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Timestamp: 2018-01-23 16:35:07
Document Index: 374640032

Matched Legal Cases: ['artículo 483', 'artículo 73', 'artículo 478', 'artículo 1', 'artículo 348', 'artículo 24']

Jesús Quintero Herrero
1 Recurso de casación e infracción procesal 1/2013 Excmo. Sr. Presidente / D. Fernando Zubiri de Salinas / Ilmos. Sres. Magistrados / D. Luis Ignacio Pastor Eixarch / D. Emilio Molins García-Atance / Dª. Carmen Samanes Ara / D. Ignacio Martínez Lasierra / A U T O Zaragoza a seis de marzo de dos mil trece. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- El Procurador de los Tribunales D. Fernando Gutiérrez Andreu, actuando en nombre y representación de D. José Luis, presentó ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza escrito interponiendo recursos de casación y de infracción procesal frente a la sentencia de fecha 12 de noviembre de 2012, dictada por dicha Sección en el rollo de apelación núm. 523/2012, dimanante de los autos de Procedimiento ordinario 361/2011-A, seguidos ante el Juzgado de 1ª Instancia num. Uno de Tarazona, siendo parte recurrida Dª. María Jesús, representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Lucia del Rio Artal y una vez se tuvo por interpuestos ambos recursos, se acordó el emplazamiento de las partes y la remisión de los autos a esta Sala. SEGUNDO.- Recibidas las actuaciones, se formó el rollo de casación e infracción procesal núm. 1/2013, en el que se personaron todas las partes, y seguidamente se pasaron al Excmo. Sr. Ponente para que se instruyese y sometiese a la deliberación de la Sala lo que hubiese que resolver sobre la admisión o inadmisión de los recursos interpuestos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 483 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En fecha 31 de enero de 2013 por providencia se acordó poner de manifiesto a las partes por diez días la posible causa de inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal:
2 Respecto al primer motivo en el que manifiesta la falta de fundamento, el razonamiento no es ilógico ni absurdo, y no hay reglas sobre la valoración de la prueba pericial; Y respecto al segundo, la sentencia de la Audiencia Provincial resuelve sobre el ejercicio de las dos acciones, desestimándolas, y motiva suficientemente sobre la no concurrencia de los requisitos para la prosperabilidad de la acción confesoria de servidumbre de luces y vistas. Dentro de plazo, las partes presentaron alegaciones en apoyo de sus pretensiones. Salinas. Es Ponente el Presidente de la Sala Excmo. Sr. D. Fernando Zubiri de RAZONAMIENTOS JURÍDICOS PRIMERO.- En el trámite de admisión del recurso de casación la Sala debe examinar en primer lugar su competencia, pronunciándose seguidamente, si se considerase competente, sobre la admisibilidad del mismo. Por lo que se refiere al primer extremo, debe declararse la competencia de este órgano jurisdiccional para conocer del recurso de casación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 73.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 478, núm. 1, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Civil y el artículo 1 de la Ley 4/2005 de las Cortes de Aragón, de 14 de junio, sobre la casación foral aragonesa. Conforme a dichos preceptos corresponde a esta Sala conocer de los recursos de casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros motivos, en infracción de las normas del Derecho civil aragonés. Y, examinado el recurso, vemos que se denuncia infracción del artículo 348 del Código Civil, el 566 del CDFA y los artículos 7 y 17 de la Ley de Propiedad Horizontal. SEGUNDO.- La sentencia, dictada en segunda instancia por la Audiencia Provincial de Zaragoza, es recurrible por razón de la cuantía, al 2
3 ser esta superior a euros y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 2.1 de la Ley 4/2005 de 14 de junio, sobre la Casación Foral Aragonesa. TERCERO.- La parte recurrente introduce, como primer motivo de recurso extraordinario por infracción procesal, al amparo del art , 2º y 3º de la LEC, la infracción de los arts. 217, y 348 de dicha ley procesal. Entiende que las reglas de la lógica y de la razón deben llevar a una conclusión probatoria respecto a los hechos en que funda el ejercicio de la acción reivindicatoria. Expresa, además, que dentro de las cargas procesales de la prueba no cabe otra que apreciar que un terreno que se dice incluido dentro de las paredes y techo de la edificación forma parte de la casa a que corresponden dichos elementos constructivos. Y entiende infringido el art. 348 respecto a la valoración de las periciales, argumentando que las conclusiones de la señora Abansés no son más fundadas que las del arquitecto Sr. Rivas. Como afirma la STS 766/2012, de 10 de diciembre, por lo que respecta a la posibilidad de revisar la prueba mediante el recurso extraordinario por infracción procesal, constituye doctrina constante de esta Sala (STS 10 de noviembre de 2011, entre las más recientes) que los errores en la valoración de la prueba no pueden ser canalizados por la vía del artículo º LEC, pues este motivo de infracción procesal está reservado al examen del cumplimiento de «las normas procesales reguladoras de la sentencia», las cuales comprenden el procedimiento para dictarla, la forma y el contenido de la sentencia y los requisitos internos de ella, pero no con carácter general las reglas y principios que deben observarse en la valoración de los distintos medios de prueba, que constituyen premisas de carácter epistemológico o jurídico-institucional a las que debe ajustarse la operación lógica de enjuiciamiento necesaria para la resolución del asunto planteado ( SSTS 28 de noviembre de 2008, RC núm. 1789/03 y 30 de junio de 2009, RC núm. 1889/2006). En consecuencia, la valoración de la prueba, como función soberana y exclusiva de los tribunales que conocen en las instancias, no es revisable en el recurso extraordinario por infracción procesal, salvo por la vía del artículo º LEC, cuando se conculque el artículo 24.1 CE por incurrirse en error de hecho palmario, irracionalidad o arbitrariedad (SSTS de 3
4 18 de junio de 2006, RC núm. 2506/2004, 8 de julio de 2009, RC núm. 693/2005). El carácter extraordinario de este recurso, que no constituye una tercera instancia ( STS de 29 de septiembre de 2009, RC núm. 1417/2005), impide, si no se demuestra de modo patente la existencia de una infracción de las reglas del discurso lógico aplicables al proceso, tratar de desvirtuar una apreciación probatoria mediante una valoración conjunta efectuada por el propio recurrente para sustituir el criterio del tribunal por el suyo propio ( SSTS de 9 de mayo de 2007, RC núm. 2097/2000, 27 de mayo de 2007, RC núm. 2613/2000, 15 de abril de 2008, RC núm. 424/2001, 30 de junio de 2009, RC núm. 1889/2006, 29 de septiembre de 2009, RC núm. 1417/2005). Doctrina del más alto tribunal que es plenamente aplicable al caso, en el que la parte recurrente invoca una irracionalidad o arbitrariedad por vía procesal no adecuada- que en modo alguno se produce. Las sentencias recaídas en las instancias han efectuado una valoración de las pruebas practicadas en autos, entre ellas la pericia, de modo razonado, sin que pueda dicha apreciación ser reputada como contraria a la lógica. Por otra parte, los artículos cuya infracción se denuncia no aparecen, siquiera inicialmente, como desconsiderados por el tribunal de segunda instancia: el 217, que fija normas sobre la carga de la prueba, de modo distinto al que pretende el recurrente la carga de la prueba de los hechos constitutivos de la pretensión corresponde a la parte que la ejercita-; el 218.2, en cuanto exige motivación suficiente, por cuanto la sentencia está suficientemente motivada; y el 348, por cuanto previene que los tribunales valorarán la prueba pericial conforme a las reglas de la sana crítica, como ha sucedido en el caso, sin que pueda prosperar en sede de un recurso de naturaleza extraordinaria la pretensión de sustituir la valoración de la prueba efectuada por el tribunal por la de la parte recurrente. CUARTO.- El motivo segundo se funda en infracción del art de la LEC, respecto de la desestimación de la acción confesoria de luces y vistas. Explica en el desarrollo del motivo que la sentencia de la Audiencia Provincial no ha motivado acerca de la acción confesoria de dicha servidumbre, que se dice constituida conforme al art. 566 del CDFA. 4
5 Aunque es cierto que la motivación al respecto es sucinta, no puede estimarse que sea inexistente, o que la sentencia haya dejado de abordar una de las pretensiones de la parte recurrente en su recurso de apelación. La sentencia de la Audiencia confirma la apelada, y lo hace expresando, al inicio de la fundamentación, que acepta los fundamentos de la sentencia recurrida, de modo que esta fundamentación por remisión a otros que estima suficientemente expresados basta para dar satisfacción al derecho a la tutela judicial, sin indefensión. Como expresa la STC 68/2011, de 16 de mayo (Sala Segunda) la tutela judicial efectiva del art CE incluye el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. La razón última que sustenta este deber de motivación reside en la sujeción de los jueces al Derecho y en la interdicción de la arbitrariedad del juzgador (art CE), cumpliendo la exigencia de motivación una doble finalidad: de un lado, exteriorizar las reflexiones racionales que han conducido al fallo, potenciando la seguridad jurídica, permitiendo a las partes en el proceso conocer y convencerse de la corrección y justicia de la decisión; de otro, garantizar la posibilidad de control de la resolución por los Tribunales superiores mediante los recursos que procedan, incluido el amparo. Por ello, nuestro enjuiciamiento debe circunscribirse a la relación directa y manifiesta entre la norma aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica; sin que exista un derecho fundamental a una determinada extensión de la motivación, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso en supuestos de motivación por remisión. En este caso la sentencia de primera instancia había argumentado acerca del derecho de servidumbre que esgrime el actor, tanto en lo relativo a su adquisición por usucapión como a la existencia de signo aparente y sus consecuencias jurídicas, analizando la prueba practicada a la luz de los artículos 561 y 566 CDFA, para concluir que no existía signo alguno de servidumbre. Tal argumentación es aceptada por la Audiencia, de modo que no puede invocarse ausencia de motivación. La conformidad a derecho de tales argumentaciones será objeto del recurso de casación, que se admite a trámite, y será resuelto en sentencia. 5
6 En definitiva, concurriendo la causa de inadmisibilidad recogida en el art º LEC, procede la inadmisión del recurso extraordinario por infracción procesal. aplicación, Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente La Sala ACUERDA: 1º.- Se declara la competencia de esta Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón para el conocimiento de los recursos por infracción procesal y de casación formulados contra la sentencia dictada por la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de fecha 12 de noviembre de º.- Inadmitir el recurso por infracción procesal interpuesto. 3º.- Admitir a trámite el recurso de casación interpuesto. Dése traslado del escrito de interposición a la parte recurrida para que en el plazo de veinte días puedan formalizar escrito de oposición, si lo estimare pertinente. Contra la presente resolución no cabe recurso alguno. Así lo acuerdan, mandan y firman el Excmo. Sr. Presidente y los Ilmos. Magistrados expresados al margen. 6