Source: http://irekia.eus/es/orders/201805444?criterio_id=874597
Timestamp: 2019-06-18 23:03:28
Document Index: 271898419

Matched Legal Cases: ['artículo 6', 'Artículo 3', 'Artículo 4', 'artículo 10', 'artículo 23', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 17', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 26', 'Artículo 14', 'Artículo 15', 'Artículo 16', 'Artículo 17', 'artículo 5', 'artículo 6', 'Artículo 18', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'artículo 20', 'artículo 8', 'Artículo 21', 'artículo 5', 'Artículo 22', 'artículo 109', 'artículo 109', 'Artículo 23', 'artículo 19', 'Artículo 24', 'artículo 24', 'Artículo 25', 'artículo 1967', 'Artículo 26', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 768', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'artículo 2', 'Artículo 29', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'artículo 24', 'Artículo 37', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'artículo 38', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'artículo 41', 'Artículo 42', 'artículo 26', 'Artículo 43', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'artículo 48', 'Artículo 46', 'artículo 48', 'Artículo 47', 'artículo 45', 'artículo 46', 'artículo 48', 'Artículo 48', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 51', 'Artículo 52', 'artículo 6', 'Artículo 53']

Irekia Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco :: Disposición BOPV 201805444
Disposición 201805444
Materias: REGLAMENTOS; ORGANIZACION; SERVICIOS PUBLICOS; ASISTENCIA LEGAL
Nº disposición: 201800153
Nº orden: 201805444
Deroga DECRETO 201200110 de 19/06/2012 publicado con fecha 06/07/2012
1.– Este decreto es de aplicación para el reconocimiento por la Administración del derecho a la asistencia jurídica gratuita en relación con todo tipo de procesos ante los órganos judiciales con jurisdicción en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco y con los procedimientos administrativos, cualquiera que sea la Administración competente, siempre que se encuentren legalmente comprendidos en el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
2.– El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita conlleva para sus titulares el contenido material de las prestaciones que se soliciten de entre las contempladas en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, o, en su caso, las correspondientes al Capítulo VIII de la misma norma, tratándose de litigios transfronterizos.
Artículo 3.– Titulares del derecho.
Artículo 4.– Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita.
1.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son los órganos colegiados competentes para efectuar el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita en su ámbito territorial. Estarán adscritas al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, que les facilitará los recursos humanos, materiales y económicos que precisen para su correcto funcionamiento, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
2.– Tendrán su sede en cada una de las capitales de los Territorios Históricos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, ejerciendo sus funciones y competencias en su respectivo ámbito territorial, en las dependencias que para tal fin les destine el Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia.
3.– Cuando el volumen de asuntos que soporta una Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita lo justifique, mediante orden de la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, podrá acordarse la creación de delegaciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Las delegaciones estarán compuestas de forma idéntica a las comisiones en cuanto al número de miembros y su origen o procedencia.
1.– Conforme dispone el artículo 10 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita estarán integradas por las siguientes personas titulares, o personas que las sustituyan:
2.– La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita será presidida semestralmente por cada persona integrante de la misma en el orden establecido en el párrafo 1 anterior, a excepción del secretario o secretaria.
3.– Se promoverá una presencia equilibrada de mujeres y hombres en la composición de las comisiones, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
Artículo 6.– Indemnización por asistencias.
Artículo 7.– Funcionamiento.
1.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se ajustarán en su funcionamiento a las normas establecidas en el presente Decreto. En su defecto, será de aplicación lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita y, con carácter general, para los órganos colegiados lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
2.– Adoptarán sus acuerdos por mayoría de votos. En caso de empate de votos se dirimirá con el voto de calidad del presidente o presidenta.
Artículo 8.– Convocatoria y sesiones.
1.– Para la válida constitución del órgano, a efectos de la celebración de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de, al menos, tres miembros de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, incluyendo entre estos al presidente o presidenta y al secretario o secretaria.
2.– El régimen de convocatorias y sesiones será el previsto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. No obstante, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá establecer un calendario de sesiones, no siendo preciso en este caso efectuar su convocatoria, a la que se entenderán citadas todas las personas integrantes de la misma.
3.– Se reunirán al menos con una periodicidad quincenal, sin perjuicio de que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita acuerde variar dicha periodicidad atendiendo al volumen de los asuntos a tratar.
1.– Son funciones de las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita:
3.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita facilitarán al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia los datos estadísticos que les sean requeridos.
Artículo 10.– Sistema informático y oficina virtual de asistencia jurídica gratuita.
1.– La gestión administrativa de los procedimientos se llevará a cabo a través de las aplicaciones informáticas de los respectivos colegios profesionales y del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, que conformarán el sistema informático de asistencia jurídica gratuita.
2.– Las aplicaciones informáticas estarán interconectadas a través de una vía telemática en un entorno seguro, que garantice la autenticidad de datos entre la gestión que realicen los colegios de la abogacía y la procuraduría, tanto en lo que se refiere a los datos de expedientes como a datos correspondientes a la gestión económica de los expedientes.
3.– Los colegios de la abogacía y el Gobierno Vasco, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, desarrollarán el sistema informático de asistencia jurídica gratuita que dispondrá de una oficina virtual a través de la cual las personas solicitantes podrán realizar, dentro de un entorno seguro, la solicitud de asistencia jurídica gratuita y los trámites relativos a la misma, conformando un expediente electrónico, así como consultar los distintos estados de tramitación de sus expedientes, de acuerdo con la normativa de acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos.
4.– El sistema informático incorporará la variable sexo de forma sistemática, de modo que permita la obtención y explotación de datos estadísticos desagregados por sexo y posibilite el análisis de la situación diferencial de mujeres y hombres respecto al acceso y la prestación de la asistencia jurídica gratuita.
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Artículo 11.– Consideraciones generales.
1.– Los procedimientos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita regulados en el presente capítulo son:
2.– Las normas comunes al procedimiento de reconocimiento de la asistencia jurídica gratuita son las siguientes:
Artículo 12.– Consideraciones especiales.
1.– En el orden jurisdiccional penal no será precisa la tramitación general a que se refiere la sección siguiente, salvo para aquellas personas que quieran interponer una querella y para las partes acusadoras que pretenden ejercer la acción penal o civil en el proceso.
2.– En los demás casos, no previstos en el párrafo anterior, cuando la persona detenida o presa, o investigada se encuentre presumiblemente dentro del ámbito subjetivo de aplicación del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no será necesaria la aportación de la documentación a que se refiere el artículo 13.2 de este decreto, sin perjuicio de la obligación de la persona interesada de firmar la solicitud correspondiente.
3.– Lo dispuesto en el apartado anterior será igualmente de aplicación a los procedimientos por responsabilidad penal de menores. En tales casos, la firma de la persona interesada será la de la persona que ostenta la tutela legal o guarda de hecho, o bien, existiendo intereses contrapuestos, la de la persona menor, o bien la de su defensa judicial, si la hubiere, o cuando esta se negara a firmar o existiera imposibilidad manifiesta para hacerlo, la del Ministerio Fiscal.
4.– Del mismo modo, la excepción de tramitación del procedimiento general resultará de aplicación a los expedientes de vigilancia penitenciaria que pudieran ser iniciados por las personas presas ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
5.– Se exceptúa también de la tramitación del procedimiento general regulada en la siguiente sección a las víctimas de violencia de género, de terrorismo, trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad, las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato, víctimas de accidente, y a las asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las víctimas de terrorismo, en los términos establecidos en las letras g), h) e i), del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
6.– Por otra parte, cuando se realice una petición de designación por turno de oficio por un órgano judicial a una persona investigada, dicha petición será documento bastante para acreditar el beneficio de asistencia jurídica gratuita, tramitándose junto con los restantes expedientes recogidos en el presente artículo, conforme dispone el artículo 26 de este decreto, para su validación. Y todo ello, sin perjuicio de que, si el letrado o la letrada designada presumiera que su defendida o defendido no es acreedor del repetido beneficio, le requiera para que realice la solicitud de asistencia jurídica gratuita por el procedimiento normalizado.
1.– El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita se iniciará mediante solicitud de la persona interesada. El modelo normalizado de solicitud, así como la documentación a acompañar al mismo son los recogidos en el Anexo I de este decreto.
2.– Junto con la solicitud inicial se acompañarán los documentos acreditativos de la situación jurídica, familiar, económica y patrimonial de la persona acreedora del derecho salvo que, siendo necesario interrumpir los correspondientes plazos procesales, no puedan entregarse en ese momento los documentos indicados.
3.– En el impreso de solicitud constará la posibilidad de que la persona interesada otorgue su consentimiento para la obtención, por medios telemáticos, de los datos requeridos.
Artículo 14.– Presentación de la solicitud.
1.– Las solicitudes de asistencia jurídica gratuita así como la documentación preceptiva, se presentarán debidamente cumplimentadas ante los Servicios de Orientación Jurídica del colegio de la abogacía correspondiente al lugar en que se halle el órgano judicial que conozca o haya de conocer del proceso principal para el que se solicita, o ante el órgano judicial correspondiente al domicilio de la persona solicitante. En este último caso, el órgano judicial remitirá la petición al Servicio de Orientación Jurídica territorialmente competente.
2.– En los procedimientos atribuidos a los Juzgados de Menores, se hará una única solicitud de asistencia jurídica gratuita con independencia de las piezas que se abran.
3.– En los procedimientos de familia o de medidas de hijos e hijas extramatrimoniales, se considerará que hay intereses contrapuestos entre los miembros de la pareja, por lo que la solicitud de asistencia jurídica gratuita se realizará individualmente, debiendo cumplir cada uno de ellos los requisitos económicos al objeto de la oportuna designación. Tal designación será única y exclusivamente para la persona beneficiaria del derecho. Todo ello, sin perjuicio de la oportunidad, en cada caso, de solicitar litis expensas.
4.– En los casos en los que la persona solicitante pueda entender que se encuentra amparada en los supuestos de reconocimiento excepcional, podrá presentar un informe justificativo de las razones por las que entiende ajustado a derecho ese reconocimiento, a fin de trasladarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
5.– Presentada la solicitud ante el Servicio de Orientación Jurídica, este, de haberse iniciado ya el proceso o procedimiento, advertirá a la persona peticionaria que, de pretender la suspensión del procedimiento, habrá de solicitarlo expresamente ante el órgano judicial o administrativo que estuviera conociendo del mismo.
6.– Los colegios de la abogacía darán prioridad a la tramitación de solicitudes de asistencia jurídica gratuita en los casos en que motivadamente se acredite la urgencia, bien por el órgano judicial, bien por cualquiera de las partes intervinientes en el proceso.
Artículo 15.– Controversias sobre la minoría de edad.
Artículo 16.– Subsanación de deficiencias y mejora de la solicitud.
1.– Los Servicios de Orientación Jurídica examinarán la documentación presentada y si apreciasen que es insuficiente o que en la solicitud existen defectos o no está debidamente cumplimentada, requerirán a la persona interesada, indicando con precisión los defectos o carencias advertidas, para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta, adjunte la documentación pertinente o la aclare o mejore, advirtiéndole que en el caso de no hacerlo, se le podrá tener por desistida.
2.– Transcurrido este plazo sin que se produzca la subsanación, el Servicio de Orientación Jurídica dispondrá la desestimación o archivo de la petición por falta de documentación, procediendo al traslado del expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de que adopte la resolución procedente.
3.– En los casos en que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita aprecie defectos formales esenciales en la tramitación del expediente, procederá a su devolución al Servicio de Orientación Jurídica para su subsanación.
Artículo 17.– Designaciones provisionales y remisión a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
1.– Analizada la solicitud y los documentos justificativos, y subsanados en su caso los defectos advertidos, si el Servicio de Orientación Jurídica estimara que la persona peticionaria cumple los requisitos legalmente establecidos para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita, procederá en el plazo máximo de quince días, contado a partir de la recepción de la solicitud por dicho servicio o de la subsanación de los defectos, a la designación provisional de abogado o abogada, y lo comunicará inmediatamente al colegio de la procuraduría, en el caso de ser preceptiva la intervención de procurador o procuradora, para que dentro de los tres días siguientes designe la persona profesional que asuma la representación.
2.– La designación se realizará a favor del abogado o abogada que por turno rotatorio o aleatorio corresponda dentro de las listas colegiales y por el sistema de reparto objetivo y equitativo que se haya establecido en cada colegio para su designación.
3.– En el plazo de tres días comunicarán a la persona interesada el nombramiento provisional, conteniéndose en dicha comunicación la información relativa a la obligación de abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por los servicios efectivamente prestados por los o las profesionales designados con carácter provisional en el caso de no obtener el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
4.– Realizadas las designaciones provisionales, los Servicios de Orientación Jurídica tendrán un plazo máximo de tres días para trasladar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el expediente completo, a los efectos de verificación y resolución de la solicitud. La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita procederá a dar registro de entrada a los expedientes presentados en el momento de su traslado.
5.– En el caso en el que el Servicio de Orientación Jurídica estimare que la persona peticionaria no cumple las condiciones para ser acreedora del beneficio de justicia gratuita, o bien que la pretensión es manifiestamente insostenible o carente de fundamento, le notificará en el plazo de cinco días la improcedencia del nombramiento provisional de abogado o abogada, previsto en los párrafos anteriores. Asimismo, trasladará el expediente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para su resolución definitiva, y posterior archivo.
6.– El colegio de la abogacía no efectuará la designación provisional de letrado o letrada cuando:
7.– Igualmente, en relación a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, el Servicio de Orientación Jurídica trasladará el expediente de asistencia jurídica gratuita a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, con los motivos que exprese la persona peticionaria para fundamentar el reconocimiento excepcional del derecho, con el fin de que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita adopte la resolución oportuna, determinando expresamente qué prestaciones de las contempladas en el artículo 6 de la citada ley se le reconocen.
8.– Si el Servicio de Orientación Jurídica, en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud o, en su caso, desde la subsanación de los defectos, no hubiere realizado ninguna de las actuaciones previstas en los párrafos anteriores, la persona solicitante podrá reiterar su solicitud ante la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita en el plazo de quince días.
9.– Los colegios profesionales establecerán las medidas necesarias para garantizar a las víctimas de violencia de género, violencia intrafamiliar y de agresión sexual la designación provisional de abogado o abogada y, si es preceptiva su intervención, de procurador o procuradora, con antelación suficiente a las comparecencias o vistas de juicios rápidos en los que deban intervenir.
10.– Será obligación de los colegios profesionales el mantenimiento y actualización de las bases de datos de colegiados y colegiadas dadas de alta en los servicios de asistencia jurídica gratuita.
Artículo 18.– Requerimiento de designación de profesional de la abogacía y procuraduría.
1.– Si conforme a la legislación procesal o administrativa, el órgano judicial que esté conociendo del proceso o el órgano administrativo que tramitara el expediente estimare que, por las circunstancias o la urgencia del caso, fuera preciso asegurar de forma inmediata los derechos de defensa y representación de las partes, y alguna de ellas manifestara carecer de recursos económicos siempre que ello fuera exigible para obtener el derecho de asistencia jurídica gratuita, dictará una resolución motivada requiriendo de los colegios profesionales el nombramiento provisional de abogado y procurador, cuando las designaciones no hubieran sido realizadas con anterioridad.
2.– El letrado o la letrada de la Administración de Justicia o el órgano administrativo comunicará dicha resolución por el medio más rápido posible a los colegios de la abogacía y de procuraduría, tramitándose a continuación la solicitud según lo previsto en los artículos precedentes.
3.– Será necesario que junto con la comunicación de dicha resolución, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia adjunte debidamente rellenado por la persona interesada, el modelo normalizado conforme al Anexo I de este decreto, con el expreso consentimiento, al colegio de la abogacía correspondiente, para obtener sus datos económicos, y del consentimiento también, al mismo colegio, de las personas integrantes de la unidad familiar, en su caso, por medios telemáticos.
4.– En los casos en que se hubiera realizado designación provisional de profesionales y la comisión o el órgano judicial desestimaren el beneficio de asistencia jurídica gratuita, la comisión comunicará al letrado o letrada y al procurador o procuradora dicha denegación, para que puedan actuar conforme a la misma.
Artículo 19.– Instrucción del procedimiento.
2.– A los efectos previstos en el párrafo anterior, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá recabar de las Administraciones Tributarias, del Catastro, de la Seguridad Social, así como de los Registros de la Propiedad y Mercantiles, o de cualquier otro Registro, Institución o Entidad, la confirmación de los datos de carácter económico que consten en la documentación presentada con la solicitud y cualquier otro dato relativo a su capacidad económica, siempre que lo estime indispensable para dictar la resolución.
3.– En los casos previstos en el presente artículo se suspenderá el transcurso del plazo por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del informe o documentación requerida a la persona peticionaria, sin que en ningún caso la suspensión pueda exceder de tres meses.
4.– Sin perjuicio de los requerimientos que pudiera efectuar la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para la comprobación de datos, las personas solicitantes podrán realizar alegaciones a la resolución provisional del Servicio de Orientación Jurídica antes de que su solicitud sea resuelta definitivamente por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. El mismo derecho asistirá a las partes contrarias en el pleito o a quienes sean titulares de un derecho o interés legítimo en ese expediente.
5.– La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita oirá a la parte o partes contrarias en el pleito o contra las que se pretenda ejercitar la acción si estima que pueden aportar datos o cuando sea solicitado por estas.
6.– La instrucción del procedimiento para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita se regirá en todo caso por los principios de celeridad y sumariedad.
7.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita darán preferencia absoluta y tramitarán con urgencia las solicitudes de asistencia jurídica gratuita, de aquellas personas que se puedan encontrar en una situación de especial vulnerabilidad y de las personas menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas de situaciones de abuso o maltrato. Se tramitarán del mismo modo las solicitudes de las personas investigadas, en el ámbito del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de delitos.
Artículo 20.– Resolución: contenido y efectos.
1.– Realizadas las comprobaciones pertinentes, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dictará una resolución en la que reconocerá o denegará el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el plazo máximo de 30 días, a contar desde la recepción del expediente, determinando cuáles de las prestaciones son aplicables al reconocimiento. Las notificaciones se realizarán en el plazo de tres días a la persona solicitante, al colegio de la abogacía y de la procuraduría, a las partes interesadas, así como al órgano judicial que esté conociendo del proceso o al juez o jueza decana si este no se hubiera iniciado. Serán realizadas por la secretaria o el secretario de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. Si la parte contraria en el procedimiento en curso o que se fuera a instar hubiera sido oída en el expediente, se le notificará igualmente la resolución anterior.
2.– La resolución estimatoria del derecho implicará la confirmación de las designaciones efectuadas provisionalmente por los colegios profesionales.
3.– Si el proceso aún no se hubiese iniciado, los o las profesionales designadas deberán adjuntar la resolución estimatoria al escrito con el que se inicien las actuaciones, a los efectos de que la parte o las partes contrarias puedan hacer uso del derecho previsto en el artículo 20 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, circunstancia de la que advertirán tanto en la notificación a la persona solicitante como en la realizada a los colegios profesionales.
4.– Si la persona solicitante de asistencia jurídica gratuita obtuviera el reconocimiento con carácter sobrevenido al amparo de lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, los efectos de la resolución no tendrán carácter retroactivo.
5.– En caso de desestimación de la solicitud, las designaciones que eventualmente se hubieran realizado quedarán sin efecto una vez que la resolución devenga firme y la persona peticionaria deberá abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los o las profesionales designados con carácter provisional.
6.– A través del sistema informático de justicia gratuita, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dejará plena constancia de las resoluciones adoptadas permitiendo el conocimiento tanto de los colegios profesionales, como de las propias personas profesionales intervinientes, en su caso.
Artículo 21.– Falta de resolución expresa.
1.– Sin perjuicio de la obligación de dictar resolución expresa, transcurrido el plazo de treinta días sin que la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita la hubiere dictado, quedarán ratificadas las decisiones previamente adoptadas por los colegios de la abogacía y de la procuraduría, con los efectos que en cada caso correspondan.
2.– Si los colegios profesionales no hubieran adoptado decisión alguna en el plazo previsto, se entenderá estimada la solicitud. En este caso, a petición de la persona interesada, el órgano judicial que conozca del proceso o, si la solicitud se realizó antes de la iniciación de aquel, el juez decano o jueza decana competente, declarará el derecho en su integridad y requerirá de los colegios profesionales la designación de abogado o abogada y, si fuese preceptivo, de procurador o procuradora. Todo ello, sin perjuicio de lo que resulte de las eventuales impugnaciones contra tal estimación presunta.
3.– Cuando la persona interesada haya fundado su pretensión en las circunstancias excepcionales previstas en el artículo 5 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la falta de resolución expresa de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dará lugar a que la solicitud se entienda estimada, y por tanto, reconocido el derecho.
Artículo 22.– Revisión de oficio.
1.– De conformidad con lo establecido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, la declaración errónea o el falseamiento u ocultación de datos por las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita que hayan sido determinantes para el reconocimiento del derecho, darán lugar, en todo caso, a su revocación por parte de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita. A estos fines, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita tendrá potestades de revisión de oficio.
2.– La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de persona interesada, declarará la nulidad o anulabilidad de la resolución que reconoció el derecho a la asistencia jurídica gratuita, en los términos establecidos en los artículos 106 y 107 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3.– La revocación del derecho comportará la obligación del pago por parte de la persona beneficiaria de los honorarios y derechos económicos devengados por los o las profesionales designados de oficio.
4.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita son competentes para revocar las resoluciones denegatorias del reconocimiento del derecho, conforme a lo previsto en el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de las personas interesadas, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, conforme a lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Artículo 23.– Revocación del derecho por el órgano judicial en sentencia.
1.– Cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, fuese el órgano judicial que conociera de la pretensión ejercitada por la persona beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita el que apreciase abuso de derecho, temeridad, mala fe o fraude de ley en su ejercicio, en la resolución que ponga fin al proceso declarando la existencia del mismo, revocará el beneficio de asistencia jurídica gratuita.
2.– Dicha revocación se pondrá en conocimiento de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de que por esta Administración competente se obtenga el reembolso de cuantas prestaciones se hubiesen obtenido como consecuencia del reconocimiento a litigar gratuitamente.
3.– Una vez revocado el derecho, si el o la profesional interviniente por turno de oficio hubiera obtenido el pago efectivo de sus honorarios o derechos, vendrá obligado a devolver las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos, o la parte proporcional de aquellas, en función de lo real y efectivamente cobrado, al colegio profesional correspondiente para su reintegro a esta Administración.
Artículo 24.– Impugnación de la resolución.
2.– Estarán legitimadas para la impugnación de las citadas resoluciones, las personas solicitantes y las partes contrarias en el procedimiento para el que se formule la petición.
3.– Al objeto de posibilitar eventuales impugnaciones contra la estimación o desestimación presunta de la solicitud, será de aplicación lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.– El Servicio Jurídico Central del Gobierno Vasco en los cinco días siguientes a su notificación, remitirá a la dirección del Gobierno Vasco que tenga atribuida la gestión de la justicia gratuita las resoluciones judiciales de las impugnaciones tramitadas. Dichas resoluciones, de igual modo, serán comunicadas a los colegios profesionales a través del sistema informático de asistencia jurídica gratuita.
Artículo 25.– Reintegro económico en los casos de condena en costas, obtención de rendimiento del procedimiento y mejoría de fortuna.
1.– Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso hubiera pronunciamiento sobre costas a favor de quien obtuvo el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, o de quien lo tuviera legalmente reconocido, deberá la parte contraria abonar las costas causadas en su defensa y representación de aquella. También procederá el reintegro en caso de condena a las litis expensas, en los términos en que se produzca dicha condena.
2.– Cuando en la resolución que ponga fin al proceso fuera condenado en costas quien hubiera obtenido el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita o quien lo tuviera legalmente reconocido, este quedará obligado a pagar las causadas en su defensa y las de la parte contraria, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniere a mejor fortuna, quedando mientras tanto interrumpida la prescripción del artículo 1967 del Código Civil.
3.– Cuando la resolución que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito la persona beneficiaria de la justicia gratuita, deberá esta pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido. Si excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus diversas partidas.
4.– Una vez obtenido el pago efectivo de los honorarios y derechos por los o las profesionales, estos vendrán obligados a devolver al colegio profesional las cantidades eventualmente percibidas con cargo a fondos públicos por su intervención en el proceso. Caso de que la cantidad efectivamente percibida fuera inferior al módulo cobrado por dichos o dichas profesionales, solo vendrán obligados u obligadas a devolver esa parte. El colegio incluirá la relación de estos supuestos en su justificación trimestral, procediendo a su compensación.
Artículo 26.– Tramitación de expedientes penales y de extranjería en los supuestos exceptuados de aportación de documentación.
1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de este decreto, en el orden jurisdiccional penal, cuando la persona detenida, presa o investigada se encuentre presumiblemente dentro del ámbito subjetivo de aplicación del artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, no será necesaria la aportación de la documentación general.
2.– En estos supuestos se rellenará el Anexo II, que será entregado en el improrrogable plazo de un mes desde la asistencia de letrado o letrada al correspondiente colegio de la abogacía, junto con los datos completos del procedimiento en el que actúe. La dirección letrada que le asiste quedará habilitada a los fines de representarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 768 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
3.– En dicho impreso, la persona asistida consentirá dicha habilitación y si, por las causas que fueren, la persona solicitante no realizara dicho apoderamiento o no firmara la solicitud o hubiera imposibilidad manifiesta para ello, el abogado o la abogada que le haya asistido podrá iniciar el correspondiente procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se hará constar esta circunstancia presentando un informe suficientemente motivado y fundado en el que se pondrá de manifiesto expresamente las circunstancias concurrentes por las que a su juicio la persona solicitante es merecedora o no del reconocimiento del derecho a asistencia jurídica gratuita.
4.– Sin embargo, si el letrado o letrada considerara que la persona a la que asiste no es presumiblemente acreedora de los derechos recogidos en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, lo comunicará a su defendida, indicándole que podrá formular la petición del beneficio de asistencia jurídica gratuita conforme al modelo normalizado general, recogido en el Anexo I de este decreto, indicándole asimismo que en caso de no hacerlo o de no resultar beneficiaria tendrá que abonar todos los gastos y costes derivados de su defensa.
Artículo 27.– Tramitación, instrucción y resolución.
1.– De la solicitud recogida en el Anexo II de este decreto para los asuntos penales y de extranjería, se dará traslado a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita a fin de que valide el expediente y resuelva el mismo.
2.– La remisión de este tipo de expedientes a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita se hará de forma separada e identificada de forma diferenciada a los acogidos al procedimiento general.
3.– Recibido el expediente en la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, esta realizará las comprobaciones oportunas y validará y dictará la resolución procedente.
Artículo 28.– Tramitación de expedientes en los casos de reconocimiento del derecho por ministerio de la ley.
1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y con independencia de los recursos para litigar, quedarán exceptuados del procedimiento general de tramitación los siguientes beneficiarios:
2.– En los supuestos anteriores, con la asistencia letrada y el correspondiente Anexo II firmado se abrirá un expediente que pasará a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita por vía telemática, para su validación. Antes de cada reunión de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, los Servicios de Orientación Jurídica remitirán a las comisiones una relación diferenciada de estos expedientes, para que sean incluidos en el orden del día de la reunión.
3.– Bastará a efectos de la percepción de los correspondientes módulos compensatorios por parte de los y las profesionales intervinientes, que estos comuniquen a su colegio profesional el hecho de haber intervenido en nombre de la persona beneficiaria, con identificación del procedimiento y trámite para el cual hubieran sido requeridos.
Artículo 29.– Singularidades en los casos de violencia de género.
1.– El reconocimiento del derecho a las víctimas se extenderá en el transcurso de una misma instancia a todos sus trámites e incidencias, incluida la ejecución, salvo que se dictare la firmeza de la sentencia absolutoria o el sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos. Igualmente, prevalecerá la condición de víctima a los efectos del beneficio de justicia gratuita, cuando en un mismo proceso esta ostente también la condición de investigada, actuando la dirección letrada designada, salvo las excepciones que puedan establecerse, asistiendo en ambas posiciones procesales a la víctima.
2.– En tal caso, sentencia absolutoria firme o sobreseimiento del procedimiento, se perderá el derecho de justicia gratuita, sin la obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento, y sin perjuicio de que la persona solicitante pudiera interesar el reconocimiento del beneficio por carecer de recursos para litigar, con el fin de continuar los procedimientos para los que hubiere obtenido previamente el reconocimiento por ministerio de la ley. A tal efecto, si se diera ese supuesto, se cumplimentará el modelo del Anexo I de este decreto.
3.– En cuanto a la asistencia jurídica inmediata a las víctimas de violencia doméstica o de género, en lo no recogido en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y el presente Decreto, se estará a lo recogido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como a los convenios que en tal sentido pudieran existir entre los colegios profesionales y la Administración Pública.
ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASESORAMIENTO, ASISTENCIA LETRADA, DEFENSA Y REPRESENTACIÓN GRATUITAS
Artículo 30.– Gestión de los servicios.
1.– Los colegios de la abogacía y de la procuraduría regularán y organizarán los servicios de asesoramiento, asistencia letrada y defensa y representación gratuitas, atendiendo a criterios de eficacia, igualdad de trato y oportunidades, funcionalidad, agilidad, accesibilidad, calidad y transparencia, además de garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. Por su parte, la Administración dotará de los medios e infraestructura que resulte precisa a fin de garantizar los anteriores principios y la confidencialidad y privacidad en el asesoramiento a las personas solicitantes.
2.– Los colegios profesionales colaborarán con las Administraciones y, en especial con el departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, en el funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, para asegurar el eficaz cumplimiento de lo previsto en este decreto y restante normativa aplicable.
3.– Asimismo, los colegios profesionales velarán por el correcto desarrollo de la actividad de las personas profesionales designadas y adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar la efectividad y el pleno respeto de los derechos de la ciudadanía a ser asesorada, defendida y representada por profesionales con la suficiente calificación, y a recibir una prestación profesional de calidad.
4.– Con esta finalidad los colegios profesionales, dentro de su autonomía competencial, podrán constituir en su seno las comisiones o grupos que tengan por oportuno, con el fin de aprobar protocolos de actuación; organizar, dirigir e inspeccionar el funcionamiento de los servicios de asesoramiento, asistencia letrada, defensa y representación gratuitas, y coordinar dichos servicios con las distintas entidades y órganos intervinientes en el sistema de justicia gratuita.
Artículo 31.– Servicios de Orientación Jurídica.
1.– Cada colegio de la abogacía contará con un Servicio de Orientación Jurídica que asumirá, además de las funciones que le asigne la Junta de Gobierno, las siguientes:
3.– Los colegios de la abogacía adoptarán las medidas precisas para facilitar el acceso de la ciudadanía a los Servicios de Orientación Jurídica y dar a conocer su localización y sus funciones.
4.– Los colegios de la abogacía informarán al departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia y a las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita sobre la organización de los Servicios de Orientación Jurídica, normas de funcionamiento, sede y horarios de atención a la ciudadanía, comunicándoles cualquier cambio, con el fin de procurar una eficaz atención a la misma.
5.– Asimismo, las relaciones entre los Servicios de Orientación Jurídica de los colegios de la abogacía y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita se regirán por los principios de colaboración, cooperación, coordinación, asistencia, lealtad y transparencia.
Artículo 32.– Formación y especialización.
1.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, el Consejo Vasco de la Abogacía y el Consejo de Procuradores del País Vasco acordarán anualmente los requisitos generales de formación y especialización para la prestación de la asistencia jurídica gratuita.
2.– En todos los turnos especializados, tales como violencia de género y doméstica, menores, penitenciario, extranjería o aquellos otros que se pudieren crear, se requerirá formación especializada tanto para el acceso a dichos turnos como para el mantenimiento en los mismos.
3.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia contribuirá, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias, a la financiación de la formación, tanto inicial como continua, de las personas colegiadas adscritas a las diferentes especialidades del turno de oficio, asegurando de este modo el nivel de calidad y competencia profesional que garantice el derecho constitucional de defensa y de representación.
Artículo 33.– Distribución por turnos y turnos especializados.
1.– Los colegios profesionales establecerán sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la designación de los y las profesionales de oficio, debiendo garantizarse en todos los casos los derechos de la ciudadanía en materia lingüística recogidos en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del Euskera. Dichos sistemas serán públicos para todas las abogadas o abogados y procuradoras o procuradores y podrán ser consultados por las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita.
2.– Además de los turnos o listas generales en relación a materias y órdenes jurisdiccionales, los turnos especializados en asistencia jurídica gratuita serán:
Artículo 34.– Turno de guardia.
1.– Los colegios de la abogacía garantizarán el servicio de asistencia letrada a la persona detenida, a la persona denunciada o investigada o a la persona a quien se atribuya en el atestado policial los hechos que pudiesen ser constitutivos de delito. Para ello, organizarán un turno de guardia permanente cuyas personas integrantes actuarán tan pronto sean requeridas por las comisarías o por los órganos judiciales, en los términos establecidos por la legislación procesal aplicable. Los colegios supervisarán y controlarán su correcto funcionamiento, y darán cuenta al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia del régimen de prestación de los mismos y de los cambios que en ellos se produzcan.
2.– Los colegios de la abogacía deberán constituir el turno de guardia permanente en situación de disponibilidad de los letrados y letradas durante las 24 horas del día para la prestación del servicio de asistencia letrada, realizando cuantas asistencias sean necesarias conforme a la correspondiente legislación procesal.
3.– Los colegios de la procuraduría constituirán un servicio que les permita dar a conocer a los órganos judiciales y a las partes que lo soliciten, el procurador o procuradora designada con antelación suficiente a la celebración de las vistas o comparecencias en los juicios rápidos en el orden penal en las que deban intervenir.
4.– Los colegios de la abogacía de cada territorio, conforme a sus competencias, establecerán en el servicio de guardia permanente en cada uno de los partidos judiciales y en cada especialidad, el número de profesionales que presten la asistencia, en función de las necesidades existentes en cada momento, pudiendo establecer los refuerzos precisos para garantizar el servicio.
Artículo 35.– Turno de oficio.
1.– Los colegios de la abogacía y de la procuraduría establecerán sistemas de distribución equitativa para la designación de los y las profesionales de oficio. Dichos sistemas serán públicos para todas las abogadas o abogados y procuradoras o procuradores y podrán ser consultados por las personas solicitantes de asistencia jurídica gratuita.
2.– La designación de abogados o abogadas y procuradores o procuradoras se realizará a favor de los inscritos e inscritas en las listas de turno de oficio gestionadas por los colegios profesionales respectivos.
4.– Se establece la libre elección de abogado o abogada en las jurisdicciones civil, social y contencioso-administrativa. La designación provisional y definitiva de abogado o abogada en procesos de estas jurisdicciones se realizará a favor de la persona elegida por la o el solicitante entre las incluidas en la lista correspondiente que no hubiesen agotado su cupo máximo. Los cupos máximos quedaran establecidos por una resolución del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, previa negociación con los colegios de la abogacía.
5.– Cuando la persona solicitante no manifieste expresamente su deseo de elegir una persona profesional o la elegida por aquella haya agotado el cupo establecido al efecto o sea excusado de la defensa, se procederá a la designación por turno, de conformidad con lo previsto en el párrafo 2. En ningún caso la persona solicitante podrá elegir un profesional una vez le haya sido designado el que corresponda por turno.
6.– El reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita llevará consigo, siempre que así se hubiera solicitado, la designación de abogado o abogada y de procurador o procuradora de oficio, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva; o cuando, no siéndolo, se dé alguna de las siguientes circunstancias:
Artículo 36.– Renuncia a la designación. Sustitución de la persona profesional designada.
1.– La renuncia a la designación de abogado o abogada o de procurador o procuradora, afectará simultáneamente a ambas designaciones en todo caso, debiendo expresarse la misma en el momento de efectuar la solicitud.
2.– La renuncia será comunicada a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita y a los correspondientes colegios profesionales y no implicará la pérdida de las demás prestaciones reconocidas en la concesión del derecho de asistencia jurídica gratuita.
3.– Si la renuncia a la designación de profesionales se formulare una vez estas o estos han realizado actuaciones en el asunto para el que resultaron designados, podrán los mismos solicitar a la persona beneficiaria de justicia gratuita, la retribución que les corresponda por dichos trámites realizados hasta el momento en que se hace efectiva la renuncia.
4.– La persona beneficiaria de la asistencia jurídica gratuita tendrá derecho a instar la designación de nuevas o nuevos profesionales mediante solicitud debidamente justificada, que no suspenderá la designación de los o las profesionales que ya venga acordada.
5.– Dicha solicitud deberá formularla ante el colegio profesional que hubiere realizado la designación. Recibida la solicitud, dicho colegio dará traslado por cinco días a la persona profesional cuya sustitución se interesa, resolviendo a continuación de forma motivada en el plazo de quince días.
6.– La resolución apreciando que concurre causa que justifica la sustitución se comunicará por el colegio profesional correspondiente a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, a la persona solicitante y, de manera inmediata, al nuevo o nueva profesional que en tal caso designe.
7.– La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita podrá denegar la tramitación de la solicitud de sustitución, confirmando la designación de los o las profesionales actuantes, siempre que la solicitud se funde en una causa que ya fue objeto de denegación en relación al mismo asunto y profesional, sin que concurran nuevos hechos o circunstancias que la justifiquen.
8.– Las resoluciones que denieguen el derecho a la designación de nuevo o nueva profesional podrán ser impugnadas por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, en los términos del artículo 24 de este decreto.
Artículo 37.– Unidad de actuación letrada.
1.– Procederá la designación de un o una profesional abogado o procurador conjuntamente para todas las personas peticionarias que, con arreglo a las leyes procesales deban litigar bajo una sola defensa o representación.
2.– En los procesos que puedan iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de los delitos de violencia de género, deberá ser la misma dirección letrada la que asista a aquella, siempre que con ello se garantice debidamente su derecho de defensa. Para ello, se tendrá en consideración los turnos o especialidades a que estuviere adscrito tal profesional y la directa e íntima relación que tuvieran las distintas acciones a plantear, con la referida condición de víctima.
3.– Con carácter general, la asistencia letrada en los procedimientos penales la prestará un único abogado o abogada desde la detención, si la hubiere, o desde la primera comparecencia, y se entenderán con tal profesional todas las fases del procedimiento.
4.– Si por razones fundadas en una excusa, intervinieran en un mismo procedimiento dos o más personas profesionales, todas deberán ser remuneradas.
Artículo 38.– Derechos y obligaciones generales.
1.– Los y las profesionales inscritos en los distintos turnos de justicia gratuita, desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.
2.– Los abogados y las abogadas designados o designadas podrán excusarse de la defensa únicamente en el orden penal. Para ello deberá concurrir motivo personal y justo, que será apreciado por el decano o la decana del colegio de la abogacía correspondiente. La excusa se formulará en el plazo de tres días desde la notificación de la designación o bien desde que tuvieran lugar los hechos constitutivos de la excusa y se resolverá en el plazo de cinco días desde su presentación. Los decanos y las decanas podrán delegar dicha competencia en las comisiones del turno de oficio del colegio. Si se aceptase la excusa presentada se procederá al nombramiento de un nuevo o una nueva profesional, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva de la persona beneficiaria de la justicia gratuita.
Artículo 39.– Derechos y obligaciones específicas.
1.– Los profesionales y las profesionales designados o designadas por turno de oficio recibirán de los y las clientes que se les designen, así como por parte de los órganos judiciales, cuerpos de seguridad y demás Instituciones Públicas ante las que intervengan, el respeto y consideración debidos a su labor profesional. En esa consideración desarrollarán su tarea profesional en unas condiciones adecuadas, en dependencias dignas y suficientes; y cuando resulte preciso para garantizar los derechos de las personas justiciables, se garantizará la privacidad y exclusividad en la utilización de las citadas dependencias. Igualmente, y a los mismos fines, las Instituciones en las que las personas profesionales intervengan dispondrán lo necesario para evitar todo tipo de dilaciones innecesarias y tiempos de espera inadecuados en relación a las horas señaladas en las que los letrados o las letradas y demás profesionales deban intervenir.
2.– Las personas profesionales designadas tienen el deber de informar a las personas beneficiarias de asistencia jurídica gratuita, sobre:
3.– Es obligación del profesional o la profesional prestar un servicio de calidad, con la suficiente cualificación profesional, de acuerdo con la normativa de acceso y formación continua y con la normativa que puedan adoptar los respectivos colegios profesionales, siempre conforme a las normas deontológicas que les afectan.
4.– Los y las profesionales quedarán sujetos al régimen disciplinario establecido por la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y la normativa colegial correspondiente.
5.– Junto con las obligaciones previstas en el artículo presente y en el artículo 38, las personas profesionales tendrán las demás obligaciones que resultan de lo regulado en este decreto.
Artículo 40.– Insostenibilidad de la pretensión.
1.– Cuando el abogado o abogada designado o designada para un proceso considere insostenible la pretensión que se quiere hacer valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los quince días siguientes a su designación, mediante la presentación de un informe debidamente motivado en el que exponga los argumentos jurídicos en los que fundamenta su decisión. A ese informe se acompañará la documentación que, en su caso, resultare necesaria para la comprobación y fundamentación de esa decisión.
2.– La tramitación de la solicitud de insostenibilidad se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, con la salvedad expuesta en el párrafo anterior.
3.– Las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita llevarán un registro especial en el que constarán los expedientes tramitados con motivo de la insostenibilidad de las pretensiones producidas.
Artículo 41.– Quejas y denuncias.
1.– De conformidad con el artículo 41 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita darán traslado a los colegios profesionales correspondientes a su ámbito territorial de las quejas o denuncias formuladas como consecuencia de las actuaciones de los y las profesionales encargados o encargadas de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita, sin perjuicio de aquellas actuaciones judiciales que resultaren procedentes.
Artículo 42.– Responsabilidad patrimonial.
1.– La Administración responderá por las lesiones y perjuicios que sufran los y las particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, de acuerdo con los principios consagrados en la Constitución y su normativa de desarrollo.
2.– En lo que afecta al funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita y dentro de su exclusivo ámbito competencial y de actuación, los Servicios de Orientación Jurídica y los colegios de la abogacía y de la procuraduría, estarán sujetos a los mismos principios de responsabilidad patrimonial establecidos para las Administraciones Públicas.
3.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia sufragará el coste del seguro de responsabilidad civil que haga frente a las contingencias derivadas de la responsabilidad patrimonial establecida en el artículo 26 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, y que garantice las responsabilidades derivadas del funcionamiento del servicio de asistencia jurídica gratuita, siendo el importe de la prima hasta un máximo de 4.155 euros. Tal importe podrá actualizarse mediante orden de la persona titular del departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia.
COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS COLEGIALES DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA
Artículo 43.– Cuentas separadas.
Artículo 44.– Compensación económica por los servicios colegiales.
1.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, dentro de las consignaciones presupuestarias, compensará económicamente las actuaciones profesionales y gastos regulados en el presente capítulo:
2.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia tramitará el pago por el importe que corresponda calculado según el baremo o módulos recogidos en el Anexo III del presente Decreto, y en su caso, conforme a las actualizaciones anuales que se pudieran producir, previstas en el presente Capítulo V.
Artículo 45.– Compensación económica por turno de guardia. Liquidación y forma de pago.
1.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia determinará mediante orden, previa comunicación a los colegios profesionales y conforme a la disponibilidad presupuestaria, la cantidad anual para compensar económicamente los servicios de guardia por disponibilidad de 24 horas que organicen los colegios de la abogacía, compensación que se abonará con independencia de las prestaciones que se realicen en dicha guardia. Los colegios de la abogacía distribuirán la citada cantidad entre los y las profesionales que presten el servicio en la forma que determine cada colegio.
2.– Los colegios profesionales trasladarán al departamento las liquidaciones trimestrales correspondientes, mediante certificado colegial, junto con la documentación exigida por el artículo 48 del presente Decreto. Cumplimentado este trámite, el departamento procederá trimestralmente a efectuar los libramientos oportunos a favor de los respectivos colegios para su posterior distribución entre los y las profesionales.
Artículo 46.– Compensación económica por turno de oficio. Liquidación y forma de pago.
1.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia procederá a la compensación económica de las actuaciones correspondientes a la defensa y representación gratuitas, así como las de mediación, llevadas a cabo por los y las profesionales adscritos al turno de oficio. Serán compensadas económicamente siempre que tengan por personas destinatarias a quienes obtengan el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
2.– El importe de la compensación que corresponde a las y los profesionales designados de oficio por las actuaciones realizadas se determinará conforme a las bases económicas y módulos previstos en el Anexo III del presente Decreto, que se podrán actualizar anualmente mediante orden de la persona titular del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia, previa comunicación a los colegios profesionales.
3.– Se entenderá por procedimiento de especial complejidad aquel que por su duración, dificultad, dedicación por razón de la materia, territorio, personas implicadas, múltiples diligencias en órganos jurisdiccionales o cualquier otra circunstancia que, con un informe previo fundamentado del colegio competente y con carácter excepcional, sea apreciada y autorizada por la dirección del Gobierno Vasco que tenga atribuida la gestión de la justicia gratuita.
4.– Las y los profesionales designados de oficio devengarán la compensación económica correspondiente a su actuación, al inicio del procedimiento, cuando concurra la primera de las actuaciones procesales en el procedimiento o trámite para el que estuvieran designados, conforme a lo señalado en el Anexo III.
5.– En los supuestos de designaciones sucesivas para una misma causa, a salvo de lo previsto para los asuntos de penal especial, cada uno de los y las profesionales designados devengará la compensación correspondiente a las actuaciones que haya realizado. Si ya estuviera devengada la compensación para ese procedimiento en el que se designe un o una segunda profesional, corresponderá al respectivo colegio realizar cuantas actuaciones considere oportunas para redistribuir entre ambos su importe.
6.– Cuando por causas de fallecimiento, incapacidad sobrevenida o inhabilitación haya lugar a la designación sucesiva, cada letrado o letrada percibirá el módulo que le corresponda por su actuación.
7.– Los y las profesionales procederán a la justificación de las cantidades que se les deben abonar en el plazo máximo de seis meses a partir del trámite o actuación que diera lugar al devengo de la compensación por ese procedimiento o incidente.
8.– Los y las profesionales presentarán la justificación de lo actuado a través del sistema informático del colegio respectivo.
9.– Los colegios profesionales trasladarán al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia las liquidaciones trimestrales correspondientes mediante certificado colegial, junto con la documentación exigida por el artículo 48 del presente Decreto.
Artículo 47.– Compensación económica por gastos de funcionamiento. Liquidación y forma de pago.
1.– De conformidad con lo prevenido en los artículos 37 y 38 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, será objeto de compensación económica a los colegios de la abogacía y procuraduría el coste que genere la implantación, atención y funcionamiento operativo de los servicios colegiales de asistencia jurídica gratuita, de las unidades encargadas del asesoramiento y la orientación a la ciudadanía y de la calificación provisional de las pretensiones solicitadas.
2.– El Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de justicia distribuirá a los colegios de la abogacía, a fin de atender sus respectivos gastos de funcionamiento e infraestructura, una cantidad que será el resultado de aplicar sobre la base de lo devengado el año anterior en concepto de turnos de guardia del artículo 45 y de oficio del artículo 46, un porcentaje variable en función de los tramos que a continuación se indican. El resultado de aplicar los porcentajes aplicados a los tramos conformará la cantidad total a percibir por cada colegio.
3.– Los colegios de la procuraduría percibirán para atender a sus gastos de funcionamiento e infraestructura la cantidad resultante de aplicar a lo devengado el año anterior en concepto de actuaciones el baremo escalonado siguiente.
4.– En el primer trimestre de cada ejercicio económico, una vez recibida la información justificativa prevista en el artículo 48.6 de este decreto, se abonará a cada colegio de la abogacía y procuraduría el cien por cien de la cantidad indicada en los párrafos anteriores.
Artículo 48.– Documentos acreditativos de la certificación y justificación.
1.– Las actuaciones que dan derecho a compensación, se realizarán por los y las profesionales correspondientes con la identificación del expediente de asistencia jurídica gratuita, procedimiento para el que resultaron designados o designadas y demás datos que den lugar a la justificación de la compensación por el servicio prestado.
2.– La justificación trimestral de la aplicación de los fondos percibidos comprenderá la presentación ante la dirección del Gobierno Vasco que tenga atribuida la gestión de la justicia gratuita de los documentos siguientes:
3.– En cualquier caso, los colegios profesionales guardarán debidamente ordenada la información relativa a cada profesional, donde figurará el importe bruto abonado, la retención practicada en concepto de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el importe neto liquidado finalmente entregado al letrado o letrada, información con la que se confeccionará y remitirá trimestralmente a la dirección del Gobierno Vasco que tenga atribuida la gestión de la justicia gratuita, junto con las justificaciones del presente párrafo, la relación trimestral conjunta donde figure el importe bruto abonado, la retención practicada en concepto de Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas y el importe neto liquidado finalmente entregado al conjunto de letrados o letradas de cada Territorio Histórico.
4.– Los colegios de la procuraduría deberán presentar las justificaciones de las actuaciones profesionales de representación gratuita en los términos de los anteriores párrafos que les sean aplicables.
5.– Los colegios de la abogacía y de la procuraduría deberán conservar la documentación justificativa de las asistencias jurídicas gratuitas por un período de cinco años. La dirección del Gobierno Vasco que tenga atribuida la gestión de la justicia gratuita podrá, en cualquier momento, solicitar de los colegios la aportación de dicha documentación.
6.– Dentro del primer trimestre de cada año, los colegios de la abogacía y la procuraduría, justificarán la aplicación de los fondos percibidos por gastos de funcionamiento e infraestructura en el año anterior, mediante certificación que acredite los gastos derivados de la actividad, acompañados de una memoria abreviada sobre el desarrollo y ejecución del servicio colegial de asistencia jurídica gratuita y los resultados obtenidos.
Artículo 49.– Plazo de caducidad de los partes de confirmación.
1.– Los partes de confirmación se realizarán dentro de los seis meses siguientes a aquella actuación que diera lugar al devengo del módulo correspondiente, o primera actuación procesal.
2.– Sin perjuicio de lo anterior, dentro de los seis meses siguientes, se podrán admitir confirmaciones fuera de plazo, por motivos procesales o debidamente fundados, o subsanar las erróneas o insuficientemente documentadas.
3.– Serán computados en cada trimestre natural aquellos partes de confirmación que se presenten en el citado trimestre, sin perjuicio del anterior plazo de caducidad.
4.– Si se hubiera tenido que instar el procedimiento de revisión de la resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, el plazo de caducidad comenzará a contar desde la notificación revisoria de la resolución estimatoria del beneficio por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita.
Artículo 50.– Contenido de la prestación.
Artículo 51.– Peritaje perteneciente a la Administración autonómica.
Artículo 52.– Peritaje privado.
2.– Antes de la realización de la prueba pericial, el personal técnico privado designado conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6.6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, remitirá a la dirección del Gobierno Vasco que tenga atribuida la gestión de la justicia gratuita, para su aprobación, una previsión del coste económico de aquella, que incluirá necesariamente los extremos siguientes:
4.– En los asuntos de familia en que deban realizarse periciales, estas se incardinarán dentro del módulo de contador-partidor establecido en el baremo económico aplicable en el Anexo III este decreto. Cuando una de las partes resulte no beneficiaria de asistencia jurídica gratuita, el contador-partidor designado repercutirá la mitad de la minuta de honorarios y devengará la mitad del módulo anteriormente citado.
5.– Cuando la persona titular del derecho a asistencia jurídica gratuita hubiera sido condenada en costas en la sentencia que pone fin al proceso y dentro de los tres años siguientes a la terminación del mismo viniera a mejor fortuna, estará obligada a abonar las peritaciones realizadas por el personal técnico privado.
ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA EN LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS DE LA UNIÓN EUROPEA
Artículo 53.– Asistencia jurídica gratuita en Litigios Transfronterizos de la Unión Europea.
1.– La asistencia jurídica gratuita en Litigios Transfronterizos de la Unión Europea se regularán conforme al contenido del Capítulo VIII de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.
2.– La Administración proveerá los medios necesarios para la traducción de los documentos presentados por el beneficiario, a instancias del órgano judicial o de la dirección del Gobierno Vasco competente que tenga atribuida la gestión de la justicia gratuita, y que sean necesarios para resolver el asunto.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.– Régimen transitorio de los procedimientos.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.– Turno de guardia.
– Álava: 127.466 euros.
– Gipuzkoa: 318.666 euros.
– Bizkaia: 424.887 euros.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA.– Turno de oficio.
Modelo de SOLICITUD de procedimiento general
Modelo de SOLICITUD de procedimientos especiales
MÓDULOS Y BASES DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR TURNO DE OFICIO