Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2006-08508-de-abril-28-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_b2d085c4ded50122e0430a0101510122&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 15:02:13
Document Index: 371530152

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 267', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 279', 'artículo 36', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 280', 'artículo 1', 'artículo 17', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 36', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 1', 'artículo 7', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 36', 'artículo 36', 'artículo 14', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 150', 'artículo 17', 'artículo 187', 'artículo 17']

﻿ Sentencia 2006-08508 de abril 28 de 2011
SENTENCIA 2006-08508 DE 28 DE ABRIL DE 2011
CONTENIDO:RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN. DEBE PRECISARSE QUE LA HOMOLOGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE UN TEXTO DE ENSEÑANZA A TIEMPO DE SERVICIO, CONSTITUYE UNA PRERROGATIVA EXCEPCIONAL A EFECTOS DE ACREDITAR LOS REQUISITOS PENSIONALES, TODA VEZ QUE EN PRINCIPIO DEBE PARTIRSE DE LA BASE QUE EL INTERESADO HA OSTENTADO UNA VINCULACIÓN LABORAL O HA EFECTUADO APORTES EN FORMA INDEPENDIENTE EN ORDEN A ACUMULAR EL NÚMERO DE SEMANAS COTIZADAS, O DE AÑOS DE SERVICIOS, QUE EXIGE LA LEYTODA VEZ QUE EL HECHO DE QUE SE ACEPTE LA VIGENCIA DE LA LEY 50 DE 1886 Y DEL DECRETO 753 DE 1974 PARA LOS REFERIDOS EFECTOS EN MATERIA PENSIONAL, NO SIGNIFICA QUE ESTÁ SOLA CIRCUNSTANCIA DE LUGAR AL RECONOCIMIENTO AUTOMÁTICO DE TAL PRERROGATIVA, PUES ES NECESARIO CUMPLIR CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ORDEN SUSTANCIAL Y FORMAL QUE PREVÉN LAS DISPOSICIONES EN COMENTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL, PENSIÓN DE JUBILACIÓN, RECONOCIMIENTO DE LA PENSIÓN
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:482 DE FEBRERO DE 2012, PG.307
Sentencia 2006-08508 de abril 28 de 2011
Rad.: 25000-23-25-000-2006-08508-01(0052-10)
Demandado: la Caja Nacional de Previsión Social EICE
Previamente a definir el problema jurídico por resolver es pertinente efectuar las siguientes observaciones relativas a la competencia del Juez en segunda instancia.
Según lo establecido en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, aplicable por expresa remisión del artículo 267 del Código Contencioso Administrativo, el recurso de apelación se entiende interpuesto en lo desfavorable al apelante, por lo cual el superior, en principio, no puede pronunciarse sobre aspectos que no fueron objeto del mismo. Al respecto sostuvo esta corporación en sentencia de 5 de julio de 2007(1):
Teniendo en cuenta estas precisiones, se observa que el fallo del a quo accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda; sin embargo, en el presente asunto la parte recurrente es la entidad accionada, razón por la cual el análisis de la Sala se sujetará a lo discutido en esta instancia respecto de aquello que le fue desfavorable.
Así, el problema jurídico se contrae a determinar si la señora Nubia González Cerón tiene derecho a que Cajanal le reconozca y pague una pensión de jubilación especial, de conformidad con los artículos 17 de la Ley 4ª de 1992, 7º del Decreto 1359 de 1993, 2º y 3º del Decreto 1293 de 1994.
— De conformidad con el acta de nacimiento, la demandante nació el 10 de enero de 1953 (fl. 14).
— El 15 de marzo de 2006, la demandante solicitó el reconocimiento de su pensión de jubilación (fls. 7 a 12).
— El 7 de septiembre de 2006, a través de la Resolución 45690, la asesora de la gerencia general (e) de la Caja Nacional de Previsión Social EICE negó la solicitud de la pensión de jubilación al amparo del Decreto 546 de 1971 argumentando que la actora no acreditó los 20 años de servicio al Estado, puesto que, por prohibición expresa de la Ley 797 de 2003, la publicación de un libro no puede tenerse en cuenta para tales efectos. Entre tanto, como la demandante laboró en el sector público y el privado, se observa que la normatividad aplicable es la Ley 71 de 1988, empero no es viable reconocer la prestación porque no ha cumplido los 55 años de edad.
Esta decisión se adoptó teniendo en cuenta el siguiente tiempo de servicios (fls. 1 a 4):
Entidad Desde Hasta Días laborados
Rama jurisdiccional 29-09-1976 14-08-1982 2116
Instituto de Seguros Sociales 15-08-1982 28-08-1982 7
Rama jurisdiccional 15-08-1982 28-08-1982 7
Rama jurisdiccional 29-08-1982 30-09-1987 1832
Instituto de Seguros Sociales 01-10-1987 16-12-1994 1298
Rama jurisdiccional 01-10-1987 16-12-1994 1298
Rama jurisdiccional 17-12-1994 12-04-1995 116
Rama jurisdiccional 13-04-1995 30-11-1995 114
Instituto de Seguros Sociales 13-04-1995 30-11-1995 114
Instituto de Seguros Sociales 01-12-1995 30-03-2003 2640
— De conformidad con las certificaciones expedidas por la secretaria general del Consejo de Estado y el jefe de la división de gestión humana de la Procuraduría General de la Nación, la actora prestó sus servicios en la siguiente forma (fls. 16 y 17):
Entidad Cargo Período
Consejo de Estado Auxiliar judicial en interinidad 29-09-1976 a 31-01-1978
Relatora grado XX en interinidad 01-02-1978 a 15-06-1978
Relatora grado XX en propiedad 16-06-1978 a 15-01-1987
Secretaria general en propiedad 16-01-1987 a 15-11-1994
Magistrada en interinidad 16-11-1994 a 12-03-1995
Secretaria general en propiedad 13-03-1995 a 17-07-1995
Magistrada en interinidad 18-07-1995 a 30-11-1995
Procuraduría General de la Nación Procuradora delegada 06-12-1995 a 05-08-1996
— El 24 de enero de 2003, el decano de la facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia informó que la señora Nubia González Cerón dictaba cátedra de derecho administrativo especial en dicha Institución y que “en la biblioteca de la universidad se encuentra como texto de consulta el libro de su autoría titulado Diccionario jurídico desde el año 1984” (fl. 17).
— De conformidad con las certificaciones expedidas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Ministerio de Gobierno las señoras María Elena Giraldo Gómez y Nubia González Cerón son autoras de la siguiente obra (fls. 18 a 25):
Título Libro de registro Fecha de registro
“Diccionario Jurídico – XXIII Años de Evolución Jurisprudencial 1958 - 1981, tomo I, letras A-C” (compilación). Libro Nº. 2, Tomo 31, partida 150 15-11-1982
“Diccionario jurídico XXIII años de evolución jurisprudencial, tomo I, letras D-I” (compilación). Libro 2, tomo 31, partida 149 15-11-1982
“Diccionario jurídico XXIII años de evolución jurisprudencial 1959 - 1981 - Consejo de Estado de Colombia, letras J-Z, tomo III.”. Libro 2, tomo 31, partida 223 11-02-1983
“Diccionario jurídico” Evolución jurisprudencial 1981 - 1982 Consejo de Estado de Colombia, tomo IV (compilación). Libro 2, tomo 33, partida 303 7-02-1985
“Diccionario jurídico”, Evolución jurisprudencial 1983 - Consejo de Estado de Colombia. Incluye jurisprudencia 1941 - 1957. Tomo V. Compilación. Libro 2, tomo 33, partida 302 27-02-1985
“Diccionario jurídico de evolución jurisprudencial” del año 1984. Tomo VI. A-Z Libro 2, tomo 35, partida 3 09-05-1986
Diccionario jurídico de evolución jurisprudencial 1985, tomo VII. Libro 2, tomo 40, partida 438 28-09-1990
Diccionario jurídico de evolución jurisprudencial, año 1986, tomo VIII. Libro 2, tomo 40, partida 439 28-09-1990
De conformidad con el anterior acervo probatorio, procede la Sala a desatar la controversia, estableciendo, en primer término, el tiempo de servicio laborado por la demandante, pues ello se erige en requisito indispensable para efectos de determinar si a su situación pensional le es aplicable el régimen especial de Congresistas, en los términos solicitados.
(i) Del tiempo de servicio laborado por la demandante
Se encuentra acreditado en el expediente que la vinculación laboral que ostentó la señora Nubia González Cerón con la rama judicial y el Ministerio Público equivale a 19 años, 10 meses y 2 días, lapso que no es igual o superior a 20 años de servicio, razón por la cual solicita que la obra “Diccionario jurídico de evolución jurisprudencial”, que es de su autoría, se le asimile a 2 años de servicio, en orden a completar el referido período.
Al respecto, es oportuno citar el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, cuyo tenor literal es el siguiente:
En torno a la vigencia de la norma transcrita, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta corporación, mediante concepto de 22 de abril de 1998, precisó(2):
“Se observa que el artículo 13 de la Ley 50 de 1886 no define ni precisa qué es un texto de enseñanza, sino que se refiere a “un texto de enseñanza que tenga la aprobación de dos institutores o profesores” y el Decreto Reglamentario 753 de 1974 señala solamente estos requisitos formales:
1) Que sea un libro impreso.
2) Que el libro exprese el nombre del autor, el pie de imprenta y el año de edición.
3) Que se presente un ejemplar y se conserve en la biblioteca de la entidad que hace el reconocimiento.
4) Que el autor haya registrado su propiedad intelectual.
En síntesis, un texto de enseñanza debe estar referido al programa o currículo de la educación formal en sus distintos niveles o de la educación superior.
Sin embargo, se encuentra vigente para los servidores públicos exceptuados de la aplicación del sistema de seguridad social integral de la Ley 100 de 1993 en el artículo 279 de la misma, y para los servidores públicos que se encuentran en el régimen de transición contemplado en el artículo 36 de dicha ley, esto es, aquellos que el 1º de abril de 1994 tenían 35 o más años de edad si son mujeres o 40 o más años de edad si son hombres, o 15 o más años de servicios cotizados, y estaban en esa fecha afiliados a un régimen pensional”.
Así, se hace necesario determinar si el libro “Diccionario jurídico de evolución jurisprudencial” cumple con los requisitos establecidos por la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974, en forma tal que pueda tenerse como equivalente de dos años de servicio.
En este estado de cosas debe precisarse que la homologación de la “producción de un texto de enseñanza” a tiempo de servicio, constituye una prerrogativa excepcional a efectos de acreditar los requisitos pensionales, toda vez que en principio debe partirse de la base que el interesado ha ostentado una vinculación laboral o ha efectuado aportes en forma independiente en orden a acumular el número de semanas cotizadas, o de años de servicios, que exige la ley.
Siendo ello así, la producción de un texto de enseñanza no atañe a un mero formalismo legal sin contenido alguno, sino que por el contrario busca que la obra publicada sea un medio idóneo para efectos de transmitir el conocimiento. En torno a este aspecto, esta corporación ha esbozado los siguientes lineamientos interpretativos(3):
“1.3. El valor intelectual que debe tener un texto de enseñanza. La Sala desea insistir, como tuvo ocasión de expresarlo en el concepto anterior, que no es cualquier libro el que se puede considerar como texto de enseñanza y por ende, ser aprobado para conceder dos años de servicio, a quien lo presenta con miras a su pensión de jubilación.
Debe ser realmente un libro que sirva de guía, de orientación en la enseñanza de una asignatura del pensum de los colegios o las universidades, para lo cual debe tener valor científico, didáctico y pedagógico, reunir características de claridad, precisión y actualización y estar en un lenguaje inteligible y sugerente para los alumnos.
El inciso segundo del artículo 13 de la Ley 50 de 1886 señala que se trata de “la producción de un texto de enseñanza”, lo cual significa que el autor debe producir un libro, esto es, debe crearlo, de tal manera que sea una elaboración propia de su intelecto, pero además, que el libro constituya material de enseñanza en colegios o universidades.
No puede ser una recopilación de artículos sobre un tema o compilación de citas de otros autores pues ahí no existe propiamente una producción de un texto nuevo.
Resulta inadmisible que el servidor presente un libro sobre un tema ajeno por completo a su conocimiento y experiencia, como también se ha denunciado, por cuanto en ese caso, resulta evidente que la labor suya ha sido de “armador” de un texto más que de productor del mismo.
El autor debe producir un texto de enseñanza en tal forma que él debe hacer una síntesis personal del fruto de sus investigaciones y tiene que aportar algo nuevo con base en sus reflexiones y conocimientos, ya que de otra forma sería una simple repetición de ideas y no se podría calificar como un texto producido por el autor.
En el mismo sentido no se puede admitir un texto respecto del cual el pretendido autor solo ha hecho la presentación o la introducción y el capítulo final, por cuanto es evidente, en ese evento, la falta de originalidad del texto, de modo que no puede considerarse que ha habido la producción de un texto.
Libros hay muchos, pero aquí la norma exige que sea uno que constituya material de estudio de una asignatura académica. No basta con que toque un tema de una materia o se relacione con ella sino que sea seguido a lo largo del semestre o el año en una o varias instituciones académicas. Y para ello el libro tiene que ser verdaderamente científico o técnico y revestir cualidades pedagógicas”.
El diccionario de la Real Academia define el término producción así:
“1. f. Acción de producir.
4. f. Suma de los productos del suelo o de la industria”.
A su turno, el concepto de producir concierne a lo siguiente:
“1. tr. Engendrar, procrear, criar. Se usa hablando más propiamente de las obras de la naturaleza, y, por ext., de las del entendimiento.
8. prnl. Explicarse, darse a entender por medio de la palabra”.
Entonces, la producción de un texto de enseñanza hace referencia a la creación y aporte ideológico e intelectual del autor de la obra de forma tal que a través de una secuencia lógica de argumentos y conceptos ponga en conocimiento de sus receptores un tema determinado.
Entre tanto, de acuerdo con las certificaciones expedidas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor del Ministerio de Gobierno, en el caso concreto se observa que el libro cuya validez reclama la actora constituyó una “compilación” de orden jurisprudencial, a la cual no puede atribuírsele el carácter de creación e innovación, pues como su nombre lo indica constituye una recopilación ordenada de antecedentes judiciales, pero ello no implica que el autor haga un aporte o crítica adicional al mismo, sin desconocer, claro está, la labor de búsqueda y organización que la compilación comporta.
En efecto, la compilación se ha definido así:
“1. f. Acción y efecto de compilar.
2. f. Obra que reúne informaciones, preceptos o doctrinas aparecidas antes por separado o en otras obras”.
A su turno, compilar hace referencia a la acción de “allegar o reunir, en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros varios libros o documentos Allegar o reunir, en un solo cuerpo de obra, partes, extractos o materias de otros varios libros o documentos”, es decir que ello concierne la reunión de textos escritos por otros autores, situación que si bien es cierto conlleva un trabajo de organización, también lo es que no implica la generación de un nuevo conocimiento.
Para abundar en razonamientos, puede indicarse que la referida compilación no se presenta como forma única o exclusiva para adquirir el conocimiento, pues al tratarse de una reunión de sentencias judiciales la ciudadanía puede acceder a ellas solicitando a la relatoría de la corporación el antecedente que resulte de interés.
Adicionalmente, si en gracia de discusión se admitiera la viabilidad de reconocer la aludida compilación como tiempo de servicio podría presentarse la situación de que se reconozcan dobles cotizaciones por un mismo tiempo laborado, en el hipotético caso de que dicha compilación se hubiere efectuado en concomitancia con la vinculación laboral a la rama judicial y el Ministerio Público, teniendo en cuenta que la misma tuvo lugar entre los años 1976 y 1996 y el registro de la obra en comento se surtió entre los años 1982 y 1990(4).
Entonces, bajo estos supuestos, teniendo en cuenta el carácter de la norma que permite homologar tiempos de servicios con la producción de textos de enseñanza, se hace inviable acceder a las pretensiones de la actora encaminadas a obtener los efectos favorables de la Ley 50 de 1886 sobre su situación pensional, pues, se reitera, la obra de su autoría no corresponde al concepto de texto de enseñanza que entraña la disposición legal en comento.
(ii) Del precedente jurisprudencial
Ahora bien, atendiendo a la estructura que se le ha dado a la presente decisión y con el objetivo de garantizar el debido proceso de la parte actora, es oportuno hacer alusión a diversas sentencias proferidas por esta corporación en las cuales se ha tratado el tema que ahora ocupa la atención de la Sala en orden a establecer las particularidades de algunos de los casos y que los diferencian del presente asunto.
a) Sentencia de 28 de noviembre de 1984(5).
“El artículo 13 citado [aludiendo a la Ley 50 de 1886], se refiere a la autoría de textos de enseñanza, admitidos como tales, valiéndolos como dos años de servicios en la instrucción pública. Es decir, que pueden ser acumulados al tiempo de servicios al Estado, sin ninguna limitación.
“Sabido es, que para efectos de pensión de jubilación, debe tenerse en cuenta todo el tiempo de servicios en el sector público, sean ellos continuos o discontinuos, cualquiera sea la actividad del empleado o el cargo desempeñado. Por tanto resultaría ilegal desechar, para el reconocimiento de una pensión ordinaria, el tiempo servido en la instrucción pública.
“Está probado en autos que el señor Julián Pérez Medina es autor de las obras “Siete temas periodísticos” y “Apuntes de un periodista”.
“El artículo 13 exige dos requisitos para que las obras equivalgan a dos años de servicio:
“a) Que tengan la aprobación de dos profesores o institutores, y
“b) Que no hayan sido editadas con fondos provenientes del tesoro público.
“En igual sentido se expresa el Decreto Reglamentario 753 de 1974.
“Ambos requisitos, como lo afirma el tribunal, luego de analizar las pruebas aportadas, se encuentran cumplidos en el presente caso, y también el registro de propiedad intelectual a nombre del actor” (fls. 179 a 183)”.
b) Sentencia de 5 de agosto de 1993(6).
“Sin embargo, como el actor se sustenta en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley 50 de 1886, en el sentido de que “La producción de un texto de enseñanza que tenga la aprobación de dos instituciones o profesores, lo mismo que la publicación durante un año de un periódico exclusivamente pedagógico o didáctico, siempre que en ninguno de los dos casos el autor o editor haya recibido al efecto auxilio del tesoro público, equivaldrán respectivamente a dos años de servicios prestados a la Instrucción pública”, la Sala observa que en el expediente figuran dos (2) constancias (fls. 44-45) —tomadas a su vez de los antecedentes administrativos que reposan en la Caja Nacional de Previsión Social—, que se acomodan a estas previsiones y que demuestran que el doctor Maximiliano Olaya Restrepo es autor de dos obras que cumplen con los requisitos de la ley mencionada, a saber, el libro cuyo titulo es “Biografía de Gregorio Marañón”, y de igual manera, el se intitula “Páginas médicas” (en tres (3) volúmenes), que se emplearon como textos guías en la facultad de medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Esto es, que por este aspecto, puede el actor invocar cuatro (4) años de servicios —dos (2) por cada libro—, con lo cual completaría con creces los veinte (20) exigidos para optar la pensión ordinaria de jubilación.
c) Sentencia de 6 de abril de 2000(7).
“A folios 58 y 59 obra certificación expedida por el director de la Escuela Superior de Guerra, el 5 de enero de 1998, en la cual en su condición de tal, da fe de cinco (5) libros escritos por el señor Eduardo Gutiérrez Arias, identificado con la cédula de ciudadanía 17.151.504 quien se ha desempeñado como profesor militar desde hace varios lustros.
Manifiesta en la certificación que, tales obras en un país donde poco se escribe en el ambiente castrense, son muy importantes para difundir las ciencias militares y la moderna pedagogía, por eso las recomienda y aprueba.
Sobre el tema que ellas contienen dice que versan sobre relatos de batallas con las cuales buscan suministrar las bases de la táctica y de la estrategia; así como de familiarizar a los alumnos sobre las virtudes militares, y elementos pedagógicos para enseñarlos de una manera racional y reflexiva.
Agrega que por ello tales textos se han utilizado desde hace varios años en las diferentes escuelas e institutos militares del país. Los relaciona así:
— Gutiérrez Arias, Eduardo. Catorce lecciones de historia militar 1992. Bogotá: Imprenta de la Escuela Militar de Cadetes. 131 páginas.
— Ib. Ibídem. Guía para el estudio práctico de la historia militar 1993. Santafé de Bogotá: Imprenta del Ejército. 87 páginas.
— Ib. Ibídem. 15 lecciones de historia militar 1993. Santafé de Bogotá: Imprenta de la Escuela Militar de Cadetes. 352 páginas.
— Ib. Ibídem. Un método de estudio y enseñanza 1995. Santafé de Bogotá: On Time. 179 páginas.
— Gutiérrez Arias, Eduardo y otros. Siete acciones de armas 1996. Santafé de Bogotá: Imprenta de la Escuela Militar de Cadetes. 149 páginas.
A folios 60 a 62 obra certificación del director de la Escuela de Armas y Servicios Décima Quinta Brigada, en la cual describe el contenido de cada uno de los anteriores cinco (5) libros, que cada uno de ellos ha sido adoptado como texto en la Escuela de Armas y Servicios y como método de estudio y expresa:
“La apruebo y recomiendo porque me parece muy importante que, a los oficiales integrantes de un ejército en vías de desarrollo, se les facilite la transferencia tecnológica a través de contarles como combaten las grandes y medianas potencias”.
A folios 52 y 53 obra la declaración juramentada de Manuel Guillermo Robayo Castillo, docente de la Escuela Militar de Cadetes, calidad que acredita con el documento visible a folio 56, en el cual da fe que las obras que se han mencionado, las aprueba y recomienda para fines didácticos.
En el mismo sentido obra la declaración jurada de Guillermo Alfonso Pedraza Camargo, también vinculado al Ministerio de Defensa Nacional - Escuela Militar de Cadetes como profesor de cátedra.
Se destaca también, el oficio visible al folio 46 del expediente, en el cual el jefe de la oficina de registro del Ministerio del Interior - Dirección Nacional de Autor da cuenta de los certificados de inscripción en el Registro Nacional de Derecho de Autor, anexando el certificado de inscripción “Obra literaria”, de los libros a que se ha hecho referencia (fls. 47 a 51).
Con fundamento en las disposiciones antes transcritas y evaluadas las pruebas allegadas al proceso, la Sala llega a la convicción de que al señor Eduardo Gutiérrez Arias, le asiste el derecho al reconocimiento de tiempo de servicios por obras escritas para efectos pensionales, en los términos del artículo 13 de la Ley 50 de 1886.
En efecto, quedó demostrado que los cinco libros que escribió Eduardo Gutiérrez Arias quien se ha desempeñado también como profesor militar desde hace varios lustros, son útiles para difundir las ciencias militares, la moderna pedagogía y han sido utilizados en los institutos militares del país por varios años, recomendados y aprobados por profesores en la materia, lo mismo que por el director de la Escuela Superior de Guerra y el director de la Escuela de Armas y Servicios, quienes dan fe de su importancia. Se demostró también la inscripción de las obras en el Registro Nacional del Derecho de Autor del Ministerio del Interior.
(...)” (el resaltado es del texto).
d) Sentencia de 18 de octubre de 2007(8).
“La obra publicada.
El jefe de la oficina de registro de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el día 29 de septiembre de 1998, registra la obra titulada “Cátedra Comunitaria Factor Multiplicador para una Colombia Comunitaria y Compartida”, de autoría del demandante (fls. 24-25, anexo)
El rector del colegio ‘Sur Oriental Panamericano’, certifica que: “(...) La obra ha sido utilizada como texto de estudio y consulta en los cursos 10 y 11, desde el 10 de febrero de 1991 en el área de las Ciencias Sociales (...)” (fl. 27, anexo).
En el mismo sentido el rector de la Fundación Académica Cultural ‘Funparcial’, certifica que: “(...) Adopta el texto para la enseñanza de la cátedra de Ciencias Sociales de los grados 9, 10, 11 de bachillerato, el día 12 de febrero del año de mil novecientos noventa y uno (1991)” (fls. 29-30)
Mediante memorando 0269 de 12 de noviembre de 1998, el jefe división de prestaciones económicas, del Fonprecon, expresa: “Comedidamente me permito remitirle con el fin de que (sic) repose en el archivo de la división el texto presentado por el doctor Jorge Enrique Ángel C. cuyo título es ‘Cátedra comunitaria factor multiplicador para una Colombia comunitaria y compartida’, el anterior texto se tuvo en cuenta para la liquidación de tiempo de servicio de conformidad con la Ley 50 de 1886” (fl. 22, anexo) (se resalta)
Con las anteriores probanzas quedó acreditada la publicación del libro y la autoría del demandante como su uso en varios centros educativos.
De la publicación de un libro. Para completar el tiempo de servicio requerido y acceder a la pensión de jubilación como Congresista, el actor escribió un texto, titulado “Cátedra comunitaria, factor multiplicador para Colombia comunitaria y compartida’, el cual se encuentra en los archivos de la entidad, y de igual manera allega la certificación de dos (2) instituciones académicas (fls. 22 y 27-30, anexo) que hacen constar, la utilización del mismo, como texto de enseñanza y consulta por sus alumnos de 9, 10 y 11 grado, desde febrero de 1991” (el resaltado es del texto).
e) Sentencia de 3 de abril de 2008(9).
“2. Problema jurídico
Consiste en examinar si al demandante le era aplicable el régimen de transición previsto en el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 y en el parágrafo del artículo 3º ibídem y si con fundamento en dicho régimen, resultaba viable efectuar el reconocimiento pensional con cincuenta (50) años de edad, toda vez que a su juicio, para el 1º de abril de 1994 cumplía los presupuestos que establece el parágrafo del artículo 2º del Decreto 1293 de 1994 y para el 20 de junio de 1994 tenía los veinte (20) años de servicios que consagra el parágrafo del artículo 3º del decreto ibídem.
Para este último efecto, pretende hacer valer tres (3) obras escritas las cuales fueron registradas con posterioridad al 1º de junio de 1994 y según se indica, publicadas con anterioridad a dicha fecha, luego el aspecto en discusión, consiste en establecer si para los efectos pensionales que establece el parágrafo del artículo 3º del Decreto 1293 de 1994 en consonancia con la Ley 50 de 1886, es válido computar tales Escritos como tiempo servido para efectos pensionales.
La entidad demandada al negarse a considerar como status pensional el momento en que el actor cumplió los cincuenta (50) años obró correctamente, porque la norma en mención, se refiere al cumplimiento durante la legislatura que terminó el 20 de junio de 1994 de dos (2) presupuestos que aquel no reunió.
El primero porque la norma se dirige a los senadores y representantes condición que no ostentaba el actor para esa calenda, dado que ocupó el cargo de Representante a la Cámara durante el período 1982 a 1986.
El segundo porque los textos “Florencia 50 años de historia”, “Conflicto colombo peruano” y el “Cooperativismo y la reforma agraria integral” no podían ser computados como tiempo de servicios para completar el requisito de los veinte (20) años a 20 de junio de 1994, en razón a que fueron registrados en el Registro Nacional de Derechos de Autor respectivamente en los años 1999 y 2000.
Lo anterior significa que el demandante no tenía configurada una situación jurídica consolidada a 20 de junio de 1994 por cuanto para esa fecha, dichos textos carecían del requisito esencial exigido en el Decreto 753 de 1974, artículo 3º literal a) el cual indica que: “son requisitos para hacer el reconocimiento por parte de la entidad respectiva: a) que el libro o los libros sean impresos y su propiedad registrada” (el resaltado es del texto).
De las anteriores transcripciones se concluye que esta corporación en primer término ha estudiado la vigencia de la Ley 50 de 1886 y del Decreto 753 de 1974 para efectos de determinar si es posible acceder a las pretensiones de los demandantes al amparo de dichos mandatos; asimismo se observa que las pruebas aportadas a los diferentes procesos se encaminaron a acreditar la utilidad de los textos de enseñanza, su originalidad y el cumplimiento de los diversos requisitos de orden formal exigidos por los aludidos preceptos. Especialmente, se allegaron declaraciones y certificaciones respecto de la idoneidad y utilidad de tales obras a efectos de adquirir conocimientos en las diversas áreas que desarrollaban, también el uso de ellas en diferentes instituciones y, especialmente el aporte intelectual de sus autores y que las hacían merecedoras del reconocimiento académico.
De acuerdo con estos lineamientos, se concluye válidamente que en el sub judice no se está desconociendo el precedente jurisprudencial trazado por esta corporación en la materia sujeta a estudio, pues si bien es cierto que en pronunciamientos anteriores se convalidaron algunas obras publicadas por los accionantes, también lo es que aquellas no correspondían, como en este caso, a compilaciones de textos escritos por otros autores. Es más, en sentencia de 10 de octubre de 1996(10) se precisó que la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974 “prohijaron la creación intelectual de los funcionarios públicos, bajo ciertas condiciones y requisitos, con el objeto de asimilar la respectiva obra o texto a tiempo de servicio del autor (2 años) para la concesión de pensión de jubilación, exclusivamente”.
Adicionalmente, puede afirmarse que en algunos casos se negaron las pretensiones de los actores por considerar que no era viable convalidar los textos escritos como tiempo de servicios. Esta determinación se encuentra justificada, toda vez que el hecho de que se acepte la vigencia de la Ley 50 de 1886 y del Decreto 753 de 1974 para los referidos efectos en materia pensional, no significa que esta sola circunstancia de lugar al reconocimiento automático de tal prerrogativa, pues, se reitera, es necesario cumplir con todos los requerimientos de orden sustancial y formal que prevén las disposiciones en comento.
En consonancia con lo anteriormente expuesto, se observa que en el presente caso no se cumplió con el requisito previsto por el artículo 1º del Decreto 753 de 1974 según el cual “los dos institutores o profesores que aprueban el texto de enseñanza, deben acreditar su título y rendir una declaración ante el juez del lugar del autor, en la cual deben señalar cuál es el contenido del libro, qué establecimiento educativo lo ha adoptado para la enseñanza y durante cuánto tiempo, y por qué le dan su aprobación”(11). En efecto, en el sub lite la accionante únicamente aportó el concepto del decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia, mediante el cual manifestó que el “Diccionario jurídico” se encontraba como texto de consulta en la biblioteca, desde el año 1984; sin embargo, omitió allegar la otra recomendación requerida.
Al respecto, es oportuno aclarar que la actora, con posterioridad al vencimiento del período probatorio en el caso sub judice, aportó una certificación expedida por el rector y el decano de la Universidad del Rosario y otra por el rector de la Universidad Santo Tomás, en las cuales se indicó que el “Diccionario jurídico de evolución jurisprudencial - Consejo de Estado” se encuentra en las bibliotecas de dichos establecimientos como texto de estudio y consulta para los estudiantes de la “Facultad de jurisprudencia” y de la “Facultad de Derecho”, respectivamente; sin embargo, como dichos documentos se aportaron en forma extemporánea no es posible tenerlos en cuenta en este momento, en orden a garantizar el derecho constitucional al debido proceso. Además, en los mismos tampoco se indican las razones por las cuales es pertinente recomendar o aprobar la obra en referencia, tal como lo dispone el artículo 1º del Decreto 753 de 1974.
Entonces, teniendo en cuenta las directrices interpretativas trazadas en torno a la materia que ocupa la atención de la Sala, puede afirmarse que no solo era absolutamente válido sino necesario que se analizara, a través de esta providencia, con mayor detenimiento el concepto de texto de enseñanza, el cual, aunado al cumplimiento de todos los requisitos sustanciales y formales de que trata la Ley 50 de 1886 y su decreto reglamentario, se torna en presupuesto indispensable para que se convalide tal producción como tiempo de servicio.
(iii) Régimen pensional de los congresistas
En este estado de cosas, es oportuno recordar que la demandante solicita el reconocimiento de su pensión de jubilación invocando la aplicación del régimen pensional especial previsto para los senadores y representantes a la Cámara, por lo cual debe estudiarse si al amparo del acervo probatorio allegado al expediente y de las particularidades del régimen aludido es válido acceder a tal petición.
En primer término, la normatividad que regula el régimen salarial y prestacional de los magistrados de Altas Cortes se aplica por extensión a los procuradores delegados ante estas, en virtud del artículo 280 de la Constitución Política, que dispone lo siguiente:
“Los agentes del Ministerio Público tendrán las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados y jueces de mayor jerarquía ante quienes ejerzan el cargo”.
Ahora bien, este tópico debe abordarse a partir de la premisa según la cual el régimen pensional especial aplicable a los magistrados de Altas Cortes fue uno con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 4ª de 1992 y es otro con posterioridad a la expedición de la misma(12). Veamos:
Con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley marco el régimen general en materia de pensiones de jubilación, aplicable a los empleados públicos era el contenido en la Ley 33 de 1985; sin embargo, de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del artículo 1º ibídem, se dispuso que no quedaban sujetos a dicha regla, los empleados oficiales que trabajaran en actividades que por su naturaleza justificaban la excepción, ni aquellos que por ley disfrutaran de un régimen especial. Tal es el caso de los empleados y funcionarios de la rama judicial, dentro de los cuales se encuentran los magistrados de Altas Cortes, a quienes se les aplicaba el régimen especial contenido en el Decreto 546 de 1971, el cual les permitía, llegando a la edad de 55 años el hombre y 50 años la mujer y 20 años de servicios, de los cuales por lo menos 10 fueran a la rama judicial o al Ministerio Público, acceder a una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al 75% de la asignación mensual más alta devengada durante el último año de servicio(13).
Si bien es cierto que en principio, por disposición expresa de la norma que la consagró, la prima especial de servicios no tuvo carácter salarial, también lo es que, en virtud de la Sentencia C-681 de 2003, la misma hace parte del ingreso base de liquidación pensional de sus beneficiarios(14).
Desde la expedición del Decreto 104 de 1994 el Gobierno Nacional, anualmente, en sucesivos decretos ha señalado que a los magistrados de las Altas Cortes se les reconocerán las pensiones teniendo en cuenta los mismos factores salariales y cuantías de los senadores de la República y Representantes a la Cámara, en los términos establecidos en las normas legales vigentes(15).
Ahora bien, el artículo 17 de la Ley 4ª de 1992(16) ordenó establecer un régimen especial de pensiones para senadores y representantes a la Cámara en los siguientes términos:
La anterior norma fue declarada condicionalmente exequible por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-608 de 1999, en la cual se especificó que el régimen especial de pensiones para los miembros del Congreso tiene fundamento constitucional por la naturaleza y trascendencia de las funciones asignadas dentro del nuevo ordenamiento constitucional, lo que ubica a este grupo de servidores en condiciones que razonable y objetivamente ameritan un trato diferenciado(17).
De la disposición transcrita se concluye que quien pretenda acceder al régimen pensional de los Congresistas debe acreditar 20 años de servicio, momento para el cual, además, debe ostentar dicha condición o, como ha quedado expuesto, la de magistrado de Alta Corte o procurador delegado ante estas.
En torno a la exigencia según la cual es indispensable acreditar los 20 años de servicios en una de tales calidades, el artículo 4º del Decreto 1293 de 1994 preceptúa:
Así mismo, dejará de aplicarse cuando los senadores, representantes, empleados del Congreso o del fondo de previsión social del Congreso, se desvinculen definitivamente del Congreso o del fondo, sin reunir el tiempo de servicios requerido para tener derecho a la pensión de vejez, conforme a las disposiciones que se venían aplicando” (resalta la Sala).
Entre tanto, esta corporación en sentencia de 30 de enero de 2003, tuvo oportunidad de pronunciarse en torno a la legalidad de la precitada norma en consideración a la acción de nulidad impetrada en su contra, encontrando que la misma se ajustaba al ordenamiento jurídico vigente y guardaba consonancia con el carácter especial del régimen pensional creado a favor de los congresistas. En efecto, se precisó(18):
“De esta manera, para la Sala surge evidente que ni el régimen especial que gobierna a los congresistas ni ningún otro ha de extender sus preceptivas a quienes a la fecha de adquirir el derecho pensional no se hallen vinculados a la entidad de la cual deviene de manera directa e indefectible la especialidad del ordenamiento, cuya aplicación se aduce. Lo contrario sería pretender que el solo paso del servidor por alguna de estas entidades con régimen especial, lo puede revestir de sus beneficios. La especialidad en estos casos responde al particular ejercicio que comporta el despliegue de ciertas actividades que hacen imperativo un tratamiento diferencial, pero tal particularidad solo es predicable del empleado en la medida en que conserva el supuesto que le hace pasible del trato diferencial; de manera que desaparecido aquel, solo si cumplió el término legalmente establecido por la ley para acceder al derecho prestacional habrá de estar amparado por la regulación especial.
Tal conclusión se desprende, como quedó claro de la misma esencia del régimen pensional, la que opera incluso para el régimen general en tratándose del tránsito normativo. No puede por tanto, aceptarse el planteamiento que apunta al exceso en la potestad reglamentaria, pues aun en el evento de que el decreto cuya disposición se acusa hubiere guardado silencio omitiendo lo prescrito en el inciso final del artículo 4º, la conclusión allí expresada surge evidente de la misma esencia del régimen de transición que no puede extender beneficios más allá de lo que el anterior ordenamiento consagró”.
En similares términos, esta corporación ha establecido lo siguiente(19):
“Conforme a la normatividad antes transcrita y en especial el Decreto 1293 de 1994, el régimen de transición para los senadores y representantes, empleados del Congreso y del Fondo de Previsión Social del Congreso previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se aplica siempre y cuando al 1º de abril de 1994 hubieran cumplido cuarenta (40) años de edad, si son hombres o treinta y cinco (35) años si son mujeres y haber cotizado o prestado sus servicios durante quince (15) años o más.
Empero el artículo 4º inciso 2º del Decreto 1293 de 1994 establece que el régimen de transición no se aplica, cuando los senadores y representantes se desvinculan en forma definitiva del Congreso, sin haber reunido el tiempo de servicio necesario para acceder al reconocimiento pensional, como ocurre en el sub lite, pues el demandante se retiro del servicio el 27 de noviembre de 1989 (fl. 16 C, anexo), fecha en la cual aún no cumplía con los requisitos establecidos en la ley para obtener el reconocimiento pensional como congresista.
En efecto el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993, no permite el reconocimiento de la pensión de jubilación en su condición de Congresista, del demandante porque dicha norma exige tener la calidad de senador o representante al momento de cumplir los veinte (20) años de servicio y como quedó comprobado el accionante no reunía tal requisito y además el artículo 1º de la misma norma es claro en precisar que se regirán por él, quienes a partir de la vigencia de la Ley 4ª de 18 de mayo de 1992 ostentaban la calidad de congresista y en el sub examine, se repite el demandante se retiró en su condición de representante suplente el día 27 de noviembre de 1989, sin cumplir ninguno de los anteriores requisitos. Por lo que resulta inadmisible la aplicación del régimen de transición para acceder al reconocimiento de la pensión de jubilación en la condición de congresista” (resalta la Sala).
Entonces, es imperioso concluir que el hecho de encontrarse amparado por el régimen de transición pensional no implica el acceso automático al régimen especial de congresistas, pues deberá analizarse en cada caso concreto si se acreditan las demás exigencias particulares que el mismo contiene, tal como lo es reunir 20 años de servicio ostentando la condición de senador o representante a la Cámara, o, en tratándose de los demás funcionarios a los cuales se extiende dicho régimen, la calidad que corresponda.
En este orden de ideas, se concluye que a la señora Nubia González Cerón no le es aplicable el régimen pensional especial previsto para los congresistas, toda vez que al momento de desvincularse del cargo como procuradora delegada contaba con 19 años, 10 meses y 2 días de servicios, es decir que para ese entonces aún no acreditaba los 20 años que exige el artículo 7º del Decreto 1359 de 1993 para hacerse acreedora del beneficio prestacional reclamado.
Asimismo, siguiendo los anteriores parámetros interpretativos, es válido inferir que el tiempo laborado en la rama judicial y el Ministerio Público no puede computarse con las semanas cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, a efectos de acumularlo para acceder al régimen pensional de congresistas, pues el último período obedece a vinculaciones posteriores al desempeño de la actora como magistrada del Consejo de Estado y como procuradora delegada, situación que al tenor de lo dispuesto por el artículo 4º del Decreto 1293 de 1994 le impide acceder al régimen especial, en tanto perdió la condición requerida antes de completar los 20 años de servicio, que, se reitera, constituyen requisito indispensable para otorgar la prestación especial en comento.
Ahora bien, es oportuno aclarar que, tal como lo afirma la demandante, el tiempo laborado en la rama judicial y el Ministerio Público, en el cual realizó aportes con destino a Cajanal para la seguridad social, sumado a las cotizaciones efectuadas al Instituto de Seguros Sociales, arroja un total de más de 20 años de servicios y, por lo tanto, es beneficiaria de la pensión bajo la normatividad general contenida en la Ley 71 de 1988, por tratarse de acumulación de tiempos públicos y privados, o en la Ley 100 de 1993, por lo cual puede dirigirse ante el fondo o caja de previsión pertinente solicitando dicho reconocimiento prestacional de acuerdo con las disposiciones que considere más favorables a su situación pensional.
Empero, se reitera, no es posible declarar la nulidad de la Resolución 45690 de 7 de septiembre de 2006, pues al momento de elevarse la reclamación prestacional, esto es el 15 de marzo de 2006, la actora contaba con 53 años de edad, mientras que la Ley 71 de 1988, normatividad aplicada por Cajanal al momento de expedir el acto acusado, dispone que la pensión se reconoce a los 55 años de edad, en el caso de las mujeres.
Así las cosas, la accionante no tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en los términos previstos en los Decretos 1359 de 1993 y 1293 de 1994, por lo cual, el proveído impugnado será revocado y, en su lugar, se negarán las súplicas de la demanda.
Revócase la sentencia de 16 de julio de 2009, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, que accedió parcialmente a las súplicas de la demanda incoada por Nubia González Cerón contra la Caja Nacional de Previsión Social EICE. En su lugar,
(2) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. César Hoyos Salazar, concepto de 22 de abril de 1998, radicación 1082, actor: Ministro de Comunicaciones.
(3) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. César Hoyos Salazar, concepto de 29 de 2001, radicación 1338, actor: Ministro de Comunicaciones.
(4) Esta presunción se efectúa en consideración a que en el expediente no obra prueba que permita afirmar que efectivamente existió concomitancia entre los períodos laborados por la actora en la rama judicial y el Ministerio Público y los tiempos en que se llevó a cabo la compilación en referencia.
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Joaquín Vanin Tello, sentencia de 28 de noviembre de 1984, actor: Julián Pérez Medina.
(6) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 5 de agosto de 1993, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, radicación 6321, actor: Maximiliano Olaya Restrepo.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 6 de abril de 2000, C.P. Alejandro Ordóñez Maldonado, radicación 2956 - 98, actor: Eduardo Gutiérrez Arias.
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de octubre de 2007, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, radicación 25000-23-25-000-2001-10933-01(0485-05), actor: Jorge Enrique Ángel Contreras.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez (e), sentencia de 3 de abril de 2008, referencia 250002325000200408921 01 (0624-2007), demandante: Héctor Orozco Orozco.
(10) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, sentencia de 10 de octubre de 1996, radicación 12523, actor: Carlos Afanador Lozano.
(11) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. César Hoyos Salazar, concepto de 22 de abril de 1998, radicación 1082, actor: Ministro de Comunicaciones.
El tenor literal del artículo 1º del Decreto 753 de 1974 es el siguiente:
“ART. 1º—Los institutores o profesores que puedan aprobar los textos de enseñanza, según el inciso 2º del artículo 13 de la Ley 50 de 1886, deben acreditar su título con las certificaciones oficiales correspondientes y rendir declaración jurada ante un juez de la residencia del autor del texto. En estas declaraciones harán constar el contenido de las obras a que se refieren, el establecimiento o los establecimientos educativos en donde se hayan adoptado, el tiempo durante el cual hayan servido para la enseñanza, el número de páginas del libro o de los libros, en caso de ser varios, y las razones que tenga para haberles dado aprobación o para recomendarlos”.
(12) Desde este momento debe aclararse que el estudio que se efectuará en esta providencia se sujeta a la aplicación de dicho régimen especial en virtud de la protección de derechos adquiridos y del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; pues, bajo las actuales condiciones, por fuera de dichas hipótesis el estudio pensional debe efectuarse a la luz del régimen general de pensiones traído por el cuerpo normativo referido.
(13) Este régimen, debe resaltarse, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se continúa aplicando a empleados y funcionarios de la rama judicial, siempre y cuando se encuentren dentro de los supuestos que les permita reclamar la protección de derechos adquiridos o del régimen de transición contenido en el artículo 36 ibídem.
(14) La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de la expresión “sin carácter salarial” en consideración a que la Ley 332 de 1996, creó una situación de desigualdad entre los funcionarios previstos por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 (magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, agentes del Ministerio Público delegados ante la rama judicial y para los jueces de la República, incluidos los magistrados y fiscales del Tribunal Superior Militar, auditores de guerra y jueces de instrucción penal militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1º) de enero de 1993. Igualmente, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los registradores del Distrito Capital y los niveles directivo y asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil) y los del artículo 15 de la misma disposición (magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil) al establecer que la prestación en comento haría parte del ingreso base de liquidación de las pensiones de los primeros pero nada dijo respecto de los segundos.
(15) A partir de la expedición del Decreto 47 de 1995 se adicionó un inciso en el sentido de indicar que los magistrados de Altas Cortes y a los procuradores delegados ante el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia que al 20 de junio de 1994 desempeñaran sus cargos en propiedad podrían optar por pensionarse cuando reúnan los requisitos de edad y tiempo de servicios señalados para los congresistas en el parágrafo del artículo 3º del Decreto 1293 de 1994; esta disposición se reprodujo en similares condiciones en los decretos 34 de 1996 (art. 28); 47 de 1997 (art. 25); 65 de 1998 (art. 25) y 43 de 1999 (art. 25), 2739 de 2000 (art. 25), 1474 de 2001 (art. 25), 2724 de 2001 (art. 25) y 682 de 2002 (art. 25) y el Decreto 3568 de 2003 (art. 25). En Decreto 4171 de 2004 no se consagró una disposición en similares términos a las anteriores sino que se mantuvo la disposición que desde el año 1999 traían los referidos decretos en los siguientes términos: “El monto de las cotizaciones para el sistema general de pensiones de los magistrados y de los procuradores delegados ante la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado que se encuentren en el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, será el establecido para los senadores y representantes en el literal a) del artículo 6º del Decreto 1293 de 1994 calculado sobre el ingreso mensual promedio que por todo concepto devenguen los magistrados, en el entendido de que el setenta y cinco por ciento (75%) del aporte corresponderá al empleador y el veinticinco por ciento (25%) restante del servidor”. Esta norma fue reproducida en similares términos en los decretos que con posterioridad se han expedido, esto es 935 de 2005, 388 de 2006, 617 de 2007, 657 de 2008 y 722 de 2009.
(16) “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política”.
(17) La exequibilidad de la norma se condicionó a los siguientes aspectos:”1. Las expresiones “por todo concepto”, usadas en el texto del artículo 17 y en su parágrafo, no pueden entenderse en el sentido de que cualquier ingreso del congresista —aun aquellos que no tienen por objeto la remuneración de su actividad, que primordialmente es de representación política, como ya se dijo— sea considerado dentro de la base sobre la cual se calcula el monto de la pensión. // La Corte Constitucional estima que solo pueden tener tal carácter los factores que conforman la “asignación” del congresista, a la que se refiere expresamente el artículo 187 de la Constitución. (...) // 2. Tanto en el texto del artículo 17, que establece el mínimo de la pensión, como en su parágrafo, relativo a la liquidación de pensiones, reajustes y sustituciones, se alude a la base del ingreso mensual promedio que durante el último año, y por todo concepto, perciba el congresista en la fecha en que se decrete la jubilación, el reajuste, o la sustitución respectiva. // Aunque, a juicio de la corporación, esas reglas no se oponen a los mandatos constitucionales ni rompen el principio de igualdad, como lo afirma el actor, pues, en su carácter especial, resultan adecuadas a las condiciones dentro de las cuales se ejerce la actividad legislativa, debe precisarse que una cosa es el último año de ingresos como punto de referencia para la liquidación de las cuantías de pensiones, reajustes y sustituciones —lo que se aviene a la Carta— y otra muy distinta entender que el concepto de ingreso mensual promedio pueda referirse a la totalidad de los rubros que, de manera general y abstracta, han cobijado a todos los miembros del Congreso (...) // 3. En el presente proceso se encuentra en tela de juicio, a partir de las demandas, apenas una de las disposiciones legales que conforman el conjunto del régimen pensional de los congresistas. Por tanto, no es el momento de establecer si los demás preceptos que lo componen se ajustan a la Carta, y no hay lugar a la unidad de materia. // Pero la Corte, por razones de pedagogía constitucional, y sobre la base de que, como arriba se destaca, de la propia Carta Política surge un régimen de características especiales, relacionadas con la típica actividad encomendada a los miembros del Congreso, tanto el legislador, al expedir las pautas generales y los criterios en los cuales estará fundado dicho régimen, como el Presidente de la República, al desarrollar esas directrices, deben procurar la integración de un sistema normativo armónico y coherente que, en su conjunto, promueva los valores de la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad, que sea económicamente viable, relacionadas las distintas variables que inciden en la carga pensional que, respecto de los congresistas, habrá de asumir el Estado”.
(18) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, C.P. Ana Margarita Olaya Forero, sentencia de 30 de enero de 2003, radicación 11001-03-25-000-2001-0036-01(705-01), actor: Guillermo Granados Agudelo, demandado: Nación - Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
(19) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez, sentencia de 18 de octubre de 2007, radicación 25000-23-25-000-2001-10933-01, Exp. 0485-2005, actor: Jorge Enrique Ángel Contreras.