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Timestamp: 2019-12-16 10:50:54
Document Index: 349180771

Matched Legal Cases: ['artículo 469', 'artículo 89', 'artículo 184', 'artículo 57', 'artículo 90', 'artículo 51']

Fondo de pasivo social de la empresa puertos de colombia foncolpuertos en liquidacióN. Antecedentes
Radicación No.26231
Bogotá, D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil seis (2006).
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por TOMÁS JOSÉ SALCEDO PÉREZ, contra la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2003, por la Sala Única de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en el proceso ordinario laboral promovido por el recurrente contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA FONCOLPUERTOS EN LIQUIDACIÓN.
El proceso lo instauró el actor con el fin de obtener la liquidación y pago del 8% sobre la hora laborada como Operador de Equipo, de conformidad con lo establecido en la Convención Colectiva para los años 1981-1982 y cuyo valor le fue cancelado al personal de operadores de equipo en “roll” del 3 de junio de 1988; la reliquidación y pago de la diferencia por las primas de antigüedad, de vacaciones, de servicios, y por vacaciones; consecuencialmente, la reliquidación y pago de la cesantía y de la pensión de jubilación más los incrementos legales; la indemnización moratoria convencional, las costas y lo que resulte probado extra y ultra petita.
Expuso que laboró para la demandada mediante contrato de trabajo a término indefinido, en el cargo de Operador de Equipo, desde el 21 de abril de 1959 hasta el 15 de diciembre de 1982; que al revisar la liquidación definitiva de sus prestaciones sociales encontró que no le fue cancelado lo que legal y convencionalmente le correspondía por el 8% sobre la hora laborada como Operador de Equipo, por la prima de antigüedad proporcional, por las vacaciones, por la prima de vacaciones, de servicios proporcional, por la cesantía definitiva y por la pensión de jubilación; que éstos valores no fueron tenidos en cuenta dentro de lo devengado en el último año de servicios, con violación a la norma convencional; que el no pago completo y oportuno de dichos factores conlleva el reconocimiento de “salarios moratorios” conforme a la Convención Colectiva de Trabajo; que no obstante que dichos pagos debían hacerse de oficio, el 2 de junio de 1988, agotó la vía gubernativa.
La demandada se opuso a las pretensiones (folios 103 a 111). Propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la obligación, cobro de lo no debido, cosa juzgada, pleito pendiente e inepta demanda.
El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Barranquilla puso fin a la primera instancia, mediante sentencia proferida el 16 de abril de 1993 (folios 165 a 174). Condenó a la demandada al pago del 8% sobre la hora laborada en una suma de $146.921,74; a la reliquidación de las primas de antigüedad, de vacaciones y de servicio, así como de las vacaciones por $311.939,79; a la reliquidación de la cesantía en una suma de $901.365,94; a la reliquidación de la pensión estableciendo un nuevo monto mensual de $125.085,51, con sus reajustes correspondientes; a la indemnización moratoria equivalente a una suma diaria de $5.211,90 desde el 16 de enero de1983 y hasta que se efectúe el pago respectivo.
El Juzgado del conocimiento dispuso la remisión del expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con el fin de que se surtiera el Grado de Consulta, en acatamiento de la Circular 080 del 12 de noviembre de 2002, del Consejo Superior de la Judicatura (folio 192).
Por disposición del Acuerdo 1795 del 14 de mayo de 2003, emanado del Consejo Superior de la Judicatura, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, Sala Única de Descongestión Laboral, mediante sentencia del 25 de noviembre de 2003, tramitó la Consulta respecto de la sentencia de primer grado, la revocó y absolvió a la parte demandada de todas las pretensiones propuestas. No fijó costas frente a la consulta (folios 21 a 36 c. del Tribunal).
El ad quem estableció el correcto agotamiento de la vía gubernativa por parte del demandante; los extremos de la relación laboral, así: el 21 de abril de 1959 y el 15 de diciembre de 1982; el cargo de Operador de Equipo; con base en el artículo 469 del C. S. del T., descartó la validez de la Convención Colectiva de Trabajo, por no encontrar que el depósito se hubiera efectuado en su oportunidad “... puesto que solo es válida para esos fines, la certificación de la Oficina División de Relaciones Colectivas del Ministerio de Trabajo, que es la depositaria del documento”. Reiteró que por ser un acto solemne era necesario para su validez la respectiva constancia de depósito oportuno por lo que resultaba imposible reconocerle mérito probatorio a la allegada al plenario. En respaldo de su argumento transcribió apartes de alguna jurisprudencia.
Concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se le dio el trámite de ley. Pretende que se case totalmente la sentencia acusada y que, en sede de instancia, se confirme en todas sus partes la sentencia del a quo. Para ello formula dos cargos, oportunamente replicados.
Textualmente lo presenta así:
“Acuso la sentencia impugnada por la Vía Indirecta por la aplicación indebida de los artículos 251, 252 y 254 del Código de Procedimiento Civil por extensión de los artículos 61 y 154 del Código de Procedimiento Laboral, por errada interpretación de los Artículos 467 y 469 del Código Sustantivo del Trabajo, por abstracción de los artículos 51, 60 y 61 del Código de Procedimiento Laboral, haciendo ineficaz el cumplimiento de los artículos 174 y 175 del Código de Procedimiento Civil. La violación que se acusa se produce por el Error de Hecho en que incurre el AD QUEM, a (sic) desestimar las pruebas allegadas al proceso y en consecuencia inducir la Nulidad de lo actuando (sic) con posterioridad al fallo de primera instancia. Los protuberantes Errores en que incurrió el Tribunal se deben al deficiente análisis del acerbo probatorio y en especial por lo siguiente: Primero: No dar por demostrado, estándolo debidamente soportado, que el recurrente fue beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, como lo establecen los actos administrativos en que se le reconocen sus prestaciones sociales al momento de su desvinculación laboral. Segundo: No dar por probado, estándolo, que entre el recurrente y la empresa Puertos de Colombia- Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla, existió un contrato de Trabajo con sus extremos temporarios, certificados por la demandada y obrante en el expediente. Tercero: No dar por aceptado siendo cierto, que la Convención Colectiva de Trabajo allegada al expediente tiene plena validez a la luz de las disposiciones legales vigentes a la fecha de su aportación- Cuarto: Que la entidad demandada Empresa Puertos de Colombia – Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla no gozaba al momento del fallo condenatorio de lo (sic) privilegios concedidos a la Nación, por se (sic) esta una entidad de derecho público, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa”.
En la demostración, manifiesta que si la entidad demandada no se opuso a la aplicación de la Convención Colectiva por falta de autenticidad y más bien reconoció su existencia, el ad quem no ha debido desestimarla; que la sentencia atacada desconoce la irrenunciabilidad de los derechos que favorecen al recurrente consagrados en los artículos 25, 48, 53 y 228 de la Constitución Política y en los artículos 14 y 21 del C. S. T.
Estima que el recurrente no se ciñe a elementales reglas de técnica de casación que la ley exige para la demanda sustentatoria del recurso extraordinario. Esto, por cuanto “Si el error que se dice cometió el Tribunal se produjo por no haber valorado y tenido en cuenta la convención colectiva, el error cometido no pudo ser de hecho sino de derecho...”, no siendo posible su ataque por la vía indirecta.
El Tribunal no le otorgó validez a la convención colectiva aportada al proceso, por no encontrar acreditado que el depósito se hubiera efectuado en su oportunidad, en tanto no lo certificaba el funcionario revestido de competencia para ello.
El recurrente, por su parte, acusa la sentencia del Tribunal por la vía indirecta, de protuberantes errores de hecho, tales como:
“No dar por demostrado, estándolo debidamente soportado, que el recurrente fue beneficiario de la Convención Colectiva de Trabajo, como lo establecen los actos administrativos en que se le reconocen sus prestaciones sociales…” y el segundo que reza “No dar por probado, estándolo, que entre el recurrente y la empresa Puertos de Colombia - Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla, existió un contrato de Trabajo, con sus extremos temporarios, certificados por la demandada y obrante en el expediente…”.
Se colige entonces que el censor, tal como lo manifiesta la oposición, se equivoca en la formulación del cargo, por cuanto el razonamiento del Tribunal fue jurídico, consistió en restarle valor al texto de la convención colectiva aportada al proceso, por no encontrar acreditado que el depósito se hubiera efectuado en su oportunidad. En consecuencia, es preciso recordar que como en el presente caso, cuando el juzgador desestima un medio probatorio con fundamento en los requisitos que la ley exige para su producción, aducción o validez, no se está en presencia de yerros fácticos como reiteradamente lo ha sostenido esta Sala, sino de violaciones medio de las reglas procesales que gobiernan tales aspectos, por lo que en tales eventos, y en particular en éste, el ataque debió formularse por la vía directa.
Es por lo anterior, que se impone la desestimación del cargo.
“Se acusa la sentencia promulgada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto (sic), por Vía Directa, por la violación de los principios consagrados por la Constitución Nacional y la Ley...”.
En la demostración del cargo cita y transcribe los artículos 53 y 29 de la Constitución Nacional. Considera improcedente el trámite de la Consulta “por cuanto el domicilio del demandante es diferente al lugar donde se le juzga, careciendo por tanto de competencia funcional”; transcribe también el artículo 89 de la Constitución Nacional y cita el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998, para concluir que resulta evidente que el ad quem obró en detrimento del trabajador al no garantizarle el pleno ejercicio de sus derechos y libertades.
Se opone alegando que las normas de la Constitución Nacional tienen un ámbito distinto al de la casación laboral para demandar su cumplimiento, citando para el efecto la sentencia 8106 del 27 de febrero de 1996 de esta Corporación.
En el planteamiento del cargo se advierte una deficiencia en la proposición jurídica que lo hace inestimable, pues omite señalar la norma de carácter sustancial en que radica su inconformidad, al sólo citar los artículos 29, 53 y 89 de la Constitución Nacional y el 184 del Código Contencioso Administrativo, normas que hacen referencia, respectivamente, al derecho fundamental al debido proceso; a la favorabilidad, al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones; y las dos últimas, de carácter procedimental, referidas, una a otros recursos y acciones para proteger los derechos y la otra a la procedencia de la Consulta. Ignora así el censor que la disposición prevista en el numeral 5° del artículo 90 del Código de Procedimiento Laboral y de Seguridad Social, exige el señalamiento de las normas sustanciales que se estimen violadas y, pese a la atenuación prevista por numeral 1° del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991, aquella impone denunciar al menos una cualquiera de las normas sustanciales que consagran los derechos que se reclaman.
A lo anterior se agrega que respecto de la violación de normas constitucionales, esta Sala repetidamente ha sostenido, y en forma reciente en la sentencia de 11 de agosto de 2004, radicación 22479, lo siguiente:
“La Jurisprudencia laboral ha reiterado en torno a las normas constitucionales, que ellas corresponden a preceptos de carácter normativo que contienen principios generales que necesitan ser desarrollados legalmente, de modo que su contravención repercute primero en la ley que en el principio constitucional desarrollado por ella y por tal razón carecen de aplicabilidad inmediata y directa en las decisiones judiciales”
Costas a cargo de la parte recurrente, dado que hubo réplica.
En mérito de lo expuesto LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2003, por la Sala Única de Descongestión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en el proceso promovido por TOMÁS JOSÉ SALCEDO PÉREZ contra el FONDO DE PASIVO SOCIAL DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA FONCOLPUERTOS EN LIQUIDACIÓN.