Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2001-02334-de-julio-24-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_e7f1e9eb197d030ce0430a010151030c&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-15 01:32:21
Document Index: 327811205

Matched Legal Cases: ['artículo 136', 'artículo 90', 'artículo 16', 'artículo 115', 'artículo 37', 'Artículo 2', 'Artículo 2']

﻿ Sentencia 2001-02334 de julio 24 de 2013
SENTENCIA 2001-02334 DE 24 DE JULIO DE 2013
CONTENIDO:CAUSALES EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN DAÑOS OCASIONADOS A DETENIDOS Y/O RECLUSOS. EN MATERIA DE DAÑOS CAUSADOS A DETENIDOS Y/O RECLUSOS, LA CAUSA EXTRAÑA TIENE PLENA APLICACIÓN EN SUS DIVERSAS MODALIDADES COMO CAUSAL EXONERATIVA DE RESPONSABILIDAD, CASO EN EL CUAL, LA ACREDITACIÓN DE LA EXIMENTE DEBERÁ FUNDARSE EN LA DEMOSTRACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA QUE EN CADA EVENTO SE ALEGUE: FUERZA MAYOR, HECHO EXCLUSIVO DE LA VÍCTIMA O HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO, SEGÚN CORRESPONDAPOR CONSIGUIENTE, NO ES PROCEDENTE AFIRMAR DE MANERA SIMPLE Y LLANA QUE LA SOLA CONSTATACIÓN DE LA EXISTENCIA DE UNA APARENTE CAUSA EXTRAÑA COMO ORIGEN O FUENTE MATERIAL O FENOMENOLÓGICA RESPECTO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS A RECLUSOS, RESULTE SUFICIENTE PARA QUE ESTOS PUEDAN CONSIDERARSE COMO NO ATRIBUIBLES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, FUERZA MAYOR, CULPA DE LA VÍCTIMA, INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
Sentencia 2001-02334 de julio 24 de 2013
Expediente: 30189
Rad.: 250002326000200102334 01
Actor: Luis Alfonso Barragán Vivas y otros
La Sala es competente para conocer del asunto en segunda instancia, en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de la sentencia proferida el 25 de noviembre de 2004 por la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, comoquiera que la demanda se presentó el día 9 de octubre de 2001 y la pretensión mayor se estimó en la suma de $ 388.400.000 por concepto de perjuicio material en la modalidad de lucro cesante a favor de los padres de la víctima, la cual supera el monto exigido para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de doble instancia ante esta corporación para aquella época, esto es $ 26’390.000(13).
De otra parte, en cuanto a la oportunidad para formular la presente acción indemnizatoria, advierte la Sala que ella se interpuso dentro de los dos (2) años que establece el numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, toda vez que el daño por cuya indemnización se demandó, esto es la muerte del señor Néstor Mauricio Barragán Vivas, se produjo el 9 de octubre de 1999, razón por la cual, por haberse interpuesto la demanda el día 9 de octubre de 2001, se impone concluir que se formuló oportunamente.
De acuerdo con lo expresado en acápites anteriores, para resolver el caso concreto, debe establecerse, en primer término, si se produjo el daño alegado en la demanda para, luego, entrar a definir si este es antijurídico y si le es imputable a la parte demandada, todo ello en el contexto del régimen de responsabilidad a que se hará referencia a continuación.
En la demanda se solicitó la declaratoria de responsabilidad por el daño antijurídico consistente en la muerte violenta del señor Néstor Mauricio Barragán Vivas, en hechos ocurridos el 9 de octubre de 1999, cuando habría sido asesinado en las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo, para lo cual se adujo la falla del servicio de la demandada, consistente en no brindar la protección y seguridad necesarias para garantizar la vida de quien se encontraba bajo su tutela por hallarse privado de la libertad.
En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, también, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa con miras a repeler las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas en el interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar la seguridad de los internos y asumir los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual la Sala que integra esta Sección del Consejo de Estado ha precisado que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen o se configuran “relaciones especiales de sujeción”(14).
Al respecto, la Corte Constitucional, en reiterada jurisprudencia ha definido el contenido y alcance de tales relaciones; así, por ejemplo, mediante Sentencia T-687 del 8 de agosto de 2003, señaló:
“De la existencia, identificación y régimen de las llamadas “relaciones especiales de sujeción”(15) entre los reclusos y el Estado (las autoridades penitenciarias), la Corte ha extraído importantes consecuencias jurídicas que la Sala procederá a reiterar en función de la ilustración del caso bajo estudio.
“De la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala identifica seis elementos característicos que procederá a relacionar así: las relaciones de especial sujeción implican (i) la subordinación(16) de una parte (el recluso), a la otra (el Estado); (ii) esta subordinación se concreta en el sometimiento del interno a un régimen jurídico especial(17) (controles disciplinarios(18) y administrativos(19) especiales y posibilidad de limitar(20) el ejercicio de derechos, incluso fundamentales) (iii) Este régimen en cuanto al ejercicio de la potestad disciplinaria especial y a la limitación de los derechos fundamentales debe estar autorizado(21) por la Constitución y la ley (iv) La finalidad(22) del ejercicio de la potestad disciplinaria y de la limitación de los derechos fundamentales, es la de garantizar los medios para el ejercicio de los demás derechos de los internos (mediante medidas dirigidas a garantizar disciplina, seguridad y salubridad) y lograr el cometido principal de la pena (la resocialización) (v) Como consecuencia de la subordinación, surgen ciertos derechos especiales(23) (relacionados con las condiciones materiales de existencia: alimentación, habitación, servicios públicos, salud) en cabeza de los reclusos, los cuales deben ser(24) especialmente garantizados por el Estado (vi) Simultáneamente el Estado debe garantizar(25) de manera especial el principio de eficacia de los derechos fundamentales de los reclusos (sobre todo con el desarrollo de conductas activas).
“Como lo puede apreciar la Sala, entre las consecuencias jurídicas más importantes de la existencia de las relaciones especiales de sujeción, están: (i) la posibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales de los reclusos (intimidad, reunión, trabajo, educación) (ii) La imposibilidad de limitar el ejercicio de algunos derechos fundamentales (vida, dignidad humana, libertad de cultos, debido proceso, habeas data, entre otros) (iii) El deber positivo(26) en cabeza del Estado de asegurar el goce efectivo tanto de los derechos no fundamentales como de los fundamentales, en la parte que no sea objeto de limitación cuando la misma procede, y en su integridad frente a los demás, debido a la especial situación de indefensión o de debilidad manifiesta en la que se encuentran los reclusos (iv) El deber positivo(27) en cabeza del Estado de asegurar todas las condiciones necesarias(28) que permitan a su vez condiciones adecuadas para la efectiva resocialización(29) de los reclusos.
“En este sentido, del perfeccionamiento de la “relación de especial sujeción” entre los reclusos y el Estado, surgen verdaderos deberes jurídicos positivos del Estado. Tales deberes se encuentran estrechamente ligados a la garantía de la funcionalidad del sistema penal, que viene dada por la posibilidad real de la resocialización de los reclusos, a partir del aislamiento en condiciones cualificadas de seguridad y de existencia vital de la población carcelaria. Deberes positivos de cuyo cumplimiento depende la legitimidad del sistema penal y, ante cuya inadvertencia, este último resulta convertido en una mera sombra de los valores y principios propios del Estado social de derecho(30)”(31).
En ese mismo sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia T-1190 de 4 de diciembre de 2003, respecto del deber de protección del derecho a la vida de las personas privadas de la libertad, razonó como sigue:
“Esta particular condición de indefensión, en la medida en que impide por completo la satisfacción de las necesidades del privado de libertad por los medios a su disposición en condiciones de generalidad, implica que las obligaciones de protección no necesariamente son de medio(32). En este sentido, la responsabilidad no se deriva de una relación causal naturalística entre la privación de la libertad y los daños o peligros a los que se ve sometida la persona, sino que tiene como base el mero deber de custodia y protección que se desprende de colocar a la persona en una situación restrictiva de su libertad.
“En relación con el derecho a la vida del recluso, el Estado tiene la obligación de impedir que otros reclusos o terceros particulares (obligación de protección), así como el personal Estatal —sea personal penitenciario o de otra naturaleza— (obligación de respeto) amenacen contra la vida del interno(33). Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos(34). Esto apareja la obligación de adoptar medidas generales de seguridad interna dentro del centro de reclusión, así como la de trasladar a los internos cuando resulta imprescindible para proteger su vida. Empero, cuandoquiera que se supera el umbral de riesgo ordinario para el derecho a la vida de los reclusos y se presentan situaciones de amenaza contra determinados grupos de reclusos, el Estado tiene el deber de adoptar las medidas necesarias que aseguren que dichas amenazas no se hagan efectivas. Se trata, por lo tanto, de obligaciones de resultado”(35) (se ha subrayado y resaltado).
El anterior criterio jurisprudencial resulta coincidente con lo que al respecto ha sostenido la Sala al ocuparse de explicar el fundamento de la responsabilidad patrimonial de la administración, cuando se trata de daños causados a personas detenidas, pues, en efecto, ha sostenido que:
“Lo anterior significa que si el Estado no devuelve al ciudadano en las mismas condiciones en que lo retuvo, debe responder patrimonialmente por los perjuicios que este haya sufrido durante el tiempo de la retención, aunque haya puesto en funcionamiento todos los recursos de que dispone para proteger al retenido y evitarle la causación de cualquier daño, salvo que haya intervenido una causa extraña, pues frente al retenido la obligación del Estado no es un comportamiento sino la realización efectiva de un resultado determinado”(36) (negrillas adicionales).
La misma consideración ha realizado la Sala al señalar la absoluta compatibilidad entre la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto de las llamadas relaciones de especial sujeción entre el Estado y las personas privadas de la libertad. Así, en sentencia del 20 de febrero de 2008, se precisó:
“En efecto, el carácter particular de esta situación implica que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de la libertad y la asunción de todos los riesgos que, en esa precisa materia, se creen como consecuencia de tal circunstancia. Bajo esta óptica, demostrada la existencia de un daño antijurídico causado, en su vida o en su integridad corporal, a quien se encuentra privado de la libertad puede concluirse que aquel es imputable al Estado”(37) (negrillas adicionales).
Con fundamento en lo anterior se concluye que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria, una subordinación del recluso frente al Estado, amén de colocarlo en condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringirles, limitarles o modularles algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización de los internos y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales de los reclusos como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que deban serles respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues —según se expresó anteriormente—, la seguridad de los internos depende de la administración pública.
Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, la Sala ha manifestado que tal daño resulta imputable al Estado bajo un régimen objetivo de responsabilidad, habida cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentra y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política; sin embargo, lo anterior no obsta para que la Sala declare, si hay lugar a ello, la configuración de una falla en el servicio, en el caso de encontrarla establecida luego de valorar las pruebas obrantes en el proceso.
Asimismo, debe precisarse que en materia de daños causados a detenidos y/o reclusos, la causa extraña tiene plena aplicación en sus diversas modalidades como causal exonerativa de responsabilidad, caso en el cual, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada evento se alegue: fuerza mayor, hecho exclusivo de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda; por consiguiente, no es procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica respecto de los daños ocasionados a reclusos, resulte suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión(38)— a la administración pública(39).
Bajo dicha perspectiva, la Sala procederá a estudiar, de acuerdo con las pruebas obrantes en el proceso, si la entidad demandada es responsable por la muerte del señor Néstor Mauricio Barragán Vivas.
— Que el señor Néstor Mauricio Barragán Vivas murió el 9 de octubre de 1999 como consecuencia laceración encefálica producida por proyectil de arma de fuego(40).
— Que para el momento de su muerte el señor Néstor Mauricio Barragán Vivas se encontraba en las instalaciones de la cárcel nacional Modelo, así lo hizo constar el comandante del pabellón quinto de ese centro de reclusión, en el informe presentado sobre los hechos sucedidos el 9 de octubre de 1999:
“Comedidamente y observando el debido conducto regular me dirijo a su despacho con el fin de informarle que siendo aproximadamente las 19:35 horas y encontrándome de servicio en el pabellón quinto, se escucharon unas detonaciones al parecer de arma de fuego; transcurrieron unos minutos y dos internos fueron conducidos a la sección de sanidad, donde fueron valorados por el médico de turno quien manifestó que no presentaban signos vitales.
Los internos fueron identificados con los siguientes nombres: Barragán Vivas Néstor Mauricio T.D. 297206...”(41).
— La anterior situación fue confirmada por la directora de la Cárcel Nacional Modelo mediante comunicación C.D.J.M. DIR 318, en la que manifestó:
“Se logró establecer que el señor interno Néstor Mauricio Barragán Vivas (q.e.p.d.) en hechos lamentables perdió su vida al interior de nuestro centro de reclusión en insucesos acaecidos el día 9 de octubre del año 1999”(42).
— Que el interno Néstor Mauricio Barragán Vivas había ingresado a la cárcel nacional Modelo el 21 de septiembre de 1998, por el delito de paramilitarismo(43).
— Que la asesora jurídica de la Cárcel Nacional Modelo solicitó al jefe de la oficina de reseña, identificación y comando de guardia externa dar de baja al interno Néstor Mauricio Barragán Vivas, quien había muerto en las instalaciones del centro de reclusión el 9 de octubre de 1999(44).
Según se expuso en la demanda, el daño antijurídico por el que se pretende reparación, consiste en la muerte de Néstor Mauricio Barragán Vivas, ocurrida en la Cárcel Nacional Modelo el 9 de octubre de 1999, fallecimiento que, en atención a lo probado en el expediente y analizado en precedencia, está debidamente acreditado, por lo que debe examinarse ahora si el mismo resulta imputable a la entidad demandada.
De conformidad con el material de convicción allegado al proceso se encuentra plenamente acreditado el hecho dañoso sufrido por los demandantes, en tanto que la muerte del señor Néstor Mauricio Barragán Vivas sucedió el 9 de octubre de 1999, cuando se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Modelo, lugar donde recibió varios impactos con arma de fuego, según se hizo constar en diferentes documentos tales como el informe presentado por el comandante del pabellón quinto del centro penitenciario, el protocolo de necropsia, el acta de inspección de cadáver y las comunicaciones tanto de la directora del centro de reclusión como de la asesora jurídica, documentos en los que se hizo referencia a que el señor Barragán Vivas para el momento de su muerte se encontraba en el pabellón quinto de la Cárcel Nacional Modelo, lugar donde recibió varios impactos de bala que le causaron la muerte(45).
Además de lo anterior, tanto en la contestación de la demanda como a lo largo del trámite del proceso, la entidad demandada no puso en duda, ni controvirtió el hecho de que el señor Barragán Vivas hubiera perdido la vida como consecuencia de los impactos de arma de fuego que recibió mientras se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Modelo.
Así las cosas es evidente que la demandada aceptó y certificó sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la muerte del señor Néstor Mauricio Barragán Vivas, y —se reitera— que es claro que ocurrió con arma de fuego cuando se encontraba recluido en la cárcel nacional Modelo, bajo la custodia y vigilancia de los directivos y el personal de oficiales, suboficiales y guardianes del establecimiento de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—.
De conformidad con lo anterior, está acreditada la imputación jurídica del daño al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario —Inpec—, teniendo en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 65 de 1993, este organismo tiene a su cargo la creación, dirección, administración, sostenimiento y vigilancia de los establecimientos carcelarios de orden nacional, como la Cárcel Nacional Modelo de la ciudad de Bogotá, en la cual se encontraba retenido el señor Barragán Vivas el día de su deceso, así como los deberes de cuidado, protección y seguridad respecto de los reclusos.
En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar no solo la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades sino, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de que puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado asume la obligación de brindarles la protección que requieran, para lo cual debe cumplir con las obligaciones de custodia y vigilancia, que permiten garantizar la seguridad de los internos. Cuando el Estado falta a esos deberes, incumple también el deber de seguridad de los retenidos y, por ello, es responsable de los daños que aquellos puedan sufrir, como sucede en los eventos en que por acción u omisión de las autoridades carcelarias se permita el ingreso de armas a la institución carcelaria con las que se le puedan inferir daños a las personas que se encuentran recluidas en dichas instituciones.
En estas condiciones, se tiene que la muerte del señor Néstor Mauricio Barragán Vivas —causada con arma de fuego—, evidencia el incumplimiento del Estado de los deberes de custodia y seguridad frente a los reclusos para garantizar su vida, honra e integridad física(46), y la falta de vigilancia y control del centro carcelario, configurándose la aludida falla del servicio que, en este caso, permite imputar el daño a la entidad para derivar su responsabilidad patrimonial.
De otro lado la parte demandada solicitó la revocatoria de la sentencia impugnada por considerar que en el presente asunto se había configurado la causal eximente de responsabilidad, consistente en el hecho del tercero, derivada de la participación activa, en la muerte de Néstor Mauricio Barragán Vivas, de otro de los reclusos que se encontraban en el centro carcelario.
Se insiste que en relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar no solo la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades sino, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de que puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado asume la obligación de brindarles la protección que requieran, para lo cual debe cumplir, con las obligaciones de custodia y vigilancia, que permiten garantizar la seguridad de los internos. Cuando el Estado falta a esos deberes, incumple también el deber de seguridad de los retenidos y, por ello, es responsable de los daños que aquellos puedan sufrir, como sucede en los eventos en que por acción u omisión de las autoridades carcelarias se permita a un tercero, que también se encuentre dentro de la misma institución en calidad de recluso, inferir daños a sus compañeros.
En estas condiciones, el que la muerte hubiera sido causada por una persona ajena al Estado, no configura la causal eximente de responsabilidad constitutiva del “hecho exclusivo de un tercero”, por cuanto en la muerte del interno concurrieron dos causas: i) la agresión con arma de fuego que pudo provenir de otro de los reclusos y, ii) el incumplimiento del Estado de los deberes de custodia y seguridad frente a los reclusos para garantizar su vida, honra e integridad física(47), y de vigilancia y control del centro carcelario.
En conclusión, por haberse producido el incumplimiento de la entidad demandada, según las consideraciones expuestas, se impone confirmar la sentencia impugnada en relación con la responsabilidad de la entidad demandada.
1. CONFIRMAR la sentencia apelada, esto es la proferida por la Sala de Descongestión el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 25 de noviembre de 2004.
2. Expedir copias con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995 y serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando.
(14) Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Expediente 21138 y del 27 de noviembre de 2002, Expediente 13760, ambas con ponencia del doctor Alier Hernández Enríquez.
(15) Esta expresión en el contexto de las relaciones entre autoridades penitenciarias y personas privadas de la libertad, fue utilizada por primera vez en la jurisprudencia de la Corte Constitucional en la Sentencia T-596 de 1992. Así mismo, entre los pronunciamientos más importantes al respecto, Cfr. sentencias T-705 de 1996 y T-153 de 1998.
(27) Sobre el énfasis en el deber positivo en cabeza del Estado, véanse las sentencias T-714 de 1996 y T-153 de 1998.
(30) Sobre la síntesis de la doctrina constitucional de las relaciones de especial sujeción, en idénticos términos Cfr. Sentencia T-881 de 2002.
(31) En el mismo sentido ver las sentencias: T-596 de 1992, T-065 de 1995, C-318 de 1995, T-705 de 1996, T-1190 de 2003, T-490 de 2004, T-881 de 2002 y T-134 de 2005.
(32) Sentencia T-590 de 1998.
(33) Sentencia T-265 de 1999.
(34) Ídem. En igual sentido T-208 de 1999.
(35) Corte Constitucional, Sentencia T-590 de 1998.
(36) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de febrero de 2004, Expediente 14.955. Sentencia del 24 de junio de 2004, Expediente 14.950. Sentencia del 24 de junio de 1998, Expediente 14.406. Sentencia del 20 de febrero de 2008, Expediente 16.996.
(37) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 27 de abril de 2006, Expediente 20.125, C.P. Alier Hernández Enríquez. Sentencia de 20 de febrero de 2008, Expediente 16996. C.P. Enrique Gil Botero, posición jurisprudencial reiterada en la sentencia del 29 de enero del 2009, Expediente 16975.
(38) Si se tiene en cuenta que la comprensión mayoritaria —aunque deba darse cuenta de la existencia de pareceres discrepantes— niega que las omisiones puedan ser causa, en un sentido estrictamente naturalístico u ontológico, de un resultado, como lo han señalado, por vía de ejemplo, Mir Puig y Jescheck, de la siguiente manera: “resulta imposible sostener que un resultado positivo pueda haber sido causado, en el sentido de las ciencias de la naturaleza, por un puro no hacer (ex nihilo nihil fit)” (énfasis en el texto original), sostiene aquel; “La causalidad, como categoría del ser, requiere una fuente real de energía que sea capaz de conllevar un despliegue de fuerzas, y ello falta precisamente en la omisión (ex nihilo nihil fit)”, afirma este. Cfr. Mir Puig, Santiago, Derecho penal. Parte general, 5ª edición, Reppertor, Barcelona, 1998, p. 318 y Jescheck, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal. Parte General, Bosch, Barcelona, 1981, p. 852, apud Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, cit., pp. 241-242.
“... cuando la conducta es, en cambio, una omisión, la relación de causalidad no es solo insuficiente, sino, incluso, innecesaria (...) Y existirá imputación del resultado cuando el omitente tenía el deber jurídico de evitar el resultado lesivo, poseyendo la acción —debida— omitida capacidad para evitarlo. En el momento de comprobar esta última cuestión (la capacidad evitadora de la acción omitida) se examina si existe relación de causalidad entre la acción omitida y el resultado producido. Pero obsérvese bien: no es una relación de causalidad entre la omisión y el resultado, sino entre la acción (que, a diferencia de la omisión, sí tiene eficacia causal) no realizada y el resultado; y, además, es una causalidad meramente hipotética, entre una acción imaginada que no ha llegado a producirse y un resultado efectivamente acontecido. Los problemas fundamentales que se plantean, pues, en sede de omisión (y que son problemas de imputación), son la determinación de cuándo existe el deber jurídico de evitar el resultado (en definitiva, la determinación de cuándo se encuentra la administración en posición de garante de la víctima) y la concreción del grado de capacidad evitadora del resultado que exigimos a la acción omitida, partiendo de valoraciones normativas, para imputar el resultado a la omisión”. Cfr. Mir Puigpelat, Oriol, La responsabilidad patrimonial de la administración sanitaria, cit., pp. 242-244.
(39) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Expediente 18586. M.P. Enrique Gil Botero.
(40) Así consta en el protocolo de necropsia 4669-1999 y en el registro civil de defunción, visibles a folios 37 a 44 del cuaderno 2 y 1 del cuaderno 2, respectivamente.
(41) Folio 66 del cuaderno 2.
(42) Folio 56 del cuaderno 2.
(43) Lo anterior consta en la boleta de encarcelación visible a folio 60 del cuaderno 2.
(44) Comunicación 114.DJM.10.818, visible a folio 64 del cuaderno 2.
(45) Folios 1, 39 a 44 y 133 del cuaderno 3.
(46) Artículo 2º de la Carta Política.
(47) Artículo 2º de la Carta Política.