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Timestamp: 2017-03-25 19:45:59
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Matched Legal Cases: ['Artículo 2', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 13', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 27', 'artículo 18', 'artículo 53', 'artículo 6', 'artículo 26', 'artículo 27', 'artículo 38', 'artículo 6']

LEY 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears
LEY 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears	LEY 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears Mis Leyes
LEY 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears Estado	:
TÍTULO I. DEL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS.
CAPÍTULO I. DE LA ELECCIÓN Y DEL ESTATUTO PERSONAL.
Artículo 2. Del Presidente.
Artículo 3. De la elección y del nombramiento.
Artículo 4. De la incompatibilidad.
Artículo 5. Del fuero procesal.
Artículo 6. Del cese.
Artículo 7. De la vacante del cargo.
Artículo 8. De las suplencias y ausencias temporales.
Artículo 9. De la representación de las Illes Balears.
Artículo 10. De las atribuciones de representación.
Artículo 11. De las atribuciones de dirección.
Artículo 12. De la delegación de competencias.
CAPÍTULO III. DE LA RESPONSABILIDAD Y DEL CONTROL PARLAMENTARIO.
Artículo 13. De la responsabilidad política.
Artículo 14. De la moción de censura y de la cuestión de confianza.
TÍTULO II. DEL GOBIERNO DE LAS ILLES BALEARS.
Artículo 15. De su naturaleza y composición.
Artículo 16. Del funcionamiento del Consejo de Gobierno.
Artículo 17. De la Secretaría del Consejo de Gobierno.
Artículo 18. Del cese del Gobierno.
CAPÍTULO II. DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.
Artículo 19. De las atribuciones del Consejo de Gobierno.
CAPÍTULO III. ÓRGANOS DE APOYO Y DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO.
Artículo 21. De la Comisión de Secretarios Generales Técnicos.
Artículo 22. De los gabinetes.
Artículo 23. De los Comisionados autonómicos.
Artículo 24. El Portavoz del Gobierno.
TÍTULO III. DE LOS MIEMBROS DEL GOBIERNO.
Artículo 25. Del Vicepresidente.
Artículo 26. De los Consejeros.
Artículo 27. Del nombramiento.
Artículo 28. Del cese.
Artículo 29. De las vacantes y las suplencias.
Artículo 30. De las incompatibilidades.
Artículo 31. Del fuero procesal.
Artículo 32. De la responsabilidad.
Artículo 33. De las atribuciones de los Consejeros.
Artículo 34. De la representación del Gobierno ante el Parlamento.
TÍTULO IV. DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y DE LAS POTESTADES NORMATIVAS DEL GOBIERNO.
CAPÍTULO I. DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA.
Artículo 35. De la iniciativa legislativa.
Artículo 36. Del procedimiento de la iniciativa.
CAPÍTULO II. DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS.
Artículo 37. De los Decretos Legislativos.
CAPÍTULO III. DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA.
Artículo 38. De los titulares de la potestad reglamentaria.
Artículo 39. De la forma de las disposiciones administrativas.
Artículo 40. De la jerarquía normativa.
Artículo 41. De la eficacia.
SECCIÓN II. PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN.
Artículo 42. Del inicio.
Artículo 43. De la audiencia y La participación.
Artículo 44. De la información pública.
Artículo 45. De la intervención de los Entes Territoriales.
Artículo 46. De los informes y de los dictámenes.
Artículo 47. Del expediente.
TÍTULO V. DEL CONTROL DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO.
Artículo 48. De los tipos de control.
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey, y de acuerdo con lo que se establece en el artículo 27.2 del Estatuto de Autonomía, tengo a bien promulgar la siguiente Ley 4/2001, de 14 de marzo, del Gobierno de las Illes Balears.
El Parlamento, el Gobierno y el Presidente conforman la organización institucional de la Comunidad Autónoma, tal como dispone el artículo 18 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, norma fundamental que contiene, además, la regulación básica de cada una de estas tres figuras, pero que reclama expresamente, en los artículos 31.7 y 32.3 dejando al margen el papel asignado al Reglamento de la Cámara la intervención de una Ley aprobada por mayoría absoluta, para completar los aspectos organizativos, funcionales y de régimen jurídico del Gobierno y del Presidente.
La tarea de desarrollo de los preceptos estatutarios, por lo que se refiere al poder ejecutivo de la Comunidad Autónoma, la ha llevado a cabo la Ley 5/1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuyo contenido requiere la adecuación a la reforma estatutaria operada por la Ley Orgánica 3/1999, de 8 de enero, y a la realidad institucional y administrativa de las Illes Balears.
La reforma emprendida en este ámbito parte de la experiencia adquirida en las legislaturas precedentes, si bien asume, de entrada, cambios importantes y necesarios para la arquitectura organizativa y jurídica de nuestra comunidad. A diferencia de la Ley de 1984, la Ley del Gobierno tiene por objeto fundamental la regulación del Gobierno y del Presidente de las Illes Balears, así como de las potestades normativas del poder ejecutivo autonómico, y difiere a una Ley específica la ordenación y la estructuración de la Administración de la Comunidad Autónoma, cuyo régimen jurídico debe ser abordado próximamente por el Gobierno, tal como se anuncia en una disposición final.
La ordenación jurídica del Presidente de las Illes Balears se plantea en la doble vertiente de Presidente de la Comunidad Autónoma y de Presidente del Gobierno, lo cual se manifiesta en la distinción entre atribuciones de representación y de dirección. Como Jefe del Gobierno, al Presidente se le reconocen las facultades que tradicionalmente se consideran inherentes a esta condición, entre las que destacan las de tipo normativo en materia de organización.
La Ley acoge la doble naturaleza del Gobierno como órgano colegiado que encarna esencialmente el poder ejecutivo de la Comunidad Autónoma, lo configura como institución de autogobierno y como órgano superior de la Administración que de él depende, y lo dota de las atribuciones políticas, ejecutivas y normativas que exige el texto estatutario. En cuanto a la composición, prevé la figura del Vicepresidente con carácter disponible, no fija un límite máximo de Consejeros con responsabilidad ejecutiva y mantiene la figura del Consejero sin cartera.
El Gobierno, reunido para el ejercicio de sus funciones, constituye el Consejo de Gobierno, cuyo funcionamiento se perfila a partir de reglas mínimas, entre las que se incluyen, por su importancia, las relativas al Gobierno en funciones. Asimismo, la Ley se detiene en el tratamiento de la Secretaría del Consejo de Gobierno, de las Comisiones Delegadas y de los diversos órganos de apoyo y de colaboración. La Ley refuerza, en este sentido, la Comisión de Secretarios Generales Técnicos.
Por lo que se refiere a los miembros del Gobierno, la Ley recoge el régimen jurídico existente en materia de estatuto personal, nombramiento, cese, fuero procesal y responsabilidad política. Constituye, en cambio, una novedad la ordenación del régimen de suplencias y de asunción temporal de la titularidad de una Consejería. Quedan fuera del ámbito de aplicación de la Ley las atribuciones de los Consejeros al frente de las correspondientes áreas de responsabilidad.
Otra de las innovaciones de este texto legal es el tratamiento de la iniciativa legislativa y de las potestades normativas del Gobierno. Por lo que respecta a éstas, es importante subrayar que la Ley define la figura de los Decretos Legislativos en términos análogos a los previstos constitucionalmente. El ejercicio de la potestad reglamentaria se aborda integralmente por primera vez en nuestra legislación, buscando el equilibrio entre la eficacia exigible en la acción de los poderes públicos y las garantías jurídicas y de participación que reclaman los ciudadanos.
Completa la Ley un título dedicado al control de la actuación del Gobierno, en línea con la legislación comparada.
DEL PRESIDENTE DE LAS ILLES BALEARS.
DE LA ELECCIÓN Y DEL ESTATUTO PERSONAL.
2. En el plazo de cinco días, contados a partir del de la publicación del Real Decreto de nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, y sin perjuicio de que se publique también en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el Presidente nombrado tomará posesión de su cargo. El acto de toma de posesión, público y solemne, consistirá en la aceptación del cargo y el acatamiento de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.
1. El cargo de Presidente es incompatible con el ejercicio de cualquier otro cargo público, como también de cualquier actividad profesional, mercantil o industrial. Asimismo, le es aplicable la legislación específica sobre incompatibilidades de los miembros del Gobierno y Altos Cargos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El desarrollo de las funciones propias de la condición de parlamentario y las de carácter representativo en instituciones, organismos o entidades de carácter público cuando deriven de la condición de Presidente.
Las actividades correspondientes a la administración del patrimonio personal y familiar.
El ejercicio de cargos representativos, sin remuneración, en un partido político.
El ejercicio de cargos honoríficos en instituciones, organismos o entidades de carácter social, asistencial o no lucrativo.
La elección de nuevo Presidente después de elecciones autonómicas.
La aprobación de la moción de censura.
La denegación de la cuestión de confianza.
La dimisión comunicada por escrito al Presidente del Parlamento.
La incapacidad física o psíquica permanente que lo imposibilite para el ejercicio del cargo.
La sentencia firme de los Tribunales que lo inhabilite para el ejercicio del cargo.
La pérdida de la condición de Diputado del Parlamento.
La incompatibilidad declarada y publicada, de acuerdo con la normativa específica de aplicación.
3. La incapacidad a que hace referencia el apartado e) del número 1 de este artículo debe ser apreciada motivadamente por el Consejo de Gobierno, por acuerdo, como mínimo, de las tres quintas partes de sus miembros, y propuesta al Parlamento, que, en caso de que la estime, debe declarar la por mayoría absoluta de sus miembros.
3. Quien sustituya interinamente al Presidente tendrá derecho a los mismos honores y tratamientos que éste y ejercerá las funciones y las competencias que esta Ley y el resto del ordenamiento jurídico otorguen al Presidente, si bien no podrá plantear la cuestión de confianza, ni ser objeto de una moción de censura, ni separar de sus cargos a los miembros del Gobierno.
1. En los casos de ausencia, enfermedad u otro impedimento temporal del Presidente, éste será sustituido por el Vicepresidente o, en su defecto, por el miembro del Gobierno que el Presidente haya designado expresamente. En defecto de designación expresa, el Presidente será sustituido por el Consejero a quien corresponda, de acuerdo con el orden de precedencias de las Consejerías establecido por Decreto de la Presidencia.
Ejercer la representación de las Illes Balears en las relaciones con las Instituciones del Estado y las demás Administraciones Públicas.
Convocar a elecciones al Parlamento de las Illes Balears, en los términos regulados por la Ley.
Promulgar, en nombre del Rey, las Leyes y los Decretos Legislativos y ordenar su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y en el Boletín Oficial del Estado, en el plazo de quince días a contar desde el día en que hayan sido aprobados.
Ordenar la publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears del nombramiento del Presidente del Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo que establece el artículo 53 del Estatuto de Autonomía.
Establecer las directrices generales de la acción de gobierno, de acuerdo con su programa político, e impartir las instrucciones pertinentes a los miembros del Gobierno.
Mantener la unidad de dirección política y administrativa y coordinar las acciones de las diferentes Consejerías.
Crear y extinguir las Consejerías, así como establecer su denominación y sus competencias.
Nombrar y separar a los Consejeros y al Vicepresidente, en su caso.
Resolver los conflictos de atribuciones entre las Consejerías.
Determinar, mediante Decreto, las suplencias de los Consejeros y del Vicepresidente, en su caso, en caso de ausencia, enfermedad o en los casos de abstención obligada.
Encomendar transitoriamente, en caso de vacante, la titularidad de una Consejería a otro miembro del Gobierno.
Suscribir los convenios de colaboración y los acuerdos de cooperación con el Estado y demás Comunidades Autónomas.
Convocar las reuniones del Consejo de Gobierno, fijar su orden del día, presidirlas, suspenderlas y levantar sus sesiones, y dirigir los debates y las deliberaciones que en ellas se produzcan.
Plantear la cuestión de confianza ante el Parlamento de las Illes Balears, previa deliberación del Consejo de Gobierno.
Firmar los Decretos aprobados por el Gobierno y ordenar su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Firmar los acuerdos del Consejo de Gobierno.
Solicitar el dictamen del Consejo Consultivo de las Illes Balears, en los supuestos previstos en la legislación vigente.
Someter a deliberación y a acuerdo del Consejo de Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad, así como el planteamiento de conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional.
Ejercer acciones judiciales y administrativas, en caso de urgencia, e informar de ello al Consejo de Gobierno en la primera reunión que se lleve a cabo.
Designar al representante de las Illes Balears en el Patronato del Archivo de la Corona de Aragón.
Ejercer el resto de funciones que le atribuya el ordenamiento jurídico.
DE LA RESPONSABILIDAD Y DEL CONTROL PARLAMENTARIO.
Las sesiones del Consejo de Gobierno son convocadas por el Presidente y a ellas debe adjuntarse el orden del día y la documentación correspondiente a los asuntos sobre los que trate.
La constitución del Consejo de Gobierno será válida si asisten al mismo el Presidente o la persona que lo sustituya, y la mitad, como mínimo, de los Consejeros.
Los documentos que se presenten en las reuniones del Consejo de Gobierno tendrán carácter reservado y secreto, excepto que el propio Consejo de Gobierno acuerde hacerlos públicos. El mismo carácter tienen las deliberaciones del Consejo de Gobierno, así como las opiniones y los votos que se emitan, y sus miembros están obligados a mantener el deber de reserva, incluso cuando hayan dejado de pertenecer al Gobierno.
Los acuerdos del Consejo de Gobierno se adoptan por mayoría de los miembros presentes. El Presidente dirime con su voto los posibles empates.
Sólo pueden adoptarse acuerdos sobre los asuntos que figuren en el orden del día. No obstante, y por razones de urgencia, el Consejo de Gobierno puede deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre otros asuntos no incluidos en el orden del día.
A las reuniones del Consejo de Gobierno, el Presidente puede convocar a Altos Cargos, funcionarios de la Administración y expertos, cuyo parecer se considere necesario. Su intervención se limitará al asunto sobre el cual deban informar. En cualquier caso, les es de aplicación el deber de reserva aplicable a los miembros del Consejo de Gobierno.
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO DE GOBIERNO.
Establecer la política general de la Comunidad Autónoma, de acuerdo con el programa político definido por el Presidente, y dirigir la Administración.
Aprobar los Proyectos de Ley y remitirlos al Parlamento para que los tramite, como también determinar su retirada en los términos que establece el Reglamento de la Cámara.
Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.
Aprobar los Decretos Legislativos, previa delegación del Parlamento, en los términos previstos en el Estatuto de Autonomía.
Aprobar, previo dictamen del Consejo Consultivo, los Reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las Leyes, así como el resto de disposiciones reglamentarias que le corresponde dictar.
Prestar o denegarla conformidad a la tramitación de las proposiciones de Ley que supongan incremento de los gastos o disminución de los ingresos presupuestarios.
Deliberar sobre la cuestión de confianza que el Presidente se haya propuesto presentar ante el Parlamento de las Illes Balears.
Acordar la interposición del recurso de inconstitucionalidad y todas aquellas otras actuaciones ante el Tribunal Constitucional que correspondan al Gobierno de las Illes Balears.
Proponer al Parlamento de las Illes Balears la incapacitación del Presidente en los términos que establece el artículo 6.1.e) de esta Ley.
Solicitar que el Parlamento de las Illes Balears se reuna en sesión extraordinaria.
Autorizar la firma de convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con el Estado y demás Comunidades Autónomas.
Nombrar y separar mediante Decreto a los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
Adoptar las medidas necesarias para la ejecución, en su propio territorio, de los tratados y los convenios internacionales y de los actos normativos en lo que afecte a las competencias de la Comunidad Autónoma.
Ejercer las facultades de control y coordinación de los Consejos Insulares en el marco de la Ley.
Conceder honores y distinciones, de acuerdo con la normativa específica.
Ejercitar acciones judiciales y desistir de ellas, de acuerdo con la legislación específica aplicable.
Ejercer todas aquellas otras facultades que le atribuyan las disposiciones vigentes.
ÓRGANOS DE APOYO Y DE COLABORACIÓN DEL GOBIERNO.
El cese o la defunción del Presidente, si bien deben continuar en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
La incompatibilidad declarada y publicada, de acuerdo con lo que dispone la legislación específica aplicable.
La incapacidad e inhabilitación en el ejercicio de su cargo, declarada por sentencia firme.
Su dimisión aceptada por el Presidente.
La decisión del Presidente.
Preparar y presentar al Gobierno los anteproyectos de Ley y proyectos de Decreto, relativos a las cuestiones propias de su Consejería.
Dictar órdenes en las materias propias de su Consejería.
Formular los programas de actuación y fijar los objetivos de la Consejería, a los efectos de la elaboración del anteproyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.
Proponer al Consejo de Gobierno el nombramiento y el cese de Altos Cargos dependientes de su Consejería.
Ejercer todas las competencias que les atribuya la legislación vigente.
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA Y DE LAS POTESTADES NORMATIVAS DEL GOBIERNO.
DE LA INICIATIVA LEGISLATIVA.
El Gobierno ejerce la iniciativa legislativa prevista en el artículo 26 del Estatuto de Autonomía, mediante la elaboración, aprobación y remisión posterior de los proyectos de Ley al Parlamento.
1. El procedimiento de elaboración de los proyectos de Ley, sin perjuicio de los trámites que legalmente tienen carácter preceptivo, se inicia en la Consejería competente mediante la redacción de una propuesta de anteproyecto, a la que deben adjuntarse los estudios, los informes y la documentación que se consideren oportunos.
En particular, deberán acompañarse, como mínimo, los siguientes informes:
En caso de introducir un silencio administrativo con un efecto desestimatorio, un informe que motive las razones imperiosas de interés general que lo justifican.
En el supuesto de establecimiento de un régimen de autorización para acceder o ejercer una actividad de servicios, motivación suficiente sobre la concurrencia de los requisitos de no discriminación, necesidad y proporcionalidad de este régimen en el marco de aquello que dispone la Ley básica estatal 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
2. El Consejero competente debe elevar el anteproyecto al Consejo de Gobierno para que, en su caso, lo apruebe como proyecto de Ley o decida la realización de nuevos trámites. El texto aprobado debe incluir una exposición de motivos.
3. Una vez aprobado el proyecto de Ley, el Gobierno acordará su remisión al Parlamento, junto con una memoria y los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre el mismo.
DE LOS DECRETOS LEGISLATIVOS.
En el caso previsto en el artículo 27 del Estatuto de Autonomía, el Gobierno puede dictar normas con rango de Ley que recibirán el nombre de Decretos Legislativos. Para elaborarlos se seguirán, como mínimo, los trámites previstos en los artículos 42 y 46 de esta Ley.
1. La potestad reglamentaria de la Administración de la Comunidad Autónoma corresponde al Gobierno de las Illes Balears.
2. No obstante, los Consejeros pueden dictar disposiciones reglamentarias en las materias propias de sus Departamentos, en los siguientes casos:
Cuando estos Reglamentos tengan por objeto regular la organización y el funcionamiento de los servicios de la Consejería.
Cuando lo autorice una Ley o un Decreto del Gobierno.
3. El Presidente de la Comunidad Autónoma puede dictar reglamentos sólo en los siguientes casos:
Creación y extinción de Consejerías, incluida la modificación de la denominación y de las competencias que les corresponden.
Determinación del régimen de suplencias de los Consejeros y de la Secretaría del Consejo de Gobierno.
Cualquier otro previsto en una norma con rango de Ley.
1. Las disposiciones generales adoptarán la forma de Decreto si son aprobadas por el Gobierno o por el Presidente, y de orden, si son aprobadas por los Consejeros.
4. Los Reglamentos pueden incluir un preámbulo que debe limitarse a expresar la finalidad de la regulación y el marco normativo que lo habilita.
Las disposiciones administrativas se ajustan a la siguiente jerarquía:
En primer lugar, los Decretos aprobados por el Consejo de Gobierno o por el Presidente.
En segundo lugar, las Órdenes de los Consejeros.
Para que produzcan efectos jurídicos, las disposiciones administrativas deben publicarse íntegramente en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Entran en vigor a los veinte días desde su publicación, excepto en el caso en que se establezca un plazo diferente.
1. La elaboración de disposiciones administrativas es iniciada por el Consejero competente, el cual debe designar el órgano responsable del procedimiento. Para hacer su tramitación, debe adjuntarse al anteproyecto una memoria y, en su caso, un estudio económico.
2. En la memoria deben justificarse la oportunidad de la regulación y la adecuación de las medidas propuestas a los fines perseguidos. También debe expresarse el marco normativo en que se inserta la propuesta y debe incluirse, en todo caso, una relación de las disposiciones afectadas y la tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia.
Asimismo, se realizará un estudio de las cargas administrativas, en relación con la administración y las personas interesadas, que incluya la nueva regulación, si es el caso, con la finalidad de fomentar la simplificación administrativa y evitar que se incluyan trámites o cargas innecesarias.
3. En los casos de creación de nuevos servicios o de modificación de los existentes, debe adjuntarse la propuesta de un estudio del coste y de la financiación de la nueva organización.
4. Quedan excluidas de la aplicación de este procedimiento las disposiciones reguladas en los apartados a) y b) del punto 3 del artículo 38.
1. El proyecto debe someterse a la audiencia de los ciudadanos, directamente o por medio de las entidades reconocidas por la Ley que los agrupen o los representen, siempre que sus fines estén relacionadas con el objeto de regulación, en los siguientes casos:
Cuando lo exija una norma con rango de Ley.
Cuando la disposición deba afectara los derechos y a los intereses legítimos de los ciudadanos.
Cuando el Consejo de Gobierno, o el Consejero competente, lo decida motivadamente.
2. No será exigible el trámite previsto en el punto anterior respecto de las entidades citadas si han sido consultadas en el procedimiento de elaboración o si han participado en él mediante informes.
3. La audiencia no será exigible en relación con los proyectos de disposiciones que regulen la organización del Gobierno, de la Administración de la Comunidad Autónoma o de las Entidades Públicas que de ella dependan. Asimismo, se podrá prescindir de este trámite cuando lo exijan razones graves de interés público, apreciadas por resolución del Consejero competente, las cuales deberán ponerse de manifiesto en el expediente.
4. El plazo de la audiencia debe ser adecuado a la naturaleza de la disposición, y no inferior a quince días. Por razones justificadas, y mediante acuerdo o resolución debidamente motivado, este plazo puede reducirse a siete días.
Cuando lo exija la naturaleza de la disposición o lo decida el Consejo de Gobierno o el Consejero competente, el proyecto será sometido a información pública, de acuerdo con lo que dispone el punto 4 del artículo anterior.
1. El órgano responsable de la tramitación adoptará las medidas que hagan posible la participación de los Ayuntamientos y de los Consejos Insulares en el procedimiento cuando el proyecto de disposición afecte a las competencias de estos Entes.
2. Cuando la naturaleza de la disposición lo aconseje, esta consulta puede materializarse mediante una solicitud de informe a las organizaciones representativas de estas Entidades.
Los proyectos de disposiciones deberán ser sometidos preceptivamente a los siguientes informes y dictámenes:
El informe de los servicios jurídicos competentes.
El informe de la Secretaría General Técnica competente, que debe referirse, como mínimo, a la corrección del procedimiento seguido y a la valoración de las alegaciones presentadas.
Los dictámenes del Consejo Consultivo y demás órganos de consulta y asesoramiento, en los casos previstos en la legislación que los regula.
Los trámites que prevé esta sección han de quedar documentados en el expediente correspondiente, cuya formación corresponde al órgano que se determine en la iniciación del procedimiento.
DEL CONTROL DE LOS ACTOS DEL GOBIERNO.
DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Las personas que hayan ocupado el cargo de presidente o presidenta de las Illes Balears tienen derecho a recibir, con carácter permanente, las atenciones honoríficas y protocolarias correspondientes, siempre que no hayan cesado por alguna de las causas establecidas en las letras f) y h) del punto 1 del artículo 6 de esta Ley, ni por sentencia firme con declaración de culpabilidad por cualquier delito.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. DISPOSICIÓN DEROGATORIA.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno de las Illes Balears debe presentar al Parlamento de las Illes Balears un Proyecto de Ley Reguladora del Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
Palma, a 14 de marzo de 2001.
ANTONI GARCÍAS COLL,
Derogada por Ley 3/2003 de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. Artículos 36 (último párrafo apdo. 1) y 42 (segundo párrafo apdo. 2):
Añadido por Ley 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior. Artículos 2 (apdo. 2) y 26 (apdo. 3); Disposición adicional primera:
Redacción según Ley 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears Cerrar
Decreto 50/2003, de 9 de mayo, por el que se constituye un centro de intercambio de derechos de uso agrario del aguaDecreto 49/2003, de 9 de mayo, por el que se declaran las zonas sensibles en las Illes BalearsLEY 3/2003 de 26 de marzo, de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsDecreto 17/2003, de 31 de julio, del presidente de las Illes Balears, per medio del cual se delega en el consejero de Educación y Cultura la presidencia de la Junta Directiva de la Fundación Pública de las Baleares para la músicaDecreto 153/2003, de 1 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Delegada del Gobierno de las Illes Balears en materia de asuntos sociosanitariosDecreto 18/2003, de 22 de septiembre, del Presidente de las Illes Balears, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y DeportesDecreto 23/2003, de 17 de octubre, del Presidente de las Illes Balears, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de InteriorDECRETO LEGISLATIVO 1/2005, de 24 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Finanzas de la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsLEY 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la atención y de los derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes BalearsOrden de la Consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 24 de julio de 2008 de creación, modificación y supresión de los ficheros que contienen datos de carácter personal de la Consejería de Asuntos Sociales, Promoción e InmigraciónOrden del Consejero de Salud y Consumo de 12 de enero de 2009, de modificación de la Orden de la Consejera de Salud y Consumo de 3 de diciembre de 2003, por la cual se aprueban las funciones de los puestos de trabajo del Servicio de Salud de las Illes BalearsOrden del Consejero de Movilidad y Ordenación del Territorio, de 25 de mayo de 2009, de creación de ficheros que contienen datos de carácter personal gestionados por el Consorcio de Transportes de MallorcaOrden del consejero de Presidencia por la cual se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de calidad y mejora de los servicios públicos que gestionan las entidades locales de las Illes BalearsLEY 9/2009, de 21 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2010Orden de la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 28 de enero de 2010 de creación de un fichero que contiene datos de carácter personal de la consejería de Asuntos Sociales, Promoción e InmigraciónLEY 7/2010, de 21 de julio, del sector público instrumental de la Comunidad Autónoma de las Illes BalearsLEY 12/2010, de 12 de noviembre, de modificación de diversas leyes para la transposición en las Illes Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interiorDECRETO 3/2011, de 28 de marzo, del Presidente de las Illes Balears, de disolución y convocatoria de elecciones al Parlamento de las Illes BalearsLEY 4/2011, de 31 de marzo, de la buena administración y del buen gobierno de las Illes Balears	Cerrar PDF
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