Source: http://www.jusentrerios.gov.ar/biblioteca/ley-8-369-b-o-41090-procedimientos-constitucionales/
Timestamp: 2019-12-09 14:46:42
Document Index: 315997224

Matched Legal Cases: ['Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'artículo 4', 'Artículo 28', 'artículo 6', 'Artículo 29', 'artículo 3', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'artículo 32', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'artículo 44', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'artículo 32', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 54', 'artículo 61', 'Artículo 55', 'artículo 61', 'Artículo 56', 'Artículo 57', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'Artículo 63', 'Artículo 64', 'Artículo 65', 'Artículo 66', 'artículo 140', 'artículo 276', 'Artículo 67', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 5', 'artículo 2']

Poder Judicial de Entre Ríos – LEY 8.369 (B.O. 4/10/90) PROCEDIMIENTOS CONSTITUCIONALES
SECCIÓN I – Acción de Amparo Procedencia
Artículo 1º – Las personas de existencia visibles o ideal tendrán acción de amparo contra toda decisión, acto, hecho u omisión de autoridad administrativa o judicial o legislativa en ejercicio de funciones administrativas, funcionario, corporación o empleado público, provincial o municipal o de un particular, que en forma actual o inminente, amenace, restrinja, altere, impida o lesione de manera manifiestamente ilegítima el ejercicio de un de un derecho o garantía implícito o explícito reconocido por la Constitución Nacional o Provincial, con excepción de la libertad individual tutelada por el Hábeas Corpus.
Artículo 2º – Ilegitimidad: La decisión, acto, hecho u omisión será ilegítima cuando la autoridad, funcionario, corporación o empleado público provincial o municipal o un particular, actúe sin competencia o sin facultad, o con inobservancia de las formas o límites constitucionales o legales, en relación del derecho o garantía constitucional invocados. La legitimidad será manifiesta cuando aparezca en grado de evidencia dentro del margen de apreciación que permita la naturaleza sumaria de la acción.
Artículo 3º – Inadmisibilidad: La Acción de Amparo será inadmisible cuando:
Artículo 4º – Competencia: Será competente para entender en la acción cuando se trate de amparo contra decisión, hecho, acto u omisión de autoridad o particular, el Juez sin distinción de fueros o sala de Cámara con jurisdicción en el asiento de esa autoridad o del particular, el del lugar del hecho o el del domicilio del afectado, a su opción.
Artículo 5º – Cuando una misma decisión, hecho, acto u omisión afecte el derecho de varias personas, se podrá optar por el órgano Jurisdiccional que hubiere prevenido, disponiéndose la acumulación de autos en su caso.
Artículo 5º Bis – El apartamiento de los magistrados y funcionarios judiciales que intervengan en los procesos de amparo, de ejecución o de prohibición se regirá por las reglas siguientes:
I) El Magistrado o funcionario que se hallare incurso en alguna de las causales de recusación precedentemente indicadas deberá excusarse de intervenir en el proceso.- (Texto s/ art. 10º Ley 9550 -B.O. 23/02/04-)
J) Deberán excusarse de entender en el proceso, los magistrados o funcionarios judiciales que deban resolver acciones interpuestas por otros magistrados o funcionarios pertenecientes al Poder Judicial de la Provincia o al Tribunal de Cuentas de la Provincia, sean éstos activos o pasivos, que tengan por objeto reclamos vinculados con sus haberes y/o condiciones laborales, o inherentes a sus funciones; en cuyo caso corresponderá la pertinente designación de abogados de la lista de conjueces a los efectos del respectivo pronunciamiento.- (Inciso agregado por Ley 9571 -B.O. 24/06/04).
Artículo 6º – La demanda deberá interponerse por escrito. Deberán acompañarse copias y contendrá:
Artículo 7º – Prueba: Con el escrito de interposición de la demanda el accionante acompañará la prueba documental de que disponga o la individualizará si no se encontrare en su poder, indicando el lugar o en poder de quien se encuentra.
Artículo 8º – Mandamiento. Entablada la acción, el juez o Tribunal encontrare formalmente procedente, despachará mandamiento para que la autoridad o corporación a quien va dirigido, informe dentro del término que le fije, que no podrá exceder de tres (3) días, sobre la exactitud del hecho que motivó la demanda y en caso afirmativo la razón en que se funda su actitud. En aquél se hará saber a la accionada, bajo pena de nulidad, que la recepción del mandamiento importa el traslado correspondiente y la oportunidad para ser oída.
En este supuesto, deberá asimismo notificarse al Fiscal de Estado de la Provincia, en su despacho oficial, a fin de posibilitarle que en igual término ejercite las atribuciones que constitucional y legalmente le competen, si lo estimare necesario. (Texto s/Ley 8640 – BO 27/03/92).
Artículo 9º – Contenido de Mandamiento: Conjuntamente con el mandamiento que se notificará, se adjuntará copia de la demanda.
Artículo 10º – Contestación: Con la contestación se ofrecerá la prueba. Se acompañará asimismo copia autenticada de las actuaciones administrativas que existieren y se podrá requerir de inmediato al Juez o sala la continuidad de los efectos, fundando en hechos claros que demuestren que la medida adoptada por los magistrado producirá un daño grave para el interés público.
Artículo 11º – Prueba: Si en el informe se negare la exactitud de los hechos o actos denunciados, o no habiéndose evacuado el mismo, el Juez o Sala podrá ordenar, dentro del término que debe dictar resolución, las diligencias probatorias solicitadas y las medidas para mejor proveer que crea convenientes. Las pruebas deben estar producidas e incorporadas en un plazo de diez días debiendo el Tribunal interviniente adoptar las providencias del caso para que las diligencias se practiquen dentro de dicho plazo, el que no admitirá ampliación.
Artículo 12º – Sentencia: Habiéndose evacuado o no el pedido de informes o en su caso vencido el período de prueba, se dictará sentencia dentro del plazo de tres (3) días.
Artículo 13º – Fianza: En cualquier momento de la instancia si hubiere principio o inminencia de lesión grave el Juez a la sala que intervenga, podrá ordenar las medidas para impedirlas o hacerlas cesar.
Artículo 14º – Contenido de la Sentencia: la sentencia que conceda el amparo deberá decidir:
Artículo 15º – Recursos: Sólo serán apelables las sentencias definitivas y el rechazo de la acción por inadmisibles. El recurso tendrá efecto devolutivo pero el Tribunal de Grado podrá disponer de oficio la suspensión de la decisión recurrida.
Artículo 16º – Interposición y trámite en segunda instancia: El recurso de apelación que importará el de nulidad, deberá interponerse dentro de las veinticuatro horas de notificada la resolución impugnada, debiendo concederse o denegarse dentro de las veinticuatro horas. El expediente deberá ser elevado a la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia dentro de la veinticuatro horas de ser concedido.
Las partes dentro del tercer día de concedido el recurso, podrán presentar un memorial. La alzada podrá disponer medidas, para mejor proveer, que sean compatibles con la sumariedad del procedimiento. La causa deberá ser resuelta dentro de los cinco (5) días de hallarse en estado, previo dictamen del Fiscal. (Texto s/art. 11º Ley 9550 B.O. 23/02/04)
Artículo 17º – Recurso Directo: En caso que fuera denegado entenderá la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia en el Recurso directo que deberá articularse dentro de los tres (3) días siguientes de ser notificada la denegatoria. (Texto s/art. 11º Ley 9550 B.O. 23/02/04)
Artículo 18º – Cosa juzgada: La sentencia que recaiga en la acción de amparo sólo hará cosa juzgada formal, quedando subsistentes las acciones y recursos que correspondan.
Artículo 19º – Días y Horas: Todos los días y horas se consideran hábiles para la tramitación de la acción.
Artículo 20º – Costas: Las costas se impondrán al vencido pudiendo eximírselo en todo o en parte si se hallare mérito para ello.
Artículo 21º – De los pedidos de informes y mandamientos judiciales: Los pedidos de informes y mandamientos judiciales extendidos en la acción de amparo serán cumplidos por los funcionarios, corporaciones, empleados públicos y particulares requeridos al efecto en el modo y el plazo que aquellos establezcan, sin que valgan contra ellos la excusa de obediencia debida ni otra alguna. El incumplimiento determinará la comisión de un acto de naturaleza grave, causal de cesantía, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal.
Artículo 22º – Excepciones: En la acción de amparo no podrán articularse cuestiones de competencia, excepciones previas ni incidentes.
Artículo 23º – Sellados: Las actuaciones de la acción de amparo estarán exentas de sellado y todo otro impuesto.
Artículo 24º – Improcedencia formal y recurso administrativo: Si la demanda es rechazada por defectos meramente formales, con la única excepción de los que hagan a su extemporaneidad, y sin haberse expedido el órgano Jurisdiccional sobre la cuestión de fondo, renace el plazo para la interposición de los recursos administrativos, que en tal supuesto se reputarán suspendidos por la interposición de la demanda de amparo.
Acción de Ejecución o Prohibición por Violación de Ley u Ordenanzas
Artículo 25º – Siempre que una Ley u Ordenanza imponga a un funcionario o corporación pública de carácter administrativo un deber expresamente determinado, todo aquél en cuyo interés deba ajustarse el acto o que sufriere perjuicio material, moral o político, por falta de cumplimiento del deber, puede demandar su ejecución inmediata.
Artículo 26º – Si el funcionario o corporación pública de carácter administrativo ejecutare acto que le fueren expresamente prohibidos por la Ley u Ordenanza, el perjudicado podrá requerir un mandamiento prohibitorio contra el funcionario o corporación.
Artículo 27º – La demanda de ejecución o prohibición deberá ser deducida dentro de los treinta (30) días corridos de producida la omisión o la decisión, observándose las reglas de competencia establecidas en el artículo 4º de la presente.
Artículo 28º – La demanda de ejecución o prohibición deberá presentarse por escrito con copias y contendrá los requisitos de los incisos a), b), e) y f) del artículo 6º y con una relación circunstanciada y precisa de los hechos, el derecho invocado y de la razón legal que motiva la demanda.
Artículo 29º – Inadmisibilidad: Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 3º no procederá la demanda:
Artículo 30º – Si se hiciere lugar a la demanda de ejecución, se librará al funcionario o corporación un mandamiento para que proceda a su inmediata ejecución.
Artículo 31º – Serán de aplicación en lo pertinente lo dispuesto en los artículos 5º y del 8º al 24º inclusive de la presente.
Artículo 32º – Procedencia: Corresponderá el procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto, hecho u omisión de autoridad pública o de un particular, que implique:
Artículo 33º – Facultades a denunciar: La denuncia de hábeas corpus podrá ser interpuesta por la persona que afirma encontrarse en cualquiera de las condiciones previstas en el artículo anterior o por cualquier otra en su favor.
Artículo 34º – Denuncia: La denuncia deberá contener:
Artículo 35º – Desestimación o incompetencia: El Juez rechazará la denuncia que no se refiera a uno de los casos establecidos en el artículo 32º. Si se considera incompetente, así lo declarará.
Artículo 36º – Autos de hábeas corpus: Cuando se tratare de la privación o restricción de la libertad de una persona, formulada la denuncia el Juez ordenará inmediatamente que la autoridad requerida en su caso, presente ante él al detenido con un informe circunstanciado del motivo que funda la medida, la forma y condiciones en que se cumple, si ha obrado por orden escrita de autoridad competente, caso en el cual deberá acompañarla y si el detenido hubiere sido puesto a disposición de otra autoridad, a quien, por qué causa y en qué oportunidad se efectuó la transferencia.
Artículo 37º – La autoridad requerida cumplirá la orden de inmediato o en el plazo que el Juez determine de acuerdo con las circunstancias del caso.
Artículo 38º – Procedimiento con el particular denunciado: Cuando el denunciado sea un particular, el Juez lo citará para que se presente al Juzgado en un plazo de horas que fijará, bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública o de ordenar su captura cuando por cualquier causa no pudiere ser notificado de la citación. Presentado el particular el Juez lo interrogará por sus datos de identidad y luego lo informará detalladamente en forma clara, precia y específica cuál es el hecho que se le atribuye en la denuncia, cuáles son las pruebas existentes y que podrá prestar declaración con todas las garantías que el Código Procesal Penal establece para la indagatoria del imputado. Terminado este acto, el Juez le informará que queda a disposición del Juzgado y le notificará la fecha de realización de la audiencia oral, todo ello sin perjuicio de remitir copia de las actuaciones al señor Agente Fiscal si a su entender existe la sospecha de la comisión de un delito.
Artículo 39º – Citación a la audiencia: La autoridad requerida será citada a la audiencia prevista en el artículo siguiente, a la que podrá comparecer con asistencia letrada. Igual derecho tendrá el particular denunciado.
Artículo 40º – Audiencia Oral: La audiencia se realizará en presencia de los citados que comparezcan. La persona que se encuentra privada de su libertad deberá estar siempre presente. La presencia del defensor oficial en los casos previstos en el artículo anterior, será obligatoria.
Artículo 41º – Acta de la audiencia: De la audiencia prevista en el artículo anterior se labrará acta por el Secretario que deberá contener:
Artículo 42º – Decisión: Terminada la audiencia el Juez dictará inmediatamente la decisión, que deberá contener:
Artículo 43º – Lectura de la decisión: la decisión será leída inmediatamente por el Juez ante los intervinientes y quedará notificada aunque alguno de ellos se hubiera alejado de la sala de audiencia.
Artículo 44º – RECURSOS: Contra la decisión podrá interponerse recurso de apelación para ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia en el plazo de veinticuatro horas, por escrito u oralmente en acta ante el secretario pudiendo ser fundado. Podrá interponer recurso el amparado, su defensor, la autoridad requerida o su representante.
Contra la decisión que rechaza el recurso procederá la queja ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia dentro del plazo de tres días hábiles, debiendo el órgano de alzada resolver la queja dentro del plazo de dos (2) días. Si concede el recurso estará a su cargo el emplazamiento previsto en el artículo siguiente.- (Texto s/art. 12º ley 9550 – B.O. 23/02/04).-
Artículo 45º – Procedimiento de apelación: Concedido el recurso los intervinientes serán emplazados por el Juez para que dentro de veinticuatro (24) horas comparezcan ante la Sala de Alzada, poniendo el detenido a disposición de este órgano.
La decisión de segunda instancia será adoptada de acuerdo a lo previsto en el art. 42º.
Artículo 46º – Intervención del Ministerio Público: Presentada la denuncia se notificará al Ministerio Público por escrito quien tendrá en el procedimiento todos los derechos otorgados a los demás intervinientes, pero no será necesario citarlo o notificarlo para la realización de los actos posteriores.
Artículo 47º – Intervención del denunciante: El denunciante podrá intervenir en el procedimiento con asistencia letrada y tendrá en ellos derechos otorgados a los demás intervinientes salvo lo dispuesto en el artículo 44º, pero no será necesario citarlo o notificarlo. El denunciante cuando no es el amparado sólo podrá recurrir por la sanción o costas que le hubieren impuesto.
Artículo 48º – Costas: Cuando la decisión acoja la denuncia las costas del procedimiento serán a cargo del funcionario o particular responsable del acto lesivo. Cuando se rechace la denuncia, las costas estarán a cargo del denunciante o del amparado, o de ambos solidariamente, según que la inconducta responda a la actividad de uno de ellos o de ambos a la vez. En este caso las costas procederán sólo ante el caso de improcedencia manifiesta de la denuncia así declarada en la decisión. Cuando sólo se apelen las costas, el recurso se interpondrá por ante la Cámara de Apelaciones del fuero del Juez, y si el mismo se hubiera deducido ante dicha Cámara, sólo cabrá recurso de revocatoria ante la misma.
Artículo 49º – Sanciones: Cuando la denuncia fuese maliciosa por ocultamiento o mendacidad declaradas en la decisión se impondrá al denunciante una multa equivalente al monto de diez (10) a quinientos (500) juristas.
Artículo 50º – Procedimiento para el detenido no extraditado: En el caso contemplado en el inciso a) del artículo 32º, el Juez, recibida la denuncia se limitará a verificar la causa de la detención y si ha vencido el plazo determinado en la precitada norma, dispondrá la inmediata libertad del detenido no condenado.
Artículo 51º – DEMANDA:
A) La demanda de inconstitucionalidad se interpondrá ante el Superior Tribunal de Justicia, quien ejerce jurisdicción originaria y exclusiva. En el escrito inicial se mencionará la Ley, decreto, reglamento, ordenanza o resolución de carácter general, señalando con toda precisión cual es la cláusula de la Constitución Provincial que estima violada y en que consista tal violación.
Entenderá en apelación la Cámara competente y su pronunciamiento será susceptible del recurso de inaplicabilidad de la Ley para ante la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del Superior Tribunal de Justicia.- (Texto s/ art. 13º y 14º Ley 9550 – B.O. 23/02/04).-
Artículo 52º – Traslado de la demanda: De la demanda se dará traslado por quince (15) días al Fiscal de Estado o al Presidente Municipal o al Presidente de la Junta de Fomento, según el acto impugnado emane de los Poderes Legislativos o Ejecutivo de la Provincia o de los Municipios.
Artículo 53º – Prueba – Intervención del Fiscal: Contestado o vencido el plazo para hacerlo, el Presidente del Superior Tribunal, o el Juez en su caso, ordenará, si lo estima necesario la producción de pruebas, fijando el plazo para su diligenciamiento.
Artículo 54º – Sentencia: El fallo se dictará en el plazo de treinta (30) días por el Juez y el Superior Tribunal, en el plazo y en la forma que especifica el artículo 61º de la presente.
Artículo 55º – Apelación: Unicamente será apelable la sentencia definitiva que se dicte por los jueces de primera instancia. El recurso deberá interponerse dentro de los cinco días y se concederá en relación. Si fuere denegada el interesado podrá presentar en queja ante la Sala de la Cámara de Apelaciones correspondiente en el plazo de tres (3) días de notificado acompañando copia de las piezas pertinentes suscriptas por el letrado patrocinante de la recurrente, sin perjuicio que dicho órgano de alzada reclame otras piezas o la remisión del expediente, este último decidirá sin sustanciación alguna si el recurso ha sido bien o mal denegado, en cuyo supuesto lo concederá y mandará tramitarlo. Ordenada la sustanciación del recurso, el apelante deberá expresar agravios en un plazo de cinco (5) días de los que se correrá traslado a la contraria por igual plazo. Agregados los agravios y su contestación, se elevará el expediente a la Sala de la Cámara interviniente para su resolución, debiendo tenerse el recurso por desistido si la expresión de agravios no se interpone al plazo fijado o no constituya una razonada critica del fallo impugnado.
En la sentencia regirá lo dispuesto en el artículo 61º de la presente Ley.- (Texto s/ art.15º Ley 9550. –B.O. 23/02/04)
Artículo 56º – Procedencia: El recurso de inconstitucionalidad para ante el Superior Tribunal de Justicia procederá contra las sentencias definitivas de última instancia, de cualquier fuero, cuando en un litigio se haya cuestionado la validez de una Ley, Decreto, Ordenanza, Resolución o Reglamento, como contrario a la Constitución de la Provincia, y siempre que la decisión recaiga sobre ese tema.
Artículo 57º – Admisibilidad: El recurso sólo será admisible si la garantía constitucional ha sido expresamente invocada en el proceso, de manera que las instancias ordinarias hayan podido válidamente pronunciarse sobre ella, salvo que surgiera de la resolución recurrida y no hubiere podido ser oportunamente prevista y deducida.
Artículo 58º – Plazo y forma: El recurso se interpondrá por escrito ante el Juez o Tribunal que dictó la sentencia en última instancia, dentro del plazo de ocho días contados desde la notificación.
Artículo 59º – Concesión del recurso – Constitución de domicilio: El Juez o Tribunal examinará si concurren los requisitos formales del recurso, en cuyo caso lo concederá con efecto suspensivo.
Artículo 60º – Trámite: Recibido el expediente en el Superior Tribunal se dará traslado a la contraria por ocho días. Presentada la contestación o vencido el plazo para hacerlo, se correrá vista al Fiscal por igual plazo. Contestado el traslado se dictará la providencia de autos.
Artículo 61º – Sentencia: La sentencia se dictará en el plazo de setenta y cinco días por el voto de la mayoría del Tribunal, constituido al efecto, en la forma que para el caso determina la Ley Orgánica del Poder Judicial. La decisión podrá adoptarse por acuerdo o redactarse en forma impersonal, y en ella se declarará si la disposición impugnada es o no contraria a la constitución de la Provincia. En el segundo caso se desestimará el recurso condenando al recurrente en las costas causadas.
Artículo 62º – Procederá la acción de amparo ambiental contra cualquier decisión, acto hecho u omisión de autoridad administrativa, judicial o legislativa en ejercicio de funciones administrativas: funcionario, corporación o empleado público provincial o municipal, o de un particular; sea persona física o jurídica que en forma ilegítima, lesione, restrinja, altere, impida o amenace intereses difusos o colectivos de los habitantes, en relación con la preservación, protección y conservación del medio ambiente, tales como la conservación del aire, el agua, el suelo, la flora, la fauna y el paisaje: la preservación del patrimonio histórico, cultural, artístico, arquitectónico y urbanístico: la correcta elaboración, almacenamiento, transporte y comercialización de mercaderías destinadas a la población, el manejo y disposición final de residuos; la tutela de la salud pública y en general, en defensa de los valores del ambiente reconocidos por la comunidad.-
Artículo 63º – Esta acción se interpone como:
Artículo 64º – Legitimación activa – La acción podrá ser interpuesta por:
Artículo 65º – El amparo ambiental tramitará por el procedimiento regulado en CAPITULO I de la presente Ley, siéndole aplicable sus disposiciones.-
Artículo 66º – Modifícase el artículo 140º del Decreto-Ley Nº 5315 y sus modificatorias el que quedará redactado de la siguiente manera:
“El recurso de inaplicabilidad de Ley se interpondrá en los casos y en la forma establecida en los artículo 276º a 285º del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, excepto lo modificado expresamente por este Código”.
Artículo 67º – Derógase el Decreto Nº 2582/46 M.G. y sus modificatorios; los artículos 849º al 881º de la Ley Nº 2024; los artículos 286º a 291º; 309º inc. 1º y 671º al 675º del Decreto-Ley Nº 4870; y toda otra disposición que se oponga a la presente.
Artículo 68º – Forma parte de este ordenamiento normativo la Ley de Enjuiciamiento de la Provincia. Facúltase al Poder Ejecutivo a incorporar la misma y a efectuar un cuerpo único y ordenado.
Artículo 69º – De forma.-
NOTA: La modificación introducida por Ley 9571 – B.O. 24/06/04 – (Artículo 5º Bis Inciso J) – de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la citada ley entrará en vigencia a partir de su publicación.-
16 – Dirección de Biblioteca y Jurisprudencia
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