Source: http://www.asociaciones.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=51
Timestamp: 2018-12-17 16:37:50
Document Index: 33604977

Matched Legal Cases: ['Artículo 19', 'Artículo 21', 'artículo 26', 'artículo 149', 'artículo 6', 'artículo 149', 'artículo 12', 'Artículo 28']

Ley 1/1998, de 2 de marzo
17 Sep 2007 11:50
TÍTULO I. NORMAS ESPECIALES APLICABLES A LAS PERSONAS JURÍDICO-PÚBLICAS
TÍTULO II. GOBIERNO DE LAS FUNDACIONES
TÍTULO III. PATRIMONIO DE LAS FUNDACIONES
TÍTULO IV. FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDAD DE LAS FUNDACIONES
Artículo 19. Actividades económicas.
Artículo 21. Contabilidad, Auditoría y Plan de Actuación.
TÍTULO V. MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS FUNDACIONES
TÍTULO VI. EL PROTECTORADO Y EL REGISTRO DE FUNDACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
TÍTULO VII. CONSEJO DE FUNDACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID
La Ley Orgánica 10/1994, de 24 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, atribuyó a ésta la plenitud de la función legislativa en materia de fundaciones que desarrollasen principalmente sus funciones en la Comunidad Autónoma.
Dicha competencia, tras la citada reforma, se contempla en el artículo 26, apartado 24, de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de su Estatuto de Autonomía.
Con posterioridad a la asunción de esta competencia por la Comunidad de Madrid, se promulgó la Ley estatal 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, cuya disposición final primera, Aplicación de la Ley, relaciona cuatro grupos de preceptos de la misma de aplicación en todo el Estado, al amparo del artículo 149.1.1, 6, 8 y 14 de la Constitución.
Se opta por la obligatoriedad del Patronato colegiado de al menos tres miembros. Por otra parte, se admite que por los patronos natos menores de edad actúe en su nombre su representante legal, con el fin de salvaguardar la voluntad de los fundadores en esta materia.
Por último, se regula con la flexibilidad el ejercicio del cargo de patrono, permitiendo las delegaciones de voto siempre que se cumplan determinados requisitos.
En materia de disposición de los bienes de las fundaciones, se ha optado por un régimen flexible consistente en la mera comunicación al Protectorado de tales negocios para su control a posteriori, en lugar del control ex ante por el Protectorado a través de la exigencia de autorización previa.
4. La aportación de la dotación podrá realizarse en forma sucesiva, en cuyo caso el desembolso inicial no será menor al 25 % de la cuantía establecida.
El resto deberá hacerse efectivo dentro del plazo de cinco años desde la constitución de la fundación, o en plazo no superior a diez años si su desembolso se asegura, desde el momento de la aportación, por cualquiera de los medios admitidos en derecho.
6. Los patronos ejercerán su cargo gratuitamente.
Tendrán, no obstante, derecho a ser reembolsados de los gastos debidamente justificados que el desempeño de su función les ocasione.
1. El Patronato podrá delegar sus facultades en uno o más de sus miembros, o en Comisiones específicas o previstas en los estatutos, salvo prohibición estatutaria.
No podrán, sin embargo, ser objeto de delegación la aprobación de los presupuestos y cuentas de la fundación, ni los actos que requieran autorización del Protectorado.
1. La enajenación o gravamen, compromiso en árbitros de equidad o transacción de los bienes y derechos integrantes de la dotación fundacional, o vinculados directamente al cumplimiento de los fines fundacionales o que, representen un valor superior al 20 % del activo de la fundación que resulte del último balance anual, se comunicarán al Protectorado en el plazo de un mes a contar desde su formalización.
2. No se podrán repudiar herencias o legados ni dejar de aceptar donaciones sin la previa autorización del Protectorado.
Dar información suficiente de sus fines y actividades para que sean conocidos por sus potenciales beneficiarios y demás interesados.
Destinar efectivamente el patrimonio y sus rentas, de acuerdo con la presente Ley, y los estatutos de la fundación a los fines fundacionales establecidos.
Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación de los beneficiarios.
1. A la realización de los fines fundacionales deberá ser destinado, al menos, el 70 % de los resultados de las explotaciones económicas que se desarrollen y de los ingresos que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos realizados, para la obtención de tales resultados o ingresos, debiendo destinar el resto a incrementar bien la dotación o bien las reservas según acuerdo del Patronato. Los gastos realizados para la obtención de tales ingresos podrán estar integrados, en su caso, por la parte proporcional de los gastos por servicios exteriores, de los gastos de personal, de otros gastos de gestión, de los gastos financieros y de los tributos, en cuanto que contribuyan a la obtención de los ingresos, excluyendo de este cálculo los gastos realizados para el cumplimiento de los fines estatutarios. El plazo para el cumplimiento de esta obligación será el comprendido entre el inicio del ejercicio en que se hayan obtenido los respectivos resultados e ingresos y los cuatro años siguientes al cierre de dicho ejercicio.
1. El procedimiento de liquidación tras la extinción de las fudaciones, excepto en caso de fusión, se realiará por el Patronato bajo el control del Protectorado.
Asesorar a las fundaciones que se encuentren en trámite de constitución o ya inscritas, en cualquier asunto que se refiera a su régimen jurídico o económico, o a las actividades a realizar en cumplimiento de sus fines.
Difundir la existencia y actividades de las fundaciones.
Verificar si los recursos económicos de la fundación han sido aplicados a los fines fundacionales, pudiendo solicitar del Patronato la información que a tal efecto resulte necesaria, así como, en su caso, el informe pericial oportuno en los términos que reglamentariamente se establezca.
Realizar el informe que establece el artículo 6 de esta Ley, pudiendo a tal fin el Protectorado exigir a la fundación la aportación de la documentación que precise.
Cuantas otras funciones se establezcan en la legislación estatal de fundaciones que sea de aplicación general al amparo de lo previsto en el artículo 149.1 de la Constitución, en la presente Ley y en las demás que resulten de aplicación.
Asesorar, informar y dictaminar cuando así se lo solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamentaria que afecte directamente a las fundaciones, así como formular propuestas.
Planificar y proponer las actuaciones necesarias para la promoción y fomento de las fundaciones, realizando los estudios necesarios al efecto.
Las demás que les puedan atribuir las disposiciones vigentes.
Lo dispuesto en el artículo 12, apartado 6, párrafo 2 y en los artículos 21 y 22, en la redacción dada por la presente Ley, será de aplicación a las fundaciones que rindan cuentas con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, respecto de los ejercicios contables que se inicien a partir de 1 de enero de 2003, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. Las restantes disposiciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
La presente Ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, debiendo asimismo publicarse en el Boletín Oficial del Estado.
Redacción según Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Derogado por Ley 24/1999, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Artículos 12 (apdo. 6), 19, 21, 22 y 28 (apdo. 2.d):
Redacción según Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Artículo 28 (apdo. 2.e); Disposiciones adicional sexta, adicional séptima, transitoria segunda, transitoria tercera, transitoria cuarta, transitoria quinta y derogatoria (apdo. 3):
Añadido por Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y Administrativas.
Artículos 17 (apdo. 2, inciso o en defecto de éste sin la aprobación judicial con audiencia del Ministerio público) y 24 (apdo. 3):
Declarado inconstitucional y nulo por Sentencia del Tribunal Constitucional nº 341/2005, de 21 de diciembre. (BOE nº 17 Suplemento, de 20 de enero de 2005).