrupción”.
Este programa se basa en la implementación de diversas iniciativas dirigidas a facilitar los trámites que se realizan en oficinas gubernamentales, dentro de estas iniciativas se destacan las siguientes:
Este sistema es operado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y a través del mismo cualquier persona puede llenar el formulario de solicitud de información a cualquier entidad de la Administración Pública Federal e introducirla por el mismo medio. En el 2008, el Sistema sustituyó al Sistema de Solicitudes de Información (SISI), ofreciendo una mejor sección de consulta de solicitudes y el primer paso para estandarizar el acceso a la información en México; existen sistemas INFOMEX de Estados, Municipios u otros sujetos obligados que no comparten información entre ellos.
El Portal Ciudadano, administrado por la Unidad de Gobierno Digital (UGD) de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Se trata de una página virtual que tiene como objetivo facilitar el acceso a servicios que provee el gobierno mexicano. Se publica toda la información referente a los servicios y procedimientos de las entidades que conforman la Administración Pública.
Esta iniciativa ha recibido dos premios, uno internacional: el Stockholm Challenge Award 2003/2004 (premios que se otorgan en Suecia a las mejores iniciativas de Tecnologías de la información a nivel mundial), y otro nacional: el Premio Innova.
A través de este portal se facilita información al público a cerca de todos los productos, servicios y trámites de la Administración Pública Federal. Este portal electrónico ha sido un medio importante para la promoción de la “participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas”. El Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal tiene por objetivo:
Brindar información de las distintas dependencias del gobierno del Distrito Federal a los ciudadanos, de manera adecuada y actualizada.
Ofrecer información de utilidad de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos
Establecer el Portal Ciudadano del Gobierno del Distrito Federal como punto de referencia para la obtención de información de mayor importancia para los ciudadanos.
Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como obra pública y servicios relacionados con la misma (CompraNet)
El CompraNet fue creado y esta a cargo de la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, y tiene como finalidad transparentar y simplificar el procedimiento de contratación de bienes, arrendamientos, servicios y obras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Esta iniciativa consiste en una página Web en la que se publica información sobre las licitaciones gubernamentales de bienes, servicios y obras públicas en todo el Estado.
CompraNet tiene por objetivo:
Contar con mecanismos más ágiles en las dependencias y entidades para los distintos procesos relacionados con las contrataciones gubernamentales.
Facilitar la participación de las empresas en las contrataciones gubernamentales.
Contar con un mecanismo transparente de información para la sociedad, sobre los procesos de compras del gobierno.
Portal e-SAT del Servicio de Administración Tributaria
El Servicio de Administración Tributaria es un órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que vela por la aplicación de la legislación fiscal y aduanera para asegurar la contribución al gasto público. Además, publica información para el diseño y la evaluación de la política tributaria.
El Portal del SAT es una página virtual que facilita el cumplimiento del pago de impuestos y representa un mecanismo para transparentar el procedimiento de pago de las obligaciones tributarias.
Sistema de Formato Electrónico de Presentación de Declaraciones Patrimoniales (DeclaraNetPlus)
La Secretaría de Función Pública está a cargo de este sistema electrónico que permite a los funcionarios de la Administración Pública Federal capturar en línea la información correspondiente a cualquier tipo de declaración patrimonial (inicial, modificación patrimonial y conclusión), suscribirla y enviarla por medio Internet, utilizando la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) en sustitución de la autógrafa.
A. Instrumentos e Iniciativas Internacionales suscritos por México
México firmó la Convención Interamericana contra la Corrupción el 26 de marzo de 1996 y fue ratificada el 27 de mayo de 1997, asimismo es Estado Parte del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC) desde el 2002.
Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Parte, de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción; y
El MESICIC es un instrumento de carácter intergubernamental y permite evaluar a los países en cuanto a la implementación de las disposiciones establecidas en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Del 9 al 11 de diciembre de 2003, se realizó en Mérida, Yucatán, la Conferencia Política de Alto Nivel, donde los países miembros de las Naciones Unidas firmaron la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), también conocida como Convención de Mérida. La Convención de Mérida entró en vigor el 14 de diciembre de 2005. México firmó la Convención el 9 de diciembre de 2003, y fue ratificada por el Senado de la República el 20 julio de 2004.
Los objetivos de la Convención son los siguientes:
Prevenir y combatir la corrupción de manera más eficiente y eficaz.
Facilitar la cooperación internacional y la asistencia técnica, incluida la recuperación de activos.
3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos en Transacciones Comerciales Internacionales (Convención Anticohecho de la OCDE)
La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), también conocida como Convención Anti-cohecho, se firmó en 1997 y entró en vigor el 26 de julio de 1999. Hasta el momento la Convención cuenta con 37 países miembros.
La Convención es un acuerdo internacional a través del cual los países que forman parte establecen medidas para disuadir, prevenir y penalizar a las personas y a las empresas que prometan, den o encubran gratificaciones a funcionarios públicos extranjeros que participan en transacciones comerciales internacionales, como un mecanismo de combate al cohecho. Busca prevenir la comisión de actos de cohecho en transacciones comerciales internacionales de los países signatarios y promueve el establecimiento e imposición de sanciones a servidores públicos, personas, empresas y profesionistas que encubran o participen en un acto de cohecho. A través de ella, se define el delito, la base jurisdiccional, las disposiciones secundarias y la organización de la cooperación mutua entre los estados miembros en asuntos de apoyo y extradición.
México firmó la Convención el 17 de diciembre de 1997 y fue ratificada por el Senado de la República el 22 de abril de 1999.
Informe sobre el progreso de la implementación de las recomendaciones
1) Reporte de Evaluación de México, Fase 1 (2000)
Seguimiento de la implementación de la Convención y recomendación 1997.
2) Reporte de Evaluación de México, Fase 2 (2004)
Informe sobre la aplicación de la Convención de la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, adoptada en noviembre de 1997 por países miembros de la OCDE.
3) Reporte de Evaluación de México, Fase 3 (2011)
Los 34 estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), junto con Argentina, Brasil, Bulgaria, Rusia y Sudáfrica, aprobaron el informe de la Tercera Fase de Evaluación a México sobre la aplicación de la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.
B. Programas de Cooperación con México financiados por Organismos Internacionales
1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
ME-M1030: Transparencia Gubernamental Ver >>
El objetivo del proyecto es aumentar la transparencia y el acceso a la información del sector público en México con el fin de mejorar la competitividad, el entorno de negocios y el Estado de Derecho. El propósito consiste en diseñar un modelo de medición que incentive acciones hacia la transparencia y el acceso a la información gubernamental local integrando tanto las necesidades de las PYMEs como las capacidades del sector público mexicano. El proyecto se divide en cuatro componentes:
Desarrollo del Sistema de Medición de Transparencia
Implementación del Sistema de Medición de Transparencia
Identificación de Buenas Prácticas Gubernamentales de Transparencia y Acceso a Información
Estrategia de Comunicación y Difusión de Resultados
ME-M1038: Estandarización Contable y Transparencia en los Servicios Microfinancieros
Este proyecto tiene por objetivo promover la transparencia en el manejo de la información financiera por parte de las instituciones microfinancieras no reguladas que forman parte de la Red Prodesarrollo. El proyecto apoyará la elaboración de un plan único de cuentas y otros mecanismos para aumentar la transparencia.
ME-T1123: PRODEV: Apoyo Implementación Sistema de Presupuesto por Resultado en Yucatán
En lo que se refiere a la gestión por resultados y transparencia, el Programa de Implementación del Pilar Externo del Plan de Acción a Mediano Plazo para la Efectividad en el Desarrollo (PRODEV) es una iniciativa del BID, que busca fortalecer el proceso presupuestario a través del mejoramiento del análisis, programación, priorización, asignación – ejecución, monitoreo y evaluación de los recursos del Estado.
En los últimos años el gobierno de México ha llevado a cabo una profunda modernización de su proceso presupuestario en tres ámbitos (BID, 2009: 2):
Incorporación del enfoque de presupuesto por resultados
Simplificación de los procesos normativos de la Administración Pública Federal
El enfoque de presupuesto por resultados busca vincular el gasto público con indicadores de cumplimiento de las metas presupuestarias. “Para ello se ha adoptado una nueva metodología para mejorar la definición de las actividades institucionales, los indicadores de resultados y las metas específicas que se presentan para cada dependencia y entidad” (BID, 2009:2). Esto permite que la sociedad cuente con mayor información sobre el uso de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas de los programas de Gobierno.
ME-T1166: Apoyo al Plan Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción en la Administración Pública Federal de México
Proyecto a cargo de la Secretaría de la Función Pública cuya operación apoyará a México en el diseño de una política de transparencia focalizada, para lo cual se realizarán pruebas piloto en dos organismos públicos.
Proyecto de Modernización Judicial Estatal en Apoyo del Acceso a la Justicia (2004-2011)
El objetivo de este proyecto es apoyar el mejoramiento del desempeño institucional de las judicaturas a nivel estatal por medio del programa crediticio del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS). El préstamo del Banco Mundial, por US$ 30 millones, servirá para apoyar (a) el acceso a la justicia a todos (incluyendo a mujeres, jóvenes y grupos indígenas); (b) el fortalecimiento de las capacidades institucionales; (c) el mejoramiento de la eficiencia de los servicios judiciales; y (d) el aumento de la transparencia judicial.
Proyecto sobre Gestión y Presupuestos Orientados a los Resultados (2008-2013)
A finales de 2008 el Banco Mundial aprobó un préstamo por US$ 17.2 millones al gobierno de México párale Proyecto de apoyo a la gestión y presupuesto para resultados, que busca mejorar la calidad del gasto público y contribuir a que el presupuesto sea una herramienta de buen gobierno. Por medio del proyecto se busca mejorar la gestión pública federal a través del uso de información de alta calidad sobre el desempeño en la toma de decisiones y la creación de mejores prácticas de administración y disciplina fiscal. El proyecto también busca contribuir a que se asignen los recursos de mejor manera, generando mayor transparencia y rendición de cuentas de los presupuestos por parte de funcionarios en diferentes niveles de gobierno.
Reporte de Información sobre México (Country Data Report for Mexico) (Banco Mundial) (1996-2010)
Índice Nacional sobre Corrupción y Buen Gobierno. Resultados (2001, 2003, 2005, 2007 y 2010)
La encuesta explora la experiencia y la opinión pública en los hogares mexicanos. La ONG Transparencia Mexicana realizó la encuesta durante varios años con el objetivo de medir las experiencias y percepciones de las familias mexicanas con respecto a la corrupción en la prestación de los servicios públicos. Esta herramienta se usó con el propósito de medir la frecuencia con que ocurren actos de corrupción en el servicio público; entender las posturas y opiniones domésticas con respecto a la corrupción; identificar un punto de referencia temporal que pudiera registrar los avances alcanzados en la lucha contra la corrupción; y señalar cuáles son las competencias y responsabilidades en función de la corrupción en los servicios públicos y para las entidades federales.
Cultura política de la democracia en México: El impacto de la gobernabilidad (Proyecto de Opinión Pública de América Latina) (2008)
La primera parte contextualiza la encuesta y el tema de construir la democracia estable. La segunda aborda el tema de la gobernabilidad en relación a las siguientes variables: corrupción, crimen, desempeño de gobiernos locales, participación de la sociedad civil y la percepción del desempeño económico. Además, se enfoca en el impacto de la corrupción en el apoyo a la democracia. La tercera parte ve el impacto del crimen en la gobernabilidad y las percepciones de la seguridad personal en México.
Para más informes sobre México, haga clic aquí.
¿Cómo rinde cuentas el gobierno? La arquitectura institucional de la rendición de cuentas en México
Con el fin de analizar el funcionamiento actual de los mecanismos de la rendición de cuentas y los desafíos para superar en cuanto a la vigilancia del desempeño de funcionarios públicos, este estudio abarca varios temas sobre el gasto del gobierno y su impacto en la sociedad mexicana. Cada vez, el estudio va incorporando más los nuevos temas para satisfacer la creciente demanda de la información de los usuarios. Entre las preguntas que se pretenden contestar están:
A quién pedirle cuentas,
Los alcances del juicio oral ante los problemas del proceso penal,
La arquitectura institucional de la rendición de cuentas,
Mejoramiento del desempeño fiscal de los estados.
Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial (2002, 2005)
La Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial evalúa la percepción del sector privado en México. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) la realizó dos veces, en 2002 y en 2005, y se pretende continuar en el futuro, con el propósito de explorar la percepción de los empresarios mexicanos sobre los obstáculos que limitan su desarrollo y de medir la integridad de las instituciones gubernamentales y el grado de transparencia en la prestación de servicios públicos en los tres niveles de gobierno como también la incidencia de los actos de corrupción.
Percepciones de la Corrupción en la Ciudad de México: ¿Predisposición al Acto Corrupto? (2003)
Esta encuesta de opinión pública cualitativa fue realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), el propósito de la encuesta fue analizar la percepción de los habitantes de la ciudad de México sobre la corrupción y entender si en efecto tales percepciones son elementos que pueden predisponer a una persona a cometer actos corruptos o comportarse en ese sentido.
México, después de varios años de "federalismo centralizado", ha experimentado un cambio radical en los gobiernos estatales. Los estados tienen un mayor margen de autonomía para su territorio y población. En los ochentas, México inició los procesos de descentralización de responsabilidades y transferir servicios del gobierno federal hacia los estados. El resultado ha sido múltiple.
Los distintos partidos políticos en varios gobiernos estatales han generado un incremento en los costos de negociación y ha limitado las posibilidades de reajuste y corrección de políticas públicas. Además, los cambios, que han incrementado la capacidad de acción de los estados, todavía no están acompañados de una mejora consistente de los mecanismos de rendición de cuentas y evaluación de la gestión pública a nivel local.
Para solucionar este problema, los integrantes de México Estatal realizaron la construcción de conceptos compartidos sobre rendición de cuentas y calidad de gobierno en el ámbito estatal en México, así como indicadores de los resultados de la acción gubernamental en áreas de política pública específica. La página web sirve como una fuente de información que incluye análisis de varios temas entre los cuales son rendición de cuentas y calidad de gobierno y publicaciones de diagnósticos sobre la gobernabilidad de los estados.
Para ver los datos, haga clic aquí.
Indicadores de la Gobernabilidad en el Ámbito Mundial (Banco Mundial) (2010)
Mediante la aplicación de los Indicadores Mundiales de Gobernabilidad, se estudiaron las seis dimensiones que definen el nivel de gobernabilidad más de 200 países alrededor del mundo, entre los años 1996 y 2010. El estudio recogió las opiniones de expertos sobre la gobernabilidad en el sector público, sector privado y organizaciones no gubernamentales, así como las de miles de ciudadanos y firmas privadas encuestadas en todo el mundo.
Índice de Percepción de la Corrupción (2011)
De los 180 países incluidos en el estudio, México ocupa el lugar 100 y tiene una puntuación de 3. Nueva Zelandia quedó en primer lugar con 9,5 y Somalia tiene la percepción más baja con 1.
Índice de Fuentes de Soborno (Bribe Payers Index) (2011)
El Índice de Fuentes de Soborno es una herramienta única captura el lado de la oferta del cohecho internacional, centrándose concretamente en los sobornos pagados por el sector privado.
El Índice de Fuentes de Soborno 2011 es la quinta edición del índice, clasificando a 28 de las mayores economías del mundo, de acuerdo a la probabilidad de que las empresas de estos países para sobornar cuando hacen negocios en el extranjero.
Se basa en los resultados de la Encuesta sobre Fuentes de Soborno 2011 de Transparencia Internacional. Se encuestó a 3,016 altos ejecutivos de empresas en 30 países de todo el mundo por su percepción de la probabilidad de que las empresas, de los países con los que tienen relaciones comerciales, para realizar soborno cuando hacen negocios en su país.
México ocupó el lugar 26 con una calificación de 7.0, mientras que Holanda junto con Suiza ocuparon el primer lugar con una calificación de 8.0.
Informe Latinobarómetro de la Corrupción (2011)
En cuanto a la corrupción, la percepción de México del progreso en la reducción de la corrupción quedó 7 puntos arriba del promedio de 48. En primer lugar se ubicó Colombia con una puntuación de 63 y El Salvador con el menor puntuación de 29.
Global Integrity Report (Reporte de Integridad Global) (2011)
Para leer el reporte de México, haga clic aquí.
Democracia, Mercado y Transparencia (2010) (Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina) (CADAL) (2010)
Para la elaboración de este informe se utilizan los datos que presentados en las ediciones 2010 de las siguientes publicaciones: Freedom in the world de Freedom House, Index of Economic Freedom de The Heritage Foundation, de Wall Street Journal, y el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparency International.
En total, 10 países latinoamericanos mejoraron su posición en el ranking global, 9 retrocedieron y uno –Brasil- se mantuvo igual. Precisamente Perú subió dos posiciones, superando al gigante sudamericano. Sin embargo, lo más llamativo son los retrocesos de varios países de América Latina en el ranking global.
Con base en lo anterior, el ranking significa que México, en términos de democracia, mercado y transparencia, es el país ubicado en el puesto 65º de los 169 países en el índice.
El estudio fue realizado por la Unidad de Políticas Comparadas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2007. Es un documento que permite comparar las acciones en torno a la lucha contra la corrupción en los países de la región. Es un conjunto de investigaciones.
El Barómetro Global de la Corrupción es una de las principales herramientas que emplea Transparencia Internacional (TI) para medir la corrupción y se basa en una encuesta de más de 59 mil personas en 62 países. Este barómetro aborda la percepción del ciudadano medio frente a la corrupción e indica la forma y el alcance de este fenómeno desde su punto de vista.
México quedó como uno de los países donde entre 16 y 40% de los ciudadanos encuestados pagaron algún soborno durante los últimos 12 meses. De nuevo, México quedó como un país donde entre 51 y 70% de los encuestados dicen que la corrupción afecta a la vida política en gran medida.
The Measurement and Impactof Corruption Victimization: Survey Evidence from Latin America (Escala de victimización de la corrupción) (2006) (Vanderbilt University)
Governance Assessment Portal (GAP) (PNUD)
Tiene como objetivo ser un centro de información y un valioso punto de entrada en las evaluaciones de gobernabilidad democrática. El Portal está financiado y gestionado a través de la ventana global del PNUD Programa Mundial sobre las evaluaciones Gobernabilidad Democrática. Su objetivo es proporcionar al personal del PNUD, las contrapartes nacionales y la comunidad en general de los interesados con información sobre:
Herramientas para evaluar la gobernabilidad.
Las iniciativas existentes para medir la gobernabilidad democrática a nivel nacional, nivel regional y mundial.
Cómo medir la gobernanza en relación con a las áreas específicas de gobierno, tales como la corrupción o el gobierno local.
Cómo utilizar los indicadores mundiales más correctamente.
Oportunidades para conectarse y compartir conocimientos con otros profesionales y expertos.
Es una red virtual que recibe y sistematiza información sobre acceso a la información presentando buenas prácticas, lecciones aprendidas, estrategias y tácticas de campaña, así como la redacción e implementación de leyes sobre el acceso a la información de varios países.
De esta manera, este portal sirve como un punto de referencia para conocer mejor las experiencias de diferentes países y hacer un intercambio de las mismas.
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Observación y Monitoreo de los Poderes del Estado
Alianza Cívica nació en 1994 y ha pugnado por la transparencia y el acceso a la información en los diferentes órdenes de gobierno. Luchó por la democracia durante el proceso de transición entre el fin del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el comienzo del gobierno del Partido Acción Nacional (PAN). Además, ha apoyado la experiencia de sistematización de experiencias de vigilancia ciudadana de obras públicas locales.
Cuenta con proyectos y programas en tres áreas principales: participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas, y seguridad ciudadana y transformación de conflictos. Además, realiza diversas publicaciones y conferencias sobre diversas temáticas.
Entre 2002 y 2003, ejecutaron el proyecto “Adopta un diputado,” dando seguimiento a la eficacia legislativa de los diputados federales por medio del monitoreo de distintas acciones. Durante 2004, presentó un conjunto de propuestas de reforma al reglamento interno de la Cámara de Diputados para garantizar el acceso a la información y facilitar el monitoreo ciudadano de los trabajos legislativos (Olvera, 2009:56).
Fundar es una institución dedicada al monitoreo de las políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada. Por medio de sus análisis y reflexiones busca modificar la hechura del presupuesto público y crear conciencia para que las políticas y los proyectos se enfoquen en los grupos marginados.
Durante el sexenio de 2000 – 2006, llevaron a cabo un balance del gobierno en el ámbito del presupuesto público y la transparencia del Poder Legislativo (Olvera, 2009:58). Actualmente cuenta con diferentes proyectos:
Monitoreo y vínculo del Poder Legislativo: proyecto que busca que la sociedad civil incida en las decisiones del Congreso.
Subsidios al campo: Busca conocer datos oficiales sobre los padrones de beneficiarios de subsidios agrícolas en México.
Índice Latinoamericano de transparencia presupuestaria: Busca generar conocimiento para comprender el proceso presupuestario a fin de hacerlo más transparente y sensible a las necesidades de los grupos más necesitados.
Esta organización, creada en el 2003, se enfoca en las siguientes áreas: investigación y capacitación en las políticas públicas, desarrollo social y derechos humanos; la promoción del diálogo, la coordinación y apoyo de las políticas públicas dentro de las organizaciones de la sociedad civil; la promoción de la democracia. Ha desarrollado diversos proyectos, entre ellos, un Observatorio de Derechos Humanos y Política Social, promoviendo de esta manera la contraloría social desde el ámbito civil.
Lupa Ciudadana, creada en el 2006, es una iniciativa que surgió a partir de las inquietudes de diversos académicos y organizaciones civiles respecto al desconocimiento del ciudadano de las acciones de sus autoridades en los diferentes niveles. En este sentido, Lupa Ciudadana es un portal que proporciona información sobre el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. De igual manera, realiza un seguimiento de las propuestas de los candidatos (a diferentes puestos de gobierno) durante las elecciones.
La iniciativa busca que el ciudadano pueda contar con la información para exigirle cuentas a los servidores públicos y para conocer las propuestas de los diferentes candidatos durante los periodos electorales.
Observación y Monitoreo de Políticas Sociales
Desarrollo Educación y Cultura Autogestionarios (DECA Equipo Pueblo)
El DECA es una asociación civil fundada en 1977. Desde su creación hasta la fecha, se ha enfocado en diferentes líneas de trabajo y actividades, tales como el apoyo a las organizaciones sociales que se conformaron a partir de la actuación de las Comunidades Eclesiales de Base (CEB), el apoyo de experiencias piloto de desarrollo comunitario y la incidencia en el diseño y la ejecución de las políticas públicas.
En el área de transparencia, DECO realiza diversas acciones, tales como documentos sobre los avances que se han hecho en México en el tema de rendición de cuentas, convenios de colaboración con organismos del gobierno (como el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI)), instituciones académicas y otras ONG.
Observatorio Ciudadano (OCE) es una asociación civil fundada en 1998 con el fin de analizar y criticar la política educativa y, de esa manera, exigir a las autoridades responsables mayor esclarecimiento en cuanto a sus políticas y acciones.
OCE realiza diagnósticos e investigaciones respecto de las políticas educativas y difunde diversas publicaciones sobre la educación en México. De igual manera, busca abrir espacios de diálogo e intercambio de información con las autoridades educativas, demandando el cumplimiento de sus metas y discutiendo asuntos relacionados con la educación nacional para forjar propuestas conjuntas.
El Observatorio de Política Social y Derechos Humanos está integrado por un Grupo Técnico y un Consejo Ciudadano. El primero se informa de sistematizar información sobre políticas sociales federales; el segundo, está conformado por un grupo de académicos y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que proporcionan bases teóricas, conceptuales y metodológicas para orientar el trabajo del grupo técnico.
El Observatorio realiza actividades de control, monitoreo y vigilancia de diversas políticas sociales, abarcando temas como la salud, alimentación, educación, trabajo, vivienda y programas de combate a la pobreza. Para lo anterior, utiliza un Sistema de Indicadores de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (SIDESC). Este sistema permite contar con indicadores de salud, alimentación, trabajo, entre otros, así como con indicadores macroeconómicos e internacionales.
En suma, el Observatorio busca promover la perspectiva de los derechos humanos en el diseño de las políticas sociales, elaborar informes sobre el estado de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el país y proporcionar información a los ciudadanos para que puedan acceder a los beneficios de los programas sociales y exigir sus derechos.
CIMTRA, constituida en el 2002, es una iniciativa ciudadana implementada por organizaciones civiles con el fin de medir y procurar la transparencia en los gobiernos locales.
Para medir la transparencia en el gobierno local, CIMTRA hace uso de tres indicadores: la información ciudadana, la atención ciudadana y los espacios de comunicación gobierno – ciudadanos. Esta herramienta comprueba el grado de transparencia y acceso a la información a través de hechos y acciones.
La ejecución de CIMTRA es realiza por ciudadanos y el programa no tiene costo alguno, el único requisito es que el municipio acepte contribuir a la transparencia en su municipio. La aplicación de la herramienta tarda alrededor de 15 días, después de los mismos, CIMTRA se encarga de dar una serie de recomendaciones al municipio para mejorar su gestión en torno a la transparencia. El índice de transparencia municipal de CIMTRA ha sido aplicado por diversos municipios.
México Evalúa es un centro de análisis de políticas públicas que busca elevar la eficacia y la calidad de la gestión gubernamental, a través de estudios que ofrecen propuestas para mejorar las políticas en diversos ámbitos. Los temas sobre los cuales trabaja la organización son seguridad pública, reforma política y gasto público.
En el artículo 6 se establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”.
El 20 de julio de 2007 se publicó un Decreto con el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 6 de la Constitución, el cual establece que “la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia.” Además, estas instituciones “deberán contar con sistemas electrónicos para que cualquier persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información y de los procedimientos de revisión a los que se refiere este Decreto, a más tardar en dos años a partir de la entrada en vigor del mismo.”
Se establece en el Libro II, Título X (Artículo 212-224) “Delitos Cometidos por Servidores Públicos”. Entre otros delitos, sanciona el abuso de autoridad, el uso indebido de atribuciones y facultades, la concusión, la intimidación, el cohecho, el peculado y el enriquecimiento ilícito.
La Ley tiene por objeto establecer las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. La Administración Pública Centralizada está integrada por la Presidencia de la República, las Secretarias de Estado, los Departamentos Administrativos y la Consejería Jurídica. Por su parte, la administración pública paraestatal está compuesta por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los fideicomisos.
Esta ley es aplicable a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. Esta Ley también se aplica a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo.
Esta Ley reglamenta la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con respecto a las adquisiciones y arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios, que realicen:
“Las unidades administrativas de la Presidencia de la República; las Secretarías de Estado y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal; la Procuraduría General de la República; los organismos descentralizados; las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el gobierno federal o una entidad paraestatal, y las entidades federativas, los municipios y los entes públicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales, conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicación de la presente Ley los fondos previstos en el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal”.
Esta Ley reglamenta la aplicación del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a las contrataciones de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas. Para los efectos de esta Ley, se entienden por obras públicas los trabajos que tengan como objetivo “construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles”.
Por otra parte, se consideran como servicios relacionados con las obras públicas, los trabajos cuyo objetivo sea “concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las acciones que regula esta Ley; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones”.
Esta Ley reglamenta el título IV Constitucional con respecto a:
1) Los sujetos de responsabilidad en el servicio público
2) Las obligaciones en el servicio público
3) Las responsabilidades y sanciones administrativas en el servicio público
4) Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar dichas sanciones
5) Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del procesamiento
penal de los servidores públicos que gozan de fuero
6) El registro patrimonial de los servidores públicos.
Esta Ley es aplicable a los servidores públicos mencionados en el párrafo primero y tercero del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos económicos federales
Esta Ley tiene como objetivo “establecer las bases para la organización, funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional de Carrera en las dependencias de la Administración Pública Federal Centralizada”. Las entidades del sector paraestatal tienen pueden establecer sus propios sistemas de servicio profesional de carrera tomando como base los principios de esta Ley.
El Prontuario es un compendio de la legislación relacionada con la Secretaría de la Función Pública. Se estructura tomando en cuenta la jerarquía normativa de los ordenamientos, a saber: disposiciones constitucionales, leyes, tratados, reglamentos, decretos, acuerdos, convenios, bases, programas, circulares, normas y manuales.
La Secretaría de la Función Pública realiza el control, la vigilancia, fiscalización y evaluación del ejercicio del gasto público federal; realiza auditorías y evaluaciones a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; investiga los actos, omisiones o conductas de los funcionarios públicos y también recibe y registra, en el ámbito de su competencia, las declaraciones de situación patrimonial de los mismos. Esta Dependencia también se encarga de establecer acciones que propicien la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, y el acceso a la información.
Se aplica a la Secretaría de la Función Pública
El marco legal a nivel nacional
Aquí se encuentra el marco normativo existente en México sobre el acceso a la información pública: normas constitucionales, leyes, decretos, reglamentos sobre el acceso a la información.
En el artículo 6 del capítulo I (los Derechos Humanos y sus Garantías) se garantiza el derecho de acceso a la información. Los Estados y el Distrito Federal se rigen por los principios y bases con sus fracciones en el ámbito de sus respectivas competencias.
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública gubernamental
Según la Constitución, el derecho a la información se garantiza por el Estado y es sobre la base de este respaldo constitucional que se dictó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Se establece con la finalidad de proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y cualquier otra entidad federal. Y toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala. El artículo 13 señala las calificaciones de las informaciones reservadas y confidenciales, los cuales dan excepciones a la entrega de información.
Las disposiciones de este reglamento tienen por objeto proveer en la esfera administrativa, que para la correcta ejecución y cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México. Es necesario expedir disposiciones de orden administrativo relativas a la integración y funcionamiento de las instancias de información de los sujetos obligados, así como las correspondientes al procedimiento de acceso a la información pública.
Se dictan las obligaciones de los servidores públicos y sus obligaciones a dar a publicidad sus actuaciones, sea de oficio o a solicitud de persona interesada (capítulo I). De igual manera, protege los datos personales para evitar que la divulgación de la información se afecte la privacidad de las personas (capítulo III).
Decreto 1172 03 (A favor del acceso a la información pública)
Este decreto garantiza a toda persona la posibilidad de solicitar y recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna de todos los órganos que conforman el Poder Ejecutivo Nacional, de las empresas prestatarias de servicios públicos, de aquellas que reciban subsidios, o de los entes públicos no estatales.
Establece, asimismo, la gratuidad para el acceso, los plazos para contestar, y las acciones que las personas u organizaciones pueden emprender en caso de las negativas. La regla es la publicidad de la información y el secreto es la excepción. Sólo en casos muy específicos y debidamente señalados en el decreto, los funcionarios pueden no brindar la información solicitada.
Instituciones encargadas de hacer cumplir el derecho de acceso a la información Pública
Establecido en el Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública gubernamental esta institución está encargado de garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental, proteger datos personales de los estados que están en manos del gobierno federal y resolver sobre las negativas de acceso a información que las dependencias o entidades del gobierno federal hayan formulado.
El Instituto está integrado por cinco comisionados nombrados por el Ejecutivo Federal, existiendo para la Cámara de Senadores la facultad de objetar sus nombramientos. Los comisionados sólo pueden ser removidos de sus funciones cuando transgredan en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución y en la Ley de Información, cuando por actos u omisiones se afecten las atribuciones del Instituto, o cuando hayan sido sentenciados por un delito grave que merezca pena corporal. Deliberan en forma colegiada y toman sus resoluciones por mayoría de votos. El pleno del cuerpo no está subordinado a autoridad alguna, por lo que adopta sus decisiones con plena independencia. Su mandato es por siete años sin posibilidad de reelección, y durante el mismo no podrán tener ningún otro empleo, salvo en instituciones docentes, científicas o de beneficencia. Cabe señalar que con la finalidad de establecer un sistema de renovación escalonada de los comisionados, para la primera integración se previó que tres de ellos fueran designados por un período de cuatro años, y los otros dos por siete años, de tal manera que en los ciclos de desempeño y renovación del Pleno del IFAI se conserve la experiencia acumulada de parte de sus miembros.
El IFAI es presidido por un Comisionado, elegido por sus colegas por un período de dos años, con posibilidad de una reelección. El Comisionado Presidente, además de sus funciones propias como miembro del Pleno del Instituto, ejerce la representación legal del Instituto.
Institutos Estatales de Acceso a la Información de México
Aparte de la Ley Federal, México cuenta con leyes Estatales de Acceso a la Información Pública y sus propias instituciones en el nivel estatal. El caso de México se destaca por su diseño institucional y sus normas en el ámbito federal y estatal. Los estados han incorporado el tema de acceso a la información pública de manera paralela a ley federal. Cada Estado tiene Institutos y leyes distintos basados en la Constitución y las leyes federales, compartiendo el fin de garantizar el acceso a la información pública.
Las Comisiones e Institutos y las leyes estatales son las siguientes:
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Aguascalientes Ver>>
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la información Pública para el Estado de Baja California Ver>>
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California Sur Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado de Baja California Sur Ver>>
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche Ver>>
Instituto de Acceso a la Información Pública de la Administración Pública Estatal de Chiapas Ver>>
Ley que Garantiza la Transparencia y el Derecho a la Información Pública para el Estado de Chiapas Ver>>
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública Ver>>
Ley de Transparencia a Acceso a la información Pública del Estado de Chihuahua Ver>>
Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública Ver>>
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila Ver>>
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Colima Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima Ver>>
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal Ver>>
Comisión Estatal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de Durango Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Durango Ver>>
Instituto de Acceso a la Información Pública de Guanajuato Ver>>
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios del Estado de Guanajuato Ver>>
Instituto de Transparencia y Acceso a la información Pública del Estado de Guerrero Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Guerrero Ver>>
Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental del Estado de Hidalgo Ver>>
Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco Ver>>
Ley de Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios Ver>>
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios Ver>>
Instituto para la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo Ver>>
Reglamento Interior de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del estado de Michoacán de Ocampo Ver>>
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística Ver>>
Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos Ver>>
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit Ver>>
Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León Ver>>
Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca Ver>>
Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla Ver>>
Comisión Estatal de Información Gubernamental de Querétaro Ver>>
Ley Estatal de Acceso a la Información Gubernamental en el Estado de Querétaro Ver>>
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Quintana Roo Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo Ver>>
Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí Ver>>
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa Ver>>
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa Ver>>
Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora Ver>>
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora Ver>>
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco Ver>>
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Tamaulipas Ver>>
Ley de Información Pública del Estado de Tamaulipas Ver>>
Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala Ver>>
Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala Ver>>
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Ver>>
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Ver>>
Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán Ver>>
Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los Municipios de Yucatán Ver>>
Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública de Zacatecas Ver>>
Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas Ver>>
Artículo 19 (La Defensa de la Libertad de Expresión e Información)
Es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión. En la Oficina para México y Centroamérica, el Programa de Acceso a la Información tiene como mandato principal el defender y promover el derecho de acceso a la información Pública en México y Centroamérica.
Las actividades están encaminadas a: 1) intervenir en la mejora de los marcos institucional, políticas públicas y prácticas gubernamentales que obstaculizan su pleno ejercicio de acuerdo a los más altos estándares internacionales; 2) la capacitación y asesoría para su ejercicio y, 3) la sensibilización de actores relevantes sobre su importancia, todo ello con el fin de asegurar su ejercicio para la plena realización de los demás derechos fundamentales. La organización también lleva a cabo un centro de foro “Plataforma de Acción” para fortalecer la libertad de expresión de las todas las personas en Centro América. Los proyectos relevantes incluyen:
1) El costo de la legitimidad: una evaluación de la publicidad oficial en México y su impacto en la libertad de expresión (Enero 2012 a junio 2012):
Junto con FUNDAR—Centro de Análisis e Investigación, trabaja en un proyecto sobre la asignación de la publicidad oficial a los medios de comunicación y su impacto en la libertad de expresión en México. Entre los objetivos del proyecto se encuentran la identificación, a nivel estatal y nacional, de obstáculos y patrones relacionados con violaciones al ejercicio de la libertad de expresión y al derecho de acceso a la información a través de la asignación discrecional o arbitraria de las pautas publicitarias de las instituciones de gobierno, con la intención de proponer alternativas y soluciones para impulsar la asignación de la publicidad gubernamental a través de un marco legal y prácticas que promuevan la equidad y la pluralidad.
2) Índice del Derecho de Acceso a la Información en México (IDAIM):
Es un instrumento de medición que permite hacer comparaciones entre las 32 legislaciones estatales y la Ley Federal y, que muestra, entre otras cosas, el estado del derecho de acceso a la información (DAI) a nivel nacional, el grado de desarrollo específico de cada legislación y su congruencia interna, sus tendencias y rezagos, y que da cuenta del comportamiento legislativo en rubros como la construcción de garantías institucionales, la regulación de procesos o la incorporación de criterios garantistas en la tutela del acceso a la información pública.
Busca medir, por un lado, el desarrollo de las treinta y dos legislaciones de los estados y la Ley Federal en materia de transparencia y acceso a la información en relación con el mandato constitucional y el desarrollo legislativo nacional con base en criterios mínimos de protección del DAI. Por otro lado, el instrumento tiene el propósito de verificar el nivel de desarrollo de estas legislaciones, partiendo del marco de referencia provisto por los instrumentos internacionales de derechos humanos, y los principios y estándares internacionales y nacionales en la materia, así como las mejores prácticas. El valor agregado del índice es precisamente ofrecer un parámetro de medida que fija en el derecho internacional de los derechos humanos el ideal a aspirar.
Para ver los resultados del índice, haga clic aquí. (Este Índice lo elaboraron de manera conjunta con FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación.)
3) Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos en el Distrito Federal:
A partir del ejercicio del derecho de acceso a la información, se construyó la página del Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos en el Distrito Federal, el cual brinda información actualizada sobre la prestación de servicios públicos de la Ciudad de México y sus Delegaciones para promover la participación ciudadana y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. También permite medir el grado de transparencia en cada una de las 16 delegaciones.
4) Rendición de cuentas sobre el funcionamiento de los órganos garantes del DAI (OGDAI) y de los sistemas de sanciones a los incumplimientos del marco legal de la transparencia.
El proyecto consiste en identificar los obstáculos para que los OGDAI lo protejan efectivamente y llevar a cabo acciones de incidencia con base a la información generada para que, en sinergia con la comunidad interesada en la protección del DAI en cada una de las entidades federativas y a nivel Federal, genere un contexto amplio de exigencia a los órganos garantes y a los poderes públicos para fortalecer su independencia y capacidades institucionales. Tiene como propósito principal vigilar a los OGDAI y a los sistemas de sanciones de las leyes de transparencia y exigir que rindan cuentas sobre su desempeño con el fin de asegurar su independencia y efectividad.
Fundar es una institución dedicada al monitoreo de las políticas e instituciones públicas por medio de la investigación aplicada. Creado en enero de 1999, por medio de sus análisis y reflexiones, la institución busca modificar la hechura del presupuesto público y crear conciencia para que las políticas y los proyectos se enfoquen a la vinculación con actores civiles, sociales y gubernamentales. Asimismo, Fundar proporciona capacitación y asesoría a diferentes grupos, con el objetivo de incrementar la participación y el impacto de la ciudadanía en la definición de prioridades del gobierno.
Fundar, bajo el Área de Transparencia y Rendición de Cuentas trabaja con el conocimiento técnico del acceso a la información, transparencia, litigio y rendición de cuentas. Asimismo, busca lograr procesos de control de las instancias públicas, así como la interacción efectiva entre las mismas. El derecho de acceso a la información (DAI) está socializado dentro de la organización y se emplea en los proyectos.
A la fecha (Octubre, 2012) cuenta con diferentes proyectos:
1) Evaluación de la publicidad oficial en México y su impacto en la libertad de expresión (Enero 2012 a junio 2012):
Este proyecto fue realizado conjuntamente con Artículo 19 (Referirse al Articulo 19) mediante el cual se monitorean los recursos que los gobiernos estatales destinan a la publicidad oficial. El objetivo es poder identificar si dichos recursos se ejercen con apego a la ley. A la fecha, el proyecto se encuentra en su tercer año de implementación. En febrero de 2012 se concretó un índice de acceso a los gastos en publicidad oficial.
Tras la investigación, se han llevado a cabo espacios de interlocución con gobiernos en los estados. Derivado del índice, algunos estados han modificado su política de información sobre publicidad oficial, subiendo información a su página o creando mecanismos para la entrega de información. Desde este proyecto, Fundar, junto con otras organizaciones (AMEDI y AMARC), trabaja en la redacción de una iniciativa de Ley para regular y transparentar el uso de la publicidad oficial.
2) Apertura de la información:
Existen varios proyectos para la apertura de la información mediante la reinterpretación de los denominados secretos de Estado (fiscal, fiduciario, bancario y profesional). Con el objetivo de reinterpretar la reserva absoluta del Secreto fiscal (toda la información relacionada con operaciones fiscales se considera reservada) se promovió un juicio de amparo a través de señalamientos del Poder Judicial Ver>>. De igual manera, a la fecha (octubre, 2012) Fundar se encuentra trabajando para acotar el alcance del secreto fiduciario (toda la información relacionada con operaciones fiduciarias se considera reservada) Ver>>.
3) Curul501:
Con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el conocimiento sobre el trabajo parlamentario, Fundar creó la plataforma Curul501 que sirve de una herramienta que permite conocer el funcionamiento, de forma sencilla, de los procesos del poder legislativo y dar seguimiento y opinar sobre las iniciativas de Ley promovidas en el Congreso.
4) Talleres de acceso a la información:
Fundar realiza acompañamiento a diversas organizaciones en materia de acceso a la información mediante la impartición de talleres y asesoría puntual con la finalidad de empoderar a la ciudadanía y difundir el DAI como herramienta para la defensa de otros derechos humanos.
Entre otros proyectos, la institución Fundar trabaja en la protección de otros derechos como la salud y la de los migrantes; y la Transparencia en instituciones financieras internacionales (IFI). Mediante éste último, Fundar busca transparentar los financiamientos dirigidos a temas de desarrollo provenientes de las IFI a fin de transparentar el ejercicio del gasto y sus impactos.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información es una organización social cuyo trabajo incluye promover el ejercicio del derecho a la información, vigilar su aplicación y estimular su debida actualización jurídica a través del cual se espera construir una cultura jurídica. Tiene como objetivo avanzar en la Reforma de los Medios y una nueva relación entre Estados, medios y sociedad como vertiente fundamental en la transición política a la democracia.
Sus programas están dirigidos a cumplir las cuatro líneas estratégicas:
1) Conocimiento: el Derecho de la Información y el marco normativo de la comunicación.
2) Observación y Monitoreo: el cumplimiento del marco normativo.
3) Denuncia: las violaciones a la ley.
4) Propuestas Legislativas: cambios, actualizaciones y mecanismos democráticos para impulsar un Estado de Derecho en el marco de las libertades de expresión e información.
En cumplir estos objetivos, AMEDI realiza conferencias, foros, talleres para y publica ediciones de libros con marco normativo. Asimismo, investiga en materia de la enseñanza del Derecho a la Información en las universidades mexicanas. Boletín Informativo de la Asociación (posteriormente Revista Especializada) sirve como un punto de difundir la información.