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Timestamp: 2019-01-19 10:17:52
Document Index: 294049126

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'ARTÍCULO 2', 'artículo 7', 'ARTÍCULO 3', 'artículo 1', 'artículo 16', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 3', 'Artículo 3', 'Artículo 3', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 36', 'artículo 110', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 5', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'ARTÍCULO 6', 'artículo 4', 'artículo 9', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'ARTÍCULO 8', 'ARTÍCULO 9', 'e contrario', 'ARTÍCULO 10', 'ARTÍCULO 11', 'Artículo 11', 'Artículo 11', 'ARTÍCULO 12', 'artículo 3', 'artículo 49', 'artículo 49']

Ley de Asistencia Jurídica de Comunidad Valenciana (Ley 10/2005, de 9 de diciembre) - Normativa de la Comunidad Valenciana - Legislación - VLEX 71737699
CAPÍTULO II. Función consultiva - arts. 5 y 6
CAPÍTULO III. Función contenciosa - arts. 7 a 12
PRIMERA. Ingreso mediante curso selectivo al Cuerpo de Abogados de la Generalitat
SEGUNDA. Funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado
TERCERA. Puestos de trabajo de naturaleza laboral
CUARTA. Modificación de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Gobierno Valenciano
PRIMERA. Exención de pruebas
SEGUNDA. Aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Abogacía General de la Generalitat y provisión de los mismos
Norma citada en: 23 sentencias, una noticia
Precisamente por ello, es necesario que la Generalitat cuente con una asistencia jurídica que coadyuve a que su entera actividad se sujete efectivamente al ordenamiento jurídico, y que esté en condiciones de hacer valer ante los diferentes órganos jurisdiccionales la legalidad de su actuación, sus derechos e intereses, que son siempre vicarios, es decir, derechos e inte-reses de todos los valencianos.
El capítulo I de la ley, bajo la rúbrica .Disposiciones generales., contiene la regulación de la estructura orgánica de la asistencia jurídica a la Generalitat.
Siguiendo la tradición jurídico-administrativa española, que ya es secular y ha sido recientemente renovada en el estado autonómico, y que tan buenos frutos ha dado en este campo, la asistencia jurídica a la Generalitat se encomienda a un cuerpo de funcionarios formados y especializados en asesorar en derecho y representar y defender a la administración. En esto, la ley no se separa ni de la experiencia estatal, ni de la opción organizativa adoptada por la mayoría de las comunidades autónomas (Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Castilla.La Mancha, Castilla y León.).
Tanto para denominar al órgano como al cuerpo de funcionarios, la ley opta por utilizar las expresiones .abogacía. y .abogados., ya que el objeto propio de la abogacía, cuyo ejercicio constituye la profesión de los abogados, es precisamente asistir jurídicamente, dar consejo y asesoramiento jurídico a quien lo requiere y representar y defender a los ciudadanos ante los tribunales.
Uno, de carácter preceptivo y vinculante, con objeto de que por parte del abogado general de la Generalitat se pueda valorar la necesidad o conveniencia de externalizar la prestación de asistencia jurídica así como el objeto y régimen de prestación de la misma.
Otro, de carácter preceptivo pero no vinculante, a fin de que el abogado general de la Generalitat pueda emitir su parecer acerca de los posibles prestadores de la asistencia jurídica.
Esta ley tiene por objeto regular la asistencia jurídica a La Generalitat, así como a las entidades de derecho público, sociedades y fundaciones vinculadas o dependientes de ella, a las que se refiere los apartados 2 y 3 del artículo 5 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de La Generalitat, aprobada por Decreto Legislativo de 26 de junio, del Consell de La Generalitat.
A los efectos de esta ley, se entiende por asistencia jurídica el asesoramiento en derecho y la representación y defensa en juicio, en los términos establecidos en los Capítulos II y III, todo ello sin perjuicio de las competencias por la legislación a los Subsecretarios.
Esta ley no será de aplicación al asesoramiento en derecho de las Cortes Valencianas, de la Sindicatura de Cuentas, del Síndico de Agravios y del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, que estará encomendado a sus propios órganos, de acuerdo con su normativa específica.
ARTÍCULO 2 Abogacía General de la Generalitat.
Corresponde a la Abogacía General de la Generalitat, bajo la superior dirección del abogado general de la Generalitat, la prestación de la asistencia jurídica regulada en esta ley.
El abogado general de la Generalitat es el órgano superior de dirección de la Abogacía General de la Generalitat, y será nombrado y separado por el Consell de la Generalitat, a propuesta del presidente de la Generalitat, entre juristas de reconocido prestigio, teniendo el rango que se establezca en el decreto de nombramiento. Durante el desempeño de su cargo estará habilitado para ejercer las funciones de abogado de la Generalitat.
Son funciones del abogado general de la Generalitat, además de las señaladas en el resto del articulado de esta ley, las siguientes:
El Consell de la Generalitat, a propuesta del presidente de la Generalitat, podrá nombrar un director general de la Abogacía General de la Generalitat entre abogados de la Generalitat con, al menos, cinco años de antigüedad.
Todos los ingresos por costas y convenios previstos en el artículo 7.2 de esta Ley se incluirán como ingresos de Hacienda de La Generalitat Valenciana dándoles el destino que reglamentariamente se establezca.
ARTÍCULO 3 Cuerpo de Abogados de la Generalitat.
Se crea el Cuerpo de Abogados de la Generalitat, correspondiente al grupo A de titulación, al cual se ingresa por el sistema de oposición libre entre licenciados en derecho.
Corresponde a los abogados de la Generalitat el ejercicio de las funciones de asesoramiento, representación y defensa a las que se refiere el artículo 1 de esta ley, en los términos establecidos en los capítulos II y III. Los puestos de trabajo que tengan por objeto el ejercicio de estas funciones se clasificarán como puestos de administración especial, a los efectos del artículo 16.3 y 10 del Texto Refundido de la Ley de Función Pública Valenciana, aprobado por Decreto Legislativo de 24 de octubre de 1995, del Consell de la Generalitat, y su provisión y desempeño efectivo corresponderá, exclusivamente, a funcionarios del Cuerpo de Abogados de la Generalitat.
El régimen retributivo de los funcionarios y de las funcionarias del cuerpo de la abogacía de la Generalitat se ajustará a lo establecido en la normativa sobre función pública que en cada momento esté en vigor, siendo el complemento de destino mínimo de los puestos de trabajo reservados al personal funcionario del cuerpo de la abogacía de la Generalitat el correspondiente al nivel 28. En atención a la especial responsabilidad y dificultad técnica de sus funciones, se les asignará a dichos puestos el complemento específico E050.
Las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo de Abogados de la Generalitat deberán basarse en un temario que exigirá profundos conocimientos en todas las ramas del derecho, con especial énfasis en las materias de derecho civil, derecho procesal, derecho constitucional y autonómico y derecho administrativo, y combinarán de forma equilibrada los ejercicios teóricos y prácticos, debiendo ser evaluadas de acuerdo con los principios de igualdad, objetividad, mérito y capacidad.
El órgano de selección que evaluará tales pruebas estará compuesto, exclusivamente, por los siguientes siete miembros, nombrados por el titular de la Conselleria competente en la materia:
El régimen de incompatibilidades de los abogados de la Generalitat será el establecido con carácter general para el personal al servicio de la administración del Consell.
En el ejercicio de sus funciones, los abogados de la Generalitat estarán sujetos, además de al estatuto de los funcionarios públicos, a las normas deontológicas profesionales de los abogados.
Artículo 3, apartado 5, letra a), modificado por la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 30 de Diciembre de 2009.
Artículo 3, apartado 6, modificado por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2012.
Artículo 3, apartado 3, modificado por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
ARTÍCULO 3 BIS Personas letradas habilitadas
En los términos que reglamentariamente se establezcan, cuando las necesidades del servicio lo requieran, la persona titular de la Abogacía General de la Generalitat podrá habilitar a personal funcionario de la administración de la Generalitat, del grupo A1 de titulación, que posea la titulación exigida para ingresar en el cuerpo de la abogacía de la Generalitat, a efectos de que puedan realizar determinadas actuaciones en sustitución de estos tanto en el ejercicio de la función consultiva como en la contenciosa que les corresponde. En cualquier caso, las personas letradas habilitadas actuarán bajo la dirección y coordinación del abogado o de la abogada general de la Generalitat.
La habilitación prevista en el párrafo anterior lo será tan solo para actuaciones o clases de las mismas concretas y determinadas, relacionadas con las funciones ordinarias de las personas habilitadas, y tendrá carácter temporal. No será posible la habilitación para el ejercicio de la función contenciosa en los procedimientos judiciales en materia de protección de personas menores de edad.
Este personal continuará percibiendo las retribuciones correspondientes al puesto de trabajo que ocupa. No obstante, cuando la habilitación exija la dedicación exclusiva durante toda su jornada laboral para la realización de las mencionadas funciones y las retribuciones de su puesto de trabajo fueran de nivel inferior, el personal habilitado tendrá derecho a percibir las retribuciones asignadas a los puestos de trabajo de nivel mínimo reservados al cuerpo de la abogacía de la Generalitat, por medio del abono de las correspondientes diferencias retributivas.
La habilitación podrá ser revocada en cualquier momento por la persona titular de la Abogacía General de la Generalitat.
En todo caso, las personas letradas habilitadas disfrutarán del régimen de representación y defensa en juicio que, por ley, corresponde a la Abogacía General de la Generalitat, y actuarán en juicio bajo la expresa denominación de «letrados habilitados de la Abogacía General de la Generalitat.
Artículo 3 bis, añadido por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
Artículo 3 bis, modificado por la Ley 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia.
ARTÍCULO 4 Asistencia jurídica externa
Todos los contratos o convenios a celebrar por la Administración de la Generalitat y por las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma, cualquiera que sea su clase o cuantía o las características del contratista, que tengan por objeto la prestación servicios de representación y defensa en juicio, asesoramiento en derecho, consejo jurídico y cualquier otro tipo de asistencia jurídica, incluida la elaboración de borradores de anteproyectos o proyectos de normas y disposiciones y la emisión de informes y dictámenes de juristas independientes y de prestigio, requerirán informe favorable de la persona titular de la Abogacía General de la Generalitat.
La ausencia de dicho informe previo determinará la nulidad de pleno derecho del acto de adjudicación del contrato, pudiéndose repetir, en los términos del artículo 36.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, contra la autoridad o funcionario que hubiese adjudicado el contrato las posibles indemnizaciones que pudieran abonarse como consecuencia de la declaración de nulidad del contrato.
Asimismo el contratista exigirá, con carácter previo a la suscripción del contrato, la acreditación de la mencionada autorización de la Abogacía por parte de la Administración o entidad que adjudique el contrato, y en caso de no ser acreditada, quedará exento de la obligación de suscribir el contrato.
Dicho informe será solicitado:
En los contratos administrativos, con anterioridad a la aprobación del expediente al que se refiere el artículo 110 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Las sociedades mercantiles y fundaciones de la Generalitat, a las que se refieren el capítulo II del título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, deberán solicitar informe de la persona titular de la Abogacía General de la Generalitat con carácter previo a que contraten, encomienden o encarguen la prestación de asistencia jurídica, tanto con carácter permanente como con carácter puntual, incluyendo los servicios de secretaría y asesoría letrada de sus órganos de administración.
La contratación laboral de carácter indefinido o de carácter temporal superior a un año en las sociedades y fundaciones de la Generalitat, a las a las que se refieren el capítulo II del título IX de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, cuando la misma tenga por objeto la prestación de asistencia jurídica, requerirá informe de la persona titular de la Abogacía General de la Generalitat con carácter previo a la formalización del contrato.
Los informes a los que se refieren los apartados anteriores deberán emitirse en el plazo de quince días. De no emitirse dentro del citado plazo, se considerará que se ha emitido favorable, pudiendo proseguir las actuaciones.
En la prestación de asistencia jurídica, los contratistas, juristas, abogados y demás profesionales a los que se les haya encomendado o con quienes se haya contratado o convenido, quedarán sujetos a la coordinación de la persona titular de la Abogacía General de la Generalitat, a quien deberán informar de su actuación en los términos que él establezca, sin perjuicio de su autonomía e independencia profesional.
Artículo 4, apartados 1 y 6, modificados por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2012.
Artículo 4, modificado por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
CAPÍTULO II Función consultiva Artículos 5 y 6
ARTÍCULO 5 Asesoramiento en derecho.
Corresponde a los abogados de la Generalitat integrados en la Abogacía General de la Generalitat el asesoramiento en derecho al president de la Generalitat, al Consell de la Generalitat y a la administración de él dependiente, así como a las entidades autónomas y de derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, sin perjuicio de las especiales funciones del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, como órgano consultivo supremo del Consell de la Generalitat y de su administración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 10/1994, de 19 de diciembre, de la Generalitat, del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.
Será preceptivo el informe de la Abogacía General de la Generalitat en los siguientes casos:
El bastanteo de los documentos que acrediten la representación de los interesados en los procedimientos de contratación, expresando su concreta eficacia en relación con el fin para el que fueron presentados.
En todos los demás supuestos, los órganos competentes podrán solicitar informe de la abogacía de la Generalitat cuando lo consideren necesario en atención a la importancia económica, trascendencia social o dificultad técnico.jurídica del asunto de que se trate.
Artículo 5, apartados 1 y 2, modificados por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2012.
Artículo 5, apartado 2, letra k), modificada por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
ARTÍCULO 6 Carácter de los informes.
Los informes emitidos por la Abogacía General de la Generalitat no son vinculantes, salvo que una ley disponga lo contrario, pero los actos y resoluciones administrativas que se aparten de ellos habrán de ser motivados.
Los informes emitidos por la Abogacía General de la Generalitat se fundarán en derecho, sin perjuicio de que en ellos los abogados de la Generalitat puedan hacer los consejos o advertencias que crean necesarios para la mejor defensa de los intereses de la Generalitat, tales como propuesta de estrategias procesales, conveniencia de llegar a acuerdos o transacciones y otras análogas.
CAPÍTULO III Función contenciosa Artículos 7 a 12
Corresponde a los abogados/as de la Generalitat integrados en la Abogacía General de la Generalitat la representación y defensa en juicio del president de la Generalitat, del Consell y su Administración; y de los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma ante cualesquiera jurisdicciones y órdenes jurisdiccionales, sean españoles, sean supranacionales o internacionales, incluidos los procedimientos que se sigan ante órganos arbitrales y parajudiciales.
La representación y defensa en juicio de las sociedades y fundaciones de la Generalitat, a las que se refieren los artículos 156 y 157 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones, podrá encomendarse a la Abogacía General de la Generalitat a través del oportuno convenio, en el que se determinará la compensación económica que habrá de abonarse a Hacienda de la Generalitat.
La no suscripción de convenio no impedirá la plena vigencia de lo establecido en los apartados 3, 4 y 6 del artículo 4 de esta ley.
Excepcionalmente, cuando así lo aconseje la naturaleza del asunto y a propuesta de la autoridad competente de las previstas en el artículo 9.5, el abogado o abogada general de la Generalitat podrá acordar que la representación y defensa en juicio sea asumida por un abogado o abogada, o confiar a este o a esta solo la defensa, encomendándose la representación a un procurador/a. En tales casos, los profesionales designados darán cuenta de todas sus actuaciones a la persona titular de la Abogacía General de la Generalitat, quedando sujetos a su dirección y coordinación, y actuarán de conformidad con las normas contenidas en los estatutos profesionales que les sean de aplicación.
Los abogados y las abogadas de la Generalitat, por el hecho de ser nombrados y tomar posesión de su cargo, ostentan, sin necesidad de especial acreditación, la representación procesal de la Generalitat.
Artículo 7, apartado 1, modificado por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2012.
Artículo 7, modificada por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
ARTÍCULO 8 Actuación de la Abogacía General de la Generalitat y de los abogados de la Generalitat.
Cuando alguna norma prevea la intervención en algún asunto de índole jurídica, judicial o no judicial, en que esté interesada o sea parte la Generalitat, del Servicio Jurídico del Estado o del abogado del Estado, dicha intervención se entenderá referida a la Abogacía General de la Generalitat y al abogado de la Generalitat, respectivamente.
Los abogados de la Generalitat ostentarán en sus actuaciones, judiciales y no judiciales, la misma consideración, privilegios, prerrogativas y posición procesal que atribuyen a los abogados del Estado las normas vigentes y, en particular, los artículos 11, 12, 13.1, 14 y 15 de la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas, tal y como prevé la disposición adicional cuarta de la misma.
Todos los órganos de la administración de la Generalitat y de las entidades de derecho público, sociedades y fundaciones vinculadas o dependientes de ella a las que los abogados de la Generalitat se lo soliciten y, en particular, los órganos interesados en los procesos, deberán prestar la colaboración precisa para la mejor defensa de los intereses en litigio, especialmente en lo referido a las actuaciones probatorias y la comunicación de resoluciones judiciales.
El abogado general de la Generalitat podrá impartir a los abogados de la Generalitat las instrucciones que consideren pertinentes para la adecuada conducción de las actuaciones procesales en que intervengan.
Los abogados de la Generalitat están obligados a elevar consulta al abogado general de la Generalitat cuando, en el curso de las actuaciones correspondientes, surja algún incidente de especial trascendencia, así como en los demás supuestos en que se establezca reglamentariamente.
ARTÍCULO 9 Disposición de la acción procesal.
Los abogados de la Generalitat no podrán iniciar acción alguna en nombre de la Generalitat sin estar previamente autorizados a ello por la autoridad competente.
Los abogados de la Generalitat no podrán desistir de los procedimientos iniciados, ni allanarse frente a las demandas formuladas de contrario, sin estar previamente autorizados a ello por la autoridad competente.
En casos de urgencia o necesidad, las autorizaciones previstas en el apartado primero podrán ser otorgadas por el abogado general de la Generalitat, quien dará cuenta inmediatamente a la autoridad competente.
El otorgamiento ordinario de las autorizaciones previstas en el apartado 1 podrá ser delegado en el abogado general de la Generalitat.
Son autoridades competentes para el otorgamiento de las autorizaciones a las que se refieren los apartados anteriores, según los casos:
ARTÍCULO 10 Convenios con entidades locales.
ARTÍCULO 11 Defensa y asistencia letrada de autoridades y personal al servicio de la Generalitat.
El abogado de la Generalitat podrá asumir la defensa de las autoridades y el personal al servicio de la Generalitat contra los que se dedujesen ante los correspondientes órganos judiciales pretensiones de responsabilidad civil o penal derivadas de hechos realizados en el ejercicio de sus cargos, funciones o empleos, siempre que las citadas personas hubieran actuado con sujeción a la legalidad o cumpliendo órdenes superiores que no constituyan una infracción manifiesta, clara y terminante del ordenamiento jurídico y que exista coincidencia de intereses.
La defensa o asistencia letrada será asumida a solicitud del interesado, con informe de su superior, y en virtud de acuerdo adoptado por el abogado general de la Generalitat.
La facultad concedida al interesado por este artículo no menoscaba su derecho a designar abogado que le asista o a solicitar que éste le sea designado de oficio.
En los casos de detención o prisión provisional, el interesado podrá solicitar directamente al abogado general de la Generalitat la defensa del abogado de la Generalitat, lo que será resuelto por aquél a la vista de las circunstancias, dando cuenta a su superior.
Para conceder la asistencia jurídica regulada en el aparatado primero del presente artículo, la Abogacía General valorará, con carácter previo, la posible coincidencia de intereses entre el solicitante de asistencia y la Generalitat, atendiendo a factores tales como la especial afección de la Generalitat respecto a los bienes jurídicos protegidos; la posible relación con la defensa de los derechos fundamentales; o la apariencia de actuación legítima por parte de la autoridad o funcionario.
a) Para conceder la asistencia jurídica regulada en el punto 1 del presente artículo, la Abogacía General valorará, con carácter previo, la posible coincidencia de intereses entre el solicitante de la asistencia y la Generalitat, atendiendo a factores tales como la especial afección de la Generalitat respecto de los bienes jurídicos protegidos, la posible relación con la defensa de derechos fundamentales o la apariencia de actuación legítima por parte de la autoridad o funcionario.
Se entenderá en todo caso de que no hay coincidencia de intereses y, por tanto, se denegará la asistencia jurídica, cuando la persona que solicita la asistencia esté imputada por los siguientes delitos tipificados en el Código penal: delitos contra la hacienda pública y contra la seguridad social, delitos relativos a la ordenación del territorio y del urbanismo y la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente, delitos contra la seguridad colectiva, delitos relacionados con los incendios y delitos contra la administración pública.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y en los supuestos a los que hace referencia, cuando haya una apariencia de actuación legítima por parte del funcionario o autoridad, el Consell de la Generalitat podrá autorizar que al abogado de la Generalitat asuma su defensa, siempre que no se vean comprometidos los intereses de la Generalitat. La actuación del abogado de la Generalitat finalizará cuando, como consecuencia de la instrucción, se deduzca que los intereses de la autoridad o el funcionario no son coincidentes con los de la Generalitat, cuando de la resolución judicial motivada se deduzca la existencia de indicios racionales de culpabilidad y, en todo caso, cuando se dicte auto de procesamiento o auto de procedimiento abreviado.
La asistencia jurídica se denegará siempre y cuando el demandante, denunciante o querellante sea otra autoridad o empleado público de la Generalitat. Igualmente, se denegará la asistencia jurídica cuando el demandado, denunciado o querellado sea otra autoridad o empleado público de la Generalitat.
No obstante, en los supuestos regulados en los dos párrafos anteriores, siempre que la asistencia jurídica haya sido solicitada pero denegada, el interesado, si finalmente resuelta absuelto, o el asunto es desestimado, archivado o sobreseído con carácter definitivo o firme, o, en su caso, resultan íntegramente estimadas sus pretensiones con carácter de firmeza, podrá solicitar en concepto de indemnización especial, que correrá a cargo de la conselleria en la que prestase servicio en el momento de producirse los hechos, el reintegro de los gastos de defensa y representación, que se calcularán y reconocerán hasta un límite máximo correspondiente al regulado según los listados de honorarios aprobados por los respectivos colegios profesionales, cuando en el procedimiento judicial correspondiente sea preceptiva su participación. También se podrá solicitar el reintegro cuando el abogado de la Generalitat cese en su defensa en los supuestos del último inciso del párrafo tercero del apartado a, y finalmente resulte absuelto, o el asunto sea desestimado, archivado o sobreseído con carácter definitivo y firme.
Asimismo, en los supuestos restantes en los que la asistencia jurídica haya sido denegada después de ser expresamente solicitada, el interesado podrá solicitar la indemnización especial anteriormente indicada siempre que se cumplan los requisitos expresados en el párrafo anterior.
La indemnización especial solo será reconocida si, con anterioridad al inicio de las actuaciones judiciales en las que la autoridad o el funcionario deba ser asistido jurídicamente, se solicita por escrito dicha asistencia según los trámites regulados en este precepto, excepto los supuestos del último inciso del párrafo tercero del apartado a.
Artículo 11, apartado 5, añadido por la Ley 10/2012, de 21 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 27 de Diciembre de 2012.
Artículo 11, apartado 5.a), añadido por la Ley 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.
ARTÍCULO 12 Colaboración por razones interés general en la defensa de particulares.
Cuando el interés general de los valencianos lo haga conveniente en atención a las circunstancias previstas en el apartado siguiente, el Consell de la Generalitat, previo informe del abogado general de la Generalitat, podrá autorizar que la Abogacía General de la Generalitat colabore en la defensa de particulares en determinados procedimientos o clases de los mismos, o que el coste de dicha defensa sea sufragado total o parcialmente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, con sujeción, en este último caso, a la normativa presupuestaria aplicable.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, se tendrá en cuenta el carácter unitario de las pretensiones deducidas por los particulares, de su fundamentación jurídica y de los hechos de los que deriven, la existencia de un grupo numeroso de particulares en cuya defensa se colabore, la complejidad de las pretensiones y dificultad técnica y económica de los medios de prueba necesarios para hacerlas valer, la repercusión positiva de tales pretensiones en el progreso social y económico de la Comunidad Valenciana y otras circunstancias de análoga naturaleza.
La colaboración prevista en el apartado 1 podrá consistir en la concertación voluntaria de criterios de actuación procesal homogéneos que puedan seguir los profesionales, la elaboración de modelos de escritos jurídicos que puedan ser utilizados por los profesionales encargados de dicha defensa, la emisión de informes periciales u otros medios de prueba que se pongan a disposición de tales profesionales o la promoción de estudios jurídicos y seminarios dirigidos a los mismos. Dicha colaboración se podrá canalizar, en su caso, a través de los colegios de abogados y procuradores.
En todo caso quedará a salvo el derecho de libre elección de abogado y procurador, así como la plena independencia de tales profesionales en el desempeño de las funciones que les hubieran sido encomendadas por sus patrocinados, de conformidad con las normas contenidas en los estatutos profesionales que sean de aplicación.
En ningún caso se podrá adoptar el acuerdo previsto en el apartado 1 de este artículo por razones de mero interés o conveniencia personal o cuando exista contraposición de inte-reses con la propia Generalitat.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y sus disposiciones de desarrollo.
PRIMERA Ingreso mediante curso selectivo al Cuerpo de Abogados de la Generalitat
Podrán ingresar, previa solicitud de los interesados, en el Cuerpo de Abogados de la Generalitat, los funcionarios de carrera de la Generalitat o de otras administraciones públicas del grupo A, licenciados en derecho, cualquiera que sea la situación administrativa en la que se encuentren, que cumplan los siguientes requisitos:
El curso selectivo será convocado dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley, y tendrá por objeto profundizar y complementar la formación de los solicitantes en el ejercicio práctico, consultivo y contencioso, de las diversas actuaciones de la Abogacía General de la Generalitat, con incidencia en las materias señaladas en el artículo 3.4 de esta ley.
Estarán exentos de realizar el curso selectivo aquellos funcionarios que, habiendo solicitado participar en el mismo, superen unas pruebas específicas que consistirán en la realización por escrito de uno o varios ejercicios prácticos. La presentación a estas pruebas tendrá carácter voluntario.
El órgano de selección que evaluará las pruebas a las que se refiere el apartado anterior de esta disposición adicional estará compuesto por un mínimo de tres funcionarios, designados por el titular de la Conselleria competente en la materia, en los que concurra alguno de los siguientes requisitos:
SEGUNDA Funcionarios del Cuerpo de Abogados del Estado
TERCERA Puestos de trabajo de naturaleza laboral
CUARTA Modificación de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Gobierno Valenciano
El artículo 49.3 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Gobierno Valenciano, queda redactado de la siguiente manera:
El artículo 49 bis.1.e) de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, de Gobierno Valenciano, queda redactado de la siguiente manera:
No obstante lo dispuesto en los artículos 7.1 y 8.2 de la presente Ley, el Abogado o Abogada General de la Generalitat podrá excepcionalmente autorizar la colegiación de uno o varios abogados de la Generalitat, a los únicos y exclusivos efectos de llevar a acabo la representación y defensa en juicio de la Generalitat ante determinadas Instituciones jurisdiccionales supranacionales o internacionales.
Disposición Adicional Quinta, añadida por la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 30 de Diciembre de 2009.
PRIMERA Exención de pruebas
En las dos primeras convocatorias de pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de Abogados de la Generalitat, la convocatoria podrá eximir de realizar las pruebas de carácter práctico a los funcionarios de carrera de la Generalitat o de otras administraciones públicas del grupo A, licenciados en derecho, que hubieran desempeñando funciones efectivas y exclusivas de asesoramiento en derecho o representación y defensa en juicio de la Generalitat o entidades de derecho público vinculadas o dependientes de la misma durante, al menos, 6 meses con posterioridad al 1 de febrero de 2001.
En las dos primeras convocatorias de pruebas selectivas de ingreso al Cuerpo de Abogados de la Generalitat, la convocatoria podrá eximir de realizar las pruebas de carácter teórico a las personas que hayan superado con posterioridad al 1 de febrero de 2001 la totalidad de las pruebas selectivas teóricas de ingreso en cuerpos especiales de funcionarios del grupo A, licenciados en derecho, al servicio de la administración general del Estado o de la administración de las comunidades autónomas, cuyo objeto específico y exclusivo sea la representación y defensa en juicio o el asesoramiento en derecho de la administración respectiva.
SEGUNDA Aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Abogacía General de la Generalitat y provisión de los mismos
El titular de la Conselleria competentente en la materia aprobará la relación de puestos de trabajo de la Abogacía General de la Generalitat dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigor de esta ley. Esta relación de puestos de trabajo incorporará también los puestos de trabajo de grupos inferiores al grupo A que forman parte de la relación de puestos de trabajo del Gabinete Jurídico de la Generalitat.
Una vez celebrado el curso selectivo al que se refiere la disposición adicional primera, el titular de la Conselleria competente en la materia convocará concurso para la provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios del Cuerpo de Abogados de la Generalitat entre las personas que hubieran ingresado en el Cuerpo de Abogados de la Generalitat, sin perjuicio de que cualquiera de ellos pudiera pasar a desempeñar puestos de libre designación.
Disposición Transitoria Quinta, apartados 3, 4 y 5, derogados por la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat, publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, el 30 de Diciembre de 2009.
DECRETO 57/2002, de 19 de febrero, de modificación del Decreto 257/1997, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios jurí...
Decreto por el que se crea la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón, y se aprueba el Reglamento que regula...
Decreto de organización y funcionamiento de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Castilla y León (Decreto 17/1996, de 1 de febrero)
DECRETO 147/2002, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
Ley de Pesca Marítima y Acuicultura de la Región de Murcia (Ley 2/2007, de 12 de marzo)
Corrección de errores de la Orden ITC/3995/2006, de 29 de diciembre, por la que se establece la retribución de los almacenamientos subterráneos de gas natural incluidos en la red básica.
REAL DECRETO 1269/1997, de 24 de Julio, por el que se regula la Organizacion y Funcionamiento del Centro de Estudios politicos y Constitucionales.
Ley 4/1986, de 10 de Marzo, de Bases de delegacion en el Gobierno para la adecuacion de las Leyes de Cataluña al derecho de las Comunidades europeas.