Source: https://www.scribd.com/document/94820234/Prososicion-de-Ley-de-Transparencia-para-la-C-Valenciana-de-EUPV
Timestamp: 2017-06-27 00:44:17
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Matched Legal Cases: ['artículo 124', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 20', 'artículo 105', 'artículo 10', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 5', 'artículo 10', 'artículo 9', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 1', 'Artículo 3', 'artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'artículo 2', 'artículo 33', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'artículo 2', 'artículo 22', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 20', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 21', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 33', 'Artículo 30', 'artículo 2', 'Artículo 31', 'artículo 9', 'artículo 2', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 2']

Prososición de Ley de Transparencia para la C. Valenciana de EUPVUploaded by GovernObertGORelated InterestsFreedom Of Information Laws By CountryConstitutional RightPublic AdministrationInformation PrivacyInformationRating and Stats0.0 (0)Document ActionsDownloadShare or Embed DocumentEmbedDescription: Proposición de Ley de Transparencia presentada por EUPV el 25 de mayo de 2012View MoreProposición de Ley de Transparencia presentada por EUPV el 25 de mayo de 2012Copyright: Attribution Non-Commercial (BY-NC)Download as PDF, TXT or read online from ScribdFlag for inappropriate content1A LA MESA DE LES CORTS
Ignacio Blanco Giner, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Esquerra Unida, de acuerdo con el artículo 124 y siguientes del RCV y previo conocimiento de su grupo, presenta la siguiente Proposición de Ley Valenciana de Transparencia y de Acceso a la Información Pública:
I Tal y como establece la exposición de motivos de la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana, la participación ciudadana es uno de los pilares básicos sobre los cuales se asienta la democracia avanzada. Así lo reconocen, por un lado, las nomas integrantes de nuestro bloque de constitucionalidad, como la Constitución Española, en los artículos 9.2 y 23.1, y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, en el artículo 9.4, y, por otra par5te, las nomas internacionales de referencia obligada en nuestro ordenamiento jurídico, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 21.1, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 25.a). Efectivamente, la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política, económica, cultura y social es un principio cuya finalidad última es la garantía de una libertad y una igualdad reales y efectivas. La consecución de estos objetivos en pro de una sociedad moderna y democrática debe ser un compromiso de todas las Administraciones Públicas. La exigencia de remoción de los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud obliga a depurar nuestro ordenamiento jurídico, contemplando con mayor precisión y
claridad todas las medidas necesarias para mejorar la transparencia, el derecho de acceso a la información de los ciudadanos y ciudadanas y su participación en los asuntos públicos, que constituyen la base para la mejora institucional y el buen gobierno. La Constitución Española establece, en su artículo 20.1.d) el derecho a comunicar o recibir información veraz. Además, el título IV dedicado al Gobierno y la Administración, en su artículo 105.b) dispone que la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Estos dos preceptos constitucionales deben ser interpretados, tal y como establece el artículo 10.2 de la Constitución Española, a la luz de los tratados internacionales relevantes sobre derechos fundamentales que reflejan en su conjunto la existencia de un derecho de acceso a la información pública. Concretamente, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y el artículo 11 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. A pesar de este reconocimiento constitucional, el derecho de acceso a la información pública no está garantizado en España debido a la ausencia de leyes que establezcan mecanismos para ejercerlo y es que, aunque para argumentar la existencia de tal derecho suele citarse la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público; la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos y ciudadanas a los Servicios Públicos o la Ley 27/2006,d e 18 de julio, por la cual se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medioambiente; hay que tener en cuenta que el derecho de acceso a la información tiene dos vertientes, la reactiva y la proactiva.
Es cierto que en la normativa y la práctica administrativa española encontramos numerosas menciones a la obligación de las instituciones de publicar proactivamente la información. Sin embargo, todavía no existe ninguna disposición legal que desarrolle la parte reactiva del derecho, es decir, el derecho a solicitar información. Es cierto que, actualmente, se encuentra en proceso de elaboración el Anteproyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno estatal, pero todavía no está en vigor. Por tanto, no existe en España una ley que regule el derecho a saber. Tampoco en el País Valenciano donde, a pesar de que se reconoce el derecho a la información para la participación ciudadana (artículo 5 de la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana) se hace de manera muy genérica y no establece ningún mecanismo concreto para poder ejercerlo. También se reconoce el derecho de petición (artículo 10 de la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana) “sobre cualquier asunto o materia comprendidos en el ámbito de competencias de la Generalitat y los organismos o las instituciones que dependen de ella”, pero no regula ningún procedimiento tendiente a garantizar ese derecho de petición. Por cuanto al derecho de acceso a archivos y registros (artículo 9 de la Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunidad Valenciana) se limita a hacer una remisión a las disposiciones de la Ley 30/1992 y de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. II En esta Ley se establece un nuevo modelo que regula, per un lado, la obligación de informar y la publicidad de la acción pública y, por otro lado, el derecho de acceso a la información pública. Debe distinguirse claramente entre la publicidad activa, es decir, la obligación de las Administración Pública de proporcionar y difundir constantemente y de forma veraz toda aquella información de mayor relevancia, sin que nadie lo solicite, y el derecho de acceso a
la información pública, que abarca la posibilidad de acceso de cualquier ciudadano o ciudadana, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las que contemplan las leyes. La publicidad activa está al servicio de la transparencia en la actividad pública. El ciudadano o ciudadana no tiene por qué preocuparse de solicitar cierta información, si no que la Administración Pública se la ofrece a través de los diferentes canales existentes y, fundamentalmente, a través de Internet. El derecho a la información pública tiene una configuración diferente, tratándose de acceder no a la información que de por sí la Administración ha hecho pública o tiene el deber de hacerlo, si no a cualquier otra, siempre que tal acceso no esté limitado, por lo cual se regulan con detalles tales supuestos. En ocasiones será necesario realizar un ejercicio de ponderación de los intereses en juego y justificar el superior interés en la publicidad de la información. En ocasiones sólo será posible el acceso parcial a la información, y en otros, la protección de los datos personales impedirá tal acceso, por lo cual se regulan con detalle todas estas cuestiones, atendiendo a la ponderación de los otros derechos que puedan concurrir. Bajo estas premisas, se pasa a reseñar el contenido completo de la Ley. III La Ley se estructura en cuatro Títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El Título primero contiene una serie de disposiciones generales. Por una parte, establece el objeto de la norma y su ámbito de aplicación, que se extiende a todo el ámbito de la actividad de las consideradas “autoridades públicas” valencianas y señala los objetivos que persigue. El Título segundo se centra en la transparencia en la actividad pública, para lo que se promoverá la implantación de un sistema integral de información, contemplándose la
designación de unidades responsables de información pública. Este Título se divide en dos capítulos. El primero, referido a la publicidad activa, señala las obligaciones de los sujetos obligados, y concreta la información que debe hacerse pública y los límites a los que está sujeta, límites que deben interpretarse restrictivamente y que deben venir impuestos por una norma con rango de Ley. El segundo capítulo se refiere a la transparencia en la gestión administrativa, obligando a mantener a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la información más relevante en los ámbitos básicos de actuación, y especialmente se contempla la transparencia en la contratación pública, en la concesión de servicios, en los convenios de colaboración, en la actividad subvencionadora y en materia de ordenación del territorio y urbanismo, completando la información que las respectivas leyes autonómicas específicas establecen. El Título tercero regula el derecho de acceso a la información pública. El capítulo primero establece las normas generales para el ejercicio de dicho derecho, que permite acceder, mediante solicitud previa, a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en las leyes, y sin que sea necesario motivar la solicitud ni invocar esta Ley. No obstante, este derecho tiene sus limitaciones, que están expresamente previstas, y que en cualquier caso deben ser proporcionadas atendiendo al objeto y finalidad de protección y de aplicación sólo durante el período de tiempo determinado o en tanto se mantenga la razón que las justifica. Las limitaciones legales se podrán aplicar, asimismo, en relación con las obligaciones de difusión que tiene la Administración Pública. Se contempla también la necesaria protección de los datos personales, estableciéndose el principio de prevalencia de dicha protección frente al derecho de acceso a la información pública en los casos de conflicto y deba protegerse el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En el capítulo segundo se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho, concretando los datos necesarios que debe contener la solicitud, las causas de no admisión a trámite, la necesidad de trasladar la petición cuando se solicite información que afecte a derechos o intereses de terceros para que estos aleguen lo que proceda, los plazos para resolver, el sentido del silencio y la resolución del procedimiento. El plazo general para resolver la petición es de quince días hábiles, elevándose a veintidós para peticiones que, por su volumen y complejidad, así lo requieran. El silencio es positivo. También se regula la forma y formado en que debe suministrarse la información.
El Título cuarto contempla las garantías administrativas, judiciales y extrajudiciales que tienen los ciudadanos para que se cumplan las disposiciones de la Ley. A la interposición de los recursos administrativos, y en su caso, posterior recurso contencioso-administrativo, se suma la posibilidad de presentar una queja ante el Síndic de Greuges. La Ley se completa con una serie de disposiciones adicionales, que se refieren a las funciones que se le atribuyen al Síndic de Greuges de seguimiento para la implantación de la transparencia y el acceso a la información pública en la Comunidad Valenciana, debido a su papel de Alto Comisionado de las Cortes Valencianas para la defensa de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución y del Estatuto de Autonomía; a la tramitación telemática del derecho de acceso a la información pública; a la puesta en marcha de planes de formación para el personal al servicio de los sujetos obligados respecto de los derechos y obligaciones previstos y al uso del valenciano en el derecho a la información pública; a las regulaciones especiales del derecho de acceso; y por último, a las adaptaciones con el fin de garantizar el con respecto a los principios rectores de la ley.
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1. Objeto Esta Ley tiene como objeto regular y garantizar el ejercicio de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública en la Comunidad Valenciana.
Artículo 2. Ámbito de aplicación Esta Ley será de aplicación, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, a: 1. Las Administraciones Públicas. A efectos de esta Ley se entenderá como tales:
La Generalitat Valenciana y los organismos públicos vinculados o dependientes de la misma.
1.2. Las entidades que integran la administración local, a que se refiere el artículo 1 de la Ley 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunidad Valenciana. 1.3. Las Universidades públicas valencianas. 2. 3. Las Cortes Valencianas y las instituciones de ellas dependientes. Las empresas públicas, las fundaciones públicas y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que prestan servicios públicos. 4. Las empresas privadas, las fundaciones privadas y las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que actúan financiadas con fondo públicos.
5. Cualquier organismo autónomo, ente público empresarial o ente de carácter instrumental dependiente o vinculado -directa o indirectamente- de alguna de las anteriores.
Artículo 3. Definiciones A efectos de esta Ley se entenderá por: a) Autoridades Públicas: Todos los sujetos obligados incluidos en el artículo 2 de esta Ley. b) Información Pública: Toda la información registrada y/o archivada de cualquier forma, elaborada o recibida, y en posesión de cualquier sujeto incluido en el ámbito de aplicación de la presente Ley.
Publicidad activa: Obligación de difundir de forma permanente aquella información pública más relevante para garantizar la transparencia de la actividad de las autoridades públicas.
Ciudadano o ciudadana: Toda persona que se relaciona con las autoridades públicas al hacer uso de los derechos reconocidos en esta Ley.
Solicitante: Cualquier persona física o jurídica, así como sus asociaciones, organizaciones y grupos, que solicite acceso a la información pública, requisito suficiente para adquirir, a efectos de lo establecido en el Título III, la condición de interesado.
Artículo 4. Objetivos Son objetivos de esta Ley: 1. Proveer todo lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información pública mediante procedimientos sencillos y claros; 2. Hacer transparente la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados; 3. Garantizar la protección de las datos de carácter personal en posesión de los sujetos obligados; 4. Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan evaluar el desarrollo de los sujetos obligados; 5. Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos públicos; y 6. Contribuir a mejorar la calidad de la democracia valenciana y la plena vigencia del estado de Derecho.
Artículo 5. Del derecho de acceso a la información pública
Para hacer efectivo el acceso a la información pública, cualquiera ciudadano o ciudadana podrá ejercer los siguientes derechos en sus relaciones con los sujetos obligados del artículo 2 de esta Ley: a) A acceder a la información pública que los sujetos obligados, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presente Ley, pongan a disposición de la ciudadanía. b) A obtener, previa solicitud, la información pública que obre en poder de las autoridades públicas, sin que para ello esté obligado a declarar un interés determinado, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o sede, y sin más limitaciones que las contempladas en las leyes. c) A ser informado e informada de los derechos que le otorga esta Ley y a ser asesorado y asesorada para su correcto ejercicio. d) A ser asistido y asistida en su búsqueda de información. e) f) A recibir la información que solicite, dentro de los plazos establecidos en esta Ley. A recibir la información pública solicitada en la forma o formato elegidos, en los términos previstos en esta Ley. g) A conocer los motivos por los que no se le facilita la información, total o parcialmente, y también aquellos por los que no se le facilita dicha información en la forma o formato solicitados. h) A conocer el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepción de la información solicitada. y) A recurrir los actos u omisiones que contravengan los derechos que esta Ley le reconoce en materia de acceso a la información pública.
j) A interponer la queja a que se refiere el artículo 33 de esta Ley, en tutela de su derecho de acceso a la información pública, en los términos previstos en dicho precepto. k) A ser informado e informada de las decisiones que adopte la autoridad pública como consecuencia de los procedimientos que el solicitante promueva en tutela de su derecho de acceso a la información pública.
TÍTULO II. La transparencia en la actividad pública Artículo 6. El sistema integral de información. 1. Las autoridades públicas promoverán la transparencia de la información pública mediante la implantación de un sistema integral de información. 2. Se garantizará el principio de neutralidad tecnológica y de accesibilidad universal, tal y como reconoce la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. 3. Este sistema integrará en su seno los diferentes canales para proporcionar la información pública de forma que quede garantizado el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la misma, con independencia de su lugar de residencia, de su formación, de sus recursos, de sus circunstancias personales o de su capacidad económica. 4. Este sistema garantizará el acceso de los ciudadanos y ciudadanas a la información pública, al objeto de promover su posicionamiento informado y su participación y colaboración responsable en los asuntos públicos. 5. Este sistema deberá contar con un depósito o repositorio centralizado de los datos y documentos que se consideren necesarios para asegurar una adecuada información pública.
Artículo 7. Unidades responsables de información pública Las autoridades públicas, con objetivo de hacer efectivo el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos y ciudadanas, designarán unidades responsables de información pública, que serán las encargadas del cumplimiento, en tiempo y forma, de las obligaciones establecidas por esta Ley.
Capítulo I. La publicidad activa Artículo 8. Obligaciones Con el objetivo de hacer efectivo el principio de transparencia en la actividad pública, se promoverán las siguientes actuaciones: 1. Proporcionar y difundir constantemente, de una forma veraz, objetiva y actualizada, la información pública cuya divulgación se considere de mayor relevancia para garantizar la transparencia de su actividad. 2. Adoptar las medidas oportunas para la difusión gradual de la información pública y su puesta a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de la manera más amplia y sistemática posible. 3. Organizar y actualizar la información pública con relevancia para sus funciones que obre en su poder o en el de otra entidad a su nombre, con vistas a su difusión activa y sistemática al público, particularmente mediante las tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar que la información pública se haga disponible paulatinamente en bases de datos electrónicas de fácil acceso a los ciudadanos y ciudadanas a través de redes públicas de telecomunicaciones.
Crear enlaces con direcciones electrónicas a través de las que pueda accederse directamente a la información pública.
Mantener actualizado un catálogo de normas y resoluciones administrativas y judiciales sobre aspectos clave para la interpretación y aplicación de esta Ley, y hacerlo público y accesible para todo el mundo de la manera más amplia y sistemática posible.
7. Crear y mantener medios de consulta de la información solicitada. 8. Crear registros o listas de información pública que obre en poder de la Administración Pública, con indicaciones claras de dónde puede encontrarse dicha información.
Artículo 9. Información que debe hacerse pública 1. Los sujetos obligados del artículo 2 de esta Ley, en el ámbito de sus competencias, harán pública la siguiente información, de oficio y tan pronto se disponga de ella: a) La organización institucional, la estructura organizativa, y la identificación de sus responsables. b) Las retribuciones, actividades y bienes de los miembros de gobierno y altos cargos o directivos, así como las cesantías percibidas cuando dejan de ocupar sus cargos. c) El inventario actualizado de los procedimientos administrativos, con indicación de los que se encuentran disponibles en formato electrónico.
d) El catálogo general de los servicios que prestan y las cartas de servicios elaboradas. e) Los Presupuestos y las Cuentas Generales, con descripciones sobre su contenido y datos sobre su ejecución. En particular, se reflejarán las partidas presupuestarias anuales de los distintos departamentos y organismos, así como la información que permita conocer trimestralmente su grado de ejecución, desglosada por secciones, por capítulos y por programas, reflejando, en su caso, de forma detallada el gasto público realizado en campañas de publicidad institucional. f) La relación de todos los deudores con la totalidad de los sujetos obligados. En el caso de personas jurídicas, se hará mención del nombre de sus administradores y/o apoderados, y en el caso de las sociedades mercantiles, además de a sus administradores y apoderados, todos sus socios y/o partícipes titulares de su capital social. En el caso de que estos socios o partícipes sean también personas jurídicas se hará constar, además, el nombre de las personas físicas que las administran o son titulares de su capital social. g) La normativa de la Comunidad Autónoma Valenciana. h) Las ordenanzas fiscales municipales y provinciales, tanto las vigentes como las que, sin estar vigentes, sean aún de aplicación transitoria. y) La información sobre las directrices, instrucciones, circulares y notas o respuestas que tengan mayor incidencia en la interpretación o aplicación de la normativa autonómica que se considere de mayor relevancia para la ciudadanía, omitiendo, en su caso, los datos personales que figuren en ellas. j) La relación de los procedimientos de elaboración normativa que estén en curso, indicando su objeto y estado de tramitación.
k) Los textos de los proyectos normativos en trámite de audiencia, así como las memorias explicativas y justificativas que acompañan los mismos. l) Los planes y estrategias adoptados en cumplimiento de lo previsto en una disposición de carácter legal o reglamentario, así como las evaluaciones de que sean objeto. m) La información sobre convenios de colaboración, contratos, concesiones y subvenciones en los términos recogidos en esta Ley. n) Los programas anuales y plurianuales que vayan a acometerse. o) El planeamiento urbanístico, la ordenación del territorio y la ejecución de la obra pública en los términos recogidos en esta Ley. p) La información económica y estadística de elaboración propia, facilitando las fuentes, notas metodológicas, fichas técnicas y modelos utilizados. q) Los informes de evaluación de las políticas públicas y de calidad de los servicios públicos. r) Las autorizaciones administrativas, licencias, declaraciones responsables, y cualquiera de los actos administrativos que permiten el ejercicio de funciones o actos sujetos a la autorización, control o fiscalización de las autoridades públicas, que incidan directamente en la gestión del dominio público o en la prestación de servicios públicos. s) Los acuerdos referidos a la creación o funcionamiento de sociedades públicas, fundaciones públicas u otras entidades que ejerzan funciones públicas o presten servicios públicos. t) Las listas de contratación temporal de personal y las listas a que se creen en los procesos de formación y/o promoción.
u) Las resoluciones administrativas y judiciales que puedan tener relevancia pública o que sienten criterios de actuación para las autoridades públicas, que serán objeto de información pública suprimiendo los datos personales. v) Los acuerdos de los órganos colegiados y las resoluciones de los órganos unipersonales que contengan información relevante para el conjunto de la ciudadanía. w) La información medioambiental que debe hacerse pública de conformidad con la normativa vigente y, en general, toda aquella información cuya publicidad venga impuesta por otras normas. x) La información que sea solicitada con mayor frecuencia. y) Cualquier otra información pública que se considere de interés para la ciudadanía. 2. En el caso de información que contenga datos personales de terceros, se atenderá a lo establecido en el artículo 22.2 de esta Ley.
Artículo 10. Límites 1. La Administración Pública cumplirá con su deber de información activa a la ciudadanía de conformidad con lo previsto en esta Ley, y en su ejercicio respetará las condiciones y los límites impuestos por la legislación que sea de aplicación. 2. A estos efectos, siendo la transparencia el principio general, cualquier excepción al mismo o cualquier limitación debe venir impuesta por una norma con rango de ley e interpretarse en su aplicación de forma restrictiva.
Artículo 11. La reutilización de la información pública
Las autoridades públicas fomentarán la reutilización de la información pública, entendiendo por reutilización el uso por parte de los ciudadanos y ciudadanas de los datos de libre disposición que obran en su poder, con fines no comerciales. Artículo 12. Condiciones para la reutilización 1. Reglamentariamente, podrán regularse las condiciones a las que se podrá someter la reutilización de determinados datos, siempre que las mismas estén justificadas. Así, se podrán prever, entre otros, como condiciones para permitir la reutilización, que se haga un uso correcto de los datos, que los mismos no sean modificados o que se indique la fuente y fecha de la última actualización. 2. Si reglamentariamente se optara por someter la reutilización de determinados datos al previo otorgamiento de licencias tipo, las mismas se ajustarán a los criterios y al contenido mínimo recogido en la legislación estatal sobre reutilización de la información del sector público.
Capítulo II La transparencia en la gestión administrativa Artículo 13. Fomento de la transparencia en la gestión administrativa Las autoridades públicas fomentarán activamente la transparencia en la gestión administrativa. A estos efectos, se obliga a mantener a disposición permanente de los ciudadanos y ciudadanas la información que se considera más relevante de sus ámbitos de actuación, como son, entre otros, los siguientes: contratos del sector público, concesiones de servicios públicos, convenios de colaboración, subvenciones, y ordenación del territorio y urbanismo.
Artículo 14. Transparencia en la contratación pública
La transparencia en la contratación administrativa se articulará fundamentalmente a través de la Plataforma de contratación, creada por la Orden del 17 de septiembre de 2008, de la Consellería de Economía, Hacienda y Empleo, configurada ésta no sólo como medio oficial para la publicidad de las licitaciones, sino también como instrumento fundamental de información en el que deberán figurar: a) La información general de las entidades y órganos de contratación, como dirección de contacto, números de teléfono y fax, dirección postal y cuenta de correo electrónico. b) La información sobre las licitaciones en curso, con acceso a la totalidad de las condiciones de ejecución del contrato y, en su caso, la restante documentación complementaria. c) La información sobre los contratos programados, los contratos adjudicados, las licitaciones anuladas y cualquier otra que se considere necesaria o conveniente para la adecuada gestión de la contratación. d) La información sobre preguntas frecuentes y aclaraciones relativas al contenido de los contratos.
Las autoridades públicas promoverán su uso y difusión entre los ciudadanos y ciudadanas con el fin de garantizar la transparencia en materia de contratación.
Las autoridades públicas incluirán, cuando sea posible, atendiendo al contenido y finalidad de la contratación, entre los criterios de adjudicación de los contratos, la valoración de la aportación por los licitadores de herramientas de software libre.
Artículo 15. Transparencia en la concesión de servicios
1. La concesión de los servicios se rige por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, donde se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que la transparencia en esta materia se articulará a través de la Plataforma de Contratación de la Generalitat Valenciana. 2. La transparencia en la concesión de los servicios que tengan la consideración de
públicos también exigirá que los prestadores garanticen a los ciudadanos y ciudadanas la información que les permita demandar la prestación de unos servicios de calidad y, en su caso, ejercitar sus derechos. 3. A estos efectos, las autoridades públicas recogerán en los pliegues de cláusulas
administrativas las previsiones necesarias para garantizar, como mínimo, a las personas usuarias los siguientes derechos: a) A obtener información sobre las condiciones de prestación del servicio
público. b) A presentar quejas sobre el funcionamiento del servicio, que deberán ser
contestadas de forma motivada e individual. c) A obtener copia sellada de todos los documentos que presentan en las
oficinas de la concesionaria, en relación con la prestación del servicio. d) A exigir de las autoridades públicas el ejercicio de sus facultades de
inspección, control y, en su caso, sanción para subsanar las irregularidades en la prestación del servicio. e) A ser tratadas con respecto al principio de igualdad en el uso del servicio,
sin que pueda existir discriminación, ni directa ni indirecta, por razones de nacimiento, raza, etnia, sexo, orientación sexual, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 16. Transparencia de los convenios de colaboración.
Se crea el Registro de Convenios y Acuerdos, que funcionará como instrumento de
publicidad, transparencia y control de los convenios y acuerdos firmados por las autoridades públicas. 2. En todo caso, la regulación del Registro de Convenios y Acuerdos deberá garantizar
que los ciudadanos y ciudadanas puedan consultar, sin ningún coste, tanto forma presencial como telemática, la relación de los convenios y acuerdos inscritos en el Registro, así como sus modificaciones, y además, las siguientes datos relativas a cada uno de ellos: a) Las partes firmantes del convenio o acuerdo, sus representantes y el
carácter de esta representación. b) El objeto del convenio o acuerdo, con indicación, en su caso, de las
actividades comprometidas, órganos encargados de las mismas y financiación. c) d) e) El plazo y condiciones de vigencia. En su caso, el lugar de publicación del convenio o acuerdo. El objeto de las distintas modificaciones operadas en los convenios o
acuerdos durante su vigencia, y las fechas de las mismas.
Artículo 17. Transparencia en la actividad subvencional 1. Las autoridades públicas garantizarán la transparencia de la actividad subvencional
mediante la publicación, fundamentalmente a través de Internet, por cada uno de los órganos que realizan actividades de fomento, de la siguiente información: a) Una relación actualizada de las líneas de ayudas o subvenciones a que
tenga previsto convocar durante el ejercicio presupuestario, con indicación de
los importes a que se destinan, el objetivo o la finalidad y la descripción de los posibles beneficiarios. b) Una enumeración de los objetivos y efectos de utilidad pública o social
que se pretenden conseguir con la aplicación de cada subvención, del plazo que se considera preciso o necesario para su consecución, de los costes totales previsibles y de la existencia o no de otras posibles fuentes de financiación. c) d) El texto íntegro de la convocatoria de las ayudas o subvenciones. Las concesiones de estas ayudas o subvenciones, dentro del mes siguiente
al de la notificación o publicación, con indicación de la relación de los beneficiarios, el importe de las ayudas y la identificación de la normativa reguladora. e) 2. Las subvenciones concedidas sin publicidad y concurrencia.
En la publicación de la información en materia subvencional, se estará a lo
establecido en el artículo 20 de esta Ley.
Artículo 18. Transparencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo 1. Se crea el Registro de Planeamiento Urbanístico de la Comunidad Valenciana, que
funcionará como un instrumento de publicidad y de transparencia en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 2. En todo caso, la regulación del Registro de Planeamiento Urbanístico deberá
garantizar que los ciudadanos y ciudadanas puedan consultar gratuitamente, tanto presencial como telemáticamente, la totalidad de los instrumentos de planificación urbanística de forma “íntegra y completa”, sea cual sea la administración competente para su aprobación inicial y/o definitiva.
Con carácter simultáneo al inicio de la tramitación de los expedientes, podrá
accederse a toda la información existente. 4. Será también objeto de plena publicidad en todos los expedientes a que culminan
actos administrativos que tengan por objeto un cambio o concreción en la calificación o cualquier otra característica del suelo, la totalidad de titulares tanto catastrales como registrales, con especificación de todas las características de este suelo, de todos los bienes afectados por el referido expediente. 5. Esta información se extenderá con carácter retroactivo a todos los instrumentos
urbanísticos aprobados al amparo de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, reguladora de la Actividad Urbanística. 6. La publicidad en materia de ordenación del territorio y urbanismo tendrá un especial
carácter divulgativo, con la finalidad de que pueda ser comprensible por la mayor parte de la población. A tales efectos los equipos técnicos de la administración “glosarán” y “explicarán” de forma clara y sencilla todos los términos, abreviaturas, etc. propios del lenguaje en que se elaboren estas materias sujetas a publicidad.
TÍTULO III Derecho de acceso a la información pública Capítulo I Normas generales
Artículo 19. El derecho de acceso a la información pública 1. Cualquiera ciudadano o ciudadana tiene derecho a acceder, mediante solicitud previa,
a la información pública, sin más limitaciones que las contempladas en las leyes.
2. Ley.
Para el ejercicio de este derecho no será necesario motivar la solicitud ni invocar esta
Artículo 20. Limitaciones del derecho a la información pública 1. El derecho de acceso a la información pública solo podrá ser limitado o denegado
cuando de la divulgación de la información pueda resultar un perjuicio para: a) b) La seguridad pública. La confidencialidad o el secreto de los procedimientos tramitados por las
autoridades públicas, si tal confidencialidad o secreto están previstos en una norma con rango de ley. c) La prevención, investigación o sanción de las infracciones penales,
administrativas o disciplinarias. d) La integridad de las causas o asuntos sujetos a procedimiento judicial o en
trámite delante de los tribunales o el derecho de tutela judicial efectiva. Cuando la causa esté sujeta a procedimiento judicial o en trámite delante de los tribunales, deberá, en todo caso, identificarse el órgano judicial ante el que se tramita. e) f) Las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control. Los derechos constitucionales a la intimidad personal o familiar, a la
seguridad personal, a la propia imagen, al honor, al secreto de las comunicaciones, a la libertad ideológica o religiosa, a la afiliación sindical, a la presunción de inocencia, al secreto profesional y, en general, los derechos fundamentales que reconoce y amparo la Constitución Española.
La confidencialidad de datos de carácter comercial e industrial, cuando
dicha confidencialidad esté prevista en una norma con rango de ley o en la normativa comunitaria, con el fin de proteger intereses económicos legítimos, incluido el interés público de mantener la confidencialidad estadística y el secreto fiscal. h) Los derechos de propiedad intelectual e industrial. Se exceptúan los
supuestos en los que el titular haya consentido su divulgación. y) La protección de los datos de carácter personal, siempre que la persona
interesada a quien conciernan no haya consentido en su tratamiento o revelación. En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. j) k) l) Los derechos de los menores de edad. Los intereses particulares legítimos. El medio ambiente o el patrimonio histórico o cultural.
m) El resto de información protegida por normas con rango de ley. 2. Las limitaciones deberán ser proporcionadas atendiendo a su objeto y su finalidad de
protección. En todo caso, deberán interpretarse de manera restrictiva y justificada, y se aplicarán salvo que un interés público superior justifico la divulgación de la información. Las limitaciones mencionadas buscarán su ponderación con el derecho a la libertad de información veraz de los medios de comunicación, protegiendo la identidad de los afectados y, en especial, de los menores de edad. 3. Las limitaciones a que hace referencia el apartado 1 no podrán ser alegadas por la
Administración Pública para impedir el acceso del ciudadano o ciudadana a los documentos e informaciones que le puedan afectar de una manera personal, particular y directa, y, en concreto, si dicha afección se refiere a sus derechos e intereses legítimos.
Cuando el expediente contenga datos de terceros, se estará a lo establecido en el artículo 21 de esta Ley. 4. Las limitaciones al derecho de acceso sólo serán de aplicación durante el período de
tiempo determinado por las leyes o en tanto se mantenga la razón que las justifique.
Artículo 21. Protección de datos personales 1. Para la resolución de las solicitudes de acceso a la información pública que contenga datos personales del propio solicitante, se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. 2. Las solicitudes de acceso a información pública que contengan datos íntimos o que afecten a la vida privada de terceros, se denegarán, salvo que exista consentimiento expreso y por escrito del afectado que se acompañe a la solicitud, o una ley que lo autorice. A estos efectos, se considerarán como datos íntimos los referidos a la ideología, afiliación sindical, religión, creencias, origen étnico, salud y sexualidad. 3. Las solicitudes de acceso a una información que contenga datos personales de terceros que no tengan la consideración de íntimos ni afectan a la vida privada, se estimarán cuando se trate de información directamente vinculada con la organización, funcionamiento y actividad pública del órgano o entidad al que se solicite. No obstante, se denegará el acceso cuando se considere que concurren circunstancias especiales en el caso concreto a que hagan prevalecer la protección de los datos personales sobre el interés público en la divulgación de la información.
Prevalecerá la protección de los datos personales sobre el derecho de acceso a la información pública en los casos en que el órgano competente para resolver considere que hay un conflicto de derechos en el que deben preservarse los derechos fundamentales.
Artículo 22. Acceso parcial 1. En caso de que la información solicitada esté afectada por alguna de las limitaciones indicadas en los artículos 20 y 21 precedentes, se concederá el acceso parcial, omitiendo la información afectada por la limitación, salvo que de eso resulte una información distorsionada, equívoca o carente de sentido. 2. En el caso de información que contenga datos personales de terceros, se concederá el acceso cuando se garantice de forma efectiva el carácter anónimo de la información, sin menoscabo del principio de transparencia que informa esta Ley. 3. Cuando se conceda el acceso parcial, deberá garantizarse la reserva de la información afectada por las limitaciones y la advertencia y constancia de esa reserva.
Artículo 23. Consulta En el casos de duda sobre la prevalencia de la protección de las datos personales sobre el derecho de acceso a la información pública, las autoridades públicas podrán consultar a la Agencia Española de Protección de Datos.
Capítulo II Procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública
Artículo 24. Solicitud de información pública
1. Las solicitudes de información pública deberán dirigirse a la entidad o unidad en el poder de la que se encuentre la información y se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en este artículo. En el ámbito de la Administración Pública se atribuye la competencia para resolver las solicitudes de información al máximo responsable jerárquico de las unidades en cuyo poder se encuentre la misma, siempre que tengan atribuidas competencias resolutorias de conformidad con las distintas normas reguladoras de las estructuras orgánicas. 2. La solicitud podrá hacerse por cualquier medio, incluidos los electrónicos, que permita la constancia de: a) b) La identidad del solicitante. La indicación precisa de la información que se solicita, sin que sea requisito indispensable identificar un documento o expediente concreto. c) En su caso, la forma o formato preferido de acceso a la información solicitada. d) Una dirección de contacto válida a la que puedan dirigirse las comunicaciones a propósito de la solicitud. 3. El solicitante podrá exponer, si así lo desea, las razones que justifican la publicidad de la información. Sin embargo, no podrá exigirse dicha motivación en ningún caso, ni su ausencia podrá ser utilizada como excusa por el órgano competente para denegar o resolver la solicitud. 4. Para favorecer el derecho de acceso a la información pública, las autoridades públicas publicarán en la página web un formulario con los requisitos incluidos en el apartado 2, a rellenar por el solicitante. En ningún caso podrá obligarse en este formulario a justificar las razones por las que se solicita la información y de incluirse, deberá especificarse claramente que se trata de un apartado opcional.
Artículo 25. Solicitudes imprecisas 1. Si la solicitud de información pública estuviera formulada de manera imprecisa, en el plazo de siete días hábiles, se pedirá al solicitante que la concrete, dando para ello un plazo de diez días hábiles, con suspensión del plazo máximo para resolver, y pudiendo tenerlo por desistido en caso contrario. A tal efecto, la entidad o unidad a quien iba dirigida la solicitud le prestará la asistencia necesaria para concretar su petición de información. 2. La declaración de tener al solicitante por desistido, y el archivo de la solicitud, se hará mediante resolución, que se le notificará a efectos de que pueda, en su caso, presentar una nueva solicitud concretando su petición o la información demandada.
Artículo 26. Causas de no admisión de las solicitudes Se acordará motivadamente la no admisión a trámite de las solicitudes cuando: a) Se refieran a información excluida del derecho de acceso. En concreto, quedarán excluidas las consultas jurídicas o las peticiones de informes o dictámenes, excepto las previsiones normativas específicas que así puedan contemplarlas. b) Se refieran a información que no obre en poder de la unidad, órgano o entidad a la que se dirijan. En tal caso, se remitirá la solicitud al órgano o entidad sujeta al ámbito de aplicación de esta Ley que la posea, que estará obligado a tramitarla, y se dará cuenta de esa remisión al solicitante. Cuando no sea posible remitir la solicitud al responsable de la información, por pertenecer a la Administración estatal o a otra distinta que no esté sujeta al ámbito de aplicación de esta Ley, aquel a quien se dirigió la solicitud deberá informar directamente al solicitante sobre la Administración a la que, según su conocimiento, debe dirigirse para solicitar dicha
información, indicando la dirección a la que puede hacerse llegar la solicitud, a efectos informativos. c) Se consideran abusivas por su carácter manifiestamente poco razonable o repetitivo, que no esté justificado por la finalidad de transparencia perseguida por esta Ley. d) Estén formuladas de manera excesivamente general, teniendo en cuenta aquello dispuesto en el artículo anterior. e) Se refieran a documentación preparatoria, material en curso de elaboración o documentos o datos inconclusos y que no forman parte del expediente administrativo. Por datos inconclusos se entenderán aquellos sobre los que la Administración Pública esté todavía trabajando internamente y no se haya emitido ningún dictamen, informe o aprobación. Si la denegación se basa en este motivo, el órgano competente para resolver deberá mencionar en la denegación la unidad que está preparando el material e informar al solicitante sobre el tiempo previsto para finalizar su elaboración. f) Se refieran a comunicaciones internas entre órganos o personas que carecen de relevancia pública o interés público.
Artículo 27. Intervención de terceros 1. Cuando las solicitudes se refieran a información que afecte a derechos o intereses de terceros contemplados en los artículos 20 y 21 de esta Ley, el órgano encargado de resolver dará traslado de las mismas a los afectados, siempre que las alegaciones de estos puedan ser determinantes del sentido de la resolución. 2. El traslado de la solicitud al afectado producirá la suspensión del plazo para resolver hasta que se reciban las alegaciones o acabe el plazo de quince días hábiles a contar desde su notificación. Si el tercero no responde en el plazo requerido, se
presumirá que está conforme con que se otorgue el acceso a la información solicitada. 3. El órgano competente, sobre la base de lo manifestado de forma expresa o presunta por los terceros y atendiendo a aquello recogido en esta Ley, emitirá la resolución que estime procedente.
Artículo 28. Plazos para resolver la solicitud y sentido del silencio 1. El órgano en cada caso competente para resolver facilitará la información pública solicitada, o comunicará al solicitante los motivos de la negativa a facilitarla en los plazos que se indiquen a continuación: a) En el plazo máximo de quince días hábiles desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla, con carácter general. b) En el plazo de treinta días hábiles desde la recepción de la solicitud en el registro del órgano competente para resolverla, si el volumen y la complejidad de la información son tales que resulte imposible emitirla en el plazo antes indicado. En este supuesto deberá informarse al solicitante, dentro de un plazo máximo de siete días hábiles, de las razones que justifican la emisión de la resolución en el plazo especificado en este epígrafe. 2. Si en el plazo máximo previsto para resolver y notificar no se hubiera recibido solicitud expresa, se entenderá estimada la solicitud, en todo lo que sea conforme con esta Ley.
Artículo 29. Resolución
1. La resolución se formalizará por escrito o por los medios electrónicos elegidos por el solicitante, en su caso, y se notificará al solicitante y, en su caso, al tercero afectado. Cuando sea estimatoria, total o parcialmente, de la solicitud, indicará la forma o formato de la información, y, cuando proceda, el plazo y las circunstancias del acceso, que deberán garantizar la efectividad del derecho y la integridad de la información en el menor tiempo posible. 2. Serán motivadas las resoluciones que nieguen totalmente o parcialmente el acceso, las que lo concedan cuando haya habido intervención de un tercero afectado y las que prevean una forma o formato de acceso distinto al solicitado. Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información pueda incurrir en alguna de las limitaciones al derecho de acceso, se hará constar dicha circunstancia. La motivación de estas resoluciones exigirá una fundamentación jurídica, informada y avalada por un técnico jurídico, con la consideración de funcionario de carrera. 3. En caso de que la negativa a facilitar la información esté fundada en la existencia de derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros, se incluirá la referencia a la persona física o jurídica titular de los derechos cuando esta sea conocida o, alternativamente, al cesionista del que se haya obtenido la información solicitada. 4. La resolución indicará siempre los recursos administrativos que procedan contra ella y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo procedente y, si es el caso, por la vía de protección de derechos fundamentales. Así pues, también informará de la posibilidad de que el solicitante interponga una queja ante el Síndic de Greuges tal y como se regula en el artículo 33 de esta Ley.
Artículo 30. Forma o formato de la información
1. El órgano competente deberá suministrar la información en la forma o formato solicitado, salvo que concurra alguna de las circunstancias que se indican a continuación: a) Que la información ya haya sido difundida previamente en otra forma o formato y el solicitante pueda acceder a ella fácilmente. En este caso, se deberá informar al solicitante de dónde y cómo puede acceder a dicha información o, en su caso, remitírsela en el formato disponible. b) Que el órgano competente considere razonable poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato y lo justifique adecuadamente. En los casos en que el acceso “in situ” pueda ocasionar la pérdida o deterioro del apoyo original, no sea posible la copia en un formato determinado debido a la inexistencia de equipos técnicos disponibles, o cuando la modalidad de acceso solicitada pueda afectar al derecho de propiedad intelectual, se podrá poner a disposición del solicitante la información en otra forma o formato. También podrá ponerse a disposición del solicitante otra forma o formato cuando sea más sencilla o económica para el erario público. 2. A estos efectos, los sujetos obligados del artículo 2 de esta Ley procurarán conservar la información pública que obre en su poder, o en el de otros sujetos en su nombre, en formas o formatos de fácil reproducción y acceso mediante telecomunicaciones informáticas o por otros medios electrónicos. 3. Cuando el órgano competente resuelva no facilitar la información, parcialmente o totalmente, en la forma o formato solicitados, deberá comunicarlo al solicitante en la propia resolución en la que se reconozca el derecho de acceso, haciéndole saber la forma o formatos en que, en su caso, se le podría facilitar la información solicitada.
Artículo 31. Gratuidad del acceso in situ y tasas y precios públicos
1. Serán gratuitos: a) El acceso a la información a que se refiere el artículo 9 de esta Ley o a aquella información en que no se haya dispuesto lo contrario. b) c) El examen de la información solicitada en el lugar en que se encuentre. La entrega de la información por correo electrónico o sistema electrónico equivalente. 2. En el caso de los archivos, bibliotecas y museos, se atenderá, en cuanto a la gratuidad o pago de alguna cantidad, a lo que disponga su legislación específica. 3. La expedición de copias y la transposición a formatos diferentes al original en que se contenga la información podrá someterse al pago de una cantidad que no exceda de sus costes. Para el establecimiento de las tasas en el caso de los sujetos obligados del artículo 2 de esta Ley, se estará a lo previsto en la legislación correspondiente sobre tasas y precios públicos. 4. Las unidades, órganos o entidades en cuyo poder se encuentre la información, elaborarán, publicarán y pondrán a disposición de los solicitantes de la información pública, el listado de las tasas y precios que sean de aplicación a dichas solicitudes, así como los supuestos en los que no proceda ningún pago.
Título IV. Garantías administrativas, judiciales y extrajudiciales
Artículo 32. Recursos
Quien considero que un acto, expreso o presunto, imputable a las autoridades públicas ha vulnerado los derechos que le reconoce esta Ley en materia de información pública, podrá interponer los recursos administrativos correspondientes y, en su caso, el recurso contencioso-administrativo previsto en la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa.
Artículo 33. Queja delante del Síndic de Greuges 1. Sin perjuicio de los recursos administrativos que puedan interponerse contra las resoluciones, expresas o presuntas, de los órganos de las autoridades públicas, que impidan o limiten, total o parcialmente, el ejercicio por los ciudadanos y ciudadanas del derecho de acceso a la información pública reconocido en esta Ley, el solicitante podrá dirigir una queja al Síndic de Greuges siempre que considere que se ha impedido o limitado su derecho de acceso a esta información, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges. 2. La intervención del Síndic de Greuges no suspenderá el transcurso de los plazos para la interposición de los recursos administrativos o contenciosos-administrativos procedentes. 3. Las autoridades públicas deberán cumplir con diligencia y de forma inmediata el dictamen emitido por el Síndic de Greuges, en la parte a que sea favorable al solicitante.
Disposición Adicional Primera. Creación de una Comisión de seguimiento para la implantación de la transparencia y el derecho de acceso a la información. 1. Se crea la Comisión de seguimiento para la implantación de la transparencia y el derecho de acceso a la información, como unidad encargada de impulsar, con carácter general, la puesta en funcionamiento de las medidas recogidas en la presente Ley. 2. La Comisión de seguimiento estará presidida por el consejero o consejera competente en materia de Presidencia y se compondrá por un representante con rango mínimo de Director General por cada una de las áreas resultantes de la estructura departamental del Consell de la Generalitat Valenciana. 3. La Comisión de seguimiento será asistida en el ejercicio de sus funciones por una comisión técnica designada al efecto.
Disposición Adicional Segunda. Modificación de la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndico de Agravios. Se incorpora una disposición adicional a la Ley de la Generalitat Valenciana 11/1988, de 26 de diciembre, del Síndic de Greuges, que queda modificada como sigue: Disposición adicional segunda. El Síndic de Greuges es el órgano encargado de valorar el grado de implantación de las medidas recogidas en la Ley Valenciana de Transparencia y Acceso a la Información, y en su caso, de promover todas aquellas actuaciones correctoras de cara a conseguir, en el plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley Valenciana de Transparencia y Acceso a la Información, la plena efectividad y cumplimiento de las disposiciones recogidas en la misma.
El Síndic de Greuges elaborará y publicará cada año un informe sobre el grado de aplicación de la Ley Valenciana de Transparencia y Acceso a la Información con, en su caso, propuestas para la introducción de mejoras que la puedan hacer más efectiva. Asimismo, elaborará y publicará información periódica de carácter estadístico sobre las solicitudes de información pública acogidas, así como información sobre la experiencia adquirida en la aplicación de la Ley Valenciana de Transparencia y Acceso a la Información, garantizando en todo caso la confidencialidad de los solicitantes.
Disposición Adicional Tercera. Tramitación telemática del derecho de acceso a la información pública. La Administración Pública deberá incluir entre sus procedimientos telemáticos los relativos a la resolución de solicitudes de información pública.
Disposición Adicional Cuarta. Plan de formación. El Instituto Valenciano de Administración Pública pondrá en marcha, en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta Ley, un Plan de Formación Específico para el personal de las Administraciones Públicas, las empresas públicas, y las fundaciones públicas respecto de los derechos y obligaciones previstos en la presente Ley.
Disposición Adicional Quinta. Uso del valenciano en el derecho a la información pública. A las solicitudes de acceso a la información pública reguladas en el Título II de esta Ley los será de aplicación la normativa reguladora del uso del valenciano en las Administraciones Públicas.
Asimismo, les sujetas obligados difundirán la información pública en sus portales web en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad Valenciana.
Disposición Adicional Sexta. Adaptaciones para garantizar el con respecto a las disposiciones de esta Ley. Con la entrada en vigor de esta Ley, todos los sujetos obligados por el artículo 2 de esta Ley promoverán los cambios, tanto organizativos y estructurales como, en su caso, de su normativa de régimen interno, que sean necesarios para ajustar su actividad a las disposiciones de esta Ley.
Disposiciones derogatorias Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo dispuesto en esta Ley.
Disposiciones finales Disposición final primera. Habilitación al Consejo. Se faculta al Consejo para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y la ejecución de aquello establecido en esta Ley.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Les Corts, 25 de mayo de 2012
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