Source: https://www.examenabogacia.es/blog/estudia-con-nosotros/
Timestamp: 2018-04-27 06:12:31
Document Index: 226944111

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 28', 'artículo 1678', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 62', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9']

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Estudia con Nosotros. La previsión social del abogado
En el Estudia con Nosotros de hoy vamos a estudiar el punto 6 de la convocatoria llamado “régimen de previsión social de los Abogados” ya que son varias las personas que se han puesto en contacto con nosotros por ser un epígrafe confuso a la hora de estudiarlo.
Lo primero de todo, empezar por tranquilizaros, este epígrafe no es el típico que se va a preguntar demasiado en el examen, es posible que ni siquiera sea preguntado.
Nuestra recomendación personal es que llevéis, para la parte general, muy bien preparados lo que denominados como “la Santísima Trinidad” o lo que es lo mismo, los Códigos Deontológicos, el Estatuto General de la Abogacía Española y la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita (que podéis encontrar en: http://bit.ly/1RtKOrz, http://bit.ly/1KkKCmG y http://bit.ly/1n4jq6n).
Lo primero que debemos comentar es que nuestra profesión es de las pocas que puede elegir entre afiliarse al régimen de la seguridad social o a su propia mutualidad, la conocida como Mutualidad General de la Abogacía, que fue creada por los Colegios de Abogados de toda España.
Tal y como recoge el artículo 13.2.d) del Estatuto General de la Abogacía Española, la incorporación como ejerciente exigirá formalizar el ingreso en la Mutualidad General de la Abogacía, Mutualidad de Previsión a prima fija o, en su caso, el Régimen de Seguridad Social que corresponda de acuerdo con la legislación vigente.
Debemos hacer en este punto una diferenciación: abogados ejercientes exclusivamente por cuenta ajena y abogados ejercientes exclusivamente por cuenta propia.
Los primeros forman parte de una relación laboral especial que implica la obligación de dar de alta al abogado en el Régimen General de la Seguridad Social, como cualquier otro trabajador.
Los segundos tienen la obligación de estar afiliados en la Mutua o en el RETA. Nos surge la siguiente pregunta, ¿qué es mejor la Mutua o el RETA?
El RETA es el sistema de previsión que dispone la Seguridad Social para los trabajadores, cubriendo las contingencias de jubilación, incapacidad, fallecimiento, etc. Los afiliados tienen un mínimo de coberturas, que puede verse ampliado voluntariamente por el trabajador. Las coberturas variarán según la base de cotización elegida y el número de años de cotización.
Por su parte, la Mutua cuenta con casi la totalidad de los abogados ejercientes por cuenta propia, desarrollando la actividad como aseguradora privada.
A nuestro parecer, este tema no debería tener más dificultad de lo que os acabamos de explicar, debéis tener claro la diferencia entre trabajar por cuenta ajena y trabajar por cuenta propia, y que por mucho que sea la abogacía una profesión liberal, nos encontramos obligados a estar afiliados a alguna de las modalidades que hemos explicado, aunque sí que es ciertamente relevante que, una vez que optes por el RETA no podrás escoger la Mutualidad. Cosas de la vida...
Con esto hemos terminado el Estudia con Nosotros de hoy, mucho ánimo en este último mes de estudio, dentro de un año estaréis colegiados y veréis este examen como un trámite más antes de llegar a la meta final.
¡Os animamos, como siempre, a comentar con nosotros vía RRSS o abajo en los comentarios aquellos que os haya llamado la atención de este Estudia con Nosotros!
Estudia con Nosotros. Las Sociedades Profesionales (I)
Mikel Reyna Escalera
Tal como el artículo 28.1 EGA establece, los abogados podrán ejercer la abogacía en forma colectiva empleando cualquier forma lícita en derecho, incluyendo las sociedades mercantiles.
La sociedad profesional (“SP”) es un régimen societario que, tratando de ser respetuoso con lo establecido para cada forma societaria, cuenta con varias peculiaridades que la Ley 2/2007 de Sociedades Profesionales (“LSP”) establece con el fin, entre otros, de proteger la independencia de los profesionales, evitando injerencias de terceros ajenos a la profesión.
Ya en el Código Civil se establecía un germen de la sociedad profesional, estableciéndose en el artículo 1678 que “La sociedad particular tiene únicamente por objeto cosas determinadas, su uso, o sus frutos, o una empresa señalada, o el ejercicio de una profesión o arte.”
De este modo, no puede pensarse, en ningún caso, que tienen ascendencia gremial puesto que, desde la antigüedad, las hermandades gremiales eran entes supraprofesionales constituidas con el fin de agrupar y facilitar a los profesionales protección de su actividad ante la influencia o intervención de la Corona o el aparato estatal de la Edad Media, desembocando en 1247 con la creación del germen del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Así pues, en conclusión, una sociedad profesional es una agrupación societaria de diversos profesionales creada a fin de realizar una ordenación privada de su actividad profesional, la cual cuenta con diversos mecanismos de protección de independencia e injerencias externas, tanto de los socios, como de partícipes o accionistas ajenos a la profesión.
Requisitos en su objeto
Tal como establece el artículo 1.1 LSP, las sociedades profesionales tendrán como objeto social la realización en común de una actividad profesional. Dicho objeto será exclusivo, no pudiéndose adoptar otro.
De este modo, tal como establece el mencionado artículo 1, una actividad profesional será aquella que, requiriendo una titulación universitaria, pudiendo, además, ser necesaria, la inscripción en un colegio profesional.
Así pues, en virtud de lo dicho, una actividad que, únicamente, requiera colegiación o inscripción administrativa, tal como la Administración de Fincas, o la auditoría de cuentas, no podrán inscribirse como sociedad profesional, tal como la DGRN ha venido reiterando. En este sentido, RDGRN de 16 de Mayo de 2009 ha venido reiterando que una profesión que solo requiera inscripción en un registro administrativo no puede considerarse actividad profesional en el sentido de lo establecido en LSP.
El ejercicio en común se verificará cuando los actos propios de dicha profesión sean ejecutados bajo una razón social y le sean atribuidos, tanto derechos y deberes a esa razón.
Más del 50% de los derechos de voto, capital social o patrimonio y miembros –si es sociedad civil- deberán estar en manos de socios profesionales.
En lo que a órgano de administración respecta, la mayoría de miembros, así como el Consejero Delegado, deberán ser socios profesionales. En caso de que se opte por un órgano unipersonal, este deberá ser socio profesional.
Los derechos y obligaciones de la actividad profesional desarrollada se imputarán a la sociedad, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los profesionales contemplada en esta Ley.
Estudia con Nosotros (XII): El Estatuto de los Trabajadores (IV)
Bienvenidos al último Estudia con Nosotros “Rama Laboral IV” en el que se tratará el Estatuto de los Trabajadores, ya que con este post damos por terminado el estudio de esta Ley.
Hoy analizaremos los órganos de representación y la materia relativa a los convenios colectivos, nada de lo que vamos a explicar a continuación ha sido preguntado anteriormente, sin embargo consideramos que puede ser fácilmente objeto del examen y es por eso que estamos aquí, para que lo estudiéis con nosotros.
En primer lugar el artículo 62 viene a regular la representación de los trabajadores de empresas o centros de trabajo que tienen menos de cincuenta trabajadores, la cual corresponde a los delegados de personal de la siguiente manera:
· En empresas de entre seis y diez trabajadores éstos pueden estar representados por un delegad de personas, si así lo decidieran por mayoría.
· En las empresas entre once y treinta trabajadores, corresponde la representación a un delegado de personal.
· En las empresas entre treinta y uno y cuarenta y nueve trabajadores, corresponde la representación a tres delegados de personal.
En aquellas empresas que tienen cincuenta o más trabajadores, la representación corresponde a comités de empresa. Además, en aquellas empresas que tengan en una provincia o en municipios limítrofes dos o más centros de trabajo cuyos censos no alcancen los cincuenta trabajadores por separado, pero que sumando sus plantillas se alcance dicha cifra, pueden constituir un comité de empresa conjunto. La composición del comité de empresa sigue la siguiente escala:
· En empresas de entre 50 y 100 trabajadores, corresponden 5 miembros.
· En empresas de entre 101 y 250 trabajadores, corresponden 9 miembros.
· En empresas entre 251 y 500 trabajadores, corresponden 13 miembros.
· En empresas entre 501 y 750 trabajadores, corresponden 17 miembros.
· En empresas entre 751 y 1000 trabajadores, corresponden 21 miembros.
· De mil en adelante, dos por cada mil o fracción, con el máximo de 75 trabajadores..
Para realizar el estudio sobre los convenios colectivos, debemos acudir al artículo 82, donde se establece que los convenios colectivos, como resultado de la negociación desarrollada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios, constituyen la expresión del acuerdo libremente adoptados por ellos en virtud de su autonomía colectiva.
¿Y cuál es el contenido mínimo que debe regular un convenio colectivo? La determinación de las partes que lo conciertan, ámbito personal, funcional, territorial y temporal, los procedimientos para solventar de manera efectiva las discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo, forma y condiciones de denuncia del convenio y designación de una comisión paritaria de las partes negociadoras para entender de aquellas cuestiones establecidas en la Ley.
Tenemos que tratar en este punto el tema del descuelgue del convenio colectivo, recogido en el tercer apartado del artículo 82. Esto es, cuando existan causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colectivo aplicable que afecte a la jornada de trabajo, horario y distribución del tiempo de trabajo, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento, funciones o mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.
Por último, es importante tener en cuenta el artículo 86 en el que se establece la vigencia del convenio colectivo. La duración de los convenios debe establecerse por las partes negociadoras, y salvo pacto en contrario, los convenios colectivos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de las partes.
Durante las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo, en defecto de pacto, se mantendrá la vigencia del convenio. Transcurrido un año desde la denuncia del convenio sin que se haya acordado un nuevo convenio o dictado un laudo arbitral, aquél perderá vigencia y se aplicará, si lo hubiere, el convenio colectivo de ámbito superior que fuera de aplicación.
Esto es todo juristas, en estos cuatro post hemos realizado un pequeño resumen del Estatuto de los Trabajadores en los que hemos intentado hacer hincapié en lo que hemos considerado más importante, habiendo sido preguntado o no con anterioridad en los Exámenes Oficiales. Esperamos que os haya sido de tanta utilidad como lo ha sido para nosotros.
¡Ya no queda nada chicos!
Estudia con Nosotros (III): La Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
En este Estudia con Nosotros analizaremos el último de los tres pilares básicos que en nuestra opinión debes estudiar más en profundidad para enfrentarte al examen que haremos dentro de muy pocas semanas. La Santísima Trinidad.
Junto con el Código Deontológico y el Estatuto General de la Abogacía Española, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita es una de las materias que más ha sido preguntada en los dos exámenes anteriores al que se celebrará en febrero, ya que en 2014 fue preguntada en dos ocasiones y el año pasado en cuatro, por lo que todo parece indicar que este año no será una excepción. Parecerá una tontería, pero la Santísima Trinidad suma casi 30 preguntas sobre las 50 de Parte General. Dominando estas tres leyes aseguraríamos el tan ansiado aprobado.
Como siempre, en este Estudia con Nosotros trataremos aquellos puntos que, en nuestra opinión, parecen ser más importantes de cara al examen o aquellos que vemos más proclives a ser preguntados.
Empezaremos analizando el artículo 2 de la Ley, ya que trata del ámbito personal de aplicación. Nos parece destacable en este punto el derecho a la asistencia jurídica gratuita de las personas jurídicas ya que, aunque está previsto, es difícil que le sea reconocido porque deben tratarse o de asociaciones de utilidad pública o fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente. A continuación encontraréis una pregunta relacionada con este tema:
Estudia con nosotros (II): El Estatuto General de la Abogacía Española
En el Estudia con Nosotros de hoy hablaremos del Estatuto General de la Abogacía Española (en adelante, EGAE), de gran importancia de cara al examen que estamos preparando, ya que hasta el Ministro le ha dado su propio apartado en el anexo II.
Como habréis visto, es un texto bastante extenso y cargado de contenido, por lo que al igual que en el Estudia con Nosotros anterior, nos centraremos en tratar aquellos puntos que consideramos más importantes de cara al examen o aquellos que vemos más factible que sean preguntados.
Hasta el Título IV, el EGAE viene a recoger un contenido similar al del Código Deontológico, pero añadiendo apuntes relativos al Colegio de Abogados, que debemos puntualizar que se tratan de corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad de cumplimiento de sus fines, los cuales vienen recogidos en el artículo 3, seguidos de una extensa lista sobre las funciones de este Colegio Profesional.
En este bloque hay ciertos puntos reseñables, como por ejemplo el recogido en el artículo 9, en el que se establece que un abogado con más de veinte años de servicio podrá seguir utilizando la denominación de “abogado” aunque debe ir seguido de la coletilla “sin ejercicio”.
En los artículos relativos a la colegiación, nos encontramos que no podrán limitarse el número de componentes de los Colegios de Abogados ni podrán cerrarse temporal ni definitivamente la admisión de nuevos colegiados. Además, tanto la solicitud de incorporación, el juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, como la pérdida de la condición de colegiado, serán acordadas por la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados correspondiente. También se deberá poner en contacto con esta Junta de Gobierno el abogado que se encuentre afecto bajo alguna de las causas de incompatibilidad, ya que la no comunicación constituirá infracción grave.
En la Sección cuarta se trata el ejercicio de la abogacía de forma individual, colectiva y multiprofesional. Ahora mismo no trataremos este punto, ya que próximamente analizaremos el Real Decreto 1331/2006 por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.
Ahora sí, llegamos a lo que a nuestro parecer puede ser la parte más importante de este texto y al que dedicaremos distintos apuntes, el Título IV, relativo a los órganos de gobierno de los Colegios, donde nos centraremos en la Junta de Gobierno.
En primer lugar, no debemos olvidar quién tiene derecho a participar en las votaciones de elección de Decano y demás miembros de la Junta de Gobierno, ya que esto se preguntó en el examen de 2014, por lo que no viene mal quedarse con el dato. Para poder ser elector, el colegiado debe haberse colegiado al menos tres meses antes a la fecha de convocatoria de las elecciones.