Source: http://www.saladeprensa.org/art192.htm
Timestamp: 2019-01-19 19:25:34
Document Index: 302252669

Matched Legal Cases: ['artículo 111', 'artículo 111', 'artículo 1089', 'artículo 1', 'artículo 19', 'artículo 43', 'artículo 156']

Libertad de prensa y orden jurídico en Argentina
Carlos A. Sortino *
El encuadre constitucional
Calumnias e injurias. El Código Penal
Calumnias e injurias. El Código Civil
El ABC de la noticia inocua
La conveniencia práctica de conocer -y comprender- el razonamiento jurídico dominante -que no es tan críptico ni reaccionario como se presume, al menos en materia de libertad de prensa- nos evitará caer en las garras de los sospechosos que podamos identificar en nuestras investigaciones, que siempre cuentan con abogados expertos en el arte de convertir al victimario en víctima y viceversa.
Por otra parte, ese razonamiento no tiene, en Argentina, mayores discrepancias con lo que, desde el campo académico, habitualmente concebimos como "periodismo bien hecho": no sólo decir la verdad, sino, fundamentalmente, demostrarla.
En la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación es donde se manifiestan sus ejes constitutivos:
El derecho de prensa radica en el reconocimiento de que todos los hombres gozan de la facultad de publicar sus ideas por la prensa sin el previo contralor de la autoridad, pero no de la subsiguiente impunidad de quien utiliza la prensa como un medio para cometer delitos y causar daños por culpa o negligencia. La Constitución Nacional no asegura la impunidad de la prensa. Una vez efectuada la publicación, su contenido queda sometido a la ley y al control de los jueces (del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 11 de diciembre de 1984 por la causa Ponzetti de Balbín c. Editorial Atlántida).
Con relación a la información objetiva y verídica, corresponde destacar las dificultades que ofrece a la teoría del conocimiento la posibilidad de llegar a la realidad de las cosas. De ahí que si la información deseable sea la objetiva, la posible es la información que tiende a esa verdad objetiva. Esta limitación subyace como herencia de la condición humana que la formula. Y marca, con el signo del acierto o del error, la distancia que siempre existe entre el hecho y su relato. No se trata de la verdad absoluta, sino de buscar leal y honradamente lo verdadero, lo cierto, lo más imparcialmente posible y de buena fe (del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 19 de noviembre de 1991 por la causa Vago, J. A. c/ Ediciones de la Urraca).
No toda conducta considerada como deshonrante o desacreditante es tal, pues la ofensa deberá analizarse dentro de los valores relativos tenidos en cuenta para una comunidad dada, en circunstancias de tiempo, modo, lugar y personas a las que son dirigidas, dentro del contexto general en que se dan, pues palabras o frases que para una persona o en determinado lugar o tiempo histórico resultan injuriosas, en otros no lo son (del voto del juez Adolfo Roberto Vázquez, en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 12 de noviembre de 1996 por la causa Giadone, D. A. c/ Morales Solá, Joaquín).
2. El encuadre constitucional
Las siguientes son las referencias de la Constitución Nacional más relevantes en materia de libertad de prensa:
Art. 14: "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender".
Art. 32: "El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella jurisdicción federal".
La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un tratado internacional incorporado a la Constitución Nacional en 1994 y contiene estas disposiciones relacionadas con la libertad de prensa:
Art. 14. Derecho de Rectificación o Respuesta
3. Calumnias e injurias. El Código Penal
Los delitos de calumnias e injurias cometidos por medio de la prensa están tipificados en el Código Penal. Son delitos de acción pública pero de instancia privada y su fundamento es la protección jurídica del honor de las personas.
El principio general en la legislación argentina es que los delitos sean de acción pública, esto es, perseguibles de oficio por el Estado, aun cuando no exista interés de los particulares víctimas. Pero dentro de los delitos de acción pública, existen aquellos que dependen de instancia privada. El proceso por estos delitos -calumnias e injurias entre ellos- sólo puede iniciarse cuando el agraviado presenta su demanda en sede judicial.
Así los define el Código Penal:
Art. 109: La calumnia o falsa imputación de un delito que dé lugar a la acción pública, será reprimida con prisión de uno a tres años.
Art. 110: El que deshonrare o desacreditare a otro, será reprimido con multa de pesos argentinos mil a pesos argentinos cien mil o prisión de un mes a un año.
La calumnia consiste en acusar falsamente a una persona, por cualquier medio, de haber cometido un delito de acción pública. A su vez, esta conducta puede ser clasificada como contumelia (cuando la acusación se hace en presencia del acusado) o difamación (cuando la acusación se hace en su ausencia). Pero la imputación debe reunir todas las características del tipo penal. Decir de alguien, genéricamente, que es "un ladrón", no constituirá calumnia sino injuria, porque tendrá potencialidad ofensiva para el honor. Para que sea calumnia, debe describirse pormenorizadamente la conducta del acusado y el objeto de su delito.
En tanto, la injuria podrá acreditarse a través de la conducta de deshonrar, que remite al honor subjetivo (la propia estima que cada uno de nosotros tiene de sí mismo, el aprecio de la propia dignidad, la autoestima), o la conducta de desacreditar, que remite al honor objetivo (la fama de que goza cada uno ante los demás, su reputación, el concepto que tiene entre los demás). Si decimos de alguien que es "un ladrón" y no describimos su conducta para que, en caso de ser una acusación falsa, integre el concepto de calumnia, entonces, lo estaremos desacreditando. Si decimos de una persona que es "un idiota" o un "hijo de puta", lo estaremos deshonrando.
Los artículos que siguen completan la descripción de estos tipos penales:
Art. 111: El acusado de injurias sólo podrá probar la verdad de la imputación en los casos siguientes:
1.- Si la imputación hubiere tenido por objeto defender o garantizar un interés público actual;
2.- Si el hecho atribuido a la persona ofendida, hubiere dado lugar a un proceso penal;
3.- Si el querellante pidiere la prueba de la imputación dirigida contra él.
Art. 112: El reo de calumnia o injuria equívoca o encubierta que rehusare dar en juicio explicaciones satisfactorias sobre ella, sufrirá del mínimo a la mitad de la pena correspondiente a la calumnia o injuria manifiesta.
Art. 113: El que publicare o reprodujere, por cualquier medio, injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate.
Art. 114: Cuando la injuria o calumnia se hubiere propagado por medio de la prensa, en la capital y territorios nacionales, sus autores quedarán sometidos a las sanciones del presente código y el juez o tribunal ordenará, si lo pidiere el ofendido, que los editores inserten en los respectivos impresos o periódicos, a costa del culpable, la sentencia o satisfacción.
Art. 115: Las injurias proferidas por los litigantes, apoderados o defensores, en los escritos, discursos o informes producidos ante los tribunales y no dados a publicidad, quedarán sujetas únicamente a las correcciones disciplinarias correspondientes.
Art. 116: Cuando las injurias fuesen recíprocas, el tribunal podrá, según las circunstancias, declarar exentas de pena a las dos partes o a alguna de ellas.
Art. 117: El culpable de injuria o calumnia contra un particular o asociación, quedará exento de pena, si se retractare públicamente, antes de contestar la querella o en el acto de hacerlo.
En estos momentos, el Congreso de la Nación estudia la supresión de estos delitos del Código Penal, a través del reemplazo de los artículos 111 y 113, por lo que, de convertirse en ley este proyecto, se acabarán las querellas criminales impulsadas contra periodistas. La nueva redacción propuesta es la que sigue:
Art. 111: No será punible la difusión por cualquier medio, de informaciones o juicios de valor que versaren sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, personalidades públicas o a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. Se entiende por juicio de valor también las expresiones humorísticas.
Art. 113: El que a sabiendas de su carácter injurioso o calumnioso reprodujere por cualquier medio injurias o calumnias inferidas por otro, será reprimido como autor de las injurias o calumnias de que se trate, salvo que se dieren las circunstancias del artículo 111. No serán punibles quienes reproduzcan fielmente informaciones o juicios de valor sobre hechos de interés público ya vertidas por otros medios de difusión o por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, o por un particular. No serán punibles a título de los artículos 109 y 110 las manifestaciones críticas formuladas en público por cualquier persona, siempre que dichas manifestaciones tengan las demás características enunciadas en el artículo 111 del Código Penal.
4. Calumnias e injurias. El Código Civil
El Código Civil también protege el honor de las personas. En este caso, la demanda apunta a una indemnización por los daños y perjuicios causados, en caso de que la calumnia o la injuria hayan sido acreditadas previamente, con sentencia firme, en los tribunales. Pero este tipo de demandas puede también iniciarse sin haber presentado el ofendido una querella criminal.
Este es su articulado:
Art. 1089: Si el delito fuere de calumnia o de injuria de cualquier especie, el ofendido sólo tendrá derecho a exigir una indemnización pecuniaria, si probase que por la calumnia o injuria le resultó algún daño efectivo o cesación de ganancia apreciable en dinero, siempre que el delincuente no probare la verdad de la imputación.
Art. 1090: Si el delito fuere de acusación calumniosa, el delincuente además de la indemnización del artículo anterior, pagará al ofendido todo lo que hubiese gastado en su defensa, y todas las ganancias que dejó de tener por motivo de la acusación calumniosa, sin perjuicio de las multas o penas que el derecho criminal estableciere, tanto sobre el delito de este artículo, como sobre los demás de este capítulo.
Art. 1096: La indemnización del daño causado por delito, sólo puede ser demandada por acción civil independiente de la acción criminal.
Art. 1099: Si se tratare de delitos que no hubiesen causado sino agravio moral, como las injurias o la difamación, la acción civil no pasa a los herederos y sucesores universales, sino cuando hubiese sido entablada por el difunto.
El proyecto que estudia el Senado de la Nación, citado líneas arriba, incluye también drásticas modificaciones al actual Código Civil. Se propone incorporar los siguientes párrafos a su artículo 1089, en consonancia con los cambios que se pretenden introducir en el Código Penal:
- "Estará exenta de responsabilidad civil la formulación o difusión de informaciones veraces sobre hechos de interés público referidas a funcionarios, figuras públicas o particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público.
- "La difusión por cualquier medio de información inexacta sobre hechos de interés público que pueda afectar el honor de las personas estará exenta de responsabilidad si se refiere a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público. La responsabilidad civil, en tales supuestos, se dará si el afectado por las informaciones prueba la falsedad de las mismas y el dolo o culpa grave del autor. Sólo se entenderán reunidos esos extremos cuando quien se sintiere agraviado demostrare la falsedad de los hechos, la real malicia con que fueron difundidos pese al conocimiento de esa falsedad por el autor o su temerario desinterés por la verdad.
- "La formulación o difusión por cualquier medio, de juicios de valor referidos a funcionarios o figuras públicas y a particulares, cuando estos últimos se hayan involucrado voluntariamente en cuestiones de relevante interés público, estará exenta de responsabilidad civil. Se entiende por juicios de valor también las expresiones humorísticas.
- "Quedará excluida la responsabilidad civil de quienes, en los casos de los párrafos segundo, tercero y cuarto se limiten a la reproducción fiel de información ya vertida por otros medios de difusión o por autoridades públicas o entidades intermedias de cualquier índole, y aún por particulares, si se consigna la fuente. Si esta se mantuviese en reserva, se aplicarán las disposiciones de los párrafos segundo, tercero y cuarto de este artículo."
5. La doctrina de la real malicia
Estos proyectos que se estudian en el Congreso se deben a la obligación que tiene Argentina de cumplir con los tratados internacionales. Así como en 1993 el delito de desacato fue derogado por el Congreso a partir de una solución amistosa propuesta por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, luego de una demanda planteada por el periodista Horacio Verbitsky contra el Estado argentino, los mismos protagonistas llegaron a idéntico acuerdo para despenalizar los delitos de calumnias e injurias y acotar las demandas civiles a los casos en que el agraviado pruebe:
que la información es falsa;
que quien la difundió conocía la falsedad de la noticia o que actuó con absoluto desprecio por su veracidad.
Estos son los principios básicos de la doctrina de la "real malicia", que, promovida por la Suprema Corte de Justicia de EE. UU., fue adoptada plenamente por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en su fallo del 12 de noviembre de 1996 -en el que absolvió al periodista Joaquín Morales Solá del delito de injurias por el que lo había querellado Dante Ariel Giadone, tras la publicación del libro "Asalto a la ilusión"- y es definida con claridad en el voto del ministro Antonio Boggiano. Dice así:
Esta Corte adoptó el standard jurisprudencial creado por la Suprema Corte de los Estados Unidos en el caso New York Times vs. Sullivan (376 U.S. 255; 1964), que se ha dado en llamar la doctrina de la real malicia y cuyo objetivo es procurar un equilibrio razonable entre la función de la prensa y los derechos individuales que hubieran sido afectados por comentarios lesivos a funcionarios públicos, figuras públicas y aun particulares que hubieran intervenido en cuestiones de interés público, objeto de la información o de la crónica. Esa doctrina se resume en la exculpación de los periodistas acusados criminalmente o procesados civilmente por daños y perjuicios causados por informaciones falsas, poniendo a cargo de los querellantes o demandantes la prueba de que las informaciones falsas lo fueron con conocimiento de que lo eran o con imprudente y notoria despreocupación sobre su veracidad. El derecho de prensa no ampara los agravios, la injuria, la calumnia, la difamación. No protege la falsedad ni la mentira, ni la inexactitud cuando es fruto de la total y absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información. Ampara, sí, a la prensa, cuando la información se refiere a cuestiones públicas, a funcionarios, figuras públicas o particulares involucradas en ella, aun si la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, en cuyo caso los que se consideran afectados deben demostrar que el periodista conocía la falsedad de la noticia y obró con real malicia con el propósito de injuriar o calumniar.
6. El ABC de la noticia inocua
Años antes de tomar como propia la doctrina de la real malicia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estructuró, a través del caso "Campillay", cómo deben escribirse las noticias para no ser punibles. La causa se inició a raíz de un comunicado de la Policía Federal que imputaba a Julio Campillay, un ex agente de esa fuerza de seguridad, de diversos delitos. Tres diarios "Clarín", "La Razón" y "Diario Popular"- publicaron casi textualmente ese comunicado, sin atribución de fuente. La demanda concluyó en una sentencia condenatoria para los medios.
El concepto central de aquella sentencia, pronunciada el 15 de mayo de 1986:
Las noticias en cuestión aparecen plagadas de subjetividades e inexactitudes respecto del actor, quien es calificado como integrante de una asociación delictiva dedicada al robo y al tráfico de estupefacientes, que gastaba su botín en casinos, hipódromos y en diversiones con mujeres. Tal proceder de los diarios demandados implicó un ejercicio imprudente de su derecho de informar, toda vez que un enfoque adecuado a la seriedad que debe privar en la misión de difundir noticias que puedan rozar la reputación de las personas -admitida aún la imposibilidad práctica de verificar su exactitud- impone propalar la información: a) atribuyendo directamente su contenido a la fuente pertinente, b) utilizando un tiempo de verbo potencial o c) dejando en reserva la identidad de los implicados en el hecho ilícito.
7. El derecho de réplica
En el orden nacional no existe legislación que establezca el derecho de réplica, rectificación o respuesta. Sin embargo, en el caso Ekmekdjian c/ Sofovich, el 7 de julio de 1992, la Corte Suprema de Justicia acogió, en un fallo dividido, el derecho de réplica previsto en el Art. 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), fundando su decisión en la jurisprudencia marcada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 29 de agosto de 1986, cuando, a solicitud del gobierno de Costa Rica, emitió su Opinión Consultiva en la materia:
El hecho de que los Estados Partes puedan fijar las condiciones del ejercicio del derecho de rectificación o respuesta no impide la exigibilidad, conforme al derecho internacional, de las obligaciones que aquéllos han contraído según el artículo 1.1, que establece el compromiso de los propios Estados Partes de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la Convención y de "garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción...". En consecuencia, si por cualquier circunstancia el derecho de rectificación o respuesta no pudiera ser ejercido por "toda persona" sujeta a la jurisdicción de un Estado Parte, ello constituiría una violación de la Convención, susceptible de ser denunciada ante los órganos de protección por ella previstos.
El 16 de abril de 1998 la Corte Suprema de Justicia, en el caso Petric Domagoj, Antonio c. diario Página/12 nuevamente invocó el derecho de réplica con base en el Pacto de San José, dando aplicación a esta figura por cuarta vez en Argentina.
Algunos conceptos de ese fallo:
El derecho de rectificación, además de su primordial virtualidad de defensa de los derechos e intereses del rectificante, supone un complemento a la garantía de la opinión pública libre, ya que el acceso a una versión diferente de los hechos publicados favorece más que perjudica el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad que aquel derecho fundamental protege .
Publicar una respuesta no conlleva, para el órgano, retractación alguna, ni rectificación, ni implícito reconocimiento de la inexactitud de la información que difundió, pues la contestación no consagra vencedores ni derrotados, y si los hubiera, el veredicto provendría del público en general. Por ello, la procedencia de la respuesta no exige la producción de un perjuicio cierto, sino que es suficiente que la información posea un potencial dañoso que pudiera llegar a lesionar un interés jurídicamente protegido.
El derecho de propiedad, garantizado por el art. 17 de la Constitución Nacional, no es absoluto, lo que implica que ni siquiera una protección en grado máximo podría ir al punto de dejar desprotegido al perjudicado por una noticia agraviante o inexacta, sin oportunidad de una defensa por el mismo medio que injustamente lo agredió. Negar la oportunidad al afectado para que ejerza su réplica, bajo la excusa de la propiedad del medio periodístico y de que sólo sus dueños son jueces del uso, implica negar a dicha propiedad el fin social que le es innegablemente propio, haciendo prevalecer una posición dominante en la generación del fenómeno informativo, que lejos está de constituir un ejercicio regular.
8. El derecho a la intimidad
La intimidad o privacidad de las personas está protegida por la Constitución Nacional en su artículo 19, que dice:
- "Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe."
Entre las leyes secundarias, el Código Civil incluye este derecho como uno de los supuestos en que hay que indemnizar daños causados a terceros:
Art. 1071 bis: El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente para una adecuada reparación.
Es conocida la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que habitualmente se toma como paradigma del derecho a la intimidad, pronunciada el 10 de diciembre de 1984 en el caso Ponzetti de Balbín c/ Editorial Atlántida, a raíz de la publicación en tapa de la revista "Gente" de la foto de Ricardo Balbín agonizando en la sala de terapia intensiva. La foto fue obtenida sin autorización y no en una ocasión pública, por lo que la editorial fue condenada y tuvo que indemnizar a la esposa del político. En ese fallo, la Corte definió de este modo el derecho a la intimidad:
El derecho a la privacidad comprende no sólo a la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual o física de las personas, tales como la integridad corporal o la imagen, y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello, y sólo por ley podrá justificarse la intromisión y siempre que medie un interés superior en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen.
El derecho a la intimidad o privacidad, sin embargo, sigue suscitando polémicas y conflictos jurídicos. Uno de ellos, especialmente interesante para quienes se dedican al Periodismo de Investigación, es el que deberá resolver próximamente la Corte, originado en una publicación de la revista "Noticias" en la que se difundieron datos sobre la vida y las relaciones familiares del ex presidente Carlos Menem, incluída la supuesta filiación extramatrimonial de un hijo suyo.
En el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, sala H, del 11 de marzo de 1998 por esta causa, que condenó a Editorial Perfil, se pueden conocer las dos corrientes de razonamiento jurídico en pugna. El voto de la mayoría dice:
La preservación de la intimidad de una persona pública sólo puede ceder ante el derecho a la información cuando lo difundido afecta, por su objeto o por su valor, al ámbito de lo público. Así, la difusión de datos sobre aquella se justifica si atiende un interés público. Sin embargo, no todo lo que interesa al público, o por lo que se siente curiosidad, puede ser catalogado como de interés público. En efecto, la vida afectiva o familiar de un funcionario público, en tanto no se vincule con aspectos de su actividad, está al margen de la curiosidad de terceros y por tanto debe ser protegida por el ordenamiento jurídico.
El voto de la minoría:
El control de la información relativa a aspectos relacionados con la conducta y el obrar pasado o presente del primer mandatario, sean de índole privada o relativas a la gestión presidencial, tiene fuertes implicancias de orden jurídico e institucional, pues cuando la noticia versa sobre materias que contribuyen a la formación de una opinión pública libre, como fundamento del proceso democrático, su cercenamiento iría en contra del derecho del ciudadano a estar informado así como de la salvaguarda del sistema político que es su función garantizar. Ello así, pues la vida y la conducta moral de quien conduce la Nación constituye materia de interés general. Su intimidad y conducta exterior, si bien son teóricamente discriminables, se confunden en la comprensión integral de aquel. Así, la dimensión humana que se identifica con su accionar exterior en su relación con los terceros se nutre y se recrea a partir de la intensidad de su vida íntima. En consecuencia, no resulta arbitraria la divulgación de datos de su vida privada si es legítimo su fin, pues permite al ciudadano emitir un juicio respecto de la conducta personal de aquel.
9. La reserva de la fuente
La Constitución Nacional se refiere al derecho del periodista de mantener en reserva sus fuentes de información al instituir el habeas data en su artículo 43. Dice el tercer párrafo:
- "Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística."
El Congreso no ha legislado aún sobre este derecho constitucional. La jurisprudencia no es abundante ni firme y no cuenta con resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El hecho de estar integrada esta garantía al recurso de habeas data podría suponer una interpretación jurídica restringida exclusivamente a ese ámbito, como ya sucedió en un caso que resolvió la Cámara Federal de San Martín: el fiscal entendía que la reserva de la fuente sólo correspondía frente a un recurso de habeas data, pero los jueces interpretaron esa garantía para todos los supuestos en que se ponga en juego. Ese fallo del 2 de mayo de 1996 podría señalarse como "leading case", pero no sólo sobre la interpretación restringida o amplia de esa garantía, sino también sobre el respeto de las llamadas "fuentes reservadas".
Periodistas del programa televisivo "Edición Plus" invocaron el art. 43 de la Constitución Nacional cuando el fiscal los citó para que reconstruyeran el recorrido realizado para acceder a la entrevista mantenida con el entonces prófugo de la justicia Enrique Haroldo Gorriarán Merlo, con el objetivo de individualizar a las personas que pudieran reconocer a quienes los guiaron hasta el lugar del encuentro, en la convicción de que así podía ser capturado un grupo clandestino de carácter guerrillero bajo el mando de Gorriarán.
La Sala I de la Cámara Federal de San Martín, integrada por los jueces Jorge Eduardo Barral, Hugo Rodolfo Fossati y Narciso Juan Lugones, confirmó el fallo del juzgado de primera instancia que, contrario a las pretensiones del fiscal, había resuelto el archivo de las actuaciones. Este tipo de resoluciones, con todo, no es definitivo, pues, como dicen los magistrados, "el archivo es una medida que habilita la reapertura del sumario, en caso de así resultar prudente".
Los fundamentos del fallo:
Este Tribunal habrá de enrolarse en la posición primera, esto es, admitir la posibilidad de que el secreto profesional periodístico ceda cuando razones de orden público de relevante jerarquía así lo aconsejen y cuando ello no vulnere el derecho a no auto incriminarse ni afecte los límites previstos en el art. 28 de la CN.
Debe tenerse sumamente en cuenta que al inicio de las presentes actuaciones, el ahora procesado Gorriarán Merlo se encontraba prófugo de la justicia y ello por la imputación de delitos de suma gravedad, como los que se cometieron en el ámbito del Regimiento de Tablada en enero de 1989. Esta situación se vio esencialmente modificada con la detención del nombrado a fines del pasado año. Por otra parte, no obran en autos elementos independientes de los testimonios de los periodistas que permitan suponer la real existencia del grupo mencionado en el requerimiento de fs. 1 con carácter de permanencia, que habiliten pensar que actualmente se encuentra afectado un bien jurídico tutelado de jerarquía tal que pueda llevar a preterir la alegada garantía constitucional.
La ley de garantía del secreto periodístico es un proyecto del senador José Genoud que comenzó este año a discutirse en el Senado de la Nación. Sus artículos fundamentales:
Art. 3°. El secreto periodístico comprende: a) El derecho a negarse a revelar las informaciones obtenidas en el ejercicio de la profesión periodística; b) El derecho a negarse a revelar la identidad del autor o autores de la información recibida en el ejercicio de la profesión periodística. En ambos casos, tales derechos son reconocidos al periodista ante los requerimientos de cualquier autoridad pública, ante los de su empleador o ante los de cualquier particular.
Art. 6°. Los derechos reconocidos en la presente ley sólo podrán ceder con la conformidad voluntaria y expresa de su titular o bien cuando se trate de informaciones obtenidas en forma ilícita o a través de un ejercicio ilegítimo de la profesión periodística.
10. La cámara oculta
La filmación con cámara oculta con fines periodísticos ha ido creciendo en los últimos años, sobre todo de la mano de "Telenoche Investiga", hasta el año pasado un segmento del noticiero de Canal 13 "Telenoche" y desde este año transformado en programa. La necesidad periodística de este recurso y su práctica concreta serían materia de una profunda investigación que no tiene lugar en este artículo, cuyo estricto marco es su validez jurídica.
En tal sentido, la cámara oculta es considerada como una prueba más, pero de ninguna manera como única. En cuanto a su importancia como prueba de cargo, su suerte ha sido diversa: desde su desestimación como tal dentro del conjunto de documentos probatorios aportado hasta su valoración como prueba fundamental.
El obstáculo que sí ha salvado la cámara oculta es el recurso de nulidad que habitualmente los imputados presentan contra ella. La Cámara Federal de Buenos Aires, el 20 de abril de 1999, a raíz, precisamente, de una investigación realizada por "Telenoche Investiga", fundamentó así la aprobación de esta manera de hacer periodismo:
No es nula la filmación realizada por el equipo de producción periodística de un noticiero televisivo en la que se deja constancia de la conversación que tuviera lugar en el domicilio del imputado entre él, otro imputado y un integrante del equipo. Ello así en tanto no se cuestiona la actuación de un agente del Estado, sino de un simple particular, al que no cabe tildar de "agente provocador", ya que no ha inducido a cometer el delito que se investiga sino, en todo caso, a relatar la participación tenida en los hechos que se endilgan. Los simples particulares no se encuentran comprendidos por los límites formales establecidos por la ley procesal penal y no parece razonable exigirle al periodismo la obtención de una orden judicial para llevar a cabo una investigación ni la imposición de sus derechos al interlocutor antes de conversar con él.
La Cámara Federal, al señalar que tampoco se ha violado el derecho a la intimidad del imputado, funda su conclusión en un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 11 de diciembre de 1990, que dice así:
El riesgo tomado a cargo por un individuo que voluntariamente propone a otro la comisión de un delito o que voluntariamente permite a otro tomar conocimiento de tal propuesta o hechos que son relevantes para la prueba de un delito ya cometido, incluye el riesgo de que la oferta o los hechos puedan ser reproducidos ante los tribunales por quien, de esa forma, tomó conocimiento de ellos.
Como la conversación filmada con cámara oculta se había realizado en el domicilio del imputado, la Cámara volvió a citar el mismo fallo de la Corte:
En punto a este aspecto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo citado supra, descartó que se hubiese comprometido la garantía de inviolabilidad del domicilio cuando al imputado nada se le ocultó porque nada indagó, no se hizo un despliegue de medios engañosos para ingresar a su morada, esta última no fue objeto de requisa y cuando en definitiva la presencia de terceros en el hogar se debió a la forma en que discrecionalmente ejerció su derecho como titular del domicilio.
La situación que para la Cámara quedó a la espera de la "etapa procesal pertinente" es la referida a la preservación de la identidad del periodista como testigo de la causa:
La determinación de la personalidad no se advierte en esta etapa como esencial para la resolución de la causa o para decidir acerca de su validez, ni se aprecia que comprometa la preparación de la defensa o sus eventuales cursos de acción, ni la posibilidad de confrontar o de efectuar la interrogación oportuna del testigo, cuestión sobre la que, por otra parte, los nulidicentes no se manifiestan. Lo expuesto, sin perjuicio de lo que corresponda resolver en la etapa eminentemente contradictoria del juicio.
En aquella "etapa procesal pertinente", otro tribunal, el Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 2 de San Martín, debió considerar la negativa del equipo periodístico -también de "Telenoche Investiga"- a presentar como testigo a uno de sus miembros -portador de la cámara oculta- amparándose en la reserva de la fuente periodística y en que "la persona es muy valiosa para el equipo de producción y de ser revelada su identidad no podrá ser utilizada nuevamente", argumento este último que el tribunal bautizó como "economía de recursos". En su fallo del 14 de febrero de este año, el tribunal evaluó así la conducta de los periodistas:
Aun en el concepto más amplio imaginable de fuente, el mismo no parece alcanzar a una persona que trabaja con regularidad para los periodistas en la producción de hechos periodísticos. Podría ser fuente de sus noticias la víctima Rocha, la familia de Rocha, los empleados o amigos de Rocha. Pero sólo un absurdo puede llevar a considerar fuente a los familiares, empleados o amigos del periodista que recibe de Rocha la fuente de sus noticias. En todo caso, lo discutible será si es o no aplicable y si justificaba la omisión de la testigo Lewin el deber de guardar secreto, cuya infracción pena como delito el artículo 156 del CP. O si la testigo, que no es abogado, padeció, al negarse a contestar, de un error de prohibición (según el lenguaje de la doctrina predominante) por el cual creía estar amparada por un derecho constitucional cuyos alcances confundía.
En cuanto al argumento que bauticé como de economía de recursos, no resiste el menor análisis. Con el mismo criterio, el Estado ahorraría recursos a los contribuyentes si pudiera mantener para siempre en el anonimato a los agentes que investigan, descubren y detienen a los sospechosos de delitos.
El tribunal no sólo desoyó estos argumentos, sino que ordenó otra investigación judicial con el fin de que se evalúe "la posible comisión de los delitos de desobediencia y falso testimonio por omisión", de los que serían responsables los periodistas de "Telenoche Investiga". De no haber sido por las otras pruebas logradas por la investigación judicial -iniciada antes que la investigación periodística-, la causa no hubiera concluido con una sentencia condenatoria.
11. El acceso a la información
No existen normas específicas en Argentina que regulen el acceso periodístico a los documentos de información pública. Si un organismo oficial se niega a informar a los periodistas sobre el contenido de un documento público, éstos están habilitados, previa acreditación del interés legítimo y de la conducta arbitraria del gobernante, a plantear una acción de amparo tendiente a obtener una orden judicial que les permita acceder a tal documento.
El fundamento de la petición reside en la publicidad de los actos de gobierno impuesto por la forma republicana y democrática de su organización y el derecho a la información que disfruta la ciudadanía sobre temas de interés público. Claro que los tiempos de la burocracia jurídica no se compadecen con las necesidades de los periodistas y este derecho, entonces, queda sepultado bajo los expedientes que se inician para garantizarlo.
Una excepción es la ley 104, de acceso a la información, sancionada el 19 de noviembre de 1998 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su artículo primero dice:
- "Toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, Empresas y Sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación en el capital o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a su actividad administrativa, y de los demás órganos establecidos en el Libro II de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires."
A su vez, la Cámara de Diputados de la Nación estudia un "Proyecto de Reglamentación Constitucional del Derecho de Acceso a la Información", presentado por Elisa Carrió y Alfredo Bravo, que ya cuenta con dictámenes favorables de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Derechos Humanos.
Dice que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano perteneciente a la administración central y descentralizada de los poderes del Estado" y considera al "silencio administrativo" como una "arbitrariedad manifiesta a los fines de los requisitos para la interposición de un recurso de amparo", luego de transcurrido el plazo de diez días desde el pedido de la información, plazo que puede prorrogarse por otros diez días, previa notificación. Este plazo puede acortarse a 48 horas "cuando se tratare de información que presumiblemente obre en poder del Estado y la demora en acceder a la información tornara inconducente la solicitud a los fines de evitar daños para el interés público".
Pero las excepciones al ejercicio de este derecho lo hacen casi inocuo: "Cuando se trate de información expresamente clasificada como reservada mediante un decreto del Presidente de la Nación por razones de defensa o política exterior" y "cuando una ley del Congreso de la Nación declare que algún tipo de información referida a seguridad, defensa o política exterior es clasificada como reservada e inaccesible al público, o bien establezca un procedimiento especial para acceder a ella".
La clasificación de información como "reservada e inaccesible al público" podrá aplicarse a información relativa a:
Planes y operaciones militares o sistemas armamentísticos;
Información confidencial de gobiernos extranjeros o relaciones exteriores confidenciales;
Actividades de inteligencia vinculadas a la defensa nacional y la política exterior;
Cuestiones científicas, tecnológicas o económicas relacionadas con la seguridad nacional;
Programas relativos a la seguridad de materiales nucleares o establecimientos que trabajan con estos materiales;
Vulnerabilidad o capacidad de los sistemas, instalaciones, proyectos o planes relacionados con la seguridad nacional.
También los ejes centrales de política económica estarán vedados al público:
Cuando se trate de información que pudiera poner en peligro el correcto funcionamiento del sistema financiero o bancario;
Cuando se tratare de secretos industriales, comerciales, financieros, científicos o técnicos que pertenezcan a un órgano de la administración pública que tengan un valor sustancial o sea razonable esperar que lo tuviere y cuya revelación perjudique la competitividad, o lesione los intereses de la Nación Argentina, o su capacidad de conducción de la economía o resulte en un beneficio indebido para el recipiendario de la información;
Cuando comprometiere los derechos o intereses legítimos de un tercero, cuando se tratare de secretos industriales, financieros, comerciales, científicos o tecnológicos suministrados a un ente u organismo estatal en la confianza de que no serían revelados. También se entenderá que compromete los derechos de un tercero la información cuya revelación sin fundamento en la defensa del interés público provoque como resultado importantes pérdidas o ganancias financieras, la pérdida de posiciones competitivas o interferencias en la celebración o ejecución de contratos. Pero cuando el interés vinculado a la salud y seguridad públicas y a la protección del medio ambiente sea claramente superior en importancia a los intereses particulares de terceros que estuvieren en juego, podrá revelarse la información;
Cuando se trate de información preparada por los órganos de la administración dedicados a regular o supervisar instituciones financieras o preparados por terceros para ser utilizados por aquellos y que se refiera a exámenes de situación, evaluación de su sistema de operación o condición de funcionamiento;
Cuando se trate de información que obre en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos proveniente de ilícitos;
Para completar la inocuidad del derecho de acceso a la información, el proyecto establece también que serán reservadas las siguientes informaciones:
Notas cuyo contenido presentara propuestas al titular del Poder Ejecutivo o a los miembros de su gabinete;
Los papeles de trabajo de dichos mandatarios que tuvieran por finalidad, formular análisis de problemas u opciones políticas para su consideración por los diferentes ministerios;
La agenda de las reuniones del gabinete nacional y las actas de los mismos;
Los archivos que contengan o reflejen las comunicaciones o conversaciones entre el Presidente de la República con su gabinete o de los ministros entre sí sobre cuestiones que hacen a la toma de decisiones o la formulación de la política de gobierno;
Los documentos con la información destinada al uso del Presidente de la República o de sus ministros relativa a cuestiones para ser tratadas en las reuniones previstas en el párrafo anterior;
Consejos o recomendaciones efectuadas a un organismo o ente estatal por parte del Presidente de la República o sus ministros;
El resumen de las consultas y deliberaciones que involucren a funcionarios o empleados de un organismo o ente de la Administración, a ministros del Poder Ejecutivo o a sus asesores;
Las actas de las deliberaciones de las sesiones secretas del Congreso Nacional.
En síntesis, nada cambiará para los periodistas que nos dedicamos a la investigación, porque, precisamente, la información que el proyecto considera reservada es la única que nos puede interesar.
Teoría jurídico política de la comunicación, Eduardo Luis Duhalde y Luis Hipólito Alén, Eudeba, 1999.
Un mundo sin periodistas, Horacio Verbitsky, Editorial Planeta, 1997.
* Carlos A. Sortino es colaborador de Sala de Prensa. Entre otros medios gráficos, fue redactor y editor de los diarios El Día (1980-1986) y Página/12 (1990-1994) y columnista del semanario El Atajo (1996). En televisión, fue productor y director del ciclo El Juego de las Reglas (dime qué justicia tienes y te diré cómo te comportas), emitido por Dardo Rocha, Cable Visión de La Plata (1994-1996). Desde 1997, es redactor y editor de la revista En Marcha y docente de la cátedra Periodismo de Investigación, en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.