Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-329094095
Timestamp: 2020-07-12 18:29:51
Document Index: 173803648

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 16', 'artículo 15']

Sentencia de Tutela nº 658/11 de Corte Constitucional, 7 de Septiembre de 2011 - Jurisprudencia - VLEX 329094095
Buen nombre, habeas data. La accionante diligenció una solicitud de crédito ante una entidad bancaria, con el ánimo de conseguir recursos para financiar el valor que le hacía falta para adquirir una vivienda de interés social, pero el banco le negó el préstamo por tener un reporte negativo ante las centrales de riesgo. La información fue suministrada por la empresa accionada, sin que para ello mediara obligación en mora, ni autorización expresa de la demandante. La sala, al observar que la entidad accionada incumplió los dos requisitos para proceder al reporte del dato negativo ante las centrales de riesgo y, al no hallarse la existencia de una obligación, decide conceder la protección de los derechos incoados y emitir las órdenes pertinentes para garantizar la eliminación de los reportes negativos o positivos a cargo de la actora y con respecto a la información que dio origen a la interposición de la presente acción constitucional. Concedida.
Sentencia citada en: 70 sentencias, un artículo doctrinal, una noticia
T-658-11 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-658/11
Acción de Tutela instaurada por S.P.R.C. contra V.S.A.
La S. Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados H.A.S.P., L.E.V.S. y J.I.P.C., en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales y específicamente, las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9° de la Constitución Política, ha proferido la siguiente
Que pone fin al proceso de revisión de los fallos emitidos por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, el 23 de febrero de 2011, y por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, el 11 de abril de los corrientes, dentro de la acción de tutela promovida por S.P.R.C. contra V.S.A.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Política, 33 del Decreto 2591 de 1991 y 49 del Reglamento de la Corporación, la S. de Selección Número Cinco de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.
S.P.R.C. demandó ante el juez de tutela la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al habeas data, presuntamente vulnerados por V.S.A.; aduciendo que dicha empresa reportó información negativa en las centrales de riesgo sin su autorización y, lo más grave, sin existir obligación alguna de su parte frente a ésta. En consecuencia, solicitó que se ordenara a V.S.A., retirarla de su base de datos como deudora morosa debido a que nunca ha adquirido obligaciones con la empresa y además, no la autorizó para que realizara dicho reporte negativo en las centrales de riesgo. También, pidió que se ordenara a D. la actualización de su base de datos con el fin de que retirara su nombre como deudora de la entidad accionada.
1.1.1.1 Señala la accionante que en febrero de 2008 se afilió a la Caja de Compensación Familiar -COMPENSAR- con el fin de postularse para la adquisición de una vivienda de interés social. En efecto, COMPENSAR le otorgó el subsidio de vivienda e inició los respectivos trámites, entre los cuales se encuentra una solicitud de crédito que elevó ante el banco Davivienda para financiar el valor restante del bien inmueble. Sin embargo, dicha entidad financiera le comunicó que no podía realizar la gestión del crédito porque tenía un reporte negativo ante las centrales de riesgo. Específicamente, estaba reportada por la empresa V.S.A.
1.1.1.2 En virtud de lo anterior se dirigió a D. en donde le suministraron la dirección y el teléfono de la empresa que había remitido el reporte negativo; no obstante, a la fecha no ha podido ubicar dicho establecimiento comercial porque en la dirección que le suministraron no se encuentra ubicada y los vecinos del lugar desconocen el sitio al cual se trasladó.
1.1.1.4 También manifiesta que en octubre de 2010 se dirigió a D. para hacer el respectivo reclamo e indagar de nuevo acerca de la dirección de la empresa, pero le comunicaron que no tenían datos adicionales a los que ya le habían entregado.
1.1.1.5 En definitiva, narra que no adeuda suma alguna a V.S.A. y sin embargo, se encuentra reportada desde hace varios años en D. sin su autorización, situación que ha devenido en la vulneración de su derecho fundamental al buen nombre.
Radicada la acción de tutela el 8 de febrero de 2011, el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá la admitió y ordenó correr traslado a la entidad accionada con el fin de que expresara lo que considerara pertinente. Además, ordenó poner en conocimiento de D. y Cifin la presente acción de amparo para que se pronunciara sobre los hechos de la misma.
El 16 de febrero de 2011, la abogada de Vicepresidencia Jurídica de Asobancaria manifestó que a la fecha, la accionante no se encuentra reportada en la CIFIN con ninguna obligación a favor de V.S.A., lo cual soporta con un reporte anexo de CIFIN. Reitera que a la fecha toda la información que reposa en dicha central de riesgo a nombre de la accionante es positiva.
2.2.1 El 17 de febrero de 2011, COMPUTEC S.A., a través de su representante legal manifestó que el artículo 3 de la Ley 1266 de 2008 fue declarado exequible bajo el entendido de que () el operador es responsable a partir de la recepción del dato suministrado por la fuente, por el incumplimiento de los deberes de diligencia y cuidado en relación con la calidad de la información personal, consagrados en esta Ley Estatutaria.
2.2.2 En virtud de lo anterior, C.S.A. adujo que el dato negativo fue suministrado por la entidad V.S.A. y que su historia de crédito fue expedida el 16 de febrero de 2011 a las 10:05 a.m. así: () 000067984. La cuenta se encuentra abierta y reportada con un historial de mora por más de 180 días.
2.2.3 Para C.S.A., el reporte negativo que figura en la historia de crédito de la accionante, refleja la disputa de orden contractual entre la actora y V.S.A..
2.2.4 Además, manifestó, este dato negativo fue suministrado por la fuente de información y por su parte, C.S.A., realizó las verificaciones previstas en el artículo 7 de la Ley 1266 de 2008. En particular, solicitó a la fuente certificación sobre la autorización otorgada por el titular para la administración de su información financiera (artículo 7 de la Ley 1266 de 2008) y ha realizado las actualizaciones que corresponden de acuerdo con los reportes allegados por la fuente (artículo 7  7 de la Ley 1266 de 2008)
2.2.5 Afirmó, se trata de una situación que queda totalmente por fuera de la órbita de C.S.A., y de su servicio de D., ya que C.S.A., no tiene una relación comercial directa con el titular de la información pues no le presta servicios comerciales ni financieros de ningún tipo. Explicó que en su calidad de operador de información financiera y comercial, esta entidad se limita a registrar la información que recibe de las fuentes, a permitir su circulación a los usuarios autorizados, a exigirle a las fuentes una certificación en donde conste que cuentan con autorización de los titulares para administrar su información financiera, a verificar que todo ello se realice en cumplimiento de los parámetros previstos en la Ley 1266 de 2008, a responder las peticiones que presentan los titulares de la información, a gestionar ante la fuente sus quejas, y a realizar las respectivas correcciones o actualizaciones cuando se trate de reclamaciones que tengan justificación a la luz de la Ley Estatutaria 1266 de 2008.
2.2.6 Señaló que C.S.A., presta un servicio privado de carácter neutral y su función de operador de la información hace que sea ajeno al proceso de toma de decisiones por parte de los usuarios de la información, quienes deciden de manera autónoma y de acuerdo con sus políticas internas de gestión de riesgo acerca del otorgamiento de créditos y servicios.
2.2.7 Para finalizar, insistió en que el dato negativo bajo estudio fue suministrado por la fuente de información, es decir, V.S.A., y en consecuencia solicitó su desvinculación del presente proceso de tutela. Además, pidió que se vinculara y se le corriera traslado de la demanda a la fuente de información. Para el efecto suministró los datos en donde podía ser ubicada.
En primera instancia, el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, mediante sentencia proferida el veintitrés (23) de febrero de dos mil once (2011), decidió negar el amparo solicitado por la señora S.P.R.C., aduciendo ausencia de material probatorio para determinar la presunta vulneración de los derechos invocados. Indicó que si bien la accionante manifestó en su escrito de tutela que no tenía ningún vínculo crediticio con la empresa accionada no allegó prueba que respaldara su dicho.
De otro lado, expuso que no se logró efectuar la diligencia de notificación a V.S.A., según el informe secretarial que reposaba en el plenario a folio 27, por lo cual fue imposible verificar la certeza de la obligación generadora del reporte negativo.
La señora S.P.R.C., insistió en la vulneración de su derecho fundamental al buen nombre por parte de V.S.A. al reportarla negativamente en D.. Agregó que la dirección aportada para efectuar la diligencia de notificación a la accionada es aquella que figura en el registro mercantil, página web en Internet y en todos los medios de publicidad que tiene la empresa. Para finalizar, insistió en la protección constitucional invocada por cuanto nunca facultó a V.S.A. para que la reportara en las centrales de riesgo.
Finalmente, adujo que la petición que había elevado la accionante a D. el pasado 3 de noviembre de 2010 no cumplía con el propósito anteriormente referido, pues en éste no pidió la corrección del reporte negativo sino que se limitó a pedir la obtención de un paz y salvo.
4.1.1 Fotocopia del documento de recepción de renuncia al subsidio en la Caja de Compensación Familiar COMPENSAR-, el 11 de agosto de 2010, suscrita por S.P.R.C..
4.1.2 Fotocopia de la petición elevada por la actora ante D., suscrita el 3 de noviembre de 2010, en la cual solicitó la impresión de su historial con todas las novedades y el respectivo paz y salvo en el que se indicara que no estaba reportada.
4.1.3 Fotocopia de la Declaración extrajuicio realizada por la señora S.P.R.C. el 7 de mayo de 2008, en la cual manifestó que es madre cabeza de familia, es trabajadora independiente y su oficio es vender flores, labor por la cual percibe como ingreso mensual la suma equivalente a un salario mínimo legal y que tiene a su cargo a sus hijas menores de dieciocho años A.M.C.R., 14 años, M.A.L.R., 8 años y S.S.G.R., 8 meses.
4.1.5 Fotocopia de la historia crediticia de la actora en D. de fecha 16 de febrero de 2011.
4.2.1.1 Ordenó poner en conocimiento de V.S.A., la solicitud de tutela de la referencia, sus anexos y los fallos de instancia, para que expresara lo que estimara conveniente, en particular que informara: (i) si la señora S.P.R.C. había adquirido alguna obligación con dicha empresa especificando el día y el año. (ii) En caso positivo, indicara si se encuentra vigente a la fecha, su valor económico y demás aspectos que considerara relevantes referir en el caso particular de la peticionaria con los debidos soportes documentales en copia simple.
4.2.3 V.S.A.
El 8 de agosto de 2011, M.V.M. del Departamento de Cartera de V.S.A., manifestó que revisó el historial de crédito de la accionante y encontró que es su cliente desde febrero de 1993 y, en dicho año realizó dos compras en el mes de marzo, por el valor de $53.500.oo. Aclaró que la actora canceló el total de su obligación el 26 de abril de 2011 y que su estado actual es de pago voluntario con mora superior a 180 días.
Para finalizar, adujo que el reporte negativo que permanece en la central de riesgo D. es responsabilidad del operador de la información. También, allegó pruebas documentales en relación con los datos crediticios del usuario de la información. Sin embargo, la entidad accionada no allegó ningún soporte físico que demostrara la existencia de la obligación, como tampoco constancia expresa en donde la accionante la autorizara para el manejo de sus datos financieros y crediticios.
4.2.4 C.S.A.  D.
El 8 de agosto de 2011, el apoderado de C.S.A., suministró la siguiente información de acuerdo con los datos disponibles en su base de datos:
4.2.4.1 Teniendo en cuenta el último reporte de la fuente, realizado en marzo de 2011, la obligación de S.P.R.C. con V.S.A., ascendía a $53.000.oo. No obstante, la fuente actualizo la información indicando que la obligación fue cancelada de manera voluntaria. Adujo que actualmente la historia de crédito de la accionante refleja que se encuentra al día en su obligación, pero aún se encuentra registrada la mora histórica en que incurrió.
4.2.4.2 La obligación de que trata el presente proceso fue reportada inicialmente por la empresa CONFECCIONES ÁLAMOS S.A., en octubre de 2002. Posteriormente, en julio de 2004, la obligación fue adquirida por V.S.A., quien conservó el reporte negativo por mora en el pago.
4.2.4.3 Para finalizar, informó que la empresa V.S.A., no ha presentado solicitud de retiro de la información de su titular. Sin embargo, reiteró que el pasado 29 de abril la fuente actualizó el dato, en el sentido de indicar que la obligación había sido pagada de manera voluntaria.
Corresponde a la S. examinar si V.S.A., desconoció los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data de la accionante, al suministrar un dato negativo en la central de riesgo D. sin contar con su autorización expresa para realizar el reporte de dicho dato y sin existir obligación alguna de su parte frente a ésta. Además, también deberá estudiar si el operador de la información, en este caso D., cumplió con sus obligaciones legales para asegurar la protección de los derechos de la peticionaria, titular de los datos.
Para el análisis del problema jurídico planteado, esta S. abordará el estudio de los siguientes supuestos: Primero, la procedencia de la acción de tutela contra particulares, específicamente para invocar la protección del derecho fundamental al habeas data. Segundo, los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data. Tercero, el término de permanencia de los datos negativos en las centrales de riesgo, en particular, de las obligaciones insolutas. Finalmente, a la luz de las anteriores premisas, estudiará el caso concreto.
3.3 La jurisprudencia constitucional ha señalado que las grandes diferencias entre lo público y lo privado son cada vez menores, de tal forma que en la actualidad, la violación de los derechos fundamentales no solo puede provenir del Estado, sino también, de los particulares, concretamente cuando llevan a cabo actividades que los ubican en una posición de superioridad frente a la comunidad, lo que implica el reconocimiento de que las relaciones entre estos sujetos no siempre se desarrollan en planos de igualdad.[1][2]
Entiende esta Corte que la subordinación alude a la existencia de una relación jurídica de dependencia, como ocurre, por ejemplo, con los trabajadores respecto de sus patronos, o con los estudiantes frente a sus profesores o ante los directivos del establecimiento al que pertenecen, en tanto que la indefensión, si bien hace referencia a una relación que también implica la dependencia de una persona respecto de otra, ella no tiene su origen en la obligatoriedad derivada de un orden jurídico o social determinado sino en situaciones de naturaleza fáctica en cuya virtud la persona afectada en su derecho carece de defensa, entendida ésta como posibilidad de respuesta efectiva ante la violación o amenaza de que se trate.[4]
En este mismo sentido, el numeral 6° del literal II del artículo 16 de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, preceptúa: Sin perjuicio del ejercicio de la acción de tutela para amparar el derecho fundamental del hábeas data, en caso que el titular no se encuentre satisfecho con la respuesta a la petición, podrá recurrir al proceso judicial correspondiente dentro de los términos legales pertinentes para debatir lo relacionado con la obligación reportada como incumplida ()
El artículo 15 de la Constitución Política establece que Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas (). Este precepto constitucional, consagra tres derechos fundamentales autónomos, a saber, intimidad, buen nombre y habeas data.
() en lo relativo al manejo de la información, la protección del derecho al buen nombre se circunscribe a que dicha información sea cierta y veraz, esto es, que los datos contenidos en ella no sean falsos ni erróneos. Por su parte, la garantía del derecho a la intimidad hace referencia a que la información no toque aspectos que pertenecen al ámbito de privacidad mínimo que tiene la persona y que sólo a ella interesa. Finalmente, el derecho al habeas data salvaguarda lo relacionado con el conocimiento, actualización y rectificación de la información contenida en los mencionados bancos de datos.[6]
Es claro que si la información respectiva es falsa o errónea, no solamente se afectan los derechos a la honra y al buen nombre de la persona concernida, sino que, precisamente por el efecto multiplicador que tiene el informe negativo en las instituciones receptoras de la información incorporada al banco de datos o archivo, resulta notoriamente perjudicada en su actividad económica y en su situación patrimonial. No se pierda de vista que un cierre del crédito puede provocar una cadena de incumplimientos forzados, la incapacidad de contraer nuevas obligaciones, la cesación de pagos y la quiebra[7]
De otro lado, el derecho al habeas data o a la autodeterminación informática[8] es aquella garantía constitucional que le permite a la persona conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas ()[9]. La jurisprudencia constitucional ha fijado las siguientes reglas para verificar su afectación:
() el derecho al habeas data resulta vulnerado en los eventos en que la información contenida en un archivo de datos (i) sea recogida de forma ilegal, (ii) sea errónea, (iii) o verse sobre aspectos reservados de la esfera personal del individuo[10][11]
5.2.2.2.1 El núcleo esencial del derecho al habeas data consiste en el ejercicio efectivo por parte del titular de la información para conocer, actualizar y rectificar todos los datos que sobre éste figuren en cualquier base de datos o archivos.[12] Específicamente, la garantía al habeas data financiero es definida como () el derecho que tiene todo individuo a conocer, actualizar y rectificar su información personal comercial, crediticia y financiera, contenida en centrales de información públicas o privadas, que tienen como función recopilar, tratar y circular esos datos con el fin de determinar el nivel de riesgo financiero de su titular. Debe advertirse que ésta es una clasificación teórica que no configura un derecho fundamental distinto, sino que simplemente es una modalidad de ejercicio del derecho fundamental, este sí autónomo y diferenciable, al hábeas data.[13]
5.2.2.2.2 Ahora, en cuanto al objeto de protección del derecho al habeas data financiero, en la sentencia T-847 del 28 de octubre de 2010[14] se expuso que éste recaía sobre la información semiprivada, entendida como (...) aquel dato personal o impersonal que, al no pertenecer a la categoría de información pública, sí requiere de algún grado de limitación para su acceso, incorporación en base de datos y divulgación. A esa información solo puede accederse por orden judicial o administrativa y para los fines propios de sus funciones, o a través del cumplimiento de los principios de la administración de datos personales[15]. Ejemplo de estos datos son la información relacionada con el comportamiento financiero, comercial y crediticio de las personas ().
5.2.2.2.4 Por último, existen dos requisitos que deben observarse para que proceda el reporte negativo, éstos son: (i) la veracidad y la certeza de la información; y, (ii) la necesidad de autorización expresa para el reporte del dato financiero negativo[22][23]
Han llegado a conocimiento de la Corte situaciones en las que se generó un reporte negativo con respecto a un deudor, pero éste controvierte la veracidad de la información reportada, bien porque desconoce que la obligación supuestamente insoluta haya nacido a la vida jurídica en la forma en que lo sostiene el acreedor, bien porque entiende que si bien la obligación existió, ya se ha extinguido por alguna circunstancia que no es aceptada por quien fuera el titular de dicho crédito. En tales casos la Corte ha considerado que no se cumple de manera satisfactoria el criterio de veracidad, por lo que no resulta procedente mantener el reporte, junto con sus efectos negativos, mientras no se dilucide con toda claridad si en efecto la obligación existe y se encuentra pendiente de pago en la forma en que lo entiende el acreedor[25]
Lo anterior se traduce en que la fuente debe acreditar la existencia de la obligación con base en los respectivos soportes pues Sí no se demuestran o no se tienen los soportes, la obligación se concluye como inexistente o, en el mejor de los casos, se tornaría como una obligación natural ante la imposibilidad de obtener el recaudo forzoso[26]
() Los datos cuyo contenido haga referencia al tiempo de mora, tipo de cobro, estado de la cartera, y en general, aquellos datos referentes a una situación de incumplimiento de obligaciones, se regirán por un término máximo de permanencia, vencido el cual deberá ser retirada de los bancos de datos por el operador, de forma que los usuarios no puedan acceder o consultar dicha información. El término de permanencia de esta información será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
Para este caso, la disposición no prevé un plazo de permanencia, puesto que supedita la contabilización de la caducidad a partir del pago de la obligación. Así, como en este caso no se ha verificado ese pago, la información financiera negativa permanecerá de modo indefinido. En este evento, la S. advierte que, conforme a la doctrina expuesta, resulta totalmente injustificado que se mantengan en las bases de datos reportes basados en obligaciones que han sido excluidas del tráfico jurídico, amén de la imposibilidad de ser exigibles judicialmente. Si el ordenamiento legal vigente ha establecido que luego de transcurridos diez años opera la extinción de las obligaciones dinerarias, no existe razón alguna que sustente que a pesar que ha operado este fenómeno, el reporte financiero que tiene origen en la deuda insoluta subsista. Por ende, la permanencia del dato más allá del término de prescripción configura un ejercicio abusivo del poder informático, que en el caso concreto se abrogaría una potestad más amplia que la del Estado para derivar consecuencias jurídicas de la falta de pago de obligaciones[29] (Subraya fuera de texto)
Por tanto, la Corte concluyó que () el término de cuatro años es una decisión legislativa razonable, excepto en los casos en que se trata de (i) una mora vigente por un periodo corto, amén del pago efectuado prontamente; y (ii) cuando se trata de obligaciones insolutas, respecto de las cuales se predica la prescripción.[30] (Subraya fuera de texto)
6.1.1 Teniendo en cuenta las especificidades del caso objeto de estudio, esta S. evidencia que la accionante se encuentra en estado de indefensión frente a la entidad accionada, pues no cuenta con los medios de defensa que le permitan contrarrestar efectivamente la amenaza de sus derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data, por lo menos, por las siguientes razones: (i) aduce desconocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que adquirió la supuesta obligación con V.S.A., y ante el desconocimiento de la dirección en donde ésta puede ser ubicada no ha podido elevar el correspondiente reclamo y (ii) la fuente de información, en este caso V.S.A., se encuentra en condiciones de superioridad frente a la actora, ya que debido a la calidad que ostenta, tiene la potestad de mantener o solicitar el retiro del dato negativo que suministró al operador de la información, D..
6.1.2 Ahora bien, con respecto al cumplimiento del requisito previo para examinar la procedencia de la acción de tutela en los casos en los que se invoca la protección del derecho fundamental al habeas data, esto es, que el peticionario haya acudido a la entidad correspondiente para corregir, aclarar, rectificar o actualizar la información que se tenga de él, se observa que la señora S.P.R.C. no se dirigió a V.S.A., para solicitar la corrección, aclaración, rectificación o actualización de la información porque no era posible.
Sobre el punto se encuentra acreditado que una vez la accionante conoció de la existencia del dato negativo, acudió a la central de riesgo D. para que allí le informaran acerca de las razones por las cuales se encontraba reportada. En virtud de lo anterior, D. le informó a la señora Rojas Cuncanchon los respectivos datos de la empresa y su número telefónico (Folio 36 del cuaderno principal). Sin embargo, la actora no ubicó en este lugar a la empresa ni tampoco pudo establecer comunicación telefónica en los números que le indicaron, al punto que en primera instancia la diligencia de notificación personal a la accionada no pudo efectuarse, pues según consta en el informe secretarial del Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá: () al llegar a dicha dirección se encuentra con que la entidad referenciada hace más de 6 meses no funciona allí, además no se cuenta con otra información de alguna dirección diferente a la dicha y vía telefónica se pudo establecer que la línea telefónica se encuentra en reparación por tal motivo la diligencia a practicar no se pudo realizar (Folio 27 del cuaderno principal).
Además, se encuentra acreditado que la dirección y el teléfono en donde la actora intentó ubicar a la accionada, la misma que suministró ante el juez constitucional, es la que figura en el certificado de existencia y representación legal de V.S.A. como la dirección en donde dicha sociedad recibe notificaciones judiciales (Folios 46-48 del cuaderno principal), sumado a que es la misma dirección que se encuentra en los medios de publicidad en Internet, en la ciudad de Bogotá.
6.1.3 Por tanto, no son de recibo los argumentos del juez de segunda instancia en el sentido de que la actora no cumplió con el requisito previo de procedibilidad que se exige en estos casos, pues se encuentra acreditado que la peticionaria desplegó todas las acciones que estaban a su alcance para ubicar a la accionada y además dirigió un derecho de petición a D. para que le informara acerca de su historial financiero y les manifestó que desconocía el origen de la obligación por la que se encontraba reportada.
En el caso sub-lite esta S. analizará el cumplimiento de las reglas señaladas precedentemente.
Además, V.S.A. tampoco aportó prueba documental en donde se pudiera constatar la fecha exacta en la que canceló la suma de $53.000.oo pesos, y tan solo se limitó a afirmar que el 26 de abril de 2011 efectuó un pago voluntario por dicho concepto. Sin embargo, se observa que esta afirmación también carece de sustento probatorio, por cuanto lo que puede evidenciarse en el expediente, es que el pasado 26 de abril, la entidad accionada expidió un paz y salvo dirigido a la señora S.P.R.C. en el cual le informaban que a la fecha no adeudaba suma alguna respecto a la tarjeta de crédito Tempus No. 992-67984. (Folio 23 del cuaderno 1)
En segundo lugar, la S. observa que existen contradicciones en la información que suministró la entidad accionada, fuente de la información, y D., operador de los datos de la titular, pues este último manifestó que la obligación a cargo de la peticionaria fue reportada inicialmente en octubre de 2002 por la empresa CONFECCIONES ALAMOS S.A., y que en julio de 2004 la obligación fue adquirida por V.S.A., quien conservó el reporte negativo porque continuaba el estado de mora en el pago de la misma.
Al respecto, se colige que si V.S.A., adquirió la obligación que inicialmente se encontraba a cargo de CONFECCIONES ALAMOS S.A., debe contar con el respectivo título en donde conste la misma para determinar aspectos de trascendencia como su nacimiento a la vida jurídica, la forma de pago, el monto, su exigibilidad, entre otros. Sin embargo, no existe prueba alguna encaminada a demostrar que la obligación, en efecto existe y que en consecuencia, es exigible jurídicamente. Al contrario, no se encuentra acreditada la veracidad de la información que V.S.A., suministró a la operadora de la información D. porque no cuenta con el soporte documental que de cuenta de la misma. En esa medida, no se encuentra acreditado este primer requisito atinente a la veracidad y certeza de la información, aún más, al no existir documento alguno en este respecto, la información no es veraz, completa, exacta, comprobable y comprensible, y en consecuencia, conforme se expuso en las consideraciones a lo sumo podría constituir una obligación natural.
En definitiva, la información que suministró la fuente, V.S.A., al operador de la misma, D. afectó concomitantemente el derecho al habeas data y al buen nombre de la actora. Además, no sólo se afectó la buena imagen o fama de la señora S.P.R.C., sino que este dato generó un impacto negativo en el ámbito económico, pues la actora se encontraba adelantando todas las gestiones para obtener un crédito en el banco Davivienda con el objeto de adquirir un inmueble de interés social, al cual no pudo acceder por el reporte negativo que registraba en las centrales de riesgo. Lo anterior, trajo como consecuencia su renuncia al subsidio de vivienda que le otorgó la Caja de Compensación -COMPENSAR-, hecho que obstaculizó su proyecto familiar de adquirir vivienda con la especial circunstancia de que se trata de una mujer madre cabeza de familia, cuyo hogar está integrado por tres niñas, dentro de las cuales se encuentra una adolescente en situación de discapacidad.
Respecto a la autorización de la administración de los datos financieros y crediticios por parte de la actora, V.S.A., tampoco allegó prueba documental en donde constara dicha autorización, es decir, que la información contenida en la base de datos fue ilegal. Recuérdese que dicha autorización puede tener como origen una orden legal o provenir de su titular, y en este caso no se acreditó ni lo primero ni lo segundo. En suma, se vulneró el derecho al habeas data de la señora S.P.R.C. en la medida en que no pudo decidir acerca de la administración de sus datos financieros y crediticios, lo cual trajo como consecuencia que V.S.A., se extralimitara en el ejercicio de su poder informático al realizar el reporte negativo.
De otra parte, el operador de la información D. indicó que cumplió con su obligación legal de solicitarle a la fuente, V.S.A., la autorización expresa otorgada por la titular de la obligación para la administración de su información financiera. No obstante, en sede de revisión no se obtuvo el respectivo soporte documental que así lo demostrara, máxime cuando ni siquiera la parte accionada allegó el título en donde constara la obligación que adquirió la actora con dicha sociedad. En esta medida, es importante recordar que el operador de la información tiene la obligación junto a la fuente de los datos, de verificar que en efecto la información es veraz y unívoca, acción que tampoco pudo ser demostrada por parte del operador, en el caso bajo estudio.
Sumado a lo anterior, el apoderado judicial de D. le informó a esta S. que a la fecha V.S.A., no había solicitado a dicha entidad el retiro del dato negativo. Sin embargo, manifestó que la fuente actualizó los datos en el sentido de indicar que la obligación había sido cancelada de manera voluntaria, pero aclaró que aún se registra la mora histórica en que incurrió la accionante.
Pues, conforme a las reglas que fijó esta Corporación en la sentencia de constitucionalidad C-1011 de 2008, mediante la cual se realizó la revisión previa de la Ley Estatutaria 1266 de 2008, la caducidad de las obligaciones insolutas es de cuatro años a partir del momento en que acaezca su extinción por cualquier modo. La anterior regla se hubiera aplicado en esta hipótesis, por las razones que se expusieron en el acápite 5.2.2.3 de esta providencia. Es decir, si en junio de 1993 la obligación se hizo exigible, el término de prescripción ordinaria, diez años, acaeció en junio de 2003; y a partir de esta última fecha se tendría que contar el término de cuatro años de permanencia del dato negativo, esto es, junio de 2007. Por lo anterior, a partir de julio de 2007, hubiera surgido la obligación para D. de retirar el dato negativo de su base de datos.
En suma, teniendo en cuenta que (i) la entidad accionada no observó el cumplimiento de los dos requisitos para proceder al reporte del dato negativo ante las centrales de riesgo de la titular de la información, S.P.R.C. y, en consecuencia, (ii) no se halla acreditada la existencia de la obligación, pues no se allegaron los respectivos soportes que así lo demostraran, esta S. procederá a proteger los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data de la actora.
Por tanto, se revocará el fallo de primera y segunda instancia y, en su lugar, se concederá el amparo invocado por la señora S.P.R.C..
En consecuencia, se ordenará a V.S.A., que proceda a solicitar el retiro de cualquier dato positivo o negativo ante el operador de la información, atinente al número de cuenta 000067984 por encontrarla inexistente, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
Así mismo, se ordenará al operador de la información, C.S.A.,-D. que elimine de su base de datos cualquier reporte positivo o negativo de la obligación atinente al número de cuenta 000067984 a cargo de la señora S.P.R.C. y a favor de V.S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
PRIMERO. REVOCAR las sentencias proferidas por el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, el 23 de febrero de 2011, y por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad, el 11 de abril de los corrientes. En su lugar CONCEDER la protección de los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data de S.P.R.C., por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. En consecuencia, ORDENAR a V.S.A., para que a través de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a solicitar el retiro de cualquier dato positivo o negativo ante el operador de la información D., respecto de la obligación número 000067984 y/o 992-67984 por encontrarla inexistente, de conformidad con la parte motiva de esta providencia.
TERCERO. ORDENAR a COMPUTEC S.A.,-DATACRÉDITO, que en el término de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente providencia, proceda a eliminar de su base de datos cualquier reporte positivo o negativo de la obligación atinente al número de cuenta 000067984 y/o 992-67984, a cargo de la señora S.P.R.C. y a favor de V.S.A., por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia.
[1] Ver Sentencia T-1302 de diciembre 9 de 2005, M.P.J.C.T.
[2] Corte Constitucional, sentencia T-791 del 3 de noviembre de 2009. M.P.G.E.M.M..
[3] Ver entre otras las sentencias T-767 del 19 de julio de 2001. M.P.E.M.L., T-1217 del 5 de diciembre de 2008, M.P.J.A.R..
[4] Corte Constitucional, sentencia T-290 del 28 de julio de 1993. M.P.J.G.H.G..
[5] Ver, entre otras, las sentencias T-421 del 26 de junio de 2009 y T-142 del 26 de febrero de 2010. M.P.M.V.C.C.; T-164 del 8 de marzo de 2010. M.P.J.I.P.P..
[6] Corte Constitucional, sentencia T-1319 del 14 de diciembre de 2005. M.P.H.A.S.P..
[7] Corte Constitucional, sentencia T-094 del 2 de marzo de 1995. M.P.J.G.H.G..
[8] Corte Constitucional, sentencia C-336 del 9 de mayo de 2007. M.P.J.C.T..
[10] Cfr. Corte Constitucional, Sentencias T-176 de 1995 M.P.E.C.M. y T-657 de 2005, M.P.C.I.V.H..
[11] Corte Constitucional, sentencia T-067 del 1 de febrero de 2007. M.P.R.E.G..
[12] Corte Constitucional, sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008. M.P.J.C.T..
[14] M.P.L.E.V.S..
[15] Sentencia C-1011 de 2008.
[21] Corte Constitucional, sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008. M.P.J.C.T..
[23] Corte Constitucional, sentencia T-847 del 28 de octubre de 2010. M.P.L.E.V.S..
[24] Corte Constitucional, sentencia T-798 del 27 de septiembre de 2007. M.P.J.C.T..
[25] Corte Constitucional, sentencia T-272 del 17 de abril de 2007. M.P.N.P.P..
[26] Corte Constitucional, sentencia T-847 del 28 de octubre de 2010. M.P.L.E.V.S..
[29] Corte Constitucional, sentencia C-1011 del 16 de octubre de 2008. M.P.J.C.T..
Sentencia nº 08001-23-31-000-1997-13135-01(32207) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 26 de Febrero de 2015