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Timestamp: 2019-09-18 07:39:58
Document Index: 376708885

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'artículo 51', 'artículo 14', 'artículo 467', 'artículo 14', 'artículo 467', 'artículo 14', 'artículo 87', 'artículo 60', 'artículo 87', 'artículo 61', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 51', 'artículo 52', 'artículo 52', 'artículo 269', 'artículo 145', 'artículo 269', 'artículo 145', 'artículo 52', 'artículo 7']

﻿ SENTENCIA SL13624-2017/52378 DE AGOSTO 30 DE 2017
SENTENCIA SL13624-2017 DE 30 DE AGOSTO DE 2017
CONTENIDO:TERMINACIÓN DEL CONTRATO LABORAL POR MUTUO CONSENTIMIENTO. NO PUEDE EQUIPARARSE AL DESPIDO YA QUE EL ACUERDO SE PRESENTA POR EXTERIORIZACIÓN DE LA VOLUNTAD DE AMBAS PARTES, MIENTRAS QUE EN EL DESPIDO SOLO CONCURRE LA DE UNA DE LAS PARTES PARA RESCINDIR LA RELACIÓN. EN EL CASO, LA FINALIZACIÓN DEL VÍNCULO SE PRODUJO POR EL ACOGIMIENTO AL PLAN DE RETIRO VOLUNTARIO OFRECIDO POR LA EMPRESA, DECISIÓN RATIFICADA MEDIANTE CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL ANTE EL MINISTERIO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:EMPLEADOR, TRABAJADOR, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR MUTUO ACUERDO, TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO, VOLUNTAD CONTRACTUAL
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:550 DE OCTUBRE DE 2017, PÁG.1688
Sentencia SL13624-2017/52378 de agosto 30 de 2017
SL13624-2017
Rad. 52378
Decide la Sala el recurso de casación interpuesto por William Minota Ramos, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el 4 de mayo de 2011, en el proceso que promovió contra Bavaria S.A.
Se acepta el impedimento presentado por la dra. Jimena Isabel Godoy Fajardo, con base en la causal 12 del Código General del Proceso.
William Minota llamó a juicio a Bavaria S.A., para que se declarara que la terminación de su vínculo contractual fue en aplicación de la cláusula 14 de la convención colectiva de trabajo, con vigencia del 31 de enero del 2010 al 31 de diciembre de 2002, bajo la modalidad de despido sin justa causa. En consecuencia, pidió se condenará al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación convencional establecida en la cláusula 52 ibídem, debidamente indexada a partir del 8 de agosto de 2005, fecha en la que cumplió los 55 años de edad y las costas del proceso.
Fundamentó sus peticiones, en que fue vinculado a Bavaria S.A. bajo contrato a término indefinido desde el 26 enero de 1982 hasta el 16 de marzo de 2002, y el último cargo desempeñado fue el de operario de autoelevador grupo 7 operativo, con un salario de $ 39.638 diarios; que era beneficiario de la convención colectiva de trabajo, vigente entre el 1º de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2002, por lo cual, cuando la demandada adelantó el programa de reestructuración de la planta productiva en las cervecerías a nivel nacional y fue cerrada la dependencia donde laboraba en la ciudad de Bogotá, pidió su traslado a la ciudad de Cali, donde laboró hasta el año 2002, debido al cierre de la fábrica. Alega que tiene derecho a la pensión de jubilación, pues su despido se produjo bajo el amparo de la cláusula 14 convencional, la cual dispone que los trabajadores que se acojan al plan de retiro voluntario, pueden acceder a las sumas establecidas, sin que esto afecte su derecho a la prestación de retiro consagrada en el artículo 52 del mismo convenio (fls. 2 a 15).
Al dar respuesta a la demanda, la accionada se opuso a la totalidad de las pretensiones y propuso las excepciones de cosa juzgada, buena fe, subrogación total del riesgo pensional de IVM al ISS, inexistencia de las obligaciones reclamadas, falta de título y ausencia de causa jurídica en el demandante, cobro de lo no debido, compensación y prescripción.
Respecto a los hechos, aceptó la existencia del vínculo contractual, los extremos temporales, el último salario devengado por el extrabajador y la calidad de beneficiario de la convención colectiva de trabajo 2001-2002. Negó lo demás, al aseverar que se trata de afirmaciones indefinidas, por lo cual no está obligada responder (fls. 118 a 138).
El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Bogotá, mediante fallo del 15 de diciembre de 2001, absolvió a la enjuiciada de la totalidad de las pretensiones y se declaró relevada del estudio de las excepciones; condenó en costas a la parte demandante (fl. 220).
La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante fallo del 4 de mayo de 2011, confirmó la sentencia del a quo y no condenó en costas en esa instancia.
En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal consideró como fundamento de su decisión, la imposibilidad de acceder a los pedimentos del actor, pues concluyó con base en las pruebas anexadas al expediente, que el retiro de aquel fue por mutuo acuerdo entre las partes, como consecuencia de la carta de renuncia presentada por el actor, para acogerse al plan de retiro voluntario diseñado por la empresa.
Adujo que dicha decisión quedó ratificada mediante audiencia conciliación celebrada ante el Ministerio de la Protección Social, Dirección Territorial Valle del Cauca, en la cual se dejó constancia de la dejación voluntaria del cargo desempeñado por el demandante, para acceder a las sumas pactadas, por lo que no podía desconocer los acuerdos a los que llegaron las partes para poner fin al contrato, y se refirió a las sentencias CSJ SL, jul. 14/2005, rad. 25499 y CSJ SL, jun. 1º /2006, rad. 26830, sobre la materia.
Decidió no dar mérito probatorio al texto “Bavaria se reorganiza” aportado por el demandante, en cuanto coligió que dicho documento no conducía a determinar la culminación contractual como un despido injusto, y, además, que al carecer de firma y fecha no era posible determinar su proveniencia.
Por último, en lo tocante a la pensión de jubilación reclamada por Minota Ramos, el sentenciador de segunda instancia negó el derecho reclamado, pues sostuvo que, al no mediar despido sin justa causa, no se cumplían los presupuestos indicados en la cláusula 52 del convenio colectivo para conceder la prestación (fl. 229).
Interpuesto por el demandante, fue concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, que procede a resolverlo.
Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, revoque la de primer grado y acceda a las pretensiones de la demanda.
Con tal propósito formula dos cargos, replicados en tiempo.
Denuncia la sentencia del Tribunal por violar directamente, por falta de aplicación de:
(…) los artículo[s] 14 del Código Sustantivo del Trabajo (…), en relación con los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, 28 de la Ley 23 de 1991 (…) como violación de medio, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 467, 471 del Código Sustantivo del Trabajo, 8º de la Ley 171 de 1961 y 332 del Código de Procedimiento Civil, además de los artículos 48 (…) y 58 de la Constitución Política de Colombia, dentro de la preceptiva del artículo 51 de Decreto 2651 de 1991.
Para su demostración, adujo lo siguiente:
La disposición legal contenida en el artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo, comprende la irrenunciabilidad de los derechos y prerrogativas provenientes del trabajo humano como de orden público. La pensión especial de jubilación reclamada se incorpora por mandato expreso del artículo 467 del mismo Código Sustantivo del Trabajo al contrato de trabajo, como derecho irrenunciable que surge a partir del cumplimiento de la edad de los 55 años hasta tanto la entidad de Seguridad Social (ISS) asuma el riego (sic) de vejez (60 años), acreditados los requisitos de haber prestado los servicios laborales por un tiempo de servicio de 20 años o más, requisitos que no se discuten para los fines de la impugnación.
Sostiene que la equivocación del colegiado consistió en la no aplicación del artículo 14, lo que lo condujo a determinar que la pensión de jubilación era renunciable y había quedado comprendida en la conciliación celebrada por las partes.
Expone que “la irrenunciabilidad del derecho pensional convencional se pregona como un derecho que por mandato del artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo, no se vio afectado por las consecuencias que se derivan de haber dado aplicación a los artículos reguladores en materia de conciliación” y que, de haberlo advertido así, la decisión del ad quem no hubiera sido distinta a concluir que la pretendida pensión no solo estaba exenta de las consecuencias jurídicas derivadas de la conciliación, sino que la prestación de jubilación es un derecho irrenunciable y “carece de efecto legal negativo que impida su reconocimiento”.
Indica que la censura incurre en deficiencias de orden técnico, pues no demuestra los motivos por los cuales acusa la sentencia de segunda instancia, en tanto su escrito responde más a un alegato sobre los hechos de la demanda, los cuales considera no son susceptibles de ser planteados por la vía directa, por lo que solicita que el cargo sea rechazado.
Le asiste razón a la opositora en punto a las deficiencias de orden técnico, pues si bien, en la proposición jurídica el recurrente acusa la sentencia gravada por la vía directa, en la modalidad de infracción directa del artículo 14 del Código Sustantivo del Trabajo en relación con los artículos 20 y 78 del Código de Procedimiento Laboral, no se encuentra en el escrito de acusación argumento que soporte el cargo, a pesar de que es deber del impugnante sustentar de forma clara y precisa el yerro jurídico cometido por el Tribunal al momento de emitir su decisión de fondo, exigencia que no puede ser suplida por la Corte.
En reciente pronunciamiento, la Corte, en Sentencia CSL SL11763-2017, dijo sobre el tema:
Sea lo primero recordar que el recurso de casación, por lo extraordinario y, atendiendo su naturaleza, al momento de su formulación y posterior sustentación, imponen al recurrente el acatamiento de un mínimo de requisitos tanto de forma como de técnica que, al ser desconocidos, además de impedir que el fondo del debate sea abordado, lo condenan a su desestimación. El procurador, adicionalmente, no puede olvidar que este remedio procesal no atañe al aspecto fáctico de la controversia judicial (thema decidendum); menos está concebido como una nueva oportunidad para debatir el factum del litigio; y tampoco constituye una tercera instancia.
Uno de los objetivos del recurso extraordinario es escudriñar el contenido del fallo proferido por el ad quem (thema decissus), tratando de visualizar si incurrió en los yerros denunciados para, así, en una confrontación idónea, y si a ella hay lugar, quebrar la sentencia.
Ahora bien, tal como lo tiene regulado el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el Decreto 528 de 1964, artículo 60, el recurso extraordinario de casación, procede únicamente por dos motivos, i) ser la sentencia violatoria de la ley sustancial y, ii) haberse hecho más gravosa la situación del único apelante o de la parte en cuyo favor se surtió la consulta. Cuando la violación es de la ley sustancial, procede por vía directa y vía indirecta, asunto que encontramos regulado en el artículo 87 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el cual se observa que la vía directa tiene tres modalidades: infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea.
Observa la Corte que el recurrente, en su escrito de casación, y en su cargo primero, acusa la sentencia de ser violatoria de la ley sustancial, por vía directa en la modalidad de aplicación indebida, “en relación con las siguientes normas sustantivas: artículos 27, 32, 1618, 1620, 1621, 1622 del Código Civil; artículos 1º de la Ley 33 de 1895 y 36 de la Ley 100 de 1993; artículo 61 del CPL; artículos 2º, 29, 53 y 58 de la Constitución Nacional” (fl. 3, cdno. de casación). Sin embargo, salta a la vista la ausencia de sustento o argumento alguno que evidencie el yerro jurídico en que incurrió el tribunal.
De tal suerte que, al no encontrarse dentro del texto de la demanda de casación argumento alguno que soporte el cargo primero, puesto que el deber del impugnante era la sustentación de forma clara y precisó (sic) del yerro jurídico cometido por el Tribunal al momento de emitir su decisión de fondo, este resulta no próspero.
En consecuencia, el cargo no es estimable.
Denuncia la violación indirecta, por aplicación indebida de:
(…) los artículos 467, 471 del Código Sustantivo del Trabajo a través de los cuales infringió el artículo 14 del mismo Código Sustantivo del Trabajo, en relación con los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo, 28 de la Ley 23 de 1991 (…) como violación de medio, lo que condujo a la aplicación indebida del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y 332 del Código de Procedimiento Civil, además de los artículos 48 (modificado por el A.L. 01/2005) y 58 de la Constitución Política de Colombia, dentro de la preceptiva del artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.
Violación que se produjo, según afirma, a causa de los siguientes errores evidentes de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que en el texto Bavaria se reorganiza no puede tenerse como prueba por carecer de fecha de suscripción y al no determinarse de quien lo emana.
2. No dar por demostrado, estándolo, que la conciliación no comprende el derecho a la pensión de jubilación convencional consagrada en la cláusula 52.
3. Dar por demostrado, sin estarlo, que no se configura el derecho a la pensión de jubilación de carácter convencional consagrada en el artículo 52 como quiera que dicha cláusula trae como requisito que haya sido despedido el trabajador sin justa causa.
4. No dar por demostrado, estándolo, que el retiro del actor tuvo su origen en la reestructuración adelantada por la empresa en las cervecerías a nivel nacional.
Indica como pruebas mal apreciadas el texto “Bavaria se reorganiza” (fls. 72 a 78), el acta de conciliación (fls. 139 a 141) y la convención colectiva de trabajo 2001-2002, cláusulas 14 y 52 (fls. 19 a 71), y como pruebas no valoradas, la comunicación de 24 de septiembre de 2001 (fl. 202), las actas de conciliación de compañeros de trabajo del demandante (fls. 192 a 195, 198 a 200 y 204 a 206) y la demanda y su contestación (fls. 2 a 15 y 118 a 138).
Aduce que el Tribunal incurrió en errores evidentes y manifiestos de hecho, pues al valorar indebidamente las pruebas y al no apreciar algunas, llegó a la errada conclusión de que el retiro del trabajador no fue producto del cierre de las fábricas y dependencias de la compañía en los términos de los artículos 14 y 52 del convenio colectivo.
Sostiene que el colegiado agregó un requisito adicional para acceder a la pensión de jubilación el cual no se encuentra contemplado en la norma, esto es, que el trabajador haya sido despedido sin justa causa, por lo que, luego de transcribir la cláusula 52 del convenio, colige lo siguiente:
El titular dicta sobre la pensión para aquellos trabajadores de 20 años o más de servicio y menos de 55 años de edad, que dentro del contexto aplica una pensión a partir del cumplimiento de los 50 años de edad para aquellos trabajadores que sean despedidos sin justa causa en un porcentaje equivalente al 75% de la pensión que le hubiere correspondido al llenar los requisitos de edad, que no corresponde y por demás dista de la pensión de jubilación convencional motivo de impugnación que se consigna en el aparte final de la misma cláusula 52. En palabras concretas la pensión de jubilación convencional reclamada recoge unos requisitos totalmente diferentes a los que se consignan para la pensión inicial consagrada en la misma cláusula convencional por despido sin justa causa a partir de los 50 años de edad, los cuales están definidos plenamente por la jurisprudencia sobre éste tema en particular, como son llevar 20 o más años de servicio y cumplir con la edad de exigibilidad del derecho como son los 55 años.
Manifiesta que en el caso de la prestación de jubilación convencional, no se establecen las diferencias de edad para acceder al derecho, lo que sí sucede con los requisitos de edad y tiempo que se exigen para acceder a la pensión de vejez, situación que evidencia una total desconexión con la prestación reclamada, pues la pensión extralegal consagrada en el artículo 52 del convenio colectivo “opera sin discriminación de géneros, lo que confirma la total independencia y autonomía del derecho jubilatorio convencional que exige como único requisito haber laborado 20 años a (sic) más de servicios y acreditar una edad de 55 años”.
De igual forma, advierte que el sentenciador de segundo grado desatinó al concluir que el documento “Bavaria se reorganiza” no constituye prueba por faltar de firma y fecha de suscripción, pues dicho texto guarda correspondencia con la fecha de la carta de renuncia, su aceptación y el acta de conciliación.
Señala como último desacierto del operador judicial de segunda instancia, la falta de pronunciamiento sobre la conciliación suscrita entre las partes, pues según dice, dicho pacto no involucra el derecho a la pensión de jubilación reclamada, por lo cual no se puede colegir que la prestación demandada haya sido motivo de acuerdo.
Aduce que el impugnante no demuestra los motivos de casación indicados, pues, de las pruebas que indica como mal apreciadas o no valoradas por el Tribunal, solo se a expresar los alcances interpretativos, al igual que, pretende validar documentos que, en su concepto no, tienen valor probatorio, por tratarse de terceros ajenos al debate (fls. 21 a 30).
El problema jurídico que debe esclarecer la Corte en esta ocasión, consiste en dilucidar si el extrabajador que se acogió al programa de retiro voluntario ofrecido por la empresa demandada, tiene derecho a la pensión de jubilación establecida en la cláusula 52 de la convención colectiva de trabajo, suscrita entre Bavaria S.A y Sinaltrabavaria, teniendo en cuenta que presentó renuncia voluntaria y suscribió acta de conciliación ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.
No se encuentra en discusión la existencia de la relación de trabajo entre las partes, sus extremos temporales y demás condiciones para su ejecución, ni que el trabajador era beneficiario de la convención colectiva de trabajo, con vigencia del 1º de enero del 2001 al 31 de diciembre de 2002, y que la terminación del vínculo contractual se produjo como consecuencia de haberse acogido el demandante, al programa de retiro voluntario ofertado por la enjuiciada.
Precisado lo anterior, la disconformidad del recurrente, recae en la indebida apreciación del sentenciador de alzada de la cláusula 52 del convenio colectivo de trabajo (fls. 19 a 71), pues manifiesta, que este se equivocó al negar la pensión extralegal por inferir que no se cumplía el requisito de haber sido despedido sin justa causa, sin percatarse de que la citada normativa establece dos tipos de pensiones diferentes; la primera, para aquellos trabajadores que sean despedidos sin justa causa y tengan 20 o más años de servicio y menos de 55 de edad, los cuales pueden acceder a la prestación a partir de los 50 años de edad; y la segunda, contenida en el aparte final de la cláusula, con 20 o más años de servicio y haber cumplido 55 años de edad, sin ningún requisito adicional; es esta la pretendida por el accionante.
Para verificar si el sentenciador de segundo grado incurrió en el yerro endilgado, es necesario verificar lo estipulado en la cláusula 52 del convenio colectivo, la cual reza:
Cláusula 52. Pensión para trabajadores de veinte (20) o más años de servicio y menos de cincuenta y cinco (55) años de edad
Todo trabajador que sea despedido sin justa causa después de veinte (20) años de servicio, continuos o discontinuos, recibirá al cumplir los cincuenta (50) años de edad, una pensión equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) de la pensión que le hubiere correspondido al llenar los requisitos de edad. Cuando cumpla cincuenta y cinco (55) años de edad, la empresa le pagará la pensión ordinaria de jubilación.
Lo dispuesto en la presente cláusula no se aplica a los trabajadores que laboran en la Cervecería Águila.
Revisada la disposición trascrita, la Corte advierte que no le asiste la razón al recurrente en cuanto a la interpretación que propone, pues lo que en realidad preceptúa la norma, es que es necesario que el beneficiario haya sido despedido sin justa causa y tenga 20 años o más de servicio, cuando alcance los 50 años de edad, y cuando cumpla los 55 años de edad, le pagará la pensión de jubilación plena.
En consecuencia, no se advierte que el ad quem se hubiera equivocado al negar la pensión reclamada, por falta del requisito haber sido “despedido sin justa causa”, pues, desde el inicio de la contienda, quedó demostrado que la finalización del vínculo se produjo por el acogimiento al plan de retiro voluntario ofrecido por la empresa y, haber ratificado su decisión mediante conciliación extrajudicial ante el Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, lo que impidió al juez de alzada, conceder el beneficio convencional pretendido.
En lo que atañe al supuesto error del Tribunal, al no otorgarle mérito probatorio al texto “Bavaria se reorganiza” (fls. 73 a 78) por falta de firma y fecha de suscripción, hizo bien el sentenciador de segundo grado, pues la carencia de firma y por no tratarse de un manuscrito emanado de la enjuiciada, ni haber sido ratificado por ésta, carece de validez probatoria, según lo establece el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por integración del artículo 145 del Estatuto Procesal del Trabajo.
Esta Corporación, en Sentencia CSJ SL2176-2017, dijo sobre la materia:
El documento de folios 34 y 35 carece de firma. Al respecto tiene adoctrinado esta Corte que “documentos como el de folio 50, que menciona la censura como inapreciado, no están firmados o manuscritos por la parte contra quien se oponen y pudiera indicar que provienen de la enjuiciada, por manera que carecen de mérito probatorio, en virtud de lo normado por el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral en los términos del artículo 145 del procesal del trabajo” (Sent. CSJ SL13696-2016, ago. 17/2016, rad. 48943).
Por último, en cuanto a que en la conciliación no se involucró el derecho a la pensión de jubilación convencional reclamada, debe decirse que no existe el error enrostrado por el impugnante, en tanto la negativa de la pensión convencional, tuvo como soporte el hecho de que el demandante se acogió al plan de retiro propuesto por la enjuiciada y el haber firmado de común acuerdo la terminación de su vínculo contractual, lo cual acarreó el incumplimiento del requisito establecido en el artículo 52 convencional.
En un caso de iguales contornos, la Sala de Casación Laboral, en Sentencia CSJ SL11003-2017, asentó que:
Esta última premisa no se encuentra satisfecha en el caso en estudio, pues es un hecho sin discusión y objeto de expresa aceptación en el cargo, que la recurrente y la Cervecería Águila S.A., conciliaron ante el Ministerio del Trabajo el finiquito del vínculo laboral, que fue por “(…) mutuo consentimiento (…)”, circunstancia que impide el reconocimiento pensional, tal como lo concluyó el juez de apelaciones.
Sobre el particular, la Sala en Sentencia SL38435, mayo 4/2010, al analizar el mutuo consentimiento como incumplimiento de los requisitos convencionales para acceder a la pensión discutida, puntualizó:
Así mismo, no se configura el derecho a la pensión de jubilación de carácter convencional consagrada en la cláusula 52 (fl. 568), que trae como requisito o exigencia para que el trabajador con más de 20 años de servicios pueda pensionarse con 50 años de edad, que haya sido “despedido sin justa causa”, lo cual no se cumple en esta oportunidad, si se tiene en cuenta que como atrás suficientemente se explicó, el motivo de la ruptura del contrato de trabajo lo fue el mutuo acuerdo de las partes.
Así las cosas, en los términos del artículo 7º de la Ley 16 de 1969, al no demostrar el recurrente los errores de hecho por los cuales acusa la sentencia de segundo grado, se mantiene intacta la doble presunción de acierto y legalidad con que viene revestida. Por lo que, bajo tales miramientos el cargo tampoco prospera.
Las costas, a cargo de la parte recurrente. En su liquidación, que debe hacer el juez de conocimiento, inclúyase como agencias en derecho la suma de $ 3.500.000.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el cuatro (4) de mayo de dos mil once (2011) por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por William Minota Ramos contra Bavaria S.A.
Magistrados: Donald José Dix Ponnefz.—Jimena Isabel Godoy Fajardo, impedida.—Jorge Prada Sánchez.