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Timestamp: 2018-03-20 18:46:28
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Matched Legal Cases: ['artículo 40', 'artículo 17', 'artículo 222', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 85', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 17', 'artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 11', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'e contrario', 'artículo 902', 'artículo 68']

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Accidentes de tránsito y motociclistas sin casco
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Álvaro Segura Vidal
1 CON ESTA EDICIÓN Suplemento Penal y Procesal Penal AÑO lxxviii N 151 BUENOS AIRES, argentina - MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 DIRECTOR: JORGE HORACIO ALTERINI Tomo La Ley 2014-D ISSN Eduardo M. Favier Dubois (p.) Semblanza Eduardo Mario Favier Dubois (pater), falleció el 4 de julio de 2014, en la ciudad de Buenos Aires, a la edad de 94 años tras una larga y ejemplar vida dedicada a la enseñanza y a la investigación. Accidentes de tránsito y motociclistas sin casco Roberto A. Vázquez Ferreyra SUMARIO: I. Introducción. II. La normativa. III. La jurisprudencia. IV. La culpa o el hecho de la víctima y el tema causal. Había nacido el 21 de marzo de 1920 (primer día del calendario astral como siempre repetía) en la Ciudad de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, proveniente de dos familias de origen francés radicadas en Cañuelas. Su abuelo paterno, Joseph Favier, habían emigrado muy joven de Montrigaud, región del Ródano-Alpes, y trabajó en el Ferrocarril del Sur como señalero. Su otro abuelo, Alfredo Próspero Dubois, provenía de la Alsacia y fue un destacado investigador, profesor, perito policial y fotógrafo, habiendo recorrido el mundo en la Fragata Sarmiento con la Armada Argentina. Su padre, Eduardo Favier, era un activo empleado en el Ferrocarril del Sur, donde llegó a ocupar un alto puesto de funcionario, lo que determinó que viviera parte de su infancia y adolescencia en diversas localidades del sur del país tales como Neuquén y Tres Arroyos. Su madre, Angélica Dubois, le transmitió las inquietudes intelectuales de su abuelo Dubois. Fue el hijo mayor y guía de dos hermanos varones: Gastón y Sergio Favier. Cuando era joven la familia se radicó en la ciudad de La Plata pasando después a vivir en Buenos Aires, en el barrio de Constitución. Una vez casado, vivió un tiempo en el barrio de Almagro hasta trasladarse definitivamente al barrio de Vélez Sarsfield (Floresta), donde vivió cincuenta y ocho años en la calle Fernández 333 llegando a ser el vecino más reconocido del barrio. Profundamente católico, de joven cursó estudios secundarios en el Seminario Diocesano de La Plata, donde aprendió, además de teología y filosofía, el latín y el griego. Militó desde su juventud en el entonces novel Partido Demócrata Cristiano, donde fue varias veces candidato a diputado y miembro del Tribunal de Ética, llegando en una oportunidad a ser candidato por dicho Partido a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Contrajo matrimonio en 1948 con Susana Ponzinibbio Locci, persona de espíritu continúa en la página 3 Cuando la falta de uso del casco no es la causa del accidente en sí mismo, sino que en todo caso es causa de las lesiones padecidas por el propio infractor, no puede presumirse la responsabilidad, aunque sí permite presumir la culpa de la propia víctima que funciona en este caso como eximente de responsabilidad frente al daño padecido y que tenga su origen en el no uso de la protección en la cabeza. Al hablar de culpa de la propia víctima en realidad nos estamos ubicando en el área de la relación de causalidad, pues esa culpa en realidad se constituye lisa y llanamente en causa del daño, atribuible a la propia víctima. En otras palabras, no estamos hablando de la culpa como factor de atribución. I. Introducción Según se lee y escucha en diversos medios de comunicación, los accidentes de tránsito en nuestro país son una de las principales causas de muerte o de lesiones gravísimas. Muchos de esos accidentes fatales son protagonizados por motociclistas que al circular sin el casco protector, reciben golpes mortales en la cabeza o sufren gravísimas incapacidades. Daños que podrían mitigarse sustancialmente si la víctima hubiera estado utilizando el casco reglamentario. Días atrás me tocó hacer un alegato en una causa en la cual dos motociclistas habían protagonizado un accidente de tránsito. Ambas motos había colisionado en un cruce de calles. El accidente en sí no fue mayor, a no ser por el hecho de que uno de los protagonistas no llevaba casco y al caer contra el pavimento, golpeó su cabeza, lo que en definitiva fue la causa de lesiones gravísimas, que generaron una incapacidad absoluta en el joven de apenas 20 años. De haber llevado colocado casco, seguramente los daños hubieran sido insignificantes. La realidad indica que la circulación en motos y sobre todo de baja cilindrada ha aumentado considerablemente en los últimos años, siendo de público y notorio conocimiento que quienes las utilizan no se preocupan mucho por cumplir las más elementales normas de tránsito. No sólo circulan sin usar el casco, sino que no respetan las luces de los semáforos o van zigzagueando a alta velocidad entre las filas de automóviles. Es obvio que esta realidad social repercute inmediatamente en los tribunales a través de los juicios por responsabilidad civil. La idea es dedicar algunas consideraciones jurídicas referidas a estos lamentables accidentes protagonizados por motociclistas y con especial referencia al no uso del casco protector. II. La normativa La mayoría de las leyes o normas de menor jerarquía que regulan el tránsito dedican algún artículo a la obligatoriedad del uso del casco protector para todos aquellos que circulen en motos, tanto conductor como acompañante. A mero título de ejemplo podemos citar el art. 77 de la ley nacional de tránsito que en su inciso s) considera falta grave La conducción de motocicletas sin que alguno de sus ocupantes utilice correctamente colocado y sujetado el casco reglamentario (1). La misma ley, en su artículo 40, entre los requisitos para circular, dispone: inciso j) Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos. Por su parte, el art. 64 dispone: Se presume responsable de un accidente al que carecía de prioridad de paso o cometió una infracción relacionada con la causa del mismo, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponderles a los que, aun respetando las disposiciones, pudiendo haberlo evitado voluntariamente, no lo hicieron (el resaltado es nuestro). Disposiciones como la citada se encuentran en otros cuerpos normativos provinciales y/o municipales que regulan el tránsito en sus respectivas jurisdicciones. A la luz de la legislación citada, no cabe duda que circular en una motocicleta sin el uso del casco reglamentario constituye un hecho de una antijuridicidad formal, pues importa una clara violación a una norma jurídica. Lo expuesto se ve ratificado por la letra del art. 64 que establece nada menos que una presunción de responsabilidad en cabeza del infractor. En consecuencia, la mera infracción a la normativa en el caso concreto el no uso del casco protector permite presumir legalmente la responsabilidad en el evento del infractor. Claro que la norma habla de infracción relacionada con la causa del mismo. Es decir que la infracción debe guardar relación adecuada de causalidad con el accidente, situación que es difícil imaginar por cuanto raramente el no uso del casco pueda ser la causa del accidente. No obstante, aunque el no uso del casco no sea causa adecuada del accidente, sí puede serlo de los daños padecidos por la víctima. Y en definitiva, a los efectos indemnizatorios que de eso se trata la responsabilidad civil lo que interesa es la relación entre el hecho y el daño invocado cuya reparación se persigue. En otras palabras: el no uso del casco importa un supuesto de antijuridicidad formal que implica tener por acreditada la culpa de la propia víctima, que en caso de serle atribuida la ocurrencia del accidente, permite presumir la responsabilidad del infractor o en su caso la autoría de los propios daños (art Cód. Civil). Cuando el no uso del casco no es la causa del accidente en sí mismo, sino que en todo caso es continúa en la página 2 CORREO ARGENTINO CENTRAL B Eduardo M. Favier Dubois (p.). Semblanza Daniel Roque Vítolo... 1 doctrina. Accidentes de tránsito y motociclistas sin casco Roberto A. Vázquez Ferreyra... 1 jurisprudencia Ley nacional de inteligencia. Remisión del legajo personal de un agente de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Procedencia. Citación como testigos de ex agentes. Oposición. Pronunciamiento inoficioso. (CNFed.Contenciosoadministrativo)...4 CUENTA N 10269F1 FRANQUEO A PAGAR bibliografía. Derecho Social del Consumo Autora: Laura Pérez Bustamante. Comentario: Ricardo A. Guibourg... 3 NOTA A FALLO. Derecho de defensa, secreto de Estado y actos propios Ricardo A. Foglia...4 Daños y perjuicios. Transmisión ilegítima de un partido de fútbol por televisión pública. Derechos exclusivos de una empresa de televisión por cable. Abuso del derecho de cita. Responsabilidad de la productora y del canal de televisión. Extensión de la condena al conductor. Obediencia debida. Lucro cesante. Costas. Disidencia parcial (CNCom.)... 5
2 2 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Accidentes de tránsito y motociclistas sin casco viene de tapa causa de las lesiones padecidas por el propio infractor, no puede presumirse la responsabilidad, aunque sí permite presumir la culpa de la propia víctima que funciona en este caso como eximente de responsabilidad frente al daño padecido y que tenga su origen en el no uso de la protección en la cabeza. Al hablar de culpa de la propia víctima en realidad nos estamos ubicando en el área de la relación de causalidad, pues esa culpa en realidad se constituye lisa y llanamente en causa del daño, atribuible a la propia víctima. En otras palabras, no estamos hablando de la culpa como factor de atribución. En este sentido recordamos las claras palabras de Alberto J. Bueres cuando recuerda que en ocasiones, las leyes y la propia doctrina suelen referirse a la culpa de la víctima. Y en verdad, esa denominada culpa puede constituir una falta de diligencia en un sentido lato o amplio, pero no es una culpa en sentido estricto, una culpa que sea factor de atribución del daño. La culpa estricta, pues, supone que existe un deber jurídico violado, supone ilicitud. Y en la llamada culpa de la víctima no hay transgresión de un deber en perjuicio de otro, sino que media una omisión de diligencia que hace al interés del omitente. No existe alteridad, no existe un deber jurídico que suponga la presencia de un sujeto que soporta el deber y de otro sujeto que ostenta el poder de exigir, sino que hay perjuicios propios (2). III. La jurisprudencia Varios son los casos judiciales en los que se han tratado estas cuestiones. Veamos algunos de ellos. En fecha 18 de diciembre de 2013, la Sala F de la Cámara Nacional Civil dictó sentencia en la causa Folla, Sabrina c/ Alto Palermo s/ daños por la que confirma el fallo de primera instancia que había rechazado íntegramente la demanda, con costas a la actora. La actora había sufrido daños en su cabeza al ser golpeada por una barrera cuando montada como acompañante en una motocicleta, intentaba salir de un shopping. Los motivos por los cuales con toda razón se rechazó la demanda en primera instancia fueron: a) el lugar por el que intentaron salir era exclusivo para autos, teniendo las motocicletas otro carril, y b) la actora no llevaba casco protector, siendo que la herida la sufrió precisamente en la cabeza. La Cámara al confirmar la sentencia, entre otros considerandos, recuerda que la circunstancia de que el actor condujese su motocicleta sin el casco protector colocado no atañe a su responsabilidad en la producción del hecho como tal; en todo caso, habría de tenerse en cuenta a la hora de mensurar la indemnización de los daños si se demostrase que ellos obedecieron a esa circunstancia (3). También sostiene el Tribunal que: Sin embargo en un reciente estudio de la cuestión he considerado que la no colocación del casco protector durante la circulación por parte del motociclista y también de su acompañante constituye una causa mediata previsible del daño que se atribuye al hecho. En otras palabras, si como es sabido, la denominada causalidad adecuada se vincula estrechamente a la previsión del autor (art. 902 y 904 Cód. Civil), el hecho o la culpa de la víctima determina la ruptura total o parcial de la relación causal, porque, a su vez, ese hecho o esa culpa, siendo previsible, ha participado causalmente en la producción del daño resarcible. No es la causa inmediata, porque ésta se agota en el accidente como tal, pero es causa mediata porque resulta de la conexión del accidente con un hecho distinto, en el caso, no llevar colocado el casco protector. En otro precedente se ha sostenido que Aun coincidiendo en que la falta del casco protector no ha sido la causa del accidente, tal falta puede haber sido causa concurrente a la producción o agravamiento del daño. Si se prefiere acudir, también aquí, a la noción de riesgo escapando a la noción de culpa o falta que encierra la norma general del art CC es posible afirmar que el conductor del automotor es responsable de los daños causados por la actuación del riesgo por él creado en la conducción del automotor, pero no lo será, al menos totalmente, de los daños que la víctima o damnificado sufre en razón del propio riesgo asumido. Con ello quiero significar que no se juzga la responsabilidad civil en abstracto, sino que se lo hace en concreto y en razón de los daños causados... (4). Como se ve, el tribunal acertadamente aclara que la relación causal se debe juzgar no en abstracto, sino respecto a los daños sufridos; y en ese análisis, la culpa de la propia víctima (el no uso de casco) funciona como hecho interruptivo del nexo causal. Es decir que el daño no tiene su causa en el accidente, sino que lo tiene en el no uso del casco protector. Esta última causa borra o atempera a la primera, generando una eximición total o parcial de responsabilidad. En otro fallo se dijo que...es evidente que el uso del casco protector podría haber aminorado las consecuencias del golpe sufrido a consecuencia del accidente. Las normas municipales, provinciales y nacionales que prescriben la obligatoriedad del uso del casco se encuentran destinadas a esos fines, por lo que su incumplimiento sumado a la presencia de una patología neurológica como la que presenta el actor, son elementos de juicio razonables como para inferir que su conducta tuvo entidad para interrumpir parcialmente el nexo causal aludido. En este orden, no es afirmación dogmática sostener que se admite una relación entre la patología neurológica y el no uso del casco protector, situación que se deduce de un ejercicio razonado y ponderado de las probanzas conforme a las reglas de la sana crítica racional fundadas en criterios lógicos y máximas de la experiencia... la culpa de la víctima surge evidente no por el mero incumplimiento de las normas reglamentarias, sino por la circunstancia de denunciar una patología presentada en la cabeza, órgano al que específicamente el casco está destinado a proteger... (5). El Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N 6 de la ciudad de Rosario, en fecha 14 de junio de 2012 en los autos Barraza, Alejandro c/ Negro, Gabriel, tuvo ocasión de pronunciarse en un caso de los que nos ocupan. Entre otros considerandos se lee: El perito médico afirma asimismo que efectivamente en este caso la utilización del casco reglamentario podía haber evitado su fractura. De manera tal que debemos inferir de la pericia que el actor sufrió fractura de cráneo como consecuencia de no haber llevado el casco reglamentario y por ende, que si lo hubiera llevado no hubiera sufrido daño alguno, por lo cual no existe relación de causalidad entre el accidente y el daño sufrido, dado que el mismo es imputable al propio accionante (art CC)... La inobservancia del actor a la exigencia de llevar casco, y decidir subirse a un motovehículo en esas circunstancias ha implicado violación normativa, desoyendo las normas de prevención indicadas en su propio beneficio, falta que ha tenido entidad suficiente para cortar el nexo causal entre el daño y el siniestro que ha sido la causa adecuada del daño. Nino, en referencia a la inobservancia de las normas de tránsito, calificó a esta anomia como boba : al pequeño beneficio que obtengo por estacionar el auto en doble fila, no parar frente a la señal, encontrar la forma de no ceder el paso, es mínimo frente a los reiterados perjuicios que recibo ante el incumplimiento de todos los demás. Las muertes que diariamente se producen por la manera en que nos posicionamos frente a las normas de tránsito determinan que urge que nos tomemos las reglas en serio... no se trata sólo de un comportamiento externo hacia las normas, sino una actitud hacia ellas. Es la combinación de acciones externas de inobservancia generalizada o recurrente, con ignorancia de los fines que las normas persiguen... Vemos entonces que las normas de tránsito han impuesto la obligatoriedad del uso de casco, por cuanto ante cualquier incidencia por la que el motociclista pierda el equilibrio, sea con o sin intervención de otro vehículo, son grandes las probabilidades de impactar con la cabeza ante algún objeto duro (pavimento, cordón de la vereda, árbol, pared, otro vehículo, etc.), entonces mediante esta medida preventiva se disminuyen las posibles consecuencias que cualquier accidente produciría en la cabeza del motociclista.... En la actualidad puede señalarse que el sentido común nos dice que el derecho a no usar un casco protector, a esta altura de los acontecimientos, no es un derecho humano, un derecho natural de aquellos que se consiguen después de penosos sufrimientos, sino un capricho lindante con la autodestrucción.... IV. La culpa o el hecho de la víctima y el tema causal Como surge de lo expuesto, el no uso del casco, si bien puede que no tenga ninguna relevancia causal con la ocurrencia del accidente de tránsito, sí puede tenerla con los daños sufridos por la víctima que circulaba en la motocicleta. De ahí que puede existir cierta responsabilidad por parte del conductor del otro vehículo, pero que la mayor incidencia causal respecto del daño obedezca al no uso del casco protector. Esto se da cuando de la pericia surge que los daños reclamados obedecen a un golpe en la cabeza ocasionado por la falta de protección reglamentaria. De esta manera el eventual responsable en la ocurrencia del siniestro puede que se exima total o parcialmente de responsabilidad invocando la culpa de la propia víctima en la ocasión del perjuicio. Es que lo que se debe indemnizar es el daño causado, y con ese daño se debe establecer la eventual conexión causal. La causalidad es un requisito esencial de la responsabilidad civil. Es común opinión que la relación de causalidad entre la conducta del accionado y el hecho dañoso es una de las condiciones imprescindibles de la responsabilidad civil. Es que, pues, el sentido común se niega a admitir la existencia de un daño que deba ser soportado por quien no ha contribuido a su realización (6). Todo el análisis juega en el campo de la causalidad y no de la culpabilidad. De ahí que la culpa o, si se quiere, el hecho de la víctima con incidencia causal en el resultado dañino tiene incidencia a la hora de establecer el nexo de causalidad. Es que cuando estamos frente a un supuesto de responsabilidad objetiva caso de los accidentes de tránsito, el eventual responsable para eximirse de responsabilidad debe acreditar la ruptura del nexo causal, y la manera de acreditar la ruptura del nexo causal es probando la llamada causa ajena o casus, comprensivo tanto del hecho del tercero, del hecho de la propia víctima o de un tercero por quien no debe responder. Durante mucho tiempo se discutió en doctrina si es necesario demostrar la culpa del tercero o de la propia víctima o si es suficiente probar el mero hecho en la medida que tenga incidencia causal. La respuesta mayoritaria hoy en día es que basta probar el mero hecho siempre y cuando éste reúna los requisitos del caso fortuito. Es que el hecho del tercero o de la propia víctima, en la medida que reúnan los requisitos del caso fortuito, interrumpen el nexo de causalidad entre la conducta del agente y el daño, y en tal orden el eventual responsable no puede ser considerado autor del perjuicio. De todas maneras en el caso que nos ocupa la discusión se torna abstracta, en la medida en que circular en moto sin uso de casco configura un caso de culpa evidente. No debe perderse de vista que la relación de causalidad o nexo causal es la base de la responsabilidad civil. Si no se puede trazar un nexo adecuado de causalidad entre la conducta del responsable o la intervención de una cosa suya que se halle dentro de su esfera de garantía y el daño acreditado, pues no queda más que la resignación cristiana de la víctima, pues ella no puede obtener resarcimiento de quien no se encuentra unido al daño por un nexo de causalidad, que cumpla las exigencias legales del sistema adoptado por el legislador... la existencia de relación causal adecuada entre el hecho (u omisión del demandado) y el daño causado es requisito imprescindible o insoslayable de la responsabilidad civil. Es uno de los pilares de la responsabilidad civil (7). A la luz de los comentarios que anteceden creemos acertados y ajustados a derecho los fallos que consideran expresamente el no uso del casco por parte de los motociclistas como supuesto de culpa de la propia víctima, que permite eximir total o parcialmente de responsabilidad al eventual responsable del accidente. Tal conducta importa un supuesto de antijuridicidad formal que permite presumir la culpa, o si se quiere un supuesto en que la culpa surge cantada. l Cita on line: AR/DOC/2514/2014 MAS INFORMACIÓN Zavala de González, Matilde M.; González Zavala, Rodolfo M., El juicio de daños como instrumento dañoso. Eximentes probadas de responsabilidad. RCyS 2012-III, 151. Zavala de González, Matilde M., Problemas causales en accidentes de tránsito. RCyS 2011-X, 20. { NOTAS } Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley ) (1) Inciso incorporado por art. 33 de la ley (B.O. 30/4/2008). Vigencia: a partir de su publicación en el Boletín Oficial (2) BUERES, Alberto J., La Culpa Profesional, en pág. 82 de la obra colectiva Las Responsabilidades Profesionales. En homenaje al Dr. Luis O. Andorno Editorial Librería Editora Platense - La Plata (3) En sentido semejante citan los siguientes precedentes: Bulacios, Ramón c/ Karkayan, Leonardo del 16/3/2006, sentencia libre n y Romero, Ramón c/ Santorun, Jorge del 19/7/2006, sentencia libre n , ambas de la misma Sala). (4) CNCiv., Sala F, 6/6/2002, Carrizo, Diego c/ Sibiloni, José, sentencia libre n (5) C6a. Civ. y Com. Córdoba, 22 de febrero de 2008 in re Campellone Llerena, Mariano c/ Andrada, Isidro. (6) MAYO, Jorge y PREVOT, Juan Manuel, La relación de causalidad. Como requisito autónomo y esencial de la responsabilidad civil, La Ley, 2010-E, 945. (7) LÓPEZ MESA, Marcelo, Los enigmas de la relación de causalidad, El Dial DC1C60.
3 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE _Columna de OPINIÓN Eduardo M. Favier Dubois (p.) viene de tapa profundamente religioso, quien ejerció muchos años como maestra de escuela en Lomas del Mirador, en el gran Buenos Aires. Ella había estudiado profesorado en geografía y provenía de una ascendente familia italiana de inmigrantes. Con ella vivió 58 años, hasta su fallecimiento en 2006, y tuvo diez hijos, la mayoría de los cuales siguieron su impronta y son profesionales (tres abogados, dos médicas, un psicólogo, un antropólogo, y una monja). Siempre decía, mi mayor obra son mis hijos. Dejó diecinueve nietos y doce bisnietos al momento de su deceso. Completó sus estudios secundarios en 1944 en el turno noche de las Escuelas Sarmiento y Mitre. Paralelamente trabajaba mañana y tarde como cadete y administrativo en la empresa El Cóndor, que hacía el transporte de pasajeros de Buenos Aires a Mar del Plata. Allí continuó laborando hasta que en el año 1948 se recibió de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en la vieja sede de Av. Las Heras. Ya recibido y casado, cursó y obtuvo el título de Doctor en Derecho en la nueva sede de Av. Figueroa Alcorta y Pueyrredón, en el año 1952 con su tesis sobre La empresa individual de responsabilidad limitada. Ejerció intensamente la profesión de abogado por veinte años en los fueros comercial, civil, laboral y penal económico, actividad que a partir de los años 60 combinó con la enseñanza secundaria. Entre otros Colegios, fue profesor del San José de Flores, de los Hermanos de La Salle, donde llegó a ser designado Presidente de la Unión Lasallana de Padres de Familia. En esa época escribe, para la Editorial Crespillo, obras de texto que fueron clásicas entre los alumnos secundarios como las de Derecho Usual y Práctica Forense y Derecho Comercial. Luego, a partir del año 1967, comienzan sus actividades como profesor terciario y universitario, lo que determinó que por más de cuarenta años dejara la profesión de abogado y fuera full time profesor universitario, habiéndose incluso Diplomado en 1979 como Profesor Universitario en la Universidad de Belgrano. En su vasta trayectoria profesional como docente e investigador de grado y de posgrado estuvo vinculado muchos años a la Universidad de Belgrano, a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, a las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Notarial Argentina y a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Morón, donde aún seguía revistiendo, con licencia médica, como profesor e investigador al momento de su deceso. En las universidades citadas fue profesor de grado, así como también profesor y director de cursos de posgrado del área del Derecho Comercial. Además, fue profesor en la UCES, Universidad del Museo Social, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Católica y la UAI. Fuertemente implicado en la investigación, en la enseñanza, en la ética y en el progreso del país, ejerció diferentes cargos desde su profunda visión de servicio, entre los que destacan los de Vicepresidente de la Academia Argentina de la Historia, Secretario General de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Fundador y Presidente Honorario del Instituto Autónomo de Derecho Contable, Fundador y Presidente de la Junta de Estudios Históricos de los Barrios del Oeste, Miembro de Número de la Junta de Estudios Históricos de la Floresta, de la de San José de Flores y de la Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, Fundador del Centro de Derecho y Deporte, Director del Departamento Jurídico en la Universidad de Morón y Director del Departamento de Ciencias Económicas en el Instituto Nacional Superior del Profesorado de la Capital Federal, siendo en este último profesor de todas las disciplinas jurídicas. Recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Notarial Argentina en 2010, la designación de Profesor Consulto (1985) y Emérito de la Universidad de Morón y de la UCES, el Premio Amistad Argentino-Uruguayo del Rotary Club de la Unión, Montevideo, y el Premio a la Trayectoria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en el 2002 y el Título de Profesor Honorario en 2004, además de su designación como Ciudadano Ilustre por la Ciudad de Buenos Aires, entre otros reconocimientos por su trayectoria profesional. Fue profesor visitante en universidades de Brasil y de España. Fue activo asistente de Congresos, Jornadas y conferencias sobre temas jurídicos, contables, pedagógicos e históricos, donde presentaba y defendía ponencias e ideas con enorme solvencia y recursos didácticos Este interés quedó tangible en muchos libros, entre los que se destacan Nuevo Estatuto Legal del Martillero Público, Manual de Derecho Económico, Compendio de Derecho de Seguros y Concursos y quiebras. Cabe destacar sus investigaciones sobre Enseñanza del Derecho, Derecho y Contabilidad, y Análisis Económico del Derecho, y sus publicaciones históricas sobre los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y sobre El Pacto de San José de Flores. También su pensamiento quedó en muchos artículos publicados, como los que desde hace muchos años hacía mensualmente para la Revista de Doctrina Societaria y Concursal de la Editorial Errepar, en los últimos tiempos en colaboración con su hijo Eduardo, además de ensayos y múltiples conferencias. Podía ser calificado como un hombre del Renacimiento, porque todo le interesaba, todo lo absorbía y todo lo enseñaba. Además del derecho y de la historia, era un gran conocedor de filosofía, teología, paleontología, ciencias duras, matemáticas, geografía, filatelia, deportes, música sacra y dibujo, entre otras disciplinas, habiendo llegado también a recibirse como profesor de danza folklórica. Le encantaban los estudios interdisciplinarios habiendo profundizado las relaciones entre el Derecho y la Contabilidad, lo que lo llevó a fundar un Instituto Autónomo de Derecho Contable, dedicado al tema, y a propiciar anualmente la realización de Jornadas Nacionales de Derecho Contable y de Jornadas de Profesores de Asignaturas Jurídicas en Facultades de Ciencias Económicas. Fue un estudioso e investigador apasionado y brillante, y un profesor y trabajador infatigable hasta sus últimos días. Era un devoto del estudio, superación y perfeccionamiento permanente en lo humano y en lo profesional. Sostenía que toda persona debía seguir estudiando y capacitándose durante toda la vida y que los hijos deben siempre superar a sus padres. Decía que había que aprovechar el tiempo, y cumplir la máxima del carpe diem para trabajar o estudiar. Era enemigo declarado del ocio y siempre tuvo una gran energía y planes futuros, lo que a pesar de sus años le impidió sentirse viejo y lo mantuvo joven de espíritu hasta muy poco antes de su final. Establecía una relación muy particular con sus alumnos asumiendo, en la medida de las posibilidades, un rol de mentor y de verdadero maestro universitario. Podía dialogar con grandes pensadores sobre temas filosóficos, políticos o jurídicos, e igualmente conversar de temas cotidianos con gente modesta, de trabajo, con el hombre del tablón como él los llamaba. Le encantaba tener charlas con los taxistas sobre historia de los barrios, nombres de calles o apellidos de Buenos Aires. Era un porteño de corazón, que conocía todas las letras de los tangos y que había investigado desde la criminología las conductas de los personajes. Era socio protector de la Academia del Lunfardo. Gran entusiasta por los deportes en su juventud, se destacó en basquetbol en el seleccionado de Tres Arroyos y participó en muchos campeonatos de fútbol de padres de familia, llegando a organizar, con el relator deportivo José María Muñoz, un campeonato de fútbol entre todas las parroquias de Buenos Aires desde la parroquia de Luján Porteño. En fútbol, si bien su familia era tradicionalmente seguidora de Gimnasia y Esgrima La Plata, a raíz de la descollante campaña de 1938 se hizo hincha de Independiente de Avellaneda, club con el que colaboró en diversas actividades históricas y culturales, y donde realizó la primera Jornada de Derecho Deportivo, siendo socio vitalicio. Aun cuando era fanático de Independiente, era incapaz de jactarse ante un resultado frente a otra persona. Nunca tuvo ambiciones económicas ni apego a las cosas materiales. Al final de su vida vivía modestamente de sus ingresos como profesor, como jubilado y como autor, siempre sosteniendo la casa donde vivía con sus hijas solteras. El Pater, como cariñosamente llamábamos a Eduardo Mario Favier Dubois (padre), no dejó un vacío, sino un gran lleno en el mundo del Derecho y de la Historia, en el corazón de su numerosa familia y de todas sus amistades, por todo lo que brindó en su vida y por su ejemplo. También dejó muchas enseñanzas y ejemplos a centenares de discípulos, ex alumnos, profesores y profesionales que tuvieron la oportunidad de conocerlo y tratarlo, quienes frente a su deceso y por diversos medios lo calificaron como una persona generosa, humilde, con una enorme curiosidad por el conocimiento y una gran vocación de enseñanza, un gran pensador, un mentor, un ejemplo, un modelo de honestidad, esfuerzo y respeto, que hacía reflexionar y que, sin dudarlo, dejó una imborrable huella. Finis Coronat Opus era la frase latina que le gustaba consignar al final de todos sus trabajos y publicaciones. Hoy, no hay dudas que su final sirvió para destacar su ejemplo coronando su vasta obra. l Cita on line: AR/DOC/2677/2014 Daniel Roque Vítolo bibliografia Título: Derecho Social del Consumo Autora: Laura Pérez Bustamante Editorial: La Ley, Buenos Aires, El derecho del consumidor es una rama nueva de la actividad jurídica, que se origina en la voluntad de proteger al ciudadano ante los eventuales abusos de los que, como parte más débil, es víctima en el ámbito del mercado. También es un campo de conflicto en el que los más poderosos tratan de frenar los avances de aquella protección, no siempre frontalmente, sino a menudo mediante la letra chica de los reglamentos, o de la ausencia de ellos, o de excepciones e interpretaciones que en la práctica la hagan inoperante. En este sentido, puede advertirse una semejanza con el derecho del trabajo, donde esas tensiones son tradicionalmente conocidas. Por esto cabe destacar este libro desde el mismo título: Derecho Social del Consumo, que asume la protección como un bien comunitario antes que como un derecho simplemente individual y, además, deja entrever que el consumidor no sólo es un ciudadano con derechos, sino parte de una sociedad que, en su conjunto, vive consumiendo y necesita consumir para sobrevivir y alcanzar su propio desarrollo. La nueva edición del libro constituye un feliz acontecimiento jurídico: no sólo mantiene y actualiza la minuciosa integridad de los contenidos de fondo y de forma que se examinan, sino también amplía el agudo análisis de cada uno de ellos e incluye abundante jurisprudencia. En este último sentido corresponde recordar que en los últimos años se ha producido una verdadera explosión de los litigios sobre consumo, materia que ya ocupa buena parte de la labor judicial frente a los temas comerciales tradicionales. Tal como ocurrió en su momento con el derecho laboral, las decisiones de los jueces están contribuyendo en gran medida a conformar una nueva rama jurídica que las leyes no alcanzan a abarcar y determinar en su integridad. Los fallos, pues, se hacen indispensables para comprender hoy el derecho del consumo y es afortunado que en un mismo tomo se los recopile y relacione con las instituciones a las que se refieren. En resumidas cuentas, la Dra. Pérez Bustamante, una de las figuras más respetadas entre todos los especialistas en temas de consumo, pone aquí a disposición de los juristas las herramientas más completas y actualizadas para operar en defensa de los consumidores y, más aún, para generar reflexiones que conduzcan al mejor desarrollo de esta nueva rama del derecho. l Ricardo A. Guibourg
4 4 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 jurisprudencia Ley Nacional de Inteligencia Remisión del legajo personal de un agente de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. Procedencia. Citación como testigos de ex agentes. Oposición. Pronunciamiento inoficioso. Véase en esta página, Nota a Fallo Hechos: Un agente de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación promovió acción por daños derivados del acoso psicológico mobbing y por la cesantía arbitraria e injustificada que alegó haber sufrido. Solicitó que se acompañara a la causa su legajo personal y requirió la citación de otros ex agentes como testigos. La demandada se opuso a dichos medios probatorios, al considerar que se encontraban en juego cuestiones vedadas por la ley de Inteligencia. La sentencia rechazó dichas oposiciones. La Cámara la confirmó parcialmente. 1.- En una acción de daños por mobbing y cesantía arbitraria promovida por un agente de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación es pertinente ordenar la remisión del legajo personal de éste para la resolución de la cuestión de fondo, sin perjuicio de que deban tomarse las medidas necesarias para mantener en reserva el expediente, a fin de cumplir con la Ley Nacional de Inteligencia Nº Es inoficioso que la Cámara se pronuncie sobre la oposición formulada respecto del pedido de citación como testigos de ex agentes de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación, pues el juez de grado deberá expedirse respecto de los alcances que tendrá sobre el proceso de una resolución administrativa sobreviniente que decidió no relevar a los pretensos deponentes de su obligación de guardar secreto, porque el pliego acompañado conduce a ventilar cuestiones vedadas por la ley CNFed. Contenciosoadministrativo, sala IV, 06/05/ C.S.F. c. EN-SIDE- Resol. 566/09 s/ empleo público. Cita on line: AR/JUR/12145/2014 COSTAS Por su orden. [El fallo in extenso puede consultarse en Atención al Cliente, o en laleyonline.com.ar] nota a fallo Derecho de defensa, secreto de Estado y actos propios SUMARIO: I. El tema debatido. II. Marco jurídico. La ley III. Antecedentes del caso. IV. La sentencia de Primera Instancia. V. La sentencia de Cámara. VI. Conclusiones. Ricardo A. Foglia I. El tema debatido La sentencia comentada plantea un interesante engarce entre el derecho de defensa, los secretos de Estado y la doctrina de los actos propios, ya que se refiere a prueba solicitada por un agente de inteligencia a cuya producción el organismo de inteligencia se opone con fundamento en la reserva de la documentación y el deber de secreto de sus integrantes. II. Marco jurídico. La ley Hasta el dictado, en el año 2001 de la ley de Inteligencia Nacional (1), regía la ley S Nº que regulaba la actividades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y la Ley Nº referida la Central Nacional de Inteligencia (CNI). La ley , que reemplazó a las normas mencionadas, y creó el sistema de inteligencia nacional (art. 1) que comprende la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación, la Contrainteligencia, la Inteligencia Criminal y la Inteligencia Estratégica Militar (art. 2). El artículo 17 de la ley establece que, entre otros, los integrantes de los organismos de inteligencia deberán guardar el más estricto secreto y confidencialidad de la información secreta, reservada o confidencial que llegue a su conocimiento, siendo pasible, en caso de infracción, a las sanciones previstas en el Libro II Título IX, Capítulo II, artículo 222 y/o 223 del Código Penal de la Nación, Por su parte el decreto reglamentario 950/02 en el artículo 10 establece las siguientes clasificaciones a) Estrictamente Secreto y Confidencial: Aplicable a toda información, documento o material que esté exclusivamente relacionado con la organización y actividades específicas de los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional. b) Secreto: Aplicable a { NOTAS } toda información, documento o material cuyo conocimiento por personal no autorizado pueda afectar los intereses fundamentales u objetivos vitales de la Nación. c) Confidencial: Aplicable a toda información, documento o material cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda afectar parcialmente los intereses fundamentales de la Nación o vulnerar principios, planes y métodos funcionales de los poderes del Estado) Reservado: Aplicable a toda información, documento o material que no estando comprendidos en las categorías anteriores, no convenga a los intereses del Estado que su conocimiento trascienda fuera de determinados ámbitos institucionales y sea accesible a personas no autorizadas. e) Publico: Aplicable a toda documentación cuya divulgación no sea perjudicial para los organismos del Sistema de Inteligencia Nacional y que por su índole permita prescindir de restricciones relativas a la limitación de su conocimiento, sin que ello implique que pueda trascender del ámbito oficial, a menos que la autoridad responsable así lo disponga. La ley permite que el funcionario sea relevado, en cada caso, del deber del secreto delegando, el artículo 11 del decreto reglamentario, dicha facultad en el Secretario de Inteligencia de la Presidencia de la Nación. A su vez el artículo 12 del decreto establece que La obligación de guardar secreto prevista en el artículo 17 y concordantes de la Ley subsistirá no obstante haberse producido el cese de las funciones en virtud de las cuales se accedió al conocimiento de la información clasificada. Cabe señalar que en el ámbito del empleo privado rige el artículo 85 LCT, que establece que el trabajador debe guardar reserva o secreto de las informaciones a que tenga acceso y que exijan tal comportamiento (2). III. Antecedentes del caso Se trata del caso de un agente de la Secretaría de Inteligencia de la Presidencia de la Nación cesanteado que inicia una demanda por acoso psicológico (mobbing) y cesantía arbitraria e injustificada. Ofrece como prueba su legajo personal, cuya remisión solicita a la demandada y testigos que eran compañeros de trabajo en el organismo. La accionada, en la contestación de demanda, se opone a remitir el expediente judicial del legajo personal del actor, por considerar que el mismo revestía el carácter de documentación secreta según la ley También objetó la declaración de los testigos, ya que eran agentes o ex agentes del organismo, afectados por el secreto. Por otra parte señaló que, si no se hiciera lugar a ese planteo, al momento de realizarse la audiencia respectiva debía advertirse a los testigos que no habían sido relevados de la obligación de mantener secreto (arts. 16 y conc. ley ). Cabe agregar que en una audiencia las partes acordaron solicitar al funcionario responsable que relevara a los testigos de dicha obligación. La respuesta, mediante resolución administrativa, fue negativa. IV. La sentencia de Primera Instancia En Primera Instancia se rechazaron ambas oposiciones. Respecto del legajo se expresó que el secreto o la reserva no comprenden al ámbito judicial y se limitaba sólo a la faz administrativa, ya que de otra forma se violaría el derecho de defensa en juicio y se frustraría la búsqueda de la verdad objetiva. En cuanto a los testigos, resolvió que debían declarar, ya que no se advertían causales de inadmisibilidad ni de exclusión de los mismos. Contra esa resolución la demandada interpuso revocatoria con apelación en subsidio, que fue rechazada, lo que dio lugar al planteo de queja por apelación denegada, que fue admitido por la Sala. V. La sentencia de Cámara La Cámara confirmó la decisión de grado en lo referente a la prueba documental, agregando que se debían adoptar las medidas necesarias para mantener a la misma reservada, y declaró inoficioso expedirse la prueba testimonial. Respecto de esta segunda cuestión la sentencia destaca que el actor consintió la realización del procedimiento de relevamiento del secreto de los testigos, el que, conforme expresáramos, fue mantenido, señalando que en primera instancia no hubo una resolución sobre el resultado y alcances de esa decisión administrativa, por lo cual debía resolverse en la instancia respectiva esta cuestión. Por ello, es que el Tribunal declara inoficioso pronunciarse sobre este tema. VI. Conclusiones Tanto la sentencia de Primera Instancia como la de grado coinciden en que el derecho de defensa en juicio prevalece sobre la obligación de reserva establecida por una ley. La sentencia resulta ajustada al sistema normativo, ya que el primero tiene jerarquía constitucional (art. 18, Const. Nacional) y el segundo meramente legal. Ello no impide que la información en cuestión deba permanecer reservada, esto es, vedada al acceso de terceros, en el marco del proceso judicial, pero, en definitiva, asequible a las partes del proceso y al magistrado. La otra cuestión que plantea el fallo se refiere a los efectos de la aceptación por parte de las partes de la decisión de un tercero ajeno al pleito respecto del relevamiento del deber de secreto de los testigos. Si bien la Sala no considera esta cuestión, ya que la difiere a la previa resolución del juez de grado, plantea una controversia entre el derecho de defensa y la doctrina de los propios actos, ya que las partes se habrían sometido voluntariamente a esa decisión. Respecto de esta cuestión desataco tres aspectos: por un lado el sometimiento a esa decisión no implica la renuncia a impugnar la misma; (3) por otra parte el juez debe analizar la razonabilidad de la decisión administrativa, ya que si la negativa luce infundada, se trataría de un acto administrativo arbitrario. Y finalmente cabe considerar que la citada doctrina cede cuando se trata del ejercicio de derechos de raigambre constitucional irrenunciables (4) como, en el caso, el de defensa en juicio, lo que no impide que se adopten las medidas necesarias para que esas declaraciones queden fuera del alcance de terceros ajenos a la controversia. l Especial para La Ley. Derechos reservados (Ley ) (1) B.O. 31/12/2001. (2) Sobre este artículo ver a LIVELLARA, Carlos A., Ley de Contrato de trabajo. Comentada, anotada y concordada, T. II pág y ss, Ed. La ley, año (3) CSJN, 3/7/1936, Cubas, Pablo c/ Reyes F.R. y otros s/ cobro de pastaje. (4) CSJN, 1/10/1992, G 218 XXXIV, Guinot de Pereyra c/ Instituto Municipal de Previsión Social. Cita on line: AR/DOC/2717/2014
5 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE Daños y perjuicios Transmisión ilegítima de un partido de fútbol por televisión pública. Derechos exclusivos de una empresa de televisión por cable. Abuso del derecho de cita. Responsabilidad de la productora y del canal de televisión. Extensión de la condena al conductor. Obediencia debida. Lucro cesante. Costas. Disidencia parcial Hechos: Una empresa de televisión por cable que había adquirido los derechos para la transmisión en vivo y en exclusiva de un partido de fútbol interpuso demanda de daños contra un conductor, un productor y un canal público a fin de exigir una indemnización por la reproducción de diversos pasajes de ese evento deportivo en un programa matutino. La sentencia admitió parcialmente la acción. La Cámara extendió la condena al conductor El conductor de un programa de televisión de un canal público que, mientras transmitía fragmentos de un partido de futbol sin la autorización de la empresa de cable que contaba con los derechos exclusivos, alentó al televidente a ver las imágenes ilícitamente captadas, es responsable por las consecuencias del suceso, pues si bien invocó obediencia debida, no ignoró que se trataba de una orden que infringía derechos de la actora, con lo cual el acto dañoso no queda cubierto por la orden que pudiera haber recibido Un canal de televisión es responsable junto a una productora y a un conductor por la reproducción parcial de un programa de fútbol sin autorización de la empresa de televisión por cable que contaba con los derechos exclusivos a tal fin, ya sea por su carácter de dueño de la cosa las ondas por las que se hizo la transmisión o bien por el hecho del otro sobre el cual debió ejercerse el control El productor de un programa de televisión es responsable por la transmisión parcial de un partido de fútbol sin la autorización de la empresa de cable que contaba con los derechos exclusivos, pues, como encargado del proceso de operaciones por las que se gestionan y organizan los contenidos, tenía clara injerencia en el formato de cada emisión, lo cual lo hacía personalmente responsable del material audiovisual transmitido, en conjunción con la empresa televisiva Quien retransmite contenidos audiovisuales de terceros sin autorización realiza una actividad ilegítima en el caso, un partido de fútbol de un torneo internacional, no porque interfiera técnicamente en la recepción de la señal por el público ni porque compita deslealmente con quienes adquirieron de sus titulares la licencia para retransmitir, sino porque vulnera las facultades exclusivas aseguradas por la ley La circunstancia de que la transmisión televisiva de un partido de fútbol, sin autorización de quien contaba con los derechos, haya sido a pantalla completa sólo unos pocos minutos y el resto en segundo plano a través de un monitor o en primer plano a pantalla dividida, no exime de responsabilidad por el ejercicio abusivo del derecho de cita, pues, aun bajo las últimas formas de exposición mencionadas, no dejó de producirse el aprovechamiento de una propiedad intelectual ajena en una medida ilegal. [1] 6. - La conducta antijurídica de quien retransmitió un evento deportivo por televisión sin autorización de la empresa de televisión por cable que contaba con los derechos no se encuentra justificada por la posición dominante que podía tener esta última o la supuesta actitud discriminatoria respecto al público no suscriptor de sus servicios, pues, frente a situaciones que subjetivamente pudieran percibirse como injustas, el camino a seguir no es el ejercicio de vías de hecho con aptitud para desconocer ilícitamente derechos de terceros, sino peticionar a las autoridades para que la injusticia cese arts. 14 y 19, Constitución Nacional La obediencia debida como causa de eximición de responsabilidad no puede ser invocada en la relación jerárquica que existe entre un empleado o dependiente con relación a su comitente o principal, ya que el deber de obediencia en una democracia no es ilimitado ni ciego, y de ahí la posibilidad de su control, no sólo formal sino también material; máxime cuando la orden recibida es manifiestamente delictiva La ley no resulta aplicable a un caso de responsabilidad por transmisión ilegítima de un partido de fútbol por un canal de televisión público realizada antes de su entrada en vigencia, pues, aun cuando esa normativa consagre una mayor amplitud del derecho al acceso de contenidos audiovisuales relacionados con los eventos deportivos de ese tipo, en materia de ilícitos civiles una ley nueva no puede modificar los efectos jurídicos de los hechos sucedidos con anterioridad a su vigor, o cambiar con respecto a esos actos su calificación legal El ejercicio del derecho de cita no puede asumir las proporciones de una reproducción similar en extensión o importancia a lo citado en el caso, respecto de la retransmisión televisiva de un partido de fútbol, pues, en tal caso, hay abuso, como lo hay siempre que se excede la lógica para tomar viso de especulación comercial En una acción de daños en la cual fue condenado un canal de televisión junto con la productora y el conductor por la transmisión ilegítima de un evento deportivo cuyos derechos pertenecían a un tercero corresponde que las costas se distribuyan en el orden causado, ello por la complejidad del asunto, sus particularidades, novedad y dificultad jurídica y porque es resuelto con la base jurídica propuesta por el Tribunal En una acción de daños en la cual fue condenado un canal de televisión, una productora y un conductor por la transmisión ilegal de un evento deportivo, las costas deben imponerse a las demandadas, pues, si bien sería un conflicto usualmente no debatido en los tribunales locales, tal peculiaridad no alcanza para adoptar una solución que se aleje del principio general en la materia (del voto en disidencia parcial del Dr. Vasallo) CNCom., sala D, 30/06/ Cablevisión S.A. c. M., E. J. y Otros s/ ordinario. Cita on line: AR/JUR/31607/2014 CONTEXTO DEL FALLO Vaninetti, Hugo A., Derecho de cita y reproducción sustancial a la luz del articulo 72 incisos a y c de la ley , DJ 26/09/2012, 17. COSTAS Se imponen en ambas instancias en el orden causado. 2ª Instancia. Buenos Aires, junio 30 de Es arreglada a derecho la sentencia apelada? El doctor Heredia dijo: 1º) Cablevisión S.A. promovió demanda contra los señores V. H. M. y E. J. M., así como contra ATC S.A. (en liquidación), con el objeto de que sean condenados a pagar...la suma de $ , con más sus intereses y costas o la suma que repare a Cablevisión los daños y perjuicios que los demandados le han causado, como consecuencia de la violación de los derechos exclusivos... (fs. 46) que había adquirido para la transmisión del partido de fútbol por la Copa Intercontinental Europea, que se disputó en Tokio el 28/11/2000 entre los equipos de Boca Juniors y Real Madrid Club de Fútbol. Al efecto, explicó que el 12/10/2000 el Club Atlético Boca Juniors Asociación Civil le había cedido en exclusividad, a cambio de un precio establecido en U$S , los derechos de radio, televisión abierta, cerrada, paga o no, y cualquier otro medio o soporte audiovisual, correspondientes a la transmisión en vivo y en exclusiva del evento deportivo indicado, y que como consecuencia de la adquisición respectiva acordó la transmisión del partido por circuito cerrado (cable) con varios operadores del interior del país. Asimismo, aclaró que el 24/11/2000 había llegado a acordar con ATC S.A. la (sub)cesión de los derechos de transmisión para la emisión del partido en diferido en el mismo día, en horas de la noche, para todo el país, excepto en la ciudad de Buenos Aires y en un radio de hasta 60 km., por el precio de $ más I.V.A., reservándose Cablevisión S.A. la posibilidad de comercializar la totalidad de la publicidad correspondiente a tal emisión por un valor estimado de $ , todo lo cual, sin embargo, se frustró horas antes del partido, pues la cesionaria rescindió el acuerdo de forma unilateral. Sostuvo que llegado el día y hora del partido, el derecho de transmisión adquirido en exclusividad fue violado por los demandados, pues en el programa Desayuno que conducía el señor V. H. M. y cuya co-producción estaba a cargo del señor E. J. M. y de ATC S.A., se procedió a reproducir, en directo y en vivo, utilizando la señal abierta de esta última, diversos pasajes del evento deportivo, con relatos intermitentes del citado conductor, en algunos momentos a media pantalla y en otros a pantalla completa. Tildaron de ilícita la conducta de los demandados, tanto de ATC S.A. por haber rescindido unilateralmente y en forma intempestiva el acuerdo del 24/11/2000, como de dicha empresa y de los señores V. H. M. y E. J. M. por haber violado el 28/11/2000 el derecho de transmisión exclusiva que había adquirido con relación al recordado partido de fútbol. Citaron normas legales que entendieron apoyar la demanda (46/54). 2º) ATC S.A. contestó demanda oponiendo una excepción de prescripción, negando y reconociendo lo que estimó pertinente, y argumentando que en el contrato que había suscripto el día 7/7/2000 con el codemandado E. J. M., por el cual acordaron la realización del programa Desayuno con la conducción del señor V. H. M., se dejó aclarado que ATC S.A. no se responsabilizaría en modo alguno por los dichos del conductor, como así tampoco los de sus entrevistados, y que, además, quedaba eximida de cualquier reclamo que eventualmente se produjera basado en la supuesta titularidad de derechos que se afectaren o violaren. De otro lado, pidió la citación en los términos del art. 94 del Cód. Procesal de Emprender Producciones S.A., como cesionaria de los derechos derivados del indicado contrato del 7/7/2000 (fs. 170/175, espec. fs. 173 vta. y las citas de las cláusulas 15ª y 18ª del contrato referido). A su turno, también resistió la demanda el señor E. J. M. Explicó, ante todo, que suscribió con ATC S.A. el contrato del 7/7/2000 para una sociedad anónima en formación de la que sería su socio y a la cual le cedería los derechos contractuales respectivos, extremo que a la postre cumplió a favor de la firma Va por Más S.A. y por lo cual, consiguientemente, no podía ser considerado legitimado pasivo a título personal, ya que no puede considerárselo co-productor, junto con ATC S.A., del programa Desayuno. Desde tal perspectiva, articuló una excepción de falta de acción. Sin perjuicio de lo anterior, subsidiariamente contestó el escrito de inicio argumentando: I) que la decisión de transmitir el 28/11/2000 el partido Boca Juniors vs. Real Madrid obedeció a una...voluntad de informar... coincidente entre la productora Va por Más S.A., el señor V. H. M. y ATC S.A., fundada en...la prevalencia del derecho de los ciudadanos a ser informados respecto de un evento deportivo trascendental... frente a...toda proyección monopólica discriminatoria y excluyente... ; II) que la decisión de transmitir el partido de fútbol fue anticipada por el señor V. H. M. en el programa Desayuno del día anterior 27/11/2000, sin que la actora practicara intimación alguna oponiéndose o requiriendo el cese de la transmisión; III) que al finalizar la emisión del día 28/11/2000 el señor V. H. M. agradeció el apoyo que ATC S.A. había dado a la transmisión; IV) que lo transmitido el 28/11/2000 guarda distancia con lo que es normalmente la emisión de un partido de fútbol, ya que habiendo tenido una duración de casi 100 minutos, se reprodujeron imágenes del evento, incluidos los entretiempos y festejo final, de 76 minutos, de los cuales sólo 3 minutos con cuatro segundo fueron a pantalla completa; el resto, unos 72 minutos, osciló entre la ocupación de un cuarto y un tercio de la pantalla y, a veces, las más, con pantalla dividida; V) que tal transmisión no tuvo aptitud causal para generar daños a la actora y que, en todo caso, él fue inexistente; VI) que ninguna de las personas físicas demandadas fue responsable de la ruptura del negocio que la actora dijo haber acordado con ATC S.A. el 24/11/2000, y que por ello no puede reclamárseles el pago de $ por pérdida de derechos publicitarios; VII) que la transmisión del partido hecha en el programa Desayuno del 28/11/2000 no pudo provocar ningún daño a Cablevisión S.A., especialmente ningún lucro cesante; VIII) que dicha transmisión preservó la paz social y mitigó la ira popular que derivaba del tratamiento excluyente, discriminatorio y monopólico al que Cablevisión S.A. sometía un acontecimiento de índole popular; IX) que se actuó en ejercicio del derecho a informar y del derecho al acceso de bienes culturales, los que son prevalentes; y X) que la situación planteada en autos es análoga a la regulada por la ley (fs. 279/301). De su lado, el señor V. H. M. contestó demanda oponiendo una excepción de prescripción y sosteniendo: I) que fueron las autoridades de ATC S.A. las que decidieron poner en el aire, en un segundo plano, imágenes del partido de fútbol referido, y que fue también por resolución de ellas que la transmisión respectiva se prolongó finalizado el horario destinado al programa Desayuno ; II) que, entonces, más allá de la conocida posición ideológica, pública y notoria, que personalmente tiene sobre la difusión por canales de aire de los partidos de fútbol de suma trascendencia social, lo cierto es que en el caso...la difusión de las imágenes del partido se trató de una decisión empresaria de las autoridades de la co-demandada ATC S.A... : III) que su parte...no posee facultades para decidir cuáles son las imágenes que se emiten y/o salen al aire, tampoco puedo impedir que las mismas se sigan emitiendo en el programa en razón de que mi tarea en el programa consiste en ser un mero conductor y/o presentador de noti- continúa en la página 6
6 6 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 viene de PÁGINA 5 cias, imágenes e invitados, no pudiendo en mi carácter de dependiente del Canal oponerme a las decisiones que éste adopte... ; IV) que, consecuentemente,...no puede atribuirse al suscripto responsabilidad alguna por la emisión de pasajes del partido referenciado..., ya que fueron las autoridades del canal las únicas responsables de la situación... ; V) que abona lo anterior el texto del contrato que suscribiera el 20/9/2000 con ATC S.A., por el cual pasó a desempeñarse como conductor de un programa diario de noticias, de lunes a viernes, de 7.00 a 9.00 hs., con vigencia entre el 30/8/2000 y el 30/12/2000, y según el cual quedaba comprometido a...respetar y dar cumplimiento a las indicaciones que le curse la Dirección de Noticias de la Empresa en lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones... (cláusula 5ª); y VI) que no es responsable tampoco por la rescisión unilateral que, según la actora, había formalizado ATC S.A. del contrato del 7/7/2000, por lo que no puede reclamársele la suma de $ (fs. 321/334). A fs. 363/364 se difirió el tratamiento de las excepciones de prescripción y falta de acción opuestas, y se ordenó la citación como tercero de Va por Más S.A. Esta última empresa se presentó con un escrito titulado Contesto Demanda en el cual, ante todo, dijo asumir...plenamente sus obligaciones como titular de la relación contractual respecto de la producción del programa Desayuno..., para después resistir el progreso de la acción con defensas sustancialmente idénticas a las del responde de E. J. M. (fs. 393/415). A fs. 462 se desistió de la citación de Emprender Producciones S.A. 3º) La sentencia de primera instancia: I) desestimó las excepciones de prescripción opuestas por ATC S.A. y el señor M., con costas; II) rechazó la defensa de falta de acción (ausencia de legitimación pasiva) articulada por E. J. M., con costas; III) admitió la demanda contra ATC S.A. y E. J. M., a quienes condenó a pagar la cantidad de $ , intereses y costas; IV) rechazó la demanda incoada contra el señor V. H. M., con costas a la actora; y V) rechazó la demanda respecto de Va por Más S.A., con costas a cargo del codemandado E. J. M. (fs. 1124/1149). Contra esa decisión apelaron Cablevisión S.A. (fs. 1183), el codemandado E. J. M. (fs. 1151) y ATC S.A. (fs. 1205). El codemandado V. H. M. instruyó a su representación letrada no apelar la imposición de costas derivada del rechazo de la excepción de prescripción que opusiera, lo que así fue tenido presente (fs y 1212). El señor E. J. M. expresó agravios a fs. 1234/1239, con la finalidad de obtener su absolución de la demanda. Otro tanto requirió ATC S.A. por las razones que informan su escrito de fs. 1250/1257, oponiendo a todo evento, para el caso de confirmación de su condena, la consolidación de la deuda en los términos de las leyes y De su lado, Cablevisión S.A. presentó el memorial de fs. 1246/1249, con el objeto de que la condena se extienda al señor V. H. M. Las apelaciones del señor E. J. M. y de ATC S.A. fueron resistidas por Cablevisión S.A. en fs. 1268/1275; y la de Cablevisión S.A. lo fue a fs. 1265/1266 por el codemandado V. H. M. La Fiscal subrogante ante la Cámara declinó dictaminar por entender no comprometido un interés general, sino solamente intereses particulares (fs. 1281). 4º) Para comprender cabalmente cuál es el terreno en que se mueven los agravios de las partes, creo fundamental detallar los hechos del caso, tal como resultan de los videos ofrecidos como prueba, que el suscripto ha procedido a visualizar antes de redactar este voto. Sigo en ello al criterio que se desprende interpretativamente del precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación registrado en Fallos 315:1943, considerandos 13º y 14º. Al efecto, haré referencia al contenido de tales videos en sus aspectos más relevantes, señalando hora y minutos de las distintas partes del programa Desayuno según surgen del reloj que durante las emisiones podía verse abajo y a la izquierda de la pantalla. (a) En el video correspondiente al día 27/11/2000, es decir, el del programa Desayuno de la jornada anterior al partido, puede verse al señor V. H. M., a la hora 7.01, anunciando lo que habría de ocurrir en la mañana siguiente. Sus palabras fueron:...usted va a ver en nuestra pantalla también el partido, es decir, vamos a poner el partido porque estamos abonados a Cablevisión, la empresa a la cual M. M. vendió los derechos dejando a medio país boquense afuera de la posibilidad de ver el partido...nunca vamos a hacer primeros planos, pues tienen derechos que naturalmente vamos a respetar.... Tiempo después, a las 8.50 hs., refiriéndose a lo mismo agregó:...de refilón, como decimos, vamos a estar mirando el partido (...), somos abonados a Cablevisión, por suerte.... Y minutos más tarde, a las 8.59 hs., vaticinó que la pantalla se haría famosa con la transmisión del partido Boca Juniors vs. Real Madrid. (b) El 28/11/2000, la emisión del programa Desayuno comienza, en lo que aquí interesa, con los panelistas de la emisión, sentado al centro de ellos el señor M., y detrás un monitor ya conectado con la señal televisiva que provenía de Tokio. Entre las 7.01 hs. y 7.02 hs., antes de iniciarse el partido, el señor V. H. M. anuncia a la audiencia que podrá ver el partido a través del apuntado monitor y dice:...lo van a poder mirar de refilón, a espiar.... A las 7.07 hs. se muestra en el referido monitor, quedando el conductor adelante, la salida de Boca Juniors al campo de juego. La transmisión del programa sigue su curso mostrando, intermitentemente, el referido monitor. A las 7.15 hs. el equipo argentino hace un gol y el hecho es mostrado, no ya a través del monitor, sino reproduciendo en primer plano las imágenes provenientes de Tokio a pantalla entera. Esta modalidad se prolonga hasta las 7.17 hs., lapso en que se pasa la repetición del gol e imágenes de los festejos. A las 7.20 hs. Boca Juniors hace un segundo gol. Nuevamente se lo informa haciendo uso de las imágenes originadas en Tokio, en primer plano y con pantalla entera. Sin ningún tipo de imagen que lo acompañe, el señor V. H. M. anuncia a las 7.22 hs. que...vamos a seguir viendo el partido continuamente.... A las 7.25 hs. el equipo Real Madrid convierte un gol. Se lo informa con imágenes puestas primero a media pantalla (izquierda), y después a pantalla entera. El señor V. H. M. alude a las 7.36 hs., con el monitor detrás suyo, a que se estaba...mirando por una ventanita... el partido. A las 7.59 hs., la imagen del partido aparece a media pantalla izquierda, quedando el señor V. H. M. a la derecha. El primer tiempo culminó a las 8.01 hs. En el video correspondiente al segundo tiempo del partido, puede verse lo siguiente: A las 8.02 hs. se comenzó a dar imágenes a pantalla entera de los goles hasta ese momento logrados. A las 8.03 hs., siguiendo la pantalla completa, dice el señor V. H. M.:...podemos seguir espiando el partido.... A las 8.11 hs. reiteró esa idea:...para poder espiar... el partido, dijo. A las 8.18 hs. comenzó el segundo tiempo del partido. Entre tal hora y las 8.22 hs. aparecen imágenes del partido, en pantalla dividida a la izquierda, entremezclándose sucesivamente en la otra mitad de la pantalla comentarios del señor V. H. M., noticia y un video clip. Luego de una pausa, a las 8.25 hs. se retoma la imagen del partido, en pantalla dividida a la izquierda, situación que se mantiene hasta las 8.29 hs., en que brevemente se reemplaza la imagen del partido Boca Juniors vs. Real Madrid por la de un partido local anterior, en el marco de una entrevista al jugador Omar Assad. Dentro del minuto antes citado, se retoma la imagen del partido desde Tokio en pantalla dividida y a la izquierda. A las 8.30 hs. se pasa brevemente a pantalla completa, retornándose a la media pantalla en pocos segundos, situación que se mantiene hasta las 8.33 hs., momento en que el programa pasa a dar algunas noticias internacionales y locales. Siendo las 8.36 hs., vuelven las imágenes del partido, en pantalla divida a la derecha, quedando el conductor V. H. M. a la izquierda. A las 8.39 hs. el citado codemandado, siempre con imágenes del partido a pantalla dividida en la derecha, dijo lo siguiente:...estoy viendo este partido en nombre de toda la gente que de alguna manera, aunque sea por esta ventanita, que es una manera naturalmente de dar un servicio, puede estar observando el partido.... La emisión sigue de igual forma, con participación del señor V. H. M., hasta las 8.44 hs., en que se da una noticia relacionada con un desalojo. A las 8.45 hs. vuelve la situación anterior: en pantalla dividida, el partido a la derecha, y el señor V. H. M. a la izquierda. A las 8.48 hs., misma situación, pero el conductor V. H. M. es reemplazado por un video clip. A las 8.50 hs., comienza propaganda publicitaria. Vuelve a pasarse la imagen del partido, del mismo modo ya descripto (pantalla dividida a la derecha), a partir de las 8.53 hs. Sin modificaciones a lo anterior, apareciendo el señor V. H. M. en pantalla dividida a la izquierda, dijo a las 9.00 hs. lo siguiente:...muchas gracias a las autoridades de canal 7 por comprender que finalmente, con cierta vocación de servicio, hemos podido acercar aunque sea la ilusión de partido a la gente que no lo podía ver.... Continúa todo de igual forma hasta las 9.04 hs., en que la imagen del partido pasa a reproducirse en pantalla completa, con audio del señor V. H. M. Con este último formato de pantalla completa y audio del citado codemandado, termina el partido y segundos después la emisión del programa Desayuno de ese día. (c) Corresponde observar que en el programa del 28/11/2000, el codemandado V. H. M., sin hacer un relato del partido de las características que le son notoriamente conocidas, deslizó no obstante, mientras se pasaban las imágenes, continuos comentarios generales sobre el juego, pudiendo incluso en ese contexto vérselo sugiriendo o pidiendo modos concretos de transmisión. Así, por ejemplo, a las 8.02 hs. sugirió que las pausas se acumularan para poder dar más continuidad a las imágenes del partido; y a las 8.19 hs. pidió mantener las imágenes a la espera de la ejecución de un tiro libre. La emisión del 28/11/2000 se caracterizó, además, por una especie de in crescendo, pues inicialmente las imágenes del partido se veían en un monitor que estaba detrás del conductor V. H. M., pero poco a poco empiezan ellas a ponerse en primer plano para, especialmente en el segundo tiempo del partido, emitirse prácticamente con exclusividad imágenes de esa característica (en primer plano) a media pantalla, izquierda o derecha, y en menor medida a pantalla entera. Esta impresión es corroborada por la prueba testimonial (conf. declaración de C. F. P., fs. 646, repregunta 1ª). (d) En el programa Desayuno del día 30/11/2000 se destacan las siguientes situaciones. El conductor V. H. M. leyó agradecimientos del público oyente por haber puesto al aire imágenes del partido a las 7.21 hs., 7.35 hs. y a las 7.48 hs., entremezclando comentarios referidos a la situación monopólica que, según su criterio, imperaba con relación a la transmisión de partidos de fútbol de la importancia del jugado el 28/11/2000. A las 7.22 hs. y a las 7.39 hs. se pasaron imágenes de los goles y de momentos del partido desarrollado el día 28/11/2000, en ambos casos a pantalla entera. A las 7.38 hs. el conductor V. H. M. lee preceptos de la Ley de Radiodifusión entonces vigente, concluyendo que es responsabilidad del Estado Nacional que un partido llegue a todo el público. 5º) En su memorial de agravios el señor E. J. M. dijo:...atc, durante el programa Desayuno, no transmitió el partido cedido por Boca Juniors a Cablevisión. Lo que hizo fue informar. La televisión pública informó (...) No emitió el producto vendido por Boca Juniors a Cablevisión. Emitió otro producto: mostró periodistas informando sobre diversos temas, también sobre el encuentro deportivo, con imágenes algunas plenas, otras truncas, todo ello enmarcado dentro del profundo debate que ya existía sobre las emisiones de fútbol (...) ATC emitió imágenes del encuentro, no emitió el partido. El partido es otra cosa (...) El programa ejerció el derecho de informar, a ser informado y el derecho de acceso a los bienes culturales... (fs y vta.). Como se aprecia, el codemandado contrasta, como cosas distintas, el hecho de transmitir un partido de fútbol con el hecho de informar sobre su desarrollo, sosteniendo que fue esto último lo que ocurrió el 28/11/2000. Dicho contraste no es inaceptable, pues, en verdad, no puede equipararse la transmisión televisiva de un partido de fútbol (que supone el uso de pantalla completa; el relato del evento, jugada por jugada, a cargo de un locutor; comentarios periodísticos; entrevistas a personas vinculadas o de interés; etc.), con la captación de imágenes del acontecimiento
7 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE deportivo con la finalidad de ofrecer información sobre los mismos. Y, ciertamente, lo detallado en el considerando anterior muestra a las claras que en el programa Desayuno del 28/11/2000 no hubo una transmisión del partido Boca Juniors vs. Real Madrid del modo en que usualmente son difundidos televisivamente los eventos futbolísticos. Sin embargo, lo que sí ocurrió fue que en dicho programa se utilizaron, sin autorización ni pago, las imágenes de ese evento que eran el objeto de los derechos que por vía de cesión y en exclusividad había adquirido Cablevisión S.A. E. J. M. dice que ello se hizo con finalidad puramente informativa. De lo que se trata es, entonces, de verificar si la utilización de tales imágenes, cuya explotación no tenía contractualmente acordada sino la actora, podía ser efectuada con tal finalidad informativa, sin autorización y de forma gratuita. Tal es, en sustancia, el concreto conflicto de autos en su primera aproximación. Un conflicto que enfrenta el derecho de Cablevisión S.A. a la utilización en exclusiva de imágenes por las que abonó una cuantiosa suma (conf. peritaje contable, fs. 747 vta.), frente al derecho de quien o quienes las utilizaron, sin pagar costo alguno, con el argumento de ejercer con ello el derecho de informar al gran público no suscriptor de los servicios televisivos por cable prestados por la actora o por otras operadoras de cable con las cuales esta última había trabado acuerdos para la emisión en directo del partido. Veamos, pues, con más detenimiento los alcances de ese conflicto y su resolución a la luz de la ley, la doctrina y la jurisprudencia. 6º) Los clubes y ligas de fútbol, sobre todo en el último decenio del siglo XX, solicitaron y, en la mayoría de los casos, obtuvieron, grandes sumas por los derechos televisivos de retransmisión de sus partidos (conf. Crespo-Pérez, J., Breve aproximación a los derechos televisivos en el fútbol, Cuadernos de Derecho Deportivo, Ad-Hoc, Buenos Aires, vol. 3, ps. 115/127, espec. p. 116). Ello se logró a través de contratos de cesión de los derechos de retransmisión por televisión, en exclusiva, de los correspondientes encuentros, por parte de empresas de medios audiovisuales; derechos ésos que del lado de estas últimas están relacionados o son conexos con los derechos sobre el juego de fútbol (la representación, ejecución o realización del juego o espectáculo deportivo, propiamente dicho) y su organización, y que por tanto cuentan con la protección de la ley (conf. Cionfrini, E., El derecho de información, la libertad de expresión y los derechos sobre la transmisión de espectáculos por televisión. El caso de los partidos de fútbol, LA LEY, 2001-A, 811, espec. cap. II). En efecto, los derechos de televisación sobre espectáculos deportivos adquiridos por empresas audiovisuales son derechos de propiedad intelectual que pertenecen al grupo de los llamados derechos conexos, y que gozan en el ámbito interno de la protección civil de la ley y en el ámbito internacional de la tutela que brinda la Convención de Roma de 1961 aprobada por la ley , así como el Acuerdo GATT-ADPIC, aprobado por la ley (conf. Spector, H., Naturaleza y alcance de los derechos de retransmisión por televisión de espectáculos deportivos, JA, 2001-III, p. 1179, esp. cap. II; Martínez, H., La transmisión de los derechos deportivos. Titularidad de los derechos de transmisión, en la obra colectiva dirigida por Etcheverry, A. y Pachecoy, S., Servicios de Comunicación Audiovisual, La Ley-UBA, Buenos Aires, 2010, p. 174). La apuntada condición jurídica, valga señalarlo, fue reconocida por ATC S.A. con relación específica al partido de fútbol de que tratan estas actuaciones en la cláusula 5ª de la propuesta contractual del 24/11/2000 emitida por esa empresa, cuyo texto en lo pertinente es el siguiente:...asimismo, reconocemos que la transmisión del evento objeto de esta solicitud se encuentra amparado por la Ley Nº (fs. 78). De tal suerte, no es inapropiado concluir que al derecho de televisación adquirido por Cablevisión S.A. le era inherente el de autorizar o prohibir la retransmisión de sus emisiones (art. 13, inc. a, de la Convención de Roma de 1961; art. 14, párrafo 3º, del Acuerdo GATT-ADPIC, sección 1ª; Spector, H., ob. cit., ps. 1183/1184; Lipszyc, D., Derecho de autor y derechos conexos, Ediciones Unesco-Cerlac-Zavalía, Buenos Aires, 1993, p. 404), y que la difusión o retransmisión de las imágenes que eran objeto de ese derecho por terceros requería, en principio, del previo consentimiento de dicha empresa (art. 56, párrafo 4º, de la ley ; Satanowsky, I., Derecho Intelectual, Buenos Aires, 1954, t. I, p. 411; Belluscio, A. y Zannoni, E., Cód. Civil y leyes complementarias, comentado, anotado y concordado, Buenos Aires, 2001, t. 8, p. 458, nº 11; Emery, M., Propiedad Intelectual - Ley , comentada, anotada y concordada con los tratados internacionales, Buenos Aires, 1999, ps. 256/257, nº 11). En ese contexto, una primaria apreciación, despojada de otras connotaciones, conduciría a sostener que la utilización hecha en el programa Desayuno del día 28/11/2000 de imágenes del partido de fútbol adquiridas en condiciones de exclusividad por la actora, al violar el derecho conexo de propiedad intelectual que tenía sobre ellas, fue ilegítimo. Es que, como regla, quien retransmite contenidos audiovisuales de terceros sin autorización, realiza una actividad ilegítima, no porque interfiera técnicamente en la recepción de la señal por el público, ni porque compita deslealmente con quienes adquirieron de sus titulares la licencia para retransmitir, sino porque vulnera las facultades exclusivas aseguradas por la ley (conf. Millé, A., Retransmisión de programas de televisión, Derecho de Alta Tecnología, Buenos Aires, noviembre 1991, año IV, nº 39, p. 18 y ss., espec. p. 21; Massini Ezcurra, M., Televisación y competencia desleal, ED 164, p. 241). Pero la cuestión no es tan sencilla ni lineal, porque, como se anticipó, al derecho de la actora cuyo contenido se acaba de describir, se opuso según lo expresara el codemandado E. J. M. el derecho a dar y recibir información, ejercido en un contexto muy especial como es el vinculado a un evento deportivo de importancia, bajo el argumento de la exclusión del gran público no suscriptor de los servicios de cable prestado por aquélla o por empresas que le son vinculadas. 7º) No es discutible que a los demandados, cada uno desde su posición relativa como empresa, productor o periodista/conductor, le asiste el derecho de dar y recibir información. En este sentido, la libertad de expresión que consagran en forma amplia los arts. 14 y 32 de la Constitución Nacional, contiene la de dar y recibir información (conf. CSJN, 15/4/1993, Gutheim, Federico c. Alemann, Juan, Fallos 316:703), y tal objeto ha sido especialmente señalado por el art. 13, inc. 1º, de la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada Pacto de San José de Costa Rica, ratificada por la ley (conf. CSJN, 12/3/1987, Costa, Héctor Rubén c. MCBA. y otros, Fallos 310:508), habiendo destacado al respecto la más alta autoridad judicial del país que la especial relevancia del derecho a dar y recibir información se hace aún más evidente con relación a la difusión de asuntos atinentes a la cosa pública o que tengan trascendencia para el interés general (conf. CSJN, 2/7/1993, Pérez Arriaga, Antonio c. Arte Gráfica Editorial Argentina S.A., Fallos 316:1623; íd. 17/12/1996, Gesualdi, Dora Mariana c. Cooperativa Periodistas Independientes Limitada y otros s/ cumplimiento ley , Fallos 319:3085, voto del juez Boggiano; íd. 22/12/1998, Kimel, Eduardo G. y Singerman, Jacobo s/ art. 109 C. P., Fallos 321:3596, voto de los jueces Fayt y Boggiano). Desde luego, como una expresión positiva de ese derecho se encuentra el derecho a la transmisión pública de noticias (conf. Ekmekdjian, M., Derecho a la información, Buenos Aires, 1992, p. 39), que desde la mirada del periodismo supone el acceso a la información (conf. Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Kimel c. Argentina, sentencia del 2/5/2008), bajo la idea de que con ello no sólo está en juego un derecho individual, sino también el derecho social a la información de las personas que viven en un Estado Democrático (conf. CSJN, doctrina de Fallos 306:1892; 310:508; in re Grupo Clarín S.A. y otros c. Poder Ejecutivo Nacional s/ acción meramente declarativa, sentencia del 12/10/2013). Ahora bien, en casos como el sub lite, para que el derecho de transmisión pública de noticias pueda ser ejercido, surge la necesidad de utilizar las imágenes como soporte o como cita de comentarios u opiniones. Y, en este sentido, resulta claro que así como un periódico o una revista tiene derecho a tomar y publicar fotografías de una representación teatral, musical, de danza o de cualquier deporte, para informar u opinar sobre ella, el mismo derecho tiene cualquier canal de televisión y cualquier programa de televisión de tomar imágenes de partidos para hacer posible la correspondiente transmisión pública de noticias, lo cual en el esquema de la ley se enmarca en el denominado derecho de cita (conf. Cionfrini, E., ob. cit., p. 819, cap. III; Spector, H., ob. cit., p. 1193, cap. VI). Como regla, el ejercicio del derecho de cita hace innecesaria toda autorización previa para proceder a la difusión de imágenes, máxime tratándose de información periodística; esa utilización es, además, también como regla, no remunerada (arg. art. 27 de la ley ; Satanowsky, I., ob. cit., t. I, p. 358; Belluscio, A. y Zannoni, E., ob. cit., t. 8, p. 382; Emery, M., ob. cit., p. 163). Empero, el derecho de cita de que se trata no puede concebirse como absoluto o ilimitado, pues ello equivaldría a la negación misma del derecho intelectual involucrado pasivamente, especialmente cuando su explotación económica tiene caracteres de exclusividad. En este sentido, el derecho de cita supone su ejercicio regular, no abusivo (art del Cód. Civil; Satanowsky; I., ob. cit., t. I, ps. 353/355), y particularmente cuando, como en el caso se trata, se lo vincula a acontecimientos de actualidad para hacerlos accesibles al público, está limitado...la medida justificada por el fin de la información..., tal como lo expresa el art. 10, bis, ap. 2º, de la Convención de Berna, aprobara por ley (conf. Lipszyc, D., ob. cit., ps. 234/235). Llegado a este punto del análisis, bien se comprende la necesidad de determinar si la transmisión hecha en el programa Desayuno del 28/11/2000 con relación al partido de fútbol Boca Juniors vs. Real Madrid excedió o no abusivamente el derecho de cita antes mencionado en el contexto de la finalidad informativa tenida en mira al ejercerlo y de la especial naturaleza del mencionado evento. 8º) En el día en que tuvo lugar el hecho examinado, todavía regía en nuestro país la Ley de Radiodifusión nº que no contenía ninguna disposición relacionada directa y claramente con la materia litigiosa. En su texto se hacía referencia a los casos de interferencia o interacción entre servicios de radiodifusión habilitados, pero en términos que podrían entenderse ajenos a la problemática de autos (art. 29, reglamentado por el art. 21 del decreto 286/81; Schifer, C. y Porto, R., Radiodifusión. Marco regulatorio, El Derecho, Buenos Aires, 2007, ps. 116/117). No obstante, durante la vigencia de esa ley de facto, en los medios audiovisuales prevalecía el criterio, nacido de la necesidad de adaptarse a lo dispuesto por la ley , según el cual en los programas de noticias donde se emitían imágenes de un evento deportivo de las cuales la emisora no era titular, la emisión de ellas no podía exceder los tres (3) minutos (conf. Martínez, H., ob. cit., p. 172). Para la misma época, la doctrina especializada entendía, precisamente, que un ejercicio razonable del derecho de cita por parte de la prensa televisiva, no podía dar lugar a una reproducción que excediera de tres (3) minutos por encuentro deportivo, respetando además la obligación legal de indicar el origen de las imágenes (conf. Spector, H., ob. cit., p. 1193, cap. VI). En otras palabras, a pesar del vacío legal, imperaba la idea de que el derecho de cita aplicado a la información de eventos futbolísticos mediante la reproducción de imágenes ajenas, no era absoluto o ilimitado y se hallaba restringido a algunos minutos. Lo que es lógico, pues, a la luz de la ley , desde antiguo se entiende que el derecho de cita en la reproducción de imágenes no debe abarcar sino una longitud razonable, más o menos equivalente a la extensión de los extractos que se insertan en la prensa (conf. Satanowsky, I., ob. cit., t. I, p. 359). 9º) La hoy vigente Ley de Medios Audiovisuales nº llenó ese vacío legal con especificidades que guardan relación con lo anterior. En efecto, tras asegurar el derecho de acceso universal a través de los servicios de comunicación audiovisual a los contenidos informativos de interés relevante y de acontecimientos deportivos, y de encuentros futbolísticos u otro género, esa ley dispone lo siguiente:...art. 80. Cesión de derechos. Ejercicio del derecho de acceso. La cesión de los derechos para la retransmisión o emisión, tanto si se realiza en exclusiva como si no tiene tal carácter, no puede limitar o restringir el derecho a la información. Tal situación de restricción y la concentración de los derechos de exclusividad no deben condicionar el normal desarrollo de la competición ni afectar la estabilidad financiera e independencia de los clubes. Para hacer efectivos tales derechos, los titulares de emisoras de radio o televisión dispondrán de libre acceso a los recintos cerrados donde vayan a producirse los mismos. El ejercicio del derecho de acceso a que se refiere el párrafo anterior, cuando se trate de la obtención de noticias o imágenes para la emisión de breves extractos libremente elegidos en programas informativos no estarán sujetos a contraprestación económica cuando se emitan por televisión, y tengan una duración máxima de tres (3) minutos por cada acontecimiento o, en su caso, competición deportiva, y no podrán transmitirse en directo.... Como se aprecia, el art. 80 de la ley (que en este punto reconoce fuente en el art de la ley española nº 21/1997 de 3 de julio, Reguladora de las Emisiones y Retransmisiones de Competiciones y Acontecimientos Deportivos), se refiere al ejercicio del derecho de acceso a los estadios para elaborar extractos informativos, es decir, para obtener la noticia y generar la imagen con cámaras y elementos técnicos propios. continúa en la página 8
8 8 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 viene de PÁGINA 7 No se refiere el precepto, pues, a una situación como la de autos, de utilización de imágenes obtenidas por un tercero o de su titularidad para ser aplicadas a un uso informativo. Empero, la solución para este último caso no puede ser distinta, pues si el límite temporal de tres (3) minutos indicado existe cuando quien se vale de las imágenes es el que las ha tomado haciendo uso del derecho de acceso a los recintos deportivos cerrados, con igual y hasta tal vez con mayor razón la restricción debe existir, si de lo que se trata es del aprovechamiento de imágenes que no son de obtención propia sino de origen ajeno, máxime si sobre ellas existen pactados derechos de exclusividad de uso. De tal suerte, en situaciones como la precedentemente indicada, un uso de imágenes mayor a tres (3) minutos no está aprehendido en el derecho de cita no remunerado ni exento de autorización que resguarda la ley De no ser así, el libre acceso a las imágenes sin retribución compensatoria despojaría a sus propietarios del contenido esencial de sus derechos, porque una cosa es el ejercicio del derecho de información y otra muy distinta ofrecer imágenes de un espectáculo que han sido cedidas en exclusiva a un tercero, siendo claro que extender lo primero a lo segundo es consagrar un desequilibrio entre el titular de unos derechos y el que desea obtener parte de los mismos, sin contraprestación (conf. Terol Gómez, R., Fútbol, televisión y derecho a la información (a vueltas con la ley 21/1997, de 3 de julio, reguladora de las emisiones y retransmisiones de competiciones y acontecimientos deportivos), Revista de Administración Pública - Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, vol. 158, p. 349 y ss., espec. p. 358). 10º) A esta altura, interesa observar que un conflicto de derechos como el que estrictamente plantean estas actuaciones ha sido resuelto por las normas comunitarias y jurisprudencia europeas con un alcance sustancialmente análogo al anticipado. En efecto, la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo del 10 de marzo de 2010 sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual), cuyo antecedente inmediato es la Directiva Europea nº 65/2007 (fuente esta última también de nuestro art. 80 de la ley ), estableció, en lo pertinente, lo siguiente:...artículo 15º. 1. Los Estados miembros velarán porque, a efectos de la emisión de breves resúmenes informativos, cualquier organismo de radiodifusión televisiva establecido en la Unión tenga acceso, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias, a acontecimientos de gran interés público transmitidos en exclusiva por un organismo de radiodifusión televisiva bajo su jurisdicción. 2. Si otro organismo de radiodifusión televisiva establecido en el mismo Estado miembro que el organismo que pretende obtener el acceso ha adquirido derechos exclusivos sobre el acontecimiento de gran interés para el público, el acceso se solicitará a dicho organismo. 3. Los Estados miembros velarán por que se garantice dicho acceso, permitiendo para ello a los organismos de radiodifusión televisiva seleccionar libremente extractos breves procedentes de la señal emitida por el organismo de radiodifusión televisiva transmisor indicando, a menos que resulte imposible por razones prácticas, como mínimo su origen. 4. Como alternativa al apartado 3, los Estados miembros podrán establecer un sistema equivalente que logre el acceso por otros medios, en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. 5. Los extractos breves se utilizarán únicamente para programas de información general y solo podrán utilizarse en los servicios de comunicación audiovisual a petición si el mismo prestador del servicio de comunicación ofrece el mismo programa en diferido. 6. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1 a 5, los Estados miembros velarán por que, de conformidad con sus ordenamientos y prácticas jurídicas, se determinen las modalidades y las condiciones relativas a la prestación de dichos extractos breves, en particular con respecto a cualesquiera acuerdos de contraprestación, la longitud máxima de los extractos breves y los límites de tiempo en lo que se refiere a su transmisión. Cuando se haya previsto una contraprestación por ellos, esta no superará los costes adicionales en los que se haya incurrido directamente por prestar el acceso.... La fundamentación jurídica de la solución aportada por el transcripto art. 15 de la Directiva 2010/13/UE fue expuesta en los Considerandos de esta última, de la siguiente manera (se transcribe lo pertinente):...(55) Para proteger la libertad fundamental de recibir información y garantizar la plena y adecuada protección de los intereses de los espectadores de la Unión Europea, quienes gocen de derechos exclusivos de radiodifusión televisiva sobre un acontecimiento de gran interés para el público deben conceder a otros organismos de radiodifusión televisiva el derecho a utilizar extractos breves para su emisión en programas de información general en condiciones equitativas, razonables y no discriminatorias, y teniendo debidamente en cuenta los derechos exclusivos (...) Tales extractos breves podrían utilizarse en emisiones de radiodifusión que alcancen todo el territorio de la UE por cualquier canal, incluso los canales dedicados a los deportes, y no deben superar los 90 segundos (...) (56) Las prescripciones de la presente Directiva relativas al acceso a acontecimientos de gran interés para el público a efectos de la emisión de resúmenes breves de carácter informativo se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información, y de los correspondientes convenios internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual y derechos conexos.... La jurisprudencia de la Unión Europea ha examinado los alcances de la Directiva 2010/13/UE y su predecesora, en el aspecto indicado, en un caso que interesa sobremanera referir, pues, entiendo, corrobora el resultado del balance de derechos que es menester realizar en autos para resolver con justicia. Se trata del asunto C-283/11 Sky Österreich GmbH c. Österreichischer Rundfunk, examinado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia del 22/1/2013. Los antecedentes y la decisión adoptada fueron los siguientes. La sociedad Sky Österreich GmbH (en lo sucesivo, Sky ) recibió la autorización del órgano regulador en materia de comunicaciones de Austria (Kommunikationsbehörde Austria, en adelante KommAustria) para transmitir vía satélite la programación digital codificada denominada Sky Sport Austria. Como consecuencia de ello, dicha sociedad adquirió, mediante contrato, los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva para Austria de los partidos de la Liga Europa durante las temporadas 2009/2010 a 2011/2012. Posteriormente, Sky y Österreichischer Rundfunk (en adelante ORF) celebraron un acuerdo relativo a la concesión a ORF del derecho a emitir breves resúmenes informativos sobre los partidos de fútbol de las indicadas temporadas. En ese marco, ORF hizo una consulta a la KommAustria de la cual resultó: a) que, dado que Sky gozaba de derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva, debía conceder a ORF el derecho a emitir breves resúmenes informativos, sin que ORF tuviera que abonar una remuneración que superara los costes adicionales en los que Sky hubiera incurrido directamente por prestarle acceso a la señal del satélite, costes que en este caso concreto eran nulos; b) al mismo tiempo, KommAustria determinó las condiciones para el ejercicio de dicho derecho por parte de ORF. Contra esta resolución ambas partes presentaron recurso de apelación ante el Bundeskommunikationssenat, quien estimó que el derecho a emitir breves resúmenes informativos constituía una injerencia en el derecho de propiedad del organismo de radiodifusión televisiva que había adquirido contractualmente los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva. En tales circunstancias, el Bundeskommunikationssenat decidió plantear la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJEU). En su sentencia del 22/1/2013 el TJEU recordó, ante todo, que el art. 17, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece que...toda persona tiene derecho a disfrutar de la propiedad de los bienes que haya adquirido legalmente, a usarlos, a disponer de ellos y a legarlos. Nadie puede ser privado de su propiedad más que por causa de utilidad pública, en los casos y condiciones previstos en la ley y a cambio, en un tiempo razonable, de una justa indemnización por su pérdida. El uso de los bienes podrá regularse por ley en la medida en que resulte necesario para el interés general.... A continuación hizo referencia a la Directiva 2010/13/UE. Observó que el art. 15, apartado 1, de la citada Directiva dispone que, a efectos de la emisión de breves resúmenes informativos, cualquier organismo de radiodifusión televisiva establecido en la Unión debe tener acceso a acontecimientos de gran interés público transmitidos en exclusiva por un organismo de radiodifusión televisiva; y que: a) según el apartado 3 del mismo artículo, dicho acceso quedaba garantizado, en principio, mediante la prestación de acceso a la señal emitida por el organismo de radiodifusión televisiva transmisor, pudiendo los demás organismos seleccionar libremente extractos breves procedentes de esa señal; b) según el apartado 6 que, cuando se haya previsto una contraprestación para el titular de los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva, ésta no superará los costes adicionales en los que se haya incurrido directamente por prestar acceso a la señal. Interpretó, frente al apuntado marco normativo, que se planteaba como cuestión la de si las garantías que confiere el art. 17, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales se extienden efectivamente a los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva adquiridos por contrato, bajo la idea de que la protección que confiere dicho artículo no recae sobre meros intereses o expectativas de índole comercial, cuyo carácter aleatorio es inherente a la esencia misma de las actividades económicas, sino sobre derechos con un valor patrimonial de los que se deriva, habida cuenta del ordenamiento jurídico, una posición jurídica adquirida que permite que el titular de tales derechos los ejercite autónomamente y en su propio beneficio. Al respecto juzgó que los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva son derechos conferidos a título oneroso, mediante una estipulación contractual, a ciertos organismos de radiodifusión televisiva, permitiéndoles retransmitir determinados acontecimientos en exclusiva, lo que tiene como consecuencia excluir la posibilidad de que otros organismos de radiodifusión televisiva efectúen una retransmisión televisiva de cualquier tipo de tales acontecimientos. Por ello, correspondía considerar que esos derechos no constituyen meros intereses o expectativas de índole comercial, sino que están dotados de un valor patrimonial. Ahora bien, el TJUE apreció que, al lado de lo anterior, a partir de la Directiva 2007/65 del 19 de diciembre de 2007, el Derecho de la Unión exige que se garantice el derecho de los organismos de radiodifusión televisiva a emitir breves resúmenes informativos relativos a acontecimientos de gran interés para el público sobre los cuales existen derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva, sin que los titulares de tales derechos puedan exigir una contraprestación superior a los costes adicionales en los que hayan incurrido directamente por prestar el acceso a la señal (los que por hipótesis pueden ser nulos). Teniendo en cuenta tal normativa de la Unión, concluyó que una cláusula contractual de otorgamiento de derechos de transmisión televisiva en exclusividad no confiere a un organismo de radiodifusión televisiva una posición jurídica adquirida, protegida por el artículo 17, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales, que le permita un ejercicio autónomo de su derecho de retransmisión en el sentido de que pueda exigir una contraprestación superior a los costes adicionales en los que haya incurrido directamente por prestar acceso a la señal. En otras palabras, un titular de derechos de retransmisión televisiva en exclusiva de acontecimientos de gran interés para el público no puede invocar la protección del derecho de propiedad conferida por el artículo 17, apartado 1, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De seguido, también el TJUE examinó la cuestión a la luz del art. 16 de la mencionada Carta de Derechos Fundamentales, por el cual se dispone que...se reconoce la libertad de empresa de conformidad con el Derecho de la Unión y con las legislaciones y prácticas nacionales.... Aclaró que de conformidad con su propia jurisprudencia, la libertad de empresa no constituye una prerrogativa absoluta, sino que debe tomarse en consideración en relación con su función en la sociedad; y que con arreglo a esa jurisprudencia la libertad de empresa puede quedar sometida a un amplio abanico de intervenciones del poder público que establezcan limitaciones al ejercicio de la actividad económica en aras del interés general. Con esa base de entendimiento, interpretó que el art. 15, apartado 6, de la Directiva 2010/13 no afecta al contenido esencial de la libertad de empresa, pues dicha disposición no impide el ejercicio de la actividad empresarial, en cuanto tal, del titular de los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva. En tal sentido, recordó que la comercialización en exclusiva de los acontecimientos de gran interés para el público en la actualidad está en alza y puede limitar considerablemente el acceso del público a la información relativa a dichos acontecimientos. Desde este punto de vista, el artículo 15 de la Directiva 2010/13 pretende salvaguardar la libertad fundamental de recibir información, garantizada por el artículo 11, apartado 1, de la Carta, y fomentar el pluralismo en la producción y en la programación de noticias en la Unión, protegido por el apartado 2 del propio artículo 11. Es innegable, dijo, que la salvaguarda de las libertades protegidas por el artículo 11 de la Carta constituye un objetivo de interés general cuya importancia procede destacar, en particular, en una sociedad democrática y pluralista; y que dicha importancia es especialmente evidente en el caso de los acontecimientos de gran interés para el público. Por tanto, juzgó que resultaba obligado reconocer que el artículo 15 de la Directiva 2010/13 persigue efectivamente un objetivo de
9 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE interés general, y que en particular su apartado 6 resultaba apropiado para garantizar la consecución del objetivo perseguido, pues ofrece a todo organismo de radiodifusión televisiva la posibilidad de emitir efectivamente breves resúmenes informativos e informar así al público sobre acontecimientos de gran interés para éste que son comercializados en exclusiva, garantizando a estos organismos el acceso a tales acontecimientos. Ese acceso se les garantiza con independencia, por una parte, de su poder comercial y de su capacidad financiera y, por otra parte, del precio abonado para adquirir los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva, de las negociaciones contractuales con los titulares de dichos derechos y de la magnitud de los acontecimientos de que se trate. Recordó que cuando están en juego varios derechos y libertades fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico, la valoración de si una disposición del Derecho de la Unión resulta desproporcionada debe efectuarse respetando la necesaria conciliación de las exigencias relacionadas con la protección de distintos derechos y libertades y el justo equilibrio entre ellos; y que al establecer sus exigencias en cuanto a la utilización de los extractos de la señal, el legislador de la Unión ha velado por encuadrar con precisión el alcance de la injerencia en la libertad de empresa y el eventual beneficio económico que los organismos de radiodifusión televisiva pueden obtener de la emisión de un breve resumen informativo. En efecto, el artículo 15 de la Directiva 2010/13 dispone, en su apartado 5, que los breves resúmenes informativos sobre acontecimientos retransmitidos en exclusiva no pueden emitirse en cualquier tipo de programa de televisión, sino sólo en programas de información general. Además, de conformidad con ese mismo considerando y con el artículo 15, apartado 6, de la Directiva 2010/13, los Estados miembros deben determinar las modalidades y las condiciones relativas a la prestación de los extractos de la señal teniendo debidamente en cuenta los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva. A este respecto, de los apartados 3, 5 y 6 de dicho artículo y del referido considerando 55 se deriva que tales extractos deben, en particular, ser breves, y que su longitud máxima no debe superar los 90 segundos. Asimismo, los Estados miembros deben determinar los límites de tiempo en lo que se refiere a su transmisión. Por último, recordó el TJUE, los organismos de radiodifusión televisiva que emitan un resumen informativo deben indicar, con arreglo al mismo apartado 3, el origen de los extractos breves que utilicen en sus resúmenes, lo que puede tener un efecto publicitario positivo para el titular de los derechos de radiodifusión televisiva en exclusiva de que se trate. 11º) El marco ponderativo expuesto en los considerandos anteriores, permite extraer las siguientes apreciaciones aplicables a la resolución del conflicto de derechos de que tratan estas actuaciones, estableciendo un adecuado balance entre ellos. I. Que la protección que la ley brinda a los derechos de televisación, como igualmente la que deriva de la libertad de empresa y de la posición jurídica ganada mediante los contratos que posibilitan su adquisición con carácter de exclusividad, debe ceder ante el derecho de dar y recibir información referente a eventos de interés general, como podría ser ciertos partidos de fútbol de carácter relevante. II. Que, por ello, quienes tengan derechos exclusivos de radiodifusión televisiva sobre un acontecimiento de la indicada naturaleza, deben aceptar que otros organismos de radiodifusión televisiva utilicen extractos breves para su emisión en programas de información general. III. Que en nuestro medio, antes de la sanción de la ley , lo mismo que bajo su vigor, esa utilización de imágenes ajenas no puede superar de un lapso razonable, proporcionado a la necesidad informativa, estimable en tres (3) minutos; lapso temporal, se advierte, incluso superior al del art. 15 de la recordada Directiva 2010/13 de la Unión Europea, fijado en 90 segundos. IV. Que la utilización con ese límite temporal de derechos de televisación adquiridos en exclusividad no está sujeta a remuneración alguna, salvo la que pudiera resultar, si existiera, de los costes adicionales en los que hubiera directamente incurrido el titular de esos derechos por prestar el acceso. V. Que la utilización debe hacerse con indicación de quién es el titular de los derechos de televisación accedidos. 12º) En el caso examinado, no parece dudoso que la utilización hecha en el programa Desayuno del 28/11/2000 de las imágenes del partido Boca Juniors vs. Real Madrid que, en exclusividad había adquirido la actora, excedió con creces al lapso de tres (3) minutos antes señalado. Y, aunque no se compartiera este último límite y se pensara incluso en alguno mayor, excedió cualquier otra utilización razonablemente proporcionada al fin informativo que se pretendía alcanzar. En tal sentido, las imágenes puestas al aire ese día, acompañadas de comentarios del codemandado V. H. M., fueron mucho más que un breve extracto puesto al servicio de la noticia informativa. Lo hecho ese día fue, a todas luces, un ejercicio abusivo del derecho de cita permitido por la ley , pues lejos de haber tenido el pasaje de imágenes una longitud razonable, más o menos equivalente a la extensión de los extractos que se insertan en la prensa, se prolongó en palabras del codemandado E. J. M. que se corroboran con la visualización del programa por un total de 76 minutos (fs. 290). Cabe observar, en este sentido, que el contenido esencial del derecho de información sobre un hecho tan noticiable como son los encuentros de fútbol se cumplimenta suficientemente dando noticia de lo que haya sucedido de interés en los mismos: sus resultados y, en todo caso, quiénes hayan marcado los goles. Eso es lo noticiable, sobre lo que se debe informar. Las imágenes restantes son puro y duro entretenimiento (conf. Terol Gómez, R., ob. cit., p. 357). Por ello, un razonable ejercicio del derecho de cita autorizado por la ley , debe circunscribirse a lo primero, pero no trasladarse a lo segundo. Si no fuera así, el derecho de cita pasaría a ser un derecho de reproducción total sin costo ni necesidad de autorización, lo que es inadmisible. Como lo señala la Convención de Berna aprobada por ley expresando un principio general aplicable a la materia, sólo son lícitas las citas que se hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga (art. 10, inc. 1º). El ejercicio del derecho de cita, en efecto, no puede asumir las proporciones de una reproducción similar en extensión o importancia a lo citado, pues en tal caso hay abuso, como lo hay siempre que se excede la lógica para tomar viso de especulación comercial (conf. Satanowsky, I., ob. cit., t. I, p. 354); extremo este último que en el caso sub lite parece incluso haber ocurrido, toda vez que según informó el peritaje contable de un monto de $8.156,78 facturado por publicidad el día 28/11/2000 se pasó a uno de $ ,93 el día 30/11/2000 (fs. 860), y que de un rating promedio del programa Desayuno de 1.9 se pasó en la fecha del partido a uno de 9.1 (conf. informe de IBO- PE de fs. 93). Por cierto, no importa que del apuntado total de 76 minutos de pasaje de imágenes, solamente 3 minutos con 4 segundos hubiera sido a pantalla completa y el resto, las más de las veces, en segundo plano a través de un monitor, o en primer plano a pantalla dividida, pues aun bajo las últimas formas exposición no dejó de producirse el aprovechamiento de una propiedad intelectual ajena en una medida ilegal. Tampoco importa que la emisión hubiera sido hecha indicándose que las imágenes provenían de la señal de Cablevisión S.A. La indicación de quién es el titular de los derechos televisivos no basta, por sí misma, para sostener la legitimidad del ejercicio del derecho de cita de que se trata. Es una condición necesaria, pero no suficiente. 13º) Desde perspectiva afín pero distinta, interpreto que no hay motivos para excluir el juicio de ilicitud que acabo de hacer. Veamos. (a) La mención hecha en autos de la ley , promulgada el 3/11/2000, carece de relación directa e inmediata con la cuestión controvertida, por lo que su ponderación no incide en la decisión que corresponde adoptar. Dicha ley se refirió exclusivamente a los derechos de transmisión televisiva de encuentros de fútbol con participación de la Selección Nacional Argentina (art. 1º). Su objeto, en efecto, no fue reglar lo atinente a los derechos de transmisión de encuentros con participación de clubes de fútbol local, aunque se tratase de torneos internacionales, sino solo los de la apuntada selección (conf. De Bianchetti, A., La transmisión y televisación del espectáculo público deportivo, LA LEY, 2002-B, 993). Prueba cabal de ello es, aparte de su propio texto, que tras la sanción de la ley el entonces COMFER solamente intimó a la actora y a otras empresas a emitir los encuentros de fútbol con participación de la Selección Nacional y no con intervención de clubes locales, tal como surge de resoluciones administrativas que pueden consultarse en la página web de la actual AFSCA (conf. Resolución nº 682/2001 sobre Intimar a los licenciatarios Multicanal S.A. y Cablevisión S.A., a emitir los encuentros de fútbol detallados en el art. 1 de la Ley por el servicio complementario que poseen ; Resolución nº 1266/2001 sobre Intimar a las empresas licenciatarios Multicanal S.A. y Cablevisión S.A. para el cumplimiento de las obligaciones, debiendo comercializar los derechos televisivos, para la televisación en abierto y directo de los partidos de la Selección de Fútbol ; y Resolución nº 1426/2001 sobre Ordenar a Dayco Holding Ltd, Multicanal S.A. y Cablevisión S.A., trasmitir en directo el partido correspondiente a las eliminatorias del Mundial Fútbol Corea-Japón 2002 ). La ley es, pues, normativa ajena al sub lite. (b) El decreto 1563/93 (B.O. del 26/7/93), vigente al tiempo del acontecimiento de autos, solamente estableció el derecho de los licenciatarios o autorizados de servicios de televisión abierta a adquirir, en condiciones normales de mercado, los derechos de transmisión adquiridos en exclusividad por parte de otros licenciatarios o autorizados referentes a torneos deportivos en los cuales participaran equipos representando a la República Argentina (art. 1º), lo que evidencia la inexistencia, al tiempo que aquí interesa, de norma alguna que exceptuara a los primeros del acatamiento a los límites referidos en el considerando 11º. (c) La invocación de que Cablevisión S.A. actuaba monopólicamente, discriminando y excluyendo al gran público no suscriptor de sus servicios o de los prestados por las empresas con las que había hecho acuerdos para la transmisión del partido, no aporta un argumento concluyente contrario a lo desarrollado y concluido. Es que la existencia de posición dominante no implica necesariamente transgresión al régimen de defensa de la competencia, lo cual ha sido incluso declarado jurisdiccionalmente con relación a los partidos de fútbol que transmitía Cablevisión S.A. por cable codificado (conf. CNPen.Econ., Sala B, 29/8/2003, VCC S.A.; Multicanal S.A.; Cablevisión TCI S.A. y otros s/ infracción a la ley Ministerio de la Producción - Secretaría de Competencia - expediente nº /99, fallo transcripto in extenso por Martínez, H., ob. cit., ps. 182/202). Aparte de ello, los derechos de propiedad intelectual de cuya extensión y ejercicio se trata en autos, son, por definición, derechos de exclusión y, por ende, instrumentos jurídicos utilizados típicamente para restringir la competencia en un cierto mercado. Justamente la función de los derechos de propiedad intelectual es restringir la competencia en el mercado de bienes y servicios (conf. Spector, H., ob. cit., p. 1191), extremo que, valga señalarlo, no ha sido negado por el recordado art. 15 de la Directiva 2010/13/UE en cuyos Fundamentos, ya transcriptos por este voto, puede leerse que lo atinente al acceso a acontecimientos de gran interés para el público a efectos de la emisión de resúmenes breves de carácter informativo, se entiende sin perjuicio de la armonización de los aspectos relacionados con los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. (d) No ignora el suscripto que la falta de transmisión por un canal abierto de un partido de fútbol como el disputado el 28/11/2000, pudo ser percibida como una injusta exclusión discriminatoria y contraria al interés del gran público no suscriptor de los servicios audiovisuales prestados por la actora. De hecho, en esa línea de pensamiento, cabe recordar un proyecto de ley presentado en el año 2002 por los entonces diputados Ricardo Quintela, Eduardo A. Menem y Oscar F. González, por el cual se propiciaba una apertura en la materia, y en cuyos fundamentos puede leerse una crítica a la...metodología abusiva de sus derechos que ejercen las empresas mediáticas autorizadas a actuar en el territorio nacional como ya ocurriera con...los partidos disputados por Boca Juniors al intentar ganar la copa del mundo de equipos profesionales, cuando se transmitió solo por el Grupo Cablevisión, tanto como el que enfrentó al xeneize con el Real Madrid..., discriminándose a las personas... (conf. Honorable Cámara de Diputados de la Nación, expediente: 8039-D- 2001, publicado en Trámite Parlamentario nº 219, Fecha: 05/02/2002). Empero, tengo para mí que en un Estado de Derecho, frente a situaciones que subjetivamente pudieran percibirse como injustas, el camino a seguir no es el ejercicio de vías de hecho con aptitud para desconocer ilícitamente derechos de terceros, sino peticionar a las autoridades para que la injusticia cese (art. 14 de la Constitución Nacional). En ese reprochable esquema se insertó, ciertamente, lo ocurrido en el programa Desayuno del 28/11/2000 cuando, según las palabras del señor E. J. M., se eligió...quebrar parcialmente el cepo que imponía Cablevisión... (fs. 1236), o según las palabras del señor V. H. M. se colocó una ventanita para que se pudiera espiar el partido. Y aunque las intenciones que determinaron lo anterior pudieran, acaso, haber sido buenas, no justificaban ellas el ataque a derechos ajenos, fuera de todo proceso legal, que tuvo lugar ese día en perjuicio de la actora. continúa en la página 10
10 10 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 viene de PÁGINA 9 Es que el art. 19 de la Constitución Nacional establece el principio general que prohíbe a los hombres perjudicar los derechos de un tercero: alterum non laedere, que se encuentra entrañablemente vinculado a la idea de reparación. A ello se yuxtapone la reglamentación que hace el Cód. Civil (arts y 1113) que, en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina jurídica (conf. CSJN, 2/3/1993, Radiodifusora Buenos Aires SA. c. Formosa, Provincia de (Subsecretaría de Comunicación Social) s/ cobro de australes, Fallos 316:225; íd. 1/2/2002, Gorosito, Juan Ramón c. Riva S.A. y otro s/ accidentes art C.C. - daños y perjuicios, Fallos 325:11; íd. 30/3/2004, Morea, Mariana Marcela c. E.N. - Mº Justicia y DDH - SPF s/ daños y perjuicios, Fallos 327:857; íd. 21/9/2004, Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A. s/ accidentes ley 9688, Fallos 327:3753; íd. 5/6/2007, Ramírez, Juan Carlos c. E.B.Y. s/ daños y perjuicios, Fallos 330: 2548; entre otros). (e) Tampoco se ignora que la ley consagró una mayor amplitud del derecho al acceso de contenidos audiovisuales relacionados con los encuentros de fútbol, encomendando al Poder Ejecutivo Nacional la adopción de medidas reglamentarias para que el ejercicio de los derechos exclusivos de retransmisión o emisión televisiva, no perjudique el derecho de los ciudadanos a seguir dichos acontecimientos en directo y de manera gratuita, en todo el territorio nacional (art. 77); y que en ejecución de ello la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual AFSCA dictó la Resolución nº 981 del 22/8/2013, en cuyo anexo se enumeran diversos eventos de importancia análoga a la que tuvo la Copa Intercontinental en cuyo marco se disputó el partido Boca Juniors vs. Real Madrid del 28/11/2000. Empero, esa mayor amplitud hoy existente, no estaba en la letra de la legislación vigente aquél día y, por tanto, no podría ser invocada para excluir la ilicitud de que se trata. Es que en materia de actos ilícitos civiles, la ley nueva no puede modificar los efectos jurídicos de los hechos sucedidos con anterioridad a su vigor, o cambiar con respecto a dichos actos su calificación legal, en cuanto generadora de derechos y obligaciones (conf. Aguiar, H., Hechos y Actos Jurídicos - Actos Ilícitos, Buenos Aires, 1936, t. II, p. 106, nº 23; Salvat, R. y Acuña Anzorena, A., Tratado de Derecho Civil Argentino, Buenos Aires, 1958, t. IV [Fuentes de las Obligaciones - Hechos Ilícitos], p. 363, nº 3031; Alterini, A., Responsabilidad civil, Buenos Aires, 1974, p. 42, nº 43; Borda, G., La reforma de 1968 al Cód. Civil, Buenos Aires, 1971, p. 54, nº 27, a ). f) En fin, la ilicitud de que se trata no puede erradicarse por el hecho de que, en conocimiento de la situación, Cablevisión S.A. se abstuviera de intimar oponiéndose a la transmisión o reclamando su cese. Ello es así, por cuanto aparte de que la actora no estaba obligada a cursar intimación alguna, su silencio no puede ser interpretado como un consentimiento o falta de oposición suya a la producción del ilícito. Y, aun si no se compartiera lo anterior, porque el consentimiento de la víctima no es elemento relevante para alterar la responsabilidad del autor del daño, pues el régimen de los actos ilícitos es de orden público y no está sujeto a la regulación de los particulares (conf. Llambías, J., Tratado de Derecho Civil Obligaciones, Buenos Aires, 1973, t. IV-A, p. 676, nº 2255). 14º) Definida la ilicitud de lo ocurrido el 28/11/2000 en el programa Desayuno, corresponde examinar la suerte que toca a cada uno de los demandados frente a ello. Comienzo por ATC S.A. En su expresión de agravios esta empresa plantea su irresponsabilidad con base en la cláusula 18ª del contrato que suscribiera con el codemandado M. el 7/7/2000. El texto de esa cláusula es el siguiente:...reclamos de Terceros. La Productora declara poseer los derechos suficientes para celebrar el presente contrato, debiendo presentar, previo a su firma, la documentación que acredite su titularidad. Consecuentemente, garantiza a ATC que no se verá perturbada en el uso y goce pacífico de los mismos; en el supuesto de recibir la emisora reclamos de terceros basados en la supuesta titularidad de esos derechos, procederá a comunicar tal circunstancia a la Productora a efectos de que ésta asuma la responsabilidad que le quepa... (fs. 275). El juez a quo no sólo concluyó que la transcripta cláusula aprehendía una situación fáctica ajena al caso examinado, sino que además afirmó que ella era inoponible a la actora (fs vta.). Lo expuesto por el magistrado es correcto. (a) La cláusula, en efecto, se refiere a otro marco fáctico. Mediante ella el señor M. garantizó a ATC S.A. la propiedad de los derechos intelectuales, el nombre y características del programa Desayuno cuyos derechos de exhibición, como productor, le cedía a la emisora de acuerdo a la cláusula 19ª, asumiendo la responsabilidad por cualquier reclamo de terceros que hubiera al respecto. Así lo expone, con razón, Cablevisión S.A. al contestar agravios (fs. 1270). De ninguna manera la cláusula 18ª tiene el alcance pretendido de establecer una irresponsabilidad de ATC S.A. por hechos como el de autos. Las generalidades expuestas por ATC S.A. referentes a las reglas de interpretación de los contratos, a la necesidad de una interpretación contextual o sistémica, económica y que pondere la buena fe negocial, son estériles para negar lo que surge de la letra misma de la citada cláusula. Es que la exégesis contractual, como lo ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se agota cuando los términos o expresiones empleados en un contrato son claros y terminantes, sin que resulte necesaria una labor hermenéutica adicional (conf. CSJN, 27/12/96, Kerestegian de Mamprelian, Marietta c. Kerestegian, Nazaret s/ escrituración, Fallos 319:3395; íd. 19/8/99, Francisco Sguera SA. c. Estado Nacional - Dirección Nacional de Transportes Marítimos y Fluviales s/ cumplimiento de contrato, Fallos 322:1546; íd. 6/3/01, Punte, Roberto Antonio c. Neuquén, Provincia del s/ cumplimiento de contrato, Fallos 324:606). (b) A todo evento, si por hipótesis esa cláusula tuviera la significación pretendida por ATC S.A., esto es, la de mantenerla indemne frente a un reclamo como el de autos (lo que se niega), sería ella inoponible a Cablevisión S.A., toda vez que lo acordado en ese sentido sería res inter alios acta respecto de esta última (arts y 1199 del Cód. Civil; CNCom. Sala D, 22/6/10, Tevycom Fapeco SA c. Conevial Infraestructura y Servicios SA s/ ordinario, considerando 6º; íd Sala D, 3/9/2010, Rey, Armando Víctor c. Palese, Jorge Luis y otro s/ ordinario, considerando 8º; Favier Dubois, E. (p.) y Favier Dubois, E. (h.), Las cláusulas de indemnidad en los acuerdos comerciales, cap. 4, ap. 7º, en Errepar DSE, nº 266, tomo XXII, enero 2010, p. 5, cap. 8, pto. d ). (c) Además, las cláusulas del contrato del 7/7/2000, dan cuenta de una verdadera asociación con fines comunes entre la productora y la emisora, que no pueden desligar a esta última de las consecuencias perjudiciales provocadas por el suceso (conf. CNCiv. Sala H, 21/2/2011, S. L. J. c. América Televisión S.A. y otros s/ ordinario - daños y perjuicios, considerando V). (d) La responsabilidad de ATC S.A. tiene fundamento, en fin, por su carácter de dueño de la cosa las ondas por las que se hizo la transmisión (conf. CNCiv. Sala A, 3/4/89, Alvelo Hernández de Montes c. Canal 12 Río de la Plata y otro, JA 1989-II, p. 519), o bien por el hecho del otro sobre el cual debió ejercerse un control (conf. Kemelmajer de Carlucci, A., Daños causados por los dependientes, Buenos Aires, 1992, ps. 95/96, con estricto tratamiento de la situación referente a los canales de televisión). En suma, en este aspecto, el recurso de ATC S.A. no merece acogida. 15º) El aspecto central de los agravios propuestos por el codemandado M. en lo que hace a la verificación de la ilicitud denunciada por la actora, ha sido ya examinado en los considerandos 5º a 12º de este voto. Cabe aquí señalar, todavía, para dar conclusión al tratamiento de sus quejas sobre el fondo del asunto, lo siguiente. El productor es la persona responsable del proceso de operaciones por las que se gestionan y organizan secuencialmente los contenidos sonoros o audiovisuales, para configurar una señal, programa o producto audiovisual (conf. Memelsdorff, J., Barrenechea, A. y De Zavalía, F., Las productoras de contenidos. Los contratos artísticos. Régimen de derechos, en la obra colectiva dirigida por Etcheverry, A. y Pachecoy, S., Servicios de Comunicación Audiovisual, La Ley-UBA, Buenos Aires, 2010, p. 205 y ss., espec. p. 218). Es el que organiza el trabajo técnico, industrial y artístico concerniente a la realización material e intelectual de la obra. La concibe y la crea, desarrolla todas las actividades indispensables para que se exteriorice y se lo menciona en calidad de tal en el título. Aparece por un lado como un hombre de negocios, es el jefe de una empresa. Por otra parte, cumple una actividad artística e intelectual. Su vigilancia, capacidad de trabajo y previsión son extraordinarias. Su presencia es indispensable (conf. Satanowsky, I., t. I, p. 232, nº 151). En las condiciones que anteceden, no puede exculparse el señor M. afirmando que el poder de decisión de emitir imágenes lo tenía mayormente ATC S.A., a quien debe tenerse como primera responsable de todo aquello que se pone en el aire (fs. 1237). Esto es así, pues su condición de productor, así presentado incluso por una voz en off al inicio del programa Desayuno, con clara posibilidad de injerencia en el formato de cada emisión, lo hacía personalmente responsable de los contenidos audiovisuales transmitidos, en conjunción con la empresa televisiva (conf. doctrina de los siguientes fallos: CNCiv. Sala H, 21/2/2011, S. L. J. c. América Televisión S.A. y otros s/ ordinario - daños y perjuicios, considerando V; CNCiv. Sala E, 27/8/2012, O. M. G. c. Grinstein Marisa Ivonne y otros s/ daños y perjuicios ). 16º) La sentencia de primera instancia absolvió de la demanda al señor V. H. M. Ello agravia a la actora pues: I) el fallo fue autocontradictorio, ya que rechazó la demanda contra el señor V. H. M. después de haber destacado la participación protagónica que tuvo en los hechos; II) no tuvo debidamente en cuenta las palabras del citado codemandado pronunciadas el 27/11/2000, el mismo día del partido y los subsiguientes, de las cuales se infiere que conocía la ilegalidad del acto, supo con anticipación su ocurrencia, avaló su comisión y alentó al televidente a ver las imágenes ilícitamente captadas; III) es arbitraria la apreciación que la sentencia recurrida hizo de la prueba confesional absuelta por la actora; IV) ni los contratos agregados a los autos, ni las declaraciones testimoniales rendidas, son suficientes para contrarrestar lo que surge de aquellas palabras pronunciadas por el señor V. H. M.; V) no se ponderó adecuadamente que del ilícito el señor V. H. M. obtuvo un usufructo personal directo en cuanto a su imagen, e indirecto en término de ganancias para sus empleadores que se tradujo en beneficio también propio (fs. 1246/1249). Entiendo que corresponde dar la siguiente respuesta. Creo importante destacar, ante todo, que es la propia recurrente la que califica al señor V. H. M. como un dependiente, al decir que él fue artífice de un beneficio económico...para sus empleadores... (fs vta.). De esta manera, pues, la actora coincide con el citado codemandado en cuanto reiteradamente destacó en autos que el 28/11/2000 actuó simplemente como dependiente del canal o de la producción al conducir el programa Desayuno. De tal aceptada premisa, sin embargo, no puede extraerse sin más una decisión favorable a la absolución del señor M., pues en nuestro derecho la responsabilidad del comitente no excluye la personal que eventualmente cupiera al dependiente, siendo la forma de asumir esa eventual responsabilidad la propia de las obligaciones concurrentes, indistintas o in solidum (art del Cód. Civil; Belluscio, A. y Zannoni, E., ob. cit., t. 5, ps. 662/663; Llambías, J., ob. cit., t. IV-A, ps. 240/242, nº 2444; Bueres, A. y Highton, E., Cód. Civil y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, 2005, t. 3-B, ps. 166/167, nº 2; Cifuentes, S. y Sagarna, F., Cód. Civil, comentado y anotado, Buenos Aires, 2011, t. II, ps. 838/839). Corresponde, pues, examinar si existe mérito para establecer una responsabilidad personal del citado codemandado. (a) Como se dijo, el señor V. H. M. afirmó reiteradamente su condición de dependiente que se limitó a cumplir órdenes. En concreto, al contestar demanda dijo que el día 28/11/2000 condujo el programa...bajo las directivas de las autoridades del Canal... y que...la difusión de las imágenes del partido se trató de una decisión empresaria de las autoridades.... Aseveró también en esa oportunidad que actuó como...un mero conductor y/o presentador de noticias, imágenes e invitados..., y que no tenía la posibilidad de oponerse a las decisiones que las autoridades del canal adoptasen, las compartiera o no en su fuero interior. A su juicio, entonces, fueron...las autoridades del canal las únicas responsables de la situación que se plantea en autos... (fs. 329). Al alegar el señor V. H. M. modificó su defensa, pues ya no atribuyó sólo responsabilidad al canal, sino que también se la achacó al codemandado E. J. M. (fs. 945:...episodio que sólo pudo pasar por la conjunta responsabilidad de ATC y de E. J. M... ). Al contestar agravios ante esta Alzada sus apoderados dijeron, en fin, que...el Sr. V. H. M. no hizo más que acatar las órdenes recibidas de ATC y de su productor, de acuerdo a los términos del contrato que los unía... (fs. 1266). (b) Es de observar que, en contraposición al relato efectuado por el señor V. H. M. en sus distintas presentaciones, el entonces director de programación de ATC S.A. dijo en una nota enviada tras los sucesos a la actora que...la decisión de reproducir imágenes del partido Boca-Real Madrid por la final Intercontinental fue tomada en un momen-
11 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE to en el que, por el horario de trabajo, no se encontraba en el canal ningún directivo, y por cierto tampoco fuimos consultados vía telefónica de tal iniciativa. De haberlo hecho, nos hubiéramos negado rotundamente, ya que no teníamos ninguna intención de hacerlo, conociendo la exclusividad de los derechos por ustedes obtenidos. Aprovecho para aclarar que una frase del conductor dicha en el programa, en la que agradecía a las autoridades del canal la posibilidad de haber mostrado tales imágenes, corren exclusivamente por su cuenta dado que dicha autorización jamás fue tramitada y mucho menos conferida... (fs. 90). A su turno, dando otra versión diferente de las anteriores, el codemandado E. J. M. expuso al contestar demanda...que la voluntad de informar ampliamente acerca del partido Boca Juniors Vs. Real Madrid..., fue coincidente entre la productora Va x más S.A., el señor V. H. M. y ATC S.A., pues todos ellos concordaban... ; y como elemento que juzgó corroborante del entendimiento que existía entre los otros codemandados destacó a continuación que...atc S.A. apoyó la transmisión, extendió el horario de Desayuno en varios minutos, circunstancia que suscitó el expreso agradecimiento del señor V. H. M. al terminar el programa... (fs. 288). (c) Como se aprecia, a la hora de recibir el reclamo de Cablevisión S.A. los tres codemandados adoptaron actitudes excluyentes entre sí: I) el señor V. H. M. dijo que la decisión fue de ATC S.A. y de E. J. M., y que la obedeció sin posibilidad de oposición suya en el marco de la relación de dependencia que lo vinculaba; II) ATC S.A. sostuvo no haber tomado ninguna decisión, ni haber siquiera sido consultada; y III) el codemandado E. J. M. aseveró que hubo una decisión colectiva de la que participaron activamente el señor V. H. M. y ATC S.A. Este lamentable panorama de posturas contrapuestas (especialmente poco creíble en la versión de ATC S.A., ya que no puede esta última alegar sorpresa de lo ocurrido, cuando el 27/10/2000 se anticipó en el curso del programa Desayuno que al día siguiente se pondrían al aire imágenes del partido), que proviene de quienes por haber sido protagonistas inmediatos de lo ocurrido deberían haber mostrado una versión unívoca de los hechos o al menos más concordante, fue superado por el juez a quo en sentido favorable al señor V. H. M. al ponderar: I) que en razón de su negativa a responder, debía tenerse a la actora por confesa en cuanto a que tal codemandado solamente había sido el conductor del programa Desayuno en el marco de una relación de dependencia con ATC S.A. y la producción; II) que de los contratos de fs. 163/169 y 303/306 surgía que la producción del programa era de E. J. M. y que V. H. M. era su mero conductor; III) que las declaraciones testimoniales habían corroborado que el señor V. H. M. recibía indicaciones de la producción, no participaba en esta última y solo ejecutaba órdenes, no teniendo voz ni voto (fs vta./1146). Aunque Cablevisión S.A. sostiene que la sentencia incurrió en arbitrariedad al ponderar las probanzas precedentemente enumeradas, personalmente no entiendo que la hubiera, especialmente ponderando lo que efectivamente surge de la prueba testimonial citada por el juez a quo, la endeble crítica ensayada sobre ella a fs y vta., y la posibilidad, por consecuencia de lo anterior, de también computar en los términos del art. 417 del Cód. Procesal la confesión prestada por la actora (conf. Fenochietto, E. y Arazi, R., Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1993, t. 2, ps. 415/417, nº 5). De tal suerte, tengo como formalmente probado que el señor V. H. M. efectivamente obedeció órdenes de sus superiores ATC S.A., de E. J. M. o de ambos, en el sentido de proceder a la emisión el día 28/11/2000 de las imágenes del partido Boca Juniors vs. Real Madrid cuyos derechos exclusivos de televisación pertenecían a la actora. Pues bien, a mi modo de ver, aun a la luz de lo anterior, la situación del citado codemandado no es de inocencia. (d) La obediencia debida como causa de eximición de responsabilidad no puede ser invocada en la relación jerárquica que existe entre un empleado o dependiente con relación a su comitente o principal. En efecto, una orden del patrón, empleador o comitente, no justifica en modo alguno la comisión de un acto ilícito por parte del empleado o dependiente (conf. Planiol, M. y Ripert, G., Tratado Práctico de Derecho Civil Francés, Cultural S.A., La Habana, 1946, t. 6, p. 775, nº 561, texto y jurisp. cit. en nota nº 2; Demogue, R., Traité des Obligations en Général, Librairie Arthur Rousseau, París, 1923, t. III, ps. 517/518, nº 320). Es que, como lo enseña Llambías, no es un superior legítimo fuera del marco de las funciones encomendadas necesariamente lícitas, el comitente o principal con respecto al empleado o dependiente, de suerte que el acto dañoso que este último obre no queda cubierto por la orden que pudiera haber recibido, ya que el agente sólo está sujeto a las instrucciones de su principal en lo que concierne a un cometido lícito; ese principal no es un superior legítimo para la realización de actos ilícitos. Y proviniendo la orden de un superior ilegítimo sólo podría quedar exento de responsabilidad un agente que fuera víctima de una violencia moral excluyente de su libertad por coerción eventual que implicase el temor a la desobediencia (conf. Llambías, J., ob. cit., t. III, p. 674, nº 2253, nº 674; en el mismo sentido: Mosset Iturraspe, J., Responsabilidad por daños, Buenos Aires, 1980, t. III [eximentes], p. 96), situación esta última que el señor V. H. M. no ha invocado como ocurrida. A todo evento, aun si se pensase que, por el contrario, la obediencia debida puede ser causa de justificación en la relación jerárquica existente entre un empleado o dependiente y su comitente, principal o empleador (en este sentido: Mazeaud, H. y L. y Tunc, A., Tratado teórico práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual, Buenos Aires, 1961, t. I, vol. II, p. 146, nº 497), la decisión final no habría de variar. Así lo entiendo, porque en tal caso, para que funcione la eximente de responsabilidad, el contenido de la orden recibida por el comitente no ha de ser manifiestamente delictivo, ya que el deber de obediencia en una democracia no es ilimitado ni ciego, y de ahí la posibilidad de su control no sólo formal sino también material. Por ello, cuando la orden es ilegítima y además lo es inequívocamente por su carácter delictuoso, si el subordinado no obstante la cumple, no es dudoso que incurre en responsabilidad por los daños causados (conf. Trigo Represas, F. y López Mesa, M., Tratado de la Responsabilidad Civil, Buenos Aires, 2004, t. I, ps. 957/958; Belluscio, A. y Zannoni, E., ob. cit., t. 5, p. 19; Bueres, A. y Highton, E., ob. cit., t. 3-A, p. 85; Barros Bourie, E., Tratado de responsabilidad extracontractual, Santiago de Chile, 2006, p. 136, nº 80; Brun, P., Responsabilité civile extracontractuelle, Litec, París, 2005, ps. 203/204, nº 388). Dicho con otras palabras, la subordinación no constituye, por sí misma, una causa de exoneración a favor del empleado que participa a sabiendas de la falta de su empleador (conf. Le Tourneau, P., La responsabilité civile, Dalloz, París, 1982, p. 250, nº 742). (e) En la especie, no ignoraba el señor V. H. M. que los derechos de televisación del partido no le correspondían ni a ATC S.A., ni al codemandado E. J. M., sino que eran de Cablevisión S.A. en exclusividad. Corrobora ello sus propias palabras puestas al aire el día 27/11/2000, las que transcribo nuevamente pero subrayando ahora párrafos esenciales:...usted va a ver en nuestra pantalla también el partido, es decir, vamos a poner el partido porque estamos abonados a Cablevisión, la empresa a la cual M. M. vendió los derechos dejando a medio país boquense afuera de la posibilidad de ver el partido... Nunca vamos a hacer primeros planos, pues tienen derechos que naturalmente vamos a respetar.... Y no podía desconocer el señor V. H. M., desde luego, que reproducir en el programa Desayuno no un breve extracto informativo acompañado de imágenes de los momentos importantes del partido, sino todo el partido de principio a fin, excedía hasta el más amplio ejercicio que puede concebirse como válido del derecho de cita que el régimen de propiedad intelectual concede, incluso en el ámbito de la información periodística y del derecho de dar y recibir información. En otras palabras, no pudo ignorar y, más bien, no ignoró, que una emisión del partido como la que le fue ordenada hacer el 28/11/2000, particularmente con la extensión que se le impuso, esto es, transmitir al aire las imágenes de todo el partido y no sólo de sus aspectos más relevantes, era un abuso y, por tanto, un acto ilícito, que infringía derechos de la actora (art del Cód. Civil). La idea, que se puede inferir de las palabras pronunciadas por el señor M., en el sentido de que la infracción a derechos ajenos no existía si las imágenes no se ponían en primeros planos sino en una ventanita al solo efecto de permitir espiar el partido creando la ilusión de estar viéndolo, no puede ser aceptada. Al margen de que, en los hechos, las imágenes sí fueron puestas generalmente en primer plano, normalmente a mitad de pantalla y en menor medida a pantalla entera, lo cierto y concreto es que una emisión de tales características era ilícita a la luz del derecho vigente el 28/11/2000, pues lo que reprueba la ley es la reproducción de propiedad intelectual ajena, hecha sin autorización y en medida mayor de la autorizada por el derecho de cita, cualquiera sea el tamaño o formato de esa reproducción. No es el tamaño con el que se hace la reproducción lo que importa, sino la reproducción misma sin derecho. Cualquier inteligencia contraria que pudiera haber tenido el citado codemandado sobre lo que claramente se presentaba como ilegal, no constituyó sino, en el mejor de los casos, un error de derecho suyo sobre lo que era lícito según la ley e inhábil, por tanto, para excusar la consiguiente responsabilidad por actos ilícitos (art. 923 del Cód. Civil; Llambías, J., ob. cit., t. III, ps. 688/689, nº 2267; Bueres, A. y Highton, E., ob. cit., t. 2-B, p. 484). Tampoco podía ser excusa para actuar como se actuó lo dicho por el señor M., más de una vez, en el sentido de que la reproducción de las imágenes estaba habilitada por ser abonados de Cablevisión S.A.. La condición de abonado (aceptado que lo fuera, lo que no se acreditó tampoco) no legitima a la utilización de la señal provista por el cableoperador del modo cuestionado en estas actuaciones, esto es, para ser aprovechada, aunque sea indirectamente, por terceros. Esa condición, por el contrario, solamente habilita al usuario a un uso privado o personal del servicio, salvo autorización expresa. A mi modo de ver, en síntesis, frente a la orden ilegal recibida de sus superiores, debió el señor V. H. M. no obedecer dócilmente. Es que la subordinación jurídica privada, que alcanza al dependiente, no justifica su obrar dañoso en cumplimiento de una orden ilegal del principal, porque la dependencia sólo se funda en intereses privados los del comitente y porque sólo existe para hechos, servicios u obras lícitos (conf. Mosset Iturraspe, J., ob. cit., loc. cit.). En este sentido, la obediencia no debe ser ciega, sino inteligente, diligente y prudente (conf. Capel.CC Rosario, Sala I, 16/11/1981, Dasso, S. Arístides c. The First Bank of Boston, ED t. 99, p. 682, del fallo de primera instancia), y la que no reúne tales características, compromete a quien la presta, haciéndolo civilmente responsable lo mismo que a quien dio la orden. No se trata, bien se ve, de responsabilizar el codemandado V. H. M. tan sólo por sus ideas o creencias, como lo sostienen sus apoderados a fs vta. De lo que se trata, por el contrario, es pura, exclusiva y sencillamente de constatar que fue voluntario partícipe de una infracción a derechos ajenos tutelados por la ley, más allá de las buenas intenciones que pudieron haberlo guiado en la ocasión (art del Cód. Civil). Y si alguna duda cupiera sobre cuanto he expuesto, todavía me importa señalar siquiera como obiter dictum, que la ilicitud de la transmisión de que se trata habría sido incluso reconocida extrajudicialmente por el señor V. H. M. en el reportaje al que aludió el testigo P. en fs. 645 vta., respuesta 6ª. En efecto, en reportaje publicado por el diario Página 12 del 30/11/2000 se indican como provenientes del citado codemandado las siguientes palabras:...pudimos estar mal legalmente, pero lo que hicimos fue legítimo éticamente... (el ejemplar indicado puede consultarse en la página web del señalado diario). Propondré al acuerdo, pues, revocar en este aspecto la sentencia recurrida, haciendo extensiva la condena al señor V. H. M., con carácter concurrente, indistinto o in solidum. 17º) El juez de la instancia anterior entendió que Cablevisión S.A. había sufrido un lucro cesante consistente en lo que dejó de percibir como consecuencia de la improcedente transmisión del 28/11/2000, el que de acuerdo al peritaje contable rendido en autos había trepado a la cantidad de $ , resultante de la conversión de igual cantidad expresada en dólares estadounidenses a la paridad U$S1 = $1, en función de lo dispuesto por las leyes , y normas concordantes (fs. 1148). Este especial aspecto del fallo fue apelado exclusivamente por el codemandado E. J. M., quien afirma la improcedencia de la indemnización de tal daño material por entender que, en realidad, ninguna pérdida sufrió Cablevisión S.A. toda vez que, a pesar de la referida transmisión hecha por la señal de ATC S.A., aquella cableoperadora no se vio impedida de cobrar a sus abonados, ni sufrió mengua la publicidad que se pasó durante la emisión del partido, por la noche, en diferido, sino que por el contrario es de presumir que aquélla aumentó por el interés que despertó la difusión alcanzada por el evento durante la mañana. Sostiene, además, que el monto fijado por lucro cesante se relaciona con el rompimiento del contrato alcanzado por la actora con ATC S.A. el día 24/11/2000, a lo cual es ajena su parte (fs vta./1238 y vta.). El agravio es inadmisible. La circunstancia de que Cablevisión S.A. no hubiera dejado de cobrar a sus abonados, no implica inexistencia de lucro cesante, pues se trata de cosas desvinculadas entre sí. De otro lado, no es cuestión de presunciones contrarias a la pretensión de la actora como se pretende en fs. 1238, sino de prueba concreta del daño aportada a la causa que el recurrente omite examinar. En efecto, el testigo A. D. F., gerente comercial de ATC S.A., declaró sin recibir críticas que había sido aceptada la pro- continúa en la página 12
12 12 MIÉRCOLES 13 DE AGOSTO DE 2014 Síganos en viene de PÁGINA 11 puesta del 24/11/2000 por la cual ese canal de televisión otorgaba a Cablevisión S.A. la posibilidad de comercializar la totalidad de la publicidad correspondiente a la emisión en diferido, pero que un día antes del partido...se anuló el contrato..., sin recordar por qué (fs. 700 y vta., respuestas 3ª y 4ª). Tal testimonio es prueba suficiente de la intempestiva rescisión que la actora denunció en su demanda, sin que pueda objetarse su valor por el hecho de ser la única declaración que se refirió al aspecto indicado, toda vez que en nuestro derecho no rige la máxima testis unus, testis nullus (conf. Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, Santa Fe, 1994, t. 8, p. 450; CNCom., Sala D, 29/11/06, Ernesto Ricardo Hornus S.A. c. Ingalfa S.A. s/ sumario ; íd. Sala D, 12/9/2007, Converques S.R.L. s/ quiebra s/ incidente de extensión ; id. Sala D, 30/8/2010, Rafael Herrera Vegas e Hijos S.R.L. c. Quebrachito Granos S.A. ; id. Sala D, 15/5/2007, Núñez, Arrua Asunción c. Plan Rombo S.A. s/ ordinario ; CNFed.Civ. y Com. Sala 2, causas 3543 del 14/5/85; 5291 del 16/2/88; etc.). En ese marco, la actora tiene indudable derecho al resarcimiento del lucro cesante, tal como lo resolvió el juez a quo (conf. Bueres, A. y Highton, E., ob. cit., t. 2-A, ps. 222/223; Pizarro, R. y Vallespinos, C., Instituciones de Derecho Privado Obligaciones, Buenos Aires, 2006, t. 2, ps. 665/666; Lorenzetti, R., Tratado de los Contratos - Parte General, cit., p. 629), cabiendo observar, al respecto, que el quantum de tal perjuicio resarcible fue acreditado en autos por el peritaje contable con el alcance que también definió el magistrado de la instancia anterior sin crítica específica en los agravios. Al deber resarcitorio correspondiente no puede mostrarse ajeno el señor M.. Es que la rescisión del negocio acordado con Cablevisión S.A. un día antes de la emisión del cuestionado programa que ATC S.A. y el recurrente coproducían, no puede ser entendida sino como decidida de consuno por ambos e inmediatamente relacionada, a modo de prolegómeno, con lo que ocurrió el 28/11/2000 en perjuicio de dicha cableoperadora. La coproducción, en efecto, impide aceptar suertes diferenciadas entre los productores. Como ya lo expresé, las cláusulas del contrato del 7/7/2000, dan cuenta de una verdadera asociación con fines comunes entre la productora y la emisora, que impide desligar a una de la otra de las consecuencias perjudiciales provocadas por el suceso. De ahí, entonces, la improcedencia de la queja del señor E. J. M. 18º) La codemandada ATC S.A. solicita que se declare que la condena a su cargo se atienda en los términos de la ley y su decreto reglamentario, estableciéndose además que los intereses fijados por la sentencia recurrida no corran más allá de la fecha de corte del 31/12/1999 prevista en esa normativa. Se trata de una pretensión inadmisible. De acuerdo al art. 13 de la ley , las deudas que se consolidan en el Estado Nacional y que deben ser canceladas del modo previsto en sus restantes disposiciones y las de la ley , son las de causa anterior al 1º de enero de 2000 (conf. CSJN, Fallos 328:1740; 329:1040; 331:1846). En el caso, el ilícito del que deriva la deuda objeto de la condena tuvo lugar, como tantas veces se dijo, el 28/11/2000, es decir, en fecha posterior a la de corte indicada por la Ley de Consolidación. Por consiguiente, esta última normativa no recibe aplicación en la especie. 19º) En todos y cada uno de los pedidos de revocatoria formulados contra la sentencia recurrida, fue implícita la pretensión de que se modificase la imposición de costas resuelta en la instancia anterior. Al ser ello así y teniendo en cuenta la complejidad del asunto, sus particularidades, novedad y dificultad jurídica, así como que es resuelto con base jurídica provista por el tribunal (esta Sala, 28/12/2009, Murias Linares, R. c. Camillas Alvarez A. y otros), propondré al acuerdo que las expensas del juicio se distribuyan en ambas instancias en el orden causado (art. 68, segunda parte, del Cód. Procesal). Quedan fuera de esta última solución, empero, por haber consentimiento expreso o ausencia de apelación, las costas correspondientes al rechazo de la excepción de prescripción opuesta por el señor M., que fueron a él impuestas; y las del rechazo de la demanda contra Va por Más S.A. que quedaron a cargo del codemandado M.. 20º) Por lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar las apelaciones de ATC S.A. y del señor E. J. M., y admitir el recurso de Cablevisión S.A. con el efecto de extender la condena al señor V. H. M. en forma concurrente, indistinta o in solidum. Las costas deben correr del modo precisado en el considerando 19º. Así voto. El doctor Dieuzeide adhiere al voto que antecede. El doctor Vassallo dijo: I. Adhiero en lo sustancial al profundo y estudiado voto de mi apreciado colega el Dr. Heredia. Pero disiento en un aspecto accesorio, como es el referido a la decisión sobre costas. II. El señor Juez preopinante propone al Acuerdo distribuir las costas del proceso en el orden causado, salvo aquellas que no han sido materia de recurso. Y para sustentar esta solución excepcional, destacó la complejidad de la cuestión en estudio, sus particularidades, ser un conflicto novedoso, y que la solución fue sustentada en base jurídica provista por la Sala. Es objetivamente real lo expuesto por el Dr. Heredia en ese capítulo de su voto. Sin embargo entiendo que tales peculiaridades no alcanzan, cuando menos en este caso, para adoptar una solución en materia de costas que se aleje del principio general en la materia. Debe recordarse que la condena en costas al vencido es la regla y su dispensa la excepción. Así para apartarse de aquel principio es menester desarrollar razones fundadas y relevantes, pues la exención debe ser aplicada con criterio restrictivo (Arazi, R. y Rojas, J., Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. I, p. 310). Según lo expresa el segundo párrafo de la norma invocada, las cuestiones que podrían dar lugar a que el vencido pueda ser eximi- do de costas deberían fincar en cuestiones dudosas de derecho o de hecho. En el primer caso la incertidumbre podría derivar de una nueva legislación, ausencia de antecedentes doctrinarios y/o jurisprudenciales por tratarse de cuestión novedosa, fallos con soluciones contrapuestas que evidencien una postura dubitativa en el foro local o, en el específico caso, que el propio tribunal colegiado presente criterios divergentes en los votos que construyen la sentencia. En la restante hipótesis, las cuestiones dudosas de hecho podrían emerger en la obligación de demandar, cuando los hechos se desenvolvieron en una forma confusa, cuando no media oposición del demandado sobre el aspecto principal aunque sí sobre otros accesorios o tangenciales, etc. (Falcón, E., Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial, T. III, p. 626/627; Palacio, L. y Alvarado Velloso, A., Cód. Procesal Civil y Comercial de la Nación, T. 3, ps. 98/102). Pero al tratarse de la excepción a una regla, entiendo que la situación tiene que ser clara (esta Sala, 17/4/2013, Petrocchi, Pablo Adrián c. Banco Macro Bansud S.A. y otro ), punto sobre el cual disiento. Con el mayor respeto intelectual hacia mi colega, no advierto que las razones expuestas en el voto inicial justifiquen una solución que se aparte de la ya referida regla. Si bien podría tratarse de una cuestión que, desde la óptica de la regulación puntual y específica de los medios de comunicación, sería un conflicto usualmente no debatido en los tribunales locales, tal evaluación se desdibuja si advertimos, cuando menos en mi opinión que, como lo destaca mi apreciado colega,... los derechos de televisación sobre espectáculos deportivos adquiridos por empresa audiovisuales son derecho de propiedad intelectual que pertenecen al grupo de los derechos conexos, y que gozan en el ámbito interno de la protección civil de la ley (capítulo 6). En definitiva, más allá del específico tratamiento que el primer votante efectuó, en punto al específico manejo de los derechos audiovisuales, entiendo que la consideración de este conflicto aplicando principios generales de responsabilidad civil llevaría a igual conclusión. Y tal línea de pensamiento se ve reforzada, a mi juicio, por la calidad profesional en materia de medios de los tres demandados, que edictos El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 57, sito en Av. de los Inmigrantes 1950, 4º piso de esta Ciudad, Secretaría única a cargo de la Dra. Mercedes M. S. Villarroel, cita y emplaza por el término de treinta días a herederos y acreedores de RICARDO ALBERTO GOMEZ. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 16 de abril de 2014 Mercedes M. S. Villarroel, sec. LA LEY: I. 13/08/14 V. 15/08/14 El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 13, Secretaría Única, del Departamento Judicial de San Isidro, cita y emplaza por diez días a herederos y acreedores de LUIS ESPOSITO y a todos los que se consideren con derecho sobre el lote ubicado en la calle Valparaíso s/n, entre las calles Junín y Cotagaita, de la ciudad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, designado según Plano como Lote 12 de la manzana 29, cuya Nomenclatura Catastral es: Circunscripción: X, Sección H, Manzana 29, Parcela 12; Partida Inmobiliaria: , con dominio inscripto bajo el Folio 2910 del año 1975 de Pilar; emplazándoselos para que en el término de diez días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de designarse al Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente en juicio. Publíquese por diez días en el BOLE- TÍN JUDICIAL y en el diario LA LEY de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. San Isidro, 16 de mayo de 2014 Patricio Chevallier Boutell, sec. LA LEY: I. 13/08/14 V. 27/08/ /2014 KOWALSKI, CASIMIRO EUGE- NIO ANTONIO s/sucesión AB-INTESTA- TO. El Juzgado Nacional de 1 Instancia en lo Civil N 16, cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de KOWALSKI, CASIMIRO EUGENIO ANTONIO a fin que comparezcan a hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 4 de julio de 2014 Adrián E. Marturet, sec. LA LEY: I. 12/08/14 V. 14/08/14 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Número 79, Secretaría Única, sito en Avenida de los Inmigrantes número 1950, Quinto piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cita y emplaza por el término no permiten presumir una conducta inocente de su parte (arg. artículo 902 del código civil). Esto también ha sido destacado por mi colega al señalar que la violación al derecho de exclusividad que había adquirido Cablevisión S.A....fue reconocida por ATC S.A... (capítulo 6); y también por los señores E. J. M. y V. H. M. (capítulo 15,e y 16, d). Así y parafraseando una vez más el voto del Dr. Heredia, coincido con él en que...en un Estado de Derecho, frente a situaciones que subjetivamente pudieran percibirse como injustas, el camino a seguir no es el ejercicio de vías de hecho con aptitud para desconocer ilícitamente derechos de terceros, sino peticionar a las autoridades para que la injusticia cese (art. 14 de la Constitución Nacional). En ese reprochable esquema se insertó, ciertamente, lo ocurrido en el programa Desayuno del 28/11/2000 cuando, según las palabras del señor E. J. M., se eligió...quebrar parcialmente el cepo que imponía Cablevisión... (fs. 1236), o según las palabras del señor V. H. M. se colocó una ventanita para que se pudiera espiar el partido (capítulo 13, d). Por todo lo expuesto, no advierto en el caso, motivos fácticos ni jurídicos que autoricen una solución excepcional en materia de costas. Propicio entonces que las mismas sean impuestas, en ambas instancias, a los vencidos (artículo 68, Código Procesal). III. Con esta parcial disidencia, adhiero al voto del señor Juez Heredia. Concluida la deliberación los señores Jueces de Cámara por mayoría acuerdan: (a) Rechazar las apelaciones de ATC S.A. y del señor E. J. M., y admitir el recurso de Cablevisión S.A. con el efecto de extender la condena al señor V. H. M. en forma concurrente, indistinta o in solidum. (b) Imponer las costas del modo precisado en el considerando 19º. (c) Diferir la consideración de los honorarios hasta tanto hayan sido regulados los de la anterior instancia. Notifíquese y una vez vencido el plazo del art. 257 del Cód. Procesal, devuélvase la causa al Juzgado de origen. Cúmplase con la comunicación ordenada por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Ley y Acordadas 15/13 y 24/13). Pablo D. Heredia. Gerardo G. Vassallo. Juan J. Dieuzeide. de treinta días a herederos y acreedores de NELIDA MARIA GARIN. El presente edicto deberá publicarse por el plazo de tres (3) días en La Ley. Buenos Aires, 8 de julio de 2014 Paula E. Fernández, sec. LA LEY: I. 12/08/14 V. 14/08/14 El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N 96 cita y emplaza por treinta días a herederos y acreedores de MORENO ABRA- HAM ABULAFIA, a efectos de hacer valer sus derechos. Publíquese por tres días. Buenos Aires, 23 de junio de 2014 María Constanza Caeiro, sec. LA LEY: I. 11/08/14 V. 13/08/ /2014 MARTINEZ, RICARDO s/ SUCESION AB-INTESTATO. El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N 46, Secretaría Única de la Capital Federal, cita y emplaza por el término de 30 días a herederos y acreedores de RICARDO MARTINEZ. Publíquese por 3 días en La Ley. Buenos Aires, 30 de junio de 2014 Damián Esteban Ventura, sec. LA LEY: I. 11/08/14 V. 13/08/14 Propiedad de La Ley S.A.E. e I - Administración, Comercialización y Redacción: Tucumán 1471 (C. P AAC) Teléfono: Bs. As. Rep. Arg. - Registro Nacional de la Propiedad Intelectual Nº Impreso en La Ley, Rivadavia 130, Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.