Source: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2011/11/
Timestamp: 2019-01-22 08:26:36
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Matched Legal Cases: ['artículo 149', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 15', 'in fine']

EL BLOG DE EDUARDO ROJO: noviembre 2011
El mundo del trabajo y las reformas laborales de 2010 y 2011. ¿Y el futuro marco laboral?
Pongo a disposición de los lectores y lectoras del blog el texto que he preparado para el encuentro confederal de empleo de Cáritas Española, que se celebra esta semana en El Escorial. Estoy seguro que lo realmente más interesante será el debate con todas las personas asistentes y que trabajan diariamente con el mundo del trabajo más desfavorecido.
Modificación de la normativa sobre entrada, libre circulación y residencia en España. Ciudadanos de Estados UE y de Estados parte del EEE.
1. El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Real Decreto 1710/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. La norma entra en vigor mañana y se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.2.ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre inmigración.
Según se explica en la introducción, la razón de ser de la modificación es que la experiencia práctica en aplicación del RD 240/2007 “ha evidenciado la necesidad de proceder a la modificación de algunos de sus artículos en orden a reforzar la conexión de su interpretación con el contenido de la Directiva 2004/38/CE a través de los mismos, así como con los criterios establecidos por el Tribunal Supremo en su sentencia de 1 de junio de 2010”. Cabe recordar que la citada sentencia anuló diversos apartados de algunos artículos del RD 240/2007.
2. Estas son las modificaciones introducidas.
A) En el artículo 8 (Residencia superior a tres meses con tarjeta de residencia de familiar de ciudadano de la Unión), apartado 4, se dispone que la resolución favorable de la solicitud de la tarjeta de residencia tendrá efectos retroactivos y se entenderá acreditada la situación de residencia “desde el momento de su solicitud”. En la redacción de la norma vigente hasta hoy se dispone que se entenderá vigente “la situación de residencia desde la fecha acreditada de entrada en España siendo familiar de ciudadano de la Unión”.
B) En el artículo 9 (Mantenimiento a título personal del derecho de residencia de los miembros de la familia, en caso de fallecimiento, salida de España, nulidad del vínculo matrimonial, divorcio, separación legal o cancelación de la inscripción como pareja registrada, en relación con el titular del derecho de residencia), apartado 4, desaparece las referencias jurídicas hoy vigentes a la “separación legal”.
En segundo lugar, la regulación del mantenimiento del derecho de residencia en caso de violencia doméstica se prevé cuando recaiga resolución judicial (el texto hoy vigente habla de sentencia). Además, y de acuerdo con los cambios operados en la normativa de extranjería se introduce un subapartado en la letra c) del citado precepto, en el que se reconoce el derecho por “Haber sido sometido a trata de seres humanos por su cónyuge o pareja durante el matrimonio o la situación de pareja registrada, circunstancia que se considerará acreditada de manera provisional cuando exista un proceso judicial en el que el cónyuge o pareja tenga la condición de imputado y su familiar la de posible víctima, y con carácter definitivo cuando haya recaído resolución judicial de la que se deduzca que se han producido las circunstancias alegadas”.
C) En el citado artículo 9 se añade un nuevo apartado 5, a fin y efecto de permitir a las autoridades competentes velar por el cumplimiento de las condiciones establecidas en los apartados 1 a 4, en el bien entendido que las comprobaciones que lleven a cabo al objeto de verificar si se cumplen las mismas “no tendrán en ningún caso carácter sistemático”.
D) En el artículo 14 (Expedición y vigencia del certificado de registro y de la tarjeta de residencia) se ha añadido un nuevo apartado 4, que permite la acreditación de la condición de sujeto beneficiario del régimen comunitario previsto en esta norma “por cualquier medio de prueba admitido en Derecho”; ello, obviamente, sin perjuicio de la obligación de las personas interesadas(ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de los restantes Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo así como de sus familiares) “de solicitar y obtener el certificado de registro o la tarjeta de residencia y sus correspondientes renovaciones”.
E) En el artículo 15 (Medidas por razones de orden público, seguridad y salud pública), se regula de una manera mucho más flexible que en el texto hoy vigente la posibilidad de solicitar el levantamiento de la prohibición de entrada en España. En efecto, en el texto aún vigente se permite “en un plazo no inferior a dos años desde dicha prohibición” y siempre que se aleguen “los motivos que demuestren un cambio material de las circunstancias que justificaron la prohibición de entrada en España”. En la nueva redacción, la referencia es a un “plazo razonable”, que será fijado por la autoridad competente, parece que en cada supuesto, “en función de las circunstancias concurrentes y que constará en la resolución por la que se determine la prohibición de entrada”, previéndose en cualquier caso que la persona interesada tendrá derecho a presentar la solicitud “transcurridos tres años desde la ejecución de la decisión de prohibición de entrada en España”.
F) La modificación del artículo 18 (Resolución), apartado 2, tiene mucho que ver con la Sentencia del Tribunal Supremo (C-A) de 1 de junio de 2010 que declaró la nulidad de un inciso del mismo, en concreto el que disponía que “excepto en casos de urgencia debidamente justificados, en los que la resolución se ejecutará de forma inmediata”. El texto que entra en vigor mañana es más garantista, en cuanto que se dispone la obligación de motivación de la resolución de expulsión, “con información acerca de los recursos que se puedan interponer contra ellas, plazo para hacerlo y autoridad ante quien se deben formalizar, así como, cuando proceda, del plazo concedido para abandonar el territorio español”. El plazo no podrá ser inferior a un mes a partir de la fecha de notificación, “excepto en casos urgentes debidamente justificados”, sin que en ningún caso puede impedirse el control de la resolución de expulsión en vía administrativa y/o judicial. El plazo “sólo podrá ser excepcionado en los supuestos en que concurra alguna de las circunstancias mencionadas en el artículo 17.1” (“a) Que la resolución de expulsión se base en una decisión judicial anterior; b) Que las personas afectadas hayan tenido acceso previo a la revisión judicial; c) Que la resolución de expulsión se base en motivos imperiosos de seguridad pública según lo señalado en el artículo 15.5.a) y d) del presente real decreto”).
Buena lectura del Real Decreto 1710/2011.
1. La Comisión Europea presentó el pasado 25 de octubre una importante Comunicación que lleva por título “Iniciativa a favor del emprendimiento social”, con un subtitulo que permite aclarar más aquello que se pretende con su difusión: “Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economía y la innovación sociales”. El texto ha servido de punto de referencia para una interesante jornada de estudio celebrada en Bruselas el pasado día 18 de noviembre en la que se debatió sobre todos y cada uno de los puntos abordados en la Comunicación. Me remito a la lectura de los documentos de la conferencia para que los lectores y lectoras del blog puedan comprobar la importancia que el emprendimiento social ha alcanzado en la UE. El texto presentado es complementario de otra iniciativa sobre la responsabilidad social empresarial, a la que dediqué especial atención en una entrada anterior.
Para la Comisión el texto tendrá un impacto positivo para los ciudadanos y las empresas en general, mientras que los emprendedores sociales “dispondrán de mejor información y acceso simplificado a las ayudas disponibles (pero a menudo mal conocidas), además de nuevos tipos de financiación”. En fin, para los ciudadanos europeos afectados por la crisis, la Comisión es ciertamente optimista al exponer que con la puesta en marcha de las medidas propuestas, “habrá nuevos puestos de trabajo en el sector de la economía social, que está en plena expansión y cuyo desarrollo se acelerará aún más gracias a las medidas propuestas”.
2. De acuerdo al Tratado de funcionamiento de la Unión Europea y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la Comisión, que lanza la iniciativa por entender que el mercado único necesita “un nuevo crecimiento inclusivo, orientado hacia el empleo para todos”, entiende por empresa social aquella que cumple los siguientes requisitos:
“ El objetivo social de interés común es la razón de ser de la acción comercial, que se traduce a menudo en un alto nivel de innovación social;
Los datos de que dispone la Comisión indican que el porcentaje de la poblaciòn activa que presta servicios en tales empresas se sitúa entre el 4 y el 8 % según los distintos Estados. Tales empresas pueden prestar servicios sociales o suministrar bienes y servicios destinados a un público vulnerable (ej: acceso a los cuidados, ayudas a personas con discapacidad) o bien perseguir, aunque no necesariamente de forma exclusiva, un objetivo de tipo social a través de la producción de bienes o servicios (integración social de colectivos desfavorecidos). La valoración de tales empresas, a partir de estudios encargados por la Comisión, es altamente positiva en su mayor parte, argumentándose que “manifiestan un grado especialmente elevado de responsabilidad social y mediomabiental”.
3. La Comisión propone un “plan de acción social para apoyar el emprendimiento social en Europa”, que deberá ponerse en marcha en estrecha relación con los Estados miembros y los agentes del sector, y que deberá servir ante todo para un mayor reconocimiento social de la actividad emprendedora social, habiéndose criticado por la Comisión que este tipo de empresa “siga infravalorada en los sistemas educativos europeos, pese a que su integración en la formación inicial y continua es un requisito indispensable para reforzar su credibilidad”. El Plan se articula alrededor de once medidas:
A) Facilitar el acceso a la financiación privada mediante la creación de un fondo financiero especifico adaptado a las necesidades de estas empresas (previsión de 90 millones de euros); seguir desarrollando el acceso al microcrédito a través del instrumento de financiación PROGRESS; introducir una prioridad de inversión en empresas sociales en los nuevos Reglamentos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo que han de entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2014.
D) Conceder una mayor atención a las cuestiones sociales (condiciones de trabajo) en las adjudicaciones de contratos en el sector público, o dicho de otra forma una mayor importancia para la calidad que para la cantidad, en el bien entendido que la Comisión es muy prudente y subraya que la hipotética adopción de esta medida se debería hacer “garantizando siempre el pleno respeto de los principios del Tratado sobre la no discriminación, la igualdad de trato y la transparencia”. Igualmente, una regulación de las ayudas estatales que permita la simplificación de su aplicación a este tipo de empresas.
4. A medio y largo plazo, la Comisión propone una serie de cuestiones sobre las que debería trabajarse con tranquilidad para formular, en su caso, propuestas de cambios legales, en el ámbito económico o social (desarrollo del acceso al capital riesgo, fomento del emprendimiento social entre las personas de mayor edad,desarrollo de intercambio de buenas prácticas entre los Estados, posibilidad de acceso al voluntariado y aceptación de donativos por parte de aquellas empresas que obtengan beneficios y sin que esto”les acarree un perjuicio fiscal”.
El seguimiento del desarrollo de la propuestas presentadas en esta Comunicación corresponderá a un grupo consultivo multilateral,que según la propuesta de la Comisión podría estar compuesto por “representantes de los Estados miembros, de las entidades locales, de las organizaciones de empresarios sociales, del sector bancario y financiero y del mundo académico y universitario”.
1. El Ministeri de Treball i Immigració publicà ahir, dimarts 22 de novembre, les dades generals d’afiliació de la població estrangera corresponents al mes d’octubre.
2. A tota Espanya, i amb dades de la mitja del mes d’octubre hi ha un total de 1.785.362 afiliats (55,50 % homes i 44,50 % dones), dels quals 667.194 són de països UE (376.842 homes i 290.351 dones), i 1.118.168 són de països no UE (613.988 homes i 504.180 dones). És a dir, s’ha produït un descens anual del 4,12 %. Cal recordar que la mitja d’afiliats del mes d’octubre de 2010 era de 1.862.073. Es a dir, en els darrers dotze mesos s’ha produït un disminució de 76.711 persones Cal destacar especialment el descens de l’afiliació en el regim general (36.733) mínimament compensat pel creixement en el regim agrari (4.644). Pel que fa al regim de treballadors autònoms, en sèrie interanual, hem passat dels 200.519 del mes de setembre de 2010 als actuals 210.143.
Per règims, el 63,95 % pertanyen al general, el 10,24 % al règim de la llar familiar, el 13,73 % a l’agrari, el 11,77 % al d’autònoms, el 0,28 % al del mar i el 0,03% al del carbó. Cal recordar que els percentatges del mes d’octubre de 2010 eren els següents: el 65,39 % pertanyien al general, el 9,62 % al règim de la llar familiar, el 13,91 % a l’agrari, el 10,77 % al d’autònoms, el 0,28% al del mar i el 0,03% al del carbó
Per règims, cal destacar la important presència dels treballadors romanesos i marroquins en el general (165.413 i 112.145, respectivament, però s’ha de fer especial esment de la reducció de 6.380 treballadors romanesos), del xinesos i romanesos en el d’autònoms (35.962 i 23.072, i en aquest cas és al inrevés del règim general, perquè s’ha produït un increment de 433 treballadors de Romania), dels romanesos i marroquins en l’agrari (82.089 i 69.010), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (37.194 i 15.594).
Per comunitats autònomes, i sempre amb dades de la mitja del mes d’octubre, Catalunya és la primera en nombre total d’afiliats (395.502, 22,15 %), seguida de Madrid (378.957, 21,23 %), Andalusia (209.965, 11,76 %) i la Comunitat Valenciana (189.136, 10,59 %). A Catalunya el descens en sèrie interanual ha estat de 18.617 persones, un 4,50 %. Fa un any, Catalunya era també la primera en nombre total d’afiliats (414.119, 22,24 %), seguida de Madrid (393.613, 21,14 %), Andalusia (215.500, 11,57 %) i la Comunitat Valenciana (195.847, 10,52 %).
En el règim general de la Seguretat Social destaca el nombre d’afiliats en el sector de l’hostaleria, que ocupa a 263.993 persones (23,12 %), de les quals 179.504 són de països no UE, i que ocupa la primera posició. Li segueix el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupa a 195.025 treballadors, un 17,08 %, dels quals 130.880 són de països no UE, i en tercer lloc es troben les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupen a 127.856 treballadors, un 11,20 % del total, dels quals 87.843 són de països no UE; el sector de la construcció es situa en el quart lloc i ocupa a 125.439 persones, un 10,99 %, dels quals 75.266 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms, destaca la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (61.052, 29,05 %), del sector de l’hostaleria (42.295, 20,13 %), i del sector de la construcció (30.269, 14,40 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 21.711). El mes d’octubre de 2010 les dades eren les següents: el sector de l’hostaleria ocupava a 267.066 persones (21,93 %), de les quals 183.529 eren no comunitaris, Li seguia el sector del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes, que ocupava a 201.455 treballadors, un 16,54 % dels quals 137.120 eren extracomunitaris, i en tercer lloc es trobava el sector de la construcció, que ocupa a 167.375, un 13,75 %, dels quals 105.608 eren de països no UE. D’acord amb la nova CNAE, cal fer també esment de l’àmbit de les activitats administratives i serveis auxiliars, que agrupaven a 137.666 treballadors, un 11,31 % del total, dels quals 97.788 eren extracomunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms, destacava la presència del sector del comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes (55.006, 27,43 %), del sector de l’hostaleria (40.193, 20,04 %), i del sector de la construcció (32.631, 16,27 % del total i amb una participació majoritària dels ciutadans de la UE, 23.650).
Per països de procedència, a tot l’Estat, els treballadors romanesos ocupen la primera posició (287.225), i els marroquins es situen en la segona posició amb 206.860 treballadors. Els equatorians es troben en la tercera posició (135.126), seguits dels colombians amb 97.718, dels xinesos amb 86.653, dels bolivians amb 82.843, dels peruans amb 63.763, dels italians amb 62.958, dels búlgars amb 54.789, i del treballadors del Regne Unit amb 53.767. Les dades del mes d’octubre de 2010 eren les següents: els treballadors romanesos ocupaven la primera posició (297.236), i els marroquins es situaven en la segona posició amb 219.005 treballadors. Els equatorians es trobaven en la tercera posició (166.301), seguits dels colombians amb 111.327, dels xinesos amb 82.324, dels bolivians amb 80.419, dels peruans amb 69.984, dels italians amb 63.122, i dels búlgars amb 55.121.
3. La mitja del mes d’octubre de 2011 d’afiliats estrangers a Catalunya és de 395.502, dels quals 111.708 són de països UE i 283.794 de països no UE.
Per règims, el 74,68 % dels afiliats estan inclosos en el general, el 9,42 % en el de la llar familiar, el 4,62 % en l’agrari, el 11,08 % en el d’autònoms i el 0,21 % en el del mar. Cal recordar que els percentatges del mes d’octubre de 2010 eren els següents: el 76,60 % dels afiliats estaven inclosos en el general, el 8,79 % en el de la llar familiar, el 4,66 % en l’agrari, el 9,77 % en el d’autònoms i el 0,19 % en el del mar.
Per règims, cal destacar la important presència de treballadors marroquins, romanesos i equatorians en el general (38.669, 26.582 i 21.511, respectivament), dels xinesos, italians i francesos en el d’autònoms (8.576, 3.627 i 3.227), dels marroquins i romanesos en l’agrari (5.512 i 4.339), i dels bolivians i equatorians en el de la llar familiar (10.294 i 3.076).
En el règim general de Seguretat Social, el primer lloc correspon a l’hostaleria, amb 59.427 (20,12 %), dels quals 46.560 són de països no UE, i el segon lloc correspon al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 52.957 afiliats (17,93 %), dels quals 38.312 són de països no UE; el tercer lloc és per a les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 36.816 afiliats (12,47 %), dels quals 28.019 son de països no UE, i el quart és per a la indústria manufacturera, amb 34.927 (11,83 %), dels quals 24.041 són de països no UE; en cinquè lloc trobem als afiliats en el sector de la construcció, amb 27.375 (per tercera vegada el percentatge es situa per sota del 10 %, el 9,27 %), dels quals 21.450 són de països no UE. En el règim especial de treballadors autònoms destaca la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (11.639, 26,57 % del total), de l’hostaleria (9.181, 20,96 %) i de la construcció (4.746, 10,83 %). Les dades del mes d’octubre de 2010 eren les següents: el primer lloc corresponia a l’hostaleria, amb 59.861 (18,870 %), dels quals 46.879 eren no comunitaris, i el segon corresponia al comerç i reparació de vehicles de motor i bicicletes, amb 54.947 afiliats (17,32 %), dels quals 40.091 eren no comunitaris; el tercer lloc era per als afiliats en el sector de la construcció, amb 38.623, (12,18 %), dels quals 30.803 eren no comunitaris; ocupaven el quart lloc, d’acord amb la nova CNAE, les activitats administratives i serveis auxiliars, amb 39.971 afiliats (12,60 %), dels quals 31.251 eren extracomunitaris. En cinquè lloc trobàvem la indústria manufacturera, amb 37.121 (11,70 %), dels quals 25.959 eren no comunitaris. En el règim especial de treballadors autònoms destacava la importància dels sectors del comerç i reparació de vehicles a motor i bicicletes (10.244, 25,32 % del total), de l’hostaleria (8.230, 20,34 %) i de la construcció (5.054, 12,496 %).
A Catalunya, els treballadors marroquins són els primers (49.730), seguits dels romanesos (35.418), i els equatorians ocupen la tercera posició (25.707). A continuació trobem els xinesos (23.193), els bolivians (22.909), els italians (20.234), els colombians (17.809), els peruans (15.673), els francesos (13.127), i els pakistanesos (10.892). Les dades del mes d’octubre de 2010 eren les següents: els treballadors marroquins eren els primers (55.642), seguits dels romanesos (35.901), i els equatorians ocupaven la tercera posició (32.159). A continuació trobàvem els xinesos (22.877), els bolivians (22.266), els colombians (20.728), els italians (20.461), els peruans (17.095), els francesos (13.381), els pakistanesos (12.328), els argentins (12.182), i els alemanys (7.985)
El “programa laboral” del nuevo gobierno italiano.
Reproduzco, por su indudable interés, los fragmentos del discurso pronunciado por el nuevo primer ministro italiano, Sr. Mario Monti, con ocasión de su presentación en el Senado para obtener el voto de confianza de la Cámara el pasado día 17, en los que expone cuál va a ser su programa laboral, es decir qué reformas va a introducir, o cómo mínimo pretende hacerlo, en la normativa laboral y de protección social. Dicho confianza fue obtenida por 281 votos a favor y 25 en contra.
Destaco su primera referencia a la necesidad de reformar el marco legal con el consenso de los agentes sociales”, y también su acercamiento a las propuestas defendidas desde Bruselas de aquello que llaman disminuir las “diferencias de protección” entre personas con empleo estable, las que tienen contratos temporales y quienes se encuentran fuero del mercado laboral. Habrá que seguir con atención el desarrollo de los acontecimientos en Italia (casi al mismo tiempo que aquello que puede ocurrir en España, pero … hoy toca reflexión).
“Con il consenso delle parti sociali dovranno essere riformate le istituzioni del mercato del lavoro, per allontanarci da un mercato duale dove alcuni sono fin troppo tutelati mentre altri sono totalmente privi di tutele e assicurazioni in caso di disoccupazione.(Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, IdV e Misto-MPA-AS).
Intendiamo perseguire lo spostamento del baricentro della contrattazione collettiva verso i luoghi di lavoro, come ci viene chiesto dalle autorità europee e come già le parti sociali hanno iniziato a fare. Questo va accompagnato da una disciplina coerente del sostegno alle persone senza un impiego volta a facilitare la mobilità e il reinserimento nel mercato del lavoro, superando l'attuale segmentazione. Più mobilità tra impresa e settori è condizione essenziale per assecondare la trasformazione dell'economia italiana e sospingerne la crescita. È necessario colmare il fossato che si è creato tra le garanzie e i vantaggi offerti dal ricorso ai contratti a termine e ai contratti a tempo indeterminato, superando i rischi e le incertezze che scoraggiano le imprese a ricorrere a questi ultimi. Tenendo conto dei vincoli di bilancio, occorre avviare una riforma sistematica degli ammortizzatori sociali, volta a garantire a ogni lavoratore che non sarà privo di copertura rispetto ai rischi di perdita temporanea del posto di lavoro. Abbiamo da affrontare una crisi, abbiamo da affrontare delle trasformazioni strutturali, ma è nostro dovere cercare di evitare le angosce che accompagnano questi processi. (Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI, IdV e Misto-MPA-AS). È necessario, infine, mantenere una pressione costante nell'azione di contrasto e di prevenzione del lavoro sommerso.
Uno dei fattori che distinguono l'Italia nel contesto europeo è la maggiore difficoltà di inserimento o di permanenza in condizione di occupazione delle donne.
Assicurare la piena inclusione delle donne in ogni ambito della vita lavorativa, ma anche sociale e civile, del Paese è una questione indifferibile. È necessario affrontare le questioni che riguardano la conciliazione della vita familiare con il lavoro, la promozione della natalità (Applausi dei senatori Carloni e Peterlini) e la condivisione delle responsabilità legate alla maternità, o alla paternità, da parte di entrambi i genitori, nonché studiare l'opportunità di una tassazione preferenziale per le donne. (Applausi dai Gruppi PdL, PD, UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI, Per il Terzo Polo:ApI-FLI e IdV).
C'è poi un problema legato all'invecchiamento della popolazione, che si traduce in oneri crescenti per le famiglie. Andrà quindi prestata attenzione ai servizi di cura agli anziani, questione che oggi è una preoccupazione sempre più urgente nelle famiglie, in un momento in cui esse affrontano difficoltà crescenti. (Applausi dal Gruppo PD).
Infine, un'attenzione particolare andrà assicurata alle prospettive per i giovani; io direi «in fine», nel senso di fine come di tutta la nostra azione. Questa sarà una delle priorità di azione di questo Governo, nella convinzione che ciò che restringe le opportunità per i giovani si traduce poi in minori opportunità di crescita e di mobilità sociale per l'intero Paese. Dobbiamo porci l'obiettivo di eliminare tutti quei vincoli che oggi impediscono ai giovani di sfruttare le proprie potenzialità in base al merito individuale, indipendentemente dalla situazione sociale di partenza. Per questo, ritengo importante inserire nell'azione di governo misure che valorizzino le capacità individuali ed eliminino ogni forma di cooptazione. L'Italia ha bisogno di investire sui suoi talenti: deve essere lei, Italia, orgogliosa dei suoi talenti, e non trasformarsi in un'entità di cui i suoi talenti non sempre sono orgogliosi. Per questo la mobilità è la nostra migliore alleata: mobilità sociale, ma anche geografica, non solo all'interno del nostro Paese, ma anche e soprattutto nel più ampio orizzonte del mercato del lavoro europeo e globale.