Source: https://www.iberley.es/jurisprudencia/sentencia-civil-n-34-2017-jpii-leganes-sec-8-rec-405-2016-06-03-2017-47704808
Timestamp: 2018-02-18 18:08:42
Document Index: 1571059

Matched Legal Cases: ['artículo 1301', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1301', 'artículo 1261', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 1266', 'artículo 394']

Sentencia CIVIL Nº 34/2017, JPII Leganés, Sec. 8, Rec 405/2016, 06-03-2017 | Iberley
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción - Leganés
Blanca Grand Delgado
405/2016
Sentencia CIVIL Nº 34/2017, Juzgado de Primera Instancia e Instrucción - Leganés, Sección 8, Rec 405/2016 de 06 de Marzo de 2017
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Órgano: Sg De Impuestos Sobre El Consumo Fecha: 18/07/2006
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Órgano: Sg De Operaciones Financieras Fecha: 18/09/2002
Núm. Resolución: 1343-02
Fecha: 06 de Marzo de 2017
Tribunal: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción - Leganés
Ponente: Blanca Grand Delgado
Núm. Sentencia: 34/2017
Núm. Recurso: 405/2016
Núm. Cendoj: 28074410082017100001
Núm. Ecli: ES:JPII:2017:9
Núm. Roj: SJPII 9:2017
JUZGADO DE 1ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN Nº 08 DE LEGANÉS
Pza. de la Comunidad de Madrid, 5 , Planta 2 - 28912
Tfno: 913307638
Fax: 913307591
42020310
NIG: 28.074.00.2-2016/0003665
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 405/2016
Materia: Otros asuntos de parte general
Demandante:D./Dña. Victoriano y D./Dña. Enriqueta
PROCURADOR D./Dña. BARBARA EGIDO MARTIN
Demandado:BANCO SANTANDER SA
PROCURADOR D./Dña. JAVIER GARCIA GUILLEN
SENTENCIA Nº 34/2017
En la Ciudad de Leganés, a 6 de marzo de 2017.
Vistos por la Ilma. Sra. Dña. BLANCA GRAND DELGADO, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia n° 8 de esta ciudad, los presentes autos de JUICIO ORDINARIO seguidos ante este Juzgado bajo el n° 405/2016 a instancia de D. Victoriano y Dña. Enriqueta , ambos representados por la Procuradora Dña. Bárbara Egido Martín y asistidos por el Letrado D. Ramón Lafuente Sánchez, contra la entidad BANCO SANTANDER, S.A., representada por el Procurador D. Javier García Guillén y asistida por el Letrado D. Javier García Sanz; sobre DECLARACION DE NULIDAD, ANULABILIDAD Y RESOLUCION DE CONTRATO; y atendiendo a los siguientes
PRIMERO.- Por la parte actora se presentó demanda en fecha 26 de abril de 2016 solicitando se declarase la nulidad del contrato de suscripción de valores Santander por inexistencia de consentimiento, subsidiariamente se anulara el contrato por existir dolo y error en el consentimiento y subsidiariamente se resolviera el contrato por incumplimiento contractual, con restitución en todos los casos de la cantidad de 15.000,00 euros e intereses previa compensación con los intereses cobrados y devolución de las cantidades y de las acciones percibidas. Admitida a trámite la demanda, se emplazó a la entidad demandada para que, en término de veinte días, compareciera y contestara a la demanda, lo que formalizó en tiempo y forma oponiéndose a la demanda y solicitando su desestimación.
SEGUNDO.- Se convocó a las partes a la celebración de la audiencia previa, que tuvo lugar el día 23 de noviembre de 2016 sin que las partes llegasen a un acuerdo. Se admitieron las pruebas propuestas por las partes que fueron declaradas pertinentes y útiles y se convocó a estas a juicio oral, que se celebró el día 25 de enero de 2017, practicándose la prueba testifical propuesta, con el resultado que obra en autos. Previo informe emitido por las partes, quedaron los autos conclusos para dictar sentencia.
TERCERO.- En la sustanciación de este juicio se han observado los preceptos y prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia debido a la carga de trabajo existente en este Juzgado.
PRIMERO.- La parte actora ejercita acción para que se declare la nulidad por inexistencia de consentimiento o subsidiariamente por concurrir vicio en el consentimiento por dolo o error de la orden de valores de fecha 10 de septiembre de 2007 en virtud de la cual adquirieron tres títulos llamados Valores Santander, desembolsando para ello la cantidad de 15.000,00 euros. Alega en fundamento de su pretensión que los demandantes carecen de conocimientos y experiencia inversora, que llevaban trabajando con la entidad bancaria muchos años y por ello existía relación de confianza, y que siendo clientes minoristas con tan solo una cuenta bancaria y algunos depósitos a plazo fijo con capital plenamente garantizado, la entidad bancaria les ofreció la suscripción de un producto de alto riesgo, sin que se les suministrara información sobre la naturaleza y los riesgos del producto, ofertándoselo a modo de un depósito a plazo fijo, firmando cuanta documentación se les expuso en la creencia de que contrataban un depósito a plazo fijo. Manifiestan que no se les informó de la situación financiera en la que se encontraba la entidad. Se alega que la orden de valores se firmó en fecha anterior a que se registrara el folleto informativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por lo que las contrataciones son nulas por carecer de objeto, además de ser nulas por falta de consentimiento dado que la falta de información sobre la naturaleza, características y riesgos del producto entraña inexistencia de consentimiento y en su defecto consentimiento viciado por dolo o error.
La parte demandada se opone a la demanda alegando, en síntesis, caducidad de la acción de nulidad ejercitada. Y en cuanto al fondo que se ofreció información suficiente a la parte demandante sobre la naturaleza, características, condiciones y riesgos del producto, de forma que la información verbal y escrita ofrecida no ofrecía dudas acerca de su naturaleza siendo imposible que fuera concebido por la parte demandante como un depósito a plazo fijo; que no se contrató con anterioridad a que se registrara el folleto informativo en la C.N.M.V sino que en fecha anterior a ese registro solo se recogieron a los clientes manifestaciones de interés en contratar, no realizándose la contratación sino con posterioridad con la firma de la Orden de suscripción; que el producto está calificado como de complejidad media y que era plenamente entendible por los demandantes que, a pesar de ser clientes minoristas, tenían un perfil inversor medio por cuanto a la fecha de contratación tenían suscritos otros productos de riesgos tales como acciones, participaciones preferentes, fondos de inversión etc..; que la parte demandante no opuso objeción a este producto mientras percibió unos intereses elevados al 7,50% y que dado que la conversión en acciones se hizo por un precio por debajo del esperado consecuencia de la fluctuación del mercado, la parte actora pretender trasladar a la entidad bancaria el riesgo asumido por contratar un producto de estas características.
SEGUNDO.- En primer lugar se ha de entrar a examinar la excepción de caducidad alegada por la entidad demandada Banco Santander. El artículo 1301 del Código Civil señala que ' la acción de nulidad solo durará cuatro años. Este tiempo empezará a correr: ... en los casos de error, o dolo, o falsedad de la causa, desde la consumación del contrato'.
Este plazo de caducidad se aplica en exclusiva a las acciones de anulabilidad contractual por concurrir vicio del consentimiento, pues las acciones de nulidad contractual por inexistencia de alguno de los elementos esenciales del contrato -que es la primera de las acciones ejercitadas en la demanda- son imprescriptibles como tiene reiteradamente declarado la Jurisprudencia.
Sobre el 'dies a quo' para iniciar el cómputo del plazo de prescripción, señala la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 12 de enero de 2015 , que '.... 5.- Al interpretar hoy el artículo 1.301 del Código Civil en relación a las acciones que persiguen la anulación de un contrato bancario o de inversión por concurrencia de vicio del consentimiento, no puede obviarse el criterio interpretativo relativo a «la realidad social del tiempo en que [las normas] han de ser aplicadas atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas», tal como establece el artículo 3 del Código Civil .
(....) La diferencia de complejidad entre las relaciones contractuales en las que a finales del siglo XIX podía producirse con más facilidad el error en el consentimiento, y los contratos bancarios, financieros y de inversión actuales, es considerable. Por ello, en casos como el que es objeto del recurso no puede interpretarse la 'consumación del contrato' como si de un negocio jurídico simple se tratara. En la fecha en que el artículo 1.301 del Código Civil fue redactado, la escasa complejidad que, por lo general, caracterizaba los contratos permitía que el contratante aquejado del vicio del consentimiento, con un mínimo de diligencia, pudiera conocer el error padecido en un momento más temprano del desarrollo de la relación contractual. Pero en el espíritu y la finalidad de la norma se encontraba el cumplimiento del tradicional requisito de la 'actio nata', conforme al cual el cómputo del plazo de ejercicio de la acción, salvo expresa disposición que establezca lo contrario, no puede empezar a computarse al menos hasta que se tiene o puede tenerse cabal y completo conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción. Tal principio se halla recogido actualmente en los principios de Derecho europeo de los contratos (art. 4:113).
Por ello, en relaciones contractuales complejas como son con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por el error.'
Teniendo en cuenta la doctrina jurisprudencial expuesta, solo puede entenderse a juicio de esta Juzgadora que es a partir del 4 de octubre de 2012 cuando debe comenzar a computarse el plazo de caducidad legal de cuatro años invocado por la entidad bancaria demandada, pues es en dicha fecha cuando los títulos adquiridos por los demandantes se convierten definitivamente en acciones y es en dicha fecha cuando, de concurrir vicio del consentimiento, podrían haber tomado cabal, completo y definitivo conocimiento del error padecido. Por ello, no puede apreciarse la caducidad de la acción ejercitada, pues a la fecha de interposición de la demanda -26 de abril de 2016- no ha transcurrido el plazo legal de cuatro años previsto en el artículo 1301 del Código Civil desde la fecha antedicha.
TERCERO.- Con respecto a la acción principal de nulidad contractual por ausencia de consentimiento, procede su desestimación por entender que en el contrato analizado en autos concurren todos los elementos necesarios para su perfeccionamiento, a saber, consentimiento, objeto y causa. La parte actora sostiene que existe falta de consentimiento por falta de la debida información ofrecida por la entidad bancaria demandada que provocó fueran incapaces de entender lo que suscribieron, por lo que no concurrió consentimiento.
Sobre esta materia, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que el Código Civil carece de un tratamiento preciso de la ineficacia contractual. Pese a ello, entre los grados de invalidez de los contratos, cabe distinguir entre la denominada nulidad radical o absoluta, y la mera anulabilidad o nulidad relativa. En la primera, la absoluta, el contrato adolece de falta de alguno o algunos de los elementos esenciales, señalados en el artículo 1261 del Código Civil ; o, aun concurriendo esos elementos esenciales de todo contrato, se ha celebrado en oposición a leyes imperativas o prohibitivas, cuya infracción da lugar a la ineficacia ( artículo 6.3 del Código Civil ). En la segunda, la anulabilidad o nulidad relativa, la ineficacia deviene bien como consecuencia de vicios del consentimiento en la formación de la voluntad, bien de falta de capacidad de obrar en uno de los contratantes o, finalmente, de la falsedad de la causa.
En esta materia, cuando se alega deficiente conocimiento del objeto del contrato por falta de la debida información, no puede hablarse de falta de consentimiento, sino a lo sumo de vicio de consentimiento, como ha declarado de forma constante la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, citándose a modo ejemplificativo la sentencia de Pleno del Tribunal Supremo de fecha 20 de enero de 2014 , en el que analiza la contratación de un producto bancario, y dice ' el hecho de que el apartado 3 del art. 79 bis LMV imponga a la entidad financiera que comercializa productos financieros complejos, como el swap contratado por las partes, el deber de suministrar al cliente minorista una información comprensible y adecuada de tales instrumentos (o productos) financieros, que necesariamente ha de incluir 'orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos', muestra que esta información es imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar válidamente su consentimiento. Dicho de otro modo, el desconocimiento de estos concretos riesgos asociados al producto financiero que contrata pone en evidencia que la representación mental que el cliente se hacía de lo que contrataba era equivocada, y este error es esencial pues afecta a las presuposiciones que fueron causa principal de la contratación del producto financiero'...' De este modo, el deber de información contenido en el apartado 3 del art. 79 bis LMV presupone la necesidad de que el cliente minorista a quien se ofrece la contratación de un producto financiero complejo como el swap de inflación conozca los riesgos asociados a tal producto, para que la prestación de su consentimiento no esté viciada de error que permita la anulación del contrato'
La pretensión de nulidad contractual por inexistencia de consentimiento debe ser, pues, desestimada.
CUARTO.- En segundo lugar ejercita la parte actora la acción de anulabilidad por vicio del consentimiento por concurrir error y dolo. A este respecto, decir que el artículo 1.265 C.C . señala que será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo, y el artículo 1266 C.C . señala que para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuera objeto del contrato, o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, acerca de la existencia de error invalidante del contrato, se expresa así: ' Dice la sentencia de 24 de enero de 2003 que, de acuerdo con la doctrina de esta Sala, para que el error invalide el consentimiento, se ha de tratar de error excusable, es decir, aquel que no se pueda atribuir a negligencia de la parte que lo alega, ya que el error inexcusable no es susceptible de dar lugar a la nulidad solicitada por no afectar el consentimiento (...); con cita de otras varias, la sentencia de 12 de julio de 2002 recoge la doctrina de esta Sala respecto al error en el objeto al que se refiere el párrafo 1º del art. 1265 del Código Civil y establece que «será determinante de la invalidación del contrato únicamente si reúne dos fundamentales requisitos: a) ser esencial porque la cosa carezca de alguna de las condiciones que se le atribuyen, y precisamente de la que de manera primordial y básica motivó la celebración del negocio atendida la finalidad de éste; y b) que no sea imputable a quien lo padece y no haya podido ser evitado mediante el empleo, por parte de quien lo ha sufrido, de una diligencia media o regular teniendo en cuenta la condición de las personas, pues de acuerdo con los postulados de la buena fe el requisito de la excusabilidad tiene por función básica impedir que el ordenamiento proteja a quien ha padecido el error cuando éste no merece esa protección por su conducta negligente ya que en tal caso ha de establecerse esa protección a la otra parte contratante que la merece por la confianza.'
La inobservancia del deber de información puede provocar, como se expresa en las sentencias referidas anteriormente, un vicio en el consentimiento, por lo que cuestionándose en el presente caso la información transmitida por la entidad bancaria sobre la naturaleza, características y riesgos del producto contratado, lo primero que procede, en aras a determinar si han de estimarse o no las pretensiones de la parte demandante, es analizar el citado producto para concretar ante qué nos encontramos, y a continuación entrar a valorar cuáles son las circunstancias personales concurrentes en la parte demandante para así determinar si con la información suministrada por la entidad demandada podían haber comprendido el tipo de contrato que estaban celebrando y los riesgos que asumían.
El producto en cuestión se denomina Valores Santander, y se comercializó por la necesidad de la entidad bancaria emisora de captar fondos para la adquisición de la totalidad de las acciones en una operación de oferta pública de la entidad financiera holandesa ABN AMRO. Para ello se emitieron los denominados 'Valores Santander', registrándose las condiciones de la oferta en la CNMV el 19 de septiembre de 2007, por un importe nominal de 7.000.000.000 euros, con 5.000 euros de valor nominal unitario.
La operativa de tal emisión diferenciaba dos situaciones, a saber:
a) Si la OPA no prosperaba el 27 de julio de 200, los valores se amortizarían el 4 de octubre de 2008 con reembolso de su valor nominal y una remuneración del 7,30% TAE;
b) Si la OPA prosperaba y finalmente ABN AMRO era adquirida, los valores se canjearían necesariamente por obligaciones convertibles en acciones de nueva emisión del Banco de Santander S.A., en diversos momentos para el canje voluntario y ciertas condiciones de canje obligatorio. Operaba así la inversión en los valores como un título de deuda privada, con el devengo de un interés anual del 7,30% el primer año y Euribor más 2,75% en los años sucesivos, pagadero trimestralmente, hasta el momento de su conversión en acciones del Banco. La conversión era obligatoria transcurrido el plazo de cinco años al precio de conversión inicialmente fijado.
Consta publicado en la CNMV un tríptico informativo, en el que se mostraban dos escenarios diversos bajo la mención de 'ejemplos teóricos de rentabilidad'. En él se explicaba la determinación de una prima de conversión fija de las acciones en el momento del canje: 'para la conversión, la acción Santander se valorará al 116 % de su cotización cuando se emitan las obligaciones convertibles, esto es, por encima de su cotización en ese momento', con un precio que quedó establecido en 16,04 euros por acción, fijándose en consecuencia 311,76 acciones por cada Valor Santander.
Por tanto el riesgo de la inversión dependía del valor de las acciones en el momento de la conversión, pues el valor de referencia no era el de la cotización en el momento del canje, sino el precio previamente determinado por referencia al momento de la emisión. De este modo, si en el instante del canje la cotización de la acción fuera superior a la predeterminada de 16,04 euros, los clientes adquirirían acciones por un precio más barato que el de mercado en ese momento. Si, por el contrario, el valor de la acción fuera inferior al precio indicado, los inversores adquirirían las acciones a un precio superior al de cotización en esa fecha, sea cual fuera, en consecuencia, la evolución de la acción del Banco, el cliente siempre recibiría un número ya determinado de acciones.
Diversas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid han resuelto que nos hallamos ante un producto medianamente complejo, como admite la demandada al calificarlo, internamente, 'producto amarillo', en relación con 'rojo' o 'verde', graduación de máximo a mínimos en dicha complejidad, calificación aprobada por la CNMV.
La comprensión del contenido del producto hasta para una persona no experta en materia financiera, no es difícil, pues se trata de una compra condicionada a la adquisición de una entidad bancaria, con diferente resultado si lleva a cabo o no, y no dejándose en abstracto las consecuencias, sino prefijándolas según se consiga o no dicha operación bancaria. Es una apuesta, que como tal, supone un riesgo, y sus términos son asequibles para un ciudadano medio con cierta experiencia inversora, como lo eran los demandantes a la vista de los documentos 3 a 8 de la contestación a la demanda: los demandantes habían suscrito con anterioridad otros productos de capital no garantizado, como participaciones preferentes, acciones del Banco Santander, fondos de inversión, planes de pensiones no garantizados etc... No se trataba de clientes minoristas de perfil claramente conservador, sino de clientes con perfil moderado, como así además lo expresó el testigo Sr. Cirilo , Director de la sucursal y persona que contrató el producto litigioso con los demandantes, quien además afirmó que estos clientes solían venir a la oficina cada cuatro o cinco meses para informarse de los productos existentes donde poder invertir su dinero, y que de hecho en otras ocasiones les había ofrecido otro tipo de productos que habían rechazado por diversos motivos, lo que permite concluir que los demandantes tenían cierta experiencia inversora y capacidad por ello de comprender las explicaciones ofrecidas y para elegir libremente contratar o no el producto ofertado. Lo que a buen seguro se puede concluir es que los demandantes, aunque así lo afirman en su demanda, no pudieron pensar que estaban contratando un depósito a plazo fijo, pues el primer documento que firman para después contratar este producto, la 'reserva' como así lo denominó el testigo (documento nº28 de la demanda), es un documento claro y sencillo que permite a cualquier persona, incluso sin conocimientos financieros, comprender que no se contrata un depósito a plazo fijo. Este documento, que lleva por título 'manifestación de interés valores Santander', en ningún momento habla de la palabra depósito, ni plazo, ni fijo, e incluso contiene términos que evidencian que se trata de un producto con un componente de aleatoriedad: 'manifiesto mi interés en conocer, tan pronto esté aprobado el correspondiente folleto por la CNMV, las características detallada de los valores subordinados convertibles en acciones del banco Santander...' Resulta evidente, pues, que no pueden alegar los demandantes que creían que contrataban un depósito a plazo fijo.
Como ya se han pronunciado otras secciones de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 8ª en sentencia de 6 de junio de 2014; Sección 12 ª sentencia de 25 de octubre de 2016; Sección 18 ª sentencia de 12 de enero de 2016; sección 10 ª sentencia de 19 de mayo de 2016 etc...) la complejidad de este producto no es tanta como la existente en otros productos financieros. Y ello porque no puede obviarse que nos hallamos ante un producto que inicialmente es de renta fija con un elevado interés, pero que al prosperar la OPA, no se restituía el nominal con el interés fijado, sino que se transformaba en la adquisición de acciones con las consecuencias propias de la volatilidad inherente al propio concepto de acción, es decir que aunque inicialmente los valores convertibles no tenían el capital garantizado '...... su adquisición era económicamente similar a la compra de acciones ya que estaban llamados a convertirse automáticamente en acciones a una fecha determinada, retribuyéndose a un interés fijo hasta que se produjese la conversión. La esencia final del negocio era la adquisición de acciones y, con ello, el inversor estaba asumiendo un riesgo de volatilidad aunque atenuado por los intereses que a cambio recibía' ( Sentencia de la Audiencia Provincial de Salamanca de fecha 27 de febrero de 2015 ). Y esa operativa es obvio que no es inasequible para un cliente que opera en el mercado de valores como lo hacían los demandantes tal como ya se ha expuesto.
Por lo tanto la cuestión litigiosa, a diferencia de otros supuestos de productos financieros, no se centra tanto en la naturaleza del producto, como en la información que fuera facilitada a los demandantes y a su propia capacidad para comprenderla.
En base al anterior razonamiento, debemos señalar que la validez del contrato cuya nulidad se insta, ha de ponerse en relación con la forma y modo de prestación del consentimiento que se dice viciado o ausente y es de insistir, siguiendo el fundamento de la resolución recurrida, que de las pruebas practicadas no se deriva que ese consentimiento falte o haya sido erróneamente prestado, ni se ha demostrado cumplidamente que ese error fuera invencible y por ende excusable.
En el presente caso la información suministrada a los demandantes no solo deriva de la suscripción de la orden de suscripción, documento nº 2 de la contestación, en la que se admite la recepción de la información precisa, que no podía ser otra que el tríptico informativo debidamente registrado en la CNMV; sino también de la testifical del empleado bancario, D. Cirilo , quien confirmó haberle no solo hecho entrega de los referidos documentos, sino también de las explicaciones relativas a las consecuencias del producto, testigo que era el Director de la sucursal que contrató con los demandantes pero que en la actualidad ya no mantiene ningún vínculo con la entidad bancaria demandada por estar jubilado, por lo que no puede dudarse de su testimonio.
En consecuencia si el art. 217 LEC recoge la doctrina jurisprudencial sobre la facilidad probatoria, y es claro que a la demandada le incumbe acreditar la realidad de la información efectivamente dada en forma verbal, esta se ha acreditado a través de la prueba testifical y la efectiva suscripción de la orden de suscripción y el reconocimiento en ella de que se ha entregado y leído el tríptico informativo de las que se deriva que se le informó verbalmente de los términos de tal producto, antes explicitados, y como recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, sección 18 '... lo que ha de unirse al hecho de que esa contratación tenía un claro fundamento en la voluntad de los demandantes de obtener una alta rentabilidad de su inversión, que es indiscutible que lo era hasta el canje por acciones, y que obviamente desde entonces dependería de la fluctuación de su valor como es lo propio de tales títulos'.
Por lo tanto, si el fundamento de la pretendida anulación contractual es el error en la prestación del consentimiento, lo probado en autos documental y testificalmente es que a los demandantes se les informó del producto contratado que desde luego como antes se razonó no tenía una complejidad tal que no pudiera entenderse ni siquiera con las explicaciones necesarias, de forma que debe desestimarse la acción ejercitada. Y por los mismos motivos debe desestimarse la acción ejercitada de forma subsidiaria de resolución por incumplimiento del deber esencial de información que incumbía a la entidad bancaria hoy demandada, pues tal como se ha expuesto este deber no ha sido incumplido.
QUINTO.- Respecto de las costas, se ha de imponer su pago a la parte demandante al haberse desestimado íntegramente la demanda, en aplicación del artículo 394 de la L.E.C .
Vistos los preceptos legales citados, y los demás que son de general y pertinente aplicación,
Que desestimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Dña. Bárbara Egido Martín, en nombre y representación de D. Victoriano y Dña. Enriqueta , debo absolver y absuelvo a la entidad BANCO SANTANDER, S.A. de las pretensiones ejercitadas en su contra, con imposición de las costas causadas a la parte demandante.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación por escrito presentado en este Juzgado en plazo de veinte días, para su resolución por la Ilma. Audiencia Provincial de Madrid, previa la constitución de depósito en la cantidad de 50,00 euros mediante ingreso en la Cuenta de Consignaciones de este Juzgado.
Así lo pronuncio, mando y firmo,
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada que fue la anterior sentencia en el día de su fecha, estando la Sra. Magistrada-Juez que la suscribe celebrando audiencia pública. Doy fe.
Fecha de entrada en vigor: 29/01/1989