Source: http://justiciabol.blogspot.com/2014/09/
Timestamp: 2019-10-20 12:05:11
Document Index: 209349478

Matched Legal Cases: ['Artículo 301', 'artículo 57', 'artículo 151', 'artículo 57', 'Artículo 14', 'artículo 37']

Justicia en Bolivia: September 2014
Quince jueces agilizarán 50.000 procesos penales en tres meses
El Tribunal Supremo de Justicia ha decidido tomar medidas contra la retardación de justicia en la capital cruceña, para ello 15 jueces capitalinos y provinciales, en tres meses, se dedicarán a agilizar 50.000 procesos penales y revisarán la detención preventiva de 4.609 presos de Palmasola.
Wilber Choque, consejero de la Magistratura, explicó en Unitel que una de las estrategias que se aplicará para descongestionar la carga procesal penal es “desdoblar los Tribunales de sentencias que tienen dos jueces” y magistrados de provincias, pasarán a la ciudad capital.
En total serán 15 los jueces que se dedicarán exclusivamente a descongestionar expedientes, revisar procesos y realizar audiencias conclusivas, fase previa al juicio oral que se estanca en los juzgados de Instrucción debido al uso excesivo y dilatorio de excepciones e incidentes de las parte involucradas en el proceso.
El tiempo que se ha dado el Tribunal Supremo de Justicia, según Choque, es de tres meses. En este periodo se espera agilizar 50.000 procesos que actualmente están demorados, además de revisar la detención de los 4.609 detenidos preventivos en Palmasola.
Indicó que hay varios casos en los que los abogados contribuyen a la demora para el dictamen de una sentencia. “Hay presos que buscan la extinción del proceso y no la sanción”, dice Choque al explicar que según las leyes bolivianas, una persona que no haya recibido sentencia en tres años, puede salir libre.
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Hay más de 39.000 Procesos penales sin acusación Justicia cruceña ocupa el 1er lugar en mora procesal
Un total de 39.420 causas penales de detenidos preventivos en etapa preliminar y sin acusación (etapa final a juicio oral) de los 44.928 que se ventilan en los estrados judiciales ubican a Santa Cruz en el 1er lugar a nivel nacional con casos en mora procesal. De este monto revelado solo 2.814 se encuentran en etapa preparatoria y 374 al borde de un juicio oral para conocer sentencia, reveló la asesora del Consejo de la Magistratura, Aida Martínez.
Desde este fin de semana, el Tribunal Supremo de Justicia viene encarando un plan para activar miles de procesos penales que duermen en los juzgados cautelares con la finalidad de sanear los expedientes para sentenciar o absolver a más de 4.600 personas privadas de su libertad en la cárcel de Palmasola.
Auditorías. La presidente del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, en reunión sostenida ayer con los jueces cruceños explicó de la importancia de sanear estos procesos que están congestionando los juzgados. Señaló que el propósito no es liberar a todos, sino que cada persona imputada o procesada conozca los años que se le ha impuesto en un tribunal.
"Así como estamos haciendo un esfuerzo el Tribunal Supremo, Consejo de la Magistratura y jueces también nos colabore el Ministerio Público y los abogados asistiendo a las audiencias", resaltó la autoridad. Para este efecto, la magistrada explicó que el Órgano Judicial está echando mano de jueces técnicos y de provincias con menor carga procesal, pero aclaró que estos últimos trabajarán de manera temporal y luego retornarán a sus funciones.
A nivel nacional. Este plan piloto se lo viene encarando en Santa Cruz y Cochabamba paralelamente y según las propias autoridades ha tenido sus resultados en Sucre donde se logró bajar la carga procesal. Sin embargo, los primeros datos colectados este fin de semana del trabajo encarado por los jueces dan cuentan que el cuello de botella son en las audiencias conclusivas donde muchas veces o no asiste el fiscal o el abogado del procesado.
Investigación preliminar. Cuando el imputado denuncia a la Fiscalía y se inicia una investigación. De ahí corre 20 días y hasta 90 para hacerlo conocer ante un juez cautelar.
Etapa preparatoria. Es cuando una persona es imputada por algún delito una vez concluida la investigación. A partir de ahí corren 60 días.
Audiencia conclusiva. Procede cuando acaba la etapa de investigación preparatoria, es decir los 6 meses y el fiscal decide acusar ante un tribunal de sentencia para ir a juicio oral.
Salidas alternativas. Cuando el representante del Ministerio Público tiene la potestad dependiendo el delito de beneficiar al imputado.
Ley para agilizar el sistema procesal penal en Bolivia
La Cámara de Diputados aprobó en agosto el Proyecto de Ley 334 de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, que tiene como objetivo implementar procedimientos para agilizar los juicios penales, evitar la retardación de justicia y otorgar una justicia pronta y efectiva.
El proyecto presentado por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries, entre sus puntos propone que las vacaciones de las y los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, y de las y los vocales departamentales de justicia como de los servidores públicos de este Órgano, sean individuales y no colectivas. Este proyecto plantea también que se conmine a los fiscales para que en el plazo de cinco días emitan resolución conclusiva de la investigación preliminar, conforme al Artículo 301 del Código de Procedimiento Penal, para que de esta forma se dé celeridad al proceso investigativo a cargo del fiscal.
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Gualberto Cusi, magistrado del Tribunal Constitucional “Me han detectado un tumor que es del tamaño de un puño”
El magistrado Gualberto Cusi salía de una comisión del Legislativo, cuando fue abordado por Página Siete. Luego de la insistencia periodística de rigor, al final, aceptó la entrevista. Su semblante denotaba cansancio y se veía pálido, más delgado de lo que se ve por televisión.
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) había asistido a la Comisión de Justicia Plural de Diputados, a la cual fue convocado para brindar una declaración sobre la suspensión temporal de la aplicación de Ley del Notariado.
Era la segunda vez en la semana que asistía a ese despacho. Un día antes se había presentado, pero la audiencia fue suspendida porque -según dijo- no pudo encontrar un abogado que lo defendiera. En filas del oficialismo, esta situación fue interpretada como una "chicanería”.
Llevaba puesto el poncho y el sombrero de siempre. A la pregunta sobre el estado de su salud respondió sin ambages: "Me han detectado un tumor ganglionar. Es un tumor que tiene el tamaño de un puño y está sobre mi estómago”.
En la actualidad, Cusi sigue un tratamiento que debe durar un año, del cual ya cumplió un mes. No obstante, el magistrado asegura que los dolores y el cansancio que siente no lo dejan trabajar ni desempeñarse al 100%. "Yo estoy aquí. No plenamente rehabilitado, sino que estamos relativamente bien”, expresa.
El magistrado es un hombre mediático y hasta en los momentos más difíciles de su vida reciente ha tenido al frente un micrófono. En agosto pasado, conmocionó a más de uno cuando rompió en llanto antes de someterse a una cirugía de alto riesgo por el cuadro de tuberculosis que padece. Frente a las grabadoras y las cámaras expresó que si la operación salía mal, él no quería que ese momento "fuera una despedida”.
Y no fue una despedida. En julio, sus colegas Ligia Velásquez y Soraide Chánez fueron suspendidas por el caso de la Ley de Notariado y serán sometidas a un juicio de responsabilidades, desde el 21 de octubre.
Elegido en las urnas
Cusi es de origen aymara. Nació en la provincia Ingavi del departamento de La Paz. Estudió derecho. Pero no fue hasta el proceso de votación de octubre de 2011 que la mayoría del país supo de él. En esas elecciones -que fueron las primeras en el país para elegir en las urnas a magistrados del Órgano Judicial- Cusi fue quien más respaldo recibió.
No obstante, desde entonces también lo marcó la polémica. Ni bien fueron conocidos los resultados de las elecciones, reclamó la presidencia del Tribunal Constitucional, según registró este medio.
"No hay más objeto de debate, de discusión, quién y cómo va a ser presidente; creo con su voto cada uno ya ha expresado quién debe ser”, mencionó entonces.
Al final, no se dio. Una elección interna entre los integrantes elegidos del TCP eligió a Ruddy Flores como presidente. A ese incidente, le siguieron varias declaraciones de Cusi a los medios y que en más de una ocasión causaron revuelo.
En una de ellas, en marzo de 2012, reveló que consultaba a la hoja de coca para resolver las causas complejas que llegaban a su despacho.
En consecuencia, uno de los temas ineludibles a tocar en la entrevista fue su forma de actuar.
"Nosotros estamos en el deber, la obligación y el derecho de hacer conocer las irregularidades que ocurren”, afirmó.
Y agregó que su "función es promover y proteger los derechos, las garantías, y hacer que se cumpla la primacía de la Constitución Política del Estado”.
Precisamente apelando al cumplimiento de la ley de leyes, en 2013, cuestionó la forma en que se habilitó al presidente Evo Morales para postularse a las elecciones del 12 de octubre.
"Es inconstitucional, no debió disponerse la reelección por tercera vez, en este caso, del Presidente y del Vicepresidente; más bien se debía disponer que se reforme la Constitución Política del Estado, mediante los referendos que la propia Constitución establece”, declaró en esa oportunidad.
Un trabajo "fuerte”
Para Cusi, el trabajo que tiene en el TCP es "fuerte”, "muy delicado”, nada fácil porque requiere tomar decisiones adecuadas. "Hay que tener mucho cuidado para tomar una decisión”, afirma el magistrado.
En torno a la justicia sostiene que no se trata de un tema que compete a una sola instancia, sino a varias de ellas.
"El tema de justicia no es un tema unilateral de los magistrados, sino una función compartida de varios órganos e instancias; se ha abandonado los principios valores de la Constitución… Lo que me ha quedado es protestar ante los medios de comunicaciones”, asegura.
El día que asistió al Legislativo, al finalizar la entrevista, dijo que está preocupado por la situación en que se encuentra, aunque espera que todo se realice con el debido proceso.
"Lo que se pretende es que se cumpla todos los derechos y garantías, tanto del denunciado como del denunciante”, argumentó el jurista (YCA).
Origen Es de origen aymara, nació en la provincia Ingavi del departamento de La Paz.
Elección En octubre de 2011 fue elegido como integrante del Tribunal Constitucional.
Padecimientos Sufre un cuadro de tuberculosis, y afirma que tiene un tumor encima del estómago.
Tratamiento Asegura que está sometido a un tratamiento que debe durar un año y el cual sigue por más de un mes.
Proceso Se le sigue un proceso sobre el auto constitucional que puso en suspenso la aplicación de la Ley del Notariado.
Justicia Dice que la justicia ha abandonado los principios establecidos en la Constitución.
Asignan jueces para activar las causas penales en mora
El Tribunal Supremo de Justicia puso en marcha ayer en Santa Cruz un plan para activar miles de procesos penales ‘dormidos’ en los juzgados cautelares, con la finalidad de sanear los expedientes para sentenciar o absolver a más de 4.600 personas que se encuentran recluidas en la cárcel de Palmasola desde hace meses e incluso años con detención preventiva.
Para tal efecto, el Órgano Judicial ha otorgado competencias a 13 jueces de tribunales superiores, con su respectivo personal, que desde ayer y por un tiempo de cuatro meses se unirán a los 15 jueces cautelares para dedicarse a ‘desempolvar’ expedientes, revisar los procesos y realizar las audiencias conclusivas, fase previa al juicio oral que se estanca en los juzgados de Instrucción debido al uso excesivo y dilatorio de excepciones e incidentes de las parte involucradas en el proceso.
Los jueces técnicos reasignados se convertirán en cautelares para despachar los expedientes a juzgados unipersonales, a tribunales de sentencia u otro tipo de salidas alternativas.
En la aplicación del plan estuvieron ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Jorge von Borries; el presidente del Tribunal Departamental, Mirael Salguero, y otras autoridades judiciales, que informaron que dicho procedimiento empezó paralelamente en Cochabamba y pronto se replicará en Oruro, Potosí, La Paz y otros departamentos. Chuquisaca abrió la senda con el plan piloto.
Mermar la mora procesal
“Se pretende mover el sistema procesal y los expedientes, sobre todo de los detenidos preventivos que se dice, incluso por prensa, que son más del 80% en los establecimientos penitenciarios en Bolivia. Por lo tanto, queremos revisar esas causas para que se activen, exigiendo a la Fiscalía que en los plazos que debió investigar emita las acusaciones correspondiente para continuar con los procesos. Se conseguirá el descongestionamiento por lo menos parcial en las cárceles”, manifestó Von Borries.
El ministro de la Suprema añadió que hay casi 5.000 causas paralizadas en el país por falta de las audiencias conclusivas. “Tenemos cuatro meses para avanzar y si se nota que el resultado es eficiente, ampliaremos el plan porque la ley corta que presentamos al Legislativo no sale todavía; la aprobó la Cámara de Diputados, pero está siendo analizada en el Senado”, indicó Von Borries.
La Dirección General de Régimen Penitenciario informó al órgano de justicia que en la cárcel de Palmasola existen 4.609 internos con detención preventiva (4.140 varones y 469 mujeres). Extraoficialmente se conoce que el penal cruceño alberga a más de 5.200 privados de libertad
Congreso concluye con firma de declaración sobre justicia penal juvenil restaurativa
El II Congreso Internacional de Justicia Restaurativa 'Para Liberarte' organizado por el Ministerio de Justicia, concluyó con la firma de una Declaración destinada a motivar la adopción de buenas prácticas en el sistema de justicia penal actual en materia de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.
En la oportunidad, la ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, citada en un boletín de prensa, dijo: "Esperemos que lo que se ha explicado en este congreso sea aplicado en cada departamento y que se empiece ya a aplicar la justicia penal juvenil restaurativa y que ésta sea institucionalizada".
La autoridad recordó que el congreso responde a los compromisos establecidos en el Plan Operativo de la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal Juvenil (Mijpj), instancia de coordinación entre instituciones del Estado, cooperación internacional y sociedad civil involucradas en la temática, que desarrolla espacios de discusión y generación de propuestas de políticas públicas para aplicar el sistema con enfoque restaurativo.
"Nuestro gobierno no se ha equivocado al aprobar este tipo de leyes, gracias a esta Constitución Política del Estado se ha abierto las puertas pensando ya en nuestra sociedad, en la realidad en la cual vivimos porque estas leyes han sido realizadas por expertos bolivianos", recordó.
Los principales objetivos del congreso fueron conocer experiencias internacionales con el fin de motivar la adopción de buenas prácticas en el sistema de justicia penal actual, en materia de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley.
Generar espacios de intercambio de experiencias nacionales en el marco del nuevo Código de la Niña, Niño y Adolescente, para exteriorizar valores humanos fundamentales en la sociedad como empatía, respeto, buen trato, diálogo, participación, responsabilidad, libertad y solidaridad, entre operadores de justicia, comunidad y éste grupo poblacional.
Reconocer la importancia de la implementación de los mecanismos de la justicia restaurativa en el procesamiento para adolescentes con responsabilidad penal, como instrumento principal para lograr una sociedad más justa y sensible, prevenir la criminalidad juvenil e involucrar a la sociedad y al Estado en ésta restauración.
Como también la importancia de la participación de la víctima en el proceso restaurativo con la finalidad de garantizarle un espacio de reconocimiento como persona, también protagonista en la resolución del problema, como sujeto que sufre las consecuencias de la acción y que requiere una atención especial.
Integrar el proceso artístico en todo modelo socio educativo como una oportunidad de rehabilitación personal y reintegración social; permitiendo la construcción de nuevas visiones de vida; facilitando la expresión social; potenciando la capacidad de comunicación y fortaleciendo las identidades individuales y colectivas.
Se contó con la participación de expertos de diferentes países como Italia, Colombia, Mozambique, Grecia, Perú, Bélgica, Brasil y Bolivia, así también, representantes del Órgano Judicial, Ministerio Público, Gobernaciones, Policía Boliviana, Servicios de Gestión Social, Defensorías de la Niñez y Adolescencia, Defensa Pública, ONG"s, universidades, juntas vecinales, organizaciones sociales y culturales, y sociedad civil en general, entre otros.
El Segundo Congreso Internacional de Justicia Restaurativa "Para Liberarte" fue organizado por el Ministerio de Justicia, que preside la Mesa Interinstitucional de Justicia Penal Juvenil (Mijpj) y el ProgettoMondo MLAL, con el auspicio de la Unión Europea y de la Cooperación Italiana.
TSJ rechaza 38 recursos dentro del caso Misiles
La Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó los 38 incidentes y excepciones que planteó la defensa en el caso Misiles. Los abogados de los acusados lamentaron los “horrores jurídicos” cometidos por las magistradas y anunciaron procesos penales en su contra, además de denunciar la violación de los derechos constitucionales en el exterior.
La respuesta de las magistradas Maritza Suntura y Norka Mercado a los incidentes y excepciones fue emitida durante toda la jornada de ayer. Pasadas las 18.30 determinaron declarar un nuevo cuarto intermedio hasta el jueves, a las 15.00, para continuar el proceso. Este caso se sigue por la entrega irregular de 37 misiles chinos a Estados Unidos para su desactivación, en 2005.
El abogado Oswaldo Rojas, que representa legalmente al general Marcelo Antezana, rechazó los argumentos legales utilizados por ambas magistradas y calificó su actuación como “horror jurídico”, por lo que anunció la presentación de una querella penal en contra de Suntura y Mercado.
La abogada Patricia Velásquez dijo que se cometieron varias violaciones a los derechos fundamentales de los acusados, por lo que presentará una denuncia internacional. El fiscal Manuel Gutiérrez expresó su complacencia por la decisión de las magistradas porque allana el proceso.
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Cochabamba Siete de diez juzgados serán apoyados por jueces de provincia
Siete de los diez juzgados de instrucción penal serán reforzados por un juez de provincia, desde el primero de octubre para sanear la mora procesal acumulada de gestiones pasadas.
Según la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, la medida, que tendrá una duración de tres meses, fue asumida por el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura con el propósito de poner al día las causas.
Explicó que se escogió los siete estrados con más archivos pendientes.
Informó que cada uno tiene cerca de 4.000 expedientes, pero cerca de 1.000 son juicios vigentes que deben resolverse.
El objetivo de la medida es avanzar con el 50 por ciento de las causas rezagadas.
Desde el punto de vista de Gonzales, si la meta es cumplida existe la posibilidad de ampliar por otros tres meses el apoyo de los jueces de provincia, así se sanearía el 100 por ciento de la mora.
Relievó la importancia de fortalecer los juzgados de instrucción porque es el paso previo a los de sentencia. Asimismo, es la instancia donde se realiza todo el saneamiento del proceso.
“Es el cuello de botella porque ahí (juzgados de instrucción) se analizan todos los incidentes”, dijo.
Para el traslado temporal de los administradores de justicia de provincias se realizó un diagnóstico para identificar a los que atendían menos litigios.
Aclaró que aquellos juzgados que se encuentren temporalmente sin un juez serán atendidos por los estrados vecinos. Por ejemplo, las causas de Arque serán tratadas por el tribunal de Independencia.
Ahora, ultiman los espacios para instalar a las autoridades.
Otra de las medidas asumidas por las autoridades judiciales para reducir la carga procesal es el desdoblamientos de los juzgados. Cada causa será revisada solo por uno de los dos jueces técnicos para que el otro quede libre y se encargue de los casos rezagados.
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, Nuria Gonzales, dijo que la descentralización de los estrados es otra decisión destinada a mejorar el acceso de la ciudadanía.
Uno de los últimos desconcentrados es el Juzgado Noveno Cautelar Penal, que funciona desde el 8 de septiembre en la Estación Policial Integral del norte, en la avenida Melchor Pérez de Olguín casi Circunvalación, informó Gonzales.
Las autoridades anunciaron las gestiones realizadas para que se cree un segundo juzgado especial para casos de violencia contra la mujer.
Video Un abogado penalista sostiene que sólo existe justicia para la gente con dinero
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García Linera pide a la Justicia que 'de una vez' emita fallos en los casos Chaparina, Porvenir y Terrorismo
El vicepresidente Álvaro García Linera instó este jueves a las autoridades judiciales a resolver con prontitud los casos denominados Chaparina, Porvenir y Terrorismo, y expresó su esperanza de que hasta fin de año concluyan con una sentencia, la que -anticipó- será respetada por el Gobierno.
"Este caso de Chaparina, el de la Masacre del Porvenir, el del Hotel Las Américas, son tres casos emblemáticos en los cuales nosotros somos los más interesados de que acaben, se esclarezcan y se sentencie a quien tenga que sentenciarse, a quien sea, pero por Dios que lo hagan de una vez", indicó.
Agregó que "ojalá que este fin de año lo acaben, ojalá este fin de año estos tres casos emblemáticos tengan sentencia y la que sea vamos a obedecer vamos a cumplir y vamos a respetar la decisión que tomen los jueces y los fiscales".
En entrevista con Cadena A, García Linera dijo que la resolución de esos casos "(depende) de la justicia, del fiscal y del juez", porque ellos son quienes controlan la justicia.
En su criterio, las autoridades judiciales "deberían trabajar por tiempo y materia", para evitar que se paralice el proceso, por "chicanas" o excusas que ponen los acusados.
En ese entendido, subrayó que como autoridad de Estado "exige, implora" a la justicia que en esos tres casos emblemáticos establezcan una sentencia.
Aclaró que las autoridades judiciales no deben aceptar presiones de nadie, pero deben apresurar su trabajo.
El denominado caso Chaparina, investiga la represión policial a la VIII Marcha Indígena, ocurrida el 25 de septiembre de 2011.
El caso de la Masacre de Porvenir fue denunciado por los familiares de las víctimas de los campesinos que fueron masacrados en esa localidad, en septiembre de 2008, cuando marchaban a un encuentro en el que iban a analizar sus reivindicaciones de tierras.
Más de una decena de campesinos fueron asesinados por paramilitares que los interceptaron armados y les dispararon a mansalva.
El caso terrorismo se remonta a abril de 2009, cuando un grupo encabezado por el boliviano-húngaro Eduardo Rózsa Flores fue abatido en el hotel Las Américas de Santa Cruz, donde murieron tres personas y otras dos quedaron detenidas, acusadas de formar una célula terrorista que pretendía dividir al país.
García Linera anuncia cárcel para jueces y fiscales que no den sentencia en seis meses o un año
El vicepresidente Álvaro García Linera anunció que la Asamblea Legislativa trabaja en el nuevo Código Procesal Penal que establecerá cárcel para jueces y fiscales que no culminen con sus casos en seis meses o un año, bajo el delito de retardación de justicia.
El presidente nato de la Asamblea dijo que el objetivo es que se acaben los procesos largos a través de esta nueva normativa, debido a que muchas veces éstos derivan en sobornos para los funcionarios judiciales.
"Vamos hacer una ley en la Asamblea, juez y fiscal que no resuelva en los seis meses o en un año el juicio a la cárcel, hay que sentar la mano a ciertos jueces, no todos, hay gente muy noble y muy trabajadora", manifestó García a "Levántate Bolivia" de Cadena A.
A propósito de la retardación de justicia, el vicepresidente recordó que estuvo recluido cinco años desde 1992 y sin sentencia ejecutoriada, acusado como dirigente del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), por los delitos de insurrección y terrorismo, tras ser detenido durante un intento de destrucción de torres eléctricas.
Desde septiembre del año pasado, el vicepresidente viene anunciando este tipo de medidas para jueces y fiscales que mantengan la retardación de justicia. Ya el 18 de diciembre, la autoridad lamentó el estado en el que se encuentra la justicia en el país. "Es una lágrima", dijo García Linera en aquella ocasión y reprochó que en algunos casos se continúe "torturando" a litigantes por cinco o diez años de retraso judicial.
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Video La juez Yolanda Ramírez dijo que se someterá a cualquier proceso
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Video Destituyen a 5 jueces por incurrir en retardación de justicia
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Aplazan hasta el 30 declaración de Cusi
Los abogados Guido Melgar y Jorge Quiroz asumieron la defensa del magistrado Gualberto Cusi, dentro del proceso instaurado por dos notarias e impulsada por el oficialismo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) que derivó en la suspensión de dos magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por la paralización temporal de la Ley del Notariado. Aseguraron no temer las represalias del Gobierno.
El Comité del Ministerio Público de la Cámara de Diputados otorgó una nueva audiencia para el 30 de septiembre, debido a que la defensa de Cusi argumentó que no contaba con todos los elementos de la denuncia en contra de su defendido ni las pruebas presentadas en su contra, por lo que necesitarán evaluar el proceso antes de que el magistrado presente sus declaraciones. Por este proceso están suspendidas las magistradas Soraide Chanez y Ligia Velásquez.
TCP declara inconstitucional suspensión sin goce de haberes de policías
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucional el inciso b) del artículo 57 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Policía que establece la suspensión inmediata de los uniformados sin goce de haberes, por la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones. La sentencia fue emitida el 3 de enero de 2014.
La sentencia constitucional 0021 prevé que la disposición, inscrita en la ley de Régimen Disciplinario de abril de 2011, vulneró cuatro parágrafos de igual número de artículos de la Constitución Política del Estado, entre ellos, el parágrafo II del artículo 151 referido a la obligación del Estado de garantizar el derecho al debido proceso.
Los uniformados de baja graduación protagonizaron un motín en junio del 2012 en demanda de una mejora salarial y la derogación, precisamente, de la ley de abril de 2011.
Parte del parágrafo II del artículo 57, declarado inconstitucional, refiere: “Radicada la causa en el Tribunal Disciplinario Departamental, para las faltas graves señaladas en el Artículo 14, en el día será puesto a Disposición Procesal, del Tribunal Disciplinario Departamental con suspensión de funciones y sin goce de haberes con comunicación a la Dirección General de Recursos Humanos”.
Además añade que, en caso de una resolución absolutoria, “se le repondrá el salario no pagado sin pérdida de antigüedad y el Comando General le restituirá a sus funciones”, mientras que de darse una condena disciplinaria, “la Sanción comenzará a contabilizarse a partir de la suspensión”.
La sentencia constitucional fue aprobada por los magistrados Ligia Velásquez, Gualberto Cusi, Soraida Chánez y Mirtha Camacho, mientras que se abstuvieron Ruddy Flores, Efrén Choque y Neldy Andrade Martínez. Velásquez y Chánez fueron suspendidas de sus funciones tras instaurarse en su contra un juicio de responsabilidades por la suspensión de la vigencia de la ley del Notariado.
La ley 101 enumera 18 faltas graves, entre ellas la venta de armas de la institución; recibo de dádivas y otros beneficios personales; instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión; ser encontrado en flagrancia cometiendo acciones delincuenciales o en vinculación con personas del hampa.
Cusi dice que no halla abogado para su defensa
Las declaraciones informativas que debía presentar el magistrado Gualberto Cusi ante la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados fueron suspendidas hasta este martes, debido a que no asistió acompañado de su abogado. El denunciado señaló que ningún profesional quiere asumir su defensa por temor a ser procesado por el Gobierno, y que el Ejecutivo no quedará en paz hasta no tener el control total del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
Visiblemente demacrado, Cusi llegó a las instalaciones legislativas para presentar sus declaraciones dentro de la denuncia presentada en su contra, por haber dejado temporalmente sin efecto la Ley del Notariado. Por este mismo proceso fueron suspendidas sus colegas Soraide Chanez y Ligia Velásquez.
Suspenden para hoy audiencia de Cusi por la Ley del Notariado
Nadie quiso representar al magistrado Gualberto Cusi quien es procesado por la Ley del Notariado. Cusi se presentó ayer solo, sin abogado, en lo que tenía que ser la audiencia informativa como parte del juicio de responsabilidades. El presidente de la Comisión de Justicia, Juan Carlos Cejas, no tuvo otra opción que suspender la cita para hoy a las 16:00.
"Magistrado Cusi queda oficialmente notificado para su declaración informativa, esta sesión está garantizada, no hay ningún tipo de persecución política, se retomará la sesión a las 16:00 del 23 de septiembre”, dijo el presidente del Comité de Justicia.
Cusi es acusado por la notaria Norka Yakelin Soto Serrudo y Sdenka Yovana Udaeta España, presidente del tribunal de honor de la Asociación del Notariado, debido a que suspendió la Ley del Notariado y causó vacíos legales, según las denunciantes.
El magistrado afirmó que hasta mañana es posible que un amigo abogado de Beni asuma su defensa, porque ningún jurista quiere asumir esa responsabilidad. "Existen muchos intereses, presiones de carácter político, los abogados con que trabajé con anterioridad fueron víctimas de amenazas, persecuciones y al presente ninguno de los abogados quiere asumir la defensa, es una situación muy difícil”, denunció el magistrado.
No obstante, Cejas dijo que este caso no es "político” y que haga a un lado sus chicanerías jurídicas. Aclaró que en caso de que Cusi no tenga un jurista que lo defienda tendrán que aplicar la ley y recurrir a un abogado de defensa pública porque nadie puede declarar sin un abogado.
Entre los juristas que rechazaron asumir la defensa del magistrado se encuentran José Antonio Rivera, Cecilia Rocabado y uno de apellido Bascopé, que coincidieron -conforme a declaraciones de Cusi- en no defenderlo porque temen que se les inicien procesos.
La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados postergó, en junio, la investigación que le sigue a Cusi sobre la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley del Notariado, porque estaba internado en un centro médico debido a su delicado estado de salud.
Suspendido El magistrado Cusi aseguró ayer que la "decisión está tomada” en la Asamblea Legislativa, y anticipó que la semana siguiente será suspendido de sus funciones.
Procesados El magistrado Cusi es procesado en el juicio de responsabilidades junto a dos de sus colegas Ligia Velásquez y Soraida Chánez.
Convocatoria El jueves pasado, Cusi fue citado a declarar ante la Comisión de Justicia donde debía explicar su actuación en la firma de un auto que admitió una demanda contra la Ley del Notariado.
Ligia Velásquez, magistrada suspendida del tribunal constitucional “Mis actuaciones siempre han estado en el marco de la ley”
Tengo la certeza y la convicción de que mis actuaciones siempre han estado en el marco de la ley y lo ético”, sostiene Ligia Velásquez, magistrada suspendida del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), quien el próximo 21 de octubre será juzgada junto a su colega Soraida Chanez por supuestamente haber emitido una resolución contraria a la Constitución.
La magistrada aceptó conversar con Página Siete, luego de que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Bolivia indicara -a través de un comunicado- que el proceso contra su persona y Chanez "podría comprometer y afectar la independencia judicial en el país”.
En octubre de 2011, Velásquez fue la tercera candidata con más votos, detrás de Gualberto Cusi y Efren Choque, en las primeras elecciones de magistrados en la historia del país. A su parecer, el hecho de que ahora se la pretenda juzgar en una instancia parlamentaria, como es el Senado, es inconstituicional.
En la actualidad es procesada por los supuestos delitos de prevaricato e incumplimiento de deberes, tras de ser una de las magistradas que determinó suspender la vigencia de la Ley del Notariado.
La magistrada aclara, además, el porqué se suspendió esa norma, y explica que sus acciones siempre fueron legales.
¿Cómo recibió la noticia del pronunciamiento del Alto Comisionado de las NNUU?
El Alto Comisionado, como manifestó en su comunicado, hizo un seguimiento desde el inicio de la denuncia; y a raíz de ello, y seguramente tras un estudio y un análisis ha determinado que existen graves riesgos a la independencia judicial; pero por sobre todo que existe vulneración a derechos en este proceso iniciado contra mí y otros magistrados del TCP.
Además, señala que va a seguir observando este proceso para garantizar que se respeten nuestros derechos.
Pero, ¿qué significado tiene este pronunciamiento para usted?
Es un reforzamiento a lo que hemos manifestado desde un principio: que éste es un proceso injusto porque nunca se ha cometido delito de ninguna naturaleza. Lo que hizo el TCP, a través de la Comisión de Admisión, es cumplir la ley, aplicar la ley. Esto significa que este proceso nunca debió haberse iniciado.
¿Por qué este proceso no tienen razón de ser para usted?
Porque se está revisando una determinación del TCP sin ningún elemento objetivo, atentando, además, a un Estado constitucional de derecho y vulnerando derechos y garantías constitucionales de quienes en este momento nos encontramos en un injusto proceso penal.
¿Por qué se decidió posponer la aplicación de la Ley del Notariado?
La Ley del Notariado, por mandato de la propia ley, si se revisa la disposición transitoria sexta, textualmente señala que "…el Ministerio de Justicia elaborará la reglamentación que corresponda para la aplicación de la presente ley en el plazo de 90 días calendario”. Lo que significa que la Ley del Notariado, por mandato de la misma ley, no estaba siendo aplicada desde el momento de su promulgación, que fue el 25 de enero (de 2014).
Entonces, para que esta ley se pueda aplicar, se necesitaba la reglamentación. Expresamente dice que para su aplicación se debe reglamentar. Esto significa que la Ley del Notariado, en ningún momento ha estado aplicable por disposición de la misma ley. Esta reglamentación debería haber estado concluida el 25 de abril de este año.
Entonces, ¿esa fue la observación que ustedes realizaron?
Exactamente. En ningún momento el auto que admite la acción de inconstitucionalidad presume que esta ley no sea constitucional. Lo que se hace es revisar que se cumplan los requisitos que el Código Procesal establece para admitir una acción de inconstitucionalidad; cumplidos estos requisitos es el pleno del TCP que hará el control de constitucionalidad que corresponda y determinará si es o no constitucional la ley.
Pero en ningún momento se presume que esta ley sea inconstitucional. Jamás el TCP, a través de la Comisión de Admisión, hizo una presunción de inconstitucionalidad, nunca.
Usted fue elegida por el voto popular…
Fui elegida por voto popular en octubre del 2011.
¿Recuerda un aproximado del porcentaje de apoyo que logró?
No recuerdo la cantidad de votos. Pero en general, quien obtuvo mayor votación para el TCP fue el magistrado Gualberto Cusi, luego estaba el magistrado (Efren) Choque, y yo fui la tercera más votada para el TCP; fui la primera mujer más votada.
Fue elegida por la ciudadanía y ahora se la pretende juzgar desde el Senado, ¿qué le dice esta situación?
He manifestado como persona de derecho que todos los ciudadanos debemos cumplir la Constitución Política del Estado (CPE). El momento en el que he jurado como magistrada titular he jurado cumplir la CPE.
Es por eso, que a raíz de este juicio, he planteado una acción de inconstitucionalidad concreta, porque la Ley 044 vulnera la CPE al crear una comisión especial de juzgamiento penal para magistrados de los órganos de justicia. Porque la CPE establece que la facultad de impartir justicia es del Órgano Judicial; y también establece que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales.
Y esta ley crea esta comisión especial delegando a la Asamblea Legislativa la posibilidad de juzgar. Considero que esta ley (044) va contra la Constitución porque una sanción penal sólo puede emerger de un juez competente.
¿Cómo influye en usted como persona toda esta situación que le toca vivir?
Cuento con todo el apoyo de mi familia. Cuento con el apoyo de amigos y compañeros de estudio, además, de un total respaldo hacia toda la labor que he realizado en el campo profesional.
Tengo la certeza y la convicción de que mis actuaciones siempre han estado en el marco de la ley y lo ético; acercándome lo más posible a la justicia que es para lo que el pueblo boliviano me ha elegido: para impartir justicia constitucional.
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Ministra de Justicia será parte del proceso
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, dijo que su despacho se sumará al proceso que existe en el Ministerio Público para esclarecer los sucesos del domingo ocurridos en la cárcel de máxima seguridad de El Abra a tiempo de demandar que la investigación sea extrema hasta que se dé con los responsables.
“Caiga quien caiga no se puede tolerar que en un centro penitenciario se realicen este tipo de situaciones (en referencia a la fiesta que se realizó) inclusive que hayan salido volantes, realmente esto es intolerable”, dijo la autoridad de Estado.
Afirmó que su despacho se constituirá en parte del proceso que se está llevando a cabo en la ciudad de Cochabamba para que las autoridades correspondientes realicen la investigación.
“Esto es el colmo de que en un recinto penitenciario se estén realizando de fiestas y agasajos que terminaron con la trágica situación de muertos y heridos”, afirmó.
Asimismo, dijo que la investigación a realizarse debe identificar a todas las personas que estuvieron involucrados en estos hechos, incluso se hizo referencia a que jueces y otros funcionarios judiciales participaron de la fiesta que se organizó en El Abra en conmemoración de la Virgen de Urkupiña.
Finalmente, indicó que si bien este tipo de actividades de festejo se dan en otros centros penitenciarios demandó para que exista un mayor control desde las direcciones de Régimen Penitenciario para evitar el ingreso de armas de fuego, alcohol y drogas.
“Por eso estamos haciendo críticas y por eso vamos a hacer la denuncia y realizar el seguimiento respectivo”, afirmó.
La juez de Ejecución Penal en Cochabamba, Yolanda Ramírez, la encargada de velar por el cumplimiento de las condenas en las cárceles del valle, participó del festejo que los reclusos de la penitenciaría El Abra celebraron y que terminó en una tragedia con cuatro muertos.
El periódico digital Oxígeno conoció el martes que Ramírez formó parte del festejo y acudió a la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, quien dijo que pidió un informe sobre los hechos ocurridos en la cárcel de El Abra y expresó sus serias dudas de que la autoridad judicial haya sido partícipe de la fiesta. Sin embargo, este jueves se conoció que realmente ocurrió aquello.
“Se ha dispuesto iniciar un proceso disciplinario en contra de esta autoridad judicial, porque como autoridad judicial no podía estar participando en este tipo de actividades donde los organizadores son reclusos que están bajo su control y su supervisión”, dijo Johnny Rocha, representante del Consejo de la Magistratura en Cochabamba.
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Video Jueces cautelares de Sucre deciden programar sólo 5 audiencias por día
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Video El Consejo de la Magistratura instruyó investigar a la jueza que participó en la fiesta de El Abra
UE apoyará la reforma judicial con 15 millones
La Unión Europea (UE) apoyará a Bolivia con 15 millones de euros a partir del 2015 para iniciar un programa de reformas en el sistema judicial de Bolivia que involucra a los ministerios de Justicia, Gobierno y de la Presidencia, además del Órgano Judicial y el Ministerio Público.
El jefe de Cooperación de la UE, Francisco García, dijo que será la primera vez que esta instancia internacional ingresa a cooperar al sistema judicial, debido a que desde que llegó al país su apoyo fue dirigido a programas de desarrollo integral, agua y saneamiento, y en este último tiempo de forma directa a la lucha contra el narcotráfico.
“Es primera vez, es algo nuevo en esta estrategia del 2014 al 2020. Al principio nos va a llevar un tiempo hasta que arranquemos”, indicó García.
Nacionalizar la justicia
“Entonces ahí estamos empezando lo que creo que ya se ha conseguido, el que el tema de la reforma de la justicia esté en la agenda nacional, hace cuatro años nadie hablaba de justicia, pero hoy todo el mundo habla de qué queremos hacer con la justicia. Lo que estamos intentando es reunir a todos los involucrados”, agregó.
Dijo que si bien la UE tiene un diagnóstico de los problemas que existen en Bolivia referidos al tema judicial, el objetivo es que las propias instancias que administran la justicia y las que tienen relación directa o indirecta con ella, planifiquen y encuentren soluciones a los problemas.
“Tiene que ser el Gobierno de Bolivia, igual que en el tema del narcotráfico que tiene peculiaridades, la justicia tiene la justicia indígena, entonces hay que encontrar la manera boliviana de hacer las cosas”, explicó García.
Aseguró que a partir del próximo año se iniciarán las reuniones de trabajo para tener con más claridad el programa.
“La mayoría de los bolivianos no confían en su justicia, ése es el problema y es el que hay que resolver, que la gente pueda tener acceso a la justicia”, dijo.
UE confía en Bolivia
El jefe de cooperación de la Unión Europea (UE), Francisco García, dijo que a pesar de la crisis por la que atraviesan los países europeos, el apoyo económico para Bolivia sigue creciendo porque los programas subvencionados tienen resultados.
“Bolivia es uno de los pocos países en el mundo donde la cooperación va a aumentar porque como saben en Europa estamos en crisis. (Esto sucede) porque vemos que se están dando resultados. Influye de todo un poco, una cooperación donde tengamos resultados, compromiso político, lo que nos importa a todos es la reducción de la pobreza y en Bolivia ha bajado bastante”, dijo.
García informó que la ayuda económica entre 2007 y 2013 fue de 241 millones de euros, y para el 2014- 2020 se tiene previsto un apoyo de 281 millones de euros, un 17 por ciento de aumento. “Lo que importa a la Unión Europea desde Bruselas, es que nuestra cooperación sea útil”.
Video Revelan fotos de la jueza Yolanda Ramirez en la fiesta de la cárcel de El Abra
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Abogado utilizaba redes para seducir a menores
Un abogado fue sorprendido ayer en su oficina intentando abusar sexualmente de un menor de edad. El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Julio Sanjinéz, afirmó que el acusado utilizaba las redes sociales, como el facebook, para seducir a sus víctimas que generalmente eran de 15 años.
Durante la aprehensión, el abogado recibió golpes de puñete y patadas de los familiares del menor que era acosado.
El acusado será procesado por los delitos de corrupción de menores y violación. Ayer fue trasladado a celdas de la FELCC y en las próximas horas se realizará la audiencia cautelar.
De acuerdo con Sanjinéz, el abogado, identificado como David A. M., abusó sexualmente a varios menores.
La madre de una de las víctimas relató a los medios de comunicación que revisó el celular de su hijo donde encontró varios mensajes de seducción, ofertas de regalos e invitaciones a salidas. A través de esos mensajes fue que la Policía logró la aprehensión del abogado.
UN FISCAL, UNA JUEZ Y UN POLICÍA ERAN CÓMPLICES SE REVELAN LOS TANCARAVÍNCULOS
Los miembros de la denominada corte de alias El Tancara, Édgar Ariel Tancara, quedaron en evidencia tras la caída del director departamental de Régimen Penitenciario de Cochabamba, la renuncia de comandante departamental de Policía, Alberto Suárez, y los procesos administrativos al gobernador del penal de El Abra, Yuri Duk, y la jueza de ejecución penal Yolanda Ramírez. Además, investigan a un fiscal por presuntamente favorecer a delincuentes.
El grupo, que imperaba en el penal de El Abra, gozaba aparentemente de la protección de los burócratas de la administración carcelera, cuyos integrantes --se cree-- recibían una parte de los ingresos generados por el grupo.
Según las investigaciones preliminares, El Tancara, quien mantuvo poder absoluto en El Abra por espacio de cinco años hasta que fue denunciado, mantenía ciertos nexos con el Director de Seguridad del penal, el Director de Régimen penitenciario y, en especial, con jueces de ejecución penal, quienes autorizaban sus salidas especiales.
Tres casos. Esta oscura relación de delincuentes con policías, operadores y administradores de justicia, derivó ayer en la segunda renuncia, la del coronel Alberto Suárez a la Comandancia Departamental de Cochabamba.
Suárez señaló que su decisión obedece a la investigación a la presunta violación de una mujer en instalaciones de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) y las acusaciones de agresión a su pareja; empero se conoció que su salida se debió por su relación con el Director de El Abra, quien afronta, al menos, otros siete procesos disciplinarios internos.
Ambos jefes policiales, ahora, son objeto de una investigación que lleva adelante la Dirección de Investigación Profesional de la Policía (Didipi), además de que deben asumir defensa dentro de un juicio penal
A ello se suma el caso de la jueza Yolanda Ramírez, quien será procesada por el Consejo de la Magistratura por haber asistido a la fiesta de los reclusos en El Abra, anunció Johnny Rocha, miembro de la institución disciplinaria.
Los vínculos de poder, por ahora, han sido destruidos, afirmó el fiscal general Ramiro Guerrero, a tiempo de señalar que un equipo de fiscales y peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) avanza en la investigación de la balacera en el penal de El Abra que dejó cuatro muertos y 11 heridos el pasado domingo. Guerrero comentó que la primera acción del IDIF fue el levantamiento de evidencias y las autopsias.
Video Juez admite que asistió a fiesta en penal de El Abra donde hubo matanza de reos
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CAMBIAN A FISCALES DE LA ZONA SUR DE LA PAZ
Debido a denuncias sobre supuestas irregularidades, seis de siete fiscales destinados a la zona Sur de La Paz serán cambiados de destino para transparentar el trabajo del Ministerio Público, informó el fiscal departamental José Ángel Ponce. Entre los removidos está Elmer Laura, sobre quien pesan denuncias por diversas causas.
Fiscal de trata y violencia dice que carga laboral es aplastante
Frida Choque Téllez es la fiscal que más casos de violencia atiende en el municipio de La Paz. Con 12 horas de trabajo y al menos dos denuncias recibidas cada día, ella califica la carga laboral como "aplastante”.
Choque integra la Fiscalía Especializada en Víctimas de Atención Prioritaria (FEVAP) que trata los delitos estipulados en las leyes 348, de violencia hacia la mujer, y 263, de trata y tráfico.
Su oficina está ubicada en la avenida Entre Ríos, detrás del Cementerio General. Su jurisdicción abarca los macrodistritos de Max Paredes y Hampaturi.
En la urbe paceña tiene seis colegas. Tres atienden los casos de la Periférica y San Antonio, dos los de Centro y Cotahuma, y uno los de la zona Sur. Cada uno de estos fiscales se encarga de unos 300 delitos, pero no igualan a Choque porque su jurisdicción es "una zona conflictiva, muy alegre, muy folklórica”.
"La carga laboral es aplastante, es inmensa. Y no sólo (para mí), para cada fiscal (que atiende) 300 casos también”, dijo.
Ella trabaja los siete días de la semana. De lunes a viernes, un día común ella despierta a las 6:00, cocina hasta las 7:00, desayuna y se asea hasta las 7:30. Después toma la línea roja del teleférico en la exestación de trenes y baja detrás del cementerio.
Llega a las 8:00 a una oficina donde se acumulan los expedientes, dispone de 45 minutos para informar a los agresores sobre sus procesos, recibe a individuos en conflicto penal y se hacen las 10:30. Revisa los memoriales que llegan (hasta 50 por día) y a las 12:30 vuelve al teleférico para almorzar en su casa.
Por la tarde, de 14:30 a 22:00, hace resoluciones, resuelve conminatorias y asiste a audiencias. Además de ir a constantes talleres, como oyente o expositora.
Después de cenar en casa con el esposo, sigue con las resoluciones hasta la media noche.
A pesar de lo "aplastante” que puede llegar a ser el trabajo, Choque se muestra feliz con lo que hace e intenta transmitirlo a las víctimas de violencia. "Las mujeres muchas veces creen que cuando se casan deben cambiar la realización personal por la de ama de casa, madre o esposa; pero esto no debe ser así, debemos entender que hay que buscar la felicidad”.
Para los agresores, por lo general varones dijo que "la gente cree que la Ley 348 es para separar parejas, el sentido es otro: cambiar mentalidades”.
La solución al problema de la sobrecarga de procesos para los fiscales de la FEVAP, según ella, pasa por incrementar la cantidad de fiscales y sus auxiliares. Además de mejorar los ambientes de trabajo.
El 80% de los casos se concilia
El 80% de los procesos a cargo de la fiscal Frida Choque que más avance tienen se resuelven mediante la "técnica de conciliación”, la cual consiste en llegar a un acuerdo de reparación del daño entre víctima y agresor .
Según ella, esta figura es distinta a la simple "conciliación”, la cual según la Ley 348 puede darse excepcionalmente sólo por una vez.
"La conciliación es un instituto legal que permite la conclusión del conflicto penal. Entonces, si llegamos a un acuerdo de la reparación del daño mediante resolución yo pido al juez que se homologue esta conciliación”, dijo Choque.
La representante del Ministerio Público explicó que la mayoría de las personas cree que la Ley 348 tiene el fin de encarcelar a los agresores, cuando en realidad la finalidad es la prevensión, atención, protección y reparación de las víctimas de violencia.
"El agresor debe saber que la ley no es únicamente un castigo, también es ayuda”. Ejemplifica con las "sanciones alternativas”, como el compromiso de cambiar de conducta, servicio comunitario y demás, cuando el delito es leve.
Cochabamba Zonifican y digitalizan sistema para agilizar las notificaciones
La implementación de un sistema informático, la zonificación de la ciudad en 26 áreas y la organización del trabajo de los cerca de 30 funcionarios de la Central de Notificaciones del Tribunal Departamental de Justicia permiten entregar en el día cerca de 1.500 memoriales de 35 juzgados.
Se trata de un proyecto piloto, que ha comenzado con los juzgados de materia penal y de familia, y se ha constituido en un modelo en el ámbito nacional, informó el representante regional del Consejo de la Judicatura, Johnny Rocha.
Según la responsable de la Central de Notificaciones, Aleyda Gómez Iporre, los juzgados ya no son responsables de las diligencias de sus procesos, los documentos son ingresados al sistema informático y son entregados a la central.
En la unidad registran los trámites, que llevan un código de barras, a través de un lector óptico. Una vez realizada la citación o notificación también se incorpora al programa informático para su control.
El sistema establece diariamente qué funcionario va a ocuparse de una determinada zona. Deben guiarse por el croquis que presentan los litigantes.
Son 26 zonas que comprenden todos los distritos de la ciudad y también las cárceles.
Para Gómez es una meta entregar todos los papeleos en el plazo previsto de 24 horas. En muchos casos se trata de trámites para la asistencia familiar y es urgente para las demandantes. Dentro de poco también se incluirá al tribunal de violencia hacia la mujer.
Ahora, el servicio es gratuito. Antes los litigantes debían recoger a los oficiales de diligencia de sus juzgados, en algunos casos esperaban por horas y tenían que correr con el costo de su transporte, recordó Gómez.
﻿Reconocen la eficiencia
﻿La presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani, entregó el pasado 28 de agosto un reconocimiento a la Central de Notificaciones del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba por su eficiente laboral.
En la oportunidad señaló que la unidad legal entrega diariamente más memoriales que las oficinas de La Paz y Santa Cruz.
También relievó que la responsable de la unidad, Aleyda Gómez, ha participado como coordinadora de la implementación de las oficinas en los departamentos de Santa Cruz, La Paz, Sucre, Tarija, Potosí, Beni y Oruro.
Destacó que además de responder a los juzgados deben encargarse de citar a los jueces ciudadanos.
Justicia socializa la Ley de la Juventud
La ministra de Justicia, Sandra Gutiérrez, informó ayer que en coordinación con el Consejo de Juventudes de Bolivia (Conjubol) organizaron un seminario para socializar el contenido de la Ley 342, de la Juventud, en el que participaron estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de Santa Cruz.
“La ley garantiza a las y los jóvenes el ejercicio de sus derechos, su diseño institucional e implementación de las políticas públicas para su desarrollo integral en corresponsabilidad”, explicó Gutiérrez.
Agregó que esa norma establece un conjunto de acciones que deben propiciarse para un rol protagónico de la juventud en el Estado, en el marco de los derechos y deberes establecidos para ese grupo.
En promedio, un fiscal atiende dos casos de violencia por día
En promedio, poco más de dos casos llegan cada día al escritorio de un representante de la Fiscalía Especializada en Persecución de Delitos de Violencia (FEVAP). En los municipios de La Paz y El Alto, 14 fiscales especiales atendieron 5.113 casos de estos delitos en el primer semestre de este año.
Según los datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) del departamento de La Paz, de enero a junio se pasó a conocimiento de ese organismo 5.113 delitos. "Así corresponde, los casos que recibimos se pasan a la Fiscalía”, explicó el director departamental de la FELCV, Franklin Llanos.
En la urbe paceña, siete fiscales especiales para tratar delitos estipulados en la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia N° 348 atendieron 3.062 casos. En El Alto trabajan otros seis fiscales, que en seis meses recibieron otros 2.051.
En 19 provincias -se excluye Murillo- no hay fiscales especializados para la Ley 348, por lo que la atención la brinda un fiscal de materia.
El fiscal departamental, José Ponce, explicó que en las provincias no son "muy necesarios” esos fiscales, por la baja cantidad de delitos de violencia (918 en seis meses). "Es La Paz y El Alto donde necesitamos, porque la cantidad de fiscales es insuficiente”, dijo.
Investigadores en la FELCV
En la FELCV del departamento de La Paz trabajan 140 investigadores (seis son prestados de la Policía Rural y Fronteriza). De enero a junio de este año atendieron 6.031 casos, un aproximado de uno cada cuatro días.
La brecha entre denuncias y personal disponible es uno de los principales obstáculos para que la Ley 348 se aplique a cabalidad, según el coronel Llanos.
Los investigadores están distribuidos de la siguiente forma: 76 en la ciudad de La Paz, quienes atendieron 3.062 denuncias; 22 en El Alto, que recibieron 2.051 y 36 en las provincias, que se encargaron de los 918 restantes.
De acuerdo con los datos de la institución policial, de los 6.031 casos sólo el 87% -es decir 5.226- se trató con cuadernos de investigación. El resto, 805 casos, no los tiene porque no son investigaciones en sí, sino cumplimientos de órdenes judiciales o verificaciones, explicó Llanos.
Entre los 5.226 sobresale la violencia física (2.364), psicológica (unos 1.400), cinco feminicidios, 11 violaciones y 1.355 sucesos denunciados de violencia familiar, entre otros.
El 95% tiene que ver con casos de violencia hacia la mujer.
El 3 de agosto de este año fueron posesionados seis jueces especializados para dar cumplimiento a la Ley 348, que se promulgó en marzo de 2013.
Según el vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia, Ricardo Chumacero, tres jueces trabajan en la ciudad de El Alto y otros tres en La Paz. "Es una cantidad muy limitada para la cantidad de casos. Tampoco hay infraestructura”.
Aplican la norma
Ley La quinta disposición transitoria de la Ley 348, marzo de 2013, señala que: "La Fiscalía General del Estado adoptará las medidas para la creación de las fiscalías de materia especializadas contra la violencia hacia las mujeres dentro de los tres meses de promulgada esta norma”.
Búsqueda En distintas ciudades del país se realizaron reuniones interinstitucionales para plantear los obstáculos a la aplicación de la Ley 348 y buscar soluciones prácticas, cuya implementación dependan de instituciones específicas.
Alcaldía de El Alto declara alerta contra la violencia hacia la mujer
El alcalde de El Alto, Édgar Patana, declaró ayer alerta municipal contra la violencia hacia las mujeres debido a la gran cantidad de casos de violencia y feminicidios que se reportaron en esta ciudad.
Según un boletín de prensa, la declaratoria conlleva la realización de una campaña intensiva de valores ciudadanos, como "el respeto, amor al prójimo, responsabilidad, empatía y principios ancestrales como el Ama Sua (no seas ladrón), Ama Llulla (no seas mentiroso) y Ama Quella (no seas ocioso)”.
La decisión de la primera autoridad edil se ampara en el artículo 37 de la Ley 348: "Las entidades territoriales autónomas también podrán declarar alerta de violencia en toda o en parte de sus respectivas jurisdicciones”.
La misma norma establece que la alerta contra la violencia puede declararse cuando se registre un alto índice de delitos "contra la vida, la libertad y la integridad física, psicológica o sexual de las mujeres en un territorio determinado”.
De acuerdo al Centro de Información y Desarrollo de la Mujer (CIDEM) los feminicidios en el municipio de El Alto se incrementaron en los últimos años. En 2009 hubo 21, en 2010 fueron 24, en 2011 se registraron 16, la cifra subió a 26 en 2012, a 27 en 2013 y hasta junio de este año se cometieron seis feminicidios. No obstante estos datos difieren de los casos atendidos por la Policía.
Por esta razón, la Dirección de Atención Ciudadana y Coordinación con Entes Territoriales, conjuntamente con organizaciones sociales y medios de comunicación, realiza seminarios en los 14 distritos de la urbe alteña.
Los seminarios tienen tres ejes temáticos: principios y valores ciudadanos, gestión municipal y agenda 2025.
Sin embargo, aún no se brindó información sobre otras acciones, como la reasignación de recursos económicos para la atención de la alerta, contemplada en la Ley 348 para estas situaciones.
En agosto, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia pidió al Gobierno nacional y a los locales declarar la alerta contra la violencia hacia la mujer por los constantes delitos. Lo mismo hizo la
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TCP declara inconstitucionales 6 requisitos de ingreso a Unipol
El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró inconstitucionales seis requisitos que la Universidad Policial (Unipol) exigía a los postulantes a oficiales y suboficiales, luego del recurso presentado por la Defensoría del Pueblo en febrero de 2013.
"Mostramos nuestra satisfacción por este fallo. Creemos que no es contra la Policía, sino a favor de los y las jóvenes bolivianos que optan por seguir estudios en los institutos de formación policial y esto les era impedido por situaciones inherentes a su condición, decisión o autoidentificación”, dijo ayer el defensor del Pueblo, Rolando Villena.
La acción de inconstitucionalidad fue presentada en febrero de 2013, después de que 86 aspirantes a la Unipol fueran rechazados por no cumplir con algunos requisitos, como el de la estatura mínima. El 5 de septiembre de este año el TCP dio a conocer su sentencia.
Se exigía que los varones midieran como mínimo 1,70 metros y las mujeres 1,60. Este requisito beneficiaba a grupos reducidos e iba en desmedro principalmente de indígenas, según Villena. "La estatura exigida no aseguraba que la persona se encontrara físicamente apta para defender a la sociedad y conservar el orden público”, señaló.
En relación a ser soltero o soltera y no tener hijos, el TCP consideró que estos requisitos no son necesarios para cumplir la misión constitucional asignada a la institución policial.
Tampoco se permitía a quienes ingresaban a la institución académica tener tatuajes, marcas o señales adquiridas en lugares visibles. Esta prohibición, de acuerdo con el TCP, lesiona el derecho al libre desarrollo de la personalidad y otros como la libertad de expresión, de culto y la autoidentificación cultural.
Además, se impedía la inscripción a los postulantes cuyos padres tenían antecedentes penales, lo cual, según la sentencia constitucional, vulnera las garantías del debido proceso, ya que extiende la supuesta responsabilidad de un acto delictivo a terceros sin ningún fundamento.
Por último, en cuanto a los antecedentes policiales de los postulantes, el TCP considera que éstos no deben ser un impedimento para ingresar a la Unipol, porque se vulnera la presunción de inocencia; pero sí pueden considerarse "de manera integral de acuerdo con las circunstancias, gravedad y reiteración”, añadió Villena.
Página Siete intentó obtener la opinión del rector de la Unipol, Luis Cerruto, pero no fue posible. En relaciones públicas informaron que está de viaje.
Institución La Unipol es la instancia rectora de la Academia Nacional de Policías (Anapol) para aspirantes a oficiales, y de la Escuela Básica de Policía (Esbapol), para aspirantes a clases, sargentos y suboficiales.
Requisitos Según el defensor del Pueblo la sentencia del TCP es también un referente para los requisitos de ingreso a la Anapol y la Esbapol, que como instituciones dependientes de la Unipol deberán adecuar sus reglamentos.
Magistrada del TCP pide al Senado que escuche a la ONU
Una de las dos magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraide Chanez, expresó ayer su deseo de que el Senado escuche la preocupación manifestada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el juicio de responsabilidades en su contra.
“Es loable que esta organización se haya pronunciado, aunque con mucha distancia del suceso; sin embargo, es considerable para que esta apreciación sea tomada en cuenta por los senadores que llevarán a cabo el juicio y la sentencia”, manifestó Chanez.
Ayer, la Oficina en Bolivia del Alto Comisionado advirtió que el juicio contra Chanez y Velásquez ‘podría’ vulnerar el debido proceso y afectar la independencia de la justicia.
En los últimos días, Denis Racicot, representante del Alto Comisionado en Bolivia, ha venido haciendo observaciones a la actuación del Gobierno respecto a autoridades y a políticos con los que difiere. El último caso fue este comunicado.
Al respecto, Chanez indicó que a su parecer la manifestación de la ONU es “una apreciación un tanto sutil porque no es que ‘podría’, sino ha habido vulneración al debido proceso”.
Las magistradas Soraide Chanez y Ligia Velásquez fueron suspendidas de sus funciones por la Cámara de Diputados, acusadas de incumplimiento de deberes y otros delitos, debido a que determinaron posponer la aplicación de la Ley del Notariado con la admisión de un recurso de inconstitucionalidad en su contra.
El 21 de octubre comenzará el juicio de responsabilidades contra ambas. Un tribunal conformado por senadores las condenará o absolverá de los cargos que se les imputa
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Partidos cambiarán sistema judicial
La inseguridad ciudadana y todos los riesgos que conlleva la misma, como la violencia doméstica y el feminicidio, son los temas más urgentes que identifican las organizaciones políticas en el ámbito de la justicia para lo cual surgen diversas propuestas electorales. La coincidencia: una participación activa y efectiva entre Estado y sociedad.
En el tema de inseguridad ciudadana, las candidatas, los candidatos y representantes políticos plantean distintas propuestas como la creación de un brazo paralelo al de la Policía, donde sea la misma ciudadanía en coordinación con los municipios los que hagan efectiva una convivencia segura.
El planteamiento parte de la presidenta del Movimiento al Socialismo (MAS) Leonilda Zurita quien afirmó que entre las propuestas de su partido está el reforzar las leyes ya establecidas mediante un nuevo sistema que garantice seguridad para todos los bolivianos.
Por su lado, el candidato a la Presidencia, Samuel Doria Medina, quien participó la noche del viernes en el foro “Jóvenes por una Bolivia mejor”, afirmó que en el tema de seguridad ciudadana el 80 por ciento tiene que ver con la prevención y el otro 20 por ciento se relaciona con las sanciones o castigos a los delitos contra las personas.
Por su lado, la candidata a la Asamblea Legislativa por el Movimiento Sin Miedo, María Deheza, planteó un trabajo conjunto y coordinado entre Policía y la población. Puso como ejemplo el trabajo que se realiza en algunos barrios de la ciudad de El Alto.
Además del tema de la inseguridad viene paralelo otra problemática: la violencia doméstica y los hechos de feminicidio que en las últimas semana hicieron noticia.
El Partido Verde de Bolivia (PVB) plantea la necesidad de un referéndum e incluso la modificación del sistema judicial en el país. “Si es necesario debemos cambiar la Constitución Política del Estado para lograr un sistema judicial efectivo y que garantice que todos los bolivianos vivamos seguros”, afirmó su representante ante el Tribunal Supremo Electoral, Enrique Miranda.
Para el exdiputado de Convergencia Nacional y actual candidato por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Andrés Ortega, la creación y la aprobación de nuevas leyes sólo empeoraron las cosas puesto que la burocracia institucional incrementó considerablemente y con ella crecieron los hechos de corrupción.
Doria Medina, candidato de UD, dijo que si sale electo en las elecciones del 12 de octubre, creará un Ministerio de la Mujer y un Viceministerio que se dedique de forma exclusiva a atender los hechos de violencia doméstica y los feminicidios.
“Creemos que es fundamental que haya un Ministerio de la Mujer y que en ese Ministerio haya un Viceministerio que se encargue de la lucha contra la violencia. Tenemos una ley buena pero no hay recursos para atender a las mujeres que han sufrido violencia. Pero el tema más importante para frenar la violencia con las mujeres tiene que ver con la educación, si se enseña a los niños desde una edad muy corta que no se toca a las mujeres, con seguridad que va ir reduciendo ese tema”, afirmó el líder de UD.
Una jueza y pasantes, con arresto domiciliario
Una jueza de Partido Familiar y dos pasantes fueron sometidos a detención domiciliaria en una audiencia realizada en el Juzgado 5° de Instrucción en lo Penal, dirigida por el juez Juan Montalbán. El Ministerio Público acusa de corrupción a los operadores de justicia.
El procedimiento judicial duró más de seis horas. Los acusados, la jueza de Partido de Familia Irma F. y sus pasantes Patricia Y. y Orlando S., no tendrán custodio policial ni arraigo. La Fiscalía los imputó por los delitos de consorcio de jueces y abogados y hechos de corrupción, según la normativa penal vigente en el país.
El fiscal de materia Humberto Quispe explicó que este grupo operaba a través de la pasante del citado juzgado, Patricia Y., quien, en complicidad con la jueza, concertaba ciertos actos jurídicos a cambio de un determinado monto de dinero, con el objetivo de favorecer a una de las partes. Los casos estaban relacionados con divorcios y división de bienes, entre otros. Orlando S. fue implicado debido a que sabía de los hechos e incluso se supo que era parte de ellos.
Ante la decisión, Grover Salazar, uno de los abogados de los acusados, anunció que el fallo será apelado en las próximas horas, ya que, en su criterio, no se evaluó los elementos de descargo. “No hay seguridad jurídica y tampoco para el debido proceso”, expresó.
Dictan arresto en su casa para jueza Rita Fernández
El juez en suplencia del Juzgado IV de Instrucción en lo Penal, Juan Carlos Calvimontes, determinó ayer el arresto domiciliario para la jueza tercero de Partido de Familia, Rita Fernández, la abogada Patricia Yapuchura y Orlando Santa Cruz, acusados por corrupción y consorcio de abogados.
"El Ministerio Público lo que hizo es poner a conocimiento de la autoridad jurisdiccional el tipo penal para que sea valorado y si el juez considera medida cautelar de esta naturaleza la que debe corresponder, acatamos esa resolución”, informó Humberto Quispe, fiscal asignado al caso.
Después de una prolongada audiencia cautelar, que se inició a las 10:30 y concluyó cerca de las 17:00, el fiscal dijo que "no se debe olvidar que un arresto domiciliario es igual a una detención preventiva”.
Yapuchura ejercía como pasante del Juzgado III de Familia y Santa Cruz era personal de apoyo, que concertaban "ciertos actos jurídicos” a cambio de un determinado monto de dinero para favorecer a una de las partes, en casos de divorcios y división de bienes. El abogado de la jueza, Osvaldo Zegarra, desaprobó la decisión del juez cautelar. Anunció que apelará el fallo, porque la actuación "fue ilegal”.
Cusi dice que será suspendido
El magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gualberto Cusi, dijo ayer que correrá la misma suerte que sus colegas Soraida Chanez y Ligia Velásquez, una vez que la Cámara de Diputados lo convoque a declarar por el caso de la Ley del Notariado.
“El lunes o martes estarían procediendo a notificarme los del parlamento y con eso, una vez efectuada la declaración, bueno me suspenderían. Parecería que andan en ese juego, en ese plan”, manifestó ayer el Magistrado.
Cusi está acusado por incumpliendo de deberes y otros delitos por resolver la suspensión de la aplicación de la Ley del Notariado, junto a Chanez y Velásquez. Por esa decisión, ambas enfrentan ahora un juicio de responsabilidades en el Senado.
El magistrado regresó a sus funciones el pasado lunes, luego de estar ausente por baja médica. A su retorno denunció que todo el personal de su confianza fue removido de su cargo.
Fallas técnicas impiden ejecución de plan judicial
El denominado Plan de Emergencia para el Descongestionamiento de la Justicia impulsado por el Órgano Judicial que debía iniciar el 1 de septiembre en todos los distritos de Bolivia, no se aplica debido a problemas administrativos, según informó la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani.
A esto se suma la falta de una resolución que debe ser aprobada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ampliar las competencias de los jueces de provincias que serían trasladados hacia las ciudades para reforzar los juzgados de instrucción penal, según establece el plan de descongestionamiento.
“Hay un pequeño problema, con el tema del sistema informático estamos con algunas dificultades aquí en el distrito de Sucre, eso están modificando todo aquello”, dijo Mamani, además mencionó que faltan realizar algunos otros ajustes porque parte de este plan está financiado con recursos del Estado pero otro porcentaje está subsidiado por la cooperación internacional.
Por su parte, la presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Nuria Gonzales, indicó que los nueves distritos del país ya presentaron sus solicitudes de acuerdo a un cronograma establecido sin embargo aún no hay una respuesta desde el TSJ.
“Cochabamba lo ha hecho oportunamente para ver de qué manera podríamos encarar este plan de descongestionamiento pero la última resolución del TSJ que permita que empiece a funcionar este plan con la dotación de personal y el material de escritorio y técnico no se nos ha mandado es por eso que todavía no se ha iniciado”, indicó.
En Cochabamba, según el análisis establecido 10 jueces reforzarían los juzgados de instrucción penal, 5 vienen de provincias y 5 jueces técnicos que vienen del desdoblamiento de tribunales de sentencia.
“Con estos otros jueces de apoyo transitorio (por un lapso de 4 meses) ya deberíamos haber empezado el 1 de septiembre”, indicó.
Explicó también que estos jueces reforzarán a los otros 10 jueces de sentencia que ya existen, estos trabajarán en todo lo que son las audiencias conclusivas, los incidentes y todo lo que está rezagado y puedan descongestionar todo lo que es esta etapa investigativa del proceso y todo lo que corresponda remitir a juicio.
Trabajan en plan regional
La presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, Nuria Gonzales, informó ayer que a nivel regional también se trabaja en un plan de descongestionamiento de acuerdo a las propias necesidades, por lo mismo se ha estado sosteniendo reuniones constantes con jueces y personal de apoyo jurisdiccional para plantear soluciones.
“Para establecer circulares y directrices que vayan a contribuir a descongestionar con la elaboración de actas más ágiles más breves, con revisiones adecuadas. Con los jueces, igual estamos trabajando para que se hagan audiencias priorizadas de detenidos de delitos graves para dar la prioridad que la propia Constitución exige en la tramitación de las causas”, indicó.
Agregó que de acuerdo a la Constitución Política de Estado (CPE) también se debe dar celeridad a los casos que involucren a niños, niñas, adolescentes y mujeres.
Gonzales indicó también que con estas acciones se debería mejorar el sistema judicial de manera progresiva porque estaban siendo diseñadas con ese objetivo, por lo tanto a partir de la aplicación de estas acciones se tendrían resultados.
Video Juez Rita Fernández es detenida acusada de corrupción
Preparan sorteo de jueces ciudadanos para juicio por caso Imbolsur I
Tarija, (EL DIARIO).- El abogado del representante de la empresa Imbolsur, Hugo La Faye, informó que el Ministerio Público estableció el 30 de septiembre la realización del sorteo de jueces ciudadanos para el juicio por el caso Imbolsur I, que se derivó al Juzgado de Villa Montes desde la gestión pasada, donde uno de los imputados es el exgobernador del departamento, Mario Cossío Cortez.
Según hizo conocer La Faye, en caso de conformarse el tribunal, el juicio podría instalarse el 2 de octubre. Sin embargo, observó que el juez de Villa Montes, tiene un parentesco familiar directo con el actual ministro de Hidrocarburos, Marcelo Sosa, situación que podría crear susceptibilidad entre los imputados.
Aclaró que la primera vez que se suspendió el juicio por el caso Imbolsur I que se instaló en la ciudad de Tarija, fue a pedido del Ministerio Público, la segunda vez porque uno de los jueces ciudadanos se apartó el caso por una relación de parentesco con el gobernador interino, Lino Condori, a lo que sumó la renuncia de una de las jueces ciudadanas que era de la tercera edad y que presentó problemas de salud.
En ese sentido, La Faye, indicó que todas las situaciones por las que se dilato el juicio no fueron atribuidas por acciones de los imputados, sino fueron por situaciones externas atribuibles al Ministerio Público, dijo- Al indicar que si existe retraso en el caso no es por las acciones legales de los imputados.
“Como abogado defensor de uno de los imputados estamos preparados para terminar con esta situación, que estamos llevando por varios años, como está ocurriendo en la actualidad”, precisó.
El juicio por el caso Imbolsur I, se instaló por primera vez en abril del 2013, por la renuncia de dos jueces ciudadanos, luego el juicio se trasladó al juzgado de Entre Ríos, donde en octubre del mismo año, no se logró concretar el sorteo de jueces ciudadanos y pasó al juzgado más cercado, en este caso Villa Montes.
Los imputados en el caso es el exgobernador Mario Cossío Cortez y al ex Director Ejecutivo de la Prefectura, Alejandro Rodas Rojas por supuesto incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y conducta antieconómica al Estado por suma de 1 millón 339 mil 100 bolivianos y a Félix Edgar Cardoso, por el supuesto delito de incumplimiento de contrato.
El caso Imbolsur I, se refiere al supuesto incumplimiento de la empresa en el abastecimiento de 2.900 toneladas de cemento asfáltico para la construcción del tramo vial Puerta El Chaco- Canaletas.
Jueza pide a funcionarios públicos capacitarse para agilizar procesos
La jueza de violencia contra las mujeres Sara Susana Céspedes Sempértegui aseguró ayer que la capacitación de los funcionarios públicos permitirá reducir la burocracia en la atención de los procesos de víctimas de agresiones.
Desde su perspectiva, es importante que tengan formación en la temática de género y en la Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Toda Forma de Violencia (348).
Dijo que en sus 12 años de ejercicio como abogada detectó como el principal error en el sistema judicial es la burocracia. “Los procesos son largos y dilatorios. Eso debe ser frenado” aseguró.
Añadió que la atención debe ser inmediata porque se trata de la defensa de los derechos de las víctimas y de la reparación de los daños.
En la entrevista ofrecida a OPINIÓN, Céspedes dijo que se trata de un gran desafío profesional y personal el llevar adelante el Juzgado de reciente creación.
Afirmó que el reto es disminuir este tipo de violencia con la agilidad que merece ser respondida cada denuncia que llegue al estrado judicial.
Mencionó que buscará apoyo de las organizaciones que trabajan en la temática de género para guiar su trabajo en el marco de lo correcto y en cumplimiento de la norma.
Destacó el rol de los medios de comunicación en el seguimiento que realizan de las causas desde su denuncia. Eso permite transparentar el desarrollo de los procesos, concluyó la jurista.
La jueza Sara Susana Céspedes recordó que también es encargada de ver los delitos de corrupción. Aseguró que se trata de un área muy compleja.
La Ley 348 se ha promulgado con el fin de “desburocratizar” los procesos judiciales y para ofrecer una atención pronta y oportuna a las víctimas de agresiones.
Mencionó la importancia de la creación del nuevo Juzgado porque en el ámbito nacional, Cochabamba ocupa el primer lugar en casos de toda forma de violencia.
Hasta ayer recibió dos procesos. El número será incrementado después de que se incluya al nuevo Juzgado en el sistema informático y en la atención de demandas en Plataforma.
Las mujeres que son víctimas de alguna forma de violencia puede acudir a las oficinas de Servicios Legales Municipales (Slims) para realizar su denuncia y en busca de apoyo legal y psicológico.
Una jueza es imputada por presunta corrupción
Luego de encontrar evidencias en su contra y de prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público, la jueza tercero de Partido y Familia de La Paz, Rita Fernández, fue imputada por delitos de corrupción y trasladada la tarde de ayer a celdas judiciales a la espera de la audiencia de medidas cautelares que se realizará en las próximas horas.
El fiscal Humberto Quispe informó que en el operativo realizado la tarde del martes también se aprehendió a una colaboradora de la jueza que tenía la función de pasante, además de un abogado.
"Al existir la probabilidad, la detención preventiva de estos sujetos activos del delito ya que los mismos son con probabilidad autores y partícipes del delito. Existen estos elementos ya que se han encontrado dentro del despacho judicial de la señora jueza muchos memoriales, proyectos firmados por la doctora Patricia Capichura que también trabajaba dentro de este mismo juzgado como pasante donde las partes le favorecían en la proporcionalidad”, expresó el fiscal.
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Betty Yañíquez: ‘Hay que hacer una revolución de la Justicia’
Fue Fiscal de Distrito y ahora es candidata a diputada uninominal por la Circunscripción 7, en la zona Sur de La Paz. Plantea una revolución de la Justicia y siete pilares de desarrollo para las zonas a las que representa
— ¿Por qué siendo fiscal decide ir como candidata a diputada uninominal por el MAS?
— He trabajado muchos años en la administración de la Justicia. He logrado muchos éxitos en mis estudios profesionales, tanto en Bolivia como en el exterior. Entonces, uno se dice: creo que es hora de cambiar, de tener otra faceta, de colaborar desde otras funciones y es por eso que me animé a ser candidata.
— ¿Qué la motivó a postularse por el MAS?
— Desde 2005 hasta la fecha he visto muchos cambios trascendentales en el país como nunca se habían dado. Creo que estamos viviendo la mejor etapa. Hay cambios en la salud, educación, tenemos estabilidad social, política y económica; entonces, creo que todo eso se ha logrado gracias a este gobierno y bajo el liderazgo del presidente Evo Morales.
— ¿Qué opina del revocatorio para las autoridades judiciales?
— Es un tema que se debe debatir ampliamente.
— ¿Cómo fortalecer el sistema judicial tan cuestionado?
— Para cambiar la imagen de la justicia hay que hacer una revolución de la justicia. Es un tema muy amplio, pero de manera resumida le digo que en mi propuesta consideramos la meritocracia para elegir autoridades, la capacitación de los operadores de justicia, los principios y los valores, algo que los operadores de justicia ya se han olvidado. Y algo bien importante es el cambio de actitud, podemos tener las mejores leyes, pero si no hay un cambio de actitud de los operadores de justicia, no va a pasar nada. Tiene que ser gente idónea, honesta y calificada.
— ¿Cuáles son las propuestas para su circunscripción?
— Propongo siete ejes para la Circunscripción 7. Éstos son: la seguridad ciudadana, la gestión de servicios básicos para zonas desprotegidas, salud y deporte, creación de juzgados y descentralización de Derechos Reales, gestión de la elaboración de una ley que dé oportunidades de trabajo al profesional recién titulado; educación con distinción y gestión para la creación de las reglamentaciones de las leyes a favor de las mujeres.
— De todos ellos, ¿cuáles son los más importantes?
— En temas de seguridad ciudadana quiero gestionar para que se cree una Patrulla del Sur. Una organización que trabaje de manera coordinada entre la Subalcaldía de la zona, la Policía Nacional, la Junta de Vecinos y en casos especiales hasta puede intervenir el Ejército. Propongo la creación de juzgados y la descentralización de Derechos Reales para evitar la excesiva burocracia que hay en el momento en los trámites. Ante la necesidad de oportunidades para profesionales recién titulados, se hará realidad una ley que garantice un trabajo digno para los jóvenes. En educación voy a gestionar computadoras portátiles Quipus para los niveles de primaria y secundaria, y en salud voy a gestionar un hospital de tercer nivel y además una morgue en la zona.
Nombre: Betty Yañíquez Lozano
Cargo: Postulante a diputada uninominal de la Circunscripción 7 de La Paz.
De fiscal a candidata a diputada
“Me declaro masista y evista”, precisa la aboga Yañíquez, quien desempeñó funciones como subalterna del Poder Judicial, abogada en la profesión libre, jueza de instrucción en lo penal, jueza electoral de La Paz, jueza del nuevo sistema penal y fiscal de distrito, entre otros cargos. Realizó numerosos cursos de posgrado, entre ellos de Derecho Penal Económico impartido por la Universidad Autónoma de Madrid, España, y la Gabriel René Moreno en Bolivia. Aclara que sus propuestas no serán ejecutadas como alcaldesa, sino que gestionará ante el Ejecutivo como diputada.
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