Source: https://www.scribd.com/document/353353267/MONOGRAFIA-VANESSA-Y-LUZcontabladecontenidosugeridaporcesar-doccorreciones
Timestamp: 2019-01-17 03:49:43
Document Index: 124189257

Matched Legal Cases: ['artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 7', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 2', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 329', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 116', 'artículo 246', 'Artículo 7', 'Artículo 72', 'artículo 176', 'artículo 12', 'artículo 330', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 8', 'artículo 29', 'artículo 246', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 246', 'artículo 246', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 256', 'artículo 112', 'artículo 246', 'artículo 17', 'artículo 29', 'artículo 246']

MONOGRAFIA VANESSA Y LUZcontabladecontenidosugerid...
CONVENIO-MULTILATERAL-1.docx
pog7_1
Economically optimum.docx
Osvaldo Bayer en Clarín
CATHER Willa-O Pioneers
Alasan Jitu Kenapa Bisnis Anda Harus Berbentuk PT
Cielo Nuovo (Liberto) (1).pdf
The Wisdom of Finance - Mihir Desai.epub
2150-1798-1-PB
Contenido 05 - El Período Colonial (1).ppt
Presentacion Cenecoop r.l.r Jcoop
6678577d91f0a3fbe2404b1538fc7ebdc29d.pdf
Diferencia Entre Coordenadas Geográficas y Coordenadas Topográficas
Mensaje Semillero (Semana 4)
El_libro_de_Hechos_en_67_lecciones.pdf
Mensaje Semillero (Semana 10)
CONFLICTOS ENTRE LA JURISDICCION ESPECIAL INDIGENA Y OTRAS
VANESSA CECILIA DAZA ESCOBAR
LUZ ADRIANA ROSADO PEREZ
Dr. FARITH GONZALEZ
CONFLICTOS ENTRE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA Y OTRAS
Monografía presentada como requisito para optar al título de Abogado
Valledupar, Mayo de 2011.
A mi pequeña hija SARA MEJIA. ANA PEREZ por su gran apoyo y lucha incondicional.P. A mis padres. a WILSON ROSADO (Q. que es la fuerza que me permite seguir adelante y llevar este triunfo a niveles más altos. porque me llena de su amor conduciéndome siempre hacia el camino del bien y el éxito. amparo y fortaleza. DEDICATORIA A Dios. este es solo el comienzo de un vida llena de éxitos para ustedes. son los merecedores de este triunfo y de todos los que me falta por alcanzar.E. por ser nuestro creador. Ustedes. LUZ ADRIANA ROSADO PEREZ 4 . VANESA CECILIA DAZA ESCOBAR A Dios. los amo mucho gracia por ser parte de esta gran familia.D) que desde la presencia y gloria de Dios. está orgulloso por esta meta que he logrado alcanzar. quien es el que hace que todas las cosas sean posibles A mi familia por su inmensa determinación y sus invaluables consejos. A mis hermanas y sobrinos que me apoyaron y confiaron en mí.
mi hija. AGRADECIMIENTOS A Dios todopoderoso. LUZ ADRIANA ROSADO PEREZ 5 . SARA. y constante motivación Y a todos aquellos que en cierta medida me ayudaron a la maduración de las ideas que en la presente investigación se plasman. este es solo el comienzo de una vida llena de éxitos para ustedes. apoyo. a mis padres y a mi mayor bendición. A mis maestros y asesores que han sido pilares en nuestro camino y así. quien siempre ha sido el faro que guía mis senderos A mis padres por su gran amor. ustedes. son los merecedores de este triunfo y de todos los que me faltan por alcanzar. VANESA CECILIA DAZA ESCOBAR A Dios. forman parte de este logro que nos abre puertas inimaginables en nuestro desarrollo profesional. A toda mi familia.
1. RESUMEN 8 ABSTRAC 9 INTRODUCCION 10 1. Rol institucional en la resolución de conflictos de la 33 Jurisdicción indígena.1.2.2.1.1.1. Antecedentes Investigativos 21 2. BASES LEGALES 38 3.2. Objetivos específicos 14 1. 3. Formulación del Problema 13 1.1 Noción de la Jurisdicción Especial Indígena 26 2.2. Objetivos 14 1.1.2.1.1 Antecedentes Históricos 16 2.1. Marco legal nacional 41 6 .2.1 ANTECEDENTES 16 2.2. Marco legal internacional 38 3.3. Primer período: invisibilidad constitucional 16 2.2.1.1 Objetivos general 14 1. Marco legal constitucional 39 3. CONTENIDO Pág.2.3 JUSTIFICACIÓN 15 2. MARCO TEÓRICO 16 2.2.1.1 Elementos de la Jurisdicción Especial Indígena 29 2. Conflictos por la falta de ley de coordinación 31 2. CONFLICTOS ENTRE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL INDÍGENA Y 12 OTRAS JURISDICCIONES 1.1.2 BASES TEÓRICAS 24 2. Segundo Período: Hipervisibilidad indígena 19 2.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 13 1.
PRESENTACIÓN.6 Procedimientos. 5. Enfoque y Tipo de investigación. 65 6. Análisis de la normatividad vigente referente a la jurisdicción 45 Indígena en el período comprendido de 1994 al 2002. BIBLIOGRAFIA 69 7 . RECOMENDACIONES 68 8. 4.7 Aspectos éticos. 64 5.4. 64 5.3 Criterios o reglas que se han utilizado para dirimir los conflictos 50 Entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones. 64 5. 4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESUTADOS 43 4.2 Diseño de la Investigación. Fuentes de información.2. 65 5.5 Técnicas e Instrumentos.3 Criterio epistemológico. CONCLUSIONES 66 7. METODOLOGIA 64 5. 65 5. Descripción de los antecedentes históricos colombianos que 43 Lugar al reconocimiento de la jurisdicción especial indígena. 64 5.1.1.4.
en cada caso concreto. pero sopesando los límites de su intervención. tanto primarias. por lo que se pudo concluir que aunque evidentemente si se presenta una colisión de competencias entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena. Indígena. PALABRAS CLAVES: Argumentos. Especial. análisis y discusión de los resultados de la investigación. Para resolverlo. Posteriormente y sustentados en una metodología con enfoque de investigación cualitativo. también existen formas de resolverlos. se contó con la supervisión de los respectivos asesores temáticos y metodológicos. como las listas de chequeo y las fichas bibliográfica. Jurisdicción. para llevar a cabo y finiquitar esta monografía exitosamente. la cual no ha sido desarrollada tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 246. en virtud a las características peculiares de esta Jurisdicción. desarrollando cada objetivo planteado. Para el desarrollo de esta monografía fue necesario plantearse un interrogante. copiosa y profusa.RESUMEN La investigación realizada tuvo como tema principal los conflictos que se presentan entre la Jurisdicción Especial Indígena y las otras Jurisdicciones. Para todo este proceso investigativo siempre. fueron muy importantes para la presentación. de manera que se logre restablecer el orden jurídico quebrantado sin resquebrajar el derecho de los pueblos indígenas a su autonomía e independencia. como secundarias permitieron identificar unas bases teóricas. que se reflejó en la contundencia y claridad con la cual se le dio respuesta al problema de investigación. del ordenamiento jurídico colombiano. ABSTRACT 8 . Corte. se plasmaron unos objetivos generales y específicos. pueden intervenir en asuntos relacionados con dichas comunidades. Criterios. con el fin de preservar los derechos de los integrantes de las comunidades indígenas y de los terceros vinculados a las mismas. que apoyados en unas fuentes de información bibliográfica. reforzados con los argumentos jurisprudenciales y doctrinales. y era lograr establecer con qué criterios se han superado los conflictos presentados entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones durante el periodo comprendido entre 1994 al 2002. ha sido poco estudiada. y para ello la Corte ha dicho que el juez constitucional y los jueces ordinarios. de la cual a pesar de que está elevada a rango constitucional. que fueron presentados de una manera secuencial. Características. Las técnicas e instrumentos para la recolección de datos utilizadas. se fueron decantando los aspectos más importantes de esta monografía.
there are ways to solve . which was not developed as the Constitution states in Article 246. which despite being elevated to constitutional status has been little studied. heavy and profuse. And subsequently supported by a methodology with qualitative research approach. Indian. which supported a bibliographic information sources. was supervised by the respective thematic and methodological consultants to carry out and settle this paper successfully. Special. the Colombian legal system. both primary and secondary allowed the identification of the theoretical. The techniques and instruments for data collection used. according to the special characteristics of this Court. analysis and discussion of research results. which were presented in a sequential manner. such as checklists and bibliographic records were very important for the presentation. it was decanting the most important aspects of this monograph. To solve it. in order to preserve the rights of members of indigenous communities and third parties linked to them. but pondering the limits of their intervention in ways that lead to restore order without ever breaking the law violated the right of indigenous peoples to their autonomy and independence. Criteria. therefore be concluded that although obviously if a conflict of jurisdiction between the National Judicial System and the Special Indigenous Jurisdiction. captured the general and specific objectives. Characteristics. may intervene in matters with these communities. and was able to establish what criteria are exceeded presented conflicts between special indigenous jurisdiction and other jurisdictions during the period from 1994 to 2002.This investigation has as its main theme the conflicts that arise between the Special Court Indigenous and other jurisdictions. and for this the Court has held that the constitutional courts and ordinary courts in each case. For all this investigative process always. For the development of this monograph was necessary to ask a question. Court Jurisdiction. KEYWORDS: Arguments. INTRODUCCION 9 . building each stated objective reinforced with the jurisprudential and doctrinal arguments. as reflected in the strength and clarity with which he responded to the research.
y se pudo establecer que la historia de la regulación de los pueblos indígenas puede dividirse en dos grandes bloques: antes y después de la constitución de 1991. con objetivos. en contraste con la expedición de la constitución de 1991donde los indígenas adquirieron un protagonismo excepcional. planteando como objetivo general la consolidación del Estado de Derecho y la reducción de la impunidad. tales normas y procedimientos en ocasiones pueden reñir con las disposiciones consagradas en las otras jurisdicciones de administración de justicia en el País. que se partió de unas bases sólidas. podrían ejercer funciones jurisdiccionales siempre que no lleguen a contrariar la Constitución y las leyes de la República. el hecho de que las personas de estas comunidades no estaban dando a sus conflictos el trámite correspondiente en el marco de la propia jurisdicción especial. fue la falta de competencias de los funcionarios para atender los asuntos indígenas. en uno de estos estudios. 10 . la Constitución de 1991 consagró la Jurisdicción de las autoridades indígenas. determinando que estaría integrada por las autoridades de los pueblos indígenas. pero también. toda vez. quienes dentro de su territorio. se partió de los antecedentes históricos. Sin embargo. Hecho este preámbulo. se ilustrará de una forma breve y concreta el desarrollo de esta monografía. de unos antecedentes investigativos a cerca del tema tanto a nivel internacional como nacional. Igualmente se indagó a cerca del Estado del Arte de investigaciones realizadas sobre este tema. Para un mejor entendimiento del tema. En el primero los indígenas eran prácticamente invisibles y su legislación era marginal. desnudaron los problemas que enfrenta la autonomía de la jurisdicción especial indígena en todos sus ámbitos. de gran aporte a esta monografía. acciones y resultados claramente establecidos. de los cuales se pudo concluir que por ejemplo. en el capítulo V de su título VII. Esta investigación abordó el tema de los conflictos de competencia entre la jurisdicción especial indígena y las otras jurisdicciones y cuáles han sido los criterios utilizados para dirimirlos durante el período comprendido entre 1994 al 2002. específicamente en el artículo 246.Bajo la denominación de Jurisdicción Especial. lo que en ocasiones generan conflictos de competencia y normas aplicables a casos en los cuales miembros de estas etnias se ven inmersos. que una de las dificultades detectadas por la coordinación del Centro de Conciliación de la Casa de Justicia de Popayán. es decir una hipervisibilidad. mejorando la capacidad de respuesta del sistema de justicia. Otras investigaciones. de conformidad con sus normas y procedimientos. hasta las políticas y prácticas institucionales. desde los normativos e interpretativos.
CONFLICTOS ENTRE LA JURISDICCION ESPECIAL INDÍGENA Y OTRAS JURISDICCIONES 11 .En el marco legal se realizó una compilación de las principales leyes y disposiciones. dando respuesta a los objetivos específicos. extractando lo más relevante y no haciendo una simple transcripción de la norma. La presentación y el análisis de los resultados se realizó plasmando ítem por ítem. 1. Es importante anotar que en la parte metodológica de esta monografía permitió ubicarla en un enfoque cualitativo y en el tipo de investigación que se ajustaba a este trabajo investigativo que es primordialmente documental. apoyados en el análisis jurisprudencial y doctrinal. pasando por la Constitución Nacional y las normas internas. conceptuales y de ponderación que permite dilucidar tales conflictos. por fases o etapas. debidamente desarrolladas. inicialmente. Así mismo se utilizaron técnicas e instrumentos apropiados e idóneos para la obtención de los resultados. con una redacción sencilla y coherente. de donde se pudo colegir que efectivamente sí existen conflictos entre las jurisdicción especial indígenas y las otras jurisdicciones. De esta manera se estructuró esta monografía a cerca de los conflictos existentes entre la jurisdicción especial indígena y las otras jurisdicciones. pero que la jurisprudencia ha aportado unos criterios funcionales. desde tratados internacionales. como fueron las listas de chequeo y las fichas bibliográficas. para facilidad y mejor comprensión de los lectores.
1.1. Formulación del Problema 12 . 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 1.1.
De este modo y del anterior panorama que resalta el reconocimiento de una institución con la carencia de un verdadero desarrollo ontológico para su debida implementación y desarrollo surge el interrogante ¿Cuáles son los criterios que se han utilizado para superar los conflictos presentados entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones durante el periodo comprendido entre 1994 al 2002? 1. impunidad. problemas de simple jerarquía. los cuales han tratado de ser dilucidados a groso modo y con el paso del tiempo por el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. que consagra que las formas de coordinación entre estas se crearían por parte de la ley. no se hiciesen esperar. tradiciones e instituciones sino también la comprensión por parte del legislador de lo que implica la declaración de la diversidad étnica y cultural existente en el país. Sin embargo la falta de expedición de esta ley de coordinación a pesar de los diferentes proyectos presentados. es de gran importancia mencionar la evolución que esta ha tenido en estos últimos 19 años. de allí que se muestre en nuestra realidad jurídica o mejor aún entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena colisión de competencias.2 OBJETIVOS 13 . donde se evidencia la potestad de ejercer la función jurisdiccional que significó no solo el derecho de las comunidades indígenas a gobernarse y administrar su propio territorio de acuerdo a sus costumbres. los cuales se han archivado. tensiones jurídicas y grandes interrogantes que se plantean frente a los limites de esta nueva institución. que se empuja a mostrar la coexistencia de jurisdicciones en un mismo espacio y tiempo.La Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 246 consagró la jurisdicción especial indígena. violación a derechos fundamentales. ha facilitado el camino para que los conflictos entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones. y si se observa retrospectivamente. ya sea por la no existencia de voluntad política del órgano legislador o por otros factores como la complejidad de dicha institución y el desconocimiento de las diferentes etnias que se encuentran en nuestro país. Diversidad étnica y cultural que reconoce que Colombia es un Estado multiétnico y pluricultural. tanto así.
 Analizar la normatividad vigente del periodo de tiempo comprendido entre 1994 al 2002 referente a la Jurisdicción indígena.3 JUSTIFICACION 14 .1.2002. 1.1 Objetivo general  Interpretar los conflictos existentes en Colombia entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones durante el periodo 1994 . identidad étnica y la autonomía indígena por parte de la Constitución de 1991.  Establecer que criterios o reglas se han utilizado para dirimir los conflictos entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones durante el periodo 1994- 2002.2.2 Objetivos específicos  Describir los antecedentes históricos colombianos que dieron lugar al reconocimiento de la jurisdicción especial indígena.2. como mecanismo de protección a la identidad cultural. 1.
contemplando en su artículo 246 la institución de la Jurisdicción Indígena que nos muestran y establecen los lineamientos y normatividad básica en esta materia no se logra aun dilucidar la complejidad de dicha institución. reunión de la Conferencia General de la O. surgiendo además interrogantes para el operador judicial como lo son: ¿Qué limites tienen las autoridades indígenas?. lo cual involucra a toda la sociedad en general. 15 . D. Bogotá. Agregando al respecto que no es oculto que al establecerse esta institución como lo es la Jurisdicción Especial Indígena sin constituirse la forma de coordinación entre esta y el sistema judicial nacional. Por lo tanto el aporte que desde esta monografía se pretendió hacer fue evidenciar no solo una realidad.T. problemas estos que hoy en día se mantienen a pesar de los grandes esfuerzos realizados a nivel jurisprudencial por parte de las altas cortes y del consejo superior de la judicatura para mitigar dicha problemática. Ginebra 1989. Ginebra. del convenio Internacional 169 de la OIT de 1989 2 y la promulgación de la Constitución de 1991 que reconoce la diversidad étnica y cultural.. Por medio de la cual se aprueba el convenio numero 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. MARCO TEÓRICO 2. tanto así que a pesar de la ratificación por parte del Estado Colombiano. 1991). sino realizar un análisis valorativo de la jurisdicción especial indígena y los conflictos que de ella han surgido. es común observar como multitud de personas hablan del concepto de Jurisdicción Especial Indígena. Ley 21 de 1991 (6. 23p. sin embargo al abordar esta institución se revela algo muy interesante. Convenio Internacional no... 169 de la O.T.En Colombia. CONGRESO DE LA REPUBLICA. de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. enriqueciendo a la comunidad académica o a cada lector que a él se allegue desde el punto de vista intelectual. de tal forma que se hace justificable e indispensable tratar el tema de la jurisdicción especial indígena en aras de que los administradores de justicia de la jurisdicción especial indígena y del Sistema Judicial Nacional tengan el mayor acercamiento posible. ¿Quién debe responder por el posible error en una decisión de la administración de justicia indígena?. garantizándose la realización de los principios de la administración de justicia con el objeto de alcanzar la convivencia social y la concordia nacional. es un tema que pocos conocen pero que ha sido el resultado de la lucha de muchos. actúen de manera coordinada y justa en el marco del Estado Social de Derecho que nos rige. ¿Quiénes son autoridades tradicionales?.I. 39720. 2. en los últimos años. adoptada por la 76ª.C. 2 GINEBRA. Diario Oficial. 1991 no.1 Antecedentes 1 COLOMBIA. se dio paso a la presentación no solo de conflictos de competencias entre ellas sino también internos en el seno de las comunidades. para que de esta manera sea un instrumento para el desarrollo de futuras investigaciones. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO.I. 1989. marzo. mediante la Ley 21 de 1991 1.
[en línea]. es decir una hipervisibilidad.co/dulcepenal/Un%20vistazo%20jur%C3%ADdico%20a%20siglos%20de%20ind %C3%ADgenas. No dejando de lado que el resguardo constituyo la máxima expresión de la política de sometimiento de España sobre las tierras americanas. haciendas y ejidos3. sociales y jurídicas que han tenido que soportar los pueblos indígenas para lograr el tan anhelado reconocimiento del que hoy en día gozan. HTTP://portales. en contraste con la expedición de la constitución de 1991 donde los indígenas adquirieron un protagonismo excepcional.1. se instauraron nuevas instituciones como. En el primero los indígenas eran prácticamente invisibles y su legislación era marginal.edu. recuperar sus expresiones culturales y resistirse a 3 AREVALO. La historia de la regulación de los pueblos indígenas puede dividirse en dos grandes bloques: antes y después de la constitución de 1991. 16 . La Conquista y la Colonia fueron épocas de desconocimiento durante las cuales se trato de eliminar física y culturalmente a los grupos nativos.1 Antecedentes Históricos 2. se puede decir que permanecer ha sido audacia. Las leyes que rigieron a la Nueva Granada fueron las españolas. forzándolos la mayoría de las veces en formas inhumanas. y el resguardo las cuales aseguraron la sujeción de las comunidades indígenas al pago de tributos y a los trabajos forzados en minas. económicas y culturales totalmente diferentes a las que dependían. pero conservar vivo su derecho en medio de la hostilidad histórica es sublime. la encomienda. aspectos estos que junto a brotes de enfermedades desconocidas presentadas en este tiempo lograron disminuir notablemente a la población indígena. Durante los primeros siglos. 2. Un vistazo jurídico a siglos de indígenas… indígenas de siglos. la mita.Es de gran importancia mencionar.1. comprendidos entre los años 1500 a 1990 los indígenas transcurrieron bajo el dominio de los españoles. de ahí que al valorar la realidad de estos. económicas. desde la llegada de Cristóbal Colon hasta nuestros días.puj. como a través de la historia se descubren las diferentes luchas culturales.1. se les sometió a estructuras sociales. pero éstas debían acomodarse a las necesidades propias del “nuevo continente”.pdf [Citado en abril de 2008]. por esta razón. lo que rápidamente propicio el surgimiento de instrumentos más sofisticados y efectivos para someter a los nativos como las misiones y la evangelización.1Primer periodo: Invisibilidad constitucional  La dominación española. pero que paradójicamente permitió asegurar la conservación de la tierra a las comunidades indígenas y de esta manera lograron conservar su identidad. María Alejandra y RIASCOS Mónica Liliana.
a pesar de debatirse en profundas y sangrientas luchas internas como las que se batían entre liberales y conservadores. Con esta ley se pretendía limitar el goce de las encomiendas por solo dos generaciones sucesivas junto a un tratamiento más benigno para los indígenas. A partir de 1810 se inicia la época republicana y las ideas de la Ilustración que inspiraron el movimiento de Independencia en América implantan una nueva dinámica con los grupos indígenas. en consecuencia las leyes expedidas en esta etapa promovían que cada familia indígena se convertía en propietaria de una porción de tierra5. esta situación trajo consigo también nuevas ideas de Revolución entre ellas la de Simón Bolívar que propiciaban por eliminar cualquier vestigio del Colonialismo español. El caleidoscopio de las justicias en Colombia. <HTTP://www. Tomo II. la Corona suspendió su aplicación en la Nueva Granada4. Como prueba de ello encontramos el decreto del 5 de julio de 1820. la dominación. así como atar a un lugar específico a los indígenas. eliminación de tajo de la discriminación racial y legislar en términos de igualdad para todos los habitantes de la republica.htm>. Con tal experiencia. la Formación de la Economía Colonial (1500- 1740).C. Sin embargo a pesar de esta legislación continuaron las injusticias y arbitrariedades por parte de los encomenderos lo que ocasionó que la corona española intentara limitar los abusos y privilegios por medio de las “Leyes Nuevas” de 1542.banrepcultural. José Antonio. pues implicaba propiedad colectiva sobre la tierra. igualdad y propiedad privada que imperaban en este tiempo no eran compatibles con la institución del resguardo. exoneración del pago de impuestos sobre la tierra de los resguardos. la victoria en este dilema la obtuvieron los conservadores en 1884. Bogotá D.Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la Republica. en el cual se reconocieron principalmente derechos a los indígenas como el reconocimiento a tener autoridades y gobierno propio.org/blaavirtual/economia/histecon2a. Los principios de la Revolución Francesa Individuo. la Ley 89 de 1890. expedida con el propósito de ser temporal ya que pretendía la asimilación 4 OCAMPO GAVIRIA. políticas y económicas coincidían en un solo punto: los indígenas debían desaparecer como pueblo y como cultura. surgiendo entonces. sin embargo cada partido asimilaba esta idea de reducción de forma distinta. Entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX el país intento entrar en la modernidad. 5 SANTOS. Historia económica de Colombia. et al. prohibición de imponer trabajo alguno a los indígenas sin pagarles pos sus servicios. Mauricio.: Siglo del hombre editores y Universidad de los Andes.  La republica. 17 . 2001. esto provocó una guerra civil en el Perú. Boaventura de Sousa y GARCIA VILLEGAS. los cuales consideraron que el indio debía permanecer separado. quienes a pesar de su antagonismo y disimiles concepciones filosóficas. pues representaban una raza en decadencia que frenaba el desarrollo del país.
enlodada en grandes problemas. De esta forma. entre otras.. mediante la cual se logro el reconocimiento de derechos como territoriales. 6 El primero de estos conceptos se puede entender como el proceso educativo que se construye sobre los valores propios de una cultura tradicional. como consecuencia de los eventos anteriores y por presentar un sistema político que no era capaz de transformarse para enfrentar la modernización. necesitaba un cambio de posición y un canal de comunicación que permitiera la interacción entre el Estado y los grupos indígenas de allí que se dio paso a la aplicación de ciertos conceptos que se implementaban a nivel mundial como la democracia participativa. Al respecto. compatibilizándolos con las estructuras de pensamiento de la cultura propia de la sociedad mayor. lo que. p17. sino que lucharan por el respeto de los derechos que les confería esta ley. nacerían el Consejo Regional indígena del Cauca. la cuestión indígena dejo de ser algo tan poco exótico y de un golpe inusitado adquirió un gran protagonismo. El segundo se refiere al fortalecimiento de la capacidad autónoma de decisión de las comunidades indígenas en los aspectos relacionados con su de desarrollo social y económico. del Vaupés. Así. Y es solo a partir de este momento que se puede decir que la causa indígena dejo de ser anónima y en realidad cobro una alta visibilidad. el desarrollo sostenido. una vez más promovió la preservación de su identidad. la descentralización. del indígena a la civilización en un periodo de 50 años. lo que provoco que estos no se mantuvieran sumisos. la cual rescato la figura del resguardo y clasificó al indígena en tres categorías: los salvajes que se reducían a través de la acción misionera. Colombia. el indígena se hizo visible 7. véase a Santos Boaventura (2001). sumándosele a ello la expedición de la ley 81 de 1958 (catalogada como la de las parcialidades indígenas) donde se vislumbra al indígena como un sector atrasado del campesinado que cuenta con una tecnología rudimentaria y por ende las comunidades indígenas se consolidan y se coordinan en organizaciones regionales que propenden por su protección.  Camino al reconocimiento. en este periodo fue expedida la legislación indígena nacional. consecuencia de la presión no solo de los grupos indígenas sino también de toda la comunidad internacional. el Cabildo Mayor de San Andrés de Sotavento. los semisalvajes que se encontraban en proceso de civilización y los civilizados a quienes los regia la ley 89 y por ende gozaban de cierta autonomía. de identidad cultural y de etno-educación. no obstante. las Autoridades Indígenas Tradicionales. esta ley no siempre se respeto y en muchos ocasiones se utilizo la violencia para obligar a los indígenas a abandonar sus territorios. 7 Santos. pero esta rigió más de 100 años. y en especial al de etno- educacion y etno-desarrollo 6 para concretar la construcción de un proceso de diálogo entre las comunidades y sus organizaciones. Ibid. y la Organización Gonawindwa Tayrona. es decir se inicia por parte del Estado una verdadera política indigenista. 18 .
Segundo periodo: hipervisibilidad indígena. del liberalismo y por la otra la del sistema económico. p. constituyente perteneciente al Movimiento 19 de Abril. que se celebro en Rio de Janeiro en Junio de 1992. el proyecto del movimiento Autoridades Tradicionales. se puede indicar que algunas de las razones que motivaron el cambio de posición (monismo jurídico) hasta llegar al punto del reconocimiento se debió en cierta parte a dos grandes crisis por las que atravesaba el país. sino de la labor ardua de los grupos indígenas presentes en ella.2. De hecho. Francisco Rojas Birry. 9 Cardinal documento aprobado en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo.1. Op. Esta oportunidad fue aprovechada por los grupos indígenas para demandar su reconocimiento. involucrando a la comunidad internacional. 169. reconociéndoles la naturaleza de sujetos colectivos de derecho y de la autonomía de la que deben gozar para conservar sus formas tradicionales de vida. Surgiendo una relación que asume la conservación de la naturaleza y a las comunidades indígenas como protectoras del medio ambiente. apoyo la propuesta indígena. por una parte la decadencia del sistema es decir. 19 . no. 10 Los tres representantes a la Asamblea Nacional Constituyente fueron: Lorenzo Muelas. relacionado con ordenamiento territorial fue presentado a la correspondiente comisión tras ser reelaborado entre Fals Borda y Muelas. Colombia. que se había convocado una Asamblea Nacional Constituyente cuya misión era la de redactar una nueva Constitución que respondiera a las nuevas necesidades que se vislumbraban.1. cit. 8 Convenio Internacional de la O.  La asamblea nacional constituyente. Como consecuencia de todos los cambios y los nuevos principios que se mostraban en el país. y el apoyo con la que contaron los indígenas por grupos como el Movimiento 19 de abril 11 (M-19) al interior de dicha asamblea que hicieron posible que la consagración de sus derechos fuese un hecho. Dentro de este panorama y a raíz de la dinámica de la globalización. 11 Orlando Fals Borda. sus usos y costumbres.I.T. por medio del cual se reconoce a las comunidades indígenas como pueblos. la cual recoge los principios en materia de protección al medio ambiente y desarrollo sostenible. vive un proceso de reformas institucionales. sumándosele la gran simpatía.  Antecedentes al reconocimiento de lo indígena en la Constitución de 1991. de allí que de manera sorpresiva nazca el interés internacional por la protección de estos grupos considerados como “guardianes verdes” y de instrumentos que apoyan esta causa como la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo8 y la Agenda 219 ya que a través de estos se logro la reivindicación con estos pueblos. La cuota de participación de las comunidades indígenas dentro de la asamblea fue considerable10. de allí.. y Alfonso Peña.7.2. Sin dejar de mencionar que las decisiones tomadas por esta asamblea sobre la cuestión indígena no fueron producto del consenso entre los diferentes sectores de la sociedad. las cuales generaron que la lucha indígena expandiera sus límites.
en la exposición general de la plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente del 19 de febrero de 1991 expresó: Dentro de este panorama estamos los indígenas que no solo afrontamos las mismas plagas de los colombianos sino que además sufrimos la discriminación por ser distintos a los demás. abordamos en la Constitución política de 1991. geográfica. que se hicieron y que constituyen claros reflejos de la realidad indígena y de las minorías étnicas. lingüísticos y de pensamiento. cuyo común denominador era reconocer esa realidad que durante siglos fue negada: el reconocimiento del carácter plurietnico y multicultural de la nación Colombiana. actuamos diferente. se presentaron múltiples proyectos reformatorios de la Constitución Política. de una diferencia humana en términos reales. quedando plasmado el artículo 7 de la Constitución de la siguiente manera: “El estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana. usos y costumbres. que consagra el carácter plurietnico y multicultural de la nación. estableciendo para todas las condiciones para su desarrollo y su reproducción (autonomía). Autonomía y Cultura”. sin abandonar la pretensión de construir una única nación 20 . y la segunda “Tierra. la primera. que llego con dos propuestas. porque hablamos diferente.” Así de esta manera la Carta pretende garantizar la existencia de grupos cultural y étnicamente diferenciados (respeto a la diferencia). y no se trata de una simple diversidad étnica. pero de hecho solo tres propuestas se ocupan a fondo del tema de la diversidad cultural: las presentadas por la ONIC. Por eso reclamamos el reconocimiento de la diversidad. sentimos diferente. diversidad hasta en la concepción del mundo.Realmente. donde se proponía la consagración del principio de autodeterminación de estos grupos que buscaba el reconocimiento de sus formas de gobierno. que presentaron una propuesta reelaborada de manera conjunta entre Lorenzo Muelas y Fals Borda que planteaba un cambio del concepto tradicional de unidad nacional con el fin de reconocer la existencia de la diversidad dentro de la unidad. sino de algo más profundo. cultural. El Constituyente Lorenzo Muelas. “la Colombia que queremos” elaborada únicamente por los indígenas con base en las discusiones entre los años 1988 Y 1990. pensamos diferente. Ante esta y muchas otras manifestaciones. psicológica o de costumbres. históricos. Siendo la primera constitución en toda la historia de Colombia que consagra un reconocimiento como este. por otro lado encontramos el movimiento Autoridades Tradicionales Indígenas que agrupa a los cabildos de Nariño y Cauca.
mostrándose el gran impacto regional y nacional pues la Casa de Justicia de Popayán elaboró una ruta de atención integral para temas étnicos que se convierte en carta de navegación para las cuarenta Casas de Justicia existentes en el 21 . siendo estas:  CASA DE JUSTICIA POPAYAN.1. político y cultural de cada una de las comunidades. autonomía sin para- Estados. un ejercicio de concertación y coordinación desde lo local. también como resultado se elaboró un documental y un texto que muestra la experiencia y la participación de los sectores sociales que trabajaron en ella. un ejercicio de concertación y coordinación desde lo local. el hecho de que las personas de estas comunidades no estaban dando a sus conflictos el trámite correspondiente en el marco de la propia jurisdicción especial. un trabajo investigativo en las poblaciones previo a las labores de capacitación. Una de las dificultades detectadas por la coordinación del Centro de Conciliación de la Casa de Justicia de Popayán. pero también. ante la necesidad de atender los muchos casos (35%) de personas pertenecientes a comunidades indígenas que requerían los servicios de conciliación. Los resultados de este proyecto permitieron reconocer diferencias sustanciales en el ámbito organizativo. dentro de un único Estado: Diversidad en la unidad. Antecedentes Investigativos A continuación se presenta el Estado del Arte de las investigaciones que sobre la problemática planteada en cuanto a la Jurisdicción Especial Indígena se han realizado. Este programa realizó entre sus actividades un diagnóstico que permitió identificar las necesidades de justicia de las comunidades. 2. El programa La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena. 2005. Programa La jurisdicción Ordinaria y la Jurisdicción indígena. Popayán. Prevención de la violencia y promoción de la no Violencia desde el tema de la familia. pese a su pertenencia a un mismo pueblo. fue la falta de competencias de los funcionarios para atender los asuntos indígenas. y talleres de carácter participativo sobre tres temáticas que son: Jurisdicción indígena y jurisdicción ordinaria. Cauca. Intercambio de experiencias entre los funcionarios de Casa de Justicia y las tres comunidades nativas(resguardo de Quintana y Poblazón y el cabildo urbano de los kokonucos). planteado por la casa de justicia de Popayán a través de su centro de conciliación y la inspección judicial surgió a finales de 2004.2.
la síntesis y a la crítica como método permanente a lo largo de todo el texto al igual que la hermenéutica. es decir revisar la funcionalidad del concepto de pluralidad jurídica. Herinaldy. al histórico y al método practico de la entrevista para validar de viva fuente cada una de las afirmaciones que se anotan contrastando la realidad con la teoría. Extensión de la Coordinación del Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena. En Diálogos y Saberes. planteando como objetivo general la consolidación del Estado de Derecho y la reducción de la impunidad. donde su resultado dejo en evidencia el estado de sujeción que conserva la justicia indígena frente a la justicia nacional si se atiende a que su autonomía no debe superar los marcos constitucionales establecidos en el artículo 246. Germán y RUEDA CARVAJAL. Donde metodológicamente se recurrió al análisis. país. Modulo inter- jurisdiccional pueblo Arhuaco 2008. hasta las políticas y prácticas institucionales. P11- 44.  GOMEZ VALENCIA. 2007). y la poca preocupación del estado por establecer unos parámetros efectivos de coordinación que permitan su real operatividad.  BLANCO BLANCO. mejorando la capacidad de respuesta del sistema de justicia. sus más grandes limitaciones y por supuesto sus más grandes logros. ¿Es posible la coordinación entre el sistema judicial y la jurisdicción indígena en Colombia? Aportes para un diálogo intercultural e interjurisdiccional 2010. Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. desde los normativos e interpretativos. con el fin de generar procesos de diálogos intercultural-interjurisdiccionales que contribuyen a la ausencia de una ley de reglamentación de la coordinación. el no desarrollo de la jurisdicción especial indígena en Colombia.  PONCE BRAVO. N° 26 (enero-junio. Este proyecto de manera abierta analizo los problemas que enfrenta la autonomía de la jurisdicción especial indígena en todos sus ámbitos. El objetivo principal de esta investigación fue identificar los elementos que han propiciado el no cumplimiento del artículo 246 de la Constitución Política. 22 . Administración de justicia en la jurisdicción indígena. además de contar con la posibilidad de socializar el proyecto en algunas universidades europeas. o sea. Bogotá. Así de esta forma este modulo serviría como una herramienta básica para facilitadoras y facilitadores que participen de experiencias de formación dentro del programa sobre jurisdicción indígena que adelanta el Consejo Superior de la Judicatura. Carlos. Jacqueline.
Tesis de Grado. (Maestría en Derecho Administrativo). Facultad de
Jurisprudencia. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.
El objetivo de esta investigación consistió en determinar si existe en
Colombia una coordinación intercultural, entre la jurisdicción especial
indígena y el sistema judicial nacional, con base en los resultados arrojados
por el proyecto Extensión de la coordinación del Sistema Judicial Nacional
(SJN) y la Jurisdicción Especial Indígena (JEI) ejecutado por la Universidad
del Rosario, con la que se concluye de que si no se empodera, de manera
contundente, a las comunidades indígenas frente a los retos que representa
la coexistencia en paz de dos culturas con pensamientos de vida diferentes,
el pluralismo jurídico y la protección a la diversidad étnica y multicultural
serían tesis de papel sin aplicación real alguna, ya que precisamente, el
Estado moderno, de acuerdo a la tendencia internacional, plantea el reto
de tender puentes de entendimiento entre culturas que resuelven sus
conflictos de maneras disímiles, que dirigen su actividad social de una
manera que no se inscribe propiamente en la lógica del capital, y que sus
relaciones, tanto sociales como individuales, son matizadas en su totalidad
por la relación que guardan con su entorno territorial, lo cual de suyo es vital
en su definición identitaria, y a todo este proceso se dirige la necesidad de
hacer real la protección de la diversidad cultural; mostrando de manera
clara pese a los acercamientos realizados entre ambas jurisdicciones y al
importante avance logrado con el proyecto “Extensión de la coordinación
del Sistema Judicial Nacional (SJN) y la Jurisdicción Especial Indígena
(JEI)” ejecutado por la U. del Rosario., no existe como tal una coordinación
intercultural, ya que, tanto la jurisdicción especial indígena y el sistema
judicial nacional, actualmente se limitan cada uno a aplicar justicia de
manera independiente, pero no existe una coordinación intercultural, en la
cual, concertadamente, ambas partes lleguen a aplicar justicia de manera
conjunta y donde para resolver un conflicto se recojan aspectos
sustanciales de ambas culturas.
Es necesario para el adecuado entendimiento del tema de la Jurisdicción indígena
y los conflictos que se presentan con otras jurisdicciones del ordenamiento jurídico
Colombiano, tener claridad a cerca de unos conceptos que son relevantes para el
desarrollo de esta Monografía, y uno de ellos es la noción de Jurisdicción: “La
palabra Jurisdicción etimológicamente, proviene del latín Iurisdictio, que significa la
facultad de declarar el derecho, así mismo, se define a la jurisdicción en términos
de Azula Camacho como: “la soberanía del Estado ejercida por conducto de los
órganos a los cuales se les atribuye la función de administrar justicia con el fin de
satisfacer intereses generales y, secundariamente aplicar el derecho sustancial o
material aun caso concreto”12. Lo cual indica que la administración de justicia es
una función pública que debe ser suministrada de manera eficiente y oportuna por
De esta forma se indica que la jurisdicción se caracteriza por ser general, en el
sentido que cubre todo el territorio de un país con la finalidad de que la sociedad
pueda utilizarla; es exclusiva, por cuanto la ejercen los funcionarios que integran
una de las ramas del Estado; es permanente, pues se ejerce sin interrupción
alguna, y es independiente, ya que no tiene injerencias de las otras ramas como
lo son la legislativa y la ejecutiva.
En Colombia la administración de justicia corresponde a la rama judicial que es
una de las tres ramas que integran los poderes del Estado, sin embargo a pesar
de la unicidad del concepto de jurisdicción como potestad única del Estado de
declarar el derecho, vale decir, administrar justicia, ésta se distribuye de acuerdo a
la índole jurídica de las relaciones que regula, y por eso nuestra Constitución
dentro del concepto de Rama Judicial consagra y distingue cinco grandes
actividades jurisdiccionales, que algunos autores denominan, con mayor rigor,
como jurisdicciones especializadas: la Ordinaria, en cabeza de la Corte Suprema
de Justicia; la Contencioso Administrativa, en cabeza del Consejo de Estado; la
Constitucional, en cabeza de la Corte Constitucional; y la Especial, representada,
a su vez, por la Jurisdicción Indígena y por la Justicia de Paz 13; Sin dejar de
mencionar a la jurisdicción disciplinaria en cabeza del Consejo Superior de la
Figura 1. Estructura de la Rama Judicial
JURISDICCION JURISDICCI JURISDICCION JURISDICCI SUPERIOR FISCALIA
CONSTITUCION ON CONTENCIOSA ON DE LA GENERAL DE
12 ADMINISTRATIV
AZULA CAMACHO, Jaime. Manual de derecho procesal. TeoríaESPECIALES JUDICATUR
general del proceso. LA NACION
7 ed. Bogotá. D.C.: Temis S.A,
2000.128 p. Tomo I.
HERERA LLANOS, Wilson. Régimen de la Rama Judicial. Segunda parte En: Revista de Derecho Universidad del Norte.
Mayo, 2005 no.23, p.341-395.
Corte Corte Suprema Consejo de Sala Sala J. Fiscales
Constitucional De Justicia Estado Administrativa Disciplinaria Delegados
Tribunales Tribunales Consejos Fiscales
Superiores de Administrativos Seccionales de Delegados
Distrito Judicial la judicatura Tribunales
Juzgados de Juzgados Sala A. Sala D. Fiscales
Circuito Administrativos Consejos Consejos Delegados
Seccionales Seccionales Juzgados
Juzgados Autoridades Fiscales
Municipales Pueblos Jueces De Delegados
Indígenas Paz Juzgados
Fuente: Modulo de capacitación intercultural para la sensibilización de la
coordinación entre el sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena.
Ahora bien, otro concepto relevante dentro de este contexto antes de abordar la
institución de la jurisdicción indígena es el de competencia. La Real academia
Española señala que la palabra Competencia, deriva del latín competentia, que
significa aptitud o idoneidad14, de allí que por competencia se entiende la aptitud
que el orden jurídico otorga a los órganos del Estado para que, válidamente
puedan ejercer determinados derechos y cumplir ciertas obligaciones, vinculadas
con el ejercicio de la función jurisdiccional 15. Por tal razón, Se han establecido
criterios o factores determinantes de competencia por parte de la ley para atribuir
el conocimiento de un proceso a determinado funcionario judicial; y estos factores
son: El factor objetivo que toma en cuenta dos aspectos: la naturaleza de la
relación jurídica contenida en la pretensión, es decir, competencia por razón de la
materia y el valor del bien u objeto sobre el cual recae la relación jurídica, es decir,
competencia por la cuantía; El factor subjetivo, que determina la competencia de
acuerdo con la calidad o condición de las personas que intervengan como partes
en el proceso; El factor territorial, se relaciona con el espacio en el cual un
funcionario judicial ejerce sus funciones, como explica Carnelutti 16, se refiere a la
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, voz “competencia” en Diccionario de la lengua española, tomo I, 21ª ed. Madrid, Editorial
Espasa Calpe, 1992, p.523.
ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO, Niceto. Estudios de teoría general e historia del proceso. t. I. México, UNAM, 1974, p.
104, nota 155
FRANCESCO CARNELUTTI, Sistema de derecho procesal civil, t. II, Buenos Aires, Uteha, 1944, núm. 232, p. 290.
17 “En el fondo es el reconocimiento del otro y de la otredad y de la diferencia no para incorporarla y dominarla. MINISTERIO DE JUSTICIA Y MINISTERIO DEL INTERIOR. en real (se establece en consideración al lugar donde se encuentren el bien o donde ocurrieron los hechos sobre los cuales versa la relación jurídica). pág. sino para respetarla y tener conciencia de los espacios que le son propios. 2. de los espacios en donde debe de manifestarse como derecho fundamental la diferencia” ANGARITA.1 Noción de la Jurisdicción Especial Indígena. así la competencia la tendrá el juez que este facultado para conocer de la mayor categoría. Ministerio de justicia 1997. el cual a pesar de sus constantes esfuerzos para cubrir toda la población. y por último El factor de conexión. Seminario Sobre Jurisdicción Indígena.2. Bogotá. siempre que no sean contrarios a la constitución y leyes de la República. La Jurisdicción Especial Indígena la consagra el artículo 246° de la Constitución Política de Colombia. porque sirve para determinar a cuál de los varios juzgados de la misma rama y categoría existentes en el territorio nacional le corresponde conocer de un determinado proceso. Jurisdicción Especial Indígena y autonomía territorial. de procedimientos y autoridades tradicionales que han coexistido históricamente con el Sistema Judicial. que corresponden a diversos funcionarios en un mismo proceso. que es el lugar donde corresponde demandar o juzgar a una persona. que permite acumular y tramitar varias pretensiones con elementos comunes. Así la facultad que tienen las autoridades de los pueblos indígenas de resolver conflictos de acuerdo son sus propias normas y procedimientos. se clasifica también a su vez en: personal (se establece en consideración a la persona tomando como referencia el lugar donde se encuentre). de formalidades. según las circunstancias que se tomen en consideración. Ciro. Surgimos para Traer Nuevas Esperanzas. de conformidad con sus propias normas y procedimientos. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. El factor funcional.distribución horizontal de la competencia. que expresa: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Constitución Política. El reconocimiento de la Jurisdicción Especial indígena constituye el reconocimiento del Estado Colombiano de sistemas múltiples de resolución de conflictos. 26 . El fuero. basado en la distribución vertical de los órganos judiciales. el cual sirve para determinar a quién le corresponde conocer de los recursos de apelación y revisión. para establecer este factor se acude al fuero. no es otra cosa que el intento el Estado por ampliar su soberanía y asumir el control social en estas etnias de una manera positiva a través del reconocimiento constitucional de sus saberes ancestrales18. En: Del Olvido. 176-185. no ha sido suficiente para atender las diferentes necesidades de una población cultural y étnicamente diversa17. siguiendo lo establecido en el artículo 246 de la Constitución política. en contractual (se presenta cuando la competencia la determina el lugar que indiquen las partes en el contrato o donde se verifique el cumplimiento de la obligación).
Jurisdicción Especial Indígena: Implicaciones de su consagración constitucional.J 08. Seminario Sobre Jurisdicción Indígena. en su ponencia “Jurisdicción Especial Indígena: Implicaciones de su consagración constitucional”. los elementos. Claudia Helena y MONTAÑA. Elementos de un dialogo. el abogado. Bogotá. realizado en marzo de 1997 en Popayán. convocado por la Dirección general de asuntos indígenas del Ministerio del Interior. Dirección de asuntos indígenas. Concepto rendido por la directora Gladys Jimeno Santoya. MINISTERIO DE JUSTICIA Y MINISTERIO DEL INTERIOR. al gobernador del Cabildo Chenche Buena Vista. Surgimos para Traer Nuevas Esperanzas.221-250 19 BENITEZ. no obstante.Es de gran interés destacar que en el marco del primer seminario sobre Jurisdicción Especial Indígena. Dentro de este contexto. radicado en la cámara de representantes. que la mayoría de las ponencias se orientaron a establecer y delimitar los criterios de coordinación. MINISTERIO DEL INTERIOR Y MINISTERIO DE JUSTICIA. Jesus piñacue. MINISTERIO DEL INTERIOR. 27 . normas y procedimientos propios.98. integral e independiente de acuerdo con normas y procedimientos y la legislación indígena especial vigente dentro de su ámbito territorial”. siempre y cuando estos no vayan en contravía de las disposiciones constitucionales”20. profesor universitario e investigador Hernán Darío Benítez. En: Del Olvido surgimos. pero es curioso observar en las memorias de este seminario. se presentaron varias ponencias relacionadas con la jurisdicción especial. 85. los limites. puntualizó sobre esta. definiéndola como “una verdadera entidad sui generis. sindicado dentro de la jurisdicción ordinaria por el delito de acceso carnal violento la define como: “la facultad que la Constitución de 1991 reconoce a las autoridades indígenas. Ministerio de Justicia 1997. con sus propios instrumentos teóricos y. pág. en el artículo 2 del proyecto de Ley estatutario N° 003 de 2000. la defensoría de los pueblos y el Consejo Regional Indígena del Cauca. Hernán Darío. Andrés Yara Albino. Juan. Ministerio de justicia 1997. para traer nuevas esperanzas. R. en virtud de una solicitud de las autoridades indígenas para llevar a cabo el juzgamiento del indígena pijao José Crispín Prada.A. la interacción de la institución. sean cabildos o autoridades tradicionales. Seminario sobre Jurisdicción especial indígena. claro está que a esta definición se le realizaron unas modificaciones por el proyecto de Ley Estatutario N° 140 de 2002 radicado en el Senado la cual se redacto así: “Es la facultad constitucional de las 18 PEÑARANDA. Ministerio de Justicia. para resolver los conflictos que se presentan al interior de sus territorios de acuerdo con sus valores culturales. En: Del Olvido. 20 COLOMBIA. constituida desde la semejanza con categorías conceptuales de la sociedad nacional.09. al margen de las tipologías tradicionales de esas categorías” 19 De igual forma la directora general de asuntos indígenas Gladys Jimeno Santoya en concepto rendido al Gobernador del Cabildo Chenche Buena Vista. pero casi ninguna se atrevió a definirla.E. Pag. define a la Jurisdicción Especial Indígena de la siguiente forma: “Es la facultad constitucional de las autoridades indígenas de administrar justicia en forma autónoma.
I. como en los límites fijados para evaluar el peso de las acciones dañinas sobre su universo personal. C. natural y social. por lo tanto ella implica la captación interpretativa del sentido de las señales que cada grupo social diferente emite. Autonomía que es integral. es decir.: desarrollado por la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y por checchi and Company consulting Colombia. dentro del cual los indígenas son considerados como ciudadanos con igualdad de derechos colectivos de carácter fundamental que se deriva del carácter plural del Estado y la Nación colombiana. 2005. 76 p. y por la que se crean y establecen instituciones propias. Segundo la legislación Indígena Nacional. Tomando en consideración esto. religiosas y espirituales propias de determinados pueblos. los derechos y la identidad de cada pueblo. en forma autónoma. que se aplica tanto al control del territorio de cada pueblo como al desarrollo y mantenimiento de su cultura. tanto en los diferentes aspectos de su vida armónica. cada uno indicando sus propios principios de legitimación. De estas definiciones se puede indicar que la Jurisdicción Especial Indígena es el ejercicio de la autonomía de los pueblos indígenas. Entendiéndose entonces por diversidad. Ibagué. que se desprende de la incorporación del pluralismo jurídico en nuestra legislación. las normas y procedimientos propios y la legislación indígena especial vigente dentro de su ámbito territorial” 21. o region eventualmente puedan llegar a coexistir distintos sistemas jurídicos. y por aquellos que han perdido parcialmente sus costumbres. lo que significa como se ha anotado anteriormente. 28 . el conjunto de valores y prácticas sociales. a partir de procesos de desarrollo real de los derechos indígenas. 22 CORPORACIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO CIUDADANO.autoridades indígenas de administrar justicia en todas las ramas del derecho. tendientes a mantener la dignidad. que en un mismo territorio. es decir distintas nociones operantes de justicia. en cuanto a que hoy en día se puede hablar de la vigencia de tres órdenes normativos en Colombia los cuales son: primero la Constitución y la Legislación Nacional General. y ha sido asumida por los pueblos indígenas andinos. Así se demuestra que la consagración de la jurisdicción indígena ha sido el producto del reconocimiento de la diversidad étnica y cultural de nuestra nación. que tiene un carácter especial dentro de la legislación General de la República. o sistemas regulatorios. pero que sin embargo la constitución ordena la expedición de dicha ley para establecer las formas de coordinación con el sistema judicial nacional. culturales. cuya práctica no está supeditada a la autorización de una competencia especifica por parte de una ley.CRIT y la asociación de cabildos y autoridades tradicionales del consejo regional indígena del Tolima. de recuperación del control 21 Subrayado fuera de texto. se toma lo expresado por la Corporación Gestión y Desarrollo Ciudadano22. con sus normas y procedimientos.T. con leyes con contenidos propios. Tolima. Ejercicio del derecho propio el caso del tribunal superior indígena del Tolima. lo que denota que la Jurisdicción Especial Indígena quedo consagrada como una institución de aplicación inmediata.R. integral e independiente de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales.
social y del ejercicio de la actividad judicial por sus autoridades propias. pues ello negaría la diversidad protegida por el art 7 de nuestra carta política. conocimiento y guía. decisión. reconocidos socialmente para el cumplimiento de las funciones de mando. que exponen sus sistemas de autoridad y representación. que se han creado alrededor de sus cosmovisiones. La jurisdicción especial en Colombia. Con referencia a este elemento es importante mencionar que existe una gran variedad de usos y costumbres que han sido tipificados en cada uno de los 87 pueblos indígenas que habitan nuestro territorio. la doctrina ha manifestado que para interpretar el artículo 246 de la constitución Política es fundamental observar unos elementos precisos que determinan a la jurisdicción indígena y estos son:  La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas. acordes con sus particularidades. 2007. Bogotá: IEMP. orientación.1.  La potestad de tales pueblos para establecer normas y procedimientos propios. Claro está que en aras de respetar cada unos de estos sistemas. es decir equiparándola y asimilándola a nuestro ordenamiento judicial.  La sujeción de la jurisdicción y de las normas y procedimientos indígenas a la Constitución y a la ley. dichas autoridades indígenas son individuos que representan a aquellos distinguidos de cada sociedad en particular 23. p 50 29 . lo cual se debe tener presente para el reconocimiento de sus autoridades. control y regulación social. Esther. equitativos y libres de conductas indebidas como la corrupción o algún tipo de conflicto. con los otros derechos e intereses constitucionalmente involucrados en cada caso. Por otra parte.1Elementos de la Jurisdicción Especial Indígena.2. Sin embargo debido a la gran variedad de usos y costumbres de los diferentes pueblos indígenas. estas autoridades presentan grandes diferencias. 2. dentro de los órganos públicos definidos para tal fin. 23 SANCHEZ BOTERO. Por ende al examinar las autoridades indígenas es importante no hacerlo desde la perspectiva occidental. aunque coinciden en una característica común ya que normalmente dichas autoridades son elegidas por ser imparciales. necesariamente se requiere que los funcionarios judiciales cumplan con el deber constitucional de adoptar la medida que mejor concilie los derechos fundamentales reconocidos a favor de los pueblos indígenas. Y el tercero son los sistemas normativos propios o sistemas de derecho interno.
30 . 2. pero si la visibilidad y proliferación de conflictos entre los dos sistemas jurídicos como son los de competencia jurisdiccional entre autoridades nacionales e indígenas. de la siguiente manera. en cuanto la norma que establece la jurisdicción indígena remite al territorio. 24 En la sentencia T-552/03 M.P. Así. se revela que mientras los dos primeros elementos se relacionan y constituyen el núcleo de la autonomía otorgada a estas comunidades en su carácter tanto jurisdiccional como normativo.2. ya que pese a numerosos esfuerzos e intentos interinstitucionales. delego en el poder legislativo la difícil y ardua tarea de resolver la tensión existente entre la soberanía nacional y la autonomía indígena. el tercer y cuarto elemento señalan los límites a esta jurisdicción y los mecanismos de coordinación necesarios entre los ordenamientos jurídicos indígenas y el ordenamiento nacional. tanto en materia sustantiva como procedimental. un ámbito geográfico. con el fin de hacer efectivo el principio de la diversidad dentro de la unidad. que establecen por una parte el derecho que tienen los pueblos indígenas a ser juzgados por sus propias comunidades bajo normas y procedimientos propios. el derecho que tienen de juzgar a sus miembros por hechos cometidos en su ámbito territorial según normas y procedimientos propios. Rodrigo Escobar Gil. en la medida en que el orden jurídico tradicional de estas comunidades no puede resultar contrario a la Constitución ni a la ley. que a la vez. vale decir. debe regularse por una ley. de acuerdo con la Constitución. cuya ausencia ha sido suplida por la Corte Constitucional. claro está que dicho vacío no ha sido el impedimento para la materialización de la autonomía jurídica indígena. conforme al cual la respectiva comunidad se rija por un sistema jurídico propio conformado a partir de las practicas y usos tradicionales. un elemento normativo.  La competencia del legislador para señalar la forma de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional 24. deberá conformarse con sujeción a la ley y delimitarse por el gobierno con participación de las comunidades. con aplicación de los principios pro comunitas y de maximización de la autonomía. sino. un elemento orgánico. Todo lo anterior. conflictos en el ámbito de aplicación de la ley y los eventuales limites que deben existir al ejercicio de la función jurisdiccional de las autoridades indígenas. Conflictos por la falta de ley de coordinación. en Colombia aun existe un vacío legislativo al respecto. a los elementos de la jurisdicción indígena previstos en el artículo 246 de la Constitución: “ Un elemento humano que consiste en la existencia de un grupo diferenciable por su origen étnico y por la persistencia diferenciada de su identidad cultural. Lo que muestra que el mandato constitucional no solo hace referencia a la facultad otorgada a las autoridades de los pueblos indígenas a administrar justicia. esto es la existencia de autoridades tradicionales que ejerzan una función de control social en sus comunidades. Es importante señalar que a pesar de fijarse los factores antes descritos para determinar la competencia estos no han sido suficientes para finalizar con los conflictos propios en esta materia. que se derivan de la consagración del principio fundamental del respeto por la diversidad étnica y cultural del pueblo colombiano”. de allí la dificultad de elaborar una ley que haga compatible la aplicación de regímenes jurídicos distintos. y. por la otra. en su artículo 329. y un factor de congruencia. la Corte alude. el cual según la propia Constitución.
de la premisa según la cual los conflictos de intereses pueden ser subsumidos en la categoría de “conflictos de derecho”. traducción de Rozo Acuña. Los conflictos pueden ser de dos clases: positivo y negativo. con bastante frecuencia llevan a las partes del conflicto a recurrir a las instancias judiciales. Teoría general del derecho. se convierte en un conflicto jurídico cuando la comunidad indígena recurre a las instancias estatales en busca de la protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. su aplicación práctica arrojaría resultados diametralmente distintos. en este contexto. las oposiciones de intereses suelen acentuar los desacuerdos y. el conflicto inicial de intereses es traspasado al ámbito jurídico. en donde frecuentemente es traducido en términos de resolución de antinomias normativas25. lo que revela. sino 25 Dos reglas son antinómicas cuando se hallan en conflicto frente a su aplicación en un caso concreto. Las antinomias normativas se presentan comúnmente en forma de contradicción: dos o más normas son aplicables a un caso concreto pero se excluyen o contradicen. En efecto. 31 . y decidir cuál de los dos debe prevalecer. lo que revela. o aun. sin embargo. Al respecto véase a Bobbio. Temis. E. 1997. ya que en ellos no se discuten la determinación de la autoridad competente para conocer de un caso que involucra a indígenas. que.  Positivo: cuando los funcionarios entre quienes surgen consideran que a cada uno le corresponde conocer del proceso. principalmente nos centraremos con referente a la jurisdicción especial indígena en los conflictos normativos y los conflictos jurisdiccionales que se han suscitado. por ejemplo.El conflicto de competencia se presenta cuando entre dos o más funcionarios judiciales de la misma rama se disputan el conocimiento de un proceso. La instancia judicial en este caso planteado esta llamada a sopesar los principios jurídicos en juego que serian el interés general del Estado y la protección a la diversidad étnica y cultural..  Negativo: Cuando los funcionarios entre quienes se presenta estiman que a ninguno de ellos les está atribuido el conocimiento del proceso. Así. que estos no son conflictos de competencia propiamente dichos. Norberto.  Conflictos Normativos: los conflictos normativos que involucran a la jurisdicción especial indígena pueden ser descritos como el choque entre las concepciones y fundamentos del derecho indígena y aquellas del ordenamiento jurídico nacional. se puede observar que la oposición de una comunidad indígena a la extracción de petróleo por una empresa multinacional en un área territorial que de acuerdo con sus tradiciones comunitarias es considerada sagrada. y los conflictos inherentes a la jurisdicción especial no han sido la excepción. estos dos últimos tienen por particularidad su constante aplicación en la práctica. De esta manera se puede partir entonces. Pero hay que señalar que los conflictos suscitados por el reconocimiento de la Jurisdicción especial indígena en Colombia se encuentran enmarcados en la división clásica entre conflictos judiciales y extra judiciales y entre conflictos de intereses y conflictos de derecho. Madrid.
Los desafíos del reconocimiento del derecho indígena: Estudio del caso colombiano. que entraron en vigor normas que establecen la excepción de la inimputabilidad por diversidad étnica y cultural y medidas de seguridad especiales para los indígenas. Rol institucional en la resolución de conflictos de la jurisdicción indígena 26 PEÑA GUZMAN. no. 32 . 201-226. normas y procedimientos indígenas se adecuan a los parámetros establecidos en el orden jurídico colombiano. Así de esta forma y desde el punto de vista teórico estos conflictos “se describen como intrasistemicos debido a que se presentan entre autoridades que son competentes. ya que el artículo 246 de la carta política hace alusión a la necesaria coordinación entre el Sistema Judicial Nacional y la Jurisdicción Especial Indígena cuyo objetivo es la aplicación de los sistemas judiciales indígenas.30. y en materia penal.que se discute. esta se subordina a la constitución y a la jerarquía normativa en el país. p. Lo que a primera vista haría pensar que estos conflictos no contienen un gran interés particular ya que su solución estaría reducida a la aplicación sistemática de los elementos anteriormente predefinidos como determinantes de la competencia de las autoridades judiciales. (*) en el ámbito jurídico.. En: Boletín de antropología Universidad de Antioquia. los conflictos normativos pueden ser definidos como lo expresa Mireya Peña26 son conflictos intersistémicos. En otros términos. p. Al respecto.38. 27 PEÑA. sino que fue solo a partir del año 2001. si los usos. así el problema principal en este tipo de conflictos gira entorno a la determinación de la autoridad judicial que goza de plena competencia(*) para resolver un asunto en los que estén implicados las comunidades indígenas. es de gran interés mencionar que hasta el año 2000 no existían en el ordenamiento jurídico normas que precisaran sobre los elementos con respecto a la colisión de competencias entre autoridades indígenas y autoridades judiciales. Óp. Julio. sin embargo existe en estos conflictos un grado de desigualdad porque a pesar de la autonomía concedida a la jurisdicción especial indígena. De tal forma que desde el punto de vista teórico. cit. 2.  Conflictos jurisdiccionales: Son aquellos en los que dos o más autoridades judiciales legítimamente reconocidas en el ordenamiento jurídico se consideran competentes para conocer de un caso en el que están involucrados miembros de las comunidades indígenas. Vol. debido a que se desarrollan entre dos sistemas: El sistema judicial nacional y/o los sistemas indígenas. Mireya Maritza. Indicándose que en este tipo de conflictos se enfrentan dos sistemas jurídicos y no dos jurisdicciones. la competencia es la aptitud jurídica para realizar los actos al ejercicio de una función determinada. la competencia es el elemento que permite imponer un límite a cada detentador del poder judicial defendiendo los actos que este está habilitado a realizar.3. que se encuentran en un mismo nivel jerárquico pero al interior y bajo las reglas de un único orden jurídico que es el nacional”27. 2007. 27.
así como lo dice Van Cott. la corte la corte concluyo que el ejercicio de las funciones jurisdiccionales por parte de las autoridades indígenas no está condicionada a la expedición de una ley que la habilite. entre muchas. las siguientes sentencias: T-254/94. 28 (**)La expresión “pluralismo jurídico” ha sido utilizada para describir una variedad de fenómenos sociales y jurídicos e estudios antropológicos. Su uso en el ámbito de lo jurídico se remonta a finales del siglo XIX. dilucidar interrogantes. de tal forma que se observa.El funcionamiento de la jurisdicción indígena. no se puede negar también que este mandato constitucional del artículo 246 que consagra a dicha institución ha sido un gran estimulo para el desarrollo de la jurisprudencia colombiana debido a que produjo que las altas cortes entraran a desempeñar roles muy significativos que lograron pasos agigantados en materia indígena y así desarrollar hermenéutica jurídica. El primer nivel corresponde a los albores de nuestra carta política y gira en torno a dos temas específicos: uno es el de establecer si el ejercicio de la función jurisdiccional de las autoridades indígenas está supeditada a una ley de coordinación entre el sistema judicial y los sistemas indígenas. sociológicos y socio-jurídicos. T-344/98. desprovista de regulaciones y de criterios hermenéuticos necesarios. en otras palabras las decisiones de las altas cortes muestran un interesante desarrollo teórico jurídico que ha contribuido no solo a la supervivencia pacifica y al entendimiento entre culturas sino también a la realización del pluralismo jurídico(**). T-603/05. y resolver conflictos. Con el paso de los años. La primera Institución ha liderado el proceso de fortalecimiento de la jurisdicción indígena resolviendo los conflictos normativos que implican el derecho indígena. sin embargo. como los lineamientos jurisprudenciales de la corte Constitucional en los casos referentes a la Jurisdicción Indígena se dividen en tres niveles argumentativos28. 33 . se puede observar que las dos instituciones colombianas que han acompañado el proceso de consolidación de la jurisdicción especial indígena han sido la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura. la noción de pluralismo ha sido asociado a la existencia de ordenamientos normativos plurales. ya que la constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas a ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de acuerdo con sus normas y procedimientos siempre y cuando estos no atenten en contra del ordenamiento jurídico. asuntos esto que han sido definidos y expuestos por esta corporación en la misma sentencia. y en segundo lugar encontramos que la corte determina cuáles son los elementos constitutivos de la jurisdicción indígena. denotando. A lo largo de todo este panorama. cuando surge como alternativa analítica al monismo jurídico que caracterizo la emergencia de los estados modernos entre los siglos XVI y XIX. frecuentemente en la actualidad. la coexistencia de ordenamientos jurídicos diversos dentro de un mismo espacio geopolítico Pueden consultarse. T-667/98. T-527/97. T-266/99. al admitir la concurrencia de sistemas normativos de diferentes niveles dentro del espacio geopolítico administrado por el Estado. así como la carencia de una ley que permita coordinar ambos sistemas trajo consigo tensiones o conflictos anteriormente mencionados. así en sentencia T- 254 de1994 y en muchas otras. en particular en las sociedades occidentales modernas. Los sociólogos del derecho han utilizado han utilizado el pluralismo jurídico como hipótesis explicativa del dinamismo de los ordenamientos jurídicos.
Claro está que no significara que siempre que esté involucrado un indígena en una conducta reprochable.C.811 (27. Jaime Córdoba Triviño. el cual se impone como consecuencia de la gran diversidad de sus comunidades. que se concretan dependiendo de cada caso.53-54 34 . contrato 022 de 2007. Geográfico o Territorial: a partir del cual cada comunidad puede juzgar las conductas que ocurran dentro de su territorio de acuerdo con sus propias normas. se hace imprescindible mencionar que el fuero indígena lo comprenden dos elementos esenciales a saber que son: I. las cuales cada una de ellas se apoya en concepciones distintas del hombre y de la naturaleza y con un fuerte arraigo a sistemas de creencias mágico religiosos que no coinciden con nuestro sistema judicial nacional. para el efecto y cuya finalidad es el juzgamiento acorde con la organización y modo de vida de la comunidad”29. la jurisdicción indígena será la competente para juzgar el hecho: el fuero indígena tiene límites. por el hecho de pertenecer a ellas. con miras al efecto de la compresión intercultural. p. Personal: según el cual el individuo perteneciente a una etnia indígena debe ser juzgado de acuerdo con las normas y las autoridades de su propia comunidad II.P. 30 GOMEZ VALENCIA. derecho este que la Corte Constitucional ha denominado fuero indígena. Herinaldy. En lo que nos atañe. M. es decir es el derecho que tienen a ser juzgados por un juez diferente del que ordinariamente tiene la competencia. De allí que la Corte en la sentencia T 496 de 1996 destaca el deber del estado de mantener la convivencia pacífica de sus asociados y determina los factores que permiten conceder a los indígenas el derecho a ser juzgados por sus propias autoridades. es decir habrá entonces que mirar no solo el lugar donde ocurren los hechos sino las culturas involucradas (cosmovisión) o integración del sujeto frente a la cultura mayoritaria o la afección del individuo frente a la sanción para determinar la competencia. D. Sentencia T.30 29 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. expediente T-891563. de acuerdo con sus normas y procedimientos. Modulo inter-jurisdiccional pueblo arhuaco. 1994). Es preciso indicar que la Corte constitucional define al fuero indígena como “el derecho del que gozan miembros de las comunidades indígenas. Bogotá.El segundo nivel interpretativo de la Corte Constitucional se centra en determinar el derecho que tiene los indígenas a ser juzgados por sus propias autoridades. Proyecto “Extensión de la coordinación del sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena”. agosto.: Escuela Rodrigo Lara Bonilla. para ser juzgados por las autoridades indígenas.
CORTE CONSTITUCIONAL. Entre las funciones de la Sala Disciplinaria se encuentra la de dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones y entre estas y las autoridades administrativas. Claro está que la respuesta o mejor aun las reglas anteriormente mencionadas y establecidas por la Corte Constitucional tuvieron como influencia principal la propuesta del teórico canadiense Will Kymlicka. 1996). estas son:  A mayor conservación de usos y costumbres. Revelándose de esta forma que las decisiones de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se mueven en torno a la resolución de los conflictos jurisdiccionales que en materia penal se han presentado entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria. o la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad” de conformidad con la Ley (Acto legislativo N° 3 de 2002). Carlos Gaviria Diaz. La segunda institución es el Consejo Superior de la Judicatura.  Las normas legales imperativas de orden público de la republica priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas. M. las cuales enunciaremos en este acápite solamente.El tercer nivel argumentativo se centra en el alcance y limites a la jurisdicción indígena los cuales deben ser precisados en cada caso en particular y por ende encontramos entre otras.  Los usos y costumbres de una comunidad priman sobre las normas legales dispositivas. siempre que protejan directamente un valor constitucional superior al principio de la diversidad étnica y cultural. quien señala que en las sociedades liberales solo las culturas liberales deben ser toleradas en la condición de que el respeto por los derechos humanos individuales prevalezca sobre el respeto por los derechos colectivos. mayor autonomía.346 (08. mencionándose a la vez que este consejo está dividido en dos salas: la Sala Administrativa integrada por seis magistrados y la Sala Disciplinaria integrada por siete. y 31 COLOMBIA. expediente T- 83456 32 El artículo 116 de la Constitución política de Colombia señala que “excepcionalmente la Ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas”. De igual manera señala que “los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de jurados de las causas criminales. Sentencia T. sus funciones giran principalmente en torno a la definición de la política general de la administración de la rama judicial con sujeción al plan nacional de desarrollo.P. que es el órgano competente en Colombia para dirimir los conflictos de competencia jurisdiccional.  Los derechos fundamentales constitucionales constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares. agosto. a las que la ley les ha atribuido funciones jurisdiccionales32. 35 . conciliadores. que en sentencia T 349 de 1996 31 la corte establece unas reglas para regular el ejercicio de la función jurisdiccional que se les reconoce a las autoridades indígenas con el fin de guiar y brindar soluciones a conflictos valorativos y diferencias conceptuales.
la jurisdicción indígena como ya se ha expresado anteriormente no posee una organización estrictamente enunciada en un cuerpo normativo. 35 COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.: Bochica. establecer criterios o reglas de interpretación y de guía para resolver a través de sus pronunciamientos jurisprudenciales los diversos conflictos que se presenten entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones. Sentencia (08. en la sentencia del 24 de junio de 1999 35 “el intercambio la comunicación y las relaciones que puedan tener las comunidades minoritarias con las de la mayorías no autoriza a afirmar que aquellas perdieron su identidad o que no aspiren a conservar sus tradiciones o que no propugnen por solucionar en forma valida sus propios conflictos. Por ejemplo. en lo que nos atañe. Sala Disciplinaria. p. de los casos que diariamente se presentan y de la labor extremadamente productiva de las altas cortes al tratar de dilucidar. Las decisiones de la sala jurisdiccional disciplinaria descubren la rápida evolución en la interpretación de los elementos anteriormente mencionados en los casos concretos. junio. De allí que muchos autores mencionen que el eventual carácter inclusivo que debe desarrollar un sistema jurídico pluralista para articular se logra preservando la independencia judicial.  El factor Territorial: atiende al lugar de ocurrencia de los hechos y exige que estos hayan sucedido al interior del territorio de la comunidad indígena.  El factor objetivo: atiende a la naturaleza del asunto. sino que depende de la tradición y la necesidad de cada uno de sus pueblos. 1999). Miriam Donato de Montaya 36 . la sala Jurisdiccional Disciplinaria adiciona a estos algunos criterios para determinar la competencia jurisdiccional de las autoridades indígenas en materia penal 33 como son: la existencia legal de un cabildo. Sentencia (24.C. Así. la pertenencia a un cabildo indígena por parte de la persona que se le imputa el delito.P. 33 ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA (ONIC). la diversidad cultural y la autonomía colectiva de dichos sistemas jurídicos junto con la ayuda a construir conceptual. Sala Disciplinaria. Leovigildo Bernal Andrade. doctrinal y procesalmente. M. encontramos un caso muy peculiar.P. 1999). teniendo en cuenta componentes tales como los elementos de la jurisdicción indígena. en la sentencia del 8 de abril de 1999 34 el haber cursado estudios superiores muestre un significativo grado de aculturación de un indígena. como es el elemento personal del fuero indígena que mientras.57 34 COLOMBIA CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.aunque ha atendido a los pronunciamientos de la Corte Constitucional. M. y tres criterios significativos a saber:  El factor Subjetivo: que atiende a la calidad de las partes y exige que tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo tengan la condición de indígenas. Derechos de los pueblos indígenas y sistemas de jurisdicción propia. Bogotá D. abril. 2007.
cit.1.T. p. La Jurisdicción Especial Indígena cuenta con un instrumento importante como lo es el Convenio 169 de la OIT 36. sobre pueblos 36 Convenio Internacional de la O.15.. BASES LEGALES 3. 3.I. no. 37 . Marco legal internacional. 169. Op.
“1. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias. 2. Siempre que sea necesario. 3. mas explícitamente en el artículo 246 que dice así: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. ratificado en Colombia mediante la Ley N° 21 de marzo 4 de1991. En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Marco legal constitucional. deberán establecer procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. lo encontramos en la Constitución Nacional de 1991. “1. Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia” Articulo 10°. Articulo 8°. 2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. 2. La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y asumir las obligaciones correspondientes" Articulo 9°. de conformidad con sus 38 .indígenas y tribales en países independientes. sociales y culturales.2. siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas. El punto de partida para la ubicación normativa en el ordenamiento jurídico colombiano de la Jurisdicción Especial Indígena. “1. Ginebra 1989. 3. adoptado por la reunión de la conferencia General de la OIT.
el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley. de manera más precisa se consagra: "El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana". que son el fundamento del reconocimiento a la jurisdicción Especial indígena: Articulo. ”Colombia es un Estado social de derecho. siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. las tierras comunales de grupos étnicos. la ciencia. recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos. por medio de la educación permanente y la enseñanza científica. “Los bienes de uso público. “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. La enseñanza que se imparta en las comunidades con tradiciones lingüísticas propias será bilingüe”. organizado en forma de República Unitaria. descentralizada. Las lenguas y dialectos de los grupos étnicos son también oficiales en sus territorios. lengua. en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”. libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo. democrática. son inalienables. el desarrollo y la difusión de los valores culturales de la Nación”. origen nacional o familiar. Articulo 13°. participativa y pluralista. Articulo 10°. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. las tierras de resguardo. fundada en el respeto de la dignidad humana. “El castellano es el idioma oficial de Colombia. los parques naturales. 1°. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional”. imprescriptibles e inembargables”.propias normas y procedimientos. opinión política o filosófica” Articulo 63°. El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado promoverá la investigación. encontramos otros artículos de la constitución Política. Artículo 7° en el que. raza. Al lado de este articulado. 39 .”El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades. artística y profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. con autonomía de sus entidades territoriales. religión. técnica. Articulo 70°.
en su inciso 1 “Son entidades territoriales los departamentos. Los resguardos son de propiedad colectiva y no enajenable. pertenecen a la Nación y son inalienables. Articulo 329°.Artículo 72°. Inciso 2 “Habrá un número adicional de dos senadores elegidos en circunscripción nacional especial por comunidades indígenas”. La ley definirá las relaciones y la coordinación de estas entidades con aquellas de las cuales formen parte”. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional. siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. previo concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional” Articulo 286°. Velar por la aplicación de las normas legales sobre usos del suelo y poblamiento de sus territorios. los distritos. inembargables e imprescriptibles.” Articulo 171°. los municipios y los territorios indígenas”. con participación de los representantes de las comunidades indígenas. los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades y ejercerán las siguientes funciones: 1. y su delimitación se hará por el Gobierno Nacional. de conformidad con sus propias normas y procedimientos. Articulo 330 “De conformidad con la Constitución y las leyes. Articulo 246°. 40 . de esta forma se da participación a los indígenas en el Senado de la República y a través del artículo 176 se abre la posibilidad a estas comunidades de participar en la Cámara de Representantes.” Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica. “La conformación de las entidades territoriales indígenas se hará con sujeción a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial.
37 COLOMBIA. Continuando con la jerarquía normativa encontramos las siguientes leyes y decretos: * La ley 89 de 189037. 41 . Bogotá. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Diario Oficial. Diario Oficial. p. (7. 3. las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar. Ley 270. no.. * La ley 270 de 199638. 1996). la cual en su artículo 12 dispone: “La función jurisdiccional se ejerce como propia y habitual y de manera permanente por las corporaciones y personas dotadas de investidura legal para hacerlo. 1-73. Estatutaria de la Administración de Justicia.745. 6. Marco legal nacional. Representar a los territorios ante el Gobierno Nacional y las demás entidades a las cuales se integren. la indígena y la justicia de paz. Colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional. según se precisa en la Constitución Política y en la presente Ley Estatutaria. Parágrafo. 4. CONGRESO DE LA REPUBLICA.2. Ley 89 (25. en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. social y económica de las comunidades indígenas.La explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural. no. y 9. Coordinar los programas y proyectos promovidos por las diferentes comunidades en su territorio.. 7. Por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Estatutaria de la administración de justicia. Percibir y distribuir sus recursos.. 8. Noviembre. 3. el Consejo Superior de la Judicatura. D. 1996. En las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación. el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades. 8263. Diseñar las políticas y los planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio.3. 1890). 38 COLOMBIA. Marzo. y la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción. 42. Modificada por la Ley 1285 de 2009. 1890. tiene por enunciado el siguiente: “por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los “salvajes” (Esta expresión fue declarada inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-139 DE 1996) que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Bogotá. Dicha función se ejerce por la jurisdicción constitucional. la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Promover las inversiones públicas en sus territorios y velar por su debida ejecución.C. Las que les señalen la Constitución y la ley”. 5. Velar por la preservación de los recursos naturales.
42. * Decreto 1320 de 199841. D.. “Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio”- 4. Bogotá. MINISTERIO DEL INTERIOR. * Decreto 1088 de199339. p. METODOLOGIA 4.340. Diario Oficial. Las autoridades de los territorios indígenas previstas en la ley ejercen sus funciones jurisdiccionales únicamente dentro del ámbito de su territorio y conforme a sus propias normas y procedimientos.914.. 41 COLOMBIA. 1993.El Fiscal General de la Nación. * Decreto 1397 de 199640.1-11. 43. Decreto 1088 (10. p. Junio. “Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones”. 1996). Bogotá. D. Los tribunales y jueces militares conocen. ENFOQUE y TIPO DE INVESTIGACION 39 COLOMBIA. Estas últimas establecerán las autoridades que ejercen el control de constitucionalidad y legalidad de los actos proferidos por las autoridades de los territorios indígenas. “Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades Tradicionales Indígenas”. Decreto 1397. no. 1998. Julio.C. no. Diario Oficial. Agosto. MINISTERIO DE GOBIERNO. D. 1996.C.C. 1-4. Diario Oficial.853. Por el cual se regula la creación de las asociaciones de Cabildos y/o Autoridades tradicionales indígenas. (8. no. 1993). 1998). Por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones. 42 . 40 COLOMBIA. Los jueces de paz conocen en equidad de los conflictos individuales y comunitarios en los casos y según los procedimientos establecidos por la ley..1.1-19. MINISTERIO DEL INTERIOR. el Vicefiscal y los Fiscales Delegados ante las distintas jerarquías judiciales del orden penal. Bogotá.40. ejercen las funciones jurisdiccionales que determine la ley. (13. Decreto 1320. los cuales no podrán ser contrarios a la Constitución y a las Leyes. con arreglo a las prescripciones de la ley y del Código Penal Militar. de los delitos sometidos a su competencia”. p. Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
Así mismo esta monografía se enmarcó en el tipo de investigación documental y descriptiva. como Libros. porque nos permitió reducir y sistematizar la información encontrada y acumulada del tema la 43 . Libros y Revistas. En el caso específico de la Jurisdicción Especial Indígena existen aspectos que son muy relevantes y otros que sin serlo menos. 4. Sentencias. CRITERIO EPISTEMOLOGICO La Hermenéutica como criterio epistemológico. 4.3. ya que fue a través del método de análisis. Sentencias.4. Decretos. registro y descripción de la información recolectada que se señalaron las características fundamentales del objeto o tema de estudio. dependen o se desprenden de los primeros. 4. aplicada a esta monografía permitió diferenciar los contenidos esenciales de la investigación de los secundarios y establecer las relaciones mutuas entre ambos.2. en este caso la jurisdicción especial indígena donde se comprendieron procesos y fenómenos de la realidad jurídica como lo son los conflictos existentes entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones. DISEÑO DE LA INVESTIGACION Para un acertado desarrollo del tema de investigación y por las múltiples implicaciones y connotación del mismo. el diseño de investigación utilizado fue el documental. Revistas. Convenios. Decretos. Leyes. la selección. Convenios. porque se orienta a describir el fenómeno social buscando conceptualizar sobre la realidad de los conflictos suscitados entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones con base en los datos obtenidos de la información recolectada. que ayudaron para establecer claras diferencias entre la Jurisdicción especial indígenas y las otras jurisdicciones. TECNICAS E INSTRUMENTOS: Las técnicas que se aplicaron primordialmente para el desarrollo de esta monografía fueron la revisión ó análisis de documentos. FUENTES DE INFORMACION Se utilizaron fuentes primarias y secundarias para el desarrollo de la monografía.5. y principalmente porque la información a analizar es de tipo documental contenida en Leyes. 4.El enfoque aplicado a esta monografía fue cualitativo.
las normas. Se Clasifico las distintas fuentes. lo cual implica el reconocimiento. Como instrumentos básicos de la presente investigación. se utilizaron las listas de chequeo y las fichas bibliográficas. Se ordenó la información y los datos a través de las fichas bibliográficas y la lista de chequeo. cuáles habían sido los criterios para superar los conflictos presentados entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones durante el periodo 44 . en consecuencia ésta se manejó a través de de la tolerancia. prácticas de justicia y formas de control social indígena.jurisdicción especial indígena. identifico y verifico la información relacionada con el tema del material en el cual se sustentará este proyecto monográfico. 4. Todo lo anterior complementado por la guía de los asesores temáticos y metodológicos para surtir exitosamente cada etapa de esta investigación. PRESENTACIÓN. ASPECTOS ETICOS Este trabajo de investigación monográfica abordó un tema Constitucional complejo en el que la información evidencia la multiculturalidad.7. 5. proporcionándonos datos importantes de diferentes periodos de tiempo y respuestas en función al problema formulado en nuestra investigación. y el valor tanto a los sistemas jurídicos indígenas como al del Sistema Judicial Nacional. la jurisprudencia y doctrina más relevante en el tema de la jurisdicción especial indígena y los conflictos suscitados entre esta y otras jurisdicciones. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS Al iniciar esta monografía el problema de investigación que se planteó buscaba establecer. 4. PROCEDIMIENTOS: Se recopilo. Posteriormente se procedió a realizar el análisis e interpretación de los documentos sociales.6. la valoración o por lo menos el respeto de la existencia de múltiples concepciones.
y en especial al de etno-educacion y etno-desarrollo. de identidad cultural y de etno- educación. pero esta rigió más de 100 años. igualdad y propiedad privada que imperaban en este tiempo no eran compatibles con la institución del resguardo..comprendido entre 1994 al 2002. p. es decir se inicia por parte del Estado una verdadera política indigenista. así como atar a un lugar específico a los indígenas. Como prueba de ello encontramos el decreto del 5 de julio de 1820. el sistema político no era capaz de transformarse para enfrentar la modernización. para concretar la construcción de un proceso de diálogo entre las comunidades y sus organizaciones. la descentralización.17. Posteriormente fue expedida la Ley 89 de 1890. que fueron desarrollados a lo largo de esta monografía y que se presentan de la siguiente manera: 5. No fue sino a partir de 1810 que se inicia la época republicana y las ideas de la Ilustración que inspiraron el movimiento de Independencia en América. Cit. la cual rescato la figura del resguardo y clasificó al indígena en tres categorías: los salvajes que se reducían a través de la acción misionera. el desarrollo sostenido. 45 . mediante la cual se logró el reconocimiento de derechos como territoriales. en consecuencia las leyes expedidas en esta etapa promovían que cada familia indígena se convertía en propietaria de una porción de tierra 42. Los principios de la Revolución Francesa Individuo. 42 SANTOS. lo que una vez mas promovió la preservación de su identidad. que pretendía la asimilación del indígena a la civilización en un periodo de 50 años. Boaventura de Sousa y GARCIA VILLEGAS. prohibición de imponer trabajo alguno a los indígenas sin pagarles pos sus servicios. necesitaba un cambio de posición y un canal de comunicación que permitiera la interacción entre el Estado y los grupos indígenas de allí que se dio paso a la aplicación de ciertos conceptos que se implementaban a nivel mundial como la democracia participativa. para lo cuales se definieron unos objetivos generales y específicos. pues implicaba propiedad colectiva sobre la tierra. exoneración del pago de impuestos sobre la tierra de los resguardos. Sin embargo y a pesar de estos intentos. Descripción de los antecedentes históricos colombianos que dieron lugar al reconocimiento de la jurisdicción especial indígena. consecuencia de la presión no solo de los grupos indígenas sino también de toda la comunidad internacional. en este periodo fue expedida la legislación indígena nacional. los semisalvajes que se encontraban en proceso de civilización y los civilizados a quienes los regia la ley 89 y por ende gozaban de cierta autonomía. Op. implantando una nueva dinámica con los grupos indígenas. en el cual se reconocieron principalmente derechos a los indígenas como el reconocimiento a tener autoridades y gobierno propio.1.
enormes e importantes figuras para la vida social y jurídica de todo el pueblo Colombiano. es decir del multiculturalismo. basado en el reconocimiento a la diferencia cultural y su orden consuetudinario. Uno de aquellos importantes reconocimientos. fue a partir de la constitución de 1991 que. Así. Esta nueva visión política y social plasmada en la carta. logro ser la responsable de que a estas minorías y en especial a las de los grupos indígenas.Y es solo a partir de este momento que se puede decir que la causa indígena dejo de ser anónima y en realidad cobro una alta visibilidad. que propendía por una especie de homogenización cultural. pregonando su carácter esencialmente pluralista. 46 . religiosos y étnicos a los cuales la Constitución de 1986 les brindaba una situación altamente discriminatoria con respecto a los otros grupos sociales de la comunidad que eran mayoritarios y como secuela de dicha discriminación. la convención 169 de 1989 sobre pueblos indígenas concentrada en la ley 21 de 1991. Antes de la Asamblea Nacional Constituyente. Otro de los impulsos que incidieron para el reconocimiento Constitucional de las comunidades indígenas fue el peso político importante que ciertos grupos étnicos tenían. ya que con ella se rompió la teoría de los Estados nacionales. ya que a pesar de su enorme tradición histórica y su importante valor cultural aportado a la nación. Lo que implica que el reconocimiento de la diversidad como principio fundante del Estado no se limito a la consagración de un principio general en el texto de la Constitución. que en términos electorales resulta ser un brazo político fuerte. norma expedida en vísperas del quinto centenario del descubrimiento del continente americano. como ya mencionamos anteriormente se dieron avances en manera legal pero sin llegar a tener un reconocimiento explicito en el texto constitucional. se vieron los indígenas en la enorme necesidad de adelantar las acciones mas convenientes y pertinentes para que su composición y los derechos que nacieran de dichas relaciones sociales fueran reconocidos y tuvieran su adecuada protección por parte del gobierno Colombiano. culturales. sino que el mismo constituyente se ocupo de consagrar una serie de disposiciones para garantizar la realización efectiva del reconocimiento y el respeto de las culturas diferentes a la de la sociedad mayor. Sin embargo. encontrándose entonces. el cual era mucho mayor al de su representación geográfica. e imperando la teoría posterior a la redacción de la Constitución de 1991. no gozaban de una legalidad que les permitiera actuar autónomamente. el indígena se hizo visible. fue el de la diversidad cultural. fue consecuencia de la existencia de diversos grupos civiles. se les otorgara autonomía y protección. la cual tuvo grandes repercusiones. con la aparición de la Constitución Política de Colombia de 1991. la primera luz jurídica para dichos pueblos. se introducen dentro del marco institucional y jurídico de la nación.
Febrero. participación comunitaria. lengua y tradiciones. En ella se da a los indígenas representación en el Consejo Nacional de Planeación.. diversidad lingüística. Julio. 1994). aprobación. Diario Oficial. El mencionado Decreto establece aspectos relevantes 43 COLOMBIA. por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo. pertenecientes a las mismas comunidades y a que existan participación en su selección. 1994). 1994. evaluación y control de los planes de desarrollo. 47 . ejecución y evaluación de un proyecto etno-educativo comunitario. Entre 1994 y el año 2002 se han dictado normas que han sido consecuentes con la importancia que ha tenido la jurisdicción indígena. no. en la medida de lo posible. 44 COLOMBIA. aprobar y ejecutar directamente los planes de acuerdo con sus usos y costumbres.. Bogotá.214. Esta ley plantea entonces que la educación de los grupos étnicos hace parte del servicio educativo nacional que debe desarrollarse bajo los principios de integralidad. Decreto 1397 de 1996 expedido por el Ministerio del Interior. . 41450. flexibilidad y progresividad. En los concejos territoriales de planeación también cuentan con representación y con la posibilidad de hacer propuestas frente al plan de desarrollo. de acuerdo a su cultura. Ley 115 de 199444. 1994. Ley 152 (17. por el cual se crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas y se dictan otras disposiciones. Por la cual establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. ejecución. Ley 152 de 199443. se expide la Ley general de educación. Esta ley establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración. . interculturalidad. veamos: . Ley 115 (08.2. Bogotá. a través de ella. Diario Oficial. Análisis de la normatividad vigente referente a la Jurisdicción indígena en el período comprendido de 1994 al 2002. se expide la ley general de educación. Por la cual. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Cuando los territorios ancestrales se constituyan las entidades territoriales los indígenas podrán elaborar. 41. seguimiento. no. CONGRESO DE LA REPUBLICA. También establece que la enseñanza será bilingüe tomando como fundamento escolar la lengua materna y promueve la formación d etnoeducadores. que es el órgano consultivo y es el que organiza los foros para la discusión nacional del Plan Nacional de Desarrollo.5. De esta manera se abre el espacio para que las comunidades determinen el tipo de educación y los contenidos que esta debe tener a partir de la formulación.
Por otro lado. por la cual se modifica la Ley 9 de 1989. Bogotá. así como las Leyes 160 de 1994. Señalándose así. Así.. fomentos y estímulos de cultura. y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. conserva. Ley 397(07. Esta ley protege. evaluar la ejecución de la política indígena del Estado. no. Registro distrital. Bogotá. en cuanto a que la creación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. los cuales harán parte de los estudios de impacto ambiental. Teniendo en cuenta que los territorios indígenas hacen parte de la división política-administrativa del Estado. . social y cultural sobre los pueblos o comunidades indígenas. 1997.. 48 . Julio. De igual manera este Decreto consagra por parte del país la obligatoriedad de cumplir con lo pactado en los tratados internaciones suscritos por Colombia sobre los territorios indígenas. establece que no se podrá otorgar ninguna sin los estudios de impacto económico. 191 y 199 de 1995 y demás normas que garantizan los derechos de los pueblos. CONGRESO DE LA REPUBLICA. por la cual se desarrollan los artículos 70. discusión y ejecución de los planes de desarrollo territorial deberán contar con la participación de las autoridades indígenas. se crea el Ministerio de Cultura y se trasladan algunas dependencias. su cultura e identidad. 1997). Diario Oficial. sin perjuicio de las funciones del Estado. que la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas tendrá como objeto el concertar entre éstos y el Estado todas las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de afectarlos. 46 COLOMBIA. 43091. Ley 388 (18. a través de la cual se expide la ley general de cultura. 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural. Así como la obligatoriedad para el país de dar cumplimiento. La ley 397 de 199746. CONGRESO DE LA REPUBLICA. 43102. rehabilita y divulga como patrimonio 45 COLOMBIA. Por medio de esta ley específicamente se dictan normas sobre ordenamiento territorial. se evidencia que Comisión Nacional de Territorios y la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas son espacios institucionales de consulta y concertación sobre aquellos temas que afecten los derechos e intereses de los pueblos indígenas sin perjuicio de las consultas directas a las comunidades indígenas realizadas a través de sus propias organizaciones. 1997. . Estos estudios se realizarán con la participación de las comunidades. Agosto. Ley 388 de 199745. y hacerle seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a que allí se lleguen. este decreto con respecto a las licencias ambientales. los instrumentos internacionales que obligan a Colombia. no. 1997). en los ámbitos geográficos donde existan estos territorios la elaboración. debe ser un proceso concertado que se hará en concordancia con lo dispuesto por la Constitución Política de Colombia. sus autoridades y organizaciones.
en él se reafirman anteriores disposiciones incluidas en la Ley 70 de 1993 47.. por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio. D. que se realizará consulta previa cuando el proyecto. Ley 70 de 1993 (27. obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas de resguardo o reservas indígenas o en zonas adjudicadas en propiedad colectiva a comunidades negras. Bogotá. Definiciones: Para los efectos de la presente ley. 15 p. obra o actividad se pretenda desarrollar en zonas no tituladas y habitadas en forma regular y permanente por dichas comunidades indígenas o negras. . se establecen las siguientes definiciones:  Pueblos indígenas. previa consulta a los representantes de tales comunidades".C. Se entiende por pueblos indígenas los grupos. y les reconoce derechos sobre dichos bienes. 1993 no. y del cual se extraen las disposiciones más relevantes en cuanto a:  Ámbito de aplicación. También protege los derechos de autoría colectiva de los grupos étnicos como forma de proteger y difundir sus lenguas. Diario Oficial. 1993). 49 .246 de 2010. arqueológico y cultural de la nación los bienes muebles e inmuebles representativos de la tradición e identidad culturales pertenecientes a las comunidades indígenas actualmente existentes. 410013. Posteriormente se expidió el Decreto 1320 de 1998. social y económica de las comunidades indígenas y de las negras tradicionales de acuerdo con la Ley 70 de 1993 y el artículo 330 de la Constitución Nacional. Señalando igualmente. a pesar de que en el Congreso el año pasado se radicó el proyecto de ley estatutaria No. y las Autoridades del Sistema Judicial Nacional y las autoridades administrativas y/o de policía que sirvan de apoyo a la administración de justicia en el territorio nacional. y las decisiones sobre la materia se tomarán. agosto. Las disposiciones de esta ley regularán las relaciones entre las autoridades de los pueblos indígenas. parcialidades e individuos descendientes de los pobladores originarios de América que tengan conciencia de su identidad étnica y 47 COLOMBIA. comunidades. De allí que este decreto establezca que la consulta previa se realizará cuando el proyecto. aún carecemos de una Ley que desarrolle el artículo 246 de la Constitución Nacional. con este fin. tradiciones. Por medio de la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política. CONGRESO DE LA REPUBLICA. usos y costumbres. Sin embargo. que expresa que "La explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural.
De ser compatible con sus usos y costumbres. integral e independiente. de control social y sistemas normativos propios. participaran en los procedimientos tanto el ofensor como la víctima.  Derecho indígena: Es el conjunto de normas. instituciones. usos y costumbres. Las autoridades indígenas resolverán los conflictos de conformidad con sus tradiciones y en especial buscando la armonía. que les permite regular la vida social y política. garantizar el orden público interno. la familia y la comunidad. Se entiende por territorios indígenas las áreas poseídas en forma regular y permanente por un pueblo indígena y aquellas que.  Territorios indígenas. económicas y culturales. siempre que no sea incompatible con los derechos humanos. constituyen su hábitat o el ámbito tradicional de sus actividades sagradas o espirituales. el equilibrio y la paz social. manteniendo usos y valores de su cultura tradicional. aunque no están poseídas en dicha forma. prácticas. principios. de acuerdo con los usos y costumbres ancestrales.  Derecho propio: Es la potestad que tienen los pueblos indígenas. investigar. decidir y ejecutar las decisiones. organizar. que cada pueblo indígena considere legítimo y obligatorio. en forma autónoma. en todas las ramas del derecho. de acuerdo con su cultura y necesidades sociales. para resolver las controversias o litigios entre sus integrantes y dentro de su territorio. las normas y procedimientos propios y la legislación indígena especial vigente dentro de su ámbito territorial. resolver conflictos y tomar decisiones en el ámbito interno. así como instituciones de gobierno. Esta facultad comprende conocer. en 50 . autogobernarse. Es la facultad constitucional de los pueblos y comunidades indígenas a través de sus autoridades propias de administrar justicia de conformidad con su derecho propio. establecer derechos y deberes.  Jurisdicción Especial Indígena. valores. en los asuntos sometidos a su competencia y la potestad de avalar acuerdos reparatorios como medida de solución de conflictos. para aplicar instancias de justicia dentro de su hábitat y tierras por sus autoridades legítimas y que sólo afecten a sus integrantes. así otros grupos étnicos o poblacionales habiten en dicho territorio. cultural. Las decisiones constituyen cosa juzgada en el ámbito nacional. sociales.
51 . "Estatutaria de la Administración de Justicia" o las que determine el legislador. y demás instituciones que autónomamente creen los pueblos indígenas. Para efectos de determinar la competencia se considera que un ciudadano es indígena. pertenencia e identificación cultural con un pueblo indígena sometiéndose voluntariamente a los usos y costumbres de la respectiva comunidad y que tienen domicilio en el territorio indígena respectivo. sin menoscabo de la autonomía del pueblo indígena. Medicina legal. siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. El Instituto Colombiano Bienestar Familiar. y la ley. cuando forma parte de una comunidad. que se realizan entre las autoridades de los pueblos indígenas.  Coordinación jurisdiccional. costumbres. Para efectos de la presente ley se consideran autoridades de apoyo el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Para efectos de la presente ley se consideran autoridades del Sistema Jurídico Nacional las definidas en los artículos 11 al 13 de la Ley 270 de 1996. para efectos de la presente ley y de conformidad con la decisión que cada pueblo decida. procedimientos. como Tribunales o Consejos Indígenas. consecuencia. Son las acciones o actividades de apoyo y colaboración. las partes. el Estado y los terceros están obligados a respetarlas y acatarlas. que mantienen relaciones de filiación. Igualmente son autoridades indígenas. los Cabildos Indígenas. normas. Son las personas o instituciones tradicionales reconocidas por cada pueblo indígena como las autoridades legítimas que administran y ejercen justicia en los territorios indígenas de conformidad con sus usos. las autoridades del sistema jurisdiccional nacional y las autoridades de apoyo a la administración de justicia. los Consejos Regionales. en condiciones de igualdad. las personas no indígenas.  Autoridades del Sistema Jurídico Nacional. las Asociaciones de Cabildo.  Autoridades de los pueblos indígenas. La Policía Nacional.  Vinculación social y cultural. También se considerarán indígenas por adopción. con el objetivo de hacer efectivo el acceso a la justicia. reglamentos de convivencia y la legislación especial indígena.  Autoridades de apoyo a la administración de justicia. El Departamento Nacional de Seguridad.
por cuanto “la expulsión del demandante no había sido arbitraria y el reconocimiento de mejoras pretendidas por el actor no eran susceptibles de ser resueltas por vía de la acción de tutela. Sin embargo. junto con su familia. en este fallo la Corte Constitucional se enfrento a una acción de tutela interpuesta por el indígena Ananías Narváez contra la directiva del Cabildo de la comunidad indígena de El Tambo. en el asunto sometido a consideración la Corte en esta sentencia. teniendo en cuenta que los usos y costumbres no sean contrarios a la constitución y a las leyes. El demandante impugna la sentencia anterior. fuerzas Militares y las demás que tengan atribuida por disposición legal o reglamentaria funciones de policía judicial o que coadyuven a la administración de justicia. pero el juez de segunda instancia confirma la decisión impugnada. Frente a estos hechos el juez de primera instancia niega la protección solicitada por el demandante. en virtud de que la decisión del cabildo es un acto democrático. en desarrollo de la administración de justicia. en razón de que esta ultima vulnero sus derechos fundamentales al debido proceso. Criterios o reglas que se han utilizado para dirimir los conflictos entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones.P. a la honra. además. dentro de su ámbito territorial. que las autoridades indígenas poseen la atribución constitucional de administrar justicia. al momento de aplicar dichos usos y costumbres pueden surgir conflictos 52 . en su concepto. prisión perpetua y confiscación. En este acápite analizaremos la línea jurisprudencial de las altas cortes con los cuales se han establecido los criterios o reglas para dirimir los conflictos entre la jurisdicción especial indígena y otras jurisdicciones:  Sentencia T-254-1994 M.3. Eduardo Cifuentes Muñoz La sentencia T-254-1994 es la primera sentencia que abordó el tema de los limites que deben respetar las autoridades indígenas. Policía Nacional. pues no existía mecanismo judicial de defensa contra esta. estableció que la acción de tutela si procedía por cuanto el accionante se encontraba en situación de indefensión respecto a la decisión de la comunidad. por la supuesta comisión del delito de hurto y. El demandante fue expulsado de la comunidad. 5. y no judicial de acuerdo al artículo 246 de la Carta política. Así. se le negó el reconocimiento de unas mejoras realizadas sobre una parcela. al trabajo. y. al buen nombre y a la vida. porque considera que esta decisión del cabildo es una acto jurisdiccional que amerita el control judicial. desconociendo la prohibición constitucional de las penas de destierro.
debilitándose la capacidad de coerción social de las autoridades de algunos pueblos indígenas sobre sus miembros. dicho sea de paso. La realidad colombiana muestra que las numerosas comunidades indígenas existentes en el territorio nacional han sufrido una mayor o menor destrucción de su cultura por efecto del sometimiento al orden colonial y posterior integración a la "vida civilizada" (Ley 89 de 1890). estuvieron representadas en la Asamblea Nacional Constituyente. manifestando la corte sobre este punto la plena vigencia de los derechos fundamentales constitucionales en los territorios indígenas como limite al principio de diversidad étnica y constitucional. sobre pueblos indígenas y tribales independientes. no sobra subrayar que el sistema axiológico contenido en la Carta de derechos y deberes. constituyen un límite material al principio de diversidad étnica y cultural y a los códigos de valores propios de las diversas comunidades indígenas que habitan el territorio nacional.valorativos y de interpretación entre el orden nacional y el orden especial que rige las comunidades indígenas. en principio. Además. el numeral 1 del citado artículo convenio establece: “En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. ya que repugna al orden constitucional y legal el que una persona pueda quedar relegada a los extramuros del derecho por efecto de una imprecisa o inexistente delimitación de la normatividad llamada a regular sus derechos y obligaciones. 6 y 95). y deben. deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros” 53 . respetados -.los que deben ser. Siempre que sea necesario deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio”. regirse en mayor grado por las leyes de la República. dentro de los que se incluyen los indígenas. La necesidad de un marco normativo objetivo que garantice seguridad jurídica y estabilidad social dentro de estas colectividades. las que. hace indispensable distinguir entre los grupos que conservan sus usos y costumbres . particularmente los derechos fundamentales. 4. Pese a que la sujeción a la Constitución y a la ley es un deber de todos los nacionales en general (CP arts. particularmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos como código 48 El numeral 2 del artículo 8 del convenio 169 de la OIT dispone lo siguiente:”Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias siempre que estas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Además el mencionado limite se encuentra consagrado en los artículos 8 y 9 del convenio 169 de la OIT48. por lo tanto. De esta forma la solución que propone la Corte constitucional para resolver estos conflictos valorativos y de interpretación. de aquellos que no los conservan. consiste en criterios o reglas de interpretación como son: “A mayor conservación de usos mayor autonomía”. “Los derechos fundamentales constituyen constituyen el mínimo obligatorio de convivencia para todos los particulares”. el cual es acogido en el plano del derecho internacional.
246) y las funciones de autogobierno encomendadas a los consejos indígenas (CP art. por ejemplo. fundamenta la prevalencia de los usos y costumbres en la materia sobre normas que sólo deben tener aplicación en ausencia de una autorregulación por parte de las comunidades indígenas. La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. Sin embargo.y aquellos tutelados por las normas legales imperativas. en sentencia C-139 de 1996. en consecuencia. Dentro de esta sentencia la corte también puntualizo en otro aspecto relevante tal y como lo es: “la Jurisdicción Indígena e imposición de sanciones”. 330) deben ejercerse. pues se pondría en peligro su preservación y se socavaría su riqueza. mutatis mutandis. de la libertad y de la prosperidad de todos los pueblos. por cuanto esta también tiene el carácter de principio constitucional: para que una limitación a dicha diversidad. La interpretación de la ley como límite al reconocimiento de los usos y costumbres no puede llegar hasta el extremo de hacer nugatorio el contenido de éstas por la simple existencia de la norma legal. lo que. “Los usos y costumbres de una comunidad indígena priman sobre las normas legales dispositivas”.universal de convivencia y dialogo entre las culturas y. principio o derecho que debe ser de mayor jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad” 54 . Hay un ámbito intangible del pluralismo y de la diversidad étnica y cultural de los pueblos indígenas que no puede ser objeto de disposición por parte de la ley. de la justicia. siempre y cuando protejan directamente un valor constitucional superior al principio de diversidad étnica y cultural” 49. derecho que puede ser limitado solo cuando se afecte un principio constitucional o un derecho personal de algunos de los miembros de la comunidad o de una persona ajena a este. de conformidad con sus propias normas y procedimientos. M. El carácter normativo de la Constitución impone la necesidad de sopesar la importancia relativa de los valores protegidos por la norma constitucional - diversidad. según sus usos y costumbres. Carlos Gaviria Díaz. Sobre este punto expreso que el ejercicio de la jurisdicción indígena no está condicionada a la expedición de una ley que la habilite. siempre y cuando no sean contrarios a la constitución y a la ley. “Las normas legales imperativas (de orden público) de la República priman sobre los usos y costumbres de las comunidades indígenas. la que justamente reside en el mantenimiento de la diferencia cultural. pero respetando las leyes imperativas sobre la materia que protejan valores constitucionales superiores. Esta regla es consecuente con los principios de pluralismo y de diversidad. la corte ha señalado lo siguiente: “No cualquier precepto Constitucional o legal prevalece sobre la diversidad étnica y cultural. y no significa la aceptación de la costumbre contra legem por tratarse de normas dispositivas. otorga un amplio margen a la autonomía de la voluntad privada. La jurisdicción especial (CP art. esté justificada constitucionalmente.P. como podría pensarse a primera vista. es necesario que se funde en un principio constitucional de un valor superior al de la diversidad étnica y cultural… las comunidades indígenas reclaman la protección de su derecho colectivo a mantener su singularidad cultural. La naturaleza de las leyes civiles. es el legislador quien tiene la 49 Al respecto. pluralismo . presupuesto de la paz.
P. En efecto. el derecho fundamental al debido proceso garantiza los principios de legalidad. son factores que muy probablemente llevaron a los juzgadores de primera y segunda instancia a identificar la decisión de la comunidad indígena con un acto particular emanado del derecho de libre asociación. así como los derechos de defensa y contradicción. estás deben respetar los derechos y principios contenidos en el núcleo esencial del derecho consagrado en el artículo 29 de la Carta. No obstante. de imparcialidad. La precariedad de ciertos presupuestos fácticos para el ejercicio adecuado de la jurisdicción especial indígena . 246). ausencia de prueba sobre la existencia de usos y costumbres-. prisión perpetua y confiscación. Cualquiera sea el contenido de las disposiciones jurídicas internas de las comunidades indígenas. Por lo tanto el desconocimiento del mínimo de garantías constitucionales para el juzgamiento y sanción equivale a vulnerar el derecho fundamental al debido proceso. de publicidad. y el segundo es el derecho fundamental al debido proceso. 246). que constituye un límite jurídico-material de la jurisdicción especial que ejercen las autoridades de los pueblos indígenas (CP art. el reconocimiento de la existencia de una comunidad indígena con sus propias autoridades.obligación de regular las formas de coordinación de esta jurisdicción con el sistema de la justicia nacional (CP art. C-139 de 1996 M. exigía dar un tratamiento jurídico a la situación planteada por el petente desde la perspectiva del derecho constitucional y no según el régimen de comunidad civil dispuesto para regular las relaciones entre comuneros. y no como un acto jurisdiccional. de juez competente.falta de legalización del resguardo. de presunción de inocencia y de proporcionalidad de la conducta típica y de la sanción. De esta manera la corte señalo dos limites a la potestad sancionadora de las autoridades indígenas: el primero es la prohibición de imponer penas de destierro. normas y procedimientos por parte de los juzgadores de tutela. Carlos Gaviria Díaz 55 .  Sentencia No.
y la competencia del legislador para señalar la 50 COLOMBIA. En consecuencia. dio lugar al reconocimiento expreso de la diversidad étnica y cultural y a su protección efectiva mediante la creación de una jurisdicción especial indígena. La ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. la sujeción de dichas jurisdicción y normas a la Constitución y la ley. CONGRESO DE LA REPUBLICA. reafirma el pluralismo jurídico y. Los indígenas asimilados por la presente Ley a la condición de los menores de edad. así como las hipotecas que afecten terrenos de resguardo. El proceso participativo y pluralista que llevó a la expedición de la Constitución de 1991. la potestad de éstos de establecer normas y procedimientos propios. Noviembre. La Corte teniendo en cuenta el contenido de los artículos 7° y 246 de la Constitución Política de 1. 5 y 40 de la Ley 89 de 1890 50. el derecho colectivo a la diversidad cultural de los pueblos indígenas. 40. A través de esta sentencia la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículos 1. determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas (declarado inexequible). El artículo 246 de la Constitución Política. Ley 89 (25. Serán nulas y de ningún valor las ventas que se hicieren en contravención a lo dispuesto en este artículo.991. Las faltas que cometieron los indígenas contra la moral. Art 1. la cual utilizaba la expresión “salvajes” para referirse a los miembros de las comunidades indígenas no integrados al modo de vida de la cultura nacionalmente predominante. Obtenido el permiso. la venta se hará en pública subasta conforme a las disposiciones del procedimiento judicial. debiendo en consecuencia solicitarse licencia judicial justificándose la necesidad o utilidad. En efecto. establece la jurisdicción indígena. mientras que el artículo 7 afirma que “el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana”. a razón de ello encontramos: “El reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena”. para el manejo de sus porciones en los resguardos. De allí que se establezcan unas consideraciones generales en cuanto a la jurisdicción indígena en la Constitución política de 1991 y el conflicto entre los principios de diversidad y unidad. el artículo 1 de la Carta consagra el pluralismo como uno de los pilares axiológicos del Estado Social de derecho colombiano.” El análisis de esta norma muestra los cuatro elementos centrales de la jurisdicción indígena en nuestro ordenamiento constitucional: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas. Art. 1890). el Gobierno. 56 . de conformidad con sus propias normas y procedimientos. serán castigadas por el Gobernador del Cabildo respectivo con penas correccionales que no excedan de uno o dos días de arresto (declarado inexequible). Art. podrán vender con sujeción a las reglas prescritas por el derecho común para la venta de bienes raíces de los menores de veintiún años. en consecuencia.5. en el que intervinieron directamente representantes de las comunidades indígenas. siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la república. en los siguientes términos: “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. de acuerdo con la Autoridad eclesiástica. La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose á la vida civilizada por medio de Misiones. aun hecha la partición de éstos (declarado inexequible). por su parte.
“El conflicto de principios: diversidad étnica y cultural vs. de conformidad con sus propias normas y procedimientos. la Corte Constitucional en la sentencia ya referida T-254/94. y la unidad política y la defensa de un “mínimo ético” representado por los derechos fundamentales.y el declive de las concepciones éticas de corte moderno. La Constitución tiene efectos normativos directos. han puesto de presente la necesidad de reconocer y proteger la convivencia. No es cierto. Frente a este punto la corte ha expresado que la creciente conciencia de la diversidad étnica y cultural -provocada por las facilidades de desplazamiento y de comunicación contemporáneas y la globalización de las relaciones económicas. del que la Corte se ocupará en detalle más adelante. mientras que los dos segundos constituyen los mecanismos de integración de los ordenamientos jurídicos indígenas dentro del contexto del ordenamiento nacional. políticas y jurídicas de la actualidad. De otra parte. En relación con la vigencia de la jurisdicción especial indígena y su supuesta dependencia de la expedición de la ley a que alude el aparte final del artículo 246 del estatuto superior. en cuanto incluye la posibilidad de creación de “normas y procedimientos”-. unidad política y protección de los derechos fundamentales”.forma de coordinación de la jurisdicción indígena con el sistema judicial nacional. entonces. por una parte. está presente el conflicto valorativo entre diversidad y unidad. Los dos primeros elementos conforman el núcleo de autonomía otorgado a las comunidades indígenas -que se extiende no sólo al ámbito jurisdiccional sino también al legislativo. En la misma estructura del artículo 246. 246). La Constitución autoriza a las autoridades de los pueblos indígenas el ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. siempre y cuando no sean contrarios a la Constitución y a la ley. los problemas relacionados con el multiculturalismo y la tolerancia son una parte fundamental de las discusiones éticas. todas encaminadas a trazar la difícil línea entre la protección de la diversidad étnica y cultural. de tal manera que si bien es de competencia del legislador coordinar el funcionamiento de la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional. de grupos culturales que sostienen cosmovisiones distintas. como lo afirman los demandantes. como lo ha afirmado esta Corte reiteradamente. entonces. como podría pensarse a primera vista. expresó lo siguiente: “El ejercicio de la jurisdicción indígena no está condicionado a la expedición de una ley que la habilite. al Legislador corresponde la obligación de regular las formas de coordinación de esta jurisdicción con el sistema de justicia nacional (CP art. De hecho. el funcionamiento mismo de ésta no depende de dicho acto del legislativo. que la vigencia de la jurisdicción indígena esté en suspenso hasta que se expida la ley de coordinación con el sistema judicial nacional. dentro de un mismo territorio. El problema ha sido planteado por esta Corte en los siguientes términos: 57 .
principio o derecho que debe ser de mayor jerarquía que el derecho colectivo a la diversidad. se restaría toda eficacia al pluralismo que inspira el texto de la Carta. Además.“Existe una tensión entre el reconocimiento constitucional de la diversidad étnica y cultural y la consagración de los derechos fundamentales. De lo contrario. Sin embargo. a los individuos que pertenecen a tales pueblos y colectividades". la Carta parte de la regla general del respeto a la diversidad étnica y cultural (artículo 7)." Nuestra Constitución. como esta Corporación lo reconoció en la misma sentencia. ya que es éste el 58 . no adopta ni una posición universalista extrema ni un relativismo cultural incondicional. que conlleva un alto grado de indeterminación. como derechos humanos. ha expresado que el postulado de la protección y el reconocimiento de la diversidad cultural. derecho que puede ser limitado sólo cuando se afecte un principio constitucional o un derecho individual de alguno de los miembros de la comunidad o de una persona ajena a ésta. no cualquier precepto constitucional o legal prevalece sobre la diversidad étnica y cultural. En otras palabras. pretendidamente universales. por la naturaleza particular de los derechos de los miembros de las comunidades indígenas. pero establece la limitación de ésta cuando su ejercicio implica el desconocimiento de preceptos constitucionales o legales (artículos 246 y 330). por cuanto ésta también tiene el carácter de principio constitucional: para que una limitación a dicha diversidad esté justificada constitucionalmente. Como lo anota el profesor portugués Boaventura de Sousa Santos. su generalidad. en segundo término. dentro de este mismo contexto esta corporación en Sentencia C-349 de 1996. su naturaleza conflictiva. que implica la necesidad de ponderación respecto a otros principios constitucionales que gozan de igual jerarquía . el respeto de la diversidad supone la aceptación de cosmovisiones y estándares valorativos diversos y hasta contrarios a los valores de una ética universal. Mientras que éstos filosóficamente se fundamentan en normas transculturales. una etnia. las comunidades indígenas reclaman la protección de su derecho colectivo a mantener su singularidad cultural. además. que permitirían afianzar una base firme para la convivencia y la paz entre las naciones. “los derechos étnicos deben ser construidos y contextualizados como derechos de los pueblos y de las colectividades antes de que puedan proteger. es necesario que se funde en un principio constitucional de un valor superior al de la diversidad étnica y cultural. Para superar el primero de los problemas resulta útil acudir a la definición de lo que es una cultura o. en términos más actuales. En otras palabras. presenta dos dificultades al intérprete: en primer lugar. Lo que implica que esta directriz interpretativa se justifica.
La primera condición. y el deseo consciente.objeto al que se refiere la norma. la legalidad en el procedimiento. por el contrario. De acuerdo con la doctrina especializada. la corte pudo concluir como regla para el intérprete la de la maximización de la autonomía de las comunidades indígenas y. las costumbres (folklore) y la mentalidad o psicología colectiva que surge como consecuencia de los rasgos compartidos. b. sólo serán admisibles las restricciones a la autonomía de las comunidades. de pertenecer a él. atendiendo a la especificidad de la organización social y política de que se trate. la prohibición de la esclavitud. en mayor o menor grado. Que se trate de la medida menos gravosa para la autonomía que se les reconoce a las comunidades étnicas. es decir. por expresa exigencia constitucional. comúnmente reunidos en el concepto de “cultura”. la seguridad interna). así como a los caracteres de su ordenamiento jurídico"). a un consenso intercultural sobre lo que "verdaderamente resulta intolerable por atentar contra los bienes más preciosos del hombre". la prohibición de la tortura y. es decir. se refiere a los elementos materiales que distinguen al grupo. por lo tanto. Por lo tanto. de su propia individualidad a la vez que de su diferenciación de otros grupos humanos. los límites mínimos que en materia de derechos humanos deben cumplir las autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales responden. Esta regla supone que al ponderar los intereses que puedan enfrentarse en un caso concreto al interés de la preservación de la diversidad étnica de la nación. La segunda. características como la lengua. cuando se cumplan las siguientes condiciones: a. las tradiciones y recuerdos históricos. Que se trate de una medida necesaria para salvaguardar un interés de superior jerarquía (v. el derecho a la vida. las instituciones políticas y jurídicas. Así teniendo en cuenta esta definición de etnia. entonces. las creencias religiosas. para considerar que existe una “etnia” deben identificarse en un determinado grupo humano dos condiciones: una subjetiva y una objetiva. Estas medidas se justifican porque son "necesarias para proteger intereses de superior jerarquía y son las menores restricciones imaginables a la luz del texto constitucional . la de la minimización de las restricciones a las indispensables para salvaguardar intereses de superior jerarquía. a juicio de la Corte." 59 .g. se refiere a lo que se ha llamado la conciencia étnica y puede explicarse como la conciencia que tienen los miembros de su especificidad. es decir. en este conjunto se entienden agrupadas. en los delitos y en las penas (entendiendo por ello. que todo juzgamiento deberá hacerse conforme a las "normas y procedimientos" de la comunidad indígena. de seguir siendo lo que son y han sido hasta el presente. y bajo este presupuesto.
la eficacia del derecho a la diversidad étnica y cultural y el valor del pluralismo pueden ser logrados satisfactoriamente sólo si se permite un amplio espacio de libertad a las comunidades indígenas.Llegando así. según lo 60 . La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Claro está que el procedimiento de solución de dichos conflictos debe atender las circunstancias del caso concreto: la cultura involucrada. conforme con la directriz establecida por esta Corte. en la que existen 81 pueblos indígenas. Corresponderá al juez aplicar criterios de equidad. en cabeza del Resguardo Indígena "Yanacona" de Caquiona. para dirimir el conflicto. En una sociedad como la colombiana. la “justicia del caso concreto” de acuerdo con la definición aristotélica. incorporado a nuestra legislación mediante la Ley 21 de 1991. puede ser hecha sólo frente a casos concretos. teniendo en cuenta los parámetros constitucionales y jurisprudenciales establecidos al respecto. acusado de los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. para conocer del proceso penal adelantado contra Oclides Quinayas Jiménez. cuyos sistemas jurídicos pueden ser clasificados en 22 grupos. Estos mecanismos. /PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ÉTNICA Y CULTURAL-Límites.” En esta sentencia Procede la Sala jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a resolver el conflicto positivo de jurisdicciones suscitado entre la Jurisdicción Ordinaria representada por el Juzgado Penal del Circuito de Bolívar (Cauca) y la Jurisdicción Indígena. además. En donde la sopesación de los principios mencionados. y se deja el establecimiento de límites a la autonomía de éstas a mecanismos de solución de conflictos específicos. etc. municipio de Almaguer (Cauca). muchos de ellos conocidos sólo por especialistas.P. Doctor Rubén Darío Henao Orozco “JURISDICCIÓN INDÍGENA-Elementos/JURISDICCIÓN INDÍGENA-Conflicto de naturaleza interna/COMUNIDAD INDÍGENA-Autonomía dentro de su ámbito territorial. como las acciones ordinarias o la acción de tutela. a la ultima consideración que expresa la corte en esta sentencia “La necesidad de un paradigma interpretativo fundado en la equidad en los casos relativos a la diversidad étnica y cultural”.  Expediente: Radicación: 20001696 A 90 Consejo Superior de la Judicatura M. el grado de aislamiento o integración de ésta respecto de la cultura mayoritaria. resulta aventurado establecer reglas generales que diriman el conflicto entre diversidad y unidad. la afectación de intereses o derechos individuales de miembros de la comunidad. Si bien el legislador tiene competencia para establecer las directivas de coordinación entre el sistema judicial indígena y el nacional. cumplen el requisito establecido por el numeral 2 del artículo 8 del Convenio 169 de la OIT (“Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes”).
que se concretan dependiendo de las circunstancias de cada caso.dispuesto en el artículo 256. se concede el derecho a ser juzgado por sus propias autoridades. o al fuero territorial. en aras de garantizar el respeto por la particular cosmovisión del individuo. Estatutaria de la Administración de Justicia. entonces. El fuero indígena tiene límites. tiene competencia para dirimir los conflictos que se susciten entre las distintas jurisdicciones. de acuerdo con sus propias normas. de conformidad con sus propias normas y procedimientos y siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. Así las cosas. Sobre el tema objeto de conflicto. de la Corte Constitucional que sobre el particular expuso: “Al funcionar paralelamente una jurisdicción especial indígena con el sistema jurídico nacional pueden presentarse conflictos de competencia por lo tanto el interprete en la solución de estos conflictos debe ponderar los derechos básicos de todos los individuos en tanto seres humanos y las necesidades esenciales del sujeto como miembro de un grupo cultural específico” . indistintamente. En efecto. La Ley establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional". para determinar la competencia. y uno de carácter geográfico. porque algunas veces. el derecho de los miembros de la comunidad indígena a un fuero. con el que se pretende señalar que el individuo debe ser juzgado de acuerdo con las normas y autoridades de su propia comunidad. avalando de esta forma. y entre éstas y las autoridades a las cuales la ley les haya atribuido funciones jurisdiccionales. respeto y protección a la diversidad étnica y cultural. 61 . numeral 6º de la Constitución Política. que la coordinación entre este tipo de fueros corresponde a las circunstancias particulares de cada caso". "Ahora bien. Donde se señalo que en la noción de fuero indígena se conjugan dos elementos: uno de carácter personal. desarrollado por el artículo 112 numeral 2º de la ley 270 de 1996. Debe reiterarse. se atiende al fuero personal. el artículo 246 de la Constitución Política señala que "las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial. conforme a las normas y procedimientos. el eje normativo configurado por el citado artículo y las previsiones contenidas en los artículos 1º y 7º Superiores." "Sin embargo. determina una manifestación de reconocimiento. que permite que cada comunidad pueda juzgar las conductas que tengan ocurrencia dentro de su territorio. esto no significa que siempre que esté involucrado un aborigen en una conducta reprochable. la jurisdicción indígena es competente para conocer del hecho. del reconocimiento constitucional de las jurisdicciones especiales se deriva el derecho de los miembros de las comunidades indígenas a un fuero. La distinción es importante. dentro de su ámbito territorial. Esta corporación para resolver el conflicto de competencia presentado alude a la Sentencia T-496 de 1996.
las autoridades nacionales pueden encontrarse ante un indígena que de manera accidental entró en relación con una persona de otra comunidad. estará determinada por el sistema jurídico nacional". pues la protección del derecho a la vida es en toda sociedad un elemento del que depende en gran parte la subsistencia de la identidad cultural y la cohesión del grupo. en virtud de consideraciones territoriales y personales. en principio. el intérprete deberá considerar devolver al individuo a su entorno cultural. la solución puede variar si la acción típica es cometida por miembros de pueblos indígenas dentro de su territorio. la autonomía jurisdiccional y la potestad punitiva de las autoridades indígenas cobra especial relevancia. En este orden de ideas. incurre en ella afectando a quien no es miembro de su comunidad por fuera del ámbito geográfico del resguardo. o. En el primer caso. este deberá tener en cuenta los siguientes criterios de interpretación: a). es claro que la diferencia de racionalidades no influye en la comprensión de tal actuar como perjudicial. la sanción. que por su particular cosmovisión. en principio. no le era dable entender que su conducta en otro ordenamiento era considerada reprochable. los jueces de la República son los competentes para conocer del caso. para determinar si es conveniente que el indígena sea juzgado y sancionado de acuerdo con el sistema jurídico nacional."En efecto. en aras de preservar su especial conciencia étnica. el derecho al fuero. las autoridades indígenas son las llamadas a ejercer la función jurisdiccional. de acuerdo a sus normas y procedimientos". En el primer caso. Por ende. pero en el segundo. para efectos de reconocerle. pero como se encuentran ante un individuo de otra comunidad cultural. o no. Sin embargo. o si un indígena. el juez puede enfrentar múltiples situaciones no solucionables razonablemente mediante una regla general de territorialidad. cuando víctima y agresor pertenecen a la comunidad indígena y los hechos ocurren en su territorio."En el caso de que la conducta sea sancionada en ambos ordenamientos. o si debe ser devuelto a su comunidad para que sea juzgado por sus propias autoridades. de manera individual. el intérprete deberá tomar en cuenta la conciencia étnica del sujeto y el grado de aislamiento de la cultura a la que pertenece."Cuando la conducta del indígena solo es sancionada por el ordenamiento nacional. y la posibilidad de que una comunidad indígena pueda 62 . tienen el deber de determinar si el sujeto agresor entendía. al momento de cometer el ilícito. que su conducta era realmente negativa. en el segundo. De conformidad con la jurisprudencia citada. por el contrario enfrentar un sujeto que por su especial relación con la comunidad mayoritaria conocía el carácter perjudicial del hecho sancionado por el ordenamiento jurídico nacional. b).
que afectan a la sociedad en general. contra el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Supía por haber incurrido tal despacho judicial en vía de hecho al usurpar jurisdicción y decidir un asunto que le correspondía al Cabildo de dicho Resguardo. realizando un tratamiento diferenciado para configurar.valerse del derecho a procesar a uno de sus miembros como su juez natural. cuando el causante de la muerte y la persona muerta pertenecen a la misma comunidad indígena y los hechos acontecen en el territorio que ocupan. si se trata o no de un sujeto con capacidad de conocer que su acto es antijurídico para la sociedad que lo juzga. la jurisdicción indígena no está supeditada a la expedición de la ley previa. De esta forma. Sin embargo. lo que revela que el reconocimiento constitucional no guarda relación. dados los intereses en conflicto en delitos específicamente como lo serian el de rebelión y el de narcotráfico. lo que conlleva a que los jueces tengan el deber de enfatizar. se reitera. siempre que.P. pues la Constitución tiene efectos normativos directos. Para la Corte la jurisdicción indígena está integrada por sus propias autoridades judiciales. corresponde a las autoridades indígenas. solidaridad y participación que se identifica en la Constitución Política. Pero no solamente es la 63 . contribuye a preservar el equilibrio social a través del mantenimiento del orden. la jurisdicción ordinaria no es la llamada a definir. debido a que en virtud de la autonomía concedida por la Constitución a los pueblos indígenas. en todos los casos que salen a la jurisdicción ordinaria. mediante un referente de cultura. dicha potestad esté regida por la plena vigencia de los derechos fundamentales. la Jurisprudencia del Consejo Superior de la Judicatura -Sala Disciplinaria-. tratándose de controversias jurídicas referentes a las tierras que hacen parte de los resguardos. la potestad que estas tienen para establecer normas y procedimientos propios. De igual forma. la corte en esta sentencia abordo dos temas importantes a saber: “La Jurisdicción indígena y bloque de constitucionalidad”. hechos y delitos. adicionalmente. Marco Gerardo Monroy Cabra En este fallo la Corte Constitucional se enfrento a una acción de tutela interpuesta por el Gobernador del Resguardo Indígena de Cañamomo y Lomaprieta. ha señalado que el juzgamiento de conflictos típicamente internos. no pueden actuar como autoridades competentes frente a situaciones que involucren causas externas a la nación. además de desarrollar el espíritu pluralista de convivencia armónica. una política de reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. con sujeción de estos a la ley y a la Constitución. existe una tesis del Consejo Superior de la Judicatura consolidada sobre incompetencia de la jurisdicción indígena para conocer de ciertos conflictos. Según la jurisprudencia.  Sentencia T-606 de 2001 M.
ya que afecta el núcleo esencial del debido proceso e impide una defensa adecuada. propio de su derecho autonómico. 64 . la violación a las normas del Convenio 169 de la OIT puede ser motivo de tutela en cuanto afecten derechos fundamentales. Esta indefensión es mayor tratándose de grupos minoritarios a quienes se les niega la jurisdicción especial. y particularmente para el presente caso el artículo 17 del Convenio 169 de la OIT. Por consiguiente. trae toda una PARTE. Para lo cual afirmo que el desconocimiento de jurisdicción competente implica violación al debido proceso y situación de indefensión. Y en segundo lugar en esta sentencia la corte también se expreso sobre la “Vía de hecho por desconocimiento de la jurisdicción indígena/vía de hecho en procesos de sucesión”. Según jurisprudencia de esta Corporación. y la competencia para poder existir necesita de la jurisdicción. no sólo por ser su principal medio de subsistencia sino porque constituyen un elemento integrante de la cosmovisión. sino un proceso justo adelantado por el juez natural. dentro de este calificativo la premisa fundamental es la jurisdicción. denominada “TIERRAS”. La Constitución de 1991 entendió y aceptó la propiedad colectiva de los resguardos y de las tierras comunales indígenas y por eso admitió que son inajenables y no son objeto de venta o transacción. las citadas normas de los Convenios. se coloca en situación de indefensión a la persona. Quiere decir lo anterior que si lo que se le debe a una persona es el proceso legal. El debido proceso no es solamente el cumplimiento de reglas procesales. La OIT en el Convenio 169 (sobre pueblos indígenas y tribales). Si no se respeta la jurisdicción. el derecho de propiedad colectiva sobre los territorios indígenas reviste una importancia esencial para las culturas y valores espirituales de los pueblos aborígenes. porque no solo se trata de afectación individual sino también de afectación al ámbito territorial. En virtud del bloque de constitucionalidad. cuya limitación se encuentra prohibida aún durante los estados de excepción.Constitución la que establece esta jurisdicción especial indígena. aprobado en Colombia por la ley 21 de 1991. La indefensión ocurre cuando un juez tramita un proceso sin tener jurisdicción. Es que lo principal en el resguardo es la forma de propiedad colectiva. por eso el artículo 29 de la Constitución habla de tribunal o juez competente. Si un funcionario actúa sin jurisdicción se afecta el debido proceso y se incurre en una vía de hecho respecto de los actos procesales realizados sin jurisdicción. cultura y la religiosidad. se integran con la Carta Fundamental en cuanto dicho Convenio contempla temas de derechos humanos.
Los errores llevaron al juez a incurrir en una vía de hecho y a violar con sus decisiones los derechos fundamentales al debido proceso. Así. al respeto a la autonomía indígena y dentro de ella a la forma de propiedad comunitaria y al ámbito territorial indígena. Mucho menos puede venir a dejarse sin protección los derechos fundamentales antes relacionados con la tesis de que la mujer indígena no interpuso recursos dentro del juicio de sucesión que inconstitucionalmente tramitaba el Juzgado. a nombre de la “Parcialidad” y de la mujer indígena afectada. además. Dejando claro entonces. constituye violación afectar la autonomía de la etnia. 6. y como si fuera poco. de manera abusiva tramita lo que debe conocer y definir una jurisdicción especial. La vía de hecho en la cual se incurrió por el Juzgado se concreta cuando el juez ordinario. Es más. ha debido decretarla y al no hacerlo. la corte en esta sentencia determino que las autoridades indígenas representadas en su Gobernador. Por lo tanto. hay una evidente vía de hecho cuando sin jurisdicción se tramita y decide un caso. aplicar un trámite diferente al del derecho consuetudinario tratándose de sucesión de indígena. como lo hicieron. donde se debe reiterar que no se trata de una colisión de competencias como equivocadamente lo plantearon los jueces de instancia en la tutela. susceptibles de amparo mediante tutela. está violando derechos fundamentales al acceso a la justicia y al debido proceso. CONCLUSIONES Al culminar esta monografía es necesario plasmar algunas conclusiones de los aspectos más relevantes del tema propuesto.Bajo ningún aspecto puede un Juez impedir que se tramite un proceso por la jurisdicción correspondiente. Y. Si lo impide. tienen personería para impetrar la tutela. dejar de lado el concepto de propiedad que se tiene sobre los resguardos. si. oficiosamente no declara la nulidad. así: 65 . tramitar medidas cautelares en resguardos indígenas. al tener elementos de juicio para deducir que no tenía jurisdicción. con mayor fuerza tienen aplicación en casos en que un funcionario de la jurisdicción ordinaria. imprescriptibles e inembargables. que los anteriores razonamientos. Además. La decisión del juez afectó a la comunidad indígena y dentro de ella a su cabildo. violó la autonomía indígena e incurrió en una vía de hecho. el propio juez reconoció que se estaba en presencia de una situación correspondiente al resguardo. al no decretar la nulidad incurrió en evidente vía de hecho porque actuó sin jurisdicción lo cual implicó una serie de afectaciones a los derechos fundamentales relacionados en el texto de la presente sentencia. Entonces. al acceso a la justicia. a la indígena compañera del causante y al causante mismo que fue miembro comprometido con su comunidad. le plantearon la nulidad por falta de jurisdicción y competencia. en contra de la disposición constitucional que los caracteriza como inalienables.
Pero a pesar de estos elementos y factores plenamente identificados. “son conflictos intersistémicos sobre antinomias normativas”. así estos conflictos “se describen como intrasistemicos debido a que se presenta entre 66 . teniendo en cuenta componentes tales como los elementos de la jurisdicción indígena. para resolver los conflictos que se presentan al interior de sus territorios de acuerdo con sus valores culturales. Así mismo existen factores de la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación entre la Jurisdicción Especial Indígena y el Sistema Judicial Nacional. sean cabildos o autoridades tradicionales. que la misma debe estar sujeta al ordenamiento jurídico superior. normas y procedimientos propios. que atiende a la calidad de las partes y exige que tanto sujeto activo como el sujeto pasivo tengan la condición de indígenas. se desarrollan entre dos sistemas: El sistema judicial nacional y/ o los sistemas indígenas. lo cuales pueden clasificarse en factores subjetivos. es considerada como “la facultad que la Constitución de 1991 reconoce a las autoridades indígenas.La Jurisdicción Especial Indígena. Lo anterior nos lleva a deducir. siempre y cuando estos no vayan en contravía de las disposiciones constitucionales”. tiene unos elementos que la caracterizan: La posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas. que aunque la Carta Magna. es decir de los casos que diariamente se presentan. Los conflictos suscitados por el reconocimiento de la Jurisdicción especial indígena en Colombia se encuentran enmarcados en los conflictos normativos y los conflictos jurisdiccionales que se han suscitado. tiene tres factores significativos. la potestad de tales pueblos para establecer normas y procedimientos propios y la sujeción de la jurisdicción y de las normas y procedimientos indígenas a la Constitución y a la ley. teniendo claro que los primeros. lo que se visualiza ó refleja es como la jurisdicción indígena no posee una organización estrictamente enunciada en un cuerpo normativo sino que depende de la tradición y la necesidad de cada uno de sus pueblos. que atienden a la naturaleza del asunto. que atiende al lugar de ocurrencia de los hechos y exige que éstos hayan sucedido al interior del territorio de la comunidad indígena y por último factores objetivos. factores territoriales. De otra parte es importante destacar que la Jurisdicción Especial Indígena. son luchas que se presentan entre la concepciones y fundamentos del derecho indígena y aquellas del ordenamiento jurídico nacional. son aquellos en los que dos o más autoridades judiciales legítimamente reconocidas en el ordenamiento jurídico se consideran competentes para conocer de un caso en el que están involucrados miembros de las comunidades indígenas. reconoce una autonomía de los pueblos indígenas para autodeterminarse. y los segundos. no es menos cierto.
a mereced. agregando que el desarrollo jurisprudencial realizado por la corte constitucional. la eficacia del derecho a la diversidad étnica y cultural y el valor del pluralismo pueden ser logrados satisfactoriamente sólo si se permite un amplio espacio de libertad a las comunidades indígenas. las cuales no tienen efectos Erga Omnes. ya que para ello puede recurrirse a la teoría de los límites. ha sido principalmente el desarrollo jurisprudencial de la Corte Constitucional. 67 . 7. y en varias ocasiones han manifestado que “La sopesación de los principios conforme con la directriz establecida por esta Corte. en materia de jurisdicción indígena se debe especialmente a sentencias de tutela. resulta aventurado establecer reglas generales que diriman el conflicto entre las jurisdicciones.autoridades de un mismo nivel jerárquico pero al interior y bajo las reglas del orden jurídico nacional. en la que existen 81 pueblos indígenas. a la ponderación de principios ó derechos en fricción. por muy especial. no existe un solo camino para poder dilucidar los conflictos que puedan surgir entre la jurisdicción especial indígena y las otras jurisdicciones. y se deja el establecimiento de límites a la autonomía de éstas a mecanismos de solución de conflictos específicos. si bien el legislador tiene competencia para establecer las directivas de coordinación entre el sistema judicial indígena y el nacional. cuyos sistemas jurídicos pueden ser clasificados en 22 grupos. Para dirimir estos conflictos las altas cortes han recurrido a técnicas de interpretación de las normas y test de razonamientos. estableciendo criterios determinantes bajo los cuales dicha institución pueda interactuar desde la perspectiva intercultural con el Sistema Judicial Nacional. que sea. la encargada de despejar los vacios e interrogantes que en materia de jurisdicción indígena se han presentado. En una sociedad como la colombiana. y en algunos casos. puede ser hecha sólo frente a casos concretos. Es decir. lo que podría pensarse que constituye un inconveniente en la aplicación de sus pronunciamientos para casos anteriores. como las acciones ordinarias o la acción de tutela. con un grado de obligatoriedad para su aplicación posterior ante casos similares. RECOMENDACIONES Es necesario consignar algunas recomendaciones de acuerdo a la experiencia desarrollada en la elaboración de esta monografía. a la teoría de la autonomía de los pueblos indígenas cuando el conflicto no trasciende las esferas de su ámbito o al de la subordinación de toda legislación. Sino interpartes. de la habilidad personal del propio reo o apoderado. es decir que se impide que se establezcan líneas jurisprudenciales. muchos de ellos conocidos sólo por especialistas. al ordenamiento superior e inclusive sean resuelto al acomodo y según el criterio ya no jurídico sino personal de los funcionaros judiciales nacionales o de las autoridades indígenas.” Sin embargo.
en quien radica todos los asuntos atinentes a las comunidades indígenas. expresa. y capacitar al operador judicial. con las otras jurisdicciones ó ramas del derecho como el civil. es quizás el factor que más incidido para que precisamente se presenten estos conflictos entre la jurisdicción especia indígena y las otras jurisdicciones. que propenda por conocer la identidad de los pueblos. El Estado a través de las entidades del Ministerio Público y del Ministerio del Interior y de Justicia. el hecho de no contar con esa legislación clara.El legislador está en mora de tramitar la Ley Estatutaria que desarrolle en todo su contenido el artículo 246 de la Constitución Nacional. administrativo. porque la Constitución tiene efectos normativos directos. el funcionamiento mismo de ésta no depende de dicho acto del legislativo”. En las universidades es vital que exista una cátedra sobre diversidad étnica y cultural. con el fin entre otros. así como de enseñar de manera comparativa. deberían hacer más divulgación de las costumbres que rigen a los pueblos indígenas. porque aunque la Corte ha manifestado en sus jurisprudencias que no es cierto “ que la vigencia de la jurisdicción indígena esté en suspenso hasta que se expida la ley de coordinación con el sistema judicial nacional. taxativa. 8. en el conocimiento de las mismas. BIBLIOGRAFIA 68 . esta jurisdicción especial. A nuestro criterio. de tal manera que si bien es de competencia del legislador coordinar el funcionamiento de la jurisdicción indígena y la jurisdicción nacional. de prevenir la configuración de una conducta que esté tipificada en los otros ordenamientos jurídicos. penal.
Seminario Sobre Jurisdicción Indígena. Niceto. Norberto. En: memorias “Del olvido surgimos para traer nuevas esperanzas”. Hernán Darío. Jaime. Ley 397de 1997. Jurisdicción Especial Indígena y autonomía territorial. Bogotá. 69 . Manual de derecho procesal.  CONGRESO DE LA REPUBLICA. Bogotá. Ministerio de Justicia y Ministerio del Interior. Ley 21 de 1991. 1997. E. abril.  BOBBIO. D. desarrollado por la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y por Checchi and Company Consulting Colombia.  ANGARITA.: Temis S.C. En: Del Olvido. 1974. Constitución Política. 1997. Ley 115 de 1994. Ley 89 de 1890.  CONGRESO DE LA REPUBLICA.I. Ley 388 de 1997.  CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia. Teoría general del proceso.  CORPORACIÓN GESTIÓN Y DESARROLLO CIUDADANO.A. Temis.  AZULA CAMACHO. 1999. BERNAL ANDRADE.R.  CONGRESO DE LA REPUBLICA.  CONGRESO DE LA REPUBLICA. Surgimos para Traer Nuevas Esperanzas. traducción de Rozo Acuña. México. Teoría general del derecho. Jurisdicción Especial Indígena: Implicaciones de su consagración constitucional.  CONGRESO DE LA REPUBLICA.CRIT y la asociación de cabildos y autoridades tradicionales del consejo regional indígena del Tolima..  BENITEZ. 2005. Sala Disciplinaria. Ejercicio del derecho propio el caso del tribunal superior indígena del Tolima. Ley 152 de 1994. UNAM. Bogotá.T. C. Ibagué. 1997. Sentencia ( 08. 2000. Leovigildo.  CONGRESO DE LA REPUBLICA. M. Madrid. 7 ed. Ciro. Ley 270 de 1996.  CONGRESO DE LA REPUBLICA. ALCALÁ ZAMORA y CASTILLO. Estudios de teoría general e historia del proceso.P.
Universidad de Coimbra – CES. Herinaldy. Mauricio.P.P. Sentencia T-811-94 M. CÓRDOBA TRIVIÑO. Universidad Nacional de Colombia Bogotá D.139-96 M.  GOMEZ VALENCIA. Conciencias. 70 . Bogotá. Proyecto “Extensión de la coordinación del sistema judicial nacional y la jurisdicción especial indígena”.  GINEBRA. CIFUENTES MUÑOZ. Sentencia T-254-94 M. Boaventura y GARCIA VILLEGAS. Sentencia T.P. Sentencia T.P. Modulo inter-jurisdiccional pueblo arhuaco.23. 169 de la O.C. Gerardo.  CORTE CONSTITUCIONAL. Carlos  CORTE CONSTITUCIONAL.  MINISTERIO DEL INTERIOR. Sentencia C.  CORTE CONSTITUCIONAL.  HERERA LLANOS. Sentencia (24. Convenio Internacional no. Segunda parte En: Revista de Derecho Universidad del Norte.P. D.  DE SOUSA SANTOS.C. junio. Universidad de los Andes.  MINISTERIO DEL INTERIOR. Marco.: Escuela Rodrigo Lara Bonilla. contrato 022 de 2007. Wilson.: Siglo del hombre editores.  CORTE CONSTITUCIONAL. GAVIRIA DÍAZ. Sala Disciplinaria. Decreto 1320 de 1998. Ginebra.496-96 M. M. 2005 no.T.  CORTE CONSTITUCIONAL. MONROY CABRA. 1989.P. Jaime. El caleidoscopio de las justicias en Colombia. Decreto 1088 de 1993. Régimen de la Rama Judicial.I.  MINISTERIO DE GOBIERNO. Instituto Colombiano de Antropología e Historia. DONATO DE MONTAYA.P. Rodrigo. Miriam.606-01 M. Sentencia T-552-03 M. Mayo.  CORTE CONSTITUCIONAL. Carlos. ESCOBAR GIL. Decreto 1397 de 1996. 2001. ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA. 1999). GAVIRIA DÍAZ. Eduardo.
Seminario sobre Jurisdicción especial indígena.pdf]. 001. no. ISSNN 0124-0579. Bogotá: Procuraduría General de la Nación.edu. Los desafíos del reconocimiento del derecho indígena: Estudio del caso colombiano. Mireya Maritza. no. abril de 2008 [en línea]. Derechos de los pueblos indígenas y sistemas de jurisdicción propia.Publicación digital en la página web de la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la Republica. 10.E. 2007. MINISTERIO DEL INTERIOR. Concepto rendido por la directora Gladys Jimeno Santoya.org/blaavirtual/economia/histecon2a. Historia económica de Colombia.38. Pag. El reconocimiento de la jurisdicción especial indígena dentro del sistema judicial nacional en Colombia.: Bochica. Un vistazo jurídico a siglos de indígenas… indígenas de siglos. En: Boletín de antropología Universidad de Antioquia.  PEÑARANDA.banrepcultural. la Formación de la Economía Colonial (1500-1740). Claudia Helena y MONTAÑA.  OCAMPO GAVIRIA. 2007. En: Del Olvido surgimos. Editorial Espasa Calpe. María Alejandra y RIASCOS Mónica Liliana. 2001.  ORGANIZACIÓN NACIONAL INDIGENA DE COLOMBIA (ONIC). <HTTP://www. MEDIOS ELECTRONICOS:  AREVALO. Juan. Ministerio de Justicia 1997.221-250  REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2008. 27. 1992. Julio. et al.C. Elementos de un dialogo. La jurisdicción especial en Colombia. R. Enero. vol.09.htm>. para traer nuevas esperanzas. Isabel Cristina. José Antonio. 71 .C. HTTP://portales. Madrid. Bogotá D. El debate de la coordinación.  Revista Estudios Socio – Jurídicos.J 08.  PEÑA GUZMAN. Diccionario de la lengua española. Vol. Bogotá D.puj. 21ª ed. Esther y JARAMILLO SIERRA.A. Dirección de asuntos indígenas. MINISTERIO DE JUSTICIA Y MINISTERIO DEL INTERIOR.  SANCHEZ BOTERO. al gobernador del Cabildo Chenche Buena Vista.98.co/dulcepenal/Un%20vistazo%20jur%C3%ADdico%20a %20siglos%20de%20ind%C3%ADgenas.
nd. HTTP://www. Abril de 2003 [en línea].edu/~cmendoz1/datos/papers/vancott. 72 . VAN COTT. Donna. Legal pluralism and informal Community Justice Administration in Latin America.pdf.
Documents Similar To MONOGRAFIA VANESSA Y LUZcontabladecontenidosugeridaporcesar.doccorreciones
Anonymous V36DJLPx
pog7_1Uploaded by Ivek Rupa
Economically optimum.docxUploaded by selina
Osvaldo Bayer en ClarínUploaded by Clarin.com
RuizGonzalez Adriana M01S3AI6Uploaded by Lourdes De Barrera