Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/23440
Timestamp: 2020-03-30 01:05:53
Document Index: 329643878

Matched Legal Cases: ['Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 126', 'Artículo 126', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 127', 'Artículo 66', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 23', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 27', 'Artículo 126', 'Artículo 126', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 127', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 21', 'Artículo 35', 'Artículo 35', 'Artículo 71', 'Artículo 75']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 111/2013
SENTENCIA 111/2013, de 9 de mayo
(BOE nº 133, de 04 de juin de 2013)
ECLI:ES:TC:2013:111
1. El día 4 de febrero de 2004 tuvo entrada en el Registro General de este Tribunal Constitucional, escrito del Letrado de la Comunidad Autónoma de Aragón por el que, en nombre y representación de la misma, interpone recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 126.1, 2 y 3; 127.3 y 4; 128.2 y 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
2. Con carácter previo al examen de fondo se formula una objeción de carácter general y de orden material, fundamentada en la existencia de irregularidades en el procedimiento legislativo de aprobación de la Ley 62/2003, que derivarían de su tramitación simultánea y paralela, con la tramitación de la propia Ley 61/2003, de aprobación de los presupuestos generales del Estado para 2004, lo que, a juicio del Letrado autonómico determina la infracción de las reglas relativas al ejercicio de la potestad legislativa como función propia de las Cortes Generales (arts. 66.2, 88 y 89 CE), dado el genérico y variado contenido de la denominada “ley de acompañamiento” y su contenido carente de vinculación con la ejecución de los presupuestos generales del Estado. Determina también la existencia de arbitrariedad y la vulneración del principio de seguridad jurídica (arts. 9.1 y 9.3 CE), al producirse por esta vía la modificación de normas que son cabecera de sector del ordenamiento jurídico administrativo, modificaciones que han sido introducidas, además, en momentos diferentes del procedimiento legislativo.
a) La reforma efectuada por el art. 126.1, 2 y 3, en los arts. 22.3, 23.4 y 23 ter de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (LCEN), está viciada de inconstitucionalidad por vulnerar las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de espacios naturales protegidos (art. 35.1.5 del Estatuto de Autonomía de Aragón: EAAr), la de ejecución de la normativa básica estatal en materia medioambiental (art. 37.3 EAAr) y la potestad de autoorganización implícita en el principio de autonomía, según resulta de los arts. 35.1.1 y 42 EAAr.
b) El art. 127.3 y 4, introduce una disposición adicional cuarta en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, a la que se conecta la modificación de su disposición final tercera. La modificación introducida identifica la “evaluación” del art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995 con la evaluación de impacto ambiental, desapoderando así a la Administración de la Comunidad Autónoma de la potestad propia de control de la biodiversidad efectuada mediante la certificación de la afección del proyecto, que se desplaza a la Administración General del Estado a través de su inclusión en la evaluación de impacto ambiental, que corresponde tramitar, en forma instrumental, al órgano ambiental de la Administración con competencia material para la aprobación o autorización de un proyecto, ignorándose así la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma en materia de espacios naturales. La absorción por el Estado de la “evaluación” de la afección de los proyectos y planes a ejecutar en una zona de especial conservación o en una zona de especial protección para las aves, a través del trámite de evaluación de impacto ambiental, negando que aquella sea una actividad de gestión propia e inherente a dicho espacio natural, contraviene el reparto competencial en la materia, dado que no existe una identidad entre ambas técnicas que permita, como pretende el Estado, absorber en el trámite de evaluación de impacto ambiental, la técnica a aplicar para efectuar el control de la conservación de los hábitats, que se prevé en el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995.
c) El art. 128.2, modifica el párrafo segundo del art. 27.4 de la Ley 10/1998, de residuos, y atribuye ex novo al Consejo de Ministros la competencia para fijar el contenido de la evaluación preliminar, previa a la remisión a la Administración autonómica de los informes periódicos de situación en los que figuren datos relativos a los criterios que sirven de base para la fijación de los suelos contaminados.
d) En lo que respecta a la impugnación dirigida contra el art. 129, el Letrado del Gobierno de Aragón se limita a reiterar los argumentos ya expuestos, en relación con la inadecuación del instrumento normativo de la ley de “acompañamiento” para efectuar la transposición de la Directiva 2000/60/CE, alegando, además, la ausencia del preceptivo dictamen del Consejo de Estado. Se añade, a lo ya señalado, la utilización fraudulenta y contraria al principio de seguridad jurídica, de la ley de medidas, para efectuar, mediante la introducción del concepto de “demarcación hidrográfica”, como unidad de gestión y planificación hidrológica, una modificación sustancial de las disposiciones legales vigentes en materia de aguas.
3. Este Tribunal, mediante providencia de la Sección Cuarta de 27 de abril de 2004, admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de Aragón, acordando dar traslado de las actuaciones, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, y al Gobierno de la Nación a través del Ministerio de Justicia, al objeto de que en el plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaran, así como publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
4. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de mayo de 2004, se personó el Abogado del Estado y solicitó prórroga del plazo concedido para la presentación del escrito de alegaciones; y por providencia de la Sección Cuarta, de 11 de mayo de 2004, se acordó tenerle por personado y conceder una prórroga de ocho días más al plazo concedido para formular alegaciones.
5. El Presidente del Senado, mediante escrito recibido el 12 de mayo de 2004, comunicó que la Cámara se personaba en el proceso, ofreciendo su colaboración.
6. El Presidente del Congreso de los Diputados, mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 de mayo de 2004, comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara, de no personarse en el proceso.
7. En fecha 21 de mayo de 2004, tuvo entrada en este Tribunal escrito de alegaciones del Abogado del Estado, en el que solicita se tenga por evacuado el trámite conferido y, en su día, se dicte Sentencia desestimatoria del presente recurso en todos sus extremos.
a) El representante estatal se refiere, en primer término, a la naturaleza de las leyes de acompañamiento, señalando al respecto que el art. 134 CE sólo impone límites a las leyes de presupuestos, por lo que la denominada ley de acompañamiento, en cuanto ley ordinaria, siempre que haya cumplido el procedimiento establecido en los Reglamentos de las Cámaras puede, en principio, abarcar cualquier materia, pues el legislador goza de libertad para determinar su concreto contenido normativo. Afirma también que, salvo determinados casos que puedan resultar notoriamente graves, las cuestiones de técnica legislativa son ajenas a este Tribunal, dado que no constituyen tachas de inconstitucionalidad, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre la perfección técnica de las leyes (SSTC 146/1993, 195/1996 y 273/2000).
b) En relación con la impugnación dirigida contra el art. 126.1, 2 y 3, considera el Abogado del Estado que las intervenciones estatales previstas en la nueva redacción dada a los arts. 22.3, 23.4 y 23 ter de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, están justificadas por el carácter supraautonómico del fenómeno objeto de la competencia, que no hace posible el fraccionamiento de la actividad pública ejercida sobre ella y requiere un alto grado de homogeneidad, lo que hace necesario recurrir a la intervención de un “ente supraordenado de capacidad de intereses contrapuestos de sus componentes parciales”, en los términos del fundamento jurídico 8 de la STC 102/1995, estando garantizada la competencia de las Comunidades Autónomas a través de su intervención en los órganos mixtos de composición paritaria, que tienen atribuida la gestión y administración de cada uno de los parques nacionales y la coordinación del conjunto de la red estatal.
c) En relación con el art. 127.3 y 4, señala el representante estatal que las certificaciones que son objeto del precepto impugnado traen causa de la habilitación contenida en el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad y mediante el cual se transpone parcialmente a nuestro ordenamiento interno la Directiva 92/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo. El Ministerio de Medio Ambiente ha venido expidiendo dichas certificaciones y declarando en cada caso que el proyecto objeto de evaluación no tendrá efectos negativos apreciables en los lugares incluidos en la red ecológica europea. Dicha declaración se realiza en el ámbito de un procedimiento de solicitud de fondos de cohesión europeos, cuya finalidad inmediata es la obtención de financiación del proyecto y la mediata la realización de la obra, entre cuyas condiciones se encuentra acreditar ante las autoridades comunitarias que el proyecto o la obra son respetuosos con las zonas incluidas en la Red Natura 2000. Tal declaración no supone el ejercicio de competencias ni en materia de medio ambiente ni de espacios naturales protegidos, sino de una competencia a la que están anudados el proyecto u obra pública concretos que se pretende ejecutar por la Administración que la tiene atribuida (STC 13/1998), por lo que la Administración estatal, en estos supuestos, está ejerciendo competencias propias sustantivas y no ejecutando legislación básica sobre medio ambiente o aprobando intervenciones administrativas que tienen como finalidad inmediata la protección del medio ambiente o la gestión del espacio natural protegido.
d) En relación con el art. 128.2, considera el Abogado del Estado que la modificación del apartado 4 del art. 27 de la Ley de residuos, relativo a la declaración de suelos contaminados, supone el ejercicio de una competencia normativa y no ejecutiva, pues entra dentro del mínimo normativo que corresponde fijar al Estado en materia de medio ambiente, el contenido de la evaluación, que deberá ser sustancialmente la misma en todo el territorio nacional. El texto impugnado no impide que las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que sean oídas, puedan ampliar, mejorar y desarrollar aquél, siempre que respeten el mínimo común establecido por el Consejo de Ministros y justificado por la necesidad del tratamiento homogéneo de los datos de la evaluación a nivel nacional.
e) Considera el representante estatal que, las alegaciones relativas al art. 129, se ciñen a la adecuación del instrumento de la denominada ley de acompañamiento para transponer a nuestro ordenamiento la Directiva 2000/60/CEE, por la que se establece un marco comunitario de actuación en la política de aguas, por lo que se remite a las alegaciones ya realizadas, afirmando que las modificaciones realizadas al Real Decreto Legislativo 1/2002, de 20 de julio, son singularizadas y no suponen un cambio sistemático ni total de una ley de cabecera en un sector del ordenamiento jurídico como es la regulación de las aguas continentales, pues la única innovación esencial es el primer apartado, que establece el concepto de “demarcación hidrográfica”, que está solamente referida a la determinación de las demarcaciones hidrográficas en tanto que unidades de gestión de las cuencas de competencia estatal y de los organismos estatales de cuenca, es decir, cuando la cuenca propiamente dicha excede del ámbito de una Comunidad Autónoma.
8. Por providencia de 7 de mayo de 2013 se acordó señalar para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 9 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Gobierno de Aragón frente a diversos preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En concreto, se impugnan: el arts. 126 en sus apartados 1, 2 y 3, en cuanto modifica respectivamente los arts. 22.3, 23.4 y 23 ter de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres; el art. 127.3 y 4, que introduce una nueva disposición adicional —cuarta— en el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental; el art. 128.2, en cuanto a la modificación del art. 27.4, párrafo segundo de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos; y el art. 129 se recurre en su totalidad en lo que afecta a la modificación del texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
2. Una vez expuestas sintéticamente las posiciones de las partes que se enfrentan en este recurso, resulta conveniente realizar algunas precisiones de orden procesal, antes de proceder al examen de la cuestión de fondo.
En primer lugar, es preciso señalar que, con posterioridad a la interposición del presente recurso, se ha producido la reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, norma estatutaria que constituye parámetro de control del presente conflicto, en aplicación de nuestra doctrina sobre el ius superveniens, conforme a la cual “el control de las normas que incurren en un posible exceso competencial debe hacerse de acuerdo a las normas del bloque de la constitucionalidad vigentes al momento de dictar Sentencia” (STC 1/2011, de 14 de febrero, FJ 2 y doctrina allí citada).
a) La impugnación dirigida contra el art. 126.1, 2 y 3, en cuanto afecta a los arts. 22.3, 23.4 y 23 ter de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres, se fundamenta por la Comunidad Autónoma en que el modelo de cogestión y financiación previsto para los parques nacionales en los mencionados preceptos, vulnera sus competencias exclusivas en materia de espacios naturales protegidos (art. 71.21 EAAr) y las de desarrollo legislativo y ejecución de la legislación básica estatal en materia de protección del medio ambiente (art. 75.3 EAAr). El art. 126 de la Ley 62/2003 fue objeto de pronunciamiento expreso en la Sentencia 149/2012, de 5 de julio, que examinó dicho precepto en su totalidad, por lo que procede reiterar ahora los aspectos sustanciales de lo allí expuesto, remitiéndonos en lo restante a la detallada argumentación que se efectúa en su fundamento jurídico 2.
b) El art. 127.3 y 4 viene a añadir una nueva disposición adicional cuarta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, relativa a la “evaluación ambiental de los planes y proyectos estatales previstos en el art. 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre”, a la que se conecta la modificación de su disposición final tercera. El art. 127 fue asimismo objeto de examen en STC 149/2012, de 5 de julio, FJ 2, en la que, tras poner de manifiesto que el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio ha sido derogado por la disposición derogatoria única a) del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, venía a señalar no obstante que “la vigente disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 1/2008 sigue atribuyendo a la Administración del Estado la competencia para la realización de la evaluación de los proyectos que puedan afectar de forma apreciable a las zonas de la Red Natura 2000, así como la determinación de las medidas compensatorias que puedan ser necesarias, en relación con los proyectos que deban ser autorizados o aprobados por la propia Administración del Estado, aspecto éste que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía considera contrario al orden constitucional de competencias por invadir las competencias que le corresponden en materia de espacios naturales protegidos y de gestión de la protección medioambiental. El nuevo precepto sigue, por tanto, suscitando la misma controversia, sin que la modificación de la norma recurrida haya producido, en este caso, la pérdida de objeto del recurso”.
c) Hemos de plantearnos asimismo la pervivencia del recurso en lo que respecta al art. 128.2, que modifica el párrafo segundo del apartado 4 del art. 27 de la Ley 10/1998, de residuos. El mencionado precepto de la Ley 10/1998 venía a establecer que los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo debían remitir periódicamente a la Comunidad Autónoma correspondiente informes de situación en los que figuren los datos relativos a los criterios que sirvan de base para la declaración de suelos contaminados. La modificación efectuada por la Ley 62/2003 en el citado precepto, viene a disponer que la remisión de los citados informes de situación, se realice por los titulares de actividades potencialmente contaminantes, “tras una evaluación preliminar, cuyo contenido será fijado por el Consejo de Ministros, previa consulta a las Comunidades Autónomas”.
3. Una vez delimitado el objeto del recurso en los términos expuestos, hemos de comenzar nuestro examen por lo dispuesto en el art. 127.3 y 4, en cuanto añade una disposición adicional cuarta al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental, relativa a la “evaluación ambiental de los planes y proyectos estatales previstos en el art. 6 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre”, a la que se conecta la modificación de su disposición adicional tercera. Considera al respecto la Comunidad Autónoma que el Estado carece de título competencial suficiente para negar a la Comunidad Autónoma —mediante la práctica de la evaluación prevista en el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995— el ejercicio de su potestad de control de la afección al hábitat de los proyectos a ejecutar en las zonas de especial conservación y en las zonas especial protección para las aves, como espacios protegidos de titularidad autonómica (art. 21.21 EAAr).
“En la primera de las citadas [STC 149/2012], tras analizar la regulación impugnada y su contexto normativo, concluimos, en relación con la denunciada vulneración de las competencias autonómicas sobre medio ambiente, lo siguiente:
La misma doctrina, ‘según la cual el elemento determinante del encuadre competencial de este tipo de certificación es su vínculo finalista con la decisión de realizar o no la obra o actividad cuyas consecuencias se evalúan (se trata de un informe sectorial que determina la conveniencia o no de realizar determinadas obras o actividades desde la perspectiva de sus repercusiones sobre este tipo de espacios), es igualmente decisiva cuando el conflicto se traba entre la competencia sustantiva estatal que da cobertura a la obra o actividad y la competencia autonómica exclusiva sobre espacios naturales protegidos, procediendo, por tanto, que declaremos que esta clase específica de evaluación ambiental es una materia que se incardina en el primer título y no en el segundo’ (STC 59/2013, de 13 de marzo, FJ 3). Así la evaluación de la repercusión que para un lugar concreto conlleva una obra o actividad, cuando está orientada a facilitar al órgano competente sobre ella la información ambiental específica para decidir si se realiza o no y, en su caso, en qué condiciones se hace, se sitúa extramuros de las competencias autonómicas sobre espacios naturales protegidos, pues, como señalamos en la misma sentencia y fundamento jurídico, ‘la evaluación de la repercusión que para un lugar concreto conlleva una obra o actividad cuando está orientada a facilitar al órgano competente sobre ella la información ambiental específica para decidir si se realiza o no y, en su caso, en qué condiciones se hace, pues una evaluación así configurada tiene una finalidad estrechamente vinculada con la obra o actividad de que se trate, cual es que todos los entes públicos valoren el medio ambiente, en este caso un elemento específico del medio ambiente, cuando ejercen sus atribuciones sobre cualquiera de las obras, instalaciones u otras actividades de su competencia, valoración ambiental que, como no podía ser de otra manera, debe tener en cuenta los objetivos de conservación del lugar de que se trate, como expresamente constata tanto el art. 6.3 del Real Decreto 1997/1995 como el apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 1/2008’.”
4. El art. 128.2 modifica el párrafo segundo del art. 27 de la Ley 10/1998, de residuos; este último precepto venía a establecer que los titulares de actividades potencialmente contaminantes del suelo debían remitir periódicamente a la Comunidad Autónoma correspondiente informes de situación en los que figuren los datos relativos a los criterios que sirvan de base para la declaración de suelos contaminados. La modificación efectuada por la Ley 62/2003 viene a disponer que la remisión de los citados informes de situación se realice por los titulares de actividades potencialmente contaminantes, “tras una evaluación preliminar, cuyo contenido será fijado por el Consejo de Ministros, previa consulta a las Comunidades Autónomas”.
“Desde una perspectiva formal, no cabe dudar que el precepto, en cuanto se limita a incorporar una requisito adicional al informe de situación contemplado en el art. 27.4 de la Ley 10/1998, de Residuos, participa de la cobertura competencial determinada en la disposición final segunda de esta ley, en la que se proclama su carácter de legislación básica, dictada al amparo de lo dispuesto en el art. 149.1.23 CE. Desde una perspectiva material, el precepto tiene también carácter básico, pues se ajusta a lo reiteradamente señalado por nuestra doctrina de que lo básico, como propio de la competencia estatal en esta materia, cumple más bien una función de ordenación mediante mínimos que han de respetarse en todo caso, pero que pueden permitir que las Comunidades Autónomas con competencias en la materia establezcan niveles de protección más altos, pero nunca reducirlos (SSTC 170/1989, FJ 2, 196/1996/, FJ 2, 101/2005 FJ 5 y 7/2012, FJ 5).
En cuanto a lo que haya de constituir el contenido propio de esa evaluación preliminar, el precepto que se examina se limita a señalar que el mismo será fijado por el Consejo de Ministros, previa consulta a las Comunidades Autónomas; se remite, por tanto, a una posterior norma reglamentaria la determinación concreta del contenido mínimo de la evaluación preliminar, remisión que resulta justificada en atención a la especificidad de la materia y al carácter marcadamente técnico de los concretos aspectos o cuestiones a regular, cuya valoración no es posible efectuar en este momento sino a la vista de la forma en la que dicha habilitación reglamentaria se concrete. Resulta entonces que nos hallamos ante una impugnación preventiva, vedada en nuestra doctrina, sin que, de otro lado, nada impida que, si el Gobierno, al dictar las correspondientes normas reglamentarias en virtud de esa remisión, extendiera su regulación a aspectos no básicos pudiera plantearse el oportuno conflicto positivo de competencias a fin de examinar si se hubiera producido o no la extralimitación en el ámbito competencial estatal.”
5. El art. 129 de la Ley 62/2003, modifica el texto refundido de la Ley de aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, con la finalidad de incorporar al derecho interno la Directiva comunitaria 2000/60/CE, por la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. La impugnación formulada por la Comunidad Autónoma de Aragón se sustenta en la inadecuación del instrumento de la “ley de acompañamiento” para efectuar la transposición de la Directiva e introducir modificaciones sustanciales de las disposiciones legales vigentes en materia de aguas, mediante un procedimiento legislativo ad hoc que se aparta del general.
La representación autonómica no formula objeciones de fondo al contenido concreto de la regulación que efectúa el art. 129 de la Ley 62/2003, pues, aunque se hace mención en el texto de la demanda a la introducción de un nuevo concepto, el de “demarcación hidrográfica”, como unidad de gestión y planificación hidrológica, la Comunidad Autónoma se limita a argumentar que supone un modificación sustancial del texto refundido de la Ley de aguas, que se lleva a cabo mediante un procedimiento legislativo ad hoc, que se aparta del general, por lo que, dado que se limita a reiterar los argumentos ya examinados, procede en este punto remitirse a lo expuesto con anterioridad.
1º Declarar extinguido, por desaparición sobrevenida de su objeto, el recurso formulado en relación con el art. 126.1, 2 y 3 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en cuanto a la redacción dada a los arts. 22.3, 23.4 y 23 ter de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los espacios naturales y de la flora y fauna silvestres.
Numéro et date BOE [Nº, 133 ] 04/06/2013
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 2144-2004
Fecha de resolución 09/05/2013
Interpuesto por el Gobierno de Aragón en relación con diversos preceptos de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
En primer lugar, la Sentencia considera acorde con la distribución de competencias la atribución a la Administración del Estado de la realización de la evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación y de la petición de informes periódicos de situación de suelos contaminados (STC 104/2013, de 25 de abril, que se remite a las SSTC 149/2012, de 5 de julio y 59/2013, de 13 de marzo). En segundo lugar, el procedimiento de incorporación de la Directiva marco del agua al ordenamiento español mediante una ley de acompañamiento es constitucionalmente admisible de acuerdo con la doctrina de la STC 36/2013, de 14 de febrero.
La evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación tiene por finalidad que las Administraciones públicas valoren la afección al medio ambiente cuando hayan de decidir acerca de la autorización o aprobación de obras o actividades que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000 atendiendo a su repercusión sobre este tipo de espacios, evaluación ambiental que está sometida por la Constitución y los Estatutos de Autonomía al título competencial sustantivo que da cobertura a cada obra o actividad, título éste que atrae al medioambiental (SSTC 13/1998, 149/2012, 104/2013) [FJ 3].
Es acorde con la distribución constitucional de competencias la atribución a la Administración del Estado de la realización de la evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación en aquellos casos en los que el plan o proyecto debe ser autorizado o aprobado por ella tras la realización de la correspondiente evaluación de impacto ambiental, garantizándose, en todo caso, la consulta a las Comunidades Autónomas en cuyo territorio se ubique el proyecto en cuestión (SSTC 149/2012, 104/2013) [FJ 3].
El elemento determinante del encuadre competencial de la certificación de evaluación ambiental es su vínculo finalista con la decisión de realizar o no la obra o actividad cuyas consecuencias se evalúan, siendo igualmente decisivo en conflictos entre la competencia sustantiva estatal que da cobertura a la obra o actividad y la competencia autonómica exclusiva sobre espacios naturales protegidos, procediendo, por ello, que declaremos que esta clase específica de evaluación ambiental se incardina en el primer título y no en el segundo (SSTC 149/2012, 59/2013, 104/2013) [FJ 3].
La evaluación de la repercusión que para un lugar concreto conlleva una obra o actividad queda fuera de la función ejecutiva o de gestión en materia de espacios naturales protegidos cuando está orientada a facilitar al órgano competente sobre ella la información ambiental específica para decidir si se realiza o no y, en su caso, en qué condiciones se hace, pues tiene como finalidad que los entes públicos valoren el medio ambiente cuando ejercen sus atribuciones sobre cualquiera de las obras, instalaciones u otras actividades integradas en sus títulos competenciales (SSTC 149/2012, 104/2013) [FJ 3].
Doctrina sobre el encuadre competencial de la evaluación ambiental de las zonas especiales de conservación (SSTC 149/2012, 104/2013) [FJ 3].
No puede reputarse inconstitucional que el legislador estatal imponga a los titulares de actividades contaminantes del suelo el deber de efectuar una evaluación o informe preliminar sobre los posibles efectos perjudiciales o nocivos que estas actividades son susceptibles de producir en el suelo, al constituir materia propia de la competencia estatal básica que el art. 149.1.23 CE atribuye al Estado (STC 104/2013) [FJ 4].
La habilitación al Consejo de Ministros para fijar el contenido mínimo de la evaluación preliminar en materia de actividades contaminantes del suelo, previa consulta a las Comunidades Autónomas, tiene cobertura en el art. 149.1.23 CE, que permite al legislador estatal dictar normas de obligada aplicación que aseguren un mínimo de protección de los elementos naturales (STC 104/2013) [FJ 4].
La remisión de la regulación por el Gobierno del contenido de la evaluación preliminar en materia de actividades contaminantes del suelo a una posterior norma reglamentaria resulta justificada en atención a la especificidad de la materia y a su carácter marcadamente técnico, no siendo posible efectuar su valoración en este momento sino cuando se concrete dicha habilitación reglamentaria, al hallarnos ante una impugnación preventiva, vedada en nuestra doctrina (STC 104/2013) [FJ 4].
Doctrina constitucional sobre los requisitos de la legislación básica en materia de contaminación del suelo (STC 104/2013) [FJ 4].
No existe ningún mandato legal que exija que una Directiva comunitaria deba ser transpuesta a través de un determinado instrumento normativo, por lo que siendo la ‘ley de acompañamiento’ una ley ordinaria que emana de las Cortes Generales, puede entrar a regular cualquier materia no expresamente asignada a otro tipo legislativo, y es que, del bloque de la constitucionalidad no se deriva impedimento para que se puedan aprobar ‘leyes transversales’, ni óbice que impida o limite la incorporación a un solo texto legislativo de multitud de medidas normativas de carácter heterogéneo (SSTC 136/2011, 36/2013) [FJ 5].
Cuando por razón de la materia del proyecto de ley pueda corresponder, en principio, a varias comisiones, se encomendará a aquélla que sea de la competencia principal de una de ellas, tratándose de una decisión de mera oportunidad parlamentaria que, en sí mismo, no conlleva merma alguna de los principios constitucionales que han de informar el procedimiento legislativo en cuanto procedimiento de la formación de la voluntad del órgano (SSTC 102/2012, 36/2013) [FJ 5].
Doctrina constitucional sobre el respeto al principio de seguridad jurídica por las leyes de acompañamiento pese a su carácter heterogéneo (SSTC 136/2011, 36/2013) [FJ 5].
Doctrina sobre el control de constitucionalidad de las leyes que debe ejercer el Tribunal Constitucional en lo que afecta a la vulneración de la prohibición de arbitrariedad, ex art. 9.3 CE (SSTC 149/2006, 102/2012) [FJ 5].
Doctrina sobre la transposición de la Directiva marco del agua mediante ‘ley de acompañamiento’ (STC 36/2013) [FJ 5].
Desaparecida la regulación del modelo de cogestión de los parques nacionales en la legislación estatal, es manifiesto que ha desaparecido la controversia competencial a la que daba lugar resultando improcedente un pronunciamiento al respecto por parte de este Tribunal que sólo está llamado a dirimir controversias competenciales en la medida en que estén aún vivas (SSTC 18/2001, 149/2012) [FJ 2].
Doctrina constitucional sobre el ius superveniens (STC 1/2011) [FJ 2].
Doctrina constitucional sobre la pervivencia o pérdida del objeto pese a la modificación o derogación de la norma en recursos de inconstitucionalidad de carácter competencial según deba considerarse o no subsistente la disputa competencial (SSTC 133/2012, 149/2012) [FJ 2].
Artículo 22.3 (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre)
Artículo 23 ter (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre)
Artículo 23.4 (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre)
Artículo 126.1
Artículo 126.2
Artículo 126.3
Artículo 127.3
Artículo 127.4
Artículo 66.2, ff. 1, 5
Artículo 88, ff. 1, 5
Artículo 89, ff. 2, 5
Disposición adicional cuarta (redactada por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), ff. 1 a 3
Disposición adicional cuarta (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), ff. 1 a 3
Artículo 22.3 (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), ff. 1, 2
Artículo 23 ter (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), ff. 1, 2
Artículo 23.4 (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), ff. 1, 2
Disposición final tercera, ff. 2, 3
Artículo 27.2 (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), f. 4
Artículo 27.4, f. 4
Artículo 27.4.2 (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), ff. 1, 2
En general (redactado por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre), ff. 1, 5
Artículo 126.1, ff. 1, 2
Artículo 126.2, ff. 1, 2
Artículo 126.3, ff. 1, 2
Artículo 127, ff. 2, 3
Artículo 127.3, ff. 1 a 3
Artículo 127.4, ff. 1 a 3
Artículo 128.2, ff. 1, 2, 4
Artículo 129, ff. 1, 5
Ley 5/2007, de 3 de abril. Red de parques nacionales
Artículo 21.21, f. 3
Artículo 35.1.1, f. 1
Artículo 35.15, f. 1
Artículo 71.21, f. 2
Artículo 75.3, f. 2
Disposición adicional cuarta, apartado 1, f. 3
Competencias del EstadoCompetencias del Estado, ff. 2, 3, 4, 5
Competencias en materia de aguasCompetencias en materia de aguas, ff. 3, 5
Competencias en materia de espacios naturales protegidosCompetencias en materia de espacios naturales protegidos, f. 3
Competencias en materia de medio ambienteCompetencias en materia de medio ambiente, ff. 2, 3, 4
LegisladorLegislador, f. 5
Principio de interdicción de la arbitrariedadPrincipio de interdicción de la arbitrariedad, f. 5
Contaminación del sueloContaminación del suelo, f. 4
Leyes de acompañamientoLeyes de acompañamiento, f. 5
Obras hidráulicasObras hidráulicas, f. 5
Planes hidrológicosPlanes hidrológicos, f. 5