Source: http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/recurso-extraordinario-de-revision-en-la-ley-392015
Timestamp: 2017-06-25 10:31:34
Document Index: 8405961

Matched Legal Cases: ['artículo 115', 'artículo 118', 'artículo 122', 'artículo 125', 'artículo 22', 'artículo 125', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118', 'artículo 118']

25 de Junio de 2017 | 12:31
El recurso extraordinario de revisión se mencionaba en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJ-PAC) y se regulaba de forma más detallada en los artículos 118 y 119. En aquél precepto se decía que contra la resolución de un recurso de alzada, no cabría ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos establecidos en el artículo 118.1 de la citada LRJ-PAC.
Yolanda Hernández Villalón,Letrada Jefe- Adjunta en la Comunidad de Madrid	En el artículo 122.3 de la Ley 39/2915, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo de las Administraciones Públicas (en adelante, Ley
39/2015), se recoge el mismo contenido, salvo que las causas para utilizarlo se
encuentran ahora en el artículo 125.
Los plazos para interponer este recurso siguen siendo
distintos en virtud de la causa que se invoque para justificarlos (art. 125. 2
de la Ley 39/2915), en el supuesto de la causa primera, el plazo será de cuatro
años siguientes a la fecha de la notificación de la resolución impugnada, y
cuando se invoquen alguno de los otros tres motivos, el plazo será de tres
meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia
judicial quedó firme.
La competencia para conocer de estos recursos corresponde al
órgano que dictó el acto objeto de revisión, quien puede pronunciarse sobre la
procedencia del recurso, y en su caso, sobre el fondo de la cuestión resuelta
por el acto recurrido (art. 125.1 de la Ley 39/2015).
Con carácter general se requiere dictamen del Consejo de
Estado - previsto en el artículo 22.9 de la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado-, u órgano consultivo de la
Comunidad Autónoma (en la Comunidad de Madrid, el art. 5 de la Ley 7/2015, de 28 de diciembre, de Supresión del
Consejo Consultivo atribuye las funciones a la Comisión Jurídica Asesora),
salvo que el órgano competente para la resolución del recurso motivadamente lo inadmita
a trámite y éste se funde en alguna de las causas previstas en el apartado 1
del artículo anterior, o en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto
al fondo otros recursos sustancialmente iguales .
El artículo 125 de la Ley 39/2015 enumera las causas que
pueden fundar este recurso extraordinario y que siguen siendo: 1º.- Que al dictar los actos administrativos se hubiera
incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados
al expediente. El Informe 998/2013, de 16 de enero de 2014, del Consejo de
Estado circunscribe los errores a los que se refiere la circunstancia 1ª del artículo 118.1 de la
LRJ-PAC, a los "errores de hecho" resultantes de los propios documentos
incorporados al expediente.
2º.- Que aparezcan documentos de
valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores,
evidencien el error de la resolución recurrida. El Consejo de Estado en su Informe
843/2015, de 1 octubre, señala que la apreciación de que se aportan documentos nuevos de carácter
esencial requiere que se aprecie su valía en tal modo que, de haber existido,
aparecido o constado al momento de dictarse la resolución que se combate, esta
hubiera variado sustancialmente de signo y todo ello por el hecho de que,
"un documento de valor esencial es aquel que motiva la destrucción de la
firmeza de un acto administrativo por la sola certeza de su existencia. Así, en
virtud de la atribución de tan excepcional relevancia a un documento se produce
una radical subversión de todo aquello a lo que afecta el contenido de dicho
escrito".
Esta segunda causa se
refiere simplemente al "error", sin calificarlo como "de
hecho". Por tal razón, el Consejo de Estado ha venido considerando que el
"error" a que alude la circunstancia 2ª del artículo 118.1 de la Ley
30/1992 no se limita al estricto error de hecho y puede dar también cabida al
error de derecho (entre otros, Dictámenes, 1.029/2004, de 21 de abril, 89/2005,
de 14 de febrero, y 606/2012, de 14 de junio). Este último destaca que el
artículo 118.1 de la Ley 30/1992 "se refiere a dos tipos de errores: en el
apartado 1º al "error de hecho" y "en el apartado 2º se trata el
"error", que puede ser jurídico".
Conviene aclarar que no
constituye "error de derecho" la mera discrepancia o incluso la
equivocación en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, sino
tan solo aquel que se produce de modo craso, patente e indudable, como cuando una
resolución administrativa aplica normas inexistentes o caducas o interpreta
determinados preceptos en un sentido que, de manera abierta y palmaria, es
contrario a la legalidad.
3º.- Que en la resolución hayan
influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia
judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución.
4º.- Que la resolución se hubiese
dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación
fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de
El Tribunal Supremo ha precisado que el recurso
extraordinario de revisión -entre otras, SSTS de 20 de diciembre de
2005, 14 de diciembre de 2006 y 22 de enero de 2007-, es un mecanismo extraordinario impugnatorio
dirigido a combatir actos administrativos firmes y únicamente es viable, desde
el punto de vista formal, cuando concurra de manera expresa alguna de las
causas específicamente determinadas en el artículo 118.1 de la LRJ-PAC, de
suerte que si el recurrente no logra acreditar la realidad de ese presupuesto
normativo, ciertamente inexcusable, debe decaer la solicitud contenida en el
Finalmente, en la Ley 39/2015 se mantiene la
compatibilidad entre la interposición del recurso extraordinario de revisión, y la posibilidad de solicitar la nulidad de actos
administrativos, y su derecho a que se sustancie y resuelva (art. 125.3 de la
actual Ley 39/2015). Respecto el plazo de resolución (art. 126 de la Ley 39/215),
ninguna novedad se ha introducido de
manera que transcurrido el plazo de tres meses desde la interposición del
recurso extraordinario de revisión sin haberse dictado y notificado la
resolución, se entenderá desestimado, quedando expedita la vía jurisdiccional