Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/documento/39894
Timestamp: 2019-12-07 07:46:08
Document Index: 376022798

Matched Legal Cases: ['artículo 71', 'artículo 115', 'artículo 115', 'artículo 39', 'artículo 41', 'Artículo 3', 'Artículo 115', 'ARTÍCULO 115', 'ARTÍCULO 115', 'ARTÍCULO 115']

Gaceta: LXII/1SPO-108/39894
De los Senadores Octavio Pedroza Gaitán y Ernesto Cordero Arroyo, con aval del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, la que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 40, 41, párrafo primero y 43, y la denominación del Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Propone incluir al municipio como ente depositario de la soberanía del pueblo, y a su gobierno como titular de poder público derivado de aquella, para su ejercicio en beneficio de los ciudadanos.
Asimismo incorpora el municipio como parte integrante de la Federación y modifica la denominación del Título Quinto “De los Estados de la Federación, de los municipios y del Distrito Federal”.
Los suscritos, Octavio Pedroza Gaitán y Ernesto Cordero Arroyo, Senadores de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión, e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 8, numeral 1, fracción I; 164, numerales 1, 2 y 3; 169, numerales 1 y 4, y demás relativos del Reglamento del Senado de la República, por medio de la presente, someto a la consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON AVAL DE GRUPO PARLAMENTARIO POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 41, PÁRRAFO PRIMERO Y 43, Y LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO DE LA CONSTITCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO EN MÉXICO COMO ENTE INTEGRANTE DE LA NACIÓN E INSTITUCIÓN DEPOSITARIA DE SOBERANÍA, basándonos para ello en las consideraciones de orden fáctico y jurídico que se expresan en la siguiente:
EL MUNICIPIO MEXICANO Y SU VOCACIÓN INSTITUCIONAL COMO ORDEN DE GOBIERNO
El municipio mexicano, por excelencia, se ha caracterizado por ser la autoridad más cercana a la población, y con ello, el ente administrativo, político y hasta jurisdiccional (dependiendo de la época en que se analice) en que se erigen las comunidades para proveer el basamento más elemental que sostiene al andamiaje institucional y estructural del Estado Mexicano.
Más allá de ser la autoridad municipal el órgano competente para organizar y prestar algunos de los servicios públicos indispensables para la vida diaria (agua potable y saneamiento, seguridad, recolección de basura, alumbrado público, etc.), su calidad ontológica, cualidades gnoseológicas y vocación teleológica, proponen indubitablemente una definición que rebasa la condición limitada que se le reconoce en nuestro marco constitucional.
La institución del municipio se remonta, en cuanto a sus orígenes en nuestro territorio, al calpulli, como organización de la comunidad gobernada por un Consejo de Ancianos en la época prehispánica. De igual forma, durante el periodo de la conquista, el municipio funcionó como la célula inicial para la estructura territorial de la Nueva España, de acuerdo a las instituciones españolas de la época, teniendo como principales funciones: la administración, la seguridad, el abasto y la justicia (también como piedra angular del sistema de justicia español).[1]
Es hasta finales del Siglo XIX, que los gobiernos estatales empiezan a delimitar las funciones del municipio como un ente meramente administrativo, y ya no jurisdiccional.[2] La concepción anterior fue plasmada en la estructura jurídico-formal que produjera el Constituyente de 1917, al establecer a la institución municipal en el artículo 115 de la Constitución de Querétaro, en los términos siguientes:
Art. 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial, y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
I.- Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.
Sin embargo, la libertad de los municipios no se ejerció materialmente, debido a la sobre reglamentación impuesta por parte de los Estados a la función municipal mediante las bases normativas del municipio que expedían los Congresos Estatales. Tal y como lo reconoce el Constituyente Permanente de la reforma municipal de 1999:
En consecuencia, queda para el ámbito reglamentario como facultad de los ayuntamientos, todo lo relativo a su organización y funcionamiento interno y de la administración pública municipal; así como para la regulación sustantiva y adjetiva de las materias de su competencia a través de bandos, reglamentos, circulares y demás disposiciones de carácter general; mientras que las leyes estatales en materia municipal, contemplarán lo referente al procedimiento administrativo, conforme a los principios que se enuncian en los nuevos incisos, y demás aspectos que contienen lo siguiente: (…)[3]
Con esta reforma, la institución municipal se transforma, de ser un ente político-administrativo para la división básica del territorio de un Estado, pasó a ser un orden de gobierno con atribuciones expresamente conferidas en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
En este mismo sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce, en tesis jurisprudencial, la existencia del municipio como orden de gobierno autónomo y sobre todo la existencia de un régimen jurídico municipal, mismo que puede ser defendido por los municipios, mediante la controversia constitucional.[4]
LA SOBERANÍA COMO CUALIDAD DEL PODER PÚBLICO EN UN SISTEMA DEMOCRÁTICO
Expresado lo anterior, es ahora preciso volver al origen de la concepción de la soberanía como fuente de poder, es decir, como factor que cohesiona a una comunidad para darse a ella misma un ente dotado de poder público, debida y suficientemente razonado, para procurarle a una colectividad, asentada en un espacio determinado, los bienes y servicios propios para la satisfacción de necesidades comunes.
Un claro antecedente de la pretensión de reconocer al municipio, además de la libertad municipal, la soberanía como atributo del pueblo en cada municipalidad, lo encontramos en el voto particular del Diputado José María del Castillo Velasco, en el Congreso Constituyente de 1856-1857), en el cual se dice:
“… El proyecto de Constitución, que he tenido la honra de suscribir, establece como principio incontrovertible la soberanía del pueblo, y el Congreso lo proclamará también. Desde este principio nace que la libertad que se reconoce a las partes de la federación, que son los estados, para su administración interior, debe reconocerse a las partes constitutivas de los estados que son las municipalidades. ¿Porqué (sic) los ciudadanos han de tener la facultad, la posibilidad de proveer al bienestar y al desarrollo de su estado y no han de tenerla también para proveer al bien y al desarrollo de su municipalidad? Si para atender a los intereses del estado basta la concurrencia de los ciudadanos que lo forman, para atender a los intereses de la municipalidad debe bastar también la concurrencia de los que componen esa municipalidad; porque el pueblo no deja de ser soberano, ni los individuos pierden la inteligencia a medida que se circunscribe la esfera de su acción.
Por estas consideraciones, buscando la prosperidad de los pueblos y siguiendo sin vacilar las consecuencias del principio de la soberanía popular, propongo al augusto Congreso como un artículo de la Constitución que toda municipalidad, con acuerdo de su consejo electoral, pueda decretar las medidas que crea convenientes al municipio.
De esta manera el pueblo tendrá un participio activo en la administración de sus intereses; de este modo se lograrán muchas reformas y muchas mejoras administrativas, por las cuales anhelan los pueblos; de esta manera la prosperidad de las municipalidades rebosará en los estados y el bien de las partes hará el bien del conjunto de ellas. De esta manera, en fin, señores diputados, se habrá creado en el pueblo y en el estado un interés que los obligue a defender las instituciones que vais a establecer…”.
Partiendo así de dicho postulado, a pesar de que numerosos esfuerzos se cuentan con el propósito de dotar a los municipios de libertad para gobernarse y disfrutar de aquella soberanía que les es originaria, no se le ha reconocido al municipio como espacio gubernamental investido de esa cualidad, siendo que aún a la fecha constituye el ente público más cercano al pueblo, y por ende el primer espacio que le provee de identidad, para la expresión de su cultura, intereses y necesidades.
A mayor abundamiento, es de apuntarse que el municipio representa a través del ayuntamiento, un orden de gobierno electo en virtud de la potestad soberana del pueblo mexicano, pública y manifiesta a través del sufragio. Es decir, el poder municipal no es otra cosa que el resultado de la soberanía en obra, a partir de la cual cobra un carácter auténticamente representativo de los intereses que le son comunes a un determinado núcleo poblacional asentado en un territorio determinado.
RECAPITULACIÓN SOBRE EL ORIGEN DEL PODER PÚBLICO Y SU CONCEPTUALIZACIÓN EN EL CASO MEXICANO
La legitimación del ejercicio de la autoridad por parte del gobierno o del soberano ha evolucionado a lo largo de la historia. En el origen del estado moderno se legitimó por medio de un designio divino, materializado por medio de la unción como monarca vitalicio de una persona. Esta concepción tuvo un cambio radical a finales del siglo XVII, ya que con la ilustración filósofos como John Locke, negaban el origen divino a las monarquías y aseguraban que el origen de las facultades del soberano es la cesión o autorización de los integrantes de una sociedad política a un magistrado, para que éste garantizara los elementos necesarios para la convivencia y la preservación de una sociedad política.[5]
En este mismo sentido, Rousseau, desagregó la filosofía de John Locke. Estableció que es la sociedad en su “Estado Natural” quien por medio de un pacto social, constituye y autoriza al soberano para que garantice el interés público. Con lo cual concluye que la soberanía es del pueblo, pero se ejerce por medio de las autoridades constituidas mediante el pacto social.[6]
Esta concepción de soberanía fue adoptada por el pueblo mexicano, desde el Acta Constitutiva de la Federación de 1824,[7] en la Constitución Política de la República Mexicana de 1857[8] y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 (que rescata el texto de la Constitución del 57).
Debemos reconocer, que si bien es cierto que el constitucionalismo mexicano tiene una fuerte influencia del norteamericano, sobre todo en la parte orgánica, también debemos señalar que el concepto de soberanía es de influencia francesa.
En este sentido, el artículo 39 de la CPEUM reconoce que la soberanía reside en el pueblo y el artículo 41 de la CPEUM que el pueblo ha decidido ejercer su soberanía por medio de los Poderes la Unión y de los estados, en sus respectivas competencias.
Es evidente que los Constituyentes de 1857 y de 1917 no consideraban al municipio como un ente de gobierno, por lo cual era imposible que el pueblo ejerciera su soberanía por medio de las autoridades municipales constituidas.
La falta de soberanía en el municipio, o más bien, por parte de sus autoridades, como se ha comentado ya con antelación, se comprende en virtud de su condición histórica, ya que durante la época de la Colonia el municipio tenía una autoridad delegada por parte del Soberano del Imperio Español para el ejercicio de la jurisdicción y de la administración, mientras que en el México Independiente se le consideró como la unidad territorial básica para la administración de un Estado.
Es importante mencionar que el municipio, para el caso mexicano fue la fuente del sentimiento de arraigo, pertenencia e identidad nacional. Es decir, fue la base primigenia, deducida del ámbito territorial, para la adopción y asunción de la idea de nación. Esto derivado de la limitante que tenían los criollos de ocupar los principales puestos del gobierno de la Nueva España, los cuales eran reservados a los peninsulares, lo cual ocasionó que partir de las reformas borbónicas, los criollos empezaron a configurar desde el municipio el concepto de soberanía-nación, que después le daría vida al México Independiente.
México ha cambiado, hoy tenemos a comunidades y ciudadanos libres y capaces para participar en los procesos comiciales que se proponen ser garantes de la democracia. Existen asimismo autoridades independientes (en la forma de Institutos Federales y Locales en materia electoral), objetivas e imparciales encargadas de garantizar el derecho subjetivo público que es el sufragio, su libertad y secrecía.
Las instituciones además de ser producto de la voluntad política plasmada en el orden jurídico y en la propia Constitución, deben atender inexorablemente a la historia y a las realidades políticas, sociales, económicas y culturales, propias de una colectividad en un tiempo determinado.
Es preciso pues, que hoy, las circunstancias ya existentes, presentes y constantes, de gran dinamismo, acentuado activismo, evidente diversidad, creciente necesidad, e incluso, latente adversidad, den vida a un nuevo marco institucional para el municipio mexicano.
Es por todo lo anteriormente apuntado, que se propone el reconocimiento de la evolución histórico-formal de la voluntad del pueblo mexicano, para hacer del municipio, además de un orden de gobierno, un ente integrativo de la Unión, resultante de la vocación democrática y representativa que emana de la propia soberanía del pueblo, y por ende, con idéntica calidad, en cuanto a su titularidad como depositario de poder público, que aquella que ostentan los Estados y la Federación.
El Estado Mexicano necesita reconocer una realidad que sus comunidades y ciudadanos ya reclaman: el municipio como ente público dotado de soberanía popular e, integrante de la nación.
La Reforma Constitucional de 1999 reconoció el carácter de gobierno a los municipios pero no su condición soberana como tal, derivada de la voluntad del pueblo, sino que lo depositó de manera implícita en el legislativo estatal por medio de su facultad de imponer tributos y expedir las leyes municipales que servirían de base para la facultad reglamentaria de los municipios.
Por otro lado, tal como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia la Nación, el municipio (inclusive antes de la reforma de 1999) cuenta con un régimen jurídico propio, basado principalmente en una esfera de competencias exclusivas[9] y la posibilidad de interponer la controversia constitucional para defender sus competencias ante la intromisión de cualquier otro poder u orden de gobierno.
Por estas razones, se propone que la Constitución Federal reconozca el inalienable derecho de los pueblos, erigidos en municipios, como depositarios de la calidad soberana que les debe ser inherente, para ejercerla por medio de las autoridades que ellos constituyeron a través de sus ayuntamientos elegidos democráticamente. Es decir, que la ejerzan por medio de las autoridades Federales, Estatales y Municipales.
SOBRE EL RÉGIMEN COMPETENCIAL DE LOS ÓRDENES DE GOBIERNO:
En el mismo sentido, siendo que la voluntad general ha reconocido al municipio como orden de gobierno, también es cierto que ha decidido constituirse en una República Federal (art. 40 de la Constitución) respetando los principios establecidos en la Constitución Federal y las propias de los estados; y que la soberanía será ejercida por las autoridades federales y estatales, de acuerdo a la Constitución General y a la propia de cada estado, en el ámbito de sus respectivas competencias (art. 41 de la CPEUM).
Como se desprende de los artículos 40 y 41 de la Constitución Federal, es necesario comprender el sistema competencial mexicano para poder delimitar la forma y particularidades para el ejercicio de la soberanía por parte de la Federación y los estados, de acuerdo a lo establecido en ese cuerpo normativo.
Todas las facultades del Estado Mexicano originalmente son de los estados, de acuerdo a la cláusula residual (art. 124 de la CPEUM), y son éstos quienes, por medio de disposición expresa, las conceden a la Federación (art. 73, 117 y 118 de la CPEUM) y a los municipios (art. 115 de la CPEUM); por lo cual, toda facultad no cedida se entiende que los estados se la reservaron para ejercerla ellos mismos. Asimismo son ellos lo que en última instancia aceptan o rechazan un cambio al marco de las competencias de la federación al votar sus legislaturas cualquier cambio que sufra la Constitución Federal.
En este mismo sistema de distribución de competencias, se han establecido varias facultades que no son exclusivas de algún orden de gobierno, sino que se ejercen entre dos o más de ellos. Estas son las facultades coincidentes[10] y las coexistentes.[11]
Las facultades coincidentes pueden ser amplias, es decir, sin que la Federación pueda establecer los marcos para el ejercicio de las mismas por parte de los estados y los municipios como lo es la atribución de combatir el alcoholismo (art. 117 de la CPEUM). También pueden ser coincidentes restringidas, ya que se faculta a la Federación para expedir una Ley General para establecer las bases del ejercicio de cierta facultad, por ejemplo la educación (art. 73, F. XXV de la CPEUM), la salubridad (art. 73, F. XVI de la CPEUM), la seguridad (art. 73, F. XXIII de la CPEUM) y más recientemente el combate al secuestro y trata de personas (art. 73, F. XXI de la CPEUM).
También encontramos las facultades coexistentes, que se caracterizan porque permiten que cada orden de gobierno ejerza una facultad sin la necesidad de estar coordinadas, por ejemplo: la justicia en materia civil y penal, sin que los estados hayan autorizado al Congreso de la Unión para emitir una Ley General que coordine estas materias.
Es importante resaltar que la soberanía se ejerce tanto en las facultades legislativas, como ejecutivas y judiciales, respetando el principio de indivisibilidad de la soberanía de Rousseau, ya que lo que divide el Constituyente es el ejercicio del gobierno, no la soberanía del pueblo. En este sentido, el pueblo mexicano ha decido dividir al Estado Mexicano de forma vertical (Estado Federal) en la Federación, estados y municipios; así como de manera horizontal (Gobierno Republicano) en legislativo, ejecutivo y judicial.
Este doble control del poder, es una válvula de seguridad para garantizar la libertad, al impedir que el control se concentre. El control vertical es una creación de los ingenieros constitucionales norteamericanos mientras que el control horizontal se le debe a Montesquieu. El agregar al municipio como garante y base fundamental de la soberanía popular, otorgaría otra cláusula de seguridad al Estado Mexicano al equilibrar y contrapesar el poder, y con esto evitar su concentración, desviación o corrupción.
En los últimos años, se ha hecho evidente una tendencia a despojar al municipio materialmente de sus funciones, cuestión que es un error, ya que esto provocaría una mayor concentración de poder en las esferas más lejanas a los ciudadanos, sin capacidad institucional a nivel municipal para equilibrar dicha situación, lo cual obraría en obvio detrimento de la libertad y de los derechos básicos de las comunidades locales.
Bajo este razonamiento, es viable reconocer al municipio como autoridad ejecutora de la soberanía nacional bajo los siguientes argumentos:
Cuenta con una facultad materialmente legislativa (hasta hoy considerada formalmente reglamentaria) para aprobar disposiciones generales municipales, ya que los estados se han reservado la facultad de expedir las leyes municipales, que serán la base “de las los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general” aprobadas por los municipios (art. 115, F. II de la CPEUM).
Las facultades ejecutivas del municipio (art. 115, F. III de la CPEUM) son exclusivas de éstos, ya que el constituyente cedió expresamente facultades ejecutivas al municipio, como por ejemplo: agua potable, alumbrado público, alcantarillado, mercados, etc.
Los municipios, como se comentó, cuentan con la potestad de acudir a la controversia constitucional para defender sus facultades legislativas y ejecutivas exclusivas ante cualquier invasión de facultades por la Federación o los estados (art. 105. F.I de la CPEUM).
Por otro lado, el municipio tiene facultades concurrentes con la Federación y los estados, como son el desarrollo urbano (art. 105, F. V, inciso a) de la CPEUM), el desarrollo regional (art. 115, F. V, inciso c) de
la CPEUM), el uso del suelo (art. 115, F. V, inciso d) de la CPEUM), el desarrollo metropolitano (art. F. VI de la CPEUM), la seguridad pública (art. 21 y 115, F. III, inciso h y VII de la CPEUM) y la imposición de impuestos, derechos y contribuciones (art. 115, F. IV de la CPEUM).
La facultad impositiva municipal es considerada como compartida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que en distintas jurisprudencias constitucionales se reconoce al municipio como coparticipe de la potestad tributaria. El Pleno de la Suprema Corte dota de gran transcendencia a la facultad de iniciativa de los ayuntamientos para aprobar las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Es en este sentido, que la Suprema Corte ha condicionado la posibilidad de los congresos locales de separarse o modificar la iniciativa de ley de ingresos de los municipios a motivar de forma objetiva y razonable las modificaciones que quiera realizar.[12]
El incumplimiento por parte de los congresos locales de justificar objetiva y razonablemente las reformas a la iniciativa de ley de ingresos presentada por un municipio, faculta a éstos para presentar una controversia constitucional en contra del congreso local.[13]
Dentro de la lógica del sistema competencial mexicano, una de las consecuencias inmediatas de reconocer al municipio como integrante del pacto federal y ejecutor de la soberanía nacional, es garantizar la participación de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes.[14]
Es por eso, que en los transitorios se propone un plazo de seis meses para que el Congreso de la Unión adecue las leyes generales de coordinación, que aún no establecen la participación de los municipios. Así como para los congresos locales de reformar sus normas internas a fin de garantizar esa representación.
Por esto se propone a esta Soberanía, incluir al municipio como ente depositario de la soberanía del pueblo, y a su gobierno como titular de poder público derivado de aquella, para su ejercicio en beneficio de los ciudadanos. Lo anterior, ya que el municipio estaría limitado, como toda autoridad constituida, a la distribución de competencias, límites y contrapesos que fija la Constitución Mexicana.
Por todo lo anterior se pone a consideración de esta Soberanía el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 40, 41, PÁRRAFO PRIMERO Y 43, Y LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO QUINTO DE LA CONSTITCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA EL RECONOCIMIENTO DEL MUNICIPIO EN MÉXICO COMO ENTE ENTEGRANTE DE LA NACIÓN E INSTITUCIÓN DEPOSITARIA DE SOBERANÍA
Artículo Único. Se reforman los artículos 40, 41, párrafo primero y 43, así como la Denominación del Título Quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:
Art. 40.- Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos, así como los municipios libres que los integran, en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
Art. 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos; por los de los Estados y de los municipios, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
I. – VI. (…)
Art. 43.- Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Distrito Federal; así como los municipios que los integran de acuerdo con su legislación.
De los Estados de la Federación, de los municipios y del Distrito Federal
Artículo Segundo. El Congreso de la Unión contará con seis meses a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para reformar las disposiciones generales que se requieran para garantizar la participación de los municipios en los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes.
Artículo Tercero. Las autoridades competentes contarán con tres meses a partir de la entrada en vigor de las reformas a las normas que rigen los sistemas nacionales de coordinación de facultades concurrentes, para adecuar sus normas de funcionamiento.
Cámara de Senadores a 14 de marzo de 2013.
[1] García Ayluardo, Clara (coordinadora), Las Reformas Borbónicas 1750 – 108, México, FCE, 2010, Colección Historia Crítica de las Modernizaciones en México, pp. 153- 156.
[2] Ibídem, pp. 157 – 163.
[3] Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la XX legislatura de la Cámara de Diputados, Dictamen de Origen de la Reforma Constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre de 1999. http://www2.scjn.gob.mx/red/leyes/UnProcLeg.asp?nIdLey=130&nIdRef=163&nIdPL=2&cTitulo=CONSTITUCION%20POLITICA%20DE%20LOS%20ESTADOS%20UNIDOS%20MEXICANOS&cFechaPub=23/12/1999&cCateg=DECRETO&cDescPL=DICTAMEN/ORIGEN
[4] Tesis P./J. 134/2005, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXII, octubre de 2005, P. 2070, número IUS. 176928.
[5] Locke, John, Ensayo sobre el gobierno civil, México, Porrúa, 1997.
[6]Rosseau, Juan Jacobo, El Contrato Social, México, Porrúa, 1969.
[7] Artículo 3 del Acta Constitutiva de la Federación de 1824.
[8] Artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[9] Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
[10] La Suprema Corte de justicia de la Nación las ha denominado facultades concurrentes y les ha dado como característica, que son aquellas en las que dos o más órdenes de gobierno pueden realizar una misma competencia y la cual va a estar delimitada por una ley general que se encargará de expedir el Congreso de la Unión.Tesis P/J.142/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XV, Enero 2002, p. 1042, número IUS 187982.
FACULTADES CONCURRENTES EN EL SISTEMA JURÍDICO MEXICANO. SUS CARACTERÍSTICAS GENERALES.
[11] Torres Estrada, Pedro Rubén, El modelo federal mexicano a la luz de los modelos comparados. La necesidad de la incorporación en la Constitución de los principios de subsidiaridad y solidaridad como principios informadores y delimitadores del sistema de competencias, en AGUILERA PORTALES, Rafael y TORRES ESTRADA, Pedro Rubén, ISOTIMIA II, Porrúa, México, 2010.
[12] Tesis P./J. 111/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1129, número IUS. 174091.
HACIENDA MUNICIPAL. EN EL CASO DE LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EXISTE UNA POTESTAD TRIBUTARIA COMPARTIDA ENTRE LOS MUNICIPIOS Y EL ESTADO EN EL PROCESO DE SU FIJACIÓN.
Tesis P./J. 112/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1131, número IUS. 174089.
HACIENDA MUNICIPAL. LAS LEGISLATURAS ESTATALES PUEDEN SEPARARSE DE LAS PROPUESTAS DE LOS AYUNTAMIENTOS EN RELACIÓN CON LOS TRIBUTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SIEMPRE QUE LO HAGAN SOBRE UNA BASE OBJETIVA Y RAZONABLE.
[13] Véase la Controversia Constitucional presentada por el Municipio de Morelia ante la Suprema Corte de Justicia del a Nación. Tesis P./J. 116/2006, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXIV, Octubre de 2006, P. 1132, número IUS. 174088.
HACIENDA MUNICIPAL. LOS ARTÍCULOS 18, FRACCIÓN VII, Y 19, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MORELIA, MICHOACÁN, PARA 2006, AL ESTABLECER SUPUESTOS DE EXENCIÓN, TRANSGREDEN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
“(…) porque el Municipio de Morelia no propuso esas exenciones en su iniciativa y la Legislatura del Estado no expuso en el procedimiento legislativo algún argumento para justificar su inclusión, lo que genera un perjuicio a la hacienda pública municipal, pues afecta la recaudación que se tenía contemplada y altera la iniciativa del Municipio sin motivación alguna (…)”
[14] Por ejemplo: coordinación en seguridad pública (art. 73, F. XXIII de la CPEUM), educación (art. 73, F. XXV de la CPEUM), contabilidad gubernamental (art. XXVIII, F. de la CPEUM), asentamientos humanos (art. 73, F. XXIX-Cde la CPEUM), protección al ambiente (art. 73, F. XXIX-G de la CPEUM), protección civil (art. 73, F. XXIX-Ide la CPEUM), la imposición de impuestos (que por medio de los Convenios de Coordinación Fiscal, los estados ceden parte de su facultad a la Federación para coordinarse de forma voluntaria y pleno respeto a su autonomía), entre otras.