Source: http://www.argentina.attac.org/documentos/10.09.htm
Timestamp: 2018-12-15 13:52:27
Document Index: 390433646

Matched Legal Cases: ['artículo 62', 'artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 58', 'artículo 63', 'artículo 70', 'artículo 4', 'artículo 8', 'artículo 25', 'artículo 19']

SEMINARIO INTERNACIONAL- LA DEUDA Y LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES FRENTE AL DERECHO INTERNACIONAL.
Organizado por el Comité por la anulación de la deuda del Tercer Mundo (CADTM)
Bruselas, 10 y 11 de diciembre de 2001.
Ponencia de Alejandro Teitelbaum
I. En el período de acumulación acelerada de la deuda, muchos gobiernos de los países deudores (en no pocos casos dictaduras abiertas o encubiertas) actuaron de manera irresponsable y en el sólo beneficio de minorías corruptas, endeudando a sus respectivos países mucho más allá de su reales posibilidades de reembolso. El Fondo Monetario Internacional, que según el art. 1 de sus Estatutos debe : ..."facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional contribuyendo de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de la capacidad productiva", y que de acuerdo con la decisión de su Consejo de Administración del 29 de abril de 1977 debería vigilar que los Estados realicen una política financiera sana que les permita un desarrollo sostenido y socialmente equitativo, cumpliendo al mismo tiempo sus obligaciones internacionales, se abstuvo en esa época de alertar a los gobiernos que se estaban endeudando improductiva y excesivamente. La razón es que el FMI respondió en ese momento -como lo hace siempre- a las estrategias de las grandes potencias y del gran capital, que tenían interés en colocar el excedente de dólares, aunque fuese en condiciones riesgosas.
En el caso de Argentina, para determinar las responsabilidades por ese crecimiento vertiginoso de la deuda que contó con la complicidad por omisión del Fondo Monetario Internacional, como acabamos de ver, en 1982 se presentó una denuncia ante los tribunales de dicho país.
El juez decidió el archivo de las actuaciones porque el único procesado resultó sobreseído por prescripción, pero remitió copia de la resolución al Congreso de la Nación a fin de que éste adopte las medidas que estime conducentes en la negociación de la deuda “que ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976"... (Causa Nº 14467, “Olmos, Alejandro, s/denuncia, Juzgado Federal Nº 2 de Buenos Aires).
II. Cuando la magnitud de la deuda y el retraso en los servicios de la misma puso de manifiesto la imposibilidad para los países del Tercer Mundo de pagarla en las condiciones pactadas, el Fondo Monetario Internacional (que como vimos, se abstuvo de intervenir para tratar de evitar un incremento irresponsable de la deuda) propuso como solución las políticas de ajuste. Estas políticas son la condición que se impone a los países deudores que necesitan imperativamente renegociar la deuda y seguir teniendo acceso a los mercados financieros internacionales.
Estos "principios directores" se han incluido en los acuerdos celebrados con numerosos países, en el marco de la llamada "estrategia reforzada de la deuda" y de las "facilidades de ajuste estructural reforzadas". Estas propuestas de ajuste estructural del FMI, difieren de las "políticas de estabilización" precedentemente preconizadas por el FMI, en que éstas se orientaban a presionar a los países deudores para que realizaran una política financiera que asegurara el reembolso de la deuda, mientras que la “estrategia reforzada de la deuda” implicó una injerencia total en las políticas financieras, económicas y sociales de los países deudores.
Desde diciembre de 1999, las políticas de intervención del FMI en los países del Tercer Mundo tienen un nuevo nombre: “Facilidades de crecimiento y de reducción de la pobreza”. Estas “facilidades” consisten en que los países pobres más endeudados entrarán en la lista de los que podrán beneficiarse de una reducción de la deuda siempre que los respectivos gobiernos adopten medidas de lucha contra la pobreza. Dicho de otro modo, el FMI, que con sus políticas de ajuste contribuyó ampliamente a sumir en la pobreza total a la mayoría de la población de los países pobres muy endeudados, ahora le pide a los gobiernos de dichos países que luchen contra la pobreza para poder beneficiarse eventualmente con una reducción de la deuda. Una lógica elemental indica que el orden debería ser inverso: primero reducir o anular la deuda y después (o en todo caso simultáneamente) exigir a los gobiernos beneficiados que adopten medidas de lucha contra la pobreza.
Las llamadas políticas de ajuste son económicamente recesivas y socialmente regresivas, pues el único objetivo real del Fondo es que los deudores paguen los servicios de la deuda a los acreedores. Con tales políticas la espiral de la deuda sigue creciendo porque la economía de los países deudores permanece estancada o crece lentamente, con lo que se les hace aún más difícil cumplir con los acreedores, y se deben contraer nuevos préstamos para pagar los servicios de los préstamos anteriores. Así la deuda externa no deja de crecer y se convierte en deuda eterna.
Las políticas de ajuste están destinadas, por una parte, a asegurar que continúe la remisión de los servicios de la deuda a los acreedores y, por otra, a imponer a los países deudores su integración al sistema económico -financiero mundial dominante, caracterizado por la concentración en pocas manos de las riquezas producidas a escala planetaria .
El G8, reunido en Génova a fin de julio del 2001, se limitó a ratificar la Iniciativa para los países pobres más endeudados ([1]).
En 1996 el total de la deuda de los 41 países que figuraban en la lista era de 205 mil millones de dólares y en 2001 es de 215 mil millones de dólares. Es decir que la deuda aumentó, en lugar de disminuir (FMI, World economic outlook, www.imf.org).
En 1998 los 41 países pobres más endeudados (PPME) transfirieron al norte 1.680 millones de dólares más de los que recibieron (World Bank, Global Development Finance, 2000) y en 1999 el conjunto de los países del Tercer Mundo realizaron una transferencia neta de recursos al norte de 114.600 millones de dólares.
En realidad, la anunciada reducción o anulación parcial de la deuda de los países más pobres es una pura superchería, como dice Eric Toussaint, un especialista en la materia. Toussaint agrega que …”es igualmente útil precisar que las sumas destinadas por los Estados industrializados al alivio de la deuda son utilizadas para indemnizar empresas privadas alemanas, francesas, belgas…que han participado en la realización de “elefantes blancos” en los países actualmente aplastados por el peso de la deuda”… ([2]).
El último informe de la OCDE al respecto (Estadísticas de la deuda externa, 2001, citado por Eric Toussaint) ([3]) no puede ser más claro: “La iniciativa para los países pobres más endeudados no se traducirá por una reducción nominal del valor de la deuda porque las quitas consistirán en lo esencial en condonación de intereses y donaciones destinadas a financiar el servicio de la deuda y no en reducciones directas de la deuda”.
“La iniciativa –sigue diciendo Toussaint- consiste en disminuir un poco el peso de la deuda sobre las finanzas de los países más pobres a fin de que el sistema de la deuda perdure”.
Señala Toussaint que las condiciones impuestas son tan insoportables que en el año 2000 Laos y Ghana rechazaron formar parte de la lista de países supuestamente beneficiarios de la iniciativa .
Podrían resumirse las políticas de las instituciones de Bretton Woods diciendo que la ayuda que proporcionan a los países pobres pertenece al reino de la fantasía pero que la injerencia en las políticas financieras, económicas y sociales de dichos Estados es bien real y sus consecuencias son económica y socialmente catastróficas.
III. DIFERENTES ARGUMENTOS JURÍDICOS QUE PUEDEN INVOCARSE PARA DECLARAR EXTINGUIDA LA OBLIGACIÓN DE REEMBOLSAR LA DEUDA.
Hay una serie de argumentos jurídicos que pueden invocar los Estados deudores para declara unilateralmente la extinción de la obligación de pagar la deuda.
Entre ellos cabe enumerar: 1) la ilicitud de origen y/o la ilicitud sobreviniente de la misma; 2) el pago de la misma (excepción de pago); 3) el enriquecimiento sin causa del acreedor; 4) la excesiva onerosidad sobreviniente (principio rebus sic stantibus) y 5) la primacía de los derechos humanos fundamentales sobre la obligaciones inherentes al pago de la deuda.
1) Ilicitud de origen y/o ilicitud sobreviniente de los contratos que dieron origen a la actual desmesurada deuda externa de muchos países del Tercer Mundo. Muchas de dichas operaciones contienen cláusulas ilícitas, vicios del consentimiento, intereses usurarios, comisiones y otros gastos desproporcionados, etc. No decimos "intereses usurarios" como figura retórica: mientras la tasa de interés efectivo a largo plazo en seis países industrializados fue, como promedio, en el período 1985‑1989, del 4,35 por ciento, la tasa de interés efectivo sobre la deuda externa pagada como promedio por seis de los principales países deudores en el período 1980‑1985, fue del 16,8 por ciento ([4]).
Algunas operaciones fueron simplemente simuladas, donde aparecían como deudores empresas privadas o individuos de ciertos países del Tercer Mundo y como acreedores grandes Bancos de los países desarrollados, es decir se asociaron para delinquir personas privadas del Tercer Mundo y grandes Bancos transnacionales. Luego estas deudas fueron "estatizadas" (en los países del Tercer Mundo se privatizan las empresas y recursos nacionales y se "estatizan" las deudas de los particulares) y ahora los pueblos están pagando deudas contraídas por particulares incluso, entre ellas, deudas simuladas ([5]).
Hubo también vicios del consentimiento en algunos contratos originales y en las renegociaciones por ejemplo el reconocimiento de deudas ilícitas o simuladas en los acuerdos en el marco del Plan Brady , contra lo establecido en los principios jurídicos vigentes de que el reconocimiento de obligaciones que agravan la prestación original o la modifican en perjuicio del deudor, debe estarse a la obligación original, salvo que haya una nueva causa lícita (art. 723 del Código Civil argentino) ([6]).
Desde un punto de vista ético habría que poner la presunta deuda en un platillo de la balanza y en el otro platillo la deuda social, ecológica e histórica que los acreedores tienen con los presuntos deudores. Es decir poner en ese platillo el enorme daño social causado con las políticas de ajuste, el daño ecológico provocado con industrias contaminantes, con los desechos tóxicos transportados a los países del Tercer Mundo, con la devastación de los bosques y la deuda histórica contraída con los presuntos deudores durante siglos de despojo de sus riquezas y recursos humanos.
Se puede invocar el enriquecimiento sin causa de los acreedores (facultad de reclamar la devolución y obligación de devolver lo que se ha percibido sin derecho, como está establecido por ejemplo en los arts. 784 y siguientes del Código civil argentino, 1895 y siguientes del Código civil español y 1376 y siguientes del Código civil francés) ([7]).
También en el plano jurídico cabe hacer valer el principio rebus sic stantibus, es decir el derecho a no cumplir una obligación cuando las condiciones de la misma han cambiado de manera tal que su cumplimiento resulta de una onerosidad extrema. Este principio está también contemplado en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Cambio fundamental en las circunstancias) ([8]).
La utilización, para pagar los intereses y amortizaciones de la deuda, de recursos desproporcionados con relación al monto total de los recursos disponibles para atender las necesidades nacionales, sin que las autoridades del Estado deudor recurran a lo que en derecho se llama el beneficio de competencia (pagar lo que buenamente se puede, art. 799 del Código civil argentino) y sobre todo a invocar la doctrina Calvo-Drago sobre la soberanía del Estado frente a sus acreedores, lleva a la violación de derechos humanos fundamentales tanto económicos, sociales y culturales como civiles y políticos, que no solo son interdependientes sino indivisibles, como lo es el ser humano mismo.
En efecto, si por un lado es evidente que dedicar una parte desproporcionada de los recursos nacionales a pagar la deuda externa tiene por consecuencia la violación de los derechos económicos, sociales y culturales de la población, también implica la violación de otros derechos fundamentales , en la esfera de los derechos civiles.
La falta de acceso a tratamientos médicos, a medicamentos indispensables, puede implicar una violación del derecho a la vida ([9]).
Pero el derecho a la vida no es el mero derecho biológico a existir sino el derecho a vivir dignamente, que es propio de la persona humana como ser racional ([10]).
La violación de los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales también pueden constituir tratos o penas crueles inhumanos o degradantes. El artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes" y el mismo enunciado figura en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dicho que son tratamientos degradantes los destinados a crear en quien los sufre sentimientos de temor, de angustia y de inferioridad con el fin de humillarlo, envilecerlo y eventualmente a quebrar su resistencia física o moral ([11]).
Por otra parte, la Comisión y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han desarrollado progresivamente una jurisprudencia en la que se han puesto de relieve los aspectos económicos, sociales y culturales de los derechos civiles y políticos. Cabe destacar el caso « Airey c. Irlanda « (9/10/79, Serie A nº 32) donde el Tribunal europeo dijo : « El Tribunal no ignora que el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales depende mucho de la situación de los Estados y especialmente de sus finanzas. Por otro lado, la Convención debe leerse a la luz de las condiciones de vida actuales ». Y más adelante dice el Tribunal : « Lo mismo que la Comisión, el Tribunal no considera que deba dejar de lado una u otra interpretación por el simple motivo que al adoptarla se correría el riesgo de invadir la esfera de los derechos económicos, sociales y culturales; ninguna mampara impermeable separa esa esfera de derechos del campo de la Convención ».
Sin embargo, la Comisión Europea rechazó en 1990 por falta de fundamento la queja interpuesta contra Bélgica por una señora quien, falta de recursos y con una pequeña hija, tenía que vivir en condiciones sumamente precarias, sin calefacción ni agua caliente (caso Van Volsem c.Bélgica). La queja se había fundado en que la denunciante sufría un tratamiento inhumano y degradante ([12]).
El profesor Fréderic Sudre criticó severamente esta decisión en un artículo titulado « La première décision « quart monde » de la Commission européenne des droits de l’homme : une « bavure » (mancha) dans une jurisprudence dynamique » (Revue Universelle des Droits de l’Homme, Estrasburgo, 1990, pág. 349).
En el punto 6 de la sección IV de las Conclusiones del seminario de Celigny ([13]) se puede leer :
“Es posible invocar ante los tribunales como derecho vigente el artículo 7 (crímenes contra la humanidad) del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Roma 1998) contra los dirigentes de las sociedades transnacionales, en particular su inciso 1 apartados f): (tortura [que incluye los « otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes », según la respectiva Convención]); k): « Otros actos inhumanos...que causen grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física » y el inciso 2 apartado b): [exterminación]« infligir intencionalmente condiciones de vida, inter alia la privación del acceso a los alimentos y a las medicinas... ».
También puede invocarse el artículo II, inciso c) de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio: ...“sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial”.
Las normas mencionadas y su interpretación doctrinaria y jurisprudencial podrían invocarse ante los tribunales nacionales, pero si se llega a constituir la Corte Penal Internacional, con los mismos fundamentos quedará abierta una muy estrecha y remota posibilidad de llevar ante dicho Tribunal las violaciones a los derechos humanos derivados de la existencia de la deuda externa ([14]).
Actualmente en Argentina está en curso una querella criminal contra varios ex dictadores y otros jefes militares del Cono Sur por su responsabilidad en la ejecución del Plan Cóndor. (“Videla Jorge Rafael y otros s/ Privación Ilegal de la Libertad Personal”).
El juez ya ha dictado la prisión preventiva de Videla y solicitado la detención –con miras a la extradición - de Pinochet y Stroessner y de un grupo de militares uruguayos.
IV. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS EN MATERIA DE NO PAGO DE LA DEUDA.
Otro sólido argumento para declarar extinguida la obligación de pagar la deuda externa son los ejemplos de la historia, que demuestran que, sobre todo las grandes potencias, nunca o casi nunca han pagado sus deudas .
Decía Keynes: “...los incumplimientos por gobiernos extranjeros de su deuda externa son tan numerosos y ciertamente tan cercanos a ser universales que es más fácil tratar sobre ellos nombrando a aquéllos que no han incurrido en incumplimiento, que aquéllos que lo han hecho. Además de aquellos países que incurrieron técnicamente en incumplimiento, existen algunos otros que pidieron prestado en el exterior en su propia moneda y permitieron que esa moneda se depreciara hasta menos de la mitad de su valor nominal y en algunos casos a una fracción infinitesimal. Entre los países que actuaron así cabe citar a Bélgica, Francia, Italia y Alemania.” ([15]).
John Kenneth Galbraith ([16]) cita varios ejemplos de deudas externas (sobre todo de los países llamados desarrollados) que nunca fueron pagadas.
Sergio Bitar, en el prólogo a un libro de Gonzalo Biggs ([17]) cita a Andrew Mellon, que fué Secretario del Tesoro de los Estados Unidos a fines de los años 1920, quien dijo: “La insistencia en el cumplimiento de un convenio que supere la capacidad de pago de una nación le serviría de justificación para negarse a cualquier arreglo. Nadie puede hacer lo imposible… quienes insisten en cláusulas imposibles están propiciando en última instancia el repudio completo de la deuda”. Esto lo decía Mellon para justificar la firma de 15 convenios para reprogramar las deudas de guerra de los países europeos con Estados Unidos. Pese a esta reprogramación, Alemania y otros países europeos suspendieron más adelante el pago de las deudas de guerra con Estados Unidos.
En su libro, Biggs cita numerosos precedentes históricos de países que no han pagado sus deudas externas, entre ellos los Estados Confederados del Sur después de la Guerra de Secesión. Dicha deuda fue anulada mediante el punto 4 de la Enmienda XIV de la Constitución de los Estados Unidos , del 16 de junio de 1866, que dice : “…ni los Estados Unidos, ni ninguno de los Estados reconocerán o pagarán deuda u obligación alguna que se haya contraído para ayudar a una insurrección o rebelión contra los Estados Unidos…; estas deudas, obligaciones y reclamaciones serán consideradas ilegales y nulas”. (Biggs, págs. 101 y 102).
Biggs dice que la experiencia histórica muestra que en todas las crisis financieras internacionales , los acreedores o sus gobiernos debieron asumir una parte importante de las pérdidas resultantes de sus préstamos o inversiones y que la única excepción a esta regla ha sido la latinoamericana (pág. 28). Podría agregarse que actualmente la excepción alcanza no sólo a los países latinoamericanos sino a todos los países deudores pobres.
Desde el punto de vista jurídico, se ha reconocido el derecho de un gobierno constitucional a desconocer las deudas contraídas por un gobierno dictatorial anterior, con fundamento en la mala fe del acreedor (que prestó sabiendo el destino ajeno al interés público del préstamo) y en la falta de representatividad del deudor. El general Tinoco había asumido el poder mediante un golpe de Estado en Costa Rica en 1917 y su gobierno contrajo una deuda con el Royal Bank of Canada. Dicha deuda fue desconocida por el gobierno constitucional posterior. En 1923, el juez Taft de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que actuó como juez-árbitro entre el Royal Bank y el Gobierno de Costa Rica, rechazó la demanda de reembolso de la deuda, con los fundamentos mencionados ([18]).
El jurista argentino Carlos Calvo desarrolló entre 1868 y 1896 la doctrina según la cual los intereses y las inversiones extranjeras deben estar sujetas a las leyes nacionales. En apoyo de la misma citaba una decisión del Gobierno federal de Estados Unidos de 1868 por la cual se formó una comisión para examinar los reclamos de indemnización formulados por ciudadanos estadounidenses y extranjeros por daños sufridos durante la guerra de secesión. Dicha comisión era soberana y sus decisiones inapelables y sobre todo no debía admitir las intervenciones diplomáticas en favor de los reclamantes extranjeros y si tal intervención se producía la consecuencia era el rechazo inmediato del reclamo del ciudadano extranjero.
V. LA DOCTRINA DRAGO SOBRE LA SOBERANÍA DE LOS ESTADOS FRENTE A LOS ACREEDORES.
En 1902, a raíz de la agresión armada contra Venezuela llevada a cabo por buques de guerra británicos, alemanes e italianos que bombardearon las costas de dicho país para forzarlo a pagar sus deudas con particulares europeos, Luis María Drago, ministro de relaciones exteriores de Argentina, formuló el principio que se conoce como “Doctrina Drago” que considera inadmisible el cobro compulsivo de la deuda pública. Dice Salvador María Lozada ([19]) que lo que “ataca la Doctrina Drago es la presión ejercida contra un Estado soberano por la falta de pago de la deuda. La acción militar, el bloqueo, el bombardeo de puertos, la ocupación territorial, solo son especies del género que es la presión, la interferencia, la injerencia. Está claro que la doctrina Drago condena cualquier presión”. Lozada, citando a Drago, dice que en virtud de su condición de soberano, el Estado tiene la “facultad de elegir el modo y el tiempo de efectuar el pago”.
VI. RESPONSABILIDAD CIVIL E ILICITOS PENALES DE LOS ACREEDORES (FONDO MONETARIO INTERNACIONAL , ESTADOS, BANCOS) Y RESPONSABILIDAD Y EVENTUALES ILICITOS PENALES DE LAS AUTORIDADES DE LOS ESTADOS DEUDORES.
1. La responsabilidad de las instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas y la naturaleza jurídica de los préstamos que conceden y de los acuerdos que celebran con los países deudores.
En julio de 1944, la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods acordó la creación del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucci¢n y Fomento (Banco Mundial). Esta instituciones "...tenían como finalidad fomentar tipos de cambio estables, estimular el crecimiento del comercio mundial y facilitar la circulaci¢n internacional de capitales...Hubo una falta de atención casi inevitable a los intereses de los países en desarrollo. La mayoría de éstos eran aún colonias y por lo tanto no estuvieron representados en Bretton Woods...En general se soslayó al Tercer Mundo y poco se tomaron en consideración sus intereses.
En el artículo 1 del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional (artículo 1 de sus Estatutos) se enuncian los seis objetivos del Fondo, entre ellos ..."facilitar el crecimiento equilibrado del comercio internacional contribuyendo de ese modo al fomento y mantenimiento de altos niveles de ocupación y de ingresos reales y al desarrollo de la capacidad productiva" .
Las instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras, tienen también el deber de promover la realización de los derechos económicos, sociales y culturales y del derecho al desarrollo (arts. 55, 56, 57, 58, 63 y 64 de la Carta de las Naciones Unidas) y de respetar, en tanto personas de derecho internacional, los derechos humanos. La Corte Internacional de Justicia ha dicho que los deberes y derechos de entidades como las Naciones Unidas y los organismos especializados "deben derivarse de (sus) propósitos y funciones, contenidos explícita o implícitamente en (sus) instrumentos constitutivos y desarrollados en la práctica" ([20]).
Las instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas (particularmente el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial) son formalmente personas jurídicas internacionales y tienen patrimonio propio. En consecuencia, son jurídicamente responsables de las violaciones que cometan, sea por omisión o por acción, de los derechos económicos, sociales y culturales y tienen la obligación de reparar los daños causados, de cesar las violaciones y de no reincidir.
El artículo XII, Sección 4 c) de los Estatutos del FMI, establecen la autonomía del Director respecto de los Estados, de modo que tiene la entera responsabilidad de sus decisiones. Y en cuanto a los administradores y gobernadores, que son nombrados por los Estados, tampoco pueden estar exentos de una eventual responsabilidad penal por las decisiones que votan en nombre de sus respectivos gobiernos, pues no es aceptable, en el estado actual del derecho internacional, que puedan invocar como eximente de responsabilidad penal las "órdenes recibidas".
En el período de sesiones de la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, celebrado en julio-agosto de 2001, dos de sus miembros, la señora Udagama y el señor Onyango, presentaron un informe sobre la mundialización ([21]).
Los autores dicen en el informe que si bien la protección y promoción de los derechos humanos es primordialmente una obligación de los Estados, otras entidades tales como la Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, no están de manera alguna exceptuadas de responsabilidad en ese terreno. Afirman que las instituciones internacionales multilaterales “tienen la obligación de no tomar medidas que afecten la situación social de un país dado”.
En el debate que se suscitó en la Subcomisión, el representante del FMI afirmó que dicha institución no tiene mandato para tomar en cuenta los derechos humanos en sus decisiones y que no está obligada por las diferentes declaraciones y convenciones relativas a los derechos humanos ([22]).
Esta afirmación provocó vivas réplicas, salvo alguna notable excepción, de varios miembros de la Subcomisión, afirmando uno de ellos que “no es admisible que el FMI no se someta al derecho internacional” y otro sugirió que la Subcomisión “debía adoptar una posición clara indicando que los sistemas comerciales y financieros están sometidos al derecho internacional y por lo tanto tienen la obligación de proteger y respetar los derechos humanos”.
El FMI, es formalmente un organismo especializado del sistema de las Naciones Unidas y como tal debería actuar de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, pero en los hechos no es así, pues actúa con total independencia del sistema, sin dar prácticamente ninguna participación en sus decisiones a los órganos principales de las Naciones Unidas ([23]).
Y en el seno del FMI, el poder de decisión pertenece a los cinco países que reúnen la mayoría de las cuotas, pues el artículo XII sección 5 de sus Estatutos establecen el voto ponderado en los órganos de dirección (Consejo de Gobernadores y Consejo de Administración). Además, un solo país, los Estados Unidos, puede bloquear ciertas decisiones importantes (por ejemplo el restablecimiento de un sistema internacional de cambios fijos) porque dispone de un porcentaje de votos(18 por ciento) superior a la minoría de bloqueo, que es del 15 por ciento.
De modo que es un pequeño grupo de países, muy poderosos económicamente, quienes imponen al resto de la comunidad internacional las orientaciones de la política económica. Y en el caso particular de la deuda externa y de las políticas de ajuste sucede lo mismo, de manera que las "recomendaciones" y "principios directores" del FMI son más que una obligación jurídica, es el resultado de la coacción ejercida sobre los países que quieren renegociar la deuda u obtener préstamos del sistema financiero internacional.
En setiembre de 1947 la Asamblea General aprobó sin votación los acuerdos entre las Naciones Unidas, por una parte, y el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en tanto organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, por la otra.
En el debate sobre los acuerdos, realizado en el Consejo Económico y Social en agosto de 1947, el representante de Noruega dijo que el ECOSOC se apartaría de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas si los aprobara, agregando que su delegación no estaba dispuesta a reconocer al Banco Mundial como organismo especializado, sometiéndose a las condiciones impuestas por el mismo Banco. El representante de la Unión Soviética, por su parte, señaló en el mismo debate que ciertas disposiciones de los dos acuerdos violaban los artículos 57, 58, 62, 63, 64 y 70 de la Carta de las Naciones Unidas, referidos al funcionamiento de los organismos especializados y a las facultades del ECOSOC a su respecto. El representante de Venezuela lamentó que los acuerdos hubieran ido más lejos de los que parecía necesario, en particular el párrafo 3 del artículo IV, que aconsejaba a las Naciones Unidas que evitaran hacer recomendaciones al Banco con relación a los préstamos o a las condiciones o circunstancias de su financiamiento ([24]).
En un trabajo de Erskine Childers ([25]) ‚ éste señala que no corresponde a las instituciones de Bretton Woods ocuparse de los problemas de política macroeconómica, pues estudiarlas es función de las comisiones del ECOSOC y adoptarlas de la Asamblea General. Sigue diciendo que, de conformidad con el artículo 58 de la Carta de las Naciones Unidas es la Asamblea General quien debe coordinar dichas políticas y, de acuerdo al artículo 63, es el ECOSOC quien debe coordinar su puesta en práctica por los organismos especializados.
En la práctica, las instituciones de Bretton Woods tienen un poder de decisión excepcional sobre las orientaciones de las economías nacionales de los países menos desarrollados, como mandatarios de los países ricos, sin base alguna en el derecho internacional vigente. Por el contrario, no tienen poder alguno sobre las orientaciones económicas de los países ricos, pese a que la enorme deuda externa e interna de algunos de ellos justificaría ampliamente la aplicación de una política de ajuste estructural, de acuerdo a las concepciones del Fondo. Tampoco el Fondo y el Banco, pese a que las grandes potencias dicen que son los "únicos organismos competentes" del sistema, tienen una política mundial económica y/o financiera. Tal política va a la deriva de los intereses coyunturales del capital financiero e industrial transnacional ([26]).
Desde que, en 1947, el FMI y el Banco Mundial pasaron formalmente a ser organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, los esfuerzos para que ambas instituciones coordinen sus actividades con el ECOSOC han sido infructuosos, a causa de que han rehusado hacerlo, insistiendo sobre su carácter independiente. El FMI y el Banco Mundial están representados en las reuniones de los principales órganos de las Naciones Unidas, no sólo en las esferas económica y social, sino también en los órganos subsidiarios y grupos de expertos. En cambio, la representación de las Naciones Unidas en las reuniones del FMI y del Banco Mundial está mucho más restringida y se limita a las reuniones anuales de la Junta de Gobernadores y a las reuniones bianuales de un día del Comité Provisional y del Comité para el Desarrollo. El representante del Secretario General ha sido excluido de las reuniones confidenciales de ambos Comités. Además, las opiniones del Secretario General solo son admitidas en dichos Comités por escrito. "De modo que, mientras el Director Gerente del FMI y el Presidente del Banco Mundial hacen anualmente alocuciones ante el Consejo Económico y Social, no existe reciprocidad al respecto, lo que constituye una grave asimetría" ([27]). Y una violación del artículo 70 de la Carta de la ONU, que dice: "El Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos para que representantes de los organismos especializados participen, sin derecho a voto, en sus deliberaciones y en las de las comisiones que establezca, y para que sus propios representantes participen en las deliberaciones de aquellos organismos".
Se da la situación paradojal, en la que un organismo como la Organización Internacional del Trabajo, que con su estructura tripartita (Estados, empleadores y trabajadores) y sus casi dos centenares de Estados Miembros, y que tiene por mandato examinar y considerar cualquier programa o medida internacional de carácter económico y financiero desde el punto de vista de la justicia social (Declaración de Filadelfia de 1944) "tiene escasa influencia en las deliberaciones y las decisiones de política de las instituciones que desempeñan un papel cada vez más importante en la gestión de la economía mundial"...como ha dicho el Director General de la OIT en uno de sus informes anuales. ([28]).
2. La responsabilidad de las personas privadas.
"Toda persona tiene deberes respecto de la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad" (art. 29 inc. 1E) y "Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración" (art. 30).
El artículo 4E de esta última Declaración dice: "Los principios de esta Declaración están destinados a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y trabajadores...y a las empresas multinacionales". Y el artículo 8: "...todas las partes a quienes concierne esta Declaración deberían respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales".
El derecho internacional vigente considera ilícitas e incrimina en tratados y convenios diversas actividades realizadas por entidades o personas privadas (por ejemplo el tráfico de drogas) y no hay razón objetiva alguna para excluir de tales incriminaciones las violaciones graves y masivas a los derechos humanos.
En un documento de 1984 del Comité de Prevención del delito de las Naciones Unidas, se decía: "al protegerse de graves acusaciones y de sanciones penales, las grandes empresas han logrado mantener muy satisfactoriamente las definiciones sociales que propugnan sobre el delito y sobre las actividades empresariales: han aprovechado y procurado perpetuar una serie de ideas comunes que alientan a la gente a creer que los delitos cometidos por las empresas no son "verdaderos" delitos" ([29]).
3. Responsabilidad de los Estados donde tienen su sede los acreedores.
El derecho al desarrollo y al goce progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales comporta obligaciones de la comunidad internacional y de cada uno de los Estados miembros, respecto de sus propios pueblos y de los seres humanos en general, en la medida de los recursos disponibles. Y estas obligaciones implican el deber de cada Estado de hacer el máximo de esfuerzos para promover el progreso económico, social y cultural de su pueblo (Resoluciones 2626 (XXV), 3201 (S‑VI) y 3281 (XXIX) de la Asamblea General).
Las obligaciones de los Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales existen no sólo respecto de sus propios pueblos sino de la sociedad humana en general. Son los llamados "derechos de la solidaridad", consagrados en los artículos 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 3, inciso 3E de la Carta de las Naciones Unidas y 2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuando se refieren a la cooperación internacional.
Pese a que se habla de « crimen internacional », para subrayar el carácter particularmente grave de una violación del derecho internacional, en derecho internacional actual no se admite la responsabilidad penal del Estado en cuanto tal, pero si la de sus funcionarios.
Este es, en líneas generales, el enfoque de los artículos del proyecto elaborado por la Comisión de Derecho Internacional sobre la responsabilidad de los Estados, aprobado en primera lectura en el año 2000, pero que seguramente será objeto de ulteriores revisiones ([30]).
Salvador María Lozada ( [31]) observa con razón que “debe recordarse que las obligaciones inherentes a la llamada deuda externa no son otra cosa , en la mayoría de los supuestos, que diversas obligaciones creadas en favor de un acreedor privado –un banco generalmente- lo cual de ningún modo autoriza la intervención de gobiernos y diplomáticos extranjeros. Sin embargo, hemos visto en estos años a funcionarios que van desde jefes de Estado a embajadores, pasando por toda suerte de secretarios y ministros, participando de la gestión del cobro de los intereses de la deuda externa, como si esta fuera una obligación entre Estados (énfasis agregado), beneficiándose así los acreedores –con cómplice aquiescencia de los estados supuestamente deudores- con un formidable respaldo estatal de las grandes potencias. Es como si el dux de Venecia se hubiera puesto entera y entusiastamente del lado del implacable Shylock”.
De esta manera, los Estados donde tienen su sede los acreedores se han hecho cómplices de éstos y de las autoridades de los países deudores por las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, a que nos hemos referido más arriba en el punto III, párrafo 5 ( Primacía de los derechos humanos fundamentales sobre la obligación de reembolsar la deuda). Y, por cierto, son directamente responsables de estas violaciones cuando el Estado mismo es el acreedor.
4. Responsabilidad de las autoridades de los Estados deudores.
Cuando las autoridades de un Estado deudor, sin tener en cuenta los precedentes históricos prácticamente invariables, la ilegitimidad de la deuda y que lo que “es esencial para el pueblo y para invertir no está disponible para transferirlo al exterior”, no sólo no negocian firmemente con los acreedores amenazándolos con repudiar totalmente la deuda, sino que acatan sumisamente sus exigencias, son responsables de la violación de derechos humanos fundamentales de sus propios pueblos, consagrados en diversos instrumentos internacionales.
Pero además, pueden ser imputados del crimen de traición, tanto los funcionarios gubernamentales que así actúen como los parlamentarios que consientan, por acción u omisión, tal actuación.
Bitar, en el prólogo al libro de Biggs, señala que: “ Una extracción de recursos tan cuantiosos de las naciones pobres por las naciones ricas, obedece en definitiva a las condiciones de poder. Pero al final tiene un límite: la capacidad de pago del deudor. Y este concepto depende de una decisión nacional: lo que es esencial para el pueblo y para invertir no está disponible para transferirlo al exterior” (pág. 18).
Mientras los pueblos afectados no impongan la negociación con actos masivos de rebeldía contra los sucesivos ajustes y sacrificios, esta situación no tiene miras de cambiar.
Esto también lo saben los acreedores, pues estiman que pueden seguir expoliando a los pueblos de los países deudores mientras la paciencia de dichos pueblos no se haya agotado. En efecto, la Heritage Foundation, en el caso de México, afirmó en junio de 1987 que la circunstancia de que el gobierno de ese país hubiera eliminado los subsidios al consumo, aumentado drásticamente los impuestos y reducido en un 50 por ciento los salarios reales, “sin una rebelión masiva” de su población, indicaría que el gobierno aún tendría espacio para profundizar esa política y realizar, también sin obstáculos, la reforma y privatización completa del aparato económico del Estado (The Heritage Foundation. “Deja vu on Policy Failure: The new $ 14 billion Mexican debt bailout”, Backgrounder, Nº 588, p. 11, 25 de junio de 1987. Washington, D.C., citada por Biggs, págs. 31 y 32).
Lyon, 3 de diciembre de 2001.
[1] Zacharie, Arnaud, G-8 de Génova: tras los enfrentamientos, nuevos anuncios de impacto, en: América Latina en movimiento, Boletín de ALAI , Nº 337, Quito, Ecuador, 31/7/01)
[2] Toussaint, Eric, À propos de la dette publique du tiers monde. Libérer le développement, en Une économie au service de l’homme, ATTAC, edic. Mille et une nuits, junio 2001.págs. 206 y ss.
[3] Toussaint, Eric, Banque mondiale et FMI : au pied du mur. Le faux allégement de la dette des pays pauvres très endettés. En internet, mayo 2001.
[4] PNUD, Informe sobre el desarrollo humano 1992, págs. 115 y 116.
[5] Calcagno, Alfredo Eric, Los Bancos transnacionales y el endeudamiento externo en la Argentina, Cuadernos de la CEPAL Nº 56, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 1987.
[6] Parlamento Latinoamericano, Consejo Consultivo, Informe, versión VII, noviembre 2001.
[7] Marín López, Antonio, « La ley aplicable al enriquecimiento sin causa », en La responsabilidad internacional. Aspectos de derecho internacional público y derecho internacional privado. XIII Jornadas de la Asociación Española de profesores de derecho internacional y relaciones internacionales, 1989, Carlos Jiménez Piernas, editor. Alicante, 1990.
[8] Borges, Nelson, Da cláusula « rebus sic stantibus » a teoría da imprevisao (un estudo de direito comparado), Livraria Minerva, Coimbra, Portugal, 1988.
Serrano Neves, Desdolarizaçao dos contratos « rebus sic stantibus », en Caderno goiano de doutrina, serrano@cultura.com.br
[9] Jurisprudencia de la Corte Suprema de Argentina del 24 de octubre de 2000 en Revista jurídica El Derecho, Buenos Aires, 24/11/2000.
[10] Alegre Martínez, Miguel Ángel, La dignidad de la persona como fundamento del ordenamiento constitucional español, edición de la Universidad de León, España, 1996.
[11] Irlanda c/Reino Unido, 18 de enero de 1978.
[12] Fierens, Jacques, « La violation des droits civils et politiques comme conséquence de la violation des droits économiques, sociaux et culturels ». Contribución al coloquio Instituciones financieras internacionales : la excepción a los derechos humanos, organizado por el Centro de derecho internacional de la Universidad de Bruselas, diciembre 1998, en Revue Belge de Droit International, 1999-1. También en separata
[13] Las actividades de las sociedades transnacionales y la necesidad de su encuadramiento jurídico. Informe y conclusiones del seminario de Celigny (Suiza), 4 y 5 de mayo de 2001. Centro Europa -Tercer Mundo y Asociación Americana de Juristas. En español, francés e inglés. Ginebra , junio 2001. Puede consultarse en: www.cetim.ch
[14] El profesor Andrew Clapham, en un documentado trabajo (Clapham, Andrew, « The Question of Jurisdiction Under International Criminal Law Over Legal Persons : Lessons from the Rome Conference on an International Criminal Court », en Liability of Multinational Corporations Under International Law, M. Kamminga y S. Zia-Zarifi, editores, Kluwer Law International, La Haya 2001),sostiene que se podrá llevar a las sociedades transnacionales por violaciones de los derechos humanos ante la futura Corte Penal Internacional, pese a que no prosperó la propuesta francesa apoyada por otros países y por una sola ONG , la Fundación Lelio Basso, de conferir jurisdicción a la Corte sobre las personas jurídicas (la coalición de ONGs por una Corte Penal Internacional guardó un prudente silencio sobre el tema). El profesor Clapham se basa en los antecedentes de la ley Nº10 de diciembre de 1945 del Consejo Aliado de Control de Alemania, (que autorizaba a enjuiciar a las asociaciones que el mismo Tribunal declarase criminales) y en lo establecido en el artículo 25 (Responsabilidad penal individual, inciso 3, apartado d) del Estatuto de la Corte Penal Internacional, que se refiere a quien “Contribuya de algún otro modo en la comisión o tentativa de comisión del crimen por un grupo de personas que tengan una finalidad común”.
Esquematizando mucho el planteo del profesor Clapham, este sostiene que las sociedades transnacionales podrían ser enjuiciadas ante la futura Corte Penal Internacional como asociaciones criminales.
Pero cabe señalar que en Nuremberg jamás fueron declaradas asociaciones criminales las grandes empresas alemanas que cometieron crímenes de guerra (aunque sí fueron enjuiciados algunos de sus dirigentes) . Ese fue el caso de I.G. Farben (US Military Tribunal; Nuremberg, 14 agosto 1947-29 de julio de 1949) como lo señala el mismo Clapham.
Y tampoco es por casualidad que la propuesta francesa no prosperó en Roma. Los intereses de las sociedades transnacionales pesan mucho en las decisiones de la “comunidad internacional”, eufemismo éste que se utiliza para referirse a las grandes potencias hegemónicas. Pero el planteo del profesor Clapham merece ser estudiado cuidadosamente.
[15] Keynes, John Maynard, Defaults by foreing governments, 1924.
[16] Galbraith, John Kenneth, Voyage dans le temps économique, ed. Seuil, cap. IV, 1995.
[17] Biggs, Gonzalo, La crisis de la deuda latinoamericana frente a los precedentes históricos. Grupo Editor Latinoamericano, Colección Estudios Internacionales, Buenos Aires, 1987.
[18] Adams, Patricia, Odious Debts, nextcity.com.jubilee2000uk.org.
[19] Lozada, Salvador María, La deuda externa y el derecho.
[20] Corte Internacional de Justicia, Opinión consultiva, Reports, 1949, pág.180.
[21] « Mondialisation et ses effets sur la pleine jouissance de tous les droits de l’homme », E/CN/.4/Sub.2/2001/10, 2 de agosto de 2001.
[22] Cf. Communiqué de presse du 8 août 2001, HR/SC/01/11 et 12.
[23] Sydney Dell, "Relations between the United Nations and the Bretton Woods institutions, Uppsala Roundtable on future role of the United Nations", paper prepared for the North South Roundtable in Uppsala, Sweden, 6 a 8 de setiembre de 1989.
[24] Actas resumidas de la reunión del ECOSOC, agosto de 1947.
[25] Erskine Childers, United Nations Reform: Relevance of the Southern Perspective. Published by the International NGO Network on Global Governance and Democratization of International Relations, Geneva, page 7. March 1994.
[26] Erskine Childers, op. cit. pág. 8.
[27] Sidney Dell, op. cit.
[28] Preservar los valores, promover el cambio. Memoria del Director General, Conferencia Internacional del Trabajo, 81ª. reunión, junio de 1994, pág. 107.
[29] Citado por González Berendique, Marco, Criminalidad económica. El delito como negocio, Editorial Jurídica Ediar‑Conosur, Chile, sin fecha.
[30] . Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, 45E período de sesiones, ILC (XLV) Conf.Room Doc.1, 13 de enero de 1993; Projet de Rapport, Chapitre IV, A/CN.4/L.484 y Add. 1 a 7 e Informes de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 46E (1994) y 47E (1995) períodos de sesiones. El párrafo 3 del artículo 19 de la primera parte del proyecto enumera una serie de crímenes internacionales : la agresión, el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial, la esclavitud, el genocidio, el apartheid, el daño grave al medio ambiente humano.
[31] Lozada, op. cit.