Source: https://www.daypo.com/generico-121-proceso.html
Timestamp: 2020-05-28 08:57:35
Document Index: 413396348

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 107', 'artículo 89', 'artículo 300', 'artículo 221', 'artículo 159', 'artículo 159', 'artículo 23', 'artículo 78', 'artículo 181', 'artículo 159', 'artículo 23', 'artículo 95', 'artículo 73', 'artículo 15', 'artículo 5', 'artículo 75', 'artículo 159', 'artículo 23', 'artículo 95', 'artículo 159', 'artículo 23', 'artículo 23', 'artículo 52', 'artículo 108', 'artículo 108', 'artículo 109', 'artículo 109', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 159', 'artículo 116', 'artículo 23', 'artículo 5', 'artículo 306', 'artículo 380', 'artículo 84', 'artículo 23', 'artículo 68', 'artículo 66', 'artículo 71', 'artículo 380', 'artículo 84', 'artículo 14', 'artículo 265', 'artículo 113', 'artículo 380', 'artículo 84', 'artículo 116', 'artículo 380', 'artículo 84', 'artículo 83', 'artículo 32', 'artículo 380', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 23', 'artículo 56', 'artículo 443', 'artículo 51', 'artículo 5', 'artículo 443', 'artículo 262', 'artículo 89', 'artículo 94', 'artículo 90']

Test genérico 121 en proceso
GENÉRICO 121 en proceso
¿Cuáles de los siguientes actos pueden ser considerados nulos de pleno derecho, según el artículo 47 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas? Los que lesionen los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución Española. Los dictados por órganos manifiestamente incompetentes por razón de la materia, del territorio o de la jerarquía. Los que establezca expresamente una disposición con rango de ley. Los que sean constitutivos de infracción penal pero no los que se dicten como consecuencia de esta.
Según la Constitución, el condenado a pena de prisión que estuviera cumpliendo la misma, gozara de los derechos fundamentales del Capítulo I CE, a excepción de los que se vean expresamente limitados por: El contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. El contenido del fallo y la cantidad de multa impuesta. La ley penitenciaria y las propias características del establecimiento penitenciario. El contenido del fallo y la cuantía de la pena.
Señale la respuesta correcta, de acuerdo con el artículo 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con la declaración de lesividad de los actos anulables: La declaración de lesividad no podrá adoptarse en el plazo máximo de dos años desde que se dictó el acto administrativo. La declaración de lesividad no podrá adoptarse en el plazo máximo de tres años desde que se dictó el acto administrativo. Transcurrido el plazo de cuatro meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo. Transcurrido el plazo de seis meses desde la iniciación del procedimiento sin que se hubiera declarado la lesividad, se producirá la caducidad del mismo.
Pilar G. funcionario ayudantes de Instituciones Penitenciarias con destino en el Centro Penitenciario de Huelva, dónde acaba de tomar posesión como funcionario de carrera tiene sentencia firme por la que se le declara víctima de un delito de violencia de género. Transcurridos los 6 meses de excedencia en los que tienen derecho a la reserva de puesto de trabajo que desempeña, cómo ha que ha dicho tiempo le sea computable a efectos de antigüedad, y derechos de régimen de seguridad social y debido a que las actuaciones judiciales lo exigen, se le prórroga este periodo por 3 meses más, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima, esta prórroga podrá extenderse hasta un máximo de: 12 meses, todos los derechos inherentes a su puesto. 15 meses, manteniendo exclusivamente la reserva del puesto de trabajo. 18 meses, manteniendo reserva del puesto de trabajo y el cómputo de dicho tiempo a efectos de antigüedad, carrera y derechos de régimen de seguridad social. No existe límite en la extensión de la prórroga de la situación de excedencia, teniendo todos los derechos, si así lo determinará el tribunal.
¿Cuál de estos no es un requisito para acceder al cargo de Defensor del Pueblo? Ser español. Tener título universitario de grado medio o superior. Ser mayor de edad. Estar en pleno disfrute de los derechos civiles y políticos.
¿Qué sucederá en caso de que le sobrevenga alguna incompatibilidad durante el ejercicio de su cargo al Defensor del Pueblo? Se mantendrá en el cargo ya que es posterior al nombramiento. Renunciará al cargo. Renunciará al cargo cuando se cumpla la vigencia de su cargo, no antes. Podrá optar por cualquiera de las respuestas mencionadas anteriormente.
El sistema progresivo español se implanto por primera vez en la legislación española para el cumplimiento de la pena en el año: 1880. 1901. 1889. 1804.
Según lo dispuesto en el artículo 89.5 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, si las funcionarias víctimas de violencia de género solicitan pasar a la situación de excedencia: Percibirán las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo durante los dos primeros meses. Percibirán sus retribuciones íntegras exclusivamente durante el primer mes de excedencia. Percibirán sólo las prestaciones familiares por hijo a cargo durante todo el tiempo que se encuentre en situación de excedencia. En esta situación no perciben retribución alguna ya que las retribuciones están siempre vinculadas a la prestación de servicios.
Pilar G. funcionario ayudantes de Instituciones Penitenciarias con destino en el Centro Penitenciario de Huelva, dónde acaba de tomar posesión como funcionario de carrera tiene sentencia firme por la que se le declara víctima de un delito de violencia de género. Finalizado el plazo máximo en situación de excedencia por violencia de género, pilar reingreso al servicio activo. Transcurrido el tiempo resulta seleccionada para ocupar una plaza como funcionario interino en el Ayuntamiento de la localidad en la que tiene fijada su residencia. ¿En qué situación administrativa quedaría la funcionaria en la Administración General del Estado si decide aceptar el desempeño interino de la plaza para la que ha sido seleccionada? Excedencia por prestación de servicios en el sector público. Excedencia por servicio en otras Administraciones Públicas. Excedencia voluntaria por interés particular. Servicios especiales al pasar a desempeñar sus funciones en una administración local.
Como consecuencia de la implantación del nuevo horario de trabajo de los funcionarios de interior, un Centro Penitenciario pretende destinar unas dependencias de sus instalaciones al futuro bar/comedor para el personal que trabaja en el mismo. Solicitada la oportuna autorización al Centro Directivo (Gabinete Técnico) , se requiere del órgano autonómico competente la correspondiente autorización sanitaria de comedores colectivos. Presentada la documentación acreditativa, se recibe en el Centro Penitenciario requerimiento de la documentación preceptiva que acredite una discrepancia surgida en torno a la dirección la documentación fiscal refleja una dirección distinta a la que figura en el recibo del agua. A las actuaciones practicadas por el órgano administrativo de la Comunidad Autónoma, ¿le son de aplicación las normas contenidas en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común? No. Sí. Dependerá de las previsiones contenidas en el Estatuto de Autonomía. Sí, aunque existen excepciones.
En virtud de lo establecido en el artículo 300 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, los servicios de economato, cocina y cafetería de los Centros podrán ser gestionados por: La propia Administración Penitenciaria, exlusivamente. La Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y formación para el empleo, exclusivamente. La Administración Penitenciaria, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo mediante la fórmula de taller productivo o por empresa externa adjudicataria por contrato administrativo de servicios. La Administración Penitenciaria, la Entidad Estatal Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo mediante la fórmula de taller productivo o por empresa externa adjudicataria por contrato administrativo de suministros.
Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 221 del Reglamento Penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, para garantizar el mantenimiento y la mejora de la salud de los establecimientos penitenciarios se observarán las normas de limpieza e higiene: Que se establezcan por el Consejo de Dirección. Que se establezcan por las autoridades sanitarias de la CCAA. Que se establezcan por el Centro Directivo. Que se establezcan por el responsable sanitario del Centro Penitenciario. .
En el Centro Penitenciario de Madrid 2 se ha producido una avería del sistema automático de apertura y cierre de celdas conocido como SCADA que además por el paso del tiempo resultaba técnicamente obsoleto, resultando aconsejable la sustitución integral para garantizar el adecuado funcionamiento de la seguridad del establecimiento penitenciario. Por tal motivo se acuerda por el centro iniciar un contrato de suministro por el procedimiento abierto simplificado del apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para llevar a cabo la adquisición del citado sistema. El precio estimado asciende a 30.000 €. Indique la respuesta correcta en relación a las cuestiones que se plantean. De acuerdo con el artículo 159.6 de la ley 9/2017, señale el límite del valor estimado para la tramitación del procedimiento abierto simplificado en los contratos de suministros y servicios: 35000 €. 40000 € 45000 €. 50000 €.
MGC es vecina de un Ayuntamiento perteneciente a una de las provincias del Levante español. Descontento con la gestión de los representantes municipales solicita, mediante instancia, sea iniciado un procedimiento administrativo. Nombrado el instructor del mismo, éste decide que se realice un periodo de prueba, estableciendo una duración de quince días para la misma. Conocido el nombre del instructor MGC recusa al mismo, alegando que concurre en él, cuando menos, uno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015. Transcurrido el periodo de prueba y ante la paralización del procedimiento por causas imputables al interesado, el órgano competente decide, en el mes de mayo, archivar las actuaciones practicadas, declarando terminado el procedimiento por caducidad. Tal como señala el artículo 78 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, el inicio de las actuaciones necesarias para la realización de las pruebas que hayan sido admitidas deberá notificarse por la Administración a MGC: En el plazo máximo de diez días. Con la antelación suficiente. En el mismo momento en que se dicte la resolución de admisión de las mismas. No existe previsión al respecto en la Ley 39/2015, remitiéndose ésta al que establezca cda procedimiento en concreto.
Las actuaciones del Defensor del Pueblo son: Abonadas en el momento de la resolución. Gratis. Se paga una tasa en porporción al nivel adquisitivo del demandante. Todo el mundo paga la misma tasa.
Indique la respuesta correcta. A tenor de lo dispuesto en el artículo 181.1 del Código Penal, el que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, incurre en el delito de: Acoso sexual. Agresión sexual. Abuso sexual. Provocación sexual.
En el Centro Penitenciario de Madrid 2 se ha producido una avería del sistema automático de apertura y cierre de celdas conocido como SCADA que además por el paso del tiempo resultaba técnicamente obsoleto, resultando aconsejable la sustitución integral para garantizar el adecuado funcionamiento de la seguridad del establecimiento penitenciario. Por tal motivo se acuerda por el centro iniciar un contrato de suministro por el procedimiento abierto simplificado del apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para llevar a cabo la adquisición del citado sistema. El precio estimado asciende a 30.000 €. Indique la respuesta correcta en relación a las cuestiones que se plantean. Señale que plazo tienen los licitadores para la presentación de la proposición y tomar parte en el procedimiento de contratación. No podrá ser inferior a 15 días naturales. No podrá ser inferior a 10 días hábiles. Entre 15 y 20 días naturales. Entre 5 y 8 días hábiles.
MGC es vecina de un Ayuntamiento perteneciente a una de las provincias del Levante español. Descontento con la gestión de los representantes municipales solicita, mediante instancia, sea iniciado un procedimiento administrativo. Nombrado el instructor del mismo, éste decide que se realice un periodo de prueba, estableciendo una duración de quince días para la misma. Conocido el nombre del instructor MGC recusa al mismo, alegando que concurre en él, cuando menos, uno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015. Transcurrido el periodo de prueba y ante la paralización del procedimiento por causas imputables al interesado, el órgano competente decide, en el mes de mayo, archivar las actuaciones practicadas, declarando terminado el procedimiento por caducidad. ¿Cuál es el plazo previsto en el artículo 95 de la Ley 39/2015 para que la inactividad de MGC permita la declaración de caducidad? Un mes. Tres meses. Seis meses. Ninguna de las respuestas es correcta.
¿Cuál no es una incompatibilidad para ser defensor del pueblo? Afiliación a partido político o sindicato. Servicio activo en la administración. Profesar en alguna creencia religiosa. Cargo político o actividad de propaganda política.
El conjunto de normas o medidas que persiguen la consecución de una convivencia ordenada y pacífica que permita alcanzar el ambiente adecuado para el éxito del tratamiento y la retención y custodia de los reclusos: Constituye el concepto de régimen penitenciario conforme a lo dispuesto en el artículo 73.1 del vigente Reglamento Penitenciario. Constituye el concepto de régimen penitenciario conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la vigente Ley Orgánica General Penitenciaria. Constituye el concepto de régimen penitenciario conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la vigente Ley Orgánica General Penitenciaria. Tendrán su razón de ser y su límite en el logro de una convivencia ordenada conforme a lo dispuesto en el artículo 75.2 del vigente Reglamento Penitenciario.
En el Centro Penitenciario de Madrid 2 se ha producido una avería del sistema automático de apertura y cierre de celdas conocido como SCADA que además por el paso del tiempo resultaba técnicamente obsoleto, resultando aconsejable la sustitución integral para garantizar el adecuado funcionamiento de la seguridad del establecimiento penitenciario. Por tal motivo se acuerda por el centro iniciar un contrato de suministro por el procedimiento abierto simplificado del apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para llevar a cabo la adquisición del citado sistema. El precio estimado asciende a 30.000 €. Indique la respuesta correcta en relación a las cuestiones que se plantean. Señale la respuesta correcta en relación a la solvencia que deberán acreditar los licitadores para participar en este procedimiento de adjudicación: Deberán acreditar solvencia económica y financiera. Bastara acreditar la solvencia económica y técnica. Deberán acreditar solvencia profesional y técnica. Se les eximirá de la acreditación de la solvencia económica y financiera y técnica o profesional.
MGC es vecina de un Ayuntamiento perteneciente a una de las provincias del Levante español. Descontento con la gestión de los representantes municipales solicita, mediante instancia, sea iniciado un procedimiento administrativo. Nombrado el instructor del mismo, éste decide que se realice un periodo de prueba, estableciendo una duración de quince días para la misma. Conocido el nombre del instructor MGC recusa al mismo, alegando que concurre en él, cuando menos, uno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015. Transcurrido el periodo de prueba y ante la paralización del procedimiento por causas imputables al interesado, el órgano competente decide, en el mes de mayo, archivar las actuaciones practicadas, declarando terminado el procedimiento por caducidad. A tenor de lo establecido en el artículo 95.4 de la Ley 39/2015, ¿podría la administración no haber aplicado la caducidad como forma de terminación del procedimiento? No, en ningún caso. Sí, cuando la cuestión suscitada afecte al interés general. Sí, cuando la cuestión fuera conveniente suscitarla para su definición y esclarecimiento. Las dos afirmaciones efectuadas son correctas.
Entre las anomalía congénitas que pueden aparecer en un dactilograma se encuentra la sindactilia, que consiste en: La falta de la primera falange de uno o más dedos. La falta de uno o más dedos de la mano. La ausencia de líneas papilares en algún dedo. La unión de dos o más dedos por una membrana.
En el Centro Penitenciario de Madrid 2 se ha producido una avería del sistema automático de apertura y cierre de celdas conocido como SCADA que además por el paso del tiempo resultaba técnicamente obsoleto, resultando aconsejable la sustitución integral para garantizar el adecuado funcionamiento de la seguridad del establecimiento penitenciario. Por tal motivo se acuerda por el centro iniciar un contrato de suministro por el procedimiento abierto simplificado del apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para llevar a cabo la adquisición del citado sistema. El precio estimado asciende a 30.000 €. Indique la respuesta correcta en relación a las cuestiones que se plantean. 4 En el procedimiento de adjudicación utilizado por el centro, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. No se requerirá la constitución de garantía definitiva. Obligatoriamente el licitador deberá constituir garantía definitiva. Se constituirá garantía definitiva en el plazo de 10 días. Solo se exigirá garantía definitiva una vez comunicada la adjudicación del contrato.
MGC es vecina de un Ayuntamiento perteneciente a una de las provincias del Levante español. Descontento con la gestión de los representantes municipales solicita, mediante instancia, sea iniciado un procedimiento administrativo. Nombrado el instructor del mismo, éste decide que se realice un periodo de prueba, estableciendo una duración de quince días para la misma. Conocido el nombre del instructor MGC recusa al mismo, alegando que concurre en él, cuando menos, uno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015. Transcurrido el periodo de prueba y ante la paralización del procedimiento por causas imputables al interesado, el órgano competente decide, en el mes de mayo, archivar las actuaciones practicadas, declarando terminado el procedimiento por caducidad. Según establece el artículo 23 de la Ley 40/2015, en el supuesto de que, efectivamente en el instructor concurriera uno de los motivos de abstención previstos en la ley y siguiera actuando: Todas sus actuaciones estarán viciadas de nulidad. No implicará necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido. Será responsable de lo actuado el superior que debió apartarle del procedimiento. Incurrirá, además de la posible responsabilidad disciplinaria a que hubiera lugar, en responsabilidad penal.
En el Centro Penitenciario de Almería se encuentra el interno Antonio R de nacionalidad portuguesa penado con una causa preventiva. A las 10 es informado por el funcionario del módulo 2, que está destinado, debe recoger y preparar su equipaje porque a las 16 horas va a ser trasladado al Centro Penitenciario de Málaga localidad a la que debe asistir a un juicio oral. El interno solicita poder realizar una llamada telefónica para, dispone el artículo 52.3 ley Orgánica General penitenciaria, poder comunicar inmediatamente a su familia y abogado su traslado a otro establecimiento. El funcionario le dice que no procede y que además, no hay tiempo y no es el momento reglamentario de realizar la llamada. El interno no se conforma, se dirige a recoger su ropa y enseres, pero exigiendo poder realizar la llamada a la que tiene derecho. En presencia de otros reclusos del módulo, procede a insultar al funcionario diciéndole “Mira que eres perro” “Eres un chulo y un torturador”. Esta presión abochorna al funcionario y genera muchas risas y comentarios jocosos entre el resto de los internos presentes. El funcionario procedió a avisar al Jefe de Servicios y tras poner en su conocimiento los hechos ocurridos este ordena al interno Antonio R pasar a una celda del departamento de ingresos en concepto de aislamiento provisional, orden que se llevó a efecto sin resistencia del interno. El aislamiento provisional fue comunicado inmediatamente al director del centro penitenciario que lo ratifica, puesto en conocimiento inmediato del juez de vigilancia penitenciaria, finalizando dicho aislamiento provisional en el momento en que el interno Antonio R. haya salido de conducción, circunstancia que también fue comunicada al juez de vigilancia penitenciaria. Al ‘interno Antonio R.G tras llegar al centro penitenciario de Málaga, se le comunica la iniciación de un procedimiento sancionador por los hechos antes relatados. Indique el artículo del reglamento en el que se tipifican los hechos por los que podría ser sancionado Falta muy grave prevista en el artículo 108 apartado B. Falta muy grave prevista en el artículo 108 apartado C. Falta grave prevista en el artículo 109 apartado A. Falta grave prevista en el artículo 109 apartado B. .
En el Centro Penitenciario de Almería se encuentra el interno Antonio R de nacionalidad portuguesa penado con una causa preventiva. A las 10 es informado por el funcionario del módulo 2, que está destinado, debe recoger y preparar su equipaje porque a las 16 horas va a ser trasladado al Centro Penitenciario de Málaga localidad a la que debe asistir a un juicio oral. El interno solicita poder realizar una llamada telefónica para, dispone el artículo 52.3 ley Orgánica General penitenciaria, poder comunicar inmediatamente a su familia y abogado su traslado a otro establecimiento. El funcionario le dice que no procede y que además, no hay tiempo y no es el momento reglamentario de realizar la llamada. El interno no se conforma, se dirige a recoger su ropa y enseres, pero exigiendo poder realizar la llamada a la que tiene derecho. En presencia de otros reclusos del módulo, procede a insultar al funcionario diciéndole “Mira que eres perro” “Eres un chulo y un torturador”. Esta presión abochorna al funcionario y genera muchas risas y comentarios jocosos entre el resto de los internos presentes. El funcionario procedió a avisar al Jefe de Servicios y tras poner en su conocimiento los hechos ocurridos este ordena al interno Antonio R pasar a una celda del departamento de ingresos en concepto de aislamiento provisional, orden que se llevó a efecto sin resistencia del interno. El aislamiento provisional fue comunicado inmediatamente al director del centro penitenciario que lo ratifica, puesto en conocimiento inmediato del juez de vigilancia penitenciaria, finalizando dicho aislamiento provisional en el momento en que el interno Antonio R. haya salido de conducción, circunstancia que también fue comunicada al juez de vigilancia penitenciaria. Es correcta la actuación del funcionario del módulo, ¿no permitiéndole llamar a la familia y al abogado? No es correcta la actuación. Debería haber permitido que realizara la llamada porque el artículo 52.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria reconoce el derecho que tienen los internos a comunicar inmediatamente su traslado a la familia y al abogado. No es correcta la actuación del funcionario porque además del derecho que asiste al interno a comunicar su traslado, tenía suficiente margen de tiempo para poder realizar la llamada sin que hubiera habido problemas regimentales. No es correcta la actuación del funcionario porque si hubiera facilitado la realización de la llamada también hubiera evitado que se generará el problema regimental. La decisión del funcionario no permitiendo el interno llamar a sus familiares y abogados encuentra su fundamento en el artículo 52.3 de la Ley Orgánica General Penitenciaria pues no es el momento indicado legalmente para realizarla.
¿Cuál de las siguientes clases de leyes no existe? Leyes marco. Leyes armonizadoras. Leyes de transferencia. Leyes reglamentarias.
En el Centro Penitenciario de Madrid 2 se ha producido una avería del sistema automático de apertura y cierre de celdas conocido como SCADA que además por el paso del tiempo resultaba técnicamente obsoleto, resultando aconsejable la sustitución integral para garantizar el adecuado funcionamiento de la seguridad del establecimiento penitenciario. Por tal motivo se acuerda por el centro iniciar un contrato de suministro por el procedimiento abierto simplificado del apartado 6 del artículo 159 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público para llevar a cabo la adquisición del citado sistema. El precio estimado asciende a 30.000 €. Indique la respuesta correcta en relación a las cuestiones que se plantean. El centro penitenciario entiende que este procedimiento de contratación es novedoso y puede suponer un corto aumento de los plazos y trámites en relación a otros procedimientos recogidos en este mismo texto legal indique la respuesta correcta en relación a la presentación de las ofertas por los licitadores: Se presentará en dos sobres uno para la oferta económica y otro para la documentación administrativa. Se presentará en dos archivos electrónicos, la oferta económica y otro para la documentación administrativa. Se presentará en un único sobre o archivo electrónico. Al ser un contrato cuyo valor estimado es inferior a 30000 no es necesario presentar oferta.
El Gobierno en uso de las facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución y la Ley 4/1981 de 1 de junio, podrá declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, cuando se produzcan alteraciones graves de la normalidad. ¿En cuál de las siguientes situaciones no se podría declarar dicho estado? Situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad. Paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución, y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo. Cuando se produzca o amenace producirse una insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o independencia de España, su integridad territorial o el ordenamiento constitucional. Crisis sanitarias, tales como epidemias y situaciones de contaminación graves.
MGC es vecina de un Ayuntamiento perteneciente a una de las provincias del Levante español. Descontento con la gestión de los representantes municipales solicita, mediante instancia, sea iniciado un procedimiento administrativo. Nombrado el instructor del mismo, éste decide que se realice un periodo de prueba, estableciendo una duración de quince días para la misma. Conocido el nombre del instructor MGC recusa al mismo, alegando que concurre en él, cuando menos, uno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015. Transcurrido el periodo de prueba y ante la paralización del procedimiento por causas imputables al interesado, el órgano competente decide, en el mes de mayo, archivar las actuaciones practicadas, declarando terminado el procedimiento por caducidad. Para actuar en representación de otra persona ante la Administración Pública, el artículo 5 de la Ley 39/2015 exige el siguiente requisito Capacidad de obrar. Poder suficiente. Titulación requerida. Capacidad de obrar, poder suficiente y la titulación requerida en cada procedimiento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 306 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, cuando algún interno sustraiga fondos o efectos del economato, será separado de dicho servicio y se le exigirá: La responsabilidad pecuniaria que proceda, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y penales en que hubiera podido incurrir. La responsabilidad disciplinaria que proceda conforme a lo dispuesto en el Título XI del Reglamento. La reparación del daño o deterioro causado, así como la indemnización que corresponda al daño causado. La responsabilidad penal y civil subsidiaria que corresponda al daño causado.
El 18 de octubre del 2018 se reciben el servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas de Alcalá de Henares la siguiente documentación penal relativa a RS natural de Alicante y con domicilio actual en Tarancón. Ejecutoria 114/18 del Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid de fecha 1 de octubre del 2018 ordenando ejecutar lo dispuesto en la sentencia 25/18 Del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid en la que se condena a don RS por el delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal a las penas de 6 meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año. En la misma sentencia se suspende la pena de prisión por un plazo de 2 años condicionada al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes: Uno. No delinquir durante el plazo de suspensión. Dos. Participar en programa de reeducativo de seguridad vial. Tres. Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor. Cuatro. Pago de una multa con cuota diaria de 60 € por el tiempo máximo establecido para una pena de prisión de seis meses conforme lo establecido en el artículo 84. 1. 2 del Código Penal. El control cumplimiento de la prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido o funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor corresponde: A los servicios de gestión de Penas y Medidas Alternativas de la administración penitenciaria. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Al Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid. Al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid.
MGC es vecina de un Ayuntamiento perteneciente a una de las provincias del Levante español. Descontento con la gestión de los representantes municipales solicita, mediante instancia, sea iniciado un procedimiento administrativo. Nombrado el instructor del mismo, éste decide que se realice un periodo de prueba, estableciendo una duración de quince días para la misma. Conocido el nombre del instructor MGC recusa al mismo, alegando que concurre en él, cuando menos, uno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015. Transcurrido el periodo de prueba y ante la paralización del procedimiento por causas imputables al interesado, el órgano competente decide, en el mes de mayo, archivar las actuaciones practicadas, declarando terminado el procedimiento por caducidad. Señala el artículo 68 de la Ley 39/2015 que si la solicitud de iniciación no reúne los requisitos previstos en el artículo 66 de la mencionada ley y los exigidos, en su caso, por la legislación específica aplicable: Se archivarán las actuaciones. Se sobreseerá el expediente. Se requerirá al interesado para que, en un periodo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución. Perderá su condición de ineresado en el procedimiento.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 71.2 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, cuando lo funcionarios detecten alguna anomalía regimental o cualquier hecho indiciario de una posible perturbación de la vida normal del centro, lo pondrán inmediatamente en conocimiento de: El Director. El Jefe de Servicios. El Subdirector de Seguridad. La Comisión Disciplinaria.
El 18 de octubre del 2018 se reciben en el servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas de Alcalá de Henares la siguiente documentación penal relativa a RS natural de Alicante y con domicilio actual en Tarancón. Ejecutoria 114/18 del Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid de fecha 1 de octubre del 2018 ordenando ejecutar lo dispuesto en la sentencia 25/18 Del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid en la que se condena a don RS por el delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal a las penas de 6 meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año. En la misma sentencia se suspende la pena de prisión por un plazo de 2 años condicionada al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes: Uno. No delinquir durante el plazo de suspensión. Dos. Participar en programa de reeducativo de seguridad vial. Tres. Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor. Cuatro. Pago de una multa con cuota diaria de 60 € por el tiempo máximo establecido para una pena de prisión de seis meses conforme lo establecido en el artículo 84. 1. 2 del Código Penal. Según establece el artículo 14 del Real Decreto 840 / 2011 de 17 de junio, ¿a qué servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas corresponde realizar las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento del programa educativo de seguridad vial? Al servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas de Madrid. Al servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas de Alicante. Al servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas de Cuenca. Al servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas de Alcalá de Henares.
¿Quién designa a los Asesores del Defensor del Pueblo? Las Cortes Generales. El Rey. El Defensor del Pueblo. El Congreso de los Diputados.
Conforme al artículo 265.3 del Reglamento Penitenciario, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, las Comunidades Autónomas con competencias ejecutivas en materia penitenciaria, para ordenar la gestión de los centros que dependan de las mismas, podrán: Establecer los órganos colegiados o unipersonales que consideren convenientes. Establecer un mínimo de tres órganos colegiados o unipersonales. Establecer un máximo de tres órganos colegiados o unipersonales. Determinar las funciones de los órganos colegiados según se dispone en el artículo 113.4 del Reglamento Penitenciario.
El 18 de octubre del 2018 se reciben en el servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas de Alcalá de Henares la siguiente documentación penal relativa a RS natural de Alicante y con domicilio actual en Tarancón. Ejecutoria 114/18 del Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid de fecha 1 de octubre del 2018 ordenando ejecutar lo dispuesto en la sentencia 25/18 Del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid en la que se condena a don RS por el delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal a las penas de 6 meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año. En la misma sentencia se suspende la pena de prisión por un plazo de 2 años condicionada al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes: Uno. No delinquir durante el plazo de suspensión. Dos. Participar en programa de reeducativo de seguridad vial. Tres. Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor. Cuatro. Pago de una multa con cuota diaria de 60 € por el tiempo máximo establecido para una pena de prisión de seis meses conforme lo establecido en el artículo 84.1.2 del Código Penal. Una vez elaborado el plan individual de intervención y seguimiento relativo al programa reeducativo de seguridad vial por el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas. Se elevará al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para su aprobación. Se comunicará para su conocimiento al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria sin perjuicio de su inmediata ejecutividad. Se elevara al Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid para su aprobación. Se comunicará para su conocimiento al Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid sin perjuicio de su inmediata ejecutividad.
En el artículo 116 de la Constitución Española, se regula es estado de excepción. En cuanto a la duración del mismo, señale cual de las siguientes respuestas es correcta: No podrá exceder de treinta días prorrogables por otros veinte días con los mismos requisitos. Dado la excepcionalidad de la medida ésta tendrá efectos hasta el restablecimiento de la normalidad y en ningún caso podrá superar los quince días. No podrá exceder de veinte días prorrogables por otro veinte con los mismos requisitos. No podrá exceder de treinta días prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
06122. **El 18 de octubre del 2018 se reciben en el servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas de Alcalá de Henares la siguiente documentación penal relativa a RS natural de Alicante y con domicilio actual en Tarancón. Ejecutoria 114/18 del Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid de fecha 1 de octubre del 2018 ordenando ejecutar lo dispuesto en la sentencia 25/18 Del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid en la que se condena a don RS por el delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal a las penas de 6 meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año. En la misma sentencia se suspende la pena de prisión por un plazo de 2 años condicionada al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes: Uno. No delinquir durante el plazo de suspensión. Dos. Participar en programa de reeducativo de seguridad vial. Tres. Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor. Cuatro. Pago de una multa con cuota diaria de 60 € por el tiempo máximo establecido para una pena de prisión de seis meses conforme lo establecido en el artículo 84. 1. 2 del Código Penal. Según establece el artículo 83.4 del código penal, el servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas informará al Juez o Tribunal sobre el cumplimiento del programa educativo de seguridad vial con una periodicidad: Al menos semestral y en todo caso a su conclusión. Al menos trimestral y, en todo caso, a su conclusión. Al menos semestral no siendo necesario informar a su conclusión. Exclusivamente informar de forma inmediata de cualquier circunstancia relevante para valorar la peligrosidad del penado y la posibilidad de comisión futura de nuevos delitos, así como de los incumplimientos de la obligación impuesta.
¿Qué organismo es también el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura? Las Cortes Generales. El Ministerio de Igualdad y Servicios Sociales. El Defensor del Pueblo. El Ministerio de Justicia.
Según el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, no están legitimados para el ejercicio del recurso de inconstitucionalidad cuando se trate de Estatutos de Autonomía y demás leyes del Estado: Cincuenta senadores. Defensor del Pueblo. El Presidente del Gobierno. El Fiscal General del Estado.
El 18 de octubre del 2018 se reciben en el servicio de gestión de Penas y Medidas Alternativas de Alcalá de Henares la siguiente documentación penal relativa a RS natural de Alicante y con domicilio actual en Tarancón. Ejecutoria 114/18 del Juzgado de lo Penal número 32 de Madrid de fecha 1 de octubre del 2018 ordenando ejecutar lo dispuesto en la sentencia 25/18 Del Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid en la que se condena a don RS por el delito de conducción temeraria del artículo 380 del Código Penal a las penas de 6 meses de prisión y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante un año. En la misma sentencia se suspende la pena de prisión por un plazo de 2 años condicionada al cumplimiento de las siguientes prohibiciones y deberes: Uno. No delinquir durante el plazo de suspensión. Dos. Participar en programa de reeducativo de seguridad vial. Tres. Prohibición de conducir vehículos de motor que no dispongan de dispositivos tecnológicos que condicionen su encendido funcionamiento a la comprobación previa de las condiciones físicas del conductor. Cuatro. Pago de una multa con cuota diaria de 60 € por el tiempo máximo establecido para una pena de prisión de seis meses conforme lo establecido en el artículo 84. 1. 2 del Código Penal. De acuerdo con lo establecido en el artículo 84 del Código penal, la imposición por el juzgado en su caso, como condición de la suspensión de la pena de seis meses, al pago de una multa de 10 meses con cuota diaria de 60 €. Indique la opción correcta. No sería correcta, superaría el límite máximo establecido. Sería correcta pues no sería superior a la resultante de aplicar dos cuotas de multa por cada día de prisión. Sería correcta, pues el juzgado habría determinado su extensión motivadamente dentro de los límites establecidos para este delito y según las reglas del capítulo segundo del Título Quinto del Código Penal. No sería correcta, la multa solo puede imponerse como pena nunca como condición de una suspensión de condena.
MGC es vecina de un Ayuntamiento perteneciente a una de las provincias del Levante español. Descontento con la gestión de los representantes municipales solicita, mediante instancia, sea iniciado un procedimiento administrativo. Nombrado el instructor del mismo, éste decide que se realice un periodo de prueba, estableciendo una duración de quince días para la misma. Conocido el nombre del instructor MGC recusa al mismo, alegando que concurre en él, cuando menos, uno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015. Transcurrido el periodo de prueba y ante la paralización del procedimiento por causas imputables al interesado, el órgano competente decide, en el mes de mayo, archivar las actuaciones practicadas, declarando terminado el procedimiento por caducidad. A tenor de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 39/2015, el órgano competente para adoptar las medidas provisionales que estime para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existiesen elementos de juicio suficiente para ello: Únicamente antes de iniciar el procedimiento. Antes o durante la tramitación del procedimiento. Iniciado el procedimiento. Ninguna respuesta es correcta.
Don Pedro González, de 24 años y con el título de Bachillerato Unificado Polivalente, se presenta a una convocatoria de selección para un puesto de Oficial de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de la Presidencia. Una vez superadas las pruebas, inicia su contrato laboral el 1 de febrero de 2002. En julio de ese mismo año fue contratado por la AECID durante un periodo de 6 meses para participar en un programa de cooperación internacional. Finalizado su contrato con la AECID el 15 de enero de 2003, se incorporó a su puesto de trabajo en el Ministerio de la Presidencia el 12 de febrero. En el año 2004 se presenta, por el turno libre, a las pruebas de acceso al Cuerpo General Administrativo. Aunque no se presenta por el turno de discapacitados, solicita adaptación de medios ya que acredita una discapacidad de 25%. Una vez finalizadas las pruebas, el órgano de selección eleva la relación de aprobados, en la que se encuentra el Sr. González, a la Secretaría de Estado para la Función Pública, que la publica en el Boletín Oficial del Estado. Dentro del plazo de 1 mes desde la publicación de la relación de aprobados, presenta recurso de reposición, pues considera que la Secretaría de Estado para la Función Pública no es el órgano competente para resolver. Una vez realizado el nombramiento, se le adjudica un puesto en el Ministerio de Fomento. Sin embargo continúa en su puesto de personal laboral del Ministerio de la Presidencia. Transcurridos dos meses, presenta solicitud de participación en un concurso para un puesto de nivel 18 en el Ministerio de la Presidencia; obtiene dicho puesto y toma posesión del día 1 de julio de 2005. Posteriormente, ocupa en comisión de servicios otro puesto de nivel 20 dentro de la misma unidad, que obtiene con carácter definitivo el 30 de abril de 2008. El 1 de junio, mediante una modificación de la relación de puestos de trabajo, el puesto pasa a tener nivel 22. El 1 de febrero de 2009 comienza a trabajar con un contrato de trabajo de carácter laboral como contable en una empresa de construcción durante los fines de semana. El 1 de junio de 2009 obtiene la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala. ¿Quién es el competente para el nombramiento del Sr. González en el Cuerpo General Administrativo de la Administración General del Estado? La Secretaría de Estado para la Función Pública. El Subsecretario del Ministerio de Fomento. El Subsecretario del Ministerio de la Presidencia. El Director General de la Función Pública.
Don XYZ funcionario ayudantes de Instituciones Penitenciarias que ocupa el puesto de encargado de comunicaciones en el Centro Penitenciario de Madrid 2 el día 1 de enero de 2019 en una entrevista con la interna doña PRP en relación a varias solicitudes de comunicación que la misma ha presentado. El día 2 de enero de 2019 la interna presenta un escrito al director, en el que denuncia que Don XYZ, encargado de comunicaciones le ha ofrecido en la entrevista que ha mantenido, darle todo tipo de comunicaciones si acepta mantener relaciones sexuales con él en su próxima salida de permiso. Como prueba de los que afirman aporta el número de teléfono particular y la dirección del funcionario que, según ella le ha facilitado para ponerse en contacto cuando salga de permiso. El director se entrevista con la interna doña PRP la cual se ratifica en la denuncia y añade, además, que la también interna doña LYG dispone de una grabación de móvil en la que la propia doña LYG mantiene relaciones sexuales con el citado funcionario en la casa de este. Tras ordenarle por el director un cacheo en la celda de doña LYG, se encuentra un teléfono móvil que contiene varios archivos de vídeo, uno con las imágenes relatadas por la interna doña PRP. Asimismo, se encuentran entre sus pertenencias 10 gramos de una sustancia blanca que tras aplicar los reactivos resulta ser cocaína de gran pureza. Doña LYG se niega a contestar las preguntas que le formule al director sobre el teléfono y sobre los archivos que contiene el mismo. LYG también se niega a realizar ningún tipo de queja o denuncia contra el funcionario. Tras comunicar los hechos al Centro Directivo y a la vista de lo informado por el director, el Subsecretario de Interior acuerda incoar expediente disciplinario contra el funcionario XYZ por considerar que su comportamiento es susceptible de reproche disciplinario y ordena remitir lo actuado al fiscal competente de la localidad por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito tipificado en el artículo 443 del vigente Código penal. Por último, se procede a la suspensión provisional de funciones del funcionario don XYZ que les notificada el día 6 de febrero de 2019. Por su parte el Secretario General de Instituciones Penitenciarias ordena al director la iniciación del procedimiento disciplinario contra la interna doña LYG por los hechos acaecidos. En cuando el expediente disciplinario contra la interna doña LYG que dispone el Reglamento Penitenciario en el artículo 51. ¿Qué deberá hacerse con la cocaína prendida en el cacheo de su celda? Quedará bajo la custodia del Jefe de Servicios en la caja de seguridad del establecimiento notificándolo a la autoridad judicial correspondiente. El instructor de expediente disciplinario deberá acordar la medida cautelar que considere adecuado para asegurar el buen fin del procedimiento notificando la autoridad judicial correspondiente. Remitir a la Autoridad Sanitaria competente, notificándolo a la autoridad judicial correspondiente. Quedará bajo la custodia del administrador en la caja del establecimiento, picando la autoridad judicial correspondiente.
Don Pedro González, de 24 años y con el título de Bachillerato Unificado Polivalente, se presenta a una convocatoria de selección para un puesto de Oficial de Gestión y Servicios Comunes en el Ministerio de la Presidencia. Una vez superadas las pruebas, inicia su contrato laboral el 1 de febrero de 2002. En julio de ese mismo año fue contratado por la AECID durante un periodo de 6 meses para participar en un programa de cooperación internacional. Finalizado su contrato con la AECID el 15 de enero de 2003, se incorporó a su puesto de trabajo en el Ministerio de la Presidencia el 12 de febrero. En el año 2004 se presenta, por el turno libre, a las pruebas de acceso al Cuerpo General Administrativo. Aunque no se presenta por el turno de discapacitados, solicita adaptación de medios ya que acredita una discapacidad de 25%. Una vez finalizadas las pruebas, el órgano de selección eleva la relación de aprobados, en la que se encuentra el Sr. González, a la Secretaría de Estado para la Función Pública, que la publica en el Boletín Oficial del Estado. Dentro del plazo de 1 mes desde la publicación de la relación de aprobados, presenta recurso de reposición, pues considera que la Secretaría de Estado para la Función Pública no es el órgano competente para resolver. Una vez realizado el nombramiento, se le adjudica un puesto en el Ministerio de Fomento. Sin embargo continúa en su puesto de personal laboral del Ministerio de la Presidencia. Transcurridos dos meses, presenta solicitud de participación en un concurso para un puesto de nivel 18 en el Ministerio de la Presidencia; obtiene dicho puesto y toma posesión del día 1 de julio de 2005. Posteriormente, ocupa en comisión de servicios otro puesto de nivel 20 dentro de la misma unidad, que obtiene con carácter definitivo el 30 de abril de 2008. El 1 de junio, mediante una modificación de la relación de puestos de trabajo, el puesto pasa a tener nivel 22. El 1 de febrero de 2009 comienza a trabajar con un contrato de trabajo de carácter laboral como contable en una empresa de construcción durante los fines de semana. El 1 de junio de 2009 obtiene la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala. ¿En qué situación administrativa se encontraba en el Cuerpo General Administrativo después de su nombramiento? Excedencia forzosa. Servicios en otras administraciones públicas. Excedencia voluntaria por interés particular. Servicios Especiales.
Conforme al artículo 5 del Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, ¿cuál de los siguientes no es un órgano de dirección? El Presidente. El Consejo de Dirección. El Consejo de Administración. El Director-Gerente.
Don XYZ funcionario ayudantes de Instituciones Penitenciarias que ocupa el puesto de encargado de comunicaciones en el Centro Penitenciario de Madrid 2 el día 1 de enero de 2019 en una entrevista con la interna doña PRP en relación a varias solicitudes de comunicación que la misma ha presentado. El día 2 de enero de 2019 la interna presenta un escrito al director, en el que denuncia que Don XYZ, encargado de comunicaciones le ha ofrecido en la entrevista que ha mantenido, darle todo tipo de comunicaciones si acepta mantener relaciones sexuales con él en su próxima salida de permiso. Como prueba de los que afirman aporta el número de teléfono particular y la dirección del funcionario que, según ella le ha facilitado para ponerse en contacto cuando salga de permiso. El director se entrevista con la interna doña PRP la cual se ratifica en la denuncia y añade, además, que la también interna doña LYG dispone de una grabación de móvil en la que la propia doña LYG mantiene relaciones sexuales con el citado funcionario en la casa de este. Tras ordenarle por el director un cacheo en la celda de doña LYG, se encuentra un teléfono móvil que contiene varios archivos de vídeo, uno con las imágenes relatadas por la interna doña PRP. Asimismo, se encuentran entre sus pertenencias 10 gramos de una sustancia blanca que tras aplicar los reactivos resulta ser cocaína de gran pureza. Doña LYG se niega a contestar las preguntas que le formule al director sobre el teléfono y sobre los archivos que contiene el mismo. LYG también se niega a realizar ningún tipo de queja o denuncia contra el funcionario. Tras comunicar los hechos al Centro Directivo y a la vista de lo informado por el director, el Subsecretario de Interior acuerda incoar expediente disciplinario contra el funcionario XYZ por considerar que su comportamiento es susceptible de reproche disciplinario y ordena remitir lo actuado al fiscal competente de la localidad por si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito tipificado en el artículo 443 del vigente Código penal. Por último, se procede a la suspensión provisional de funciones del funcionario don XYZ que les notificada el día 6 de febrero de 2019. Por su parte el Secretario General de Instituciones Penitenciarias ordena al director la iniciación del procedimiento disciplinario contra la interna doña LYG por los hechos acaecidos. ¿Qué consecuencias tendría para la tramitación del expediente disciplinario incoado contra el funcionario don XYZ la comunicación de los hechos a la Fiscalía por la posible existencia de indicios fundados de criminalidad en su conducta? Se podría tramitar el expediente disciplinario independientemente del proceso judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se podría tramitar el expediente disciplinario independientemente del proceso judicial forma lo dispuesto en el artículo 89. 2 de la Ley 39 / 2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. La de suspenderse la tramitación del mismo conforme a lo dispuesto en el artículo 94.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Se podría tramitar el expediente disciplinario independientemente del proceso judicial conforme a lo dispuesto en el artículo 90. de la ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.