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Timestamp: 2020-07-15 19:30:33
Document Index: 87435996

Matched Legal Cases: ['artículo 1108', 'artículo 1045', 'artículo 1169', 'artículo 773', 'artículo 980', 'artículo 861', 'artículo 1320', 'artículo 1643']

Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 5 de Diciembre de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 31805863
El Licenciado J.P., en su condición de apoderado especial sustituto de la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., ha interpuesto recurso de casación contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 29 de junio de 2000, dentro del proceso ordinario con demanda de reconvención instaurado por la parte recurrente contra la señora ROSA GLADYS DE V. y la sociedad BACVEL, S.A.
El recurso de casación fue admitido por esta Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se procede a resolver los méritos del mismo, previas las siguientes consideraciones.
El presente proceso ordinario se inició ante el Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí, con la demanda que interpuso la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO contra la señora R.G.B.D.V. y la sociedad BACVEL, S.A., con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones:
"PRIMERA: Que entre FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., con cédula de identidad personal número 4-22-409, por una parte, y por la otra, R.G.D.V., con cédula de identidad personal número 4-67-8, ha existido, desde hace varios años, una relación contractual de arrendamiento, sobre parte de la finca No. 6554, inscrita al Tomo 649, folio 546, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, perteneciente a FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO.
Que, además de R.G.D.V., la sociedad BACVEL, S.A. ha estado, desde hace varios años, haciendo uso de los bienes inmuebles arrendados y fusionados en uno solo, parte de la finca No. 6554, inscrita al Tomo 649, Folio 546, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, del Registro Público, perteneciente a FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO.
Que, a consecuencia de la declaración anterior, BACVEL, S.A. se ha estado beneficiando económicamente y de manera directa, por razón de que ha estado ejerciendo los derechos de uso, sobre los bienes inmuebles arrendados y fusionados, pertenecientes a FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., sin que hubiese compensado, a esta última, el beneficio que ha estado recibiendo de su propiedad.
Que, a la fecha, existe una morosidad en el pago de TRECE MIL OCHOCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.13,800.00) que se adeudan a FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., en concepto de cánones de arrendamientos vencidos a la fecha, más los intereses que se hayan causado hasta la actualidad.
Que, a consecuencia de las declaraciones anteriores, la señora R.G.D.V. y BACVEL, S.A. están obligados, solidariamente, a pagar a FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.13,800.00) que adeudan en concepto de cánones de arrendamientos vencidos a la fecha, más los intereses vencidos a la fecha, más los intereses y daños y perjuicios que se causen hasta el día de su cancelación, costas y gastos judiciales." (Fs. 4-5)
Por su parte, la señora R.G.B.D.V. contestó la demanda a la que nos referimos anteriormente y, a su vez, interpone demanda de reconvención en la que solicita las siguientes declaraciones:
"PRIMERO: Que R.G.B.D.V. nunca tuvo morosidad alguna de TRECE MIL OCHOCIENTOS BALBOAS con FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. tal como alegan en demanda interpuesta contra nuestros poderdantes el 10 de agosto de 1992 ante el Juzgado Segundo de Circuito de Chiriquí.
Que BACVEL, S.A., nunca tuvo relación Comercial o contractual alguna con F.D.C. DE PUY de ROMERO y por ende no tiene obligación para con ella.
Que el Secuestro efectuado por FELICIA DEL CARMEN DE PUY de ROMERO contra R.G.B.D.V. y BACVEL, S.A., fue con el objeto de sacar a la Arrendataria del local arrendado mediante estratagemas legales puesto que no había forma de sacarla, ni por morosidad ni por incumplimiento de contrato.
Que FELICIA DEL CARMEN DE PUY de ROMERO interpuso maliciosa y temerariamente Secuestro y Demanda Ordinaria Declarativa de Mayor Cuantía contra R.G.B.D.V. y BACVEL, S.A.
Como consecuencia de lo anterior la demanda y el Secuestro promovidos por FELICIA DEL CARMEN DE PUY de ROMERO contra R.G.B.D.V. y BACVEL, S.A., son ambas temerarias y le han provocado a mis clientes daños y perjuicios por la suma de CUARENTA MIL BALBOAS, salvo mejor tasación pericial." (Fs. 61-62)
Una vez cumplidos todos los trámites correspondientes a esta clase de proceso, el Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí dictó Sentencia No. 152 de 17 de noviembre de 1998, en la que absuelve a la señora R.G.B.D.V. del pago de B/13,800.00 solicitado por la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. y la condena al pago de costas por la suma de B/.2,760.00 en el proceso principal. Igualmente, en relación con la demanda de reconvención, absuelve a la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO de pagarle a la señora R.G.B.D.V. la suma de B/40,000.00 y la condena en costas por la suma de B/8,000.00 por razón de la demanda de reconvención.
Ambas partes apelaron de esta decisión y en virtud de dichos recursos, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial dictó sentencia fechada 29 de junio de 2000, por medio de la cual "REFORMA la Sentencia #152 del 17 de noviembre de 1998, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí en el sentido de ABSOLVER a la sociedad anónima BACVEL, S.A., CONDENA EN ABSTRACTO a FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. a pagar los daños y perjuicios causados a R.G.B.D.V. en la demanda ordinaria en reconvención y la CONFIRMA en todo lo demás. Se IMPONE costas en segunda instancia a la demandante apelante en el proceso principal las que se fijan en la suma de cincuenta balboas (B/.50.00)." (F. 821)
Contra esta decisión interpuso recurso de casación la representación judicial de la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., el cual consta de dos causales de fondo que se proceden a resolver con la debida separación que impone la ley.
La primera causal consiste en la infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.
En los motivos que le sirven de fundamento, la recurrente plantea lo siguiente:
"PRIMERO: El Tribunal no advirtió que en el expediente del proceso existen informes periciales (ver fojas 431 a 435; 436 a 440; y, 441 a 442), la diligencia de depósito judicial o secuestro (ver f. 400), el reconocimiento del hecho por R.G.B.D.V. (ver f. 54, hecho primero de la demanda) y el testimonio de H.C.G. (Ver f. 92), las cuales en su conjunto y con el apoyo de las demás evidencias procesales, demuestran plenamente el hecho de que BACVEL, S.A. ocupó dos locales unidos en la finca 6554 de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí, perteneciente a FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., con lo cual la sentencia recurrida incurrió en error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, al haber ignorado, respecto del hecho expresado, tales medios probatorios, lo que trajo como consecuencia que se tuviera como no probada la mencionada ocupación de BACVEL, S.A. respecto de los locales unidos de la finca aludida, error éste que influyó sustancialmente en la parte dispositiva de la resolución recurrida, pues tales pruebas eran importantes para la demostración del hecho sexto y quinto de nuestra demanda.
Al no haber advertido el Tribunal Superior que en el expediente del proceso constan válidamente las pruebas periciales (ver fojas 431 a 435; 436 a 440; 441 a 442), documentales (ver fojas 400 y 54) y testimoniales (ver fojas 92) que se mencionan en el motivo anterior y que demuestran que BACVEL, S.A. sí hizo uso de dos locales unidos en la finca 6554 de la sección de la propiedad, Provincia de Chiriquí, perteneciente a F. delC. de Puy de R., la resolución recurrida incurrió en el error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba denunciado con sus consecuencias en el motivo anterior, y con ello en infracción de las normas legales que tutelan el reconocimiento de esos medios probatorios, los cuales, a pesar de estar reconocidos por la ley, fueron ignorados como pruebas legales dentro de este proceso civil.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Superior dejó de aplicar las normas sustantivas de derecho que gobiernan las relaciones jurídicas entre las partes, infringiéndolas en el concepto que se expresa en la causal, pues de haber sido aplicadas con vista en la realidad material del proceso, las demandadas habrían sido condenadas como se pide en la demanda." (Fs. 860-861)
Como consecuencia de los errores probatorios que se le imputan a la sentencia de segundo grado, la parte recurrente alega la violación de los artículos 780, 834, 903, 907 y 966 del Código Judicial; 974, 976, 1303 y 1643a del Código Civil y 220 y 221 del Código de Comercio.
Antes de entrar a analizar los cargos planteados en los motivos anteriormente transcritos, es preciso señalar que de acuerdo con la demanda que dio inicio al presente proceso ordinario, la cual es consultable de fojas 4 a 9, la presente controversia se origina en los siguientes hechos:
1) El 1 de abril de 1986 la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. le arrendó a la señora R.G.B.D.V., un local comercial situado en la ciudad de D., Provincia de Chiriquí, el cual forma parte de la Finca No. 6554, inscrita al Tomo 649, Folio546 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Chiriquí perteneciente a la demandante.
2) El 15 de septiembre de 1986 se celebró otro contrato de arrendamiento entre las mismas partes, sobre otro local de la mencionada finca, "sin menoscabar en forma alguna, la vigencia del contrato anterior, pues se trataba de un segundo local que se estaba arrendando".
3) Los mencionados contratos de arrendamiento, en virtud de la tácita reconvención, fueron renovados por las partes y se mantuvieron en vigencia hasta la fecha de la presentación de la demanda, "ejerciendo la arrendataria los derechos de uso de los locales arrendados y fusionados en uno solo".
4) Además de la señora R.G.B.D.V., la sociedad BACVEL, S.A. ha estado, desde hace varios años, haciendo uso de los bienes inmuebles arrendados, en vista de lo cual se ha estado beneficiando económicamente por razón de dicho uso, sin que hubiese compensado a su propietaria por ese beneficio.
5) Tanto la señora ROSA G.B.D.V. por razón de los contratos de arrendamiento, como BACVEL, S.A. por el beneficio que ha estado percibiendo por el uso de los locales arrendados, "estaban y están obligados, solidariamente, a pagar, todos los meses, a nuestra mandante, la cantidad que resultara de la suma de los cánones de arrendamiento mensuales pactados en ambos contratos, en los primeros 10 días de cada mes".
6) Que las demandadas incumplieron sus obligaciones de pago reiteradamente, razón por la cual mantienen, a la fecha de la presentación de la demanda, "un saldo deudor moroso, hasta por la suma de TRECE MIL OCHOCIENTOS BALBOAS con 00/100 (B/.13,800.00)".
Por su parte, la sentencia de segunda instancia arribó a las siguientes conclusiones, en relación con los hechos descritos:
1) Que la sociedad BACVEL, S.A. no puede ser demandada en este proceso, por no tener legitimación pasiva para ello, toda vez que dentro del presente expediente existen pruebas de una relación contractual entre la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY ROMERO y R.G.B.D.V., pero no entre la primera y la sociedad BACVEL, S.A., como se desprende de los contratos de arrendamiento consultables a fojas 2, 3 y 29.
2) Que no se ha demostrado que la señora R.G.D.V. se encontrara ocupando dos locales comerciales, "ya que la inspección ocular (fs. 7564 (sic)-768) y las diligencias de entrega de los informes periciales (fs. 770-778) los auxiliares de la justicia no hicieron mención a que existiera una fusión dentro de la finca anteriormente descrita". (F. 812).
3) Que no se probó y, en consecuencia, no se puede condenar a la señora R.G.B.D.V. al pago de cánones atrasados, toda vez que no se acreditó que estuviera en mora durante su permanencia en la propiedad de la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO.
Aclarados estos puntos sobre los antecedentes de la controversia que nos ocupa, la Sala procede a analizar las pruebas atacadas.
A juicio de la parte recurrente, el Tribunal Superior no tomó en consideración las siguientes pruebas, las cuales demuestran que la sociedad BACVEL, S.A. sí ocupó los locales arrendados, pertenecientes a la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. y, también, que los contratos de arrendamiento suscritos entre dicha señora y ROSA G.B.D.V., abarcaban dos locales comerciales fusionados en uno solo.
Las pruebas que según la recurrente fueron ignoradas por la sentencia de segundo grado, son las siguientes: 1) Los informes periciales consultables de fojas 431 a 435, 436 a 440 y 441 a 442; 2) La diligencia de depósito visible a foja 400; 3) El reconocimiento de estos puntos realizado por la señora R.G.B.D.G. en el hecho primero de la demanda (f. 54); y, 4) El testimonio del señor H.C.G. (fs. 92-94).
En primer lugar, la recurrente señala que no se tomaron en cuenta los peritajes que se practicaron a solicitud de la señora R.G.B.D.G. y BACVEL, S.A., para determinar los daños y perjuicios que les ocasionó a dichas personas el secuestro y posterior cierre del establecimiento comercial denominado G.B., solicitado por la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO.
Al respecto, se presentaron los siguientes informes:
1) Informe pericial rendido por las L.Y. GUERRA DE SAMUDIO y B.E.G., Contadoras Públicas Autorizadas (fs. 431-435), designadas por la señora R.G.B.D.G. y BACVEL, S.A. En este informe las peritos llegaron a las siguientes conclusiones:
Que existe una relación comercial entre BACVEL, S.A. y FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., "prueba de ello son los recibos en concepto de alquileres a nombre de G.B. que era el Nombre comercial de la Sociedad Anónima Bacvel, que se encuentran en el cuaderno de pruebas".
Que la sociedad BACVEL,S.A. obtuvo beneficios por razón de la ocupación que ejerció en el establecimiento comercial denominado G.B., y a pesar de que el beneficio no fue económico "les permitió crear un negocio que en condiciones óptimas hubiese sido rentable."
Que la sociedad BACVEL, S.A. realizó los pagos del canon de arrendamiento desde julio de 1988 hasta abril de 1992, según recibos de pago de arrendamiento expedidos por la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. a nombre de G.B., que era el nombre comercial y establecían la cancelación de meses específicamente.
De acuerdo con lo que sostiene la parte recurrente en esta causal, este informe pericial demuestra que la sociedad BACVEL, S.A. mantuvo una relación jurídica generadora de obligaciones con la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO que, de haberse reconocido en la sentencia impugnada, hubiera provocado una sentencia condenatoria a favor de dicha señora. Igualmente, señala que de esta prueba se colige que el arrendamiento comprendía dos locales comerciales fusionados en uno solo.
Ahora bien, al revisar la resolución de segundo grado, la Sala advierte que el Tribunal Superior concluyó que la obligación que reclama la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., surge de los contratos de arrendamiento celebrados entre ella y la señora R.G.B.D.V., los cuales son consultables a fojas 2 y 3 del expediente.
En relación con este punto, el Tribunal Superior manifestó lo siguiente:
"El hecho sexto de la demanda, éste se encuentra parcialmente probado, ya que en autos no obran pruebas que la sociedad B., S.A. haya ocupado dicha finca, solamente consta en el proceso que la señora R.G.B. de V. arrendaba parte del inmueble, pero no fusionado dicho local.
En lo relativo a los hechos séptimo y octavo, podemos concluir que dentro del presente proceso obran pruebas de una relación contractual entre F. delC. de Puy de R. y R.G.B. de V. y no entre la actora y la sociedad anónima Bacvel, S.A. ello se desprende de los contratos de arrendamiento (fs. 2-3 y 29).
Siendo así las cosas, Bacvel, S.A. no puede ser demandada, al no tener legitimidad pasiva para ello." (Fs. 812-813)
La Sala estima que le asiste razón al Tribunal Superior cuando concluye que la sociedad BACVEL, S.A. no tiene legitimación en la causa para ser demandada en el presente proceso, toda vez que como puede constatarse al revisar los contratos de arrendamiento que fueron presentados como prueba por la propia parte recurrente (fs. 2, 3 y 29) y que son, como se señaló anteriormente, el origen de la presente reclamación, la arrendataria de parte de la Finca No.6554 de la Provincia de Chiriquí es la señora R.G.B.D.V. y no la sociedad BACVEL, S.A.
Ante esta realidad que establecen los mencionados contratos, no resulta suficiente el señalamiento de los peritos de que la sociedad BACVEL, S.A. obtuvo beneficios por la ocupación que ejerció el establecimiento comercial G.B. para concluir que dicha sociedad está obligada solidariamente con la señora R.G.B.D.V., a responder por la supuesta morosidad en el pago de los cánones de arrendamiento a la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., puesto que en los contratos de arrendamiento que se suscribieron sobre la Finca No. 6554 perteneciente a esta última, la única arrendataria es la señora R.G.B.D.V. y, como tal, es a quien debe reclamársele cualquier obligación que se derive de dichos contratos, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1108 del Código Civil que señala que los contratos sólo producen efecto entre las partes que lo otorgan y sus herederos.
Y es que tal como se colige de la quinta declaración que se solicita en el libelo de demanda, la suma de dinero que se reclama es "en concepto de cánones de arrendamientos vencidos a la fecha" (f. 5) razón por la cual no existen dudas en cuanto al hecho de que la pretensión es de origen contractual.
En cuanto a la afirmación de los peritos de que debe entenderse que la sociedad BACVEL, S.A. fue quien pagó los cánones de arrendamiento desde julio de 1988 hasta abril de 1992, puesto que dichos pagos fueron realizados por "G.B." que era el nombre comercial de dicha sociedad, es preciso aclarar que aun cuando se aceptara como cierta dicha afirmación, dicho pago no constituye prueba de la existencia de una obligación contractual entre BACVEL, S.A. y FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., toda vez que de acuerdo con lo que señala el artículo 1045 del Código Civil, cualquier persona puede hacer el pago, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación y podrá repetir contra el deudor en todo aquello en cuanto al pago le haya sido útil.
Por último, en cuanto al argumento de la recurrente de que el informe pericial que analizamos demuestra que el contrato de arrendamiento celebrado entre FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. y R.G.B.D.V. comprendía dos locales comerciales fusionados, la Sala no encuentra que este informe sea pertinente para esclarecer este hecho.
En adición a lo anterior, en opinión de la Sala es claro que en el presente caso subyace una relación contractual de arrendamiento entre la demandante y la demandada R.G.B.D.V. quien, como arrendataria, quedó sujeta al cumplimiento de las obligaciones estipuladas en los artículos 1307 y 1311 del Código Civil y por tanto es ésta la obligada a responder, incluso en el caso en que permita o tolere que las condiciones del arrendamiento varíen por razones del uso de la cosa arrendada por parte de terceras personas, como pareciera que ocurrió en el presente caso, situación que, reiteramos, hace responsable es a la parte contratante del arriendo.
En vista de lo anteriormente señalado, se concluye que esta prueba no influye sustancialmente en el punto controvertido.
2) Informe pericial rendido por la Licenciada MARÍA EUGENIA DE BOUCHE, Contadora Pública Autorizada, designada por el Tribunal (fs. 436-440). Este informe presenta las siguientes conclusiones en cuanto a los puntos que se atacan en esta primera causal:
Que si bien los documentos analizados, "indican que no ha existido relación contractual o comercial directa entre BACVEL, S.A. y FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R.", toda vez que dicha sociedad es dueña de la licencia comercial que ampara el establecimiento comercial denominado "G.B.", que ocupa el mismo local al que se refieren los contratos de arrendamiento celebrados entre R.G.B.D.V. y FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., "puede establecerse que existe una relación contractual de tipo indirecta entre BACVEL, S.A. y FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO".
Que la sociedad BACVEL, S.A. sí ha obtenido beneficios de la ocupación de la finca propiedad de la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., "en cuanto que era allí donde realizaba su actividad comercial de venta de mercancías".
El presente informe concluye que la sociedad BACVEL, S.A. mantuvo una relación contractual "de tipo indirecta" con la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO que le proporcionó beneficios. No obstante, como se señaló al analizar el informe pericial anterior, esta corporación judicial estima que no se ha probado la existencia de una relación contractual entre las mencionadas personas, toda vez que los contratos de arrendamiento que originan la presente reclamación no fueron suscritos por la sociedad BACVEL,S .A., en vista de lo cual no puede ser demandada por razón de los mismos.
Tampoco aclara en ninguna forma si la señora R.G.B.D.V. arrendó dos locales fusionados como alega la recurrente, razón por la cual se descarta también esta prueba, toda vez que no tiene incidencia alguna en la resolución impugnada.
3) Informe pericial rendido por los L.C.C.C. y O.A. DE GRACIA o J.O.A., Contadores Públicos Autorizados, designados por la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO (fs. 441-443). En relación con los cargos que se hacen en esta primera causal, estos peritos señalan lo siguiente:
"Los Contratos de Arrendamiento revisados y que forman parte de la documentación que se nos ha presentado para esta pericia, han sido celebrados todos entre F. delC. De Puy de R., cedulada 4-22-409, propietaria de la Finca 6554, Tomo 649, Folio 546 y R.G.B. de V., con cédula 4-67-8, propietaria del almacén "G.B.", que posteriormente pasó a propiedad de Bacvel, S.A.".
Que en vista de que la Licencia Comercial que amparó el establecimiento comercial "G.B." pertenece a BACVEL, S.A., la ocupación que ejerció dicho establecimiento comercial del local ubicado en la Finca No. 6554 propiedad de la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., sí benefició a dicha sociedad.
Que conforme a los recibos pagados por arrendamiento del local que ocupaba "G.B." y que reposan en la documentación analizada, BACVEL, S.A. no efectuó pago alguno a la propietaria del inmueble ocupado por dicho establecimiento comercial.
A juicio de estos peritos, los documentos que contienen los contratos de arrendamiento que originan la presente reclamación demuestran que BACVEL, S.A. no es parte en ninguno de dichos contratos. Igualmente, concluyeron que la mencionada sociedad no había efectuado pago alguno a la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO por razón de dichos contratos de arrendamiento, en vista de lo cual debe concluirse que de esta prueba no se desprenden los efectos que alega la parte recurrente.
En segundo lugar, la parte recurrente sostiene que el Tribunal Superior no tomó en consideración la diligencia de depósito judicial o secuestro que consta de fojas 400 a 414.
Se trata de la diligencia de avalúo y depósito practicada dentro del presente proceso ordinario el 10 de agosto de 1992, sobre el local comercial denominado "G.B.", en la que consta el inventario de todos los bienes que se encontraban en dicho local comercial, los cuales fueron entregados al señor C.G.B., en su condición de depositario de los mismos.
Esta prueba no contribuye a determinar la participación de BACVEL, S.A. en los contratos de arrendamiento celebrados entre R.G.B.D.V. y FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. ni, tampoco, si dichos contratos eran sobre dos locales fusionados en uno como alega la recurrente, en vista de lo cual debe descartarse, puesto que no tiene influencia sustancial en la decisión del presente litigio.
En tercer lugar, la recurrente afirma que la sentencia de segundo grado tampoco tomó en consideración el hecho primero de la demanda de pago por consignación de cánones de arrendamiento interpuesta por R.G.B. DE VELÁSQUEZ contra F.D. CARMEN DE PUY DE ROMERO.
El mencionado hecho es del tenor siguiente:
"PRIMERO: Mi representada ROSA G.B.D.V., celebró contrato de arrendamiento con FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. o F.D.R., sobre un "local comercial situado en Calle Central entre 2da. Este y 1ra. Este", el cual está construido sobre la finca 6554, del tomo 649, del folio 546, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Chiriquí; donde opera el establecimiento comercial denominado "G.B."." (F. 54).
Como puede observarse, la señora R.G.B.D.V. acepta en este hecho que celebró un contrato de arrendamiento con la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., sobre un local perteneciente a esta última, donde operaba el establecimiento comercial denominado "G.B.". Sin embargo, no hace ningún señalamiento en cuanto a la sociedad BACVEL, S.A. ni aclara si se trata de dos locales comerciales, razón por la cual no pudo haber influido en la decisión recurrida en la forma que alega la recurrente.
Por último, se señala que el Tribunal Superior ignoró el testimonio rendido por el señor H.C.G., el cual es consultable de fojas 92 a 94.
El testigo declaró que conocía a la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., porque le había hecho algunos trabajos de construcción, entre ellos, la demolición de una pared para ampliar el local de "G.B." y el arreglo del cielo raso del mismo, "haciendo dos -2- locales en uno".
Igualmente, indicó que creía que esos trabajos los realizó en el año de 1984 y que una vez concluido los mismos, "quedó convertido en un solo local". Agrega que, posteriormente, la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. volvió a buscarlo para dividir nuevamente los locales, "porque ya no estaba G.B.".
Como se puede observar, este testigo afirma, tal como alega la parte recurrente en esta primera causal del recurso de casación, que los contratos de arrendamiento que originan el presente litigio se celebraron sobre dos locales comerciales fusionados y no sobre uno, como concluyó la sentencia recurrida.
Así, en relación con este punto, el Tribunal Superior manifestó lo siguiente:
"El hecho tercero de la demanda se encuentra parcialmente probado, esto es así ya que si bien es cierto consta un segundo contrato de arrendamiento suscrito entre las partes el cual se tiene como auténtico (arts. 843 en concordancia con el 848 del C.J.), donde se estipula el monto a pagar por el alquiler del inmueble desde el 15 de septiembre de 1986, por un período de tres años, no se ha podido acreditar que el mismo se debió a una adición al local comercial que R.G.B. de V. ya ocupaba, y que sobre dicho inmueble se efectuaron mejoras, ya que la inspección ocular realizada en segunda instancia el día 15 de julio de 1999, solamente da fe que en la finca No. 6554, tomo 649, folio 546, inscrita en la Sección de Propiedad del Registro se efectuaron mejoras, pero sin determinarse la fecha. Debemos recordar que la demanda que nos ocupa fue interpuesta siete años antes de celebrar dicha diligencia no comprobándose por ende que este segundo contrato tuvo lugar al adicionarse otro local al que venía ocupando la demandada." (F. 811)
La sentencia impugnada reconoce la existencia de dos contratos de arrendamiento, los cuales son consultables a fojas 2 y 3 del expediente, pero, a pesar de ello, sostiene que no existe prueba de que el segundo contrato se haya celebrado por razón de que se había adicionado un nuevo local al que originalmente le había arrendado la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. a R.G.B.D.V..
La Sala estima que al arribar a esta conclusión, el Tribunal Superior no tomó en consideración la prueba testimonial rendida por el señor H.C.G., toda vez que de ella se desprende que el local que ocupaba el establecimiento comercial denominado "G.B.", perteneciente a la arrendataria, señora R.G.B.D.V., fue ampliado durante la vigencia de los contratos de arrendamiento que originan la presente controversia, por lo que debe entenderse que dichos contratos se refieren a dos locales comerciales fusionados.
Así lo reconoce la propia señora R.G.B.D.V. en su escrito de contestación de la demanda, cuando al contestar los hechos cuarto y quinto que se refieren, respectivamente, al canon pactado en el segundo contrato de arrendamiento y a la vigencia de ambos contratos hasta la fecha de la presentación de la demanda, manifiesta lo siguiente:
"HECHO CUARTO: Es cierto, pero hay que señalar que la suma de los dos alquileres en el primer año era de QUINIENTOS SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.575.00), y sin embargo el recibo por los pagos de los cánones de arrendamiento era por SEISCIENTOS BALBOAS (B/.600.00), o sea que cobraban en exceso veinticinco balboas de más.
Según los contratos de 1 de Abril de 1986 y de 15 de Septiembre de 1986 a marzo de 1987 la suma a pagar debía ser de B/600.00 y se pagaron los B/.600.00.
A marzo de 1988 la suma a pagar debió ser B/.625.00 pero se seguía pagando B/.600.00.
En Abril de 1988 por razón de la crisis Nacional se modificaron verbalmente los contratos de alquiler y se redujo el alquiler por los dos locales a B/.400.00 tal como se comprueba con el recibo No. 50 el 18 de abril de 1988 que fue modificado pues en número está escrito B/.400.00 y en letras B/.600.00. El recibo No. 51 del mes siguiente también está escrito B/.400.00 en número y en letras B/.600.00 y en el recibo No. 52 del mes de Junio de 1988 ya está escrito en letra y en número B/.400.00, lo que equivalía a el nuevo canon pactado.
En Agosto de 1989 se volvió a modificar el contrato de arrendamiento verbalmente y en está (sic) ocasión se estipuló el canon de arrendamiento por B/.375.00 únicamente por los dos locales los cuales siguieron pagando hasta el 17 de agosto de 1992.
HECHO QUINTO: Este hecho es falso y se niega. Nunca existió tácita reconducción ya que los contratos a que alude el demandante fueron modificados de tal manera que se convirtieron en un contrato nuevo con cánones diferentes, distinto y pagado como siempre en un sólo recibo." (F. 60) (Énfasis de la Sala).
Ahora bien, a pesar de que la sentencia impugnada incurrió en el error probatorio antes mencionado, el mismo no influye directamente en lo resuelto por la misma, toda vez que el punto controvertido y sobre el cual se pronunció la decisión que nos ocupa, lo constituye la supuesta morosidad de la demandada en cuanto al pago de los cánones de arrendamiento y la prueba analizada no contribuye en nada a dilucidar este tema. Siendo así no procede casar la sentencia, toda vez que de acuerdo con el artículo 1169 del Código Judicial, para que la causal prospere es necesario "que haya influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", requisito con el cual no cumple esta primera causal de casación en el fondo.
Como segunda causal se invoca la infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba y los motivos que le sirven de sustento, expresan lo siguiente:
A pesar de que la sentencia recurrida apreció en su página 14, visible a foja 813 del expediente, la prueba pericial en que fueron rendidos los informes que aparecen a fojas 513-517 y a fojas 537-538, del expediente, dicha resolución le restó a dicha prueba el valor probatorio que tenía y que en efecto aún tiene de acuerdo con la Ley, respecto de las morosidades que todavía mantienen R.G.B.D.V. y BACVEL, S.A., frente a FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO, teniendo por no probadas, cuando en efecto lo están, dichas morosidades, lo que influyó sustancialmente en la parte dispositiva de la resolución recurrida, violando en consecuencia las normas legales que determinan el valor probatorio de la evidencia mencionada.
Como consecuencia de la apreciación jurídica errónea que de la prueba pericial hizo el Tribunal Superior, en lo referente a los informes de fojas 513 y 537 del expediente, el Tribunal infringió las normas jurídicas que gobiernan la función jurisdiccional respecto de la valoración del material probatorio, tanto lo referente a las normas de apreciación según las reglas de la sana crítica como lo referente a la apreciación de la prueba pericial, todas ellas infringidas en el fallo al no darse a esta prueba el reconocimiento que le brinda la Ley.
Con la apreciación jurídica errónea que el Tribunal Superior hizo de la prueba pericial en lo referente a los informes de fojas 513 y 537 del expediente, dicho Tribunal desconoció en la sentencia recurrida, y dejó de aplicar, el derecho sustancial aplicable, conforme al cual, estando probado el usufructo de dos locales comerciales por parte de la demandada BACVEL, S.A., aún el supuesto de que no estuviere contractualmente obligada, dicha empresa se habría enriquecido sin causa, por lo que absolverla en esas circunstancias, como hizo la sentencia recurrida, implica desconocimiento e infracción de la norma sustantiva, que establece la responsabilidad del que se enriquece sin causa, de restituir aquello por lo que se ha enriquecido, de modo que el Tribunal Superior infringió esas normas, al no aplicarlas para los efectos de condenar a BACVEL, S.A. junto con la arrendataria principal, vinculada ésta a través de contratos formales de arrendamiento.
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal Superior dejó de aplicar las normas sustantivas de derecho que gobiernan las relaciones jurídicas entre las partes, infringiéndolas en el concepto que se expresa en la causal, pues de haber sido aplicadas con vista en la realidad material del proceso, las demandadas habrían sido condenadas como pide en la demanda." (Fs. 870-871)
La parte recurrente considera que los cargos probatorios que se alegan en los motivos anteriormente transcritos, provocan la violación de los artículos 781y 980 del Código Judicial; 974, 976, 1303 y 1643ª del Código Civil; y 220 y 221 del Código de Comercio.
De acuerdo con lo que se plantea en los motivos, la sentencia de segundo grado no valoró conforme a las reglas de la sana crítica, los informes periciales consultables a fojas 513-517 y 537-538 los cuales, a juicio de la recurrente, demuestran que la señora R.G.B.D.V. y la sociedad BACVEL, S.A., mantienen una morosidad con la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., por haber incumplido su obligación de pago de los cánones de arrendamiento. Igualmente, sostiene que de dichos informes se colige "el usufructo de dos locales comerciales por parte de la demandada BACVEL, S.A.", lo cual estima constituye una forma de enriquecimiento sin causa que no fue considerada por la sentencia impugnada y con fundamento en la cual debió haber condenado a dicha sociedad, junto con la "arrendataria principal".
La prueba pericial atacada por la parte recurrente se realizó con el objeto de determinar si existía o no morosidad por parte de la demandada y la misma se fundamentó en los contratos de arrendamiento consultables a fojas 2 y 3 y en los recibos correspondientes al pago de los alquileres, visibles de fojas 101 a 117. Los dos informes resultantes de dicha pericia constan de fojas 513 a 517 y 537 a 538 respectivamente y señalan lo siguiente:
"Pregunta: "De acuerdo con los documentos examinados el 30 de julio de 1992, existía o no morosidad por parte de los ocupantes del inmueble arrendado, en el pago de los Cánones de Arrendamiento derivados de los Contratos de Arrendamiento objetos (sic) de esta experticia". Explique.
Nota Explicativa: Referente a la Finca No. 6554, Tomo 649, Folio 546, existen dos (2) Contratos de Arrendamiento, utilizados por G.B. de V.B., S.A. "G.B." a favor de la Señora Felicia De Puy de R., el PRIMERO firmado el 1º de abril de 1986 y el SEGUNDO firmado el 15 de septiembre de 1986. En el presente Informe Pericial tomé en consideración ambos contratos comparados con los recibos en concepto de cancelación de Cánones de Arrendamiento también de ambos contratos.
Respuesta: Al 30 de julio de 1992, de acuerdo a documentos examinados a esa fecha, sí existía morosidad por parte de los ocupantes del inmueble arrendado en el pago de los Cánones de Arrendamiento derivados de los Contratos de Arrendamiento objetos (sic) de esta experticia. La morosidad es de B/. 15,733.34 (Quince mil setecientos treinta y tres con 34/100)." (F. 513).
Después de un exhaustivo análisis a los contratos de arrendamiento del local ubicado en Calle Central entre 1ª. Este y 2da. Este y que fueron celebrados entre F. delC. de Puy de R. y R.G.B. de V. en fechas 1 de abril de 1986 y 15 de Septiembre de 1986 respectivamente, y donde operaba el negocio denominado G.B., propiedad de R.G.B. de V.; y por el otro lado, un análisis de los recibos que amparan el pago de esos alquileres o cánones de arrendamiento; concluyo, en forma clara y precisa, que sí existía morosidad al 30 de julio de 1992, por parte de los ocupantes del inmueble arrendado en el pago de los cánones de arrendamiento derivados de los contratos de arrendamiento que son objeto de esta experticia.
Esta morosidad, a la que se refiere el presente informe, se determinó en $15,775.00, cantidad que se obtuvo de la comparación entre la cifra que debió haber sido pagada al 30 de julio de 1992, según los contratos de arrendamiento examinados, y los pagos hechos por R.G.B. de V. según consta en los recibos examinados.
Cabe señalar, que de acuerdo al contrato celebrado el 1 de abril de 1986, el canon de arrendamiento para el período que va del 1 de abril de 1986 al 30 de marzo de 1987 era: 325.00; del 1 de abril de 1987 al 30 de marzo de 1988 era: 350.00 y del 1 de abril de 1988 al 30 de marzo de 1989: 275.00. Se hace la salvedad, que a partir del 15 de septiembre de 1986, el canon de arrendamiento, se incrementó en 250.00 por mes; aumento que se le adicionaba a los cánones ya establecidos en el contrato celebrado el 1 de abril de 1989." (F. 537)
Como se puede observar, ambos informes concluyeron que la señora R.G.B.D.V. sí había incurrido en mora en el pago de los cánones de los contratos de arrendamiento suscritos con la demandante, consultables a fojas 2 y 3 y, el monto de dicha morosidad fue muy parecido en ambos peritajes.
Por su parte, en relación con el valor de estas pruebas, el Tribunal Superior manifestó en la sentencia recurrida que "al examinarse los peritajes in comento junto con los recibos de pago, se puede apreciar que los mismos no se ajustan con la realidad", en vista de lo cual procedió a analizar otros elementos probatorios aportados al proceso, con fundamento en los cuales concluyó que la señora R.G.B.D.V. "no estuvo en mora durante su permanencia en la propiedad de la actora".
Para mayor ilustración se transcribe la parte pertinente de la sentencia impugnada:
"En ese mismo orden de ideas, podemos observar que la demandada al contestar el libelo de la demanda en el hecho primero indica que el 19 de marzo de 1984 se pactó un contrato entre las partes, con un canon de trescientos balboas (B/.300.00) mensuales, el cual vencía en febrero de 1986, pero desde el mes de diciembre de 1984 se modificó el arrendamiento de manera verbal, aumentándolo en la suma de trescientos veinticinco balboas (B/.325.00), hecho que se encuentra acreditado con los recibos antes aludidos.
Si este tribunal toma en cuenta tal hecho, el cual no ha sido negado por la actora, debe también tomar como válido que la relación contractual existente entre las partes variaba de manera verbal, aumentándose o disminuyendo los cánones de arrendamiento, ello se evidencia también cuando desde el mes de abril de 1988 se pagaba en vez de seiscientos veinticinco balboas (B/.625.00) mensuales, la cantidad de cuatrocientos balboas (B/.400.00) mensuales y desde el mes de abril de 1989 se pagaba la suma de trescientos setenta y cinco balboas (B/.375.00) mensuales.
Ahora bien, si la parte demandada en verdad no le cancelaba el total del arrendamiento, porqué la demandante al recibir el dinero en los recibos de pago señalaba cancela el mes y no indicaba que abonaba al mes aunado al hecho que el contrato de arrendamiento celebrado entre las partes finalizaba en abril de 1989 y si la demandada se encontraba morosa porqué la actora no pidió que la misma desocupara el local, sino hasta el mes de febrero de 1992, que se instauró este proceso, lo cual nos da como resultado que la actora consentía que el alquiler a pagar fuera menos.
Otro punto que se infiere de ello, es que la demandada señaló al contestar la demanda, que el ajuste realizado desde el mes de abril de 1988 se debió a la situación económica que vivía el país. Al respecto debemos indicar que es un hecho notorio que en esa época el país vivía una inestabilidad económica la cual fue causa de cierre de muchos locales.
Nuestra legislación consagra una serie de hechos que no son objeto de pruebas, siendo ellos, los no controvertidos y los admitidos, los imposibles y los notorios, este último se puede definir:
'Son aquellos de conocimiento público, que por pertenecer a la ciencia y arte, a la vida social, a la historia, y, en general, a las nociones que se manejan en el trato social de la gente, son conocidos y tenidos por ciertos por un vínculo más o menos grande de personas de cultura media, (P.C.. Son la expresión del aforismo clásico notoria non egent probatione. Probar hechos notorios es, como dice J.F., 'hacer perder el tiempo a la parte y al Tribunal'.' (Proyecto de Capacitación Continuada Panamá julio. 1999 (Área Civil y Mercantil). El Juez como Director del Proceso. Integración de la relación y apertura a pruebas. Admisión de las pruebas, pág. 75).
Teniendo en cuenta lo antes indicada (sic) y de acuerdo a la sana crítica y toda vez que tal situación fue alegada por una de las partes de conformidad con lo regulado en el artículo 773 del Código Judicial, que señala que tales hechos no ameritan pruebas, se tiene como válido que las partes variaban o modificaban verbalmente los cánones de arrendamiento de acuerdo a la situación económica que se vivía en nuestro país." (Fs. 814-816).
Como puede observarse, el Tribunal Superior no le dio valor a los dictámenes periciales visibles a fojas 513-517 y 537-538, porque consideró que no se ajustaban con la realidad que emerge de los otros elementos probatorios que se analizaron en la sentencia impugnada.
La Sala observa que, en relación con el valor de la prueba pericial, el artículo 980 del Código Judicial señala que la fuerza del mismo será estimada por el Juez, teniendo en cuenta los principios científicos en que se funde, la relación con el material de hecho, la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica, la competencia de los peritos, la uniformidad o disconformidad de sus opiniones y demás pruebas y otros elementos de convicción que ofrezca el proceso.
Siguiendo estos lineamientos, esta corporación judicial debe concluir que le asiste razón al Tribunal Superior cuando señala que no se le puede dar valor probatorio a los dictámenes periciales a los que hemos hecho referencia, toda vez que los mismos no tomaron en consideración que los recibos por el pago del arrendamiento demuestran una situación de hecho distinta a la que ellos concluyeron.
Como puede constatarse del análisis de los recibos de pago de los cánones de arrendamiento que constan en el expediente, los cuales se consideran auténticos al tenor de lo dispuesto en el artículo 861 del Código Judicial, la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. firmó cada uno de dichos recibos que aparecen de fojas 101 a 117 y en ellos se detalla la suma recibida por el alquiler del local comercial y se señala el mes al cual corresponde dicho pago.
Si bien la demandante alega en el hecho octavo del libelo de demanda que la demandada estaba obligada " a pagar, todos los meses, a nuestra mandante, la cantidad que resultara de la suma de los cánones de arrendamiento mensuales pactados en ambos contratos", conclusión a la que también arribaron los peritos en los informes analizados, lo cierto es que durante la vigencia de dichos contratos la demandada pagó cánones distintos a esta suma de dinero y en ninguno de los recibos que, como se dijo anteriormente están firmados por la propia demandante, ésta señaló que se trataba de una parte o de un abono al pago del alquiler correspondiente o hizo algún otro reparo, por lo que debe entenderse que dichas sumas de dinero fueron recibidas a satisfacción por la demandante.
No obstante, en relación con este punto la Sala debe hacer un llamado de atención al Tribunal Superior, toda vez que en la sentencia impugnada señaló que "la demandante al recibir el dinero en los recibos de pago señalaba cancela el mes", afirmación que es falsa como puede constatarse al revisar los recibos de pago consultables de fojas 101 a 117, toda vez que en ninguno de ellos se utiliza dicho término.
Tampoco se ha presentado prueba de que, en ningún momento anterior a la interposición de la demanda que originó el presente proceso, la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R. le haya reclamado por algún otro medio a la demandada la supuesta diferencia en los pagos por el arrendamiento de los locales o de que solicitara el lanzamiento de la misma con fundamento en el numeral 2 del artículo 1320 del Código Civil, razón por la cual se debe tener como válida la afirmación de la señora R.G.B.D.V. de que la relación contractual existente entre ella y la demandante fue modificada verbalmente en varias ocasiones, afirmación que encuentra sustento en los recibos de pago extendidos por la demandante.
En cuanto al cargo de que de dichos informes periciales se puede concluir que la sociedad BACVEL, S.A. se benefició con el uso de los dos locales arrendados a la señora R.G.B.D.V., es preciso aclarar que, además de que las pruebas atacadas no son pertinentes para dilucidar este punto, se debe reiterar lo que se señaló al analizar la primera causal, en el sentido de que cuando se suscribe un contrato de arrendamiento, el arrendatario (en este caso la señora R.G.B.D.V.) es quien debe responder por las obligaciones que establecen los artículos 1307 y 1311 del Código Civil, incluso por permitir que las condiciones del arrendamiento varíen por razón del uso de la cosa arrendada por parte de terceros ajenos a la relación contractual.
En vista de que lo alegado guarda relación con un supuesto enriquecimiento sin causa, que según la parte recurrente operó en favor de la demandada BACVEL, S.A., consideramos importante aclarar que el supuesto de esta figura jurídica que en nuestra legislación se encuentra consagrada en el artículo 1643a del Código Civil, no se ha presentado en el caso que nos ocupa, por cuanto que no vemos la forma en que BACVEL, S.A. se haya enriquecido en perjuicio de la demandante FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE R., si ésta ha estado cobrando los cánones de arrendamiento correspondientes a los contratos que celebró, y que, incluso quedó demostrado que no se le adeudaba suma alguna en este concepto, sin que ello signifique un enriquecimiento que no sea el producto del propio negocio que realizaba la sociedad demandada, para cuya actividad comercial fue que se celebraron originalmente los contratos de arrendamiento.
Tomando en consideración lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que la sentencia de segundo grado no incurrió en la causal de infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de los informes periciales visibles a fojas 513-517 y 537-538 y, no habiendo otros argumentos que considerar, se descarta esta segunda causal y con ella, el presente recurso de casación.
Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 29 de junio de 2000, dentro del proceso ordinario con demanda de reconvención, instaurado por la señora FELICIA DEL CARMEN DE PUY DE ROMERO contra la señora R.G.B.D.V. y la sociedad BACVEL, S.A.
Las costas del recurso de casación se fijan en la suma de doscientos balboas (B/200.00).
ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK