Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2005/C-333-05.htm
Timestamp: 2017-11-21 21:28:32
Document Index: 77113898

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 241', 'artículo 154', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 241', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 214', 'artículo 214', 'artículo 202', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 8', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 379', 'artículo 241', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 160', 'artículo 45', 'Artículo 45']

C-333-05
De conformidad con la jurisprudencia de esta Corte, ante la entrada en vigor del requisito señalado en el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003, los proyectos de ley o de acto legislativo cuyo trámite se haya iniciado antes de la entrada en vigencia de dicho Acto Legislativo, pero haya continuado bajo su vigencia, es exigible en aquellas etapas del proceso legislativo iniciadas con posterioridad al 3 de julio de 2003. En el presente caso, el proyecto de ley inició su trámite en la Comisión Segunda del Senado antes de la entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2003, y fue debatido y aprobado por dicha comisión el 18 de junio de 2003. Los tres debates subsiguientes se llevaron a cabo bajo la vigencia de dicho acto legislativo. En la Plenaria del Senado, -con el propósito de cumplir lo ordenado por el último inciso del artículo 160 de la Carta Política adicionado por el artículo 8 del Acto legislativo No.1 de 2003, pero haciendo una interpretación equivocada de esta regla constitucional, se anunció el debate y votación del Proyecto de Ley No. 206 de 2003, en la misma sesión en que fue aprobado. De conformidad con lo descrito en los párrafos anteriores, la Ley 898 del 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba “la Convención Interamericana contra el Terrorismo”, no cumplió la totalidad de los requisitos formales de orden constitucional para su aprobación.
Revisión de la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”
En el proceso de Revisión de la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”.
Mediante oficio del 26 de julio de 2004, el Presidente de la República remitió a esta Corporación copia de la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos” para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución.
“LEY 898
▪ Preámbulo.
▪ Disposiciones generales y aplicabilidad (artículos 1° a 3°).
▪ Medidas en materia de lucha contra la financiación del terrorismo (artículos 4° a 6°).
▪ Medidas de cooperación, asistencia y capacitación (artículos 7° a 11 y 16 a 17).
▪ Disposiciones especiales (artículos 12 al 15).
▪ Disposiciones finales (artículos 18 a 23).
Finalmente señala la Cancillería que, “la Convención se enmarca dentro de los principios del Derecho Internacional observados por Colombia, es coherente con las directrices constitucionales respecto de las cuales la cooperación e integración con los Estados de América y el Caribe es privilegiado, no se vulnera la soberanía, pretende la protección de las personas y se garantizan derechos como el debido proceso.”
Determinado lo anterior, la Vista Fiscal analiza la posibilidad de que el vicio decretado sea subsanable, dado que no sería necesario adelantar el procedimiento en su totalidad, por cuanto el artículo 8 del Acto Legislativo 01 de 2003 sólo se dejó de aplicar por el Senado en el segundo debate. En este sentido precisó que “la Corte podría ordenar la devolución de la ley al Congreso para que subsanara el vicio observado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 superior, según el cual ‘cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado (...)’.”
2. Trámite surtido para la aprobación de la Ley 898 de 2004
El Presidente de la República remitió a esta Corporación el 26 de julio de 2004, copia de la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos” para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución, es decir, dentro del término de los seis días que prevé el numeral 10° del artículo 241 de la Constitución Política.
El 30 de julio de 2002, el Presidente de la República impartió la aprobación ejecutiva y ordenó someter al Congreso de la República, la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.”[5]
2.4. Trámite legislativo que concluyó con la aprobación de la Ley 898 de 2004
- El Proyecto de Ley número 206 de 2003, fue presentado al Senado de la República por intermedio del Ministro de Relaciones Exteriores (E), el día 7 de mayo de 2003. El texto original, junto con la respectiva exposición de motivos, aparece publicado en la Gaceta del Congreso No. 196 del 12 de mayo de 2003,[6] cumpliendo así con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República y publicación previa a la iniciación del mismo en la comisión respectiva, establecido en el artículo 154 constitucional.
- La ponencia para el primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República fue presentada por los Senadores Enrique Gómez Hurtado y Jimmy Chamorro Cruz, en sentido favorable, según consta en la Gaceta del Congreso No. 270 del 11 de junio de 2003.[7]
- El Proyecto de Ley número 206 de 2003 Senado fue aprobado en primer debate en la Comisión Segunda del Senado el día 18 de junio de 2003, con una mayoría de 11 de los 13 senadores que componen esa célula legislativa, según consta en la Gaceta del Congreso No. 474 del 15 de septiembre de 2003.[8]
- La ponencia del Proyecto de Ley número 206 de 2003 Senado para segundo debate en Plenaria fue presentada por los Senadores Enrique Gómez Hurtado y Jimmy Chamorro Cruz, en sentido favorable, y publicada en la Gaceta del Congreso No. 477 de 18 de septiembre de 2003.[9]
- El Proyecto de Ley número 206 de 2003 Senado, fue incluido para debate y votación en el orden del día del 30 de septiembre de 2003, según consta en la Gaceta del Congreso No. 552 de 27 de octubre de 2003,[10] y fue aprobado en esa misma sesión por mayoría de 96 de los 102 Senadores que componen esa cámara.
- En la Cámara de Representantes, el Proyecto de Ley número 206 de 2003 Senado, fue radicado con el número 138 de 2003. La ponencia para primer debate fue presentada por el Representante Guillermo Antonio Santos Marín y publicada en la Gaceta del Congreso No. 666 de 9 de diciembre de 2003.[11]
- Según certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda Permanente Constitucional de la Cámara de Representantes, el debate y la votación del Proyecto de Ley No. 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue anunciado en la sesión del día 17 de marzo de 2004. [12]
- El Proyecto de Ley No. 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue aprobado por unanimidad, en primer debate en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de la Cámara el 24 de marzo de 2004, con la asistencia de 17 representantes, según consta en la certificación expedida por el Secretario General de dicha comisión el 24 de agosto de 2004. [13]
- La ponencia para segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes fue presentada por el representante Guillermo Antonio Santos Marín, publicada en la Gaceta del Congreso No. 221 de 25 de mayo de 2004.[14]
- El anuncio del debate y la votación del Proyecto de Ley No. 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara de que trata el artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003, se realizó en la sesión del 8 de junio de 2004, según consta en el Acta No. 109 de 2004, publicada en la Gaceta No. 365 de 21 de julio de 2004,[15] que a la letra dice:
- El Proyecto de Ley No. 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue debatido y aprobado en segundo debate en la Plenaria de la Cámara de Representantes, el día 9 de junio de 2004, por mayoría de votos, con un quórum de 160 Representantes, según consta en la certificación expedida por el Secretario General de la Cámara de Representantes del 6 de septiembre de 2004. [16]
- El texto definitivo del Proyecto de Ley No. 206 de 2003 Senado, 138 de 2003 Cámara fue publicado en la Gaceta del Congreso No. 424 de 2004.[17]
- El día 21 de julio de 2004 el Presidente de la República sancionó la ley aprobatoria de la Convención objeto de examen, convirtiéndose en la Ley 898 de 2004.
3. La entrada en vigor del Acto Legislativo 01 de 2003 y su aplicación a proyectos cuyo trámite se inició antes del 3 de julio de 2003.
A partir del 3 de julio de 2003, fecha en que entró en vigencia el Acto Legislativo 01 de 2003, deviene imperativo el cumplimiento del mandato contenido en el artículo 8 de dicho Acto Legislativo, que adicionó con un último inciso el artículo 160 Superior y según el cual “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
La finalidad de dicho precepto constitucional es, tal como lo ha reconocido esta Corporación, “permitir a los Congresistas saber con anterioridad cuales proyectos de ley o informes de objeciones presidenciales serán sometidos a votación, suponiendo el conocimiento pleno de los mismos y evitando, por ende, que sean sorprendidos con votaciones intempestivas[18].”[19]
“En relación con el requisito exigido por el artículo 8 del Acto Legislativo N° 01 de 2003, (...) la Corte considera que el mismo sólo le puede ser requerido a la Cámara de Representantes, en donde la ponencia para primer debate fue publicada el 22 de agosto de 2003, toda vez que el proyecto de ley fue aprobado en segundo debate en el Senado de la República el 19 de junio de 2003, fecha en la cuál aún no había sido expedido el referido Acto Legislativo -lo cual tuvo lugar el 3 de julio de 2003-.”[22]
“En cumplimiento del Acto Legislativo número 01 de 2003, a continuación se relacionan los proyectos que se discutirán y aprobarán en la presente sesión (...) Proyecto de ley número 206 de 2003 Senado, por medio de la cual se aprueba la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el trigésimo segundo período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Autores: Ministro del Interior, doctor Fernando Londoño Hoyos y Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco Isakson” . (Subrayado fuera de texto)
De conformidad con lo descrito en los párrafos anteriores, la Ley 898 del 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba “la Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos,” no cumplió la totalidad de los requisitos formales de orden constitucional para su aprobación.
Primero.- Declarar INEXEQUIBLE la Ley 898 de 21 de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos”.
Según la posición de la cual me aparto, la posibilidad de enmendar los vicios ocurridos en el trámite de una ley, prevista en el parágrafo del artículo 241 de la Constitución, no opera de manera automática sino que depende de que la naturaleza misma del vicio permita su subsanación, esto es “cuando se enfrentan vicios de procedimiento que no tienen una significación constitucional evidente.” En la presente oportunidad, dado que el vicio era de “rango constitucional, esto es una exigencia establecida por el propio Congreso para afianzar el principio democrático, el respeto por las minorías parlamentarias y la publicidad y transparencia del proceso legislativo, resultaba ser de naturaleza insubsanable.
La jurisprudencia ha dicho que son subsanables las irregularidades irrelevantes en el trámite legislativo “en la medida en que no vulnera(n) ningún principio ni valor constitucional, y en especial no llega(n) a afectar el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico institucional diseñado por la Carta.”[35]
Dicha hipótesis, tal como lo ha señalado esta Corporación,[36] constituye una manifestación directa del principio democrático en la medida en que permite que sea directamente el Congreso quien subsane los posibles yerros constitucionales en los que haya incurrido. Sin embargo, esta posibilidad se debe ejercer siempre en forma razonable, esto es, no puede implicar la repetición completa del procedimiento legislativo, puesto que una cosa es un vicio en el procedimiento, y otra muy distinta es la ausencia de procedimiento como tal. Así ha dicho la Corte que “para que se pueda hablar de un vicio saneable en el procedimiento de formación de la ley, es necesario que, cuando menos, se haya cumplido con las etapas estructurales de tal procedimiento”[37]
Es innegable la presencia del vicio de forma descrito, el cual, además, no puede considerarse irrelevante por cuanto compromete un principio constitucional importante en el proceso de formación de la ley, cual es el de publicidad; además, el vicio detectado deviene del cumplimiento inoportuno de un requisito expresamente exigido por el texto de la Carta, llamado a ser observado en un momento determinado del trámite y no en otro. No obstante, estima que la posibilidad de ser subsanado que presentaba tal vicio impedía llevar a la declaración de inexequibilidad total de la Ley que se revisaba. El artículo 5° de la Ley Orgánica del Reglamento del congreso a pesar de su carácter meramente enunciativo, es indicativa de la naturaleza de los vicios que deben estimarse insubsanables; a este respecto, si bien señala que no es posible reparar defectos que atenten contra “condiciones constitucionales” y “garantías constitucionales fundamentales”, es clara en señalar que la falta de tales “condiciones” o el desconocimiento de esas “garantías” se refiere a: (i) las circunstancias mismas en que se produce la “reunión de congresistas”, y no a cualquiera de los actos que dentro de tal reunión se cumplen; y (ii), la vulneración de garantías no es cualquiera, sino el desconocimiento de una de aquellas consideradas “fundamentales” es decir de los mismos derechos constitucionales. De esta forma, el artículo 5° de la Ley 5ª de 1992 permitía entrever lo que el legislador estatutario consideraba insubsanable, concepto bajo el cual sólo podían entenderse cobijados aquellos defectos de trámite de gran envergadura que significan graves atentados contra principios o valores constitucionales. De otro lado, la interpretación dada por la Corte al concepto de vicio insubsanable, por restringir las posibilidades de reparar defectos de trámite, resulta contraria al principio democrático. Además, la interpretación restrictiva dada por la mayoría a la noción de vicio insubsanable, resta eficacia a la fuerza normativa del artículo 214 de la Carta, sin razón suficiente que justifique tal restricción, pues solamente se apoya en el carácter superior de las normas constitucionales infringidas con el vicio, olvidando que la disposición que, sin tal límite, autoriza corregir los defectos de trámite, también es de carácter superior. Finalmente, dicha interpretación no atiende a la teleología o finalidad del artículo 214 constitucional, que aboga porque el trabajo legislativo sea en lo posible preservado, en todos aquellos eventos en que por la naturaleza de las cosas sea factible enmendar los vicios de trámite que puedan presentarse.
VICIO DE TRAMITE LEGISLATIVO-Aplicación del “plazo de treinta días” para el saneamiento/VICIO DE TRAMITE LEGISLATIVO-Término para el saneamiento (Salvamento de voto)
El plazo legal de treinta días en el artículo 202 de la Ley 5ª de 1992 no puede ser entendido como aquel dentro del cual debe rehacerse todo el proceso de expedición de la ley subsiguiente al defecto detectado, pues de esta manera cualquier vicio originado antes del primer debate en la cámara que dio inicio al trámite, o durante este debate, difícilmente podría ser convalidado. En esa interpretación, la norma que permite el saneamiento no produciría efectos en esos casos, por lo cual esta exégesis debe ser rechazada, acudiendo a otra que le conceda efectos útiles a la disposición en todos lo casos de vicios subsanables. Ahora bien, la posibilidad de subsanar exclusivamente la etapa del trámite afectada por el defecto de procedimiento depende de la separabilidad de dicha fase, asunto que necesariamente debe ser juzgado en cada caso particular. En el caso de la presente Sentencia, a juicio del suscrito no se presentaba una inseparabilidad que obligara necesariamente a repetir todo el trámite de la Ley 808 de 2004, aprobatoria de la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”. (i) En primer lugar, porque por la materia de que trataba el proyecto, esto es por referirse a la aprobación de un tratado internacional, las facultades del Congreso de la República presentaban ciertas particularidades: ciertamente, al órgano legislativo le compete, mediante ley “aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional” (C.P. Art. 150 numeral 16); el Congreso no puede en este caso modificar el texto del tratado sometido a su consideración, agregarle artículos nuevos, suprimir otros o alterar la redacción del texto; sólo, puede “aprobar o improbar” el tratado. Así las cosas, en el caso que ocupaba la atención de la Corte no se presentaba un supuesto de inseparabilidad de las etapas del proceso legislativo, inseparabilidad que pudiera provenir de que lo aprobado en primer debate condicionara lo que podía aprobarse en el segundo. (ii) En segundo lugar, el texto del proyecto de ley, que coincide con el del tratado, fue aprobado por amplia mayoría, por lo que no se desconoció el derecho de las minorías.
Revisión de la Ley 808 de 2004, aprobatoria de la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”, suscrita en Bridgetown, Barbados, el 3 de junio de 2002, durante el Trigésimo Segundo Periodo Ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estado Americanos.”
En la presente oportunidad, la Corte encontró que la Ley 808 de 2004 era inconstitucional por razones del trámite impartido, pues en la sesión plenaria del Senado de la República que se llevó a cabo el día 30 de septiembre de 2003, en la cual fue sometido a debate y se aprobó el correspondiente proyecto, no se dio cumplimiento a lo prescrito por el artículo 8° del Acto Legislativo N° 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Constitución con un inciso que dispone que ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado, y que “el correspondiente aviso se dará en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
No obstante, el segundo debate y la aprobación del proyecto en la Plenaria del Senado de la Republica tuvo lugar el día 30 de septiembre de 2003, para cuando tal Acto reformatorio de la Carta estaba en pleno vigor. Así pues, para ese momento era necesario dar cumplimiento a lo prescrito en el artículo 8° del Acto legislativo recién expedido[39], requisito que no se cumplió cabalmente, pues el anuncio del debate y de la votación se hizo en la misma sesión en la que tales actos se cumplieron, sin observar la exigencia de la nueva disposición, según la cual “el correspondiente aviso se dará en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
“De otro lado, ya en otras ocasiones anteriores la jurisprudencia, refiriéndose al tramite de la leyes, había explicado cómo algunas irregularidades en el procedimiento no son de tanta envergadura como para llegar a afectar la validez del acto, al punto de originar su inconstitucionalidad. A esta clase de irregularidades la Corte les había reconocido un carácter “irrelevante”. Para reconocer cuándo se está en presencia de esta clase de vicios intrascendentes, la jurisprudencia había señalado que si la actuación no vulnera ningún principio ni valor constitucional, y en especial no llega a afectar el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico institucional diseñado por la Constitución, el defecto del trámite podía estimarse irrelevante.[42]
“También había sido explicado por la Corte que en ciertas ocasiones se presenta otra categoría de vicios que si bien son relevantes, es decir susceptibles de afectar la validez del acto producido por el legislador, han sido subsanados durante el mismo trámite legislativo surtido en el Congreso, por lo cual, en estos casos no procede la declaración de inexequibilidad. Se trata entonces de vicios relevantes pero convalidados, que en aplicación del principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo procesal no deben dar lugar al pronunciamiento de inexequibilidad de la Corte.[43]
“Además, a esta posibilidad que tiene el mismo Congreso de subsanar el trámite se refiere expresamente la Ley Orgánica del Reglamento del Congreso, que en su artículo 2° consagra el “principio de corrección formal de los procedimientos”, según el cual en la interpretación de tal Reglamento debe tenerse en cuenta que es posible subsanar “los vicios de procedimiento que sean corregibles, en el entendido que así se garantiza no sólo la constitucionalidad del proceso de formación de las leyes, sino también los derechos de las mayorías y las minorías y el ordenado adelantamiento de las discusiones y votaciones.” También el artículo 5° ibidem alude a esta posibilidad de convalidar lo actuado, cuando al señalar qué clase de vicios son insubsanables prescribe:
“ARTICULO 5o. Jerarquía del Reglamento. En desarrollo y aplicación de este Reglamento se entenderán como vicios de procedimiento insubsanables de la Constitución Política:
“1. Toda reunión de Congresistas que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del Poder Público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales. En este evento sus decisiones carecerán de validez, y a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno.
“2. El vulnerarse las garantías constitucionales fundamentales.
“PARAGRAFO. Sobre reformas constitucionales prevalecerá lo dispuesto en el artículo 379 constitucional.”
“A este catálogo de irregularidades hay que agregar una tercera clase de vicios, que es la de aquellos que, si bien son relevantes y no han sido convalidados por el mismo Congreso, son susceptibles de ser corregidos posteriormente, para lo cual la misma Constitución y la Ley 5ª de 1992[44] confieren a la Corte la competencia para ordenar la subsanación correspondiente. En este sentido, el parágrafo del artículo 241 indica que “cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio, procederá a decidir sobre la exequibilidad del acto.”[45] Finalmente, aparecen aquellos vicios insubsanables que originan la inexequibilidad formal del acto sujeto a control de la Corte.
“Así pues, dentro de la gama de irregularidades que pueden presentarse en la tramitación de los actos que expide el Congreso en su doble calidad de legislador y constituyente derivado no todos tienen la virtud de originar la inconstitucionalidad de la actuación, por lo que el examen de la Corte, en respeto del principio democrático, debe descartar, en su orden: (i) el carácter irrelevante del vicio; (ii) su previa convalidación por el propio Congreso de la República; (iii) y, por último, si lo anterior no se presenta, el carácter subsanable del vicio que aun subsiste. Esto implica que existan unos pasos que debe seguir el juicio de inconstitucionalidad por razones del trámite, cuando se detecta la presencia de cualquier alteración. Tales pasos habían sido descritos con precisión por la Corte así:
“Así, para que el juez constitucional constate que ocurrió una irregularidad en el trámite de una ley es necesario que examine (i) si la entidad del defecto es tal que constituya un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) si en realidad es un vicio, debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado durante el trámite de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad.” [46]
2.3. Ahora bien, profundizando en torno del asunto de cuándo un vicio puede considerarse subsanable, en la Sentencia C-737 de 2001[47] la Corte había dejado sentado que “la posibilidad de saneamiento que otorga el ordenamiento jurídico se debe interpretar y ejercer en forma razonable; en otras palabras, no puede otorgarse a dicha facultad un alcance tan amplio, que acabe por desnaturalizar la noción misma de vicio del procedimiento legislativo. Para que se pueda hablar de un vicio saneable en el procedimiento de formación de la ley, es necesario que, cuando menos, se haya cumplido con las etapas estructurales de tal procedimiento”. (Negrillas fuera del original)
La jurisprudencia anteriormente comentada aportaba suficientes elementos de juicio que, en el caso presente, llevaban a conclusiones distintas de aquella a la que arribó la Sentencia de la cual me aparto. En efecto, tal jurisprudencia había dicho que la posibilidad de sanear un vicio considerado relevante requería que el mismo no implicara el incumplimiento de “las etapas estructurales” del procedimiento legislativo, es decir de aquellas fases básicas del procesos de formación de la ley. La Corte nunca había considerado que el solo hecho de que el vicio tuviera causa en el incumplimiento de un requisito exigido por el mismo texto superior producía automáticamente la inconstitucionalidad insubsanable. Y, adicionalmente, existían precedentes que afirmaban que, concretamente la pretermisión del requisito a que alude el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, era una vicio subsanable por no implicar la pretermisión de ninguna de las “etapas estructurales del procedimiento legislativo”. Tal precedente era el constituido por el Auto 038 de 2004, en donde expresamente la Sala Plena de la Corporación había entendido tal categoría de vicio era subsanable, “porque se respetaron las etapas estructurales del procedimiento legislativo y tan solo se omitió cumplir con el nuevo requisito de anunciar en sesión previa que se convocará para votación en una fecha futura prefijada.”[48]
La anterior disposición, a pesar de su carácter meramente enunciativo, es indicativa de la naturaleza de los vicios que deben estimarse insubsanables; a este respecto, si bien señala que no es posible reparar defectos que atenten contra “condiciones constitucionales” y “garantías constitucionales fundamentales”, es clara en señalar que la falta de tales “condiciones” o el desconocimiento de esas “garantías” se refiere a: (i) las circunstancias mismas en que se produce la “reunión de congresistas”, y no a cualquiera de los actos que dentro de tal reunión se cumplen; y (ii), la vulneración de garantías no es cualquiera, sino el desconocimiento de una de aquellas consideradas “fundamentales” es decir de los mismos derechos constitucionales.
Al respecto debe recordarse que tal plazo está establecido para que se “enmiende el defecto observado”. Este “defecto” afecta la constitucionalidad de aquella etapa del trámite que concretamente se ve aquejado por él. Puede tratarse de una etapa estructural del procedimiento, como el debate o la votación en una de las comisiones o cámaras legislativas, que se ha cumplido efectivamente, pero de forma defectuosa, por lo cual el error detectado debe corregirse. Ahora bien, lo propio del trámite de subsanación o saneamiento previsto por el constituyente y regulado por el legislador orgánico es que el mismo no necesariamente implica la repetición de todas las fases subsiguientes del proceso legislativo, a la manera de las nulidades procesales que se presentan en sede jurisdiccional. Obviamente, para que no sea necesario repetir todo el proceso legislativo subsiguiente al vicio, la etapa en que se produjo el defecto debe ser separable del trámite subsiguiente, de manera que la corrección del proceso sea lógicamente posible. Sobre este supuesto, la célula congresual correspondiente puede proceder a repetir el trámite defectuoso, sin necesidad de que se rehaga toda la actuación posterior.
3.3 En el caso de la presente Sentencia, a juicio del suscrito no se presentaba una inseparabilidad que obligara necesariamente a repetir todo el trámite de la Ley 808 de 2004, aprobatoria de la “Convención Interamericana contra el Terrorismo”. Ello por varias razones:
(i) En primer lugar, porque por la materia de que trataba el proyecto, esto es por referirse a la aprobación de un tratado internacional, las facultades del Congreso de la República presentaban ciertas particularidades: ciertamente, al órgano legislativo le compete, mediante ley “aprobar o improbar los tratados que el Gobierno celebre con otros Estados o con entidades de derecho internacional” (C.P. Art. 150 numeral 16); el Congreso no puede en este caso modificar el texto del tratado sometido a su consideración, agregarle artículos nuevos, suprimir otros o alterar la redacción del texto; sólo, puede “aprobar o improbar” el tratado. Así las cosas, en el caso que ocupaba la atención de la Corte no se presentaba un supuesto de inseparabilidad de las etapas del proceso legislativo, inseparabilidad que pudiera provenir de que lo aprobado en primer debate condicionara lo que podía aprobarse en el segundo.
1. En este proceso la Corte declara inexequible la Ley 898 de 2004, “por la cual se aprobó la Convención Interamericana contra el Terrorismo, suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Período Ordinario de Sesione de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos”, ya que advierte que en el debate y votación del proyecto de ley en la Plenaria del Senado, se omitió el requisito establecido en el artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003, al anunciarse su debate y votación en la misma sesión en que fue aprobado, toda vez que la norma constitucional prescribe que ningún proyecto será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado y que este anuncio debe hacerse en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación, requisito que no se cumplió en este caso. A juicio de la Corte, el haber pretermitido el requisito constitucional en el segundo debate en la Plenaria del Senado afectó también, consecuencialmente, la validez del trámite subsiguiente del proyecto de ley en la Cámara de Representantes.
Revisión de la Ley 898 de 21de julio de 2004, por medio de la cual se aprueba la “Convención Interamericana contra el Terrorismo” suscrita en la ciudad de Bridgetown, Barbados, el tres (3) de junio de dos mil dos (2002), en el Trigésimo Segundo Periodo Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
[22] Corte Constitucional, Sentencia C-780 de 2004, MP: Jaime Córdoba Triviño. En este caso el proyecto de ley 29 de 2002 Senado, 293 de 2003 Cámara, “por medio de la cual se aprueba el PROTOCOLO MODIFICATORIO A LA ‘CONVENCIÓN DE EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA Y EL REINO DE ESPAÑA’, suscrita en Bogotá el 23 de julio de 1892, hecho en Madrid el dieciséis (16) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999)”, fue tramitado ante la Comisión Segunda del Senado y ante la Plenaria del Senado antes de que entrara en vigor el Acto legislativo 01 de 2003. Algo similar ocurrió en las sentencias C-718 de 2004, MP: Alvaro Tafur Galvis, C-661 de 2004, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra.
[30] El artículo 8 del Acto Legislativo No. 1 de 2003, establece que “Ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
[40] Esta oportunidad, según e nuevo inciso del artículo 160 superior, es “en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”
[44] Ley 5ª de 1992. Art. 202 Vicios Subsanables: “Cuando la Corte Constitucional encuentre, en la formación de la ley o del acto legislativo, vicios de procedimiento subsanables, ordenará devolver el proyecto, la ley o el acto legislativo a las Cámaras Legislativas para que, de ser posible, enmiende el defecto observado. En este evento se dará prioridad en el Orden del Día. Subsanado el vicio dentro de los treinta (30) días siguientes a su devolución, se remitirá a la misma Corte para que decida definitivamente sobre su exequibilidad. Las Cámaras podrán subsanar los vicios presentados atendiendo las consideraciones y procedimientos formulados por la Corte Constitucional. En su defecto, una Comisión Accidental de mediación presentará una propuesta definitiva a las Plenarias para su aprobación o rechazo.”
[45] Armónicamente el artículo 45 del Decreto 2067 de 1991 dice lo siguiente: “ Artículo 45. Cuando la Corte encuentre vicios de procedimiento subsanables en la formación del acto sujeto a su control, ordenará devolverlo a la autoridad que lo profirió para que dentro del término que fije la Corte, de ser posible, enmiende el defecto observado. Subsanado el vicio o vencido el término, la Corte procederá a decidir sobre la constitucionalidad del acto.
“Dicho término no podrá ser superior a treinta días contados a partir del momento en que la autoridad está en capacidad de subsanarlo.”