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Timestamp: 2019-12-10 18:44:47
Document Index: 16204049

Matched Legal Cases: ['Artículo 42', 'Artículo 86', 'Artículo 29', 'Artículo 86', 'Artículo 86', 'Artículo 41', 'Artículo 27', 'Artículo 279', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 86', 'Artículo 241', 'artículo 86', 'Artículo 10', 'Artículo 42', 'Artículo 35']

Sentencia de Tutela nº 680/13 de Corte Constitucional, 26 de Septiembre de 2013 - Jurisprudencia - VLEX 489839662
Salud, vida digna, seguridad social. Se acumulan expedientes por unidad de materia. En todos los casos estudiados se alega vulneración de derechos fundamentales en virtud de la negativa de las empresas accionadas de suministrar a los actores medicamentos, insumos como pañales desechables y servicios médicos, bajo el argumento de no encontrarse dentro del plan obligatorio de salud. Por ser el tema tratado en múltiples oportunidades por la corte, la sala reiteró y aplicó las reglas jurisprudenciales establecidas al respecto. En este sentido se pronunció sobre los requisitos establecidos por la corporación para solicitar mediante la acción de tutela un tratamiento médico o insumos excluidos de la regulación legal y reglamentaria del derecho a la salud. Se concede el amparo solicitado, se imparten una serie de órdenes para hacer efectivo el goce de los derechos tutelados y en dos casos específicos se declara la carencia actual de objeto por hecho consumado, en razón del fallecimiento de los actores.
T-680-13 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-680/13
Acciones de tutela instauradas por: (i) M.Z.H., en representación de R.A.Z.H., contra de Nueva EPS; (ii) F.N.P.L., en representación de R.L.G., contra Capital Salud EPS-S; (iii) M.A.T., en representación de R.T.R. contra Sura EPS; (iv) Z.M.C.A., en representación de B.M.A. de Corzo, contra Nueva EPS; (v) G.N.P.A., en representación de M. de J.A.C., contra C.L..; (vi) T.M.C.R. contra Famisanar EPS.
El señor R.A.Z.H., de 44 años, padece de esquizofrenia paranoide, temblor esencial y retraso mental severo, que le han suscitado pérdida de control de esfínteres[2]. Su hermana, la señora M.Z.H., en su calidad de curadora general legítima[3], presentó acción de tutela con el fin de que se ordene a Nueva EPS[4]: (a) la entrega de los pañales necesarios para facilitar el tratamiento de las enfermedades de su pariente; y (b) la atención integral que requiere para llevar una vida digna.
Por su parte, Nueva EPS solicitó denegar el amparo[6], argumentando que la demandante no anexó formula médica en la que conste que el señor R.A.Z.H. necesita usar pañales, como tampoco allegó documento que acredite radicación de solicitud al respecto ante el Comité Técnico Científico. A la par, arguyó que la accionante ya había instaurado una acción de tutela con identidad de partes, objeto y causa, por lo que el presente amparo no es procedente al haberse configurado el fenómeno denominado cosa juzgada constitucional.
Trámite procesal y decisiones de instancia
Tanto el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Medellín[7] como la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad[8] denegaron el amparo, al estimar que la actora había incurrido en temeridad. En efecto, explicaron que M.Z.H. había instaurado una acción de tutela en representación de su hermano A. en enero de 2012 contra Nueva EPS, la cual presentaba identidad de objeto y causa. Asimismo, señalaron que no existía un motivo válido que ameritara interponerla nuevamente, y que las pretensiones del actor fueron atendidas y solucionadas debidamente en la sentencia proferida el 26 de enero de 2012 por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Medellín.
La señora R.L.G., de 65 años, padece de artritis degenerativa, osteoporosis generalizada e hipertensión esencial, enfermedades que le han generado una pérdida de capacidad física del 80%[9]. Su hijo, el señor F.N.P.L., actuando en calidad de agente oficioso, presentó acción de tutela con el fin de que se ordene a Capital Salud EPS-S[10]: (a) la autorización inmediata del suministro de pañales y de los medicamentos esenciales para tratar las enfermedades de su ascendiente; (b) la prestación de los servicios de enfermería (24 horas), de terapias físicas y de médico en casa; y (c) la atención integral que requiere para llevar una vida digna.
Al respecto, el peticionario mencionó que convive únicamente con su progenitora y que obtienen sus ingresos de su labor como albañil y de un subsidio mensual que recibe la señora R.L.G., equivalente a $80.000, los cuales no son suficientes para pagar una persona que les colabore, máxime cuando las visitas médicas domiciliarias y las terapias son programadas esporádicamente.
Por su parte, Capital Salud EPS solicitó denegar el amparo[11], afirmando que ha prestado la atención medica que requiere la señora R.L.G.. En efecto, adujó que el servicio de terapias en casa se ha prestado en los meses de febrero y noviembre de 2012, así como el de medicina general domiciliaria mediante la visita realizada en diciembre del mismo año. A la par, explicó que le ha suministrado los medicamentos recomendados por el galeno tratante, los cuales son tramadol en gotas y acetaminofén.
La Secretaría de Salud de Bogotá, vinculada al proceso, pidió declarar improcedente el amparo en su contra, toda vez que cualquier responsabilidad sobre la prestación del servicio médico a R.L.G. es de la EPS demandada[12].
El 6 de agosto de 2013, F.N.P.L. allegó al proceso copia de dos órdenes médicas. En la primera, el doctor cirujano R.M.[14], adscrito a Asistirte, indicó que la señora R.L.G. requiere de terapias físicas domiciliarias, de médico en casa y del servicio de enfermería para administrar medicamentos, cambios de pañal y aseo, por presentar riesgo de escaras por decúbito prolongado. En la segunda, el galeno E.A.E.[15], vinculado a Asemedis S.A.S, prescribe a la progenitora del actor los siguientes medicamentos: enalapril (20 mg), ácido acetilsalicílico (100 mg), tramadol en gotas, calcitriol (0.25 mcg), bisacodilo (5 mg) y prednisolona (5 mg). Asimismo, el accionante remitió copia de una petición dirigida a Capital Salud EPS-S, en el cual solicita la prestación integral de los procedimientos y servicios de salud que requiere su ascendiente[16].
La señora R.T.R., de 98 años, debido a su avanzada edad, se encuentra postrada en cama desde hace 10 años, por lo que se le dificulta realizar sus necesidades fisiológicas, pues debe valerse de la ayuda de alguna persona, y su piel se escara[17]. Su familiar M.A.T., actuando como agente oficiosa, presentó acción de tutela con el fin de que se le ordene a Sura EPS[18]: (a) la autorización inmediata del suministro de pañales, pañitos húmedos, crema humectante y el servicio de enfermería (24 horas) que requiere su pariente; y (b) la atención integral que necesita para llevar una vida digna[19].
Por su parte, Sura EPS solicitó denegar el amparo[20], argumentando que no ha vulnerado los derechos fundamentales de R.T.R., toda vez que le ha entregado todos los medicamentos que le han sido ordenados por los médicos tratantes; para probar sus afirmaciones anexó copia de un oficio donde se certifican el suministro de los mismos.
A través de sentencia del 4 de febrero de 2013[21], el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá denegó el amparo solicitado, al estimar que no obraba dentro del plenario orden médica u otro elemento de juicio que acredite la necesidad del suministro de pañales, servicio de enfermería y demás insumos. Además, consideró que la EPS demandada le ha entregado a la señora R.T.R. todos los medicamentos que le ha formulado el galeno tratante, por lo que se desvirtuaba la vulneración de sus derechos fundamentales.
Seleccionado el expediente, el Despacho procedió a comunicarse con el número telefónico de contacto de la parte demandante, en el cual M.A.T. indicó que R.T.R. había fallecido[22]; dicha información fue confirmada por el grupo de atención e información ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes certificaron que la cédula de ciudadanía 29.057.844, asignada a la representada, fue cancelada por muerte a través de la Resolución No. 3394 de 2013, según la novedad comunicada por la Notaría 11 del Circuito de Cali[23].
La señora B.M.A. de Corzo, de 60 años, padece de enfermedad cerebrovascular no especificada, diabetes y hemiplejía derecha, no controlando esfínteres, siendo necesario practicarle una gastrostomía para facilitar su alimentación y movilizándose a través de silla de ruedas[24]. Su hija, Z.M.C.A., actuando en calidad de agente oficioso, presentó acción de tutela con el fin de que se ordene a Nueva EPS[25]: (a) la autorización inmediata del suministro de pañales, el servicio de enfermería (24 horas), suplemento alimenticio, silla de ruedas permanente, tirillas para glucometría, lancetas, jeringas de insulina y demás medicamentos necesarios para tratar las enfermedades que sufre su progenitora; (b) la atención integral que requiere para llevar una vida digna; y (c) la exoneración de pago de cuotas moderadoras y de copagos.
Por su parte, Nueva EPS solicitó denegar el amparo[26], argumentando que no ha vulnerado los derechos fundamentales de B.M.A. de Corzo, toda vez que le ha entregado todos los medicamentos y servicios que le han sido ordenados por sus médicos tratantes, y que en relación con los insumos solicitados, en especial los pañales, no se encuentran dentro del POS, ya que son considerados implementos de aseo. Además, arguyó que el cobro de cuotas moderadoras es admisible al tenor de la normatividad contendida en el Acuerdo 260 de 2004.
A través de sentencia del 30 de octubre de 2012[27], el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de B. denegó el amparo solicitado, al estimar que la EPS ha autorizado los medicamentos y servicios ordenados por el galeno tratante, información que confirmó al comunicarse con el número de contacto de la demandante.
(v) Expediente T-3.907.753 1. Hechos y pretensiones
La señora M. de J.A.C., de 66 años, padece de síndrome de inmovilidad (paraplejía) y desnutrición severa, por lo que no puede realizar sus necesidades fisiológicas de manera autónoma, pues debe valerse de la ayuda de algún familiar y su piel se escara[29]. Su hija, G.N.P.A., en su calidad de curadora general legítima[30], presentó acción de tutela con el fin de que se ordene a C.L..[31]: (a) el suministro del suplemento alimenticio Glucerna; (b) la entrega de pañales, silla de ruedas, guantes y cremas para las escaras; (c) el servicio de trasporte entre Anserma y Manizales para asistir a las citas médicas programadas; y (d) la atención integral que requiere su madre para llevar una vida digna.
Por su parte, C.L.. solicitó denegar el amparo[32], argumentando que no ha vulnerado los derechos fundamentales de M. de J.A.C., toda vez que la entrega de glucerna y demás insumos no se encuentra contemplada dentro del pliego de condiciones para la contratación de los servicios de salud de la convocatoria pública perteneciente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por lo que no es posible su suministro.
La señora T.M.C.R., de 81 años, fue intervenida quirúrgicamente debido a los problemas de cadera que padece, por lo que no puede realizar sus necesidades fisiológicas de manera independiente, pues debe valerse de la ayuda de algún pariente[35]. En vista de lo anterior, presentó acción de tutela pretendiendo que se ordene a Famisanar EPS: (a) la autorización inmediata del suministro de pañales, medicamentos y terapias; (b) la prestación de los servicios de enfermería (24 horas) y de trasporte; (c) la atención integral que requiere para llevar una vida digna.
Famisanar EPS solicitó denegar el amparo pretendido[36], toda vez que ha autorizado todos los procedimientos, servicios y medicamentos ordenados por el médico tratante a T.M.C.R., por lo que no existe acción u omisión con la que haya vulnerado sus derechos fundamentales.
Seleccionado el expediente, el Despacho procedió a comunicarse con el número telefónico de contacto de la parte activa, donde el señor E.C., hermano de la accionante, indicó que T.M.C.R. había fallecido el 7 de abril de 2013, información que fue confirmada por el grupo de atención e información ciudadana de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes certificaron que la cédula de ciudadanía 20.043.584 asignada a la demandante fue cancelada por muerte a través de la Resolución No. 3727 de 2013[38].
2.1.2. En los casos en estudio, T.M.C.R.[42] actúa de manera directa en busca de la protección de sus prerrogativas fundamentales, los derechos de R.A.Z.H.[43] y M. de J.A.C.[44] fueron procurados por sus curadores legítimos y los intereses de R.L.G.[45], R.T.R.[46] y B.M.A. de Corzo[47] fueron agenciados por sus familiares, debido a que no se encuentran en capacidad de hacerlo a raíz de sus enfermedades.
Nueva EPS[48], Capital Salud EPS-S[49], Sura EPS[50], C.L..[51] y Famisanar EPS[52], son personas jurídicas que prestan servicios de salud, por lo cual, la acción de tutela procede en su contra, al tenor del Numeral 2° del Artículo 42 del Decreto 2591 de 1991[53].
2.3.3. Ahora bien, como se reseñó, R.T.R.[55] y T.M.C.R.[56] fallecieron durante el trámite del proceso constitucional, lo cual podría hacer inferir que sus casos no ameritarían pronunciamiento alguno por parte de esta Corporación. En efecto, la muerte durante el trámite de amparo de la persona que acudió a la jurisdicción para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, en principio, permite al juez de tutela proferir una decisión desestimatoria de la solicitud de protección, dado que no tendría sentido proteger derechos si su titular ya no existe.
2.3.4. No obstante, la Corte Constitucional ha sostenido que la muerte del peticionario durante el trámite de la acción, no la exime de emitir un pronunciamiento sobre la cuestión objeto de debate, porque si bien a causa del fallecimiento del actor esta Corporación queda impedida para impartir contra el tutelado la orden a que hace referencia el Artículo 86 Superior, ello no la priva del deber de resolver sobre el fondo del asunto sometido a su estudio, dado que el P. del Artículo 29 del Decreto 2591 de 1991[57] prohíbe la emisión de fallos inhibitorios en materia de tutela, máxime cuando las funciones de esta C. exceden a las que cumple ordinariamente un tribunal de instancia[58].
2.3.5. Por lo anterior, ha de tenerse en cuenta que R.T.R. y T.M.C.R. se encontraban en situaciones similares a las de los demás accionantes, por lo cual, las consideraciones que se hagan en esta providencia respecto a los otros casos que serán estudiados de fondo, servirán, a mero título ilustrativo, para determinar de qué manera los jueces de instancia debieron solucionar los problemas jurídicos que les fueron planteados. En ese orden, la Sala revocará las sentencias de instancia de los procesos (iii) T-3.898.371 y (vi) T-3.911.329, y en su lugar declarará la existencia de carencia actual de objeto, debido al fallecimiento de las accionantes.
2.4.1. El Artículo 86 de la Constitución Política dispone que la acción de tutela está prevista para la protección inmediata de los derechos fundamentales que se consideren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los términos previstos en la ley. De esta manera, el ordenamiento constitucional busca asegurar que el amparo sea utilizado para atender vulneraciones que de manera urgente requieren de la intervención del juez de tutela.
2.5.1. El Artículo 86 de la Carta establece que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En materia de seguridad social en salud, las leyes 1122 de 2007[59] y 1438 de 2011[60] confirieron a la Superintendencia Nacional de Salud potestades jurisdiccionales para resolver, con las facultades propias de un juez, algunas controversias entre las empresas promotoras (o entidades que se les asimilen) y sus usuarios.
2.5.2. Así por ejemplo, el Artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, señala que la Superintendencia Nacional de Salud podrá conocer y fallar en derecho de manera definitiva los asuntos relacionados con la cobertura de los procedimientos, actividades e intervenciones del plan obligatorio de salud cuando su negativa por parte de las entidades promotoras de salud o entidades que se les asimilen, ponga en riesgo o amenace la salud del usuario. Igualmente, es competente para decidir sobre las prestaciones excluidas del Plan de Beneficios que no sean pertinentes para atender las condiciones particulares del individuo.
2.5.6. Igualmente, la Corte resalta que remitir en sede de revisión los asuntos en examen a la Superintendencia de Salud desconocería que del análisis de los elementos de juicio obrantes en los expedientes, se desprende la urgencia con la que se requiere el amparo de los derechos, puesto que los actores son personas que presentan diversas enfermedades, las cuales los incapacitan para valerse por si mismos; para ilustrar, el señor R.A.Z.H.[62] padece de esquizofrenia paranoide, temblor esencial y retraso mental severo, R.L.G.[63] sufre de artritis degenerativa, osteoporosis generalizada e hipertensión esencial, enfermedades que le han generado una pérdida de capacidad física del 80%[64], B.M.A. de Corzo[65] debido a sus problemas cardiovasculares, de diabetes y hemiplejía, no controla esfínteres[66] y M. de J.A.C.[67] pretende sobrellevar de manera digna el síndrome de inmovilidad (paraplejía) que la aqueja.
i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre una causa decidida previamente en otro proceso de la igual naturaleza, sin que existan razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más solicitudes de tutela que presentan la tripe identidad a la que se ha aludido, sin que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada. [69]
2.6.4. Descendiendo al caso del señor R.A.Z.H., la Corte descarta la existencia de duplicidad en la presentación de la acción de tutela, puesto que del examen de la sentencia proferida por el Juzgado 13 Penal del Circuito de Medellín en enero de 2012, se observa que en el resuelve se declaró la carencia actual de objeto por hecho superado en relación con el suministro de medicamentos, no haciéndose mención a la entrega de pañales ni a la solicitud de tratamiento integral, por lo que, como lo señaló la curadora del accionante, no existió un pronunciamiento de fondo sobre tales peticiones, desvirtuándose la existencia de cosa juzgada y de temeridad. Por lo anterior, la Sala resolverá de fondo el caso (i) T-3.892.812.
Requisitos establecidos por la Corte Constitucional para solicitar mediante tutela un tratamiento médico o insumo excluido de la regulación legal y reglamentaria del derecho a la salud.
4.1. La Ley 100 de 1993[71] constituye el marco legal dentro del cual se han desarrollado los derechos de los afiliados al régimen de salud y las reglas conforme a las que ellos tienen acceso a un conjunto de prestaciones concretas a cargo de las entidades que lo conforman, las cuales se encuentran específicamente listadas en el Plan Obligatorio de Salud POS.
Así las cosas, puede sostenerse que tiene naturaleza de derecho fundamental, de manera autónoma, el derecho a recibir la atención de salud definidas en el Plan Básico de Salud, el Plan Obligatorio de Salud y el Plan Obligatorio de Salud Subsidiado Ley 100 de 1993 y sus normas complementarias -, así como respecto de los elementos derivados de las obligaciones básicas definidas en la Observación General Nº 14. Lo anterior por cuanto se han definido los contenidos precisos del derecho, de manera que existe un derecho subjetivo claro a favor de quienes pertenecen a cada uno de los subsistemas contributivo, subsidiado, etc.[72]
4.5. Conforme a esa misma normatividad, existen algunos otros servicios, procedimientos y medicamentos que han sido excluidos del POS como consecuencia de las limitaciones de los recursos del sistema de seguridad social en salud. Sobre este particular, esta Corporación ha señalado que dichas exclusiones son admisibles, puesto que tienen como propósito salvaguardar la sostenibilidad económica del propio sistema. Así, este Tribunal ha sostenido que la existencia de exclusiones y limitaciones al Plan Obligatorio de Salud (POS) es también compatible con la Constitución, ya que representa un mecanismo para asegurar el equilibrio financiero del sistema de salud, teniendo en cuenta que los recursos económicos para las prestaciones sanitarias no son infinitos ().[73]
4.6. De ahí que el principio general aplicable en estos casos, es que cuando una persona requiere de un servicio, procedimiento o medicamento que esté excluido del plan obligatorio de salud, debe adquirirlo por su propia cuenta y asumiendo directamente su costo. Sin embargo, esta regla no es absoluta, pues esta C. ha indicado que en determinados casos concretos, la aplicación rígida y absoluta de las exclusiones y limitaciones previstas por el POS puede vulnerar derechos fundamentales, y por eso esta Corporación ha inaplicado la reglamentación que excluye el tratamiento o medicamento requerido, para ordenar que sea suministrado, y evitar, de ese modo, que una reglamentación legal o administrativa impida el goce efectivo de garantías constitucionales y de los derechos fundamentales a la vida y a la integridad de las personas. [74]
(i) que la falta del servicio médico vulnera o amenaza los derechos a la vida y a la integridad personal de quien lo requiere;
(iv) que el servicio médico ha sido ordenado por un médico adscrito a la entidad encargada de garantizar la prestación del servicio a quien está solicitándolo.[75]
4.10. Al respecto, esta C. ha considerado que la negativa de las empresas prestadoras de servicios de salud de suministrar los pañales desechables, pañitos húmedos y cremas antipañalitis a los afiliados que por diversos padecimientos no controlan sus esfínteres, vuelve indigna la existencia humana ya que no les permite gozar de la óptima calidad de vida que merece y, por consiguiente, les impide desarrollarse plenamente[78]. La inhabilidad para controlar los esfínteres impide al afiliado llevar una vida normal en el desempeño de sus actividades diarias, a menos que se le proporcione en alguna medida, las condiciones que le faciliten vivir con la dignidad que demanda la existencia del ser.[79]
4.11. De igual manera, en casos en los cuales no existe orden médica y del estudio de los elementos de juicio obrantes en el expediente no se desprende con certeza la necesidad de un determinado insumo o medicamento, pero si se evidencia que la empresa prestadora del servicio de salud no ha actuado con la debida diligencia, este Tribunal ha determinado que tal situación desconoce el derecho al diagnostico, el cual se define como la garantía que tiene el paciente de exigir de las entidades prestadoras de salud la realización de los procedimientos que resulten precisos con el objetivo de establecer la naturaleza de su dolencia para que, de esa manera, el médico cuente con un panorama de plena certeza sobre la patología y determine las prescripciones más adecuadas que permitan conseguir la recuperación de la salud, o en aquellos eventos en que dicho resultado no sea posible debido a la gravedad de la dolencia, asegurar la estabilidad del estado de salud del afectado.[80]
4.15. Al respecto, la Sala advierte que la aplicación de dichas presunciones admite prueba en contrario, por lo que las empresas promotoras de salud pueden desvirtuar que los padecimientos de un paciente tienen relación con los insumos que solicita o que no cuenta con los recursos económicos para adquirirlos. No obstante, esta C. es consciente que dado el trámite sumario de la acción de tutela, muchas veces no es posible para la parte demandada descreditar tales suposiciones, en parte, porque dicha figura es aplicada en la sentencia y sólo es conocida hasta el momento de su notificación, por lo que podría llegarse a argumentar que se vería afectado el derecho al debido proceso de la parte accionada.
4.19. Esta última hipótesis se presenta cuando un fallo de segunda instancia no seleccionado para revisión o uno proferido por esta C. concede el suministro de una serie de insumos, y su cumplimiento puede tornarse lesivo para la otra parte, por cuanto: (i) ya no se necesita más del mismo según las indicaciones del médico tratante o (ii) la persona cuenta con los recursos económicos para adquirirlos. Tal facultad de intervención encuentra sustento en el Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 que señala que el juez que conoce del cumplimiento del amparo mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza. Sobre este aspecto, la Corte considera que dicha competencia no desconoce la inmodificabilidad de los fallos de tutela, pues lo que se verifica es el cumplimiento del mismo, es decir que la obligación de hacer o dar sujeta a una condición se haya agotado por la ausencia de los supuestos que dieron lugar a su origen.
4.23. Por otra parte, esta Corporación ha considerado que dichas reglas jurisprudenciales son aplicables a los regímenes de excepción contemplados en el Artículo 279 de la Ley 100 de 1993, entre los cuales, se encuentra el de los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del M., en la medida en que la Corte ha asimilado el POS, al Plan de Beneficios y Coberturas. En efecto, por vía analógica, la Corte ha sostenido que a los afiliados que pertenecen a los diversos regímenes exceptuados en materia de salud, habida cuenta que si requieren con necesidad un servicio y les es imposible costearlo directamente, es deber del prestador de salud extender excepcionalmente el plan de coberturas y beneficios en procura de garantizar el más alto nivel de salud y de calidad de vida que se le pueda prestar al afiliado o a sus beneficiarios[85].
4.24. Por otra parte, teniendo en cuenta las actuaciones reiteradas de las prestadoras de servicios de salud orientadas a desconocer la jurisprudencia constitucional, esta C. ha señalado que es posible para el juez de tutela decretar el tratamiento integral cuando se demuestre que la EPS ha actuado de manera negligente, incumpliendo sus compromisos constitucionales y legales[86]. Sin embargo, dicha orden debe estar acompañada de ciertas indicaciones que la hagan determinable, debido a que no es posible reconocer prestaciones futuras e inciertas y no se puede desconocer la buena fe que se presume de los particulares[87].
5.2.1. La señora R.L.G., de 65 años, padece de artritis degenerativa, osteoporosis generalizada e hipertensión esencial, enfermedades que le han generado una pérdida de capacidad física del 80%, su hijo, actuado como agente oficioso, solicita que se ordene a Capital Salud EPS-S la entrega de los siguientes medicamentos enalapril (20 mg), ácido acetilsalicílico (100 mg), tramadol en gotas, calcitriol (0.25 mcg), bisacodilo (5 mg) y prednisolona (5 mg). Igualmente, pide que se autoricen los servicios de médico domiciliario, de terapias físicas y de enfermera 24 horas.
5.2.4. Ahora bien, teniendo en cuenta que las empresas prestadoras del servicio de salud se encuentran en la obligación de suministrar los medicamentos y servicios establecidos en el POS, la Sala revocará la sentencia de instancia, concederá el amparo y ordenará a Capital Salud EPS-S que suministre a R.L.G. los siguientes medicamentos: enalapril (20 mg), ácido acetilsalicílico (100 mg), calcitriol (0.25 mcg), bisacodilo (5 mg) y prednisolona (5 mg); y que le preste el servicio de enfermería 12 horas al día[93], dado que se encuentran incluidos en el plan obligatorio, fueron prescritos por los médicos tratantes y no han sido autorizados por la demandada a pesar de que fue requerida por el accionante, a través de la petición elevada el 24 de junio de 2013.[94]
5.2.5. En efecto, en los folios 7 a 9 del cuaderno de revisión obran las prescripciones médicas respectivas, suscritas por los galenos tratantes R.M.S. y E.A.E.. Además, en los anexos 1 y 2 del Acuerdo 029 de 2011, se hallan tales medicamentos y dicho servicio, bajo los siguientes códigos:
5.2.6. Finalmente, en relación con el suministro de tramadol en gotas y los servicios de médico domiciliario y terapias físicas en casa, la Sala encuentra que los mismos han sido autorizados por la demandada, como consta en la constatación de la tutela. No obstante, este Tribunal con el objetivo de hacer efectivo el principio de continuidad en materia de salud y al examinar la conducta desplegada por Capital Salud EPS-S frente a la situación médica de la señora R.L.G., le advertirá que deberá garantizar de manera eficiente y con la debida periodicidad la prestación de dichos servicios y la entrega de tal medicamento, so pena de hacerse acreedora a las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991.
En efecto, la pertinencia del suministro de pañales se evidencia indispensable en los casos del señor R.A.Z.H.[95], quien padece de esquizofrenia paranoide, temblor esencial y retraso mental severo, que le han suscitado pérdida de control de esfínteres[96]; de R.L.G.[97] que sufre de artritis degenerativa, osteoporosis generalizada e hipertensión esencial, enfermedades que le han generado una pérdida de capacidad física del 80%[98]; y de B.M.A. de Corzo[99] debido a sus problemas cardiovasculares, de diabetes y hemiplejía, tampoco controlando esfínteres[100].
Asimismo, para la Corte resulta claro que la entrega de pañales, de la silla de ruedas, de guantes y de crema para las escaras, permitirían a la señora M. de J.A.C.[101], de 66 años, sobrellevar de manera digna el síndrome de inmovilidad (paraplejía) y la desnutrición severa que padece, máxime cuando no puede realizar sus necesidades fisiológicas de manera autónoma, debiéndose valerse de la ayuda de algún familiar[102].
Así por ejemplo, R.A.Z.H.[107] debido a la esquizofrenia paranoide y al retraso mental severo que padece fue declarado interdicto[108]. A la par, la artritis degenerativa, la osteoporosis generalizada y la hipertensión esencial que sufre R.L.G.[109] le han generado una pérdida de capacidad física del 80%. De igual manera, B.M.A. de Corzo[110] padece hemiplejía y M. de J.A.C.[111] de paraplejía.
Por otra parte, los curadores legítimos y los agentes oficios afirman que no poseen los ingresos económicos suficientes para adquirir los elementos que necesitan sus familiares para llevar una subsistencia digna, situación que se ve agravada si se tiene en cuenta que los mismos implican un gasto permanente y continuo. Concretamente, M.Z.H.[112], Z.M.C.A.[113] y G.N.P.A.[114] afirmaron que sus núcleos familiares no cuentan con la capacidad para brindarles a sus parientes la ayuda económica que requieren para tratar sus padecimientos; circunstancia similar a la descrita por F.N.P.L.[115], quien además explicó que el subsidio que recibe su progenitora por $80.000 y lo que obtiene como fruto de su trabajo de albañil, no le alcanzan para suplir las necesidades que origina los padecimientos de su madre.
Al respecto, la Corte estima que si bien no obran pruebas en el expediente sobre la capacidad económica de los demandantes y de sus familias, tampoco existe pronunciamiento al respecto por parte de las demandas que desvirtúe sus aseveraciones, por lo que se tendrán por ciertas, teniendo en cuenta que esta Corporación ha establecido que en la medida que las EPS tienen en sus archivos, información referente a la situación financiera de sus afiliados, están posibilitadas para controvertir los alegatos formuladas por los accionantes, por lo cual, su inactividad al respecto, hace que las afirmaciones presentadas se tengan como prueba suficiente.[116] En ese sentido, este requisito se encuentra satisfecho.
No obstante, si bien se invirtió la carga de la prueba, presumiéndose la incapacidad económica de los peticionarios y de sus familias, en la parte resolutiva este Tribunal le advertirá a las EPS que llegaren a ser condenadas que los suministros de insumos decretados tendrán efectos hasta que su núcleo familiar se encuentre en la capacidad económica de adquirirlos conforme a los lineamientos señalados en la parte considerativa de esta providencia. Sin embargo, para proceder con la interrupción o cese de la provisión de tales elementos, la prestadora de salud deberá contar con la anuencia del juez de primera instancia según lo dispuesto por el inciso 4° del Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que señala que dicho funcionario judicial mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
Para ilustrar, es evidente que B.M.A. de Corzo[117] y M. de J.A.C.[118] requieren de los pañales, debido a que padecen de hemiplejía y paraplejía respectivamente, estando limitadas para realizar sus necesidades fisiológicas, según consta en la historia medicas obrantes en los expedientes[119]. Circunstancia, similar a la de R.L.G.[120], quien sufre de varias enfermedades que le originaron una pérdida de capacidad física del 80%, encontrándose postrada en cama; en relación con este último caso, la Sala advierte que en la orden clínica del servicio de enfermería se indicó que una de las razones por las que se prescribe es para efectuar los cambios de pañales, situación que permite inferir su necesidad, máxime cuando su hijo afirmó que los galenos tratantes señalan no poder prescribir los insumos debido a cuestiones administrativas internas.
Ahora bien, en el caso del R.A.Z.H.[123], la Sala encuentra que no existe orden médica que prescriba el suministro de pañales. A la par, la Corte no evidencia que de las enfermedades que padece resulte imperioso el uso de los mismos, por lo cual tutelará su derecho al diagnóstico con el objetivo de que: (i) se verifiquen las afirmaciones de la representante del actor, quien afirmó que su hermano no controla esfínteres, y (ii) se adopten las medidas adecuadas para el tratamiento de sus padecimientos. Para el efecto, se revocarán las sentencias de instancia y se le ordenará a Nueva EPS que, dentro del término de 15 días, realice los exámenes diagnósticos pertinentes para: (i) determinar la necesidad de la entrega de los pañales pretendidos y (ii) establecer el tratamiento médico a seguir. Mientras tanto, será su obligación suministrar los mismos, a manera de medida provisional.
Teniendo en cuenta que se ordenará el suministro de insumos que no se encuentran dentro del plan obligatorio de salud, ni dentro del contrato celebrado entre C.L.. y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Corte advertirá a las entidades prestadoras del servicio de salud demandadas[124] que están facultadas para recobrar los valores que correspondan ante el Fosyga, la entidad territorial correspondiente o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme a la reglamentación vigente.
SEGUNDO.- ORDENAR a Nueva EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de quince (15) días, contados a partir de la notificación de esta providencia, le sean realizados a R.A.Z.H. los exámenes diagnósticos pertinentes para: (i) determinar si no controla esfínteres y por ende si se hace necesario el uso pañales desechables; (ii) establecer el tratamiento médico para sus enfermedades. Mientras tanto, será obligación de la demandada suministrar los mismos, a manera de medida provisional (T-3.892.812).
TERCERO.- ORDENAR a Nueva EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que le suministre el tratamiento integral en salud que requiera R.A.Z.H., para su completa recuperación y/o estabilización de las enfermedades denominadas esquizofrenia paranoide, temblor esencial y retraso mental severo, según las indicaciones del médico tratante (T-3.892.812).
QUINTO.- ORDENAR a Capital Salud EPS-S, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, se autorice y entregue a R.L.G. los siguientes medicamentos enalapril (20 mg), ácido acetilsalicílico (100 mg), calcitriol (0.25 mcg), bisacodilo (5 mg) y prednisolona (5 mg); al igual que garantice la prestación del servicio de enfermería domiciliaria 12 horas al día, conforme a las prescripciones médicas respectivas (T-3.894.924).
SEXTO.- ORDENAR a Capital Salud EPS-S, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, le sean entregados a R.L.G. los pañales desechables que ha solicitado. Para estos efectos, la paciente deberá ser valorada en ese mismo término por un médico que determine el número de pañales desechables que requiere, así como las características que éstos deben cumplir (T-3.894.924).
SÉPTIMO.- ADVERTIR a Capital Salud EPS-S, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que deberá garantizar de manera eficiente y con la debida periodicidad el suministro de tramadol en gotas y los servicios de médico domiciliario y terapias físicas en casa a R.L.G., so pena de hacerse acreedora a las sanciones contempladas en el Decreto 2591 de 1991 (T-3.894.924).
OCTAVO.- ORDENAR a Capital Salud EPS-S, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que le suministre el tratamiento integral en salud que requiera R.L.G., para su completa recuperación y/o estabilización de las enfermedades denominadas artritis degenerativa, osteoporosis generalizada e hipertensión esencial, según las indicaciones del médico tratante (T-3.894.924).
NOVENO.- REVOCAR la sentencia proferida el 4 de febrero de 2013, por el Juzgado Veintiocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá; y en su lugar DECLARAR la existencia de carencia actual de objeto, debido al fallecimiento de la accionante, la señora M.A.T. (T-3.898.371).
DÉCIMO.- REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Conocimiento de B., el 30 de octubre de 2012; y en su lugar CONCEDER el amparo solicitado (T-3.900.481).
DÉCIMO PRIMERO.- ORDENAR a Nueva EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, le sean entregados a B.M.A. de Corzo los pañales desechables que ha solicitado. Para estos efectos, la paciente deberá ser valorada en ese mismo término por un médico que determine el número de pañales desechables que requiere, así como las características que éstos deben cumplir (T-3.900.481).
DÉCIMO SEGUNDO.- ORDENAR a Nueva EPS, por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que le suministre el tratamiento integral en salud que requiera B.M.A. de Corzo, para su completa recuperación y/o estabilización de los padecimientos denominados enfermedad cerebrovascular no especificada, diabetes y hemiplejía derecha, según las indicaciones del médico tratante (T-3.900.481).
DÉCIMO CUARTO.- MODIFICAR las providencias reseñadas en el numeral anterior, en el sentido de ORDENAR a C.L.., por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que en el término de setenta y dos (72) horas, contadas a partir de la notificación de esta providencia, le sean entregados a M. de J.A.C. los pañales desechables, la silla de ruedas, los guantes y la crema para las escaras que ha solicitado. Para estos efectos, la paciente deberá ser valorada en ese mismo término por un médico que determine el número de pañales desechables que requiere y sus características, así como las particulares de los demás insumos necesitados (T-3.907.753).
DÉCIMO QUINTO.- ORDENAR a C.L.., por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que le suministre el tratamiento integral en salud que requiera M. de J.A.C., para su completa recuperación y/o estabilización de las enfermedades denominadas síndrome de inmovilidad (paraplejía) y desnutrición severa, según las indicaciones del médico tratante (T-3.907.753).
DÉCIMO SEXTO.- REVOCAR la sentencia proferida el 16 de abril de 2013, por el Juzgado Veinticinco Civil Municipal de Bogotá; y en su lugar DECLARAR la existencia de carencia actual de objeto, debido al fallecimiento de la accionante, la señora T.M.C.R. (T-3.911.329).
DÉCIMO SÉPTIMO.- ADVERTIR a los representantes legales de Nueva EPS (T-3.892.812 y T-3.900.481), Capital Salud EPS-S (T-3.894.924) y C.L.. (T-3.907.753), que cuentan con la facultad para recobrar los valores correspondientes a las prestaciones que no estaban legalmente obligadas a asumir ante el Fosyga, la entidad territorial correspondiente o el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, conforme a la reglamentación vigente.
DÉCIMO OCTAVO.- ADVERTIR a las EPS demandadas que los suministros de insumos decretados tendrán efectos hasta que (i) la persona requiera de ellos según el concepto del médico tratante o (ii) su núcleo familiar se encuentre en la capacidad económica de adquirirlos conforme a los lineamientos señalados en la parte considerativa de esta providencia. Así, para proceder con la interrupción o cese de la provisión de los mismos, deberá contarse con la anuencia del juez de primera instancia según lo dispuesto por el inciso 4° del Artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, que señala que dicho funcionario judicial mantendrá la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
[3] Al respecto, se pueden ver las providencias que declararon la interdicción de R.A.Z.H. (Folios 18 a 31).
[5] La demandante anexa copia de la acción de tutela presentada en enero de 2012 y de la sentencia de única instancia proferida por el Juzgado Trece Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento el 26 del mismo mes y año, en la que se declaró la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado, en tanto la EPS demandada le había suministrado los medicamentos que necesitaba el señor R.A.Z.H. (Folios 32 a 38).
[14] Médico tratante de la señora R.L.G..
[39] Artículo 86. () El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión (). // Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: () 9. Revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales ().
[40] Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política.
[41] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. // También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. // También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
[53] Artículo 42. Procedencia. La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: () 2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud ().
[57] P.. El contenido del fallo no podrá ser inhibitorio.
[58] Al respecto, en la Sentencia T-428 de 1998 (M.P.V.N.M.) se precisó que el propósito de la Corte Constitucional al revisar los fallos de tutela, además de resolver el caso concreto, es decantar los criterios interpretativos de las normas jurídicas, buscando establecer las reglas jurisprudenciales vinculantes que los jueces individuales o colegiados de tutela han de aplicar en casos futuros en aras de garantizar los principios de igualdad de trato jurídico, seguridad jurídica y confianza legítima al interior de la jurisdicción constitucional, clarificando y delimitando, en últimas, el ámbito normativo de los derechos fundamentales en el Estado social de derecho, a lo cual se llega por vía de la revisión de casos ejemplares o ilustrativos.
[59] Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
[60] Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
[61] Al respecto, ver la sentencia T-316A de 2013 (M.P.L.G.G.P..
[68] Sobre el tema se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-752 de 2012 (M.P.M.V.C.C.) y T-380 de 2013 (M.P.L.G.G.P..
[69] Sentencia T-185 de 2013 (M.P.L.E.V.S..
[70] Artículo 35. Las decisiones de revisión que revoquen o modifiquen el fallo, unifiquen la jurisprudencia constitucional o aclaren el alcance general de las normas constitucionales deberán ser motivadas. Las demás podrán ser brevemente justificadas ().
[71] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones.
[72] Sentencia T-859 de 2003 (M.P.E.M.L..
[73] Sentencia T-1204 de 2000 (M.P.A.M.C.. Ver entre otras, las Sentencias SU-819 de 1999 (M.P.Á.T.G., SU-480 de 1997 (M.P.A.M.C. y T-883 de 2003 (M.P.J.C.T..
[74] Sentencia T-883 de 2003 (M.P.J.C.T..
[75] Sentencia T-760 de 2008 (M.P.M.J.C.E.).
[76] Al respecto se pueden consultar, entre otras, las sentencias T-749 de 2010 (M.P.N.P.P., T-160 de 2011 (M.P.H.S.P., T-212 de 2011 (M.P.J.C.H.P., T-320 de 2011 (M.P.J.I.P.P., T-752 de 2012 (M.P.M.V.C.C.) y T-033 de 2013 (M.P.L.G.G.P..
[78] Sentencia T-099 de 1999 (M.P.A.B.S.).
[79] Sentencia T-664 de 2010 (M.P.L.E.V.S..
[80] Sentencia T-1181 de 2003 (M.P.J.A.R.).
[81] Sentencia T-089 de 2013 (M.P.M.G.C.).
[82] Sentencia T-815 de 2012 (M.P.L.G.G.P..
[83] M.P.M.G.C..
[84] La Corte ha considerado que las providencias que se profieran en el cumplimiento de sentencias de tutela son susceptibles de control por vía de amparo, siempre y cuando se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos para el efecto por la jurisprudencia constitucional, en tanto son decisiones judiciales. Sobre el tema se puede consultar, entre otras, la Sentencia T-123 de 2010 (M.P.L.E.V.S..
[85] Sentencia T-834 de 2011 (M.P.M.V.C. Correa).
[86] Sentencia T-316A de 2013 (M.P.L.G.G.P..
[87] En este sentido, la Corte en Sentencia T-365 de 2009 (M.P.M.G.C.) sostuvo: () la protección de este derecho conlleva para el juez constitucional la necesidad de hacer determinable la orden en el evento de conceder el amparo, por ejemplo, (i) mediante descripción clara de una(s) determinada(s) patología(s) o condición de salud diagnosticada por el médico tratante, (ii) por el reconocimiento de un conjunto de prestaciones necesarias dirigidas a lograr el diagnóstico en cuestión; o (iii) por cualquier otro criterio razonable.
[88] En ese sentido, esta Corporación ha concluido que toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de salud que requiere (i) cuando los mismos se encuentran previstos en el Plan Obligatorio de Salud, o (ii) cuando su exigibilidad responde al principio de necesidad y la persona que lo solicita no está en capacidad de asumir su pago. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el servicio requerido no se encuentra incluido en el Plan Obligatorio de Salud, o cuando se tiene que hacer un copago o una cuota moderadora. Sentencia T-815 de 2012 (M.P.L.G.G.P..
[108] Al respecto, se pueden ver las providencias que declararon la interdicción de R.A.Z.H. (Folios 18 a 31).
[116] Sentencia T-815 de 2012 (M.P.L.G.G.P..
[124] Nueva EPS (T-3.892.812), Capital Salud EPS-S (T-3.894.924), Nueva EPS (T-3.900.481) y C.L.. (T-3.907.753).