Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2015/C-143-15.htm
Timestamp: 2018-12-12 23:59:27
Document Index: 284314059

Matched Legal Cases: ['artículo 178', 'artículo 2', 'artículo 178', 'artículo 178', 'artículo 2', 'Artículo 178', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 12', 'Artículo 2']

C-143-15
“&$ARTICULO 178. TORTURA. El que inflija a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o psíquicos, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión, de castigarla por un acto por ella cometido o que se sospeche que ha cometido o de intimidarla o coaccionarla por cualquier razón que comporte algún tipo de discriminación incurrirá en prisión de ocho a quince años, multa de ochocientos (800) a dos mil (2.000) salarios mínimos legales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad.
Por lo anterior, las Naciones Unidas ha consagrado “las Reglas Mínimas para el tratamiento de reclusos[29], el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión[30], el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley[31], y los Principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, especialmente los médicos, en la protección de personas presas y detenidas, contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes[32], que la Observación General 21 de la Comisión de Derechos Humanos”.[33] Por estas normas internacionales y las libertades que reconoce la Carta Política a todos los asociados, la Corte se ha referido a los derechos de los presos.
A este respecto, la Corte indicó: “Si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria para lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación de tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del sindicado o del condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección. Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el derecho al descanso nocturno, entre otros” [49].(Subrayas de la Sala)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DELITO DE TORTURA-Debió condicionarse la exequibilidad del inciso final del artículo 178 de la Ley 599 de 2000 a la incorporación de la previsión prevista en el inciso 2° del artículo 2° de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura (Aclaración de voto)
DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MATERIA DE DELITO DE TORTURA-Tal como lo afirma la sentencia C-143/15, la norma acusada se ajusta a los estándares internacionales y a las normas constitucionales que se invocan como vulneradas, pero si se hubiese condicionado la disposición, la interpretación resultaría más garantista, en términos de protección de derechos fundamentales, con base en el principio pro homine; y, se cumpliría de mejor manera el mandato constitucional de la exclusión absoluta de la tortura (Aclaración de voto)
Expediente D-10400
Demanda de inconstitucionalidad, contra el artículo 178, inciso final (parcial) de la Ley 599 de 2000
Aclaro el voto, con el debido respeto por las decisiones de la Corte, toda vez que en mi concepto debió condicionarse la exequibilidad del inciso final del artículo 178 de la Ley 599 de 2000 a la incorporación de la previsión prevista en el inciso 2° del artículo 2° de la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura[68]. En efecto, tal y como lo afirma la sentencia C-143 de 2015, la norma acusada se ajusta a los estándares internacionales y a las normas constitucionales que se invocaron como vulneradas, pero si se hubiese condicionado la disposición, la interpretación resultaría más garantista, en términos de protección de derechos fundamentales, con base en el principio pro homine; y, se cumpliría de mejor manera el mandato constitucional de la exclusión absoluta de la tortura.
Uno de los instrumentos de derechos humanos más relevante en la materia (la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura[69]), al consagrar la excepción que acá se cuestiona, añade una salvedad (una excepción a la excepción) “siempre que [las medidas exceptuadas] no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere el presente artículo”.
Tanto el demandante como algunos intervinientes llevaron la discusión al punto de si nuestra regulación es menos garantista que la internacional debido a que no incorpora esa salvedad a la excepción. Por eso, aunque el proyecto defiende una interpretación conforme de la norma basada en los estándares internacionales, hubiera sido necesario un pronunciamiento en torno a si el principio pro homine exigía en este caso un condicionamiento que llevara a incorporar la previsión de la norma internacional. Vale la pena observar el paralelo entre ambos enunciados normativos que se encuentra en la sentencia, pues el Ministerio de Justicia lo incorporó a su concepto.
Artículo 178, inciso tercero, Código Penal (norma demandada)
Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura. Artículo 2º, inciso 2º.
El Estado colombiano tiene el deber constitucional e internacional de prevenir y excluir, de manera definitiva, toda conducta o actuación que constituya tortura, que implique una ofensa a la dignidad humana por afectar extremamente la integridad física, moral y psicológica del individuo. Por ello, sostengo que, aplicando el principio pro homine, la constitucionalidad de la norma debió condicionarse a la incorporación de la previsión del inciso 2° del artículo 2° de la Convención Americana para prevenir y sancionar la tortura. Lo anterior para garantizar el estándar más amplio de protección de los derechos y cumplir con el mandato consagrado en el artículo 12 de la Constitución Política.
Dejo en estos términos expresados los motivos por los cuales aclaré el voto.
[68] “No estarán comprendidos en el concepto de tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que sean únicamente consecuencia de medidas legales o inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización de los actos o la aplicación de los métodos a los que se refiere el presente artículo”. Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura, Artículo 2º, inciso 2º.
[69] La Convención Interamericana para prevenir y sancionar la tortura fue aprobada por la Ley 409 de 1997.