Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1997-09009-de-septiembre-14-de-2011?documento=jurcol&contexto=jurcol_aebcd4770467004ce0430a010151004c&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-21 20:29:40
Document Index: 304969446

Matched Legal Cases: ['artículo 754', 'artículo 20', 'artículo 922', 'artículo 92', 'artículo 47', 'artículo 922', 'artículo 22', 'artículo 2', 'artículo 54', 'artículo 922', 'artículo 6', 'artículo 94', 'artículo 193', 'artículo 47', 'artículo 754', 'artículo 253', 'artículo 254', 'artículo 11', 'artículo 26', 'artículo 252', 'artículo 25', 'artículo 177', 'artículo 55', 'artículo 922', 'artículo 922', 'artículo 87', 'artículo 922', 'artículo 88', 'artículo 177', 'artículo 1427', 'artículo 265']

﻿ Sentencia 1997-09009 de septiembre 14 de 2011
SENTENCIA 1997-09009 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2011
CONTENIDO:PRUEBA DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES. SISTEMA COLOMBIANO DE REGISTRO DE LOS NEGOCIOS JURÍDICOS QUE VERSEN SOBRE EL DERECHOS REALES RESPECTO DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES. RECUENTO NORMATIVO.
TEMAS ESPECÍFICOS:REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS, DERECHO A LA PROPIEDAD, COMPRAVENTA DE VEHÍCULO AUTOMOTOR
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:481 DE ENERO DE 2012, PG.91
Sentencia 1997-09009 de septiembre 14 de 2011
Rad. 19001-23-31-000-1997-09009-01 (19491)
Actor: Translibertad Ltda.
Demandado: Municipio de Popayán y otro
Corresponde a la Sala decidir los recursos de apelación interpuestos por una de las demandadas, Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayán S.A. ESP, y por la sociedad llamada en garantía, Aseguradora Colseguros S.A., contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, el 12 de octubre de 2000, mediante la cual se declaró la responsabilidad patrimonial solidaria de las entidades demandadas, en los términos descritos al inicio de esta sentencia.
2.1. La legitimación en la causa.
Constituye postura sólidamente decantada por la jurisprudencia de esta Sala aquella consistente en excluir la figura de la falta de legitimación en la causa de las excepciones de fondo que puedan formularse dentro del proceso, comoquiera que estas, a diferencia de aquella, enervan la pretensión procesal en su contenido, pues tienen la potencialidad de extinguir, parcial o totalmente, la súplica elevada por el actor, en tanto que la legitimación en la causa constituye una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado(2).
Clarificado, entonces, en relación con la naturaleza jurídica de la noción de legitimación en la causa, que la misma no es constitutiva de excepción de fondo sino que se trata de un presupuesto necesario para proferir sentencia de mérito favorable ora a las pretensiones del demandante, bien a las excepciones propuestas por el demandado, resulta menester señalar, adicionalmente, que se ha diferenciado entre la legitimación de hecho y la legitimación material en la causa(3). La primera se refiere a la relación procesal que se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión procesal, es decir, se trata de una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta en la demanda y de la notificación del libelo inicial al demandado, de manera que quien cita a otro y le endilga la conducta, actuación u omisión que dan lugar a que se incoe la acción, está legitimado de hecho por activa y aquel a quien se cita y se le atribuye la referida acción u omisión, resulta legitimado de hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda.
Por su parte, la legitimación material en la causa alude a la participación real de las personas en el hecho que origina la presentación de la demanda, independientemente de que dichas personas no hayan demandado o que hayan sido demandadas(4). De ahí que la falta de legitimación material en la causa, por activa o por pasiva, no enerve la pretensión procesal en su contenido, como sí lo hace una excepción de fondo, pues, como lo ha precisado la Sala,
«La excepción de fondo se caracteriza por la potencialidad que tiene, si se prueba el hecho modificativo o extintivo de la pretensión procesal que propone el demandado o advierte el juzgador (CCA, art. 164) para extinguir parcial o totalmente la súplica procesal.
La legitimación material en la causa activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria, entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable, al demandante o al demandado» (negrillas en el texto original, subrayas fuera de él)(5).
De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores(6).
En suma, en un sujeto procesal que se encuentra legitimado de hecho en la causa no necesariamente concurrirá, al mismo tiempo, legitimación material, pues esta solamente es predicable de quienes participaron realmente en los hechos que han dado lugar a la instauración de la demanda o, en general, de los titulares de las correspondientes relaciones jurídicas sustanciales; por consiguiente, el análisis sobre la legitimación material en la causa se contrae a dilucidar si existe, o no, relación real de la parte demandada o de la demandante con la pretensión que esta formula o la defensa que aquella realiza, pues la existencia de tal relación constituye condición anterior y necesaria para dictar sentencia de mérito favorable a una o a otra(7). De manera ilustrativa, así lo ha explicado la Sala:
— A, Administración, lesiona a B. A y B, están legitimados materialmente; pero si.
Pero en todos esos casos todos están legitimados de hecho; y solo están legitimados materialmente, quienes participaron realmente en la causa que dio origen a la formulación de la demanda»(8).
“... una condición propia del derecho sustancial y no una condición procesal, que, cuando no se dirige correctamente contra el demandado, constituye razón suficiente para decidir el proceso adversamente a los intereses del demandante, por no encontrarse demostrada la imputación del daño a la parte demandada”(9).
2.2. La prueba del derecho de propiedad sobre los vehículos automotores en el sistema jurídico colombiano(10).
Tradicionalmente la prueba de la propiedad de los vehículos automotores ha suscitado cierto grado de controversia, toda vez que no siempre ha estado normativamente prevista la exigencia de registrar los actos o los negocios jurídicos que impliquen disposición, limitación o extinción del derecho de dominio o de otro derecho real respecto del referido tipo de bienes; de algún modo, la confusión bien podría atribuirse, al menos en línea de principio, a un impreciso análisis de los elementos necesarios para transferir el dominio en tales casos, vale decir, del título y del modo, toda vez que no siempre se diferenció suficientemente entre —y, de hecho, se confundió— la consensualidad de la compraventa de vehículos automotores —esto es, la ausencia de solemnidades para la celebración del contrato— (título) y la supuesta ausencia de la obligación de registrar el negocio jurídico para perfeccionar la tradición del derecho real (modo).
Reflejo del anterior cuadro de circunstancias es el tratamiento que en recientes pronunciamientos ha dado esta misma Sala al referido asunto, cuestión de la cual se dará cuenta a continuación para, a renglón seguido, reiterar algunas precisiones en torno a la regulación normativa y a los alcances del sistema colombiano de registro de los negocios jurídicos que involucren la constitución, modificación, traslación o extinción del dominio o de otros derechos reales respecto de vehículos automotores, de suerte que, como consecuencia de tales reflexiones, resulte posible establecer con claridad cómo debe acreditarse la propiedad de tal tipo de bienes muebles, en especial cuando en el caso concreto no resultan aplicables los dictados del artículos 922 del Código de Comercio, tal como ocurre en el asunto sub examine.
2.2.1. La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en relación con la prueba de la propiedad o de otros derechos reales respecto de vehículos automotores.
La jurisprudencia de esta sección había señalado que la inscripción, en el registro público de vehículos automotores, de cualquier acto o negocio jurídico que implique disposición del derecho de dominio o de otro derecho real en relación con dicho tipo de bienes, carecía de naturaleza jurídica constitutiva, toda vez que sus alcances eran meramente declarativos, afirmación que, por las razones que en el siguiente apartado se explicarán, resultan de capital trascendencia de cara a establecer en qué momento se produce la tradición en los referidos casos y, consiguientemente, de qué forma se acredita la condición de propietario de la aludida clase de muebles; en esa dirección, ha sostenido la Sala lo siguiente:
“V. Al resolver un caso similar(11), la Sala precisó que la matrícula o registro terrestre automotor es un historial del vehículo que se lleva en la oficina de tránsito del lugar donde este vaya a rodar. Se define en la ley como “el conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirá todo acto o contrato, providencia judicial, administrativa o arbitral que implique constitución, declaración, aclaración, adjudicación, modificación, limitación, gravamen, medida cautelar, traslación o extinción del dominio u otro derecho real principal o accesorio sobre vehículos automotores terrestres para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros” (D.L. 1344/70, art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, vigente en el momento en que ocurrieron los hechos)(12).
No obstante, la certificación oficial de los datos que consten en el registro genera confianza pública, por lo cual la administración está en el deber de diseñar los medios para obtener información verídica, consignar tales datos de manera idónea y certificarlos de manera que resulten útiles para facilitar las relaciones jurídicas que se deriven de ellos.
En consecuencia, el Estado será responsable de las fallas en que incurra al expedir certificaciones falsas o no idóneas que causen perjuicios a los particulares” (resaltado fuera del texto original)(13).
Partiendo del anotado catalogo de la inscripción de los negocios jurídicos relacionados con vehículos automotores en el registro público correspondiente como un procedimiento meramente declarativo, posteriormente la Sala, tras distinguir entre los eventos en los cuales resulta aplicable la legislación mercantil a los actos o negocios de naturaleza comercial que versen sobre automotores y aquellos en los cuales la normatividad aplicable a los mismos es el derecho común, concluyó que la tradición en estos últimos eventos operaba con el solo perfeccionamiento del título, sin que se precisara de alguno de los modos legalmente previstos para el efecto; en esta dirección, la Sala sostuvo lo siguiente:
“En relación con el negocio jurídico de enajenación de vehículos debe distinguirse si el mismo constituye un contrato civil o si se trata de un contrato mercantil, para definir de qué manera se realiza la tradición de tales bienes, de acuerdo con la legislación que se aplica según el evento.
En efecto, si se trata de un contrato civil, la tradición se realiza conforme lo establecido en el artículo 754 del Código Civil, esto es, con la manifestación que una de las partes haga a la otra de que le trasfiere el dominio del bien, a través de los medios que señala la norma. En tal evento, el registro del título de adquisición ante el funcionario que indique la ley, no tiene efectos sobre el acto de tradición en sí, sino que constituye una forma de publicidad del mismo, que tiene entre sus fines permitir un mejor control del Estado sobre la actividad de conducción de vehículos y generar confianza pública en las relaciones jurídicas en las que sean objeto dichos bienes(14).
Diferente es la situación jurídica cuando se trata de enajenación de vehículos automotores destinados al transporte público, pues en tal caso, la compra y venta de los mismos constituirán actos de comercio y su tradición, de acuerdo con la ley mercantil se realiza con la inscripción del título en la oficina correspondiente.
En efecto, el artículo 20 numeral 18 del Código de Comercio establece que son mercantiles para todos los efectos legales las empresas de compra y venta de vehículos para el transporte por tierra, agua y aire y sus accesorios y el artículo 922 ibídem establece que la tradición de vehículos automotores se realiza con la inscripción del título ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes(15).
Dicha inscripción debía realizarse, según lo previsto en el Decreto 1344 de 1970, o Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el Decreto 1809 de 1990, vigentes para la época de ocurrencia de los hechos de que trata este proceso, en las oficinas de tránsito correspondientes y solo verificado ese acto podía expedirse la licencia de tránsito.
En efecto, el artículo segundo del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia de tránsito era el “documento público cuya finalidad es autorizar el tránsito de un vehículo por las vías públicas del territorio nacional y sirve para la identificación del mismo”.
Finalmente, el artículo 92, modificado por el numeral 80 de artículo primero del Decreto 1809 de 1990, establecía que la licencia debía ser solicitada por el propietario del vehículo, “de acuerdo con la reglamentación que expidiera el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito, Intra”.
Por lo tanto, como en el caso concreto, el vehículo adquirido por el señor Jorge Enrique Sánchez Rodríguez estaba destinado a la prestación del servicio público de transporte su adquisición constituyó un acto de comercio, por lo que la transferencia del bien, en los términos de las normas señaladas debió realizarse con la inscripción del título de enajenación ante la oficina de tránsito correspondiente” (resaltado añadido)(16).
Las aseveraciones efectuadas en los pronunciamientos citados en torno a los alcances de la inscripción, en el registro público correspondiente, de los actos o de los negocios jurídicos afectantes de la propiedad y/o de otros derechos reales respecto de vehículos automotores correspondieron a desarrollos propios de un obiter dictum en la medida en que no constituyeron el sustento mismo de las decisiones adoptadas en esos casos concretos(17), es decir, no integraron su ratio decidendi(18), con lo cual puede concluirse que no generaron el carácter relativamente vinculante de los antecedentes jurisprudenciales(19), carácter del cual se deriva para el operador judicial que desea apartarse de los mismos(20), la obligación de cumplir con las cargas de transparencia y de argumentación que le resultan exigibles a tal efecto(21).
En cualquier caso, estima la Sala de la mayor importancia reiterar como ya lo dejó planteado en el fallo del 23 de abril de 2009 —Expediente 16.837—(22), cuál ha sido el tratamiento que respecto de los aludidos extremos ha dispensado el ordenamiento jurídico colombiano, en especial con antelación a la entrada en vigor de la Ley 769 de 2002, Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor, cuyo artículo 47 zanja cualquier discusión en torno a la naturaleza eminentemente constitutiva —que no meramente declarativa— de las inscripciones que se efectúan en el organismo de tránsito competente respecto de actos o negocios jurídicos que envuelvan la disposición de derechos reales sobre automotores y clarifica también, por tanto, el tema de la prueba de la propiedad y/o de otros derechos reales en relación con esa clase de bienes, en aquellos casos en los cuales no resulta aplicable el artículo 922 del estatuto mercantil, precepto este que igualmente regula la aludida cuestión con palmaria claridad. Tales son los asuntos de los cuales pasa a ocuparse la Sala, a continuación.
2.2.2. El sistema colombiano de registro de los negocios jurídicos que versen sobre derechos reales respecto de vehículos automotores.
Una de las principales discusiones acerca de la adquisición de los derechos reales en la actualidad se centra en identificar un sistema de disposición de la riqueza patrimonial que consiga el mejor equilibrio posible entre máximas agilidad y facilidad para la circulación de bienes en el tráfico jurídico de un lado y, de otro, mínimo detrimento de la seguridad jurídica. En ese orden de ideas, tratándose de bienes muebles impera el principio general por cuya virtud la posesión de los mismos supone el dominio y los meros convenios consensuales determinan la titularidad del derecho real puesto que en tales casos la tradición (modo) se cumple de manera informal y, por tanto, con gran agilidad; por el contrario, tratándose de inmuebles —y de algunos bienes muebles, como los automotores, en relación con los cuales existe un evidente paralelismo en torno a su regulación respecto de la propiedad de la finca raíz—, opera la institución del registro, por manera que los actos o negocios jurídicos de origen —título— deben estar acompañados de ciertas solemnidades a las cuales se sujeta la tradición —modo— exigida para mutar o transmitir el correspondiente derecho real de dominio; lo cierto es que las diferentes legislaciones se decantan por soluciones disímiles en esta última materia, de suerte que es posible encontrar desde aquellas que consagran que el solo título es suficiente para que el derecho ingrese en el patrimonio de su titular —como en Francia y parte de Italia—, pasando por las que establecen que lo necesario a tal efecto es el modo —al estilo alemán—, hasta llegar a sistemas en los cuales se precisa de la concurrencia del título y del modo para engendrar el derecho real —caso de países como Austria, Holanda, Suiza y Colombia—(23).
Es en Alemania, sin embargo, en el primer lugar en el cual se estructura una organización sistemática de publicidad de la propiedad inmueble que ha servido de guía a la mayor parte de los actuales sistemas de registro inmobiliario, partiendo del tratamiento de actos solemnes que tradicionalmente se proporcionó a los de transmisión de la propiedad raíz —mismos que se realizaban, en un principio, ante testigos, luego ante un tribunal y sin que se exigiese la entrega corporal—, a lo cual se acompañó, a partir del siglo XII, la consolidación en algunas ciudades de la costumbre consistente en llevar libros en los cuales se dejaba constancia escrita, en orden cronológico, de los actos dispositivos que recaían en este tipo de bienes, constancia que paulatinamente se convirtió en la inscripción registral, única forma de probar la propiedad o la constitución de cualquier derecho real sobre inmuebles, de suerte que dicha inscripción fue elevándose al rango de un acto creador de derechos y depurándose de manera tal que los asientos registrales dejaron de verificarse en libros, por orden cronológico, para pasar a llevarse en hojas especiales asignadas a cada bien, debidamente individualizado e identificado, a las cuales se denominó “folios reales”, ordenados y gestionados por oficinas a cargo del Estado(24).
A partir de allí, los sistemas de registro se diferencian en razón del distinto valor que le reconocen al acto de inscripción —cuestión que marcha de la mano con la de la operatividad del título y/o del modo, antes explicada—, por manera que, en primer término, debe hacerse alusión a los denominados sistemas plenos de registro, caracterizados por reconocer un valor sustantivo a la inscripción en ellos realizada en la medida en que la propiedad y los demás derechos reales sobre los bienes sujetos a registro se adquieren y constituyen por dicha inscripción —solo existen registralmente y carecen de existencia extrarregistral—; este es el sistema propio de legislaciones como la alemana, la suiza, la austríaca, la chilena y la colombiana, en las cuales el contrato de enajenación —venta, permuta, donación, etcétera— solo tiene la virtualidad de generar obligaciones entre las partes, más no la de transmitir la propiedad o engendrar otros derechos reales, pues aquella o éstos surgen del registro o de la inscripción del acto o negocio jurídico correspondiente en folios especiales; la aludida inscripción constituye un procedimiento al cual se le ha denominado y calificado como una modalidad de tradición de tipo cartular o tabular, de suerte que dicha inscripción en estos regímenes tiene naturaleza constitutiva, pues solo a partir de ella se constituye la propiedad o el derecho real del que se trate en relación con los bienes sujetos a registro.
Y, en segundo término, existen los llamados sistemas menos plenos de registro —verbi gracia en Francia o en Italia—, en los cuales la propiedad, otros derechos reales y gravámenes respecto de los bienes sujetos a registro se adquieren directamente a partir del contrato o, en general, del título correspondiente, por manera que la inscripción no es más que una solemnidad cuyo propósito se limita a dotar de publicidad al acto o contrato frente a terceros, luego no tiene eficacia constitutiva sino meramente declarativa; lo anterior conduce a que en el derecho francés y en el italiano se distinga entre la transmisión de la propiedad inter partes —operante desde el acto o contrato correspondiente, el cual constituye título y modo, pues crea las obligaciones y las extingue mediante su ejecución, dado que, por ejemplo, el comprador es propietario desde la celebración del convenio, sin que se precise de tradición— y la transmisión de la misma frente a terceros —la cual exige que se realice la transcripción del contrato en el registro correspondiente—, cuestión que ha conducido a que el sistema francés, en parte el italiano y los derivados de ellos,
“... se encuentran hoy día expuestos a una grave crítica consistente en la distinción entre dos clases de derechos reales entre inmuebles; por una parte, los existentes al margen del registro y que pueden afirmarse únicamente frente a uno de los contratantes, y, por otra, los existentes en el registro mediante la transcripción y que pueden hacerse valer frente a todos. Por definición, la propiedad y demás derechos reales son absolutos y existen en la medida en que pueden hacerse valer frente a todos; de ahí que repugne concebir la propiedad que carezca de este atributo y que es lo que sucede cuando la doctrina francesa e italiana afirman que la propiedad inmueble no transcrita solo puede hacerse valer frente al tradente o constituyente. En consecuencia, podemos concluir diciendo que en derecho francés la auténtica transmisión y constitución de derechos reales inmobiliarios solo se consolida por la inscripción; que antes de que ella se realice existe un proyecto de derecho real, o sea, un derecho en formación.
En general y como consecuencia de la clasificación presentada, en derecho actual se considera que un sistema técnico (o completo) de registro inmobiliario debe reunir las tres calidades siguientes: 1) dar valor sustantivo a la inscripción; 2) en su aspecto formal, la inscripción debe efectuarse en folios reales; 3) se debe reconocer la aplicabilidad de ciertos principios registrales.
Hoy día se conocen tres sistemas principales que llenan las condiciones mencionadas: el sistema alemán, el suizo y el australiano. De especial importancia son los dos primeros, pues en ellos se inspiró en gran parte el que consagra el estatuto de registro de instrumentos públicos” (resalta la Sala)(25).
El anterior marco referencial permite comprender y ubicar de mejor manera la naturaleza y los alcances del sistema registral colombiano en cuanto dice relación con la propiedad raíz y con el dominio de los vehículos automotores, dos categorías de bienes entre las cuales el paralelismo en su regulación no puede ser más claro y evidente a partir del momento en el cual se produjo en Colombia el gran proceso de modernización en materia de registro público, proceso que arranca con la introducción de una profunda reforma normativa(26), marcadamente influenciada por las tendencias alemana y suiza a las cuales se ha hecho alusión en precedencia(27), según lo ponen de presente los antecedentes legislativos de la Ley 8ª de 1969, “Por la cual se conceden al Presidente de la República facultades extraordinarias para reformar los sistemas de notariado, registro de instrumentos, catastro, registro del estado civil de las personas y de constitución, transmisión y registro de derechos reales y trabas sobre vehículos automotores ...”.
La exposición de motivos del proyecto de la que habría de convertirse en la referida Ley 8ª de 1969, así como el informe de la ponencia para primer debate de aquel, resultan prolijos al explicitar cuál era la situación —por demás caótica y preocupante— que reinaba en el momento en el cual se proyectaba los cambios estructurales en la regulación y el control, por parte del Estado, del mercado de vehículos automotores; en tales referencias y justificaciones empieza a hacerse evidente la unidad de principios y de propósitos con que se quiso informar a los diferentes sistemas de registro público a cargo del Estado y especialmente los comunes efectos que, desde un primer momento, se fue advirtiendo que tendrían las inscripciones en los registros de las propiedades inmueble y automotriz, tomando en consideración, especialmente —se insiste— el desorden imperante en el tráfico jurídico respecto de este último tipo de bienes(28):
“Es indispensable atender conjuntamente, en forma programada y científica las distintas especies de registro, dotándolas de una misma técnica y unos mismos instrumentos (...), con el objeto de permitirle al público la obtención de los datos que le sean necesarios en oficinas fácilmente asequibles y en actitud de suministrarle prontamente respuesta segura, digna de toda confianza. Urge, pues, que el país incorpore a su práctica cotidiana las técnicas más modernas, universalmente conocidas, no solo por las ventajas que ellas traen consigo, sino porque cada día será más difícil y oneroso el tránsito de las prácticas y hábitos manuales y rudimentarios a los métodos mecánicos más avanzados.
... para que los distintos registros funcionen dentro de una unidad de criterio científico, técnico y estable, y para que el público disponga de información uniforme, sencilla, rápida, segura y descentralizada ...
Además, es evidente que el sistema legal vigente en materia de vehículos automotores en cuanto a la manera de adquirir y transmitir el dominio, de constituir derechos reales sobre ellos y de hacer efectivas medidas judiciales de embargo y secuestro, adolece de graves deficiencias, propias de la inseguridad de los derechos de los particulares, tanto en el comercio ordinario, como en los eventos de contrabando, hurto y robo, por lo cual urge introducir normas que hagan cierto y efectivo el derechosobre esta clase de bienes muebles, de naturaleza especial y de valor y de abundancia creciente, a semejanza de lo que ocurre en otros países, donde se exigen ciertas solemnidades documentales y la inscripción de los títulos en el registro general o en uno especializado.
La Comisión de la Unión Panamericana a que nos hemos referido, después de estudiar la legislación sobre propiedad inmobiliaria en diez y nueve países americanos, no de cualquier manera sino mediante un examen exhaustivo, crítico y en el propio terreno de su aplicación, fijó las siguientes conclusiones y orientaciones doctrinales en materia de reforma a los sistemas registrales americanos, que transcribimos por cuanto juzgamos que deben servir de punto de referencia de las reformas que el gobierno vaya a dictar en desarrollo de las facultades que se le han de otorgar:
2. Establecer el criterio de inscripción necesaria, a base generalmente de la inscripción constitutiva en la adquisición del negocio jurídico sobre inmueble, con tendencia a sustituir con la inscripción el requisito de la tradición donde esta se sujeta todavía.
3. (...) adoptando más bien la teoría del título y del modo, consistiendo el modo en la inscripción en el registro.
4. Fortalecer el principio de la fe pública registral, destacando la figura del tercero como sujeto destinatario de la protección derivada de tal principio.
No se sabe con absoluta certeza cuál es el título de propiedad de un vehículo automotor, ni quién lo expide ni cómo se otorga, ni cómo se transfiere o grava. Unas veces, algunas autoridades tienen como título de dominio el manifiesto de aduanas; otras le dan esa calidad a la llamada “tarjeta de matrícula” expedida por la autoridad administrativa ante quien el interesado inscribe o registra generalmente a su talante el aparato o la factura que el vendedor expide en favor del adquirente. Y en ocasiones la transmisión se verifica mediante la simple entrega material del vehículo y de los “papeles”, sin que se realice ningún acto que le de seguridad y autenticidad a la negociación; en oportunidades ese tráfico del dominio se efectúa a través de un documento privado que se lleva ante un notario o un funcionario de circulación para que “autentique” las firmas y tampoco es raro que al pie de los “papeles” el presunto vendedor haga constar la transacción. A esto se agrega que en este evento y en todos los demás concernientes a la tenencia, trato y traba de vehículos automotores, intervienen las más variadas y disímiles autoridades: jueces, inspectores de circulación, agentes del DAS, alcaldes, policía vial y de tránsito, etc., para que cunda la anarquía en más alarmante escala y para que sea más fácil y más frecuente la actividad antisocial que afecta a este importantísimo renglón de la riqueza nacional.
Por estas razones y muchas más ampliamente conocidas, urge expedir normas que tengan eficacia para conjurar los males destacados.
En la cámara de representantes (...) cursa un proyecto de ley “Por la cual se toman medidas sobre matrícula y traspaso de vehículos automotores” que puede ser una atendible base para la reglamentación que se vaya a expedir en desarrollo de las facultades que se confieren al ejecutivo. La iniciativa mencionada propende por la creación de una oficina central de registro, encargada de llevar el “Registro de automotores”, que se formaría con los datos enviados por las oficinas de tránsito de los vehículos inscritos en ellas y con los procedentes de las casas importadoras relativos a los automotores introducidos y vendidos por ellas. De esta forma, cada vehículo se registraría en una tarjeta en donde se anotarían sus características, manifiesto de importación, casa importadora, propietario, identificación de este... etc., y que vendría a ser el título de propiedad del aparato y en la cual, además, se llevará el historial de todas las operaciones de traspaso, gravámenes, embargos que hayan recaído sobre el vehículo, en forma tal que la revisión de la tarjeta demuestre, en cualquier momento, no solo quién es su propietario sino las cargas que lo afectan.
El proyecto contiene, además, una discriminada reglamentación sobre toda la materia y en el artículo 22 estatuye que “el registro nacional de que habla esta ley, constituye título de propiedad del vehículo automotor” y que las certificaciones de la oficina central de registro de automotores son plena prueba del dominio.
Claro que el sistema de tarjetas de registro y de registro serial, no reviste de absoluta seguridad y certeza la constitución del título de dominio de automotores, ni a sus mutaciones o medidas judiciales que lo afecten, pero complementado con otras formalidades y solemnidades se podría alcanzar un régimen que ofrezca garantías efectivas y frene un tanto los vicios que inciden en el comercio de automotores” (subrayas, cursivas y negrillas añadidos)(29).
Los anteriores postulados finalísticos, programáticos y principialísticos quedaron concretados en la normatividad expedida por el ejecutivo al amparo de y/o en desarrollo de las facultades extraordinarias que le fueron conferidas por el cuerpo normativo al cual se acaba de hacer alusión; de especial trascendencia en relación con los registros inmobiliario y automotor resulta la normatividad que conjuntamente se ocupa de ellos y que contiene el Decreto-Ley 1250 de 1970, significativamente intitulado “Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos” y entre cuyas regulaciones no siempre se repara con detenimiento que se incluye el registro público de vehículos automotores, lo cual despeja cualquier inquietud o vacilación que pudiere existir en torno a la evidente asimilación que en punto a la naturaleza, los propósitos, la técnica, los alcances y los efectos del registro se ha llevado a cabo en la legislación colombiana tratándose de la propiedad y de los demás derechos reales respecto tanto de inmuebles como de vehículos automotores; el tenor literal de los preceptos que se referirán a continuación, todos integrados dentro del aludido estatuto del registro de instrumentos públicos expedido por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades extraordinarias que le confirió la Ley 8ª de 1969, es suficientemente elocuente e ilustrativo de cuanto se viene explicando:
ART. 3º—El registro de los documentos referentes a inmuebles se verificará en la oficina de su ubicación; el de los automotores, en la de su matrícula. Los contratos de prenda agraria o industrial se inscribirán con referencia al inmueble a que están destinados o en que se hallen radicados los bienes objeto del gravamen” (resalta la Sala).
Sin embargo, las disposiciones que de manera más clara, dentro del cuerpo normativo en cuestión —Decreto-Ley 1250 de 1970— explicitan cuáles son los alcances que tienen en relación con los derechos reales sobre vehículos automotores —en general, las disposiciones que se transcribirán resultan aplicables a los bienes sujetos a registro, que son los relacionados en el artículo 2º que se acaba de citar—, las exigencias consistentes en la inscripción o registro correspondiente, son los artículos 43 y 44 ibídem, los cuales, partiendo de la premisa según la cual los artículos 2º y 3º ejusdem someten a registro, en la oficina en la cual se lleve a cabo la matrícula del vehículo, todos los actos y/o negocios jurídicos que afecten algún derecho real en relación con el mismo, establecen de manera rotunda:
Precisamente con el propósito de garantizar la operatividad de los anteriores preceptos y su utilidad en el tráfico jurídico cotidiano, el artículo 54 del mismo Decreto-Ley 1250 de 1970 preceptúa:
En todo caso las certificaciones llevarán firma autorizada e indicación de la fecha en que se expidan”.
Como si los argumentos apoyados en el derecho comparado, históricos y normativos que se acaban de exponer no fuesen suficientes —que evidentemente lo son— para ilustrar el carácter constitutivo —y no meramente declarativo— que fue normativamente atribuido al registro público de automotores, así como para evidenciar la falta de idoneidad de que adolecen los documentos diversos de aquellos expedidos por las autoridades de tránsito competentes para acreditar la propiedad o cualquier otra situación afectante de derechos reales sobre vehículos automotores, con posterioridad a la entrada en vigor del tantas veces mencionado Decreto-Ley 1250 de 1970 fueron expedidas varias disposiciones que insisten en la obligatoriedad del registro o inscripción tanto de los referidos bienes muebles, como de los actos y/o negocios jurídicos que constituyen, modifican, trasmiten o extinguen la propiedad u otros derechos reales respecto de los mismos, preceptos todos que vienen a integrarse en un sistema cuyo propósito no es otro, según se ha explicado, que garantizar la confianza de los terceros y la seguridad del tráfico jurídico a través del establecimiento de una tarifa legal —desde el año 1970— para la prueba de la propiedad de los automotores y de unas exigencias rituales de cuyo acatamiento se hace pender la eficacia de los negocios jurídicos respectivos ante las autoridades y ante terceros, lo cual no puede entenderse de manera distinta a que, en claro paralelismo con el régimen de la propiedad inmueble, la formalidad o solemnidad del modo, que desde los albores del procedimiento de formación de la Ley 8ª de 1969 se quiso expresamente insertar en el derecho registral colombiano, impera en el ordenamiento nacional también tratándose de las operaciones negociables llevadas a cabo en relación con automotores.
Entre las múltiples disposiciones orientadas en la dirección descrita, bien pueden referirse, en primer término, aquellas incluidas en el primigenio Código Nacional de Tránsito, esto es las contenidas en el Decreto 1344 de 1970, en el cual se supeditó la asignación del número de matrícula del vehículo a la inscripción del mismo en el registro automotor, así:
ART. 88.—Todo vehículo, para poder transitar, requiere una placa, que será suministrada por las autoridades de tránsito, con caracteres de permanencia, intransmisibilidad y validez en toda la nación, y que identificará al vehículo externa y privativamente.
A su turno, el Decreto 2157 de 9 de noviembre de 1970 reiteró la obligación de efectuar la inscripción en el registro público correspondiente tanto de todo vehículo automotor, cuanto de todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción de dominio u otro derecho real respecto del mismo, a saber:
ART. 3º—A partir de la vigencia de este decreto, todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio, sobre vehículos automotores terrestres, para que surta efectos ante las autoridades de tránsito, deberá presentarse por los interesados a la respectiva dirección de tránsito departamental, intendencial, comisarial o del Distrito Especial de Bogotá, la cual hará la correspondiente anotación, dejará constancia de ella en el acto o contrato y dará aviso inmediato al Instituto Nacional del Transporte”.
En similar dirección apuntan sendas disposiciones incluidas en los decretos 2169 de 1970 y 1147 de 1971:
El derecho que deba inscribirse se probará con el respectivo acto, contrato o providencia judicial que le de origen”.
El recuento normativo que se ha efectuado arroja claridad sobre el tema expuesto, tratándose de aquellos casos a los cuales no resulte aplicable la legislación mercantil, pues en estos últimos y según igualmente antes se indicó, el artículo 922 del Código de Comercio —expedido mediante el Decreto-Ley 410 de 1971— hizo imperativa la inscripción, en materia comercial, del acto o negocio jurídico que versare sobre vehículos automotores(30), en el registro público correspondiente(31).
Posteriormente, con la expedición de la Ley 53 de 1989 se iteró la obligación de registrar los actos y negocios jurídicos que implicaren disposición de derechos reales sobre automóviles y, en consecuencia, se reafirmó la perentoriedad de dicha exigencia como requisito —junto al título— para transmitir y acreditar la propiedad respecto de un vehículo automotor; en el anotado orden de ideas, el artículo 6º del referido cuerpo normativo definió el registro terrestre automotor como
“El conjunto de datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. En él se inscribirán todo acto o contrato que implique tradición, disposición, aclaración, limitación, gravamen o extinción del dominio u otro derecho real, principal o accesorio sobre vehículos automotores para que surta efectos ante las autoridades y ante terceros”(32).
De otro lado, el Acuerdo 34 del 12 de agosto de 1991, proferido por la junta directiva del otrora denominado Instituto Nacional de Tránsito y Transporte —INTRA—, reglamentó la manera en la cual habría de efectuarse tanto la inscripción inicial del automóvil en el registro respectivo como las anotaciones sucesivas a las cuales hubiere lugar dentro del mismo; de ahí que la persona que figurase inscrita ante el organismo de tránsito competente se reputara como propietaria del vehículo automotor y, en consecuencia, la inscripción en el registro resultara oponible a las autoridades y a terceros(33), toda vez que el artículo 94 del referido Acuerdo preceptuaba que “No se podrá transferir vehículo automotor alguno bajo ningún título sin que previamente se haya registrado”.
A esta evolución normativa efectuó también su aportación, en idéntico sentido al que se ha venido refiriendo, el Decreto 1809 de 1990, norma que modificó el artículo 193 del Código Nacional de Tránsito —Decreto 1344 de 1970—, confiriéndole la siguiente redacción:
Como colofón a la cadena de previsiones normativas aludidas, la Ley 769 de 2002 —Código Nacional de Tránsito Terrestre actualmente en vigor— estableció como requisitos uniformes —tanto en materia civil como en el ámbito mercantil— para hacer efectiva la tradición de los automotores, tanto la entrega material del automotor como la inscripción del negocio jurídico correspondiente en el registro nacional automotor, obligación esta consignada de forma expresa en el artículo 47 del citado conjunto normativo, en los términos que se transcriben a continuación:
La norma transcrita deja completamente claro y expreso no solo que el mecanismo del título y el modo es el que continúa operando en Colombia para transmitir la propiedad o para introducir modificaciones en los derechos reales respecto de vehículos automotores, sino también que la tradición —modo— ha de cumplirse mediante la correspondiente inscripción en el registro público respectivo; sin embargo, todo lo expuesto no representa, ni muchísimo menos, un giro o una modificación en cuanto a la regulación que había venido recibiendo esta materia en el ordenamiento jurídico nacional, pues lo único que verdaderamente ha ocurrido de manera paulatina y progresiva es el afán de regular el asunto con mayor precisión y técnica jurídica y siempre con el propósito de reflejar la que ha constituido la tradición colombiana en materia registral desde el momento en el cual se empezó a estructurar el sistema nacional de registro de la propiedad tanto de bienes inmuebles como de automotores.
“En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente, demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, pero no queda demostrado el dominio ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones” (resaltado fuera del texto original)(34).
Todo lo hasta ahora expuesto resulta de capital importancia para la resolución del asunto sub judice, pues en relación con la materia tratada en este acápite pueden formularse las siguientes conclusiones:
(i) Si bien es cierto que el contrato de compraventa de vehículos automotores es consensual, como quiera que no requiere de formalidad alguna para su perfeccionamiento, no lo es menos que para que opere la tradición del correspondiente derecho real de dominio hace falta el cumplimiento de la formalidad o solemnidad de la inscripción del negocio jurídico en el respectivo registro, procedimiento este que se constituye, aún desde la normatividad expedida en 1970, en el modo a través del cual el título conduce a la transmisión de la propiedad en los negocios en los cuales no se aplica la legislación mercantil; una comprensión diferente, en virtud de la cual dicho registro tendría solamente propósitos de publicidad, no solo contraviene el tenor literal de los preceptos positivos que regulan la materia, sino también el espíritu mismo del sistema registral colombiano, construido a semejanza de los modelos alemán y austríaco —en los cuales la observancia del registro, como modo, resulta imprescindible para constituir o modificar el derecho real— y no del esquema consensual aplicado en Francia y en parte de la República Italiana en esta materia;
(iii) Como corolario de lo anterior, la propiedad o la realización de cualquier negocio jurídico que afecte un derecho real respecto de un vehículo automotor, solamente puede probarse con la acreditación tanto del título (contrato) como del modo (tradición tabular) del cual se deriva la calidad de propietario, usufructuario, acreedor pignoraticio, etcétera; las normas que expresamente establecen una tarifa legal de prueba en esta materia —artículos 43 y 44 del Decreto-Ley 1250 de 1970— excluyen la posibilidad de que las anteriores circunstancias puedan acreditarse mediante la sola aportación de los títulos o instrumentos sujetos a inscripción.
La especial naturaleza de los bienes de los que aquí se trata siempre fue tenida en cuenta por el legislador nacional para expedir normas especiales que regularan el tráfico jurídico, en la medida en que este involucrara la disposición de vehículos automotores, especialidad sustancial y normativa que, en consecuencia, excluye la aplicabilidad, a los negocios civiles que versen sobre tal clase de vehículos, de lo preceptuado por el artículo 754 del Código Civil en punto a la tradición de cosas corporales muebles, pues, como ampliamente se explicó, el sistema de registro colombiano, desde hace varias décadas, extendió para los vehículos a motor el tratamiento previsto para la propiedad inmueble en cuanto se refiere a las exigencias registrales. Lo dicho encaja perfectamente, por lo demás, con lo preceptuado por los artículos 749 y 759 del Código Civil, disposiciones cuyo tenor literal es el siguiente:
ART. 759.—Los títulos traslaticios de dominio que deben registrarse, no darán o transferirán la posesión efectiva del respectivo derecho mientras no se haya verificado el registro en los términos que se dispone en el título del registro de instrumentos públicos”.
Más allá de otra serie de elementos probatorios que fueron aportados y/o su recaudo solicitado por la parte actora junto con o en el libelo introductorio del litigio, lo cierto es que el único medio de acreditación que se acopió en el proceso con miras a probar la titularidad del dominio respecto del vehículo automotor por cuyos daños materiales aduce el accionante constituyen el hecho generador del daño que solicita le sea reparado y, por tanto, el único mecanismo demostrativo con la virtualidad de permitir dilucidar si en el sub judice se configura, o no, la falta de legitimación material en la causa por activa alegada por la entidad demandada —tomando en consideración las precisiones efectuadas en los acápites precedentes del presente proveído—, es una copia simple de la que al parecer sería la tarjeta de propiedad del pluricitado automotor tipo bus (fl. 8, c. 1).
Los restantes elementos acreditativos que se aportaron y/o cuyo recaudo se solicitó con la demanda, son los siguientes, de acuerdo con el propio libelo introductorio del proceso:
“Medios de prueba:
Me permito aportar los siguientes elementos de prueba:
1. Informe de las autoridades de tránsito y concepto.
2. Fotografías del automotor accidentado por hechos debidamente explicados en la demanda.
3. Cotización y factura de los daños y las reparaciones hechas al automotor.
4. Certificación del producido por el automotor y el tiempo de inactividad del mismo para la determinación del lucro cesante.
5. Certificaciones sobre la existencia de las personas demandantes y demandadas.
6. Certificación de la propiedad del automotor por parte del demandante.
7. Poder.
También me permito solicitar a la Honorable Sala la práctica de las siguientes:
— Certificación a la Empresa Cedelca S.A., acerca de si en la fecha de los hechos existía alumbrado público en el lugar del accidente.
(...)” (fls. 34 a 35, c. 1).
Ahora bien, de conformidad con lo previsto por el artículo 253 del Código de Procedimiento Civil, los documentos pueden aportarse al proceso en original o en copia, las cuales pueden consistir en su trascripción o reproducción mecánica y, según el artículo 254 del mismo código, las copias tienen el mismo valor del original solo en los siguientes casos: 1. Cuando hayan sido autorizadas por notario, director de oficina administrativa o de policía, o secretario de oficina judicial previa orden del juez en donde se encuentre el original o la copia autenticada; 2. Cuando sean autenticadas por notario, previo cotejo con el original o con la copia autenticada que se le ponga de presente y 3. Cuando sean compulsadas del original o de la copia auténtica.
Ahora bien, la Ley 446, en su artículo 11, otorgó autenticidad a los documentos privados que fueren aportados por las partes para ser incorporados a un expediente judicial con fines probatorios, sin la exigencia de la presentación personal o autenticación, salvo lo dispuesto en relación con documentos emanados de terceros. Igual sentido contiene el artículo 26 de la Ley 794 de 2003, modificatorio del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, disposición que ya existía en el Decreto-Ley 2651 de 1991, artículo 25, cuestiones todas que deben entenderse relacionadas, claro está, con los documentos que se aporten en original(35).
Para el presente caso y trayendo al caso concreto las conclusiones arrojadas por los análisis efectuados en los apartados precedentes dentro del presente pronunciamiento, observa la Sala que para acreditar la propiedad del vehículo automotor por cuyos daños deprecó una indemnización, debió acreditarse ora mediante la aportación del documento que diera cuenta de la realización del correspondiente registro —certificado de tradición del vehículo expedido por la autoridad administrativa competente—, ora allegando la licencia de circulación del automotor en cuestión, exigencia que, sin lugar a la menor hesitación, efectúa el ordenamiento jurídico colombiano desde el año 1970; no obstante –reitera y resalta la Sala–, que el actor aportó solamente copia simple de la que al parecer sería la tarjeta de propiedad del automotor por cuyos daños deprecó una indemnización, circunstancia que impide asignarle mérito probatorio alguno e imposibilita la elaboración de un juicio valorativo respecto de dicho documento.
Por consiguiente, no existe en el expediente elemento probatorio idóneo con el propósito de respaldar, desde el punto de vista fáctico, las aseveraciones efectuadas por la sociedad accionante en la demanda, en el sentido de que fue la Sociedad Transportadora Libertad Ltda., Translibertad Ltda., la propietaria del vehículo automotor tipo bus, para el momento del accidente de tránsito, en el cual habría resultado afectado; tales planteamientos se quedan en meras manifestaciones carentes de sustento acreditativo alguno, toda vez que se echa en falta en el encuadernamiento la prueba eficaz para demostrar el historial del dominio del vehículo automotor mencionado y, por tanto, para conferir verosimilitud a los presupuestos fácticos sobre cuya base descansa la legitimación material del accionante para formular las pretensiones incluidas en la demanda.
Así las cosas, no le asiste legitimación material en la causa a la demandante para reclamar la indemnización de los perjuicios materiales ocasionados por el accidente de tránsito ocurrido el día 10 de mayo de 1995, en la ciudad de Popayán, si se tiene en cuenta que no consta en el proceso que dicho bien, en algún momento, hubiere formado parte del patrimonio del demandante; cuenta, por tanto, acreditada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa y, ello conducirá a que la Sala deniegue las pretensiones elevadas en la demanda, toda vez que la sociedad demandante no demostró ser el titular de un derecho subjetivo o de un interés sustancial que pudiere servirle de sustento a sus reclamaciones.
A lo anterior se debe agregar que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”. Así pues, la sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria(36) que le impone la norma legal en cita, toda vez que —se reitera—, no allegó al proceso prueba alguna que permita demostrar la propiedad sobre el vehículo automotor respecto del cual aduce ser dueña.
Por otro lado, conviene precisar que el asunto que se analiza bajo ninguna circunstancia puede ser resuelto alegando respecto del demandante la tenencia o posesión del automotor, porque ello implicaría modificar la causa petendi de la demanda y las pretensiones de la misma, facultad que no puede ser asumida por el juez, en razón a que son los demandantes quienes están llamados a solicitar de la jurisdicción un respuesta frente a las circunstancias de hecho y de derecho que ellos mismos delimiten en las demandas que someten a decisión judicial(37).
Por consiguiente, se impone la revocatoria de la sentencia apelada y, en consecuencia, denegar la totalidad de las pretensiones de la demanda.
Habida cuenta de que para el momento en que se dicta este fallo, el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que solo hay lugar a la imposición de costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y en el sub lite ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
1. REVÓCASE la sentencia apelada, esto es la proferida el 12 de octubre de 2000, por el Tribunal Administrativo del Cauca, mediante la cual se declaró la responsabilidad patrimonial solidaria de las entidades demandadas y, en consecuencia, DENIÉGANSE las súplicas de la demanda.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 22 de noviembre de 2001, consejera ponente María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13356.
(3) Ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera sentencia de 15 de junio de 2000, consejera ponente María Elena Giraldo Gómez, Expediente 10.171; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintiocho (28) de abril de dos mil cinco (2005), consejero ponente Germán Rodríguez Villamizar, Radicación 66001-23-31-000-1996-03266-01 (14178).
(4) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil siete (2007), Referencia 13.503, Radicación 110010326000199713503 00.
(5) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), consejera ponente María Elena Giraldo Gómez, Radicación: 10973.
(6) A propósito de la falta de legitimación en la causa material por activa, la sección ha sostenido que “... si la falta recae en el demandante, el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo —no el procesal—”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de septiembre de dos mil uno (2001), Consejera ponente María Elena Giraldo Gómez, Radicación 10973.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de diecisiete (17) de junio de dos mil cuatro (2004), consejera ponente María Elena Giraldo Gómez, Radicación 76001-23-31-000-1993-0090-01(14452). En similar sentido y complementando lo dicho en el texto, se ha afirmado lo siguiente: “La legitimación material en la causa, activa y pasiva, es una condición anterior y necesaria entre otras, para dictar sentencia de mérito favorable al demandante o al demandado. Nótese que el estar legitimado en la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés sustantivo para hacerlo -no el procesal-; si la falta de legitimación en la causa es del demandado, de una parte al demandante se le negarán las pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, situación que se logra con la denegación de las súplicas del demandante”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil uno (2001), consejera ponente María Elena Giraldo Gómez, Expediente 13.356. Puede verse, en la misma dirección, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de veintisiete (27) de abril de dos mil seis (2006), Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra, Radicación 66001-23-31-000-1996-03263-01 (15352).
(8) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del quince (15) de junio de dos mil (2000), consejera ponente María Elena Giraldo Gómez, Radicación 10171.
(9) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 1º de marzo de 2006, consejero ponente Alier E. Hernández Enríquez, Expediente 13764.
(10) En similares términos, consultar, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 23 de abril de 2009, Expediente 16.837 y del 28 de junio de 2011, Expediente 19.753.
(11) Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 8 de noviembre de 2001, Exp.: 13.730.
(12) Nota original de la sentencia citada: Este decreto fue derogado por la Ley 769 de 2002 “Por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre”. El capítulo VII, arts. 46 a 49 crea el registro nacional automotor.
(13) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil tres (2003), consejero ponente Ricardo Hoyos Duque, Radicación 17001-23-31-000-1995-5033-01, Expediente: 14176.
(14) Nota original de la sentencia citada: Sentencia de 20 de febrero de 2002, Exp. 14.176.
(15) Nota original de la sentencia citada: En este sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia de 1971, consideró: “En la actualidad y en relación con la enajenación comercial de automotores, mientras no se demuestre que el respectivo título de adquisición fue inscrito ante el competente funcionario de las oficinas de tránsito, la simple entrega del objeto enajenado no equivale a tradición del mismo. Por expreso mandato de la ley se exige, a más de la entrega, la inscripción del título, pues de otro modo la tradición no se opera totalmente. Demostrando únicamente la celebración del contrato de compraventa, no queda demostrado el dominio, ya que en el derecho colombiano los contratos, por sí solos, no mutan el derecho real de propiedad de una cabeza a otra, porque ellos solamente son fuente de obligaciones. Y como a partir de la vigencia del Código de Comercio actual, ya la sola entrega material no es manera de hacer la tradición del dominio de los automotores, para lograrla o cumplirla se requiere ahora también la inscripción del título o documento en que consta el contrato de enajenación”.
(16) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del treinta y uno (31) de agosto de dos mil seis (2006), consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 41001-23-31-000-1993-07279-01, Expediente 19432, actor: Jorge Enrique Sánchez Rodríguez. La postura asumida en el referido pronunciamiento fue reiterada en el siguiente: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del cinco (5) de diciembre de dos mil seis (2006), consejera ponente Ruth Stella Correa Palacio, Radicación 25000233100012147-01, Expediente 16347.
(17) Es así como en la citada sentencia de 20 de febrero de 2003 —Expediente 14.176— la cuestión por dilucidar consistía en establecer si en el caso concreto se estaba, o no, en presencia de un supuesto de ocurrencia de una falla en el servicio público encomendado a las autoridades de tránsito, falla cuya inexistencia se determinó con fundamento en el entendimiento de que la entidad administrativa demandada cumplió con el deber legal de controlar los datos consignados en el registro público de automotores, de acuerdo con lo previsto en el reglamento correspondiente; por su parte, en el pronunciamiento de fecha 31 de agosto de 2006 —Expediente 19432—, se resolvió sobre la responsabilidad extracontractual del Estado derivada del acaecimiento de un accidente de tránsito en el cual se vieron implicados un vehículo oficial y un automotor de propiedad privada destinado al servicio público, en relación con el cual las reglas tenidas en cuenta para acreditar la propiedad respecto del mismo fueron las previstas en el artículo 922 del Código de Comercio en virtud de la especial destinación del bien, declarándose responsable patrimonialmente al Estado con base en el título jurídico de imputación consistente en el riesgo excepcional causado por la utilización de vehículos peligrosos —automotores—; y, finalmente, en la citada sentencia del 5 de diciembre de 2006 —Expediente 16347—, en la cual se declaró al Estado patrimonialmente responsable por la que se catalogó como “retención ilegal” de un vehículo automotor, la propiedad del automotor retenido se encontraba acreditada con la fotocopia de la licencia de tránsito correspondiente y no con un contrato de compra-venta suscrito entre dos personas naturales, como ocurre en el sub júdice. Así pues, queda claro que se trata de pronunciamientos efectuados en relación con circunstancias fácticas y/o sustentados en razonamientos ajenos al problema jurídico del cual se ocupa la Sala en el presente proveído.
(18) En cuanto tiene que ver con el denominado precedente jurisprudencial y con los elementos de un fallo llamados a integrar un precedente, el mismo ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como “aquella sentencia anterior y pertinente cuya ratio conduce a una regla —prohibición, orden o autorización— determinante para resolver el caso, dados unos hechos y un problema jurídico, o una cuestión de constitucionalidad específica, semejantes”, es decir, que “se reconoce como precedente aquel antecedente del conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de dictar sentencia.
En ese sentido, lo vinculante de un antecedente jurisprudencial es la ratio decidendi de esa sentencia previa, —o de varias si es del caso—, que resulta ser uno de los referentes fundamentales que debe considerar necesariamente un juez o autoridad determinada, como criterio de definición de la solución de un caso específico.
Es decir, la ratio decidendi de una providencia, puede ser un precedente de aplicación vinculante en un caso posterior, para un juez o una autoridad determinada. Esta relación entonces, entre una y otra figura, es lo que ha favorecido que se usen comúnmente los dos conceptos como semejantes, ratio decidendi y precedente. Usualmente se dice que el precedente es la sentencia anterior que es pertinente para resolver una cuestión jurídica y lo que tiene fuerza vinculante es su ratio decidendi. De ahí que, en sentido técnico, lo que tiene valor de precedente es la ratio decidendi de la(s) sentencia(s) pertinente(s)” (resaltado fuera del texto original). Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2.006, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa. En similar sentido pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional SU-047 de 1999, magistrados ponentes Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero; T-960 de 2001, magistrado ponente Eduardo Montealegre Lynett y SU-1219 de 2001, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa.
(19) Los fundamentos constitucionales del carácter vinculante y de la fuerza obligatoria relativa de los argumentos que sustentan el contenido de las decisiones judiciales antecedentes se encuentran (i) en el principio-derecho a la igualdad —de trato y ante el derecho—; (ii) en el principio de seguridad jurídica; (iii) en los principios de buena fe y de confianza legítima y, finalmente, (iv) en el principio de publicidad de las actuaciones y de las decisiones jurisdiccionales; tales han sido, igualmente, los argumentos con base en los cuales la Corte Constitucional ha reivindicado el respeto, por parte de las altas corporaciones judiciales, para los denominados “precedentes” vinculantes, dirección en la cual sostuvo la Corte lo siguiente:
«El respeto a los precedentes cumple funciones esenciales en los ordenamientos jurídicos, incluso en los sistemas de derecho legislado como el colombiano. Por ello, tal y como esta Corte lo ha señalado, todo tribunal, y en especial el juez constitucional, debe ser consistente con sus decisiones previas, al menos por cuatro razones de gran importancia constitucional. En primer término, por elementales consideraciones de seguridad jurídica y de coherencia del sistema jurídico, pues las normas, si se quiere que gobiernen la conducta de los seres humanos, deben tener un significado estable, por lo cual las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles. En segundo término, y directamente ligado a lo anterior, esta seguridad jurídica es básica para proteger la libertad ciudadana y permitir el desarrollo económico, ya que una caprichosa variación de los criterios de interpretación pone en riesgo la libertad individual, así como la estabilidad de los contratos y de las transacciones económicas, pues las personas quedan sometidas a los cambiantes criterios de los jueces, con lo cual difícilmente pueden programar autónomamente sus actividades. En tercer término, en virtud del principio de igualdad, puesto que no es justo que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez. Y, finalmente, como un mecanismo de control de la propia actividad judicial, pues el respeto al precedente impone a los jueces una mínima racionalidad y universalidad, ya que los obliga a decidir el problema que les es planteado de una manera que estarían dispuestos a aceptar en otro caso diferente pero que presente caracteres análogos. Por todo lo anterior, es natural que en un Estado de derecho, los ciudadanos esperen de sus jueces que sigan interpretando las normas de la misma manera, por lo cual resulta válido exigirle un respeto por sus decisiones previas» (se ha resaltado). Corte Constitucional, Sentencia SU-047 de 1999, magistrados ponentes Carlos Gaviria Díaz y Alejandro Martínez Caballero.
(20) Significativa es la importancia de la cuestión relacionada con el interrogante sobre en qué situaciones puede considerarse pertinente —y deseable— el cambio de la doctrina jurisprudencial y cuáles serían las cargas a satisfacer, por parte del juez, para abrirle paso a las anotadas modificaciones sin que resulten injustificada y desproporcionadamente afectados los bienes y principios constitucionales que soportan la fuerza vinculante relativa del precedente —igualdad, seguridad jurídica-libertades individuales, buena fe, confianza legítima y publicidad de las decisiones judiciales—; a este respecto existe cierto consenso, tanto doctrinal como jurisprudencial, en el sentido de que la modificación del precedente es viable, pero «endosando en tal caso la carga de la argumentación a quien quiera apartarse. Rige pues el principio de inercia perelmaniano que exige que una decisión solo puede ser cambiada si pueden aducirse razones suficientes para ello» —Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica. La teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, traducción de M. Atienza e I. Espejo, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1989, cit., p. 263—; o, en palabras de Aarnio, no resulta «sensato renunciar sin justificación a lo que ha sido adoptado como prevaleciente. Esta no es una exhortación al conservadurismo para mantener el statu quo. Es tan solo una regla de la carga de la prueba: necesariamente, un cambio en la situación dominante tiene que ser justificada» (sic) —Aarnio, Aulis, Lo racional como razonable. Un tratado sobre la justificación jurídica, traducción de E. Garzón Valdés, Centro de Estudio Constitucionales, Madrid, 1991, p. 260—.
De ahí que Alexy esboce las siguientes dos reglas generales sobre el uso del precedente:
«(J.13) Cuando pueda citarse un precedente en favor o en contra de una decisión, debe hacerse. (J.14) Quien quiera apartarse de un precedente, asume la carga de la argumentación». Cfr. Alexy, Robert, Teoría de la argumentación jurídica ..., cit., p. 265.
(21) En Colombia opera un sistema que bien podría denominarse de “vinculación relativa” al precedente, en el cual los jueces tienen, en principio, el deber de atenerse al sentido y a los fundamentos de sus decisiones anteriores —en el caso del precedente horizontal— o de las decisiones previamente adoptadas por sus superiores funcionales —en el caso del precedente vertical—, pero sin que ello sea óbice para que, en virtud del principio de autonomía judicial, puedan apartarse de la línea jurisprudencial existente siempre y cuando expongan motivos suficientes y razonables para ello. Lo anterior resulta más claro aún si se tiene en cuenta que en sistemas —como el colombiano— de derecho legislado, en los cuales la fuente formal principal del derecho es la ley —y no la jurisprudencia—, el funcionario judicial, en ejercicio de su autonomía interpretativa, puede modificar, aunque obviamente no de manera caprichosa, su entendimiento de las disposiciones normativas que aplica y apartarse de las decisiones previas.
Así pues, el precedente es modificable siempre que se satisfagan, de un lado, una carga de transparencia consistente en que “es necesario conocer y anunciar los precedentes vigentes que gravitan en contra de la nueva posición que se va a tomar, con lo que se prohíbe el cambio oculto de jurisprudencia” y, de otro, una carga de argumentación, que se traduce en la obligación, para el juez, de “mostrar con claridad por qué la nueva posición jurisprudencial es superior jurídica y moralmente a la anteriormente adoptada”, carga esta que prohíbe, de tal modo, el cambio arbitrario de jurisprudencia. Cfr. López Medina, Diego Eduardo, El derecho de los jueces, segunda edición, Universidad de los Andes-Legis, Bogotá, 2006, pp. 85 y 92-93.
La Corte Constitucional se ha expresado en esta dirección al referirse a la importancia de la fuerza vinculante del precedente; a la trascendencia, igualmente, de la posibilidad de modificarlo o de apartarse de él en aras de hacer prevalecer el derecho sustancial y la justicia material; a la carga de argumentación que recae sobre el juez, en estos últimos supuestos, en el sentido de explicitar las razones que sustentan dicha separación del sentido y los fundamentos de las decisiones anteriores y, finalmente, ha efectuado precisiones en torno a las hipótesis que dan lugar a que se puedan producir cambios dentro de una línea jurisprudencial:
«32. En todo caso, aunque el respeto al precedente es fundamental en nuestra organización jurídica por las razones expuestas, el acatamiento del mismo, sin embargo, no debe suponer la petrificación del derecho. En este sentido, el juez puede apartarse tanto de los precedentes horizontales como de los precedentes verticales; pero para ello debe fundar rigurosamente su posición y expresar razones contundentes para distanciarse válidamente de los precedentes vinculantes. Dicha carga argumentativa comprende demostrar que el precedente es contrario a la Constitución, en todo o en parte. Sin embargo, existen otras razones válidas para apartarse del precedente, señaladas por la propia Corte.
En la Sentencia SU-047 de 1999 (M.P. Alejandro Martínez Caballero) se expuso precisamente que la posibilidad de desligarse de los precedentes en circunstancias concretas, puede obedecer a razones como las siguientes: i) eventuales equivocaciones jurisprudenciales del pasado que hacen necesaria la corrección de una línea jurisprudencial; ii) una interpretación que habiendo sido útil y adecuada para resolver ciertos conflictos, en su aplicación actual, puede provocar consecuencias inesperadas e inaceptables en casos similares; iii) cambios históricos frente a los que resulta irrazonable adherir a la hermenéutica tradicional”. Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006, magistrado ponente Manuel José Cepeda Espinosa. En similar sentido pueden verse las sentencias de la Corte Constitucional C-120 de 2003, magistrado ponente Álvaro Tahúr Galvis; T-1130 de 2003, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño y T-442 de 2005, magistrado ponente Jaime Córdoba Triviño.
(22) Posición jurisprudencial reiterada en sentencia del 28 de junio de 2011, Expediente 19.753.
(23) Velásquez Jaramillo, Luis Guillermo, Bienes, décima edición, Librería Jurídica Comlibros, Medellín, 2006, pp. 293-294.
(24) Valencia Zea, Arturo, Derecho civil, tomo II, Derechos reales, octava edición, Temis, Bogotá, 1987, pp. 445-447.
(25) Valencia Zea, Arturo, Derecho civil, ..., cit., pp. 445-450. La propia doctrina y la legislación italiana parecen marchar en la misma dirección que se viene apuntando; así, por ejemplo, Massimo Bianca sostiene lo siguiente:
“El efecto normal del registro es el de hacer oponible el acto registrado frente a los demás actos que igualmente están sujetos a registro o inscripción (...) El registro no tiene eficacia constitutiva ya que no es un elemento para perfeccionar el contrato, ni un requisito para la adquisición del derecho, y ni siquiera tiene eficacia de saneamiento, pues no elimina la invalidez del contrato que sigue siendo nulo o anulable no obstante realizarse el registro. En este sentido se debe decir que la figura del registro es un sistema de publicidad declarativo.
En algunas regiones, específicamente en Friuli-Venezia Giulia y Trentino-Alto Adige, se conserva el sistema de publicidad tabular, vigente en el ordenamiento austríaco (Real D. 499, mar. 28/29).
Este sistema se diferencia respecto del anterior en que es con base real, tiene por objeto el derecho y tiene eficacia constitutiva. Es con base real pues la publicidad se efectúa sobre libros de fondos ordenados con referencia a cada unidad inmobiliaria. A diferencia del sistema explicado, el sistema de tablas permite verificar la situación jurídica relativa a cada bien inmueble en particular.
La inscripción en los libros tiene eficacia constitutiva, en el sentido de que quien inscribe obtiene la titularidad del derecho real solo después de la inscripción. Así, este principio deroga no solamente el sistema de la publicidad declarativa del registro (...), sino también el principio consensualista (...). El contrato que tiene por objeto bienes inmuebles sometidos a régimen tabular tiene eficacia obligatoria, en cuanto obliga al enajenante a hacer obtener al adquirente el derecho enajenado, pero no produce el efecto traslaticio inmediato, pues la obtención del efecto depende de la formalidad de la inscripción.
El sistema tabular sirve para dar mayor certeza a quien adquiere de quien resulta titular con base en un título inscrito, en cuanto la invalidez del título no impide el efecto real que resulta de la inscripción” (resalta la Sala). Cfr. Bianca, Massimo, Derecho civil, 3, el contrato, traducción de Fernando Hinestrosa y Édgar Cortés, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2007, pp. 607 -608 y 614-615.
(26) De hecho, la exposición de motivos del proyecto de ley que habría de convertirse en la Ley 8ª de 1969, da cuenta de que el sistema de registro colombiano se origina en una ley del año 1844 y se desarrolla en el Código Civil —obra que data de 1859— y de que “las innovaciones introducidas a las normas sobre notariado y registro durante todo el tiempo de vigencia del Código, han sido exclusivamente de detalles ...”. Además de lo anterior, en la Ponencia para Primer Debate del Proyecto que habría de convertirse en la mencionada Ley 8ª de 1969, puede leerse lo siguiente en punto a la práctica inexistencia de regulación normativa alguna, para ese entonces, relativa al registro de actos y/o de contratos que versaren sobre derechos reales respecto de vehículos automotores:
“La afirmación de que el sistema legal vigente en cuanto a la forma de adquirir, transmitir o gravar el derecho de dominio sobre vehículos automotores, “adolece de graves deficiencias”, parte de un supuesto inexistente, cual es el de que en Colombia hay un régimen legal sobre esta materia. Nosotros no tenemos en el país nada que pueda merecer el calificativo de sistema legal al respecto. La adquisición del dominio de estos bienes muebles así como su transmisión y demás fenómenos relativos a su tráfico jurídico no tiene un reglamento especial de orden legal y por ello ha prosperado el fraude, el abuso y la clandestinidad en esta materia” (énfasis en el texto original). Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Historia de las leyes, Bogotá, 1981, pp. 157 y 183.
(27) En la citada Ponencia para Primer Debate del Proyecto que habría de convertirse en la mencionada Ley 8 de 1969, se puede leer lo siguiente en la expresada dirección: “Se ha sostenido, tal vez con bastante razón, que las reformas introducidas al sistema de registro en la Ley 40 de 1932 y que su propio autor, el doctor Luis Felipe Latorre, calificó de tímidas, se frustraron en casi todos sus aspectos favorables y se ha dicho que de esa pretendida organización, que instituyó la matrícula de la propiedad inmueble, solo ha quedado en pie el cobro de derechos (...) Imaginó dentro de la ingenuidad que caracteriza todo el proceso de la Ley 40, que en Colombia todo el mundo debía estar al tanto de los modernos sistemas de Australia, Alemania y Suiza ...” (resalta la Sala). Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Historia de las leyes, cit., p. 177.
(28) De la claridad de cuanto se viene exponiendo da cuenta el mismo tenor literal de algunas de las disposiciones de la mencionada Ley 8ª de 1969, como ocurre con varios de los apartes de sus artículos 1º y 3º, a saber:
b) El estatuto del registro de instrumentos públicos y privados con normas atinentes a la puntualización del objeto, función y efectos del registro; a la reorganización de los círculos o circuitos de registro, para lo cual podrá suprimir total o parcialmente los existentes o refundirlos, crear nuevos y redistribuir la actual división territorial registral; de los instrumentos sujetos a registro, la manera y el lugar competente para hacer la inscripción; a la cancelación del registro; a los libros y archivos que deben llevar el o los registradores; al arancel y a la vigilancia y sostenimiento del servicio.
e) El régimen de constitución, adquisición y registro de derechos reales y medidas judiciales de traba sobre vehículos automotores, de modo que se otorgue seguridad y certeza al tráfico jurídico que se realice respecto de tales bienes muebles y se haga expedita la prueba de los derechos, con indicación de las solemnidades exigidas en cada caso y los efectos de los actos y de su descripción” (resalta la Sala).
“ART. 3º—El gobierno podrá crear uno o varios establecimientos públicos, a cuyo cargo estarán la vigilancia del notariado y los varios registros, la asistencia técnica, la coordinación de las funciones, la implantación paulatina de métodos y sistemas científicos de anotación, registro, archivo y expedición de copias y certificados, o adscribir tales tareas a una de las dependencias actuales o distribuirlas entre varias, según lo aconseje la conveniencia general”.
(29) Cfr. Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Historia de las leyes, cit., pp. 153-159 y 179-184.
(30) En este preciso aspecto, la jurisprudencia de esta Sala se ha pronunciado sobre la necesidad de probar tanto el título como el modo a efecto de acreditar la calidad de propietario de un vehículo automotor con fundamento en lo normado por el estatuto mercantil, en los términos que siguen:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 922 del Código de Comercio, para acreditar la propiedad sobre vehículos se requiere demostrar que el respectivo título de adquisición fue inscrito en las oficinas de tránsito (D.L. 1344/70, art. 88, Código Nacional de Tránsito Terrestre, tal como fue modificado por el D.L. 1809/90), para lo cual se requiere aportar copia del registro o de la licencia, ya que esta se expide luego de perfeccionado el registro y, por lo tanto, prueba la realización de ese acto, según lo establecido en el artículo 87 del Decreto-Ley 1344 de 1970, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de este proceso”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 12 de septiembre de 1992, consejero ponente Ricardo Hoyos Duque, Expediente 13395.
(31) Tal es el sentido de lo normado por el artículo 922 del estatuto mercantil: “La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa.
(32) El Decreto 1809 de 1990 modificó el artículo 88 del Decreto 1344 de 1970 y replicó la definición adoptada, para el registro terrestre automotor, en la Ley 53 de 1989.
(33) Bonivento Fernández, José Alejandro. Los principales contratos civiles y su paralelo con los comerciales, 13 edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá, 1999, p. 38.
(34) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 10 de noviembre de 1976, magistrado ponente Germán Giraldo Zuluaga.
(35) Cft. Ibídem.
(36) Al respecto, conviene recordar de manera más detallada lo expuesto por el tratadista Devis Echandía respecto de dicho concepto: “Para saber con claridad qué debe entenderse por carga de la prueba, es indispensable distinguir los dos aspectos de la noción: 1) por una parte, es una regla para el juzgador o regla del juicio, porque le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos sobre los cuales debe basar su decisión, permitiéndole hacerlo en el fondo y evitándole el proferir un non liquet, esto es, una sentencia inhibitoria por falta de pruebas, de suerte que viene a ser un sucedáneo de la prueba de tales hechos; 2) por otro aspecto, es una regla de conducta para las partes, porque indirectamente les señala cuáles son los hechos que a cada una le interesa probar (a falta de prueba aducida oficiosamente o por la parte contraria; cfr., núms. 43 y 126, punto c), para que sean considerados como ciertos por el juez y sirvan de fundamento a sus pretensiones o excepciones”. Devis Echandía, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Bogotá: Editorial Temis. 2002, pág. 405. De lo anterior, este último autor afirma: “De las anteriores consideraciones, deducimos la siguiente definición: “carga de la prueba es una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse las consecuencias desfavorables”. Ídem, pág. 406.
(37) Al resolver un asunto similar, en cuanto no se acreditó la propiedad respecto de un bien mueble por allegarse la escritura pública de compraventa pero no aportarse el registro de la misma, requisito necesario para acreditar la titularidad del bien, la Sala señaló:
“Al respecto en el asunto sub examine se verifica que la sociedad demandante aportó copia auténtica de la escritura pública que da cuenta de la adquisición de la aeronave de matrícula HK-337, pero no aportó la certificación de la inscripción de dicho negocio ante la autoridad aeronáutica, lo cual significa que no se probó la tradición, siendo este el modo de adquirir el dominio de tales bienes, por expresa disposición legal.
De lo dicho se tiene que la sociedad Aliansa no acreditó en el proceso su condición de propietaria de la aeronave en mención dado que debía hacerlo de conformidad con el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto era necesario el registro de la escritura de compraventa de la aeronave ante el registro aeronáutico nacional, como lo establece el precitado artículo 1427 del Código de Comercio, documento público que no puede ser sustituido por ninguno otro, como lo prescribe el artículo 265 del Código de Procedimiento Civil, pues se trata de un requisito ad substantiam actus.
Precisamente es tan evidente la falta de prueba de ese dominio, que el tribunal optó por atribuir a la empresa Aliansa S.A., la condición de poseedora de la aeronave, al punto de señalar que estaba probado su ánimo de señorío y dominio sobre la misma, señalamiento que no es de recibo en tanto implica una modificación de la causa petendi y de las pretensiones mismas.
En efecto, una consideración en tal sentido resulta indicativa de que el derecho patrimonial lesionado a la demandante es el de posesión, cuando en la demanda claramente se formuló la pretensión indemnizatoria dirigida a que la demandada fuera declarada responsable “por los daños que sufriera la aeronave de su propiedad” y al relatar los hechos se afirmó que para la explotación de los servicios de transporte aéreo de carga, la empresa “utiliza aeronaves de su propiedad”. Sentencia proferida por la Sección Tercera el 3 de octubre de 2007, Expediente 16.358.