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Timestamp: 2017-10-19 08:58:27
Document Index: 258200029

Matched Legal Cases: ['Artículo 104', 'Artículo 1093', 'artículo 41', 'artículo 124', 'artículo 555', 'artículo 571', 'Artículo 573', 'artículo 571', 'artículo 107', 'artículo 571', 'Artículo 571', 'Artículo 571', 'Artículo 575', 'Artículo 571', 'Artículo 571', 'Artículo 571', 'in fine', 'Artículo 1347', 'artículo 571', 'artículo 1347', 'Artículo 493', 'Artículo 491', 'Artículo 486', 'e contrario', 'artículo 489', 'artículo 293', 'artículo 47']

Conflicto de Jurisdicción | Fernando Villarreal Gonda
Competencia de los Tribunales Federales vs los Estatales
Competencia de los Tribunales Federales por Territorio
COMPETENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL INDIRECTA
Competencia Federal o Estatal
Derecho Aplicable a la Ejecución
Procedimiento Aplicable a la Ejecución
Requisitos de Fondo de la Sentencia
Control de la Competencia Judicial Internacional Directa del Juez Extranjero
Control de la Competencia Judicial Interna del Juez Extranjero
Derecho Aplicado en Cuanto al Fondo
Orden Público Internacional Procesal
Orden Público Internacional de Fondo
CÓDIGO DE COMERCIO (MÉXICO)
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE NUEVO LEÓN (MÉXICO)
El Conflicto de jurisdicción incluye el conjunto de reglas para determinar el tribunal competente para conocer de un litigio que presenta puntos de contacto con varios Estados, así como el conjunto de reglas para definir los efectos jurídicos de sentencias judiciales extranjeras en un Estado. Por ello, podemos dividir el problema en dos apartados:
Competencia judicial internacional directa que estudia la competencia para conocer y decidir sobre litigios que tienen puntos de contacto con más de un Estado. Ejemplo: Tribunal competente para conocer de la reparación del daño causado por un accidente automovilístico sucedido en España, entre un francés y un belga.
Competencia judicial internacional indirecta que concierne al control local de las sentencias extranjeras para su reconocimiento y ejecución. Ejemplo: Efectos en México de una sentencia pronunciada en Texas.
Artículo 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:
Art. 104. Los Tribunales de la Federación conocerán: (…)
Las sentencias de primera instancia podrán ser apelables ante el superior inmediato del juez que conozca del asunto en primer grado; (…)
Artículos 24 a 27 del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
Art. 24. Por razón de territorio es tribunal competente:
Es también competente el tribunal de que trata esta fracción para conocer de los juicios seguidos contra el concursado, en que no se pronuncie aun sentencia al radicarse el juicio de concurso, y de los que, para esa ocasión, estén ya sentenciados ejecutoriadamente, siempre que, en este último caso, la sentencia no ordene que se haga trance y remate de bienes embargados, ni esté en vías de ejecución con embargo ya ejecutado. El juicio sentenciado que se acumule, sólo lo será para los efectos de la graduación del crédito vuelto indiscutible por la sentencia;
VI. El del lugar en que haya tenido su domicilio el autor de la sucesión, en la época de su muerte, tratándose de juicios hereditarios; a falta de ese domicilio, será competente el de la ubicación de los bienes raíces sucesorios, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III. A falta de domicilio y bienes raíces, es competente el del lugar del fallecimiento del autor de la herencia.
b). De las acciones contra la sucesión, antes de la partición y adjudicación de los bienes, y
c). De las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la partición hereditaria;
VIII. En los actos de jurisdicción voluntaria, salva disposición contraria de la ley, es juez competente el del domicilio del que promueve; pero, si se trata de bienes raíces, lo es el del lugar en que estén ubicados, observándose, en lo aplicable, lo dispuesto en la fracción III.
IX. Tratándose de juicios en los que el demandado sea indígena, será juez competente el del lugar en el que aquél tenga su domicilio; si ambas partes son indígenas, lo será el juez que ejerza jurisdicción en el domicilio del demandante.
Art. 25.- En los negocios relativos a la tutela de los menores o incapacitados, es juez competente el de la residencia del menor o incapacitado.
Art. 26.- Para suplir el consentimiento del que ejerza la patria potestad, y para conocer de los impedimentos para contraer matrimonio, es juez competente el del lugar en que hayan presentado su solicitud los pretendientes.
Art. 27.- Para suplir la licencia marital y para conocer de los juicios de nulidad del matrimonio, es juez competente el del domicilio conyugal.
El propio juez es competente para conocer de los negocios de divorcio y, tratándose de abandono de hogar, lo será el del domicilio del cónyuge abandonado.
Prórroga de la Competencia de los Tribunales Federales por Territorio
Artículos 566 a 567 del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
Art. 566.- También será reconocida la competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero designado por convenio de las partes antes del juicio, si dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, dicha elección no implica de hecho impedimento o denegación de acceso a la justicia.
Art. 567.- No se considerará válida la cláusula o convenio de elección de foro, cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna parte pero no de todas.
Artículo 1093 del Código de Comercio (México):
Art. 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas.
SENTENCIAS EXTRANJERAS. REQUISITOS PARA QUE SURTAN EFECTOS (CONSTITUCIONALIDAD DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE SONORA). Los artículos 9o., fracción III, 356, 475 y 482 del Código de Procedimientos Civiles, simplemente establecen los requisitos de trámite, meramente procesales, que deberán satisfacerse para que las sentencias extranjeras puedan ser tenidas como auténticas y consideradas como válidas en el Estado de Sonora; por tanto, como dichos preceptos de ninguna manera legislan sobre la condición jurídica de los extranjeros, ni en forma que afecten sus derechos civiles sustantivos, es claro que no pueden considerarse inconstitucionales, aparte de que tales disposiciones ni siquiera son específicas para los extranjeros, sino que rigen para toda persona que pretenda hacer valer ante los tribunales de dicho Estado una sentencia dictada en otro país. En consecuencia, no cabe duda alguna de que el Congreso de Sonora tuvo facultades para legislar sobre los requisitos que deban llenarse para que las sentencias extranjeras puedan producir efectos jurídicos en el Estado, ya que conforme al artículo 41 constitucional, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores y conforme al artículo 124 constitucional, las facultades que no están expresamente concedidas a la Federación se entienden reservadas a los Estados, y es notorio que el punto de que se trata no está reservado a la Federación.
[TA]; 6a. Época; 3a. Sala; S.J.F.; Volumen V, Cuarta Parte; Pág. 121
TERCERA SALA Amparo en revisión 6474/56 William C. Greene. 7 de noviembre de 1957. Mayoría de tres votos. Disidente: Gabriel García Rojas. Ponente: Alfonso Guzmán Neyra. Nota: En el Apéndice 1917-1985, página 774, la tesis aparece bajo el rubro "SENTENCIAS EXTRANJERAS. REQUISITOS PARA QUE SURTAN EFECTOS (CONSTITUCIONALIDAD DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE SONORA).”. Genealogía Apéndice 1917-1985, Cuarta Parte, Tercera Sala, tesis relacionada con jurisprudencia 272, página 774.
EJECUCION DE SENTENCIAS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO QUE COMPETAN A LAS AUTORIDADES DEL ORDEN COMUN. LA SUPLETORIEDAD DE LA LEY PROCESAL CIVIL FEDERAL NO INCLUYE MEDIOS DE DEFENSA. (LEGISLACION DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que el artículo 555 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, tratándose de la ejecución de resoluciones dictadas en el extranjero, permite la aplicación de leyes de naturaleza federal al señalar textualmente que: en la ejecución de las sentencias dictadas en el extranjero, se aplicarán, además, los tratados que sobre la materia hubiere y las leyes federales del caso, inclusive las procesales. Debe considerarse tal autorización sólo en el caso en que se apliquen como legislación supletoria en las cuestiones no reglamentadas expresamente por dicho código, como lo son la forma y requisitos que deben satisfacerse para ejecutar una resolución que provenga del extranjero, en los términos que señalan los artículo 571 a 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles; mas no debe estimarse supletoria dicha ley en función de los medios de defensa, dado que el ordenamiento procesal civil del estado, tiene disposiciones sobre el particular, en el Libro Segundo, Capítulo Décimo Sexto; de ahí que, las determinaciones que tome el Juez del conocimiento al instaurar el procedimiento con el fin de ejecutar una sentencia que proviene de autoridades judiciales de otro país, en caso de ser impugnadas deberán sujetarse a los medios de defensa que establece la legislación local.
[TA]; 8a. Época; T.C.C.; S.J.F.; Tomo XV-2, Febrero de 1995; Pág. 321
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO Amparo en revisión 148/91. John Wesley Devilbiss Muñoz. 6 de junio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez.
Artículo 573 del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
Art. 573. Es tribunal competente para ejecutar una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional proveniente del extranjero, el del domicilio del ejecutado, o en su defecto, el de la ubicación de sus bienes en la República.
Artículos 569 y 570 del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
Art. 569.- Las sentencias, los laudos arbitrales privados de carácter no comercial y demás resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia y serán reconocidos en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.
Art. 570. Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones jurisdiccionales extranjeros se cumplirán coactivamente en la República, mediante homologación en los términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.
Artículos 550 a 554, 572 y 574 del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
Art. 554.- Los exhortos internacionales que se reciban sólo requerirán homologación cuando implique ejecución coactiva sobre personas, bienes o derechos, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto por el Capítulo Sexto de este Libro. Los exhortos relativos a notificaciones, recepción de pruebas y a otros asuntos de mero trámite se diligenciarán sin formar incidente.
Art. 550.- Los exhortos que se remitan al extranjero serán comunicaciones oficiales escritas que contendrán la petición de realización de las actuaciones necesarias en el proceso en que se expidan. Dichas comunicaciones contendrán los datos informativos necesarios y las copias certificadas, cédulas, copias de traslado y demás anexos procedentes según sea el caso.
Art. 552.- Los exhortos provenientes del extranjero que sean transmitidos por conductos oficiales no requerirán legalización y los que se remitan al extranjero sólo necesitarán de la legalización exigida por las leyes del país en donde se deban de diligenciar.
Art. 553.- Todo exhorto internacional que se reciba del extranjero en idioma distinto del español deberá acompañarse de su traducción. Salvo deficiencia evidente u objeción de parte, se estará al texto de la misma.
Art. 572. El exhorto del Juez o tribunal requirente deberá acompañarse de la siguiente documentación:
I.- Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional;
II.- Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones IV y V del artículo anterior;
III.- Las traducciones al idioma español que sean necesarias al efecto; y
IV.- Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar del tribunal de la homologación.
Art. 574. El incidente de homologación de sentencia, laudo o resolución extranjera se abrirá con citación personal al ejecutante y al ejecutado, a quienes se concederá término individual de nueve días hábiles para exponer defensas y para ejercitar los derechos que les correspondieren; y en el caso de que ofrecieren pruebas que fueren pertinentes, se fijará fecha para recibir las que fueren admitidas, cuya preparación correrá exclusivamente a cargo del oferente salvo razón fundada. En todos los casos se dará intervención al Ministerio Público para que ejercite los derechos que le correspondiere.
HOMOLOGACIÓN Y EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA. ES PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL INCIDENTE RESPECTIVO. De los artículos 569 a 577 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que el procedimiento de homologación y ejecución de una sentencia extranjera tiene la regulación de un incidente, en el que el tribunal nacional tiene que examinar que se cumplan los requisitos previstos en el artículo 571 para reconocer obligatoriedad a la sentencia extranjera y ordenar su cumplimiento coactivo en territorio nacional; en el entendido de que dicha facultad no tiene el alcance de revisar el fondo de la resolución, sus consideraciones o sus fundamentos de derecho, sino que debe constreñirse a verificar su autenticidad y que estén presentes los requisitos citados debido a que una de las condiciones para que la sentencia extranjera sea homologada en México es que constituya cosa juzgada en el país en el que fue dictada. Conforme a lo anterior, la sentencia que resuelve el incidente de homologación y ejecución de sentencia extranjera es una sentencia interlocutoria y no tiene las características de una sentencia definitiva, puesto que tiene por objeto resolver una cuestión que es incidental al juicio; es una sentencia sobre el proceso y no sobre el derecho; dirime una controversia accesoria, que surge con ocasión de lo principal. A diferencia de las sentencias definitivas, que son las resoluciones judiciales que ponen fin a un proceso, solucionando el litigio planteado de fondo, deciden el negocio principal, analizan las acciones deducidas y las excepciones opuestas, estableciendo el derecho entre las partes, teniendo por vocación absolver o condenar. En consecuencia, la resolución que se dicte en el incidente de homologación y ejecución de sentencia es un acto dictado después de concluido el juicio y, por lo tanto, en su contra es procedente el amparo indirecto, en los términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, que establece que contra actos dictados en ejecución de sentencia, el amparo procede en contra de la última resolución dictada en el procedimiento, dado que el legislador pretendió que las sentencias firmes sean cumplidas sin que la promoción de múltiples amparos obstaculicen la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada.
Contradicción de tesis 159/2014. Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito. 10 de septiembre de 2014. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, en cuanto al fondo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Tesis y/o criterios contendientes: El entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, actual Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 940/98, que dio origen a la tesis aislada número XVII.2o.34 K, de rubro: "HOMOLOGACIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA, POR SER UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DEL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, mayo de 2000, página 939, con número de registro digital: 191839, y el criterio emitido por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 44/2014, en el cual sostuvo que los artículos 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 515 de la legislación estatal otorgan sustantividad al procedimiento natural, aun cuando se denomine como un incidente, porque debe probarse la existencia y aplicación del derecho extranjero, pues de éste no se presume su conocimiento por parte del juzgador nacional y, con base en ello, determinarse la procedencia o no del derecho del actor a ejecutar la sentencia en el territorio mexicano; de ahí que no se trata de un mero asunto de ejecución de sentencia, pues es menester decidir un aspecto sustancial, como lo son, se insiste, la existencia y aplicación del derecho extranjero. Tesis de jurisprudencia 65/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de octubre de dos mil catorce. Ejecutorias HOMOLOGACIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA, POR SER UN ACTO DICTADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, EL TRIBUNAL COLEGIADO CARECE DE COMPETENCIA LEGAL PARA CONOCER DEL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA. Esta tesis se publicó el viernes 05 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 08 de diciembre de 2014, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. Tesis: 1a./J. 65/2014 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2008079 1 de 17 Primera Sala Libro 13, Diciembre de 2014, Tomo I Pag. 194 Jurisprudencia(Común)
SENTENCIAS EXTRANJERAS Y SENTENCIAS DEFINITIVAS EMITIDAS POR TRIBUNALES DE ESTE PAÍS. SON DIFERENTES LOS PROCEDIMIENTOS EN ELLAS ESTABLECIDOS, PARA EFECTOS DE SU EJECUCIÓN EN TERRITORIO NACIONAL. De un correcto análisis de los artículos 1347-A del Código de Comercio; 575 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 608, fracción IV y del 604 al 607 del código adjetivo para el Distrito Federal, se obtiene que los procedimientos de homologación y ejecución de sentencias extranjeras difieren de aquellos en que se pretenden ejecutar sentencias definitivas que emiten los tribunales nacionales, pues estas últimas tienen, por sí, fuerza de ejecución para que se haga efectiva la condena que en ellas se decrete, mientras que en las sentencias extranjeras pueden tener fuerza ejecutiva, siempre y cuando cumplan con los requisitos que establece el artículo 571 del ya citado Código Federal de Procedimientos Civiles. Lo anterior implica que el órgano jurisdiccional correspondiente de este país, tiene la obligación de examinar si la sentencia extranjera de que se trate, satisface los requisitos legales para proceder a su ejecución dentro del territorio nacional.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 336/2002. Lipstick, LTD y otros. 31 de enero de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas. Secretaria: María de los Ángeles Reyes Palacios. Tesis: I.6o.C.248 C Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 187075 5 de 8 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XV, Abril de 2002 Pag. 1346 Tesis Aislada(Civil)
Artículo 571, fracción I, en relación con el 572, y 571, fracción VIII, del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
Art. 571. Las sentencias, laudos arbitrales privados de carácter no comercial y resoluciones jurisdiccionales dictados en el extranjero, podrán tener fuerza de ejecución si cumplen con las siguientes condiciones:
I. Que se hayan satisfecho las formalidades previstas en este Código en materia de exhortos provenientes del extranjero;
I. Copia auténtica de la sentencia, laudo o resolución jurisdiccional;
II. Copia auténtica de las constancias que acrediten que se cumplió con las condiciones previstas en las fracciones IV y V del artículo anterior;
III. Las traducciones al idioma español que sean necesarias al efecto; y
IV. Que el ejecutante haya señalado domicilio para oír notificaciones en el lugar del tribunal de la homologación.
VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.
Control de la Competencia Judicial Internacional Directa del Juez Extranjero y
Artículo 571, fracción III, en relación con el 564 al 568, del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
III. Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en la esfera internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código. El Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos;
SENTENCIAS DICTADAS EN EL EXTRANJERO. SU RECONOCIMIENTO Y POSTERIOR EJECUCIÓN NO REQUIEREN DE UN INSTRUMENTO INTERNACIONAL CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN DE DONDE PROVIENEN Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Conforme a los artículos 1347-A, fracción III, del Código de Comercio y 571, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Civiles, las sentencias dictadas en el extranjero podrán ejecutarse en territorio nacional si se demuestra que el Juez o tribunal sentenciador era competente para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derechointernacional, compatibles con las adoptadas por dichos códigos. Ahora bien, las expresiones "reglas reconocidas en la esferainternacional", o "en el derecho internacional" utilizadas en dichos preceptos, no implican que deba existir un instrumento internacional signado entre México y el país de donde provenga la sentencia para que ésta pueda reconocerse y ejecutarse, en tanto que la interpretación literal y sistemática de dichas frases abarca mucho más que los tratados internacionales. En efecto, el derecho internacional privado puede dividirse en dos grandes categorías: el interno, constituido primordialmente por las leyes mexicanas que establecen reglas aplicables a los mexicanos en sus relaciones con ciudadanos extranjeros, y el convencional, integrado esencialmente por los instrumentos internacionales que los Estados Unidos Mexicanos signan con Estados u organizaciones internacionales. Cuando se interpreta una disposición, es necesario considerar las restantes del sistema jurídico del que forma parte, lo cual hace imperativa una referencia primaria al resto de las normas que sobre la cuestión puedan contener los códigos referidos. Ello obliga a atender a los artículos 564 y 566 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio al Código de Comercio, que establecen normas expresas sobre el reconocimiento de la competencia de las autoridades jurisdiccionales extranjeras en el marco de los procedimientos de exequatur, lo cual confirma que no es imprescindible la existencia de los tratados internacionales al respecto, ya que existen normas legales que disciplinan la cuestión de la competencia del tribunal de origen.
[TA]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXII, Diciembre de 2005; Pág. 235
PRIMERA SALA Amparo en revisión 887/2005. Le Reve Hotel Limited Liability Company. 13 de julio de 2005. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Dolores Rueda Aguilar. Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, octubre de 2005, página 705; por instrucciones de la Primera Sala se publica nuevamente con las correcciones que indicó.
Art. 564. Será reconocida en México la competencia asumida por un tribunal extranjero para los efectos de la ejecución de sentencias, cuando dicha competencia haya sido asumida por razones que resulten compatibles o análogas con el derecho nacional, salvo que se trate de asuntos de la competencia exclusiva de los tribunales mexicanos.
Art. 568. Los tribunales nacionales tendrán competencia exclusiva para conocer de los asuntos que versen sobre las siguientes materias:
I.- Tierras y aguas ubicadas en el territorio nacional, incluyendo el subsuelo, espacio aéreo, mar territorial y plataforma continental, ya sea que se trate de derechos reales, de derechos derivados de concesiones de uso, exploración, explotación o aprovechamiento, o de arrendamiento de dichos bienes;
II.- Recursos de la zona económica exclusiva o que se relacionen con cualquiera de los derechos de soberanía sobre dicha zona, en los términos de la Ley Federal del Mar;
III.- Actos de autoridad o atinentes al régimen interno del Estado y de las dependencias de la Federación y de las entidades federativas;
IV.- Régimen interno de las embajadas y consulados de México en el extranjero y sus actuaciones oficiales; y
V.- En los casos en que lo dispongan así otras leyes.
Art. 565. No obstante lo previsto en el artículo anterior, el tribunal nacional reconocerá la competencia asumida por el extranjero si a su juicio éste hubiera asumido dicha competencia para evitar una denegación de justicia, por no existir órgano jurisdiccional competente. El tribunal mexicano podrá asumir competencia en casos análogos.
Art. 566. También será reconocida la competencia asumida por un órgano jurisdiccional extranjero designado por convenio de las partes antes del juicio, si dadas las circunstancias y relaciones de las mismas, dicha elección no implica de hecho impedimento o denegación de acceso a la justicia.
Art. 567. No se considerará válida la cláusula o convenio de elección de foro, cuando la facultad de elegirlo opere en beneficio exclusivo de alguna parte pero no de todas.
Artículo 575 del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
Art. 575. Ni el Tribunal de primera instancia ni el de apelación podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo, ni sobre las motivaciones o fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose a examinar su autenticidad y si deba o no ejecutarse conforme a lo previsto en el derecho nacional.
Artículo 571, fracciones II, IV, V y VI, del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;
IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas;
V. Que tengan el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra;
VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;
Artículo 571, fracción VII, en relación con el 569, del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México;
Art. 569. Las sentencias, los laudos arbitrales privados de carácter no comercial y demás resoluciones jurisdiccionales extranjeros tendrán eficacia y serán reconocidos en la República en todo lo que no sea contrario al orden público interno en los términos de este código y demás leyes aplicables, salvo lo dispuesto por los tratados y convenciones de los que México sea parte.
Artículo 571 in fine, del Código Federal de Procedimientos Civiles (México):
Art. 571. No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el tribunal podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o laudos extranjeros en casos análogos.
Art. 577. Si una sentencia, laudo o resolución jurisdiccional extranjera no pudiera tener eficacia en su totalidad, el tribunal podrá admitir su eficacia parcial a petición de parte interesada.
Artículo 1347-A del Código de Comercio (México):
Art. 1347-A. Las sentencias y resoluciones dictadas en el extranjero podrán tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:
I.- Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados en que México sea parte en materia de exhortos provenientes del extranjero;
II.- Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;
III.- Que el juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional que sean compatibles con las adoptadas por este Código. El Juez o tribunal sentenciador extranjero no tiene competencia cuando exista, en los actos jurídicos de que devenga la resolución que se pretenda ejecutar, una cláusula de sometimiento únicamente a la jurisdicción de tribunales mexicanos;
IV.- Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas;
V.- Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que no exista recurso ordinario en su contra;
VI.- Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el Tribunal Mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento. La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;
VII.- Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria al orden público en México; y
VIII.- Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.
No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el juez podrá negar la ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o resoluciones jurisdiccionales extranjeras en casos análogos.
Nota: El artículo 571 del Código Federal de Procedimientos Civiles (México) es idéntico al artículo 1347-A del Código de Comercio (México).
Artículo 493 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León (México):
Art. 493. Es competente para ejecutar una sentencia dictada en el extranjero el juez que lo sería para seguir el juicio en que se dictó conforme al título segundo de este Libro.
Artículo 491 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León (México):
Art. 491. Las sentencias y demás resoluciones judiciales dictadas en países extranjeros, tendrán en el Estado la fuerza que establezcan los tratados respectivos o en su defecto se estará a la reciprocidad internacional, sin perjuicio de lo establecido en el siguiente artículo.
Artículo 486, 487, 488, 490 y 494 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León (México):
Art. 486.- El juez que reciba exhorto con las inserciones necesarias, conforme a derecho para la ejecución de una sentencia u otra resolución judicial, cumplirá con lo que disponga el juez requirente siempre que lo que haya de ejecutarse no fuere contrario a las leyes del Estado, ni a lo dispuesto por el artículo 489 de este Código.
Art. 494. Traducida la ejecutoria en la forma prevista en el artículo 293, se presentará al juzgado competente para su ejecución, pero previamente se formulará artículo para examinar su autenticidad y si conforme a las leyes nacionales deba o no ser ejecutada. Se substancia con un escrito de cada parte y con audiencia del Ministerio Público. La resolución que se dicte dentro del tercer día, contesten o no las partes y el Ministerio Público, será apelable en ambos efectos si se denegare la ejecución y en el efecto devolutivo si se concediere.
Art. 487.- Los jueces ejecutores no podrán oír ni conocer de excepciones cuando fueren opuestas por alguna de las partes que litiguen ante el juez requirente, salvo el caso de competencia legalmente interpuesta por alguno de los interesados.
Art. 488.- Si al ejecutar los autos insertos en las requisitorias, se opusiere algún tercero, el juez oirá y calificará las excepciones opuestas conforme a las reglas siguientes:
I.- Cuando un tercero que no hubiere sido oído por el juez requirente y poseyere en nombre propio la cosa en que debe ejecutarse la sentencia, no se llevará adelante la ejecución, devolviéndose el exhorto con la inserción del auto en que se dictare esa resolución, y de las constancias en que se haya fundado;
II.- Si el tercer opositor que se presente ante el juez requerido, no probare que posee con cualquier título traslativo de dominio la cosa sobre que verse la ejecución del auto inserto en la requisitoria, será condenado a satisfacer las costas, daños y perjuicios a quien se los hubiere ocasionado.
La resolución dictada en estos casos será apelable en el efecto devolutivo.
Art. 490.- El juez que reciba despacho u orden de su superior para ejecutar cualquiera diligencia, es mero ejecutor, y, en consecuencia, no dará curso a ninguna excepción que opongan los interesados, y se tomará simplemente razón de las opuestas en el expediente, antes de devolverlo.
Artículos 489, 492 y 495 del Código de Procedimientos Civiles de Nuevo León (México):
Art. 495. Ni el juez inferior ni el tribunal superior podrán examinar ni decidir sobre la justicia o injusticia del fallo ni sobre los fundamentos de hecho o de derecho en que se apoye, limitándose tan sólo a examinar su autenticidad y si debe o no ejecutarse conforme a las leyes mexicanas.
Art. 492. Sólo tendrán fuerza en el Estado las ejecutorias extranjeras que reúnan los siguientes requisitos:
I. Que se cumpla con las formalidades prescritas en el artículo 47;
II. Que hayan sido dictadas a consecuencia del ejercicio de una acción personal;
III. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en el Estado;
IV. Que haya sido emplazado legalmente el demandado para ocurrir al juicio;
V. Que sean ejecutorias conforme a las leyes de la Nación en que se hayan dictado;
VI. Que llenen los requisitos necesarios para ser consideradas como auténticas.
Art. 489. Los jueces requeridos no ejecutarán las sentencias sino cuando reúnan las siguientes condiciones:
I.- Que versen sobre cantidad líquida o cosa determinada individualmente;
II.- Que, si trataren de derechos reales sobre inmuebles o de bienes inmuebles ubicados en el Estado, fueren conforme a las leyes del Estado;
III.- Siempre que la parte condenada haya sido emplazada legalmente para ocurrir al juicio.