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Timestamp: 2018-07-20 23:54:39
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Matched Legal Cases: ['artículo 153', 'Artículo 5', 'artículo 51', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 168', 'artículo 168']

AGLI Recortes de Prensa Miércoles 2 Diciembre 2015
El tribunal constitucional pone fin a la farsa separatista
Editorial La Razon 2 Diciembre 2015
En un lapso de tiempo sin precedentes, menos de un mes, el Tribunal Constitucional habrá resuelto la anulación de la declaración independentista aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 9 de noviembre. La resolución del Constitucional se adopta, según las fuentes consultadas, por unanimidad de todos sus magistrados y, lo que es más significativo, sin salvedades de ningún tipo, como ocurriera, con bastante poca fortuna a nuestro juicio, con la «declaración soberanista» de 2013, que aceptó que la expresión «derecho a decidir» podía admitir interpretaciones. Difícilmente cabía esperar otra cosa ante una proposición legislativa, es decir, con plenos efectos jurídicos, como la adoptada por la Cámara autonómica catalana que choca frontalmente con el ordenamiento constitucional español y que declara paladinamente la desobediencia a las leyes que rigen nuestro sistema democrático. Un golpe de estado en toda regla por parte de una institución que se legitima, precisamente, en el ordenamiento constitucional que se pretende destruir.
Nada menos que hasta trece artículos de la Carta Magna –y dos del propio Estatuto de Autonomía de Cataluña– resultaban conculcados por la declaración separatista, según el escrito de nulidad presentado por la Abogacía del Estado. Con palmario desprecio, por supuesto, de los artículos primero y segundo del texto constitucional –que son los que establecen que la soberanía nacional reside en el conjunto del pueblo español y que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española–, y del artículo noveno –que dictamina que todos los poderes públicos, en los que se incluye el Gobierno autónomo de Cataluña y su Parlamento, están sometidos al imperio de la Ley– . Asimismo, no deja de producir estupor, por su cinismo, que los impulsores de la declaración separatista hayan introducido en el texto un punto, el sexto que, a modo de medida preventiva, dicta que el proceso de desconexión (sic) no se supeditará a las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional, cuando la Carta Magna establece con meridiana claridad en su artículo 153 que el control de la actividad de los órganos de las comunidades autónomas se ejercerá por el TC en todo lo relativo «a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley. De ahí que la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, haya intentado devaluar la resolución separatista a «simple expresión de deseos», negándole efectos jurídicos.
Este fraude legal y político, que sólo busca que los responsables del mayor ataque a la democracia española desde el 23 de febrero de 1981 pueden sustraerse a las consecuencias, debería ser claramente denunciado por los magistrados del Constitucional en su resolución. Porque nadie desde la honradez intelectual puede negar que la declaración separatista votada por la mayoría de los diputados de un Parlamento legalmente constituido no provoca efectos jurídicos y, por lo tanto, las correspondientes sanciones, incluso penales, a quien se sitúa fuera de la Ley. Por ello, quienes desde posiciones maximalistas y poco reflexivas recriminaban al Gobierno de Mariano Rajoy una inexistente pasividad ante el desafío separatista catalán, deberían reconocer que, hoy, gracias a la reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, existen los instrumentos legales para, con la agilidad que merece la causa, se reclame la sujección a la Justicia y se aplique la Ley.
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 2 Diciembre 2015
Ciudadanos, un gazpacho posmoderno
Editorial www.gaceta.es 2 Diciembre 2015
Ciudadanos está a favor de poner en la Puerta del Sol de Madrid una placa para homenajear a los manifestantes del 15-M, que a partir de ahora quedarán inmortalizados a la misma altura que los Héroes del Dos de Mayo o las Víctimas del terrorismo. ¿Sorprendente? En realidad, no. Ciudadanos también está a favor de eliminar el límite de edad para que los niños puedan cambiar de sexo. Ciudadanos está a favor del aborto libre. Ciudadanos está a favor de los vientres del alquiler. Ciudadanos está a favor de la eutanasia. Ciudadanos quiere implantar la propaganda homosexualista como política de Estado (o sea, pagada por todos los contribuyentes). Ciudadanos tiene un concepto puramente estatalista de la educación y amenaza con quitar los conciertos a los centros que apuestan por la educación diferenciada. Ciudadanos, en fin, es un partido "pijoprogre". Y se ha sumergido en la frivolidad nihilista del discurso dominante con un alborozo perfectamente previsible.
Ciudadanos es un partido de aluvión. Nació en un ámbito estrictamente local –el catalán-, empujado por circunstancias de urgencia –el despotismo separatista- y con una finalidad encomiable cual es defender la unidad de España y los derechos de todos los ciudadanos (que por eso se llama así). Nadie restará un adarme de mérito a la trayectoria del partido de Albert Rivera en Cataluña. Después, la rápida putrefacción de la democracia española, gracias a esos dos agentes de autolisis que han sido Zapatero y Rajoy, han hecho de Ciudadanos una alternativa a escala nacional, pero no tanto por sus planteamientos ideológicos como por el carácter innovador y limpio de su imagen. En ese proceso de crecimiento, para el que ciertamente no le han faltado apoyos económicos, sociales y mediáticos, Ciudadanos ha tenido que proveerse a toda prisa de herramientas doctrinales en materias sobre las que jamás pensó tener que pronunciarse. El resultado es ese feroz gazpacho posmoderno que propone como programa electoral y que guía las decisiones de sus concejales y de los redactores de su programa electoral.
Ciudadanos, por supuesto, tiene todo el derecho a escoger sus fuentes doctrinales donde mejor le parezca. Todo el mundo es muy libre de equivocarse. A lo que no tiene derecho es a presentarse en numerosos ámbitos como una alternativa válida para la derecha social. Es verdad que el PP ha traicionado de forma flagrante los principios e ideas de su masa popular, pero lo que Ciudadanos propone al español de derechas es algo así como una operación de cambio de sexo electoral, una cirugía ideológica para perder los propios atributos y encontrarse convertido en lo que uno no es. Y en términos más generales, no deja de resultar triste que en un momento como el que hoy viven las sociedades europeas, hundidas en la incertidumbre y la descomposición, las herramientas intelectuales de Ciudadanos se limiten a hozar en ese nihilismo blando que nos ha conducido hasta el actual marasmo. Frustración.
Gabriel Albiac. ABC 2 Diciembre 2015
Una acción militar rusa contra Turquía, ¿arrastraría la automática respuesta de la OTAN? Conviene leer con atención el tratado fundacional de la Alianza.
«Artículo 5. Las partes convienen en que un ataque armado contra una o contra varias de ellas, acaecido en Europa o en América del Norte, se considerará como un ataque dirigido contra todas ellas y, en consecuencia, acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa individual o colectiva, reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, asistirá a la parte o partes así atacadas, adoptando seguidamente, individualmente y de acuerdo con las otras partes, las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la fuerza armada, para restablecer y mantener la seguridad en la región del Atlántico Norte».
La literalidad del texto deja poca duda en lo que define como una agresión con respuesta inmediata: un ataque armado, «acaecido en Europa o en América del Norte», se considerará como un ataque dirigido contra todos los miembros de la Alianza. Turquía, por más integrante pleno de la OTAN que sea, no es identificable, ni geopolítica ni culturalmente, con eso a lo cual llamamos Europa: lo que fue definido, en el siglo XVI, como el mundo que alzaba sus fronteras frente a la amenaza otomana. El tratado de Washington habla de Europa y del Norte de América. La hipótesis de un choque militar entre rusos y turcos, pondría a la OTAN ante una ambigüedad difícil de eludir. Erdogan está jugando todas sus bazas sobre la impunidad que su pertenencia a la OTAN le otorgaría. Sólo que esa impunidad es dudosa.
Erdogan ha sido el reislamizador de Turquía. El hombre que consuma una regresión trágica: el fracaso del único intento de Estado laico en un país musulmán. Mustafá Kemal, al frente de los jóvenes militares que crearon la Turquía moderna, consiguió el prodigio de hacer con los restos del sultanato un Estado aconfesional normalizado. Triunfó sólo medias. Y, después de la muerte de Ataturk en 1938, fueron las sucesivas dictaduras militares las que hubieron de apuntalar aquella revolución suya sin precedentes: salir del islam hacia Europa. Tayip Erdogan acabó con eso en 2003. Y con cualquier europeidad turca verosímil. Y hoy la Turquía sunita, que sigue integrada en la OTAN, es uno de los pilares materiales y simbólicos del islamismo. Al mismo tiempo que canal de exportación del crudo para financiar a Estado Islámico.
Cuando Turquía se vio forzada a intervenir en el norte de Siria, lo hizo para bombardear a las únicas fuerzas que combatían a EI: los kurdos. Cuando Francia estaba a punto de sellar un acuerdo con Rusia para aniquilar a EI, Turquía derribó un caza ruso. Y reclamó el apoyo de sus aliados de la OTAN. Un sabotaje perfecto de la alianza entre Hollande y Putin contra los yihadistas. Eso pensó Erdogan. Es razonable. Pero es muy cuestionable que el Tratado de Washington sea automáticamente aplicable a esta Turquía islamista.
Emilio Campmany Libertad Digital 2 Diciembre 2015
Lo que presidió el debate pasado fue el miedo. El del PP de Rajoy es ya legendario. Si él y sus secuaces lo padecen aun sin haber elecciones, hasta el punto de estar constantemente atenazados por él, cómo no lo iban a sufrir en plena campaña. El canguelo es tal que, estando como están en las encuestas, a más de treinta escaños de la mayoría absoluta, les ha parecido prudente no comparecer. Y eso a pesar de que no estar en los debates perjudica siempre, incluso cuando las encuestas auguran buenos resultados.
Los demás también dan muestras de desasosiego y se les ve medrosos. Pedro Sánchez es quien más disculpa tiene, porque todo le sale mal. Se escora a la izquierda y pierde votos. Se inclina a la derecha y pierde más todavía. Se queda donde está y se hunde irremisiblemente. Ya no sabe qué hacer ni qué proponer, y cada vez parece más abocado a decir melonadas y vaciedades que a nada comprometan. A Pablo Iglesias le pasa que creyó que con la crisis España se haría marxista, cuando lo único que pasó es que se hartó primero del PSOE y luego del PP, y pareció dispuesta a votar a quien fuera que no estuviera marcado por esas siglas. Carmena y Colau han demostrado que Podemos no es sólo una cueva de comunistas, sino un cajón de ocurrencias, y eso les ha hecho perder muchos de los respaldos que tuvieron. Ahora trata de moderarse sin decepcionar a su electorado y el resultado son proposiciones timoratas y actitudes recelosas. Hasta Albert Rivera, siempre corajudo y convencido de que compensará los votos que pierda con los que gane al hacer sus propuestas, estuvo tímido y precavido en exceso, no fuera a ser que lo que dijera atrajera excesivos focos y críticas.
Pero éste no es más que el miedo de los partidos a decir, proponer o adelantar cualquier política que pueda irritar a un sector significativo del electorado. Luego está el miedo de parte del electorado mismo. No me refiero tan sólo a la España clientelar, que vive de su proximidad a tal o cual partido, que es miedo que se da por descontado. Me refiero a los intereses creados por la selva de subvenciones, privilegios, excepciones, desgravaciones, socorros, sinecuras, gabelas, favores y discriminaciones que pueblan el BOE. Rara es la persona que no se juega en estas elecciones alguna clase de ventaja fiscal o ayuda pública de la que ahora se está beneficiando en mayor o menor medida. A veces son consecuencia de disposiciones concretas para el sector en el que trabaja. Pero otras no son más que normas generales que le benefician especialmente por sus circunstancias y condiciones. Votar a alguien diferente de los dos partidos de siempre supone poner en riesgo ese beneficio, con el que ya se cuenta de forma natural. Y para hacerlo hay que superar el miedo a perderlo. Ésa es casi la única baza del PP y, hasta cierto punto, también del PSOE. De una u otra forma, el miedo es el protagonista.
Carmelo Jordá Libertad Digital 2 Diciembre 2015
Yo vi lo que era el 15-M, estuve muchas veces en la Puerta del Sol paseando entre la mugre, tanto física como intelectual, que se amontonaba en la plaza. Vi los aplausos mudos y los discursos que mejor que hubieran sido mudos; olí el intenso aroma a suciedad –casi 27.000 kilos de basura se retiraron al final de la ocupación–, que sólo era matizado en algunos rincones, justo es decir que bastantes, por los aún más penetrantes efluvios de los canutos.
Vi los círculos de gente rodeando bebidas alcohólicas de diverso octanaje y, sobre todo, escuché y leí los eslóganes que se podían ver en pancartas o escritos por las paredes, profundos, intelectuales y, sobre todo, pacíficos y democráticos, como "Vamos a por ellos como en Paracuellos".
La mayoría, especialmente la mayoría de los periodistas, se extasió ante un movimiento que se suponía era social de verdad, no estaba manejado por ningún partido y venía a restaurar no sabemos qué esencias de la democracia; unos pocos advertimos lo que de verdad bullía bajo las pancartas y las tiendas de campaña de Sol: una ideología extraordinariamente extremista, capaz de justificar la violencia y de alentarla, tal como pudimos comprobar en prácticamente todas y cada una de las manifestaciones que siguieron la estela del 15-M.
Pues este movimiento totalitario, violento, sucio y absolutamente indigente desde el punto de vista estético e intelectual va a tener, si un ataque de sensatez no lo remedia, una placa en la plaza que llenaron de basura, junto a las de los héroes del Dos de Mayo y los del 11 de Marzo.
Y lo peor no es que el caótico Ayuntamiento de Carmena proponga esta estupidez, eso no debe sorprendernos, dada la velocidad con la que esa institución genera estupideces. Lo grotesco es que esa disparatada ocurrencia reciba el apoyo del PSOE… y de Ciudadanos, con un concejal del partido de Rivera declarándose "hijo" político del movimiento. A ver, chico, tú eres representante de un partido fundado hace más de 10 años, y esos a los que consideras tus padres no dudarían un minuto en llevarte a Paracuellos, escrito está.
Si finalmente la placa se coloca, les propongo que sea como las que se ponen allí donde se señala el nivel de una gran inundación, que se pueda leer algo así como: "Hasta aquí llegó la tontería de los políticos… y de los medios".
EDITORIAL Libertad Digital 2 Diciembre 2015
Pocos lugares tan emblemáticos de Madrid y de España entera como la Puerta del Sol, que alberga el llamado Kilómetro Cero de las carreteras radiales nacionales y desde donde todo el país saluda al nuevo año todas las Nocheviejas. El reloj de las Campanadas está en la sede de la Comunidad de Madrid, en cuya fachada dos placas conmemorativas rinden merecido homenaje a los Caídos del Dos de Mayo y, la más reciente, tanto a las víctimas del 11-M como a quienes se volcaron en atenderlas.
Por eso, pocas muestras más elocuentes del sectarismo y del envilecimiento institucional que muchos municipios españoles están padeciendo por culpa de la extrema izquierda podemita que la decisión del Ayuntamiento capitalino de dedicar una placa conmemorativa en Sol al 15-M, que durante dos meses tomó literal e ilegalmente la célebre plaza.
La formación liderada por Manuela Carmena ha justificado la colocación de la placa –cuyo lema será "Dormíamos, despertamos"– con que "no se puede dar la espalda a lo que hicieron miles de personas por la democracia" en esas fechas infaustas, pero lo cierto es que el 15-M quiso apropiarse ilegalmente de un espacio público para tratar de ganar en la calle lo que quienes lo capitalizaron no lograban ni han logrado conseguir en las urnas. Así, por poner un ejemplo especialmente pertinente, tanto en las elecciones municipales de 2011 como en las de 2015 el partido más votado en la capital de España fue el PP, y si no fuera por el ominoso apoyo del PSOE a Ahora Madrid, Manuela Carmena estaría en la oposición o en su casa. Por otro lado, conviene recordar que la Junta Electoral Central prohibió concentrarse en Sol durante la jornada de reflexión de las elecciones de mayo de 2011, pero los acampados desobedecieron tal prohibición impunemente. Y para qué hablar de los perjuicios y molestias que sufrieron, con tremenda impotencia, los atemorizados, asediados e indignadísimos vecinos y comerciantes de la zona.
Que elementos antisistema trataron de utilizar en su provecho –con medios ilegales más propios del fascismo que de la democracia– el legítimo descontento popular hacia los dos grandes partidos para impulsar un movimiento profundamente liberticida como el que subyace en Podemos y en su marca blanca madrileña es un hecho bien conocido. Pero que Carmena, que se supone ha sido juez, quiera elevarlos a la categoría de los Caídos del Dos de Mayo, de las víctimas del 11-M y de quienes asistieron a estas últimas constituye una infamia y una afrenta a los madrileños de bien.
Si Carmena quiere rendir un homenaje sectario a alguien, que se lo haga –con cargo a su propio bolsillo– al insensato Pedro Sánchez, por quien pudo arrebatar la Alcaldía a Esperanza Aguirre, cabeza de la lista más votada por los ciudadanos madrileños. Pero que no utilice las instituciones para honrar a quienes sólo se significaron por su desprecio al régimen de libertades y por su nulo respeto por los espacios públicos y privados y por sus conciudadanos.
El hecho de que esta vergonzosa iniciativa haya sido aprobada no sólo con los votos de Ahora Madrid y del PSOE sino con los Ciudadanos va a dar alas a quienes acusan a la formación naranja de inmadurez impropia de un partido que pretende constituirse en alternativa de gobierno. ¿Legitimar movimientos antisistema es lo que entienden los colegas madrileños de Albert Rivera por "cambio sensato"?
El problema del hiyab en las aulas. Para todos leche o para todos café
Raúl Vicén Uribarri. Abogado. www.latribunadelpaisvasco.com 2 Diciembre 2015
También me han contado, que en el examen de selectividad este año, los profesores que vigilaban el examen mandaron a las alumnas que se examinaban recogerse el pelo, para dejar al descubierto sus oídos, con la única intención de evitar que copiasen mediante el sistema del pinganillo. Una joven que se examinaba y llevaba el hiyab se negó a quitárselo y desafío con su actitud a la profesora, que sin duda, como mujer mucho más lista que el pobre profesor al que se quiere expedientar, valoro que era mejor dejar estar el asunto a riesgo de que esa joven pudiera copiar libremente (en el supuesto de que llevase pinganillo) y de que se estaba creando un precedente y una desigualdad en contra del resto de las jóvenes que se examinaban, teniendo ésta un privilegio que en nada está justificado.
Creo sinceramente que se actúa con el referido profesor en cuestión muy a la ligera, de modo desproporcionado y por tanto injusto (seguramente de modo malintencionado e interesado), poniéndolo en la picota. Pero lo cierto es que me asaltan muchas dudas: ¿realmente debemos dejar que los alumnos vayan a clase con el hiyab, el burka, símbolos del yihadismo, de la Legión de Cristo, la Falange, la bandera de la Republica o la del águila, la esvástica, con capirote de semana santa, o en taparrabos, etc.…? ¿Son todos iguales? ¿Cuáles son aceptables y cuales no? Y ¿por qué? …
Cuidado, mucho cuidado, porque si aceptamos una excepción, ¿por qué no otras? ¿cuáles si y cuáles no? ¿Quién fija ese criterio? ¿El profesor de la clase, el alumno que lo lleva, el conjunto de los alumnos, el rector, el decano…?
Demasiadas dudas, demasiadas preguntas, pocos principios y muchas excepciones (nos cargamos la seguridad jurídica y las normas de convivencia, y de rebote la igualdad y la fraternidad, y podemos seguir) y como decía mi abuelo llegados a este punto, lo mejor, o todos leche o todos café, porque sino, no vamos a ningún sitio y se va a liar una gorda sin fundamento (o por fundamentalistas).
M. Llamas Libertad Digital 2 Diciembre 2015
Pablo Sebastián Republica.com 2 Diciembre 2015
La alegre pandilla de la CUP ha vuelto a convocar su Asamblea para el día 27 de diciembre a ver si unas horas después, el 28 día de los Santos Inocentes, le gastan una broma al ya muy deteriorado Artur Mas, al que el Tribunal Constitucional le acaba de anular la resolución aprobada en el Parlamento catalán sobre el inicio del proceso independentista y la desobediencia a los tribunales, empezando por el TC.
Para colmo en la última encuesta de la Generalitat, ERC aparece como el ganador de unas posibles elecciones anticipadas y CDC, el partido de Mas, empata con Ciudadanos y a riesgo de quedar en tercer lugar. Con lo que su amenaza de un nuevo adelanto electoral se convertiría en un nuevo disparo que Mas se acabaría dando en el pie, empeorando esta larga agonía política.
La sentencia del TC sobre la resolución secesionista era esperada por todos y es de cajón. Y por eso llama la atención que la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, haya tenido el descaro de decir en un escrito de alegaciones que la resolución secesionista solo era una declaración de intenciones, lo que es falso. Además de una cobardía como ya se lo ha afeado la CUP, porque con ese documento se rechaza el propio contenido de la resolución en el que explícitamente se dice que los que votaron a favor -Forcadell incluida- desobedecerán al TC.
En cuanto al fondo de la cuestión no hay mayor novedad porque está manifiestamente claro que la resolución del Parlamento catalán viola la Constitución y se arroga la soberanía de todos los españoles y, a la vez, anuncia la desobediencia a los tribunales y el desprecio absoluto de la legalidad de la que emana la propia existencia del Parlamento catalán.
Sin embargo, llama la atención que en la sentencia del TC no se hagan las oportunas advertencias a quienes anuncian que no la cumplirán tal y como ya lo hizo el TC cuando suspendió cautelarmente la resolución. Aunque cabe imaginar que las advertencias de entonces continúan en vigor porque violar la sentencia sería tan grave o más que violar la suspensión.
Aunque no deja de ser llamativo que la contundencia con la que el TC anunció la suspensión de la resolución independentista, con claras y nominales advertencias a los primeros responsables del Parlamento y al Gobierno de Cataluña, no se haya vuelto a repetir con motivo de la sentencia definitiva.
En todo caso está bien que el TC se pronuncie antes de las elecciones del 20-D para que los electores catalanes tengan la oportunidad de opinar, una vez más, en las urnas sobre todo lo ocurrido con el desafío secesionista. Por lo que ya veremos que lectura de todo ello se puede hacer una vez que conozcamos los resultados de los comicios generales en el territorio catalán.
Agencias. P.G. Republica.com 2 Diciembre 2015
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado la impugnación presentada el pasado 11 de noviembre por el Gobierno contra la resolución independentista aprobada en el Parlamento de Cataluña, a instancias de Junts pel Sí y la CUP, para dar inicio a la ruptura con España. El TC establece que "la soberanía de la nación (...) conlleva necesariamente su unidad", por lo que declara la "inconstitucionalidad y nulidad" del acuerdo parlamentario. De la sentencia cabe destacar dos cuestiones significativas.
La primera es que no contiene ningún nuevo apercibimiento a los firmantes de la resolución sobre las posibles consecuencias de su incumplimiento -es de suponer que sigue vigente la advertencia que contenía el auto de admisión a trámite y suspensión del 11 de noviembre aunque no se dice expresamente- y, en segundo lugar, el tribunal de garantías sugiera a Cataluña que plantee una reforma constitucional para encauzar sus aspiraciones política de desconexión del Estado español.
En contra de los criterios expuestos en las alegaciones del Parlament, en las que se afirmaba que la resolución era solo la expresión de un “deseo” o de una “aspiración política”, la sentencia, aprobada por unanimidad, subraya que la declaración del Parlament es “un acto parlamentario que tiene indudable naturaleza jurídica”. Y señala que con esta declaración, la cámara catalana excluye “la utilización de cauces constitucionales para la conversión en un estado independiente de lo que hoy es la Comunidad Autónoma de Cataluña”.
Se recoge así el argumento expuesto por la Abogacía del Estado en su recurso, en el que se subraya que “el Parlamento se considera poder constituyente en orden a la creación de una República de Cataluña, ordenando al Gobierno de la Generalidad la adopción de las medidas necesarias a tal fin, lo que incluye la elaboración de una constitución, la creación de estructuras de Estado, la inaplicación de las normas estatales en Cataluña y la desobediencia a las instituciones del Estado, en particular al Tribunal Constitucional”. Por todo ello es por lo que la resolución “encaja perfectamente en el objeto de impugnación de las disposiciones autonómicas del Título V LOTC, no limitándose a realizar unas proclamas políticas sin eficacia jurídica, sino que establece unos mandatos claros de inmediata repercusión jurídica dirigidos hacia el propio Parlamento, hacia el Gobierno de la Generalidad e incluso hacia los ciudadanos de Cataluña”.
En total, la sentencia considera que el texto aprobado por el Parlament vulnera varios preceptos constitucionales, en concreto los artículos 1.1, 1.2, 2, 9.1 y 168, que son los que aluden a la unidad del sujeto soberano, al sometimiento a la Carta Magna de los poderes públicos y a la reforma de la propia Constitución; así como los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía.
Se hace especial hincapié en lo que atañe al artículo 1.2, que establece que sólo hay una soberanía, la que ejerce en su conjunto el pueblo español, que no puede fragmentarse.Y se recuerda que el “imperio de la Constitución como norma suprema” de nuestro ordenamiento jurídico deriva del hecho de que la propia Constitución “es fruto de la determinación de la nación soberana por medio de un sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y del que emanan, por ello, los poderes de un Estado (artículo 1.2 de la Constitución)”. La soberanía de la nación que reside en el pueblo español, continúa, “conlleva necesariamente su unidad (artículo 2 de la Constitución)”, y esa unidad del sujeto soberano es el fundamento sobre el que “la nación misma se constituye, al propio tiempo, en Estado social y democrático de Derecho (artículo 1.1 de la Constituciónl)”.
El Pleno, a lo largo de las 33 páginas de la sentencia, recuerda también que el artículo 1 del Estatuto de Autonomía dispone que Cataluña, “como nacionalidad, ejerce su autogobierno constituida en Comunidad Autónoma de acuerdo con la Constitución y el presente Estatuto”. Por lo tanto, la Constitución se presenta “como norma incondicionada y condicionante de cualesquiera otras en nuestro ordenamiento”; se trata de una “norma superior a la que todos – ciudadanos y poderes públicos- quedan sujetos (art. 9.1 de la Constitución)”. Pero tal sometimiento a la Constitución no es sino otra forma de sumisión a la voluntad popular expresada como “poder constituyente”, por lo que, concluye la sentencia, en el Estado constitucional “el principio democrático no puede desvincularse de la primacía incondicional de la Constitución”.
La Resolución impugnada, afirma, “contrapone el supuesto alcance del “mandato democrático” recibido por el Parlamento de Cataluña” (en las elecciones del pasado 27 de septiembre) o el carácter “legítimo y democrático” de dicha Cámara “a la legalidad y legitimidad de las instituciones del Estado, en particular de este Tribunal Constitucional”. El referido “mandato democrático”, afirma la sentencia, “justificaría el anuncio de que las decisiones del Parlamento de Cataluña “no se supeditarán” a las adoptadas por las instituciones del conjunto del Estado” así como “la apertura de un proceso constituyente no subordinado, esto es, unilateral”.
En suma, redunda en que la resolución independentista debe fundamentarse en un “principio de legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña cuya formulación y consecuencias están en absoluta contradicción con la Constitución de 1978 y con el Estatuto de Autonomía”. “Ello trastoca no solo los postulados del Estado de Derecho, basado en el pleno sometimiento a la Ley y al Derecho, sino la propia legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña, que la Constitución reconoce y ampara”.
En nuestro Estado social y democrático de Derecho, continúa el TC, “no cabe contraponer legitimidad democrática y legalidad constitucional en detrimento de la segunda”, pues “la legitimidad de una actuación o política del poder público consiste básicamente en su conformidad a la Constitución y al ordenamiento jurídico”. La sentencia se ha dictado en un tiempo récord y el Constitucional justifica la rapidez con la que se ha pronunciado en que así lo exige la “trascendencia constitucional” de la impugnación.
Pluralismo político y pluralismo territorial
El Pleno del TC añade que, en conexión con el principio democrático, están dos de los principales rasgos de nuestro Estado constitucional, que son el pluralismo político y el pluralismo territorial. Respecto del primero, la sentencia recuerda que la Constitución “proclama un mínimo de contenidos y establece unas reglas del juego insoslayables para los ciudadanos y los poderes públicos”, siendo precisamente ese marco constitucional mínimo de referencia el que “mantiene unida a la comunidad política dentro de los parámetros del pluralismo político”.
Por lo que se refiere al pluralismo territorial, es el artículo 2 de la Constitución , “núcleo” de nuestra norma fundamental, el que proclama “el derecho de las nacionalidades y regiones a la autonomía”. Es decir, “la Constitución garantiza la capacidad de las Comunidades Autónomas de adoptar sus propias políticas en el marco constitucional y estatutario”, “es la propia norma fundamental la que obliga a conciliar los principios de unidad y de autonomía de las nacionalidades y regiones”. Las razones expuestas llevan al Pleno a determinar que “el ordenamiento jurídico, con la Constitución en su cúspide, en ningún caso puede ser considerado como límite de la democracia, sino como su garantía misma”.
Por último, el TC reitera que la Constitución no se atribuye el carácter de “lex perpetua”, sino que admite su total revisión, pero los cauces formales para la reforma constitucional deben ser respetuosos con los procedimientos previstos en la Constitución misma. El Parlamento de Cataluña, afirma la sentencia, ha optado por aprobar la Resolución impugnada, “cuyo contenido incide directamente sobre cuestiones reservadas en su tratamiento institucional al procedimiento de reforma constitucional del artículo 168 CE” que, por consiguiente”, resulta también vulnerado.
La sentencia sugiere que la Cámara autonómica puede solicitar la reforma de la Constitución, pero no “erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política, hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad”. Actuando de ese modo, el Parlamento catalán “socavaría su propio fundamento constitucional y estatutario (artículos 1 y 2.4 del Estatut), al sustraerse de toda vinculación a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, e infringiría las bases del Estado de Derecho y la norma que declara la sujeción de todos a la Constitución.
“Es una noticia que alegra a los que creen en España“
Tras conocerse la decisión del Tribunal Constitucional, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado que alegra a todos los que creen en España, en la soberanía nacional y en la igualdad de los españoles. Rajoy se ha referido a la decisión del Tribunal Constitucional en su intervención en un acto que ha protagonizado en el Palacio de la Moncloa junto al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
“El Tribunal Constitucional ha declarado nula en toda su integridad y en todos los puntos esa resolución”, ha subrayado el presidente del Gobierno. Y ante esa decisión, ha insistido: “Eso a la inmensa mayoría de españoles que creemos en la soberanía nacional y en la igualdad de los españoles nos alegra y mucho”.
En su intervención posterior, también se ha referido a Cataluña el presidente colombiano, quien ha felicitado a Rajoy y a España por una decisión como la adoptada por el Tribunal Constitucional. Ha precisado que sin ánimo de inmiscuirse en asuntos internos del país, él ha sido muy claro respecto al debate independentista catalán, y ha subrayado que tanto a Colombia como a toda América Latina le interesa y le gusta “una España unida, una España fuerte”.
Por otro lado, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha instado al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, a que se vaya ya a su casa, dé un paso atrás y lo haga por “dignidad personal y política”.
Tras dos debates de investidura frustrados, dos elecciones anticipadas, las condiciones que le ha impuesto la CUP y la “fractura” que ha ocasionado en su partido y en la sociedad, “no sé a qué espera el señor Mas para irse, por dignidad personal y política”, ha reiterado Fernández Díaz. Si no, ha continuado el ministro, “habrá que empezar a pensar cuál es la razón que le impide dar ese paso atrás que cualquier persona en su caso hubiera hecho”.
No tiene “ninguna duda” el ministro de que la decisión del TC será “acatada” por todas las instituciones concernidas y respetada “en todos sus términos”. Acatada, ha subrayado, por todos aquellos a los que se les notificó personalmente la suspensión de la iniciativa del Parlamento autonómico: Mas, su Gobierno, toda la mesa de la Cámara y el secretario general de ésta. Un total de 21 personas. Y no tiene duda de que se acatará porque solo desde el respeto a la ley y al ordenamiento constitucional se puede construir una convivencia “digna de tal nombre, libre y democrática y pacífica”.
Ha confiado además en que ésta sea la primera y única actuación que adoptar “por el bien de Cataluña, los catalanes y el resto de España”. Según Fernández Díaz, Cataluña lleva ya mucho tiempo instalada en el “despropósito” de un proceso que “no conduce a ninguna parte buena, solo al precipicio”.
El ministro ha calificado de “patético” ver al presidente autonómico en funciones “pendiente de lo que le digan los militantes de la CUP desde una asamblea de Manresa, de que le digan que se vaya”.
A su juicio, el TC ha confirmado que la resolución del Parlamento catalán era “radical y netamente inconstitucional”. Se trataba de una desconexión del resto de España, de la ley, de la Justicia, del derecho, del sentido común, del sentido de la historia e, incluso, de la civilización”, ha resaltado. Porque, a su juicio, era una resolución “desafortunada” aprobada un día “aciago” para la historia de Cataluña. “El Tribunal Constitucional ha hablado, por tanto causa terminada”, ha concluido el ministro del Interior.
Ciudadanos se postula como “alternativa política” a Mas
En el mismo sentido, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado que la decisión del Pleno del TC demuestra que “el Estado de Derecho se va a cumplir”. En declaraciones a los periodistas tras participar en un encuentro con estudiantes en la Universidad Camilo José Cela de Madrid, Rivera ha calificado de “barbaridad jurídica y política” dicha resolución, con la que Junts pel Sí y la CUP “pretendían que las sentencias del TC no tuvieran vigencia en Cataluña y que la ley no se cumpliera”.
Tras señalar que “el Estado de Derecho se va a cumplir”, ha recalcado que lo que hay que hacer a partir de ahora es ofrecer “un proyecto común para España” capaz de convencer a la mayoría de los catalanes de que participen en él. En este sentido, ha afirmado que para acabar con el proceso separatista hay que “ganarles en las urnas”, y se ha mostrado convencido de que en las elecciones generales del 20 de diciembre habrá “menos votos a favor de la independencia”. “Y el artífice de eso va a ser Ciudadanos”, ha asegurado.
Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha pedido a Artur Mas, que se eche a un lado porque “ya no tiene nada que ofrecer”. “Es una resolución lógica y esperada porque rompe nuestro marco jurídico y democrático”, ha destacado Arrimadas a su llegada a un almuerzo informativo en el club Siglo XXI.
Ante esta situación de bloqueo institucional, que ha calificado de “telenovela” de capítulo diario, la portavoz de Ciudadanos en el Parlament ha apostado porque su partido lidere una “alternativa política” que “devuelva a los catalanes su futuro”. “No podemos perder ni un día más”, ha insistido Arrimadas, que se ha mostrado convencida de que Ciudadanos puede ganar las próximas elecciones generales en Cataluña, demostrando que los catalanes “no quieren romper España” sino “reformar el país”.
Homs descarta que altere el devenir del proceso soberanista
El cabeza de lista de Democràcia i Llibertat al 20D, Francesc Homs (CDC), ha descartado este miércoles que la sentencia del Tribunal Constitucional altere el devenir del proceso soberanista porque es una “cuestión política” y ha avisado de que es un “error monstruoso” tratar este asunto a través de tribunales.
Preguntado por las consecuencias de este fallo, el exconseller ha quitado hierro a sus consecuencias, como tampoco las hubo a su juicio con la suspensión la declaración de soberanía aprobada por el Parlament en 2013.
Ha recordado que la sentencia sobre esa primera resolución planteaba una solución al derecho a decidir desde la política, por lo que ha juzgado “incongruente” que “un arbitro como el TC”, tras hacer esa consideración, entre ahora en materia en la segunda declaración, del pasado 9 de noviembre: “¿En qué quedamos?”, se ha preguntado. Para Homs, “es un error monstruoso tratar el tema catalán a través de los tribunales” porque, ha dicho, “es eminentemente una cuestión política”.
El candidato de Democràcia i Llibertat ha lamentado, en alusión al PP, que se “excusen con un tribunal” cuando son “ellos los que lo controlan y lo presiden”, en una crítica velada a la militancia que tuvo en el PP del presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos. “Y que nosotros tengamos que acabar haciendo lo que dicen a través del TC; esto no tienen ninguna consistencia, ni democrática ni política”, ha denunciado el exconseller de Presidencia.
José Oneto Republica.com 2 Diciembre 2015
En un ambiente de cansancio, sin gobierno después de sesenta días de las elecciones autonómicas y “soberanistas” del 27 de septiembre, con un Presidente de la Generalitat que ha perdido toda la dignidad, la suya y la que supone ostentar el cargo, humillándose para que los radicales de la CUP (Candidatura de Unidad Popular), le den su voto, que le han negado en tres ocasiones, se ha conocido este miércoles la sentencia del Tribunal Constitucional que anula por unanimidad la resolución por la que se iniciaba el proceso independendista de Cataluña y la progresiva desconexión de la legislación española.
La resolución independentista votada por la plataforma Junts pel si y la CUP, el pasado 9 de noviembre, la primeras de las condiciones que la CUP le impuso a Artur Mas, para iniciar cualquier posible diálogo, es lo único importante que han hecho los partidarios de la escisión de Cataluña de España, resolución que fue recurrida por el gobierno central, admitido a trámite el correspondiente recurso, y ahora, votado por el Pleno del Constitucional, en un tiempo récord, sobre todo, para aclarar el panorama de cara a las elecciones generales del día 20, y establecer definitivamente que la resolución aprobada vulnera los principios constitucionales sobre los que se asienta nuestro estado de derecho, partiendo, además de la base de que la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto.
La sentencia recuerda a lo largo de 33 folios que el “imperio de la Constitución como norma suprema” de nuestro ordenamiento jurídico deriva del hecho de que la Constitución “es fruto de la determinación de la nación soberana por medio de un sujeto unitario, el pueblo español, en el que reside aquella soberanía y del que emanan, por ello, los poderes de un Estado (art. 1.2 CE)”. Asimismo, insiste en que la soberanía de la nación, que reside en el pueblo español, “conlleva necesariamente su unidad “, y que esa unidad del sujeto soberano es el fundamento sobre el que “la nación misma se constituye, al propio tiempo, en Estado social y democrático de Derecho“ y en una Monarquía parlamentaria, no en una República como sostiene la resolución.
Los magistrados recuerdan que “el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tienen cabida en nuestro ordenamiento”, pero siempre que se haga en el marco de los procedimientos de reforma previstos en la Carta Magna. “En definitiva, – señala la sentencia – el derecho del pueblo catalán a constituirse en Estado solo podría existir cuando, culminada la reforma constitucional por la vía del artículo 168 CE, el pueblo español soberano lo reconociera de acuerdo con el procedimiento constitucionalmente prescrito para ello. No puede aceptarse que en el presente momento la titularidad del poder constituyente esté atribuida -de presenta y en acto- al pueblo de Cataluña, en contradicción expresa con los cauces constitucionales“. La sentencia muy medida en las expresiones para no ofender a quienes son partidarios de la independencia, o de la celebración del correspondiente Referéndum, no incluye apercibimiento alguno a los 21 cargos a los que sí se refirió la providencia que acordó la suspensión.
La sentencia del Constitucional llega en el peor momento para los independentistas, con una ciudadanía dividida, harta y que le habían hecho creer que eso de la independencia y la desconexión de España eran cosas fáciles de conseguir. Han dividido Cataluña, ya son mayoría los que piensan que todo esto se arreglará con una mejor financiación (32 %), con una negociación para buscar un encaje de Cataluña en España (15%), o con una independencia (20%). El deseo de convocatoria de un Referéndum es abrumador (78,8%) y la votación contra la independencia, los del No (48,7%) sigue superando a los partidarios del sí (45,2%). Además según la encuesta que elabora el CEO (Centro de Estudios de Opinión) que elabora la Generalitat, el ganador en las elecciones generales será… Esquerra Republicana de Cataluña y… Oriol Junqueras…Toda una hazaña de Artur Mas y Gavarro.
Carles Enric LópezCronica Global 2 Diciembre 2015
Diego Barceló Larran, director de Barceló & asociados www.vozpopuli.com 2 Diciembre 2015
Que los políticos no mencionen el derecho a la estabilidad económica llama particularmente la atención porque son precisamente los errores y omisiones de las autoridades de turno las principales causas de las crisis económicas. En otras palabras, de la violación al derecho ciudadano a la estabilidad económica. Solo daré un par de ejemplos recientes. Sin la falta de diligencia del Banco de España para supervisar las cajas de ahorros, no puede entenderse el desastre que incubaron y el posterior rescate a Bankia, NovaCaixaGalicia, Caixa Catalunya, etc. Sin la “burbuja” de gasto público entre 2004 y 2009 (+65% el gasto corriente y +61% la inversión pública) no puede entenderse por qué una crisis “internacional” fue mucho más larga y profunda en España. Lo paradójico es que esa “burbuja” de gasto público se justificó en el otorgamiento de “nuevos derechos”, tales como el “cheque bebé”, la “renta de emancipación” e incluso el “derecho” a tener un aeropuerto cerca de mi casa.
Así asumen los medios de comunicación las perversiones del lenguaje de los independentistas
Societat Civil Catalana pide a los periodistas que no "desdibujen" la realidad de Cataluña adoptando el lenguaje y el "marco mental" de los separatistas
www.lavozlibre.com 2 Diciembre 2015
Madrid.- El presidente de Societat Civil Catalana, Rafael Arenas, ha pedido este martes a los medios de comunicación que no "desdibujen" la realidad de Cataluña adoptando el lenguaje y el "marco mental" de los separatistas. "Cataluña no son los separatistas", ha defendido en un acto de esta asociación celebrado en la sede de la Fundación Diario Madrid.
Le considera un 'traidor' por fichar por Podemos
Gaceta.es 2 Diciembre 2015