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Matched Legal Cases: ['Artículo 14', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 18', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 26', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 30', 'artículo 349', 'Artículo 30', 'artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'artículo 5', 'artículo 234', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 31', 'Artículo 32']

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS ANTECEDENTES El Estado boliviano se ha construido desde la colonia y sus inicios como república, con dos modelos de. - ppt descargar
Publicada porGuilermo Menchaca
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ANTECEDENTES El Estado boliviano se ha construido desde la colonia y sus inicios como república, con dos modelos de gestión: Un modelo económico basado en la concentración y acumulación de la riqueza en manos de pocas personas. Un modelo social de exclusión y opresión de las poblaciones indígenas.
LA COLONIA a. Las encomiendas: Los españoles a su llegada organizaron las encomiendas. Consistía en que el Rey de España le entregaba a cada español una extensión de tierra y asignaba una determinada cantidad de indios, quienes le debían entregar un tributo o impuesto, ya sea en productos o en moneda. Pero además debían trabajar gratis en las tierras del español, construir viviendas, así como el servicio doméstico. b. Las reducciones: Más tarde a partir de 1560 el Virrey Toledo aplicó su política de reducción de los pueblos indígenas, que consistía en agrupar los caseríos, para un mejor control del cumplimiento de los tributos y la obligación de la mita por parte de los indios. o Los indígenas todavía conservaban en buena parte sus tierras en las cuales podían cultivar, cosechar, realizar actividades artesanales, pero además de entregar el tributo a su cacique, ahora debían entregar otro tributo al español a cambio de que estos respeten en cierta forma su sistema de organización socio- territorial. A esto se llamó el pacto de reciprocidad
La Reforma del Virrey Toledo de fines del siglo XVI y las Reformas Borbónicas de mediados y fines del siglo XVII, profundizaron el control desde el Estado Colonial, a través de la recolección de tributos y la sustitución de autoridades indígenas, por otras de origen criollo, con lo que se promovió el rompimiento del pacto de reciprociddad colonial, dando lugar a los grandes levantamientos de los Amaru y Katari de 1780.
LA REPUBLICA HASTA FINALES DEL SIGLO XIX a.Los decretos de Bolívar. La primera Constitución Política del Estado, escrita por Bolívar, se propuso liquidar el sistema comunitario de los Pueblos Indígenas, bajo el argumento que éste impedía el desarrollo del capitalismo y la modernización de la República Naciente. o El título y la autoridad de los caciques quedan extinguidos. El trasfondo de este decreto era, anular la autoridad de los indígenas, y someterla al flamante Estado, desconociendo a las propias autoridades de los pueblos indígenas. o pago asalariado a los indígenas. Orientado a transformar las estructuras feudales basadas en la explotación gratuita y el pago en especie. o El Tercer Decreto, liquida la propiedad comunitaria de la tierra, para adoptar el modelo liberal de propiedad privada y la libertad del individuo de disponer libremente de ella.
b. Las Leyes Anti Indígenas de Melgarejo. Melgarejo emitió un Decreto el 20 de marzo de 1866, el cual establecía que el indígena que dentro del término de 60 días, después de notificado, no recabara su título de propiedad pagando la suma de 25 a 100 pesos será privado de su beneficio y su terreno se enajenará en subasta pública. Dos años más tarde promulgó la Ley feudalizante de 28 de septiembre de 1868, que decía: Art. 1.- Las tierras poseídas por la raza indigenal y conocidas con el nombre de comunidades se declaran propiedad del Estado. El objetivo era arrebatar a los indígenas sus tierras comunitarias, e imponer por la fuerza el régimen agrario feudal. c. La Ley de Ex Vinculación de Tomás Frías. Promulgada el 5 de octubre de 1874. que en su Art. 4 mandaba que los terrenos no poseídos por los indígenas eran declarados sobrantes y de propiedad del Estado.
d. Algunas Conclusiones. Con la recuperación de la minería ya no fueron necesarios los tributos indígenas y se aceleró la expoliación de tierras, dando fin al esquema dual de la Colonia. El resultado no fue la incorporación de los indígenas a la proclamada ciudadanía nacional sino su mayor marginación o subordinación en haciendas bajo la retórica liberal de la libertad individual de comprar y vender. Se intentó destruir la estructura territorial y social de las ex comunidades, con lo que el número y superficie de las haciendas neofeudales prácticamente se duplicó.
LA REVOLUCION DEL 52 Supresión del sistema de explotación feudal y servidumbre a la que habían sido reducidos los indígenas en las haciendas. Acceso a las tierras por parte de los campesinos como propiedad individual. (Se logra parcialmente el objetivo de destruir la propiedad comunitaria) Se cambia la identidad de los indígenas a campesinos, en función a liberar la fuerza de trabajo de las haciendas, y convertirla en mano de obra asalariada. Escuela obligatoria en el área rural para eliminar la cultura indígena y asimilarlos al moderno Estado liberal. Esta educación niega cualquier posibilidad de reivindicación étnica y la relación tierra – educación desarrollada por las escuelas indigenales. Los sindicatos campesinos son reconocidos ante la ley y conforman una nueva clase social.
LA CUESTION AGRARIA LUEGO DEL 52 Según el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la titulación de tierras, entre 1953 y 1993, alcanzó a más de 650.000 beneficiarios, con una superficie de 44 millones de hectáreas. La entrega de tierras altas fue en propiedad individual, bajo la consigna de la tierra es de quien la trabaja. Este proceso afectó a varias haciendas en el altiplano, no así en haciendas de tierras bajas donde solo se liberó la mano de obra; es decir, a los indígenas de estas regiones se les dio la posibilidad de instalarse en otras tierras, por la abundancia de éstas. Los pueblos indígenas de tierras bajas fueron marginados del derecho a la propiedad de la tierra, sólo se liberó la mano de obra explotada por las haciendas, y se consideró baldíos los territorios de los indígenas, por lo que se dio en propiedad a los empresarios.
EL REGALO DE TIERRAS EN LOS GOBIERNOS NEOLIBERALES Entre los años 1953 y 1981, cuatro gobiernos entre constitucionales y de facto, regalaron 37 millones de hectáreas de tierras agrícolas a parientes y amigos. El expresidente Hernán Siles Suazo durante su gobierno, emitió dos Decretos anulando la propiedad de las tierras regaladas por los cuatro gobiernos en 28 años. Gonzalo Sánchez de Lozada, en su primer gobierno, derogó dichos decretos, consolidando de esta manera esas tierras regaladas en manos de parientes y amigos. 1953 – 1964, Victor Paz Estensoro: 6 millones de hectáreas, regaló a miembros de su partido MNR, amigos y parientes. 1964 – 1969, René Barrientos Ortuño: 4 millones de hectáreas, regaló a parientes, amigos, correligionarios y militares. 1971 – 1978, Hugo Banzer Suárez: 17 millones de hectáreas, con mayor cantidad en Santa Cruz y Beni, regaló a militares ligados al MNR que colaboraron con el golpe y con el gobierno. 1980 – 1981, Luis García Meza: 10 millones de hectáreas, regaló a parientes, amigos, militares y correligionarios.
BASES PARA LA FORMULACION Y CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
En la Constitución anterior aprobada en 1967 y reformada en 1994, el artículo más importante sobre los DDPPII, era el 171 o Se reconocen, se respetan y protegen en el marco de la ley, los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas que habitan en el territorio nacional, especialmente los relativos a sus tierras comunitarias de origen, garantizando el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, a su identidad, valores, lenguas, costumbres e instituciones. En este artículo se reconocen de manera general y vaga los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas. De todas maneras, es necesario recordar que las organizaciones de campesinos, indígenas, colonizadores, originarios, movimiento sin tierra usaron este artículo como bandera de lucha para exigir al Estado sus derechos, principalmente el de acceso a la tierra y el territorio
Las bases para la formulación de los DDPPII, se encuentran en: o El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), reconocida por el Estado boliviano como Ley Nº 1257 el 11 de julio de 1991. o La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgada el 13 de septiembre de 2007 y reconocida por el Estado boliviano mediante ley 3760 el 8 de noviembre de 2007. o La propuesta del Pacto de Unidad indígena, originario y campesino, presentada a la Asamblea Constituyente el 23 de mayo de 2007. En la nueva Constitución los derechos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos se encuentran ampliamente reconocidos, aunque se modificaron varios puntos importantes en los acuerdos políticos realizados en el Congreso en octubre de 2008.
En los derechos fundamentales es importante rescatar aquellos que se refieren a la no discriminación; a la auto identificación cultural; a la educación, salud y vivienda; a la participación política según normas y procedimientos propios; al agua y al beneficio de los recursos. Veamos, como ejemplos, algunos de estos derechos: Artículo 14, parágrafo II: El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.
Artículo 17: Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. Artículo 18, parágrafo I: Todas las personas tienen derecho a la salud. Artículo 18, parágrafo II: El Estado garantiza la inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación alguna. Artículo 20, parágrafo III: El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley. Artículo 21, numeral 1: Los bolivianos y las bolivianas tienen los siguientes derechos: A la autoidentificación cultural. Artículo 26, parágrafo II, numeral 4: El derecho a la participación comprende: La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios.
¿Cuál es la trascendencia de estos derechos? o El 11 de enero de 2007 los sectores urbanos de la clase alta cochabambina enfrentaron violentamente a gente pobre de los barrios periurbanos y a compañeros campesinos del Departamento. De ese enfrentamiento murieron los compañeros Luciano Colque y Juan Tica Colque. o Durante la Asamblea Constituyente los asambleístas y las asambleístas de los pueblos originarios y las comunidades campesinas fueron objeto de insultos y ataques permanentes. Se les gritó y se les dijo llamas, cochinos, ignorantes, sucios, etc. Todo aquel o toda aquella que por su vestimenta parecía originario era perseguido y golpeado durante las semanas conflictivas del segundo semestre del 2007. o El 24 de mayo de 2008 hermanos campesinos fueron humillados y agredidos públicamente por grupos racistas de la ciudad de Sucre. Las imágenes de esas humillaciones dieron la vuelta al mundo de manera vergonzosa. o El 11 de septiembre de 2008, un grupo de allegados al Exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, asesinó a compañeros campesinos en El Porvenir, dejando como saldo unos 20 fallecidos y cientos de heridos.
LOS PILARES DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
El primer pilar en el que sustentan los derechos de la NCPE es la declaratoria del Estado boliviano como Plurinacional: Artículo 1: Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías Un Estado Plurinacional es un Estado que reconoce que en su interior existen distintas colectividades políticas que deben expresar su acuerdo con las decisiones sobre asuntos importantes del país. Así mismo, el Estado Plurinacional acepta que estas colectividades políticas (llamadas pueblos o naciones) se autogobiernen en sus territorios.
El otro pilar fundamental de los derechos de los pueblos indígenas es el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas al Estado colonial y republicano: Artículo 2: Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
El artículo 2 de la Constitución está estrechamente relacionado con los artículos 3 y 4 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ahí se dice que: o Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural (Artículo 3, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). o Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas (Artículo 4, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). La libre determinación de los pueblos indígenas, se traduce en: o Derecho a la autonomía y al autogobierno o Derecho a su cultura o Derecho al reconocimiento de sus instituciones o Derecho a la consolidación de sus entidades territoriales
Los derechos colectivos de las naciones y pueblos indígenas, originarios y campesinos están formulados en el capítulo cuarto del Título II, referente a los Derechos Fundamentales y Garantías. Se encuentran, de manera específica, en los artículos 30 a 32 de la NCPE. En estos dos artículos se encuentra: o Una definición de lo que se entiende por Nación y Pueblo Indígena Originario Campesino o 18 derechos específicos de estas naciones y pueblos en referencia a libre determinación, territorio, medio ambiente, comunicación, educación, salud, conocimiento, etc. o Una ratificación de que el Estado reconoce y defiende estos derechos o Un artículo referente a pueblos no contactados. o Un artículo de homologación de los derechos los pueblos indígenas a los de afrobolivianos.
DERECHOS ESPECÍFICOS DE LAS NACIONES Y PUEBLOS INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINOS (Artículos 30 al 32)
Los derechos de los pueblos indígenas empiezan con una definición: Artículo 30, parágrafo I: Es nación y pueblo indígena originario campesino toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española (Art. 30, parágr. I). Se decidió que el nombre indígenas originarios campesinos era la mejor manera de aglutinar a los miembros del Pacto de Unidad. Indígenas pensando en los herman@s de tierras bajas, originarios para los que no recibieron la influencia de la hacienda, y campesinos, para aquellos que sí lo hicieron.
Luego de esta definición, el texto constitucional dice: Artículo 30, parágrafo II: En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta Constitución, las naciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de los siguientes derechos. Esta puntualización dice claramente y delimita el carácter que tiene lo de naciones. No se trata de una voluntad de separarse o romper el Estado boliviano sino más bien de construirlo pero como un Estado Plurinacional; es decir, como un Estado que reconoce que en su interior existen grupos culturales con poder de decisión política, económica y social.
Artículo 30, parágrafo II, numeral 1: Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A existir libremente. El estado de esclavitud de los pueblos indígenas no ha desaparecido. Durante el año 2008, en Bolivia se difundió la noticia de las comunidades guaraníes cautivas en el Alto Parapetí (Provincia Cordillera en el Departamento de Santa Cruz). En el Chaco boliviano hay entre 500 y 800 familias guaraníes sometidas a una servidumbre análoga a la esclavitud, según constató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA en junio de 2008. Existen al menos 10 comunidades guaraníes cautivas: Yaiti, Yapui, Yapumbia, Recreo, Itakuatia, Huaraka, Bajo Karapari, Alto Karapari, La Colorada y Tartagalito.
Artículo 30, parágrafo II, numeral 2: Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, prácticas y costumbres, y a su propia cosmovisión Este numeral busca compensar la violencia histórica de haberles negado a los indígenas su condición de pueblo. Uno de los momentos fuertes fue la revolución del 52, que pretendió rasar a los pueblos y naciones indígena originario campesinas, bajo la denominación de campesinos, y de imponer el castellano como única lengua. En lo religioso, la denominada extirpación de idolatrías, pretendió erradicar prácticas espirituales, para imponer la religión cristiana; aunque en los hechos, éste no fue nada más que un disfraz para someter y adoctrinar a los indígenas.
El derecho a la identidad cultural tiene implicaciones formales. Es lo que aparece en siguiente numeral. Artículo 30, parágrafo II, numeral 3: Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A que la identidad cultural de cada uno de sus miembros, si así lo desea, se inscriba junto a la ciudadanía boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otros documentos de identificación con validez legal. De esta manera se está promoviendo el principio de ciudadanía diferenciada que da cuenta de la condición según la cual todos somos bolivianos pero no todos lo somos de la misma manera. Así mismo, se da cuenta del sentido múltiple que ahora tiene el término nación: los miembros de los pueblos indígenas y originarios pertenecen a sus naciones pero al mismo tiempo a la nación boliviana.
Artículo 30, parágrafo II, numeral 5: Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A la libre determinación y territorialidad. Con el derecho a la territorialidad, se accede a una nueva configuración estatal en la que los pueblos originarios disputan la clásica noción de soberanía al Estado. Bolivia ya no puede ser entendida como un Estado en el que el gobierno central ejerce soberanía absoluta sino que ésta tiene que ser compartida con las entidades territoriales indígenas, de acuerdo con lo que significa un Estado Plurinacional.
Artículo 30, parágrafo II, numeral 17: Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables existentes en su territorio sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por terceros. Queda claro que este derecho apunta a que los pueblos indígenas puedan moverse en el marco de su horizonte cultural en lo referente al manejo del espacio y su jurisdicción. Por ello la precisión de que los recursos naturales renovables en sus territorios gozan de uso y aprovechamiento exclusivo. Éste es un tema importante que seguramente provocará conflictos entre pueblos indígenas-originarios y comunidades interculturales en temas de interés común como el bosque, el agua, la tierra.
Artículo 30, parágrafo II, numeral 6: Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A la titulación colectiva de tierra y territorio. Para entender mejor este numeral hay que tener clara la distinción entre forma territorial de gobierno y forma de propiedad: la autonomía indígena tiene que ver con el gobierno y la Tierra Comunitaria de Origen con la forma de propiedad. En Bolivia la concentración de tierras en pocas manos es uno de los problemas principales para lograr una verdadera equidad. En Bolivia la concentración de tierras en pocas manos es uno de los problemas principales para lograr una verdadera equidad. De acuerdo a datos del CEDIB, todavía hay 15 familias en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando, que detentan 1. 103. 715 has.
Artículo 31, parágrafo II, numeral 15 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen el derecho: A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de los recursos naturales no renovables en el territorio que habitan. El derecho a la consulta que aquí aparece es más moderado que lo que se encuentra en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En la Declaración hay varios artículos que se refieren a acciones que sólo se pueden realizar en los territorios indígenas si es que existe un consentimiento libre, previo e informado de estos pueblos. Entonces, lo aprobado en la CPE plantea un mecanismo de consulta no vinculante.
Artículo 30, parágrafo II, numeral 16 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios. En el artículo 349 de la Constitución se dice que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, y corresponderá al Estado su administración en función del interés colectivo. En este artículo queda claro el principio de equidad compartido por todos los bolivianos bajo la categoría de pueblo boliviano. En cambio, cuando se dice que los pueblos indígenas tienen derecho a los beneficios de la explotación de los recursos en sus territorios, se está priorizando el principio de autogobierno por la preexistencia al Estado boliviano.
Artículo 30, parágrafo II, numeral 10 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado de los ecosistemas. Este derecho colectivo de los pueblos indígenas y originarios también corresponde a todos los bolivianos. El artículo 33 de la Constitución dice: Las personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones, además de otros seres vivos, desarrollarse de manera normal y permanente (Constitución Política del Estado, Artículo 33).
Artículo 30, parágrafo II, numeral 5 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A que sus instituciones sean parte de la estructura general del Estado. Artículo 30, parágrafo II, numeral 18 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A la participación en los órganos e instituciones del Estado. Para entender estos numerales hay que recordar que los estados de los países sudamericanos se constituyeron sobre la base de dos principios de dominación: el principio de desigualdad y el principio de exclusión; es decir, en el caso de los pueblos indígenas éstos han sido desigualados en términos de clase y excluidos en términos étnico- raciales. La formulación del derecho a participación en el Estado apunta a superar la exclusión pero en apuesta a que simultáneamente se rompan los elementos que producen desigualdad.
Seguidamente, se identifican derechos de una naturaleza menos material. Artículo 30, parágrafo II, numeral 7 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A la protección de sus lugares sagrados. Acá se hace visible una conceptualización de territorio que va más allá del aspecto físico. El territorio tiene que ver con todo el espacio ocupado por los pueblos; y ello implica la posibilidad de reproducir sus prácticas espirituales de acuerdo a su cosmovisión. Artículo 30, parágrafo II, numeral 8 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A crear y administrar sistemas, medios y redes de comunicación propios. Con respecto a éste y otros derechos los referentes a educación y salud, hay que decir que es dónde más se ha avanzado, en términos de reconocimiento oficial, mediante prácticas concretas de autonomía comunal. Lo que se está planteando aquí es el control cultural de los pueblos indígenas sobre la producción colectiva de ideas, conocimientos y discursos.
En estrecha relación con los derechos comunicacionales se encuentran los derechos sobre los conocimientos colectivos: Artículo 30, parágrafo II, numeral 9 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A que sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas, sus rituales y sus símbolos y vestimentas sean valorados, respetados y promocionados. Artículo 30, parágrafo II, numeral 11 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias y conocimientos, así como a su valoración, uso, promoción y desarrollo.
Estos reconocimientos deben verse en el contexto del capitalismo global. Las industrias y empresas farmacéuticas y agroalimenticias recorren el mundo explorando los conocimientos de los pueblos indígenas; se apropian de esos conocimientos con el fin de lograr la monopolización de la medicina y la alimentación del mundo. Por eso se habla de la propiedad intelectual colectiva de los pueblos originarios. En el Pacto de Unidad éste fue uno de los temas más controvertidos: al hablar de propiedad del conocimiento se estaba entrando en la lógica de comercialización del mismo. Por ello, algunas organizaciones proponían que simplemente se consigne el registro de tales conocimientos. Esto tampoco estaba libre de riesgos, en el sentido de que podía ser un asunto formal que no logre parar el saqueo de los conocimientos desde el capital global. Los numerales citados, entonces, apuntan a que los pueblos originarios e indígenas puedan tener el control sobre la producción, distribución e intercambio de sus conocimientos colectivos.
Artículo 30, parágrafo II, numeral 12 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Durante la década del 90, la interculturalidad fue planteada como eje transversal del sistema educativo. Sin embargo, un análisis detallado del aparato legal de la Reforma Educativa de 1994 nos muestra la repartición funcional de las lenguas en el sistema educativo: el aprendizaje del castellano como segunda lengua era obligatoria para los sectores rurales mientras el aprendizaje de una lengua originaria era optativa para los sectores urbanos. La nueva Constitución Política del Estado parte del reconocimiento de la educación intracultural como condición para pensar la educación intercultural. Ello significa respeto pleno a los sistemas cognitivos, educativos y sociales de los pueblos en su relación con el sistema educativo plurinacional.
Este numeral debe verse en relación con el ámbito extraeducativo y el uso de las lenguas oficiales en los espacios públicos. Dice el artículo 5 de la Constitución: I. Son idiomas oficiales del Estado el castellano y todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que son el aymara, araona, baure, bésiro, canichana, cavineño, cayubaba, chácobo, chimán, ese ejja, guaraní, guarasuwe, guarayu, itonama, leco, machajuyaikallawaya, machineri, maropa, mojeño-trinitario, mojeño-ignaciano, moré, mosetén, movima, pacawara, puquina, quechua, sirionó, tacana, tapiete, toromona, uru-chipaya, weenhayek, yaminawa, yuki, yuracaré y zamuco. II. El Gobierno plurinacional y los gobiernos departamentales deben utilizar al menos dos idiomas oficiales. Uno de ellos debe ser el castellano, y el otro se decidirá tomando en cuenta el uso, la conveniencia, las circunstancias, las necesidades y preferencias de la población en su totalidad o del territorio en cuestión. Los demás gobiernos autónomos deben utilizar los idiomas propios de su territorio, y uno de ellos debe ser el castellano. Así mismo, en el artículo 234, numeral 7, se dice que para acceder al puesto de funciones públicas se requiere Hablar al menos dos idiomas oficiales del país.
Artículo 30, parágrafo II, numeral13 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: Al sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y prácticas tradicionales. Como vemos, en este numeral se postula la obligación social del Estado con respecto a la salud, pero al mismo tiempo se recupera el principio de que el Estado respete los sistemas de salud propios de los pueblos indígenas.
Artículo 30, parágrafo II, numeral 14 Las naciones y pueblos indígena originario campesinos tienen derecho: Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos acorde a su cosmovisión. Un asunto importante es que la Constitución está hablando de sistemas, no de aspectos aislados como la justicia comunitaria, la realización de asambleas comunales o formas de cultivo y producción (todas ellas importantes, por supuesto). Quiere decir que el Estado reconoce una institucionalidad que incluye concepciones, prácticas y campos normativos diferentes y de igualdad jerárquica con respecto a los del Estado y su tradición monocultural. Estos tres sistemas (políticos, jurídicos y económicos) se fundamentan en el principio de pluralismo jurídico que caracteriza o debe caracterizar al Estado Plurinacional.
En el artículo 31 se encuentras dos parágrafos que hacen referencia a los pueblos indígenas en peligro de extinción, no contactados o en situación de aislamiento. Artículo 31, parágrafo I Las naciones y pueblos indígena originarios en peligro de extinción, en situación de aislamiento voluntario y no contactados, serán protegidos y respetados en sus formas de vida individual y colectiva. Artículo 31, parágrafo II Las naciones y pueblos indígenas en aislamiento y no contactados gozan del derecho a mantenerse en esa condición, a la delimitación y consolidación legal del territorio que ocupan y habitan. Bolivia es uno de los pocos países del mundo donde todavía se encuentran pueblos llamados no contactados. Son pueblos que preservan el bosque y viven la amenaza permanente de madereros y petroleros; por ello, la denominación de pueblos en aislamiento voluntario es bastante relativa ya que el no contacto es, en el mejor de los casos, su única posibilidad de sobrevivencia como colectividad humana.
Artículo 32 El pueblo afroboliviano goza, en todo lo que corresponda, de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales reconocidos en la Constitución para las naciones y pueblos indígena originario campesinos. A pesar que la comunidad afro se ha movido en el ´`ambito de movimiento cultural antes que de actor político; la homologación es totalmente justificada por la situación de opresión colonial que históricamente los ha marcado y que en muchas ocasiones ha sido más brutal que la ejercida contra los indígenas.
o Hemos vivido una larga historia de desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Gracias a sus movilizaciones y al proceso político que han llevado adelante, hoy la Constitución reconoce ampliamente los derechos de las comunidades campesinas, las naciones originarias y los pueblos indígenas. o Los derechos indígenas pueden ser ejercidos a nivel individual o como naciones-pueblos. A nivel individual es importante el derecho a la no discriminación y a la identificación cultural. A nivel colectivo, como pueblos es central el derecho a la autodeterminación. o Los pueblos indígenas ejercen estos derechos porque han decidido ser parte de la construcción del Estado Plurinacional y porque son pueblos que existen con anterioridad a la colonia y al Estado republicano. o La fórmula indígena originario campesinos da cuenta de la participación plural y diversa de las organizaciones que incidieron en la elaboración del texto constitucional a través del Pacto de Unidad.
Los principales derechos que reconoce la Constitución son: o A no existir en estado de esclavitud o A la identidad cultural o Al territorio. Esto implica: derecho a la autonomía y a la gestión territorial; derecho a la titulación de la tierra y el territorio; derecho a la consulta. o A vivir en medio ambiente sano o A la participación en el Estado o A la protección de sus lugares sagrados o A la creación y administración de sus propios medios de comunicación o A la valoración de sus conocimientos tradicionales o A una educación intracultural, intercultural y plurilingüe o Al sistema de salud universal y gratuito pero respetando sus prácticas y cosmovisión o Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y económicos
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