Source: https://prevencionar.com/2015/07/01/el-plan-de-prevencion-de-riesgos-laborales-y-la-prevencion-del-delito/
Timestamp: 2020-05-24 22:42:12
Document Index: 8345059

Matched Legal Cases: ['artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 31', 'artículo 33', 'Artículo 16']

f El Plan de Prevención de Riesgos Laborales y la Prevención del Delito | Prevencionar
Inicio Actualidad El Plan de Prevención de Riesgos Laborales y la Prevención del Delito
on: 01/07/2015 En: Actualidad, Artículos/Entrevistas, Gestión de la prevención, Legislación, Tribunales2 Comentarios
En el entorno profesional de la prevención de riesgos laborales es conocido que las responsabilidades derivadas de incumplimientos pueden alcanzar a distintos órdenes jurídicos como el administrativo, civil, social o penal.
En este último orden citado, la responsabilidad penal puede alcanzar a las personas jurídicas tras una de las reformas más recientes del Código Penal.
Es de máxima actualidad la publicación de la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de Marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre del Código Penal, que entra en vigor el 1 de Julio de 2.015.
Uno de los artículos modificados es el 31 bis), que viene a decir literalmente:
Veinte. Se modifica el artículo 31 bis, que queda redactado como sigue:
4.ª no se ha producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición
Si el delito fuera cometido por las personas indicadas en la letra b) del apartado 1, la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. En este caso resultará igualmente aplicable la atenuación prevista en el párrafo segundo del apartado 2 de este artículo.
Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1.ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:
Veintiuno. Se introduce un nuevo artículo 31 ter, con el siguiente contenido:
«1. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. Cuando como consecuencia de los mismos hechos se impusiere a ambas la pena de multa, los jueces o tribunales modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en relación con la gravedad de aquéllos.
La concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agraven su responsabilidad, o el hecho de que dichas personas hayan fallecido o se hubieren sustraído a la acción de la justicia, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin perjuicio de lo que se dispone en el artículo siguiente.»
Veintidós. Se introduce un nuevo artículo 31 quater, con el siguiente contenido:
«Sólo podrán considerarse circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal de las personas jurídicas haber realizado, con posterioridad a la comisión del delito y a través de sus representantes legales, las siguientes actividades:
d) Haber establecido, antes del comienzo del juicio oral, medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica.»
Veintitrés. Se introduce un nuevo artículo 31 quinquies, con el siguiente contenido:
«1. Las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado, a las Administraciones públicas territoriales e institucionales, a los Organismos Reguladores, las Agencias y Entidades públicas Empresariales, a las organizaciones internacionales de derecho público, ni a aquellas otras que ejerzan potestades públicas de soberanía o administrativas.
En el caso de las Sociedades mercantiles públicas que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general, solamente les podrán ser impuestas las penas previstas en las letras a) y g) del apartado 7 del artículo 33. Esta limitación no será aplicable cuando el juez o tribunal aprecie que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.»
El enfoque de estas líneas es centrar las posibles relaciones entre la aplicación de la Prevención de Riesgos Laborales en las empresas –en este caso, si tienen el carácter de personas jurídicas- y la Prevención de Delito que define el anterior artículo del Código Penal modificado. Todo ello, no con la idea de realizar un profundo estudio jurídico sino de apuntar líneas de relación que pudieran constituir líneas de defensa o ataque jurídico, según el caso y resaltar la importancia de realizar un Plan de Prevención ajustado a la realidad de la empresa y, evidentemente, asegurar su cumplimiento.
Si volvemos a la lectura del artículo anterior modificado del Código Penal, podemos concluir que las personas jurídicas pueden resultar responsables penales de los delitos que pudieran cometer, en nombre de la persona jurídica o en el desempeño de sus funciones, los administradores, directivos o empleados de la misma.
Esto ya estaba definido en el anterior cuerpo legal, pero no se habían definido herramientas ni criterios.
En el artículo legal que comentamos, se define que para minimizar el riesgo derivado y crear la situación que pudiera servir de eximente a la persona jurídica o, como mínimo, pudiera servir de atenuante, se debe realizar un modelo de gestión que incluya el control de los posibles delitos que pudieran ser cometidos, según el tipo de empresa.
Si analizamos el contenido del al Art.31 bis) punto 5 y tratamos de definir las líneas de un modelo de gestión en esta materia, podemos aportar lo siguiente como aspectos claves y necesarios:
Diseñar el proceso de control adecuado a los riesgos detectados en base a lo estipulado en el Art.31 bis) punto 5.
Incluir en dicho modelo un estudio de los factores de personalidad adecuado a los riesgos detectados y establecer una periodicidad en los mismos. Pensemos en la importancia de este aspecto, por ejemplo, en el reciente caso del accidente aéreo en Los Alpes franceses, un accidente fatal de transporte de viajeros en autobús o el accidente ferroviario ocurrido cerca de Santiago de Compostela en 2.013.
Pensemos ahora en la aplicación de lo anterior a la Prevención de Riesgos Laborales, ámbito en el que ya existe notoria jurisprudencia sobre la Responsabilidad Penal y ésta es -en ocasiones- protagonista y, además, que dicha responsabilidad puede alcanzar a Administradores, Directivos, Técnicos de Prevención y Empleados de base.
Los aspectos sobre los que podemos profundizar pueden ser:
El documento clave y básico a estos efectos en materia de Prevención de Riesgos Laborales es el Plan de Prevención, definido en el Art.16 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales:
Artículo 16: Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva
La Evaluación de Riesgos y la Planificación de la Actividad Preventiva se configuran como los instrumentos para una adecuada gestión y aplicación del Plan de Prevención de Riesgos.
El contenido definido para el Plan de Prevención viene a ser cercano a los requisitos generales que se tienen en cuenta para cualquier sistema de gestión (estructura organizativa, responsabilidades, funciones, prácticas, procedimientos, procesos y recursos necesarios).
Analizado el contenido que se define para el Plan de Prevención en el Art. 16 de la Ley 31/95 y lo comparamos con lo que se exige para el control de la prevención del delito en el Art. 31 bis) punto 5 del Código Penal citado anteriormente, podemos decir que el correcto contenido del Plan de Prevención y la adecuada gestión en materia preventiva podría ajustarse lo exigido por el Código Penal a partir del 1 de Julio de 2.015, pero sería necesario, más bien imprescindible, un estudio para comprobar posibles adaptaciones.
Hay empresas que, por el sector en el que desempeña su actividad, pueden estar más expuestas que otras a la responsabilidad penal derivada de aspectos de prevención de riesgos laborales. En las empresas que usen habitualmente vehículos de transporte, especialmente si son de uso público, existe un mayor riesgo de comisión de delitos –lógicamente derivado del tráfico-; por ello, debemos tener especialmente en cuenta los aspectos de Seguridad Vial. O empresas que trabajan en Seguridad Privada por el riesgo de conflictos y actuación ante los mismos, o empresas con grandes locales de pública concurrencia en caso de siniestros, etc. En estos casos, debemos tener muy claro y documentado el modelo de gestión y haber estudiado las características de las personas que desarrollan cada función.
Especial atención debemos prestar al trabajo de los Técnicos de Prevención (en Servicios de Prevención Propios o Ajenos) o al de los Coordinadores de Seguridad y Salud en obras de construcción si prestan servicio para una persona jurídica. En ocasiones, estas figuras profesionales son imputadas en el ámbito penal y si el trabajo no ha sido debidamente controlado, supervisado, etc, por la persona jurídica, podría estar en situación de aplicar lo desarrollado en el Art. 31 bis) del Código Penal.
Como resumen, si la existencia de la Ley de Prevención y posterior reglamentación es suficiente motivo para cumplirla por las responsabilidades que se pueden derivar de la misma –sin entrar a valorar aspectos éticos y humanos, mejora de la productividad, etc- la buena y adecuada observancia de la normativa en prevención de riesgos laborales adquiere aún mayor importancia con la modificación del Código Penal que entra en vigor el 1 de Julio de 2.015.
Será imprescindible revisar el Plan de Prevención como Sistema de Gestión en materia de Prevención de Riesgos Laborales y llevar un adecuado y riguroso seguimiento de su gestión, vigencia y aplicación mediante la Evaluación de Riesgos y la Planificación de la Actividad Preventiva, todo ello como medida preventiva en el ámbito de las responsabilidades jurídicas.
Etiquetas: ArtículosDestacadosEn portadajcassiniPlan de Prevenciontribunales
legulello
4 julio, 2015 de 22:32
Sr Cassini, Sr. Auditor, mas rigor, por favor.
En España, desde 2010 y hoy también, los delitos exigibles a las personas jurídicas son LIMITADOS ( no mas de 23). Desde luego, llegar a las conclusiones a las que llega sin siquiera antes confirmar si el «copy paste» que realiza es aplicable a los delitos contra la seguridad de los trabajadores (que no lo es) , tiene bastante delito…
Sres de prevencionar, mas rigor, por favor (digo yo, que alguien validará los artículos antes de publicarlos, no?
prevycontrolprl
6 julio, 2015 de 10:14
Estimado Sr.legulello:
En primer lugar, le agradezco la lectura de las líneas que se han publicado sobre el Plan de Prevención de Riesgos Laborales y la reciente Reforma del Código Penal.
Dos apreciaciones con respecto a su comentario, una de fondo y otra de forma.
Con respecto al fondo, estaba y estoy de acuerdo con su comentario y, podrá observar, en las líneas de referencia no hace mención a que las personas jurídicas puedan ser condenadas por delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores, si bien el Art.318 del CP indica que si los hechos en esta materia son atribuibles a personas jurídicas, la pena será impuesta a los administradores o responsables…, además de lo expuesto en el Art.129 del CP mencionado igualmente en el citado Art.318 del mismo texto legal. A pesar de ello, y con no mucha base legal, en estos últimos años he visto imputaciones a
personas jurídicas por delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores cuyas penas, en caso de haberse producido condena, habrán sido impuestas a los administradores o responsables, tal y como prevé el Art.318 del CP. Es por ello que no tenemos discrepancias al respecto.
Pero sí he entendido que es positivo disponer de un adecuado y actualizado Plan de Prevención de Riesgos Laborales como modelo de gestión que pueda atenuar o eximir de responsabilidad penal a quien correspondiera.
Esto último era el objetivo de las líneas expresadas, nada más que esto. Si mi redacción le ha llevado a la confusión, le ruego me disculpe.
Con respecto a la forma y como aspecto menos importante, dada la agresividad con que se expresa, le rogaría la disminución de la misma para posteriores ocasiones en las que pudiéramos coincidir pues, entenderá, no aporta nada. Eso sí, si tengo la oportunidad de reconocerle, pues dado que no se identifica lo tendré complicado. Es una de las pocas desventajas de estos medios, que se pueden expresar opiniones desde el anonimato.
Auditor de Sistemas de Gestión en PRL