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Timestamp: 2017-08-20 19:13:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 448', 'artículo 478', 'artículo 479', 'artículo 23', 'artículo 31', 'artículo 477', 'artículo 477', 'artículo 477', 'artículo 24', 'artículo 469', 'artículo 477', 'artículo 477', 'artículo 477', 'artículo 479', 'artículo 483', 'artículo 469', 'artículo 477']

03/19/14 | IurisCivilis
En Constitución Española, Derecho Civil, Derecho Procesal, Doctrina, Jurisprudencia, Recursos por Joseraloga // 19.3.14 // 2 comments
La regulación jurídico-procesal del Recurso de Casación y Extraordinario por Infracción Procesal. Especial referencia al Acuerdo de la Sala I del Tribunal Supremo sobre sus criterios de admisión
En el ámbito procesal civil, el recurso de casación se concibe como instrumento finalista para la creación de jurisprudencia con el efecto principal de conseguir la unidad interpretativa del ordenamiento jurídico civil y mercantil, en aras de la certeza de las normas y de la seguridad de su conocimiento que al tiempo, como respuesta judicial, satisfaga el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos en la aplicación de la ley.
Desde un punto de vista de técnica jurídica, el recurso de casación se articuló como un medio de impugnación extraordinario, tendiente a la anulación de la sentencia de instancia recurrida, mediante un doble mecanismo: 1º) Si la infracción denunciada era de índole procesal se ordenaba la reposición de las actuaciones al momento en que se produjo la transgresión, para que el órgano de instancia prosiguiera la tramitación del asunto, previa corrección del vicio detectado hasta su finalización, o bien, si la infracción se producía en la propia sentencia, se procediera, sin necesidad de reenvío, a dictar nueva sentencia, conforme a Derecho. 2º) Si la infracción denunciada era de índole material, comportaba que se dictara, en sustitución de la recurrida, nueva sentencia que reparara la inobservancia normativa.
La promulgación de la vigente Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil supuso romper con esta concepción tradicional del recurso extraordinario de casación que se manifestaba en la opción de su fundamentación en estos dos únicos motivos: infracción de ley y quebrantamiento de forma y cuyo conocimiento correspondía en exclusiva al Tribunal Supremo. En la actualidad, la ley procesal contempla dos modalidades distintas del recurso extraordinario, de configuración autónoma y tramitación separada, como son el recurso de casación para resolver las cuestiones de fondo – infracción de ley - y el recurso extraordinario por infracción procesal para resolver cuantos defectos procedimentales pudieran haber concurrido en la sentencia objeto del procedimiento judicial – quebrantamiento de forma.
La razón de ser de esta dicotomía descansa en la intención del legislador de atribuir la competencia para el conocimiento de estos recursos a Tribunales de Justicia distintos, pues mientras los Tribunales Superiores de Justicia se encargarían del recurso extraordinario por infracción procesal, el recurso de casación sería competencia exclusiva del Tribunal Supremo – cfr. arts. 468 y s.s. y arts. 477 y s.s. LEC, en aras de garantizar la necesidad practica de descongestionar la Sala Primera del Tribunal Supremo.
Sin embargo, en la actualidad el conocimiento de ambos recursos y su tramitación conjunta corresponden en exclusiva al Tribunal Supremo. El motivo de esta situación se debe a que la aprobación de la Ley de Enjuiciamiento Civil no vino acompañada de la correspondiente modificación legislativa de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en cuanto a la atribución de competencias a los distintos Tribunales.
Por esta y única razón, el legislador se vio obligado a normativizar un régimen transitorio incluyendo la Disposición Final 16ª de la LEC consistente en asignar provisionalmente el conocimiento para conocer de los recursos extraordinarios por infracción procesal al Tribunal Supremo y permitir su tramitación conjunta con el recurso de casación, en tanto en cuanto se apruebe la reforma prevista. Ahora bien, a día de hoy, esta reforma legislativa, por diferentes motivos, se encuentra aparcada en los pasillos del Parlamento, propiciado que el susodicho régimen transitorio se halla tenido que convertir en definitivo.
De acuerdo con este régimen transitorio, únicamente cabe el recurso extraordinario por infracción procesal, sin formular recurso de casación, frente a las sentencias dictadas en juicio ordinario instado para la tutela judicial civil de los derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 de la Constitución (art. 477.2. 1° LEC), y frente a las recaídas en juicio ordinario cuya cuantía exceda de 600 mil euros (art. 477.2.2.) - Disp. Final 16.1 regla 2 LEC.
Si se tramitaren conjuntamente recurso por infracción procesal y recurso de casación, la Sala examinará, en primer lugar, si la resolución recurrida es susceptible de recurso de casación, y si no fuere así, acordará la inadmisión del recurso por infracción procesal. (Disp. Final 16.1, regla 5a párrafo primero LEC).
Si la resolución es recurrible en casación hay que diferenciar dos supuestos:
1°.- Resoluciones recurribles de los casos contemplados en los números 1° y 2° del art. 477.2 LEC; se examinará la admisión del recurso de casación según sus propias reglas (483.1 LEC), mientras que la del recurso por infracción procesal se llevará a cabo por las suyas (473.2 LEC), pudiendo ser inadmitido uno o ambos (Disp. final 16.1, regla 5ª párrafo primero, en relación con la regla 2ª, LEC).
2°.- Resoluciones recurribles del número 3° del art. 477.2 LEC, se examinará con carácter previo la admisibilidad del recurso de casación (483.2 LEC), si no se admite éste se inadmitirá sin más trámites el recurso por infracción procesal formulado conjuntamente, la admisión del recurso de casación determina la ulterior resolución sobre la admisión del recurso por infracción procesal (473.2 LEC), según establece la Disp. Final l 6ª.1, regla 5ª, párrafo segundo, LEC.
La inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal procederá por las causas siguientes:
1°.- Que la resolución no sea recurrible en casación, atendiendo a los criterios establecidos en relación con el art. 477.2 LEC. En los recursos por infracción procesal, sin interposición conjunta de casación, únicamente serán recurribles las sentencias que se encuentren en alguno de los casos previstos en los ordinales 1° y 2° del art. 477.2 LEC, por lo que será inadmisible el recurso que funde su procedencia en el ordinal 3° de ese precepto (Disp. final 16 a. 1.regla 2ª LEC). Cuando se interpongan simultáneamente ambos recursos extraordinarios, la irrecurribilidad en casación determinará también la inadmisión del recurso por infracción procesal (Disp. Final 16 a. 1. Regla 5ª párrafo primero LEC).
2°.- Que se inadmita el recurso de casación, en los supuestos de interposición conjunta de éste y del extraordinario por infracción procesal, invocándose la existencia de "interés casacional" (art. 477.2. 3° LEC), pues únicamente la previa admisión del recurso de casación determinará la procedencia de resolver sobre la admisión del recurso por infracción procesal (Disp. Final 16.1. regla 5ª párrafo segundo LEC).
3°.- Cuando la preparación del recurso por infracción procesal haya resultado defectuosa por:
La presentación del escrito fuera de plazo (art. 470.2 LEC).
La falta de alegación de alguno de los motivos específicos en los que pueda fundarse el recurso, que se enumeran en el art. 469.1 LEC.
La omisión del deber de agotamiento de todos los medios posibles para la subsanación de la infracción procesal o vulneración del derecho fundamental que se denuncia, toda vez que el art. 469.2 LEC establece un presupuesto de recurribilidad, que veda el acceso al recurso extraordinario cuando la infracción o vulneración ha sido consentida o no se promovió la oportuna corrección del defecto, incumbe al litigante expresar en el escrito preparatorio cómo y en qué momento se efectuó la denuncia y se pidió la subsanación (art. 470.2. inciso final LEC), lo que resulta imprescindible para que la Audiencia efectúe el control que le corresponde en la fase de preparación, a tenor del art. 470.2 y 3 LEC (art. 473.2, 1° LEC).
Incumplimiento de los presupuesto para recurrir en casos especiales (art. 449 LEC).
4°.- Que el escrito de interposición incumpla los requisitos establecidos en el art. 471 LEC, determinando la interposición defectuosa: la presentación del escrito fuera de plazo (art. 471 LEC) o que no se exponga razonadamente la infracción o vulneración cometida, expresando de qué manera influyeron en el resultado del proceso art. 471 LEC).
5°.- Que el contenido del recurso carezca manifiestamente de fundamento (art. 473.1. 2° LEC).
6°.- Que sean planteadas a través del recurso extraordinario por infracción procesal cuestiones propias del ámbito del recurso de casación previsto en el art. 477.1 LEC.
7°.- Que el recurrente no se halle legitimado por no afectarle desfavorablemente la resolución impugnada (art. 448 LEC).
Régimen normativo que coincide con lo dispuesto por la Sala I del Tribunal Supremo en el Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de 30 de diciembre de 2011, en el Epígrafe I dónde relaciona los distintos supuestos de hecho que si concurren causan la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal o de alguno de sus motivos.
Por otra parte, no decimos nada nuevo, si indicamos que el recurso de casación es un medio de impugnación de la sentencia dictada en segunda instancia y no una tercera instancia en la que poder plantear un nuevo enjuiciamiento de lo debatido en un litigio. Además presenta el carácter de ser un recurso extraordinario, lo que implica que: no exista un derecho de relevancia constitucional a recurrir en casación; que su interposición y admisión se rija por reglas propias y una técnica especial y que las resoluciones recurribles y los motivos de impugnación estén tasados legalmente. A mayor abundamiento, señalar que se trata de un recurso limitado a impugnar cuestiones de Derecho, el cual debe respetar de forma absoluta el juicio fáctico efectuado por la Sala de apelación.
Como cualquier otro recurso, se encuentra legitimado para interponerlo la parte a quien haya afectado desfavorablemente la sentencia de segunda instancia recurrida (artículo 448.1 LEC) por haber desestimado total o parcialmente su recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. La competencia para resolver del recurso de casación corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo, a excepción de los recursos fundados en la infracción de normas de Derecho Foral, cuyo conocimiento competerá a las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ si tal competencia les ha sido atribuida por previsión del correspondiente Estatuto de Autonomía (artículo 478.1 LEC).
Eliminada la fase de preparación del recurso por la Ley 37/2011, de 10 de Octubre, el artículo 479.1 LEC prevé ahora su interposición directamente ante el Tribunal que dictó la resolución recurrida en los veinte días siguientes al de su notificación. Resulta preceptiva para interponer el recurso la representación de la parte por un procurador (artículo 23.1 LEC) y la asistencia de abogado (artículo 31.1 LEC).
Según el artículo 477 LEC, únicamente cabe fundar el recurso de casación en un motivo, la infracción de normas aplicables para resolver las cuestiones objeto del proceso (artículo 477.1 LEC), dentro del cual el artículo 477.2 LEC prevé tres modalidades distintas; si bien sólo se puede invocar una modalidad dentro de un mismo recurso, nada impide alegar cuantas infracciones se entiendan cometidas por la sentencia de la Audiencia Provincial. Estas tres modalidades del recurso de casación son:
1.- Recurso de casación para la tutela judicial civil de derechos fundamentales, excepto los que reconoce el artículo 24 CE (que se invocan por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, artículo 469.1.4º LEC).
2.- Recurso de casación por razón de la cuantía, limitado a los procesos en que la cuantía discutida en apelación o summa gravaminis (que puede no coincidir con la cuantía del procedimiento, en casos, por ejemplo, de estimación parcial de la demanda) supere los 600.000 Euros.
3.- Recurso de casación por razón de interés casacional. Esta modalidad del recurso, que es la elegida por el Tribunal Supremo para fijar su doctrina jurisprudencial, se reservaba hasta la reforma introducida por la Ley 37/2011 a los asuntos tramitados por razón de la materia: tras ella, se ha ampliado notablemente su ámbito, pudiendo invocarse también en los asuntos tramitados por razón de la cuantía si ésta no supera los 600.000 Euros o es indeterminada o inestimable.
El concepto de “interés casacional” se recoge en el artículo 477.3 LEC y se desarrolla en el Acuerdo de 30 de Diciembre de 2011, pudiendo basarse en alguno de los tres elementos siguientes:
Infracción de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo. Exige citar en el recurso al menos dos sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo, o bien una sola del Pleno de la Sala Primera o que fije doctrina por razón de interés casacional. Una vía excepcional para fundar el interés casacional consiste en acreditar en el recurso la necesidad de modificar la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre un determinado punto por la evolución de la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica.
Existencia de jurisprudencia contradictoria entre Audiencias Provinciales. Que es una exigencia introducida por el Acuerdo de 30 de Diciembre de 2011 y muy criticada (pues el artículo 477.3 LEC no hace referencia alguna a ello) es la de citar dos sentencias firmes de una misma sección de una Audiencia Provincial que resuelvan en sentido contrario a otras dos sentencias también firmes de una misma sección (que ha de ser distinta, pertenezca o no a la misma Audiencia Provincial). Una de las sentencias citadas ha de ser la recurrida (a la que, obviamente, no se exige el requisito de firmeza).
Aplicación por parte de la sentencia recurrida de normas que lleven menos de 5 años en vigor, sin que exista jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre una norma anterior de contenido igual o semejante.
La escueta previsión del artículo 477.2 LEC disponiendo que son recurribles en casación las sentencias dictadas en segunda instancia por las Audiencias Provinciales es completada por el “Acuerdo sobre criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal” adoptado por la Sala Primera del Tribunal Supremo el 30 de Diciembre de 2011 – que desarrollamos a continuación -, el cual aclara que quedan excluidos del recurso los autos, las demás resoluciones que no revistan forma de sentencia, las sentencias que debieron adoptar forma de auto y las sentencias que resuelvan cuestiones incidentales.
Como excepción, el referido Acuerdo considera recurribles los autos dictados en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras resueltos al amparo del Convenio de Bruselas o Lugano, de los Reglamentos comunitarios 1347/2000 y 44/2001 o de normas similares, si la posibilidad del recurso se reconoce en el instrumento de ratificación internacional o en el Reglamento.
El recurso se interpone directamente ante la Audiencia Provincial que dictó la sentencia recurrida (artículo 479.1 LEC) sin necesidad de preparación, pudiendo formularse conjuntamente con el recurso extraordinario por infracción procesal en el mismo escrito (DF 16.1.3ª LEC). En el recurso de casación de nuestro ordenamiento procesal actual, la fase de admisión es probablemente el trámite de más difícil superación, dificultad que el Acuerdo de 30 de Diciembre de 2011 ha venido a agravar al introducir exigencias no contempladas en la Ley y desgranar un prolijo elenco de causas de inadmisión por los más variados motivos.
Entre las causas de inadmisión se encuentra, obviamente, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que hemos expuesto más arriba, así como el incurrir en algún defecto de forma no subsanable o no subsanado. La subsanación de defectos se efectuará en el trámite de alegaciones que, por plazo de diez días, concede el Tribunal Supremo a las partes (artículo 483.3 LEC) cuando aprecie alguna posible causa de inadmisión del recurso interpuesto –afirmación que, en un elevadísimo porcentaje de casos, constituye la antesala de la temida inadmisión definitiva del recurso, contra la que ya no cabe recurso alguno-.
Para finalizar, como venimos señalando reiteradamente, de extraordinaria importancia resulta ser el Acuerdo adoptado por la Sala Primera del Tribunal Supremo de adopción de los criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal de fecha 30 de diciembre de 2011 y que trae su causa de las reformas introducidas por la Ley 37/2011.
En el Preámbulo del propio texto se recoge la finalidad el mismo: “Este nuevo Acuerdo es expresión del parecer unánime de la Sala Primera del TS y tiene carácter orientador para la unificación de las prácticas procesales y responde a una interpretación de la Ley 37/2011 tendente a conseguir que el recurso de casación cumpla sus fines constitucionales y no se transforme, como lo fue hace algunos años, en un instrumento de dilación indebida del proceso civil — con efectos negativos para la seguridad jurídica y la vida social y económica —. Se encamina no solo a la organización del trabajo interno del propio TS — que se desarrolla en la actualidad mediante una previa labor de equipo, ajustada a pautas de gestión, para el apoyo a la decisión de la Sala Primera del TS sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos —, sino también al conocimiento por las AAPP, última instancia en el orden civil, de los criterios aplicados por la Sala Primera del TS y a facilitar la debida información a los profesionales jurídicos.
El procedimiento utilizado comporta que este Acuerdo no tenga carácter vinculante ni valor jurisprudencial, pues solo lo adquirirá en la medida en que sus soluciones se vean reflejadas en las resoluciones jurisdiccionales dictadas por la Sala Primera del Tribunal Supremo. A continuación exponemos una breve síntesis del contenido del Acuerdo adoptado por la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre los criterios de admisión de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal y que podéis descargar en PDF en el vínculo ubicado al final de este artículo.
La parte principal de este Acuerdo se contiene en su primer epígrafe («I. Enumeración de las causas de inadmisión de los recursos»), en el que se enumeran, desarrolladas y debidamente sistematizadas, las causas que determinan la inadmisión del recurso de casación y del recurso extraordinario por infracción procesal. En los tres siguientes epígrafes se exponen y se justifican los criterios que la Sala Primera del TS considera aplicables, de acuerdo con la LEC, para sustentar las causas de inadmisión que han sido enumeradas en el epígrafe anterior («II. Resoluciones recurribles», «III. Interés casacional», «IV. Motivos de recurso»). En el último epígrafe («V. Derecho transitorio») se expone el criterio de la Sala Primera del TS sobre la aplicación temporal de la modificación introducida en la LEC en el régimen de los recursos de casación y extraordinario por infracción procesal.
Adenda.- Resumen del Acuerdo de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre adopción de los criterios de admisión de los Recursos de Casación y Extraordinario por Infracción Procesal de fecha 30 de diciembre de 2011.
1. Causas de inadmisión de los recursos.
a) Recurso de casación.
Desde el punto de vista formal, se exige que en el encabezamiento del motivo se indique expresamente la norma sustantiva, la jurisprudencia de la Sala Primera o el principio general del Derecho que se dicen infringidos. En los casos en que la sentencia sea recurrible por interés casacional también deberá indicarse en el encabezamiento o formulación del motivo la jurisprudencia que se solicita de la Sala primera del TS que se fije o se declare infringida o desconocida.
Tal como venía acogiendo la práctica jurisprudencial de los últimos años, es causa de inadmisión la cita de preceptos genéricos o la cita de preceptos heterogéneos en un mismo motivo que generen la existencia de ambigüedad o indefinición sobre la infracción alegada, así como la ausencia de la razonable claridad expositiva para permitir la individualización del recurso o la falta de respeto a la valoración de la prueba efectuada en la sentencia recurrida.
La sentencia no será susceptible de recurso de casación por la vía de la cuantía cuando ésta no sea superior a 600.000 euros, sea “indeterminada o inestimable” o hayan “aceptado las partes implícita o explícitamente que la cuantía del asunto haya permanecido como indeterminada o inestimable sin que exista resolución en contrario”.
El Acuerdo introduce un supuesto de inadmisión, como es la “desaparición sobrevenida del interés casacional en la resolución del recurso”, que se producirá cuando el problema jurídico planteado en el recurso haya sido resuelto por la jurisprudencia en contra del criterio propugnado por el recurrente.
b) Infracción procesal.
Como concreción del deber de agotar todos los medios posibles para la denuncia o subsanación de la infracción o defecto procesal del artículo 469.2 LEC, el Acuerdo establece que constituye causa de inadmisión alegar la vulneración del principio de congruencia y de otros vicios procesales si no se ha solicitado previamente la aclaración, corrección, subsanación o complemento de la sentencia (arts. 214 y 215 LEC).
El Acuerdo exige que el recurso exprese la manera en que la infracción cometida influyó en el resultado del proceso y que, tal como se venía exigiendo, se justifique la efectiva indefensión que ello ocasionó a la parte recurrente.
Dentro de la inadmisión por carencia manifiesta de fundamento del recurso, se incluyen expresamente “los motivos del recurso mediante los que se combate la valoración de la prueba hecha por la sentencia recurrida”. Se precisa que, como ya era pacífico, la errónea valoración de prueba no puede ser planteada como infracción procesal salvo que se demuestre que es “arbitraria, ilógica o absurda, en forma suficiente para estimar vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva, o inválida por vulnerar un derecho fundamental”.
El Acuerdo advierte de que están excluidos del recurso de casación “las sentencias que debieron adoptar forma de autos y las sentencias que resuelvan cuestiones incidentales”. Se excluyen también las “sentencias dictadas en asuntos tramitados por razón de la cuantía en los que el recurso de apelación no debió ser admitido por no superar los 3000 €”. Se debe especificar la modalidad del recurso que se interpone, sin que quepa “indicar más de una modalidad en un mismo recurso”.
Con respecto a la modalidad de la cuantía (477.2.2º LEC), si la cuantía de apelación fuese más reducida que la de primera instancia, deberá tomarse la de apelación. Si la cuantía del proceso tramitado por razón de la cuantía es superior a 600.000 € “no cabe otra modalidad de recurso de casación” que la prevista en el citado artículo 477.2.2º.
Se relacionan las resoluciones dictadas en procesos seguidos por razón de la materia contra las que sólo cabe recurso de casación por interés casacional: (I) las sentencias dictadas en los procesos de los artículos 249.1. y 250.1 LEC (entre otros, tutela del derecho al honor y derechos honoríficos, impugnación de acuerdos sociales, competencia desleal, propiedad intelectual y publicidad, condiciones generales de la contratación, recuperación de posesión, suspensión de obra nueva, acción de cesación en defensa de consumidores, etc.); (II) las sentencias que pongan fin a la segunda instancia en los procesos especiales del libro IV de la LEC (capacidad, filiación, matrimonio y menores; división judicial de patrimonios; y monitorio y cambiario); (III)las sentencias que conforme a la Ley Concursal tengan acceso al recurso de casación; y (IV) los autos dictados en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras.
Sólo podrán ser objeto de recurso extraordinario las sentencias que se encuadren en uno de los supuestos siguientes (I) sentencias dictadas en procesos de tutela civil de derechos fundamentales (excepto los reconocidos por el 24 CE); (II) sentencias dictadas en procedimientos de cuantía superior a 600.000 euros; o (III) sentencias contra las se admita un recurso de casación por interés casacional interpuesto conjuntamente contra ellas.
3. Interés casacional.
La reforma de la LEC dispuso la recurribilidad de toda clase de sentencias, al margen de su cuantía, sobre la base de la existencia de un interés casacional o, en términos del Acuerdo, de “la necesidad de unificación o fijación de la interpretación de ley”. En este contexto, el Acuerdo precisa el concepto de interés casacional de conformidad con la práctica existente en la materia. Desde un punto de vista formal, el Acuerdo insiste en la exigencia de que el escrito de interposición exprese “con claridad en el encabezamiento o formulación del motivo la jurisprudencia que se solicita de la Sala Primera del TS que se fije o se declare infringida o desconocida”. Y desde un punto de vista sustantivo, el Acuerdo analiza los tres elementos que integran el interés casacional que exponemos a continuación:
a) Oposición o desconocimiento en la sentencia recurrida de la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo.
Con carácter general, para justificar la concurrencia de esta modalidad, deberán citarse dos o más sentencias de la Sala Primera en las que se razone cómo, cuándo y en qué sentido la sentencia recurrida vulnera la jurisprudencia que se establece en ellas. Sin embargo, el Acuerdo contiene dos excepciones a este régimen: o En los casos de sentencias dictadas por el Pleno de la Sala Primera o de sentencias que fijen doctrina por razón de interés casacional, “basta la cita de una sola sentencia invocando su jurisprudencia, siempre que no exista ninguna sentencia posterior que haya modificado el criterio seguido”. O también cabe acceso a casación cuando la “parte recurrente justifique debidamente la necesidad de modificar la jurisprudencia en relación con el problema jurídico planteado porque haya evolucionado la realidad social o la común opinión de la comunidad jurídica sobre una determinada materia”. Esta excepción es singularmente significativa porque supone una vía abierta por la que podrán acceder al Tribunal Supremo asuntos relevantes.
b) Existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales sobre alguno de los puntos o cuestiones resueltos por la sentencia recurrida.
El Acuerdo explica el concepto de “jurisprudencia contradictoria”, que comporta “la existencia de criterios dispares entre secciones de Audiencias Provinciales mantenidos cada uno con la suficiente extensión e igual nivel de trascendencia, de modo que puedan calificarse como jurisprudencia operativa en el grado jurisdiccional correspondiente a estos tribunales”.
Es necesario invocar dos sentencias firmes de una misma sección de una Audiencia Provincial que decidan el mismo problema jurídico en sentido contrario al seguido en otras dos sentencias, también firmes, de una misma sección. Ésta ha de ser distinta a la primera, pertenezca o no a la misma Audiencia Provincial. En palabras del Acuerdo, “que se invoquen dos sentencias firmes de una misma sección de una AP que decidan en sentido contrario al seguido en otras dos sentencias, también firmes, de una misma sección. Esta última ha de ser distinta, pertenezca o no a la misma AP”. Si se citan varias sentencias en cada sentido, sólo se tendrán en cuenta las que destaque el recurrente o, en su defecto, las dos más recientes.
Al igual que en la modalidad anterior, existe una excepción al régimen general, como es que, a juicio de la Sala Primera, “conste de manera notoria la 10 existencia de jurisprudencia contradictoria de las AAPP sobre el problema jurídico planteado. Para ello es necesario que el problema jurídico haya sido debidamente puntualizado por la parte recurrente y se haya justificado la existencia de un criterio dispar entre AAPP mediante la cita de sentencias contrapuestas”.
c) Aplicación por la sentencia recurrida de normas que no lleven más de cinco años en vigor, siempre que, en este último caso, no existiese doctrina jurisprudencial del TS relativa a normas anteriores de igual o similar contenido.
En este caso, se debe identificar con claridad el problema jurídico sobre el que no existe jurisprudencia y que ha sido resuelto o debió serlo mediante aplicación de una norma de menos de cinco años de vigencia. El inicio del cómputo es el de la entrada en vigor de la norma y el dies ad quem la fecha en que se dictó la sentencia recurrida. Si así se justifica, podrá tomarse la fecha en que la norma fue invocada por primera vez en el procedimiento.
4. Motivos de recurso.
El Acuerdo insiste en que deben citarse con claridad y precisión la norma, jurisprudencia o principio general del Derecho que se consideren infringidos de forma relevante para el fallo. Desde el punto de vista formal, si se alega más de una infracción “cada una de ellas debe ser formulada en un motivo distinto y todos ellos deben ser numerados correlativamente”. Como era jurisprudencia consolidada, no cabe la cita de fórmulas como “y siguientes”, “concordantes” o similares. Tampoco la de preceptos heterogéneos en un mismo motivo ni de preceptos de carácter genérico que puedan comportar ambigüedad o indefinición.
Tanto si se alega más de una infracción o vulneración de la misma naturaleza, como si se alegan varias de distinta naturaleza, cada una debe formularse en un motivo distinto y numerarse correlativamente. Tampoco cabe la cita de preceptos heterogéneos en un motivo ni la cita de preceptos genéricos que ocasionen indefinición.
ACUERDO DE LA SALA I DEL TRIBUNAL SUPREMO DE FECHA 30 DICIEMBRE DE 2011 SOBRE CRITERIOS DE ADMISIÓN DE LOS RECURSOS DE CASACIÓN Y EXTRAORDINARIOS POR INFRACCIÓN PROCESAL