Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2013-00136-de-junio-6-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fe69763a51e5025ce0430a010151025c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-15 19:24:53
Document Index: 97878262

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 149', 'artículo 151', 'artículo 155', 'artículo 151', 'artículo 168', 'artículo 156']

﻿ Auto 2013-00136 de junio 6 de 2104
AUTO 2013-00136 DE 06 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:COMPETENTE EN ASUNTOS PETROLEROS- C.P.A.C.A. LA NORMA ESPECIAL EN MATERIA DE HIDROCARBUROS, EL CÓDIGO DE PETRÓLEOS, GUARDÓ SILENCIO EN CUANTO A LA REGLAS DE COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE UNA ACCIÓN INDEMNIZATORIA Y, EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- C.P.A.C.A, TAMPOCO HIZO REFERENCIA A LA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO PARA CONOCER EN ÚNICA INSTANCIA DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA EN ASUNTOS PETROLEROS NI EN NINGÚN OTRO, ASÍ SEA PARTE LA NACIÓN O UNA ENTIDAD DE ORDEN NACIONAL, EN TANTO QUE, EN SU ARTÍCULO 149 IDÍBEM., QUE DETERMINA SU COMPETENCIA EN ÚNICA INSTANCIA, NO CONSAGRÓ QUE CONOCERÍA DE LA PRETENSIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. DE ESTA MANERA PODEMOS CONCLUIR QUE EL PRESENTE ASUNTO SE RIGE POR LAS NORMAS GENERALES DE COMPETENCIA PLANTEADOS EN EL C.P.A.C.A, ESPECÍFICAMENTE, LAS DISPUESTAS PARA LA PRETENSIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, ECOPETROL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, COMPETENCIA DEL JUEZ, CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ACTIVIDAD PETROLERA
Auto 2013-00136 de junio 6 de 2104
Rad.: 11001 03 26 000 2013 00136 00 (48713)
Ref.: Ley 1437 de 2011 reparación directa
Actor: Luis Guillermo Sánchez Sosa y otro
Demandado: Ecopetrol y otro
Bogotá, D.C., seis de junio de dos mil catorce.
Revisado el expediente, se observa que la demanda fue presentada el 19 de diciembre de 2012(5), esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011(6), por lo que le resultan aplicables las normas contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo —CPACA—.
En vista de que el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja remitió el presente asunto a esta corporación para considerar sobre la admisibilidad de la demanda, en efecto, previo al estudio de los requisitos formales, se determinará la competencia poro conocer del sub examine.
Revisado el expediente, se observa que en el sub lite se pretende la reparación de los daños ocasionados por la construcción del poliducto Andino y del Loop (gasoducto paralelo al existente) del Gasoducto Cusiana - Porvenir - La Belleza, con ocasión de las obras realizados en la vereda Polo Blanco en un predio propiedad de los aquí demandantes, obras que estos aseguran se llevaron o cabo sin las previsiones técnicos requeridas.
Ahora bien, se tiene que el referido juzgado señaló que, en materia de petróleos, la Ley 1437 de 2011 no reguló de manera expresa la competencia como sí lo hacía el código anterior y, en consecuencia, consideró que a los asuntos de hidrocarburos debía aplicarse por analogía la competencia en materia minera, para lo cual hizo referencia al reciente estudio de la Sala Plena de la Sección Tercera sobre el conflicto temporal de leyes en materia de competencia minera. De otra parte, indicó que al no prosperar el argumento anterior, debía darse aplicación a la competencia residual establecida en el numeral 14 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, por lo que pasan a estudiarse los argumentos manifestados por el a quo.
Se advierte que, en virtud de una interpretación errada sobre lo expuesto en providencia proferida el pasado 14 de febrero por la Sala Plena de Sección, en la cual se hizo un estudio sobre el conflicto temporal de leyes en materia de competencia minera, esto es, entre las leyes 685 de 2001 y 1437 de 2011, el juzgado de origen remitió el expediente de la referencia a esta corporación, al considerar que se debía dar aplicación analógica en temas de hidrocarburos al tratamiento dado en materia minera y ello, por cuanto en la normatividad vigente también se guardó silencio en el tema de petróleos.
Resalta el despacho que en la referida providencia, se concluyó que la Ley 1437 de 2011 no derogó el actual Código de Minas —L. 685/2001—, criterio que se plasmó así:
“(...) si un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho o cualquier otro distinto del de controversias contractuales que se promuevan y relacionen inescindiblemente sobre un asunto minero y donde una de las partes sea una entidad estatal nacional, la competencia está determinada por los preceptos contenidos en la Ley 685 de 2001, por ser la norma especial que regula la materia, máxime que la Ley 1437 de 2011, que es posterior, guardó silencio sobre este tópico en particular, aunado al hecho que no es posible concluir, desde ningún punto de vista —ya que no existe norma o fundamento que así lo afirme— que la legislación posterior es siempre mejor que la anterior o que una norma posterior deroga en todos los eventos a la anterior”.
Así pues, en materia minera, la Ley 1437 de 2011 no derogó el actual Código de Minas, por lo que aún existe norma especial que regula la materia —L. 685/2007, art. 295(7)—, norma que establece que el Consejo de Estado conoce en único instancia de los acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintos de los contractuales, en los casos en que sea parte la Nación o una entidad estatal del orden nacional.
Al presente asunto no se le puede dar aplicación analógica de lo dispuesto en la citada disposición, dado que se trata de una acción indemnizatoria y que, por lo tanto, se rige por las normas generales de competencia, pues, de una parte, la norma especial en materia de hidrocarburos, el Código de Petróleos, guardó silencio en cuanto a las reglas de competencia para resolver los conflictos derivados en la materia y, el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo tampoco hizo referencia a la competencia del Consejo de Estado para conocer en única instancia del medio de control de reparación directa en asuntos petroleros ni en ningún otro, así sea parte la Nación o una entidad del orden nacional, en tanto que, en su artículo 149 ibídem, que determina su competencia en única instancia, no consagró que conocería de la pretensión de reparación directa.
En cuanto al segundo argumento planteado por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Tunja, acerca de la competencia residual de esta corporación para conocer en única instancia de todos los demás asuntos “de carácter contencioso administrativo para los cuales no exista regla especial de competencia” según lo dispone el numeral 14 del artículo 149 ibídem, basta señalar que, como se acaba de indicar, el presente asunto se rige por las normas generales de competencia planteadas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, específicamente, las dispuestas para la pretensión de reparación directa.
En vista de lo anterior, advierte el despacho que el asunto objeto de la presente demanda no se encuadra en ninguno de los supuestos consagrados en el artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que permita radicar la competencia en única instancia en el Consejo de Estado.
Por su parte, el numeral 6º del artículo 151 ibídem, radica en cabeza de los tribunales administrativos el medio de control de “(...) reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes” y, según el numeral 6º del artículo 155 ibídem, conocerán en primera instancia los juzgados administrativos de los casos de reparación directa en que la cuantía no exceda los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
En este orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto de manera expresa en las normas antes citadas que establecen las reglas de competencia en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, corresponde a los tribunales y juzgados administrativos, conocer en primera instancia del referido medio de control, dependiendo de la cuantía y, comoquiera que en la presente acción se fijó una cuantía procesal equivalente a ciento cincuenta y un millones seiscientos setenta mil pesos ($ 151.670.000), esto es, inferior a los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de presentación de la demanda, le corresponde conocer en primera instancia a los juzgados administrativos, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 151 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En el caso de autos, cabe anotar que al tenor del inciso 4º del artículo 168 del referido estatuto, “En caso de falta de jurisdicción o de competencia, mediante decisión motivada el juez ordenará remitir el expediente al competente, en caso de que existiere, a la mayor brevedad posible. Para todos los efectos legales se tendrá en cuenta la presentación inicial hecha ante la corporación o juzgado que ordena la remisión”.
Así las cosas, en virtud de lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 156 Ibídem(8), se ordenará la remisión del expediente al Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Tunja, por ser el competente para que avoque el conocimiento, por lo que, en consecuencia, se
REMITASE por competencia la demanda de la referencia al JUZGADO DOCE ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA, previa cancelación de su radicación.
(5) Según se observa del acta individual de reparto obrante a folio 93 del cuaderno de la demanda.
(6) Entro a regir el 2 de julio de 2012.
(7) “ART. 295.—Competencia del Consejo de Estado. De las acciones que se promuevan sobre asuntos mineros, distintas de las contractuales y en los que la Nación o una entidad estatal nacional sea parte, conocerá el Consejo de Estado en única instancia”.
(8) “ART. 156.—Competencia por razón del territorio. Para la determinación de la competencia por razón del territorio se observaron las siguientes reglas:
6. En las de reparación directa se determinará por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante” (se destaca).