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Timestamp: 2018-08-19 05:53:59
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Legalizando la cultura del avispado: la posición de la SIC frente a los errores de precio | AbogadosYa
Legalizando la cultura del avispado: la posición de la SIC frente a los errores de precio
Categoria : Abogados Comerciales | Autor : AbogadosYa | Fecha : 2018-02-19
En agosto del 2012 Almacenes Éxito ofreció, a través de su tienda online, nevecones de 4 millones de pesos en tan solo 400 mil pesos. No se trataba de una promoción; el encargado de subir el producto al catálogo electrónico había omitido, por error, un cero en el precio del producto. Algunos aprovecharon el error para montar un verdadero negocio de reventa de nevecones. Dentro de esas personas “vivas” se encontraban alrededor de 40 empleados de Bancolombia.
Con ocasión de ese incidente, Carlos Raúl Yepes – que hasta hace poco fue presidente de este banco – le envió una carta al presidente del Éxito en la que expresaba lo siguiente: “en medio de nuestra cultura de viveza y de sentirnos orgullosos de ser avispados, muchos de nuestros compañeros compraron nevecones. El Éxito cumplió y perdió: a las casas de los funcionarios llegaron los electrodomésticos. A lo mejor están guardados, empacados, esperando ser revendidos […] Lamento que esto hubiera ocurrido. Lamento que en la sociedad nos esté pasando esto. Créeme, Gonzalo, que en el tema de buscar siempre un comportamiento ético y de valores nunca vamos a desfallecer."[1]
Los errores de precio, aunque pueden ocurrir en el comercio tradicional, se dan con más frecuencia en el comercio electrónico. En efecto, la gran cantidad de productos que se pueden publicar a través de tiendas online llevan a que sea casi imposible identificar un error de precio antes de que un consumidor adquiera el producto. Surge entonces la duda de si el empresario está obligado a entregar el producto o si puede cancelar la transacción.
Posición actual SIC
El error de precio es un tema controversial desde el punto de vista legal. A pesar de que existen numerosos argumentos jurídicos en virtud de los cuales el empresario no estaría obligado a entregar el producto, la posición actual de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante también SIC o Superintendencia) es que el empresario debe respetar el precio ofrecido y entregar el producto. De esta manera, incluso en casos ridículos en los que se ofrecen productos a un (1) peso, la SIC ha obligado a los vendedores a honrar el contrato y por tanto a entregar el producto.
El sustento de la posición de la SIC es el artículo 26 de la ley 1480 de 2011, en virtud del cual “El proveedor está obligado a informar al consumidor en pesos colombianos el precio de venta al público, incluidos todos los impuestos y costos adicionales de los productos […] el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado.” De esta manera, la SIC ha considerado que “toda oferta pública de precios es vinculante para el Productor/Proveedor”[2]. En consecuencia, tratándose de ventas online que, por lo general, se traducen en relaciones de consumo, el empresario que comete el error en el precio está obligado a entregar el producto.
Precio irrisorio
Dentro de los reproches que se le pueden formular a la posición actual de la SIC sobre el error en el precio, uno muy relevante es el relativo al precio irrisorio. El Código de Comercio colombiano prevé en su artículo 920 que “el precio irrisorio se tendrá por no pactado”. El precio irrisorio se opone al precio serio y se da “cuando entre él y el valor de la cosa que se compra existe una manifiesta desproporción, tanta que el precio aparece a simple vista como ridículo.”[3] En consecuencia, si el precio falta “no hay contrato o [el contrato] degenera en uno distinto.”[4]
En el primer caso, como no hay contrato no hay obligación de entregar el producto por parte del empresario. En el segundo, en criterio de la Oficina Jurídica de la SIC el contrato degeneraría en una donación y allí si habría un error de hecho que vicia el consentimiento, pues el empresario entendía celebrar una compraventa y en realidad celebró una donación[5]. Por lo tanto, se trataría de un contrato nulo y no habría obligación de entregar el producto.
En ese orden de ideas cuando llegue a la justicia un caso en el que, en una tienda online, se vende un producto a un precio ridículo, debe aplicarse el artículo 920 del Código de Comercio y por tanto declarar la inexistencia del contrato o su nulidad (según entiende la oficina jurídica de la SIC).
A pesar de ello, jueces de la SIC han considerado que el precio irrisorio no aplica en las relaciones de consumo, pues debe aplicarse el ya citado artículo 26 del Estatuto del Consumidor, en virtud del principio de prevalencia de normas especiales sobre generales. En nuestro criterio esa interpretación es errónea toda vez que si bien no hay discusión que las normas especiales prevalecen sobre las generales, la norma particular en el caso concreto no dispone nada acerca del precio irrisorio y ni siquiera regula aspectos del precio como elemento esencial de la compraventa.
De esta manera, el artículo 26 de la ley 1480 de 2011 se limita a establecer que “el consumidor solo estará obligado a pagar el precio anunciado”; nótese que dicha norma prevé una cosa muy distinta a aquella prevista por el artículo 920 del Código de Comercio:
No habrá compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinarlo. Pero si el comprador recibe la cosa, se presumirá que las partes aceptan el precio medio que tenga en el día y lugar de la entrega. El precio irrisorio se tendrá por no pactado.
La primera, aplicable a las relaciones de consumo, establece la obligación del productor/proveedor de respetar el precio anunciado. Por su parte, la segunda, aplicable a todas las relaciones comerciales y a las relaciones de consumo cuando en el Estatuto del Consumidor no se prevea nada al respecto, regula el precio como elemento esencial del contrato de compraventa, cosa que no sucede en la ley 1480 de 2011.
A la misma conclusión arribó la Oficina Jurídica de la SIC, para la cual es aplicable el precio irrisorio en las relaciones de consumo pues “[r]elativo al elemento esencial del precio, el Estatuto del Consumidor no dispone nada específico al respecto”[6]. Por lo tanto, en virtud del artículo 4 de la ley 1480 de 2011, aplica la norma del Código de Comercio pues lo relativo al elemento esencial del precio y las implicaciones de pactar un precio irrisorio no se encuentra regulado por el Estatuto del Consumidor ni contraviene los principios del mismo.
Sin embargo, mientras los jueces de la SIC insistan en que el artículo 26 de la ley 1480 de 2011 regula el elemento esencial del precio y por tanto que no existe precio irrisorio en las relaciones de consumo, el perjudicado será el empresario quien tendrá que perder el valor de ese producto debido a la aplicación equívoca del Estatuto del Consumidor.
Por otra parte, uno de los requisitos para que un contrato sea válido en Colombia es que exista consentimiento de las partes y que ese consentimiento no este viciado (Art. 1502 Código Civil). El consentimiento en un contrato de compraventa está necesariamente ligado a los elementos esenciales de ese negocio, a saber: precio y cosa (Art. 905 del Código de Comercio). En consecuencia, se puede concluir que si la voluntad del empresario es vender una nevera por 4 millones de pesos, pero por error registra un valor de 400 mil pesos, entonces hay una discrepancia entre su voluntad y la realidad.
Esta discrepancia entre voluntad y realidad ha sido denominada por la doctrina como “error obstativo”[7] y la Corte Suprema de Justicia lo ha reconocido como “capaz de viciar el consentimiento”[8]. En consecuencia, un error obstativo en la compraventa de un producto deriva en que el contrato no tenga validez jurídica.
No obstante, en criterio de la SIC “no existe […] nulidad relativa cuando el error que se pretende revestir de vicio en el consentimiento gira entorno a un error de conducta del Productor/Proveedor que afecta sus meras expectativas económicas”[9]. Para esta entidad, pues, se trata de uno de los muchos riesgos que deben asumir los comerciantes como parte de su profesión[10].
Esta postura no siempre ha sido uniforme; en efecto, en el año 2015 la SIC se pronunció sobre una demanda interpuesta por una consumidora que pretendía la entrega de 8 celulares que habían sido ofertados a un (1) peso por medio de la página de Linio Colombia S.A.S. La oposición a la demanda se fundamentó, entre otros, en el hecho que se trata de un error manifiesto en la publicación del precio del producto.
Al respecto, la Delegatura de la SIC concluyó que para analizar este tipo casos es necesario tener en cuenta dos cosas. Por un lado, es importante identificar cuál es la magnitud del error en el precio, es decir si se trata de un error de tal evidencia que un consumidor pueda darse cuenta sin mayores esfuerzos que trata de un error. Y por el otro, necesario revisar cuál es el precio de fabricación del producto ofertado. Lo anterior, teniendo en cuenta que en la medida en que el costo de fabricación del producto sea mayor al precio al cual fue ofertado, necesariamente se entiende que se trata de un error en la publicación.
En este caso, la Superintendencia estableció de manera clara que para aquellos casos en los que el producto se publique a un precio menor al costo de su producción, el demandante no estará obligado a entregar los productos a dicho precio. Siendo así, la Superintendencia negó las pretensiones de la accionante, ello es, la entrega de los 8 celulares al $1 sin condenar a Linio por tratarse de un error manifiesto.
A la misma conclusión llegó la Cámara de Justicia Federal argentina en el caso de un consumidor que encontró en un catálogo de ventas de la compañía Jumbo, un televisor de 42 pulgadas pantalla plasma marca Phillips, cuyo precio indicado era de $1415 pesos argentinos, es decir el equivalente a 264.500 pesos colombianos aproximadamente. El consumidor al ver la oferta se dirigió al supermercado con el fin de adquirir el producto por el precio publicado en el catálogo, frente a esto el supermercado se negó alegando un error en la determinación del precio.
La justicia argentina negó la pretensión del consumidor de adquirir el televisor al precio ofertado en el catálogo, por considerar en primer lugar que no existió buena fe por parte del cliente y en segundo lugar al darle aplicación a la teoría del error obstativo y considerar que se vio viciado el contrato entre las partes.[11]
Ahora bien, incluso de admitirse que un error en la publicación del precio de un producto no puede tratarse como un vicio del consentimiento, existen otros argumentos que llevan a la conclusión que la venta de un producto cuyo precio está errado se traduce en un contrato nulo.
La mala fe y el abuso del derecho por parte del consumidor
La buena fe es un principio transversal al derecho. En virtud de él, los particulares deben observar un comportamiento honrado, transparente y responsable en sus interacciones sociales. En términos del derecho de consumo, el Estatuto del Consumidor establece que los consumidores deben “obrar de buena fe frente a los productores y proveedores y frente a las autoridades públicas”[12]. A raíz de ese deber de actuar de buena fe ha surgido, en la doctrina y jurisprudencia, el concepto del consumidor medio o racional. El consumidor medio o racional es aquel que, a la hora de juzgar información o publicidad relativa a un producto, usa el sentido común[13].
Es apenas lógico concluir que un consumidor racional no puede esperar adquirir un celular por una suma tan insignificante como un (1) peso. En consecuencia, un consumidor que realiza una compra de esa naturaleza no está haciendo otra cosa que aprovechándose del infortunio del empresario. En ese sentido, no es posible calificar dicha conducta como honrada o transparente; todo lo contrario, se trata de una conducta de mala fe por parte del consumidor.
Lo anterior se hace aún más evidente cuando el consumidor pide más de un producto para aprovecharse del error del empresario. En efecto, un consumidor no adquiere ocho celulares en una sola compra para satisfacer sus necesidades personales. Este tipo de actuaciones se enmarcan en la teoría de abuso del derecho. Según esta teoría, el titular de un derecho que hace un uso irrazonable del mismo y con ello perjudica derechos de terceros no puede ser protegido por el ordenamiento jurídico[14].
Con fundamento en la mala fe y en el abuso del derecho se han fallado casos judiciales con soluciones acertadas – según nuestro criterio – en casos de error de precio. El primero de ellos se dio en Alemania: se subastó, a través de eBay, un Porsche usado; en la publicación se informó, por error, que la subasta comenzaba en un (1) euro. Ante la oferta de un consumidor por cinco (5) euros, el vendedor solicitó que se retirara la subasta. Cuando el caso llegó a instancias judiciales, el tribunal consideró que si se llegase a declarar que el derecho del consumidor a recibir el producto al precio ofertado es legítimo, la entrega del vehículo se produciría con abuso de derecho.
Similarmente, en 2011 en España se litigó sobre la compra de dos portátiles MAC Apple, los cuales habían sido anunciados en la página web de la compañía demandada, por un valor de 22,48 euros cuando su precio real era alrededor de 1.000 euros. En ese caso, se falló en contra del consumidor con fundamento en el abuso del derecho, así:
Por tanto, a la vista de la gran diferencia entre el precio de mercado (900 € por unidad) y el precio publicado (22,48 €), es evidente que el precio ofertado en la página web era ridículo, y, por tanto, fruto de un error manifiesto.
A partir de aquí podemos considerar que la actuación del Sr. Benito es constitutivo de un abuso de derecho, por cuanto atendido el precio ridículo por el cual el Sr. Benito pretende adquirir los ordenadores, resulta evidente que, consciente de ello, se está aprovechando del error manifiesto sufrido por el oferente y dicha pretensión no puede ser amparada por los tribunales en virtud de los artículos 7 del Código Civil y 11.2 de la LOPJ.[15]
En conclusión, si bien es cierto que el Estatuto del Consumidor es una norma que se diseñó con el objetivo de proteger a los consumidores, la misma también incorporó deberes que los mismos deben observar en sus actuaciones. La buena fe, además de ser un principio transversal a todo el ordenamiento jurídico, es uno de los deberes del consumidor. Un consumidor que se aprovecha de un error en el precio publicado de un producto – situación que es evidente cuando compra varios ítems de dicho producto – obra de mala fe y no es posible que una autoridad judicial, como la Superintendencia de Industria y Comercio, ampare esa actitud.
A lo anterior se suma el hecho de que existen varios argumentos jurídicos, principalmente el relativo al precio irrisorio, que llevan a la conclusión que el contrato debe ser declarado nulo y por tanto que no existe obligación de entregar el producto al consumidor. En ese sentido, la posición actual de la SIC de obligar al proveedor a entregar el producto cuya publicación contenía un error en el precio no solo no tiene asidero jurídico sino que también envía el mensaje de que, en Colombia, es legal aprovecharse del mal ajeno.
Fuente: Departamento Legal Linio
[1] El Tiempo, 2012. “Las neveras de 400 mil pesos que provocaron un debate ético” disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12164156
[2] Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto No. 271601 de 2016.
[3] Cesar Gómez Estrada, Ibídem. Pág. 34.
[4] Cesar Gómez Estrada. De los principales contratos civiles, cuarta edición. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 2008. Pág. 31.
[5] Superintendencia de Industria y Comercio, Ibídem,
[7] Alessandri Rodríguez. Teoría General del Contrato. Traducción de Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, Colombia, marzo de 1996. Págs. 165 y ss.
[8] Corte Suprema de Justicia-Sala de Casación Civil- M.P Ariel Salazar Ramírez-27 de agosto de 2015 Radicación No. 11001-31-03-036-2006-00119-01
[9] Superintendencia de Industria y Comercio, Ibídem,
[11] Caso De Rueda, Sebastián Matías contra Jumbo Retail Argentina S.A. s/ ordinario- CNCOM – 30/07/2009.
[12] Art. 3 Ley 1480 de 2011.
[13] Superintendencia de Industria y Comercio, Resolución 21882 del 25 de abril de 2013.
[14] Sentencia T-511 de 1993- Corte Constitucional M.P Eduardo Cifuentes Muñoz.
[15] Sentencia Juez. 1.ª Inst. Badalona (núm. 6) 106/2011, de 8 de junio. Disponible: <http://portaljuridico.lexnova.es/jurisprudencia/JURIDICO/104973/sentencia-juz-1-inst-badalona-num-6-106-2011-de-8-de-junio-comercio-electronico-oferta-de>
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