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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 132', 'artículo 40', 'artículo 296', 'artículo 2', 'artículo 185', 'artículo 125', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 185', 'artículo 2', 'artículo 185', 'artículo 296', 'artículo 548', 'artículo 549', 'artículo 549', 'artículo 16', 'artículo 548', 'artículo 548', 'artículo 5', 'Artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 549', 'artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 9', 'Artículo 54', 'Artículo 1', 'artículo 206', 'artículo 48']

⭐CONCLUSIONES. El plazo de espera es aquel período dentro de la vigencia de la cobertura
CONCLUSIONES. El plazo de espera es aquel período dentro de la vigencia de la cobertura
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Carla Toro Gómez
1 79 CONCLUSIONES El plazo de espera es aquel período dentro de la vigencia de la cobertura del contrato de seguros, durante el cual la empresa de seguros no cubre determinados riesgos establecidos en el contrato. Al analizar las clausulas de espera en las pólizas de maternidad HCM conforme a la Ley de Contrato de Seguro, las cláusulas constituyen parte importante en las pólizas de seguros. Sirven para aclarar, modificar, dejar sin efecto, algunas condiciones generales o particulares de éstas. En cuanto al Contratos de Seguros señala que el contrato de seguros de hospitalización, cirugía y maternidad no podrá prever plazos de espera por periodos superiores a los de su vigencia. Una vez vistos los extremos legales que regulan el tema fundamental del presente estudio, se observa, en cuanto respecta al objetivo específico de analizar los derechos del asegurado con la vigencia de la Ley de la Actividad Aseguradora, que dicho texto legal le confiere al asegurado una diversidad de derechos relativos a la información necesaria sobre los contratos de seguro; la promoción y protección de sus intereses económicos como débil jurídico en las transacciones del mercado asegurador; la debida educación y orientación sobre la adquisición y utilización de las pólizas y servicios; protección de los intereses colectivos o difusos, así como contra la publicidad engañosa, métodos comerciales coercitivos o desleales; y la posibilidad de2 80 constituir asociaciones para la representación y defensa de los enumerados derechos e intereses. Para reforzar estos derechos, la norma les confiere el carácter de orden público y/o imperativo, lo cual establece que no pueden ser violados o transgredidos; en todo caso, de existir cláusulas contradictorias, se aplica, como sanción, la nulidad relativa, tomando en cuenta lo impuesto por la Ley, así como el resguardo que el Derecho positivo le confiere al asegurado, como débil jurídico de la relación que nos ocupa. Ahora bien, es necesario manifestar que la Ley de Empresa de Seguros y Reaseguros establece ciertas limitaciones en cuanto a las pólizas de Hospitalización, Cirugía y Maternidad, en resguardo siempre del asegurado; estableciendo la obligación de aprobación, por parte de la Superintendencia de Seguros, del texto de los contratos de seguro, siendo potestativo de los particulares aceptar o rechazar el mismo. Por otro lado, en atención al objetivo específico analizar los distintos criterios legales respecto a los Actos Discriminatorios al género femenino, inicialmente se manifiesta que la discriminación reúne caracteres propios y notorios, a saber: 1) Unas personas se consideran superiores a otras; 2) Constituye una violación a los derechos humanos; 3) La clasificación de personas que surge, se emplea para someter a ciertos grupos a condiciones de opresión, ignorancia y delincuencia; 4) Acusa a los grupos segregados de inferiores, lo cual supone el rechazo, ofensa, despecho, incluso la esclavitud.3 81 En esa perspectiva se denota que todos los sujetos son susceptibles de ser objeto de discriminación, para ello el Derecho positivo impone la prohibición de ésta, basada en género, raza, etnia, orientación sexual u otra condición; con la finalidad de prevenir los efectos nocivos que la misma genera, en tanto afectan la calidad de vida de los sujetos discriminados, violenta sus derechos fundamentales, limita sus aspiraciones y compromete su desarrollo social y psicológico. Sobre la prohibición de tratos discriminatorios se pronuncian diversos textos legales vigentes en el país, a saber: La Ley para la Defensa de las personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, la cual establece la prohibición de tratos discriminatorios por parte de los proveedores de bienes y servicios y las compañías aseguradoras, así como toda conducta que afecte el consumo de los alimentos o el uso de servicios; la Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial, que mecanismos de prevención, atención, eliminación, erradicación y sanción de la discriminación racial como un hecho punible, garantizando el goce y ejercicio de los derechos y deberes consagrados en la Constitución, leyes, tratados y convenios internacionales en la materia. Finalmente, atendiendo a los tratado internacionales suscritos por el país, se ponen de manifiesto la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos4 82 Económicos, Sociales y Culturales y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, todos estos establecen normas basadas en la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, prohibiendo tratos discriminatorios, especialmente contra la maternidad, paternidad y familia. Por su parte el plazo de espera contenidos en las pólizas de maternidad de Hospitalización, Cirugía y Maternidad como acto discriminatorio al género femenino, está cargado de diversidad de matices, que la sociedad, hoy día, no trata de expresar con claridad. Sino más bien confundir o manipular. De hecho se adjetivisan en ocasiones la expresión para darle un sentido que puede ser el contrario al significado que realmente siempre tuvo, y que se debe considerar que sigue teniendo La vida es el derecho más importante para los seres humanos. La vida tiene varios factores; la vida humana en sus formas corporales y psíquicas, la vida social de las personas por medio de la cual estos realizan obras en común y la vida de la naturaleza que relaciona a los seres humanos con las demás especies vivientes5 83 RECOMENDACIONES Al haber efectuado el análisis de este objetivo, y en virtud de el carácter imperativo de las normas en el ámbito asegurador (Ex artículo 2 del Decreto con Fuerza de Ley de Contrato de Seguros Vigente) y la irrenunciabilidad de los derechos del tomador, asegurado y beneficiario, conforme a lo señalado en el artículo 132 de la Ley de la Actividad Aseguradora, es mesnester: A) Sería menester implementar solo plazo de espera en pólizas tipo, en donde el riesgo que pudiese ser asegurado, no sea consecuencia directa que pueda contravenir aspectos de la salud del asegurado, como es la maternidad, ya que obviar tal circunstancia se estaría colocando la voluntad de los partes contratantes, con clausulas que contengan plazos de espera, por encima del derecho constitucional a la vida, la salud y la familia, cuestión que se podría catalogar como violatoria al derecho de todo ser humano, a una vida digna, sin discriminación en cualquiera de sus modalidades, consagrada en el preámbulo de la Constitución y demás convenios y tratados internacionales. B) Sancionar un Reglamento a la Ley de la Actividad aseguradora, donde se establezca un procedimiento idóneo para la elaboración y redacción de modelos, tipos de póliza de HCM, previa autorización por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, con la finalidad de precisar y establecer los lineamientos generales y tratamiento sobre aquellas clausulas en donde dependiendo el tipo de enfermedad, el6 84 contrato de seguro, limite los plazos de espera, y en los casos donde esté presente alguna categoría que afecte de forma directa o indirectamente, al derecho y disfrute a la salud, como el de la maternidad, este lapso sea lo mínimo posible o por el contrario sea totalmente eliminado en las pólizas de HCM, ya que es deber de toda empresa de seguro que opere en el ramo de vida, prestar un servicio de calidad e inmediato, cuando se trata de la vida de una madre embarazada y la de su hijo (a), así como la perpetuidad del ser humano. C) Es menester; la reforma de la Ley de la Actividad Aseguradora e incluir en el artículo 40 de la citada ley la prohibición expresa de los plazos de espera en la pólizas de vida que incluye la maternidad, tal y como, lo expresa la misma ley para los casos de las enfermedades preexistentes, que si bien es cierto, solo prohíbe alegarlas, mas no prohíbe que estipulen clausulas de plazos de espera, lo que significa un avance en el ámbito asegurador, en el resguardo a la vida el cual constituye tal y como lo señala el autor Fernández (2012) es el derecho más importante para los seres humanos. Por último, al establecer una prohibición absoluta en cuanto a los plazos de espera en la maternidad en el ámbito asegurador, se estaría respetando, ese derecho que hace que el ser humano no solo sobreviva, sino que viva plenamente. Lo que, evitaría así cualquier discriminación, en donde toda mujer, hombre, hija e hijo, son iguales ante la ley.7 85 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS LEYES CÓDIGO DE COMERCIO. Gaceta Oficial Extraordinaria Nº475 de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 26 de julio de CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro del 30 de Diciembre de Caracas. DECRETO LEY DE CONTRATO DE SEGURO Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nro del 12 de Noviembre de Caracas. LEY DE LA ACTIVIDAD ASEGURADORA. Gaceta Oficial Nº de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 5 de agosto de LEY PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS AL ACCESO DE LOS BIENES Y SERVICIOS. Gaceta Oficial Nº de la República Bolivariana de Venezuela de fecha 01 de febrero de LEY ORGÁNICA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. Gaceta Oficial Nº de la República Bolivariana de Venezuela de fecha del 19 de diciembre de 2011 LIBROS Chang de Negrón, K. y Negrón Chacín, E. (2011). Seguros en Venezuela. Vadell Hermanos Editores. Quevedo Coronado, F. (2004). Derecho Mercantil. 2ª Edición. Pearson Educación. México. Maduro Luyando, E. (1967). Curso de Obligaciones. Derecho Civil III. Fondo Editorial Luís Sanojo. Caracas Morles (2006). Curso de Derecho Mercantil Tomo IV. Universidad Católica Andrés Bello. Caracas Legis (2010). Guía Práctica de Seguros. 5ª Edición. Caracas.8 86 Santillan y Farías (2008) Zabala (2008) DOCUMENTOS LEGALES Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia del 17 de diciembre de 2001 Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia del Juzgado Quinto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, de fecha 11 de agosto de 2011 Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, del 03 de Noviembre de 2010 Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia de Sala Constitucional Expediente N del 9 de marzo de 2010 Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia del 15 de Octubre de 2007, Causa: BP12-S Tribunal Supremo de Justicia Sentencia Sala Constitucional Nro de fecha 16 de septiembre de 2002 Tribunal Supremo de Justicia Sentencia Sala de Casación Civil Nº del 2 de mayo de TESIS CONSULTADAS García (2008). Limitación por edad en las pólizas de seguros de vida y salud. Universidad Rafael Belloso Chacín, para optar título de Magister en derecho mercantil. Maracaibo. Pírela (2006). Cláusulas abusivas de las condiciones generales y particulares en los contratos de seguro de Hospitalización, Cirugía y Maternidad. Universidad Rafael Belloso Chacín, para optar al título de Magister en derecho mercantil. Maracaibo. Salazar (2010). Producción de un docudrama sobre la Discriminación Racial en el Municipio Maracaibo. Universidad Rafael Belloso Chacín, para optar al título de Licenciado en Comunicación Social. Maracaibo9 87 FUENTES ELECTRONICAS Moreno 2011, correodelorinoco.gob, 12/03/2012 Pérez, 2011; svs.com (12/03/2012) Santillan y Farías, 2008; Racismo y Marginación (11/03/2012) SUDEASEG, 2011; Superintendencia de la Actividad Aseguradora 08/03/201210 90 ANEXO A. 1 TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SALA DE CASACIÓN CIVIL BAJO SENTENCIA Nº DEL 2 DE MAYO DE 2007 Mediante escrito presentado ante esta Sala en fecha 16 de enero de 2002, el abogado Jesús Ramón Quintero, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N 5.508, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil COBERTURA DE PREVISIÓN NACIONAL COPRENA, C.A., inscrita en el Registro Mercantil II de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda bajo el N 18, tomo 334-A-Sgdo., en fecha 25 de junio de 1997, interpuso recurso contencioso administrativo de nulidad contra la Resolución N 767 de fecha 2 de julio de 2001, dictada por el MINISTRO DE FINANZAS (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS), mediante la cual fue declarado sin lugar el recurso jerárquico y confirmada la Providencia Administrativa N de fecha 3 de enero de 2001, emanada de la Superintendencia de Seguros, que a su vez declaró sin lugar el recurso de reconsideración y resolvió ( ) Confirmar el acto administrativo contenido en la Providencia número de fecha 21 de noviembre de 2000, mediante la cual esta Superintendencia de Seguros decidió remitir al Ministerio Público, de conformidad con lo previsto en el ordinal 2 del artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal, el expediente administrativo instruido a objeto de determinar si la empresa COBERTURA DE PREVISIÓN NACIONAL COPRENA, C.A. se encontraba realizando operaciones de seguros en contravención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, hecho sancionable de conformidad con lo establecido en el artículo 185, ejusdem. El 17 de enero de 2002, se dio cuenta en Sala y se ordenó oficiar al Ministerio de Finanzas, solicitando la remisión del expediente administrativo. Mediante oficio N FSS del 15 de abril de 2002, la Superintendencia de Seguros remitió el expediente administrativo solicitado. En fecha 23 de abril de 2002 se enviaron las actuaciones al Juzgado de Sustanciación de la Sala. El 9 de mayo de 2002 el referido Juzgado admitió el recurso de nulidad, ordenó notificar al Fiscal General de la República y a la Procuradora General de la República, así como librar el cartel a que se refería el artículo 125 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, aplicable ratione temporis. Los días 4 y 14 de junio de 2002 se practicaron las notificaciones del Fiscal General de la República y de la Procuradora General de la República, siendo consignadas el 12 y el 19 del mismo mes y año, en ese orden. El 16 de julio de 2002, se libró el cartel de emplazamiento a los terceros interesados.11 91 En fecha 25 de julio de 2002 el apoderado judicial de la recurrente retiró el cartel de emplazamiento, el cual fue publicado en un diario de circulación nacional el 31 del mismo mes y año, y consignado en el expediente el 1 de agosto de El 6 de agosto de 2002 el abogado Romer Abner Pacheco Morales, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N , actuando con el carácter de representante judicial de la República, solicitó que se realizara el cómputo de los días transcurridos desde el día en que se libró el cartel de emplazamiento hasta esa fecha inclusive, y que fuera remitida la causa a esta Sala para que fuese declarado el desistimiento tácito. En fecha 7 de agosto de 2002 el Juzgado de Sustanciación realizó el cómputo requerido y ordenó la remisión de la presente causa a la Sala. El 14 de agosto de 2002 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, a los fines de que se pronunciara sobre el desistimiento tácito. En fecha 18 de septiembre de 2002 la parte recurrente solicitó que fuese desestimada la solicitud de desistimiento tácito. El 13 de noviembre de 2002 el representante judicial de la República ratificó su pedimento. Mediante sentencia N 433 del 18 de marzo de 2003, la Sala declaró improcedente la solicitud de desistimiento tácito y ordenó la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de la continuación del procedimiento. En fecha 26 de junio de 2003, el abogado Mauricio Moros Parés, inscrito en el INPREABOGADO bajo el N , actuando con el carácter de sustituto de la Procuradora General de la República, consignó ante el referido Juzgado su escrito de promoción de pruebas. El 10 de enero de 2004 el apoderado judicial de la recurrente manifestó su interés en la continuación de la causa y que se remitiesen a la Sala las presentes actuaciones. A través de auto de fecha 26 de febrero de 2004, el Juzgado de Sustanciación admitió las pruebas promovidas por el representante de la República, y el 31 de marzo del mismo año remitió las actuaciones a esta Sala. En fecha 13 de abril de 2004 se dio cuenta en Sala y se designó ponente al Magistrado Hadel Mostafá Paolini, fijándose el lapso para comenzar la relación de la causa. El 11 de mayo de 2004, oportunidad fijada para que tuviera lugar el acto de informes, compareció la abogada Luisa Barbella de Osorio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el N , actuando con el carácter de representante de la República y consignó escrito de informes. En fecha 29 de junio de 2004 terminó la relación de la causa y se dijo VISTOS. El 6 de junio de 2006 se dictó auto mediante el cual se dejó constancia que en fecha 17 de enero de 2005 se incorporaron a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de12 Justicia, los Magistrados Emiro García Rosas y Evelyn Marrero Ortíz, designados por la Asamblea Nacional el 13 de diciembre de 2004, quedando integrada la Sala por cinco Magistrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, a saber: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. Asimismo, se ordenó la continuación de la presente causa. Por auto de la misma fecha se designó ponente al Magistrado Emiro García Rosas. En fecha 7 de febrero de 2007 se eligió la actual Junta Directiva del Tribunal Supremo de Justicia, quedando integrada la Sala Política-Administrativa de la siguiente manera: Presidenta, Magistrada Evelyn Marrero Ortíz; Vicepresidenta, Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero; y Magistrados Levis Ignacio Zerpa, Hadel Mostafá Paolini y Emiro García Rosas. I ANTECEDENTES Adujo el apoderado judicial de la sociedad mercantil COBERTURA DE PREVISIÓN NACIONAL COPRENA, C.A., que en fecha 17 de diciembre de 1998 su representada suscribió un contrato con la asociación civil Caja de Ahorros del Sector Empleados Públicos del MTC MARNR MINDUR INOS IMPARQUES FEA ICCLAM FUNDAINCENDIOS CNV HIDROVEN Y FILIALES (CASEP) ( ) cuyo objeto es la administración de los <servicios exequiales>, esto es, de servicios funerarios, para los asociados de dicha asociación civil ( ). Tales servicios funerarios serían prestados a los afiliados, sus cónyuges o concubinos, padres e hijos, sin límite de edad ni número de ellos por cada trabajador, conforme al plan de previsión familiar establecido en el convenio celebrado con la mencionada asociación civil (sic) (Mayúsculas de la cita). Que el 6 de enero de 2000 la ciudadana Gloria García Durán formuló denuncia por ante la Superintendencia de Seguros, por medio de la cual solicitó el análisis del contrato antes referido. Que el 21 de febrero de 2000, a través de auto N , la Superintendencia de Seguros ordenó La apertura de una averiguación administrativa en contra de la empresa COPRENA, C.A. a objeto de determinar la presunta infracción del artículo 2 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros (Mayúsculas de la cita). Que el 23 de marzo de 2000 la empresa recurrente consignó escrito de contestación a la averiguación administrativa abierta en su contra, en el que indicó que era una sociedad mercantil destinada única y exclusivamente a la prestación de servicios funerarios, capillas velatorias e inhumación de cadáveres, que había celebrado un convenio de esos servicios con los afiliados de la caja de ahorros del sector empleados públicos, alegando a tal efecto 9213 que el referido convenio no era un contrato de seguros por cuanto no asumía las consecuencias de un riesgo (la muerte) a cambio de una contraprestación. Que mediante Providencia Administrativa N del 21 de noviembre de 2000, la Superintendencia de Seguros consideró que existían elementos probatorios suficientes para presumir que la empresa recurrente ejercía actividades de empresa de seguro, específicamente en el seguro funerario, por cuanto sus servicios eran contratados a través de pólizas, mediante las cuales asumía los riesgos de muerte de sus asociados a cambio del pago de su asociación; que al ser insuficiente el costo de asociación al referido convenio para cubrir los gastos del servicio de sepelio, era evidente que debía acudirse al fondo común para aminorar la pérdida patrimonial sobrevenida como consecuencia del fallecimiento de sus asociados, con lo cual estaba realizando operaciones de seguro en el sentido técnico-económico, y que el convenio a través del que prestaba los referidos servicios contenía los atributos de un contrato de seguros aleatorio, de buena fe, de ejecución continuada, de adhesión y principal. En virtud de las anteriores consideraciones se resolvió en dicha decisión administrativa lo siguiente: ( ) para esta Superintendencia de Seguros es claro que el Convenio de Servicios Funerarios es un contrato de seguro, no sólo porque su estructura formal encaja dentro de los atributos que informan el contrato de seguro, sino porque participa de la función técnicoeconómica del mismo, en lo referente a la mutualidad para la creación de un fondo común para soportar las pérdidas patrimoniales producidas en los afiliados y familiares a consecuencia de los gastos que ocasionan los actos de sepelio. ( ) esta Superintendencia de Seguros en ejercicio de la facultad que le otorga el parágrafo único del artículo 1 del Reglamento General de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, considera que existen fundados y suficientes elementos probatorios que hacen presumir que la empresa COBERTURA DE PREVISIÓN NACIONAL COPRENA, C.A. se encuentra ejerciendo actividades de empresas de seguros, específicamente en el seguro funerario bajo las modalidades comentadas anteriormente, a saber: mediante la asunción por parte de la compañía del daño patrimonial que ocasionan los gastos de entierro, a través de dos formas: a) la prestación del servicio funerario, a través de las empresas afiliadas a la Cámara de Previsión Familiar -obligación de hacer- y b) el reembolso de los gastos efectuados para los gastos de sepelio -obligación de dar-. Puede también ejecutarse el contrato mediante el pago de la suma asegurada en caso de fallecimiento de cualquiera de las personas señaladas en el Convenio. Todo ello a juicio de esta Superintendencia de Seguros en posible violación a lo previsto en el artículo 2 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros, pues todas la empresas que pretendan ejercer actividades de seguros deben estar autorizadas por este organismo, hecho que pudiera ser sancionado según el artículo 185, ejusdem. ( ) DECIDE ÚNICO: visto que la infracción del artículo 2 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros es sancionable con pena privativa de libertad o multa, a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 de la citada ley, remitirse el expediente administrativo del caso que se resuelve mediante la presente providencia al Ministerio Público de conformidad con lo previsto en el artículo 296 del Código Orgánico Procesal Penal (sic). 9314 Contra dicha decisión la recurrente ejerció recurso de reconsideración en fecha 14 de diciembre de 2000, el cual fue declarado sin lugar por la Superintendencia de Seguros mediante la Providencia Administrativa N del 3 de enero de En virtud de la anterior decisión, la accionante interpuso recurso jerárquico el 24 de enero de 2001, siendo decidido sin lugar por el MINISTRO DE FINANZAS, a través de la Resolución N 767 del 2 de julio de 2001, que indicó lo siguiente: Con respecto al alegato de que la Superintendencia de Seguros incurrió en Falso Supuesto al considerar que el contrato suscrito por la recurrente con CASEP es un contrato de seguro; en criterio de esta alzada es necesario precisar en primer término que es un contrato de seguro. El artículo 548 del Código de Comercio lo define como aquel por el cual una parte se obliga mediante una prima, a indemnizar las perdidas o perjuicios que puedan sobrevenir a la otra parte en casos determinados, fortuitos o de fuerza mayor, o bien a pagar una suma determinada de dinero según la duración o las eventualidades de la vida o de la libertad de una persona. Por su parte el artículo 549 ejusdem, establece que el seguro se perfecciona y prueba mediante un documento que bien puede ser público o privado, denominado póliza; de donde se infiere que la póliza es un documento entre el asegurador y el asegurado en el que se especifican pormenorizadamente sus derechos y obligaciones y la o las personas o cosas que en su eventualidad determinarán la percepción de la cantidad prevista en el contrato de seguro, contra el pago de las primas establecidas. En este orden de ideas tenemos que la prima, es la cantidad que en el contrato de seguro cobra el asegurado en compensación del riesgo que afronta. Se puede afirmar que estos elementos configuran y caracterizan el contrato de seguro. Del análisis del convenio suscrito entre la recurrente y CASEP, se evidencian sin lugar a dudas indicios de la presencia de estos elementos característicos y así tenemos, que la empresa Cobertura de Previsión Nacional, C.A., es la persona obligada; que la prima está dada por la cantidad que debe pagar el afiliado, la cual se determina en la cláusula octava del convenio, así como su forma de pago, expresada en las cláusulas novena y décima del mismo, suma que cobra la empresa recurrente a los asociados o afiliados en compensación del riesgo que afronta y que la póliza no es otra que el propio convenio, en el que la recurrente se compromete a amparar a todos los asociados y sus familiares ante la ocurrencia del hecho o siniestro; esto es, la obligación a cargo de la recurrente de asumir los gastos de entierro del asociado o de alguno de sus familiares cuando el hecho se produzca. El asociado afilado al pagar la cantidad convenida (prima) espera que al producirse el siniestro, la empresa Cobertura de Previsión Nacional, C.A.; le reembolse o indemnice el daño patrimonial causado por los gastos ocasionados por los servicios funerarios, entierro y puesto en el cementerio, de acuerdo al plan de previsión familiar escogido (sic). Contra la referida resolución, la empresa recurrente interpuso ante este Alto Tribunal, en fecha 16 de enero de 2002, recurso contencioso administrativo de nulidad. II FUNDAMENTOS DEL RECURSO Señaló el apoderado judicial de la sociedad mercantil COBERTURA DE PREVISIÓN NACIONAL COPRENA, C.A., como fundamento de su recurso lo siguiente: Que [los] asociados a CASEP, por razones de solidaridad, deseaban satisfacer sus necesidades de previsión en materia de gastos funerarios mediante una mutualidad y 9415 decidieron contratar los servicios de mi representada, una empresa de servicios funerarios o pompas fúnebres especializadas para la administración y prestación de esos servicios en óptimas condiciones de precio y calidad. Que su representada suscribió un único contrato con la caja de ahorros al cual se afiliaron los socios que desearon hacerlo. Para COBERTURA DE PREVISIÓN NACIONAL COPRENA, C.A. la administración del programa de previsión de CASEP, era en todo conforme con su objeto social: la venta de servicios funerarios y conexos. Que su representada no ha creado con su actividad económica un esquema de compensación y neutralización de los riesgos propio de la actividad aseguradora y que tampoco percibió, técnicamente hablando, una prima de las personas amparadas por la cobertura que les proporcionan la mutualidad de hecho a la cual pertenecen, sino que por el contrario, los pagos que efectúa CASEP por cuenta de sus afiliados representan el costo de sus servicios, calculado de común acuerdo por las partes, conforme resulta del contrato (sic). Que se infringieron los artículos 62 y 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, supuestamente al no haber resuelto la Administración todos los asuntos que se sometieron a su consideración. Que se incurrió en el vicio de inmotivación al no expresarse, como era debido, los hechos y los fundamentos legales del acto, infringiéndose de tal manera los art ículos 9 y 18 numeral 5 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Que Cuando el acto impugnado atribuye la naturaleza de contrato de seguros al contrato celebrado entre mi representada y la asociación civil Caja de Ahorros del Sector Empleados Públicos del MTC MARNR MINDUR INOS IMPARQUES FEA ICCLAM FUNDAINCENDIOS CNV HIDROVEN Y FILIALES (CASEP) ( omissis ) incurre en un error en la causa por falta de correspondencia con los hechos objeto del procedimiento, error que por ser esencial determina la nulidad del acto (sic). III ARGUMENTOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA La representación de la República mediante escrito consignado en fecha 11 de mayo de 2004, argumentó lo siguiente: Que la firma mercantil COBERTURA DE PREVISIÓN NACIONAL COPRENA, C.A. efectivamente presta servicios funerarios, los cuales son contratados a través de pólizas, es decir, el documento público o privado mediante el cual se perfecciona y prueba el seguro, tal como lo señalaba el artículo 549 del Código de Comercio, artículo 16 del vigente Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro (sic). 9516 96 Que ( ) el riesgo está constituido por la probabilidad de que ocurra la muerte del afiliado; en el supuesto de que se verifique la muerte de aquel, la firma mercantil COBERTURA DE PREVISIÓN NACIONAL COPRENA, C.A. queda obligada a prestar los servicios necesarios para el acto de sepelio o a entregar al afiliado la cantidad de CUATROCIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs ,00) cuando el servicio sea prestado por otra funeraria (sic). Que ( ) el seguro visto como una mutualidad se materializa en una asociación de hecho de personas, en una comunidad de riesgos y en la contribución a un fondo, a fin de permitir aminorar los efectos de los hechos inciertos, neutralizar la entidad de los riesgos realizados siniestros- y fraccionar o disminuir sus consecuencias. Que ( ) Dichos fondos, que tienen como propósito el resarcimiento o reparación de un daño o el cumplimiento de una prestación convenida si ocurre el siniestro, es preciso que no sean desviados del fin específico a que están destinados. De allí que el Estado, a través de la Superintendencia de Seguros, supervisa la actividad aseguradora en consideración a la protección que requiere la mutualidad de asegurados, todo ello con el objeto de que se garantice a los asegurados y beneficiarios el debido cumplimiento del asegurador de las obligaciones contraídas, que se concreta en el pago de la indemnización correspondiente mediante una adecuada y pronta liquidación. Que el monto de lo pagado resultaba insuficiente para cubrir el costo de los servicios de sepelio y que por consiguiente es evidente que debe acudirse al fondo común a fin de aminorar la pérdida patrimonial sobrevenida como consecuencia de la muerte del afiliado o de cualquiera de los miembros del grupo familiar inscrito, ello es muestra fehaciente de que la empresa COBERTURA DE PREVISIÓN NACIONAL COPRENA, C.A. se encuentra realizando operaciones de seguros en el sentido técnico-económico. Que el convenio de servicios funerarios realizado por la recurrente se encuentra investido de los atributos que deben reunir los contratos de seguros, a saber: nominado, mercantil, solemne, sinalagmático, oneroso, aleatorio, de buena fe, de tracto sucesivo, indemnizatorio, de adhesión y principal. Que de acuerdo con los recaudos que cursan en el expediente administrativo, la empresa recurrente realizaba una compensación de los riesgos en los términos expresados, y por consiguiente, se encontraba ejerciendo operaciones de seguros sin autorización para actuar como empresa de seguros. Finalmente señaló que la Administración no incurrió en el vicio de inmotivación, ya que se pueden constatar del acto recurrido los elementos técnico-económicos y jurídicos que lo fundamentan. IV CONSIDERACIONES PARA DECIDIR17 Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el caso de autos y en tal sentido se observa que la empresa recurrente alegó que el acto impugnado se encuentra afectado de nulidad por los vicios de inmotivación, falso supuesto y por la presunta infracción de los artículos 62 y 89 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Respecto a los argumentos sobre los vicios de inmotivación y falso supuesto que afectarían el acto recurrido, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha dejado sentado que invocar conjuntamente la ausencia de motivación y el error en la apreciación de los hechos o en la aplicación de los fundamentos de derecho -vicio en la causa- es, por lo general, contradictorio, pues ambos vicios se presentan, en principio, como recíprocamente excluyentes. Esta Sala ha resuelto esa dicotomía en decisiones diversas. En efecto, la sentencia N del 27 de julio de 2006, que reitera este criterio, determinó que: la inmotivación (tanto de los actos administrativos como de las sentencias) no sólo se produce cuando faltan de forma absoluta los fundamentos de éstos, sino que puede incluso verificarse en casos en los que habiéndose expresado las razones de lo dispuesto en el acto o decisión de que se trate, éstas, sin embargo, presentan determinadas características que inciden negativamente en el aspecto de la motivación, haciéndola incomprensible, confusa o discordante. Por ende, la circunstancia de alegar paralelamente los vicios de inmotivación y falso supuesto se traduce en una contradicción o incompatibilidad cuando lo argüido respecto a la motivación del acto es la omisión de las razones que lo fundamentan, pero no en aquellos supuestos en los que lo denunciado es una motivación contradictoria o ininteligible, pues en estos casos sí se indican los motivos de la decisión (aunque con los anotados rasgos), resultando posible entonces que a la vez se incurra en un error en la valoración de los hechos o el derecho expresados en ella (Resaltado del presente fallo). En el caso que nos ocupa la recurrente señaló en su recurso que en el acto impugnado se incurrió en el vicio de inmotivación al no expresarse, como era debido, los hechos y los fundamentos legales del acto, asimismo indicó que dicho acto adolece de falso supuesto; en tal sentido, atendiendo al criterio antes expuesto, al observarse que la accionante no alegó una motivación contradictoria (caso en el que sí procedería la revisión del vicio de inmotivación), sino que denunció que en el acto impugnado se incurrió tanto en el vicio de inmotivación por ausencia absoluta de sus fundamentos, como en el vicio de falso supuesto, los cuales resultan excluyentes entre sí, debe en consecuencia esta Sala declarar la improcedencia del vicio de inmotivación. Así se decide. En lo que respecta al vicio de falso supuesto, la jurisprudencia de este Alto Tribunal ha señalado en reiteradas oportunidades que tal vicio puede verificarse de dos maneras, a saber: cuando la Administración, al dictar un acto administrativo, fundamenta su decisión en hechos inexistentes, falsos o no relacionados con el o los asuntos objeto de decisión, en cuyo caso se incurre en el vicio de falso supuesto de hecho; y cuando los hechos que dan origen a la decisión administrativa existen, se corresponden con lo acontecido y son 9718 verdaderos, pero la Administración al dictar el acto los subsume erróneamente en una norma inaplicable al caso o en una inexistente en el universo normativo para fundamentar su decisión (lo cual incide decisivamente en la esfera de los derechos subjetivos de los administrados), se está en presencia de un falso supuesto de derecho que acarrearía la anulabilidad del acto (Vid. Sentencias de esta Sala Nº 330 del 26 de febrero de 2002, Nº del 11 de diciembre de 2003, Nº 423 del 11 de mayo de 2004 y Nº 6507 del 13 de diciembre de 2005). En el caso de autos se desprende que la empresa recurrente planteó la existencia del vicio de falso supuesto de hecho y de derecho en el acto impugnado, ya que al ordenar la remisión de las actuaciones administrativas al Ministerio Público por su presunta incursión en lo previsto en los artículos 2 y 185 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1995, tomó como fundamentos hechos falsos y le atribuyó una naturaleza jurídica distinta al contrato que había celebrado. En tal sentido señaló el apoderado judicial de la accionante que su representada no ha creado con su actividad económica un esquema de compensación y neutralización de los riesgos propio de la actividad aseguradora y que tampoco percibió, técnicamente hablando, una prima de las personas amparadas por la cobertura que les proporcionan la mutualidad de hecho a la cual pertenecen, sino que por el contrario, los pagos que efectúa CASEP por cuenta de sus afiliados representan el costo de sus servicios, calculado de común acuerdo por las partes, conforme resulta del contrato (sic). Asimismo indicó que Cuando el acto impugnado atribuye la naturaleza de contrato de seguros al contrato celebrado entre mi representada y la asociación civil Caja de Ahorros del Sector Empleados Públicos ( omissis ) incurre en un error en la causa por falta de correspondencia con los hechos objeto del procedimiento, error que por ser esencial determina la nulidad del acto. Respecto al falso supuesto de hecho denunciado, esta Sala a los fines de verificar si la empresa recurrente se encontraba realizando actividades de seguro a través del convenio suscrito, conforme lo estimó la Administración, debe precisar de conformidad con la normativa que regula la materia, qué se entiende por contrato de seguros. Al respecto el artículo 548 del Código de Comercio, aplicable ratione temporis, establece lo siguiente: Artículo El seguro es un contrato por el cual una parte se obliga, mediante una prima, a indemnizar las pérdidas o los perjuicios que puedan sobrevenir a la otra parte en casos determinados, fortuitos o de fuerza mayor; o bien a pagar una suma determinada de dinero, según la duración o las eventualidades de la vida o de la libertad de una persona. 9819 En este sentido cabe agregar que el Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro (publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N del 12 de noviembre de 2001) derogó, entre otros, al citado artículo 548 del Código de Comercio, y en su artículo 5 reprodujo la definición de contrato de seguro en los siguientes términos: Artículo 5º. El contrato de seguro es aquél en virtud del cual una empresa de seguros, a cambio de una prima, asume las consecuencias de riesgos ajenos, que no se produzcan por acontecimientos que dependan enteramente de la voluntad del beneficiario, comprometiéndose a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al tomador, el asegurado o al beneficiario, o a pagar un capital, una renta u otras prestaciones convenidas, todo subordinado a la ocurrencia de un evento denominado siniestro, cubierto por una póliza. Las disposiciones del contrato de seguro se aplicarán a los convenios mediante los cuales una persona se obliga a prestar un servicio o a pagar una cantidad de dinero en caso de que ocurra un acontecimiento futuro e incierto y que no dependa exclusivamente de la voluntad del beneficiario a cambio de una contraprestación, siempre que no exista una ley especial que los regule. De las definiciones legales citadas se puede inferir que existen tres (3) elementos que conforman la naturaleza del contrato de seguro, los cuales son: 1- la realización de una prestación contentiva de un pago denominado prima por una de las partes contratantes (el asegurado); 2- la existencia de una obligación condicionada para el co-contratante (el asegurador), conocida como indemnización, que comprende dentro de los límites pactados el posible resarcimiento de los daños sufridos o el pago de una cantidad de dinero por las eventualidades ocurridas a la vida de un sujeto; y 3- que el referido daño o eventualidad sea producto de un acontecimiento futuro e incierto, sucedido por causa fortuita o fuerza mayor, denominado siniestro. Constituyen características del contrato de seguro, conforme lo prevé actualmente el artículo 6 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro, los siguientes elementos: el carácter consensual, bilateral, oneroso, aleatorio, de buena fe y de ejecución sucesiva. Es consensual por cuanto se perfecciona con el consentimiento de las partes, las cuales declaran someterse a las condiciones establecidas en un documento denominado póliza cuya entrega es obligatoria para el asegurador (artículo 14 eiusdem), no obstante en el caso de autos debe aclararse que al momento de ser dictado el acto administrativo impugnado el artículo 549 del Código de Comercio, aplicable ratione temporis, le atribuía un carácter solemne al seguro por cuanto éste debía constar en un documento (público o privado) al que se le denomina póliza; bilateral, porque se establecen derechos y obligaciones recíprocas entre las partes contratantes, siendo algunas de ellas, la obligación del asegurado de pagar la prima y participar el siniestro (actuales artículos 20 y 39 eiusdem), y la del asegurador de entregar la póliza, asumir los riesgos y en consecuencia, cumplir con el pago 9920 de la prestación convenida de acuerdo al tipo de seguro contratado en caso de que ocurra el siniestro, es decir, de indemnizar (actuales artículos 21, 30 y 31 eiusdem). Es oneroso, debido a que cada parte contratante se procura una ventaja mediante un equivalente, que consiste en la asunción del riesgo y la posible indemnización por el asegurador, a cambio del pago de la prima por el asegurado; aleatorio, por cuanto la prestación del asegurador de indemnizar depende de un hecho casual (siniestro); de buena fe, porque se ajusta a la verdad de las declaraciones dadas por las partes; y de ejecución sucesiva, ya que se mantiene, durante el tiempo pactado, el cumplimiento de las obligaciones contraídas (pago de la prima - asunción del riesgo y en consecuencia el posible pago de la indemnización). Asimismo, la doctrina agrega otras características del contrato de seguro: el carácter mercantil, principal, indemnizatorio y de adhesión. Es mercantil, por cuanto así lo dispone el ordinal 12 del artículo 2 del Código de Comercio y el actual artículo 3 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro; principal, ya que existe por sí mismo con la sola fuerza que se deriva del acuerdo de voluntades, subsistiendo sin dependencia o accesoriedad con otro; indemnizatorio, por cuanto en el caso de los seguros de daños patrimoniales está dirigido al resarcimiento de la pérdida sufrida; y de adhesión, en el sentido de que generalmente una de las partes (el asegurador) es el que fija anticipadamente las condiciones por las cuales ha de regirse el contrato de seguro (no obstante dichos contratos están sujetos a la previa autorización por parte del Estado a través de la Superintendencia de Seguros, conforme lo establecen los artículos 50, 66 y 67 de la Ley de Empresas de Seguros y Reaseguros de 1995 y el actual artículo 9 del Decreto con Fuerza de Ley del Contrato de Seguro de 2001), quedando al tomador del seguro sólo la alternativa de aceptar o rechazar el contrato. En este orden de ideas, la doctrina nacional ha dicho sobre el punto tratado lo siguiente: 100 La institución del seguro descansa en el mecanismo de la transferencia de los riesgos a los cuales están expuestas las cosas y las personas a una entidad profesional que se ocupa de asumirlos, sobre bases científicas y técnicas; y de indemnizar los daños a aquel que teniendo interés en evitar el siniestro pague una prima por la transferencia (Alfredo Morles Hernández, Curso de Derecho Mercantil, tomo IV, páginas 2386 y 2387, 2 edición, Caracas 2005). Igualmente el referido autor indicó: Desde el punto de vista técnico, el seguro se basa en el concepto de la mutualidad, es decir, en la organización de un conjunto de personas que acuerdan compartir entre sí, solidariamente y de modo proporcional, el resultado o las consecuencias de un hecho dañoso, caso en el cual se socorren mutuamente. El asegurador procede con los asegurados en la misma forma, le cobra una cantidad de dinero a cada uno (prima) por pertenecer a la mutualidad, cantidad que es matemáticamente fijada conforme a un cálculo de probabilidades y en base a una experiencia estadística sobre la frecuencia con la cual ocurren los hechos asegurados, de modo que el fondo común alcanza para atender los siniestros ocurridos en el período cubierto por la prima y sobra dinero. Periódicamente se repiten los pagos y se reanuda o continúa el funcionamiento del sistema, con los mismos miembros o con nuevos participantes. Mostrar más
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