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Timestamp: 2019-12-09 19:44:56
Document Index: 352821570

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 8', 'Artículo 8', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 11', 'Artículo 21', 'artículo 8', 'artículo 21']

CPLT Jurisprudencia | Ejército de Chile con Consejo para la Transparencia
Ejército de Chile con Consejo para la Transparencia Rol: 271-2019
Corte de Apelaciones de Santiago, 26/07/2019
Fisco de Chile interpone reclamo de ilegalidad contra decisión de amparo dictada por el Consejo para la Transparencia, el cual resolvió requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, para que entregue al reclamante copia del Reglamento RP ® 505- Especialidades Secundarias del Ejército por el medio y formato indicado en la solicitud de acceso, esto es digitalizado. La Corte de Apelaciones rechaza el reclamo de ilegalidad deducido.
Consejo para la Transparencia, 18/04/2019, C4995-18
Jessica González Troncoso
Rafael Andrade Díaz
Santiago, veintiséis de julio de dos mil diecinueve.
Primero: Que en la especie el FISCO DE CHILE deduce reclamo de ilegalidad contra de la decisión de amparo C 4995 2018 del CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, que resolvió requerir al Sr. Comandante en Jefe del Ejército de Chile, para que entregue al reclamante copia del Reglamento RP ® 505 Especialidades Secundarias del Ejército por el medio y formato indicado en la solicitud de acceso, esto es digitalizado.
De los antecedentes aparece que, mediante solicitud de 30 de agosto de 2018 de información pública, el Cabo Primero Simón Muñoz, pidió copia integra y digitalizada del "RP N°505 de 2001", del Ministerio de Defensa Nacional "Reglamento de Especialidades Secundarias del Ejercito".
Luego, con fecha 16 de octubre de 2018, el Comandante de la División Doctrina contestó que dicho documento es reservado, por lo que se debe tener presente el daño que puede provocar a terceros su entrega a terceros. Señala que se debe considerar que el Reglamento "Publicaciones Doctrinarias del Ejército" edición 2017, dicta normas y establece procedimientos sobre la consideración que se debe observar a textos como el RAI 01001 "Reglamento de Seguridad Militar" particularmente al capítulo III, de la "Seguridad de la Documentación e Información". En esta respuesta se le señaló al peticionario que si bien el documento es reservado, lo podía consultar y bajar en pdf en la biblioteca virtual institucional, a la cual puede acceder con su respectiva clave de acceso, al igual que todo el personal de la institución, y en caso de dificultad, podría retirar el documento en dependencias del Departamento de Transparencia y Lobby del Ejército.
El solicitante con data 17 de octubre de 2018, dedujo amparo de acceso a la información, al estimar que el Ejército se negó a hacer entrega del documento pedido de forma digitalizada. Agrega que no tiene acceso a la plataforma digital del Ejército a la cual se le remitió y que la entrega material del documento no le es de utilidad.
Por presentación de fecha 7 de diciembre de 2018, se formularon descargos por la institución, insistiendo que el documento pedido es reservado en el ejército de Chile, lo que implica que su contenido está reservado para el personal del ejército y dado que el solicitante tiene el carácter de miembro del mismo, se le indica cual es el procedimiento que debe seguir. Indica que la clasificación de reservado del documento deriva de que su contenido materias relacionadas con Defensa Nacional , contiene aspectos de doctrina del ejército y las exigencias para la formación de especialistas dentro del ejercito por lo que se deben tomar medidas que eviten su difusión por las redes computacionales abiertas.
Luego se refiere a circulares emitidas por el mismo Ejército, así como el Reglamento de Seguridad Militar, que tienen como objeto la adopción de medidas con tal fin, por lo que sería imprudente que la misma institución vulnerara tales disposiciones, dejando pie para que se pueda vaciar información sensible por las redes sociales, información que son para cumplir el objetivo del Ejército.
En virtud de todo ello aplica la causal del artículo, 21 N°3 de la Ley de Transparencia, esto es "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la nación, particularmente, si se refiere a la defensa nacional". Puntualiza que no se le está denegando información sino tomando la precaución para que no se difunda en forma descuidada. Por último señala que el mismo recurrente ha solicitado acceso a información pública del Ejército en 93 ocasiones, 59 por la vía web, 13 no han sido retiradas, 1 respuesta fue retirada personalmente y 20 están en trámite. Consideran que existe un abuso del derecho en tal sentido.
En su caso resolviendo el Amparo deducido, a través de la Decisión Amparo C 4995 2018, el Consejo para la Transparencia (CPT), resolvió acceder a la petición del solicitante, y en contra de tal decisión de amparo, se deduce el presente Reclamo de Ilegalidad.
Segundo: Al fundamentar el Reclamo de Ilegalidad, se señala por el reclamante, que no es posible pretender exigir que se produzca efectivamente el daño al bien jurídico defensa nacional ya que una vez que ello ocurre el perjuicio a la seguridad nacional es irreversible. Cita para ello sentencia de la Excma. Corte Suprema (21.377 2015) que se refiere a este tema, indicando que el CPT impone un requisito no contemplado en la ley.
Sostiene el reclamante de ilegalidad, que se debe declarar satisfecha la petición del requirente con las modalidades ya otorgadas por el Ejercito, que es la que rige para todos los miembros de la institución. Señala que el contenido del documento es sensible para la seguridad nacional, pues dice relación con las exigencias, requisitos, exámenes, pruebas, instrucciones, destrezas, entrenamiento, técnicas específicas que el personal debe adquirir y mantener para la obtención de la respectiva especialidad. Indica que no es necesario tener mucha imaginación para proyectar el mal uso público de dicha información, por ejemplo en manos de adversarios del país o narcotraficantes.
Tercero: Informando la Reclamación, el Consejo Para la Transparencia, (CPT), pide el rechazo de la misma, en todas sus partes, insistiendo en los mismos argumentos que su decisión de amparo, indicando además, que el Ejército incurre en una contradicción al sostener que el solicitante puede acceder al Reglamento de especialidades secundarias al detentar la calidad de funcionario de la institución y, al mismo tiempo, esgrimir la reserva del señalado reglamento, fundada en impedir la reproducción y circulación del mismo. Señala que ello demuestra que no se está ante la causal de reserva o secreto invocada porque si así fuese, no se permitiría su consulta por el sistema de biblioteca del Ejército, menos su descarga en formato pdf. En definitiva, el organismo no se opone a la entrega de información, sino solo su forma de acceso.
Argumenta que el Ejército debe cumplir con la entrega de información en los términos dispuestos en los artículos 17 y 11 letra f) de la Ley de Transparencia, esto es, en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, sin imponer condiciones que puedan obstaculizar el derecho de acceso a la información (principio de facilitación). La única excepción es que ello involucre un costo excesivo en el presupuesto institucional, lo que no ha sido esgrimido por el Ejército.
Refiere que el Reglamento de Especialidades es público, de acuerdo al artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política y a los artículos 5 inciso 2°, además de 10 y 11 letra c) de la Ley de Transparencia, que se refiere al principio de publicidad consagrado en la Constitución, según el cual, toda información es en principio pública, mientras no se alegue y acredite una causal de reserva establecida en la ley.
Expresa que en el caso del Reglamento de Especialidades Secundarias del Ejército, éste no se encuentra sujeto a la causal de reserva del artículo 21 número 3 de la Ley de Transparencia, dado que su publicidad no afecta la seguridad de la nación, y el Ejército no probó esa causal, tal como fue razonado en la decisión de amparo.
La normativa reglamentaria interna citada por el Ejército, resulta ser de rango infralegal y no puede servir de fundamento a la reserva del reglamento solicitado, por cuanto ello infringe el principio de jerarquía normativa y fuerza obligatoria de la Constitución Política. Esto, en cuanto, ésta en su artículo 8 inciso 2°, dice que solo una Ley de Quorum Calificado, puede establecer la reserva o secreto de ciertos documentos, cuando se afecten determinados bienes jurídicos.
CUARTO: Que, los fundamentos de la negativa a proporcionar la información requerida, en la forma digitalizada pedida por el solicitante, la reclamante la sustentó en la causal contemplada en el artículo 21, numeral 3, de la Ley de Transparencia, N° 20.285, el que establece "Las únicas causales de secreto o reserva en cuya virtud se podrá negar total o parcialmente el acceso a la información, son las siguientes: "3. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública".
Particularmente, en el caso, al ser requerida la información, el Ejercito accedió a su entrega al funcionario de esa institución que lo solicitaba, pero condicionándolo a su consulta y descarga en archivos pdf., o mediante su entrega material, evitando solo entregar en forma digitalizada la información que se estaba requiriendo, fundando tal forma de entrega de información indicando "...que su contenido contiene materias relacionadas con Defensa Nacional, contiene aspectos de doctrina del ejército y las exigencias para la formación de especialistas dentro del ejercito por lo que se deben tomar medidas que eviten su difusión por las redes computacionales abiertas".
QUINTO: Que, asentados los términos del conflicto, para una correcta decisión del mismo, debe tenerse presente, que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8 de la Carta Política, se declara y dispone la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado como regla general. Cuyo tenor es el siguiente:
"Artículo 8°. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos v los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quorum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.".
Así, es claro que la regla y principio general sobre la materia, lo constituye la publicidad de los actos y resoluciones, a menos que una Ley de Quorum Calificado determine el secreto o reserva por las causales precisadas en la norma constitucional.
De esta norma constitucional, resulta claro que para negar la publicidad y el acceso a la información pública, es imprescindible que se "afecte" probadamente alguno de los bienes jurídicos protegidos que ella menciona.
En torno al tema en análisis, el artículo 5 de la Ley de Transparencia, N° 20.285, preceptúa que son públicos los actos y resoluciones de los órganos de la Administración del Estado, "sus fundamentos y los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo y esencial, y los procedimientos que se utilicen para su dictación".
Ha de mencionarse en este punto el artículo 3° letra g) del Reglamento de la Ley de Transparencia, citado por el Consejo, que indica que es sustento o complemento directo de un acto de la Administración: "los documentos que se vinculen necesariamente al acto administrativo en que concurren y siempre que dicho acto se haya dictado, precisa e inequívocante, sobre la base de esos documentos".
"Asimismo, es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información, que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".
Y todavía, puede citarse la "presunción de publicidad" establecido en el artículo 11 letra c) de la Ley de Transparencia, que declara: "...toda la información en poder de los órganos de la Administración del Estado se presume pública, a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas".
De lo que se lleva consignado puede concluirse que el solo hecho que un documento obre en poder de la Administración Pública hace que, en principio tenga carácter público, sin importar su origen, tal como señala el inciso 2° del Art. 5° de la Ley de Transparencia, y que para desvirtuar ello no basta que se invoque alguna de las causales de secreto o reserva del Artículo 21 de la Ley de Transparencia, sino que, además debe adecuarse a algunas de las hipótesis expresadas en el artículo 8° de la Carta Fundamental, estando obligado quien alega la reserva a acreditar los presupuestos que hagan aplicable alguna causal de secreto, y la verdadera afectación de los bienes jurídicos que se expresan en la norma constitucional.
La ya indicada causal de reserva invocada, por la reclamante, no ha resultado acreditada, desde luego tal entrega de información, del Reglamento RP ® 505 Especialidades Secundarias del Ejército, en la forma digitalizada pedida por el solicitante, no importaría un eventual conocimiento impropio para terceros de materias de Defensa Nacional o que importe el conocimiento de información relativa a develar contingentes bélicos o proyectos militares concretos que comprometan la nación.
SEXTO: Que, así las cosas, la información ordenada entregar según la decisión de amparo reclamada de ilegalidad, resulta del todo ajustada a la legalidad vigente, desde que la causal esgrimida para no entregar la información en la forma digitalizada requerida, (artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia), no comparece, al no concurrir a su respecto la causal de secreto o reserva, lo que conduce entonces a estimar entonces, que la decisión de Amparo C4995 18, no reviste Ios caracteres de ilegalidad que le atribuye la recurrente.
SÉPTIMO: Que los fundamentos contenidos en los basamentos anteriores, constituyen en opinión de esta Corte razones suficientes para desestimar la reclamación deducida en estos autos.
Por estas consideraciones y citas legales hechas, SE RECHAZA el Reclamo de Ilegalidad deducido en estos autos por el Consejo de Defensa del Estado, en representación del Ejército de Chile, en contra del Consejo para la Transparencia, Decisión de Amparo Rol N° C C4995 18, de dieciocho de abril del año en curso, sin costas, por estimarse que ha existido motivo plausible para litigar.
Redacción del Ministro (S) Sr. Andrade
Pronunciada por la Segunda Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Soledad Melo Labra e integrada por la Ministra señora Jessica González Troncoso y por el Ministro (S) señor Rafael Andrade Díaz.
Rol N° 271-2019.