Source: https://franciscomarinopardo.es/mis-articulos/25-sucesiones/179-la-sucesion-forzosa-cuestiones-generales-naturaleza-fijacion-imputacion-renuncia-cautela-sociniana
Timestamp: 2020-02-20 10:20:02
Document Index: 45392506

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La sucesión forzosa. Cuestiones generales: naturaleza, fijación, imputación, renuncia, cautela sociniana.
Inicialmente, en Roma, heredero era quien se subrogaba en la posición de pater familias, con las facultades patrimoniales que ello suponía. La mayor parte de los romanistas consideran que la sucesión era inicialmente automática, con base en las reglas de masculinidad y progenitura. En la época de las XII tablas, la sucesión se producía a favor de las personas in potestate, los sui heredes, aunque el pater familias tenía la facultad de otorgar testamento para elegir sucesor. No obstante, debía mencionar en el testamento a los sui heredes para instituirlos o desheredarlos. El deber era puramente formal, existiendo reglas distintas según la clase de sui, pero materialmente constituía un sistema de libertad de testar. Partiendo de este modelo de libertad, surge la legítima como freno, pues los cambios sociales y en las relaciones familiares llevaron a que proliferasen casos en los que se instituía herederos a los extraños, considerado contrario a los valores tradicionales que implicaban el deber de asistencia entre parientes (officium pietatis). La solución inicial fue presumir iuris et de iure que el testador no se encontraba en su cabal juicio, permitiéndose la impugnación del testamento para abrir la sucesión intestada a través del ejercicio de la llamada querella inoficciosi testamenti. Aparece aquí el germen de la legítima, al estimarse imposible la querella cuando el testador había atribuido al sui la portio legítima, cuya cuantía se fijó inicialmente en una cuarta parte (similar en cuantía a las legítimas de los vigentes derechos catalán o gallego). Posteriormente se permite impugnar las donaciones que perjudicasen la legítima. En tiempos de Justiniano se introduce, como acción personal, la de complemento de la legítima. También se eleva en el derecho justinianeo la cuantía de la legítima, que pasa a ser variable según el número de hijos –la mitad si eran más de cuatro y un tercio si eran cuatro o menos de cuatro (similar al moderno derecho balear).
Se ha dicho que, en el Derecho romano vulgar, vigente en España en la época de las invasiones germánicas, existía una libertad de testar bastante amplia. Los visigodos practicaron originariamente un sistema de comunidad doméstica o propiedad familiar, pero la regulación que conocemos representa una transacción entre los principios romanos y los germánicos. Así, la ley Dum inlicita de Chindasvinto establece la legítima de los hijos en los cuatro quintos, que comprende una parte de mejora de un décimo, posteriormente elevada por Ervigio a un tercio de dichos cuatro quintos (lo que unido al quinto de libre disposición implicaba un ámbito de disponibilidad equivalente a siete quinceavas partes, de lo que quedan restos en algún derecho foral como el gallego en la llamada mejora de labrar y poseer).
El Código Civil es más liberal que el Derecho anterior, pero dista todavía mucho de los ordenamientos forales, pues se inspira en el Derecho de Castilla, pese a las diversas fórmulas transaccionales de la Comisión de Codificación y la influencia de los Códigos francés e italiano.
Incluso la vía de escape a la limitación a la libertad de testar a través de los pactos de renuncia se vio cerrada por el Código civil francés de 1808 que, recogiendo las ideas de la Revolución, según las cuales la libertad de testar era fuente de privilegios entre los hijos y causa de perpetuación de desigualdades propias del antiguo régimen, proscribió la renuncia de los derechos sucesorios en vida del causante (artículos 791 y 1030 Code).
Según explica Luis Roca Sastre Muncunill (Derecho de Sucesiones. Tomo II. Editorial Bosch. 1997), en el derecho comparado resulta difícil encontrar sistemas de sucesión forzosa total. Sí existen, sin embargo, sistemas de absoluta libertad de testar, como los de los países anglosajones (Reino Unido o Estados Unidos, con la excepción de algún estado como Louisiana), Méjico, Costa Rica, Honduras y Panamá (países en los que se aprecia la influencia del derecho estadounidense). También en España encontramos este sistema de libertad material en Navarra y en la Tierra de Ayala. Sin embargo, el sistema legitimario de admisión de la libertad de testar con ciertas limitaciones es el mayoritario tanto en el derecho comparado como en las legislaciones forales.
Estas reformas han planteado alguna cuestión de derecho transitorio.
La Resolución DGRN de 6 de octubre de 2016 se refiere al testamento de un causante de vecindad civil vasca otorgado antes de la Ley 5/2015, en el cual el testador reconocía la legítima de sus padres, falleciendo el testador bajo dicho testamento y tras la entrada en vigor de dicha Ley 5/2015, que suprime la legítima de los ascendientes, concluyendo el Centro Directivo que dicha disposición testamentaria reconociendo la legítima de los padres había devenido ineficaz con apoyo en su interpretación de la Disposición Transitoria 12ª del Código Civil ("Los derechos a la herencia del que hubiese fallecido, con testamento o sin él, antes de hallarse en vigor el Código, se regirán por la legislación anterior. La herencia de los fallecidos después, sea o no con testamento, se adjudicará y repartirá con arreglo al Código; pero cumpliendo, en cuanto éste lo permita, las disposiciones testamentarias. Se respetarán, por lo tanto, las legítimas, las mejoras y los legados, pero reduciendo su cuantía, si de otro modo no se pudiera dar a cada partícipe en la herencia lo que le corresponda según el Código").
La Resolución DGRN de 12 de junio de 2017 resuelve un caso de derecho intertemporal e interregional en relación también con la Ley de Derecho Civil del País Vasco 5/2015. Se otorga un testamento por un testador que tenía vecindad civil común al tiempo del otorgamiento instituyendo heredero a su único hijo. Con posterioridad, el testador tiene otros dos hijos, sin que modifique su testamento, falleciendo tras haber adquirido la vecindad civil vasca y estando en vigor la Ley 5/2015. La DGRN rechaza el argumento de la calificación registral, basado en que las disposiciones testamentarias deben interpretarse conforme a la ley vigente al tiempo del otorgamiento del testamento, considerando que es de aplicación al mismo el artículo 48 de dicha Ley 5/2015 ("La preterición, sea o no intencional, de un heredero forzoso, equivale a su apartamiento").
La Resolución DGRN de 12 de julio de 2017, también relativa a un causante con vecindad civil vasca y la nueva Ley 5/2015, analiza un testamento en que se dejaba a un hijo su legítima estricta y se instituía heredero al otro hijo. Este testamento se había otorgado antes de la entrada en vigor de la Ley 5/2015, en Portugalete (una de las doce villas en que regía el Código Civil), pero el testador fallece tras la entrada en vigor de dicha nueva Ley 5/2015, que extiende la aplicación de sus disposiciones todos los que tengan la vecindad civil vasca sin excepciones (al margen de las reglas de la troncalidad). La DGRN, manteniendo el criterio ya sentado en la previa Resolución citada, considera que la legítima de la Ley 5/2015 es colectiva y que la referencia a la disposición de la legítima estricta a favor de un carece de contenido material, siendo evidente la voluntad del testador de reducir el derecho del expresado hijo al mínimo legal posible.
Aunque se haya defendido por algún autor (como veremos), no parece que en nuestro derecho la legítima se halle protegida constitucionalmente, lo que se planteaba con base en la protección constitucional de la herencia y de la familia, en particular de los deberes asistenciales de los padres respecto de los hijos, recogida en artículos como el 33 o el 39 Constitución Española. Pero esto sería contradictorio con la pervivencia en nuestro derecho de sistemas en los que o no se reconoce legítima o es simplemente formal, como el derecho de la Tierra de Ayala o el Derecho navarro. Postura contraria fue la sostenida por el Tribunal Constitucional alemán en su Sentencia de 19 de abril de 2005, en relación con los descendientes, sosteniendo el derecho constitucional de los descendientes a recibir en la herencia de los ascendientes una parte adecuada, en función de los deberes familiares y de solidaridad de éstos para con aquéllos.
Defiende la protección constitucional del derecho a la legítima, entre otros autores, Carlos Rogel Vide (El Derecho a la Herencia en la Constitución. Editorial Reus. 2017), quien sostiene que el derecho a la herencia reconocido en el artículo 33 de la Constitución no implica la libertad absoluta de testar, considerando que las limitaciones legitimarias encuentran su fundamento en la función social que limita el derecho de herencia ex artículo 33.2 Constitución Española, y que dicha función social impone un contenido mínimo o esencial para la legítima (llegando a plantear la constitucionalidad de las normas forales que establecen sistemas de libertad material o incluso de legítima colectiva).
Esta tesis parece, sin embargo, minoritaria. Particularmente, la doctrina notarial, de modo muy mayoritario, se ha mostrado favorable a un sistema de libertad de testar, no cuestionándose que este pueda estar prohibido por la Constitución, estimando que el deber de asistencia que se impone entre ciertos parientes se agota con el derecho de alimentos pero no se extiende a la obligación de instituir herederos, y destacando las ventajas incluso familiares de un sistema de libertad de testar, en cuanto refuerza la autoridad de los padres sobre los hijos, permitiendo, por ejemplo, a los matrimonios la posibilidad de atribuirse los bienes recíprocamente en pleno dominio sin los límites dispositivos derivados de las legítimas o beneficiar al hijo o hijos que se ocupe efectivamente de los padres, teniendo también ventajas desde el punto de vista económico al favorecer el mantenimiento de la unidad de las explotaciones y empresas. Por todos, Victorio Magariños Blanco ("La libertad de testar. Una reforma necesaria; en: Autonomía de la voluntad en el Derecho Privado. Tomo I. Consejo General del Notariado. 2012).
En relación con esta definición, debe aclararse que, aunque nuestro legislador piense aquí en la legítima dentro del ámbito de la sucesión testada ("porción de bienes de la que el testador no puede disponer"), la legítima es una institución que juega tanto en la delación testada como en la intestada. Así, además del caso particular de la legítima del viudo, para el cálculo de la legítima de descendientes o ascendientes sucesores intestados deba aplicarse el artículo 818 del Código Civil, computándose las posibles donaciones efectuadas por el causante, que pueden quedar sujetas a reducción, como se verá.
Podemos distinguir las teorías positivas, que buscan definir la posición del legitimario en cuanto tal en relación con la herencia, de las negativas, que conciben la legítima como una institución de freno o limitativa de la libertad dispositiva mortis causa.
Las primeras entienden la legítima como un modo de delación autónomo impuesto por la Ley y no mencionado expresamente en el artículo 658 del Código Civil.
Dentro de éstas podemos encuadrar la teoría según la cual el legitimario es por sí mismo un heredero (pars hereditatis). Se apoya en los precedentes germánicos que se atribuyen a la figura, el derecho francés, como antecedente inmediato, en el que la legítima es una parte de la herencia que se defiere ab intestato, y el propio derecho castellano inmediatamente anterior al Código Civil. El artículo 806 (y otros muchos) del Código Civil se refieren al legitimario como un heredero forzoso. Y este mismo artículo 806 del Código Civil define la legítima como "una porción de bienes de la que el testador no puede disponer por haberla reservado la ley a determinados herederos", lo que parece conforme con la expresada naturaleza. Como tal, el legitimario, con independencia de cuál hubiera sido la atribución hecha por el causante a su favor, tendría el tratamiento legal de heredero, sería miembro de la comunidad hereditaria y respondería de las deudas de la herencia. Además del tenor literal del Código Civil, se empleaba como argumento favorable a esta tesis el que el artículo 1038 de la anterior LEC reconociese al heredero forzoso legitimación para interponer el juicio de testamentaría. Sin embargo, la nueva LEC solo considera legitimados para el juicio de división de herencia a los coherederos y a los legatarios de parte alícuota (artículo 782).
La Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989 afirmó que la legítima es pars hereditatis o pars bonorum, pero nunca pars valoris, concibiendo al legitimario como un cotitular de los bienes hereditarios hasta que se practique la partición. No obstante, de estas sentencias se extrae más que un criterio favorable a la consideración del legitimario como un heredero forzoso, el rechazo a su consideración como un simple acreedor. Así, niegan el Tribunal Supremo que esta naturaleza impida al testador la atribución de bienes concretos a algún legitimario o extraño.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1997 afirma que la naturaleza de la legítima es la de una "pars hereditatis", esto es, una parte alícuota del caudal hereditario con todo su activo y pasivo (negando expresamente la tesis de la legítima como pars bonorum y también la de la legítima como pars valoris; en la sentencia se rechaza la pretensión de una de las dos hijas de un testador, a quien se había nombrado coheredera, de ejercitar el derecho de coherederos o comuneros en relación con la venta hecha por su madre de sus derechos en la sociedad de gananciales y como usufructuaria de su esposo sobre una farmacia que pertenecía con carácter ganancial al testador y a su esposa, venta realizada a favor de la otra coheredera, farmacia que el testador había legado específicamente a la compradora en nuda propiedad a su esposa en usufructo). Debe precisarse, además, que la afirmación de que la naturaleza de la legítima es pars hereditatis parece tener por finalidad negar que el legitimario pueda ser considerado cotitular o copropietario de bienes determinados, afirmando la sentencia:
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Vizcaya de 27 de julio de 2017 considera que una hija a quien se había reconocido la legítima en el testamento tiene la condición de beneficiaria de un seguro de vida, conjuntamente con la otra hija nombrada heredera, habiendo sido designados en la póliza del seguro como beneficiarios del mismo los herederos del tomador y causante. La Audiencia Provincial rechaza el argumento de la entidad aseguradora, según la cual, la hija legitimaria no tenía la condición de heredera, ni, en consecuencia, sería beneficiaria del seguro, basando el Tribunal su decisión en la condición de heredera forzosa de aquella (con cita de la Sentencia previamente reseñada de la misma Audiencia Provincial de 31 de mayo de 2016). Dice la Sentencia:
Frente a esta tesis del legitimario como "forzoso" heredero, se invoca el artículo 815 del Código Civil, según el cual: “El heredero forzoso a quien el testador haya dejado por cualquier título menos de la legítima que le corresponda, podrá pedir el complemento de la misma.”
Una segunda tesis es la que configura la posición del legitimario como titular de una cuota en el activo hereditario líquido, después de deducidas las deudas, que se puede percibir por cualquier título (pars bonorum). El legitimario, en cuanto tal, sería miembro de la comunidad hereditaria, aunque no responsable personalmente de las deudas hereditarias, que solo le afectarían en cuanto reducirían el haber sobre el que se computaría la legítima. No sería tampoco necesario instituirlo heredero, sino que podría el testador satisfacer su legítima por cualquier título gratuito.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio de 2006, relativa a la posible responsabilidad de la viuda legitimaria por una deuda de su esposo derivada de una fianza prestada por este, rechaza expresamente la consideración del legitimario como heredero. Dice la Sentencia:
Esta posición ha sido también la seguida por la DGRN. Así:
La Resolución DGRN de 1 de marzo de 2006 dice: “En efecto la legítima en nuestro Derecho común (y a diferencia de otros ordenamientos jurídicos nacionales, como el catalán) se configura generalmente como una pars bonorum, y se entiende como una parte de los bienes relictos que por cualquier título debe recibir el legitimario, sin perjuicio de que, en ciertos supuestos, reciba su valor económico o pars valoris bonorum. De ahí, que se imponga la intervención del legitimario en la partición, dado que tanto el inventario de bienes, como el avalúo y el cálculo de la legítima, son operaciones en las que ha de estar interesado el legitimario, para preservar la intangibilidad de su legítima”.
De esta tesis extrae la DGRN consecuencias como la de la necesaria intervención de los legitimarios en la partición o de su necesario consentimiento para que se pueda efectuar la entrega de los legados o para que el albacea pueda enajenar los bienes de la herencia aún con la autorización del testador.
La Resolución de la DGRN de 15 de septiembre de 2014 se refiere a un caso en que el testador había reconocido a unos nietos (hijos de un hijo desheredado) su legítima estricta, ordenando que se abonase esta en metálico, otorgándose la partición con intervención de los hijos y herederos y del cónyuge viudo, pero sin la de dichos legitimarios. La DGRN confirma la calificación negativa, refiriéndose a la naturaleza de la legítima, afirmando "en la actualidad es pacífica, en doctrina y jurisprudencia, la consideración de la legítima como una «pars bonorum» o en su caso «pars hereditatis»". Se invoca también la necesidad de consentimiento de los legitimarios para el cálculo de su porción, con cita del artículo 847 del Código Civil y a la aplicación de las reglas especiales que permiten exceptuar el pago en bienes de la herencia. No obstante, la tesis de esta resolución se aparta de la más reciente jurisrprudencia en relación a la naturaleza de la legítima cuando se ordena el pago en metálico de la misma, como después veremos.
La Resolución DGRN de 29 de junio de 2017 exige el consentimiento de los legitimarios, hijos de la causante, a quienes esta había legado unos inmuebles específicos en pago de su legítima, para que el heredero único, el esposo, se adjudique bienes de la herencia.
La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de octubre de 2012, aunque declara no entrar en la cuestión de la naturaleza jurídica de la legítima, considera que en todo caso la partición debe ser consentida por el legitimario, que en el caso resuelto por la sentencia era un legatario de cosa específica.
La Resolución DGRN de 14 de marzo de 2013 rechaza el acrecimiento entre la heredera de un tercio (hermana del testador), que repudió la herencia, y los padres legitimarios, por ser de distinta naturaleza los llamamientos hereditario y legitimario.
- La Resolución DGRN de 8 de enero de 2014 exige la intervención de todos los legitimarios para la inscripción de adjudicaciones realizadas a uno de los hijos, en un caso en que el testador, en su testamento, había realizado adjudicaciones de bienes determinados, invocando el artículo 1056.1 del Código Civil. El argumento empleado es que el acto contenido en el testamento, aunque pudiera entenderse como una verdadera partición, para lo cual no se considera imprescindible el avalúo, no tendría plena virtualidad a efectos registrales sin la liquidación del posible pasivo. Dice la Resolución:
Estas resoluciones, a mi entender, merecen una crítica negativa, pues, contra lo que mantiene la DGRN, en nuestro derecho, y a diferencia de los sistemas del common law, la adquisición de los bienes por los herederos no exige la previa liquidación del pasivo hereditario, como resulta claramente del artículo 1084 del Código Civil, el cual se ocupa de la responsabilidad de los herederos por las deudas de la herencia tras la partición. Por otra parte, condicionar la eficacia de la partición del testador a la previa liquidación del pasivo hereditario supone negarle virtualidad autónoma en todo caso, pues esta liquidación solo se podrá realizar por los herederos tras la apertura de la sucesión, como reconoce la propia DGRN en estas Resoluciones.
De todo ello resulta una interpretación extensiva, como mínimo, de las normas reguladoras de la legítima para atribuir al legitimario una especie de protección preventiva, lo que carece de base legal clara, y parece contrario, al menos en cuanto se oponga a la partición realizada por el testador, al tenor literal de los artículos del Código Civil (artículos 1056 o 1075 del Código Civil), para los cuales debe pasarse por la partición del testador en cuanto no se perjudique la legítima de los herederos forzosos, lo que no tiene por qué presumirse (como no se presume cuando la realiza un contador partidor testamentario), y de lesionarse efectivamente el derecho del legitimario en la partición del testador, lo que se concede es a este una acción de rescisión (1075 del Código Civil), de naturaleza personal, cuyo ejercicio no afectará a la validez del acto particional ni obligará a los adjudicatarios a una nueva partición (artículo 1077 del Código Civil), pues siempre se puede compensar en metálico al perjudicado. Se olvida con todo ello, además, que la realidad social no es favorable a esta aplicación extensiva de las normas sobre las legítimas, según lo ya dicho.
No obstante, en la doctrina, encontramos opiniones favorables a esta posición de la DGRN. Así, Capilla Roncero (Código Civil Comentado. Volumen II. Aranzadi. 2016).
Hay autores que consideran al legitimario un acreedor de la herencia (pars valoris).
Así es la naturaleza de la legítima en el BGB. También parece ser esta la naturaleza de la legítima catalana tras la reforma de 1990, que prescinde de la afección real que recogía el antiguo Código de Sucesiones. El actual Libro IV del Código Civil de Cataluña, aprobado por Ley 10/2008, de 10 de julio, la define como el derecho a obtener un valor patrimonial en la sucesión del causante (artículo 451-1). También tiene esta naturaleza la legítima en el derecho civil gallego de acuerdo con la nueva Ley de Derecho civil de Galicia de 14 de junio de 2006 (así, Resolución DGRN de 2 de agosto de 2016).
La legítima como un derecho real de realización de valor (pars valoris bonorum). Según esta tesis, el derecho de crédito que supone la legítima está garantizado por una afección real de los bienes de la herencia o un derecho de realización de valor. Roca Sastre se sitúa en esta posición, y se consideró que respondía a la misma el derecho catalán hasta la reforma de 1990, aunque con la precisión de que en el Código Civil, a diferencia de lo que sucede en algunas regiones forales, el derecho de crédito del legitimario debe satisfacerse en bienes de la herencia (pars valoris bonorum quae in species hereditatis solvet). Para la Resolución DGRN de 2 de agosto de 2016, esta era la naturaleza de la legítima en Galicia conforme a la Ley de 24 de agosto de 1995 (anterior a la vigente Ley 2/2006). Es de destacar que esta Resolución asimila la legítima con naturaleza de pars valoris bonorum a la legítima pars bonorum o pars hereditatis en cuanto a la exigencia del consentimiento del legitimario para que los actos de partición, entrega de legados o enajenación de bienes hereditarios accedan al registro, omitiendo la aplicación a los mismos de las reglas del artículo 15 de la Ley Hipotecaria.
Respecto a si la sucesión forzosa implica una especial forma de delación, se ha sostenido por algunos autores que la legítima implica un modo de delación distinto del llamamiento testado o intestado. Esto sería así tanto en los casos en que el legitimario recibe alguna atribución del causante, sea o no suficiente para cubrirla, como en otros en los que no recibe ninguna, como los de desheredación injusta o preterición intencional, en los que no se abriría la sucesión intestada, sino que se produciría un llamamiento legal contra testamento, una sucesión forzosa.
También en la legítima del viudo cabría apreciar un especial llamamiento legal a dicha legítima (aunque de la particular naturaleza de la legítima vidual me ocuparé en el apartado correspondiente).
En contra de esta opinión, se ha argumentado que el artículo 658 del Código Civil solo recoge dos formas de delación, la testada y la intestada, y que el artículo 815 del Código Civil expresamente prevé la satisfacción de los derechos legitimarios a través de cualquier título gratuito.
No obstante, existen opiniones favorables a esta posibilidad de renunciar a la herencia o legado atribuidos al legitimario y aceptar la legítima. Así, recientemente, Tomás Rubio Garrrido (op cit.), quien sostiene que la legítima implica una delación distinta de la testamentaria o ab intestato. Según este autor, "la repudiación de la herencia y la simultánea aceptación de la legítima es una solución técnicamente posible", aunque el mismo autor afirma que "cuando la herencia o legado se utilizan por el causante como formas de pago de lo que estrictamente le corresponde por legítima ... la voluntad del testador coincide exactamente con lo que la ley concede al legitimario por lo que este no puede repudiar la atribución sin renunciar al mismo tiempo a la legítima. Y cuando la herencia o legado atribuidos por el testador sean de valor inferior a la legítima, el legitimario que reclame el complemento o suplemento estará aceptando al mismo tiempo la atribución testamentaria".
También la Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 10 de junio de 2016, que ante un legado de habitación sobre el único bien de la herencia, entiende que los herederos forzosos "deben optar por aceptar la legítima gravada o por renunciar a la institución de heredero o al legado y reclamar la que estrictamente les corresponda".
En relación con estas posiciones, también se ha discutido en la doctrina la relación que existe entre los títulos de heredero y legitimario, cuando el testador voluntariamente haya instituido heredero a aquel. Para algunos autores, el que acepta la herencia y se convierte en heredero no puede ya discutir como legitimario los actos del causante. Para que pudiera hacerlo sería necesario que renunciase a la herencia y reclamase la legítima. Esta tesis podemos definirla como la de absorción, pues defiende la incompatibilidad de los títulos de heredero y legatario y que, si concurren sus presupuestos, el primero absorbe la eficacia del segundo.
Frente a éstas, cabe situar las tesis que sostienen que ambos títulos son compatibles (yuxtaposición), sin que uno quede absorbido por el otro, de manera que las facultades que corresponden como legitimario para impugnar los actos del causante no se extinguen por la aceptación de la herencia del causante, opinión que parece preferible y es la prevalente.
Tratarían de esta operación los artículos 815 y 819 del Código civil . ·
En la doctrina se ha discutido en qué momento deben valorarse los bienes del patrimonio hereditario (relictum) para calcular la legítima. Según el artículo 818 del Código Civil, se “atenderá al valor de los bienes que quedaren a la muerte del testador”. Sin embargo, esta norma no impone que los bienes deban valorarse en el momento del fallecimiento. El artículo 654 del Código Civil sí dispone que para solicitar la reducción de las donaciones inoficiosas se estará “al valor líquido de los bienes del donante al tiempo de su muerte”. Y por otro lado el artículo 847 Código Civil al regular la forma de valorar la legítima en el caso de pago en metálico dice: “Para fijar la suma que haya de abonarse a los hijos o descendientes se atenderá al valor que tuvieren los bienes al tiempo de liquidarles la porción correspondiente, teniendo en cuenta los frutos o rentas hasta entonces producidas. Desde la liquidación, el crédito metálico devengará el interés legal”.
Para quienes ven en el legitimario un partícipe en la comunidad hereditaria, bien a título de heredero o de legatario de parte alícuota, como tal partícipe se verá afectado por el aumento o disminución del valor de los bienes hasta que se le satisfaga su derecho mediante la correspondiente adjudicación.
En la doctrina judicial no existe, sin embargo, una posición claramente definida, quizás por estar cada decisión a las circunstancias del caso. Así:
Como se dirá después, la donación es computable aunque se haya realizado con anterioridad al nacimiento del legitimario o a contraer matrimonio el causante (para la legítima del viudo). Así lo declararon las Sentencias del Tribunal Supremo de 22 abril 1933 (reducción en caso de legitimario hijo natural nacido después de la donación) y 3 abril 1936 (reducción en caso de ser legitimario el viudo que había casado con el difunto después de la donación).
Se ha planteado el momento en que debe valorarse la donación al efecto de su computación y posible reducción por inoficiosidad. El artículo 654 del Código Civil se refiere a la reducción de las donaciones que resulten inoficiosas computado el valor líquido de los bienes al tiempo de la muerte del testador. A favor de esta solución se argumenta que el de la apertura de la sucesión es el último momento que pudo tener en cuenta el causante y que, existiendo disposiciones de bienes determinados sujetos a computación y posible reducción, su atribución queda individualizada en dicho momento. Por su parte, el artículo 818 del Código Civil, antes de su reforma de 1981, se refería al momento de la donación. Pero el actual artículo 1045 del Código Civil prevé la colación no de los mismos bienes donados sino de su valor "al tiempo en que se evalúen los bienes hereditarios", precepto que una corriente jurisprudencial aplica, habrá que asumir que analógicamente, a la computación de la donación, aun siendo su objeto directo las donaciones colacionables en sentido propio reguladas en los artículos 1035 y siguientes del Código Civil. Esto lleva a la necesidad de interpretar esa expresión ("tiempo que se evalúen los bienes hereditarios), utilizada en el artículo 1045 del Código Civil en el contexto de una operación particional, como lo es la colación propia, extendiéndolo a la valoración de la legítima y posible reducción de disposiciones inoficiosas, lo que no dejará de plantear alguna discordancia. No obstante, esta última posición parece hoy la jurisprudencialmente dominante. Así:
En el supuesto de donación de acciones sólo no se computaría un incremento de valor que tuviera su fundamento en la reflotación de la empresa por el celo y actividad del donatario. Así, Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2006, según la cual para la valoración de unas acciones donadas al efecto de la reducción por inoficiosa de la donación debe tenerse en cuenta su valor al tiempo del fallecimiento del causante, y no el de la donación, sin que pueda entenderse que la actuación de los donatarios como administradores de la sociedad haya sido determinante para el incremento de valor de las acciones.
Pero, como ya he apuntado, esta posición no deja de plantear alguna discordancia, especialmente en los casos en que no exista propiamente una partición en la que se asignen los derechos legitimarios. Piénsese en el caso de que se pretenda únicamente computar, y en su caso reducir, la donación hecha a un a un extraño no miembro de la comunidad hereditaria, en que no parece que proceda partición alguna, o que, aun tratándose de un legitimario, la única operación a realizar sea la de reducción de la donación que se le efectuó, operación conceptualmente diversa de la partición (como se verá), pudiendo incluso suceder que no haya otros bienes distintos de los donados que valorar. Entiendo que en estos casos, al menos, la valoración de la donación computable debería realizarse al tiempo de la apertura de la sucesión. Por otra parte, estar al tiempo en que se evalúen los bienes en el propio procedimiento judicial que se plantee (que es lo que subyace en el fondo de estas resoluciones) deja la cuestión a la iniciativa del que ejercita la acción de complemento o reclamación, para lo que puede tener largos plazos (según se dirá).
Lo que sí resulta claro es que no debe estarse al tiempo de la donación para computar el valor de esta.
Cabe plantear si deben ser objeto de computación para el cálculo de las legítimas las donaciones onerosas y las remuneratorias. Parece defendible que lo estuvieran solo en la parte que excedan el gravamen impuesto o el valor del servicio o beneficio remunerado (artículos 619 y 622 del Código Civil). La ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 1990 consideró que no estaban sujetas a computación las donaciones "remuneratorias, onerosas y modales, usuales, las de frutos y en particular algunas otras entre las que no se encuentran las del supuesto que nos ocupa". Sin embargo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2012, en relación con una donación remuneratoria, declara “En este motivo se afirma que la donación remuneratoria no se computa a efectos de la fijación de la legítima. No es así. El donatum comprende, a efectos del cómputo de la legítima, todas las atribuciones a título gratuito” (no obstante, no parece ser ésta la verdadera ratio decidendi del caso). Tiene en cuenta la doctrina de esta Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 2012, en cuanto a la computación de las donaciones remuneratorias, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 25 de octubre de 2016.
No serán computables los actos a título oneroso (cuestión distinta es la posibilidad de su impugnación por el legitimario por causa ilícita o simulación una vez producida la apertura de la sucesión).
Conforme a esta regla, parece que solo son computables para el cálculo de la legítima (y, en su caso, imputables a la del beneficiario del seguro), las cantidades pagadas como prima del seguro por el causante tomador del mismo.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta también la posibilidad de que el capital del seguro de vida quede integrado en la herencia del tomador o asegurado del mismo, lo que llevaría a computar la totalidad del capital percibido por los beneficiarios como parte de la herencia. Así, el artículo 84. III de la Ley del Contrato de Seguro dispone:
La cuestión será determinar cuándo puede entenderse que no existe beneficiario concretamente designado, y, en particular, si es de aplicación este supuesto al caso frecuente en que en la póliza se designe como beneficiario genéricamente a los herederos del tomador o asegurado, lo que llevará a entender como beneficiarios del seguro a los que tengan dicha condición en el momento del fallecimiento del asegurado (artículo 85 LCS).
Puede plantear alguna duda el tratamiento de los planes de pensiones, cuando el beneficiario resulte siendo un tercero distinto del causante, que haya realizado las aportaciones, en relación con los derechos de los legitimarios. Debe tenerse en cuenta que la normativa reguladora de los planes de pensiones establece como una de las contingencias que da derecho al abono de prestaciones la "muerte del partícipe o beneficiario, que puede generar derecho a prestaciones de viudedad, orfandad o a favor de otros herederos o persona designadas" (artículo 8.6 c de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones).
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón de 31 de enero de 2014 entiende que la prestación al beneficiario en un plan de pensiones no se recibe por un cauce sucesorio y no está sujeta a las reclamaciones de los legitimarios, quienes solo podrán actuar en cuanto a las aportaciones realizadas, argumentando sobre la base de la aplicación analógica de las normas del contrato de seguro y del contrato con estipulación a favor de tercero. Pero excluye de esta doctrina el caso de que se halla legado en el testamento el plan de pensiones, supuesto en que califica a la persona beneficiada por la disposición testamentaria como legataria, y sujeta al pago de las deudas del causante hasta el límite del legado. Dice la Sentencia:
Si la deuda es condicional, la cuestión es dudosa, aunque considero más adecuado su deducción, al margen de que si la condición suspensiva a la que estuviera sujeta su nacimiento no se cumple, se proceda, en su caso, al complemento de la legítima.
El supuesto de las deudas a favor de un heredero también exige alguna precisión. En principio deben deducirse como cualquier otra deuda. No obstante, si el heredero acepta la herencia pura y simplemente, se producirá la extinción de su crédito por confusión o coincidencia de las personas de acreedor o deuda(artículo 1192 del Código Civil). Pero, aun en este supuesto, si existen coherederos, conforme al artículo 1087 del Código Civil, el coheredero acreedor del difunto podrá reclamar de los demás el pago de su crédito, deducida su parte proporcional como tal heredero, y todo ello sin perjuicio de las normas especiales para el caso de aceptación a beneficio de inventario, que suponen la subsistencia íntegra de los créditos de los herederos aceptantes frente al causante. Parece que este artículo 1087 del Código Civil concede al heredero, cuyo crédito se haya extinguido por la confusión derivada de la aceptación sin beneficio de inventario, una acción de reintegro contra los demás coherederos, deducida su parte proporcional como tal heredero. Ante ello, puede ser discutible si para el cálculo de las legítimas se deducirá solo la cuantía que puede reclamar de otros coherederos o la totalidad del crédito, incluida su parte proporcional como heredero, pues aunque el coheredero acreedor no pueda reclamarse a sí mismo la parte proporcional del crédito que le corresponde, ello no debe suponer que, al efecto del cálculo de la legítima, esta no se compute, pues, a mi entender, del espíritu del artículo 1087 del Código Civil resulta que la confusión no puede perjudicar al heredero acreedor frente a otros coherederos y la misma solución se debe aplicar respecto a los legitimarios.
Imaginemos un testador con dos hijos, instituye heredero a uno de ellos y reconoce su legítima estricta al otro. El testador tenía una deuda con el hijo heredero que equivalente a la mitad del patrimonio hereditario bruto. Así, tomando un patrimonio hereditario bruto de 1200 unidades y una deuda de 600 unidades a favor del heredero, si deducimos la deuda para el cálculo de la legítima, el valor de la legítima estricta es de cien unidades (1200-600/6), pero si no la deducimos, el valor de esa legítima estricta sería de 200 unidades (1200/6). A mi entender, aunque ese hijo heredero acepte la herencia pura y simplemente y se pueda argumentar que ello implica la extinción por confusión de su crédito, al efecto del cálculo de la legítima de su hermano, sí debe deducirse la deuda que con él tenía el causante, por ser esta la solución más justa y la que se corresponde con el espíritu del artículo 1087 del Código Civil.
Plantean dudas algunos gastos relacionados con la sucesión. Así, los gastos de entierro y funeral, aunque el artículo 1894 del Código Civil los impute personalmente a quien hubiera tenido la obligación de alimentar al causante, parece que sí serán deducibles de la propia herencia, pues primariamente deben satisfacerse con los bienes de esta (así, Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 5 de mayo de 2017). No serán deducibles las cargas fiscales que la sucesión origine a cada heredero o causahabiente, pues son obligaciones personales del mismo. Respecto de los gastos de partición, la cuestión dependerá de entender que el legitimario es o no partícipe en la comunidad hereditaria. En todo caso, si se entienden realizados en su interés, deben computarse para el cálculo de la legítima. Respecto de los gastos de entrega de legados, que son de cargo de la herencia, no parece que deban contarse al efecto del cálculo de la legítima, pues el legitimario es preferente al legatario.
En cuanto a la determinación o fijación de la legítima individual, se dividirá la legítima global por el número de legitimarios, teniendo en cuenta la posible representación de los legitimarios premuertos, desheredados o indignos, por sus respectivos descendientes. El legitimario repudiante no hace número para el cálculo de la legítima ni puede ser representado por sus descendientes. Sin embargo, las reglas son distintas según la clase de legitimarios, descendientes, ascendientes o cónyuge viudo, por lo que debemos remitirnos a los epígrafes correspondientes.
Pero, al margen de su carácter modificable, no debe entenderse que las disposiciones sobre imputación de la donación hechas en la propia escritura de donación son nulas por contravenir la prohibición de pactos sucesorios, sino considerarse disposiciones de carácter sucesorio unilateral y revocable, al margen de su vehículo formal, del mismo modo que lo es la dispensa de colación contenida en la escritura de donación y que expresamente recoge el Código Civil (artículo 1036) .
La primera regla que recoge el Código Civil es la de que las donaciones hechas a los hijos, que no tengan el concepto de mejora, se imputará a su legítima (artículo 819 I Código Civil). Aunque la norma solo se refiera a los hijos, la doctrina la extiende a otros legitimarios, como los ascendientes (al margen de la referencia a la mejora, que no existe entre estos). Más dudoso es el supuesto de la imputación de la donación efectuada al cónyuge viudo, por la particular naturaleza de la legítima de este, a lo que me referiré en el apartado correspondiente a esta legítima vidual.
Si la donación se hizo expresamente en concepto de mejora y excede del tercio de esta, se imputará a la legítima, pero el artículo 826 Código Civil parece excluir la imputación automática al tercio de libre disposición, si excediera de aquel, aunque esta ha sido una cuestión debatida en la doctrina, pues se ha sostenido que debe admitirse esta imputación para evitar la reducción de la donación como solución más próxima a la voluntad del causante, superando una interpretación literal de la norma.
En el caso de que la atribución en cosa determinada, por vía de donación o legado, se haga expresamente en concepto de mejora, sin realizar el causante a favor del mejorado ninguna otra atribución, ni resultar llamado a la herencia por la ley, parece que este podrá reclamar su parte de legítima en la medida en que el valor de lo donado o legado en dicho concepto no cubra esta después agotado, en su caso, el tercio de mejora.
Si el causante ha dispensado al donatario de la obligación de colacionar, se entiende que la donación es imputable al tercio de libre disposición, y parece que en lo que exceda a los de mejora y legítima (Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de julio de 2013). Con todo, si el donatario no hubiese recibido ninguna otra atribución hereditaria o por vía de donación del causante, parece que lo donado, aun con dispensa de colación, deberá imputarse a la legítima en primer término, en cuanto es la solución que más se acomoda a la voluntad de aquel, evitando que el donatario pueda percibir lo donado y además reclamar una atribución legitimaria no concedida por el causante.
La Resolución DGRN de 12 de diciembre de 2016 se refiere a una donación hecha a un hijo con dispensa de colación y con previsión de que se imputase a los tercios de mejora, libre disposición y legítima, por este orden. La calificación registral consideraba que la previsión de imputación a la legítima era incompatible con la dispensa de colación, concluyendo de ello que la donación era nula. La DGRN revoca la calificación, destacando que la colación de donaciones a efectos de la partición y la imputación de las donaciones son operaciones conceptualmente distintas, que operan en planos diferentes, y que, en todo caso, no producen efecto alguno hasta el fallecimiento del causante.
Si el hijo donatario hubiese sido justamente desheredado o no hubiera podido heredar por indignidad, para algún autor (Vallet de Goytisolo) no deben imputarse las donaciones efectuadas a su favor a la parte de libre disposición, pues con ello se perjudicaría a posibles terceros ajenos a la causa de indignidad o desheredación, y se imputarán por ello al de legítima, de manera que los hijos y descendientes del indigno o desheredado solo adquieren el derecho a la legítima de su ascendiente en cuanto no se hallase cubierta para éste. Pero este argumento solo sirve cuando existan descendientes de grado ulterior que representen en la legítima al desheredado o indigno. Si no existieran dichos descendientes con derecho representación, el desheredado o indigno, en cuanto excluido de sus derechos legitimarios, no hará número para el cálculo de la legítima de los demás herederos forzosos, debiendo tener el tratamiento de un extraño, y las donaciones hechas al mismo imputarse al tercio de libre disposición y reducirse, en su caso, en cuanto al exceso.
Si el hijo repudiase la herencia, para algún autor (Vallet) ello no supone necesariamente la voluntad de repudiar la legítima, pudiendo mantenerse la donación recibida a cuenta de la legítima e imputarse a la misma, de acuerdo con el derecho histórico (Leyes de Toro). Para otros autores (De Buen o Roca Sastre), en caso del legitimario repudiante la donación que se le efectuó debe imputarse al tercio de libre disposición (así también la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 1961).
Algunos autores distinguen según el legatario haya sido instituido heredero o no. Si el legatario no ha sido instituido heredero, el legado será imputable en primer término a la legítima y el exceso a los tercios de libre disposición y mejora. Si el legatario ha sido instituido heredero, por el contrario, el legado se imputará en primer término al tercio de libre disposición y sucesivamente a los de mejora y legítima. Así se deduciría del artículo 1037 Código Civil: “No se entiende sujeto a colación lo dejado en testamento si el testador no dispusiere lo contrario, quedando en todo caso a salvo las legítimas”. En este sentido se pronuncian Vallet o Castán. Sin embargo, para Lacruz, el referido pre-legado ha de ser imputado en primer lugar a la legítima estricta, después al tercio libre y finalmente al de mejora. Según este autor, es inadmisible una atribución fuera de la legítima antes de comenzar la satisfacción de ésta. Como el legado tiene preferencia sobre a herencia es lógico que la primera disposición imputable a la legítima sea el legado.
En cuanto a los descendientes no legitimarios es opinión común que el legado o donación efectuados a los mismos se imputará al tercio de libre disposición. Si se trata de legado que excede del tercio de libre disposición, podrá imputarse a de mejora, aun en vida de sus padres. Si el descendiente no es legitimario en el momento de la donación y sí lo es en el de la apertura de la sucesión, deben imputarse de igual modo que las donaciones no colacionables, esto es al tercio libre y en lo que excede al de mejora (así, Vallet).
Conforme a la misma regla, un legado de cosa ajena al testador vulneraría el principio de intangibilidad cualitativa de la legítima, estando facultado el legitimario para repudiar el legado y reclamar su legítima.
Es discutible si la atribución de un derecho real limitado cumple la intangibililidad cualitativa de la legítima, especialmente en el caso de derechos limitados a la vida del legatario (dejando ahora al margen el caso del viudo, a quien la ley atribuye expresamente su legítima en usufructo). Parece que la atribución de un derecho de usufructo (o de uso o habitación) como pago de la legítima de un descendiente o ascendiente no cumpliría la regla de intangibilidad cualitativa, en cuanto no es un derecho transmisible mortis causa, como regla general, lo que implica un gravamen derivado de la propia naturaleza de la atribución.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 29 de marzo de 2017 confirma la del Juzgado de Primera Instancia, en cuanto a la vulneración de la intangibilidad cualitativa de la legítima supone la atribución en la partición a un descendiente de un derecho de uso y habitación. No obstante, esta misma Sentencia declara que si el gravamen cualitativo a la legítima se produce en la partición, la solución no será la inexistencia del gravamen ex artículo 813 del Código Civil sino la rescisión de la partición ex artículo 1074 y 1075 del Código Civil.
Se ha discutido también el régimen de esta acción desde el punto de vista procesal, particularmente si su ejercicio implica la necesidad de promover un proceso de partición de herencia, cuestión que después trataré más en detalle, así como su plazo de ejercicio, esto es, si está sujeta la acción a plazo de prescripción o caducidad y cuál debe ser este.
Empezando por esta última cuestión, el plazo de ejercicio de la acción de complemento de la legítima, materia que, a pesar de su importancia, no está expresamente resuelta en el Código Civil, ni ha recibido aun una respuesta jurisprudencial clara, y respecto a la cual no cabe dar una solución general, a mi entender, debiendo estarse a los distintos supuestos, en relación siempre con la posición que se adopte sobre la naturaleza del derecho del legitimario en cada caso y la particular acción que se ejercite. Así:
- Si el testador hubiere atribuido la legítima en el testamento con palabras comunes, esto es, se lega, deja o reconoce al legitimario sus derechos como tal, siguiendo la posición mayoritaria favorable a la naturaleza de la legítima como pars bonorum o pars hereditatis, y, consecuentemente, entendiendo que el legitimario es partícipe en la comunidad hereditaria, sea a título de heredero o de legatario de parte alícuota, la acción del legitimario, que no sería en el caso propiamente de complemento sino de reclamación de la legítima, sería asimilable, en este punto, a la de petición de herencia, excediendo del ámbito del crédito puramente personal, siendo el plazo de prescripción de treinta años desde la apertura de la sucesión. No cabría afirmar la imprescriptibilidad de la acción, pretendiendo asimilar la acción de reclamación de la legítima a la de partición de herencia o disolución de comunidades, no sujetas a prescripción conforme al artículo 1965 del Código Civil, porque una cosa es la imprescriptibilidad de la acción de división de una comunidad, una vez aceptados y adquiridos sus derechos por el partícipe, y otra la no sujeción a plazo de ejercicio de la acción de reclamación de la cuota o porción en la misma, resultando que tanto el heredero como el legatario de parte alícuota están sujetos a plazos máximos para la aceptación y reclamación de la herencia o legado.
Pero, pese a lo dicho, se producen resoluciones judiciales que no siguen la tesis mantenida por el Tribunal Supremo en las sentencias citadas. Así, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa 29 de julio de 2016, en una demanda de reducción de donación por inoficiosa, además de considerar como plazo de prescripción de la acción de reducción es el de quince años del artículo 1964, afirma que este no se cuenta desde la apertura de la sucesión sino desde la fecha en que la donación efectuada por el causante se inscribió en el registro de la propiedad, considerando que, hasta entonces, el demandante no podía ejercitar la acción por desconocer la donación.
- En relación a la acción de reclamación de la legítima de un heredero preterido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de diciembre de 2014 calificó la acción de un preterido no intencionalmente como rescisoria, sujeta a un plazo de caducidad de cuatro años desde la apertura de la sucesión. Si esta es la solución seguida para el preterido no intencionalmente, parece que la misma debería seguirse para el para el preterido intencionalmente o para el desheredado injustamente que reclamen su legítima, pues parece no lógico conceder a los mismos un plazo superior de reclamación que el que se otorga a un preterido no intencionalmente. Con todo, la posterior Sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio de 2015, ante la reclamación de su legítima por un preterido intencionalmente, entiende que se le aplica a la misma el plazo de treinta años de la acción de petición de herencia que se había ejercitado conjuntamente con la de preterición. En sentido similar, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 16 de diciembre de 2015 encuadra la reclamación de su legítima por dos hijos preteridos en el ámbito de la acción de petición de herencia, con el plazo de prescripción de treinta años.
En cuanto al legitimado pasivamente, como regla general la acción se ejercitará, en primer término, contra los herederos, y solo subsidiariamente contra legatarios y donatarios, sucesivamente. Pero esto deberá combinarse con las disposiciones generales sobre reducción de disposiciones inoficiosas y cumplimiento de las legítimas. Así, si el heredero es otro legitimario, su legítima deberá respetarse con preferencia al derecho de terceros extraños que sean legatarios o donatarios.
Respecto del objeto de la acción, teniendo en cuenta la naturaleza de la legítima como pars bonorum o pars hereditatis, como regla general el objeto de la acción será la obtención de bienes hereditarios, sin que ni el legitimario pueda reclamar ni el demandado optar por satisfacer en metálico el complemento. Con todo, puede haber excepciones a esta regla general. Así, cuando se trate de una acción de complemento que implique la reducción de legados, debe tenerse en cuenta la regla del artículo 821 del Código Civil, que permite si la reducción no absorbe la mitad del bien legado el abono en metálico. Cuando se trate de reducción de donaciones, podría pensarse en una aplicación supletoria del artículo 821 del Código Civil, o, incluso, de la aplicación analógica del artículo 1045 del Código Civil, que permitiría la computación y reducción no del bien donado en sí sino de su valor. Y si la lesión de la legítima tiene lugar por vía particional, teniendo en cuenta la inclusión del supuesto en el ámbito de la rescisión de la partición, también cabría sostener la aplicación al supuesto de la regla del artículo 1077 del Código Civil, que daría al demandado la opción de abonar la lesión en metálico.
En cuanto a si el cauce procesal para reclamar el complemento de legítima. La cuestión es si es necesario acudir al juicio de partición, sujeto a un especial procedimiento, procedimiento especial de división de herencias (artículos 782 y siguientes del Código Civil), o debe plantearse la reclamación en juicio declarativo ordinario al margen de las normas especiales del juicio divisorio.
Existe una corriente jurisprudencial favorable a exigir, para el ejercicio de la acción de complemento o reclamación de la legítima, la práctica de las operaciones particionales. Así, Sentencia de la Audiencia Provincial de Cantabria de 21 de junio de 2004, Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 8 de febrero de 2008 o Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra de 6 de febrero de 2009) Se invoca como apoyo de esta tesis la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1989, que declara:
"no es ontológica, ni jurídicamente, posible pedir el complemento de legítima, conforme al artículo 815 del Código Civil , que es la única acción que ha sido estimada por la sentencia recurrida (el pronunciamiento desestimatorio de todas las demás ejercitadas -entre ellas la de rescisión de la partición por lesión- no ha sido recurrido), supuesta la existencia de mejoras, sin antes conocer el montante del «quantum» o valor pecuniario que, por legítima estricta, corresponda a cada uno de los herederos forzosos en la herencia de que se trate, para cuyo conocimiento o fijación han de tenerse en cuenta todos los bienes que quedaren a la muerte del testador, con deducción de las deudas y cargas, salvo las impuestas en el testamento, según prescribe el artículo 818 del citado Código, lo que presupone la práctica de las pertinentes operaciones particionales".
Pero el caso de esta última sentencia presentaba la particularidad de que en los testamentos se hacía referencia a la existencia de un remanente en el que se instituía herederos y se nombraba contadores partidores, considerando el Tribunal Supremo que, sin que dichos contadores procediesen a la partición, adjudicando los bienes que correspondieran a los herederos legitimarios, no era posible determinar si existía o no lesión de la legítima.
No obstante, la Jurisprudencia más reciente parece mostrar un criterio diferente, distinguiendo la acción de suplemento de la de partición. Así:
En cuanto a la reducción de donaciones, debe tenerse en cuenta que esta se hará por orden inverso a sus fechas, reduciendo antes las de fecha más reciente (artículo 656 del Código Civil).
El número 2 del artículo ha planteado su posible contradicción con el artículo 879 del Código Civil que declara preferentes los legados remuneratorios y los de cosa cierta y determinada sobre los que el testador haya declarado preferentes.
En cuanto al apartado 3, es destacable la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2001, que lo aplica a un testamento que contenía un legado de usufructo universal a favor de la esposa e institución de herederos a los dos hijos, sin necesidad de establecimiento de una previsión expresa en tal sentido por el testador, rechazando la tesis conforme a la cual lo que procedía era la ineficacia del legado de usufructo universal sobre los dos tercios de legítima, declarando el Tribunal Supremo que dicho precepto "no condiciona su aplicación y eficacia a que el causante lo consienta" (aludiendo, además, como argumento de refuerzo, al carácter notarial del testamento, considerando que "en testamentos notariales abiertos, en los que se dan consejos y advertencias sobre la legalidad por un profesional tan cualificado como el Notario autorizante, es razonable pensar que el testador no ha querido imponer un gravamen sobre la legitima como el usufructo manifiestamente ilegal, sino dejar a voluntad del legitimario gravado cumplir la disposición a cambio de una mayor participación en la herencia, o bien recibir su legítima con arreglo a la ley sin esa participación, lo que equivale a no cumplirla".
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 4 de noviembre de 2015 resuelve sobre un caso en que se legaba a un hijo (afectado por una minusvalía) los tercios de libre disposición y mejora y con cargo a los mismos se le adjudicaba el usufructo universal de la herencia, declarando la Audiencia que dicho legado vulneraba la intangibilidad cualitativa de la legítima en cuanto afectaba el usufructo al tercio de legítima estricta, y ello aunque el valor del usufructo no excediese el de los tercios de mejora y libre disposición. Dice la Sentencia:
En similar sentido, la Sentencia de la Audiencia Provincial de A Coruña de 30 de diciembre de 2016, en un caso de sucesión sujeto al derecho común, declara que el artículo 820.3 del Código Civil, a pesar de su colocación sistemática, se refiere a la intangibilidad cualitativa y no a la intangibilidad cuantitativa, y, en consecuencia, no es requisito para que el heredero haga uso de la opción que le confiere la norma la previa cuantificación de la herencia. También declara esta sentencia que no es aplicable a la opción del heredero por entregar el tercio de libre disposición y el usufructo de mejora el plazo de un año del artículo 844 del Código Civil.
Frente a esta tesis, otra posición sostiene la posibilidad de mantener el gravamen cualitativo de la legítima siempre que la disposición del usufructo la respete cuantitativamente. Esta última es la posición que parece seguir la Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga de 10 de diciembre de 2015, que ante la impugnación de un legado de usufructo al viudo por posible inoficiosidad del mismo, declara:
Como excepción a esta regla se suele citar el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de mayo de 1953, en la que se reconoció la eficacia de la renuncia a los inmuebles en la herencia de su cónyuge impuesta por el testador como condición para una disposición a favor de un heredero, una vez aceptada por este heredero la herencia con dicha condición de renuncia.
El artículo 816 se refiere literalmente a la renuncia o transacción sobre la legítima futura “entre el que la debe y sus herederos forzosos”. Para Vallet este inciso aclaratorio “parece ciertamente que no se puede referir a la renuncia, tanto cuando ésta se efectúe en un acto unilateral como en otro caso, pues su supuesto también queda englobado por el adverbio toda, directamente referido a la palabra renuncia”.
Esta validez de la cautela socini ha sido confirmada por las Sentencias del Tribunal Supremo de 17 de enero de 2014, 10 de junio de 2014 y de 3 de septiembre de 2014. No obstante, como después diré, esta admisión conceptual de la figura no excluye que pueda haber casos en que la sanción impuesta sea considerada no lícita.
Incluso se ha reconocido en el caso de la atribución de un usufructo universal que afectase a derechos legitimarios, legado normalmente por el testador a favor de su cónyuge, la existencia de una cautela tácita en aplicación del artículo 820.3 Código Civil, según el cual: “Si la manda consiste en un usufructo o renta vitalicia, cuyo valor se tenga por superior a la parte disponible, los herederos forzosos podrán escoger entre cumplir la disposición testamentaria o entregar al legatario la parte de la herencia de que podía disponer libremente el testador.” Así lo declara la Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 2001.
Ha planteado dudas la posibilidad de que el cónyuge viudo, beneficiado con el usufructo universal con la fórmula de una cautela sociniana, pueda ejercitar la opción cuando también interviene en la herencia en representación de sus hijos menores, por considerarse la posibilidad de existencia de un conflicto de intereses entre el representante legal y los representados que exija la intervención de un defensor judicial.
La Resolución DGRN de 14 de diciembre de 2006 considera que existe conflicto de intereses entre la madre y el hijo menor, en la opción que aquélla realiza en su nombre y en el de su hijo menor, adjudicándose la viuda en la partición el usufructo universal sobre los bienes de la herencia, el cual le había sido atribuido en el testamento a través de una cautela sociniana.
En el mismo sentido, la Resolución DGRN de 4 de septiembre de 2012.
- La Resolución DGRN de 18 de junio de 2013 analiza un caso de usufructo universal atribuido a la madre como cautela sociniana e hija menor, considerando la DGRN que si el valor del usufructo universal no supera el valor de la parte de libre disposición y de la cuota legal usufructuaria de la viuda, la hija carecería de la opción de oponerse al usufructo. Interpreta la DGRN el artículo 820.3 Código Civil, desde el punto de vista de la intangibilidad cuantitativa de la legítima y como excepción a la intangibilidad cualitativa, excepción que, a juicio de esta resolución, encuentra amparo en el artículo 813.2 Código Civil, en la referencia que hace al "usufructo del viudo", como posible caso de gravamen de la legítima. En este caso, la partición, y consiguientemente la valoración del usufructo la realizaba unilateralmente un contador-partidor testamentario
- La Resolución DGRN de 22 de junio de 2015 resuelve un caso en que la viuda interviene en nombre propio y de sus dos hijos menores otorgando una escritura de partición. En el testamento se había efectuado un legado alternativo, pudiendo la viuda elegir entre el usufructo universal de la herencia o el tercio de libre disposición y su cuota legal usufructuaria, instituyendo herederos a los dos hijos por partes iguales y con el establecimiento de una cautela sociniana si la viuda optaba por el usufructo universal. En la escritura se inventarían una serie de bienes privativos, declarando la viuda que opta por la atribución del tercio de libre disposición y de su cuota legal usufructuaria, realizándose las adjudicaciones en pro-indiviso y proporcionalmente a los derechos de los partícipes. Para la DGRN no existe en este caso auto-contratación, argumentando que: "la elección de la viuda, no implica decisión alguna por parte de los herederos puesto que no se grava su legítima estricta sino tan sólo la mejora en los términos establecidos por el Código Civil, sin que afecte a la intangibilidad de la legítima".
Si comparamos estos dos últimos casos, veremos que, en contra de lo que parece considerar la DGRN, en ambos supuestos el viudo elige, aunque en el segundo caso opta por la solución que no grava la legítima estricta, lo que parece estar en el fondo de la decisión diversa de la DGRN.