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Timestamp: 2019-12-11 16:13:16
Document Index: 371972049

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'Artículo 6', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'artículo 149', 'artículo 20', 'artículo 149', 'Artículo 35', 'Artículo 48', 'artículo 69', 'artículo 87', 'Artículo 64', 'Artículo 74', 'Artículo 76', 'Artículo 80', 'artículo 30', 'Artículo 101', 'Artículo 105', 'Artículo 114', 'Artículo 116', 'artículo 145', 'Artículo 122', 'artículo 126', 'artículo 130', 'artículo 126', 'artículo 122', 'artículo 123', 'artículo 133', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 73']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie B, núm. 251-1, de 30/06/2006
Núm. 251-1
127/000005 Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
127/000005
AUTOR: Comunidad Autónoma de las Illes Balears-Parlamento.
Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.1.4.º del Reglamento, calificar la iniciativa presentada como Propuesta de reforma de Estatuto de Autonomía, admitir a trámite, trasladar al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de conformidad con el Punto Segundo de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre procedimiento a seguir para la tramitación de la reforma de los Estatutos de Autonomía, de 16 de marzo de 1993, comunicándolo al Parlamento proponente.
2. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 31.1.5.º del Reglamento, tramitar la Propuesta por el procedimiento establecido en el apartado I de la citada Resolución, cuyo Punto Tercero prevé la presentación de la Propuesta por una delegación de la Asamblea de la Comunidad proponente, siendo de aplicación igualmente lo dispuesto en el Punto Duodécimo de la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2006.-P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
La positiva evolución del autogobierno así como el aumento de la población y una mayor profundización en el reconocimiento del hecho insular, junto con una tendencia generalizada hacia una mayor descentralización del Estado español demandan una adecuación del Estatuto de
Autonomía de las Illes Balears para dar una mejor respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos.
? Las Illes Balears son una comunidad de personas libres y para personas libres, donde cada persona puede vivir y expresar identidades diversas, con espíritu decidido de cohesión, fundamentado en el respeto a la dignidad de todas y cada una de las personas.
Por todo ello, el Parlamento de las Illes Balears, recogiendo el sentimiento mayoritario de toda la ciudadanía, y en ejercicio de su derecho para profundizar en el sistema autonómico, acuerda remitir a las Cortes Generales, para su correspondiente aprobación, el presente texto articulado del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
Artículo 6. Capital de las Illes Balears.
Las normas, las disposiciones y el Derecho Civil de la comunidad autónoma tienen eficacia territorial, sin perjuicio de las normas para resolver los conflictos de leyes y de las excepciones que puedan establecerse en cada materia.
2. La comunidad autónoma podrá solicitar del Estado español que, para facilitar la disposición anterior,
celebre, en su caso, los pertinentes tratados internacionales.
1. Sin perjuicio de lo que dispone la legislación básica del Estado, una ley del Parlamento de las Illes Balears regulará el derecho a una buena administración y al acceso a los documentos de las instituciones y administraciones públicas de las Illes Balears.
3. En todo caso, la actuación de las administraciones públicas de las Illes Balears deberá centrarse primordialmente en los siguientes ámbitos: la defensa integral de la familia; los derechos de las parejas estables;
la protección específica y la tutela social del menor; la no discriminación y los derechos de las personas dependientes y de sus familias a la igualdad de oportunidades, su participación y protección, a la integración y a la accesibilidad universal en cualquier ámbito de la vida pública, social, educativa o económica; la articulación de políticas que garanticen la participación de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural; la asistencia social a las personas que padezcan marginación, pobreza o exclusión social; la igualdad de derechos de hombres y mujeres en todos los ámbitos, en particular en materia de empleo y trabajo; la protección social contra la violencia, especialmente la violencia de género; los derechos y la atención social de los inmigrantes con residencia permanente en la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Artículo 18. Catástrofes naturales.
Los poderes públicos velarán por los derechos y las necesidades de las personas que hayan padecido daños causados por catástrofes naturales y sobrevenidas.
Artículo 20. Derecho al acceso a una vivienda digna.
3. Todas las personas con relación a los servicios sociales tienen derecho al conocimiento y a la exigencia de cumplimiento de un plazo máximo para que les sea aplicado un tratamiento; a recibir tratamientos paliativos, a ser informadas de todos los derechos que les asisten y a no padecer ningún tratamiento o práctica degradante.
12. Deporte y ocio. Fomento, planificación y coordinación de las actividades deportivas y de ocio. Regulación y declaración de utilidad de las entidades deportivas.
Coordinación y demás facultades en relación con las policías locales, en los términos que establezca una ley orgánica. Seguridad privada.
27. Conservación, modificación y desarrollo del derecho civil, incluida la determinación de su sistema de fuentes, excepto las reglas relativas a la aplicación y la eficacia de las normas jurídicas, las relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, la ordenación de los registros y de los instrumentos públicos, las bases de las obligaciones contractuales, las normas para resolver los conflictos de leyes y la determinación de las fuentes del derecho de competencia estatal.
28. Ordenación de la hacienda de la comunidad autónomas, de acuerdo con lo que establece este Estatuto.
30. Cooperativas, pósitos y mutualismo no integrado en el sistema de la Seguridad Social, sin perjuicio de la legislación mercantil.
33. Fundaciones y asociaciones.
40. Establecimientos de bolsas de valores y establecimiento y regulación de centros de contratación de mercancías de conformidad con la legislación mercantil.
Defensa de la competencia en el ámbito autonómico, sin perjuicio de la legislación estatal y europea. Condiciones para ejercer la actividad comercial y el establecimiento de las normas de calidad en materia de comercio.
45. Organización local.
46. Protección del medio ambiente. Normas adicionales de protección.
Espacios naturales protegidos. Ecología.
48. Actividades clasificadas.
49. Organización, funcionamiento y control de los centros sanitarios públicos y de los servicios de salud. Promoción de la salud en todos los ámbitos, en el marco de las bases y la coordinación general de la sanidad. Ordenación farmacéutica, en el marco de lo que dispone el número 16, apartado 1, del artículo 149 de la Constitución.
51. Pesca marítima en el mar territorial.
1. Régimen jurídico y sistema de responsabilidad de la Administración de la comunidad autónoma y de la administración local.
2. Normas procesales y de procedimiento administrativo derivadas de las peculiaridades del derecho sustantivo de las Illes Balears o de las especialidades de la organización de la comunidad autónoma.
4. Salud y sanidad. Planificación de los recursos sanitarios públicos.
Coordinación de la sanidad privada con el sistema sanitario público.
Formación sanitaria especializada. Sanidad vegetal y animal.
12. Seguridad social, exceptuando la gestión económica.
13. Régimen jurídico local.
4. Régimen económico de la Seguridad Social.
15. Puertos y aeropuertos con calificación de interés general, cuando el Estado no se reserve su gestión. El Estado y la comunidad autónoma pueden establecer mecanismos de gestión compartida en los puertos y aeropuertos declarados de interés general.
17. La gestión del dominio público marítimo-terrestre, especialmente en lo que se refiere a la concesión de autorizaciones; la ejecución de obras y actuaciones en el litoral que no sean de interés general; la policía administrativa en la zona de dominio público marítimo-terrestre y las concesiones y los amarres. A estos efectos, se entiende por dominio público marítimo-terrestre el comprendido tanto por el ámbito terrestre como por las aguas interiores y el mar territorial.
18. La inmigración en los términos previstos en la Constitución.
1. Es competencia exclusiva de las Illes Balears la creación, la organización y el mando de un cuerpo de policía de las Illes Balears que, sin perjuicio de lo que estipula la legislación estatal, lleve a cabo sus funciones bajo la directa dependencia de las instituciones de las Illes Balears.
2. Las funciones de la policía de las Illes Balears se fijan en su ley de creación.
La comunidad autónoma tiene competencia exclusiva para la enseñanza de la lengua catalana, propia de las Illes Balears, de acuerdo con la tradición literaria autóctona. Normalizarla será un objetivo de los poderes públicos de la comunidad autónoma. Las modalidades insulares del catalán -mallorquín, menorquín, ibicenco y formenterense- serán objeto de estudio y protección, sin perjuicio de la unidad de la lengua.
La institución oficial consultiva para todo lo que se refiere a la lengua catalana será la Universidad de las Illes Balears. La comunidad autónoma de las Illes Balears, de acuerdo con una ley del Estado, podrá participar en una institución dirigida a salvaguardar la unidad lingüística, institución que estará formada por todas las comunidades que reconozcan la cooficialidad de la lengua catalana.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 20 y el número 30 del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución en materia de enseñanza, corresponde a la comunidad autónoma de las Illes Balears:
Artículo 35. Ampliación de competencias.
La comunidad autónoma, previo acuerdo del Parlamento, adoptado por mayoría absoluta, podrá ampliar el ámbito de sus competencias en materias que no estén atribuidas en exclusiva al Estado, o que sólo estén atribuidas las bases o principios. El acuerdo de asunción de nuevas competencias se someterá a las Cortes Generales para su aprobación, mediante ley orgánica.
La organización institucional autonómica está integrada por el Parlamento, el Gobierno, el presidente de la comunidad autónoma y los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera.
2. El Parlamento funcionará en pleno y en comisiones. Las comisiones permanentes podrán elaborar y aprobar leyes por delegación expresa del Pleno, sin perjuicio de la facultad del mismo para reclamar su debate y aprobación en cualquier momento del proceso legislativo.
El Parlamento se reunirá en sesión extraordinaria, a petición del Gobierno o por acuerdo de la Diputación Permanente o del Pleno, a propuesta de una quinta parte de los diputados. La sesión extraordinaria se clausurará cuando se agote el orden del día determinado para el cual se había convocado.
6. El Parlamento debe establecer su propio reglamento, en el cual, sin desvirtuar las normas anteriores, deben regularse los períodos de sesiones, el régimen y el lugar de las sesiones, la formación de grupos parlamentarios y su intervención en el proceso legislativo, las funciones de la Junta de Portavoces, y demás cuestiones necesarias o pertinentes para el buen funcionamiento del Parlamento.
1. El Parlamento, mediante la elaboración de leyes, ejerce la potestad legislativa. El Parlamento podrá delegar en el Gobierno de la comunidad autónoma la potestad de dictar normas con categoría de ley, en los mismos términos y supuestos de delegación previstos en la Constitución. No podrán ser objeto de delegación la aprobación de las leyes que necesitan, para ser aprobadas, una mayoría especial.
Artículo 48. Decretos ley.
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Consejo de Gobierno podrá dictar medidas legislativas provisionales en forma de decretos ley que no podrán afectar a los derechos establecidos en este Estatuto, a las materias objeto de leyes de desarrollo básico del Estatuto de Autonomía, a los presupuestos generales de la comunidad autónoma, a la reforma del Estatuto, al régimen electoral ni al ordenamiento de las instituciones básicas de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
2. Los decretos ley quedarán derogados si en el plazo improrrogable de treinta días subsiguientes a su promulgación no son convalidados expresamente por el Parlamento después de un debate y una votación de totalidad.
Durante el plazo establecido en el párrafo anterior, el Parlamento podrá acordar la tramitación de los decretos ley como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia
1. Designar, en aplicación del criterio de representación proporcional, al senador o a los senadores que han de representar a las Illes Balears en el Senado, de acuerdo con lo que establece el artículo 69.5 de la Constitución. Los designados cesarán en el cargo en los casos previstos en el ordenamiento jurídico y, en todo caso, al acabar la legislatura del Parlamento de las Illes Balears en la que fueron designados, una vez que tomen posesión los nuevos senadores. En el supuesto de disolución del Senado, el Parlamento de las Illes Balears entregará las credenciales de la designación de los mismos senadores, que continuarán su mandato hasta que acabe la legislatura del Parlamento y sean designados los nuevos senadores. El senador o los senadores designados por el Parlamento de las Illes Balears comparecerán ante la comisión parlamentaria pertinente a iniciativa propia o a requerimiento de un grupo parlamentario o de una quinta parte de los diputados para informar de su actividad en el Senado en los términos que establezca el Reglamento del Parlamento de las Illes Balears.
2. Elaborar proposiciones de ley, presentarlas a la Mesa del Congreso de los Diputados y nombrar un máximo de tres diputados encargados de defenderlas, de acuerdo con lo que permite el artículo 87.2 de la Constitución.
El Parlamento, mediante ley, creará la institución de la Sindicatura de Greuges para la defensa de las libertades y de los derechos fundamentales de los ciudadanos, así como para supervisar e investigar las actividades de la Administración de las Illes Balears. El síndico será elegido por el Parlamento, por la mayoría favorable de las tres quintas partes de los diputados de la Cámara. El síndico actuará como Alto Comisionado del Parlamento y le rendirá cuentas de su actividad.
La legislatura finaliza por expiración del mandato al cumplirse cuatro años de la fecha de las elecciones. Puede finalizar también, anticipadamente, si no tiene lugar la investidura del presidente o de la presidenta de las Illes Balears. Finalizará de manera anticipada por resolución del presidente o de la presidenta del Gobierno de las Illes Balears.
1. El presidente de las Illes Balears será elegido por el Parlamento de entre sus miembros, y el Rey lo nombrará.
1. El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Gobierno de las Illes Balears y bajo su
exclusiva responsabilidad, podrá acordar la disolución del Parlamento de las Illes Balears con anticipación al plazo natural de la legislatura.
8. Una ley del Parlamento, aprobada por mayoría absoluta, determinará la forma de elección del presidente, su estatuto personal y demás atribuciones que le son propias.
1. Corresponde al Gobierno de las Illes Balears el ejercicio de las competencias de la comunidad autónoma a que se refiere el título III de este Estatuto, excepto las que son propias de los consejos insulares o les
hayan sido transferidas, sin perjuicio de las competencias legislativas que corresponden al Parlamento de las Illes Balears.
2. El Gobierno tiene la potestad reglamentaria en sus competencias y elabora los presupuestos de la comunidad autónoma. Se le podrán atribuir otras facultades de acuerdo con la ley.
1. Los consejos insulares son las instituciones de gobierno de cada una de las islas y ostentan el gobierno, la administración y la representación de las islas de Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera, así como de las islas adyacentes a éstas.
3. Los consejos insulares son instituciones de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Los consejos insulares establecerán su organización de acuerdo con este Estatuto y con la ley de consejos insulares que dicte el Parlamento.
1. Cada uno de los consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza estará integrado por los consejeros elegidos en las respectivas circunscripciones, por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto mediante un sistema de representación proporcional.
4. Una ley del Parlamento regulará el número de miembros que deben integran cada consejo insular, así como las causas de inelegibilidad y de incompatibilidad que les afecten.
5. Cada uno de los consejos insulares debe constituirse en el plazo máximo de 45 días desde que se hayan llevado a cabo las elecciones.
Artículo 64. Iniciativa legislativa, régimen de funcionamiento, control y fiscalización.
3. El Reglamento Orgánico del consejo insular establecerá la formación de grupos políticos, la participación de éstos en el proceso de elaboración de normativa,
la función de la Junta de Portavoces y las demás cuestiones necesarias para el buen funcionamiento de la institución.
1. La Ley de consejos insulares, aprobada con el voto favorable de dos tercios de los diputados del Parlamento de las Illes Balears, y para el Consejo Insular de Formentera una ley específica, en su caso, determinarán las reglas de funcionamiento y el régimen jurídico de la actuación de los consejos insulares y de sus órganos, así como el régimen de sus funciones y competencias.
14. Artesanía. Fomento de la competitividad, la captación y el desarrollo de las empresas artesanas. Promoción de productos artesanales. Creación de canales de comercialización.
1. La Conferencia de presidentes, integrada por el presidente de las Illes Balears y por los presidentes de los consejos insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, queda constituida, de acuerdo con los principios de cooperación, colaboración y lealtad institucional, como marco general y permanente de relación, deliberación, participación, formulación de propuestas, toma de acuerdos e intercambio de información entre el Gobierno de las Illes Balears y los consejos insulares de cada una de las islas en las materias de interés común.
2. El gobierno y la administración municipal corresponden al ayuntamiento formado por el alcalde o la alcaldesa y los concejales.
3. Los concejales son elegidos por los vecinos del municipio mediante el sufragio universal, igual, libre, directo y secreto. El alcalde o la alcaldesa es elegido por los concejales.
Artículo 74. Actividad de fomento y fijación de políticas propias de los consejos insulares.
Corresponde a los consejos insulares en las materias que este estatuto les atribuye competencia propia, el ejercicio de la actividad de fomento y la fijación de políticas propias o, cuando así lo decida, la fijación de políticas comunes con otros consejos insulares; y con otras islas, comunidades o con el Estado de acuerdo con el Gobierno de las Illes Balears.
Artículo 76. Consejo Audiovisual de las Illes Balears.
1. El Consejo Audiovisual de las Illes Balears se configura como una entidad pública independiente, cuya misión es velar en los medios de comunicación social de titularidad pública por el cumplimiento de los
principios rectores del modelo audiovisual, concretamente: promover las condiciones para garantizar la información veraz, objetiva y neutral, y promover la sociedad de la información; garantizar el acceso de los grupos políticos y sociales representativos a los medios de comunicación social; fomentar el pluralismo lingüístico en los medios de comunicación; que se cumplan los principios que inspiran el modelo lingüístico del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears; garantizar y favorecer el acceso de las personas con discapacidad auditiva o visual a los medios de comunicación social y a las nuevas tecnologías.
2. El Parlamento de las Illes Balears será oído preceptivamente para el nombramiento del delegado territorial en las Illes Balears de cualquier medio de comunicación audiovisual de carácter público con implantación en la comunidad autónoma.
Artículo 80. Control.
2. En cuanto a las competencias relacionadas en el artículo 30, la potestad ejecutiva de la comunidad autónoma podrá llevar aneja la potestad reglamentaria cuando ésta resulte de habilitación o de delegación legislativas.
Corresponde al Gobierno de las Illes Balears, en las materias de su competencia, el ejercicio de la actividad de fomento.
El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears es el órgano jurisdiccional en el cual culmina la organización judicial de las Illes Balears en su ámbito territorial correspondiente y ante el cual se agotarán las instancias procesales sucesivas, en los términos y en las condiciones que resulten de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de las demás disposiciones complementarias, sin perjuicio de las competencias del Tribunal Supremo.
a) En el orden civil, a todas las instancias y a todos los grados, incluidos los recursos de casación y revisión, en materia de Derecho Civil de las Illes Balears.
b) En el orden contencioso-administrativo, a los recursos que se interpongan contra los actos y las disposiciones
de las administraciones públicas, en los términos que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial.
e) A los recursos sobre calificación de documentos que deban tener acceso a los registros de la propiedad, mercantil o de bienes muebles de las Illes Balears, siempre que estos recursos se fundamenten, de manera exclusiva o conjuntamente con otros motivos, en una infracción de las normas emanadas de los órganos de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Se crea el Consejo de Justicia de las Illes Balears. Una ley del Parlamento de las Illes Balears determinará su estructura, composición, nombramientos y funciones en el ámbito de las competencias de las Illes Balears en materia de administración de justicia en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con lo que dispone la Ley Orgánica del Poder Judicial. Los miembros del Consejo de Justicia de las Illes Balears serán elegidos por el Parlamento de las Illes Balears por una mayoría de dos tercios de sus miembros.
2. Fijar las demarcaciones territoriales de los órganos jurisdiccionales en las Illes Balears y en la localización de su capitalidad. La comunidad autónoma participará también, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la creación o la transformación del número de secciones o juzgados en el ámbito de su territorio.
1. La comunidad autónoma fijará las demarcaciones correspondientes a las notarías y a los registros de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles radicados en su territorio.
De la acción exterior, las relaciones con la Unión Europea, con el Estado y con las Comunidades Autónomas
2. Las competencias de la comunidad autónoma, cuando su naturaleza así lo permita, incluyen la capacidad para llevar a cabo las acciones exteriores que sean inherentes a cada una de ellas.
Artículo 101. Delegaciones y oficinas en el exterior.
La comunidad autónoma puede establecer delegaciones u oficinas de representación en el exterior para mejorar el ejercicio de sus competencias y promover adecuadamente sus intereses.
1. El Gobierno del Estado debe informar a la comunidad autónoma sobre los tratados y los convenios internacionales que pretenda negociar y suscribir cuando éstos afecten a sus intereses. El Gobierno de las Illes Balears y el Parlamento de las Illes Balears pueden dirigir al Gobierno del Estado y a las Cortes Generales las observaciones que consideren oportunas.
2. La comunidad autónoma podrá participar en las delegaciones españolas en aquellos casos en que se negocian tratados que incidan en su ámbito competencias o afecten materias de su específico interés, en la forma que determine la legislación del Estado.
3. La comunidad autónoma puede solicitar suscribir tratados y convenios internacionales en las materias que la afecten.
La comunidad autónoma podrá participar en las representaciones del Estado ante organizaciones internacionales en aquellos casos en que la actividad de éstas incida en su ámbito competencial o afecte materias de su específico interés en la forma que determine la legislación del Estado.
Artículo 105. Comisión mixta de cooperación.
Una comisión mixta de cooperación entre el Estado y la comunidad autónoma estará destinada a evitar y, si es necesario, a resolver eventuales controversias en este ámbito. Este órgano podría integrarse en una comisión de cooperación que pueda crearse con carácter general.
La comunidad autónoma participará en los asuntos relacionados con la Unión Europea que afecten a las competencias e intereses de las Illes Balears, en los términos establecidos en este Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española.
La comunidad autónoma debe ser informada sobre las negociaciones relativas a los tratados originarios y
fundacionales, sus revisiones y modificaciones, y también debe participar en ellos, en su caso, formando parte de la delegación española, de acuerdo con los mecanismos multilaterales internos que se establezcan a este efecto entre el Estado y las comunidades autónomas.
Es competencia de la comunidad autónoma el desarrollo y la ejecución del derecho comunitario en las materias de su competencia exclusiva. En el caso de que sea ineludible realizar la transposición del derecho europeo en las materias de su competencia exclusiva mediante una ley estatal, por el hecho de que la norma europea tenga un alcance superior al de la comunidad autónoma, ésta será consultada con carácter previo de acuerdo con los mecanismos internos de coordinación previstos en una ley estatal.
Esta participación debe ser de manera autónoma y específica si el asunto afecta exclusivamente a las Illes Balears. Si afecta a competencias exclusivas del conjunto de las comunidades autónomas, la participación debe efectuarse en el marco de los procedimientos multilaterales y de cooperación interna establecidos por la ley estatal reguladora de esta materia.
La comunidad autónoma participará en la delegación española en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, en sus grupos de trabajo y en los comités de la Comisión en los términos establecidos en el sistema general de la participación autonómica. Esta participación puede acordarse de manera directa con los órganos competentes de la Administración General del Estado en el caso que se vean afectadas especificidades propias de las Illes Balears.
El Parlamento de las Illes Balears puede ser consultado por las Cortes Generales en el marco del proceso de control del principio de subsidiariedad establecido en el Tratado Constitucional de la Unión Europea.
1. La comunidad autónoma podrá participar en los procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas en los términos establecidos por la normativa aplicable.
2. En cualquier caso, la comunidad autónoma de las Illes Balears -a través del Gobierno de las Illes Balears- puede instar al Gobierno del Estado o a los órganos competentes para que ejerzan las acciones oportunas ante el Tribunal de Justicia de las comunidades europeas en defensa de sus competencias y de sus intereses legítimos.
3. La negativa del Gobierno del Estado a ejercer las acciones solicitadas debe ser motivada, de acuerdo con lo que disponga la normativa reguladora de los mecanismos multilaterales internos entre el Estado y las comunidades autónomas.
Artículo 114. Relaciones con el Estado, con otras comunidades autónomas y con los organismos internacionales.
Corresponden en exclusiva a la comunidad autónoma las relaciones con el Estado, con las demás comunidades autónomas y con los organismos internacionales para garantizar el equilibrio territorial, sin perjuicio del establecimiento de los mecanismos necesarios para la participación de los consejos insulares y de los ayuntamientos en los asuntos de interés singular o específico de cada uno de ellos.
Artículo 116. Principios de las relaciones Illes Balears y Estado.
En el marco de los principios constitucionales las relaciones de las Illes Balears con el Estado se fundamentan en los principios de colaboración, cooperación, solidaridad y lealtad institucional.
Para los asuntos de interés específico de las Illes Balears, se establecerán los correspondientes instrumentos de colaboración y de relación con el Estado.
En los asuntos de interés general las Illes Balears participarán a través de los procedimientos o los órganos multilaterales que se constituyan.
Estos órganos de colaboración se crearán de acuerdo con los principios establecidos en el artículo anterior, que constituye el marco general y permanente de relación entre los gobiernos de las Illes Balears y del Estado a los efectos siguientes:
1. En materia de prestación y gestión de servicios propios de la comunidad autónoma, ésta puede suscribir convenios con otras comunidades autónomas.
Dichos acuerdos se comunicarán a las Cortes Generales y entrarán en vigor a los treinta días de la comunicación, a no ser que las Cortes Generales, en el plazo citado, estimen que se trata de un acuerdo de cooperación, según lo que dispone el apartado 2 del artículo 145 de la Constitución.
La comunidad autónoma de las Illes Balears podrá suscribir protocolos para la celebración de actos de carácter cultural en otras comunidades autónomas, especialmente con las que compartimos la misma lengua y cultura.
1. La financiación de la comunidad autónoma de las Illes Balears se fundamenta en los siguientes principios:
c) Solidaridad, equidad y suficiencia financiera, atendiendo al reconocimiento específico del hecho diferencial de la pluriinsularidad, para garantizar el equilibrio territorial, y a la población real efectiva, así como a su evolución.
f) Garantía de financiación de los servicios educativos, sanitarios y sociales en relación con la población real asistida.
2. La comunidad autónoma de las Illes Balears goza del mismo tratamiento fiscal que la legislación establezca para el Estado.
Artículo 122. Lealtad institucional.
1. De acuerdo con el principio de lealtad institucional, se valorará el impacto financiero que las disposiciones
generales aprobadas por el Estado tengan sobre las Illes Balears, en forma de una variación de las necesidades de gasto o de capacidad fiscal, con la finalidad de establecer los mecanismos de ajuste necesarios.
2. La incidencia de las disposiciones generales a que ser refiere el apartado anterior será objeto de valoración por la Comisión Mixta de Economía y Hacienda en referencia a su impacto económico y financiero, tanto en materia de ingresos como en materia de gastos, en el marco de las funciones que se establecen en el artículo 126, con la finalidad de que el impacto citado tenga su reflejo en los presupuestos generales del Estado que se aprueben para el ejercicio siguiente.
1. El sistema de ingresos de la comunidad autónoma de las Illes Balears garantizará los recursos financieros que, atendiendo a las necesidades de gasto real de las Illes Balears, aseguren la financiación suficiente para el ejercicio de las competencias propias en la prestación del conjunto de los servicios públicos asumidos, sin perjuicio de respetar la realización efectiva del principio de solidaridad en todo el territorio nacional en los términos previstos en el artículo 130 de este Estatuto.
2. La Comisión Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado y las Illes Balears, regulada en el artículo 126, realizará los informes necesarios para evaluar y asegurar el cumplimiento de lo que se dispone en el párrafo anterior.
3. Una ley de las Cortes Generales regulará el régimen especial balear que reconozca el hecho específico y diferencial de la pluriinsularidad, como garantía de solidaridad y del equilibrio interterritorial.
4. El Gobierno del Estado deberá prever y garantizar un fondo de insularidad para las Illes Balears con la finalidad de compensar las desventajas inherentes al hecho pluriinsular que se dotará anualmente en los presupuestos generales del Estado, previo acuerdo de la Comisión Mixta de Economía y Hacienda.
5. En el caso de que la comunidad autónoma de las Illes Balears, con los recursos del sistema de financiación, no llegue a cubrir, en la prestación de los servicios públicos fundamentales, un nivel equiparable a la media per cápita del resto del conjunto del Estado, se establecerán los mecanismos de nivelación pertinentes, atendiendo especialmente y, entre otros, a los criterios del hecho pluriinsular y de la población real efectiva, así como a su evolución.
6. En el ejercicio de sus competencias financieras, el Gobierno de las Illes Balears velará por el equilibrio territorial en las Illes Balears y por la realización interna del principio de solidaridad.
2. En el ámbito financiero, las Illes Balears actúan de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia y promueven la cohesión y el bienestar social, el progreso económico y la sostenibilidad medioambiental.
La Comisión Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado y las Illes Balears es el órgano bilateral de relación entre ambas administraciones en materias fiscales y financieras.
1. La Comisión está integrada por un número igual de representantes del Estado y de las Illes Balears. La presidencia de esta comisión mixta será ejercida en su constitución por la comunidad autónoma de las Illes Balears y posteriormente se ejercerá de forma rotatoria entre las dos partes en turnos de un año. El voto del presidente de la comisión, en caso de empate, tendrá la consideración de voto de calidad.
2. La Comisión se reunirá con carácter ordinario cada seis meses y podrá ser convocada por cualquiera de las dos administraciones, independientemente de quien ostente la presidencia. La Comisión quedará válidamente constituida con la asistencia mínima del 50% de sus miembros.
En todo caso, corresponde a la Comisión adoptar su reglamento interno y de funcionamiento por acuerdo entre las dos delegaciones.
a) Acordar, revisar y aprobar las inversiones que el Estado realizará en las Illes Balears tal como se prevé en la disposición transitoria octava y, una vez finalizado el período fijado entre cinco y diez años, por períodos quinquenales.
b) En caso de una alteración de las variables básicas utilizadas para la determinación de los recursos proporcionados por el sistema de financiación, la Comisión Mixta de Economía y Hacienda se reunirá para analizar sus causas y posibles soluciones a fin de que, una vez examinada en su conjunto la financiación de las Illes Balears, cuantifique, si resulta procedente, la participación de las Illes Balears en los mecanismos de nivelación del Estado.
c) Evaluación del impacto económico financiero que se derive del principio de lealtad institucional recogido en el artículo 122.
d) Cuantificar y acordar la compensación económica que el Estado debe realizar en las Illes Balears por las desventajas del hecho pluriinsular, así como la dotación del fondo de insularidad a que se refiere el artículo 123.
e) Definir, evaluar y cuantificar la población real efectiva, fijando los factores correctores, así como su evolución, distinguiendo entre los diferentes servicios públicos asumidos.
f) Cuantificar y acordar los recursos que corresponden a las Illes Balears por su participación en el Fondo de Compensación Interterritorial y en otros fondos.
g) Negociar el porcentaje de participación de las Illes Balears en la distribución regional de los fondos estructurales europeos, así como de la asignación de otros recursos de la política regional europea a la comunidad autónoma de las Illes Balears.
h) Concretar los tributos, cuya gestión, recaudación, liquidación e inspección corresponderán a la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
i) Establecer los mecanismos de colaboración entre la administración tributaria de las Illes Balears y la administración tributaria del Estado, así como los criterios de coordinación y armonización fiscal de acuerdo con las características o la naturaleza de los tributos cedidos.
j) Establecer los mecanismos de colaboración entre las Illes Balears y la Administración del Estado que sean necesarios para el adecuado ejercicio de las funciones de revisión en vía económico-administrativa.
k) Realizar el seguimiento de la aplicación de la ley que regula el régimen especial balear, con facultades de coordinación sobre las comisiones mixtas negociadoras y los departamentos respectivos de cada administración.
3. La Comisión Mixta de Economía y Hacienda también ejercerá las funciones de estudio y análisis de los recursos financieros que, atendiendo a las necesidades de gasto real de las Illes Balears, aseguren la financiación suficiente para el ejercicio de las competencias propias en la prestación del conjunto de los servicios públicos asumidos. Todo ello sin perjuicio de respetar la realización efectiva del principio de solidaridad en todo el territorio nacional, con la finalidad de elevar propuestas al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas en calidad de órgano multilateral de coordinación en materia fiscal y financiera. En concreto realizará las funciones de estudio y análisis de lo que se relaciona a continuación:
a) La revisión quinquenal del sistema de financiación.
b) El alcance y las condiciones de la cesión de tributos de titularidad estatal y, especialmente, los porcentajes de participación en el rendimiento de los tributos estatales cedidos parcialmente, así como de su revisión quinquenal.
c) La contribución al principio de solidaridad interterritorial, así como los mecanismos de nivelación que se deban instrumentar para su cumplimiento.
d) Los mecanismos de nivelación pertinentes para el caso de que la comunidad autónoma de las Illes Balears, con los recursos del sistema de financiación, no llegue a cubrir, en la prestación de los servicios públicos asumidos, un nivel equiparable a la media per cápita del resto del conjunto del Estado, atendiendo especialmente y, entre otros, a los criterios del hecho pluriinsular y de la población real efectiva, así como a su evolución.
e) La eventual aplicación de las reglas de modulación y su impacto sobre la financiación per cápita de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
f) Cualquier otra cuestión en materia fiscal y financiera que sea de interés para la comunidad autónoma de las Illes Balears.
1. Las Illes Balears disponen, para el correcto desarrollo y la ejecución de sus competencias, de hacienda y patrimonio propios.
e) Los ingresos procedentes del fondo de insularidad y demás transferencias recibidas del Gobierno central.
f) Los ingresos procedentes de la participación en el fondo de compensación interterritorial y otros fondos.
i) Los ingresos procedentes del patrimonio de las Illes Balears y otros de derecho privado.
1. La comunidad autónoma de las Illes Balears participa en el rendimiento de los tributos estatales cedidos. Esta cesión se refiere a los rendimientos obtenidos y puede ir acompañada de cesión de la capacidad normativa. Adicionalmente, la cesión, tanto de los rendimientos como de la capacidad normativa, puede ser parcial o total en cada caso.
2. En el marco de las competencias del Estado y de la Unión Europea, el ejercicio de la capacidad normativa a que hace referencia el apartado anterior incluye, como mínimo, la participación y la decisión, en su caso, en la fijación del tipo impositivo, las exenciones, las reducciones y las bonificaciones sobre la base imponible y las deducciones sobre la cuota.
3. Corresponde a la comunidad autónoma de las Illes Balears la gestión, la recaudación, la liquidación, la inspección y la revisión de los tributos estatales cedidos totalmente y estas funciones, en la medida en que se atribuyan, respecto de los cedidos parcialmente, de acuerdo con lo que establece en artículo 133.
4. Las Illes Balears tienen competencia para establecer, mediante una ley del Parlamento, los tributos propios, sobre los cuales tienen capacidad normativa plena, así como recargos sobre los impuestos cedidos en los términos que se prevean en la legislación de financiación de las comunidades autónomas.
El nivel de recursos financieros de que disponen las Illes Balears para financiar sus servicios y sus competencias, se basará en criterios de necesidades de gasto real y tendrá en cuenta, en todo caso, como variables básicas para determinar estas necesidades, la población real efectiva y la circunstancia del hecho pluriinsular.
1. La eventual aplicación de reglas de modulación que tengan como finalidad restringir el alcance de los resultados obtenidos en el cálculo del nivel de necesidades de gasto real establecido en el apartado anterior, deberá justificarse de manera objetiva y en ningún caso podrá suponer reducciones superiores a la media de las reglas de modulación aplicadas en el conjunto de las comunidades autónomas de régimen común.
2. Las Illes Balears participarán en el rendimiento de los tributos estatales cedidos, de acuerdo con lo que establezca la ley de cesión de tributos vigente en cada momento.
3. Cuando sea necesario, las Illes Balears recibirán recursos de los mecanismos de nivelación y solidaridad. La determinación de estos mecanismos se realizará de acuerdo con los principios de coordinación y transparencia y de acuerdo con la propuesta que la Comisión Mixta de Economía y Hacienda eleve al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas en su calidad de órgano multilateral de coordinación en materia fiscal y financiera.
1. El Estado y las Illes Balears realizarán una revisión quinquenal del sistema de financiación, teniendo en cuenta la evolución del conjunto de recursos disponibles y de las necesidades de gastos reales de las diferentes administraciones, mediante el estudio y el análisis de la Comisión Mixta de Economía y Hacienda y su posterior elevación de la propuesta al Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas en calidad de órgano multilateral de coordinación en materia fiscal y financiera.
2. Esta revisión deberá efectuarse sin perjuicio del seguimiento y la actualización anual de las variables básicas utilizadas para la determinación de los recursos proporcionados por el sistema de financiación. Esta actualización anual deberá ser aprobada por la Comisión Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado y las Illes Balears a que se refiere el artículo 125 de este Estatuto.
1. Las Illes Balears pueden recurrir al endeudamiento y emitir deuda pública para financiar gastos de inversión en los límites que las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma de las Illes Balears determinen, respetando los principios generales y la normativa estatal.
2. La gestión, la recaudación, la liquidación, la inspección y la revisión de los tributos propios de las Illes Balears, así como, por delegación del Estado, de los tributos estatales cedidos totalmente a las Illes Balears, corresponden a la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
3. En el marco de la Comisión Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado y las Illes Balears se acordarán los tributos cuya gestión, recaudación, liquidación e inspección corresponderán a la Agencia Tributaria de las Illes Balears.
4. La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección del resto de impuestos del Estado recaudados en las Illes Balears corresponderán a la administración tributaria del Estado, sin perjuicio de la delegación que las Illes Balears puedan recibir del mismo, y de la colaboración que pueda establecerse especialmente, cuando así lo exija la naturaleza del tributo.
Para desarrollar lo que se prevé en el párrafo anterior, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y la Agencia Tributaria de las Illes Balears podrán establecer los convenios de colaboración que estimen pertinentes.
6. La Agencia Tributaria de las Illes Balears puede ejercer las funciones de recaudación y, en su caso, de gestión, inspección, liquidación y revisión de los recursos titularidad de otras administraciones públicas que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encargo de gestión, sean atribuidas a la comunidad autónoma de las Illes Balears.
Las Illes Balears deben asumir, mediante sus propios órganos económico-administrativos, la revisión por vía administrativa de las reclamaciones que los contribuyentes puedan interponer contra los actos de gestión tributaria dictados por la Agencia Tributaria de las Illes Balears en aquellos tributos que gestione directamente, sin perjuicio de las competencias en materia de unificación de criterio que correspondan a la Administración General del Estado.
En aquellos tributos cuya gestión sea compartida deberán participar ambas administraciones en la revisión en vía administrativa mediante órganos coparticipados.
Corresponde a las Illes Balears el establecimiento de los límites y las condiciones para conseguir los objetivos de estabilidad presupuestaria en los principios y la normativa del Estado y de la Unión Europea.
3. Los consejos insulares tienen autonomía presupuestaria y de gasto en la aplicación de sus recursos, incluidas las participaciones que perciben a cargo de los presupuestos de otras administraciones públicas, de las que pueden disponer libremente en el ejercicio de sus competencias.
4. Se garantizan a los consejos insulares los recursos suficientes para afrontar la prestación de los servicios cuya titularidad o gestión le sean transferidas o delegadas. Toda nueva atribución de competencias debe ir acompañada de la asignación de los recursos suplementarios necesarios para financiarlas correctamente, de manera que se tenga en cuenta la financiación del coste total y efectivo de los servicios transferidos. El cumplimiento de este principio es una condición esencial para que entre en vigor la transferencia o delegación de la competencia. A este efecto, pueden establecerse diversas formas de financiación, incluida la participación en los recursos de la hacienda de la comunidad autónoma de las Illes Balears o, en su caso, del Estado, en proporción a las competencias autonómicas que hayan sido transferidas o delegadas.
1. Mediante una ley del Parlamento se regulará el régimen de financiación de los consejos insulares fundamentado en los principios de suficiencia financiera, solidaridad y cooperación, que en ningún caso podrá suponer una disminución de los recursos obtenidos hasta el momento y que establecerá los mecanismos de participación en las mejoras de financiación de la comunidad en proporción a las competencias transferidas o delegadas.
1. La comunidad autónoma de las Illes Balears puede constituir entidades y organismos para cumplir las funciones que son de su competencia y para la prestación de servicios que afecten a los intereses de la comunidad autónoma y demás administraciones públicas con la finalidad de promover el desarrollo económico
y social. A estos efectos, mediante una ley del Parlamento se regulará la administración instrumental autonómica.
2. La comunidad autónoma participará en la gestión del sector público económico estatal en los casos y las actividades que sean necesarios.
Disposición adicional sexta. Insularidad.
1. Las medidas que adopte el Estado en atención o como compensación de la insularidad de cualquier territorio de España serán aplicables y deben hacerse extensivas a las Illes Balears, con excepción de las medidas que vengan motivadas por la ultraperificidad. Cuando sea necesario, y a estos efectos, la Administración del Estado establecerá los mecanismos necesarios para que estas medidas sean efectivas en el archipiélago balear.
2. El Estado velará para que cualquier mejora relativa al régimen económico o fiscal de los territorios insulares en el ámbito de la Unión Europea sea aplicable a las Illes Balears.
5. La certificación emitida por la Comisión Mixta de los acuerdos gubernamentales debidamente promulgados será título suficiente para la inscripción en el Registro de la Propiedad del traspaso de bienes inmuebles
del Estado a la comunidad autónoma de las Illes Balears. Esta certificación deberá tener en cuenta los requisitos exigidos por la Ley hipotecaria.
3. Hasta que la Administración de las Illes Balears no asuma las competencias que le corresponden de acuerdo con el presente estatuto, todos los organismos del Estado o de la administración local continuarán ejerciendo las funciones y las jurisdicciones anteriores.
Disposición transitoria quinta. Comisión Técnica Interinsular.
2. Mientras no esté aprobada la ley del Parlamento que, en aplicación de este estatuto, regule la elección de los miembros de los consejos insulares de Mallorca, Menorca e Ibiza, los consejeros que deban formar parte de cada uno de éstos se elegirán, coincidiendo con la fecha de la elección de los miembros del Parlamento de las Illes Balears, pero de forma independiente, mediante la aplicación de los preceptos de la vigente ley electoral de la comunidad autónoma, con las especificidades que se expresan a continuación:
i) El Consejo insular de Mallorca estará integrado por 33 consejeros, el de Menorca por 13 consejeros y el de Ibiza por 13 consejeros.
La duración del mandato será de cuatro años.
La transferencia de las competencias que inicialmente asuma el Consejo Insular de Formentera en su constitución, se llevará a cabo mediante una ley del Parlamento de las Illes Balears que entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial del Estado del presente Estatuto de Autonomía de las Illes Balears.
3. La aprobación, por parte de la comisión paritaria, del correspondiente acuerdo final de transferencia, dará efectividad, una vez constituido el Consejo Insular de Formentera, al traspaso de competencias. De este acuerdo se dará cuenta al Pleno del Parlamento de las Illes Balears.
4. El Gobierno de las Illes Balears asumirá los gastos ocasionados por el establecimiento y la efectividad
de las competencias transferidas en lo que excedan de la valoración ordinaria de su coste efectivo.
Disposición transitoria octava. Inversiones públicas e incremento de población.
1. Los déficits acumulados por la falta de inversiones públicas en las Illes Balears por la insuficiente dotación económica en materia de educación, sanidad y servicios sociales y por el constante incremento de la población serán compensados por el Estado con una inversión de tres mil millones de euros a lo largo de diez años a partir de la aprobación de este Estatuto, que se incrementarán a la inversión base de cada año.
Por inversión base se entiende la media de la inversión presupuestada por el Estado en las Illes Balears en los ejercicios 2005 y 2006.
2. La comunidad autónoma de las Illes Balears, mediante la Comisión Mixta de Economía y Hacienda, realizará el seguimiento y el control de la ejecución de estas inversiones. En caso de que, en un período de dos años consecutivos, no se haya cumplido lo previsto en el apartado anterior, la cantidad que quede hasta el importe resultante de prorratear la cantidad de tres mil millones de euros entre estos dos años más su inversión base, se incorporará a los recursos de la hacienda de las Illes Balears como transferencia con cargo al presupuesto general del Estado.
3. Antes de los seis meses anteriores a la finalización de este periodo máximo de diez años, la Comisión Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado y las Illes Balears prevista en el artículo 125 de este Estatuto, revisará el cumplimiento de lo que dispone el apartado 1 de este precepto y calculará la liquidación definitiva, en su caso, para que el Estado incorpore la cantidad que resulte al presupuesto general del ejercicio siguiente. Una vez finalizado el período antes citado, deberá decidir y aprobar las inversiones que el Estado destinará a las Illes Balears en los siguientes cinco años y así de forma sucesiva por períodos quinquenales.
4. Con la finalidad antes citada, podrán asistir a las reuniones de la Comisión Mixta de Economía y Hacienda representantes de los consejos insulares y, en su caso, de los municipios afectados.
La Comisión Mixta de Economía y Hacienda entre el Estado y las Illes Balears que establece el artículo 125 debe crearse en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente estatuto.
Mientras no se constituya, la Comisión Mixta prevista en el artículo 73 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears aprobado por la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, en su redacción por Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, de reforma de la Ley Orgánica 2/1983, de 25 de febrero, de Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, asume sus competencias.