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Timestamp: 2018-02-19 22:05:45
Document Index: 344904422

Matched Legal Cases: ['artículo 92', 'artículo 192', 'artículo 98', 'Artículo 43', 'Artículo 57', 'Artículo 6', 'Artículo 21', 'artículo 7', 'Artículo 7', 'artículo 13', 'Artículo 13', 'artículo 57', 'artículo 77', 'Artículo 77']

Legislación: Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía ,
Tipo: Leyes de Leyes de Interés; Leyes de Patrimonio Area: Leyes de Interés ; Patrimonio
Fecha: 23/06/2010 Ambito: Andaluz Colectivo: Población general Grupo: General
BOE núm. 174 de 19 de julio 2010
El artículo 92.2 reconoce a los municipios competencias propias y el artículo 192.1 establece que una ley regulará la participación de las entidades locales en los tributos de la Comunidad Autónoma, que se instrumentará a través de un fondo de nivelación municipal, de carácter incondicionado.
Competencias propias y financiación incondicionada constituyen la expresión más acabada de la autonomía local.
El artículo 98 del Estatuto de Autonomía determina, como contenido de la ley de régimen local, en el marco de la legislación básica del Estado, las relaciones institucionales entre la Junta de Andalucía y los entes locales, así como las técnicas de organización y de relación para la cooperación y la colabo- ración entre los entes locales y entre estos y la Administración de la Comunidad Autónoma.
Título I La comunidad política local
Sección 1”. Disposiciones generales
3. Las competencias de la Comunidad Autónoma podrán transferirse o delegarse a las entidades locales en los términos previstos en la sección 4.” de este capítulo.
Sección 2”. Competencias propias de los municipios
Los municipios andaluces tienen las siguientes competencias propias: 1. Ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística, que incluye: a) Elaboración, tramitación y aprobación inicial y provisional de los instrumentos de planeamiento ge neral.
3. Gestión de los servicios sociales comunitarios, conforme al Plan y Mapa Regional de Servicios Sociales de Andalucía, que incluye: a) Gestión de las prestaciones técnicas y económicas de los servicios sociales comunitarios.
4. Ordenación, gestión, prestación y control de los siguientes servicios en el ciclo integral del agua de uso urbano, que incluye: a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación y alumbramiento de los recursos hídricos y su gestión, incluida la generación de los recursos no convencionales, el tratamiento de potabilización, el transporte por arterias o tuberías principales y el almacenamiento en depósitos reguladores de cabecera de los núcleos de población.
13. Promoción, defensa y protección de la salud pública, que incluye: a) La elaboración, aprobación, implantación y ejecución del Plan Local de Salud.
14. Ordenación de las condiciones de seguridad en las actividades organizadas en espacios públicos y en los lugares de concurrencia pública, que incluye: a) El control, vigilancia, inspección y régimen sancionador de los establecimientos de pública concurrencia.
15. Ordenación, planificación y gestión de la defensa y protección de personas usuarias y consumidoras, que incluye: a) La información y educación a las personas usuarias y consumidoras en materia de consumo, así como la orientación y el asesoramiento a estas sobre sus derechos y la forma más eficaz para ejercerlos.
16. Promoción del turismo, que incluye: a) La promoción de sus recursos turísticos y fiestas de especial interés.
17. Planificación y gestión de actividades culturales y promoción de la cultura, que incluye: a) La elaboración, aprobación y ejecución de planes y proyectos municipales en materia de bibliotecas, archivos, museos y colecciones museográficas.
18. Promoción del deporte y gestión de equipamientos deportivos de uso público, que incluye: a) La planificación, ordenación, gestión y promoción del deporte de base y del deporte para todos.
20. En materia de educación: a) La vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria.
Sección 3”. Competencias propias de las provincias
1. Con la finalidad de asegurar el ejercicio íntegro de las competencias municipales, las competencias de asistencia que la provincia preste a los municipios, por sí o asociados, podrán consistir en: a) Asistencia técnica de información, asesoramiento, realización de estudios, elaboración de planes y disposiciones, formación y apoyo tecnológico.
1. La provincia prestará la siguiente asistencia técnica: a) Elaboración y disciplina del planeamiento urbanístico y de instrumentos de gestión urbanística.
2. Los planes y programas de asistencia económica se regularán por norma provincial. En todo caso, el procedimiento de elaboración se regirá por los principios de transparencia y publicidad de las distintas actuaciones, informes y alegaciones municipales y provinciales, y se compondrá de las siguientes fases: a) La diputación provincial recabará de los ayuntamientos información detallada sobre sus necesidades e intereses peculiares.
f) Terminado el trámite de audiencia, la diputación provincial introducirá las modificaciones oportunas en el proyecto.
Si de las modificaciones pudiera resultar perjuicio o afección singular para uno o varios municipios, la diputación iniciará un trámite extraordinario de consultas con todos los municipios interesados.
h) Si en el curso de la ejecución de un plan o programa surgieran circunstancias especiales en algunos municipios que hiciera conveniente su modificación, se procederá a efectuarla siguiendo los trámites previstos en las letras e, f y g.
2. Asimismo, en la forma y casos en que lo determine una norma provincial, prestará obligatoriamente, a petición del municipio, al menos, los siguientes servicios municipales: a) Inspección, gestión y recaudación de tributos.
La provincia tendrá competencias en las siguientes materias: 1. Carreteras provinciales.
Sección 4”. Transferencia y delegación de competencias
1. El decreto de delegación será aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la consejería competente por razón de la materia, y deberá tener, al menos, el siguiente contenido: a) Referencia a las normas legales que justifican la delegación.
2. Las facultades de dirección y control que se reserve la Comunidad Autónoma podrán ser: a) La potestad reglamentaria sobre la materia, pudiendo el ente en que se delegue reglamentar el servicio.
Los municipios y demás entidades locales que asuman por delegación el ejercicio de competencias propias de la Comunidad Autónoma vendrán obligados a: 1. Cumplir los programas y directrices que la Comunidad Autónoma pueda, en su caso, establecer.
Sección 5”. Relaciones financieras de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales
Título II Los servicios y la inactiva económica locales
CAPÍTULO I Servicios locales de interés general y su régimen jurídico
Sección 1”. Régimen jurídico general
El régimen de los servicios locales de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía se inspira y fundamenta en los siguientes principios: 1. Universalidad.
1. Las ordenanzas locales de servicios reglamentados deben contemplar, entre otros, los siguientes aspectos: a) En relación al servicio, las condiciones técnicas de su prestación, las obligaciones específicas de servicio público que se les impone en virtud del criterio de interés general, así como los niveles mínimos de calidad, en su caso. Igualmente determinará, en función del servicio de que se trate, las tarifas o precios aplicables para toda o parte de la actividad, así como los supuestos en que la actividad puede ser subvencionada por la entidad local.
3. La ordenanza reguladora de la prestación del servicio público determinará al menos lo siguiente: a) Alcance, carácter, contenido y regularidad de las prestaciones que incluya.
3. La prestación en régimen de monopolio de un servicio público será acordada por el pleno del ayuntamiento correspondiente, adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa la tramitación de un expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, que incluirá, en todo caso: a) Una memoria justificativa, que recogerá, entre otros extremos, la estructura del mercado sobre el que actúa la reserva, los posibles intereses empresariales afectados y las posibles compensaciones derivadas de la reserva; el concreto interés general que motiva la reserva y el cumplimiento de los criterios del Derecho europeo y nacional sobre la competencia relativos a la creación de los derechos especiales o exclusivos.
Sección 2”. Modos de gestión de los servicios públicos
3. La gestión propia o directa por la entidad local puede revestir las siguientes modalidades: a) Prestación por la propia entidad local.
5. Los servicios que impliquen ejercicio de autoridad en ningún caso podrán prestarse mediante modalidades contractuales de colaboración ni mediante sociedad mer cantil local o interlocal, ni fundación pública local.
1. Las agencias locales en régimen especial son entidades públicas a las que se atribuye cualquiera de las actividades propias de las agencias públicas administrativas locales y agencias públicas empresariales locales, siempre que se den las siguientes circunstancias: a) Que se les asignen funciones que impliquen ejercicio de autoridad.
3. La actuación de las agencias locales en régimen especial se ajustarán a un plan de acción anual, bajo la vigencia y con arreglo a un pertinente contrato plurianual de gestión, que definirá los objetivos a perseguir, los resultados a obtener y, en general, la gestión a desarrollar, así como los siguientes extremos: a) Los recursos personales, materiales y presupuestarios a aportar para la consecución de los objetivos.
4. Corresponderá al pleno de la entidad local la aprobación del contrato de gestión de las agencias de régimen especial.
En el seno de las agencias locales en régimen especial se creará una comisión de control, cuyas funciones y composición se determinarán en los estatutos, a la que corresponderá informar sobre la ejecución del contrato de gestión.
Las entidades locales podrán crear o participar en sociedades interlocales para la prestación conjunta de actividades y servicios de su competencia, prestación que tendrá la consideración de gestión propia siempre que se cumplan los siguientes requisitos: 1. Capital exclusivo público local, con prohibición expresa de entrada de capital privado.
Tendrán la consideración de fundaciones públicas locales las fundaciones en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 1. Que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de la entidad local, sus entidades vinculadas o dependientes o empresas, así como aquellas en las que su patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un cincuenta por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por dichas entidades.
Artículo 43. La empresa mixta de colaboración públicoprivada.
Capítulo II De la iniciativa económica local
1. La creación de la empresa pública local requiere autorización del pleno mediante acuerdo adoptado por mayoría, previo expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, acuerdo que deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y habrá de especificar como contenido mínimo obligatorio: a) Denominación.
Título III El patrimonio de las entidades locales
Título IV Relaciones de la comunidad autonóma de andalucia con las entidades locales
Capítulo I Información e impugnación de disposiciones y actos
Capítulo II Relaciones de coordinación
Artículo 57 Consejo Andaluz de Gobiernos Locales.
Título V La cooperación territorial
Capítulo I Fines, principios y tipología de la cooperación
3. Son instrumentos para la cooperación territorial: a) Los convenios de cooperación.
Capítulo II Entidades e instrumentos para la cooperación
Sección 1”. Mancomunidades de municipios
3. En cualquier caso, una mancomunidad de municipios de Andalucía podrá prestar sus servicios a municipios de otra comunidad autónoma que lo soliciten con carácter provisional.
En este caso será necesaria la aprobación del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el cumplimiento de los requisitos o autorizaciones que se establezcan en la normativa de la comunidad autónoma a la que pertenezcan los municipios que efectúen la solicitud.
Los estatutos de las mancomunidades establecerán su régimen orgánico y de funcionamiento y contendrán, como mínimo, las determinaciones siguientes: 1. La denominación y la sede de la mancomunidad.
7. Los recursos económicos, con especial referencia a las aportaciones que deban efectuar los municipios integrantes.
Tales aportaciones deberán responder a criterios de proporcionalidad.
1. La asamblea, en el plazo de tres días, remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el acuerdo junto con los estatutos de la mancomunidad para su publicación. La publicación tendrá carácter constitutivo, y determinará el nacimiento de la misma, el reconocimiento de su personalidad jurídica y la obligación de inscribirla en el Registro Andaluz de Entidades Locales.
2. La iniciativa para la modificación de los estatutos podrá partir de cualquiera de los municipios mancomunados o del órgano de gobierno de la mancomunidad, y su aprobación corresponderá, en todo caso, al órgano de representación mu- nicipal. En su procedimiento serán trámites obligatorios el sometimiento a información pública por plazo mínimo de un mes y la audiencia a las diputaciones provinciales afectadas para que la informen en plazo no inferior a un mes.
3. Adoptado el acuerdo de modificación de los estatutos se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación, y se comunicará a la consejería competente sobre régimen local para su registro, que lo comunicará a la Administración General del Estado.
2. Adoptado el acuerdo de adhesión por la mancomunidad, se remitirá al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación, y se comunicará a la consejería competente sobre régimen local, que lo comunicará a la Administración General del Estado.
4. La asamblea remitirá el acuerdo sobre disolución al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su oportuna publicación.
La extinción de la mancomunidad se producirá con la publicación.
Sección 2”. Consorcios locales
Los estatutos establecerán el régimen de funcionamiento de los consorcios y contendrán, como mínimo, los siguientes extremos: 1. Denominación y sede del consorcio.
11. Previsiones sobre el régimen jurídico en que ha yan de quedar los bienes cedidos en uso por los municipios que se separen del consorcio.
4. La publicación de los estatutos del consorcio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía tendrá carácter constitutivo y determinará el nacimiento del mismo y el reconocimiento de su personalidad jurídica.
Sección 3”. Convenios de cooperación, redes y otras formas de cooperación
3. Los instrumentos de formalización de los convenios de cooperación deberán especificar: a) Las partes que suscriben el convenio.
4. Las redes de cooperación de ámbito andaluz deberán promover estructuras organizativas y funciona les flexibles, no jerarquizadas y basadas en la adopción con sensuada de decisiones.
Igualmente, deberán establecerse los mecanismos e instrumentos operativos más adecuados en cada momento para asegurar la continuidad de los flujos de información entre los distintos miembros de las redes.
1. El órgano supremo de colaboración entre la Comunidad Autónoma y los gobiernos locales es el Consejo Andaluz de Concertación Local, cuyas atribuciones, composición, y funcionamiento se regularán por su propia ley de creación.
2. La creación de otros órganos de colaboración se realizará por ley, la cual determinará, en todos los casos: a) Las funciones atribuidas y el ámbito material y territorial de actuación del órgano.
Capítulo III Régimen económico de las entidades locales de cooperación
1. La hacienda de las entidades locales de cooperación territorial estará integrada por los siguientes ingresos: a) Los procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado.
1. Las aportaciones municipales a las haciendas de las entidades locales de cooperación se establecerán de conformidad con los siguientes criterios: a) El régimen económico de las entidades garantizará en todo caso la distribución proporcional de las cargas entre todos los municipios integrados.
3. Los municipios estarán obligados a transferir, en los períodos que se fijen, el importe de las aportaciones que les correspondan y, a tales efectos, consignarán en sus presupuestos las cantidades precisas para atender, en los sucesivos ejercicios económicos, las obligaciones derivadas de los compromisos contraídos con la entidad local de cooperación a la que pertenezcan.
Título VI Demarcación municipal
Capítulo I El término municipal
1. Los términos municipales podrán ser modificados por: a) Segregación.
Capítulo II Creación, supresión y alteración de municipios
Sección 1”. Supuestos justificadores
2. Podrá acordarse la fusión de municipios cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: a) Falta de recursos para prestar, cada uno de ellos, por sí o asociados, los servicios mínimos impuestos por la ley.
b) Confusión de sus núcleos de población consecuen cia del desarrollo de sus edificaciones y demás espacios urbanos.
2. La creación de un nuevo municipio por segregación tendrá carácter excepcional, solo se hará sobre la base de núcleos de población y necesitará, además de la conformidad expresa, acordada por mayoría absoluta, del pleno del ayuntamiento del municipio que sufre la segregación, la concurrencia de, al menos, las siguientes circunstancias: a) La existencia de motivos permanentes de interés público relacionados con la planificación territorial de Andalucía.
3. La alteración de términos municipales, mediante segregación- agregación, no podrá suponer para ninguno de los municipios afectados, ni la privación de los recursos necesarios para prestar los servicios básicos establecidos legalmente, ni la reducción de los servicios a los que viniesen obligados en función de su población. El municipio que experimente la segregación podrá ser compensado con la incorporación a su término de una parte del que originó esta alteración. Si ello no fuera posible o conveniente, según los criterios de la ordenación territorial de la Comunidad Autónoma, podrá fijarse una compensación económica a cargo del municipio acrecido.
Solo podrá efectuarse la alteración en alguno de los siguientes casos: a) Cuando un núcleo de población de un municipio se extienda por el término de otro u otros limítrofes.
2. La supresión por incorporación se podrá acordar sobre la base de alguna o algunas de las circunstancias siguientes: a) Insuficiencia de medios para atender los servicios públicos obligatorios exigidos por la ley.
Sección 2”. Procedimiento
1. Los procedimientos para la creación y supresión de municipios o la alteración de sus términos podrá iniciarse: a) Por uno, varios o todos los ayuntamientos afectados, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta del número legal de miembros.
1. Los expedientes de los procedimientos de modificación de términos municipales estarán integrados por la siguiente documentación: a) Memoria que contenga una exposición detallada de la concurrencia de las circunstancias exigidas, en cada caso, por esta ley y demás motivos que justifiquen la modificación propuesta.
2. En los expedientes de segregación para la constitución de un nuevo municipio, además de la documentación exigida en el apartado anterior, figurará la siguiente: a) Propuesta que contenga el nombre del nuevo municipio, con indicación del núcleo de población en el que ha de radicar su capitalidad, caso de que tuviese más de uno.
Todos los expedientes de creación o supresión de municipios así como los de alteración de términos municipales serán resueltos por decreto del Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la conse jería competente sobre régimen local.
Sección 3”. Gobierno y administración provisionales
Cuando se trate de la creación de un nuevo municipio mediante la fusión de dos o más limítrofes, cesarán todas las personas titulares de alcaldías y concejalías y se designará de entre ellas una comisión gestora por la diputación provincial, integrada por un número de vocalías igual al que correspondiese de concejalías, según la población total resultante del nuevo municipio. La designación se hará en favor de las per- sonas titulares de las concejalías que obtengan mayores cocientes, después de sumar los votos conseguidos por todas las candidaturas presentadas en los municipios fusionados en las últimas elecciones municipales y de dividir dichas sumas, tal como establece la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, tantas veces cuantos sean los puestos de concejalías correspondientes al nuevo municipio.
CAPÍTULO III El nombre y capitalidad de los municipios
El cambio de capitalidad solo podrá fundarse en la existencia de alguna o algunas de las siguientes circunstancias: a) Desaparición, por cualquier causa, del núcleo de población donde estuviese establecida la capital.
1. En los procedimientos de cambio de denominación de los municipios habrán de seguirse las siguientes reglas: a) La denominación propuesta no podrá ser idéntica a otra existente en el territorio nacional ni inducir a error en la organización de los servicios públicos.
TÍTULO VII LA ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL
La organización territorial del término municipal estará presidida por el principio de racionalidad y economía administrativa, valorará fundamentalmente los criterios de volumen de población, situación geográfica, necesidades sociales, diferenciación histórica y cultural, orientación de las actividades económicas más significativas y existencia de intereses peculiares de cada zona, velando, en todo caso, por el mantenimiento o consecución de la solidaridad del conjunto de la comunidad vecinal y el acceso en condiciones de igualdad a los servicios públicos de todos los vecinos y vecinas con inde pendencia de su lugar de residencia.
CAPÍTULO II Desconcentración territorial municipal
CAPÍTULO III Descentralización territorial municipal
Sección 1”. Normas comunes a las entidades de gestión descentralizada
1. La iniciativa para la constitución de las entidades vecinales y las entidades locales autónomas corresponde al superior órgano colegiado ejecutivo del ayuntamiento, a cualquiera de los grupos políticos municipales, o a la población interesada, en cuyo caso se reque rirá la petición escrita de la mayoría absoluta de los vecinos del territorio, que haya de ser base de la entidad que se pretende constituir, con derecho a voto en las elecciones locales.
b) Un sistema de financiación que fije los criterios de participación en los tributos del municipio, en función de lo determinado en el acuerdo de creación y del coste de los servicios propios gestionados por las mismas, y del número de sus habitantes.
Con carácter general, dicho sistema de financiación tendrá una vigencia de cinco años, y deberá ser actualizado en cada ejercicio presupuestario.
Sección 2”. Normas especiales para las entidades vecinales
5. El régimen de funcionamiento de la junta vecinal, en cuanto a periodicidad de las sesiones, convocatorias, quórum, publicidad, votaciones, mayorías necesarias y otros aspectos de su funcionamiento, será el determinado por el estatuto de la entidad vecinal, que, en todo caso, habrá de ser adecuado a la naturaleza y volumen de competencias asumidas por la entidad, facilitador de la acción de gobierno y respetuoso con el derecho de información, participación y control por las minorías.
En cualquier caso, la alcaldía podrá instar de la vocalíapresidencia de la entidad la convocatoria de la junta vecinal, indicándole los asuntos que deba incluir en el orden del día.
De no hacerlo la vocalía-presidencia en el plazo de quince días, podrá hacerlo directamente la alcaldía. A tales sesiones podrá asistir el alcalde o alcaldesa, en cuyo caso las presidirá, o el concejal o la concejala que designe a tal efecto, en todo caso con voz pero sin voto.
Sección 3”. Normas especiales sobre las entidades locales autónomas
1. Las entidades locales autónomas tendrán competencias propias, como mínimo, en las siguientes ma
terias:
1. La persona titular de la presidencia de la entidad local autónoma será elegida directamente por la vecindad que, con residencia habitual en el ámbito territorial de actuación de dicha entidad, ostente derecho de sufragio activo en las correspondientes elecciones municipales. En caso de empate, se resolverá a favor del candidato o candidata que haya presentado el partido, federación, coalición o agrupación de electores más votado en las secciones comprendidas en el territorio vecinal.
Si persistiese el empate, se determinará por sorteo entre los más votados.
3. La persona titular de la presidencia de la entidad local autónoma cesa por las siguientes causas: a) Por el transcurso del plazo para el que se le confirió el mandato.
1. La junta vecinal, compuesta por las personas titulares de la presidencia y de las vocalías, asume el gobierno y la administración general de la misma, correspondiéndole específicamente las siguientes atribuciones: a) El control y la fiscalización de la presidencia de la entidad local autónoma y de cualquier otro órgano complementario que se constituyese.
2. El número de vocales de la junta vecinal, que será en todo caso par, será el que resulte de aplicar la siguiente escala: a) En las entidades locales autónomas que cuenten con una población de hasta 250 vecinos, dos vocales.
1. La hacienda de las entidades locales autónomas estará constituida por los recursos siguientes: a) Propios: - Ingresos procedentes de su patrimonio y demás de Derecho Privado.
1. Quedan sin efecto en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía los siguientes procedimientos de intervención y control de la Junta de Andalucía sobre las entidades locales: a) La aprobación del ejercicio en régimen de monopolio de las actividades y servicios esenciales reservados a favor de las entidades locales.
Disposición transitoria primera. Procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la pre sente ley.
1. Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon gan a lo dispuesto en esta ley y, específicamente: 1. La Ley 3/1983, de 1 de junio, de Organización Territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
1. Se modifican los artículos 6 y 21 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, que quedan redactados de la siguiente forma: «Artículo 6. Desafectación de bienes comunales.
Los bienes comunales solo podrán desafectarse cuando no hayan sido objeto de disfrute de esta índole por un tiempo superior a los últimos diez años continuados, aunque en alguno de ellos se hayan producido actos aislados de aprovechamiento, mediante acuerdo de la entidad local adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación, previa información pública por plazo de un mes.» «Artículo 21. Procedimiento de adjudicación directa.
El procedimiento de adjudicación directa para la enajenación de bienes patrimoniales se aplicará cuando se dé algunos de los siguientes supuestos: a) Parcelas que queden sobrantes en virtud de la aprobación de planes o instrumentos urbanísticos, de conformidad con la normativa urbanística.
k) Cuando por razones excepcionales se considere conveniente efectuar la venta a favor del ocupante del inmueble.» 2. Se añade un artículo 7 bis a la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes de las Entidades Locales de Andalucía, con la siguiente redacción: «Artículo 7 bis. Mutación demanial externa.
Las entidades locales de Andalucía podrán afectar bienes y derechos demaniales de su patrimonio a la Comunidad Autónoma de Andalucía y a otras administraciones públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia.
Este supuesto de mutación no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial y será aplicable a las citadas administraciones cuando estas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a las entidades locales de Andalucía para su destino a un uso o servicio público de su competencia.»
Se modifica el artículo 13 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de símbolos, tratamientos y registro de las Entidades Locales de Andalucía, que queda redactado de la siguiente forma: «Artículo 13. Información de existencia de símbolos idénticos o que induzcan a error o confusión.
Se añade un artículo 57 bis a la Ley 4/1986, de 5 de mayo, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con la siguiente redacción: «La Administración de la Junta de Andalucía podrá afectar bienes y derechos demaniales del patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las entidades locales de Andalucía y a otras Administraciones Públicas para destinarlos a un uso o servicio público de su competencia. Este supuesto de mutación, que deberá acordar el Consejo de Gobierno, no alterará la titularidad de los bienes ni su carácter demanial, y será aplicable a las citadas administraciones cuando estas prevean en su legislación la posibilidad de afectar bienes demaniales de su titularidad a la Administración de la Junta de Andalucía y a sus entidades instrumentales públicas para su destino a un uso o servicio público de su competencia.»
El artículo 77 de la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a las personas con discapacidad en Andalucía, quedará redactado en los siguientes términos: «Artículo 77. Órganos competentes.
1. La competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores corresponde a: a) La persona titular de la delegación provincial de la consejería que tenga atribuida la competencia en la materia de que se trate, en infracciones leves.
2. No obstante lo anterior, la competencia para iniciar y resolver los procedimientos sancionadores relativos a infracciones en materia de accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte corresponde: a) Al alcalde o alcaldesa del correspondiente municipio o concejal en quien delegue.
Disposición final sexta. Procedimientos de des linde.