Source: http://nlrabogadosalicante.com/noticias/2017/09/
Timestamp: 2017-09-23 23:40:53
Document Index: 273272486

Matched Legal Cases: ['artículo 119', 'artículo 2', 'artículo 133', 'artículo 133', 'artículo 410', 'artículo 620', 'artículo 173', 'artículo 173', 'artículo 84']

﻿ septiembre | 2017 | Noticias | Navarro & La Rosa | ABOGADOS ALICANTE
La constitución española, en su artículo 119, establece que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar”. En base a dicho precepto constitucional, el legislador llevó a cabo la elaboración de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita, con el fin de regular un sistema de justicia gratuita que permitiera a los ciudadanos con insuficiencia económica proveerse de los profesionales necesarios para acceder a la tutela judicial efectiva y no verse obstaculizados a dicho acceso por razones económicas, garantizando así un acceso a la justicia en condiciones de igualdad para todos los ciudadanos.
El artículo 2 de la ley 1/1996 de asistencia jurídica gratuita establece quienes tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita, los cuales son:
1) Los ciudadanos españoles, nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
2) Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes a la Seguridad Social, en todo caso.
3) Las Asociaciones de utilidad pública así como las Fundaciones inscritas en el Registro Público cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
4) En el orden jurisdiccional social, además, los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.
5) En el orden contencioso, así como en la vía administrativa previa, los ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia de recursos para litigar en los procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.
6) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, también se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas y a los menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situación de abuso o maltrato.
7) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.
8) Con independencia de la existencia de recursos para litigar, se reconoce el derecho de asistencia jurídica gratuita a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo, señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.
Por lo tanto, para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se deberá acreditar que sus ingresos económicos no superan los siguientes umbrales los cuales se basan en el IPREM como índice de referencia y cuya cuantía en 2017 se fija en 532,51 €:
a) Dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.
Será la Comisión de Justicia Gratuita la que estimará o desestimará la solicitud, la cual tendrá en cuenta además de las rentas otros bienes patrimoniales, los signos externos que manifiesten su real capacidad económica, pudiendo negar el derecho a la asistencia jurídica gratuita si dichos signos revelan que dispone de medios económicos que superan el límite fijado.
Por último es importante recordar que el abogado podrá reclamar su minuta cuando la Comisión de Justicia Gratuita desestimara la pretensión del solicitante y hubiese habido designación provisional de abogado, pudiendo el letrado reclamar los honorarios ocasionados por la intervención realizada hasta la desestimación definitiva de la resolución.
Esta entrada se publicó en Derecho Civil, Derecho Contencioso Administrativo, Derecho de Extranjería, Derecho de Familia, Derecho Laboral, Derecho Mercantil, Derecho Penal, Violencia de género y está etiquetada con constitucion española, derecho a la asistencia jurídica gratuita, Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, Turno de oficio. en 09/21/2017 por AMR Noticias.
Anteriormente, estuvimos analizando las causas que extinguían la responsabilidad criminal entre las que se encontraba la prescripción del delito (art. 130.1.6º), donde, en función de la pena que el Código Penal atribuye al delito, tenían un plazo de prescripción diferente. En este artículo nos vamos a centrar en la prescripción de la pena, cuya diferencia esencial con la es que en la prescripción de la pena ya se ha producido la celebración del juicio en la que existe una resolución judicial firme la cual establece una pena, a diferencia de la prescripción del delito la cual deviene porque no se han enjuiciado los hechos constitutivos de delito dentro de plazo, provocando que no se pueda realizar una investigación judicial por dichos hechos.
La prescripción de las penas se encuentra regulada también en el Título VII del Código Penal, dedicado a las causas que extinguen la responsabilidad criminal. El artículo 133 del Código Penal establece que las penas impuestas por sentencia firme prescribirán:
A los 30 años, las penas de prisión por más de 20 años.
A los 20 años, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15 años.
A los 15 años, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.
Es importante recordar, que no todos las penas prescriben, así, tal y como señala el artículo 133.2, las penas impuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio, terrorismo y los cometidos contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, no prescribirán en ningún caso.
Es importante tener en cuenta que el plazo de prescripción de la pena empezará a contar desde la fecha de la sentencia firme, o desde el quebrantamiento de la condena si se hubiese comenzado a cumplir y que el plazo de prescripción de la pena quedará en suspenso durante el período de suspensión de la ejecución de la pena o durante el cumplimiento de otras penas.
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Cuando una persona es citada para comparecer ante el juzgado como testigo presencial de unos hechos en los que estuvo presente o se trata de un testigo referencial (el cual tiene conocimiento de ciertos hechos delictivos por otras vías) suele surgir la duda de si existe la obligación de comparecer y si la inasistencia puede conllevar algún consecuencia negativa para el testigo debidamente notificado.
Como regla general, tal y como establece el artículo 410 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todos los que residan en territorio español, nacionales o extranjeros, que no estén impedidos, tendrán la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar cuanto supieren sobre lo que les fuere preguntado si para ello se les cita con las formalidades prescritas en la ley.
Por lo tanto, la ley establece una obligación de comparecer y declarar acerca de los hechos investigados. No obstante, es importante mencionar que existen excepciones a la regla general, como los parientes del investigado, los cuales están dispensados de la obligación de declarar (no de la obligación de comparecer en juicio).
La consecuencia de que el testigo no acuda al llamamiento judicial o de no declarar lo que supiese acerca de los hechos por los que fuera preguntado puede conllevar la imposición por parte del juzgado o tribunal de una multa que oscilará de 200€ a 5.000 €. Por lo general, el Juez o Tribunal antes de interponer dicha sanción, advertirá al testigo para que cambie de conducta y lo citará nuevamente para acudir a declarar de nuevo. Sin embargo si se persistiera en la negativa de comparecer, será conducido a declarar por los agentes de la autoridad pudiendo ser investigado por un delito de obstrucción a la justicia que pueden conllevar penas de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses.
Como hemos mencionado antes, la ley establece que la obligación también conlleva el deber de declarar por los hechos por los que se nos pregunta por lo que la negativa a declarar conllevaría la comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad con penas de 6 meses a un año de prisión.
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La reforma del Código Penal trajo consigo la derogación de las “faltas” y por ende, la despenalización de las injurias leves recogidas en el artículo 620.2º del Código Penal de 1995, estableciendo como única vía posible para aquellas personas ofendidas, la de acudir a la vía civil por vulneración del derecho al honor.
A pesar de que las injurias leves ya no constituyan una infracción penal, debemos tener en cuenta que el nuevo Código Penal establece que dichas injurias podrán ser consideradas como un Delito Leve cuando dichas injurias o vejaciones se profieran contra cualquiera de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173. Dichas personas son:
Quien sea o haya sido cónyuge o persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aún sin convivencia.
Los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que convivan con él o que se hallan sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente.
La persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar.
La persona que por su especial vulnerabilidad se encuentre sometida a custodia o guarda en centros públicos o privados.
Según establece el artículo 173.4 del Código Penal, quien cause injuria o vejación de carácter leve contra cualquiera de las personas que hemos mencionado, será castigado con alguna de las siguientes penas pudiendo ser:
A) Pena de localización permanente de cinco a treinta días, en domicilio diferente y alejado del de la víctima.
B) Trabajos en beneficio de la Comunidad de cinco a treinta días.
C) Multa de uno a cuatro meses. Esta pena únicamente se podrá imponer, tal y como establece el artículo 84.2 del Código Penal, cuando conste acreditado que entre ellos no existen relaciones económicas derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación, o de la existencia de una relación común.
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