Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2000/07/registro-oficial-20-de-julio-del-2000
Timestamp: 2020-08-08 19:52:43
Document Index: 2708162

Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 24', 'artículo 18', 'artículo 584', 'artículo 222', 'artículo 124', 'artículo 422', 'artículo 36', 'artículo 326', 'artículo 377', 'artículo 465', 'artículo 450', 'artículo 30', 'artículo 379', 'artículo 465', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 200', 'artículo 382', 'artículo 465', 'artículo 450', 'artículo 108']

Registro Oficial. 20 de JULIO del 2000
\n 2000-22 Ley Reformatoria a la Ley\n de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio Nacional\n
\n 567\n Ratifícase\n el Convenio para la Cooperación en el Marco de la Conferencia\n Iberoamericana
\n 568 Ratifícase el Acuerdo\n entre la República del Ecuador y la República de\n Cuba sobre Cooperación para Combatir el Tráfico\n Ilícito Internacional de Estupefacientes y Sustancias\n Psicotrópicas y sus delitos conexos
\n 0020 Expídense las normas\n generales para la aprobación de estatutos, reconocimiento,\n intervención, disolución y liquidación de\n organizaciones pro-vivienda
\n 0465 Dispónese que a partir\n del 1º. de agosto del año 2000 las compañías\n de seguros y reaseguros deberán declarar y pagar el impuesto\n al valor agregado sobre el valor total de las primas y adicionales,\n según lo señala el Reglamento de Aplicación\n a la Ley de Régimen Tributario Interno
\n SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES:
\n ST-2000-0329 Deléganse\n atribuciones al Intendente General de Telecomunicaciones
\n 252-98-OR Julia Villacís\n Camacho en contra de Simón Alberca Colala
\n 308-98-MS Ministro Fiscal\n General en contra de Damacio Caiza Vega
\n 333-98-MS Ministra Fiscal\n General en contra de Rosario Valente Anilema
\n 335-98-RM Jorge Eduardo Mora\n Chan en contra de Norman Clotario Astudillo Ordóñez\n
\n 360-98-OR Ministra Fiscal\n General en contra de Oscar Augusto Rodríguez Rocha y otro\n
\n 362-98-OR Ing. René\n Vinicio Arteaga Lalama en contra de Daniel Mera Cabrera y otros\n
\n 383-98-MS Ministra Fiscal General en contra de\n Juan de Dios Guamán Mayancela
\n 17-99-MA Betty Alicia López\n Pita de Ortiz en contra de Roberto Enrique Alvarado Anchundia\n
\n 192-99-OR Nelly Edith Silva\n Enderica en contra de AngeI Eliécer Ramos Bayas
\n 217-99-JO Ministra Fiscal\n General en contra de Edwin Román Velasco
\n Cantón Durán: Que\n establece el cobro de tasas por concesión de permisos\n anuales de vía pública, carga y descarga-entrada\n y salida, muros y muelles
\n Provincia de Cotopaxi: Para la\n administración del Personal de empleados
No. 2000\n - 22
Que el 30 de julio de 1998, mediante publicación en\n el Registro Oficial No. 372 se crea la provincia de Orellana;
Que como consecuencia de la creación de la provincia\n de Orellana, la provincia de Napo deja de ser fronteriza, sin\n embargo tiene el carácter de amazónica;
Que el Magisterio y los técnicos docentes de la provincia\n de Napo, venían recibiendo un trato prefencial en cuanto\n se refiere a ascensos de categoría y bonificaciones económicas\n por ser provincia fronteriza,
Que el Magisterio de la provincia de Napo ha dejado de percibir\n todos los beneficios que gozan las provincias fronterizas amazónicas;
Que la Ley de Carrera Docente y Escalafón del Magisterio\n ampara tanto a docentes como a técnicos - docentes, debiendo\n por tanto gozar de los mismos derechos y obligaciones; y,
Ley Reformatoria a la Ley de Carrera Docente y Escalafón\n del Magisterio Nacional
Art. 1. - En el articulo 5, literal e) a continuación\n de: "provincias fronterizas," añadir "Napo".
Art. 2. - En el artículo 19, inciso quinto, luego de:\n ". . .línea de frontera," añadir: "y\n la provincia de Napo y".
Art. 3. - En el artículo 24, numeral 5, luego de: "la\n línea de frontera y," añadir: "los de\n la provincia de Napo y".
Dada en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n en la sala de sesiones del Congreso Nacional del Ecuador, a los\n cinco días del mes de julio del año dos mil.
f) Ing. Juan José Pons Arízaga, Presidente del\n Congreso Nacional.
Palacio Nacional, en Quito, a diez de julio del año\n dos mil.
f) Dr. Marcelo Santos Vera, Secretario General de la Administración\n Pública.
Que el 15 de octubre de 1995, el Ecuador suscribió\n el "Convenio para la Cooperación en el Marco de la\n Conferencia Iberoamericana";
Que el referido instrumento internacional establece que los\n programas y proyectos de cooperación, entre otros aspectos,\n tiendan a favorecer la identidad iberoamericana a través\n de la acción conjunta en materia educativa, cultural,\n científica y tecnológica;
ARTICULO PRIMERO. - Ratificase el "Convenio para la Cooperación\n en el Marco de la Conferencia Iberoamericana", cuyo texto\n lo declara Ley de la República y compromete para su observancia\n el Honor Nacional.
ARTICULO TERCERO. - Publíquese el texto del referido\n convenio en el Registro Oficial.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional, a los 13 días\n del mes de julio, año dos mil.
N°\n 568
Que el 13 de noviembre de 1996, se suscribió el "Acuerdo\n entre la República del Ecuador y la República de\n Cuba sobre Cooperación para Combatir el Tráfico\n Ilícito Internacional de Estupefacientes y Sustancias\n Psicotrópicas y sus Delitos Conexos";
La Resolución Legislativa N0 R - 2 1 - 033, expedida\n por el H. Congreso Nacional, el 11 de abril del 2000;
Que el referido instrumento bilateral tiende a promover la\n cooperación entre las partes, a fin de que puedan prevenir\n y combatir con mayor eficiencia el tráfico ilícito\n internacional de estupefacientes y sustancias psicotrópicas\n y sus delitos conexos, desarrollando programas y acciones coordinadas;
En uso de las atribuciones que le confieren la Constitución\n Política y las leyes de la República
ARTICULO PRIMERO. - Ratificase el "Acuerdo entre la República\n del Ecuador y la República de Cuba sobre Cooperación\n para Combatir el Tráfico ilícito Internacional\n de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y sus Delitos\n Conexos", cuyo texto lo declara Ley de la República\n y compromete para su observancia el Honor Nacional.
ARTICULO SEGUNDO. - Procédase a notificar al Gobierno\n de la República de Cuba que el Gobierno Nacional ha cumplido\n con todos los procedimientos legales para su entrada en vigencia.
ARTICULO TERCERO. - Publíquese en el Registro Oficial,\n el texto del referido Acuerdo.
Dado en Quito, en el Palacio Nacional a los 13 días\n del mes de julio del año dos mil
Que en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, se han\n presentado solicitudes tendientes a que se reconozca a organizaciones\n pro - vivienda como personas jurídicas y se aprueben sus\n estatutos sociales como fundaciones, centros, institutos u organizaciones\n de naturaleza similar, cuyo objeto social tiene relación\n con las áreas de competencia de esta Cartera de Estado;
Que de conformidad con el Art. 179 de la Constitución\n Política de la República del Ecuador a los ministros\n de Estado les corresponde expedir las normas, acuerdos y resoluciones\n que requiera la gestión ministerial;
Que de conformidad con el artículo 18 del Estatuto\n del Régimen Jurídico Administrativo de la Función\n Ejecutiva los ministros de Estado son competentes para el despacho\n de todos los asuntos inherentes a sus ministerios sin necesidad\n de autorización alguna del Presidente de la República,\n salvo los casos expresamente señalados en una ley especial;
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 339, publicado en el Registro\n Oficial No. 77 de 30 de noviembre de 1998, la Presidencia de\n la República delegó a los ministros de Estado para\n que de acuerdo a la materia de que se trate, aprueben los estatutos\n y las reformas de los mismos, de las organizaciones, fundaciones\n o corporaciones que les otorguen personería jurídica\n según lo previsto en el artículo 584 del Código\n Civil;
Que el Reglamento Orgánico Funcional del Ministerio\n de Desarrollo Urbano y Vivienda, publicado en el Registro Oficial\n 700 de 22 de mayo de 1995, dentro de las atribuciones del Ministerio,\n prevé la facultad de emitir acuerdos, resoluciones, normas\n técnicas y programas sobre materias de su competencia;
Que es necesario normar los procesos y condiciones para reconocer\n la existencia legal de organizaciones pro - vivienda y aprobar\n los estatutos sociales que las rigen para habilitar su pleno\n funcionamiento; y,
EXPEDIR LAS NORMAS GENERALES PARA LA APROBACION DE ESTATUTOS,\n RECONOCIMIENTO, INTERVENCION, DISOLUCION Y LIQUIDACION DE ORGANIZACIONES\n PRO - VIVIENDA.
PRIMERA. - AMBITO DE APLICACION. - Las normas del presente\n acuerdo, se aplican a los procesos de reconocimiento, intervención,\n disolución y liquidación de organizaciones pro\n - vivienda, que tengan las calidades de fundaciones, centros\n de investigación, institutos o asociaciones.
No se aplicará a organizaciones cooperativas que se\n rigen por las normas de la Ley de Cooperativas ni aquellas que\n por su naturaleza deban estar sometidas a las normas de la Ley\n de Compañías.
Las denominadas Organizadoras de Demanda Habitacional (ODH)\n o Entidades Técnicas (ET), que participan en el Programa\n de Apoyo al Sector Vivienda del Ministerio de Desarrollo Urbano\n y Vivienda, se regirán por las normas e instructivos generados\n para su registro e inscripción en el Sistema de Incentivos\n para Vivienda (SIV) y subsidiariamente a las normas y procedimientos\n del presente Acuerdo.
SEGUNDA - CONDICIONES Y REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO\n DE PERSONERIA JURIDICA A ORGANIZACIONES PRO - VIVIENDA - Para\n que las personas naturales o las personas jurídicas legalmente\n reconocidas puedan constituir una organización pro - vivienda\n a las que se refiere el presente acuerdo, deberán observar\n y cumplir los siguientes requisitos y condiciones generales:
1. Acreditar capacidad legal, para contratar y obligarse.
2. Asociar a un número no menor de 5 socios.
3. Adoptar un estatuto social en el que se precisen sus fines,\n objetivos, estructura administrativa, forma de designar a sus\n representantes, derechos y obligaciones de los socios, su capital\n social o patrimonio, las causales de disolución y liquidación.\n Dentro de los objetivos que persiga la organización, deberá\n hacerse constar la necesaria referencia al área del sector\n vivienda, desarrollo urbano o saneamiento ambiental.
4. La denominación que se adopte para la organización,\n no deberá ser similar o análoga a la de otras organizaciones\n ya existentes; y, no deberá ser contrario a la moral y\n buenas costumbres.
5. Se deberá acreditar suficiencia patrimonial, tanto\n en una cuenta de integración aperturada en una institución\n Financiera, o con referencia a las aportaciones de los socios.
Si una organización hubiere sido reconocida por otra\n Cartera de Estado, podrá solicitar su registro y calificación\n en el MIDUVI, cumpliendo los mismos requisitos que los exigidos\n para nuevas organizaciones.
La Dirección de Asesoría Jurídica, en\n el término de cinco días contados a partir de la\n publicación en el Registro Oficial, expedirá el\n instructivo y normas técnicas para el reconocimiento de\n organizaciones pro - vivienda. La Dirección de Asesoría\n Jurídica, llevará, bajo su responsabilidad los\n expedientes de cada organización que sea reconocida por\n el MIDUVI.
TERCERA - LAS CONDICIONES DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE\n LAS ORGANIZACIONES LEGALMENTE RECONOCIDAS - Las organizaciones\n pro - vivienda reconocidas por el Ministerio de Desarrollo Urbano\n y Vivienda, sus directivos y socios, observarán en todo\n momento las normas de la legislación ecuatoriana y de\n seguridad nacional, actuando ceñidos a la moral y buenas\n costumbres, estándoles expresamente prohibido participar\n o desviar sus objetivos para times políticos, religiosos,\n proselitistas o políticos
Los cambios o modificaciones de los estatutos sociales, deberán\n ser aprobados por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda.\n De igual manera, la inclusión o separación de los\n socios deberá ser notificada al MIDUVI en forma inmediata\n de ocurrido el hecho.
Las directivas de los socios deberán ser registradas\n en el MIDUVI para habilitar su actuación. Anualmente,\n se presentará en el MIDUVI, el Plan o Programa Operativo\n Anual y se deberá mantener la coordinación necesaria\n para su cumplimiento, a efecto de que los planes, programas y\n proyectos, sea acordes a la política del sector vivienda\n y compatibles con los objetivos y actividades programados ya\n previstos por el Ministerio, en el ámbito de su competencia.
La omisión de estas obligaciones será causal\n suficiente para la intervención de la organización\n por parte del MIDUVI, sin perjuicio de que con ello se disponga\n su disolución y liquidación.
CUARTA - DE LA INTERVENCION. - El Ministerio de Desarrollo\n Urbano y Vivienda, por intermedio de la Dirección de Asesoría\n Jurídica, de comprobar incumplimiento de las obligaciones\n que le corresponde a una organización pro - vivienda o\n por existir denuncias en su contra, promovidas o presentadas,\n en forma verbal o escrita sea por parte de los propios socios\n o por terceros afectados por la actuación de los socios,\n directivos o por quien actúe a nombre de la organización,\n intervendrá a la organización, debiendo notificarse\n a sus directivos tal decisión, por escrito y disponiendo\n se presenten las pruebas de descargo de que se crean asistidos.\n De comprobarse que la denuncia es infundada o que no existe mérito\n para la intervención, se dejará constancia en el\n expediente correspondiente; si se comprobare la ocurrencia de\n los hechos que motivan la denuncia o si se verificare manifiesto\n incumplimiento de las obligaciones que le corresponde a los socios,\n a los directivos o a la organización, se dispondrá\n su intervención hasta corregir las acciones y actuaciones\n indebidas sin perjuicio de que se continúe el proceso\n para su disolución y posterior liquidación. Queda\n facultado expresamente el Director de Asesoría Jurídica\n para designar de entre el personal a su cargo o a profesionales\n del área jurídica o de administración privados,\n para que actúen en calidad de interventores. Si se procediese\n a la designación de un interventor de Ibera del personal\n de la institución, se dispondrá que los honorarios\n que le corresponden se paguen con recursos de la organización\n intervenida, debiendo regularse el honorario por parte de la\n Dirección de Asesoría Jurídica.
De existir indicios de responsabilidad penal, la Dirección\n de Asesoría Jurídica o el Interventor en su caso,\n someterá a conocimiento de los jueces de lo Penal de la\n circunscripción territorial en la que ocurrieron los hechos,\n la correspondiente denuncia, bajo las formalidades y condiciones\n previstos en el Código Penal y Procedimiento Penal, salvo\n que el interesado agraviado, inicie la acción penal correspondiente.
QUINTA - DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION. - En los correspondientes\n estatutos sociales, deberá constar de manera clara y precisa\n las causales de disolución y liquidación de la\n organización pro - vivienda, así como el proceso\n a seguirse y el destino que se dará a su patrimonio. A\n falta de norma expresa, la Dirección de Asesoría\n Jurídica, expedirá el correspondiente instructivo\n que preveé el proceso que deberá observar el interventor\n en su caso, o el que deberá seguirse para el efecto, cuando\n la resolución sea adoptada por unanimidad por parte de\n los asociados.
En general, son causales de intervención, disolución\n y liquidación de una organización pro - vivienda,\n las siguientes:
1. Las previstas en los estatutos sociales de la organización
2. La comprobación de que las actuaciones de los socios,\n de la directiva o de la organización, son contrarias a\n las normas de la legislación ecuatoriana, de seguridad\n nacional o contrarias a la moral o buenas costumbres, o que presenten\n indicios de responsabilidad penal.
3. No cumplir con las obligaciones previstas en el presente\n Acuerdo o inobservar las que consten en los correspondientes\n instructivos y normas técnicas.
4. La resolución adoptada por el Interventor designado,\n bajo las condiciones previstas en el presente acuerdo.
PRIMERA - Para los procesos administrativos referidos a la\n ejecución de las disposiciones del presente acuerdo, la\n Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio\n de Desarrollo Urbano y Vivienda, en el término de cinco\n días, emitirá el o los instructivos que sean necesarios\n y difundirán los instructivos y más documentos\n que se requieran para su adecuada implementación.
SEGUNDA - En casos de duda respecto de la aplicación\n e interpretación de las nominas del presente acuerdo o\n de las que se refieran a los procesos de calificación,\n registro, intervención, liquidación y disolución\n de organizaciones pro - vivienda o respecto de los procesos administrativos\n que deban observarse, la Dirección de Asesoría\n Jurídica, emitirá las normas de interpretación\n o los informes que sean necesarios y se aplicaran con carácter\n obligatorio.
TERCERA - Respecto de las denominadas Organizadoras de Demanda\n Habitacional y Entidades Técnicas, la Dirección\n de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo\n Urbano y Vivienda, deberá coordinar sus acciones con la\n Unidad Coordinadora del Programa de Apoyo al Sector Vivienda\n y con la Dirección de Subsidios, en los casos en los que\n sea necesaria la intervención.
Disposición Final: El presente acuerdo entrará\n en vigencia a partir de su publicación en el Registro\n Oficial.
Dado y firmado en San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,\n a 11 de julio del 2000.
f) Valeria Jhayya, Secretaria General, (E).
Fecha: 00 - 07 - 13.
No. 00465
Que de conformidad con el Art. 8 de la Ley de Creación\n del Servicio de Rentas Internas, publicada en el Registro Oficial\n No. 206 del 2 de diciembre de 1997, el Director General del Servicio\n de Rentas Internas, expedirá, mediante resolución,\n circulares o disposiciones de carácter general y obligatorio,\n necesarias para la aplicación de las normas legales y\n reglamentarias;
Que el Art. 21 de la Ley de Régimen Tributario Interno,\n establece que la contabilidad se llevará por el sistema\n de partida doble, en idioma castellano y en moneda de curso legal,\n tomando en consideración los principios contables de general\n aceptación, para registrar el movimiento económico\n y determinar el estado de situación financiera y los resultados\n imputables al respectivo ejercicio impositivo; y,
Art. 1. - De conformidad con lo establecido en el Art. 59\n de la Ley de Régimen Tributario Interno, a partir de agosto\n 1 del año 2000 las compañías de seguros\n y reaseguros deberán declarar y pagar el impuesto al valor\n agregado sobre el valor total de las primas y adicionales, en\n el mes siguiente a aquel en el que se suscribió el respectivo\n contrato y en las fechas que, para el efecto, señala el\n Reglamento de Aplicación a la Ley de Régimen Tributario\n Interno. Este procedimiento se aplicará también\n para renovaciones, ampliaciones y cualquier otra modificación\n sobre las pólizas vigentes.
A efectos de la aplicación de este artículo,\n se entenderá que el contrato ha sido suscrito hasta en\n un plazo de 30 días calendarios contados a partir de la\n fecha de vigencia de la póliza.
Art. 2. - Hasta el 31 de diciembre del 2000, las compañías\n de seguros y reaseguros declararán y pagarán el\n IVA correspondiente a las pólizas o cualquier otro documento\n de cobro emitidos hasta el 31 de julio del 2000 en función\n de las primas cobradas. Los valores cobrados serán incluidos\n en la declaración del mes de cobro y liquidados en el\n siguiente mes, de acuerdo a los plazos establecidos para el efecto\n por el Reglamento de Aplicación de la Ley de Régimen\n Tributario Interno.
Hasta el 31 de diciembre del 2000, las compañías\n de seguros y reaseguros, obligatoriamente deben liquidar y pagar\n el IVA sobre la totalidad de las pólizas emitidas hasta\n el 31 de julio del 2000, aun cuando éstas no hayan sido\n cobradas.
Dado en Quito, a 10 de julio del 2000.
No. ST\n - 2000 - 0329
Hugo Ruiz Coral,
\n SUPERINTENDENTE DE TELECOMUNICACIONES
Que, la Superintendencia debe cumplir con lo dispuesto en\n el artículo 222, de la Constitución Política\n de la República, la Ley Especial de Telecomunicaciones;\n y, sus reglamentos, en lo atinente al control de los servicios\n de telecomunicaciones en el país;
Que, el artículo 124 de la Constitución, dispone\n que la administración pública, se organizará\n y desarrollará de manera descentralizada y desconcentrada;
Que, mediante Ley 99 - 38, del 4 de agosto de 1999, publicada\n en el Registro Oficial No. 253 del 12 de los citados mes y año,\n se expidió la Ley Reformatoria al Código Penal,\n incorporando tres incisos al artículo 422, tipificando\n como infracción, el ofrecimiento, prestación o\n comercialización de servicios de telecomunicaciones, sin\n estar legalmente facultados salvo la utilización de servicios\n de INTERNET, estableciendo la sanción de prisión\n de 2 a 5 años;
Que, mediante Resolución No. ST - 00 - 183 del 20 de\n marzo del 2000, se creó la Unidad de Inspección\n y Vigilancia de Conductas Contrarias al Régimen de Telecomunicaciones,\n dependiente directamente del Superintendente, que tiene jurisdicción\n nacional de coordinación y operativa en las provincias\n del Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Napo, Sucumbíos,\n Orellana, Esmeraldas y Galápagos;
Que, en función de las políticas de modernización\n organizacional, es necesario desconcentrar funciones y delegarlas\n conforme lo dispone el artículo 36, letra e) de la Ley\n Especial de Telecomunicaciones; y,
En ejercicio de las atribuciones previstas en los artículos\n 222 de la Constitución Política de la República;\n y, 36 letra d) de la Ley Especial de Telecomunicaciones,
Art. 1. - Delegar al Intendente General de Telecomunicaciones,\n para que suscriba todas las boletas y resoluciones, en materia\n de juzgamiento administrativo por infracciones de telecomunicaciones\n y del espectro radioeléctrico, previo informe de las direcciones\n generales de Servicios Públicos, Privados y de Difusión.
Art. 2. - Disponer que las direcciones generales de Servicios\n Privados, Servicios Públicos, Servicios de Difusión,\n y, Planificación, realicen el tratamiento estadístico\n de tales procesos, dentro del área de su competencia;\n de conformidad con las funciones establecidas en el Reglamento\n Orgánico Funcional de la SUPTEL y disposición general\n segunda de la Resolución No. ST - 2000 - 183 del 20 de\n marzo del 2000.
Art. 4. - De su ejecución encárguense los señores:\n Intendente General de Telecomunicaciones, los directores generales\n de Servicios Públicos, Servicios Privados, Servicios de\n Difusión, Asesoría Jurídica y de Planificación.
Quito, a 10 de julio del 2000.
f) Hugo Ruiz Coral, Superintendente de Telecomunicaciones.
Dr. Luis Holguin Ochoa, Secretario General.
No. 252\n - 98 - OR
Quito, 8 de febrero del 2000; las diez\n horas.
VISTOS: En el juicio penal que por lesiones a Julia Villacís\n Camacho se sigue contra Simón Alberca Colala, la sentencia\n del Tribunal Penal de Zamora Chinchipe impone al procesado la\n pena atenuada de prisión correccional de un año,\n costas, daños y perjuicios, fallo del cual recurren por\n casación el encanado y la acusadora particular. Concluido\n el trámite del recurso, que correspondió a esta\n Sala por el sorteo de ley, el estado procesal es para dictar\n sentencia y para hacerlo el Tribunal de Casación, considera:\n PRIMERA. - La validez del trámite de impugnación\n por cumplidas las exigencias y solemnidades de la ley. - SEGUNDA.\n - El procesado al fundamentar su recurso expresa en lo medular\n que el Tribunal Penal debía dictar sentencia absolutoria\n con fundamento en el artículo 326 del Código de\n Procedimiento Penal, por no existir en el proceso prueba plena\n ni semiplena ni haberse comprobado la infracción ni su\n responsabilidad en el delito. El procesado formula en su escrito\n de fundamentación el examen de testimonios con los cuales,\n a su entender, se desvanecerían los fundamentos de la\n sentencia, observando la Sala que tal fundamentación incumple\n las exigencias del artículo 377 del Código de Procedimiento\n Penal, norma vigente al tiempo de la sustanciación de\n la causa. - TERCERA. - De su lado, la acusadora particular, en\n su fundamentación así mismo apartada de los requisitos\n de la norma invocada, resume las diligencias procesales y pruebas\n que estima son de cargo del acusado sentenciado, para concluir\n en el numeral 7 de su escrito que denomina el "Marco Jurídico"\n diciendo que ha interpuesto el recurso con el único propósito\n de que se haga justicia . y que el sindicado reciba una condena\n real y proporcional al daño causado, en el que concurren\n agravantes que el Tribunal Penal no las está reconociendo,\n con el Único afán de favorecer al cobarde agresor,\n de ahí que la sentencia no debe circunscribirse al delito\n tipificado en el artículo 465, numeral 1, sino al artículo\n 465, numeral 2 por las agravantes justificadas en el proceso\n y contempladas en el artículo 450 numerales 1, 4, 6 y\n 7; y, del artículo 30 numerales 1 y 4 y articulo 37 numeral\n 4 del Código Penal". - CUARTA. - El señor\n Ministro Fiscal General Subrogante en su opinión solicitada\n por esta Sala el siete de octubre de 1998 y recibida el 15 de\n diciembre del mismo año, excediendo del plazo que establece\n el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal,\n estima que el recurso carece de fundamento y debería ser\n rechazado; y, que la impugnación de la acusadora particular,\n "por estar debidamente fundamentada procede la casación\n por la inexistencia de dos o más atenuantes para efectos\n de modificar la pena principal" aspecto sobre el cual, estima\n que el Tribunal Penal violó la ley al modificar la pena\n del sentenciado aplicando atenuantes, que si bien están\n probadas en el proceso, han sido anuladas por el propio juzgado\n en su sentencia por lo que no procedía tal atenuación\n de la pena". De esta forma, pide a la Sala casar la sentencia\n y corregir el error del inferior imponiendo al sentenciado la\n pena que le corresponde como autor responsable del delito tipificado\n y sancionado por el artículo 465, inciso primero del Código\n Penal, sin modificación o atenuación. - QUINTA.\n - La Sala de Casación observa que la denuncia, base del\n enjuiciamiento penal y la sentencia relatan que "el veinticinco\n de diciembre de 1996, aproximadamente a las nueve de la noche,\n luego de allanar el domicilio de la denunciante, grosera y repetidamente,\n Bolívar Alberca Colala la agredió salvajemente\n causándole heridas de consideración, que hasta\n la presentación de la denuncia, - 4 de marzo de 1997 -\n la mantienen en estado de imposibilidad física, lo que\n acredita con los certificados médicos conferidos por el\n Hospital Cantonal de Zumba, dando cuenta de haber sido atendida\n el día 26 de diciembre de 1996 por el área de emergencia,\n agredida en el rostro, lo cual ocasiona caída con lesiones\n que se describen en forma prolija; dándose el alta el\n día 30 de los mismos mes y año, con reingreso el\n 17 de enero de 1997, con diagnóstico hipertensivo endocranel,\n transferida luego a la ciudad de Loja el día 20 de ese\n mes para tomografía axial computarizada, lo que también\n se justifica con el certificado del médico traumatólogo\n del IESS de dicha ciudad, que obra a folio 1 del proceso, conexo\n con el informe médico legal de fojas II evidenciando "incapacidad\n física para el trabajo de 45 días a 60 aproximadamente\n de post cirugía salvo complicaciones posteriores. - SEXTA.\n - La sentencia impugnada luego de relatar la esencia de lo controvertido\n en la presente litis, en sus considerandos tercero y cuarto detalla\n las diligencias probatorias de la comprobación conforme\n a derecho de la existencia de la acción punible y de la\n responsabilidad del procesado Alberca Colala aspectos de incuestionable\n eficacia legal que enerva la pretensión absolutoria del\n recurrente condenado a prisión por su delito, y a quien\n se le reconoce en el considerando noveno del fallo, poseer malos\n antecedentes, según testimonios que quedaron en firme\n en el proceso, pese a lo cual, en flagrante contradicción\n el Tribunal Penal de Zamora Chinchipe reconoce al procesado las\n atenuantes de los numerales 6 y 7 del artículo 29 del\n Código Penal, cuestión que repugna a la esencia\n de lo que esta norma jurídica consagra en relación\n a circunstancias atenuantes, que en el presente caso, no disminuyen\n la gravedad de la infracción, ni desvanecen el grado de\n peligrosidad de su autor. Además no basta que los testigos\n del procesado invoquen en forma genérica, su "ejemplar\n conducta si en la especie no se precisa que ésta sea con\n posterioridad a la infracción (caso del numeral 6 del\n artículo 29 del Código Penal) o que la conducta\n anterior del delincuente revele claramente no tratarse de un\n individuo peligroso. (caso del numeral 7 ibídem), que\n como se ve no es aplicable para el presente caso, si en el considerando\n noveno de la sentencia recurrida el Tribunal Penal reconoce que\n Simón Bolívar Alberca Colala, tiene malos antecedentes,\n aspecto que se confirma con la revisión del testimonio\n de folios 62 que da cuenta de hechos y conductas del procesado\n "con mala reputación y problemático con la\n gente; y el de fojas 82 descartando que Alberca Colala "allanó\n el domicilio de Ruth Jaramillo Tamayo, en Zumba, en horas de\n la noche arañándole la cara"; que es de pésima\n conducta y no enmienda sus errores, como es el de allanar domicilio\n de mujeres", aspectos que connotan conducta nada ejemplar\n e impiden aplicar el numeral 7 del artículo 29 del Código\n Penal; y, si para el caso, no hay constancia procesal que amerita\n aplicar el numeral 6 ibídem, hay error de derecho en la\n sentencia al contravenir expresamente al texto del artículo\n 29, numerales 6 y 7. - SEPTIMA. - Invocadas por la recurrente\n las agravantes del numeral 1 del artículo 30 del Código\n Penal en relación con los numerales 1, 4 y 6 del artículo\n 450 ibídem, este Tribunal, aplicando las reglas valorativas\n de la prueba, no encuentra evidencias justificativas en el proceso\n para admitirlas. - OCTAVA. - El régimen de casación\n penal es de naturaleza constitucional para corregir la infracción\n en la sentencia y las salas especializadas de lo Penal de la\n Corte Suprema que tramitan tales recursos, actuando al amparo\n del artículo 200 de la Constitución Política\n y las normas del Código de Procedimiento Penal, tienen\n el deber de hacer tal corrección en la sentencia, como\n ocurre en el presente caso, sancionando el delito como ordena\n la ley; eliminando en el presente caso el beneficio de atenuantes\n por no corresponder en derecho al procesado, como expresamente\n también reconoce en su dictamen el señor Ministro\n Fiscal General Subrogante, quien pide a este Tribunal casar la\n sentencia por la cual recurren el procesado y la acusadora particular,\n para que Alberto Colala, sea sancionado con la pena del artículo\n 465, inciso primero del Código Penal, aspecto que esta\n Sala comparte porque dimana de la sentencia examinada y de las\n constancias procesales con el efecto de la casación, con\n su excepcional jerarquía para el imperio irrestricto de\n la ley en la sentencia. - NOVENA. - La Sala remarca el hecho\n especial de que Simón Alberca Colala, no es el único\n recurrente pidiendo absolución sino que la agraviada Julia\n Villacís Camacho ejerce así mismo, su derecho constitucional\n para que se rectifique el error jurídico antes precisado.\n De esta forma, no tiene asidero en este trámite el principio\n de la "reformatío en pejus" porque la garantía\n constitucional de casación es un derecho de las panes\n procesales sin excepción, ni restricción tutelando\n la vigencia plenaria de la ley en la sentencia, aspecto que armoniza\n con las garantías constitucionales de igualdad de las\n personas ante la ley y su derecho de defensa, que los tribunales\n de justicia están obligados a preservar para su efectiva\n vigencia. Por las consideraciones que preceden, ADMINISTRANDO\n JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY,\n este Tribunal al amparo del artículo 382 del Código\n de Procedimiento Penal, casa la violación legal en la\n sentencia recurrida por Julia Villacís Camacho y enmendándola,\n declara que Simón Alberca Colala cuyos datos individualizantes\n constan de autos es autor responsable de la infracción\n tipificada y sancionada por el artículo 465 inciso primero\n del Código Penal bajo cuyo mandato le impone la pena de\n 18 meses de prisión correccional y multa de trescientos\n sucres, con costas, daños y perjuicios, debiendo cumplir\n la condena en el Centro de Rehabilitación Social de Loja.\n La Sala en consecuencia, declara improcedente el recurso del\n procesado. Notifíquese y devuélvase el proceso\n al Tribunal Penal de origen para el cumplimiento de esta sentencia.
f) Dr. Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado Presidente.
f) Dr. Carlos Riofrio Corral, Magistrado (VS.).
VOTO SALVADO DEL DOCTOR CARLOS X. RIOFRIO CORRAL
Quito, 8 de febrero del 2000; las diez horas.
VISTOS: La parte final del numeral 13 del artículo\n 24 de la Constitución Política preceptúa\n como garantía básica para asegurar el debido proceso,\n que: "Al resolver la impugnación de una sanción,\n no se podrá empeorar la situación del recurrente".\n - En la presente causa el procesado Bolívar Alberca Colala\n es recurrente. - Como el fallo de mayoría eleva de 1 (un)\n año a 18 (dieciocho) meses la pena de prisión correccional\n que el Tribunal Penal impuso al recurrente empeorando su situación,\n me apano del fallo de mayoría y salvo mi voto. - Por los\n razonamientos expuestos en dicho fallo estimo improcedente el\n recurso interpuesto por el procesado Bolívar Alberca Colala\n y por lo dispuesto en la referida norma constitucional, considero\n también improcedente el recurso de la acusadora particular\n Julia Villacís Camacho; por lo que con arreglo al artículo\n 358, norma vigente por lo que ordena el inciso segundo de la\n disposición final del nuevo Código de Procedimiento\n Penal, promulgado en el Suplemento del Registro Oficial número\n 360 de 13 de enero del presente año, ADMINISTRANDO JUSTICIA\n EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declaro\n improcedentes los recursos de casación interpuestos en\n la presente causa. - Devuélvase el proceso al inferior\n para que haga ejecutar su sentencia. - Notifíquese.-
f) Doctor Carlos X. Riofrío Corral, Magistrado.
f) Doctor Gonzalo Zambrano Palacios, Magistrado Presidente.
Quito, 15 de marzo del 2000; las diecisiete horas.
VISTOS: En la sentencia expedida por esta Sala se casa la\n violación legal recurrida por la acusadora particular\n y enmendándola declaró que el sindicado es responsable\n de la infracción tipificada y sancionada en el artículo\n 465 inciso primero del Código Penal; al mismo tiempo,\n la Sala declaró improcedente el recurso interpuesto por\n el procesado. En la sentencia existe un extenso análisis\n cuya claridad no amerita ampliación alguna y menos aclaración\n que devienen improcedentes y por lo mismo se las niega. Se amonesta\n al doctor Edwin Vizcarra Espinoza por falta de respeto a la Sala\n que no comparte el criterio relativo a la "Reformatio in\n pejus", que solo es aplicable cuando el procesado es el\n único recurrente, cuestión que no es el caso en\n el presente enjuiciamiento, en el cual es también recurrente\n la acusadora particular con igualdad de derechos constitucionales\n ante la ley para ejercer su defensa, deduciendo también\n el recurso de casación que no puede la ley cohonestarle\n a ninguna de las panes procesales, incluyendo al Ministerio Público.\n Por lo expuesto devuélvase el proceso al inferior para\n el cumplimiento y la ejecución de la sentencia. - Notifíquese\n y cúmplase.
f) Dr. Carlos X. Riofrío Corral, Magistrado, (V.S.).
f) Dr. Hernán Donoso Velasco, Magistrado.
VOTO SALVADO DEL SEÑOR DOCTOR CARLOS X. RIOFRIO CORRAL\n MAGISTRADO DE LA PRIMERA SALA DE LO PENAL
Quito, 15 de marzo del 2000, las diecisiete horas.
VISTOS: Como el recurrente solícita ampliar y aclarar\n la sentencia de mayoría en nada tengo que pronunciarme,\n ya que salvé mi voto precisamente sustentándome\n en lo dispuesto por el numeral 13 del Art. 24 de la Constitución\n Política que, como garantía básica para\n asegurar el debido proceso, preceptúa: "al resolver\n la impugnación de una sanción no se podrá\n empeorar la situación del recurrente". - Notifíquese.
f) Dr. Eduardo Brito Mieles, Magistrado Juez.
f) Dr. Carlos Riofrío Corral, Magistrado Juez.
f.) Dr. Hernán Donoso Velasco, Magistrado Conjuez.
f) Secretario Relator,
En Quito, hoy jueves, veintitrés de marzo del dos mil,\n a las diecisiete horas notifico con el auto y voto salvado que\n anteceden a la Sra. Ministra Fiscal General por boleta dejada\n en el casillero No. 1207, a Simón Alberca Colala le notifico\n en el casillero No. 699, a Julia Villacís le notifico\n en el casillero No. 1437. - Certifico.
Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo
Quito, 5 de julio del 2000.
Secretario R
No. 308\n - 98 - MS
Quito, 18 de mayo del 2000; las 11h30.
VISTOS: Damacio Caiza Vega interpone recurso de casación\n de la sentencia condenatoria dictada en su contra por el Tribunal\n Penal de Cotopaxi con sede en Latacunga, por el delito de asesinato\n tipificado y sancionado en el artículo 450, circunstancias\n 1, 4, 5, 6 del Código Penal, y le impone la pena de catorce\n años de reclusión mayor extraordinaria. Habiendo\n concluido el trámite, para resolverlo se considera PRIMERO.\n - Este Tribunal Supremo de Casación tiene jurisdicción\n y competencia para decidir la impugnación de conformidad\n con las normas de la Constitución Política de la\n República y del Código de Procedimiento Penal,\n en armonía con la regla vigésima del artículo\n 7 del Código Civil, cuyas disposiciones han sido aplicadas\n en la sustanciación del recurso, sin que exista nulidad\n que declarar. - SEGUNDO. - En el extenso escrito de fundamentación\n del recurso el procesado alega violaciones de la Constitución\n y la ley en las actuaciones referentes a su detención\n y posterior prisión preventiva y en las diligencias preprocesales\n de investigación policial, cuestiones respecto de las\n cuales no cabe el recurso de casación, cuyo objetivo es\n enmendar los errores de derecho existentes en la sentencia, más\n no las violaciones de la ley cometidas en la tramitación\n del juicio que dan lugar al recurso de nulidad siempre que hubieren\n influido en la decisión de la causa; ni las arbitrariedades\n o ilegalidades en la privación de la libertad por detención\n provisional antes de la iniciación del juicio, o por orden\n de prisión preventiva dictada por el Juez en la etapa\n del sumario, impugnables mediante los recursos de amparo de la\n libertad preceptuados en la Constitución y en la ley,\n pero no mediante casación. - Refiriéndose a la\n sentencia analiza las pruebas en base a las que el Tribunal Penal\n de Cotopaxi declaró comprobada la responsabilidad del\n procesado - por haber prendido un fósforo en el cuerpo\n de Ramiro Mejía rociado previamente de combustible y quien\n antes había sido disparado con arma de fuego cuyo proyectil\n le perforó el corazón y el pulmón habiéndose\n producido, por acción del fuego en el cuerpo de la víctima,\n las quemaduras de cuarto grado detalladas en el protocolo de\n autopsia, que fueron causa concomitante de su muerte. - El recurrente\n analiza las pruebas del proceso para sustentar su tesis de que\n con ellas no podía llegarse a la certeza de su culpabilidad,\n y que por tanto, se violó la ley, al condenárselo\n por asesinato según lo tipificado en el artículo\n 450, numerales 1, 4, 5, 6 del Código Penal con la imposición\n de la pena de catorce años de reclusión, concluyendo\n que la muerte de Ramiro Mejía Mejía se produjo\n por una agresión en tumulto en la que él no participó\n y porque las declaraciones en las que se sustenta el juzgador\n provienen de personas no idóneas por su parentesco con\n la víctima. En definitiva, lo que el recurrente pretende\n es la revalorización de la prueba ya examinada por el\n Tribunal Penal de acuerdo a las reglas de la sana crítica,\n que facultan al juzgador apreciarlas sin las rigurosidades y\n requisitos que la ley procesal establece para la actuación\n de pruebas en los juicios civiles, como por ejemplo el número\n y calidad de los testigos, cuyas declaraciones, por mandato de\n la ley procesal penal, pueden ser aceptadas según el libre\n y racional criterio del Juez Penal, salvo cuando se trata de\n testimonios de coacusados o de parientes del imputado (no de\n parientes de la víctima), que no pueden ser considerados\n por expreso mandato del artículo 108 del Código\n de Procedimiento Penal. - TERCERO. - La doctrina y la jurisprudencia\n son coincidentes en sostener que la valoración de la prueba\n es una facultad exclusiva del Tribunal Penal. Además,\n esta Sala en reiterados fallos se ha pronunciado que solo en\n casos excepcionales de duda en la aplicación de las reglas\n valorativas de la prueba procede un nuevo análisis de\n las mismas para determinar con certeza si el juzgador en su sentencia\n ha interpretado y aplicado correctamente las disposiciones legales\n en relación con los hechos admitidos por el juzgador como\n ciertos, en razón del valor dado a las pruebas aportadas.\n En el presente caso, el examen de la sentencia demuestra que\n el Tribunal Penal obró, sin violar la ley, aplicando la\n recta razón en el análisis de tales recaudos probatorios.\n - CUARTO. - El señor Ministro Fiscal General en su dictamen\n de fojas 15 a 17 del cuaderno de casación, entre otras\n consideraciones expresa "del acervo probatorio que analiza\n el fallo consta que existe a más del parte policial informativo\n prueba testimonial abundante"... "que deviene de aquellos\n que estuvieron cerca del lugar de los hechos y que vieron cómo\n se dio el desenlace fatal "existiendo además la identificación\n plena de que el recurrente fue quien prendió el fósforo\n para que se incinerara el cuerpo de Mejía Mejía\n ,en un acto "brutal" que dio como consecuencia según\n el acta de autopsia, quemaduras hasta 4to. grado, que fueron\n concomitantes con el hecho cierto, de causar la muerte"...\n "l)e la sentencia se establece que el Tribunal llega a la\n certeza de que el sentenciado fue autor del delito de asesinato,\n que tipifica el articulo 450 del Código Penal, con las\n circunstancias constitutivas 1,4, 5 y 6 sin que dicha calificación\n y la parte resolutiva del fallo haya violado la ley"; y\n concluye así: "Es mi criterio que el Tribunal Penal\n de Cotopaxi, no ha violado la ley en la sentencia, en ninguno\n de los presupuestos establecidos en el Art. 373 del Código\n de Procedimiento Penal, por lo que procede que la Sala de lo\n Penal de la Corte Suprema de Justicia, rechace el recurso presentado\n por improcedente". - Por lo expuesto, como no cabe en el\n presente caso reexaminar la prueba analizada por el Tribunal\n Penal, en base a la cual, el Tribunal ha llegado a la certeza\n de que la muerte de Ramiro Mejía Mejía no se produjo\n por agresión en tumulto, en la que no se haya podido determinar\n quien fue el autor, sino que por el contrario, se ha demostrado\n que el procesado prendió el fuego que quemó a la\n víctima, cuando aún vivía, pese al disparo\n de anua del fuego, - cuyo proyectil le impacto, esta Primera\n Sala de Casación Penal coincidiendo con el criterio del\n señor Ministro Fiscal General, estima improcedente el\n recurso de casación deducido por Damacio Caiza Vega, por\n lo que de conformidad con lo que manda el vigente articulo 358\n del Código de Procedimiento Penal, publicado en el Suplemento\n del Registro Oficial número 360 de 13 de enero del año\n en curso, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y\n POR AUTORIDAD DE LA LEY, asilo declara. - Devuélvase el\n proceso al Tribunal Penal de origen para que haga ajustar esta\n sentencia. - Notifíquese.
En esta fecha, a las dieciséis horas con diez minutos,\n mediante boletas notifico con la copia de la nota en relación\n y sentencia que anteceden, a la señora Ministra Fiscal\n General en el casillero No. 1207; y, a Damacio Caiza Vega en\n el casillero No. 1405. - Quito, 18 de mayo del 2000.