Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-621-de-junio-29-de-2004?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992041f656f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-03-19 02:27:13
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Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 55', 'artículo 26', 'artículo 55', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 95', 'artículo 6', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 4']

﻿ SENTENCIA C-621 DE JUNIO 29 DE 2004
SENTENCIA C-621 DE 29 DE JUNIO DE 2004
CONTENIDO:EL EJERCICIO AD HONÓREM DE FUNCIONES PÚBLICA. ES VÁLIDO SIEMPRE Y CUANDO SEA VOLUNTARIO, IMPLIQUE UN TAREA O SERVICIO CÍVICO QUE COADYUVE A LA MATERIALIZACIÓN DE LOS FINES DEL ESTADO Y QUE NO SE TRADUZCA EN UNA CARGA DESPROPORCIONADA PARA QUIEN SE DESEMPEÑA EN TALES DESTINOS PÚBLICOS. SIN EMBARGO DEBEN RESPONDER COMO LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN RELACIÓN CON LA FUNCIÓN ENCOMENDADA Y POR TANTO, DEBEN DESEMPEÑARSE RESPONSABLEMENTE. SE DECLARA EXEQUIBLE EL SEGUNDO INCISO DEL ARTÍCULO 1 Y EL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 1862 DE 1989.
TEMAS ESPECÍFICOS:EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, SERVIDOR PÚBLICO AD HONOREM
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:393 DE SEPTIEMBRE DE 2004, PG.1483
Sentencia C-621 de junio 29 de 2004
CUMPLIMIENTO DE LA JUDICATURA EN CARGOS AD HONÓREM
LA REMUNERACIÓN NO ES CONDICIÓN PARA EXIGIR RESPONSABILIDADES
Sentencia C-621 de 2004
Ref.: Expediente D-5009
Demandante: Andrés Benavides López de Mesa.
Demanda de inconstitucionalidad contra el inciso 2º del artículo 1º y contra el último inciso del artículo 4º del Decreto Ley 1862 de 1989.
Bogotá, D.C., a veintinueve de junio de dos mil cuatro.
A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial 38.945 de 18 de agosto de 1989, subrayando y resaltando los apartes acusados:
Decreto Ley 1862 de 1989
Por el cual se crean cargos ad honórem para el desempeño de la judicatura.
ART. 1º—Créase en los despachos judiciales del país y en las seccionales de instrucción criminal, el cargo de auxiliar judicial.
El anterior cargo será ad honórem y por consiguiente, quien lo desempeñe no recibirá remuneración alguna.
ART. 4º—Designación y responsabilidad. Quienes presten el servicio jurídico voluntario, serán de libre nombramiento y remoción de los respectivos magistrados, directores seccionales y jueces.
Para cada despacho judicial podrán nombrarse hasta tres egresados en cumplimiento del servicio voluntario. En cada seccional de instrucción criminal podrá designarse un máximo de 20 egresados.
Para todos los efectos legales, las personas que presten el servicio jurídico voluntario tienen las mismas responsabilidades y obligaciones de cualquier empleado judicial.
Corresponde a la corporación examinar si al actor le asiste razón cuando afirma que las disposiciones acusadas contradicen el preámbulo por cuanto imponen deberes y responsabilidades sin contraprestación alguna que garantice la dignidad, el trabajo y la igualdad del judicante; porque se coloca al judicante en una situación de indignidad que choca con el Estado social de derecho; y porque se lo discrimina frente al empleado judicial al endilgarle las mismas obligaciones de éste, pero excluyéndolo del goce de los correlativos derechos.
Para resolver se concentrará la Corte en los siguientes temas: (i) el ejercicio ad honórem de funciones públicas; (ii) el caso concreto.
3. El ejercicio ad honórem de funciones públicas.
En un caso similar al que ahora nos ocupa, esta corporación conoció de una demanda contra los artículos 55 y 57 de la Ley 23 de 1991, de los cuales destacamos los segmentos acusados, así:
ART. 55.—Créase en los despachos del defensor de familia el cargo de auxiliar, que podrá ser desempeñado por los egresados de las facultades de derecho, trabajo social, psicología, medicina, psicopedagogía y terapia familiar, reconocidas oficialmente. El anterior cargo será ad honórem y por consiguiente, quien lo desempeñe no recibirá remuneración alguna.
ART. 57.—Las personas a que se refiere el artículo 55 de la presente ley, serán de libre nombramiento y remoción del respectivo director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Para cada despacho podrán nombrarse hasta tres egresados. Para todos los efectos legales las personas que presten este servicio, tienen las mismas responsabilidades y obligaciones de los empleados públicos al servicio del Institución Colombiano de Bienestar Familiar.
En sus consideraciones sobre los segmentos censurados dijo esta Corte:
La concepción social del Estado de derecho fundado en la solidaridad, la dignidad, el trabajo y la prevalencia del interés general, se traduce en la vigencia inmediata de una ecuación normativa entre derecho y obligaciones constitucionales. Por tanto, los deberes consagrados en la Carta han dejado de ser un desiderátum del buen ciudadano, para convertirse en imperativo que vincula directamente a los particulares y de cuyo cumplimiento depende la convivencia pacífica. En consecuencia, bajo esta perspectiva es claro para la Corte que sistemas legales como el estatuto de descongestión judicial o Ley 23 de 1991, cuyo propósito es la introducción de mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, debe interpretarse dentro de un marco axiológico que redunde en beneficio de la comunidad.
En efecto, el artículo 55 de la ley en mención, creó en los despachos del Defensor de Familia el cargo de auxiliar, que podrá ser desempeñado por los egresados de las facultades de derecho, trabajo social, psicología, medicina, psicopedagogía y terapia familiar, reconocidos oficialmente, señalando a su vez que dichos destinos serán ad honórem y por consiguiente, quienes los desempeñen, no recibirán remuneración alguna.
Estima la corporación, que quienes ejercen por voluntad propia las funciones de auxiliar en una defensoría de familia ante el ICBF, desempeñan un servicio social compatible plenamente con una filosofía solidaria como la que comporta el ordenamiento constitucional colombiano, pues es claro que no siempre las cargas que la conducta altruista implica, deben ser asumidas por el Estado. Exigir una prestación que redunda en beneficio social y la cual no es excesivamente onerosa para quienes la ejercen, es un desarrollo objetivo y razonable de la ley en plena armonía con los valores y principios que inspiran nuestra Carta. En consecuencia, el motivo de la remuneración o contraprestación está determinado por la voluntad de la ley, que consagra la posibilidad de que por autodeterminación de las personas, al momento de optar por el título profesional, puedan escoger cargos en una entidad pública, ocupando un destino, sin remuneración expresamente definida por la ley, para obtener judicatura, o de trabajar en cualquier otra entidad de naturaleza pública o privada, con lo cual también desarrollan una tarea de solidaridad social.
Bajo esta perspectiva, (sic) resulta claro que el artículo 55 de la Ley 23 de 1991, se encuentra ajustado a los mandatos superiores, especialmente el que tiene que ver con la libertad de configuración que le corresponde el legislador para señalar condiciones y requisitos de unas funciones que tienen una finalidad de gran alcance social, sin mengua del contenido esencial del principio de la igualdad, y que recoge una participación voluntaria de los ciudadanos al vincularse al cumplimiento de los fines del Estado, coadyuvando a la resolución pacífica de conflictos de carácter familiar a través del ejercicio del cargo de auxiliar del defensor de familia, lo cual está incorporado al marco axiológico y teleológico que fundamenta nuestra Carta; por ende, los cargos ad honórem previstos en el artículo 55 cuestionado, son desarrollo de la libertad de configuración legislativa que está consagrada claramente en el artículo 26 de la Carta Política y así será declarado en la parte resolutiva de esta providencia judicial.
En torno al derecho al trabajo se dijo en la sentencia:
En este orden de ideas, no se puede considerar como lo hace la demandante, que la responsabilidad de un servidor público esté, inevitablemente, ligada a la remuneración salarial, pues las consecuencias jurídicas que se desprenden de las relaciones laborales o especiales con la administración pública, son establecidas únicamente por el legislador, el cual se basa sobre múltiples razones de conveniencia pública, de servicio público, con miras a la prevalencia del interés general. En consecuencia, el ejercicio de determinados cargos públicos como lo son, en este caso, los definidos por el artículo 55 de la Ley 23 de 1991, los cuales por su. naturaleza no son forzosos, sino, por el contrario están inscritos dentro de un marco cuyo presupuesto esencial es la voluntariedad del ciudadano para cumplir una tarea o servicio cívico cuyo propósito es la colaboración altruista, desinteresada, desprovista de todo afán de lucro por parte de los ciudadanos, para coadyuvar a materializar los fines del Estado en la comunidad, que no se traduce en una carga desproporcionada para quien se desempeña al frente de tales destinos públicos.
En este orden de ideas, la Corte considera que el ejercicio no remunerado del cargo de auxiliar ad honórem en las defensorías de familia obedece a una justificación objetiva y razonable adoptada por el legislador, dentro de sus competencias constitucionales (C.P., art. 26), y por tanto, la finalidad y los efectos perseguidos con los artículos 55 y 57 de la Ley 23 de 1991, procuran un fin legítimo: dotar al Estado, dentro de una filosofía solidaria, de una prestación voluntaria que redunde en beneficio social y que no es excesivamente onerosa para el ciudadano que la brinde. En efecto, la resolución pacífica y extrajudicial de los conflictos familiares, que es el propósito último que busca el marco jurídico de la Ley 23 de 1991, a través de las normas cuestionadas, procura proteger unos bienes jurídicos relevantes constitucionalmente, como son las relaciones familiares. En consecuencia, resulta ajustado al artículo 13 de la Constitución en armonía con los valores que inspiran la Carta, el que el cargo de auxiliar ad honórem ante los despachos judiciales no cuente con una remuneración salarial representada en dinero, a pesar de que se puede optar voluntariamente por la judicatura ejerciendo cargos remunerados en otras entidades, máxime cuando las personas que cumplen estas funciones no son obligadas al ejercicio de tales trabajos cívicos sino que se vinculan voluntariamente con el ICBF; pues es claro para la Corte que se trata de una relación especial de orden administrativo basada en la voluntariedad y altruismo de las personas que optan por brindar esta clase de servicios a la comunidad, movidas por sentimientos nobles y por un sentido social y humanitario, propios de carreras fundamentadas en el humanismo cultural, enmarcadas dentro de un estado social de derecho (1) .
Es decir, conforme a los principios y valores constitucionales el ejercicio ad honórem de funciones públicas resulta válido, siempre que el mismo sea voluntario, implique una tarea o servicio cívico que coadyuve a la materialización de los fines del Estado y que no se traduzca en una carga desproporcionada para quien se desempeña en tales destinos públicos. Al respecto, nótese cómo esa especial modalidad de servicio a la comunidad encuentra cabal arraigo en la solidaridad en cuanto valor fundante inscrito en el artículo 1º superior, al propio tiempo que en los numerales 5º y 7º del artículo 95 ibídem, conforme a los cuales son deberes de la persona y del ciudadano: (i) la participación en la vida política, cívica y comunitaria del país; así como (ii) la colaboración para el buen funcionamiento de la justicia. Prestación esa que, por otra parte, no lesiona el derecho al trabajo ni el derecho a la igualdad, habida consideración de que la persona que protagoniza la condición ad honórem se halla en una relación frente al Estado sustancialmente diferente a la de los servidores públicos. Sin embargo, de acuerdo con el artículo 6º de la Constitución los particulares que presten servicios públicos responden como los servidores públicos en relación con la función encomendada; lo cual encuentra justificada explicación en la importancia y trascendencia que la función pública representa para la realización de las tareas estatales, que de suyo deben cualificarse progresivamente, y por tanto, desempeñarse responsablemente por parte de los servidores públicos y los particulares que autorice la ley. Por lo demás, el derecho a ejercer profesión u oficio le permite a las personas, tanto asumir libremente la prestación de un servicio público sin contraprestación económica, como rechazar libremente dicha modalidad de prestación. Consecuentemente, el compromiso de la persona para con el servicio ad honórem depende por entero de su voluntad, la cual se apoya en su sentido de solidaridad y en las ventajas u oportunidades que tal situación le pueda deparar profesionalmente. En todo caso, pese a su gratuidad, el ejercicio en un servicio público siempre le habrá de dispensar a la persona oportunidades para crecer personal y profesionalmente, poniéndose de relieve un tipo especial de compensación que beneficia al ad honórem.
El actor demanda dos expresiones, a saber: (i) la del artículo 1º del Decreto 1862 de 1989 que estipula como ad honórem el cargo de auxiliar judicial; y (ii) la del artículo 4º del mismo decreto, según la cual, para todos los efectos legales, las personas que presten el servicio jurídico voluntario tienen las mismas responsabilidades y obligaciones de cualquier empleado judicial. Al respecto se tiene:
Con fundamento en las facultades extraordinarias que le fueron otorgadas mediante la Ley 30 de 1987, el Presidente de la República expidió el Decreto 1862 de 1989, “Por el cual se crean cargos ad honórem para el desempeño de la judicatura”. Mediante el artículo 1º de este decreto se creo en los despachos judiciales del país y en las seccionales de instrucción criminal, el cargo de auxiliar. Agregando al efecto que dicho cargo será ad honórem, es decir, que por razón de su ejercicio la persona no recibirá remuneración alguna. En concordancia con esta regla, a través del artículo 4º ibídem se dispuso que las personas que desempeñen ese cargo deben soportar las mismas responsabilidades y obligaciones de cualquier empleado judicial.
Según se ve, en virtud del Decreto 1862 de 1989 se creó el servicio jurídico voluntario, cuyo ejercicio estará a cargo de los egresados de las facultades de derecho reconocidas oficialmente, siempre que ellos hayan aprobado todas las asignaturas. Su vinculación al servicio la hace el magistrado, director seccional o juez a través de nombramiento, quienes al efecto le asignarán al ad honórem una carga laboral que no puede exceder a las atribuidas por ley a los oficiales mayores.
El Decreto 1862 establece dos extremos: de una parte el egresado —que haya aprobado todas las asignaturas— de una facultad de derecho reconocida oficialmente, y de otra, los despachos judiciales y las seccionales de instrucción (estas últimas, hoy dependencias de la Fiscalía General de la Nación). En relación con el primer extremo el decreto prevé que el egresado puede prestarle a la administración de justicia un servicio jurídico voluntario de 9 meses, que a su vez le sirve como medio para obtener el título de abogado, en reemplazo de la tesis de grado. En lo tocante al segundo extremo el decreto establece la oportunidad que la administración de justicia puede ofrecerle al egresado, para que con los efectos vistos, le preste un servicio útil a los fines de la justicia. Vale decir, estamos ante una relación de beneficio recíproco en términos de acceso al título de abogado y de servicio útil a la administración de justicia.
Ahora bien, dos elementos deben conjugarse para que el egresado se vincule como ad honórem a la administración de justicia (i) el acto libre y voluntario del egresado interesado en prestar el servicio jurídico; (ii) el acto de nombramiento que en tal virtud hace el magistrado, director seccional o juez. Nombramiento que implica el ejercicio de una función pública.
Asimismo, según se ha sostenido, de trascendental importancia para la concreción de dicho servicio es la decisión libre y voluntaria del egresado, esto es, que para el acceso al servicio jurídico mencionado no puede mediar acto de imposición o apremio de parte de autoridad alguna. Por donde, el derecho a escoger profesión u oficio, y su ejercicio mismo, no sufren quebranto alguno en relación con las reglas impugnadas. En el mismo sentido, el derecho al trabajo mantiene su vigor constitucional por cuanto el servicio jurídico voluntario se despliega como una oportunidad real para que el ad honórem adquiera criterios y destrezas idóneos para su formación profesional, y por tanto, para su posterior desempeño como abogado. A estos efectos conviene recordar que la materialización del derecho al trabajo se alcanza con mayor entidad en la medida en que la persona se encuentre capacitada para la realización de una profesión, arte u oficio.
Siguiendo los lineamientos planteados por esta corporación en Sentencia C-588 de 1997, cabe subrayar que la oportunidad que le brinda el Estado al ad honórem para cumplir con un requisito indispensable a la obtención del título que lo acredite como abogado conlleva la de adquirir experiencia laboral, conocimientos prácticos y teóricos que redundan en el posterior ejercicio de su profesión. Igualmente, la prestación del servicio jurídico voluntario implica una labor social inherente a la profesión de abogado, que para el futuro profesional entraña además de una preparación sistemática y científica en forma metódica, una función social de sus conocimientos. Armonizando a su vez, tanto con el principio de solidaridad que establece la Carta Política, como con los deberes de colaboración que se predican de la persona y del ciudadano en torno al buen funcionamiento de la administración de justicia.
De otro lado, la prestación del servicio jurídico voluntario por parte de los ad honórem, en momento alguno va en detrimento de la calidad del servicio, propio de la función pública. Por el contrario, los ad honórem están sometidos constantemente a la dirección y coordinación del responsable del despacho. Lo anterior acarrea como consecuencia, que el usuario del servicio público tenga una buena calidad en su prestación.
De otra parte, las disposiciones demandadas destacan también su validez constitucional en el ámbito de las competencias propias del Congreso, toda vez que éste lleva la titularidad para señalar tanto las potestades como las responsabilidades de los particulares que cumplan funciones públicas. Las cuales, dada su trascendencia social, comportan un imperativo que privilegia el interés general sobre el particular, donde, como en el caso en cuestión, tratándose de egresados que voluntariamente asumen la prestación de un servicio jurídico resulta lógico y jurídico que se atengan a los mandatos de los artículos 2º, 6º, 90, 91, 92 y 123 del ordenamiento superior; pues, como bien lo ha sostenido esta corporación, “(...) cuando una persona se vincula al servicio público en cualquier entidad del Estado, independiente de la naturaleza jurídica de su relación o de los fines que la animan, está representando con su labor al Estado frente a la comunidad y como tal asume las responsabilidades de un servidor público, por las acciones u omisiones que ejecute en su cargo, frente a la sociedad y como tal es susceptible de los controles de legalidad que prevé el ordenamiento jurídico en cuanto a su conducta pública” (2) .
Finalmente la Corte hace suyos los planteamientos de la vista fiscal, conforme a los cuales, con las disposiciones acusadas el legislador satisface varios cometidos propios de las funciones a su cargo, así: facilita la posibilidad de los egresados de las facultades de derecho para realizar su práctica jurídica, apoya la labor de la rama judicial con personal capacitado para mejorar la prestación del servicio, atiende las limitaciones fiscales del Estado que le impiden ampliar la planta de personal y a la vez toma las medidas necesarias para proteger a la comunidad y a quienes intervienen en los procesos judiciales con relación a la actuación de los auxiliares judiciales. En este mismo sentido se pronunció la Corte en Sentencia C-588 de 1997, indicando que la remuneración no es condición necesaria para poder exigir responsabilidades a quienes ejercen función pública, en tanto se favorezca el interés general sin provocar una carga desproporcionada sobre aquellos que voluntariamente cumplen dicha función. El cargo de auxiliar ad honórem no desconoce el derecho a la igualdad, dado que la Corte Constitucional en múltiples decisiones ha avalado el ejercicio gratuito de determinados empleos por personas públicas o privadas, para el cumplimiento de fines estatales en beneficio de la comunidad, de suerte que la diferencia de trato entre los empleados públicos y los mencionados auxiliares no resulta arbitraria, pues por el contrario, está ampliamente justificada en los aspectos ya analizados, a saber: (i) inexistencia de una relación laboral entre el Estado y los egresados; (ii) carácter académico del servicio; (iii) observancia de los principios de reciprocidad, solidaridad y colaboración para con la administración de justicia; (iv) voluntariedad en la prestación de este servicio.
Así, pues, con arreglo a estas consideraciones la Sala encuentra ajustadas a la Constitución las disposiciones combatidas, razón por la cual proveerá a su permanencia dentro del ordenamiento positivo.
1. Declárase EXEQUIBLE el inciso 2º del artículo 1º del Decreto 1862 de 1989, en relación con los cargos formulados en esta demanda.
2. Declárase EXEQUIBLE el inciso 3º del artículo 4º del Decreto 1862 de 1989, en relación con los cargos formulados en esta demanda.
3. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente».
(1) Corte Constitucional, Sentencia C-588 de 1997.