Source: http://nexia.pongasealdia.com/modules.php?name=Historial_Boletines&fecha=2015-10-21&op=mostrar_contenido
Timestamp: 2019-05-26 17:34:10
Document Index: 16826396

Matched Legal Cases: ['artículo 595', 'artículo 1', 'Artículo 329', 'Artículo 107', 'Artículo 148', 'artículo 43', 'artículo 607', 'artículo 56', 'artículo 57', 'artículo 3', 'artículo 319', 'artículo 170', 'artículo 670']

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Boletin Correspondiente a 2015-10-21Regresar
1.	¿Quienes son Residentes para efectos fiscales en Colombia?
2. ¿Cuáles son las categorías de Personas Naturales?
3. ¿A qué categoría pertenezco?
4. ¿Cuántos y cuales sistemas de determinación de la Renta para Personas Naturales Existen?
5. ¿En qué consiste el IMAN para empleados?
6. ¿En qué consiste el IMAS para empleados?
7. ¿En qué consiste el IMAS para trabajadores por cuenta propia?
8. ¿Cuál sistema debo aplicar para determinar mi renta?
9. ¿Qué es un periodo gravable?
10. ¿Qué es el patrimonio bruto?
11. ¿Qué es el patrimonio líquido?
12. ¿Cómo determino el monto de mi patrimonio bruto?
13. ¿Qué son los ingresos brutos?
Descargue el archivo aquí
( 2015-10-21) Consultar
Si usted es persona natural, y está clasificada en la categoría de empleado, o no está obligada a llevar libros de contabilidad, y no pertenece a la categoría de trabajador por cuenta propia, puede descargar el programa de ayuda de renta año gravable 2014, para que a través de éste, usted pueda elaborar su borrador de declaración de renta, ya sea haciendo uso del formulario 210 o del formulario 230.
Al descargar el programa de ayuda, abre un archivo de Excel. Previamente lea el archivo léame y cierre todos los archivos en Excel que tenga abiertos para el correcto funcionamiento del programa. Tómese el tiempo necesario para leer las instrucciones.
Tenga en cuenta que la opción complementos de Excel le permite moverse entre las siguientes secciones: Ir al inicio del programa, ir al formulario, ir a las diferentes secciones del formulario, y limpiar el formulario para comenzarlo a utilizar nuevamente.
Plazos para la presentación
Descargar Programa de Ayuda
¿Cómo solucionar la referencia circular?
Las sociedades en proceso de liquidación judicial a que se refiere la Ley 1116 del 2006, al no estar excluidas expresamente como sujetos pasivos del CREE por la Ley 1607 del 2012 y los decretos 1828, 2701 y 2972 del 2013, deberán presentar la declaración anual de dicho impuesto por el correspondiente periodo gravable o por la fracción de año, de conformidad con los literales b) y c) del artículo 595 del Estatuto Tributario.
Lo anterior lo indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, modificando y aclarando en lo pertinente los oficios 79817 y 77312 del 2013.
A las sociedades por acciones simplificadas en proceso de reorganización les resulta aplicable el mismo tratamiento, teniendo en cuenta adicionalmente lo previsto en el artículo 1° de la ley en mención, sobre la finalidad del régimen de insolvencia.
Fuente: Ambito Juridico.
¿Cuál es el tratamiento tributario en la declaración de renta de una persona natural clasificada como empleado, respecto a un siniestro ocurrido en el año 2014 por un activo fijo -vehículo de uso personal- y que según el concepto de la Aseguradora fue Pérdida Parcial?
De acuerdo con el Artículo 329 del Estatuto Tributario (E.T.) se considera como empleado toda persona natural residente en el país, cuyos ingresos provengan, en un 80% o más, de la prestación de servicios de manera personal o de la realización de una actividad económica por cuenta y riesgo del empleador o contratante, mediante una vinculación laboral o legal y reglamentaria o de cualquier otra naturaleza, independientemente de su denominación.
Ahora bien con respecto a la deducción que puede aplicar el contribuyente mencionado, primero se deben tener en cuenta los requisitos generales consagrados en el Artículo 107 del E.T, esto es, que solo serán deducibles aquellos gastos necesarios, proporcionales y que tengan relación de causalidad con la actividad generadora de renta.
Consecuentemente, el Artículo 148 del mismo ordenamiento señala que las pérdidas de activos se pueden deducir del impuesto de renta siempre que hayan contribuido a generar renta, y siempre y cuando la pérdida haya ocurrido como consecuencia de un hecho de fuerza mayor.
La Sección Tercera del Consejo de Estado aclaró las dudas sobre el concepto de daño a la salud y que se establece como un daño inmaterial distinto al moral que puede ser exigido y decretado en casos en que el perjuicio provenga de una lesión corporal.
Para la corporación, esta definición tiene un ámbito de aplicación mayor al considerar que “el daño a la salud garantiza un resarcimiento más o menos equitativo y objetivo en relación con los efectos que produce un daño que afecta la integridad psicofísica de la persona, y de que se reparen los demás bienes, derechos o intereses jurídicos de la víctima directa o de los perjudicados que logren acreditar efectivamente que padecieron ese daño autónomo e independiente, sin que quede cobijado por la tipología antes delimitada”.
Por otro lado, el alto tribunal recordó la forma como se debe tasar el mencionado perjuicio, en el sentido en que la forma de su liquidación es de 10 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV); sin embargo, en casos excepcionales y de extrema gravedad se podrá incrementar hasta 400 SMLMV, siempre que se pruebe por interés de parte con base a la naturaleza y gravedad de la lesión (C.P. Hernán Andrade Rincón).
Fuente: ambitojuridico.com.
Teniendo en cuenta las disposiciones genéricas que establece el Código Sustantivo del Trabajo en cuanto al procedimiento general disciplinario para el trabajador que ha cometido alguna infracción, para su aplicación, indicó el Ministerio del Trabajo, es necesario que tanto trabajador como empleador se estén a lo interpretado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-593 del 2014.
En dicho fallo se establecieron claramente los parámetros mínimos que debe contemplar un reglamento interno en materia disciplinaria, incluyendo la doble instancia, para que el trabajador conozca tanto las faltas como las sanciones, el procedimiento y ante quien debe acudir para ejercitar su derecho de defensa, pilar del debido proceso, así como la posibilidad de acudir ante la justicia ordinaria, para controvertir la decisión final tomada.
Dentro de los elementos mínimos que dispone la mencionada sentencia están que en la formulación de cargos, que puede ser verbal o escrita deben constar de manera clara y precisa las conductas, las faltas disciplinarias a que dan lugar y la calificación provisional, así como el término del que dispone el acusado para formular sus descargas, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos.
Sanción proporcional
Adicionalmente, el pronunciamiento definitivo del patrono debe darse mediante acto motivado y congruente y la sanción debe ser proporcional a los hechos que la originaron. Dicho acto debe contemplar la posibilidad que tiene el trabajador de acudir ante el superior jerárquico de aquel que impone la sanción, así como la de acudir ante la justicia ordinaria.
En concepto de la entidad, siendo la Corte la máxima autoridad interpretativa, todo empleador, independientemente del tamaño de la empresa o la organización interna de la misma, debe aplicar los principios constitucionales cuando discipline a sus trabajadores.
La declaración anual de activos en el exterior, creada por el artículo 43 de la Ley 1739 del 2014, obliga a aquellos contribuyentes del impuesto sobre la renta que posean activos en el exterior a presentar dicho denuncio tributario.
Por lo tanto, si la cuenta en el exterior está registrada a nombre de uno de los consorciados, este es el obligado a relacionarla en su declaración, según los parámetros y requisitos que fija el artículo 607 del Estatuto Tributario, en caso de que esté obligado a ello, indicó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
En todo caso, indicó que por tratarse de una declaración netamente informativa, no se liquida ninguna clase de impuesto. (Lea: Este es formulario para presentar declaración anual de activos en el exterior)
Mediante el radicado de la referencia plantea que los tratamientos consagrados en el parágrafo 4° del artículo 56 de la Ley 1739 de 2014 y en el parágrafo 3° del artículo 57 ibídem, al ser dismiles violan el principio de igualdad, pues en sus palabras “DA MAS PREFERENCIAS A QUIENES HAN DEJADO DE PAGAR LOS IMPUESTOS, QUE A QUIENES HEMOS PAGADO OPORTUNAMENTE Y NECESITAMOS CORREGIR POR EJEMPLO UNA DECLARACION PAGA PERO QUE NO FIRMO EL REVISOR FISCAL” (sic).
Según ha precisado esta Corporación, el control judicial del respeto al derecho fundamental a la igualdad de trato es una operación compleja, en atención a que no existen en sí mismas situaciones o personas que sean totalmente iguales o totalmente diferentes, de suerte que las desigualdades o igualdades entre las personas o las situaciones no son nunca absolutas sino siempre parciales, esto es, similitudes o diferencias, desde cierto punto de vista.
Consulta en el escrito de la referencia, si el objeto de la consulta a la que se dio respuesta a través del Oficio 008720 de 20 de marzo de 2015, por parte de la Dirección de Gestión Jurídica de esta Entidad, era “señalar que los intereses de cesantías y cesantías no están exentos del impuesto a la renta”.
Lo anterior, teniendo en cuenta que con base en el mencionado Concepto, un pagador está realizando retención en la fuente sobre los intereses de cesantías y cesantías que se liquidan de manera parcial, generando desigualdad “… y desestimulando indebidamente a quienes aún conservan el régimen de retroactividad de cesantías, ya que a quienes les consignan en los Fondos privados no se les da el mismo trato por parte de la empresa, ni del Fondo mismo …”.
Tanto los artículos 2° y 6° del Decreto 1070 de 2013, como el artículo 3° del Decreto 0099 de 2013, establecen de manera expresa los valores que se pueden detraer para determinar la base de retención en la fuente, sin que en las dos últimas disposiciones se incluyan el auxilio de cesantía y los intereses sobre cesantías.
En radicado de la referencia consulta ¿“para el caso de la escisión reorganizativa, las acciones que están sujetas al cumplimiento del requisito de tenencia mínima aplica, solamente a las acciones de la sociedad beneficiaria de la escisión o también aplica a las acciones que se conservan en la sociedad escindente?”.
En este contexto, si la escisión reorganizativa es parcial, lo que supone que la sociedad escindente permanece con parte de las acciones, cuotas o participaciones, la restricción temporal en el sentido de mantenerse por dos años siguientes a la escisión no se hace extensiva a las acciones, cuotas o participaciones que los socios mantienen en esta.
La limitación temporal aplica a las acciones, cuotas o participaciones que se reciben por los accionistas en la entidad adquirente o beneficiaria como se desprende de la interpretación del literal e) del numeral 4 del artículo 319-6 del Estatuto Tributario, en concordancia con el literal d) del mismo artículo.
El pago de las retenciones en la fuente objeto de cobro, como bien lo decidió el Tribunal, no se realizó, como consecuencia de los ilícitos de Falsedad en Documento Privado y Peculado por Apropiación en que incurrieron algunos de los empleados y exempleados de la LOTERÍA DE BOGOTA, los cuales "recayeron tanto sobre las supuestas declaraciones de retención en la fuente, como sobre los títulos valores mediante los cuales la Lotería de Bogotá quiso efectuar el pago de las tantas veces mencionadas retenciones en la fuente", es decir, los ilícitos, contrario a lo que pretende hacer ver el apelante, se originaron en la órbita de acción del deudor tributario, con complicidad de algunos funcionarios del Banco de Colombia.
En efecto, tanto la providencia de Acusación proferida por la Delegada 214 de la Unidad Diez de Patrimonio como la emitida por la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Tribunales Superiores que resolvió el recurso de apelación, por la cual se decidió acusar como responsables de los delitos de "Falsedad en Documentos Privados y Peculado por Apropiación", entre otros, al Tesorero de la LOTERÍA DE BOGOTA, contrario a lo afirmado por el apelante, demuestran fehacientemente que tanto las declaraciones de retención en la fuente como los cheques con los cuales se pretendía cancelar el valor de las retenciones en la fuente correspondientes a los meses de enero y marzo de 1.992 por parte de la LOTERÍA DE BOGOTA, fueron objeto de ilícitos, falsedades y manipulaciones, que dieron como resultado que los cheques Nos. 7877291 de febrero 21 de 1.992, por $73.848.685,oo y 7877375 del 24 de abril de 1.992 no fueron utilizados para pagar las retenciones en la fuente sino que se desviaron a la cuenta corriente que uno de los integrantes del grupo delictivo abrió en el Banco de Colombia, Sucursal de Paloquemao.
SANCION POR DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR MEDIANTE FRAUDE - Si se exigiera la previa declaración del juez penal se haría nugatoria dicha sanción.
Dentro del ordenamiento jurídico no existe una norma que determine la prejudicialidad penal para la imposición de sanciones tributarias, y sólo es procedente aplicar el artículo 170 del C.P.C. cuando las circunstancias del caso impidan un pronunciamiento de la Administración o de la jurisdicción contenciosa, sin que previamente se resuelva el proceso penal.
Esto no es lo que ocurre frente al inciso 5° del artículo 670 del E.T., pues de acuerdo con esta norma, es la Administración la que determina la improcedencia de la devolución por la utilización de documentos falsos o por la actuación fraudulenta del contribuyente.
Si se exigiera, para la aplicación de esta sanción la previa declaración del juez penal sobre la falsedad del documento o el fraude cometido, se haría nugatoria la existencia de la norma, pues mientras ocurre el pronunciamiento, la Administración perdería la oportunidad de proferir el pliego de cargos a tiempo.
El Estado ni siquiera podría reclamar la simple restitución de los dineros devueltos sin fundamento legal, hasta tanto la jurisdicción ordinaria se pronuncie, aún cuando aparezca demostrada la conducta fraudulenta que determina la improcedencia de la devolución.
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