Source: http://absta.info/accion-de-reparacion-directa--retencin-aeronave-utilizada-para.html
Timestamp: 2019-11-21 03:18:24
Document Index: 366335395

Matched Legal Cases: ['artículo 185', 'artículo 185', 'artículo 53', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 187', 'ARTÍCULO 515', 'ARTÍCULO 516']

Accion de reparacion directa – Retención aeronave utilizada para tráfico de sustancias controladas / pruebas – Normas aplicables. Código de Procedimiento Civil
PRUEBAS TRASLADADAS – Valoración. Reiteración jurisprudencial / PRUEBA TRASLADADA – Solicitada por ambas partes / PRUEBA TRASLADADA - Requisitos
RETENCION DE AERONAVE – Vinculado con ilícito porte de estupefacientes / INMOVILIZACION AERONAVE – Con prueba de inspección judicial
FALLA DEL SERVICIO POR MIEMBROS DE LA POLICIA – Técnico de identificación de aeronave que participó en la diligencia de inspección judicial carecía de pericia en el área del conocimiento
PERJUICIOS MATERIALES - Lucro cesante / LUCRO CESANTE – Liquidación en abstracto
INCIDENTE DE LIQUIDACION DE PERJUICIOS MATERIALES – Bases para la liquidación incidental / PERJUICIOS MATERIALES – Daño emergente / DAÑO EMERGENTE – Parámetros
INCIDENTE LIQUIDACION DE PERJUICIOS MATERIALES – Bases para la liquidación incidental / PERJUICIOS MATERIALES – Lucro cesante
PERJUICIOS MORALES – Tendencia de reconocimiento a favor de personas jurídicas / PERSONAS JURIDICAS – Perjuicios causados al buen nombre o good will / PERJUICIOS MORALES – Reiteración jurisprudencial
PERJUICIOS MATERIALES – Daños al buen nombre o good will / DAÑOS AL GOOD WILL – Pertenecen al patrimonio de la persona jurídica
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION TERCERA SUBSECCION A Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GÓMEZ
Con el fin de determinar el valor de este medio probatorio en el presente proceso, la Sala debe precisar que el Código Contencioso Administrativo dispone, en materia de pruebas, que en los procesos seguidos ante esta Jurisdicción se aplicarán, en cuanto resulten compatibles con sus normas, las del Estatuto de Procedimiento Civil en lo relacionado con la admisibilidad de los medios de prueba, forma de practicarlas y criterios de valoración (art. 168). Por su parte, el artículo 185 de ese último Estatuto prevé que las pruebas trasladadas son apreciables, sin mayores formalidades, siempre que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. (…)
FUENTE FORMAL: CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – ARTICULO 185
La Sala se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en el sentido de indicar que aquellas pruebas trasladadas que no cumplan con los requisitos previstos en el artículo 185 del Código de Procedimiento Civil o que no hubieren sido solicitadas en el proceso contencioso administrativo por la parte contra quien se aducen, o no hubieren sido practicadas con audiencia de aquélla, no podrán ser valoradas en el primer proceso. También ha dicho la Sala que, en los eventos en los cuales el traslado de las pruebas recaudadas dentro de otro proceso hubiere sido solicitado por ambas partes, hay lugar a tener en cuenta dichas pruebas en el proceso contencioso administrativo, aun cuando hubieren sido practicadas sin citación o intervención de alguna de las partes en el proceso original y no hubieren sido ratificadas en el nuevo proceso contencioso administrativo, considerando que, en tales casos, resultaría contrario a la lealtad procesal que una de las partes solicite que la prueba haga parte del acervo probatorio pero que, en el evento de resultar desfavorable a sus intereses, pretendiese invocar las formalidades legales para obtener su inadmisión.
NOTA DE RELATORIA: Consultar sentencia de 7 de julio de 2005, Exp. 20300, MP: Mauricio Fajardo Gómez y sentencia de 21 de febrero de 2002 Exp. 12789.
INSPECCION JUDICIAL – Valoración / INSPECCION JUDICIAL – Valor probatorio
Para la Sala, la copia del acta de la “Inspección Judicial” que realizó la Policía Nacional a la aeronave HK-2581 goza de pleno valor probatorio, por cuanto era conocida por la parte demandada, no fue tachada de falsedad, reposaba en sus archivos y debió ser aportada al expediente en copia auténtica por la misma Policía Nacional o por la Dirección Nacional de Estupefacientes al haber sido solicitada por las partes en este proceso, decretada y oficiada por el Tribunal a quo.
INCAUTACION DE BIENES – En el marco de la Ley 30 de 1986 quedan fuera del comercio / INCAUTACIÓN DE BIEN – Aeronave / INCAUTACION DE BIENES – Decreto Ley 99 de 1991 / INMOVILIZACION DE AERONAVE – Requisitos / INCAUTACION DE BIENES – Legislación vigente / PRUEBA SUMARIA – Se requiere para incautación u ocupación de bien inmueble o inmueble
La normativa aplicable al proceso de incautación de bienes en el marco de la Ley 30 de 1986, se encuentra consignada, para la época de los hechos, en el Decreto-ley 99 de 1991, en particular el artículo 53. (…) i) La legislación vigente al momento de los hechos objeto de esta demanda establece sin ambages que “[e]l superior de la Unidad Investigativa de Policía Judicial de Orden Público o el Jefe de la Policía Judicial, sólo podrán ordenar la incautación u ocupación de bien mueble o inmueble cuando exista prueba sumaria sobre su vinculación o delito de los mencionados en el artículo 9º” del Decreto-ley 99 de 1991, esto es, entre otros, los delitos consagrados en la Ley 30 de 1986. En este sentido, de la norma citada resulta claro que para ordenar la inmovilización de la aeronave la autoridad de Policía debía tener en su acervo prueba siquiera sumaria de la vinculación del bien a alguno de los delitos referidos en el artículo 9º del Decreto-ley 99 de 1991.
FUENTE FORMAL: LEY 30 DE 1986 / DECRETO LEY 99 DE 1991 – ARTICULO 53 / DECRETO LEY 99 DE 1991 – ARTICULO 9
NOTA DE RELATORIA: Consultar sentencia de 16 de febrero de 2001, Exp.12703 MP: María Elena Giraldo Gómez
FALLA DEL SERVICIO POR MIEMBROS DE LA POLICIA NACIONAL – Retención aeronave sin prueba sumaria / FALLA DEL SERVICIO POR RETENCION DE AERONAVE – Retención aeronave por portar plaqueta en estado de deterioro
Del Acta de la “Inspección Judicial” allegada al expediente se tiene que la razón fundamental para ordenar la inmovilización de la aeronave radicó en que el Técnico en identificación de aeronaves señaló: “Al confrontar la documentación presentada ante el libro de vuelo de la aeronave con la plaqueta original de la misma se pudo determinar que la plaqueta impuesta por la fábrica del avión se encuentra en estado de deterioro y no presenta impregnación de dicha plaqueta legible de la misma por cuanto se le imprimió en forma desordenada dicha serialización, en el libro figura el número de serie 43-49745 y la fabricación y designación de Douglas C-47D”, motivo éste que aun cuando no se señaló expresamente por la funcionaria encargada de adelantar la diligencia, lo cierto es que se constituyó en la razón fundamental para ordenar la inmovilización y la imposición de cuarenta sellos en la aeronave a través de los cuales se identificó como objeto de una investigación por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Para la Sala, el hecho de que las plaquetas de identificación de la aeronave parecieran adulteradas, lo que hubiere podido llevar a tener dudas respecto de su matrícula, no constituye prueba sumaria de la vinculación del bien inmueble a la comisión de un delito de aquellos señalados en el artículo 9º del Decreto-ley 99 de 1991, entre los cuales se encuentran los consagrados en la Ley 30 de 1986. (…) En el mismo sentido, en el curso de la diligencia de Inspección Judicial el Técnico en identificación de aeronaves afirmó: “En su forma exterior se le tomaron improntas en el motor derecho de fabricación Pratt-Whitney de manufactura numéri[ca] 41-16654. No presentando modificación alguna en la misma; de la misma forma se hizo la impronta del lado izquierdo de manufactura Nro. 70422 no presentando remoción ni adulteración de la misma”. Es decir, aparte del carácter ilegible de las plaquetas de identificación, la aeronave no presentaba signos de alteración alguna.
FUENTE FORMAL: DECRETO LEY 99 DE 1991 – ARTICULO 9 / LEY 30 DE 1986
Brillan por su ausencia los argumentos que pudo haber tenido en cuenta la funcionaria de la Policía Nacional que llevó a cabo la diligencia de inspección judicial para ordenar la inmovilización del bien, la relación de las pruebas sumarias de la vinculación de la aeronave con un ilícito cualquiera o aún la tipificación del delito o la contravención a los que hubiere podido vincularse la aeronave objeto de la inspección judicial. (…) En el mismo sentido, en el curso de la diligencia de Inspección Judicial el Técnico en identificación de aeronaves afirmó: “En su forma exterior se le tomaron improntas en el motor derecho de fabricación Pratt-Whitney de manufactura numéri[ca] 41-16654. No presentando modificación alguna en la misma; de la misma forma se hizo la impronta del lado izquierdo de manufactura Nro. 70422 no presentando remoción ni adulteración de la misma”. Es decir, aparte del carácter ilegible de las plaquetas de identificación, la aeronave no presentaba signos de alteración alguna.
La Sala debe resaltar que el técnico en identificación de aeronaves que participó en la diligencia de Inspección Judicial debía conocer las especificaciones técnicas y particularidades de la aeronave que le correspondía inspeccionar, sin embargo su falta de pericia en el área del conocimiento que debía manejar constituyó un factor determinante para la ocurrencia del daño. Para la Sala si bien es cierto que la realización de Inspecciones a bienes, como la que se debate en el presente proceso, constituye una carga pública que debe ser soportada por los ciudadanos, no lo es menos que esas diligencias deben practicarse de manera idónea, adecuada, con el respeto de los derechos de los administrados y por funcionarios suficientemente capacitados para identificar las posibles irregularidades de identificación u otras que presenten los bienes objeto de análisis. (…) Se debe reiterar, en todo caso, que en el acta correspondiente a la Inspección que realizó la Policía Nacional el 19 de diciembre de 1995 no se encuentran los elementos argumentativos suficientes y necesarios para que las diferentes autoridades administrativas y judiciales llamadas a intervenir posteriormente en procesos de esta naturaleza puedan cumplir de manera adecuada sus funciones, lo cual adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que la orden de inmovilización de aeronaves o automotores constituye una grave limitación a los derechos fundamentales de propiedad y de libertad de empresa de los propietarios de los bienes objeto de esas medidas.
PERJUICIOS MATERIALES – Dictamen pericial / DICTAMEN PERICIAL – Valoración del juez / DICTAMEN PERICIAL – Sin requisitos para su valoración / PERJUICIOS MATERIALES – Se modificó la indemnización de primera instancia
En este orden de ideas, el dictamen pericial no puede ser considerado como una camisa de fuerza, sino que constituye un medio probatorio que debe ser analizado en los términos del artículo 187 del C. de P.C., (…) para la Sala resulta claro que el dictamen pericial rendido por los expertos en el presente proceso no reúne los más elementales requisitos de firmeza, claridad, completud y fundamentación necesarios para ser valorado en punto a la tasación de los perjuicios materiales, por cuanto: i) Respecto del daño emergente los expertos se limitaron a transcribir lo solicitado por la parte actora en su demanda sin sustentar las razones que les permitieron liquidar el mencionado perjuicio; ii) En el dictamen pericial allegado al expediente no se expusieron las razones y los fundamentos que le sirvieron a los expertos para calcular las frecuencias de vuelo y la ocupación presunta de la aeronave HK-2581, datos necesarios para tasar los dineros que la sociedad demandante dejó de percibir por los hechos objeto de esta demanda; iii) No se encuentra en el dictamen pericial mencionado las razones con fundamento en las cuales se determinó el valor real de las sumas dinerarias que se dejaron de percibir por concepto de pasajes y de carga presunta de la aeronave HK-2581, valores de necesaria determinación para establecer la ganancia presunta que se hubiere logrado de no haberse ocasionado el daño por parte de las entidades demandadas. Sin embargo, tampoco se encuentran elementos probatorios suficientes que permitan darle razón a la tasación del referido perjuicio material que realizó el Tribunal a quo. Por lo anterior se modificará la sentencia de primera instancia. (…) Teniendo en cuenta que la Sala no valorará el dictamen pericial allegado al expediente por las razones expuestas, será necesario analizar el acervo probatorio para determinar si existen medios de prueba que permitan determinar su tasación.
FUENTE FORMAL: CODIGO DE PROCIMIENTO CIVIL – ARTICULO 187
PERJUICIOS MATERIALES – Tasación / DAÑO EMERGENTE – Material probatorio / PRUEBAS – Medios probatorios de los gastos para la restitución de la aeronave / GASTOS PARA MANTENIMIENTO AERONAVE – No se probó el perjuicio / PERJUICIO MATERIAL – Condena en abstracto / INCIDENTE DE LIQUIDACION DE PERJUICIOS - Determina quantum
Los medios probatorios reseñados no permiten establecer con certeza y claridad cuáles fueron los gastos en que incurrió o las erogaciones que tuvo que realizar la empresa demandante para obtener la restitución de la aeronave inmovilizada, por cuanto se trata de documentos sin número de serie, no arrojan certeza de que hayan sido efectivamente desembolsados por parte de la empresa demandante, no se plasmó sobre ellos constancia alguna de recibo por parte del destinatario y no existe soporte contable de dichas erogaciones. Sin embargo, la Sala encuentra que con los elementos probatorios allegados al expediente se acreditó que la empresa demandante solicitó los servicios del profesional del derecho Víctor Obdulio Benavides para obtener la entrega de la aeronave HK-2581, actuaciones que se evidencian a través de la presentación de varios memoriales ante la Dirección Regional de Fiscalías de Oriente, en los cuales se solicitó el levantamiento de la medida de inmovilización del bien en cuestión. Ahora bien, frente a los gastos para asegurar el mantenimiento y cuidado de la aeronave que erogó la parte actora, el dictamen pericial tampoco cumple las más elementales reglas de claridad, completud y argumentación que se requieren para que se pueda verificar la existencia del mencionado perjuicio. En este sentido, los señores peritos sólo se limitaron a presentar una hoja en formato excel en la cual se indica la “relación de costos de operación mensual” al parecer de la empresa demandante, pero no se establece en qué medida, para el caso concreto de la aeronave HK-2581, la cual se encontraba inmovilizada, se debió realizar algún gasto que excediera el cuidado y mantenimiento normal de la misma por virtud de la decisión de las entidades demandadas. Así las cosas, para la Sala no existe duda alguna frente a la existencia del referido perjuicio material a título de daño emergente, pero de los medios probatorios que obran en el proceso no es posible realizar una adecuada tasación del mismo, razón por la cual la Sala condenará a las entidades demandadas en abstracto para que mediante el respectivo incidente de liquidación de perjuicios se determine el quantum que corresponda.
Para la Sala, aun cuando se acreditó la existencia del perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, de los medios de prueba allegados al expediente no resulta posible determinar con precisión el quantum del mismo, por lo tanto modificará la sentencia recurrida para, en su lugar, condenar a las entidades demandadas al pago de perjuicios materiales a título de lucro cesante en abstracto con el fin de que el monto de los referidos perjuicios se precise mediante un incidente de liquidación.
Se debe recalcar que al tratarse de una empresa debidamente constituída, tal como consta en las pruebas aportadas al proceso, debe acreditar mediante los libros de contabilidad y los soportes contables correspondientes el pago de las sumas dinerarias por los conceptos anteriormente referidos, puesto que en los términos de los artículos 1º, 10, 13-1 y 21 del Código de Comercio dicha sociedad, por su propia naturaleza, tiene el carácter de comerciante y, en tal virtud, según lo disponen imperativamente los artículos 19, numerales 2º, 3º y 4º, y 48 en armonía con los artículos 50, 51, 53 y 55 del mismo Estatuto Mercantil, se encuentra en la obligación de llevar contabilidad con sujeción, claro está, a las normas que regulan la materia.
FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 1 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 10 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 13.1 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 21 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 19 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 38 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 50 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 51 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 53 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 55
Lucro cesante: i) Se determinará el valor de los ingresos dejados de percibir por la inmovilización de la aeronave HK-2581 desde el 19 de diciembre de 1995 hasta el 10 de abril de 1996, fecha en la cual se entregó provisionalmente el bien a la empresa demandante; ii) Para determinar el número de vuelos realizados al día por la aeronave se deberá tener en cuenta el promedio vuelos correspondientes a los tres meses anteriores a la ocurrencia de los hechos; iii) Se deberá establecer el promedio de viajeros y de carga transportada por la aeronave HK-2581 en cada uno de sus vuelos, tanto de ida como de regreso; iv) Las sumas que resulten probadas se deberán actualizar a valor presente. (…) El reconocimiento de perjuicios morales a favor de las personas jurídicas ha sido recientemente abordado tanto por la jurisprudencia de esta Corporación como por la de la Corte Suprema de Justicia. Una recensión de la jurisprudencia sobre este punto permite establecer la tendencia generalizada hacia el reconocimiento de los perjuicios mencionados a favor de las personas jurídicas.
(…) en el ordenamiento jurídico colombiano no existe duda alguna frente a la posibilidad de reconocer aquellos perjuicios morales causados a personas jurídicas, en cuanto hayan sido probados en el proceso. Sin embargo, la Sala debe hacer claridad en punto a que resulta incorrecto considerar que todo daño causado a bienes inmateriales de la persona jurídica deban ser resarcidos bajo el concepto de perjuicios morales o extrapatrimoniales. En efecto, tradicionalmente se ha considerado que atentados contra derechos de la persona jurídica como el buen nombre o el good will constituyen perjuicios morales, cuando lo cierto es que los mencionados derechos integran el concepto de establecimiento de comercio en los términos de los artículos 515 y 516 del Código de Comercio.
FUENTE FORMAL: CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 515 / CODIGO DE COMERCIO – ARTICULO 516
NOTA DE RELATORIA: Consultar sentencia de 20 de agosto de 1993, Exp. 7881 MP: Daniel Suárez Hernández y sentencia de 20 de noviembre de 2008, Exp. 17031 MP: Ruth Stella Correa Palacio
De manera general los daños al buen nombre o good will deben incluirse en el concepto de perjuicios materiales, por cuanto dichos derechos aunque pertenezcan a la órbita de lo intangible constituyen parte del acervo patrimonial de la persona jurídica, por lo tanto, si el daño producido por la entidad demandada generó un detrimento en aquellos bienes inmateriales que constituyen la noción de establecimiento de comercio, la condena deberá resarcir tanto el daño emergente, cuya tasación depende de los gastos en los que haya incurrido la persona jurídica para restablecer su buen nombre o good will, como el lucro cesante, enmarcado en lo que la persona jurídica afectada por la actuación de la entidad demandada haya dejado de percibir por el hecho dañino. Lo anterior no obsta, se reitera, para que el Juez reconozca la existencia de perjuicios morales a favor de personas jurídicas, siempre y cuando, como es lógico, dichos perjuicios encuentren su fundamento en el acervo probatorio obrante en el expediente. Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que la empresa Aerolíneas Andinas S.A. ALIANSA, alegó la ocurrencia de un perjuicio moral por cuanto consideró que la actuación de las entidades demandadas le habría generado “un perjuicio al buen nombre (good will) de la sociedad demandante, la cual se vio afectada en su prestigio comercial por la retención ilegal de la aeronave”. La Sala no accederá a esta pretensión propuesta por ALIANSA, por cuanto: i) en el expediente no existen pruebas que permitan acreditar la ocurrencia del referido perjuicio, es decir, no se encuentran elementos probatorios que permitan inferir alguna afectación del buen nombre comercial que le hubiere generado una pérdida de su clientela o una desventaja en el mercado, perjuicios que, se reitera, son de carácter material y no moral; y, ii) si bien es cierto que la aeronave HK-2581 tenía a la vista 40 sellos, los cuales indicaban que el bien se encontraba sometido a una investigación por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes, lo cierto es que en el expediente se acreditó que el bien permaneció aparcado en el hángar de la empresa demandante ubicado en el Aeropuerto Vanguardia de la ciudad de Villavicencio (de lo cual da cuenta el acta de entrega de la aeronave, razón por la cual la actuación de las entidades demandadas no pudieron generar la pérdida o merma del buen nombre comercial alegada por la parte actora
Bogotá, D.C., dieciséis (16) de agosto de 2012.
La Corte Suprema de Justicia, por su parte, en reciente jurisprudencia ha admitido la posibilidad de que las personas jurídicas sufran perjuicios morales y que éstos sean reconocidos en el marco de procesos de carácter penal. En este sentido se pueden encontrar lo siguientes pronunciamientos:
En auto de 1999, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia afirmó:
“En relación con la segunda cuestión propuesta por el apelante, es decir, la existencia de perjuicios extrapatrimoniales, es cierto que las personas jurídicas pueden padecerlos, verbigracia, cuando se afecta su buen nombre y reputación, mas tales consecuencias sólo son estimables como detrimento resarcible cuando amenazan concretamente su existencia o merman significativamente su capacidad de acción en el concierto de su desenvolvimiento o las ponen en franca inferioridad frente a otras de su género y especie, si es que se mueven en el ámbito de una competencia comercial o de la prestación de servicios apreciables por la demanda de usuarios.
“Ni pensar en la modalidad del perjuicio moral subjetivo (pretium doloris), porque por su naturaleza las personas jurídicas no pueden experimentar el dolor físico o moral, salvo que la acción dañina se refleje en alguno de los socios o miembros o en la persona del representante legal, caso en el cual la propuesta de reparación deberá hacerse individualmente por quien haya sufrido el daño.
“En relación con las personas jurídicas de derecho público que nacen y se desenvuelven por mandato y privilegio constitucional o legal sin necesidad de un reconocimiento gubernativo de personería jurídica (caso de la Fiscalía General de la Nación), el desprestigio que sus servidores le ocasionan con algunas conductas desviadas hace parte de la naturaleza, gravedad y modalidades propios de cada delito (daño público), pero en manera alguna se proyecta en un menoscabo particular que ponga en peligro su existencia o la disminuya apreciablemente en su operatividad, porque, aun con la presencia de funcionarios corruptos, la actividad estatal no puede detenerse ni arredrarse.
“Como ese deterioro de la imagen de la institución pública, que se produce por la acción delictiva del servidor público, no puede deslindarse de la esencia misma del hecho punible, ni es extraño a los fines preventivo generales y especiales que está llamada a cumplir la eventual pena, tampoco será posible individualizar un perjuicio que justifique el ejercicio simultáneo de una acción con fines compensatorios como es la civil”1.
En providencia posterior, la misma Corporación afirmó:
“Cierto es que el tribunal se equivocó al considerar que en ningún caso las personas jurídicas pueden ser sujetos pasivos de daños morales. Pero ello no quiere decir que siempre los sufran, o que surjan por el sólo hecho de haberse visto involucrado su nombre en un escándalo. En reciente decisión, la Corte fijó algunas pautas sobre el particular, tras señalar que cuando se afecta el buen nombre o reputación de una persona jurídica, sus consecuencias sólo son estimables como detrimento resarcible si amenazan concretamente su existencia, o merman significativamente su capacidad de acción en el concierto de su desenvolvimiento, o las ponen en franca inferioridad frente a otras de igual género o especie, situaciones que no concurren en el presente caso”2.
Lo anterior se enmarca en la misma línea de lo afirmado por la Corte Constitucional en torno al reconocimiento de derechos fundamentales de la persona jurídica, al considerar que:
“[L]as personas jurídicas tienen sus propios derechos fundamentales. Ellas son proyección del ser humano; surgen de acuerdo con una serie de acciones que provienen de las personas naturales; tienen un patrimonio, una autonomía propia y un ‘good will’ que gracias a sus realizaciones ha adquirido, los cuales son distintos a los de sus miembros, pues esa persona jurídica por sí misma es titular de unos derechos y correlativamente de unas obligaciones. Derechos como la propiedad, el debido proceso, el derecho de petición, el derecho de acceso a la información requieren igualmente, dada su naturaleza, de la protección del Estado, para lo cual el ordenamiento constitucional ha consagrado mecanismos de amparo ante eventuales amenazas o vulneraciones a tales derechos”3.
A la luz de las providencias citadas, en el ordenamiento jurídico colombiano no existe duda alguna frente a la posibilidad de reconocer aquellos perjuicios morales causados a personas jurídicas, en cuanto hayan sido probados en el proceso. Sin embargo, la Sala debe hacer claridad en punto a que resulta incorrecto considerar que todo daño causado a bienes inmateriales de la persona jurídica deban ser resarcidos bajo el concepto de perjuicios morales o extrapatrimoniales. En efecto, tradicionalmente se ha considerado que atentados contra derechos de la persona jurídica como el buen nombre o el good will constituyen perjuicios morales, cuando lo cierto es que los mencionados derechos integran el concepto de establecimiento de comercio en los términos de los artículos 515 y 516 del Código de Comercio, a cuyo tenor:
“ARTÍCULO 515. Se entiende por establecimiento de comercio un conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa. Una misma persona podrá tener varios establecimientos de comercio, y, a su vez, un solo establecimiento de comercio podrá pertenecer a varias personas, y destinarse al desarrollo de diversas actividades comerciales.
ARTÍCULO 516. Salvo estipulación en contrario, se entiende que forman parte de un establecimiento de comercio:
juri -> Sentencia c-893/99 ley-sentido formal/ley