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Timestamp: 2019-09-22 10:30:47
Document Index: 368035087

Matched Legal Cases: ['artículo 501', 'artículo 16', 'artículo 51', 'artículo 150', 'artículo 121', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 51', 'artículo 335', 'artículo 56']

﻿ SENTENCIA T-83 DE FEBRERO 6 DE 2003
SENTENCIA T-83 DE 06 DE FEBRERO DE 2003
CONTENIDO:FINANCIACIÓN DE VIVIENDA. CONDICIONES QUE DEBE TENER LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE LOS ESTABLECIMIENTOS BANCARIOS Y LOS USUARIOS DEL CRÉDITO.
TEMAS ESPECÍFICOS:FINANCIACIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, ESTABLECIMIENTO BANCARIO, CONDICIONES DEL CRÉDITO HIPOTECARIO
REVISTA TUTELA N°:40 DE ABRIL DE 2003, PG.597
Sentencia T-83 de febrero 6 de 2003
Sent. T-083, feb. 6/2003. Exp. T-657.041
1.1. En el mes de septiembre de 1995 el señor Nelson Parra Jerez adquirió un crédito hipotecario de largo plazo para adquisición de vivienda con la entonces corporación Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar, hoy Banco Granahorrar, por valor de $ 33.636.750. El accionante atendió cumplidamente la amortización de la obligación, realizando además abonos a capital a fin de evitar los elevados costos del crédito que se derivaron de la crisis del sistema UPAC.
1.2. Junto con los abonos realizados, el actor fue beneficiario de un crédito del Fondo de Garantía de Entidades Financieras, Fogafin, por un valor aproximado de diez millones de pesos y del alivio derivado de la reliquidación de las deudas hipotecarias ordenado por la Ley 546 de 1999, sumas que destinó al pago de la obligación.
1.3. El 1º de febrero de 2001, el peticionario se acercó a la “fábrica de crédito” de la entidad financiera accionada, para determinar el monto de saldo insoluto de la obligación, que se fijó por el banco en la suma de $ 2.156.000, valor que fue cancelado en su totalidad, razón por la cual la institución financiera expidió una certificación, con fecha 16 de abril de 2001, en la que se hace constar que el crédito hipotecario del señor Parra Jerez estaba a paz y salvo.
2. Tutela interpuesta.
2.1. El 18 de julio de 2002 Nelson Parra Jerez interpuso acción de tutela. En ella afirmó que no tuvo noticia alguna de la mora sobreviniente desde que canceló el crédito, con lo cual, en su sentir, se desconoció lo regulado por la Superintendencia Bancaria en la Circular Externa 48 de 2000.
— De acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las controversias relacionadas con la reliquidación de créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda deben ser resueltas ante la jurisdicción civil ordinaria, por lo que, ante la existencia de un medio judicial destinado a la resolución del conflicto jurídico planteado, la acción de tutela no resulta un mecanismo idóneo. Mucho más si la acción se dirige a lograr la cancelación de la hipoteca que pesa sobre el inmueble que garantiza la obligación, pues para ello existe un instrumento procesal adecuado cual es el proceso ejecutivo de obligación de hacer, dispuesto en el artículo 501 del Código de Procedimiento Civil.
— La reversión de la reliquidación efectuada sobre el crédito del actor tuvo origen en el error cometido por el banco respecto a la metodología diseñada por la Superintendencia Bancaria, error que fue detectado por este ente de control y que condujo a la necesidad de modificar las condiciones de la reliquidación, generándose un saldo en contra del accionante.
— Granahorrar cumplió de forma tardía con su obligación de reliquidar los créditos de vivienda, en razón de las diferencias que tuvo con la Superintendencia Bancaria sobre la metodología correspondiente a esta actividad. Ello ocasionó que la información sólo fuera validada por el ente de control en el mes de julio de 2002, hecho que a su vez explica por qué se expidió un paz y salvo al accionante por un valor superior al monto del alivio que avaló la subdirección de actuaria de la superintendencia.
— Debe tenerse en cuenta la naturaleza de dineros públicos que la Ley 546 de 1999 señaló a los fondos destinados al alivio de los créditos hipotecarios para adquisición de vivienda. Este hecho funda la necesidad del pago de la diferencia presentada con el fin de evitar la imposición de sanciones, aun de carácter penal, derivadas de la transferencia de una suma superior a la legalmente autorizada.
— Con el fin de salvaguardar los recursos estatales, Granahorrar corrigió su error, informó de la situación al peticionario y, en estricto cumplimiento de los lineamientos trazados por la Superintendencia Bancaria, le cobró la diferencia al deudor, actuaciones que en ningún momento involucran violación de derechos fundamentales.
Mediante sentencia del 6 de agosto de 2002, el juzgado treinta y ocho civil del circuito decidió tutelar el derecho al debido proceso del señor Parra Jerez, ordenando al banco accionado la realización de los trámites tendientes a la cancelación del crédito hipotecario suscrito por el actor. Consideró el a quo que el derecho fundamental en cita fue vulnerado por la entidad accionada en la medida que revocó unilateralmente la reliquidación del crédito y adscribió las consecuencias de su propio error al tutelante, quien, con base en el principio de la buena fe, canceló la suma que el mismo banco le indicó como monto total insoluto de la obligación. No obstante, fue sorprendido por la decisión arbitraria de Granahorrar, al desconocer el pago que había aceptado, declarando por sí misma la existencia de nuevas obligaciones bajo el simple argumento de la necesidad objetiva de evitar la desviación indebida de recursos públicos.
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, en fallo del 6 de septiembre de 2002, revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar denegó la protección constitucional solicitada. Estimó que el derecho al debido proceso no había sido vulnerado por el Banco Granahorrar considerando que éste efectuó la reliquidación y posterior reversión con base en las directrices señaladas por la Superintendencia Bancaria, informándole de dicha situación al deudor a través de oficio del 23 de abril de 2001. De tal modo, la entidad accionada no se separó del procedimiento establecido, sin que el actor pudiera pretender beneficiarse del error cometido por aquélla, eximiéndose de la obligación que sobre él recaía.
Il. Fundamentos de la decisión
2.Los principios constitucionales relativos a la financiación de vivienda.
3. En la Sentencia C-383 de 1999 (M.P. AIfredo Beltrán Sierra), se declaró la inexequibilidad parcial del literal f) del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, al considerarse que la determinación del valor en pesos de la unidad de poder adquisitivo constante, UPAC, “procurando que ésta también refleje los movimientos de la tasa de interés de la economía” imponía una carga excesiva al deudor hipotecario, una ventaja correlativa para la entidad financiera. Ello era así porque se incluía dentro del cálculo de la UPAC no sólo aquellas variables que permiten la conservación del poder adquisitivo, sino también el costo del dinero reflejado en las tasas de interés, factor que tenía una evolución distinta a la del aumento de los ingresos de los usuarios del servicio financiero. Se establecía así una condición que, en últimas, imposibilitaba el cubrimiento de los créditos de vivienda, negándose el derecho contenido en el artículo 51 de la Carta y quebrantándose, además, el mantenimiento de un orden justo.
4. La naturaleza excepcional de los créditos a largo plazo para la adquisición de vivienda ha sido planteada por la jurisprudencia constitucional no sólo en razón de las características que debe poseer la relación contractual entre la entidad financiera y el usuario, sino también en virtud de la competencia para regular tales créditos. Este tópico es analizado en la Sentencia C-700 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), que declaró la inexequibilidad de algunas normas del estatuto orgánico del sistema financiero al estimar que la regulación del anterior sistema de financiación de vivienda, calculado a través de la UPAC, era una especie dentro del género de la actividad financiera relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público. Estos asuntos, en sus elementos generales, son determinados por el numeral 19 del artículo 150 de la Carta como propios de una “ley marco” expedida por el Congreso, lo que condujo a concluir la imposibilidad que el ejecutivo, ante la carencia de dichas pautas generales, profiriera a través del decreto-ley, disposiciones normativas que regularan de forma integral los mecanismos de crédito destinados a la adquisición de vivienda” (1) .
(1) Las razones de la decisión contenida en la Sentencia C-700 de 1999 son reproducidas en el fallo C-747 de 1999 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), providencia que declaró la inexequibilidad del numeral 3º del artículo 121 del estatuto orgánico del sistema financiero con base en la falta de competencia del presidente para regular materias propias de una ley marco, como son las pautas generales relativas a los créditos de financiación de vivienda a largo plazo. Igualmente, la sentencia aludida declaró inexequible la disposición del mismo estatuto que autorizaba el uso del instrumento de la capitalización de intereses para operaciones de largo plazo, entre ellas los créditos de vivienda, prescripción que impedía la configuración de un sistema adecuado de financiación en los términos del artículo 51 de la Carta, según se había determinado en la Sentencia C-383 de 1999 antes analizada en el presente fallo.
La decisión en cita, conservando la línea argumentativa de los fallos precedentes, insiste en la especificidad de los sistemas de financiación de vivienda destacando que cuando se trata de la financiación de vivienda a largo plazo, las pautas, directrices, criterios y objetivos que debe fijar el Congreso en cuanto a las actividades de captación, intermediación y aprovechamiento de recursos provenientes del público, no pueden ser las aplicables a todo el sistema financiero —hoy contempladas en la Ley 35 de 1993—, pues ellas “deben tener por objeto especial y directo, el que dicha norma constitucional prevé, es decir la fijación de las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho que todos los colombianos tienen a una vivienda digna y la promoción de planes de vivienda de interés social, “sistemas adecuados de financiación a largo plazo” (resalta la Corte) y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda”.
5. Al asumir el examen de constitucionalidad del actual régimen de financiación de vivienda (L. 546/99), la Corte utilizó criterios similares a los antes expuestos para evaluar la armonía entre las estipulaciones legales relativas a los créditos de vivienda y las normas constitucionales, especialmente al mandato de adecuación del artículo 51 del estatuto superior.
Así, en la Sentencia C-955 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) se estableció que un sistema especializado de financiación de vivienda debe, entre otros fines, (i) crear las condiciones necesarias para la democratización del acceso al crédito para todas las personas, aun las de menores ingresos; (ii) separar la determinación de las tasas de interés y las condiciones contractuales de la libre estipulación por parte de las entidades financieras estableciendo para ello métodos de intervención y vigilancia estatal sobre estos aspectos; (iii) prohibir la inclusión de los modelos de financiación y amortización de condiciones excesivamente gravosas para los deudores (capitalización de intereses, tasas irrazonables, cuotas por fuera del monto del ingreso del usuario del crédito) que lleven a la imposibilidad del ejercicio adecuado del derecho prestacional a la vivienda digna; y (iv) contener disposiciones que permitan la conservación del equilibrio económico entre las entidades financieras y los deudores dentro del contrato de mutuo con garantía hipotecaria destinado a la adquisición de vivienda.
3. El principio de respeto del acto propio como componente del derecho fundamental al debido proceso.
7. Además de las condiciones específicas que la Carta impone a la relación entre las entidades financieras y los usuarios del crédito hipotecario para el cumplimiento del mandato de adecuación contenido en el artículo 51 C.P., también resulta relevante señalar que dentro de este vínculo contractual se incluyen, como es obvio, los demás derechos y garantías de carácter general que el ordenamiento impone para los distintos vínculos jurídicos, más aún si una de las partes ejerce una actividad de interés público y sometida a la intervención del Estado, en los términos del artículo 335 Constitución Política.
8. La banca, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional, ejerce un servicio público en razón de la importancia que posee la actividad financiera en el marco de las relaciones económicas entre los distintos agentes del mercado. La captación de recursos del público y el suministro del crédito son labores indispensables para el desarrollo de múltiples actividades del conglomerado social, preeminencia que llevó al constituyente a consagrar la necesaria inspección y vigilancia estatal, junto con la necesidad de autorización previa para su ejercicio. Sobre el punto la Corte indicó (2) :
(2) Cfr. SU-157 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
“Ahora bien, pese a que no existe norma que de manera expresa así lo determine (3) , en el derecho colombiano es claro que la actividad bancaria es un servicio público, pues sus nítidas características así lo determinan. En efecto, la importancia de la labor que desempeñan para una comunidad económicamente organizada en el sistema de mercado, el interés comunitario que le es implícito, o interés público de la actividad y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción, indican que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público.
“la actividad relacionada con el manejo y aprovechamiento de inversión de los recursos captados al público, atendiendo a su propia naturaleza, reviste interés general y, por tanto, no escapa al postulado constitucional que declara su prevalencia sobre intereses particulares (C.P., art. 1º), lo cual se concreta en el carácter de servicio público” (4) .
En idéntico sentido, la Corte Suprema de Justicia (5) y el Consejo de Estado (6) reconocieron el carácter de servicio público para la actividad bancaria, antes de la promulgación de la actual Carta. No obstante, su carácter no se discute en la doctrina del derecho administrativo. Sin embargo, cabe anotar que, al tenor del artículo 56 superior, es diferente una actividad de prestación de servicio público y una actividad dirigida a prestar un servicio público esencial, esta última requiere de expresa disposición legal que así lo determine.
(5) Sentencia de junio 12 de 1969. M.P. Hernán Toro Agudelo.
(6) Sentencia del 7 de julio de 1989. Sección Cuarta. C.P. Consuelo Sarria Olcos.
La Corte Constitucional ha dejado en claro que si un particular asume la prestación de la actividad bancaria adquiere una posición de supremacía material —con relevancia jurídica— frente al usuario; es decir, recibe unas atribuciones especiales que rompen el plano de igualdad referido, y que, por ende, en algunos casos, sus acciones u omisiones pueden vulnerar un derecho constitucional fundamental que requiere de la inmediata protección judicial (7) .
(7) Sentencia C-134 de 1994. M.P. Eduardo Cifuente Muñoz.
(8) Sobre el derecho al debido proceso como cláusula abierta e integradora de principios y valores constitucionales. Cfr. T-280 de 1998. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
De ello se desprende que el respeto del acto propio comprende una limitación del ejercicio de los derechos consistentes en la fidelidad de los individuos a las decisiones que toman, sin que puedan revocarlas por sí mismos, más aún cuando el acto posterior se funde en criterios irrazonables, desproporcionados o extemporáneos (9) .
(9) Cfr. T-475 de 1992. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
El principio de respeto del acto propio resulta aplicable cuando (i) se ha proferido un acto que contenga una situación subjetiva concreta y verificable que conceda confianza a su beneficiario de la titularidad de una posición jurídica determinada, esto es, que la disposición sea eficaz y jurídicamente vinculante; (ii) la decisión sea revocada unilateralmente por su emisor sin que esté autorizado por el ordenamiento para ello y con base en parámetros irrazonables o desproporcionados y (iii) exista identidad entre el sujeto que emite la decisión y su beneficiario tanto en la disposición inicial como en la posterior que la modifica, a la vez que ambos actos regulen la misma situación jurídica subjetiva (10) .
(10) Cfr. T-265 de 1999. M.P. Alejandro Martínez Caballero.
11. En el caso presente, el actor, en el año de 1995, obtuvo un crédito con Granahorrar por valor de $ 33.636.750 para adquisición de vivienda, crédito que garantizó mediante hipoteca. El 1º de febrero de 2001, después de pagar cumplidamente las cuotas mensuales correspondientes y de haber hecho varios abonos extraordinarios, solicitó información sobre el monto del saldo a su cargo, indicándosele que la obligación ascendía a $ 2.156.000, suma que el actor pagó en esa misma fecha y en razón de lo cual se le expidió un paz y salvo en el que consta que “la obligación se encuentra cancelada en su totalidad”.
Por lo tanto, la consecuencia jurídica que se produjo no es otra que la extinción, mediante el pago, de !a obligación que el actor había adquirido con Granahorrar. En tales condiciones, lo que se imponía era el levantamiento, mediante escritura pública, de la hipoteca constituida como garantía y su correspondiente registro.
Ante tal situación, tal como lo hizo la Corte en la Sentencia T-1085-02 (11) , se impone tutelar el derecho fundamental al debido proceso del actor pues de permitirse la constitución de un nuevo título ejecutivo y ante el incumplimiento que se le atribuye a aquél, podría generarse su ejecución forzada con la consecuente pérdida de la casa de habitación que con tanto esfuerzo fue adquirida por él.
1. MODIFICAR el fallo del 6 de agosto de 2002, proferido por el Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogotá, y REVOCAR la sentencia del 6 de septiembre de 2002, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.
2. TUTELAR el derecho al debido proceso del ciudadano Nelson Parra Jerez.
3. ORDENAR al Banco Granahorrar, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de este fallo, inicie los trámites necesarios para la cancelación de la obligación hipotecaria Nº 100400795441 suscrita por el accionante Parra Jerez y para el levantamiento del gravamen constituido sobre el inmueble del actor.