Source: http://www.cnv.gov.ar/ResDisciplinarias/ResFinales/DictamenFiscalBancoMedefin.htm
Timestamp: 2018-01-23 08:14:17
Document Index: 239853502

Matched Legal Cases: ['artículo 58', 'artículo 58', 'artículo 65', 'artículo 10', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 1', 'artículo 65']

Comisión Nacional de Valores. Expte. nº 55.830.
Banco Medefin S.A. s/retardo en la presentación de información contable.
Exma. Cámara:
La Comisión Nacional de Valores, mediante resolución nº 11.094, del 28 de septiembre de 1995, aplicó a Banco Medefin S.A. y a los directores y miembros de la comisión fiscalizadora que allí se menciona, una multa de ocho mil pesos en forma solidaria, por infracción al artículo 58 de las normas.
Los afectados interponen el recurso fundado a fs. 266/267. Aducen que la sociedad no se hallaba alcanzada por la prescripción del artículo 58 citado, ya que -por ser en el momento de aplicación de la pena una “sociedad abierta”- sólo se el exigía en ese entonces la presentación de balances anuales y no trimestrales. Agregan que el régimen estatuido en el artículo 65 bis de las Normas, que contenía disposiciones especiales sobre el régimen contable de las emisoras de obligaciones, fue derogado en 1993, por el artículo 10 de la R.G. nº 230/93.
Finalmente, alegan que, aun de entenderse lo contrario, la situación por la que atravesaba la empresa le hacía imposible, por razones de fuerza mayor, dar cumplimiento a lo requerido.
A fs. 289/291 se presentan los miembros de la comisión fiscalizadora y fundan sus agravios. Aducen que la obligación de presentar los balances no pesaba sobre ellos, sino que los responsables eran los administradores sociales. Sostienen, asimismo, que el acto sancionatorio adolece de falta de fundamentación, en tanto no se analiza cuál fue la culpa de cada uno de los imputados en el incumplimiento que se les achacó. En tercer lugar, hacen también mención a que la reestructuración encarada por la empresa en el momento de ser juzgada su conducta fue la causa -a su juicio justificada- del incumplimiento que se les reprocha.
Pienso que el recurso no debe prosperar, por las siguientes razones:
1. En lo que concierne a la interpretación de los recurrentes con base en el artículo 58 de las Normas, coincido con la Comisión Nacional de Valores en el sentido de que la excepción allí contenida en punto a la obligación de presentar estados contables trimestrales no comprende a la recurrente. En efecto, como surge claramente de su texto, la dispensa no comprende a las sociedades que, como la recurrente, realizan oferta pública de obligaciones negociables convertibles y sin cotización (sujetas al control de la Comisión Nacional de Valores, conforme a lo dispuesto por el artículo 1º de la ley 22.169). En efecto, el artículo 58 bis de las Normas sólo excluye a aquellas “emisoras cuyos títulos valores coticen en la sección general de entidades autorreguladas autorizadas a tal efecto”, situación que no comprende a la causante. Las demás, como esta última, están sujetas al deber que fija el artículo 1º de la R.G. 255/94. Ello surge, además, del antecedente que deriva de la derogación del artículo 65 bis de las Normas, por el 10º de la R.G. 230/93 (inciso b) que únicamente imponía la obligación de presentar balances anuales a las sociedades que ofertasen obligaciones no convertibles: como bien sostiene el ente de control, tal decisión importó el sometimiento de la emisora recurrente al régimen común.
2. Las dificultades alegadas por los recurrentes, derivadas de una reestructuración administrativa, me parece que tampoco sirven de excusa atendible para justificar el incumplimiento reprochado.
Según Isaac Halperín ("Sociedades Anónimas", 2ª edición, 1978, pág. 468 y ss.) "el balance, que tiene importancia en cualquier empresa, cobra especial significado en la sociedad anónima para los socios y los terceros, por su triple función de hacer conocer el estado patrimonial de la sociedad, asegurar la integridad del capital, con la realiza­ción de amortizaciones y formación de reservas, etc.; dar a conocer los negocios sociales y su consecuencia, la distribu­ción de utilidades o la distribución de las pérdidas".
Manifiesta dicho autor que las razones fundamen­tales de la tendencia universal de reglamentar el contenido del balance y demás estados contables "se halla en que la estructura de la sociedad anónima contemporánea busca en la información uno de los pilares fundamentales de su regulación, y la compresión cabal de la función múltiple del balance y demás estados contables, que con uniformidad le reconoce la doctrina especializada: a) de los acreedores, para que la fijación de las utilidades en el momento oportuno, no disminu­ya la garantía de sus cobros; interés que se extiende a la valuación de los bienes y clara fijación de los rubros...b) de los acreedores partícipes en las utilidades...c) de los accio­nistas actuales y futuros (el ahorro público), para quienes satisface el derecho a la información, individualmente y para que puedan cumplir su función en la asamblea (art. 234, inc.1)”.
Estas exigencias son particularmente más intensas en relación a las sociedades que intervienen en la oferta pública de títulos valores. Al respecto, la intervención estatal se orienta a la protección del público inversor "especialmente a los que forman el medio común de los habitan­tes y que por carecer de la información necesaria pueden padecer en mayor grado la actividad de empresas improvisadas o carentes de la solidez exigida para un seguro y productivo destino del ahorro público" (Guastavino, Elías P., "Tratado de la 'jurisdicción' administrativa y su revisión judicial", pág. 349 y ss.).
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado que las funciones asignadas a las bolsas para dictar normas generales, verificar su cumplimiento, emitir autorizaciones y aplicar sanciones exceden el marco estricto del derecho privado, para adoptar las características típicas del ejercicio del poder de policía que compete al Estado. Afirmó el Tribunal que de los términos de la ley 17.811 se desprende que su propósito no es sólo regular cier­tas relaciones entre particulares, sino que apunta a un obje­tivo eminentemente público: crear las condiciones e instrumen­tos necesarios para asegurar una efectiva canalización del ahorro hacia fines productivos. Sobre esa base, las atribucio­nes mediante las cuales la bolsa determina las condiciones de emisión y rescate de títulos valores no derivan del poder correctivo interno de las asociaciones sino del ejercicio de los poderes estatales ligados a la reglamentación del comercio y a la provisión de lo conducente a la prosperidad del país (conf. art. 67, incisos 12 y 16 de la Constitución Nacional) (Fallos: 303:1812).
Por lo expuesto, considero que un incumplimiento, como el que se registra en autos, del deber de confeccionar y presentar adecuada y temporáneamente los estados contables de una sociedad que hace oferta pública de sus títulos, autoriza el ejercicio de las atribuciones que la ley acuerda al ente estatal de supervisión, que son y deben ser puestas en juego con miras al fin primordial del sistema que es el amparo del inversor, a quien deben darse seguridades que le alienten a dedicar sus ahorros a la adquisición de títulos valores y así contribuir al desarrollo. De ahí la necesidad de aplicar con severo celo las normas dictadas en cumplimiento de esa función (CNCom., sala B, "Establecimientos Textiles San Andrés S.A. s/Bolsa de Comercio de Buenos Aires", fallo del 11 de diciem­bre de 1970).
A la luz de tales principios no pueden, en mi parecer, acogerse los agravios contenidos en el recurso en análisis.
Va de suyo que, admitida la falta, no es admisi­ble -frente a la mas firme exigencia que plantea la ley en relación a este tipo de sociedades- la excusa que se apoya en la existencia de dificultades económico-financieras que provocaron -a raíz de una drástica reducción de personal- la situación de la que se hizo cargo el sumario.
Advierto que los actos de gestión no pueden redundar en perjuicio del público inversor, cuya protección -a través de informes claros, veraces y temporáneos- es el fin primordial de la injerencia del Estado a través de los meca­nismos previstos en la ley 17.811.
Agrego que el acogimiento de los agravios traídos a consideración de V.E. conduciría a la paradojal situación de que la falta que dio origen a la medida que se adoptó sólo podría ser sancionada cuando sea cometida por empresas emisoras cuya situación patrimonial no atraviese por dificulta­des como la que aquí se esgrime. Ello importa desconocer el fundamento legal, al que ya aludí, del deber de presentar estados contables en el tiempo y con los recaudos que la ley determina y, asimismo, otorgar una suerte de dispensa a socie­dades en relación a las cuales se hace más importante preser­var el derecho de información de los socios y del comercio en general, fundamentalmente en aras de la protección del ahorro público (conf. dictamen nº 67.009, en la causa "Flor de Lis S.A.I.C.F. y A. s/Recurso art. 34 Ley 17.811", cuyos fundamen­tos fueron compartidos por vuestra sala del Tribunal, en su sentencia del 29 de septiembre de 1992).
En el mismo sentido, he manifestado al expedirme en los autos "Peters Hnos. S.A. s/incumplimiento presentación de balances", dictamen nº 64.139, del 8 de abril de 1991, con fallo coincidente de V.E., del 26 de abril de 1991, que se justifica la decisión sancionatoria de la Bolsa cuando la sociedad recurrente fue autorizada para desarrollar una acti­vidad de captación del ahorro público a través de la contrata­ción en masa que debe realizarse en un marco de seguridad, certeza y legalidad, en cuya virtud está sometida a un severo régimen de contralor en vista a la protección del crédito en general (ley 17.811). En esta materia priva el interés gene­ral, en aras del cual no cabe admitir la actuación en el mercado de quien se ha sustraído a la observancia de exigen­cias legales y reglamentarias a las que debe sujetarse una actividad que compromete el orden público (conf. sala C, en la causa "Tritumol S.A. s/Incumplimiento presentación de balance", sentencia del 6 de octubre de 1993, con remisión a los fundamentos de mi dictamen nº 68.556).
3. Tampoco estimo atendibles los agravios de los miembros de la comisión de vigilancia del banco. En efecto, los administradores de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Son responsables los que faltan a sus obligaciones, ilimitada y solidariamente, por los daños y perjuicios que resulten de su acción y omisión (art. 59 de la Ley de Sociedades). La responsabilidad del directorio de una sociedad anónima nace de la sola circunstancia de integrar el órgano de gobierno, de manera que cualesquiera sean las funciones que efectivamente cumple un director, su conducta debe ser juzgada en función de la actividad obrada por el órgano. Ello, aunque el imputado alegue que su función fue "meramente nominal" o no haya actuado efectivamente en los hechos que se reputan disvaliosos, pues es función de cualquier integrante del órgano de conducción la de controlar la calidad de la gestión empresaria. Su incumplimiento da lugar a una suerte de culpa in vigilando, pues el distingo entre la condición de administradores y su ejercicio efectivo, antes de dispensarlos de responsabilidad, la agrava, porque comporta haberse desinteresado de la conducción que les estaba encomendada, desatendiéndose de las consecuencias de procederes que debieron haber vigilado.
Esa responsabilidad se extiende, desde mi punto de vista a los síndicos sociales. Es cierto que éstos no ejercen la dirección de la sociedad. Empero, ellos son los encargados por la ley de una fiscalización constante, rigurosa y eficiente de las disposiciones del directorio, por lo que sus funciones a los efectos de la normal marcha de la sociedad es más importante individualmente que las de cada uno de los directores. La falta deliberada o no del debido ejercicio de las múltiples obligaciones que la ley les impone -entre otras, las de control, asistencia, convocación a asambleas (Ley de Sociedades, artículos 294/296)- los hace incurrir en gravísima falta (conf. dictamen nº 66.266, del 27 de abril de 1992, in re: "Comisión Nacional de Valores - Cía. Argentina del Sud S.A. s/verificación contable", a cuyos fundamentos remitió la sala C del Tribunal, sentencia del 7 de octubre de 1992).
A la luz de tales principios, tengo para mí que el reproche dirigido contra los síndicos se encuentra justificado a raíz de su actuación en los hechos objeto de reproche., tanto en lo que respecta a las demora en la presentación de los estados contables, en relación a lo cual no surge de autos que hayan formulado las todas y cada una de las objeciones y realizado los actos necesarios para evitar los hechos que dieron lugar a la imputación administrativa.
Buenos Aires, 26 de diciembre de 1995.
Firmado. Raúl Calle Guevara. Fiscal de Cámara.