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Timestamp: 2019-08-21 21:03:10
Document Index: 42850354

Matched Legal Cases: ['Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 2', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 48', 'Artículo 2', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 35', 'artículo 4', 'artículo 28', 'artículo 177']

ANÁLISIS SOBRE EL FONDO Hechos probados
Sobre las presuntas víctimas
Información disponible sobre el tratamiento por VIH/SIDA en Guatemala con posterioridad al 2006
La Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 establece lo siguiente7:
Artículo 93.- Derecho a la salud. El goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, sin discriminación alguna.
Artículo 94.- Obligación del Estado sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y social.
En julio de 2000 se aprobó el Decreto No. 27-2000 – Ley General para el Combate del Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH y del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida SIDA y de la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos ante el VIH-SIDA8. A continuación se transcriben algunas de las disposiciones relevantes.
Artículo 2.- Objeto de la Ley.
La presente ley tiene por objeto la creación de un marco jurídico que permita implementar los mecanismos necesarios para la educación, prevención, vigilancia epidemiológica, investigación, atención y seguimiento de las Infecciones de Transmisión Sexual -ITS-, Virus de Inmunodeficiencia Humana –VIH- y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida -SIDA-, así como garantizar el respeto, promoción, protección y defensa de los derechos humanos de las personas afectadas por estas enfermedades.
Artículo 35.- De la atención de las personas.
Toda persona con diagnóstico de infección por VIH/SIDA deberá recibir atención integral de inmediato y en igualdad de condiciones con otras personas, para lo cual deberá respetarse la voluntad, dignidad, individualidad y confidencialidad. Ningún trabajador de la salud podrá negarse a prestar la atención que requiera una persona que vive con VIH/SIDA, debiendo tomar las medidas de bioseguridad recomendadas.
Artículo 36.- De los Derechos Humanos en general.
Toda persona que viva con VIH/SIDA tiene los derechos y deberes proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos y en los Acuerdos Internacionales sobre Derechos Humanos suscritos por el Estado de Guatemala, los estipulados en la Constitución Política de la República y los previstos en la presente ley.
Artículo 37.- De la discriminación.
Se prohíbe la discriminación de las personas que viven con VIH/SIDA, contraria a la dignidad humana, a fin de asegurar el respeto a la integridad física y psíquica de estas personas.
Artículo 48.- Derecho a los servicios de atención.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social proveerá servicios de atención a las personas que viven con el VIH/SIDA, que le aseguren consejería, apoyo y tratamiento médico actualizado, de manera individual o en grupo. Esta atención podrá ser domiciliaria o ambulatoria y estará diseñada para atender sus necesidades físicas, psicológicas y sociales. Así mismo, a través del Programa de Accesibilidad a Medicamentos -PROAM-, el Ministerio de Finanzas Públicas y de Economía implementarán un programa que permita a nivel nacional e internacional el acceso a medicamentos antirretrovirales de calidad, a precios accesibles a las personas que viven con el VIH/SIDA.
Asimismo, el 6 de septiembre de 2002 se aprobó el Reglamento del Decreto No. 27-20009. A continuación se copian algunas de las disposiciones relevantes:
Artículo 2.- Urgencia nacional.
Declarado el VIH/SIDA como un problema de urgencia nacional, las instituciones del gobierno deberán apoyar las acciones de atención y prevención que sean necesarias para dar cumplimiento a la vigencia y respeto de los derechos humanos consagrados en los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por Guatemala.
Artículo 31.- Atención a las personas.
El MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL, asegurará que todas sus unidades de salud cuenten con el equipo básico y los insumos necesarios que permitan una atención integral de calidad y que se observen las medidas de bioseguridad universalmente aceptadas. En ningún caso la falta de equipo o insumos puede ser usada como excusa para no proporcionar atención a una persona con VIH/SIDA.
Artículo 32.- Acceso a medicamentos.
En cumplimiento de los artículos 35 y 48 de la Ley, el MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL proporcionará en las unidades que cuenten con la capacidad mínima, atención integral de calidad, incluyendo el acceso a medicamentos antirretrovirales de acuerdo a los Protocolos nacionales de tratamientos de VIH/SIDA. Los Protocolos serán desarrollados y actualizados periódicamente por dicho Ministerio, con la participación y asistencia de organizaciones técnicas, científicas y académicas y la Sociedad Civil. Dichos Protocolos deberán ser aprobados por el Ministerio del Ramo por conducto del PROGRAMA NACIONAL DEL SIDA. Con el propósito de obtener mejor calidad y precios de medicamentos antirretrovirales se conformará una comisión coordinada por el PROGRAMA NACIONAL DEL SIDA con delegados de los Ministerios de Finanzas Públicas, de Economía y del Programa de Accesibilidad a Medicamentos -PROAM- para su compra en los mercados nacionales o internacionales, respetando los requisitos de calidad establecidos por la Dirección de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud del MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL. El Programa de Accesibilidad a Medicamentos -PROAM- podrá distribuir los antirretrovirales a los establecimientos farmacéuticos afiliados que cuenten con personal químico-farmacéutico responsable y bajo la responsabilidad y supervisión de un médico tratante quien deberá extender la receta correspondiente para que el medicamento pueda ser dispensado. El Programa a que se refiere este párrafo no efectuará ventas directas individuales.
Artículo 35.- Asignación.
El MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL transferirá al Programa Nacional del SIDA los fondos asignados para uso exclusivo e implementación de las estrategias y acciones contempladas en la Ley, el cual promoverá su utilización descentralizada en el nivel de áreas de salud, distritos de salud y de la propia comunidad. El Ministerio de Finanzas Públicas asignará y contemplará en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado la partida financiera específica para que el Programa Nacional del SIDA, ejecute en forma sostenida y permanente los programas establecidos para la educación, prevención, vigilancia epidemiológica, investigación, atención y seguimiento de las ITS/VIH/SIDA.
Adicionalmente, el 30 de noviembre de 2005 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) aprobó el Acuerdo Gubernativo No. 638-200510. Dicho acuerdo tiene los siguientes objetivos:
(…) Fortalecer la atención integral de ITS, VIH y sida, con enfoque multidisciplinario, intersectorial, pluricultural y de género, enmarcado en el respeto de los derechos humanos. (…) Controlar la expansión de la epidemia y reducir el impacto negativo de la misma, tanto para las personas afectadas como para su entorno social. (…) Promoción e implementación de acciones orientadas hacia estratos de población más vulnerables y espacios territoriales donde la epidemia se encuentre concentrada identificados a través de estudios e informes periódicos. (…)
El Gobierno de la República de Guatemala se compromete a asignar en el Presupuesto general de ingresos y egresos del estado, la partida presupuestal anual para el fortalecimiento y funcionamiento del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS, VIH y sida y de los programas que otros ministerios y entidades de gobierno tengan como mandato realizar. Además, garantizar, mediante los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes, que se cumplan los compromisos acordados por el Estado para la ejecución del apoyo financiero otorgado por el Fondo Mundial11.
La Comisión recuerda que el presente caso se refiere a la presunta vulneración de derechos en perjuicio de las siguientes 49 personas que viven con VIH/SIDA: Luis Rolando Cuscul Pivaral, Francisco Sop Gueij, Corina Robledo, Petrona López González, Aracely Cinto, Olga Marina Castillo, Israel Pérez Charal, Karen Judith Samayoa, Juana Aguilar, Darinel López Montes de Oca, Luis Rubén Álvarez Flores, Audiencio Rodas, Luis Edwin Cruz Gramau, Martina Candelaria Álvarez Estrada, Maria Felipe Pérez, Sayra Elisa Barrios, Felipe Ordóñez, Santos Isacax Vásquez Barrio, Ismera Oliva García Castañon, Guadalupe Cayaxon, Sandra Lisbeth Zepeda Herrera, Cesar Noe Cancinos Gómez, Santos Vásquez Oliveros, Maria Vail, Julia Aguilar, Sebastián Emilia Dueñas, Zoila Pérez Ruiz, Santiago Valdez, Pascula de Jesús Mérida, Iris Carolina Vicente Baullas, Reina López Mújica, Marta Alicia Maldonado Paz, José Cupertino Ramírez, José Rubén Delgado, Elsa Miriam Estrada, Ismar Ramírez Chajón, Félix Cabrera, Silvia Mirtala Álvarez, Facundo Gómez Reyes, Alberto Quiché Cuxeva, Rita Dubón Orozco, Ingrid Janeth Barillas Martínez, Luis Armando Linares, Mardo Luis Hernández, Jorge Armando Tavárez, Miguel Lucas Vail, Dora Marina Martínez, Melvin Geovanny Ajtún y Teresa Magdalena Ramírez Castro.
Según la descripción de los peticionarios, las presuntas víctimas fueron diagnosticadas con VIH/SIDA entre 1992 y 2003. El Estado no controvirtió esta información.
Los peticionarios presentaron información general y específica sobre la situación de las presuntas víctimas. En cuanto a las circunstancias generales que aplican a todas o a varias de las presuntas víctimas y que no fueron controvertidas por el Estado, se encuentran las siguientes:
Muchas de las presuntas víctimas son personas desempleadas, de escasos recursos económicos y que no viven en Ciudad de Guatemala.
Varias de las presuntas víctimas son cabeza de familia y tienen varios hijos o hijas. Asimismo, varios de los familiares y seres queridos de las presuntas víctimas también tienen VIH/SIDA.
A pesar de solicitar atención médica a centros de salud públicos, incluyendo el acceso a antirretrovirales, no recibieron ninguna asistencia estatal hasta los años 2006 y 2007, con impactos en su salud. Hasta dicha fecha, la mayoría de las presuntas víctimas recibió algún tipo de atención médica por parte de organizaciones internacionales.
Según los peticionarios, para el año 2002, el Ministerio de Salud únicamente entregó medicamentos antirretrovirales a menos del 1% de la población con VIH/SIDA en Guatemala. Al respecto, en junio de 2002 el entonces Ministro de Salud Mario Bolaños declaró que “la falta de recursos es la razón por la que el Ministerio de Salud sólo puede dar cobertura a 27 personas que viven con el VIH/Sida”12. Los peticionarios alegaron y el Estado no controvirtió que dentro de estas 27 personas mencionadas por el entonces Ministro, tampoco se encuentran las presuntas víctimas.
La Comisión recuerda que de acuerdo a la Organización Mundial para la Salud, el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una enfermedad que infecta a las células del sistema inmunitario de una persona, alterando o anulando su función. Por su parte, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los estadios más avanzados de la infección por VIH y se define por la presencia de alguna de infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH13. En relación con el tratamiento para personas con VIH/SIDA, la Organización Mundial para la Salud ha hecho énfasis en la realización de exámenes de carga viral y de recuento de cédulas CD4. Ello a efectos de medir la función inmunitaria, administrar los antirretrovirales correspondientes, evaluar la eficacia del tratamiento y evitar la aparición de resistencia a los medicamentos14.
A continuación la Comisión efectúa una relación sobre la información disponible en cuanto a cada una de las presuntas víctimas, iniciando con las ocho personas fallecidas y continuando con las personas que se encuentran con vida.
Información sobre las presuntas víctimas fallecidas
Los peticionarios señalaron que debido a la falta de atención médica por parte del Estado fallecieron ocho de las presuntas víctimas:
Alberto Quiché Cuxeva, fallecido el 4 de enero de 2001. Los peticionarios señalaron que murió de neumonía sin que se le realizaran exámenes de CD4 y carga viral oportunamente. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios y no aportó ningún sustento documental que indique que recibió atención médica antes de su muerte.
Facundo Gómez Reyes, fallecido el 27 de febrero de 2003. Los peticionarios señalaron que murió por tuberculosis sin que se le realizaran exámenes de carga viral, CD4 y genotipo y fenotipo. Agregaron que durante diez meses la enfermedad pudo ser tratada pero ante la ausencia de tratamiento su deterioro fue cada día peor, hasta necesitar la hospitalización, la cual decidió rechazar pues deseaba morir en su casa. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios aportó ningún sustento documental que indique que recibió atención médica antes de su muerte.
Reina López Mujica fue diagnosticada en 2002 y falleció el 6 de noviembre de 2003. Los peticionarios señalaron que inició atención con Médicos Sin Fronteras en mayo de 2002 y que murió por tuberculosis y anemia aguda producida por antirretrovirales. Indicaron que no se le hizo el examen de genotipo y fenotipo para cambiar el esquema de tratamiento ni, en general, se le hicieron exámenes para determinar su estado de salud. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios y no aportó ningún sustento documental que indique que recibió atención médica antes de su muerte.
Ismar Ramírez Chajón fue diagnosticado en 1996 y falleció en diciembre de 2003. Los peticionarios señalaron que murió por tuberculosis multiresistente. Indicaron que si bien antes de morir sí se hospitalizó en el Hospital Roosevelt, el tratamiento le fue provisto en el IGSS donde, alegan, desarrolló resistencia a los medicamentos. Señalaron que a pesar de esta situación no se le efectuó genotipo y fenotipo los cuales están indicados para responder a la multiresistencia que presentó. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios.
Petrona López González, fallecida en enero de 2004. Los peticionarios señalaron que murió por neumonía. Indicaron que si bien antes de morir estuvo en seguimiento en el centro clínico de San Bernardino, no le realizaron exámenes de carga viral y CD4. Indicaron que momentos antes de fallecer, se encontraba tan débil que no pudo ir al hospital. El Estado no controvirtió esta omisión en los exámenes de la presunta víctima. La Comisión nota que el Estado se limitó a indicar que la señora López tuvo una cita médica el 12 de junio de 2007.
Rita Dubón Orozco, fallecida el 27 de junio de 2006. Los peticionarios señalaron que murió por neumonía sin que se le realizaran exámenes de carga viral, CD4 y genotipo y fenotipo. El Estado no controvirtió esta omisión en los exámenes de la presunta víctima.
Luis Edwin Cruz Gramau, fallecido en enero de 2008. Los peticionarios señalaron que no se le realizaron exámenes de fenotipo y fenotipo. El Estado no controvirtió esta omisión en los exámenes de la presunta víctima.
Maria Vail López fue diagnosticada en 2001 y falleció el 28 de marzo de 2011. Los peticionarios señalaron que el diagnóstico de su enfermedad no fue realizado por el Estado. Señalaron que no se realizaron los exámenes de CD4 y carga viral con regularidad, lo cual le provocó diversas enfermedades oportunistas, tales como dermatitis, otitis e histoplasmosis. El Estado no controvirtió esta omisión en los exámenes de la presunta víctima. El Estado se limitó a indicar que el estado de salud de la señora Vail era bueno que acudía regularmente a sus citas médicas. La Comisión nota que el Estado sostuvo que su última visita médica fue el 21 de diciembre de 2011.
Información sobre las presuntas víctimas que se encuentran con vida
Los peticionarios señalaron que las restantes 41 presuntas víctimas sobrevivientes no recibieron atención por parte del Estado hasta el año 2006. Agregaron que la atención que recibieron con posterioridad a dicha fecha no ha sido integral. Dicha información no ha sido controvertida por el Estado mediante documentación que indique lo contrario. Más bien, esta información resulta coherente con el reconocimiento general del Estado que indica que antes de dicho año ofreció atención a un grupo mínimo de la población con VIH/SIDA. Los peticionarios indicaron que con posterioridad las presuntas víctimas han recibido atención médica deficiente, lo cual incluye la falta de toma de exámenes, la falta de acceso a medicamentos debido al desabastecimiento periódico de los mismos, entre otras irregularidades. A continuación la CIDH recapitula la información aportada por las partes respecto de cada una de las presuntas víctimas que se encuentran con vida:
Luis Rolando Cuscul Pivaral fue diagnosticado en 1994. Los peticionarios indicaron que el señor Cuscul sufre de lipodistrofia, producto de su condición de persona con VIH/SIDA. Señalaron que a pesar de ello no ha recibido ningún tratamiento por dicha situación. El Estado no controvirtió lo señalado por los peticionarios. Señaló que el señor Cuscul acude a citas médicas en el Hospital Roosevelt y que su estado de salud es bueno.
Luis Rubén Álvarez Flores fue diagnosticado en 2002. Los peticionarios señalaron que no se le han realizado los exámenes de genotipo y fenotipo. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. El Estado indicó que el señor Álvarez acude a citas médicas en el hospital UAI Antigua Guatemala. Reconoció que no se han tomado diversos exámenes, incluyendo la toma de CD4 y carga viral.
Francisco Sop Gueij fue diagnosticado en 2000. Los peticionarios sostuvieron que a partir de 2007 fue llevado al hospital de Coatepeque de forma periódica. Señalaron que no le han realizado diversos exámenes a efectos de prevenir la aparición de enfermedades oportunistas. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Sostuvo que el señor Sop acude a citas médicas en dicho hospital y que su estado de salud es bueno.
Corina Robledo Alvarado fue diagnosticada en 2001. Los peticionarios señalaron que no se le han realizado los exámenes de genotipo y fenotipo. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Sostuvo que la señora Robledo acude a citas médicas en el Hospital Roosevelt y que su estado de salud es bueno.
Aracely Cinto fue diagnosticada en 1997. Los peticionarios indicaron que su tratamiento recién se inició en el año 2007 en el hospital de Coatepeque. Señalaron que no se le ha realizado un examen de carga viral y que los exámenes de CD4 no han sido efectuados de manera regular. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Cinto acude a citas médicas en dicho hospital y que su estado de salud es bueno.
Olga Marina Castillo fue diagnosticada en 2002. Los peticionarios indicaron que está recibiendo tratamiento antirretroviral. El Estado no presentó información sobre su situación.
Israel Pérez Charal. Los peticionarios indicaron que está recibiendo tratamiento antirretroviral. El Estado no presentó información sobre su situación.
Karen Judith Samayoa fue diagnosticada en 2002. Los peticionarios indicaron que está recibiendo tratamiento antirretroviral. El Estado no presentó información sobre su situación.
Juana Aguilar fue diagnosticada en 2000. Los peticionarios indicaron que la señora Aguilar contrajo enfermedades oportunistas tales como herpes, infecciones recurrentes del tracto respiratorio, amigdalitis viral, infecciones bacterianas severas y sarcopiosis. Señalaron que ello se debe a la atención irregular que está recibiendo en el hospital de Coatepeque. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Aguilar acude a citas médicas en dicho hospital y que su estado de salud es bueno.
Darinel López Montes de Oca. Los peticionarios señalaron que ha presentado diversas enfermedades oportunistas debido a que los exámenes de CD4 y carga viral no han sido regulares. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor López acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Audiencio Rodas fue diagnosticado en 2001. Los peticionarios indicaron que contrajo enfermedades oportunistas como eucoplasia oral vellosa, neumonía bacteriana severa y herpes zoster. Indicaron que ello se debe a la atención irregular que está recibiendo en el hospital de Coatepeque, incluyendo la falta de exámenes de CD4 y carga viral. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Rodas acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Martina Candelaria Álvarez Estrada fue diagnosticada en 2002. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Indicaron que ello generó que la señora Álvarez contraiga enfermedades oportunistas tales como neuropatía, artraiga y diarrea. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Álvarez acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Maria Felipe Pérez fue diagnosticada en 2001. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Pérez acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Sayra Elisa Barrios fue diagnosticada en 2002. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvo que la irregularidad en la atención recibida en el hospital Coatepeque ha provocado diversas enfermedades oportunistas. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Barrios acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Felipe Ordóñez fue diagnosticado en 2002. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Indicaron que ello generó que el señor Ordóñez contraiga enfermedades oportunistas tales como problemas del hígado, sordera leve, diarrea agua y desnutrición grado II, alergias y granos en la boca. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Ordóñez acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Santos Isacax Vásquez Barrio fue diagnosticado en 2003. Los peticionarios señalaron que nunca le han realizado exámenes de carga viral y su último examen de CD4 fue en septiembre de 2007. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como sífilis, neurosífilis, parásitos, fiebre, diarrea con sangre, tos, vómitos con flema blanca, afonía leve, faringitis, herpes zoster y micosis cutánea. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Vásquez acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Ismera Oliva García Castañon fue diagnosticada en 2003. Los peticionarios indicaron que no se le han realizado los exámenes de genotipo y fenotipo. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora García acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Guadalupe Cayaxon fue diagnosticada en 2002. Los peticionarios señalaron que no se le han practicado los exámenes necesarios, lo cual le ha provocado diversas enfermedades oportunistas. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Cayaxon acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Sandra Lisbeth Zepeda Herrera fue diagnosticada en 1999. Los peticionarios indicaron que está recibiendo tratamiento antirretroviral. El Estado no presentó información sobre su situación.
Cesar Noe Cancinos Gómez fue diagnosticado en 2002. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como candidiasis oral recurrente, infección respiratoria superior y diarrea. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Cancinos acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Santos Vásquez Oliveros fue diagnosticado en 2002. Los peticionarios indicaron que no se le han realizado los exámenes de genotipo y fenotipo. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Vásquez acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Julia Aguilar fue diagnosticada en 2002. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como amigdalitis aguda, parásitos, faringitis, diarrea aguda, sarcotiosis, neuropatía, vervicitis moderada, infección urinaria, sinusitis, diarrea, espoleón del coleoneo, enfermedad péptica, neuropatía post hempatías, y obesidad. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Aguilar acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Sebastián Emilia Dueñas fue diagnosticado en 2002. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como candidiasis oral recurrente, infección respiratoria superior y diarrea. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que Sebastián acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Zoila Pérez Ruiz fue diagnosticada en 2002. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como adenopatía cervical, candidiasis vaginal, sarcopiosis, tuberculosis diseminada, amigdalitis, dolor de jiva, herpes, neumonía, neuropatía periférica y micosis en ambos pies. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Pérez acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Santiago Valdez fue diagnosticado en 2002. Los peticionarios señalaron que no ha recibido una atención integral por lo que ha padecido de candidiasis oral, dermatomicosis y manifestaciones micocutáneas menores. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios y no presentó información sobre la situación del señor Valdez.
Pascuala de Jesús Mérida fue diagnosticada en 2001. Los peticionarios señalaron que los exámenes de carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora de Jesús acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Iris Carolina Vicente Baullas fue diagnosticada en 2003. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como aringitis, rash cutáneo, sarcoptiosis, neumonía bacteriana, dolor lumbar, candida vaginal, conjuntivitis, flujo vaginal, osteopenia, colitis, insomnio, neuropatía periférca, cervicitis moderadas y enfermedad péptica. Señalaron que la señora Vicente decidió mudarse a Estados Unidos debido a la falta de atención en Guatemala. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Reconoció que la señora Vicente viajó a Estados Unidos en el año 2007.
Marta Alicia Maldonado Paz fue diagnosticada en 2001. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como papilomatosis vulvar y anal, candidiasis oral y vaginal, papilomatosis oral, tinia pedis, desnutrición grado II e histoplasmosis. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Maldonado acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
José Cupertino Ramírez fue diagnosticado en 2001. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como faringitis, micosis, sífilis y herpes genital. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Cupertino acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Elsa Miriam Estrada fue diagnosticada en 2000. Los peticionarios señalaron que padece neumonía debido a un cambio de esquema en la medicación recibida en el hospital de Coatepeque. Indicó que la irregularidad en la atención ha provocado diversas enfermedades oportunistas. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Estrada acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Félix Cabrera fue diagnosticado en 1996. Los peticionarios indicaron que a partir del año 2002 estuvo recibiendo atención en el IGSS de manera descontinuada, y a que partir del año 2013 se logró acordar la continuidad del tratamiento. El Estado no presentó información sobre la situación del señor Cabrera.
Silvia Mirtala Álvarez fue diagnosticada en 2002. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4, carga viral y genotipo no se han realizado. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas. Sostuvo que su tratamiento en el IGSS se ha visto seriamente afectado por el desabastecimiento de medicamentos, lo cual le ha provocado resistencias a los antirretrovirales. El Estado no presentó información sobre la situación de la señora Álvarez.
Ingrid Barillas Martínez. Los peticionarios indicaron que está recibiendo tratamiento antirretroviral en el hospital Roosevelt. El Estado sostuvo que la señora Barillas acude a citas médicas en dicho centro y que su estado de salud es bueno.
Luis Armando Linares. Los peticionarios indicaron que está recibiendo tratamiento antirretroviral en el hospital Roosevelt. El Estado sostuvo que el señor Linares acude a citas médicas en dicho centro y que su estado de salud es bueno.
Mardo Luis Hernández. Los peticionarios señalaron que los exámenes de fenotipo y genotipo no se han realizado. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Hernández acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Jorge Armando Tavarez. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como meningitis por criptococo, tuberculosis pulmonar, visión borrosa, candidiasis oral, síndrome de desgaste agudo, leucoplasia oral vellosa, úlcera genital, neumonía por neumocistis, herpes vaginal, DCA, paludismo y neuropatía periférica. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Tavarez acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Miguel Lucas Vail. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como candidiacis oral, infecciones en el tracto respiratorio superior y diarrea. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Vail acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Dora Marina Martínez. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas. Agregaron que la irregularidad en el tratamiento de antirretrovirales le generó lipodistrofia. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que la señora Martínez acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Melvin Yovani Ajtún. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como cutáneas, neumonía atípica, candidiasis oral, faringitis, papilomatosis oral, y leucoplasia oral vellosa. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. Indicó que el señor Ajtún acude a citas médicas en el hospital de Coatepeque y que su estado de salud es bueno.
Teresa Magdalena Ramírez Castro. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como criptocococis, toxoplasmosis, fibromatosis e hiperglicemia. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios y no presentó información sobre la situación de la señora Ramírez.
José Rubén Delgado. Los peticionarios señalaron que los exámenes de CD4 y carga viral no se han realizado de manera periódica y regular. Sostuvieron que ello generó que contraiga enfermedades oportunistas tales como riptococo en la piel, sarcopiosis, trauma ocular, erupción papalar pruriginosa, herpes, desnutrición grado II, lipotomia, diarrea, mareos, otitis y cefalea. El Estado no controvirtió los alegatos de los peticionarios. La Comisión nota que el Estado se limitó a indicar que el señor Delgado habría fallecido en el año 2009.
2.3 Información sobre familiares de las presuntas víctimas
Los peticionarios aportaron un listado con los familiares de las presuntas víctimas que consideraron afectados en el presente caso. La individualización de dichos familiares y su respectivo vínculo con las presuntas víctimas se encuentra relacionado en el Anexo Único al presente informe de fondo.
3.1 Cartas dirigidas al entonces Presidente de la República y otras altas autoridades
Los peticionarios y otros representantes de la sociedad civil desarrollaron estrategias e iniciativas para hacer visible la situación de personas con VIH/SIDA en Guatemala. Ello a efectos de reclamar la atención médica integral a favor de dichas personas, incluyendo la dotación de medicamentos necesarios. De esta forma, buscaron el apoyo del Estado a través de múltiples cartas, tal como se indica a continuación.
El 23 de noviembre de 2001 la Asociación Coordinadora de Sectores de Lucha contra el Sida envió una carta al entonces Ministro de Salud, Mario Bolaños, a fin de solicitarle una entrevista para discutir sobre i) el Reglamento de la Ley de VIH/Sida; ii) la unidad de atención integral de VIH/SIDA; y iii) la situación de tratamiento antirretroviral a corto, mediano y largo plazo15.
El 27 de mayo de 2002 la Asociación Coordinadora de Sectores de Lucha contra el Sida y otras organizaciones que representan a las personas que viven con VIH/SIDA en Guatemala enviaron una carta al entonces Presidente de la República Alfonso Portillo16. Indicaron que el Estado sólo da tratamiento antirretroviral a 27 personas exclusivamente con fondos públicos, lo cual vulnera el artículo 4 de la Constitución17. Señalaron que el tratamiento debe ser universal y accesible a todas las personas que lo necesiten en Guatemala de conformidad con la Constitución y la Ley de VIH/SIDA18. Indicaron que a las personas se les ha denegado en forma sistemática dicho tratamiento por parte del Ministerio de Salud a través de “evasivas, medidas dilatorias o desviando su responsabilidad hacia una entidad internacional que proporciona el tratamiento antirretroviral”19.
El 10 de junio de 2002 el Procurador de los Derechos Humanos envió una comunicación al entonces Presidente de la República en relación con la carta enviada el 27 de mayo de 200220. Indicó que las personas que reciben tratamiento antirretroviral por parte de un organismo internacional es por sólo tres años y para un número limitado21. Sostuvo que según estimaciones cuatro mil personas necesitan dicho tratamiento. Señaló que “d(a) su apoyo incondicional a esta demanda, que expresa una petición justa del derecho a la vida y la de la no violación a los derechos humanos por discriminación, pues el Estado le está dando tratamiento a 27 personas”22. Agregó que la solicitud debe ser “atendida a la brevedad posible porque de ello depende la vida de cada una de las personas que viven con VIH/SIDA”23.
3.2 Recurso de amparo ante la Corte de Constitucionalidad
El 26 de julio de 2002 veintidós personas, incluyendo a trece de las presuntas víctimas24, y organizaciones de la sociedad civil -Asociación Coordinadora de Sectores de Lucha Contra el SIDA, Asociación Civil Gente Positiva y Asociación de Salud Integral- presentaron un recurso ante la Corte de Constitucionalidad con el objeto de que “se restituya el derecho a la salud constitucionalmente reconocido para todas y cada una de las personas que vivimos con VIH/SIDA”25. Señalaron que necesitaban urgentemente de un tratamiento médico26. Manifestaron que en Guatemala por lo menos viven 4000 personas diagnosticadas con VIH/SIDA y que el Estado sólo proporciona medicamentos a 27 personas27.
Asimismo, en dicho recurso señalaron que una política de Estado congruente con la realidad financiera del Estado debería procurar el uso de antirretrovirales genéricos de calidad, los cuales son sustancialmente más baratos que los utilizados por el Estado28. Agregaron que al momento de la interposición del recurso, no habían recibido respuesta a su carta enviada el 27 de mayo de 2002 dirigida al Presidente de la República29. Señalaron que, en consecuencia, el Presidente “omitió e ignoró [su] petición y no emitió ningún tipo de instrucción, resolución o acuerdo que reflejara su interés de cumplir con el mandato constitucional”30.
Agregaron que el Estado les estaba vulnerando su derecho a la vida y a la salud31. Solicitaron que se le ordenara al Presidente “el traslado de los fondos presupuestarios necesarios para la compra, distribución sistemática y diaria de los tratamientos antirretrovirales necesarios para mantener [su] vida, así como el adecuado y permanente seguimiento de las personas que viv[en] con el VIH/SIDA en Guatemala” 32. Agregaron que se debería ordenar la compra de tratamientos antirretrovirales genéricos de calidad para una atención masiva y no selectiva como se hace para las 27 personas que reciben atención del Estado33.
El 1 de agosto de 2002 el entonces Presidente de la República, Alfonso Portillo, presentó un escrito de comparecimiento ante la Corte de Constitucionalidad34. Indicó que en el presente caso “no se evidencia ninguna vinculación entre los recurrentes y el agravio denunciado (…) donde pareciera que se está invocando una causa popular, que de ninguna manera puede ser materia a discutirse en una acción de amparo”35.
El 2 de agosto de 2002 el Ministerio Público presentó un escrito ante la Corte de Constitucionalidad donde señaló que el Presidente de la República “no ha cumplido con la obligación de resolver, dentro del plazo legal, lo relativo a la petición hecha por los postulantes en su carta de 27 de mayo de 2002”36. Sostuvo que el Presidente “ha infringido el derecho de petición, establecido en el artículo 28 de la Constitución Política de la República, lo que hace viable el otorgamiento de esta acción constitucional”37.
El 10 de octubre de 2002 la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud envió una comunicación a la Corte de Constitucionalidad en donde informó que el 20 de agosto de 2002 el Presidente de la República se reunió con el Ministro de Salud y la Presidenta de la Coordinadora de Sectores de Lucha contra el SIDA, representantes de personas que viven con VIH/SIDA38. Sostuvo que en esa reunión el Presidente autorizó una partida extraordinaria de 500,000.00 quetzales “para llenar los requerimientos de las personas con VIH/SIDA”39.
Por su parte, los demandantes informaron a la Corte de Constitucionalidad que dicho monto serviría para atender a las personas con VIH/SIDA “por lo menos para el último trimestre del año”40. Agregaron que a pesar de ello, “subsisten las razones que motivaron la presentación de la acción de amparo ya que si bien es cierto el dinero se encuentra depositado, por una u otra razón no se ha podido iniciar con los tratamientos antirretrovirales para las personas que viv[en] con VIH/SIDA”41.
El 18 de octubre de 2002 la Corte de Constitucionalidad emitió una resolución donde indicó que, debido a que había concluido el período de prueba, se convocaba a una audiencia42.
El 30 de octubre de 2002 el Ministerio de Salud Pública presentó un escrito a la Corte de Constitucionalidad43. Indicó que en el presente asunto no se evidencia ninguna afectación puesto que “no existe resolución o decisión de este Ministerio en la cual se indique o se evidencia la violación de un derecho o negación de prestarle servicios de salud a las personas afectadas con (…) SIDA”44. Señaló que “tampoco se ha incurrido en ninguna omisión toda vez que el Estado ha realizado diversas actividades en beneficio de las personas que viven con (…) VIH o que desarrollen el (…) SIDA”45. Agregó que “siempre se ha prestado atención médica a las personas que viven con el (…) VIH o que desarrollen el (…) SIDA”46.
Sostuvo que en el caso de derechos económicos, sociales y culturales, el Estado “está obligado hasta donde se lo permita la medida de sus posibilidades”47. Indicó que en el caso de las personas que viven con VIH/SIDA, “se ha actuado en la medida en que las posibilidades lo han permitido”48. Solicitó que se declare sin lugar la acción de amparo presentada49.
El 29 de enero de 2003 la Corte de Constitucionalidad emitió una sentencia en la que declaró improcedente el recurso de amparo50. La Corte consideró que “el agravio que se reclama –conducta negativa y omisiva del Presidente de la República de atender lo solicitado por los accionantes– cesó [debido a los acuerdos alcanzados en la reunión de 30 de octubre de 2002]”51. En consecuencia, señaló que el recurso es improcedente sin condenar en costas a los postulantes52. La Comisión constata que en su sentencia la Corte de Constitucionalidad no efectuó consideración alguna sobre la manera en que fueron utilizados los fondos dispuestos en la partida extraordinaria. Tampoco se pronunció sobre las perspectivas de permanencia del presupuesto para dar cumplimiento en el mediano y largo plazo a la ley y reglamento en la materia.
Los peticionarios señalaron que ninguna de las presuntas víctimas fue beneficiado con los medicamentos antiretrovirales otorgados mediante el traspaso de fondos en mayo de 200353. Manifestaron que sólo alcanzó para cubrir la medicación antiretroviral de aproximadamente ochenta personas que viven con VIH/SIDA54. Dicha información no fue controvertida por el Estado.
3.3 Acciones posteriores a la decisión de la Corte de Constitucionalidad entre 2003 y 2005
Ambas partes informaron que luego de la decisión de la Corte de Constitucionalidad, se mantuvo una reunión entre el Presidente, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como los peticionarios55. En dicha reunión, la Directora Ejecutiva de la Fundación Preventiva del SIDA y el Director de la Asociación de Salud Integral – ASI enviaron una comunicación al entonces Presidente Oscar Berger en nombre de las presuntas víctimas56.
En dicha comunicación le solicitaron, entre otras cosas, i) presentar y promover ante el Congreso de la República la iniciativa de la ley “La Política de Estado que garantice la atención integral en forma universal del VIH/SIDA”; y ii) garantizar la partida presupuestaria anual para el fortalecimiento y funcionamiento del Programa Nacional de SIDA de acuerdo a las necesidades reales dentro del país57. Señalaron que en dicha reunión el gobierno se comprometió a desarrollar un programa que permitiera garantizar el tratamiento antirretroviral en forma universal58.
Los peticionarios informaron que en dicha reunión el entonces Presidente se comprometió a adoptar distintas medidas, incluyendo la derogación del Decreto 9-2003 que prohibía la venta de medicamentos genéricos59. Indicaron que no obstante, el Presidente retiró el 8 de julio de 2004 la iniciativa de ley que derogaría dicho decreto60. El 21 de diciembre de 2004 se promulgó el Decreto No. 34-2004 el cual derogó el Decreto 9-2003. Posteriormente, el 7 de marzo de 2005 se promulgó el Decreto 30-2005 el cual derogó el anterior decreto y reformó el artículo 177. Los peticionarios señalaron que este decreto no es aplicable a los casos de VIH/SIDA en tanto la enfermedad no ha sido declarada emergencia nacional por parte del Presidente de la República61. Agregaron que debido a esta situación se impide la distribución de fármacos genéricos para el tratamiento de personas con VIH/SIDA.
Los peticionarios señalaron que para octubre de 2006 las presuntas víctimas empezaron a recibir tratamiento antirretroviral por parte de entidades privadas y no del Estado62.
En comunicación de 30 de septiembre de 2008, el Estado adjuntó comunicaciones de la ONG Fundación Marco Antonio donde se indica que 23 de las presuntas víctimas se encuentra[n] recibiendo atención y están en buenas condiciones de salud63.
En junio de 2008, el señor Félix Cabrera, una de las presuntas víctimas, manifestó:
(…) como persona viviendo con el VIH el desabastecimiento me afectó mucho, pasaba por momentos difíciles en mi vida personal, emocional, económica y psicológica, lo que me llevó a dejar de tomar la terapia antirretrovirral ya que de cualquier manera no había en existencia y cuando tenía acceso a ella los efectos secundarios eran insoportables. (…) Después de un año de pasar situaciones de salud muy difíciles y a pesar del miedo de retomar la terapia antirretroviral, en enero del 2008 empecé de nuevo con los antirretrovirales pero crece en mí la angustia de que el IGSS nuevamente tenga bajas en la compra de ARV64.
Mediante comunicado de prensa de 2008 la Fundación Marco Antonio indicó que “la publicación y oficialización del Decreto No. 70-2007 del Congreso de la República publicado el 18 de diciembre de 2007 para el Presupuesto General de la Nación 2008, (…) viola el derecho a la salud y la vida, al quitarle (…) el presupuesto para suministrar atención integral a 1050 personas afectadas por la epidemia del VIH”65. Agregó que:
(…) es bien sabido por la población los múltiples problemas que enfrentan los hospitales nacionales, y las anteriores rupturas de tratamientos que estos han tenido en el año anterior, así mismo estos no tienen la capacidad para poder atender a estos pacientes. El negar la posibilidad de garantizar estos servicios sólo incidiría en un aumento y saturación de los servicios, así como de servicios de baja calidad.
Entre el 9 y 16 de septiembre de 2008 distintos hospitales (Centro de Salud de Amatitlán, Hospital Nacional de San Marcos, Hospital Nacional de Retalhuleu, Hospital Nacional de Jutiapa, Centro de Salud de Totonicapán, Centro de Salud de Campur y Centro de Salud de San Pedro Carcháno) presentaron oficios indicando que cuentan con medicamentos antirretrovirales para la prevención y tratamiento del VIH-SIDA66.
En su última comunicación de fondo, el Estado hizo referencia a las distintas acciones generales que habría adoptado en relación con las personas con VIH/SIDA, tales como i) el Plan Estratégico Nacional para la Prevención, Atención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y SIDA 2011-2015; ii) la emisión del Acuerdo Ministerial No. 472-2012 de 13 de agosto de 2012 mediante el cual se aseguraría el abastecimiento del medicamente Lopinavir/Ritonavir para pacientes del Programa Nacional de Prevención y Control de Infecciones de Transmisión Sexual, VIH y SIDA (Programa Nacional); y iii) la emisión del Acuerdo Ministerial No. 871-2012 de 26 de septiembre de 2012 a través del cual se habría aprobado el marco de cooperación entre países para el abastecimiento y acceso de antirretrovirales que utilice el Programa Nacional67.
En diciembre de 2010, Johana Castillo, encargada de la unidad de VIH de la Oficina del Procurador General de los Derechos Humanos, manifestó que durante ese año recibieron 82 denuncias por parte de personas con VIH/SIDA por falta de medicamentos68. Señaló que durante la misma época las organizaciones locales que velan por los derechos de estas personas recibieron 209 denuncias por los mismos alegatos69.
De acuerdo a información de conocimiento público, el 15 de octubre de 2012 la Oficina del Procurador General de los Derechos Humanos denunció “la violación al derecho humano a la salud, por falta de atención integral y de acceso a medicamentos de que son objeto pacientes que viven con VIH-SIDA a nivel nacional”70. Agregó que “esa violación la comete el Ministerio de Salud, “al no coordinar acciones para brindar una atención integral y distribuir medicamentos a pacientes con infecciones de transmisión sexual”.
Asimismo, el entonces Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, indicó que en distintos hospitales públicos existen medicamentos vencidos71. Sostuvo que tampoco se practican “pruebas de carga viral plásmica y recuento de linfocitos TCD cuatro, esencial para aplicar la medicación” 72. También reconoció que durante el año 2010 se han presentado desabastecimiento de retrovirales73.