Source: https://legis.pe/combinacion-leyes-unidad-aplicacion-leyes-acuerdo-plenario-2-2006-cj-116/
Timestamp: 2019-08-20 03:49:42
Document Index: 180695748

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'artículo 103', 'artículo 139', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 6']

Acuerdo Plenario 2-2006/CJ-116: Combinación de leyes o unidad en la aplicación de las leyes | Legis.pe
Fundamentos destacados: 10. Sin embargo, también es posible que se pueda elegir de entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables, en virtud al “principio de combinación “que permite al juzgador poder establecer una mayor benignidad penal a favor del reo.
Voto en minoría: fundamento destacado: 2. […] el conflicto ha de producirse entre dos o más leyes penales y no entre las diversas disposiciones de dichas leyes, esto es, entre la ley derogada y la nueva ley; y, en segundo lugar, que ni los preceptos constitucionales citados ni el mencionado artículo 6° del Código Penal estatuyen que debe aplicarse en caso de conflicto temporal los aspectos de las leyes opuestas que sean más favorables al acusado. Lo que en buena cuenta hace el voto mayoritario es “crear” jurisprudencialmente una tercera ley con disposiciones no incorporadas puntualmente en una norma con rango de ley, vista como totalidad o como unidad.
10. Sin embargo, también es posible que se pueda elegir de entre dos leyes penales sucesivas en el tiempo los preceptos más favorables, en virtud al “principio de combinación “que permite al juzgador poder establecer una mayor benignidad penal a favor del reo.
1. La Constitución Política de 1993 en materia de aplicación temporal de la ley penal sustantiva consagra, en primer lugar, que ninguna ley tiene fuerza ni efecto retroactivo, salvo en materia penal, cuando ésta favorece al reo -artículo 103°, segundo párrafo-; y, en segundo lugar, que en caso de conflicto entre leyes penales se debe aplicar la ley más favorable al procesado -artículo 139°, literal 11)-. Ambas disposiciones constitucionales -vinculadas, a su vez, al principio limitador del ius puniendi que es el de legalidad (artículo 2°, numeral 24°, literal e de La Ley Fundamental) y, dentro de él, a la denominada garantía criminal. asociada entre otras a la exigencia genérica de prohibición de retroactividad (lex praevia)- consagran, de un lado y como regla general, el principio “tempus regit actum”, y de otro lado, como excepción común al Derecho penal, la exigencia de ley previa que expresa la prohibición de retroactividad de las leyes que castigan nuevos delitos o agravan su punición -una ley penal de esas características sólo tiene efectos ex nunc, no ex tune- y que, a su vez, garantiza la vigencia material del principio de seguridad jurídica: sólo si una conducta está previamente prohibida puede el ciudadano saber que si la realiza incurre en responsabilidad, sólo así puede acomodarse a la ley y disfrutar de seguridad en su posición jurídica.
2. En este sentido, desarrollando en lo pertinente ambos preceptos constitucionales, el artículo 6° del Código Penal precisa: “La Ley Penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible [tempus comissi delicti]. No obstante, se aplicará la más favorable al reo. en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales Es evidente, entonces, en primer lugar, que el conflicto ha de producirse entre dos o más leyes penales y no entre las diversas disposiciones de dichas leyes, esto es, entre la ley derogada y la nueva ley; y, en segundo lugar, que ni los preceptos constitucionales citados ni el mencionado artículo 6° del Código Penal estatuyen que debe aplicarse en caso de conflicto temporal los aspectos de las leyes opuestas que sean más favorables al acusado. Lo que en buena cuenta hace el voto mayoritario es “crear” jurisprudencialmente una tercera ley con disposiciones no incorporadas puntualmente en una norma con rango de ley, vista como totalidad o como unidad.
3. La invocación a la exposición de motivos del Código Penal vigente no es de recibo, primero, porque si bien es válido y razonable utilizarla como un criterio que ayuda a la interpretación normativa, en si misma no es una fuente formal del ordenamiento jurídico, la que se circunscribe a los preceptos de la propia ley, a su sentido literal posible; y, segundo, por cuanto en el caso concreto lo expuesto en la exposición de motivos, en puridad, no se refiere al texto, tal y como fue aprobado, del artículo 6° del Código Penal. Éste hace mención, con palpable claridad, a la ley más favorable; no se refiere a los aspectos favorables de una ley para aplicarlos con relativa independencia del texto íntegro de la misma y, de ese modo, en comparación con la ley o leyes derogadas, “construir’ pretorianamente una disposición ad hoc para el caso concreto, vulnerando la vocación de generalidad de toda norma jurídica y, adicionalmente, el principio constitucional de separación de poderes. No se puede confundir, entonces, “ley” con “artículo de la ley”.
5. En la práctica jurisprudencial es frecuente la invocación a la aplicación de las disposiciones sobre prescripción y, simultáneamente, de los preceptos que regulan las penas conminadas en los tipos legales respectivos, lo que ha determinado que en muchos casos el órgano jurisdiccional “combine” desde una perspectiva temporal las disposiciones respectivas de las leyes en conflicto. Sin embargo, esa solución no es aceptable porque aún cuando se afirme la posibilidad de aplicar dos disposiciones de leyes penales diferentes -sólo factible, según esa concepción, en las denominadas “leyes complejas divisibles”-, en el caso de dos instituciones con diferente nivel de tratamiento y concepción jurídica no es posible tal fraccionamiento, y de hacerlo – como lamentablemente se viene haciendo- equivaldría a crear una tercera ley, lo cual está constitucionalmente prohibido -y así lo dicen los partidarios de esa concepción-; en este caso ni siquiera se aplica por separado cada clase de reacción penal según la fase de determinación que corresponda, sino que se combinan reglas jurídicas indivisibles pertenecientes a diferentes ámbitos jurídicos. Así las cosas, no se trata siquiera de una interpretación integra ti va, sino de una creación judicial de una tercera ley.