Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1634-de-febrero-4-de-1991-sentencia-1634?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414c77f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-17 04:31:57
Document Index: 2801625

Matched Legal Cases: ['artículo 9', 'artículo 85', 'artículo 26', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 55', 'artículo 55']

﻿ SENTENCIA 1634 DE FEBRERO 4 DE 1991
SENTENCIA 1634 DE 04 DE FEBRERO DE 1991
CONTENIDO:REGISTRO ELECTORAL, EXCLUSIÓN DE CÉDULAS INSCRITAS IRREGULARMENTE
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, PROCESO ADMINISTRATIVO, INSCRIPCIÓN DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA, REGISTRO ELECTORAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:244 DE ABRIL DE 1992, PÁG.273
Sentencia 1634 de febrero 4 de 1991
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMlNlSTRATlVO
EXCLUSIÓN DE CÉDULAS INSCRITAS IRREGULARMENTE
EXTRACTOS: «Según el artículo 9º de la Ley 6ª del 5 de enero de 1990 por el cual se modifica d artículo 85 del Decreto 2241 de 1986 se encomienda a la Registraduría Nacional fijar el número de ciudadanos que pueden sufragar en las distintas mesas de votación y elaborar para cada mesa las listas de cédulas aptas para votar en las cabeceras municipales, corregimientos e inspecciones de policía donde funcionen mesas de votación.
Agrega la norma precitada (inciso 3º) que "si después de elaboradas las listas se cancelaren o excluyeren una o más cédulas, el correspondiente Registrador del Estado Civil o su delegado enviarán a las respectivas mesas de votación la lista de cédulas con las que no se puede sufragar".
El artículo 26 en sus numerales 3º y 5º, asigna al Registrador Nacional del Estado Civil, entre otras, las funciones de "organizar y vigilar el proceso electoral" y de "ordenar investigaciones y visitas para asegurar el correcto funcionamiento de la organización electoral".
A su vez el artículo 78 del Código que hemos venido citando, establece como requisito para la validez de la inscripción de la cédula, entre otros, el acto de la impresión de la huella del dedo índice derecho del inscrito, en el correspondiente documento oficial, el cual, según las resoluciones acusadas fue irregular porque "la impresión del índice derecho del formulario E-3 no corresponde a las impresiones tomadas en la tarjeta decadactilar". Según esta misma disposición "no surtirán efecto las inscripciones que se efectúen sin el lleno de los requisitos prescritos" en ella.
Del estudio armonizado y consecuente de los artículos citados se infiere que el Registrador Nacional del Estado Civil puede, por medio de un acto administrativo y en ejercicio de las funciones atrás relacionadas, no propiamente anular inscripción, sino excluir de los registros electorales las cédulas cuya inscripción haya sido irregular, por no haberse satisfecho precisamente y en este caso, los requisitos que para su validez exige el artículo 78.
Finalmente, el artículo 55 de la antigua Constitución Nacional de 1886, establece como ramas del poder público la legislativa, la ejecutiva y la jurisdiccional, prescribiendo además que "El Congreso, el Gobierno y los jueces tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente en la realización de los fines del Estado".
Habiendo dejado en claro en el análisis anterior que en las resoluciones demandadas el registrador resolvía asuntos que por mandato legal eran de su incumbencia, es obvio concluir que, al hacerlo, no se estaba atribuyendo poderes propios de otras autoridades como lo afirma la actora quedando excluida, cualquier violación del artículo 55 de la antigua Carta, en ese entonces vigente.
En el caso sometido a estudio, curiosamente el Registrador anula las inscripciones de una serie de cédulas en principio habilitadas para sufragar en las elecciones del 11 de marzo de 1990, mediante actos dictados el 19 de septiembre, 18 de junio, 22 de mayo de 1990, es decir, con posterioridad a la celebración del certamen electoral. Indica esta circunstancia que las resoluciones que ahora se acusan no pudieron cumplirse y que lo más posible fue que el derecho del sufragio se ejerció en los lugares y en las mesas y con las cédulas cuya inscripción fue a la postre invalidada.
Empero, no puede decirse con absoluta propiedad que los actos expedidos por el Registrador, posteriores a la elección, resultan vanos e inútiles; pues si bien es cierto no podían aplicarse respecto de las elecciones del 11 de marzo de 1990, sí pudieron surtir efectos para elecciones futuras.
Sobre este ultimo aspecto se pronunció la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia 0214 de 15 de febrero de 1991, con ponencia del Dr. Miguel González Rodríguez y en los siguientes términos:
"Ese acto o resolución tiene que expedirse y comunicarse, como es apenas lógico, antes del día en que deban efectuarse las elecciones y, en manera alguna, según el sentir de la Sala, se puede proferir después de realizadas las elecciones, por cuanto, de un lado carecería de objeto práctico en cuanto hace a esas elecciones, aun cuando podría tenerlo para elecciones futuras, y, por cuanto de otro, daría lugar a suspicacias por parte de las personas interesadas en la elección ya realizada; en otras palabras, debe quedar claro que el acto administrativo expedido por el señor Registrador del Estado Civil, con fecha posterior a la de una elección, sólo tendrá efectos jurídicos para el futuro, es decir, para las subsiguientes elecciones; si así no se expresa, se debe dar aplicación al principio general de derecho, según el cual la ley y el acto administrativo creador de situaciones jurídicas generales no tiene efectos retroactivos, sino para el futuro, lo cual no quiere decir que los votos emitidos en una mesa, previa inscripción irregular de ellos, no tenga unas consecuencias jurídicas; en otras palabras, que el hecho no se pueda invocar para impugnar jurisdiccionalmente los escrutinios y declaratoria de elección realizada antes de la expedición del acto administrativo de cancelación o exclusión de esas cédulas, o después de su expedición, pero sin que se le diera cumplimiento por la respectiva autoridad de la Registraduría como en el caso en estudio".
No logra en consecuencia la actora, probar que los actos acusados fueron contrarios a derecho y, en tal razón, serán desoídas sus súplicas».
(Sentencia de febrero 4 de 1991. Expediente 1634. Consejero Ponente: Dr. Yesid Rojas Serrano).