Source: https://sintesis.colombiacompra.gov.co/jurisprudencia/ficha/7585
Timestamp: 2019-08-18 10:41:40
Document Index: 405019786

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'artículo 8', 'ARTÍCULO 7', 'artículo 26', 'artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 1', 'artículo 8']

Sentencia: C-630-2012
Expedición de una inhabilidad por veinte años, cuando la Constitución Política establece que es de carácter permanente.
C-630-2012
ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTÍCULOS 1º Y 7º DE LA LEY 1474 DE 2011
“LEY 1474 DE 2011 ARTÍCULO 1o. INHABILIDAD PARA CONTRATAR DE QUIENES INCURRAN EN ACTOS DE CORRUPCIÓN. El literal j) del numeral 1 del artículo 8o de la Ley 80 de 1993 quedará así: (...) Las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, o soborno transnacional, con excepción de delitos culposos. Esta inhabilidad se extenderá a las sociedades en las que sean socias tales personas, a sus matrices y a sus subordinadas, con excepción de las sociedades anónimas abiertas. La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años. (...) ARTÍCULO 7o. RESPONSABILIDAD DE LOS REVISORES FISCALES. Adiciónese un numeral 5) al artículo 26 de la Ley 43 de 1990, el cual quedará así: 5. Cuando se actúe en calidad de revisor fiscal, no denunciar o poner en conocimiento de la autoridad disciplinaria o fiscal correspondiente, los actos de corrupción que haya encontrado en el ejercicio de su cargo, dentro de los seis (6) meses siguientes a que haya conocido el hecho o tuviera la obligación legal de conocerlo, actos de corrupción En relación con actos de corrupción no procederá el secreto profesional.”
¿Puede el Congreso de la República expedir una norma que establece una inhabilidad por un término de veinte años para participar en licitaciones y celebrar contratos con entidades estatales a: (i) personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad; (ii) personas naturales que afecten el patrimonio del Estado; (iii) o a quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, sin violar el inciso 5° artículo 122 de la Constitución Política, el cual establece que esta inhabilidad es de carácter permanente?
La Corte Constitucional puede extenderse discrecionalmente a disposiciones no atacadas por el accionante, en virtud de la ampliación normativa. «(…) 2.3.1. La norma demandada es el ámbito normativo del control del tribunal constitucional, no pudiendo extenderse discrecionalmente a otras disposiciones no atacadas por el accionante. Con todo, excepcionalmente, puede disponer la ampliación del control a otros enunciados normativos no demandados expresamente, esto es, realizar una integración normativa: (i) para completar el sentido de la disposición demandada con otros enunciados inescindiblemente relacionados con ella y poder confrontarla con la Constitución; (ii) para extender el efecto de la decisión a otras disposiciones de igual contenido normativo; (iii) para evitar que una decisión de inconstitucionalidad prive de sentido o finalidad al texto supérstite. La primera modalidad de integración normativa es la proposición jurídica completa; la segunda y tercera, la unidad normativa completa. 2.3.2. Para conformar la unidad normativa[2]. (…)»
[1] Sentencia C-349/04. [2] ver sentencias C-538 y C-925/05.
«(…) En síntesis, resulta contrario a la Constitución la fijación de un término de veinte años de extensión a la inhabilidad para “participar en licitaciones o concursos y para celebrar contratos con las entidades estatales”(numeral 1º del artículo demandado), de “las personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos: (i) que “afecten el patrimonio del Estado”; (ii) relacionados con “la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad o narcotráfico en Colombia o en el exterior”. El límite veintenario a la inhabilidad contractual por delitos contra “la administración pública” y el “soborno transnacional”, será igualmente inconstitucional en la medida en que las conductas que afecten patrimonialmente al Estado; de lo contrario, las personas condenadas por tales ilícitos quedarán sujetas a una inhabilidad en materia de contratación estatal de veinte años, en los términos del inciso demandado. Con base en lo expresado, la Corte Constitucional declarará la inconstitucionalidad de las expresiones “o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o el exterior”, del artículo 1 de la Ley 1474 de 2011 por regular supuestos normativos previstos en el artículo 122 de la Constitución a los que la norma superior ya había atribuido una consecuencia jurídica diferente, esto es, la inhabilidad permanente. Así, la expresión demandada – “La inhabilidad prevista en este literal se extenderá por un término de veinte (20) años”- y el resto del articulado integrado se encontrará exequible, de modo que tal término solo podrá tener aplicación en los demás supuestos del artículo 1 de la ley 1476/11, ajenos a las prescripciones del 122 constitucional[1]. (…)»
[1] Cabe anotar que el delito de “Soborno Transnacional” es un delito contra la administración pública y que, al momento, el único delito culposo contra la administración pública es el peculado, el cual afecta necesariamente el patrimonio del Estado.
El Congreso de la República no puede expedir una norma que establece una inhabilidad por un término de veinte años para participar en licitaciones y celebrar contratos con entidades estatales a: (i) personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad; (ii) personas naturales que afecten el patrimonio del Estado; (iii) o a quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior, sin violar el inciso 5° artículo 122 de la Constitución Política, el cual establece que dicha inhabilidad es de carácter permanente, porque:
En el artículo 122 de la Constitución se establece la naturaleza intemporal de las inhabilidades. La Corte ha reiterado el carácter permanente de las inhabilidades. Al no tratarse de sanciones punitivas, el legislador puede establecerlas siempre y cuando no vaya en contra de la Constitución.
Las personas inhabilitadas con base en los supuestos descritos en los incisos 5 y 6 del artículo 122 de la Constitución no podrán: (i) ser inscritos o elegidos a cargos de representación popular; (ii) ser designados como servidores públicos y, (iii) celebrar contratos con el Estado, a menos que la Constitución establezca algo diferente.
El límite de veinte años de inhabilidad contractual por delitos contra “la administración pública” y “soborno transnacional”, es inconstitucional siempre y cuando las conductas afecten patrimonialmente al Estado. De no ser así, las personas condenadas por estas causales, quedarán sujetas a una inhabilidad en materia de contratación estatal por el término de veinte años.
Declarar la EXEQUIBILIDAD del artículo 1 de la Ley 1474 de 2011 –que adicionó el artículo 8 de la Ley 80 de 1993-, excepto las expresiones “o que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad, narcotráfico en Colombia o en el exterior”, que se declaran INEXEQUIBLES
Sentencia C-349 de 2004, C-538 de 2005, C-925 de 2005.
Ficha: Expedición de una inhabilidad por veinte años, cuando la Constitución Política establece que es..
Expedición de una inhabilidad por veinte años, cuando la Constitución Política establece que es..