Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2013-00082-1530-2014-de-septiembre-8-de?documento=jurcol&contexto=jurcol_7a9a1d77d457474ba1f2e51fe57c4b2e&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-08-14 18:12:09
Document Index: 381189843

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 46', 'artículo 279', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 56', 'artículo 46', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 16', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 46', 'artículo 12', 'artículo 66', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 279', 'artículo 13', 'artículo 46', 'artículo 13', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 21', 'artículo 48', 'artículo 3', 'artículo 56', 'artículo 12']

﻿ SENTENCIA 2013-00082/1530-2014 DE SEPTIEMBRE 8 DE 2016
SENTENCIA 2013-00082 DE 08 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CONTENIDO:PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE RÉGIMEN APLICABLE A LOS DOCENTES. LA MUERTE CONSTITUYE UNA CONTINGENCIA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL, EN CUANTO A LA AUSENCIA DEFINITIVA DE QUIEN ATENDÍA EL SOSTENIMIENTO DEL GRUPO FAMILIAR. EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL CREA LA NOCIÓN DE BENEFICIARIO DE PENSIÓN, QUE HACE REFERENCIA A LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA DE QUIEN FALLECE, ESTA NOCIÓN DIFIERE CON LA DE HEREDERO O CAUSAHABIENTE DEL DERECHO CIVIL EL CUAL SE REFIERE A SUS DESCENDIENTES Y ASCENDIENTES, SIN IMPORTAR EL GRADO DE DEPENDENCIA ECONÓMICA CON EL FALLECIDO. EL DECRETO LEY 224 DE 1972, Y LA LEY 33 DE 1973, APLICABLE A LOS DOCENTES ESTABLECE EL PAGO Y RECONOCIMIENTO DE UNA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTE CON CARÁCTER VITALICIO, A FAVOR DE LAS VIUDAS E HIJOS DE LOS DOCENTES QUE HUBIERAN LABORADO 18 AÑOS CONTINUOS O DISCONTINUOS EN PLANTELES OFICIALES. SI BIEN EL RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS DOCENTES Y EL RÉGIMEN ESPECIAL SON DIVERSOS CON REGLAS JURÍDICAS PROPIAS, LA JURISPRUDENCIA DE LAS ALTAS CORTES HA ADMITIDO LA POSIBILIDAD DE QUE A LOS BENEFICIARIOS DE UN RÉGIMEN ESPECIAL LES SEAN APLICABLES LAS DISPOSICIONES DE NATURALEZA GENERAL. POR LO ANTERIOR EN EL CASO QUE NO CUMPLAN CON EL TIEMPO DE SERVICIO, DE MANERA ANÁLOGA SE PODRÁ APLICAR LO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA LEY 100 DE 1993, QUE EXIGE UNA COTIZACIÓN DE 50 SEMANAS DENTRO DE LOS 3 AÑOS ANTERIORES AL FALLECIMIENTO DEL CAUSANTE.
TEMAS ESPECÍFICOS:BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, CLASES DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES, RÉGIMEN PENSIONAL DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, PENSIÓN DEL DOCENTE, DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, SALARIO DEL DOCENTE DEL SECTOR PÚBLICO, CALIDADES DEL BENEFICIARIO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES
Sentencia 2013-00082/1530-2014 se septiembre 8 de 2016
Rad.: 150012333000201300000082 01
No. Interno: 1530-2014
Actor: Julio Bonilla Briceño
Demandado: Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Trámite: Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Segunda Instancia
Asunto: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes a cónyuge sepérstite de docente que se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Bogotá, D.C., ocho de septiembre de dos mil dieciséis
Extractos «IV. Consideraciones
Antes a establecer el problema jurídico, observa la Sala de quien profirió los actos administrativos acusados fue el Secretario de Educación del Departamento de Boyacá, lo cual podría llegar a generar una falta de legitimación en la causa por activa como quiera que a quien se demandó, fue a la Nación —Ministerio de Educación— Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Por lo anterior, en aras a determinar si el extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma, se deben realizar las siguientes precisiones:
El artículo 279 de la Ley 100 de 1993 exceptuó de su aplicación unos regímenes especiales de seguridad social, entre los que se encuentran el de los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional y el de los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Al respecto, el legislador mediante la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989, dispuso la creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuya finalidad entre otras, es el pago de las prestaciones sociales a sus afiliados, esto es, de los docentes. Así se observa en el artículo de 5º Ibídem:
“ART. 5º—El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tendrá los siguientes objetivos;
3. Llevar los registros contables y estadísticos necesarios para determinar el estado de los aportes y garantizar un estricto control del uso de los recursos y construir una base de datos del personal afiliado, con el fin de cumplir todas las obligaciones que en materia prestacional deba atender el Fondo, que además pueda ser utilizable para consolidar la nómina y preparar el presupuesto en el Ministerio de Hacienda.
5. Velar para que todas las entidades deudoras del Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, cumpla oportunamente con el pago de sus obligaciones”.
En relación con los docentes afiliados al Fondo Nacional de prestaciones Sociales del Magisterio la citada norma, teniendo en cuenta el proceso de nacionalización de la educación oficial llevado a cabo en el país mediante la Ley 43 de 1975(12), señalo que quedarían automáticamente afiliados al Fondo los docentes nacionales o nacionalizados vinculados a la fecha de promulgación de la citada ley, esto es, 29 de diciembre de 1989 y, así mismo, el personal vinculado con posterioridad, siempre que cumplieran los requisitos de afiliación de naturaleza formal o normativa y económica.
En lo que se refiere a los recursos económicos que hacen parte del citado Fondo, el artículo 8º ibídem indicó que los mismos estarían integrados, principalmente por los aportes de los docentes afiliados, en cuantía del 5% del sueldo básico mensual. Y, en cuanto al manejo de los recursos que los integran, artículo 3º de la Ley 91 de 1989, dispuso que para tal efecto el Gobierno Nacional suscribiría un contrato de fiducia mercantil con una entidad fiduciaria de naturaleza estatal o de economía mixta la cual se encargaría de su administración.
Con posterioridad, el Presidente de la República mediante los artículos 5º a 8º del Decreto 1775 de 1990(13), reglamentó el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio precisando, en relación con el trámite las solicitudes de reconocimiento y pago de prestaciones económicas de Ios docentes, que las mismas debían ser radicadas ante la Oficina de Prestaciones Sociales del respectivo Fondo Educativo Regional, quien procedería a realizar el estudio de la documentación, con el visto bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente resolución de reconocimiento.
No obstante lo anterior, en relación con este mismo punto, el Congreso de la República mediante el artículo 56 de la Ley 962 de 2005(14), dispuso que Ias prestaciones sociales pagaderas a los docentes oficiales serían reconocidas y pagadas por el Fondo del Magisterio, mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual en todo caso debía ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. Debe señalarse que el anterior trámite fue reglamentado por los artículos 2º, 3º, 4º y 5º del Decreto 2831 de 16 de agosto de 2005(15).
Así las cosas, debe decidirse que las resoluciones por las cuales se dispone el reconocimiento y pago de prestaciones económicas a favor de los afiliados del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio son actos en los que interviene, en estricto sentido, tanto la Secretaría de Educación del ente territorial, en el cual presta sus servicios el docente peticionario, a través de la elaboración del proyecto de resolución de reconocimiento prestacional, como la Fiduciaria encargada de administrar los recurso del Fondo Nacional Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde aprobar o improbar el proyecto de resolución, de acuerdo con la documentación que para tal efecto le haya sido enviada, entre la cual se destaca, la certificación de tiempo de servicio y régimen salarial y prestacional del docente interesado, según la normatividad vigente(16).
No obstante lo anterior, y aun cuando la fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene la función de aprobar o improbar los proyectos de resolución de reconocimiento prestacional de los docentes, cabe advertir que es a éste último a quien a través de la Secretaría de Educación del ente territorial correspondiente, le está dada la función de expedir el acto administrativo por el cual se dispone el pago de prestación deprecada por el docente peticionario, en virtud de lo dispuesto los artículos 5º a 8º del Decreto 1775 de 1990 y 5 del Decreto 2831 de 2005.
La Sala no pasa por alto que la intención del legislador al expedir la Ley 962 2005 fue la de simplificar(17) una serie de trámites que los particulares adelantaban ante la administración, entre ellos las solicitudes de los docentes oficiales tendientes a obtener el reconocimiento de una prestación pensional, dada la evidente complejidad que ello entrañaba. Sin embargo, ello en ningún momento supuso despojar al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de la competencia para reconocer y pagar las prestaciones sociales de los docentes oficiales, como se observa en el artículo 56 el cual, no hace otra cosa que reafirmar dicha competencia en cabeza del referido Fondo, al señalar en su tenor literal que “Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo”.
Así las cosas se infiere que a la Secretaría de Educación del ente territorial al cual pertenece la docente, en este caso la señora Mery Candelaria Morales Pineda (q.e.p.d.), se le confía la función de elaborar el proyecto de resolución que reconozca o niegue una prestación social, resolución que con posterioridad debía aprobar o improbar la sociedad fiduciaria encargada de administrar Ios recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ello, en todo caso, en nombre y representación de la Nación, Ministerio Educación Nacional y del referido Fondo de Prestaciones.
En efecto, no hay duda de que es a la administración representada en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a quien le corresponde el pago de los derechos prestacionales de los docentes afiliados al citado fondo, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto ha dispuesto el legislador y las normas reglamentarias, con posterioridad a la expedición de la Ley 91 1989.
Bajo estos supuestos, si bien es cierto la Ley 962 de 2005 estableció un procedimiento complejo en la elaboración de los actos administrativos mediante los cuales se reconocen prestaciones sociales a los docentes oficiales en el que, como quedó visto, intervienen la Secretaría de Educación del ente territorial, al cual pertenece el docente peticionario, y la respectiva sociedad fiduciaria, no lo es menos que, es el Fondo Nacional de Prestaciones Social del Magisterio a quien en últimas el mismo legislador, en el artículo 56 de citada Ley 962 de 2005, le atribuye la función de reconocer y pagar Ias prestaciones sociales a los docentes oficiales “Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo”.
Así las cosas, estima la Sala que el extremo pasivo de la presente controversia fue integrado en debida forma dado que, es al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a través de la Secretaría de Educación de Boyacá, a quien le correspondía pronunciarse en relación con la petición del demandante tendiente a obtener el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, como en efecto lo hizo mediante los actos demandados. Lo anterior, permite entrar al fondo del presente asunto, bajo las siguientes consideraciones.
Atendiendo a los motivos de oposición aducidos por la parte demandada en calidad de apelante único y conforme al material probatorio obrante en expediente, se extrae que en el sub-lite el problema jurídico se contrae a determinar si el señor Julio Bonilla Briceño tiene derecho al reconocimiento sobrevivientes de que trata el artículo 46 de la Ley 100 de 1993(18), por la muerte de la señora Mery Candelaria Morales Pineda, a pesar de que la citada señora para el momento de su fallecimiento se encontraba afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en consecuencia, le resulta aplicable el régimen previsto en el Decreto 224 de 1972.
Para el efecto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: i) la pensión de sobreviviente y el régimen aplicable a los docentes y, ii) del caso en concreto.
i. De la pensión de sobreviviente y el régimen aplicable a los docentes.
La muerte constituye una contingencia del sistema de seguridad social, en cuanto la ausencia definitiva de la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, dejaría en situación de desamparo a los integrantes del mismo.
En efecto, con la finalidad de atender dicha contingencia derivada de la muerte, el legislador ha previsto la pensión de sobreviviente cuya finalidad, no es otra que suplir la ausencia repentina del apoyo económico que brindaba el empleado al grupo familiar y, por ende, evitar que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación.
En este contexto, el derecho de la seguridad social crea la noción de “beneficiario de pensión” que difiere del concepto de general de “heredero o causahabiente” previsto en el derecho civil.
Los herederos de una persona que fallece, son sus descendientes o ascendientes, sin importar el grado de dependencia económica con el fallecido. Los beneficiarios de pensión son las personas que se encontraban en situación de dependencia de la persona que fallece. Es claro, entonces, que todo beneficiario de pensión es también heredero del causante, pero los herederos no necesariamente son beneficiarios de pensión.
Sobre este particular la Corte Constitucional en Sentencia T-701 de 22 de agosto de 2006, sostuvo que:
“(...) La Corte ya había advertido en reiteradas ocasiones que la pensión de sobrevivientes tiene como finalidad evitar “que las personas allegadas al trabajador y beneficiarias del producto de su actividad laboral queden por el simple hecho de su fallecimiento en el desamparo o la desprotección” y, por tanto, “busca impedir que, ocurrida la muerte de una persona, quienes dependían de ella se vean obligados a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales de su fallecimiento. (...)”.
Así mismo debe decirse, que la noción de contingencia derivada por la muerte de un empleado no es ajena al régimen prestacional aplicable a los docentes oficiales. En efecto, el Decreto 224 de 1972, por el cual se dictan normas relacionadas con el ramo docente, en su artículo 7º reguló lo relacionado con el reconocimiento de la pensión post mortem en los siguientes términos:
“(…) ART. 7º—En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrá derecho a que por la respectiva edad de previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años. (…).
El artículo transcrito, en cuanto a su regla temporal, esto es los 5 años por Ios cuales se reconocía la citada prestación pensional, se entiende derogado por Ley 33 de 1973 en primer lugar, porque a través de ésta se transforman en vitalicia las pensiones reconocidas a favor de las viudas de los docentes y, segundo lugar, porque su artículo 4º derogó las disposiciones que le fueran contrarias.
Para mayor ilustración se transcriben los artículos 1º y 4º de la Ley 33 de 1973:
“(...) ART. 1º—Fallecido un particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidación o vejez, o un empleado a trabajador del sector público, sea éste oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.
“PAR. 2º—A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de está Ley.
“ART. 4º—Esta Ley rige a partir de la fecha de su sanción y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. (...)”.
Esta Sección mediante providencia del 29 de enero de 2004 analizó el tránsito legislativo entre el Decreto Ley 224 de 1972 y la Ley 33 de 1973, precisando que(19):
“(...) La Sala ha verificado que la tendencia de la legislación sobre sustitución pensional a las viudas, para la época en que se expidió el aludido Decreto 224, fue en el sentido de que tal derecho se pagara durante 5 años.
En efecto, para el sector público se expidió el Decreto Ley 434 de 1971 que modificó por medio de los artículos 19 y 20, los numerales (sic) 36 y 39 del Decreto Ley 3135 de 1968, sobre sustitución pensional de jubilación e invalidez y retiro por vejez, respectivamente, para que se pagara durante los 5 años siguientes al fallecimiento del causante.
El mismo día de la expedición del Decreto 434, se profirió el 435 para las pensiones del sector privado, con similar alcance, o sea, para que la sustitución pensional se gozara durante los mismos 5 años.
Y, a manera de ejemplo, para pensiones especiales, el mismo día también se emitió el Decreto Ley 546 de 1971, para la rama judicial, cuyo artículo 16 consagró igual derecho a sustitución pensional por 5 años.
Lo expuesto, explica el porqué cuando por el artículo 7º del Decreto Ley 224 1972 se consagró el derecho a una pensión para las viudas de los docentes que fallecieran y que hubieran trabajado 18 años como profesores en planteles oficiales, se estableció allí que ese derecho sería por un tiempo “máximo” (sic) de 5 años.
3. Pero, al año siguiente, se expidió la Ley 33 de 1973, cuyo epígrafe es bien ilustrativo:
“Por la cual se transforman en vitalicias las pensiones de las viudas”.
Y efectivamente, así se dispuso tanto para el sector privado como para público, por su artículo 1º, cuyo parágrafo 2º autorizó que a las viudas que en ese momento se encontraban disfrutando, o tuvieran derecho a disfrutar, de la sustitución por 5 años, les quedaba prorrogado su derecho “dentro de los términos de esta ley”, vale decir, en forma vitalicia.
4. Aunque el artículo 4º de la Ley 33 de 1973 no hubiera dicho que quedaban derogadas las disposiciones que le fueran contrarias, para la Sala es evidente que todas las normas que con anterioridad a la vigencia de esta ley, establecían un término para el goce de la sustitución de pensiones, cualquiera que fuera, quedaron derogadas, en la regla temporal correspondiente, que fue reemplazada por la condición vitalicia mencionada.
De ahí que, evidentemente el artículo 7º del Decreto Ley 224 de 1972, está vigente, como lo concluyó la Sala de Consulta y Servicio Civil, pero sustituida su regla temporal de los 5 años allí establecida, por la condición vitalicia de la pensión, por mandato de la Ley 33 de 1973.
5. No atina la Nación cuando alega que la Ley 33 no se refirió a las pensiones post-mortem, pues basta leer su artículo 1º para convencerse de lo contrario: “Fallecido un trabajador…”.
6. Desde luego, que la Ley 33 no mencionó a las pensiones docentes, ni al artículo 7º del Decreto Ley 224 de 1972, pero a juicio de la Sala no hacía falta que los mencionara para entenderlo modificado en lo pertinente, porque los términos en que fue expedida es omnicomprensiva, tanto de las pensiones ordinarias como de las especiales y las de los sectores público, “sea este oficial o semioficial” y privado”.
De acuerdo con lo expuesto, estima la Sala que las normas antes transcritas establecen el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente con carácter vitalicia a favor de las viudas e hijos de los docentes que hubieran laborado por lo menos 18 años continuos o discontinuos en planteles oficiales.
Observa la Sala que mediante la presente acción de nulidad y restablecimiento del derecho el señor Julio Bonilla Briceño pretende obtener el reconocimiento y pago de una prestación pensional de sobreviviente argumentando para tal efecto, como causa eficiente, la muerte de su cónyuge la señora Mery Candelaria Morales Pineda (q.e.p.d), quien se desempeñaba como docente al servicio del Departamento de Boyacá.
Sobre este particular, observa la Sala a Folio 96 del expediente el Certificado de 20 de marzo de 2009, expedido por el Profesional Universitario de la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá en el cual, se da cuenta que prestó sus servicios como Docente en la Escuela de Pueblo Viejo ubicado en el Municipio de Moniquirá, desde el 14 de junio de 1991 al 16 de septiembre de 2008.
Adicionalmente se encuentra acreditado, de acuerdo con el certificado de Registro de Defunción 06617331, expedido por la Notaría Once del Circuito Notarial de Bogotá, que la señora Mery Candelaria Morales Pineda falleció el 16 de septiembre de 2008(20).
Teniendo en cuenta lo anterior, el 17 de abril de 2009 el señor Julio Bonilla Briceño, en su condición de cónyuge supérstite de la señora Mery Candela Morales Pineda (q.e.p.d), solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente(21).
Sin embargo, mediante Resolución 077 de 22 de enero de 2010 el Secretario de Educación del Departamento de Boyacá negó la solicitud, por cuanto el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio había establecido que no tenía derecho a una pensión post mortem como quiera que la señora Mery Candelaria Morales Pineda (q.e.p.d.) no había acreditado los 18 años de servicio(22).
Contra la anterior decisión, el demandante formuló recurso de reposición el cual fue resuelto, por el mismo funcionario confirmando en todas sus partes a través de la Resolución 0479 de 27 de abril de 2010.
Bajo estos supuestos, estima la Sala que como quedó dicho con anterioridad, el Decreto Ley 224 de 1972, en concordancia con la Ley 33 de 1973, disponen el reconocimiento de la pensión de sobreviviente a favor de las viudas e hijos de los docentes que al momento de su muerte hubieran laborado por lo menos 18 años al servicio de la educación oficial.
En efecto, debe decirse que en el caso concreto la señora Mery Candelaria Morales Pineda al momento de su muerte no acumulaba un tiempo de servicio como docente igual a 18 años que permitiera el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de su compañero permanente, en los términos del Decreto 224 de 1972 y la Ley 33 de 1973, toda vez que, desde el momento en que inició sus labores como docente y hasta su muerte, trascurrieron 17 años, 3 meses y 2 días.
A pesar de lo anterior, el señor Julio Bonilla Briceño consideró que le resulta aplicable el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 por cuanto esta norma en particular estableció la pensión de sobreviviente como un amparo a favor de las personas que dependían económicamente del afiliado al sistema que ha muerto, sin haber logrado el reconocimiento y pago de una pensión de vejez. Veamos:
“(...) ART. 46.—Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. “Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente”: Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca.
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiera cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones.
“PAR. 1º—Cuando un afiliado haya cotizado el número de semanas mínimo requerido en el régimen de prima en tiempo anterior a su fallecimiento, sin que haya tramitado o recibido una indemnización sustitutiva de la pensión de vejez o la devolución de saldos de que trata el artículo 66 de esta ley, los beneficiarios a que se refiere el numeral 2º de este artículo tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en los términos de esta ley.
En relación con los requisitos exigidos para el reconocimiento de la citada prestación pensional, debe decirse que el artículo 46 ibídem, además de la muerte del afiliado al sistema, como resulta obvio, exige un mínimo de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones que ascienden a 50 semanas, dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento del causante.
Bajo estos supuestos, se observa que los requisitos previstos por el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 para el reconocimiento de una pensión de sobreviviente resultan ser menos exigentes que los establecidos por el Decreto Ley 224 de 1972, en concordancia con la Ley 33 de 1973, en tanto sólo se requiere haber cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la muerte del afiliado, en contraste a los 18 años de servicios que se exigen en el régimen especial aplicable a los docentes.
En este punto, estima la Sala que si bien el régimen especial aplicable a los docentes y el régimen general de pensiones, son regímenes diversos, con reglas jurídicas propias, debe decirse que tanto la jurisprudencia constitucional como la de esta Corporación han admitido la posibilidad de que a beneficiarios de un régimen especial le sean aplicables las disposiciones de naturaleza general, en tanto estas últimas resulten más favorables a sus pretensiones.
En efecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-461 de 12 de octubre 2005, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, sostuvo que:
“(…) Por las razones anteriores la Corte considera que el establecimiento de regímenes pensionales especiales, como aquellos señalados en el artículo 279 de la Ley 100, que garanticen en relación con el régimen pensional, un nivel de protección igual o superior, resultan conformes a la Constitución, como quiera que el tratamiento diferenciado lejos de ser discriminatorio, favorece a los trabajadores a los que cobija. Pero si se determina que al permitir la vigencia de regímenes especiales, se perpetúa un tratamiento inequitativo y menos favorable para un grupo determinado de trabajadores, frente al que se otorga a la generalidad del sector, y que el tratamiento dispar no es razonable, se configuraría un trato discriminatorio en abierta contradicción con el artículo 13 de la Carta. (...)”.
Sobre este mismo punto, esta Corporación en Sentencia de 27 de agosto de 2009, precisó que(23):
“(...) Ahora, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Sección, en casos similares al que se juzga en este proceso(2), a las excepciones en la aplicación de las normas generales por la existencia de normas especiales que gobiernen un caso concreto, debe recurrirse sólo en tanto la norma especial resulte más favorable que el régimen general; lo contrario implicaría que una prerrogativa conferida por una ley a un grupo de personas, se convierta en un obstáculo para acceder a los derechos mínimos consagrados en la ley para la generalidad, como ocurre en el caso que se examina, en el cual las previsiones contenidas en los artículo 46 y 48 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la pensión de sobrevivientes, resultan más favorables que las prestaciones reconocidas por muerte en situaciones especiales a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en el ordenamiento que rige la materia, por lo que la definición del asunto no puede conducir a la decisión adoptada por la entidad demandada, que negó la prestación en aplicación de dicho régimen especial. (...)”
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible afirmar que, excepcionalmente, y cuando se demuestra que sin razón justificada las diferencias surgidas de la aplicación de los regímenes especiales generan un trato desfavorable para sus destinatarios, frente a quienes se encuentran sometidos al régimen común de la Ley 100 de 1993, se configura una evidente discriminación que impone el retiro de la normatividad especial, por desconocimiento del derecho a la igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución Política.
Así las cosas, y teniendo en cuenta que la aplicación del régimen especial previsto para los docentes en el caso concreto, Decreto Ley 224 de 1972 y Ley 33 de 1973, da lugar a un trato desfavorable a las pretensiones del demandante, la Sala estima acertada la decisión del Tribunal en cuanto por vía de excepción aplicó las disposiciones previstas en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, las cuales resultan más beneficiosas a su situación particular, en cuanto logra satisfacer los requisitos exigidos por el citado artículo 46.
En efecto, de acuerdo con las pruebas allegadas al expediente la señora Mery Candelaria Morales Pineda (q.e.p.d) laboró como docente al servicio del departamento de Boyacá desde el 14 de junio de 1991 al 16 de septiembre de 2008, lo que permite a la Sala dar por probado que dentro de los 3 años anteriores a su muerte esto es, entre el 16 de septiembre de 2005 al 16 septiembre de 2008, cotizó más de cincuenta semanas por concepto pensión y, en consecuencia da lugar, al reconocimiento de una pensión sobreviviente a favor del demandante.
Sobre este particular, vale la pena precisar que en lo que se refiere al ingreso base de liquidación de la pensión de sobreviviente, reconocida a Julio Bonilla Briceño, que esta deberá corresponder al promedio de los salarios o rentas sobre los cuales la causante cotizó durante los 10 años anteriores reconocimiento de la pensión, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley 100 1993; y, en cuanto a su monto se deberá seguir la regla establecida en artículo 48(3) de la Ley 100 de 1993, esto es, el 45% del ingreso base liquidación, más un 2% por cada 50 semanas cotizadas adicionales a las primeras 500 sin exceder, en todo caso, del 75% del ingreso base, tal y como dispuso el a-quo.
De acuerdo con las consideraciones que anteceden, la Sala confirmará sentencia del a-quo, mediante la cual se accedió a las súplicas de la demanda.
Confirmar la Sentencia de 13 de febrero de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, por medio de la cual accedió a las pretensiones de la demanda incoada por el señor Julio Bonilla Briceño en contra del Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.
(12) “(…) por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones.
(13) “(...) ART. 5º—Recepción de Solicitudes. Las solicitudes relacionadas con reconocimiento y pago de prestaciones económicas del Magisterio, serán radicadas en la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional.
La documentación sólo será radicada si llena los requisitos establecidos en las normas reglamentarias.
“ART. 6º —Estudio de Solicitudes. Una vez radicada la solicitud, la oficina de prestaciones sociales de cada Fondo Educativo Regional, procederá a realizar el estudio de la documentación.
“ART. 7º —Liquidación. Realizado el estudio de la documentación, se procederá a efectuar liquidación respectiva con el visto bueno de la entidad fiduciaria.
(14) “(...) ART. 56.—Racionalización de trámites en materia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio serán reconocidas por el citado Fondo mediante la aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de Educación de la entidad territorial. (...)”.
(15) (...) ART. 2º—Radicación de solicitudes. Las solicitudes de reconocimiento de prestaciones sociales, deberán ser radicadas en la secretaría de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o causahabiente, de acuerdo con el formulario adoptado para el efecto por la sociedad fiduciaria encargada de administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
ART. 3º—Gestión a cargo de las secretarías de educación. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 91 de 1989 y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, la atención de las solicitudes relacionadas con las prestaciones sociales que pagará el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, será efectuada a través de las secretarías de educación de las entidades territoriales certificadas, o la dependencia que haga sus veces.
“ART. 5º—Reconocimiento. Aprobado el proyecto de resolución por la sociedad fiduciaria encargada del manejo de los recursos del Fondo, deberá ser suscrito por el secretario educación del ente territorial certificado y notificado en los términos y con las formalidades y efectos previstos en la ley”.
(16) En este mismo sentido puede verse la Sentencia de 18 de agosto de 2011. Radicado 1887-2008 M.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(17) Así puede verse en su mismo epígrafe en el cual se señala: “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas prestan servicios públicos”.
(18) “(…) “ART. 46.—Requisitos para obtener la pensión sobrevivientes. “Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: “Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común fallezca y,
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:
(19) Radicado 00513-01, M.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.
(20) Visible a Folio 95.
(21) Información tomada de la Resolución 0077 de 22 de enero de 2010, expedida por el Secretario de Educación del Departamento de Boyacá.
(22) Visible a folios 44 a 46.
(23) Consejo de Estado, Sentencia de 27 de agosto de 2009, Radicado 130012331000200000421 01, C.P. Gerardo Arenas Monsalve.
(2) Sentencias 2409-01 del 25 de abril de 2002 y 1707-02 del 6 de marzo de 2003.
(3) “Art. 48.—Monto de la pensión de sobrevivientes. El monto mensual de la pensión de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel disfrutaba.
No obstante lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto.