Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl2817-2017-50292-de-febrero-1-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_28f71a2fd862416e87b00595a5d8c016&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-16 08:22:39
Document Index: 231600466

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 39', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 1', 'artículo 39', 'artículo 141', 'artículo 141', 'artículo 366', 'artículo 141']

﻿ SENTENCIA SL2817-2017/50292 DE FEBRERO 1 DE 2017
SENTENCIA SL2817-2017 DE 01 DE FEBRERO DE 2017
CONTENIDO:CRITERIOS DE JUSTICIA Y EQUIDAD EN PENSIÓN. ES PERFECTAMENTE VIABLE INAPLICAR EL REQUISITO DE LA FIDELIDAD PORQUE SE TRATA DE UN OBSTÁCULO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS VULNERABLES FRENTE A SU EXPECTATIVA DE OBTENER EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN. EN EL CASO, A LA SEÑORA SE LE DICTAMINÓ PÉRDIDA DE CAPACIDAD LABORAL DEL 54.25% DE ORIGEN COMÚN EL 5 DE JULIO DE 2006, PARA LA CORTE, LA NORMA APLICABLE PARA DETERMINAR SI ES BENEFICIARIA DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ, ES EL ARTÍCULO 1º DE LA LEY 860 DE 2003 QUE MODIFICÓ EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY 100 DE 1993, NORMA QUE EXIGE MÍNIMO 50 SEMANAS COTIZADAS DENTRO DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE ESTRUCTURACIÓN DE LA INVALIDEZ.
TEMAS ESPECÍFICOS:ADMINISTRADORA DE PENSIONES, AFILIACIÓN AL SISTEMA DE PENSIONES, AFILIACIÓN DEL PENSIONADO, DERECHOS DEL PENSIONADO, PRINCIPIO DE FIDELIDAD AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL
Sentencia SL2817-2017 de febrero 1º de 2017
SL2817-2017
Radicación: 50292
Dada la senda escogida por la censura, se mantienen incólumes los siguientes supuestos de hecho: (i) la demandante fue calificada con un porcentaje de pérdida de capacidad laboral del 54.25%, con fecha de estructuración el 5 de julio de 2006; (ii) dentro de los 3 años anteriores a la invalidez reunió más de 50 semanas de cotización, y (iii) no acreditó una fidelidad al sistema de al menos del 20% dentro del tiempo transcurrido entre el momento en que arribó a la edad de 20 años y la fecha de la calificación de invalidez.
Para dar respuesta a la inconformidad de la recurrente, suficiente es con remitirse a la sentencia de casación CSJ SL 15773 2016, radicación 53047, donde se indicó, en perspectiva del principio de progresividad de las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social, que el juez debe abstenerse de aplicar disposiciones legales que resulten regresivas, aún frente a situaciones consolidadas antes de la declaratoria de inexequibilidad de aquellas exigencias que constituían un obstáculo para la consolidación del derecho pensional.
Lo anterior por cuanto, acudiendo a los criterios de justicia y equidad, y en atención a lo dispuesto en los artículos 4º y 53 de la Constitución Política, es perfectamente viable inaplicar por vía de excepción de inconstitucionalidad el requisito de la fidelidad al sistema a que alude el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, respecto de situaciones que aun cuando se consolidaron durante el tiempo en que estuvo vigente, se constituyen en un obstáculo para la protección de las personas que por su condición de vulnerabilidad y a raíz de una exigencia que ya fue retirada del ordenamiento jurídico, le pueda frustrar su expectativa de obtener el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
En la citada providencia se dijo lo siguiente:
La Sala por mayoría, en sentencia CSJ SL, 20 de junio de 2012, radicación 42540, en el caso de una pensión de sobrevivientes pero cuyos razonamientos resultan aquí aplicables, varió su criterio en lo referente a los efectos que debe surtir la declaratoria de inexequibilidad de una determinada disposición en materia de seguridad social, que haya impuesto un requisito que el juez de la Carta encuentra contrario a preceptos superiores por ser abiertamente regresivo.
Este criterio mayoritario va con lo dispuesto en la sentencia CSJ SL 8 de mayo de 2012, radicación 35319, en que esta Sala asentó que en aquellos casos en que el afiliado ya había cumplido los requisitos previstos en una disposición para que se le cubriera una de las contingencias a cargo de la seguridad social, la ley nueva no puede hacer más gravosa su situación en el sentido de exigirle unas condiciones superiores a las ya satisfechas, para acceder a la prestación correspondiente.
Consideró la corporación que cuando el esfuerzo económico de un afiliado ha alcanzado el mínimo de contribuciones que la ley vigente señala como necesarios para que se le reconozca una determinada pensión, un cambio legislativo no puede aniquilar la eficacia de tales cotizaciones so pretexto de que falta por cumplirse la condición señalada en la ley para hacerlo exigible.
Es más, remitiéndose esta corporación a las fuentes y acuerdos vinculantes de índole internacional del derecho al trabajo, incorporados a nuestro ordenamiento interno como Estado miembro a través de la ratificación de los respectivos convenios o tratados internacionales en los términos de los artículos 53, 93 y 94 de la Carta Política, y que pasan a integrar el bloque de constitucionalidad, es dable destacar que los mandatos de la Organización Internacional del Trabajo OIT no se oponen a la aplicación de la condición más beneficiosa y por el contrario son compatibles con la orientación que a esta precisa temática le viene dando la Sala, al señalar en el artículo 19-8 de la Constitución de la OIT que <En ningún caso podrá considerarse que la adopción de un convenio o de una recomendación por la Conferencia, o la ratificación de un convenio por cualquier Miembro, menoscabará cualquier ley, sentencia, costumbre o acuerdo que garantice a los trabajadores condiciones más favorables que las que figuren en el convenio o en la recomendación> (resalta la Sala)’.
Se sigue de lo dicho la prosperidad de los cargos.
En sede de instancia, a más de lo anterior, se debe decir que a la señora Sara Julia Ruíz Caballero se le dictaminó, por parte del Instituto de Seguros Sociales, una pérdida de capacidad laboral del 54.25% de origen común, con fecha de estructuración del 5 de julio de 2006.
De allí que la norma aplicable, a efectos de determinar si es beneficiaria de la pensión de invalidez, es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003 que modificó el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, disposición que exige un mínimo de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, requisito que satisface la demandante, tal como lo admitió la accionada al contestar la demanda, y da cuenta la Resolución 12904 de 2007, donde se indicó que la asegurada cotizó 60 semanas durante el lapso mencionado (fl. 6), sin que sea viable exigirle la fidelidad al sistema, por las razones expuestas al momento de resolver el recurso extraordinario de casación.
Con relación a los intereses moratorios, esta corporación ha indicado, en lo que tiene que ver con su imposición, que los mismos no son procedentes cuando el actuar de las administradoras, a efectos de negar las prestaciones que tienen a su cargo, encuentren justificación en la norma con la que se debía resolver el derecho, pues su actuar no se puede calificar de arbitrario o caprichoso, tal como se dijo, entre otras, en Sentencia CSJ SL 16390 2015, radicación 40868.
Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso bajo examen no era viable condenar a la accionada al pago de los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, en atención a que la pretensión económica perseguida por la demandante, se sometió a la norma vigente a la fecha de la estructuración de la invalidez, y en tal sentido, actuó bajo el amparo de una norma vigente.
No obstante lo anterior, se ordenará al Instituto de Seguros Sociales a reconocer un retroactivo pensional de $ 81.221.187 y una indexación de $ 18.645.032,45, de conformidad al siguiente cuadro:
05/07/2006 31/12/2006 $ 408.000,00 6,87 $ 2.801.600,00 $ 1.510.916,55
01/01/2007 31/12/2007 $ 433.700,00 14 $ 6.071.800,00 $ 2.867.216,12
01/01/2008 31/12/2008 $ 461.500,00 14 $ 6.461.000,00 $ 2.425.400,29
01/01/2009 31/12/2009 $ 496.900,00 14 $ 6.956.600,00 $ 2.239.203,42
01/01/2010 31/12/2010 $ 515.000,00 14 $ 7.210.000,00 $ 2.103.460,08
01/01/2011 31/12/2011 $ 535.600,00 14 $ 7.498.400,00 $ 1.867.117,56
01/01/2012 31/12/2012 $ 566.700,00 14 $ 7.933.800,00 $ 1.675.510,14
01/01/2013 31/12/2013 $ 589.500,00 14 $ 8.253.000,00 $ 1.544.960,11
01/01/2014 31/12/2014 $ 616.000,00 14 $ 8.624.000,00 $ 1.322.092,30
01/01/2015 31/12/2015 $ 644.350,00 14 $ 9.020.900,00 $ 882.254,81
01/01/2016 31/12/2016 $ 689.455,00 14 $ 9.652.370,00 $ 206.901,07
01/01/2017 31/12/2017 $ 737.717,00 1 $ 737.717,00 $ -
Total $ 81.221.187,00 $ 18.645.032,45
Por lo anterior, se revocará el numeral cuarto de la sentencia proferida en primera instancia, para, en su lugar, absolver al Instituto de Seguros Sociales del pago de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Se adiciona esa decisión en el sentido de ordenar a la accionada reconocer a la demandante un retroactivo pensional de $ 81.221.187 y una indexación de $ 18.645.032,45. Se confirma en lo demás.
Sin costas en el recurso extraordinario. Las de instancias a cargo del demandado cuya liquidación deberá hacerse en los términos del artículo 366 del Código General del Proceso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia administrando justicia en nombre de la República de Colombia, CASA la sentencia proferida 18 de noviembre de 2010 por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, dentro del proceso ordinario laboral seguido por SARA JULIA RUÍZ CABALLERO, contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, hoy COLPENSIONES.
En SEDE DE INSTANCIA se revoca el numeral cuarto de la sentencia proferida en primera instancia, para en su lugar absolver al Instituto de Seguros Sociales del pago de los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Se adiciona esa decisión en el sentido de ordenar a la accionada a reconocer a la demandante un retroactivo pensional de ochenta y un millones doscientos veintiún mil ciento ochenta y siete pesos ($ 81.221.187), y una indexación de dieciocho millones seiscientos cuarenta y cinco mil treinta y dos pesos con cuarenta y cinco ctvs. ($ 18.645.032,45). Se confirma en lo demás.
Notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.»