Source: http://www.eumed.net/rev/rucc/19/tpc.htm
Timestamp: 2018-02-23 18:40:30
Document Index: 221220296

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'Artículo 17', 'artículo 8', 'artículo 100', 'Artículo 100', 'artículo 8']

Determinantes del marco jurídico de los inmigrantes en España y la Unión Europea
Terina Palacios Cruz *
Con este ensayo se pretende dar una idea clara del marco jurídico vigente sobre nacionalidad, ciudadanía y ciudadanía de la Unión para entender el tema específico referente a las políticas de inmigración y extranjería en España como Estado miembro de la Unión Europea. Resulta sumamente interesante analizar cómo se ha realizado el proceso de integración de las normas jurídicas de derecho internacional público, derecho internacional privado, derecho comunitario (originario y derivado), así como del derecho interno, para poder regular esta situación referente al trafico jurídico de personas, que aunque no es algo nuevo dentro del proceso de evolución del hombre, sí se ha visto incrementado el volumen de los flujos migratorios debido, principalmente, a las facilidades para desplazarse de un continente a otro.
Palacios Cruz, T.: Determinantes del marco jurídico de los inmigrantes en España y la Unión Europea en Revista de la Universidad Cristóbal Colón Número 19, edición digital a texto completo en www.eumed.net/rev/rucc/19/
Puede bajarse el artículo completo (12 páginas, 152 Kb) en formato PDF comprimido ZIP pulsando aquí.
DE LA NACIONALIDAD EN LA DOCTRINA
Para poder entender las políticas sobre inmigrantes que son actualmente vigentes en España, es necesario definir, en primer término, conceptos como nacionalidad, ciudadanía y ciudadanía de la Unión, razón por la cual analizaremos los conceptos contenidos en el derecho interno, así como la evolución que ha tenido este tema desde el tratado de Roma hasta el tratado por el que se establece una Constitución para Europa.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 encontramos que todas las personas tienen derecho a una nacionalidad. Otra referencia internacional interesante sobre nacionalidad se plantea en 1955 con la sentencia de Nottebohm 1 de la Corte Internacional de Justicia, en una situación planteada entre Liechtenstein y Guatemala, ante la cual la Corte Internacional de Justicia se pronuncia en una cuestión que, como todos sabemos, es materia exclusiva de derecho internacional privado. “La nacionalidad es comúnmente definida como el vínculo jurídico político que determina la p e r t e n e n c i a d e u n i n d i v i d u o a u n Estado”(Grossman 2003). Definición que coincide con la de Batifol, para quien la nacionalidad implica la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado. En el Diccionario Jurídico Mexicano de Porrúa se define como el vínculo jurídico que liga a una persona con la nación a la que pertenece. Podemos apreciar que estas definiciones coinciden en los tres elementos esenciales del concepto de nacionalidad que son: el individuo que la ostenta, el Estado que la otorga y el vínculo jurídico político que les une.
LA NACIONALIDAD EN EL DERECHO ESPAÑOL
La doctrina reconoce principalmente dos modos de adquisición de la nacionalidad, jus soli y jus sanguinis. El derecho español se fundamenta principalmente en el derecho de nacionalidad que se obtiene en razón de la sangre (jus sanguinis), ya que el simple hecho del nacimiento dentro del territorio español (jus soli), no otorga la nacionalidad española de origen, sino que además se establecen ciertas condiciones como que el padre o la madre sean nacidos en España. Cabe mencionar que en esta materia, el concepto fundamental de equidad de género no era tomado en consideración hasta después de 1990, ya que, por ejemplo, la mujer no podía transmitir la nacionalidad al casarse, cuestión común en la mayor parte de los países de Latinoamérica.
La Constitución Española de 1978, en el artículo 11 del título primero, capítulo primero, intitulado “De los españoles y los extranjeros”, establece que
la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Por lo tanto, la Constitución nos remite expresamente al Código Civil Español. Para la regulación sobre esta materia, el mencionado artículo también hace referencia a que ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad, y se reserva al Estado la posibilidad de concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
Artículo 17 del Código Civil Español
1. Son españoles de origen: a) Los nacidos de padre o madre españoles. b) Los nacidos en España de padres extranjeros si, al menos, uno de ellos hubiera nacido también en España. Se exceptúan los hijos de funcionario diplomático o consular acreditado en España. c) Los nacidos en España de padres extranjeros, si ambos carecieren de nacionalidad o si la legislación de ninguno de ellos atribuye al hijo una nacionalidad. d) Los nacidos en España cuya filiación no resulte determinada. A estos efectos se presumen nacidos en territorio español los menores de edad cuyo primer lugar conocido de estancia sea territorio español. 2. La filiación o el nacimiento en España, cuya determinación se produzca después de los dieciocho años de edad, no son por sí solos causa de adquisición de la nacionalidad española. El interesado tiene entonces derecho a optar por la nacionalidad española de origen en el plazo de dos años a contar desde aquella determinación.
En el Código Civil Español se recoge también el “derecho de opción”, posibilidad que se brinda, por ejemplo, a las personas que estén o hayan estado sujetas a la patria potestad de un español y a aquellas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y nacido en España. Otra cuestión novedosa en el tema es la posibilidad jurídica de un mismo individuo para ostentar dos o más nacionalidades. Posibilidad que muchos estados no aceptaban y exigían la renuncia expresa a una nacionalidad a la cual el individuo tenía derecho originario. Todos estos factores constituyen lo que Eric Jayme 2 denomina como el nuevo paradigma de la nacionalidad en el derecho internacional privado postmoderno.
DE LA CIUDADANÍA Y CIUDADANÍA DE LA UNIÓN
En términos generales resulta fácil definir el concepto de nacionalidad; es más complejo definir y comprender la ciudadanía, pues generalmente lleva implícita cuestiones secundarias; resultando casi imposible eliminar elementos de derecho interno para hacerlas mas generales y entendibles en el ámbito del derecho uniforme. El profesor Jesús González Amuchastegui plantea una interesante recopilación de conceptos sobre ciudadanía partiendo de las diferentes teorías desarrolladas p o r l a s c o r r i e n t e s d e l p e n s a m i e n t o contemporáneo, englobándolas principalmente en tres grupos: las teorías socialistas que retoman la idea de ciudadanía tal como fue formulada por Marshall 3, basando en este concepto la defensa del derecho del bienestar y los derechos sociales; las teorías liberales que se ocupan de los aspectos multiculturales de las sociedades democráticas actuales y las teorías del republicanismo, que reivindica la importancia de los derechos de participación política, defendiendo no sólo la libertad, sino también las condiciones necesarias para la libertad. Como podemos apreciar, las dos últimas entran dentro de las corrientes liberales del pensamiento.
Podemos afirmar que el concepto actual de ciudadanía implica ser parte de una colectividad, compatible con nuestra identidad individual, pero también implica la desaparición de jerarquías y la posibilidad de que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, con la garantía de gozar de los mismos derechos. Es a través del ejercicio de estos derechos que se puede aspirar al pleno ejercicio de la libertad individual, pero el concepto de ciudadanía va más allá, pues
se precisa del ejercicio de los derechos que le permiten al individuo participar de manera activa y como miembro de pleno derecho dentro de una comunidad. Es decir, la ciudadanía presupone el ejercicio de tres dimensiones de derechos: los civiles (libertad de expresión, libertad religiosa, libertad personal, etc.), los políticos (posibilidad de participar en el ejercicio del poder público, ya sea como elector o a través de la posibilidad de ser elegido, derechos de reunión, asociación y manifestación, etc.) y los sociales (derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, etc.).
D E L O R I G E N D E L D E R E C H O COMUNITARIO
Lo analizado anteriormente compete de manera exclusiva a la fundamentación jurídica y doctrinal del derecho interno español. Ahora haremos referencia en cuanto a la evolución que ha seguido el tema en el derecho comunitario; debemos recordar que el proceso integracionista inicia al final de la segunda guerra mundial, cuando los países más importantes de Europa Occidental ven la necesidad de crear instituciones de cooperación mutua; en mayo de 1950, Francia propone integrar sus recursos del carbón y del acero (futura CECA) con los de la República Federal de Alemania, en una organización abierta al resto de Europa; en 1957, seis países firman en Roma el Tratado de la Comunidad Económica Europea y el EURATOM; durante 1986 es firmada el Acta Única Europea; en este momento, ya la Comunidad Europea contaba con 12 países miembros.
LA CIUDADANÍA EN EL TRATADO DE MAASTRITCH
En 1992 se firma el Tratado de Maastritch, en donde se establecen las primeras bases jurídicas con referencia directa a la cuestión de nacionalidad, extranjería e inmigración, sentándose las bases para: a) una política exterior
3 Conferencia pronunciada por T. H. Marshall en la Universidad de Cambridge en 1949.
y de seguridad común, b) una cooperación más estrecha en la justicia y los asuntos internos y c)la creación de una unión económica y monetaria, incluida una moneda única.
Dentro del tema b) es en donde encontramos los fundamentos jurídicos de la ciudadanía, más específicamente es en el artículo 8 del Tratado de Maastritch, en el cual se presenta el concepto de ciudadanía de la unión, “estatus” otorgado a todos los nacionales de un Estado parte. De la lectura del artículo podemos deducir tres cuestiones: la primera es que se confirma la superposición de dos “calidades civiles” en una misma persona, la segunda es que se hace diferencia en cuanto al alcance de los conceptos de nacionalidad y ciudadanía que en algunas legislaciones son empleados como sinónimos, y la tercera es que se expresa de manera contundente que la nacionalidad es un requisito sine qua non de la ciudadanía de la Unión.
1. Se crea una ciudadanía de la Unión.
1. Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en el presente Tratado y en las disposiciones adoptadas para su aplicación...
Se les reconoce, además, a los ciudadanos de la Unión, el derecho a circular y residir libremente en el territorio de cualquiera de los Estados miembros. En apartados posteriores del mismo artículo, se establecen también algunos otros derechos políticos, sociales y consulares inherentes al ciudadano de la Unión. En términos generales, se exige para beneficiarse de la normativa comunitaria, ser nacional de un Estado miembro. Quedando dentro de la competencia de
cada Estado, el establecer cuáles son los requisitos que se han de cumplir para poder ser considerado como nacional, en la práctica resulta intrascendente el momento de adquisición de dicha nacionalidad, siendo absolutamente necesario que aquel que invoca una disposición comunitaria sea nacional de un Estado miembro al momento en que pretende beneficiarse de dichas políticas comunitarias.
Debemos recordar que los antecedentes de todo este complicado proceso de integración se basan en cuestiones económicas, es decir, la idea fundamental parte desde el Tratado de Roma, en donde se entendía posible la libre circulación de personas en la formación de un mercado común, por tanto, para efectos del derecho comunitario, el contenido jurídico del derecho a la libre circulación de personas supone tanto la adopción de medidas relativas a facilitar el desplazamiento y residencia de los beneficiarios de la libre circulación comunitaria, como las medidas tendientes a facilitar el acceso y ejercicio a una actividad económica de los mismos beneficiarios.
La obligación correlativa de los Estados miembros consiste en no exigirles para el paso de sus fronteras o para la estancia dentro del territorio, ninguna condición adicional a aquellas previstas en las directivas comunitarias. Para el ejercicio del derecho de desplazamiento, las directivas correspondientes mencionan la necesidad de presentación de un carné de identidad o de un pasaporte válido, en caso de ser requerido por las autoridades. Y para el ejercicio del derecho de residencia se condiciona a la obtención de una tarjeta de residencia, supeditada a que se acredite la realización de una actividad económica asalariada o no asalariada.
Hasta antes de Maastritch, este reconocimiento se daba en razón de normativas de derecho comunitario derivado 4 y a través de la jurisprudencia del tribunal, de ahí que la principal
4Directiva 90/364 del Consejo relativa al derecho de residencia. D.O.C.E. no. L 180/26 de 13 de julio de 1990; Directiva 90/365
aportación sea el que a partir de este momento, los individuos miembros de cada uno de los Estados que conforman la Unión sean reconocidos como ciudadanos por el derecho originario, es decir, los tratados que constituyen la Unión.
LOS EXTRANJEROS EN EL DERECHO ESPAÑOL
Hemos explicado brevemente quiénes son nacionales españoles, quiénes son ciudadanos y qué debemos entender por ciudadanos de la Unión. Por exclusión diremos que todas las personas que se encuentren dentro del territorio español, pero que no puedan ser consideradas dentro de las categorías antes mencionadas, serán extranjeras, derivando en nuevas clasificaciones, dependiendo si cumplen o no con los lineamientos legales necesarios para ingresar y/o residir en España. Además de la Constitución Española y de las leyes orgánicas en la materia, sabemos que son también aplicables los instrumentos jurídicos internacionales vigentes, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y la Carta Social Europea, entre otros.
Art. 13 Constitución Española.
La ley orgánica vigente en España sobre esta materia es del año 2003, por lo cual se puede apreciar que está elaborada tomando en
consideración los compromisos adoptados por España con respecto a la Comunidad Europea, por lo cual se presume que no presenta grandes problemas de contraposición con las políticas y disposiciones adoptadas por el derecho comunitario.
LOS EXTRANJEROS EN EL DERECHO COMUNITARIO
Hablaremos ahora sobre las políticas comunitarias sobre inmigración y extranjería, que se han convertido en absolutamente necesarias entre los Estados miembros de la Unión Europea. Aunque no es materia de este estudio analizar las problemáticas implícitas y las frecuentes violaciones de derechos fundamentales que provoca la inmigración ilegal, es importante hacer mención de que en España, como en la mayoría de los países europeos, no existen políticas eficaces de inmigración, lo que se intenta es impedir, o al menos controlar, en la medida de lo posible, los flujos migratorios ilegales.
“Los avances del proceso de integración europea y el perfeccionamiento de la libre circulación de personas en un espacio sin fronteras interiores, junto a las circunstancias del considerable incremento de los flujos migratorios hacia Europa, han conducido de forma inevitable a que la Unión Europea se plantee la comunitarización de las políticas publicas sobre inmigración y extranjería, que hasta 1993 habían permanecido bajo la competencia exclusiva de los Estados miembros...” (JIMÉNEZ PIERNAS: 2002).
En opinión del Profesor Jiménez Piernas 6, los antecedentes de la comunitarización de las políticas sobre inmigración y extranjería se
del Consejo relativa al derecho de residencia de los trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia que haya dejado de ejercer su actividad profesional. D.O.C.E. no. L 189/28 de 13 de julio de 1990 y Directiva 90/366 del Consejo relativa al derechos de residencia de los estudiantes D.O.C.E. no. L 180/30 de 13 de julio de 1990.
políticas sobre inmigración y extranjería se encuentran en el título VI del Tratado de Maastritch, bajo el titulo de “Disposiciones relativas a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior”, en específico en los puntos 1 al 3 del artículo K1, en donde literalmente se lee:
“Para la realización de los fines de la Unión, en particular de la libre circulación de personas, y sin perjuicio de las competencias de la Comunidad Europea, los Estados miembros consideran de interés común los ámbitos siguientes:
1) La política de asilo;
2) Las normas por las que se rigen el cruce de personas por las fronteras exteriores de los Estados miembros y la práctica de controles sobre esas personas.
3) La política de inmigración y la política relativa a los nacionales de terceros Estados acerca de:
a) las condiciones de acceso al territorio de los Estados miembros y de circulación por el mismo de los nacionales de terceros Estados;
b) las condiciones de estancia de los nacionales de los terceros Estados en el territorio de los Estados miembros, incluidos el acceso al empleo y la reagrupación familiar;
c) la lucha contra la inmigración, la estancia y el trabajo irregulares de nacionales de los terceros Estados en el territorio de los Estados miembros;...”
En artículos posteriores del mismo tratado, encontramos la referencia al hecho de que todo este título será aplicable sin perjuicio del cumplimiento de otros convenios sobre derechos fundamentales y de las responsabilidades que incumben a los Estados miembros en materia de mantenimiento del orden público y salvaguardia de la seguridad interior. Se establecen también cuestiones sobre procedimiento y seguimientos por parte de las instituciones de la Unión, asegurándose de que la Presidencia consultará al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos realizados en dicha actividad y velará por que las opiniones del Parlamento Europeo se tomen debidamente en cuenta. Se permite al Consejo la posibilidad de toma de decisiones por unanimidad y a iniciativa de la Comisión o de un Estado miembro; en cuanto a la aplicación del
artículo 100 C del tratado constitutivo de la Comunidad Europea a acciones en los ámbitos contemplados en los apartados 1 a 6 del artículo K.1, el Consejo recomendará la adopción de dichas decisiones por parte de los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.
Artículo 100 C
1. El Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, determinará los terceros países cuyos nacionales deban estar provistos de un visado al cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros.
2. No obstante, si se diera una situación de emergencia en un tercer país, que supusiera un riesgo de súbita afluencia de nacionales de dicho país a la Comunidad, el Consejo podrá, por mayoría cualificada, sobre la base de una recomendación de la Comisión, establecer, durante un período que no supere los seis meses, el requisito de visado para los nacionales de dicho país. El requisito de visado establecido con arreglo a este apartado podrá ampliarse conforme al procedimiento a que se refiere el apartado 1.
3. A partir del 1 de enero de 1996, el Consejo deberá pronunciarse por mayoría cualificada sobre las decisiones a que se refiere el apartado 1. El Consejo deberá adoptar, antes de dicha fecha, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, las medidas relativas a un modelo uniforme de visado.
4. En los ámbitos contemplados en el presente artículo, la Comisión procederá a tramitar toda petición formulada por un Estado miembro en el sentido de que aquélla presente una propuesta al Consejo.
5. El presente artículo no afectará al ejercicio de las responsabilidades que competen a los Estados miembros para el mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior.
6. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán a otros asuntos, si así se decidiere, en virtud del artículo K.9 de las disposiciones del Tratado de la Unión Europea relativas a la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior, sin perjuicio de las condiciones de votación determinadas al mismo tiempo.
7. Las disposiciones de los convenios vigentes entre los Estados miembros relativas a materias contempladas en el presente artículo permanecerán en vigor mientras no se sustituya su contenido por directivas o medidas adoptadas de conformidad con el presente artículo.
LA APORTACIÓN DEL TRATADO DE Á M S T E R D A M : L O S D E R E C H O S FUNDAMENTALES
Es evidente que los primeros tratados europeos instauraron un conjunto de derechos consustanciales a los ciudadanos. Ahora trataremos de explicar las aportaciones en la materia objeto de este trabajo del Tratado de Ámsterdam, que se concentran en los derechos fundamentales, es decir, en los que son la base de los regímenes constitucionales nacionales y que se refieren a todas las personas, tanto ciudadanos, como no ciudadanos. El Tratado de Ámsterdam hace hincapié en tres aspectos esenciales:
Primero, la obligación de la Unión Europea de respetar los derechos fundamentales, en particular, los contenidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establecido por el Consejo de Europa de 1950. Los Estados miembros que incumplan estos derechos de forma grave y sistemática pueden sufrir sanciones, llegando hasta la suspensión de su derecho de voto en el Consejo. Para los países candidatos, el respeto de los derechos fundamentales se convierte en una condición sine qua non para su adhesión a la unión.
Segundo, el derecho que se reconoce a la Unión de adoptar medidas conjuntas con el fin de combatir la discriminación basada en el sexo, raza, origen étnico, religión o convicciones, minusvalías, edad u orientación sexual, y tercero, la obligación hecha a la Unión de promover políticas de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. Se dice que en este ultimo ámbito, el Tratado de Ámsterdam abre la puerta a la discriminación positiva cuando uno de los dos sexos es obviamente desfavorecido.
DEL CARÁCTER COMPLEMENTARIO DEL DERECHO INTERNACIONAL
Acuerdos Shengen
Para el momento de entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, ya son una realidad algunos de los principales objetivos de la Comunidad Europea desde los años cincuenta. En el caso específico de la libertad de circulación, es necesaria la referencia a los acuerdos Shengen 7, que engloban hoy en día a la mayoría de los Estados miembros (excepto Irlanda y Reino Unido; con prerrogativas especiales con respecto a Dinamarca), gracias a los cuales se permitió la eliminación de la mayoría de los controles en las fronteras interiores, haciéndose así más patente la libertad de la que ya disfrutaban los ciudadanos, pero que choca siempre con algunos obstáculos como es la cuestión tan importante de la seguridad interior. Como podemos apreciar hasta el momento, ninguno de los tratados originarios hace mención de la palabra extranjero, es en el Convenio de Aplicación de los Acuerdos Schengen en donde se designa como extranjero a toda persona distinta a los nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Europea.
EL CONSEJO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA CEE
Posteriormente al Tratado de Ámsterdam, se realizan avances significativos en cuestión del marco jurídico de los inmigrantes, por ejemplo, dentro de las conclusiones del Consejo Europeo8 de Tempere de 1999, se incluyen en sus principales intenciones la del desarrollo de la política común de asilo y migración, basada en un trato justo y no discriminatorio, de los nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados de la Unión Europea, pretendiendo otorgarles un conjunto de derechos similar al que implica el estatus de ciudadano de la Unión. Es obvio que se requiere de una gestión común y colaboración estrecha con los países de origen para lograr un control de los flujos migratorios; este punto se vuelve a retomar en las conclusiones del Consejo Europeo de Sevilla en el año 2002, y aunque el Consejo Europeo no es una institución comunitaria, es menester recordar que sus conclusiones sí son consideradas como compromisos políticos importantes por parte de los Estados miembros, encargándose generalmente al Consejo 9 la implementación de l o s i n s t r u m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a materialización de los objetivos planteados.
LA DIRECTIVA 2003/109 DEL CONSEJO
“La directiva que analizamos, (2003/109/CE del Consejo, relativa al estatuto de los nacionales de terceros Estados residentes de larga duración), se inscribe en el marco del proceso de comunitarización de las políticas de inmigración y extranjería iniciado con la adopción del Tratado de Ámsterdam, el 2 de octubre de 1997. Anteriormente, el Tratado de la Unión Europea (TUE), aprobado en Maastricht en 1992, se había limitado a crear u n á m b i t o d e c o o p e r a c i ó n intergubernamental en asuntos de justicia e interior (CAJI), en el marco del cual determinadas cuestiones vinculadas a la libre circulación de personas, entre ellas la política de inmigración, eran consideradas de interés común para los estados miembros, si bien la
competencia en estas materias quedaba reservada a la soberanía de éstos. La entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam supuso la transferencia de esos ámbitos del pilar comunitario”. (CRESPO NAVARRO: 2004).
Esta directiva representa un adelanto enorme en cuestión de concesión de derechos a extranjeros, en el considerando número dos encontramos la mención sobre la reunión del Consejo Europeo de Tampere, en donde se proclama la intención de aproximar el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países al de los nacionales de los Estado miembros, refiriéndose específicamente a aquellas personas que “residan legalmente en un Estado miembro, durante un periodo aún por determinar y cuenten con un permiso de residencia de larga duración, se les deberá conceder en ese Estado miembro, un conjunto de derechos de carácter uniforme, lo más cercano posible al de ciudadanos de la Unión”. Aquí se plantea la idea del desarrollo en el contenido de sus derechos hasta alcanzar lo que los juristas de la materia han denominado como una ciudadanía cívica, basada en la Carta de Niza sobre Derechos Fundamentales. El objetivo de la directiva es establecer los lineamientos que deberá seguir un Estado miembro para la concesión y retirada del estatuto de residente de larga duración, así como las condiciones de residencia en Estados miembros distintos a aquel en que se haya concedido el estatuto. En el ámbito de aplicación se excluye a estudiantes, asilados, refugiados, trabajadores temporeros, pero sobre todo es muy específica al establecer el requisito de legalidad para que la directiva se pueda aplicar.
Presidente de la Comisión junto con un Vicepresidente. Asimismo, asisten el Secretario General con algunos funcionarios de la Secretaría y de la Presidencia del Consejo y delegaciones nacionales... El Consejo Europeo no tiene competencia para adoptar disposiciones obligatorias, sino que se limita a formular declaraciones y comunicados que envía al Consejo para que elabore las disposiciones obligatorias pertinentes.” (MOLINA DEL POZO:1987).
9 “El Consejo aparece configurado como un órgano de naturaleza original con relación al resto de las instituciones comunitarias... El Consejo está formado por un representante del Gobierno de cada uno de los Estados miembros. Aunque jurídicamente sólo existe un Consejo, éste puede tener distintas formaciones según el tema a tratar (transportes, economía, agricultura, asuntos sociales, relaciones exteriores, etc.) a las que asistirá el ministro encargado de la materia en cada país...” (MOLINA DEL POZO:1987).
Se establece el plazo de 5 años de residencia legal e ininterrumpida anterior a la presentación de la solicitud, condicionando al nacional de un tercer Estado a que aporte la prueba de que dispone de recursos fijos y regulares suficientes para su manutención y la de los miembros de su familia, además de un seguro de enfermedad, y se podrá requerir que cumpla con las medidas de integración acordes con la legislación nacional del Estado miembro de que se trate.
DEL TRATADO POR EL QUE SE ESTABLECE UNA CONSTITUCIÓN PARA EUROPA
Según la propuesta de tratado por el que se establece una constitución para Europa, el cual no entra aún en vigor, la Unión Europea tendrá una política común en materia de inmigración, pero ¿de qué se trata esta política común?, pues antes que nada estamos hablando de gestionar, de la manera más eficaz posible, los flujos migratorios existentes, para garantizar el trato equitativo de los inmigrantes en situación regular de residencia, previniendo también la inmigración ilegal y la trata de seres humanos; así, el articulo I-14, dentro de las competencias compartidas entre, la Unión y los Estados miembros, señala específicamente el espacio de libertad, seguridad y justicia. Se faculta así al Consejo y al Parlamento para adoptar medidas, por ejemplo, en lo que se refiere a las condiciones que deberán cumplirse para ser inmigrante en los Estados miembros, los derechos de los inmigrantes y apoyar los esfuerzos de los Estados miembros en cuanto a la integración de los nacionales de terceros países.
La nacionalidad es actualmente un derecho humano reconocido por el derecho internacional: Hoy, todo individuo posee el derecho de tener una nacionalidad, la cual ha sido definida como la pertenencia jurídica de una persona a la población constitutiva de un Estado. El derecho español se fundamenta principalmente en el derecho de
nacionalidad que se obtiene en razón de la sangre (jus sanguinis). La Constitución Española de 1978 establece que la nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley. Por lo tanto, la Constitución nos remite expresamente al Código Civil Español, que de manera general nos dice que son españoles de origen, los nacidos de padre o madre españoles. Sobre la ciudadanía, se puede afirmar que es un concepto que se encuentra actualmente en desarrollo y evolución, reivindicando la importancia de los derechos de participación política. El concepto actual de ciudadanía implica ser parte de una colectividad, la posibilidad de que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley, con la garantía de gozar de los mismos derechos, para lo cual, se precisa del ejercicio de los derechos que le permiten al individuo participar de manera activa y como miembro de pleno derecho dentro de una comunidad. Es decir, la ciudadanía presupone el ejercicio de los derechos civiles, los políticos y los sociales.
El proceso integracionista de Europa inicia al final de la segunda guerra mundial, con la formación de tres organismos internacionales: el CECA, la CEE y el EURATOM. Durante 1986, año en que España ingresa a la Comunidad Europea, es firmada el Acta Única Europea; en 1992 se firma el Tratado de Maastritch, introduciendo en el artículo 8 el concepto de ciudadanía de la Unión, “estatus” otorgado a todos los nacionales de un Estado parte, siendo la nacionalidad un requisito sine qua non de la ciudadanía de la Unión. Se les reconoce, además, a los ciudadanos de la Unión, el derecho a circular y residir libremente en el territorio de cualquiera de los Estados miembros, considerándose dentro del contenido jurídico del derecho a la libre circulación de personas, tanto la adopción de medidas relativas a facilitar el desplazamiento y la residencia de los beneficiarios de la libre circulación comunitaria, como las medidas tendientes a facilitar el acceso y ejercicio a una actividad económica.
Todos los que no sean considerados dentro de la para garantizar el trato equitativo de los
conceptualizacion de nacionales, ciudadanos o inmigrantes en situación regular de residencia,
ciudadanos de la Unión serán extranjeros, y previniendo también la violación de derechos
gozarán en España de las libertades públicas que humanos de los inmigrantes ilegales y la trata de
garantizan la Constitución, los tratados y las seres humanos.
De las conclusiones de los trabajos realizados por el Consejo Europeo de Tampere de 1999 y del Consejo Europeo de Sevilla de 2002, se recoge la pretensión de aproximar el estatuto jurídico de los nacionales de terceros países al de los nacionales de los Estados miembros, que residan legalmente durante un periodo determinado y cuenten con un permiso de residencia de larga duración, concediéndoles un conjunto de derechos lo más cercano posible al de ciudadanos de la Unión, es decir, se plantea el desarrollo en el contenido de sus derechos hasta alcanzar una ciudadanía cívica. Se firma en 2003 la directiva 109 del Consejo, relativa al estatuto de los nacionales de terceros Estados residentes de larga duración.
Actualmente se está dando un proceso de ratificación del tratado por el que se establece una Constitución para Europa: España fue el primer Estado miembro que dio el sí a la ratificación de este tratado, a través de un referéndum realizado en el mes de febrero de 2005; la entrada en vigor para los 25 países miembros está prevista para el 1 de noviembre de 2006 y será una “Constitución” que regule la vida de 450 millones de ciudadanos y muchos millones de extranjeros, documento en el cual se contempla gestionar de la manera más eficaz posible, los flujos migratorios existentes,
BLÁZQUEZ PEINADO, Ma Dolores (1998): La ciudadanía de la Unión. (Los derechos reconocidos en los artículos 8.A a 8.D del T.C.E). Editorial Tirant Lo Blanch. Valencia, España. 406 pp.
BLÁZQUEZ RODRÍGUEZ, Irene, (2003): Los nacionales de terceros países en la Unión Europea.(2ª. Edición). Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba; Córdoba. España. 589 pp.
CRESPO NAVARRO, Elena (2004): “La directiva 2003/109/CE del Consejo relativa al estatuto de los nacionales de terceros Estados residentes de larga duración y la normativa española en la materia”. Revista de Derecho Comunitario Europeo. Año 8 Núm. 18. Mayo-agosto.
DIRECTIVA 2003/109/CE DEL CONSEJO, del 25 de noviembre de 2003 relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración. Diario Oficial de la Unión Europea, enero 23, 2004.
DONAIRE VILLA, Francisco Javier (2002): La Constitución y el Acervo Schengen. Editorial Tirant Lo Blanch, Valencia, España. 406 pp.
GONZALEZ AMUCHASTEGUI, Jesús (2004): Autonomía, dignidad y ciudadanía. Una teoría de los derechos humanos. Titant Lo Blanch, Valencia, España. 842 pp.
GROSSMAN, Andrew (2003): “Nationality and the Unrecognised State”. _ International and Comparative Law Quarterly Magazine. Vol 50. January 2001. Oxford University.
JAYME, Erick (1995) : “Identité Culturelle et Intégration: Le Droit International Privé Postmoderne”, Recueil des Cours de l'Academie de Droit International de La Haye, t. 251, 1995, pp.251.
JIMÉNEZ PIERNAS, Carlos, (2002): La comunitarización de las políticas de inmigración y extranjería: especial referencia a España, Revista de Derecho Comunitario Europeo. No. 13 Año 6, pp 887-894 septiembre-diciembre, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid.
MOLINA DEL POZO, Carlos Francisco (1987): Las instituciones de las comunidades europeas. Salvat Libros, Serie Europa, Madrid, España. 95 pp.
MOLINA DEL POZO, Carlos Francisco (2002): Manual de derecho de la Comunidad Europea, (4ª. Edición), Editorial DIJUSA. España. 1367 pp.
OLESTI RAYO, Andreu (1998): Capitulo X. Las libertades comunitarias (II): la libre circulación de personas y servicios. Dentro del libro de ABELLAN HONRUBIA, Victoria y otros. Lecciones de derecho comunitario Europeo. (3ª. Edición) Editorial Ariel, S.A. Barcelona, España. 351 pp.
Constituciones y tratados
* Catedrática de la licenciatura en Derecho. Abogada por la Universidad Cristóbal Colon, cursó estudios de maestría en Derecho Comercial Internacional en el Tecnológico de Monterrey, actualmente cursando el doctorado de Derecho Europeo y Derechos Humanos en la Universidad de Alcalá, en Madrid, España. Correo electrónico: terinita@aix.ver.ucc.mx
1 Liechtenstein V Guatemala (2do. Phase), CIJ, p4 (1955).
2 JAYME, Erick. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne”. pp 251. (1995).
5 La ley vigente en la materia es ley orgánica 14/2003 del 20 de noviembre de 2003, la cual reforma la ley orgánica 4/2000 del 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, modificada por la ley orgánica 8/2000 de 22 de diciembre.
6 Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Cátedra Jean Monet de la Comisión Europea. Universidad de Alcalá.
7 Ante la falta de consenso para crear políticas comunitarias sobre la libre circulación de personas y sobre el levantamiento de los controles de fronteras comunes a los Estados miembros, Alemania, Francia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo decidieron establecer entre sí un marco específico de cooperación al margen de la Comunidad, cuestión que llevaron a cabo a través de la firma, entre 1985 y 1990, de los dos acuerdos Schengen.
8 El Consejo Europeo es un órgano que no estaba previsto en los tratados constitutivos de las comunidades europeas... En el Consejo Europeo se reúnen los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados miembros, asistidos por los ministros de Asuntos Exteriores.