Source: https://www.scribd.com/document/311508170/ABORTO-SENTENCIA-53
Timestamp: 2019-01-20 17:11:53
Document Index: 119697482

Matched Legal Cases: ['artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 30', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 39', 'artículo 10', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 417', 'artículo 53', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 39', 'artículo 103', 'artículo 417', 'artículo 419', 'e contrario', 'artículo 39', 'artículo 417', 'artículo 154', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 417', 'artículo 1', 'artículo 117', 'artículo 43', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 117', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 45', 'artículo 1', 'artículo 53', 'artículo 3', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 117', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 14', 'artículo 2', 'artículo 53', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 414', 'artículo 417', 'artículo 9', 'artículo 49', 'artículo 417', 'artículo 34', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 429', 'artículo 10', 'artículo 15', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 10', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 417', 'artículo 9', 'artículo 15', 'artículo 49', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 79', 'artículo 417', 'artículo 39', 'artículo 79', 'artículo 16', 'artículo 6', 'artículo 15', 'artículo 417', 'artículo 2', 'artículo 15', 'artículo 10', 'in fine', 'artículo 15', 'artículo 79', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 10', 'artículo 3', 'artículo 79', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 15', 'artículo 79', 'artículo 417', 'artículo 1', 'artículo 15', 'artículo 417', 'artículo 417', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 79', 'artículo 15', 'artículo 79', 'artículo 164', 'artículo 90', 'artículo 15', 'artículo 16', 'artículo 428', 'artículo 417', 'artículo 79']

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(Pleno) Sentencia num. 53/1985 de 11 abril
RTC\1985\53
Recurso previo de inconstitucionalidad: Despenalización del aborto: Proyecto de Ley Orgánica de
reforma del art. 417 bis del Código Penal: el Tribunal declara que es disconforme con la Constitución,
no en razón de los supuestos en que declara no punible el aborto, sino por incumplir en su regulación
exigencias constitucionales derivadas del art. 15 de la Constitución;Aborto terapéutico y eugenésico:
exige, en el primer caso, que la comprobación de la existencia del supuesto de hecho se realice, con
carácter general, por un Médico de la especialidad correspondiente, que dictamine sobre las
circunstancias que concurren en dicho supuesto y, en ambos casos, exige que la realización del
aborto se lleve a cabo en centros sanitarios públicos o privados, autorizados al efecto, o adoptar
cualquier otra solución que estime oportuna dentro del marco constitucional: las exigencias
constitucionales no quedarían incumplidas si el legislador decidiera excluir a la embarazada de entre
los sujetos penalmente responsables en caso de incumplimiento de los requisitos mencionados:
Aborto ético: la denuncia previa, requerida por el proyecto en el mencionado supuesto, es suficiente
para dar cumplida la exigencia constitucional respecto a la comprobación del supuesto de
hecho.Derechos fundamentales y libertades públicas: no incluyen solamente derechos subjetivos de
defensa de los individuos frente al Estado y garantías institucionales, sino también deberes positivos
por parte de éste.Derecho fundamental a la vida y a la integridad física y moral: Nasciturus: como
bien constitucionalmente protegido, entra en colisión con derechos relativos a valores
constitucionales de muy relevante significación, como la vida y la dignidad de la mujer, en una
situación que no tiene parangón con otra alguna, dada la especial relación del feto respecto de la
madre, así como la confluencia de bienes y derechos constitucionales en juego.Aborto: exención de
la responsabilidad: además de las causas de aplicación general establecidas en el Código Penal, el
legislador puede tomar en consideración situaciones características de conflicto que afectan de una
manera específica a un ámbito determinado de prohibiciones penales: colisión entre la vida del
nasciturus y los derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación, como la
vida y la dignidad de la mujer; el legislador no puede emplear la máxima constricción -la sanción
penal- para imponer en estos casos la conducta que normalmente sería exigible, pero que no lo es
en ciertos supuestos concretos.Aborto: Terapéutico: constitucionalidad de la prevalencia de la vida
de la madre: si la vida del nasciturus se protegiera incondicionalmente, se protegería más a la vida
del no nacido que a la vida del nacido, y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida;
Etico: constitucionalidad: gestación originada en un delito: obligar a soportar las consecuencias de un
acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible: la dignidad de la mujer excluye que pueda
considerársela como mero instrumento, y el consentimiento necesario para asumir cualquier
compromiso y obligación cobra especial relieve y, en este caso, ante un hecho de tanta
trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la suya en
todos los sentidos; Eugenésico: constitucionalidad: situación excepcional en que se encuentran los
padres y especialmente la madre, agravada en muchos casos por la insuficiencia de prestaciones
estatales y sociales que contribuyan de modo significativo a paliar en el aspecto asistencial la
situación, y a eliminar la inseguridad que inevitablemente ha de angustiar a los padres acerca de la
suerte del afectado por la grave tara en el caso de que les sobreviva.Tribunal Constitucional: recurso
previo de inconstitucionalidad: competencia: pronunciamiento de inconstitucionalidad: no es misión
de este Tribunal sustituir la acción del Legislador, pero sí lo es, de acuerdo con el art. 79, párr. 4º, ap.
b) de la LOTC, indicar las modificaciones que a su juicio -y sin excluir otras posibles- permitieran la
prosecución de la tramitación del Proyecto por el órgano competente. Aborto: Terapéutico:
constitucionalidad de la prevalencia de la vida de la madre: si la vida del nasciturus se protegiera
incondicionalmente, se protegería más a la vida del no nacido que a la vida del nacido, y se penaliza
a la mujer por defender su derecho a la vida; Etico: constitucionalidad: gestación originada en un
delito: obligar a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente
inexigible: la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársela como mero instrumento, y el
consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso y obligación cobra especial relieve y, en
este caso, ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que
afectará profundamente a la suya en todos los sentidos; Eugenésico: constitucionalidad: situación
excepcional en que se encuentran los padres y especialmente la madre, agravada en muchos casos
por la insuficiencia de prestaciones estatales y sociales que contribuyan de modo significativo a
paliar en el aspecto asistencial la situación, y a eliminar la inseguridad que inevitablemente ha de
angustiar a los padres acerca de la suerte del afectado por la grave tara en el caso de que les
sobreviva.Tribunal Constitucional: recurso previo de inconstitucionalidad: competencia:
pronunciamiento de inconstitucionalidad: no es misión de este Tribunal sustituir la acción del
Legislador, pero sí lo es, de acuerdo con el art. 79, párr. 4º, ap. b) de la LOTC, indicar las
modificaciones que a su juicio -y sin excluir otras posibles- permitieran las prosecución de la
tramitación del Proyecto por el órgano competente.
Recurso previo de Inconstitucionalidad 800/1983
Ponente: Doña Gloria Begué CantónDon Rafael Gómez-Ferrer Morant
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Manuel García-Pelayo y Alonso,
Presidente, y don Jerónimo Arozamena Sierra, don Angel Latorre Segura, don Manuel Díez de
Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorente, doña Gloria Begué Cantón, don Luis Díez Picazo, don
Francisco Tomás y Valiente, don Rafael Gómez-Ferrer Morant, don Angel Escudero del Corral, don
Antonio Truyol Serra y don Francisco Pera Verdaguer, Magistrados, ha pronunciado
En el recurso previo de inconstitucionalidad número 800/1983, interpuesto por don José María
Ruiz Gallardón, comisionado por 54 Diputados de las Cortes Generales, contra el texto definitivo del
Proyecto de la Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal. Ha comparecido el
Abogado del Estado, en representación del Gobierno de la Nación, y han sido ponentes para este
acto los Magistrados doña Gloria Begué Cantón y don Rafael Gómez-Ferrer Morant, quienes
expresan el parecer del Tribunal.
Con fecha 2 de diciembre de 1983, don José María Ruiz Gallardón, Abogado, comisionado a los
fines de interposición del presente recurso por 54 Diputados que se indican en el escrito, interpone
ante este Tribunal Constitucional recurso previo de inconstitucionalidad contra el «Proyecto de Ley
Orgánica de Reforma del artículo 417 bis del Código Penal», según el texto definitivo aprobado por el
Senado en la sesión plenaria celebrada el día 30 de noviembre de 1983, por infracción de los
artículos 1.1, 9.3, 10.2, 15, 39.2 y 4, 49 y 53.1 y 3 de la Constitución (RCL 1978\2836). Los
recurrentes solicitan se declare la inconstitucionalidad del referido proyecto en su totalidad y, con
carácter subsidiario, la inconstitucionalidad parcial de las circunstancias b) y c) del artículo en
cuestión y, en todo caso, se dicte una sentencia interpretativa y aclaratoria de las ambigüedades
constitucionales denunciadas.
A) El primer motivo se centra en la interpretación del artículo 15 de la Constitución, el cual declara
que «todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral».
El Proyecto impugnado -declaran los recurrentes- viene a eliminar normas penales que sirven de
protección al derecho a la vida, lo que plantea el problema de si son o no necesarias normas penales
para proteger dicho derecho. Es ésta una cuestión que entienden debe resolverse afirmativamente:
el respeto a la vida humana precisa de normas penales, debiendo tipificarse las conductas que
atenten contra ella.
A juicio de los recurrentes, el reconocimiento del derecho de «todos» a la vida se extiende también
a los concebidos y no nacidos, conclusión a la que llegan a través de una interpretación literal y
sistemática del mencionado precepto.
En tal sentido, invocan la sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 25 de febrero de 1975,
la cual, en su opinión, dejó bien en claro que, según los conocimientos biológicos y fisiológicos
actuales, existe vida humana, en el sentido de existencia histórica de un individuo humano, desde los
catorce días después de la concepción; por ello, la protección no puede limitarse al hombre ya
nacido, ni al nasciturus susceptible de vida independiente. El derecho a la vida está garantizado a
todo el que vive; entre las diferentes etapas de la vida previa al nacimiento, y entre nacidos y no
nacidos, no puede establecerse diferencia alguna en este contexto. «Todos» significa «toda vida», o
bien «todo individuo humano que posea vida»; por consiguiente, comprende también al ser humano
Por otra parte, a juicio de los recurrentes, el hecho de que el término «todos» aparezca como
sujeto de otros derechos en la Constitución que sólo son predicables de la persona ya nacida, no
puede aducirse para negar por ello que dicho término en el contexto del artículo 15 deba entenderse
en idéntico sentido. Que el concebido no tenga los derechos que se proclaman en otros preceptos,
pensados para el nacido, no implica que no tenga derecho a vivir, y, por supuesto, si se le priva de la
vida nunca podrá tener tales derechos; pero, además, el argumento no resulta válido si se considera
que tampoco todos, absolutamente todos los nacidos, tienen la totalidad de los derechos
mencionados. En definitiva, concluyen que de la interpretación sistemática del artículo 15 de la
Constitución en relación con otros preceptos de la misma, «se deduce un espíritu que pone en la
dignidad humana el acento fundamental, y viola dicho espíritu el considerar que todo el sistema de
protección y reconocimiento al articulado no alcanza al ser vivo aún no nacido».
Una vez analizado el artículo 15 de la Constitución, partiendo «del sentido propio de las palabras»
y de una interpretación sistemática, pasan los recurrentes a considerar los antecedentes históricos,
de los que, en su opinión, se desprende que la protección a la vida abarca desde el momento mismo
de la concepción. Sostienen, en efecto, que la tradición legislativa española, con la única excepción
de la Ley Catalana de Aborto en la Segunda República, ha estimado que todos tienen derecho a la
vida desde el momento de la concepción, penalizándose el aborto en todos los Códigos Penales. Y
ello -añaden- se manifiesta especialmente en el campo del Derecho Civil, en el que la tradición
jurídica ha articulado un sistema de protección al nasciturus.
A continuación examinan los recurrentes el proceso de elaboración del artículo 15 en el
Parlamento. A su entender, de las enmiendas presentadas en su día, del informe de la Ponencia y de
la discusión parlamentaria se deduce claramente lo siguiente: 1.º Que la finalidad perseguida por la
enmienda consistente en sustituir el término «personas» por el de «todos» era evitar la interpretación
de que, con el primero, se pudiera considerar por el legislador que sólo son personas quienes reúnan
los requisitos del artículo 30 del Código Civil y, en consecuencia, entender que los no nacidos no son
personas, por lo que el aborto voluntario no quedaría impedido por la Constitución. 2.º Que el
objetivo específico que se proponía la enmienda solicitando la introducción del término «todos» era
que con él se entendieran incluidos los no nacidos, quedando así protegidos por el derecho
fundamental a la vida y quedando vedada al legislador ordinario la posibilidad de despenalizar el
aborto voluntario. 3.º Que los Grupos Parlamentarios que apoyaron la enmienda y votaron a su favor
º de la Ley Fundamental de Bonn se extiende a la vida del embrión. resulta de una serie de documentos que aportan o dicen aportarán en un momento ulterior al recurso.2 de la Constitución. sin que el hecho de que no hubiera existido consenso en todas las fuerzas políticas reste valor alguno a aquel significado. los recurrentes apelan.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966 (RCL 1977\863y NDL 29530 bis). Manifiestan los recurrentes que estos tres textos reconocen el derecho de «todos» a la vida en términos muy similares al texto constitucional español. Por lo que se refiere al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. añadiéndose que. a la realidad social del momento en que ha de ser aplicado dicho precepto. estiman los recurrentes que permite llegar por otras vías a la conclusión de que el feto debe ser considerado como bien jurídico protegible. Pero en sentido contrario puede citarse la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán de 25 de febrero de 1975. Citan además los recurrentes el Acta Final de Helsinki de 1 de agosto de 1975.1.º del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 (RCL 1979\2421). frente a la preocupación que demuestra por la defensa de los demás derechos fundamentales.Tribunal Constitucional lo hicieron conscientes de la finalidad y objetivo que se pretendía. y el artículo 6. y que el desarrollo que se opera después es continuo. y la Declaración Internacional de Derechos del Niño de 20 de noviembre de 1959. en cuyo preámbulo se reconoce la protección jurídica del niño antes y después de su nacimiento.º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948. A tal respecto citan. a propósito de la pena de muerte. 4.5 en el que. De todo ello concluyen que hay que interpretar el derecho a la vida reconocido en la Constitución española como abarcando a los concebidos y no nacidos. para la interpretación del artículo 15 en cuestión. en relación con el 96. en primer lugar. el cual. niega la protección el más primario y fundamental de todos. realidad que. consagrado en el mencionado artículo.º se declara que el derecho a la vida existe a partir de la concepción. pues. en el cual se admite que el derecho a la vida proclamado en el artículo 2. en tanto que «interés jurídico independiente». ni distinción exacta. alegan los recurrentes la violación del artículo 10. Bien es cierto -reconocen. sin que se pueda establecer ni división precisa. se prohíbe su ejecución sobre la mujer embarazada. el artículo 2. B) El segundo motivo del recurso se apoya en la presunta vulneración del artículo 1. la Carta de San José de Costa Rica (aunque no ha sido ratificada por España). manifiestan los recurrentes que tal Estado no se compagina con actuaciones negadoras y supresoras de la vida de los no nacidos. prescribe que las normas relativas a los derechos fundamentales han de interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos y tratados internacionales sobre esas materias ratificados por España. el artículo 3. lo que supone que el significado incorporado al precepto fue el pretendido por el enmendante. con lo que el Proyecto impugnado vulneraría el artículo 10. C) Como tercer motivo de inconstitucionalidad. la vida humana existe al menos desde el decimocuarto día siguiente a la concepción. como se infiere de su artículo 6.º de la Constitución. en cuyo artículo 4. que prescribe el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales «de todos». y ratificaron que el apoyo por ellos prestado a la misma se debía a que entendían que con la redacción propuesta quedaba más claro que el derecho a la vida se refería también a los no nacidos. como el Tribunal Constitucional austríaco en su sentencia de 11 de octubre de 1974.º del Convenio Europeo en sentido negativo a la protección de la vida del nasciturus. según los conocimientos biológicos y fisiológicos establecidos.2 de la Constitución. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 4 . Finalmente. a su parecer. puede suponerse que el derecho a la vida se entendió aplicable al ser humano desde el momento de la concepción.que ha habido Tribunales constitucionales europeos que han interpretado el artículo 2. si se tiene en cuenta que cuando se aprobaron los dos primeros el aborto no se hallaba legalizado «en ninguno de los bloques políticos». Después de examinar los variados aspectos que según la doctrina integran el concepto de Estado Social. que es el derecho a la vida de los todavía no nacidos. pero que.º Que la enmienda fue sometida a votación y aprobada por mayoría.
quedaría vulnerado al impedirse en el Proyecto la intervención del padre para otorgar el consentimiento del aborto.ª. no tiene por qué quedar limitada a tales derechos.de que tales Acuerdos sirvan para interpretar las normas reguladoras de los derechos fundamentales. que abarca también a los no nacidos. sino de que la protección en ellos articulada sobre los derechos del niño sea establecida y articulada en el ordenamiento español. porque. frente a la protección paterna acordada por el Código Civil a los ya nacidos. sucesorios o hereditarios que. porque dentro de los aspectos que concurren en el derecho fundamental a la vida se encuentran dos que están directamente relacionados con un orden objetivo de valores: la existencia de vida en el nasciturus. El apartado 2. En virtud de dicha reserva el derecho fundamental a la vida sólo puede regularse por ley orgánica. pues en este derecho no existe contenido accidental. recurso de amparo. E) Los recurrentes señalan como quinto motivo de inconstitucionalidad la vulneración del artículo 53 de la Constitución. Invocan también la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal alemana de 25 de febrero de 1975. no dejan de ser derechos cuya posibilidad de ejercicio se suprimiría radicalmente suprimiendo la vida de su titular en ciernes. con independencia de su filiación». aunque ciertamente condicionados. porque ello supone la creación de una desigualdad entre hijos nacidos y no nacidos. vinculación que se traduce en una obligación para éstos de proteger la vida misma y que no puede ser enervada por la voluntad de la madre. 2. en cuanto dispone que «los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos». recurso de inconstitucionalidad. en la que se manifiesta que las normas relativas a los derechos fundamentales. a juicio de los recurrentes. También consideran los recurrentes vulnerado por el proyecto el número 4 del artículo 39. sino que suprime un derecho fundamental -el derecho a la vida del nasciturus. que impone a los poderes públicos el deber de asegurar «la protección integral de los hijos iguales ante la Ley. como el artículo 10. regulación que no puede alterar o vulnerar el contenido esencial del derecho en cuestión. el Tribunal Constitucional alemán declara que tal obligación puede derivarse del «contenido objetivo jurídico de las normas de los derechos fundamentales». además de contener derechos subjetivos de defensa frente al Estado. a través de diversas vías.ignorando su contenido esencial. encarnan un «orden objetivo de valores» que orienta e impulsa a la legislación.ª. c) La tercera modalidad de tutela constitucional del derecho fundamental a la vida la constituye la garantía jurisprudencial. su régimen de protección y garantías se desenvuelve en tres sentidos: a) En primer lugar.ª.el derecho de «todos» a la vida. el derecho a la vida vincula a todos los poderes públicos. Los recurrentes estiman que esta doctrina del orden objetivo de valores es aplicable al ordenamiento constitucional español por diversas razones: 1. entienden los recurrentes que el Proyecto de Ley Orgánica que se impugna no regula un derecho fundamental respetando su contenido esencial. procedimiento especial de protección.2 de la Constitución prescribe. y el carácter de valor absoluto de esta vida. habiendo sido admitida sin apenas discusión en todo lo que se refiere a los derechos fundamentales de naturaleza social o de participación. La diferencia del derecho en cuestión respecto de otros derechos fundamentales estriba en dos peculiaridades: la imposibilidad de restitución del bien de la 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 5 . b) Una segunda modalidad de garantía del derecho fundamental a la vida lo constituye la reserva expresa de ley orgánica. y porque la ausencia de exigencia de consentimiento rompe inconstitucionalmente todo el sistema de derecho civil basado en la igualdad de los cónyuges. En cuanto al tema concreto de si el Estado está obligado por la Constitución a proteger la vida del nasciturus. Por ser -dicen. el Proyecto impugnado viola el artículo 39 de la Constitución en sus apartados 2 y 4. 3. No se trata -precisan. del mismo modo que el derecho no puede quedar al arbitrio del legislador ordinario. porque con carácter general se admite que el no nacido es titular de derechos patrimoniales. a la Administración y a la Jurisprudencia. ya que supondría un contrasentido y su admisión para derechos fundamentales que pudieran denominarse colectivos y su negación para derechos fundamentales personales.Tribunal Constitucional D) El cuarto motivo del recurso se basa en que. Aduciendo a la interpretación que el Tribunal ha hecho sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales. Y ello por tres razones: porque la falta del consentimiento del padre impide al hijo no nacido ser integralmente protegido. un derecho fundamental.
y al calificarlo de mero bien jurídico se degrada y rebaja de rango el derecho a la vida. Por otra parte. recuerdan que. una vez que el legislador ha ponderado y jerarquizado los bienes jurídicos en conflicto. Por otra parte. interpretando la expresión «protección integral» como comprensiva del derecho a la vida de la madre y el derecho a la vida del concebido y no nacido.2 de la Constitución podría servir también para justificar la protección de la vida del nasciturus. del valor mismo. A su juicio.º Supuesto del llamado «aborto terapéutico». es cierto que con esta protección se excluirían los ataques del Estado o de terceros. A lo anterior añaden que el artículo 39. la práctica y la doctrina judicial han venido resolviendo el problema mediante la aplicación de las causas de justificación. 1. la despenalización del aborto en tal caso es inconstitucional al dar prevalencia al bien jurídico de menor entidad. existente desde el momento de la concepción. ésta se 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 6 . por no fijar el requisito de un examen pericial judicializado y por no tener en cuenta el consentimiento del padre. finalmente. por una parte. pues ello supone la eliminación y negación. los casos de este tipo son cada vez menos frecuentes. también absoluta. deben ceder frente al derecho absoluto a la vida del ser en gestación. directa o indirectamente. a juicio de los recurrentes. y. y la imposibilidad de que el sujeto del derecho pueda ejercer por sí mismo los medios de tutela jurisdiccional que la Constitución le otorga. Resumiendo: En caso de conflicto entre dos vidas. la libertad o la intimidad. debe pronunciarse en favor de la vida. en cuanto limitables y regulables. prácticamente casi inexistentes. del conflicto entre la vida del nasciturus y la salud de la madre. debe ceder aquel de los derechos que sea limitable. que define como el estado perfecto de bienestar físico. También manifiestan que no puede aceptarse la idea de que. los recurrentes que. que ha sido denunciada en el informe del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. proceden los recurrentes a analizar concretamente las «indicaciones» contempladas en el proyectado artículo 417 bis del Código Penal. vedándose así la constitucionalidad del aborto no voluntario o impuesto. sino un derecho fundamental atribuible a todos. en el supuesto de que la protección del derecho a la vida del no nacido sólo pudiera fundamentarse en los derechos de la madre. advierten los recurrentes la ambigüedad de esta indicación en el proyecto. mental y social. estiman los recurrentes que no es necesaria esa indicación.Tribunal Constitucional vida. es un valor absoluto que no puede ser objeto de limitación.se ve infringido por el Proyecto impugnado. porque se trata de bienes que constituyen el contenido objetivo de derechos fundamentales. según los técnicos en la materia. a la salud. así como en el de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. pero no ocurriría lo mismo con los provenientes de la madre. A continuación consideran la inclusión. la libertad y la intimidad de la madre. lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución. es que no puede encontrarse fundamento constitucional que permita a la madre atentar voluntariamente contra la vida del nasciturus. que en ello radica el aborto terapéutico en sentido estricto. en este primer supuesto de aborto terapéutico. una vez suprimida ésta. por lo que no es objeto de una protección directa. mientras que la vida del nasciturus es meramente un bien jurídico derivado de la dignidad humana. vulnerándose. de la Constitución no se deduce que la vida sea un bien jurídico. y en caso de conflicto con la salud. la salud. Estiman los recurrentes que la vida. pues la alternativa es la supresión absoluta de uno de los derechos en conflicto. esa inconstitucionalidad. dado el amplio significado que la Organización Mundial de la Salud atribuye al término «salud». a la libertad o a la intimidad-. supuesto hoy día casi inexistente. cuando lo cierto. es algo más que un bien jurídico. En su opinión. sin que esta degradación encuentre apoyo constitucional alguno. por otra parte. sus derechos fundamentales. F) Bajo la rúbrica de motivo sexto de inconstitucionalidad. pues. En el caso de conflicto entre la vida de la madre y la del nasciturus. Pero no debe entenderse por ello que la protección del derecho a la vida de éste pueda venir solamente de la protección de otros derechos fundamentales de la madre -a la integridad corporal. en la posterior argumentación examinarán cada una de tales indicaciones con el fin de determinar hasta qué punto se acentúa. Todo este sistema de garantías -concluyen los recurrentes. declarando que si hasta el momento han sometido al proyecto de Ley Orgánica impugnado a un juicio global de inconstitucionalidad. además de serlo por no exigir que no haya otro medio para preservar la salud de la madre. y no sólo como ausencia de enfermedad. pues se trata de derechos de distinta naturaleza. si el único mecanismo constitucional de proteger la vida al no nacido fuere por mediación de la madre. pues cabe dentro de la eximente general de estado de necesidad. pues. Aún precisan.
como el civil. el administrativo. despenalización del aborto cuando sea probable que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas.Tribunal Constitucional constituiría en depositaria de unos derechos de naturaleza constitucional de los que no podría disponer.º Supuesto del llamado «aborto ético». A propósito de este supuesto. para concluir que la indicación en cuestión vulnera el artículo 15 de la Constitución. 3. el procesal o el de la seguridad social. sensoriales y psíquicos. citan los recurrentes un informe de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Los recurrentes puntualizan las siguientes «circunstancias» o deficiencias del proyecto: 1. También en este aspecto citan los recurrentes los informes a que han hecho anteriormente referencia. 2. pero sin incluir previsión alguna sobre las consecuencias que la modificación por él introducida origina en otros campos jurídicos. G) Como motivo séptimo de inconstitucionalidad. y también el 49 de la misma. siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiera sido denunciado. suponen la violación del principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 9. 1469. esto es. ª Se atribuye al Médico el ejercicio de tareas o funciones públicas o cuasijudiciales. que ordena a los poderes públicos llevar a cabo una política de previsión y tratamiento de los disminuidos físicos. 6. así como algunas opiniones referentes al tema. así como una de las conclusiones del Consejo General del Colegio de Médicos y el informe de la Real Academia de Medicina. 1504.º Supuesto el llamado «aborto eugenésico».2 de la misma al desproteger a uno de los hijos con independencia de su filiación. 4. También señalan que el proyecto se ha limitado a despenalizar el aborto. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 7 . ª No se precisa qué ha de entenderse por «probabilidad» y otros aspectos relativos al aborto eugenésico. o sea.3 de la Constitución. para terminar afirmando que la denominada indicación ética viola el artículo 15 de la Constitución al hacer prevalecer el derecho al honor sobre el derecho a la vida. ª No se prevé un procedimiento administrativo que garantice que se han cumplido los requisitos señalados por la ley. 5. 2.ª No se explicita en él cómo debe entenderse la «gravedad» del peligro para la vida o la salud de la madre. pero no se prevé la abstención u objeción de conciencia del mismo. y viola también el artículo 39. vulnerándose con ello posiblemente el artículo 103 de la Constitución y el 40 de la Ley de Procedimiento Administrativo (RCL 1958\1258. el laboral. alegan los recurrentes que las ambigüedades constitucionales que el proyectado artículo 417 bis del Código Penal contiene y su redacción. siempre que se cumplan determinadas circunstancias de tiempo y de diagnóstico pericial. despenalización del aborto cuando el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 419 del Código Penal. 3. 7. ª No se concretan cuestiones fundamentales relativas al supuesto de «violación». según la técnica de los tipos penales abiertos.RCL 1959\585y NDL 24708). ª No se prevé el procedimiento para la prestación del consentimiento por parte de la menor de edad o sometida a tutela.
consideran de especial importancia en el presente caso por cuanto la exposición de motivos que en su día acompañaba al Proyecto de Reforma urgente y parcial del Código Penal. Todo lo expuesto justifica. sobre extracción y transplante de órganos (RCL 1979\2655). con lo que se le impide ejercitar la defensa del nasciturus en el caso de que fuere contrario al aborto. aplicación concreta de la inconstitucionalidad a las tres indicaciones contenidas en el Proyecto. haciendo las siguientes consideraciones: A) Como «ampliación del motivo primero de inconstitucionalidad en relación con el motivo sexto». de acuerdo con lo establecido en el artículo 39. en primer término. de 27 de octubre. además. aunque polémico. La realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada la norma constituye. en que se inserta el artículo 417 bis impugnado. tampoco se tienen en cuenta las consecuencias del reformado artículo 154 del Código Civil. a juicio de los recurrentes. al conflicto entre la vida del no nacido y la vida o la salud de la madre. En virtud de lo dispuesto por providencia de 14 de diciembre de 1983. criterio hermenéutico que. Con el fin de probar el aserto anterior. cuya misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad. a juicio de los recurrentes. los recurrentes. proceden los recurrentes. ya que la expresión «todos tienen derecho a la vida». respectivamente. y les lleva a interesar una sentencia interpretativa para la hipótesis de que se estimare constitucional el Proyecto impugnado. cumplir su deber de prestar asistencia a su hijo. que en su escrito de interposición del recurso previo de inconstitucionalidad sostenían. y. Para fundamentar esta afirmación. una declaración de la Asociación Ginecológica de España y otra del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos-. que los avances científicos y técnicos. en primer lugar. protege por igual a los no nacidos y a los nacidos.3 de la Constitución.3 de la Constitución. señor Ruiz Gallardón. recuerdan. que atribuye conjuntamente la patria potestad de ambos padres. es decir. No se siguen los criterios ni se guardan las cautelas previstas en la Ley 30/1979. uno de los importantes argumentos en contra del Proyecto. 2. puestos de manifiesto en los documentos que aportan -una declaración de la Real Academia Nacional de Medicina en Defensa de la Vida Humana. en el motivo sexto del recurso. como motivo primero de impugnación. señalan. permiten llegar a la 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 8 . en general. y a efectos de completar los razonamientos expuestos en el escrito de interposición del recurso. 8. que el proyectado artículo 417 bis del Código Penal viola el artículo 15 de la Constitución. ª No se determina la posibilidad y grado de cobertura del aborto por la Seguridad Social. contenida en este precepto constitucional. 9. pero. haciendo luego. completan la impugnación. los artículos 39 y 49 de la Constitución. a la indicación ética y a la eugenésica. una declaración del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España. dictada según lo establecido en las normas complementarias aprobadas por el Pleno de este Tribunal Constitucional el 14 de julio de 1982. a través de su comisionado.Tribunal Constitucional ª No se prevé el consentimiento del padre. Estas dos últimas indicaciones contrarían específicamente a su juicio. aludía precisamente en relación a este artículo a la «necesidad de adecuar la legislación penal en materia de aborto a la actual realidad sociológica del país». ª No se prevé la presencia del Ministerio Fiscal. estiman que la totalidad del proyecto y cada una de las indicaciones son contrarias al artículo 15 de la misma. 10. de los derechos de los ciudadanos y del interés público. por cuanto la vida comienza desde el momento mismo de la concepción. la impugnación del Proyecto por vulneración del principio de seguridad jurídica contenido en el artículo 9. como entonces anunciaron a interpretar el artículo 15 «conforme a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada la norma».
pues entienden que vulnera el principio esencial de la separación de poderes. corriente contraria a los propósitos despenalizadores del mismo. Con la regulación del primer supuesto de despenalización del aborto contenido en el Proyecto -precisan. cuando lo adecuado sería fijar con alcance general las eximentes y dejar. como ampliación de dicho motivo. que su concurrencia sobre cada tipo fuera un enjuiciamiento propio del caso concreto. Por lo que al primer punto respecta. estiman que el legislador ordinario ha interpretado el artículo 15 de la Constitución de forma distinta de la que se deduce de su proceso de elaboración constitucional. con dicho Proyecto se infringen también los principios y criterios que informan el Estado de Derecho reconocido en el propio artículo 1. la Iglesia Anglicana en España y la Iglesia Ortodoxa Griega en España. B) A continuación llevan a cabo los recurrentes la «ampliación del motivo segundo de inconstitucionalidad en relación con el motivo primero y el motivo sexto. e infringiendo la doctrina constitucional emanada de la Sentencia de este Tribunal de 5 de agosto de 1983 (RTC 1983\76). apartado primero».º de la Constitución. que se acompañan también a través de un documento. especialmente en lo que se refiere a la circunstancia primera del artículo 417 bis. la Asociación Musulmana en España. y recuerdan que el Tribunal Supremo ha enjuiciado en diversas ocasiones los supuestos de delito de aborto. consideran la posible incidencia del Proyecto en la problemática sociológica y de política criminal relativa al aborto. a su juicio. y las manifestaciones hechas en torno al tema por la Confederación Episcopal Española. De todo lo anteriormente expuesto -manifiestan los recurrentes. y expresan su opinión de que el Proyecto en cuestión no va a acabar en absoluto con el aborto clandestino y que la despenalización no viene a resolver un problema grave de política criminal. y de otra. advirtiéndose una fuerte. dando lugar a una jurisprudencia contenida en las Sentencias que mencionan a continuación. porque la estadística judicial sobre delitos de aborto en España es insignificante. por entender que el Proyecto es contrario a los principios y criterios que informan al estado social. En segundo lugar. Igualmente señalan los problemas prácticos que podrían derivarse de la aprobación del proyecto. al adherirse expresamente al manifiesto de la Unión de Movimientos en Favor del Prenacido. fuerza a interpretar el artículo 15 de la Constitución en el sentido de que el término «todos» incluye y protege al concebido y no nacido y. una mera interpretación. así como algunas de otros continentes. por otra parte. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 9 . así como la extensión del fenómeno que la legislación del aborto genera. Luego pasan a considerar los valores éticos subyacentes a las normas jurídicas. y a este respecto invocan la declaración de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. a concluir que el artículo 417 bis del Proyecto. consecuentemente.se deduce. como la tendencia progresiva en el ámbito comparado. Pero una anomalía más grave constitucionalmente -señalan. que podría suponer legalizar en la práctica cualquier tipo de aborto.denunciaba la violación del artículo 1. que muestra una tendencia a reconsiderar el problema en los países que en su día legalizaron el aborto. por cuanto implica una invasión de las funciones y competencias del órgano de la justicia constitucional y una invasión de las competencias del orden judicial penal ordinario. que por su ambigüedad incluso dejan relativizado el tipo penal.º de la Constitución. conforme al párrafo tercero del artículo 117 de la Constitución.Tribunal Constitucional conclusión de que la vida de un ser humano se inicia en el primer instante de la concepción. siendo así que dicha apreciación es inexcusable competencia jurisdiccional. El motivo segundo -recuerdan. que es científicamente indiscutible que la vida humana comienza en el instante de la fecundación. y ha realizado.se produce al transferir al médico la responsabilidad de apreciar la concurrencia de dicha causa de exención de responsabilidad. en buena técnica. En este sentido aportan una lista de Asociaciones «Pro Vita» europeas y norteamericanas. asumiendo así competencias hermenéuticas que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional atribuye a éste. quieren hacer resaltar que. añaden que no puede soslayarse la realidad internacional. En tercer lugar. Pues bien. de una parte. a quienes corresponde exclusivamente en todo tipo de procesos.el legislador sustrae el ejercicio de la potestad jurisdiccional a los Juzgados y Tribunales. mientras que el establecimiento de normas despenalizadoras del aborto en los términos propiciados por el Proyecto puede originar un incremento considerable de ellos. ahora. Finalmente. entiende que el legislador ordinario ha venido a asumir las competencias que desempeñaba la jurisdicción penal ordinaria. al permitir la destrucción del ser concebido mediante la legalización del aborto en determinados supuestos. que la realidad social española. es probadamente inconstitucional.
sino más bien como un prius condicionante de la interpretación misma. añaden. tras efectuar este examen desde el punto de vista de culpabilidad. si se parte de que el derecho a la vida existe desde el momento mismo de la concepción. Es cierto.3 de la Constitución. que se limita a despenalizar ciertos supuestos de aborto con carácter excepcional. lo que supone que la vida en gestación sigue considerándose un bien jurídico protegible. como por haber sustraído al orden judicial penal sus competencias de calificación y enjuiciamiento jurídico. proceden los recursos. deber que es exigible por el Estado. en sí mismo. en consecuencia. respecto de una persona concreta en una situación concreta: la concurrencia o la ausencia de culpabilidad.3 de la Constitución) en relación con los de necesidad e intangibilidad de las competencias de los Juzgados y Tribunales.el hecho de que exista el delito de aborto tipificado en el Código Penal no significa que toda mujer abortista sea castigada. Los recurrentes sostienen que tales supuestos deberían hallarse penados. entraña una vulneración del artículo 43 de la Constitución. en el supuesto de que una peligrosa situación clínica de la madre previa al embarazo pudiera verse potenciada a causa de la gestación concomitante hasta el punto de poner en peligro su vida. el Abogado del Estado.Tribunal Constitucional En definitiva. caracterizada por la generalidad abstracta. En efecto -señalan-. En nuestro país -precisan. concluye que tanto al ejercitar el legislador competencias interpretativas que sólo corresponden al Tribunal Constitucional. pues la no exigibilidad actúa a través de la eximente de estado de necesidad. frente a cualquiera y por encima de cualquier otro bien jurídico que no está subordinado. ya que ésta se perfila aquí con una extensión desconocida en el Derecho comparado. no se determina en virtud de una ley. en primer término. en nombre del Gobierno. lo que les fuerza a una interpretación del artículo 15 de la Constitución. pero entienden que la misma despliega su eficacia en el ámbito subjetivo. Esto es: tal necesidad no se presenta en la demanda como una consecuencia exegética deducida del análisis de la Constitución. resulta infringido el principio de separación de poderes. confirmándose así la excepcional circunstancia clínica a que alude la Ley. entendiendo que la falta de previsión penal entraña la infracción de una serie de preceptos de la Constitución. D) Por último. C) Como «ampliación del motivo sexto de inconstitucionalidad en relación con el motivo primero». Por escrito de 10 de febrero de 1984. 3. Tras analizar esta Sentencia llegan a la conclusión de que los supuestos que pudieran estar allí comprendidos quedan cubiertos en nuestro Derecho a través de la eximente de estado de necesidad. lo que. En el fondo de su postura late la tesis de la necesidad incondicionada y absoluta de utilizar normas penales para proteger esos derechos. es decir.3 de la Constitución. y además en sentido contrario al querido por el constituyente. elemento esencial del Estado de Derecho. a analizar la cuestión de si resulta aplicable. es necesario analizar el alcance del precepto impugnado. se opone al recurso previo de inconstitucionalidad haciendo las siguientes alegaciones: A) Por lo que se refiere al «primer motivo de inconstitucionalidad» alegado por los recurrentes. sino en virtud de una Sentencia que enjuicia el caso concreto. Finalmente. a su juicio. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 10 . la doctrina o el principio de no exigibilidad de otra conducta. considera que. resulta. el deber de todos de abstenerse de acciones contrarias a tal derecho. para concluir que. 9. violado el artículo 1. como pretende el Proyecto en su exposición de motivos. y asimismo resultan vulnerados los principios de legalidad y seguridad jurídica (art. y. y así ni un solo caso de condena se ha dado en la jurisprudencia española por las causas que pretende recoger la indicación primera. a través de la pena. que la doctrina penal más moderna ha venido a incorporar la no exigibilidad de otra conducta como elemento negativo de la culpabilidad. como corolario jurídico. con independencia de posibles discusiones de tipo valorativo. no puede olvidarse que el acto abortivo.º de la LOTC (RCL 1979\2383). manteniendo la penalización en los demás casos. el peligro que el aborto implica para la vida y la salud de la madre. bajo el epígrafe de «ampliación del motivo séptimo de la inconstitucionalidad». al modo en que se utilizó en la Sentencia del Tribunal Constitucional alemán de 25 de febrero de 1975.º de la Constitución por conexión con el artículo 1. incorpora a la salud ya precaria de la madre un innegable nuevo riesgo que puede acabar con su vida. consagrados en el artículo 117. que entrañan una violación del principio de la seguridad jurídica reconocido en el artículo 9. los recurrentes manifiestan que a las ambigüedades denunciadas en el escrito inicial. pasan a contemplar la cuestión desde la perspectiva de la antijuridicidad. debe añadirse una nueva ambigüedad.
ha seguido el camino de juzgar la cuestión planteada en función de unos juicios de valor. aunque pone de manifiesto que la razón sistemática se divide con cierta arbitrariedad. como única y no última ratio. el resto del artículo 15 sólo es aplicable a las «personas». se trata.Tribunal Constitucional Pero. El problema. por declarar ésta inexigible la continuidad del embarazo en las cuatro indicaciones cuya constitucionalidad deja a salvo. Por otra parte. de acuerdo con la concepción constitucional clásica. Unica excepción es la Sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana de 25 de febrero de 1975. Pasa después el Abogado del Estado a considerar la interpretación de la palabra «todos» dentro del artículo 15 de la Constitución. según el cual «los derechos y libertades reconocidos en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos». en relación con el medio ambiente. En cuanto a la interpretación sistemática aducida también por los recurrentes. la impone. Lo que hay que plantearse no es si es necesaria una norma penal. para concluir que desde el sentido de las palabras. en la jurisprudencia del Tribunal Supremo norteamericano. representa una cuestión metajurídica. una absoluta y fatal correspondencia entre infracción jurídica y sanción penal. sólo podrán incluirse en el término aquellos a quienes el Derecho reconoce como sujetos aptos para ostentar titularidades jurídicas. y sobre todo no hay en el texto constitucional el más leve indicio de que así haya de ser. pero sus planteamientos han sido muy controvertidos por la doctrina. la expresa mención de sanciones penales y administrativas para proteger un derecho. o no perseguir. Por lo tanto. que quieren poner de relieve. son límites a la acción del poder político. la exigencia incondicional de un ratio penal. la pregunta de si la Constitución impone precisamente este deber constituye una cuestión jurídica. que la pena nunca puede ser un fin en sí misma y que el legislador debe hacer un uso prudente y cuidadoso de las sanciones penales al no ser éstas sino el último extremo recurso posible para el cumplimiento de los fines de la política legislativa. se ven forzados a criticar la Sentencia alemana. Y así. que realiza el artículo 45.º de la Constitución) y el contenido del precepto impugnado. particularmente. sino si la Constitución. recuerda el Abogado del Estado que los propios recurrentes. 25. se remite al sector del ordenamiento. 15). pero lo que se pretende es afirmar la imposibilidad de inferir la necesidad de una norma penal como única solución o alternativa legítima para la tutela de un bien jurídico. tal 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 11 . Ahora bien. si la necesidad de penar el aborto. ni en ordenamiento jurídico alguno. el Tribunal Supremo de los Estados Unidos y la Corte Constitucional italiana. la contradicción existente entre las medidas de protección propias del Estado social (artículo 1. de materia de política criminal y no es jurídicamente debatible. Bien es cierto que con ello -añade. aun dentro de la línea de los juicios de valor. que precisa quiénes pueden ser titulares de derechos. no puede ser compartida ni contradicha en un escrito procesal que debe discurrir por el cauce de la reflexión jurídica. Por otra parte. haciendo servir a unos preceptos para unos efectos y no para otros. que -admitiendo la legalidad constitucional de la llamada solución de indicaciones. la posibilidad de prohibir el aborto se ha examinado siempre como una posibilidad de los Estados miembros de perseguir penalmente. 26). en definitiva. aparecen en forma precisa y concreta: así la prohibición de la pena de muerte (art. precediendo a dicha consideración la declaración de que la fijación de las penas compete al legislador.no quiere negarse la concepción de la Constitución como un todo y la influencia indirecta que los preceptos reguladores de los derechos fundamentales pueda tener en la interpretación de los restantes preceptos legales. pues. Por otra parte -añade-. los derechos se afirman frente al Estado. a juicio del Abogado del Estado.3) y. la de imponerse por la Administración Civil sanciones privativas de libertad (art. tal es el sentido -señala el Abogado del Estado. la de los Tribunales de Honor (art. el Abogado del Estado se remite a sus alegaciones posteriores sobre otros motivos de inconstitucionalidad. sin matizaciones ni distingos. cuando existen.el Tribunal Constitucional austríaco y. por ejemplo.del artículo 53 de la Constitución. la omisión de protección penal será constitucionalmente ilegítima cuando así viniere expresamente contemplado en la Constitución. en este caso.3. en forma implícita. La respuesta es negativa: no existe en el Derecho español. La solución de concebir los derechos fundamentales como derechos ejercitables frente al Estado ha llevado a casi todas las legislaciones de nuestro entorno cultural a rechazar que del derecho a la vida pueda inferirse una obligación positiva del Estado para implantar mecanismos coercitivos de signo penal en todo caso. indica que en la Constitución las prohibiciones. al reconocerse a «todos» la titularidad de un derecho. Por lo demás. así lo ha entendido -precisa el Abogado del Estado.
con lo que evidenció la desconexión entre la cuestión del aborto y la alternativa terminológica que se sometía a votación. ejercible o no. se trata de un reflejo de la existencia de muchas opiniones sobre el tema. de un lado.Tribunal Constitucional conducta. diferenciados de los clásicos derechos de libertad (de los que en nuestra Constitución hay amplio testimonio en la lista de derechos fundamentales).hubo realmente un debate sobre el aborto. no se prevé la obligatoriedad de una persecución penal en el caso que nos ocupa.º del Código Civil. Por último. En ningún momento -constata. al reconocimiento de ciertos derechos típicos. pero que demuestra que había parlamentarios que no estimaban que el término «todos» supusiera la interdicción constitucional del aborto. sólo su posibilidad. según el cual España se constituye en un Estado social. No cabe ocultar -añade. pero nunca como la obligación de castigar con sanción penal. concluye el Abogado del Estado que. las normas sancionadoras del aborto contenidas en los diversos Códigos Penales. Sin embargo. y ello por entender que existe una contradicción entre la preocupación por la defensa de los derechos fundamentales propia del Estado social y la falta de protección al más primario y fundamental de todos. inexistente incluso en el ámbito en que se entiende que existe vida humana protegible como bien superior de la libertad de la madre (veintiocho semanas de gestación).que en la jurisprudencia constitucional alemana la cláusula del Estado social ha pasado de 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 12 . por otra parte. Los recurrentes hacían referencia también a los antecedentes históricos bajo la invocación del artículo 3. que entraña el artículo 417 bis del Proyecto. La fórmula «todos» constaba antes del debate parlamentario en el anteproyecto. y de otro. ambos son irrelevantes. a su entender. por lo que dicho criterio hermenéutico no resulta decisivo. función y alcance de la cláusula del Estado social es difícil de reconducir a una definición sintética. El Abogado del Estado los divide en dos grupos: de un lado. y tal redacción no suscitó la oposición ni enmienda alguna de ningún grupo parlamentario. incluidos los defensores del aborto. La tradición legislativa relativa al primer grupo no puede constituirse en medio interpretativo cuando precisamente lo que persigue el proyecto impugnado es una innovación legislativa que rompe con el pasado. pendientes en cuanto a su eficacia del hecho posterior e incierto del nacimiento. Una especial consideración merecen al Abogado del Estado los antecedentes legislativos en la elaboración de la Constitución. En definitiva. se reconoció por los diversos grupos que con ello no quedaba zanjada la cuestión del aborto. de los que hace una detallada referencia para concluir que con la fórmula adoptada finalmente en el artículo 15 no se decidió ni a favor ni en contra del aborto. Luego la ponencia introdujo el término «persona». enmienda que no fue discutida ni incluso aludida en el debate en la Comisión. a la enunciación de ciertos principios con significación principalmente programática (que en nuestra Constitución aparecen fundamentalmente relacionados en el capítulo tercero bajo la rúbrica de principios rectores de la política social y económica). Su significado originario suele vincularse. el conjunto de preceptos que implican una protección al nasciturus. Señala el Abogado del Estado que el significado. que explicó el voto de su grupo. como consecuencia de una enmienda justificada en una «mayor corrección técnica». Por último. el propio Diputado de UCD. aunque la enmienda se aprobó por mayoría. A su juicio. de otro. decisivo para que se aprobara la enmienda del grupo de Alianza Popular. esto es. Y las normas civiles protectoras de los derechos del nasciturus suponen simplemente la atribución de derechos in fieri. que menciona a los mismos como elemento auxiliar de la interpretación jurídica. tras considerar la tesis de los recurrentes según la cual «la realidad social del momento en que ha de ser aplicado el artículo 15 de la Constitución» exige interpretar éste como referido al no nacido. se presentó una enmienda -la 776que incluía explícitamente al nasciturus. concluye que tal afirmación se apoya en una serie de escritos de algunas corporaciones. explicó que «ninguna de las dos fórmulas que aquí están en cuestión es una forma abortista». es en el Pleno del Congreso cuando un Diputado propone la vuelta a la vieja fórmula «todos tienen derecho a la vida» con una intención muy concreta: la de hacer posible que la protección jurídica se extendiera al nasciturus y con ello asegurar.º de la Constitución. que cualquier forma de aborto no fuera posible en el futuro. B) En el motivo segundo del recurso previo de inconstitucionalidad los recurrentes estiman conculcado por el Proyecto en cuestión el artículo 1. de tal modo que sólo a partir del instante en que se produce tal condición se perfecciona el derecho. colegios e instituciones privadas. el Abogado del Estado. y.
si se tiene en cuenta su letra y la práctica interpretativa por los países 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 13 . En segundo lugar manifiesta el Abogado del Estado que no encuentra la menor justificación al reproche de que el legislador ha invadido las competencias del orden judicial penal. que impiden entender existente un deber del Estado ante cualquier necesidad o ante cualquier medida que pueda entenderse que favorece a algún derecho o principio directivo. pues la norma cuestionada -diceno pretende interpretar el artículo 15 de la Constitución. si no es por la vía de privar a los órganos del poder judicial de las funciones constitucionalmente reservadas a ellos. lo cierto es que la cláusula del Estado social deja inevitablemente abiertas todas las soluciones al legislador. lo que entra dentro de sus atribuciones. la objeción de la demanda. proclamado asimismo en el artículo 1. entendiendo que la mera interpretación corresponde al Tribunal Constitucional. La función de los Jueces consiste en aplicar la Ley.Tribunal Constitucional ser una cláusula puramente habilitante a ser una cláusula vinculante. En cuanto al primer extremo. en relación con el 96. Tal cosa no sucede en el proyecto impugnado. Para el Abogado del Estado. sin hacer surgir para el Estado deberes que no tengan una expresa configuración positiva. que no realiza ninguna operación de sustracción. lo que sucede en la regulación positiva de la mayor parte de los países de nuestro entorno.2 de la Constitución. en la demanda no se tiene en cuenta para nada la posición de la madre embarazada. Y en cualquier caso. a su juicio. C) Entra a continuación el Abogado del Estado a analizar el motivo tercero de inconstitucionalidad alegado por los recurrentes. «juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado». ya que el llamado a definir las infracciones punibles es el legislador. En cualquier caso -añade-. admitir la hipótesis abstracta de que el legislador invada competencias judiciales.º de la Constitución. Recuerda finalmente el Abogado del Estado que este Tribunal Constitucional ha interpretado la cláusula del Estado social como un instrumento de aseguramiento real de los derechos existentes y reconocidos. impediría la promulgación de cualquier norma jurídica. el juicio sobre si un hecho debe o no conceptuarse como infracción punible queda reservado al juzgador. se basa la demanda no tanto en que el legislador ordinario haya interpretado mal el artículo 15 de la Constitución como en el hecho de que lo haya interpretado. Por otra parte -señala-. en los términos en que está formulada. aun constitucionalmente proclamado. Examina luego el Abogado del Estado la tesis de los demandantes de que el Proyecto impugnado viola también el principio del Estado de Derecho. Para el Abogado del Estado este planteamiento no es aceptable. Añade finalmente el Abogado del Estado que tampoco aparece justificada la afirmación de que la exigencia de un dictamen facultativo previo implique sustraer poderes al Juez. por cuanto siempre y ante cualquier mandato cabría inferir idéntica objeción. atribuyéndoselas a otros con distinta incardinación constitucional. ateniéndonos a los Convenios ratificados por España. En definitiva: no se duda de que la vida en gestación es un objetivo protegible. en el que se denuncia la violación del artículo 10. sino establecer unos supuestos de exención de responsabilidad penal. de modo que el legislador ha asumido competencias que la Ley Orgánica del mismo (LOTC) atribuye a este Tribunal. como medida de garantía y de certeza del presupuesto de hecho del precepto. en concreto. que no está sujeto a otro límite que al del imperio de la Ley. Y ello es así por cuanto la competencia del juzgador desde el punto de vista de sus poderes procesales no se reduce por efecto de una destipificación penal: en todo caso. según resulta de los artículos 62. de tal forma que sólo prohíbe una política unívoca y tendencialmente antisocial. sino que se limita a introducir una nueva regulación sustantiva en la legislación penal.2 y 25 de la Constitución.se preceptúa como un elemento más de la norma que excluye la sanción en ciertos casos de aborto. y el ordenamiento jurídico quedaría anulado si cada ciudadano pudiera exigir del Estado una determinada prestación invocando un principio rector de la política social que hubiera de favorecer sus intereses. ni se valoran en ninguna medida los derechos de la misma. y. por lo que no puede decirse que se viole el artículo 117 de la Norma Fundamental por el hecho de sustraer determinados supuestos de la lista de hechos tipificados como punibles. porque se llegaría a destruir el propio Estado de Derecho. la teoría de la división de poderes al invadir las funciones jurisdiccionales. tanto del Tribunal Constitucional como del orden judicial penal ordinario. Es difícil. Tal intervención -precisa.1 de la misma. pero tal conceptuación se ha efectuado con enormes cautelas y consignando fuertes límites. pero la determinación de los medios y de los límites en su aplicación debe ser dominio del legislador.
puesto que el precepto en el conjunto de sus apartados está obviamente contemplado a los hijos menores) a que se refiere el artículo 39 de la Constitución se encuentra indiscutiblemente ligada a la noción de persona. pese a no haberse argumentado nada en tal sentido.se desprende que la interpretación de los recurrentes carece de justificación. en la relación contenida en la demanda). las soluciones legislativas de la mayor parte de los Estados signatarios excluían la penalidad del aborto en términos incluso menos restrictivos que los que recoge hoy el proyecto impugnado. pese al sacrificio que ello supone del bien jurídico que es la vida en formación. Pero existe. La simple consideración de los supuestos de despenalización del aborto contemplados en la norma impugnada evidencia -dice. Del análisis de esos textos internacionales -«Declaración de Derechos Humanos» de 1948. la no punibilidad de la interrupción del embarazo no puede ser contraria a dicho precepto».Tribunal Constitucional signatarios. un hecho capital y es que ninguno de los tratados referidos en la demanda ha sido interpretado por ningún país signatario. D) Examina luego el Abogado del Estado el motivo de inconstitucionalidad denunciado por los recurrentes en el apartado cuarto de su escrito. finalmente.. tal hipótesis ha sido expresamente desestimada. con lo que difícilmente podría verse en el acto de suscripción y ratificación un entendimiento de su significado. en el sentido de estimar atentatorio al texto de aquéllos la despenalización del aborto. En su opinión. Estima el Abogado del Estado que. en el tercer supuesto de despenalización.la improcedencia de cualquier forma de consentimiento del varón. pues en todos se da una inequívoca identificación entre el derecho a la vida y su titularidad por la persona humana. También cita al Tribunal de Estrasburgo. Más aún: en la época en que España suscribió estos tratados. «Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales» de 1950 y «Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos» de 1966 (omitido. además. en el que sostienen que el Proyecto impugnado vulnera el artículo 39. el conflicto de derechos se sitúa exclusivamente entre el fruto de la concepción y la madre. en un caso en que se postulaba frente al Gobierno alemán la no punibilidad del aborto. se llega a una conclusión contraria a la que pretenden los demandantes. por cierto -dice-. ante el que se invocó el artículo 2. la defensa procesal de dicho Gobierno alegara que «no parecía que el artículo 2.º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. no se comprende que hayan de prolongarse las consecuencias del delito. En definitiva. Por otra parte.º del Tratado de Roma y que rechazó el argumento.2 y 4 de la Constitución. En el caso de aborto por indicación terapéutica.º de la Convención de Derechos Humanos no se refiere al embrión. Al respecto cita el Abogado del Estado la Sentencia del Tribunal Constitucional austríaco de 11 de octubre de 1974. si la posibilidad del aborto en determinados casos se basa en la no exigibilidad de otra conducta por parte de la madre. agravando la situación de la embarazada al requerir el consentimiento del propio violador. debe destacarse el total olvido que en la demanda se hace de la distinta posición de la mujer embarazada y del varón progenitor. y en cuanto genera desigualdades respecto de los hijos nacidos. destacando sobre todo la compatibilidad de la Ley impugnada con el artículo 2. y añade que más significativo es aún el que. con mayor 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 14 . cabe inferir un criterio interpretativo de los tratados internacionales como excluyente de la posibilidad de despenalizar el aborto. ni de su proyección aplicativa.º de la Convención fuera aplicable a la vida en formación». añade que la protección de los hijos (o niños. la demanda apunta a la igualdad de derechos y deberes del marido y de la mujer según el Código Civil. ni por Organismo supranacional. toda esta argumentación parte de considerar las expresiones «hijos» o «niños» como comprensivas del concebido y no nacido. en el caso de indicación ética. no eliminaría la aflicción o penosidad del hecho para la madre. que no hubiera sido objeto de debates públicos al tiempo de la elaboración de la Convención». En definitiva -concluye el Abogado del Estado-. diverso del aceptado y aplicado en la mayoría de los países signatarios. concluye el Abogado del Estado que ni de los textos internacionales. el compromiso del padre de soportar los cuidados y gastos del nasciturus. Señala el Abogado del Estado que la argumentación de este motivo discurre por un doble cauce: en cuanto el Proyecto impide al padre su intervención para otorgar el consentimiento del aborto.. aunque de ello no infiere ninguna lesión del artículo 14 de la Constitución. en la que se razona que «si la regulación del artículo 2. Y si en algunas decisiones de Tribunales extranjeros se hace referencia a los Acuerdos y Tratados internacionales como posible obstáculo a la Ley de despenalización del aborto. el cual ha declarado en uno de sus informes que «nada prueba que las partes signatarias de la Convención hubieran querido comprometerse por tal o cual solución debatida . y la decisión del Consejo Constitucional francés.
a su intimidad.. y que la valoración de estos intereses y el señalamiento de los correspondientes límites es tarea primordial del legislador. Luego. El derecho a la vida de la madre. pues la misma diferenciación del tipo penal respecto del homicidio y el infanticidio hacen innecesarias mayores demostraciones. parte de unas premisas generales que merecen unas consideraciones previas: 1. en su caso. a la salud. El Abogado del Estado contesta en forma global a ambos apartados. en primer lugar.ª Desatención absoluta de los derechos de la madre ante la situación del embarazo. y. Señala. a su juicio. ni puede dejar de ser por tanto una categoría jurídica.ª Remisión de las funciones de tipificación penal a los Tribunales.Tribunal Constitucional razón prevalecerá aquella no exigibilidad frente a los eventuales derechos del padre. Esta argumentación -señala el Abogado del Estado-. También la demanda parece rechazar la existencia de conflicto entre bienes jurídicos. bajo la apariencia de una actitud «judicialista» se esconde en la demanda un puro y simple rechazo de la norma. sino enjuiciar los enunciados de ésta bajo la perspectiva del texto constitucional. que no tiene por misión -dice. De todos ellos. que sólo se sostiene sobre la base de una total equiparación entre el feto y la persona nacida. E) y F) Como quinto motivo de inconstitucionalidad señalaban los recurrentes la vulneración del artículo 53 de la Constitución. un significado instrumental y supeditado a dicho bien jurídico.no puede renunciar a regular la vida social con sus características de generalidad y abstracción. Pero la Ley -manifiesta el Abogado del Estado. etc. 4.ª Equiparación absoluta del feto con la persona nacida. y si el Juez declara la culpabilidad. por cauces ajenos al objeto del presente proceso. en el tratamiento impugnatorio del precepto en cuestión. procedían a analizar las «indicaciones» contempladas en el proyectado artículo 417 bis del Código Penal. Que la norma penal defina la culpabilidad de una u otra forma. En esencia parece sostenerse en la demanda que los supuestos de despenalización del aborto podían muy bien incluirse en los casos de exención de responsabilidad criminal por estado de necesidad. olvida además que no existen derechos ilimitados -el propio derecho a la vida cede legítimamente ante la propia defensa de la persona y de los bienes-. tampoco en el texto penal vigente ni en la larga serie de los que le han precedido. Hechas estas consideraciones previas.asumir la responsabilidad de los resultados de la Ley. y ésta. es la llamada a definir la culpabilidad a los efectos de integrar el tipo. que la demanda. pasa el Abogado del Estado a examinar la impugnación concreta del precepto en cuestión. que sólo asumirían. porque una definición jurídica del acto violatorio tiene que basarse exclusivamente en la noción de norma jurídica. En algunos pasajes de la demanda -recuerda el Abogado del Estado. o incluya el mandato en la parte general de un texto o en la regulación concreta de una figura penal es algo que compete exclusivamente al legislador.se expresa el temor de que la despenalización de los casos de aborto contenidos en el artículo 417 bis del Código Penal constituyen un portillo abierto al aborto libre. y a este respecto recuerda que el proyectado artículo 417 bis del Código Penal exime de penalidad al aborto si se practica por un médico con el consentimiento de la 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 15 . afirmando que la vida constituye un valor absoluto. bajo la rúbrica de «motivo sexto». Esta argumentación discurre. al honor. merece una especial consideración el derecho a la intimidad. no susceptible de limitación y ante el que deben ceder todos los demás derechos por presuponer todos y cada uno de ellos el derecho a la vida. que no tiene fundamento alguno en la Constitución. en cuanto a las garantías del derecho fundamental a la vida. que todo derecho puede entrar en conflicto con otros derechos e intereses. y menos aún en una disciplina para la que el principio de legalidad constituye un instrumento de su propio ser. Por ello. y sólo ésta. al desarrollo de su personalidad. cuando esta situación viene caracterizada precisamente por una confluencia de derechos tan intensa que no encuentra parangón en ningún otro supuesto contemplado en el ordenamiento. 3. La culpabilidad como elemento conceptual de la propia noción de delito no puede ser extraña al legislador.ª Rechazo de la norma por los riesgos potenciales de su propio incumplimiento. estará inevitablemente aplicando la norma. 2. a mayor abundamiento. son aspectos que no pueden dejarse de lado so pena de asumir una visión parcial y por ende inexacta del problema.
sobre todo porque el proyecto no contiene previsión alguna sobre las consecuencias que la 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 16 .tiene derecho a valorar qué conductas merecen castigo y cuáles no en su función ordenadora de la convivencia.va más dirigido contra el potencial abuso de la Ley que contra la Ley misma. Por otra parte. el Abogado del Estado pone de manifiesto que para los demandantes la indicación ética entraña una violación del artículo 15 de la Constitución al hacer prevalecer -dicen. y menos aún demuestra su inconstitucionalidad. razonamiento que. de ser congruente consigo mismo. el Abogado del Estado se remite a las consideraciones que hizo anteriormente. además de cesar el supuesto de no punibilidad previsto en el proyecto. que no se justifica en un recurso de inconstitucionalidad. pues forzar a la mujer embarazada por consecuencia de un delito a vivir perpetuamente vinculada a un hecho indeseado e indeseable es exigir más de lo que es esperable de la conducta humana normal.haya de presentar graves taras físicas o psíquicas. dentro de un marco valorativo. El legislador -dice. no excluye la razón de ser del precepto. precepto -señala el Abogado del Estado. puesto que el que la norma haya de tener una aplicación más o menos frecuente no elimina el problema en los casos en que aparezca.Tribunal Constitucional mujer cuando concurra alguna de las circunstancias que se expresan a continuación. que aun en caso de grave peligro para la salud de la madre la interrupción del embarazo deba dar lugar a sanciones para ésta. en el que se alude a supuestas «ambigüedades constitucionales» del proyectado artículo 417 bis del Código Penal. sino que tienen su plasmación positiva en la vigente legislación penal.tiene una evidente conexión con el supuesto del artículo 417 bis.el derecho al honor sobre el derecho a la vida. razonamiento -dice el Abogado del Estado. se trata de no exigir a quien psicológicamente no pueda soportarlo un embarazo cuyo fruto -con la certeza que ofrecen las modernas técnicas. dentro de la «indicación terapéutica». La indicación eugenésica -añade. señala la conveniencia de traer a colación. o a través de cualquier confabulación se hiciere abuso de la norma. En cuanto al caso de conflicto con la salud. sujetándose a la más leve de las penas privativas de libertad. es sostenida por la doctrina más moderna como causa de exención de responsabilidad. G) Por último. Para el caso de conflicto entre la vida de la madre y la del nasciturus. estos planteamientos no constituyen ninguna originalidad novedosa de doctrina penalista. si se prescinde del juicio moral y de las medidas que podrían coadyuvar a evitar el aborto en tales casos. primero. Además -añade-.3 de la Constitución. por otra parte. Finalmente.que. los recurrentes señalan. Por consiguiente. que cabe la eximente de estado de necesidad. las divergencias de los recurrentes con la Ley en este punto vienen a quedar reducidas a una modesta diferenciación de matiz técnico. en primer término. argumento que no resulta atendible si se tiene en cuenta que en el caso de que la denuncia de violación se revelare falsa. una consideración del artículo 414 del Código Penal vigente muestra que el aborto llamado honoris causa ha merecido un tratamiento singular en todas las leyes penales. a juicio del Abogado del Estado. esto es. señala el Abogado del Estado que. Por lo que se refiere a la «indicación ética». Es sobre todo la inexigibilidad de otra conducta. existiría un delito independiente. mal se puede reprochar la destipificación del delito cuando entran en consideración otros derechos confluentes que revelan un conflicto más grave. ni siquiera la demanda contiene una afirmación contraria al espíritu de la Ley. si para la protección del derecho al honor se minimiza la pena hasta ese grado. a continuación alegan que la exención comprende «casos excepcionales cada vez menos frecuentes» y que hoy existen medios para lograr salvar la vida de la madre y la del hijo.que se refiere en todo caso a la acción asistencial del Estado y que no está pensando en los concebidos y sobre todo no contempla los graves conflictos de derechos que surgen en los casos comprendidos en el proyectado artículo 417 bis del Código Penal. la doctrina de la «conducta no exigible» que. En definitiva -concluye-. El argumento -dice. recuerda el Abogado del Estado que la demanda se limita también a formular reservas de tipo técnico. como los propios demandantes reconocen. En efecto. considera el Abogado del Estado el motivo séptimo del recurso. que se estima violan el principio de seguridad jurídica reconocido en el artículo 9. En cuanto a la «indicación eugenésica». los recurrentes denuncian como vulnerado el artículo 49 de la Constitución. debiera haber hecho prescindir de la impugnación. a lo que contraargumenta que no es la consideración del derecho al honor de la madre la única motivación que está en la raíz de la indicación. Una vez concluido el examen de los supuestos de no punibilidad del aborto.
La Ley 30/1979.ª La práctica médica no exige la secuencia de ningún proceso administrativo.ª Ya fue objeto de consideración esta objeción. «el peligro que implica el aborto para la vida y la salud de la madre». en caso contrario. no puede negarse que este riesgo es el que la norma trata de conjurar en la primera de las indicaciones. como ha recordado ya este Tribunal. 10. 2. el Abogado del Estado pasa a comentar así las mencionadas «circunstancias». pero no tienen que ver con el principio de seguridad jurídica. como motivo sustantivo de impugnación. dispone la habilitación de un plazo de diez días para que toda esta documentación pueda ser conocida por las partes y puedan alegar con relación a ella y dentro del indicado plazo lo que estimaren conveniente a su derecho. de 27 de octubre. las observaciones formuladas atienden a problemas más o menos teóricos de integración o interpretación jurídica. al no discutirse su legalidad formal o su certeza material.ª No se señala por qué la intervención del Ministerio Fiscal ha de ser preceptiva.ª No es objetable la norma porque su presupuesto de hecho constituya un juicio de probabilidad. que no es misión del Código Penal resolver. 6. el delito habrá de ser denunciado. Habiéndose recibido del Congreso de los Diputados los diarios de sesiones del Pleno del mismo correspondientes a la segunda legislatura. en cuanto a la circunstancia invocada en el motivo cuarto del escrito de ampliación. en el que se incluía el artículo 417 bis. la demanda se resuelve en un enunciado casuístico de «circunstancias». 7. 9. en primer lugar. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 17 .ª Por lo que se refiere a la expresión peligro grave para la salud. Por otra parte -añade-. El señor Ruiz Gallardón. Finalmente. o. 3. 11. Señala al respecto. no puede erigirse en parámetro de validez del proyecto impugnado.Tribunal Constitucional modificación por él introducida supone en otros campos jurídicos. resulta de improcedente planteamiento por las partes. 4. en su caso. 5. bien de la propia norma.ª No se desprende del proyecto obligación específica para los facultativos. así como el «Diario de Sesiones de la Comisión de Justicia Interior». y al Juez le compete perseguirlo si llega a demostrarse su existencia. por providencia de 22 de febrero de 1984. en escrito de 7 de marzo de 1984. incompleto. No obstante. proceder por simulación de delito contra la persona que hubiere fingido su comisión.ª En cuanto a la violación. y la aplicación o interpretación del concepto está confiada a los órganos encargados de juzgar sobre el derecho. 8. sino que recaba del Tribunal Constitucional una sentencia interpretativa. que. pero no funda en ellas ninguna objeción directa de inconstitucionalidad. todo ello referido al proyecto impugnado. y del Ministerio de Justicia el expediente de elaboración del anteproyecto de la Ley Orgánica de reforma urgente y parcial del Código Penal. en su opinión. esto es. dirigidas a los siguientes puntos: A) El expediente remitido es.ª El régimen de la Seguridad Social respecto al aborto es cuestión ajena al recurso. 1. el concepto de salud es un término empleado en la Constitución. y en otro caso no sería distinto del de cualquier persona ante una intervención quirúrgica. petición que. formula en el indicado plazo sus alegaciones. bien de ésta en su relación con otros preceptos del ordenamiento jurídico. sobre extracción y trasplante de órganos.ª Se trata de una cuestión de Derecho civil. por lo que resulta ocioso preguntarse sobre la objeción de conciencia. a su juicio. este Tribunal Constitucional. 4. en la representación que le corresponde en el presente proceso. como el objeto de un derecho protegible.
presuntamente parcial. plazo que se amplió por providencia del día 28 hasta el máximo permitido por el artículo 34. En dicha votación obtuvo mayoría el texto alternativo mencionado. el Abogado del Estado. cuya conformidad a la Constitución ya ha razonado en su momento. manifiesta que. sobre la doctrina. C) La documentación es. así como una proposición de prueba pericial. resuelve. después de dar traslado al Abogado del Estado del escrito y documentos aportados por plazo de cinco días. Por otra parte. en el plazo de alegaciones.2 de la LOTC. la jurisprudencia y el derecho comparado. desde el punto de vista de la constitucionalidad del proyecto ofrece escasa utilidad. pública y privada. En relación con las peticiones formuladas por la parte recurrente sobre recibimiento y proposición de prueba. en atención a lo cual el ponente señor Arozamena solicitó del Presidente que le dispensara de la redacción de la Sentencia. II. y el texto alternativo redactado por los Magistrados doña Gloria Begué Cantón y don Rafael Gómez-Ferrer Morant. cuando el derecho de operar con diferentes técnicas de exención de responsabilidad para estos mismos supuestos. el de ampliación y el presentado el 7 de marzo último a que acaba de hacerse referencia en el anterior antecedente. añade que los estudios previos tenidos en cuenta para la valoración del anteproyecto muestran una cuidadosa consideración de los distintos aspectos que inciden en las cuestiones contempladas. Se trata de un caso límite en el ámbito del Derecho. como una de las 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 18 . 6. y en segundo término. culturales y sociales. 7. documentación toda ella posterior a febrero de 1983. por Auto de 9 de abril de 1984. por tratarse de un tema en cuya consideración inciden con más profundidad que en ningún otro ideas. El objeto del recurso que debe ser decidido por la presente Sentencia es determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del Proyecto de Ley Orgánica que introduce el artículo 417 bis en el Código Penal. así como datos sociológicos e información de prensa. y que estos estudios y trabajos no tienen otra significación que la de elementos de reflexión y análisis previos a una decisión legislativa. porque el vínculo natural del nasciturus con la madre fundamenta una relación de especial naturaleza de la que no hay paralelo en ningún otro comportamiento social. Al mismo tiempo hace una proposición de prueba que califica de documental. integrada por cuatro gruesos volúmenes conteniendo información sobre el ordenamiento jurídico español en la materia. creencias y convicciones morales. en su opinión. el Pleno del Tribunal señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia el día 26 del mismo mes. poco se podría añadir a las alegaciones formuladas en su momento: los debates parlamentarios revelan una evidente discrepancia política sobre el contenido del proyecto de reforma. si desde el punto de vista político técnico la cuestión presenta gran interés. A juicio del Abogado del Estado. en primer lugar. admitir como prueba documental la constituida por los documentos aportados con el escrito de interposición del recurso. El Tribunal no puede menos de tener en cuenta. Por Decreto de la misma fecha el Presidente accedió a lo solicitado y nombró ponentes para dicho acto a los Magistrados señora Begué y señor Gómez-Ferrer.Tribunal Constitucional B) El Ministerio de Justicia ha remitido una inabarcable documentación que considera improcedente. don Jerónimo Arozamena Sierra. por lo que se declara no punible el aborto en determinados supuestos. y acuerda denegar el resto de las peticiones que sobre prueba y el contenido del expediente se hacían en el escrito presentado por el señor Ruiz Gallardón como comisionado de los recurrentes. Por providencia de 21 de marzo de 1985. 5. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. este Tribunal. En la sesión del Pleno de 11 de abril de 1985 se sometió a votación conjunta la ponencia formulada por el ponente inicialmente nombrado. Por su parte. un análisis de las críticas al mismo evidencian no tanto el propósito o la convicción sobre la necesidad de someter a penas aflictivas a quienes incidan en los tipos que se despenalizan. por lo que no pudo ser tenida en cuenta por el Ministerio para la elaboración del anteproyecto. a la vista de la documentación recibida del Congreso de los Diputados y del Ministerio de Justicia.
2 y 4. 39. cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1. reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el artículo 15 de la Constitución.1 y 3 de la Constitución. Que el embarazo sea consecuencia de un hecho constitutivo de delito de violación del artículo 429. 3. reconocido en el artículo 10 como germen o núcleo de unos derechos «que le son inherentes». ya que otra cosa sería contradictoria con la imparcialidad y objetividad de juicio inherente a la función jurisdiccional. El Abogado del Estado. Los razonamientos de ambas partes han quedado resumidos en los antecedentes primero. con el consentimiento de la mujer. 10. es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida humana.» Los recurrentes consideran este proyecto inconstitucional por estimar que vulnera los artículos 1. por lo que sería redundante hacerlo aquí. 3.y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia posible. 9.3. y el artículo 15 a la cabeza del capítulo donde se concretan estos derechos. por lo que procede comenzar por hacer unas consideraciones generales sobre la trascendencia del reconocimiento del derecho a la vida dentro del ordenamiento constitucional. ajenos a los del análisis jurídico. Que sea probable que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas. Que sea necesario para evitar un grave peligro para la vida o la salud de la embarazada. siempre que el aborto se practique dentro de las veintidós primeras semanas de gestación y que el pronóstico desfavorable conste en un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos del que intervenga a la embarazada.2. El proyecto de reforma del Código Penal al que hacemos referencia en el fundamento anterior dice así: «Artículo único. En este sentido. 15. considera que el Proyecto no es inconstitucional. La relevancia y la significación superior de uno y otro valor y de los derechos que los encarnan se manifiesta en su colocación del título destinado a tratar de los derechos y deberes fundamentales. 49 y 51. El problema nuclear en torno al cual giran las cuestiones planteadas en el presente recurso es el alcance de la protección constitucional del nasciturus. que no puede atenerse a criterios y pautas. 2. incluidas las propias convicciones. algunas referencias al ámbito. con carácter previo. pero ha de hacer abstracción de todo elemento o patrón de enjuiciamiento que no sea el estrictamente jurídico. 4. como el prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos. consideraciones que iremos precisando a medida que lo requiera el desarrollo de nuestra argumentación. significación y función de los derechos fundamentales en el constitucionalismo de nuestro tiempo inspirado en el Estado social de Derecho. 2. segundo y tercero de esta Sentencia.1. lo que muestra que dentro del sistema constitucional son considerados como el punto de arranque.que los derechos fundamentales no 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 19 .El artículo 417 bis del Código Penal queda redactado de la siguiente manera: El aborto no será punible si se practica por un médico. Dicho derecho a la vida. Indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona. la peculiaridad de la relación entre la madre y el nasciturus a la que antes hemos hecho mención. la doctrina ha puesto de manifiesto -en coherencia con los contenidos y estructuras de los ordenamientos positivos. por su parte. Es también pertinente hacer.Tribunal Constitucional ideas subyacentes a su razonamiento. siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas de gestación y que el mencionado hecho hubiere sido denunciado.
Pero. esto es. Y previamente al nacimiento tiene especial trascendencia el momento a partir del cual el nasciturus es ya susceptible de vida independiente de la madre. Esta conclusión resulta también de los debates parlamentarios en torno a la elaboración del mencionado artículo del texto constitucional.1 y 4.garantizado en el artículo 15 de la Constitución. y garantías institucionales. ha de informar el conjunto de la organización jurídica y política. 20. quien recibe de los derechos fundamentales «los impulsos y líneas directivas». por lo que ha de concluirse que la vida del nasciturus. por decisión del constituyente. sino también en virtud de los diversos criterios mantenidos por los especialistas dentro de cada uno de los puntos de vista considerados. en fin. sino también deberes positivos por parte de éste (vide al respecto arts. ya que significa el paso de la vida albergada en el seno materno a la vida albergada en la sociedad. etc. que. Sin embargo. tanto del conjunto del orden jurídico objetivo como de cada una de las ramas que lo integran.2. Por consiguiente. en cuanto éste encarna un valor fundamental -la vida humana. de adquirir plena individualidad humana. es un continuo sometido por efectos del tiempo a cambios cualitativos de naturaleza somática y psíquica que tienen un reflejo en el status jurídico público y privado del sujeto vital. b) Que la gestación ha generado un tertium existencialmente distinto de la madre. Ello obliga especialmente al legislador. El artículo 15 de la Constitución establece que «todos tienen derecho a la vida». sino que ha de ser asumida también por el Estado. en el curso de la cual una realidad biológica va tomando corpórea y sensitivamente configuración humana. 18.3 y 27 de la Constitución). 5. el «fundamento del orden jurídico y de la paz social». médica. De las consideraciones anteriores se deduce que si la Constitución protege la vida con la relevancia a que antes se ha hecho mención. aun cuando no exista una pretensión subjetiva por parte del ciudadano. ética. como dice el artículo 10 de la Constitución. además. bien que con distintas especificaciones y modalidades a lo largo del curso vital. La vida es un concepto indeterminado sobre el que se han dado respuestas plurívocas no sólo en razón de las distintas perspectivas (genética. y de los valores que representan. y en cuya evaluación y discusión no podemos ni tenemos que entrar aquí. 9. De la significación y finalidades de estos derechos dentro del orden constitucional se desprende que la garantía de su vigencia no puede limitarse a la posibilidad del ejercicio de pretensiones por parte de los individuos. no puede desprotegerla en aquella etapa de su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno. constituye un bien jurídico cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional.). de la obligación del sometimiento de todos los poderes a la Constitución no solamente se deduce la obligación negativa del Estado de no lesionar la esfera individual o institucional protegida por los derechos fundamentales. los derechos fundamentales son los componentes estructurales básicos. tiene particular relevancia el nacimiento. aunque alojado en el seno de ésta. y que termina en la muerte. sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma. En el Pleno del Congreso fue defendida una enmienda -aprobada por mayoría. sino también la obligación positiva de contribuir a la efectividad de tales derechos. obligación que adquiere especial relevancia allí donde un derecho o valor fundamental quedaría vacío de no establecerse los supuestos para su defensa. en razón de que son la expresión jurídica de un sistema de valores. c) Que dentro de los cambios cualitativos en el desarrollo del proceso vital y partiendo del supuesto de que la vida es una realidad desde el inicio de la gestación.4. cuya cercanía en el tiempo justifica su utilización como elemento interpretativo. un proceso que comienza con la gestación. Desde el punto de vista de la cuestión planteada basta con precisar: a) Que la vida humana es un devenir. son.que proponía utilizar el término «todos» en sustitución de la expresión «todas las personas» -introducida en el seno de la Constitución para modificar la primitiva redacción del precepto en el 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 20 . 17. teológica. no es posible resolver constitucionalmente el presente recurso sin partir de una noción de la vida que sirva de base para determinar el alcance del mencionado precepto.Tribunal Constitucional incluyen solamente derechos subjetivos de defensa de los individuos frente al Estado.
sino también de la interpretación sistemática de la Constitución. por otra parte. poniendo de manifiesto por lo que se refiere a la expresión everyone o toute persone de los textos auténticos que. la Comisión se planteó en que sentido puede interpretarse el artículo 2. 7. como señaló el defensor de la enmienda. aun cuando no aparece definida en el Convenio. de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España.y en el artículo 2. La interpretación sistemática de éste ha de hacerse. En definitiva. a que remite el artículo 10. y ello es lo decisivo para la cuestión objeto del presente recurso. en su decisión de 13 de mayo de 1980. lo cierto es que la versión auténtica francesa utiliza expresamente el término «persona» en el artículo 6.2 de la Constitución para la interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades en ella reconocidos. 9 y 17). ninguno en contra y dos abstenciones. fundamento suficiente en apoyo de su tesis. constituía una fórmula abierta que se estimaba suficiente para basar en ella la defensa del nasciturus. pero estiman que de ello no puede concluirse que ese mismo significado haya de atribuirse a dicho término en el artículo 15. 39 y 49).º del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. limitándose a excluir.1. pero. durante los debates por lo que se refiere a la extensión de la titularidad del derecho.º en cuestión en relación con el feto. al examinar el término «vida». los mismos recurrentes reconocen que la palabra «todos» utilizada en otros preceptos constitucionales (arts. jcos. La ambigüedad del término «todos» en la expresión «todos tienen derecho a la vida» no fue despejada. 1. aunque no llegó a pronunciarse en términos precisos sobre tal extremo por estimar que no era necesario para decidir sobre el supuesto planteado (indicación médica para proteger la vida y la salud de la madre). a su juicio. debemos afirmar que la vida del nasciturus. 28. que con la palabra «persona» se entendiera incorporado el concepto de la misma elaborado en otras disciplinas jurídicas específicas. 14. los argumentos aducidos por los recurrentes no se pueden estimarse para fundamentar la tesis de que al nasciturus le corresponda también la titularidad del derecho a la vida. 27. la comisión Europea de Derechos Humanos. Por lo que se refiere a la primera. así como de los tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. El precepto fue aprobado posteriormente en el Senado por 162 votos a favor. Y si bien el Tribunal de Derechos Humanos no ha tenido ocasión de pronunciarse sobre este extremo.º del Convenio en el asunto 8416/1979. de otra forma. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 21 . En definitiva. de las posibles interpretaciones. 10. sin embargo. Pero los mismos términos generales en que esta argumentación se desarrolla y la misma vaguedad de la conclusión a que llegan los recurrentes la convierten en irrelevancia por lo que se refiere a la cuestión concreta planteada de la titularidad del derecho a la vida que pueda corresponder al nasciturus. del artículo 15. 6. podría entenderse asumido por la Constitución. como la civil y la penal. la de que el feto pudiera tener un «derecho a la vida» de carácter absoluto (FFJJ-17 a 23). 35 y 47) hace referencia a los nacidos. Los recurrentes pretenden deducir tal titularidad no sólo de los mencionados debates parlamentarios acerca de la inclusión del nasciturus en el término «todos». es un bien jurídico constitucionalmente protegido por el artículo 15 de Nuestra Norma fundamental. 29. de acuerdo con lo argumentado en los fundamentos jurídicos anteriores de esta Sentencia. aun cuando no permite afirmar que sea titular del derecho fundamental.º lleva a sostener que se refiere a las personas ya nacidas y no es aplicable al nasciturus (Ftos. asimismo. como se deduce del contexto y del alcance del derecho que regulan. que. pero en cualquier caso. la utilización que de dicha expresión se hace en el mismo y en el contexto dentro del cual se emplea en el mencionado artículo 2. No existe. sin embargo.Tribunal Constitucional Anteproyecto por estimar que era «técnicamente más correcta». el sentido objetivo del debate parlamentario corrobora que el nasciturus está protegido por el artículo 15 de la Constitución.con la finalidad de incluir al nasciturus y de evitar. en su función relativa a la admisión de demandas. En cuanto a la interpretación del artículo 15.º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -al igual que lo hace la versión auténtica española. sí lo ha hecho en relación con el artículo 2. en relación con otros preceptos constitucionales (arts. en todo caso.
dentro de los límites impuestos por la existencia de otros derechos y bienes asimismo reconocidos por la Constitución. y la de establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que. Del sentido de estos preceptos puede deducirse que la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona. mediante la cual excluya la punibilidad de forma específica para ciertos delitos.Tribunal Constitucional Partiendo de las consideraciones efectuadas en el FJ-4. nuestra Constitución ha elevado también a valor jurídico fundamental la dignidad de la persona. pues. Por una parte. que. en una situación que no tiene parangón con otra alguna. como veremos posteriormente. El legislador parte de una normativa preconstitucional que utiliza la técnica penal como forma de protección de la vida del nasciturus (arts. la de examinar si el legislador puede excluir en supuestos determinados la vida del nasciturus de la protección penal. pues. Se trata de graves conflictos de características singulares. 411 y ss. 9. ciñéndonos estrictamente a la cuestión planteada por los recurrentes. Las consideraciones anteriores nos permiten entrar a examinar el Proyecto objeto del presente recurso para enjuiciar la presunta inconstitucionalidad de los supuestos de declaración de no punibilidad del aborto en él contenidos. en determinados supuestos puede y aun debe estar sujeta a limitaciones. dada la especial relación del feto respecto de la madre. las normas penales. 16). normativa que no revisa con carácter general. La respuesta a esta cuestión ha de ser afirmativa. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. así como la confluencia de bienes y derechos constitucionales en juego.º del Código Penal tienen una aplicación general respecto de los delitos sancionados en este Código. que no ha sido puesta en duda en el presente recurso. y de la que es posible deducir que -en principio y con los límites que le son inherentes. esta protección que la Constitución dispensa al nasciturus implica para el Estado con carácter general dos obligaciones: la de abstenerse de interrumpir o de obstaculizar el proceso natural de gestación. al honor. 8. del Código Penal). como bien constitucionalmente protegidos. entra en colisión con derechos relativos a valores constitucionales de muy relevante significación. sin perjuicio de los derechos que le son inherentes. derechos que el Estado debe respetar y a cuya efectividad debe contribuir. 15). que no pueden contemplarse tan sólo 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 22 . como la vida y la dignidad de la mujer. en su caso. hemos de considerar si le está constitucionalmente permitido al legislador utilizar una técnica diferente. 18. Pero. las causas de exención de la responsabilidad establecidas en el artículo 8. el legislador puede tomar en consideración situaciones características de conflicto que afectan de una manera específica a un ámbito determinado de prohibiciones penales. aducida por los recurrentes. Junto al valor de la vida humana y sustancialmente relacionado con la dimensión moral de ésta. como última garantía. que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respecto por parte de los demás. incluya también.también pueden regir. ética o eugenésica (FJ-2). respecto del delito de aborto (arts. pero cuando el intérprete constitucional trata de concretar este principio no puede ignorar el hecho obvio de la especialidad de la condición femenina y la concreción de los mencionados derechos en el ámbito de la maternidad. se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. La cuestión que se suscita es. dado el carácter fundamental de la vida. En primer lugar. a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. que responden a las denominadas indicaciones terapéuticas.1). 411 a 417 del Código Penal). La dignidad está reconocida a todas las personas con carácter general. como sucede en relación con todos los bienes y derechos constitucionalmente reconocidos. Tal es el caso de los supuestos en los cuales la vida del nasciturus. Ello no significa que dicha protección haya de revestir carácter absoluto. a la libertad de ideas y creencias (art. limitándose a declarar no punible el aborto en determinados supuestos.
El Tribunal no puede compartir esta alegación de los recurrentes. a juicio de este Tribunal. ni a los derechos de la mujer puedan tener primacía absoluta sobre la vida del nasciturus.3 de la Constitución. Por otra parte. el legislador no puede emplear la máxima constricción -la sanción penal. En especial.Tribunal Constitucional desde la perspectiva de los derechos de la mujer o desde la protección de la vida del nasciturus. dada de alguno de los términos que éste utiliza. basada en la imprecisión de los términos. pero existen situaciones singulares o excepcionales en las que castigar penalmente el incumplimiento de la Ley resultaría totalmente inadecuado. como se deduce con toda evidencia de los debates parlamentarios. precisando las condiciones y requisitos en que podría admitirse la prevalencia de uno de ellos. Finalmente. el término grave expresa.para imponer en estos casos la conducta que normalmente sería exigible pero que no lo es en ciertos supuestos concretos. el término «necesario» -que se utiliza en el número 1 del artículo 417 bis del Código Penal en la redacción del Proyecto. 11. en cuanto al número 3 del mencionado artículo. el término salud se refiere a la salud física o psíquica. como apunta el Abogado del Estado. y responde. dado que dicha prevalencia supone la desaparición. en su caso. ello no los transforma en conceptos incompatibles con la seguridad jurídica. sin perjuicio de que. sino que encarna un valor central del ordenamiento constitucional. de un lado. ya que son susceptibles de definiciones acordes con el sentido idiomático general que eliminan el temor de una absoluta indeterminación en cuanto a su interpretación. el legislador. el término «grave» expresa con claridad la idea de que ha de tratarse de un peligro de disminución importante de la salud y con permanencia en el tiempo. en general. Por otra parte.sólo puede interpretarse en el sentido de que se produce una colisión entre la vida del nasciturus y la vida o salud de la embarazada que no puede solucionarse de ninguna otra forma. siga subsistiendo el deber de protección del Estado respecto del bien jurídico en otros ámbitos. Los recurrentes alegan que no puede conocerse el alcance de los supuestos previstos por el legislador. en caso contrario. Por ello. a la presumible prudencia de los dictámenes médicos en los que los términos absolutos de seguridad o certeza suelen quedar excluidos. puede también renunciar a la sanción penal de una conducta que objetivamente pudiera representar una carga insoportable. vulnera el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 9. a una mayor precisión en el supuesto de hecho. en la medida en que no puede afirmarse de ninguno de ellos su carácter absoluto. Las Leyes humanas contienen patrones de conducta en los que. a su juicio. en todo caso. pues aun cuando tales términos puedan contener un margen de apreciación. Ni está puede prevalecer incondicionalmente frente a aquéllos. el intérprete constitucional se ve obligado a ponderar los bienes y derechos en función del supuesto planteado. el término «probable» expresa la idea razonable presunción de verdad. de un bien no sólo constitucionalmente protegido. Una vez analizada la objeción de indeterminación de los supuestos alegada por los recurrentes. tratando de armonizarlos si ello es posible o. todo ello según los conocimientos de la ciencia médica en cada momento. En efecto. Por otra parte. su permanencia en el tiempo. encajan los casos normales. lo que. sin que en este caso la sustitución de un concepto jurídico indeterminado por otro pudiera contribuir. que ha de tener siempre presente la razonable exigibilidad de una conducta y la proporcionalidad de la pena en caso de incumplimiento. y en relación con el supuesto de grave peligro para la salud. la importancia y profundidad de la tara y. de otro. es preciso examinar la constitucionalidad de cada una de las indicaciones o supuestos de hechos en que el proyecto declara no punible la interrupción del estado de embarazo. a) El número 1 contiene en realidad dos indicaciones que es necesario distinguir: el grave peligro 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 23 . 10.
que incluye verdaderos casos límite se encuentra en al consideración de que el recurso a la sanción penal entrañaría la imposición de una conducta que excede de la que normalmente es exigible a la madre y a la familia. y especialmente la madre. resulta constitucional la prevalencia de la vida de la madre. En efecto. «De los derechos y deberes fundamentales». se protegería más a la vida del no nacido que a la vida del nacido. y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso y obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser. en la medida en que se avance en la ejecución de la política preventiva y en la generalización e intensidad de las prestaciones asistenciales que son inherentes al Estado Social (en la línea iniciada por la Ley de 7 de abril de 1982 (RCL 1982\1051). entendemos que este supuesto no es inconstitucional. 12. viene a delimitar el ámbito de la protección penal del nasciturus. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible. y a eliminar la inseguridad que inevitablemente ha de angustiar a los padres a cerca de la suerte del afectado por la grave tara en el caso de que les sobreviva. b) En cuanto a la indicación prevista en el número 2 -que el embarazo sea consecuencia de un delito de violación y siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas. En este supuesto es de observar que si la vida del nasciturus se protegiera incondicionalmente. Desde el punto de vista constitucional. El fundamento de este supuesto. lo que descartan también los recurrentes. que incluye a los disminuidos profundos. «De los principios rectores de la política social y económica». por consiguiente. Sobre esta base y las consideraciones que antes hemos efectuados en relación a la exigibilidad de la conducta. a la propia imagen y a la intimidad personal.y la protección de la vida del nasciturus comprendida en el artículo 15 de la Constitución. sino realizando venciendo su resistencia por la violencia. hemos de poner de manifiesto la conexión que existe entre el desarrollo del artículo 49 de la Constitución -incluido en el capítulo III. En cuanto a la primera. Por ello. al declarar no punible el aborto en determinados supuestos. es preciso señalar que el supuesto de «grave peligro» para la salud de la embarazada afecta seriamente a su derecho a la vida y a la integridad física. el proyecto. y se penalizaría a la mujer por defender su derecho a la vida. del título I. relativa a los minusválidos. y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral. Por ello la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución. vida que afectará profundamente a la suya en todos los sentidos.Tribunal Constitucional para la vida de la embarazada y el grave peligro para su salud. se plantea el conflicto entre el derecho a la vida de la madre y la protección de la vida del nasciturus. que queda excluido en tales casos en razón de la protección de derechos constitucionales de la mujer y de las 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 24 . En cuanto a la segunda. al honor. La afirmación anterior tiene en cuenta la situación excepcional en que se encuentran los padres. lesionando en grado máximo su dignidad personal y libre desarrollo de su personalidad. de acuerdo con las consideraciones contenidas en el fundamento jurídico 9. la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársela como mero instrumento. aunque lo fundamenten de otra manera. c) El número 3 del artículo en cuestión contiene la indicación relativa a la problable existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto. agravada en muchos casos por la insuficiencia de prestaciones estatales y sociales que contribuyan de modo significativo a paliar en el aspecto asistencial la situación. la prevalencia de la salud de la madre tampoco resulta inconstitucional.basta considerar que la la gestación ha tenido su origen en la comisión de un acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer. y disposiciones complementarias) contribuirá de modo decisivo a evitar la situación que está en la base de la despenalización. máxime teniendo en cuenta que la exigencia del sacrificio importante y duradero de su salud bajo la conminación de una sanción penal puede estimarse inadecuada. En relación con él y desde la perspectiva constitucional.
como hemos puesto de manifiesto en los fundamentos jurídicos 4 y 7 de la presente Sentencia. en la medida de lo posible. de forma análoga a lo previsto en el caso del aborto eugenésico. este Tribunal estima que la requerida intervención de un Médico para practicar la interrupción del embarazo. resulta insuficiente. El legislador no ha sido ajeno a esta preocupación. pues. que. determinadas medidas encaminadas a conseguir que se verifique la comprobación de los supuestos que están en la base de la despenalización parcial del aborto. Por ello el legislador debería prever que la comprobación del supuesto de hecho en los casos del aborto terapéutico y eugenésico. Y ello porque. con el fin de que la intervención se realice en las debidas condiciones médicas disminuyendo en consecuencia el riesgo para la mujer. es necesario examinar si la regulación contenida en el artículo 417 bis del Código Penal. Por lo que se refiere al primer supuesto. en primer lugar. dado que de llevarse éste a cabo se ocasionaría un resultado irreversible. la comprobación de la existencia del supuesto de hecho se realice con carácter general por un Médico de la especialidad correspondientes. La protección del nasciturus exige. Por otra parte. de forma tal que la desprotección del nasciturus no se produzca fuera de las situaciones previstas ni se desprotejan los derechos a la vida y a la integridad física de la mujer. Del mismo modo tampoco puede desinteresarse de la realización del aborto. lo que exige. que dictamen sobre las circunstancias que concurren en dicho supuesto. autorizados al efecto. Por ello. Las exigencias constitucionales no quedarían incumplidas si el legislador decidiera excluir a la embarazada de entre los sujetos penalmente responsables en caso de incumplimiento de los requisitos mencionados en el párrafo anterior. se trata. el Estado no puede desinteresarse de dicha comprobación. ha de producirse necesariamente con anterioridad a la realización del aborto y. en el caso del aborto terapéutico y eugenésico la comprobación del supuesto de hecho. el Estado tiene la obligación de garantizar la vida. incluida la del nasciturus (art. 15 de la Constitución). en su caso. sin que se prevea dictamen médico alguno. por su naturaleza. El propio legislador ha previsto. pues. el aborto terapéutico. mediante un sistema legal que suponga una protección efectiva de la misma. en la redacción dada por el proyecto. en la línea de lo que sucede en la regulación positiva de países de nuestro entorno. que el aborto debe ser practicado por un Médico con el consentimiento de la mujer. pues indica en el proyecto. así como la realización del aborto. examinar si dichas medidas de garantía son suficientes para considerar que la regulación contenida en el proyecto cumple las antedichas exigencias constitucionales derivadas del artículo 15 de la Constitución. que se establezcan las garantías necesarias para que la eficacia de dicho sistema no disminuya más allá de lo que exige la finalidad del nuevo precepto. teniendo en cuenta el conjunto de bienes y derechos implicados -la protección de la vida del nasciturus y el derecho a la vida y a la salud de la madre que. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 25 . garantiza suficientemente el resultado de la ponderación de los bienes y derechos en conflicto realizada por el legislador. como afirma el Abogado del Estado. ésta en la base de la despenalización en el primer supuesto-. evitando que el sacrificio del nasciturus. y que en el tercer supuesto el pronóstico desfavorable ha de constar en un dictamen emitido por dos Médicos especialistas distintos del que intervenga a la embarazada. de medidas de garantía y de certeza del presupuesto de hecho del precepto. o adoptar cualquier otra solución que estime oportuna dentro del marco constitucional. con carácter general. una vez establecida la constitucionalidad de tales supuestos. esto es. se lleve a cabo en centros sanitarios públicos o privados. comporte innecesariamente el de otros derechos constitucionalmente protegidos.Tribunal Constitucional circunstancias concurrentes en determinadas situaciones. así como que el hecho debe ser denunciado en el caso de violación. por otra parte. dado que su fundamento último es el de hacer efectivo el deber del Estado de garantizar que la realización del aborto se llevará a cabo dentro de los límites previstos por el legislador y en las condiciones médicas adecuadas para salvaguardar el derecho a la vida y a la salud de la mujer. Se impone.
el legislador puede adoptarse cualquier solución dentro del marco constitucional. de acuerdo con el artículo 79. aludiendo en concreto a la objeción de coincidencia. los recurrentes alegan que en el proyecto no contiene previsión alguna sobre las consecuencias que la norma penal origina en otros ámbitos jurídicos.permitieran la prosecución de la tramitación del Proyecto por el órgano competente. 13. especialmente en materia de derechos fundamentales. requerida por el proyecto en el mencionado supuesto. es suficiente para dar por cumplida la exigencia constitucional respecto a la comprobación del supuesto de hecho. al procedimiento a través del cual pueda prestar el consentimiento la mujer menor de edad o sometida a tutela y a la inclusión del aborto dentro del régimen de la Seguridad Social. indicar las modificaciones que a su juicio -y sin excluir otras posibles. son ajenas al enjuiciamiento de la constitucionalidad del proyecto. el Tribunal Constitucional. no sólo de carácter médico -lo que constituye un requisito del consentimiento válido-. cabe señalar. dado que la peculiar relación entre la embarazada y el nasciturus hace que la decisión afecte primordialmente a aquélla.3 de la Constitución. Consideran los recurrentes que el consentimiento en los supuestos previstos en los números 1 y 3 del artículo 417 bis del Código Penal. FALLO En atención a todo lo expuesto. en la redacción dada por el proyecto. que existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación. en relación con la decisión que ha de adoptar. pues dado el tiempo que pueden requerir las actuaciones judiciales entraría en colisión con el plazo máximo dentro del cual puede practicarse aquélla. El Tribunal entiende que la solución del legislador no es inconstitucional. pero sí lo es. Finalmente. Finalmente. la Constitución es directamente aplicable. estimando que la exclusión de éste vulnera el artículo 39. como ha indicado este Tribunal en diversas ocasiones. de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la LOTC. por lo que se refiere al derecho a la objeción de conciencia. La objeción de conciencia forma parte del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el artículo 16.4. POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA. Ha decidido: 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 26 . que debe circunscribirse a la norma penal impugnada. como también la de todas aquellas derivadas del derecho de la mujer a disponer de la necesaria información. Y en cuanto a la forma de prestar consentimiento la menor o incapacitada.Tribunal Constitucional Por lo que se refiere a la comprobación del supuesto de hecho en el caso del aborto ético. podrá aplicarse la regulación establecida por el derecho privado. Por ello entiende este Tribunal que la denuncia previa. pues no es misión de este Tribunal sustituir la acción del legislador. Al Tribunal no se le oculta la especial relevancia de estas cuestiones. Pero tales cuestiones. la comprobación judicial del delito de violación con anterioridad a la interrupción del embarazo presenta graves dificultades objetivas. no debería corresponder únicamente a la madre y hacen especial referencia a la participación del padre. 14.1 de la Constitución y. sin perjuicio de que el legislador pueda valorar si la normativa existente es la adecuada desde la perspectiva de la norma penal cuestionada.b) de la LOTC. como es obvio. sino también de índole social. aunque su regulación pueda revestir singular interés. No obstante.
53.2 de la Constitución. El constituyente no resolvió -no tomó postura. que resulta por ello vulnerado. 43. Se equivoca la Sentencia.º. y que alcanzó el voto conforme de seis Magistrados incluido el que suscribe este voto particular.4. el artículo 6.-Antonio Truyol Serra. en consecuencia. El análisis del texto del artículo 15.Tribunal Constitucional Declarar que el Proyecto de Ley Orgánica por el que se introduce el artículo 417 bis del Código Penal es disconforme con la Constitución.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 2.en el artículo 15 el problema jurídico-penal del aborto.4.b) LOTC]. Contra lo por mí propuesto. a mi entender con un pronunciamiento que traspasa los límites jurídico-funcionales de la potestad jurisdiccional que incumbe al Tribunal Constitucional. Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».4.-Francisco Rubio Llorente. 39. que el precepto es inconstitucional por omisión de determinadas precisiones en el texto no resulta convincente.-Firmado: Manuel García-Pelayo y Alonso. Lo que está vedado al Tribunal es establecer modificaciones o adiciones del texto impugnado o establecer o adicionar otros preceptos. 2. que la Constitución dejara decidida una determinada toma de posición impeditiva de una actuación legislativa penal. sin que la fórmula por la que se ha decidido (la de indicaciones. A mi juicio debió declararse la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada por el grupo recurrente y. a mi juicio. debió el proceso legislativo seguir su curso. Madrid a 11 de abril de 1985. opino con todos los respetos.2 de las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades.-Rubricados.2. según el artículo 10. en realidad. Junto a estos caminos interpretativos. in fine) que corresponde al Tribunal «indicar las modificaciones que a su juicio -y sin excluir otras posibles.-Angel Latorre Segura.-Francisco Pera Verdaguer.permitieran la prosecución de la tramitación del proyecto por el órgano competente».-Rafael Gómez-Ferrer Morant. referida a tres supuestos) se encuentre en oposición con el artículo 15 (y los otros a los que se acogen los recurrentes para sostener la inconstitucionalidad: artículos 1. a mi entender.-Francisco Tomás y Valiente.-Angel Escudero del Corral. cuando se declara en el recurso previo la inconstitucionalidad del texto impugnado. es concretar ésta y el precepto o preceptos constitucionales infringidos [artículo 79. Esto es lo que hace la Sentencia cuando dice al legislador lo que debería hacer para adecuar los preceptos a la Constitución. Nuestro cometido. acudir a los textos internacionales que dice este precepto. sino por incumplir en su regulación exigencias constitucionales derivadas del artículo 15 de la Constitución. como hace la Sentencia. Voto particular que formula el Magistrado Don Jerónimo Arozamena Sierra en el recurso previo de inconstitucionalidad número 800/1983 1.1 y 9. El artículo 15 comienza con expresión de función adjetival (todos) no seguida de un sustantivo. a mi juicio. De la fórmula gramatical utilizada (y la supresión en el texto de la palabra «persona») no puede inferirse.b) de la LOTC ni se concuerda con los principios que rigen la relación entre jurisdicción constitucional y legislación. por mandato del artículo 10.-Manuel Díez de Velasco Vallejo. cuando recoge (fundamento 12. 1. conformando la modalidad excluyente de la responsabilidad penal.-Jerónimo Arozamena Sierra. según un juicio que no es de constitucionalidad.3). aparece claro: el artículo 3. No vamos a hacer largas consideraciones para algo que. no en razón de los supuestos en que declara no punible el aborto. en los términos y con el alcance que se expresan en el fundamento jurídico 12 de la presente Sentencia.-Luis Díez-Picazo. 39. Para el juicio de confrontación constitucional debe partirse de que es el legislador (que goza de una presunción de constitucionalidad) al que incumbe la conformación jurídica de las relaciones sociales. de su proceso de creación y de sus conexiones sistemáticas.º del Convenio europeo son 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 27 . conducen a la idea de que el tema del aborto (y su tratamiento penal) quedó abierto al legislador. la Sentencia de que discrepo ha concluido. Disiento de la fundamentación y del fallo que han formulado mis colegas. Es un tema abierto a la disponibilidad del legislador democrático -se ha hecho con el quorum reforzado de las leyes orgánicas-. y que tienen el valor de factor interpretativo. Ni dice esto el artículo 79. es obligado. Se está. o de una parte de ese texto.º de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Inferir del artículo 15.-Gloria Buegué Cantón.
La apreciación de si una conducta es o no generalmente exigible y. propiamente. Sobre la inconsistencia de inferir partiendo del artículo 15 que el Proyecto de Ley incurre en omisión que provoca su inconstitucionalidad ya he expuesto antes cuál es mi opinión.3 de la Constitución).4) para concluir desestimándolos. que guardan. La labor de interpretación de la Constitución no consiste necesariamente en cerrar el paso a las opciones o variantes. y desde luego. el aborto consentido). Junto a las causas de antijuricidad existen otras causas de inexigibilidad.-Jerónimo Arozamena Sierra. Actúa el legislador según el principio de merecimiento de la pena no atrayendo al campo represivo punitivo conductas que no son merecedoras de sanción penal. Cierto que el nasciturus es un bien que merece protección penal. Los poderes del legislador hechos efectivos en el artículo 417 bis para excluir las responsabilidades penales en el caso del aborto consentido.» 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 28 . relación con mi modo de entender la función de la Constitución y la inconstitucionalidad de las leyes: a) En la Sentencia de 8 de abril de 1981 (recurso de inconstitucionalidad núm. Creo que debió estudiarse este motivo (como otros sobre los que pasa por alto la Sentencia: arts.Tribunal Constitucional argumentos irrebatibles para sostener que el artículo 15 de nuestra Constitución. «Boletín Oficial del Estado» de 25 de abril de 1981) (RTC 1981\11). interpretado desde estos textos internacionales. Queremos decir que las opciones políticas y de gobierno no están previamente dadas de una vez por todas. La lesión de ese bien se protege penalmente. si su realización ha de ser o no castigada con una pena depende de una serie de factores que aprecia el legislador. además. pero no toda realización del tipo penal fundamenta la antijuricidad de la conducta. con mayor o menor rigor técnico. Madrid a 15 de abril de 1985. 192/1980. Voto particular que formula el Magistrado Don Luis Díez-Picazo Quiero exponer con la mayor brevedad posible las razones por las que disiento de esta Sentencia. Yo sigo profesando la misma idea: considerar que una ley no es inconstitucional es la conclusión de un juicio jurídico.2 y 39. imponiendo autoritariamente una de ellas. no han incidido en violación del artículo 15 de la Constitución. Cuando configura como punible una determinada conducta (en el caso. desde luego. los supuestos excluidos de punición no es atentatorio a principio constitucional alguno. que no supone -entiéndase bien. El legislador organiza su sistema penal según los principios del Estado de derecho. 3. El texto del que discrepo no analiza. no puede decirse que han traspasado límites constitucionales y. lo que es el verdadero motivo del recurso basado en el artículo 9. no es impeditivo de un sistema de tratamiento del aborto que excluya su punición. no lo es del configurado en el artículo 417 bis del Código Penal (según el proyecto impugnado). o de inculpabilidad por inexigibilidad de la conducta.hacerse partidario de la Ley o solidarizarse con ella. b) En la recortada Sentencia de 8 de abril de 1981 dijimos también algo que yo continúo profesando. como revela. 1. Era esto: «La Constitución es un marco de coincidencias suficientemente amplio como para que dentro de él quepan opiniones políticas de muy diferente signo. o configurar causas (genéricas o específicas) de justificación. que ha de hacerse con arreglo a criterios estrictamente jurídicos». La insuficiencia del proyecto (la acusación de que es ambiguo o fragmentario) se alegó por los recurrentes desde la perspectiva de la seguridad jurídica (art. Opino que hubiera sido procedente declarar que el Proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal es conforme con la Constitución. la existencia de sistemas variados de tratamiento del aborto en los países signatarios de los indicados textos internacionales. A esta conclusión habrá que llegar únicamente cuando el carácter unívoco de la interpretación se imponga por el juego de los criterios hermenéuticos. en buena medida. decíamos que en «un plano hay que situar las decisiones políticas y el enjuiciamiento político que tales decisiones merezcan y en otro plano distinto la calificación de inconstitucionalidad. El que el legislador configure. La Sentencia lo trata partiendo del artículo 15.-Firmado y rubricado. puede excepcionar conductas. 4.1.3. el principio de culpabilidad y el principio de humanidad. 39. en consecuencia. 9.
º. los puntos del fallo y de los fundamentos con los que estoy de acuerdo. g) Si se llega a esta conclusión. 3. Puede admitirse que subsiga a una regla constructiva intermedia que el intérprete establezca. antes de razonar mi discrepancia. 2. aunque no comparto todas las razones en que tal conclusión se funda.-Luis Díez-Picazo. se está pasando insensiblemente del terreno del Código Penal a una hipotética Ley de legalización o liberalización que aquí no se ha producido. porque se puede tener la impresión de que se segrega una segunda línea constitucional. que es muy difícil que opere como un límite del poder legislativo. Madrid a 15 de abril de 1985. Creo.4 de la Ley Orgánica del Tribunal autorice esa tesis. d) Según mi modesto criterio. tesis por mí ya defendida en mi voto particular concurrente en la 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 29 . De ahí mi discrepancia con el fallo y con el fundamento jurídico 12 en el que principalmente se basa su declaración de disconformidad con la Constitución. f) En lo que concierne en concreto a la Ley aquí discutida. Es claro. En este aspecto el Tribunal se ha limitado a enjuiciar el texto impugnado y nada más. porque una cosa es el Código Penal y otra la hipotética reglamentación administrativa de los abortos justificados o inculpables. me parece que ni se puede. Voto particular del Magistrado Don Francisco Tomás y Valiente 1. en mi opinión. Me parece. que una conducta sea punible o deje de serlo por el número de Médicos intervinientes o por el lugar en que se realice. No creo que el artículo 79. e incluso ex silentio con lo que allí no se dice. la inconstitucionalidad como contradicción de una ley con un mandato de la Constitución debe resultar inmediatamente de un contraste entre los dos textos. que el legislador es dueño de exceptuar supuestos concretos de la punibilidad general en atención a su justificación a la concurrencia en ellos de circunstancias que inciden sobre el reproche de culpabilidad o a lo que se ha llamado el juicio sobre el merecimiento de la pena. No obstante. ni se debe ir más allá. declaración contenida en el fallo y razonada en los fundamentos 9. en cambio. pues no hay en ellos ni en ningún otro pasaje de la Sentencia afirmación alguna que permita suponer que esos y sólo esos tres supuestos o indicaciones son los únicos que el legislador podría declarar no punibles. que el juicio de inconstitucionalidad afecta a los textos legales y no a bloques del ordenamiento o a eventuales resultados de los mismos. Cuando se señalan condiciones de seguridad del aborto. en quien encarna la representación de la soberanía popular. dado el carácter explicativo del propio fallo y las salvedades que en él se contienen. muy difícil una extensión ilimitada o demasiado remota de las reglas constructivas derivadas de la Constitución para afirmar la inconstitucionalidad por la contradicción de la Ley enjuiciada con la última de las deducciones constructivas. También mantengo como firme que no hay inconstitucionalidad por las omisiones en que pueda considerarse que el legislador ha incidido. Manifiesto también mi acuerdo sin reservas con la idea de que el nasciturus no es titular de un derecho fundamental a la vida. Me resulta muy difícil entender. coincido con la Sentencia en la legitimidad constitucional del llamado sistema de indicaciones y de las indicaciones contenidas en el Proyecto de Ley. Muestro mi sustancial conformidad con los términos y razonamientos en ellos expuestos. debo indicar.-Firmado y rubricado. La cosa es todavía más arriesgada cuando en lo que llamo «deducciones constructivas» hay larvados o manifiestos juicios de valor. constitucionalmente. 10 y 11. e) Tampoco creo que sea función del Tribunal colaborar en la función legislativa.Tribunal Constitucional c) Recuerdo ahora también alguna otra opción del Tribunal: cuando dijimos que el objeto de un juicio de inconstitucionalidad son los textos legalmente estrictamente considerados y no el bloque normativo del que forman parte. simplemente. orientarla o perfeccionarla. Mi acuerdo es total con la declaración de constitucionalidad de los supuestos en que el proyecto del artículo 417 bis del Código Penal declara no punible el aborto. Mi opinión defendida a lo largo de la deliberación es que el Proyecto de Ley Orgánica impugnado es en todo conforme con la Constitución.
º. 4. también estoy de acuerdo. Es ésa una línea clásica de razonamiento desde la que se podría llegar.º y el primer párrafo del 7. deriva quizá la escasa atención que se presta a los derechos de libertad de la mujer embarazada. la igualdad y el pluralismo político: ésos y sólo ésos. de esa omisión. sino la simple declaración de no punibilidad de determinadas conductas. en la Sentencia ese posible punto de partida. De ahí.º). no encuentro fundamento jurídico-constitucional. En esto mi conformidad con la Sentencia es completa. pues sólo es titular de derechos quien es persona y el nasciturus no es persona. b) Una de las garantías exigidas.º. todo el 6. a un fallo de inconstitucionalidad en determinadas regulaciones de despenalización o de legalización del aborto. Pero esta afirmación no autoriza peligrosas jerarquizaciones axiológicas. sino un conflicto entre los derechos fundamentales de la mujer embarazada y un bien jurídicamente protegido que es la vida humana en formación (fundamento jurídico 9. aun sin compartirla. según la Sentencia. es algo que corresponde al Juez penal. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 30 . Que en ese contexto la ponderación del legislador penal sea tachada de inconstitucional por falta de dos llamadas garantías provoca mi radical discrepancia por las siguientes razones: a) Constituye un salto lógico (o ilógico). manteniendo intacto el tipo delictivo del 411 del Código.º y 5. no hay un conflicto entre los derechos de la mujer y un inexistente derecho fundamental del nasciturus a la vida. para afirmar. con innegable coherencia interna. que no olvido. ajenas por lo demás al texto de la Constitución. sin embargo. que el concepto de persona es el soporte y el prius lógico de todo derecho me parece evidente y yo así lo sostengo. en su artículo 1. la justicia.Tribunal Constitucional Sentencia 75/1984 de la Sala Segunda (RTC 1984\75). porque entre la invocación al artículo 15 y la conclusión de que hacen falta dos garantías más (¿por qué ésas y sólo ésas?) no existe un juicio de inferencia lógica. La intervención preventiva y a esos efectos de un Médico es trasladar a éste deberes y responsabilidades ajenas.º) o «un valor central» (fundamento jurídico 9. aun no siendo titular del derecho a la vida. por cierto. con cuya afirmación de que el nasciturus.º. pero coincidentes en su conclusión. que la vida humana «es un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional» (fundamento jurídico 3. d) Lo que se denomina en la Sentencia.º). Conviene tener presente que el proyecto del artículo 417 bis no contiene ni una legalización ni tampoco una despenalización del aborto (fundamento jurídico 12). Cualquier jurista conoce la compatibilidad y la enorme diferencia entre ambos conceptos. c) No se comprende por qué la exigencia de que «la realización del aborto» haya de tener lugar en establecimiento sanitario se refiere sólo al aborto terapéutico y al eugenésico. a mi juicio de muy dudosa constitucionalidad. Frente a tan abstractas consideraciones sobre la vida como valor. pero no al llamado aborto ético. Abandonado.º) o «un valor fundamental» (fundamento jurídico 5. Así pues. 4. Véanse al respecto el inciso final del fundamento jurídico 5. donde. comprobación de los supuestos de hecho. como se hace. 5. se entra en su fundamento 12 en un planteamiento insólito en países con Constituciones y Códigos Penales como los nuestros. único pertinente.º al margen de las imprecisiones o titubeos terminológicos que contienen y que sería prolijo e inútil referir aquí. es imprecisa en su formulación (¿qué especialidad?) y de imposible cumplimiento en casos de urgencia. Tal vez por ello no comparto (y aquí comienzan mis discrepancias) las abundantes consideraciones axiológicas incluidas en los fundamentos 3. Comprendo. llama la atención que en la Sentencia no se formule ninguna sobre el primero de los que la Constitución denomina valores superiores: la libertad. constituye un bien jurídico constitucionalmente protegido. y que se plasma ahora en la presente Sentencia como resultado de razonamientos no idénticos al mío. Nunca he sido un entusiasta de la filosofía de los valores.1 se dice que son valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad. la del dictamen de «un Médico de la especialidad correspondiente» para comprobar la existencia del supuesto de hecho del aborto terapéutico. la oposición a la no punición del aborto en defensa de un supuesto derecho fundamental del nasciturus a la vida. dado que las conductas reguladas en el artículo 417 del Código Penal continúan siendo delictivas.
es decir. y. En efecto. se convierte en un legislador positivo.Tribunal Constitucional Nada impide. Si se actúa así. con mi voto.4. se entiende. Pocas lógicas hay tan funestas como la lógica del «como si» (als ob). más allá de la discrepancia intrínseca respecto a la formulación de las garantías exigidas. g) Cuando sobre tan exigua. Al Tribunal le exige que. en su párrafo 4. 15 de abril de 1985.le exige que para seguir la tramitación del proyecto suprima o modifique los preceptos.b) (modelo de pésima redacción). puesto que al resolver los anteriores recursos previos (léase por todas la Sentencia 76/1983 sobre el proyecto de la LOAPA) (RTC 1983\76). como ellos. es evidentemente porque tales modificaciones no han sido dictadas de modo vinculante por el Tribunal Constitucional. precisamente en defensa de la presunción de constitucionalidad de las normas emanadas del legislador democrático. puesto que si. nunca entendió este Tribunal que sus competencias llegaran tan lejos. que sea el Tribunal quien le indique al legislador qué modificaciones deben ser ésas. Lo que no puede es formular juicios de calidad. aunque ya entonces. a mi juicio. Al otro sujeto -«el órgano competente». en consecuencia. que concluía con un fallo declaratorio de la constitucionalidad del proyecto de Ley impugnado. interpretada de forma innovadora ad casum. y contra eso. estaba vigente el artículo 79. expreso mi profunda y preocupada discrepancia. El mismo texto da cabida a estos y otros perfeccionamientos deseables. c) Cada Institución debe actuar como lo que es.-Francisco Tomás y Valiente. frecuentemente instado a actuar «como si» fuese eso que en un lenguaje ni técnico ni inocente se ha dado en llamar «la tercera Cámara». confusa y discutible base. añadir a estas exigencias otras innovaciones a iniciativa del legislador. el Tribunal declara conforme con la Constitución una de ellas. Por eso. ha caído por esta vez en la tentación. No puede interpretarse nunca. impone dos deberes dirigidos a dos sujetos distintos. Madrid. en las que. transgrede los límites de sus competencias y roza una frontera sumamente peligrosa: la del arbitrismo o decisionismo judicial. Con estos argumentos y coincidiendo en lo sustancial con los de otros cinco Magistrados sostuve. mi oposición más rotunda se dirige al hecho mismo de la exigencia. por qué es inconstitucional. por supuesto. y así ha actuado en este caso este Tribunal. 6. según éste. si el Tribunal indicase las modificaciones a introducir. Lo que no puede hacer es decirle al legislador lo que debe añadir a las Leyes para que sean constitucionales. como podría ser la asistencia a las mujeres que interrumpan el embarazo en Centros y a cargo de la Seguridad Social. la ponencia presentada y definida por el Ponente inicial del presente caso. declarados inconstitucionales. el Tribunal se atreve a tanto.-Firmado y rubricado. carecería de sentido el párrafo 5 del mismo artículo 79. «el pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal» en los recursos que pudieran interponerse contra la Ley ya corregida o modificada. De otro modo.b) LOTC. concrete la inconstitucionalidad de la norma impugnada y el precepto o preceptos constitucionales infringidos. b) La jurisdicción constitucional es negativa. d) Por esta sola vez. f) La técnica usada en este fundamento no tiene nada que ver con la de las denominadas sentencias interpretativas. no «como si» fuera lo que no es. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 31 . El Tribunal Constitucional puede y debe decir en qué se opone a la Constitución un determinado texto normativo. El Tribunal Constitucional. e) El artículo 79 de la LOTC. LOTC. en su caso. por lo demás. el mismo que creó fuera de la Constitución el recurso previo de inconstitucionalidad. puede formular exclusiones o vetos sobre los textos a ella sometidos. de entre las posibles interpretaciones de un texto legal impugnado. Veamos por qué: a) El juicio de constitucionalidad no es un juicio de calidad o de perfectibilidad. Lo cual pone de manifiesto que estamos ante un juicio de perfectibilidad sobre cuya pertinencia conviene detener nuestra atención. ahora citado como apoyo para señalar al legislador lo que debe hacer a fin de que su Ley sea conforme con la Constitución.
a nuestro juicio. en contra de la naturaleza propia de su función. reflejamos por medio del presente voto particular nuestra opinión discrepante. tanto en lo que se refiere a la decisión o fallo como a su correspondiente fundamentación. Estimamos. sino que. que esta protección tenga que revestir forma penal en todos los casos porque no impone tal tipo de protección ningún precepto constitucional. Entre ellas que el feto no es titular del derecho fundamental a la vida. 3. sin duda. sino también la LOTC. en todo caso. a su juicio. 2. Refiriéndose a determinados aspectos concretos de la Sentencia hemos de mostrar nuestra conformidad con algunas de sus afirmaciones. por remisión en el mismo fallo al fundamento jurídico 12 de la Sentencia. número 4.b). a la vista de lo resuelto en una sentencia que sustancia un recurso previo. el legislador debe exigir el dictamen de un especialista. Entendemos que del «derecho a la vida y a la integridad 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 32 . indica al legislador lo que debe de hacer. Nuestra primera y fundamental discrepancia recae sobre las atribuciones que al dictar esta Sentencia ha asumido el Tribunal Constitucional (TC). número 2. de la LOTC autoriza a este TC a indicar las modificaciones que. así como para la debida protección de la vida y de la salud de la embarazada. incluida la intrauterina. don Jerónimo Arozamena Sierra. Tal función excede de las ya muy amplias competencias que no sólo la Constitución. Nuestro disentimiento en este aspecto recae sobre la argumentación en que se basa la declaración de inconstitucionalidad en los supuestos del aborto «terapéutico» y «eugenésico». permitan la prosecución de la tramitación del Proyecto de Ley por el órgano competente que. En efecto el TC no se limita a pronunciarse en el fallo sobre la constitucionalidad de los diversos extremos del Proyecto de Ley impugnado. de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC). Estas previsiones suponen. asignan a este Tribunal Constitucional. libre y soberanamente. cuya actuación no puede aproximarse a la de una «tercera Cámara» sin provocar un peligroso desequilibrio en nuestro sistema jurídico-político. La interpretación adecuada de este precepto es que las Cortes Generales pueden. con carácter general. Tal es así que el número 5 del mismo artículo 79 de la LOTC dispone. que no es inconstitucional la despenalización de los supuestos previstos en el proyecto de Ley impugnado. o bien suprimir los preceptos del Proyecto de Ley declarados inconstitucionales o bien modificarlos con la finalidad de ajustarlos a la Constitución. y coincidiendo en lo esencial la posición sostenida por los Magistrados firmantes con las de otros cuatro colegas de este Tribunal en dichas deliberaciones. y que la previsión legal de esas garantías es una exigencia constitucional derivada del artículo 15 de la Constitución. 5. Por lo que acabamos de exponer no podemos compartir la opinión expresada en la Sentencia de que el artículo 79. se afirma que en los citados supuestos «terapéutico» y «eugenésico» faltan garantías suficientes para la verificación de los supuestos de hecho. que el TC asume la función de introducir enmiendas en los proyectos de Ley que se someten a su enjuiciamiento mediante el recurso previo de inconstitucionalidad. Tal interpretación debe ser rechazada. 4. No creemos. Tanto en este supuesto como en el del llamado aborto «eugenésico». que «el pronunciamiento en el recurso previo no prejuzga la decisión del Tribunal en los recursos que pudieran interponerse tras la entrada en vigor con fuerza de Ley del texto impugnado en la vía previa». En el caso del llamado aborto «terapéutico». ya que conduce a la inaceptable conclusión de que este Tribunal Constitucional puede actuar como legislador positivo. son las Cortes Generales. invadiendo facultades que corresponden al poder legislativo. y de acuerdo con la Sentencia. tras declarar que los tres supuestos de despenalización son en sí conformes a la Constitución. ya que ningún reproche de inconstitucionalidad se formula al supuesto del aborto «ético». en cambio. En efecto. el legislador debe prever una intervención del Estado mediante la obligación de que el aborto se realice en centros sanitarios públicos o privados autorizados al efecto o mediante cualquier solución que el mismo legislador estime oportuna.Tribunal Constitucional Voto particular de los Magistrados Don Angel Latorre Segura y Don Manuel Díez de Velasco Vallejo 1. lo que no excluye que exista un deber del Estado de proteger la vida humana en las diversas fases de su evolución. Haciendo uso de las facultades que nos otorga el artículo 164 de la Constitución Española (CE) y el artículo 90. Las opiniones aquí sostenidas fueron defendidas en el curso de las deliberaciones apoyando la Ponencia presentada por el Ponente inicialmente nombrado.
pero que sí tiene el tremendo poder de invalidar las leyes que los representantes del pueblo han aprobado. errada decisión. en virtud del artículo 15. 16 de abril de 1985. más garantías que las que el mismo Código Penal establece para otros casos. en cuanto ello es humanamente posible. que precisamente con motivo de este recurso se han expresado en la prensa multitud de opiniones que implícita o explícitamente partían del supuesto de que el fundamento de nuestra Sentencia había de ser el juicio sobre la licitud o ilicitud ética del aborto. la conclusión necesaria del razonamiento jurídico en el caso sometido a nuestra consideración. en mi opinión.En la fundamentación de la presente Sentencia falta ese razonamiento riguroso. y que (y ello es aún más penoso) destacadas figuras políticas. es un derecho constitucional solamente del Médico y demás personal sanitario al que se pretenda que actúe de una manera directa en la realización del acto abortivo. 6. no ha recibido este poder en atención a la calidad personal de quienes lo integran. no cabe inferir que debe imponerse por el Estado una sanción penal para los casos en que este TC no considere suficientes las garantías previstas.-Rubricados. o en su verificación el encargado de hacerlo (en este caso el Médico) incurra en negligencia punible. o la conveniencia de su despenalización. y ésta es. En ella se declaraba conforme con la Constitución el proyecto de Ley objeto del recurso.-Firmado: Angel Latorre Segura. basada en razones ideológicas o religiosas. 7. que por difundida que esté. e incluso miembros del Gobierno. la ponencia que fue objeto de deliberación en primer término. sin embargo. ni se ve por qué razón sea constitucionalmente exigible. han efectuado declaraciones que manifiestamente arrancaban del mismo convencimiento. Las normas despenalizadoras no contienen habitualmente. Madrid. y que puede ser utilizada como es lógico por el Médico del que se solicite la práctica abortiva para negarse a realizarla. en nuestras propias preferencias éticas o políticas.Tribunal Constitucional física y moral» reconocido en el citado artículo constitucional. Dicha cláusula. El Tribunal Constitucional. Y en cuanto a las medidas necesarias para la mejor protección de la vida y salud de la embarazada tampoco vemos cómo esa protección requiere constitucionalmente. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 33 .-Manuel Díez de Velasco Vallejo. y es esa falta de rigor la que conduce a la. número 1. que contengan garantías de la verificación de los supuestos de hecho. con facultades para resolver sobre el contenido ético o la oportunidad política de las normas aprobadas por las Cortes Generales. que son los órganos competentes para ello. actuarán los Tribunales de Justicia. a mi juicio. tal idea es errónea e incompatible con nuestra Constitución y con los principios que le sirven de base. sin embargo. cuya derivación directa del artículo 16. Resumiendo lo expuesto concluimos reiterando nuestra disconformidad con la Sentencia. Es evidente. fundamentalmente por dos razones: porque invade competencias del Poder Legislativo y porque opinamos que el TC debió declarar la inexistencia de la inconstitucionalidad alegada por los recurrentes respecto al Proyecto de Ley impugnado. Su fuerza es la del Derecho y su decisión no puede fundarse nunca por tanto. debemos. Prescindiendo por razones de brevedad de detallar otros puntos de discrepancia o de asentimiento con la Sentencia. Las razones de mi disentimiento pueden resumirse en el simple juicio de que con esta decisión la mayoría traspasa los límites propios de la jurisdicción constitucional e invade el ámbito que la Constitución reserva al legislador. poner de manifiesto la escasa precisión utilizada en ella respecto a la conocida como «cláusula de conciencia». Es cierto que esta errónea concepción de la jurisdicción constitucional parece muy extendida en nuestra sociedad. En caso de que éstos se invoquen fraudulentamente. junto con otros cinco Magistrados. vulnera así el principio de separación de poderes inherente a la idea de Estado de Derecho y opera como si el Tribunal Constitucional fuese una especie de tercera Cámara. sea cual sea el alcance que se dé a estos derechos. de la CE compartimos. que no ostenta la representación popular. sino sólo porque es un Tribunal. incluso algunos tan delicados y que tanto afectan a la intimidad de la persona como los previstos en el artículo 428 del citado Código. Voto particular que formula el Magistrado Don Francisco Rubio Llorente He votado en contra de la presente Sentencia y sostuve con mi voto. sino sólo en un razonamiento que respete rigurosamente los requisitos propios de la interpretación jurídica.
16-. la justicia o el pluralismo político.º o como justitificación de la no punición del aborto en los dos siguientes. pese al empleo de fraseología jurídica. a la libertad de ideas y creencias -art. 18-) apenas son invocadas de manera retórica en el Fundamento 8. para la interpretación de ese precepto. Los derechos fundamentales que efectivamente están implicados en este difícil tema de la sanción penal del aborto consentido (al libre desarrollo de la personalidad -art. con las categorías propias del Derecho (en primer lugar. por serias razones terapéuticas. sino lisa y llanamente suplantar al legislador o. Pese a las consideraciones difícilmente inteligibles (y. por el motivo ya antes indicado. el de la vida. para mí resueltamente inaceptables) que en el Fundamento 4. Pese a lo dicho. Esto no es ni siquiera hacer jurisprudencia de valores. 15-. a su juicio. es subrayar que este modo de razonar no es el propio de un órgano jurisdiccional porque es ajeno. lo que es lo mismo.Tribunal Constitucional Aunque no resulta fácil ni grato hacer la crítica pública de un razonamiento suscrito por colegas que merecen todo mi respeto. en otros casos. de esta conclusión. pues la vida es algo más que «un valor jurídico») invalidar cualquier Ley por considerarla incompatible con su propio sentimiento de libertad. 10-. lo cierto es que todas las consideraciones que anteceden sobre los once primeros fundamentos de la Sentencia podrían excusarse. sino apoyados sobre la idea de que. representación del pueblo!) que el precepto en modo alguno impone.º. en cuanto que no conducen al fallo (es claro que los fallos del Tribunal Constitucional han de declarar si las Leyes son 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 34 . puesto que abarca los once primeros fundamentos.º se hacen sobre «el ámbito. a la intimidad personal y familiar -art. la más extensa. en aras de la brevedad. como queda dicho.º). Los valores que inspiran un precepto concreto pueden servir. No opera este razonamiento. tales preceptos «encarnan». y naturalmente. 6. el análisis de los defectos lógicos y conceptuales que creo apreciar en las consideraciones hechas sobre el «concepto indeterminado» de la vida y otros extremos. contrastando las Leyes con los valores abstractos que la Constitución efectivamente proclama (entre los cuales no está. no al juez. El intérprete de la Constitución no puede abstraer de los preceptos de la Constitución el valor o los valores que. los Magistrados que han formado en esta ocasión la mayoría no razonan a partir del reconocimiento de un derecho fundamental del nasciturus a la vida.º). en efecto. evidentemente. para que esta disidencia no quede reducida a un juicio apodíctico. siendo la vida humana «un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional» (Fundamento 3. considerados ya como puras abstracciones. al propio poder constituyente. así como sobre el error de no haber entrado a fondo en el problema que la tipificación penal del aborto consentido plantea desde el punto de vista del derecho de la mujer a su intimidad y a su integridad física y moral. que expresamente niegan en los fundamentos 5. No discrepo. sí discrepo. en la medida en que lo son. cuya línea central sitúa ya al Tribunal fuera del ámbito que le es propio y puede conducir por tanto. Lo que ahora me importa. con el concepto mismo del derecho subjetivo). en el mejor de los casos. Por esta vía. pues todos esos fundamentos. Paso por alto en este momento. señalar en concreto algunos al menos de los errores conceptuales y de las quiebras lógicas perceptibles en el texto de la Sentencia. del razonamiento que a ella conduce. a decisiones absolutamente inadecuadas. el Estado está obligado a «establecer un sistema legal para la defensa de la vida que suponga una protección efectiva de la misma y que. fundamenta el juicio de que no es en principio contraria a la Constitución una Ley que declare no punible el aborto practicado.º y 7. La proyección normativa de los valores constitucionalmente consagrados corresponde al legislador. dado el carácter fundamental de la vida (sic).º. sirve de apoyo exclusivamente a aquel inciso del fallo en el que se dice que la inconstitucionalidad del Proyecto de Ley no resulta de los supuestos de no punibilidad del aborto que en él se contemplan o. La primera de ellas. es claro que podía el Tribunal Constitucional. éticas o eugenésicas. significación y función de los derechos fundamentales en el constitucionalismo de nuestro tiempo». a la integridad física y moral -art. la igualdad. a todos los métodos conocidos de interpretación. con el consentimiento de la madre. obligaciones del legislador que no tienen apoyo en ningún texto constitucional concreto. es indispensable. y muy enérgicamente. quizás más aún. no para deducir a partir de ellos obligaciones (¡nada menos que el poder legislativo. sino con las de la ética. Para ello analizaré separadamente cada una de las dos partes bien diferenciadas que caben distinguir en ésta. para deducir después de ellos. incluya también como última garantía las normas penales» (Fundamento 7.
a mi entender gravemente errónea. de manera que sólo sean lícitas las conductas autorizadas. en consecuencia. sobre el contenido de las Leyes. Esas medidas a las que en la Sentencia se condiciona la constitucionalidad de la Ley (dictamen de un segundo médico en el caso del aborto terapéutico. que subyace a este modo de razonar. la idea que subyace a los razonamientos de este género es. Dejando de lado el hecho de que. se opera con ello una irónica inversión del principio de legalidad penal. un control preventivo. sin embargo. se pasa así del control de constitucionalidad al control de la perfección técnica de la Ley.Tribunal Constitucional o no contrarias a la Constitución. es decir. absoluta. en primer lugar. garantiza suficientemente el resultado de la ponderación de bienes y derechos en conflicto realizada por el legislador. como lo son muchas otras de las que ofrece el Derecho comparado (necesidad de dejar transcurrir un lapso mínimo de tiempo desde que se formaliza la decisión de abortar hasta el momento en el que el aborto se realiza. sin embargo. limitaré mi atención al análisis de la idea del Estado de Derecho. no hay razón alguna. hay que suponer) se ha deducido la obligación del legislador de sancionar penalmente todo atentado contra seres vivos aunque no sean personas. que no comparto. y esta imposición. que no encuentra naturalmente base alguna en la Constitución o en la Ley. lo que el Tribunal hace aquí es examinar si los supuestos de no punición aparecen descritos en términos tales que sólo puedan escapar al castigo aquellos que efectivamente se encuentren en ellos. pero es lógicamente imposible. en supuestos determinados por la colisión entre derechos fundamentales y el bien protegido. partiendo del principio de libertad. para subordinar a ellas el ejercicio de la libertad y. en lugar de este control). pues sólo a este corresponde decidir. pues. no conduce a declarar la licitud constitucional del proyecto. entiende que no es así y. Este razonamiento. la de que. es arbitraria. Probablemente mis colegas de la mayoría no aceptarán conscientemente ese principio antiliberal. de la declaración e inconstitucionalidad. y ciertamente no puede aceptarse. y de que. comúnmente. para determinar si «en la redacción dada por el Proyecto. La fundamentación real de la decisión real. aunque desmesurada. etc. dando un nuevo paso. que de ser garantía de la libertad del ciudadano se transforma en mecanismo dirigido a asegurar la efectividad del castigo. el duodécimo. suma de obiter dicta que para nada obligan hacia el futuro. el Tribunal acepta la posibilidad de que el legislador. no el porqué de lo uno o de lo otro. que de su opuesto. declarar inconstitucional una Ley porque no instituye. se concreta en un único fundamento. tampoco para que este Tribunal las imponga al legislador. Si no se acepta la necesidad constitucional del control preventivo. en este Fundamento. ni se desprotejan los derechos a la vida y la integridad física de la mujer». de tal forma que la desprotección del nasciturus no se produzca fuera de las situaciones previstas. que no es poco dejar. como esta obligación no es. es más prudente partir del principio de la prohibición general. dentro de los límites que la Constitución establece. necesidad de que la embarazada reciba previamente información sobre las ayudas que puede recibir si opta por la continuación del embarazo. declara la inconstitucionalidad. Dicho en otros términos. el Tribunal impone a las Cortes sus propias preferencias de política legislativa. la necesidad de que el legislador establezca condiciones y requisitos previos que garanticen a priori la existencia del supuesto en el que el aborto no es punible.). Del valor «vida» (vida humana. puesto que la Sentencia interpretativa ni es posible en el recurso 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 35 . dada la perversidad natural de los hombres y su tendencia a hacer mal uso de la libertad que se les otorgue. La Sentencia no es interpretativa. el principio general de libertad. por tanto. El examen de los hechos y la determinación de las consecuencias jurídicas que a los mismos corresponden quedan así substraídos al Juez y confiados al médico. junto al control represivo de las conductas (en rigor. exima de sanción a los responsables del aborto. Como es evidente. en el que es examinado el artículo 417 bis. sin justificación alguna. y los supuestos excepcionales de no punición del aborto se transforman en situaciones que permiten la obtención de una autorización para abortar. cuestión ésta sobre la que volveremos después) son una simple. según el cual es lícito todo lo expresamente prohibido. con entera libertad. en segundo término. Al fundamentar la declaración de inconstitucionalidad en la omisión en el proyecto de estos requisitos o condiciones (o cualesquiera otros equivalentes) que no son constitucionalmente necesarios. necesidad de que el aborto se practique en centros públicos o privados debidamente autorizados) son seguramente plausibles. el Tribunal proclama ahora. como garantía de la libertad de los individuos.
Tribunal Constitucional previo. Madrid a 16 de abril de 1985. ignora absolutamente los derechos fundamentales a la integridad física y moral y a la intimidad que la Constitución consagra y de los cuales sí son titulares las mujeres embarazadas. tantas veces citada y aun definida en la Sentencia. sean cuales fueren sus circunstancias. cuya dignidad. que ordena al Tribunal indicar la infracción constitucional y deja a las Cortes el cuidado de efectuar las supresiones o modificaciones necesarias para evitarla y.-Francisco Rubio Llorente. 11 de noviembre de 2014 © Thomson Reuters 36 . pese a las proclamaciones retóricas en contrario. sino al contrario. por último.-Firmado y rubricado. ni puede ser utilizada para invalidar la norma. para preservar la validez. al parecer ha de seguir siendo protegida por el tradicional procedimiento de considerar delictivo todo aborto. no respeta lo preceptuado en el artículo 79.4 LOTC.
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