Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23678
Timestamp: 2019-02-18 09:48:09
Document Index: 170095201

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 18', 'Artículo 154', 'Artículo 172', 'Artículo 8', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 39', 'Artículo 39', 'Artículo 43', 'Artículo 52', 'Artículo 3', 'Artículo 57', 'Artículo 53', 'Artículo 55', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 7']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 186/2013
SENTENCIA 186/2013, de 4 de noviembre
ECLI:ES:TC:2013:186
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 4 de abril de 2012, doña G.V.A. interpuso recurso de amparo contra los actos administrativos y las resoluciones judiciales indicadas en el encabezamiento de esta Sentencia.
2. La demanda tiene su origen en los siguientes antecedentes:
a) El 27 de agosto de 2009 se incoó procedimiento administrativo sancionador respecto de la ciudadana argentina doña G.V.A. al hallarla sin la documentación exigible para residir en España y comprobar que cumplía una pena privativa de libertad superior a un año como autora de una conducta dolosa. Al día siguiente la recurrente expuso mediante alegaciones escritas que era madre de una niña de tres años, nacida en España de una relación sentimental con un ciudadano español, y por tanto de nacionalidad española, que residía en casa de la madre del padre, quien también se encontraba en prisión y sobre esta base solicitó el archivo del expediente. El 21 de septiembre de 2009 la Subdelegación del Gobierno en Cádiz dictó resolución por la que se ordenaba su expulsión del territorio nacional con prohibición de entrada por 10 años, que justificaba en la entrada y estancia irregular en España de la actora [art. 53 a) de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, en adelante LOEx] y en el cumplimiento de una pena privativa de libertad superior a un año como autora de un delito doloso (57.2 LOEx).
b) Deducido recurso contencioso-administrativo, fundado en los mismos motivos que la reposición, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cádiz, en Sentencia de 30 de marzo de 2011, lo estimó parcialmente en el sentido de rebajar la prohibición de entrada en territorio español a cinco años, considerando ajustada a Derecho en los demás extremos la resolución administrativa de expulsión.
c) Dicha Sentencia fue objeto de recurso de apelación, que desestimó la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, mediante la Sentencia de 13 de marzo de 2012, que es la resolución judicial contra la que se dirige el recurso de amparo. Los motivos de apelación, que se centran en la falta de ponderación de las circunstancias de arraigo que concurren en el caso, son desestimados en esta Sentencia “al servir para rechazarlos los mismos razonamientos que fueron empleados por dicha sentencia de instancia, y que por acertados merecen ser asumidos también por esta Sala”. A continuación, tras reproducir el contenido del art. 57.2 LOEx, expresó que “en dicho supuesto la expulsión es la única sanción prevista, sin que resulte de aplicación el art. 57.5 como se pretende. El arraigo familiar alegado no puede tampoco servir para evitar la expulsión en el supuesto de autos de condena privativa de libertad superior a un año, al estar la consecuencia expresamente establecida en la ley Orgánica, por lo que la anulación de la sanción supondría dejar de aplicar la ley”.
3. Previamente a la demanda, se presenta escrito de 4 de abril de 2012 en el que, aparte de esgrimir los argumentos en que sustenta su pretensión de amparo, la recurrente solicita que se le designe Abogado y Procurador de oficio. En la página 12 de ese escrito expone que “de acuerdo con lo establecido en el art. 43 de la LOTC, el plazo para interponer el recurso de amparo es de veinte días desde la notificación de la sentencia que agota la vía judicial”. En la página 14, bajo el epígrafe “artículos en que basamos el amparo”, se limita a citar los arts. 18 y 19 CE y a precisar que “la lesión invocada es directamente imputable a la resolución que decretó la expulsión de territorio nacional que ha sido confirmada reiteradamente en vía administrativa y jurisdiccional”. Y en el suplico pide que se reconozca que se han vulnerado los derechos constitucionales consagrados en los arts. 18 y 19 CE y que, en su virtud, “se declare la nulidad de los actos y sentencias confirmatorias de los mismos”.
4. Por providencia de 11 de abril de 2013, la Sala Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite del recurso de amparo y, en aplicación de lo previsto en el art. 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dirigir atenta comunicación a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Cádiz, a fin de que, respectivamente, en el plazo de diez días, remitieran certificación o fotocopia adverada de las actuaciones correspondientes al recurso de apelación núm. 570-2011 y al recurso contencioso-administrativo 445-2010, y se emplazara a quienes hubieran sido parte en el procedimiento, excepto a la parte recurrente en amparo, para que pudieran comparecer en este proceso constitucional, si lo estimasen pertinente.
5. Mediante providencia de la misma fecha la Sala Segunda de este Tribunal acordó formar pieza separada para la tramitación del incidente de suspensión en los términos del art. 56 LOTC y, tras las alegaciones de las partes, se dictó el ATC 116/2013, de 20 de mayo, por el que se resolvía conceder la suspensión solicitada.
6. Una vez recibidos los testimonios solicitados y cumplimentados los emplazamientos requeridos, la Sala Segunda, por diligencia de ordenación de su Secretaría de Justicia de 24 de mayo de 2013, acordó tener por personado al Abogado del Estado y dar vista de las actuaciones a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, por plazo común de veinte días, para que formularan las alegaciones que estimaran pertinentes, conforme determina el art. 52.1 LOTC.
7. La representación procesal de la demandante evacuó el trámite de alegaciones mediante escrito registrado en este Tribunal el día 21 de junio de 2013, en el que reproduce las alegaciones formuladas en su escrito de demanda.
8. El Abogado del Estado, en escrito registrado el 26 de junio de 2013, formula sus alegaciones y, en su virtud, interesa la inadmisión del recurso en cuanto a la invocación del art. 19 CE y su desestimación por lo que hace a la pretendida vulneración del art. 18.1 CE. Y subsidiariamente la desestimación de todo él.
9. El Ministerio Fiscal, en escrito registrado el 16 de julio de 2013, formula sus alegaciones interesando la desestimación íntegra del recurso.
10. Por providencia de 31 de octubre de 2013 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 4 de noviembre de 2013.
1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de 13 de marzo de 2012 de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, que confirmó en apelación la resolución administrativa por la que se acordó la expulsión del territorio nacional de la recurrente, y tiene por objeto examinar si vulneró el derecho a la intimidad familiar (art. 18.1 CE) o el derecho de los españoles a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional (art. 19 CE).
2. Con carácter previo al examen del fondo de la cuestión, procede analizar el óbice procesal en virtud del cual el Abogado del Estado insta la inadmisión, al menos parcial, de este recurso de amparo, consistente en la falta de legitimación activa de la recurrente derivada de que no es titular de los derechos que invoca, ni tampoco representa a los titulares en lo concerniente a la invocación del art. 19 CE.
3. Al abordar las cuestiones de fondo resulta imprescindible, en primer término, delimitar el objeto de este proceso constitucional, partiendo para ello de la constante doctrina constitucional según la que, con las palabras de la STC 77/2008, de 7 de julio, FJ 4, “pesa sobre el recurrente la carga de facilitar a este Tribunal las alegaciones fácticas y jurídicas precisas a fin de dilucidar si ha mediado vulneración de los derechos fundamentales para cuya protección se interesa el otorgamiento del amparo constitucional (entre otras, SSTC 155/1999, de 14 de septiembre, FJ 1; 100/2003, de 2 de junio, FJ 2; 123/2006, de 24 de abril, FJ 3; y 155/2007, de 2 de julio, FJ 1)”.
4. Respecto de la invocación que se efectúa del art. 19 CE, este Tribunal ha tenido ocasión de declarar que en varias situaciones resultaba afectado el espacio vital protegido por los derechos reconocidos en el art. 19 CE, aunque acabase resolviendo que no había vulneración de los mismos porque tal restricción estaba justificada por un fin constitucionalmente legítimo y era proporcionada. Entre ellas se cuentan, por mencionar los supuestos más relevantes, la libertad provisional con obligación de comparecer periódicamente ante el Juzgado (STC 85/1989, de 10 de mayo, FJ 3), la medida cautelar consistente en la residencia obligatoria en determinado lugar adoptada en el seno de procedimientos sancionadores en los que pueda proponerse la expulsión del extranjero (STC 260/2007, de 20 de diciembre, FJ 5), la pena de prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellas otras personas que determine el juez o tribunal, que es de imposición obligatoria en los delitos a que alude el art. 57.2 del Código penal [por todas, STC 60/2010, de 7 de octubre, FJ 8 a)] y la extradición pasiva de un nacional español (STC 205/2012, de 12 de noviembre, FJ 4), apreciándose como denominador común en todos estos supuestos que la restricción a las libertades garantizadas en el art. 19 CE viene determinada por un vínculo forzoso, ya se trate de una obligación en positivo o de una prohibición de hacer algo.
5. Ahora bien, siendo en este caso una menor de edad la titular de las libertades del art. 19 CE implicadas, la configuración de éstas debe ser modulada desde una doble perspectiva.
6. A partir de esta situación procede analizar la eventual afectación al otro derecho fundamental invocado en la demanda de amparo, que es el “derecho a la vida familiar” que la recurrente considera comprendido en la intimidad familiar ex art. 18.1 CE, no pudiendo descartarla sobre la base de que una de las posibilidades fuese que la hija menor siguiera en compañía de su madre en el país de destino, pues ello privaría de efectividad al derecho examinado en el fundamento jurídico anterior.
7. En consecuencia, procede declarar que es jurisprudencia constitucional reiterada, a la que hemos de ajustarnos al resolver este recurso de amparo, que el “derecho a la vida familiar” derivado de los arts. 8.1 CEDH y 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea no es una de las dimensiones comprendidas en el derecho a la intimidad familiar ex art. 18.1 CE y que su protección, dentro de nuestro sistema constitucional, se encuentra en los principios de nuestra Carta Magna que garantizan el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE) y que aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia (art. 39.1 CE) y de los niños (art. 39.4 CE), cuya efectividad, como se desprende del art. 53.2 CE, no puede exigirse a través del recurso de amparo, sin perjuicio de que su reconocimiento, respeto y protección informará la práctica judicial (art. 53.3 CE), lo que supone que los jueces ordinarios han de tenerlos especialmente presentes al ejercer su potestad de interpretar y aplicar el art. 57.2 LOEx, verificando si, dadas las circunstancias del caso concreto, la decisión de expulsión del territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional al fin que dicha medida persigue, que no es otro en el caso del art. 57.2 LOEx que asegurar el orden público y la seguridad ciudadana, en coherencia con la Directiva 2001/40/CE, de 28 de mayo de 2001 del Consejo.
1. Voto particular que formulan los Magistrados doña Adela Asua Batarrita y don Fernando Valdés Dal-Ré a la Sentencia dictada en el recurso de amparo núm. 2022-2012.
1. Nuestra discrepancia con la Sentencia aprobada por la mayoría comienza desde el mismo relato fáctico recogido en los antecedentes que preceden a la fundamentación jurídica, a la que nos referiremos posteriormente, y que, por su insuficiencia e incorrección, condiciona el posterior enjuiciamiento del recurso de amparo, determinando la exclusión y no contestación de alguna otra concreta queja articulada de manera efectiva por la demandante o su errónea apreciación.
2. Aclarado lo anterior, hemos de manifestar nuestra más absoluta discrepancia con el contenido que en el antecedente 3 de la Sentencia aprobada por la mayoría se asigna al inicial escrito de demanda presentado el 4 de abril de 2012, y al posterior, registrado el 31 de julio de 2012. En ambos casos se omite la referencia a una queja debidamente articulada por la recurrente, dirigida a denunciar la vulneración del art. 24.1 CE por parte de las resoluciones administrativas impugnadas, remachándose esta omisión con la afirmación, contenida en el fundamento jurídico 3 de la Sentencia, de que resulta indiscutible que la recurrente “no funda su queja en una eventual lesión del art. 24.1 CE”. Y, sin embargo, tal afirmación dista de ser cierta, porque la actora sí denuncia la expresada vulneración. En efecto, aunque en el antecedente 3 sólo se mencionen las páginas 12 y 14 de ese inicial escrito, señalando que el recurso se interpone de acuerdo con el art. 43 LOTC y que se limita a citar los arts. 18 y 19 CE, lo cierto es que, a lo largo de la página 4 y comienzo de la 5, se denuncia la vulneración del art. 24.1 por la resolución administrativa impugnada, aduciendo que no responde a las alegaciones de la actora, que utiliza un formulario, que realiza afirmaciones falsas contradichas por los documentos aportados al expediente, que no es congruente con lo alegado y con las circunstancias del caso, que ni se ha comprobado ni se ha rebatido la documentación aportada, todo lo cual, dice textualmente: “produce una total incongruencia, y anula la resolución por falta de motivación, generando indefensión de la interesada contraria al art. 24.1 de la Constitución” (denuncia que se reitera en la página 10). Asimismo, se alega en la página 5 que la sanción es desproporcionada, habida cuenta de los argumentos que se expusieron ante la Administración y que ésta ignoró, argumentos que se vuelven a reproducir a continuación en las páginas 5 a 7, incidiendo de nuevo, en esta última, en el principio de proporcionalidad, acompañada de cita de doctrina jurisprudencial tanto de este Tribunal como de otras instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales. Es significativo, en particular, que se cite la STC 140/2009, de 15 de junio, en la que se estimó un recurso de amparo interpuesto contra una resolución administrativa sancionadora en materia de extranjería, fundamentándose la estimación, exclusivamente, en la apreciación de que la resolución administrativa había lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva por no haber motivado la imposición de la sanción de expulsión. Y, por si cupiera alguna duda, toda la argumentación de aquel inicial escrito de la recurrente se reproduce en la demanda presentada el 31 de julio de 2012, concretamente entre sus páginas 12 y 21, con cita expresa, igualmente, del art. 24.1 CE como precepto vulnerado por las resoluciones administrativas sancionadoras.
3. En efecto, a nuestro juicio, la queja referida a la vulneración del art. 24.1 CE debía prosperar y determinar la estimación del amparo, porque las resoluciones administrativas impugnadas han quebrantado las garantías que dicho precepto impone al ejercicio de la potestad sancionadora.
“El art. 25 de la L.O. 4/2000 señala los requisitos de entrada en el territorio español, entre ellos el efectuar la entrada por puesto fronterizo habilitado el efecto, provisto de pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad, no consta que se hayan cumplido ninguno de tales requisitos. En el momento de la detención se encontraba ilegalmente en España, dado que al proceder a su identificación debía simplemente haber mostrado su pasaporte con el correspondiente sello de entrada o bien la autorización de residencia o documento análogo que le permitieran la entrada o la estancia en nuestro país. Y no se han presentado pruebas de poseerlos a pesar del tiempo transcurrido desde la iniciación del presente procedimiento.
No parece desproporcionada la sanción de expulsión cuando son hechos que constan en el expediente que Vd. ha vulnerado toda la normativa española relacionada con la entrada y estancia de extranjeros en España; carece de cualquier tipo de documentación personal que asegure su identidad y nacionalidad; y reside en España sin tener autorización para ello y sin, ni siquiera, intentar obtenerla. Y, además, ha sido condenado a una pena privativa de libertad impuesta por una conducta dolosa que constituye en nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año.”
4. A la vista de cuanto ha quedado expuesto, resulta evidente para los Magistrados firmantes de este Voto la manifiesta ausencia de motivación por parte de las resoluciones administrativas sancionadora y resolutoria del recurso de reposición, que han prescindido por completo de lo alegado por la demandante y se han limitado a emplear un formulario, en el que se utiliza reiteradamente el masculino para referirse a ella, y en el que se recogen como fundamento de la sanción de expulsión una serie de circunstancias que han sido rotundamente desmentidas por los documentos aportados por la actora. Esto es, la Administración, además de tratar de justificar la proporcionalidad de la sanción en una serie de circunstancias que, en su práctica totalidad, queda demostrado de forma palmaria que no concurren en la actora, se ha negado, lisa y llanamente, a tomar en consideración las circunstancias del caso, omitiendo toda valoración acerca del dato alegado por la sancionada de que contaba con una pareja estable, de nacionalidad española, y que fruto de su relación había nacido una niña, también española, y sobre la afección que en cuanto a los derechos e intereses de ambos produciría la sanción de expulsión. Y esta ausencia de motivación resulta tanto más grave en la medida en que, por una parte, resultaban afectados derechos fundamentales, como los reconocidos en los arts. 18 y 19 CE, de suerte que se exigía una motivación reforzada (por todas, STC 31/2013, de 11 de febrero, FJ 3), y, por otra, lo alegado por la demandante de amparo en cuanto a sus circunstancias personales estaba en conexión con intereses de indudable relevancia constitucional, como son los contenidos en el art. 39 CE, de manera que, ante su puesta de manifiesto por la persona contra la que se dirigía el procedimiento sancionador, su ponderación resultaba obligada.
5. Discrepamos también de la Sentencia aprobada por la mayoría en relación con la conclusión a la que llega en cuanto a la denuncia de vulneración del art. 19 CE que realiza la actora, que se concreta en la lesión de los derechos de su hija menor de edad, que se verá obligada a abandonar el país como consecuencia de la expulsión de su madre, pese a ser la menor ciudadana española.
6. También disentimos del tratamiento que en la Sentencia aprobada por la mayoría se realiza de la queja de la demandante referida al art. 18.1 CE. Como primer aspecto, consideramos que el análisis que la Sentencia realiza de esa queja no se ajusta a los términos en que se ha formulado en la demanda. Aunque en la fundamentación jurídica no se explicita cuál es el fundamento de dicha queja, del inicio del fundamento jurídico 6 puede deducirse que el “derecho a la vida familiar” que alega la actora se refiere a su propia convivencia con su hija menor de edad, que podría verse afectada por la expulsión. Sin embargo, no es ese el planteamiento que se realiza en la demanda, según se deduce del propio antecedente 3 de la Sentencia, que concreta esa queja en que si, como consecuencia de la expulsión de la madre, la niña marchara con ella Argentina, “se estaría privando a hija y padre, ambos españoles de origen, del derecho de relacionarse entre sí, impidiendo el desarrollo del derecho de disfrutar de la intimidad familiar del art. 18.1 de la Constitución, en la línea que lo viene interpretando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos”. Así pues, en la Sentencia se ha dado respuesta a una queja distinta a la realmente planteada por la demandante de amparo, que se articulaba desde el prisma de la afección del derecho de su hija menor de edad a mantener una convivencia familiar con su padre, que seguirá residiendo en España.
Tipo y número de registro Recurso de amparo 2022-2012
Síntesis Descriptiva Promovido por doña G.V.A., en relación con las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, que desestimaron su impugnación de la resolución de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno de Cádiz.
Síntesis Analítica Supuesta vulneración del derecho a la intimidad familiar y de las libertades de circulación y residencia: orden de expulsión del territorio nacional que no impide a la hija menor de edad el disfrute efectivo de sus libertad de circulación y residencia; el derecho a la vida familiar no es una de las dimensiones comprendidas en el derecho a la intimidad familiar (STC 60/2010). Voto particular.
Resumen La Sentencia deniega el amparo solicitado por una ciudadana argentina y madre de una menor de nacionalidad española nacida en el año 2006. La Administración había ordenado su expulsión por haber entrado en territorio español sin la documentación requerida y haber cumplido una pena de prisión por un delito de tráfico de drogas, cuya legalidad fue confirmada en vía contencioso-administrativa. No se aprecia la vulneración de la libertad de residencia y de circulación ni del derecho a la intimidad familiar.
La Sentencia entiende que la expulsión del territorio nacional de la recurrente no supone una obligación de abandonar el país para su hija. En cuanto al ejercicio efectivo del derecho, la Sentencia afirma que la menor sólo vería lesionado su derecho fundamental si no tuviera otros elementos de arraigo en España o únicamente la madre pudiese asumir su manutención. En este caso, la menor tiene la opción de elegir permanecer en el país o marcharse a Argentina, pese a la expulsión de la madre, ya que ha convivido con las abuelas mientras su madre estaba en prisión. Además, su padre es nacional y cumplirá definitivamente la condena en 2014. Por lo tanto, no se vulneran las libertades que le reconoce a la hija el artículo 19 de la Constitución.
En cuanto al derecho a la intimidad familiar, la Sentencia reitera que la Constitución española no reconoce un derecho a la vida familiar equiparable al que enuncian los artículos 8 del Convenio europeo de derechos humanos y 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Siguiendo la doctrina de las SSTC 236/2007 y 60/2010, la tutela de esta vida familiar se incardina en el principio de protección de la familia y el libre desarrollo de la personalidad (arts. 39 y 10 CE), que no son susceptibles de amparo. Los jueces deben ponderar la proporcionalidad de la expulsión en relación con el fin de la seguridad y el orden público que persigue, teniendo en cuenta el sacrificio de la convivencia familiar. Siendo así, en este caso no se considera vulnerado el derecho reconocido en el artículo 18 de la Constitución.
La expulsada no carece de legitimación activa para invocar derechos cuya titularidad corresponde a su hija (libertad de circulación y a la libre elección de residencia). La recurrente alega un interés legítimo porque, en el caso de otorgarse el amparo, quedaría afectado su ámbito jurídico al obtener una ventaja.
1. La actuación pública recurrida no vulnera las libertades que el art. 19 CE garantiza ya que la resolución administrativa por la que se acuerda expulsar del territorio nacional a la madre, por mucha incidencia que pueda tener en la decisión de la hija menor española sobre su lugar de residencia, no entraña ninguna obligación jurídica de salir de España a esta última, al no impedírsele optar entre mantener su residencia en España, separándose de su madre, o trasladarse a Argentina junto a ella [FJ 4].
2. Una menor de edad de nacionalidad española, aunque no se le imponga la obligación jurídica de salir del territorio nacional, verá lesionado su derecho fundamental a permanecer en España, ex art. 19 CE, cuando en el caso concreto el superior interés de la menor pase necesariamente por acompañar a su progenitor expulsado a su país de destino, ya sea por no tener en España ningún otro elemento de arraigo, ya sea porque solo dicho progenitor pueda asumir su manutención (SSTC 173/2011 127/2013) [FJ 5].
3. Doctrina sobre la protección de los menores y la relevancia interpretativa del interés superior del menor (SSTC 127/2013, 167/2013) [FJ 5].
4. Ni la Constitución ni el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagran derechos meramente teóricos o ilusorios, sino reales y efectivos (SSTC 47/1987, 173/2011; SSTEDH casos Airey, de 9 octubre 1979 y Artico, 13 mayo 1980; STJUE asunto C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano y Office national de l’emploi (ONEm), de 8 de marzo de 2011) [FJ 5].
5. La Constitución no reconoce un ‘derecho a la vida familiar’ en los mismos términos en que la jurisprudencia del Tribunal europeo de derechos humanos ha interpretado el art. 8.1 CEDH, pero ello no supone que el espacio vital protegido por ese ‘derecho a la vida familiar’, derivado de dicho artículo y del art. 7 de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea, carezca de protección dentro de nuestro ordenamiento constitucional [FJ 6].
6. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en contraste con la de este Tribunal, ha deducido del art. 8.1 CEDH un ‘derecho a la vida familiar’ en el que uno de sus elementos fundamentales es el disfrute por padres e hijos de su mutua compañía, pudiendo dicho artículo actuar como límite a la aplicación de las causas legales de expulsión de los extranjeros, y, asimismo, ha reconocido que el derecho de reagrupamiento familiar sólo es viable en el supuesto de imposibilidad de vida familiar en ningún otro lugar, si bien deja un margen de apreciación a los Estados en aplicación de las normas de extranjería (STEDH casos Dalia, de 19 de febrero de 1988, Johansen, de 27 de junio de 1996, y Boultif c. Suiza, de 2 de agosto de 2001) [FJ 6].
7. Doctrina sobre el alcance y contenido del derecho a la intimidad familiar (SSTC 231/1988, 60/2010) [FJ 6].
8. La protección del derecho a la vida familiar dentro de nuestro sistema constitucional se encuentra en los principios que garantizan el libre desarrollo de la personalidad, ex art. 10.1 CE, la protección social, económica y jurídica de la familia, ex art. 39.1 CE, y de los niños, ex art. 39.4 CE, cuya efectividad, ex art. 53.2 CE, no puede exigirse a través del recurso de amparo, sin perjuicio de que su reconocimiento, respeto y protección deberá informar la práctica judicial, ex art. 53.3 CE, por lo que los jueces ordinarios han de tenerlos especialmente presentes, verificando si la decisión de expulsión del territorio nacional y el sacrificio que conlleva para la convivencia familiar es proporcional al fin que dicha medida persigue [FJ 7].
9. A efectos de la delimitación del objeto del recurso de amparo debe tenerse presente que pesa sobre el recurrente la carga de facilitar a este Tribunal las alegaciones fácticas y jurídicas precisas a fin de dilucidar si ha mediado vulneración de los derechos fundamentales para cuya protección se interesa el otorgamiento del amparo constitucional (SSTC 155/1999, 77/2008) [FJ 3].
10. La recurrente, a pesar de no ser titular de los derechos reconocidos en los arts. 18.1 y 19 CE, cumple los dos requisitos exigidos por la doctrina constitucional referida para que se le reconozca legitimación activa, ya que fue parte en el proceso judicial en el que se dictó la Sentencia frente a la que se dirige el recurso de amparo y que, de estimarse la vulneración de los derechos fundamentales invocados de los que es titular la hija o el padre, se produciría en su ámbito jurídico una ventaja, lo que acredita que ostenta un interés legítimo en que se tutelen tales derechos [FJ 2].
11. Doctrina sobre la legitimación activa en el recurso de amparo (SSTC 60/1982, 148/1993) [FJ 2].
Artículo 154.1, VP
Artículo 172.1, VP
Artículo 8.1, f. 6, VP
Artículo 18, ff. 3, 6, VP
Artículo 18.1, ff. 1, 3, 6, VP
Artículo 19, ff. 1 a 5, VP
Artículo 39.1, f. 6, VP
Artículo 39.4, ff. 5, 6, VP
Artículo 43, f. 3, VP
Artículo 52.1, VP
Artículo 3.1, f. 5, VP
Artículo 57.2, ff. 4, 6
Artículos 16 a 18, f. 6
Artículo 53 a), VP
Artículo 55.3, VP
Artículo 57.2, f. 6, VP
Artículo 57.3, VP
Artículo 57.5, VP
Artículo 57.6, VP
Artículo 58.2, VP
Artículo 7, f. 6, VP
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 27 de junio de 1996 (Johansen c. Noruega)
§ 52, f. 6, VP
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 19 de febrero de 1998 (Dalia c. Francia)
§§ 39 a 45, f. 6
§§ 52 a 54, f. 6
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de marzo de 2011 (Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l’emploi, asunto C-34/09)
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 10 de abril de 2012 (K.A.B. c. España)
§§ 88, 90, VP
§ 95, VP
§ 97, 103, VP
§ 108, VP
§ 116, VP
Contenido de la libertad de residenciaContenido de la libertad de residencia, f. 4, VP
Contenido del derecho a la intimidadContenido del derecho a la intimidad, f. 7, VP
Demanda de amparoDemanda de amparo, f. 3, VP
Derecho a entrar y salir libremente de EspañaDerecho a entrar y salir libremente de España, f. 4, VP
Derecho a la intimidad familiarDerecho a la intimidad familiar, ff. 6, 7, VP
Derecho al libre desarrollo de la personalidadDerecho al libre desarrollo de la personalidad, f. 7, VP
Derechos fundamentales de los extranjerosDerechos fundamentales de los extranjeros, f. 6, VP
Derechos y libertades no susceptibles de amparoDerechos y libertades no susceptibles de amparo, f. 7, VP
Garantías procesalesGarantías procesales, VP
Identificación del acto impugnadoIdentificación del acto impugnado, f. 3, VP
Motivación de las resoluciones administrativas sancionadorasMotivación de las resoluciones administrativas sancionadoras, VP
Ponderación de interesesPonderación de intereses, f. 7, VP
Principios rectores de la política social y económicaPrincipios rectores de la política social y económica, f. 7, VP
Titularidad de los derechos fundamentalesTitularidad de los derechos fundamentales, ff. 2, 5, VP
Titularidad por los nacionalesTitularidad por los nacionales, f. 4, VP
Convivencia familiarConvivencia familiar, ff. 6, 7, VP
Doctrina del Tribunal Europeo de Derechos HumanosDoctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, f. 6, VP
Expulsión de extranjerosExpulsión de extranjeros, ff. 4, 5, 6, 7, VP
ExtranjeríaExtranjería, f. 6, VP
Interés superior del menorInterés superior del menor, f. 5, VP
MenoresMenores, ff. 2, 5, VP
Motivación de las resoluciones administrativasMotivación de las resoluciones administrativas, VP
Procedimiento administrativo sancionadorProcedimiento administrativo sancionador, VP
Protección de la familiaProtección de la familia, f. 7, VP
Resoluciones administrativas sancionadorasResoluciones administrativas sancionadoras, VP