Source: https://aldiaargentina.microjuris.com/2019/11/29/un-dano-psicologico-ajeno-es-arbitraria-la-sentencia-que-determino-la-incapacidad-psicologica-del-trabajador-en-base-a-un-informe-correspondiente-a-otra-persona/
Timestamp: 2020-08-05 13:48:13
Document Index: 94579502

Matched Legal Cases: ['artículo 11', 'artículo 14', 'artículo 3', 'artículo 17', 'artículo 11', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 15', 'artículo 3', 'artículo 14']

Un daño psicológico ajeno: Es arbitraria la sentencia que determinó la incapacidad psicológica del trabajador en base a un informe correspondiente a otra persona – AL DÍA | ARGENTINA
Partes: Rastelli Jorge Pedro c/ Provincia ART S.A. s/ accidente – ley especial
Cita: MJ-JU-M-121626-AR | MJJ121626 | MJJ121626
Es arbitraria la sentencia que determinó la incapacidad psicológica con base en un informe que no corresponde al actor sino a una persona ajena al proceso.
1.-Es descalificable por arbitraria la sentencia que para determinar la incapacidad psicológica del trabajador, utilizó un peritaje médico que se basó en un ‘informe psicodiagnóstico’ que no corresponde al trabajador sino a una persona ajena a la controversia toda vez que, habiendo la ART impugnado dicha pericia, el a-quo sostuvo que el perito médico había sustituido el psicodiagnóstico por la entrevista clínica efectuada al trabajador y tal justificación se exhibe totalmente insuficiente para validar las conclusiones del dictamen pericial relativas a la existencia y, eventualmente, a la magnitud de la afección de orden psíquico denunciada.
2.-Debe ser dejada sin efecto la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del Decreto 472/14, reglamentario de la Ley 26.773, porque tan extrema medida ha sido adoptada sobre la base de un endeble desarrollo argumental que se apoya en una inteligencia de la normativa aplicable claramente reñida con los criterios establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente ‘Espósito’.
3.-Corresponde confirmar la declaración de inconstitucionalidad del dec. 472/14 en cuanto introdujo modificaciones al régimen de reparaciones de la ley de riesgos del trabajo, por haber incurrido en exceso reglamentario y alteración del orden de prelación de normas, en la medida que la Ley 26.773 ha establecido en su art. 2º un principio general de pago único y sujeto a ajustes, y en su art. siguiente no efectuó excepción alguna a dicho principio general, por lo que no corresponde que la reglamentación distinga donde la ley no ha realizado distinciones (voto en disidencia del Dr. Rosatti según su voto en ‘Páez Alfonzo Matilde y otro c/Asociart ART S.A. y otro s/ indemnización por fallecimiento’).
La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo modificó la sentencia de primera instancia que había admitido la demanda por accidente in itinere y, en consecuencia, elevó el monto de condena contra Provincia ART SA por las prestaciones de la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo y sus modificatorias (fs. 196/220 del expediente principal, al que me referiré salvo aclaración en contrario).
Por un lado, estimó procedentes los agravlOs del actor que cuestionaron que el juez de grado no incluyó la incapacidad psicológica al determinar el porcentaje a resarcir y, en consecuencia, elevó ese porcentaje al 15,40 % de la total obrera. En ese sentido, señaló que el perito médico no se basó en el informe presentado por el psicólogo, referido a una persona distinta al actor, sino en la entrevista clínica psiquiátrica en la que determinó que el actor padece de estrés post traumático que le provocó una incapacidad psicológica del 10%. Ese porcentaje fue sumado conforme la teoría de la capacidad restante. Además, estimó que la lesión del actor -trastorno funcional de rodilla derechainevitablemente dañará su psiquis pues afecta directamente sus tareas de vigilador.
Por otro lado, declaró la inconstitucionalidad del decreto 472/14, reglamentario de la Ley 26.773 -régimen de ordenamiento de la reparación de los daños derivados de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales-o En ese sentido, afirmó que dicho decreto, al disponer que solamente las prestaciones de pago único previstas en el artículo 11 de la ley 24.557 y los pisos mínimos incorporados por el decreto 1694/09 serán actualizados por el índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), incurre en exceso reglamentario al excluir situaciones contempladas en la ley 26.773.Sobre esa base, dispuso la actualización, conforme el índice RIPTE, de la indemnización prevista en el artículo 14, apartado 2, mClSO a, de la ley 24.557.
Por último, declaró la inconstitucionalidad del artículo 3 de la referida ley 26.773, por excluir a los accidentes in itinere de los supuestos que habilitan la compensación adicional prevista en dicha norma. Interpretó que esa compensación –equivalente al 20% de las indemnizaciones dinerarias previstas en el régimen- está prevista para los daños derivados de un accidente laboral sufrido por el trabajador en el lugar de trabajo o encontrándose a disposición del empleador y que de ello se deriva que quedan excluidos de su alcance los accidentes in itinere. Sostuvo que esa exclusión vulnera el derecho de igualdad ante la ley (art. 16, Constitución Nacional), puesto que implica una disparidad de trato entre los trabajadores accidentados en el trayecto entre su domicilio y el lugar de trabajo y los accidentados en el lugar en que prestan servicio, o mientras se encuentran a disposición del empleador. Por ello, añadió al monto indemnizatorio el 20% adicional previsto en la norma.
Contra esa decisión la demandada interpuso recurso extraordinario federal (fs. 223/235), que fue contestado (fs. 237/243) y denegado (fs. 245), lo que motivó la presente queja (fs.62/65 del cuaderno respectivo).
Sostiene que el recurso es admisible ya que se encuentra en discusión la interpretación y el alcance de una norma federal -ley 26.773-.
Además, se agravia sobre la base de la doctrina de la arbitrariedad pues entiende que la sentencia no constituye una derivación razonada del derecho vigente a las circunstancias comprobadas de la causa.
En ese sentido, considera que el a qua aplicó erróneamente la actualización por indice RIPTE establecida en los artículos 8 y 17, inciso 6, de la ley 26.773 ya que, conforme lo dispuesto por el artículo 17 del decreto 472/14, solo corresponde actualizar las prestaciones previstas en el artículo 11 de la ley 24.557 y los pisos mínimos fijados en el decreto 1694/09, pero no la prestación reclamada en el presente -art, 14, apartado 2, inciso a, de la ley 24,557-, Señala que la Corte Suprema, en el precedente “Espósito” (Fallos: 339:781), se pronunció en sentido favorable a su pretensión, A su vez, aduce que la aplicación del índice RIPTE sobre esa prestación implica una doble actualización del salario ya que afecta al ingreso base mensual que estaba actualizado.
Se agraVIa también por la declaración de inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 26.773. Arguye que el actor solicitó la aplicación de la norma pero no planteó su invalidez y que la compensación adicional allí prevista no contempla los casos de accidentes in itinere.
Finalmente, cuestiona que la cámara le otorgó valor probatorio a la pericia médica que, al pronunciarse sobre la alegada incapacidad psicológica, se basó en un informe psicodiagnóstico efectuado sobre un tercero ajeno al pleito.
En primer lugar, estimo que los agraVIos vinculados a la inconstitucionalidad del artículo 3 de la ley 26.773, declarada por la alzada como sustento para otorgar la compensación adicional allí prevista, no cumplen con el requisito de fundamentación que exige el artículo 15 de la ley 48 (Fallos:311:1989, “Francisco Cacik”; 312:1819, “Cia. de Representaciones Hoteleras”).
En efecto, esos planteo s no constituyen una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada pues la recurrente se limita a afirmar que los accidentes in itinere se hallan excluidos de la compensación adicional del artículo 3 de la ley 26.773, pero no rebate los fundamentos brindados por la Cámara, que sobre la base de esa misma interpretación, sostiene luego que tal exclusión legal resulta inconstitucional por establecer un trato disímil infundado, violatorío del principio de igualdad. Esta cuestión no resulta objeto de crítica en la impugnación bajo estudio.
Por ello, corresponde declarar, en este punto, la deserción de la apelación.
En segundo lugar, considero que los agravios que cuestionan la actualización mediante el indice RIPTE de la prestación prevista en el artículo 14, apartado 2, inciso a, de la ley 24.557 encuentran adecuada respuesta en el punto III del dictamen de esta Procuración General del dia 31 de agosto de 2017, in re CNT 64722/2013/11RHl, “Páez Alfonzo, Matilde y otro c/ Asociart ART SA y otro s/ indemn. por fallecimiento” , por lo que corresponde remitir, en lo pertinente, a los fundamentos allí expuestos.
La solución propuesta en relación con ese punto, me exime de tratar los planteos basados en la doble actualización del crédito.
Por último, en cuanto a los agravlOs referidos a la determinación de la incapacidad psicológica y la valoración de la prueba, opino que asiste razón a la demandada ya que la sentencia resulta infundada.
En efecto el perito médico legista designado en autos, para determinar la incapacidad psicológica del trabajador en un 10% de la total obrera, mencionó en repetidas ocasiones como fundamento de su conclusión el informe psicodiagnóstico de fojas 127/135 correspondiente a una persona ajena al litigio (fs.136/139). Es más, el perito médico sustentó exclusivamente en el informe psicodiganóstico las respuestas a dos preguntas propuestas por la parte actora y por la demandada, que se referían a los test de inteligencia, habilidad y atención, y al grado de disminución de la capacidad laboral del actor que provocó el daño psicológico ([s. 31 pto. h, fs. 68 pto.XV, fs. 137 pto. VI, ap. h, fs. 138 pto. VIII, ap. XV).
En ese marco, las manifestaciones del perito referidas a que la incapacidad psicológica fue determinada en base a la entrevista clínico psiquiátrica realizada, no resultan suficientes para validar la conclusión expuesta en el informe (fs. 146 y 157). El a qua omitió esta circunstancia dirimente al valorar esta prueba pericial, y al basar en ella la determinación de la incapacidad psíquica.
No obstante lo anterior, entiendo que el perjuicio derivado del error pericial señalado, no puede afectar los derechos del trabajador accidentado, cuya eventual incapacidad psicológica, además de no estar descartada, debe ser objeto de evaluación y, en su caso, de reparación en el proceso. De tal forma, estimo necesario, como medida para mejor proveer y previo al dictado de una decisión definitiva en la instancia, que se disponga que el Cuerpo Médico Forense realice un diagnóstico sobre la existencia y alcance de la incapacidad psíquica.
Por lo expuesto, opino que corresponde hacer lugar a la queja, declarar parcialmente procedente el recurso, dejar sin efecto la sentencia y devolver los autos al tribunal de origen, a fin de que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con arreglo a lo sostenido en los acápites IV y V del presente.
ES COPIA VÍCTOR ABRAMOVICH
Vistos los autos: “Recurso de hecho deducido por la parte demandada en la causa Rastelli, Jorge Pedro c/ Provincia ART S.A. s/ accidente ley.especial”, para decidir sobre su procedencia.
1°) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó la sentencia de la instancia anterior en cuanto había hecho lugar a la demanda entablada con fundamento en la ley 24.557 (de Riesgos del Trabajo) con el fin de obtener el resarcimiento de la incapacidad sobreviniente que padece el trabajador a raíz del accidente in itinere que sufrió el 12 de noviembre de 2012. Asimismo, la revocó parcialmente al elevar el monto indemnizatorio de $ 26.243,73 a $ 134.960,86, con más sus intereses.
2°) Que para así decidir el a quo declaró la inconstitucionalidad del decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773 y ajustó el resultado de la fórmula prevista en el art. 14 apartado 2, inciso a, de la ley 24.557 por el índice de Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE). Por otro lado, declaró también la inconstitucionalidad del art. 3° de la ley 26.773 en cuanto excluye a l os accidentes in itinere de la compensación adicional equivalente al 20% de las indemnizaciones dinerarias previstas en el régimen.
3°) Que contra dicha decisión, Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. dedujo el recurso extraordinario (fs. 223/235 de los autos principales a los que se aludirá en lo sucesivo) que, denegado originó la presentación de la queja en estudio.
– Con apoyo en la doctrina de la arbitrariedad la apelante cuestiona la descalificación constitucional del art. 30 de la ley 26.773 y del decreto 472/14 e impugna el fallo por cuanto sostiene que admitió la existencia de incapacidad psicológica con fundamento en un informe psicodiagnóstico que no fue realizado al demandante.
4°) Que la apelación resulta admisible pues, por una parte, se configura en el caso cuestión federal en tanto se ha puesto en tela de juicio la validez constitucional de normas emanadas del Congreso -ley 26.773- -y la decisión definitiva del superior tribunal de la causa ha sido contraria a su validez (art. 14, inc.1°, de la ley 48).
En lo que concierne a la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14, reglamentario de la ley 26.773, cabe observar que tan extrema medida ha sido adoptada sobre la base de un endeble desarrollo argumental que se apoya en una inteligencia de la normativa aplicable claramente reñida con los criterios establecidos por esta Corte en el precedente “Espósito” (Fallos: 339:781), a cuyos fundamentos y conclusiones corresponde remitir en lo pertinente en razón de brevedad.
5º) Que, a su vez, la cuestión relativa a la constitucionalidad del art. 3° de la ley 26.773, en cuanto excluye a.los accidentes in itinere de la compensación adicional allí prevista, encuentra adecuada respuesta en lo resuelto por el Tribunal en la causa CNT 67468/2013/1/RH1 “Cisneros, Carlos Abel c/ Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s/ accidente – ley especial”, sentencia del 4 de diciembre de 2018 a cuyos términos cabe remitir para evitar repeticiones innecesarias.
6°) Que, por otra parte, si bien la apreciación de elementos de hecho y prueba constituye, como principio, facultad propia de los jueces de la causa y no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, esta regla no – es óbice para que el Tribunal conozca en los casos cuyas particularidades hacen excepción a ella cuando, como también ocurre en el presente, la decisión impugnada no se ajusta al principio que exige que las sentencias sean fundadas y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (Fallos: 321:2131; 324:3618 ; 325:329 ; 327:5082 ; 333:203 , entre otros).
Esa situación se configura en el sub lite pues, en lo que hace a la determinación de la incapacidad psicológica, como acertadamente lo señala la recurrente, el peritaje médico (fs. 136/139) se basó en un “informe psicodiagnóstico” efectuado por una licenciada en psicología que no corresponde al actor sino a una persona ajena a la controversia (fs.127/135). Tal circunstancia motivó una impugnación de la ART (fs. 151/152) a la que el perito respondió que dicho informe había sido aportado por la actora y que correspondía “a otra persona con dolencia similar en la rodilla derecha por lo cual no se pueden sacar conclusiones del mismo. La conclusión de incapacidad psicológica fue determinada por este perito en base a la entrevista clínico psiquiátrica realizada” (fs. 155). La aclaración mereció una observación inmediata de la ART (fs. 159) que, más tarde fue reeditada al alegar (fs. 164/165) y que el, juez de origen admitió para descartar la minusvalía psicológica invocada (fs. 167/171). El tribunal de alzada, finalmente, dispuso el acogimiento de la reparación pertinente a cuyo efecto, como única respuesta a la controversia suscitada, sostuvo que el perito médico había sustituido el psicodiagnóático por la entrevista clínica efectuada al actor. Mas tal justificación, frente a la fundada impugnación de la ART -que, como se indicó, fue aceptada por el magistrado de primera instancia-, se exhibe totalmente insuficiente para validar las conclusiones del dictamen pericial relativas a la existencia y, eventualmente, a la magnitud de la afección de orden psíquico denunciada.
En consecuencia, corresponde descalificar el fallo recurrido, con el alcance indicado.
Por ello, oído el señor Procurador Fiscal, se hace lugar -a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado.
Costas en el orden causado en virtud de la índole de las cuestiones planteadas. Reintégrese el depósito de fs. 66.
Agréguese la queja al principal y vuelvan los autos al tribunal de origen a. fin de que, por quien corresponda, se dicte nuevo pronunciamiento con arreglo al presente. Notifíquese 17, oportunamente, remítase.
CARLOS FERNANDO ROSENKRANTZ – JUAN CARLOS MAQUEDA – RICARDO LUIS LORENZETTI – HORACIO ROSATTI (EN DISIDENCIA) – ELENA I.HIGHTON DE NOLASCO
Que los agravios de la ART demandada relacionados con la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14 y con la interpretación y alcance del art. 3° de la ley 26.773, resultan sustancialmente análogos a los examinados y resueltos en el precedente “Páez Alfonzo, Matilde y otro” (Fallos: 341:1268 ), disidencia del juez Rosatti, a cuyas consideraciones, en lo pertinente, corresponde remitir por razón de brevedad.
Que los planteos referentes a la incapacidad psicológica determinada en la causa y a la valoración de la prueba, han sido objeto de adecuado tratamiento en el punto V del dictamen del Procurador Fiscal, cuyos fundamentos y conclusiones se dan por reproducidos.
Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador Fiscal en el punto V mencionado, se hace lugar a la queja, se declara parcialmente procedente el recurso extraordinario, se confirma la sentencia apelada en cuanto declaró la inconstitucionalidad del decreto 472/14 y se la deja sin efecto con el alcance indicado en el segundo párrafo del considerando. Vuelvan los autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de quien corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre el punto. Costas por su orden, atento al modo en que se resuelve. Reintégrese el depósito efectuado a fs. 66. Agréguese la queja al principal, notifíquese y devuélvase.
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