Source: http://www.cidh.oas.org/countryrep/Peru93sp/anexo.3.htm
Timestamp: 2017-10-21 14:09:03
Document Index: 115549072

Matched Legal Cases: ['Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 7', 'Artículo 25', 'Artículo 38', 'Artículo 231', 'Artículo 2', 'Artículo 105', 'Artículo 101', 'Artículo 231', 'Artículo 270', 'Artículo 13']

Peru 1993 Anexo III
Tenga el honor de transmitir a Vuestra excelencia :a comunicación reservada a vuestro :lustro Gobierno que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidiera enviarle para expresarle su parecer frente a la situación de los derechos humanos en vuestro país, incluyendo sus preocupaciones y recomendaciones.
Quiero reiterar en esta flota de envía los párrafos de dicha comunicación que dice:
"La Comisión, teniendo en cuenta la reiterada vocación de defensa de los derechos 'humanos expresada no sólo por la administración actual, sino también. por todos los candidatas participantes .en el presente proceso electoral, considera conveniente hacer llegar esta comunicación al Gobierno del Perú, como aporte al encauzamiento del proceso de pacificación que esperamos se intensificará en el futuro próximo."
"La Comisión se pone a disposición del Gobierno del Perú para colaborar dentro de los términos de su mandato, en todo lo que pueda significar un aporte a le observancia de los derechos humanos. Como el Gobierno está informado, la Comisión ha tomado una serie de decisiones en su 77º período de sesiones que incluyen el envío de esta comunicación, el sometimiento de un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su tratamiento, y otras decisiones sobre casos individuales. La Comisión seguirá con atención todo lo relativo a la observancia de los derechos humanos durante el próximo período y espera poder analizar en su próximo periodo de sesiones en septiembre de 1990, la respuesta del Gobierno a la presente."
Aprovecho esta oportunidad para transmitir a Vuestra Excelencia la seguridad de mi consideración más distinguida.
COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS AL GOBIERNO DEL PERU
APROBADA EN EL 77° PERIODO DE SESIONES' MAYO DE 1990
ANTECEDENTES DE ESTA COMUNICACION
La Comisión ha venido analizando la situación de los derechos humanos en el Perú en forma permanente y resultado de dicha preocupación ha sido su atención a decenas de casos surgidos de múltiples denuncias recibidas y comunicaciones directas con el Gobierno a raíz de distintos temas que preocupaban a la Comisión, algunos de los cuales surgieron de la visita que una delegación de la Comisión realizara al Perú en mayo de 1989.
En dicha visita la delegación tuvo oportunidad de tomar contacto con altas autoridades del país, visitó también organismos de derechos humanos, prisiones y mantuvo entrevistas con grupos representativos de distintos sectores de la ciudadanía, especialmente en Lima y en -Ayacucho. En esta última ciudad tuvo la posibilidad de recibir a distintos representantes de
las comunidades campesinas e indígenas, víctimas de la situación de conflicto que allí impera. También tuvo acceso en esa región a las autoridades del Comando Político Militar a cargo del Gobierno de esa zona.
En su 76° período de sesiones esta Comisión elaboró una comunicación a vuestro Ilustre Gobierno enviada al Gobierno con fecha septiembre de 1989, en la cual expresaba su agradecimiento por la atención dispensada a su visita, y enumeraba algunas preocupaciones, fundamentalmente:
- la necesidad de incorporar las normas defensoras de los derechos humanos como elemento central del quehacer de las Fuerzas Armadas en su lucha contra los grupos irregulares;
- la aparición de grupos paramilitares y la obligación del Estado de garantizar el ejercicio de los derechos de los ciudadanos a plenitud;
- la situación de falta de garantías y respeto a los derechos humanos en las zonas de emergencia, y en especial el arresto de personas por agentes del Estado sin el cumplimiento de los requisitos legales; y los malos tratos y torturas infligidos a personas bajo control de las fuerzas de seguridad;
- el debilitamiento de los recursos legales institucionales cautelares del derecho a la vida y libertad personal;
- la necesidad de reforzamiento de la capacidad de acción de los Fiscales Especiales en las zonas de emergencia;
- el creciente empleo de a violencia en el Perú como forma de dirimir los conflictos políticos.
En dicha comunicación, la Comisión indica su esperanza en el establecimiento de un /fructífero intercambio con el Gobierno el Perú tanto respecto a estas preocupaciones como a los casos en trámite frente a la Comisión, sobre los cuales la respuesta del Gobierno después de un largo período de silencio había comenzado a activarse.
En su atenta respuesta del 10 de noviembre de 1989, el señor Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Dr. Guillermo Larco Cox, resaltaba su aprecio por la labor de esta Comisión y a la vez las dificultades que el desequilibrio económico internacional y los embates de la violencia implicaban para el cumplimiento de la política del Gobierno del Perú para enfrentar la acción terrorista, dentro del marco de respeto legal y humanista a los derechos humanos. Al efecto indicaba que su despacho continuaría realizando los máximos esfuerzos para que se tomaran en cuenta las sugerencias de dicha nota y se prosiga facilitando a esta Comisión información pertinente que permita aclarar las denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos.
Con posterioridad a dicha nota y siguiendo su práctica reglamentaria esta Comisión ha continuado haciendo llegar al Gobierno del Perú informaciones respecto a denuncias qu recibe o sobre casos nuevos o en trámite, en la gran mayoría de los casos sin haber tenido respuesta a los mismos. La Comisión teniendo en cuenta la reiterada vocación de defensa de los derechos humanos expresada no sólo por la administración actual, sino también por todos los candidatos participantes en el presente proceso electoral considera conveniente hacer llegar esta comunicación al Gobierno del Perú, como aporte al encauzamiento del proceso de pacificación que esperamos se intensificará en el futuro próximo.
Esta comunicación no se basa solamente en la información recogida y las observaciones efectuadas en la visita realizada por la Comisión en mayo de 1989. Como es de conocimiento del Gobierno, la situación de los derechos humanos en el Perú ha concitado la atención de muchos organismos gubernamentales y privados, así como de juristas y científicos sociales, tanto peruanos como internacionales que han preparado abundante material sobre el tema. Entre otros merecen citarse la Comisión Especial del Senado peruano sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación, la Comisión Andina de Juristas, la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, Amnesty International, Americas Watch, el Comité Inter-Iglesias sobre los Derechos Humanos en América Latina. Sus trabajos han sido tomados en consideración así como las informaciones provistas a la Comisión por distintas personalidades peruanas de distintas tendencias, así como las que se
reciben del Gobierno.
El análisis de los mismos casos en trámite ante la Comisión permite también una perspectiva en profundidad que ayuda a comprender los meca­nismos específicos relacionados con la vigencia de los derechos humanos.
En este sentido, la Comisión lamenta que el Gobierno del Perú, pese a ser dicho país ratificante pleno de la Convención Americana y haber aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha mantenido en los últimos años una actitud de silencio o respuesta mínima a las denuncias que le hace llegar la Comisión, lo que espera sea solucionado en el futuro inmediato por las nuevas autoridades.
La Comisión ha tomado también en cuenta al decidir el envío de esta comunicación que los mecanismos constitucionales prevén la próxima renovación de autoridades. Haciendo abstracción del resultado de las elecciones, la Comisión considera oportuno dirigirse con esa ocasión al Gobierno del Perú, retomando y ampliando su nota del 29 de septiembre de 1989 sobre aquellos puntos sobre los cuales pueden realizarse actos de gobierno que mejoren la vigencia de los derechos humanos en el Perú.
B. DERECHOS HUMANOS, SUBVERSION Y TERRORISMO
Al finalizar su visita in-loco en mayo de 1989, la Comisión Especial expresó su profunda preocupación por el persistente recurso al terror y la violencia indiscriminada como instrumentos para dirimir los conflictos sociales y políticos, que ciertamente impide la consolidación del régimen democrático y el desarrollo económico, sustento de la vigencia plena de los derechos humanos.
Tanto antes de su visita como durante la misma, y aún con posteriori­dad, cuando la Comisión tomó contacto con las autoridades gubernamentales para expresarles sus preocupaciones, las autoridades plantearon la vinculación entre el tema de los derechos humanos con la necesidad de reprimir el terrorismo y la subversión. Más aún, en numerosas oportunidades el Gobierno ha informado a la Comisión: de violaciones a los derechos humanos efectuadas por grupos insurgentes, específicamente Sendero Luminoso y el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru).
La Comisión al respecto desea reiterar su doctrina que ha sido publicada en informes especiales anteriores (Argentina, 1979; Colombia, 1981) y aplicadas en su acción en todos los casos. Tal como en dichos casos, tanto en sus entrevistas como investigaciones de otro tipo con entidades de toda índole, la Comisión pudo constatar que si bien había discrepancia en cuanto a la interpretación de la legitimidad de los métodos empleados para reprimir al terrorismo y la subversión, existía a la vez una amplia coincidencia en cuanto a la existencia del fenómeno terrorista y a los daños causados por sus acciones.
La Comisión considera primordial insistir que el derecho humanitario debe ser observado por todos los protagonistas de la vida social, sean individuos, sean grupos, sean instituciones; y puntualiza a la vez que su competencia al respecto está estrictamente establecida y limitada por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Al respecto la Comisión desea reiterar por considerarlo relevante al caso, lo expresado anteriormente.*
Básicamente este tema puede ser analizado intentando dar respuesta a dos interrogantes que constantemente, antes y durante la observación in loco, se le han formulado a la Comisión:
i. ¿Por qué la Comisión no investiga los actos terroristas? Dicho en otras palabras, ¿por qué ella se preocupa exclusiva­mente de las acciones atribuibles a los gobiernos?, y
a) Incompetencia de la CIDH para investigar actos imputados a grupos terroristas u organizaciones subversivas
La respuesta, simple y legalmente precisa, a la primera pregunta es que los Estados soberanos de la Organización de los Estados Americanos no han escogido entregarle a la Comisión ningún tipo de jurisdicción para investigar el terrorismo y la subversión.
Obviamente, la Comisión no es un órgano que tenga compe­tencia para establecer autónomamente sus normas estatutarias de acuerdo con las preferencias cambiantes de sus miembros. Toda su estructura básica, incluyendo, por supuesto, sus funciones y atribuciones, están determinadas por aquellas normas que los Estados que integran la OEA han convenido en establecer. Aun el estudio más superficial de aquellas normas confirman que la tarea de la Comisión --como, en general, la de todos los otros órganos intergubernamentales de protección de los derechos humanos-- es investigar sólo las acciones imputables a los gobiernos.
Al procederse de esta manera no sólo existen esas consideraciones de tipo jurídico. Las consecuencias de orden práctico que traería la posibilidad que la Comisión investigase las acciones terroristas o subversivas serían verdaderamente graves. En efecto, si la Comisión, violando su mandato, aceptase tramitar una denuncia concerniente a algún presunto acto de terrorismo, implícitamente con ello colocaría a las organizaciones terroristas en el mismo plano que a los gobiernos, ya que la Comisión tendría que transmitir la denuncia recibida a la organización subversiva a la que se le atribuye la acción ilícita y solicitarle que haga valer las observaciones que estime pertinentes. ,No cabe duda alguna que dichas organizaciones estarían muy complacidas de ser tratadas como si tuvieran las características de un gobierno. Pero. ¿qué gobierno en el hemisferio podría tolerar esa atribución implícita de un status cuasi-gubernamental a una organización de este tipo?
En muchas oportunidades, parte de la estrategia subversiva ha consistido no sólo en reconocer, sino en jactarse abiertamente, acerca de sus actos terroristas. En caso de que el acta ya hubiese sido reconocido, la atribución formal por parte de la Comisión de la responsabilidad de los terroristas serviría nada más que para darle mayor publicidad a sus logros.
La Comisión desea ahora referirse a la segunda interrogante. ¿La existencia de terroristas y las amenazas de subversión al orden público influyen en las apreciaciones o
evaluaciones que hace la Comisión respecto de la observancia de los derechos humanos en un país? Dentro de los límites que se expondrán más adelante, la respuesta, obviamente, es sí.
La Comisión reiteradamente ha subrayado la obligación que tienen los gobiernos de mantener el orden público y la seguridad personal de los habitantes del país. Con tal objeto,, los gobiernos deben prevenir y reprimir, aun enérgicamente, los actos de violencia, ya sea que quienes los cometan sean funcionarios públicos o personas privadas, ya sea que sus motivaciones sean de orden político o no.
En la vida de cualquier nación, las amenazas al orden público o a la seguridad personal de sus habitantes que emanan de personas o grupos. que utilizan la violencia pueden llegar a alcanzar tales proporciones que exijan suspender temporalmente el ejercicio de ciertos derechos humanos.
La mayoría de las Constituciones de los países americanos aceptan tales limitaciones e incluso prevén algunas instituciones, como el estado de emergencia o el estado de sitio, para tales circunstancias. Por supuesto, que para que puedan adoptarse tales medidas deben mediar consideraciones de extremada gravedad, ya 'que su implantación debe obedecer precisamente a la necesidad de preservar aquellos derechos y libertades que han sido amenazadas con la alteración del orden público y la seguridad personal.
Sin embargo, es igualmente claro que ciertos derechos fundamentales jamás pueden suspenderse, como es el caso, entre otros, del derecho a la vida, del derecho a la integridad personal, o del derecho a un debido proceso. En otros términos, los gobiernos no pueden emplear, bajo ningún tipo de circunstancias, la ejecución sumaria, la tortura, las condiciones inhumanas de detención, la negación de ciertas condiciones mínimas de justicia como medios para restaurar el orden público. Estos medios están proscritos en las Constituciones y en los instrumentos internacionales, tanto regionales como universales.*
... ellas nunca, jamás, justifican un ataque a la dignidad inviolable de la persona humana y a los dere­chos auténticos que protegen su dignidad. Sí ciertas ideologías y ciertas formas de interpretar la legítima preocupación por la seguridad nacional dieran como resultado el subyugar al Estado el hombre y sus dere­chos y dignidad, ellas cesarían, en la misma medida, de ser humanas y sería imposible compaginarlas con un contenido cristiano sin una gran decepción. En el pensamiento de la Iglesia es un principio fundamental que la organización social ha de estar al servicio del hombre y no viceversa. Esto es válido también para los más altos niveles de la sociedad, donde se ejerce el poder de coerción y donde los abusos, cuando los hay, son particularmente serios. Además, una seguridad en la que los pueblos ya no se sienten implicados, porque no los protege en su verdadera humanidad, es solamente una farsa; a medida que se va haciendo cada vez más rígida, mostrará síntomas de creciente debilidad y de una ruina inminente.
Cada gobierno que enfrenta una amenaza subversiva debe, pues, escoger entre, por una parte, el camino del respeto al imperio del derecho, o por otra parte, caer en el terrorismo estatal. Cuando un gobierno goza de un amplio apoyo popular, la escogencia del primer método será siempre exitosa, como lo han demostrado varios países, tanto en el pasado distante como en el más reciente.
Como ya se ha señalado, el camino del respeto al imperio del derecho no excluye, en ciertas circunstancias, la adopción de medidas extraordinarias, allí donde la situación de emergencia es verdaderamente grave, pueden imponerse ciertas restricciones, por ejemplo, a la libertad de información o limitarse el derecho de reunión dentro de los límites que señala la Constitución. Incluso, en casos más extremos, las personas pueden ser detenidas por corto tiempo sin necesidad que se le imputen cargos específicos. Es cierto que estas medidas pueden llegar a significar el riesgo de que se pierda el imperio del derecho; pero aquello no es inevitable si los gobiernos actúan responsablemente; si registran los arrestos e informan a las familias de las detenciones; si dictan órdenes estrictas prohibiendo la tortura; si entrenan cuidadosamente las fuerzas de seguridad, eliminando de ellas a los sádicos o sicópatas; si, en fin, existe un Poder Judicial independiente dotado de suficientes atribuciones como para corregir con prontitud cualquier abuso de la autoridad.
C. LA VIOLENCIA SISTEMÁTICA POR GRUPOS NO ESTATALES
La Comisión ha recibido amplia información sobre las actividades de grupos irregulares cuya acción ilegal y destructiva no puede dejar de mencionar. Al respecto se referirá a tres grupos claramente distintos, tanto en su accionar delictivo, como en su relación con el Estado y sus agentes: el Partido Comunista Peruano (Sendero Luminoso), el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) y los Comandos Rodrigo Franco (CRF).
a) Sendero Luminoso
Dice el Informe de la Comisión Especial del Senado sobre las Causas de la Violencia y Alternativas de Pacificación en el Perú (Lima, 1989, pág. 282) que:
... la acción de Sendero Luminoso parte de un copamiento militar del campo que le - permita, a través de la guerra prolongada, el cercamiento de las ciudades, último reducto del poder que hay que destruir, para lo cual se utiliza al Ejército Popular como instrumento militar del partido, cuya finalidad última es la toma del poder, para instaurar un gobierno de nueva democracia donde el proletario, clase guía de la revolución, aliado al campesinado y a los sectores burgueses pequeños y medios, asumirá el liderazgo para instaurar en una etapa superior de la dictadura de clase a través de una depuración llevada a cabo por sucesivas revoluciones culturales.
Según comunicaciones recibidas de distintas fuentes y en entrevistas directas efectuadas en el país durante su visita, la Comisión ha sido informada que en esa llamada "guerra prolongada" los grupos senderistas han matado a varios millares de personas, a veces individualmente, a veces en masacres colectivas, incluyendo como sus blancos no solo miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Perú, sino también dirigentes campesinos y sindicatos de obreros, trabajadores, empresarios, políticos de distintas orientaciones y en especial dirigentes de partidos y movimientos políticos de izquierda, grupos de indígenas, y así, prácticamente a miembros de todos los sectores de la población peruana. Esta información surge de informes de instituciones de investigación social, que mantienen archivos estadísticos de las víctimas de la violencia en el Perú, basados en actos reconocidos por los grupos irregulares. En cada caso la doctrina de Sendero Luminoso y su traducción estratégica pretende ofrecer explicaciones de dichos delitos atroces, efectuados siguiendo decisiones premeditadas y reconocidas por los responsables de dicho grupo.
Dichas acciones no concluyen en el aniquilamiento de personas, con todo tipo de excusas, sino también en la destrucción de bienes públicos, de infraestructura de servicios, en el sabotaje a procesos electores constitucionales y el castigo de quienes en ellos participan. En síntesis, el ataque directo al Estado, sus agentes, sus servicios, sus mecanismos de renovación gubernamental, y a los ciudadanos que pretenden ejercer sus legítimos derechos.
La Comisión considera, que si bien su mandato --como lo expresa anteriormente-- no incluye la jurisdicción sobre grupos irregulares, no puede dejar de mencionar su conocimiento de esas acciones que subvierten la posibilidad de una convivencia civilizada, y que proveen incentivos a quienes a su vez promueven el combatir dichas conductas con otras de la misma naturaleza provenientes del Estado.
b) Movimiento Revolucionario Tupac Amaru
La Comisión ha tomado conocimiento igualmente de la acción del MRTA. Al respecto considera conveniente incluir aquí lo indicado por el Informe del Senado ya mencionado (pág. 351):
Esta ha sido desde el comienzo una clave de su estrategia: golpear al sistema, atacar al Estado, pero cuidando de no aparecer como terroristas, ofreciendo a la juventud la propuesta heroica y romántica de la guerrilla montaraz, aceptando la importancia del testimonio de los cristianos; en fin planteando exigencias programáticas de realización posible. Aún así su desarrollo es menor que el alcanzado por Sendero Luminoso y en la evolución de su actividad militar violenta, no ha escapado a la dinámica de esta, involucrándose en acciones terroristas de gran crueldad; así por ejemplo el asesinato de la abogada Carmen Rosa Cuzquen Cabrera, la de Mario Ríos Gárate, asesinatos a policías, acciones de represalia indiscriminada y otras.
Como es de conocimiento del Gobierno, la Comisión tuvo oportunidad de visitar las prisiones en su visita de mayo de 1989, donde en entrevistas con reclusos identificados con esta organización irregular, recibió denuncias sobre la inseguridad de los mismos frente a ataques dentro de la prisión por parte de miembros de Sendero Luminoso también recluidos allí. Al respecto, la Comisión en su nota de septiembre de 1989, sugirió medidas al Gobierno destinadas a garantizar la seguridad de los internos de los penales, cualquiera fuera su afiliación o las razones de su reclusión.
c) Comandos Rodriqo Franco
La Comisión ha recibido denuncias e información sobre la existencia de grupos organizados dependientes y conectados con organismos del Estado cuya función sería reciprocar la acción terrorista para castigar a sus responsables, inhibir la continuación de sus actividades y amenazar a sus partidarios reales o potenciales.
En ese sentido, las denuncias sobre las actividades de los grupos denominados Comandos Rodrigo Franco (CRF) indican las razones que fundamentan su dependencia de sectores del gobierno:
- atacantes que operaban en nombre del CRF capturados en Lima por la policía o en un caso, autoherido al estallar una bomba que estaba colocando, fueron rápidamente dejados en libertad por las autoridades sin que se iniciaran acciones legales.
- un informe en minoría de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados establecida al efecto, publicado en octubre de 1989, documentó que altos miembros de las Fuerzas Armadas y del partido gobernante APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) estaban envueltos en las actividades del CRF. Cabe señalar que hasta la fecha no ha habido --a conocimiento de la CIDH-- dictamen de la mayoría de esa Comisión parlamentaria.
- en amenazas realizadas por CRF se incluye información a la que sólo pueden tener acceso miembros de los servicios de inteligencia oficiales.
- explosivos utilizados en ataques del CRF son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
- la policía trata de ocultar evidencias de crímenes reivindicados por el CRF,. inclusive cadáveres de personas torturadas y fusiladas que son enterrados sin avisar a sus familias.
- la policía retrasa o no inicia acción de investigación de crímenes reivindicados o atribuibles al CRF.
Es claro que no corresponde a esta Comisión juzgar crímenes cometidos por grupos irregulares, tal como se analiza en la primera parte de este informe. Justamente es al Estado a quien corresponde hacerlo, ya que ésta es una de sus funciones principales, cual es de garantizar la seguridad pública y los derechos humanos.
No sólo existe responsabilidad de un Estado cuando colabora o promueve, sea oculta o abiertamente, con un grupo terrorista. El Estado tiene la obligación de tomar las medidas legales necesarias para evitar esa acción, investigar los hechos, juzgar a los responsables y, eventualmente, hacer efectivas las penas que correspondan haciendo públicas sus actuaciones. De no hacerlo no sólo incurre en violaciones legales internas y a compromisos internacionales. Además su legitimidad se desvanece, su autoridad ante la nación se diluye y en definitiva la nación como tal se desintegra.
D. MECANISMOS DE PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERU
Como Estado Parte, habiendo ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Perú está comprometido a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio (Art. 1). Deben también en caso de no estar los mismos ya garantizados legalmente, adoptar las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades (Art. 2).
Autoriza la Convención Americana la suspensión de las obligaciones contraídas por esta, en caso de guerra, de peligro público o- de. otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado Parte, pero sólo en la medida y por el tiempo estrictamente limitado a las exigencias de la situación, sin discriminaciones, y estando limitada dicha suspensión por el inciso 2 del Artículo 27 que expresamente prohibe la suspensión de ciertos derechos básicos.
Dentro del análisis del derecho a la protección judicial establecido en la Convención Americana, la Comisión considera necesario referirse a la institución y práctica del habeas corpus en el Perú.
En primer lugar hace notar que según la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC 9/87):
... debe considerarse como garantías judiciales indispensables no susceptibles de suspensión, según lo establecido en el Artículo 27.2 de la Convención, el habeas corpus (Artículo 7.6), el amparo o cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes (Artículo 25.1) destinado a garantizar el respeto a los derechos y libertades cuya suspensión no está autorizada por la misma Convención.
En ese sentido la Comisión considera que el Artículo 38 de la Consti­tución Política del Perú en cuanto suspende las acciones de habeas. corpus y amparo respecto de las garantías y derechos señalados específicamente en el Artículo 231 de la misma Constitución está en conflicto con lo establecido en el Pacto de San José. En efecto esa suspensión está espe­cíficamente vedada a los Estados Partes por dicha Convención, reafirmada por su interpretación obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus opiniones consultivas 8 y 9, pues afecta las garantías insuspendibles.
La Comisión tiene también presente que la propia Constitución peruana establece que es deber primordial del Estado "... garantizar la plena vigencia de los derechos humanos...". Al respecto además de la enumeración específica de derechos que realiza entre otros en el Artículo 2 a lo largo de 27 numerales y 13 incisos; señala específicamente que:
Los preceptos contenidos en los tratados relativos a derechos humanos, tienen jerarquía constitucional. No pueden ser modificados sino por el procedimiento que rige para la reforma de la Constitución (Artículo 105, Constitución del Perú).
Los tratados internacionales celebrados en el Perú con otros Estados, forman parte del derecho nacional. En caso de conflicto entre el Tratado y la ley, prevalece el primero (Artículo 101, Constitución del Perú).
Entiende la Comisión que tres tipos de dificultades entorpecen en la práctica la plena vigencia del derecho de habeas corpus en el Perú: a) algunas interpretaciones judiciales; b) las características restrictivas que imponen las características de las zonas de emergencia y las condiciones de extraterritorialidad, tal como son interpretadas por las autoridades de dichas zonas; y c) obstáculos de hecho que dificultan tanto la solicitud de ese derecho como la satisfacción del mismo por los mecanismos judiciales del estado.
Es motivo de preocupación de la Comisión que en casos en que se acepta en principio el habeas corpus, se denieguen peticiones específicas bajo argumentos de "extraterritorialidad". La Comisión no puede aceptar el concepto de "zona militar restringida" donde las garantías del habeas corpus no son ejercibles ni vigentes, denegación que fuera efectuada por autoridades militares, y por algunos juzgados de instrucción peruanos.
Entiende la Comisión que el recurso de habeas corpus, es justamente más necesario en situaciones de excepción, donde las circunstancias llevan a tensiones mayores y como consecuencia son previsibles mayores excesos de las partes envueltas en la emergencia. Esto incluye en primer plano la inadmisibilidad de "santuarios perversos", donde exista la posibilidad de violar impunemente los derechos fundamentales.
Preocupa también a la Comisión la interpretación extensiva que en algunos casos se efectúa de la suspensión de las garantías constitucionales por el estado de emergencia. Así el caso de Héctor Acuache Donayre, en la ciudad de Lima, detenido por supuesto delito contra el patrimonio, que nada tendría que ver con las causas por las cuales se impuso el estado de emergencia. En efecto, frente a una acción de su cónyuge interponiendo habeas corpus ya que había sido detenido por más de doce días sin haber sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente, en última instancia el Tribunal de Casación indicó que el lapso de detención no constituía infracción constitucional porque durante el mismo estaba en vigor el Decreto Supremo que prorroga el estado de emergencia.
Esta interpretación implicaría la suspensión para todas las personas y por cualquier causa sin limitación alguna de las garantías constitucionales para los derechos indicados en el Artículo 231, lo que excede las limitaciones de razonabilidad con que toda suspensión de garantías debe aplicarse. Al mismo tiempo la Comisión vé con beneplácito que la doctrina de control de la legalidad de los actos del poder administrador por el Poder Judicial se haya impuesto en algunos casos por jueces del Perú. Esta posición coincide con la opinión de la Comisión expresada en numerosas oportunidades. Así lo dijo en su consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
Aún respecto de la libertad personal, cuya suspensión temporal es posible en circunstancias excepcionales, el habeas corpus permitirá al juez comprobar si la orden de arresto se apoya en un criterio de razonabilidad.
Es obvio que estas limitaciones reflejan una actitud general a coartar la viabilidad del recurso y que inhibe a la población para su uso.
Con respecto a las circunstancias entorpecientes de hecho, la Comisión, durante su visita en 1989 obtuvo información similar a la recibida por los miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas en 1985 respecto a los factores de ese no uso del habeas corpus:
- la razón fundamental para no presentar el recurso es la falta de confianza de los abogados y de la población en el poder judicial;
- a esto se suma el temor a represalias de los abogados particularmente en las zonas de emergencia a promover habeas corpus. Se menciona que abogados que habían presentado pedidos de habeas corpus habían sido sancionados injustamente por tribunales militares y un abogado especializado en derechos humanos en la zona de Ayacucho fue víctima de una bomba que estalló en su hogar.
En cuanto a la existencia en la práctica de un recurso efectivo y rápido de protección, la Comisión ha escuchado reiteradamente que en el Perú, uno de los problemas más importantes es lo que el Colegio de Abogados de Lima identifica como:
la falta de un funcionamiento adecuado del sistema de administración de justicia ... El hombre común y corriente no tiene fe en la administración de justicia, ... que tiene como referente no sólo el comportamiento del Poder Judicial o del Tribunal de Garantías Constitucionales en determinados casos de particular relieve público; se refiere principalmente a la experiencia de la gente en sus problemas cotidianos.
La Comisión frente la actual anómala situación jurídica antedicha abriga la esperanza que el Gobierno tome las medidas necesarias para remediarla, entre otras:
a. La modificación de la legislación peruana en el sentido de restringir el alcance de la suspensión de garantías constitucionales y su ejercicio, dentro de los parámetros del Pacto de San José y de su interpretación al respecto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
b. La instrucción al Ministerio Público para que actúe dentro de dichos parámetros, reforzando la institución del habeas corpus, pues en la medida en que éste es plenamente ejercido, tomará a contrario sensu credibilidad jurídica la suspensión legal de algunos derechos por razones de excepción.
E. EL MINISTERIO PUBLICO Y LOS DEFENSORES DEL PUEBLO
En el caso de los derechos humanos, el análisis debe concentrarse en el sistema especialmente establecido de Defensores del Pueblo, función que fue asignada a fiscales dependientes del Ministerio Público.
Al respecto, la Comisión debe rendir homenaje a todos aquellos funcionarios judiciales que a riesgo de sus vidas, --riesgo que en varios casos fue consumado-- escuchan las denuncias y las investigan a cabalidad, siguiendo normas profesionales en la búsqueda de la verdad y la obtención de la justicia.
Existen, sin embargo, denuncias e información prima facie fehacientes respecto a que el sistema encuentra obstáculos. Entre ellas se detallan circunstancias típicas como las siguientes:
1. Los Fiscales no disponen de jurisdicción para exigir a las autoridades militares la información o la verificación necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
2. Los Fiscales no disponen de los medios para efectuar verificaciones o investigaciones, especialmente en áreas bajo el Comando Político Militar. Las autoridades militares niegan --con diferentes excusas- los medios (vehículos, salvoconductos, derecho de tránsito) necesarios para ejercer sus funciones.
3. No existe el número suficiente de fiscales para atender la cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos, considerando que en la generalidad de los casos los fiscales deben atender denuncias de todo tipo. En sus declaraciones a los miembros del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, el Fiscal General indicó que apenas el 30% de su personal calificado estaba disponible y que la mitad de los fiscales tenía nombramientos temporarios.
4. La Policía Técnica (ex) de Investigaciones (PIP) que es la que debe llevar a cabo las investigaciones que le solicitan los fiscales, está bajo dependencia directa de los Comandos Políticos Militares, creando un conflicto de interés que impide el cumplimiento de. sus funciones. Las fuerzas policiales no están en condiciones de obedecer instrucciones impartidas por los fiscales que no sean autorizadas por sus superiores militares.
5. En la mayoría de los casos no se permite a los fiscales entrar en los establecimientos carcelarios interiores a recintos militares, pese a que la suspensión de las garantías en estado de emergencia no implica prohibición alguna en ese sentido.
6. Los fiscales reciben amenazas, ataques directos y hostigamientos a fin de que no lleven a fondo sus investigaciones sobre denuncias de derechos humanos.
7. Fiscales que han realizado sus tareas con especial esfuerzo profesional son trasladados, desincentivados o aún removidos de sus funciones.
8. Dictámenes de fiscales que, basados en la evidencia obtenida, proponen la iniciación de acción penal, son rechazados por los niveles superiores del Ministerio Público o se deja fenecer el período de iniciación de la acción sin que dicho Ministerio la instaure.
9. En el caso de falta de respuesta por autoridades militares a requeri­mientos legales de los fiscales, éstos pueden teóricamente ejercer acciones contra los responsables por resistencia a la autoridad. Sin embargo estas acciones no han prosperado en la mayoría de los casos, según la información recibida por esta Comisión.
Respecto a la conducta del Ministerio Fiscal dice Amnesty International en febrero de 1990:
El Ministerio Público, dirigido por el Fiscal Superior, ha sido crecientemente reacio a cumplir su responsabilidad constitucional de defender los derechos humanos .. En efecto, parecería a veces que ha activamente impedido el cumplimiento de esa responsabilidad: desde 1988 dos Fiscales Superiores sucesivamente han retirado recursos y apoyo político a las investigaciones en las zonas de emergencia y transferido o removido de sus cargos a fiscales que han iniciado acciones judiciales contra oficiales militares.
Entiende la Comisión que el Gobierno del Perú debe tomar medidas que refuercen la jurisdicción, oportunidad y efectividad de la acción del Ministerio Fiscal y Defensoría del Pueblo, entre otras:
a. Establecer un número adecuado de cargos de manera de cubrir todas las zonas de emergencia y permitir el tratamiento a fondo de los casos.
b. Establecer un sistema de estabilidad y promoción de los fiscales de manera que puedan ejercer sin temores las funciones que el país les delega y tengan el incentivo mínimo para tomar los riesgos inherentes a su función.
c. Establecer por ley del Congreso una clarificación de las obligaciones respecto al Ministerio Fiscal y las órdenes judiciales que tienen las Fuerzas Armadas encargadas de los Comandos Político-Militares en zonas de emergencia.
d. Establecer un mecanismo adecuado conjunto de manera que puedan realizarse las actividades de investigación y verificación por funcionarios judiciales en cumplimiento de recursos de habeas corpus, al interior de zonas militares restringidas de manera que no afecte intereses de la defensa nacional.
e. Proveer a los fiscales de la capacidad de requisar vehículos o elementos necesarios para el cumplimiento de sus funciones, con los debidos recaudos legales.
f. Tomar las medidas para que la Policia Técnica (Ex-) de Investiga­ciones pase a depender como policía técnica- del Ministerio de Justicia y pueda actuar con independencia de los Comandos Político-Militares.
g. Establecer un mecanismo de revisión judicial independiente y automático para el caso de dictámenes fiscales inferiores que recomiendan la iniciación de la acción y que no son aceptados por el Fiscal Superior correspondiente.
F. SISTEMAS DE AUTODEFENSA PROMOVIDOS POR EL ESTADO
Corresponde a cada estado decidir las formas en que --dentro de los parámetros legales internos e internacionales-- organiza la defensa del orden interno y de los derechos humanos. La Comisión, en consecuencia, no debe abrir juicio en general sobre la organización por el Estado peruano de sistemas de autodefensa basados en los recursos de las propias comunidades.
Voceros militares han expresado en diferentes oportunidades su frustración frente a la falta de compromiso de otros sectores en defensa de la legalidad y el orden. La desconfianza y falta de seguridad de la población civil respecto a la conducta de los agentes del Estado es el principal obstáculo a que se unan a la Defensa Nacional, tal como lo establece el Artículo 270 de la Constitución Política cuando dice:
La Defensa Nacional es permanente e integral. Toda persona natural o jurídica está obligada a participar en ella, de conformidad con la ley.
Existe, sin embargo, preocupación expresada por distintas instituciones peruanas e internacionales a esta Comisión a través de denuncias e información recibidas respecto a los excesos y violaciones que surgen de la forma en que esos grupos de autodefensa son promovidos o se conectan con los /organismos oficiales. Así, se menciona que las autoridades fuerzan u obligan a ciertas poblaciones a unirse a "grupos de autodefensa", y que al no proveerlos de las normas de acción y autocontrol necesarias muchos de esos grupos que no responden a las estructuras tradicionales de. control comunitario, han tomado la ley en sus manos y utilizado ese poder para venganzas personales o acciones ilegales.
La Comisión quiere señalar su preocupación, no porque se refuercen las estructuras naturales de las comunidades reconociendo y promoviendo mecanismos para que aumenten su autogobierno y la defensa de sus vidas, bienes y cultura. Lo que vé con preocupación es que en la generación de nuevas estructuras parapoliciales basadas en recursos comunitarios se promueva a estructuras artificialmente impuestas, .incontroladas y sin marco legal que regule su acción.
En ese sentido la Comisión tiene en cuenta y coincide con el planteo del Art. 270 de la Constitución peruana. Lo que considera necesario es que esa reemergencia del poder comunitario se dé en forma integral., es decir, dentro de reglas legales reforzando las estructuras internas de la comunidad, especialmente importantes y valiosas en sectores indígenas.
G. DERECHO A LA VIDA, A LA INTEGRIDAD Y LA LIBERTAD PERSONAL
La Comisión ha recibido denuncias e informaciones tanto en su visita al Perú así como de organismos multigubernamentales y defensores de los derechos humanos, de violaciones sistemáticas al derecho a la vida y a la integridad y libertad personal de los peruanos, alegadamente cometidas por agentes del Estado.
Estas prácticas, que en algunos casos se refieren a víctimas individuales o en otros grupos de personas afines por parentesco, vecindad o asociación, adquieren distintas características:
a. Desapariciones de personas que son detenidos por agentes militares o policiales, claramente identificados, que llegan o son apoyados por vehículos oficiales, inclusive en algunos casos helicópteros, en presencia de miembros de sus familias o vecinos. Llevados a lugares de detención donde originalmente su presencia es reconocida informalmente, luego desaparecen y frente a requerimientos de sus familiares, de organismos de derechos humanos y aún de solicitudes judiciales de informes, su detención es negada. En algunos casos sus cadáveres aparecen, en otros no.
b. Desapariciones de personas detenidas en forma relativamente subrep­ticia por agentes que pueden tener o no símbolos oficiales, pero en las que existen circunstancias coincidentes que permiten presumir que han sido detenidos por agentes del Estado. En general, estas desapariciones se refieren a personas que han sido amenazadas u hostigadas previamente por agentes del Estado; la detención se realiza en zonas bajo control efectivo de las fuerzas militares y policiales, que impedirían una detención similar por fuerzas irregulares; en horas de toque de queda en que existe control estricto de caminos y calles; y/o existen evidencias oculares o de otro tipo que permiten identificar a los captores o poseer sospechas fundadas de su reclusión, tortura y/o muerte por agentes del Estado; éstas últimas por prisioneros liberados o por infidencias de personal que trabaja en los centros de detención o por vecinos que vieron introducirlos en las prisiones.
La Comisión ha considerado la posibilidad que algunos de estos casos sean atribuibles a Sendero Luminoso. Al respecto, puede corroborar lo indicado por los relatores de Naciones Unidas cuando indican que según sus informes:
... el método característico de Sendero para la eliminación era matar en el acto, dejando casi siempre los cadáveres como una advertencia. Se dijo que era difícil que Sendero hubiera podido detener a personas en lugares secretos en particular, dado que parece ser que sus grupos se trasladan constantemente de un lugar a otro del país. Sin embargo (las fuentes no gubernamentales) admitieron que varias personas desaparecidas, en su mayoría muchachos y muchachas, se podrían haber unido a Sendero Luminoso o a otras organizaciones terroristas o podrían haber sido reclutadas contra su voluntad. En consecuencia no se podía excluir que algunas de esas personas hubieran sido declaradas desapare­cidas por sus familiares (Informe Relatores de Naciones Unidas sobre Desapariciones, 1986, párrafo 48).
c. Desaparición o detención de familiares y vecinos cuando reclaman ante las autoridades por el paradero de sus familiares detenidos-desaparecidos.
d. Desapariciones temporarias de las características anteriores, en que las víctimas aparecen luego de un cierto período, sin que se justifique legalmente su reclusión y maltrato.
e. Desaparición y/o muerte sospechosa de testigos importantes de violaciones a los derechos humanos, presuntamente por agentes del Estado._
f. Arresto, maltrato y homicidio de niños por agentes del Estado, en acciones de batida o represalia.
g. Desaparición de personas, detenidas por las Fuerzas Armadas, personas sobre las cuales el Gobierno indica que han sido puestas en libertad con certificados firmados supuestamente por ellos, pero las personas no aparecen, y los familiares siguen desconociendo su paradero.
Los informes recibidos por la Comisión indican que a partir de la asunción de la administración encabezada por el presidente Alán García si bien continuó la práctica de la desaparición forzada de personas, ésta asumió además otras características. Estos son los casos además de personas detenidas-desaparecidas temporalmente retenidas en cuarteles militares y torturadas. Una vez que se recuperan de las torturas son puestas a disposición de la Policía de Investigaciones (PIP) que generalmente las libera.
La Comisión ha recibido numerosas denuncias de ejecuciones extraju­diciales realizadas por Fuerzas Armadas. Si bien la Comisión conoce e incluye en esa categoría de denuncias a las referidas a la matanza de presos en los tres penales de Lima en 1986, es también consciente que no es el único. La Comisión ha recibido información de centros defensores de dere­chos humanos de la existencia de denuncias documentadas de más de 3,000 casos de ejecuciones de este tipo por fuerzas de seguridad. Sin embargo esta Comisión no tiene conocimiento, desde 1983 hasta hoy, de que ningún miembro de las Fuerzas Armadas haya sido sancionado penalmente por las mismas.
Derecho a la Integridad y a la Libertad Personal
La Comisión ha recibido también información consistente sobre violaciones graves a la integridad física, psíquica y moral de personas y poblaciones y a su libertad personal, especialmente aquellas residentes en áreas de emergencia. Esas prácticas poseen estas características:
b. Torturas y maltratos físicos y de otro tipo a poblaciones que han sido expuestas a veces forzadamente a la acción proselitista de grupos irregulares como Sendero Luminoso o que han sido forzados por esos grupos a darles alimentos, hospedaje o simplemente a mantener su silencio frente a la acción de los mismos.
Prácticamente la mayoría de las poblaciones, especialmente en la zona de Ayacucho, pero también en otras áreas de emergencia, están aterrorizadas por su situación "entre dos fuegos", siendo castigados por los subversivos si no los atienden o colaboran con ellos o para amedrentarlos y luego torturados, secuestrados o muertos a veces con igual o mayor violencia por las fuerzas del Estado, por haberlo hecho o por haber sido amedrentados y no haber denunciado la presencia de irregulares.
a. Torturas y maltratos físicos a personas en procedimientos públicos de las Fuerzas Armadas, sea con fines de atemorizamiento colectivo, represalia por atentados de grupos irregulares a dichas fuerzas, fines de interrogatorio, etc. En muchos casos esas torturas incluyen violaciones sexuales o destrozamientos de órganos y llegando en algunos casos a la muerte de las víctimas.
c. Torturas y maltratos físicos y de otro tipo a detenidos, sea en el acto de su detención o durante la misma. En algunos casos según las denuncias, las víctimas son obligadas a firmar reconocimientos de que son puestos en libertad sin haber sufrido torturas, bajo amenazas o como condición de su libertad.
d. Violación a la integridad psíquica y moral a familiares de detenidos o desaparecidos a los que se les niega información sobre el paradero y condición de los mismos.
e. Violación a la integridad psíquica y moral de miembros de organiza­ciones de derechos humanos y autoridades judiciales que investigan el paradero y situación de las presuntas víctimas o que peticionan por el cumplimiento por el Estado de las normas que garantizan los derechos humanos.
f. Retardo injustificado de justicia a detenidos que son mantenidos por meses y a veces años en prisión sin que se tome decisión judicial.
Victimización Colectiva
La Comisión no puede dejar de concentrar su atención en los hechos incalificables que surgen de denuncias sobre represalias colectivas cometidas por grupos indudablemente pertenecientes a las Fuerzas Armadas, algunos de los cuales han sido investigados ampliamente, incluso por funcionarios del Estado peruano, investigaciones que de todas maneras ni han conseguido movilizar al sistema judicial y lograr un castigo ejemplar y una reparacion justa, ni han logrado evitar la repetición de hechos posteriores igualmente condenables.
La Comisión ha recibido testimonios que han señalado que si bien esos casos han ocurrido y ocurren, los mismos son producto de un deseo de venganza y frustración por parte de fuerzas oficiales que han sido atacadas con pérdidas de vidas en emboscadas por fuerzas que vestían o se hacían pasar por inocentes paisanos. Más allá de la discusión sobre si existe o no una política de represalias colectivas o éstas se realizan en base a reacciones individuales de sectores de las Fuerzas Armadas, la Comisión desea dejar sentado:
a. Con respecto a los hechos mismos que:
- del análisis de distintos casos, es evidente que no sólo ha habido acciones de agentes del Estado con ataque y destrucción de vidas, honra, dignidad y propiedad de conjuntos de personas aparentemente por el solo hecho de vivir en zonas donde se realizaron emboscadas terroristas o por estar cerca de las mismas en dichas oportunidades,
- sino también que dichas represalias han sido realizadas por actos continuados, de persecuciones individuales y grupales selectivas, con presencia de autoridades militares y con secuelas de atropellos por meses de duración, y
- que incluso dichas persecuciones se extienden a testigos que se animan a declarar, a fiscales que investigan, a quienes reclaman o simplemente buscan recuperar los cadáveres de sus familiares.
b. Con respeto a la investigación de los hechos y a la reacción del sistema judicial:
La Comisión ha recibido información respecto a algunos esfuerzos realizados por el Estado peruano para investigar los hechos y producir una reparación jurídica.
En ese sentido se iniciaron investigaciones sobre las masacres de Accomarca y Cayara, entre muchas otras. Según la información en poder de esta Comisión ninguna de las mismas dio como resultado un pleno esclare­cimiento de los hechos, ni castigo a los responsables principales, ni medidas serias de reforma y autocontrol por las Fuerzas Armadas.
La Comisión considera en este aspecto, sin entrar a considerar la juridicidad ni las justificaciones, ni descargos de responsabilidad que pudieran alegarse a este respecto, que el carácter regular y semipermanente de las situaciones denunciadas, más allá de análisis de los casos particulares, evidencian un estado de cosas que requiere medidas por parte del Estado dentro de sus obligaciones mínimas de legitimidad.
Entre otras medidas la Comisión considera necesarias las siguientes:
a. El establecimiento de un registro central de prisioneros y detenidos por todo concepto, cualquiera sea la institución oficial responsable, que dentro de las 24 horas de la detención registre la misma, el nombre y datos identificatorios de la persona detenida y la autoridad bajo cuya jurisdicción se encuentra. Ese registro debe proveer información en forma inmediata a las autoridades judiciales que así lo soliciten, inclusive a los fiscales-defensores del pueblo y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
b. El establecimiento de formas de acceso comunicacional (teléfono, telégrafo, etc.) a dicho registro desde las distintas zonas del país, de manera que los familiares de desaparecidos puedan conocer inmediatamente si los mismos están bajo jurisdicción estatal.
c. La fijación. de funcionarios responsables de obtener y proveer dicha información a los familiares de los desaparecidos, bajo sanción grave de no hacerlo.
d. La puesta bajo responsabilidad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas de cualquier persona detenida.
e. Facilidades para el acceso de personal de la Cruz Roja Internacional a cualquier detenido.
f. Establecimiento de nuevos parámetros de lucha antisubversiva que respeten los derechos humanos y, en particular entre otras, el respeto a la presunción de inocencia y, en especial, para aquellas poblaciones que habitan en las áreas donde operan las guerrillas.
g. El apoyo irrestricto de todo el aparato gubernamental a la tarea investigadora del Parlamento Nacional a través de sus ¿omisiones especiales investigadoras. Como órgano representativo por excelencia de las distintas tendencias, el mismo ha demostrado en algunos casos tener la capacidad de investigar a fondo y publicar una presentación común de lo ocurrido. En este sentido es responsabilidad de los partidos velar por que dichas investigaciones no se distorsionen o entorpezcan por motivos partidistas, como también ha ocurrido según información que posee la Comisión.
h. Necesidad de legislación que regule los llamados "delitos de función" que permita sancionar a miembros de las fuerzas de seguridad que en las zonas de emergencia cometan delitos. Existen proyectos presentados al Congreso pero el mismo no ha tratado aún los mismos.
H. DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESION
La Comisión ha tomado nota con beneplácito que en el Perú, está en general vigente la libertad de prensa. La Comisión considera que dicha libertad es especialmente válida y necesaria en momentos tan difíciles para la vida institucional y la vida personal en el Perú.
Es más, la Comisión considera que si existe todavía, dentro de la crueldad de' la lucha social, un tejido que mantiene conectada la vida social peruana, ese tejido tiene como trama central la que establecen los medios de comunicación social. En ese sentido también el respeto social al Estado y su función de mantenimiento del orden, pasa por el debido res­peto por parte del Estado al derecho reconocido en la Convención Americana en su Artículo 13, inc. 1, que comprende "la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole sin consideración de fronte­ras". Derecho que no puede ser sujeto a previa censura, sino a responsa­bilidades ulteriores por ley y por su carácter de necesarias para asegurar entre otros la protección de la seguridad nacional y el orden público.
La Comisión ha recibido denuncias sobre la prohibición de la entrada de reporteros a zonas donde justamente se acusaba a las Fuerzas Armadas de haber cometido violaciones a los derechos humanos. En las zonas de emergencia los periodistas tienen prohibición expresa de salir de las ciudades, de manera que el único medio de obtener informes sobre lo que acontece en el interior de los Departamentos son los escuetos comunicados de la oficina de relaciones públicas del Comando Político Militar de cada zona o del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
La Comisión considera que la prensa representa el elemento de acceso para la ciudadanía a la realidad de la situación y, en la medida que la
conducta de los agentes del Estado sea legal, permitirá obtener o reforzarles el respeto y apoyo de la nación.
En ese sentido, la Comisión considera de mayor importancia el libre acceso periodístico a las zonas de emergencia, en base a regla! simples que faciliten la libertad de información sin disminuir la efectividad de las operaciones policiales.
Considera también que deben extenuarse las medidas de seguridad para proteger a los periodistas en el libre y legal ejercicio de sus tareas.
I. DERECHO DE RESIDENCIA Y TRANSITO
La Comisión expresa su preocupación respecto a las restricciones generales al derecho de residencia y tránsito que imponen sobre más de la mitad de la población del Perú, por varios años, las leyes de emergencia. Si bien la Convención admite que estos derechos puede limitarse por períodos o zonas específicas para proteger la seguridad o el orden público es importante que estas limitaciones excepcionales sean realmente tales y no signifiquen un status quo permanente de prisión local generalizada. No sólo esto implica una violación individual de derechos sino que llevaría a situaciones de sujeción territorial cercanas a la servidumbre o esclavitud de la tierra y, por otra parte, desde un punto de vista sociológico, lo que consigue es justamente lo contrario. En efecto, la emigración masiva a las ciudades de pueblos enteros, superando los controles impuestos por las leyes de emergencia, ha trastocado en pocos años la distribución sociogeográfica de la población. con todos los efectos consiguientes.
Existen, sin embargo, denuncias de violaciones al derecho de residen­cia que caen claramente más allá de todo tipo de restricción legal, ya que además se insertan en un cuadro de violaciones de por sí graves. Entre otros, queremos referirnos al caso de CASERIO DE CCOCHAPUCRO, Distrito de Umamarca, Provincia de Andahuaylas, Departamento de Apurímac. El día 4 de noviembre de 1989 efectivos del Ejército peruano desalojaron a 100 campe­sinos que eran criaderos de la zona, los amenazaron de muerte en caso de seguir viviendo allí, asesinaron a FORTUNATO VENEGAS y violaron a una madre de 47 años y a su hija de menos de 10. Un mes antes, efectivos del Ejér­cito habían llegado al caserío, detuvieron a un gran número de comuneros, asesinando a MAXIMILIANA SOTAYA (50 años), DONATO MORAN (75 años) y su esposa EMILIA PICA. El cadáver de Maximiliana Sotaya fue dinamitado, los de Donato Morán y Emilia Piga fueron descuartizados. CONCEPCION CCACCYA BARRIENTOS (52 años) fue detenido por las mismas fuerzas y desapareció desde entonces. LEONARDO CCACYA BARRIENTOS (catequista de la parroquia, casado, 3 hijos) denunció estos hechos al Ministerio Público y, desde entonces, fue amenazado, detenido por más de un mes y luego liberado; su casa fue allanada y, en el período de la denuncia (febrero de 1990) estaba siendo amenazado por efectivos del Ejército peruano para que abandone la
zona, que si no su vida corría peligro.
Habiéndose dado traslado de la denuncia al Gobierno del Perú, el mismo no había contestado a la fecha de esta comunicación, como en la gran mayoría de los casos, pese a que había transcurrido el plazo reglamentario.
J. DERECHO DE ASOCIACION
Preocupan a la Comisión denuncias e información recibida en el sentido que el cercenamiento del derecho de asociación, impuesto por la lucha antisubversiva, está siendo utilizado para atacar la legítima acción de aso­ciaciones laborales. Estas denuncias tienen que ver con la detención por fuerzas policiales y posterior desaparición y asesinato de líderes sindicales; el interrogatorio en base a torturas de los mismos; el allanamiento de sus viviendas y destrucción de propiedad; y amenazas a sus familiares.
Igualmente, la Comisión ha recibido con preocupación la denuncia de ataques seguidos de masacres a marchas pacíficas de campesinos fuera de zonas de emergencia y de guerrilla, seguidos de batidas sobre locales sindicales. El caso más ostensible es el Pucallpa, en el Departamento de Ucayali, donde fuerzas policiales disfrazadas abrieron fuego sobre una congregación de 8,000 campesinos celebrando un acuerdo laboral, donde perdieron la vida varias docenas de personas, cuyos cadáveres fueron retirados por, la policía, a un lugar secreto.
K. REFLEXIONES FINALES
En momentos en que está próxima la renovación constitucional de sus Poderes Ejecutivo y Legislativo, la Comisión considera importante hacer llegar al Gobierno del Perú esta comunicación de carácter reservado, como contribución a su tarea futura en todo lo que respecta al cumplimiento de sus obligaciones internacionales en el campo de los derechos humanos.
Como surge de esta comunicación, la Comisión sigue con la situación de los mismos y en especial la falta de cooperación del Gobierno con la Comisión en el caso centener de casos en trámite ante la misma, basados en denuncias de distintas instituciones sobre presuntas violaciones al Pacto de San José.
La Comisión se pone a disposición del Gobierno del Perú para colaborar dentro de los términos de su mandato, en todo lo que pueda significar un aporte a la observancia de los derechos humanos. Como el Gobierno está informado, la Comisión ha tomado una serie de decisiones en su 77° período de sesiones que incluyen el envío de esta comunicación, el sometimiento de un caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para su tratamiento, y otras decisiones sobre casos individuales. La Comisión seguirá con atención todo lo relativo a la observancia de los derechos humanos durante el próximo período y espera poder analizar en su próximo período de sesiones en septiembre de 1990, la respuesta del Gobierno a la presente.
Washington, 20 de mayo de 1990
* Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina, 1979.
* Aún en caso de conflictos armados externos o internos, las Convenciones de Ginebra de 1949 establecen reglas mínimas con respecto al tratamiento de los prisioneros, las que prohiben matarlos o torturarlos.