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Timestamp: 2018-08-21 16:42:06
Document Index: 52497151

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 11']

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Corte Suprema declara injustificado despido de a honorarios de la municipalidad de Arica
La Corte Suprema acogió recurso de unificación de jurisprudencia y declaró injustificado el despido de dos funcionarios municipales de Arica, quienes prestaron servicios a honorarios en la entidad edilicia.
En fallos divididos (causas roles 35.091-2017 y 35.151-2017), la Cuarta Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Haroldo Brito, Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y el abogado (i) Jaime Rodríguez– estableció que existió una relación laboral entre las partes por servicios permanentes.
“Que, por consiguiente, si una persona se incorpora a la dotación de una municipalidad bajo la modalidad contemplada en el artículo 4 de la Ley N° 18.883, pero, no obstante ello, en la práctica presta un determinado servicio que no tiene la característica específica y particular que expresa dicha norma, porque no corresponde a labores accidentales y no habituales de la municipalidad o a un cometido específico, corresponde aplicar el Código del Trabajo si los servicios se han prestado bajo los supuestos fácticos que importan un concepto, para este caso, de subordinación clásico, esto es, a través de la verificación de indicios materiales que dan cuenta del cumplimiento de las órdenes, condiciones y fines que el empleador establece, y que conducen necesariamente a la conclusión que es de orden laboral. Lo anterior, porque, como se dijo, el Código del Trabajo constituye la regla general en el ámbito de las relaciones laborales, y, además, porque una conclusión en sentido contrario significaría admitir que, no obstante concurrir todos los elementos de un contrato de trabajo, el trabajador queda al margen del Estatuto Laboral, en una situación de precariedad que no tiene justificación alguna”, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “la acertada interpretación del artículo 1 del Código del Trabajo, en armonía con el artículo 4 de la Ley N° 18.883, está dada por la vigencia de dicho código para las personas naturales contratadas por una municipalidad, que, aun habiendo suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, por permitírselo el estatuto especial que regula a la entidad contratante, se desempeñan en las condiciones previstas por el código del ramo. Bajo este prisma debe uniformarse la jurisprudencia, en el sentido que corresponde calificar como vinculaciones laborales, sujetas al Código del Trabajo, a las relaciones habidas entre una persona natural y un órgano de la Administración del Estado, en este caso, una municipalidad, en la medida que dichos lazos se desarrollen fuera del marco legal que establece el artículo 4 de la Ley N° 18.883, que autoriza la contratación, sobre la base de honorarios, ajustada a las condiciones que dicha norma describe, en la medida que las relaciones se conformen a las exigencias establecidas por el legislador laboral para los efectos de entenderlas reguladas por la codificación correspondiente”.
“(…) tal decisión –continúa– no implica desconocer la facultad de los municipios para contratar bajo el régimen de honorarios que consulta el artículo 4 de la Ley N° 18.883, por la que no se vislumbran problemas de colisión entre las preceptos del citado código y del estatuto funcionario aludido, sino sólo explicitar los presupuestos de procedencia normativa que subyacen en cada caso para discernir la regla pertinente, y lo será aquella que se erige en el mencionado artículo 11, siempre que el contrato a honorarios sea manifestación de un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la Administración del Estado pueda contar con la asesoría de expertos en asuntos precisos, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habituales”.
“(…) es justamente la determinación de estos tópicos de especificidad y ocasionalidad que deben ser esclarecidos para después decidir el estatuto aplicable a la situación concreta que se analiza, por lo que se hace necesario aclarar qué son “labores accidentales y no habituales”, siendo aquéllas las que, no obstante ser propias de dicho ente, son ocasionales, circunstanciales, accidentales y distintas de las que realiza el personal de planta o a contrata; y por cometidos específicos, las tareas puntuales perfectamente individualizadas o determinadas con claridad en el tiempo y que, sólo por excepción, pueden consistir en funciones propias y habituales del ente”, concluye.
Decisión adoptada con el voto en contra de la ministra Muñoz.
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Delegación judicial de Perú visita la jurisdicción Arica
Presidenta de la Corte de Apelaciones de Arica, María Verónica Quiroz, se reunió con una delegación de 33 abogados peruanos que desarrollaron una pasantía en la jurisdicción, cuyo objetivo era conocer el sistema procesal penal chileno.
Los visitantes provienen del Poder Judicial, el Ministerio Público y Defensoría del Perú, además de abogados particulares. En sus intervenciones, agradecieron a la ministra Quiroz la hospitalidad con que fueron recibidos en los tribunales y, en especial, al administrador del Juzgado de Letras del Trabajo, Abel Grant, quien coordinó las reuniones, audiencias y recorridos por la jurisdicción.◊
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CORTE DE SANTIAGO RECHAZA RECURSO DE PROTECCIÓN CONTRA EL REGISTRO CIVIL POR NO PERMITIR INSCRIBIR HIJO A PAREJA DEL MISMO SEXO
En fallo unánime, Duodécima Sala del tribunal alzada descartó actuar arbitrario del Registro Civil al no permitir a las solicitantes, quienes celebraron acuerdo de unión civil, inscribir hijo con dos madres.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó el recurso de protección presentado en contra del Registro Civil e Identificación por pareja del mismo sexo a la que no se le permitió inscribir un hijo.
En fallo unánime (causa rol 74.926-2017), la Duodécima Sala del tribunal alzada –integrada por los ministros Juan Cristóbal Mera, Marisol Rojas y el abogado (i) Rodrigo Rieloff– descartó actuar arbitrario del Registro Civil al no permitir a las solicitantes, quienes celebraron acuerdo de unión civil, inscribir hijo con dos madres.
“Que las normas sobre estado civil vigentes en nuestra legislación nacional, son de orden público, de manera que no puede disponerse por voluntad de las personas ni tampoco puede existir una interpretación extensiva de ellas. Que dicho de otro modo, de ellas es posible advertir, en especial de los artículos 182, 183, 186, 187, 188 y 189 del Código Civil, que un individuo no puede tener más de un padre o más de una madre. Y para impugnar dicha calidad es menester recurrir a las acciones de impugnación de maternidad o paternidad, respectivamente que contempla el citado cuerpo de leyes”, sostiene el fallo.
La resolución agrega que: “el que las solicitantes hayan celebrado un Acuerdo de Unión Civil al amparo de la Ley N°20.830, sólo les confiere a ellas el estado civil de convivientes civiles pero ningún efecto produce en el caso materia de estudio, pues se refiere únicamente al régimen de bienes, pero no puede entenderse que con dicha convención o acuerdo haga extensivo o pueda hacer nacer algún derecho en materia de relación filiativa”.
“Que así entonces, esta Corte ha llegado a la conclusión que no ha existido por parte del Registro Civil e Identificación algún acto ilegal, organismo que ha actuado dentro de la esfera de su competencia al negarse a rectificar la partida de nacimiento (…) pues éste ya tiene determinada su filiación en relación a su madre (…) y como se ha razonado, la actual legislación no contempla la posibilidad de que un individuo pueda estar inscrito a la vez por dos madres, pues la maternidad está determinada por el hecho del parto”, concluye.
El tribunal oral en lo penal consideró que el Ministerio Público no pudo acreditar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad directa de los imputados.
Según el dictamen de los magistrados Mariana Leyton, Mauricio Petit y Gonzalo Brignardelio, la Fiscalía no pudo acreditar la participación de ambos acusados, pues la prueba vertida con ese fin no superó el estándar de la duda razonable.Tras conocer el resultado, la defensora penal pública Violeta Alvarez señaló que siempre tuvo la convicción de que el Ministerio Público no contaba con los antecedentes suficientes para atribuir participación a sus representados. http://radioinfoarica.cl/wp-admin/customize.php?url=http%3A%2F%2Fradioinfoarica.cl%2Fjuicio-de-la-muerte-de-la-pareja-al-costado-de-la-piscina-olimpica%2F
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Arica absolvió a los dos imputados por la muerte de Nicole Castillo Espinoza y José Quiniñao Gutiérrez, un matrimonio que fue atropellado por sujetos que huían de una balacera ocurrida el 29 de octubre de 2016 en el sector de Chinchorro, al frente del pub “Mojito”, en Arica. http://radioinfoarica.cl/detienen-en-iquique-a-autores-de-disparos-en-chinchorro-que-significo-la-muerte-por-atropello-a-matrimonio-en-arica/
Ambos habían sido imputados, además, por el delito de homicidio calificado en grado de frustrado en contra de V.S.O., quien conducía el automóvil que atropelló a la pareja fallecida mientras huía de quienes lo perseguían a balazos. Así, los imputados enfrentaban dos cargos principales, el ya mencionado y el de homicidio simple por la muerte de la pareja atropellada.
“Durante todo el juicio quedó bastante claro que, de toda la prueba rendida, no había ningún tipo de prueba directa que pudiese atribuir la participación de mis representados. De todos los testigos que el Ministerio Público presentó en el juicio, ninguno fue un testigo presencial, lo que quiere decir que ninguno fue capaz de decir directamente que había visto a alguno de mis representados como autor de los disparos ocasionados a V.S.O., a pesar que el día de los hechos había más de 1.500 personas en el sitio del suceso”, explicó la defensora pública.
Violeta Alvarez agregó que los acusados estuvieron en prisión preventiva durante un año, pese a que la defensa siempre argumentó la falta de participación de los acusados y solicitó la revisión de esa medida cautelar. También aclaró que fueron tres los hechos ocurridos ese día.
“El primero es el homicidio frustrado de la víctima que estaba en el vehículo baleado, en el que no se pudo acreditar la participación de mis acusados. El segundo era el homicidio simple, aludiendo dolo eventual respecto de la pareja fallecida y también los lesionados, hecho que fue generado por otra persona que manejaba ese vehículo y no mis representados. El tercer ilícito fue un porte y tenencia de municiones solo de uno de mis representados, condena que ya debería darse por cumplida, por el año que ha pasado privado de libertad”, dijo la defensora pública.
La abogada sostuvo que la defensa siempre empatizó con el dolor de las familias afectadas por el atropello, pero que para asignar responsabilidades primero se tiene que buscar pruebas objetivas que permitan condenar a una persona.
“Lamentablemente todas estas personas estuvieron en el lugar en la fecha no indicada. No por lo lamentable de los hechos se tenía que buscar culpables o condenar donde no los había. Nunca la defensa tuvo una actitud de frialdad ante el dolor de la familia. Eso siempre lo tuvo presente, pero no había que sesgarse tratando de buscar responsables”, concluyó.
La Corte de Apelaciones de Arica rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa y confirmó la sentencia que condenó a Diego Armando Terán Huerta a la pena de 5 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito reiterado de abuso sexual.
En fallo unánime (causa rol 456-2017), la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por el ministro Pablo Zavala Fernández, el fiscal judicial Héctor Barraza Aguilera y el abogado (i) Ricardo Oñate Vera– rechazó la acción judicial que pretendía la nulidad del juicio oral y de la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal Arica, el 4 de octubre pasado.
“Que, conviene tener presente, que en lo tocante a la determinación de la pena hay una seria de reglas, contenidas tanto en el Código Penal, Código Procesal Penal y otros cuerpos normativos, los cuales al constituir un sistema complejo de disposiciones, reglas y principios, deben ser aplicadas de forma sistemática, para el caso el presente caso, debía determinarse la pena del delito más grave, efectuar el aumento de grado, para continuar con el grado de desarrollo del ilícito (tentado, consumado o frustrado), participación atribuida del imputado (autor, cómplice o encubridor), para recién analizar las circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad penal, tal cual hicieron los jueces del fondo en el considerando décimo cuarto ya indicado, arribando a una pena correctamente determinada, independiente de las teorías doctrinarias que pueda tener la defensa sobre el particular”, sostiene el fallo del tribunal de alzada.
Resolución que agrega: “(…) sólo cabe concluir que el recurso carece del fundamento necesario para dar por establecida la existencia de una pretendida infracción de ley, razón por la cual deberá ser rechazado”.