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Timestamp: 2019-04-23 18:59:52
Document Index: 182954082

Matched Legal Cases: ['artículo 18', 'artículo 7', 'artículo 155', 'artículo 20', 'artículo 19', 'Artículo 1', 'artículo 14']

Constitución española - España
La autonomía política en la constitución española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: los límites de la financiación autonómica Mejor documento
El llamado problema regional está lejos de resolverse en España. Si bien la Constitución española de 1978 creó un sistema territorial que debía poner fin a las reclamaciones nacionalistas dentro del territorio español, el concepto de autonomía política parece haber evolucionado dentro de un contexto de tensiones políticas que han propiciado la creación de leyes poco eficaces y numerosos pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto. La deriva normativa del Impuesto sobre Depósitos en Entidades de Crédito es una prueba de ello, ya que se trata de un tributo estatal creado expresamente para dejar sin efecto su aplicación por las Comunidades Autónomas que lo habían creado previamente. Para analizar los problemas actuales de la financiación autonómica, en este trabajo estudiaremos los conceptos de autonomía política y competencia financiera de las Comunidades Autónomas recogidos en la Constitución española de 1978 y la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el Impuesto Estatal sobre Entidades de Crédito. PALABRAS CLAVE: financiación autonómica, autonomía financiera, jurisprudencia constitucional
La protección social de la familia en la constitución española de 1978
hipoteca arrendamiento Familia
El defensor del pueblo en la constitución española de 1978
Libertad de creencias y orden público en la Constitución Española: claves de interpretación
I. Cómo se constitucionalizan los derechos sociales. II. Límites de los derechos y libertades, y límites de los derechos sociales. A) Límites de los derechos y libertades clásicos. B) Límites de los derechos sociales. III. Aplicabilidad y eficacia de los derechos constitucionales. A) Supremacía, carácter jurídico y aplicabilidad de la Constitución. IV. Garantías de los derechos sociales. A) Las garantías constitucionales en general. B) La garantía de los derechos sociales en la Constitución española.
STS 329/2016, 20 de Abril de 2016
INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO. AUTORIZACIÓN JUDICIAL. Para el Tribunal, la incursión en un domicilio debe abarcar tanto la entrada física del intruso como la intromisión virtual. La revolución tecnológica ofrece sofisticados instrumentos de intrusión que obligan a una interpretación funcional del artículo 18.2 de la Constitución española. En el presente caso no consta la existencia de ningún fin constitucionalmente legítimo que, por razones de urgencia, permitiera sacrificar la intimidad del sospechoso. Se estima el recurso de casación.
autorización judicial en el ámbito penal incapacidad temporal
Se enjuicia la constitucionalidad de un precepto de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación, relativo al régimen de traslado de responsabilidades en caso de incumplimiento del Derecho de la Unión Europea por parte de las Administraciones públicas y de las otras entidades sometidas a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Se estima el recurso y se declara la nulidad del precepto impugnado. La Sentencia concluye que el Gobierno no ha acreditado la concurrencia del presupuesto habilitante para los decretos-leyes de la extraordinaria y urgente necesidad. Además, se reconoce que con anterioridad a la adopción de este precepto ya era posible iniciar los procedimientos de repercusión de responsabilidades, de manera que la finalidad de la medida consistiría en introducir una mejora técnica en la normativa ya existente.Interpuesto por el Gobierno de Canarias respecto del artículo 7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, en la redacción dada por el Real Decreto-ley 7/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes de naturaleza tributaria, presupuestaria y de fomento de la investigación, el desarrollo y la innovación.
Se enjuicia la constitucionalidad de varios preceptos de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña, que regulan la explotación de recursos naturales mediante fracturación hidráulica, la implantación de establecimientos comerciales y el régimen transitorio aplicable al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales. Se estima parcialmente el recurso. Por un lado, se declara inconstitucional y nulo el precepto que suspende, mientras que no se apruebe un proyecto de ley de comercio, servicios y ferias, la disposición que permite, excepcionalmente, la implantación de establecimientos comerciales fuera de las tramas urbanas consolidadas. El precepto impugnado es incompatible con la normativa estatal básica sobre acceso y ejercicio de actividad de servicios, y sobre apertura, traslado o ampliación de establecimientos comerciales en la medida en que no exterioriza ninguna razón imperiosa de interés general que justifique las mayores restricciones en la implantación de establecimientos comerciales en el territorio catalán. Por otro lado, reiterando la doctrina sentada en la STC 106/2014, de 24 de junio, se declara inconstitucional y nulo el precepto que prohíbe el uso de la fracturación hidráulica en la explotación de recursos naturales en suelo no urbanizable cuando esta técnica pueda tener determinados efectos negativos. El precepto autonómico es incompatible con la normativa estatal básica en materia de régimen minero y energético que permite la utilización de técnicas de fracturación hidráulica en la explotación de hidrocarburos previa declaración de impacto ambiental favorable. En tal sentido, el precepto autonómico vulnera la competencia estatal al excluir la eficacia en el territorio catalán de la legislación básica en materia de régimen minero. Por último, la Sentencia declara la desaparición sobrevenida de objeto del recurso en lo relativo al régimen transitorio aplicable al Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales como consecuencia de su modificación legislativa. La Sentencia cuenta con dos Votos particulares parcialmente discrepantes, uno de ellos suscrito por dos Magistrados.Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público de Cataluña.
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Como regla general, las partes podrán solicitar, por medio de otrosí en los escritos de demanda o contestación (VER FORMULARIO ANTERIOR) o por escrito presentado en el plazo de cinco días contados desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba, que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.
La transmisión de créditos y demás derechos incorporales se encuentra regulada escasamente en los artículos 1112 y 1526 y siguientes del Código Civil . Se define como el negocio jurídico celebrado por el acreedor cedente con otra persona, cesionario, en cuya virtud aquél trasmite a éste a titularidad del derecho de crédito cedido. No es un negocio jurídico abstracto y puede admitir diversas causas8compraventa, permuta donación. Leyes aplicadas: Código Civil , arts 1112, 1526 a 1537.
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Actualidad sobre «Constitución española»
Se ha incorporado la obra Creación de constitución, destrucción de estado: la defensa extraordinaria de la II República española por Rubén Pérez Trujillano (Editorial Dykinson, 2018)
El BOE publica el Acuerdo del Pleno del Senado por el que se aprueban las medidas al amparo del art. 155 de la CE
El Pleno del Senado ha aprobado, por mayoría absoluta, autorizar las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución. Resolución ya disponible en vLex.
libertad de información tribunal supremo civil
Expedición o renovación del permiso de conducción
Publicada en el DOUE la Directiva (UE) 2016/1106 de la Comisión, de 7 de julio de 2016, por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción
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Transmisiones de empresa. Derechos de los trabajadores
La Directiva 2001/23/CE sobre transmisión de empresas es aplicable a la extinción de una contrata cuando la administración decide explotar la actividad con su personal. TJUE 26/11/2015
Derecho al honor y a la libertad de expresión
Infracción del artículo 20 CE, por haberse considerado prevalente el honor del demandante frente el derecho a la libertad de información. TS Civil 10/09/2015
constitución española tribunal supremo civil
suspensión de la ejecución de la pena constitución española Derecho penal español
María de la Luz Lozano Gago. El derecho del progenitor custodio al cambio de domicilio
Estudio sobre el derecho a residir y a circular libremente dentro del territorio español regulado en el artículo 19 de la CE en relación al progenitor custodio. Consultar el artículo completo
traslado del domicilio social de una sociedad anónima constitución española
Despidos colectivos. Concepto de trabajador
Directiva 98/59/CE - Artículo 1, apartado 1, letra a). Miembro de la dirección de una sociedad de capital que trabaja en el marco de una medida de aprendizaje y de reinserción profesional y que disfruta de una ayuda pública para la formación sin percibir retribución del empresario. Sentencia Tribunal de Justicia 9/07/2015
constitución española sociedades de capital
Despido colectivo. Trabajadores cercanos a la edad de jubilación
La existencia de medidas efectivas para minimizar el perjuicio ocasionado al trabajador cercano a la edad de jubilación hace que el criterio de la edad no vulnere el artículo 14 CE, por no constituir una discriminación por razón de edad. TC - Sala Segona - 13/04/2015
constitución española jubilación trabajador constitución española
Publicada en el DOUE la Directiva (UE) 2015/653 de la Comisión, de 24 de abril de 2015, por la que se modifica la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el permiso de conducción
Competencia judicial, reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
Publicado en el DOUE de hoy el Reglamento (UE) 2015/263 de la Comisión, de 16 de enero de 2015, por el que se modifican los anexos I a IV del Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
ejecución de resoluciones judiciales en el ambito civil civil mercantil constitución española