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Timestamp: 2018-10-22 10:27:04
Document Index: 383090846

Matched Legal Cases: ['artículo 946', 'artículo 333', 'artículo 336', 'artículo 336', 'artículo 61', 'artículo 61', 'artículo 344', 'artículo 336']

﻿ AUTO AC1345-2018/2013-00030 DE ABRIL 9 DE 2018
AUTO AC1345-2018 DE 09 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:REQUISITOS DE LA CASACIÓN CIVIL. EL RECURSO DE CASACIÓN ES EXTRAORDINARIO Y NO PRETENDE LA REVISIÓN DEL LITIGIO. EN CAMBIO BUSCA LA DEFENSA DE LA UNIDAD E INTEGRIDAD DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, LA UNIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA, LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES, LA EFICACIA DE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN Y LA REPARACIÓN DEL DAÑO INFERIDO A LAS PARTES POR LA SENTENCIA RECURRIDA. DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 344, 346 Y 347 LOS REQUERIMIENTOS PARA LA DEMANDA DE CASACIÓN SON QUE EL INTERESADO FORMULE SUS REPROCHES A TRAVÉS DE CARGOS SEPARADOS, DE FORMA CLARA, PRECISA Y COMPLETA, INDICAR LA CAUSAL ESGRIMIDA, LA VIOLACIÓN DE NORMAS DE DERECHO SUSTANCIAL, IDENTIFICAR LA VÍA (DIRECTA O INDIRECTA) Y EL ERROR (DE HECHO O DE DERECHO).
TEMAS ESPECÍFICOS:DEMANDA DE CASACIÓN, CLASES DE RECURSO DE CASACIÓN, CAUSALES DEL RECURSO DE CASACIÓN, CONCESIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, DECISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN, EFECTOS DEL RECURSO DE CASACIÓN, FINALIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN, OPORTUNIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN, CASACIÓN EN LA FORMA, CASACIÓN SOBRE LOS HECHOS
Auto AC1345-2018/2013-0030 de abril 9 de 2018
AC1345-2018
Radicación 68001-31-03-009-2013-00030-01
Decídese sobre la admisión del escrito que sustenta el recurso de casación interpuesto por Héctor Fabio Jiménez Belalcázar, Elsa María Almeyda Suárez, Pedro Jesús Pimiento Suárez y Luis Antonio Pimiento Suárez, frente a la sentencia de 13 de junio de 2017, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil-Familia, dentro del proceso que en su contra y de Nelson Pérez Suárez promovieron Carlos Fernando Rodríguez Buitrago, María Eugenia Rodríguez de Dereix, Santiago Rodríguez Silva y Margarita María Rodríguez Buitrago.
1. Al tenor de la demanda, los promotores solicitaron que se declarara que el dominio pleno y absoluto del lote de terreno identificado con matrícula inmobiliaria 300-150912, ubicado en el municipio de Florida, pertenece a la comunidad con exclusión de los demandados, con las consecuentes ordenes de restitución y pago de frutos.
2. En compendio (fls. 73 a 82, cdno. 1), los accionantes sustentaron sus pretensiones en que, después de múltiples enajenaciones y procesos sucesorales, 15 personas son copropietarias del fundo mencionado, a pesar de lo cual la posesión está en cabeza de los convocados con exclusión de los restantes.
3. Héctor Fabio Jiménez Belalcázar, Elsa María Almeyda Suárez, Pedro Jesús Pimiento Suárez, y Luis Antonio Pimiento Suárez, se opusieron a las pretensiones y formularon las defensas que denominaron carencia de derecho de los demandantes por prescripción extintiva, falta de prueba producida en legal forma que demuestre la propiedad de los demandantes, inexistencia de los requisitos para la prosperidad de la acción reivindicatoria, y reclamación de mejoras (fls. 122-128, ib.).
El curador ad litem de Nelson Pérez Suárez aceptó unos hechos y propuso la excepción de falta de los elementos estructurales de la acción reivindicatoria.
4. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bucaramanga, el 8 de febrero de 2016 (fls. 445-449), denegó las pretensiones, al encontrar que no se probaron los elementos para la prosperidad de la acción reivindicatoria, porque los actores no suplicaron para la comunidad, ni respecto a la cuota que les correspondía.
5. Apelada esta decisión, el ad quem la revocó y ordenó la reivindicación de las alícuotas pertenecientes a Carlos Fernando Rodríguez Buitrago, María Eugenia Rodríguez, Santiago Rodríguez Silva, Margarita María Rodríguez Buitrago y los condóminos no vinculados al proceso, conminando a Héctor Fabio Bermúdez Belalcázar, Elsa María Almeyda Suárez, Nelson Pérez Suárez, Pedro Jesús Pimiento Suárez y Luis Antonio Pimiento Suárez para que permitieran a los demás integrantes de la comunidad ejercer su posesión, con base en los siguientes razonamientos (fls. 15-18, cdno. 2, CD fl. 12):
5.1. Encontró que los demandantes estaban legitimados para demandar, pues probaron su condición de propietarios a través de la copia simple de las escrituras públicas y el certificado de libertad y tradición. También estimó acreditada la calidad de poseedores de los accionados, quienes se la atribuyeron al contestar la demanda. Por último, estimó que el predio estaba claramente individualizado.
5.2. Precisó que se solicitó una reivindicación de cuota, como se deduce al imbricar los hechos y las pretensiones de la demanda. Por ello, estimó que las pretensiones debieron prosperar, en cuanto se refiere a la alícuota de cada comunero, no así respecto al reconocimiento del derecho de dominio pleno y la restitución del inmueble.
5.3. Reconoció que los copropietarios accionados son poseedores de buena fe, pero se abstuvo se resolver sobre las mejores, ante la existencia de un proceso divisorio en el que debe analizarse y resolverse el tema.
Respecto a los frutos aceptó su causación, bajo la égida de que el predio es de difícil explotación, por lo que condenó a los demandados a su pago a favor de los restantes comuneros.
6. Interpuesto el recurso de casación en tiempo se sustentó el 20 de noviembre de 2017 (fls. 19-46, cdno. Corte), el cual contiene dos (2) ataques que deberán ser repelidos por inobservar los requisitos de técnica exigidos para este remedio extraordinario.
Por la senda recta se achacó al juzgador de segundo grado una aplicación indebida de los artículos 946 y 949 del Código Civil, por una interpretación errónea de los hechos y pretensiones del libelo introductorio, al concluir que se demandó la reivindicación para la comunidad, sin advertir que se hizo en nombre propio y al amparo de una norma inaplicable.
Estimó que, aunque se admitiera una reivindicación de cuota, se ordenó la devolución de la posesión para todos los comuneros, sin considerar que algunos no fueron vinculados al litigio y frente a estos operó la prescripción de su dominio en favor de los actuales poseedores.
Criticó que “[p]ese a haberse probado, por el fallador, la existencia de una posesión de 9 años y 357 días por parte de los demandados..., el tribunal no protege tal posesión, sino que sencillamente niega la prescripción adquisitiva de dominio alegada a título de excepción por parte del apoderado de los pasivos” (fl. 41).
Reprochó que “el ad quem presumió que las pretensiones de la demanda, pese a que como se encuentran escritas, van dirigidas a pedir una reivindicación como reza el artículo 946 del Código Civil, debió haberse interpretado que era una reivindicación de cuota..., es decir, que los demandantes solo querían reivindicar sus cuotas partes, mas no el ciento por ciento del bien, pues los demandados también son copropietarios del inmueble, como tampoco los actores pedían en favor de la comunidad... Aun así, pese a haber interpretado el tribunal, que la demanda encaminaba a la reivindicación de las cuotas partes de los demandantes, llega un instante de la parte considerativa que dice que debe concederse la reivindicación del bien pedido, en las cuotas partes de los demandantes y a favor de toda la comunidad” (fls. 42-43), con lo cual privó a los accionados de demandar la usucapión frente a los condóminos que no integraron el contradictorio.
1. El recurso de casación tiene la condición de extraordinario en tanto no pretende una revisión del asunto en litigio, sino la defensa de la unidad e integridad del ordenamiento jurídico, la unificación de la jurisprudencia, la protección de los derechos constitucionales, la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por el Estado colombiano, y la reparación del agravio inferido a las partes por la sentencia censurada, según el artículo 333 del Código General del Proceso.
Por esta naturaleza, los artículos 344, 346 y 347 ibídem establecen un listado de requerimientos para la demanda de casación, so pena de deserción o inadmisión. Sobre el particular, en palabras que conservan vigor, tiene dicho esta corporación:
[P]ara que la casación pueda alcanzar sus fines propios, para que le sea dado a la Corte entrar a estudiar el recurso en el fondo, no basta con que se haya interpuesto, concedido y admitido, ni tampoco que se presente una demanda a manera de alegato de conclusión, ya que se trata de un recurso eminentemente extraordinario y no de una tercera instancia del proceso, sino que es menester que esa demanda llene todos los requisitos formales exigidos por la ley para ella, cuya omisión total o parcial conduce, por mandato expreso de la misma ley, a la inadmisión de la que ha sido defectuosamente aducida (CPC, art. 373-4) (AC, 28 nov. 2012, rad. 2010-00089-01, reiterada en providencia 11 may. 2010, rad. 2004-00623-01).
En concreto, el interesado deberá formular sus reproches a través de cargos separados, de forma clara, precisa y completa (art. 344, num. 2º). Para lo cual, deberá indicar la causal esgrimida y, de argüirse la violación de normas de derecho sustancial, identificar la vía (directa o indirecta) y el error (de hecho o de derecho).
2. No obstante lo anterior, la primera censura se formuló con base en la causal primera del artículo 336 del nuevo estatuto procesal, esto es, “[l]a violación directa de una norma jurídica sustancial”, pero en su desarrollo se incluyeron argumentos propios de la vía indirecta, incurriendo en un hibridismo proscrito en casación.
Recuérdese que, cuando se endilga un yerro por el camino recto, “el cargo se circunscribirá a la cuestión jurídica sin comprender ni extenderse a la materia probatoria” (art. 344, num. 2º, lit. a)). Esto es, el interesado tiene la carga de demostrar que el juzgador incurrió en “falsos juicios sobre las normas sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicación, al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose una interpretación errónea” (CSJ, AC5866, 5 sep. 2016, rad. 2011-00189-01).
El debate, entonces, se confinará a aspectos eminentemente jurídicos relativos a la norma que gobierna el caso y su correcta hermenéutica, sin que sea posible transitar hacia los hechos, los cuales resultan incuestionables por esta vía; en otras palabras, el ataque debe hacerse con “abstracción... de los elementos fácticos y probatorios debatidos en el proceso y con sujeción a lo que el tribunal en este campo concluyó, centrándose el censor en demostrar en el plano estrictamente jurídico la aplicación indebida, la falta de aplicación o la interpretación errónea de normas sustanciales” (CSJ, AC2886, 9 may. 2017, rad. 2003-00103-01. En el mismo sentido AC967, 21 feb. 2017, rad. 2007-00302-01; reitera AC, 21 feb. 2012, rad. 2008-00322).
En contravía, los opugnantes dejaron de lado la discusión sobre las normas aplicables al caso, para cuestionar la interpretación que el tribunal dispensó a los hechos y pretensiones de la demanda, lo que debió encausarse a través de la segunda causal de casación.
Total que el libelo introductorio delimita los extremos de la controversia y sirve de medio suasorio, razón por la que, cuando se cuestiona su tergiversación, se está censurando la plataforma fáctica, lo que debe hacerse por el camino del error de hecho, como lo ha reconocido esta Sala en variados pronunciamientos(1).
Por tanto, el cargo incurrió en una combinación que está prohibida para el remedio extraordinario, itérese, por acusar la vía recta pero justificarla con premisas propias de la indirecta, razón suficiente para repeler su admisión. Recuérdese que “la parte que decide impugnar una sentencia en casación no puede lanzarse a invocar promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con exactitud, en primer lugar, qué tipo de yerro se cometió, y luego, aducir la que para denunciarlo se tiene previsto” (CSJ, AC1555, 13 mar. 2017, rad. 2011-00195-01, reitera AC6487 de 2016, rad. 2009-00244-01).
3. Para abundar en razones, y bajo la suposición de que el embate se formuló por la senda indirecta, se advierte que los casacionistas omitieron demostrar la existencia del error, porque se dolieron de una inadecuada hermenéutica de la demanda pero olvidaron indicar con exactitud las pretensiones o hechos que fueron tergiversados, así como develar cuál era su contenido objetivo.
Y es que, “[a]l denunciar el yerro fáctico, es necesario... confrontar el contenido material de las pruebas afectadas por el denunciado error, con lo que se dijo de ellas en la sentencia, pues no de otra manera podrá entenderse el desacierto en que se fundó la acusación” (AC7887, 18 dic. 2014, rad. 2001-00624-01).
De forma opuesta, en el escrito de casación, se cuestionaron “evidentes errores de hecho en que incurrió el sentenciador al aplicar en forma errónea el libelo introductorio cuando en sus acápites de pretensiones y hechos, siempre la parte demandante [hizo] hacer ver que [la] demanda va encaminada a que se le conceda la reivindicación a favor de toda la comunidad” (fl. 40, cdno. Corte), sin particularizar los acápites que fueron interpretados de forma errada, describiendo su contenido y contrastándolos con su objetividad, de serte(sic) que aflorara el desacierto evidente.
De la forma en que se planteó el cargo, sería necesario que el juzgador extraordinario, de manera oficiosa, revisara en su totalidad la demanda y estableciera los parágrafos que, al parecer, sirvieron a los promotores para concluir que hubo un yerro por anfibología, lo cual contraviene el principio dispositivo que es connatural a la casación.
Esta razón, unida a la precedente, permite inadmitir el primero de los cargos.
4. Por último, se tiene que el reproche carece de claridad, pues está huérfano de la justificación necesaria para demostrar cómo se violaron las normas de derecho sustancial, en tanto el promotor se circunscribió a listar dos (2) de ellas, sin precisar la forma en que fueron desatendidas.
Al respecto, tiene por admitido esta corporación que “no basta con invocar las disposiciones a las que se hace referencia, sino que es preciso que el recurrente ponga de presente la manera como el sentenciador las transgredió” (CSJ, AC7705, 11 nov. 2016, rad. 2012-00367-01(2)). En concreto, “es indispensable atacar la providencia... por cuanto no se aplicó la regla en la que —se considera— debía subsumirse la controversia... y también en razón de haberse recurrido en forma impertinente a la que se empleó en lugar de la primera” (CSJ, AC, 17 feb. 2014, rad. 2008-01311-01, reiterada AC2186, 3 abr. 2017, rad. 2006-00316-01).
De no satisfacerse esta carga, el ataque está condenado al fracaso, al existir una desconexión entre los yerros in judicando fustigados al tribunal y el marco normativo que aplicable al fondo del litigio, que lo hace incomprensible, omisión que mal podría ser superada por esta corporación.
Esta Corte tiene decantado que:
[S]in distinción de la razón invocada, deben plantearse las acusaciones mediante un relato concatenado y claro, de tal manera que de su desprevenida revisión emane el sentido de la inconformidad, sin que exista cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando en virtud del principio dispositivo que gobierna el recurso, no puede la Corte suplir las falencias en que incurran los litigantes en este aspecto... Lo anterior porque, no son admisibles apuntaciones abstractas y sin aptitud para afectar los argumentos bastiones del fallo combatido... (AC2194, 30 abr. 2014, rad. 2007-00175-01).
Esto fue lo que sucedió en el sub lite, porque el promotor citó los artículos 946 y 949 del Código Civil, sin explicar la forma en que fueron desatendidos y su relevancia; en concreto, faltó una explicación sobre la forma en que se desatendió la norma que define la acción reivindicatoria y la que regula la de cuota.
En suma, el ataque carece de razonamientos que permitan encadenar los dislates con las normas supuestamente violentadas, con el objeto de derruir los fundamentos de la providencia impugnada y mostrar la trascendencia de las equivocaciones, por lo que se impone su rechazo.
Con base en la causal primera del artículo 336 del Código General del Proceso, se acusó la sentencia de aplicar erróneamente el artículo 61 de igual codificación, por haber concedido la reivindicación en favor de toda la comunidad, sin advertir que seis (6) copropietarios no fueron vinculados al proceso, a pesar de su condición de litisconsortes necesarios, quienes resultan beneficiados de una acción “que no incoaron[,] en perjuicio de los demandados que desde el inicio del proceso alegaron una posesión de más de treinta (30) años, aunque el tribunal dio por probada la misma solo por nueve (9) años y 357 días” (fl. 43).
Insistió que se configuraron los siguientes errores de hecho: (i) favorecimiento de personas que no concurrieron al proceso; (ii) decisión respecto a toda la comunidad, sin que todos los condóminos intervinieran en la causa; y (iii) reconocimiento de derechos a copropietarios en desmedro de la posesión de los convocados, quienes a la fecha de la sentencia tenían 13 años de detentación.
Arguyó que se estaba en presencia de un litisconsorcio necesario, porque la reclamación se hizo respecto a los derechos de copropietarios que no fueron citados ni representados, siendo equivocada la interpretación del tribunal respecto a la conformación del contradictorio, ya que “los demandantes solo querían reivindicar sus cuotas partes, como tampoco los actores pedían en favor de la comunidad” (fl. 45).
Consideró que la reivindicación decretada priva a los demandadas de “acudir a la acción de prescripción extintiva extraordinaria de dominio contra esos seis (6) comuneros que no se hicieron parte en el proceso” (ídem), máxime cuando faltaron ocho (8) días para que se configurara.
1. Cuando se alega la vulneración de normas de derecho sustancial, el interesado tiene la carga de señalar cualquiera disposición “que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada” (CGP, art. 344, par. 1º); huelga explicarlo, el actor deberá señalar por lo menos un mandato, de aquellos que crean, modifican o extinguen vínculos jurídicos concretos, desatendido con el fallo de segundo grado, siempre que sea relevante para la resolución de la controversia.
Tal ha sido la línea jurisprudencial consolidada sobre la materia(3), que conserva aplicación después de la entrada en vigencia del nuevo estatuto procesal, y que propende porque la Corte cumpla su rol como órgano de cierre en asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, a través de la unificación de la hermenéutica de los mandatos que son citados como sustento de la acusación, sin convertirse en una nueva instancia.
2. Contrario a lo comentado, en el reproche bajo estudio no se señalaron las normas sustanciales que supuestamente fueran desconocidas por el ad quem.
Total que, en el escrito de sustentación, solo se mencionó el artículo 61 del Código General del Proceso, relativo al litisconsorcio necesario, el cual carece del talante antes mencionado, pues su contenido es procesal, sin constituir o extinguir situaciones materiales concretas.
Esta Sala tiene decantado que “no son sustanciales las disposiciones reguladoras de ... la actividad in procedendo” por lo que “por sí solas [no] pueden dar base para casar una sentencia, sino que es preciso que de la infracción de una de esas disposiciones resulte infringida otra norma sustantiva” (AC7549, 9 dic. 2014, rad. 2009-00072-02, reitera los fallos SC, 10 dic. 1999, 30 may. 2011).
Así las cosas, el cargo carece de su soporte cardinal, por lo que no es posible acogerlo para su estudio.
3. Además, se advierte que la censura se planteó por la senda recta, pero se justificó en razonamientos propios del error de hecho, en una mezcla inaceptable, como ya se explicó.
Recuérdese que, el inciso 2º del artículo 344 del Código General del Proceso, es claro en señalar que los embates deben formularse de forma separada, teniendo presente la distinción entre dislates directos y los indirectos.
En el caso bajo estudio, se observa que en el embate se “[i]nvocó la causal 1ª del artículo 336 del Código General del [P]roceso[,] por ser la sentencia impugnada violatoria de la ley sustancial civil y procesal civil”. Empero, al desarrollarse, se imputaron al tribunal múltiples “errores de hecho”, entre otros.
Así las cosas, al haberse mezclado las acusaciones, se incurrió en una deficiencia técnica que no puede ser pretermitida.
4. Por último, se tiene que el reproche carece de claridad, pues se endilgaron múltiples yerros fácticos sin precisar los medios probatorios sobre los que recayó el dislate.
En efecto, se acusó al ad quem de cometer “errores de hecho” por extender los efectos de la decisión en favor de comuneros no vinculados al proceso, sin señalar cuáles pruebas fueron pretermitidas, supuestas o tergiversadas, como es propio de esta clase de yerros.
Recuérdese que, cuando se alega un defecto fáctico, la jurisprudencia ha precisado “la necesidad, por demás práctica, de individualizar si el yerro se cometió en la apreciación de la demanda o en su contestación o en ‘determinada’ prueba. Por tal razón con insistencia se ha dicho que no son de recibo los ataques genéricos, que se basan en todas las pruebas pero no identifican una en particular (v. gr. sentencias del 28 de marzo de 1990 y del 18 de agosto de 1995)” (AC, 3 ab. 1998, exp. 6985).
Sin embargo, los impugnantes se duelen de las múltiples equivocaciones sin correlacionarlas con ninguna de las pruebas recabadas dentro del plenario, en desatención de la claridad que se esperaba.
5. Por todo esto, ante la falta de cumplimiento de los requisitos formales, el escrito de sustentación del remedio extraordinario no puede ser objeto de estudio.
Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, resuelve declarar inadmisible la demanda de casación presentada Héctor Fabio Jiménez Belalcázar, Elsa María Almeyda Suárez, Pedro Jesús Pimiento Suárez y Luis Antonio Pimiento Suárez dentro del proceso de la referencia.
Reconócese personería jurídica a Jorge Enrique Meza Ortiz y a Rafael Romero Sierra, como apoderados judiciales de los impugnantes y demandantes, respectivamente, en los términos de los poderes que obran en el expediente.
Por secretaría devolver la foliatura al tribunal de origen.
(1) SC141, 4 oct. 1993; SC, 14 ago. 1995, exp. 4040; AC, 3 ab. 1998, exp. 6985; AC, 9 jun. 1998, exp. 7109; SC, 1º ago. 2001, exp. 5875; entre otras.
(2) En igual sentido AC7879-2014, rad. 2008-00267-01; AC 6828-2014, rad. 2009-00051-01; AC3493-2014, rad. 2003-00122-01; AC5525-2015, rad. 2008-00681-01; entre muchas otras.
(3) Cfr. SC, 20 ene. 1995, exp. 4305; AC, 4 sep. 1995, exp. 5555; AC, 25 oct. 1996, exp. 6228; AC, 7 dic. 2001, rad. 1999-0482-01; AC, 5 ago. 2009, rad. 1999-00453-01; AC1762, 7 abr. 2014, rad. 2008-00094-01; entre otras.