Source: http://herasabogadosbilbao.blogspot.com/2017/06/
Timestamp: 2020-01-29 01:08:38
Document Index: 58928919

Matched Legal Cases: ['artículo 24', 'artículo 120', 'artículo 299', 'artículo 31', 'artículo 379', 'artículo 383', 'artículo 379', 'artículo 383', 'artículo 383', 'artículo 379']

HERAS ABOGADOS BILBAO: junio 2017
ANTE LOS "GRAVES" PROBLEMAS QUE SUFRE EL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO, LOS JUECES SOLICITAN MANTENER EL SOPORTE PAPEL
Los presidentes de las Audiencias Provinciales destacan que la actual situación de diversidad de aplicaciones y modelos de EJE requiere que se adopten las iniciativas necesarias para que los distintos sistemas sean compatibles y respondan a unas características similares. Además, reclaman un Expediente Judicial Electrónico "de calidad".
Las XVII Jornadas Nacionales de Presidentes de Audiencias Provinciales, que han congregado en León a 41 máximos representantes de los tribunales provinciales, han finalizado con un documento de conclusiones, entre las que destaca la especial referencia que realizan al expediente judicial electrónico.
Según una nota difundida por el CGPJ, los magistrados comienzan destacando que implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia cuenta con su "incondicional apoyo" y con su deseo de que sea desarrollada "con la mayor celeridad".
En este sentido, añaden que la oficina judicial y los medios técnicos e informáticos tienen como fin primordial contribuir a la mejora y optimización de la función judicial. Por ello, el Expediente Judicial Electrónico (en adelante EJE) constituye una herramienta fundamental para el trabajo de los jueces y magistrados.
Sin embargo, destacan, "su implantación, que no es uniforme en todo el territorio nacional, está dando lugar a graves problemas a los que se les debe dar una solución urgente".
Por tal motivo el documento recoge las siguientes propuestas:
"Primera.- Sería deseable que en todo el territorio nacional hubiera una sola aplicación de gestión procesal y un único modelo de Expediente Judicial Electrónico pero ante la actual situación de diversidad de aplicaciones y modelos del EJE solicitamos que el CGPJ adopte las iniciativas necesarias para que los distintos sistemas no sólo sean compatibles sino que respondan a unas características similares.
Segunda.-Solicitamos del CGPJ que refuerce su liderazgo en este proceso instando a todas las Administraciones Públicas competentes a desarrollar con la mayor urgencia un Expediente Judicial Electrónico de calidad, realizando las necesarias inversiones en medios humanos y materiales.
Tercera.- Solicitamos que el CGPJ establezca condiciones mínimas que debe tener una aplicación judicial para que se pueda prescindir de los expedientes en soporte papel. Entendemos que las condiciones mínimas que deben cumplirse son, al menos, las siguientes:
a) La aplicación informática debe tener un índice electrónico tal y como dispone la Ley 18/2011 (LA LEY 14138/2011) (art.26.3).
b) La aplicación debe tener visor de documentos, un buscador potente e hipervínculos.
c) Los magistrados/as deben disponer de doble pantalla o herramienta similar así como un ordenador portátil para el trabajo fuera de la sede judicial.
d) Los magistrados/as deben disponer de acceso remoto a la aplicación informática fuera de la sede judicial.
Cuarta.- Hasta que no se den las condiciones anteriores se deberán dar las instrucciones oportunas para que los expedientes se envíen a otros órganos judiciales en soporte papel.
Quinta.- Se deberá garantizar por las administraciones públicas competentes el apoyo técnico suficiente y en tiempo razonable para resolver los problemas e incidencias que surjan en cada momento."
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en viernes, junio 30, 2017
Vete; retrocede: márchate. Es fórmula de exorcismo eclesiástico, de expulsión demoníaca; y que se usa también para rechazar con mayor o menor solemnidad o afectación a una persona ingrata. Enciclopedia Jurídica.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en jueves, junio 29, 2017
EL TS CASTIGARA COMO MALVERSACION LOS DESVIOS DE FONDOS PUBLICOS A TRAVES DE SOCIEDADES MERCANTILES
En un Pleno no Jurisdiccional de fecha 25 de mayo, los magistrados de la Sala Segunda han acordado por unanimidad considerar que los bienes, efectos, caudales o cualesquiera otros de índole que integren el patrimonio de las sociedades mercantiles participadas por el Estado u otras Administraciones u Organismo Públicos, deben tener la consideración de patrimonio público y por tanto, pueden ser objeto material del delito de malversación, siempre que estas sociedades tengan participación pública y cumplan los requisitos incluidos en el acuerdo. Estas conductas hasta ahora se castigaban como delitos de apropiación indebida.
—1.1 Cuando la sociedad mercantil esté participada en su totalidad por las personas públicas referidas.
—1.2 Cuando esté participada mayoritariamente por las mismas.
—1.3 Y siempre que la sociedad pueda ser considerada como pública en atención a las circunstancias concretas que concurran, pudiéndose valorar las siguientes o cualesquiera otras de similar naturaleza:
—1.3.1 que el objeto de la sociedad participada sea la prestación, directa o indirecta, de servicios públicos o participen del sector público;
—1.3.2 que la sociedad mixta se encuentre sometida directa o indirectamente a órganos de control, inspección, intervención o fiscalización del Estado o de otras Administraciones Públicas;
—y 1.3.3 que la sociedad participada haya percibido subvenciones públicas en cuantía relevante, cualquiera que fuera la Administración que las haya concedido, para desarrollar su objeto social y actividad.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en miércoles, junio 28, 2017
Sancionar infracciones previas al resultado lesivo
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en martes, junio 27, 2017
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en lunes, junio 26, 2017
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en jueves, junio 22, 2017
El Tribunal Supremo en sentencia del pasado 9 de junio, Rec. 1495/2016, ha vuelto a dejar claro que la custodia compartida es la mejor opción y la más beneficiosa para el menor -es la regla general-, cuando se dan las circunstancias para ello, y que detalles que antes parecían insalvables, o al menos problemáticos a la hora de optar por esta forma de custodia, ahora no lo son tanto.
Establecimiento de un régimen de custodia en alternancia semanal en la instancia
Presentada demanda de divorcio por la esposa, el Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia por la que estableció, además de la disolución del matrimonio, que el régimen de convivencia de los progenitores con el hijo menor de edad seria compartido, atribuyendo a éste el uso del domicilio familiar, siendo los padres los que se alternaran por periodos semanales en la convivencia con el menor.
Sentencia de la Audiencia Provincial - Posibilidad de los progenitores de residir en localidades distintas
El esposo demandado en la instancia recurrió la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo concerniente a la obligación de alternar ambos padres su residencia en el domicilio familiar cuando ostenten la custodia compartida, solicitando poder vivir en otra localidad, próxima al lugar donde se halla el domicilio familiar.
La Audiencia Provincial de Valencia, en sentencia de 9 Marzo 2016, Rec. 1277/2015, dio la razón al ex esposo en cuanto a la posibilidad de residir en localidad próxima al domicilio familiar.
Para ello tuvo en cuenta la distancia entre las localidades de residencia de los padres, atendiendo al colegio donde asiste. Así, razonó que no era óbice a la custodia compartida la distancia entre la residencia de los progenitores rondando el desplazamiento entre ambas poblaciones unos 43 minutos, tiempo análogo al empleado en los desplazamientos dentro de una ciudad como Madrid o Barcelona si los progenitores residieran en una de estas ciudades.
Razonamiento del Supremo – Deben evitarse importantes desplazamientos
La Sala de lo Civil desestima el recurso de apelación y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.
Para ello tienen en cuenta que con posterioridad al dictado de la sentencia recurrida, se produjo un hecho, que aunque no acreditado en los autos, es reconocido por ambas partes, y es que el menor está escolarizado en una tercera localidad, donde el padre trabaja como profesor, y que se encuentra equidistante entre las dos localidades de residencia de los padres; por tanto resulta igual de gravoso para el menor el traslado al colegio desde una u otra localidad.
Indica que evidentemente, el régimen de custodia compartida supone beneficios para el menor pero también alguna dificultad, pues implica normalmente el cambio de domicilio en periodos cortos de tiempo; sin embargo esto queda compensado por la convivencia con ambos padres.
La propia Sala ha evitado pronunciarse a favor de evitar importantes desplazamientos hasta el lugar de escolarización (por ejemplo la STS 748/2016, de 21 de diciembre, donde consideró que no procedía la custodia compartida por afectar negativamente a la menor dada la residencia de los progenitores en distinta población con una distancia de unos cincuenta kilómetros, lo que supondría que en semanas alternas la menor habría de recorrer esa considerable distancia para desplazarse al colegio).
No obstante, en este caso dicha facultad parecía superada, resultando factible que el hijo cambie por periodos semanales entre ambas localidades donde habitan sus progenitores, al no darse especiales dificultades para ello.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en miércoles, junio 21, 2017
Todo proceso judicial requiere que se demuestre lo pretendido. Para tal cuestión existen en nuestro ordenamiento jurídico una serie de tipos de prueba (medios de prueba, mejor llamados) que intentarán convencer al Juez sobre la certeza de lo planteado.
EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO.
La finalidad de la prueba es convencer al juzgador sobre la certeza de los hechos que fundamentan las pretensiones de cada parte.
El procedimiento probatorio será el conjunto de normas que regulan la actividad probatoria. También es, el conjunto de actividades dirigidas a convencer al Tribunal de la certeza de unos determinados hechos o actos.
Según lo establecido el artículo 24 de la Constitución, este proceso probatorio debe tener todas las garantías legales. Por lo tanto ha de permitir a las partes proponer con total y absoluta libertad los medios de prueba útiles y pertinentes que deseen.
Asimismo la ejecución de la prueba estará presidida por los principios de contradicción a igualdad de armas.
La prueba habrá de practicarse bajo la inmediación del Tribunal de forma oral y públicamente, con las limitaciones derivadas de la de la tutela de los intereses y derechos constitucionalmente reconocidos según el artículo 120 de la Constitución.
Existen dos fases en el procedimiento probatorio:
La Proposición de los medios de prueba.
La práctica de las pruebas admitidas.
PROPOSICIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA:
Las partes habrán de esperar al término de la audiencia previa o durante el desarrollo de la vista en el juicio verbal para proponer los demás medios de prueba, en el caso de que siga el litigio planteado.
También puede considerarse que el litigio versa exclusivamente sobre un problema de interpretación del derecho. O que tanto el Tribunal como las partes consideran que los peritos no deben ratificarse en su dictámenes y que la única prueba útil sea la documental y ya está aportada.
En estos casos el tribunal dictará sentencia en el plazo indicado en la LECiv.
ADMISIÓN DE LOS TIPOS DE PRUEBA.
Como ya hemos dicho el proceso probatorio estará inspirado por el principio de oralidad. El actor propondrá en primer lugar la práctica de los medios de pruebas conducentes a acreditar los hechos controvertidos y alegados en la demanda.
Seguidamente, el tribunal dará traslado al demandado para que pueda impugnar oralmente la proposición del actor por considerar está impertinente, inútil o ilícita. Asimismo este mismo acto, propondrá los medios de prueba que considere sobre los hechos alegados por el demandante.
A la vista de los de los tipos de prueba propuestos por las partes, el Tribunal podrá poner de manifiesto la insuficiencia de estos para la resolución del litigio.
En este caso el Tribunal podrá señalar las pruebas cuya práctica considere conveniente.
En el juicio ordinario durante la audiencia previa, propuestos los medios de prueba el Tribunal resolverá sobre la admisión de cada uno de ellos.
Cuándo se desestime total o parcialmente el tipo de prueba propuesta, el juez deberá motivarlo. La parte perjudicada por esta resolución podrá recurrirla oralmente en reposición. La resolución de este recurso se formulará de forma oral igualmente y en el mismo acto. La parte agraviada por esta resolución podrá formular protesta, a los solos efectos hacer valer sus derechos en la segunda instancia o en la casación.
En el juicio verbal solo cabrá protesta contra admisión o inadmisión de los medios de prueba.
PRÁCTICA DE LAS PRUEBAS ADMITIDAS:
Disponen los artículos 289 a 292 LECiv. las disposiciones generales sobre la práctica de la prueba. Asimismo también recogen sus especialidades.
Habrá obligaciones procesales de los sujetos que intervengan en la práctica de la prueba. El tribunal dispondrá de facultades para asegurar el correcto desarrollo de la práctica de la prueba, pudiendo imponer multas pecuniarias:
A quien aporte en momento posterior a fase alegaciones un documento con ánimo dilatorio o con mala fe.
También a quien introduzca un nuevo hecho o de nueva noticia de manera igualmente torticera .
Igualmente al litigante, testigos y peritos que dilaten el procedimiento.
De la misma manera se prevén sanciones por temeridad procesal en la impugnación del valor probatorio de un documento público o privado.
Las partes deben comparecer y someterse al interrogatorio judicial, a la exhibición y aportación de los documentos y a la práctica de un análisis sanguíneo en caso de que el edificio se siga por paternidad.
La prueba deberá practicarse en la sede del tribunal. Aún así, cuando fuere necesario o conveniente, podrá practicarse en cualquier otro lugar del territorio de la jurisdicción del tribunal.
Al finalizar la audiencia previa, una vez admitidos los medios de prueba, el juez señalará la fecha del juicio. Este deberá celebrarse en el plazo máximo de un mes desde la finalización de dicha audiencia previa. Sí el juicio se celebrase fuera de la sede Tribunal podrá ampliarse este plazo a 2 meses.
La prueba deberá practicarse de forma contradictoria ahora según el principio de mediación y públicamente.
En primer lugar se practicará los interrogatorios de las partes y los testigos, seguidamente declararán los peritos. A continuación, se realizará el reconocimiento judicial y por último se llevarán a cabo los tipos de prueba reproducción de imágenes, sonidos y similares.
MEDIOS DE PRUEBA. TIPOS DE PRUEBA EN DERECHO.
Los medios de prueba o tipos de prueba, son los soportes que permiten al tribunal ilustrarse de forma directa o a través de las personas o documentos con el fin de dar solución al litigio planteado.
Los medios de prueba se regulan en el artículo 299 LECiv., distinguiéndose 6 tipos de prueba diferentes:
Los documentos públicos.
El dictamen de los peritos.
Interrogatorio de testigos. (Publicado por El Juridista)
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en martes, junio 20, 2017
EL REGISTRO DE HASHTAGS COMO MARCA REGISTRADA CRECE UN 64%
Twitter puso de moda, con su llegada, una nueva manera de compartir pensamientos, de hacer humor, de reivindicar y también de entender la comunicación. Los hashtags pasaron a ser entonces la forma oficial de indexar cosas, de ordenar la información en la red social, aunque aparentemente no tengan sentido.
Las empresas atendieron a las tendencias y pronto comenzaron a incorporar a sus estrategias en las redes la creación de algún hashtag propio o creado para una ocasión especial, para aglutinar comentarios, seguidores, y conseguir notoriedad haciéndolo trending topic (el tema del que más se habla en cierto momento en Twitter). Los TT son el termómetro perfecto para calibrar el impacto de una información.
Las empresas ven en el registro de hashtags una manera segura de explotar su propio contenido de forma exclusiva
Años después, la presencia de hashtags en nuestra vida trasciende la vida 2.0. Campañas de publicidad de diversos productos incorporan en sus carteles o spots publicitarios el hashtag correspondiente al que los usuarios deben remitirse para estar al tanto de nuevos lanzamientos o sorteos.
Según un estudio de la compañía CompuMark, dedicada al estudio de las marcas registradas, también este uso masivo ha tenido un eco en los negocios. El registro de hashtags por parte de diferentes marcas y empresas ha crecido un 64% en 2016 con respecto al año anterior de forma global.
La primera vez que se registró un hashtag como marca fue en 201o y desde entonces se han solicitado más de 5.000 nominaciones, 2.200 de ellas incluidas solo en 2016.
Algunas cifras llaman la atención, como la actividad de la cadena de televisión colombiana RCN Televisión S.A., que durante 2016 intentó registrar más de 50 hashtags diferentes pero todos en relación con su programación de fútbol. Publicado por Yaiza Ibarra.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en lunes, junio 19, 2017
#ComplianceLegal
El Juzgado de lo Penal de Madrid, en su sentencia 63/2017, de 13 de febrero, absuelve a una sociedad unipersonal del delito de estafa y falsedad en documento mercantil cometidos por su administrador y empleado único.
La cuestión clave radica en acudir al modelo de heteroresponsabilidad que predica el TS en su STS 154/2016, de 29 de febrero , es decir, que el artículo 31 bis hace responder a la persona jurídica por un hecho propio (delito corporativo), distinto del de la persona física, que se basa en dos circunstancias:
1.-La previa comisión del delito por parte de la persona física integrante de la organización como presupuesto inicial.
2.-La exigencia del establecimiento y correcta aplicación de medidas de control eficaces que prevengan e intenten evitar, en lo posible, la comisión de infracciones delictivas por quienes integran la organización.
El Juzgado de lo Penal de Madrid defiende la inexistencia de ese delito corporativo en la persona jurídica unipersonal y, por tanto, su inimputabilidad. Entiende que si carece de estructura corporativa por ser de tan pequeña entidad que el socio único es el único administrador y empleado, se asemeja a la inimputabilidad de las sociedades pantalla definidas ya como inimputables en las STS 154/2016 y STS 221/2016 . Razona que carece de sentido exigirle como sociedad "la cultura de respeto" a la norma que está en la base del delito corporativo, distinto del delito de la persona jurídica. La confusión entre sujeto activo y sociedad es tal que se produce, " imposibilidad congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de control”.
Esta apreciación ya aparecía en la Circular de la FGE 1/2011 en la que se dice: " Por otra parte, en aquellos otros casos en los que se produzca una identidad absoluta y sustancial entre el gestor y la persona jurídica, de modo tal que sus voluntades aparezcan en la práctica totalmente solapadas, sin que exista verdadera alteridad ni la diversidad de intereses que son propias de los entes corporativos -piénsese en los negocios unipersonales que adoptan formas societarias-, resultando además irrelevante la personalidad jurídica en la concreta figura delictiva, deberá valorarse la posibilidad de imputar tan solo a la persona física, evitando la doble incriminación de la entidad y el gestor que, a pesar de ser formalmente posible, resultaría contraria a la realidad de las cosas y podría vulnerar el principio non bis in ídem".
También la Circular FGE 1/2016 se refiere a la inimputabilidad de las sociedades que carezcan de estructura organizativa, lo que parece aplicable a una sociedad con un único socio y un único Administrador, cuando dice: " Se entiende así que las sociedades instrumentales aunque formalmente sean personas jurídicas, materialmente carecen del suficiente desarrollo organizativo para que les sea de aplicación el art. 31 bis, especialmente tras la completa regulación de los programas de cumplimiento normativo"
La propia sentencia del Juzgado de lo Penal aporta el dato de que nuestra jurisprudencia "menor" se ha ocupado de la cuestión, con pronunciamientos contradictorios. Así la SAP Zaragoza 176/2016, de 22 de septiembre absuelve a la sociedad unipersonal en base al principio “non bis in ídem”, argumentando que si se condenara a la empresa y al administrador en realidad se estaría penando dos veces el mismo hecho, y la SAP Zaragoza 575/2016 de 1 de diciembre condena a la empresa por aplicación automática del art. 31 bis 1 del CP, sin más razonamiento.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en viernes, junio 16, 2017
El Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (STS 419/2017, de 8 de junio) ha establecido que es compatible la condena simultánea por delito de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por delito de negativa a someterse a la práctica de la prueba de alcoholemia a requerimiento de agente de la autoridad, al considerar que no vulnera el principio de proporcionalidad ni el principio ‘non bis in ídem’, que impide castigar dos veces a una persona por un mismo hecho.
Conductor con claros síntomas de embriaguez que se negó a soplar en el etilómetro
En fecha 19 de mayo de 2016 y por el Juzgado de lo Penal núm. 25 de Barcelona se dictó sentencia en el Procedimiento Abreviado Rápido 186/16 que contiene el fallo siguiente: "Que debo condenar y condeno como autor de un delito contra la seguridad del tráfico, del artículo 379.2 del Código Penal, sin la concurrencia de circunstancias que modifiquen la responsabilidad criminal, imponiéndole la pena de 8 meses de multa con cuota diaria de 6 euros y responsabilidad persona subsidiaria prevista en el art. 53 CP, así como la pena de privación de derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo de 18 meses, y como autor, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de embriaguez, prevista en el art. 21.6° en relación con los artículos 21.1 y 20.2 del Código Penal de un delito de desobediencia del artículo 383 del Código Penal, imponiéndole la pena de seis meses de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por el tiempo de 18 meses, y todo ello, con imposición al condenado de las costas del presente procedimiento".
No se castiga la misma conducta
El Supremo rechaza el argumento y explica que en este caso no se ha castigado el mismo hecho. Así, en el delito del artículo 379.2 del Código Penal, la conducta punible consiste en conducir el vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas, y en cambio, la conducta prevista en el artículo 383 del Código Penal es la negativa a pasar la prueba de alcoholemia. En este segundo delito, el bien jurídico directamente protegido es el principio de autoridad, y, en el caso del primer delito, el bien tutelado es la seguridad vial.
A este respecto, el Supremo se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2009, de 12 de enero, en la que se argumenta que "la identidad de autor, hecho y fundamento jurídico de las dos infracciones (ya sean penales o administrativas) que la vulneración del principio non bis in ídem exige, no concurre en el presente supuesto, desde el momento en que el hecho sancionado en el art. 379 CP consiste en conducir un vehículo a motor o un ciclomotor bajo la influencia de, entre otras, bebidas alcohólicas, mientras que el delito tipificado en el art. 380 CP sanciona la negativa a someterse a pruebas legalmente establecidas para la comprobación de que se conduce bajo la influencia de bebidas alcohólicas. La disimilitud de conductas típicas excluye pues la vulneración del principio non bis in ídem"
¿Concurso real de delitos?
Sin embargo, todavía cabría cuestionar la aplicación del concurso real de delitos en el caso de que el bien jurídico tutelado por ambos preceptos (arts. 379.2 y 383 del Código Penal) fuera el mismo. En tal caso, aunque no se incurriera en un bis in ídem por no tratarse de la misma conducta en ambas acciones, sí cabría plantearse la posibilidad de que se vulnerara el principio de proporcionalidad de las penas, que se encuentra vinculado con el non bis in ídem y también comprendido, entre otros preceptos, en el art. 25.1 de la CE.
Conducir con tasas superiores a las permitidas y obstaculizar la función de los agentes
La Sala subraya que la función del precepto penal de negativa a pasar la prueba de alcoholemia todavía alcanza un mayor realce tras la reforma legal de 2007 del tipo de conducción etílica que se cumplimenta por el mero acto de conducir un vehículo de motor después de haber ingerido bebidas alcohólicas por encima de ciertas tasas legales. “A partir de esa reforma resulta imprescindible la práctica de la pericia de alcoholemia para constatar el elemento típico nuclear consistente en la tasa de alcoholemia. De modo que en el caso de que no operara el tipo penal del artículo 383 (configurado por la doctrina como "delito de obstáculo") la eficacia preventiva del nuevo supuesto todavía quedaría más debilitada que en los casos previstos en el primer inciso del artículo 379.2 (conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas sin necesidad de que conste la tasa de alcoholemia)”.
Indica la Sala que, "desde una perspectiva criminológica, no es lo mismo ser condenado por un delito específico contra la seguridad del tráfico como el que se contempla en el art. 379.2 del C. Penal, que por un delito de desobediencia a un agente de la autoridad; pues aunque ambos tutelan el bien jurídico de la seguridad del tráfico, no lo hacen con las mismas connotaciones y el mismo alcance, habida cuenta de la naturaleza cuando menos mixta que presenta desde el perfil del bien jurídico el delito del art. 383 del C. Penal, sin olvidar su tutela más indirecta o mediata de la seguridad vial y de los bienes personales primarios que se protegen a su amparo".
Así pues, descarta que exista una desproporción punitiva que nos desplace desde el concurso real de delitos al concurso de normas, rechazando también el segundo motivo del recurso. (Noticias jurídicas).
Contenido curado por )Isabel Asolo (Community Manager) HERAS ABOGADOS BILBAO S.L.P.
Publicado por HERAS ABOGADOS BILBAO en jueves, junio 15, 2017
DOCTRINA DEL TRIBUNAL SUPREMO SOBRE LA SECCIÓN DE CALIFICACIÓN: PROBLEMAS Y SOLUCIONES-CONCURSO DE ACREEDORES.
Particularmente creo que la aplicación de esta doctrina debe hacerse de forma excepcional, para casos muy concretos, y debiendo determinar por el órgano judicial de forma clara el tiempo de espera, en otro caso puede suponer un elemento de desorden en la tramitación de esta sección del concurso, y del concurso en general, generando una situación discrecional que puede generar inseguridad jurídica
No obstante lo dicho, desde el punto de vista procesal y en la vista, sí pueden tener una actuación más activa los acreedores y terceros interesados, así, “los terceros personados podrán proponer prueba, participar en la vista y realizar cualquier otra actuación procesal, pero dirigida a confirmar y ratificar los supuestos de hecho que dan soporte a las pretensiones de la administración concursal y el ministerio fiscal, únicas frente a las que habrán de defenderse los demandados y demás personas afectadas. A tenor del art. 170.4 LC -EDL 2003/29207-, los terceros personados podrán recurrir también la sentencia de no ser estimadas todas o parte de las pretensiones interesadas por la administración concursal y el ministerio fiscal”. Por lo tanto pueden coadyuvar en las pretensiones del administrador concursal y del Ministerio Fiscal, sería como dice la sentencia, una intervención adhesiva simple, prevista en el art.13 LEC -EDL 2000/77463-No obstante se plantean problemas ante esta solución doctrinal, pues si bien pueden recurrir la sentencia en los extremos no aceptados de la calificación del Ministerio Fiscal y el administrador concursal, cabe si pueden hacerlo de forma independiente, es decir sin que lo haga el administrador concursal o el ministerio fiscal. Parece que no puede ser así, pues su actuación es siempre supeditada a lo que soliciten estas partes. Imaginemos la situación en la que el administrador concursal, con la aquiescencia del ministerio fiscal, retira en el acto de la vista, o con carácter previo, un motivo de culpabilidad, bien porque existen hechos nuevos o por otro motivo, pues bien en estos casos no parece que los terceros puedan mantener ese motivo de calificación, pues como se ha dicho en líneas anteriores el objeto de la sección de calificación la fija el ministerio fiscal y el administrador concursal.
También en materia de déficit concursal, previsto en el art.172 bis LC -EDL 2003/29207-el Tribunal Supremo exige que se concreten los hechos que le dan lugar, no pudiendo en esta materia tampoco ser suplido por el juez en su sentencia. Así la STS Sala 1ª, Sección 1ª, núm. 650/2016 de 3 noviembre -EDJ 2016/196186-, habla de una justificación añadida para condenar a las personas afectadas a cubrir la cobertura del déficit, y esa justificación añadida debe alegarse como es lógico en los informes del administrador concursal y del Ministerio Fiscal, “La exigencia de una «justificación añadida» responde a la idea de que la mera calificación culpable del concurso no debe determinar la condena a cubrir el déficit concursal, sino que es preciso que concurra alguna razón adicional relacionada con lo que es objeto de condena, la cobertura total o parcial del déficit, que lo justifique”. O la STS Sala 1ª, Sección 1ª, núm. 395/2016 de 9 junio -EDJ 2016/81976-, que habla de “solo después de justificar la procedencia de la condena de determinadas personas a la cobertura del déficit concursal, y de justificar que dicha cobertura ha de ser total, tenía sentido «individualizar la cantidad a satisfacer por cada uno de ellos, de acuerdo con la participación en los hechos que hubieran determinado la calificación del concurso”. Por lo tanto no se puede entender que el juez deba suplir la omisión del administrador o el Ministerio Fiscal en su informe, la existencia de un principio de congruencia que rige en la conformación de la sentencia así lo exige, como establece la STS Sala 1ª, Sección 1ª, núm. 203/2016 de 1 abril -EDJ 2016/30600-, “debe de respetarse el deber de congruencia que impone el art. 218 LEC -EDL 2000/77463-, y que se resume en la necesidad de correlación entre el fallo de la sentencia, lo pedido por la demandante y la causa de pedir, o hechos en los que se fundamenta la pretensión”. Ello unido a la dicción del art.169 LC, que exige un “informe razonado y documentado sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso”, exige que el administrador y el Ministerio Fiscal deba fundar su pretensión sobre cobertura del déficit concursal, debiendo a mi juicio concretarlo y no dejarlo a la discreción judicial.
Me estoy refiriendo a la situación que se da en el art.140 LC y 143.5 LC -EDL 2003/29207-apertura de la fase de liquidación por incumplimiento del convenio, que conlleva inexorablemente la apertura de la sección de calificación, art.167 LC.
La actuación de los acreedores y terceros interesados en la sección de calificación, está subordinada a la actuación del Ministerio Fiscal y del administrador concursal. De tal forma que si el Administrador concursal retira una causa de culpabilidad en la vista, el tercero o acreedor interesado no podrá esgrimir esa causa en el acto de la vista. Aunque nada impide que pueda en el acto de la vista proponer otras pruebas diferentes al administrador concursal para coadyuvar en la calificación de éste.
El Ministerio Fiscal y el administrador concursal en su informe deberán de concretar la petición de responsabilidad civil exigida, tanto en su cuantía como en sus fundamentos, sin que sea posible integrar este extremo por el juez. Ello tiene su fundamento en el art.169.1 LC -EDL 2003/29207-, que habla por un lado de “informe razonado y documentado”, debiendo determinar los daños y perjuicios. Lo mismo ha de decirse del déficit concursal, por los mismos motivos, “informe razonado y documentado”, y la exigencia por el Tribunal Supremo de una justificación añadida para su condena.
Por: D. Juan José Hurtado Yelo (Doctor en Derecho. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cartagena).
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