Source: https://www.scribd.com/doc/219564960/Delitos-Contra-El-Medio-Ambiente
Timestamp: 2017-03-24 16:53:51
Document Index: 207871911

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BrowseInterestsStay InformedCareerPersonal GrowthFiction & BiographiesHealth & FitnessLifestyleCultureBrowse byBooksAudiobooksNews & MagazinesSheet MusicBrowse allUploadSign inJoinDELITOS CONTRA EL MEDIO AMBIENTE Raúl Pardo Ruiz Licenciado en Derecho Abogado penalista en ejercicio (Máster en Derecho Penal) perteneciente al despacho «Pardo Geijo Abogados» INTROITO
Antes de la revolución industrial y de la superpoblación de la tierra era comprensible que el medio ambiente no fuese considerado un bien jurídico trascendental porque las reservas ecológicas eran muy abundantes y la capacidad lesiva de las acciones del hombre, en función del desarrollo tecnológico, resultaba insignificante. Sin embargo, tras la revolución industrial, el enorme desarrollo tecnológico alcanzado, el incesante aumento de población en el planeta y el paralelo consumo de los recursos ecológicos han convertido al medio ambiente en uno de los bienes jurídicos más importantes (SCHÜNEMANN). En este sentido, como apunta MUÑOZ CONDE, la preocupación por el medio ambiente y por el equilibrio de las condiciones ecológicas ha sido y es un fenómeno típico de nuestro tiempo, pues el desequilibrio ecológico es una de las peores consecuencias de la «civilización industrial». Las aguas de los ríos se contaminan con los vertidos de las aguas residuales de las grandes urbes y de las fábricas e industrias que en sus márgenes se asientan; el tráfico automovilístico produce gases que contaminan el aire; las centrales eléctricas y nucleares perturban el equilibrio biológico; las playas se ven invadidas por «mareas negras» producto de las pérdidas de petróleo y de los naufragios de los petroleros; el mar se convierte en un gigantesco basurero atómico, etc. Todo ello produce incomodidad, mala calidad de vida, desaparición de especies animales, enfermedades y al final, a veces, la muerte. Por ello es que el continuo deterioro que ha venido sufriendo el entorno natural del hombre ha hecho reaccionar a los distintos países, que han optado por acudir a la vía penal para tratar de poner límites a ese deterioro, obteniendo una protección más severa que la que brindaba el mero Derecho Administrativo. En esta misma línea, se pronunciaron los Magistrados y Fiscales del Foro Medioambiental, en su Encuentro celebrado en Granada, los días 23 y 24 de abril de 2009, cuando recordaban que a pesar de que siempre ha sido el Derecho Administrativo el que se ha encargado de regular esta defensa (a través de la protección de determinadas zonas naturales, por el valor ecológico que representan, o de determinadas especies en peligro de extinción, ordenando aquellas actividades que podían atacarlo, estableciendo un concreto régimen de sanciones), se comprobó que esa regulación era claramente insuficiente y de ahí que se acudiera al Derecho Penal para sancionar aquellas conductas que atentaren de forma más grave contra el medio ambiente. En España esta concienciación se pone de manifiesto en la Constitución Española que en su artículo 45.1 establece que «todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo» recogiéndose, en el apartado tercero del referido artículo, la posibilidad de establecer sanciones penales para quienes violen la utilización racional de los recursos naturales. Consecuencia de ello fue la
Todos estos Capítulos protegen bienes que la doctrina ha calificado como colectivos o supraindividuales y que guardan. penalmente relevante o no. Ahora bien. del equilibrio de los sistemas naturales en sí mismo considerado (v. Teniendo en cuenta que el artículo 45 de la Constitución. Ese medio ambiente regulado o Derecho Ambiental —entre el que también se encuentra el Derecho Penal del Medio Ambiente— es definido por la jurisprudencia como el conjunto de normas jurídicas que tienden directamente a proteger. todos ellos del Código Penal.inclusión en el Código Penal del artículo 347 bis. etc. a su vez. a los «delitos sobre el patrimonio histórico». Sentencias de la AP de Jaén de 20 de marzo de 2006 y de 24 de octubre de 2007. dedicado a «los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente». en aras de un desarrollo sostenible. en el actual Código. por ende.. el quinto.2 de la Constitución. 325. parece coherente defender que el legislador punitivo debe sistemáticamente establecer de forma conjunta el reproche penal que merece la puesta en peligro de la salud de las personas como consecuencia de la afectación. La construcción de los tipos penales como ley penal en blanco. el primero de ellos. que ampliaba su alcance y las penas. de ahí el empleo de lo que la doctrina denomina «ley penal en blanco» que opta por no definir íntegramente el hecho constitutivo de la infracción sino que se remite a normas de índole administrativa. en el año 1983. relación con el medio ambiente en sentido amplio y. ha manifestado que. la dependencia del Derecho Penal respecto del Administrativo en esta materia es evidente. el cuarto. en parecidos términos. pese a ello.. el segundo. a «los delitos contra la ordenación del territorio» (capítulo también modificado por la referida Ley Orgánica). que recoge unas disposiciones comunes para todos ellos. que se remiten a leyes u otras disposiciones del referido ámbito. así como la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2007. el Derecho
. a la «protección de la flora fauna y animales domésticos» y. 334. los artículos 319. y la posterior tipificación. entre otros. el tercero. sustrayendo de su ámbito de aplicación los elementos naturales que carecen de tales valores. Claro ejemplo de ello son. por coherencia y respeto al artículo 45. 333. de un número significativo de tipos penales. informador de ese Derecho Ambiental. entre otras).
El Código Penal regula el medio ambiente de forma expresa en el Título XVI: «De los delitos relativos a la ordenación del territorio y el urbanismo. conservar y mejorar aquellos elementos que representan una riqueza natural digna de tutela por sus especiales valores estáticos o dinámicos. con la propia existencia del ser humano. que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010) organizándose la citada regulación en cinco Capítulos referidos. entre los que se encuentra la contribución a la mejora de la calidad de la vida y el desarrollo de la persona a través de un disfrute inmediato de ellos. por último. y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente» (rúbrica modificada por la LO 5/2010. g. La jurisprudencia constitucional. se configura primeramente en torno al desarrollo de la persona y a la protección y mejora de la calidad de la vida. de 22 de junio. la ingente normativa existente y la ausencia de un Código ambiental que sistematice las numerosas disposiciones existentes sobre la materia dificultan el conocimiento efectivo de las conductas prohibidas. no sólo a los ciudadanos sino también a los jueces penales.
Roma 25 de marzo de 1957. la introducción definitiva en el orden penal del principio «el que contamina paga»). seguimos contando con una amplia gama de normativa jurídica. el Real Decreto 302/1986. la Convención de Viena de 22 de marzo de 1985. g. de evaluación del impacto ambiental. la Ley de 2 de agosto de 1985. La consecuencia de la mayoría de reformas producidas ha sido debida. el medio ambiente y la calidad de vida. los artículos 25. el Real Decreto 258/1989. que aprueba el reglamento para la ejecución de la anterior. la Ley 38/1972. la Ley 22/1988. que por primera vez introdujo el llamado «delito ecológico» en el artículo 347 bis del Código Penal.ª y 149. de intervención integral de la administración ambiental en Cataluña.9. pues se ha variado sustancialmente el texto recogiendo previsiones que no se encontraban en él (v. que aprueba su reglamento. que se integra. general de protección del medio ambiente del país vasco. la Ley 37/2003. del ruido. la Ley de 21 de julio de 1973. la Ley 20/1986. ha sido la piedra angular que ha producido este efecto reformador. la Ley 3/1998. básica de residuos tóxicos y peligrosos y el Real Decreto 833/1988.2 f) y 26.23. relativa a la conservación de las aves silvestres. 148.1. por el que se establece la normativa general sobre vertidos de sustancias peligrosas desde tierra al mar. éstos vuelven a ser objeto de reforma por mor de la LO 5/2010. como tales. sobre medidas de regulación y control de vertidos. en la actualidad. de aguas. reguladora de las bases del régimen local. En virtud de esta reforma. los artículos 14 y 42 de la LGS. tal y como se expuso ut supra.ª de la CE. fueron recogidos en el Código Penal de 1995. sobre protección del patrimonio mundial cultural y natural. la Convención de 10 de julio de 1976. el Real Decreto 484/1995. la propuesta de directiva del Parlamento Europeo
. para la protección de la capa de ozono. Los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente han sido objeto de sustanciales modificaciones desde que. de protección del ambiente atmosférico y el Decreto 833/1975. de montes y su reglamento. la Convención de 13 de junio de 1979. la promulgación de la Directiva 2008/99/CE. aprobado por Decreto de 22 de febrero de 1962. conformada —entre otros— por los artículos 45. de conservación de los espacios naturales protegidos y de la flora y la fauna silvestres. de reforma del Código Penal de 1995 y. el Título XVI del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. la Ley 3/1998. de desarrollo de la anterior ley. la Directiva 79/409/CEE. de 25 de junio. la Convención de 29 de julio de 1972. relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho Penal. sobre contaminación atmosférica por ozono.2. propiamente. así. entre otros elementos. el Real Decreto 1494/1995. de 19 de noviembre. «a la necesidad de acoger elementos de armonización normativa de la Unión Europea en este ámbito» y. protectora del precitado derecho.Ambiental debe caracterizarse por proteger o conservar los elementos naturales con el fin de mejorar. Al margen de lo expuesto.1 de la Ley 7/1985. sobre prevención de contaminación del mar por vertido de desechos. de 22 de junio. sobre contaminación atmosférica. de 15 de noviembre. se ha ido más allá de lo que previó el pre-legislador. que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. Las reformas más notables en ellos se produjeron a través de la LO 15/2003. la Ley 4/1989. la Convención de 23 de junio de 1972.1. el artículo 1. sobre prohibición de utilizar técnicas de modificación ambiental con fines militares u otros hostiles. por la salud.e) de la LOTJ.. previa existencia de la LO 8/1983. de minas. de Costas y el Real Decreto de 1 de diciembre de 1989. tal y como expresa en la Exposición de Motivos. la Ley de 8 de junio de 1958.
inyecciones o depósitos) realizadas sobre alguno de los elementos del medio físico también enumerados (atmósfera. el suelo. residuos. por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente y la Decisión de la CEE 466/2002. directa o indirecta. en la atmósfera.º Uno de naturaleza objetiva (elemento objetivo) que por exigencias típicas descriptivas ha de consistir en la provocación o realización.º La comisión dolosa en la producción o realización (elemento subjetivo) para lo que deberá acreditarse bien la intención. de 22 de junio y Sentencias del Tribunal Supremo 81/2008.
. extracciones o excavaciones.
Auto de la AP de Madrid 944/2011. aterramientos. con incidencia incluso en los espacios transfronterizos. subterráneas o marítimas. la Directiva de la CEE 2003/35. de alguna de las actividades aludidas en el precepto (emisiones. vertidos. bien la representación del riesgo y continuación en la actuación. así como las captaciones de aguas que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. la pena de prisión se impondrá en su mitad superior». relativa a la protección del medio ambiente por medio del Derecho penal. incluido el alta mar. multa de ocho a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años el que.º En segundo lugar. el subsuelo o las aguas terrestres. de 29 de julio. de 13 de febrero. 3. extracciones o excavaciones. provoque o realice directa o indirectamente emisiones. subsuelo.y del Consejo. suelo. la Directiva de la CEE 2002/49. 916/2008. 4. Sentencia de la AP de Barcelona 450/2011. de 8 de noviembre. requisito exigido de manera explícita en forma de contravención de alguna de las leyes o disposiciones normativas reguladoras de aquel tipo de actividades. 2. o aguas terrestres. ruidos. vibraciones. aterramientos. contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente.º Que se cree una situación de peligro grave para el bien jurídico protegido (elemento valorativo). inyecciones o depósitos. por la que se aprueba un programa de acción comunitario de fomento de las organizaciones no gubernamentales dedicadas principalmente a la protección del medio ambiente. vertidos. la infracción de una norma extrapenal (elemento normativo). de 30 de diciembre y 1162/2011. Si el riesgo de grave perjuicio fuese para la salud de las personas.
Los elementos que configuran este tipo penal son los siguientes1: 1. radiaciones. marítimas o subterráneas). vibraciones.
EL DELITO ECOLÓGICO (ARTÍCULO 325 DEL CÓDIGO PENAL)
«Será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años.
estableció que el concepto jurídico medio ambiental de vertido es el tipificado en el artículo 1. en el artículo 347 bis del Código Penal de 1973) consiste en «provocar o realizar» directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase en la atmósfera. empero. que se produzca un vertido y no pone los medios para impedirlo. de 29 de septiembre. del artículo 328 del mismo texto legal. matiza esta distinción en el sentido de que los vertidos contaminantes en depósitos o los vertidos contaminantes en depósitos o balsas insuficientes o permeables. la conducta típica (como antes. Por lo que se refiere al controvertido aspecto de «vertido». Pese a que de la redacción legal parece desprenderse la necesidad de una forma activa de comportamiento. de suerte que se produzcan filtraciones en el terreno con la subsiguiente contaminación de acuíferos. utilizan las mismas expresiones para definir la conducta nuclear en estas infracciones penales «provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos de cualquier clase». debe tenerse en cuenta que la dicción utilizada en el precepto «provocare o realizare directa o indirectamente emisiones o vertidos» pretende abarcar toda acción humana que determine o un vertido o emisión contaminante de modo directo o indirecto.2 de la Directiva Comunitaria 76/464 CE que se refiere a todo acto imputable a una persona por el cual. Los dos verbos nucleares son los de «provocar» o «realizar» y no deben estimarse idénticos —semánticamente tampoco lo son— y empleados como recurso estilístico del legislador.Con relación al primero. alcanza sin duda a la comisión por omisión. también está incluida en el tipo la comisión por omisión. Por su parte. en primer lugar. es conducta que debe llevarse a la figura básica del artículo 325 y en modo alguno al artículo 328. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 105/99. entonces. En tal sentido. en su diferencia con «realizar». de 27 de enero. finalista o direccional. facilitar o promover. no evitarla o no poner los medios para impedirlo. cuando el sujeto deja.000 cerdos en bolsas permeables e insuficientes». La amplitud de estos términos permite que hayan de considerarse delictivas
. pues considera que la conducta sería integrable en el artículo 325 del Código Penal. tolera. el elemento objetivo.º 96/2002. textualmente estableció que «el artículo 328 no cubre los vertidos de purines procedentes de una granja de 5. la de mantener tales emisiones o vertidos. esto es. el suelo o las aguas terrestres o marítimas. pese a la forma activa de las locuciones verbales descritas. permite en suma. señaló que la conducta. por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea que. apuntando la sentencia antes citada (también la n. en Sentencia 22301/99. de 30 de enero) que «provocar» es equivalente a originar. referido a depósitos o vertederos líquidos o sólidos. Tanto el antiguo artículo 347 bis del Código Penal de 1973. en donde los residuos sobresalían o filtraban y producían contaminación de acuíferos. resultaría igual o parejo a «realizar» por lo que debe reputarse que «provocar» puede comprender. sino en el objetivo. la Sala Segunda del Tribunal Supremo al distinguir el artículo 325 del Código Penal. es decir. Así. en cuanto sanciona la emisión directa de vertidos. de 11 de febrero. éste ha sido resuelto. como el 325 del Código de 1995. dejar que se produzca la emisión o vertido. se introduce en las aguas a las que se aplica dicha Directiva alguna de las sustancias peligrosas enumeradas en las Listas I y II de su Anexo. la Sentencia del Tribunal Supremo 215/2003. máxime cuando la interpretación contextual da pie para ello al entender que el vertido puede hacerse directa o indirectamente y no sólo en el sentido subjetivo o personal. directa o indirectamente.
siguiendo la doctrina sentada por las Sentencias del Tribunal Constitucional 127/1990. El nuevo texto legal da cabida tanto a disposiciones de rango superior (Directivas y Reglamentos de la Unión Europea (v. Esta normativa complementaria del tipo penal (comunitaria. la primacía de la normativa medioambiental complementaria del tipo penal sobre aquellas normas. complementaria del tipo penal del artículo 325 debe ser conocida y aplicada de oficio por el Tribunal Penal en base al principio iura novit curia. estatal. de forma que el Derecho Interno de cada Estado está supeditado al comunitario y la normativa autonómica y local a la estatal. se debe partir de que las irregularidades administrativas no constituyen ni dan vida sic et simpliciter al delito medio ambiental (Sentencia del Tribunal Supremo 1118/2005. esto es.. siendo nulas de pleno derecho las disposiciones y actos jurídicos que vulneren la Constitución. las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior. de 15 de junio). Decretos y Órdenes emanadas tanto de la Administración Central como de las autoridades administrativas autonómicas y locales. de 27 de abril de 2007 y de 20 de junio de 2007) entendiendo por tal un híbrido «a medio camino entre el peligro concreto y abstracto» (Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2004) en el que «no basta la contravención de la normativa
. de 22 de junio). Después de algunas resoluciones en otros sentidos. en un supuesto de vertido de excrementos de cerdo (purines) en que se alegó vulneración de la tutela judicial y del principio acusatorio por no constar mencionada en los escritos de las acusaciones la normativa completaría del tipo penal. En el ámbito penal medioambiental. Por lo que respecta al elemento normativo. que vulneraban la norma medioambiental de rango superior (Sentencia de la AP Barcelona 450/2011. Sentencias del Tribunal Supremo de 29 de septiembre de 2001 y de 24 de febrero de 2003). como inferior (Órdenes Ministeriales. El delito contra el medio ambiente es un delito de peligro que no precisa de una lesión efectiva en el bien jurídico protegido. sin necesidad de que ésta sea invocada por el Ministerio Fiscal. En cuanto al elemento valorativo. ni por las partes acusadoras. de 1 de abril de 2003.conductas que no constituyen un acto de vertido directo en la corriente de agua pero que son un comportamiento previo del que necesariamente ha de derivarse ese vertido. la última jurisprudencia se ha inclinado por considerar que se trata de un delito de peligro hipotético o potencial (Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2002. la aplicación o existencia de normativa medioambiental autonómica o local o de actos administrativos basados en ella. de 24 de junio de 2004. De forma detallada se refiere a esta posibilidad la Sentencia del Tribunal Constitucional 128/1998. situación de peligro grave para el bien jurídico. de 5 de julio y del Supremo de 3 de abril de 1995 y 1 de febrero de 1997. se refiere a la infracción de una norma extrapenal. La normativa medioambiental protectora. de 26 de septiembre). autonómica y local) se rige en su aplicación por el principio de jerarquía normativa. o mencionada en los respectivos escritos de acusación. disposiciones o actos administrativos de rango inferior que vulneren la exigencia constitucional de respetar el Medio Ambiente como obligación que compete a todos los poderes públicos se ha invocado como excluyente del elemento normativo del tipo. g. Así lo establece la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de abril de 1999. que la acción típica se verifique contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente.
en concreto. de los vertidos.) A tal efecto no puede perderse de vista que el Código Penal cifra la concreción del peligro en la intensidad de la incidencia contaminante. en el mismo sentido. como las condiciones naturales del ecosistema (suelo. emisiones. lo que significa que habrá que analizar. se afirmó. por lo tanto. Parece seguro referenciar el criterio de la gravedad del perjuicio a la intensidad del acto contaminante. agua) que influyen. sino también algo más: que la conducta sea potencialmente peligrosa. estableció que «esta exigencia atribuye a los tribunales una labor de concreción típica. En este sentido la Sentencia del Tribunal Supremo 96/2002.. abstracto-concreto o hipotético. es idónea para originar un riesgo grave para el bien jurídico protegido. que «el peligro equivale a la relevante posibilidad de que llegue a producirse un efecto temido. la salud de las personas. a la probabilidad de que el peligro se concrete en un resultado lesivo. de 14 de febrero. estos criterios necesitan de una prueba pericial que
. en las condiciones en que se ejecuta. en su caso. proximidad de las personas o de elementos de consumo. De no alcanzar este nivel. elemento del tipo valorativo y excesivamente ambiguo que. como elemento de tipicidad. ha determinado que la aplicación forense de este elemento no haya abandonado el ámbito de lo inseguro. lo cierto es que el artículo 325 exige. como ha destacado la doctrina. a la magnitud de la lesión en relación con el espacio en el que se desarrolla. de 30 de enero.. Lo que debe hacerse es un juicio hipotético sobre la potencialidad lesiva de la conducta» (Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de mayo 2004). el daño causado como concreción del riesgo. el que dará relevancia penal a la conducta». Se trata de un elemento constitutivo del tipo penal cuya concurrencia debe determinarse. pero es revisable en su racional expresión. la reiteración de la conducta. a la salud de las personas. en la gea. a la dificultad para el restablecimiento del equilibrio de los sistemas. no sólo la composición y peligrosidad de los vertidos (administrativamente prohibidos). Para encontrar el tipo medio de la gravedad a que se refiere el artículo 325 del Código Penal habrá que acudir a la medida en que son puestos en peligro tanto el factor antropocéntrico. mediante la prueba (. debe identificarse el riesgo creado o que la conducta es capaz de crear o. esto es. Es preciso acreditar que la conducta de que se trate. En la Sentencia del Tribunal Supremo 194/2001. de 27 de enero)». la gravedad del peligro a que se somete al equilibrio de los sistemas naturales o. la prolongación en el tiempo. en definitiva. como dice la Sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2004. lo que hace preciso que desde la jurisprudencia. además de vulnerar las normas protectoras del medio ambiente. Semánticamente grave es lo que produce o puede producir importantes consecuencias nocivas. el comportamiento sólo podrá dar lugar.. lo que implica un juicio de valor (STS 105/1999. la afectación directa o indirecta. en su caso. En todo caso. en su caso. la fauna y la flora puestas en peligro. cuando sea susceptible de connotarse con el rasgo típico de gravedad. proporcione criterios que permitan otorgar la necesaria seguridad en la aplicación de la norma a través de las sentencias. Ahora bien se acoja la estructura del tipo penal de peligro concreto. Es el índice de ésta. La valoración que hace el Tribunal es inmune en lo que dependa de la inmediación. atendiendo siempre a la naturaleza y sentido casacional utilizado. en su función nomofiláctica. es decir. Por ello lo cierto es que debe concurrir un peligro grave para el medio ambiente. a reacciones sancionadoras administrativas. aire. como últimamente se afirma en la doctrina y jurisprudencia de la Sala Segunda del Supremo. sino también si tales vertidos hubieran podido tener importantes efectos nocivos sobre el cauce del río y su caudal. etc.administrativa para poder aplicarlo.
podría sostenerse sobre la base de una argumentación a fortiori. Desde que se dictara esa pionera sentencia en el año 2003. poniendo más énfasis. aun si cabe. en su contemplación por la Constitución. Por último. pues. La gravedad se ha de deducir. fue la famosa y pionera Sentencia del «caso Chapó» de 24 de febrero de 2003. Además. además de la salud de las personas. Sin embargo. por lo que no puede haber objeción a la protección. por definición. sino al propio sujeto de referencia del medio. por tanto. al menos que el Juez sea asesorado pericialmente por expertos que expongan los criterios anteriormente relacionados y sobre los que se establezca la necesaria contradicción evitando que las percepciones del Juez se conviertan en presupuesto inseguro en la aplicación del tipo penal. del sistema natural humano (Por todas. la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2007 o. entre otras. Quizá podría pensarse que si el hecho afecta a la salud de las personas. se afecte al equilibrio de los sistemas naturales.1 no necesariamente surge cuando la conducta supone una puesta en peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales. por lo que la sanción por dicho Título de los supuestos en que se afecta no ya al medio. sino también cuando con independencia de ello. en última instancia. es obvio que cada hombre es. bastando sólo con que exista riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas para que las citadas conductas tengan exacto encaje en el tipo penal. En cualquier caso. debe partirse de que el medio ambiente no es. la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 16 de diciembre de 2005 que literalmente dice que «de todos los hechos expuestos son responsables los dos acusados. han ido surgiendo in crescendo sentencias que ya no sólo castigan los ruidos. Así. También se desprende de ésta que la sanción penal ha de reservarse para conductas que pongan el bien jurídico en una situación de peligro grave y. un ecosistema. en la no necesidad de peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales. el inciso último del artículo 325 no exige —ni siquiera gramaticalmente— que. afecten de manera insignificante al bien jurídico. en sí mismo. sino un medio para el desarrollo de la persona. por la doctrina se destaca que la inevitable valoración ha de tener en cuenta que integran el concepto de peligro dos elementos esenciales: probabilidad y carácter negativo de un eventual resultado.1 en tanto en cuanto suponga un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas. la mera afectación de la salud de las personas que no tuviera esa dimensión sistémica quedaría fuera del ámbito de protección. de ambos elementos conjuntamente lo que significa negar la tipicidad en los casos de resultados sólo posibles o remotamente probables.lo exponga. Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de abril de 2007). emisiones o radiaciones como un delito de lesiones —sino también y a su vez— como un delito contra el medio ambiente. cuya conducta ha estado presidida en todo momento por el más absoluto desprecio a las más elementales normas protectoras del medio ambiente y a
. entonces ya afecta también. que como el Capítulo se refiere a atentados contra el medio ambiente. desde el delito contra el medio ambiente. Tampoco puede pasar de soslayo que. pero eso no es ni mucho menos un axioma: una emisión contaminante de humos de una fábrica que pone en peligro la salud de unas decenas de personas que viven o trabajan en las cercanías seguramente no incide en los «sistemas naturales». así como de aquellos que. al equilibrio de los sistemas naturales. el riesgo de grave perjuicio creado con esas modalidades comisivas fuere — únicamente— para la salud de las personas. de llegar a producirse. la que condenó por emisión de ruidos y consideró que el tipo del 325. por lo que respecta a la contaminación acústica. considera que el ruido puede ser una conducta de perfecto encaje en el artículo 325. Podría pensarse también.
de 24 de septiembre) requiere la comisión dolosa en la producción del vertido. en estas modalidades delictivas de peligro hipotético. de 24 de septiembre) no requiere una específica construcción dolosa. En estas situaciones. La contaminación por vertidos (Sentencia del Tribunal Supremo 1538/2002. para lo que deberá acreditarse bien la intención. el tipo del artículo 325 del Código Penal (Sentencia del Tribunal Supremo 1527/2002. las reglas de la lógica. como todo elemento subjetivo. bien sea directa o eventual. sino la genérica de dolo. la inviolabilidad de su domicilio. deberá resultar de una prueba directa o ser inferida de los elementos objetivos acreditados que permita afirmar la comisión dolosa del vertido. pese a ello. La Sala Segunda del Tribunal Supremo (v. expresiones que se reflejan en el hecho probado. Así. no se tipifica en sentido propio un
. incluso por imprudencia cuando ésta es grave (cfr. los cuales han vivido un auténtico calvario desde que comenzó la actividad del “pub Bucanero”. su bienestar y su calidad de vida» y que continúa diciendo que «los hechos declarados probados son constitutivos de un delito contra el medio ambiente previsto y penado en concurso medial con cuatro delitos de lesiones porque contraviniendo de manera reiterada y contumaz las normas administrativas que regulan la actividad a que se dedicaban en cuanto protectoras del medio ambiente. con grave riesgo para la salud de las personas. bien la representación del riesgo y continuación en la actuación. se ha visto afectada su intimidad personal y familiar. Por último. g. siendo improbable la apreciación del dolo directo. Además de su salud. de su procedencia y de la gran cantidad de aquélla (Sentencia del Tribunal Supremo 442/2000. conocimiento de los elementos típicos y la voluntad de su realización. de 13 de marzo). Esa acreditación. Se ha rechazado la calificación imprudente cuando se está en presencia de un profesional. esto es. Sentencia 486/2007. peligro potencial o delitos de aptitud.. amparándose los acusados en la ineficacia del sistema administrativo sancionador.la salud de los vecinos. en su Sentencia de 19 de mayo de 1999 dijo que «el conocimiento y voluntad del riesgo originado por la acción es lo que configura el elemento subjetivo del delito en una gama que va desde la pura intencionalidad de causar el efecto. como es el desarrollo de una actividad industrial. esto es. si bien no es deducible una intencionalidad de perjudicar al medio ambiente o de crear un riesgo. la actuación dolosa. ejecuta la acción. al dolo directo o eventual según el nivel de representación de la certeza o probabilidad del resultado de la conducta ejecutada y de la decisión de no desistir de ella a pesar de las perspectivas previstas por la mente del sujeto». En definitiva. condición sine qua non para castigar estas conductas es la concurrencia del elemento subjetivo del tipo del artículo 325. de 30 de mayo) ya se pronunció acerca de las singularidades del tipo subjetivo en el presente delito. El dolo será normalmente un dolo eventual o de segundo grado. artículo del que suscribe acerca de la culpa consciente y la ignorancia deliberada). conocedor de la carga tóxica transportada. de la experiencia y del recto juicio permiten asegurar que el agente es consciente de esas eventualidades y. vertían ruidos al exterior. En efecto. ya que normalmente la conducta potencialmente lesiva del medio ambiente se comete con una finalidad inocua para el derecho penal. Como se ve. también denominadas de peligro abstractoconcreto. que se concretó en las lesiones psíquicas sufridas por las cuatro personas ya mencionadas». no menciona en momento alguna la puesta en peligro grave para el equilibrio de los sistemas naturales. de la necesidad de autorización administrativa.
20/2002. sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones. el dolo no es otra cosa que el conocimiento y voluntad de los elementos del tipo objetivo y. de sus potenciales efectos contaminantes en el medio ambiente y. de 1 de abril). y 1564/2001). de 3 de noviembre. de residuos líquidos y tóxicos y.
. subsuelo y acuífero subterráneo de la zona. que pone en riesgo específico a otros bienes. En consecuencia. se realice otro tipo penal. de 8 de noviembre y la Sentencia 235/2011 de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. por ejemplo. obra con dolo todo el que conociendo el peligro concreto generado por su acción no adopta ninguna medida para evitar la realización del tipo (Sentencia del Tribunal Supremo 327/2007. 1715/2001. En estos supuestos la situación de peligro no es elemento del tipo. d) Que se haya obstaculizado la actividad inspectora de la Administración. b) Que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas en el artículo anterior. cuando refieren que «quien conoce suficientemente el eventual peligro generado por su acción. En suma. cuando en la comisión de cualquiera de los hechos descritos en el artículo anterior concurra alguna de las circunstancias siguientes: a) Que la industria o actividad funcione clandestinamente. concurriendo una de las agravantes previstas. Y el conocimiento de esa situación de riesgo ecológico. en los supuestos en los que. de 27 de abril). de la idoneidad de esa situación de riesgo para producir. En idéntico sentido. y sin embargo actúa conscientemente. será necesario acreditar el conocimiento y voluntad por parte de cada acusado del riesgo inherente al vertido incontrolado. obra con dolo pues sabe lo que hace y de dicho conocimiento y actuación puede inferirse racionalmente su aceptación del resultado». que constituye consecuencia natural y que es la situación de riesgo deliberadamente creada (Sentencias del Tribunal Supremo 1160/2000. en fin.
— La referencia a «sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos» establece una cláusula de concurso de delitos. cuando menos. por ello. fluye del juicio histórico.resultado concreto de peligro. c) Que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la misma. la aceptación de sus irreversibles consecuencias. la Sentencia del Tribunal Supremo 1162/2011. importantes filtraciones en el suelo. f) Que se produzca una extracción ilegal de aguas en período de restricciones». sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código. e) Que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico.
TIPO CUALIFICADO (ARTÍCULO 326 DEL CÓDIGO PENAL)
«Se impondrá la pena superior en grado. pero sí lo es la idoneidad del comportamiento efectivamente realizado para producir dicho peligro (Sentencia del Tribunal Supremo 388/2003. sino un comportamiento idóneo para producir peligro para el bien jurídico protegido.
en idéntico sentido. sin obtener la autorización de la Administración que actúa como agravante del bien jurídico. de 8 de noviembre) ha declarado que «clandestino» es lo que se realiza sin haber obtenido la autorización y la aprobación administrativa requerida para la regular utilización de las instalaciones de que se trate. como es la explotación de un vertedero. aun cuando se reconoce que los inspectores no se identificaron como Funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Duero.— La clandestinidad se justifica por la mayor peligrosidad de la conducta al sustraerse a la actividad inspectora de la administración. Esa autorización es la que permite la realización de inspecciones y control de la realización del servicio. ambas modalidades agravadas. en sentido restrictivo. la Sentencia de la AP de Valladolid de 20 de diciembre de 2005). no procede la ampliación de la agravación específica». es una agravante que debe ponerse en relación con la conducta típica de «captación de aguas» y
. aun cuando se hicieran mejoras. Sentencia 1162/2011. — En lo que atañe a la falsedad u ocultamiento de información sobre aspectos ambientales y a la obstaculización de la actividad inspectora. La Sentencia del Tribunal Supremo 1112/2009. de 8 de abril. sin ser preciso que la información falseada u ocultada afecte a aspectos relevantes de la actividad ni que la actuación de control y vigilancia por la Administración se vea impedida o dificultada hasta el punto de no detectar elementos que hubieran impedido obtener la licencia administrativa o la continuación de la actividad) o. Habrá deterioro catastrófico cuando el daño revista intensidad y extensión más que considerables por el número de elementos naturales destruidos. ese incremento de riesgo no existe por la falta de autorización en la medida en la que la Administración. perfila la cuestión diciendo que «la razón de la agravación hay que encontrarla en el incremento del riesgo derivado de la realización de una actividad arriesgada. En consonancia con una u otra opción. En el caso de autos. haciéndose necesaria una intervención activa del hombre. — Desobediencia. Acreditado el conocimiento público de la actividad y de los riesgos existentes. — Respecto de la extracción ilegal de aguas en período de restricciones. que establece que no concurre si hay autorización temporal sujeta a requisitos no cumplidos o. el concurso con eventuales delitos de falsedades se resolverá como concurso de leyes (artículo 326) o concurso de delitos (artículo 326 e ilícitos de falsedades). en este caso local. la población humana afectada y la duración de los efectos contaminantes. — La causación de un riesgo de deterioro catastrófico o irreversible existe cuando el daño en el medio ambiente alcance tal gravedad que no pueda ser remediado por la capacidad generadora de la propia naturaleza. La jurisprudencia del Tribunal Supremo (por todas. concurre cuando constan requerimientos. de 16 de noviembre. pueden interpretarse en sentido formal (donde bastaría con acreditar la actividad de ocultación u obstaculización. 373/2009. hasta el punto de que la acusación pública acusó en el enjuiciamiento al Alcalde y a dos de los concejales del ayuntamiento. 20 de diciembre. se sabe al corriente de la ilícita actividad que se realizaba en el vertedero. en la línea referida respecto a las anteriores circunstancias en virtud de la cual deberían ir vinculadas a un incremento del riesgo para el bien jurídico protegido. en especial respecto del delito o falta de desobediencia (artículos 556 y 634 del Código Penal) puesto que la agravante requiere desobediencia a órdenes expresas de la Administración (Sentencia del Tribunal Supremo 1118/2007. La Sentencia de la AP de Valladolid de 20 de diciembre de 2005 establece que se aplica la agravante. como dijimos.
siempre y cuando concurran los requisitos exigidos en el citado artículo 31 bis y ello aun cuando. libertad a los Estados para elegirlas.para su aplicación no es suficiente que exista sequía sino que requiere una resolución administrativa que restrinja el uso de agua. relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal que. lleven a cabo la explotación de instalaciones en las que se realice una actividad peligrosa o en las que se almacenen o utilicen sustancias o preparados peligrosos y que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a
. si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión superior a cinco años. por tanto. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años. b) Multa de uno a tres años. Con las mismas penas previstas en el apartado anterior serán castigados quienes. Con ello se da cumplimiento a las previsiones recogidas en la Directiva 2008/99/CE del Parlamento europeo y del Consejo. en su artículo 7. contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general. el legislador ha sustituido el antiguo artículo 327. se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de dos a cinco años. facultativas de los jueces y tribunales [el resto de las recogidas en las letras b) a g) del artículo 33.
En coherencia con el establecimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el artículo 31 bis. no sea posible individualizar una concreta persona física autora del delito. como se establece en este último precepto citado. 2.
EL DELITO RELATIVO A LA GESTIÓN DE RESIDUOS (ARTÍCULO 328 DEL CÓDIGO PENAL)
«1. los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33». de 19 de noviembre de 2008. las personas jurídicas en los delitos medioambientales se convierten ahora en penalmente responsables. proporcionadas y disuasorias. Se ha configurado un sistema de penas doble: una obligatoria (pena de multa por cuotas) y otras. dando un amplio margen de discrecionalidad.
RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS (ARTÍCULO 327 DEL CÓDIGO PENAL)
«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en los dos artículos anteriores. obliga a los Estados miembros a adoptar las medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas consideradas responsables en virtud del artículo 6 sean castigadas con sanciones efectivas. En consecuencia. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis. en el resto de los casos. sin concretar cuáles deben ser estas consecuencias dejando.7]. multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años quienes establezcan depósitos o vertederos de desechos o residuos sólidos o líquidos que sean tóxicos o peligrosos y puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales o la salud de las personas. por una auténtica responsabilidad penal de éstas. en el que recogían las «consecuencias accesorias» imponibles a las empresas.
contemplando asimismo la responsabilidad de las personas jurídicas. Todo ello. del suelo o de las aguas. Cuando con ocasión de las conductas previstas en los apartados anteriores se produjera. sin perjuicio de las que puedan corresponder con arreglo a otros preceptos de este Código». la valorización. un resultado lesivo constitutivo de delito.
En definitiva. siquiera somero. o a animales o plantas. o del doble al triple del perjuicio causado si la cantidad resultante fuese más elevada. o del doble al cuádruple del perjuicio causado cuando la cantidad resultante fuese más elevada. se le impondrán las siguientes penas: a) Multa de uno a tres años. Además. será castigado con la pena de prisión de uno a dos años. en el resto de los casos.1— pero aumentando la pena de prisión y adicionando la de inhabilitación. 3. o a animales o plantas. más concretamente. relativa a la protección del medio ambiente mediante el Derecho penal. la reforma del precepto ha consistido en mantener el antiguo artículo 328 —convirtiéndose ahora en el 328. además del riesgo prevenido. b). sobre la base de las obligaciones impuestas por la normativa comunitaria. integridad o la salud de las personas. 4. aplicando la pena en su mitad superior. de la Directiva 2008/99/CE. se han añadido seis números más al precepto.
. los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. incluida la omisión de los deberes de vigilancia sobre tales procedimientos. 7. si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de más de dos años de privación de libertad.1 del Código Penal). b) Multa de seis meses a dos años. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis. el transporte.personas. los jueces o tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada. El que contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general traslade una cantidad importante de residuos. de 19 de noviembre. 5. 6. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo. o daños sustanciales a la calidad del aire. cualquiera que sea su gravedad. de estos siete apartados: 1. la calidad del suelo o la calidad de las aguas. la eliminación o el aprovechamiento de residuos. tanto en el caso de uno como en el de varios traslados que aparezcan vinculados. pongan en grave peligro la vida. Cuando en la comisión de cualquiera de los hechos previstos en los apartados anteriores de este artículo concurra alguna de las circunstancias recogidas en los apartados a). introduciendo nuevas figuras relacionadas con la explotación de instalaciones peligrosas o con el tratamiento de residuos. Establecimiento de depósitos o vertederos de sustancias tóxicas o peligrosas (artículo 328. c) o d) del artículo 326 se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas. o la calidad del aire. Comencemos pues el análisis. Serán castigados con la pena de prisión de uno a dos años los que en la recogida.
este tipo castiga actos preparatorios o tentativas de participación en la provocación o realización de vertidos o depósitos. con el sentido del otro término al que le une la conjunción «y». La conducta supone la explotación de instalaciones vinculadas a una actividad peligrosa que puede consistir. como en el caso de establecimiento de depósitos. lo que además es coherente.Para dotar de sentido y autonomía a esta figura. Introducido por la LO 5/2010.ª y 2. si se interpreta conjuntamente con el término «vertedero». En efecto. animales o plantas (Auto 139/2011 de la AP de Ávila. de vertederos o depósitos de una determinada clase de desechos o residuos (FARALDO CABANA). y 81/2008. Desde esta perspectiva. Sentencias del Tribunal Supremo 486/2007. en el sentido de creación o establecimiento. se tipifica expresamente una fase comisiva previa de forma que si. conductas que quedarían impunes en el marco del artículo 325 hasta que se iniciara la ejecución. fruto de la explotación de las instalaciones se produce cualquiera de los resultados contemplados en el artículo 325 (emisiones. es consecuencia directa de la transposición de la Directiva 2008/99/CE. 875/2006.) peligrosos para el equilibrio de los sistemas naturales.2. en el almacenaje o utilización de sustancias peligrosas. mientras que la tipicidad del artículo 325. esto es. efectivamente. y también al «lugar donde se vierten basuras o escombros» (acepciones 1. de 22 de julio). 3.1 quedaría reservada para aquellos otros casos en los que. según se menciona expresamente. que la conducta reprochable comporte un grave peligro para la vida. resulta claro que aquí se castiga no la provocación o realización de vertidos o depósitos stricto sensu.3 del Código Penal). el «vertedero». a modo de ejemplo. o la calidad del aire. radiaciones.ª del Diccionario de la Lengua Española). del suelo. Se exige. Recogida. conviene entender dicho término como «lugar o recipiente donde se deposita». ni siquiera de forma indirecta. sino que. sino la disposición. susceptibles de provocar daños al equilibrio medioambiental. además del depósito. etc. El simple depósito de sustancias contaminantes. tendría cabida en el artículo 328. de 30 de mayo. pero ajeno a cualquier prevención normativa. 2. Se configura como delito de peligro sin exigir contravención de norma administrativa alguna.b). su simple existencia implicara la vulneración del mandato imperativo del derecho administrativo relativo a la utilización industrial de sustancias tóxicas o contaminantes (cfr. No se trata de una modalidad privilegiada del delito de contaminación. de 13 de febrero). Realización de actividades peligrosas y utilización o almacenamiento de sustancias peligrosas (artículo 328. artículo 3. que hace referencia al «lugar adonde o por donde se vierte algo». Esta nueva figura sanciona la actuación en cualquier momento del ciclo de tratamiento de los residuos que ponga en peligro a las personas o a los elementos del medio ambiente. la integridad o la salud de las personas. eliminación o aprovechamiento de residuos (artículo 328. a su vez.2 del Código Penal). vertidos. de 6 de septiembre. de las aguas. valorización. transporte. vendrá en aplicación este precepto y no el tipo más benigno del artículo 328. tal y como se formula en la Directiva 2008/99/CE. a diferencia del precepto anterior. en suma.
. de 22 de junio.
g. Este precepto.4. Auto 139/2011 de la AP de Ávila. que establece que «son elementos típicos el “traslado de residuos” en “cantidad importante” que contravengan las leyes u otras disposiciones de carácter general. existen algunas especificidades: sistema de multa por cuotas o proporcional al daño causado y posibilidad de imponer adicionalmente las penas recogidas en las letras b) a g) del artículo 33.). por lo que tal conducta no comprende el depósito sino la movilización o desplazamiento de los residuos desatendiendo la reglamentación normativa que vela por la idoneidad de ese procedimiento». de nuevo. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (artículo 328. Supone un agravamiento de la pena. Modalidades agravadas del artículo 328. Ley 11/1997. los Jueces y Tribunales quienes determinen qué se entiende por «cantidad importante» y. etc. cuando concurran sólo algunas de las circunstancias agravantes del artículo 326 del Código Penal. de 21 de abril) y concordantes (v.. 6. de envases y residuos de envases. artículo 138 o 147.5 del Código Penal. entre otros). En estos casos habrá de definirse la relación concursal existente entre el tipo contra el medio ambiente y los delitos o faltas de homicidio. Se configura de manera similar a la figura del apartado tercero como norma penal en blanco. pues. Se eleva. prevé dicha responsabilidad para las mismas.7 del Código Penal. deberán tener presente aspectos tan relevantes como la cantidad o naturaleza de los residuos. por lo que debe acudirse a la Ley de Residuos (Ley 10/1998. etc. no se vacía de forma automática la infracción administrativa puesto que para sancionar penalmente no basta con contravenir la normativa administrativa sino que además el traslado ha de ser de una cantidad importante de residuos (ya sea en un único acto o en varios vinculados).
.7 del Código Penal. El comportamiento típico previsto en las distintas modalidades del artículo 328 del Código Penal puede desencadenar un riesgo para el medio ambiente y/o las personas que se traduzca en resultados lesivos para otros bienes jurídicos como la vida o la integridad de éstas.6 del Código Penal). en esencia. 5. RD 1378/1999. no obstante. la infracción administrativa a la categoría de delito. no previsto anteriormente. de 22 de julio. 7. El traslado de una cantidad importante de residuos (artículo 328..4 del Código Penal). En este sentido. se sigue la misma estructura que la marcada por el artículo 327. A pesar de que. de Medidas para eliminación de residuos tóxicos. sin perjuicio de las penas que pudieren corresponder con arreglo a otros preceptos del mismo texto legal (v. g. en consonancia con la introducción de la responsabilidad penal para las personas jurídicas por mor del artículo 31 bis del Código Penal. Serán. de 24 de abril. lesiones (psíquicas o físicas). a la hora de determinar ese concepto. El concurso del artículo 328.
o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio. En el mismo sentido. es decir. hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores. sin el preceptivo informe de impacto ambiental ni licencia municipal de actividades clasificadas ni verificarse las correspondientes inspecciones in situ. en la introducción —dentro del delito de prevaricación medioambiental— de una nueva conducta omisiva consistente en la no realización de inspecciones de carácter obligatorio. La autoridad o funcionario público que. se crearon unos resultados dañosos consistentes en la filtración de purines: Sentencia del Tribunal Supremo 449/2003. en que empezó a funcionar una industria de vertido de purines. esta modalidad de prevaricación omisiva. sin que exista facultad de elegir entre la pena privativa de libertad o la multa. Tipo que permite la comisión por omisión.EL DELITO DE PREVARICACIÓN MEDIOAMBIENTAL (ARTÍCULO 329 DEL CÓDIGO PENAL)
«1. Así. de una prevaricación omisiva que ya fue admitida por la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1997. 16
. sino a los administradores públicos a los que debe exigirse un escrupuloso cumplimiento de sus responsabilidades aun reconociendo que es necesario dejar en sus manos una cierta discrecionalidad técnica para conjugar las políticas de desarrollo sostenible. En esta materia. el Auto 17/2011 de la AP de Jaén. Por último. adquiere todavía una mayor justificación y razonabilidad en los casos de actuaciones de los funcionarios responsables en actuaciones medioambientales. como digo. en definitiva. la omisión del preceptivo informe de impacto ambiental de cualquier industria que se instale en el territorio sobre el que tiene competencia en esta materia constituye —por inactividad dolosa— una decisión o actitud que equivale a la concesión de autorización o licencia. de 24 de mayo. a sabiendas. además. consecuencia de su inactividad.
La reforma ha consistido. que establece que «el artículo 329 incorpora un delito de prevaricación en relación con los delitos contra el medio ambiente. además. esencialmente. con la de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses. será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y. Junto a ello. Con las mismas penas se castigará a la Autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia». 2. A modo de ejemplo. Así. por vía de la tolerancia y permisividad. como ocurre en el presente caso. Tal conducta omisiva causó un daño al medio ambiente». o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen. con manifiesta infracción de la normativa medioambiental. consistente en silenciar infracciones normativas de carácter general con ocasión de sus inspecciones. no actuar cuando se está infringiendo normas en materia de ordenación del territorio y patrimonio histórico. aceptada por la jurisprudencia de Sala Segunda del Tribunal Supremo. a modo de ejemplo. Se trata. comete este delito el alcalde y los equipos técnicos que no realizan la inspección de las instalaciones de una granja que crea residuos contaminantes pues aquél tenía la obligación de control legal de la inspección y. la multa ha pasado a ser una pena adicional a la de prisión e inhabilitación. de 28 de enero. la responsabilidad cabe extenderla no sólo a los causantes o titulares de la fuente de contaminación.
en alguna de las siguientes categorías: parques. reservas naturales. a cargo del autor del hecho. nuestro legislador ha dado el paso de instaurar claramente en el ámbito penal el conocido principio de «quien contamina paga». Cuando las conductas definidas en este Título afecten a algún espacio natural protegido. y de los objetivos de gestión a cumplir. Los jueces o tribunales ordenarán la adopción. si ordenar. paisajístico. confirma el deber de reparación inmediato que impuso la Sala de Instancia a la Junta de Andalucía. los espacios naturales protegidos.
«Artículo 338. habrían de incrementarse si las obras de restauración del medio natural se demorasen en el tiempo». por fin. amenazados o de especial interés ecológico. y las aguas marítimas bajo soberanía o jurisdicción nacional. que condena a un alcalde que mantiene de forma reiterada una actitud de pasividad permitiendo —a su través— la actuación ilegal de una industria emisora de ruidos. monumentos naturales y paisajes protegidos. al menos. incluidas las aguas continentales. a tenor de la naturaleza de los hechos y del carácter del bien afectado. En función de los bienes y valores a proteger. de 17 de noviembre. ya sean terrestres o marinos. a pesar de las movilizaciones y peticiones realizadas por los ciudadanos).
«Artículo 339. geológico o educativo y b) estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad biológica. científico. o no.
El concepto de espacio natural protegido viene recogido en la Ley 42/2007 que los define como aquellos espacios del territorio nacional. ahora se impone a éstos que decreten tales medidas en cuanto sean necesarias al objeto de adoptar vías eficaces para la salvaguarda del medio ambiente coherentes con la naturaleza de la acción delictiva. incluidas la zona económica exclusiva y la plataforma continental. se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas». que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean declarados como tales: a) contener sistemas o elementos naturales representativos. de forma motivada. áreas marinas protegidas. singulares. las medidas restaurativas con cargo al autor. sólo se ha visto modificado este artículo en donde. En efecto. eran los jueces o tribunales los que podían decidir.señalar que este delito puede apreciarse como continuado cuando se reiteren las acciones y/o omisiones típicas (cfr. Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de octubre de 2006. frágiles. así como de cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título». con anterioridad. sin embargo. de las medidas necesarias encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado. La Sentencia del Tribunal Supremo 1318/2005. se clasifican.
Tras la reforma operada por la LO 5/2010. ello no obstante su condición de responsable civil subsidiario. Refiere la citada sentencia que «lo decidido por la Audiencia es una actuación administrativa de naturaleza cautelar que guarda plena coherencia con la valoración del daño y con los efectos que el propio tribunal entiende ya producidos cuando se hace eco en la resolución de la ineficacia de ciertas medidas reparadoras adoptadas que. obviamente.
no habiendo.º 1715/2001. 2010. Valencia. Madrid. y 944/2011 de la AP de Madrid de 29 de julio.º 105/1999. de las Islas Baleares de 21 de abril de 2005. de 21 de diciembre de 2001. de Albacete de 31 de octubre de 2001. de 30 de enero.. de 6 de abril de 1999.
Poniendo fin a la presente exposición. de Alicante de 31 de octubre de 2002. n. aprecia como muy cualificada la reparación de los daños causados (clausura del vertedero ilegal antes de la presentación de la querella).º 20/2002. AP. 139/2011 de la AP de Ávila de 22 de julio.
2007.2. de 14 de febrero. — Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 12 de julio de 1996 y de 25 de mayo de 1999. de 5 de octubre de 1993. de 13 de marzo. de Barcelona 450/2011. de 1 de febrero de 1997.º 1160/2000. este artículo engloba las consecuencias de la reparación voluntaria del daño causado por el culpable de cualquiera de los hechos recogidos en el Título XVI. de 3 de noviembre. Los delitos contra la flora y la fauna. de Jaén de 20 de marzo de 2006 y de 24 de octubre de 2007. — Sentencias del Tribunal Supremo de 11 de marzo de 1992.º 96/2002. de 3 de abril de 1995.ª
Edición. ningún obstáculo —a mi juicio— en aplicar la pena inferior en dos grados a tenor de lo preceptuado en el artículo 21. de 12 de diciembre de 2000.
— VIVES ANTÓN. pues se impondrá la pena inferior en grado de las previstas respectivamente. Derecho Penal. n. Código Penal.º. n. de 27 de enero. de 22 de junio.º 18
. 2010. Parte Especial. n.º 194/2001. siempre que se atienda a la entidad de dicha circunstancia atenuante.º del Código Penal.5. La regulación en el nuevo Código Penal de los delitos
relativos a la protección de los recursos naturales y del medio ambiente. Valencia. Derecho Penal.
— COLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA. en relación con el artículo 66.º 1564/2001. Consideraciones a propósito del Proyecto del Ley de 2009 de modificación del Código Penal. de Valladolid de 20 de diciembre de 2005. de 30 de junio de 1997. n. Si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado.
— Autos 17/2011 de la AP de Jaén de 28 de enero. Miguel. la Sentencia del Tribunal Supremo 1183/2003. sin embargo. y de Palma de Mallorca 235/2011.
CUSSAC y ÁLVAREZ GARCÍA. 2004 — MUÑOZ CONDE. 13. 1999.º 442/2000. Valencia. n. de 23 de septiembre. de 19 de mayo de 1999. de Cádiz de 16 de octubre de 2001. Notas
— CERES MONTES. de Asturias de 10 de septiembre de 1999. rebajando la pena en un grado.«Artículo 340. Francisco. Ad exemplum. y los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes. n. n. los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas». de León de 30 de septiembre de 2004. Tomás S. n. de Murcia de 16 de diciembre de 2005. Parte Especial.
º 486/2007 de 30 de mayo. de 6 de septiembre. de 24 de junio de 2004. de 27 de abril.º 1162/2011.º 916/2008. y n. n. nº 1118/2007. de 20 de diciembre. de 26 de septiembre.º 1118/2005. de 8 de abril.º 1112/2009. de 17 de noviembre.º 327/2007.º 1183/2003. de 13 de febrero.º 875/2006. de 8 de noviembre. n. de 23 de septiembre.
. n. n. de 11 de febrero.º 1538/2002. de 16 de noviembre.º 373/2009.º 215/2003. de 24 de septiembre. de 25 de octubre de 2002. n.
— Sentencias del TJCE de 18 de diciembre de 1997 (en el asunto C-129/96) y de 25 de junio de 1997 (en el asunto C-224/95). de 5 de julio. de 27 de septiembre de 2004. de 24 de febrero de 2003. n.º 127/1990. de 25 de mayo 2004.
— Sentencia del Tribunal Constitucional n. n. n. de 1 de abril. de 24 de septiembre. de 20 de junio de 2007. n.º 1318/2005. de 19 de octubre de 2006.º 388/2003. de 19 de marzo de 2007. n. n. de 1 de abril de 2003. n.º 81/2008.1527/2002. n. de 30 de diciembre.
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