Source: https://www.abogados10.net/falsificacion-de-documentos/
Timestamp: 2019-01-22 16:52:34
Document Index: 68996038

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 1225', 'artículo 299', 'artículo 324', 'artículo 317', 'artículo 1225', 'artículo 395', 'artículo 390', 'artículo 395', 'artículo 398', 'artículo 397', 'artículo 399', 'artículo 31', 'artículo 66', 'artículo 33']

¿Qué es la falsificación de documentos del código penal?
Falsificación de documentos oficiales públicos o privados
La falsificación de documentos y el falso testimonio es uno de los delitos más conocidos, al menos de manera popular, aunque no todo el mundo sabe con detalle en qué consiste este tipo de delito.
Hace unos meses, cuando se destapó el caso del presunto máster fraudulento de Cristina Cifuentes, la que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid, comenzó a hablarse mucho en los medios de este y otros delitos (como el de denuncia falsa) que de manera presunta habrían cometido Cristina Cifuentes y algunos profesores o responsables de la Universidad Rey Juan Carlos.
El caso Cifuentes fue el inicio de una serie de casos que afectan a los políticos españoles y sus privilegios a la hora de conseguir títulos universitarios. Como aquí no tratamos de hablar de política sino de derecho, hoy profundizamos en los delitos de falsificación de documentos.
Las noticias sobre Cifuentes y los másters fraudulentos no son las únicas que han llevado a la palestra estos delitos, pues desde hace años de manera frecuente saltan noticias sobre sentencias judiciales relacionadas con la falsificación documental.
Dos ejemplos claros son Oriol Pujol, condenado a dos años y medio de cárcel en sentencia firme por este y otros delitos, o los juicios a la cúpula directiva de Bankia. Con respecto a Bankia, recientemente el que fuera su presidente, entró en prisión para cumplir una condena de cuatro años y medio, pena que se puede ampliar pues todavía tiene causas pendientes con la justicia.
Mucho ojo con esto, porque tras conocer en qué consisten el castigo y las penas por este tipo de actos, ni los pequeños se atreverán a intentar modificar sus notas de manera fraudulenta.
Y una vez introducido el tema, vamos a ver todo lo relativo a la falsificación de documentos a continuación.
1 Qué es el delito de falsedad documental
1.1 Falsificación de documentos públicos
1.2 Falsificación de documentos privados
2 Falsificar firma sin consentimiento: Consecuencias
2.1 ¿Y qué dice el Código Penal?
2.2 Falsificación de certificados
Qué es el delito de falsedad documental
El delito documental viene definido en el Código Penal, mediante la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, en el Título XVIII de falsedades. Así, el Capítulo II del Título XVIII del Código Penal trata sobre la falsificación de documentos y allí se habla de: falsificación de documentos públicos, falsificación de documentos privados, falsificación de certificados y falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje.
En el Código Penal estos delitos están descritos en los artículos que van desde el 390 hasta el 299 bis.
La falsedad de documentos públicos, prevista en los artículos 390 al 394 del Código Penal, incluye también documentos oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación.
Estos delitos pueden ser únicamente cometidos por la autoridad o los funcionarios en el ejercicio de sus funciones. Si tenemos dudas sobre el concepto de autoridad o funcionario público, estas figuras están descritas en el artículo 24 del Código Penal.
El delito consiste en cometer falsedad en documento público u oficial induciendo a error en el tráfico jurídico acerca de la autenticidad del documento.
Este comportamiento puede darse por acción y por omisión. Esto último sucede cuando el funcionario, obligado por ley a consignar en el documento un dato relevante, omite hacerlo quedando por tanto modificado el sentido del documento confeccionado.
La falsedad de documentos públicos incluyen supuestos como la alteración del propio documento, la conducta de simular un documento para crear uno nuevo que no sea el auténtico, la falsedad ideológica, esto es, intervenir en un acto personas que no han participado en la realidad o mentir en la narración de unos hechos.
En el caso de faltar a la verdad, este supuesto puede producirse también por omisión, siempre que tal omisión sea relevante para el significado probatorio del documento en cuestión.
En cuanto a los documentos mercantiles, se consideran como tal atendiendo a jurisprudencia los siguientes:
Los citados expresamente por el Código de Comercio o leyes mercantiles especiales, tales como letras de cambio, pagarés, cheques, cartas, órdenes de crédito, cartas de porte, conocimientos de embarque, resguardos de depósitos y muchos otros.
Las representaciones gráficas del pensamiento, creadas con fines de preconstitución probatoria, destinadas a surtir efectos en el tráfico jurídico y que refieran a contratos y obligaciones de naturaleza comercial, a los que plasman y acreditan.
Las representaciones gráficas del pensamiento destinadas a acreditar dichos contratos, tales como facturas, albaranes de entrega y otros semejantes.
La jurisprudencia afirma que, en términos generales, un documento es verdadero cuando su contenido concuerda con la realidad que materializa. Y es genuino cuando procede íntegramente de la persona que figura como su autor. Pero no debe confundirse el documento “genuino” con el documento “auténtico”, pues el término autenticidad tienen en nuestro lenguaje un significado más amplio y profundo que el mero dato de la procedencia o autoría material.”
Un documento simulado no es considerado en el lenguaje ordinario ni en el ámbito jurídico como “auténtico” por el mero hecho de que la persona que aparece suscribiéndolo coincida con su autor material.”.
Algunos ejemplos prácticos de falsedad de documento público son: firmar un formulario administrativo imitando la firma del titular de una finca para atribuirse derechos, falsificar permisos de conducir y documentos de identidad que sean nacionales o extranjeros, sustituir la fotografía del DNI o pasaporte por otra que no es la del titular, rellenar el formulario de denuncia a la Inspección de Trabajo con los datos y firma de otra persona como denunciante simulando ser otra persona, elaborar un informe por parte del secretario de un Ayuntamiento otorgando certeza a una factura que no es real o incluso falsificar el formulario de solicitud de matrícula en un centro educativo.
En el caso de los documentos mercantiles, se consideran documentos falsos el uso de membretes y formularios de una empresa alterados, la alteración de formularios obsoletos, la firma simulada en tickets de compra, la elaboración de tickets de estacionamiento regulados para evitar el pago del aparcamiento, alterar contratos, etc.
El delito de falsedad documental, lo que conocemos como falsificación de documentos, no se limita únicamente a los documentos públicos o mercantiles, sino que puede ser extensible a los documentos privados, y así viene redactado en los artículos 395 y 396 del Código Penal.
El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el documento privado como “el que autorizado por las partes interesadas, pero no por funcionario competente, prueba contra quien lo escribe o sus herederos”. Esta definición es una extensión de la segunda acepción de documento en el que se fija que este concepto es el “escrito en el que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo”.
En el Código Civil, a diferencia de lo que sucede con el documento público, no se da una definición de Documento Privado, únicamente se señala que tiene el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubieren suscrito y sus causahabientes, artículo 1225.
La Ley de Enjuiciamiento Civil lo declara en su artículo 299 como medio de prueba y lo define en su artículo 324 de modo negativo señalando que serán documentos privados a modo de prueba aquellos que no se hallen en ninguno de los casos del artículo 317:
Resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales y testimonios que de las mismas expidan los Letrados de la Administración de Justicia, antiguos secretarios judiciales.
Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados o certificados por estos en operaciones que hubieran intervenido.
Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones o con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las administraciones públicas o de otras entidades de derecho público.
Al no existir de manera clarificadora un criterio que defina los documentos privados, lo habitual es dividirlos atendiendo a dos órdenes.
Son documentos privados las negociaciones, bilaterales o unilaterales recepticios, formalmente siempre autónomos.
Los no negociables o latos, unilaterales no recepticios, que se forman para usos de control de su propio autor y pueden ser utilizados contra él como medios de prueba. Estos pueden ser formalmente autónomos o accesorios.
El Código Civil exige expresamente la firma en el artículo 1225 para considerar documentos privados. No obstante, esto no supone que la firma sea el requisito que condicione la cualidad documental en sí, pues no existe precepto legal alguno que así lo exija, ni excluye al docimento no firmado por su otorgante de la posibilidad de ser judicialmente probados por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.
En el caso de los documentos privados, algunos ejemplos de esta práctica son: la falsificación de fotocopias, falsificación de actas de asambleas de asociaciones, la simulación de orden de transferencia escaneando una firma auténtica para darle apariencia de verdadera, etc.
Falsificar firma sin consentimiento: Consecuencias
Aunque en el caso de los documentos privados, la falsificación de la firma está en un posible limbo jurídico, para con los casos de documentos públicos, esta acción está penada en el ordenamiento jurídico.
Por la misma se inicia un proceso penal que conlleva que se inicie un procedimiento judicial contra una persona que puede acarrearle en los casos más graves posibles penas de prisión.
En caso de que una persona sea víctima de falsedad documental o de firma, los pasos a seguir deben ser los de acudir a la Policía o Guardia Civil a denunciar los hechos o bien, redactar por escrito una denuncia y presentarla ante el Juzgado de Guardia, bajo la asesoría de un abogado.
Si se documenta finalmente la falsedad de la firma tras abrir una investigación judicial, la pena puede ser la establecida en alguno de los artículos que van del 390 al 399 bis, que son los que se refieren al delito de falsedad documental.
En estos artículos citados se hace referencia a la capacidad de “perjudicar a otro” y la falsificación de la firma sería, por ejemplo lo mostrado en los puntos 1 y 2 del artículo 395 del CP:
1º Alterando un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial.
2º Simulando un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad”
¿Y qué dice el Código Penal?
Como hemos comentado, el Código Penal introduce en sus artículos del 390 al 399 bis, e incluso el 400, toda una serie de preceptos en los que están descritos los supuestos de delito por falsificación de documentos.
En el caso de los documentos públicos, oficiales o mercantiles, el Código Penal prevé distintas penas atendiendo al autor de este ilícito penal. La pena va a ser distinta si el autor del hecho es autoridad o funcionario público y comete la falsificación en el ejercicio de sus funciones y en el caso de que el autor del mismo sea un particular.
Cuando el autor de los hechos es un funcionario público o una autoridad, el artículo 390 del Código Penal establece una pena de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años.
En cambio, si quien comete estos delitos es un particular, la pena impuesta es inferior, pues la pena va de los seis meses a los tres años de prisión y una multa de seis a doce meses. No existe inhabilitación puesto que no se ocupa un cargo público.
El castigo no acaba ahí para quien comete estos actos, ya que no intervenir en la falsificación también puede acarrear consecuencias. Un ejemplo es la persona que trafica, de cualquier modo, con un documento de identidad falso, a la que pueden caerle penas de prisión de seis meses a un año y multa de tres a seis meses. Este supuesto afecta es igualmente aplicable en caso de que el documento de identidad falso pertenezca a otro estado de la UE, haya sido falsificado y/o adquirido en la UE o en un tercer estado.
En caso de que la falsedad del documento sea utilizada para perjudicar a otro, la pena será inferior en grado, pero seguirá siendo un acto delictivo con consecuencias penales.
Todos estos supuestos vienen ampliamente descritos en los artículos del 390 al 394 del CP: falsificación de documentos públicos, oficiales y mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación.
La falsificación de documentos privados está prevista en el artículo 395 del CP. Anteriormente vimos algunos ejemplos de esta práctica, y como existen muchas más, es lógico pensar que se legisle esta práctica delictiva.
Así, la pena ante estos supuestos puede alcanzar desde los seis meses a los dos años en caso de que alguien quiera cometer las siguientes irregularidades para perjudicar a otro:
Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuir a las que se han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes a las que hubieran hecho.
Como ocurre con los documentos públicos, el Código Penal prevé castigos para particulares que, siendo conocedores de la falsedad de documento privado, lo presenten en juicio o hagan uso del mismo para perjudicar a otro. En este caso la pena se rebaja en grado.
Por último, es interesante anotar que el CP castiga también la falsificación de certificados y por eso es adecuado meterlo en este artículo de falsificación de documentos. Están descritas diferentes penas en virtud de si quien comete dicha falsificación es un facultativo, una autoridad, un funcionario público o un particular.
Estos delitos están desarrollados en los artículos 397, quien comete el delito es un facultativo; el 398, funcionarios o autoridades; y el 399, los particulares. En el caso del artículo 398, quedan excluidos los certificados relativos a la Seguridad Social y la Hacienda Pública.
Las penas descritas en el artículo 397 son de multa de tres a doce meses. Si es la autoridad o un funcionario quien comete el delito, el castigo en la suspensión de seis meses a doce años. Más enrevesado es el castigo para el delito cometido por particulares porque, aunque la pena sea menor, de tres a seis meses, en caso de que la certificación o el no haber participado en su falsificación, será del mismo grado.
En el artículo 399 bis, lo que queda regulado es la falsificación de tarjetas de crédito o débito y cheques de viaje. Este artículo dice lo siguiente:
1. El que altere, copie, reproduzca o de cualquier otro falsifique las tarjetas de crédito o débito o cheques de viaje, será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años. Se impondrá la pena en su mitad superior cuando los efectos falsificados afecten a una generalidad de personas o cuando los hechos se cometan en el marco de una organización criminal dedicada a estas actividades.
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los anteriores delitos, se le impondrá una multa de dos a cinco años.
Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueves y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) y g) del apartado 7 del artículo 33.
Atendiendo a todo lo expuesto, es momento de reflexionar y ser conscientes sobre los efectos que puede tener un hecho que, por insignificante y poco nocivo que pueda parecer, acabará desencadenando en un mal sueño si acaba descubriéndose.
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