Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2002-00937-38771-de-septiembre-14-de-2017?documento=jurcol&contexto=jurcol_c51f79514b164156a54700ae1e5fa23f&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-09-18 16:12:07
Document Index: 170130184

Matched Legal Cases: ['artículo 254', 'e contrario', 'artículo 182', 'artículo 512', 'artículo 13', 'artículo 188', 'artículo 304', 'artículo 13', 'artículo 305', 'artículo 415', 'artículo 182', 'artículo 247', 'artículo 414', 'artículo 68', 'artículo 188', 'artículo 415', 'artículo 63', 'artículo 68', 'artículo 252', 'artículo 228', 'artículo 90', 'artículo 70', 'artículo 70', 'artículo 70']

﻿ SENTENCIA 2002-00937/38771 DE SEPTIEMBRE 14 DE 2017
SENTENCIA 2002-00937 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017
CONTENIDO:APLICACIÓN DEL RÉGIMEN SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD EN CASOS DE PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD CUANDO PASA UN LAPSO MAYOR A UN AÑO PARA LLEGAR A LA ETAPA DE AUDIENCIA PÚBLICA. EN LOS PROCESOS DE REPARACIÓN DIRECTA POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD QUE A PESAR DE CULMINAR CON SENTENCIA ABSOLUTORIA, LO QUE EN PRINCIPIO DARÍA LUGAR A LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA, PUEDEN SER ANALIZADOS BAJO EL RÉGIMEN SUBJETIVO DE IMPUTACIÓN CUANDO TRANSCURRE UN LAPSO MAYOR A UN AÑO ANTES DE CELEBRARSE LA AUDIENCIA PÚBLICA EN QUE ES ABSUELTO EL INVESTIGADO. DE ESTE MODO, NO CABE DUDA QUE EL ACTOR NO SOLO ESTUVO PRIVADO DE LA LIBERTAD EN UN ASUNTO QUE FUE ABSUELTO POR DUDA EN SU FAVOR SOBRE LA AUTORÍA MATERIAL, SINO QUE PASARON MÁS DE TRES AÑOS DESDE QUE SE PROFIRIÓ LA RESOLUCIÓN DE ACUSACIÓN SIN QUE SE HUBIESE PRODUCIDO AUDIENCIA PÚBLICA, Y ADICIONALMENTE, SE PROBÓ QUE LA CONDUCTA DEL ACTOR NUNCA ESTUVO LIGADA A CAUSAS QUE AMERITARAN LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO EN SU CONTRA, POR TANTO, DEBE DECLARARSE LA RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN EN TANTO SE TIENE QUE LOS ASPECTOS QUE DIERON LUGAR A LA INVESTIGACIÓN, COMO EL TIEMPO EN QUE DEBIERON SURTIRSE LAS ACTUACIONES DEL PROCESO PARA DEFINIR LA RESPONSABILIDAD CON LA SENTENCIA, RESULTARON EN LA DETENCIÓN PREVENTIVA DEL ACTOR.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, AUDIENCIA PÚBLICA, DETENCIÓN PREVENTIVA, PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, INVESTIGACIÓN PENAL
Sentencia 2002-00937 de septiembre 14 de 2017
Expediente: 38771
Radicado: 540012331000200200937 01
Actor: J.A.R.C. y otros
23. La Sala es competente para resolver el presente caso iniciado en ejercicio de la acción de reparación directa, en razón a la naturaleza del asunto. La Ley 270 de 1996 desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer de tales asuntos en primera instancia en cabeza de los tribunales administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante lo relacionado con la cuantía(3).
24. En el proceso obran algunos documentos en copias simples aportadas por la parte demandante. Al respecto, advierte la Sala que si bien con anterioridad se había considerado que las copias sólo podían ser valoradas como si fuesen originales cuando fueran autorizadas por el funcionario público competente, previa orden del juez, o cuando estuviesen autenticadas por notario, previo cotejo con el original o la copia autenticada, de conformidad con lo establecido por el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado cambió su posición en aplicación de los principios de buena fe, lealtad procesal y prevalencia del derecho sustantivo sobre el formal, y dispuso que es procedente la valoración de los documentos aportados en copia simple, siempre y cuando no hayan sido tachados de falsos(4).
25. Así las cosas, de conformidad con la providencia referida, es posible valorar los documentos, algunos de ellos aportados en copia simple por el demandante, para efectos de verificar los supuestos lácticos del caso, teniendo en cuenta que las entidades demandadas no se pronunciaron al respecto una vez vencida la etapa de pruebas.
26. En relación a la privación de la libertad del señor J.A.R.C. se tienen las siguientes pruebas relevantes: (i) denuncia presentada el 23 de octubre de 1993 y constitución en parte civil, de H.F.B.V. ante la Fiscalía General de la Nación en contra del demandante por el delito de fraude procesal y estafa, aduciendo que el título valor por el que fue condenado en segunda instancia era ficticio en relación a la deuda que allí se expresó (fl. 86-88, 89-90, cdno. 1); (ii) resolución del 13 de diciembre de 1993 de la Fiscalía Especializada de Patrimonio y otros de XXX por la que se admitió la denuncia presentada en contra del actor (fl. 91-92, cdno. 1); (iii) resolución del 15 de enero de 1994 por medio de la cual la Fiscalía Primera de Patrimonio Económico, Unidad Seccional de Fiscalía Especializada, impuso medida de aseguramiento al señor J.A.R.C. (fl. 93-99, cdno. 1); (iv) constancia secretarial de la Fiscalía conforme a la cual el actor interpuso recurso de apelación contra la providencia que ordenó su detención (fl. 100, cdno. 1); (v) proveído del 10 de febrero de 1994 de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Delegada ante el Tribunal Superior por medio del cual se confirmó la medida de aseguramiento impuesta al hoy demandante, sustituida por detención domiciliaria, actuación notificada por estado el 16 del mismo mes y año (fl. 101-109, cdno. 1); (vi) resolución del 1º de marzo de 1994 de la Fiscalía Primera de Patrimonio Económico de XXX, por la que resolvió negativamente la solicitud del denunciante de cancelar el título valor que originó la causa penal (fl. 111-112, cdno. 1); (vii) resolución del 13 de abril de 1994 de la Fiscalía Primera de Patrimonio de XXX por la cual se negó la petición de cancelación del título valor motivo de la investigación (fl. 114­115, cdno. 1); (viii) oficio secretarial de la Fiscalía por la que consta la presentación del recurso de apelación interpuesto por la parte civil denunciante en contra de la resolución del 13 de abril de 1994 (fl. 116, cdno. 1); (xix) resolución del 19 de mayo de 1994 de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior por la que resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido el 13 de abril del mismo año (fl. 117-123, cdno. 1); (x) proveído del 9 de septiembre de 1994 de la Fiscalía General, Unidad de Patrimonio por la que se calificó el mérito del sumario, se profirió resolución de acusación en contra del señor R.C. pero confirmó la negación de la nulidad y la suspensión del proceso ejecutivo civil (fl. 124-136, cdno. 1); (xi) resolución del 25 de octubre de 1994 de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte civil denunciante en contra de la resolución del 9 de septiembre de esa anualidad, decisión que fue revocada y en su lugar se decretó la nulidad del título valor del proceso ejecutivo, confirmando la acusación en contra del procesado (fl. 137-140, cdno. 1); (xii) auto del 4 de noviembre de 1994 del Juzgado 4º Civil Municipal de XXX por la que se dio cumplimiento al oficio del 9 de septiembre de ese año de la Fiscalía en cuanto a levantar las medidas cautelares adoptadas en el proceso ejecutivo (fl. 143, cdno. 1); (xiii) auto del 10 de febrero de 1995 del Juzgado 5º Penal del Circuito de XXX por la que se negó la petición de nulidad por falta de competencia, propuesta por la defensa del acusado (fl. 144-160, cdno. 1); (xiv) auto del 14 de junio de 1995 del Tribunal Superior del Distrito Judicial por la que se resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor R.C., se confirmó la decisión de no decretar la nulidad del proceso penal y se revocó lo atinente a la orden del Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de decretar la nulidad del título valor del proceso civil por ser “manifiestamente contrario a la ley” (fl. 162-184, cdno. 1); (xv) auto del 26 de febrero de 1998 del Juzgado Segundo Penal del Circuito por la que se decretó la nulidad del proceso a partir de la constancia de notificación por estado de fecha 2 de septiembre de 1996 que fijó fecha y hora para la realización de audiencia de juicio y se ordenó la libertad provisional del señor R.C. (fl. 185-186, cdno. 1); (xvi) sentencia del 8 de julio de 1999 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de XXX por la que se absolvió al señor J.A.R.C. de todo cargo (fl. 206-224, cdno. 1); (xvi) sentencia del 15 de septiembre de 2000 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX por la que se confirmó en todas sus partes la sentencia del 8 de julio de 1999 (fl. 226-243, cdno. 1); constancia de ejecutoria de la anterior sentencia sin que se presentara recurso extraordinario de casación (fl. 245, cdno. 1).
27. En lo tocante a las relaciones de parentesco del señor R.C. con sus familiares se allegaron al plenario las siguientes pruebas relevantes: (i) registro civil de matrimonio del actor con la señora Y.P.A. (fl. 34, cdno. 1); y los registros civiles de nacimiento de los hijos e hijas del actor: (ii) M.R.P. (fl. 35, cdno. 1); (iii) J.A.R.P. (fl. 36, cdno. 1); (iv) R.R.P., (fl. 37, cdno. 1); (v) J.L.R.P. (fl. 38, cdno. 1); de los hermanos del actor: (vi) V.J.R.C. (fl. 40, cdno. 1) y (vii) J.J.R.C. (fl. 41, cdno. 1); y finalmente, del nieto del actor: (viii) D.A.G. (fl. 39, cdno. 1).
28. En relación a la actividad económica que desempeñaba el señor J.A.R.C. y las erogaciones pecuniarias que sufragó con ocasión del proceso penal se tienen los siguientes elementos probatorios: (i) copia de auto de aprobación conciliatoria del actor en proceso laboral tramitado ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de XXX en contra de la Cooperativa XXX - “XXX” de fecha 15 de noviembre de 1994 por razón de liquidación de prestaciones sociales (fl. 247-250, cdno. 1); (ii) acta de liquidación de prestaciones sociales del demandante de la cooperativa a que anteriormente se hizo referencia, discriminando valor de cesantías del año 1998 a enero de 1994, salario base, más promedio de viáticos, expedido por el gerente de la cooperativa en la que trabajaba el señor R.C. (fl. 251, cdno. 1); (iii) tres recibos de pago por valor de cien mil pesos ($ 100.000) de fechas febrero 11, 17 y 22 de 1994, más otro equivalente a trescientos mil pesos ($ 300.000) de fecha 13 de enero de 1994, girados por el señor R.C. a favor de la abogada R.L.G. en su condición de apoderada del proceso penal 4176 ante la Fiscalía (fl. 252-255, cdno. 1); (iv) recibo de pago de fecha 3 de agosto de 1999 por concepto de honorarios profesionales, por valor de seiscientos mil pesos ($ 600.000) girados por el accionante a favor del abogado C.J.P.C., en razón de la defensa del proceso penal 314/94 (fl. 252-255, 258, cdno. 1).
29. Según las pruebas incorporadas al expediente, están debidamente acreditados en el proceso los siguientes hechos:
30. El 23 de octubre de 1993 el señor H.F.B.V. presentó denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del demandante por el delito de fraude procesal y estafa, aduciendo que el título valor por el que fue condenado en segunda instancia era ficticio en relación a la deuda que allí se expresó (fl. 86-88, 89-90, cdno. 1).
31. El 13 de diciembre de 1993 la Fiscalía Especializada de Patrimonio y otros de XXX admitió la denuncia presentada en contra del actor (fl. 91-92, cdno. 1) y el 15 de enero de 1994 la Fiscalía Primera de Patrimonio Económico, Unidad Seccional de Fiscalía Especializada, impuso medida de aseguramiento al señor J.A.R.C., mismo acto en que aceptó la prejudicialidad propuesta por el denunciante y en consecuencia, ordenó la suspensión de la actuación del proceso civil adelantado ante el Juzgado 4º Civil Municipal de XXX (fl. 93-99, cdno. 1). Como aspectos que se tuvieron en cuenta para proferir aquella decisión se destacan los siguientes apartes:
(...) EVALUACIÓN PROBATORIA (...) La letra de cambio base del litigio se le dio en blanco al implicado a efecto de tratar de obtener un lote de terreno, pues embargando al que figuraba como propietario, de alguna forma recuperaban la posesión que habían perdido respecto a esas tierras. Pero adentrándonos en el caso en particular, la firma de la letra se simuló extraproceso con un objetivo concreto: tratar de recuperar el lote de terreno de que trata la escritura pública 1718. Comoquiera que H.F.B. fuera aconsejado por su hijo M.B. para evitar según dice: “un fraude a la justicia” esta conducta evidentemente se gestó.
La letra de cambio fue cobrada ejecutivamente en el Juzgado 4º Civil Municipal, despacho que profirió sentencia declarando probada la excepción de falta de causa. El proveído fue apelado, situación que falló el Juzgado 4º Civil del Circuito, considerando que en tratándose de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título valor, era factible el cobro ejecutivo, resultando improcedentes las imprecisiones subjetivas que aduce el a quo juez civil municipal. En el campo del derecho penal y para que se estructure el fraude procesal, la farsa debe llegar como llegó a los estrados judiciales.
Desafortunadamente y en razón a que el hecho involucra una familia, los testigos son los integrantes de la misma, sin embargo se colige que la intención de las personas que elaboraron la letra evidentemente fue la de simular una obligación para demandar ejecutivamente al propietario del inmueble, H.F.B. y con ello oponerse a la posesión que la familia C. ejercía sobre el predio ubicado en la urbanización “XXX”, limítrofe al canal XXX.
Se dice, además, que el señor H.F.B. antes de incoar en maridaje con R. el ejecutivo que gestaban y a petición del engaño que iban a fraguar, acudió a la residencia de J.R. para dar por terminado el arreglo recibiendo una constancia de pago por quinientos mil pesos, situación que evidentemente no concluyó, pues pese a todo lo anterior la letra de cambio se llenó por una suma no acordada de un millón de pesos, y se cobró ejecutivamente, hecho que ventilan los juzgados civiles de la localidad (...).
Analizando la conducta descrita en el artículo 182 del Código Penal, se colige que esa demanda ejecutiva fue instaurada por R., con el propósito de obtener una sentencia civil basada en deudas inexistentes, en arreglos de familia, suceso que va en detrimento de una recta administración de justicia y por lo cual no se puede acusar al funcionario, pues en estos menesteres se confía necesariamente en quien la instaura, basada en circunstancias de carácter objetivo contenidas en las leyes procesales como bien las cita el señor Juez Civil del Circuito. Confiando en la declaración del doctor M.B. (funcionario de la justicia, del señor G.P. y de Y.B.P. (hermanos) y aunado en el testimonio recaudado bajo juramento al denunciante, quienes(sic) inclusive es yerno del sindicado, esta Fiscalía considera que se dan los requisitos para decretarle medida de aseguramiento de DETENCIÓN PREVENTIVA sin derecho a libertad provisional (CPC, arts. 397 y 417, inc. 4º. (...) (resaltados agregados).
32. Contra la anterior decisión el actor interpuso recurso de apelación (fl. 100, cdno. 1), el cual fue fallado mediante proveído del 10 de febrero de 1994 de la Fiscalía General de la Nación, Unidad Delegada ante el Tribunal Superior en la que se confirmó la medida de aseguramiento impuesta al hoy demandante, aunque en la misma providencia se sustituyó la medida intramural impuesta por detención domiciliaria, actuación notificada por estado el 16 del mismo mes y año (fl. 101-107, cdno. 1). Como fundamentos adujo lo siguiente:
(...) CONSIDERACIONES (...) El primer indicio de la simulación y consecuentemente del fraude procesal se deriva del recibo que entregó en julio de 1991 el procesado al denunciante; el sindicado dice que ese recibo corresponde a una letra diferente a la que se cobró judicialmente y que nunca fue objeto de demanda. Sin embargo en el recibo claramente se lee que tal documento se expide como prueba del pago de una letra que está en cobro judicial (ver fl. 5). Como vemos la contradicción entre lo que dice el procesado y lo que señala el recibo es evidente; aun cuando B.V. manifiesta fue producto de una simulación, su evidente contradicción con el recibo deja sin valor probatorio sus explicaciones. Probado como está que el recibo se entregó por la letra objeto del proceso ejecutivo, inferimos lógicamente que dicho título valor sí está originado en una simulación y que R.C. mintió en el proceso ejecutivo y miente en este proceso.
Un segundo indicio se deriva del hecho, probado por testigos que nos merecen credibilidad, de que entre procesado y denunciante existía una enemistad cuando R. dice que se realizó el negocio jurídico y solo se reconciliaron el 6 de enero de 1991, meses después de cuando aparece suscrita la letra materia del proceso ejecutivo. Como vemos, miente también el procesado al pretender negar que existía una enemistad evidente con el denunciante y es categóricamente desmentido por personas ajenas a los pleitos familiares y que presenciaron la reconciliación.
El tercer elemento que nos permite dar credibilidad al dicho del denunciante se deriva de la suspensión del proceso por un largo periodo, suspensión que no tenía explicación a menos que efectivamente el origen de la obligación fuese una simulación y el procesado, con protervas intenciones, dejó latente el proceso para luego reactivarlo.
Obsérvese que nos hemos visto impelidos a buscar las pruebas de la simulación ya que determinada esta se prueba la materialidad y responsabilidad del procesado en el fraude procesal (...) Pero en el caso que nos ocupa sí se produjo esa sentencia contraria a la ley ya que el juez, incurso en el error propiciado por el aquí sindicado, consideró no probada la existencia de la causa o inexistencia del negocio jurídico que para el caso es lo mismo y consecuente con esa apreciación falló en favor del señor R.
Es cierto, como lo afirma el defensor, que la sentencia donde se deciden excepciones en el proceso ejecutivo hace tránsito a cosa juzgada, porque así lo establece el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, pero no es menos cierto que los negocios simulados son inexistentes y que si la sentencia ejecutoriada ha sido obtenida mediante un fraude judicial, ella es simplemente inexistente pues los principios rectores del Código de Procedimiento Penal especialmente los artículos 14 y 22 facultan a un funcionario judicial en la rama penal, llámese juez o fiscal para anular la sentencia obtenida con engaños. Recordemos que las normas procesales en materia penal son de orden público. Tenemos entonces que aun cuando se haya producido sentencia de segunda instancia ya ejecutoriada, hay pruebas evidentes de que esa sentencia se obtuvo con maniobras fraudulentas y ocultando la verdad, luego no solo es procedente la detención decretada, sino también se hace indispensable aplicar el concepto de prejudicialidad.
33. El 1º de marzo de 1994, la Fiscalía Primera de Patrimonio Económico de XXX, resolvió negativamente la solicitud del denunciante de cancelar el título valor que originó la causa penal (fl. 111­112, cdno. 1), petición que fue confirmada en el mismo sentido el 13 de abril de 1994, pero se reiteró la orden impartida al Juez Cuarto Civil Municipal en donde se tramitó el proceso ejecutivo para que suspendiera los efectos de la sentencia ejecutoriada por prejudicialidad de la causa penal (fl. 114-115, cdno. 1).
34. Contra la anterior decisión, el denunciante presentó recurso de apelación (fl. 116, cdno. 1) que fue resuelto negativamente mediante la resolución del 19 de mayo de 1994 de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior, entidad que se mantuvo en lo decidido el 13 de abril del mismo año (fl. 117-123, cdno. 1).
35. El 9 de septiembre de 1994, la Fiscalía calificó el mérito del sumario, profirió resolución de acusación en contra del señor R.C. y se confirmó la negación de la petición de nulidad del título valor así como la suspensión del proceso ejecutivo civil (fl. 124-136, cdno. 1).
36. El 25 de octubre de 1994, la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte civil del proceso penal en contra de la resolución del 9 de septiembre de esa anualidad, decisión que fue revocada y en su lugar se decretó la nulidad del título valor del proceso ejecutivo, confirmando la acusación en contra del procesado (fl. 137-140, cdno. 1). Algunos de los argumentos en que se sustentó aquella determinación de la Fiscalía se reproducen a continuación:
(...) De lo anterior se infiere que no puede tenerse como una intromisión indebida la actuación del fiscal o del juez penal, que buscando el restablecimiento del derecho del perjudicado con la infracción penal, toma decisiones que en principio solo competen a un juez civil. Tales actuaciones, encaminadas exclusivamente a restablecer un derecho vulnerado por un delito, no solo no son intromisiones indebidas sino que además constituyen una facultad y un deber del funcionario judicial, como quiera que el principal compromiso que tiene la Fiscalía es perseguir los delitos y de contera reducir las consecuencias de los ilícitos.
Las anteriores consideraciones sirven de fundamento para atender los requerimientos del recurrente, aclarando que en criterio de esta Fiscalía la decisión más viable y práctica para efectos de restablecer el derecho del denunciante es ordenar la anulación del título valor que fue tenido en cuenta por el Juez 4º Civil Municipal sobre esta decisión para ordenar mediante providencia de agosto 3 de 1992 el embargo de los derechos sucesorales del denunciante.
En este orden de ideas se anulará el título valor y se informará al Juzgado 4º Civil Municipal sobre esta decisión para que a su vez este despacho proceda a ordenar el desembargo de los derechos sucesorales embargados en base a un título valor espúreo (sic), producto de una simulación. Como quiera que el presente proceso ya ha entrado en la etapa de juzgamiento, no existe obstáculo alguno para remitir copia de la presente providencia al señor Juez 4º Civil Municipal, con el objeto de que el funcionario conozca las razones jurídicas que se tuvieron en cuenta para decretar la simulación del título valor que dio origen no solo a la presente investigación sino también al proceso civil dentro del cual se perpetró el fraude procesal materia de este proceso.
37. Mediante auto del 4 de noviembre de 1994, proferido por el Juzgado 4º Civil Municipal de XXX, se dio cumplimiento al oficio del 9 de septiembre de ese año de la Fiscalía en cuanto a levantar las medidas cautelares adoptadas en el proceso ejecutivo (fl. 143, cdno. 1).
38. El 10 de febrero de 1995, el Juzgado 5º Penal del Circuito de XXX, mediante auto negó la petición de nulidad por falta de competencia propuesta por la defensa del acusado (fl. 144-160, cdno. 1).
39. El 14 de junio de 1995, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX resolvió el recurso de apelación interpuesto por el señor R.C. en contra del proveído del 10 de febrero del mismo año, se confirmó la decisión de no decretar la nulidad del proceso penal y se revocó lo atinente a la orden del fiscal delegado ante el Tribunal Superior de decretar la nulidad del título valor del proceso civil por ser una decisión “manifiestamente contraria a la ley” (fl. 162-184, cdno. 1). Al respecto, señaló la autoridad judicial:
(...) Lo que sí apunta la Sala y es el caso de revocar la decisión asumida por el señor fiscal delegado ante el tribunal, cuando ordenó nulitar (sic) el título valor obrante en el proceso ejecutivo civil, ante el señor Juez 4º Civil del Circuito, decisión en la cual se extralimitó, pues todavía no ha ocurrido fallo que determine a plenitud la responsabilidad por el delito de fraude procesal y que evidentemente se hubiese determinado el punible referido por el título valor tantas veces mencionado, pues los únicos que tienen esa atribución legal de nulitar o invalidar los títulos valores son los mismos protagonistas contractuales hacedores del instrumento negociable y la propia autoridad judicial de conformidad a fallo judicial una vez probada a plenitud todos los elementos estructurales del punible que define el delito como comportamiento típico, antijurídico y culpable en el que se haya probado a plenitud la responsabilidad (...).
En consecuencia el remanente delito que se predica en la confección del título valor por un valor distinto del señalado en el querer volitivo del girador, es lo que interesa a la jurisdicción penal o justicia penal y es lo que determina el grado de jurisdicción y competencia en el caso que nos ocupa, y por ello habrá de confirmarse la providencia recurrida en apelación y solamente adicionándose en el sentido de revocar de conformidad al principio de la reformatio in pejus y de acuerdo con el artículo 13 del Código de Procedimiento Civil anteriormente transcrito —CORRECCIÓN DE ACTOS IRREGULARES—, la declaratoria de nulidad invocada por el señor fiscal delegado ante el honorable Tribunal Superior de fecha octubre 25/94 por ser manifiestamente contraria a la ley tal determinación en lo concerniente al título valor, y en su lugar ordenar suspender todos los efectos del fallo judicial de la justicia civil hasta tanto se dirima definitivamente en el lapso de tiempo que señala la ley, el caso penal que nos ocupa (resaltados agregados).
40. Por medio de auto del 26 de febrero de 1998, el Juzgado Segundo Penal del Circuito decretó la nulidad del proceso a partir de la constancia de notificación por estado de fecha 2 de septiembre de 1996, que fijó fecha y hora para la realización de audiencia de juicio y se ordenó la libertad provisional del señor R.C. (fl. 185-186, cdno. 1). Como basamento esa decisión se expresaron los siguientes argumentos:
Estaríamos en la oportunidad legal de proceder a señalar fecha para la celebración de la audiencia pública dentro del presente proceso, si no se observara que existen irregularidades sustanciales que afectan el derecho de defensa del procesado, como se relacionará a continuación.
El procesado J.A.R.C., se encuentra con detención domiciliaria, luego las providencias o pronunciamientos de fondo, deben ser notificados en forma personal.
Observamos que el proveído de fecha agosto 26 de 1996, por medio del cual ordenó continuar con el proceso y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia pública, no fue notificado personalmente al procesado J.A.R.C.
En igual error se incurrió al omitir la notificación personal al procesado, el proveído de fecha mayo 15 de 1997, por medio del cual se negó por improcedente el recurso de reposición impetrado por el Dr. R.M.D., defensor del procesado, contra el proveído que ordenó proseguir el proceso y señaló fecha para la celebración de la audiencia pública.
Las irregularidades anotadas no pueden pasar inadvertidas porque violan lo normado en el artículo 188 del Código de Procedimiento Penal y de contera el debido proceso y el derecho de defensa del procesado; erigiéndose en causales de nulidad al tenor de lo dispuesto en los numerales 2º y 3º del artículo 304 del mismo ordenamiento citado, que este despacho debe declarar en virtud de lo establecido en el artículo 13 ibídem que reza: “El funcionario está en la obligación de corregir actos irregulares, respetando siempre los derechos y garantías de los sujetos procesales”.
Con base en lo anterior y en la facultad oficiosa que confiere al juez el artículo 305 del Código de Procedimiento Penal, se decretará la nulidad de lo actuado a partir de la constancia de notificación por estado de fecha septiembre 2 de 1996 visible al folio 607 del cuaderno original, para que por secretaría se corrija la irregularidad del mismo.
Por otra parte observa el despacho que desde la fecha de ejecutoria de la resolución de acusación a hoy, ha trascurrido un tiempo superior a tres años sin haberse podido celebrar audiencia pública en este proceso. El procesado J.A.R.C., en la actualidad se halla con detención domiciliaria, es por lo que el despacho de conformidad con el inciso 1º del numeral 5º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal, decretará la libertad provisional mediante caución juratoria, que el procesado deberá suscribir para garantizar la comparecencia al proceso (resaltados agregados).
41. Mediante sentencia del 8 de julio de 1999 del Juzgado Segundo Penal del Circuito de XXX, se absolvió al señor J.A.R.C. de todo cargo (fl. 206-224, cdno. 1), decisión que a pesar de haber sido apelada fue confirmada en todas sus partes en proveído del 15 de septiembre de 2000 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de XXX (fl. 226-243, cdno. 1), actuación judicial que según constancia de ejecutoria de la anterior providencia no se presentó recurso extraordinario de casación (fl. 245, cdno. 1). Como fundamentos de la absolución del juez penal de primera instancia se tienen los siguientes razonamientos:
Analizadas todas las pruebas en su conjunto, encuentra el despacho que una y otra versión, resultan apoyadas en pruebas que tienen cierta credibilidad, sin que pueda a ciencia cierta determinar el despacho, dónde está la verdad de los hechos. Así lo percibió la Fiscalía al exponer que frente a los indicios emanados de las pruebas, surgían contraindicios que se ocupó de explicar y que si al momento de calificar el mérito sumarial se produjo un juicio de probabilidad que no basta para dictar sentencia condenatoria. Era necesario entonces, que en la etapa del juicio se obtuvieran otros elementos para encontrar la certeza exigida por la ley procesal penal y al no modificarse la situación probatoria, no puede afirmarse válidamente que existe el presupuesto de certeza para proferir sentencia adversa al procesado.
El fraude procesal que es la conducta por la que fue acusado el procesado, según lo ha expresado la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, “surge cuando la actividad judicial se ve entorpecida por la mendacidad de los sujetos procesales, quienes gracias a la desfiguración de la verdad, consiguen que la decisión judicial sea errada y por ende ajena a la ponderación, equidad y justicia, que es su objetivo primordial”. El artículo 182 del Código Penal, establece que incurre en este delito “el que por cualquier medio fraudulento induzca a error a un empleado oficial para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”.
Con base en lo anotado en el anterior párrafo para tener como típico el comportamiento del procesado, se hace necesario que se pruebe que acudió a un medio fraudulento para inducir en error al funcionario judicial, aspecto que no se logró probar con certeza, por la ambigüedad de la mayoría de las pruebas testimoniales y por la evidente contradicción entre una y otra vertiente probatoria, que obedece a la falta de objetividad e imparcialidad de los deponentes, en razón de los lazos afectivos e intereses que los ligan a una y otra parte. No se puede establecer si la letra de cambio, por $ 1.000.000 llevada al cobro judicial por J.A.R.C., es la misma que el denunciante dijo haber firmado en blanco para ser llenada por un valor de $ 500.000, pudiendo afirmar el despacho que las dos corrientes testimoniales se equiparan, surgiendo la duda sobre el elemento objetivo del delito, a que se refiere el artículo 247 del Código de Procedimiento Penal, sin que haya modo de disiparla, porque desafortunadamente E.R.A.B. que fue la persona que conoció de cerca las diferentes situaciones familiares y habría podido dar luz en este caso y que fue mencionada como conocedora de los hechos, falleció y fue precisamente a su muerte cuando salieron a flote las rencillas entre los miembros de su familia. Así mismo, el Sr. M.A.M. que actuó como apoderado de J.A.R.C. para presentar la demanda ejecutiva con la letra por $ 1.000.000, y que podía haber aclarado algunos aspectos, falleció también.
Y si está presente la duda respecto del factor material u objetivo del delito de fraude procesal, por no haberse logrado certeza sobre los elementos normativos contenidos en el respectivo tipo penal, como es la utilización de medio fraudulento para inducir en error al funcionario; menos aún puede elaborarse un juicio de responsabilidad para proferir sentencia condenatoria (...).
42. En total, el señor J.A.R.C., estuvo detenido 4.2 años (50.43 meses), esto es: desde el 5 de enero de 1994, fecha en la cual se le dictó medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía Primera de Patrimonio Económico de XXX (según res. visible a fl. 91, cdno. 1), hasta el 26 de febrero de 1998, fecha en que se decretó la nulidad de todo lo actuado desde la constancia de notificación por estado de fecha 2 de septiembre de 1996 por la que se fijó fecha y hora para realización de audiencia pública por parte del Juzgado 2º Penal del Circuito de XXX y se ordenó la libertad provisional del actor (fl. 185 a 187, cdno. 1).
43. De conformidad con los registros civiles de nacimiento aportados, se acreditó que el señor J.A.R.C. es esposo de la señora Y.P.A. (fl. 34, cdno. 1), relación marital de la cual son hijos e hijas, los siguientes: M., J.A., R. y J.L.R.P. (fl. 35-38, cdno. 1). Adicionalmente está probado que el demandante es hermano de V.J.R.C. y J.J.R.C. (fl. 40-41, cdno. 1). Finalmente también fue un aspecto probado que el actor es abuelo del señor D.A.G. (fl. 39, cdno. 1).
44. Le corresponde a la Sala determinar si existe lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad a la que fue sometido el señor J.A.R.C. Para el efecto, se debe determinar si es procedente resolver el asunto haciendo uso de un título de imputación de carácter objetivo, teniendo en cuenta que al actor se le impuso medida de aseguramiento que concluyó en proceso penal con sentencia absolutoria, sin que se advierta causal extraña o de la víctima que rompa la imputación formulada contra la administración; o si por el contrario se ha de privilegiar un título subjetivo de responsabilidad en atención a que previo a la sentencia que puso fin al proceso, se presentaron causales de nulidad que afectaron el debido proceso y derecho de defensa, actuaciones que provocaron la libertad provisional del demandado.
45. Se advierte que de conformidad con los elementos de prueba obrantes en el expediente, se encuentra acreditado el daño causado al demandante, comoquiera que se demostró que el señor J.A.R.C. estuvo vinculado a un proceso penal, como presunto responsable del delito previsto en los artículos 182 y 356 de la Ley 100 de 1980 (anterior C.P.), estos son: fraude procesal y estafa, respectivamente, en el marco del cual se dictó en su contra medida de aseguramiento, consistente en detención preventiva sin beneficio de excarcelación, por lo que estuvo privado de su libertad por un lapso superior a cuatro años (ver, supra, párr. 40).
46. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, se debe precisar que el fundamento legal de la responsabilidad a cargo del Estado por los daños causados con ocasión de la privación injusta de la libertad estaba constituido por el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991, que disponía:
47. En interpretación de dicho artículo, el criterio de esta corporación en relación con la responsabilidad que le asiste al Estado por los casos de injusta privación de la libertad, es el siguiente(5):
En este orden de ideas, se señala que de manera unánime, la Sala ha adoptado el criterio conforme al cual quien hubiera sido sometido a medida de aseguramiento de detención preventiva, pero finalmente hubiera sido exonerado de responsabilidad mediante sentencia absolutoria definitiva o su equivalente[6], con fundamento en que el hecho no existió, el sindicado no lo cometió o la conducta no era constitutiva de hecho punible, tiene derecho a la indemnización de los perjuicios que dicha medida le hubiera causado, sin necesidad de acreditar que la misma fue ilegal, errada, o arbitraria, dado que en dicha norma el legislador calificó a priori la detención preventiva como injusta. En otros términos, cuando en la decisión penal definitiva favorable al sindicado, el juez concluye que las pruebas que obran en el expediente le dan certeza de que el hecho no existió, o de que de haber existido, no era constitutivo de hecho punible, o de que el sindicado no fue el autor del mismo, la medida de aseguramiento de detención preventiva que en razón de ese proceso se le hubiera impuesto deviene injusta y por lo tanto, habrá lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños que la misma le hubiera causado, tanto al sindicado, como a todas las demás personas que demuestren haber sido afectadas con ese hecho, sin que para llegar a esa conclusión, en los precisos términos del último aparte de la norma citada, se requiera realizar ninguna otra indagación sobre la legalidad de la medida de aseguramiento que le fue impuesta a aquél.
48. Sobre el asunto, es preciso advertir que para el momento en el que se dispuso la libertad del señor J.A.R.C. (feb. 26/98) ya había entrado en vigencia la Ley 270 de 1996, cuyo artículo 68 establece que “quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar del Estado la reparación de perjuicios”.
49. En conclusión, los casos de privación injusta de la libertad en alguno de los eventos referidos, comporta una responsabilidad de carácter objetivo en la que no es necesario probar que la autoridad judicial incurrió en algún tipo de falla; al damnificado le basta con acreditar que contra él se impuso una medida privativa de su libertad en el trámite de un proceso judicial, que culminó con una decisión favorable a su inocencia y que se le causó un daño con ocasión de la detención, sin hallarse los fundamentos que justifiquen la privación de la libertad en su contra. Con esa demostración, surge a cargo del Estado la obligación de indemnizar los daños sufridos.
50. Sin embargo, en el caso concreto, la Sala observa que el señor J.A.R.C. no solo fue absuelto por ausencia de certeza de la responsabilidad penal ante la ambigüedad probatoria en materia testimonial y documental, como lo anotaron los falladores de primera y segunda instancia, sino que con un lapso mayor a un año antes de celebrarse la audiencia pública en que fue absuelto, hubo un pronunciamiento judicial que declaró la nulidad parcial del proceso por cuanto advirtió varios errores procesales encabezados por la fiscalía y que afectaron el debido proceso y el derecho de defensa del aquí demandante, razón por la que le fue decretada la libertad provisional del procesado.
51. De este modo, el origen del daño reside en las siguientes providencias de la Fiscalía: agosto 26 de 1996 por la que se decidió continuar avante con el proceso y se fijó por vez primera fecha y hora para la realización de audiencia pública; proveído del 15 de mayo de 1997 por el cual se resolvió negar por improcedente el recurso de reposición interpuesto por el señor R.C. contra la decisión del 26 de agosto de 1997, el cual no le fue notificado personalmente como lo disponía el artículo 188 del Decreto 2700 de 1991, estatuto penal bajo el cual fue investigado (fl. 185, cdno. 1). Bajo la anterior égida fue que en concepto del Juzgado Segundo Penal del Circuito, se debía decretar la nulidad de lo actuado desde la notificación que se hizo por estado de fecha septiembre 2 de 1996.
52. Y ocurrió otro aspecto adicional que implica el privilegio del régimen subjetivo de imputación en el presente asunto y reside en que el juez penal señaló que habían pasado más de tres años desde que se profirió la resolución de acusación sin que se hubiese producido audiencia pública, razón por la que ordenó la libertad provisional del actor, fundamentado en el numeral 5º del artículo 415 del Código de Procedimiento Penal que señala:
Causales de libertad provisional. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a libertad provisional garantizada mediante caución juratoria o prendaria en los siguientes casos: (...).
5. En el delito de homicidio descrito en los artículos 323 y 324 del Código Penal, y en los conexos con éste, cuando haya transcurrido más de un año de privación efectiva de la libertad contado a partir de la ejecutoria de la resolución de acusación, sin que se hubiere celebrado la correspondiente audiencia pública. En los demás casos el término previsto en el inciso anterior se reducirá a la mitad.
53. Es decir, que de conformidad con las actuaciones del plenario, se tiene que al señor J.A.R.C. se le profirió resolución de acusación el 9 de septiembre de 1994, en consecuencia, la audiencia pública debía haberse celebrado seis meses después, esto es, el 9 de septiembre de 1995. Empero, la misma inició hasta el 17 de junio de 1998 (fl. 190, cdno. 1), suspendida por una vez hasta el 26 de enero de 1999 (fl. 193, cdno. 1), y reanudada nuevamente el 8 de julio del mismo año, fecha en que se produjo la sentencia absolutoria (fl. 206-224, cdno. 1). Valga decir, que las anteriores situaciones no se presentaron por maniobras dilatorias de la parte accionada, sino debido a las múltiples actuaciones defectuosas de la administración en cuanto a la manera en cómo debían notificarse los recursos y las etapas procesales de quien se encontraba privado de la libertad.
54. Si se tienen en cuenta tanto los aspectos que dieron lugar a la investigación, como el tiempo en que debieron surtirse las actuaciones del proceso para definir la responsabilidad con la sentencia, resulta indubitable que el señor R.C. no solo estuvo privado de la libertad en un asunto en que fue absuelto por duda en su favor sobre la autoría material (lo que descarta una actuación dolosa o culposa en su contra), sino que el tiempo que se tardó la justicia investigativa para llegar a la etapa de audiencia pública, tardó casi tres años en celebrarse, y mientras tanto, el actor estuvo detenido preventivamente, lo que permite concluir que debe imperar en presente análisis el régimen subjetivo de responsabilidad aludido.
55. Además, la conducta del actor nunca estuvo ligada a causas que ameritaran la imposición de la medida de aseguramiento en su contra, como fuere haberse comprobado su autoría en los delitos investigados, pues como quedó demostrado, la mayoría de testigos practicados dentro del proceso penal tuvieron intereses personales debido a la relación de parentesco y cercanía, lo que aunado a sus apreciaciones ambiguas o apasionadas les restaron credibilidad, imperando de ese modo el manto de duda que dejó con peso equivalente la versión del denunciante a la del implicado, pero privilegiándose por la justicia el principio de inocencia por duda. Así las cosas, no existe interrupción del nexo causal entre daño e imputación de responsabilidad estatal, endilgable al demandante. De este modo, queda totalmente descartada un obrar del demandante, en los términos de la culpa o dolo de que trata el artículo 63 del Código Civil(7).
56. En ese contexto, no cabe duda que se está ante uno de los supuestos establecidos en el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, ya que se confirmó la imposición de medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación al actor durante una investigación penal que a la postre configura una privación injusta de su libertad, en tanto el proceso culminó con sentencia absolutoria que fue confirmada a pesar de haber sido apelada por la Fiscalía.
57. En consecuencia, al encontrarse acreditada la causación del daño antijurídico y su imputación a cargo de la demandada Nación-Fiscalía General de la Nación, es indudable la configuración de su responsabilidad patrimonial y extracontractual, razón por la cual lo procedente será confirmar la sentencia proferida por el tribunal a quo en cuanto a la responsabilidad de la entidad demandada, pero se modificará en lo relativo a la cuantía a fin de actualizar y reconocer algunos aspectos de la condena impuesta.
VII. Liquidación de perjuicios
57. En la sentencia bajo revisión, el tribunal concedió a los demandantes, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero: sesenta y cinco (65) salarios mínimos legales mensuales para el afectado directo; cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Y.P.A. (esposa del demandante); treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de M., R., J.A. y J.L.R.P. (hijos e hijas del demandante); y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de J.J. y V.J.R.C. (hermanos del actor principal), y de D.A.G.R. (nieto del señor R.C.).
59. Ahora bien, teniendo en cuenta el tiempo que duró la privación de la libertad del actor, a este y sus familiares, en principio les sería aplicable las tablas de referencia para unificación de perjuicios, según se estableció en la sentencia de 28 de agosto de 2014(8), proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado. Sin embargo, en la medida que este perjuicio no fue objeto del recurso de alzada por la parte actora quien se limitó a recurrir lo atinente a los perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante, se mantendrá lo dispuesto por el a quo en ese sentido(9).
60. Por concepto de daño emergente, el Tribunal Administrativo de XXX reconoció al actor la suma de un millón de pesos ($ 1.000.000) por razón de la defensa judicial que sufragó en el proceso penal que se adelantó en su contra, suma que será actualizada con la finalidad de que su valor no pierda el poder adquisitivo con el paso del tiempo conforme la siguiente operación:
Ra= va* IPC final(10)
IPC inicial(11)
Ra= $ 1.000.000* 137.800
Ra= $ 1.330.732
61. En consecuencia, se le reconocerá al señor J.A.R.C., por concepto de lucro daño emergente, la suma actualizada de un millón trescientos veintitrés mil seis pesos m/cte. ($ 1.323.006).
62. En lo que respecta al lucro cesante, dicha erogación fue excluida de la indemnización por parte del tribunal, pese que se aportaron pruebas documentales que analizadas en su conjunto, permitían dar cuenta de la actividad económica que desempeñaba el señor J.A.R.C. antes de ser privado de la libertad. Sostuvo el a quo lo siguiente: (fl. 443-446, cdno. ppal.):
(...) Al efecto se tiene que en el expediente, aparecen a folios 252 a 255 y 258 cinco recibos de pago de honorarios profesionales, consignándose en los tres primeros que se recibió del señor J.R. y en los restantes de J.A.R.C., el valor de $ 100.000, $ 100.000, $ 100.000. $ 300.000 y $ 600.000 respectivamente.
Para la Sala se aceptarán los recibos de pago que se hallan suscritos por el doctor R.M.D. que obran a folio 254 y 255 por $ 100.000 y $ 300.000, en su orden, y el que aparece a folio 258 a nombre del doctor C.J.P.C. por $ 600.000; no así los dos primeros que dicen ser recibidos por A.L.G. por $ 100.000 cada uno, dado que no se sabe a título de qué firmó dichos documentos. Lo que quiere decir que será reconocida la suma de $ 1.000.000, soportada en los referidos documentos que aunque tienen el carácter de privados, al tenor del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, se tienen por auténticos, por haberse aportado por la parte demandante y no haberse tachado de falso en su oportunidad por la contraparte, cuya cuantía se actualizará, conforme a los índices de precios al consumidor y de acuerdo a la siguiente fórmula (...).
6.4.4.1.2. Lucro cesante.
(...) Al efecto, encuentra la Sala que la parte actora, a folio 252 allega una liquidación de prestaciones sociales, con firma original del contador y revisora fiscal, ignorándose a qué entidad corresponde, no obstante dice haber laborado en la Cooperativa XXX Ltda., hasta el año de 1994, cuando se retiró; sin embargo, a folios 246 a 249 aparece en copia hábil un acta de conciliación en un proceso ordinario de mayor cuantía, radicado bajo el 4075 suscrita entre los señores apoderados del señor J.A.R.C. y XXX, siendo su representante legal el señor V.H.C.A., lo que lleva a pensar que puede ser la misma persona cuyo nombre figura en antefirma en la citada liquidación y que suscriben el contador y el revisor fiscal. Lo anterior permite concluir que el mencionado R.C. efectivamente venía laborando en la Cooperativa XXX Ltda., XXX, antes de ser cobijado por la medida de aseguramiento, y según la referida liquidación, se retiró el 30 de abril de 1994, siendo su última asignación mensual $ 898.000 que corresponde al salario base y el promedio de viáticos. Al respecto asegura el señor R.C. en el hecho quinto de la demanda que en razón del proceso penal “se vio obligado a presentar su renuncia” del empleo que desempeñaba en la Cooperativa de XXX, siendo este hecho “consecuencia directa” del mismo proceso.
No obstante, en el expediente no obra prueba que demuestre tal hecho que por ende quedó en el plano de la simple afirmación, pues del documento contentivo de la liquidación de prestaciones sociales que se publica a folio 251, solo se señala la fecha de su retiro el 30 de abril de 1994, pero nada más; tampoco en las copias de la conciliación laboral arrojan algún dato sobre el particular. En consecuencia, si no se sabe cuál fue el motivo de su desvinculación, en manera alguna puede concluirse que el perjuicio de tal naturaleza tiene por causa jurídica única la medida de aseguramiento, pues lo cierto es que a pesar de la misma, continuó trabajando hasta la fecha ya indicada y si ello es así, el daño no puede ser directo como se sostiene en la demanda, razón más que suficiente para despachar desfavorablemente la pretensión reclamada.
63. De conformidad con lo anteriormente expuesto, la Sala confirmará lo relativo al daño emergente y revocará lo concerniente al lucro cesante. Según lo demostrado en el libelo, el actor fue privado de la libertad el 5 de enero de 1994, fecha según la cual, laboraba en la Cooperativa XXX. Fue demostrado además, que para el 15 de noviembre de 1994, mediante apoderado el demandante celebró una conciliación judicial ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito con la mencionada cooperativa y en el que se llegó a un acuerdo por concepto de acreencias laborales con esa empresa (fl. 246-250, cdno. 1). En ambos documentos antes referidos, coinciden las firmas de quien se presentó como representante legal de XXX, tanto ante el juez laboral como en la liquidación y aunque no figura el nombre de la entidad que suscribió el acta de pago de prestaciones sociales en abril de 1994, sí es concordante con la relación de trabajo reconocida en el auto de noviembre del mismo calendario, lo que permite colegir que se trata de la misma persona en una y otra actuación, aspecto que tampoco fue objeto de controversia probatoria.
64. Lo que resulta evidente para la Sala, es que pese a que la privación de la libertad del actor ocurrió antes de la fecha de retiro del cargo que venía ocupando, lo cierto es que al ser detenido preventivamente, no podía hacer uso de su libertad personal para presentarse en su ámbito de trabajo, y por el contrario, no se aportó prueba alguna que sugiriera el motivo de su desvinculación, de donde no existe motivo alguno para pensar que fuere por otra causa distinta al hecho de encontrarse cobijado con medida de aseguramiento lo que le impedía disfrutar de su libertad. En consecuencia, lo procedente será apartarse de esta decisión del tribunal, para en su lugar acceder a la indemnización de perjuicios que corresponda, conforme a la siguiente fórmula:
Ra = Es la renta o ingreso mensual, es decir $ 898.000.
n= Número de meses que comprende el período indemnizable: 50,43 meses.
S= $ 898 000 (1 + 0.004867)50,43 - 1
65. En consecuencia, se le reconocerá al señor J.A.R.C., por concepto de lucro cesante, la suma actualizada de cincuenta y un millones ciento ochenta y siete mil trescientos setenta y un pesos m/cte. ($ 51.187.371).
MODIFICAR la sentencia del 16 de febrero de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de XXX, que quedará así:
1. DECLARAR patrimonial y extracontractualmente responsable a la Nación-Fiscalía General de la Nación, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto el señor J.A.R.C., conforme a las consideraciones expuestas en esta sentencia.
2. Como consecuencia de lo anterior, CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar, por concepto de perjuicios morales, las siguientes sumas de dinero: sesenta y cinco (65) salarios mínimos legales mensuales para el afectado directo J.A.R.C.; cuarenta y cinco (45) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de Y.P.A. (esposa del demandante); treinta (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de cada uno de los hijos e hijas del demandante: M., R., J.A. y J.L.R.P.; veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de los hermanos del actor: J.J. y V.J.R.C., y veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor de D.A.G.R. (nieto del señor R.C.).
3. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor J.A.R.C., por concepto de daño material, en la modalidad de daño emergente, la suma actualizada de un millón trescientos veintitrés mil seis pesos m/cte. ($ 1.323.006).
4. CONDENAR a la Nación-Fiscalía General de la Nación a pagar a favor del señor J.A.R.C., por concepto de daño material, en la modalidad de lucro cesante, la suma actualizada de cincuenta y un millones ciento ochenta y siete mil trescientos setenta y un pesos m/cte. ($ 51.187.371).
9. Se dará cumplimiento a los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, y se expedirán copias auténticas de esta sentencia, con constancia de ejecutoria, con destino a las partes y por intermedio de sus apoderados.
3 La Ley 270 de 1996 —vigente para el momento de interposición del recurso de apelación en el caso en estudio— desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad. En relación con la competencia funcional en el juzgamiento de las controversias suscitadas por tales asuntos, determinó que, en primera instancia, conocerían los tribunales administrativos y, en segunda instancia, el Consejo de Estado. Para tal efecto, consultar: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008­00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, expediente 1996­00659 (2500022), C.P. Enrique Gil Botero. Al respecto se dijo en esta providencia: “(...) En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. (...) Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas (...) En otros términos, a la luz de la Constitución Política negar las pretensiones en un proceso en el cual los documentos en copia simple aportados por las partes han obrado a lo largo de la actuación, implicaría afectar —de modo significativo e injustificado— el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, así como el acceso efectivo a la administración de justicia (C.P., arts. 228 y 229) (...).
Lo anterior, no quiere significar en modo alguno, que la Sala desconozca la existencia de procesos en los cuales, para su admisión y trámite, es totalmente pertinente el original o la copia auténtica del documento respectivo público o privado. En efecto, existirán escenarios —como los procesos ejecutivos— en los cuales será indispensable que el demandante aporte el título ejecutivo con los requisitos establecidos en la ley (v.gr. el original de la factura comercial, el original o la copia auténtica del acta de liquidación bilateral, el título valor, etc.) (...).
Por consiguiente, desconoce de manera flagrante los principios de confianza y buena fe el hecho de que las partes luego del trámite del proceso invoquen como justificación para la negativa de las pretensiones de la demanda o para impedir que prospere una excepción, el hecho de que el fundamento fáctico que las soporta se encuentra en copia simple. Este escenario, de ser avalado por el juez, sería recompensar una actitud desleal que privilegia la incertidumbre sobre la búsqueda de la certeza procesal. De modo que, a partir del artículo 228 de la Constitución Política el contenido y alcance de las normas formales y procesales —necesarias en cualquier ordenamiento jurídico para la operatividad y eficacia de las disposiciones de índole sustantivo— es preciso efectuarse de consuno con los principios constitucionales en los que, sin hesitación, se privilegia la materialización del derecho sustancial sobre el procesal, es decir, un derecho justo que se acopla y entra en permanente interacción con la realidad a través de vasos comunicantes”.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2011, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
[6] “A juicio de la Sala, el derecho a la indemnización por detención preventiva debe ser el mismo cuando el proceso termine no sólo por sentencia absolutoria, sino anticipadamente por preclusión de la investigación (art. 443) o auto de cesación de procedimiento (art. 36), por cuanto éstas son decisiones equivalentes a aquélla para estos efectos. Ver, por ejemplo, sentencia de 14 de marzo y 4 de mayo de 2002, expediente 12.076 y 13.038, respectivamente, y de 2 de mayo de 2002, expediente 13.449”.
7 “CULPA Y DOLO. La ley distingue tres especies de culpa o descuido. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario o mediano. El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia, es responsable de esta especie de culpa. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o cuidado. El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro”.
8 Expediente 31.170, radicación 05001-23-31-000-1997-01172-01, C.P. Enrique Gil Botero.
9 Ver al respecto, Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 6 de julio de 2017, expediente 49636, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
10 Correspondiente al IPC vigente al momento de proferirse la presente providencia.
11 Se tendrá para el efecto el correspondiente al mes de febrero de 2010, fecha en que se dictó la sentencia recurrida.
Con el debido respeto, expongo a continuación las razones que, pese a compartir la decisión del pasado 14 de septiembre, me llevaron a aclarar el voto, en razón a la ausencia del análisis sobre la culpa de la víctima, de obligatoria consideración en los términos de la Ley Estatutaria de la Justicia.
De conformidad con las disposiciones de los artículos 90 constitucional, 65, 68 y 70 de la Ley 270 de 1996, no es dable condenar a la indemnización por la privación de la libertad al margen de la culpa grave o el dolo de la víctima.
En efecto, conforme con el artículo 90 constitucional “[e]l Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”.
Asimismo, dispone la Ley 270 de 1996 —se resalta—:
Conforme con esas disposiciones, no es dable que se condene y reciba la indemnización por la privación de la libertad, al margen de la culpa grave o el dolo que los hechos investigados permiten establecer, desde la perspectiva de las previsiones generales y no de las especificaciones de la investigación y condena que comprometen la libertad.
Ello es así porque, si bien al tenor de los artículos 90 de la Constitución y 68 de la Ley Estatutaria, el Estado debe responder por la privación de la libertad, i) las personas deben actuar con sujeción a los deberes que el mismo ordenamiento constitucional exige, incluida la buena fe y ii) no es digno de ser oído quien pretende beneficiarse de su propia culpa o torpeza. Conforme con el principio universal “nemo auditur propiam turpitudinem allegans”.
Es que, conforme con la normatividad bajo análisis, la decisión sobre la responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad debe fundarse en el juicio orientado a determinar, desde la perspectiva civil, la culpa grave o el dolo de la víctima, al margen de la presunción de inocencia, no desvirtuada.
En efecto, desde el ordenamiento citado, la responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad se estructura a la luz de un juicio autónomo, complejo, sobre una misma unidad fáctica, en cuanto, a partir de la investigación penal considerada en su conjunto y al margen de la configuración del delito que no es objeto del proceso de reparación, al juez de la responsabilidad patrimonial le corresponde determinar si i) la investigación en la que se impusieron las medidas de aseguramiento invocadas como fundamento de la reparación demandada concluyó con decisión favorable a la víctima porque el Estado, en ejercicio del ius puniendi, no logró desvirtuar la presunción de inocencia y ii) si los hechos o actuaciones que comprometieron en esa investigación a quien demanda en reparación se enmarcan en culpa grave o dolo, con entidad suficiente para negar la reparación.
Autonomía y alcance del juicio de responsabilidad patrimonial que encuentran razón de ser, entre otras, en las siguientes:
i) de conformidad con las disposiciones de los artículos 28 y 250 constitucionales, la privación de la libertad procede por hechos imputables que revistan las características de delito, siempre que suficientes motivos y circunstancias fácticas indiquen su existencia, conforme un juicio de regulación y competencia estricta y excluyente, sin que de esto se siga que los deberes de corrección se agoten o subsuman en acciones típicas, antijurídicas y culpables.
En esas circunstancias, siendo que, si bien la causa petendi de la reparación del daño comprende particularmente el hecho de la privación de la libertad, los que comprometieron al actor en la investigación penal no le resultan ajenos, ¿cómo sostener, entonces, a la luz de deberes preestablecidos de corrección y convivencia, que el juicio de responsabilidad patrimonial sobre la privación comprende en exclusiva la restauración de la libertad, no obstante la presunción de inocencia no desvirtuada?
La unidad fáctica sobre la que se estructura la responsabilidad por la privación injusta de la responsabilidad, esto es la investigación penal, conformada en su conjunto por los hechos o actuaciones que comprometieron al actor en reparación, los elementos probatorios, las medidas impuestas y la decisión absolutoria o precluyente, no permite que se sostenga que con la demanda de reparación se somete a juicio, exclusivamente, la privación y que si la demandada no alega la culpa de la víctima, al juez de la reparación le está vedado acometer ese estudio.
De acogerse esta última conclusión, se desconocen los imperativos constitucionales y legales citados.
ii) Se trata de un juicio de responsabilidad patrimonial autónomo que, si bien no tiene como fin controvertir las decisiones de la Fiscalía o el juez penal, conforme con la reiterada jurisprudencia de esta corporación se funda en el daño antijurídico causado por la privación de la libertad que deviene en injusta, cuando se precluye la investigación en favor del procesado o se lo absuelve porque el Estado, a través de la autoridad penal, no desvirtuó la presunción de inocencia que constitucionalmente protege la libertad de las personas, sin que de ello se siga indefectiblemente la reparación. Esto es así, porque acorde con el artículo 70 de la ley traída a colación, fundado en la culpa grave y el dolo de la víctima, es claro que se impone al juez de la responsabilidad el análisis de los hechos, al margen de la presunción de inocencia y los imperativos de legalidad, juez natural, favorabilidad y non bis in idem que la inspiran.
ii) Siendo así, para efectos de la reparación es menester considerar i) el descuido o negligencia del encartado en el cumplimiento de los deberes, en la vigilancia, cuidado o pericia, en los que no habrían incurrido las personas negligentes o de poca prudencia en sus actuaciones —culpa grave, equivalente al dolo— y ii) “...la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro” (C.C., art. 63), al margen de los elementos que configurados legitiman la pérdida de la libertad, habida cuenta que se trata de la culpa o el dolo de quien reclama como víctima y no del infractor de una conducta típica, antijurídica y culpable. Casos en los que, de conformidad con las disposiciones del artículo 70 de la Ley 270 de 1996, “...se exonerará de responsabilidad al Estado”.
Siendo que las disposiciones de los artículos 90 constitucional, 65, 68 y 70 de la Ley 270 de 1996 sujetan la responsabilidad patrimonial por la privación de la libertad a i) un juicio autónomo sobre la unidad fáctica de una causa petendi constituida por los hechos o actuaciones que comprometieron al actor en la investigación penal, los elementos probatorios, las medidas impuestas, la absolución o preclusión y ii) la exigencia de que la víctima no haya actuado con dolo o culpa grave. De donde no es dable que se sujete esta última a las exigencias procesales de la excepción, habida cuenta que lo relevante tiene que ver con que, al tenor de las disposiciones especiales que, desde la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Justicia, disciplinan la materia no resulta posible recibir indemnización al margen de la culpa grave o dolo.
De donde se concluye, sin hesitación, que a partir de la normatividad bajo análisis, en materia de privación injusta de la libertad la culpa grave o el dolo, antes que una excepción sujeta al poder dispositivo de la demandada, es un elemento sustancial de la responsabilidad patrimonial del Estado.
Razón por la que no le es dado al juez de lo contencioso administrativo declarar esa responsabilidad al margen del juicio sobre la culpa, exigido por el artículo 70 de la Ley Estatutaria.