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Timestamp: 2018-09-22 21:25:49
Document Index: 249720653

Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 366', 'artículo 97', 'artículo 100', 'artículo 302', 'artículo 97', 'artículo 29', 'artículo 368', 'artículo 51', 'artículo 29', 'artículo 187', 'in fine', 'artículo 1317', 'artículo 1324']

﻿ Sentencia SC7805-2015 de junio 19 de 2015
SENTENCIA SC7805 DE 19 DE JUNIO DE 2015
CONTENIDO:CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL. LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE UN NEGOCIO JURÍDICO SOLO PUEDEN EXIGIRSE A QUIENES CONCURRIERON A DARLE VIDA AL MENTADO PACTO.
TEMAS ESPECÍFICOS:CAUSA DE LAS OBLIGACIONES, EXCEPCIÓN DE MÉRITO, EXCEPCIÓN PREVIA, AGENCIA COMERCIAL, TERMINACIÓN DE LA AGENCIA COMERCIAL, CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL, LEGITIMACIÓN PROCESAL, LEGITIMACIÓN PROCESAL PASIVA, OBLIGACIONES DEL CONTRATO
Sentencia SC7805-2015 de junio 19 de 2015
SC7805-2015
Radicación: 11001 31 03 033 2010 00006 01
La justificación de esa regulación evidenciaba el criterio acogido por la normatividad patria en torno a que dichos mecanismos no confrontaban lo sustancial del conflicto; sólo tenían como función mejorar o depurar el procedimiento con miras a finiquitar en el fondo la contienda.
(…) una excepción cuya naturaleza es eminentemente previa o de previo pronunciamiento, equivalente a las que en pretérita oportunidad eran conocidas como dilatorias procesales o, simplemente, procesales (exceptiones dilatoriae judicis). Esta última connotación dimana de sus elementos, pues resulta innegable que su cometido no es el de enervar las pretensiones, ni procura inmiscuirse con el fondo de la cuestión debatida con miras a extinguir el derecho sustancial reclamado, sino, contrariamente, a impedir que el funcionario profiera una sentencia de fondo en la que aborde los aspectos sustanciales. Su objetivo fundamental es, pues, suspender, temporal o definitivamente, para oportunidad distinta, el fallo en ciernes; para decirlo en otros términos, su formulación por el demandado (que es ineludible) está determinada por el interés de persuadir al funcionario judicial de no proferir en las condiciones que evidencia el litigio, el fallo definitivo, habida cuenta que en su parecer existen circunstancias especiales que afectan el procedimiento (CSJ SC ene. 15/2010, exp. 1998 00181 01).
(….) por mandato del último inciso del artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, el demandado está habilitado para proponer “como” previas las excepciones de cosa juzgada, transacción o caducidad, cuya naturaleza sustancial no niega, ni por ello se desdibuja, pero que por diversas razones de política judicial, la economía del proceso entre ellas, autoriza diligenciar anteladamente. Es claro, entonces, que no asumen, por esa razón, el carácter de previas, pues a la vista está que no inciden en la regularidad del trámite procesal, sino en la relación sustancial, sólo que el legislador, de manera francamente sui generis, habilita su alegación en las mismas condiciones y bajo el mismo trámite que aquellas.
3. Esta situación, por supuesto, tuvo importantes defensores y detractores. Se resaltaron las bondades de dicha regulación; empero, también, hubo reparos significativos, principalmente alrededor de la restricción que surgía para poder impugnar la providencia que las resolvía a través de los recursos extraordinarios, habida cuenta que estos sólo procedían en contra de sentencias según el artículo 366 del Código de Procedimiento Civil, mientras que la resolución de dichas excepciones correspondía adoptarla mediante auto interlocutorio.
5. En efecto, con la expedición de la Ley 1395 de esa anualidad, se modificó el artículo 97 quedando de la siguiente forma: i) podían aducirse también como excepciones previas, la cosa juzgada, la transacción, la caducidad de la acción, la prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa; y, como una importante novedad, se estableció que ii) Cuando el juez encuentre probada cualquiera de estas excepciones, lo declarará mediante sentencia anticipada”. Ese texto está vigente hasta cuando entre a regir el artículo 100 de la Ley 1546 de 2012 (CGP), que excluye, por completo, la posibilidad de aducir esa clase de excepciones como previas.
Desde luego, dicha reforma implica ajustar a ese propósito las restantes normas del Código de Procedimiento Civil, alusivas al tema, pues existen algunas disposiciones vr. gr., el artículo 302 ib., que expresamente dice que la sentencia es aquella decisión que resuelve excepciones de fondo y no previas, regulación que pareciera engendrar alguna contradicción que, en verdad, no existe siguiendo esa línea interpretativa.
‘ART. 6º—Para unificar la decisión de las llamadas excepciones mixtas, las cuales pueden ser presentadas como previas, se modifica el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, adicionándose la prescripción extintiva y falta de legitimación en la causa, las cuales se decidirán mediante sentencia en caso de prosperar, teniendo en cuenta que su contenido es de derecho sustancial, dejando a salvo, de esta manera, la interposición de recursos, particularmente los extraordinarios’ (hace notar la Sala).
Posteriormente (mayo/2010), se adicionó dicha ponencia con el siguiente texto:
‘la resolución de estas excepciones, la cual será mediante sentencia anticipada. Con esta propuesta se crea la posibilidad de que estos asuntos, que son sustanciales, puedan ser objeto de casación’.
8. En definitiva, por esa vía, objetivo principal de la modificación plasmada, se hizo realidad la posibilidad de que la providencia que resuelva una de aquellas excepciones, sea susceptible de atacarse a través ya de la casación ora de la revisión (CPC, arts. 366 y 379), habida cuenta que dichas normas prevén tales medios de impugnación frente a sentencias, naturaleza de la que goza la providencia que resuelve esa clase de excepciones a partir de la vigencia de aquella disposición.
9. Ahora, de cara al caso bajo estudio, por sabido se tiene que transitar por los caminos propios del recurso extraordinario de casación, como de tiempo atrás se ha establecido, tanto por la jurisprudencia de esta corporación al igual que por la doctrina patria, impone el acatamiento de un mínimo de formalidades que, de manera perentoria, han sido establecidas por los artículos 373 y 374 del Código de Procedimiento Civil, reflejo inequívoco de la consagración constitucional del artículo 29, alusivo al debido proceso.
Bajo esa consideración, deviene inevitable que al confrontarse una sentencia judicial a través de este medio de impugnación, su promotor resulte compelido a enjuiciar la totalidad de argumentos que la corporación acusada exhibió como soportes del fallo adoptado (thema decissus); es decir, el embate debe ser preciso y claro (art. 374 ib.), por ello, la exposición de motivos, soporte de la censura, ha de blandirse en forma tal que abarque todos los aspectos basilares de la misma. Además, en cuanto que el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, contempla diversas vías para confutar la decisión recurrida, cada motivo que el inconforme considere válido para formular el reproche pertinente, debe ser encausado por la senda casacional que le corresponda; en otros términos, no es posible involucrar, simultáneamente, en un solo cargo, aspectos anejos a una u otra causal de casación, amén de guardar la simetría que impone una embestida de tales características. Sin perjuicio, por supuesto, de la directriz y potestad extendida a la Corte por el artículo 51 del Decreto 2651 de 1991.
“El artículo 29 que consagra el debido proceso constitucional se desconoce en la sentencia en la medida en que no se dio aplicación al principio consagrado en el artículo 187 que señala ‘Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto... El juez expondrá siempre razonadamente el mérito que le asigna a cada prueba’”.
“(…) sin dar oportunidad al debate probatorio necesario para demostrar los hechos de la demanda y validez de las pretensiones” (la corte hace notar), camino que condujo al desconocimiento del derecho a la igualdad ante la ley.
La queja, en ese contexto, no alude, en verdad, al hecho de haberse ignorado o supuesto elementos de juicio, equivocaciones que caracterizan el error de hecho; la inconformidad del recurrente concierne con haber precipitado la decisión sin que el recaudo probatorio necesario para la demostración de los hechos alegados, hubiese podido ser allegado al proceso. Para el impugnante, el tribunal no proveyó la posibilidad de traer a juicio la probanza indispensable y, contrariamente, dictó sentencia anticipada. En ese orden, el juzgador se apartó de las reglas que regulan la disciplina probatoria, es decir, resolvió sin contar con las pruebas pedidas por las partes (arts. 174 y 183 ib.), hipótesis que conduciría, eventualmente, a una violación de las normas que rigen dicha actividad, (error de derecho), o a estructurar una nulidad procesal, en todo caso, la causa del enojo debió canalizarse por otra vía.
“Por consiguiente, la conculcación indirecta de la ley sustancial basada en errores probatorios, presupone especificar en forma prístina y concreta la clase de yerro, las pruebas de las cuales se predica, su demostración inequívoca, importancia e incidencia en la sentencia con una argumentación simétrica a su especie, sin confusión, mezcla, simbiosis, ni desviación alguna por tratarse de conceptos diferentes, excluyentes e incompatibles, no susceptibles de reclamación simultánea en un mismo cargo”—.
“A dicho propósito, [l]a Corte de vieja data, ha iterado la natural dicotomía de los errores de hecho y de derecho e imposibilidad de invocarlos al mismo tiempo respecto de unos mismos elementos de convicción. En tratándose de yerros fácticos, menester señalar la suposición, preterición o alteración, ya por adición ora por cercenamiento de las pruebas, y ‘si la violación de la norma sustancial ha sido consecuencia de error de derecho, se deberán indicar las normas de carácter probatorio que se consideren infringidas explicando en qué consiste la infracción’ (CPC, art. 374, in fine) […] A este propósito, ‘es sabido que en el campo de la casación, el error de hecho y el de derecho, ‘no pueden ser de ninguna manera confundidos’, pues aquel ‘implica que en la apreciación se supone o se omitió una prueba’, mientras que éste parte de la base de ‘que la prueba fue exacta y objetivamente apreciada pero que, al valorarla, el juzgador infringió las normas legales que reglamentan tanto su producción como su eficacia’ (sent. 187, oct. 19/2000, exp. #5442); esta diferencia permite decir que ‘no es admisible para la prosperidad del cargo en que se arguye error de hecho, sustentarlo con razones propias del error de derecho, ni viceversa, pues en el fondo implica dejar enunciado el cargo pero sin la sustentación clara y precisa que exige la ley; y, dada la naturaleza dispositiva del recurso de casación, le está vedado a la Corte escoger a su libre arbitrio entre uno y otro yerro’ para examinar las acusaciones (sents. 077, sep. 15/98, exp. #4886; 112, oct. 21/2003, exp. #7486; entre otras)’ (cas. civ. Sent., abr. 23/2009, exp. 11001-31-03011-2002-00607-01). En sentido análogo, ‘el error de derecho excluye la preterición y la suposición de prueba, bases estas que sustentan el error de hecho; y se presentan en síntesis cuando la sentencia exige, para demostrar un acto o un hecho, una prueba especial que la ley no reclama; o cuando viendo la prueba en su exacta dimensión no le atribuye a ella el mérito que la ley le asigna para demostrarlo; o, en fin, cuando se lo niega por estimar que el medio fue ilegalmente producido cuando así no sucedió’” (CSJ SC sep. 14/2011, exp. 2005 0036601).
Obsérvese que en providencia de veintitrés (23) de junio de dos mil once (2011), —folio 49, cuaderno 2—, el a quo dispuso el traslado de las excepciones previas formuladas por la parte demandada, incluyendo la de falta de legitimación por pasiva. El actor, aprovechando ese espacio procesal radicó el memorial que obra en folios 50 a 54 y, en dicho escrito, como elementos de persuasión, pidió que se tuvieran en cuenta “los documentos que obran en el expediente y las copias de la providencia del honorable tribunal —Sala Civil que estoy agregando” (fl. 54 ib.).
Ante el superior, como soporte del recurso de apelación formulado, el actor sostuvo: “En conclusión, se considera que el Despacho adopta en la providencia conclusiones prematuras y que no pueden adelantarse sin que previamente se surta el debido proceso constitucional (sic) y se aporten suficientes elementos de juicio para determinar la existencia y el alcance de la responsabilidad contractual que se demanda” (fls. 9 a 13, cdno. 3). Sin embargo, no hizo petición adicional de pruebas (CPC, art. 361), ni formalizó la reclamación, por la vía que correspondía, tendiente a lograr que se acometiera el debido proceso ante una eventual vulneración; en fin, esa realidad procesal y la argumentación del recurso extraordinario evidencian que el tribunal no incurrió en el error de desatender pruebas existentes ni supuso las que no hacían parte del acervo probatorio. En ese orden, sin duda, no es un problema que condense un yerro de facto y, el proferimiento de la sentencia anticipada, es, en rigor, la aplicación de una norma procesal (arts. 97 y 99 ídem), luego de dicho proceder no puede endilgársele al tribunal error alguno.
2.2. Pero el incumplimiento de las exigencias señaladas no sólo se redujo al asunto reseñado. Ciertamente, el inconforme estructuró el ataque sobre temas que no hicieron parte de la base de la sentencia, es decir, no hay la correspondencia o simetría necesarias para exhibir un cargo idóneo.
“El tribunal desconoce el contenido de los hechos 4, 8 y 16 que señalan (…). el honorable tribunal no realizó ninguna valoración de la contestación de la demanda y particularmente de lo siguiente (…)” —las líneas no son originales—.
“En el punto, la Corte ha sido insistente al sostener que ‘….‘el recurso debe orientarse a desvirtuar con sentido objetivo de integralidad la base jurídica del fallo; de no hacerlo, de no hacerse cargo en forma circunstanciada de todas las apreciaciones de fondo que conforman esa base o lo que a ello equivale en últimas, si desatiende la estructura del juicio jurisdiccional discutido y se aparta de la línea argumental que inspira la solución que en derecho se le imprime a la controversia por virtud de dicho juicio, el mencionado recurso es improcedente, improcedencia (…) que responde a necesidades conceptuales que sin duda se identifican con la naturaleza misma que en nuestro medio el ordenamiento le reconoce al recurso de casación…’’’ (Cas. Civ., sent., mar. 27/92, reiterada en el fallo de mar. 25/99 (exp. 5089)” (CSJ SC dic. 9/2011, rad. 2007 00892 01).
“Pero, se itera, ninguna pretensión está encaminada a que se declare que la sociedad cooperativa es solidariamente responsable por ser la controlante o matriz de la sociedad Fagor Industrial S.A. Colombia, quien es su filial o controlada” (fl. 74 ib.).
“Por lo tanto, si existió el anterior contrato, mal pueden los demandantes venir a reclamar esa misma pretensión (declarar que existió contrato de agencia mercantil) frente a la Sociedad Cooperativa ‘Fagor Industrial’ con base en los mismos hechos”.
“Ahora bien, no puede decir la parte demandante que se le está conculcando el debido proceso al no permitírsele utilizar este trámite para demostrar que la empresa demandada, como titular de la marca ‘Fagor’, es responsable de pagar por los servicios eficientes de acreditación y promoción de la misma, toda vez que ninguna de las pretensiones está orientada a pedir dicho pago (…)” —la Sala hace notar— (fl. 77, de similar cuaderno).
Pero aparece otra afirmación del ad quem de mayor contundencia que, igualmente, quedó desprovista de confutación. El sentenciador, respecto del contrato de agencia comercial, manifestó:
“se dio fue frente a la sociedad colombiana Fagor Industrial S.A., y no frente a la Sociedad Cooperativa Fagor Industrial” (fl. 77, sentencia del tribunal).
Y, a partir de ello, se dedujo por parte del juez de segunda instancia la falta de legitimación en la pasiva. Sin embargo, para el actor, atestación de semejante jerarquía no ameritaba pronunciamiento alguno y, en efecto, quedó sin combatir. Se limitó a presentar su propia perspectiva más no enfrentó dicho argumento. No se controvirtió la percepción del fallador sobre la autoría del contrato.
En efecto, según el fallador, la razón esencial para proferir sentencia fue porque encontró que la demandada Fagor Industrial S. Coop., no tenía legitimación para hacer parte de la contienda judicial y no la tenía en cuanto que el contrato de agencia comercial “se dio fue frente a la sociedad colombiana Fagor Industrial S.A., y no frente a la Sociedad Cooperativa Fagor Industrial” (fl. 77, sentencia del tribunal).
Teniendo como referente esa percepción, en la medida en que las prestaciones derivadas de un negocio jurídico, en línea de principio, sólo pueden exigirse a quienes concurrieron a darle vida al mentado pacto, resultaba coherente que si la accionada no hizo parte del contrato de agencia comercial señalado en autos, como así lo concluyó, las declaraciones y condenas reclamadas no podían hacerse valer frente a ella. Esa forma de reflexionar antes que evidenciar yerro alguno, pone de presente la coherencia conceptual del fallo alrededor de los vínculos, obligaciones y deberes provenientes de dichos ejercicios contractuales.
Basta nada más revisar el texto del artículo 1317 de la ley de los comerciantes, para concluir que la condición de parte la asumen, de un lado, ‘el empresario nacional o extranjero o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo’, por otro, ‘La persona que recibe dicho encargo’, que se denomina ‘agente’. Y, las prestaciones contempladas, incluyendo, por supuesto, la retribución del agente (art. 1322 idem.), y las sumas previstas en el artículo 1324 ib., refieren a este último en cuyo favor se constituyen y a cargo del agenciado. En fin, son las partes las llamadas a soportar una u otra carga derivada de dicho pacto.
“(…) a su terminación el agente tendrá derecho a que el empresario le pague una suma equivalente a (…) (…). Además de la prestación indicada en el inciso anterior, cuando el empresario revoque o dé por terminado unilateralmente el contrato, sin justa causa comprobada, deberá pagar al agente (…). La misma regla se aplicará cuando el agente termine el contrato por justa causa imputable al empresario” (hace notar la Corte).
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el veintitrés (23) de julio de dos mil doce (2012), proferida dentro del proceso ordinario promovido por la sociedad ‘Las Viviendas Ltda. —Dotacero—’ y Eduardo Peña Gómez, contra la cooperativa ‘Fagor Industrial S. Coop.’.