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Timestamp: 2019-02-19 09:08:55
Document Index: 265952770

Matched Legal Cases: ['artículo 1602', 'artículo 1625', 'artículo 1324', 'artículo 1167', 'artículo 15', 'artículo 1546', 'artículo 1935', 'artículo 1618', 'artículo 1618', 'artículo 1622', 'artículo 1620', 'e contrario']

SENTENCIA 2007-00067 DE 23 DE MARZO DE 2012
CONTENIDO:RENUNCIA A LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. LAS PARTES AL RENUNCIAR A LA CONDICIÓN RESOLUTORIA, ES UNA DETERMINACIÓN VALIDA POR LO ADEMÁS, DECLINARON UNA DE LAS OPCIONES QUE LA NORMATIVIDAD VIGENTE LES PROVEE PARA FENECER EL PACTO CELEBRADO POR RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA DE ELLAS, TAL DESPRENDIMIENTO NO AFECTA LAS PRERROGATIVAS RESTANTES COMO CONTRATANTES, ESTO SOLO SIGNIFICA QUE ABANDONARON UNO DE LOS CAMINOS PREVISTOS EN LA LEY PARA LA CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CONTRATO, EXISTIENDO ASÍ OTRAS VÍAS QUE DA LA LEY PARA SATISFACER SUS DERECHOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONDICIÓN RESOLUTORIA TÁCITA, CONTRATANTE
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:485 DE MAYO DE 2012, PÁG.799
Sentencia 2007-00067 de marzo 23 de 2012
Ref.: Expediente 11001 31 03 042 2007 00067 01
Bogotá, D.C., veintitrés de marzo de dos mil doce.
1. El examen efectuado a los cargos propuestos, desde ya, evidencian que el esfuerzo del recurrente con miras a resquebrajar el fallo opugnado, deviene inane.
1.1. Ciertamente, en lo que refiere al alcance de la determinación de las partes de renunciar a la condición resolutoria, de si tal proceder responde a las previsiones legales o, contrariamente, desborda los límites fijados en ella, cumple precisar, ab initio, que a pesar de las continuas voces que atribuyen una marcada crisis en la autonomía privada alrededor de la concertación de voluntades, con miras a la obtención de bienes y servicios, resulta incontestable que esa potestad o derecho subjetivo que las leyes defieren a quienes conforman o hacen parte de una determinada comunidad, refulge decisivo en su autogobierno y, subsecuentemente, destella imprescindible al resolver el sentido que consideren apropiado a sus intereses. La concreción de potestades y la generación de obligaciones, por excelencia, deriva de los designios de cada individuo. En los siguientes términos lo plasmó la Corte:
“Como es suficientemente conocido, uno de los principios fundamentales que inspiran el Código Civil es el de la autonomía de la voluntad, conforme al cual, con las limitaciones impuestas por el orden público y por el derecho ajeno, los particulares pueden realizar actos jurídicos, con sujeción a las normas que los regulan en cuanto a su validez y eficacia, principio este que en materia contractual alcanza expresión legislativa en el artículo 1602 del Código Civil que asigna a los contratos legalmente celebrados el carácter de ley para las partes, al punto que no pueden ser invalidados sino por su consentimiento mutuo o por causas legales” (Sent. Civ. de mayo 17/95, Exp. 4512).
Por supuesto, en desarrollo de tal prerrogativa o en ejercicio del rol asumido, su titular detenta plena disposición para optar por desligarse de uno u otro derecho; perspectiva semejante le procura la posibilidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas específicas; luego, nada obsta para explicitar su decisión en un determinado destino, con la seguridad de que la posición asumida contará, con el respaldo de la normatividad vigente; desde luego, ante cualquiera de dichas hipótesis corresponderá observar las formalidades previstas en la ley, así como respetar las salvedades que la misma prevé.
Y el contrato de compraventa, demarcado por ser bilateral y sinalagmático, no es la excepción, contrariamente, en la mayoría de las veces, condensa la descripción expuesta en precedencia. En tal convención, quienes concurren a perfeccionarla, exteriorizan y discuten las concesiones que, de manera recíproca, han de hacerse. Los planteamientos sobre el contenido final del convenio es producto, en las múltiples ocasiones, de libres discusiones y, en definitiva, la voluntad de uno y otro negociante destila el texto al que han de sujetarse, bajo el firme convencimiento de que lo allí ajustado es ley de las propuestas concertadas (C.C., art. 1602).
1.2. Precisamente, en desarrollo de la facultad de fijar la senda contractual, las partes están autorizadas para someter el desenvolvimiento de los compromisos asumidos, o sea, en respuesta de sus propios intereses, tienen competencia para involucrar directrices que subordinan el nacimiento o desaparecimiento del vínculo jurídico de que se trate a un evento futuro, que al acontecer, según la voluntad declarada, desata aquel resultado (C.C., art. 1863), que, itérase, puede ser el origen del derecho o la extinción del mismo. Esta última circunstancia proviene, eventualmente, de una consagración expresa (condición resolutoria ordinaria o pacto comisorio), o tácita (art. 1546 ib.). De ahí que, conforme lo contempla el artículo 1625 idem, las obligaciones se extinguen, entre otras razones, por el evento de la resolución pactada (num. 9º).
Por manera que una vez sea ajustado el parecer de los interesados y concretamente alrededor de una compraventa, exista o no alguna estipulación, ya que suspenda el surgimiento de una u otra prerrogativa ora tendiente a resolver el pacto (C.C., art. 1536), cuando la misma sobrevenga, el deudor está compelido, por la ley de los negocios, a satisfacer la prestación ofrecida y, ante la hipótesis de revelarse, sea consecuencia o no de una actitud culpable, queda expuesto a la acción de la otra parte, ya forzada para honrar lo previsto en el negocio ajustado o en dirección de disolver el mismo.
1.3. Empero, en esa perspectiva, los promotores de la negociación pertinente, gozan, también, en línea de principio, de la facultad de disponer de las facultades que el pacto les depare; decisión que puede involucrar, inclusive, la renuncia de ellos. No debe olvidarse que el contrato aparece como el mecanismo más expedito e idóneo para la generación de obligaciones y adquisición de derechos cuyo carácter patrimonial predomina; por ello, cuando la materia sobre la que resuelven las partes es, ciertamente, susceptible de hacerlo, bien pueden optar por introducir las pautas que consideren más benéficas a sus intereses; en otros términos, quienes concurren a consolidar una relación jurídica específica, en desarrollo de la potestad referida en precedencia, cuentan con la discrecionalidad para implementar lo que a bien tengan. Multitud de ejemplos sobre el tema traen algunas normas vigentes, vr. gr., artículos, 1616, 1872, 1895 y 1916 del Código Civil; y, 566, 643, 909, 1112 y 1123 del Código de Comercio, resaltando que cuando esa determinación arremete contra elementos fundamentales, o cuando por cualquiera otra circunstancia la ley restringe a las partes la potestad de decidir sobre ellos, aun existiendo resoluciones sobre el punto, pueden variar dichas limitaciones (C.C., arts. 1520, 1521, 1524, 1526, 1865 y 2020 del y C. Co. arts. 897, 906, 920 y 936, —entre muchos más—).
Y, por supuesto, delineado tal espectro, que incluye la posibilidad de hacer dejación de un derecho específico o la renuncia del mismo; en términos generales, en la medida en que no contravenga el orden público o las buenas costumbres (C.C., art. 16), la parte que así proceda no tendría restricción alguna y, por ello, viabilizar el pacto gestado resultaría una garantía legal.
La Sala, sobre el punto, en decisión que huelga pertinente memorar, plasmó lo que en su sentir debía considerarse como tal.
“Las leyes de orden público, según el concepto de Beudant, son las que tienden a asegurar la organización que posee una sociedad para su normal y correcto funcionamiento, y tienen como característica predominante que interesan más a la comunidad que a los hombres individualmente considerados y se inspira más en el interés general que en el de los individuos (...). Lejos de toda generalización absoluta, debe atenderse con presencia al fundamento y fin de cada norma para determinar su verdadero carácter según que se dirija y destine directa e inmediatamente al beneficio de un particular o a beneficiar en primer término la comunidad. De esta manera aparece muy calificado el carácter de orden público que corresponde a las leyes de derecho privado que rigen, por ejemplo, el estado y capacidad de las personas, base de la organización social; las que gobiernan la propiedad, especialmente la agraria por que conforman económicamente el Estado (...)” (Sent. Cas. Civ., jun. 23/40, G.J. T.XLIX pág. 567).
Sin titubeo alguno hoy en día, no admite discusión de ninguna índole que el ordenamiento en general, regente en la patria, debe estar dirigido a propiciar o lograr que la República se erija, en verdad, como un estado social de derecho, exteriorización inequívoca de la concepción moderna del orden público, y a partir del cual se dan las directrices que gobiernen la conducta de autoridades y particulares (C.P., art. 1º), amén de la observancia de aquellos parámetros que involucran el respeto por la persona humana, su dignidad, el acceso al trabajo, la solidaridad de quienes la integran y la prevalencia del interés general; debiendo serlo también, de manera prioritaria, la satisfacción de las necesidades de aquellos individuos desvalidos o que se encuentren en condiciones de inferioridad o indefensión (art. 13 ib.); igualmente asumirá tal función la intervención de la economía, en cuanto a los bienes de producción, distribución, utilización y su consumo; así mismo, la participación y control de la prestación de servicios públicos y el control del medio ambiente; todo con miras a generar bienestar y mejoramiento en las condiciones o calidad de vida (arts. 333 y ss. idem).
Posteriormente, en sentencia de 19 de octubre de 2011, la Corte aseveró:
“En veces, el orden público actúa como un mecanismo para la organización, productividad, eficiencia y equidad del sistema económico, hay una economía dirigida (orden público de dirección), y en ocasiones, para proteger determinados intereses (orden público tutelar o de protección) en razón de cierta posición económica, social, jurídica, factores sociales (Estado providencia, proteccionismo social) para proveer al bienestar social y la satisfacción de las necesidades económicas de los ciudadanos, suprimir o atenuar manifiestas desigualdades socio-económicos (contratos de adhesión, derecho del consumo), ora económicos (política deflacionista-control de precios-de crédito, derecho de la competencia, interés general )”.
“Empero, el concepto de orden público, es dinámico, mutable y cambiante, aunque no esencialmente variable y sus modificaciones se advierten en intervalos relativamente largos en el tiempo. Así, lo considerado hace unos lustros de orden público, no lo es hoy, como lo del presente puede variar mañana, y en verdad, los profundos cambios contemporáneos gestados en la vertiginosa mutación del comercio, las relaciones comerciales y el tráfico jurídico, han modificado el contexto socio-económico de la época en la cual la Corte sentó la doctrina jurisprudencial de las sentencias de 2 diciembre de 1980”.
“(...) ‘[p]odrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes con tal que solo miren al interés individual del renunciante y que no esté prohibida la renuncia...’, ‘[n]o podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres...’ (C.C., arts. 15 y 16,), las restricciones a la libertad contractual o autonomía privada dispositiva son excepcionales, requieren texto legal, de cuya finalidad, al menos, en protección de determinados sujetos o intereses vitales, pueda inequívocamente desprenderse y, en verdad, no existe norma alguna prohibitiva del acto dispositivo del derecho a la prestación establecida en el inciso 1º del mencionado artículo 1324 (ad exemplum, la hay en las hipótesis de C.C., arts., 424, 1522, 1673 y 1950 del; C Co., arts. 200, 297, 318, 501, 504, 1005, 1097, 1203 y 1244), ni se observa cómo una relación patrimonial de interés circunscrito a las partes de un negocio jurídico, pueda afectar el orden público, social o económico, o al gremio de los agentes, como si uno pudiere comprometer a otro u otros en un negocio jurídico que solo lo ata a él, y se tratare de una clase desprotegida o débil, a la cual brinda especial tutela el constituyente, a más que la agencia comercial tampoco tipifica una relación individual de trabajo ni los derechos son equiparables a los laborales o de la seguridad social, y el criterio de la debilidad del agente, es tan relativo que, en algunas ocasiones, es o puede ser más poderoso, económica, jurídica o empresarialmente que el empresario” (Sent. Cas. Civ. oct. 19/ 2011, Exp. 2001-00847-01).
En esa línea, aplicados esos criterios a la condición resolutoria, la corporación dijo:
“Doctrinalmente se explica la condición resolutoria tácita, o sea la legal, como interpretación de la voluntad de las partes, a consecuencia de lo cual ella no es de orden público. El legislador ha considerado que cada uno de los tratantes subordina sus propias obligaciones a las prestaciones que el otro tiene derecho a exigir, por cuyo motivo, para el caso de incumplimiento de lo pactado por una de las partes, creó a favor de la otra el derecho de resolver (...)” —Sent. Cas. Civ. 19 de julio de 1939, T. XLIV—.
Relacionado con el tema, buen número de autores, nacionales y extranjeros, han dedicado importantes estudios a valorarlo y, con algunas variables, más de forma que de fondo, convergen en la procedencia de la renuncia a la condición resolutoria. Por ejemplo, el autor venezolano José Melich- Orsini comentando el artículo 1167 del Código Civil de ese país, expuso:
“(...) En tal sentido habrá que admitir no solo la renuncia al ejercicio de la acción una vez que se ha consumado el incumplimiento, lo que puede ocurrir bien en forma expresa, bien de modo tácito como cuando un acreedor que podría rehusar la prestación incompleta o defectuosa, resuelve inequívocamente aceptarla sin reservas; sino también la posibilidad de dicha renuncia expresa o tácita con anticipación al propio evento del incumplimiento y aun coetáneamente a la celebración del contrato” (“La Resolución del Contrato por Incumplimiento”, Editorial Temis Librería, Bogotá-Caracas- 1982, pág. 298).
En el mismo sentido se han pronunciado versados autores chilenos: “La acción resolutoria es un derecho conferido por la ley que solo mira al interés individual de su titular y ninguna disposición legal prohíbe a este su renuncia; por ende, dicha acción es renunciable (C.C., art. 12). La renuncia puede ser expresa o tácita (...)” (Arturo Alessandri R, Manuel Somarriva U. Antonio Vodanovic H., “Tratado de las Obligaciones”, Segunda Edición, Editorial Jurídica de Chile, 2001).
Y entre nosotros corresponde destacar al autor Gómez Estrada, quien sostiene: “Por supuesto que no tratándose de derecho irrenunciable en los términos del artículo 15 del Código Civil, nada impide que el vendedor renuncie en cualquier momento a la condición resolutoria resultante a su favor de la forma estipulada para el pago del precio por el comprador. Cuando así ocurre, el título de compraventa se hace firme y definitivo entre las partes, y desde luego respecto de todo futuro subadquirente, por manera que el incumplimiento del comprador no dará lugar en ningún caso a pedir la resolución de la venta. En el caso de producirse este incumplimiento, el vendedor no dispondrá sino de la acción de cumplimiento con la indemnización de perjuicios correspondiente (...)”.
“Como la renuncia a la acción resolutoria, tratándose de venta de inmuebles, repercute en la apertura de posibilidades de crédito hipotecario para el comprador, ordinariamente necesitado de él sobre todo cuando se trata de adquisición o construcción de vivienda, se ha hecho muy frecuente dicha renuncia en los contratos de venta de inmuebles con plazo para pagar el precio” (César Gómez Estrada, “De los principales Contratos Civiles”, Editorial Temis S.A., Bogotá-Colombia, 1999).
Bajo tales derroteros, considera la Sala que la renuncia expresa o tácita de la potestad resolutoria, en línea de principio, no vulnera normas de aquel linaje, en la medida en que su prescindencia solo implica desechar la posibilidad de terminar el contrato por una de tantas circunstancias que pueden conducir a ese fin, esto es, el incumplimiento de la prestación debida, determinación que atañe solo a los individuos que concurrieron a perfeccionar el acuerdo y, concretamente, a aquel que declina tal prerrogativa. En consecuencia, las partes, con las limitaciones anunciadas, tienen el poder de decidir si se desprenden o no de la opción de reclamar la terminación del vínculo cuando no ha habido el acatamiento debido de los compromisos asumidos por una de ellas.
Y para corroborar tal aserto basta memorar que una vez acaezca la hipótesis fáctica inserta en el inciso 2º del artículo 1546 del Código Civil, o sea, sobrevenido el incumplimiento, por obvias razones, el contratante cumplido ve frustrada la prestación de que trata el pacto celebrado, evento que, como allí aparece consagrado, le habilitaría una u otra alternativa, esto es, demandar la cesación de los efectos generados u optar por el cumplimiento, circunstancia que lo compromete, en cualquiera de las vías seleccionadas, de acudir, inevitablemente, a la acción pertinente para que un juez dilucide la controversia, pues, no es de aquellos casos en que la resolución opera por el solo ministerio de la ley. Sin embargo, como la situación surgida impacta un derecho subjetivo, nada obsta que el contratante avenido a lo concertado, a pesar de encontrarse legitimado por haber cumplido con ellos, una vez resulte afectado decida no incoar el juicio respectivo; en otras palabras, se abstenga de reclamar las consecuencias derivadas de no haberse observado por la otra parte la obligación asumida, coyuntura que trasluce, sin duda, un abandono o dejación de la posibilidad de lograr la culminación del contrato, o sea, renunció de manera tácita a este resultado ”.
La Corte, refiriéndose al tema, dijo:
“En efecto, para no caer en inoficiosas divagaciones resulta aconsejable no perder de vista que la facultad resolutoria de las obligaciones emergentes de un contrato bilateral en el evento de incumplimiento, en tanto su exitoso ejercicio da lugar a una forma de ineficacia contractual sobreviniente que en consecuencia es de carácter funcional y no estructural, es una especie de los denominados derechos subjetivos de extinción porque su contenido lo constituye la potestad atribuida al contratante inocente de dejar sin efecto, mediante una disposición unilateral de voluntad, una relación jurídica particular de origen convencional y cuya validez originaria no se discute. Dicho en otras palabras, distinguiendo del modo en que lo hacen autores de reconocida autoridad científica (Emilio Betti. Teoría General del Negocio Jurídico. Nº 57) entre los defectos intrínsecos y las circunstancias extrínsecas que por diferentes motivos conducen a la ineficacia de los negocios jurídicos, no puede remitirse a duda ninguna que en el supuesto de resolución de un contrato por incumplimiento, la ineficacia que dicha resolución entraña no está determinada por la ausencia de cualquiera de los requisitos esenciales del contrato, tampoco por la intencional falta de seriedad de las declaraciones sobre el particular efectuadas, ni menos aún por la existencia de vicios en aquellos requisitos que puedan tener incidencia sobre la validez del mismo contrato; tratándose del fenómeno en estudio, por definición las cosas en estos planos están en regla y es tan solo una circunstancia de hecho exterior y sobreviniente cual ocurre con el incumplimiento, la que ha sido tenida en cuenta por la ley para impedir la plena eficacia del convenio, incumplimiento que, además, por sí no despliega en forma automática el efecto resolutorio al que alude el recurrente en el cargo que se despacha, pues siempre, inclusive en la hipótesis extrema del pacto de resolución ipso iure de la compraventa por falta de pago del precio, definido en el artículo 1935 del Código Civil, tiene dicho la jurisprudencia de manera constante y reiterada (G.J. Tomos XLII, pág. 182, y LXXXVII, pág. 443) que es indispensable una demanda entablada por el contratante legitimado y en la que sea factible, sin cambiar acomodaticiamente sus factores esenciales ‘ ... constituidos por las súplicas del actor y los hechos en que se apoya ...’. (G.J. Tomo LXXV, pág. 158), identificar a plenitud la correspondiente pretensión resolutoria (...)” (sent., nov. 12/98, Exp. 5077).
Deviene de lo expuesto que el desprendimiento de la resolución bien puede acontecer por expresa manifestación ó por el no ejercicio de la acción pertinente; en todo caso, emerge, sin la menor duda, que en los contratos bilaterales de libre discusión, es un derecho susceptible de ser dispuesto por cualquiera de los contratantes, en la medida en que no violenta o desconoce el orden público, empero, en convenios de otra índole, habrá de establecerse si la resignación de una prerrogativa como la mentada, es producto de una cláusula abusiva o reflejo de las condiciones plasmadas en ejercicio de posición dominante, hipótesis ante las cuales, por obvias razones, no puede considerarse tal consagración bajo el amparo de la voluntad de las partes o de la normatividad.
1.4. En el asunto de esta especie, quienes fungieron como compradores y vendedora, libremente, convinieron insertar en el referido contrato la renuncia explícita a hacer uso de la terminación del convenio ante el incumplimiento de las obligaciones de unos y otra. Ese pacto fue, precisamente, como se recordará, el que suscitó la controversia alrededor del recurso extraordinario, pues, mientras el ad quem lo encontró válido, el gestor de la impugnación, aduce que viola normas de orden público (C.C., art. 16), sumado al hecho de que el sentenciador aplicó inadecuadamente el texto de las cláusulas que lo contienen.
1.4.1. El recurrente expone, ciertamente, en lo basilar del primer cargo, que la supuesta equivocación del tribunal deriva de haber encontrado válida la renuncia de la acción resolutoria y, para ello, iterase, argumentó que tal determinación, aunque voluntaria, implicó la violación de normas o principios de ese linaje y las buenas costumbres, pues comporta, nada más ni nada menos, según su perspectiva, prescindir de los servicios públicos como el acueducto y el alcantarillado, que atañen a una vida digna y a los fines propios del Estado, abdicación que, por la misma razón, no deviene procedente; además, se erigió como un mecanismo para exonerar a la vendedora de cumplir su principal obligación como es la entregar el bien transferido, en el entendido que tal cometido no lo satisfacía, únicamente, con la entrega física, sino con la inclusión de los servicios mencionados.
1.4.2. En cuanto a la segunda acusación, el impugnante sostuvo que el pacto de renuncia refería al pago del precio y la entrega del bien, mas no a otros incumplimientos, por lo que no podía hacerse extensivo a las prestaciones referidas en el párrafo precedente; en esa dirección, no habiendo hecho parte del debate uno u otro aspecto, las cláusulas pertinentes carecían de objeto o efecto; en últimas que, en los términos en que se redactó el aludido convenio, la dejación de esa potestad solo podía atribuirse a la parte demandada (vendedora).
1.5. Precisado ese derrotero, fluye, prontamente, cual fue advertido, que no resulta atinado atribuir al fallador el dislate denunciado, pues, por un lado, como se dejó visto, la decisión de desprenderse de la condición resolutoria solo afecta los intereses de carácter patrimonial de quienes protestaron tal opción; aspectos de esa naturaleza son susceptibles de ser transados o dispuestos y, por ahí mismo, emerge la posibilidad de prescindir de ella. Esta determinación solo impacta, en uno u otro sentido, a quienes estructuraron la relación sustancial; semejante medida no incide en la organización social, tampoco afecta de manera general a todos los que conforman el grupo comunitario del cual hacen parte los actores, lo que indica, objetivamente, que solo sus intereses en la forma plasmada en la demanda y recurso están afectados.
1.5.1. Y, ceñido el debate, de manera particular, a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, queja fundamental de la acusación, la referida renuncia, en verdad, no tiene la connotación que el impugnante pretende brindarle, esto es, exonerar a la vendedora de asumir sus cargas como tal o liberarla de sus principales obligaciones; tampoco que los compradores se vean privados, en definitiva, del acceso a las mencionadas prestaciones.
En efecto, como fue enunciado en líneas precedentes, cumple recordar que en los contratos bilaterales además de la facultad de las partes para incorporar condiciones suspensivas o resolutorias, la propia ley ha dispuesto, en esta última hipótesis, que en todos esos convenios vaya implícita la potestad de finiquitar el pacto celebrado, si alguno de los que intervinieron en su perfección no cumple con los compromisos adquiridos (C.C., art. 1546). Y de acaecer el supuesto de hecho que la referida disposición contempla, el contratante cumplido tiene la opción de demandar la terminación del negocio convenido o la ejecución del mismo. En cualquiera de esos eventos, acompañado de la indemnización de perjuicios.
Así lo expresó la corporación:
“Mientras no se satisfaga ontológica y jurídicamente la prestación debida —y exigible— al contratante cumplido, este podrá intentar la acción de resolución contractual, se insiste, en forma alternativa a la de cumplimiento, y no conjunta o a la vez (simultaneidad real de acciones), pues aquella ‘es opuesta o contraria al cumplimiento, por lo que mediante su ejercicio la parte que la plantee no habrá de ver realizado el objeto de la prestación, ni directa ni indirectamente ...’ y que, ‘en el plano legal, no se supedita o subordina al derecho a obtener el cumplimiento, pues la ley, sin ninguna restricción o exigencia en uno u otro sentido, le ofrece al contratante la oportunidad para que, en frente del deudor transgresor, escoja entre la acción de cumplimiento y la de resolución del contrato” (Sent. de Cas. Civ., dic. 10/90).
En esa dirección, es claro que las partes al renunciar a la condición resolutoria, determinación válida por lo demás, declinaron una de las opciones que la normatividad vigente les provee para fenecer el pacto celebrado por razón del incumplimiento de una de ellas y, en el caso de los demandantes, dada su calidad de compradores, tal desprendimiento no afectó las prerrogativas restantes como contratantes cumplidores de sus compromisos; por ello, no es dable pregonar que se privaron del suministro del agua o de la infraestructura para disponer los residuos ó, peor aún, que decisión de ese calado implicó exonerar a la demandada del sometimiento a sus obligaciones. Lisa y llanamente abandaron (sic) uno de los caminos previstos en la ley para la cesación de los efectos del contrato; sin embargo, subsisten otras alternativas que le brindan la posibilidad de satisfacer sus derechos.
2.2. Y con respecto a las deficiencias en la actividad o disciplina probatoria, tanto en cuanto interpretó algunas pruebas y dejó de valorar otras, tampoco hay reproche que formular al sentenciador.
Puntualmente, el recurrente afirmó que el tribunal incurrió en yerro de facto por cuanto que a partir del desconocimiento de algunas pruebas (el texto de la demanda y su contestación), una vez abordó el estudio del contrato de compraventa, concretamente, las disposiciones octava y décima, tergiversó la voluntad de las partes, pues ellas referían a la renuncia de la resolución por incumplimiento pero vinculado, únicamente, al pago del precio o la entrega del bien, pero no involucraba otros vr. gr., los servicios públicos de acueducto y alcantarillado; o, que las referidas estipulaciones carecían de objeto dado que los compradores y la enajenante no pusieron en tela de juicio ninguna de aquellas prestaciones; además, que la renuncia solo aplicaba a la vendedora. En fin, todos los supuestos errores condujeron al ad quem a interpretar equívocamente el contrato, según afirmó el impugnante.
Puestas así las cosas, surge palpable que la inconformidad del recurrente, en últimas, giró alrededor del verdadero y real sentido del negocio concertado; ahí, tal cual se desprende de la acusación propuesta, está la discrepancia esbozada. Por ello, cumple precisar que frente a la actividad judicial, comprensiva de la apreciación del acervo probatorio, fundamento del recurso extraordinario de casación, la Corte ha expuesto:
“‘(...) Mas es sabido que la interpretación implica de suyo un proceso intelectual, en el cual confluyen circunstancias, factores, nociones y conceptos de distintos órdenes que pesan todos en la mente del juzgador, en la medida personal que este les asigne. Por este motivo, goza de autonomía en esta tarea; no habría cauces positivos para ordenar su discernimiento, ni límites concretos para contener esa medida; pero como tampoco hay poder para errar, ni derecho humano ilimitado, esa autonomía tiene una cadena: el error de hecho cuya presencia en el proceso sea de una evidencia deslumbradora, porque de lo contrario aquella autonomía sería imaginaria y este recurso —el de casación— se transformaría en debate de instancia, por lo que la Corte, ha dicho esta Sala, no puede desestimar la interpretación dada por los tribunales de instancia a las cláusulas de un contrato, porque a su juicio parezca que las partes pretendieron obligarse de una manera diferente a la entendida por el tribunal cuya sentencia examina. Es preciso que el error en la apreciación de las cláusulas del contrato sea tan claro a la luz de las reglas legales y de los datos del expediente que no deje lugar a duda alguna...’, agregando líneas adelante, con cita de la sentencia de 18 de mayo de 1943, que ‘ ...la interpretación de un contrato es, por lo demás, una cuestión de hecho, una estimación circunstanciada de factores diversos probatoriamente establecidos en el juicio, de tal modo que no es posible desestimar la hecha por el tribunal sino a través de la alegación demostrada de un evidente error de hecho que ponga de manifiesto incuestionablemente una arbitraria inteligencia judicial de la voluntad de los contratantes...’ (G.J, T. LXXVll, pág. 150)”. (Sent., de sep. 14/98, Exp. 5068). Y, posteriormente, sobre el mismo tópico, la Corporación manifestó:
“cuando el pensamiento y el querer de quienes concertaron un pacto jurídico quedan escritos en cláusulas claras, precisas y sin asomo de ambigüedad, tiene que presumirse que estas estipulaciones así concebidas son el fiel reflejo de la voluntad interna de aquellos y que, por lo mismo, se torna inocuo cualquier intento de interpretación (Cas. Civ., jul. 5/83, pág. 14, reiterada en Cas. Civ. de ago. 1º/2002. Exp. 6907 y en fallo de jul. 29/2009. Exp. 2001-00588-01)” (Cas. Civ., sep. 8/2011, Exp. 2007-00456-01).
No obstante, cuando por diferentes circunstancias surge la necesidad de auscultar, de manera fiel e idónea, la voluntad expresada en un contrato determinado, la corporación ha sido reiterativa en cuanto que la tarea que el juzgador debe emprender es aquella que, en cumplimiento del artículo 1618 del Código Civil, le procure hacerse al real propósito de las partes antes que al tenor literal del pacto, ejercicio para el cual ha de implementar varios procedimientos. Por ello, una vez persuadido del objetivo buscado por los convencionistas, antes que lo expresado por ellos, debe acatar tal sentimiento.
Sobre el particular, afirmó:
“Sin embargo, se repite que si se conoce la intención común, es ella la que prevalece sobre el tenor literal del contrato. Es menester precisar, además, que ese ‘sentido claro’ de las palabras, como regla general, se refiere en primer término al sentido natural y obvio que ellas tienen en el lenguaje común y en el idioma castellano (a semejanza de lo que se prevé en materia de interpretación de la ley en el C.C., art. 28 y se precisa en el C. Co., art. 823), sin que por el mero hecho de que ese sentido sea claro, quede proscrita toda investigación de la intención común de las partes, pues puede ocurrir por ejemplo, que las palabras hayan tenido en el contexto espacio temporal en el que el contrato se discutió y nació, un sentido propio y distinto del general, natural y obvio, o que tengan diversas acepciones, o que sea equívoca una palabra determinada mirado el contexto del contrato, o que tenga un significado técnico preciso, o que de entrada al intérprete se le ofrezca, a más del texto claro, una intención común diversa de aquel. En fin, no ha de limitarse siempre el exégeta a una interpretación gramatical por claro que sea el tenor literal del contrato, pues casos hay en los que debe acudir a auscultar la intención común, de lo que han querido o debido querer los contratantes(1), sobre todo si se tiene en cuenta que es la voluntad interna y no la declarada la que rige la hermenéutica contractual. Y a ese propósito se encaminan las reglas que siguen al mencionado artículo 1618, la principal de ellas, contenida en el artículo 1622, alusivo a lo que las mismas partes contractuales han entendido con las palabras utilizadas en el contrato de cuya interpretación se trata. Es una especie de interpretación auténtica que le imprime vigor al real sentido del contrato por la aplicación práctica que las partes han hecho del mismo. Dice lo pertinente del artículo: ‘las cláusulas de un contrato... podrán también interpretarse por las de otro contrato entre las mismas partes y sobre la misma materia. O por la aplicación práctica que hayan hecho de ellas ambas partes, o una con aprobación de la otra parte’”.
“A partir de estas dos reglas principales, sienta el Código Civil otras de alcance más o menos restringido, si se quiere secundarias, dirigidas a esclarecer las ambigüedades que el texto contractual presenta. Así, y para los precisos efectos del caso que aquí se debate, ha de resaltarse la que señala el artículo 1620: ‘el sentido en que una cláusula pueda producir algún efecto deberá preferirse a aquel en que no sea capaz de producir efecto alguno’, aplicable a cláusulas contractuales en que es dable que se interprete en dos sentidos diversos, uno de los cuales no haría producir a la cláusula o al contrato efecto alguno, por lo cual debe desestimarse. Pero si son varios los sentidos posibles de una cláusula contractual, y todos ellos producen una consecuencia que razonablemente puede ser atribuida como querida por las partes, la elección que de uno de esos sentidos hace el tribunal no deviene absurda y ha de ser mantenida en sede de casación, en la medida en que no provenga de error evidente de hecho en la apreciación de las pruebas que pudieran dar con la intención común, sino de la aplicación de la discreta autonomía con que cuenta el juzgador de instancia para la interpretación del contrato. Sobre el punto ha sido prolija y uniforme la jurisprudencia de la Corte, de la cual es muestra la siguiente: ‘la operación interpretativa del contrato parte necesariamente de un principio básico: la fidelidad a la voluntad, a la intención, a los móviles de los contratantes. Obrar de otro modo es traicionar la personalidad del sujeto comprometida en el acto jurídico, o en otros términos, adulterar o desvirtuar la voluntad plasmada en él. Por lo mismo y con el objeto de asegurar siempre el imperio de la voluntad, las declaraciones vagas, confusas, oscuras o inconsonantes deben ser interpretadas, ya que todo proceso del querer persigue un fin. (...) Mas es sabido que la interpretación implica de suyo un proceso intelectual, en el cual confluyen circunstancias, factores, nociones y conceptos de distintos órdenes que pesan todos en la mente del juzgador, en la medida personal que este les asigne. Por este motivo, goza de autonomía en esta tarea; no habría cauces positivos para ordenar su discernimiento, ni límites concretos para contener esa medida; pero como tampoco hay poder para errar, ni derecho humano ilimitado, esa autonomía tiene una cadena; el error de hecho cuya presencia en el proceso sea de una evidencia deslumbradora, porque de lo contrario aquella autonomía sería imaginaria y este recurso —el de casación— se transformaría en debate de instancia, por lo que la Corte —ha dicho esta Sala— no puede desestimar la interpretación dada por los tribunales a las cláusulas de un contrato, porque a su juicio parezca que las partes pretendieron obligarse de una manera diferente a la entendida por el tribunal cuya sentencia examina’ “ (G.J, T. LXXVll, pág. 150). (Citada en Sent. Cas. Civ. 076 de sep. 14/98, Exp. 5068)”. (Sent. Civ., ago. 1º/2002, Exp. 6907).
Por supuesto, no puede perderse de vista que esa labor judicial se muestra, por excelencia, restrictiva de ser modificada a través del recurso de casación, habida cuenta la autonomía que asiste a los jueces de instancia en torno a la labor probativa, salvo, desde luego, los evidentes desatinos. Así lo patentizó la Sala en reciente pronunciamiento.
“Ha señalado esta corporación que la ‘interpretación’ de cualquier negocio jurídico es un asunto reservado a la discreta autonomía de los jueces de instancia, que por regla no puede variarse en casación, salvo cuando se demuestre la comisión de un yerro de hecho que sea evidente, stricto sensu, y además trascendente en la decisión adoptada, puntualizando: ‘La soberanía que corresponde a los tribunales superiores para la interpretación de los contratos solamente está limitada en el desarrollo del recurso de casación, por la demostración de errores de hecho cometidos en la labor interpretativa de modo que mientras la adoptada por el tribunal no desnaturalice los términos claros y no ambiguos de la convención rompiendo su armonía, desconociendo sus fines o la naturaleza específica del contrato, debe ser respetada por la Corte’ (G.J.LV, 298) (....) (CXXXIX, 131, CLIX, 201)”.
“En el mismo sentido la Sala, en casación de 28 de febrero de 2005, ratificada en la de 19 de diciembre de 2008, Expediente 00075-01 ha expresado: ‘1...la interpretación de los contratos —en línea de principio rector— es tarea confiada a la ‘...cordura, perspicacia y pericia del juzgador’ (CVIII, 289), a su ‘discreta autonomía’ (CXLVII, 52), razón por la cual, el resultado de ese laborío ‘no es susceptible de modificarse en casación, sino a través de la demostración de un evidente error de hecho’ (CXLII, 218 Cfme: CCXL, 491, CCXV, 567). Sin embargo, a ello no le sigue que el sentenciador, per se, tenga plena o irrestricta libertad para buscar la communis intentio de los contratantes, sino que debe apoyarse en las pautas o directrices legales que se encaminan, precisamente, a guiarlo en su cardinal tarea de determinar el verdadero sentido y alcance de las estipulaciones de las partes, de modo que pueda descubrir la genuina voluntad que, otrora, las animó a celebrar el contrato y a identificar, en la esfera teleológica, la finalidad perseguida por ellas, en concreto en lo que concierne al establecimiento de las diversas estipulaciones que, articuladas, integran el contenido contractual, objeto de escrutinio por parte de su intérprete. Desde luego que si el juez, tras de examinar y aplicar las diversas reglas de hermenéutica establecidas en la ley, opta por uno de los varios sentidos plausibles de una determinada estipulación contractual, esa elección, en sí misma considerada, no puede ser enjuiciada ante la Corte, so pretexto de una construcción más elaborada que pueda presentar el demandante en casación, en la medida en que, en esa hipótesis, la decisión judicial no proviene de un error evidente de hecho en la apreciación de las pruebas, sino que es el resultado del ejercicio de la discreta autonomía con que cuenta el juzgador de instancia para la interpretación del contrato’ ” (Sent. Civ., de jul. 29/2009, Exp. 2001-00588-01).
Por manera que si el fallador en el proceso de escudriñar el grado de persuasión del convenio de que se trate, incurre en algún error de los antes señalados, de suyo surge que es al casacionista a quien le corresponde acreditar esa discrepancia.
En este asunto, ciertamente, el censor concluyó que el ad quem se equivocó al abordar el estudio del texto de la escritura contentiva de la enajenación efectuada, específicamente con respecto a las estipulaciones octava y décima, que recogen la renuncia de la condición resolutoria, pues consideró, contrario a lo entendido por el sentenciador, que aquel pacto solo refería al precio y a la entrega y no a otros aspectos; por ejemplo, lo referente a los servicios ya mencionados, por tanto, ese desacierto, trascendental por cierto, sostuvo, estructura el yerro denunciado.
En esa perspectiva, es incontestable que la interpretación que el tribunal acusado brindó al pacto inserto en dicho clausulado, no constituye desacierto de tal naturaleza que resquebraje la sentencia cuestionada, en la medida en que la lectura que el casacionista proveyó a ese texto no es la única que pudiera brindársele ni la expuesta por este excluye de manera total o absoluta la prohijada por el fallador, luego, no erigiéndose como la verdad revelada de la intención de los contratantes, mal puede aceptarse, como así lo pregona, que el juez de segunda instancia incursionó en el dislate grave o protuberante a que se contrae la acusación. En fin, la conclusión del fallo no resulta absurda o a simple vista riñe contra toda lógica o sentido común y, en la medida en que ello no acontezca, no habría lugar a que prospere el reproche aducido.
De antaño, la Sala ha plasmado su parecer sobre el particular:
“ ‘haber interpretado erradamente los medios probatorios existentes (...) y asumir la existencia de otros que no obran’ en el proceso, se impone recordar que esta clase de desacierto, ‘para que se estructure, además de trascendente, es decir, que sea el determinante de la decisión final, lo tiene dicho la jurisprudencia, debe ser tan grave y notorio que a simple vista se imponga a la mente, sin mayor esfuerzo ni raciocinio, o en otros términos, de tal magnitud, que resulte contrario a la evidencia del proceso. No es, por lo tanto, error de hecho aquel a cuya demostración solo se llega mediante un esforzado razonamiento’ (Sent., abr. 6/2011, Exp. 2004-00206-01), o el que surge de ‘ensayar un discurrir que se juzgue con mejor perfil dialéctico o con mayor rigor lógico’ ” (Sent. 073 de abr. 20/2001, Exp. 6014, ratificada en sent., de jun. 17/2011, Exp. 2001-00591-01).
“Es pertinente recordar que los desaciertos de que se viene hablando exigidos para infirmar un fallo en casación, deben ser manifiestos, porque si el recurrente los construye a su manera, al margen del contenido material de las distintas pruebas, dejan de ser evidentes. No es suficiente, por lo tanto, la construcción de un acertado y complicado proceso dialéctico en materia de apreciación probatoria, frente a unas conclusiones también razonables del sentenciador, puesto que en ese caso todo se reduciría a una disputa de criterios, punto en el cual tendría que prevalecer el de este, por hallarse amparado de la presunción de legalidad y certeza, de suyo suficientes para sostener la decisión atacada” —hace notar la Sala—(sent. de ago. 30/2010, Exp. 1999-06826-01).
Fijados esos derroteros, deviene notorio que las inferencias del juez de segundo grado no aparecen como absurdas, deshilvanadas o incoherentes; traslucen, opuestamente, un ejercicio judicial plegado a las reglas señaladas en precedencia. El tribunal hizo una lectura sistemática del contrato y dedujo que la resolución del convenio no derivaba solo de aspectos como la satisfacción del precio y la disposición física del bien, sino de todo comportamiento vinculado a los compromisos adquiridos.
Obsérvese que el ad quem precisó que los contratantes habían acordado que la venta “será firme e irresoluble” (fl. 214, cdno. del tribunal), vindicando así la decisión de aquellos de que lo concertado no fuera deshecho por el incumplimiento de uno u otro. Agrégase que el mismo documento refiere expresamente que “la vendedora y el (los) compradores renuncian expresamente a la condición resolutoria derivada de ella y en general del presente contrato de compraventa (...)”. Por tanto, no resulta contraevidente la interpretación que hizo el sentenciador de que la resolución no refiriera únicamente al pago y a la entrega.
Y es más, de existir algún resquemor en cuanto a discrepar lo declarado y la real voluntad de los interesados, queda despejado por completo, al revisar la respuesta ofrecida por uno y otro de los demandantes a la pregunta décima del cuestionario al que fueron sometidos, concerniente con la renuncia a dar por concluido o no el negocio. El actor Delgadillo Ayala, manifestó: “si lo indica la escritura pero quiero dejar constancia que puedo demandar este parágrafo” (fl., 625). Lo propio aconteció con la accionante Ingrid Fabiola Díaz, quien fue enfática al decir que sí habían renunciado a la condición, aunque resaltó, a renglón seguido, que la vendedora no honró lo ofrecido y dejó, por tanto, de cumplir el contrato.
3. Por último, atañedero a los vicios redhibitorios, otro de los aspectos que estructuran el cargo segundo, aparece una circunstancia de orden técnico que impide abordarlo en el fondo, por cuanto que la acusación involucra asuntos fácticos y probatorios ex novo, que no fueron aducidas en la demanda gestora del proceso, como lo hizo ver el sentenciador.
Como lo tiene establecido de tiempo atrás la jurisprudencia, el recurrente asume el compromiso de identificar las bases o la médula de la determinación adoptada; luego de ello debe proceder a descubrir los yerros en que haya podido incurrir el ad quem y, por ahí mismo, plantear un discurso tendiente a rebatir lo expuesto por este con miras a infirmar la decisión prohijada.
En esa perspectiva, observa la Sala que, en estrictez, el basamento de la sentencia impugnada lo constituye la renuncia de los demandantes a la acción resolutoria y la validez que el tribunal encontró de su consagración; allí, en ese acto dispositivo de los compradores, radicó el argumento central del fallador para definir el litigio en los términos en que lo hizo. Y si bien el juez de segunda instancia involucró un somero análisis con respecto a los vicios redhibitorios lo hizo, como así lo resaltó, “en gracia de discusión”, empero, en manera alguna, tal estudio trasciende como sostén de la sentencia emitida; contrariamente, el funcionario de segundo grado fue enfático al decir que el estudio de tales aspectos devenía improcedente por violar el debido proceso. Surge, por tanto, que el recurso extraordinario debió girar entorno, precisamente, de aquel puntal.
En ese orden de ideas, el reproche y los argumentos descritos en el cargo segundo, concernientes con los vicios redhibitorios, devienen inidóneos dado que si no son pilares del fallo, como en efecto no lo son, su presentación en el propósito de derruir los cimientos del fallo opugnado, están dirigidas a destinos equivocados o que no corresponden (Auto de dic. 14/2011, Exp. 2004 00440 01; Sent. de dic. 9/2011, Exp. 2007 00042 01, entre otras).
Y de llegarse a aceptar que semejante planteamiento fue, igualmente, erigido como basamento de la decisión adoptada, tampoco podría validarse su incorporación como referente del ataque, pues, como lo puso de presente el ad quem, las alegaciones vinculadas a dichos vicios ocultos no fueron objeto de planteamiento por el actor en la demanda ni en ninguna otra oportunidad prevista en la ley, lo que comportaría, al admitir su evaluación, un desconocimiento del principio de congruencia, generando, además, una violación a las formalidades de los juicios; luego, en la impugnación en casación, por idénticas razones, no puede ser admitida tal discusión (sents. de dic. 1º/2011, Exp. 00797 01 y 00199 01; y, de dic. 6/2011, Exp. 00113 01).
Corolario de todo lo argumentado es que los cargos no prosperan.
En mérito de lo analizado, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
1. NO CASA la sentencia de 7 de marzo de 2011, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario seguido por Orlando Delgadillo Ayala e Ingrid Fabiola Díaz Herrera contra la sociedad Malibu S.A.
2. Condenar en costas al recurrente en casación e incluir en la correspondiente liquidación que efectuará la secretaría, la suma de seis millones de pesos ($ 6´000.000), por concepto de agencias en derecho.
3. Devolver la actuación surtida al tribunal de origen».
(1) Dice Messineo que “no se trata de que no deban tomarse en cuenta las palabras, sino de que ellas hayan de corregirse, en su caso, a la luz de la efectiva voluntad común”. Doctrina General del Contrato, Ed. Jurídicas Europa América, Buenos Aires, 1952, T II, página 103.