Source: https://www.jurischile.com/2020/06/fuero-maternal-y-termino-de-la-relacion.html
Timestamp: 2020-07-02 18:31:59
Document Index: 341990503

Matched Legal Cases: ['artículo 4', 'artículo 201', 'artículo 52', 'artículo 19', 'artículo 18', 'artículo 9', 'artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 201', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 20', 'artículo 4']

JurisChile 2020: Fuero maternal y termino de la relación laboral.
Fuero maternal y termino de la relación laboral.
Se reproduce la sentencia en alzada con excepción de su fundamento sexto, que se elimina. Y se tiene en su lugar y, además, presente:
Tercero: Que, pese a la precariedad del presente recurso de protección en cuanto a la exposición de los hechos, situación que se repite en el libelo interpuesto por las mismas recurrentes en los autos Rol N° 2095-2018 de la Corte de Apelaciones de Valdivia, de los antecedentes aportados por las partes, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, es posible tener por establecidos los siguientes hechos: a) En fecha indeterminada, las recurrentes Jennifer Alejandra Sepúlveda Hualme y Natalia Pamela Cárcamo Flores fueron contratadas por el Servicio de Salud de Valdivia conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.834, para desempeñar funciones en el Hospital Base de Osorno, en calidad de reemplazo, esto es, conociendo de antemano la fecha de término de la relación laboral con la Administración, por cuanto su contratación se hizo para desempeñar funciones de carácter transitorio y únicamente mientras durase la ausencia del titular. b) En algún momento no especificado en el presente recurso de protección, cuestión que tampoco pudo ser dilucidada acudiendo al recurso de protección Rol N° 2095- 2018, las actoras quedaron embarazadas, mientras servían los cargos de reemplazo para los cuales fueron contratadas por el Servicio de Salud de Valdivia. c) Según se infiere de los antecedentes fácticos del recurso y de la documentación incorporada a los autos, el término de la relación laboral de las recurrentes Jennifer Sepúlveda Hualme y Natalia Cárcamo Flores con la Administración se verificó con fecha 27 y 30 de julio de 2018, respectivamente, al vencer el plazo de la última contratación. d) Con fecha 25 de noviembre de 2018 las actoras interpusieron recurso de protección en contra del Hospital Base de Valdivia, causa que fue tramitada bajo el Rol N° 2095-2018 de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Allí se lee que “(…) el pasado 22 de noviembre Jennifer dio a luz y en el caso de Natalia, su prenatal está próximo a comenzar (…)” (sic). De lo anterior es posible inferir, cuestión que en todo caso no fue controvertida en dicho proceso y tampoco lo fue en el presente recurso de protección, que a la época de expiración de la relación laboral -27 y 30 de julio de 2018- las recurrentes se encontraban embarazadas. e) Por sentencia de 27 de diciembre de 2018 la Corte de Apelaciones de Valdivia rechazó el recurso de protección, resolución que fue confirmada por esta Corte Suprema en los autos Rol N° 324-2019, pero sólo en cuanto se estimó que la acción constitucional había sido interpuesta fuera de plazo, sin emitir pronunciamiento en cuanto al fondo del asunto controvertido. f) De acuerdo con lo informado por la recurrida, Jennifer Sepúlveda y Natalia Cárcamo con fecha 12 y 13 de junio de 2019, respectivamente, presentaron sendas reclamaciones ante la Contraloría Regional de Los Ríos, aduciendo que no se habría respetado su fuero maternal por parte del Hospital Base de Valdivia, pese a haber comunicado oportunamente a su empleador que se encontraban en estado de gravidez. g) Luego del informe de rigor, la Contraloría Regional de Los Ríos emitió los Oficios N°s. 3343-2018 y 3345-2018, ambos de 8 de agosto de 2019, por medio de los cuales rechazó las reclamaciones de las recurrentes, en atención a que -si bien la Administración reconoció que las actoras presentaron sus certificados de embarazo dentro de plazo- se advirtió que fueron contratadas en calidad de reemplazo y, en consecuencia, no se encontraban amparadas por el derecho a fuero maternal establecido en el artículo 201 del Código del Trabajo. h) Con fecha 13 y 16 de agosto de 2019, las actoras pidieron al ente de control la reconsideración de los oficios singularizados en el literal g), recursos que fueron desestimados mediante los Oficios N° 4160 y 4168, ambos de 14 de octubre de 2019.
Sexto: Que, en relación a la falta de legitimación pasiva invocada, se hace necesario destacar que esta institución procesal ha sido definida como un atributo jurídico “que permite al demandado acudir a un órgano
jurisdiccional a defender, mediante el ejercicio de excepciones, una posición jurídica contraria a las pretensiones que la actora hubiere planteado en su contra a través de la demanda, la cual le permite la realización de determinado tipo de facultades dentro de un proceso” (José Ramón Cossio (2007). "Las partes en las controversias constitucionales", Cuestiones Constitucionales, N° 16, enero-junio, pp. 89-135, p. 92). También se ha expresado sobre este tópico que “la legitimación pasiva es aquella cualidad que debe poder encontrarse en el demandado y que se identifica con el hecho de ser la persona que –conforme a la ley sustancial– está legitimada para discutir u oponerse a la pretensión hecha valer por el demandante en su contra. En razón de lo anterior, es que únicamente a él corresponderá contradecir la pretensión y sólo en su contra se podrá declarar la existencia de la relación sustancial objeto de la demanda”. (Cristián Maturana Miquel. Disposiciones Comunes a todo Procedimiento, Universidad de Chile, 2003, pág. 63). La legitimación pasiva requiere, entonces, que la persona en contra de quien se dirige una acción tenga -en la relación jurídica material que se deduce en el proceso- una determinada posición que la habilite para ser objeto de una pretensión formulada por un sujeto activo igualmente legitimado, y en condiciones de ser examinada por el órgano jurisdiccional en cuanto al fondo.
Décimo tercero: Que, en nuestro ordenamiento jurídico la irretroactividad suele estar asociada al problema de la vigencia temporal de las leyes, existiendo escasa doctrina y jurisprudencia judicial en torno a la irretroactividad de los Dictámenes de la Contraloría, pese a la regla especial contenida en el artículo 52 de la Ley N° 19.880 que se analizará más adelante. Así, el artículo 19 N° 3 inciso octavo de la Carta Fundamental prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal, a menos que la nueva ley favorezca al afectado, disposición que es replicada –con algunos matices- en el artículo 18 del Código Penal. Por su parte, el inciso primero del artículo 9 del Código Civil, inserto en el Título Preliminar, párrafo 3° denominado “Efectos de la Ley”, prescribe que: “La ley puede sólo disponer para lo futuro, y no tendrá jamás efecto retroactivo”, estableciendo un caso de excepción en su inciso segundo. Posterior a la entrada en vigencia del Código de Bello, el problema de la irretroactividad de la ley se encuentra debidamente regulado en la Ley sobre Efecto Retroactivo de Las Leyes del año 1861. De esta manera, el análisis dogmático y jurisprudencial de la irretroactividad se ha centrado básicamente en la ley, distinguiéndose entre el efecto retroactivo y el efecto ad praeterita de la ley. En el caso del primero, se trata de una facultad del legislador, quien por su voluntad decide incorporar situaciones ocurridas con anterioridad a la dictación de la ley, mientras que el segundo, se refiere al carácter que es propio y excluyente de las leyes interpretativas, esto es, que se entienden incorporadas a la norma interpretada, siendo ésta un límite temporal a la vigencia de la interpretación (Alejandro Guzmán Brito. “La Interpretación Administrativa en el Derecho Chileno”. Santiago, Legal Publishing Chile, 2014, pp. 157-160). Décimo cuarto: Que, en relación con la retroactividad de los actos administrativos, el artículo 52 de la Ley N°19.880 sobre bases de los procedimientos administrativos dispone que: “Retroactividad. Los actos administrativos no tendrán efecto retroactivo, salvo cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros”. Por su parte, la Ley N° 10.336 Orgánica de la Contraloría General de la República no contiene normas que se refieran a la aplicación retroactiva de los dictámenes de la entidad de control. Cabe recordar que el artículo 2 de la Ley N° 19.880 señala de manera expresa que su ámbito de aplicación considera a la Contraloría General de la República, de modo que el concepto de “acto administrativo” a que se refiere su artículo 3 resulta también aplicable al órgano de control y, por consiguiente, a sus dictámenes.
Décimo séptimo: Que, para resolver, es preciso subrayar que lo que ha cambiado con la emisión del Dictamen N° 20.921 no es, desde luego, la norma legal, pues el artículo 201 del Código del Trabajo mantiene su redacción,sino que la modificación se produce en la interpretación del precepto por parte del órgano llamado constitucionalmente a fijar el sentido y alcance de las disposiciones del Estatuto Administrativo y, en general, de las normas que rigen a los órganos de la Administración del Estado. En este sentido, si bien la jurisprudencia administrativa de la Contraloría rige in actum, ello no obsta –dado que el legislador no lo ha prohibido- a que el nuevo discernimiento quede sometido al efecto ad praeterita. En concreto, y en virtud del señalado efecto, el Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto de 2018 debe recibir aplicación en el caso de marras, por así disponerlo el artículo 52 de la Ley N° 19.880. De lo contrario, se afectaría gravemente la igualdad ante la ley y el principio de buena fe administrativa. En resumen, frente a esta tensión entre la igualdad ante la ley y la buena fe administrativa, por un lado, y la seguridad jurídica, por el otro, el legislador ha optado por una solución intermedia, debiendo analizarse en cada caso particular si un nuevo Dictamen que resulta favorable al administrado, puede aplicarse o no a situaciones acaecidas antes de su entrada en vigencia.
Vigésimo primero: Que, por consiguiente, al negarse a las recurrentes la posibilidad de aplicar el Dictamen N° 20.921 que sin duda las beneficia, aduciendo la recurrida una supuesta imposibilidad de aplicación retroactiva por razones de certeza jurídica y de consolidación de situaciones jurídicas al alero de otra jurisprudencia administrativa, ha incurrido en un acto ilegal, al desatender el texto expreso del artículo 52 de la Ley N° 19.880 que permite la aplicación retroactiva de los actos administrativos cuando produzcan consecuencias favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. Además, la negativa de la recurrida es arbitraria, toda vez que la desvinculación de las actoras tuvo lugar el 27 y 30 de julio de 2018, es decir, unos pocos días antes de la emisión del Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto del mismo año, por lo que la afectación de la seguridad jurídica, en este caso concreto, resulta a lo menos cuestionable, debiendo primar la garantía constitucional de la igualdad ante la ley y la buena fe administrativa. De esta manera, la recurrida ha afectado la señalada garantía, por cuanto ha dado a las recurrentes un trato diferenciado en relación con aquellas trabajadoras que sí resultaron beneficiadas con la aplicación del Dictamen N° 20.921, por el sólo hecho que su situación jurídica se consolidó bajo el nuevo discernimiento plasmado por el Contralor General de la República, cuestión que determina el acogimiento del recurso en la forma que se dirá en lo resolutivo. Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se revoca la sentencia apelada de dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, y en su lugar se acoge el recurso de protección interpuesto por Jennifer Alejandra Sepúlveda Hualme y Natalia Pamela Cárcamo Flores, sólo en cuanto se dejan sin efecto las Resoluciones Nos. 4160 y 4168, ambas de 14 de octubre de 2019, dictadas por la Contraloría Regional de Los Ríos, debiendo esta última resolver nuevamente las solicitudes de reconsideración presentadas por las recurrentes como en derecho corresponda, pero dando aplicación, esta vez, al Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto de 2018 de la Contraloría General de la República. Acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Sr. Muñoz Pardo, quien fue del parecer de confirmar el fallo en alzada y, en consecuencia, rechazar el recurso de protección, por considerar que en la especie no se ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario que constituya privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos o garantías indicados en el libelo pretensor, pues los artículos 98 de la Carta Fundamental y 1, 5, 6, 9 y 10 de la Ley N° 10.336, Orgánica de la Contraloría General de la República, le otorgan competencia para emitir dictámenes vinculantes para los órganos de la Administración del Estado, cuestión que desde luego conlleva fijar el sentido y alcance de las disposiciones que resultan atingentes al caso de que se trata. En esta dirección, atendido que no se cuestiona que las recurrentes prestaron servicios para la Administración en calidad de reemplazantes, esto es, bajo la modalidad establecida en el artículo 4 del Estatuto Administrativo, hasta el 27 y 30 de julio de 2018, no cabe sino concluir que su situación jurídica se consolidó al alero del discernimiento que el órgano de control mantenía hasta antes de la dictación del Dictamen N° 20.921 de 21 de agosto de 2018. De lo contrario, y sin desconocer las perentorias normas sobre protección de la maternidad, así como el deber del Estado de brindar una protección universal a todas las trabajadoras que prestan servicios personales bajo vínculo de subordinación o dependencia, sea éste de carácter público o privado, la aplicación retroactiva del aludido Dictamen lesiona uno de los fines esenciales del Derecho, como lo es la seguridad jurídica, permitiendo una nueva revisión de situaciones acaecidas antes de la vigencia del Dictamen y sin límite temporal alguno.
Redacción a cargo del Ministro Suplente Sr. Muñoz Pardo.
Rol N° 41.254-2019. Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sr. Sergio Muñoz G., Sra. Ángela Vivanco M., y Sr. Leopoldo Llanos S., el Ministro Suplente Sr. Juan Manuel Muñoz P., y el Abogado Integrante Sr. Antonio Barra R. Santiago, 10 de junio de 2020.
En Santiago, a diez de junio de dos mil veinte, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.