Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/AS/penal/P0-2018/as201810400.html
Timestamp: 2019-11-19 08:37:39
Document Index: 286452470

Matched Legal Cases: ['artículo 413', 'in fine', 'artículo 228', 'artículo 370', 'artículo 169', 'artículo 1', 'artículo 169', 'artículo 413', 'in fine']

as201810400
AUTO SUPREMO Nº 400/2018-RRC
Expediente : La Paz 83/2017
Parte Imputada : María Elena Yáñez Loayza
Por memorial presentado el 20 de septiembre de 2017, cursante de fs. 2151 a 2156, María Elena Yáñez Loayza, interpone recurso de casación, impugnando el Auto de Vista 39/2017 de 31 de julio, de fs. 2142 a 2145, pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público y María del Pilar Bazualdo de Vásquez contra la recurrente, por la presunta comisión de los delitos de Estafa, Falsedad Ideológica y Asociación Delictuosa, previstos y sancionados por los arts. 335, 199 y 132 del Código Penal (CP), respectivamente.
Por Sentencia 026/2015 de 18 de septiembre (fs. 2056 a 2066 vta.), el Tribunal Séptimo de Sentencia y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a María Elena Añez Loayza, autora de la comisión del delito de Estafa, previsto y sancionado por el art. 335 del CP, imponiendo la pena de cuatro años de reclusión, más costas, daños y perjuicios a favor del Estado, averiguables en ejecución de sentencia, siendo absuelta de pena y culpa de los delitos de Falsedad Ideológica y Asociación Delictuosa.
Contra la mencionada Sentencia, la imputada María Elena Yáñez Loayza (fs. 2119 a 2123 vta.), interpuso recurso de apelación restringida, que fue resuelto por Auto de Vista 39/2017 de 31 de julio, emitido por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que declaró improcedentes las cuestiones planteadas y confirmó la Sentencia apelada, motivando a la interposición del presente recurso de casación.
Del memorial de recurso de casación y del Auto Supremo 083/2018-RA de 26 de febrero, se extraen los siguientes motivos a ser analizados en la presente Resolución, conforme al mandato establecido por los arts. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y 17 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ).
La recurrente indica, que el Auto de Vista recurrido es contrario al Auto Supremo 479/2005 de 8 de diciembre; por cuanto, no anuló totalmente la Sentencia ordenando la reposición del juicio conforme lo previsto por el art. 413 del CPP, limitándose a sostener que el Tribunal de Sentencia no está facultado para revisar la fundamentación fáctica, pese a que la Sentencia de mérito es una Resolución contradictoria e incongruente al no tomar en cuenta la declaración de la propia víctima, que indicó que su persona no tuvo participación en la comisión de los delitos endilgados.
La recurrente solicita, se deje sin efecto el Auto de Vista recurrido, devolviéndose actuados al Tribunal de alzada para que pronuncie nueva Resolución de acuerdo a la doctrina legal establecida.
Mediante Auto Supremo 083/2018-RA de 26 de febrero, cursante de fs. 2166 a 2168 vta., este Tribunal admitió el recurso de casación formulado por la imputada María Elena Yáñez Loayza, para el análisis de fondo del motivo identificado precedentemente.
Por Sentencia 026/2015 de 18 de septiembre, el Tribunal Séptimo de Sentencia y Juzgado de Partido de Sustancias Controladas del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, declaró a María Elena Añez Loayza, autora de la comisión del delito de Estafa, absolviéndola de los delitos de Falsedad Ideológica y Asociación Delictuosa, bajo los siguientes hechos probados:
Que María Elena Yáñez Loayza (imputada), con la intención de obtener para sí un beneficio económico indebido, utilizó el artificio de ofrecer a la venta un inmueble, en coautoría de otras dos personas, que suplantan a los verdaderos propietarios y a momento de la transferencia provocan error en la víctima que realizó un acto de disposición patrimonial de Bs. 84.840 equivalente a $us. 12.000.- (doce mil dólares estadounidenses).
Que, la imputada en su calidad de intermediaria ofreció en calidad de venta un bien inmueble, presentando personalmente a la víctima a los supuestos propietarios del inmueble sin que lo sean realmente, induciendo a la víctima en error para que realice un acto de disposición patrimonial.
Que, la imputada con su conducta afectó el patrimonio de la víctima a través del ardid y el engaño de hacerla creer falsamente que obtenía en calidad de compra venta un inmueble de sus verdaderos propietarios.
Que, la imputada tima a la víctima al identificarse como arquitecta, logrando ganar su confianza, hasta lograr convencerla para que realice la compra y venta del inmueble; y consiguientemente, realice el acto de disposición patrimonial.
Se demostró que la imputada se encargó personalmente de mostrar el inmueble a la víctima y presentar a sus aparentes propietarios, actuando como intermediaria se encargó de contactarse con el abogado y la Notario de Fe Pública para que se realice la compra y venta.
Notificada con la Sentencia, María Elena Yáñez Loayza interpone recurso de apelación restringida, bajo los siguientes argumentos, vinculados al motivo de casación:
Sentencia dictada en base a inobservancia de la Ley adjetiva art. 370 inc. 6) y 173 del CPP; precisa, que la declaración testifical prestada por la víctima acredita cual fue la participación que tuvo su persona; ya que, señaló que comunicó que eran otros los propietarios, que su persona estaba encargada de mostrar simplemente el lugar, que Juan Fernando y Eddy Sharbel, les mostraron sus carnets de identidad y la información rápida de que el lugar estaba saneado y no tenía deuda pendiente, que mostraron el plano de ubicación, el testimonio anterior de las ventas, los impuestos, que su persona sugirió un abogado que era conocido, trasladándose todos a su oficina; sin embargo, dicha declaración fue valorada defectuosamente, cuando la propia víctima delimitó su participación, por lo que no se le puede atribuir el hecho de ser autora del delito de Estafa, cuando solo se limitó a mostrar el lote de terreno, no teniendo participación alguna en el acto de compra venta y quien verificó los documentos fue el abogado contratado por la víctima. Que, los demás testigos incluyendo a la Notario de Fe Pública fueron categóricos al sostener que su persona no tuvo participación en la compra del inmueble; así también la declaración de José Luis Campero Villalba la exime de responsabilidad; puesto que, fue el abogado que guio en la realización de los trámites de compra venta; por lo que declaró que indicó a la víctima apersonarse al Gobierno Municipal para verificar el lote de terreno, donde su participación no fue como arquitecta. Añade que la Sentencia es contradictoria en su fundamentación probatoria, intelectiva y jurídica; ya que, sostuvo que su persona tenía pleno conocimiento que el inmueble ofertado era solo un ardid o artificio, cuando en sentencia se demostró cual su participación, vulnerando el Tribunal de sentencia el art. 124 del CPP; toda vez, que se limitó a realizar una transcripción incompleta de las declaraciones testificales y de las documentales, no explicando cuales son las consideraciones de hecho y derecho que le permitieran sostener que su persona tuvo participación y conocimiento del ardid, cuál la prueba, el hecho o acto que le responsabiliza penalmente, vulnerándose la sana crítica; ya que, no se encontraría la experiencia, conocimiento, entendimiento, lógica y ciencia en la apreciación de las pruebas.
Falta de congruencia entre la parte intelectiva y Resolutiva, asevera que se vulneró de manera flagrante sus derechos constitucionales; puesto que, fue la propia víctima, que estableció que su persona solo tenía la obligación de mostrar la propiedad, que su persona no fue la que mostró los documentos, que los mismos fueron entregados al abogado por los supuestos propietarios, lo que le exonera de participación criminal ya que no tuvo acceso a la documentación del inmueble, no configurándose los elementos del tipo penal de Estafa pues no había existido el elemento psíquico o voluntad de engañar; ya que, ninguna de las pruebas demostraron que su persona hubiere recibido dinero, forzando el Tribunal de mérito su participación careciendo de la debida fundamentación, correspondiendo se anule el juicio.
La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, emitió el Auto de Vista impugnado, que declaró improcedente el recurso de apelación restringida; en consecuencia, confirmó la Sentencia apelada, bajo los siguientes argumentos, vinculados al motivo de casación:
En relación a la supuesta valoración defectuosa de la prueba, manifiesta, que si bien denuncia en apelación una incorrecta valoración de la declaración testifical de la víctima y una falta de congruencia de la misma; el Juez A quo, si expresó el valor otorgado a éste y cada uno de los medios de prueba de cargo como de descargo; ya que, el A quo hizo referencia concretamente a fs. 2060 vta., dentro el inciso testificales del Ministerio Público de la sentencia el extremo denunciado referente a la ausencia de valoración, observándose una correcta aplicación de la sana crítica establecida por mandato del art. 173 del CPP; toda vez, que el Juez basó su determinación enmarcado en las experiencias de logicidad y experiencia; asimismo, no halla la incongruencia denunciada, en virtud de que la determinación fue asumida por el Juez a quo, en base a las reglas de la sana crítica inmersa en el art. 173 del CPP. Transcribiendo parte de los Autos Supremos 566/2004 de 1 de octubre y 53/2012 de 22 de marzo, afirma, que no resulta viable realizar una revalorización de la prueba; empero, queda facultado para realizar una revisión de las pruebas con el único objeto de establecer si estas guardan logicidad y tengan la debida motivación por parte del A quo, aspecto que asevera, fue realizado no existiendo carencia de fundamentación, que los argumentos soslayados quedaron dilucidados dentro las pruebas testificales del Ministerio Público conforme se desprende la Sentencia, estableciendo una relación fáctica y jurídica de los motivos por los cuales se condena, concluyendo que el Juez A quo, no cometió inobservancia alguna que vulnere derechos y garantías denunciados.
En cuanto, al fundamento de falta de congruencia de la Sentencia entre la parte intelectiva y resolutiva en sentido de que sería la propia víctima quien habría establecido que su persona solo tenía la obligación de mostrar la propiedad; al respecto, el Tribunal a quo, ha razonado en forma correcta, aplicando las reglas de la lógica jurídica, razonabilidad, y racionalidad, al momento de la valoración intelectiva, conforme se evidencia en el punto pruebas que sustentan las conclusiones precedentes, con lo que se llega a la convicción de que la conducta de la procesada está inmersa en el tipo penal previsto por el art. 335 del CP.
En el presente caso, este Tribunal admitió el recurso de casación a los fines de evidenciar si el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el Auto Supremo 479/2005 de 8 de diciembre; por cuanto, no anuló totalmente la Sentencia ordenando la reposición del juicio conforme lo previsto por el art. 413 del CPP, limitándose a sostener, que el Tribunal de Sentencia no está facultado para revisar la fundamentación fáctica, pese a que la Sentencia de mérito es una Resolución contradictoria e incongruente al no tomar en cuenta la declaración de la propia víctima que indicó que su persona no tuvo participación en la comisión de los delitos endilgados; correspondiendo, resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste.
La recurrente invocó, el Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, que fue dictado por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, donde constató que el Tribunal de alzada al evidenciar la errónea aplicación de la norma, de forma errónea dispuso la anulación de la Sentencia ordenando la reposición del juicio, inobservando que dicho error pudo ser subsanado de forma directa con la emisión de una nueva Sentencia, sin necesidad de reenvío, conforme lo dispone el artículo 413 del CPP, que en su parte in fine señala: "cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente"; aspecto por el que fue dejado sin efecto el Auto de Vista recurrido, sentándose la siguiente doctrina legal aplicable: “En la función jurisdiccional respecto a las resoluciones que se emitan es imprescindible que los Tribunales de Justicia apliquen las normas positivas de acuerdo a lo previsto por el artículo 228 Constitucional, dando aplicación preferente a la normativa Constitucional; consiguientemente la carga de la prueba corresponde al acusador público o privado o a ambos, y en aplicación del principio constitucional de inocencia un procesado no puede ser considerado ni tratado como culpable, menos como delincuente, mientras no exista sentencia condenatoria que adquiera la calidad de cosa juzgada formal y material; consecuentemente del estado de presunción de inocencia deriva el hecho de que la carga de la prueba no le corresponde al imputado sino al acusador.
Se consideran defectos absolutos cuando en la resolución, sea sentencia o Auto de Vista, no existen razones ni criterios sólidos que fundamenten los alcances de la resolución basados en normas sustantivas, adjetivas penales o correspondan a Convenios o Tratados Internacionales, omisión que se constituye en defecto insalvable porque genera incertidumbre a los sujetos procesales, este defecto se inscribe en el artículo 370 inciso 5) en relación al artículo 169 inciso 3) ambos del Código de Procedimiento Penal.
El juicio oral, público y contradictorio, conforme dispone el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, se halla tutelado por las garantías constitucionales y las normas procesales que son de orden público y de cumplimiento obligatorio; consecuentemente el tribunal de alzada, velando por su observancia y la economía procesal, debe proceder anular únicamente cuando no sea posible reparar directamente la inobservancia de la ley o su errónea aplicación, cuando exista violación al debido proceso que amerite valoración probatoria deberá anular total o parcialmente la sentencia y ordenará la reposición del juicio por otro juez o tribunal. Lo contrario significaría incurrir en violación procesal establecida en el artículo 169 del Código de Procedimiento Penal e incorrecta aplicación del artículo 413 del mismo cuerpo legal.
Resulta perjudicial y contradictorio contra el principio de celeridad que rige el juicio oral público y contradictorio el anular la Sentencia indebidamente por defectos que hayan sido convalidados por las partes. Más aún cuando existe error "injudicando" en la Sentencia impugnada en apelación restringida que fácilmente puede ser subsanado anulando la Sentencia emitida por el Tribunal de Sentencia y dictando una nueva de acuerdo a ley”.
III.2. Naturaleza del recurso de casación.
Como una consideración previa antes de ingresar a resolver la problemática planteada mediante la labor de contraste entre el precedente citado con el Auto de Vista recurrido, corresponde señalar que el recurso de casación es un mecanismo de impugnación que se encuentra garantizado por la Constitución Política del Estado y regulado por la Ley, así la Constitución Política del Estado, en el marco de las garantías recogidas, establece el principio de impugnación en su art. 180.II, como un medio eficaz para buscar el control de la actividad de los administradores de justicia, precautelando la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; esto es, la aplicación correcta de la norma sustantiva como adjetiva. En ese contexto normativo, este Tribunal, ha reiterado constantemente en sus exámenes de admisibilidad que el art. 416 del CPP, establece que el recurso de casación procede para impugnar autos de vista dictados por los Tribunales Departamentales de Justicia, que sean contrarios a otros precedentes pronunciados por las Salas Penales de estos Tribunales o del Tribunal Supremo de Justicia; entendiéndose que existe contradicción, cuando en una situación de hecho similar, el sentido jurídico que se asigna al Auto de Vista impugnado no coincide con el o los precedentes invocados, sea por haberse aplicado normas distintas o una misma norma con diverso alcance; pues debe tenerse presente que en el actual régimen de recursos establecido por el CPP, el recurso de casación tiene como función que el Tribunal Supremo de Justicia desarrolle la tarea de unificar la jurisprudencia a fin de asegurar la vigencia del principio de igualdad, de forma que todo ciudadano tenga la certeza y seguridad que la norma procesal y sustantiva será efectivamente aplicada por igual.
De tal manera que, en la labor de verificación o contraste entre lo resuelto en un caso concreto, con lo resuelto en los precedentes invocados, primero se identifiquen plenamente la similitud de los supuestos de hecho, para que en segundo término, se analice si el fundamento jurídico que da origen a la doctrina legal, es aplicable al caso examinado, correspondiendo hacer hincapié en que el precedente establecido por el Tribunal Supremo o los Tribunales Departamentales de Justicia, es de estricta observancia conforme impone el art. 420 del CPP, en los casos en que se presente una situación de hecho similar, en coherencia con los principios de seguridad jurídica e igualdad.
En esa línea esta Sala Penal a través del Auto Supremo 322/2012-RRC de 4 de diciembre, precisó que: “Cuando la norma se refiere a una situación de hecho similar, considera esta Sala que el legislador se refiere a supuestos fácticos análogos, siendo necesario precisar que en materia sustantiva el supuesto fáctico análogo exige que el hecho analizado sea similar; en cambio, en material procesal el supuesto fáctico análogo se refiere a una problemática procesal similar”.
La recurrente refiere que el Auto de Vista recurrido incurrió en contradicción con el Auto Supremo 479/2005 de 8 de diciembre; por cuanto, no anuló totalmente la Sentencia ordenando la reposición del juicio conforme lo previsto por el art. 413 del CPP, limitándose a sostener que el “Tribunal de Sentencia” no está facultado para revisar la fundamentación fáctica, permitiendo la existencia de la Sentencia contradictoria e incongruente al no tomar en cuenta la declaración de la propia víctima, que indicó que su persona no tuvo participación en la comisión de los delitos endilgados.
Identificado el motivo de casación, a los fines de resolver la problemática necesariamente se debe acudir al Auto Supremo invocado por la recurrente, a objeto de verificar si se contradijo o no el mismo, en ese entendido se tiene que el Auto Supremo 479 de 8 de diciembre de 2005, conforme se señaló en el acápite III.1 de esta Resolución, fue emitido por la Sala Penal Segunda de la entonces Corte Suprema de Justicia, en la resolución de un recurso de casación en una causa seguida por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, donde el Tribunal de casación constató, que el Tribunal de alzada al evidenciar la errónea aplicación de la norma que fue reclamada en el recurso de apelación restringida, de forma errónea dispuso la anulación de la Sentencia ordenando la reposición del juicio; no considerando, que dicho error pudo ser subsanado directamente con la emisión de una nueva Sentencia, sin necesidad de juicio de reenvío, conforme lo dispone el art. 413 del CPP, que en su parte in fine señala: "cuando sea evidente que para dictar una nueva sentencia no es necesaria la realización de un nuevo juicio, el tribunal de alzada resolverá directamente"; aspecto por el que fue dejado sin efecto la Resolución entonces recurrida; sin embargo, en el caso en examen, no se presenta el mismo supuesto de hecho; toda vez, que la recurrente reclama una cuestión de índole procesal en sentido de que el Tribunal de alzada no anuló totalmente la Sentencia ordenando la reposición del juicio, limitándose a sostener que el “Tribunal de Sentencia” no está facultado para revisar la fundamentación fáctica, permitiendo la existencia de una Sentencia contradictoria e incongruente; ya que, no tomó en cuenta la declaración de la propia víctima; denuncia que no guarda relación alguna con los fundamentos del precedente invocado, que conforme ya se expuso, advirtió que ante la constatación de la errónea aplicación de la norma el Tribunal de alzada no debe anular la Sentencia disponiendo la reposición del juicio, sino que de forma directa debe emitir nueva Sentencia.
Por los fundamentos expuestos y por la naturaleza del recurso de casación que fue explicado en el acápite III.2 de esta Resolución, queda establecido que el precedente invocado respecto a este motivo de casación no resulta aplicable al Auto de Vista recurrido; toda vez, que no contiene una problemática similar; en consecuencia, deviene en infundado.
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el art. 42.I.1 de la LOJ y lo previsto por el art. 419 del CPP, declara INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por María Elena Yáñez Loayza.