Source: https://derechovenezolano.wordpress.com/category/apuntes/laboral/
Timestamp: 2017-05-23 14:54:34
Document Index: 222421204

Matched Legal Cases: ['artículo 89', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 288', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 60', 'In Dubio', 'artículo 3']

LABORAL | DerechoVenezolano.Com
Top Clickstsj.gov.ve/decisiones/sco…derechovenezolano.files.w…historico.tsj.gob.ve/deci…franciscosantana.net/2014…derechovenezolano.files.w…derechovenezolano.files.w…derechovenezolano.files.w…derechovenezolano.files.w…derechovenezolano.files.w…franciscosantana.net/2015…Comentarios	Agustin Yanez en EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL REGI…	Archivos de la categoría ‘LABORAL’	IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS LABORALES VS REFORMATIO IN PEIUS @JRTP61
Publicado: mayo 10, 2017 en LABORAL	Etiquetas:#APUNTES, #DERECHOLABORAL, #LEYPROCESALDELTRABAJO, #ReformatioInPeius, #SalaCasacionSocial, #SALACONSTITUCIONAL	0
La hipótesis aquí considerada está referida a la situación que se suscita cuando el juez que conoce en apelación o en consulta la sentencia de primer grado, o cuando, en virtud del recurso de casación o el recurso de control de la legalidad, los integrantes de la Sala de Casación Social debe decidir el fondo controvertido, se enfrentan al dilema de darle aplicación preferente al principio procesal conocido como la non reformatio in peius por sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.
¿Existe en estos casos un conflicto entre la norma procesal y la norma sustantiva? ¿A cuál debe dársele preminencia? ¿Cuál es la interpretación que han venido haciendo la Sala Constitucional y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en estos casos?
Con este propósito se formula aquí una interpretación bajo una perspectiva donde predomina la aplicación de la suprema norma, es decir, a través de un enfoque armonizado entre la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la concepción de éste último, como instrumento fundamental para la realización de la justicia y los principios rectores del derecho del trabajo en el ordenamiento jurídico venezolano, ofreciendo una visión más apegada a los postulados propuestos y más acorde con la normativa protectora que caracteriza esta especial rama del derecho a quienes día a día les corresponde resolver los conflictos intersubjetivos judiciales planteados en el fuero laboral.
En tal sentido debe señalarse que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en decisión N° 4674 del 14 de diciembre de 2005, impuso como directriz vinculante, ajustar el proceso de interpretación de las normas legales al magno texto, agregando que, de este modo, la interpretación conforme a la Constitución es un principio o máxima hermenéutica, es un imperativo jurídico constitucional para todos los aplicadores del Derecho que entraña la seguridad de que no prevalecerá la exigencia de formalismos para alcanzar la realización de la justicia; que ella se logrará sin que el ordenamiento jurídico, de una manera incongruente y contradictoria impida su consecución.
Para ello es imprescindible, sin duda, hacer alusión a las previsiones de nuestro egregio texto jurídico y a la normativa legal fundamental que orientan el marco procesal laboral, sin olvidar resaltar o subrayar la naturaleza jurídica de las mismas.
2.- Marco Jurídico.
En lo que a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se refiere, cabe mencionar que entre los principales principios en ella consagrados que tutelan los derechos de los trabajadores descollan el de irrenunciabilidad, de intangibilidad y de progresividad de los beneficios laborales, la primacía de la realidad sobre las formas o apariencias y la interpretación y aplicación de la norma más favorable.
En lo que a la Ley Orgánica Procesal del Trabajo respecta, ésta impone en sus disposiciones generales, como su principal cometido el de garantizar la protección de los trabajadores en los términos previstos en la encíclica política fundamental y en las demás leyes, así como el funcionamiento, para trabajadores y empleadores, de una jurisdicción laboral autónoma, imparcial y especializada.
Consagra también este compendio legal que, en el desempeño de sus funciones, el juez debe tener por norte de sus actos la verdad, teniendo la insoslayable obligación de inquirirla o procurarla, por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como garantizar o darle pleno cumplimiento al carácter tutelar de las mismas, motivo por el cual, deben intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuada, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.
3.- Disposiciones de Orden Público.
Un aspecto de trascendental importancia que debe destacarse es el carácter de orden público de que están revestidas las normas de carácter procesal, esencia que comparten las disposiciones sustantivas de naturaleza laboral. En tal sentido, es preciso hacer algunas indicaciones de procedencia jurisprudencial que han determinado el alcance concedido por el Legislador a tales preceptos.
En lo que respecta al carácter de orden público que revisten las normas procesales debe reseñarse que éste ha sido hartamente reconocido en reiterados y pacíficos pronunciamientos.[1] En lo que a la naturaleza de orden público de las leyes sustantivas laborales concierne, la Sala Constitucional en decisión N° 1848, de fecha 1 de febrero de 2011, después de hacer referencia al artículo 89.2 de nuestra Carta Magna dejó establecido que «…las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo son de orden público (ex artículo 10) y establecen un conjunto de derechos de los trabajadores que son irrenunciables y que constituyen un cimiento jurídico inexpugnable, pues, por debajo de esos derechos, no es válido ningún acuerdo entre trabajadores y patronos que implique la inderogabilidad de tales preceptos» dejando aclarado que «el carácter tuitivo de la ley atiende a la débil naturaleza económica del trabajador» y expresando que «de no ser así, el patrono podría controlarlo fácilmente, mediante la imposición de su voluntad en la constitución de las condiciones de la relación laboral».
A este mismo respecto, cabe señalar que la preceptiva hoy vigente, la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, va mucho más allá y consagra en su artículo 2 que sus normas y las que se deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata.
Con relación al principio de la non reformatio in peius debe señalarse que la Sala Constitucional en precedente signado con el Nº 2133 de fecha 6 de agosto de 2003, reconoció su naturaleza de orden público, por entender que se encuentra concatenado con el derecho a la defensa y a la garantía del debido proceso, destacando igualmente que en efecto, con la reforma de la sentencia en beneficio de quien no apeló y en perjuicio del único que lo hizo, se concede una ventaja indebida a una de las partes y se rompe con el equilibrio procesal, lo cual apareja indefensión ya que ésta no sólo se produce cuando el juez priva o limita a alguna de las partes de los medios o recursos que le concede la ley, sino, también, cuando el juez altera el equilibrio procesal mediante la concesión de ventajas a un litigante, en perjuicio de su contrario.[2]
Conforme con el razonamiento marcadamente civilista hecho por la Sala de Casación Social en decisión N° 886 de fecha 17 de julio de 2014, el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil consagra lo que la doctrina ha denominado la prohibición de non reformatio in peius o proscripción de reformar en perjuicio del único recurrente, según la cual no le está permitido al juez de alzada modificar la sentencia impugnada en perjuicio del apelante cuando la otra parte no ha apelado o no se ha adherido a la apelación y que tal como ha sido sostenido en reiteradas oportunidades, la configuración de este vicio se soporta en la vulneración del principio contenido en el aforismo tantum apellatum quantum devolutum que no es otro, que el deber que tienen los sentenciadores de alzada de ceñirse estrictamente al fuero de conocimiento atribuido en razón del recurso de apelación ejercido, de modo que las facultades o potestades cognoscitivas del juzgador quedan absolutamente circunscritas al gravamen denunciado, en otras palabras, es el impedimento que tiene el juez superior de empeorar la situación de quien ha apelado cuando no medie recurso alguno de su contraparte.
Por su lado, la Sala Constitucional en pronunciamiento N° 884 del 18 de mayo de 2005, definió este principio citando para ello la opinión de Jesús González Pérez, al indicar que éste consiste en la «prohibición de que el órgano ad quem exceda los límites en que está formulado el recurso acordando una agravación de la sentencia».[3]
En lo que al presente análisis concierne y en atención a la conexión conceptual, debe señalarse que esa misma Sala en sentencia N° 877 de fecha 5 de mayo de 2006 reiteró que el orden público está integrado por todas aquellas normas de interés público, que son de cumplimiento incondicional, que no pueden ser derogadas por las partes y en las cuales el interés general de la sociedad y del Estado supedita el interés particular, para la protección de ciertas instituciones que tienen elevada importancia para el mantenimiento de la seguridad jurídica. Ello, sin dejar de advertir que, a estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si este concepto tiende a hacer triunfar el interés general frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés.
Enfatizó además este pronunciamiento judicial, la importancia de destacar que los principios que informan el Derecho del Trabajo, entre los que se encuentra el principio de irrenunciabilidad de las normas que beneficien al trabajador, son directrices dirigidas al juez para asegurar la consecución de su objeto propio y evitar así que se trastoque la intención del Legislador en perjuicio de los trabajadores, razón por la cual concluye enfáticamente que, carecen de validez las estipulaciones mediante las cuales el trabajador admite prestar servicio en condiciones menos favorables a las establecidas en la normativa vigente, por mandato constitucional o las actuaciones particulares o judiciales que conduzcan a hacer nugatorios tales postulados.
4.- ¿Conflicto Normativo?
Contextualizada esta hipótesis, surge así entonces, la interrogante ¿debe el juez laboral que conoce en alzada o la Sala de Casación Social que resuelve un recurso de casación o de control de la legalidad, dar preferencia al empleo del principio procesal de la non reformatio in peius y dejar de aplicar u omitir cánones rectores de la legislación laboral contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? En otras palabras ¿puede el jurisdicente revisor, en los casos en que así sea procedente, dejar de condenar conceptos mínimos, y por ende, irrenunciables, so pretexto de no incurrir en la reforma en perjuicio del único recurrente?
Preliminarmente deben analizarse algunos pronunciamientos jurisprudenciales que coadyuven a vislumbrar el sendero que conduzca a una adecuada solución a este controvertido.
Para ello, resulta pertinente reproducir parcialmente la doctrina contenida en la decisión de la Sala Constitucional N° 651 de fecha 30 de mayo de 2013, la cual dejó establecido que si entre el derecho procesal y el derecho material existe una relación de medio a fin, en cuya virtud la jurisdicción y, por ende, el proceso judicial desempeña esa función de servicio consistente en ser el instrumento del que se vale el Estado, por la mano del juez, para que el derecho sustantivo se realice, está claro que es el proceso el que siempre debe adecuarse en su estructura, desenvolvimiento y eficacia a los diversos tipos de relaciones (y por tanto de normas) sustanciales a actuar y nunca el derecho material o de fondo el que pueda sacrificarse por interpretaciones excesivas o voluntariosas del rito procesal.
Vale reproducir aquí parte de la motivación del voto salvado en el pronunciamiento hecho por la Sala de Casación Social N° 1239 de fecha 6 de diciembre de 2013, cuando insiste, entre otras cosas, en que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia y que, en un Estado Social de Derecho y de Justicia, la interpretación que debe darse a las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea el vehículo apropiado para que las partes puedan ejercer su derecho de defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el texto constitucional instaura.
De igual forma, este precedente dejó establecido que, se erige como un compromiso inmanente de los impartidores de justicia, sobre todo en el ámbito jurisdiccional laboral que tiene como función primordial la protección del trabajo como hecho social y garantizar los derechos de los trabajadores, creadores de la riqueza producida y sujetos protagónicos del Estado concebido y programado en los términos antes expuestos, que al resolver las controversias que se susciten dentro de este escenario realicen una interpretación progresiva y armónica de las disposiciones legales guiada por los postulados constitucionales, con preponderancia del debido proceso y el derecho a la tutela judicial efectiva, en sincronía con la garantía de que la decisión esté ajustada a derecho y que pueda ejecutarse.
5.- ¿Absolutismo del Principio de la Non Reformatio in Peius?
A propósito de esta interrogante, es pertinente citar el pronunciamiento hecho por la Sala Constitucional contenido en la sentencia Nº 528 del 13 de marzo de 2003, donde se dejó sentado que la prohibición de reformar en perjuicio, es catalogada como un principio de derecho procesal, dirigido a crear un ambiente de seguridad jurídica en cabeza de la parte apelante, quien al saber que la contraparte no se ha adherido a la apelación, puede contar con que, el peor supuesto al cual se sometería en la alzada, sería que le confirmaran el fallo apelado, en todas y cada una de sus partes, no obteniendo ningún perjuicio adicional por el hecho de haber intentado el recurso, salvo, la condenatoria en costas de la respectiva instancia, destacando que cuando se trata de normas de orden público, la conducta de los litigantes no vincula al juez y que por consiguiente, el principio no sería de aplicación absoluta.[4]
A manera de precedente referencial, debe resaltarse la doctrina proferida por la Sala Constitucional en la sentencia N° 1266 del 2 de octubre de 2013, que reiterando pronunciamientos anteriores, reconoce el carácter de orden público del principio de la non reformatio in peius, dejando bien claro que, el alcance del referido principio no es uniforme en los diversos regímenes estatutarios que regula el derecho procesal.[5]
Con relación a ello, debe indicarse también que es producto de esta exégesis, el reconocimiento o declaratoria de que el juez contencioso administrativo, no puede verse atado -en los términos del proceso civil- a la estricta observancia de lo que se argumenta en el escrito de fundamentación de la apelación, pues siendo como es la jurisdicción contencioso administrativa garante de la legalidad de la actividad administrativa -razón que abona los poderes inquisitivos de los que goza-, también la segunda instancia ostenta facultades de conocimiento completo del asunto, no sólo por la circunstancia de que la apelación haya sido oída en ambos efectos, sino porque tiene poder de revisión de la conformidad a derecho de la Administración, con lo cual no resulta aplicable el principio de la non reformatio in peius.
Concatenado con lo anterior y a los fines de proporcionar un espectro de mayor amplitud, es importante dejar expuesta también la conclusión hecha por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia según la cual, el principio de la non reformatio in peius no tiene carácter absoluto, vale decir, es inaplicable cuando se encuentre involucrado el orden público, es decir, aquellas situaciones en las cuales nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe el interés general, estando legalmente facultado el ad quem para corregir tal vicio aún cuando no se haya ejercido el recurso ordinario de apelación.[6]
En criterio de quien suscribe, debe adoptarse una posición atemperada conforme a las circunstancias y concluir que, asumir que el principio de la non reformatio in peius tiene aplicación prevalente sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores en la decisión a proferir por el juez de segunda instancia o en los casos en los que le corresponda a la Sala de Casación Social pronunciarse sobre el fondo de lo debatido, en los supuestos de los artículos 175 y 179 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, es contrariar abiertamente el mandato de darle cumplimiento preferente a las disposiciones constitucionales sobre las normas legales, conocido como principio de la jerarquía o supremacía constitucional instituido en la pirámide kelseniana y es incurrir también en abierta violación a lo ordenado en el artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo que conmina al decisor a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los trabajadores, así como el carácter tutelar de las mismas conforme con la naturaleza especial de los derechos protegidos.
Con apoyo en lo anteriormente expuesto, la defensa y aplicación de tales imposiciones son fundamentos válidamente suficientes para concluir que, le está permitido al juez laboral de alzada o a la Sala de Casación Social, en los supuestos antes indicados, hacer pronunciamiento en su condena en favor del trabajador respecto de derechos que no constituyeron parte del recurso, cuando éstos hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados u ordenar el pago de sumas mayores que las demandadas, cuando aparezcan que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador de conformidad con la ley y con lo alegado y probado en el proceso, permisión ésta que le está dada también en los casos cuando el único recurrente sea el patrono y en la sentencia no se haya satisfecho el minimun irrenunciable reconocido al laborante legal o convencionalmente, aunado al argumento de que jamás debe imperar la norma de derecho procesal sobre aquella de derecho sustancial, vale decir, en estos casos, nunca debe el juzgador laboral darle aplicación preferente a la previsión adjetiva en desmedro del principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores.
Como corolario de lo anterior debe afirmarse que las garantías mínimas fundamentales contenidas en las normas proteccionistas del derecho del trabajo previstas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras y las que deriven de esta última, no pueden ser objeto de renuncia voluntaria ni forzosa, por cuanto están sustraídas del principio de la autonomía de la voluntad, frente a los patronos o empleadores y frente a los impartidores de justicia, garantizándose así la protección o tutela especial que es connatural con esta especialísima rama del derecho.
Ante la situación sub examine debe entenderse que darle aplicación al principio procesal sobre el principio sustancial al que se ha hecho referencia comporta un censurable error y una reprochable conducta del aplicador de justicia laboral, en su función rectora del proceso, que le impone, no solo la obligación de conducirlo activamente dándole el impulso y la dirección adecuada, sino hacer aplicación de las normas procesales para darle vigencia efectiva a los derechos de los trabajadores, despojándose de interpretaciones al margen de tales presupuestos, razón por la cual, el juez debe incluir en su resolución no solo las cuestiones desfavorables de la decisión recurrida a que se dirige la impugnación sino que debe garantizar que en ella estén comprendidos todos aquellos aspectos en contra del trabajador que involucran beneficios mínimos irrenunciables, los cuales deben entenderse siempre incluidos en el recurso, ya que si éste no puede hacer renuncia de los mismos de manera volitiva, una actuación judicial no puede conducir al resultado proscrito, puesto que con semejante solución se hacen ineficaces las previsiones protectorias, no puede admitirse bajo ninguna circunstancia tal manera de fallar.
Finamente, a manera de indicio referencial coincidente con la interpretación aquí esbozada, es pertinente indicar que, la Sala de Casación Social en el fallo N° 1702 de fecha 24 de noviembre de 2014, empleó un razonamiento semejante que denota tímidamente la interpretación aquí expuesta, al establecer que, al poseer la indexación el carácter de orden público e interés social, la misma puede ser ordenada por el juez incluso sin haber sido solicitada, y por ende, concluyó que en ese supuesto, no se quebrantó el principio procesal en comento. (más…)
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	INFORMES MÉDICOS PRIVADOS: VALORACIÓN por @jrtp61
Publicado: abril 5, 2017 en LABORAL	Etiquetas:#APUNTES, #DOCUMENTO, #EjercicioProfesionalDelMedico, #InformesMedicos, #JuridiccionLaboral, #MedioDePrueba, #ObjetoDePrueba	0
2.- Valoración de Pruebas en la Jurisdicción Laboral. Como parte del caudal argumentativo de esta interpretación, debe reiterarse que los jueces obtienen su convencimiento de los medios probatorios,[1] los cuales tienen por finalidad acreditar las circunstancias que sirven de fundamento fáctico a las pretensiones y defensas propuestas por las partes, vale decir, producir certeza respecto a los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones.
d.- ¿Pruebas Preconstituidas? En otro orden de ideas, se ha dicho que las instrumentales bajo examen deben ser consideradas como pruebas preconstituidas, vale decir, aquéllas elaboradas con vistas a un futuro proceso que no necesariamente se dará, pero que las partes las procuran como una medida de prevención, para aquellos casos en los cuales la litis se llegara a plantear efectivamente, los cuales constituyen un supuesto diferente al aquí analizado.
e.- ¿Pruebas Libres? Ante el rechazo de toda la argumentación anterior con respecto a la naturaleza jurídica de los referidos medios probatorios, cabe proponer que los mismos sean considerados como «pruebas libres», cuyo know how (propuesta, promoción y evacuación) ya fue señalado precedentemente. En este supuesto, la valoración que a tales medios, como todos los demás, debe forzosamente estar circunscrita dentro de los parámetros de la sana critica.
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	EL RÉGIMEN DE DESCANSO
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	EL DERECHO DE TRABAJO
Publicado: marzo 18, 2013 en LABORAL	Etiquetas:#APUNTES, #DERECHODETRABAJO, #LABORAL	0
Según Rafael Alfonso Guzmán, es el conjunto de preceptos de orden público regulador de las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo la dependencia ajena con objeto de garantizar a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona humana y a la comunidad la efectiva integración del individuo en el cuerpo social y la regulación de los conflictos entre los sujetos de esas relaciones.
Denominaciones del Derecho del Trabajo.
El Derecho de trabajo ha sido nombrado de muchas maneras entre las que destacan El Derecho Social, el cual ha sido empleada con mucha frecuencia, inclusive, hoy día en Venezuela, no obstante muchos de los que se dedican a esta rama jurídica, a veces emplean la expresión Derecho Social como sinónimo de Derecho del Trabajo o laboral, también se utiliza para hacer referencia a una tercera rama del Derecho, además de la tradicional, división del Derecho Público y Privado, o para identificar una corriente jurídica. También ha sido denominado como Derecho Obrero, Derecho Industrial, El Nuevo Derecho y Legislación del Trabajo, términos que limitan el contenido de la disciplina en la mayoría de los casos.
• Tiene Normas adjetivas y Sustantivas.
• Obligatorio cumplimiento de las normas ya que son impuestas por el Estado.
• Regula la relaciones entre la mano de obra y el capital
• Regula las relaciones entre patrono y trabajador (obrero, empleado)
• Es autónomo: Porque a pesar de que forma parte del Derecho Positivo tiene sus propias normas, es independiente.
• Es dinámico: Porque regula las relaciones jurídicas laborales, establecidas entre los dos polos de la sociedad capitalista.
• Es concreto y actual: Si bien es cierto que en la Ley del Trabajo existen normas de carácter abstracto, la normativa esta adaptada a las necesidades del país, teniendo en cuenta la diversidad de sexos, los regímenes especiales del trabajo como por ejemplo del trabajo de menores, aprendices, mujeres, trabajadores domésticos, conserjes, trabajadores a domicilio, deportistas y trabajadores rurales.
Objeto del Derecho del Trabajo:
• Regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patronos.
• Norma todo lo referente a salario, horas de trabajo, despidos justificado y no justificados, contratos individuales, sindicatos, huelgas entre otros.
• Regula los conflictos de la relación jurídico-laboral.
La legislación venezolana representa un conjunto de normas positivas, establecidas por el Estado Venezolano, para regular las relaciones jurídicas que se establezcan entre patronos y trabajadores con ocasión al hecho social trabajo. Lo que indica la materia, las personas que intervienen, el espacio y el tiempo en que se realizan las relaciones laborales, es decir, no se termina al campo de aplicación del Derecho del Trabajo.
Entre los tratadistas se discute la naturaleza jurídica del Derecho del Trabajo es de orden público o es de orden privado. Unos opinan, que para saber si la norma es de Derecho Público, hay que analizar la relación jurídica existente, será pública si la norma que lo rige es de carácter público.
Otros para determinar su naturaleza se refieren a los sujetos intervinientes en esta relación, determinando que si los sujetos antedichos son de Derecho Privado, la relación es de Derecho Privado, y viceversa. El Derecho del Trabajo por su naturaleza es un híbrido, ya que está integrado por normas de Derecho Público y de Derecho Privado.
Autonomía del Derecho del Trabajo
Es autónomo por los siguientes motivos
1. Es un sistema homogéneo de reglas orientadas por un propósito tutelar del trabajo, por cuenta y bajo dependencia ajena. Se refiere a que el Derecho laboral tiene sus propias leyes sustantivas, porque tiene normas especiales para la materia laboral.
2. Por sus fuentes y métodos de interpretación propia; tiene fuentes muy particulares al Derecho laboral, en cualquier proceso se debe entender quien es el débil jurídico, es decir, la balanza se va a inclinar al débil jurídico.
3. Por los órganos especiales encargados de su aplicación, tanto en lo administrativo como lo judicial: En este punto se tiene que hablar de la entrada en vigencia del Constitución Nacional de 1999 y de la Ley orgánica Procesal Laboral:
a. Primera Instancia: Sustanciación – Mediación- Ejecución
b. Segunda Instancia: Recurso de casación – Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia.
En cuanto a la esfera de aplicación de las normas jurídicas en materia de trabajo, vale citar el contenido del artículo 3 de La LOTTT.
“Esta Ley regirá las situaciones y relaciones laborales desarrolladas dentro del territorio nacional, de los trabajadores y trabajadoras con los patronos y patronas, derivadas del trabajo como hecho social. Las disposiciones contenidas en esta Ley y las que deriven de ella rigen a venezolanos, venezolanas, extranjeros y extranjeras con ocasión del trabajo prestado o convenido en el país y, en ningún caso, serán renunciables ni relajables por convenios particulares. Los convenios colectivos podrán acordar reglas favorables al trabajador y trabajadora que superen la norma general respetando el objeto de la presente Ley.
Igualmente se aplicaran las disposiciones de esta Ley a los trabajadores contratados y las trabajadoras contratadas en Venezuela para prestar servicios en el exterior del país”.
“En caso de conflicto de leyes prevalecerán las del trabajo, sustantivas o de procedimiento. Si hubiere dudas en la aplicación de varias normas vigentes, o en la interpretación de una determinada norma, se aplicará las más favorable al trabajador, la norma adoptará deberá aplicarse en su integridad.”
Además de las disposiciones constitucionales y legales de carácter imperativo, para la resolución de un caso determinado se aplicará, en el orden indicado:
c. Los principios que inspiran la legislación del trabajo, tales como los contenidos explícita o implícitamente en declaraciones constitucionales o en los convenios y recomendaciones adoptadas en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y en las jurisprudencias y doctrinas nacionales.
e. Los principios universalmente admitidos por el Derecho de Trabajo.
f. Las normas y principios generales del Derecho.
g. La equidad.
Excepciones de la aplicación del Derecho del Trabajo.
Tal como se establece en los artículos 5 y 6 de la LOTTT, se exceptúan los siguientes:
• Los cuerpos Armados: Siendo estos los integrantes de la Fuerza Armada Nacional, los servicios policiales y los demás que están vinculados a la defensa y la seguridad de la nación y al mantenimiento del orden público. Se rigen por la Ley de la Previsión Social de las Fuerzas Armadas Policiales.
• Los Funcionarios Públicos: Que pueden ser nacionales, estadales o municipales, los cuales se rigen por la Ley de Estatuto de la Función Pública y subsidiariamente la Ley del Trabajo en el ingreso, permanencia y la salida.
• La Jurisprudencia: Es en todo caso, fuente formal de normas jurídicas individuales, por cuanto establece, en la forma lógica de la norma jurídica, imperativos de la conducta que bien pueden ser formas obligatorias de comportamiento o composición de sanciones, dada una conducta indebida. La jurisprudencia puede ser vinculante (Sala Constitucional) es decir, que lo que rece en esa jurisprudencia, su cumplimiento es Ley.
• La Costumbre: Es la repetición constante y reiterada de un comportamiento, con la convicción de que responde a una necesidad jurídica.
• La Doctrina: Es el estudio de uno o varios juristas, no es vinculante puesto que se basa en reflexiones que tienen una base de sustentación bastante subjetiva. (El prestigio de doctrinario).
• La Legislación: La cual está contenida en las leyes, como la Ley Orgánica del Trabajo, La Constitución, Leyes Especiales, Reglamentos.
Como Fuentes Específicas del Derecho Laboral, conforme al artículo 60 de la ley Orgánica del Trabajo:
• Convención Colectiva: Su principal característica es que tiene sindicato. Según Jaime (op. Cit) La convención Colectiva es fuente original del Derecho del Trabajo y muchas de las innovaciones del legislador han encontrado su origen en la práctica constante de la convención colectiva.
• Laudo Arbitral: Son las decisiones tomadas por los árbitros nombrados en un proceso de arbitraje y sus decisiones tiene el mismo peso o valor de una sentencia.
• Contrato de trabajo: Que es ley entre las partes, ya sea un contrato individual o colectivo, que se celebra entre trabajadores y patrono.
Ramas del Derecho Laboral
• Laboral Individual: Regula la relación entre un patrono y un trabajador o un patrono y varios trabajadores.
• Laboral Colectivo: Una vez introducido el pliego conflictivo hay fuero sindical. Regula las relaciones entre un patrono y un grupo organizado de trabajadores (sindicato).
• Laboral Procesal: A partir de la Ley Procesal del Trabajo, ventila todo lo contencioso laboral a través de los tribunales laborales.
Organismos Encargados de la Protección del Trabajo y del Trabajador
1. Organismos Administrativos y Judiciales: El Ministerio del Trabajo es el órgano administrativo encargado de asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, es el inicialmente y luego se le atribuye a la Oficina Nacional del Trabajo creada por decreto ejecutivo el 29/09/1936, y el Ministerio del Trabajo y comunicaciones decretado en marzo de 1937, desde el 24/04/1945 el Ministerio del Trabajo fue separado del de comunicaciones y tiene asignada las funciones
a. Como órgano ejecutor de la Legislación Laboral: En ese sentido le compete principalmente desarrollar las actividades de inspección, conciliación, fomento en las relaciones obreros-patronales y arbitraje, colocación de trabajadores y sancionamiento de infracciones.
b. Como órgano técnico en la preparación y reforma de la legislación del trabajo.
c. Como instrumento de renovación social, proponiendo al mejoramiento de las condiciones de vida y trabajo, en general.
2. Organismos Internacionales: La Organización Internacional del Trabajo instituida en 1919, por acuerdo de las naciones signatarias del Tratado de Versalles, el cuerpo de normas establecidos por la OIT constituye la parte esencial de la reglamentación internacional del trabajo.
Relaciones del Derecho del Trabajo con otras Disciplinas
• Con el Derecho Civil: Nuestro Código Civil sigue el sistema del principio de la autonomía de la voluntad: por el cual el juez deberá indagar e interpretar la voluntad de las partes.
• Con el Derecho Constitucional: Que ha sido influido por el Derecho del Trabajo hasta el punto de provocar reformas en la Constitución de las Naciones.
• Con el Derecho Penal: Que tiene tipos especiales de normas para infracciones relativas al trabajo.
• Con el Derecho Administrativo: El Derecho del Trabajo ha creado un tren burocrático especial: Ministerio del Trabajo y sus dependencias.
• Con el Derecho Procesal: Que a la vez que amplió su radio con la especialidad del procedimiento laboral mediante la Ley Orgánica de Tribunales y de Procedimientos del Trabajo, el Derecho Procesal le sirve de fuente supletoria.
El análisis de todo fenómeno debe partir de su conceptualización, por lo que necesariamente, el tema de la flexibilidad debe iniciarse con una definición sobre la misma. Etimológicamente, el término flexibilidad alude a aquello que tiene calidad de flexible, y por flexible, entendemos aquello que se dobla fácilmente, que cede, que se acomoda sin dificultad.
Aún cuando en los primeros momentos fue tarea difícil elaborar una definición sobre flexibilidad, hoy nadie discute que la noción flexibilizadora se identifica con mecanismos jurídicos, reformas, y estrategias, cuyo objetivo es quitar rigidez a la legislación laboral a fin de permitir que el factor trabajo se “acomode”, se “adapte” fácilmente a las necesidades y conveniencias del sistema productivo. Juan Raso Delgue (1993) expresa: “por flexibilización laboral entenderemos la tendencia generalizada de modificar por vía autónoma o heterónoma las reglas jurídicas de la prestación de trabajo, con la finalidad de ajustar el factor trabajo a las nuevas exigencias del sistema de producción”
A juicio de Arturo Hoyos (1987), la flexibilización laboral consiste en:
“la posibilidad de la empresa de contar con mecanismos jurídicos que le permitan ajustar su producción, empleo y condiciones de trabajo ante las fluctuaciones rápidas y continuas del sistema económico (demanda efectiva y diversificación de la misma, tasa de cambio, intereses bancarios, competencia internacional), las innovaciones tecnológicas y otros factores que demandan ajustes con celeridad”
Del análisis de los diversos conceptos presentados, se formula el siguiente: la flexibilización laboral consiste en un conjunto de mecanismos de optimización de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la empresa, con tendencia a profundizarse y mantenerse en el tiempo, cuyo objetivo fundamental es la fácil adaptabilidad de las relaciones laborales a las exigencias económicas del mercado tanto interno como externo, dentro del marco de la juridicidad.
En efecto, y a fin de explicar la anterior definición, se puede afirmar que se trata de un conjunto de mecanismos cuyo objetivo es optimizar, es decir, permitir el máximo aprovechamiento de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y físicos de la empresa, al servicio de la producción.
Debe aclararse que la flexibilidad no es un fenómeno nuevo, sino que subyace y siempre ha estado presente en el mundo del trabajo, con tendencia a profundizarse cada vez más y a impactar de manera permanente la relación laboral presente y futura.
Se dice que permite la fácil adaptación de las relaciones laborales, porque, precisamente, este fenómeno surge debido a la necesidad de acomodar, de amoldar el factor trabajo a las variaciones de la producción, en un mercado cambiante y dinámico, para satisfacer las exigencias que se imponen en el marco de una economía mundial globalizada.
Cuando se hace referencia a las relaciones laborales, se quiere aludir a aquéllas que se establecen con ocasión del trabajo subordinado, entre patronos, trabajadores y Estado.
Estos recursos, alternativas o mecanismos siempre deberán estar enmarcados dentro del marco jurídico de la legislación del trabajo entendida en sentido amplio, como el conjunto de normas que regulan el hecho social trabajo, en el que figuran: la Constitución o Carta Fundamental, las leyes generales y especiales, los reglamentos, las normas provenientes de las negociaciones colectivas, del reglamento interno o del taller en la medida en que sea reconocido, y otras derivadas de los usos o costumbres industriales o profesionales, los instrumentos internacionales debidamente ratificados, tales como los convenios suscritos ante el órgano internacional por excelencia, la Organización Internacional del Trabajo, y aquéllos acuerdos y tratados suscritos con otros países en la materia laboral, que vistos como un todo coherente, conforman el cuerpo normativo del Derecho del Trabajo. Esta es la vía más indicada para evitar y limitar los efectos negativos que pudieran tener para el trabajador ciertas interpretaciones y aplicaciones de la flexibilidad.
Acepciones del término “Flexibilidad”
La flexibilidad es ciertamente un fenómeno complejo, que puede ser interpretado y aplicado de diversas formas, de acuerdo con las condiciones sociales, culturales, jurídicas, económicas, del sector productivo, etc., pero cuya característica es la redefinición del concepto tradicional de la relación laboral, que puede ser entendida -acepción acogida en el presente trabajo como un mecanismo de optimización de los recursos empresariales, dentro de la concepción “ganar-ganar” para todos los actores involucrados, pero preservando y profundizando el disfrute de los derechos laborales fundamentales.
Dentro de esta concepción, la flexibilidad laboral se perfila como una propuesta interesante y creativa, capaz de generar una fuerte motivación al logro y suscitar una mayor integración del trabajador a la empresa.
Pero también puede ser entendida como sinónimo de precarización y desregulación, interpretación desafortunada que significa un retroceso a etapas superadas en el ámbito laboral, mediante la reedición de antiguas formas de explotación del hombre por el hombre, con exclusión del sistema de protección conquistado por obra de batallas legítimas libradas por la masa trabajadora, y que se manifiesta a través del empleo precario o atípico y la subcontratación, con la consiguiente pérdida de los beneficios laborales, el incumplimiento patronal, salario insuficiente, la ausencia de seguridad social, entre otras.
Al respecto, como bien lo expresa Arturo Hoyos (1987), la flexibilización del derecho laboral tradicional, como el dios romano Jano, tiene dos caras, una que mira hacia adelante, y otra que mira hacia atrás, lo que equivale a decir, una positiva y otra negativa.
La parte positiva estaría representada en el hecho de que la flexibilidad permite a las empresas mantener su competitividad mediante el ajuste a las presiones externas, además de estimular la diversificación y expansión del empleo.
Esto hace posible la supervivencia de la empresa, que a su vez, sustenta el empleo y el bienestar económico, y trae aparejados los beneficios adicionales de la estabilidad social y política.
Sin embargo, la flexibilidad laboral tiene una segunda cara menos atractiva que la anterior, que implica la abolición de una serie de garantías brindadas tradicionalmente a los trabajadores frente a un empleador que goza de mayor poder en la relación contractual; lo que a su vez va a generar el debilitamiento de un derecho que ha perseguido introducir -y cita a Otto Kahn Freund-, elementos de coordinación en una relación de subordinación.
El resultado es que el derecho laboral resulta disminuido e inconvenientemente desviado hacia la esfera de la acumulación capitalista, más que hacia la justicia distributiva que históricamente ha sido su hábitat. Y finaliza:
“La Ley debería poder distinguir entre aquéllos que desean mayor flexibilidad para cooperar y para crear empleos y aumentar la productividad, a diferencia de aquellos empleadores inescrupulosos que la utilizarán para fines inconfesables”.
En resumen, la flexibilidad puede entenderse de dos maneras: -Como un mecanismo de optimización de los recursos empresariales (humano, tecnológico, económico), en función de una nueva manera de concebir el hecho social trabajo; respetando su dimensión humana; Como un mecanismo de eliminación de las conquistas, normas protectoras y garantías laborales de los trabajadores.
Regla In Dubio Pro Operario: Todas las normas jurídicas aplicables a las relaciones de trabajo, en caso de duda en cuanto a su sentido y alcance, deben ser interpretadas en la forma que resulte más beneficiosa para el trabajador. Es decir, de entre dos o más sentidos de una norma, ha de acogerse aquel que en cada caso resulte más favorable a los intereses de los trabajadores.
Regla de la Norma más Favorable: Por su parte, la regla de la norma más favorable implica un cambio en la manera tradicional de entender el principio de la jerarquía normativa. En efecto, el vértice de la pirámide de la jerarquía de las normas laborales será ocupado por la norma más favorable al trabajador de entre todas las diferentes normas en vigor. Esta regla soluciona uno de los problemas básicos en la aplicación de las normas del Derecho del Trabajo, en cuanto a la determinación de la norma aplicable de entre las varias, posibles y simultáneamente vigentes. En definitiva, se puede señalar que una característica del Derecho del Trabajo es que cada una de sus normas marca niveles mínimos de protección. De esta manera, nada impide que por encima de esos niveles se puedan ir aprobando otras normas que los mejoren. Esta regla tiene plena aplicación en nuestro ordenamiento jurídico laboral, por expreso mandato del legislador.
Regla de la Condición más Beneficiosa: Esta regla supone la existencia de una situación concreta anteriormente reconocida y determina que ella debe ser respetada en la medida que sea más favorable al trabajador que la nueva regulación que se ha de aplicar. Esta regla opera, entonces, en los casos de sucesión normativa, garantizando el respeto a los niveles alcanzados con la norma más antigua o derogada. Para invocar esta regla, deben concurrir tres requisitos:
• Que se trate de condiciones laborales, en un sentido amplio (alimentación, transporte, becas de estudio, vestimenta, etc.).
• Que las condiciones laborales sean más beneficiosas para el trabajador, lo cual importa compararlas con otra regulación, nacida bajo el imperio de una norma antigua, sea legal o convencional.
• Que las condiciones laborales hayan sido efectivamente reconocidas al trabajador, a nivel individual.
Cabe señalar que esta regla también tiene aplicación en nuestro ordenamiento jurídico laboral, pese a que los fundamentos que permiten afirmar su vigencia no son tan fuertes como la declaración expresa del legislador dada para la regla anterior.
Principio de la Presunción de la No Interrupción de la Relación Laboral: Este principio, reconocido a favor del trabajador persigue que las relaciones laborales sean estables. Esto porque se ha concebido al contrato de trabajo como una relación jurídica indefinida, estable y de jornada completa, de tal manera que asegure la continuidad de la permanencia del trabajador en la empresa, protegiéndola de rupturas e interrupciones y limitando las facultades del empleador de ponerle término.
Principio de Supremacía de la Realidad sobre las Formas o Apariencias: Puede definirse este principio señalando que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. De esta forma han surgido las nociones de “contrato-realidad” y “efectiva relación de trabajo”, entendiendo que la aplicación del Derecho del Trabajo depende cada vez más de una relación jurídica objetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento.
Principio de la Presunción de Contrato de Trabajo a Tiempo Indeterminado: El contrato de trabajo se considerará celebrado por tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes, en forma inequívoca, de vincularse sólo con ocasión de una obra determinada o por tiempo determinado. (Art. 73 .L.O.T.)
Principio de la Obligación de Indemnizar al Trabajador en caso de la finalización de la Relación Laboral por Causas imputables al Patrono: Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado finalice por despido injustificado el trabajador tendrá derecho a una indemnización calculada en base al tiempo de la relación laboral, acorde a lo establecido en la ley. (Art. 125 L.O.T. en concordancia con el Art. 190 Ley Orgánica Procesal del Trabajo)
Principio de la Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales: Este principio plantea la imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el Derecho del Trabajo. El ordenamiento jurídico laboral se aleja nuevamente de los criterios civilistas, que recogen los principios contrarios, de la renunciabilidad de los derechos y de la autonomía de la voluntad. Respecto del alcance de la irrenunciabilidad la cuestión presenta matices en los diferentes ordenamientos jurídicos, pero el nuestro recoge este principio en el artículo 3 del L.O.T., que establece que “En ningún caso serán renunciables las normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores”.
Principios Generales con Relevancia en Materia Laboral.
Principio de Igualdad de Trato: El principio de igualdad ante la ley puede formularse como el sometimiento de todas las personas a un mismo estatuto jurídico fundamental para el ejercicio de sus derechos y para el cumplimiento de sus deberes. (Art. 23 y sgts. L.O.T.)
Principio de no Discriminación: El principio de no discriminación está estrechamente vinculado al principio de igualdad, toda vez que él asegura la plena vigencia del principio de la igualdad al excluir o prohibir toda diferenciación, preferencia o exclusión que se fundamente en criterios objetivos y razonables. (Art. 26 L.O.T.)
Principio de la Buena Fe: En su concepción objetiva, el principio de la buena fe “conlleva un modelo de conducta social que la ley exige a las personas conforme a un imperativo ético dado, dentro del marco de la relación contractual.” Dicho de otra forma, a través de este principio general se impone un modelo o arquetipo de conducta social basado en la rectitud y honradez.
Tu voto:Share this:TweetWhatsAppCorreo electrónicoCompartir en TumblrMe gusta:Me gusta Cargando...	Entradas y Páginas Populares	EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL REGISTRO MERCANTIL. CONCEPTO. DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO. EFECTOS.	DERECHO DEL PADRE DE COMPARTIR, CONVIVIR, VISITAR A SU MENOR HIJO.	EL DERECHO MERCANTIL	LA CITACIÓN EN EL PROCESO CIVIL EL DERECHO DE TRABAJO	LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO CIVIL VENEZOLANO	LAS FASES DEL PROCESO PENAL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO	Extinción de las obligaciones, El Pago, La Novación, La compensación, La Confusión	NORMATIVA LABORAL VIGENTE EN VENEZUELA Top Posts & Pages	EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL REGISTRO MERCANTIL. CONCEPTO. DOCUMENTOS SUJETOS A REGISTRO. EFECTOS.	DERECHO DEL PADRE DE COMPARTIR, CONVIVIR, VISITAR A SU MENOR HIJO.	EL DERECHO MERCANTIL	LA CITACIÓN EN EL PROCESO CIVIL EL DERECHO DE TRABAJO	LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL PROCESO CIVIL VENEZOLANO	LAS FASES DEL PROCESO PENAL PROCEDIMIENTO ORDINARIO EN EL PROCESO PENAL VENEZOLANO	Extinción de las obligaciones, El Pago, La Novación, La compensación, La Confusión	NORMATIVA LABORAL VIGENTE EN VENEZUELA ADMINISTRATIVO APUNTES ARCHIVOS ENVIADOS DERECHO CIVIL DERECHO MUNICIPAL DERECHO PENAL DERECHO REGISTRAL DERECHO ROMANO FILOSOFÍA GARANTIAS INFORMACION DOCTRINAL INFORMACIÓN VARIADA INTERNACIONAL PÚBLICO JURISPRUDENCIAS JURISPRUDENCIAS CIVIL JURISPRUDENCIAS PENAL JURISPRUDENCIAS SALA CONSTITUCIONAL LABORAL LEYES VIGENTES MEDICINA FORENSE MERCANTIL NOTICIAS DE INTERES PROCESAL CIVIL RESOLUCIONES SENTENCIAS SALA CIVIL SENTENCIAS SALA CONTITUCIONAL SENTENCIAS SALA PENAL SENTENCIAS SALA PLENA TRIBUTARIO VIDEOS JURÍDICOS Comentarios recientes	Agustin Yanez en EL CÓDIGO DE COMERCIO. EL REGI…freddy en EL COMODATOjesus A. Torres Meji… en LAS MEDIDAS PREVENTIVAS EN EL…Martin sulbaran en LAS FASES DEL PROCESO PEN…Julian garcia en SOCRATES Y SU FILOSOFÍA EN EL…	Blogs que sigo	Blog de WordPress.com.	Arvelo, Cedeño & HernándezAbogadosmariabelenboscanA topnotch WordPress.com sitefreckled.AgüeroSiempre Lista Para ServirGiuseppe_isgro's BlogVERDAD UNIVERSALVolviendo a empezar...El nuevo blog de Rita FerrerCocinero AficionadoTe invito a suscribirte al blog, ricas recetas y fáciles de preparar RitaFerrer's BlogSocial Media, Running y Algo más...La Página Jurídica de VenezuelaSitio web dedicado a la investigación y difusión de temas de interés jurídicoLa Revista MineraDerechoVenezolano.ComDerecho A La Mano, Doctrinas, Jurisprudencias, Apuntes y Todo lo Relacionado De Nuestro Mundo Jurídico