Source: http://www.senado.gob.mx/64/gaceta_del_senado/2014_04_03/1529
Timestamp: 2019-10-16 10:06:58
Document Index: 342854446

Matched Legal Cases: ['artículo 13', 'artículo 19', 'artículo 83', 'artículo 83', 'artículo 72', 'artículo 41', 'artículo 134', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 115', 'artículo 157', 'artículo 72']

Gaceta: LXII/2SPO-115
Oficio con el que remite el Reporte anual del cumplimiento de actividades y metas programadas, correspondiente a 2013.
Oficio con el que remite similar de la Secretaría de Economía, con el Informe sobre el inicio de negociaciones formales para un Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino Hachemita de Jordania.
Información reservada de conformidad con lo establecido en el artículo 13, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el artículo 19, fracción IV del Acuerdo Parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Periodo de Reserva: 4 años.
SE REMITIÓ A LAS COMISIONES DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL; DE RELACIONES EXTERIORES; Y DE RELACIONES EXTERIORES, ASIA-PACÍFICO.
El proyecto de decreto propone reformas a diversos artículos que establecen los montos de las multas que se aplican a los portadores de armas de fuego, por no registrar las armas permitidas ante la autoridad competente, promoviendo así, el uso legal y correcto de las armas, así como prevenir el uso indebido de las armas y salvaguardar la seguridad pública. De igual manera propone reformas para que en el supuesto de que se recoja un arma por no portar la licencia correspondiente, se amplíe el plazo para exhibir dicha licencia.
La Cámara de Diputados, previa discusión y revisión del proyecto de decreto resuelve modificar los montos propuestos por el Senado, por lo que la devuelve para efectos de su valoración.
Fecha de Publicación: Jueves 24 de marzo de 2011.
La Colegisladora propone modificar el texto del artículo 83 Quintus aprobado por la Cámara de origen, señalando que si bien las reformas tienen como propósito sancionar no sólo a quién posea o porte sin permiso armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, sino también a quién posea cargadores de cartuchos, la Cámara de Diputados estima que existe la posibilidad jurídica para que pueda darse la posesión lícita de cargadores de cartuchos de uso exclusivo, por parte de algún funcionario federal o estatal a quién le haya sido otorgada licencia individual de portación, en virtud de lo cual se considera viable incorporar la circunstancia de ilicitud en el tipo penal que se propone, a efecto de diferenciar de manera indubitable la posible posesión lícita de algún cargador de cartuchos.
Los diputados consideran también necesario establecer sanciones diferenciadas, dependiendo el número de cargadores de cartuchos de uso exclusivo que se posean, atendiendo a los principios de proporcionalidad de la pena y razonabilidad jurídica; por otra parte estima que el proyecto de decreto aprobado en la minuta omite estos principios constitucionales al no establecer alguna fórmula para graduar la penalidad, más allá de establecer un mínimo y máximo, por lo que de aprobarse la minuta en sus términos, existiría la posibilidad jurídica de que puedan aplicarse penas corporales similares a quién posea dos cargadores de los ya referidos, respecto de quién posea cantidades mayores.
La redacción que aprueba la Cámara de Diputados establece en el artículo 83 Quintus, que al que de manera ilícita posea cargadores de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se le sancionará con prisión de uno a dos años y de cincuenta a cien días multa, cuando se trate de dos y hasta cinco cargadores; y con prisión de dos a cinco años y de cien a doscientos días multa, cuando se trate de más de cinco cargadores.
Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos.
Propone un conjunto de reformas de la Ley General de Asentamientos Humanos, con el fin de crear un instrumento normativo que contribuya a evitar situaciones críticas, así como sus costos sociales y económicos en el desarrollo de los centros urbanos del país, mediante la aplicación y cumplimiento de lineamientos en materia de planeación urbana, que permitan disminuir riesgos para toda la población. Por otra parte, se plantea una mejor planeación para la reducción de la vulnerabilidad ante los desastres naturales y el cambio climático.
Entre otras disposiciones, las reformas tienen por objeto fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como para garantizar la seguridad de sus habitantes, a través de la gestión preventiva y correctiva de los riesgos de origen natural y antropogénicos derivados de los asentamientos humanos; la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanos, así como la prevención de la ocupación de zonas de riesgo, natural o antropogénico y la reubicación de la población asentada en zonas de alto riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento.
Con las reformas, se considera como causa de utilidad pública, la ejecución de acciones, obras o servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo y el establecimiento de polígonos de protección y amortiguamiento. Y en un nuevo Capítulo Octavo Bis, se describen las normas orientadas a la prevención de riesgos en los asentamientos humanos, cuyo objeto será el establecer las especificaciones a que estarán sujetos los procesos de ocupación del territorio en zonas sujetas a riesgos. Finalmente se pretende establecer normas que permiten que la institución competente asesore a los gobiernos estatales y municipales que lo soliciten, en la elaboración y ejecución de sus planes o programas de desarrollo urbano, así como, en coordinación con la Secretaria de Gobernación, apoyar en la formulación de sus Atlas de Riesgo y en la capacitación técnica de su personal.
Acuerdo por el que se declara finalizado el proceso legislativo a que se refiere el artículo 72 constitucional, de las minutas de ley o decreto que fueron recibidas antes del 1 de septiembre de 2009.
Uno, por el que se modifica la presidencia de la Comisión Especial para la atención y seguimiento al caso de la empresa Oceanografía, S. A. DE C. V.
FUERON APROBADOS, EN VOTACIÓN ECONÓMICA.
Establece que la aplicación de las normas en los pueblos y comunidades indígenas para elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a los concejales de los ayuntamientos y a las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, está reservado a los Estados de la República, en términos de las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Políticas de los Estados, Tratados Internacionales y leyes en la materia. En la elección de los concejales a los ayuntamientos y de las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas que electoralmente se rigen por sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, los Estados deberán garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.
Propone que en lugar de que el Instituto Nacional de Migración (INM) continúe determinando el interés superior de los Niños, Niñas y Adolescentes migrantes no acompañados y separados (NNA), sea una Comisión plural la que se encargue de definir las medidas de corto y mediano plazo que permitan asegurar su integridad, sus derechos y su desarrollo en condiciones dignas y adecuadas, tomando como base la evaluación del interés superior. Esta Comisión, que se denominará “Comisión Especializada para la Determinación del Interés Superior de la Niña, Niño y Adolescente”, estará conformada por representantes de organizaciones civiles por personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia correspondiente y representantes de las dependencias gubernamentales cuya competencia pueda ayudar a proporcionarles una protección integral acorde a su interés. Quienes integren esta Comisión deberán ser profesionales especializados en cuestiones relacionadas con el desarrollo del niño y el adolescente.
Establece que cuando exista el riesgo razonable de que en el país de origen los niños, niñas y adolescentes vean vulnerados sus derechos o tengan un fundado temor a ser perseguidos, el Estado mexicano reconocerá tanto su condición de refugiado como el principio de no devolución. En este caso, se atenderá la solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en su territorio o salir de él a fin de garantizar la reunión de la familia.
Propone establecer con carácter de obligatorio, incorporar en las etiquetas la declaración nutrimental y la información nutrimental complementaria de la Norma Oficial Mexicana que se refiere al etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas pre-envasados, necesaria para informar al consumidor sobre las propiedades nutrimentales de un alimento o bebida no alcohólica pre-envasada.
Propone establecer que serán consideradas enfermedades de trabajo, además de las señaladas en la Ley, las contempladas en la lista de enfermedades profesionales actualizada por la Organización Internacional del Trabajo.
Propone establecer que las normas se interpretarán conforme a la Constitución, los tratados o instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano; la interpretación del orden jurídico deberá realizarse conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, lo anterior para adecuar la Ley con la reforma constitucional en materia de derechos humanos.
Se establece la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver los procedimientos administrativos sancionadores que el Instituto Nacional Electoral ponga a su disposición. Asimismo, se prevé la resolución por parte del Tribunal de los conflictos laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus trabajadores.
El Instituto Nacional Electoral deberá poner a disposición del Tribunal Electoral los procedimientos sancionadores con motivo de las quejas o denuncias por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución; a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o de campaña, para resolver en forma definitiva, y en su caso, imponer las sanciones de conformidad con la ley.
Se propone que exista una sexta Sala Regional en Materia Administrativa Electoral que resolverá en forma definitiva y deberá imponer las sanciones a que haya lugar en los procedimientos sancionadores. Dicha Sala tendrá la facultad de solicitar pruebas para proveer la sustanciación de los procedimientos. Asimismo, se propone que apruebe los proyectos de sanción en sesión pública por mayoría de los magistrados integrantes y en caso de empate, el Presidente de la Sala, tendrá voto de calidad.
Se establecen las reglas que deberá seguir el Tribunal Electoral para resolver los procedimientos sancionadores: el Secretario del Instituto envía a la Sala la investigación del expediente con los requisitos establecidos en la propuesta; recibidas las constancias, el presidente de la Sala turnará de inmediato a un Magistrado el expediente. El Magistrado deberá dictar un acuerdo de recepción en las 24 horas siguientes; si de la revisión observa la falta de exhaustividad, ordenará la realización de los medios probatorios que considere pertinentes, necesarias e idóneas; desahogado lo anterior, emitirá acuerdo de cierre de instrucción, y dentro del plazo de 48 horas posteriores, deberá proponer un proyecto de resolución al pleno de la Sala Regional el cual deberá ser aprobado o no, en las 24 horas siguientes; las sentencias podrán ser impugnadas en apelación.
Propone que la Procuraduría General de la República cuente con un Fiscalía Especial para la atención de delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, que funja como la autoridad encargada de dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso perseguir los delitos cometidos en contra de la economía nacional, realice una sistematización de la información contenida en las averiguaciones previas y procesos de la materia, además de que promueva una cultura de prevención del delito, de respeto y difusión de los derechos relacionados a la economía nacional y Coordinarse con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y las Procuradurías Generales de Justicia de los treinta y un Estados integrantes de la Federación, a fin de coadyuvar en la investigación de los ilícitos competencia de esta Fiscalía.
El Ministerio Público se coordinará con la Comisión Federal de Competencia para el cumplimiento de sus funciones en la materia de competencia económica y protección de los derechos consumidores mediante, la asistencia jurídica a la Comisión Federal de Competencia, y la representación de la misma ante instancias jurisdiccionales; los arreglos para la ejecución judicial de las resoluciones de la Comisión Federal de Competencia y el Tribunal Federal en Competencia Económica y la implementación de medidas cautelares a efecto de frenar violaciones del orden económico.
Establece que el Procurador General de la República asistirá a las reuniones de la Comisión Federal de competencia, sin derecho a voto, para la atención de temas relacionados con la investigación coordinada de casos contra personas físicas y morales o funcionarios públicos por actos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, asimismo designará a un Fiscal Especializado en delitos contra la competencia económica y las relaciones de consumo, para atender los casos relacionados con la materia.
Propone expedir la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas, como una ley de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, que tiene por objeto establecer las disposiciones que permitan que se garantice, en los tres niveles de gobierno, el ejercicio del derecho de consulta a los pueblos y comunidades indígenas, de conformidad con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Se consigan como derecho de los pueblos y comunidades indígenas a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, así como respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional, estatal, regional y municipal que afecten directamente estos derechos.
Establece como titulares del derecho a la Consulta a los pueblos y comunidades indígenas; los pueblos indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas; las comunidades indígenas, directamente o a través de autoridades o instituciones representativas acreditadas según la legislación de la entidad respectiva; y a las comunidades de migrantes, a través de sus instituciones representativas, acreditadas según la legislación de la entidad respectiva.
Serán responsables de que se realice la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, todas las instituciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de los tres niveles de gobierno que prevean realizar algún acto susceptible de afectar a los pueblos y comunidades directamente, para tal efecto, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas, deberán incluir en los presupuestos que aprueben a los respectivos poderes ejecutivos, incluido el municipal, las partidas necesarias para llevar a cabo las consultas.
Las consultas se realizarán a través del organismo técnico, que será creado en la estructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y tendrá al menos el nivel de unidad, con la participación de la institución responsable.
Se establece que tratándose de reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la legislación secundaria o de iniciativas que así lo ameriten, participarán en la consulta todos los pueblos indígenas del país. Para este caso, la consulta se realizará, previa convocatoria que emita el Congreso de la Unión. Cuando se consulte sobre otros tipos de actos legislativos deberán participar los pueblos y comunidades indígenas que habiten en el lugar donde, de aprobarse, dicha legislación tendría validez.
Se instituye que la consulta a los pueblos y comunidades indígenas será requisito previo, para los tres ámbitos de gobierno, para el otorgamiento a particulares de concesiones, permisos u otros actos que se pretendan sobre los recursos naturales que se encuentren en los territorios indígenas; con objeto de determinar las posibles afectaciones que pudieran sufrir por la realización de los actos previstos y las formas de evitarlos o amortiguarlos y en su caso, los beneficios que ellos tendrán por dicha explotación.
Se afirma que los resultados de la consulta serán vinculantes, por lo que la institución responsable deberá implementar medidas atinentes a efecto de acatar el mandato de los pueblos y comunidades indígenas. Como mecanismo de defensa se establece que cuando un pueblo o una comunidad indígena consideren que la consulta no se realizó como lo prevé esta ley o los resultados de la misma no sean acatados por la institución responsable, podrán recurrir en vía de amparo a los tribunales federales para que resuelvan en definitiva.
La iniciativa tiene como propósito lograr la medición de los componentes de la cohesión social para hacer posible la construcción de políticas públicas exitosas.
Se plantea adicionar el artículo 21 de la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para establecer que dentro del Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, se generen un conjunto de indicadores que incorporen componentes fundamentales de la cohesión social tales como: la equidad, la inclusión social, el sentido de pertenencia, la participación, la solidaridad, la tolerancia y la justicia social.
Asimismo, se propone reformar el artículo 29 de esta Ley para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, cuente con un coordinador en el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, a fin de que pueda aportar una visión respecto al ordenamiento territorial y esquemas autosustentables en materia de vivienda, para alcanzar el desarrollo económico y el bienestar social de las zonas urbanas y de las comunidades rurales.
Propone que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social, a partir de los indicadores de población y dinámica demográfica, salud, educación, empleo, distribución de ingreso y pobreza, seguridad pública e impartición de justicia, gobierno y vivienda, y de las capacidades institucionales de los entes locales, genere una tipología, a fin de clasificar a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.
Propone que en los informes trimestrales sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público presente información completa sobre los créditos fiscales, sobre las cancelaciones y los nuevos créditos otorgados detallando el saldo de éstos al cierre del trimestre anterior; la recuperación efectuada en el trimestre; el monto de los créditos fiscales extinguidos en el periodo; la cancelación de créditos fiscales; la condonación de créditos fiscales; los nuevos créditos fiscales acumulados en el trimestre; y el saldo de los créditos fiscales al cierre del trimestre actual.
Propone otorgarle a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de presentar iniciativas ante el Congreso de la Unión, exclusivamente en lo relativo a las leyes que se refieren a la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación.
De los Senadores Luis Fernando Salazar Fernández y Carlos Mendoza Davis, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción III, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SE TURNÓ A LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES, DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL.
Propone atribuirle a los Municipios el servicio de protección civil y bomberos.
Propone que los Estatutos de los partidos políticos tengan dentro de sus órganos estatuarios con una cartera responsable de las políticas ambientales que deberá de ir encauzada hacia el cuidado de los ecosistemas a niveles municipales, estatales y nacionales, la cual deberá de impulsar el desarrollo humano sustentable.
Asimismo, se establece como obligación de los partidos que su centro de formación política privilegie la cultura ecológica.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 157 Bis de la Ley General de Salud.
De las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos, el que contiene proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud y de la Ley General de Educación.
Oficio con el que remite el siguiente proyecto de decreto (Minuta): Por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para el control del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria, para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar implementado acciones que impulsen y fomenten la inversión en el ramo turístico, particularmente en los estados de la región sur-sureste de México.
Que exhorta al titular del Ejecutivo Federal a continuar implementando medidas de promoción turística para el estado de Guerrero.
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal aestablecer diversas medidas que coadyuven a fomentar el turismo en el estado de Guerrero.
BENJAMÍN ROBLES MONTOYA, ZOÉ ROBLEDO ABURTO Y FERNANDO MAYANS CANABAL, PARA REFERIRSE AL DICTAMEN SOBRE LA REGIÓN SUR-SURESTE.
SOFÍO RAMÍREZ HERNÁNDEZ Y ARMANDO RÍOS PITER, PARA REFERIRSE A LOS DICTÁMENES SOBRE PROMOCIÓN TURÍSTICA PARA EL ESTADO DE GUERRERO.
Del Sen. Sofío Ramírez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, la que contiene punto de acuerdo que exhorta altitular del Poder Ejecutivo Federal a llevar a cabo acciones para el desarrollo del municipio de Zirándaro de los Chávez, en el estado de Guerrero.
De los Senadores Ernesto Ruffo Appel, Salvador López Brito, Diva Hadamira Gastélum Bajo, Óscar Román Rosas González, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Ricardo Barroso Agramont y Sofío Ramírez Hernández, la que contiene punto de acuerdo que exhorta a la Junta de Coordinación Política a la realización de una sesión solemne para conmemorar el 125 aniversario del natalicio del ex presidente Abelardo L. Rodríguez.
Del Sen. Ricardo Barroso Agramont, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y al gobierno del estado de Baja California Sur a implementar medidas de manejo para que las comunidades pesqueras de dicha entidad tengan preferencia en la explotación de los recursos pesqueros de Bahía Magdalena.
De la Comisión de Pesca y Acuacultura, el que contiene punto de acuerdo:
En torno a la explotación de recursos pesqueros de Bahía Magdalena, en Baja California Sur.
De la Sen. Marcela Guerra Castillo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la que contiene punto de acuerdo que exhorta al gobernador del estado de Nuevo León y al Presidente del Congreso de dicho estado a incluir en los sistemas y programas educativos y deportivos estatales, a la Primer Escuela de Fútbol y Oficios y para que gestionen ante el Gobierno Federal su inclusión en el próximo proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para que sea discutido y aprobado por la Cámara de Diputados y pueda ser instrumentado a partir del próximo ejercicio fiscal.
Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el punto de acuerdo relativo al equipo del acelerador lineal tomógrafo computarizado para el Hospital de la Mujer, presentado el 9 de diciembre de 2013.
LA MESA DIRECTIVA EMITIÓ EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE SALUD.
Una, de la Sen. Martha Palafox Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, sobre el punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a realizar una evaluación general de su estructura, infraestructura, patrimonio, padrón de afiliados y cobertura, presentado el 20 de noviembre de 2013.
Del Sen. Francisco Salvador López Brito, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ocasión del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE SENADORES POR EL QUE SE ESTABLECEN CRITERIOS PARA LA RECEPCIÓN, DICTAMEN Y PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS PARA EL ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS Y PROYECTOS DE DECRETO SOBRE LAS MATERIAS DE TELECOMUNICACIONES, COMPETENCIA ECONÓMICA, POLÍTICA ELECTORAL, POLÍTICA DEL DISTRITO FEDERAL Y ENERGÉTICA".
ACUERDO POR EL QUE SE MODIFICA EL CALENDARIO DE SESIONES PARA MES DE ABRIL DE 2014 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DEL SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA.
Convocatoria a la Reunión de Instalación de la Comisión, que se efectuará el día jueves 3 de abril de 2014, a las 14:00 horas, en la Sala 7 de la Planta Baja del Hemiciclo del Senado de la República.
Convocatoria a la Reunión de Trabajo de la Comisión, en la que comparecerá el Dr. Agustín Carsterns Carsterns, Gobernador del Banco de México, la cual se llevará a cabo el día jueves 3 de abril de 2014, a las 09:00 horas, en las Salas 3 y 4 del piso 14 de la Torre de Comisiones.
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE GOBERNACIÓN, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS SEGUNDA, DE JUSTICIA Y DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, la cual se llevará a cabo el día jueves 3 de abril de 2014, a las 11:00 horas, en las salas 5 y 6 de la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
COMISIONES UNIDAS DE REFORMA DEL ESTADO, DE GOBERNACIÓN, DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS, SEGUNDA, DE JUSTICIA, Y DE REGLAMENTOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS.
Convocatoria a la Reunión de Comisiones Unidas, misma que se realizará el día jueves 3 de abril del año en curso, en las salas 5 y 6 de la Planta Baja del Edificio de Hemiciclo de este recinto, en punto de las 11:00 hrs.
COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PRIMERA
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que se celebrará el jueves 3 abril de 2014, a las 12:00 horas en la sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.
Convocatoria a la Reunión Extraordinaria de Comisiones Unidas, que se celebrará el jueves 3 de abril de 2014, a las 12:30 horas, en la sala 7, ubicada en la planta baja del Hemiciclo del Senado de la República.