Source: http://lexweb.cl/derrame-en-quintero-posibilidad-de-una-demanda-por-dano-ambiental/
Timestamp: 2019-07-18 22:31:33
Document Index: 243778625

Matched Legal Cases: ['artículo 52', 'Artículo 52', 'artículo 2', 'artículo 52', 'artículo 1698', 'artículo 412', 'artículo 35']

DERRAME EN QUINTERO: Posibilidad de una demanda por daño ambiental. | LexWeb
Durante este mes hemos sido testigos de un nuevo derrame en quintero. Se anunció por parte del gobierno el estudio de la interposición de una demanda de daño ambiental. Es por ello que nace precisamente la idea de este breve aporte: ¿Cuáles son los escollos para la deducción y tramitación de una demanda de daño ambiental? Concretamente ¿Es una acción diferente a la de daño civil? Veremos brevemente estas situaciones.
Lo primero es señalar que la acción de daño ambiental se encuentra regulada en la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente en sus artículos 51 y siguientes. Respecto a la titularidad de la acción es un tema ampliamente discutido sobre si se trata de una acción popular o no. Nosotros creemos que no es una acción popular dado que es necesario acreditar, como requisito de admisibilidad, el perjuicio efectivo sea que adoptemos un concepto de perjuicio ambiental amplio o restringido es un asunto que deberá acreditarse al momento de deducir la acción (Vid. Art. 54 Ley 19.300).
Enseguida, es importante referirnos a la prueba y particularmente al “onus probandi”. En la regulación de este punto solo existe una norma que se pronuncia sobre el particular, el artículo 52 de la ley 19.300 que establece una presunción en el siguiente sentido:
“Artículo 52.- Se presume legalmente la responsabilidad del autor del daño ambiental, si existe infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales para los casos de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la presente ley o en otras disposiciones legales o reglamentarias.
Con todo, sólo habrá lugar a la indemnización, en este evento, si se acreditare relación de causa a efecto entre la infracción y el daño producido.”
Entonces, la presunción (que es legal, es decir, admite prueba en contrario) es una manifestación de la denominada teoría de la culpa contra la legalidad, esto es, frente a un incumplimiento a las normas técnicas que para la actividad el Estado ha dictado se presume un actuar negligente. Además, esta disposición nos agrega la necesidad de acreditar siempre en sede procesal el nexo causal entre la acción u omisión y su resultado (el daño ambiental) que sumado al artículo 2 letra d) de la ley 19.300 que define el daño ambiental “toda pérdida, disminución, detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a uno o más de sus componentes”, lo cual nos agrega el elemento “significativo” como elemento a probar. Recapitulando, debemos acreditar en sede procesal: a) Acción u omisión del agente;b) Daño ambiental: Pérdida calificada de “significativa”.c) Nexo causal entre ambasd) Elemento subjetivo: Dolo o culpa. ¿De quién será cargo acreditar estos elementos? Como no hay norma que regule especialmente este asunto y atendido a lo dispuesto por el artículo 52.3 de la ley 19.300 (“Sin perjuicio de lo anterior, en lo no previsto por esta ley o por leyes especiales, se aplicarán las disposiciones del Título XXXV del Libro IV del Código Civil.”)Resulta aplicable el artículo 1698 del código civil, es decir, quien alega un hecho le tocará probarlo. De esta manera, si quisiéramos deducir una demanda por daño ambiental debemos procurarnos de medios de prueba que construyan la convicción del juez adjudicatario (tribunal ambiental respectivo). Ahora toca que nos preguntemos sobre ¿Cuál de estos elementos a probar será el que nos generará mayores complicaciones? La respuesta salta a la luz de inmediato: el menoscabo significativo a al ambiente o a uno de sus componentes. Esto lo decimos porque la estructura del tribunal ambiental está diseñada para resolver conflictos que tienen un nivel técnico complejo dado que no se trata de probar si el “el mar está sucio o se ve feo”, sino que se trata de probar que aquél medio acuático se encuentra menoscabado y ello es de importancia, grave o como dice la ley “significativo”.
Ergo, no bastará con presentar 2 testigos contestes en que el ambiente se ha visto menoscabado significativamente, será de suma importancia la prueba pericial. Luego, ¿Quién financia la prueba pericial? Como no hay regla que regule esto específicamente atendido este tipo de juicios deberá darse aplicación al artículo 412 del código de procedimiento civil, siendo la parte que solicita informe de peritos el que deba absorber ese costo sin tener la seguridad que al final del juicio sea el demandado condenado en costas, cuestión que es eventual sobre todo en estos asuntos donde es difícil determinar, salvo que la defensa esté estructura de manera obscena, que el demandado a obrado sin motivo plausible (Vid. Art. 144 Código de procedimiento Civil).
No obstante ello, existe una facultad del tribunal para actuar de oficio que en pocas oportunidades se ha utilizado y que es la única vía actualmente por la cual el demandante puede procurarse prueba lícita que construya la convicción del juzgador: la facultad de decretar diligencias del artículo 35 de la ley 20.6000 que crea los tribunales ambientales. En virtud de esta facultad el tribunal podría ordenar a un servicio público para que realice una determina diligencia pericial. Aquí nos referimos principalmente a pericias efectuadas por la PDI y por la Superintendencia del medio ambiente.
Otro medio de prueba que podría procurarnos acreditar los hechos de una demanda ambiental es la “declaración de parte” o como la conocemos en el viejo proceso civil “La confesión o prueba confesional”. Esta declaración de parte sin embargo opera de manera distinta y no tiene el mismo efecto que en el proceso civil, dado que si la parte contraria no comparece se produce el efecto de tenerse por reconocidos – en este caso- los hechos aseverados en la demanda o contestación, la apreciación de la prueba no obliga al juez a tomar en consideración esto ya que podría estimar el juez que no es suficiente con que una persona reconozca un hecho de manera ficta, es decir, sin que lo haya hecho expresamente.
En consecuencia, el problema no está en los medios de prueba está en ¿Quién tiene los medios de prueba? Es decir, quien está en mejor posición para probar hechos controvertidos, sustanciales y pertinentes del proceso. Es así que al alero de otros procedimientos (tales como, demandas por negligencia médica) se ha cambiado la visión acerca de la carga de la prueba y se han establecido las denominadas “cargas dinámicas de la prueba”. No obstante ello, hacemos la prevención que esta teoría que permite al juez fijar a cada parte los hechos que deberá probar dentro del término probatorio, nos parece una facultad del juez sin contrapesos. En estos asuntos sería la demandada quien debería probar todos los hechos porque según hemos dicho latamente es esa parte la que tiene los medios de prueba a su disposición. Creemos la solución a este problema pasa por dos vías: obligatoriedad de informe pericial de la PDI y prueba de oficios del tribunal. La primera medida permite que en todo juicio de este tipo exista un informe gratuito (para las partes) atendido el interés público comprometido, que permita establecer la veracidad o no de los hechos deducidos en la demanda. La otra vía permite que el tribunal ambiental pueda ordenar que los servicios públicos remitan informes sobre cumplimientos de la normativa ambiental y otras materias que permitan esclarecer el ánimo con que actúa el demandado a fin de establecer su responsabilidad en los hechos.
Finalmente, más allá de mejor la justicia ambiental creemos que es perentorio mejorar los instrumentos de gestión ambiental y los procedimientos sancionatorios dado que no estamos aquí frente a un interés privado que debe ser tutelado, estamos ante un interés público de suma importancia que debe tener en consideración y proteger el Estado.
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