Source: http://ernestocedeno.blogspot.com/2014/10/
Timestamp: 2018-04-19 23:08:36
Document Index: 106991008

Matched Legal Cases: ['Artículo 5', 'Artículo 10', 'artículo 7', 'Artículo 347', 'Artículo 349', 'artículo 253', 'Artículo 132', 'Artículo 392', 'Artículo 1996', 'Artículo 170', 'Artículo 229', 'artículo 147', 'artículo 13']

ERNESTO CEDEÑO ALVARADO, ABOGADO: octubre 2014
El Pleno de la Corte Suprema de Justicia en decisión del 7 de agosto de 2014, pero que acaba de salir en limpio a la luz jurídica, decretó la nulidad del sumario seguido en el caso CEMIS, sólo en lo que respecta al señor Martín Torrijos Espino.
El ponente del fallo fue, Efrén Tello y lo avalaron Luis Fábrega, Delia Carrizo de Martínez, (con voto razonado), Luis Mario Carrasco (con voto razonado), Oyden Ortega (con voto razonado), Víctor Benavides (con voto razonado), Secundino Mendieta, Gabriel Elías Fernández (con voto razonado), y salvaron su voto, Harry Díaz y Luis Mario Carrasco.
No se le garantizó el respeto a la garantía del fuero penal electoral de que gozaba otrora, como Secretario General del PRD, no obstante, se ordenó la reapertura de la investigación y hasta se le indagó, aunque ni él invoco la prerrogativa en tiempo oportuno, ni mucho menos su abogado.
Artículo 5: El fuero penal electoral surtirá efectos en todos los procesos judiciales, policivos y administrativos cuando estos últimos involucren la imposición de una pena de arresto, y por lo tanto, las autoridades encargadas de investigar y administrar justicia deberán tomar las medulas pertinentes para garantizar el respeto a dicha garantía procesal, so pena de viciar de nulidad lo actuado.
Artículo 10: Tan pronto una persona amparada por el fuero penal electoral, lo invoque, o la autoridad a cargo del expediente correspondiente tome conocimiento del mismo por cualquier vía, deberá suspender el proceso y solicitar al Tribunal Electoral el levantamiento del fuero, so pena de viciar de nulidad lo actuado.
La Corte interpretó que el Fiscal- Magistrado debía haber aplicado el beneficio del investigado pues era un hecho notorio su condición como secretario general del PRD, independientemente de que no se rogó la aplicación de su garantía procesal, en el tiempo debido.
Dijo la Corte “En ese sentido, para una autoridad que representa la más alta Magistratura Judicial de la República, y que tiene sede en la propia capital, debe constituir un hecho cierto, y de su pleno conocimiento, la realización de procesos electorales tanto generales, como de los partidos políticos (llámese elecciones primarias o internas). La notoriedad de ello evidentemente deriva de la publicidad que reciben dichos eventos, cuya trascendencia es debidamente documentada por los distintos medios de prensa (lo que hoy en día se eleva con la cantidad y calidad de información que fácilmente se obtiene a través del internet); más a ello se suma que el inicio, adelanto, cierre, e incluso detalles de sus participantes (como autoridades o candidatos), es comunicado, de forma continua y permanente, a través del Boletín del Tribunal Electoral, órgano oficial de divulgación de dicha entidad...”
“…De lo anterior se concluye, sin mayor esfuerzo, que lo que produce la nulidad de lo actuado es la negligencia de la autoridad competente para procurar el respeto del fuero penal electoral del sujeto respectivo, lo que implica un acto omisivo por parte de ésta, es decir que conociendo la existencia de un hecho, obvia la aplicación de la norma correspondiente, y así se configuraría la violación sugerida por el letrado que antagoniza la investigación, y sobre esto regresaremos más adelante”
“Reiteramos que nuestras consideraciones (para poder considerar notorios los hechos en mención, por tanto evidente el deber del investigador de prevenir la transgresión de una garantía procesal y en consecuencia una decisión inhibitoria como a la que nos aprestamos), parten de los niveles críticos que demandan el escenario material que hemos descrito a lo largo de esta resolución, en donde resulta sumamente cuestionable, al punto de ser censurable, que ante la envergadura de los sujetos procesales (el imputado, y la Corte a través del Fiscal comisionado) se pasen por alto cuestiones tan elementales para la concreción de un debido proceso; pues, sin duda alguna, los criterios evaluativos de la notoriedad, y por tanto del conocimiento de la autoridad por cualquier vía, muy distintos serían ante un diferente cuadro fáctico y frente a otros sujetos procesales, sin que ello constituya una dualidad de criterios, sino una ponderación que, a partir de la sana crítica, procura apegarse a los derechos y garantías que rigen el proceso”.
A mi juicio el investigado Torrijos había renunciado tácitamente a su prerrogativa y no debía haberse admitido su incidente presentado.
La secretaría general del Tribunal Electoral informó a la Corte que Torrijos del 5 de octubre del 2009 hasta el 13 de marzo de 2011 tenía fuero penal electoral, sin embargo, ni él, ni su defensa le advirtieron a la Corte tal condición, dentro del proceso en tiempo oportuno, sino que fue el 12 de junio del 2012 cuando se interpuso el incidente de controversia, para pedir la nulidad de lo actuado, por su antigua condición.
4) Cuando el amparado no lo invoque en la primera comparecencia ante la autoridad, y, en caso de los procesos en curso, cuando no lo alegue por escrito en el término de 10 días hábiles siguientes a la fecha en que lo adquirió.
La renuncia tácita se da cuando el amparado no la invoca en la primera comparecencia ante la autoridad, y, en los procesos en curso, cuando no la alegue por escrito dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que adquirió el fuero.
"Frente a las consideraciones emitidas por el Tribunal Electoral, el Despacho advierte que el señor Rogelio Ramos rindió indagatoria el 24 de abril de 2008, dentro del proceso seguido en su contra por el delito contra la vida y la integridad personal en perjuicio de Osvaldo Lorenzo Pérez (q.e.p.d.), tal como se señala en la diligencia de 10 de julio de 2008 (fs. 38-53), es decir, antes de candidatizarse como diputado, y a pesar de ello, esto es, después de haber sido postulado por el Partido Liberal al cargo de Diputado el 1 de septiembre de 2009, a pesar de tener conocimiento que gozaba de fuero electoral, no presentó su solicitud por escrito dentro del término que se establece en el cuarto párrafo del artículo 7 del decreto 11 de 28 de abril de 2008, por lo que se entiende que renunció tácitamente al fuero electoral” (Sentencia de 20 de enero de 2010)
Aunque respeto el fallo del Pleno en el caso CEMIS, mi humilde criterio es que se le debió haber aplicado el mismo precedente ut supra (antes citado) de la Corte al señor Torrijos y negarle por tanto, su incidente presentado y no se entiende bien hoy, el cambio de la Corte en la interpretación del fuero penal electoral.
Publicado por Ernesto Cedeño en 13:51 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 6:24 No hay comentarios:
El Tribunal Electoral decidió recientemente en varias resoluciones, excluir al PRD y a tres de sus candidatos como impugnados y resolvió entregarles las credenciales pertinentes, como diputados, de manera anticipada, violentado a mi juicio el debido proceso y las normas existentes, sin ponderar las consecuencias de fondo de su decisión y ahora tiene un problema técnico por eso.
Artículo 347. No se podrán extender credenciales a ningún candidato cuyo derecho a ser proclamado pudiera resultar afectado por demandas de nulidad, instituidas por este Código y pendientes de decisión por el Tribunal Electoral.
Artículo 349. El Tribunal Electoral, después de haber decidido todas las demandas de nulidad instituidas por este Código, entregará a los candidatos ganadores sus respectivas credenciales.
El Tribunal Electoral ordenó la entrega de credenciales, a los candidatos no impugnados-proclamados, sin que hubiese decidido previamente el fondo de las demandas de nulidad interpuestas, que lo hizo a posteriori.
El Tribunal Electoral, había emitido para las elecciones pasadas, el artículo 253 del Reglamento de las Elecciones de mayo del 2014, desarrollando los artículos 266 y 345 del Código Electoral, estableciendo un fianza para el impugnante en los circuitos plurinominales, por cada candidato proclamado en la circunscripción, independientemente de que hubiesen sido o no objeto de impugnación, siguiendo la tesis existente de que una anulación afecta a todos los candidatos; pero en beneficio del PRD, determinó dentro de un proceso, variar la filosofía dada, en la decisión sobre los incidentes.
¿Ahora, qué no podría hacer el Tribunal Electoral?
Impedir la participación del PRD en los nuevos comicios, pues les estaría violando el derecho político de sus candidatos, en rango constitucional. Artículo 132.
Anular las credenciales anticipadas otorgadas, pues las mismas están hoy en firme, por lo que sería el Pleno de la Corte Suprema, las que la pudiera invalidar, en demanda de inconstitucionalidad, únicamente. No hay norma que le permita al Tribunal Electoral anular de oficio, una credencial en firme.
Que se hará viable el doble voto, vedado por ley.
Artículo 392. Se sancionará con pena de prisión de seis meses a tres años y suspensión de los derechos ciudadanos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por uno a tres años, a las personas que:
Ante este escenario, que es lo menos traumático que se podría hacer, en el circuito 4-1, ante el escenario aciago, en mi opinión.
Respuesta. Permitir al PRD participar en los nuevos comicios, aspirando sólo al residuo o al candidato más votado, impidiendo ganar por cociente o medio cociente, pues ya tiene una curul.
Publicado por Ernesto Cedeño en 16:23 No hay comentarios:
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Harley Mitchell, remitió una carta formal al presidente de la Asamblea Nacional, para que esa instancia determine qué acciones caben luego de las declaraciones de Harry Díaz que dijo que las malas prácticas de los magistrados eran archivar expedientes y vender fallos y que Moncada solo es la punta del iceberg.
Citar al magistrado Díaz a la Asamblea, por una interpretación que ha dado la Corte Suprema, sobre el tema de las citaciones de los magistrados de la corte, a la Asamblea, en donde no ven viable las citaciones por la independencia judicial.
“Y es que los Magistrados de la Corte integran, como sus autoridades superiores, uno de los Órganos del Estado, a diferencia de los Directores Generales o Gerentes de las Entidades Autónomas, Semiautónomas, Organismos Descentralizados, Empresas Industriales o Comerciales del Estado, que son autoridades importantes del Órgano Ejecutivo, pero no son las autoridades superiores de ese Órgano del Estado. En el presente caso el que está siendo citado es el Representante del Órgano Judicial. Además el nombramiento de los Magistrados de la Corte, normalmente exceden el término de duración de una Asamblea Legislativa, en tanto que los Directores Generales o Gerentes de Instituciones Autónomas se designan generalmente por el mismo término de duración de la Asamblea Legislativa que los ratifica.” Sentencia del 24 de noviembre de 1995 de la Sala Tercera.
¿Qué podría hacer la Asamblea?
Juzgar al magistrado Díaz si alguien presentara una denuncia contra él, por violación de la ley.
ARTICULO 160. Es función judicial de la Asamblea Nacional conocer de las acusaciones o denuncias que se presenten contra el Presidente de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y juzgarlos, si a ello diere lugar, por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones en perjuicio del libre funcionamiento del poder público o violatorios de esta Constitución o las leyes.
El magistrado Díaz al no dar los nombres de los magistrados corruptos, podría estar violando directamente, el código judicial que debe honrar, entre otras normas.
Artículo 1996. Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquellos en que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante la autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento del culpable o culpables.
Lo cierto es que las declaraciones libres del magistrado Díaz, han maculado integralmente toda la administración de justicia y no resulta justo haber hecho la generalización. Urge que el prenombrado haga la denuncia formal y que aporte las pruebas del caso.
Publicado por Ernesto Cedeño en 19:05 No hay comentarios:
Un grupo de personas de manera inexplicable, se han tomado varias calles de Panamá, exigiendo expropiaciones de propiedades privadas.
El gobierno debe poner orden ipso facto, sobre este punto, pues las leyes nacionales sancionan tales actos y no debe haber anarquía, en este sentido y mucho menos por cuestiones políticas, si fuere el caso.
Artículo 170. Quien, abusando de su derecho de reunión o manifestación, mediante uso de violencia, impida u obstaculice el libre tránsito de vehículos por las vías públicas del país y cause daños a la propiedad pública o privada será sancionado con prisión de seis meses a dos años.
Artículo 229-A. Quien, sin autorización, ocupe total o parcialmente un inmueble, terreno o edificación ajeno será sancionado con prisión de uno a tres años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.
La sanción será de tres a seis años de prisión a quien promueva, patrocine, induzca, financie, facilite, colabore o incite la ocupación del inmueble, terreno o edificación ajeno.
Cuando el hecho se cometa en áreas colindantes con quebradas, ríos o fuentes de agua o en zona declarada como área protegida, zona de preservación ambiental y ecológica dotada de atributos excepcionales que tengan limitaciones y condiciones que justifiquen su inalienabilidad e indisponibilidad, áreas de reservas para la construcción de obras públicas, zonas de contaminación ambiental o zonas vulnerables a riesgo de fenómenos naturales adversos u otros provocados por el hombre, la sanción se aumentará de un tercio a la mitad.
Publicado por Ernesto Cedeño en 4:29 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 20:08 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 14:39 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 15:09 No hay comentarios:
El gobierno dijo que Mi Bus, la concesionaria del Metrobús, se "retirará" del lucrativo negocio y su contrato será eliminado.
Conforme a la ley y el contrato hay, varias fórmulas para sacar del sistema a una empresa contratista.
En ésta fórmula, se ponen de acuerdo las partes por escrito, en base a los términos que se exponen y se adecua a la ley civil y a la ley 22 de 2006. El contrato también contempla esta figura en la Cláusula Trigésima Tercera A. Puede incluir, lo que las partes dispongan libremente.
4. La empresa también podría ceder los efectos de este contrato, a otra empresa, si el gobierno lo acepta. La ley 22 de 2006 lo posibilita y la Cláusula Vigésima Novena del contrato, lo incluye.
Publicado por Ernesto Cedeño en 6:46 No hay comentarios:
Publicado por Ernesto Cedeño en 17:34 No hay comentarios:
Peligro en el juzgamiento de la Asamblea Nacional
Conforme al código procesal penal la Asamblea Nacional, juzga a los magistrados de la Corte, al presidente y al vicepresidente de la República, bajo la misma cuerda legal procesal.
Mi criterio es para que haya el juzgamiento de marras, a lo legal, la Asamblea Nacional debe constituirse con 71 diputados que es el número constitutivo que reza la Carta Magna.
Hoy 40 (2/3 partes de 60 pueden declarar culpable) pero con 71 diputados, que es el número que reza el artículo 147 constitucional, se requerirían de 47 padres de la patria para tal cometido.
Una cosa es la labor administrativa y legislativa en la Asamblea Nacional que pudiera hacerse bien con 60 diputados y otro el juzgamiento que requiere de una mayoría calificada para la culpabilidad, en la función judicial de la Asamblea Nacional.
La Asamblea Nacional si no actúa con prudencia y apegado a la ley puede constituirse en un tribunal de INQUISICIÓN, por eso, hay que aplicar dos principios básicos en los juzgamientos a saber: el debido proceso y el de presunción de inocencia.
¿Qué dice la Constitución sobre la función judicial de la Asamblea Nacional?
Concluyo de la lectura, de la norma antes descrita, que la Asamblea Nacional debe estar plenamente constituida como ASAMBLEA NACIONAL, para poder juzgar a los denunciados, y esto se logra con los 71 diputados y no con menos.
Publicado por Ernesto Cedeño en 13:18 No hay comentarios:
Reseña de la Jurisprudencia Desarrollada por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en Materia de Libertad de Expresión
Papel de los medios de comunicación social en la libertad de expresión
Dentro de este contexto el periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión del pensamiento y, por esa razón, no puede concebirse meramente como la prestación de un servicio al público a través de la aplicación de unos conocimientos o capacitación adquiridos en una universidad o por quienes están inscritos en un determinado colegio profesional, como podría suceder con otras profesiones, pues está vinculado con la libertad de expresión que es inherente a todo ser humano.
Caracteres y dimensiones de la libertad de expresión
En su dimensión social la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e informaciones y para la comunicación masiva entre los seres humanos. Así como comprende el derecho de cada uno a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista implica también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros como el derecho a difundir la propia.
Libertad de expresión y el derecho a proteger el derecho a la honra y dignidad de las personas
“…Por tal motivo la Comisión no puede aceptar el punto de vista del Gobierno de Chile en el sentido de que el derecho al honor tendría una jerarquía superior que la que tiene el derecho a la libertad de expresión".
La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública.
Libertad de expresión, censura previa y responsabilidades ulteriores
En virtud de los razonamientos expuestos la Comisión considera que la decisión de prohibir la entrada, la circulación y la distribución del libro "Impunidad diplomática", en Chile, infringe el derecho a difundir "informaciones e ideas de toda índole" que Chile está obligado a respetar como Estado Parte en la Convención Americana. Dicho en otros términos, tal decisión constituye una restricción ilegítima del derecho a la libertad de expresión, mediante un acto de censura previa, que no está autorizado por el artículo 13 de la Convención.
Fuente: El Relator/OEA. http://www.cidh.oas.org/annualrep/98span/Volumen%20III%20Capitulo%202.htm#27
Publicado por Ernesto Cedeño en 12:45 No hay comentarios:
En ésta fórmula, se ponen de acuerdo las partes en base a los términos que se exponen y se adecua a la ley civil y a la ley 22 de 2006.
Publicado por Ernesto Cedeño en 17:14 1 comentario: