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Timestamp: 2019-09-21 17:46:04
Document Index: 301660490

Matched Legal Cases: ['artículo 60', 'artículo 47', 'artículo 154', 'artículo 3', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 135', 'artículo 55', 'artículo 136', 'artículo 125', 'artículo 75']

﻿ DECRETO 1798 DE 2000
DECRETO 1798 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2000
CONTENIDO:MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL. SE MODIFICAN LAS NORMAS DE DISCIPLINA Y ÉTICA PARA LA POLICÍA NACIONAL.
REVISTA LEGISLACIÓN ECONÓMICA N°:1152 DE OCTUBRE 15 DE 2000, PG.612
“Por el cual se modifican las normas de disciplina y ética para la Policía Nacional”.
(Nota: Derogado por la Ley 1015 de 2006 artículo 60 del Ministerio de Defensa Nacional)
ART. 1º—Titularidad de la potestad disciplinaria. El Estado es el titular de la potestad disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación, corresponde a los funcionarios de la Policía Nacional con competencia, conocer de las conductas disciplinables de los servidores públicos de sus unidades.
ART. 2º—Poder disciplinario preferente. En desarrollo del poder disciplinario preferente, podrá el Procurador General de la Nación, por sí o por medio de sus delegados y agentes, avocar mediante decisión motivada, de oficio o a petición de parte, el conocimiento de aquellos asuntos que se tramiten internamente en la Policía Nacional.
ART. 3º—Autonomía. La acción disciplinaria es autónoma e independiente de las acciones penales y/o administrativas.
ART. 4º—Legalidad. El personal uniformado, será investigado y sancionado disciplinariamente cuando incurra en las faltas establecidas en el presente decreto.
ART. 5º—Debido proceso. Todo el personal uniformado deberá ser investigado conforme a las leyes sustantivas y procesales preexistentes a la falta disciplinaria que se le atribuya, ante funcionario competente previamente establecido y observando las garantías contempladas en la Constitución Política y en el procedimiento señalado en este decreto.
ART. 6º—Resolución de la duda. En el proceso disciplinario toda duda razonable se resolverá a favor del disciplinado, cuando no haya modo de eliminarla.
ART. 7º—Presunción de inocencia. Todo el personal uniformado a quien se le atribuya una falta disciplinaria, se presume inocente mientras no se declare legalmente su responsabilidad en fallo ejecutoriado.
ART. 8º—Gratuidad. Ninguna actuación procesal causará erogación a quienes intervengan en el proceso, salvo las copias que solicite el investigado o disciplinado o su apoderado.
ART. 9º—Cosa juzgada. Nadie podrá ser investigado más de una vez por una misma acción u omisión constitutiva de falta disciplinaria, aun cuando a ésta se le dé una denominación diferente.
ART. 10.—Aplicación inmediata de la ley. La competencia es de aplicación inmediata, por lo tanto, lo concerniente a la sustanciación y ritualidad del proceso se aplicará desde el momento en que entre a regir esta disposición.
ART. 11.—Celeridad del proceso. El funcionario competente impulsará oficiosamente el proceso y suprimirá los trámites y diligencias innecesarias.
ART. 12.—Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa.
ART. 13.—Favorabilidad. En materia disciplinaria la ley favorable o permisiva se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.
ART. 14.—Igualdad ante la ley disciplinaria. Las autoridades disciplinarias tratarán de modo igual a los destinatarios de este decreto, sin establecer discriminación alguna por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
ART. 15.—Finalidades de la ley y de la sanción disciplinaria. El acatamiento a la ley disciplinaria garantiza el cumplimiento de los fines y funciones del Estado, en relación con las conductas del personal uniformado.
ART. 16.—Reconocimiento de la dignidad humana. Los destinatarios de este decreto, a quienes se les atribuya la comisión de una falta disciplinaria tienen derecho a ser tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
ART. 17.—Contradicción. Quien fuere objeto de investigación, tendrá derecho a conocer las diligencias tanto en la indagación preliminar como en la investigación disciplinaria, para controvertir y solicitar la práctica de pruebas.
ART. 18.—Proporcionalidad. La sanción disciplinaria debe corresponder a la gravedad de la falta cometida. En la graduación de la sanción deben aplicarse los criterios que fija este decreto.
ART. 19.—Integración normativa. En la aplicación del presente decreto, prevalecerán los principios rectores establecidos en la Constitución Política, los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia, este decreto y los códigos Contencioso Administrativo, Penal y de Procedimiento Penal.
ART. 20.—Destinatarios. El personal uniformado es destinatario de las normas de disciplina.
ART. 21.—Autores. Es autor quien realiza o induce a cometer a otro la conducta descrita en este decreto como falta disciplinaria, cualquiera sea su forma o modo de intervención.
ART. 22.—Noción. La disciplina es la condición esencial para la existencia de la institución policial e implica la observancia de las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y órdenes que consagran el deber profesional.
ART. 23.—Mantenimiento de la disciplina. La disciplina se mantendrá con el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones, coadyuvando a los demás a conservarla. Del mantenimiento de la disciplina son responsables todos los servidores de la institución.
ART. 24.—Medios para encauzarla. Los medios para encauzar la disciplina pueden ser preventivos o correctivos; los primeros se utilizan para mantenerla y fortalecerla y los segundos para restablecerla cuando ha sido quebrantada.
ART. 25.—Noción. Orden es la manifestación externa del superior con autoridad que se debe obedecer, observar y ejecutar. La orden debe ser legítima, lógica, oportuna, clara, precisa y relacionada con la actividad institucional.
ART. 26.—Orden ilegítima. La orden es ilegítima cuando excede los límites de la competencia o conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible, a la violación de la ley, las normas institucionales u órdenes legítimas superiores.
ART. 27.—Obligatoriedad de la orden. El cumplimiento de la orden es obligatorio. Cuando el subalterno tenga duda sobre la inconveniencia de la orden, debe advertirlo al superior en forma respetuosa. Si hubiere insistencia, previa información escrita, la orden debe cumplirse sin dilación.
ART. 28.—Orden que entraña hecho punible. Si la orden conduce manifiestamente a la comisión de un hecho punible, el subalterno no está obligado a obedecerla; en caso de hacerlo, la responsabilidad recaerá sobre el superior que emite la orden y el subalterno que la cumple o ejecuta.
ART. 29.—Noción de conducto regular. El conducto regular es un procedimiento que permite transmitir en forma ágil entre las líneas jerárquicas de la institución, órdenes, instructivos y consignas relativas al servicio.
ART. 30.—Pretermisión del conducto regular. El conducto regular podrá pretermitirse ante hechos o circunstancias especiales, cuando de observarlo, en razón del tiempo o exigencia del caso, se deriven resultados perjudiciales.
PAR.—En los aspectos relacionados con asuntos disciplinarios y justicia penal militar, no existe el conducto regular.
ART. 31.—Causales de extinción de la acción disciplinaria. Son causales de extinción de la acción disciplinaria las siguientes:
ART. 32.—Término de prescripción de la acción. La acción disciplinaria prescribe en el término de cinco (5) años. La prescripción de la acción empezará a contarse, para las faltas instantáneas, desde el día de la consumación y desde la realización del último acto, en las de carácter permanente o continuado.
ART. 33.—Prescripción de varias acciones. Cuando fueren varias las conductas juzgadas en un solo proceso, la prescripción de las acciones se cumple independientemente para cada una de ellas.
ART. 34.—Renuncia y oficiosidad. El disciplinado podrá renunciar a la prescripción de la acción disciplinaria. En este caso la acción sólo podrá proseguirse por un término máximo de un (1) año, contado a partir de la presentación personal de la solicitud, vencido el cual sin que se hubiese proferido y ejecutoriado el respectivo fallo, no procede decisión distinta de la declaratoria de prescripción.
ART. 35.—Término de prescripción de la sanción disciplinaria. La sanción disciplinaria prescribe en un término de dos (2) años contados a partir de la ejecutoria del fallo.
PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere la destitución e inhabilidad o la suspensión e inhabilidad, una vez cumplidas se producirá la rehabilitación en forma automática.
ART. 36.—Clasificación. Las faltas disciplinarias son:
1. Afectar con su conducta las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, según lo establecido en los convenios I, II, III y IV de Ginebra de 1949, sus protocolos adicionales I y II y en los demás tratados internacionales que Colombia ratifique.
20. Ejecutar actos sexuales en áreas o lugares de trabajo.
ART. 38.—Faltas graves. Son faltas graves:
7. Despojarse, con manifestaciones de menosprecio, del uniforme, las insignias o condecoraciones.
a) Proporcionar datos inexactos u omitir información que tenga incidencia en su vinculación al cargo o a la carrera, sus promociones o ascensos.
b) Permitir el acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas.
c) No registrar en los libros o documentos los hechos y novedades a que se esté obligado por razón del servicio, cargo o función.
a) Retenerlos o apropiárselos.
b) Incurrir en negligencia o actuar con impericia o imprudencia en su manejo o control.
c) Usarlos en beneficio propio o de terceros.
d) Darles aplicación o uso diferente.
e) Extraviarlos, perderlos, dañarlos o desguazarlos.
f) Entregarlos a personas distintas a su verdadero dueño.
g) Demorar injustificadamente su entrega a la autoridad competente o la devolución a su dueño.
h) Conducirlos u operarlos sin el debido permiso o autorización.
i) Malversarlos o permitir que otros lo hagan.
a) Dejar de asistir sin justificación a las clases o llegar frecuentemente retardado a ellas.
b) No cumplir las tareas o los trabajos impuestos o no hacerlo con la oportunidad debida.
c) Emplear medios o ejercitar actos para conocer previamente los temas de exámenes.
d) Utilizar durante los exámenes cualquier medio fraudulento.
e) Suministrar datos escritos o verbales a otros alumnos, durante las pruebas o exámenes.
ART. 39.—Faltas leves. Son faltas leves las siguientes:
ART. 40.—Otras faltas. Además de las definidas en los artículos anteriores, constituyen falta disciplinaria la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones, el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes contemplados en la Constitución Política, los tratados públicos ratificados por el Gobierno Colombiano, las leyes y en los diferentes actos administrativos.
Clasificación y límites de las sanciones
ART. 41.—Sanciones principales. Son sanciones principales las siguientes:
PAR.—Las faltas gravísimas serán sancionadas siempre con la destitución; las graves y leves con cualquiera de las sanciones a que se refiere el presente artículo.
ART. 42.—Sanciones accesorias. Es sanción accesoria la inhabilidad para ejercer funciones públicas por un término entre uno (1) y cinco (5) años, la cual será fijada en el mismo fallo que disponga la destitución. La inhabilidad también procede cuando se imponga la sanción de suspensión, por un término igual al de ésta.
ART. 43.—Graduación de la sanción. Para la graduación de la sanción se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
ART. 44.—Circunstancias de agravación. Son circunstancias de agravación de la falta:
ART. 45.—Circunstancias de atenuación. Son circunstancias de atenuación de la falta:
ART. 46.—Exclusión de responsabilidad disciplinaria. Está exento de responsabilidad disciplinaria, quien obre amparado por alguna de las causales de inculpabilidad consagradas en los códigos Penal y Penal Militar.
(Nota: El Libro Segundo, que inicia en el artículo 47 y finaliza en el artículo 154, del presente decreto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-712 de 2001).
ART. 47.—Naturaleza. La acción disciplinaria es obligatoria, oficiosa y pública. Iniciada la investigación debe terminar con fallo de responsabilidad, absolución o archivo definitivo.
(Nota: Declarado inexequible por la Corte Constitucional en Sentencia C-712 de 2001).
ART. 48.—Impulso de la acción. La acción disciplinaria se iniciará y adelantará de oficio, por información proveniente de servidor público o queja formulada por cualquier persona o por otro medio, siempre y cuando amerite credibilidad
PAR.—Cuando se proceda en virtud de queja o informe, no es requisito indispensable su ratificación.
ART. 49.—Obligatoriedad y publicidad. El servidor público que tenga conocimiento de un hecho constitutivo de posible falta disciplinaria, si fuere competente, iniciará inmediatamente la acción correspondiente. Si no lo fuere, pondrá el hecho en conocimiento de la autoridad competente, adjuntando las pruebas que tuviere.
PAR.—Si los hechos materia de investigación disciplinaria pudieren constituir delitos investigables de oficio, deberán ser puestos en conocimiento de la autoridad competente, enviándole las pruebas de la posible conducta delictiva.
ART. 50.—Exoneración del deber de formular quejas. No se está obligado a formular quejas contra sí mismo o contra con su cónyuge, compañero (a) permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, ni por hechos que se hayan conocido por causa o con ocasión del ejercicio de actividades que imponga legalmente el secreto profesional.
ART. 51.—Acción contra servidor retirado del servicio. La acción disciplinaria es procedente aunque el servidor ya no esté ejerciendo funciones públicas. Cuando la acción no pudiere cumplirse porque el infractor se encuentra retirado del servicio, se registrará en la Procuraduría General de la Nación y en la hoja de vida del sancionado de conformidad con lo previsto en este decreto.
ART. 52.—Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el investigado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario con atribución disciplinaria, mediante resolución motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias.
ART. 53.—Sujetos procesales en la actuación disciplinaria. Son sujetos procesales en la actuación disciplinaria, el investigado o disciplinado y su apoderado, sin perjuicio de la intervención que en razón de la vigilancia superior pueda realizar la Procuraduría General de la Nación.
ART. 54.—Calidad de investigado o disciplinado. La calidad de investigado se adquiere a partir del auto que ordena la indagación preliminar o la investigación formal. La de disciplinado se adquiere a partir de la notificación del pliego de cargos.
ART. 55.—Facultades de los sujetos procesales. Son facultades de los sujetos procesales las siguientes:
(Sic) 4. Para el disciplinado, rendir descargos.
7. Obtener copias de la actuación, salvo que por mandato legal ésta tenga carácter reservado, impedimento que en ningún momento opera cuando se obtiene la calidad de disciplinado.
PAR.—Como sujeto procesal, el defensor tiene las mismas facultades del investigado o disciplinado.
ART. 56.—Principios que rigen la actuación procesal. La actuación disciplinaria se desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la Constitución Política, en el presente decreto y en el artículo 3º del Código Contencioso Administrativo o normas que lo modifiquen o adicionen. Así mismo, se observarán los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción.
ART. 57.—Finalidad del procedimiento. En la interpretación de la ley procesal, el funcionario competente debe tener en cuenta, además de la prevalencia de los principios rectores, que la finalidad del procedimiento es el logro de los fines y funciones del Estado y el cumplimiento de las garantías debidas a las personas que en él intervienen.
ART. 58.—Reserva de la actuación disciplinaria. En el procedimiento ordinario las actuaciones serán reservadas hasta que se notifique el pliego de cargos o hasta que quede ejecutoriada la providencia que ordene el archivo definitivo, sin perjuicio de los derechos de los sujetos procesales.
ART. 59.—Requisitos formales de la actuación. La actuación disciplinaria debe consignarse por escrito, en idioma castellano y en duplicado, salvo las excepciones previstas en este decreto.
ART. 60.—Aducción de documentos. Los documentos que se aporten a las investigaciones disciplinarias lo serán en original, copia o fotocopia, de conformidad con las disposiciones legales que regulen la materia.
ART. 61.—Actas. Toda acta de diligencia practicada, indicará el lugar y la fecha de su realización y deberá suscribirse por las personas que en ella intervinieron.
ART. 62.—Declaraciones bajo juramento. Las declaraciones que rindan los testigos en los informativos disciplinarios, se producirán bajo la gravedad del juramento en los términos que señala la ley.
PAR.—El investigado rendirá versión libre de todo apremio o juramento.
ART. 63.—Clasificación. Las providencias que se dicten en el proceso disciplinario serán:
ART. 64.—Corrección, aclaración y adición de los fallos. En los casos de error aritmético, en el nombre o identidad del investigado, de la dependencia donde labora o laboraba, en la denominación del cargo o función que ocupa u ocupaba, de omisión sustancial en la parte resolutiva del fallo, éste debe ser corregido, aclarado o adicionado, según el caso, de oficio o a petición de parte, por el mismo funcionario que lo profirió.
La aclaración del fallo sólo procede a petición de parte dentro del término de ejecutoria del mismo.
ART. 65.—Ejecutoria de las providencias. Las providencias quedarán ejecutoriadas cinco (5) días después de la última notificación, si contra ellas no procede o no se interpone recurso.
ART. 66.—Notificaciones. La notificación puede ser personal, por estrado, por edicto, por conducta concluyente o por estado.
ART. 67.—Notificación personal. Se notificarán personalmente al investigado o disciplinado o a su apoderado, las siguientes decisiones:
ART. 68.—Notificación por estrados. Las providencias que se dicten en las audiencias públicas o en el curso de cualquier diligencia, se consideran notificadas cuando el investigado o disciplinado o su apoderado estén presentes.
ART. 69.—Notificación por edicto. Si dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de ejecutoria de la providencia, no fuere posible efectuar la notificación personal, se citará al investigado o disciplinado o a su apoderado, mediante comunicación enviada a la última dirección domiciliaria o laboral que aparezca registrada en el expediente, para que comparezca dentro de los cinco (5) días siguientes. Si no lo hiciere, se notificarán por edicto, que permanecerá fijado por el término de cinco (5) días hábiles, en lugar visible de la secretaría del despacho que lo hubiere proferido o del comisionado para tal efecto.
ART. 70.—Notificación por conducta concluyente. Cuando no se haya hecho notificación personal o se haya notificado irregularmente el auto o el fallo emitido en un proceso disciplinario, la exigencia legal se entiende satisfecha para todos los efectos, si el procesado no reclama y actúa en diligencias posteriores o interponga recursos contra ellos.
ART. 71.—Notificación por funcionario comisionado. Si la notificación personal debe realizarse en unidad diferente a la del funcionario con atribución disciplinaria o investigador, éste podrá remitir copia de la providencia al jefe de recursos humanos de la unidad en la que se encuentre el disciplinado o su apoderado, para que la surta. En este evento, el término será de veinte (20) días hábiles y las formalidades serán las señaladas en este decreto.
ART. 72.—Comunicaciones. Se debe comunicar al investigado la decisión de apertura de indagación preliminar o formal investigación y al quejoso la del archivo. En este último caso se entenderá cumplida la comunicación, cuando hayan transcurrido ocho (8) días después de la fecha de entrega a la oficina de correo.
ART. 73.—Notificación por estado. Las demás decisiones que se adopten dentro de la actuación disciplinaria se notificarán por estado, incluida la que niega el recurso de apelación.
ART. 74.—Recursos y su formalidad. Contra las decisiones disciplinarias, en los casos, términos y condiciones establecidos en este decreto, proceden los recursos de reposición, apelación y queja, los cuales deberán interponerse por escrito, salvo disposición en contrario.
ART. 75.—Oportunidad para interponerlos. Los recursos se podrán interponer y deberán sustentarse, desde la fecha en que se dictó la providencia hasta el término de cinco (5) días, contados a partir de la última notificación. Si ésta se hizo en estrados la impugnación y sustentación sólo procederá en el mismo acto.
ART. 76.—Recurso de reposición. El recurso de reposición procederá contra las siguientes decisiones:
ART. 77.—Trámite del recurso de reposición. Cuando el recurso de reposición se formule por escrito, vencido el término para impugnar la decisión, se mantendrá en la secretaría por dos (2) días en traslado a los sujetos procesales; de lo anterior se dejará constancia en el expediente. Surtido el traslado, se decidirá el recurso.
ART. 78.—Inimpugnabilidad. La providencia que decide la reposición no es susceptible de recurso alguno, salvo que contenga puntos que no hayan sido decididos en el auto impugnado, caso en el cual podrá interponerse recurso respecto de los puntos nuevos.
ART. 79.—Recurso de apelación. Este recurso es procedente contra el auto que niega pruebas dentro de la investigación disciplinaria y contra los fallos de primera instancia.
ART. 80.—Concesión del recurso de apelación. Contra el auto que niega la totalidad de pruebas en la investigación disciplinaria, el recurso de apelación se concederá en el efecto suspensivo; si la negativa es parcial se concederá en el efecto devolutivo. El fallo de primera instancia es apelable en el efecto suspensivo.
ART. 81.—Recurso de queja. Procederá el recurso de queja cuando se rechace el de apelación.
ART. 82.—Interposición. Dentro del término de ejecutoria del auto que deniega el recurso de apelación se interpondrá y sustentará el recurso de queja, se solicitará la expedición de las copias pertinentes, las cuales se expedirán en un término no mayor de dos (2) días y se enviarán por el funcionario con atribución disciplinaria al superior funcional para que lo decida.
ART. 83.—Procedencia de los recursos. Para efectos de determinar la procedencia de los recursos en relación con los fallos disciplinarios, se tendrá en cuenta que los procesos que se adelanten por faltas gravísimas y graves serán siempre de dos instancias, al igual que todos aquellos en los que se impongan las sanciones de destitución y suspensión.
ART. 84.—Desistimiento de los recursos. Podrá desistirse de los recursos antes que el funcionario competente los decida.
ART. 85.—Causales de revocación. Los fallos disciplinarios serán revocables en los siguientes casos:
ART. 86.—Competencia. Conocerá de la revocación directa, de oficio o a petición del sancionado, quien profirió el fallo o el superior funcional de éste.
ART. 87.—Improcedencia. No procederá la revocación directa prevista en este decreto, a petición de parte, cuando el sancionado haya ejercido cualquiera de los recursos ordinarios.
ART. 88.—Efectos. Ni la petición de la revocación del fallo, ni la decisión que sobre ella se tome, revivirán los términos legales para el ejercicio de las acciones contencioso administrativas, ni darán lugar a la aplicación del silencio administrativo.
ART. 89.—Necesidad de la prueba. Toda providencia disciplinaria debe fundarse en pruebas legalmente producidas, allegadas o aportadas al proceso, por petición de cualquier sujeto procesal o en forma oficiosa.
ART. 90.—Imparcialidad del funcionario en la búsqueda y apreciación de la prueba. El funcionario buscará la verdad. Para ello deberá investigar con igual rigor, los hechos y circunstancias que demuestran la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, lo mismo que los que tiendan a mostrar su inexistencia o le eximan de responsabilidad. Para tal efecto, el funcionario podrá decretar y practicar pruebas de oficio.
ART. 91.—Medios de prueba. Son medios de prueba la confesión, el testimonio, el dictamen pericial, la inspección y los documentos, los cuales se apreciarán conforme a las normas del Código del Procedimiento Penal, en cuanto sean compatibles con la naturaleza y las reglas del procedimiento disciplinario.
ART. 92.—Prueba para sancionar. El fallo sancionatorio sólo procederá cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la falta y de la responsabilidad del disciplinado.
ART. 93.—Petición de pruebas. El disciplinado o quien haya rendido versión, podrá pedir la práctica de pruebas o aportar las que estime conducentes.
ART. 94.—Libertad de pruebas. La falta y la responsabilidad del disciplinado podrán demostrarse con cualquiera de los medios de prueba legalmente reconocidos.
ART. 95.—Práctica de pruebas por comisionado. El funcionario con atribución disciplinaria o el investigador, podrán comisionar para la práctica de pruebas a otro funcionario idóneo.
ART. 96.—Utilización de medios técnicos. Para la práctica de cualquier prueba, se podrán utilizar los medios técnicos adecuados y autorizados.
ART. 97.—Prueba trasladada. Las pruebas obrantes válidamente en un proceso judicial o administrativo, podrán trasladarse al proceso disciplinario en copia autenticada y se apreciarán de acuerdo con las reglas preexistentes, según la naturaleza de cada medio probatorio.
ART. 98.—Inexistencia de la prueba. La prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o en forma tal que afecte los derechos fundamentales del disciplinado, se tendrá como inexistente.
ART. 99.—Causales. Son causales de nulidad del proceso las siguientes:
ART. 100.—Declaratoria de oficio. En cualquier etapa del proceso en que el funcionario investigador o el funcionario con atribución disciplinaria, advierta que existe alguna de las causales previstas en el artículo anterior, decretará la nulidad total o parcial de lo actuado desde el momento en que se presentó la causal y ordenará que se reponga la actuación que dependa del acto declarado nulo para que se subsane lo afectado. Las pruebas practicadas legalmente conservarán su plena validez.
ART. 101.—Solicitud de nulidad. La solicitud de nulidad podrá formularse antes de proferirse el fallo definitivo y deberá indicar la causal o causales invocadas y expresar las razones que la sustenten. Únicamente se podrá formular otra solicitud de nulidad por causal diferente o por hechos posteriores.
ART. 102.—Término para resolver. El funcionario investigador o el funcionario con atribuciones disciplinarias resolverá la solicitud de nulidad, a más tardar dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de su recibo.
ART. 103.—Suspensión provisional. El Director General de la Policía Nacional, a solicitud del funcionario competente, podrá ordenar la suspensión provisional del investigado por el término de tres (3) meses, prorrogable hasta por otro tanto, siempre y cuando existan serios elementos de juicio, que permitan establecer que la permanencia en el cargo o servicio, facilita la interferencia del presunto autor de la falta en el trámite normal de la investigación o ante la posibilidad de la continuidad o reiteración de la falta.
ART. 104.—Reintegro del suspendido. El disciplinado suspendido provisionalmente, será reintegrado a su cargo o servicio y tendrá derecho al reconocimiento y pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión en los siguientes casos:
PAR.—La determinación del comportamiento dilatorio, se efectuará mediante providencia motivada por el funcionario con atribuciones disciplinarias para fallar.
PAR.—Cuando la sanción impuesta fuere la multa, se ordenará descontar de la cuantía de la remuneración correspondiente al término de suspensión, el valor de la multa hasta su concurrencia.
ART. 105.—Destitución del suspendido. Si el suspendido resultare responsable de haber cometido la falta, la sanción de destitución que se le imponga se hará efectiva a partir de la fecha de la suspensión disciplinaria dictada como medida cautelar.
ART. 106.—Noción. Es la atribución disciplinaria que tienen los miembros uniformados de la Policía Nacional, que ejercen mando o autoridad respecto de los subalternos, para aplicar sanciones disciplinarias.
ART. 107.—Factores determinantes de la competencia. La competencia se determinará teniendo en cuenta la calidad del sujeto disciplinable, la naturaleza del hecho, el territorio en donde se cometió la falta, el factor funcional y el de conexidad.
ART. 108.—Competencia por la calidad del sujeto disciplinable. Corresponde a los funcionarios de la Policía Nacional enunciados en el artículo 122 de este decreto, disciplinar al personal de la institución.
PAR.—El personal no uniformado de la Policía Nacional, no podrá disciplinar al personal uniformado de la institución.
ART. 109.—Factor territorial. Es competente en materia disciplinaria, el funcionario de la Policía Nacional del territorio donde se realizó la conducta y, en los casos de omisión, donde debió realizarse la acción.
ART. 110.—Competencia por razón de la conexidad. Cuando un funcionario de la institución cometa varias faltas disciplinarias conexas, se investigarán y decidirán en un solo proceso.
ART. 111.—Competencia funcional. Corresponde a las autoridades con atribuciones disciplinarias, imponer las sanciones dentro de los límites y condiciones que este decreto establece.
ART. 112.—Concurrencia de competencias. Cuando se presente concurrencia de competencia entre falladores, por haberse cometido la falta por personal perteneciente a diferentes unidades u organismos policiales, será competente para investigar y sancionar el superior con atribuciones disciplinarias comunes a todos ellos.
PAR.—Cuando existan dudas sobre la autoridad que deba asumir la investigación disciplinaria, el Director General de la Policía Nacional la designará mediante auto motivado contra el cual no procede recurso alguno.
ART. 113.—Competencia a prevención. Cuando un servidor de la institución cometa una falta en jurisdicción de una unidad policial distinta a la que pertenece, el comandante del departamento donde se cometió la falta iniciará la investigación disciplinaria, debiendo remitirla al superior funcional del investigado dentro de los quince (15) días siguientes.
ART. 114.—Acumulación de investigaciones. La acumulación de las investigaciones disciplinarias que se adelanten contra un mismo investigado, podrá ordenarse de oficio o a solicitud del mismo a partir de la notificación del auto de cargos, siempre que no se haya proferido fallo de primera instancia.
ART. 115.—Conflicto de competencias. El funcionario con atribuciones disciplinarias que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria, deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, dentro de los diez (10) días siguientes, a quien de conformidad con lo dispuesto en este decreto tenga atribuida la competencia.
Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato con el objeto de que éste dirima el conflicto. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquél, de plano, resolverá lo pertinente.
ART. 116.—Otras atribuciones. Cuando se produzcan cambios en la denominación de los organismos o dependencias, el Director General de la Policía Nacional, mediante resolución, fijará la atribución disciplinaria conforme a las pautas establecidas en el presente decreto, siempre que la norma que disponga el cambio o denominación no la contemple.
ART. 117.—Traslado o comisión del investigado o disciplinado. Si el investigado o disciplinado cambia de unidad por traslado o comisión del servicio, la atribución disciplinaria para investigar y sancionar la falta continuará siendo del superior que fuere competente en el momento en que ocurrieron los hechos.
ART. 118.—Declaración de impedimentos. El servidor de la Policía Nacional, que conozca de procesos disciplinarios en quien concurra alguna causal de recusación, deberá declararse impedido tan pronto como advierta la existencia de ella.
ART. 119.—Causales de recusación y de impedimento. Son causales de recusación y de impedimento para los servidores de la Policía Nacional que ejercen la acción disciplinaria, las establecidas en los códigos de Procedimiento Civil y Penal.
ART. 120.—Procedimiento en caso de impedimento. El servidor de la Policía Nacional impedido o recusado, pasará el proceso a su superior jerárquico o funcional, según el caso, fundamentando y señalando la causal existente y si fuere posible aportará las pruebas pertinentes, a fin de que el superior decida de plano y determine quién lo sustituye.
ART. 121.—Improcedencia de impedimento y recusación. No están impedidos ni son recusables, los funcionarios a quienes corresponda decidir el incidente.
ART. 122.—Autoridades con atribuciones disciplinarias. Son autoridades con atribuciones disciplinarias para imponer las sanciones previstas en este decreto:
2. Director General de la Policía Nacional:
a) Conoce de las faltas cometidas por el subdirector general, inspector general, jefes de las oficinas asesoras y del personal de su despacho.
b) Del grado jurisdiccional de consulta.
c) Del recurso de apelación contra los fallos de primera instancia.
3. Subdirector general de la Policía Nacional:
a) Conoce de las faltas cometidas por el personal de su despacho y por los directores de la dirección general.
b) De las faltas cometidas por el personal adscrito a las dependencias de la Dirección General de la Policía Nacional, cuando el superior inmediato carezca de atribuciones disciplinarias.
5. Directores de la Dirección General:
a) Conocen de las faltas cometidas por el personal de su despacho y jefes de área.
b) El director operativo conocerá de las faltas cometidas, además de lo prescrito en el literal anterior, por los comandantes de departamento y comandantes de policía metropolitana.
c) El director de la Escuela Nacional de Policía “General Santander" conoce, además de lo establecido en el literal a), de las faltas cometidas por los directores de las seccionales de formación.
6. Jefes de oficinas asesoras de la Dirección General:
7. Comandantes de policía metropolitana:
9. Directores de seccionales de formación:
Conocen de las faltas cometidas por el personal de su despacho y los jefes de área.
10. Subcomandantes de departamento y de policía metropolitana:
12. Jueces de instancia o de conocimiento de la Policía Nacional vinculados a la justicia penal militar:
13. Jefes de área y comandantes de estación:
a) Los jefes de área conocen de las faltas cometidas por el personal bajo su mando.
b) Los comandantes de estación conocen de las faltas cometidas por el personal del comando de estación y los comandantes de subestación.
14. Jefes de grupo y subcomandantes de estación:
ART. 123.—Competencia para disciplinar al personal en comisión o adscrito a otras unidades. El personal que se encuentre en comisión en una unidad policial, quedará sometido a la atribución disciplinaria del funcionario que se indique en el acto administrativo que ordena la misma. El que se encuentre adscrito, a la atribución disciplinaria del comandante o director de dicha unidad.
ART. 124.—Competencias especiales. Las siguientes son competencias especiales:
a) Los comandantes de zona antinarcóticos, conocen de las faltas cometidas por el personal bajo su mando directo y los comandantes de compañía.
b) Los comandantes de base aérea, escuadrón móvil antidisturbios, Gaula, Copes, Goes, jefes de Sipol y Sijin, conocen de las faltas cometidas por el personal bajo su mando.
c) El comandante de policía de carreteras, conoce de las faltas que cometan los subcomandantes y los comandantes de zona, y estos últimos, de las faltas cometidas por el personal bajo su mando.
ART. 125.—Competencias en cuanto al personal de la justicia penal militar. Con relación al personal de oficiales y suboficiales de la Policía Nacional que desempeñen cargos en la justicia penal militar, corresponde al director ejecutivo de la justicia penal militar conocer de las faltas disciplinarias en única instancia para las leves y en primera instancia para las graves y gravísimas a las que se refiere el presente decreto. Corresponde al Ministro de Defensa Nacional, en segunda instancia, de las faltas graves y gravísimas.
PAR.—Tratándose de faltas relacionadas con el desempeño de las funciones jurisdicciones propias del respectivo cargo, les serán aplicadas las normas disciplinarias de la rama jurisdiccional por las autoridades en ellas señaladas.
ART. 126.—Competencia por razón de la falta y de la sanción. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, únicamente podrán ordenar la apertura de investigación por faltas gravísimas los funcionarios a que se refieren los numerales 2º al 9º del artículo 122.
ART. 127.—Indagación preliminar. En caso de duda sobre la procedencia de investigación disciplinaria, se ordenará indagación preliminar.
ART. 128.—Fines de la indagación preliminar. La indagación preliminar tendrá como fines verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria e identificar o individualizar al uniformado que haya intervenido en ella.
ART. 129.—Facultades en la indagación preliminar. Para el cumplimiento de los fines de la indagación preliminar, el funcionario que la adelante hará uso de los medios de prueba legalmente reconocidos y podrá oír en versión al servidor público, para determinar la individualización o identificación de los intervinientes en el hecho investigado.
ART. 130.—Término. Cuando proceda la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses.
ART. 131.—Funcionario competente. En la indagación preliminar podrá nombrarse funcionario investigador para que adelante la respectiva indagación, la cual, una vez perfeccionada, será enviada al funcionario con atribución disciplinaria para que proceda de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior.
PAR.—Podrá desempeñarse como funcionario investigador cualquiera de las personas a que se refiere el artículo 135 del presente decreto.
ART. 132.—Investigación disciplinaria. Cuando de la indagación preliminar, de la queja o del informe y de sus anexos, el funcionario con atribución disciplinaria encuentre establecida la existencia de una falta disciplinaria y la prueba del posible autor de la misma, ordenará investigación disciplinaria.
(Sic) 2. Breve fundamentación sobre la existencia del hecho u omisión que se investiga y sobre el carácter de la falta disciplinaria.
ART. 133.—Informe de apertura de investigación disciplinaria. De la iniciación de toda investigación disciplinaria, se informará de inmediato a la división de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, al comisionado nacional para la policía y a la inspección general de la Policía Nacional, con los siguientes datos:
PAR.—Todo funcionario que culmine investigación disciplinaria de su competencia, lo hará saber a la división de registro y control de la Procuraduría General de la Nación, precisando el sentido de su decisión.
ART. 134.—Oportunidad para rendir versión. Quien tenga conocimiento de la existencia de una investigación disciplinaria en su contra y antes de que le formulen cargos, podrá solicitar al correspondiente funcionario que le reciba la versión libre.
Siempre que al uniformado se le reciba versión libre, se le hará conocer el derecho de ser asistido por un abogado conforme a lo previsto en el artículo 55, numeral 2 de este decreto.
ART. 135.—Funcionario investigador. Para que se adelante la investigación disciplinaria podrá nombrarse funcionario investigador, cargo que podrá recaer en un oficial, miembro del nivel ejecutivo a partir del grado de subintendente, suboficial o personal no uniformado, para este último es requisito esencial ostentar el título de abogado.
PAR.—Dentro de la jerarquía policial, no podrá designarse como funcionario investigador a persona de menor antigüedad o grado de quien es objeto de investigación.
ART. 136.—Término. El término de la investigación disciplinaria será de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del auto que la ordena. Cuando se investiguen dos (2) o más funcionarios, este término podrá prorrogarse hasta en la mitad.
ART. 137.—Evaluación de la investigación. Cuando se haya recaudado prueba que permita la formulación de cargos o se haya vencido el término de la investigación, el funcionario con atribución disciplinaria, y mediante decisión motivada, dentro de los quince (15) días siguientes evaluará el mérito de las pruebas recaudadas y procederá a formular pliego de cargos contra el investigado; si no hay mérito, dispondrá el archivo definitivo de la actuación.
ART. 138.—Formulación del pliego de cargos. El funcionario con atribución disciplinaria, formulará pliego de cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado. Contra esta decisión no procede recurso alguno.
ART. 139.—Requisitos formales del pliego de cargos. El pliego de cargos deberá contener:
ART. 140.—Archivo definitivo. En cualquier estado de la investigación el funcionario con atribuciones disciplinarias declarará el archivo definitivo, cuando se establezca plenamente:
ART. 141.—Término para presentar los descargos. El disciplinado dispondrá de un término de diez (10) días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del pliego de cargos, para que presente sus descargos, solicite y aporte pruebas, si así lo estima conveniente. Durante ese término, el expediente permanecerá a su disposición en la secretaría.
ART. 142.—Renuencia. La renuencia del disciplinado o de su apoderado a presentar descargos no interrumpe el trámite de la actuación.
ART. 143.—Término para decretar pruebas. Vencido el término anterior, el investigador tendrá hasta veinte (20) días para decretar las pruebas pedidas y las que de oficio considere conducentes, hasta el máximo de los términos fijados en el artículo 136 de este decreto para su práctica; pero si fueren más de tres (3) los disciplinados, el término para la práctica se ampliará en tres (3) meses.
Si contra el auto que decreta pruebas se interpone recurso de apelación, éste será decidido por el funcionario con atribuciones disciplinarias si quien la profirió fue el funcionario investigador. En caso contrario, conocerá del recurso el superior funcional con atribución disciplinaria.
ART. 144.—Término para fallar. Practicadas las pruebas o vencido el término a que se refiere el artículo anterior, el funcionario con atribución disciplinaria proferirá decisión de fondo dentro del término de treinta (30) días. En caso de que los investigados sean tres (3) o más, el término se ampliará en quince (15) días.
ART. 145.—Insuficiencia de competencia. Si el funcionario con atribuciones disciplinarias que ordenó la investigación carece de competencia para imponer la sanción a que haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 125 de este decreto, procederá a consignar tal circunstancia mediante auto debidamente motivado, y a remitir de inmediato lo actuado al superior funcional competente, para que profiera la decisión correspondiente.
ART. 146.—Contenido de los fallos. Todo fallo contendrá:
ART. 147.—Comunicación al quejoso. De los autos que ordenen el archivo definitivo de las diligencias investigativas, excepto cuando la causal sea la muerte del implicado, así como del fallo absolutorio, se librará comunicación al quejoso a la dirección registrada en la queja al día siguiente de su pronunciamiento, para que pueda impugnar mediante recurso de apelación debidamente fundamentado en la forma y términos del artículo 75 de este decreto.
ART. 148.—Procedencia. Se aplicará este procedimiento, cuando se trate de faltas leves admitidas por el disciplinado.
ART. 149.—Procedimiento. Cuando el superior con atribuciones disciplinarias, tenga conocimiento directo de la comisión de una falta disciplinaria leve cometida por un funcionario bajo su mando, procederá a requerir en forma escrita al presunto responsable, sobre los hechos respectivos, indicándole las normas infringidas. Si la falta es admitida por el investigado, lo citará para audiencia, precisando el lugar, fecha y hora de su celebración, la cual no podrá realizarse ni antes de cinco (5) ni después de diez (10) días siguientes a la notificación de esta citación, lapso durante el cual el expediente permanecerá a su disposición en la secretaría del despacho del competente.
Llegados el día y la hora para su celebración, se dará lectura al escrito de citación a audiencia y se procederá a resolver sobre la conducencia de las pruebas solicitadas y aportadas y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias. La notificación del auto que resuelve sobre pruebas, se hará en estrados y contra él sólo procederá el recurso de reposición, que se interpondrá y resolverá inmediatamente.
En caso de que se decrete prueba pericial, la audiencia puede suspenderse hasta por el mismo término.
El término para la práctica de pruebas en audiencia no podrá ser superior a veinte (20) días hábiles.
ART. 150.—Decisión de segunda instancia. El Ministro de Defensa o el Director General de la Policía Nacional, según el caso, una vez recibido el proceso deberá decidir dentro de los cuarenta (40) días hábiles siguientes. En caso de que los investigados sean tres (3) o más, el término se ampliará en quince (15) días más.
ART. 151.—Consulta. Se establece el grado jurisdiccional de consulta en defensa del interés público, del ordenamiento jurídico y de los derechos y garantías fundamentales.
ART. 152.—Fallos consultables. Son consultables los fallos de primera instancia que no hayan sido apelados.
ART. 153.—Transitoriedad. Los procesos disciplinarios que al entrar en vigencia el presente decreto que se encuentren con pliego de cargos notificado legalmente, continuarán su trámite hasta el fallo definitivo de conformidad con el procedimiento establecido en las normas anteriores.
ART. 154.—Vigencia. El presente decreto rige a partir del primero de enero de 2001 y deroga los decretos 2584 del 22 de diciembre de 1993 y 575 del 4 de abril de 1995 y las demás disposiciones que le sean contrarias.
(Nota: Véase Ley 1015 de 2006)