Source: http://ricardomejia.mx/2015/01/
Timestamp: 2017-12-13 16:34:54
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 103', 'ARTÍCULO 103', 'ARTÍCULO 103', 'artículo 103', 'Artículo 103', 'Artículo 19', 'Artículo 19', 'Artículo 4', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 4', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 4', 'Artículo 4']

enero 2015 - Ricardo Mejía
29 enero, 2015 / Sin comentarios /
26 enero, 2015 / Sin comentarios /
▪ La apuesta del Gobierno Federal es el olvido y encubrimiento de los responsables en casos como Tlatlaya y Ayotzinapa.
▪ Seguiremos trabajando desde la Cámara de Diputados para que el Estado mexicano garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos.
“Que aún no haya una explicación convincente y, por ende, que no se hayan fincado las responsabilidades correspondientes sobre la presunta matanza de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos de malos elementos militares, es una clara evidencia del manto de protección e impunidad que existe en nuestro país”, señaló el Diputado Federal por Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.
En dicho tenor, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro indicó “es sumamente grave que la impunidad sea el común denominador de casos como Tlatlaya, en el Estado de México o Iguala; la apuesta del Gobierno Federal, así como de las instituciones encargadas de la procuración de justicia y el mantenimiento de seguridad en el país, es el olvido y encubrimiento de los responsables de tan lamentables hechos”.
“Un ejemplo de la irresponsabilidad y falta de visión respecto a la protección de los derechos humanos de los mexiquenses, son las declaraciones que Eruviel Ávila, Gobernador del Estado de México, dio un par de horas después de lo ocurrido en Tlatlaya, en las que -incluso- aplaudió el actuar de los elementos del ejército y donde elementos del Ministerio Público local obstruyeron la justicia”, expresó Mejía Berdeja.
Asimismo, el legislador federal recordó que el expresidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, haya concluido su encargo en medio de importantes cuestionamientos sobre su actuación al frente del organismo, en especial en casos violaciones graves a los derechos humanos, donde se mostró tibio y falto de firmeza para señalar las responsabilidades del Estado mexicano”.
Por último, Mejía Berdeja refrendó su solidaridad con familiares de las víctimas y con la ciudadanía en general e indicó que seguirán trabajando, desde la Cámara de Diputados, para que las autoridades correspondientes cumplan con sus funciones y abonen a que el Estado garantice el pleno ejercicio de los derechos humanos de las y los mexicanos.
25 enero, 2015 / Sin comentarios /
22 enero, 2015 / Sin comentarios /
EPN y SEDESOL: detengan la entrega de televisiones digitales a nivel nacional, hasta después de los comicios electorales del año 2015
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA AL TTITULAR DEL EJECUTIVO FEDERAL, Y A LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL FEDERAL, A QUE EN EL MARCO DE SUS FACULTADES, DETENGAN LA ENTREGA DE TELEVISORES DIGITALES COMO PARTE DE LA TRANSICIÓN DEL APAGÓN DIGITAL, HASTA DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LOS COMICIOS ELECTORALES DEL AÑO 2015.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) iniciaron el sábado 24 de mayo de 2014, en el estado de Tamaulipas, la entrega de televisores digitales con los que se busca lograr el apagón digital.
Con dicha etapa se preveía la entrega de 21,441 aparatos en Nuevo Laredo, de los 13.8 millones de televisores gratuitos que contempla el programa para todo el país.
“En esta etapa del programa, en total serán 107,000 personas beneficiadas en 17 municipios de la frontera noreste del país: 12 de Tamaulipas, 4 de Nuevo León y 1 de Coahuila”, informó la SCT en un comunicado de prensa. Dicha entrega concluyó en agosto, para dar inicio a la entrega en el centro del país en enero del presente año.
Los beneficiarios han sido y serán aquellas personas inscritas en el padrón nacional de beneficiarios de programas sociales de Sedesol. La entrega de televisores en la frontera norte del país terminará en agosto y en enero de 2015 iniciará para el centro del país.
Por ley, la transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT) en todo el país debe concluir el 31 de diciembre de 2015, lo que es conocido como “apagón analógico”.
Sin embargo, la repartición y entrega de televisores digitales, a la par que ha iniciado las campañas electorales, está funcionando como método para la compra de votos, promocionada desde el gobierno federal.
Aunado a esto, las pantallas que se están distribuyendo no se entregan con un dispositivo con acceso a internet, ni con un padrón transparente y con los mecanismos de control necesarios para la supervisión de dicha entrega.
Es decir, la entrega de estas pantallas es adecuada si es para el beneficio de la gente, pero no debe hacerse en época electoral, pues el único beneficiado con ello será el partido en el gobierno.
El apagón analógico en México inició en la ciudad fronteriza de Tijuana el 29 de mayo de 2013.
Sin embargo, 14,000 hogares no estaban preparados para la transición —solo contaban con una televisión analógica sin decodificador— por lo que se quedaron sin señal. Además el Instituto Federal Electoral (IFE) pidió restituir la señal analógica para no afectar las campañas electorales que se realizaban, lo que aplazó en los hechos la entrada en vigor de apago analógico, suceso que podría ser replicado a nivel federal hasta pasadas las elecciones a celebrarse el próximo mes de junio, lo que contribuiría a una mejor y más sana elección.
Es importante mencionar que, conforme a lo dispuesto por las leyes electorales en nuestro país, el uso de programas sociales para tratar de beneficiar a determinado partido en los comicios puede ser causa de nulidad de las mismas, y dado que este fenómeno podría suceder en todo el país, es necesario impedir de manera tajante que este programa continúe, a fin de no perpetuar el clientelismo y las malas prácticas electorales.
Primero.- Exhorta al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, a que en el ámbito de sus facultades, gire instrucciones a fin de que la entrega de televisiones digitales sea suspendida a nivel nacional hasta después del proceso electoral del 2015, en aras de que el mismo pueda realizarse sin clientelismo ni malas prácticas, garantizando el pleno derecho de las ciudadanas y ciudadanos a ejercer su voto libremente.
Segundo.- Exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, a que en el ámbito de sus facultades, gire instrucciones a quien corresponda a fin de que se integre y haga público un informe respecto a los criterios para selección de beneficiarios a quienes ha sido entregado o se entregará un televisor digital, a fin de que sea posible acceder a dicha información en un procedimiento de transparencia y rendición de cuentas.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de enero de 2015
PGJDF: investigue y resuelva el caso de Ti Kip Fernández Vilchis
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL A INVESTIGAR Y RESOLVER DE MANERA EXPEDITA Y CON ESTRICTO APEGO A LA LEY EL CASO DE TI KIP FERNÁNDEZ VILCHIS.
A través de la plataforma change.org, Luz del Carmen Vilchis Esquivel, denunció que el 9 de enero de 2014, su hija Ti Kip Fernández Vilchis “falleció atropellada por el Metrobús en la línea de Insurgentes a la altura de la calle de Encanto, a unos metros de la Estación Olivo”.[1]
Sin embargo, corrompieron el expediente en la Fiscalía de Álvaro Obregón. El que fuera un dictamen inicial de SEMEFO que describía que mi hija no tenía restos de drogas ni alcohol, fue sustituido por un documento espurio en el que se afirma que conservaron un fragmento de su hígado para emitir un informe posterior en el cual dicen que el órgano revela un porcentaje de 85/100 de alcohol.[2]
Aunado a ello, la denunciante alega que el expediente está conformado con una serie de elementos falsos, a la par de que no se realizaron las pruebas correspondientes a la unidad del Metrobús y, la pérdida de los cinco videos que contenían las pruebas fundamentales para corroborar el atropellamiento de la joven de 31 años.
Cabe destacar que existen varios casos de atropellamiento en donde las víctimas han perdido la vida, por ejemplo en el pasado mes de octubre, Omar Godoy Cabadilla de 25 años falleció tras haber sido arrollado por la unidad 067 de la Línea 2 del Metrobús, mientras paseaba a sus mascotas.[3]
Por su parte, el pasado mes de mayo “la unidad del Metrobús, identificada con el número económico 0018, atropelló a una mujer de 72 años, quitándole la vida. Esto sucedió al sur de la avenida Insurgentes, en la colonia Actipan, cerca de Barranca del Muerto.”[4]
O en el pasado mes de abril “un hombre de la tercera edad murió tras ser arrollado por una unidad de Metrobús de la Línea 4; en el cruce del Eje 5 Oriente -Javier Rojo Gómez- y la calle Río Florido, en la colonia Doctor Alfonso Ortiz Tirado, delegación Iztapalapa”.[5]
Sin embargo, el caso de Fernández Vilchis resulta alarmante ya que según su madre, se alteraron las pruebas de los hechos y, por ende, de un real ejercicio de justicia. Es por ello que, abogando por la exigencia de justicia que hace Luz del Carmen Vilchis Esquivel por su hija Ti Kip Fernández Vilchis, presentamos a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a investigar y resolver de manera expedita y con estricto apego a la ley el caso de Ti Kip Fernández Vilchis.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de enero de 2015.
[1] Change.org, “Justicia para mi hija muerta, atropellada por Metrobús”, [en línea], México, Dirección URL: http://chn.ge/1zsdf0o
[3] El Universal, “Salva a su perro pero él muere atropellado”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversaldf.mx/iztacalco/salva-a-su-perro-pero-el-muere-atropellado.html
[4] Revolución tres punto cero, “Metrobús atropella a mujer de 72 años”, [en línea], México, Dirección URL: http://revoluciontrespuntocero.com/metrobus-atropella-a-mujer-de-72-anos/
[5] El Universal, “Atropella Metrobús a adulto mayor en Rojo Gómez”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.eluniversal.com.mx/ciudad-metropoli/2014/atropella-metrobus-a-adulto-mayor-en-rojo-gomez-1007094.html
21 enero, 2015 / Sin comentarios /
Sistema anticorrupción y demagogia
Resulta frívolo, inconsistente e incongruente el planteamiento anticorrupción o de “integridad gubernamental”, del Ejecutivo federal Peña Nieto. De igual manera, la profusa propaganda electoral que utiliza el PAN en sus propuestas anticorrupción resultan también ofensivas, porque simple y sencillamente quienes detentaron el poder dos sexenios realizaron un sinfín de actos ilegales para disponer del erario, hacer negocios al amparo del poder y del tráfico de influencias, todo ello en beneficio de esa casta política y de los grupos de poder que lo mismo financian sus campañas, que las del partido revolucionario institucional.
Quienes desde la derecha enarbolan con hipocresía la bandera anticorrupción son los mismos que patentizaron un nuevo estilo de insaciable robo. Basta sólo con recordar el caso de Construcciones Prácticas S. A. de C. V. y su relación con los hermanos Jorge y Manuel Bibriesca Sahagún, hijos de otra ex primera dama Martha Sahagún, que utilizaron la información privilegiada y su posición en el poder para adjudicarse a precio de remate propiedades que tenía el Instituto de Protección para el Ahorro Bancario (IPAB).
Todavía en el sexenio del señor Fox, el fiel escudero de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y presidente del Partido Acción Nacional, Cesar Nava Vázquez, siendo en el año 2002 Director Jurídico de PEMEX, fraguó una de las omisiones jurídicas más lamentables que se convertiría en un mega fraude a la entonces paraestatal, este hecho consistió por presuntamente participar en una conspiración criminal de las empresas Siemens y SK Engineering para defraudar a la petrolera durante las obras de reconfiguración de la Refinería de Cadereyta ya que en mayo de 2002, Nava ordenó a una subordinada abstenerse de cobrar dos cartas de crédito por 102.8 millones de dólares que servirían para compensar violaciones contractuales de estas dos empresas, extrañamente y con la complicidad de la actual administración se presentó una demanda en una Corte de Nueva York, misma que no prosperó por omisiones de la actual dirección jurídica que encabeza una herencia del calderonismo llamada Marco Antonio De La Peña. ¿Coincidencias? ¡No!
Ya en el sexenio del haiga sido como haiga sido, ojo, no HIGA o del manos limpias; se desataron impunemente los actos de corrupción, ni la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, ni la de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, ni tampoco la de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni mucho menos el novedoso e incorruptible compranet y ni el entonces zar anticorrupción hoy con fuero Salvador Vega Casillas, Secretario de la Función Pública, pudieron detener o fueron cómplices de los actos de corrupción perpetrados desde el círculo del poder por los más cercanos colaboradores de Calderón Hinojosa y que no pueden hasta hoy en día explicar la procedencia de sus cuantiosas fortunas, la forma de enriquecimiento patrimonial y mucho menos la procedencia del mismo.
Casos emblemáticos, el de Amado Yáñez con su empresa Oceanografía y su relación de Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a Gobernador de Campeche y ex funcionario de Pemex Exploración y Producción (PEP), ya que éste firmo a nombre de ésta un adendum millonario a un contrato con Oceanografía cuando ya no se encontraba en funciones dentro de la empresa, llevan a preguntar: ¿A cambio de qué Ávila Lizárraga realizó esta millonaria, temeraria y corrupta acción?
También resaltan Georgina Kessel, que siendo secretaria de energía le fue asignado por medio de la Comisión Federal de Electricidad, según mediante un proceso de licitación internacional, un contrato de 605 millones de dólares a la empresa española Iberdrola, consistente en la obra que consistía en trabajos para aumentar la capacidad de generación de energía de la Central Nuclear de Laguna Verde, objetivo que no se ha logrado llevar acabo a pesar de que los trabajos se terminaron hace más de año y medio; además de estos contratos, el consorcio español se despachó con la cuchara grande en la instalación y venta de energía a la CFE generada por los parques eólicos que instaló, está en el Istmo de Tehuantepec, lo malo o extraño de todo esto es que al terminar su gestión en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, la señora Kessel fue recompensada por esta transnacional y fue nombrada consejera independiente de la misma.
Podemos aquí hacer una interminable lista de tráfico de influencias y pago de favores entre funcionarios del PRIAN con empresas particulares nacionales y extranjeras.
Adrián Lajous fue director de Pemex (1994-1999), siguiendo los mismos pasos del ex jefe Ernesto Zedillo, ahora participa en la junta directiva de la petrolera trasnacional Schlumberger. Después de ser estar al frente de la paraestatal, Lajous logró ser incluido en el consejo de ocho multinacionales, tan exitosas, que en conjunto lograron contratos por 73 mil millones de pesos con PEMEX, seguramente traficando con información privilegiada.
Caso aparte es el del exdirector de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Néstor Félix Moreno Díaz, quien recibió sobornos; entre éstos, el yate Dream Seeker, cuyo valor se estima en 1 millón 800 mil dólares, así como un automóvil Ferrari Spyder de 297 mil dólares y dinero depositado a través de su cuenta American Express, todo ello derivado de actos de corrupción conflagrados desde hace por lo menos 12 años continuos, lo que indica que el funcionario siempre contó con la protección de los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y por supuesto del director transexenal de la CFE Alfredo Elías Ayub.
Casos igual de graves han sucedido en los estados de la República en donde exgobernadores de todos los partidos, han improvisado millonarias fortunas siendo únicamente procesado el caso de Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco, derivado de la transición democrática que se dio en aquella entidad del sur del país. Los Moreira en Coahuila, Ulises Ruíz en Oaxaca, Fidel Herrera en Veracruz, Luis Fernando Reynoso Femat en Aguascalientes y una lista interminables de presidentes municipales, diputados federales y locales, que abusando del poder y la representación de sus electores han fraguado jugosos negocios a través de contratos que cabildean con diferentes autoridades de los tres niveles de gobierno.
Por eso seguimos sin creer el discurso de Enrique Peña Nieto y de los priistas, que en su propuesta constitucional de integridad pública, plantean un Consejo Nacional Anticorrupción encabezado por él e integrado por los gobernadores de los estados y también reprobamos la hipocresía del marketing político de Acción Nacional de enarbolar y arengar la misma causa, si en los hechos y en la práctica parlamentaria son cómplices de sus aliados priistas.
20 enero, 2015 / Sin comentarios /
No existe una estrategia nacional clara y objetiva para atender el problema de violencia e inseguridad: Ricardo Mejía Berdeja
La Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán ha dado precarios resultados en la materia.
Un atentado contra el Estado de Derecho que no se ejerza la justicia de manera igualitaria y sin distingos de ningún tipo
“Seguimos presenciando la falta de una estrategia clara y objetiva para atender el grave problema de violencia e inseguridad que ha permeado en el país y que en la última década se ha encrudecido, afectando así a millones de mexicanos a lo largo del territorio nacional”, expresó el Diputado Federal por Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja.
En dicho tenor, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro indicó “ejemplo de ello son los precarios resultados que ha dado Alfredo Castillo, Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en Michoacán, en el año que lleva en dicho cargo; esto porque la población michoacana sigue sufriendo los amargos efectos del estado de inseguridad que vive la entidad y, que ha provocado que los michoacanos continúen viviendo con temor y desconfianza”.
Al respecto, cabe destacar que Alfredo Castillo compareció esta semana ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde fue interrogado por diputados y senadores respecto a los resultados de las acciones emprendidas en el marco del llamado “Plan Michoacán”.
“Si hacemos un análisis de la situación que vive Michoacán podemos observar que siguen presentándose enfrentamientos, homicidios, extorsiones y otro tipo de delitos relacionados con las actividades de los grupos del crimen organizado, aunado a la cuestionable actuación de las instituciones encargadas de velar por la paz y tranquilidad de quienes habitan dicha entidad”, expresó Mejía Berdeja.
Por último, el legislador federal señaló que no se puede aplicar la ley a discreción y como forma de intimidación “resulta sumamente grave que se esté protegiendo a criminales y que, en cambio, con mano dura se aplique la ley de manera expedita en contra de personas que legítimamente se han defendido como José Manuel Mireles e integrantes de las llamadas autodefensas; es un atentado contra el Estado de Derecho que no se ejerza la justicia de manera igualitaria y sin distingos de ningún tipo”.
18 enero, 2015 / Sin comentarios /
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta H. Comisión Permanente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, al tenor de la siguiente:
Sin duda alguna, uno de los sectores más vulnerables en nuestro país es la población infantil y adolescente, empero actualmente la sociedad ha presenciado de manera gradual y sistemática la violación a los derechos de este sector a través de múltiples y sutiles prácticas de violencia que inciden en los procesos de formación y socialización de los menores.
En nuestro país, las niñas, niños y adolescentes han sido a lo largo de la historia un grupo con alto grado de vulnerabilidad, al considerarles únicamente sujetos del espacio privado, es decir del seno familiar, donde los padres, las madres o tutores invisibilizan, ejercen y justifican el maltrato físico y psicológico hacia las y los menores.
Así mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso, hasta el descuido negligencia explotación comercial de otro tipo, que origine un daño real potencial para la salud del niño, su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.
La familia es el primer contexto en el que iniciamos nuestro desarrollo cognitivo, afectivo y social y donde construimos una imagen de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Así también la familia ha sufrido diversas modificaciones culturales e históricas que han dado lugar a distintos tipo en cuanto a su conformación.
Sí bien los menores de edad tienen derecho a vivir en familia, actualmente tan sólo en la Ciudad de México hay cerca de 200 mil casos con estas particularidades, según datos de la Asociación de Madres y Padres Divorciados.
Esto ocurre cuando en ciertos casos de divorcio o separación está presente una patología, trastorno de personalidad o emocional en alguno de los padres.
Por lo que surge la necesidad de velar por el interés superior de la niñez, cuyo objetivo es garantizar el máximo bienestar posible través de medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales.
Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. En él se establece que los Estados parte garantizarán el acceso a dichos derechos independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.
Es necesario evitar y eliminar aquellas conductas por parte de alguno de los padres o tutores que mediante estrategias, transforma la conciencia de sus hijos con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre, con cualquier persona que tenga relación con el núcleo familiar y con la propia familia.
Esta conducta que realiza alguno de los padres o tutores es un tipo de violencia y abuso psicológico para las y los niños, quienes ven en sus padres la garantía de seguridad y bienestar frente al mundo exterior.
Las afectaciones que pueden tener las y los hijos con esta serie de conductas que realizan la madre o el padre afectan el desarrollo del menor.
Derivado de lo anterior, las y los hijos presentan una serie de alteraciones psicológicas y de conducta, que van desde niños que aparentan una madurez superior a la de su misma edad, pero que detrás de la misma se esconde un sufrimiento en silencio, hasta niños que son utilizados como confidentes del conflicto de pareja, produciendo así en el niño un sentimiento de culpa ante el otro progenitor.
Este tipo de conductas están latentes, por ello, es fundamental que el Estado garantice el interés superior de la infancia.
Es menester garantizar a las niñas y niños vivir en un ambiente libre de violencia, así como ser respetado en su persona, en su integridad, independientemente de la situación en que sus padres se encuentren ya sea en la disolución del vínculo matrimonial o una mera separación.
Es de suma importancia como legisladores contar con los ordenamientos jurídicos que contemplen las diferentes formas de violencia que coartan la libertad de los derechos de las y los menores de edad; y así avanzar hacia un México más justo, democrático y más solidario.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente proyecto DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 103 DE LA LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
Artículo Único. Se reforma la fracción IX del artículo 103 de la ley general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Artículo 103. Son obligaciones …
I-VII…
IX. Evitar conductas que generen cualquier tipo de violencia, rechazo o manipulación y desgasten, impidan, obstaculicen o destruyan las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de
éstos con quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y custodia o cualquier persona que tenga relación con el núcleo familiar así como con los demás miembros de su familia;
X-XI…
En casos…
Las leyes…
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de Enero de 2015.
15 enero, 2015 / Sin comentarios /
Exhorto a la PGJ del estado de Oaxaca investigue el asesinato del líder Triqui Julián González Domínguez
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTAR A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE OAXACA A INVESTIGAR, DE MANERA EXPEDITA, EL ASESINATO DE JULIÁN GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, DIRIGENTE DE LA ZONA TRIQUI DE LA RED INTERNACIONAL DE INDÍGENAS OAXAQUEÑOS.
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Ricardo Mejía Berdeja diputado integrante de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión y del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 6, fracción I y 79, numeral 2, fracción II del Reglamento de la Cámara de Diputados, presentan ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Punto de Acuerdo conforme a la siguiente.
De acuerdo a Laura Velasco Ortiz, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
Una forma de clasificar a las organizaciones (de indígenas migrantes entre México y Estados Unidos) consiste en agruparlas según su orientación transnacional o local.
De acuerdo con este criterio, un primer grupo de organizaciones lo forman el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional (FIOB), la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños (RIIO), la Coalición de Comunidades Indígenas Oaxaqueñas (Cocio), la Asociación Cívica Benito Juárez (ACBJ), la Organización Regional Oaxaqueña y Vamos por la Tierra. Este primer grupo de organizaciones actúa en California, Baja California y Oaxaca, y sus núcleos de activistas están en California y Oaxaca.[1]
En dicho tenor, es necesario destacar que en días pasados, Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui de la RIIO fue asesinado en el estado de Oaxaca. Según las declaraciones de Ana Velasco Cervantes, dirigente de dicha organización y de testigos, indican que
González Domínguez fue sacado de su hogar alrededor de las siete horas en la comunidad denominada La Brama Paraje Pérez del municipio de Santiago Juxtlahuaca por un comando de 10 personas a bordo de dos unidades, una de ellas una camioneta marca Ford tipo Lobo. El cadáver del dirigente fue localizado minutos después en la comunidad de San Isidro, de ese mismo ayuntamiento ubicado en la región de la Mixteca.[2]
Velasco Cervantes indicó “González Domínguez trabajaba en el conflicto agrario que mantenían las comunidades de Tierra Blanca y la Brama, por lo que ya había recibido anteriormente varias amenazas de muerte.”[3]
Asimismo, González Domínguez era integrante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la zona triqui, por lo que Salomón Jara Cruz, Consejero Nacional de dicha organización, publicó en sus redes sociales: “Hace aprox. 2 horas un comando saco (sic) de su casa al compañero Julián González y lo asesino (sic) cobardemente, ocurrido en Labrama paraje Pérez”.
La orientación transnacional, junto con su heterogéneo componente étnico, define el perfil panétnico-transnacional de estas organizaciones, agrupando comités locales y asociaciones propueblos de origen mixteco, zapoteco y triqui. No obstante que, en general, se sostienen en forma cotidiana por el activismo de un conjunto visible de líderes o representantes, aunque su legitimidad deriva de la capacidad para articular demandas de las asociaciones propueblos o bien de las comunidades-pueblo de las que emergen como representante.[4]
Al respecto, nos pronunciamos porque este cobarde asesinato sea esclarecido lo antes posible y que, el o los responsables de este hecho sea juzgado en estricto apego a la ley; asimismo hacemos un llamado para que la integridad personal de las y los líderes sociales, en este caso indígenas y de sus familias esté garantizada por el Estado mexicano. Por ello presentamos a esta H. Asamblea el siguiente resolutivo con
ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca a investigar, de manera expedita, el asesinato de Julián González Domínguez, dirigente de la zona triqui de la Red Internacional de Indígenas Oaxaqueños.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 14 días del mes de enero de 2015.
[1] Laura Velasco Ortiz, “Organizaciones de indígenas migrantes entre México y Estados Unidos”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.nacionmulticultural.unam.mx/acervo/libro/lib_018/lib_018_58.pdf
[2] La Jornada Zacatecas, “Asesinan a dirigente de la zona triqui en Oaxaca”, [en línea], México, Dirección URL: http://ljz.mx/2015/01/12/asesinan-dirigente-de-la-zona-triqui-en-oaxaca/
[3] ADN Sureste, “Ejecutan a líder Triqui perteneciente a RIIO)”, [en línea], México, Dirección URL: http://adnsureste.info/?p=25259
[4] Laura Velasco Ortiz, Op. Cit.
12 enero, 2015 / Sin comentarios /
Agresiones a periodistas, una constante: Ricardo Mejía Berdeja
• Necesario implementar los mecanismos para que el Estado mexicano garantice la seguridad de quienes ejercen el periodismo
• Nos sumamos a la exigencia ciudadana para que Moisés Sánchez aparezca con vida lo antes posible.
• La FEADLE debe contribuir a salvaguardar la integridad de las y los periodistas en México.
“Es necesario implementar y echar a andar los mecanismos ya existentes para que el Estado mexicano garantice la seguridad de quienes ejercen el periodismo, el derecho a informar e informarse no puede ser coartado por ningún motivo”, expresó el Diputado Federal por Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, como respuesta ante la desaparición del periodista Moisés Sánchez en los primeros días del año, en el estado de Veracruz.
“Sabemos que el gobernador Javier Duarte se ha caracterizado por su intolerancia e incapacidad de hacer valer la libertad de expresión en la entidad veracruzana, Moisés Sánchez debe aparecer con vida lo antes posible y para ello, nos sumamos a la exigencia ciudadana para que esto ocurra bajo la intervención de las autoridades correspondientes”, dijo el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Cabe destacar que, según datos de organizaciones como Artículo 19, Veracruz es el estado más peligroso de la República Mexicana para las y los periodistas, ya que registra el mayor número de homicidios presuntamente relacionados con el ejercicio de su profesión.
Asimismo, información dada a conocer por la misma organización, revelan que 2014 fue el año más peligroso para el periodismo mexicano desde 2007, sin embargo, uno de los datos que más causan impacto es el relacionado con que el 59 por ciento del total de agresiones es efectuada por funcionarios públicos, mientras que tan sólo el 6.7 por ciento proviene de grupos del crimen organizado.
“También debe señalarse que las y los periodistas han sido víctimas en fechas recientes de las acciones de represión que se han llevado a cabo en las diversas manifestaciones y protestas sociales, por ejemplo el pasado 25 de noviembre, Reporteros sin Fronteras tiene documentado que 14 periodistas resultaron con heridas durante las manifestaciones por los 43 estudiantes desaparecidos; cuestión que lamentablemente resulta una constante”, señaló.
Por último, Mejía Berdeja exhortó a la Procuraduría General de la República a que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), cumpla con su función y contribuya a salvaguardar la integridad de las y los periodistas en ánimos de que este oficio siga contribuyendo a la consolidación de la vida democrática del país.
11 enero, 2015 / Sin comentarios /
9 enero, 2015 / Sin comentarios /
Exhorto a la fiscalía general del estado de Nayarit a investigar los hechos ocurridos en contra de Julián López Cánare, miembro del consejo indígena Náyerit
PUNTO DE ACUERDO PARA EXHORTARA LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE NAYARIT A INVESTIGAR LOS HECHOS OCURRIDOS EN CONTRA DE JULIÁN LÓPEZ CÁNARE, MIEMBRO DEL CONSEJO INDÍGENA NÁYERI; A LA COMISIÓN DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL ESTADO DE NAYARIT A ATENDER LAS DEMANDAS DEL CONSEJO INDÍGENA NÁYERI Y DEL CONSEJO REGIONAL WIXÁRICA POR LA DEFENSA DE WIRIKUTA, REFERENTES AL PROYECTO HIDROELÉCTRICO DE LA CRUCES Y LA PRESA DE LA MAROMA QUE FORMAN PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS MINEROS EN WIRIKUTA; Y A LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES A CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD RELATIVA A LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL EN EL PROYECTO MENCIONADO.
A mediados del pasado mes de diciembre, en conferencia de prensa en el Distrito Federal, los integrantes y delegados por el Consejo Indígena Náyeri y el Consejo Regional Wixárica por la defensa de Wirikuta, Julián López Cánare y Ubaldo Valdez, respectivamente
Denunciaron la violación de los derechos de los pueblos Náyeri y Wixárica en la construcción de la presa Las Cruces y las mineras en Wirikuta. Denuncian que la Conagua y la CFE están haciendo consultas a modo para validar el proyecto hidroeléctrico de la Cruces y la presa de La Maroma que forman parte de la infraestructura de los proyectos mineros en Wirikuta, las comunidades son objetos de presión y manipulación de la información, condicionando apoyos federales y estatales e incitando a la división y la confrontación social.[1]
Asimismo, acusaron que como lo marca la legislación, no se les ha respetado su derecho a una consulta previa, libre e informada respecto al megaproyecto que se pretende construir en dicha región.
“El impacto social no se ha tenido en cuenta. Se hicieron estudios de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), como si el ser humano no tuviera importancia en este megaproyecto. Sólo lo ambiental. Nos ignoran, nos marginan en la construcción de la hidroeléctrica, pero hacen como si nos estuvieran consultando”, dijo en esa ocasión Julián López.[2]
Sin embargo, tras haber realizado esta denuncia, cuatro días después, es decir el 22 de diciembre, Julián López Cánare fue privado de su libertad en la cabecera municipal de Ruiz, Nayarit
Fue interceptado por cuatro individuos a bordo de una camioneta tipo pick up de modelo reciente que lo subieron por la fuerza a la cabina del vehículo y lo retuvieron ilegalmente por un lapso aproximado de seis horas. Además de robarle su agenda, directorio y el efectivo que traía, le advirtieron que sabían quién es, qué hace y sus “movimientos”.[3]
Hechos que, aparentemente están relacionados con la denuncia en cuestión, por lo que es necesario garantizar la seguridad de los integrantes de las comunidades que acusan este tipo de anomalías que atentan al medio ambiente y a los derechos humanos de sus habitantes. En dicho tenor,
Julián explicó que no sólo están afectando a sus creencias y cultura sino también al tejido social: “Se están comenzando a dividir las comunidades y familias por este ofrecimiento del megaproyecto. Unos estamos en oposición, otros están siendo convencidos para que lo acepten. Se empiezan a dividir las comunidades por esta labor de convencimiento”. Por su parte, Ubaldo Valdez, del Consejo Regional Wixárika por la defensa de Wirikuta, aseguró que los pueblos originarios están dispuestos a luchar por defender la vida.[4]
Por ello, resulta evidente la necesidad de, por un lado, salvaguardar su integridad y, por el otro, investigar de manera expedita, los hechos ocurridos en contra de Julián López Cánare a fin de que las denuncias realizadas no sean objeto de ningún tipo de violencia en contra de los líderes indígenas, ni de ningún habitante de dichas comunidades. Razones por las cuales, presentamos a esta H. Asamblea los siguientes resolutivos con
PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Fiscalía General del Estado de Nayarit a investigar los hechos ocurridos en contra de Julián López Cánare, miembro del Consejo Indígena Náyeri.
SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit a atender las demandas del Consejo Indígena Náyeri y del Consejo Regional Wixárica por la defensa de Wirikuta, referentes al proyecto hidroeléctrico de la Cruces y la presa de La Maroma que forman parte de la infraestructura de los proyectos mineros en Wirikuta.
TERCERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a cumplir con la normatividad relativa a la Evaluación de Impacto Ambiental en relación con referentes el proyecto hidroeléctrico de la Cruces y la presa de La Maroma que forman parte de la infraestructura de los proyectos mineros en Wirikuta.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes de enero de 2015
[1] Crónica, “Denuncian violación de los derechos de los pueblos Náyeri y Wixárica en Nayarit”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.cronica.com.mx/notas/2014/874210.html
[2] SinEmbargo.mx, “Líder indígena, opositor de hidroeléctrica, da discurso en DF y en Nayarit lo ‘levantan’”, [en línea], México, Dirección URL: http://www.sinembargo.mx/24-12-2014/1200202
[3] Hijos de la Tierra, “Secuestro y retención ilegal de Julián López Cánare, representante del Consejo Indígena Náyeri”, [en línea], México, Dirección URL: http://hijosmadretierra.blogspot.mx/2014/12/secuestro-y-retencion-ilegal-de-julian.html
[4] SinEmbargo.mx, Op. Cit.
Se exhorta a la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos en contra de la libertad de expresión de la PGR, brindar protección eficiente, pronta y expedita a las personas periodistas en Veracruz
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS COMETIDOS EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LA PGR; AL MECANISMO DE PROTECCIÓN PARA PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS. HUMANOS Y PERIODISTAS Y A LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE VERACRUZ, A BRINDAR PROTECCIÓN EFICIENTE, PRONTA Y EXPEDITA A LAS PERSONAS PERIODISTAS, Y INVESTIGAR LOS HECHOS DE AMENAZAS Y VIOLENCIA EN CONTRA DE LOS PERIODISTAS Y COMUNICADORES EN DICHO ESTADO.
A pesar de que el gobierno del estado de Veracruz ha anunciado, en voz del gobernador o de otros funcionarios, que la inseguridad y la violencia en dicha entidad ha disminuido, sin embargo, en reiteradas ocasiones y por diversos acontecimientos, los hechos desmienten las declaraciones optimistas sobre la situación que impera.
Desde el años 2011, 10 periodistas y profesionales de la comunicación han sido asesinados en Veracruz, además de que se han registrado diversas agresiones contra el mismo sector. En consecuencia, a principios de 2014 la organización Artículo 19 catalogó a ese estado como la entidad más peligrosa de América Latina para ejercer el periodismo, con base en los múltiples casos documentados por la organización, que ha demostrado que los ataques han sido presuntamente cometidos tanto por grupos de delincuencia organizada, como por funcionarios públicos.
En el año 2012, y tras diversas denuncias hechas por parte de periodistas, el gobernador Javier Duarte propuso la creación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, iniciativa que fue aprobada por el congreso local, creando un organismo con facultades para ordenar medidas de detención o protección para evitar que los ataques o amenazas a personas periodistas se consumaran.
Sin embargo, a más de 2 años de su creación, el organismo ha demostrado ser ineficaz, y la medida pareciera ser más un intento fallido por brindar certeza, que un instrumento verdaderamente eficiente para la protección de periodistas.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene registro de cuatro periodistas desaparecidos en Veracruz desde 2010, y desde ese mismo año las averiguaciones previas por actos en contra de periodistas y comunicadores también se han incrementado, y hasta el 31 de octubre de 2014 se registraban 57 en total, desde 2010 hasta 2014, mas de 14 por año.
En lo que va de 2015, la situación de violencia y peligro que enfrentan los periodistas parece no dar tregua, pues el pasado 2 de enero el periodista José Moisés Sánchez Cerezo se convirtió en el primer periodista del año en ser secuestrado.
Con lujo de violencia un comando armado irrumpió en el domicilio del fotorreportero y activista social, sacándolo y llevándose también su computadora, cámara fotográfica, así como varios equipos celulares, según informó AGNVeracruz.
Familiares de Sánchez Cerezo indican que conforme a los testimonios de vecinos, al domicilio ubicado en e municipio de Medellín de Bravo, Veracruz, llegaron tres automóviles de los que descendieron varios hombres fuertemente armados, quienes ingresaron a la casa y posteriormente subieron a uno de los vehículos a José Moisés, todo esto alrededor de as 19:30 horas.
Los vecinos dieron aviso a la policía municipal, pero sus acciones fueron nulas y cuando finalmente arribaron al domicilio, indicaron que “no podían hacer ya nada”. Hasta el momento se desconoce el paradero de José Moisés Sánchez Cerezo.
El pasado 5 de enero, la Procuraduría General del Estado de Veracruz arrestaron a diversos integrantes de la policía municipal, como sospechosos de la desaparición del periodista.
De acuerdo a las declaraciones de Jorge Sánchez, hijo del periodista, su padre había publicado varias notas que incomodaban a las autoridades, incluído el alcalde de Medellín de Bravo, en el modesto semanario La Unión, propiedad de Moisés Sánchez Cerezo.
Según la organización Periodistas de a pie, en el semanario de Sánchez se denuncia principalmente la corrupción de las autoridades municipales y los vacíos de poder, publicando las quejas ciudadanas como el robo de cobre e informes como las muertes violentas que se han vuelto cotidianas en los recientes meses.
Por lo antes expuesto y fundado, y ante la falta de seguridad que persiste en el estado de Veracruz en contra de las personas periodistas, comunicadores e incluso defensores de derechos humanos, sometmos a su consideración el siguiente:
Primero.- Exhorta a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión de la PGR a coadyuvar con la Procuraduría Estatal en las investigaciones relacionadas con los hechos de violencia que incluyen homicidios, secuestros y amenazas contra periodistas en el estado de Veracruz.
Segundo.- Exhorta al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a atender de manera eficiente, pronta y expedita las solicitudes hechas a nombre personal o por terceros, a favor de las personas periodistas del estado de Veracruz que hayan sufrido o sufran amenazas, y a quienes han sido víctimas de actos de violencia y sus familias.
Tercero.- Exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz a investigar con la debida diligencia los hechos de violencia cometidos en contra de las personas periodistas y comunicadores en la entidad.
8 enero, 2015 / Sin comentarios /
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XII del Artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.
El proponente RICARDO MEJÍA BERDEJA, diputado integrante del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta H. Comisión Permanente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD, al tenor de la siguiente:
Contemplar a los jóvenes como un factor estratégico para el desarrollo del país, conlleva a diseñar e implementar una política de Estado que cuente con las instituciones, planes y programas que garanticen el desarrollo pleno e integral, en condiciones de igualdad, no discriminación, libre de violencia y tolerante respecto a la diversidad social.
Así hoy en día nuestro país cuenta con índices altos en materia de criminalidad donde los jóvenes son la carne de cañón y el sector que grupos delincuenciales recluta bajo amenazas. Somos un país donde los jóvenes a edad más temprana consumen alcohol, tabaco y drogas, sin información previa sobre los efectos y consecuencias en el consumo y abuso de estas substancias. Sin embargo el consumo y abuso de estas substancias, son consideradas fugas que utilizan los jóvenes ante un panorama desolador, ante la falta de oportunidades y de esperanza en un contexto impregnado de criminalidad y discriminación.
Ante tal situación surge la imperiosa necesidad de impulsar espacios para la convivencia sana así como actividades que permitan desarrollar capacidades y acrecentar habilidades que los doten de una mejor salud mental y física; para con ello contemplarlos como punto de ignición y actores estratégicos fundamentales para el cambio social.
Así el deporte en sus múltiples y variadas manifestaciones, se ha convertido en una de las actividades sociales con mayor facultad de atracción y capacidad de movilización y convocatoria. Coadyuvando a la formación integral del ser humano y con ello al contexto social armonioso y pacífico, caldo de cultivo para fomentar los valores que permitan a la sociedad mexicana reconstruir el tejido social fragmentado en la crisis humanitaria que hoy en día vivimos y donde los jóvenes son uno de los grupos más vulnerables ante la realidad actual.
“El deporte es uno de los motores fundamentales del desarrollo social y político. Constituye un pilar básico del desarrollo del Estado, de la cohesión social y del desarrollo económico. Es un corrector de desequilibrios sociales, un favorecedor de la inserción social y además fomenta la solidaridad. A tenor de lo expuesto, es preciso seguir fomentando su práctica, y seguir apostando por el carácter pacificador del deporte y por su efecto como catalizador de la sociedad. De hecho, cuanto más desarrollada está una sociedad más práctica deportiva se realiza; resultando, en este sentido, un elemento básico de solidaridad e igualdad”.[1]
Datos de la Encuesta Nacional de Valores en Juventud 2012 realizada por el Instituto Mexicano de la Juventud[2], muestra que para los jóvenes la mejor manera de usar su tiempo libre es “viendo televisión” (51%), “escuchando música” (41.6%) y “dormir o descansar” (30.3%) y donde la actividad física o deporte tiene un 15.7%.
Por ello la necesidad de contemplar al deporte como un elemento clave, como un fenómeno social multifactorial, que tiene la capacidad de fomentar un amplio abanico de valores, forjar carácter, liderazgo, cohesiona socialmente, mueve masas, así también es un factor de unidad e identidad nacional.
Por otra parte el binomio salud-deporte es fundamental para una óptima calidad de vida, condiciona a una sociedad a adquirir mejores hábitos y mayor disciplina, ésta entre muchas otras más es una de las razones que permitiría disminuir la morbilidad y hacer de la sociedad mexicana una población sana desde temprana edad.
Hoy en día 7 de cada 10 adultos tienen sobrepeso u obesidad y 1 de cada 3 niños tienen sobrepeso u obesidad; 1 de cada 3 adultos padece hipertensión. México es el primer lugar entre los países de la OCDE en prevalencia de diabetes mellitus en adultos (OCDE).
La esperanza de vida en México es de 76.9 años; sin embargo, por primera vez existe el riesgo de que las siguientes generaciones vivan menos que nosotros, debido que la inactividad física es la cuarta causa de muerte a nivel mundial (OMS).
Sólo 33% de los niños y adolescente pasa menos de dos horas diarias frente a una pantalla. Del resto, casi la mitad dedica más de cuatro horas a esta actividad sedentaria . La prevalencia de inactividad física en adultos aumentó 47.3% entre 2006 y 2012 y aproximadamente 81.8% de las actividades reportadas durante el día por los adultos son sedentarias o inactivas.[3]
Sólo el 21.5% de la población tiene un nivel suficiente de actividad físico-deportiva, y donde la falta de tiempo es la causa principal por la que casi la mitad de las personas sedentarias no se activan. [4]
Requerimos de un Estado de Derecho socialmente responsable, justo y equitativo, garante de los derechos sociales, donde el deporte constituye un elemento esencial en la sociedad moderna y en el sistema educativo de todos los países. La práctica de cualquier modalidad deportiva es fundamental para el mantenimiento de la salud física y mental, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad.
Por lo anterior, es menester que el Instituto Mexicano de la Juventud cuente con los elementos que le permitan implementar una política de juventud que tenga un impacto real en los jóvenes de nuestra sociedad, así al incorporar al deporte como un elemento para impulsar una mejor calidad de vida, permitirá dotar a los jóvenes de una actividad física que acreciente y fomente valores, que les permitan ser sujetos con mayor consciencia social sobre sí mismos, sobre sus capacidades y habilidades.
Por lo anteriormente fundado y expuesto, someto a la consideración de esta H. Comisión Permanente el siguiente proyecto DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DEL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD.
Artículo Único. Se reforma la fracción XII del artículo 4° de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
Artículo 4.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I – XI…
XII. Diseñar, implementar y ejecutar, con una perspectiva de transversalidad, programas destinados al aprovechamiento de las capacidades y potencialidades de los jóvenes: en su desarrollo económico y productivo, a través de la incorporación laboral, de la asignación de fondos destinados a la generación y fortalecimiento del autoempleo donde los jóvenes tengan participación directa ya sea en su creación, desarrollo o inclusión laboral; en su desarrollo social, a través del conocimiento, aprecio y creación de la cultura en los ámbitos de expresión de las artes, del deporte y del humanismo, la organización juvenil, el liderazgo social y la participación ciudadana; y en general en todas aquellas actividades que, de acuerdo a su capacidad presupuestal, estén orientadas al desarrollo integral de la juventud;
XII –XVI…
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 7 días del mes de Enero de 2015.
[1] Arco, Javier del Arco. Interrelación entre actividad Deportiva y Desarrollo Socioeconómico. Universidad Europea de Madrid España.
[2] México, IMJUVE-IIJ,UNAM, 2012. Área de Investigación Aplicada y Opinión. Encuesta nacional en vivienda de 5000 casos. http://www.imjuventud.gob.mx/imgs/uploads/ENVAJ_2012.pdf
[3] Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012
[4] http://www.mexicanosactivos.org/articulo/por-que-queremos-mexicanos-act ivos
Indispensable en 2015 replantear el sistema político mexicano: Ricardo Mejía Berdeja
Revertir los efectos negativos de las reformas estructurales, mejorar la situación económica, atender el problema de corrupción, garantizar el ejercicio de los derechos humanos, y las elecciones próximas, retos de 2015.
“El año que acaba de comenzar representa la mejor oportunidad para hacer un replanteamiento del funcionamiento del sistema político mexicano ya que si hacemos una revisión de, por lo menos la última década, podríamos hacer una lista de alarmantes acontecimientos que nos han afectado como nación y que ahora exacerban la crisis por la que el país atraviesa” señaló el Diputado Federal Ricardo Mejía Berdeja, Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
En dicho tenor, el también Secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales indicó que uno de los grandes retos de 2015 será revertir los efectos negativos de las reformas estructurales aprobados por la actual legislatura “estamos conscientes de que una de las afectaciones más graves de los albazos legislativos que, en el marco del Pacto por México, el PRI y sus aliados dieron en contra de la ciudadanía, está reflejada en la economía familiar, por ejemplo el precio del gas, la luz y la gasolina no ha disminuido, contrario de lo que no anunciaban en sus costosos spots; a la par de la caída en el precio del petróleo mexicano y de la depreciación del valor del peso frente al dólar”.
Por otro lado, Mejía Berdeja recordó “uno de los grandes pendientes en el país está relacionado con la corrupción, sobre todo en casos tan emblemáticos como el del Grupo HIGA y la Casa Blanca, por ello se necesita un verdadero sistema anticorrupción, de transparencia y rendición de cuentas en el gobierno mexicano con la finalidad de que este tipo de hechos no sigan ocurriendo y, en caso de suceder, se finquen las responsabilidades pertinentes, tal y como se debe hacer con Juan Armando Hinojosa y con las personas involucradas en la red de complicidades”.
Asimismo, el legislador de Movimiento Ciudadano exhortó a las autoridades e instituciones correspondientes a salvaguardar el estado de los derechos humanos en el país con la final de garantizar que las y los mexicanos los ejerzan sin ningún tipo de limitante.
“Uno de los lamentables hechos que marcarán la historia del país es lo sucedido con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa; concluyó el año y no vimos respuestas convincentes y claras por parte del Ejecutivo Federal ni del encargado de la procuración de justicia en este país, por lo que seguiremos sumándonos a familiares de las víctimas y a millones de personas que han hecho suya la demanda de justicia”, dijo.
Por último Mejía Berdeja hizo mención del reto que representan las próximas elecciones intermedias en el país ya que es necesario garantizar la seguridad en todas las entidades a la par de cumplir con lo señalado en la legislación electoral, cuestión que será un importante desafío para el desarrollo de la vida democrática nacional.
4 enero, 2015 / Sin comentarios /