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Timestamp: 2019-08-21 00:40:54
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Matched Legal Cases: ['artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 10', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 250', 'artículo 16', 'artículo 347', 'artículo 447', 'artículo 3', 'artículo 447', 'artículo 447', 'artículo 447']

El contenido del derecho al debido proceso penal
, para ser practicada de forma concentrada en el curso de un juicio oral, público y con todas las garantías procesales
La incorporación de elementos de juicio al proceso: principios de oralidad, publicidad e inmediación.
Oportunidad procesal de la diligencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004.
Objetivo de la diligencia del artículo 447 de la Ley 906 de 2004.
Estructura constitucional del artículo 447 del Código de Procedimiento Penal.
No existe, por lo tanto, en un proceso de naturaleza acusatoria, la posibilidad de practicar o introducir elementos de valoración por fuera de audiencia
El contenido del derecho al debido proceso penal.
El derecho fundamental a la defensa se halla previsto en el artículo 10 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en el canon 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el precepto 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la norma 26 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo 7.6 y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en el precepto 29 de la Carta Política nacional. De estas normas se derivan, entre otros, los derechos esenciales de cualquier persona a ser oído, a presentar las pruebas que considere que pueden favorecer su situación tanto en el proceso como respecto de la duración de pena, de las condiciones en que se ejecutará la sentencia que se emita en su contra y la posble concesión de subrogados que permitan darle cumplimiento de la forma menos gravosamente posible, a contradecir las pruebas y argumentos que pretendan afectar sus pretensiones y a impugnar la decisión.
«Las garantías que integran el debido proceso, y entre ellas el derecho de defensa, son de estricto cumplimiento en todo tipo de actuaciones, ya sean judiciales o administrativas, pues constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico42. Debe destacarse que la tutela constitucional de este derecho no se dirige a proteger el riguroso seguimiento de reglas de orden simplemente legal, sino el manejo de reglas procesales para tomar decisiones que puedan justificarse jurídicamente, es decir, hay que ver el debido proceso desde el ámbito constitucional»43. (Negritas agregadas).
Así mismo, la Corte Constitucional ha sostenido que una de las principales garantías del debido proceso es el derecho a la defensa, entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, «de ser oíd[a], de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga»44.
Así mismo, la Corte Constitucional ha destacado la importancia del derecho a la defensa en el contexto de las garantías procesales, señalando que con su ejercicio se busca «impedir la arbitrariedad de los agentes estatales y evitar la condena injusta, mediante la búsqueda de la verdad, con la activa participación o representación de quien puede ser afectado por las decisiones que se adopten sobre la base de lo actuado». Acorde con ello, ha reconocido igualmente que el derecho de defensa es una garantía del debido proceso de aplicación general y universal, que «constituye un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico»45.
Debido a que en el escenario del proceso penal los intereses jurídicos que se ven comprometidos y las consecuencias jurídicas que tiene para el procesado, su familia y la sociedad, principalmente -aunque no exclusivamente- cuando se imponen penas restrictivas de la libertad personal, es allí en donde el derecho de defensa debe proyectarse con mayor intensidad46.
Por ello, esta Sala47 también ha destacado que «El concepto de defensa, como derecho público subjetivo del imputado, constituye junto con las nociones de acción y jurisdicción, uno de los pilares básicos sobre los que se asienta la idea del proceso penal como estructura normativa destinada a armonizar la pretensión punitiva del Estado, la libertad individual y las exigencias de la correcta y legítima administración de justicia dentro del Estado de Derecho trazado en la Constitución Política».
Con base en lo anterior, es preciso afirmar que el derecho a la defensa técnica, resulta determinante para la validez constitucional del proceso penal48, pues basta observar la importancia de los intereses que se hallan en juego dentro de este tipo de procesos, para determinar su especial trascendencia en ámbitos tanto individuales como colectivos y la imperiosa necesidad de que se garantice su vigencia en todos los espacios de actuación procesal.
En este sentido, la Corte Constitucional ha sido «unívoca, consistente y sólida, en el sentido de sostener que, a luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, no pueden consagrarse excepciones al ejercicio del derecho de defensa, esto es, no puede edificarse sobre él restricción alguna, de manera que debe entenderse que la defensa se extiende, sin distingo ninguno, a toda la actuación penal, incluida por supuesto la etapa preprocesal, conocida como investigación previa, indagación preliminar o simplemente indagación»49. (Negritas de la Sala).
Concretamente, en la sentencia C-799 de 2005, al estudiar una demanda de inconstitucionalidad dirigida, entre otras normas, contra el artículo 8, inciso 1, de la Ley 906 de 200450, por violación del derecho de defensa al permitir su ejercicio tan solo a partir del momento en que se efectuara la formulación de imputación, la Corte Constitucional afirmó que la aplicación de este derecho dentro del proceso penal se extiende desde la etapa preprocesal, y a partir de ella a todos los demás actos procesales hasta la decisión final.
Inherentes al derecho a la defensa, se hallan otro grupo de principios esenciales para la práctica probatoria; entre ellos se desataca el derecho a la contradicción, que le permite a las partes y especialmente a la defensa, acceder a cualquier prueba que se pretenda hacer valer dentro del proceso y a alegar cuando se considere oportuno, con la legítima finalidad de poder influir en la decisión del juez de forma que favorezca sus propios intereses51.
La jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el alcance de estos principios, reiterando y respaldando la naturaleza y fines que les asigna la teoría de la prueba como criterios rectores de la producción y valoración de los medios de convicción52. De este modo, se ha venido desarrollando una decantada línea jurisprudencial que ubica al principio de contradicción –al igual que al principio de inmediación-, como uno de los parámetros de constitucionalidad de obligada observación introducidos por el Acto Legislativo 03 de 2002.
«En relación con las facultades del imputado dentro del actual paradigma constitucional de tendencia acusatoria se ha pronunciado esta Corporación en numerosa jurisprudencia53, en la cual se sostiene que el poder de prueba dentro del actual esquema acusatorio se radica tanto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación, como en cabeza del acusado y del Juez. Se afirma que en el nuevo sistema acusatorio -numeral 4 y el último inciso del artículo 250 de la Carta- se introdujeron modificaciones importantes en materia probatoria, dentro de las cuales se encuentra el alcance de los principios de inmediación y de contradicción, ya que las pruebas se han de practicar dentro de la etapa de juzgamiento ante el juez y los jurados y, además, ofreciendo tanto a la Fiscalía como a la defensa el derecho de contradicción». (Se destaca por la Corte Suprema de Justicia).
Por su parte, esta Colegiatura54 ha realizado diversos pronunciamientos que han contribuido a dotar de contenido los artículos 377, 378 y 379 de la Ley 906 de 2004, que a su vez desarrollan los artículos 15, 16 y 18 ejusdem, conforme con los cuales el acusado tiene derecho a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y rodeado de todas las garantías, y ha destacado su naturaleza de normas rectoras del ordenamiento penal adjetivo55, que como bien es sabido, tiene la consecuencia de irradiar todo el proceso judicial imponiendo la igualdad de oportunidades para las partes e intervinientes de ejercer la defensa de sus derechos.
Del mismo modo, esta Corporación56 ha señalado que en materia probatoria, el derecho a la contradicción desde su perspectiva probatoria, «comprende el derecho a ofrecer y producir pruebas cuando corresponda, el de controlar plenamente la producción de las pruebas ofrecidas por las otras partes, el de alegar acerca del mérito de las mismas y el de realizar todas las observaciones que sean pertinentes durante el curso del debate57».
Insistentemente, la Sala ha afirmado que la garantía de la controversia probatoria no resulta satisfecha con la sola posibilidad de que la parte pueda rebatir el mérito de la prueba una vez haya sido practicada, sino que se requiere, para garantizar plenamente la operancia de este derecho, brindar la oportunidad a la parte contra quien se aduce la prueba, de contrainterrogar al testigo, según así surge del principio rector consagrado en el artículo 16 de la Ley 906 de 2004 cuando establece que la prueba debe estar sujeta a confrontación y contradicción. Así igualmente se colige del inciso final del artículo 347 ejusdem, en cuanto determina que las exposiciones recibidas por la Fiscalía General de la Nación no adquieren el carácter de prueba cuando no han sido practicadas con sujeción al contrainterrogatorio de las partes58.
Desde esta perspectiva, la Corporación ha sido enfática al afirmar que el derecho a la contradicción no se limita a la posibilidad de contrainterrogar o confrontar a un testigo59, ni a estar presente en determinada diligencia60, sino que esta garantía puede desplegarse por medio de múltiples formas de gestión defensiva61, tales como la aportación probatoria, el planteamiento de críticas sobre su contenido62, la contraprueba, las alegaciones y las impugnaciones, entre otras.
«Las partes y los intervinientes pueden ejecutar actos de contradicción a través de la crítica probatoria, la motivación de los recursos, etc. Pero, también, se controvierte con medios probatorios, los cuales tienen el específico fin de controvertir sus contenidos para determinar la eficacia, legalidad, mismidad o alcance del producto probatorio construido y con el que se debe resolver el problema jurídico que dio origen al proceso o también se puede cuestionar otro medio o un órgano de prueba»63.
De esta forma, se produce un cambio del viejo aforismo según el cual lo que no obra en el expediente no existe, por el de contenido acusatorio según el cual lo que no se introduzca en audiencia pública no existe, implicando que las actuaciones procesales, y entre ellas el decreto de la prueba, su introducción, su traslado, su práctica y su contradicción deben producirse en audiencia de forma oral. Por lo anterior, cada una de las decisiones adoptadas debe fundamentarse exclusivamente en los elementos presentados oralmente en audiencia, quedando proscritas todas las actuaciones que no reconozcan el derecho con que cuenta el acusado a ser escuchado, a presentar pruebas, a conocer las que se presenten en su contra y a ejercer el contradictorio64.
Del mismo modo, con relación a la fundamentación de la sentencia, el principio de oralidad impone que la prueba que soporta la decisión judicial, en todos sus extremos, sea aquella que se ha sido practicada de forma oral ante el juzgador, quien debe percibirla y recibirla de forma personal y directa, garantizando su efectivo conocimiento a las partes el ejercicio del derecho a la contradicción. Con razón se ha afirmado, que el sistema acusatorio exige que la prueba se produzca necesariamente en el juicio de manera contradictoria65.
Por su parte, el principio de publicidad, implica que la prueba incorporada sea pública para las partes y los intervinientes procesales. Este principio pretende superar la posibilidad de que pruebas ocultas, secretas66, huérfanas de contradicción sirvan para fundamentar la decisión judicial.
Ahora bien, el principio de inmediación consagrado en el art. 250.4 fundamental, es consecuencia de la oralidad y se orienta a exigir que la prueba sea producida ante el juzgador, es decir, que quien decide la litis, debe proferir su decisión de acuerdo a las impresiones que se forma directamente de la prueba67. Igualmente, el principio de inmediación emerge como consecuencia del reemplazo del sistema de la tasación probatoria, en el que cada prueba tenía asignada determinada fuerza demostrativa, puesto que ahora, con la presencia del juez, la prueba no se tasa sino que se valora, de acuerdo con la depuración que de ella se realiza mediante el ejercicio del contradictorio.
En ambos casos, se parte de la base de que en contra del procesado se proferirá sentencia condenatoria, bien sea porque fue vencido en el juicio oral, anuncio que se realiza una vez evacuada la práctica probatoria, o bien porque el procesado aceptó su responsabilidad en los hechos, lo que se materializa en el acta de allanamiento o en el acuerdo pactado con la Fiscalía, aprobado por el juzgador luego de verificar la voluntariedad, libertad y espontaneidad de la aceptación, la eficaz asesoría del defensor y la existencia de un mínimo de prueba a partir de la cual inferir la tipicidad de la conducta y la participación en ella, que conllevan al convencimiento del fallador de que lo pactado se ajusta la legalidad. El trámite del artículo 447 de la Ley 906 de 2004 es consecuencia directa del derecho a la defensa y de los principios de humanidad de las sanciones penales68, de dignidad humana y de acceso a la justicia.
El principio de necesidad se entenderá en el marco de la prevención y conforme a las instituciones que la desarrollan.”
Ahora bien, el artículo 3º del Código Penal debe interpretarse de consuno con el 4º del mismo plexo legal, de manera que se pueda vincular la necesidad de la sanción con cada una de las funciones de la pena previstas en dicha norma como son, la necesidad de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección del condenado, respecto de las cuales la Corte Constitucional señaló69:
Dando alcance a este espíritu interpretativo, la Sala ha sostenido en una pacífica línea jurisprudencial70, que durante la audiencia del artículo 447 ídem, las partes no pueden pronunciarse en relación con aspectos que rebasen su objetivo, razón por la cual queda excluida cualquier actividad que exceda los propósitos anteriormente señalados, pues esta diligencia no constituye una nueva oportunidad para que se debata la responsabilidad del enjuiciado, toda vez que el anuncio del sentido del fallo en el proceso ordinario significa que el juez ya superó el debate respecto de la responsabilidad penal y adoptó una decisión de carácter condenatorio, o tratándose de allanamiento a cargos o de acuerdos previamente aprobados, la condena tuvo como fundamento el consenso ajustado a la Constitución y a la ley.
Con razón, la Sala ha sostenido, que la diligencia contemplada en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004 «no es un espacio propicio para alegar circunstancias que puedan afectar los extremos punitivos de la sanción, basados en aspectos que tuvieron incidencia directa en la comisión del delito, tales como los dispositivos amplificadores del tipo (tentativa y coparticipación, arts. 27 y 29 C.P., respectivamente), la determinación de los delitos continuados o masa (par. Art. 31 C.P.), el exceso en las causales de justificación (inc. 2 núm. 7º art. 32 C.P.), la situación de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema (art. 56 V.P.) y la ira o el intenso dolor (art. 57 C.P.) »71.
Para iniciar, es necesario destacar que el trámite del artículo 447 ídem debe realizarse bajo la metodología de la audiencia y con pleno desarrollo del principio de oralidad72, lo cual conlleva a la inexistencia de un expediente73 que recoja este trámite, sin perjuicio de las actas que a manera de constancia de su desarrollo se extiendan. Debido a lo anterior, las solicitudes, acreditaciones fácticas y jurídicas, argumentaciones y decisiones deben verificarse en desarrollo de la audiencia, ya que solo lo que en ella se incorpore puede servir de fundamento para a las decisiones que se profieran.
La Sala74 ha sostenido, en criterio que se reitera, que para desarrollar el cometido anterior, las partes pueden aducir los elementos probatorios y evidencia física con que cuenten para respaldar sus planteamientos, pero que esta actividad probatoria, como se ha dicho, se contrae estrictamente a las condiciones que le permitirán al juez arribar a la probable determinación de la pena aplicable y a la concesión de algún subrogado, quedando vedada toda iniciativa probatoria o argumentativa que desborde este objetivo.
Denota lo anterior, que no la sentencia debe ser emitida inmediatamente a la culminación de la intervención de las partes con posterioridad al anuncio del sentido del fallo, ni a éstas les está vedado aportarle al juez aquellos elementos de conocimiento que le permitan adoptar una decisión, no solamente acorde al ordenamiento, sino a la realidad que cada caso ofrece, pues la administración de justicia no puede ser considerada como la realización de actos secuenciales y repetitivos, por ende alejados de la naturaleza de la función y la índole de sus destinatarios, sino que va dirigida precisamente a juzgar la conducta de seres humanos que, independientemente de la condición de culpabilidad o inocencia en que se hallen, o la gravedad o levedad del comportamiento atribuido, merecen toda la consideración y respeto por parte de los dispensadores de justicia»75. (Negritas de la Sala).
En los demás momentos procesales lo que en realidad ocurre es la acreditación de los hechos puestos de manifiesto por las partes al juez como fundamento de sus peticiones, técnica también debe ser utilizada en las audiencias preliminares, y que se diferencia con la práctica probatoria en los siguientes aspectos: (i) La práctica de pruebas se realizar con el propósito de establecer la responsabilidad penal del procesado, y la acreditación de hechos se emplea para demostrar aspectos diferentes a la responsabilidad criminal; (ii) debido a la importancia del tema que decide la práctica de pruebas, esta se halla rigurosamente reglamentada por el legislador nacional76 en cuanto a sus fines, oportunidad, pertinencia, admisibilidad, metodología de producción, criterios de valoración, tipología, excepciones, etc.; por el contrario, toda vez que la acreditación de hechos se dirige, o bien a depurar el proceso penal de todas aquellas circunstancias que deben definirse previamente al juicio oral para permitir que este se concentre en la determinación de responsabilidad, o a aspectos colaterales a la decisión judicial; esta metodología demostrativa no se halla reglamentada por el legislador, lo cual ha conllevado equivocadamente a entender que la reglamentación de la prueba, esto es la del juicio oral, debe también aplicarse en las diligencias que no ostentan tal naturaleza; (iii) el estándar de convicción de la prueba es el de más allá de toda duda, debido a que ésta se produce con el objetivo de acreditar o desvirtuar la responsabilidad del procesado, por el contrario, el estándar de convicción de la acreditación de hechos es menor, con algunas fluctuaciones que permiten que este aumente o disminuya dependiendo del asunto a decidir, vgr. no es lo mismo acreditar la necesidad de un comiso que la de imponer una detención preventiva, etc.; (iv) la metodología de la producción de la prueba es de naturaleza estricta, pues a ella se deben aplicar las reglas establecidas por la Ley 906 de 2004, tal y como son el juramento, las directrices normativas del examen de testigos, del interrogatorio cruzado, del contrainterrogatorio, de las oposiciones, del examen separado de testigos, de la impugnación de credibilidad del testigo, de la admisibilidad de los informes periciales, las instrucciones para interrogar al perito, para la apreciación de la prueba pericial, los criterios de admisibilidad de publicaciones científicas y de prueba novel, la utilización de métodos de autenticación e identificación de documentos, las reglas de admisibilidad de documentos procedentes del extranjero, las de traducción, presentación y apreciación de documentos, las reglas relativas a la inspección y a la prueba de referencia. Por el contrario, la acreditación de hechos es de naturaleza informal; (v) en la actividad probatoria solo participan el juez y las partes procesales, en la acreditación de hechos pueden concurrir también los intervinientes.
A manera de ejemplo, cabe anotar que la acreditación de hechos puede realizarse por medio de77: (i) la presentación argumentativa de los antecedentes de que disponen las partes, esto es, la explicación verbal que realizan acerca de sus antecedentes y fundamentos, y respecto de la cual, la parte contraria tiene la posibilidad de negarlo o dar una versión diferente o alternativa; (ii) la verificación de los documentos en que se fundan las solicitudes que se están realizando, en de un espacio informal para que el juez pueda cerciorarse rápidamente de que la información presentada se halla debidamente sustentada, con lo cual no se requiere la lectura plena de los escritos, sino una breve revisión para formar la convicción que requiere el asunto en discusión; (iii) llevando a la audiencia fuentes de información tales como testigos y peritos, actividad que debe ser absolutamente excepcional por el riesgo que implica para el sistema la reproducción del juicio oral y que no se regirá por las normas que regulan la práctica probatoria en él, sino que operará muy informalmente.
Igualmente, se ha podido verificar que el estudio encomendado fue realizado78, al igual que se aportó un informe técnico de valoración médica realizado por el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien recomendó que el paciente fuera evaluado y tratado rápidamente por psiquiatría forense79, dependencia que también rindió su respectivo concepto80, en el que concluyó que «El señor CARLOS ARTURO GALVIS OCAMPO padece de un trastorno depresivo mayor tiene un alto riesgo de suicidio, (sic) por lo que es recomendable atención psiquiátrica urgente, instauración de plan fármaco terapéutico-sicoterapéutico, además es de suma importancia el que esté acompañado permanentemente por un familiar cercano dado el alto riesgo de suicidio. En el momento de esta valoración no está capacitado para laborar de forma ordinaria»81.
Así mismo, se ha constatado que el 12 de enero de 2012, la secretaría del Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Armenia corrió traslado por escrito82, del informe técnico de valoración médica anteriormente mencionado y que una vez instalada la audiencia de individualización de la pena y sentencia, la juez procedió a dar inmediata lectura al fallo de primera instancia83 en el que se le negó a la enjuiciada la solicitud de prisión domiciliaria, sin que previamente se incorporara el estudio socioeconómico ordenado oficiosamente, ni los informes de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y sin que a las partes procesales se les brindara la oportunidad de ejercer sobre ellos el derecho de contradicción.