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Timestamp: 2019-08-20 18:50:39
Document Index: 63958207

Matched Legal Cases: ['artículo 10', 'artículo 32', 'artículo 70', 'Artículo 70', 'artículo 63', 'artículo 63', 'artículo 70', 'artículo 84', 'artículo 84', 'artículo 15', 'artículo 12', 'artículo 92', 'artículo 93', 'artículo 193', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 150', 'artículo 184', 'artículo 150', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 150', 'artículo 97', 'artículo 184', 'artículo 184', 'artículo 72', 'artículo 3', 'artículo 138', 'artículo 150', 'artículo 60', 'artículo 37', 'artículo 60', 'artículo 66', 'artículo 42', 'artículo 86', 'artículo 103', 'artículo 151', 'artículo 62', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 100', 'artículo 215', 'artículo 226', 'artículo 227', 'artículo 109', 'artículo 224', 'artículo 214', 'artículo 10', 'artículo 49']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 380, de 20/12/2013
cve: BOCG-10-D-380
158/000013 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Igualdad, para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Aprobación por el Pleno ... (Página3)
130/000044 Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras. Convalidación ... (Página4)
161/000917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre restablecimiento de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las mujeres que se reincorporan a la actividad económica por cuenta propia, después de la maternidad. Desestimación ... (Página22)
161/001314 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización. Desestimación ... (Página22)
161/001706 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Aprobación con modificaciones, así como enmienda formulada ... (Página22)
161/001914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre derechos de los trabajadores fijos discontinuos del Sector Manipulado Hortofrutícola. Desestimación ... (Página22)
161/002070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre medidas para la mejora del contrato a tiempo parcial. Desestimación ... (Página22)
173/000123 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página23)
173/000124 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página25)
292/000032 Procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de archivo digital de los fondos del Archivo del Congreso de los Diputados ... (Página27)
Pliego de cláusulas administrativas particulares ... (Página28)
Pliego de prescripciones técnicas ... (Página45)
158/000013
El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión de Igualdad, de una Subcomisión para el análisis y estudio de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en los siguientes términos:
"A) Composición.
La Subcomisión estará integrada por tres representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de cien diputados en la Cámara, dos representantes de cada uno de los Grupos Parlamentarios con más de diez diputados y un representante de cada uno de los Grupos Parlamentarios restantes.
1. Analizar la situación de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.
2. Estudiar las deficiencias que nos encontramos en todo el territorio español para la lucha efectiva contra este hecho deplorable e inhumano.
3. Analizar el grado de cumplimiento de las medidas contempladas en el Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual (2009-2012).
4. Proponer las mejoras que es necesario introducir en el plano asistencial para garantizar la protección de las víctimas de trata, así como las medidas que es necesario implementar para acabar en España con estas prácticas, que son consideradas la "esclavitud del siglo XXI".
5. Emitir un informe y dictamen y dar traslado del mismo al Gobierno con el fin de mejorar las políticas dirigidas a luchar contra la trata de seres humanos y a asistir y proteger a sus víctimas.
De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 26 de junio de 1996, publicada en el Boletín de las Cortes Generales de 27 de junio de 1996, sobre procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Comisiones de la Cámara, para la realización del mencionado estudio la Subcomisión podrá recabar:
a) La información y documentación que precise de las Administraciones Públicas competentes.
b) La comparecencia de miembros de las Administraciones Públicas ante la misma, así como la de autoridades, funcionarios públicos, interlocutores sociales y cuantas personas y organizaciones resulten competentes en la materia.
La Subcomisión deberá concluir su trabajo dentro de los dos próximos periodos de sesiones. El mencionado informe, una vez aprobado por la Comisión de Igualdad junto con las conclusiones finales de los trabajos de la Subcomisión, se remitirá al Pleno de la Cámara para su debate y aprobación."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
130/000044
Se publica a continuación el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras.
Ante la constatación anterior y dada la enorme interconexión de los mercados financieros internacionales, la primera reacción para la reforma de la regulación financiera surgió desde los principales foros internacionales. De este modo, tras el impulso político de los líderes mundiales reunidos en Washington en noviembre de 2008 en torno al Grupo de los Veinte, el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria acordó en diciembre de 2010 el "Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios" (conocido como Acuerdos de Basilea III), que tratando de evitar futuras crisis y mejorar la cooperación internacional, vino a reforzar significativamente las exigencias, cuantitativas y cualitativas, de capital de los bancos. Los ejes centrales de este acuerdo se trasformaron a finales de junio de este año 2013 en normativa armonizada de la Unión Europea, mediante dos instrumentos legales: el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012; y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de servicios de inversión, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Estas normas europeas tienen, a su vez, un cometido y dimensión que sobrepasan la mera adopción de los Acuerdos de Basilea III, pues avanzan sustancialmente en la creación de una normativa bancaria única en materia de solvencia. Este ejercicio de armonización resulta imprescindible de cara a la constitución de la Unión Bancaria, que se apoyará firmemente en esta normativa financiera común, para la constitución de los mecanismos únicos de supervisión y resolución de entidades de créditos de la zona euro.
El Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2014 y la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013, ha de estar incorporada al Derecho interno para esa misma fecha. La adaptación del ordenamiento jurídico español a las nuevas normas europeas exige una puesta al día y refundición del conjunto de textos normativos que, de manera dispersa, contienen las normas de ordenación y disciplina bancarias actualmente vigentes. En consecuencia, la adaptación de nuestro derecho al nuevo conjunto normativo ha de articularse, en aras de la seguridad jurídica y en garantía de la mayor eficacia de la norma, en un doble proyecto normativo. De un lado, un texto de nueva planta que refunde y ajuste convenientemente toda la normativa nacional en materia de solvencia de entidades de crédito. Y de otro, una norma que, con carácter urgente, adapte nuestro ordenamiento antes del próximo 1 de enero de 2014 a los cambios normativos cuya incorporación es más apremiante, a efectos de dotar a los supervisores y a las entidades financieras de las garantías legales necesarias para que operen de acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, y realizar las adaptaciones sustantivas de la Directiva 2013/36/UE, de 26 de junio de 2013.
Y, finalmente, se realizan otra serie de ajustes dirigidos a acotar el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio de 2013, a efectos de evitar que se produzcan consecuencias indeseadas en nuestra regulación. En la medida en que los establecimientos financieros de crédito no quedan sometidos a esta norma, es imprescindible mantener, con carácter provisional y hasta que se apruebe el régimen específico que les corresponda, el régimen jurídico vigente con carácter previo a la entrada en vigor de este real decreto-ley.
Se ha introducido también en el Real Decreto-ley una disposición final tercera mediante la cual se modifica la disposición adicional trigésima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012. La indicada disposición de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 instrumentaba la ampliación del plazo para el reintegro de las liquidaciones del
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía correspondientes a 2008 y 2009 que resultaron a favor del Estado, mediante el cual, a las Comunidades que lo solicitasen, se les extendía a 120 mensualidades iguales los saldos pendientes de reintegro, siempre que se cumplieran las condiciones establecidas en la disposición.
Las circunstancias actuales aconsejan la modificación de la condicionalidad establecida para dicha ampliación a 120 mensualidades, en caso de incumplimiento del objetivo de estabilidad, supeditándose la continuación de la indicada ampliación a lo que establezca el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, mediante Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, siempre que así lo solicite la Comunidad Autónoma y esta acredite el cumplimiento de sus obligaciones de suministro de información.
La extraordinaria y urgente necesidad de esta medida radica en que la modificación objeto de la misma tiene incidencia en los presupuestos de las Comunidades Autónomas y dado que las respectivas Leyes de Presupuestos de aquellas para 2014 están en fase de tramitación, se hace necesario que la modificación entre en vigor con anterioridad a la aprobación de estas leyes por las Comunidades Autónomas.
La Ley 13/1985, de 25 de mayo, de Coeficientes de Inversión, Recursos Propios y Obligaciones de Información de los Intermediarios Financieros, se modifica en los términos previstos en los siguientes apartados:
"Artículo sexto.
1. De conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, con esta ley y con las disposiciones que la desarrollen, los grupos consolidables de entidades de crédito, así como las entidades de crédito integradas o no en un grupo consolidable de entidades de crédito, deberán mantener en todo momento
un volumen suficiente de recursos propios en relación con las inversiones realizadas y los riesgos asumidos.
Las obligaciones previstas en las letras anteriores podrán ser más estrictas en función de la capacidad de cada entidad de crédito para obtener capital de nivel 1."
"El Banco de España podrá eximir del cumplimiento individual de los requisitos previstos en las partes segunda a octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, a las entidades de crédito integradas en un sistema institucional de protección cuando dicho sistema se constituya a través de un acuerdo contractual entre varias entidades de crédito y cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 10 del citado reglamento y con lo previsto en los puntos i, ii, v y vi anteriores."
"1. Corresponderá al Banco de España, en su condición de autoridad responsable de la supervisión de las entidades de crédito y sus grupos consolidables:
g) Recopilar información sobre el número de personas, en cada entidad de crédito, con remuneraciones de al menos un millón de euros, en intervalos de ese mismo importe, incluidas sus responsabilidades en el cargo que ocupa, el ámbito de negocio implicado y los principales componentes del sueldo, los incentivos, las primas a largo plazo y la contribución a la pensión. Esta información se transmitirá a la Autoridad Bancaria Europea.
Los análisis y evaluaciones mencionados en las letras a), b) y c) anteriores se actualizarán con periodicidad al menos anual."
Cuatro. Se añade un nuevo artículo décimo bis.Uno con la siguiente redacción:
"Artículo décimo bis. Uno. Medidas de gobierno corporativo.
5.º El consejo de administración u órgano equivalente comunicará inmediatamente al Banco de España la decisión adoptada al respecto por sus accionistas, incluido el porcentaje máximo más alto del
componente variable de la remuneración aprobado, y el Banco de España utilizará la información recibida para comparar las prácticas de las entidades en dicha materia. El Banco de España facilitará esta información a la Autoridad Bancaria Europea.
3. Las entidades de crédito presentarán al Banco de España cuanta información les requiera para comprobar el cumplimiento de esta obligación y, en particular, una lista indicando las categorías de empleados cuya actividad profesional incide de manera significativa en el perfil de riesgo de aquellas. Esta lista habrá de presentarse anualmente y, en todo caso, cuando se hayan producido alteraciones significativas. El Banco de España determinará la forma de presentación de dicha lista."
"1. Cuando una entidad de crédito o un grupo consolidable de entidades de crédito no cumplan con las exigencias contenidas en esta Ley, en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, o en otras normas de ordenación y disciplina que determinen requerimientos de recursos propios mínimos o referidos a la estructura organizativa y el control interno de la entidad; o cuando el Banco de España tenga datos que permitan presumir fundadamente dicho incumplimiento en los siguientes doce meses, el Banco de España podrá establecer las medidas que considere más oportunas de entre las mencionadas en el apartado 3 de este artículo, atendiendo a la situación de la entidad o grupo."
Seis. Se modifica el apartado 3 del artículo undécimo, y se añaden a este dos nuevos apartados 4 y 5, renumerándose los actuales 4, 5 y 6 como 6, 7 y 8, respectivamente:
"3. Entre las medidas que el Banco de España podrá adoptar, de acuerdo con el apartado 1, se encuentran las siguientes:
El Banco de España impondrá esta obligación, al menos, cuando aprecie deficiencias graves en la estructura organizativa o en los procedimientos y mecanismos de control interno, incluyendo en especial los mencionados en el artículo sexto.2 de esta ley, o siempre que determine, de acuerdo con lo previsto en el artículo décimo bis.1.d), que los sistemas y los fondos propios mantenidos a que se refiere dicho precepto no garantizan una gestión y cobertura sólidas de los riesgos. En ambos casos, la medida deberá ser adoptada cuando el Banco de España considere improbable que la mera aplicación de otras medidas mejore dichas deficiencias o situaciones en un plazo adecuado.
j) Imponer obligaciones adicionales de información, incluida información sobre la situación de capital y liquidez.
c) La evaluación del riesgo sistémico."
"6. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entiende sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que en cada caso procedan según la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina e intervención de las Entidades de Crédito."
"No obstante lo dispuesto en el primer párrafo de este apartado, el Banco de España podrá publicar los resultados de las pruebas de resistencia realizadas de conformidad con el artículo 32 del Reglamento (UE) n.º 1093/2010, de 24 de noviembre, o transmitir el resultado de las mismas a la Autoridad Bancaria Europea, a fin de que esta lo publique."
"a) Las derivadas del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012.
Las empresas de servicios de inversión comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la forma y contenido que ella determine, los resultados y todos los elementos de cálculo necesarios."
Dos. Se añade un nuevo artículo 70 quinquies con la siguiente redacción:
"Artículo 70 quinquies. Medidas de gobierno corporativo.
b) No obstante, los accionistas de la empresa de servicios de inversión podrán aprobar un nivel superior al previsto en el párrafo anterior, siempre que no sea superior al doscientos por ciento del componente fijo de la remuneración. La aprobación de este nivel más elevado se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
2.º Los accionistas de la empresa de servicios de inversión adoptarán su decisión por una mayoría de al menos dos tercios, siempre que estén presentes o representados en la votación al menos la mitad
de las acciones o derechos equivalentes. De no ser posible el quórum anterior, tomarán su decisión por una mayoría de, al menos, tres cuartos de las acciones o derechos equivalentes presentes o representados.
4. Las obligaciones contenidas en el apartado 1 de este artículo no serán de aplicación a las empresas de servicios de inversión no autorizadas a prestar el servicio auxiliar al que se refiere el artículo 63.2.a), que presten únicamente uno o varios de los servicios o actividades de inversión enumerados en el artículo 63.1.a), b), d) y g) de esta ley, y a las que no se permite tener en depósito dinero o valores de sus clientes y que, por esta razón, nunca puedan hallarse en situación deudora respecto de dichos clientes."
"3. Asimismo, cuando una empresa de servicios de inversión no cumpla con las exigencias que, contenidas en el Reglamento (UE) n.º 575/2013, de 26 de junio, esta Ley o en su normativa de desarrollo, determinen requerimientos mínimos de recursos propios, requieran una estructura organizativa o mecanismos y procedimientos de control interno, contables o de valoración adecuados o cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores tenga datos que permitan presumir fundadamente un incumplimiento de dichas obligaciones en los siguientes doce meses, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas:
a) Obligar a las empresas de servicios de inversión y sus grupos a mantener recursos propios adicionales a los exigidos con carácter mínimo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores deberá hacerlo, al menos, siempre que aprecie deficiencias graves en la estructura organizativa de la empresa de servicios de inversión o en los procedimientos y mecanismos de control interno, contables o de valoración,
incluyendo en especial los mencionados en el artículo 70.3 de esta Ley, o siempre que advierta, de acuerdo con lo previsto en el apartado 1.c) de este artículo, que los sistemas y los fondos propios mantenidos a que se refiere dicho precepto no garantizan una gestión y cobertura sólidas de los riesgos. En ambos casos la medida deberá ser adoptada cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores considere improbable que la mera aplicación de otras medidas mejore dichas deficiencias o situaciones en un plazo adecuado.
c) Si existen razones fundadas para considerar que la aplicación de otras medidas no bastan por sí solas para mejorar suficientemente los sistemas, procedimientos, mecanismos y estrategias en un plazo adecuado.
5. A efectos de la determinación del nivel adecuado de recursos propios sobre la base de la revisión y la evaluación realizadas de conformidad con el apartado 1 de este artículo, la Comisión Nacional del
Mercado de Valores evaluará si es preciso exigir recursos propios adicionales además de los requisitos de recursos propios para cubrir riesgos a los que esté o pueda estar expuesta una entidad, atendiendo a lo siguiente:
Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de la aplicación de las sanciones que en cada caso procedan de acuerdo con los preceptos establecidos en esta Ley."
"Se consideran normas de ordenación y disciplina del Mercado de Valores las leyes y disposiciones de carácter general que contengan preceptos específicamente referidos a las entidades comprendidas en el artículo 84.1 de esta ley o a la actividad relacionada con el mercado de valores de las personas o entidades a que se refiere el artículo 84.2 y que sean de obligada observancia para las mismas. Entre las citadas disposiciones se entenderán comprendidas las aprobadas por órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas competencias en la materia, los reglamentos de la Unión Europea y demás normas aprobadas por las instituciones de la Unión Europea que resulten de aplicación directa, así como las Circulares aprobadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores previstas en el artículo 15 de esta ley.
En particular, se considerará norma de ordenación y disciplina el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012."
"5. Se consideran normas de ordenación y disciplina las leyes y disposiciones de carácter general que contengan preceptos específicamente referidos a las entidades de crédito y de obligada observancia para las mismas. Entre tales disposiciones se entenderán comprendidas las aprobadas por órganos del Estado, de las Comunidades Autónomas que tengan atribuidas competencias en la materia, los reglamentos de la Unión Europea y demás normas aprobadas por las instituciones de la Unión Europea que resulten de aplicación directa, así como las Circulares aprobadas por el Banco de España, en los términos previstos en esta Ley.
En particular, se considerará norma de ordenación y disciplina el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de 2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012."
"g) Contestar consultas de los interesados sobre el ejercicio de sus competencias ejecutivas en materia de supervisión e inspección de entidades. La contestación a estas consultas tendrá efectos vinculantes, desde su emisión, para los órganos del Banco de España encargados de ejercer las competencias sobre las que versa la consulta, siempre que no se alteren las circunstancias, antecedentes y demás datos contenidos en la misma. La contestación a las consultas tendrá carácter informativo para los interesados no pudiéndose entablar recurso alguno contra dicha contestación."
"Primero. Con efectos para los períodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2011, se introducen las siguientes modificaciones en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo:
"13. Las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo, siempre que no les resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 12.2.a) de esta Ley, así como los derivados de la aplicación de los artículos 13.1.b) y 14.1.f) de esta Ley, correspondientes a dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso,
prejubilación, que hayan generado activos por impuesto diferido, se integrarán en la base imponible de acuerdo con lo establecido en esta Ley, con el límite de la base imponible positiva previa a su integración y a la compensación de bases imponibles negativas.
4. Los activos por impuesto diferido a que se refiere el apartado 1 anterior podrán canjearse por valores de Deuda Pública, una vez transcurrido el plazo de compensación de bases imponibles negativas previsto en esta Ley, computado desde el registro contable de tales activos. En el supuesto de activos registrados con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma, este plazo se computará desde dicha entrada en vigor. El procedimiento y el plazo del canje se establecerán de forma reglamentaria."
"Trigésima sexta. Instrumentación de la ampliación del plazo para el reintegro de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía correspondientes a 2008 y 2009.
Nueve. La determinación del incumplimiento del objetivo de estabilidad, a los efectos de esta disposición, se producirá en el momento en el que el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas eleve al Gobierno el informe sobre el grado de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de la regla de gasto del ejercicio inmediato anterior al que se refiere la normativa reguladora en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera."
"h) Los créditos transmitidos a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria no serán calificados como subordinados en el marco de un eventual concurso del deudor, aun cuando la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria fuese accionista de la sociedad deudora.
El régimen previsto en este apartado será también de aplicación a quienes, por cualquier título, adquieran los créditos de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, salvo que, con independencia de las circunstancias de la transmisión, ya concurra en el adquirente alguna de las causas de subordinación previstas en el artículo 92.5.º en relación con el artículo 93 de la Ley Concursal, en cuyo caso la calificación de los créditos será la que proceda conforme a las reglas generales."
"1. Los fondos propios del FROB estarán constituidos por las dotaciones establecidas al efecto en los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, se podrán incrementar dichos fondos propios a través de la capitalización de préstamos, créditos o cualquier otra operación de endeudamiento del FROB en las que la Administración General del Estado figure como acreedora.
3. El patrimonio no comprometido del Fondo deberá estar materializado en deuda pública o en otros activos de elevada liquidez y bajo riesgo. Cualquier beneficio devengado y contabilizado en sus cuentas anuales se ingresará en el Tesoro Público."
"A efectos de liquidar la participación del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, por la aportación que realizaron los Fondos de Garantía de Depósitos en Establecimientos Bancarios, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito en la constitución del Fondo, en virtud del Real Decreto-Ley 9/2009, de 26 de junio, se tendrá en cuenta el patrimonio neto resultante de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011."
1. Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
161/000917, 161/001314, 161/001914 y 161/002070
La Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su sesión del día 11 de diciembre de 2013, adoptó el acuerdo de desestimar las siguientes iniciativas:
- Proposición no de Ley sobre restablecimiento de las bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social para las mujeres que se reincorporan a la actividad económica por cuenta propia, después de la maternidad (núm. expte. 161/000917), presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 149, de 24 de septiembre de 2012.
- Proposición no de Ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización (núm. expte. 161/001314), presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 216, de 5 de febrero de 2013.
- Proposición no de Ley sobre derechos de los trabajadores fijos discontinuos del Sector Manipulado Hortofrutícola (núm. expte. 161/001914), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 320, de 10 de septiembre de 2013.
- Proposición no de Ley sobre medidas para la mejora del contrato a tiempo parcial (núm. expte. 161/002070), presentada por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 348, de 28 de octubre de 2013.
161/001706
La Comisión de Empleo y Seguridad Social, en su sesión del día 11 de diciembre de 2013, ha acordado aprobar con modificaciones la Proposición no de Ley sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, presentada por el Grupo Parlamentario de Socialista y publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm 282, de 3 de junio de 2013, en los siguientes términos:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con los trabajos ya iniciados dirigidos a la protección de las víctimas de trata de seres humanos y mejorar la persecución de este grave delito, en el marco de la Directiva 2011/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril."
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes. del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la trata de seres humanos con fines de explotación laboral.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a continuar con los trabajos ya iniciados dirigidos a la protección de las víctimas de trata de seres humanos y mejorar la persecución de este grave delito, en el marco de la Directiva 2011/36/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Alfonso Alonso Aranegui, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
173/000123
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
El Grupo Mixto, a instancia de la Diputada Teresa Jordà i Roura, de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat, para su debate en Pleno.
1. Garantizar, de forma inmediata, la participación mayoritaria de las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales que lo deseen en la gestión de los aeropuertos de sus territorios, así como regular la participación de los agentes sociales y económicos de éstos.
2. Presentar en las Cortes Generales, en el plazo máximo de tres meses, un Proyecto de Ley Orgánica para delegar a la Generalitat de Catalunya la competencia sobre los aeropuertos del Estado en Catalunya de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta enmienda, a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà), sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat que se verá en la sesión plenaria de hoy.
El texto de la Moción queda redactado como sigue:
"1. (igual)
2. Presentar en las Cortes Generales, en el plazo máximo de tres meses, un Proyecto de Ley Orgánica para delegar o transferir a la Generalitat de Catalunya y al Gobierno Vasco respectivamente, la competencia sobre los aeropuertos del Estado en Catalunya y Euskadi de acuerdo con lo establecido en el artículo 150.2 de la Constitución."
Atendiendo igualmente a lo previsto en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción, consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat.
El texto que se propone tendrá la siguiente redacción:
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a constituir en el plazo más breve posible los Comités de Coordinación Aeroportuaria, como órgano que garantiza la participación de las Comunidades Autónomas, las Administraciones Locales y los principales agentes económicos y sociales en el desarrollo de la gestión aeroportuaria de cada Comunidad y Ciudad Autónoma, dentro de un marco de gestión integrada de los aeropuertos del Estado que permita garantizar su explotación eficiente al servicio del crecimiento económico y la conectividad de todos los españoles."
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Jordà), sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat.
1. Desarrollar un nuevo modelo aeroportuario de gestión descentralizada e individualizada, garantizando una posición determinante de las Comunidades Autónomas, las administraciones locales y
los agentes económicos y sociales con el objetivo de conseguir un modelo competitivo, moderno y eficiente, manteniendo la titularidad pública de la mayoría accionarial en el operador aeroportuario.
2. Constituir en el plazo máximo de tres meses el Consejo Rector del Aeropuerto del Prat en cumplimiento del acuerdo del Consejo de Ministros del 11 de noviembre de 2011."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto sobre la gestión y el futuro de Barcelona-El Prat.
"1 pre (nuevo). Paralizar cualquier proceso privatizador y asegurar la gestión pública directa de las infraestructuras aeroportuarias del Estado."
Al apartado 2.
El apartado 2, queda redactado en los siguientes términos:
"Presentar en las Cortes Generales, en el plazo máximo de tres meses, un Proyecto de Ley que establezca un nuevo modelo descentralizado de gestión de los aeropuertos que disponga de los recursos materiales y humanos necesarios para hacer realidad un servicio público seguro y de calidad, y que garantice la cohesión social y territorial, en desarrollo del artículo 150.2 de la Constitución."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-José Luis Centella Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural.
173/000124
El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.
El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
1. Declara la plena vigencia de los derechos fundamentales de libertad de expresión, de reunión y manifestación, a comunicar y recibir libremente información, a la tutela judicial, a las garantías procesales, a la libertad sindical y a la huelga, todos ellos reconocidos en nuestra Constitución, y rechaza los intentos del Gobierno de restringir mediante iniciativas legislativas el contenido y el alcance de estos derechos fundamentales.
2. Afirma que las normas sancionadoras que tienen como finalidad la protección de la seguridad ciudadana en una sociedad democrática no deben emplearse para restringir injustificadamente el ejercicio de derechos fundamentales vinculados con la participación política de la ciudadanía.
3. Insta al Gobierno a retirar y no continuar la tramitación del Anteproyecto de Ley Orgánica para la Protección de la Seguridad Ciudadana, cuya finalidad es impedir a los ciudadanos la manifestación pacífica de sus protestas y reivindicaciones ante los drásticos recortes sociales promovidos por el propio Gobierno y disuadir del ejercicio de derechos fundamentales.
4. Insta al Gobierno a renunciar a las modificaciones del Código Penal que incorporan un endurecimiento general de las penas aplicables a las conductas relacionadas con las libertades de reunión y manifestación, así como aquellas que sirven como pretexto para aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, desjudicializando el enjuiciamiento de las infracciones y sanciones y suprimiendo en consecuencia garantías procesales.
5. Insta al Gobierno a devolver a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado el papel que constitucionalmente tienen reservado, renunciado a su instrumentalización como elementos de represión de la protesta social.
6. Insta al Gobierno a revisar de oficio y anular todas aquellas actuaciones que en aplicación de la vigente Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana han concluido con sanciones económicas injustificadas a personas y colectivos por el simple motivo de ejercer sus derechos constitucionales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2013.-Eduardo Madina Muñoz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Mixto, a instancia del diputado Joan Tardà i Coma de Esquerra Republicana-Catalunya-Sí (ERC-RCat-CatSí) al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente sobre propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Se añade un nuevo punto 7 con el siguiente redactado:
"7. Asume como valor democrático la voluntad y el anhelo expresado pacíficamente y democráticamente por la ciudadanía de las distintas naciones del Estado de ejercer el Derecho a Decidir e insta al Gobierno a garantizar su ejercicio e impedir su criminalización."
Por creerlo necesario.
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Joan Tardà i Coma, Diputado.-Xabier Mikel Errekondo Saltsamendi, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Don Josep Antoni Duran i Lleida, en su calidad de Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y al amparo de lo establecido en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta una enmienda de substitución de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre propósitos del Gobierno en relación con la reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
1. Declara la plena vigencia de los derechos fundamentales de libertad de expresión, de reunión y manifestación, a comunicar y recibir libremente información, a la tutela judicial, a las garantías procesales, a la libertad sindical y a la huelga, todos ellos reconocidos en la Constitución de 1978 y considera que la reforma de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, de Protección de la Seguridad Ciudadana debe apartarse de las orientaciones conocidas por algún borrador de anteproyecto de ley del Gobierno y dirigirse a preservar de manera nítida estos derechos, reforzando su ejercicio ante quienes pretendan utilizar la violencia urbana para acciones ilegales.
2. Afirma que las normas sancionadoras que tienen como finalidad la protección de la seguridad ciudadana en una sociedad democrática no deben emplearse para restringir injustificadamente el ejercicio de derechos fundamentales vinculados a la participación política de la ciudadanía y entiende que estas normas deben orientarse siempre a prevenir aquellos supuestos que revelan una especial peligrosidad.
3. Insta al Gobierno a promover la interconexión de bases de datos entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades locales ante la necesidad de reforzar la seguridad ciudadana y priorizar la lucha contra la multireincidencia delictiva y la violencia urbana y considera necesario preservar el papel que constitucionalmente tienen reservado estos cuerpos de seguridad, renunciando a su instrumentalización como elementos de represión de la protesta social."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de diciembre de 2013.-Josep Antoni Duran i Lleida, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
292/000032
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día 10 de diciembre de 2013, acordó aprobar los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de archivo digital de los fondos del Archivo del Congreso de los Diputados, disponiendo en el mismo acto la apertura del procedimiento de adjudicación y la aprobación del gasto derivado del contrato.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2013.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Manuel Alba Navarro.
CAPÍTULO PRIMERO. Disposiciones generales ... (Página29)
Cláusula 1.ª Régimen jurídico... (Página29)
Cláusula 2.ª Aplicación del TRLCSP... (Página29)
Cláusula 3.ª Objeto del contrato... (Página29)
Cláusula 4.ª Procedimiento... (Página29)
Cláusula 5.ª Presupuesto de licitación y valor estimado del contrato... (Página29)
Cláusula 6.ª Información, control, seguimiento y retirada de documentación... (Página30)
Cláusula 7.ª Capacidad para contratar... (Página30)
Cláusula 8.ª Presentación de proposiciones... (Página30)
Cláusula 9.ª Forma y contenido de las proposiciones... (Página31)
Cláusula 10.ª Garantía provisional... (Página34)
Cláusula 11.ª Examen de las proposiciones... (Página34)
Cláusula 12.ª Criterios de adjudicación... (Página35)
Cláusula 13.ª Renuncia y desistimiento... (Página36)
Cláusula 14.ª Adjudicación... (Página36)
Cláusula 15.ª Garantía definitiva... (Página37)
Cláusula 16.ª Formalización del contrato... (Página37)
CAPÍTULO SEGUNDO. Ejecución del contrato... (Página37)
Cláusula 17.ª Plazo, prórroga y lugar de ejecución... (Página37)
Cláusula 18.ª Prestación del servicio y continuidad de la prestación... (Página38)
Cláusula 19.ª Seguimiento y supervisión del contrato... (Página38)
Cláusula 20.ª Riesgo y ventura... (Página38)
Cláusula 21.ª Cesión del contrato... (Página38)
Cláusula 22.ª Subcontratación... (Página38)
Cláusula 23.ª Ejecución defectuosa y resolución del contrato. Responsabilidad por daños y perjuicios... (Página38)
CAPÍTULO TERCERO. Derechos y obligaciones del contratista... (Página39)
Cláusula 24.ª Pago del precio... (Página39)
Cláusula 25.ª Revisión de precios... (Página39)
Cláusula 26.ª Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista... (Página39)
Cláusula 27.ª Obligaciones tributarias, laborales y sociales del contratista... (Página40)
Cláusula 28.ª Deber de confidencialidad... (Página40)
Cláusula 29.ª Protección de datos de carácter personal... (Página40)
Cláusula 30.ª Normas de seguridad del Congreso de los Diputados... (Página40)
CAPÍTULO CUARTO. Prerrogativas y recursos... (Página40)
Cláusula 31.ª Prerrogativas y recursos... (Página40)
ANEXO I... (Página42)
ANEXO II... (Página43)
ANEXO III... (Página44)
Cláusula 1.ª Régimen jurídico.
El contrato al que se refiere el presente pliego es un contrato administrativo de servicios. Formarán parte del contrato, el pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de prescripciones técnicas. Las partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego, en el correspondiente de prescripciones técnicas y demás documentos anexos. Por ello, dichos documentos deberán ser firmados por el adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalización del contrato.
El presente procedimiento se regirá por el artículo 72 de la Constitución, por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en adelante TRLCSP) y su normativa de desarrollo directa o supletoriamente aplicables y por las Normas y Acuerdos adoptados por el Congreso de los Diputados en materia de contratación y contracción de obligaciones. Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de Derecho Administrativo y, en su defecto, las de Derecho Privado.
Cláusula 2.ª Aplicación del TRLCSP.
En virtud del artículo 3 del TRLCSP, las menciones que el mismo efectúa a las Administraciones Públicas contratantes se entenderán referidas al Congreso de los Diputados.
Las referencias que dicho Texto efectúa a la Caja General de Depósitos en relación con la prestación de garantías se entenderán hechas al Departamento de Gestión Presupuestaria de la Dirección de Presupuestos y Contratación del Congreso de los Diputados.
Cláusula 3.ª Objeto del contrato.
El presente procedimiento tiene por objeto la ordenación, descripción y digitalización de la documentación que se detalla pormenorizadamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas, con varias finalidades: salvaguardar el patrimonio documental; facilitar el acceso y difusión de sus fondos; ahorrar espacio y costes de conservación; garantizar que los soportes digitales cuenten con todas las características necesarias, sobre todo si se trata de sustituir el formato original.
La codificación correspondiente a la nomenclatura del Vocabulario Común de Contratos (CPV) es la siguiente: 75100000-7.
Cláusula 4.ª Procedimiento.
La adjudicación del contrato se realizará por el órgano de contratación mediante procedimiento abierto de acuerdo con lo establecido en el artículo 138, 157 y siguientes del TRLCSP, y se llevará a cabo atendiendo a la pluralidad de criterios que se indican en la cláusula 12.ª y en aplicación del artículo 150 del TRLCSP, conforme a los términos y requisitos establecidos en dicho texto legal.
La tramitación del expediente se realizará por el procedimiento ordinario.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 16.1 del TRLCSP, el contrato está sujeto a regulación armonizada.
El presupuesto máximo de licitación es de 462.800 euros (IVA no incluido), que corresponde a dos años de duración del contrato. A este contrato le corresponde un tipo del 21% de IVA, que asciende a 97.188 euros. El presupuesto máximo total es de 559.988 euros (IVA incluido).
El valor estimado del contrato asciende a 462.800 euros (IVA no incluido). El precio máximo se desglosa por anualidades de la siguiente forma:
Año;Importe;IVA;Importe
2014;231.400;48.594;279.994
2015;231.400;48.594;279.994
El cumplimiento del contrato queda sujeto a la condición suspensiva de la existencia de crédito aprobado, adecuado y suficiente en el presupuesto del Congreso de los Diputados, en cada ejercicio presupuestario.
Cláusula 6.ª Información, control, seguimiento y retirada de documentación.
El seguimiento y control general del presente procedimiento y de la ejecución del contrato la realizará el Departamento de Archivo de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General del Congreso de los Diputados.
Los pliegos que rigen el presente procedimiento podrán descargarse desde la página web del Congreso de los Diputados, accediendo directamente desde el siguiente enlace: http://www.congreso.es/, apartado Perfil del Contratante.
Asimismo, podrán recogerse en el Departamento de Archivo del Congreso de los Diputados (C/ Floridablanca s/n) de diez a catorce horas, en días hábiles, de lunes a viernes.
Los licitadores que deseen información adicional sobre el objeto del concurso podrán ponerse en contacto con el citado Departamento (Tfno. 913906288).
Cláusula 7.ª Capacidad para contratar.
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 del TRLCSP y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica o profesional, de conformidad con lo establecido en la cláusula 9.ª del presente pliego.
Además, las empresas adjudicatarias deberán ser personas físicas o jurídicas cuya finalidad o actividad tenga relación directa con el objeto del contrato y disponer de una organización con elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecución del contrato.
Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional que sea exigible para la realización de la actividad o prestación que constituya el objeto del contrato y estar clasificados dentro del Grupo L, Subgrupo 01, Categoría A; Grupo M, Subgrupo 05, Categoría A; Grupo U, Subgrupo 03, Categoría A y Grupo V, Subgrupo 01, Categoría A, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP)
Cláusula 8.ª Presentación de proposiciones.
La presentación de los sobres que contengan las proposiciones se realizará en mano en el Departamento de Archivo de la Dirección de Documentación, Biblioteca y Archivo de la Secretaría General del Congreso de los Diputados, de lunes a viernes, en días hábiles, de diez a catorce horas, dentro del plazo indicado en el anuncio de licitación.
También podrán remitirse por correo certificado. En este caso, el licitador deberá justificar la fecha y hora de imposición del envío en la oficina de correos y anunciar al Departamento de Archivo, en el mismo día, mediante correo electrónico (archivo.congreso@congreso.es) la remisión de la oferta por dicha vía, especificando la identidad del contrato, el nombre del licitador y copia del justificante del envío realizado.
Sin la concurrencia de ambos requisitos no será admitida la documentación si es recibida con posterioridad a la fecha y hora de la terminación del plazo señalado en el anuncio de licitación. Transcurridos, no obstante, diez días desde la finalización de dicho plazo sin haberse recibido la documentación, ésta no será admitida en ningún caso.
No serán admitidas las proposiciones que se presenten por vías distintas de las anteriormente señaladas.
Cada licitador no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrán suscribir ninguna propuesta en unión temporal con otros si lo han hecho individualmente o figurar en más de una unión temporal. La infracción de estas normas dará lugar a la no admisión de todas las propuestas por él suscritas.
Serán excluidas aquellas proposiciones que superen el presupuesto máximo de licitación, y podrán serlo asimismo aquéllas que sean incorrectamente formuladas o contengan omisiones, errores o tachaduras si ello impidiera conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta.
La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicionada por el licitador de la totalidad del contenido de las cláusulas de este pliego, así como de las prescripciones técnicas, sin salvedad o reserva alguna.
Cláusula 9.ª Forma y contenido de las proposiciones.
Las proposiciones constarán de TRES (3) SOBRES, cerrados y firmados por el licitador o persona que lo represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el título del sobre y la denominación del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del licitador o razón social de la empresa y su correspondiente NIF o CIF. En su interior se hará constar una relación numérica de los documentos que contienen. Los sobres se dividen de la siguiente forma:
1) Sobre de "documentación administrativa" que incluirá, preceptivamente, los siguientes documentos:
1. Capacidad de obrar.
1.1 Si la empresa fuera persona jurídica, la escritura o documento de constitución, los estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad, debidamente inscritos, en su caso, en el Registro Público que corresponda según el tipo de persona jurídica de que se trate, así como el Código de Identificación Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberán recoger el exacto régimen jurídico del licitador en el momento de la presentación de la proposición.
1.2 Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya reglamentariamente, en copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.
1.3 La capacidad de obrar de los empresarios no españoles que sean nacionales de Estados miembros de la Unión Europea, se acreditará mediante su inscripción en el registro procedente, de acuerdo con la legislación del Estado donde estén establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación
1.4 Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el párrafo anterior, informe de la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar, previa acreditación por la empresa, que figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o análogo, o en su defecto, que actúan con habitualidad en el tráfico local en el ámbito de las actividades a las que se extiende el objeto del contrato.
Igualmente deberán acompañar informe de la Misión Diplomática Permanente española, que acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participación de las empresas españolas en la contratación con la Administración y con el sector público.
1.5 Las empresas extranjeras presentarán su documentación traducida de forma oficial al castellano.
Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona jurídica, deberán acompañar escritura de poder notarial bastante al efecto. Igualmente deberá presentar fotocopia compulsada del D.N.I. de la persona a cuyo favor se otorgó el apoderamiento o representación. Si el documento acreditativo de la representación contuviese delegación permanente de facultades, deberá
figurar inscrito en el Registro Mercantil. A estos efectos los poderes y documentos acreditativos de la personalidad serán presentados en original o copia compulsada.
3. Declaraciones relativas a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Declaración responsable, conforme al modelo fijado en el Anexo II al presente pliego, de que el empresario, si se tratase de persona física, o la empresa, sus administradores y representantes, si se tratase de persona jurídica, así como el firmante de la proposición, no están incursos en ninguna de las prohibiciones para contratar señaladas en el artículo 60 del TRLCSP, en los términos y condiciones previstas en el mismo. Esta declaración comprenderá expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por la legislación vigente.
En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias.
Certificación en vigor, original o copia compulsada, acreditativa de que la empresa se encuentra clasificada dentro del Grupo L, Subgrupo 01, Categoría A; Grupo M, Subgrupo 05, Categoría A; Grupo U, Subgrupo 03, Categoría A y Grupo V, Subgrupo 01, Categoría A, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 1 del artículo 66 del TRLCSP respecto a los empresarios no españoles de Estados miembros de la Unión Europea.
No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificación deberá aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para ello, debiendo justificar el estar en posesión de la clasificación en el plazo previsto para la subsanación de defectos u omisiones en la documentación.
6. Compromiso de adscripción a la ejecución del contrato de medios personales o materiales.
Los licitadores deberán incluir, acompañando a los documentos acreditativos de la solvencia exigida, compromiso de adscripción o dedicación de los medios personales y materiales suficientes para la ejecución del contrato.
7. Uniones temporales de empresarios.
Para que en la fase previa a la adjudicación sea eficaz la unión temporal frente a la Administración, todos los empresarios deberán presentar, individualmente los documentos exigidos en la presente cláusula, además de un escrito de compromiso en el que se indicarán: los nombres y circunstancias de los que la constituyan; la participación de cada uno de ellos así como la asunción del compromiso de constituirse formalmente en unión temporal en caso de resultar adjudicatario. El citado documento deberá estar firmado por los representantes de cada una de las empresas que compondrán la UTE.
8. Jurisdicción de empresas extranjeras.
9. Documentación relativa a la preferencia en la adjudicación.
A efectos de la preferencia en la adjudicación, según lo previsto en la cláusula 12.ª del presente pliego, podrá presentarse en este sobre la siguiente documentación: contratos de trabajo y documentos de cotización a la Seguridad Social de los trabajadores minusválidos, declaración del número de personas con discapacidad y porcentaje que supone sobre la plantilla total.
En caso de no contar con personas con discapacidad, deberá incluirse en este sobre una declaración en la que así conste.
10. Garantía provisional.
La constitución de la garantía provisional se justificará mediante la presentación del resguardo acreditativo de haber constituido la misma, de conformidad con las condiciones y requisitos establecidos en la cláusula 10.ª del presente pliego.
11. Empresas vinculadas.
Declaración expresa responsable de la empresa licitadora relativa al grupo empresarial al que pertenece y comprensiva de todas las Sociedades pertenecientes al mismo grupo, según los criterios a que se refiere el artículo 42 del Código de Comercio, a los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 86 del RGLCAP. (Anexo III). En caso de no pertenecer a ningún grupo empresarial, deberá incluirse en este sobre una declaración en la que así conste.
12. Relación de documentos que contiene el sobre 1, que deberán estar identificados numéricamente.
2) Sobre de "oferta técnica".
En este sobre se incluirá la documentación relativa a aquellos criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valor que impida su valoración mediante fórmulas matemáticas como:
1. Relación pormenorizada de los trabajos similares realizados en empresas privadas y en entes u organismos de la Administración Pública española, así como en países extranjeros, y cualquier otra documentación técnica que demuestre su disposición para realizar el servicio en las condiciones exigidas en los presentes pliegos.
2. Medios materiales y personales destinados al contrato.
3. Propuesta técnica sobre el trabajo a desarrollar de acuerdo con lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas. Dicha propuesta podrá indicar criterios generales de actuación o de mejora que serán de obligado cumplimiento en el caso que el contrato sea adjudicado al licitador proponente.
4. Se incorporará toda la documentación necesaria para la valoración de las mejoras ofertadas. Esta documentación tendrá carácter contractual.
Se podrá incluir cualquier otra información o documentación que a juicio del licitador pueda resultar útil para la valoración de la oferta. Las propuestas así realizadas resultarán de obligado cumplimiento en el caso de que el contrato sea adjudicado al licitador.
Asimismo se incorporará toda la documentación necesaria para la valoración de las mejoras ofertadas.
Esta documentación tendrá carácter contractual.
Comprobación previa de las instalaciones:
Las empresas licitadoras antes de formular sus ofertas deberán inspeccionar las instalaciones donde se va a ejecutar el contrato, con el fin de comprobar el estado de las mismas y su idoneidad para cumplir con todas las exigencias que figuran en el pliego de prescripciones técnicas. En esta visita se facilitará a las empresas licitadoras información sobre las condiciones del contrato. Para ello, las empresas interesadas se pondrán en contacto con el Departamento de Archivo (913906228) donde se les citará para realizar una visita de todas las instalaciones relacionadas con el objeto de este contrato, tras lo cual se les entregará un certificado de asistencia que deberán incluir en el sobre de "oferta técnica".
3) Sobre de "oferta económica".
Dentro de este sobre se incluirá la proposición económica que estará firmada por el licitador o su representante y se redactará conforme al modelo fijado en Anexo I al presente pliego, no aceptándose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan conocer claramente lo que el órgano de contratación estime fundamental para considerar la oferta.
Debe indicarse como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que deba ser repercutido.
Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, variase sustancialmente el modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, será desechada por la Mesa de contratación mediante resolución motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el cambio u omisión de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
Si en la oferta económica hubiera discrepancias entre el precio expresado en letra y el expresado en número, prevalecerá el importe expresado en letra.
Cláusula 10.ª Garantía provisional.
Para poder tomar parte en el concurso será preciso haber constituido previamente una garantía provisional por valor de 2.000 euros, que reunirá los requisitos exigidos en los artículos 96 y 103 del TRLCSP.
En cuanto a la forma y requisitos de la garantía, se estará a lo previsto en el artículo 103 del TRLCSP.
Dicha garantía deberá constituirse a nombre del Congreso de los Diputados (CIF S-2804002-J) y se presentará en días hábiles, de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, en el Departamento de Gestión Presupuestaria del Congreso de los Diputados.
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores inmediatamente después de la adjudicación del contrato. Al licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa cuya proposición haya sido seleccionada para la adjudicación, le será retenida la garantía provisional hasta que acredite, en el plazo señalado en el artículo 151.2 del TRLCSP, la constitución de la garantía definitiva, e incautada la de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la adjudicación, siendo de aplicación lo establecido en el artículo 62 del RGLCAP.
En todo caso, la garantía presentada por los licitadores responderá del mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicación del contrato. Por su parte, la garantía provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, responderá también del cumplimiento de las obligaciones que le impone el artículo 151.2 del TRLCSP.
Cláusula 11.ª Examen de las proposiciones.
El órgano de contratación estará asistido para la resolución del procedimiento por la Junta de Contratación de Obras, Servicios y Suministros del Congreso de los Diputados, constituida en Mesa de Contratación.
La Mesa de Contratación, después de finalizar el plazo de presentación de ofertas, procederá a abrir y examinar los sobres "1" para calificar los documentos presentados en tiempo y forma por los licitadores.
Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentación presentada, lo comunicará a los interesados, concediendo un plazo máximo de tres días hábiles para que los licitadores los corrijan o subsanen ante la Mesa de Contratación.
Una vez calificada la documentación y subsanados, en su caso, los defectos u omisiones de la documentación presentada, se procederá a abrir en acto público los sobres "2" de los licitadores admitidos.
Al comienzo de este acto, el Presidente de la Mesa manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposiciones admitidas, de las rechazadas y de las causas de inadmisión de estas últimas.
La Mesa de Contratación, con anterioridad al acto al que se refiere el siguiente párrafo de esta cláusula, procederá al examen y puntuación de las propuestas valorables mediante criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor (sobres "2"), cuantificando los distintos apartados y deduciendo la puntuación final obtenida por cada una de las propuestas, de conformidad con los criterios de valoración recogidos en la cláusula 12.ª, dejando constancia documental de todo ello. Asimismo, podrá solicitar, antes de la valoración, los informes técnicos que considere necesarios y que tengan relación con el objeto del contrato.
Los sobres "3" serán abiertos en acto público. En dicho acto se dará a conocer la puntuación asignada a las propuestas valorables mediante criterios cuya ponderación depende de un juicio de valor (sobres "2").
La Mesa de Contratación procederá a la valoración de los criterios que hacen referencia a características del objeto del contrato que se valoran mediante cifras o porcentajes obtenidos a través de la mera aplicación de fórmulas (sobres "3") y sumará su resultado al obtenido del examen de las propuestas citadas en el párrafo anterior.
Sobre la base de la valoración resultante, la Mesa de Contratación clasificará las proposiciones presentadas por orden decreciente y las elevará a la Mesa del Congreso con la correspondiente propuesta.
Las fechas para la celebración de los actos públicos de apertura de los sobres "2" y "3" se anunciarán con antelación suficiente en la página web del Congreso de los Diputados.
Cláusula 12.ª Criterios de adjudicación.
Para la adjudicación del contrato, la Administración valorará las referencias técnicas y económicas, teniendo la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, o declarar desierto el procedimiento, siempre que, como se establece en la cláusula 14.ª y de conformidad con el artículo 151.3 del TRLCSP, no exista alguna oferta o proposición que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en el presente pliego.
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación del contrato y su ponderación, son los siguientes:
Criterios objetivos;Ponderación máxima
Oferta técnica;40 %
Oferta económica;50 %
Mejoras;10 %
En la oferta técnica se valorará el proyecto de actuación, la planificación de los trabajos y el conocimiento de las labores a realizar, así como la formación técnica y capacidad profesional del personal adscrito al servicio, la infraestructura empresarial y los medios materiales vinculados a la oferta. También se valorará que la empresa disponga de acuerdos estratégicos y/o soporte especializado de la empresa suministradora del programa de gestión del Archivo del Congreso de los Diputados (Ever Team), así como experiencia demostrable con la tecnología existente en el ACD Flora.
Se tendrán en cuenta las certificaciones de calidad aportadas basadas en las normas ISO, EN, o UNE, que se correspondan con la actividad requerida para este contrato.
No se valorarán aquellos aspectos que no vengan avalados por la documentación correspondiente.
Las ofertas económicas se valorarán de 0 a 50 puntos. Dentro de este margen la puntuación de cada propuesta económica se obtendrá al multiplicar la oferta económica más baja por 50, y el resultado de tal operación se dividirá por el importe de la oferta que se valora.
Sólo se valorarán en este apartado las ofertas que hubieren obtenido, al menos, el 50% de la puntuación máxima posible en la valoración de la oferta técnica, quedando descartadas las ofertas que no cumplan esta condición.
En las mejoras se valorarán tanto los medios humanos y la adecuación de los concretos medios ofertados a las funciones a desarrollar, así como cualquier otra circunstancia que mejore las características de los requisitos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas.
En caso de igualdad en las proposiciones, una vez estudiadas de acuerdo a los criterios que sirven de base para la adjudicación, se dará preferencia en la adjudicación a aquellas empresas que tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por ciento, y si esta circunstancia se acredita en varias empresas, tendrá preferencia en la adjudicación del contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla, todo ello de acuerdo a la Disposición Adicional Cuarta, apartado 2.º del TRLCSP.
La adjudicación se hará a la mejor oferta, de acuerdo con los criterios expuestos.
Cláusula 13.ª Renuncia y desistimiento.
Antes de la adjudicación, la Mesa del Congreso de los Diputados por razones de interés público debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar el contrato. También podrá desistir de la adjudicación cuando se aprecie una infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las reguladoras del procedimiento de adjudicación.
En estos supuestos la Mesa del Congreso de los Diputados en la notificación a los licitadores indicará la compensación que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido en la licitación de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de la Administración.
Cláusula 14.ª Adjudicación.
La Mesa de Contratación elevará las proposiciones presentadas, clasificadas por orden decreciente, con la correspondiente propuesta, a la Mesa de la Cámara, u órgano delegado a estos efectos, quien determinará la oferta económicamente más ventajosa, requiriendo al licitador que la hubiere presentado para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y de haber formalizado la póliza de seguro de responsabilidad civil a la que se refiere la cláusula 9.ª.1.13 del presente pliego, así como de haber constituido la garantía definitiva, conforme a lo estipulado en la cláusula 15.ª.
La Mesa de la Cámara u órgano delegado a estos efectos deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.
La adjudicación se notificará a los candidatos o licitadores y se publicará en el perfil del contratante, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151.4 del TRLCSP.
Notificada la adjudicación del contrato y transcurridos los plazos para la interposición de recursos sin que se hayan interpuesto, la documentación que acompaña a las proposiciones quedará a disposición de los interesados.
Si éstos no retiran su documentación en los tres meses siguientes a la fecha en que se les notifique la adjudicación, la Administración no estará obligada a seguirla custodiando, a excepción de los documentos justificativos de la garantía provisional, que se conservarán para su entrega a los interesados.
La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente:
Cláusula 15.ª Garantía definitiva.
Recibido el requerimiento al que se refiere la Cláusula anterior, el licitador que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa deberá constituir a disposición del Congreso de los Diputados una garantía de un 5% del importe de adjudicación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Esta garantía definitiva se constituirá a favor del Congreso de los Diputados y se presentará para su depósito de lunes a viernes, de 10 a 14 horas, en el Departamento de Gestión Presupuestaria del Congreso de los Diputados.
La garantía definitiva responderá de los conceptos mencionados en el artículo 100 del TRLCSP.
La constitución, reposición, reajuste, devolución y cancelación de la garantía se regirán por lo previsto en los artículos 99 y 102 del TRLCSP.
Cláusula 16.ª Formalización del contrato.
El órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.
Si por causas imputables al adjudicatario no pudiera formalizarse el contrato dentro del plazo señalado, el Congreso de los Diputados podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su caso hubiese exigido, pudiéndose adjudicar al licitador o licitadores siguientes a aquél, por el orden de sus ofertas, contando con la conformidad del nuevo adjudicatario.
Asimismo, antes de la formalización del contrato, el adjudicatario deberá reembolsar en la Dirección de Presupuestos y Contratación del Congreso de los Diputados el importe de los anuncios oficiales exigidos por el procedimiento de adjudicación.
Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la formalización del contrato, todos los impuestos, tasas o gravámenes y cualesquiera otros que resulten de aplicación, según las disposiciones vigentes en la forma y cuantía que éstos señalen.
Cláusula 17.ª Plazo y lugar de ejecución.
El contrato entrará en vigor el día 1 de enero de 2014, o el día de su firma si fuera posterior.
La duración del contrato no podrá exceder de dos años.
La ejecución del contrato se realizará en las instalaciones ubicadas en los edificios del Congreso de los Diputados en Madrid.
Cláusula 18.ª Prestación del servicio y continuidad de la prestación.
El contrato se ejecutará con estricta sujeción a las estipulaciones contenidas en el presente pliego, en el contrato y en la oferta realizada por el adjudicatario, observando fielmente lo establecido en el pliego de prescripciones técnicas y de acuerdo con las instrucciones que, para su interpretación, hubiera dado el Congreso de los Diputados al contratista.
El adjudicatario vendrá obligado a seguir prestando el servicio y mantener las condiciones del contrato cuando éste se hubiese denunciado por cualquier causa, o hubiese expirado naturalmente por el transcurso del plazo de duración, hasta que vaya a iniciarse la prestación de los servicios por la empresa que resultase nueva adjudicataria.
Cláusula 19.ª Seguimiento y supervisión del contrato.
El Congreso de los Diputados tendrá la facultad de supervisar la ejecución del contrato y el adjudicatario deberá facilitar el ejercicio de dicha facultad de supervisión. Asimismo podrá dar por escrito al contratista las instrucciones que considere oportunas con el fin de llevar a buen término la citada ejecución, todo ello de conformidad con lo que dispone el TRLCSP.
El Congreso de los Diputados determinará si la prestación realizada por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento. En el caso de que los trabajos efectuados no se adecuen a la prestación contratada, como consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, podrá rechazar la misma.
A los efectos de determinar los supuestos de ejecución defectuosa, demora e indemnización de daños y perjuicios, será de aplicación lo dispuesto en los artículos 212 a 214 del TRLCSP.
Cláusula 20.ª Riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del contratista, según lo dispuesto en el artículo 215 del TRLCSP. No tendrá derecho a indemnizaciones por causa de pérdidas, averías o perjuicios ocasionados durante el desarrollo del servicio.
Cláusula 21.ª Cesión del contrato.
Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato no podrán ser cedidos ni total ni parcialmente por el adjudicatario a un tercero, salvo en casos excepcionales debidamente justificados y previamente autorizados por la Mesa de la Cámara siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el artículo 226 del TRLCSP.
Cláusula 22.ª Subcontratación.
El adjudicatario podrá subcontratar con terceros la ejecución de los servicios objeto del concurso con el conocimiento previo del Congreso de los Diputados que, en el plazo de diez días, podrá oponerse de forma motivada a la subcontratación anunciada. Serán de aplicación las restantes reglas previstas en el artículo 227 del TRLCSP.
En todo caso, los subcontratistas quedarán obligados solo frente al adjudicatario, quien asumirá, por tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente al Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados será del todo ajeno a las relaciones que pudieran existir entre el adjudicatario y sus subcontratistas, quienes, en ningún caso, podrán formular frente a aquél reclamación alguna derivada del subcontrato.
Cláusula 23.ª Ejecución defectuosa y resolución del contrato. Responsabilidad por daños y perjuicios.
Son causas de resolución del contrato las establecidas en los artículos 223 y 308 del TRLCSP, así como las siguientes:
a) El incumplimiento grave o reiterado por el adjudicatario de los plazos de entrega.
b) El incumplimiento por el adjudicatario de los deberes de confidencialidad y seguridad respecto de los documentos que se le confíen y de los datos que le facilite el Congreso de los Diputados.
c) El incumplimiento por el adjudicatario de la obligación de dar preferencia a los trabajos declarados urgentes por el Congreso de los Diputados.
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia del contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente establecida por el artículo 109 del RGLCAP.
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del contratista, éste deberá indemnizar al Congreso de los Diputados de los daños y perjuicios ocasionados, haciendo efectiva la indemnización en primer término sobre la garantía que se hubiese constituido, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada.
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 224 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en los artículos 225 y 309 del TRLCSP.
Cláusula 24.ª Pago del precio.
El pago del precio se realizará mediante pagos parciales, previa remisión por el adjudicatario de la factura correspondiente en la que se detallen con suficiente grado de claridad los cargos contenidos y acreditación de la realización de las prestaciones objeto del contrato, de acuerdo con lo establecido en la Normativa de Régimen Económico del Congreso de los Diputados.
El órgano de contratación determinará si el servicio realizado por el contratista se ajusta a las prescripciones establecidas para su ejecución y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realización de las prestaciones contratadas y la subsanación de los defectos observados con ocasión de su ejecución.
Cláusula 25.ª Revisión de precios.
Desde la entrada en vigor del contrato hasta la finalización del año natural siguiente no procederá la revisión de precios. Finalizado éste, la revisión se llevará a cabo por un importe que no podrá superar al 85 por ciento de la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, determinado con carácter general para el período de año natural, por la Junta de Contratación de Obras, Servicios y Suministros.
Cláusula 26.ª Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al contratista.
Son de cuenta del adjudicatario los gastos e impuestos, los de formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a la ejecución del contrato. Asimismo, vendrá obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato durante la vigencia del mismo.
Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicación, se entenderán comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier índole que graven los diversos conceptos.
No obstante, en todo caso, en la oferta económica, se indicará como partida independiente el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
El contratista asume la responsabilidad que pudiera derivarse por daños a las personas, los bienes o los derechos de sus trabajadores o de terceros, como consecuencia del desarrollo de la actividad objeto del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por el Congreso de los Diputados, éste será responsable dentro de los límites señalados en las leyes. En todo caso, será de aplicación lo preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP.
Cláusula 27.ª Obligaciones tributarias, laborales y sociales del contratista.
El adjudicatario deberá contratar el personal preciso para atender las obligaciones derivadas del contrato.
El adjudicatario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, tributaria, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que se promulguen durante la ejecución del contrato.
No existirá vinculación laboral alguna entre el personal que se destine a la ejecución del contrato y el Congreso de los Diputados, por cuanto aquél queda expresamente sometido al poder de dirección y de organización de la empresa adjudicataria en todo ámbito y orden legalmente establecido y siendo, por tanto, ésta la única responsable y obligada al cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables al caso, en especial en materia de contratación, Seguridad Social, prevención de riesgos laborales y tributaria, por cuanto dicho personal en ningún caso tendrá vinculación jurídico-laboral con el Congreso de los Diputados, y ello con independencia de las facultades de Control e Inspección que legal y contractualmente correspondan al mismo.
A la extinción del contrato, no podrá producirse en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato como personal del Congreso de los Diputados.
El Congreso de los Diputados se reserva el derecho a exigir la sustitución del personal por mal comportamiento, incapacidad y otras causas justificadas.
Cláusula 28.ª Deber de confidencialidad.
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá con carácter indefinido.
El órgano de contratación no podrá divulgar la información facilitada por los empresarios que éstos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberán incorporar en cada uno de los sobres una relación con la documentación a la que hayan dado ese carácter.
Cláusula 29.ª Protección de datos de carácter personal.
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir.
Cláusula 30.ª Normas de seguridad del Congreso de los Diputados.
Cláusula 31.ª Prerrogativas y recursos.
La Mesa del Congreso ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos y resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento.
Asimismo, ostenta la prerrogativa de modificarlos, por razones de interés público, de conformidad con lo dispuesto en el TRLCSP .
Los acuerdos de la Mesa son inmediatamente ejecutivos.
De conformidad con lo establecido en los artículos 116 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, procederá la interposición de recurso ante la propia Mesa con carácter previo a la interposición del recurso contencioso-administrativo, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificación de la resolución, todo ello sin perjuicio de la interposición de la cuestión de nulidad o del recurso especial en materia de contratación, en aquellos casos en que proceda.
Serán susceptibles de la cuestión de nulidad o del recurso especial en materia de contratación, los actos del procedimiento de contratación, cuando los citados medios de impugnación sean procedentes de conformidad con lo establecido en los artículos 37 y 41 del TRLCSP.
D./D.ª ____________________________________________________________________________________________, con DNI n.º ________________ vecino de _______________________________, provincia de ___________________, con domicilio en ________________________________________, n.º ______, código postal _____________, en nombre (propio) o (de la empresa que representa), con CIF ___________________, y domicilio en con domicilio en _____________________________________, n.º ______, código postal ______________, enterado del anuncio publicado en el (perfil del contratante, BOE, BOCG) del día ____________________ y de las condiciones, requisitos y obligaciones que se exigen para la adjudicación del CONTRATO DE SERVICIOS DE ARCHIVO DIGITAL DE LOS FONDOS DEL ARCHIVO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, se compromete a su ejecución, con estricta sujeción a los expresados requisitos, condiciones y obligaciones, por un precio de ________________________ Euros, por la duración inicial del contrato, correspondiendo por IVA la cuantía de ______________________ Euros, totalizándose la oferta para la duración inicial del contrato en ______________________ Euros (IVA no incluido), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones técnicas y cláusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.
Fecha y firma del licitador,
Modelo de declaración responsable relativa a no estar incursos en prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la administración, de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y con la seguridad social
D./D.ª ____________________________________________________________________________, en nombre y representación de la Sociedad ________________________________________________, con C.I.F. _______________________
Que la empresa a la que representa, sus administradores y representantes, así como el firmante, no están incursos en ninguna de las prohibiciones e incompatibilidades para contratar señaladas en el artículo 49 de la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 30/2007, de 30 de octubre, en los términos y condiciones previstos en el mismo.
Modelo de declaración de pertenencia a grupo de empresas
D./D.ª _____________________________________________________________________________, mayor de edad, provisto de DNI n.º __________________________, en nombre propio/ en representación de la Sociedad ____________________________________________________________________, con C.I.F. _______________________, con domicilio en ______________________________________, código postal ___________, provincia de ________________________, teléfono __________________, fax ____________________ y correo electrónico ___________________________________________, declara:
? que forma parte del Grupo de empresas _____________________________________________, de acuerdo a lo determinado en el art. 42.1 del Código de Comercio, y (en su caso) que a la presente licitación concurre también la empresa _____________________________________________________ perteneciente al mencionado Grupo.
? que no forma parte de ningún Grupo de empresas ______________________________________
Y para que conste y surta los efectos oportunos ante EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, expido y firmo la presente declaración en _____________________________________________, a ________ de _______________________ de 2013.
1. Objeto del contrato y descripción ... (Página45)
2. Descripción de los lotes que integran el Pliego... (Página45)
2.1 Descripción y digitalización de la Serie General de Expedientes y de la de Gobierno Interior apertura del sistema de información del ACD vía web ... (Página45)
2.2 Descripción y digitalización de la Serie de Votaciones... (Página47)
3. Requerimientos técnicos ... (Página48)
3.1 Equipos técnicos y procedimiento... (Página48)
3.2 Control de calidad... (Página49)
3.3 Cualificación y estructura del equipo de trabajo... (Página49)
3.4 Evaluación del personal... (Página49)
3.5 Visita de empresas licitadoras... (Página49)
3.6 Lugar y horario de ejecución del proyecto... (Página49)
3.7 Propiedad del resultado de los trabajos... (Página49)
3.8 Estructura normalizada y contenido de la propuesta técnica... (Página50)
3.9 Informes periódicos... (Página50)
3.10 Material y suministros a utilizar... (Página50)
3.11 Mejoras al presente pliego... (Página50)
ANEXO I... (Página51)
ANEXO II... (Página52)
1. Objeto del contrato y descripción.
El Archivo del Congreso de los Diputados, en adelante ACD, ha comenzado el proceso de digitalización y descripción automatizada de sus fondos en el año 2000 contribuyendo a la conservación y difusión de su fondo histórico.
En el marco de la Ley 11/2007, de 22 de junio de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, pretende contribuir a la modernización de la Administración Parlamentaria, salvaguardando el patrimonio documental y facilitando el acceso y difusión de sus fondos en soporte informático.
El objeto de este procedimiento es la contratación de los servicios necesarios para la incorporación de diversos fondos del ACD a las bases de datos de este y a la de información de la actividad parlamentaria (ARGO), además de la digitalización de los documentos que contienen esta información.
Los fondos documentales objeto del contrato son los siguientes:
- Descripción y digitalización de la Serie General de Expedientes y de la de Gobierno Interior y apertura del sistema de información del ACD vía web.
- Descripción, digitalización e integración en el sistema de información parlamentaria de la Serie de Votaciones
2. Descripción de los dos lotes que integran el pliego.
2.1 Descripción y digitalización de la Serie General de Expedientes y de la de Gobierno Interior apertura del sistema de información del ACD vía web.
El volumen de la Serie General de Expedientes es de 1300 cajas (A4). Además hay un total de 10 en A3 y 200 carpetas de A1/A0.
El volumen de la Serie de Gobierno Interior es de 200 cajas (A4).
El servicio deberá incluir: preparación de la documentación, ordenación, descripción en el sistema de información del Archivo del Congreso de los Diputados (Flora) y digitalización.
El soporte es papel y la tipología puede ser variada en algunos casos (libros, planos, periódicos, telegramas etc.) La escritura puede ser manuscrita, impresa o mecanografiada.
Productos a obtener.
Las imágenes se entregarán en los siguientes formatos en un disco duro externo.
- En formato .jpg a 300 ppp (sin compresión) y en color RGB;
- En formato .TIFF;
- En formato PDF (ficheros multipágina, reescaladas, en .pdf a 200 ppp) En el caso de ficheros muy grandes (50 MB) se dividirán en lo que a digitalización se refiere para facilitar su apertura en el entorno Web.
Estos ficheros se estructurarán en un directorio formado por un primer nivel perteneciente a la signatura, el legajo y el expediente y en un segundo nivel perteneciente al documento.
Todas las imágenes que se entreguen llevarán la marca al agua correspondiente al ACD.
Preparación y tratamiento de los documentos en el ACD.
Bajo la dirección del personal del ACD, el personal especializado de la empresa adjudicataria revisará la ordenación, paginará, relacionará los documentos duplicados para evitar que se repita la digitalización y anotará las operaciones realizadas en el sistema de información del ACD (Flora). Para la identificación del título se utilizará el Inventario de la Sección General del ACD.
En la visita al Congreso de los Diputados se facilitará a los interesados un modelo de la entrada de información en la base de datos del ACD.
Los escáneres utilizados, propiedad de la empresa adjudicataria, serán equipos de altas prestaciones y se ajustarán los valores variables (legibilidad, brillo, contraste, eliminación de bordes, etc.) para garantizar el máximo de calidad de las imágenes.
El escaneado se realizará en las dependencias del ACD a cuyos efectos la empresa adjudicataria trasladará e instalará sus escáneres en las instalaciones del mismo.
En el proceso de digitalización se atenderá a los siguientes puntos:
- Reducción de bordes negros. Este proceso reduce la ocupación del fichero obtenido, facilitando su manejo
- Ajuste de gama, saturación y luminosidad.
A cada documento digitalizado le será asignado un código alfanumérico de acuerdo con las instrucciones del ACD, agrupándose los distintos documentos en una carpeta por cada signatura:
P-01-XXXXXX-XXXX-XXXX
Se incluirá la información en el sistema de información del ACD (Flora), generándose un registro por unidad compleja/expediente con la estructura utilizada de acuerdo con las ISAD (G).
Acceso al sistema de información del ACD en la página Web del Congreso de los Diputados.
El objetivo es que el sistema de información del ACD sea consultable en la página Web del Congreso de los Diputados sin necesidad de ningún desarrollo adicional. El sistema de información deberá contar con un registro de usuarios que puedan acceder a la consulta de los fondos del ACD. Las pantallas de consulta estarán basadas en la consulta federada del sistema. Es necesario definir las tablas que serán accesibles y las restringidas así como los campos que serán consultables y accesibles. Asimismo, el ACD contará con un módulo de estadística para poder analizar las consultas que se realicen a través de la página Web.
2.2 Descripción y digitalización de la Serie de Votaciones.
El volumen consta de 507 cajas A/Z, además de documentos en Word y 101 discos.
El contenido de las cajas mencionadas se puede desglosar de la siguiente forma de acuerdo con el tipo de soporte (en algunos periodos de tiempo la información está en más de un soporte):
- Papel: cronológicamente abarca los años 1978 a 2005 (pueden ser distintos tamaños de papel). Está grapado por votaciones. Estas cajas se encuentran en el depósito externo del Congreso de los Diputados (Avenida Miralcampo 7 bis, Polígono Ind. Miralcampo, Azuqueca de Henares), teniendo en cuenta que el coste del traslado correrá a cargo de la empresa adjudicataria.
- Ficheros Word, años 2001 hasta 2011.
- Floppy (51/4) años 1987 a 1989. Volumen: 101 discos. (Legajos 297 a 333, III legislatura) Formato Dbase 3.
Están ordenadas por sesión plenaria y por orden cronológico de la votación que se realiza. En las cajas se conserva el Diario de Sesiones correspondiente que no es necesario digitalizar y que está accesible en la página Web:
http://congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Publicaciones.
Hay que realizar un fichero multipágina por cada votación, por tanto cada sesión tendrá un número variable de votaciones correspondientes a distintos tipos de iniciativa que serán identificadas con el mismo número de expediente que se utiliza en el sistema de información Argo. El soporte en el que se encuentra esta serie es de un formato especial de salida de ordenador tamaño A3 (rayado y liso) y A4 (Mecanografiado/Impreso). El mismo tratamiento se deberá dar a los ficheros de votaciones desde el 2001 hasta el 2011 inclusive. A partir de esta fecha, las votaciones de las sesiones plenarias se pueden consultar en la página Web.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Actualidad/Votaciones.
La forma de la colaboración será establecida de acuerdo con el criterio de Centro TIC del Congreso de los Diputados y el Archivo del Congreso de los Diputados. Los trabajos podrán realizarse en la empresa adjudicataria pero la instalación deberá hacerse en el Congreso, empezando siempre en el entorno de desarrollo, para después hacerse en preproducción y por último en producción.
Actuaciones incluidas.
El proceso de digitalización comprenderá al menos las siguientes actuaciones:
- Limpieza física del material.
- Reproducción de la fuente original.
- Grabación de los datos con la estructura y el formato solicitado.
- Edición digital con la marca al agua del ACD.
- Conversión y generación del formato definitivo.
- Grabación en el soporte permanente.
- Entrega de los archivos en discos duros externos USB con el contenido acordado;
- Sistema que permita al ACD el seguimiento y comprobación de los trabajos efectuados de forma periódica, pudiendo consultar los metadatos y, a partir de los mismos, mediante un link o procedimiento similar, visualizar el contenido del fichero asociado.
- Entrega del soporte al personal del Congreso para su ingesta posterior en el sistema de almacenamiento parlamentario de la Cámara.
El producto resultante de la digitalización, se entregará al Congreso de los Diputados en ficheros en formato .pdf que responderán a la codificación indicada por los servicios del Congreso y que, en principio, recogerá el siguiente modelo:
AAAAMMDDVVV.pdf (AAAA=año, MM=mes, DD=día, VVV=nº de orden votación, el nº secuencial calculado (NOV))
Formato definitivo.
Los productos generados deberán ser entregados en los formatos establecidos por el Congreso para asegurar su incorporación al sistema informático del mismo y permitir su tratamiento.
Por cada votación se recogerán los siguientes metadatos:
- Fecha de la sesión: fecha en formato aaaammdd (obligatorio).
- Número de orden votación (NOV): N.º secuencial calculado dentro de esa fecha, empezando en 1. Obligatorio.
- Tipo de expediente: Obligatorio.
- Número de expediente: Obligatorio.
- Número de sesión: Obligatorio si el dato está en el documento origen, se dejará en blanco cuando no exista.
- Número de votación: Obligatorio si el dato está en el documento origen, se dejará en blanco cuando no exista. En caso de votaciones que especifiquen este número, se deberá controlar que es correlativo, sin que queden huecos intermedios, en cuyo caso se comunicará al Archivo del Congreso para determinar las acciones a tomar.
- Descripción de la votación: Obligatorio.
- Observaciones: Campo de texto para recoger incidencias encontradas.
Para poder determinar el tipo y número de expediente, se podrá consultar la información existente en la página web del Congreso referente a iniciativas parlamentarias y los Diarios de Sesiones.
Tratamiento documental.
El tratamiento documental de las votaciones consistirá en la catalogación e identificación de los distintos expedientes con sus votaciones utilizando la codificación de los expedientes del sistema de información parlamentaria.
Integración de la base de datos en el sistema de información parlamentaria del Congreso.
La información suministrada, metadatos y ficheros, una vez entregada, será validada por los servicios del Congreso de los Diputados.
Dentro de este marco, el ACD facilitará la información necesaria para que los productos a suministrar se integren con el sistema de información parlamentaria del Congreso de los Diputados. El Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones facilitará un documento con mayor detalle, una vez que se haya firmado el documento de la confidencialidad.
Asimismo, la empresa contratante tiene que suministrar el producto de forma que se integre en el entorno tecnológico del Congreso de los Diputados sin necesidad de desarrollo adicional alguno, incluyendo los procedimientos necesarios en su caso para ello.
3. Requerimientos técnicos.
3.1 Equipos técnicos y procedimiento.
Las digitalizaciones deberán realizarse en las dependencias del Congreso de los Diputados, situadas en la calle Floridablanca s/n. Madrid.
Los escáneres utilizados, propiedad de la empresa adjudicataria, serán equipos de altas prestaciones y se ajustarán a los valores variables (legibilidad, brillo, contraste, eliminación de bordes, etc.) para garantizar el máximo de calidad de las imágenes.
Los documentos serán escaneados de forma estática, evitando cualquier tipo de deterioro producido por el arrastre de los mismos y manipulándolos con las precauciones debidas.
Antes del inicio del proyecto la empresa adjudicataria presentará, según se acuerde con los responsables del ACD, pruebas digitalizadas para verificar la calidad de las mismas y de esta manera validar el inicio de la digitalización, así como el informe de legalidad del modelo de digitalización y la validación de las firmas.
Se detallará la metodología a emplear en la realización del proyecto. Se concretarán detalladamente las tareas a realizar en cada fase del proyecto y entregables. Se describirán las fases o etapas que se
consideren adecuadas para la realización del proyecto, especificando la vinculación temporal entre las mismas, el plazo de realización de cada una de ellas y el plazo total en el que la empresa adjudicataria se compromete a realizar los trabajos.
En la primera reunión de seguimiento se fijará la fecha inicio de los trabajos, estableciendo un plazo máximo de ejecución de dos años.
3.2 Control de calidad.
Se realizarán controles de calidad que permitan verificar que los trabajos realizados son correctos.
En el supuesto de que durante el tiempo que dure el contrato se encontrara algún error, la empresa adjudicataria se compromete a la revisión de la documentación y a un nuevo proceso de digitalización hasta que se asegure la calidad deseada por parte del ACD.
3.3 Cualificación y estructura del equipo de trabajo.
El adjudicatario designará una persona como director técnico del proyecto, coordinador e interlocutor válido, que deberá actuar en su representación para el desempeño del servicio contratado y se encargará de dar las instrucciones generales de trabajo a su personal. Su presencia será permanente. Su cualificación para las tareas técnicas deberá venir acreditada tanto por su formación teórica como por su experiencia en proyectos similares. Se valorará muy especialmente el perfil de dicho director del proyecto.
El equipo de trabajo estará integrado por especialistas en cada uno de los trabajos a realizar.
3.4 Evaluación del personal.
La empresa adjudicataria deberá remitir al ACD, en el plazo máximo de 10 días desde la recepción de la comunicación de la adjudicación, una relación definitiva de los integrantes del equipo asignado a la prestación del servicio, que deberá ser aceptado por el ACD (Anexo I). Se reserva el derecho de evaluar, en cualquier momento, tanto la experiencia y conocimientos como las capacidades humanas del personal del adjudicatario que preste y vaya a prestar el servicio, pudiendo rechazar a dicho personal en el caso de que, a su juicio, esta evaluación no fuese satisfactoria.
El equipo quedará adscrito al citado trabajo en tanto se esté realizando el mismo, del que no podrán ser sustituidos por la empresa adjudicataria sin autorización previa del ACD, salvo en el caso de incapacidad laboral, vacaciones u otras licencias o permisos debidamente justificados. De acuerdo con su normativa interna, el ACD, por razones de seguridad u otras debidamente justificadas, podrá proponer la sustitución de los trabajadores que estén desarrollando los trabajos contratados.
El adjudicatario deberá sustituir todas las ausencias que se produzcan entre el personal que presta el servicio. Las sustituciones deberán efectuarse por personal de iguales características que el sustituido, y también deberá ser aprobado por el ACD.
3.5 Visita de empresas licitadoras.
Se convocará a las empresas que lo soliciten a una reunión en la que se explicará con mayor detalle el proyecto a contratar, al tiempo que se les ofrecerá ocasión de analizar la colección. Está solicitud habrá de hacerse en el Departamento de Archivo en un plazo máximo de veinte días después del anuncio de licitación en el Suplemento del Diario Oficial de la Unión Europea. Las empresas asistentes habrán de firmar el modelo de declaración que figura en el Anexo II.
3.6 Lugar y horario de ejecución del proyecto.
El ACD habilitará un espacio físico para que la empresa adjudicataria realice los trabajos en los casos en que sea necesario contar con estas instalaciones. En este caso, el horario de trabajo lo establecerá el contratista, si bien, al desarrollarse en los locales del Congreso de los Diputados, por la propia naturaleza de los servicios contratados y por motivos de seguridad, será entre las 09:00 y las 21:00 horas.
3.7 Propiedad del resultado de los trabajos.
Todos los ficheros y documentos generados de acuerdo con el contrato son propiedad del Congreso de los Diputados que podrá reproducirlos o divulgarlos total o parcialmente. La empresa o empresas
adjudicatarias no podrán hacer uso de los mismos salvo que tengan una autorización expresa y por escrito del ACD.
3.8 Estructura normalizada y contenido de la propuesta técnica.
Con independencia de que el licitador pueda adjuntar a su propuesta técnica cuanta información complementaria considere de interés, deberá estar obligatoriamente estructurada de la siguiente forma:
- Propuesta técnica.
- Propuesta de ejecución.
? Descripción detallada de la propuesta en relación con los requisitos de este pliego y siguiendo su misma estructura.
? Metodología a emplear en la realización del proyecto. Se concretará detalladamente las tareas a realizar en cada fase del proyecto.
? Planificación: fases y el plazo en el que la empresa adjudicataria se compromete a realizar los trabajos. Distintos procedimientos utilizados para definir las fases, sus actividades, hitos y entregables y el cronograma de trabajos.
? Mecanismos de seguimiento, aprobación y control de los trabajos de acuerdo con la metodología. Se incluirá en este capítulo la descripción de las medidas dispuestas por el oferente para asegurar la calidad de los trabajos, seguridad y confidencialidad, así como aquellas otras que se prevé aplicar para vigilar y garantizar el adecuado cumplimiento del contrato.
? Control de Calidad.
? Garantía de la Confidencialidad.
3.9 Informes periódicos.
La empresa adjudicataria elaborará mensualmente un informe de la situación de los trabajos realizados. Además, entregará periódicamente muestras digitalizadas de los legajos o documentos correspondientes, debiendo repetirse las imágenes que contengan fallos irrecuperables.
3.10 Material y suministros a utilizar.
Serán de cuenta de la empresa adjudicataria los consumibles necesarios para el desarrollo del proyecto.
3.11 Mejoras al presente pliego.
Los requisitos establecidos en el presente Pliego se consideran mínimos e imprescindibles y han de seguirse en su totalidad.
Las empresas licitadoras podrán añadir en su proposición técnica, todos los servicios adicionales que consideren oportunos para el proyecto, los cuales se valorarán adecuadamente, estudiando su utilidad y adecuación.
Se tendrán en cuenta las certificaciones de calidad aportadas basadas en las normas ISO o UNE, que se correspondan con la actividad requerida para este contrato.
Cuestionario de personal a cumplimentar por cada integrante del equipo de proyecto propuesto
Titulación académica: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________
Historial profesional en
la empresa;Fecha de alta/baja;Permanencia (meses);Categoría
Categoría ofertada
Formación relacionada con el ámbito del proyecto
Título del curso;Horas;Empresa;Fechas
Datos relativos a proyectos (breve descripción de las funcionalidades del proyecto)
Proyecto denominación;Entidad usuaria;Meses;Categoría;Funcionalidad
Modelo de declaración de visita al edificio y conocimiento de los trabajos
D./D.ª ______________________________________________________________________________
DNI n.º __________________, en nombre y representación de _____________________________________________________________________________________________________________, empresa participante en el procedimiento abierto para la adjudicación del Contrato de servicios de archivo digital de los fondos del Archivo del Congreso de los Diputados (C/ Floridablanca s/n, Madrid), manifiesta que tras el análisis de la documentación técnica del concurso ha visitado el edificio/asistido a la reunión de fecha ____________, para conocer con detalle las peculiaridades técnicas para su ejecución y que han sido atendidas y aclaradas las dudas planteadas, por lo que dispone de información suficiente para la correcta valoración del presupuesto.
En Madrid, a ____ de ___________________ de _______.