Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-00050-de-febrero-4-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_81493e79ceb3502ae0430a010151502a&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-21 14:11:42
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﻿ Sentencia 2000-00050 de febrero 2 de 2010
SENTENCIA 2000-00050 DE 04 DE FEBRERO DE 2010
CONTENIDO:ACCIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA. PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN ADMINISTRATIVA SANCIONATORIA ADUANERA SE CUENTA DESDE QUE SE HA PROFERIDO Y NOTIFICADO LA DECISIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:SANCIÓN ADUANERA, ACCIÓN ADMINISTRATIVA, DIAN, NOTIFICACIÓN, ACCIÓN SANCIONATORIA ADMINISTRATIVA, PRESCRIPCIÓN
Sentencia 2000-00050 de febrero 2 de 2010
Ref.: Expediente 2000-00050-01
Actora: Carreteras y Pavimentos -Caypa S.A.
Corresponde a la Sala determinar si en el caso presente operó la prescripción de la acción administrativa sancionatoria de la DIAN a que se refiere el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991.
El artículo 14 del Decreto 1750 de 1991 establece:
“Prescripción. La acción administrativa sancionatoria prescribe en dos (2) años contados a partir del momento de la realización del hecho. La sanción, en los casos correspondientes, prescribirá en tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de la providencia que la aplique.”
Sostiene la parte demandante que efectivamente han transcurrido los dos años a que se refiere la norma, pues los hechos que dieron lugar a la actuación (retención del tracto-camión) ocurrieron el día 13 de junio de 1996 y tanto la resolución sancionatoria (Res. 27, feb. 16/99) como aquélla que la confirmó (Res. 22, sep. 10/ 99) fueron expedidas por fuera de dicho término.
A su vez, afirma la parte demandada que no han transcurrido dichos dos años pues, o bien la acción sancionatoria se entiende iniciada con el pliego de cargos 0159 de 21 de julio de 1998, es decir dentro de los dos años contados a partir tanto de la retención del vehículo (jun. 13/96) como de su aprehensión por parte de la DIAN (feb. 19/97), o bien, al considerar los dos procedimientos separados y consecutivos, el momento para empezar a contar la prescripción es el del acto administrativo confirmatorio del decomiso, Resolución 125 de 1 de diciembre de 1997, y tanto el pliego de cargos (Auto 159, de jul. 21/98) como el acto que confirmó la imposición de la sanción (Res. 22, sep. 10/ 99) se produjeron dentro de los dos años siguientes.
Observa la Sala que para determinar si se presentó o no la prescripción de la acción sancionatoria en los términos del artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, debe establecerse cuál es el momento a partir del cual se inicia el término de prescripción y cuál, aquél con el que se entiende cumplido el ejercicio de la acción administrativa sancionatoria.
En forma reiterada se ha pronunciado esta corporación sobre los dos aspectos mencionados.
Sobre el inicio del término de prescripción ha dicho la corporación(1):
“…el procedimiento señalado en el artículo 2º del Decreto 1800 de 1994 está previsto para ser aplicado de manera independiente o separada del procedimiento que se ha de seguir para definir la situación jurídica de la mercancía, y que su objeto y motivo son diferentes a los de éste, según se aprecia en su texto y lo ha puesto de presente en fallos anteriores(2), de modo que como lo advierte el a quo, es menester que primero se surta el procedimiento de definición de la mercancía, pues dependiendo de las resultas del mismo se establecerá si hay lugar o no a tramitar el sancionatorio. Para la debida comprensión del punto conviene traer la parte pertinente de dicho artículo, a saber:
‘ART. 2º—Procedimiento para la aplicación de sanciones y multas previstas en la legislación aduanera.
‘En todos los casos para la aplicación mediante resolución independiente de las sanciones y multas previstas en la legislación aduanera, se seguirá el siguiente procedimiento:
‘Una vez identificada la posible falta administrativa o los hechos constitutivos de posible infracción administrativa aduanera de acuerdo con la legislación vigente, la división de fiscalización formulará el correspondiente pliego de cargos al presunto infractor. A su turno, el destinatario deberá presentar los descargos dentro del mes siguiente a la fecha de notificación del mencionado pliego’.
Debiendo ser, entonces, independiente la resolución sancionatoria también ha de serlo el procedimiento administrativo respectivo, y para evitar decisiones encontradas lo lógico es que primero se surta el atinente a la definición de la situación jurídica de la mercancía, que al fin y al cabo es el objeto principal de la actividad aduanera, y esa definición justamente puede permitir identificar la posible falta o infracción administrativa aduanera, como se dice en la norma citada, de allí que cuando hay lugar a determinar la posible comisión de falta por parte del transportador, por ejemplo, se compulse copia para adelantar la actuación administrativa después de culminada la relativa a la definición de la situación jurídica de la mercancía, sólo que en este caso el investigado y sancionado es el mismo poseedor de la mercancía decomisada.
De modo que en tales casos se habrá de entender que los hechos originarios de la acción sancionatoria están dados por las resultas del procedimiento administrativo tendiente a definir la situación jurídica de la mercancía y, por tanto, que la fecha a tomar como referencia para contar el término de caducidad de la acción sancionatoria administrativa es aquella en la que quede en firme el acto que ponga fin a la actuación administrativa de ese procedimiento, esto es, el que contenga tal definición” (negrillas fuera del texto).
De modo que el término de prescripción se inicia cuando quede en firme el acto que define la situación jurídica de la mercancía, esto es, en el caso presente la Resolución 125 de 1º de diciembre de 1997 por la cual se confirmó el decomiso de la mercancía.
En cuanto al momento en que se entiende cumplida la acción administrativa sancionatoria ha dicho esta corporación(3):
“El artículo 14 del Decreto 1750 de 1991 (integrante del capítulo II ‘Procedimiento’) sometió la acción administrativa sancionatoria a prescripción de dos (2) años, y la sanción misma a prescripción de tres: “ART. 14.—Prescripción. La acción administrativa sancionatoria prescribe en dos (2) años, contados a partir del momento de la realización del hecho. La sanción, en los casos correspondientes, prescribirá en tres (3) años, contados a partir de la ejecutoria de la providencia que la aplique”. No se contempló interrupción de la prescripción. En consecuencia, la acción sancionatoria, cuyas etapas, a saber, pliego de cargos, descargos y decisión, están reguladas en el artículo 2° del Decreto 1800 de 1994, debía surtirse dentro de los dos años siguientes a la identificación de la falta” (negrillas fuera del texto).
En igual sentido(4):
“Es, pues, claro, que en los términos del artículo 14 del Decreto 1750 de 1991, la DIAN debe ejercer la acción encaminada a sancionar personalmente al autor de la infracción administrativa de contrabando, dentro de los dos (2) años contados a partir de la ocurrencia del hecho. …En consecuencia, a partir de esa fecha (jun. 13/95) la DIAN contaba con dos años para proferir el pliego de cargos, expedir la resolución sancionatoria y notificarla al sancionado. Salta a la vista que para la fecha en que en el caso presente la DIAN expidió la resolución sancionatoria (dic. 17/98) y la notificó al actor (dic. 28 siguiente) la acción se encontraba prescrita.” (negrillas fuera del texto).
La Sala Plena de esta corporación mediante sentencia de 29 de septiembre de 2009(5), unificó las diferentes posturas jurisprudenciales de las secciones, acerca de la prescripción de la acción sancionatoria y concluyó que la sanción debe imponerse cuando concluye la actuación administrativa, esto es al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso. Dijo la Sala:
“La Sala comienza el análisis partiendo de la jurisprudencia de esta corporación en relación con el manejo del tema de la prescripción de la acción sancionatoria acerca de cuándo debe entenderse “impuesta la sanción”, que no ha sido unánime. En efecto, sobre el particular existen tres tesis: a) Se entiende ejercida la potestad disciplinaria cuando se produce la decisión que resuelve la actuación administrativa sancionatoria. b) Para que se considere “impuesta” la sanción es necesario no solo que el acto sancionatorio primigenio se expida, sino también que se notifique. c) Debe haberse expedido el acto sancionatorio, resuelto todos los recursos que se propusieron, y notificado las decisiones sobre estos. (…) Bajo este hilo conductor, y en la necesidad de unificar las posturas de las Secciones sobre el tema, asunto que precisamente constituyó el motivo para que el presente proceso fuera traído por importancia jurídica a la Sala Plena, a continuación se explicarán las razones esenciales por las cuales se considera que la tesis de recibo y que debe imperar es la que proclama que la sanción disciplinaria se impone cuando concluye la actuación administrativa al expedirse y notificarse el acto administrativo principal, decisión que resuelve de fondo el proceso disciplinario. Es este el acto que define la conducta investigada como constitutiva de falta disciplinaria. En él se concreta la expresión de la voluntad de la administración. Por su parte, los actos que resuelven los recursos interpuestos en vía gubernativa contra el acto sancionatorio principal no pueden ser considerados como los que imponen la sanción porque corresponden a una etapa posterior cuyo propósito no es ya emitir el pronunciamiento que éste incluye la actuación sino permitir a la administración que éste sea revisado a instancias del administrado. Así, la existencia de esta segunda etapa denominada vía gubernativa queda al arbitrio del administrado que es quien decide si ejercita o no los recursos que legalmente procedan contra el acto. La actuación administrativa y la vía gubernativa son dos figuras autónomas y regidas por procedimientos propios. La primera, culmina cuando la administración, luego de tramitarla, define la investigación y expide el acto que impone la sanción. La segunda se erige en un medio de defensa del administrado afectado con la decisión sancionatoria en su contra, que se concreta en el ejercicio de los recursos propios de la vía gubernativa, dispuestos para controvertir la decisión primigenia, es decir, se trata de una nueva etapa respecto de una decisión ya tomada. Afirmar que la administración, además de estar en el deber de decidir y de notificar dentro del término de cinco años a partir del acto constitutivo de la falta la actuación administrativa sancionatoria también está obligada dentro de ese lapso a resolver los recursos de la vía gubernativa e incluso a notificar el acto que resuelve el último recurso, es agregarle a la norma que consagra el término para ejercer la potestad sancionatoria disciplinaria una exigencia que no contempla y permite, finalmente, dejar en manos del investigado, a su arbitrio, la determinación de cuándo se impone la sanción, porque en muchas ocasiones es del administrado de quien dependen las incidencias del trámite de notificación de las providencias”.
De modo que la acción administrativa sancionatoria se entiende ejercida en tiempo no sólo cuando se expide el pliego de cargos, sino que es preciso que también se haya proferido y notificado la decisión sancionatoria, lo cual ocurrió en el caso presente el 16 de febrero de 1999, fecha de expedición y notificación de la Resolución 27 por la cual se impuso la multa.
En consecuencia, dado que el término de prescripción establecido en el artículo 14 del Decreto 1750 de 1991 inició el 1º de diciembre de 1997, fecha de la Resolución 125 por la cual se confirmó el decomiso de la mercancía, y la acción administrativa sancionatoria se entendió ejercida el 16 de febrero 1999, fecha de expedición y notificación de la Resolución 27, es decir, un año, dos meses y quince días después, no operó la prescripción de la facultad sancionatoria de la administración.
En razón de lo anterior, se procederá a revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, a negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la presente providencia.
REVÓCASE la sentencia proferida el 30 de julio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Santander.
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 4 de febrero de 2010».
(1) Sentencia de 11 de julio de 2003, Exp. 0196, Sección Primera, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
(2) (Sentencia de 6 de septiembre de 2002, Exp. 6875, Sección Primera, C.P. Manuel Santiago Urueta Ayola.
(3) Sentencia de 23 de mayo de 2003, Exp. 00947, Sección Primera, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.
(4) Sentencia de 8 de septiembre de 2005, Exp. 01528, Sección Primera, C.P. Camilo Arciniegas Andrade.
Ver también: Sentencia de 13 de julio de 200, Exp. 5876, Sección Primera, C.P. Manuel Santiago Urueta.
(5) Expediente: 2003-00442, Actor: Álvaro Hernán Velandia Hurtado, M.P. Dra. Susana Buitrago Valencia.