Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2000-01121-de-marzo-27-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fa00a8ad397101b8e0430a01015101b8&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-10-14 18:44:53
Document Index: 134604625

Matched Legal Cases: ['artículo 797', 'artículo 72', 'artículo 4', 'artículo 72', 'artículo 57', 'artículo 2', 'artículo 1893', 'artículo 172', 'artículo 56', 'artículo 172', 'artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 31', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1904', 'artículo 940', 'artículo 56', 'artículo 115', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 7', 'artículo 16']

﻿ Sentencia 2000-01121 de marzo 27 de 2014
SENTENCIA 2000-01121 DE 27 DE MARZO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- PÉRDIDA DE PROPIEDAD DE BIEN. SI BIEN ES CIERTO QUE EL ORDENAMIENTO JURÍDICO CONSAGRA, A CARGO DEL VENDEDOR DE UN BIEN, UNA OBLIGACIÓN DE SANEAMIENTO, QUE TIENE POR EFECTO, ENTRE OTRAS, LA RESTITUCIÓN DEL PRECIO PAGADO, LA POSIBILIDAD QUE TIENE EL COMPRADOR DE EJERCER LA RESPECTIVA ACCIÓN ANTE LA JURISDICCIÓN ORDINARIA NO EXCLUYE LA DE INSTAURAR, ANTE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA DE REPARACIÓN DIRECTA SI, SE ESTIMA QUE LA CAUSA EFICIENTE DE LA PÉRDIDA DE LA PROPIEDAD DEL BIEN ADQUIRIDO ES UNA FALLA DEL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, DIAN, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN, PROPIEDAD, VEHÍCULO, MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
Sentencia 2000-01121 de marzo 27 de 2014
Expediente: 33 322
Rad.: 250002326000200001121-01
Actor: Leonidas Calderón Lozano y otros
13. La Sala observa que es competente para resolver el asunto por tratarse del recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un proceso que, por su cuantía (fl. 14, cdno. 1)(2), tiene vocación de doble instancia.
14. Con base en las pruebas obrantes en el expediente, valoradas en su conjunto, se tienen como ciertas las siguientes circunstancias fácticas relevantes:
14.1. Mediante Auto 507 de 7 de octubre de 1993, la DIAN-Santa Marta autorizó el levante(3) de 44 buses marca International, carrocería Wayne, referencia 3700 4x2, diésel, amparados en las declaraciones de aduanas 0156401000263-9 de 23 de agosto de 1993 y 204200300375-1 de 13 de septiembre de 1993, declaraciones presentadas por Sidauto S.A. (copia auténtica del auto, fls. 29-32, cdno. 13).
14.2. El 29 de junio de 1994, Almagrario emitió el certificado de depósito 3793 al cual incorporó el derecho de Sidauto S.A. sobre un total de 44 vehículos almacenados. En la misma fecha se constituyó un bono de prenda sobre la mercancía almacenada a la orden del Banco del Estado para garantizar el pago de un crédito. La vigencia inicial del depósito era hasta el 28 de septiembre de 1994 pero se prolongó a solicitud del depositante hasta el 28 de junio de 1995 (copia auténtica del certificado de depósito y del bono de prenda, fls. 151-152, cdno. 1, Exp. 2000-1121, fl. 5, cdno. 5, Exp. 2000-1121).
14.3. El 1º de julio de 1994, la Dirección General de Aduanas aprehendió los 44 vehículos almacenados en Almagrario por falta de declaración, de documento de transporte, de autorización de traslado y falta administrativa de contrabando (copia auténtica del documento único de aprehensión, fl. 157-158, cdno. 1. Exp. 2000-1121).
14.4. Mediante Resolución 5816 de 19 de diciembre de 1994, el jefe de la división de investigaciones especiales de la DIAN ordenó la entrega de la mercancía aprehendida por considerar que, en virtud de las normas relacionadas con el debido proceso y la valoración de pruebas documentales, no podía desconocer los certificados de origen de los automotores según los cuales estos eran modelo 1993 y, por lo tanto, estaban debidamente amparados en las declaraciones de importación. Esta resolución fue corregida por la número 5985 de 28 de diciembre de 1994 (copias auténticas de la resolución, fls. 33-51, cdno. 1, Exp. 2000-1751).
14.5. El 5 de junio de 1995, la apoderada de la DIAN presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la anterior resolución y el auto de levante de los vehículos. Designó como parte opositora a Sidauto S.A. y al Banco del Estado a cuyo representante fue notificada personalmente la demanda el 23 de agosto de 1995. Este banco la contestó el 29 de septiembre de 1995 (copias auténticas de la demanda, del acta de la notificación y de la contestación, fls. 214-219, cdno. 3, Exp. 2000-2127).
14.6. El 29 de junio de 1995, el apoderado del Banco del Estado protestó el bono por falta de provisión para el pago y solicitó a Almagrario que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 797 del Código de Comercio, procediera a la subasta de los bienes depositados. Dicha solicitud fue reiterada el 5 de julio del mismo año en comunicación a la cual se adjuntaron las resoluciones de la DIAN mediante las cuales se había ordenado la entrega de los 44 buses aprehendidos el 1º de julio de 1994 (copias auténticas de los oficios, fls. 163-164, cdno. 1, Exp. 2000-1121).
14.7. Frente a lo reiterado de la petición del apoderado del Banco del Estado —solicitudes de jul. 17 y 26/95—, la secretaria general y jurídica de Almagrario: i) el 7 de julio de 1995, respondió que “procederá al remate (...) tan pronto la DIAN autorice tal procedimiento”, y ii) el 25 de julio de 1995, comunicó que solicitó a la DIAN que le corroborara la información recibida sobre la revocatoria de la aprehensión. En respuesta a dicha petición —manifestada en cuatro oportunidades: jul. 19 y 25 y ago. 10 y 22/95—, el 25 de agosto de 1995 dicha entidad señaló: “me permito comunicarle que esta división expidió orden de entrega 178/95, la cual fue dirigida al doctor Carlos Burgos —representante legal de Almagrario—. En oficio de 11 de octubre de 1995, Almagrario insistió con carácter urgente ante la DIAN para que se le informara sobre la situación jurídica de los 44 buses contenidos en la orden de entrega 178 de 1995 “en atención a la suspensión provisional de la Resolución 247 de 1995, relacionada con 35 buses decomisados por la DIAN en Cartagena, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca”, sin que obre en el expediente administrativo respuesta alguna por parte de la DIAN (copias auténticas de las diferentes comunicaciones, fls. 143, 177-182 y 219, cdno. 2, Exp. 2000-1751).
14.8. Mediante la orden de entrega 178 de 18 de agosto de 1995, la Unidad Administrativa Especial de Operación Aduanera de Santafé de Bogotá dio traslado al gerente de Almagrario de la Resolución 5816 por la cual se ordenó la entrega de la mercancía aprehendida el 1º de julio de 1994 (copia simple de la orden de entrega, fls. 198-200, cdno. 1, Exp. 2000-1121).
14.9. En diligencia de 2 de octubre de 1995 y por solicitud del Banco del Estado, Almagrario vendió en pública subasta varios de los automotores depositados; dos de ellos fueron adjudicados al señor Leonidas Calderón Lozano(4) —por un valor de $ 15.040.000, cada uno—, a quien se le adjudicaron seis más en la diligencia del 24 de octubre siguiente(5) —por un valor de $ 10.026.294. En esta última diligencia también se adjudicaron cinco a Jairo Evelio Ruíz Lara(6) y otros cinco a Joaquín José Henao Ramírez(7). Previamente, en oficio fechado el 20 de octubre de 1995, el apoderado de Sidauto S.A. dirigió un oficio al Banco del Estado solicitándole que desistiera de continuar con el remate de los buses por considerar que la obligación garantizada con el bono de prenda ya había sido satisfecha. Lo anterior con el fin de “evitar más perjuicios para su entidad como consecuencia de las eventuales y futuras reclamaciones de los terceros que se sientan perjudicados”(8) (copias auténticas de las actas de las diligencias y copia simple del oficio, fls. 196-217, cdno. 1, Exp. 2000-1121, fls. 77-79, cdno. 3, Exp. 2000-1121).
14.10. El 6 de marzo de 1997, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Primera declaró la nulidad del Auto 57 de 7 de octubre de 1993 y de las resoluciones 5816 de 19 de diciembre de 1994 y 5985 de 28 de diciembre del mismo año “por medio de las cuales se ordena la entrega de una mercancía aprehendida, se corrige un artículo de la misma y se autoriza el levante de los bienes aprehendidos” (copia auténtica de la decisión, fls. 309-336, cdno. 1, Exp. 2000-2127).
14.10.1. Lo anterior por considerar que, a pesar de lo contenido en las declaraciones de origen aportadas, el acervo probatorio revelaba que los vehículos importados eran indudablemente modelo 1990 y no 1993, razón por la cual no estaban amparados en la declaración de importación presentada. Al respecto señaló:
Del análisis de las pruebas antes relacionadas, resulta claro para la Sala que, para efectos de determinar el modelo de los vehículos a importar, la propia administración aduanera había instruido a las regionales, a través de cartas circulares emanadas de la jefatura de valoración de la antigua Dirección General de Aduanas, cuya obligatoriedad para los funcionarios de la entidad no tiene discusión, en cuando son actos dictados en función de competencias legales para instruir y orientar respectivamente a los funcionarios y usuarios del servicio aduanero; esa instrucción recoge a su vez prácticas internacionales que establecen bajo códigos uniformes que por lo demás deben llegar a ser acogidos como práctica universal, y especialmente lo es en los Estados Unidos de Norteamérica, país que como Colombia hace parte del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio GATT, para efectos de determinar con facilidad no solo el modelo, punto de la controversia, sino las especificaciones técnicas de los vehículos (...) De acuerdo con aquellas, era obligatorio para efectos de determinar el valor de los impuestos a pagar, pero también el régimen de importación, tomar en consideración que en la tabla anexa se señaló con claridad que las letras L y P, ubicadas en el décimo carácter del serial, visto de izquierda a derecha en la carrocería del vehículo, corresponden a los años 1990 y 1993, respectivamente (copia auténtica de la decisión, fls. 309-336, cdno. 1, Exp. 2000-2127).
14.10.2. Sobre la posibilidad de anular dichos actos y la protección de los terceros de buena fe, dicho tribunal sostuvo:
Debe precisarse de otra parte que ni la orden de levante constituye un acto definitivo, ni crea derecho absoluto al importador sobre la mercancía (...).
De manera que por haberse dado una orden de levante que no procedía, el importador demandado en este asunto no adquirió un derecho particular del cual pueda disponer libremente, como para que sea exigible su consentimiento a fin de anular el efecto jurídico de los actos dictados contrariando el orden jurídico.
La nulidad que habrá de declararse, conduce a que en su lugar se restablezca automáticamente el derecho de la demandante, el cual no puede consistir sino en que restituidas las cosas al estado en que se encontraban antes del momento de dictarse los actos nulos, proceda a dictar los actos de su competencia, autorizados por la ley y los reglamentos especiales.
Ahora bien, como pueden resultar afectados derechos de terceros de buena fe, poseedores o tenedores de los vehículos en el momento de la aprehensión, acto físico que en este caso no es un imposible, salvo que la mercancía haya sido destruida, inutilizada o se encuentre en poder de terceros, cada situación en particular deberá ser estudiada y decidida por la administración aduanera, con el fin de determinar si no se encuentra en uno de los eventos de que trata el inciso tercero del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992. Pero es claro que es diferente a la responsabilidad personal por la obligación aduanera que comprende no solo el pago de los gravámenes, sino el cumplimiento de las normas aplicables frente a las cuales la mercancía importada y declarada bajo un modelo, circunstancia que también tiene incidencia en la seguridad automotriz, régimen de reposición de vehículos y aspectos tarifarios, no puede circular libremente sin hacer constar la verdadera situación del vehículo, razón por la cual resulta ineludible la anotación en todos los documentos relativos a ella para tales efectos que salvaguardan, a su vez, bienes colectivos como la seguridad pública y las normas de tránsito inherentes al orden público (copia auténtica de la decisión, fls. 309-336, cdno. 1, Exp. 2000-2127).
14.11. Apelada únicamente por la parte actora —el recurso de la demandada fue declarado desierto—, esta decisión fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado, el 30 de julio de 1998 (copia auténtica de la providencia, fls. 118-131, cdno. 3, Exp. 2000-2127).
14.12. El 2 de febrero de 1999, la subdirección de fiscalización aprehendió los vehículos correspondientes a las placas TKE 670 y 673 —de propiedad del señor José Eyner Obonaga Caldón—(9); VBO 926 a VBO 933 —de propiedad de Leonidas Calderón Lozano—(10); y TKE 672 —de propiedad de Luis Armando Gómez Ledesma(11)—. El 16 de abril de 1999, fueron aprehendidos los automotores de placas TKE 674 —de propiedad de Álvaro Potes Arias y Olga Lucía Castaño Gallego(12)—, TKE 677 —de propiedad de Mercedes Bellavenis Hurtado Mora y Amanda Díaz Arias(13)—, y TKE 678 —de propiedad de Jorge Eliécer Naranjo Suárez(14)—. En todas las actas se señaló que el fundamento de la aprehensión era la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por el Consejo de Estado (copias auténticas de las actas de aprehensión y de reconocimiento y avalúo 118 y 119 y 107 a 115, fls. 14, 19 y 87-92, cdno. 1, Exp. 2000-1121 y fls. 220-227, cdno. 3, Exp. 2000-1751, fls. 370, cdno. 18).
14.13. Mediante resoluciones 159 y 160 de 9 de agosto de 1999, el jefe de la división de investigaciones especiales de la subdirección de fiscalización aduanera de la DIAN ordenó el decomiso administrativo a favor de la Nación de los 8 buses vehículos identificados con las placas que van de VBO 926 a VBO 933, de propiedad del señor Leonidas Calderón Lozano. Mediante Resolución 975 de 9 de septiembre de 1999, se profirió la misma orden respecto del automotor de placas TKE 672, de propiedad del señor Luis Armando Gómez Ledesma y, por la número 1213 de 15 de septiembre siguiente, respecto de los buses de placas TKE 670 y TKE 673, de propiedad de José Eyner Obonaga Caldon. Finalmente, por resoluciones 497, 499 y 500 de 27 de enero de 2000, se ordenó el decomiso de los vehículos de placas TKE 677, TKE 674 y TKE 678, de propiedad de los señores Mercedes Hurtado Mora, Álvaro Potes Arias y Jorge Naranjo Suárez, respectivamente. Cada uno de los vehículos decomisados fue avaluado en la suma de $ 30.000.000. Lo anterior con fundamento en que, de conformidad con lo decidido por la jurisdicción contencioso-administrativa, al ser modelo 1990 y no 1993, como lo señalaban las declaraciones de importación presentadas, dichos vehículos debían tenerse como mercancía no declarada. En dichas resoluciones se consignó:
De acuerdo con la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmada por el Consejo de Estado, las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de proferirse los actos administrativos que ordenaron la entrega, por tal razón el hecho de haber sido enajenado en forma legal, adquirido y matriculado por terceros de buena fe, no convalida la irregularidad que se presentó en cuanto a la nacionalización del vehículo, razón por la que debe ser aprehendido y decomisado, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 4º del Decreto 1909 de 1992, el cumplimiento de la obligación aduanera puede hacerse efectivo sobre la mercancía, mediante el abandono, la aprehensión y el decomiso (copias auténticas de las resoluciones, fls. 3-7, 12-17 y 23-28, cdno. 2, Exp. 2000-1751 y f. 55-70, cdno. 3, Exp. 2000-1751, fls. 82-89 y 122-129, cdno. 22).
14.14. Mediante Resolución 3380 de 3 de diciembre de 1999, el jefe de la división de normativa y doctrina aduanera de la oficina jurídica de la DIAN confirmó, en sede de reconsideración, las resoluciones 159 y 160. Para el efecto consideró que, de conformidad con los artículos 3º y 7º del Decreto 1909 de 1992 y 1º del Decreto 2274 de 1989: i) los responsables de las obligaciones aduaneras son, entre otros, el importador, el propietario y el tenedor de los bienes; ii) la mercancía respecto de la cual no se acredita el cumplimiento de los trámites aduaneros, entre otros, el estar amparada por una declaración de importación, debe ser decomisada; iii) dicha mercancía constituye una prenda privilegiada para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras de naturaleza personal; y iv) no puede validarse a favor de un tercero el trámite de importación adelantada pues “siempre se estará frente a buses modelo 1993 y no [es posible] como lo pretende la recurrente, darles un tratamiento como si se tratara de vehículos modelo 1990”. Respecto de la protección de los terceros de buena fe a los que se refirió la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca concluyó que la administración aduanera no puede proferir actos contrarios al ordenamiento jurídico únicamente para favorecer intereses particulares. Previamente señaló:
... tanto la sentencia como la totalidad de la legislación aduanera diferencian en forma clara que, una es la medida que recae sobre la persona de quien, en el caso bajo examen se predica su buena fe, circunstancia que comparte este despacho, y otra distinta se da frente a la mercancía como tal. Es decir, una cosa es el sujeto de quien se predica determinada conducta y otra es el objeto (mercancía) del cual se debe determinar su situación jurídica respecto de su legal introducción y permanencia dentro del territorio nacional. Aquí, se precisa que los vehículos adquiridos por el señor Leonidas Calderón Lozano en remate efectuado por el Banco del Estado no se encontraban legalmente en el territorio nacional, situación que generó su aprehensión y posterior decomiso conforme lo prevé el Decreto 1800 de 1994 (original de la resolución, fls. 1-12, cdno. 3, Exp. 1121).
14.15. Los vehículos de placas VBO 926 y VBO 927 estaban afiliados a la empresa de transporte Servicios Especiales Buenos Aires Ltda. de la ciudad de Cali donde “devengaban ingresos promedios diarios de doscientos cincuenta mil pesos m/cte. ($ 250.000)”. Los de placas VBO 928 a VBO 933 estaban afiliados a la empresa Transportadora Azul Plateada S.A. de Cali “movilizando un promedio diario de $ 247.500 pesos por cada bus aproximadamente”. Aquellos correspondientes a las placas TKE 674, TKE 677 y TKE 678 estaban afiliados a la empresa Transportes Urbanos Ciudad Milagro Ltda. domiciliada en la ciudad de Armenia y producían “unos ingresos promedio mensuales brutos por valor de tres millones seiscientos veintiséis mil pesos moneda corriente ($ 3.626.000), correspondiente al transporte de pasajeros” de cada uno de los buses. El automotor de placas TKE 672 estaba afiliado a la Empresa de Transportes Alfonso López y producía ingresos idénticos. Finalmente, según certificación expedida por contador público titulado, en el año 1999 los automotores de placas TKE 670 y 673 que operaban al servicio de la Universidad Santiago de Cali “habrían rentado en promedio mensual la suma de un millón ciento ocho mil pesos ($ 1.108.000) (originales de las certificaciones, fls. 9-10, 19-20 y 30-31, cdno. 23, fls. 21-22, cdno. 1, Exp. 2000-1751, fls. 28-30, cdno. 2, Exp. 2000-1121).
14.16. El 31 de octubre de 2002, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desistió de adelantar la diligencia de interrogatorio de parte del señor Leonidas Calderón Lozano, por cuanto este último “no puede darse a entender por sí mismo, y además por presentar una enfermedad mental, tal como lo observa el personal presente en la diligencia”. La apoderada de la parte actora presentó certificado médico de 15 de octubre de 2002 suscrito por el doctor Alfredo Pedroza —neurocirujano— en el cual se hace constar: “El paciente se encuentra con problemas de enfermedad mental. Los exámenes fueron compatibles con neurosífilis y se trató con el doctor Arango (infectólogo)”. En resumen de la historia clínica, expedido el 7 de octubre de 2002, el doctor Himmler Serrato Lavao señaló que: i) el paciente se encontraba bajo su control desde hacía seis años por presentar cuadraparesía secundaria a compresión modular, operado el 2 de septiembre de 1996, obtuvo una recuperación completa; ii) dos años atrás comenzó a presentar “alteraciones en su esfera mental, trastornos en la marcha y finalmente compromiso esfinteriano progresivos. Fue estudiado con RMN cerebral que mostró cambios atróficos corticales consistentes con la edad y signos sugestivos de hidrocefalia. Posteriormente se detectó sífilis que fue tratada...” (acta de la diligencia, original del certificado y copia del resumen de la historia clínica, fls. 527-528 y 557-558, cdno. 11).
15. Corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al a quo al declarar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la DIAN por la aprehensión y decomiso de los vehículos de propiedad de los demandantes. Para ello debe determinarse si, como se consideró en la sentencia de primera instancia, dicho daño es imputable a una falla del servicio de la DIAN o si, como lo indica esta última en su recurso de apelación, actuó de conformidad con el ordenamiento jurídico y, por lo tanto, no hay lugar a declarar su responsabilidad. También debe analizarse si, tal como lo afirma la DIAN, las actuaciones del Banco del Estado y Almagrario contribuyeron en la causación del daño y si, en esa medida, su responsabilidad puede verse comprometida o no.
15.1. Superado el juicio de responsabilidad, la Sala deberá revisar la liquidación de perjuicios realizada por el a quo y, en particular, determinar si le asistió razón al denegar la indemnización solicitada por perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, y por perjuicios morales.
15.2. Ahora, independientemente de que no hayan sido objeto de los recursos de apelación instaurados y en la medida en que plantean dificultades cuya solución es necesario explicitar, la Sala considera pertinente, previo al análisis de fondo, desarrollar el estudio realizado en torno a la idoneidad de la acción y la ausencia de caducidad de la misma como presupuestos procesales.
16. A propósito de la idoneidad de la acción, es necesario recordar que, de acuerdo con los artículos 85(15) y 86(16) del Código Contencioso Administrativo y según jurisprudencia constante de la corporación(17), la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y la de reparación directa tienen una finalidad indemnizatoria. Sin embargo, ambas se diferencian por la fuente de los daños cuyo resarcimiento puede reclamarse a través de cada una de ellas.
16.1. En efecto, cuando el daño ha sido causado por un acto administrativo considerado ilegal, la acción procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho, por cuanto es indispensable que sea el juez competente quien desvirtúe la presunción de legalidad que cobija dicho acto para que los daños por él causados puedan considerarse antijurídicos y, en consecuencia, comprometan la responsabilidad del Estado.
16.2. Por el contrario, cuando el daño ha sido causado por “un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos” o, en la modificación aportada por la Ley 446 de 1998, “por cualquier otra causa”, como sería aquella consistente en la ruptura del principio de la igualdad frente a las cargas públicas por un acto legal, la acción procedente es la de reparación directa.
16.3. Ahora bien, en la medida en que esta diferencia tiene implicaciones claras en la aplicación de las normas de orden público relacionadas con el término de caducidad previsto para cada una de estas acciones —4 meses para la de nulidad y restablecimiento del derecho y 2 años para la de reparación directa—, la escogencia de la acción no puede ser producto de una elección arbitraria de la parte actora, sino que debe estar determinada por la fuente del daño cuya indemnización se pretende, so pena de que se configure la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción. Al respecto, la Sala ha sostenido con anterioridad:
La procedencia de la acción no depende de que el actor escoja cuestionar o no la legalidad del acto administrativo, tal elección depende directamente de la presencia o no de causal de ilegalidad en el mismo, si ella se presenta entonces el perjuicio por el cual se reclama indemnización deviene de una actuación irregular de la administración, esto es, del acto administrativo afectado de ilegalidad, evento en el cual para que el daño causado con aquel adquiera la connotación de antijurídico, es menester lograr su anulación en sede de revisión de legalidad, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que es la que corresponde. En cambio, cuando el acto administrativo se ajusta al ordenamiento jurídico, no obstante lo cual causa un daño, ese daño solo comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado, cuando de él pueda predicarse el carácter de antijurídico, el cual resulta de la demostración del rompimiento de la igualdad frente a las cargas públicas, que el acto ha causado a alguno o algunos de los administrados, demostración que debe tener lugar en el ámbito de una acción de reparación directa. Es decir, que frente a un vicio de ilegalidad en el acto administrativo no es viable intentar la acción de reparación directa para obtener la indemnización del perjuicio causado, por el acto administrativo, dado que en ese evento la imputación de responsabilidad no se hace por un daño especial que tiene como fundamento estructural la legalidad de la conducta con la cual se causa, sino, la ilegalidad del acto(18).
16.4. Así las cosas, si al estudiar el daño cuya indemnización se solicita, el juzgador encuentra que, independientemente de la manera como haya sido formulado, la fuente del mismo es, en últimas, un acto administrativo respecto del cual sería necesario desvirtuar su presunción de legalidad para efectos de acceder a la reparación solicitada, resulta claro que la acción idónea es la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa.
17. En estos términos y dado que, como lo ha considerado esta corporación, son las pretensiones y los hechos de la demanda los que determinan la causa y el objeto jurídico de un litigio, corresponde a la Sala analizar cuidadosamente el petitum y la causa petendi de la acción de reparación directa interpuesta, con el fin de establecer la fuente del daño cuya indemnización se demanda y, a partir de allí y de lo que se evidencia en el expediente, determinar si, independientemente de que haya sido invocada como tal, es o no la supuesta ilegalidad de un acto administrativo cuya presunción de legalidad no ha sido desvirtuada.
17.1. En el caso bajo análisis se tiene que el daño cuya indemnización solicitan los demandantes es el haber sido privados de la propiedad de algunos vehículos adquiridos legalmente, pero decomisados con posterioridad mediante resoluciones proferidas por la DIAN. Al estudiar los hechos en los cuales fundan las pretensiones, se observa que estos se refieren esencialmente a las circunstancias previas a las actuaciones administrativas que culminaron con las resoluciones de decomiso y no a lo contenido en estas últimas.
17.2. En efecto, las demandas presentadas son claras al señalar que la adquisición de los vehículos fue posible en virtud de los actos mediante los cuales la DIAN ordenó su levante y entrega, por considerar que su importación había sido legal, y que, sin embargo, en la medida en que dichos actos fueron declarados nulos por esta jurisdicción y que fue en virtud de dicha nulidad que la DIAN inició las actuaciones administrativas que finalizaron con las resoluciones de decomiso, el hecho dañino no se sitúa en estas últimas —aunque haya sido en ellas que se materializó el daño—, sino en las decisiones que permitieron la adquisición de los bienes y cuya ilegalidad ya fue declarada. En el mismo sentido, en los textos de las demandas interpuestas se hacen afirmaciones como la que se transcribe a continuación:
Es incuestionable que en las resoluciones ordenando el levante de la mercancía retenida, se incurre en un hecho punible contra la fe pública y, después, con el remate, contra el patrimonio económico de los rematantes y compradores, quienes ahora son demandantes, ciudadanos honestos y gravemente perjudicados, incurriendo además en otros hechos punibles contra la seguridad pública y el patrimonio económico de terceros.
17.3. En este orden de ideas aparece que, tal como lo consideró el a quo al resolver el recurso de reposición interpuesto contra el auto admisorio de la demanda en el proceso identificado con el número 2000-1751 —supra párr. 2— y al proferir el fallo de primera instancia —supra párr. 7.1—, la fuente del daño cuya indemnización se reclama no es una supuesta irregularidad que desvirtuaría la presunción de legalidad de que gozan los actos administrativos de aprehensión y decomiso de los vehículos, sino lo acontecido con anterioridad, esto es, el conjunto de actuaciones que dieron lugar a la realización del remate de los automotores y que, a la postre, fueron invalidadas en sede judicial, circunstancia en la cual la acción de reparación directa instaurada sí era la idónea.
17.4. Ahora bien, respecto del argumento de la contestación de la demanda del Banco del Estado según el cual los actos de aprehensión y decomiso de los vehículos de propiedad de los demandantes sí son la fuente jurídica del daño por cuanto, en aras de proteger los derechos de los terceros adquirentes de buena fe, tal como se lo ordenaba el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la DIAN habría podido adoptar una medida distinta al decomiso —supra párr. 3.1.2—, la Sala considera que no tiene la envergadura necesaria para llevar a concluir que la acción que debió instaurarse era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa.
17.4.1. Lo anterior por cuanto, en primer lugar, aun en el caso en que se admitiera que la DIAN tenía alternativas diferentes y que, en consecuencia, la fuente del daño sí podría ser una posible ilegalidad de los actos de aprehensión y decomiso, lo cierto es que, dados los antecedentes de estas actuaciones, puestos de presente explícitamente por los demandantes, esto es, la declaratoria de nulidad de los actos en virtud de los cuales Almagrario S.A. procedió al remate de los buses por ellos adquiridos, los accionantes tenían razones suficientes para estimar que la fuente o la causa eficiente del daño no se situaba tanto en una hipotética ilegalidad de los actos administrativos que ordenaron el decomiso, como en la actuación previa que lo permitió, es decir, en la expedición de actos cuya presunción de legalidad fue desvirtuada expresamente por la autoridad judicial competente(19).
17.4.1.1. En estos términos, el análisis que le corresponde al juzgador en sede de reparación directa ya no es la verificación de la existencia de los presupuestos procesales necesarios para estudiar el fondo del asunto, sino aquel consistente en determinar si el hecho dañoso invocado —la expedición de actos ilegales—, fue o no la causa eficiente del daño cuya reparación se pretende —privación de la propiedad de unos vehículos por cuenta de su decomiso—. Análisis que puede hacerse al margen del estudio sobre la legalidad o no de los actos de aprehensión y decomiso.
17.4.2. A lo anterior debe agregarse que, según la legislación aduanera y dadas las circunstancias del sub examine, todo indica que la DIAN no tenía alternativa diferente a la ordenar el decomiso de una mercancía cuya legalización era imposible y, en esa medida, no tenía objeto alguno para los demandantes solicitar la nulidad de la resolución que la ordenaba.
17.4.2.1. En efecto, si bien es cierto que al declarar la nulidad de los actos administrativos que dieron vía libre al remate de los vehículos adquiridos por los hoy demandantes, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mencionó la protección de los terceros adquirentes de buena fe —supra párr. 14.10—, también lo es que, según los términos expuestos en dicha sentencia, dicha protección consistía en verificar si la situación de los poseedores o tenedores de los vehículos no estaba cobijada por uno de los eventos contemplados en el inciso tercero del artículo 72 del Decreto 1909 de 1992(20), esto es, si no había sido legalizada mediante rescate, cosa que resultaba imposible pues, al ser modelo 1990 y no 1993, es decir, al ser usados, requerían una licencia previa expedida por el comité de importación del entonces Incomex(21), restricción en virtud de la cual, en los términos del artículo 57 del mismo Decreto 1909(22), no procedía su legalización.
17.4.2.2. Además, a renglón seguido, en dicha sentencia se menciona expresamente que los datos consignados en la declaración de importación no solo tienen importancia para efectos aduaneros, sino que inciden en “la seguridad automotriz, régimen de reposición de vehículos y aspectos tarifarios”, de manera tal que los vehículos “no puede[n] circular libremente sin hacer constar [su] verdadera situación, razón por la cual resulta ineludible la anotación en todos los documentos relativos a ella para tales efectos que salvaguardan a su vez, bienes colectivos como la seguridad pública y las normas de tránsito inherentes al orden público” —supra párr. 14.10—. Circunstancia que explica el que, como lo señaló la misma DIAN al resolver el recurso de reconsideración interpuesto contra la resolución de decomiso de los vehículos de propiedad del señor Leonidas Calderón —supra párr. 14.14—, no fuera posible, en aras de proteger los derechos de los adquirentes de buena fe, tener como modelo 1990 y legalmente importados, vehículos que, tal como había quedado definido en sede judicial, eran, en realidad, 1993 y, por lo tanto, habían ingresado ilegalmente al país —supra párr. 14.10 y 14.11—.
18. En relación con la caducidad, la Sala comparte el análisis del a quo según el cual el momento a partir del cual debe empezar a computarse el término de dos años previsto por el ordenamiento jurídico para interponer la acción de reparación directa es aquel de la consolidación del daño.
18.1. Lo anterior por cuanto, según la jurisprudencia de la corporación(23), en los casos en los cuales la generación o la manifestación del daño no coincide con el momento en que se produjo el hecho causante, el término de caducidad debe empezar a contarse a partir del día siguiente de la existencia o de la manifestación fáctica de aquél, “pues el daño es la primera condición para la procedencia de la acción reparatoria”(24).
18.2. Así pues y dado que, en este caso, el daño se consolidó cuando quedaron en firme las resoluciones mediante las cuales se ordenó el decomiso, esto es, las proferidas el 9 de agosto y 9 y 15 de septiembre de 1999 y 27 de enero de 2000 —supra párr. 14.13—, las demandas interpuestas el 22 de mayo, 24 de agosto y 21 de septiembre de 2000 fueron oportunas.
19. A propósito del juicio de responsabilidad, la Sala encuentra que, tal como lo consideró el a quo, el daño está debidamente acreditado por cuanto está demostrado que los vehículos de propiedad de los demandantes fueron decomisados, esto es, en los términos del artículo 2º del Decreto 2274 de 1989(25), pasaron a ser de la Nación —supra 14.13 y 14.14—.
19.1. También está claro que se trata de un daño antijurídico pues, en la medida en que los demandantes fueron adquirentes de buena fe, no estaban obligados a soportarlo. En efecto, está acreditado que los demandantes adquirieron dichos vehículos directa o indirectamente en las ventas en pública subasta que realizó Almagrario en el mes de octubre de 1995 —supra párr. 14.9—. También lo está que, para el momento de realización del remate, estaba en firme la Resolución 5816, proferida por la DIAN el 19 de diciembre de 1994, mediante la cual se ordenó la entrega de los buses previamente aprehendidos, por considerar que sí eran modelo 1993 y, por lo tanto, sí estaban amparados por las respectivas declaraciones de importación —supra párr. 14.4—, decisión que fue ejecutada mediante la orden de entrega 178 de 18 de agosto de 1995 —supra párr. 14.8— y que gozaba de presunción de legalidad, mientras no fuere declarada nula por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cosa que no ocurrió hasta que quedó ejecutoriada la sentencia de 30 de julio de 1998 —supra párr. 14.11—. Así pues, no hay dudas de que, al momento de la diligencia de remate, los terceros adquirentes actuaron bajo el entendido de que los vehículos cuya adjudicación pretendían habían sido importados legalmente.
20. Ahora bien, a propósito de la imputabilidad de dicho daño, la Sala observa que si bien es cierto que, como ya se explicó, este último se materializó en los actos administrativos de decomiso, no fue causado por ellos, sino por las actuaciones previas, en particular, por aquellas que dieron lugar a la realización del remate y cuya nulidad fue declarada por la jurisdicción contencioso administrativa en la decisión del 6 de marzo de 1997, confirmada en apelación el 30 de julio de 1998 —supra párr. 14.10 y 14.11—.
20.1. En efecto, analizados en su totalidad los antecedentes del decomiso, se tiene que, desde el 1º de julio de 1994, esto es, antes de que los demandantes adquirieran los vehículos, la DIAN los había aprehendido por considerar que los mismos no estaban amparados por declaración de importación alguna —supra párr. 14.3—. Sin embargo, en lugar de ordenar su decomiso, profirió la Resolución 5816 de 19 de diciembre de 1994, mediante la cual ordenó la entrega de los mismos a su propietario, con fundamento en que, según los medios probatorios obrantes en el trámite administrativo, sí eran modelo 1993 y, por lo tanto, estaban debidamente amparados en las declaraciones de importación. Ahora, fue precisamente en virtud de lo ordenado en dicha resolución que Almagrario procedió a su remate.
20.2. Sobre el particular basta recordar que, según está acreditado en este proceso, a pesar de las múltiples solicitudes elevadas por el Banco del Estado para que se procediera a la venta en pública subasta de los bienes objeto del bono de prenda —solicitudes fundadas en lo decidido en la Resolución 5816—, Almagrario se abstuvo de realizarla a la espera de que la DIAN le informara sobre la definición de la situación jurídica de los bienes —supra párr. 14.6 y 14.7—.
20.3. De hecho, dicho almacén de depósito solo procedió al remate una vez que la DIAN le remitió la orden de entrega 178 de 18 de agosto de 1995, en la cual le dio traslado oficial de la Resolución 5816 —supra párr. 14.8—. Al respecto, es pertinente señalar que en la referida orden de entrega no se hizo mención alguna a las irregularidades que, a juicio de la DIAN, persistirían en la importación de los vehículos y ello a pesar de que ya se había instaurado la acción lesividad contra los actos que ordenaron la entrega de los mismos, acción respecto de la cual tampoco se refirió en dicha comunicación —supra parr. 14.5—.
20.4. Es más, después de realizada la primera diligencia de remate —en la cual solo se adjudicaron 2 buses—, Almagrario continúo insistiendo ante la DIAN para que le informara sobre la situación jurídica de los vehículos mencionados, pues conoció de la suspensión provisional de actos similares a aquel en virtud del cual estaba adelantando el trámite de venta en pública subasta —supra párr. 14.7—. Sin embargo, no solo no hay constancia de que la DIAN haya respondido sino que, según las copias auténticas del expediente concerniente a la acción de lesividad, dicha entidad tampoco solicitó la medida cautelar referida.
20.5. En este orden de ideas considera la Sala que no le asiste razón a la DIAN cuando, en su recurso de apelación, indica que el Banco del Estado y Almagrario participaron en la causación del daño y, en consecuencia, también debían ser condenadas.
20.5.1. Lo anterior por cuanto, como acaba de explicarse, Almagrario hizo lo que estaba a su alcance para asegurarse de la situación jurídica de los bienes que debía rematar y, tanto esta última como el Banco del Estado, actuaron con fundamento en un acto administrativo que, para ese momento, se presumía legal.
20.5.2. Sobre el particular vale la pena señalar que si bien le asiste razón a la DIAN cuando señala que el importador de los vehículos, esto es, Sidauto S.A., informó a dichas entidades sobre la improcedencia de realizar el remate, lo cierto es que los motivos en los cuales fundaba dicha improcedencia no tenían nada que ver con las posibles irregularidades de la importación, sino con argumentos propios del negocio jurídico en virtud del cual se constituyó el bono de prenda con fundamento en el cual se realizaba el trámite del remate —supra párr. 14.9— y, en esa medida, no es posible afirmar que aquellas conocían de las referidas irregularidades y que, por lo tanto, debieron abstenerse de proceder al remate, menos aun cuando, aún en el caso de haberlas conocido, la realización del mismo se fundaba en un acto que gozaba de presunción de legalidad y respecto del cual no se solicitó la suspensión provisional como medida cautelar en la acción de lesividad instaurada.
20.6. Así las cosas resulta claro que, de no haber proferido la Resolución 5816 mediante la cual ordenó la entrega de los vehículos aprehendidos previamente, acto que a la postre fue declarado nulo y que condujo al decomiso de los vehículos —supra párr. 14.10 y 14.11—, Almagrario no habría accedido a hacer efectiva la garantía a favor del Banco del Estado y, en consecuencia, no habría rematado los buses adquiridos finalmente por los hoy demandantes y decomisados con posterioridad. En otros términos, la causa eficiente del daño acreditado fue la expedición de un acto administrativo irregular.
20.7. Ahora bien, comoquiera que dicha irregularidad —puesta en evidencia por la declaratoria judicial de nulidad del acto—(26), constituye una indiscutible falla del servicio imputable a la DIAN, le asistió razón al a quo al declarar a esta última responsable administrativa y patrimonialmente por el daño acreditado. En ese sentido debe insistirse en que, contrario a lo sugerido por dicha entidad en su recurso de apelación, la actuación que compromete su responsabilidad no es la del decomiso de los vehículos, sino la precedente, en la cual la declaratoria de nulidad de los actos pone de manifiesto la falla del servicio. Además, si bien el restablecimiento del derecho reconocido como consecuencia de la nulidad consistía, precisamente, en otorgarle a la DIAN la posibilidad de adoptar las decisiones que le correspondían, en particular, la de aprehensión y decomiso de los bienes, dicho restablecimiento no podría entenderse como una exención a la obligación de responder administrativa y patrimonialmente por los daños antijurídicos causados a terceros como consecuencia de la adopción de actos ilegales.
21. Finalmente, en relación con los argumentos expuestos por la DIAN, la Sala considera oportuno precisar que, si bien es cierto que el ordenamiento jurídico consagra, a cargo del vendedor de un bien, una obligación de saneamiento que, al tenor del artículo 1893 del Código Civil, comprende dos objetos: “amparar al comprador en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida, o sea el saneamiento por evicción, y responder por los defectos ocultos de esta llamados redhibitorios o de naturaleza intrínseca” y que tiene por efecto, entre otras, la restitución del precio pagado(27), la posibilidad que tiene el comprador de ejercer la respectiva acción ante la jurisdicción ordinaria no excluye la de instaurar, ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la de reparación directa si, como en el caso bajo análisis, se estima que la causa eficiente de la pérdida de la propiedad del bien adquirido es una falla del servicio de la administración.
21.1. Lo anterior en la medida en que si bien puede existir identidad en el objeto de la indemnización —la restitución del precio pagado—(28), la causa jurídica de la misma es diferente pues, en el caso del saneamiento, es el resultado del contenido obligacional inherente al contrato de compraventa celebrado entre particulares, mientras que, en la acción de reparación directa, se trata de indemnizar el daño antijurídico causado por un hecho, omisión u operación imputable a la administración(29).
21.2. Lo expuesto no obsta para que, en cada caso, el juez de la acción de reparación directa estudie si el vendedor participó en la causación del daño o fue el determinador exclusivo del mismo, como puede ocurrir cuando, a pesar de existir una falla de la administración, resulta evidente que esta fue inducida por el vendedor pues, en estos casos, la administración podría exonerarse de responsabilidad en todo o en parte por el hecho de un tercero o, de haber sido demandado en la acción de reparación directa, dicho vendedor estaría llamado a responder en función de su grado de intervención en el hecho dañoso.
21.3. En el caso bajo análisis la Sala observa que quien debe ser considerado como el vendedor de los vehículos en la subasta pública es quien constituyó sobre ellos el bono de prenda con el cual se garantizó el pago de la obligación adeudada al Banco del Estado, esto es, Sidauto S.A., quien también fue su importador —supra párr. 14.2—.
21.3.1. Si bien es cierto que, según lo considerado por la DIAN en la Resolución 5816 de 19 de diciembre de 1994, declarada nula por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, Sidauto aportó certificados de origen para justificar el hecho de haber declarado dichos vehículos como modelo 1993 —supra párr. 14.4— y que, de hecho, fue con base en estos que la DIAN ordenó la devolución que resultó ilegal —hecho dañoso—, no es posible concluir que su grado de participación haya sido determinante en la causación del daño.
21.3.2. En efecto, en la medida en que: i) dichos certificados de origen nunca fueron tachados de falsos, ii) era la DIAN la entidad encargada de conocer el marco normativo que regulaba las pruebas idóneas para determinar los modelos de los vehículos importados —supra párr. 14.10.1—, y iii) la declaratoria de nulidad de las resoluciones se fundó, esencialmente, en que, de acuerdo con dicho marco normativo, los buses objeto de la actuación eran indudablemente modelo 1990 y no 1993, aspecto que, aún si era conocido por el importador, le correspondía a la DIAN poner en evidencia cuando profirió los actos ilegales causantes del daño(30), para la Sala resulta claro que fue exclusivamente la actuación de esta última la que determinó la causación del daño y, en consecuencia, no podría exonerarse de responsabilidad con fundamento en el hecho de un tercero, en este caso, el vendedor-importador, al tiempo que no procede pronunciarse sobre su responsabilidad en la medida en que no fue vinculado al proceso.
22. Antes de entrar en el acápite de la liquidación de perjuicios, vale la pena precisar que si bien en los procesos acumulados se realizó un llamamiento en garantía al funcionario que expidió las resoluciones mediante las cuales se consideró que los vehículos de los demandantes eran modelo 1993, no se logró su comparecencia en ninguno de los procesos, razón por la cual no hay lugar a pronunciarse sobre su responsabilidad, tal como lo hizo el a quo.
23. Por concepto de daño emergente, el a quo tuvo en cuenta que cada uno de los vehículos decomisados fue avaluado por la DIAN en $ 30.000.000 y, en consecuencia, actualizó dicha suma al momento de la sentencia y calculó, en función del número de buses de propiedad de cada uno de los demandantes, el monto total que debía reconocerse por dicho concepto. Para ello se tendrá en cuenta la fórmula reiteradamente establecida por la Sala, según la cual la renta actualizada (Ra) es igual al factor de la renta histórica (Rh) por la división del índice final de precios al consumidor (I. final) entre el índice inicial de precios al consumidor (I. inicial): Ra = Rh * (i. final ÷ I. inicial). El índice final —115,26— es el último certificado a la fecha de este fallo —feb. 2014— y el índice inicial —87— es el del mes en el cual fue proferida la sentencia de primera instancia —jul. 2006—. En estos términos, las condenas por daño emergente quedan así:
23.1. A favor del señor Leonidas Calderón Lozano, la suma total de cuatrocientos setenta y cinco millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos ($ 475.673.451), correspondiente al valor de ocho buses —supra párr. 14.13—.
23.2. A favor del señor José Eyner Obonaga Caldón, la suma total de ciento dieciocho millones novecientos dieciocho mil trescientos sesenta y tres pesos ($ 118.918.363), correspondiente al valor de dos buses —supra párr. 14.13—.
23.3. A favor del señor Jorge Eliécer Naranjo Suárez, la suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta centavos ($ 59.459.181,50), correspondiente al valor de un bus —supra párr. 14.13—.
23.4. A favor del señor Luis Armando Gómez Ledesma, la suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta centavos ($ 59.459.181,50), correspondiente al valor de un bus —supra párr. 14.13—.
23.5. A favor de los señores Álvaro Potes Arias y Olga Lucía Castaño, la suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta centavos ($ 59.459.181,50), correspondiente al valor de un bus —supra párr. 14.13—.
23.6. A favor de las señoras Mercedes Bellavenis Hurtado Mora y Amanda Díaz Arias, la suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta centavos ($ 59.459.181,50), correspondiente al valor de un bus —supra párr. 14.13—.
24. En relación con el lucro cesante solicitado por la parte actora y denegado por el a quo, la Sala estima que, en la medida en que está perfectamente acreditado que la adquisición de los buses fue posible en virtud de los actos ilegales de la DIAN que indujeron en error sobre la legalidad de su importación, esto es, que los demandantes fueron adquirentes de buena fe(31), estos tenían lugar a percibir los ingresos derivados de la explotación económica de los vehículos mientras no se definía su situación jurídica, esto es, mientras no quedaban en firme las respectivas resoluciones de decomiso. En consecuencia y comoquiera que está demostrado que, efectivamente, estaban afiliados a empresas de transporte y producían réditos económicos —supra párr. 14.15—, hay lugar a reconocer el lucro cesante causado desde el momento de la aprehensión hasta cuando quedó en firme el decomiso.
24.1. No ocurre así con el supuesto lucro cesante que se habría causado con posterioridad a las resoluciones de decomiso pues a partir de la firmeza de estas últimas los adquirentes de los vehículos, aún de buena fe, no habrían podido continuar con la explotación económica de bienes cuya permanencia en el territorio era ilegal y que, finalmente, pasaron a poder de la Nación.
24.2. En otras palabras, adelantado todo el trámite administrativo que finalizó con el decomiso y dado que la legalidad de este último no está en discusión, los hasta entonces propietarios de los bienes decomisados quedaban imposibilitados para continuar con su explotación económica y, en consecuencia, no pueden ser indemnizados por un lucro cesante que, en todo caso, no habrían podido percibir.
24.3. Ahora bien, en relación con el monto a reconocer, la Sala encuentra que las certificaciones obrantes en el expediente a propósito de los ingresos no dan cuenta de los costos y/o cargas económicas que, necesariamente, debían generarse para los propietarios del vehículo —supra párr. 14.15—, razón por la cual, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 172 del Decreto 1 de 1984 —modificado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998—(32), se proferirá una condena en abstracto.
24.4. En estos términos, los demandantes deberán adelantar el incidente de liquidación de perjuicios ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, a fin de que se determine el monto a reconocer a su favor por el lucro cesante sufrido por la aprehensión de los buses. En el trámite incidental se nombrará un perito experto en materia de transporte, quien deberá dictaminar a cuánto ascendían los ingresos netos mensuales producidos en 1999 —año de la aprehensión— por los buses de propiedad de los actores o por unos de características similares —marca International, carrocería Wayne, referencia 3700 4x2, diésel, modelo 1990, con capacidad para 30 pasajeros- que operaran en condiciones parecidas a los de los demandantes, en ciudades capitales de departamento como Armenia y Cali. Para rendir su dictamen el perito deberá tener en cuenta: i) todos los medios de convicción que las partes alleguen para acreditar no solo la razonabilidad de los ingresos certificados en el presente proceso, sino los gastos en los que podía incurrirse en la actividad de transporte desarrollada en el año 1999; ii) las rutas que cubrían los automotores y las tarifas aplicables, vigentes en el período a liquidar, sin perjuicio de los costos directos e indirectos a que haya lugar; iii) los costos normales mensuales de funcionamiento; iv) los costos indirectos relacionados con el pago de salarios o administración de los bienes; v) la utilidad reportada; vi) los movimientos contables previos a la aprehensión ydecomiso, las declaraciones de renta o cualquier otra prueba que permita concretar el perjuicio causado; y vii) al menos dos certificaciones de empresas transportadoras de pasajeros que operaran en las ciudades de Armenia y Cali para el año 1999, en las cuales se señalen los ingresos netos mensuales que podía obtener un vehículo similar a los de propiedad de los actores.
24.5. El monto de los ingresos netos mensuales de cada bus dictaminado por el perito se multiplicará por el número de buses de propiedad de cada uno de los demandantes. Dicho valor será actualizado a la fecha de la liquidación, según la fórmula utilizada en la jurisprudencia de esta corporación(33) y se le aplicará la establecida para el cálculo del lucro cesante consolidado(34), teniendo en cuenta los diferentes períodos de causación del lucro cesante así —supra párr. 14.12 y 14.13—:
24.5.1. Los vehículos de propiedad del señor José Eyner Obonaga Caldon, esto es, los de placas TKE 670 y 673 (2 en total), fueron aprehendidos el 2 de febrero de 1999 y decomisados el 15 de septiembre del mismo año —7.4 meses—.
24.5.2. Los de propiedad del señor Leonidas Calderón Lozano, es decir, los de placas VBO 926 a 933 (8 en total) también fueron aprehendidos el 2 de febrero de 1999 y decomisados el 3 de diciembre de 1999, fecha en la cual se profirió la resolución que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra la de decomiso —10 meses—.
24.5.3. El del señor Luis Armando Gómez Ledesma de placas TKE 672 (1 en total) que también se aprehendió el 2 de febrero de 1999, fue decomisado el 9 de septiembre del mismo año —7.2 meses—.
24.5.4. Los vehículos de propiedad de los señores Jorge Eliécer Naranjo Suárez (1), Álvaro Potes Arias y Olga Lucía Castaño (1) y Mercedes Bellavenis Hurtado Mora y Amanda Días Arias (1), esto es, los de placas TKE 674, 677 y 678, fueron aprehendidos el 17 de abril de 1999 y decomisados el 27 de enero de 2000 —9.3 meses—.
25. Aunque la parte actora insiste en que deben reconocerse perjuicios morales por cuanto, a su juicio, está acreditado que, a raíz de las pérdidas económicas ocasionadas por el decomiso de los buses, el señor Leonidas Calderón Lozano padeció grandes quebrantos de salud, la Sala encuentra que si bien estos últimos están suficientemente demostrados en el expediente —supra párr. 14.16—, nada en el mismo permite determinar que se derivan del decomiso de los buses de su propiedad.
25.1. En efecto, aunque de acuerdo con la fecha reseñada en el resumen de la historia clínica, las alteraciones de la esfera mental del señor Calderón Lozano pudieron coincidir con la pérdida de los buses, el mismo resumen indica que aquellas son consistentes con su edad y constituyen signos de hidrocefalia, sin que para esta última se mencione causa alguna que la relacione con crisis nerviosa o anímica que pudiera estar en conexión con la pérdida de los buses.
25.2. Así pues y ante la falta de otros medios probatorios que permitan tener por demostrada la afectación moral por dicha pérdida o el hecho de que el estado de salud del señor Calderón Lozano es resultado directo de una afectación de ese estilo y causada por el daño cuya indemnización se repara en este proceso, la Sala considera que no hay lugar a reconocer los perjuicios morales solicitados.
MODIFICAR la sentencia de 5 de julio de 2006, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual quedará así:
1. Declárase probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva frente a la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Idema), Banco Agrario y Banco Ganadero.
2. Declárase no probada la excepción de indebida escogencia de la acción, inepta demanda y caducidad de la acción.
3. DECLÁRASE patrimonial y extracontractualmente responsable a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por los perjuicios materiales ocasionados a los señores Leonidas Calderón Lozano, José Eyner Obonaga Caldón, Jorge Eliécer Naranjo Suárez, Álvaro Potes Arias, Olga Lucía Castaño, Mercedes Bellavenis Hurtado Mora, Amanda Díaz Arias y Luis Armando Gómez Ledesma, por los motivos expuestos en la parte motiva de esta sentencia.
4. En consecuencia, CONDÉNASE a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, al pago de las siguientes sumas de dinero y a favor de las siguientes personas, por concepto de perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente:
A. La suma de cuatrocientos setenta y cinco millones seiscientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos ($ 475.673.451), a favor del señor Leonidas Calderón Lozano.
B. La suma de ciento dieciocho millones novecientos dieciocho mil trescientos sesenta y tres pesos ($ 118.918.363), a favor del señor José Eyner Obonaga Caldón.
C. La suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta centavos ($ 59.459.181,50), a favor del señor Jorge Eliécer Naranjo Suárez.
D. La suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta centavos ($ 59.459.181,50), a favor del señor Luis Armando Gómez Ledesma.
E. La suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta centavos ($ 59.459.181,50), a favor de los señores Álvaro Potes Arias y Olga Lucía Castaño.
F. La suma de cincuenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta y nueve mil ciento ochenta y un pesos con cincuenta centavos ($ 59.459.181,50), a favor de las señoras Mercedes Bellavenis Hurtado Mora y Amanda Díaz Arias.
5. De conformidad con lo establecido en el artículo 172 del Código Contencioso Administrativo, CONDÉNASE EN ABSTRACTO a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, a pagar a los demandantes, como indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma que incidentalmente se determine, con base en las pautas que para tal efecto se establecieron en la parte motiva de la presente providencia. El incidente deberá ser propuesto por los interesados, dentro de los sesenta días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento de la presente providencia.
6. Absuélvase al Banco del Estado, a Almagrario S.A. y a la Nación - Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de los cargos formulados en su contra.
9. Dese cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
(2) La pretensión mayor, correspondiente a la indemnización por perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente a favor del señor Leonidas Calderón Lozano, se estimó en trescientos veinte millones de pesos m/cte ($ 320.000.000), monto que supera la cuantía requerida en 2000 ($ 26.390.000), año de presentación de la demanda, para que un proceso adelantado en acción de reparación directa fuera considerado como de doble instancia. Se aplica en este punto el artículo 2.10 del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, pues si bien para la fecha de presentación de la demanda ya había entrado en vigencia la Ley 446 de 1998, sus disposiciones en materia de cuantías aún no eran aplicables, por cuanto no habían entrado a operar los jueces administrativos.
(3) Según los artículos 28 y 29 del Decreto 1909 de 1992 “por el cual se modifica parcialmente la legislación aduanera”, el levante de la mercancía es el acto por el cual la autoridad aduanera autoriza el retiro y disposición de las mercancías descritas en las declaraciones de importación.
(4) Correspondientes a los números de chasis y motor: 1. LH265438-M2U 735046 y 2. LH273854-M2U 767881.
(5) Correspondientes a los números de chasis y motor: 1. LH 265414-M2U 760336, 2. LH 273858-M2U 768176, 3. LH-265424-M2U 761452, 4. LH-273864-M2U 766252, 5. LH-265420-M2U 760869 y 6. LH-265442-M2U 765186.
(6) Dentro de los que se encuentran aquellos correspondientes a los números de chasis y motor: 1. LH 273878-M2U 767896, 2. LH 265431-M2U 762226 y 3. LH 265430-M2U 762224.
(7) Dentro de los cuales están aquellos de chasis y motor: 1. LH 273869-M2U 767110, 2. LH 275412-M2U 760133, y 3. LH 265449-M2U 765725.
(8) Es de anotar que también obra un oficio del mismo apoderado dirigido a Almagrario pero, en la medida en que carece de fecha, no es posible valorarlo, folios 80-82, cuaderno 3, Expediente 2000-1121.
(9) Vehículos correspondientes a los números de chasis y motor LH- 265449 y M2U 765725 y LH 265430 y M2U 762224, esto es, a los adquiridos en la subasta pública de 24 de octubre de 1995, uno por Jairo Evelio Ruiz Lara y otro por Joaquín José Henao Ramírez —supra párr. 14.9—.
(10) Correspondientes a los adquiridos en los remates de 2 y 24 de octubre de 1995 —supra párr. 14.9—.
(11) Este vehículo corresponde a los números de chasis y motor LH-265412 y M2U 760133, es decir, fue uno de los adquiridos el 24 de octubre de 1995 por José Joaquín Henao Ramírez.
(12) Este vehículo de chasis LH 265431 y motor M2U 762226 fue vendido por el señor Jairo Evelio Ruíz Lara (copia auténtica del formulario único nacional mediante el cual se registró la transferencia de dominio, fl. 386, cdno. 18).
(13) Este vehículo de chasis LH 273878 y motor M2U 767896 fue vendido por el señor Jairo Evelio Lara (copia auténtica del formulario único nacional mediante el cual se registró la transferencia de dominio, fl. 518, cdno. 18).
(14) Este vehículo de chasis LH 273869 y motor M2U 767110 fue vendido por el señor Joaquín José (ilegible) Ramírez (copia auténtica del formulario único nacional mediante el cual se registró la transferencia de dominio, fl. 637, cdno. 18).
(15) Según el cual: “[t]oda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le reestablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó indebidamente”.
(16) Modificado por el artículo 31 de la Ley 446 de 1998, a cuyo tenor: [l]a persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente del inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquier otra causa”.
(17) Al respecto ver, entre otras, Sección Tercera, sentencias de 12 de junio de 1991, Expediente 6196, C.P. Juan de Dios Montes; 17 de agosto de 1995, Expediente 7095, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; 23 de agosto de 2001, Expediente 13344, C.P. María Elena Giraldo Gómez y auto de 30 de agosto de 2001, Expediente 20608, de la misma consejera; de la Subsección “B”, sentencia de 29 de octubre de 2012, Expediente 25101, C.P. Danilo Rojas Betancourth y de la Subsección “C”, sentencia de 25 de abril de 2012, Expediente 23234, C.P. Enrique Gil Botero.
(18) Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Expediente 16.421, C.P. Ruth Stella Correa.
(19) Cosa diferente ocurre en casos en los que las actuaciones precedentes también gozan de presunción de legalidad. Para ver uno de ellos: Subsección B, sentencia de 20 de febrero de 2014, Expediente 28906, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(20) A cuyo tenor: “En estos eventos, así como en los demás que se encuentran previstos en el literal a) del artículo 1º del Decreto 1750 de 1991, procederá la multa de que trata el inciso primero del artículo 3º del citado Decreto, equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de la mercancía, sin perjuicio de su aprehensión y decomiso. Lo anterior, siempre que la mercancía no haya sido legalizada mediante el rescate”.
(21) De conformidad con lo prescrito en el artículo 3º de la Resolución 10 de 29 de marzo de 1993 proferida por el Incomex.
(22) Según el cual: “No procederá la declaración de legalización, respecto de la mercancía sobre la cual existan restricciones legales o administrativas para su importación”.
(23) Sobre el particular, pueden consultarse, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencias de 30 de abril de 1997, Expediente 11.350, C.P. Jesús María Carrillo; 11 de mayo de 2000, Expediente 12.200, C.P. María Elena Giraldo; 2 de marzo de 2006, Expediente 15.785, C.P. Maria Elena Giraldo y auto de 7 de marzo de 2002, Expediente 21.189, C.P. Ricardo Hoyos Duque. De la Subsección “B” ver, por ejemplo, auto de 15 de diciembre de 2011, Expediente 40425, C.P. Ruth Stella Correa Palacio y sentencia de 27 de abril de 2011, Expediente 18518, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(24) En este sentido se pronunció la Sección Tercera en providencia de 7 de septiembre de 2000, Expediente 13126, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
(25) A cuyo tenor: “Decomiso es el acto en virtud del cual pasan a poder de la Nación las mercancías importadas, respecto de las cuales no se acredite el cumplimiento del trámite previsto para su presentación o declaración ante las autoridades aduaneras, o las mercancías importadas que se sustraigan, sin la autorización o despacho requeridos, de lugares habilitados por la Aduana para la permanencia de la mercancía que se introduzca al país”.
(26) Al respecto ver: Sección Tercera, sentencia de 5 de julio de 2006, Expediente 21051, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(27) Según el artículo 1904 del Código Civil y, además de dicha restitución, la plena indemnización de perjuicios, según el artículo 940 del Código de Comercio.
(28) Lo cual debe tenerse en cuenta para efectos de determinar la indemnización a que haya lugar en cada una de las acciones y evitar así un enriquecimiento sin causa de la víctima.
(29) En un sentido similar, aunque frente a los eventos en que puede concurrir una demanda indemnizatoria en el marco de un proceso penal y aquella solicitada mediante la acción de reparación directa, la Sala ha considerado: ... La víctima o perjudicado con un delito, por consiguiente, tiene la libertad y el derecho de reclamar la indemnización integral de los perjuicios ante la jurisdicción ordinaria, bien a los jueces penales dentro del proceso penal en ejercicio de la acción civil promovida en él con la anteriormente denominada constitución de parte civil —o ahora bajo el trámite del incidente de regulación integral de perjuicios una vez culminado este—, ora ante los jueces civiles mediante el ejercicio independiente de la acción civil. Pero, a la vez, también puede acudir en demanda de reparación directa para perseguir la indemnización del Estado por el daño antijurídico (...).// De ahí que, retomando lo atrás expuesto, en cuanto a que la fuente de la obligación de reparar y el derecho que surge a favor del lesionado es única, esto es, el daño antijurídico originado por el delito, y no obstante que por mandato y fuerza del ordenamiento deba ser analizada desde dos perspectivas y relaciones jurídicas, entre sujetos y régimen normativo diferentes, es claro que se prohíbe el doble pago de la indemnización a la víctima, porque no se puede favorecer al actor —este sí el mismo en uno y otro juicio—, con la posibilidad de cobrar dos veces por el mismo concepto y, por ende, patrocinar un enriquecimiento ilícito (...) Sección Tercera, sentencia de 5 de diciembre de 2006, Expediente 15046, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(30) Sobre este último punto vale la pena recordar que, al estudiar la actuación de la DIAN, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue explícito al señalar que las normas vigentes en la materia eran claras y de obligatorio cumplimiento para los funcionarios —supra párr. 14.10.1—.
(31) Razón por la cual procede la declaratoria de responsabilidad y la indemnización de los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente pues, de no haber mediado dichos actos, los ahora demandantes no habrían adquirido los vehículos de cuya propiedad fueron privados con posterioridad, esto es, no habrían sufrido el detrimento patrimonial que, en todo caso, no estaban en la obligación de soportar.
(32) “ART. 172.—Condenas en abstracto. <Subrogado por el artículo 56 de la Ley 446 de 1998. El nuevo texto es el siguiente:> Las condenas al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios y otros semejantes, impuestas en auto o sentencia, cuando su cuantía no hubiere sido establecida en el proceso, se hará en forma genérica, señalando las bases con arreglo a las cuales se hará la liquidación incidental, en los términos previstos en los artículos 178 del Código Contencioso Administrativo y 137 del Código de Procedimiento Civil. // Cuando la condena se haga en abstracto se liquidará por incidente que deberá promover el interesado, mediante escrito que contenga la liquidación motivada y especificada de su cuantía, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de aquel o al de la fecha de la notificación del auto de obedecimiento al superior, según fuere el caso. Vencido dicho término caducará el derecho y el Juez rechazará de plano la liquidación extemporánea. Dicho auto es susceptible del recurso de apelación”.
(33) Para ello se aplicará la fórmula reiteradamente establecida por la Sala, según la cual la renta histórica (Rh) es igual al factor de la renta actualizada (Ra) por la división del índice final de precios al consumidor (i. final) y el índice inicial (i. inicial): Rh = Ra * (i. final ÷ i. inicial).
Ra: es la renta o ingreso mensual actualizado.
n: es el número de meses que comprende el período indemnizable que, como ya se explicó, es de 8,4 meses.
Con el debido respeto, expongo a continuación las razones que me llevan a aclarar el voto, en relación con algunas consideraciones expuestas en la sentencia de 27 de marzo de 2013, en lo que tiene que ver con haberse resuelto el caso por prelación de fallo, pues el Banco del Estado S.A. —uno de los demandados en el sub lite— se encuentra en liquidación(1).
Primeramente, debo destacar que la competencia de la sección y de las subsecciones, para efecto de establecer si un asunto se resuelve con prelación difieren, comoquiera que, mientras el artículo 115 de la Ley 1395 de 2010 dispone que el asunto lo resuelve las secciones, el artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 se lo asigna a las subsecciones, distinción que se comprende porque la autorización del legislador de desconocer el turno en todos los asuntos atinentes a la misma materia, cuando se trata de aplicar un precedente, obliga igual a todos los integrantes dela sección, de suerte que se podrán fallar sin sujeción al turno los asuntos cuya situación táctica y jurídica así lo permita.
Visto lo anterior, considero que en el sub lite, como en la generalidad de los asuntos, con miras a definir cuándo se debe conceder la prelación de turno, es imperativo que la subsección, como lo exige el respeto de la igualdad, considere la situación fáctica: así de antaño, es decir antes de la vigencia de la Ley 1285 de 2009, la decisión hubiese comprendido procesos de igual naturaleza, al margen de las particularidades de cada uno. Al respecto la Corte Constitucional en Sentencia C-713 de 2008, señaló:
(...) La Corte considera que si bien es cierto que por regla general es necesario seguir un orden en estricto para resolver los asuntos sometidos ante la justicia, también lo es que dicha regla no es absoluta, de manera que bajo circunstancias extraordinarias el legislador puede establecer excepciones, siempre y cuando las mismas se encuentren debidamente justificadas y se reflejen como razonables.
Esta corporación ya ha tenido ocasión de explicar por qué no riñe con el ordenamiento superior la posibilidad de modificar, de forma excepcional, los turnos para dictar fallo en las instancia, judiciales. Al margen de apreciación para valorar la pertinencia o no de tales excepciones, debiendo siempre justificar suficientemente su existencia.
(...) una serie de razones especiales, constitutivas de excepción a la regla general antes mencionada, que permiten que algunos proceso sean tramitados y fallado, preferentemente por las salas especializadas de la Corte Suprema de Justicia, las salas, secciones o subsecciones del Consejo de Estado, la Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura o la Corte Constitucional. Estas razones son (i) la seguridad nacional, (ii) prevenir la afectación grave del patrimonio nacional, (iii) resolver procesos que involucren a graves violaciones de los derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, y, (iv) los asuntos de especial trascendencia social.
Siguiendo esta línea argumentativa, se ajusta a la Carta la autorización para que las salas o secciones de la Corte Suprema de Justicia del Consejo de Estado y del Consejo Superior de la Judicatura determinen motivadamente los asuntos que por carecer de antecedentes jurisprudenciales, sean de interés público o puedan tener repercusión colectiva, para que los respectivos procesos sean tramitados preferentemente (inc. 2º).
Y es importante advertir que será la respectiva autoridad judicial la responsable de examinar cada caso en particular, para determinar si se cumplen o no las exigencias legales que permiten modificar la prelación de turnos, debiendo siempre justificar de manera satisfactoria el cambio de orden para fallo (resaltado nuestro).
En suma, sin desconocer que es el legislador, en todos los casos, quien determina los supuestos que dan lugar a modificar los turnos para fallo y que la Ley 1285 de 2009 los establece, sin perjuicio de las previsiones de la Ley 446 de 1998, bien puede considerarse que la decisión en el caso concreto habrá de ser precedida de un riguroso análisis en pro del respeto del derecho a la igualdad, lo que comporta, necesariamente, que la prelación obedezca a una medida afirmativa, por lo mismo necesaria, pues de no ser ello así se vulneraría el artículo 13 constitucional.
Sin perjuicio de que, la decisión de fallar preferentemente un proceso bien puede motivarse en que se encuentran comprometidos o afectados gravemente los intereses colectivos y los públicos, para el efecto el patrimonio estatal.
En lo que tiene que ver con la prelación prescrita en el artículo 7º de la Ley 1105 de 2006, cabe precisar que, además de que el supuesto no fue considerado en la Ley 1285 de 2009, norma posterior y de carácter estatutario, la Corte Constitucional, si bien declaró su conformidad con la Carta Política, dejó sentado que se habrá de sujetar a que no se encuentren pendientes de resolver asuntos de mayor envergadura, para el efecto derechos fundamentales, señaló la Corte:
La prelación de estos procesos tampoco implica que el juez administrativo debe dejar de lado los demás procesos sometidos a su conocimiento, sujetándolos a una parálisis o indefinición sino que, en igualdad de condiciones, y después de las acciones constitucionales, debe darle prelación a las decisiones en que sea parte una entidad pública en liquidación, salvo de que estén de por medio derechos fundamentales de mayor entidad que ameriten prelación en su trámite y decisión.
La celeridad que se requiere en la definición de situaciones en la que están de por medio recursos públicos e intereses de orden superior, justifica de manera válida desde el punto de vista constitucional, la decisión adoptada por el legislador en este caso, en desarrollo de su potestad de su configuración(2).
Siendo así, debo apartarme de la motivación, en cuanto se consideró la preferencia de turno por tratarse de una entidad en liquidación, sin reparar en que este solo hecho no permite privilegiar la solución de un conflicto, desconociendo el turno de otros de mayor trascendencia, para el efecto, asuntos que involucran el restablecimiento de derechos fundamentales; empero acompaño la decisión porque, a la luz del artículo 16 de la Ley 1285 de 2009 otorgar la prelación ordenada en el caso concreto podría entenderse como una medida destinada a prevenir la afectación grave del patrimonio público. En ese sentido mi aclaración de voto.
(1) Pág. 22 de la sentencia.
(2) Corte Constitucional, Sentencia C-735 de 2007.