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Timestamp: 2019-09-19 00:07:32
Document Index: 9245627

Matched Legal Cases: ['artículo 75', 'artículo 75', 'artículo 157', 'artículo 49', 'artículo 59', 'artículo 58', 'artículo 62', 'artículo 58']

Resolución de TEAF Álava, 08-03-2002 | Iberley
Resolución de Tribunal Económico-Administrativo Foral de Álava de 08 de Marzo de 2002
Fecha: 08 de Marzo de 2002
Núm. Resolución: R020015
La petición de fraccionamiento de una de las dos deudas debe ser tramitada aunque el peticionario tenga deudas pendientes en vía ejecutiva, porque está prevista su concesión por órgano superior si se aprecian causas de extraordinaria necesidad. Para las deudas superiores a 3.005,06 € la aportación de aval es inexcusable, porque la suspensión de pagos no es un supuesto de carencia de bienes ni se ha acreditado la imposibilidad de obtener garantía.
En Vitoria-Gasteiz, a ocho de marzo de dos mil dos. Vista ante este Organismo Jurídico Administrativo de Álava la reclamación económico-administrativa núm. 7/01, interpuesta por D., en nombre y representación de , S.A, con CIF y domicilio a efectos de notificaciones en la calle , contra dos resoluciones de la Jefa del Servicio de Relación con los Contribuyentes, de 11 de diciembre de 2000, que declaran improcedentes las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias resultantes de las autoliquidaciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido y a las retenciones, sobre rendimientos del trabajo, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes ambas a octubre de 2000; cuantía: 3.692,62 €.
Primero.-La entidad reclamante solicitó, ante el Servicio de Relación con los contribuyentes, sin aportar garantía alguna por entender cumplidos los requisitos para la dispensa de la misma, el fraccionamiento en veinticuatro plazos mensuales, tras un período de carencia de seis meses, de las deudas tributarias derivadas de los conceptos indicados en el encabezamiento, ascendentes a 2.384,78 y 3.692,62 €, respectivamente, por no poder hacer frente a su pago en período voluntario al encontrarse incursa en suspensión de pagos.
Segundo.-Las resoluciones de referencia denegaron la tramitación de las solicitudes formuladas al considerarlas improcedentes debido a la existencia de deudas tributarias pendientes de pago en la vía de apremio.
Tercero.-Contra las mismas, la representación de ' , S.A' promueve la presente reclamación económico-administrativa, en la que solicita su anulación, en base a las siguientes alegaciones: a) La denegación de los aplazamientos y fraccionamientos solicitados puede contribuir a la liquidación definitiva de la compañía, con las graves consecuencias que ello acarrearía para los miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que dependen de ella y para un gran número de pequeñas empresas respecto a las que constituye su principal o único cliente; y b) Es titular de un activo que supera ampliamente al pasivo exigible y acreedora de importantes cantidades de dinero, cuyo cobro le permitirá generar ingresos suficientes para hacer frente a sus obligaciones, por lo que el pago de las deudas tributarias pendientes está garantizado.
Primero.-La cuestión a resolver consiste en si las resoluciones impugnadas resultan o no conformes a derecho en cuanto deniegan la tramitación de unas solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias, presentadas sin aportación de garantía alguna, por tener la entidad solicitante otros débitos pendientes de pago en la vía de apremio.
Segundo.-Como cuestión previa a la expuesta en el Fundamento de Derecho anterior, se plantea la de si los actos administrativos impugnados son o no revisables en vía económico-administrativa, puesto que el artículo 75 del Reglamento General de Recaudación del Territorio Histórico de Álava, aprobado por el Decreto Foral 48/1994, de 10 de mayo, establece que:'Contra la resolución por la que se conceda o deniegue un aplazamiento o fraccionamiento no se admitirá recurso o reclamación alguna'.
A este respecto, el precepto transcrito debe entenderse en relación con los artículos 56 y 61 del mismo reglamento, aplicables a las peticiones de aplazamiento y fraccionamiento relativas a deudas tributarias inferiores y superiores a 3.005,06 €, respectivamente, de conformidad con los cuales dichas peticiones son tramitadas por el Servicio de Relación con los Contribuyentes y, si reúnen los requisitos señalados reglamentariamente -es decir, si son calificadas como procedentes-, resueltas por diferentes órganos en función de los períodos de aplazamiento o fraccionamiento solicitados.
En el supuesto que nos ocupa, los actos administrativos objeto de la presente reclamación deniegan la tramitación de las solicitudes por entender que no reúnen los requisitos para ser consideradas procedentes, por lo que no les resulta aplicable el citado artículo 75, referente a las resoluciones que -de acuerdo con la distribución de competencias fijada en los artículos 56 y 61- ponen fin a dicha tramitación otorgando o denegando el aplazamiento o fraccionamiento, sino el artículo 157.k) de la Norma Foral General Tributaria, de 31 de mayo de 1981, que incluye entre los actos de gestión tributaria reclamables en vía económico-administrativa:'Los que reconozcan o denieguen un derecho o declaren una obligación,... que pongan término a la vía de gestión o impidan su continuación'.
Tercero.-Determinada la procedencia de examinar en vía económico-administrativa la conformidad a derecho de las resoluciones impugnadas, resulta necesario tomar en consideración el artículo 49.1.b) del Reglamento General de Recaudación, invocado en las mismas, que dispone la no concesión de aplazamientos o fraccionamientos a los sujetos pasivos que, en el momento de efectuar la petición, tengan deudas tributarias pendientes de pago en vía de apremio, añadiendo que:'No obstante, y de forma excepcional, siempre que concurran causas de extraordinaria necesidad, la existencia de esta circunstancia no será obstáculo para la concesión del aplazamiento o fraccionamiento cuando exista informe favorable del Director de Hacienda. En estos casos, la concesión del aplazamiento o fraccionamiento corresponderá al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas o Presupuestos'. Asimismo, el apartado 3 establece:'Las peticiones en las que concurran las circunstancias señaladas en los números anteriores, que no sean objeto de la aplicación de las excepciones referidas, se considerarán improcedentes'.
De los preceptos transcritos se desprende que, si bien la existencia de deudas apremiadas puede ser causa de la no concesión de los aplazamientos o fraccionamientos solicitados, la concurrencia de tal circunstancia no conlleva automáticamente la calificación como improcedentes de las peticiones formuladas y la consecuente denegación de su tramitación, ya que esta normativa contempla la posible estimación de las mismas en caso de extraordinaria necesidad, cuya apreciación corresponde al Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, lo que implica, en supuestos en los que se alegan situaciones excepcionales como la declaración del deudor en suspensión de pagos, la necesaria tramitación del procedimiento hasta su finalización mediante resolución de dicho órgano.
Cuarto.-Aunque lo anteriormente expuesto conduciría a la anulación de los dos actos administrativos impugnados, en el caso de la resolución relativa a la deuda tributaria derivada de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuyo importe asciende a 3.692,62 €, resulta de aplicación lo preceptuado en el segundo párrafo del artículo 59.4 de la Norma Foral General Tributaria, según el cual, las deudas aplazadas deben garantizarse, en los términos previstos en la normativa recaudatoria, excepto cuando sean inferiores a las cifras fijadas por la Diputación Foral de Álava o el deudor carezca de bienes suficientes para ello.
Esta disposición se encuentra desarrollada por el artículo 58 del Reglamento General de Recaudación, aplicable a las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento relativas a deudas superiores a 3.005,06 €, cuyo apartado 1 establece:'El peticionario aportará garantía en forma de aval solidario de Banco, Caja de Ahorros Confederada, Caja Postal de Ahorros u otra entidad autorizada,... por el importe de la deuda y de los intereses de demora,...', añadiendo su apartado 2:'El aval bancario deberá ser presentado en el mismo momento que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento. En caso contrario, la petición se considerará improcedente'.
En el supuesto objeto de la presente reclamación, ' , S.A', al formular la solicitud de aplazamiento y fraccionamiento, no aportó aval bancario, como tampoco la documentación exigida por el artículo 62 del mismo texto reglamentario para los casos de imposibilidad de presentación de dicha garantía, consistente en la negativa de dos instituciones de crédito a formalizar el aval a su favor, ni ofreció ningún otro tipo de garantías, sino que se limitó a manifestar que consideraba cumplidos los requisitos para la dispensa de las mismas.
Ahora bien, dicha dispensa no constituye, en modo alguno, un derecho del contribuyente, ni una obligación a cargo de la Administración tributaria, como ha entendido la Audiencia Nacional en su sentencia de 7 de noviembre de 1995 (Ar. JT 1536) cuyo Fundamento de Derecho quinto señala:'Tampoco pueden acogerse las pretensiones de la actora en orden a un pretendido derecho a obtener el aplazamiento y fraccionamiento que solicita sin garantías, o, como expresa, a un derecho a la dispensa de garantías, puesto que, siendo la propia concesión de aquellas medidas graciable y discrecional, con mayor razón, si es que cabe, ostentaría el mismo carácter su concesión sin garantías, frente a la regla general, de la exigencia de éstas..., con las únicas salvedades..., una de ellas referente a una cifra de deuda, que aquí no concurre, y otra alusiva a aspectos, como el de que el deudor carezca de bienes suficientes para garantizar la deuda...'.
En consecuencia, no habiendo garantizado la reclamante, en los términos previstos en la normativa recaudatoria, la deuda tributaria de importe superior a 3.005,06 €. y no resultando aplicable la excepción relativa a la insuficiencia de bienes, como se desprende de sus propias manifestaciones, se hace necesario confirmar la resolución que declara improcedente la tramitación de la solicitud de aplazamiento relativa a dicha deuda, de conformidad con el artículo 58.2 del Reglamento General de Recaudación, antes transcrito.
Quinto.-Por lo anteriormente expuesto y razonado, procede estimar en parte la presente reclamación, anulando el acto administrativo relativo a la petición de aplazamiento de la deuda tributaria inferior a 3.005,06 €, por no ser conforme a derecho, y confirmando el otro acto impugnado por resultar ajustado al ordenamiento jurídico.
El Organismo Jurídico Administrativo de Álava, conociendo de la reclamación económico-administrativa núm. 7/01, interpuesta por la representación de , S.A, contra dos resoluciones de la Jefa del Servicio de Relación con los Contribuyentes, de 11 de diciembre de 2000, que declaran improcedentes las solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de las deudas tributarias resultantes de las autoliquidaciones relativas al Impuesto sobre el Valor Añadido y a las retenciones, sobre rendimientos del trabajo, a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondientes ambas a octubre de 2000,RESUELVEESTIMAR EN PARTE la misma y, en su virtud:
Primero.- Anular la resolución que declara improcedente la solicitud relativa a la deuda tributaria resultante de la autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido, por no ser conforme a derecho, y ordenar al Servicio de Relación con los Contribuyentes la admisión a trámite de dicha solicitud, para que sea resuelta por el Órgano competente.
Segundo.- Confirmar la resolución referente a la petición correspondiente a la deuda tributaria derivada de las retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por resultar ajustada a derecho.
Sentencia Administrativo Nº 32/2007, TSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Contencioso, Sec. 1, Rec 2205/2005, 10-01-2007
Orden: Administrativo Fecha: 10/01/2007 Tribunal: Tsj Comunidad Valenciana Ponente: Lorente Almiñana, Juan Luis Num. Sentencia: 32/2007 Num. Recurso: 2205/2005
Sentencia Administrativo TS, Sala de lo Contencioso, Sec. 2, Rec 2218/2006, 27-05-2011
Orden: Administrativo Fecha: 27/05/2011 Tribunal: Tribunal Supremo Ponente: Trillo Torres, Ramon Num. Recurso: 2218/2006
Sentencia ADMINISTRATIVO Nº 173/2017, AN, Sala de lo Contencioso, Sec. 7, Rec 1/2017, 28-04-2017
Orden: Administrativo Fecha: 28/04/2017 Tribunal: Audiencia Nacional Ponente: Lopez-muñiz Goñi, Jose Luis Num. Sentencia: 173/2017 Num. Recurso: 1/2017
Resolución de TEAF Navarra, 940030, 02-10-1996
Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral De Navarra Fecha: 02/10/1996 Núm. Resolución: 940030