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Timestamp: 2018-04-22 08:56:02
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Matched Legal Cases: ['artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'artículo 19', 'ARTÍCULO 19', 'artículo 19', 'artículo 4', 'ARTÍCULO 1764', 'ARTÍCULO 1765', 'ARTÍCULO 1766', 'Artículo 1764', 'Artículo 1765', 'artículo 6', 'artículo 5', 'in fine', 'artículo 241']

noviembre 2014 – La Revuelta – Facultad de Derecho – UNC
Posicionamiento sobre el nuevo Código Civil y Comercial
11/11/2014 18/12/2017 por La Revuelta
Ante la reciente sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, desde la Revuelta Bisagra como estudiantes, egresados y egresadas de derecho comprometidos con la realidad social creemos necesario expresar nuestro parecer acerca del mismo. Nos proponemos hacer un recorrido histórico, crítico y valorativo, bajo la premisa de que en ningún caso se trata de un punto de llegada, sino de un interesante punto de partida.
El Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación fue elaborado por una Comisión integrada por los doctores Ricardo Luis Lorenzetti como presidente (actual presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación) , Elena Highton de Nolasco (miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación)y Aída Kemelmajer de Carlucci ( reconocida jurista a nivel nacional e internacional, ex ministra de Suprema Corte de Justicia de Mendoza). La comisión fue designada por iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 191/ 2011.
Esta Comisión consultó a más de noventa profesores de todas las universidades públicas y privadas del país, quienes dieron su opinión por escrito y fueron tenidas en cuenta en la redacción final. Muchos profesores y profesoras de nuestra Universidad Pública participaron en el proceso, tal es el caso de: Nora LLoveras ( profesora titular de la cátedra B de derecho privado VI , familia y sucesiones) Adriana Dreyzin de Klor ( profesora titular de derecho internacional privado) Gustavo Bono ( profesor adjunto de derecho privado V, derechos reales) , Angelina Ferreyra de la Rúa ( profesora titular de Teorìa general del proceso), María Victoria Bertoldi de Fourcade (Profesora titular Derecho Privado I) Jose Fernando Marquéz ( profesor titular de derecho privado VII, derecho de daños) , Efraín Richard ( director del departamento de derecho comercial), Horacio Roitman (profesor plenario de derecho comercial), Gustavo Vallespinos (profesor titular derecho privado II, derecho de las obligaciones) [1]
El Proyecto fue presentado al Poder Ejecutivo con fecha 27 de marzo de 2012, luego de un proceso de revisión por parte del Ministerio de Justicia que le introdujo modificaciones, fue elevado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación el día 7 de Junio de 2012. Se creó la Comisión Bicameral para la Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación, integrada por legisladores de la Cámaras de Diputados y Senadores, procedentes de diferentes fuerzas políticas. Está Comisión realizó audiencias públicas en todo el país con el objetivo de recibir opiniones de todos los sectores de la sociedad. En nuestra provincia se realizaron el día 4 de octubre del año 2012[2], como organización estudiantil participamos de las mismas, anexamos al final de esta publicación nuestra presentación en la jornada.
El dictamen de comisión fue presentado y aprobado por el Senado de la Nación el 28 de noviembre de 2013. En ese momento, las discusiones más importantes eran si se conservaba el Proyecto de la comisión original o se aceptaban las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo, principalmente referidas a la Responsabilidad civil del Estado, y en cuanto al comienzo de los efectos civiles del nacimiento y la fecundación in vitro. El Proyecto fue aprobado con las modificaciones del Poder Ejecutivo.[3]
Durante los días 11,12 y 13 de mayo del año 2012 y 17,18,19 de mayo del año 2013, desde la Revuelta Bisagra en el marco del Primer Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho y del Segundo Encuentro Nacional de Estudiantes de Derecho respectivamente, tratamos de modo exhaustivo las temáticas referidas al proyecto unificación del Código Civil y Comercial de la Nación
El 2 de julio de este año se sancionó la Ley de Responsabilidad del Estado nº 26.944, que fue publicada en el B.O. del 7 de agosto.[4]
El 1 de octubre del año 2014 el proyecto fue tratado y aprobado en la Cámara de Diputados, sancionando así el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que comenzará a regir a partir del 1 de enero del año 2016.
Queremos destacar que el Código Civil y Comercial recepta muchas de las discusiones doctrinarias y jurisprudenciales más importantes de los últimos 30 años, incluye preceptos normativos y jurídicos acorde a los fallos de cortes regionales tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el transcurso de los últimos dos años son numerosos los fallos judiciales que tomaron entre sus fundamentos al proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación. Bajo ningún punto de vista se trata de un Código que surgió de la noche a la mañana. En las siguientes líneas trataremos de analizar algunas cuestiones con mayor profundidad.
¿Repasamos un poquito la historia?
El hasta hace poco tiempo actual Código Civil Argentino y vigente hasta el 1º de enero de 2016, que redactó Dalmacio Vélez Sarsfield, fue tratado a libro cerrado, en un proceso que comenzó con el envío por parte del Poder Ejecutivo el 25 de agosto de 1869 y, luego de pasar por ambas Cámaras, se promulgó el 29 de setiembre del mismo año. Es decir, apenas un poco más de un mes.
El Poder Ejecutivo envió el Proyecto el 25 de agosto de 1869. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto el 22 se setiembre de 1869, luego de que fueran rechazadas diferentes propuestas de aplazamiento y objeciones al tratamiento a libro cerrado. El Proyecto de ley pasó a la Cámara de Senadores, donde fue sancionado el 15 de setiembre y promulgado el 25 de setiembre.
Se trató en un tiempo brevísimo y a libro cerrado.
El Código fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación mediante el mensaje del 25 de agosto de 1869, suscripto por el Presidente Domingo Faustino Sarmiento y por Nicolás Avellaneda. En dicho mensaje se decía: “Dos son los medios que se presentan desde luego, para llegar a este resultado. O someter el proyecto a una revisión detenida, o darle inmediata vigencia, confiando su reforma a la acción sucesiva de las leyes, que serán dictadas a medida que la experiencia determine su necesidad. El Poder ejecutivo debe manifestar a V. H. que, según su juicio, sería preferible el segundo de estos temperamentos: 1º porque el dilatado tiempo que volvería a absorber una discusión laboriosa del proyecto, tiempo que sería tal vez más ventajosamente empleado dejando que la práctica de los tribunales y de la vida civil, reglada en sus relaciones por el nuevo código vengan a indicar con un criterio seguro sus vicios e imperfecciones; 2º porque en una revisión sometida a varias personas, no es dado esperar que, prevalezca siempre la unidad indispensable de pensamiento para formular las reformas. Estas reformas, por otra parte, que deberán su origen a otro espíritu y a ideas distintas que las que han dominado en la redacción del código, no se incrustarían en su conjunto, sino interrumpiendo casi seguramente el plan general de sus disposiciones o desconcertando la uniformidad de sus miras. La reforma cuando ha sido propuesta no consigue, en la mayor parte de los casos, sino suscitar una opinión diversa u opuesta á la que ha adoptado el codificador, apoyándose en autoridades igualmente respetables y poniendo por delante el difícil problema de dar a la una preferencia a la otra. Así, una revisión puede traer en pos de sí la necesidad de otra, y una vez abierto este camino de discusión ilimitada, los códigos de Rusia y de los Países Bajos están para mostrarnos, con la lenta y complicada historia de su composición, cuánto puede ella retardarse, prolongada por las disecciones teóricas de los jurisconsultos en presencia de las antiguas leyes”.
El Senado se ocupó del asunto el 25 de septiembre de 1869. El senador Mitre, sostuvo que: “Esta es la razón por qué cuando hay forzosamente que dar códigos, en todas partes del mundo tienen que aprobarse como se ha aprobado este código, a libro cerrado…”.
La segunda gran reforma que tuvo el código fue la ley 17.711 en el año 1968, elaborada por el Dr. Borda en el marco de un gobierno no democrático, en el que el congreso no funcionaba, si no hay congreso no hay ley, por lo que se trata de una norma ilegal ab initio se introdujeron principios tales como el de la Buena fe, el abuso del derecho, la mora automática, etc.
En el año 1987 se sancionó la ley que posibilitó el divorcio y en el año 2010 se sancionó la ley de matrimonio igualitario.
La gran modificación en el ordenamiento jurídico argentino se produjo en el año 1994, con la introducción en la reforma de la Constitución Nacional de los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y el respectivo control de convencionalidad.
145 son los años que separan la sanción del Código Civil de Vélez Sarsfield del Código Civil y Comercial de la Nación actual. 7 son los intentos fallidos de reforma a lo largo de todos esos años. 2.000.000 son los habitantes que había en Argentina en el año 1869 y 40.000.000 son los habitantes que hay en Argentina en el año 2014. 4 veces se reformó la Constitución Nacional, incluida la derogada Constitución de 1949 a manos de una dictadura militar. Cuando Vélez elaboró el Código Civil sólo podían votar los varones, el voto no era universal, ni secreto ni obligatorio, 145 años después las mujeres ya no son incapaces relativas de hecho y votan, Los jóvenes participan a través del voto desde los 16 años. 2 son las guerras mundiales que se produjeron posteriormente a la sanción del Código Civil, 6 golpes militares, la guerra de Malvinas, 30.000 desaparecidos.
El mundo, Latinoamérica y Argentina han cambiado en estos 145 años, nuevas realidades familiares, nuevas tecnologías, nuevas formas comerciales, nuevos paradigmas impulsan la necesidad de un nuevo Código Civil y Comercial.
¿Cuáles son los fundamentos del Código Civil y Comercial de la Nación?
Como surge de la presentación realizada por la Comisión integrada por los doctores Ricardo Luis Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci [5], se trata de un código con una identidad cultural latinoamericana, es un cambio relevante, atento a que la mayoría de los códigos de la época y la región se encontraban inspirados en el código civil de Napoleón.
Quizás uno de sus aspectos fundamentales pase por la constitucionalización del derecho privado, se toman en cuenta los tratados internacionales, en particular los de derechos humanos, en consonancia con fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como es el caso “Atala Riffo y niñas Vs. Chile”[6].
Se trata de un Código de la Igualdad y basado en un paradigma de la no discriminación, Los textos vigentes regulan los derechos de los ciudadanos sobre la base de una igualdad abstracta, asumiendo la neutralidad respecto de las asignaciones previas del mercado. El proyecto busca la igualdad real, y desarrolla una serie de normas orientadas a plasmar una verdadera ética de los vulnerables. En la tradición histórica, el sujeto del derecho privado ha sido el hombre. Se ha cambiado este paradigma para concebirlo en términos igualitarios, sin discriminaciones basadas en el sexo, la religión, el origen o su riqueza. En los textos actuales aparecen la mujer, el niño, las personas con capacidades diferentes, el consumidor, las comunidades originarias, y muchos otros que no habían tenido una recepción sistemática hasta el momento.
Es un Código para una sociedad multicultural. En materia de familia se han adoptado decisiones importantes a fin de dar un marco regulatorio a una serie de realidades sociales y familiares que no se pueden ignorar. Se incorpora una nueva forma de filiación, la que deriva de las técnicas de reproducción humana asistida ( TRHA), se regulan las uniones convivenciales, se modifican los plazos de adopción. Se incorpora el principio de la capacidad progresiva propio de la Convención de los Derechos del niño y receptado en legislación nacional a partir de la ley 26.061.
¿Hay temas conflictivos?
Claro que los hay, no reconocerlo sería lo mismo que señalar que el derecho no implica conflicto, que no regula intereses que son opuestos y en muchos casos irreconciliables. Hubo conflictos desde que se presentó el proyecto de reforma en el año 2012, los hubo a partir de las modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo Nacional, los hay en este momento en virtud de la aprobación del Código Civil y Comercial y los seguirá habiendo a partir de la entrada en vigencia el 1 º de enero del año 2016.
Algunos de esos temas son:
El artículo 19 y el comienzo de la vida humana.
El código proyectado en su artículo 19 contenía la siguiente redacción: Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción en el seno materno. En el caso de técnicas de reproducción humana asistida, comienza con la implantación del embrión en la mujer, sin perjuicio de lo que prevea la ley especial para la protección del embrión no implantado.
El actual artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación señala: Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción.
Señala al respecto Marisa Herrera[7] (docente de la UBA e investigadora del CONICET, miembro de la comisión reformadora del Código Civil y Comercial, especialista en Derecho de Familia) que el art. 19 atenta contra los principios de igualdad y no discriminación, progresividad, multiculturalidad, y a la vez, está en contra del derecho a la intimidad, la autonomía reproductiva y el disfrute del avance científico, en este caso a la reproducción humana asistida. La redacción del artículo 19 tiene un carácter político y simbólico muy importante. Puntualiza sobre la necesidad de separar Estado e Iglesia para alcanzar una legislación y políticas públicas laicas, alejadas de prejuicios y fundamentalismos.
Establece Herrera que no se debe caer en la confusión de equiparar fertilización a concepción. El propio Congreso sancionó en 2013 la ley de cobertura médica de las técnicas y procedimientos de reproducción asistida obligando a que los servicios de salud cubran, entre tantos otros procedimientos, la fertilización in vitro. Por lo tanto, ya los legisladores admitían expresamente que el embrión in vitro no es persona; de lo contrario, sería imposible pretender que las obras sociales y prepagas solventen una técnica que implica “manipular personas”, como así también la crioconservación. La coherencia de las leyes es una responsabilidad ética y social de quienes legislan, con el fin de evitar futuros planteos de inconstitucionalidad, además del caos jurídico que se deriva de sancionar legislación abiertamente contradictoria.
En consonancia con la constitucionalización del derecho privado, eje rector de esta reforma, el artículo 19( el proyectado) debe guardar coherencia con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el fallo ““Artavia Murillo y otros contra Costa Rica del 28 de noviembre de 2012”[8], se pronunció de manera expresa y elocuente sobre el interrogante central en cuestión: si el embrión es o no persona, sentenciando que no es persona. La Corte afirma que el término “concepción” cuando se trata de reproducción asistida, se produce con la implantación del embrión en la mujer, es decir, a partir de la anidación. Antes de este momento, cuando el embrión está in vitro y fuera del útero, jamás podría llegar a desarrollarse y ser persona. Incluso la Corte fue más allá, y sobre los embriones intracorpóreos asumió la teoría de que a mayor grado de desarrollo del feto dentro del cuerpo de la mujer, las libertades que las mujeres tienen se achican proporcionalmente a este avance. Esta interpretación es muy importante ya que señala la posición de la Corte a la posibilidad de que las mujeres pueden decidir sobre la continuidad o no de un embarazo. Una vez más, la Corte fue enfática en considerar que ningún derecho es absoluto.
En definitiva, frente a la necesidad de definir que es persona, desde diferentes organizaciones sociales se propuso la siguiente redacción
ARTÍCULO 19.- Comienzo de la existencia. A los efectos civiles, la existencia de la persona como titular de derechos y obligaciones comienza con el nacimiento con vida, sin prejuicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico durante el periodo de gestación.
Por su parte Aida Kemelmajer de Carlucci sostiene que “el artículo 19 del nuevo Código, como quedó redactado finalmente, coincide con el Pacto de San José de Costa Rica( señala que la vida se protege a partir de la concepción) , y que como país, estamos obligados a dar a esta norma la misma interpretación que la Corte Interamericana dio al artículo 4 de esa Convención” [9].
El código proyectado preveía:
ARTÍCULO 1764.- Responsabilidad del Estado. El Estado responde, objetivamente, por los daños causados por el ejercicio irregular de sus funciones, sin que sea necesario identificar a su autor. Para tales fines se debe apreciar la naturaleza de la actividad, los medios de que dispone el servicio, el lazo que une a la víctima con el servicio y el grado de previsibilidad del daño.
ARTÍCULO 1765.- Responsabilidad del funcionario y del empleado público. El funcionario o empleado público es responsable por los daños causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular de su cargo. Las responsabilidades del funcionario o empleado público y del Estado son concurrentes.
ARTÍCULO 1766.- Responsabilidad del Estado por actividad lícita. El Estado responde, objetivamente, por los daños derivados de sus actos lícitos que sacrifican intereses de los particulares con desigual reparto de las cargas públicas. La responsabilidad sólo comprende el resarcimiento del daño emergente; pero, si es afectada la continuación de una actividad, incluye la compensación del valor de las inversiones no amortizadas, en cuanto hayan sido razonables para su giro.
Estos artículos fueron sustituidos por el Poder Ejecutivo Nacional por los siguientes:
Artículo 1764.- Inaplicabilidad de normas. Las disposiciones de este Título no son aplicables a la responsabilidad del Estado ni de manera directa, ni subsidiaria Artículo 1765.- Responsabilidad del Estado. La responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponda.
El 2 de julio de este año se sancionó la Ley de Responsabilidad del Estado nº 26.944, que fue publicada en el B.O. del 7 de agosto. Entre sus lineamientos generales es posible destacar que se trata de una responsabilidad de carácter administrativa, bajo un sistema de responsabilidad directa y objetiva, por lo que las causales de eximición de responsabilidad son las mismas que las de cualquier sistema de responsabilidad objetiva , hecho de la víctima o un tercero y caso fortuito o fuerza mayor, salvo que el Estado por ley especial responda expresamente. Se establece que el Estado responde por su actividad legítima y también por su actividad ilegítima, coincidiendo con los presupuestos de la responsabilidad por actos lícitos e ilícitos. Tales requisitos surgen de la lectura de los artículos 3 y 4. Es cuestionable el inc , c del art. 4 al indicar que para que se configure la responsabilidad por actividad legítima del Estado se requiere relación de causalidad directa, inmediata y exclusiva entre la actividad estatal y el daño; dejando de lado la posibilidad de concausalidad.
En relación con este último punto, el artículo 6 de la ley 26.944 prevé que el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada. Creemos que está norma es criticable y perfectible. También es criticable y perfectible el artículo 5 in fine, en cuanto señala que los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización.
Se prevé la responsabilidad de los funcionarios públicos, señalando como factor de atribución la falta de servicio o cumplimiento irregular de un servicio. El plazo de prescripción de la acción coincide con los plazos del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de responsabilidad, es decir 3 años. Surge del art. 8de la ley que el interesado puede deducir la acción indemnizatoria juntamente con la de nulidad de actos administrativos de alcance individual o general o la de inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o de inconstitucionalidad que le sirve de fundamento.
Creemos necesario señalar que en materia de responsabilidad civil, ya sea por daños causados por particulares o por el Estado, debe regir plenamente el principio de la reparación plena o integral, que desde la causa “Aquino, Isacio c. Cargo Servicios Industriales S.A” es un principio constitucional[10]. Por su parte, en el caso “Rodríguez Pereyra” de 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece un criterio que adelanta la inconstitucionalidad de todo sistema reparatorio que no se condiga con la pauta de reparación integral.
Además como señala Aida Kemelmajer de Carlucci la ley de protección de los consumidores se aplica tanto al Estado como a los particulares, por lo que por vía de esta ley se colarán muchos de los casos que quedaron fuera de la ley 26.994. Además, hay que estar atentos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, en la que ya señaló que cuando el Estado concesiona el servicio de salud, sigue siendo responsable por los daños causados en las actividades que ha delegado.
El artículo 241 del código proyectado establecía: Derecho fundamental de acceso al agua potable. Todos los habitantes tienen garantizado el acceso al agua potable para fines vitales.
Este artículo fue dejado de lado por el Poder Ejecutivo de la Nación.
Muchas son las críticas previas que recibieron en líneas generales las regulaciones específicas en materia de derecho de familia, creemos que las mismas se encuentran ancladas en una particular forma de entender esta área del derecho, la cual defiende a la familia entendida en términos exclusivos y excluyentes: sólo un hombre y una mujer pueden formar una familia, el matrimonio es la base de la familia, la familia es la base de la sociedad. De este silogismo se deriva una concepción desigual y discriminatoria del derecho de familia, que como tal no se correlaciona con los nuevos tiempos que corren.
Desde el año 1987, cuando se sancionó el divorcio, pasando por la sanción de la ley de matrimonio igualitario en 2010, y el proceso de reforma y unificación del Código Civil y Comercial de la Nación en el período 2012-2014, los argumentos esgrimidos en contra de la modificación del matrimonio y en defensa de una conformación unívoca de la familia han sido siempre los mismos. El matrimonio se identifica como el lugar privilegiado y principal ( casi único) para la reproducción y perpetuación de la especie, si la figura del matrimonio monogámico y heterosexual se modifica, la especie corre riesgo de extinción. Si el matrimonio se modifica permitiendo el divorcio o que se constituya dejando de lado el requisito de la intersexualidad, se entrará en una pendiente resbaladiza, de desprestigio, a tal punto que ya nadie estará interesado en contraer matrimonio.
Sin embargo, este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación se inscribe en una tradición que piensa en la familia como Las Familias, que cree profundamente en la existencia de la diversidad y pluralidad familiar. En consonancia con las ya sancionadas leyes de matrimonio igualitario e identidad de género este código es un código de la igualdad. Se retoman debates doctrinarios y jurisprudenciales que se vienen dando en nuestro país hace más de 20 años, tales como el avance de la autonomía de la voluntad versus el orden público familiar. Es así que se reconoce la eliminación de los deberes de fidelidad y cohabitación como deberes jurídicos, quedando los mismos sólo como deberes morales, dejando a salvo el deber jurídico de asistencia. Se regulan las uniones convivenciales, se reconoce el principio de capacidad progresiva para niños, niñas y adolescentes; se establece una triple clasificación de la filiación y a las ya conocidas filiación biológica y filiación por adopción se agrega la filiación por técnicas de reproducción humana asistida.
Pueblos originarios. Propiedad Comunitaria.
El proyecto original remitido por la Comisión redactadora contenía normas que regulaban la propiedad comunitaria de las tierras y territorios que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas.
Como es sabído, el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional, y la mayoría de las constituciones provinciales de los estados federados donde habitan poblaciones indígenas regulan el derecho a la propiedad comunitaria indígena.
Un pilar del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, es el derecho a la consulta, previa, libre, informada y de buena fe, sobre las políticas públicas que de algún modo afecten a las comunidades indígenas. La regulación civil de un derecho de orden constitucional traía consigo esa situación.
Celebramos la remisión de la regulación de un derecho operativo constitucional a una ley especial de derecho público y no a un estatuto relativamente inconsulto y elaborado fuera de la cosmovisión indígena.
Norma Transitoria Primera: “Los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, serán objeto de una ley especial.”
Ante la sanción reciente del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, como señala Gustavo Arballo[11] la agenda negativa suele primar sobre la agenda positiva y probablemente sea por el peso específico de los críticos que se concentran en controvertir temas puntuales es mucho más visibilizado que el de los favorecedores que lo defienden a un nivel conceptual o general, quedando expuestos a críticas por exceso.
En estas líneas hemos intentado realizar un recorrido histórico, rescatando el proceso de gestación de la tarea codificadora, en el que participaron numerosos y notables juristas, muchos de ellos de nuestra casa de estudios. Rescatamos algunos de los fundamentos que inspiraron la necesidad de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Retomamos algunos de los puntos más conflictivos, identificando lo que ha nuestro parecer son desaciertos, sin embargo, no por ello calificamos al Código Civil y Comercial como negativo o como un retroceso, por el contrario, celebramos la sanción del mismo, la adaptación del derecho civil y comercial a los tiempos que corren, al siglo XXI, hemos sido y seguiremos siendo defensores de la constitución plural , diversa y democrática de la familia.
El nuevo Código obliga a que virtualmente todo abogado o funcionario judicial involucrado con el derecho privado tenga que volver a estudiar, y el hecho de perder los puntos de referencia conocidos obligará a que los operadores judiciales tengan que revisar las ideas y soluciones que se tomaban “por inercia”, ya sin posibilidad de ignorar que operan bajo un nuevo modelo, el de la constitucionalización del derecho privado .
Creemos fuertemente que no se trata de un punto de llegada, sino de un punto de partida, sabemos que hay normas que están mal, que no debieron incluirse o que fueron incluidas y no debieron haberse excluido, sin embargo no se trata de una Constitución con contenidos pétreos y sólo reformable por un proceso especial y complejo, por el contrario, se trata de normas perfectibles ya sea a través de la actividad judicial o legislativa. Pensamos que siempre es necesario tener en cuenta los fundamentos de este código y a partir de la constitucionalización del derecho privado utilizar estrategias de cara a la ampliación de derechos que tengan en consideración a la Constitución Nacional, los Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional y las interpretaciones de las cortes regionales tales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Los 145 años que separan un código de otro nos enseñan que también la sociedad civil, las organizaciones sociales, los estudiantes de derecho tienen en sus manos la posibilidad de impulsar, acompañar, luchar, por modificaciones en la regulación de los derechos civiles que hagan de este país un lugar más justo, libre, igualitario, democrático, plural y diverso.
[1] En el siguiente link se encuentra la lista completa: http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/6-Anexo-de-Fundamentos-y-Reconocimientos.pdf
[2] http://www.cba24n.com.ar/content/se-realizaron-las-audiencias-por-el-codigo-civil-y-comercial
[3] Modificaciones introducidas por el Poder Ejecutivo de la Nación. En línea http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/7-Fundamentos-de-los-cambios-introducidos-por-el-P.E.N..pdf
[4] Texto completo de la ley 26.994. En línea:http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/230000-234999/233216/norma.htm
[5] http://www.nuevocodigocivil.com/wp-content/uploads/2015/02/5-Fundamentos-del-Proyecto.pdf
[6] Fallo completo en : http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf
[7] Nota completa en : http://www.antelaley.com/2014/04/modificacion-del-articulo-19-del.html
[8] http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_257_esp.pdf
[9] http://www.lanacion.com.ar/1734474-aida-kemelmajer-de-carlucci-me-dolio-que-se-excluyera-del-codigo-civil-la-responsabilidad-del-estado
[10]http://aulavirtual.derecho.proed.unc.edu.ar/pluginfile.php/30956/mod_folder/content/0/Pizarro._Jerarquia_constitucional_del_derecho_a_reparacion.doc?forcedownload=1.
[11] Ver el blog: saberderecho.com
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