Source: http://insula.foroactivo.com/t158-constitucion-nacional
Timestamp: 2019-08-22 16:05:01
Document Index: 227269562

Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'Artículo 55', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'Artículo 77', 'Artículo 78', 'Artículo 79', 'Artículo 80', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'Artículo 84', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 96', 'Artículo 97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'Artículo 107', 'Artículo 109', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 118', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'Artículo 125', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 10', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 149', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'Artículo 155', 'Artículo 156', 'Artículo 157', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165', 'Artículo 166', 'Artículo 167', 'Artículo 168', 'Artículo 168', 'Artículo 169', 'Artículo 170', 'Artículo 171', 'Artículo 172', 'Artículo 173', 'Artículo 174', 'Artículo 175', 'Artículo 176', 'Artículo 177', 'Artículo 178', 'Artículo 179', 'Artículo 180', 'Artículo 181', 'Artículo 182', 'Artículo 183', 'Artículo 184', 'Artículo 185']

por Adminclaw el Jue Abr 28, 2011 10:18 pm
El Cabildo Nacional Constituyente, queriendo establecer la Constitución Caporisa sobre los principios básicos de libertad igualdad y fraternidad y queriendo plasmar en este sacro documento, no solo adhiere a los derechos humanos sino que también los marca como la prima superior para regir la Nación.
El Cabildo Nacional Constituyente decreta entonces la abolición irrevocable de las instituciones, anteriores a la promulgación de esta Constitución, que vulneraban la libertad y nuestro derecho de ser no solo de facto, sino también de iure, una Nación independiente y soberana.
Es Intención de esta Constitución, además, aclarar que si bien este territorio que ocupa hoy la República de Caporis fue un límite contestado, tanto la decisión de sus habitantes, como el derecho internacional, nos avalan para declararnos independientes y no ser luego, reclamados por poder alguno que no sea el de los habitantes mismos de Caporis. Por tanto, se prohíbe la entrega de territorio a otra Nación y se condenará la declaración de todo el territorio nacional límite contestado.
– 1º Que todos los ciudadanos son admisibles en los puestos y empleos, sin más distinción que la de las virtudes y los talentos.
–	2º Que todas las contribuciones serán repartidas por igual entre todos los ciudadanos en proporción a sus facultades.
–	3º Que un mismo delito será castigado con una misma pena, sin ninguna distinción respecto de la persona.
–	4º Que toda persona tiene derecho a la propiedad privada y esta no será vulnerada por terceros salvo las fuerzas del orden con autorización de un juez.
–	5º Que todos los habitantes de Caporis tienen derecho a ser protegidos por la fuerza pública o privada autorizada.
–	6º Que nadie puede ser preso sino in fraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente.
–	7º Que todo habitante ya sea natural, legal o extranjero tiene derecho a un juicio justo.
–	8º Que todo habitante tiene derecho a la vida y por esto se prohíbe la pena de muerte.
Del mismo modo, la Constitución garantiza como derechos naturales y civiles:
–	La libertad de todos de ir, de quedarse o de partir, sin que puedan ser arrestados ni detenidos, más que en las formas determinadas por la Constitución;
–	La libertad de todos de hablar, de escribir, de imprimir y publicar sus pensamientos, sin que los escritos puedan ser sometidos a censura o inspección alguna antes de su publicación, y de ejercer el culto religioso al cual esté adherido;
–	La libertad de los ciudadanos de reunirse pacíficamente y sin armas, cumpliendo las leyes de policía;
–	La libertad de dirigir a las autoridades constituidas, peticiones firmadas individualmente.
–	La libertad de recibir y enviar correspondencia de cualquier índole sin ser revisada, confiscada o violada salvo que la ley lo permita, por intereses generales.
Como también la Constitución considera importante:
Que la familia es la base de nuestra sociedad y por tanto el Estado es el encargado de velar por su estabilidad moral y material, para la mejor formación de los hijos dentro de la sociedad.
La Constitución garantiza las enajenaciones que hayan sido o sean hechas según las formas establecidas por la Ley.
Se creará y organizará un establecimiento general de Socorro público, para criar a los niños abandonados, atender a los pobres inválidos, y proporcionar trabajo a los pobres que siendo capaces no hayan podido procurárselo.
Se creará y organizará una Instrucción pública, común a todos los ciudadanos, gratuita en relación con las enseñanzas indispensables para todos los hombres, y cuyos establecimientos estarán distribuidos gradualmente en consonancia la división del Reino. – Se celebrarán fiestas nacionales para conservar el recuerdo de los acontecimientos considerados de importancia para la República de Caporisa, mantener la fraternidad entre los ciudadanos y fomentar su afecto por la Constitución, la Patria, las Leyes y la Independencia.
DE LA DIVISIÓN DEL REINO Y DEL ESTADO DE LOS CIUDADANOS
Artículo 2. Son ciudadanos Caporisos, – Los que hayan nacido en Caporis de padre Caporiso; –Los que, habiendo nacido en Caporis de padre extranjero, han fijado su residencia en el reino; – Los que, habiendo nacido en un país extranjero de padre Caporiso, se establezcan en Caporis y presten el juramento cívico; – Finalmente, los extranjeros que reciban la ciudadanía por nombramiento del Rey.
Artículo 3. Los que, habiendo nacido fuera del reino de padres extranjeros, residan en Caporis, se convertirán en ciudadanos Caporisos tras cinco años de domicilio continuo en el reino si, además, han adquirido inmuebles, han contraido matrimonio con una Caporisa, o han abierto un establecimiento comercial, y si han prestado el juramento cívico.
Artículo 4. El Poder Legislativo podrá, por consideraciones de importancia, otorgar a un extranjero un acta de naturalización, sin más condiciones que fijar su domicilio en Caporis y prestar el juramento cívico.
Artículo 5. El juramento cívico es: “Juro por lo más importante ser fiel a la Constitución, la Nación y sus instituciones públicas, así como juro proteger y servir al Cabildo Nacional y a Su Excelencia el Rey, considerando la patria en todas sus manifestaciones, un bien superior a cualquier bien terrenal o personal.”
Artículo 6. La condición de ciudadano Caporiso se pierde,
–	1º Por la naturalización en un país extranjero
–	2º Por la condena a penas que comporten la degradación cívica, en tanto el condenado no haya sido rehabilitado
–	3º Por una sentencia en rebeldía, en tanto dicha sentencia no haya sido anulada
Artículo 7. La Ley no considera el matrimonio más que como contrato civil. – El Poder Legislativo establecerá para todos los habitantes, sin distinción, el modo a través del cual habrán de ser constatados los nacimientos, los matrimonios y las defunciones; el mismo designará los funcionarios públicos que extenderán y conservarán las actas.
Artículo 8. Las reglas que los oficiales municipales estarán obligados a respetar en el ejercicio de sus funciones, tanto de las propiamente municipales como de aquellas de interés general que se les hayan delegado, estarán fijadas por las leyes.
Artículo 9 . La soberanía es, indivisible, inalienable e imprescriptible. Pertenece a la Nación; ninguna sección del pueblo, ni ningún individuo, puede atribuirse su ejercicio.
Artículo 9. La Nación, de quien emanan todos los poderes, no puede ejercerlos más que por delegación. – La Constitución Caporisa es representativa: los representantes son el Cabildo Nacional y el Rey.
Artículo 10. El Poder Legislativo se delega en el Cabildo Nacional compuesto por representantes temporales, libremente elegidos por el pueblo, para que sea ejercido por ella, con la sanción del Rey, de la manera en que se determinará a continuación.
Artículo 11. El gobierno es monárquico: el Poder Ejecutivo se delega en el Rey, para que sea ejercido bajo su autoridad por ministros y otros agentes responsables, de la manera en que se determinará a continuación.
Artículo 12. El poder judicial se delega en jueces elegidos periódicamente por el Rey y el Cabildo Nacional.
De El Cabildo Nacional
Artículo 13. El Poder Legislativo, que constituye el Cabildo Nacional, es permanente y se compone de una sola cámara.
Artículo 14. Se constituirá cada cinco años mediante nuevas elecciones. – Cada período de cinco años conformará una legislatura.
Artículo 15. La renovación del Cabildo Nacional se hará de pleno derecho.
Artículo 16. El Cabildo Nacional no podrá ser disuelto por el Rey.
Número de representantes. Bases de la representación
Artículo 17. El número de representantes del Cabildo Nacional es de cincuenta personas.
Artículo 18. Los Diputados se distribuirán entre los departamentos en razón de las proporciones de la población.
Nombramiento de los Diputados
Artículo 19. Todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán.
2°) Voto secreto y obligatorio. La ley, por mayoría absoluta del total de componentes del Cabildo Nacional, reglamentará el cumplimiento de esta obligación;
Será competente para conocer y aplicar las penas de estos delitos electorales, la Juzgado Nacional Electoral. La denuncia deberá ser formulada ante ésta por el Cabildo Nacional, el Poder Ejecutivo o las autoridades nacionales de los Partidos.
5°) El Presidente del Cabildo Nacional y los miembros de la Juzgado Nacional Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los Partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral;
7°) Toda nueva ley de Registro Cívico o de Elecciones, así como toda modificación o interpretación de las vigentes, requerirá dos tercios de votos del total de componentes del Cabildo Nacional. Esta mayoría especial regirá sólo para las garantías del sufragio y elección, composición, funciones y procedimientos de la Juzgado Nacional Electoral y corporaciones electorales. Para resolver en materia de gastos, presupuestos y de orden interno de las mismas, bastará la simple mayoría;
8°) La ley podrá extender a otras autoridades por dos tercios de votos del total de componentes del Cabildo Nacional, la prohibición de los numerales 4° y 5°;
9°) La elección de los miembros del Cabildo Nacional y del Presidente del Cabildo Nacional, así como la de cualquier órgano para cuya constitución o integración las leyes establezcan el procedimiento de la elección por el Cuerpo Electoral a excepción de los referidos en el inciso tercero de este numeral, se realizará el primer domingo del mes de Setiembre cada cinco años. Las listas de candidatos para el Cabildo Nacional y para el Presidente del Cabildo Nacional deberán figurar en una hoja de votación individualizada con el lema de un partido político.
10) Ningún Legislador que renuncie a su cargo después de incorporado al mismo, tendrá derecho al cobro de ninguna compensación ni pasividad que pudiera corresponderle en razón del cese de su cargo, hasta cumplido el período completo para el que fue elegido. Esta disposición no comprende a los casos de renuncia por enfermedad debidamente justificada ante Junta Médica, ni a los autorizados expresamente por los tres quintos de votos del total de componentes del Cuerpo a que correspondan.
12) Los partidos políticos elegirán su candidato a la Presidencia del Cabildo Nacional mediante elecciones internas que reglamentará la Ley sancionada por el voto de los dos tercios del total de componentes del Cabildo Nacional. Esta Ley determinará además, la forma en que se suplirán las vacantes de candidatos a la Presidencia que se produzcan luego de su elección y antes de la elección nacional.
Artículo 20Tienen derecho al sufragio, sin necesidad de obtener previamente ciudadanía legal, los hombres y las mujeres extranjeros, de buena conducta, con familia constituida en la República, que poseyendo algún capital en giro o propiedad en el país, o profesando alguna ciencia, arte o industria, tengan residencia habitual de quince años, por lo menos, en el Reino.
Artículo 21La prueba de la residencia se fundará indispensablemente en instrumento público o privado de fecha comprobada, y si la justificación fuera satisfactoria para la autoridad encargada de juzgarla, el extranjero quedará habilitado para el ejercicio del voto desde que se inscriba en el Registro, Cívico, autorizado por la certificación que, a los efectos, le extenderá aquella misma autoridad.
Artículo 22La acumulación de votos para cualquier cargo electivo, con excepción de los de Presidente y Vicepresidente del Cabildo Nacional, se hará mediante la utilización del lema del partido político.
La Ley por el voto de los dos tercios del total de componentes del Cabildo Nacional reglamentará esta disposición.
El veinticinco por ciento del total de inscriptos habilitados para votar, podrá interponer, dentro del año de su promulgación, el recurso de referéndum contra las Leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo. Estos institutos no son aplicables con respecto a las Leyes que establezcan tributos. Tampoco caben en los casos en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo. Ambos institutos serán reglamentados por Ley, dictada por mayoría absoluta del total de componentes el Cabildo Nacional.
Artículo 23 El Presidente del Cabildo Nacional tiene voto, como cualquier diputado, haciendo el total de votos de cincuenta diputados más el del Presidente del Cabildo Nacional (un total de 51 votos)
Artículo 24 El vicepresidente del Cabildo será nombrado por el Presidente y debe haber sido electo para diputado, independientemente del partido al que pertenezca.
Reunión de los Representantes en El Cabildo Nacional
Artículo 25. Los representantes se reunirán el primer lunes del mes de mayo en el lugar de las sesiones de la última legislatura.
Artículo 26. Se constituirán provisionalmente en asamblea bajo la presidencia del diputado más votado, con el fin de verificar los poderes de los representantes presentes.
Artículo 27. Una vez sean los cincuenta miembros verificados, se constituirán con el nombre de El Cabildo Nacional: los diputados tomarán juramento al Presidente electo y Secretarios designados por él quienes asumirán y dará comienzo al ejercicio de sus funciones.
Artículo 28. Durante el resto del mes de enero, si el número de representantes presentes es inferior a veinticinco, la asamblea no podrá llevar a cabo ningún acto legislativo. – La asamblea podrá adoptar un acuerdo para instar a los miembros ausentes a que se incorporen a sus funciones en un plazo máximo de quince días, so pena de suspensión de cinco meses del salario si no presentan una excusa que la asamblea considere legítima.
Artículo 29. El último día de enero, sea cual sea el número de miembros presentes, éstos se constituirán en El Cabildo Nacional.
Artículo 30. Los representantes pronunciarán juntos, en nombre del Pueblo Caporiso, el juramento de vivir libres o morir. – A continuación prestarán individualmente el juramento de guardar con todas sus fuerzas la Constitución del Reino, decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, de no proponer ni consentir, en el curso de la legislatura, nada que pueda atentar contra ella, y de ser todos fieles a la Nación, a la Ley y al Rey.
Artículo 31. Los diputados de la Nación son inviolables: no podrán ser perseguidos, acusados ni juzgados en ningún momento por aquello que hayan dicho, escrito o hecho en el ejercicio de sus funciones de representantes.
Artículo 32. Por hechos criminales, podrán ser detenidos en flagrante delito o en virtud de una orden de arresto; pero deberá darse aviso, sin más dilación, al Cabildo Nacional; y la persecución no podrá continuar hasta que el Cabildo Nacional no haya decidido que ha lugar a la acusación.
De la Realeza, de la Regencia y de los Ministros
De la Realeza y del Rey
Artículo 33. La Realeza es indivisible y transmitida hereditariamente a la estirpe reinante, por orden de primogenitura.
Artículo 34. La persona del Rey es inviolable y sagrada; su único título es el de Rey de los Caporisos.
Artículo 35. No hay en Caporis autoridad alguna superior a la de la Ley. El Rey no reina si no es por ella, y sólo en nombre de la Ley puede exigir obediencia.
Artículo36. El Rey, desde su acceso al trono o desde que alcance la mayoría de edad, prestará a la Nación, en presencia del Cabildo Nacional, el juramento de ser fiel a la Nación y a la Ley, de emplear todo el poder que en él se delega en guardar la Constitución decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, y en hacer ejecutar las Leyes. – Si el Cabildo Nacional no está reunido, el Rey hará publicar una proclama en la que quedará expresado este juramento así como la promesa de reiterarlo tan pronto como el Cabildo Nacional se encuentre reunido.
Artículo 37. Si el Rey, pasado un mes desde la invitación del Cabildo Nacional, no ha prestado este juramento, o sí, habiéndolo prestado, se retractase de él, se entenderá que ha abdicado de la realeza.
Artículo 38. Si el Rey se pusiera a la cabeza de un ejército y dirigiera sus fuerzas contra la Nación, o si no se opusiera por un acto formal a una empresa de tal carácter que se ejecutara en nombre suyo, se entenderá que ha abdicado a la realeza.
Artículo 39. El Rey podrá vivir en el extranjero, el tiempo que considere apropiado y puede incluso ejercer sus poderes a cargo del Poder Ejecutivo desde un país extranjero.
Artículo 40. Tras la abdicación expresa o legal, el Rey formará parte de la clase de los ciudadanos y podrá ser, al igual que ellos, acusado y juzgado por los actos posteriores a su abdicación.
Artículo 41. Son los bienes de la Nación, los bienes del Rey y viceversa, estableciéndose un vínculo indivisible e inalienable entre ambos.
Artículo 42. El Rey tendrá, con independencia de la guardia de honor que le será proporcionada por la Guardia Nacional de su lugar de residencia, una guardia pagada con los fondos del Estado; esta guardia no podrá exceder del 10% de las tropas totales del ejército de Caporis
– Los grados y las reglas de ascenso serán los mismos que en las tropas regulares; pero los que compongan la guardia del Rey sólo podrán acceder a los grados dentro de la misma, pero no podrán obtener ninguno en el ejército regular.
– El Rey sólo podrá escoger los hombres de su guardia entre los que se encuentren en el momento en servicio activo en las tropas regulares, o entre los ciudadanos que hayan cumplido un año de servicio en la Guardia Nacional, siempre que sean residentes en el reino y hayan prestado con anterioridad el juramento cívico.
– La guardia del Rey no podrá ser mandada ni requerida para ningún otro servicio público, a menos que el Rey así lo disponga.
Artículo 43. El Rey es menor hasta la edad de diecisiete años cumplidos y durante su minoría de edad habrá un Regente del reino.
Artículo 44. La regencia corresponde al pariente más próximo al Rey en grado siguiendo el orden de sucesión al trono, con veinticinco años de edad cumplidos, siempre que sea Caporiso y habite en el reino, no sea heredero presunto de otra corona, y haya prestado previamente el juramento cívico.
Artículo 45. Si un Rey menor de edad no tuviese ningún pariente que reúna las condiciones exigidas, el Regente del reino será el Presidente del Cabildo Nacional.
Artículo 46. Asumirá como Presidente del Cabildo Nacional, el vicepresidente del Cabildo Nacional.
Artículo 47. Asumirá como vicepresidente quien el nuevo presidente designe.
Artículo 48. La custodia del Rey menor será confiada a su madre; y si careciera de ella, o si hubiera contraído nuevo matrimonio en el tiempo del acceso al trono de su hijo, o si contrae nuevo matrimonio durante la menor edad del mismo; la tutela será provista por el Cabildo Nacional. – No pueden ser elegidos para la tutela del Rey menor, ni el Regente, ni sus descendientes.
Artículo 49. En caso de demencia del Rey, notoriamente reconocida, legalmente constatada, y declarada por el Cabildo Nacional después de tres deliberaciones sucesivas, tomadas de mes en mes, y declarada por una Junta Médica; se abrirá la Regencia mientras la demencia dure.
Artículo 50. El presunto heredero llevará el nombre de Príncipe real. – No podrá salir del reino sin un decreto del Cabildo Nacional y sin el consentimiento del Rey. – Si saliese del reino y, cumplidos los dieciocho años, no regresase a Caporis tras haber sido requerido mediante proclama del Cabildo Nacional; se considerará que ha abdicado a su derecho de sucesión al trono.
Artículo 51. Si el presunto heredero es menor de edad, el pariente mayor de edad que sea el primer llamado a la Regencia estará obligado a residir en el reino. – Si saliese del mismo y no volviese tras el requerimiento del Cabildo Nacional, se considerará que ha abdicado a su derecho de regencia.
Artículo 52. Se hará una Ley para regular la educación del Rey menor, así como la del presunto heredero menor.
Artículo 53. Los miembros de la familia del Rey llamados a la eventual sucesión al trono, disfrutarán de los derechos de ciudadanía activa, pero no serán elegibles a ninguno de los puestos, empleos o funciones cuyo nombramiento corresponda al pueblo. – Con la excepción de los departamentos ministeriales, sí son susceptibles de acceder a los puestos y empleos de designación real; no obstante, sólo podrán ser comandantes en jefe de un ejército de tierra o mar o aire, o cumplir las funciones de embajador, con el consentimiento del Cabildo Nacional, concedido a propuesta del Rey.
Artículo 54. Los miembros de la familia del Rey llamados a la eventual sucesión al trono, añadirán la denominación de Príncipe Caporiso al nombre que hayan recibido en el acta civil de su nacimiento, y este nombre no podrá ser patronímico, ni estar formado por ninguna de las calificaciones abolidas por la presente Constitución. – No podrá otorgarse la denominación de príncipe a ningún otro individuo y no llevará consigo ningún privilegio, ni ninguna excepción al derecho común de todos los Caporisos.
Artículo 55. Las actas que acrediten los nacimientos, matrimonios y defunciones de los Príncipes Caporisos serán presentadas ante el Cabildo Nacional, que ordenará que sean depositadas en sus archivos.
Artículo 56. No se concederá a los miembros de la familia del Rey ningún patrimonio. – Los hijos no primogénitos del Rey recibirán, a la edad de veinticinco años cumplidos, o con ocasión de su matrimonio, una renta patrimonial que será fijada por el Cabildo Nacional y que finalizará con la extinción de su descendencia masculina.
Artículo 57. Queda prohibido el nombre Darío a excepción de los hijos del Rey
Artículo 58. Todos los hijos del Rey deben llamarse de segundo nombre Darío.
Artículo 59. Sólo al Rey corresponde la elección y la revocación de los ministros.
Artículo 60. Los diputados del Cabildo Nacional, los miembros del Tribunal de Casación, y aquellos que servirán en la Alta Corte Nacional, no podrán ser nombrados ministros, ni recibir puestos, dones, pensiones, tratamientos o comisiones de ningún tipo del Poder Ejecutivo o de sus agentes, mientras se encuentren en el ejercicio de sus funciones. – Lo mismo es aplicable a aquellos que únicamente se encuentren inscritos en la lista de la Alta Corte Nacional mientras dure su inscripción.
Artículo 61. Nadie podrá ejercer empleo alguno, ni en las oficinas del ministerio, ni en las de las direcciones o administraciones de los ingresos públicos, ni podrá ejercer en general ningún empleo cuyo nombramiento corresponda al Poder Ejecutivo, sin prestar el juramento cívico o justificar que ya lo ha prestado.
Artículo 62. No se ejecutará ninguna orden del Rey si no ha sido firmada por él y refrendada por el ministro o el responsable del departamento.
Artículo 63. Los ministros son responsables de cualquier delito que cometan contra la seguridad nacional y la Constitución; – De cualquier atentado que cometan contra la libertad y la propiedad individuales; – De cualquier dispendio de los dineros destinados a los gastos de su Ministerio.
Artículo 64. En ningún caso la orden del Rey, ya sea verbal o escrita, podrá sustraer al ministro de su responsabilidad.
Artículo 65. Los ministros están obligados a presentar todos los años ante el Cabildo Nacional, a la apertura de las sesiones, un resumen de los gastos a realizar en sus Ministerios, y a dar cuenta del empleo de las sumas que les han sido destinadas, y de indicar los abusos que hayan podido introducirse en las diferentes partidas del gobierno.
Artículo 66. Ningún ministro, en funciones o fuera de ellas, podrá ser perseguido penalmente por hechos de su administración sin un decreto del Cabildo Nacional.
Poderes y funciones de El Cabildo Nacional
Artículo 67. La Constitución delega exclusivamente el Cabildo Nacional los poderes y funciones que a continuación se expresan:
1º Proponer y decretar las Leyes: el Rey sólo podrá invitar al Cabildo Nacional a tomar en consideración un asunto;
2º Fijar los gastos públicos;
3º Establecer las contribuciones públicas, determinar su naturaleza, cuota parte, duración y modo de percepción;
4º Realizar el reparto de la contribución directa entre los ministerios del reino, fiscalizar el empleo de todos los ingresos públicos y obligar a que se dé cuenta de ellos;
5º Decretar la creación y supresión de los oficios públicos;
8º Dictar normas anualmente, a propuesta del Rey, sobre el número de recursos que compondrán las Fuerzas Armadas; sobre los soldados y el número de individuos en cada grado; sobre las reglas de admisión y ascenso, las formas de alistamiento y de abandono, la formación de los soldados; y sobre el tratamiento de las tropas en caso de licenciamiento;
9º Dictar normas sobre la administración de los dominios nacionales y ordenar su enajenación. 10º Exigir, ante la Alta Corte Nacional, la responsabilidad de los ministros y de los agentes principales del Poder Ejecutivo; – Acusar y perseguir ante esa misma Corte a los que hayan sido detenidos por atentado y complot contra la seguridad general del Estado y contra la Constitución;
11º Establecer las leyes según las cuales se regirá la concesión de honores y condecoraciones puramente personales a los que hayan prestado servicios al Estado;
Artículo 68. La guerra solo puede ser declarada por un decreto del Cabildo Nacional, expedido a propuesta formal y necesaria del Rey, y sancionado por él.
– En caso de hostilidades inminentes o comenzadas, de un aliado al que haya que apoyar, o de un derecho que deba ser conservado por la fuerza de las armas, el Rey, sin dilación alguna, dará notificación al Cabildo Nacional y le hará conocer los motivos. Si el Cabildo Nacional está en vacaciones, el Rey lo tratará con la Comisión Permanente.
– Si el Cabildo Nacional decide que la guerra no debe ser llevada a cabo, el Rey adoptará medidas inmediatas para hacer cesar o prevenir cualquier hostilidad, siendo los ministros responsables de las demoras.
– Si el Cabildo Nacional considera que las hostilidades comenzadas constituyen una agresión culpable por parte de los ministros o de cualquier otro agente del poder ejecutivo, el autor de la agresión será perseguido penalmente.
– Durante todo el curso de la guerra, el Cabildo Nacional puede requerir al Rey que negocie la paz; y el Rey está obligado a cumplir este requerimiento.
– En el momento en que la guerra cese, el Cabildo Nacional fijará el plazo en el que, alcanzada la paz, las tropas serán licenciadas y el ejército volverá a su estado ordinario.
Artículo 69. Corresponde al Cabildo Nacional la ratificación de los tratados de paz, de alianza y de comercio; y ningún tratado producirá efectos hasta que no esté ratificado.
Artículo 70. El Cabildo Nacional tiene derecho a fijar el lugar de sus reuniones, de prolongarlas tanto como considere necesario y de suspenderlas. Al comienzo de cada reinado, si no se encuentra reunido, estará obligado a hacerlo sin demora. Tiene derecho a disponer, por su seguridad y para el mantenimiento del respeto que le es debido, una fuerza armada que se establecerá, con su consentimiento, en la ciudad en la que tengan lugar sus sesiones.
Artículo 71. El Poder ejecutivo no puede hacer pasar o establecer ningún cuerpo de tropas regulares dentro del Cabildo Nacional; salvo con su consentimiento o a petición suya.
De la celebración de las sesiones, y forma de deliberar
Artículo 72. Las deliberaciones del Cabildo Nacional serán públicas y las actas de las sesiones se imprimirán.
Artículo 73. No obstante, el Cabildo Nacional podrá en cualquier momento constituirse como Comité General. – cinco de sus miembros podrán exigirlo. – Durante las reuniones del Comité General, los asistentes se retirarán, el sillón del presidente estará vacante, y el orden estará mantenido por el vicepresidente.
Artículo 74. Los actos legislativos sólo podrán ser deliberados y decretados en la forma siguiente.
Artículo 75. Se harán tres lecturas del proyecto de decreto con un intervalo entre ellas como mínimo de ocho días.
Artículo 76 Se abrirá la discusión después de cada lectura; no obstante, después de la primera o la segunda lectura el Cabildo Nacional podrá declarar que ha lugar a una suspensión o que no ha lugar a seguir deliberando; en este último caso, el proyecto de ley podrá ser presentado de nuevo en el mismo período de sesiones. – Todo proyecto de ley deberá ser impreso y distribuido antes de que se lleve a cabo la segunda lectura.
Artículo 77. Después de la tercera lectura, el presidente estará obligado a iniciar la deliberación y el Cabildo Nacional decidirá entonces si está en condiciones de aceptar una ley definitiva, o si desea retrasar la decisión durante un tiempo, en orden a recibir aclaraciones más amplias.
Artículo 78. El Cabildo Nacional no puede deliberar si en la sesión no están presentes al menos veinticuatro (sin contar al presidente) miembros, y las leyes se aprobarán siempre por la mayoría simple de sufragios.
Artículo 79. El proyecto de Ley que, habiendo sido sometido a discusión, haya sido rechazado tras la tercera lectura, no podrá ser presentado de nuevo durante la misma legislatura.
Artículo 80. El preámbulo de todos los decretos definitivos enunciará, 1º las fechas de las sesiones en las cuales se llevaron a cabo las tres lecturas; 2º el decreto mediante el cual se hubiera decidido, tras la tercera lectura, la adopción de una decisión definitiva.
Artículo 81. El Rey negará su sanción a toda ley en cuyo preámbulo no haya constancia de la observación de las formas antes citadas: si alguno de estos decretos fuera sancionado, los ministros no podrán sellarlo y promulgarlo, y su responsabilidad a este respecto durará cinco años.
Artículo 82. Están exentos de las prescripciones anteriores las leyes reconocidas y declaradas como urgentes en virtud de una deliberación previa del Cabildo Nacional; pero éstos pueden ser modificados o revocados en el curso de la misma sesión. – El decreto por el cual un determinado asunto sea declarado urgente deberá enunciar los motivos, y se hará referencia a esta ley previo en el preámbulo del decreto definitivo.
Re: CONSTITUCIÓN NACIONAL
por Adminclaw el Jue Abr 28, 2011 10:19 pm
De la Sanción Real
Artículo 83. Las leyes del Cabildo Nacional se presentarán al Rey, quien puede rehusar su consentimiento.
Artículo 84 Si recibido un proyecto de ley, el Rey tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas al Cabildo Nacional, dentro del plazo perentorio de treinta días.
Cuando un proyecto de ley fuese devuelto por el Rey con objeciones u observaciones, totales o parciales, se convocará al Cabildo Nacional y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado.
Trascurridos treinta días de la primera convocatoria sin mediar rechazo expreso de las observaciones del Rey, las mismas se considerarán aceptadas.
Si las Cámaras reunidas desaprobaran el proyecto devuelto por el Rey, quedará sin efecto por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta la siguiente Legislatura.
En todo caso de reconsideración de un proyecto devuelto por el Rey, las votaciones serán nominales por sí o por no, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes, como las objeciones u observaciones del Rey, se publicarán inmediatamente por la prensa.
Artículo 90. El consentimiento del Rey quedará expresado en cada ley por la siguiente fórmula que será firmada por él: El Rey consiente y hará ejecutar. – El rechazo suspensivo quedará expresado por esta otra fórmula: El Rey examinará.
Artículo 91. El Rey está obligado a expresar su consentimiento o su rechazo en cada ley en un plazo de dos meses desde su presentación.
Artículo 92. Los decretos sancionados por el Rey, y aquellos que han sido presentados ante él por cinco legislaturas sucesivas, tienen fuerza de ley y llevarán el nombre y el título de Leyes.
Si el Rey, a quien se hubiese remitido un proyecto de ley, no tuviese reparo que oponerle, lo avisará inmediatamente, quedando así de hecho sancionado y expedito para ser promulgado sin demora.
Si el Rey no devolviese el proyecto, cumplidos los treinta días que establece el Artículo x, tendrá fuerza de ley y se cumplirá como tal, reclamándose esto, en caso omiso, por El Cabildo Nacional.
Reconsiderado por el Cabildo Nacional reunido un proyecto de ley que hubiese sido devuelto por el Rey con objeciones u observaciones, si aquéllas lo aprobaron nuevamente, se tendrá por su última sanción, y comunicado al Rey, lo hará promulgar enseguida sin más reparos.
Relaciones del Cabildo Nacional con el Rey
Artículo 96. Cuando el Cabildo Nacional se encuentre constituido definitivamente, enviará al Rey un comunicado para informarle. El Rey puede, cada año, realizar la apertura del período de sesiones, y proponer los asuntos que él crea deben ser tenidos en consideración durante dicho período, sin que, por otra parte, esta formalidad pueda ser considerada como necesaria para la actuación del Cabildo Nacional.
Artículo 97. Cuando el Cabildo Nacional desea suspender su actividad durante más de quince días, estará obligado a prevenir al Rey a través de un comunicado, al menos con ocho días de antelación.
Artículo 98. Al menos ocho días antes del fin de cada período de sesiones, el Cabildo Nacional enviará al Rey un comunicado, para anunciarle el día en que piensa poner fin a sus reuniones, pudiendo el Rey realizar la clausura del período de sesiones y posterior disolución del Cabildo.
Artículo 99. Durante las vacaciones del Cabildo, durante el período que se encuentre disuelto por elecciones o en circunstancias especiales, será formada una Comisión Permanente presidida por el Vicepresidente del Cabildo Nacional y diez de sus diputados o sus respectivos suplentes manteniendo las proporciones en cuanto a la representación que cada partido político posea.
Artículo 100. La Comisión permanente tiene exactamente las mismas potestades que tiene el Cabildo Nacional a excepción de realizar reformas constitucionales.
Requerirá la iniciativa del Rey todo proyecto de ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada.
El Poder Legislativo no podrá aumentar las exoneraciones tributarias ni los mínimos propuestos por el Rey para salarios y precios ni, tampoco, disminuir los precios máximos propuestos.
Artículo 103. En todas las ocasiones en que el Rey se dirija al lugar en el que se encuentre reunido el Cabildo Nacional, será recibido y conducido por un diputado; en el interior de la sala sólo podrá estar acompañado por el Príncipe Real y por al menos un ministro.
Artículo 104. En ningún caso el Rey podrá ejercer otro cargo que no sea el de Rey, por tanto no podrá presentarse a elecciones, manejar bienes ajenos al Estado, ser comerciante o empresario.
Artículo 105. El Cabildo Nacional dejará de ser cuerpo deliberante mientras el Rey se encuentre presente.
Artículo 106. Cuando los ministros del Rey entren en El Cabildo Nacional, tendrán un lugar señalado. – Se les oirá todas la veces que lo pidan sobre los asuntos relativos a su administración, o cuando sean requeridos a realizar aclaraciones. – También serán oídos sobre asuntos ajenos a su administración cuando el Cabildo Nacional les conceda la palabra.
Artículo 107. El Poder Ejecutivo supremo reside exclusivamente en manos del Rey. – El Rey es el jefe supremo de la administración general del reino: a él está confiado el cuidado de velar por el mantenimiento del orden y de la tranquilidad públicos. – El Rey es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. – Se delega en el Rey el cuidado de velar por la seguridad exterior del reino, y de mantener sus derechos y posesiones.
Al Rey, actuando con el Ministro o Ministros respectivos, corresponde:
2°) El mando superior de todas las fuerzas armadas pudiendo delegar en otro esta función.
4°) Publicar y circular, sin demora, todas las leyes que se hallen ya en estado de publicar y circular, ejecutarlas, hacerlas ejecutar, expidiendo los reglamentos especiales que sean necesarios para su ejecución.
25) El Rey firmará las resoluciones y comunicaciones del Poder Ejecutivo con el Ministro o Ministros a que el asunto corresponda, requisito sin el cual nadie estará obligado a obedecerlas.
26) El Rey designará libremente un Secretario y un Prosecretario, quienes actuarán como tales en el Consejo de Ministros.
Artículo 109. El Rey expide las cartas-patentes, certificados y comisiones a los funcionarios públicos o a otras personas que deban recibirlos.
Artículo 111. Corresponde al Poder Ejecutivo promulgar, sancionar y publicar en la Gaceta Oficial las leyes. – Se encarga igualmente de hacer promulgar y ejecutar los actos del Cabildo Nacional que no precisen de la sanción del Rey.
Artículo 112. Se harán dos expediciones originales de cada ley, ambas firmadas por el Rey, refrendadas por el ministro del Interior y firmadas por el Rey y el Presidente del Cabildo Nacional. – Una de ellas permanecerá depositada en los archivos del Ministerio del Interior, la otra se remitirá a los archivos del Cabildo Nacional.
Artículo 113. La promulgación será expresada así: – «N. (nombre del Rey) por el poder que me ha sido concedido y por la Ley constitucional del Estado, Rey de los Caporisos, a todos los presentes y venideros, proclama. El Cabildo Nacional reunido en Asamblea ha decretado y nosotros aceptamos y ordenamos lo siguiente:» – (Se inserta aquí la copia literal del decreto sin efectuar cambio alguno) - «Comuníquese, Infórmese y Notifíquese a quien corresponda. Sea ejecutado como Ley del reino y si así no se hiciere, que caiga sobre el transgresor todo el peso de la ley.»
Artículo 114. Si el Rey es menor, las leyes, proclamas y otros actos emanados de la autoridad real, durante la regencia, serán expresados como sigue: – «N. (nombre del Regente) Regente del reino, en nombre de N. (nombre del Rey), por el poder que me ha sido concedido y por la Ley constitucional del Estado, Rey de los Caporisos, etc., etc., etc.»
Artículo 115). El Poder Ejecutivo está obligado a enviar las leyes a los cuerpos administrativos y a los tribunales, haciendo certificar dicho envío y justificándolo ante el Cabildo Nacional.
Artículo 116). En cada departamento hay una administración superior y en cada distrito una administración subordinada.
Artículo 117. Los administradores no tienen ningún carácter de representación. – Son agentes elegidos periódicamente por el pueblo para ejercer, bajo la vigilancia y la autoridad del Rey, las funciones administrativas.
Artículo 118. No pueden, ni inmiscuirse en el ejercicio del Poder Legislativo o suspender la ejecución de las leyes, ni tomar ninguna iniciativa en el orden judicial, ni sobre las disposiciones y operaciones militares.
Artículo 119. Los administradores están encargados esencialmente de repartir las contribuciones directas, y de vigilar los fondos provenientes de todas las contribuciones y rentas públicas en su territorio. – Corresponde al Poder Legislativo determinar las reglas y el modo en que ejercen sus funiciones, tanto en lo que atañe a los asuntos citados, como en todas las demás cuestiones de la administración interior.
Artículo 120. El Rey tiene derecho a anular los actos de los administradores de departamento contrarios a las leyes o a las órdenes que él hubiera dirigido. – En caso de que perseveren en la desobediencia o si comprometen por sus actos la seguridad o la tranquilidad públicas, puede suspenderlos en sus funciones.
Artículo 121. Los administradores de departamento tienen, a su vez, el derecho a anular los actos de los subadministradores de distrito contrarios a las leyes o a las decisiones de los administradores de departamento, o a las órdenes que estos últimos les hubieran transmitido. – Igualmente, en caso de desobediencia perseverante de los subadministradores o si estos últimos comprometiesen por sus actos la seguridad o la tranquilidad públicas, pueden suspenderlos en sus funciones con la obligación de informar al Rey, quien podrá levantar o confirmar la suspensión.
Artículo 122). Cuando los administradores de departamento no hayán utilizado el poder que se les ha delegado en el Artículo anterior, el Rey puede anular directamente los actos de los subadministradores y suspenderlos en los mismos casos.
Artículo 123. Siempre que el Rey acuerde o confirme la suspensión de los administradores o de los subadministradores, debe informar al Cabildo Nacional. – Este último podrá levantar la suspensión o confirmarla, o incluso disolver la administración culpable, y si ha lugar, enviar a todos los administradores o a algunos de ellos ante la justicia penal, o dicar contra ellos un decreto de acusación.
Artículo 124. Sólo el Rey puede mantener relaciones políticas con el exterior, conducir las negociaciones, llevar a cabo los preparativos de guerra que sean proporcionales a los de los Estados vecinos, distribuir según juzgue conveniente las fuerzas de tierra y mar, y regular su dirección en caso de guerra.
Artículo 125. Toda declaración de guerra se hará en los siguientes términos: De parte del Rey de los Caporisos, en nombre de la Nación.
Artículo 126. Corresponde al Rey decidir y firmar con todas las potencias extranjeras, cualquier tratado de paz, de alianza o de comercio, y cualquier otra convención que juzgue necesaria para el bien del Estado, sin perjuicio de la ratificación del Cabildo Nacional.
Artículo 127. El Poder Judicial no puede ser ejercido en ningún caso por el Cabildo Nacional o por el Rey.
Artículo 128. La justicia se administrará gratuitamente por jueces elegidos periódicamente por el pueblo e instituidos en virtud de cartas-patentes del Rey, que no podrá rehusarlas. – No podrán ser destituidos, salvo prevaricación debidamente juzgada, ni suspendidos, salvo acusación admitida. – El acusador público será nombrado por el pueblo.
Artículo 129). Los tribunales no pueden inmiscuirse en el ejercicio del Poder Legislativo, ni suspender la ejecución de las leyes, tampoco pueden realizar funciones administrativas, ni citar ante ellos a los administradores en razón de sus funciones.
Artículo 130). No se podrá atribuir a los ciudadanos un juez diferente al que la ley les haya asignado, por medio de comisión alguna, ni por medio de otras atribuciones o avocaciones que no estén legalmente determinadas.
Artículo 131. El derecho de los ciudadanos de poner fin a sus controversias por la via del arbitraje no puede verse perjudicado por los actos del Poder Legislativo.
Artículo 132. Los tribunales ordinarios no pueden admitir ninguna acción civil hasta que no se justifique que las partes han comparecido o que el demandante ha citado a la contraparte ante unos mediadores para llegar a una conciliación.
Artículo 133. Habrá uno o varios jueces de paz en los cantones y en las ciudades El Poder Legislativo determinará su número.
Artículo 134. Corresponde al Poder Legislativo fijar el número y los distritos de los tribunales y el número de jueces que compondrán cada tribunal.
Artículo 135. En materia criminal ningún ciudadano puede ser juzgado más que sobre una acusación admitida por un jurado o decretada por el Cabildo Nacional, en los casos en que le corresponda llevar a cabo la acusación. – Después de admitir la acusación, el jurado conocerá y declarará sobre los hechos. – El acusado tendrá la facultad de recusar hasta veinte jurados, sin explicar el motivo. – Los jurados que declaren sobre los hechos no podrán ser menos de doce. – La aplicación de la Ley corresponderá a los jueces. – La instrucción será pública y no se podrá negar a los acusados el asesoramiento de un consejero. – Todo hombre absuelto por un jurado legal no podrá ser detenido ni acusado de nuevo en razón del mismo hecho.
Artículo 136. Nadie podrá ser prendido más que para ser conducido ante el oficial de policía; nadie podrá ser arrestado o detenido más que en virtud de un mandato de los oficiales de policía, de una orden de arresto de un tribunal, de un decreto de acusación del Cabildo Nacional, en el caso de que le corresponda pronunciarse, o de una setencia de condena a prisión o detención correccional.
Artículo 137. Todo el que sea prendido y conducido ante un oficial de policía será examinado en el acto o como muy tarde en el plazo de venticuatro horas. – Si del examen resulta que no hay contra él ningún motivo de inculpación, será puesto inmediatamente en libertad; si ha lugar su envío a la carcel, será conducido allí en el más breve plazo posible que, en ningún caso podrá exceder de tres días.
Artículo 138. Nadie que se encuentre arrestado podrá ser retenido si ha depositado una fianza suficiente, en aquellos casos en que la ley permita permanecer en libertad bajo fianza.
Artículo 139. Ningún hombre cuya detención esté autorizada por la ley podrá ser conducido o permanecer detenido en lugares que no estén designados públicamente para servir de carcel, de palacio de justicia o de prisión.
Artículo 140. Ningún guardián o carcelero podrá recibir o retener a un hombre si no hay un mandato o una orden de detención, un decreto de acusación o una sentencia, de los mencionados en el Artículo 10 anterior, y si no ha llevado a cabo la transcripción del mismo en su registro.
Artículo 141. Todo guardián o carcelero está obligado, sin que ninguna orden le pueda dispensar, a presentar la persona del detenido al oficial civil que esté al cargo del lugar de la detención todas las veces que éste se lo requiera. – No se podrá negar tampoco la presentación de la persona del detenido a sus parientes y amigos, cuando éstos lleven una orden del oficial civil, orden que será obligatorio conceder, salvo que el guardián o carcelero presente una orden del juez, transcrita en su registro, en el sentido de mantener al detenido en secreto.
Artículo 142. Serán culpables del crimen de detención arbitraria: todo hombre que no tenga atribuido por la ley el derecho de detención, sea cual fuere su puesto o empleo, que emita, firme, ejecute o haga ejecutar una orden de detención de un ciudadano o de cualquier persona, incluso si se trata de una detención autorizada por la ley; todo hombre que conduzca, reciba o retenga a un ciudadano en un lugar que no esté pública y legalmente designado como lugar de detención; así como cualquier guardián o carcelero que infrinja las disposiciones de los Artículos 14 y 15 anteriores.
Artículo 143. Nadie podrá ser investigado ni perseguido en razón de los escritos que haya hecho imprimir o publicar sobre la materia que sea, salvo que haya provocado a propósito la desobediencia de la ley, el descrédito de los Poderes constituidos, la resistencia a sus actos, o alguna de las acciones declaradas crímenes o delitos por la ley. – La censura de los actos de los Poderes constituidos está permitida, pero las calumnias voluntarias contra la probidad de los funcionarios públicos y la rectitud de sus intenciones en el ejercicio de sus funciones podrán ser perseguidas por aquellos que son objeto de las mismas. – Las calumnias e injurias contra cualquier persona en relación con su vida privada serán perseguidas y castigadas.
Artículo 145. Nadie puede ser juzgado, ni por la vía civil ni por la penal, a causa de escritos impresos o publicados, si no media un reconocimiento y una declaración de un jurado que determine, 1º si hay delito en el escrito denunciado, y 2º si la persona perseguida es culpable de él.
Artículo 146. Habrá en todo el reino un solo tribunal de casación, establecido en el mismo lugar que el Cabildo Nacional. Sus funciones consistirán en pronunciarse, – Sobre las demandas en casación contra las sentencias dictadas en última instancia por los tribunales; – Sobre las demandas de devolución de un tribunal a otro, a causa de sospecha legítima; – Sobre los asuntos relativos a los jueces y las acciones contra un tribunal en su totalidad.
Artículo 147). En materia de casación, el tribunal de casación no podrá conocer sobre el fondo del asunto, sino que, después de haber casado la sentencia, cuando ésta haya sido dictada en un procedimiento en el que no se hayan respetado las formas, o cuando contravenga expresamente la ley, deberá reenvíar el asunto al tribunal que deba conocer sobre el fondo.
Artículo 148. Cuando después de dos casaciones el juez del tercer tribunal sea atacado por la mismos motivos que los dos primeros, la cuestión no podrá ser resuelta por el tribunal de casación sino después de haber sido sometida al Cabildo Nacional, que dictará un decreto declaratorio de la ley que el tribunal de casación estará obligado a acatar.
Artículo 149. Cada año, el tribunal de casación estará obligado a enviar al Cabildo Nacional un comunicado de ocho de sus miembros que le presentarán una memoria de las sentencias dictadas, y al lado de cada una, una noticia abreviada de cada uno de los asuntos y el texto de la ley que haya sido determinante de la decisión.
Artículo 150. Una Alta Corte Nacional, formada por los miembros del tribunal de casación y por un Alto Jurado, conocerá sobre los delitos cometidos por los ministros y los agentes principales del Poder Ejecutivo, así como de los crímenes contra la seguridad general del Estado, cuando el Cabildo Nacional haya dictado un decreto de acusación. – Sólo se reunirá esta Corte cuando así lo proclame el Cabildo Nacional, y lo hará a una distancia de treinta mil toesas como mínimo respecto del lugar donde la legislatura celebre sus sesiones.
Artículo 151. Los despachos ejecutorios de las sentencias de los tribunales se expresarán de la siguiente manera: – «N. (nombre del Rey) por la gracia de Dios y por la Ley constitucional del Estado, Rey de los Caporisos, a todos los presentes y venideros, proclama. El Tribunal de … a dictado la siguiente sentencia: – (Aquí se copiará la sentencia en la cual se hará mención del nombre de los jueces.) – Mandamos y ordenamos a todos los Ujieres aquí requeridos, que pongan en ejecución esta sentencia, a nuestros Comisarios ante los Tribunales, que presten su ayuda, y a todos los Comandantes y Oficiales de la fuerza pública de poner la fuerza a su disposición cuando sean legalmente requeridos para hacerlo. En testimonio de lo cual la presente sentencia ha sido firmada por el Presidente del Tribunal y por el Secretario judicial.»
Artículo 152. Las funciones de los comisarios del Rey ante los tribunales consistirán en requerir la observación de las leyes en las sentencias que deban ser dictadas y en hacer ejecutar las sentencias que hayan sido dictadas. – No actuarán en modo alguno como acusadores públicos, pero serán oidos en todas las acusaciones, e intervendrán durante el curso de la instrucción para requerir la regularidad de las formas, y antes de la sentencia para requerir la aplicación de la ley.
Artículo 153. Los comisarios del Rey denunciarán ante el director del jurado, de oficio o por orden del Rey: – Los atentados contra la libertad individual de los ciudadanos, contra la libertad de circulación de las subsistencias y de los demás bienes de comercio, y contra la percepción de las contribuciones; – Los delitos mediante los cuales se impidiese u obstaculizase la ejecución de las órdenes dadas por el Rey en el ejercicio de las funciones que tiene delegadas; – Los atentados contra el derecho de gentes; – Y los actos de rebeldía frente a la ejecución de las senetencias y de todos los actos ejecutorios emanados de los Poderes constituidos.
Artículo 154. El Ministro de Justicia denunciará ante el Tribunal de Casación, por medio del Comisario del Rey, y sin perjuicio del derecho de las partes interesadas, los actos que constiuyan exceso de poder por parte de los jueces. – El Tribunal los anulará, y si son constitutivos de prevaricación, el hecho será denunciado al Cabildo Nacional, el cual, si ha lugar, dictará el decreto de acusación y enviará a los acusados ante la Alta Corte Nacional.
Artículo 155. La fuerza pública se instituye para defender al Estado frente a los enemigos exteriores, y para asegurar el mantenimiento del orden y la ejecución de las leyes en el interior.
Artículo 156. Esta compuesta, – Por los ejércitos de tierra y mar; – Por la tropa especialmente destinada al servicio del interior; – Y subsidiariamente, por los ciudadanos activos, y por sus hijos en edad de portar armas, inscritos en el registro de la guardia nacional.
Artículo 157. Las guardias nacionales no forman ni un cuerpo militar, ni una institución del Estado; son los propios ciudadanos llamados al servicio de la fuerza pública.
Artículo 158. Los ciudadanos no podrán formarse ni actuar como guardia nacional sin un requerimiento o una autorización legal.
Artículo 159. En esta calidad, los ciudadanos están sometidos a una organización determinada por la ley. – No puede haber más que una disciplina y un uniforme en todo el reino. – Las distinciones de grado y la subordinación sólo subsisten durante el servicio y en relación con el mismo.
Artículo 160. Los oficiales son elegidos periódicamente, y no pueden ser reelegidos hasta pasado un intervalo de servicio como soldados. – Nadie podrá mandar la guardia nacional de más de un distrito.
Artículo 161. Todas las partes de la fuerza pública empleadas para la seguridad del Estado contra los enemigos exteriores actuarán bajo las órdenes del Rey.
Artículo 162. Ningún cuerpo o destacamento de tropas regulares puede actuar en el interior del reino sin un requerimiento legal.
Artículo 163. Ningún agente de la fuerza pública puede entrar en el domicilio de un ciudadano, si no es en ejecución de un mandamiento de policía o de justicia, o en los casos formalmente previstos en la ley.
Artículo 164. El requerimiento de la fuerza pública en el interior del reino corresponde a los oficiales civiles, siguiendo las reglas determinadas por el Poder Legislativo.
Artículo 165. Cuando los disturbios agiten todo un departamento, el Rey dará, bajo la responsabilidad de sus ministros, las órdenes necesarias para la ejecución de las leyes y el restablecimiento del orden, pero deberá informar al Cabildo Nacional si se encuentra reunido o convocarlo si está en vacación.
Artículo 166. La fuerza pública es esencialmente obediente; ningún cuerpo armado puede deliberar.
Artículo 167. El ejército de tierra y mar, y las tropas destinadas a la seguridad interior, están sometidos a leyes particulares, tanto para el mantenimiento de la disciplina, como en relación con la forma de las sentencias y la naturaleza de las penas en materia de delitos militares.
Artículo 168. Las contribuciones públicas serán deliberadas y fijadas cada año por el Cabildo Nacional y no podrán subsistir más allá del último día del siguiente período de sesiones, si no han sido expresamente renovadas.
Artículo 168. Bajo ningún pretexto se podrán rechazar o suspender los fondos necesarios para el pago de la deuda nacional y de la lista civil. – El tratamiento de los ministros del culto católico pensionados, elegidos en virtud de decretos de la Asamblea Nacional Constituyente, forma parte de la deuda nacional. – El Cabildo Nacional no podrá en ningún caso cargar a la nación con el pago de las deudas de ningún individuo.
Artículo 169. Las cuentas detalladas de los gastos de los departamentos ministeriales, firmadas y certificadas por los ministros o por los administradores generales, serán publicadas por vía de imprenta al comienzo de las sesiones de cada legislatura. – Lo mismo se hará con los estados de los ingresos de las diversas contribuciones, y de todas las rentas públicas. – Los estados de estos gastos e ingresos se diferenciarán según su naturaleza, y expresarán las sumas recibidas y gastadas año a año en cada distrito. – También se harán públicos los gastos particulares de cada departamento, y los relativos a los tribunales, a los cuerpos administrativos y a los demás establecimientos.
Artículo 170. Los administradores de departamento y subadministradores no podrán establecer contribución pública alguna, ni efectuar ningún reparto más allá del tiempo y de las sumas fijadas por el Cabildo Nacional, ni deliberar ni permitir, sin ser autorizados para ello por este último, ningún empréstito local a cargo de los ciudadanos del departamento.
Artículo 171. El Poder Ejecutivo dirige y vigila la percepción y el pago de las contribiciones y da todas las órdenes que sean necesarias a estos efectos.
DE LAS RELACIONES DE LA NACION CAPORISA CON LAS NACIONES EXTRANJERAS
Artículo 172. Los extranjeros establecidos o no en Caporis suceden a sus parientes extranjeros o Caporisos. – Pueden contratar, adquirir y recibir bienes situados en Caporis y disponer de ellos, a través de los medios legalmente autorizados, al igual que cualquier ciudadano Caporiso. – Los extranjeros que se encuentren en Caporis estarán sometidos a las mismas leyes penales y de policía que los ciudadanos Caporisos, sin perjuicio de los convenios acordados con potencias extranjeras; su persona, sus bienes, su industria y su culto estarán igualmente protegidos por la ley.
Artículo 173.- La reforma total de esta Constitución no podrá hacerse hasta pasados diez años desde que fuera promulgada. Sin embargo, después de cinco años de su promulgación, se le podrá introducir las enmiendas aconsejadas por la experiencia. Las reformas y las enmiendas constitucionales son de competencia exclusiva del Congreso Nacional y deberá ser aprobada por los dos tercios de la cámara.
Artículo 174.- La necesidad de la reforma total o de la enmienda de la Constitución corresponde ser declarada por la Asamblea Nacional Constituyente, formada por los miembros del Congreso Nacional, bajo la presidencia del Presidente del Congreso. La declaración, para surtir sus efectos, no requerirá ser promulgada por el Poder Ejecutivo, al que, sin embargo, se dará conocimiento de ella. Para declararla será indispensable el voto favorable de los dos tercios del número total de miembros de la Asamblea.
Artículo 175.- La Asamblea Nacional será convocada por su presidente para pronunciarse sobre la necesidad de la reforma o enmienda constitucional, a iniciativa del Poder Ejecutivo o del Congreso, resuelta por mayoría absoluta de votos.
Artículo 176.- Recibida la declaración de la Asamblea, el Poder Ejecutivo convocara a elección de Convencionales para dentro de los seis meses siguientes. La Convención Nacional Constituyente se reunirá dentro de los treinta días de su elección.
Artículo 177.- El número de miembros de la Convención Nacional Constituyente será determinado por una ley especial, pero no será menor que el total de miembros titulares del Congreso.
Artículo 178.- Los Convencionales serán elegidos directamente por el pueblo, conforme a las disposiciones pertinentes de la ley electoral.
Artículo 179.- Para ser Convencional se requiere nacionalidad antillana natural y haber cumplido veinticinco años de edad. Las incompatibilidades serán establecidas por la ley.
Artículo 180.- La Convención Nacional Constituyente solo podrá considerar los puntos señalados por la Asamblea Nacional, si no hubiera sido declarada la necesidad de la reforma total.
Artículo 181.- La Convención Nacional Constituyente no se arrogara las atribuciones de los Poderes del Estado, ni podrá substituir a quienes se hallaren en ejercicio de ellos.
Artículo 182.- Los Convencionales tendrán las mismas inmunidades establecidas para los miembros del Congreso.
Artículo 183.- La Convención Nacional Constituyente elegirá sus autoridades, dictara su propio reglamento y nombrar a sus empleados. Los Convencionales gozaran de una dieta que será fijada en el Presupuesto General de la Nación o en ley especial.
Artículo 184.- El acta final que recoja el texto de las reformas o las enmiendas aprobadas, será firmada en todas sus hojas por el Presidente y los secretarios de la Convención Nacional Constituyente. La firmaran también los Convencionales que deseen hacerlo de modo que se forme un solo documento cuya custodia será confiada al Poder Legislativo.
Artículo 185.- Las reformas o las enmiendas constitucionales sancionadas por la Convención Nacional Constituyente serán publicadas en el Registro Oficial.
Su Majestad Luis I Porta
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente: Roberto Hernandez
Vicepresidente de la Asamblea General Constituyente: Álvaro Besançon
Comandante de las Fuerzas Armadas: Alfonso Gonzalez
Presidente del Cabildo: Felipe Contreras