Source: http://espanito.com/corte-constitucional-v9.html
Timestamp: 2018-06-24 18:13:34
Document Index: 141711691

Matched Legal Cases: ['artículo 209', 'artículo 86', 'artículo 234', 'artículo 185', 'artículo 86', 'artículo 86']

“Es importante anotar que, de admitirse lo planteado por la representante de la actora acerca de la vigencia del fuero circunstancial para los creadores del segundo sindicato, cabría la posibilidad de que, a sabiendas de que se suprimirán ciertos cargos, los futuros perjudicados creen un sindicato para estar cobijados por el fuero de fundadores y unos días antes de que se venza el término de protección, creen otro sindicato, y así sucesivamente, para prolongar de manera indefinida la vigencia del fuero y, de esa manera, obstaculizar la ejecución de decisiones referidas a la planta de personal. Obviamente, este es un procedimiento inaceptable. De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la “función administrativa está al servicio de los interese generales...”, y si en un momento determinado los organismos competentes llegan a la conclusión de que es necesario reestructurar una entidad pública, y ajustan su determinación a las normas legales vigentes, esta decisión no puede ser deliberadamente truncada de manera indefinida por los empleados con miras a promover su interés, también legítimo pero no prevaleciente, en mantener los cargos a los cuales se encuentran vinculados.1[14]”
La Sala de Revisión considera necesario recalcar que esta decisión obedece a las especificidades del caso. La Corte reafirma la posibilidad de acudir a la acción de tutela para exigir el reintegro de trabajadores amparados por el fuero sindical, cuando se trata de impedir que la facultad del empresario de dar por terminado un contrato de trabajo, sin justa causa y con la debida indemnización, sea utilizada para menoscabar los derechos de asociación y la libertad sindical. Por eso la tutela se ha estudiado de fondo. Lo que sucede es que por las particularidades de este caso no se dan los supuestos para aplicar la jurisprudencia de la Corte en la materia, anteriormente reiterada.”
Sentencia T-809/05
Referencia: expediente T-1064548
Acción de tutela instaurada por Julia Myriam Castillo Granados contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
Bogotá D.C., cinco (05) de agosto de dos mil cinco (2005).
La ciudadana Julia Myriam Castillo Granados entabló una acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por considerar que ésta vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia, a la asociación sindical y al debido proceso. Los hechos que dieron origen a la acción de tutela son los siguientes:
2. El 27 de febrero de 2001 fue fundado el Sindicato de Empleados del Departamento de Cundinamarca – SINDECUN. La señora Castillo estuvo entre sus fundadoras.
4. Mediante la ordenanza Nº 002 del 27 de febrero de 2001 y la resolución Nº 10 del 15 de marzo de 2001, la Asamblea Departamental decidió suprimir la totalidad de los empleos de su planta de personal. Con base en lo anterior, el día 16 de marzo de 2001, la señora Castillo fue notificada de que su cargo había sido suprimido.
5. La señora Castillo entabló una demanda de reintegro contra el Departamento de Cundinamarca – Asamblea de Cundinamarca, por cuanto al momento de su desvinculación estaba amparada por el fuero sindical – como miembro fundador de SINDECUN – y los demandados no habían adelantado ante la jurisdicción laboral ordinaria el procedimiento previo para su despido.
La Sala expresa, en primer lugar, que era claro que la demandante había actuado como miembro fundador del sindicato. También manifiesta que la administración departamental no acreditó la decisión judicial que facultara el retiro. Por ello, entra a definir “si para este caso especial debía la Administración respetar el fuero o dada la supresión del cargo, le era permitido proceder en la forma que lo hizo.”
Sobre el punto expone que el Departamento indicó que la ordenanza Nº 002 del 27 de febrero de 2001 y la resolución Nº 10 del 15 de marzo de 2001 habían sido expedidas de conformidad con lo establecido en la ley 617 de 2000, y que el despido había ocurrido por supresión del cargo. Al respecto manifiesta que esta situación fáctica “impide el reintegro físico de la demandante y sus consecuencias; de patrocinarlo, se estaría ante una obligación de imposible cumplimiento, no estando nadie obligado a ello, acorde al criterio que sobre el punto se ha mantenido desde antaño, y que no varía, a pesar de tratarse aquí de un fuero sindical, pues la consecuencia de esta figura no llega al extremo de tornar en posible lo imposible fácticamente...”
La Sala transcribe apartes de distintas sentencias del Consejo de Estado y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de las que concluye que, incluso en el caso de que exista fuero sindical, no se puede exigir el reintegro a un cargo en el servicio público cuando este ha sido suprimido por causa de una reestructuración. Por lo tanto, finaliza con la afirmación de que “no es posible pretender el reintegro a un cargo, que en virtud precisamente de la reestructuración desapareció, incurriéndose en caso de proferirse la orden de reintegro en una decisión de ‘imposible cumplimiento’, por sustracción de materia...”
porque desconoció la cosa juzgada constitucional acerca de la existencia del fuero sindical para los empleados públicos;
porque interpretó las normas de la manera más desfavorable para el trabajador, al “argumentar que la actora no puede ser reintegrada a su cargo por ser de imposible cumplimiento en virtud de que el cargo que ocupaba desapareció.”
Porque desconoció los principios constitucionales de la favorabilidad, la igualdad, la dignidad humana, la seguridad jurídica, la solidaridad y la justicia.
“... la supresión de cargos cobijó a un sinnúmero de empleados de carrera administrativa de la Asamblea Departamental, los cuales iniciaron las acciones pertinentes una vez agotada la vía gubernativa. Muchos de estos asuntos ya han sido resueltos por la segunda instancia, en este caso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en sentido ‘FAVORABLE’, teniendo los mismos hechos y pretensiones que el caso de la señora JULIA MYRIAM CASTILLO GRANADOS. Entre algunas de las sentencias cito: la del 30 de mayo de 2003, expediente Nº 0720010307-02, Magistrada Ponente Doctora Angela María Betancur de Gómez; sentencia del 4 de febrero de 2004, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Magistrado ponente doctor Yesid Ramírez Bastidas, acción de tutela; y la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral, del 13 de febrero de 2004, del proceso especial de fuero sindical acción de reintegro, promovido por Alba Stella Delgado Zamora contra el Departamento de Cundinamarca - Asamblea de Cundinamarca.”
9. En su sentencia del día 18 de noviembre de 2004, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela, por cuanto “no es dable mediante la tutela invalidar los efectos de las providencias judiciales...”
10. En su providencia del 2 de febrero de 2005, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión impugnada. En la sentencia se expresa que el Tribunal “en forma seria, juiciosa y racionada explicó los motivos que de conformidad con las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables y con los hechos acreditados le permitían revocar el fallo que revisaba, desvirtuando así la línea argumentativa prohijada por el juzgador de primera instancia...·”
Y en relación con la acusación sobre la vulneración del derecho de igualdad manifestó: “Finalmente, en nada modifica la anterior conclusión el hecho consistente en que la Sala Laboral accionada al pronunciarse en torno a casos similares al del accionante hubiera accedido a las pretensiones de las demandas correspondientes, si resulta incuestionable que en cada evento debe adoptarse la determinación conclusiva consultando su individualidad.”
- De la ordenanza N° 02 del 27 de febrero de 2001, “por la cual se suprimen los cargos de la Planta de Personal de la Asamblea Departamental, se derogan unas ordenanzas y se dictan otras disposiciones”;
- Copia de la Resolución N° 010 del 15 de marzo de 2001, “por la cual se suprimen los cargos de la planta de personal de la Asamblea Departamental”
- Copia del acta N° 14 de la sesión del 21 de febrero de 2001 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca. En ella consta que se le dio el primer debate al proyecto de ordenanza N° 09 de 2001, el cual se convertiría en la ordenanza N° 02 de 2001, y al proyecto de ordenanza N° 07 de 2001, “por medio de la cual se modifica el presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.”
- Copia del acta N° 15 de la sesión del 22 de febrero de 2001, en la cual se le dio el segundo debate al proyecto de ordenanza N° 09 de 2001, el cual se convertiría en la ordenanza N° 02 de 2001, y al proyecto de ordenanza N° 07 de 2001;
- Copia del acta N° 16 de la sesión del 23 de febrero de 2001, en la cual se le dio el tercer debate al proyecto de ordenanza N° 09 de 2001, el cual se convertiría en la ordenanza N° 02 de 2001, y al proyecto de ordenanza N° 07 de 2001.
- Copia del folio 689 de la Gaceta de Cundinamarca N° 13.653 del 27 de febrero de 2001, en el cual se publicó la ordenanza N° 02 del 27 de febrero de 2001.
12. En el expediente del proceso laboral de fuero sindical-reintegro, en el cuaderno 1, se encuentran distintos documentos aportados por la abogada de la parte demandada, en el marco de la audiencia celebrada el 21 de febrero de 2002 (fl. 94 ss.). Varios de los documentos hacen referencia a la creación de otro sindicato, el Sindicato de Empleados de la Asamblea Departamental de Cundinamarca – SINDEASAMCUN. Este sindicato fue creado el 23 de noviembre de 2000, por distintos servidores de la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Como presidente del mismo fue nombrado el señor Héctor Torres Guevara.
El día 30 de noviembre de 2000, el Presidente del sindicato le envió una comunicación al Gobernador de Cundinamarca (folio 96), en la cual expresa:
“Lo anterior para evitar que mediante una ordenanza se pueda llegar a despedir masivamente a los funcionarios de la Asamblea Departamental, los cuales gozan de fuero circunstancial.”
Luego, el mismo señor Torres le envió al Presidente de la Asamblea de Cundinamarca distintas comunicaciones en las que le informa acerca de afiliaciones al Sindicato. El día 26 de diciembre, le envía un nuevo escrito en el que le remite el listado de “los afiliados al Sindicato de Empleados de la Asamblea Departamental de Cundinamarca ‘SINDEASAMCUN’, los cuales gozamos de fuero sindical de fundadores, de acuerdo al art. 406 del Código Sustantivo del Trabajo.” El listado está integrado por 63 servidores (fls. 146-147).
Llama la atención que, posteriormente, el día 27 de febrero de 2001, muchos de los fundadores de SINDEASAMCUN crearán otra organización sindical, el Sindicato de Empleados del Departamento de Cundinamarca – SINDECUN. Entre los servidores que participaron en la fundación de los dos sindicatos se encuentra la actora de este proceso, Julia Myriam Castillo Granados. También el Presidente de este nuevo Sindicato será el señor Héctor Torres Guevara.
Al proceso laboral de fuero sindical se aportó también copia de la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el día 16 de agosto de 2002, dentro del proceso especial de fuero sindical instaurado por Margarita Niño Hernández contra el Departamento de Cundinamarca (expediente Nº 022001 0418 02, M.P. Natalia Contreras de Quevedo – fls. 181 ss.). La actora era directiva suplente del sindicato SINDEASAMCUN y también fue afectada por la decisión tomada por la Asamblea Departamental de suprimir la planta de personal de la Asamblea. En la sentencia se establece que SINDEASAMCUN fue fundado el 23 de noviembre de 2000 y que su personería jurídica fue inscrita en el registro sindical del Ministerio del Trabajo mediante acta de inscripción Nº 00011 del 29 de diciembre de 2000.
1. Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política.
2. La demandante trabajó durante varios años en la Asamblea de Cundinamarca y estaba escalafonada en la carrera administrativa. El 27 de febrero de 2001 creó un sindicato junto con otros servidores públicos del Departamento, pero a pesar de ello fue desvinculada de la institución, en razón de la Ordenanza Nº 2 de 2001 de la Asamblea de Cundinamarca, que decidió suprimir la totalidad de los empleos de su planta de personal.
La sentencia de primera instancia condenó al Departamento de Cundinamarca a reintegrar a la actora y a pagarle los salarios dejados de percibir. Esta decisión fue revocada por el Tribunal, el cual estimó que no era procedente el reintegro, en razón de que los cargos de la Asamblea Departamental habían sido suprimidos a través de la Ordenanza Nº 2 de 2001.
En vista de lo anterior, la actora entablo una ación de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, bajo la consideración de que ésta había incurrido en una vía de hecho en su sentencia. La solicitud de amparo fue negada en las dos instancias.
4. Como ya ha sido señalado por esta Sala en otra ocasión,2[1] la sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), citada como precedente aplicable al presente caso por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En esta sentencia se resolvió declarar inexequibles las disposiciones acusadas, por considerar que desconocían las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica.
6. Atendiendo al efecto erga omnes de los fallos de constitucionalidad, es decir, a su fuerza vinculante, las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional pasaron a aplicar e interpretar en los casos concretos el precedente establecido por la Sala Plena. Así se hizo, por ejemplo, en las sentencias T-079 de 19933[2] y T-158 de 19934[3] - proferidas inmediatamente después de la expedición de la sentencia C-543 de 1992. En esta línea es importante citar la sentencia T-173 de 1993, en la que, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo –el mimo ponente de la sentencia C-543 de 1992–, se consideró lo siguiente,
“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desbor­da en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’5[4] En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’
‘Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucional­mente ad­mi­sible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.’6[5]
“Esta posición fue reiterada recientemente en la sentencia T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas), caso en el que se confirmó la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de conceder una tutela por haberse incurrido en una ‘vía de hecho’.7[6]
El artículo 86 de la Constitución dice que la tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal forma de acción. Además, como se dijo, la Corte Constitucional en sus salas de revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha proferido sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes en el mismo sentido.8[7]
No desconoce esta Sala de Revisión que una sentencia, como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, así como esta Corporación ha reconocido que quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte Suprema de Justicia - en razón a que su doctrina relativa al alcance de las leyes en el ámbito de su competencia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (artículo 234 C.P.), constituye un derecho viviente9[8] -, es obvio que quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la misma Corte Constitucional.
10. Finalmente, es importante señalar que en la Sentencia C–590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la expresión “ni acción”, que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal). Dicha expresión fue declarada inconstitucional por cuanto desconoce el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º C.P.), al restringir el alcance de un mecanismo constitucional que, como la acción de tutela, fue diseñado para la protección de los derechos fundamentales frente a “cualquier autoridad pública” (artículo 86 C.P). La Corte distinguió en este fallo, que tiene efectos erga omnes, que una cosa es que el legislador no permita la utilización de recursos contra las sentencias que resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de configuración, y otra muy distinta que excluya la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad pública, concepto que evidentemente también incluye a las autoridades judiciales.