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Timestamp: 2017-04-26 08:06:58
Document Index: 263258779

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 71', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 85', 'artículo 53']

AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO DE JARDINES INFANTILES
DESIGNACIÓN DE SEÑORA XIMENA INSUNZA CORVALÁN COMO MINISTRA SUPLENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL - Relación
NOMBRAMIENTO DE SEÑORA XIMENA INSUNZA CORVALÁN COMO MINISTRA SUPLENTE DE SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL
CONMEMORACIÓN DE DÍA MUNDIAL DEL AGUA
DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD EN MUERTE DE SEÑOR JORGE SALINAS LÓPEZ. OFICIOS
Sesión 85ª, en miércoles 14 de enero de 2015
(De 16:21 a 18:40)
Concurrieron, además, los Ministros de la Secretaría General de la Presidencia, señora Ximena Rincón González; Secretario General de Gobierno, señor Álvaro Elizalde Soto, y de Educación, señor Nicolás Eyzaguirre Guzmán. Actuó de Secretario el señor Mario Labbé Araneda, y de Prosecretario, el señor José Luis Alliende Leiva.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 77ª y 78ª, ordinarias, en 6 y 7 de enero de 2015, que no han sido observadas.
Con el primero retira la urgencia y la hace presente nuevamente, en el carácter de "discusión inmediata", con relación al proyecto de ley que regula la admisión de estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín N° 9.366-04).
Con el segundo retira la urgencia del proyecto de ley que proporciona reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de una explosión de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar (boletín N° 9.109-02).
--Se tiene presente el retiro y se ha agregado el documento a sus antecedentes.
Con el primero comunica que aprobó las enmiendas propuestas por esta Corporación al proyecto de ley que fija a la radiodifusión porcentajes mínimos de emisión de música nacional y de raíz folclórica oral, con excepción de aquella que reemplaza el numeral 1) del artículo único y de las que incorporan un artículo 2° y uno transitorio, las que ha rechazado (boletín N° 5.491-24), e informa la nómina de los Honorables señores Diputados que integrarán la Comisión Mixta que ha de formarse, según lo dispone el artículo 71 de la Constitución Política de la República. --Se toma conocimiento y se designa a los señores Senadores miembros de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para integrar la referida Comisión Mixta.
Con el segundo expone que dio su aprobación al proyecto de ley que proporciona reparación y asistencia en rehabilitación a las víctimas de una explosión de minas u otros artefactos explosivos militares abandonados o sin estallar (boletín N° 9.109-02).
Expide copia autorizada de la sentencia definitiva pronunciada en el ejercicio del control de constitucionalidad del proyecto que modifica la ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos y amplía su plazo de vigencia (boletín N° 9.407-14).
Da respuesta a solicitud de antecedentes, formulada en nombre del Honorable señor De Urresti, respecto de la construcción de la nueva caleta pesquera de Mehuín, comuna de Mariquina.
Responde solicitud de información, cursada en nombre del Honorable señor Espina, relativa a medidas concretas y plazo preciso de ejecución de obras que eviten las inundaciones recurrentes por lluvias en los sectores de calle César Ruiz con avenida Austria y Miguel Serra con Juan Sallato, comuna de Angol.
Atiende solicitud de información, remitida en nombre del Honorable señor Horvath, acerca del impacto ocasionado por la extracción de áridos en los ríos Espolón y Futaleufú.
Contesta solicitud de información, enviada en nombre del Honorable señor Navarro, en cuanto al dominio y naturaleza jurídica del agua de mar y su uso en diversos procesos industriales.
Responde solicitud de información, planteada en nombre del Honorable señor Zaldívar, sobre la factibilidad de precaver la situación que afectaría a los trabajadores que prestaron servicios a honorarios para el Servicio Agrícola y Ganadero y que, de conformidad con las modificaciones introducidas en el decreto ley Nº 3.500, de 1980, por la ley Nº 20.255, se han incorporado al régimen de cotizaciones obligatorias.
De los Honorables señora Allende y señor Harboe, con la que se da inicio a un proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales para establecer la representación de género en los directorios de las empresas públicas (boletín N° 9.858-03).
De los Honorables señoras Allende y Pérez San Martín y señores Montes, Quinteros y Patricio Walker, con la que inician un proyecto de ley que dispone la sanción de pérdida del cargo para la autoridad elegida que haya infringido las normas sobre gastos electorales o sobre probidad y transparencia (boletín N° 9.859-07).
De los Honorables señoras Allende y Pérez San Martín y señores Harboe, Montes y Quinteros, para iniciar un proyecto de reforma constitucional que establece la cesación en el cargo parlamentario para quien sea condenado por haber financiado su campaña electoral con aportaciones obtenidas de manera ilegal o fraudulenta (boletín N° 9.860-07).
De los Honorables señores Ossandón, García-Huidobro y Guillier, con la que dan inicio a un proyecto que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para calificar de infracción gravísima la conducción de buses interurbanos con neumáticos en mal estado (boletín N° 9.857-15).
Del Honorable señor Chahuán, con el que pide a Su Excelencia la Presidenta de la República que modifique el decreto supremo N° 32, del Ministerio de Planificación, de 2011, reglamentario de la ley N° 20.422, con el fin de derogar la norma que exceptúa a los canales de la televisión abierta y a los proveedores de televisión por cable de la obligación de aplicar mecanismos de comunicación audiovisual que posibiliten el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los programas cuyo contenido sea principalmente de carácter musical (boletín Nº S 1.791-12).
Del Honorable señor Girardi, Presidente de la Comisión de Salud, que transmite el acuerdo unánime adoptado por esta en orden a solicitar que se cambie el trámite del proyecto que modifica la ley que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad a fin de considerar sus criterios de funcionalidad en materia habitacional (boletín N° 9.814-11) y se radique su estudio en la Comisión de Vivienda y Urbanismo, por estimar que esta es técnicamente competente en la materia.
ACUERDO ENTRE CHILE Y ARGENTINA SOBRE MODIFICACIÓN DE CONVENIO DE TRÁNSITO DE PASAJEROS
Proyecto, en segundo trámite constitucional, aprobatorio del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Argentina, para modificar el Convenio de Tránsito de Pasajeros suscrito por ambas Repúblicas el 30 de octubre de 1947 y modificado por Cambio de Notas de fecha 2 de agosto de 1991, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores y en segunda discusión.
--Los antecedentes sobre el proyecto (9.556-10) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 52ª, en 7 de octubre de 2014.
Relaciones Exteriores: sesión 60ª, en 4 de noviembre de 2014.
Discusión: Sesión 61ª, en 5 de noviembre de 2014 (queda para segunda discusión). La señora ALLENDE (Presidenta).-
Como se expuso en la relación efectuada en la sesión anterior en que se trató el asunto, el principal objetivo que se persigue dice relación con los documentos con los cuales los beneficiarios de la franquicia pueden ingresar al país respectivo.
En la segunda discusión, ofrezco la palabra.
Puede hacer uso de ella el Honorable señor Letelier.
Señora Presidenta, estimados colegas, el propósito del Acuerdo es perfeccionar entre ambos países la forma de acreditar la identificación en el momento de entrar en uno o en otro.
El proyecto es muy sencillo y se vincula con el hecho de que en cada caso el tipo de instrumento utilizable es distinto, efectuándose precisiones respecto de los correspondientes al país vecino, algunos de los cuales se han dejado de utilizar. Los argentinos han podido presentar hasta ahora el pasaporte válido, el documento nacional de identidad (DNI), la cédula de identidad, la libreta de enrolamiento o la libreta cívica. La iniciativa no hace más que efectuar una actualización en la materia.
Como se sabe, ello se inserta en el esfuerzo para avanzar hacia el libre movimiento de personas entre Chile y Argentina, en lo que se ha progresado mucho.
Por ahora, esta es simplemente una adecuación de los documentos que se pueden mostrar para cruzar la frontera y fue aprobada por unanimidad en la Comisión.
Cabe consignar que el presente proyecto de acuerdo se origina en un tratado suscrito en 1947.
Puede intervenir el Senador señor García-Huidobro.
Señora Presidenta, complementando lo manifestado por el Senador señor Letelier, quien encabeza la Comisión de Relaciones Exteriores, el objetivo que se persigue, como se ha dicho, es modificar los documentos con los cuales los beneficiarios de la franquicia pueden ingresar al país respectivo.
El 30 de octubre de 1947, por cambio de notas, Chile y Argentina celebraron un Convenio de Tránsito de Pasajeros, instrumento que dispuso que las personas con alguna de las calidades indicadas podrían ingresar al territorio de la otra Parte conforme a las especificaciones allí establecidas.
Al respecto, se regulaba quiénes serían los beneficiarios de la franquicia, los documentos que debían utilizar y el período de su permanencia, reservándose a cada país la facultad de impedir el acceso de ciertas personas y comprometiendo a ambos a recibir a quienes entraran en virtud del Acuerdo.
El 2 de agosto de 1991, las Partes, también mediante cambio de notas, acordaron modificaciones relacionadas con los beneficiarios de la franquicia, los documentos por presentar para el ingreso y la facultad de impedir el acceso.
El convenio de 1947, modificado en 1991, regula las siguientes materias:
1. Beneficio: ingresar a los territorios de Chile y de Argentina, respectivamente, por los pasos fronterizos habilitados para este fin y las rutas aéreas y marítimas de ambos países.
2. Beneficiarios: los nacionales de las repúblicas de Chile y de Argentina, lo que también se extiende a los de terceros países residentes permanentes en Argentina o titulares de permanencia definitiva en Chile.
3. Documentos por presentar para el ingreso: en el caso de los nacionales argentinos, pasaporte válido, sin visar; documento nacional de identidad; cédula de identidad; libreta de enrolamiento o libreta cívica; y tratándose de los nacionales chilenos, pasaporte válido, sin visar, o cédula nacional de identidad.
El contenido del Acuerdo presenta ciertas limitaciones, ya que quienes se acojan al beneficio no podrán permanecer más de tres meses en el país que visiten ni desempeñar en este una actividad o empleo remunerado. Lo anterior no se aplica a obreros que se trasladen para trabajar en faenas agrícolas, ganaderas o mineras siempre que cuenten con permiso para ello. En estos casos la permanencia no puede ser superior a seis meses.
Las autoridades argentinas y chilenas están facultadas para impedir la entrada de cualquier persona cuyo ingreso juzguen inconveniente.
El compromiso de ambas Partes es recibir en sus respectivos territorios a todos los que hubieran ingresado al otro país en virtud de lo establecido en el Convenio y deseasen regresar al de su procedencia o hubieran sido expulsados a raíz de violar la prohibición de permanecer más de tres meses o de seis, según corresponda, o de realizar actividades remuneradas.
El proyecto de acuerdo introduce una nueva enmienda al Convenio de 1947, en cuanto a los documentos con los cuales los beneficiarios de la franquicia pueden ingresar al país respectivo, modificándose el párrafo a). Los nacionales argentinos han podido entrar a Chile con pasaporte, sin visar; documento nacional de identidad; cédula de identidad emitida por la Policía Federal Argentina, ejemplar MERCOSUR, con utilización válida hasta su respectivo vencimiento; cédula de identidad no MERCOSUR, con autorización válida hasta el 15 de marzo de 2012; libreta de enrolamiento, o libreta cívica, con utilización válida hasta el 15 de marzo de 2012.
Por último, la vigencia será desde la fecha de recepción de la última notificación en que una de las Partes comunique a la otra, por la vía diplomática, haber dado cumplimiento a los requisitos internos previstos para la entrada en vigor en sus respectivos ordenamientos jurídicos.
La UDI va a votar a favor del instrumento en estudio, por ser muy importante que se sigan estrechando lazos y se den facilidades para el intercambio entre argentinos y chilenos.
¿Algún señor Senador no ha emitido su voto? --Por 24 votos a favor, se aprueba en general y en particular el proyecto de acuerdo.
Votaron las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Araya, Coloma, Espina, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Hernán Larraín, Letelier, Matta, Montes, Moreira, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Prokurica, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
8859-04
Prosigue la discusión particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología e informe de la Comisión de Hacienda. La urgencia ha sido calificada de "discusión inmediata".
--Los antecedentes sobre el proyecto (8.859-04) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
En segundo trámite, sesión 42ª, en 30 de julio de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: sesión 59ª, en 2 de octubre de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (nuevo): sesión 72ª, en 26 de noviembre de 2013.
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (segundo): sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014.
Hacienda: sesión 73ª, en 10 de diciembre de 2014.
Sesiones 76ª, en 3 de diciembre de 2013 (queda para segunda discusión); 77ª, en 4 de diciembre de 2013 (se aprueba en general); 77ª y 78ª, en 6 y 7 de enero de 2015; 79ª, 80ª 81ª y 82ª, empalmadas, en 13 de enero de 2015 (queda pendiente la discusión particular).
Quedó pendiente, en el caso del sostenedor, el requisito de encontrarse en posesión de un título profesional de una carrera de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o un instituto profesional del Estado o reconocido por este. Ello corresponde, en el artículo 3° del proyecto, a la letra e) del número 1).
Quedaron inscritos para hacer uso de la palabra los Honorables señora Von Baer y señor Coloma.
El señor TUMA (Vicepresidente).- En votación la letra e).
Señor Presidente, estimo que fundar el pronunciamiento es muy importante para comprender el sentido de una institución y de una disposición que se busca contemplar o eliminar, según el caso.
En la situación de que se trata, me parece que se está incurriendo en una gran confusión. En la sesión anterior en que se vio el asunto, el debate partió en lo relativo a que, para los efectos de ser sostenedor, se crea un conjunto de requisitos, dentro de los cuales se establece el de estar en posesión de un título profesional de al menos ocho semestres, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este.
¿Adónde apunta la objeción que planteó en su momento la Senadora Von Baer? En realidad, se trata de una doble objeción. Primero, ¿por qué se impide emprender, para ser sostenedor de un jardín infantil, a alguien que puede querer serlo por su experiencia familiar, por tener una especial vocación para trabajar con niños, por ser parte de una iglesia evangélica o por haber pertenecido a una iglesia católica y desear contribuir a generar un buen avance en este ámbito?
Eso, con este proyecto, desaparece.
Más aún, señora Presidenta, ello se confunde con lo que deberían ser los requisitos para trabajar en ese tipo de establecimientos. Ahí puedo entender que deban ser parvularias o profesoras. Pero, en este vértigo que se ha producido, no hay capacidad para diferenciar una cosa de la otra.
Yo les quiero decir que muchos jardines infantiles de las regiones que representamos van a desaparecer, porque una gran cantidad de ellos llevan años liderados por una persona o por una familia cuyos integrantes, teniendo vocación para enseñar, no necesariamente tomaron un curso de economía o son abogados, pues nunca entendieron que para poder ser sostenedor se requería título profesional.
En consecuencia, la norma que se plantea está equivocada, provocará el cierre de establecimientos y no mejorará la calidad de la educación. ¿Cómo se mejora la calidad de la educación? Exigiéndole más a quienes imparten cursos de educación. ¡Si esto es de sentido común!
Y lo que se propone es, a mi juicio, un grave error. Por eso hago un llamado a votar en contra. Si la norma se rechaza, no cambiará la vida de nadie. Pero, si se aprueba, ustedes van a propiciar el cierre, probablemente indeseado, de muchos establecimientos donde el sostenedor, que hasta ahora es el propietario, no tiene por qué contar con un título profesional de las características indicadas.
Por tal motivo, me pronuncio en contra.
Señora Presidenta, efectivamente, pareciera que la letra e) instala una restricción bastante injustificada, con un espíritu bastante limitado incluso. Se plantean situaciones muy absurdas. Por ejemplo, un licenciado o un doctorado en educación no podría estar a cargo de un jardín infantil.
Porque los grados académicos no permiten cumplir el requisito. La norma habla de "Estar en posesión de un título profesional", y la calidad de licenciado en educación o en cualquier otra disciplina no constituye título profesional. El grado académico es algo distinto.
En ese sentido, se aprecia una limitación muy grande para personas que, teniendo estudios y conocimientos, quedarán fuera de la actividad. Quienes posean una experiencia de años trabajando en este ámbito también quedarán fuera de ella.
Tampoco se incorpora a aquellos que cuenten con un título profesional de dos años otorgado por un centro de formación técnica.
Por lo tanto, se está estableciendo una restricción bastante difícil de entender, muy elitista y muy poco realista. Y por eso considero justo rechazar esta norma.
No es razonable instalar restricciones de este tipo cuando se pueden contemplar requisitos más flexibles que permitan abrir realmente este rubro a mucha gente que, no teniendo título profesional, realiza hoy una tremenda obra.
Además, tampoco se establece que el requisito se vaya a exigir de aquí en adelante. En consecuencia, una gran cantidad de personas que hoy están trabajando bien tendrán que salir de la actividad por no contemplarse una disposición transitoria que regule su situación. O sea, quienes están desarrollando la labor, a lo mejor con éxito desde hace veinte años, no podrán seguir haciéndolo por no cumplir el requisito que ahora se exige.
Ello me parece absurdo y por eso voy a votar en contra de la letra e) propuesta.
Señora Presidenta, este tema lo hemos discutido mucho en la Comisión de Educación. Pero creo que aquí hay un malentendido porque, en general, cuando se habla de una sala cuna o de un jardín infantil se vuelve a la vieja idea de las guarderías y de las "tías" cuidando a los niños.
Ya no estamos hablando de guarderías como las de los años sesenta, cuando significaron una revolución y surgieron con mucha fuerza bajo el Gobierno del Presidente Frei Montalva. Ahora estamos hablando de "educación parvularia", de establecimientos educacionales que reciben a niños de entre cero y cuatro años, como parte de un proceso de educación permanente.
Hoy el mundo es otro. Ya no se trata de la imagen que se suele tener respecto de las antiguas guarderías donde se cuida a los niños mientras las mamás trabajan.
Ese no es el concepto que está contenido en este proyecto. En la Comisión recibimos a muchos expertos y logramos un importante acuerdo en cuanto a subir los estándares y niveles de exigencia.
Por consiguiente, a nadie le puede extrañar que a un sostenedor, que es el responsable del funcionamiento de un establecimiento educacional, se le pida estar en posesión de un título profesional de al menos ocho semestres. Hoy, estar a cargo de un recinto de enseñanza de nivel parvulario es una responsabilidad que exige contar con méritos profesionales. No se puede ser sostenedor simplemente porque se tiene vocación por los niños o por el cuidado de estos.
Y ello no tiene nada que ver con un grado académico. Se pide un título profesional de al menos ocho semestres.
Se dice que el personal docente es el que debe contar con título profesional. Y es evidente que debe ser así. Todos lo citan como ejemplo y nadie se extraña, pero se sorprenden que se le exija al sostenedor, que es nada menos que el responsable de un establecimiento educacional en el nivel parvulario. Para nosotros, la norma es completamente lógica y por eso la vamos a votar a favor.
Señora Presidenta, voy a argumentar en la misma línea del Senador Ignacio Walker.
Como se ha dicho acá, estamos trabajando en la enseñanza preescolar, una de las áreas más importantes para los efectos de dar una educación equitativa y de buena calidad. Educar niños de tres o cuatro años no es lo mismo que realizar un emprendimiento en cualquier otra cosa, como aquí se ha planteado, ni significa solo disponer de un lugar donde tenerlos para cuidarlos, sino que implica enseñarlos, educarlos.
Yo le doy la mayor relevancia al hecho de que esta ley parta con altos estándares de exigencia para la gente que se comprometa con esta área de la educación. Por eso, me parece bien el requisito que se establece, el cual, por supuesto, es superior al que existe hoy día. ¡Por Dios que es importante que el establecimiento que va a iniciar la educación de un niño lo lleve adelante una persona responsable, que cuente con un título profesional de al menos ocho semestres! Me parece obvio que así sea.
Si queremos darle relevancia a la educación parvularia, partamos exigiendo este estándar. Puede que algunos lo consideren exagerado, pero yo creo que tenemos que empezar a poner este tipo de requisito, sobre todo para una actividad de tanta trascendencia en materia educacional.
Por eso, pienso que hay que aprobar la letra e), con todas las consecuencias que ello pueda tener, porque es necesaria.
Por lo anterior, voto que sí.
Señora Presidenta, me parece que aquí se están confundiendo los roles.
Los requisitos para el sostenedor, en el caso de la letra e), tienen que ver con quien es responsable de un jardín infantil, pero quien es responsable de este no necesariamente es la persona que ejerce la función de educador de párvulos al interior del establecimiento y está en contacto con los niños. El responsable del recinto es quien debe garantizar que los niños sean efectivamente atendidos por personal idóneo, es decir, verificar que este cumpla los requisitos para desarrollar esa labor.
Y ya señalé en una intervención anterior que las exigencias establecidas para el personal idóneo son inferiores a las que se le imponen al sostenedor.
El número 6) establece, dentro de los requisitos para ser sostenedor, el de tener el personal idóneo, definiéndose este como "el que cuente con el título profesional de la educación o licenciatura del respectivo nivel, de al menos ocho semestres". O sea, aquí se está equiparando el requisito para ser sostenedor con el que se exige al personal idóneo. Sin embargo, más adelante se establece que las personas que no cumplan tal exigencia podrán ser autorizadas para ejercer la función docente por el Ministerio de Educación.
Por lo tanto, los requisitos para el sostenedor, que es quien debe garantizar que el jardín funcione, son superiores, en términos docentes, que para el personal idóneo. Y donde hay que garantizar la atención de los niños es en el personal idóneo y no necesariamente en el sostenedor, como lo dispone la letra e).
La garantía para los niños está en el número 6). Es ahí donde se juega la calidad de la atención que ellos van a recibir. El sostenedor debe garantizar, ante las autoridades fiscalizadoras, que cuenta con personal idóneo, pero no necesariamente el sostenedor responsable debe ser un profesional. Repito: tiene que velar para que exista el personal idóneo, ya que es ahí donde se juega la educación de los niños. No obstante, la exigencia para el personal idóneo es inferior a la del sostenedor, que no necesariamente va a estar en contacto con los niños.
Señora Presidenta, en primer lugar, saludo al señor Ministro, que nos acompaña.
En mi opinión, este es un tema que debiéramos abordar en un proceso de transición, pues, de lo contrario, se puede provocar la desaparición de algunos jardines infantiles o problemas bastante serios en su continuidad.
El sostenedor es el representante legal; muchas veces es el que está a cargo de la parte administrativa, pero no necesariamente tiene la obligación -al no ser profesional, obviamente- de cumplir el rol que le corresponde al personal idóneo, que es el que está en la práctica docente misma y que está constituido por los profesionales que atienden a los niños.
Y lo que ha planteado el Senador Orpis es bastante concreto en el sentido de que las exigencias para quienes atienden a los niños son inferiores a quienes muchas veces no los atienden.
Si estamos preocupados -y en esto hay unanimidad- de que hay que empezar a entregar educación desde la sala cuna, con todo el apoyo que se requiere, debemos contemplar un proceso de transición, porque, si no, podemos hacer un daño bastante grande, principalmente en el mundo rural y en sectores alejados.
¿Qué ocurrirá en un jardín infantil cuyo sostenedor no cumpla con este requisito? Se me ocurre que en la región del propio Senador Ignacio Walker puede haber problemas. Y estar cerrando jardines infantiles por esta causa es bastante complejo y grave, sobre todo para las mamás que necesitan apoyo para el cuidado de sus hijos.
Por eso, le solicito al señor Ministro que estudie esta situación, con el objeto de que se establezca un proceso de transición donde existan plazos y no creemos conflictos en vez de soluciones.
Tiene la palabra el señor Ministro, a quien aprovecho de saludar y de dar la bienvenida.
Solamente para clarificar, porque estamos en votación. El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).-
Señora Presidenta, solo quisiera aclarar que efectivamente habrá un período de transición que se extenderá hasta el año 2019, y que, por tanto, los actuales sostenedores tendrán hasta esa fecha para adaptarse a la norma.
Creo que ha sido claro el señor Ministro. Y era necesaria una clarificación en tal sentido.
Siguiendo con la fundamentación de voto, tiene la palabra el Senador señor Pérez Varela.
Señora Presidenta, sin duda, la aclaración del señor Ministro ayuda a comprender adecuadamente la resolución de un tema práctico, pues muchos jardines infantiles no podrían adecuarse inmediatamente a la exigencia.
Sin embargo, hay que analizar la norma sustantiva, que tendrá carácter permanente.
A mi juicio, siempre es un buen ejercicio examinar la coherencia en los requisitos que se le pedirán al conjunto de sostenedores.
Hoy, muchos de los jardines infantiles están en manos de municipalidades. Por tanto, su sostenedor es el alcalde. ¿Cuáles son los requisitos que se le van a exigir a este?
Ahí uno aprecia una distorsión. Aquí, tal como señaló el Senador Orpis, lo importante, por lo cual deberíamos tener especial preocupación, es quién lleva adelante el proceso educativo, el proceso de acompañamiento de los niños, los profesionales que están con ellos. En eso hay que ser extraordinariamente rigurosos. Sin embargo, el proyecto es más riguroso con el sostenedor que con el personal que va a estar a cargo de los niños.
Creo que allí se da una situación de poca coherencia para enfrentar un proceso tan relevante como lo es el de la educación infantil.
El señor Ministro ha dicho que habrá una etapa de transición, pero a los nuevos sostenedores se les aplicarán las normas de esta iniciativa. O sea, quien sea sostenedor, quien cree el día de mañana un jardín infantil, tendrá normas más estrictas que los profesionales que atiendan a los niños.
Es una incoherencia que, en mi opinión, debiéramos salvar de alguna manera en este proyecto.
Señora Presidenta, la discusión que ha tenido lugar con motivo de la norma en votación no es menor, pues, en mi concepto, posee alcances conceptuales.
En todo caso, está muy en línea con otros cambios que está aprobando el Parlamento.
Por de pronto, guarda relación con el requisito para cualquier otro sostenedor del sistema educativo: estar en posesión de un título profesional -no se está hablando de ningún título específico- de al menos ocho semestres otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por este.
Efectivamente, el requisito no se refiere a quien imparta las clases al interior del aula, sino al sostenedor responsable del establecimiento.
La lógica -lo indicó ya el Senador Ignacio Walker hace algún rato- no es la misma de cuando partieron los jardines, durante la Administración del Presidente Frei Montalva y con mucha fuerza desde el primer Gobierno de la Presidenta Bachelet. O sea, ya no es solo la lógica de la guardería, de la sala cuna, del establecimiento solo para el cuidado del niño, sino de la instancia formativa. Y para eso, por supuesto, se requiere que esté al mando de esa institución alguien con la debida formación, entre otras cosas, para el liderazgo que ejercerá sobre el personal docente, administrativo y no docente que vaya a laborar dentro de él.
Esto va en la línea de conceptos que hoy no solo el Congreso, sino también la sociedad chilena han ido asumiendo.
Por supuesto, también se diferencia en esta materia del texto original del Presidente Piñera, que hablaba del "propietario" del jardín infantil. Y no sé si a esta altura, en la lógica de la educación preescolar, alguien quisiera levantar la bandera del propietario.
Aquí no se trata -como se podría decir- de cualquier emprendimiento, y ni siquiera de un emprendimiento, sino de una actividad educativa, formativa, que requiere personas idóneas con preparación para liderar el proceso educativo al interior del establecimiento.
Por lo tanto, nos parece de la mayor importancia consagrar esta exigencia entre los requisitos para ser sostenedor.
La Comisión de Educación optó mayoritariamente -salvo la Senadora Von Baer- no por el camino del concepto original del proyecto del Presidente Piñera (propietario del jardín infantil), sino por el de la lógica del sostenedor responsable. Es lo que nos guía. Y para eso naturalmente deben fijarse requisitos como el que plantea esta disposición.
Por tales razones, vamos a votar a favor.
Señora Presidenta, como todos sabemos, la formación de la persona humana tiene como etapa más decisiva la comprendida entre el nacimiento y los tres años. Algunos la prolongan hasta los cinco, y dicen que el determinante de toda la potencialidad y la capacidad del ser humano se halla en este período mucho más que en cualquier otro.
Por consiguiente, si en Chile estamos avanzando hacia la reivindicación de la educación como un derecho de todos nuestros niños y niñas o de quienes viven en nuestro país, es esperable que este proceso formativo corresponda a un proyecto educativo que se encuentre al nivel de la exigencia de garantizar un derecho. En consecuencia, no se trata de un negocio más. Y la creciente exigencia a la que se tiene que avanzar es a que la educación preescolar sea estratégica y clave en el desarrollo y formación de las nuevas generaciones.
Por lo tanto, el concepto de "jardín infantil" ha variado significativamente en el tiempo y constituye no solo una instancia más de la estructura y de la secuencia formativa de las personas, sino quizás la más importante de todas. No olvidemos que en las etapas primarias de la persona se forjan, además de las potencialidades intelectuales, las afectivas, valóricas, volitivas.
De ahí que los proyectos educativos deben responder a los principios de exigencia de un proyecto en forma dentro de la estructura de la reforma que el país pretende.
Por ese motivo, considero perfectamente razonable esta norma. Además, se establece una gradualidad, de manera que se tendrán que ir aumentando con el tiempo las exigencias para el sostenedor y, por supuesto, también para el personal que trabaja en estos centros.
Soy un convencido de que este proyecto, y particularmente este articulado, es exigente y necesario.
Así que voto a favor.
--Se aprueba la letra e) del número 1) del inciso segundo del artículo 3° del proyecto (21 votos favorables y 9 en contra).
Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, De Urresti, Guillier, Horvath, Lagos, Letelier, Matta, Montes, Ossandón, Pizarro, Quintana, Quinteros, Rossi, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Votaron por la negativa los señores Allamand, Coloma, Espina, García-Huidobro, Hernán Larraín, Moreira, Orpis, Pérez Varela y Prokurica.
El señor EYZAGUIRRE (Ministro de Educación).-
Como la norma estaba en votación, no pude hacer una clarificación. Si el sostenedor no fuera profesional, o dispusiera de un largo período de transición para obtener tal calidad, podría hacerse representar por su representante legal, siempre que este tuviera título.
Por tanto, no se observa un obstáculo para la entidad.
En seguida, la Comisión de Educación aprobó el numeral 6), que se refiere al personal idóneo que debe tener el sostenedor.
La Comisión de Hacienda propone incorporar en el párrafo primero, a continuación del vocablo "reglamento", la frase ", el que para estos efectos deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda".
Dicha propuesta se aprobó con los votos favorables de los Senadores señores Coloma, Lagos y Zaldívar y el pronunciamiento contrario de los Honorables señores García y Montes.
Correspondería ponerlo en votación.
Se tendría que poner en votación la modificación de la Comisión de Hacienda al numeral 6) del inciso segundo del artículo 3° del proyecto aprobado por la de Educación. Dicho precepto señala que se requiere la firma del Ministro de Hacienda, que es lo habitual.
No sé si quedó claro.
Se propone agregar a continuación del vocablo "reglamento" la siguiente frase: ", el que para estos efectos deberá ser suscrito además por el Ministro de Hacienda".
Eso fue apoyado por mayoría en la Comisión de Hacienda.
Señora Presidenta, esta enmienda la solicitó expresamente el Ministro de Hacienda, en coordinación con el titular de Educación, ya que se produjo un debate en torno a que, por tratarse de un tema reglamentario, tal vez no sería necesario que en la ley se estableciera que debía llevar además la firma del Ministro de Hacienda.
Pero finalmente se optó por lo contrario, ya que, de esa manera, se obliga a que, frente a este tipo de situaciones, el reglamento tenga que llevar el visto bueno del Ministerio de Hacienda.
Lo anterior fue explicado por los representantes del Ejecutivo en el órgano técnico, y por eso accedimos a la aprobación de esta enmienda.
--Se aprueba la modificación efectuada por la Comisión de Hacienda al texto del numeral 6) del inciso segundo del artículo 3° del proyecto aprobado por la Comisión de Educación (21 a favor y un pareo). Votaron por la afirmativa las señoras Allende, Goic y Muñoz y los señores Allamand, Araya, Coloma, De Urresti, Espina, García, Guillier, Hernán Larraín, Matta, Moreira, Orpis, Ossandón, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar.
Se abstuvo el señor Montes.
Por último, la Comisión de Educación propone cambiarle el nombre al proyecto. Está en el informe de la Comisión, no en el comparado.
La iniciativa se llama actualmente "Proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles" y se sugiere denominarla "Proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación parvularia".
¿Habría acuerdo para aceptar la proposición de la Comisión de Educación?
Señor Secretario, ¿puede repetirlo?
El señor LABBÉ (Secretario General).- "Proyecto de ley que crea la autorización de funcionamiento de establecimientos de educación parvularia".
--Por unanimidad, se aprueba la enmienda propuesta por la Comisión de Educación, y el proyecto queda despachado en este trámite.
Señores Senadores, queremos colocar para la tabla de Fácil Despacho de la sesión del próximo martes la moción, presentada por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
La iniciativa cuenta con informe favorable de la citada Comisión y fue suscrita por la unanimidad de sus miembros presentes, por lo que me parece que su tratamiento sería muy simple.
s1785-05
DESIGNACIÓN DE SEÑORA XIMENA INSUNZA CORVALÁN COMO MINISTRA SUPLENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL AMBIENTAL La señora ALLENDE (Presidenta).-
Oficio de Su Excelencia la Presidenta de la República, mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a la señora Ximena Insunza Corvalán, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia en los términos del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
--Los antecedentes sobre el oficio (S 1.785-05) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Se da cuenta en sesión 76ª, en 17 de diciembre de 2014.
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento: sesión 84ª, en 13 de enero de 2015.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores Araya, De Urresti y Espina, de que la proposición de Su Excelencia la Presidenta de la República para designar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a la señora Ximena Insunza Corvalán, en el cupo de abogado, cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico.
Cabe tener presente que el acuerdo para nombrar a la Ministra Suplente requiere el voto favorable de las tres quintas partes de los Senadores en ejercicio, esto es, 23 votos.
Señor Presidenta, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento conoció del oficio de la Presidenta de la República mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental a la abogada señora Ximena Insunza Corvalán.
En el señalado oficio, la Primera Mandataria hace presente que, de acuerdo al artículo 2° de la ley N° 20.600, del 2012, que crea los tribunales ambientales, cada uno de ellos estará integrado por tres ministros titulares y dos ministros suplentes. El mismo precepto dispone que cada uno de esos ministros será nombrado por Su Excelencia el Presidente de la República, con acuerdo del Senado, de una nómina de cinco personas que para cada cargo propondrá la Excelentísima Corte Suprema.
Igualmente, dispone que el Senado adoptará el correspondiente acuerdo en votación única, por los tres quintos de sus miembros en ejercicio, agregando que, si no se aprobare la propuesta de la Presidenta de la República, presentará a otra persona que forme parte de la misma nómina elaborada por la Corte Suprema y que, en caso de rechazo, se llamará a un nuevo concurso.
El precepto también establece que uno de los dos ministros suplentes debe tener el título de abogado, haber ejercido la profesión a lo menos durante 8 años y destacarse en la actividad profesional o académica especializada en materia de Derecho Administrativo o Ambiental. El otro deberá ser licenciado en Ciencias, con especialización en materias medioambientales y con 8 años de ejercicio profesional.
La Primera Mandataria comunica que mediante el oficio N° 621, de 22 de octubre de 2014, la Excelentísima Corte Suprema propuso una cinquena, sobre la base de la cual corresponde nombrar, con acuerdo del Senado, al ministro suplente respectivo para la integración del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago.
Agrega que, en mérito de lo anterior, se requiere el acuerdo de la Cámara Alta para designar en el respectivo cargo de Ministro Suplente del Segundo Tribunal Ambiental a la abogada señora Ximena Insunza Corvalán.
Hay que destacar que la señora Insunza es abogada de la Universidad de Chile. Se desempeñó como Asesora de la Ministra Presidenta de la Comisión Nacional del Medio Ambiente entre los años 2007 y 2010, donde participó activamente en la elaboración del proyecto que, finalmente, daría lugar a la ley N° 20.600, que crea los Tribunales Ambientales.
Realizó un diplomado sobre Políticas Urbanas Territoriales y Ambientales en la Facultad de Economía de la Universidad de Chile. Además, efectuó un postgrado, los años 2010-2011, en la Universidad de McGill, en Canadá, donde obtuvo el grado de master of Law, con especialización en Medio Ambiente.
Actualmente, se desempeña como profesora titular de Derecho Ambiental en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e Investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la misma institución.
Además, la señora Insunza realizó un postítulo en Economía y Finanzas para Abogados y el diplomado de Regulación y Competencia, en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profundizando sus conocimientos en el ámbito del Derecho Económico.
Por último, ha realizado diversas investigaciones y publicaciones sobre temáticas ambientales, desde 2012 hasta la fecha.
En razón de estos antecedentes y la presentación de la señora Insunza ante la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, esta propone a la Sala ratificar la propuesta hecha por Su Excelencia la Presidenta de la República.
Tiene la palabra al Senador señor De Urresti.
Senador señor Hernán Larraín, tiene la palabra.
El señor LARRAÍN.- Señora Presidenta, sin que esto tenga ninguna connotación especial, pido segunda discusión.
Señor Senador, sé que está en su derecho a pedirla, sin embargo, vence la urgencia para despachar esta solicitud.
Tengo entendido que la Comisión de Constitución recibió a la señora Insunza, dispone de los antecedentes y se ha cumplido con el proceso reglamentario del caso. Se informó sobre la sesión pertinente, concurrió a la audiencia y su currículum está a nuestra disposición.
Lamentablemente, vence el plazo para pronunciarnos. Y no entiendo por qué tendríamos que posponer su despacho.
Señora Presidenta, no hemos tenido tiempo de informarnos ni de conversar sobre esta proposición. De modo que requerimos un plazo, simplemente, para conocer los méritos de la señora Insunza.
Por eso, no se trata de un anticipo o un prejuicio. Simplemente, deseamos tener más tiempo para poder informarnos y, ojalá, hablar con el Ejecutivo. Porque no hemos recibido ninguna información sobre esta solicitud y, normalmente, el Gobierno nos cuenta quién es la persona propuesta. Como no hemos tenido esa conversación, solicitamos segunda discusión.
Hay un problema, señor Senador. No solo tenemos cerca la fecha de vencimiento del plazo, sino que hay que recordar que si no nos pronunciamos a tiempo, se entenderá por otorgado el consentimiento del Senado.
Por eso, me sorprende un poco la petición formulada.
Reitero: si vence el plazo para pronunciarnos, se dará por otorgado el consentimiento de esta Corporación. Entonces, sinceramente, con toda buena disposición, Senador señor Larraín, corresponde votar ahora la propuesta del Ejecutivo.
El asunto es muy simple, si Sus Señorías no quieren votar hoy día, y vence el plazo, se entenderá otorgado el consentimiento del Senado, tal como lo establece la Constitución.
Ahora bien, sugiero que votemos más adelante, así Sus Señorías dispondrán de tiempo para revisar el currículum de la señora Insunza y podrán conversar sobre el particular con algún colega miembro de la Comisión de Constitución.
Se cumplió absolutamente con el requisito formal de ser entrevistada por la Comisión, por lo cual, me cuesta entender que digan que no tienen información.
En fin, el artículo 53, número 5), de la Constitución Política consagra que al Senado le corresponde: "Prestar o negar su consentimiento a los actos del Presidente de la República, en los casos en que la Constitución o la ley lo requieran.
"Si el Senado no se pronunciare dentro de treinta días después de pedida la urgencia por el Presidente de la República, se tendrá por otorgado su asentimiento".
Sugiero a los señores Senadores de la Alianza que votemos la propuesta, dado que está por vencer el plazo de su urgencia. No me parece adecuado postergar este pronunciamiento.
Señora Presidenta, entiendo lo de los plazos. Por lo mismo, pido acoger lo que usted acaba de recomendar: darnos un tiempo para conocer los antecedentes antes de votar.
Voy a explicar lo que ocurrió. Yo me encontraba en la Comisión de Gobierno, que estaba analizando la modificación a la Ley sobre Violencia en los Estadios. A petición del Presidente de la Comisión de Constitución, fui a dar quórum para que dicha instancia pudiera sesionar. Pero tuve que volver al otro órgano técnico, pues no puedo estar físicamente en dos lugares a la vez.
Una cosa es que el informe señale que la proposición de la Presidenta de la República cumple con los requisitos formales y otra distinta es que, dada la agenda de actividades que ha existido, hayamos podido saber exactamente cuáles son las opiniones de la postulante.
No dudo de sus méritos ni de sus capacidades.
Además, el Gobierno nunca conversó con nosotros sobre el particular, cosa que me parece bastante insólita. Recuerdo cuando el Senador Pizarro muchas veces reclamaba por el hecho de que la Administración anterior tomaba decisiones sin consultar. Entonces, hay que tener reciprocidad. Simplemente dejo constancia de ello.
Por consiguiente, en vista de que se vence el plazo, solicito que nos den un tiempo para decidir cómo pronunciarnos.
Yo misma sugerí suspender el tratamiento de este asunto por una hora para que puedan estudiar los antecedentes.
Dejémoslo pendiente.
Tiene la palabra el Honorable señor De Urresti.
Señora Presidenta, el lunes me tocó presidir la Comisión de Constitución, que estaba convocada precisamente para recibir a la profesional propuesta por el Ejecutivo para ser Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental.
Tiene razón el Senador que me antecedió en el uso de la palabra: estaban funcionando en paralelo otros órganos técnicos.
Con todo, los integrantes de la Comisión de Constitución en estas materias siempre hemos tratado de recabar la mayor cantidad de antecedentes. Por de pronto, he solicitado que esté a disposición de la Sala el currículum de la persona propuesta por el Gobierno. Aquel se sustenta a sí mismo por la importante trayectoria de la profesional. Además, constan en el informe de la Comisión las preguntas que se le formularon con relación a la nueva institucionalidad ambiental. Asimismo, concurrió a la sesión el Subsecretario de Medio Ambiente, a quien también se le plantearon consultas.
Comprendo absolutamente el requerimiento de disponer de más tiempo en esta sesión para conocer los antecedentes respectivos. Pero recuerdo a la Mesa la necesidad de cumplir estrictamente lo mandatado por la ley, a efectos de ratificar o no esta solicitud hoy a través de la votación pertinente.
Reitero -por intermedio de la Mesa- a los integrantes de la Comisión de Constitución y al resto de los Senadores que los antecedentes del caso se encuentran a disposición en sus pupitres. Con ellos podrán conocer más sobre el currículum de la abogada Ximena Insunza.
Creo que ya está clara la situación.
Vamos a esperar una hora, aproximadamente, para luego votar.
--Queda pendiente el tratamiento de la proposición de la Presidenta de la República.
Corresponde tratar el proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje de Su Excelencia la Presidenta de la República, en primer trámite constitucional, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público, con informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y urgencia calificada de "suma".
Sesión 65ª, en 19 de noviembre de 2014 (queda pendiente la discusión en general).
El objetivo principal de la iniciativa es modificar la Carta Fundamental para crear, dentro del Ministerio Público, una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, que se dedicará a la investigación y persecución de delitos cuya gravedad y repercusión social requieren dedicación exclusiva y personal especializado en la materia.
La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento discutió la iniciativa solo en general, pese a tratarse de un proyecto de artículo único, y aprobó la idea de legislar por la unanimidad de sus miembros presentes, Senadores señores De Urresti, Espina, Harboe y Hernán Larraín.
Los distintos numerales del artículo único del proyecto inciden en los Capítulos V y VII de la Constitución Política de la República, razón por la cual requieren, para su aprobación, el pronunciamiento favorable de los tres quintos de los señores Senadores en ejercicio, esto es, 23 votos.
El texto que se propone aprobar en general se transcribe en las páginas 13 y 14 del primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.
¿Por qué no está presente el Ministro, señora Presidenta?
Perdón, Senador señor Prokurica. Voy a informar lo que se me consulta.
El señor Ministro de Justicia me llamó para contarme que tuvo problemas de agenda, razón por la cual no podrá asistir.
Consulté rápidamente por este hecho a algunos miembros de la Comisión de Constitución, quienes me dijeron que sería adecuado aprobar ahora esta iniciativa, pues se trata de un asunto muy relevante que lleva ya un tiempo posponiéndose.
Ante ello, el Comité Socialista insinuó la posibilidad de solicitar segunda discusión. Sin embargo, si existe ánimo de aprobar hoy la idea de legislar, podemos hacerlo. Me han dicho que ello es muy importante.
Le pido disculpas nuevamente al Senador señor Prokurica, pero le daré la palabra al Senador señor De Urresti, miembro de la Comisión de Constitución, para resolver esta cuestión previa.
Señora Presidenta, entiendo que el Ministro haya tenido dificultades para concurrir a esta sesión. Pero se debe consignar que este proyecto reviste complejidad. Además, estamos analizando en paralelo una iniciativa sobre fortalecimiento del Ministerio Público, que contempla, aparte del aumento del número de fiscales, la necesidad de contar con los debidos resguardos para una serie de funcionarios de este organismo, quienes obviamente debieran participar en la discusión.
En atención a lo mencionado, solicitamos segunda discusión.
Una Fiscalía Especial de Alta Complejidad requiere un importante debate dentro del entramado de funcionamiento del Ministerio Público. No me gusta legislar con celeridad cuando se trata de situaciones de alta relevancia.
En consecuencia, considero relevante pedir segunda discusión, para armonizar las propuestas del Ejecutivo, que vamos a respaldar. Esperamos que esto se traduzca en una política integral de combate contra la delincuencia, pero también en un fortalecimiento de las instituciones, tanto de los fiscales como de los demás funcionarios que integran el Ministerio Público.
Se ha solicitado segunda discusión.
En la primera discusión, tiene la palabra el Senador señor Prokurica.
Señora Presidenta, seguramente ya habrán escuchado mi opinión acerca de la reforma procesal penal. Y en este caso claramente vamos a hablar de un cambio relacionado con ella.
La gran mayoría de los estudios señalan que la delincuencia es, sin duda, el principal problema que debiera solucionar el Gobierno.
Lo anterior se suma al hecho de que los tribunales de justicia se encuentran dentro de las instituciones que menos confianza generan en la ciudadanía. Incluso, en la última encuesta de Adimark los jueces resultaron peor evaluados que el Parlamento.
La pregunta que debemos hacernos es si con este proyecto caminamos en la línea correcta para resolver los problemas de la justicia chilena.
El objetivo de la iniciativa en análisis es modificar nuestra Carta Fundamental para crear, dentro del Ministerio Público, una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, que se dedicará a la investigación y persecución de delitos cuya gravedad y repercusión social requieren dedicación exclusiva y personal especializado en la materia.
En mi opinión, ese tipo de delitos es precisamente el que tiene mejor resolución en el sistema procesal penal o respecto del cual mejor se desenvuelve hoy la Fiscalía.
Si uno revisa el mensaje del proyecto de la reforma procesal penal del año 2004, observará que este anunciaba que sería una verdadera maravilla en materia de justicia, siendo calificada tanto en Chile como en el extranjero como una reforma "histórica" y "exitosa".
Los principales objetivos que se buscaban eran: "1) Agilizar la persecución penal; 2) Evitar zonas de impunidad en la persecución criminal; 3) Corregir errores normativos que han ido quedando en evidencia con la gradual entrada en vigencia de la reforma procesal penal; 4) Mayor transparencia a los procesos judiciales (en los delitos de alta connotación pública)".
Un informe sobre las estadísticas del Ministerio Público elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional estableció que en el último año han ingresado a tramitación alrededor de 1,5 millones de causas.
Quiero pedirles a los señores Senadores que pongan atención respecto del resultado de este estudio.
Del total de causas ingresadas en 2013, solo el 15 por ciento terminó en sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. ¡El 15 por ciento!
O sea, el 85 por ciento se resolvió de otra manera.
Yo me pregunto: ¿esto es lo que esperábamos de esta reforma?
El 30,6 por ciento de dicho total concluye por otra vía judicial (sobreseimiento, suspensión condicional, acuerdo reparatorio y facultad para no investigar). Y el 54,4 por ciento restante se resuelve por la vía administrativa antes de llegar a una instancia judicial, siendo la gran mayoría de los casos archivados provisionalmente.
A mi juicio, la reforma procesal penal ha sido una mala experiencia, tras casi diez años de su puesta en marcha en todo el país.
Creo que llegó el minuto de que hagamos una reflexión en torno a cómo ha funcionado esta reforma. En tal sentido, considero que tanto la delincuencia como la falta de una justicia efectiva son dos cosas que tienen a los chilenos cansados. Debemos sincerar el hecho de que, lamentablemente, la delincuencia está desatada en nuestro país. Así lo indican las cifras de la última encuesta de Paz Ciudadana-Adimark, donde la victimización de los hogares llegó al 43,5 por ciento, el índice más alto desde el año 2000.
La mayor y mejor demostración de que el Estado ha fallado en el combate contra la delincuencia es lo que está pasando con los cajeros automáticos, respecto de lo cual se dio como gran solución instalarlos en algunas comisarías.Francamente, esta es una demostración palmaria de que en materia de seguridad ciudadana el Estado no se la está pudiendo con la delincuencia. Las autoridades no se están dando cuenta de que, con estas señales, lo único que hacen es decirle a la gente: "Hemos fracasado en la lucha contra la delincuencia". Y ese fracaso no se debe al trabajo de las policías, sino al mal funcionamiento del sistema procesal penal, que permite que los delincuentes queden¿
Decía que los delincuentes quedan en libertad una y otra vez con el actual sistema. El hecho de instalar los cajeros automáticos en dependencias de Carabineros obedece a un razonamiento indesmentible y más sencillo que sumar dos más dos: no se culpa a la banca, a la Nueva Mayoría, a la Derecha, al Gobierno o a Carabineros, sino al sistema judicial. Es este el que no está cumpliendo su objetivo y el que nunca ha hecho un mea culpa. En agosto del año pasado, señora Presidenta -y pido que me otorgue tiempo adicional para exponer-, un informe del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros de Chile reveló la lista de los cien delincuentes con más detenciones entre 2009 y 2013. Pido, por favor, que pongan atención a estos datos.
Entre todos ellos sumaban un total de casi 3 mil capturas, lo que equivale, en promedio, a unas 30 detenciones cada uno. Además, el 23 por ciento correspondía a menores de edad. El mismo análisis reveló el bajo índice de personas que están sujetas a prisión preventiva o al cumplimiento de una condena. De acuerdo con dicho documento -y aprovecho de agradecer al Senador Espina, quien me entregó gran parte de esta información-, al observar 27 casos de reiteración, se detectó que solo cinco detenidos por delitos recurrentes recibieron una condena, la cual, en promedio, alcanzó -¡escuchen bien!- a 64 días de privación de libertad.
Según cifras proporcionadas por el Poder Judicial, el 93,4 por ciento de los casos de robo terminados o cerrados de este año quedaron impunes. ¡Por favor! ¡El 93,4 por ciento quedaron impunes, sin condena! Esto equivale a 253.340 casos. Estas no son cifras mías. Son las que entrega el propio Poder Judicial.
A esto se suman las 66 mil órdenes de detención vigente sin resultados a octubre de este año. ¡66 mil!
Señora Presidenta, la reforma procesal penal es un sistema fallido -sé que es una afirmación dura-, donde el Estado ha gastado muchos recursos. De hecho, para llevar adelante esta reforma construyó 200 edificios a lo largo del país. ¡200 edificios! Además, los fiscales y los ayudantes ganan remuneraciones muy superiores a las que se daban en el sistema antiguo. Con lo anterior no estoy diciendo que quiero volver al modelo anterior. No. Este presentaba un montón de problemas. Pero el sistema actual, de acuerdo a las cifras proporcionadas por el propio Poder Judicial, muestra resultados francamente deplorables. Y eso ha causado una visión negativa en la opinión pública respecto de la reforma procesal penal y de los tribunales.
Por lo tanto, no estoy convencido de que se mejora el sistema creando el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público, quien se va a dedicar a atender no el caso de la señora Juanita -esos 200 y tantos mil casos a los que me referí-, sino los de gran relevancia, que son los que, precisamente, hoy se resuelven bien y rápido.
Sin embargo, las causas por delitos de común ocurrencia no se están solucionando. Esa es la realidad.
Señora Presidenta, la ciudadanía está cansada de denunciar día a día los delitos de que son víctima y reclama por el hecho de que muchos de ellos quedan impunes, sea porque no se encuentra a los responsables, sea porque los delincuentes quedan en libertad.
Para que no quede duda respecto de lo que expongo, quiero contarles mi experiencia personal: En los últimos diez años he sido víctima de al menos 8 robos al interior de mi domicilio. ¡Imagínense eso! En el último de ellos, incluso me dejaron sin luz, por cuanto se llevaron los cables de la energía. ¡Nunca se encontró a los responsables! He sido víctima, junto a mi familia, de 3 incendios intencionales en mi casa. ¡Nunca se encontró a los responsables! Ya he perdido la cuenta de las veces que han entrado a robar a mi oficina parlamentaria en Vallenar y de cuántos computadores han sustraído, como en los casos antes descritos. ¡Nunca se encontró a los responsables!
Por eso, antes de aprobar este proyecto, sugiero que hagamos una evaluación en serio de los resultados de la reforma procesal penal, y después tomemos decisiones. Porque esto significa un esfuerzo tremendo y millonarios recursos del Estado de Chile.
Por favor, no me crean a mí. Revisen las cifras oficiales; pregúntenle a la gente, y vean las encuestas: los tribunales de justicia son los únicos más mal evaluados que el Parlamento. Y eso se debe a la reforma procesal penal, que ha sido un fracaso.
¡Se han invertido ingentes recursos en ella, y hoy nos piden 100 fiscales más!
La idea que propone la iniciativa a lo mejor es buena. No digo que sea mala. Pero, con ella, ¿se va a resolver el problema de tantas personas que, día a día, una y otra vez, son víctimas de un delito y otro, aunque sea leve? Para obtener una respuesta, basta preguntarle a la gente que vive en los sectores poblacionales, a quienes los asaltan una, dos, tres, cuatro, cinco veces y les cobran peaje. ¡A esas personas la delincuencia les ha cambiado la vida para mal!
Señora Presidenta, en mi opinión, detener a un delincuente que al poco tiempo vuelve a la calle constituye un tremendo desincentivo para las policías, cuyos efectivos arriesgan la vida y no reciben buenas remuneraciones.
No le echo la culpa ni a este Gobierno ni al mío.
Esta no es la respuesta que la ciudadanía está esperando. La gente quiere que se resuelva esta situación de una vez por todas.
Sin embargo, en tanto miles de delincuentes (el 90 y tantos por ciento de los procesados) regresen nuevamente a las calles, francamente, esto no tiene solución.
Entonces, le pido al Senado -no a la Comisión de Constitución, que carece de tiempo- que nos dediquemos a evaluar la reforma procesal penal, con expertos, con personas que entienden el tema y veamos cuáles son los cambios que debemos hacer, porque ella, francamente, no ha dado los resultados que todos esperábamos.
Señora Presidenta, comparto los fundamentos del presente proyecto, que crea el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad en el Ministerio Público.
Sin embargo, quiero expresar algunas dudas sobre el particular.
En primer lugar, me preocupa el sesgo centralizador que puede existir detrás de esta iniciativa.
La complejidad de los delitos investigados o la necesidad de contar con personal especializado puede dar lugar a una excesiva concentración de causas.
En efecto, si la ley regulatoria es demasiado amplia pudiera ocurrir que la autoridad del momento privilegie la radicación de las principales causas en esta Fiscalía Especial, quedando las causas más simples para el resto de las fiscalías.
Preocupa que uno de los criterios utilizados para determinar los asuntos de competencia de la nueva Fiscalía Especial sea la connotación pública de los hechos, pues es bien sabido que la gran mayoría de los medios de comunicación que forman opinión se encuentran en Santiago y difícilmente los hechos ocurridos en regiones llaman la atención del resto del país.
Para graficar esto, cabe recordar que tiempo atrás una ola de asaltos a casas del sector oriente de Santiago dio lugar a reuniones entre el Ministro del Interior de la época, los altos mandos de Carabineros y los alcaldes de esa zona. Difícilmente esa reunión, con su cobertura mediática, hubiera sido posible en otras regiones, aunque se tratara de un delito de ocurrencia nacional.
Por lo tanto, también en materia de persecución penal puede producirse un centralismo que deseche los delitos de mayor complejidad y de alta connotación que ocurren en las regiones. Así, por ejemplo, en la Región que represento son de gran preocupación los ilícitos que afectan a agricultores y acuicultores y que carecen de relevancia en la Región Metropolitana.
Otra preocupación que surge se refiere a que la nueva Fiscalía Especial, que gozará de competencia nacional, debe tener presencia en las regiones, lo que podría generar una dependencia dual de los fiscales, ya sea de los fiscales regionales o del Fiscal Especial.
Por otro lado, si se optara por encargar las diligencias a las fiscalías regionales, estas terminarían recargadas de trabajo, lo que va en sentido inverso al objetivo del proyecto.
También habrá que tener en cuenta que la concentración de las causas más relevantes podría incentivar a los fiscales más competentes a postular a esta Fiscalía Especial en busca de especialización, privando con ello a las fiscalías regionales de personal valioso y contradiciendo el objetivo, que siempre se proclama, de atraer personal más calificado a las regiones.
En definitiva, esta Fiscalía Especial quedará en una posición ventajosa en desmedro de las fiscalías regionales, lo que amerita revisar cuidadosamente la ley regulatoria respectiva. No quedan claros los beneficios de optar por la creación de una Fiscalía Especial frente a la alternativa de instalar fiscalías de alta complejidad dependientes de cada fiscalía regional, como ha ocurrido hasta el día de hoy en algunas de ellas cuando se ha estimado necesario.
Ahora bien, desde una mirada más general, no puedo dejar de mencionar la señal negativa que podríamos enviar a la comunidad en el sentido de que los asuntos más complejos o relevantes solo pueden ser resueltos centralizadamente. Si ese criterio se aplicara al resto de la Administración Pública, ello sería fatal y contraproducente con el espíritu que anima al Gobierno y con las conclusiones emitidas recientemente por la Comisión de Descentralización.
Para terminar, me parece relevante conocer tanto en el proyecto que nos ocupa como en el de fortalecimiento del Ministerio Público la opinión de la Asociación Nacional de Fiscales y de las asociaciones de funcionarios del Ministerio Público, toda vez que son estos últimos los que tienen la responsabilidad concreta de ejercer la acción penal pública.
A mi juicio, las grandes necesidades que tiene el Ministerio Público son aumentar su dotación, mantener a sus funcionarios calificados, evitar su fuga a otros servicios y ofrecerles mejores condiciones laborales y remuneracionales, sabiendo que son funcionarios públicos que cumplen labores de excelencia fundamentales para asegurar la paz social.
En consecuencia, señora Presidenta, votaré a favor de la idea de legislar y espero que en el debate particular de esta iniciativa y en la tramitación del respectivo proyecto de ley regulatorio se definan los mecanismos para evitar los efectos negativos de una excesiva centralización y se recojan, también, las observaciones que han emitido los fiscales y los funcionarios en esta materia.
Saludo a quienes nos acompañan en las tribunas y aprovecho de darles la bienvenida a esta Corporación.
Sin embargo, al mismo tiempo debo advertirles que están prohibidas las manifestaciones, sea a favor o en contra.
Por ello, les ruego que me ayuden a cumplir el Reglamento.
Señora Presidenta, tengo una mirada distinta con relación al proyecto que se somete a la consideración del Senado.
Y quiero plantear la siguiente reflexión.
Yo comparto el diagnóstico que hizo el Senador Prokurica, pero creo que, desde un punto de vista conceptual, debemos hacer una distinción entre el delito común y delitos de distinta naturaleza.
Sin duda, tenemos un serio problema en materia de seguridad ciudadana en lo que respecta a los delitos comunes. Estamos llegando a índices históricos que, en parte, obedecen a que se ha simplificado el diagnóstico e, incluso, en algunas ocasiones el tema de la seguridad ciudadana, particularmente lo vinculado a este tipo de ilícitos, ha formado parte de estrategias electorales respecto de las cuales mantengo mis serias objeciones, porque este flagelo tiene muchas aristas, es complejo y debe ser abordado por distintos estamentos.
Pero la reflexión más profunda quiero plantearla en los siguientes términos.
En materia de seguridad ciudadana, existe el delito común, pero también se cometen otro tipo de ilícitos que no solamente afectan a las personas, sino también a la integridad del Estado.
Y la pregunta que uno debería hacerse es si estamos preparados, desde un punto de vista institucional, para investigar todos los delitos que atentan contra la integridad del Estado. Me refiero concretamente a los delitos de narcotráfico y a los cometidos por organizaciones criminales y organizaciones terroristas.
Y mi respuesta es, categóricamente, no.
Desde una perspectiva institucional, pienso que no estamos preparados para abordar este tipo de ilícitos, que afectan la integridad del Estado, toda vez que normalmente se trata de organizaciones que, desde el punto de vista territorial, operan incluso fuera del país, y que tienen un tremendo poder de criminalidad, de corrupción, de violencia. De manera que no pueden ser abordadas bajo los parámetros habituales con que actualmente funcionan las fiscalías.
Se requiere mucha investigación, mucho análisis de carácter delictual y, por lo tanto, creo que institucionalmente Chile debe dar el paso de contar con fiscales de alta complejidad.
¿Pero cuál es mi diferencia con el proyecto en debate? Mi diferencia es que estas facultades no pueden quedar radicadas en una ley orgánica, sino que, tratándose de delitos de estas características -estoy pensando, por ejemplo, en los que ocurren en La Araucanía o en la Operación Capricornio, mediante la cual se decomisaron tres, cuatro, cinco toneladas de drogas-, las competencias de esta Fiscalía deben quedar establecidas directamente en la Constitución.
Lo peor que le puede ocurrir a un país es que se vayan incubando en su territorio organizaciones criminales que tengan este tremendo poder. Necesitamos anticiparnos a este tipo de situaciones. Por lo tanto, creo que al hacer la modificación constitucional debe quedar claramente establecido en la Carta cuál va a ser la competencia de la Fiscalía de Alta Complejidad. Y, para mí, esa competencia debe estar determinada por lo que son el narcotráfico, las organizaciones criminales y las organizaciones terroristas, porque todo ello afecta la integridad del Estado.
Sin perjuicio de que la modernización del Ministerio Público es un tema que va mucho más allá, creo que es necesario contar con esta Fiscalía de Alta Complejidad.
Hoy día, el Ministerio Público, bien, mal o más o menos, solo está preparado para enfrentar el delito común. Pero en materia de alta complejidad se requiere otro tipo de expertise, otro tipo de dedicación, otro tipo de competencia. Es decir, estamos hablando de situaciones de una envergadura diferente. Y, desde un punto de vista institucional, en Chile no existe una respuesta para abordar los delitos de alta complejidad. Ahora bien, precisamente por la importancia que tienen estos fiscales, no me gustaría que el día de mañana -porque leí el informe y en él se dice que van a desatochar muchas situaciones del Ministerio Público en materia de delitos comunes- terminaran cumpliendo otras funciones.
No. Yo creo que el tema es tan delicado y que viene con tanta fuerza -cada vez va a ser más complejo- que debemos, precisamente en el Ministerio Público, establecer este Fiscal Especial de Alta Complejidad, pero por ningún motivo debe acabar tramitando causas que no tienen las características que he señalado.
Entonces, desde un punto de vista institucional, junto con generar la Fiscalía de Alta Complejidad, creo que tiene que quedar plenamente garantizado que ella se va a concentrar única y exclusivamente en los delitos que afectan la integridad del Estado: el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado. Por lo tanto, en lo personal no estoy dispuesto a dar este paso si no queda acotado en la propia Constitución, en el artículo 85 bis, cuáles van a ser las materias a las que deberán dedicarse, única y exclusivamente, estos fiscales.
Me parece que desde un punto de vista institucional hay que dar el paso, pero hay que darlo bien, de manera que tengamos plena garantía de que efectivamente van a abordar este tipo de situaciones y que no terminarán actuando contra otro tipo de delitos que no tienen la característica de afectar la integridad del Estado.
Señora Presidenta, la verdad es que plantear una reforma constitucional para crear el cargo de Fiscal Especial de Alta Complejidad no es tan sencillo como aparentemente pretende el proyecto, y con ello no se resuelve la situación que viven las personas que son víctimas de distintos tipos de delitos en nuestro país.
La necesidad de una reforma constitucional para crear esta Fiscalía Nacional de Alta Complejidad como un medio idóneo y eficiente para perseguir ciertos delitos -una suerte de fiscalía dentro de la fiscalía- es cuestionable si se considera que en la actualidad las unidades de Alta Complejidad se pueden establecer mediante decisiones del Fiscal Nacional o Regional, según las necesidades concretas de cada lugar y debiendo siempre que sea necesario entregar más recursos humanos.
Tanto es así que en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y en la Fiscalía Metropolitana Oriente se han creado unidades de Alta Complejidad sin necesidad de una reforma constitucional.
Por otra parte, los fiscales regionales o adjuntos, cuando tienen a su cargo una investigación que supone realizar diligencias en diversos puntos del país o del extranjero, no están limitados en su actuación a un determinado territorio, ya que pueden actuar en todo el país, además de hacer solicitudes al exterior a través de la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones que existe al interior de la Fiscalía Nacional del Ministerio Público.
La necesidad de establecer equipos multidisciplinarios, según lo exija un caso concreto, se puede enfrentar a partir de las facultades que hoy ya tienen el Fiscal Nacional y cada fiscal regional, además de las atribuciones que les otorga la ley a los fiscales adjuntos para llevar a cabo sus investigaciones.
Una debida coordinación entre los diversos estamentos de las fiscalías y las policías en delitos complejos es un tema administrativo más que legislativo, y puede ser solucionado caso a caso con una buena gestión del Fiscal Nacional y de quienes estén a cargo directamente de la investigación.
Como se indicó en la discusión general en la Comisión de Constitución del Senado, la Fiscalía de Alta Complejidad que se proyecta costará al erario de la nación la suma de 4 mil 800 millones. Parece razonable requerir estudios técnicos que indiquen que la creación de esta unidad es la mejor forma de usar ese dinero para reforzar la labor del Ministerio Público, antes de votar una reforma constitucional para establecer dicha Fiscalía. Cabe destacar que esos estudios, si es que existen, no han sido dados a conocer como fundamento del proyecto.
Parecería más sensato reforzar las fiscalías regionales a fin de que puedan atender a su realidad concreta, en lugar de crear una nueva fiscalía a nivel nacional.
Además, se debe revisar el mecanismo de designación, que no puede quedar solo al arbitrio del Fiscal Nacional a partir de una quina. Se necesita establecer una carrera funcionaria que se funde en el mérito, de manera que las designaciones no dependan de la sola facultad del Fiscal Nacional de turno.
Los delitos de mayor incidencia son aquellos en los que no se ha colocado énfasis, como ocurre con los robos y hurtos, y respecto de ellos esta iniciativa no se hace cargo de ninguna manera.
Junto con avanzar en otorgar más facultades y recursos, es necesario establecer mecanismos de control real por parte de un organismo externo e independiente de la gestión de los fondos que se le allegan al Ministerio Público. No basta con que la Fiscalía Nacional informe a múltiples entidades sobre su propia gestión; se requiere que una institución independiente pueda controlar la veracidad y consistencia de los antecedentes que se entregan. Ella debería ser la Contraloría General de la República.
El sentido verdadero de la autonomía institucional se refiere a la independencia de los fiscales para poder investigar delitos sin ser influidos por el poder político o económico, pero no dice relación al debido control en la gestión de los recursos públicos que se le entregan a la Fiscalía para realizar su misión.
Es necesario que, junto con la discusión de nuevas facultades y recursos para el Ministerio Público, se establezcan medidas de control en la eficiencia del gasto al interior de la Institución, a partir de información que pueda ser revisada y contrastada por un organismo independiente.
En definitiva, tratándose de una unidad que le costará al Estado la suma de 4 mil 800 millones; no existiendo -no los tenemos a la vista- estudios concretos de ningún tipo que justifiquen la creación de una fiscalía especializada de carácter nacional a través de una reforma constitucional como mecanismo para enfrentar ciertos tipos de delincuencia; estando ciertos de que, por lo demás, ella puede crearse por vía administrativa; siendo una medida cuestionada incluso por la asociación de funcionarios del Ministerio Público, por no considerarla una forma eficiente de asignación de recursos públicos; y encontrándose pendientes materias relevantes como el establecimiento de una carrera funcionaria fundada en el mérito y de un control por parte de un organismo independiente sobre los recursos fiscales que se le allegan al Ministerio Público, organismo que cuente con la facultad de contrastar la veracidad y consistencia de los antecedentes que se le entregan, propongo que, antes de votar esta iniciativa, ella sea revisada por la Comisión de Seguridad Ciudadana y sea vuelta a estudiar por las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda.
En caso contrario, si se pone en votación, tendría que optar por rechazarla o abstenerme.
Le recuerdo al señor Senador que se ha solicitado segunda discusión respecto de este proyecto, lo que, como usted sabe, significa que va a haber tiempo antes de proceder a la votación. Tengo inscritos para intervenir a los Honorables señores García y Guillier. Tiene la palabra el Senador señor García.
Señora Presidenta, todos sabemos que nuestra Región de La Araucanía desde hace ya varios años viene viviendo una situación de violencia extrema. Permítanme relatar hechos que han sucedido en las últimas semanas.
En la noche del 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, cuando todos nos reuníamos en nuestros hogares con nuestras familias y demás seres queridos para celebrar la principal fiesta del mundo cristiano, en la Novena Región fuimos sacudidos por una bomba instalada en la Segunda Comisaría de Carabineros, a 50 metros de donde están las oficinas de la Jefatura Zonal. El aparato explotó, dejando herido a un policía. Por supuesto, cientos de vecinos quedaron tremendamente conmocionados. Esa misma noche la PDI descubrió en sus instalaciones de Extranjería de la ciudad de Temuco un artefacto explosivo que resultó ser idéntico al que había detonado en la unidad de Carabineros antes individualizada. Afortunadamente, su detección oportuna permitió desactivarlo y evitó que estallara.
En la noche de Año Nuevo, en el sector de Quepe, de la comuna de Padre las Casas, la señora Verónica Cecilia Jara Llancavil, mujer sencilla, humilde, muy esforzada, con gran capacidad de trabajo, sufrió un ataque incendiario dirigido contra las dos máquinas con que explotaba áridos. Esta actividad era su única fuente de ingresos. En la misma noche del 31 de diciembre le quemaron tres camiones y su maquinaria agrícola a otra persona de esfuerzo y de trabajo: don Alejo Vielma, pequeño parcelero de la comuna de Teodoro Schmidt.
En estos días se ha sucedido una enorme cantidad de ataques incendiarios a bosques y sementeras, todos ellos, de acuerdo con la información de Bomberos que obra en nuestro poder, claramente intencionales.
Esa es la situación que vivimos en La Araucanía. Y nos preguntamos cómo es posible que nunca se encuentre a los responsables; cómo es posible que tales hechos ocurran en nuestro país, en una región de esfuerzo, de trabajo, y que todos ellos queden en la más completa impunidad.
A mí se me podrá decir que la Fiscalía Especial de Alta Complejidad que se sugiere crear deberá cumplir ciertos requisitos (no excederse en sus funciones, en sus atribuciones, en fin). Pero no me pidan que renuncie a este instrumento que nos está proponiendo el Ejecutivo para investigar los hechos que he señalado y muchos otros anteriores, entre ellos la muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay -todo el mundo sabe que la única persona condenada por ese horrendo crimen no pudo haber actuado sola; sin embargo, nadie más está siendo procesado-, para que finalmente se encuentre a los responsables, se los ponga a disposición de los tribunales y por fin construyamos paz, desarrollo y progreso en La Araucanía.
Por eso, independiente de las aprensiones que han expresado algunos señores Senadores, yo me aferro a esta posibilidad. Quiero creer que la Fiscalía Especial de Alta Complejidad dispondrá de los recursos necesarios y se dedicará con exclusividad para que en los casos que he relatado se halle a los responsables materiales, a los autores intelectuales, a quienes financian ese tipo de acciones violentistas, y en muchos casos claramente terroristas, pues no tienen otro propósito que atemorizar a la población.
Observando los antecedentes de esta reforma constitucional, veo que una de las razones que se señalan para justificar la creación de una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, con un fiscal jefe especial y un equipo multidisciplinario e institucional, es la posibilidad de acumular inteligencia investigativa.
A mi entender, reviste suma importancia acumular inteligencia investigativa. Porque si tales hechos fueran nuevos, uno podría decir "Sorprendieron a las autoridades, a Carabineros de Chile, a la Policía de Investigaciones". Pero ellos se vienen reiterando desde hace mucho tiempo, similares unos y otros, iguales unos a otros.
Uno se pregunta, entonces: ¿Dónde están los organismos de inteligencia de nuestro país? ¿Cómo es posible que un pequeño grupo ponga en jaque a todo el aparato de seguridad del Estado chileno?
Yo quiero aferrarme a esta institucionalidad nueva, a esta Fiscalía Especial de Alta Complejidad. Y porque me aferro a ella, anuncio mi voto favorable.
Ojalá que esto no sea un volador de luces, una esperanza que se desvanece en el tiempo. Ojalá que la nueva Fiscalía sea suficientemente eficiente y eficaz para que en las situaciones que señalé de La Araucanía, pero también en otras que ocurren a lo largo y ancho de nuestro país, por fin se encuentre a sus responsables y se los ponga a disposición de los tribunales.
Votaré que sí.
En todo caso, reitero que para este proyecto se pidió segunda discusión. Por lo tanto, en este momento no vamos a votar.
Le daré la palabra al Senador señor Guillier. Y cuando finalice su exposición haremos tocar los timbres, pues tenemos acuerdo para votar la designación propuesta con respecto al Segundo Tribunal Ambiental.
¿No vamos a votar el proyecto en debate?
No, Su Señoría. Como dije, se pidió segunda discusión.
Señora Presidenta, en esta iniciativa yo separaría dos cosas.
Estimo que se justifica la creación de una Fiscalía Especial de Alta Complejidad, con un fiscal especial y cierta estructura jerárquica.
Estamos asistiendo a ilícitos nuevos más complejos, que tienen otra connotación, como los cometidos por las redes de pedofilia y las de lavado de dinero, los delitos informáticos, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de blancas, etcétera, que constituyen amenazas contra el Estado y contra las personas.
Por consiguiente, la medida de operar en tal sentido y especializar la investigación me parece legítima. Aún más, la considero indispensable e imperativa.
También existen formas de terrorismo harto más sutiles, muchas veces con redes internacionales que operan en los distintos países; y el nuestro no es una excepción.
Sin embargo, opino que un proyecto de esta naturaleza, por la importancia que reviste, debería, además de la definición vinculada con la creación de la Fiscalía, determinar las estructuras, las funciones y las atribuciones, lo que habría de estar integrado en este proyecto más que en uno posterior, para resolver mejor sobre la finalidad de la proposición de ley que se nos hace.
Recordemos, además, que dicha Fiscalía va a tener competencia a nivel nacional. Y, en este sentido, recojo la preocupación del Senador Quinteros en cuanto a que este tipo de entes suele operar desde Santiago con criterios bastante centralistas. Porque en esta iniciativa la definición de lo que se entiende por "delito de alta complejidad" queda sometida, según entiendo, a la propia Fiscalía que se crea. Por lo tanto, no existe un factor externo que la convoque o que solicite su intervención.
Es bastante habitual que los parlamentarios muchas veces reciban en sus Regiones requerimientos para solicitar jueces especiales, dedicaciones exclusivas, en fin, cuando la población intuye que hay delitos más complejos que el crimen organizado común y que representan amenazas bastante más soterradas y peligrosas. Por consiguiente, es indispensable conocer qué materias serán de competencia de la nueva Fiscalía, saber cómo se hará la determinación pertinente y evaluar si la definición de los asuntos sometidos a ella le compete o debería corresponderles a otras instancias que podrían requerir su intervención.
Por ende, señora Presidenta, creo que este proyecto, si bien es necesario, según mi intuición, requiere bastante más elaboración.
Señora Presidenta, yo voy a aprobar la idea de legislar. Y comparto los argumentos que dio el colega García. No obstante, quiero hacer una pequeña aclaración.
Normalmente en el trabajo de las fiscalías se usa el argumento de la territorialidad. Y eso da garantías en el sentido de que el fiscal de una zona no se puede inmiscuir en los casos de otra.
En este proyecto hay que tener sumo cuidado, porque es factible que el Fiscal Especial de Alta Complejidad quede con carácter plenipotenciario, o sea, con un poder tan impresionante y sin contrapeso que, si en algún minuto obedece a algún sector político o a algún interés, pueda transformarse en un funcionario ultrapeligroso.
Espero que durante la tramitación de esta iniciativa seamos capaces de proponer y aprobar indicaciones que permitan un control y un contrapeso para que ese cargo no se preste para abusos ni se transforme en una pesadilla, sino que sirva para estudiar los casos de más alta complejidad que hoy se registran en Chile.
Con la intervención del Senador señor Ossandón concluyen las exposiciones de la primera discusión.
--En el estudio del primer informe, el proyecto queda para segunda discusión.
Estamos haciendo sonar los timbres por cinco minutos porque, como Sus Señorías saben, debemos, dado que vence el plazo, votar el nombramiento de doña Ximena Insunza Corvalán como Ministra Suplente en el Segundo Tribunal Ambiental, materia para la cual se requieren los votos favorables de tres quintos de los Senadores en ejercicio.
Corresponde ocuparse en el oficio mediante el cual Su Excelencia la Presidenta de la República solicita el acuerdo del Senado para nombrar Ministra Suplente del Segundo Tribunal Ambiental, con sede en Santiago, a la señora Ximena Insunza Corvalán, con informe de la Comisión de Constitución y la urgencia del párrafo segundo del número 5) del artículo 53 de la Carta Fundamental.
La Comisión de Constitución deja constancia, por la unanimidad de sus miembros presentes (Senadores señores Araya, De Urresti y Espina), de que la proposición presidencial cumple con los requisitos, formalidades y procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico.
La señora ALLENDE (Presidenta).- En votación la proposición.
Señora Presidenta, en primer término, debo decir que tenemos que intentar ser más prolijos en el procedimiento seguido en esta materia.
En efecto, el oficio había ingresado hacía algunas semanas a la Comisión de Constitución, y nosotros no fuimos informados, ni tampoco tuvimos contactos con el Gobierno en una materia que, naturalmente, siempre se negocia y se conversa con el propósito de reunir los mejores nombres.
En segundo lugar, votaremos favorablemente esta proposición, en consideración a que la Ministra Rincón, quien lleva a cargo estos asuntos, nos señaló que en la formación del Tribunal Ambiental de Antofagasta -hay que hacerlo íntegramente- va, como corresponde a los poderes colegisladores, a conversar con todos los sectores, y entre ellos el nuestro, para llegar a un acuerdo que permita nombrar a los mejores ministros.
Lo que quiero señalar es que aquí no se trata -aunque nadie lo crea- de que estemos buscando que uno sea de Derecha y otro de Izquierda. Esa es una lógica absurda.
Yo por lo menos intento que todos los ministros en cuyo nombramiento participemos (y ese es nuestro compromiso) hagan bien su pega.
Si hubiese sido así siempre, nunca habríamos nombrado a ministros respecto de los cuales, hasta el día de hoy, la gente pregunta si son de Izquierda o de Derecha. Es no conocer a la Corte Suprema si se piensa que opera con ese criterio.
Nosotros queremos que sean buenos ministros, que hagan bien su trabajo, que sean lo más consensuados posible. Y, por lo tanto, nuestro ánimo es aprobar -se requiere un quórum alto: tres quintos de los parlamentarios en ejercicio- los mejores nombres.
Yo agradezco la deferencia de la Ministra Rincón (también la tuvo el Gobierno anterior), quien cuando era Senadora llevaba estas conversaciones. Recuerdo perfectamente que en aquel entonces arribó a un muy buen acuerdo para nombrar a los ministros que hoy existen.
Esa es la razón por la que vamos a votar a favor, considerando que doña Ximena Insunza Corvalán tiene los méritos, capacidades y requisitos para cumplir adecuadamente el nuevo cargo.
Señora Presidenta, tal como ocurrió hace poco con el nombramiento de dos miembros en el Tribunal Constitucional en circunstancias que no fueron las más adecuadas para el debido conocimiento de tan importante resolución, estamos abocados ahora a esta votación.
Ciertamente, presentada por la Presidenta de la República y por la Ministra, uno hace fe de que se trata de una proposición adecuada. Y, de los antecedentes conocidos, no cabe ninguna duda de la calidad profesional de la señora Ximena Insunza.
Solo quiero decir, señora Ministra, que yo esperaría que en todos los nombramientos al menos los partidos, los comités fuéramos consultados con la debida antelación respecto del sentido de ellos y de qué viene, qué resta, para tener un panorama mucho más amplio.
Está en proceso de elaboración un mecanismo sobre la materia. Me gustaría conocer el itinerario. Y lo hemos planteado también con relación a los miembros de la Corte Suprema.
Cuando la información fluye anticipadamente, siempre es posible lograr un consenso. Y en este caso lo tenemos.
Señora Ministra, hacemos fe de su propuesta. Pero -reitero- nos gustaría tener información en forma anticipada.
--Se aprueba el nombramiento propuesto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional exigido, de que 29 señores Senadores se pronuncian a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, Espina, García, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Montes, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
La señora ALLENDE (Presidenta).- El Honorable señor García-Huidobro deja constancia de su intención de voto a favor.
La señora RINCÓN (Ministra Secretaria General de la Presidencia).-
Señora Presidenta, quiero agradecer, por su intermedio, el pronunciamiento de cada uno de los señores Senadores. Como recordarán quienes formaban parte de esta Corporación en el período legislativo anterior, los tribunales ambientales se integran a partir de las cinquenas propuestas para cada cargo por la Corte Suprema sobre la base de las postulaciones presentadas.
En su oportunidad, tanto las composiciones del Tribunal de Santiago como del de Antofagasta fueron conversadas con el Ejecutivo de la época, a través de su Ministra de Justicia, y, luego de un proceso de revisión de cada uno de los currículums entregados en carpetas, logramos concordar en el caso del primero de ellos.
La entonces ministra titular suplente señora Ximena Fuentes, abogada destacada en estas materias, fue llamada por el Gobierno anterior a incorporarse al equipo encargado de la defensa de Chile en el problema con Bolivia y, por tanto, tuvo que renunciar. Producto de ello, se generó la vacante respecto de la cual el Senado, cuyo acuerdo solicitó la Presidenta de la República, ha aprobado el nombramiento de la abogada señora Ximena Insunza, también una destacada profesional en la especialidad.
Lo expresado por el Senador señor Espina dice relación con el procedimiento utilizado para los tribunales ambientales de Valdivia y de Santiago, que también tenemos que aplicar con relación al de Antofagasta. Será preciso revisar los currículums que exponga la Corte Suprema y ser tremendamente acuciosos en la selección de los nombres de quienes integrarán el tribunal. Me parece que esa es la forma de actuar, a la que se suman las entrevistas que lleva a cabo la Comisión de Constitución a la hora de la presentación a la Sala del conjunto de quienes sean propuestos para ocupar los cargos.
En el caso del nombramiento de un Ministro titular del Tribunal Ambiental de Santiago, ante la vacancia que se registrará en los próximos días, el Ejecutivo tiene que esperar la cinquena respectiva y seleccionar, lo que será motivo de conversaciones, por cierto, con el Senado de la República. Reitero mi agradecimiento a esta Corporación, en nombre de la Primera Mandataria, y valoro el hecho de que las bancadas hayan decidido el asunto con celeridad.
Nos alegramos mucho que se haya podido resolver en buena forma.
Anunciamos la posibilidad de incluir en la tabla de Fácil Despacho de la próxima semana el proyecto de ley que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua, signado con el N° 9 en el Orden del Día, pero, por tratarse de una iniciativa muy sencilla, aprobada en forma unánime por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, la Mesa propone tratarla en seguida.
9622-09
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción de los Senadores señor Chahuán, señoras Allende y Muñoz y señores Pérez Varela y Pizarro, que establece la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año, con informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía. --Los antecedentes sobre el proyecto (9.622-09) figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:
Proyecto de ley (moción de los Senadores señor Chahuán, señoras Allende y Muñoz y señores Pérez Varela y Pizarro):
En primer trámite, sesión 54ª, en 8 de octubre de 2014.
Especial de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía: sesión 61ª, en 5 de noviembre de 2014.
Tiene la palabra el señor Secretario. El señor LABBÉ (Secretario General).-
El objetivo de la iniciativa se relaciona con la celebración del día al cual se ha hecho referencia, declarada para cada país miembro por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución de 1992.
En sesión celebrada el 8 de octubre recién pasado se dispuso el estudio del proyecto por la Comisión de Obras Públicas. Posteriormente, el 15 de octubre, la Sala acordó que el asunto fuera conocido solo por la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía.
Esta última discutió la iniciativa en general y en particular, por ser de artículo único, y la aprobó por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señoras Allende y Muñoz y señores Chahuán y Pizarro. El texto que se propone aprobar en general y en particular se incluye en el informe.
Si no hay objeciones,¿
Que se abra la votación, señora Presidenta.
Pensaba pedir la aprobación por unanimidad.
Señora Presidenta, el proyecto se origina en una moción del Honorable señor Chahuán y fue respaldado por todos los integrantes de la Comisión sobre Recursos Hídricos: los Senadores señora Allende y señores Pizarro, Pérez Varela y quien habla.
El asunto, como se ha dicho, es de muy fácil despacho y dice relación con la conmemoración del Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año.
Dada la grave situación en la materia que se vive en muchas regiones, creo que es una señal muy importante que podemos dar desde la Corporación. Así que llamo, por cierto, a votar a favor.
Tiene la palabra el Honorable señor Chahuán. El señor LAGOS.-
¡Un día del agua y el resto de sequía¿!
Señora Presidenta, claramente se trata de algo relevante. Se sabe que la Región de Valparaíso registra el quinquenio más seco en la historia de Chile, solo comparable con lo ocurrido en 1968 y 1969. La situación es similar en la Región de Coquimbo y, a su vez, la provincia de Petorca es zona de catástrofe.
Es preciso generar conciencia respecto de la necesidad de contar con las obras de riego pertinentes. Falta voluntad política para progresar en la construcción de los embalses Puntilla del Viento y Catemu, así como en la de Los Ángeles y Las Palmas, en la provincia de Petorca. Por eso, es muy conveniente concienciar y focalizar los esfuerzos, pues 400 mil chilenos reciben hoy agua vía camiones aljibe.
Le hemos pedido a la Comisión Técnica de las Naciones Unidas que recalifique los grados de desertificación de las comunas del país, en particular las de la Región de Valparaíso. Sin lugar a dudas, se tienen que aplicar medidas de contención al desarrollo del fenómeno.
Estamos adelantando en conversaciones con el Ministro de Obras Públicas para el efecto de avanzar en Puntilla del Viento, donde los trabajos se iniciaron por el Gobierno del Presidente Allende y se interrumpieron en 1973. Creemos que se debe continuar con ese embalse, que fue emblemático y en el que participaron cuatro mil trabajadores voluntarios hasta ese año, y volver a la tónica de recuperar las aguas que desembocan en el océano y reconducirlas, a fin de establecer la primera gran obra de contención de la desertificación, que debiera situarse en el valle de Casablanca. Agradezco la disposición de la señora Presidenta de la Corporación y de la Honorable señora Muñoz, Presidenta de la Comisión Especial, órgano técnico integrado también por el Senador señor Pérez Varela, para poder generar el marco regulatorio que permita garantizar el acceso igualitario y preferente al agua dulce para el consumo humano. La iniciativa va en esa dirección en términos de despertar conciencias, y, por eso, reconozco el apoyo de mis colegas.
Puede intervenir el Honorable señor De Urresti.
Señor Presidente, obviamente voy a pronunciarme a favor del proyecto. No podría registrarse una votación distinta. Pero quiero dejar constancia de que tiene que existir una gran iniciativa legislativa, gubernamental y social para nacionalizar los derechos de agua. Esperamos que el Gobierno le ponga urgencia -la señor Ministra se retiró- a los proyectos de ley que hemos presentado en ese sentido y se ocupe en una política nacional de recursos hídricos. No sacamos nada con conmemorar un día el agua y enfrentar una sequía los 364 restantes. La situación es lamentable. En el sur ha sido preciso recurrir a camiones aljibe, por la gran carencia de agua.
No hemos abordado la cuestión del modelo forestal, que está arrasando con el recurso hídrico en el mundo campesino. No contamos con una ley tendiente a un manejo integrado de las cuencas. No existe una política que proteja efectivamente a los comités de agua potable rural. Entonces, por favor, se requiere un momento de reflexión, para que no nos quedemos simplemente en la conmemoración del Día Mundial del Agua, sino que avancemos en una política nacional de protección de los recursos hídricos. Y eso pasa, en primer lugar, por el cambio del Código de Aguas, que considera al vital elemento y a los derechos que se constituyen sobre este como un bien de mercado, como un bien especulativo. Hoy día, los derechos de agua están en manos de hidroeléctricas o de empresas eléctricas que simplemente especulan con ellos, afectando a los pequeños campesinos, a las comunidades indígenas.
Que esta reflexión lleve a una política nacional de recursos hídricos que le dé al agua el valor que le corresponde. Cabe favorecer y apoyar la iniciativa que nos ocupa, pero preocuparse también de ese otro aspecto.
Señor Presidente, deseo resaltar el trabajo que está llevando a cabo la Comisión sobre Recursos Hídricos por encargo de la Sala, en cuanto a poder elaborar una propuesta, como lo planteó el Senador señor De Urresti, que encare el desafío de Chile para lograr el buen uso del recurso hídrico, garantizar su sustentabilidad y el acceso de todos los que lo necesiten, y, lógicamente, hacer eficiente el esfuerzo del sector público, en coordinación con el privado, para que sea aprovechado en todas sus dimensiones: el sector productivo, las áreas de servicios, turística y medioambiental, y, obviamente, con una prioridad absoluta para el consumo humano.
La sequía que está aquejando a nuestro país es una suerte de terremoto silencioso. En la Región de Coquimbo la hemos registrado durante diez años y el que recién pasó ha sido el peor de todos. Las pérdidas son cuantiosas en el mundo de la agricultura y también se ha experimentado una reducción en el ámbito de la pequeña y la mediana minerías. Y, sin duda, se va a resentir el sector turístico. Las empresas concesionadas, las sanitarias, no están en condiciones de garantizar el servicio a las personas, por lo que en los sectores urbanos, en algunos casos, y en los rurales se está abasteciendo del vital elemento en virtud del aporte del Estado, con un costo enorme, a través de las oficinas de emergencia y de los municipios, con los camiones aljibe.
A mí me parece que es preciso empezar a pensar en soluciones de mayor envergadura, de más largo plazo. En la Cuarta Región estamos priorizando dos tipos de ellas, de carácter permanente. Una es la que llamamos "carretera hídrica", que implica pensar en que esta llegue a nuestra zona desde las cuencas del Biobío al sur. Hoy día eso es posible, desde el punto de vista tecnológico, con costos no demasiado altos, y puede considerarse un proyecto de traslado, a través de tuberías, por el sector costero.
Y lo que derechamente se ve más cercano es la desalinización del agua de mar, a fin de utilizarla tanto para el riego como para el sector industrial, de servicios y también para el consumo. Se trata de inversiones grandes, pero perfectamente financiables. En otras partes del mundo existen experiencias sobre el particular.
Cuando planteamos, con los colegas señor Chahuán, señoras Allende y Muñoz, y señor Pérez Varela, la necesidad de conmemorar el Día Mundial del Agua el 22 de marzo de cada año, lo que estamos haciendo es entregar una señal y resaltar la importancia del recurso hídrico para la garantía de calidad de vida de todos los que vivimos en nuestra patria.
La sequía está llegando al sur. Escuchaba al señor Senador representante de la Región de Los Ríos hacer referencia recién a esa situación. En la Octava Región pasa lo mismo. Sectores de secano en la Sexta y Séptima Regiones asimismo están sufriendo el fenómeno. Y el problema es más grave hoy en las Regiones Tercera, Cuarta y Quinta. Es el momento, entonces, de definiciones y políticas de Estado de mucho más largo aliento, aun cuando medie un costo que puede parecer muy alto en lo material o en los recursos financieros, pero que francamente resulta imprescindible.
Estas son las razones por las cuales hemos presentado el proyecto, y ojalá todos pudieran votarlo a favor.
--Se aprueba en general y en particular el proyecto, por 26 votos a favor.
Votaron las señoras Allende, Goic, Muñoz y Lily Pérez y los señores Araya, Chahuán, Coloma, De Urresti, García-Huidobro, Guillier, Horvath, Lagos, Hernán Larraín, Letelier, Moreira, Navarro, Orpis, Ossandón, Pérez Varela, Pizarro, Prokurica, Quintana, Quinteros, Tuma, Patricio Walker y Andrés Zaldívar.
Han llegado a la Mesa peticiones de oficios.
Al señor Superintendente de Seguridad Social, para que informe sobre SITUACIÓN DE SEÑOR GABRIEL EDGARDO ISLA CARRASCO, y al señor Director Nacional de Vialidad, a fin de consultar por EXISTENCIA DE PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RUTA T-54 EN TRAMO SANTA JULIA-RIÑIHUE.
En la hora de Incidentes, el primer turno le corresponde al Comité Demócrata Cristiano e Independiente.
No hará uso de la palabra.
En el tiempo del Comité Renovación Nacional, puede intervenir el Honorable señor Prokurica.
Señor Presidente, he querido usar de la palabra para pedir que se oficie al Ministerio de Salud, al Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y, en especial, al Director del Hospital Eduardo Pereira, de esta ciudad, para informarles sobre el sensible fallecimiento, registrado el pasado sábado 10 de enero, del señor Jorge Salinas López, director y fundador de la radio Progreso, de Huasco, y reconocido radiodifusor de la provincia, producto de una falla multiorgánica generada por úlceras vasculares en sus piernas.
Jorge Salinas murió en espera de un traslado a dicho recinto asistencial que se gestionaba desde mediados de octubre de 2014. Con fecha 24 de noviembre, un día antes de que se materializara la anhelada medida, fue informado, no obstante su gravedad, de que se suspendía el procedimiento, sin señalarse la causal. Extraoficialmente me enteré de que ello obedeció a la falta de insumos para realizar la operación programada.
La dramática situación vivida por Jorge Salinas y su familia no es aislada: es aquella en que se encuentran miles de chilenos a lo largo del país, que no cuentan con una salud pública de calidad ante la carencia de especialistas, de recursos y de insumos.
Conozco la realidad de la Región de Atacama, donde no hay un centro para tratar a los enfermos de cáncer, quienes deben ser trasladados a Antofagasta o a Santiago, y falta una UCI pediátrica. Los hospitales de Huasco y de Diego de Almagro se han quedado en promesas o en consultas ciudadanas que no han arrojado ningún resultado. Con casi 300 mil habitantes, solo hay un cardiólogo de tiempo parcial, y todas las personas que sufren algún problema cardíaco de complejidad deben ser trasladadas a Valparaíso, Viña del Mar o Santiago. Aumentan las listas de espera, siendo oftalmología, traumatología y otorrinolaringología las especialidades con mayor número de pacientes esperando atención. Los anestesistas son insuficientes; se registran serios problemas en materia de salud psiquiátrica, etcétera.
A mi juicio, llegó el momento de hacer las cosas bien en salud. Las Regiones no pueden seguir esperando. El problema se ha ido heredando de una Administración a otra. Pero se formularon promesas que es preciso cumplir.
La deuda hospitalaria ha aumentado de 30 mil millones de pesos, al término del Gobierno pasado, a 250 mil millones.
La salud y calidad de vida de los miles de afectados no puede seguir empeorando para que las autoridades se den cuenta de que es necesario cambiar las cosas.
Estoy seguro de que si el señor Jorge Salinas hubiera recibido el tratamiento oportuno para su afección, estaría disfrutando hoy un nuevo año junto a sus seres queridos.
Espero, de todo corazón, que el sufrimiento e impotencia que experimentaron el señor Salinas y su familia no se repita en el caso de otros habitantes de regiones.
Por eso, pido que se oficie al Ministro de Salud, para que ordene una investigación que determine las responsabilidades, ya sea médicas o administrativas, que dieron lugar a este caso dramático, que terminó con la muerte de un ser humano al que tanto quisimos en la Región de Atacama, especialmente en la Provincia de Huasco.
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Partido Socialista, Independientes y Partido MAS, Partido Unión Demócrata Independiente e Independiente y Partido por la Democracia, ningún señor Senador interviene.
--Se levantó a las 18:40.