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Timestamp: 2019-05-22 17:13:40
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 431', 'artículo 431', 'artículo 13', 'artículo 431', 'artículo 13', 'artículo 431', 'artículo 194']

﻿ SENTENCIA C-475 DE MAYO 10 DE 2005
SENTENCIA C-475 DE 10 DE MAYO DE 2005
CONTENIDO:EXSERVIDORES PÚBLICOS. EL LÍMITE DE UN AÑO EN LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ES CONSTITUCIONAL. SE DECLARA EXEQUIBLE LAS EXPRESIONES "DURANTE EL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR" CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 431 DE LA LEY 599 DE 2000.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCESO A LA INFORMACIÓN, EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, CLÁUSULA DE CONFIDENCIALIDAD, RENUNCIA DEL SERVIDOR PÚBLICO, PRINCIPIO DE CONFIDENCIALIDAD, RETIRO DEL SERVIDOR PÚBLICO, ACTUACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO
Sentencia C-475 de mayo 10 de 2005
Sentencia C-475 de 2005
Ref.: Expediente D-5399
Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “durante el año inmediatamente anterior” contenida en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 “por la cual se expide el Código Penal”.
Bogotá, D.C., diez de mayo del año dos mil cinco.
ART. 431.—Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, información obtenida en calidad de tal y que no sea objeto de conocimiento público, incurrirá en multa.
Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a: i) la solicitud de inhibición; ii) la potestad de configuración del legislador y su autonomía para fijar la política criminal, iii) el contenido y alcance de la disposición en la que se contienen las expresiones acusadas, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda.
El señor Procurador General de la Nación afirma que el actor no formuló en debida forma el cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, por lo que solicita a la Corte inhibirse para emitir un pronunciamiento de fondo en el presente caso por ineptitud sustantiva de la demanda. En similar sentido se expresa el interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia para quien no se expresaron claros y específicos argumentos para sustentar el cargo referido.
Al respecto, cabe recordar que la Corte ha explicado de manera reiterada que dado que el juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política (1) , al ciudadano se le impone entonces como carga mínima que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional (2) .
Ahora bien, en el presente caso la Corte constata que contrariamente a lo afirmado por el interviniente en representación del Ministerio del Interior y de Justicia y por señor Procurador General de la Nación, el actor no solo invoca la norma constitucional que considera vulnerada respecto de la cual se admitió la demanda, a saber el artículo 13 superior, sino que explica que la vulneración del principio de igualdad se da por el establecimiento, en su criterio sin ninguna justificación, de una diferencia de trato entre los servidores públicos y las demás personas, al permitir a los primeros pasado un determinado tiempo divulgar o utilizar informaciones a las que se tuvo acceso como funcionario, posibilidad que no tienen las demás personas. Así mismo que la diferencia de trato aludida sería irrazonable pues dejaría sin protección la información que sobre determinadas personas pudiera tenerse y cuyos derechos podrían entonces ser vulnerados.
En este orden de ideas no puede afirmarse que el demandante haya incumplido la carga que le corresponde asumir para permitir el juicio de constitucionalidad, pues de la demanda se desprende claramente cuáles son las expresiones que se acusan, cuál norma superior se viola y cuáles las razones por las que se considera vulnerada. Recuérdese que una cosa es la fundamentación necesaria de la demanda y otra la prosperidad de las pretensiones.
3.2. La potestad de configuración del legislador y su autonomía para fijar la política criminal.
La Corte ha sido enfática en reconocer que para la definición de la política criminal del Estado y, en particular, en materia penal para la configuración de las conductas punibles, el órgano legislativo tiene una competencia amplia y exclusiva que encuentra claro respaldo en el principio democrático y en la soberanía popular (C.P., arts. 1º y 3º), razón por la cual, corresponde a las mayorías políticas, representadas en el Congreso, determinar, dentro de los marcos de la Constitución Política, la orientación del Estado en estas materias (4) .
Esta circunstancia, permite que el legislador adopte distintas estrategias de política criminal, siempre que la alternativa aprobada, además de ser legítima en cuanto a la forma en que se configura, respete los valores, preceptos y principios constitucionales. Así las cosas, es evidente que la política criminal y el derecho penal no se encuentran definidos en el texto constitucional sino que corresponde al legislador desarrollarlos. La Corte ha precisado que en el ejercicio de su atribución el Congreso “no puede desbordar la Constitución y está subordinado a ella porque la Carta es norma de normas (C.P., art. 4º). Pero, en función del pluralismo y la participación democrática, el legislador puede tomar diversas opciones dentro del marco de la Carta” (5) .
En este sentido es claro para la Corte que la Constitución reconoce al legislador una amplia potestad de configuración para desarrollar la política criminal y determinar o no el establecimiento de delitos y sanciones según la valoración que este haga en el marco de la Constitución (6) . Ese es el margen de acción de la función legislativa en materia punitiva, en el que si el legislador advierte que la criminalización es la forma más invasiva de control social, por su intensa afectación de la libertad, y esa circunstancia no contribuye al perfeccionamiento de una política adecuada al logro de los fines perseguidos por la norma, puede prescindir de ella luego de la ponderación que haga de la realidad que pretende controlar (7) .
La Corte también ha sido constante en afirmar que mientras en el cumplimiento de la función legislativa no resulten contrariados los preceptos fundamentales “bien puede el legislador crear o suprimir figuras delictivas, introducir clasificaciones entre ellas, establecer modalidades punitivas, graduar las penas aplicables, fijar la clase y magnitud de estas con arreglo a criterios de agravación o atenuación de los comportamientos penalizados, todo de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca de los fenómenos de la vida social y del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan estar causando o llegar a causar en el conglomerado” (8) . En el mismo sentido “puede consagrar regímenes diferenciados para el juzgamiento y tratamiento de delitos y contravenciones, pudiendo, incluso, realizar diferenciaciones dentro de cada uno de estos grupos, en la medida en que unos y otros se fundamenten en criterios de razonabilidad y proporcionalidad que atiendan una valoración objetiva de elementos tales como, la mayor o menor gravedad de la conducta ilícita, la mayor o menor repercusión que la afectación del bien jurídico lesionado tenga en el interés general y en el orden social, entre otros” (9) .
Por lo anterior, solamente “en los casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad” (10) correspondería al juez constitucional declarar la inexequibilidad de la disposición que sea objeto de análisis.
Cabe destacar al respecto que la jurisprudencia ha señalado con especial énfasis que en el Estado social de derecho, donde la dignidad humana ocupa un lugar de primer orden “El Constituyente erigió los derechos fundamentales en límites sustantivos del poder punitivo del Estado, racionalizando su ejercicio”. Por lo que “Solo la utilización medida, justa y ponderada de la coerción estatal, destinada a proteger los derechos y libertades, es compatible con los valores y fines del ordenamiento” (11) .
En ese orden de ideas la Corte ha explicado que si bien el legislador cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para el diseño de la política criminal del Estado (12) y, en consecuencia, para la tipificación de conductas punibles es evidente que no por ello se encuentra vedada la intervención de la Corte cuando se dicten normas que sacrifiquen los valores superiores del ordenamiento jurídico, los principios constitucionales, o los derechos fundamentales (13) .
3.3. El contenido y alcance de la disposición donde se contienen las expresiones acusadas.
La norma donde se contienen las expresiones acusadas, a saber el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 hace parte del capítulo once “de la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública” (14) del título XV “sobre delitos contra la administración pública” del libro segundo “sobre los delitos en particular” del Código Penal.
La norma comporta entonces varios presupuestos que resulta importante destacar i) el bien jurídico que pretende proteger es la administración pública ii) está dirigida específicamente a quienes se hayan desempeñado como servidores públicos durante el año inmediatamente anterior a la comisión de la conducta que se sanciona, iii) lo que se sanciona es la utilización en provecho propio o de un tercero de la información obtenida durante el año anterior en calidad de servidor público, iv) y ello en tanto la información no sea objeto de conocimiento público.
Dicho texto cabe concordarlo con otras disposiciones del Código Penal que respecto de la conducta de servidores públicos (C.P., arts. 418 a 420), pero también de cualquier persona (C.P., arts. 192 a 196), pretenden proteger determinadas informaciones cuya divulgación o utilización se sanciona penalmente, bien en función de la protección de la administración pública, bien en función del respeto al derecho a la intimidad de las personas.
Así en el capítulo octavo “De los abusos de autoridad y otras infracciones”, del título XV “sobre delitos contra la administración pública” del libro segundo “sobre los delitos en particular” del Código Penal para el caso de los servidores públicos se penaliza la revelación de secreto (art. 418) (15) , la utilización de asunto sometido a secreto o reserva (art. 419) (16) , la utilización indebida de información oficial privilegiada (art. 420) (17) .
A su vez, y en relación no con los servidores públicos sino respecto de cualquier persona en el capítulo VII “De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones” del título III “de los delitos contra la libertad individual y otras garantías” del libro segundo del Código Penal se penaliza la violación ilícita de comunicaciones (art. 192) (18) , la divulgación y empleo de documentos reservados (art. 194) (19) , el acceso abusivo a un sistema informático (art. 195) (20) , la violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial (art. 196) (21) .
Es claro entonces que la norma en que se contienen las expresiones acusadas en el presente proceso —L. 599/2000, art. 431— es apenas uno de los instrumentos con los que el legislador en función de la protección del bien jurídico administración pública pretende prevenir la utilización indebida de la información a la que se accede por los servidores públicos en razón de sus funciones, como también que existen otros tipos penales que para proteger bienes jurídicos diferentes a la administración pública sancionan la utilización que de la información de otras personas pueda hacerse independientemente de que lo haga un servidor público o un simple particular.
4. El análisis del cargo por la supuesta vulneración del principio de igualdad.
Sobre el particular, ha de reiterarse que la jurisprudencia ha precisado, de manera invariable que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles (22) .
La corporación ha establecido también en múltiples ocasiones que un tratamiento legislativo diferente no implica per se una violación del principio de igualdad siempre y cuando sea objetivo y razonable (23) . La Corte ha acudido entonces a un instrumento metodológico —sobre cuyo alcance y límites se ha pronunciado reiteradamente— (24) , para verificar la legitimidad, razonabilidad y proporcionalidad del trato diferenciado (25) .
Se busca así establecer en cada caso i) si se está frente a supuestos de hecho diversos o si estos son comparables; ii) si el fin perseguido por la norma es un fin objetivo y legítimo a la luz de la Constitución; iii) si los supuestos de hecho estudiados, la finalidad perseguida y el trato desigual otorgado guardan una coherencia o eficacia interna, es decir una racionalidad entre ellos; iv) si el trato desigual es proporcionado. La necesidad de que exista proporcionalidad entre los medios y los fines perseguidos por la norma ha sido también resaltada por la jurisprudencia, que ha propuesto tres pasos para resolverlo: así entonces, a) los medios escogidos deben ser adecuados para la consecución del fin perseguido; b) los medios empleados deben ser necesarios para la consecución de ese fin y, c) los medios empleados deben guardar proporción con los fines perseguidos, esto es, que el principio satisfecho por el logro de este fin no sacrifique principios constitucionales más importantes (26) .
Respecto de la primera condición, que en caso de no cumplirse impide que se desarrolle el instrumento metodológico expresado (27) , la Corte ha precisado que el derecho a la igualdad que consagra la Constitución es objetivo y no formal, puesto que se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales, concepción esta que supera así la noción de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente reglamentación a supuestos distintos (28) .
Desde esta perspectiva solamente resulta posible establecer la eventual vulneración del principio de igualdad cuando las situaciones de hecho que se comparan atienden a dichos presupuestos (29) .
Cabe destacar en efecto que el actor no toma en cuenta que el bien jurídico específico que se pretende proteger por la norma en que se contienen las expresiones acusadas es la administración pública y que es en consecuencia en relación con la protección de ese bien jurídico específico que debe analizarse la eventual vulneración del principio de igualdad invocado.
En ese orden de ideas, es claramente improcedente exigir el mismo tratamiento jurídico frente a supuestos de hecho diversos, y por tanto ninguna vulneración del principio de igualdad cabe predicarse respecto de la tipificación efectuada por el legislador del delito de “Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio defunción pública” pues ni siquiera los supuestos planteados por el actor resultan comparables.
A ello cabe agregar que en sí mismo el límite temporal establecido en la norma se enmarca dentro de la potestad de configuración que la Constitución reconoce al legislador para determinar la política criminal y en este sentido para penalizar o no determinadas conductas de acuerdo con la apreciación, análisis y ponderación que efectúe acerca del mayor o menor daño que ciertos comportamientos puedan causar a los bienes jurídicos que se buscan proteger acudiendo a la sanción penal (30) y en este caso específicamente al bien jurídico administración pública.
Recuérdese que, como se señaló en los apartes preliminares de esta sentencia, el legislador en determinadas circunstancias y salvo en casos de manifiesta e innegable desproporción o de palmaria irrazonabilidad (31) , bien puede prescindir de la sanción penal luego de la ponderación que haga de la realidad que pretende controlar (32) .
Así como lo señala el señor Fiscal General de la Nación sin que ello signifique desproteger el bien jurídico administración pública el legislador bien podía considerar que un año resultaba un término adecuado para establecer como límite a la sanción penal con multa de la conducta descrita en el artículo 431 de la Ley 599 de 2000 dadas las características actuales del manejo de información por parte de la administración pública sometida al principio de transparencia y en la que salvo las excepciones señaladas en la ley se predica el libre acceso a los documentos públicos. Así como en función de la existencia de tipos penales específicos para sancionar la violación de la reserva que en casos específicos señala la ley.
Ahora bien, resulta pertinente precisar de otra parte que no es cierto que en este caso se desamparen —pasado el límite temporal fijado en la norma— los derechos de las personas respecto de las cuales el servidor público pueda acceder a alguna información en razón de sus funciones pues es claro que como lo señala el señor fiscal General de la Nación serán otros tipos penales —en función de bienes jurídicos diferentes al de la administración pública— los que eventualmente sean utilizados para penalizar a quienes luego de haber dejado de ser servidores públicos lleguen a utilizar por fuera del límite temporal a que alude la norma una información que conocieron en tal calidad y que pueda afectar los derechos de determinadas personas. A título de ejemplo cabe recordar, como lo hace el mismo señor Fiscal General de la Nación, que el artículo 194 de la Ley 599 de 2000 contenido en el capítulo VII “De la violación a la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones” del título III “de los delitos contra la libertad individual y otras garantías” del libro segundo del Código Penal sanciona con multa a quien en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
(1) Defectos a los cuales se ha referido la jurisprudencia de la Corte cuando ha señalado la ineptitud de una demanda de inconstitucionalidad, por inadecuada presentación del concepto de la violación. Cfr. los autos 097 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra y 244 de 2001, M.P. Jaime Córdoba Triviño y las sentencias C-281 de 1994, M.P. José Gregorio Hernández Galindo, C-519 de 1998, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-177 de 2001, M.P. Fabio Morón Díaz, C-013 de 2000 y C-362 de 2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre varios pronunciamientos.
(3) Ver entre otras las sentencias C-1052 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, C-362 de 2001 y C-510 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(4) Ver en este sentido entre otras las sentencias C-559 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-420 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño, C-762 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil, C-205 de 2003, M.P. Clara Inés Vargas Hernández, C-226 de 2002 y C-100 de 2005, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(5) Sentencia C-038 de 1995. Fundamento 4.
(6) Al respecto cabe recordar lo dicho por la Corte en la Sentencia C-237 de 1997 en la que se señaló lo siguiente: “El derecho penal, que en un Estado democrático debe ser la última ratio, puede ser utilizado, sin vulnerar la Constitución, para sancionar las conductas lesivas de bienes jurídicos ajenos que se estiman esenciales y cuya vulneración, en consecuencia, debe asociarse a una pena. La Corte, en función de la competencia que le ha sido atribuida, puede valorar la norma atendiendo solo criterios de razonabilidad y proporcionalidad”. Sentencia C-237 de 1997, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
(7) Ver Sentencia C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(8) Sentencia C-013 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(9) Sentencia C-840 de 2000.
(11) Sentencia C-070 de 1996, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
(12) Desde luego que la política criminal del Estado no se agota en el ejercicio de su poder punitivo. En un reciente pronunciamiento esta corporación definió en un sentido amplio el concepto de política criminal y la amplia gama de medidas que comprendía: “Dada la multiplicidad de intereses, bienes jurídicos y derechos que requieren protección, la variedad y complejidad de algunas conductas criminales, así como los imperativos de cooperación para combatir la impunidad y la limitación de los recursos con que cuentan los Estados para responder a la criminalidad organizada, es apropiado definir la política criminal en un sentido amplio. Es esta el conjunto de respuestas que un Estado estima necesario adoptar para hacerle frente a conductas consideradas reprochables o causantes de perjuicio social con el fin de garantizar la protección de los intereses esenciales del Estado y de los derechos de los residentes en el territorio bajo su jurisdicción. Dicho conjunto de respuestas puede ser de la más variada índole. Puede ser social, como cuando se promueve que los vecinos de un mismo barrio se hagan responsables de alertar a las autoridades acerca de la presencia de sucesos extraños que puedan estar asociados a la comisión de un delito. También puede ser jurídica, como cuando se reforman las normas penales. Además puede ser económica, como cuando se crean incentivos para estimular un determinado comportamiento o desincentivos para incrementarles los costos a quienes realicen conductas reprochables. Igualmente puede ser cultural, como cuando se adoptan campañas publicitarias por los medios masivos de comunicación para generar conciencia sobre las bondades o consecuencias nocivas de un determinado comportamiento que causa un grave perjuicio social. Adicionalmente pueden ser administrativas, como cuando se aumentan las medidas de seguridad carcelaria. Inclusive pueden ser tecnológicas, como cuando se decide emplear de manera sistemática un nuevo descubrimiento científico para obtener la prueba de un hecho constitutivo de una conducta típica”. Corte Constitucional, Sentencia C-646 de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
(14) Capítulo once. De la utilización indebida de información y de influencias derivadas del ejercicio de función pública del título XV sobre delitos contra la administración pública.
ART. 432.—Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública. El que habiéndose desempeñado como servidor público durante el año inmediatamente anterior utilice, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función cumplida, con el fin de obtener ventajas en un trámite oficial, incurrirá en multa.
ART. 433.—Soborno transnacional. El nacional o quien con residencia habitual en el país y con empresas domiciliadas en el mismo, ofrezca a un servidor público de otro Estado, directa o indirectamente, cualquier dinero, objeto de valor pecuniario u otra utilidad a cambio de que este realice u omita cualquier acto en el ejercicio de sus funciones, relacionado con una transacción económica o comercial, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de cincuenta (50) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
ART. 434.—Asociación para la comisión de un delito contra la administración pública. El servidor público que se asocie con otro, o con un particular, para realizar un delito contra la administración pública, incurrirá por esta sola conducta en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la misma no constituya delito sancionado con pena mayor.
(15) ART. 418.—Revelación de secreto. El servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público. Si de la conducta resultare perjuicio, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión, multa de quince (15) a sesenta (60) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por cinco (5) años.
(16) ART. 419.—Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. El servidor público que utilice en provecho propio o ajeno, descubrimiento científico, u otra información o dato llegados a su conocimiento por razón de sus funciones y que deban permanecer en secreto o reserva, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público, siempre que la conducta no constituya otro delito sancionado con pena mayor.
(17) ART. 420.—Utilización indebida de información oficial privilegiada. El servidor público que como empleado o directivo o miembro de una junta u órgano de administración de cualquier entidad pública, que haga uso indebido de información que haya conocido por razón o con ocasión de sus funciones y que no sea objeto de conocimiento público, con el fin de obtener provecho para sí o para un tercero, sea este persona natural o jurídica, incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público.
(18) ART. 192.—Violación ilícita de comunicaciones. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida una comunicación privada dirigida a otra persona, o se entere indebidamente de su contenido, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
(19) ART. 194.—Divulgación y empleo de documentos reservados. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor.
(20) ART. 195.—Acceso abusivo a un sistema informático. El que abusivamente se introduzca en un sistema informático protegido con medida de seguridad o se mantenga contra la voluntad de quien tiene derecho a excluirlo, incurrirá en multa.
(21) ART. 196.—Violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial. El que ilícitamente sustraiga, oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida comunicación o correspondencia de carácter oficial, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años. La pena descrita en el inciso anterior se aumentará hasta en una tercera parte cuando la comunicación o la correspondencia esté destinada o remitida a la rama judicial o a los organismos de control o de seguridad del Estado.
(22) Ver Sentencia C-100 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(23) Ver, entre muchas otras, la Sentencia C-530 de 1993, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(24) La metodología de análisis para establecer una eventual vulneración al principio de igualdad ha ocupado varias veces a la Corte Constitucional, entre muchas otras pueden verse las siguientes sentencias: T-422 de 1992, C-230 de 1994 y C-1141 de 2000, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C-040 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón; C-410 de 1994, C-507 de 1997 y C-952 de 2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C-265 de 1994, C-445 de 1995 y C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C-673 de 2001 y C-980 de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. A.V Jaime Araújo Rentería; C-1191 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, C-973 de 2002 y C-043 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis S.P.V. Manuel José Cepeda Espinosa; C-475 de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, A.V. Jaime Araújo Rentería.
(25) Al respecto ver, entre otras, las sentencias T-230 de 1994, C-022 de 1996, C-093 de 2001, M.P. Alejandro Martínez Caballero, C-1108 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil y Marco Gerardo Monroy Cabra, C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, C-1191 de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes, C-043 de 2003 y C-100 de 2004, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
(26) Sentencia C-1176 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
(27) En múltiples oportunidades esta corporación ha explicado que “la aplicación de los “tests” de razonabilidad y proporcionalidad se efectúa en etapas consecutivas y ordenadas (...) El orden de estas etapas corresponde a necesidades no solo lógicas sino también metodológicas: el test del trato desigual pasa a una etapa subsiguiente solo si dicho trato sorteó con éxito la inmediatamente anterior”. Ver Sentencia C-022 de 1996, M.P. Carlos Gaviria Díaz. En el mismo sentido, ver sentencias T-230 de 1994, T-563 de 1994, C-337 de 1997, T-454 de 1998, T-861 de 1999, C-445 de 1995, C-673 de 1999, C-093 de 2001, C-586 de 2001, C-742 de 2001, C-233 de 2002, C-1116 de 2003, entre muchas otras.
(28) Corte Constitucional. Sentencia C-221 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(29) Ver Sentencia C-1063 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(30) Sentencia C-013 de 1997, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.
(32) Ver Sentencia C-226 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.