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Timestamp: 2019-12-15 16:46:45
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Ley nº 10311 GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Ley nº 10311
Sancionada: 03.06.2014
Promulgada: 13.06.2014
Publicada: 23.06.2014
ARTÍCULO 1º.- La presente ley tiene por objeto establecer el conjunto de principios y obligaciones básicas para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ámbito territorial de la provincia de Entre Ríos, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley Nacional Nº 25.916, de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, con el fin último de proteger el ambiente y la calidad de vida de la población.
ARTÍCULO 2º.- Son objetivos particulares de la presente ley:
a. Involucrar a la sociedad en su conjunto para que sea consciente de su responsabilidad en relación a la generación de residuos y a la toma de decisiones respecto de la gestión de los mismos, con la finalidad última de generar una cultura adecuada en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos conjuntamente con una cultura de consumo responsable.
b. Promover la gestión sustentable de los residuos sólidos urbanos por parte de todos los municipios y comunas de la Provincia de Entre Ríos, garantizando los principios de prevención y precaución ambiental.
c. Promover un adecuado y racional manejo de los residuos sólidos urbanos, a fin de preservar los recursos naturales, resguardar la salud de la población y su calidad de vida.
d. Diseñar e instrumentar programas en los distintos niveles educativos formales y no formales sobre las buenas prácticas ambientales en la temática de residuos sólidos urbanos.
e. Promover la implementación de un sistema efectivo de monitoreo y control, periódico y dinámico, que permita la actualización de la información de la situación ambiental general de la Provincia en lo referente a los residuos sólidos urbanos, para contribuir a la efectiva toma de decisiones.
f. Implementar las medidas necesarias para garantizar el libre acceso a la información de los ciudadanos de la Provincia en referencia a esta materia, así como también la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones que afecten sus derechos.
g. Promover y facilitar el desarrollo de una base de datos en el ámbito municipal, que sirva de línea de base socio–ambiental actualizada.
h. Promover y facilitar la integración regional de los gobiernos locales y la colaboración interprovincial para una mayor eficacia en el tratamiento de los residuos.
i. Promover y regular la participación de Organizaciones No Gubernamentales u otras instituciones que tengan como finalidad la preservación del ambiente, en proyectos de manejo de residuos, para complementar la labor de los entes gubernamentales y de las empresas interesadas.
j. Eliminar los pasivos ambientales existentes en la Provincia, a través del saneamiento y clausura de los vertederos a cielo abierto y todo tipo de tratamiento inadecuado de los residuos sólidos urbanos dentro del territorio provincial, para minimizar los impactos negativos que estas prácticas producen sobre el ambiente.
k. Promover y facilitar la instalación estratégica y adecuada de industrias y redes para una efectiva valorización de los residuos.
l. Promover la instalación de tecnologías acordes a las mejores técnicas disponibles para lograr la correcta disposición final de los residuos conforme a altos estándares ambientales.
m. Promover la inclusión de los recolectores informales al sistema de gestión integral de residuos, en condiciones de dignidad y salubridad.
ARTÍCULO 3º.- Son objetivos prioritarios para la provincia de Entre Ríos, la erradicación definitiva de los basurales y microbasurales a cielo abierto, la implementación de medidas para la reducción en origen y la clasificación domiciliaria de los residuos sólidos urbanos. Tal prioridad se manifestará en acciones concretas que serán definidas en modo y plazos por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 4º.- Se denominan residuos sólidos urbanos a los elementos, objetos o sustancias sólidas o semisólidas generados por las actividades humanas desarrolladas en la urbanización territorial que, debido a los procesos de consumo, son desechados o abandonados; incluyendo aquellos de origen doméstico, comercial, institucional, asistencial o industrial asimilables a los residuos domiciliarios, por su composición.
Se exceptúa de la presente regulación a toda otra especie de residuo que tenga una legislación específica, salvo los residuos peligrosos de origen doméstico que están comprendidos en el alcance material de la presente ley, aunque la autoridad de aplicación podrá prever que su tratamiento sea el que se da a todo residuo peligroso en la Provincia.
ARTÍCULO 5º.- Entiéndase por gestión integral al conjunto de acciones interdependientes y complementarias que se efectúan para dar a los residuos sólidos urbanos un destino adecuado, de una manera ambientalmente sustentable, técnica y económicamente factible y socialmente aceptable, con el objeto de preservar la salud de la población, los recursos naturales y el ambiente.
La gestión integral de residuos sólidos urbanos comprende las siguientes etapas: generación, disposición inicial, recolección, transporte, transferencia, tratamiento, valorización y disposición final.
a) Generación: es la actividad que comprende la producción de residuos en su fuente.
b) Disposición inicial: es la acción por la cual se depositan o abandonan los residuos para su recolección; es efectuada por el generador y deberá ser selectiva, con clasificación y separación de residuos.
c) Recolección: es el conjunto de acciones que comprende el acopio y carga de los residuos sólidos urbanos en vehículos recolectores. Deberá ser diferenciada, discriminando por tipo de residuo en función de su tratamiento y valoración posterior.
d) Transporte: comprende el traslado de los residuos entre los diferentes sitios comprendidos en la gestión integral.
e) Transferencia: comprende las actividades de almacenamiento transitorio y acondicionamiento de los residuos sólidos urbanos para su transporte hacia las plantas de tratamiento o sitios de disposición final.
f) Tratamiento: comprende el conjunto de operaciones tendientes al acondicionamiento y valorización de los residuos.
g) Valorización: es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sólidos urbanos mediante su transformación física, química, mecánica y/o biológica que haga posible su reciclaje, comercialización y/o reutilización.
h) Disposición final: comprende al conjunto de acciones destinadas a lograr el depósito permanente de los residuos sólidos urbanos, así como de las fracciones de rechazo inevitables resultantes de los métodos de tratamiento adoptados. Asimismo, quedan comprendidas en esta etapa las actividades propias de la clausura y postclausura de los centros de disposición final.
ARTÍCULO 6º.- La aplicación e interpretación de la presente ley deberá basarse en los siguientes principios:
a) Sustentabilidad y equidad intergeneracional: los responsables de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos deberán velar por el uso y goce apropiado del ambiente por parte de las generaciones presentes y futuras.
b) Principio de congruencia: los municipios y comunas adecuarán a los principios y normas fijados en la presente ley, su normativa referida a residuos sólidos urbanos.
c) Principio de regionalización: se priorizará la posibilidad de obtener soluciones regionales a partir del tratamiento y la gestión mancomunada de los residuos sólidos urbanos en las distintas jurisdicciones implicadas.
d) Principio de progresividad. En todo el desarrollo del proyecto se mantendrán los elementos que conforman dicho principio: temporalidad, involucramiento paulatino, concientización, adaptación, proporcionalidad referida a razonabilidad en los tiempos, exigencias de gradualidad y cambio incremental.
ARTÍCULO 7º.- Queda prohibida la quema, la incineración o cualquier sistema de tratamiento de residuos sólidos urbanos que no se adapte a los requerimientos establecidos por la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 8º.- La autoridad de aplicación de la presente ley es la Secretaría de Ambiente o el organismo que la reemplace en el futuro.
ARTÍCULO 9º.- Son atribuciones de la autoridad de aplicación:
a) Diseñar, de acuerdo con los principios enunciados en la presente ley, la política de instrumentación de la gestión integral de residuos sólidos urbanos, estableciendo metas graduales y acciones concretas a desarrollar.
b) Promover políticas fiscales y económicas para la implementación de sistemas integrales de gestión de residuos.
c) Coordinar con los municipios y comunas todas las acciones que correspondan a la implementación de las políticas en materia de gestión de residuos sólidos urbanos. Es prioritario en esta atribución dirigir, controlar y coordinar a los municipios y comunas en acciones tendientes al saneamiento de los pasivos ambientales, a la erradicación de los basurales a cielo abierto y a la reducción en origen y la clasificación domiciliaria de los residuos sólidos urbanos.
d) Elaborar planes provinciales para facilitar el acceso a fondos nacionales e internacionales para la construcción de rellenos con la fracción de rechazo, estaciones de transferencias, plantas de recuperación y otros sistemas asociados.
e) Aplicar las sanciones que prevé la presente ley en el modo y los plazos que fije la reglamentación y las resoluciones dictadas por la autoridad de aplicación.
Para el correcto cumplimiento de las funciones que se le asignan, la autoridad de aplicación podrá realizar todos los actos que entienda necesarios por sí o mediante convenios con las reparticiones de la administración centralizada o descentralizada, que estime pertinentes.
Para hacer efectivo el cumplimiento de sus disposiciones podrá recurrir, si es necesario, a la fuerza pública.
ARTÍCULO 10º.- Es responsabilidad principal de los municipios y comunas implementar sistemas efectivos de gestión integral de residuos sólidos urbanos que queden bajo su jurisdicción y establecer las normas complementarias necesarias para el efectivo cumplimiento de la presente ley y de todas las normas que se dicten en consecuencia, respetando el marco de legalidad definido por las mismas y por la Ley Nacional Nº 25.916.
ARTÍCULO 11º.- Los municipios y comunas podrán constituirse en consorcios regionales, organismos públicos supramunicipales, que los representen para la gestión integral y regional de sus residuos sólidos urbanos. La autoridad de aplicación promoverá la formación de estos consorcios de acuerdo a los objetivos de la presente ley.
ARTÍCULO 12º.- El consorcio regional podrá presentar proyectos ante la autoridad de aplicación, para su aprobación y posible financiación.
Estos proyectos deberán posibilitar la implementación de estrategias regionales, para alguna o la totalidad de las etapas de la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Los proyectos deberán adecuarse a las normas de saneamiento urbano previstas en la normativa nacional, sea general o especial, y en la normativa provincial que se dicte de manera independiente o como consecuencia de la presente.
DE LOS RECOLECTORES INFORMALES
ARTÍCULO 13º.- Los municipios y las comunas procurarán la prioritaria y progresiva inclusión de los trabajadores informales de la basura, por medio de programas que fijen metas y plazos. Se deberá compatibilizar el derecho de éstos a trabajar y obtener recursos con el deber estatal de proteger el ambiente, la calidad de vida y la salud de la población.
ARTÍCULO 14º.- La autoridad de aplicación deberá promover que las autoridades responsables incorporen a los trabajadores informales en la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, asegurando su calidad de vida y condiciones de trabajo.
ARTÍCULO 15º.- Deberá auspiciarse la capacitación y la generación de cooperativas u otros modos de empleo formal en condiciones dignas y salubres de labor.
ARTÍCULO 16º.- Prohíbense en todos los ámbitos y etapas de gestión de residuos sólidos urbanos, el trabajo infantil, de ancianos, de mujeres embarazadas o en épocas de lactancia, al igual que la permanencia de personas con discapacidad que pongan en riesgo su condición de vida.
GENERACIÓN Y DISPOSICIÓN INICIAL
ARTÍCULO 17º.- Se denomina generador a toda persona física o jurídica que produzca residuos sólidos urbanos.
El generador tiene la obligación de realizar el acopio y la disposición iniciales de los residuos sólidos urbanos de acuerdo a las normas complementarias que cada jurisdicción establezca conforme a esta ley y su reglamentación, y las resoluciones que la autoridad de aplicación dicte en el marco de su competencia.
ARTÍCULO 18º.- Cada jurisdicción deberá clasificar a los generadores según la cantidad y calidad de residuos sólidos urbanos, para la elaboración de programas y establecimientos de parámetros y normas específicas.
ARTÍCULO 19º.- La disposición de los residuos sólidos urbanos a ser recolectados será diferenciada en las fracciones y horarios que establezcan las jurisdicciones locales de acuerdo a la reglamentación de la presente y las resoluciones de la autoridad de aplicación.
RECOLECCIÓN DIFERENCIADA Y TRANSPORTE
ARTÍCULO 20º.- Se entiende por recolección diferenciada a la actividad consistente en recoger y transportar a los sitios habilitados los residuos sólidos urbanos dejados en la vía pública en los lugares establecidos, mediante métodos que prevengan y minimicen los impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población.
ARTÍCULO 21º.- El transporte deberá efectuarse en vehículos habilitados y debidamente acondicionados de manera de garantizar una adecuada contención de los residuos y evitar su dispersión en el ambiente.
ARTÍCULO 22º.- La recolección de residuos sólidos urbanos compuestos por materia orgánica debe realizarse con vehículos de caja cerrada que cuenten con tecnologías que impidan el derrame de líquidos o la caída de los mismos fuera del vehículo durante su transporte.
La recolección de los residuos sólidos urbanos inorgánicos o secos debe realizarse con vehículos adecuados que aseguren la carga transportada e impidan la caída de la misma fuera del vehículo durante su transporte.
TRANSFERENCIA, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL
ARTÍCULO 23º.- Denomínase "Estación de Transferencia" a aquellas instalaciones habilitadas para tal fin por la autoridad de aplicación, y en las cuales los residuos sólidos urbanos son almacenados transitoriamente y acondicionados para su transporte a las plantas de tratamiento o sitios de disposición final.
ARTÍCULO 24º.- Denomínanse "Centros de Disposición Final", a aquellos lugares especialmente acondicionados y habilitados por la autoridad de aplicación para el tratamiento y la disposición permanente de los residuos sólidos urbanos por métodos ambientalmente reconocidos y de acuerdo a normas certificadas por organismos competentes.
Estos centros de disposición final deberán estar ubicados en lugares ambientalmente aptos y fuera de áreas naturales protegidas y todo sitio que, a través de su respectiva legislación, revista de interés público o sea de patrimonio cultural, histórico o ambiental. No podrán estar ubicados en áreas urbanas, o próximas a ellas, ni en áreas destinadas a futuras expansiones urbanas. Su emplazamiento debe determinarse considerando la planificación territorial, urbana y ambiental existentes en cada jurisdicción. Se priorizará para la instalación de estos centros, lugares que ya registren pasivos ambientales, si su utilización permite una mejor protección del medio y una disminución de los costos.
En caso de que se contemple la regionalización de jurisdicciones, en la ubicación del centro de disposición final, deberá tenerse en cuenta los caminos de interconexión entre las mismas, a los efectos de racionalizar los costos de gestión.
En caso de ser conveniente, el estado podrá declarar de utilidad pública los terrenos sobre los cuales se instalen estos centros y podrá abocarse por sí a la administración o concesionarla.
La metodología a implementar, debe propender a la preservación de los recursos naturales impidiendo la contaminación de aguas subterráneas y/o superficiales y de la atmósfera.
ARTÍCULO 25º.- Denomínanse "Plantas de Tratamiento" a aquellas instalaciones en las cuales los residuos sólidos urbanos reciben un proceso de transformación física, química, mecánica y/o biológica con el fin de producir su valoración comercial, dando lugar al reciclaje y/o reutilización de los mismos.
Los residuos con valoración comercial ingresarán al circuito de comercialización a cargo de los responsables de la gestión.
El material de rechazo de estos procesos y todo residuo sólido urbano que no haya sido valorizado, debe ser transportado al sitio de disposición final habilitado por la autoridad competente.
ARTÍCULO 26º.- El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, de su reglamentación y de las resoluciones que en consecuencia se dicten, por parte de quienes tengan deberes específicos asignados por aquéllas, acarreará la aplicación de sanciones independientemente de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderle a los infractores de las mismas.
ARTÍCULO 27º.- Las sanciones que podrán aplicarse son:
b) Multas de entre un (1) y hasta doscientos (200) sueldos de la categoría máxima del escalafón de la Administración Pública provincial. La resolución de la autoridad de aplicación que imponga una multa constituye título ejecutivo y podrá tramitar por proceso monitorio u otro proceso previsto en los códigos de forma que permita una mayor celeridad para hacerla efectiva.
c) Suspensión de las actividades desde treinta (30) días hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.
d) Clausura preventiva de las instalaciones, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.
e) Cese definitivo de las actividades y clausura de las instalaciones, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso.
ARTÍCULO 28º.- Las sanciones establecidas en el Artículo 27º se aplicarán previa instrucción sumarial que asegure el derecho de defensa, y se graduarán de acuerdo con la naturaleza de la infracción, el peligro de los bienes y las personas generado por el incumplimiento y el daño ocasionado efectivamente.
ARTÍCULO 29º.- Se considerará reincidente al que dentro del término de tres (3) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción haya sido sancionado por otra infracción de idéntica o similar causa. En caso de reincidencia, los máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y c) del artículo 27º de la presente ley podrán multiplicarse por una cifra igual a la que resultara de la cantidad de infracciones aumentadas en una (1) unidad.
ARTÍCULO 30º.- Cuando el infractor fuera una persona jurídica, los que tengan a cargo su dirección, administración o gerencia serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
ARTÍCULO 31º.- Las sanciones establecidas en el artículo 27º serán impuestas por la Autoridad de Aplicación o por los municipios, siempre que estos últimos las tengan previstas en su ordenamiento municipal de faltas. En todos los casos se deberá garantizar el correspondiente derecho de defensa y el debido proceso adjetivo de los imputados, debiendo la Autoridad de Aplicación que llevó adelante el procedimiento de comprobación respectivo actuar como denunciante de la falta ante las autoridades municipales y acompañar toda la documentación e información con la que cuenta.
FONDO DE GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
ARTÍCULO 32º.- Créase el "Fondo de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos", que funcionará en el ámbito de la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 33º.- El fondo de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos estará constituido por:
a) Las asignaciones anualmente dispuestas por el Poder Ejecutivo provincial en el Presupuesto General para la Administración Pública Provincial.
b) Lo recaudado en concepto de multas por infracciones en el marco de la presente ley.
c) Aportes provenientes de programas nacionales y/o internacionales, en la materia.
d) Los obtenidos mediante aportes voluntarios, legados, donaciones y subsidios de personas físicas o jurídicas, públicas, privadas o mixtas.
e) Aportes provenientes en concepto de acciones judiciales de reparación tendientes a restaurar, remediar o recomponer el ambiente, cuando éste haya sufrido daños como consecuencia de acciones antrópicas vinculadas a la gestión integral de residuos sólidos urbanos.-
ARTÍCULO 34º.- Invítase a los municipios y comunas a promover la coordinación e interrelación de acciones entre los entes de los distintos estamentos municipales y el Estado Provincial.
ARTÍCULO 35º.- El Poder Ejecutivo provincial reglamentará la presente ley en el término de ciento ochenta (180) días a partir de su publicación en el Boletín Oficial.
ARTICULO 36°.- Comuníquese, etcétera.
Martes, 31 Agosto 2010 21:07
Ley nº 10058 Adhiere a la Ley nº 26485
Ley nº 10058
Sancionada: 08.11.2011
Promulgada: 15.11.2011
Publicada: 01.02.2012
ARTICULO 1°.- Adhiérase la provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº 26.485 "De protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que se desarrollan sus relaciones interpersonales".
ARTICULO 2°.- Comuníquese, etcétera.
Martes, 31 Agosto 2010 21:06
1.1.4.Ordenanza n° 8751: Agencia Paranaense de Promoción de la Investigación e Innovaciones Tecnológicas para la Generación de Emprendimientos Productivos
Ordenanza n° 8751
Promulgada automáticamente: 12.06.2008
Publicada: 19.06.2008
Por Decreto nº 366/2016 se denomina Agencia de Ciencia, Tegnologia e Innovación Productiva.
ARTÍCULO 1°.-Créase la Agencia Paranaense de Promoción de la Investigación e Innovaciones Tecnológicas para la Generación de Emprendimientos Productivos A.P.P.I.l.Tec., dependiente del Ejecutivo Municipal. La Agencia motorizará las posibilidades de articulación entre los instrumentos y capacidades existentes y producidas en la esfera municipal para enriquecer su accionar, así como para relacionarla o incluirla a iniciativas tanto públicas como privadas. Funcionará en el inmueble que se afecte por el Departamento Ejecutivo, tratando de garantizar una ubicación accesible y favorecedora de las múltiples actividades que ha de brindar la Agencia. (1)
Publicado en Secretaría de Producción, Innovación y Empleo
Decreto nº 547/2014 Ref. Cuentas Corrientes a nombre de la Municipalidad de Paraná
Decreto nº 547
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Decreto nº 1171 de fecha 20 de octubre de 1999.
Artículo 2º.- Establézcase que las Cuentas Corrientes a nombre de la Municipalidad de Paraná, giren en forma conjunta entre el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, Secretario de Hacienda, Subsecretario de Hacienda, Tesorero General, Subtesorero General y Director de Coordinación y Verificación Contable de la Secretaría de Hacienda.
Artículo 3º.- Dispóngase que los cheques emitidos por la Municipalidad de Paraná deberán contener la firma conjunta del Tesorero General o su Subrogante Legal y del Director de Coordinación y Verificación Contable de Secretaría de Hacienda.
Artículo 4º.- En caso de ausencia de algunos de los funcionarios citados en el artículo anterior y a fin de mantener la exigencia de dos firmas conjuntas, los mismos podrán ser suplidos por el Secretario de Hacienda, Subsecretario de Hacienda o Presidente Municipal.
Artículo 5º.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de Hacienda.
Martes, 31 Agosto 2010 19:50
Ordenanza nº 8556 Faculta a suscribir convenio marco con el Banco de la Nación Argentina- Fideicomiso
Ordenanza nº 8556
(Texto actualizado, modificado por Ordenanza nº 8617)
Sancionada: 29.11.2005
Promulgada: 30.11.2005 por Decreto nº 1782
Publicada: 05.12.2005
Artículo 1º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal, a suscribir con el Banco de la Nación Argentina, un Convenio Marco que contemple recaudación de tributos municipales, pago de haberes, fideicomiso de administración y servicios para los agentes municipales, de conformidad a las estipulaciones contenidas en el modelo que como Anexo se adjunta y forma parte de la presente.
Artículo 2º: El contrato de Fideicomiso de Administración, cuya suscripción se faculta por el artículo 1º, estará constituido por los incrementos que en la recaudación de los tributos municipales correspondientes a Tasa General Inmobiliaria, Tasa por Servicios Sanitarios, Tasa Por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, Cementerio Municipal, Derecho de Ocupación de la Vía Pública y Derecho de Edificación Municipal, se generen como resultado de la "Actualización Catastral y Optimización del Sistema de Información Geográfica que posibilite una nueva dinámica en la planificación urbana e informatización y reprogramación, del sistema de administración y recaudación tributaria del municipio", que a tal efecto se contrataran por indicación del fiduciante o a propuesta del fiduciario con el consentimiento de aquel. El plazo del fideicomiso originario será de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de suscripción del contrato pudiendo ser renovado automáticamente por iguales períodos. Los incrementos de recaudación generados por aumentos aplicados a los tributos, cualquiera sea su modalidad, no integrarán el fondo fiduciario:
Artículo 3º: Establécese que la contratación que deba realizarse para la obtención del incremento de la recaudación de los tributos municipales como resultado de las medidas de gestión tributaria propuestas por el fiduciante, no generará endeudamiento alguno para la Municipalidad de Paraná, dado que dicha contratación se realizará a riesgo del prestador del servicio. A los efectos de la determinación del excedente que la gestión de optimización de la Administración y Recaudación Tributaria genere, se tomará como índice base la recaudación promedio de los distintos tributos del trimestre setiembre, octubre y noviembre de 2005.
"Artículo 4º.- El resultado del incremento que se produzca en los recursos objeto del fideicomiso, se distribuirá siguiendo el siguiente orden: pago de honorarios del fiduciario, gastos e impuestos del fideicomiso, aranceles del contratista, incentivos al personal que se acuerden otorgar, Fideicomiso Financiero destinado a obras públicas, Programas Sociales e Inversiones en los distintos programas de Gobierno del Municipio". (ε)
(ε) Texto según Ordenanza nº 8617
(1) Obran como archivo adjunto las Ordenanza nº 8567 y modificatorias, en virtud del convenio con Nación Fideicomiso S.A. y el Banco de la Nación Argentina y demás.
Publicado en Fideicomiso - Banco Nación
Martes, 31 Agosto 2010 19:49
1.4.3. Decreto nº 1316/1989 Régimen de asignación de un chofer único responsable de cada unidad de transporte de cargas o maquinaria vial autopropulsada, exceptuándose pick-up, automóviles y motocicletas.
Decreto nº 1316
Fecha: 14.06.1989
ARTÍCULO 1º.- Establécese un régimen de asignación de un chofer único responsable de cada unidad de transporte de cargas o maquinaria vial autopropulsada, exceptuándose pick-up, automóviles y motocicletas.
ARTÍCULO 2º.- Las direcciones de Limpieza, Parques y Paseos, Conservación Vial, Arquitectura, Alumbrado Público y Obras Sanitarias determinarán el responsable de cada unidad afectada a esa área. En los casos en que requiera un chofer suplente, éste será designado a instancia del responsable titular, facilitando la coordinación de tareas.
ARTÍCULO 3º.- Por medio de la sección Control Patrimonial de la Contaduría General se hará entrega al chofer titular bajo inventario de las unidades y elementos y herramientas que contengan.
ARTÍCULO 4º.- El responsable de cada equipo deberá cumplimentar el debido mantenimiento, limpieza, engrase y pleno control permanente de la unidad asignada.
ARTÍCULO 5º.- La dirección de Talleres Mecánicos coordinará con las direcciones implicadas las medidas de capacitación y adiestramiento que fuere menester realizar. Asimismo, presentará a las respectivas direcciones el plan de mantenimiento de los equipos, controlando periódica y selectivamente por su cuenta o en forma conjunta con la sección Control Patrimonial, el estado de los mismos. A tal efecto, cada unidad deberá contar con una hoja de ruta y planilla de mantenimiento donde se detallarán las necesidades técnicas y servicios que requiera y reciba el equipo.
ARTÍCULO 6º.- Por la responsabilidad asignada en el presente decreto al chofer titular o suplente, se liquidará un adicional equivalente a las horas que excedan de la jornada normal de trabajo, en función de informes de las direcciones y que surjan de las hojas de ruta implementadas, las que serán elevadas a la dirección de Recursos hasta el día 20 de cada mes, conforme a lo prescripto en el artículo siguiente.
ARTÍCULO 7º.- Se tomará el valor resultante de dividir por ciento (100) la asignación total de la categoría en que revista el agente, siempre que ésta sea de seis a diez, si revistase en una categoría superior se tomará el valor resultante de la categoría 6. Aquellas horas prestadas los días sábados, domingos y feriados, serán computadas, al efecto de la determinación del adicional, como horas simples.
ARTÍCULO 8º.- Las direcciones podrán establecer horarios especiales y/o rotativos a su personal a efectos de atender los servicios sin resentimiento de su prestación efectiva, contando con el uso del equipamiento durante tiempo adicional a la jornada normal, en virtud de las presentes normas.
Publicado en Régimen Choferes
Decreto nº 758/2005 Aprueba el trámite a completar la locación de puestos y/o locales en el Mercado Central – La Paz; Feria de Salta y Nogoyá; Ex Mercado Sur; Mercados Las Pulgas y Feria y Cocheras 33 Orientales
Decreto nº 758
Fecha: 27.05.2005
(2)Artículo 1º.- Apruébase la operatoria por trámite a completar la locación de puestos y/o locales en el Mercado Central – La Paz; Feria de Salta y Nogoyá; Ex Mercado Sur; Mercados Las Pulgas y Feria y Cocheras 33 Orientales, que estará integrada por los siguientes anexos:
ANEXO I: Nota de solicitud del interesado y requisitos a presentar para los Puestos y/o Locales en el Mercado Central –La Paz; Feria Salta y Nogoyá; ex Mercado Sur; Mercados las Pulgas y Feria y Cocheras 33 Orientales, según Ordenanza nº 5078, 6153, 6716 y modificatoria 7083 y 8179.(1)
ANEXO II: Modelo de contrato de Locación de los Puestos y/o Locales en el ámbito de los Mercados y Ferias Municipales.
ANEXO III: Proyecto de Resolución para otorgar la Locación de los puestos y/o Locales en el ámbito de los Mercados y Ferias Municipales.
Artículo 2º.- Aplicase la presente norma legal para las nuevas solictudes de los Locales y/o Puestos en el Mercado Central –La Paz; Feria Salta y Nogoyá; ex Mercado Sur; Mercados Las Pulgas y Feria y Cocheras 33 Orientales.
Artículo 3º.- Tómese conocimiento por la Dirección de Escribanía Municipal, Dirección de Habilitación, Seguridad Alimentaria y Espectáculos Públicos, Dirección de Ingresos Públicos, Dirección General de la Producción y Dirección de Mercados y Ferias.
(1) La Ordenanza nº 5078: Reglamento General de Mercados y Ferias Municipales; la Ordenanza nº 6153 Administración de Mercados y Ferias; la Ordenanza nº 6716: Locación, conservación, mantenimiento y administración de los puestos de venta al público de mercaderías en los mercados y ferias municipales y la Ordenanza nº 8179: Crea el Paseo de Compras que funcionará en el inmueble que ocupa la feria de Salta y Nogoyá. Ver Texto Completo en este Digesto Municipal
(2) Tener en cuenta que en virtud del cambio de mandato de Autoridades Municipales, por Decreto nº 366/2016 la Dirección de Mercados y Ferias depende de la Subsecretaría de Producción, que depende de la Secretaria de Producción, Innovación y Empleo. En igual sentido, la Dirección General de Ingresos Públicos es actualmente la AFIM. Igual consideración tener con la Ordenanza Tributaria vigente.
Ordenanza nº 6993
(Texto actualizado, modificado por Ordenanza nº 7030)
Artículo 5º.- Cuando los funcionarios con jerarquía de Director hasta Subjefe de Departamento, inclusive, es decir de categoría 1 a 4, trabajen horas extras, no tendrán derecho a cobrar las mismas ni a gozar de francos compensatorios" (φ)
Artículo 6º.- Derógase toda norma de igual o menor jerarquía que se oponga a la presente.-
(φ) Texto modificado por Ordenanza nº 7030.
(1) Los mismos no se transcriben porque corresponden a un acto de disposición de aplicación al momento del dictado de la norma.-
Martes, 31 Agosto 2010 19:30
Ley nº 25087 Delitos contra la integridad sexual. Modificación del Código Penal.
Ley nº 25087
Sancionada: 14.04.1999.
Promulgada: 07.05.1999.
Publicada: 14.05.1999
1. — Sustitúyese la rúbrica del Título III del Libro Segundo del Código Penal "Delitos contra la honestidad" por el de "Delitos contra la integridad sexual".
2. — Deróganse las rúbricas de los capítulos II, III, IV y V del Título III del Libro Segundo del Código Penal.
ARTICULO 2º — Sustitúyese el artículo 119 del Código Penal, por el siguiente texto:
ARTICULO 4º — Deróganse los artículos 121, 122 y 123 del Código Penal.
ARTICULO 5º — Sustitúyese el artículo 125 del Código Penal, por el siguiente texto:
"El que promoviere o facilitare la corrupción de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de tres a diez años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda."
ARTICULO 6º — Incorpórase como artículo 125 bis del Código Penal, el siguiente texto:
"El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de dieciocho años, aunque mediare el consentimiento de la víctima será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años.
Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de reclusión o prisión de diez a quince años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también, si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargada de su educación o guarda."
ARTICULO 7º — Sustitúyese el artículo 126 del Código Penal, por el siguiente texto:
"Será reprimido con reclusión o prisión de cuatro a diez años, el que con ánimo de lucro o para satisfacer deseos ajenos promoviere o facilitare la prostitución de mayores de dieciocho años de edad mediando engaño, abuso de una relación de dependencia o de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción."
ARTICULO 8º — Sustitúyese el artículo 127 del Código Penal, por el siguiente texto:
"Será reprimido con prisión de tres a seis años, el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, mediando engaño, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción."
"Será reprimido con prisión de seis meses a cuatro años el que produjere o publicare imágenes pornográficas en que se exhibieran menores de dieciocho años, al igual que el que organizare espectáculos en vivo con escenas pornográficas en que participaren dichos menores.
"Será reprimido con multa de mil a quince mil pesos el que ejecutare o hiciese ejecutar por otros actos de exhibiciones obscenas expuestas a ser vistas involuntariamente por terceros.
Si los afectados fueren menores de dieciocho años la pena será de prisión de seis meses a cuatro años. Lo mismo valdrá, con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años."
ARTICULO 11. — Sustitúyese el artículo 130 del Código Penal, por el siguiente texto:
"Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que sustrajere o retuviere a una persona por medio de la fuerza, intimidación o fraude, con la intención de menoscabar su integridad sexual.
La pena será de dos a seis años si se sustrajere o retuviere mediante fuerza, intimidación o fraude a una persona menor de trece años, con el mismo fin."
ARTICULO 12. — Derógase el artículo 131 del Código Penal.
ARTICULO 13. — Sustitúyese el artículo 133 del Código Penal, por el siguiente texto:
"Los ascendientes, descendientes, cónyuges, convivientes, afines en línea recta, hermanos, tutores, curadores y cualesquiera persona que, con abuso de una relación de dependencia, de autoridad, de poder, de confianza o encargo, cooperaren a la perpetración de los delitos comprendidos en este título serán reprimidos con la pena de los autores."
ARTICULO 14. — Sustitúyese el artículo 72 del Código Penal, por el siguiente texto:
"Son acciones dependientes de instancia privada las que nacen de los siguientes delitos:
Cuando existieren intereses gravemente contrapuestos entre algunos de éstos y el menor, el Fiscal podrá actuar de oficio cuando así resultare más conveniente para el interés superior de aquél."
ARTICULO 15. — Sustitúyese al artículo 132 del Código Penal, por el siguiente texto:
"En los delitos previstos en los artículos 119: 1º, 2º, 3º párrafos, 120: 1º párrafo y 130 la víctima podrá instar el ejercicio de la acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas. Si ella fuere mayor de dieciséis años podrá proponer un avenimiento con el imputado. El Tribunal podrá excepcionalmente aceptar la propuesta que haya sido libremente formulada y en condiciones de plena igualdad, cuando, en consideración a la especial y comprobada relación afectiva preexistente, considere que es un modo más equitativo de armonizar el conflicto con mejor resguardo del interés de la víctima. En tal caso la acción penal quedará extinguida; o en el mismo supuesto también podrá disponer la aplicación al caso de lo dispuesto por los artículos 76 ter y 76 quáter del Código Penal."
ARTICULO 16. — Sustitúyese el artículo 127 bis por el siguiente:
"Artículo 127 bis. El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de menores de 18 años para que ejerzan la prostitución, será reprimido con reclusión o prisión de 4 a 10 años. La pena será de seis a quince años de reclusión o prisión cuando la víctima fuere menor de trece años. Cualquiera que fuese la edad de la víctima, la pena será de prisión o reclusión de 10 a 15 años cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, como también si el autor fuera ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de su educación o guarda."
ARTICULO 17. — Incorpórase el artículo 127 ter.
"El que promoviere o facilitare la entrada o salida del país de una persona mayor de 18 años para que ejerza la prostitución mediando engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, será reprimido con reclusión o prisión de tres a seis años."
ARTICULO 18. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Domingo, 29 Agosto 2010 23:24
Ley nº 23451 Aprueba el "Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de tratado entre trabajadoras y trabajadores: Trabajadores con responsabilidad familiares"
Ley nº 23451
Sancionada: 29.10.1986.
Promulgada: 01.12.1986.
Publicado: 14.04.1987
(Texto extraído página INFOLEG)
ARTICULO 1°- Apruébase el "Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de tratado entre trabajadoras y trabajadores: Trabajadores con responsabilidad familiares" Convenio 156, adoptado por la sexagésima séptima reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo del 23 de junio de 1981, cuyo texto forma parte integrante de la presente Ley.
CONVENIO 156
Convocada en Ginebra por el Consejo de la Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, y congregada en dicha ciudad el 3 de junio de 1981 en su sexagésima reunión;
Tomando nota de los términos de la Declaración de Filadelfia relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, que reconoce que "todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad de seguridad económica y en igualdad de oportunidades";
Tomando nota de los términos de la Declaración sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras y de la resolución relativa a un plan de acción con miras promover la igualdad de oportunidades y de trato para las trabajadoras, adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo en 1975;
Tomando nota de las disposiciones de los convenios y recomendaciones internacionales del trabajo que tienen por objeto garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo, especialmente del Convenio y la Recomendación sobre igualdad de remuneración, 1951; del Convenio y la Recomendación sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, y de la parte VIII de la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos humanos, 1975;
Recordando que el Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958, no hace referencia expresa a las distinciones fundadas en las responsabilidades familiares y estimando que son necesarias normas complementarias a este respecto;
Tomando nota de los términos de la Recomendación sobre el empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, 1965, y considerando los cambios registrados desde su adopción;
Tomando nota de que las Naciones Unidas y otros organismos especializados también han adoptado instrumentos sobre igualdad de oportunidades y de trato para hombre y mujeres, y recordando, en particular, el párrafo decimocuarto del preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979, en el que se indica que los Estados Partes reconocen "que para lograr la plena igualdad entre el hombre y la mujer es necesario modificar el papel tradicional tanto del hombre como de la mujer en la sociedad y en la familia";
Reconociendo que los problemas de los trabajadores con responsabilidades familiares son aspectos de cuestiones más amplias relativas a la familia y a la sociedad, que deberían tenerse en cuentra en las políticas nacionales;
Reconociendo la necesidad de instaurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre los trabajadores de uno y otro sexo con responsabilidades familiares, al igual que entre éstos y los demás trabajadores;
Considerando que muchos de los problemas con que se enfrentan todos los trabajadores con que se enfrentan todos los trabajadores se agravan en el caso de los trabajadores con responsabilidades familiares, y reconociendo la necesidad de mejorar la condición de estos últimos a la vez mediante medidas que satisfaga sus necesidades particulares y mediante medidas destinadas a mejorar la condición de los trabajadores en general;
Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones relativas a la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras; trabajadores con responsabilidades familiares, cuestión que constituye el punto quinto del orden del día de la reunión, y
Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la fecha de un convenio internacional,
Adopta, con fecha 23 de junio de mil novecientos ochenta y uno, el presente Convenio, que podrá ser citado como el Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981:
1. El presente Convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidad hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la activida económica y de ingresar, participar y progresar en ella.
2. Las disposiciones del presente Convenio se aplicarán también a los trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén, cuando tales responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad económica y de ingresar, participar y progresar en ella.
3. A los fines del presente Convenio, las expresiones "hijos a su cargo" y otros miembros de su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado o sostén" se entiende en el sentido definido en cada país por uno de los medios a que hace referencia el artículo 9 del presente Convenio.
4. Los trabajadores y las trabajadoras a que se refieren los párrafos 1 y 2 anteriores se designarán de aquí en adelante como "trabajadoras con responsabilidad familiar".
El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y a todas las categorías de trabajadores.
1. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada miembro deberá incluir entre los objetivos de su política nacional el de permitir que las personas con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempañar un empleo ejerzan su derecho a hecerlo sin ser objeto de discriminación y, en la medida de lo posible, sin conflicto entre sus responsabilidades familiares y profesionales.
2. A los fines del párrafo 1 anterior, el término "discriminación" significa la discriminación en materia de empleo y ocupación tal como se define en los artículo 1 y 5 del Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958.
Deberán adoptarse además todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para:
a) Tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades familiares en la planificación de las comunidades locales o regionales;
b) Desarrollar o promover servicios comunitarios, públicos o privados, tales como los servicios y medios de asistencia a la infancia y de asistencia familiar.
Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y de trata entre trabajadores y trabajadoras, deberán adoptarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales para:
a) Permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su derecho a elegir libremente su empleo;
b) Tener en cuenta sus necesidades en lo que concierne a las condiciones de empleo y a la seguridad social.
Deberán tomarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades nacionales, incluyendo medidas en el campo de la orientación y de la formación profesional, para que los trabajadores con responsabilidades familiares puedan integrarse y permanecer en la fuerza de trabajo, así como reintegrarse a ella tras una ausencia debida a dichas responsabilidades.
La responsabilidad familiar no debe constituir de por sí una causa justificada para poner fin a la relación de trabajo.
Las posiciones del presente Convenio podrán aplicarse por vía legislativa, Convenios Coletivos, reglamentos de empresas, laudos arbitrales, decisiones judiciales, o mediante una combinación de tales medidas, o de cualquier otra forma apropiada que sea conforme a la práctica nacional y tenga en cuenta las condiciones nacionales.
1. Las disposiciones del presente Convenio podrán aplicarse, si es necesario, por etapas, habida cuenta de las condiciones nacionales, a reserva de que las medidas adoptadas a esos efectos se apliquen, en todo caso, a todos los trabajadores a que se refiere el párrafo 1 del artículo 1.
2. Todo miembro que ratifique el presente Convenio deberá indicar en la primera memoria sobre la aplicación de éste, que está obligado a presentar en virtud del artículo 22 de la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, sí, y con respecto a qué disposiciones del Convenio, se propone hacer uso de la facultad que le confiere el párrafo 1 del presente artículo, y, en las memorias siguientes, la medida en que ha dado efecto o se propone dar efecto a dichas disposiciones.
Las Organizaciones de empleadores y de trabajadores tendrán el derecho a participar, según modalidades adecuadas a las condiciones y a la práctica nacionales, en la elaboración y aplicación de las medidas adoptadas para dar efecto a las disposiciones del presente Convenio.
1. El Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notificará a todos los miembros de la Organización Internacional de Trabajo el registro de cuantas ratificaciones, declaraciones y denuncias le comuníquen los miembros de la Organización.
Cada vez que lo estime necesario, el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo presentará a la Conferencia una memoria sobre la aplicación del Convenio, y considerará la conveniencia de incluir en el orden del día de la Conferencia en cuestión de su revisión total o parcial.
a) La ratificación, por un miembro, del nuevo Convenio revisor implicará ipso jure, la denuncia inmediata de este Convenio, no obstante las disposiciones contenidas en el artículo 14, siempre que el nuevo Convenio revisor haya entrado en vigor;
Las versiones inglesa y francesa del texto de este Convenio son igualmente auténticas