Source: http://www.escuelamagistratura.gov.ar/opinion-justicia-salta.php?IdOpinion=102
Timestamp: 2019-06-18 17:42:15
Document Index: 337994415

Matched Legal Cases: ['artículo 220', 'artículo 222', 'artículo 54', 'artículo 144', 'artículo 441', 'artículo 445', 'artículo 441', 'artículo 437', 'in fine']

La inoponibilidad como remedio de actividad procesal defectuosa en sede penal | Opinión de Dr. Josías David Gana, Salta, Argentina
Dr. Josías David Gana
Josías David Gana
El ensayo que a continuación presento tiene como objetivo el análisis de la posibilidad de aplicación del instituto jurídico de la inoponibilidad -extraño en el ámbito del derecho adjetivo local- en nuestro proceso penal, advirtiendo su conveniencia respecto de situaciones que configuran actividad procesal defectuosa y en las cuales la aplicación de las sanciones o remedios que nuestra ley de forma recepta, conllevaría a soluciones que no se condicen con un estricto criterio de justicia en el caso concreto.
Habiendo ya delimitado el objeto del presente trabajo, considero también importante destacar que no pretendo realizar un análisis exhaustivo sobre el instituto, sino simplemente un breve comentario acerca de los eventuales beneficios que reputaría su inclusión al proceso penal como respuesta ante determinadas situaciones de excepción.
II. Actividad procesal defectuosa en general
Sabemos que la actividad procesal defectuosa es la falta de adecuación entre lo reglado -en el ámbito legal- y lo realizado -en el ámbito material-, proveniente de las partes o del órgano jurisdiccional. En otras palabras, estamos en presencia de actividad procesal defectuosa cuando un sujeto no respeta las normas referentes a su actuación dentro del proceso penal, lo que genera consecuencias de diversa índole, contempladas por la misma ley.
III. Actividad procesal defectuosa en el nuevo Código Procesal Penal de Salta
El nuevo Código Procesal Penal -Ley Nº 7690 y modificatorias- ha producido profundas modificaciones en nuestro sistema procesal penal, incluso importante doctrina de nuestro fuero lo ha calificado como un cambio de paradigma; sin embargo, en lo que respecta a la actividad procesal defectuosa no ha variado demasiado su regulación en relación al Código que ha sido derogado.
En primer lugar, se planteó una amalgama de dos sistemas procesales diferentes: por un lado, su artículo 220 estatuye como regla general un sistema de numerus clausus o taxatividad de nulidades procesales; y, por otro lado, su artículo 222 erige un sistema proteccionista de normas constitucionales, que manda al Juez a declarar -inclusive de oficio- la nulidad de toda violación a las formas que afecten garantías constitucionales, en los casos de los incisos a), b) y c) del dispositivo 221.
En segundo lugar, y considerando específicamente el objeto de este ensayo, tenemos que las sanciones procesales siguen siendo las mismas: nulidad e inadmisibilidad, las que una vez declaradas dentro de un proceso en particular, producen prácticamente las mismas consecuencias, lo que -en mi criterio- no se ajusta a todas las situaciones que la práctica puede presentar, pues significa -en términos médicos- intentar curar todas las enfermedades con un mismo remedio. En otras palabras, se instituye a la nulidad como una “llave maestra”, debiendo abarcar toda situación de ineficacia, perdiendo así su especialidad, derivando en una tautología hablar de “ineficacia” o de “nulidad”.
Así las cosas, podemos advertir que no se ha contemplado una categoría ya aceptada pacíficamente por parte de la doctrina, cual es la inexistencia, lo que considero que ha sido un acierto, pues la inexistencia no es propiamente una categoría jurídica, sino más bien fáctica o de la realidad, y, por otra parte, no existe argumento de peso respecto a la conveniencia de su inclusión, pues -en la práctica- el efecto de su declaración sería el mismo que el de la nulidad, y en la mayoría de los casos es hastaconveniente la conminación expresa por parte del órgano jurisdiccional, en aras a una mayor protección de la seguridad jurídica[1].
Ahora bien, lo que sí considero que ha sido una omisión inconveniente, es no haber receptadola categoría jurídica de la inoponibilidad como sanción legal a la actuación procesal defectuosa, siendo que mutatis mutandi sería positiva su inclusión como respuesta del ordenamiento jurídico en los casos en que la nulidad o inadmisibilidad no alcancen a constituir una solución adecuada ante determinadas hipótesis.
IV. Origen, fundamentos y aplicabilidad en el régimen procesal
Haciendo un breve repaso de su inclusión en nuestro derecho argentino, encontramos su primera aparición en el artículo 54 de la Ley de Sociedades Nº 19550, donde bajo el título de “inoponibilidad de la personalidad jurídica” se establece como sanción a la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, imputándosele directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Reparemos, entonces, en que cuando se produce -entre otros supuestos- la frustración de derechos de terceros, la ley sanciona con la inoponibilidad de la personalidad jurídica a tal actuación contraria a derecho.
Explicando las diferencias entre las sanciones de nulidad e inoponibilidad en el ámbito del Derecho Privado, los profesores BENJAMÍN PÉREZ y BENJAMÍN PÉREZ RUIZ[2]manifiestan que si bien ambas categorías se encuentran comprendidas por el género de la ineficacia -a la que definen como la privación o disminución de los efectos propios de un acto jurídico, esto es, los efectos que las partes persiguen de manera inmediata al otorgarlo-, la primera configura un supuesto de ineficacia absoluta, en tanto la segunda encuadra como hipótesis de ineficacia relativa, lo que redunda en distintos efectos jurídicos: la nulidad aniquila los efectos propios del acto, y la invalidez es invocable erga omnes (ineficacia absoluta), y solo excepcionalmente puede mantener los efectos con relación a alguien; en tanto la inoponibilidad mantiene los efectos propios del acto, y la validez puede invocarse erga omnes (ineficacia relativa), y solo excepcionalmente se niegan los efectos con relación a determinados terceros protegidos por ley, quienes pueden desconocerlo, porque le es inoponible. Por último, los citados autores expresan -con cita en LLAMBÍAS- que la nulidad es un “modo de ser” vicioso del acto, un estado (vicioso, nulo); y siempre constituye una imperfección estructural, originaria, genética o innata; en cambio, en la inoponibilidad, no está en juego la validez del acto mismo, y la causa de inoponibilidad si bien también es originaria, a veces debe completarse con una circunstancia sobreviniente.
Volviendo al ámbito legal, encontramos que el nuevo Código Civil y Comercial, Ley Nº 26994, incorpora en su artículo 144 la regulación de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, en similares términos que los contenidos en la Ley de Sociedades; asimismo, respecto al Fraude, en los artículos 338 a 442.
Quid de la cuestión:Siendo aplicable el instituto de la inoponibilidad a cualquier tipo o especie de actos jurídicos -y siendo el acto procesal una de esas especies- entiendo que es viable su aplicación dentro del proceso.
Es particularmente aplicable a los casos de actos procesales que han producido sus efectos respecto a uno o más sujetos procesales, pero no respecto a todos ellos; y, de proceder la declaración de nulidad, se beneficiaría o -al menos- se le reeditaría la posibilidad de actuación a los sujetos para los cuales el acto había sido perfectamente válido, y -por lo mismo- no se justificaría la diferencia de trato más beneficioso que al sujeto perjudicado por la actividad procesal defectuosa.
Veamos un ejemplo práctico: la primera parte del artículo 441 de nuestro Código Procesal Penal regula el ofrecimiento de prueba de la siguiente manera: “Vencido el término de citación a juicio, el Presidente notificará a la Fiscalía, las partes y a la víctima para que en el término común de diez (10) días ofrezcan prueba…”. Ahora bien, supongamos que el Presidente del Tribunal procede a la notificación del Ministerio Público Fiscal y de víctima, y omite realizar la notificación de la Defensa. A continuación, tanto el Fiscal como la víctima ofrecen la prueba en ese término común de diez días, por lo que el Tribunal procede a dictar el respectivo Auto de Prueba y a fijar la Audiencia de Debate en los términos del artículo 445. Con posterioridad, se presenta la Defensay arguye la nulidad del Auto de Prueba, por no haber sido notificada, y tal circunstancia haberle imposibilitado ofrecer la prueba de la que intentaba valerse. Acto seguido, el Tribunal procede a la declaración de nulidad de ese Auto de Prueba, ordenando -en consecuencia- la notificación a la Defensa del decreto del artículo 441. Hasta aquí no se vislumbrarían mayores problemas, si es que tanto la víctima como la Fiscalía se limitarían a ofrecer la prueba antes ofrecida, sin agregar ni quitar nada, y la Defensa técnica -ahora sí- tendría la posibilidad de hacer lo suyo. Pero… ¿qué pasaría si el Fiscal o la víctima, durante este nuevo plazo común de diez días -al haberse declarado la nulidad del Auto de Prueba- agregarían nueva prueba que, por simple omisión o negligencia, antes no hubieren ofrecido?… y, ¿si esa prueba fuere trascendental, tanto como para influir decisivamente o determinar el resultado del juicio?¿Qué fundamento existe para que tanto Fiscalía como víctima se beneficien de la omisión del Presidente del Tribunal que sólo afectó al imputado y a su Defensa? ¿Qué le convendría a la Defensa del imputado: no hacer valer la nulidad que lo protege, ante la omisión de ofrecimiento de prueba trascendental de cargo; o bien, solicitar la nulidad del Auto de Prueba, y enfrentar eventualmente la prueba de cargo que sea ofrecida en el nuevo plazo, que alcanzaría a todos? ¿Cuál es la razón de ser, de endilgarle ineficacia absoluta -nulidad- a un acto que ha producido válidamente todos sus efectos respecto a alguno o algunos de los sujetos procesales, y ha afectado sólo a otro?
Estos inconvenientes prácticos serían fácilmente sorteados si se incluiría a la inoponibilidad como remedio de actividad procesal defectuosa, pues bastaría con declarar inoponible el Auto de Prueba respecto a la Defensa del imputado: así, la parte afectada podría ofrecer la prueba de la que intente valerse, y tanto víctima como M.P.F. no tendrían ninguna posibilidad de modificar su ofrecimiento, pues -para ellos- el acto sería perfectamente válido, y habría surtido ya todos sus efectos jurídicos.
Una situación similar podría presentarse respecto al plazo común del artículo 437 y, en general, en todos los supuestos en que la declaración de nulidad, más allá de beneficiar al sujeto que la protección ampara, reportaría una ventaja no justificable respecto a otro.
Por lo expuesto, considero que en esas situaciones de excepción, en las que no se vislumbra a la nulidad como respuesta adecuada -por su carácter de ineficacia absoluta-, debería ceder espacio a la inoponibilidad -ineficacia relativa-.
Se podrá argumentar que a idéntico resultado se podría arribar a través de la rectificación del acto atacado (art. 226 in fine del Código Procesal Penal de Salta), pero he aquí -justamente- la ampliación técnicamente inconveniente del instituto de la nulidad, puesto que no parece conceptualmente correcto hablar de “rectificación” de un acto nulo, so riesgo de renunciar a una adecuada caracterización de la naturaleza jurídica de los institutos legales.
[1]En idéntico sentido se expide JORGE A. CLARIÁ OLMEDO en “Derecho Procesal Penal – Tomo II”, actualizado por Carlos Alberto Chiara Díaz, pág. 214 – Editorial Rubinzal – Culzoni.
[2]“Curso de Derecho Civil – Parte General” – Benjamín Pérez y Benjamín Pérez Ruiz, págs. 373 a 376; Editorial Virtudes – 1ª edición.
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