Source: https://issuu.com/lexys/docs/epu-espacio-p_blico
Timestamp: 2017-10-18 09:42:03
Document Index: 272630753

Matched Legal Cases: ['in fine', 'artículo 19', 'artículo 9', 'artículo 59', 'artículo 171', 'Artículo 32', 'Artículo 280', 'Artículo 19', 'artículo 505', 'Artículo 149']

EPU Espacio Público by Lexys Rendon - issuu
Presentación de la Asociación Civil Espacio Público sobre el cumplimiento de la República Bolivariana de Venezuela de sus obligaciones en materia del derecho a la libertad de expresión e información. ONU Examen Periódico Universal Venezuela 12ª sesión (Octubre de 2011) 1. Espacio Público, es una asociación civil venezolana, fundada en el año 2002, sin fines de lucro, no gubernamental, independiente y autónoma de partidos políticos, instituciones religiosas, organizaciones internacionales o gobierno alguno, que tiene como finalidad la promoción y defensa de la libertad de expresión; el derecho a la información y la responsabilidad social en los medios de comunicación social. 2. La metodología utilizada para la elaboración de este informe se basa en la documentación directa de los casos, utilizando diversos instrumentos para la recolección de la información (entrevistas, videos, fotografías) y el análisis de los hechos basados en los instrumentos, doctrina y jurisprudencia del sistema internacional de los derechos humanos. 3. El informe se refiere a las obligaciones relativas a la libertad de expresión en los aspectos relativos a las garantías legales para el acceso a la información pública, la impunidad y lentitud de las investigaciones relativas a las agresiones contra periodistas (reporteros, fotógrafos y técnicos) y las restricciones legales a la libertad de expresión relativas a las penas privativas de libertad causadas por delitos de opinión sobre funcionarios. Acceso a la información pública 4. El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, consagra el derecho a la libertad de opinión y de expresión, donde derivan tres elementos diferentes: a) el derecho a tener opiniones sin interferencia; b) el derecho de buscar y de recibir información, o el derecho al acceso a la información; y c) el derecho a difundir informaciones e ideas de todo índole. 5. Los Estados deben tomar las medidas legislativas y administrativas necesarias para facilitar a las personas el acceso a la información pública. Existen características legislativas y procesales específicas que deben estar implícitas en todo régimen de acceso a la información, incluido el principio de la máxima divulgación, la presunción del carácter público con respecto a las reuniones y los documentos fundamentales, amplias definiciones del tipo de información a la que se puede tener
acceso, tarifas y plazos razonables, un examen independiente de las denegaciones de acceso y sanciones por incumplimiento1. 6. La CRBV, establece la prohibición de censura a los funcionarios públicos en los asuntos que le conciernen en dos de sus artículos.2 Si bien, existen iniciativas de la sociedad civil para avanzar en una Ley de Acceso a la Información Pública3, en Venezuela para la fecha, no existe una legislación especializada que facilite el ejercicio y garantía del derecho. 7. Por el contrario, se han aprobado leyes que se consideran restrictivas del derecho de acceso a la información. En ellas el Decreto Presidencial Número 7.4544, el cual ordena la creación del Centro de Estudio Situacional de la Nación (CESNA), con carácter de órgano desconcentrado del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. 8. En su artículo 9 faculta al Presidenta o Presidenta del CESNA a declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada cualquier información5, sin establecer de manera expresa y taxativa en cuáles supuestos o circunstancias el funcionario puede establecerse el carácter reservado de la información. Una norma redactada de manera vaga o ambigua, no es permisible en una sociedad democrática, pues otorga facultades discrecionales muy amplias a las autoridades, incompatibles con los estándares internacionales. La limitación al derecho no se realizó mediante ley en sentido formal, si no mediante un decreto presidencial, en contravención a la Constitución Nacional6 y los postulados internacionales acerca límites permisibles al derecho. 9. El 21.10.10, se publica en Gaceta Oficial N° 39.578, la normativa de Clasificación y Tratamiento de la Información en la Administración Pública que establece que "toda información generada por la institución no podrá ser publicada o revelada al público en general sin la previa autorización debida y formal de la unidad responsable de la imagen institucional o de la máxima autoridad de la institución. 10. Esta normativa limita más el acceso a la información al otorgar la potestad a los organismos para catalogar una información como confidencial si posee importancia política o podría afectar su "imagen público" por lo cual no estarían en la obligación de divulgarla, todo lo cual limita seriamente debido a la discrecionalidad de declarar la información confidencial que tiene el organismo, el derecho de acceso a la información pública. 11. Estadísticas y cifras oficiales, en temas de interés nacional no se encuentran disponibles. Ejemplos: los boletines epidemiológicos del Ministerio de Salud, que 1
Informe Anual de la Relatoría Especial para la libertad de expresión de la Organización de los Estados Americanos, 2003, cap. IV, párr.32. 2 Artículos 57 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 3 La Coalición Proacceso consignó ante la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional el anteproyecto de ley de acceso a la información. Ver Anexo 1. 4 Gaceta Oficial número 39.436, de fecha 1 de junio de 2010. 5 El Presidente o Presidenta del Centro de Estudio Situacional de la Nación podrá declarar el carácter de reservada, clasificada o de divulgación limitada a cualesquiera información, hecho o circunstancia, que en cumplimiento de sus funciones tenga conocimiento o sea tramitada por el Centro de Estudio Situacional de la Nación, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y el artículo 171 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Administración Pública. 6 Artículo 32: “El Ejecutivo Nacional se reserva la clasificación y divulgación de aquellos asuntos que guarden relación directa con la planificación y ejecución de operaciones concernientes a la seguridad de la Nación, en los términos que la ley establezca.”
desde el 2007 no han tenido una publicación continua y proactiva, la tasa de homicidios en el país no se obtiene información oficial y los sueldos de los funcionarios públicos son considerados secreto por parte de organismo gubernamental y ratificado así por el máximo tribunal de la República7. Falta de investigación e impunidad en los casos de agresiones físicas y muertes de profesionales de la comunicación. 12. Acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la promoción, garantía y defensa de los derechos humanos sólo puede forjarse y desarrollarse a partir de una concepción integral de la totalidad de los derechos humanos, teniendo en cuenta su carácter interdependiente. Es decir, no puede haber un ejercicio pleno de la libertad de expresión en un clima de impunidad, en donde los medios judiciales resultan inefectivos y el Estado no adopta medidas para prevenir nuevos atentados en contra de las y los periodistas. 13. En el año 2009, se realizó una solicitud de información al Ministerio Público sobre la fase del proceso penal en que se encuentran 7 casos de agresión8 que fueron denunciados desde el 2008. La institución dio a conocer que el 100% 9 de estos se encuentra en la Fase Preparatoria, que en el derecho interno venezolano consiste la preparación del juicio oral y público, mediante la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado10. La fase preparatoria comprende, pues, tanto los actos procesales de fijación de los elementos materiales del delito antes de que haya un imputado concreto, como los actos cumplidos para corroborar o desvirtuar la participación del imputado a los efectos de la acusación. Ninguno de estos casos ha avanzado de esta fase inicial de la averiguación penal. Un año después se realizó de nuevo la solicitud de información y no hubo respuesta por parte del Ministerio Público. 14. En el período de enero 2006 a diciembre 2010, hubo un total de 811 homicidios contra periodistas, en alguno de ellos se concluyó la investigación y se sancionó a los responsables. Restricciones ilegítimas a la libertad de expresión. 15. El sistema universal de protección de los derechos humanos establece los estándares para el establecimiento de restricciones legítimas a la libertad de expresión12. El Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 7
Sentencia Sala Constitucional. 15 de julio de 2010. http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/745-15710-2010-091003.html 8 Uno de los casos más graves de agresión a periodistas lo constituye el cometido contra periodistas de la Cadena Capriles, una de las editoriales de prensa más importante de Venezuela. Un grupo de 12 periodistas fue brutalmente golpeado mientras repartía volantes en contra de la Ley de Educación, la cual contiene aspectos que consideraban restrictivos a la libertad de expresión. A pesar de que los victimarios fueron identificados, este caso forma parte de los que se encuentran sin investigación según se puede constatar en el anexo con carta de respuesta del Ministerio Público año 2009. 9 Anexo 2 y 3: Cartas de respuesta por parte del Ministerio Público. 10 Artículo 280 del Código Orgánico Procesal Penal de la República Bolivariana de Venezuela. 11 Caso Orel Sambrano: Último recurso de apelación http://sucre.tsj.gov.ve/decisiones/2011/enero/876-31-GP01-R-2010000342-.html 12 Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos. Artículo 19, parágrafo 3
opinión y de expresión en diversos documentos e informes señala que la difamación penal no es una restricción legítima y justificada para la libertad de expresión y que deben ser sustituidas por leyes civiles13. 16. En marzo del año 2005 se reformó el Código Penal para ampliar las penas e incorporar a otros funcionarios para proteger su honor y reputación.14 La reforma del código penal15 fortalece la regresión en el contenido y garantía del derecho humano a la libertad de expresión e información. Ratifica y profundiza el desacato o vilipendio contra funcionarios públicos, aumenta la discrecionalidad de los jueces para decidir si una conducta o expresión encuadra en el tipo penal respectivo, y es discriminatoria al diferenciar al funcionario respecto de la persona, limitando el escrutinio ciudadano de la gestión pública. 17. El Código Penal afecta el libre ejercicio de la libertad de expresión, en los artículos 141, 147, 148, 14916, 150, 151, 215, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 357, 442, 443, 444, 445, 448, 450 y 506, del texto decretado. Los mencionados artículos mantienen y amplían el alcance de figuras jurídicas que son contrarias al contenido del derecho a la libertad de expresión, como lo es el vilipendio o desacato17. 18. De igual manera el Código Orgánico de Justicia Militar establece en su artículo 505 “Incurrirá en pena de tres a ocho años de prisión el que en alguna forma injurie, ofenda o menosprecie a las Fuerzas Armadas Nacionales o alguna de sus unidades”. El Estado venezolano está en mora con la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sentenció que debía modificar esta norma por su incompatibilidad con el alcance del derecho humano a la libertad de expresión18. 19. La existencia de normas penales, vagas o imprecisas, que criminalizan la crítica a los funcionarios públicos constituye, de modo intrínseco, una importante restricción ilegitima al debate público. Constituye un factor que inhibe el debate y su aplicación selectiva fortalece la autocensura y la inhibición. Las figuras de difamación e injuria establecidas en el Código penal venezolano también se utilizan para restringir debate acerca del desempeño de los funcionarios. En varios casos los funcionarios
Informe anual del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión correspondiente al año 2010. Párrafos: 72-87 y Declaración Conjunta del Relator Especial de la ONU sobre la Libertad de Opinión y Expresión, el Representante de la OSCE sobre la Libertad de Prensa y el Relator Especial de la OEA sobre Libertad de Expresión del año 2002 14 Antes de la reforma la norma tenía un alcance para el Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecutivo, los ministros de gobierno, los gobernadores, el Alcalde Mayor del Distrito Metropolitano de Caracas, los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de los Consejos Legislativos y los jueces superiores, podían iniciar procesos penales por el delito de desacato. La reforma legal incorporó a los diputados de la Asamblea Nacional, a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral, al Fiscal General, al Procurador General, al Defensor del Pueblo, al Contralor General y a los miembros del Alto Mando Militar. 15 Código Penal de Venezuela. Gaceta Oficial No. 5768E de 13 de agosto de 2005. Disponible en: http://www.fiscalia.gov.ve/leyes/6-CODIGOPENAL.pdf 16 Artículo 149. Cualquiera que vilipendiare públicamente a la Asamblea Nacional, al Tribunal Supremo de justicia o al Gabinete o Consejo de Ministros, así como a alguno de los consejos legislativos de los estados o algunos de los tribunales superiores, será castigado con prisión de quince días a diez meses. En la mitad de dicha pena incurrirán los que cometieren los hechos a que se refiere este artículo, con respecto a los consejos municipales. La pena se aumentará proporcionalmente en la mitad, si la ofensa se hubiere cometido hallándose las expresadas corporaciones en ejercicio de sus funciones oficiales. 17 Vilipendio o desacato es la figura penal que castiga las “ofensas” y/o difamación de funcionarios 18 Caso Usón Ramírez Vs. Venezuela. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_207_esp.pdf Párrafo 173
recurren a la acción judicial privada para castigar con penas privativas de libertad a periodistas críticos19. 20. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó el 15.07.03 la sentencia 194220 que contempla y ratifica las sanciones privativas a la libertad por la comisión de delitos como difamación, injuria y vilipendio, en los cuales se considera como un exceso los cuestionamientos del desempeño de funcionarios públicos. La existencia de las llamadas leyes de desacato, y su ratificación en Venezuela con la sentencia 1942, terminan otorgando una protección especial a los funcionarios públicos, protegiéndolos del escrutinio y la crítica pública, lo cual se entiende en la actualidad como una característica intrínseca del sistema democrático. Recomendaciones: 21. Desarrollar una ley y política pública que garantice de manera oportuna y efectiva el acceso a la información pública, estableciendo mecanismos acordes con los estándares internacionales en la materia y garanticen la sencillez, gratuidad y rapidez del proceso. 22. Adecuar la legislación interna conforme a los parámetros establecidos por los sistemas internaciones de protección de derechos humanos. En específico, derogar las disposiciones sobre desacato, vilipendio e injuria a la Fuerza Armada Nacional y funcionarios. 23. Realizar investigaciones imparciales y efectivas en los casos de agresiones, hostigamiento y muerte de profesionales de la comunicación y en consecuencia juzgar y sancionar a los responsables, como medida para eliminar la impunidad que permite la repetición de estos hechos de violencia. 24. Permitir la visita oficial de los Relatores Especiales de Naciones Unidas a Venezuela con la finalidad de constatar la situación de los derechos humanos en el país.
19 Ver estudio sobre procesos penales y administrativos restrictivos de la libertad de expresión para ponderar el impacto restrictivo de este tipo de sanciones. El Peso de las palabras, Espacio Público, 2007. Disponible en http://espaciopublico.org/index.php/biblioteca/doc_download/178-el-peso-de-las-palabras Un caso reciente es el de Francisco "Pancho" Pérez quien escribe, cada lunes, la columna “En Secreto”. El 30 de marzo de 2009 escribió en su artículo que el alcalde de Valencia Edgardo Parra tiene a su esposa e hijo ocupando cargos de alta responsabilidad en la administración municipal, por lo que comentó que se estaban “pagando y dando el vuelto”. El Alcalde de Valencia inicia un proceso penal en contra del periodista Francisco Pérez por los delitos de difamación en injuria. El Juez 5° de Juicio de Valencia sentencia a 3 años y 9 meses de prisión, medida que podrá ser cumplida en libertad. El juicio empezó el 08 de junio de 2010. 11 de junio de 2010 el Tribunal 5° de Juicio de la ciudad de Valencia condena al periodista carabobeño Francisco "Pancho" Pérez, a 3 años y nueve meses de prisión, por los delitos de difamación e injuria. Adicionalmente el Tribunal lo inhabilita profesional y políticamente y el pago de 1250 Unidades Tributarias (81.250 BsF ó.18.895 U$).El 29 de noviembre de 2010 la Sala 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo anula la decisión de condena dictada por el Tribunal 5° de Juicio. 20 Disponible en http://www.tsj.gov.ve/decisiones/scon/Julio/1942-150703-01-0415.htm
EPU Espacio Público
Informe al Examen Periódico Universal de Venezuela por parte de la organización Espacio Público, sobre los temas de libertad de expresión e...