Source: http://inviertoyahorro.com/actuales845.html
Timestamp: 2020-05-29 09:39:06
Document Index: 385172246

Matched Legal Cases: ['artículo 33', 'ARTÍCULO 33', 'artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 62', 'artículo 62', 'artículo 66', 'artículo 66', 'artículo 45', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 5']

Modificaciones aprobadas en el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, comentadas en la guía de fiscalidad y tributación del inversor y ahorrador de invierto y ahorro.
REAL DECRETO 465/2020 POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 463/2020 (DECLARACIÓN ESTADO ALARMA) Y REAL DECRETO-LEY 8/2020 DE MEDIDAS ECONÓMICAS COVID-19
1.-NOVEDADES APROBADAS EN REAL DECRETO 465/2020 POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO 463/2020 POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA
En el Boletín Oficial del Estado de 18 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en el que se aprueban las novedades que se exponen a continuación con entrada en vigor desde el 18 de marzo de 2020.
1.1.-LIMITACIONES A LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS: SEGURIDAD SOCIAL Y HACIENDA
Aunque la redacción inicial del Real Decreto 463/2020 establecía la suspensión de los plazos administrativos en términos muy amplios debe tenerse en cuenta que le Real Decreto 465/2020 ha modificado este aspecto en el siguiente sentido:
Procedimientos tributarios. La suspensión de los términos y la interrupción de los plazos administrativos no será de aplicación a los plazos tributarios, sujetos a normativa especial, ni afectará, en particular, a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias. No obstante, téngase en cuenta que, tal y como se expone más adelante, el Real Decreto-ley 8/2020 regula en su artículo 33 unas precisiones relativas a determinados plazos de distintos procedimientos del ámbito tributario que sí resultan suspendidos en las circunstancias que este precepto establece.
-Limitación de la libertad de circulación de las personas. Se extiende la limitación a “las vías o espacios de uso público” (antes “vías de uso público”); se exige que todas las actividades permitidas se realicen “individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores, o por otra causa justificada”.
-Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial. Se definen las actividades permitidas que antes se mencionaban como “médicos” por ahora “sanitarios, centros o clínicas veterinarias” y se suprime a las peluquerías (aunque se permiten a domicilio). Se establece que “En cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que se esté desarrollando.» Y, además, se “habilita al Ministro de Sanidad para modificar, ampliar o restringir las medidas, lugares, establecimientos y actividades enumeradas en los apartados anteriores, por razones justificadas de salud pública.”
-Entregas de productos adquiridos por Internet. Se habilita al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para garantizar la entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o correspondencia.
2.-NOVEDADES APROBADAS EN REAL DECRETO-LEY 8/2020 DE MEDIDAS FRENTE IMPACTO ECONÓMICO COVID-19
2.1.-ENTRADA EN VIGOR Y VIGENCIA
-Vigencia. Las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley. No obstante lo anterior, aquellas medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 que tienen plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. Téngase en cuenta que en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2020, en el que se modifican varios aspectos aprobados por el Real Decreto-ley 8/2020, se ha modificado la vigencia del Real Decreto-ley 8/2020, aprobado el pasado 17 de marzo, al indicarse ahora que, con carácter general, las medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 mantendrán su vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma; no obstante, aquellas medidas previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. Puede consultar con detalle el conjunto de las novedades incorporadas por el Rel Decreto-ley 11/2020 en el artículo ubicado en el apartado de NOTICIAS ACTUALES y denominado 2020 2P - REAL DECRETO-LEY 11/2020 DE MEDIDAS SOCIAL Y ECONÓMICAS COVID-19.
2.2.-ARTÍCULO 33 DEL REAL DECRETO-LEY 8/2020: SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO TRIBUTARIO
El Real Decreto-ley 8/2020 regula en su artículo 33 unas precisiones relativas a los plazos que se exponen a continuación. Téngase en cuenta que conforme a lo dispuesto en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2020 “A los plazos previstos en el presente Real Decreto Ley no les será de aplicación la suspensión de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19” . Asimismo debe tenerse en cuenta lo dispuesto en la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 8/2020: “Lo dispuesto en el artículo 33 será de aplicación a los procedimientos cuya tramitación se hubiere iniciado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley”.
2.2.1.-Plazos que no hayan concluido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 de liquidaciones, aplazamientos, fraccionamientos y otros
Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 (liquidaciones practicadas por la Administración) y 5 (deuda una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio) del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 hasta el día 30 de abril de 2020.
2.2.2.-Plazos de comunicaciones realizadas a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 de liquidaciones, aplazamientos, fraccionamientos y otros
Los plazos previstos en los apartados 2 (liquidaciones practicadas por la Administración) y 5 (deuda una vez iniciado el período ejecutivo y notificada la providencia de apremio) del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además del establecido para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.
2.2.3.-Plazos en normativa aduanera
2.2.4.-Procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión
El período comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles. Este período no computará a efectos de los plazos establecidos en el artículo 66 (plazos de prescripción) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ni a efectos de los plazos de caducidad.
2.2.5.-Plazos de prescripción, recursos de reposición y procedimientos económico-administrativos
A los solos efectos del cómputo de los plazos previstos en el artículo 66 (plazos de prescripción) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la resolución entre la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 y el 30 de abril de 2020. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya producido la notificación en los términos de la Sección Tercera del Capítulo II del Título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre General Tributaria, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.
2.2.6.-Plazos Dirección General de Catastro
Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 se amplían hasta el 30 de abril de 2020. Los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 por la Dirección General del Catastro tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado por la norma general sea mayor, en cuyo caso este resultará de aplicación. Si el obligado tributario, no obstante, la posibilidad de acogerse a la ampliación de los plazos de los apartados anteriores o sin hacer reserva expresa a ese derecho, atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite. El período comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 y hasta el 30 de abril de 2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos iniciados de oficio, si bien durante dicho período podrá la Administración impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.
2.3.-IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS
Se aprueba una nueva exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados al establecerse que se añade un nuevo número 28 al artículo 45.I.B) del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, con la siguiente redacción:
2.4.-DESPACHO ADUANERO
2.5.-OTRAS MODIFICACIONES APROBADAS
El Real Decreto-ley 8/2020 también aprueba las siguientes medidas:
-Carácter preferente del trabajo a distancia. Se prevé que deberán establecerse sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad.
-Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada. Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el Real Decreto-ley 8/2020, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
-Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos. Se regulan medidas al respecto en el capítulo II, artículos 22 a 28 (procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, por causa económica, técnica, organizativa y de producción; medidas extraordinarias en materia de cotización y medidas extraordinarias relativas a la prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas).
-Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables (artículo 4 Real Decreto-ley 8/2020). Durante el mes siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2020 los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social y se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la vigencia del bono social.
-Garantía en el mantenimiento de los servicios de comunicaciones electrónicas y la conectividad de banda ancha. Excepcionalmente, mientras esté en vigor el estado de alarma, las empresas proveedoras de servicios de comunicaciones electrónicas mantendrán la prestación de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público contratados por sus clientes a fecha del inicio de la aplicación del estado de alarma, de forma que no podrán suspenderlos o interrumpirlos por motivos distintos a los de integridad y seguridad de las redes y de los servicios de comunicaciones electrónicas.
-Suspensión de la portabilidad. Mientras esté en vigor el estado de alarma, no se realizarán por los proveedores de servicios de comunicaciones electrónicas campañas comerciales extraordinarias de contratación de servicios de comunicaciones electrónicas que requieran la portabilidad de numeración y mientras esté en vigor el estado de alarma, se suspenderán todas las operaciones de portabilidad de numeración fija y móvil que no estén en curso, excepto en casos excepcionales de fuerza mayor.
-Prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La prestación tendrá carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, y se podrá aplicar por los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad siempre que cumplan todos los requisitos previstos en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020.
-Consumidores. Interrupción del plazo para la devolución de productos durante vigencia del estado de alarma. Durante la vigencia del Estado de Alarma o sus posibles prórrogas, se interrumpen los plazos para la devolución de los productos comprados por cualquier modalidad, bien presencial bien on-line. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el Estado de Alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.
-Se aprueba una línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos económicos del COVID-19 y se amplía el límite de endeudamiento neto del ICO.
-Se aprueba una línea extraordinaria de cobertura aseguradora.
-Se aprueban diversas medidas en materia de contratación pública para paliar las consecuencias del COVID-19.
-Préstamos como consecuencia de la situación de sequía de 2017. Se prevé facilitar, de manera voluntaria, que los prestatarios de créditos financieros concedidos a titulares de explotaciones agrarias afectados por la sequía del año 2017 al amparo de las órdenes AAA/778/2016, de 19 de mayo, Orden APM/728/2017, de 31 de julio y APM/358/2018, de 2 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la obtención de avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria, acuerden con las entidades financieras prolongar hasta en un año, que podrá ser de carencia, el periodo de amortización de los préstamos suscritos.
-Se aprueban medidas de apoyo a la investigación del COVID-19.
-Se establece un régimen particular para la suscripción de convenios de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público relacionados en el ámbito de la gestión de la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19.
-Se aprueban medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado. A destacar que, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, se prevé para las entidades la posibilidad de realizar las distintas reuniones societarias por otras vías como puede ser por videoconferencia, el plazo de tres meses para formular cuentas queda suspendido y si ya ha formulado cuentas se prorroga el plazo de verificación contable, se modulan aspectos relativos a la Junta, fe notarial sin presencia física, el reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar desde que finalice el estado de alarma.
-Se aprueban medidas extraordinarias aplicables al funcionamiento de los órganos de gobierno de las Sociedades Anónimas Cotizadas. Excepcionalmente, durante el año 2020 se aprueban varias medidas extraordinarias aplicables a las sociedades con valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la Unión Europea entre las que cabe destacar que la obligación de publicar y remitir su informe financiero anual a la CNMV y el informe de auditoría de sus cuentas anuales, podrá cumplirse hasta seis meses contados a partir del cierre de ejercicio social y que dicho plazo se extenderá a cuatro meses para la publicación de la declaración intermedia de gestión y el informe financiero semestral. Además, la junta general ordinaria de accionistas podrá celebrarse dentro de los diez primeros meses del ejercicio social.
-Suspensión del plazo de caducidad de los asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma. Durante la vigencia del estado de alarma y, en su caso, las prórrogas del mismo que pudieran acordarse, se suspende el plazo de caducidad de los asientos de presentación, de las anotaciones preventivas, de las menciones, de las notas marginales y de cualesquiera otros asientos registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo. El cómputo de los plazos se reanudará al día siguiente de la finalización del estado de alarma o de su prórroga en su caso.
-Concurso. Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de fecha posterior. Tampoco tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que hubiera comunicado al juzgado competente para la declaración de concurso la iniciación de negociación con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, o un acuerdo extrajudicial de pagos, o para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, aunque hubiera vencido el plazo a que se refiere el apartado quinto del artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
-Prórroga de la vigencia del documento nacional de identidad. Queda prorrogada por un año, hasta el día trece de marzo de dos mil veintiuno, la validez del documento nacional de identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La prórroga de la validez del documento nacional de identidad permitirá que puedan renovarse, conforme al procedimiento actual, los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo.
-Se modifica la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior. Se regula la suspensión del régimen de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España.