Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-00041-de-noviembre-8-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_ed3084310d800100e0430a0101510100&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-01-20 09:32:59
Document Index: 375934000

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 83', 'e contrario', 'artículo 363', 'artículo 374', 'artículo 374', 'artículo 83', 'artículo 95', 'artículo 83', 'artículo 2', 'artículo 83']

﻿ Sentencia 2006-00041 de noviembre 8 de 2013
SENTENCIA 2006-00041 DE 08 DE NOVIEMBRE DE 2013
CONTENIDO:BUENA FE EN ACTUACIONES JUDICIALES. CONFORME A LA DOCTRINA DE LOS ACTOS PROPIOS, CON FUNDAMENTO EN LA BUENA FE OBJETIVA EXISTE PARA LAS PERSONAS EL DEBER DE ACTUAR DE MANERA COHERENTE, RAZÓN POR LA CUAL ELLAS NO PUEDEN CONTRADECIR SIN JUSTIFICACIÓN SUS CONDUCTAS ANTERIORES RELEVANTES Y EFICACES, ESPECÍFICAMENTE SI CON TALES COMPORTAMIENTOS SE GENERÓ UNA EXPECTATIVA LEGÍTIMA EN LOS OTROS SOBRE EL MANTENIMIENTO O LA CONTINUIDAD DE LA SITUACIÓN INICIAL. EL EJERCICIO DE LAS ACCIONES JUDICIALES Y LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE LUEGO DE INICIADAS SE EFECTÚEN EN VIRTUD DE ELLAS, SON COMPORTAMIENTOS QUE ESTÁN SOMETIDOS AL IMPERIO DE ARTÍCULO 83 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, ESTO ES A LOS POSTULADOS DE LA BUENA FE. POR LO TANTO, EN LOS LITIGIOS, LOS INTERVINIENTES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA POSICIÓN QUE OCUPEN, DEBEN DESEMPEÑARSE CON RESPETO EN RELACIÓN CON SUS ACTUACIONES ANTERIORES, YA SEA QUE ELLAS SE HAYAN VERIFICADO POR FUERA DEL PROCESO O EN SU INTERIOR, DE MODO QUE SU GESTIÓN SEA SIEMPRE UN REFLEJO DE LA COHERENCIA.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LA BUENA FE, RECURSO DE CASACIÓN, PROCESO JUDICIAL
Sentencia 2006-00041 de noviembre 8 de 2013
Ref.: 73001-31-03-005-2006-00041-01
(Discutido y aprobado en Sala de 27 de mayo de 2013).
Bogotá, D.C., ocho de noviembre de dos mil trece.
1. Con estribo en la causal primera de casación, se denunció la sentencia cuestionada por ser indirectamente violatoria, por falta de aplicación, de los artículos 6º, 964, 1443, 1455, 1458-modificado por el 1º del Decreto 1712 de 1989-, 1519, 1523, 1740, 1741, 1742-modificado por el 2º de la Ley 50 de 1936-, 1746, 1766,1849 y 1928 del Código Civil, 267 del Código de Procedimiento Civil y 882, 899, 905 y 947 del Código de Comercio, como consecuencia de los manifiestos errores de hecho en que incurrió el tribunal al apreciar las pruebas del proceso.
2. A continuación, la recurrente precisó que las pruebas “mal apreciadas” fueron las siguientes:
2.1. Los testimonios de Guillermo Giraldo Leyva, Libardo Mejía Arango, María Esneda Martínez Estrada, Darío Londoño Londoño, Humberto Pinilla Rojas, Félix Antonio Martínez Sendoya, Leonor Echeverría Cortés, Hernando Casas Bolívar, Fabio Carvajal Romero y Jorge Augusto Lozano Delgado.
2.2. Los interrogatorios de parte absueltos por Carmen Carreño de Sabogal; Ángela Janeth y Francisco Javier Sabogal Carreño; y Jorge Hernando, Amanda Elizabeth y Orlando Sabogal Martínez.
2.3. Las experticias grafológicas que obran a folios 1 a 69 del cuaderno 4, 1 a 216 del cuaderno 5 y 209 a 219 del cuaderno 2.
2.4. La documental consistente en las copias de las escrituras públicas 2289 de 23 de agosto de 2002 y 2231 de 2 de octubre de 2003, ambas otorgadas en la Notaría Tercera de Ibagué; los registros civiles de defunción del señor Ángel Tobías Sabogal Sabogal, de matrimonio de los esposos Sabogal Carreño y de nacimiento de la totalidad de los hijos de aquel; la copia del Acta 245 de 20 de agosto de 2002, militante a folios 21 a 24 del cuaderno 2; las copias de la ofertas remitidas por el citado causante que aparecen del folio 50 al 52 del mismo cuaderno; la copia del contrato de compraventa de las cuotas sociales (fls. 53 a 55, cdno. 2); y las copias de las declaraciones y pago del impuesto de seguridad democrática, presentadas por los demandados y por el señor Sabogal Sabogal.
3. Con apoyo, por una parte, en los testimonios de los señores Libardo Mejía Arango, María Esneda Martínez Estrada, Humberto Pinilla Rojas y Leonor Echeverría Cortes; y, por otra, en los interrogatorios que absolvieron los demandados Amanda Elizabeth Sabogal Martínez, Francisco Javier Sabogal Carreño y Orlando Sabogal Martínez, declaraciones que la recurrente reprodujo parcialmente, esta aseveró que, contrariamente a lo que sostuvo el ad quem, aparece demostrada “la causa simulandi”, que no fue otra que “la intención que Ángel Tobías Sabogal Sabogal (tuvo) de favorecer al grupo familiar Sabogal-Carreño”.
Sobre el mismo aspecto, la impugnante, además, invocó el indicio derivado del hecho de que Jorge Orlando Sabogal Martínez no contestó la demanda; la escritura pública 2289 de 23 de agosto de 2002 de la Notaría Tercera de Ibagué; el contrato de venta de las cuotas sociales; y las ofertas que en relación con las mismas hizo Ángel Tobías Sabogal Sabogal.
De manera general, la casacionista observó, en primer lugar, que el tribunal “alteró la objetividad de la prueba y le h[izo] decir lo que ella no demuestra”; en segundo término, que “todas las pruebas que se acaban de mencionar demuestran sin dubitación alguna la causa de la simulación, que no es otra que el favorecimiento del grupo familiar Sabogal Carreño, mediante la transferencia de las cuotas de interés que Ángel Tobías Sabogal Sabogal tenía en la Sociedad Transportes Centrolima Ltda.”; y, finalmente, que, pese a ello, el ad quem “alteró la objetividad de estas pruebas, las unas pretiriéndolas y las otras dándoles un significado ostensiblemente contrario a lo que ellas demuestran, pues dice contrariando las evidencias que ninguna demuestra la causa simulandi”.
4. En cuanto hace a la valoración que de las pruebas documentales existentes en el proceso efectuó el tribunal para colegir la “verosimilitud y seriedad del acto que se fustiga”, la recurrente expuso:
4.1. Conforme el testimonio del señor Fabio Carvajal Romero, “lo referente a las cuotas de interés de la Sociedad Transportes Centrolima Ltda. fue el punto que suscitó mayor controversia entre los herederos”; “el supuesto valor de la cesión figuraba contablemente como pagado cuando en realidad no había habido pago alguno”; y “para zanjar discusiones, los cesionarios aceptaron que su precio fuera descontado de sus respectivos derechos”.
Así las cosas, dicha declaración, que reprodujo en parte, “enseña que a cambio del derecho de dominio sobre las cuotas de interés no se estipuló en verdad precio alguno, o lo que es lo mismo, que su transferencia (...) se estaba haciendo a título de donación”, como quiera que “la circunstancia de que los interesados en la mortuoria se avinieran ulteriormente a convenir un precio (...) en nada desdice el hecho real y cierto de que al momento de hacer la cesión, las partes no convinieron precio alguno aunque frente a los terceros declararon que sí se había estipulado uno”.
4.2. Eso “mismo es lo que prueba el acto de liquidación y partición de la sociedad conyugal y de la herencia de Ángel Tobías Sabogal Sabogal contenido en la escritura pública 2231 del 2 de octubre de 2003, otorgada en la Notaría Tercera de Ibagué, puesto que contrariamente a lo que entendió el tribunal, lo que ella prueba es que en verdad no se pactó precio alguno en la cesión y que para dirimir diferencias con los cesionarios finalmente aceptaron pagar el valor que para los terceros habían fingido los simulantes descontándolo de sus respectivas hijuelas”.
4.3. Igual acontece con los interrogatorios de parte absueltos por Ángela Janeth y Francisco Javier Sabogal Carreño, “porque coinciden en afirmar que finalmente el supuesto valor de la cesión les fue descontado de sus respectivas hijuelas”.
4.4. La circunstancia de que la sucesión de Ángel Tobías Sabogal Sabogal se haya liquidado notarialmente, lo que indica es que “todos estuvieron de acuerdo pero no en lo que dice el tribunal, sino en que no hubo precio alguno al momento de celebrarse la cesión y que finalmente lo convinieron para dirimir las diferencias. (...). Por consiguiente, cuando el tribunal dice que este hecho indica que hubo venta porque hubo precio, está simplemente alterando lo que este hecho indica”.
4.5. Las ofertas que remitió Ángel Tobías Sabogal Sabogal a sus consocios el 6 de agosto de 2002, “también son prueba de que en la enajenación de las cuotas sociales no hubo precio”, en tanto que en ellas “no se indica ningún plazo para su pago, como deberían contenerlo (...) por así disponerlo el artículo 363 del Código de Comercio”, de modo que si en verdad se pactó “un precio” y se concedió “un plazo para cancelarlo, lo normal era que la oferta lo hubiera mencionado y por lo tanto, al no figurar plazo alguno, resulta incuestionable que el precio era sólo una apariencia para mostrarle a los terceros”.
Se suma a lo anterior que de acuerdo con la experticia grafológica realizada a las cartas de cesión de cuotas que obran del folio 50 al 52 del cuaderno 2, “... ‘las firmas que corresponden al ‘Recibí’ de Ángela Janeth Sabogal, Carmen Carreño de Sabogal y Francisco Javier Sabogal, se estamparon en una fecha muy posterior, a la fecha en que firmó Ángel Tobías Sabogal’ (...)”, lo que “realza la simulación, pues se quieren hacer aparecer como contemporáneas”.
El sentenciador de segunda instancia, por lo tanto, infirió de las mencionadas ofertas “lo que (...) ellas no demuestran”, porque vio una venta “cuando en verdad enseñan una donación por no haber en realidad precio alguno”.
4.6. “En conclusión, todas las pruebas que se acaban de reseñar en este numeral (...) demuestran que en la cesión que hizo Ángel Tobías Sabogal Sabogal de sus cuotas sociales no se pactó precio alguno y sin embargo el tribunal les da a las probanzas un significado contrario a lo que ellas enseñan para tener por demostrado que hubo venta por haber habido precio”.
5. Respecto de las “declaraciones de patrimonio y del impuesto a la seguridad democrática de los cesionarios”, con base en las cuales el ad quem dedujo su capacidad económica y que ellos reconocieron la deuda que tenían con Ángel Tobías Sabogal Sabogal, la recurrente advirtió que ellas “no demuestran que se haya pactado un precio por la cesión de cuotas y mucho menos que este se hubiera pagado por aquel entonces”; que, “por consiguiente, resulta inane la demostración de la capacidad económica de los cesionarios”; que “los pasivos que en tales documentos figuran no son otra cosa que una elaboración más, aunque refinada, para ocultar la donación o, lo que es lo mismo, para aparentar ante los terceros la existencia del supuesto precio”; y que “el comportamiento de los cesionarios después de la celebración del contrato indica que tenían como suyas las cuotas de interés cedidas y que por esto las incluyeron en su patrimonio y sobre el total de este pagaron el correspondiente impuesto, pero el punto es que las pruebas demuestran que los cesionarios las tenían en su patrimonio a título gratuito, esto es, por una donación, y no por una compraventa como equivocadamente lo deduce el tribunal de la masa probatoria”.
6. En torno a que el parentesco entre cedente y cesionarios, en este caso, no es admisible como indicio de la simulación, como quiera que en la venta de las cuotas sociales operó el derecho de preferencia en favor de los adquirentes, la recurrente señaló que “semejante deducción del tribunal lo que hace en verdad es darle a este hecho probado una connotación diferente a la que todas las restantes probanzas le están indicando, pues éstas le están señalando que la cesión fue a título gratuito y que la razón de tal gratuidad estaba en que los cesionarios eran su segunda esposa y los hijos habidos con esta”.
7. Añadió la impugnante, que existen otros indicios de que el verdadero negocio jurídico celebrado por Sabogal Sabogal, su esposa e hijos fue “una donación con apariencia de venta”, que corresponden a los que siguen a especificarse:
7.1. La administración de la Sociedad Transportes Centrolima Ltda. por parte de Ángel Tobías Sabogal Sabogal hasta el momento de su muerte, lo que se acreditó con los testimonios de Guillermo Giraldo Leyva, Libardo Mejía Arango, María Esneda Martínez Estrada, Darío Londoño Londoño, Humberto Pinilla Rojas, Félix Antonio Martínez Sendoya y Leonor Echeverría Cortés. “Sin embargo, el Tribunal alterando la objetividad de estas pruebas concluyó de manera ilógica que ello significa simplemente que Ángel Tobías Sabogal Sabogal quiso vender la totalidad ‘de sus acciones como efectivamente lo hizo’”.
7.2. Que en ocasiones anteriores el citado causante había recurrido a ventas simuladas para disfrazar donaciones, “como lo demuestran los interrogatorios de Ángela Janeth Sabogal Carreño (...), Hernando Sabogal Martínez (...) y Orlando Sabogal Martínez (...) y el testimonio de Darío Londoño Londoño (...)”.
7.3. “(...) el hecho de resultar falsa la firma que como de Ángel Tobías Sabogal Sabogal aparece en el acta de la asamblea de socios 245 (...), en la que supuestamente se acordó la cesión de las cuotas y se hizo efectivo el derecho de preferencia de los consocios”, como se conceptuó en el dictamen pericial que se rindió al respecto y que milita a folio 19 del cuaderno 4, probanza que el tribunal prefirió por completo.
7.4. El allanamiento que en frente de las pretensiones de la demanda y de sus hechos hizo el demandado Jorge Hernando Sabogal Martínez.
7.5. La falta de contestación de la demanda por parte del accionado señor Jorge Orlando Sabogal Martínez.
7.6. Los conflictos que existieron entre el mencionado causante y su hijo Ángel Tobías Sabogal Martínez, toda vez que determinaron a aquel, precisamente, “a favorecer el grupo familiar Sabogal-Carreño mediante la cesión a título gratuito de las cuotas de interés de la Sociedad Transportes Centrolima Ltda.”.
7.7. El precio irrisorio.
8. En definitiva, la recurrente concluyó que “cuando el tribunal sostuvo que no hubo donación (...) porque con los testimonios, los interrogatorios, los documentos y el dictamen pericial aparece demostrado que sí se pactó precio y que este fue pagado, su valoración probatoria es contraria a lo que en realidad enseñan todas esas pruebas, toda vez que, tal como se demostró suficientemente a lo largo de este cargo, ellas en realidad enseñan que hubo una simulación consistente en hacer aparecer ante los terceros como una venta la donación que en verdad hizo Ángel Tobías Sabogal Sabogal de las cuotas sociales que tenía en la Sociedad Transportes Centrolima Ltda.”, tras lo que reiteró el quebranto de las normas indicadas al inicio de la acusación.
1. Los cargos que se propongan para sustentar el recurso extraordinario de casación se deben formular, según exigencia expresa del inciso 1º del numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento, en “forma clara y precisa”, requisito en torno del que la Sala, insistentemente, ha precisado, en primer lugar, que toda acusación “debe ser perceptible por la inteligencia sin duda ni confusión”, esto es, “exacta, rigurosa, que contenga los datos que permitan individualizarla dentro de la esfera propia de la causal que le sirve de sustento” (Cas. Civil, Sent., sep. 15/94).
En segundo término, que su sustentación “no puede hacerse de cualquier manera y, mucho menos, de una que se asimile a un alegato de instancia, sino con indicación puntual y explicación suficiente de las específicas trasgresiones de la ley —sustancial o procesal— en que incurrió el sentenciador al proferir el fallo cuestionado, y exponiendo los planteamientos que sirven al propósito de demostrar los yerros que se imputen, de donde los argumentos que se esgriman no pueden quedarse en meras generalizaciones, o afianzarse en la totalidad de lo acontecido en el litigio, o aludir globalmente a lo probado en el proceso, o reprochar de forma abstracta las decisiones adoptadas, o limitarse a presentar la visión personal que el recurrente tenga de la plataforma fáctica del litigio, actitudes todas que harán inadmisible la acusación que en tales condiciones se formule” (Cas. Civil, Auto, oct. 26/2012, Exp. 11001-3103-030-2003-00723-01).
Y finalmente, que los reproches que se aduzcan deben guardar “estricto ceñimiento a las razones o fundamentos del fallo impugnado, porque lógica y jurídicamente debe existir cohesión entre el ataque o ataques contenidos en la demanda de casación y la sentencia del ad quem (...). El recurso de casación —ha dicho la Corte— ‘ha de ser en últimas y ante la sentencia impugnada, una crítica simétrica de consistencia tal que, por mérito de la tesis expuesta por el recurrente de manera precisa, y no por intuición oficiosa de la Corte, forzoso sea en términos de legalidad aceptar dicha tesis en vez de las apreciaciones decisorias en que el fallo se apoya...’ (Cas. Civil, sep. 10/91). (...). La simetría de la acusación referida por la Sala en el aparte anterior, debe entenderse no solo como armonía de la demanda de casación con la sentencia en cuanto a la plenitud del ataque, sino también como coherencia lógica y jurídica, según se dejó visto, entre las razones expuestas por el juzgador y las propuestas por el impugnante, pues en vano resulta para el éxito del recurso hacer planteamientos que se dicen impugnativos, por pertinentes o depurados que resulten, si ellos son realmente extraños al discurso argumentativo de la sentencia, por desatinada que sea, según el caso” (Cas. Civil, Sent., dic. 10/99, Exp. 5294).
2. El cargo único que, para combatir la sentencia cuestionada, fue propuesto, incumple el requisito señalado, al punto que mirado en todo su contexto, no es dable establecer si con él la recurrente buscó la prosperidad de la simulación absoluta que fue solicitada como súplica principal, o la relativa reclamada como pretensión primera subsidiaria, o la ineficacia a que se concretó la petición segunda subsidiaria.
Si bien, en principio, pareciera que el ataque estuvo dirigido a controvertir la totalidad de los argumentos en los que el ad quem soportó su fallo desestimatorio, es notorio que a lo largo de la censura se enfatizó en que la cesión de las cuotas de interés social materia de la controversia tuvo por fin encubrir la donación que, en realidad, Ángel Tobías Sabogal Sabogal hizo a su esposa Carmen Carreño de Sabogal y a su hijos Ángela Janeth y Francisco Javier Sabogal Carreño.
Tal ambivalencia de la acusación, como es propio entenderlo, riñe abiertamente con la exigencia de claridad y precisión de que ahora se trata, en tanto que implica para la Corte que sea ella quien defina sus verdaderos alcances, lo que le está vedado, por el carácter eminentemente dispositivo que ostenta el recurso extraordinario de casación.
3. Se suma a lo anterior que la impugnante tampoco atendió cabalmente el deber que tenía de demostrar los errores de hecho que atribuyó al tribunal, como lo prevé el inciso 2º del mismo numeral 3º del artículo 374 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no realizó una labor de contraste entre el contenido objetivo de las pruebas que tildó de preteridas o tergiversadas y lo que de ellas debió colegir esa corporación.
Al respecto se hace notar que buena parte de los elementos de juicio que en concepto de la recurrente fueron indebidamente apreciados por el sentenciador de segunda instancia, aparecen simplemente mencionados en el cargo y que, en relación con aquellos a los que se aludió sobre su contenido, la actividad de censora se circunscribió a emitir sus conclusiones sobre tales medios de convicción, apreciaciones que por más razonables y fundadas que sean, no sirven para estructurar la comisión de yerros fácticos.
4. Ahora bien, si en gracia de discusión, se pasaran por alto las deficiencias técnicas que se dejan advertidas, suficientes para colegir el fracaso del cargo, se impone destacar que los errores denunciados son inexistentes o que los mismos no son manifiestos, toda vez que era plausible inferir del material probatorio recaudado en este asunto la realidad del negocio jurídico cuestionado.
Siendo ostensible que el aspecto toral del fallo del tribunal consistió en que los adquirentes de las cuotas sociales de interés pagaron su precio real (150.000.000.00) en la liquidación que, de mutuo acuerdo, actores y demandados hicieron por el trámite notarial consagrado en el Decreto 902 de 1998, tanto la sociedad conyugal que existió entre los esposos Sabogal-Carreño como la herencia del señor Sabogal Sabogal, debe destacarse que esa es una circunstancia que, independientemente de otras interpretaciones, bien podía inferirse de la escritura pública 2231 de 2 de octubre de 2003, otorgada en la Notaría Tercera de Ibagué, pues, ciertamente, allí aparecen reconocidos los créditos que en favor del causante y a cargo de Carmen Carreño de Sabogal, Ángela Janeth y Javier Francisco Sabogal Carreño se relacionaron en las partidas vigésima segunda, trigésima octava y cuadragésima segunda del activo sucesoral y primera del pasivo de la sociedad conyugal, cuyo valor fue deducido de los bienes adjudicados a los citados intervinientes.
Tal constatación quedó refrendada, como igualmente lo puso de presente el ad quem, con el testimonio rendido por el doctor Fabio Carvajal Romero, profesional del derecho que se ocupó, precisamente, del referenciado diligenciamiento notarial.
Igual acontece en relación con la capacidad económica de los mencionados cesionarios, como quiera que es verdad que en las declaraciones del impuesto de seguridad democrática que aparecen del folio 59 al 64 del cuaderno 2, se indicó que al 31 de agosto de 2002, el patrimonio de Carmen Carreño de Sabogal ascendía a $ 528.748.039,07, de Ángela Janeth Sabogal Carreño a $ 262.515.199,21 y de Francisco Javier Sabogal Carreño a $ 266.834.248,57, valores que sirvieron de base para la liquidación de dicho gravamen, que fue el cancelado por tales contribuyentes.
5. No obstante todo lo expuesto, adicionalmente advierte la Corte la intrascendencia del cargo, por las razones que pasan a elucidarse.
5.1. Por mandato expreso del artículo 83 de la Constitución Política “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”.
Tal previsión, complementada a su turno por el artículo 95 de la Carta, que en su numeral 1º consagra para todos el deber de “respetar los derechos ajenos”, impone a la generalidad de las personas el deber jurídico de comportarse en sus relaciones con los demás de manera proba, recta, honrada, correcta y leal, especialmente, en tratándose de la realización de actos llamados a producir efectos jurídicos.
Es que la buena fe, entendida como principio general del derecho, “debe estar presente en todos los actos que desplieguen los sujetos de derecho, ya se trate de relaciones entre particulares o de aquellas que se dan entre estos y el Estado, no solo porque al respecto el artículo 83 de la Carta Política no hace discriminación de ninguna índole, (...), sino por razón de que ‘obrar dentro de esos parámetros es prohijar conductas que han sido erigidas como referentes sociales de comportamientos apropiados..., es proceder con la rectitud debida, con el respeto esperado, es la actitud correcta y desprovista de elementos de engaño, de fraude o aprovechamiento de debilidades ajenas. (...) (Sent. 105, ago. 9/2007, Exp. 2000-00254-01)” (Cas. Civil, Sent., ago. 23/2011, Exp. 080013103004-2002-00297-01).
Patente es que en el diario contacto de las personas, los comportamientos que ellas realizan irradian sus efectos en los sujetos a los que están dirigidos, quienes, en consecuencia, desarrollan una expectativa determinada que, a la vez, en la mayoría de los casos, motiva las conductas que, como respuesta, estos despliegan.
Cada uno de los participantes en ese proceso relacional espera del otro la realización, por su parte, de actos subsiguientes que guarden coherencia, consistencia o continuidad con los anteriores. Cuando así ocurre, se fortalece la credibilidad y la confianza. Si no se procede de esa manera, esto es, si se incurre en contradicción injustificadamente, aflora la prevención y el desacuerdo. “De este modo, la construcción de expectativas y la motivación a la acción está racionalmente fundada en la sinceridad del acto comunicacional” (Cas. Civil, Sent., jun. 22/2011, Exp. 11001-3103-010-2000-00155-01).
Inocultable es, por lo tanto, la importancia de actuar con sujeción a los postulados que se derivan del principio general de la buena fe, pues solo así es posible “la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo”, que a voces del artículo 2º de la Constitución Política son, entre otros más, fines del estado social del derecho.
5.2. Con fundamento en el comentado principio, se ha estructurado la “doctrina de los actos propios” —venire contra factum proprium non valet—, conforme a la cual, en líneas generales, con fundamento en la buena fe objetiva existe para las personas el deber de actuar de manera coherente, razón por la cual ellas no pueden contradecir sin justificación sus conductas anteriores relevantes y eficaces, específicamente si con tales comportamientos se generó una expectativa legítima en los otros sobre el mantenimiento o la continuidad de la situación inicial.
La Corte, en reciente pronunciamiento, puntualizó que “en el ámbito propio de los negocios o el trasegar cotidiano, que, por lo mismo, involucra diversos roles, la actitud asumida por un individuo al exteriorizar, ya de manera expresa ora implícita, su designio, determina parámetros de una manera de portarse, diversos si se quiere, que, a su vez, sirven de referentes o apalancamiento del actuar de aquellos con los que se relaciona, quienes persuadidos por esa conducta deciden transitar caminos que poco a poco fortalecen los lazos tejidos por la creencia inequívoca de un derrotero constante y coherente con miras al propósito vislumbrado en común. Y, por supuesto, el rompimiento de esos parámetros resquebraja esa credibilidad y, muy seguro, la confianza que se estaba construyendo”. Más adelante concluyó, por lo tanto, que la doctrina de los actos propios se fundamenta en “la coherencia exigida en el comportamiento de las personas, de tal forma que lo realizado en el pasado, que ha servido, a su vez, como determinante o referente del proceder de otras o que ha alimentado, objetivamente, ciertas expectativas, no puede ser contrariado de manera sorpresiva, caprichosa o arbitraria, si con ello trasciende la esfera personal y genera perjuicio a los demás” (Cas. Civil, Sent., ene. 24/2011, Exp. 11001 3103 025 2001 00457 01).
En esa misma providencia, la Sala señaló que “si bien jurisprudencia y la doctrina no son concordantes en cuanto a los requisitos establecidos para considerar si, en estrictez, procede la teoría de los actos propios, la mayoría converge en señalar los siguientes como tales: i) una conducta relevante que genere en la otra persona un grado de confianza legítima sobre la realización o concreción, en el futuro, de unas consecuencias en particular; ii) que, con posterioridad, emerja otra conducta (quizás una pretensión) que contradiga con evidente y objetiva incoherencia, los antecedentes plantados; iii) que la nueva situación presentada tenga trascendencia en lo jurídico y la virtualidad para afectar lo existente; y, iv) que haya identidad entre quienes resultaron involucrados en uno y otro episodio” (Cas. Civil, ibíd.)
5.3. Como es pertinente colegirlo, el ejercicio de las acciones judiciales y la realización de las actividades que luego de iniciadas se efectúen en virtud de ellas, son comportamientos que también están sometidos al imperio de artículo 83 de la Constitución Política. Significa lo anterior que en los litigios, los intervinientes, independientemente de la posición que ocupen, deben desempeñarse con respeto en relación con sus actuaciones anteriores, ya sea que ellas se hayan verificado por fuera del proceso o en su interior, de modo que su gestión sea siempre un reflejo de la coherencia.
Por consiguiente, en desarrollo de los derechos de acción y de defensa, las partes de un proceso no pueden, sin mediar una justificación legalmente atendible y, mucho menos, de manera intempestiva e inconsulta, actuar en contravía de la posición que con anterioridad asumieron, así la nueva postura sea lícita, si con ello vulneran las expectativas legítimamente generadas en su contraparte o en los terceros, o los derechos de una y otros.
Es pertinente entender, en consecuencia, que la efectiva aplicación del principio de la buena fe y de la regla que de él se deriva que nos compele a respetar los actos propios, garantizan que los procesos judiciales, en general, y los actos que en desarrollo de ellos se realicen, en particular, sean siempre expresión de probidad, corrección, transparencia y coherencia, y que, por ende, no se utilicen para propósitos diversos, en perjuicio de la contraparte o de la propia administración de justicia.
5.4. Según ya se consignó, la totalidad de los demandantes y demandados optaron por liquidar, de común acuerdo y con sujeción al Decreto 902 de 1988, tanto la sociedad conyugal conformada por los esposos Sabogal-Carreño, así como la sucesión del nombrado causante, lo que hicieron mediante la partición que se protocolizó con la escritura pública 2231 de 2 octubre de 2003 de la Notaría Tercera de Ibagué, que en copia obra del folio 47 al 94 del cuaderno 1, actuación que es posterior a la época en la que se realizó la transferencia de las cuotas de interés social objeto de la presente controversia y anterior a la presentación de la demanda con la que se dio inicio a la misma, que data del 6 de febrero de 2006 (fl. 13, cdno. 1).
De ese documento, en particular, de las partidas vigésima segunda, trigésima octava y cuadragésima segunda del activo sucesoral y primera del pasivo de la sociedad conyugal, así como de la declaración rendida por el abogado Fabio Carvajal Romero (fls. 14 a 18, cdno. 3), quien actuó como apoderado de los interesados en el aludido diligenciamiento notarial, se infiere con claridad que los integrantes de los extremos de este litigio, entre ellos, los aquí demandantes, reconocieron efectos jurídicos a la aquí enjuiciada cesión de cuotas sociales de la Sociedad Transportes Centrolima Ltda. que el señor Sabogal Sabogal efectuó a su cónyuge Carmen Carreño de Sabogal y a sus hijos Ángela Janeth y Francisco Javier Sabogal Carreño, como quiera que todos, de consuno, aceptaron, por una parte, que el valor que fijaron a dichos derechos, figurara como un crédito a favor del señor Ángel Tobías Sabogal Sabogal y a cargo de los citados adquirentes; y, por otra, que su pago se realizara con los bienes que a estos últimos les correspondieran en la liquidación de la sociedad conyugal y de la herencia.
5.5. Siendo ello así, como en efecto lo es, surge patente que los aquí demandantes Sandra Liliana y Ángel Tobías Sabogal Martínez, al momento de la liquidación de la sociedad conyugal constituida entre su padre y la señora Carmen Carreño de Sabogal y de la herencia de aquel, con la conducta que asumieron en el trámite notarial mediante el cual se verificaron dichas liquidaciones admitieron la realidad de la transferencia de cuotas sociales materia de la presente acción y, adicionalmente, consintieron en que el pago de las mismas se realizara en la forma atrás advertida.
5.6. Esa postura de los aquí accionantes determina, por sí sola, el fracaso de las acciones por ellos ejercitadas en este asunto, pues no resulta admisible que luego de haber actuado en la forma que se dejó en precedencia descrita, pretendan, como lo reclamaron en la demanda inaugural del presente proceso, la ineficacia jurídica de la tantas veces mencionada cesión, ya sea como consecuencia de la simulación deprecada, absoluta o relativa, ora de la inexistencia a que se concretó la segunda súplica subsidiaria.
5.7. Así las cosas, se concluye que los yerros denunciados en el cargo auscultado, más allá de las deficiencias técnicas arriba advertidas, devienen intranscendentes en procura de obtener el quiebre de la sentencia desestimatoria proferida en segunda instancia, pues si la Corte optara por casar dicho pronunciamiento, al emitir el correspondiente fallo sustitutivo, se vería obligada a adoptar similar decisión, con apoyo en la regla que obliga a respetar los actos propios y en las razones de orden fáctico que se dejaron anteriormente dilucidadas.
6. Colofón de lo expresado, es que la acusación examinada está llamada al fracaso.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, actuando en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 19 de noviembre de 2010 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil-Familia, en el proceso ordinarioque se dejó plenamente identificado al inicio del presente proveído.
Costas en casación, a cargo de los recurrentes. Inclúyase en la respectiva liquidación, por concepto de agencias en derecho, la suma de $ 6.000.000, por cuanto la demanda de casación fue replicada.