Source: http://www.procubalibre.org/nota.asp?id=7905
Timestamp: 2017-03-28 06:14:47
Document Index: 408744608

Matched Legal Cases: ['artículo 121', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 86', 'Artículo 64', 'Artículo 479', 'Artículo 480', 'Artículo 98', 'artículo 190', 'artículo 263', 'Artículo 30', 'artículo 58']

ProCubaLibre | Informe Anual 2008 - Cuba - Por Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Informe Anual 2008 - CubaComisión Interamericana de Derechos Humanos8 de mayo de 2009
DE DERECHOS HUMANOS 2008 CAPÍTULO IV (continuación)
146. El 14 enero de 2009 la Comisión envió al Estado de Cuba el presente informe para sus observaciones. El Estado no respondió. 147. Cuba es un Estado parte en la Organización de los Estados Americanos desde el 16 de julio de 1952, fecha en que depositó el instrumento de ratificación de la Carta de la OEA. La Comisión ha sostenido que el Estado cubano “es responsable jurídicamente ante la Comisión Interamericana en lo concerniente a los derechos humanos” puesto que “es parte de los instrumentos internacionales que se establecieron inicialmente en el ámbito del hemisferio americano a fin de proteger los derechos humanos” y porque la Resolución VI de la Octava Reunión de Consulta[206] “excluyó al gobierno de Cuba, y no al Estado, de su participación en el sistema interamericano”[207]. Al respecto, la CIDH expuso que:
[...] siempre ha considerado que el propósito de la Organización de los Estados Americanos al excluir a Cuba del sistema interamericano no fue dejar sin protección al pueblo cubano. La exclusión de este Gobierno del sistema regional no implica de modo alguno que pueda dejar de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos[208]. 148. En el uso de su competencia, la CIDH ha observado y evaluado la situación de los derechos humanos en Cuba en informes especiales[209]; en el Capítulo IV del Informe Anual[210] y mediante el sistema de casos[211]. Asimismo, la CIDH en diversas ocasiones ha solicitado al Estado de Cuba la adopción de medidas cautelares con el objeto de proteger la vida y la integridad personal de las ciudadanas y los ciudadanos cubanos[212].
151. Para la elaboración del presente informe, la Comisión ha obtenido información de organismos internacionales, de la sociedad civil y del propio Gobierno a través de la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en la web. Asimismo, en audiencia pública realizada durante su 133º período ordinario de sesiones, recibió información sobre la situación de los presos políticos en Cuba, en especial sobre los sindicalistas privados de libertad[213]. La Comisión observa la escasa información sobre derechos humanos disponible sobre Cuba provenientes tanto de la isla como del exterior. II. CUESTIONES PREVIAS
A. Aspectos Positivos y Avances Generales 155. En el proceso de evaluación de la situación de los derechos humanos, la Comisión reconoce una serie de logros alcanzados por el Estado de Cuba. Al respecto, valora que el 28 de febrero de 2008 el Gobierno cubano firmó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de la Organización de las Naciones Unidas.
Cuba es un país de ingreso mediano, perteneciente al grupo de países con desarrollo humano alto (rango 51 entre 177). Según informes nacionales, ya se lograron tres de los ocho ODM: educación primaria universal; igualdad de género; y reducción de la mortalidad infantil (Objetivos 2, 3 y 4). Se considera posible alcanzar tres ODM más para 2015: erradicar la extrema pobreza y el hambre; mejorar la salud materna y luchar contra el VIH/SIDA y otras enfermedades (Objetivos 1, 5 y 6). El Gobierno también considera probable poder cumplir con los últimos dos Objetivos, relativos a la sostenibilidad del medio ambiente y las alianzas mundiales para el desarrollo. No obstante, los índices de desarrollo humano desglosados por zonas muestran cierto grado de heterogeneidad, a consecuencia de lo cual el Gobierno asigna prioridad a las regiones orientales del país en las estrategias de desarrollo[216].
1. Derechos Políticos 161. Los órganos del Sistema Interamericano han sostenido que los derechos políticos son de importancia fundamental que se relacionan estrechamente con un conjunto de otros derechos que hacen posible el juego democrático[221]. En tal sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que […] El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos expresan libremente su voluntad y ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos pueden decidir directamente y elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán en la toma de decisiones de los asuntos públicos”. A su vez indicó que [L] a participación política mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello[222]. En este sentido, destacó que incluso en estado de excepción la Convención Americana prohíbe su suspensión[223]. 162. En este mismo orden de ideas, la Comisión ha sostenido que la existencia de elecciones libres, poderes públicos independientes, eficaces y el pleno respeto a la libertad de expresión, entre otras, son características fundacionales de la democracia que no pueden ser evaluadas en forma aislada. Desde esta perspectiva, la plena garantía de los derechos humanos no es posible sin el reconocimiento efectivo e irrestricto del derecho de las personas a constituir y participar en agrupaciones políticas. 163. En relación con las restricciones a los derechos políticos, el Estado de Cuba ha afirmado que
171. Asimismo, la Corte Interamericana ha señalado que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial e independiente es una garantía fundamental del debido proceso. Es decir, se debe garantizar que el juez o tribunal en el ejercicio de su función como juzgador, cuente con la mayor objetividad para enfrentar el juicio. Asimismo, la independencia del Poder Judicial frente a los demás poderes estatales es esencial para el ejercicio de la función judicial[234]. En un caso decidido recientemente, la Corte indicó que [U]no de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del juez específico. El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación.[235]
173. Para la Corte Europea de Derechos Humanos la imparcialidad del juzgador se compone de elementos subjetivos y objetivos. La imparcialidad subjetiva del juez se presume en el caso concreto mientras no se pruebe lo contrario. La imparcialidad objetiva, por su parte, exige que el tribunal ofrezca las suficientes garantías que disipen cualquier duda acerca de la imparcialidad observada en el proceso[238]. 174. Respecto a las garantías de independencia e imparcialidad, corresponde observar que el artículo 121 de la Constitución Política de Cuba establece que [l]os tribunales constituyen un sistema de órganos estatales, estructurado con independencia funcional de cualquier otro y subordinado jerárquicamente a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado.
176. Conforme a la información recibida en el 2008, los tribunales cubanos han persistido en juzgar a los disidentes en base a criterios político-ideológicos y mediante procedimientos sumarísimos[239] como por ejemplo el juicio y condena realizados durante el año 2008 contra Julián Antonio Monés Borrero, quien fue detenido y acusado de “atentado a una autoridad” el pasado 30 de septiembre de 2008 en la provincia de Guantánamo. Según la información recibida, Monés habría sido denunciado por agredir a un oficial del Ministerio del Interior durante una concentración pública en el mes de septiembre. Con fecha 26 de noviembre de 2008, el Tribunal Municipal de Baracoa de la provincia de Guantánamo, sentenció a Julián Antonio Monés Borrero a tres años de prisión. El 12 de diciembre de 2008 el Tribunal de alzada confirmó dicha sentencia. 177. Al respecto, la Comisión considera que la falta de observancia de las garantías de debido proceso resultan aún más preocupantes en los procesos sumarios dado que no ofrecen las garantías mínimas y necesarias para que el acusado ejerza su derecho a una adecuada defensa legal. En este sentido, en el Caso 12.477, Lorenzo Enrique Copello Castillo y Otros contra Cuba [240] la Comisión concluyó que el Estado de Cuba era responsable de la violación de los artículos XVIII y XXVI de la Declaración Americana por haber juzgado y aplicado la pena de muerte sin las debidas garantías procesales a los señores Copello Castillo, Sevilla García y Martínez Isaac quienes fueron fusilados luego de un procedimiento sumarísimo sin el cumplimiento del derecho de defensa, imparcialidad e independencia judicial, entre otros requisitos. Respecto del procedimiento sumarísimo, mediante el cual fueron juzgados y condenados a la pena capital los señores Copello, Sevilla y Martínez, la CIDH expresó:
178. Sobre la base de las consideraciones de hecho y de derecho establecidas en el Informe de Fondo No. 68/06 del Caso 12.477, la CIDH recomendó al Estado de Cuba adoptar las medidas necesarias para adecuar las leyes, procedimientos y prácticas a las normas internacionales sobre derechos humanos. En particular, la Comisión recomendó al Estado de Cuba reformar la legislación penal con el objeto de asegurar el derecho de justicia y el derecho de proceso regular, así como iniciar un proceso de reforma a su Constitución Política con miras a asegurar la independencia del Poder Judicial. Asimismo, recomendó reparar a los familiares de las víctimas por el daño material e inmaterial sufrido en virtud de las violaciones a la Declaración Americana aquí establecidas y, adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos. 179. Ahora bien, con respecto a la figura de la pena de muerte, el Código Penal de Cuba contempla esta sanción en los delitos contra la seguridad del Estado; la paz y el derecho internacional; la salud pública; la vida y la integridad corporal; el normal desarrollo de las relaciones sexuales; el normal desarrollo de la infancia y la juventud y contra los derechos patrimoniales. A manera de información en el título sobre delitos contra la seguridad del Estado, los tipos penales que contemplan la pena de muerte como máxima sanción son los siguientes: Actos contra la Independencia o la Integridad Territorial del Estado; Promoción de Acción Armada contra Cuba; Servicio Armado contra el Estado; Ayuda al Enemigo; Espionaje; Rebelión[242]; Sedición; Usurpación del Mando Político o Militar; Sabotaje; Terrorismo; Actos Hostiles contra un Estado Extranjero; Genocidio; Piratería; Mercenarismo; Crimen del Apartheid[243]y; otros actos contra la seguridad del Estado. Además, se contempla la pena de muerte en los siguientes tipos penales: Producción, Venta, Demanda, Tráfico, Distribución y Tenencia Ilícitas de Drogas, Estupefacientes, Sustancias Sicotrópicas y Otras de Efectos Similares[244]; Asesinato[245]; Violación[246]; Pederastia con Violencia[247]; Corrupción de Menores[248]; Robo con Violencia o Intimidación en las Personas[249]. 180. Al respecto, la Comisión recibió información general que da cuenta de que un número significativo de tipos penales que contemplan la sanción de pena de muerte, en especial a delitos contra la seguridad del Estado, tienen un lenguaje amplio o vago. Ello puede llevar a la aplicación de sanciones desproporcionadas y a una enorme discrecionalidad que puede eliminar toda posibilidad de defensa efectiva del individuo frente a las autoridades[250]. La Comisión nota que desde el año 2000 en Cuba no se ha aplicado la pena de muerte, salvo en el año 2003, cuando fueron ejecutados los señores Lorenzo Enrique Copello Castillo, Bárbaro Leodán Sevilla García y Jorge Luis Martínez Isaac (víctimas del caso antes citado). 181. No obstante, la Comisión considera que la aplicación de la pena capital requiere de la existencia de un poder judicial independiente donde los jueces ejerzan un alto nivel de escrutinio y donde se observen las garantías de debido proceso. Al respecto, la Corte Interamericana ha sostenido que,
[L]a pena capital no es per se incompatible con la Convención Americana ni está prohibida por ella. Sin embargo, la Convención fija un número de limitaciones estrictas para la aplicación de la pena capital[251]. Primero, la aplicación de la pena de muerte debe estar limitada a los delitos comunes más graves y no relacionados con agravios políticos[252]. Segundo, se debe individualizar la pena de conformidad con las características del delito y la participación y culpabilidad del acusado[253]. Por último, la aplicación de la pena capital está sujeta a ciertas garantías procesales cuyo cumplimiento deberá ser estrictamente observado y revisado[254]. 182. En tal sentido, la Comisión reitera que la carencia de una administración de justicia independiente en Cuba, aunado a la ausencia de garantías de debido proceso, así como también la utilización de procesos sumarios afectan los derechos fundamentales de las personas que se encuentran condenadas a la pena capital. Ello determina que la pena de muerte por delitos políticos permanezca siempre como una amenaza latente sobre las personas. 183. En resumen, la Comisión llama al Gobierno de Cuba a adecuar sus normas procesales a los estándares internacionales aplicables en materia de debido proceso, a fin de que las personas que acudan a los tribunales para la determinación de sus derechos y responsabilidades cuenten con garantías legales mínimas para ejercer sus medios de defensa. La Comisión estima que el marco legal existente no cumple con las obligaciones internacionales de Cuba en esta materia. La plena vigencia de las garantías judiciales consagradas en la Declaración Americana se asienta sobre la base de un Poder Judicial independiente y autónomo y sobre la aplicación de normas que sean claras y específicas y no permita el abuso discrecional de la autoridad.
Es de todos sabido la terrible ofensiva desatada por las autoridades de la Habana en contra de setenta y cuatro hombres y una mujer en la llamada Primavera Negra del 2003, en ella fuimos arrestados bajo la absurda acusación de asociarnos a una potencia extranjera con el fin de derrocar al gobierno y a la Revolución. Quiero aclarar que no hubo ni siquiera un solo caso de los setenta y cinco arrestados en esa acción donde se le halla presentado prueba alguna de mantener vínculos o planes concretos para derrocar por medios violentos al actual régimen en Cuba, con la complicidad de alguna fuerza o potencia extranjera que tuviese intención de invadir la isla. Todo fue una falacia del gobierno cubano, ellos saben perfectamente el carácter civilista y pacífico del Movimiento Opositor en nuestra patria.
4. Adoptar las medidas necesarias para evitar que hechos similares vuelvan a cometerse, de conformidad con el deber del Estado de respetar y garantizar los derechos humanos[265]. 191. De acuerdo a información recibida por la CIDH, hasta el año 2008, 20[266] víctimas del Caso 12.476 habrían sido excarceladas mediante el otorgamiento de licencias extrapenales (libertad provisional)[267] debido a que padecían graves enfermedades[268] y Rafael Millet Leyva habría sido liberado el 19 de diciembre de 2006. 192. En febrero del año 2008, cuatro víctimas del Caso 12.476 obtuvieron la licencia extrapenal: José Gabriel Ramón Castillo[269], Pedro Pablo Álvarez, Alejandro González Raga y Omar Pernet con la condición de que abandonaran Cuba con destino a España. Las demás víctimas continúan privadas de libertad. La Comisión considera que mientras la excarcelación fue un paso positivo, el Estado no ha cumplido plenamente con las recomendaciones formuladas en el Informe de Fondo Nº 67/06.
Luego de vencida esta etapa inicial comienza otra que no deja de ser peor, la convivencia en los destacamentos, con elementos de todas clases, asesinos, violadores, ladrones inescrupulosos, locos y maniáticos sexuales, etc. Estos elementos que en la mayoría de los casos son manipulados por las autoridades del penal y por supuesto de la seguridad del estado también. Son usados en algunos casos en los que la seguridad quiere castigar o amedrentar al preso. Durante cinco años y siete meses las torturas y maltratos en algunos casos físicos y en todos los casos sicológicos han sido constantes. Esto solo no se produce en contra de los presos sino también con los familiares de los mismos: por ejemplo con los hijos en las escuelas muchos son discriminados e insultados por el solo hecho de ser familiar de un preso político, también las esposas, las madres, los padres, las hermanas y los hermanos y otros familiares que atienden al preso, son rechazados por sectores de la comunidad o en los centros de trabajos. Todavía hoy algunos de estos hombres encarcelados injustamente continúan alejados a cientos de kilómetros de distancia de sus familiares, en condiciones muy precarias de vida y de salud, algunos con enfermedades crónicas sin la debida asistencia médica, y con la falta de medicamentos, con una alimentación que no es la adecuada para el tratamiento de su enfermedad. Esta situación se agrava, en la mayoría de estos casos por ser personas muy mayores que no deberían estar presas en condiciones tan infrahumanas, luego se les hace más difícil soportar un régimen carcelario tan cruel e inhumano[274].
196. Con respecto a la salud de Blas Giraldo Reyes, según la información recibida, éste presentaría diversos problemas de salud entre los que destacan la hipertensión arterial, hemorroides, diabetes, artrosis degenerativa con endurecimiento de los cartílagos, gastritis crónica, problemas renales y hepáticos[278]. La CIDH fue informada que Blas Giraldo Reyes Rodríguez estuvo ingresado en el hospital provincial Camilo Cienfuegos, posteriormente fue trasladado a la enfermería de la prisión y actualmente estaría en el destacamento[279]. 197. La Comisión ha expresado con anterioridad su preocupación respecto a la gran cantidad de presos políticos que estarían sufriendo enfermedades crónicas de tipo visual, renal, cardíaco y pulmonar, sin que se les brinde la atención médica apropiada, incluidas varias personas mayores de edad. Por el contrario, es de conocimiento de la CIDH que las autoridades penitenciarias han impedido a los familiares de los disidentes políticos privados de libertad entregarles a éstos los medicamentos que requieren para tratar sus enfermedades y que no son proporcionados por el Estado.
200. Respecto de Normando Hernández González, según la información recibida en el 2008, habría sido trasladado del Hospital Militar “Carlos J. Finlay” de la Habana, en donde recibía tratamiento médico debido a varias complicaciones de salud sufridas mientras guardaba prisión, a una celda de aislamiento en la prisión Kilo 7[282]. En relación con Jorge Luís García Paneque, la Comisión ha sido informada que las autoridades penitenciarias han continuado restringiendo al señor García Paneque el acceso a los medicamentos que requiere para su deteriorada salud. 201. Por otra parte, la Comisión ha sido informada que Iván Hernández Carrillo, de la agencia Patria, padece enfermedades crónicas que se están agravando por falta de cuidados sanitarios adecuados. En julio de 2008, el periodista Juan Carlos Herrera Acosta inició una huelga de hambre en reclamo de mejores condiciones carcelarias; se habría cosido la boca para profundizar su protesta. Según la información recibida, su salud también se ha deteriorado desde que fue detenido a la fecha [283].
204. Al mismo tiempo, la CIDH observa que el señor Jorge Luís García Pérez-Antúnez, quien estuvo privado de libertad desde 1990 fue puesto en libertad el 22 de abril de 2007, luego de haber completado la totalidad de la condena a la que fue sentenciado. La CIDH fue informada que el señor García Pérez-Antúnez habría sido objeto de frecuentes golpizas por parte de otros presos y que estaba siendo amenazado por las autoridades con no salir vivo de la prisión, razón por la cual el 21 de noviembre de 2006 otorgó medidas cautelares en su favor[287]. El 20 de junio de 2008, el señor García Pérez-Antúnez fue arrestado violentamente por fuerzas de la policía política en la ciudad de Matanzas. Al momento de la detención, se encontraba junto a su esposa Iris Pérez Aguilera y otros opositores al gobierno de Cuba, haciendo una manifestación pública de repudio a la detención del activista Mario Pérez Aguilera. 205. Por otra parte, la Comisión reitera su preocupación por la persistencia de los llamados “actos de repudio” en contra de disidentes políticos. Estos actos de repudio consisten en hostigamientos e intimidaciones llevadas a cabo por miembros de grupos partidarios del gobierno, entre ellos los Comités de Defensa de la Revolución y los Destacamentos Populares de Respuesta Rápida, en contra de quienes consideren “contrarrevolucionarios”[288]. Este tipo de actos desconoce la dignidad humana y libertad de las que toda persona es titular, independientemente de sus ideas políticas y son contrarios a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. 206. La Comisión recibió información sobre los malos tratos que las y los familiares de los disidentes políticos presos padecen por el sólo hecho de ser sus familiares. A manera de ejemplo se indicó que los hijos de los presos políticos en las escuelas son discriminados e insultados. También las esposas, madres, padres, hermanas y hermanos y otros familiares que atienden a los presos políticos, son rechazados por sectores de la comunidad o en los centros de trabajos[289].
4. Restricciones a la Libertad de Expresión 207. La Comisión ha venido sosteniendo reiteradamente que Cuba es el único país del Hemisferio en donde puede afirmarse categóricamente que no hay derecho a la libertad de expresión[290]. Tales afirmaciones se basan fundamentalmente en la persistente problemática reflejada en los siguientes aspectos: a) privación de la libertad personal como consecuencia de la manifestación de opiniones o críticas de periodistas y disidentes; b) restricciones al derecho de acceso a la información a través del Internet; c) las restricciones indirectas al ejercicio de la actividad periodística y; d) la criminalización de las manifestaciones públicas.
208. La Comisión manifiesta preocupación respecto del hecho de que en Cuba continúan más de 20 periodistas presos, algunos de los cuales, presentan estados de salud deteriorados debido a las condiciones de encarcelamiento a las que están sometidos, lo cual convierte a Cuba en el país con mayor número de periodistas presos en la región. 209. No obstante lo anterior, la Comisión toma nota de la liberación de los periodistas independientes Alejandro González Raga, periodista freelance, y José Gabriel Ramón Castillo, director de la agencia de prensa Instituto Cultura y Democracia Press, ambos detenidos en marzo de 2003, en la denominada “Primavera Negra”[291]. 210. Por otra parte, la Comisión recibió información de que el director del boletín independiente Porvenir, Yordi García Fournier, fue arrestado en la provincia de Guantánamo y condenado en un juicio sumario el 3 de septiembre, bajo la acusación de resistencia y desobediencia. Según la información recibida, el reportero había ido a ver a un amigo a la cárcel y fue arrestado luego de gritar consignas contra el gobierno.[292]
216. Con respecto a Internet, la Comisión recuerda que éste constituye un instrumento que tiene la capacidad de fortalecer el sistema democrático, contribuir con el desarrollo económico de los países de la región, y fortalecer el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Internet es una tecnología sin precedentes en la historia de las comunicaciones que permite el rápido acceso y transmisión a una red universal de información múltiple y variada, maximizar la participación activa de la ciudadanía a través del uso de Internet contribuye al desarrollo político, social, cultural y económico de las naciones, fortaleciendo la sociedad democrática. A su vez, Internet tiene el potencial de ser un aliado en la promoción y difusión de los derechos humanos y los ideales democráticos y un instrumento de importante envergadura para el accionar de organizaciones de derechos humanos pues por su velocidad y amplitud permite transmitir y recibir en forma inmediata condiciones que afectan los derechos fundamentales de los individuos en diferentes regiones[302].
218. Por otra parte, la Comisión ha recibido información de que en 2008 se registraron hechos de intimidación y hostigamiento a periodistas por parte de funcionarios policiales, que constituyen restricciones al ejercicio de la libertad de expresión. A modo de ejemplo, en abril de este año, el periodista de la agencia de prensa Nueva Prensa Cubana, Ernesto Corría Cabrera, fue detenido y expulsado de La Habana hacia Camagüey, luego de imprimir un boletín de noticias en la Sección de Intereses de Estados Unidos en la Embajada de Suiza. Según la información recibida, el periodista fue acusado de violar un decreto que requiere que quienes no viven en la capital cubana pidan un permiso especial si se quedan más de 24 horas. En varias oportunidades, agentes de la Seguridad del Estado le habían advertido al reportero que si no dejaba de hacer periodismo, se le aplicaría la mencionada Ley 88[303]. 219. También el periodista de la Agencia de Prensa Sindical Press y corresponsal de la revista Misceláneas de Cuba, Carlos Serpa Maceira, denunció que en junio de 2008, fue detenido por agentes de la Seguridad del Estado y trasladado a una estación policial, donde fue acusado de promover “actos provocativos y mercenarios orientados por la Sección de Intereses de los Estados Unidos de América en Cuba”. Serpa Maceira fue conminado por los policías a abandonar el periodismo, bajo la amenaza de que sería deportado a la Isla de la Juventud, por no tener permiso oficial para residir en La Habana[304]. 220. En ese sentido, se señala el Principio 9 de la Declaración de Principios para la Libertad de Expresión que, entre otras cosas, advierte que la intimidación y la amenaza constituyen una violación a los derechos fundamentales de las personas y “coarta severamente la libertad de expresión”. La Comisión entiende que la detención y posteriores restricciones e intimidaciones de las que los reporteros fueron objeto son claras formas de restringir la labor periodística y por ende, el ejercicio de la libertad de expresión.
221. La Comisión observa que continúan las acciones encaminadas a reprimir manifestaciones sociales. Tal situación ha afectado particularmente a, la agrupación denominada Damas de Blanco, uno de los grupos que en forma permanente es reprimido por las manifestaciones que efectúa[305], como se detalla en la sección vi. del presente informe que aborda la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos. 222. La Comisión desea recordar que “la participación de las sociedades a través de la manifestación pública es importante para la consolidación de la vida democrática de las sociedades. En general, ésta como ejercicio de la libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un interés social imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para justificar la limitación de un derecho”[306].
resulta en principio inadmisible la criminalización también per se de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión. En otras palabras: se debe analizar si la utilización de sanciones penales encuentra justificación bajo el estándar de la Corte Interamericana que establece la necesidad de comprobar que dicha restricción (la criminalización) satisface un interés público imperativo necesario para el funcionamiento de una sociedad democrática. Asimismo, es necesario valorar si la imposición de sanciones penales se constituye como el medio menos lesivo para restringir la libertad de expresión practicada a través del derecho de reunión manifestado en una demostración en la vía pública o en espacios públicos. Es importante recordar que la criminalización podría generar en estos casos un efecto amedrentador sobre una forma de expresión participativa de los sectores de la sociedad que no pueden acceder a otros canales de denuncia o petición como ser la prensa tradicional o el derecho de petición dentro de los órganos estatales donde el objeto del reclamo se origina. El amedrentamiento a la expresión a través de la imposición de penas privativas de la libertad para las personas que utilizan el medio de expresión antes mencionado, tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o sus criticas a la gestión de gobierno como forma de incidencia en los procesos de decisiones y políticas estatales que los afecta directamente[307]. 224. En este sentido, la Comisión reitera la necesidad imperativa de que los Estados, al imponer restricciones a esta forma de expresión, lleven a cabo un análisis riguroso de los intereses que se pretende proteger a través de la restricción teniendo en cuenta el alto grado de protección que merecen el derecho de reunión y la libertad de expresión como derechos que materializan la participación ciudadana y la fiscalización del accionar del Estado en cuestiones públicas[308].
226. La CIDH ha continuado recibiendo información sobre la situación de los derechos humanos de los trabajadores y dirigentes sindicales en Cuba. Al respecto la información refiere principalmente a restricciones al derecho de libertad sindical. 227. La Comisión Interamericana observa que la Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, OIT[313], en su Informe del 2008, respecto del Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, manifestó que el Gobierno cubano ha reiterado ante dicho organismo que se continúa con el proceso de revisión del Código de Trabajo para lo cual se despliega un amplio proceso de consultas que incluye a los 19 sindicalistas nacionales ramales y a la Central de Trabajadores de Cuba[314]. A este respecto, la Comisión de Expertos observó que dicho proceso se desarrolla desde hace numerosos años sin que se hayan obtenido hasta el momento resultados concretos[315].
7. Situación de los Derechos Humanos de las Mujeres 236. Al adoptar la Declaración Americana, los Estados reconocieron que los derechos humanos tienen como fundamento los atributos de la persona humana[330], y que “[t]odas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes […] sin distinción de […] sexo”[331], En relación con el derecho de igualdad ante la ley, la CIDH ha expresado que éste “exige que la legislación nacional acuerde las protecciones sin discriminación”[332]. Anteriormente, la CIDH ha dicho que las garantías de igualdad ante la ley y no discriminación “reflejan bases esenciales del propio concepto de derechos humanos”[333]. Como ya lo ha afirmado la Corte Interamericana, estos principios se desprenden “directamente de la unidad de naturaleza del género humano y [son] inseparable[s] de la dignidad esencial de la persona”[334]. 237. En materia de derechos de la mujer, es importante notar que Cuba posee un marco jurídico para proteger los derechos humanos de las mujeres[335]. La Constitución Cubana provee explícitamente a las mujeres igualdad de derechos económicos, políticos, culturales, sociales y familiares con los hombres[336]. Sin embargo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha manifestado su preocupación por el hecho de que en la legislación cubana no hay una definición explícita de la discriminación contra la mujer, de conformidad con el artículo 1 de la CEDAW[337]. 238. La CIDH observa con satisfacción el aumento de la representación política de las mujeres en todos los niveles, incluidos los órganos gubernamentales a nivel municipal, provincial y nacional, así como la alta representación de las mujeres en el parlamento[338]. Asimismo celebra el alto porcentaje de mujeres que trabajan y siguen carreras en las esferas científicas y técnica[339]. No obstante, nota la falta de datos y de tendencias a lo largo del tiempo, con respecto a la participación de la mujer en todas las categorías y sectores ocupacionales del mercado de trabajo, y la segregación vertical y horizontal de la fuerza de trabajo y los niveles de salarios desglosados por género, conforme a lo expresado por el Comité de la CEDAW[340]. Asimismo, la CIDH ha recibido información que indica que a pesar de los esfuerzos realizados por el Estado para eliminar los estereotipos basados en el género, en particular mediante la revisión de libros de texto, los planes de estudios y métodos de enseñanza, persisten actitudes patriarcales y estereotipos profundamente arraigados en relación con las funciones y responsabilidades de la mujer y el hombre en la familia[341].
8. Situación de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 239. Respecto a la situación de los niños, niñas y adolescentes en Cuba, la Comisión observa que existen ciertos logros relacionados con el acceso a la educación y en algunos aspectos del servicio de salud. A modo ilustrativo, el 97% de los niños concluye el nivel de educación primaria y los indicadores de mortalidad neonatal e infantil están alrededor de 4 y 5 por ciento respectivamente[342].
240. En relación a la protección de los derechos de los niños en conflicto con la ley, preocupa a la CIDH la vigencia de normas aplicables respecto a niños en conflicto con la ley debido a que el derecho interno establece como edad mínima de responsabilidad penal la edad de 16 años[343], ello significa que a una persona a partir de los 16 años le son aplicables las normas previstas en el derecho penal cubano. En consecuencia, al no existir una disposición que lo prohíba, también resultan aplicables las sanciones de privación de libertad perpetua de conformidad con lo previsto en el artículo 30 incisos 1 y 2[344]. De este modo, Cuba es uno de los pocos países que en las Américas[345] continúa aplicando este tipo de sanción contrarias a los estándares internacionales de derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. 241. Asimismo, preocupa a la Comisión que los niños, niñas y adolescentes continúen siendo víctimas de distintas formas de violencia en Cuba como es la práctica del castigo corporal en el hogar, en las escuelas y en las instituciones a cargo del cuidado y protección de las personas menores de 18 años. Sobre este tema, por un lado, la Comisión observa positivamente que el castigo corporal está prohibido respecto a personas privadas de libertad[346]. Sin embargo, preocupa a la Comisión la vigencia del artículo 86 del Código de Familia[347] que permite el uso de la violencia, aunque sea leve, como método de corrección moderada de los hijos. En ese sentido, la CIDH exhorta al Estado para que adopte las medidas legislativas y de otra índole que estime apropiadas para prohibir y erradicar el castigo corporal como método de disciplina de niños, niñas y adolescentes en el hogar, en la escuela o en instituciones encargadas del cuidado y protección de las personas menores de 18 años.
242. Finalmente, la CIDH recuerda al Estado que de conformidad con lo dispuesto en el artículo VII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, todas las medidas que se adopten a favor de los niños y las niñas aseguren la prevalencia del interés superior del niño, el respeto de su dignidad, el principio de no discriminación por cualquier índole, el derecho de participación de los niños y niñas así como el respeto de sus opiniones. IV. CONCLUSIONES
[ índice | anterior | próximo ] [204] Corte I.D.H., Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del Artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 43-46.
[209] Ver en CIDH, Informes Especiales de los siguientes años: 1962; 1963; 1967; 1970; 1976; 1979; 1983. [210] Ver en CIDH, Capítulo IV del Informe Anual de los siguientes años: 1990-1991; 1991; 1992-1993; 1993; 1994; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 2005; 2006; 2007.
[212] El Estado de Cuba cuando se le notifica una decisión de la CIDH no responde o bien envía una nota expresando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no tiene competencia, ni la Organización de los Estados Americanos autoridad moral, para analizar temas sobre Cuba. [213] En video de audiencia pública sobre “Situación de los sindicalistas presos en Cuba”, realizada el 28 de octubre de 2008 ante la CIDH. Ver en: http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx.
[231] Declaración Americana, artículo XXV. [232] Declaración Americana, artículo XXV.
[234] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 145; Caso Herrera Ulloa. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párr. 171. [235] Corte I.D.H., Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”). Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 2008. Serie C No. 182, párr. 55.
[237] Corte I.D.H., Caso Palamara Iribarne. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 146. [238] CEDH. Caso Piersak, Sentencia del 1º de octubre de 1982, Serie A, Nº 5. [239] La Ley Nº 5, Ley de Procedimiento Penal, sancionada por la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba el 13 de agosto de 1967, regula en el Título X el denominado procedimiento sumarísimo, cuyas normas establecen:
Artículo 479: En el caso en que circunstancias excepcionales así lo aconsejen, el Fiscal General de la república puede interesar del Presidente del Tribunal Supremo Popular y éste decidir, que se juzguen mediante procedimiento sumarísimo los hechos delictivos de la competencia de cualquiera de los Tribunales de justicia, excepto los que sean de la competencia de los Tribunales Municipales Populares. Artículo 480: En el procedimiento sumarísimo se reducen, en la medida en que el Tribunal competente estime necesario, los términos que esta Ley establece para la tramitación de las diligencias previas, el juicio oral y los recursos.
[242] Artículo 98: 1. Incurre en sanción de privación de libertad de diez a veinte años o muerte el que se alce en armas para conseguir por la fuerza alguno de los fines siguientes: a) impedir en todo o en parte, aunque sea temporalmente, a los órganos superiores del Estado y del Gobierno, el ejercicio de sus funciones; b) cambiar el régimen económico, político y social del Estado socialista; c) cambiar, total o parcialmente, la Constitución o la forma de Gobierno por ella establecida. 2. En igual sanción incurre el que realice cualquier hecho dirigido a promover el alzamiento armado, de producirse éste; caso contrario, la sanción es de privación de libertad de cuatro a diez años.
1. 2. Si el hecho consiste en perseguir u hostilizar en cualquier forma a las organizaciones y personas que se opongan al apartheid, o lo combatan, la sanción es de privación de libertad de diez a veinte años. 2. 3. La responsabilidad por los actos previstos en los apartados anteriores es exigible con independencia del país en que los culpables actúen o residan y se extiende, cualquiera que sea el móvil, a los particulares, los miembros de las organizaciones e instituciones y los representantes del Estado. [244] Código Penal cubano, artículo 190. [245] Código Penal cubano, artículo 263.
[253] Cfr. Corte I.D.H., Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94, supra nota 42, párrs. 103, 106 y 108, y Caso Raxcacó Reyes, supra nota 37, párr. 81. Cfr. también Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 7, párr. 55. [254] Corte I.D.H., Caso Boyce y otros. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 169, También Corte I.D.H., Caso Fermín Ramírez, supra nota 37, párr. 79. Cfr. también Restricciones a la Pena de Muerte (arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), supra nota 7, párr. 55, y El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal. Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999. Serie A No. 16, párr. 135.
[257] Raúl Castro agregó al respecto: “Les corresponde, en su lugar, la de privación perpetua de libertad, excepto los que cometieron el hecho delictivo antes de establecerse esta sanción en nuestro Código Penal, que les sería aplicable la de 30 años de prisión. Algunos condenados llevaban varios años en espera del pronunciamiento del Consejo de Estado. Esta situación se produce, principalmente, por la política aplicada desde el año 2000, de no ejecutar ninguna sanción de este tipo, la que sólo fue interrumpida en abril del 2003 para frenar en seco la oleada de más de 30 intentos y planes de secuestro de aviones y barcos, alentados por la política de los Estados Unidos, en la recién iniciada guerra en Iraq.
Los sancionados, en su mayoría, cometieron delitos comunes de máxima gravedad, esencialmente contra la vida. Son crímenes que si volviéramos a enjuiciarlos, resultaría difícil no aplicarles la misma pena. Conocemos también que la opinión mayoritaria de nuestro pueblo ante estos casos, es favorable a mantenerla. Tenemos pendientes de tramitar los recursos de apelación por el Tribunal Supremo Popular de tres acusados, los que serán analizados próximamente.
[258] El Gobierno de Cuba niega la calificación de disidentes a las víctimas del Caso 12.476. En el informe denominado “Libro Blanco del 2007”, publicado en la página oficial en la web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, se expresa: “La campaña – que persiste hasta el presente y a la que se han sumado de manera cínica, cómplice y activa varios gobiernos clientes del Imperio, ha recurrido a las sofisticadas técnicas de desinformación desarrolladas por los servicios del nazi-fascismo, atribuyendo de contrabando y reiteradamente a los mercenarios justamente sancionados, falsos calificativos como “disidentes”, “opositores políticos pacíficos”, “defensores de derechos humanos” o “periodistas, bibliotecarios y sindicalistas independientes”. Se intenta hacer creer que los mercenarios habrían sido sancionados “arbitraria e injustamente” por el simple hecho de “ejercer pacíficamente los derechos de libertad de expresión, opinión y asociación”. Ver en “Libro Blanco del 2007”, citado. [259] Declaración de Pedro Pablo Álvarez en audiencia pública ante la CIDH sobre “Situación de los sindicalistas presos en Cuba”, realizada el 28 de octubre de 2008. Ver en: http://www.cidh.org/audiencias/seleccionar.aspx.
[286] CIDH, Informe Anual 2007, capítulo IV. Cuba, párr. 118. [287] Las medidas cautelares número 306-06 a favor de Jorge Luís García Pérez-Antúnez fueron otorgadas por la CIDH el 21 de noviembre de 2006.
[288] Los Comités de Defensa de la Revolución nacieron en 1960 y constituyen la mayor organización de masas que existe en Cuba. Los Destacamentos Populares de Respuesta Rápida fueron creados en 1991. Ambos tienen por objeto vigilar colectivamente las actividades consideradas contrarrevolucionarias, así como enfrentar toda supuesta señal de oposición al gobierno. Véase http://www.amnesty.org/en/library/asset/AMR25/001/2006/en/dom-AMR250012006es.pdf,http://www.vanguardia.co.cu/index.php?tpl=design/secciones/lectura/historia.tpl.html&newsid_obj_id=8571, http://www. tiempo21.cu/hipertextos/comites_defensa_revolucion.htm.
[292] SIP. 64 Asamblea General, 3-7 de octubre de 2008, Madrid España. Informe Cuba. Disponible en: http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=det_informe&asamblea=20&infoid=315&idioma=sp. La Nueva Cuba. 4 de septiembre de 2008. Jóvenes arbitrariamente arrestados en Guantánamo. Autoridades carcelarias usan gases lacrimógenos para callar gritos antigubernamentales”. Disponible en: http://www.lanuevacuba.com/archivo/angelica-mora-205.htm. Agencia de Prensa Libre Oriental. Por Yordis e Isael. http://www.aplopress.com/Yordisael.pdf. [293] CIDH, Informe Nº 67/06. Caso 12.476. Fondo; Oscar Elías Biscet y Otros; Cuba. 21 de octubre de 2006, párrafo 209.
[304] SIP. “SIP condena represión contra periodista independiente en Cuba.” Publicado el 6 de junio de 2008. Disponible en: http://www.sipiapa.com/v4/index.php?page=cont_comunicados&seccion=detalles&id=3937&idioma=br. El Caribe: “Condenan detención periodistas en Cuba”. Artículo publicado el 7 de junio de 2008, disponible en: http://www.elcaribecdn.com/articulo_caribe.aspx?id=170414&guid=ED68C834C5AB4FD5B5AE58990A4B6DE6&Seccion=14.
[323] Esta organización surgió en 2003, a consecuencia de diversos encarcelamientos, sufridos por los esposos de éstas como consecuencia a su disidencia política, ocurridos en la denominada “primavera negra”. [324] Véase Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Acción urgente del 4 de julio de 2008. http://www.fidh.org/article.php3?id_article=5691 [325] Véase Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). http://www.fidh.org/spip.php?article5691
[329] Cuba Encuentro, nota de prensa del 11 de octubre de 2007. Véase www.cubaencuentro.com/es/encuentro-en-lared/cuba/noticias/defensores-de-los-derechos-denuncian-que-presos-policticos-corren-peligro-de-muerte
[333] CIDH, Informe Nº 4/01, María Eugenia Morales de Sierra (Guatemala), Caso 11.625, 19 de enero de 2001, párr. 31, disponible en http://www.cidh.org/women/Guatemala11.625.htm#_ftnref1 (visitada por última vez el 27 de diciembre de 2004), párr. 36.
[335] Tanto la Declaración Americana como la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (“CEDAW”) forman parte del corpus juris internacional de protección, tal como lo ha dicho la Corte Interamericana al interpretar el alcance de derechos bajo instrumentos interamericanos a la luz de instrumentos universales. Es importante reconocer que Cuba es Estado Parte de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, desde el 17 de julio de 1980, fecha en la que ratificó dicho instrumento. [336] Constitución de la República de Cuba, Artículos 41 – 44.
[344] Código Penal de Cuba Artículo 30.1.- (Modificado) La sanción de privación de libertad puede ser perpetua o temporal. 2. La sanción de privación perpetua de libertad puede imponerse como sanción principal en los delitos en que expresamente se halle establecida o alternativamente en los delitos que tienen prevista la sanción de muerte;3. Al sancionado a privación perpetua de libertad no pueden concedérsele los beneficios de la libertad condicional ni licencia extrapenal. No obstante, excepcionalmente, el tribunal sancionador, al cumplir aquél treinta años de reclusión puede otorgarle la libertad condicional si por razones fundadas y con el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 58 de este Código, en lo atinente, se hace merecedor de ella.