Source: https://www.scribd.com/document/139480424/De-La-Maza-Sociedad-Civil
Timestamp: 2019-10-17 00:47:50
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De La Maza, Sociedad Civil | Estado (Forma de gobierno) | Democracia
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cp10Construcción de formas de resistencia política- el caso del Frente Social y Político.(Notas para un debate.) - Alejo Vargas Velásquez
Tarea Académica Curso Organización del Estado y Derecho Público -CUACO IE BOLOGNESI (1)
SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA EN CHILE*
Gonzalo de la Maza E.
Documento de Trabajo preparado para el Proyecto Regional Comparativo Sociedad Civil y Gobernabilidad Democrtica en Los Andes y Cono Sur de la Fundacin Ford y el Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Catlica del Per. Publicado en Panfichi, Aldo: Sociedad Civil, Esfera Pblica y Democracia en Amrica Latina. Andes y Cono Sur. Fondo de Cultura Econmica, Mxico, 2003.
2 Resumen La sociedad civil chilena tiene una trayectoria de organizacin de ms de cien aos y su desarrollo se ha vinculado fuertemente a la dinmica poltica, especialmente a partir de los aos veinte. Las profundas diferencias sociales existentes en el pas se expresan tambin en la sociedad civil y sus orientaciones. El golpe militar de 1973 y la dictadura de diecisis aos que le sigui, transform el escenario social, poltico y econmico del pas, acabando con la pauta de desarrollo sostenida durante los cuarenta aos anteriores, que permita la inclusin parcial de diversos sectores en un marco institucional y poltico compartido. Actualmente la sociedad chilena est marcada por un dinamismo econmico de raz neoliberal con la consecuente concentracin de ingresos y fortalecimiento del gran capital privado y un debilitamiento de los vnculos sociales. La participacin social es dbil y las principales organizaciones han perdido su peso tradicional. Se ha fortalecido el gran empresariado y su influencia en la sociedad civil y ha surgido una amplio conjunto de organizaciones sin fines de lucro, que coexisten con las tradicionales impulsadas por la iglesia. La democratizacin alcanzada hasta ahora en el marco de la transicin poltica desde 1990, no ha modificado el marco socioeconmico estructural heredado de la dictadura, no ha recuperado el rol r e gul a dor de l e s t a do e n r e a s c l a ve s , no ha l ogr a do i nvol uc r a r l a pa r t i c i pa c i n s oc i a l , ni disminuir las desigualdades de poder existentes en la sociedad, todos ellos factores que limitan severamente el desarrollo de la sociedad civil. Esta se expresa de un modo fragmentado y dbil, no est articulada por proyectos sociopolticos como en el pasado y se separa crecientemente de la institucionalidad existente. Ms que la emergencia de nuevos actores sociales a partir de los cambios econmicos y polticos, lo que se observa en los aos r e c i e nt e s e s una r e or ga ni z a c i n y r e a c t i va c i n pa r c i a l de gr upos t r a di c i ona l e s a n vi nc ul a dos al estado (profesores, estudiantes de universidades pblicas, gremios de la salud) o que, sin estarlo, logran dirigir sus demandas como presin poltica hacia ste (comunidades mapuches, gremios portuarios, gremios del transporte).
3 Introduccin En este trabajo se analizan las relaciones entre la sociedad civil y la gobernabilidad democrtica -que denominaremos gobernanza- en Chile. Se realiza una revisin histrica de dichas relaciones para luego profundizar en los cambios producidos por el largo rgimen militar chileno (1973 - 1990) y los efectos que ello produjo. La perspectiva conceptual que se utiliza sobre sociedad civil parte comprendindola como el espacio intermedio entre el estado y los hogares, espacio en el cual se producen mltiples asociaciones autnomas y voluntarias de individuos, con diferentes objetivos1. Al vincular estas asociaciones voluntarias y autnomas con el tema de la gobernabilidad (y por lo tanto con la poltica y la gestin del estado), el espacio intermedio cobra relieve, privilegindose algunos aspectos de la sociedad civil por sobre otros. Particular inters revisten aquellas or ga ni z a c i one s de l a s oc i e da d c i vi l que pr opone n or i e nt a c i one s y r e or i e nt a c i one s pa r a l a gestin del estado y que plantean su discurso en el espacio pblico, ligando la defensa o promocin de sus intereses y aspiraciones particulares a aspectos ms generales de la organizacin social. La sociedad civil as definida es enormemente diversa; sin embargo la diversidad pertinente para el enfoque de gobernabilidad democrtica es aquella que se percibe entre las diferentes propuestas de organizacin social que emanan de los actores de la s oc i e da d c i vi l . La denominacin de gobernanza para el problema que nos ocupa responde a la comprensin ms amplia del problema democrtico, incluyendo en l los niveles de democratizacin de la propia sociedad y no slo los asuntos jurdica y administrativamente considerados como gubernamentales. Tradicionalmente se ha utilizado el trmino ingls governability (traducido como gobernabilidad), pero no ha ocurrido lo mismo con gove r na nc e , r e duc i e ndo a s e l s i nt t i c o c onc e pt o pr opi o de l ha bl a c a s t e l l a na de gobi e r no , a sus dimensiones estatales y procedimentales. Queremos enfocarlo aqu de un modo ms amplio. Consideramos el ejercicio del poder, la gobernanza, no como un atributo exclusivo de los gobiernos, sino tambin perteneciente a la sociedad y el mercado. Por tanto la manera en que el sistema resuelve conflictos sociales y la subsiguiente distribucin de sus costos y beneficios, dependen tanto del rgimen poltico como del proceso de toma de decisiones y de la capacidad de ese rgimen para implementar y ejecutar las decisiones. Esto implica que la distribucin final de los costos y beneficios entre los actores del mercado, el estado y la sociedad civil depende de como gobernamos, y de la distribucin del poder entre esas tres esferas2 Por otra parte, cmo hablar de la sociedad civil como una entidad, sabiendo que se trata de una realidad diferenciada y fragmentada internamente, particularmente si nos interesa considerar las propuestas que de ella surgen? No se puede suponer una unidad de propsitos y proyectos polticos. Al contrario, el campo de la sociedad civil est permanentemente
1 James Manor, Civil society and governance. A concept paper. Mimeo, 1998. 2 Alfredo Rodrguez y Lucy Winchester, Ciudades, gobernanza y democracia en Amrica Latina. En: Proposiciones N 28, Santiago de Chile, 1998. P. 187. A medida que reconocemos que la sociedad civil se organiza en nuevos agrupamientos asociativos, a menudo en pos de estrategias de subsistencia en este cambiante modo de vincularse estado y sociedad civil, se hace mayor la importancia de reconsiderar nuestras nociones sobre gobierno en una dimensin ms amplia. De all la creciente atencin otorgada al concepto de gobernanza. Patricia McCarney y otros: Hacia una definicin de gobernanza. En: Proposiciones N 28, Santiago de Chile, 1998. P. 118.
4 atravesado por los proyectos y propuestas que provienen del campo poltico, especialmente desde el momento en que la poltica dej de ser asunto exclusivo de elites organizadas en los partidos polticos tradicionales. Cuando la poltica sale de palacio, para interpelar a la ciudadana, ofreciendo caminos de movilizacin y transformacin, comienza un intercambio recproco entre el estado y la sociedad civil, crecientemente constituida como un campo autnomo. La accin y discursos de sta tienen, a su vez consecuencias polticas ya que producen modificaciones a los procesos en curso, constituyen nuevos problemas, presionan a las autoridades, proponen reformas, sustentan o debilitan alianzas y acuerdos polticos, etc. Y tambin se autotransforma, debilitando o fortaleciendo a la propia ciudadana en su actuar. La sociedad civil ser entendida aqu, entonces como el campo de accin de la ciudadana, mantenindola como un mbito autnomo del estado, constituido por formas asociativas y circulacin de propuestas e ideas, que informan un dilogo permanente con el estado, influyndose mutuamente. La configuracin misma de la sociedad civil est determinada tambin por las caractersticas de los procesos econmicos y sus consecuencias sociales. El auge o declinacin de actividades productivas y sus consecuencias sobre el empleo, las migraciones y el nivel de vida; los procesos de industrializacin y urbanizacin; el crecimiento o disminucin del tamao del estado; la distribucin espacial del crecimiento econmico; son todos factores que inciden sobre los actores, sus intereses y relaciones al interior de la sociedad civil. La homogeneidad o heterogeneidad interna de la sociedad civil no slo est derivada de la existencia de mltiples formas organizativas y diversidad ideolgica, tambin nace de los efectos unificadores o disgregadores que van produciendo los procesos econmicos. Hechas las precisiones anteriores es posible fijar las preguntas pertinentes al problema de la sociedad civil y la gobernanza en Chile. En primer trmino se plantea el problema del estado: en qu medida el estado se construy expresando y recogiendo la realidad y aspiraciones de la sociedad civil? Si lo hizo, qu amplitud y diversidad de actores civiles fueron los considerados? El estado en su evolucin, hasta qu punto es permeable y posee mecanismos de vinculacin orgnica con las dinmicas de la sociedad civil? Se han producido cambios importantes en ese mbito? Por otra parte, cules han sido las formas construidas por la propia sociedad civil para organizarse e influir sobre los asuntos pblicos? De qu modo ha participado y/o resistido las orientaciones provenientes del estado? Manifiesta tendencias a la unificacin y potenciacin internas que influyen sobre la gobernanza de la sociedad o se trata de un campo fragmentado y sin capacidad de articulacin? Hasta que punto ha dependido de la poltica en su dinmica interna? Por ltimo, cmo han sido y son las relaciones entre sociedad civil y estado? A travs de que mecanismos se realizan, como se influencian mutuamente y en que medida refuerzan o debilitan la democracia. 1. Perspectiva histrica sobre las relaciones entre la sociedad y el estado En Chile, se ha sealado, el estado no es producto de la nacin sino que la antecede y es actor relevante en la constitucin de un espacio nacional. Ello "politiza" necesariamente la reflexin sobre la sociedad, pues las modalidades de constitucin del estado resultan
5 determinantes para las relaciones sociales en el espacio nacional3. En el caso de sociedades de fuerte articulacin tradicional, con componente indgena culturalmente homogneo y economas campesinas, el estado no logra recubrir el espacio nacional y opera mas como ficcin jurdica y como realidad represiva. All son los propios sectores populares los que, dur a nt e e l t r a ns c ur s o de l pr oc e s o de i ndus t r i a l i z a c i n y ur ba ni z a c i n, ha n i do de s a r r ol l a ndo fragmentariamente la integracin nacional.4 En el caso chileno en cambio, la imagen del estado ha dominado la lectura de la sociedad. "El Estado es la matriz de la nacionalidad, la nacin no existira sin el Estado", afirmaba un connotado historiador chileno5. Se ha enfatizado tambin en la temprana constitucin de un estado nacional, basado sobre la unificacin de las clases dominantes como "administradoras" y subordinadas a la dominacin extranjera expresada en la economa de enclave6. Esta preeminencia estatal logra consolidarse institucionalmente pocos aos despus de lograda la independencia de Espaa -a pesar de la existencia de conflictos armados- ya que a partir de 1830 se estabiliza una dominacin poltica expresada en una Constitucin Poltica que dur noventa y dos aos e influy fuertemente en la dictada con posterioridad para reemplazarla (1925); la formacin de un ejrcito profesional y la expansin y fijacin de fronteras en la dcada de los ochenta. Como "conciencia nacional" ese estado haba completado su formacin a fines del siglo XIX, principalmente a travs de operaciones guerreras: la Guerra del Pacfico (l879 - 1883) que signific la incorporacin de importantes territorios en el norte del pas, pero que tambin tuvo consecuencias sociales de integracin nacional: la constitucin del "ejrcito del roto chileno" que integr simblica y profesionalmente a importantes contingentes populares y al mismo tiempo posibilit la incorporacin definitiva del territorio mapuche en el sur de Chile (1881) utilizando ese mismo ejrcito como fuerza de colonizacin interna. El estado surgido de los conflictos posteriores a la guerra de independencia (1810 - 1818), pudo sostener un rgimen poltico estable a pesar de los sucesivos conflictos armados tanto internos (1851, 1859, 1891), como externos (1837, 1865 y 1879) a lo largo del siglo XIX, pe r o no c ons t i t uy l a e xpr e s i n ge nui na de l os gr upos , i nt e r e s e s y pr oye c t os de l a s oc i e da d a la que rega. No solamente por el hecho de que tal orden fue en su momento impuesto por la fuerza, mediante la derrota de la fraccin liberal en el campo de batalla y porque exclua de hecho al 90% de la poblacin de los derechos polticos bsicos7. Tambin por aspectos de fondo que han tendido a estar presentes en diferentes coyunturas constitucionales.
3Desde un punto de vista general, este fenmeno ha sido analizado como caracterstico de las sociedades dependientes. En la medida que se trata de sociedades cuyas clases dirigentes estn a su vez subordinadas a burguesas extranjeras, se produce una autonomizacin del Estado como agente del desarrollo, en detrimento de la estructuracin de un sistema de relaciones de clase. "La forma general de la sociedad est determinada por su relacin con el capital extranjero; esta relacin es administrada o transformada por el Estado" Alain Touraine, Las Sociedades Dependientes. Mxico, 1978. 4 Un anlisis del caso peruano puede encontrarse en Carlos De Grgori y otros, Conquistadores de un Nuevo Mundo. Lima, 1985 5Ver: Mario Gngora, Ensayo histrico sobre la nocin de estado en Chile en los siglos XIX y XX. Santiago de Chile, 1981. 6Ver: Liliana de Riz, Sociedad y Poltica en Chile: de Portales a Pinochet. Mxico, 1979 7 La Constitucin de 1833 () excluy a: las mujeres; los chilenos que no tenan propiedad inmueble, ni capital invertido, ni un ingreso equivalente o superior a $200 anuales (o sea: cuatro veces el ingreso medio de un pen corriente); y a los sirvientes domsticos. La Ley Electoral de ese mismo ao agreg a los miembros del clero regular; a los soldados, cabos y sargentos del Ejrcito Permanente, y a los jornaleros y peones-gaanes.
Mirado histricamente pueden establecerse pautas sustantivas durante la historia poltica de Chile. En ellas se perfila ntidamente un arquetipo de construccin estatal, a saber: la transformacin de la diversidad civil en unidad poltica se ha logrado sustituyendo el dilogo ciudadano por un consenso operacional, que ha consistido en la imposicin de una determinada forma estatal (unilateral) con ayuda de las Fuerzas Armadas. La ilegtima tarea de alcanzar la homogeneizacin poltica de la sociedad a partir de un proyecto unilateral se ha resuelto con el uso de la fuerza8. Por otra parte los constituyentes designados por la autoridad () tendieron de modo invariable (1833, 1925 y 1973) a construir un modelo de Estado esencialmente poltico (no social, ni econmico); esencialmente liberal (no corporativo, ni socialista), y esencialmente centralista (no federal, ni comunal)9. A comienzos del siglo XX emerge con fuerza el conflicto social poniendo en jaque los modelos de integracin privados: la beneficencia de los adinerados y la autoorganizacin de los excluidos, sin participacin del estado. Al mismo tiempo se evidencia una ruptura violenta entre elites y sectores populares, quienes protagonizan violentos motines urbanos duramente reprimidos con apoyo de las fuerzas armadas10. Si bien la inestabilidad poltica va a durar en cierta medida hasta 1938, la intervencin reguladora del Estado en los conflictos s oc i a l e s s e pr oduc e a pa r t i r de l a di c t a c i n de l a s l e ye s l a bor a l e s e n 1924 ( ba j o pr e s i n militar), el Cdigo del Trabajo a fines de los veinte y la emergencia de representaciones polticas populares que junto con dirigir y canalizar la protesta popular empiezan a participar del sistema poltico (Partido Comunista en 1921 y Partido Socialista en 1933). Este proceso se estabiliza en 1938, con el gobierno del Frente Popular y dura hasta 1973. El sistema de relaciones laborales institucionalizado y la alta inclusividad del sistema poltico, van a marcar por varias dcadas las relaciones entre sociedad y Estado. Refirindose al sistema poltico, se ha afirmado que ste fue la "columna vertebral" que articul actores sociales y estado durante los cuarenta aos anteriores a 1973. Durante el perodo se ampla la participacin electoral, en el marco del pluralismo poltico, incluyendo tambin a las mujeres que a dqui e r e n de r e c ho a vot o e n 1949. A diferencia de otros pases latinoamericanos, en Chile la experiencia populista fue dbil y, al contrario, la constitucin de los actores populares estuvo permanentemente asociada a una dinmica que combinaba "protesta - mediacin poltica - regulacin estatal". La originalidad de la trayectoria histrica chilena se expresa en que no se produjeron importantes liderazgos caudillistas, aunque si figuras carismticas; los movimientos sociales no se estructuraron autnomamente, aunque la organizacin popular fue fuerte; y la constante ampliacin del sistema poltico tuvo su contraparte en importantes exclusiones sociales, como los campesinos y las masas urbanas pobres. De modo que frente a la visin del Estado "matriz de la nacin", hay que sealar el alto grado de constitucin de los actores sociales. Es decir, no se trat simplemente de un fenmeno de "cooptacin poltica" o de subordinacin y movilizacin heternoma de masas
Esta situacin dur hasta 1914. Gabriel Salazar y Julio Pinto, Historia contempornea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadana. Santiago de Chile, 1999. P. 89. 8 Ibid. P. 20. 9 Gabriel Salazar, Construccin del Estado en Chile: la historia reversa de la legitimidad. En: Proposiciones N 24. Santiago de Chile, 1994 P. 94. 10 Ver: Mario Garcs, Crisis Social y Motines populares. Santiago de Chile, 1992.
7 desorganizadas. En una comparacin con los pases vecinos destaca la trayectoria "clasista" del movimiento obrero y el radicalismo y alta movilizacin de los movimientos poblacionales durante el perodo 1960 - 1973. Por otra parte, en los ltimos aos se ha investigado el importante grado de autonoma histrica desarrollado durante el siglo XIX por los sectores campesinos peonales; trayectoria hasta hoy oscurecida por el predominio de la historiografa "heroica" del movimiento obrero nacido entre los trabajadores de las explotaciones salitreras11. Si bien los anlisis sociolgicos e histricos realizados despus de 1973 han tendido a enfatizar la importancia y centralidad del estado en la constitucin de la sociedad chilena -y de paso el "estatalismo" de las concepciones polticas- esto no puede llevar a menospreciar la existencia de actores sociales que desarrollaron importantes grados de sociabilidad e identidad propias. Limitar el anlisis a la insercin poltica de dichos sectores o al comportamiento de los partidos que reclamaron su representacin, es eludir justamente el punto que requiere ser interpretado: la existencia simultnea de integracin poltica -parcial, subordinada- y de autonoma social. Si bien es cierto que el conflicto tenda a canalizarse en presiones hacia el estado, no lo es menos que esas presiones eran expresadas por actores definidos y poderosos. Puede decirse, en consecuencia, que la relacin entre la sociedad y el estado estuvo marcada al mismo tiempo por aquellos rasgos propios de las sociedades dependientes (autonoma del estado, fusin de los conflictos) y por un grado significativo de constitucin de actores (unidad de las clases dominantes, autonoma del movimiento obrero "clasista"). Esto permite entender la alta capacidad de transformacin que mostraba la sociedad chilena. Durante los aos sesenta se empieza a manifestar una crisis del modelo de dominacin que altera las relaciones entre la sociedad y la poltica y que culmina en la ruptura institucional de 1973. 2. La sociedad civil Si bien no son abundantes los estudios sobre el desarrollo de la sociedad civil chilena, pueden destacarse algunos rasgos principales. Uno de ellos es la temprana constitucin de organizaciones sociales de los sectores medios y populares desde la segunda mitad del siglo pasado. Desde la Sociedad de la Igualdad, fundada en 1850 y la Unin de Tipgrafos (1853), a un conjunto amplio de organizaciones de origen popular minero y urbano a partir de la dcada del 80. Las primeras en constituirse fueron las organizaciones de cooperacin y autoayuda conocidas como sociedades de socorros mutuos, a travs de las cuales organizaron un sistema social de prestacin de salud y un sistema previsional a la medida de sus recursos, al paso que fundaban sus propias escuelas, sus salas de teatro, baile y cultura y su propia prensa. Un micro mundo social popular que encontraba all un referente para la construccin de identidad12. Eran organizaciones que abordaban la problemtica de los s e c t or e s popul a r e s e n a us e nc i a de t oda pol t i c a s oc i a l de l e s t a do. A s u ve z l a s c l a s e s a l t a s canalizaban a travs de la Iglesia Catlica aportes en dinero para financiar las organizaciones caritativas, que -a partir de un esquema paternalista- atendan las necesidades ms urgentes de los sectores desfavorecidos (orfanatos, lazaretos, hospitales). As, durante el siglo XIX, con un estado marcado por el ultraliberalismo y prescindente en el rea social, se desarrollaron dos vertientes organizativas importantes: la propia de los sectores populares, i ns pi r a da e n va l or e s s ol i da r i os y l a a s i s t e nc i a l , di r i gi da a l os pobr e s , pe r o ge s t i ona da por l a Iglesia con el dinero de los sectores acomodados.
11Ver: Gabriel Salazar, Labradores, peones y proletarios. Santiago de Chile, 1985. 12 Mara Anglica Illanes, En el nombre del pueblo, del estado y de la ciencia, (). Historia social de la salud pblica. Chile 1880 / 1973. Santiago de Chile, 1993. P. 140
En el terreno de las ideas durante todo el perodo se enfrentaron las concepciones tradicionales vinculadas al catolicismo, el hispanismo y la defensa del orden agrario de la hacienda con aquellas de origen laico, liberal y, tendencialmente democrticas. En el terreno econmico el libremercadismo fue dominante durante la segunda mitad del siglo XIX, en el campo poltico en cambio, normalmente las ideas liberales y avanzadas fueron derrotadas. Pero ganaron presencia en instituciones educacionales como la Universidad de Chile (1855), el Instituto Nacional y en la voz de importantes reformadores como Manuel de Salas, Valentn Letelier y otros. Mas tarde surgieron organizaciones propiamente reivindicativas de carcter ilegal como fueron los sindicatos y tambin un importante movimiento que combinaba objetivos culturales, con desarrollo comunitario y reivindicacin econmica, expresado en las organizaciones mancomunales. A comienzos del siglo se fund la primera organizacin unitaria de trabajadores, la Federacin de Trabajadores de Chile (FOCH) bajo influencia anarquista y socialista. En los aos veinte surgieron las organizaciones de los sectores medios, muchos de ellos vinculados al empleo pblico, como los profesores. El sector empresarial tambin ha contado con importantes organizaciones desde finales del siglo XIX. La ms antigua es la Sociedad Nacional de Agricultura, que representa los intereses de los grandes propietarios agrcolas. En 1883 se estableci tambin la Sociedad de Fomento Fabril, que agrupa a los industriales. Ambas organizaciones conservan hasta hoy un rol decisivo de representacin gremial, polticamente vinculado a los partidos de derecha y tradicionalmente opuestos a los proyectos de reforma social, conformando las dos vertientes principales de la elite econmica. Tambin debe destacarse la continuidad del rol ideolgico, organizador y comunicativo del diario El Mercurio, establecido en Valparaso a mediados del siglo y en Santiago en 1901, que juega hasta hoy un papel gravitante en las ideas empresariales. Mas all de las organizaciones, la conformacin del empresariado tiene un importante componente extranjero, motivado por la subordinacin constante de la economa nacional a la dominacin externa y tambin a polticas explcitas de inmigracin y estmulo a la inversin extranjera, fenmeno constante desde el siglo pasado. Como orientacin de dicha elite se ha dicho que hubo dinamismo y aventurerismo pero falt esfuerzo sistemtico, preocupacin por el rendimiento social, por el futuro de la inversin. En otras palabras, el espritu aventurero se ahog en la bsqueda de ganancias fciles, en el goce de la renta de corto plazo y falt un horizonte nacional de largo plazo13. Otro gran actor social ha sido la Iglesia Catlica, institucin de implantacin nacional, que ha pa t r oc i na do de s de l a c ol oni z a c i n e s pa ol a ha s t a hoy, gr a n pa r t e de l a s i ni c i a t i va s de beneficencia en el campo de la salud, la educacin, la atencin a los ancianos, etc. A partir de comienzos del siglo desarroll importantes actividades de promocin del sindicalismo urbano, oponindose a los movimientos de raz socialista. De fuerte presencia en el medio rural, la influencia de la iglesia fue decisiva para la mantencin del orden tradicional, as
13 Cecilia Montero, La Revolucin Empresarial chilena. Santiago de Chile, 1997. P. 69.
9 como para la emergencia de movimientos de cambio a partir de la dcada de los cincuenta y durante la realizacin de la reforma agraria en los aos sesenta14. A partir de fines de los aos 50 se desarroll la organizacin la organizacin barrial de los habitantes de sectores urbanos pobres (comits sin casa) y el movimiento cooperativo, aumentando la presencia de los sectores populares en la vida nacional. Estas organizaciones fueron producto de la migracin campo ciudad, el aumento de las movilizaciones sociales por salario y servicios, las iniciativas de reforma desde el estado (especialmente a partir de 1964), la actividad de partidos polticos de centro e izquierda y la fuerte influencia de la Iglesia Catlica. A partir de 1957, con la primera gran ocupacin de terrenos protagonizada por 15.000 personas en la zona sur de Santiago, constituyendo lo que sera la Poblacin La Victoria, se comenzaron a establecer diversas poblaciones populares producto de ocupaciones organizadas de terrenos, proceso que se hizo ms intenso durante los aos sesenta en repuesta a la crisis de las polticas de vivienda. En 1966 se dicta la Ley de Sindicalizacin Campesina y la Ley de Reforma Agraria, dando origen a un profundo proceso de organizacin de sectores campesinos, promovida y fomentada desde el estado. En 1968 se dicta la Ley de Juntas de Vecinos y Organizaciones Comunitarias, que legaliza y ampla un conjunto de organizaciones de base territorial (Juntas y Comits de Vecinos) y funcionales (Centros de Madres, Centros de Padres y Apoderados, Centros Juveniles, Centros Culturales y Clubes Deportivos. En 1953 se funda la Central Unica de Trabajadores y comienzan las primeras huelgas campesinas, desarrollndose procesos cclicos de movilizacin durante todo el decenio de los sesenta y comienzos de los setenta, perodo en que se vive un clima de mxima politizacin15. Desde comienzos del siglo la realidad de la sociedad civil chilena estuvo fuertemente influida por los fenmenos polticos que sucedan en el pas, principalmente porque el espacio poltico fue amplindose hasta convertirse en el campo de negociacin y resolucin de los principales intereses de esa sociedad. Si bien hasta 1925 la poltica se realizaba principalmente entre los grupos de elite (divididos entre conservadores y liberales), ya en 1920 fue elegido un caudillo liberal que ampli la convocatoria hacia los sectores medios y populares (Arturo Alessandri). Anteriormente el Partido Demcrata (fundado en 1887) haba tenido gran influencia entre los artesanos y nuevos sectores medios y el Partido Comunista y los anarquistas eran fuertes en los sindicatos. A partir de 1925 la relacin entre poltica y organizaciones civiles se hace ms estrecha, establecindose una suerte de correa de transmisin mediante la cual los grupos sociales se movilizaban y presionaban por sus demandas al sistema poltico, el cual -a travs de los partidos y el parlamento- abra y regulaba espacios al interior del estado. Todo este proceso se vio interrumpido con el golpe militar de 1973 y la represin posterior. A diferencia del perodo anterior, a partir de 1925 el estado desarrolla una creciente actividad en el campo econmico y social, apoyado en la nueva legislacin laboral y la presencia de representantes de los diversos sectores sociales urbanos en el parlamento. Todo ello permiti a br i r gr a nde s e s pa c i os i ns t i t uc i ona l e s y l ogr a r que una gr a n c a nt i da d de r e i vi ndi c a c i one s populares se hicieran parcialmente realidad. Sin embargo este proceso de mayor inclusividad
14De hecho la Iglesia Catlica promovi el sindicalismo campesino desde los cincuenta y realiz la primera reforma agraria antes de la gubernamental, entregando las propiedades rurales que posea a la administracin por los campesinos. 15Ver: Crisstomo Pizarro, La huelga obrera en Chile. Santiago de Chile, 1986 y Vicente Espinoza: Historia de los Pobres de la Ciudad. Santiago de Chile, 1986.
10 de la poltica signific el fin de las organizaciones populares autnomas y el predominio de una orientacin reivindicativa frente al estado por parte de todos los sectores. Este respondi expandindose de modo inorgnico pero constante, hasta 1973. La relacin entre la poltica y la sociedad civil se torn manipulativa y con tendencia a la cooptacin y no pudieron desarrollarse adecuadamente movimientos sociales que no contaban con apoyos polticos significativos: es el caso de las mujeres, los pobladores hasta fines de los aos cincuenta y los campesinos hasta mediados de los setenta16. 3. La sociedad civil bajo la dictadura militar La instauracin de una dictadura militar de larga duracin y conduccin nica a lo largo de ms de diecisis aos produjo importantes efectos en la reestructuracin de la sociedad civil chilena y sus vnculos con la poltica y el estado. El marco general fue una fuerte represin poltica y militar a toda expresin de descontento y oposicin, basada en el intento de refundar el sistema econmico y poltico desde arriba. El diagnstico histrico de las fuerzas que ocuparon el estado apuntaba a desactivar las alternativas de cambio y su capacidad de incidir sobre las estructuras estatales. En el campo social se promovi la privatizacin de los ciudadanos, los que fueron alejados tanto de la participacin poltica como de formas asociativas propias. En el terreno econmico, luego de los dos primeros aos se impuso un modelo de apertura al exterior, privatizacin y desregulacin econmica, el que se tradujo en un importante proceso de concentracin de propiedad e ingresos, cambios en la legislacin laboral y privatizacin de los servicios de salud y sistema previsional, transformaciones en la estructura social, entre otros. Durante los aos setenta y ochenta se vivieron dos perodos de dursimo ajuste econmico (1975/76 y 1982/83) que tuvieron como consecuencia el empobrecimiento de amplios sectores de la poblacin, el deterioro de los niveles de vida y la falta de resolucin de las necesidades bsicas por la disminucin de la accin social del estado. A lo anterior se agrega el aumento de la diferenciacin social, producto de la exclusin de grandes sectores del aparato productivo, el crecimiento de un sector terciario, reducido pero de alta tecnificacin (ligado a las finanzas y al comercio exterior), el aumento del empleo informal y la disminucin del empleo pblico, las transformaciones en el agro, etc. En trminos gruesos se puede sealar que durante los ochenta surge un amplio sector "excluido" de todo beneficio del funcionamiento del sistema (el desempleo abierto lleg al 30%), contrapuesto a otro "integrado", sea en forma privilegiada o deteriorada, a travs, por ejemplo, de la permanencia en empleos estables con remuneraciones de mercado. Es decir, s e a c r e c e nt l a he t e r oge ne i da d de l os s e c t or e s s oc i a l e s e nt r e s y a l i nt e r i or de c a da s e c t or . Por otro lado, la mantencin de una alta tasa de desempleo redund en una virtual paralizacin de la accin obrera independiente, por temor a la prdida de la fuente de trabajo
16 Considrese al respecto esta reciente interpretacin del perodo: El movimiento popular, no present despus de 1932 ningn proyecto alternativo de construccin estatal. Mas bien, por presin o sin ella, se disciplin bajo el imperio de la Constitucin y el Cdigo del Trabajo. Incluso colabor, de modo clienteltisco, hasta 1946. Despus, sin embargo, entr activamente en el mercado competitivo de las peticiones (all combatan demandas justas con las no tanto) () el Estado de 1925 no fue un instrumento de dominacin ni del empresariado ni del proletariado ni de las clases medias sino, en rigor, de la clase poltica civil () que excluy y subordin todos los movimientos sociales (incluyendo el de los militares). Es decir: todos los brazos de la sociedad civil. El trueque de la participacin por la peticin se practic hasta el final. Gabriel Salazar y Julio Pinto, op. cit. Pp. 64 - 65.
11 y en el desarrollo, entre los cesantes, de mltiples estrategias de sobrevivencia que pasaron a oc upa r un l uga r c e nt r a l e n s u a c c i ona r . Otro conjunto de efectos del perodo fue el cierre de los espacios de participacin y de articulacin de identidades sociales. A travs de las reformas legales y el ejercicio de la represin, se promovi la atomizacion de las organizaciones sociales populares; la privatizacion de las esferas del conflicto social a travs de reformas privatizadoras en salud, previsin, educacin y legislacin laboral; o, simplemente el control gubernamental directo o indirecto (Juntas de Vecinos, Centros de Madres, Centros de Alumnos y Federaciones Estudiantiles, Centros de Padres, Municipios). Tambin el espacio poltico permaneci cerrado a toda actividad organizada y se quebraron las relaciones preexistentes entre la sociedad y el estado. Desde el inicio el rgimen prohibi la actividad de los partidos polticos tradicionales, persiguiendo y reprimiendo duramente, sobre todo a los de izquierda. Por su parte los partidos de derecha se autodisolvieron, confiando su papel de representacin a los militares y a los tecncratas vinculados al gran empresariado que se hicieron cargo de los puestos pblicos. Se clausuraron tambin las instancias propias de la democracia representativa generadas por eleccin directa. Al mismo tiempo se reformul el rol econmico y poltico del Estado, que hizo abandono de sus funciones tradicionales para fortalecer una funcin eminentemente represiva, garante de una poltica econmica antiintervencionista y que no reconoca como interlocutores a los grupos sociales afectados. Se estableci un fuerte control sobre la comunicacin masiva excluyendo a los grupos no oficialistas. Lo propio se hizo con las universidades. Con todo esto se busc suprimir la funcin de mediacin que los partidos polticos -pero tambin las grandes organizaciones, los dirigentes, los comunicadores, los intelectuales- cumplan dentro del sistema democrtico chileno. Si bien estos agentes subsistieron a pesar de la represin, no pudieron ya intermediar entre los grupos sociales y el estado, como era tradicional en Chile e n l os c ua r e nt a a os pr e c e de nt e s . A partir de 1983, se produjo una amplia movilizacin de los sectores afectados por la dictadura, bajo la forma de "protestas nacionales". El antecedente inmediato de dichas movilizaciones fue una crisis econmica producto de la inmensa dependencia del modelo hacia las variables econmicas externas. Se produjo la quiebra de empresas, la intervencin estatal de la banca, el aumento del desempleo y el fin de la estabilidad cambiaria. De un rgimen que se planteaba como "refundador" de la economa y de la sociedad, se transit a uno que "administraba la crisis"17. Durante tres aos y medio se produjo la movilizacin reiterada de la sociedad civil emergente, en conflicto directo con la dictadura militar. La movilizacin producida entre 1983 y 1986 mostr tanto los efectos de la dictadura sobre la sociedad, como las capacidades existentes en la sociedad civil chilena, particularmente en su fraccin inferior. Convocada por la Confederacin de Trabajadores del Cobre, el ncleo mas poderoso del sindicalismo nacional (empresas estatales), fue sustentada en realidad por la movilizacin de amplias masas urbanas: pobladores, estudiantes e, intermitentemente, sectores medios. Organizada a travs de una red de grupos construidos pacientemente durante diez aos, por activistas polticos, defensores de los derechos humanos, agentes pastorales de las iglesias y mujeres incoporadas a la lucha por la subsistencia, moviliz masivamente a los "no organizados".
17Manuel A. Garretn, La problemtica dela transicin a la democracia en Chile: una sntesis. Washington, 1985.
12 Realizada luego de una dcada de propaganda contra la poltica y las propuestas democrticas, las protestas nacionales fueron directamente polticas, contra el rgimen y bajo una consigna simple: Democracia ahora! Fueron manifestaciones, peridicas y sin continuidad; principalmente pacficas pero con duros enfrentamientos con la polica y ocasionalmente con actos de violencia, ya sea masiva (sobre todo de jvenes) o realizados por grupos armados. Diferentes estrategias polticas intentaron conducirlas, pero se trat sobre todo de un "reencuentro" de lo social y lo poltico en el marco de la accin expresiva, mas que del despliegue de una estrategia. Pueden sealarse dos consecuencias de importancia de ese perodo de movilizaciones: en primer lugar se abri un espacio para la aparicin de actores polticos pblicos. Ellos buscaron hacerse cargo de la exigencia de cambio y representarla ante el estado, pero sin que existiera un espacio poltico donde hacerlo. En segundo lugar, la protesta favoreci la reconstitucin de la sociedad civil, que se expresaba pblica y directamente en la lucha contra el rgimen. Estas dos "lgicas", implcitas en la protesta, no se combinaron fcilmente y, de hecho, tenan objetivos diferentes: mientras una buscaba construir un "espacio poltico" donde negociar la transicin, la otra reforzaba la organizacin de los actores sociales cuyo carcter poltico era dbil, pues su accin de transformacin tenda a ser efmera o porque r e s pond a n a i nt e r e s e s pa r t i c ul a r e s que no t e n a n una t r a duc c i n di r e c t a e n e l pl a no pol t i c o. La protesta nacional era efectiva social y polticamente slo en la medida que lograba armonizar esos polos en tensin: ni la sociedad civil tena suficiente capacidad de a ut oor ga ni z a c i n y a ut oc onvoc a t or i a e n l a s c ondi c i one s e xi s t e nt e s , ni l a pol t i c a pod a s e r efectivamente transformadora sin apoyarse en la movilizacin civil18. La movilizacin de protesta y en pro de una ruptura democrtica declin a partir de fines de 1986, pues no logr el fin del rgimen militar, ni su apertura poltica y fue abandonada como estrategia por importantes sectores polticos, que manifestaron su temor ante la envergadura y la dificultad de controlar la movilizacin popular19. A mediados de 1988 se volvi a vivir una masiva movilizacin social, pero esta vez canalizada a la participacin electoral en un plebiscito convocado por Pinochet para decidir la continuidad del rgimen. La unidad de la oposicin (con la excepcin del Partido Comunista), junto a la masividad del apoyo obtenido, posibilitaron la derrota de Pinochet y abrieron paso a la realizacin de elecciones democrticas en diciembre de 1989. La reconstruccin de la sociedad civil despus de 1973 estuvo marcada por el hecho de que se realiz al margen de la legalidad y bajo una fuerte represin. Por lo tanto se expres en pequeos espacios, su expresin pblica fue dbil y tendi a reunir a ciertos sectores ciudadanos, mientras la gran mayora permaneci desarticulada y sin voz propia al menos durante diez aos. La Iglesia Catlica y otras iglesias cristianas asumieron la defensa de los derechos humanos y ampararon a los sectores afectados por la poltica imperante en la poca. A mediados de los setenta surgieron las Agrupaciones de Familiares de vctimas de la represin, existentes hasta hoy. Tambin las manifestaciones artsticas y el trabajo comunitario en los barrios populares fueron espacios de reencuentro de los actores polticos impedidos de incorporarse al estado con nuevos dirigentes sociales en busca de solucin a sus problemas, constituyendo as nuevos espacios de sociabilidad. Siempre enmarcadas y hostigadas por la prohibicin gubernamental y por lo tanto signadas por el estilo de la
18Ver: Gonzalo de la Maza y Mario Garcs, La explosin de las mayoras. Santiago de Chile, 1985. 19Tambin influy en la desactivacin de las protestas el descubrimiento de la internacin de armas por parte del Partido Comunista, con el fin de apoyar una poltica de insurreccin popular armada.
13 resistencia al poder en nombre de la identidad cultural, el proyecto de recuperacin democrtica y la vivencia de la solidaridad. Otro factor clave fue el apoyo de la cooperacin internacional que fluy de diferentes pases en apoyo a la lucha democrtica en Chile. Esto permiti desarrollar un conjunto de organizaciones de nuevo tipo: las ONG, al comienzo ligadas a la iglesia y a los derechos humanos y luego, en los ochenta, autnomas y cubriendo un amplio espectro de desarrollo social; organizaciones econmicas populares, para enfrentar la sobrevivencia y el desempleo (llegaron a ser ms de 3.000 a comienzos de los noventa, para luego declinar rpidamente); centros acadmicos independientes; nuevos sindicatos, permitidos desde 1978; amplia participacin de mujeres en diverso tipo de organizaciones y grupos: ollas comunes, comedores solidarios, talleres laborales, grupos de salud, comunidades cristianas, comits sin casa, grupos feministas, etc.; grupos ambientalistas; organizaciones culturales indgenas; gr upos j uve ni l e s y c ul t ur a l e s ; e t c . M uc ha s de e s t a s or ga ni z a c i one s e s t uvi e r on vi nc ul a da s activamente a la lucha contra la dictadura, aunque de muy distintas formas. Muchas veces la dirigencia de las organizaciones y grupos posea vnculos polticos mientras la base social se movilizaba en funcin de intereses muy especficos o de convocatorias de reorganizacin social o afirmacin cultural. Lo distintivo era, sin embargo, que en ese movimiento se recreaba tanto la propia sociedad reprimida y fragmentada, como las nuevas propuestas pol t i c a s que s e pr oye c t a r a n a l e s pa c i o pbl i c o e n l a s c ondi c i one s de t r a ns i c i n ne goc i a da . En 1986 se organiz la Asamblea de la Civilidad, una concertacin sociopoltica de las principales representaciones sociales de la poca: colegios profesionales, agrupaciones sindicales, estudiantiles y de derechos humanos. El sector poblacional no tuvo r e pr e s e nt a c i n2 0 . La sobrepolitizacin de la sociedad civil organizada de la segunda mitad de los ochenta, ocult en parte la transformacin interna que sta estaba experimentando. De una parte la hegemona creciente del gran capital privado que se comenzaba a proyectar mas all del rgimen militar. Por la otra la extrema fragmentacin de los sectores sociales, menos vinculados al estado, menos organizados en sindicatos y con los puentes cortados con los antiguos liderazgos de la sociedad chilena. Listos para comenzar a participar en el nuevo escenario que haba sido creado para ellos, lo que comenz a ocurrir a partir de 1987, con la reactivacin econmica, el repunte del empleo y la aceptacin poltica del marco constitucional impuesto por Pinochet. 4. El perodo posterior a 1990 En este apartado se plantea que despus de 1990 se ha modificado una vez ms la situacin de la sociedad civil y que ella est determinada globalmente por las condiciones polticas de la transicin y las profundas modificaciones socioeconmicas que se originaron en los aos ochenta y se han acelerado durante este decenio. La sociedad civil ha tendido a autonomizarse del estado, a diversificarse internamente y ha profundizado su fragmentacin originada en la esfera socioeconmica. El proceso poltico se radicaliz a partir de 1983, cuando se verific un ciclo de protestas nacionales masivas contra la dictadura a lo largo de tres aos. Sin embargo, la salida
20Ver: Brian Loveman, Las ONG chilenas, su papel en la transicin a la democracia. En: Charles Reilly, compilador, Nuevas polticas urbanas. Arlington, 1994.
14 democrtica no se produjo por medio de una ruptura institucional, ni se tradujo en una reforma econmica de significacin. Al contrario, la estrategia poltica se bas en derrotar a Pinochet en el plebiscito que l mismo convoc y luego respetar escrupulosamente las reglas constitucionales. Asimismo la estrategia econmica mantuvo el modelo de apertura al exterior con hegemona del gran capital. As, la expectativa de amplia participacin popular no se realiz con posterioridad a 1990, producindose un protagonismo de las elites polticas y econmicas que negociaron los trminos de la transicin (con participacin de las fuerzas armadas). Se desactiv el movimiento social antidictadura y no se reemplaz con formas pa r t i c i pa t i va s de nue vo t i po. El fin de la dictadura plante simultneamente la redemocratizacin institucional y la ne c e s i da d de r e c ons t r ui r l os l a z os e nt r e e s t a do y s oc i e da d s obr e nue va s ba s e s , l ue go de l a prolongada transformacin realizada. Diversos factores influyeron para que slo se abordara parcialmente la primera tarea, postponindose la segunda. Ya hemos mencionado el hecho de que no hubo ruptura institucional, por lo que el marco legal posterior al noventa se inscribe dentro del orden constitucional de 1980 y tiene diversos lmites producto de la presin militar, que le otorgan al bloque prodictadura una suerte de poder de veto sobre la accin estatal21. Pero tambin es importante consignar el hecho de que en el terreno econmico el pa s vi v a una r e a c t i va c i n de s de 1985, l o que l l e v a l os r e s pons a bl e s de l a pol t i c a econmica a formular una estrategia basada en la mantencin del modelo neoliberal con la reactivacin de la poltica social, lo que en otros textos hemos llamado el neoliberalismo bien temperado22. Por ltimo, tambin en 1989 se produjo el fin del campo socialista, intensificndose tanto la globalizacin capitalista como la crisis de las alternativas polticas de izquierda, lo que tambin aval los rasgos de continuidad de la transicin chilena respecto de pe r odo a nt e r i or . Si bien la transicin fue producto de una convergencia entre sociedad civil y actores polticos, que destruyeron la gobernabilidad dictatorial y legitimaron el cambio, el proceso mismo condujo al divorcio creciente entre gobernabilidad y gobernanza. Asegurar la primera se convirti en el objetivo primordial de la alianza gobernante en dilogo con los poderes fcticos (econmicos, militares y comunicacionales) y los poderes institucionales heredados de la dictadura. Por ello la enorme movilizacin de reencuentro social en nombre de la poltica termin, de acuerdo a la grfica expresin de un periodista, e n un c oi t us i nt e r r upt us , e n e l i ni c i o de una a us e nc i a c i vi l 2 3 . Los fundamentos de legitimidad poltica de la redemocratizacin, ayudan a entender la dinmica de la sociedad civil que se ha verificado durante este perodo. Histricamente, podemos identificar en Chile dos fuentes importantes de legitimidad de la accin poltica: la democrtico-institucional y la nacional-popular. La primera constituy el mito de la democracia chilena antes de 1973: el estado en forma organizado por Diego Portales en 1833, la continuidad institucional de la democracia y la progresiva ampliacin del espacio estatal. Esta se expresaba, principalmente, en la fuerza y gran representatividad de los
21 Este se expresa tanto en el plano poltico institucional (ley electoral, composicin parcialmente electa del Senado, inamovilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas, barreras a la reforma constitucional) como fuera de l a travs de la accin de lo que un dirigente de la derecha liberal llam los poderes fcticos (la cpula del gran empresariado, la comandancia en jefe del ejrcito y el diario El Mercurio). 22Ver: Gonzalo de la Maza, Estrategias globales y polticas pblicas frente a la pobreza. Chile, en la primera mitad de los noventa. En: Varios Autores, Los lmites del ajuste y sus alternativas. Santiago de Chile, 1995. 23 Rafael Otano, Crnica de la Transicin. Santiago de Chile, 1995. P. 69.
15 partidos polticos (el estado de la clase poltica civil en palabras de Gabriel Salazar). Aunque diversos autores han enfatizado que se trat de una legitimidad procedimental y no de una adhesin sustantiva a los valores democrticos, permiti mantener, por cuarenta aos, ese sutil equilibrio entre la representacin de intereses corporativos muy diversos y la adhesin a un sistema poltico que daba espacio a los actores ms organizados, legitimando la exclusin de los menos organizados. La cara oculta de este sistema poltico eran, justamente, esas importantes exclusiones y la tendencia de cuestionamientos hacia los partidos polticos, que tambin existi de manera importante desde los aos 50. La relacin entre las masas populares y el estado se haba ido produciendo tambin de manera distinta al modelo i ns t i t uc i ona l , r e i vi ndi c a ndo l a pa r t i c i pa c i n di r e c t a de l a s oc i e da d e n l os a s unt os pbl i c os , donde no se respetaban los procedimientos institucionales, sino se apoyaban propuestas que ofrecan una resolucin sustantiva de los problemas de las mayoras. A partir del momento en que el dinamismo econmico se volvi difcil (1955), la legitimacin institucional del llamado estado de compromiso se debilit y las diferentes fuerzas sociales fueron autonomizndose. En el plano poltico esto se expresaba, por ejemplo, en el reiterado xito de figuras carismticas que excedan su base poltico partidaria (Frei, Allende), o directamente antipolticas (Ibez, Alessandri), en una suerte de apuesta al presidencialismo desde 1952 en adelante y en el desborde del sistema institucional que se hizo evidente a partir de 1967. La reconstruccin del sistema de partidos despus de las protestas de 1983, se ha realizado completamente de acuerdo a la tradicin democrtico-institucional, ya que la prioridad que se otorga a la formacin de sistema poltico ser, la caracterstica principal del proceso de redemocratizacin chileno. La identificacin entre democracia y sistema poltico llega aqu a su mxima expresin24. Slo que esta reconstruccin poltico institucional estuvo desprovista de la eficacia histrica que tuvo en la etapa anterior, por los efectos de la reestructuracin econmica, la reduccin del papel del estado y el corto alcance de las reformas institucionales producto de las negociaciones con las fuerzas armadas. La compleja trama de lazos entre instituciones polticas y sociedad fue cortada por la accin dictatorial y al no reconstituirse apropiadamente, desplazan al componente aqu llamado nacional-popular, que aparece como despolitizado -ya que no se enmarca en la lgica de la transicin- y se expresa mucho ms como una defensa primaria de la identidad y comunidad popular. De hecho la formacin de sistema poltico no fue un proceso fcil ni incontestado. En particular tuvo que abrirse paso en medio de una experiencia poltica radicalmente diferente, que llamaremos tcnicamente populista25. Lo especfico del populismo en los trminos de Valenzuela, es precisamente el intento de hacer poltica a partir del rescate del potencial de historicidad de los excluidos y el recurso a una teora del sujeto definido como sujeto hi s t r i c o 2 6 .
24 Eduardo Valenzuela, Sistema poltico y actores sociales en Chile. En: Proposiciones N 22. Santiago de Chile, 1993. P. 119. 25 Ibid., p. 119 26 Ibid., p. 120. En palabras de uno de los actores polticos de la transicin, haciendo el balance: el fin de la movilizacin social, marcada por el fracaso del intento populista de la Demanda de Chile formulada por la Asamblea de la Civilidad, radic definitivamente en los partidos la conduccin de la oposicin. Las organizaciones sociales reconocieron la primaca de lo poltico, pasando a apoyar la nueva estrategia polticoelectoral de naturaleza eminentemente conciliadora en el plano social. Edgardo Boeninger, La Democracia en Chile. Santiago de Chile, 1997. P. 370.
16 La transicin poltica puso nuevamente en tensin las fuentes de legitimidad de la accin pol t i c a : e n l os oc he nt a ha b a br ot a do de s de l a e xpe r i e nc i a popul i s t a ha c i a l a democratizacin y en los noventa produjo una democracia incompleta, limitando incluso las posibilidades de la poltica democrtico-institucional que la administra. Las consecuencias de lo anterior han sido la escasa participacin social que caracteriza a la democracia chilena, sus dificultades en autotransformarse y completarse an transcurridos diez aos desde el i ni c i o de l a t r a ns i c i n y l a s upe r vi ve nc i a de l a c onc e nt r a c i n de pode r e n l os gr upos que sustentaron la dictadura militar. Mirado desde el punto de vista de la sociedad civil, vemos que esta gana en autonoma, pero no logra remontar su fragmentacin interna y la debilidad de sus expresiones organizadas. Habiendo apostado a la poltica como ha sido la tradicin chilena, no logra constituir por s misma sus propios proyectos sociales. Pero el ocaso de los movimientos sociales y la desarticulacin social, son tambin expresiones de la transformacin socioeconmica, que es el marco estructural de la transicin poltica. De un perodo de ajuste en el que se implant un modelo neoliberal excluyente y concentrador, se transita a un perodo de crecimiento sustentado en el mismo modelo, al que se adiciona una accin social del estado encaminada a paliar las consecuencias ms agudas de su operacin. El crecimiento se ha traducido en un aumento sostenido de los ingresos de las personas (salarios medios, salario mnimo y prestaciones sociales) y, ms intensamente, de su capacidad de consumo (apoyada tambin en el aumento de las horas de trabajo y en el endeudamiento). Durante casi una dcada y media se ha mantenido el dinamismo de un modelo que aumenta la disponibilidad global de recursos pero crea oportunidades inequitativas y profundiza la desintegracin social. La naturaleza misma de este crecimiento hace que se manifieste una tendencia concentradora del ingreso y de las oportunidades que no se modifica y que, al contrario, ensancha la brecha existente entre los distintos sectores de la sociedad. Estadsticas oficiales como la Encuesta CASEN, as lo han mostrado a lo largo de los aos: mientras disminuye el total de personas cuyo ingreso es menor a la denominada lnea de la pobreza (datos de 1998 lo cuantifican en un 21,7% de la poblacin), las marcas de la desigualdad permanecen constantes, entre los diferentes quintiles de ingreso, entre hombres y mujeres, entre adultos y jvenes y entre el centro del pas y las regiones27. El debilitamiento de la integracin socioeconmica se manifiesta de un modo paradojal: mientras los mecanismos tradicionales de integracin (la educacin y el empleo) muestran una alta cobertura, su impacto en trminos integrativos es cada vez menor, dada la tendencia a la precarizacin, los bajos salarios y la falta de servicios sociales adecuados. La incorporacin de las mujeres al trabajo remunerado ha sido una tendencia permanente, la que, sin embargo, est marcada por los mismos rasgos ya anotados: fuertemente diferenciada en lo socioeconmico, entre los sectores pobres se realiza en empleos temporales, mal remunerados, asociados al subcontrato y a eslabones informales de la economa formal, sin legislacin de
27 Durante los ltimos 14 aos, Chile ha experimentado un sostenido proceso de crecimiento econmico (6% en promedio), basado en la expansin de las exportaciones (cobre, celulosa y madera, fruta y productos del mar), el crecimiento de los servicios y una creciente internacionalizacin. El empleo creci hasta 1992, en que comenz a estancarse; habiendo adquirido un carcter crecientemente precario. La sociedad presenta crecientes rasgos de desarticulacin y una enorme desigualdad entre ricos y pobres (slo superada por Brasil dentro de Amrica Latina): se calcula que los ciudadanos del decil de hogares ms ricos recibe un ingreso 37 veces mayor que el de los ciudadanos ms pobres. Ver: Patricio Meller, Situacin macroeconmica y aspectos distributivos en Chile. Ponencia presentada a la Conferencia Chile pas modelo de democracia y desarrollo? Universidad de California, diciembre 1998. Tambin: Gonzalo de la Maza., Tiempo de disfraces. Sociedad y poltica en los aos noventa. Indito.
17 proteccin laboral adecuada, sin provisin de servicios suficiente como cuidado infantil, etc. Estos mecanismos de exclusin laboral, que tambin afectan a los jvenes, generan problemas no slo de carcter econmico sino tambin social al interior del mbito familiar y comunal. Por lo anterior es que los relevantes logros sociales de la transicin no se han traducido en pautas de integracin y participacin social estables. El aumento del empleo se hace sobre bases precarias e inequitativas; la extensin de la oferta educativa y el aumento del gasto en salud no alteran la brecha de la inequidad en el acceso a servicios y la disminucin de la pobreza coexiste con la mantencin de las enormes desigualdades distributivas. La desarticulacin social no se convierte en movilizaciones colectivas, ni en demandas polticas, sino que se expresa principalmente como temor e inseguridad, desafiliacin poltica y debilitamiento de los lazos colectivos y comunitarios. Es decir ha habido un cambio en las bases mismas de la sociabilidad, marcada por la retraccin a los espacios privados e ntimos, la desconfianza hacia los otros y la falta de proyectos compartidos. El Informe de Desarrollo Humano en Chile de 1998 enfatiza en el deterioro del vnculo social. Mientras los chilenos no slo reproducen, sino legitiman prcticamente el orden establecido, al parecer ello no basta para dar forma al capital social necesario. Los datos presentados muestran una sociabilidad dbil en Chile. Se ha podido constatar un alto grado de desconfianza, una asociatividad precaria, una creciente instrumentalizacin de las relaciones sociales e incluso cierto debilitamiento de la cohesin intergeneracional de la familia28. El Informe explora en el hecho de que la falta de complementariedad entre modernizacin y subjetividad, y las dificultades para asumirla socialmente, parecen ser las principales razones de la inseguridad objetiva y subjetiva en Chile. El Chile actual se caracteriza por un desacople de ambos procesos que, a falta de mediaciones, distorsiona tanto el despliegue de la subjetividad como la sustentabilidad de la modernizacin. Todo ello puede afectar, incluso, a la convivencia democrtica29. Los antecedentes presentados permiten caracterizar el marco de desenvolvimiento de la sociedad civil chilena: mayores niveles de inclusin socioeconmica a travs del consumo, pero mantencin y profundizacin de inequidad social, debilitamiento de los mecanismos de integracin interna de los grupos sociales e incertidumbre frente al futuro. Todo ello dentro de un esquema poltico que no estimula la participacin y se vuelve crecientemente elitario 30.
28 PNUD, Las paradojas de la modernizacin. Desarrollo humano en Chile 1998. Santiago de Chile, 1998. P. 216. 29 Ibid. P. 29. 30En la ltima eleccin parlamentaria, en diciembre de 1997, un 40% del universo electoral no ejerci su derecho a elegir, sea por la va de la no inscripcin en los registros (jvenes), o bien por la no concurrencia a las urnas o por no seleccionar candidato alguno dejando el voto en blanco o anulndolo. Este hecho, junto al descenso electoral de la coalicin gobernante llev a los dirigentes de la misma a un corto pero interesante debate, acerca de lo que quiere la gente, un intento por reinterpretar la relacin entre sociedad y poltica despus de diez aos de transicin. Ver los documentos: Renovar la Concertacin, La Gente tiene Razn y La Gente quiere Cambios.
18 5. La sociedad civil organizada: datos y tendencias Revisamos aqu las caractersticas organizacionales e institucionales de la sociedad civil, haciendo referencia tambin a los marcos legales que la regulan. Si bien esto no agota la realidad de la sociedad civil, que tambin se expresa como accin colectiva ms all de las organizaciones, es una dimensin que permite dar cuenta de la evolucin de los principales movimientos sociales y fuerzas sociales organizadas en Chile. a. Organizaciones populares Las organizaciones sindicales y de base que haban sufrido un enorme desgaste en los aos ochenta, en la ltima dcada no han logrado reconquistar el peso y la influencia que tuvieran en el pasado. La afiliacin sindical creci de modo importante entre 1988 y 1992, fecha en que se super los setecientos mil trabajadores organizados. Luego comenz a descender en trminos porcentuales para llegar a un 12,4% de la fuerza de trabajo en 1996. A modo de comparacin baste decir que ya en 1971 se haba alcanzado los setecientos mil trabajadores sindicalizados, lo que representaba ms de un tercio de la fuerza de trabajo de la poca. Son 13.528 sindicatos, la mitad de ellos creados a partir de 1990, estimndose en un 30% los que no funcionan realmente. Son organizaciones cada vez ms pequeas, (su tamao promedio es la mitad que en 1981), 21% de los cuales son mujeres (entre los dirigentes slo 1l,4% son mujeres). Dentro del 32% de la fuerza de trabajo femenina, slo un 7% est sindicalizada.31 En 1989 fue reorganizada la Central Unitaria de Trabajadores, que agrupa a unos trescientos mil sindicalizados (de los cuales casi un tercio son profesores), agrupados en 83 organizaciones, principalmente de segundo grado. Las principales en trminos numricos son las vinculadas al empleo pblico, como los profesores, los gremios de la salud, la Agrupacin Nacional de Empleados Fiscales y la Federacin de Trabajadores del Cobre. Importantes c a t e gor a s de t r a ba j a dor e s no e s t n s i ndi c a l i z a da s o c a r e c e n de l a pos i bi l i da d de ne goc i a r colectivamente. Las principales movilizaciones del ltimo perodo han sido las de los trabajadores del carbn (empresa estatal) en defensa de su fuente laboral o de oportunidades de reinsercin ante el cierre de las minas; la de los profesores en defensa de la educacin pblica y en demanda de mejores salarios, de los trabajadores de la salud pblica (municipalizada) con motivos similares y de los trabajadores portuarios en oposicin a la pr i va t i z a c i n de l os pue r t os . En los barrios existen las Juntas de Vecinos, organizaciones que fueron intervenidas durante el perodo militar y que han sido democratizadas. Estas organizaciones de carcter territorial, tienen existencia legal, pero carecen de mecanismos para participar del gobierno local y de financiamiento para sus actividades. Lo mismo ocurre con Centros Juveniles, Centros de Padres y Apoderados, Centros de Madres, Centros Culturales y otras organizaciones funcionales. Para formar cualquiera de estas organizaciones basta con reunir el nmero mnimo de socios y establecer una direccin legal registrada ante el municipio respectivo. En Chile existe una fuerte tradicin de apego a la ley, por lo que obtener el reconocimiento legal de las organizaciones es un aspecto importante en su accionar, lo que no siempre va acompaado de una alta participacin.
31Ver: Gonzalo de la Maza, Los movimientos sociales en la democratizacin de Chile. Ponencia presentada a la Conferencia Chile pas modelo de democracia y desarrollo? Universidad de California, diciembre 1998.
19 Las organizaciones surgidas bajo la dictadura han evolucionado de diferente manera. Los Comits de Allegados y Sin Casa se han articulado de un modo efectivo con las polticas habitacionales del Ministerio de Vivienda que, por una parte ha aumentado enormemente la cantidad de soluciones habitacionales que es capaz de proveer y, por otra, ha estimulado la postulacin grupal (hasta un cierto nmero de personas) a los programas habitacionales. Las organizaciones econmicas populares han tendido a disminuir drsticamente: las ollas comunes han desaparecido y unas pocas de ellas se han reconvertido en empresas de servicios alimentarios en manos de sus ex dirigentas; los talleres laborales han disminuido en nmero y algunos de ellos se han convertido en microempresas formadas por menos personas; las bolsas de cesantes han desaparecido, lo mismo que los denominados comprando juntos. Los grupos juveniles y culturales surgidos en los ochenta han desaparecido, pero han surgido agrupamientos ms informales de los jvenes, de menor perfil poltico explcito y dbil vnculo con la institucionalidad municipal. Las agrupaciones juveniles urbanas van tomando caractersticas tribales, es decir de fuerte adhesin interna y cohesin grupal, sin estructuras organizacionales, de geometra variable, basadas en signos externos de diferenciacin (vestimenta, lenguaje, formas de expresin) y sin articulacin entre ellas salvo frente a la represin o los smbolos de autoridad. Son agrupaciones en torno a una sensibilidad musical (raperos, hip hop, grunges, tecnos, punkies), la adhesin a un club de ftbol (Los de Abajo, Garra Blanca), donde se mezclan elementos ideolgicos, de autoafirmacin, incertidumbre frente al futuro y conciencia de exclusin. En diversos estudios realizados en sectores populares se evidencia una fuerte ruptura entre adultos y j ve ne s 3 2 . Las organizaciones de mujeres han continuado evolucionando, algunas de ellas constituyendo centros de servicios comunales, vinculados a la emergente poltica gubernamental y municipal hacia las mujeres; han disminuido los Centros de Madres y han surgido los grupos de formacin y de salud; se ha consolidado un pequeo pero activo grupo de ONG de mujeres agrupadas en el Comit de Iniciativa post Beijing. Sin embargo la expresin de las mujeres como movimiento social ha perdido impulso, siendo sustituido por la iniciativa estatal promovida por el Servicio Nacional de la Mujer y expresada en diversas reformas legales y programas pblicos. En los aos noventa el movimiento de mujeres chilenas, al tiempo que abra espacios institucionales, que se especializaba y busca incidir en lo local, perdi articulacin; perdi asimismo visibilidad () Las ONG, () han sufrido en los noventa importantes dificultades de financiamiento () Las organizaciones de base, que se articulaban con otros grupos y con ONG, quedaron aisladas en su gran mayora, desintegrndose el tejido social de los ochenta. Las coordinaciones y articulaciones en ese mbito desaparecieron casi en su totalidad, quedando en el horizonte de accin de los grupos de base slo los problemas y tareas de la vida cotidiana en su propia comunidad33 Los adultos mayores se han organizado recientemente, impulsados por un programa gubernamental ejecutado a nivel local, organizaciones que coexisten con una amplia red de Clubes de Ancianos promovidos por la Iglesia Catlica. Tambin han surgido Grupos
32 Ver Gonzalo de la Maza y Gustavo Rayo, Nuevas formas de accin colectiva urbana. En: Cristin Toloza y Eugenio Lahera, compiladores, Chile en los noventa. Santiago de Chile, 1998. 33 Teresa Valds, Entre la modernizacin y la equidad: mujeres, mundo privado y familias. En: C. Toloza y E. Lahera, op. cit. P. 495.
20 Ecolgicos, principalmente de jvenes. La organizacin ms masiva y con participacin permanente de las personas son los Clubes Deportivos34. A nivel de sectores medios es relevante la accin de los Colegios Profesionales, organizaciones de antigua data. Actualmente carecen de las funciones del pasado (cautelar la tica, obligacin de colegiarse), funcionando como Asociaciones Gremiales. Los ms activos durante el perodo reciente han sido el Colegio Mdico y el de Profesores. El primero (presidi la Asamblea de la Civilidad en los ochenta), se ha aliado a los trabajadores de la salud primaria en defensa de la salud pblica y buscando regular de mejor forma la salud privada. Han realizado varias paralizaciones de su trabajo en el sector pblico, enfrentndose con el gobierno (a pesar de que sus dirigentes son militantes de partidos de la coalicin gobernante). El gremio de los maestros es el ms grande del pas e histricamente estuvo organizado en un sindicato nacional de trabajadores de la educacin (SUTE). La dictadura lo disolvi, pero actualmente el Colegio de Profesores acta como agente reivindicativo frente a la educacin estatal que es administrada por los municipios (un 60% del total de establecimientos). En los establecimientos privados rige el Cdigo del Trabajo y los profesores actan a travs de sindicatos independientes. El Colegio de Profesores ha realizado varias paralizaciones de actividades con gran xito, logrando importantes mejoras sal ar i al es. Tambin existe un importante movimiento estudiantil universitario, existiendo federaciones estudiantiles en prcticamente todas las universidades. Su conduccin es mayoritariamente de izquierda (Partidos Socialista y Comunista). La Federacin de Estudiantes de Chile (FECH) ha cumplido histricamente un importante rol poltico y, actualmente, ha encabezado la accin en pro de recuperar y fortalecer el papel de las universidades estatales, junto a reivindicaciones para permitir el acceso a la universidad de jvenes de escasos recursos. Por primera vez en su historia de setenta aos, en 1998 la FECH fue dirigida por una mujer. Durante los aos recientes se han producido movilizaciones masivas y prolongadas del estudiantado universitario en defensa de la funcin pblica de las universidades y en pro de la obtencin de mayores beneficios que permitan estudiar a los sectores de menores ingresos Finalmente debe destacarse la reciente movilizacin de las comunidades mapuches del sur de Chile, en pos de la recuperacin de las tierras que les pertenecieron en el pasado. Se trata de comunidades radicadas en pequeas extensiones de tierra de mala calidad, ubicadas en el medio de enormes propiedades dedicadas a la exportacin forestal, que han aumentado enormemente su valor y que presionan por la expulsin de las familias indgenas. A diferencia del pasado, estas movilizaciones no parecen estar controladas o conducidas externamente por actores polticos, sino ms bien responder a estrategias internas de ciertas comunidades, animadas por la radicalizacin de sus elementos ms jvenes. b. El sector no gubernamental En el campo de las ONG, de importante desarrollo durante los aos ochenta, tambin la reinstalacin del sistema poltico democrtico trajo importantes cambios: se produjo un descenso de la cooperacin internacional de apoyo al sector no gubernamental, sin que se crearan mecanismos nuevos de financiamiento para el desarrollo del mismo. Sin embargo el gobierno ha ampliado las acciones y programas de poltica social, encargando su ejecucin a organismos privados, sin distinguir los organismos lucrativos (consultoras, empresas de
34Ver: Gonzalo de la Maza y Gustavo Rayo, op. cit.
21 capacitacin) de las sin fines de lucro (corporaciones, fundaciones y organizaciones sociales). Al mismo tiempo ha implementado diversos programas y fondos pblicos para ejecucin directa de organismos de base. As estos organismos van cambiando su rol: de cantera de propuestas y promotores sociales a ejecutores y consultores de la poltica social gubernamental35. El conjunto de organizaciones conocido como organismos no gubernamentales corresponde principalmente a grupos de profesionales que han desarrollado proyectos vinculados a la cooperacin internacional, en diversas reas de desarrollo, derechos humanos, salud, etc. Tiene sus races en la accin asistencial y de promocin de la Iglesia Catlica desde los aos sesenta. Muchos de los profesionales y tcnicos que formaron las ONG en los setenta y ochenta, provenan de la militancia catlica, as como de la militancia poltica y las funciones estatales (en la Promocin Popular, la Reforma Agraria, Desarrollo Social, Desarrollo Agropecuario, etc.).36 Un sector importante de las ONG est afiliado a la Asociacin Chilena de ONG (ACCION) fundada en 1991. Tambin existen redes temticas que agrupan a las ONG rurales (Coordinadora de ONG rurales), de medio ambiente (Red Nacional de Accin Ecolgica; Accin Ciudadana por el Medio Ambiente), de accin en favor de la infancia (Comit No Gubernamental por los Derechos de los Nios), de promocin de la economa solidaria (Red de Desarrollo Solidario) y algunas redes de alcance regional (I, V, VIII y IX regiones). Algunas instituciones asistenciales tradicionales se agrupan en la Asociacin de ONG ASONG. La red de accin social de la iglesia catlica es coordinada por el Departamento de Accin Social de la Conferencia Episcopal. En cuanto al marco legal para la sociedad civil, en Chile existe libertad de asociacin y de expresin garantizados constitucionalmente. Sin embargo los medios masivos de comunicacin, con excepcin de la radio, estn concentrados en unas pocas grandes empresas. La prensa independiente prcticamente ha desaparecido por razones econmicas, lo mismo tiende a ocurrir con los medios de comunicacin regionales. El marco legal que rige al sector no lucrativo proviene del Cdigo Civil del siglo pasado, en el cual la responsabilidad pblica se entiende como delegada por el Estado. Por ello para formar una organizacin sin fines de lucro -Fundacin o Corporacin- debe solicitarse la concesin de personalidad jurdica al Presidente de la Repblica, quien puede tambin revocarla. Las Corporaciones son una figura jurdica muy utilizada en diversos mbitos de la actividad nacional. El registro del Ministerio de Justicia identifica 13.651 de ellas. En 1993 se logr la simplificacin de la tramitacin para obtener personalidad jurdica a travs de un "Estatuto Tipo para ONG de Desarrollo". Es la primera vez que se reconoce legalmente a e s t a s i ns t a nc i a s .
35Ver: Gonzalo de la Maza, Informe de Investigacin Relaciones ONG - Gobierno 1990 - 1993. En: Seminario Innovaciones en las organizaciones privadas sin fines de lucro. Santiago de Chile, 1993. 36Un catastro de 1992 identific 453 ONG, mientras que un directorio de 1994 consign 567 instituciones, mayoritariamente formadas a partir de 1980. En cuanto a las instituciones de tipo asistencial, un catastro de 1994 las estim en 278. Ver: Departamento de Enlace ONG - Gobierno, Ministerio de Planificacin y Cooperacin, Directorio de organismos no gubernamentales en Chile. Santiago de Chile, 1994. Tambin de los mismos autores, Instituciones de asistencia social. Santiago de Chile, 1994.
22 c. Productores y empresarios El sector productivo y empresarial se caracteriza por un alto nivel de organizacin en diversas formas. Por una parte existen las Asociaciones Gremiales donde se renen los empresarios de un rubro o sector determinado, de las cuales existen 66 identificadas. Tambin existen instancias de segundo grado, como son las Federaciones y Confederaciones y Sociedades Gremiales. La conduccin empresarial muestra un perfil altamente unificado en torno a grandes organizaciones como son la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la de Minera (SONAMI), la de Fomento Fabril (SOFOFA), la Asociacin de Exportadores de Manufacturas (ASEXMA) y la Federacin de Exportadores Agrcolas, todas ellas agrupadas en la Confederacin de la Produccin y el Comercio. Los comerciantes se agrupan en Cmaras de diverso tipo: internacionales, nacionales y regionales. Otro nivel de organizacin de los sectores productivos son las cooperativas, que tienen ms bien el carcter de empresas sociales. En 1996 se contabilizaron 1.070 cooperativas activas, ya que gran parte de ellas no registran actividad alguna. Predominan las de vivienda, ahorro y crdito, agua potable, agrcolas y campesinas. Es un sector en declinacin, pero que en 1992 agrupaba a cerca de seiscientas mil personas. Ms importante que el perfil organizacional del empresariado, que no ha cambiado en muchos aos, es importante sealar la creciente influencia que una fraccin del mismo ha ido construyendo dentro de la sociedad civil. El fundamento econmico de la mayor influencia del gran empresariado est en la enorme concentracin de recursos y la extensin horizontal de sus negocios. Pero tambin es relevante la mayor autonoma que gozan respecto del sector pblico, en un sistema de libre mercado fuertemente desregulado. Las vas de influencia se expresan en la emergencia de fundaciones sin fines de lucro (Paz Ciudadana, Pehun, Futuro, Generacin Empresarial y otras), centros acadmicos y universidades, control del avisaje publicitario en un sistema de medios masivos tambin muy concentrado, inversin en comunicacin corporativa y poltica. En casi todas estas lneas de accin el empresariado ha cooptado a profesionales anteriormente vinculados al sistema universitario pblico, a la poltica partidaria o al sector no gubernamental (durante los ochenta). Es decir el gran empresariado extiende su accin hacia el campo cultural e ideolgico, campo en el cual tuvo dficits histricos durante el siglo XX. Esta expansin ha difundido un sentido comn ligado a valores como la competencia, el xito, la racionalidad de mercado, la eficiencia, etc., que se aplican crecientemente a mltiples otros mbitos. Al mismo tiempo la menor presencia relativa de los recursos pblicos en actividades culturales, de investigacin, comunicacin, educacin, produccin artstica y otros, le brinda al gran empresariado una enorme influencia en esas actividades (por la va del financiamiento, la filantropa, la donacin, etc.)37. 6. Conclusiones En Chile se est cerrando una etapa poltica que comenz en los ochenta con la movilizacin poltica de la ciudadana contra una dictadura que la exclua sistemticamente en mltiples
37 La mayor coherencia del planteamiento empresarial, su autonoma tanto respecto del estado como de los partidos de derecha, su presencia ms activa en la sociedad civil, son signos de su constitucin en sujeto colectivo () Las cpulas empresarias tambin actan en direccin de la opinin pblica y de la sociedad, buscando conquistar una mayor legitimidad de la empresa y el afianzamiento de los valores del liberalismo, la propiedad privada y el rol del empresario en el progreso. Cecilia Montero, op, cit., p. 210.
23 aspectos. Esa unidad de la diversidad, en la exclusin y por la democracia, dio paso a un proceso de transicin que en la prctica ha ofrecido a los chilenos una doble modalidad de inclusin: la que produce el mayor consumo inmediato y la participacin democrtico institucional. Lo primero se verifica a travs de mejores salarios, aumento de las jornadas laborales y endeudamiento. Pero esta inclusin econmica es precaria, incierta, parcial y profundamente inequitativa. En el plano poltico las limitaciones de la transicin, el reducido papel del estado y los llamados enclaves autoritarios que permanecen desde el tiempo de la dictadura, impiden cambios significativos y una participacin real. As, se desactiv el movimiento social, no surgi una asociatividad alternativa y el proceso democrtico, completada ya su transformacin institucional, no cuenta con la participacin activa de la ciudadana. Ms bien predomina lo que el reciente estudio del PNUD ha llamado el malestar c i uda da no 3 8 . Tras el debilitamiento de los vnculos sociales lo que existe es un camino de modernizacin consensuado entre las elites, que mantuvo el marco estructural de las relaciones econmicosociales instaurado bajo la dictadura y no ha formulado de un concepto y un proyecto de sociedad. Sus claves fueron el crecimiento econmico (en trminos de un neoliberalismo bien temperado, es decir con correctivos de poltica social) y la normalizacin institucional, sin un rol significativo para la regulacin estatal, ni para la ciudadana organizada. Pero la relacin entre estado y sociedad civil es por naturaleza conflictiva. De all que esta aspiracin de orden, que se pretende asocial y tecnocrtica, realizada una vez ms desde el estado -como en l os a os ve i nt e , e n l os c ua r e nt a , e n l os s e s e nt a y e n l os oc he nt a - no obt i e ne ya e l reconocimiento que busca. La sociedad no se comporta como un mercado, ni funciona de a c ue r do a un c onj unt o de r e gl a s l e ga l e s . La acelerada transformacin socioeconmica, las restricciones institucionales, la elitizacin de la poltica, las debilidades de la accin estatal y su insuficiente democratizacin son factores influyentes en el vaco social o la integracin a medias de la modernizacin en Chile. Ello no quiere decir que la organizacin social haya dejado de existir. En realidad existe una enorme cantidad de iniciativas locales de diverso tipo, mediante las cuales los ciudadanos asumen sus carencias y necesidades y desarrollan una activa intervencin social en diversos campos, especialmente aquellos abandonados tanto por el mercado como por la accin social del estado. Sin embargo, se trata de acciones principalmente defensivas, con una convocatoria y mbito de accin reducidos y sin referentes de concertacin social, ni sectoriales ni territoriales. A diferencia de lo que ocurra diez aos atrs, estas organizaciones y grupos no estn vinculados a movilizaciones polticas masivas, ni, en general, a acciones masivas. Normalmente son grupos pequeos, que persiguen objetivos limitados, que interesan directamente a sus asociados o bien a su entorno inmediato. Son diferentes en sus orientaciones y formas de organizarse, no estn asociados entre s, no tienen referencia a instancias mayores y carecen de espacios institucionales para expresarse y canalizar sus intereses. Quienes participan en estos grupos perciben con toda claridad los lmites del tipo de accin que desarrollan: saben que contribuye al mejoramiento del medio ambiente barrial y, sobre todo, hace posible sostener ciertos niveles de la sociabilidad. Pero no afecta las pautas de integracin social, econmica ni espacial con el resto de la ciudad y la sociedad. Tampoco transforman o influyen en las pautas de integracin poltica, ni de participacin en la toma de decisiones.39
38Ver: PNUD, op. cit. 39Ver: Gonzalo de la Maza y Gustavo Rayo, op. cit.
Las nuevas expresiones de movilizacin social se verifican en torno al negativo impacto ambiental del crecimiento econmico y la desregulacin y la defensa de la funcin pblica por parte de los trabajadores estatales de la salud y la educacin, as como por parte de los estudiantes universitarios. Tambin se han producido movilizaciones sociales de los trabajadores del carbn y del sector portuario en defensa de sus fuentes de trabajo, amenazadas por la reconversin econmica y de los campesinos mapuches en defensa y recuperacin de sus tierras amenazadas por la expansin forestal en el sur del pas. La mayor parte de estas movilizaciones reivindican la vigencia de un espacio pblico de debate y decisin en torno a temas importantes para el desarrollo de la sociedad y las personas: la s a l ud, l a e duc a c i n s upe r i or , l a di ve r s i da d c ul t ur a l y l a s upe r vi ve nc i a de una e t ni a , l a sustentabilidad del crecimiento y la defensa de los recursos naturales. Los instrumentos con que cuenta el gobierno son limitados para intervenir en estos campos, librados a la competencia mercantil. Por ello la mediacin poltica ya no tiene la funcin del pasado. Sin embargo las presiones sociales siguen dirigindose al estado, siendo ms fuertes en sectores que c ont i na n vi nc ul a dos a l . La tendencia actual de la sociedad civil es a una mayor autonoma de estado, con predominio creciente de los grupos de poder econmico y con crecientes rasgos de desarticulacin interna. La gobernabilidad, que se consideraba vulnerable en relacin a los grupos econmicos y los poderes armados, pero que no sufri amenazas serias desde la sociedad civil durante los noventa, enfrenta actualmente una multitud de conflictos sectoriales surgidos de la profundizacin de la modernizacin privatizadora y la desafiliacin creciente de la ciudadana respecto de la conduccin poltica del estado. Resurge el conflicto social en el contexto de la crisis econmica (1999), mientras no se ha reestructurado una sociedad civil que pueda contribuir eficazmente a la gobernanza, ya que se debilita el capital social, dando lugar en las fronteras crticas a lo que algunos denominan patologas de lo social. Para la sociedad civil chilena est planteada la reorganizacin interna y la transformacin de sus relaciones con la poltica y el estado. Ello se ha desarrollado de un modo muy incipiente hasta ahora, ya que el protagonismo del perodo de transicin estuvo en los actores polticos. La etapa actual es an de dispersin y de mayor autonoma de cada una de las expresiones de la sociedad civil. Los movimientos sociales y la sociedad civil buscan en este perodo nuevas respuestas, nuevas formas de organizacin, que an no cristalizan totalmente. Pero por sobre todo, han de realizar esa bsqueda en ausencia de los referentes ideolgicos e institucionales que le dieron articulacin y coordinacin en los ltimos setenta aos: los partidos polticos, el e s t a do y l a i gl e s i a .
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