Source: http://composi.info/universidad-nacional-autnoma-de-mxico-v5.html?page=14
Timestamp: 2018-12-14 21:34:04
Document Index: 318815110

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 253', 'artículo 83', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 278', 'artículo 299', 'artículo 290', 'artículo 87', 'artículo 128', 'artículo 34', 'artículo 135', 'artículo 38', 'artículo 4', 'artículo 141', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 255', 'artículo 9', 'artículo 255', 'artículo 261', 'Artículo 260', 'artículo 5', 'Artículo 280', 'artículo 279', 'artículo 83', 'artículo 280', 'artículo 12', 'artículo 29', 'artículo 1', 'artículo 4']

4.9.2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales - Universidad nacional autónoma de méxico
CAE, Mujer, Distrito Federal.
4.9.2 Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Esta ley, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, es de observancia general; es decir, tiene una aplicación a nivel federal y a nivel local en las entidades federativas. Las constituciones y leyes locales se ajustan a ésta (artículo 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), por lo tanto sí alguna disposición es discriminatoria o genera prácticas discriminatorias, sistemáticamente pueden violentarse los derechos y libertades de un grupo, en este caso de las personas con discapacidad en todo el territorio nacional.
En general, la finalidad de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es reglamentar el ejercicio de los derechos y las obligaciones político-electorales de la ciudadanía; así como establecer la función estatal, las reglas comunes, la integración de los órganos electorales, además de especificar las bases constitucionales que organizan al Instituto Nacional Electoral, según se dispone en su numeral 2.
Esta ley también tiene por objeto reglamentar el funcionamiento y la integración de las mesas directivas de casilla en las elecciones federales y en las elecciones locales concurrentes con las elecciones federales, como se dispone en el artículo 253. Su antecedente normativo es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que fue publicado el 14 de enero de 2008.
A pesar de la reciente publicación de esta Ley, sus disposiciones no atienden a la inclusión de las personas con discapacidad, pues aún se prevén enunciados que obstaculizan el derecho efectivo a votar de las mismas.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, dicta los postulados que regulan la integración y el funcionamiento de las mesas directivas de casilla. Dentro de esta regulación se encuentra el artículo 83 que establece los requisitos que la ciudadanía debe cumplir para ser funcionaria de casilla:
Para ser integrante de mesa directiva de casilla se requiere: (…)
h) Saber leer y escribir y no tener más de 70 años al día de la elección.
Aunque estrictamente la edad no representa un obstáculo para la participación de las personas con discapacidad como funcionarias de casilla, si existe una asociación entre los adultos mayores y la discapacidad46, lo que pone a este grupo en riesgo de ser múltiplemente discriminado.
Establecer un límite de edad provoca una discriminación directa hacia las personas adultas mayores, contraviniendo el artículo 1º, párrafo cuarto de la Constitución, el artículo 4º de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el inciso p) del preámbulo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que esta última busca proteger a las personas con discapacidad de las múltiples o agravadas formas de discriminación, incluyendo por motivo de edad. Además, tomando en cuenta la asociación que existe entre edad avanzada y discapacidad en nuestro país (INEGI, 2013), existe la posibilidad de estar excluyendo a personas con discapacidad que también son adultas mayores. Esta disposición reproduce la estigmatización hacia las personas adultas mayores de no poder realizar actividades complejas o con algún grado de responsabilidad.
Al respecto, se advierte la oportunidad de adecuar la ley hacia la eliminación de este requisito, que de manera directa excluye a las personas adultas mayores, pero de manera indirecta puede obstaculizar la participación de las personas con discapacidad en las mesas directivas de casilla.
Posteriormente, en el artículo 84 de la misma ley, se establecen las atribuciones generales de las personas funcionarias de casilla:
Son atribuciones de los integrantes de las mismas directivas de casilla: (…)
d) Permanecer en la casilla desde su instalación hasta su clausura.
Al efecto, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a los Estados parte a cumplir con el siguiente enunciado.
a) […] asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás.
Al contrastar ambas disposiciones, el artículo 84, inciso d, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, puede representar un obstáculo, sobre todo, el día de la jornada electoral para que la ciudadanía con discapacidad pueda participar plenamente en la mesa directiva de casilla. Es necesario tener presente la diversidad de las personas con discapacidad y sus necesidades que pueden exigir la ausencia por un tiempo determinado en la casilla.
En este sentido, se recomienda la armonización de la legislación electoral y adicionar al artículo 84 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales la posibilidad de ausentarse por tiempo determinado y siempre bajo una causa justificada, a las personas con discapacidad que participen como funcionarias de casilla y flexibilizar así la rigidez que la ley interpone acerca de la estancia en la mesa directiva de casilla desde el principio y hasta el fin de las votaciones.
La ley también establece las atribuciones específicas de cada cargo de la mesa directiva de casilla, mismas que se transcriben a continuación:
a) Como autoridad electoral, presidir los trabajos de la mesa directiva y velar por el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, a lo largo del desarrollo de la jornada electoral;
c) Identificar a los electores en el caso previsto en el párrafo 3 del artículo 278 de esta Ley;
h) Concluidas las labores de la casilla, turnar oportunamente al consejo distrital la documentación y los expedientes respectivos en los términos del artículo 299 de esta Ley, y
a) Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena esta Ley y distribuirlas en los términos que el mismo establece;
e) Inutilizar las boletas sobrantes de conformidad con lo dispuesto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 290 de esta Ley, y
f) Las demás que les confieran esta Ley.
a) Contar la cantidad de boletas depositadas en cada urna, y el número de electores que votaron conforme a las marcas asentadas en la lista nominal de electores, cerciorándose de que ambas cifras sean coincidentes y, en caso de no serlo, consignar el hecho;
c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden, y
d) Las demás que les confiera esta Ley.
Como lo describen los artículos citados con anterioridad, cada cargo tiene funciones específicas, lo que mejora la organización y la operatividad en las mesas directivas de casilla. Sin embargo, al revisar a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuando se habla de ajustes razonables, también se indica un límite a los mismos al señalar que:
[…] las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
En el caso de las mesas directivas de casilla se pueden diseñar materiales generales que sirvan para comunicarse, o incluso, como se propone más adelante, el acompañamiento de una persona que la propia persona con discapacidad proponga y que funcione como traductora el día de la jornada electoral. Sin embargo, en este sentido, las medidas técnicas que el INE puede implementar son limitadas, por factores económicos y operativos.
Por lo anterior, es necesario establecer medidas que conjuguen la participación de las personas con discapacidad y la verdadera disponibilidad de las ayudas técnicas necesarias para generar una igualdad de oportunidades en la participación como funcionaria de casilla. En este sentido, y con relación a las atribuciones de cada cargo de la casilla, se recomienda que las funciones que cada persona tenga dentro de la misma no se encuentren estrictamente delimitadas, sino al contrario, que exista la posibilidad de que un secretario pueda hacer funciones de la presidenta y a su vez un escrutador pueda auxiliar a cualquiera de las otras funcionarias. Como ejemplo, puede tomarse la fracción c) del artículo 87 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que en el caso de la escrutinio de la casilla estipula “c) Auxiliar al presidente o al secretario en las actividades que les encomienden”. En última instancia, el objetivo de la casilla es recibir la votación, contar los votos y realizar el escrutinio, no así mantener a cada funcionario o funcionaria estrictamente en su cargo.
Aunque la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales expresamente no muestra inflexibilidad en este sentido, es recomendable adicionar a los artículos 85 y 86 de la misma, la atribución coadyuvar en las funciones de los demás cargos de la casilla.
En la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales también se regula el procedimiento para el registro en el Padrón Electoral y la obtención de la credencial de elector de la ciudadanía. La estrategia que el INE tiene para mantener actualizado el Padrón Electoral es la expedición de la credencial de elector, que es indispensable para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto, a ser votada; pero también para poder ser sorteada como funcionaria de casilla.
Para obtener la credencial e inscribirse o actualizar sus datos en el padrón electoral, la ciudadanía debe tener la mayoría de edad, tener la nacionalidad mexicana (artículo 128 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales), tener un modo honesto de vivir (artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) y presentar acta de nacimiento y/o los documentos de identificación personal que al efecto solicite la Comisión Nacional de Vigilancia del Registro Federal de Electores (artículo 135, párrafo segundo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales); además, no tener suspendidos los derechos políticos por alguna de las causales del artículo 38 constitucional. Si una persona cumple con estos requisitos, no tiene un impedimento legal para obtener su credencial de elector e inscribirse en el padrón electoral.
Al respecto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que la inclusión plena y efectiva en la sociedad y el derecho a la inclusión efectiva en la vida política y pública de la sociedad son fundamentales para la inclusión de las personas con discapacidad. Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que “La Administración Pública (…) impulsará el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, a través del establecimiento de medidas contra la discriminación y acciones afirmativas positivas que permitan la integración social de las personas con discapacidad” (artículo 4).
Aunque las disposiciones que regulan el procedimiento para obtener la credencial de elector no son discriminatorias de manera directa, su neutralidad puede provocar actos de discriminación indirecta, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de Módulos de Atención Ciudadana que se encuentran distribuidos en el país. Cuando se le es negada la obtención de la credencial de elector a las personas con discapacidad, se restringe su derecho a votar, y por ende no son elegibles para ser seleccionadas como funcionarias de casilla.
Por lo anterior se recomienda adicionar a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales una disposición que establezca que no puede negársele a ninguna persona la expedición de la credencial de elector en razón de su discapacidad, a menos que no cumpla con los requisitos legales establecidos por la propia Ley.
En relación con lo anterior, en el artículo 141 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se contempla una acción afirmativa para que la ciudadanía “incapacitada físicamente” solicite y obtenga su credencial para votar:
Los ciudadanos mexicanos residentes en el territorio nacional, que se encuentren incapacitados físicamente para acudir a inscribirse ante las oficinas de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio, deberán solicitar su inscripción por escrito, acompañando la documentación que acredite su incapacidad. En su caso, la Dirección Ejecutiva dictará las medidas pertinentes para la entrega de la credencial para votar del elector físicamente impedido.
El artículo anterior, a pesar de tener una intención para garantizar que la ciudadanía con discapacidad pueda obtener su credencial para votar sin presentarse físicamente en el módulo de expedición de la misma, les discrimina indirectamente al exigir “la documentación que acredite su incapacidad”. Lo anterior contrasta con la disposición que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su artículo 2:
Por discriminación por motivos de discapacidad se entenderá cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.
Además, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad considera que una persona con discapacidad es
Toda persona que por razón congénita o adquirida presenta una o más deficiencias de carácter físico, mental, intelectual o sensorial, ya sea permanente o temporal y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social, pueda impedir su inclusión plena y efectiva, en igualdad de condiciones con los demás (artículo 2).
En este caso la discriminación por motivos de discapacidad sucede cuando la solicitud de la ciudadanía para obtener la credencial para votar por medio de la exigencia de un comprobante de incapacidad es obstaculizada. En este sentido, se recomienda que la Ley no se refiera a las personas con discapacidad como “ciudadanos incapacitados físicamente”, que es una manera incorrecta de hacerlo47, por otro lado, se recomienda eliminar la comprobación de la incapacidad por medio de un documento, por complicar más la solicitud de lo que realmente ayuda.
Por su parte, la ubicación de las mesas directivas de casilla, según la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Artículo 255), debe cumplir con ciertos requisitos, entre ellos:
La accesibilidad, establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 9, es indispensable para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho al voto, pero también para que la ciudadanía pueda participar como funcionaria de casilla. En este caso se trata de que el espacio físico donde se ubique la casilla sea accesible, pero al hablar solo de electores, los funcionarios de casilla quedan invisibles. Aunque estrictamente las personas funcionarias de casilla también son electoras, es recomendable adicionar la frase “y personas funcionarias de casilla” al final del inciso a) del artículo 255 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Lo anterior para promover la participación de las personas con discapacidad como funcionarias de casilla. Por otro lado, es recomendable adicionar como requisito para establecer la casilla, que el espacio dentro de la misma sea el idóneo para que la ciudadanía con discapacidad pueda desplazarse, lo que no es especificado en las condiciones establecidas por la misma disposición.
Pasando a otro tema, los partidos políticos y candidatas(os) independientes tienen derecho de ser representados ante las mesas directivas de casilla, en este sentido las y los representantes son considerados parte de la casilla y tienen la función de vigilar el desarrollo de la votación, también pueden registrar incidentes ante las personas funcionarias de casilla a nombre de sus representados (artículo 261 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales). La persona que represente a los partidos o al candidato(a) independiente debe conducirse bajo las siguientes normas:
c) Podrán actuar en representación del partido político, y de ser el caso de la candidatura independiente que los acreditó, indistintamente para las elecciones que se celebren en la fecha de la jornada electoral;
d) No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes ante las mesas directivas de casilla, sin embargo, podrán coadyuvar en sus funciones y en el ejercicio de los derechos de estos ante las propias mesas directivas de casilla;
e) En ningún caso ejercerán o asumirán las funciones de los integrantes de las mesas directivas de casilla;
f) No obstaculizarán el desarrollo normal de la votación en las casillas en las que se presenten;
g) En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo cuando el representante de su partido político ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente, y
h) Podrán comprobar la presencia de los representantes de su partido político en las mesas directivas de casilla y recibir de ellos los informes relativos a su desempeño.
Artículo 260 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Aunque se establecen algunas normas de comportamiento, tomando en cuenta que los y las representantes son también parte de la casilla e intervienen en ella, en ningún momento se considera alguna disposición que prohíba discriminar a las personas funcionarias de casilla, pero además a la ciudadanía en general. Esta disposición, aparentemente neutra, permite actos de discriminación el día de la jornada electoral, lo anterior puede reflejarse en el siguiente testimonio:
…la discriminación puede surgir de gente que no conoce, cuando él llegó y se adaptó a los simulacros de su equipo de trabajo, muy bien, pero cuando ya llegan a casilla, cuando vez como los tratan, sobre todo la gente que viene de representantes de partido político, eso es un punto muy negativo para ellos y para la capacitación que se les da para ser funcionarios, bueno para ejercer como representantes de un partido político, digo si uno no discrimina, si uno incluye, si uno busca que esta gente participe y llegan y de repente esa actitud, porque están: es que él no va a poder, es que él no va a entender, es que él nos va atrasar.
Al respecto la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha establecido que “Los Estados parte prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad” (artículo 5). Los y las representantes, al realizar su función, pueden no aceptar que una persona con discapacidad sea funcionaria de casilla, a pesar de que no estén facultados para ello. Por lo anterior, se recomienda el establecimiento, en el texto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la prohibición expresa de discriminar a las personas con discapacidad, ya sea como electoras o como funcionarias de casilla. Lo anterior para evitar incidentes y propiciar su inclusión en las mesas directivas de casilla.
La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 280, párrafo tercero, también determina que personas tienen derecho de acceso a la casilla.
a) Los electores que hayan sido admitidos por el presidente de la mesa directiva de casilla en los términos que fija el artículo 279 de esta Ley;
b) Los representantes de los partidos políticos y de Candidatos Independientes debidamente acreditados en los términos que fija esta Ley;
c) Los notarios públicos y los jueces que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y, en general, con el desarrollo de la votación siempre y cuando se hayan identificado ante el presidente de la mesa directiva y precisada la índole de la diligencia a realizar, misma que en ningún caso podrá oponerse al secreto de la votación, y
d) Los funcionarios del Instituto que fueren enviados por el Consejo General o la junta distrital respectiva, o llamados por el presidente de la mesa directiva.
Como parte de las medidas para lograr que las personas con discapacidad se incluyan plena y efectivamente en las mesas directivas de casilla, además de las ayudas técnicas que el INE ponga a disposición de la ciudadanía, es necesario tomar en consideración la posibilidad de que una persona de apoyo, ajena a las enunciadas en el artículo 83, párrafo tercero de la Ley, funcione como traductora o apoye a la ciudadanía con discapacidad que funja como funcionaria de casilla. En este sentido, es recomendable adicionar, junto a las personas que tienen derecho de acceso a la casilla, a aquellas personas que funjan como apoyo técnico de las personas con discapacidad funcionarias de casilla el día de la jornada electoral.
En el mismo artículo 280, pero en el párrafo quinto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se encuentran establecidas las personas que no pueden entrar a la casilla:
En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo 12, es muy clara al declarar que:
Los Estados parte reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida.
Además, respecto al derecho al voto de las personas con discapacidad la misma Convención, artículo 29, establece:
[…] asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las demás, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar.
Esta disposición también viola el artículo 1º constitucional y el artículo 4 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
De hecho, esta disposición ya ha sido criticada por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, en el punto 55 de las Observaciones Finales sobre el Informe Inicial de México (ONU, 2014). Por lo tanto, es recomendable la eliminación de la frase “privadas de sus facultades mentales”, ya que genera discriminación directa hacía las personas con discapacidad mental e intelectual.