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Timestamp: 2017-11-24 04:34:51
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CAPITULO III. AVANCES EN EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN. RECONOCIMIENTOCONSTITUCIONAL. by Grupo Emaus Fundacion Social - issuu
CAPÍTULO III. AVANCES EN EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL. RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS CAMPESINOS
Fernando Fernández Such Marta Rivera Ferre
ÍNDICE 1. CONSAGRACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN. Breve recorrido histórico
2. ELEMENTOS QUE HAN FAVPRECIDO SU APLICACIÓN POR PARTE DE LOS GOBIERNOS Y SU CONCRECIÓN EN POLÍTICAS NACIONALES
2.1 EL NOMBRAMIENTO DE LA FIGURA DEL RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHOA LA ALIMENTACIÓN 2.2 EL CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN GENERAL Nº12 2.3 LAS DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA REALIZACIÓN ADECUADA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN 2.4 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO FACULTATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PIDESC 3. AVANCES EN EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN
3.1 RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN 3.2 RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN RELACIÓN PARA LA CONSECUCIÓN DE OTROS DERECHOS HUMANOS 3.3 RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN COMO PRINCIPIO RECTOR DE LAS POLÍTICAS DEL ESTADO 3.4 RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO AL RECONOCER EL CONJUNTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 3.5 SITUACIÓN GLOBAL POR CONTINENTES Y PAÍSES DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN 4. OBSTÁCULOS EN EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Y JUSTICIABILIDAD
4.1 JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO Y ACCESO A LOS TRIBUNALES. Responsabilidad de los Estados 4.2 OBLIGACIONES EXTRATERRITORIALES DE LOS ESTADOS 5. RELACIÓN ENTRE LA ACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN
6. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNA POLÍTICA DE ESTADO FAVORABLE A LA PRODUCCIÓN CAMPESINA Y LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. Análisis por países de de Asia y África
7. CARTA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CAMPESINOS
Con la perspectiva del tiempo resulta extraordinario valorar los avances en el reconocimiento internacional del derecho a la alimentación adecuada. Tanto el reconocimiento político, social, jurídico, y el reconocimiento en los niveles nacionales e internacionales son reales y palpables. Este reconocimiento se basa en un desarrollo de su contenido impresionante, en la reivindicación nacional e internacional, su extensión en múltiples contextos, y sobre todo en la apropiación por parte de las personas y organizaciones tanto campesinas, de pescadores, de pueblos indígenas del derecho humano a la alimentación. Todo este proceso, hasta llegar a decir que realmente en este momento su contenido está marcando el desarrollo de las leyes y políticas nacionales a favor de la soberanía alimentaria. Esto es así porque todos los instrumentos internacionales que desarrollan o concretan el contenido del derecho a la alimentación, aunque sin nombrarlo explícitamente, hablan y son coherentes con la soberanía alimentaria. La extensión del derecho a la alimentación sin duda ha sido el elemento que más a favorecido la comprensión de la reivindicación de soberanía alimentaria. En este camino muchas organizaciones han aportado su esfuerzo, pero en este caso, es justo reconocer el trabajo constante de FIAN Internacional y su alianza con la Vía Campesina en el marco del Comité Internacional de Planificación para la Soberanía alimentaria (IPC) con base en Roma. El trabajo concienzudo y persistente de FIAN y su vocación política de construirlo desde la realidad de las personas del campo han sido, desde luego, uno de los mayores logros sociales en estos años. Si tuviéramos que sintetizar las claves que están determinando el éxito podríamos decir que han sido:
Los elementos que han hecho avanzar este proceso han sido: Trabajo constante de FIAN internacional y la multitud de documentos generados y las relaciones y redes generadas. Informes de misión de países de FIAN y Vía Campesina y los Informes paralelos presentados anualmente en la sesión del ECOSOC La Observación General Nº 12 sobre derecho humano a la alimentación Trabajo del Relator Especial de NNUU para el derecho a la alimentación y los informes anuales elaborados así como su alianza con la Vía Campesina y FIAN El reconocimiento del derecho a la alimentación en las sucesivas declaraciones internacionales El proceso de elaboración y la aprobación de las directrices voluntarias para el desarrollo efectivo del derecho a la alimentación adecuada Aprobación del Protocolo Facultativo
1. CONSAGRACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN. Breve recorrido histórico Para situar adecuadamente el logro es necesario hacer una breve aproximación histórica que recorra los hitos más importantes en este proceso de más de 50 años. El derecho a la alimentación aparece consagrado en el art 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDDHH). Este artículo dice textualmente “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud 3
y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios ....”. Por si misma la DUDDHH sólo tiene un valor ético, por ello los estados decidieron elaborar una serie de Pactos que desarrollaran el contenido jurídico de los mismos así como un sistema de responsabilidades y obligaciones que les vinculara a un orden internacional. En 1966 La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó dos Pactos que daban respuesta a lo anterior. El Pacto Internacional de derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC). Para su entrada en vigor era necesaria su ratificación por al menos 35 estados, cuestión que se consiguió en el año 1976. España ratificó los acuerdos en el año 1977. La diferencia fundamental entre ambos es que mientras que los estados se comprometían a la puesta en práctica inmediata de los derechos políticos y civiles contenidos en el primero de los pactos, la salvaguarda de los segundos exige desarrollar políticas activas tendentes a garantizarlos y en ocasiones requieren gran cantidad de recursos económicos. Por ello el compromiso de los 142 estados que actualmente han firmado este pacto es ir poniéndolos en práctica de forma progresiva. El derecho a la alimentación se reconoce en el art 11.1. del Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) que dice textualmente “ Los estados reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de su existencia”. El Art. 11.2. Además dice “Los estados reconocen que pueden ser necesarias otras medidas para garantizar el derecho fundamental de toda persona a ser protegida contra el hambre. Para ello los estados partes adoptarán, bien individualmente, o bien mediante la cooperación internacional las medidas, incluidos los programas concretos que se necesiten para: Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de los alimentos, mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de los principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y utilización más justas y eficaces de los recursos naturales”. El punto b del Art. 11.2. establece, “Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países importadores de alimentos como a los exportadores”. La Declaración Final de la Cumbre Mundial de la Alimentación del año 1996 organizada por FAO identificó la necesidad de avanzar en el desarrollo del derecho a la alimentación. El objetivo 7.4 dice textualmente. “Esclarecer el contenido del derecho a una alimentación suficiente y del derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre, como se declara en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros instrumentos internacionales y regionales pertinentes, y prestar especial atención a la aplicación y la realización plena y progresiva de este derecho como medio de conseguir la seguridad alimentaria para todos”. Mayo 1999. Observación General Nº121 es reconocida como la interpretación autorizada del contenido del derecho a la alimentación, y es el instrumento de trabajo fundamental sobre el que construir el proceso a futuro. Esta Observación General 12 desarrolla tanto el concepto de derecho a la alimentación, como los deberes y responsabilidades de los estados para su aplicación, así como las relaciones existentes entre el nivel nacional e internacional para su correcta aplicación. La OG Nº 12 ha significado un salto cualitativo en el desarrollo del derecho porque por primera vez se reconoce en un instrumento 1 La Observación General Nº 12 completa y los informes pueden consultarse en el espacio de la FAO sobre derecho humano a la alimentación www.fao/righttofood.org
internacional los postulados que sirven de base a la reivindicación de la soberanía alimentaria lo que permitió a las organizaciones tener un punto de presión internacional que fortalecía la estrategia de movilización. En mayo de 1999 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano encargado de supervisar la aplicación del PIDESC, en su 20ª periodo de sesiones y atendiendo a la solicitud formulada por los Estados Miembros durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 de que se definieran mejor los derechos relacionados con la alimentación que se mencionan en el artículo 11 del Pacto, aprobó la Observación General Nº 122 relativa al derecho a una alimentación adecuada.
2. ELEMENTOS QUE HAN FAVORECIDO SU APLICACIÓN POR PARTE DE LOS GOBIERNOS Y SU CONCRECIÓN EN POLÍTICAS NACIONALES A partir de este momento son varios los pasos que favorecieron el desarrollo del derecho.
2.1 EL NOMBRAMIENTO DE LA FIGURA DEL RELATOR ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN. En su 56º período de sesiones, la Comisión de Derechos Humanos aprobó la resolución 2000/10, de 17 de abril de 2000, por la que decidió responder a la necesidad de adoptar un enfoque integrado y coordinado en la promoción y protección del derecho a la alimentación y nombrar por un período de tres años prorrogables la figura de una Relatoría Especial sobre el Derecho a la Alimentación3. La Comisión define en los siguientes términos el mandato del Relator Especial: Que solicite y reciba información sobre todos los aspectos de la realización del derecho a la alimentación, incluida la urgente necesidad de erradicar el hambre, y que responda a esa información. Que coopere con los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales, en particular la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, y las organizaciones no gubernamentales para la promoción y realización eficaz del derecho a la alimentación, y formule recomendaciones apropiadas sobre la realización de ese derecho, tomando en consideración la labor ya realizada en esta esfera en todo el sistema de las Naciones Unidas; Que identifique los problemas nuevos relacionados con el derecho a la alimentación que se planteen en todo el mundo." En base a lo anterior, el primer Relator Especial Jean Ziegler, con un equipo humano compuesto por cinco personas desarrolló una ingente labor de investigación, análisis y relación con todos los actores interesados en el desarrollo de una estrategia contra el hambre centrada en el derecho a la alimentación y en el marco de una estrategia de seguridad alimentaria nacional. Todos los documentos generados han contribuido, sin ninguna duda, al impulso de su aplicabilidad por parte de los estados. A Ziegler le siguió Olivier de Shutther que ha continuado su misma línea de trabajo y que ha impulsado mucho más su función diplomática lo que ha permitido avances y reconocimientos concretos en el plano de las leyes nacionales. 2 Una observación general es una especie de exégesis autorizada de un texto de una convención del que hace una interpretación generalmente aceptada. La Observación general Nº 12 se refiere al artículo 11 del PIDESC. El texto completo se puede consultar en la página web creada al efecto. www.righttofood.org. 3 Lo cual fue ratificado por Decisión 2000/219 del Consejo Económico y Social
La labor del Relator especial de NNUU para el derecho a la alimentación se ha centrado en: Periodos de consulta amplios a diferentes actores interesados para detectar; casos de violación del derecho humano a la alimentación en base al contenido de la Observación General 12, buenas prácticas desarrolladas tanto por Estados como por ONG y Organismos Internacionales, así como seguimiento del desarrollo legislativo nacional del derecho a la alimentación. Informes anuales, donde se describen los avances y retrocesos en la aplicación del derecho humano a la alimentación4. Ingente labor diplomática internacional tanto en su participación en espacios de otros organismos internacionales como en su relación con los gobiernos tanto los favorables al desarrollo como aquellos que han puesto trabas al trabajo. En esta labor, el relator ha mantenido un diálogo permanente con las ONGDs y OSC favoreciendo nuestra incorporación al proceso de elaboración de las directrices voluntarias que desarrollarán la aplicación del derecho a la alimentación. 2.2 EL CONTENIDO DE LA OBSERVACIÓN GENERAL Nº 12. La Observación General nº 12, sintetiza el contenido de este derecho diciendo que “el derecho a la alimentación es el derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna”5. Si analizamos el texto de la Observación General nº 12, podemos encontrar algunos elementos constitutivos de este derecho a la alimentación, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considera “inseparablemente vinculado a la dignidad humana” e “inseparable de la justicia social”6: Alimentación suficiente: aquella que aporta una combinación de productos nutritivos suficiente para satisfacer las necesidades fisiológicas humanas (crecimiento físico y mental, desarrollo, mantenimiento, actividad física) en todas las etapas del ciclo vital, y según el sexo y la ocupación7. Adecuación: los alimentos o regímenes de alimentación disponibles para satisfacer el derecho a la alimentación deben ser adecuados para las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo imperantes en un espacio y en un tiempo determinado8. Sostenibilidad: posibilidad de acceso a los alimentos por parte de las generaciones presentes y futuras9 . Esta sostenibilidad viene referida tanto al ejercicio individual como al comunitario y se refiere a la necesidad de que los individuos y las comunidades se alimenten por si mismos con los recursos disponibles a su alcance y eliminando la posibilidad de generar dependencia. Inocuidad: los alimentos deben carecer de sustancias nocivas, para lo cual debe establecerse una gama de medidas de protección tanto por medios públicos como privados para evitar la contaminación de los productos alimenticios debido a la adulteración 4 Los informes del relator que se pueden consultar en la misma página web www.righttofood.org. 5 Informe preparado por el Sr. Jean Ziegler, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, de conformidad con la resolución 2000/10 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. E/CN.4/2001/53, de 7 de febrero de 2001. Se refiere a este tema como justiciabilidad del derecho a la alimentación. En este momento disponemos de otra Observación General, la Nº 13 que se refiere al Derecho al Agua y que durante la primera sesión del Grupo de Trabajo sobre el derecho a la alimantación fue tomada en cuenta para los trabajos posteriores. 6 Observación general nº 12, párr. 4 7 Observación general nº 12, párr. 9 8 Observación general nº 12, párr. 7 9 Observación general nº 12, párr. 7
y/o la mala higiene ambiental o la manipulación incorrecta en distintas etapas de la cadena alimentaria10. Respeto a las culturas: los alimentos deben ser aceptables para una cultura o unos consumidores determinados, por lo que hay que tener también en cuenta, en la medida de lo posible, los valores no relacionados con la nutrición que se asocian a los alimentos y el consumo de alimentos, así como las preocupaciones fundamentadas de los consumidores acerca de la naturaleza de los alimentos disponibles 1 1 . Disponibilidad: posibilidades que tiene el individuo de alimentarse ya sea directamente, explotando la tierra productiva u otras fuentes naturales de alimentos, o mediante sistemas de distribución, elaboración y de comercialización que funcionen adecuadamente y que puedan trasladar los alimentos desde el lugar de producción a donde sea necesario según la demanda12. Accesibilidad económica: implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas13. Accesibilidad física: implica que los alimentos adecuados deben ser accesibles a todos en todo momento y circunstancia14. La misma Observación General nº 12 (párr. 15) establece cuatro obligaciones de los Estados firmantes del PIDESC respecto al derecho a la alimentación15: Estos cuatro niveles de obligación son reconocidos en el sistema de naciones Unidas sobre Derechos Humanos y son referidos al desarrollo de cualquier otro derecho humano. Esto es sumamente importante porque todos ellos tienen implicaciones concretas a la hora de desarrollar políticas para ello. La obligación de respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir ese acceso, bien directo (alimento) o bien de las fuentes de producción de alimentos (recursos productivos: por ejemplo; tierra o caladeros) La obligación de proteger requiere que el Estado adopte medidas para velar que las empresas o los particulares no priven a las personas del acceso a una alimentación adecuada o a los recursos que la generan La obligación de facilitar significa que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. Por último, cuando un individuo o un grupo sea incapaz, por razones que escapen a su control, de disfrutar el derecho a una alimentación adecuada por los medios a su alcance, los Estados tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho directamente. Esta obligación también se aplica a las personas que son víctimas de catástrofes naturales o de otra índole16. Además de las obligaciones de los Estados, la Observación general nº 12 trata las violaciones del derecho a la alimentación, que pueden producirse por actos tanto directamente realizados por los Estados como por otras instituciones insuficientemente reguladas por éstos17. En este sentido, si bien la obligación de respetar, proteger, garantizar, y hacer cumplir cualquier derecho humano es de los estados y sus gobiernos, se entiende que estos ejercen su responsabilidad a la hora de: bien regular la actividad de los sectores privados dentro de sus 10 Observación general nº 12, párr. 10 11 Observación general nº 12, párr. 11 12 Observación general nº 12, párr. 12 13 Observación general nº 12, párr. 13 14 Observación general nº 12, párr. 13 15 Se puede encontrar una explicación más detallada de estas obligaciones en el mencionado informe del Relator especial 16 Estas dos últimas obligaciones, facilitar y hacer efectivo, pueden resumirse en la obligación de realizar (ingles fulfill). Así se puede encontrar plasmado en diversos textos. 17 Observación general nº 12, párr. 19. En este párrafo se hace además una enumeración ejemplificativa de algunas actuaciones que constituyen violación del derecho a la alimentación
estados (empresas o corporaciones) o bien de definir las normas que se aplican a través de acuerdos internacionales o de organizaciones multilaterales de las que forman parte y en las que participan. Se entiende violado el derecho a la alimentación cuando un Estado, teniendo capacidad, no garantiza la satisfacción de, al menos, el nivel mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre. Hay que distinguir, por tanto, las situaciones en que se produzca falta de voluntad de un Estado para cumplir sus obligaciones respecto a este derecho de aquellas en que la limitación de sus recursos le impidan facilitar el acceso a la alimentación a aquellas personas que no son capaces de obtenerla por sí mismas, en cuyo caso al Estado le compete demostrar que ha hecho todos los esfuerzos posibles por utilizar todos los recursos de que dispone con el fin de cumplir, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas 18 . Se entiende también por violación del derecho a la alimentación toda discriminación en el acceso a los alimentos, así como a los medios y derechos para obtenerlos, por motivos de raza, color, sexo, idioma, edad, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social 1 9 . Toda persona o grupo que sea víctima de una violación del derecho a la alimentación tiene derecho a una reparación adecuada que puede adoptar la forma de restitución, indemnización, compensación o garantías de no repetición, para lo cual debería tener acceso a recursos judiciales adecuados o a otros recursos apropiados en los planos nacional e internacional. Por ello es importante la incorporación en el orden jurídico interno de los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la alimentación o el reconocimiento de su aplicabilidad, ya que entonces los tribunales estarán en condiciones de juzgar las violaciones del contenido básico del derecho a la alimentación20. 2.3 DIRECTRICES VOLUNTARIAS PARA LA REALIZACIÓN ADECUADA DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Aprobadas en el periodo de sesiones del año 2004 por el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO. Después de un proceso de trabajo que se lanza en el año 2002 al término de la Cumbre Mundial de la Alimentación. Cinco años después. El Consejo de la FAO aprobó en noviembre de 2004 Las directrices voluntarias para la realización efectiva del derecho humano a la alimentación. Representan el primer intento de interpretación de un derecho económico social y cultural. Tratan de dar orientaciones prácticas a los estados para lograr la realización efectiva del derecho. El trabajo desarrollado por las organizaciones sociales agrupadas en torno al IPC fue ejemplar y tuvo repercusiones reales en la aprobación definitiva del texto. Es en este sentido, igual que en el resto de los procesos liderados desde el IPC, un buen ejemplo de trabajo de lobby coordinado de manera eficaz. Las Directrices comienzan enumerando los instrumentos internacionales a partir de los cuales se desarrolla el contenido. Continúa enmarcando la realización efectiva del derecho humano a la alimentación dentro de un contexto de seguridad alimentaria y recuerda las obligaciones de los estados en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos. El texto central lo forman 19 directrices21. Las directrices vienen a ser orientaciones de política en temas concretos, necesariamente interrelacionados, para el logro del derecho humano a la alimentación. 18 Observación general nº 12, párr. 17 19 Observación general nº 12, párr. 18 20 Observación general nº 12, párr. 32 Y 33 21 Ver texto completo de las Directrices Voluntarias en el sitio web de la FAO. http://www.fao.org/rightofood/
Directriz 1. Democracia, buena gestión pública, derechos humanos y estado de derecho. Directriz 2. Políticas de Desarrollo económico. Directriz 3. Estrategia Nacional para el desarrollo del derecho humano a la alimentación. Directriz 4. Sistemas de mercado. Directriz 5. Respeto a las instituciones encargadas de la promoción y desarrollo del derecho a la alimentación. Directriz 6. Partes interesadas. Directriz 7. Marco Jurídico. Directriz 8. Acceso a recursos y bienes. Dentro de esta directriz se desarrolla la directriz 8.a. mercado laboral. 8.b. Tierra. 8.c. Agua. 8.d. Recursos genéticos para la agricultura y la alimentación 8.e. sostenibilidad y 8.f. servicios públicos. La Directriz 9. Inocuidad de los alimentos y protección al consumidor. Directriz 10. Nutrición. Directriz 11. Educación y sensibilización. Directriz 12. Recursos Financieros nacionales. Directriz 13. Apoyo a los grupos vulnerables. Directriz 14. Redes de seguridad. Directriz 15. Ayuda alimentaria internacional. Directriz 16. Catástrofes naturales provocadas por el ser humano. Directriz 17. Vigilancia, indicadores y puntos de referencia. Directriz 18. Instituciones nacionales de derechos humanos y Directriz 19. Dimensión internacional. La valoración de las organizaciones sociales del contenido de estas directrices es la siguiente: Es notable que apenas se nombre o se haga referencia a la Observación General Nº 12. Sí se cita, pero sin duda alguna el desarrollo interpretativo que hizo esta observación del derecho marco el debate posterior y resulta significativo el intento de obviar este texto que por otra parte fue aprobado. Las directrices parten del marco teórico de la seguridad alimentaria. Sin embargo, en el contenido y desarrollo de las mismas, se avanzan muchos de los requisitos y elementos básicos de la soberanía alimentaria. El marco que proporciona la directriz 2 es oportuno, sin embargo se critica sobre todo que haya limitado el desarrollo a un tema económico. Sin embargo el contenido que se le da es de sumo interés La debilidad de la directriz referida a las estrategias es el lenguaje permisivo que plantea. Se habla de dos estrategias. Una estrategia nacional para el desarrollo del derecho a la alimentación y una estrategia nacional de reducción de la pobreza. Tanto en esta directriz como en la anterior se hace referencia expresa a una estrategia basada en la revitalización de la agricultura familiar basada en las pequeñas explotaciones agropecuarias. La Directriz dedicada a los mercados si bien plantea la posibilidad de revisión del sistema de acuerdo a la realización del derecho humano, por otro lado establece la necesidad de cumplir con los acuerdos de la OMC. Otro de los aspectos que en la directriz ha quedado enunciado, pero débil, es el relativo a la responsabilidad de las empresas. La Directriz 7 dedicada al marco jurídico se ha visto fortalecida por la aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC. La directriz 8 relativa a los recursos es de sumo interés y contempla elementos muy importantes como son: la relación con el derecho al agua (OGNº15), hablar de tenencia de la tierra y no de propiedad, reconociendo así la realidad de millones de campesinos y campesinas, mencionar la necesaria reforma agraria, y advertir del peligro de liberar organismos genéticamente modificados. Respecto a la Directriz 12 es necesario destacar la relación con la presión internacional actual a favor de una mayor inversión en agricultura. 9
2.4 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO FACULTATIVO PARA LA APLICACIÓN DEL PIDESC. Mediante la Resolución A/RES/63/117 adoptada el 10 de diciembre de 2008 fue aprobado el Protocolo Facultativo al PIDESC22. Este instrumento era reclamado por todas las organizaciones de derechos humanos como imprescindible para poder avanzar en el cumplimiento de este conjunto de derechos humanos. A pesar de que el sistema de derechos humanos es integral y único, sin embargo, este conjunto de derechos económicos, sociales y culturales ha tenido un camino mucho más largo en su reconocimiento precisamente debido a sus implicaciones económicas para los estados y en la necesidad de remover aspectos que forman parte de la estructura y modelo de desarrollo. Un protocolo es un instrumento adicional a un tratado internacional, ya sea para establecer un mecanismo de seguimiento de dicho tratado (en el caso que nos ocupa, el protocolo debe dar competencia al CODESC para recibir quejas en caso de violación de los DESC) o para reforzarlo, o las dos cosas a la vez. En ambos casos, el protocolo en cuestión debe ser ratificado en su debida forma por los Estados a fin de que entre en vigor y los Estados Parte sean jurídicamente responsables. Lo que está en juego con el protocolo facultativo es el PIDESC es, en definitiva, la justiciabilidad en este caso del derecho a la alimentación y la posibilidad de la ciudadanía y las organizaciones sociales de presentar quejas por violaciones concretas de los estados ante un organismo que sienta jurisprudencia con arreglo al desarrollo del contenido23. La adopción de un protocolo facultativo aportaría: Una mayor precisión del contenido de los derechos económicos, sociales y culturales y, en consecuencia, una mejor aplicación del PIDESC. Una contribución al desarrollo de jurisprudencia a nivel nacional. La posibilidad de plantear demandas en caso de violación de dichos derechos. El fortalecimiento de la indivisibilidad de los derechos humanos, ya que a nivel internacional no existe por ahora un mecanismo que sancione violaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Un complemento a los mecanismos internacionales ya existentes. El debate en torno a la necesidad de elaboración de un Protocolo Facultativo del PISEC se inicia en el año 1990. Desde esta fecha el CODESC ha dedicado varias sesiones de trabajo a la discusión de este tema e incluso llegó a tener un proyecto de protocolo encima de la mesa que fue aprobado como tal en el año 1996. Pero es en el año 2003 con la Resolución 2003/18 adoptada por consenso cuando se crea un Grupo de Trabajo abierto encargado de examinar según el mandato “las opciones que sean posibles”. El hecho de que el mandato fuera tan abierto permitió esquivar los debates por parte de algunos estados
22 Protocolo Facultativo del PIDESC . Resolución A/RES/63/117 adoptada el 10 de diciembre de 2008 23 Cinco de los siete órganos de control en el ámbito internacional, ya disponen de un protocolo que prevé un procedimiento de quejas. Se trata del Comité de Derechos Humanos (que se ocupa de los derechos civiles y políticos), del Comité sobre la Discriminación Racial, del Comité Contra la Tortura, del Comité sobre los Inmigrantes y del Comité sobre la Eliminación de Cualquier Forma de Discriminación contra las Mujeres. La experiencia de estos comités es rica en jurisprudencia11 y ha podido clarificar, mediante el tratamiento de casos concretos, el alcance de los derechos de los que se ocupan y ayudar a incitar a los Estados Parte a respetar y cumplir con sus compromisos de mejor manera.
Respecto a la forma del procedimiento previsto. Existen dos formas de iniciar el procedimiento: Por iniciativa del propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando conoce una situación grave. Inicia un proceso de investigación en el cual invita al estado afectado a participar. Por iniciativa de personas individuales o por grupos de personas afectadas. Se admitirán también las comunicaciones y quejas presentadas por ONGDs y OS siempre que cuenten con el consentimiento y aceptación de las personas afectadas. Las personas afectadas (no las organizaciones representantes) deberán estar bajo la jurisdicción del estado afectado. El protocolo excluye varias cuestiones importantes: Excluye la posibilidad de que un estado pueda presentar una queja frente a otro estado. Esta restricción es absurda puesto que los estados son sujetos de derecho internacional. Excluye la posibilidad de que una organización pueda presentar una queja basándose en indicios sin contar con la aceptación expresa de las personas afectadas. Esta restricción limita la posibilidad de acción sobre todo teniendo en cuenta que las personas señaladas pueden sufrir persecución directa o a sus familiares por parte del estado denunciado. Para presentar una queja debe hacerse después de haber agotado todas las instancias jurisdiccionales del estado afectado y dentro del plazo de un año desde la última resolución. El Comité emitirá un dictamen con recomendaciones dirigidas al estado y a otras instituciones.
3. AVANCES EN EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Las Constituciones generalmente incluyen una declaración de derechos humanos fundamentales que son indispensables para orientar y limitar la acción del gobierno. La supremacía de la Constitución implica que todas las leyes internas deben ajustarse a las disposiciones constitucionales y que, en caso de conflicto, siempre imperarán las normas constitucionales. Por lo tanto, la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución le otorga a este derecho la más sólida de las bases. El reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación también constituye una protección contra la revocación de este derecho fundamental por conveniencia política; en la mayoría de los países, a diferencia de las leyes ordinarias, modificar la Constitución requiere procedimientos especiales para garantizar una mayor durabilidad. Además casi todas las constituciones recientes o al menos las que han sido modificadas últimamente reconocen el derecho a reclamar ante los tribunales la vulneración de los derechos humanos y prevén recursos específicos o procedimientos judiciales para hacer efectivo este derecho de reconocimiento y reparación en su caso. En ocasiones se trata de recursos específicos como el recurso de amparo, en otras ocasiones se puede hacer valer ante los tribunales en todos los procedimientos ordinarios, y en otras ocasiones se han creado procuradurías especiales para los derechos humanos y en algunos casos incluso especiales para el derecho a la alimentación adecuada.
Existen cuatro formas en las que encontramos recogido el derecho a la alimentación en las constituciones: 3.1 RECONOCIMIENTO EXPLÍCITO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN. Si bien hasta hace poco el derecho a la alimentación no aparecía reconocido de forma explícita, cada vez más se ha incorporado con significado propio. En ocasiones el derecho aparece reconocido de forma explícita para todas las personas y en otros casos se le reconoce a determinados grupos vulnerables como los niños y niñas. Lo que sí podemos comprobar es como los países que lo reconocen de forma directa han desarrollado posteriormente una estrategia mucho más amplia, clara y ambiciosa con respecto a la seguridad alimentaria y en muchos casos han incorporado el término soberanía alimentaria en su desarrollo. Podemos decir que la inclusión directa del derecho implica una vocación política mucho más clara también por el desarrollo de un modelo agropecuario acorde con la soberanía alimentaria. Este proceso de reconocimiento institucional entendemos que es un ejemplo de buenas prácticas puesto que abre en si mismo una serie de posibilidades enormes para el abordaje como elemento clave del modelo de desarrollo. Ejemplos de este caso son:
Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia artículo 16. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente para toda la población61 Constitución del Ecuador artículo 13. El derecho a la alimentación incluye el acceso libre y permanente a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para una alimentación sana, de calidad, de acuerdo con la cultura, tradiciones y costumbres de los pueblos. El Estado ecuatoriano reconocerá y garantizará el derecho a la soberanía alimentaria. Constitución de Sudáfrica artículo 27.1. Toda persona tiene derecho a tener acceso a [...] b. alimento y agua suficientes; y c. seguridad social así como asistencia social adecuada, en caso de no disponer de los medios de subsistencia para sí y su familia. 2. El Estado debe adoptar las medidas legislativas correspondientes y otras disposiciones, dentro de sus recursos disponibles, para lograr la progresiva realización de cada uno de estos derechos.
Ejemplos de países que reconocen de forma explícita el derecho solo para la población infantil hay muchos24. Constitución de Colombia artículo 44. Los niños tienen el derecho fundamental a: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, una alimentación adecuada.
24 Brasil (Art. 227), Colombia (Art. 44), Cuba (Art. 9), Guatemala (Art. 51), Honduras (Art. 123), Panamá (Art. 52), Paraguay (Art. 54), y más específicamente, niños indígenas: México (Art. 4) y Costa Rica (Art. 82), Sudáfrica (Art. 28(1.c)) y prisioneros y detenidos: Sudáfrica (Art. 35.2.e).
3.2 RECONOCIMIENTO DERECHO A LA ALIMENTACIÓN COMO NECESARIO PARA ALCANZAR OTROS Esta es una fórmula común en muchas constituciones que deja el derecho a la alimentación sujeto a numerosas interpretaciones respecto a su aplicabilidad. Los estados utilizan fórmulas muy diversas para ello: reconocerlo como parte del estándar de vida adecuado, o reconocerlo incluido el derecho a un salario mínimo que permita la subsistencia adecuada, o incluirlo dentro del derecho al desarrollo. Ejemplos de este reconocimiento:
Constitución de Moldavia. Artículo 47.1 El Estado tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para garantizar que toda persona cuente con un estándar de vida digno, por medio del cual la salud y el bienestar estén asegurados para esa persona y su familia en base a la disponibilidad de alimento, vestido, abrigo, asistencia médica y servicios sociales. Constitución de Malawi. Artículo 30.2. El Estado adoptará las medidas necesarias para la realización del derecho al desarrollo. Dichas medidas incluirán, entre otras, la igualdad de oportunidades de todos para acceder a recursos básicos, educación, servicios de salud, alimentos, abrigo, empleo e infraestructuras.
3.3 RECONOCIMIENTO COMO PRINCIPIO RECTOR DE LA POLÍTICA DE ESTADO Las Constituciones de muchos países no hacen referencia explícita a la alimentación en las disposiciones sustantivas o declaraciones de derechos, no obstante, sí mencionan la alimentación o la seguridad alimentaria, o el mejoramiento de los niveles de nutrición y el nivel de vida, en los principios rectores, es decir, las disposiciones que definen las metas o principios de las políticas de Estado25. Los principios rectores son declaraciones de principios. Suelen representar los valores a los que aspira la sociedad, si bien al momento de ser redactados podrían no reflejar fielmente la realidad de la sociedad en términos generales. Estas disposiciones constitucionales, por lo general, sirven de orientación a la acción del gobierno, particularmente en el ámbito socioeconómico. Hasta qué punto los principios rectores se aplican a las políticas de estado depende de cada país. Del mismo modo, en la India, a pesar de que los principios rectores partieron como directrices sin fuerza ejecutoria, gracias a la insistencia del Tribunal Supremo, se transformaron en disposiciones y herramientas constitucionales eficaces para alcanzar las metas socioeconómicas. En varios casos, el Tribunal Supremo de la India, basándose en las disposiciones constitucionales para los principios rectores de las políticas de Estado, consideró que el derecho a la vida también comprende el derecho a la alimentación.
25 Bangladesh (arts. 15 y 18), Etiopía (Art. 90), India (Art. 47), Irán (arts. 3.12 y 43), Malawi (Art. 13.10), Nepal (Art. 33h), Nigeria (Art. 16.2d), Pakistán (Art. 38), Panamá (Art. 110.1), Sierra Leona (Art. 8.3a), Sri Lanka (Art. 22, 27.c) y Uganda (Art. 14.2).
Constitución de Nigeria. Artículo 16. (2).
El Estado dirigirá sus políticas a:
... (d) proveer a todos los ciudadanos abrigo apropiado y adecuado, alimento apropiado y adecuado, un salario nacional mínimo razonable, atención de salud y pensión en la vejez y subsidios de enfermedad y bienestar para los discapacitados. Constitución de Sri Lanka. Artículo 27.1 El Estado se compromete a establecer una sociedad democrática socialista en Sri Lanka, dentro de cuyos objetivos se incluyen: ….(a) el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales de todas las personas; ... (c) el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un nivel de vida adecuado para ellos y sus familias, que incluye alimentación, vestimenta y vivienda adecuadas, la mejoría continua de las condiciones de vida y el goce pleno del tiempo libre y las oportunidades sociales y culturales de que dispongan.
3.4 RECONOCIMIENTO IMPLÍCITO DENTRO DE LA INTERPRETACIÓN AMPLIA DE LOS DERECHOS HUMANOS En muchos países, la Constitución no hace referencia explícita a la “alimentación” o la “nutrición” pero sí consagra otros derechos humanos en los cuales el derecho a la alimentación esta parcial o totalmente implícito. Estos incluyen el derecho a un nivel de vida adecuado o aceptable o al bienestar; el derecho a los medios necesarios para vivir dignamente; el derecho a un nivel de vida que no esté por debajo del nivel de subsistencia; y el derecho a un salario mínimo que permita vivir dignamente. También existe el derecho a la seguridad y asistencia social. Por lo tanto, el hecho de que el derecho a la alimentación no esté reconocido explícitamente en la Constitución nacional no implica necesariamente que no esté garantizado de modo alguno en el país. Dependiendo de la tradición jurídica del país, el derecho a la alimentación puede interpretarse como parte inherente a otros derechos humanos. Podría ser suficiente integrar otras disposiciones constitucionales en el compromiso político general del Estado o los principios rectores para impulsar la aplicación de este derecho. Por ejemplo, podrían existir políticas de Estado para promover el bienestar, el derecho a un empleo y el derecho a la seguridad social (en caso de desempleo o incapacidad para trabajar). Como se ha indicado previamente, en la India, el derecho fundamental a la vida ha sido interpretado de manera más amplia por los tribunales haciendo referencia a los principios rectores. Esto establece una relación dinámica entre los derechos fundamentales y los principios rectores de la Constitución, y abre el camino para el cumplimiento de estos principios como derechos individuales 3.5 SITUACIÓN GLOBAL DEL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN A partir del análisis de los casos estudiados respecto al avance de políticas para la soberanía alimentaria podemos afirmar que el reconocimiento constitucional reciente del derecho humano a la alimentación constituye un buen punto de partida para el desarrollo de una política de estado en materia de soberanía alimentaria. No podemos olvidar que el contenido del derecho a la alimentación recogido en la OG Nº 12 y en las Directrices voluntarias y también a lo largo de todos los informes elaborados tanto desde la relatoría especial como desde la Comisión de Derechos Humanos establece un buen estándar de partida.
Somos conscientes de que el reconocimiento constitucional sin más no garantiza el desarrollo y que en todo caso el reconocimiento constitucional para que sea efectivo exige el desarrollo legal, sin embargo, el análisis nos ha mostrado cómo, en general, tras el reconocimiento, bien explícito, o bien como uno de los principios rectores de la política de estado, se suceden una evolución legislativa y política muy importante. Como luego veremos son sobre los países que han reconocido el derecho humano a la alimentación los que han desarrollado luego un marco institucional mucho más completo que incluye o bien una Ley marco o bien un sistema nacional o bien la definición de una estrategia nacional. Además comprobamos como en muchas ocasiones este reconocimiento se acompaña ya de un reconocimiento de la soberanía alimentaria como principio rector de la política de estado Por todo lo anterior podemos afirmar que los avances en las políticas de estado para la soberanía alimentaria hoy en día parten en buena medida del reconocimiento del derecho a la alimentación. Probablemente como luego veremos, cuando este reconocimiento está acompañado de otros como el carácter social de la propiedad, el límite del latifundio, el desarrollo del sector agropecuario o el reconocimiento del derecho de las familias rurales al bienestar se va armando un marco institucional de estado mucho más completo. Por otro lado, si este reconocimiento estuviera acompañado del reconocimiento de los derechos campesinos tal y como los recoge la declaración presentada por la Vía Campesina, o el derecho a la tierra tendríamos un marco político muy completo. Consideramos por lo tanto un camino de futuro la posibilidad de avanzar en este reconocimiento constitucional. En todo caso comprobaremos la disparidad existente entre los tres grandes continentes; mientras que en América Latina se ha producido un avance importantísimo en el reconocimiento, Asia y África todavía no acaban de recogerlo y la mayoría de los estados simplemente hacen la referencia a la adhesión a la carta internacional de derechos humanos o reconoce el derecho a la salud y la protección social.
AMÉRICA LATINA Y CARIBE. NIVEL DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ASPECTO RECONOCIMIENTO
ARTICULADO DE LA CONSTITUCIÓN
-Reconocimiento explícito. Derecho a la alimentación para todos los y las habitantes.
Bolivia Brasil Ecuador Haití Nicaragua
16°, otras menciones 82°, 321° 6°, otras menciones 7°, 208°, 212°, 227° 3° y 66°, otras menciones 31°, 69° Art. 22, derecho a la alimentación 3° y 66°, otras menciones 31°, 69°
2007 2010 2008 2006 1995 (2000)
-Reconocimiento de la Soberanía Alimentaria como principio rector de la política del estado y ligada al derecho a la alimentación.
Bolivia Ecuador Salvador Nicaragua Paraguay Venezuela
16°, otras menciones 82°, 321° 3° y 66°, otras 35 y otra mención en el 32 3° y 66°, otras menciones 31°, 69° 54 y menciones en el 53 305
2007 2010 1983 (2007) 1995 (2007) 1995 (2006) 2008
-Reconocimiento de la seguridad alimentaria como principio rector de la política de estado y ligada a la soberanía alimentaria.
-Deber del Estado/Gobierno de proteger o mejorar el estado nutricional de la población. Derecho vinculado a la calidad de vida o a estándares adecuados.
Guatemala Panamá República Dominicana Honduras
99 y otras menciones 51 110 8 150
1985 (1993) 1972 (1994) 2002 1985 (2005)
-Reconocimiento del derecho sólo para determinados colectivos. Mención específica del derecho a la alimentación de la infancia.
Guatemala Colombia Cuba México Panamá
51 y otras menciones en 99 44 9 4°, otra mención 2° B III 56
1985 (1993) 1991 (2005) 1976 (1992) 1917 (2008) 1972 (2004)
-Mención específica del derecho a la alimentación de la infancia pero siendo responsabilidad de los padres.
53 y otra mención 57 56
1992 (2002) 1985 (2005)
-Reconocimiento implícito. Interpretación amplia de los derechos humanos. Otorga rango constitucional a los tratados internacionales como el PIDESC.
Argentina Costa Rica Perú
1994 1949 (2003) 1993 (2005)
-Reconocimiento del derecho vinculado a otros derechos. Solo se refiere al derecho a la salud y a la seguridad social.
Chile Salvador Uruguay
19 35°-38°, 66°-70, 101° 44,46, 67
1981 (2005) 1983 (2007) 1967 (2004)
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recogida en los diversos documentos disponibles en el espacio web de fao/righttofood.org
ASIA. NIVEL DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ASPECTO RECONOCIMIENTO
Ningún país reconoce explícitamente el derecho a la alimentación
El estado reconoce el derecho a la soberanía alimentaria de los ciudadanos ( Art. 18.3)
El deber del estado de garantizar la alimentación (Art. 3 y 43) El estado debe garantizar la capacidad de alimentarse (Art. 26)
El estado tiene que poner las condiciones para el desarrollo de una vida plena con estándar de calidad adecuado -alimentación incluida. (Art. 24)
-Reconocimiento del derecho sólo para determinados colectivos. Mención específica del derecho a la alimentación de la infancia. -Mención específica del derecho a la alimentación de la infancia pero siendo responsabilidad de los padres.
Afganistán Hong Kong
Preámbulo – Art. 7 y Art. 58 Capítulo 4 entero recoge el tratado DESC
Año 2004 Año 1990
Derecho a la salud (Art. 34) Derecho a la salud (Art. 41) Derecho a la salud (Art. 8) y la protección social (Art. 5) Derecho a la salud (Art. 45) y a la seguridad social (Art. 47) Derecho a la salud (Art. 72) y a la seguridad social (Art. 75) Derecho a la salud (Art. 21) Derecho a la salud y medioambiente sano (Art. 28) Reconoce el derecho a la salud y la protección social en función de las posibilidades del estado (Art. 14) Derecho a la salud y seguridad social (Art. 25) Derecho a la salud (Art. 15) Derecho a la vida (Art. 6) Derecho a la salud y medio ambiente sano (Art. 26) Derecho a la salud (Art. 36) Derecho a la salud y medio ambiente sano (Art. 12) Derecho a la salud (Art. 23) Derecho a la salud (Art. 31) Derecho a la salud (Art. 46)
Año 2005 Año 1995 Año 2002
Bielorusia Cambodia China Indonesia Irak Japón Kuwait Mongolia Nepal Corea del Sur Omán Qatar Arabia Saudí Siria
Año 2002 Año 1993 Año 2004 2004 1994 1962 1992 1990 1987 1996 2003 1993 1973
Fuente: Elaboración propia a partir de las constituciones de los estados asiáticos. Existen algunos estados que no tienen constituciones como tales o cuyas constituciones no recogen ningún precepto respecto a los derechos humanos
ÁFRICA. NIVEL DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ASPECTO RECONOCIMIENTO -Reconocimiento explícito. Derecho a la alimentación para todos los y las habitantes.
Derecho a la alimentación (Art. 43) y el resto de los DESC Derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria (Art. 27)
Menciona como derecho la seguridad alimentaria (Art. 45) El deber de garantizar la seguridad alimentaria (Art. XIV) y la nutrición adecuada (XXII) Derecho a la nutrición adecuada (Art. 23) La seguridad alimentaria como política rectora del estado (Art. 27) La planificación del estado para alcanzar una nutrición aceptable (Art. 96)
-Reconocimiento de la Soberanía Alimentaria como principio rector de la política del estado y ligada al derecho a la alimentación. -Reconocimiento de la seguridad alimentaria como principio rector de la política de estado y ligada a la soberanía alimentaria.
Uganda Malawi Sudáfrica Namibia
Etiopia Nigeria Congo Gambia
Reconocer el deber del estado de proporcionar el acceso a los alimentos (Art. 90) no el derecho a la alimentación como política de estado Reconoce el deber del estado de garantizar el acceso a una alimentación adecuada (Art. 34) Todos los ciudadanos tienen derecho a un estándardecalidadadecuadoque incluyelaalimentación Reconoce el deber del estado de garantizar el acceso a los alimentos (Art. 219) no el derecho a la alimentación como política de estado
2006 1995 1994 1996 1997 1995
ÁFRICA. NIVEL DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ASPECTO RECONOCIMIENTO
-Reconocimiento del derecho sólo para determinados colectivos. Mención específica del derecho a la alimentación de la infancia. -Mención específica del derecho a la alimentación de la infancia pero siendo responsabilidad de los padres. -Reconocimiento implícito. Interpretación amplia de los derechos humanos. Otorga rango constitucional a los tratados internacionales como el PIDESC.
Mauritania Mali Camerún Ruanda África Central Burundi Tanzania Guinea Ecuatorial Gabón Etiopia Madagascar
Reconocimiento de los derechos humanos y de la Carta africana de DDHH (Preámbulo) Adopta la carta africana de DDHH y reconoce específicamente los DESC (Preámbulo) Adhesión a la carta de derechos humanos africanos (Preámbulo) Adhesión a la carta de derechos humanos y a la carta africana Adhesión a la carta de derechos humanos africanos (Preámbulo) Adhesión a la carta de DDHH y la carta africana (Preámbulo) Adhesión a la carta de derechos humanos (Art. 9) Adhesión a la carta de derechos humanos africanos (Preámbulo) Adhesión a la carta de derechos humanos africanos (Preámbulo) Reconocimiento de los DESC (Art. 10) Adhesión a la carta de derechos humanos (Preámbulo)
ÁFRICA. NIVEL DE PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN, LA SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA ASPECTO RECONOCIMIENTO -Reconocimiento implícito. Interpretación amplia de los derechos humanos. Otorga rango constitucional a los tratados internacionales como el PIDESC.
PAÍS Senegal Burkina Fasso Eritrea Níger Argelia Libia Egipto Guinea Bissau Swazilandia Chad Liberia Cabo Verde Angola Ghana Mozambique Togo Sudán
ARTICULADO DE LA CONSTITUCIÓN Adopta los DDHH, carta africana de los derechos, derechos de la infancia (preámbulo) y los DESC (Art. 8) Reconocimiento y adhesión a la carta de DDHH Reconocimiento de los DESC (Art. 21) Reconoce los derechos humanos (Preámbulo) Derecho a la salud (Art. 53) Derecho a la salud (Art. 14) Derecho a la salud (Art. 16) Derecho a la salud (Art. 16 y 17) Derecho a la salud (Art. 58) Derecho a la seguridad social (Art. 40) Derecho a la salud (Art. 6) Derecho a la salud (Art. 61) Derecho a la salud (Art. 30) y a la seguridad social (Art. 29) Derecho a la salud (Art. 24) Derecho a la salud (Art. 51) Derecho a la salud (Art. 34) Derecho a la salud y la seguridad social (Art. 19 y 46)
1997 2010 1994 1987 1991 2006
1992 2003 2004
Fuente: Elaboración propia a partir de las constituciones nacionales
4. OBSTÁCULOS EN EL AVANCE DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y JUSTICIABILIDAD En su trabajo de análisis de los diferentes aspectos y problemáticas en torno al derecho a la alimentación, los relatores especiales nombrados por la ONU, han mantenido diálogo con muy diversos actores, tanto organismos especializados de la propia ONU, como otras instituciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, etc. Uno de los puntos de encuentro con algunos de estos actores, especialmente las organizaciones sociales, es el considerar que el debate sobre las medidas que deben tomarse para garantizar la realización del derecho a la alimentación requiere un examen crítico de las condiciones macroeconómicas que determinan el desarrollo insuficiente de las sociedades del Sur26. El Relator especial ha identificado siete grandes esferas que afectan directamente a la realización del derecho a la alimentación27: Los problemas relacionados con la evolución del comercio mundial. Impacto de los acuerdos de la OMC sobre el derecho a la alimentación. El servicio de la deuda exterior y su incidencia sobre la seguridad alimentaria. La evolución de la biotecnología y su influencia sobre el acceso, la disponibilidad y la seguridad de la alimentación. Las guerras devastadoras de la seguridad alimentaria. La corrupción. El acceso a los recursos: tierra, agua, semillas, caladeros, recursos forestales, el crédito, y la tecnología. La discriminación contra las mujeres y su incidencia sobre la realización del derecho a la alimentación. Prácticamente en todas estas esferas se pone de manifiesto una notoria falta de coherencia entre algunas políticas y actuaciones tanto estatales como de organismos supranacionales y el derecho a la alimentación consagrado en la DUDDHH y en el PIDESC. El propio Relator Especial afirma que “las instituciones de Bretton Woods, junto con el Gobierno de los Estados Unidos de América y la Organización Mundial de Comercio se oponen en la práctica al derecho a la alimentación mediante el Consenso de Washington, poniendo el acento en la liberalización, la desregulación, la privatización y la limitación de los presupuestos nacionales de los Estados, modelo que en muchos casos produce mayores desigualdades”28.
4.1 JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO Y ACCESO A LOS TRIBUNALES. Responsabilidad de los Estados En su informe de enero 2002, el Relator especial para el derecho a la alimentación dedica un especial interés a la posibilidad de que el derecho a la alimentación sea susceptible de ser juzgado por un tribunal de justicia y a que se pueda obtener por este medio una adecuada reparación en caso de violación29. A pesar de que las posibilidades de reclamo judicial estaban condicionadas por la naturaleza de este derecho hoy en día la mayoría de la doctrina considera perfectamente exigible el cumplimiento de cualquier derecho humano ante las autoridades nacionales a pesar de que siguen existiendo autores que consideran que los derechos económicos, sociales y culturales no son justiciables. 26 Informe preparado por el Sr. Jean Ziegler, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación. E/CN.4/2001/53, de 7 de febrero de 2001. Párr. 68 27 Se pueden encontrar más desarrolladas en los párrafos 69 a 80 del informe citado. 28 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean Ziegler, presentado de conformidad con la resolución 2001/25 de la Comisión de Derechos Humanos. E/CN.4/2002/58. 10 de enero de 2002. Párr. 138 29 Ibíd. Párr. 30. Hay un tratamiento extenso de este tema en los párrafos 29 a 71 del citado informe.
No obstante las limitaciones siguen existiendo: Por una parte el derecho a la alimentación está considerado como uno de los derechos económicos, sociales y culturales; por tanto le es de aplicación el PIDESC, en el cual se establecen los mecanismos de protección para este derecho: El Art. 2.1 establece con carácter general un criterio de efectividad progresiva de estos derechos: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive, en particular, la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Hay por tanto un compromiso de ir incrementando progresivamente la efectividad de estos derechos, debiendo tener los Estados firmantes del Pacto una trayectoria activa en la adopción de medidas y teniendo como límite la disponibilidad de recursos. A este respecto hay que recordar que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha señalado que, en caso de aducir esta limitación de recursos, la carga de la prueba le compete al Estado: “En el caso de que un Estado Parte aduzca que la limitación de sus recursos le impide facilitar el acceso a la alimentación a aquellas personas que no son capaces de obtenerla por sí mismas, el Estado ha de demostrar que ha hecho todos los esfuerzos posibles por utilizar todos los recursos de que dispone con el fin de cumplir, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas”30. El art. 2.3 permite interpretar, a sensu contrario, que los países desarrollados tienen obligación de garantizar los derechos económicos incluso a personas que no sean nacionales suyos: “Los países en vías de desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos”. La justiciabilidad del derecho a la alimentación queda pendiente de su incorporación y reconocimiento en el ordenamiento jurídico de los Estados. Así lo señala el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU: “La incorporación en el orden jurídico interno de los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la alimentación o el reconocimiento de su aplicabilidad puede mejorar de modo importante el alcance y la eficacia de las medidas de remedio y deben alentarse en todos los casos. Los tribunales estarán entonces en condiciones de juzgar las violaciones del contenido básico del derecho a la alimentación refiriéndose de modo directo a las obligaciones en virtud del Pacto”31. En este terreno no obstante se ha ido avanzando y algunos países han desarrollado leyes que lo permiten, pero sobre todo ha sido la práctica judicial concreta sobre la base de casos reales, el empuje de las Directrices Voluntarias que invitan a los Estados a contemplar mecanismos administrativos, cuasi judiciales y judiciales para proporcionar vías de recurso adecuadas, eficaces y rápidas, accesibles, en particular, a los miembros de grupos vulnerables (Directriz 7.2) y la aprobación del Protocolo Facultativo lo que han ido empujando esta posibilidad. El desarrollo de la justiciabilidad del derecho a la alimentación se está logrando como no puede ser de otra forma a partir de la aprobación de leyes marco sobre derecho humano a la alimentación o leyes sobre seguridad alimentaria o leyes sobre soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. El análisis de estas leyes lo haremos en el siguiente capítulo puesto que este ha sido uno de los ámbitos donde las organizaciones campesinas, indígenas y sociales han hecho 30 Observación general nº 12, párr. 17 31 Observación general nº 12, párr. 33
una mayor aportación como parte de la estrategia de hacer avanzar la realización efectiva de este derecho. 4.2 OBLIGACIONES EXTRATERRITORIALES DE LOS ESTADOS También en la Observación general y en las directrices, se señalan tres situaciones concretas en las que los Estados tienen que poner especial atención en garantizar este derecho: Deben abstenerse en todo momento de imponer embargos o medidas semejantes a los alimentos que pongan en peligro el acceso a la alimentación en otros países; los alimentos no deben usarse nunca como instrumento de presión política o económica. Los Estados tienen la responsabilidad conjunta e individual, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, de cooperar para prestar socorro en casos de desastre y asistencia humanitaria en casos de emergencia, incluida asistencia a refugiados y personas desplazadas internamente. Cada Estado debe contribuir a esta tarea de conformidad con sus capacidades. Los estados deben controlar la acción de sus empresas en el extranjero. Cuando una empresa por su acción concreta vulnera el derecho a la alimentación de las personas ciudadanas del país en el cual se encuentra la sede podrá ser sometida por las personas afectadas a los tribunales e instancias nacionales. El problema es cuando la vulneración es extraterritorial, es decir cuando el daño se produce en otro país. Los estados son los garantes y tienen cauces para penalizar a las empresas. Por todo ello hay que entender que el compromiso de cada Estado de respetar, proteger, facilitar y hacer efectivo el derecho a una alimentación adecuada se extiende, a través del cauce de una cooperación internacional fundada en el libre consentimiento, a toda la comunidad internacional.
5. RELACIÓN ENTRE LA ACCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES CON EL AVANCE DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN Si hay un ejemplo claro en el cual la acción de incidencia y movilización de las organizaciones sociales ha dado sus frutos, este es el reconocimiento internacional del derecho a la alimentación. Su carácter como derecho económico y social dificultó su desarrollo inicial, pero ha sido la acción combinada entre las organizaciones sociales junto con Naciones Unidas a través primero de su relator especial y después de la propia FAO lo que ha logrado su desarrollo. Visibilizar este proceso de forma esquemática es importante para poder reconocer uno de los logros más importantes en el avance de la soberanía alimentaria.
EL PROCESO DE AVANCE EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN COMO IMPULSOR DE LAS POLÍTICASPARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA CALDEO Y PROPUESTAS OS/OCs 1996. Foro Paralelo. Presión sobre contenido de derecho humano a la alimentación y propuesta de soberanía alimentaria. 1999. Propuesta FIAN y aliados. Código de Conducta derecho humano a la alimentación
2000 – 2004. Trabajo intenso de las OSC junto al Relator Especial del DHA
2000 en adelante. Elaboración y presentación de informes paralelos nacionales al CODESC por parte de la red internacional de organizaciones junto a FIAN
2002 a 2004. Grupo de trabajo en el marco del IPC. Propuesta de Directrices Voluntarias y seguimiento y participación en el G.T
2004 a 2008 Especialmente. Propuesta y seguimiento del Protocolo Facultativo del PIDESC
1966. Reconocimiento internacional en el PIDESC
APLICACIÓN EN LOS ESTADOS Y DESARROLLO LEGAL 1996 a 2004. Desarrollo del Programas especiales para la seguridad alimentaria. FAO – apoyo a países
1996. Cumbre Alimentación FAO Asume el derecho.
1999. CODESC aprueba la Observación General Nº 12
2000. AG de ECOSOC nombra el Relator Especial para el Derecho a la alimentación
2002. Cumbre Mundial de la Alimentación. Mandato. Grupo de Trabajo elaboración directrices.
2004. Consejo de la FAO. Aprueba las directrices
2008. Aprobación del Protocolo Facultativo del PIDESC Fuente. Elaboración propia a partir de materiales diversos y documentos sobre el proceso
2000 en adelante. Los estados deben dialogar con el Relator especial a la hora de elaborar los informes anuales y reciben la presión de unas organizaciones sociales cada vez más formadas en este tema.
2003. Argentina aprueba la primera ley de seguridad alimentaria y nutricional que recoge el derecho humano a la alimentación; a partir de este momento se extienden por una parte las propuestas de leyes similares por las organizaciones sociales y la aprobación de las mismas por los estados
2000 Nicaragua recoge en la constitución el derecho a la alimentación. A partir de 2007 se extienden en las sucesivaS reformas constitucionales el reconocimiento del derecho.
6. RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL DE UNA POLÍTICA DE ESTADO DIRIGIDA AL SECTOR AGROPECUARIO CAMPESINO Y COMPATIBLE CON LA SOBERANÍA ALIMENTARIA. Análisis por países de Asia y África Los avances en el reconocimiento del derecho a la alimentación, si bien constituyen un buen punto de partida, se ven reforzados si las constituciones reconocen otros derechos o principios rectores de la política económica dirigida al campo y que contribuyen al logro de la soberanía alimentaria. El análisis constitucional nos muestra cómo los estados recogen muchos principios y cuestiones de enorme utilidad en la lucha de las organizaciones campesinas y sociales y que desde luego permiten la elaboración de propuestas mucho más consistentes. En la mayoría de los casos estos preceptos no son constitutivos de derechos salvo un reconocimiento bastante común del derecho a la tierra como fuente de sustento para las familias campesinas, sino más bien principios rectores de las políticas económicas de los estados. En muchos casos la orientación de estos principios rectores es coherente con la soberanía alimentaria que las organizaciones defendemos. Por ello nos fijaremos precisamente en estos aspectos positivos y que desde luego pueden ayudar al avance político Vamos a recoger de forma sistemática la información de Asia y África precisamente porque por un lado sus constituciones son mucho más explícitas en estos asuntos, y por otro lado para establecer otros puntos de partida diferentes a los del derecho a la alimentación cuyas constituciones todavía no lo han reconocido. PAÍS AFGANISTÁN
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SOBERANÍA ALIMENTARIA CONSTITUCIÓN Recoge la obligación del estado de desarrollar planes de desarrollo de la agricultura y ganadería para mejorar las condiciones de vida del campesinado, y pastores nómadas (Art.14) La tierra debe ser productiva y establecerá medidas para que el campesinado posea la tierra.(Art. 9)
Especial atención a la situación de las mujeres rurales ( Art. 46) Art. 61 señala que el estado debe promover el desarrollo, sobre todo de áreas remotas y la agricultura, promoviendo políticas de agua, electricidad, carreteras y acceso a sistemas de crédito. Art. 62 señala la obligación del estado de proteger los precios de los productos agrarios y ayudarles a la comercialización
Art. 8 describe los derechos de los colectivos rurales económicos de labrar la tierra para uso privado, con los límites de la ley. Art. 10 señala que la tierra en zonas rurales y periurbanas pertenecen a estos colectivos (salvo excepciones), y su uso debe ser racional. Tiene su propia declaración de los derechos humanos (1979) donde explícitamente señala que los jóvenes que viven de la agricultura tienen derecho a una distribución justa de los beneficios
Los principios de las políticas del Estado indio deben garantizar la distribución para el bien común, incluidos los recursos materiales de la comunidad, evitando la concentración de los medios de producción (art. 39).
ASPECTOS RELACIONADOS CON LA SOBERANÍA ALIMENTARIA CONSTITUCIÓN
Los sectores de producción importantes para el país y que afectan a la vida de las personas pertenecen al estado, así como la tierra, agua y recursos naturales. Un objetivo fundamental será la autosuficiencia (Art. 33)
Un objetivo será la autosuficiencia en el ámbito agrícola (Art. 3) con énfasis en incrementar la producción agropecuaria para evitar dependencias (Art. 43). Las Tierras no cultivadas o abandonadas, pastos abiertos, deben ponerse a manos del Estado (Art. 44).
La tierra y recursos naturales, incluido subsuelo son del estado (salvo la que esté en manos privadas). El estado puede expropiar si se hace mal uso de la tierra, inclusive si el uso afecta a la salud de la población o el medioambiente (Art. 6). También puede dejar tierra, sólo a los mongoleses/as, que no pueden traspasar a extranjeros (6).
El Estado debe crear condiciones para el progreso de las personas dependientes de la agricultura, introduciendo medidas que incrementen la productividad introduciendo criterios de crecimiento industrial y programas de reforma de tierras (26).
En base a una revolución técnica y rural, el estado industrializará y modernizará la agricultura con el objetivo de eliminar diferencias entre áreas rurales y urbanas, y las diferencias de clase entre trabajadores/as y campesinado (28).
El Estado recoge el principio de la tierra para quien la trabaja (121). El uso de la tierra debe seguir principios de eficiencia y equilibrio, uso racional tierra agrícola (122). El Estado debe garantizar desarrollo equilibrado entre regiones y proteger intereses de las personas pescadoras y agricultoras, estabilizando precios productos agrarios y pesqueros, manteniendo equilibrio ofertademanda y mejorando sistemas de distribución y comercialización (123). El Estado también promueve las organizaciones de pequeños y medianos agricultores y agricultoras, así como pescadores y pescadoras (123). El Estado garantiza la protección de los consumidores y la calidad de los productos (124)
Las leyes definen el máximo de propiedad agraria para garantizar la protección de los agricultores y trabajadores agrícolas (16). Especial atención a la salud en el medio rural (47).
El pueblo debe controlar los medios de producción (Art.24). Reconoce propiedad pública, privada y cooperativa. Incluye un máximo de propiedad de la tierra para proteger al campesinado (Art. 37) Garantiza la participación pequeño campesinado y artesanos con un 80% en los consejos directores de las cooperativas agrarias e industriales (Art.26). Campesinos y trabajadores deben suponer al menos la mitad de los representantes de la Asamblea de los Pueblos (Art. 87) y los consejos locales (Art.162) y la Shoura (en este caso 50% de los 2/3 permitidos- (Art.196)
El territorio es del estado (Art.14); los bienes públicos (minas, recursos energéticos, agua) son del pueblo (Art. 17)
Reconoce el derecho a un medio ambiente sano y el deber del estado a su protección y la promoción de la biodiversidad (Art.11), así como a un uso sostenible de los recursos naturales. El estado debe garantizar la igualdad de género (Art. 15). Dedica un capítulo a la tenencia de tierras (186-189) Capítulo sobre la explotación de los hidrocarburos debe incluir los intereses de las comunidades locales y empoderamiento local (Art. 190)
Los recursos productivos (tierra, agua) y naturales son del estado (Art. 23) que debe promover un uso sostenible de los mismos (Art. 10) preservando los intereses de las generaciones futuras y asegurando la participación de las personas
Los objetivos económicos no aspiran al crecimiento económico, sino a la distribución equitativa (Art.89)
En revisión desde 2006 con ayuda de las NNUU. En breve está prevista su publicación
El Estado garantiza acceso a la salud a personas que habitan el medio rural, especialmente a las mujeres (Art.17)
Nueva constitución de 2010, pero no encuentro texto todavía disponible
Hace referencia a la autosuficiencia alimentaria a partir de la promoción de la agricultura (Art.7). Permite la toma de tierras para la conservación de los suelos, recursos naturales y desarrollo agrícola si el dueño/a no cumple dicha función (art21)
Promover la participación de la ciudadanía en aspectos de manejo de recursos naturales (Art. 7) Los recursos minerales pertenecen al estado (Art.22)
Reconoce a la ciudadanía y colectivos territoriales el derecho a una redistribución equitativa de las riquezas nacionales (Art. 38). Reconoce los “jefes” tradicionales de las tribus rurales (Art. 143).
Permite la toma de tierras para la conservación de los suelos (Art. 30). Menciona el acceso a una alimentación adecuada (Art. 16), a una distribución equitativa y evitar la concentración de riqueza en unos pocos(Art.16) El Estado debe proteger el aire, tierra y agua y preservar los valores culturales (Art.20).
El estado debe garantizar la propiedad de la tierra al campesinado (Art. 29)
Reconoce el derecho inalienable de las y los congoleses a poseer sus riquezas naturales (Art. 54) y al desarrollo social, cultural y económico (Art.55). Establece que la contaminación del ambiente y el mar de origen extranjero es un crimen (Art. 48).
Reconoce la posibilidad de que el sistema político se pueda cambiar por referéndum y esté basado en movimientos políticos de base (movement political system) (Art.70). Reconoce formas tradicionales de propiedad de la tierra (Art. 237). El territorio pertenece al estado (244)
Garantiza acceso equitativo a la tierra y promueve manejo sostenible territorio (Art.60). Reconoce propiedad comunal (Art. 61, 63). El estado tiene la obligación de proteger el conocimiento indígena, la biodiversidad y los recursos genéticos de las comunidades, promover la participación pública en el manejo del territorio (Art. 69)
La gestión sostenible de los recursos naturales recae en el estado (Art. 35). El Estado está obligado a favorecer especialmente el desarrollo rural (Art.56)
Limita la concentración de los beneficios (Art.9) y los recursos nacionales deben encaminarse a la erradicación de la pobreza (Art.9). La gestión sostenible de los recursos naturales recae en el estado (art. 35).
El territorio es del Estado que debe proteger recursos naturales para beneficio de la comunidad (Art.12). Las tierras son del Estado que debe garantizar el acceso a las mismas por el campesinado (Art.12)
Reconoce el derecho a una vida digna en el medio rural, incluyendo infraestructuras (principios fundamentales, Art. 23-26, 30, 31)
Reconoce como valor la biodiversidad de Namibia y la compatibilidad del desarrollo con uso sustentable recursos naturales (Art.20, 95). Tierra, agua y recursos naturales pertenecen al Estado (Art. 100).
La tierra puede ser expropiada para desarrollo agrícola o conservación de suelos (art8.5a)
Sección 16. Apunta a una Reforma agraria y reasentamientos campesinos
Reconoce la agricultura como la base del desarrollo nacional (Art.39). La tierra pertenece al Estado y todos los mozambiqueños tienen derecho a ella para su uso social (Art.46-48). El estado ha de reconocer la aportación hecha por la pequeña producción a la economía nacional y debe promover su desarrollo reconociendo la creatividad de la gente (Art.44). El consejo de ministros debe promover la producción familiar campesina (Art. 153e)
Establece el compromiso del estado a una reforma de la tierra y a un acceso equitativo a los recursos naturales y a la tierra (Art. 25) Reconoce las leyes tradicionales y sus líderes, con condiciones (Art.221, 212)
Buscar un desarrollo equilibrado entre medio rural-urbano, mejorando condiciones vida en medio rural y promover el desarrollo agrícola (Art.59). Los recursos naturales, tierra, agua y minerales son del estado, que debe preservarlos (Art. 210), así como el medio ambiente. Señala el "tema tierra" (Art. 59). Reconoce igual acceso a tierra hombre-mujer para usos domésticos (Art. 211). Prohíbe la privatización del agua (Art. 214)
La tierra puede ser expropiada para desarrollo agrícola o conservación de suelos (Art.17.4)
Reconoce derechos a tierra, tradiciones y ganado a minorías (Fokonolona, art. 35). Fuente. Elaboración propia a partir de la información de las constituciones nacionales.
7. CARTA INTERNACIONAL SOBRE LOS DERECHOS HUMANOS CAMPESINOS El reconocimiento internacional de derechos ligados a la soberanía alimentaria y su trasposición a los niveles nacionales en el marco constitucional constituye, como ya hemos dicho, un elemento clave para el desarrollo de políticas para la soberanía alimentaria. En este camino la Vía Campesina junto a sus aliados y de nuevo de manera especial junto a FIAN Internacional han logrado colocar en el debate internacional una propuesta de Carta Internacional de los Derechos Humanos Campesinos. El hipotético escenario en el cual lográramos de manera combinada el desarrollo efectivo del derecho humano a la alimentación, junto con el reconocimiento o mantenimiento constitucional en su caso de principios rectores de las políticas de estado favorables a la soberanía alimentaria, el desarrollo de otros derechos ya reconocidos como los de los pueblos indígenas y el reconocimiento como tal de los derechos humanos campesinos, nos dotaría de un marco político nacional e internacional muy favorable. La propuesta de Carta Internacional de derechos humanos campesinos supone un ejercicio de lucidez estratégica por parte del movimiento. No solo supone la toma de conciencia de los derechos que como colectivo se reclaman sino que además implica que el movimiento campesino toma posición política internacional respecto a ellos. Pero además el haber desarrollado la propuesta y haberla logrado colocar en el seno del debate justo en el escenario internacional que le corresponde implica una visión de la realidad internacional inteligente y completa. El proceso de propuesta, elaboración, discusión y defensa internacional ha sido relativamente rápido. En el año 2002 comienza el debate en el ámbito de la Vía Campesina y en el año 2009 se logra defender ante la Comisión de Derechos Humanos. Varios han sido los elementos que lo han permitido: La extensión y reconocimiento internacional de la legitimidad de la Vía Campesina como movimiento representativo de los intereses de clase. El precedente en la lucha por el reconocimiento del derecho humano a la alimentación y en la campaña global por la reforma agraria, temas muy relacionados con el enfoque de la declaración. La alianza preexistente con FIAN Internacional y la experiencia acumulada de esta organización en la incidencia y cabildeo y su gran conocimiento sobre el tema. La relación estratégica con los relatores especiales del derecho humano a la alimentación y la apuesta de estos por la defensa de los derechos campesinos y la denuncia de las violaciones a este colectivo a nivel internacional. La acción sistemática de elaboración de informes paralelos sobre el derecho humano a la alimentación e informes anuales de violaciones de derechos humanos campesinos. El hecho de que una organización (FSPI de Indonesia) asumiera el trabajo permanente de empujar el tema en el seno del movimiento. Reproducimos a continuación el proceso recorrido y la situación actual.
CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CAMPESINOS. Vía Campesina. Nivel internacional ORIGEN -Los campesinos y campesinas han sido objeto de violaciones de los derechos humanos desde tiempo inmemorial. En todos los procesos dictatoriales del pasado siglo XX fueron uno de los grupos sociales que más sufrió la represión. -Desde el año 1993 La Vía Campesina lleva denunciando las violaciones de los derechos humanos a comunidades campesinas. -En el año 2000 se pone en marcha la Campaña Global por la Reforma Agraria junto con FIAN internacional y se reportan de forma sistemática cientos de casos de violaciones. -Por su parte FIAN Internacional en su proceso de trabajo para elevar las causas del derecho humano a la alimentación ha hecho lo mismo y se ha coordinado con el relator especial del derecho humano a la alimentación 32 y la vivienda. -La primera formulación de la Carta se remonta a la Conferencia sobre el tema que fue celebrada en Yakarta en el año 2002 y que concluyó con las aportaciones de talleres celebrados durante los años 2001 y 2002.
- El principio de no-discriminación es fundamental en derecho internacional de derechos humanos. Exige que los Estados tomen, al mismo tiempo, medidas legislativas para garantizar la nodiscriminación en derecho – formal o de jure – y medidas positivas para garantizar la no discriminación en los hechos – sustantiva o de facto. En su observación general 2033, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha definido las medidas que los Estados deben tomar para poner fin a la discriminación en la práctica.
- La Declaración final de Yakarta incluye una llamada a la movilización internacional dirigida a que la A.G de Naciones Unidas apruebe una Convención Internacional sobre los derechos humanos campesinos. Para esta movilización espera contar con el apoyo de las organizaciones aliadas, de gobiernos amigos, de instituciones regionales e internacionales.
- El derecho de los campesinos no goza de una protección específica en derecho internacional. Pero los campesinos y las campesinas, como todos los seres humanos, gozan de la protección de los derechos consagrados en los instrumentos generales de protección de los derechos humanos, en particular, el Pacto Internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales (PIDESC) (1) y el Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos (PIDCP) (2). Además de esta protección general, las mujeres campesinas y los campesinos indígenas gozan también de la protección acordada, en particular, por la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos autóctonos (3).
- Con la creación del Consejo de Derechos Humanos en junio de 2006, y la primera sesión de su Comité asesor en agosto de 2008, se habló realmente de los derechos del campesinado por primera vez en las Naciones Unidas.
- A pesar de lo anterior la posibilidad de adopción de una carta de este tipo se concreta siguiendo la fórmula de las Declaraciones y Cartas de Derechos Humanos de colectivos específicos como la
- En mayo de 2008, Olivier de Schutter pidió al Consejo de Derechos Humanos organizar una sesión extraordinaria sobre la crisis alimentaria y las violaciones del derecho a la alimentación. La primera sesión especial temática de la historia del Consejo de Derechos Humanos sobre la crisis alimentaria y el derecho a la alimentación tuvo lugar el 22 de mayo. En dicha sesión se adoptó por unanimidad una resolución
32 Cf. especialmente los informes de misiones y las comunicaciones del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación con los Estados, disponibles en línea en www2.ohchr.org/english/issues/food/index.htm, así como las del Relator Especial sobre el derecho a la vivienda, disponibles en línea en: www2.ohchr.org/english/issues/housing/index.htm. 33 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CODESC), Observación general n°20, La no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales (art. 2, par. 2), E/C.12/GC/20, 2 de julio de 2009, § 8.
CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CAMPESINOS. Vía Campesina. Nivel internacional ORIGEN -Desde el año 200434 la Vía Campesina elabora anualmente informes sobre las violaciones de derechos humanos campesinos en el mundo. -En la IV Conferencia Internacional de la Vía Campesina celebrada en Brasil en el año 2004 se recopiló el trabajo elaborado hasta el momento, y se adoptó como decisión prioritaria de la organización avanzar en la elaboración de la Carta Internacional de Derechos Humanos Campesinos. -Una de las Comisiones de Trabajo a nivel interno en el movimiento ha sido la de Derechos Humanos Campesinos. -En el año 200835 en la Conferencia Internacional de Yakarta (Indonesia) celebrada en junio de 2008 fue aprobada la Carta finalmente negociada tras siete años de trabajo interno. -El texto fue ratificado en la reunión del Comité Internacional de Coordinación de la Vía campesina celebrado en Seúl en 2009.
CONTENIDO Declaración de derechos de pueblos indígenas o las específicas contra la discriminación a las mujeres. Por lo tanto es muy importante la justificación de la especificidad de la discriminación que en este caso se basa precisamente en los datos de disparidad en el acceso a los derechos reconocidos entre poblaciones urbanas y campesinas. - El primer artículo de la Declaración de los derechos de las campesinas y de los campesinos proporciona una definición de campesinado. El término de campesino o campesina puede aplicarse a cualquier persona que se ocupa de la agricultura, ganadería, la trashumancia, las artesanías relacionadas con la agricultura u otras ocupaciones similares. Esto incluye a las personas indígenas que trabajan la tierra. El término campesino también se aplica a las personas sin tierra36. - El artículo 2 reafirma que los campesinos y las campesinas son iguales y que todos los campesinos tienen derecho a gozar enteramente, en cuanto a colectivo o en cuanto a individuos, de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales reconocidas en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los otros instrumentos internacionales que conciernen a los derechos humanos (artículo 2, par. 1 y 2). También reafirma que los campesinos y las campesinas son libres e iguales a todas las
SITUACIÓN ACTUAL sobre “el impacto negativo del empeoramiento de la crisis mundial de la alimentación sobre la realización del derecho a la alimentación para todos”. -El 9 de marzo de 2009 un representante de la Vía Campesina fue invitado a expresarse ante el Consejo de Derechos Humanos con ocasión de un debate organizado por el Consejo con la Alta Comisaria de Derechos Humanos, N. Pillay, D. Nabarro, Coordinador del Equipo de Tareas de Alto Nivel sobre la crisis mundial de la seguridad alimentaria. -En abril de 2009, la Vía Campesina fue invitada también a la Asamblea General de las Naciones Unidas para dar su opinión acerca de la crisis alimentaria mundial y los medios de solucionarla. La Vía Campesina presentó, entonces, la Declaración de los derechos de las campesinas y de los campesinos como una solución para responder a la crisis alimentaria 37 .
34 LVC, FIAN, Violations of peasants’s human rights. A Report on Cases and Patterns of Violation 2004; LVC, Annual ReportPeasant Rights Violation, 2005; LVC, Annual Report: Violations of Peasants’ Human Rights, 2006. 35 La Vía Campesina (LVC), Declaración de los derechos de las campesinas y de los campesinos, adoptada en la Conferencia Internacional sobre los derechos de los campesinos en junio de 2008 en Yakarta, disponible en línea en http://viacampesina.net/downloads/PDF/ES-3.pdf. 36 De acuerdo con la definición [1] de la Organización para la Alimentación y la Agricultura de la ONU FAO 1984, las siguientes categorías de personas pueden considerarse sin tierra, y es probable que se enfrenten a dificultades para asegurar sus medios de vida: 1.Familias de agricultores con poca tierra o sin tierra. 2. Familias no agrícolas en áreas rurales, con poca tierra o sin tierra, cuyos miembros se dedican a diversas actividades como la pesca, la artesanía para el mercado local o la proporción servicios; 3. Otras familias de trashumantes, nómadas, campesinos que practican cultivos cambiantes, cazadores y recolectores y personas con medios de subsistencia parecidos. 37 Cf. Declaración de la Vía Campesina en la Asamblea general de las Naciones Unidas, 6 de abril de 2009, disponible en la página web de la Vía Campesina.
CARTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS CAMPESINOS. Vía Campesina. Nivel internacional ORIGEN
CONTENIDO personas e individuos y tienen derecho a ser libres de cualquier tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular, a ser libres de las discriminaciones basadas en su situación económica, social o cultural (artículo 2, par. 3). Por último, proclama que los campesinos y las campesinas tienen derecho a participar activamente en la elaboración de políticas, toma de decisiones, puesta en marcha y control de todo proyecto, programa o política que afecte a sus territorios (artículo 2, par. 4). -Sobre el modelo de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos autóctonos, la Declaración de los derechos de las campesinas y de los campesinos reafirma los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de los campesinos. -La Declaración adoptada por la Vía Campesina reafirma el derecho a la vida y el derecho a un nivel de vida satisfactorio (artículo 3), el derecho a la libertad de asociación, de opinión y de expresión (artículo 12) y el derecho a tener acceso a la justicia (artículo 13). Para completarlos, reconoce los nuevos derechos fundamentales siguientes: el derecho a la tierra y al territorio (artículo 4) ; el derecho a las semillas y al saber agrícola tradicional (artículo 5); el derecho a los medios de producción agrícola (artículo 6); el derecho a la información y a la tecnología agrícola (artículo 7); la libertad de determinar los precios y el mercado para la producción agrícola (artículo 8); el derecho a la protección de los valores agrícolas (artículo 9); el derecho a la diversidad biológica (artículo 10) y el derecho a la conservación del medioambiente (artículo 11).
SITUACIÓN ACTUAL -En marzo de 2009, con motivo de la discusión de las recomendaciones formuladas por el Comité Asesor, tuvieron lugar una serie de intensos debates en el Consejo de Derechos Humanos. Varios Estados latino-americanos estaban a favor de realizar un estudio sobre la crisis alimentaria, el derecho a la alimentación y los derechos de los campesinos, pero otros Estados (sobre todo los occidentales) se opusieron. El compromiso al que llegaron, expresado en la resolución 10/12 del Consejo de Derechos Humanos del 20 de marzo de 2009, fue encargar un estudio al Comité Asesor sobre “la discriminación en el contexto del derecho a la alimentación, en el que indique las buenas prácticas en materia de políticas y estrategias de lucha contra la discriminación” (par. 36). -El estudio elaborado por Ziegler fue presentado en marzo de 2010 ante el Consejo de Derechos Humanos. El segundo de los documentos elaborados y presentados fue “los campesinos y el derecho a la alimentación” A partir de este momento el Consejo podría recomendar estudiar la propuesta de la Vía Campesina.
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CAPITULO III. AVANCES EN EL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN. RECONOCIMIENTOCONSTITUCIONAL.
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