Source: https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24158
Timestamp: 2020-06-04 02:45:01
Document Index: 155512324

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 27', 'Artículo 36', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 139', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 149', 'Artículo 125', 'Artículo 131', 'Artículo 172', 'Artículo 172', 'Artículo 172', 'Artículo 172', 'Artículo 1', 'Artículo 1', 'Artículo 2', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 6', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 7', 'Artículo 7']

Sistema HJ - Resolución: SENTENCIA 170/2014
SENTENCIA 170/2014, de 23 de octubre
ECLI:ES:TC:2014:170
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 866-2007, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los artículos 2.2 (y, por conexión, los artículos 4.1 en su inciso “de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2”, 5.1 en su inciso “conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia”, y 6.4 en su inciso “por los Ministerios responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos en el artículo 2.2”), 2.3, 7.2, 3 y 5, la disposición adicional segunda y la disposición final segunda, en relación con los artículos 4.3 y 7.7, de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 31 de enero de 2007, la Abogada de la Generalitat de Cataluña, en representación de su Gobierno, promueve recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 2.2 (y, por conexión, los artículos 4.1 en su inciso “de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2”, 5.1 en su inciso “conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia”, y 6.4 en su inciso “por los Ministerios responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos en el artículo 2.2”), 2.3, 7.2, 3 y 5, la disposición adicional segunda y la disposición final segunda, en relación con los artículos 4.3 y 7.7, de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales (en lo sucesivo, Ley 34/2006).
e) El artículo 2.2 y, por conexión, el artículo 4.1 en su inciso “de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2”, el artículo 5.1 en su inciso “conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia”, y el artículo 6.4 en su inciso “por los ministerios responsables de la acreditación de los cursos de formación en los términos previstos en el artículo 2.2”, vulneran la competencia de la Generalitat prevista en el art. 172.2 f) EAC, concretamente la competencia compartida (que incluye la ejecución, art. 111 EAC) sobre la evaluación y la garantía de la calidad de las enseñanzas universitarias, que se consigue a través de la certificación y la acreditación, como prevé el artículo 31 de la Ley Orgánica 6/2001, de universidades (LOU).
h) La disposición adicional segunda prevé el establecimiento de ayudas y becas para la obtención de las titulaciones de abogado y procurador, expresando una remisión íntegra al “sistema nacional de becas” sin prever ni la territorialización de las dotaciones presupuestarias estatales ni reconocer a las Comunidades Autónomas un margen de su regulación, así como su gestión y concesión en la respectiva Comunidad Autónoma.
2. Mediante providencia de 13 de febrero de 2007, la Sección Tercera acordó admitir a trámite el recurso y, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de quince días. Se ordenó asimismo publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
b) Se comparte el criterio de la demanda en cuanto a la relevancia para la resolución de este proceso del título competencial previsto en el art. 149.1.30 CE, en el inciso en que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la “regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales”. En concreto, la Ley impugnada regula las condiciones de obtención, expedición y homologación de dos títulos profesionales: el de abogado y el de procurador de los tribunales. No estamos, por tanto, ante el ejercicio de competencia alguna sobre titulaciones académicas, sino ante la creación y regulación de dos títulos profesionales, como señalan tanto la exposición de motivos como el artículo 1 de la Ley.
c) No sobra, como afirma la demanda, la invocación de otros títulos competenciales. En cuanto al título competencial del art. 149.1.6 CE —“legislación procesal”—, no cabe duda de su relevancia, dado que abogados y procuradores son actores esenciales del proceso. La Ley 34/2006, al regular el acceso a las profesiones, está estableciendo los requisitos para que válidamente puedan realizar actos procesales (artículo 1.2 y 3) incidiendo en la efectiva realización del requisito procesal de la postulación en su doble vertiente, defensa técnica y representación (STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ 42).
d) La atribución competencial del art. 125.4 a) EAC no puede desvincularse de la cláusula limitativa general que en el mismo precepto, en materia de profesiones tituladas, obliga a que la competencia autonómica respete “las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales”. Esta expresión solo puede entenderse en el sentido de incorporar al Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 la doctrina constitucional sobre el contenido de la competencia estatal derivada del art. 149.1.30 CE. Así, el respeto a las normas generales sobre titulaciones profesionales solo puede significar que al Estado le sigue correspondiendo la definición de las profesiones tituladas, el establecimiento de las condiciones de obtención del título y, en su caso, la expedición u homologación del mismo.
f) El artículo 2.2 y, por conexión, el artículo 4.1 en su inciso “de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2”, el artículo 5.1 en su inciso “conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia”, y el artículo 6.4 en su inciso “por los ministerios responsables de la acreditación de los cursos de formación en los términos previstos en el artículo 2.2”, se impugnan por someter la formación especializada, necesaria para acceder a la evaluación conducente a la obtención del título profesional, a la acreditación conjunta de los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia.
j) Sobre la impugnación de la disposición final segunda en relación con el artículo 4.3, éste no se refiere al régimen del profesorado docente cuando remite al reglamento la determinación de la “titulación y cualificación del profesorado, de modo que quede garantizada la presencia de la mitad, al menos, de profesionales colegiados ejercientes”. El objetivo del precepto no es regular el régimen de los docentes, al que no alude siquiera tangencialmente, sino garantizar que en la formación previa exigida como requisito habilitante para el ejercicio de la profesión haya un mínimo de profesionales ejercientes que asegure la necesaria dimensión práctica. Como el resto de la Ley, su finalidad es garantizar la existencia de una habilitación nacional o estatal homogénea para el acceso a las profesiones, para lo que, de acuerdo con los títulos estatales invocados, el Estado dispone de la plenitud de las facultades normativas y potestades ejecutivas.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra los arts. 2.2 (y, por conexión, los arts. 4.1 en el inciso “de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2”, 5.1, en el inciso “conjuntamente por los Ministerios de Justicia y de Educación y Ciencia”, y 6.4, en el inciso “por los Ministerios responsables de la acreditación de los cursos de formación, en los términos previstos en el artículo 2.2”), 2.3, 7.2, 3 y 5, la disposición adicional segunda y la disposición final segunda, en relación con los arts. 4.3 y 7.7, de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales.
En la STC 42/1981, de 22 de diciembre, FJ 3, se declara que, en virtud de lo establecido en el art. 149.1.30 CE, es competencia exclusiva del Estado establecer “los títulos correspondientes a cada nivel y ciclo educativo, en sus distintas modalidades, con valor habilitante tanto desde el punto de vista académico como para el ejercicio de profesiones tituladas, es decir, de aquellas cuyo ejercicio exige un título (ad. ex., Graduado Escolar, Bachiller, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico en la especialidad correspondiente, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Doctor); así como comprende también la competencia para expedir los títulos correspondientes y para homologar los que no sean expedidos por el Estado”. Esta doctrina resulta aplicable al supuesto que ahora se analiza en el que el título es un título profesional en sentido propio, pues el art. 149.1.30 CE, en el inciso primero, se refiere tanto a títulos académicos como a los profesionales, y en ambos casos reserva al Estado toda la función normativa. No tiene ninguna incidencia en la doctrina constitucional establecida en relación con el primer inciso del art. 149.1.30 CE que el título académico conlleve en sí mismo una habilitación para ejercer una determina profesión o que para el ejercicio de una profesión titulada se precise, además de un título académico, un título profesional que habilite para su ejercicio, como ocurre con el supuesto ahora enjuiciado.
b) La observación anterior abre el camino a la segunda cuestión que debemos analizar, consistente en determinar si el art. 149.1.1 CE incide en la distribución de competencias en esta materia. De acuerdo con la doctrina constitucional (entre otras muchas, STC 111/2012, de 24 de mayo), cuando existe un título específico que atribuye al Estado competencias sobre una determinada materia “hace pasar a un segundo plano ... el alcance de la cláusula general del art. 149.1.1 CE (STC 137/1986, de 6 de noviembre, FJ 3), que se proyecta de un modo genérico sobre todos los derechos fundamentales (STC 188/2001, de 20 de septiembre, FJ 6).” (FJ 5). En este caso, como el Estado tiene competencias exclusivas sobre la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales en virtud de lo previsto en el art. 149.1.30, en principio ha de prevalecer esta regla específica sobre la general que se deriva del art. 149.1.1 CE. Pero una vez más, teniendo en cuenta la especificidad con la que se concibe en la Constitución la asignación de competencias en materia de obtención, expedición y homologación de títulos profesionales, tampoco puede atribuirse carácter absoluto a esta consideración, y así, en la STC 201/2013, de 5 de diciembre, FJ 4, se declara que “en la competencia reservada al Estado en virtud del art. 149.1.30 CE subyace el principio de igualdad de todos los españoles en cualquier parte del territorio español (art. 139.1.CE), que es un principio estrechamente vinculado a esta atribución competencial (STC 122/1989, FJ 5); es decir, se trata de una competencia directamente vinculada a las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos en cualquier parte del territorio español y ligada asimismo a la garantía de libertad de circulación y establecimiento de los profesionales y a la libre prestación de los servicios (arts. 139 y 149.1.1 CE).”
c) En tercer lugar, debe examinarse si resultan afectados los ámbitos materiales delimitados por los arts. 149.1.5 y 149.1.18 CE —ambos invocados por el Abogado del Estado y el último de ellos citado por la disposición final primera de la Ley 34/2006 como fundamento de la competencia estatal para dictarla—. La circunstancia de que la Ley exija la obtención del título de abogado para la asistencia letrada en los procesos judiciales (art. 1.2) o la del procurador para poder representar a las partes en los procesos judiciales (art. 1.3) y establezca, además, que la obtención de estos títulos profesionales es imprescindible para la colegiación en los correspondientes colegios profesionales (art. 1.4), no determina que la norma que crea estos títulos y los regula esté incidiendo en la materia “legislación procesal” (art. 149.1.6 CE) ni en la de “Administración de Justicia” (art. 149.1.5 CE). La STC 56/1990, de 29 de marzo, FJ 43, refiriéndose a la colegiación obligatoria de abogados y procuradores, afirma que esta exigencia “tiene una clara dimensión procesal, presentándose como uno de los requisitos formales de los actos realizados por las partes en el proceso”. Sin embargo, según la Sentencia citada, esta dimensión procesal resulta irrelevante cuando lo que se está analizando es la forma en que haya de llevarse a cabo la colegiación o, como sucede en el presente caso, el modo en que se regula el título profesional que habilita para ejercer estas profesiones, que deberá regirse por las normas específicas que atribuyen competencias sobre esta materia, esto es, el art. 149.1.30 CE.
d) En cuarto lugar, ha de analizarse si el art. 36 CE incide en la distribución constitucional de competencias en esta materia. Esta cuestión aparece resuelta por la STC 20/1988, de 18 de febrero, cuando declara que “el art. 36 de la Constitución no puede ser entendido como norma atributiva de competencia legislativa al Estado”. El art. 36 CE al disponer que “[l]a ley regulará las peculiaridades propias de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas” lo único que está estableciendo, como declara la STC 194/1998, de 1 de octubre, FJ 5, es que es el legislador el que debe determinar “qué profesiones quedan fuera del principio general de libertad, valorando cuáles de esas profesiones requieren, por atender a los fines mencionados, la incorporación a un Colegio Profesional, así como, en su caso, la importancia que al respecto haya de otorgar a la exigencia de una previa titulación para el ejercicio profesional” (FJ 5). Esto no empece a lo declarado en la STC 201/2013, FJ 4, según la cual la competencia autonómica en materia de profesiones tituladas está “estatutariamente subordinada a las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales que se reservan al legislador estatal en los arts. 36 y 149.1.30 CE”.
a) El art. 125.4 EAC atribuye competencias a la Generalitat de Cataluña en materia de profesiones tituladas. Según lo dispuesto en este precepto “[c]orresponde a la Generalitat, respetando las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales y lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución, la competencia exclusiva sobre el ejercicio de las profesiones tituladas, que incluye en todo caso: a) La determinación de los requisitos y las condiciones de ejercicio de las profesiones tituladas así como de los derechos y las obligaciones de los profesionales titulados y del régimen de incompatibilidades; b) La regulación de las garantías administrativas ante el intrusismo y las actuaciones irregulares, así como la regulación de las prestaciones profesionales de carácter obligatorio; c) El régimen disciplinario del ejercicio de las profesiones tituladas”.
En relación con las competencias que el citado art. 125.4 atribuye a la Generalitat de Cataluña la STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 71 declara que “[l]as potestades concretas que el precepto asigna a la competencia autonómica respecto de las profesiones tituladas (aquellas cuyo ejercicio se condiciona a la posesión del correspondiente título académico o profesional) se sujetan a las competencias básicas que ex art. 149.1.30 CE disciplinen cada título académico, y a las competencias que en relación con titulaciones profesionales de otro tipo pudiera ostentar el Estado ratione materiae, pues el precepto impugnado somete expresamente la competencia autonómica a ‘las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales’.” Y más específicamente la STC 201/2013, de 5 de diciembre, FJ 4, declara que en materia de profesiones tituladas “la competencia autonómica se contrae al ‘ejercicio’ de las mismas y está, además, estatutariamente subordinada a las normas generales sobre titulaciones académicas y profesionales, que se reservan al legislador estatal en los arts. 36 y 149.1.30 CE”.
a) Dispone el art. 2.2 que “[l]a formación especializada necesaria para poder acceder a las evaluaciones conducentes a la obtención de estos títulos es una formación reglada y de carácter oficial que se adquirirá a través de la realización de cursos de formación acreditados conjuntamente por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Educación y Ciencia a través del procedimiento que reglamentariamente se establezca”.
b) Superada la formación especializada, la siguiente etapa es la evaluación de la aptitud profesional, regulada en el art. 7, cuyo apartado 1 dispone que “tiene por objeto acreditar, de modo objetivo, formación práctica suficiente para el ejercicio de la profesión de abogado o de la profesión de procurador, así como el conocimiento de las respectivas normas deontológicas y profesionales”. La impugnación se dirige contra los apartados 2, 3 y 5 de este artículo, que regulan respectivamente la convocatoria, órganos y contenido de la evaluación. La Generalitat de Cataluña considera que estos preceptos en la medida que determinan la composición de las comisiones y atribuyen a órganos estatales la participación en las mismas ejerciendo funciones de mera ejecución administrativa exceden de las competencias autonómicas.
1º Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad núm. 866-2007 interpuesto contra la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad del art. 2.3, con los efectos previstos en el fundamento jurídico 10 de esta resolución.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos, al que se adhieren los Magistrados doña Adela Asua Batarrita, don Luis Ignacio Ortega Álvarez, doña Encarnación Roca Trías y don Fernando Valdés Dal-Ré, a la Sentencia dictada en el recurso de inconstitucionalidad núm. 866-2007.
2. El art. 149.1.1 CE establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre “la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. La jurisprudencia constitucional que se ha ido consolidando en relación con este precepto está presidida, en lo que resulta de interés para este recurso, por las siguientes notas:
Tipo y número de registro Recurso de inconstitucionalidad 866-2007
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.
Se enjuicia la constitucionalidad de determinados preceptos de la Ley sobre acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales, por los que se reservan competencias ejecutivas, al Estado sobre obtención, expedición y homologación de los títulos profesionales para ejercer dichas profesiones.
Se estima parcialmente el recurso. La Sentencia declara inconstitucional el precepto que atribuye a un Ministerio la expedición de los títulos profesionales de abogado y procurador en aquellas Comunidades Autónomas con competencia en la materia. Se trata de un acto formal y reglado que concluye el proceso de capacitación y evaluación de la aptitud profesional, cuya ejecución por las Comunidades Autónomas no afecta a la igualdad en el ejercicio de los derechos en todo el territorio nacional.
Se desestima el recurso en todo lo demás. En primer lugar, se reputa constitucional la atribución a los Ministerios de Justicia y Educación y Ciencia de la acreditación de los cursos de capacitación conducentes a la obtención de los títulos profesionales. Dicha facultad ejecutiva corresponde al Estado como titular exclusivo de la competencia para regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales, y responde a la finalidad de garantizar la adecuación de los cursos de capacitación a las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos en todo el territorio español. En segundo lugar, se estiman constitucionales los preceptos que regulan las condiciones sobre la convocatoria, órganos y contenido de la evaluación de la aptitud profesional. El Estado está legitimado para fijar un contenido único en la evaluación para todo el territorio español, de conformidad con su competencia exclusiva para regular en materia de títulos académicos y profesionales. Dicha medida queda justificada, pues la evaluación es requisito esencial para la colegiación y permitirá ejercer la profesión en todo el territorio nacional al amparo del principio de colegiación única. Asimismo, el contenido único de la evaluación justifica la necesidad de que la convocatoria estatal y la celebración de las pruebas, se realicen de forma simultánea en todo el territorio nacional. Respecto de la facultad para fijar los criterios de composición de las comisiones evaluadoras, en aplicación de la doctrina sentada en las SSTC 31/2010, de 28 de julio, y 201/2013, de 5 de diciembre, se estima constitucional su atribución al Estado como parte de su competencia reguladora exclusiva materia de títulos profesionales, no teniendo cabida en las competencias de autoorganización de la Comunidad Autónoma. Además, la inclusión de representantes estatales en las comisiones evaluadoras no coarta las competencias de gestión autonómicas, sino que constituye un mecanismo de coordinación y cooperación en unas pruebas que ostentan validez y alcance nacional, garantizando su homogeneidad. En cuanto a los preceptos que prevén el establecimiento de ayudas y becas por el Gobierno, y la remisión a posterior desarrollo reglamentario en la selección del profesorado de los cursos de formación, la Sentencia desestima dichas impugnaciones dado el carácter preventivo de las mismas. Por último, no se aprecia lesión de la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada (art. 27.2 CE), dado que los títulos profesionales de abogado y procurador de los Tribunales no tienen naturaleza de títulos académicos.
Es inconstitucional el precepto impugnado que atribuye la expedición de los títulos profesionales de abogado y procurador al Ministerio de Educación y Ciencia por vulnerar el art. 131.4 EAC, al no apreciarse que la competencia ejecutiva autonómica afecte a la igualdad en el ejercicio de los derechos en todo el territorio español ni circunstancias excepcionales que justifiquen tal atribución, pues la expedición es un acto meramente formal y reglado que culmina el proceso de capacitación y evaluación de la aptitud profesional [FJ 6 c)].
La competencia ejecutiva en que consiste la labor de acreditación de los cursos de capacitación para ejercer la profesión de abogado o procurador corresponde al Estado, en el ámbito de la competencia exclusiva reservada al mismo por el primer inciso del art. 149.1.30 CE, máxime si se tiene en cuenta que la homologación de los títulos que el Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Generalitat no se corresponde con la actividad de acreditación de los cursos mediante los que se persigue habilitar la obtención de una de las condiciones necesarias para dicha homologación [FJ 6 a)].
La acreditación de los cursos que integran la formación reglada de carácter oficial necesaria para la expedición de los títulos profesionales de abogado y procurador constituye una medida que conlleva la potestad de garantizar que los niveles de exigencia incorporados a los expresados cursos se adecuan a las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos en todo el territorio español [FJ 6 a)].
No parece existir inconveniente alguno a la participación de representantes del Estado en las comisiones evaluadoras para el acceso a la abogacía y a la procura, dado que la composición de dichas comisiones no forma parte de las competencias de autoorganización que corresponden a la Comunidad Autónoma, ni restringe las competencias autonómicas de gestión en esta materia, y no pasa de ser un mecanismo de coordinación y cooperación en relación con unas pruebas que tienen una validez y un alcance nacional (STC 31/2010) [FJ 6 b)].
El contenido único para todo el territorio español de la evaluación para el acceso a la abogacía y la procura en cada convocatoria es una opción que puede legítimamente adoptar el Estado en el ámbito de la competencia exclusiva reservada al Estado por el primer inciso del art. 149.1.30 CE, opción que se justifica en que el proceso de evaluación surte los mismos efectos en cualquier parte del territorio nacional [FJ 6 b)].
Doctrina sobre el régimen constitucional de distribución de competencias en materia de títulos profesionales (SSTC 42/1981, 214/2012) [FFJJ 4, 5].
El alcance del fallo en lo relativo a la tacha de inconstitucionalidad apreciada en este caso no puede llevar aparejada la declaración de nulidad, habida cuenta de que no todas las Comunidades Autónomas han asumido la competencia ejecutiva de expedición de títulos profesionales [FJ 10].
Ley 34/2006, de 30 de octubre. Acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales
Artículo 2.3 (declara inconstitucional)
Artículo 27.10, ff. 1, 9
Artículo 36, ff. 3 a 5
Artículo 138.2, VP
Artículo 139, ff. 4 a 6, VP
Artículo 139.1, ff. 4, 6, VP
Artículo 149.1.1, ff. 1, 3, 4, 6, VP
Artículo 149.1.16, VP
Artículo 149.1.18, ff. 1, 3, 4, VP
Artículo 149.1.30, ff. 1, 4 a 6, VP
Artículo 125.4, ff. 1, 5
Artículo 131.4, ff. 5, 6, VP
Artículo 172, ff. 1, 5, VP
Artículo 172.1, f. 5
Artículo 172.2, f. 5
Artículo 172.3, f. 5
En general, ff. 2, 4 a 6, 9
Artículo 1.3, ff. 3, 4
Artículo 1.4, ff. 3, 4, 6
Artículo 2.2, ff. 1, 6, VP
Artículo 2.3, ff. 1, 2, 6
Artículo 4.1, ff. 1, 6, 9, VP
Artículo 4.3, ff. 1, 8
Artículo 5.1, ff. 1, 6, VP
Artículo 6.4, ff. 1, 6, VP
Artículo 7.2, ff. 1, 6, 9
Artículo 7.3, ff. 1, 6, 9
Artículo 7.5, ff. 1, 6, 9
Artículo 7.7, ff. 1, 8, 9
Disposición final primera, ff. 3, 4
Real Decreto 775/2011, de 3 de junio. Aprueba el reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los Tribunales
Competencias autonómicas de ejecuciónCompetencias autonómicas de ejecución, ff. 4 a), 5, 6
Competencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdadCompetencias en materia de regulación de condiciones básicas de igualdad, ff. 4 a), b), 6 a), b), c), VP
Competencias en materia de títulos académicos y profesionalesCompetencias en materia de títulos académicos y profesionales, ff. 4 a), 5, 6, VP
Competencias estatutariasCompetencias estatutarias, ff. 5, 6 c)
Inconstitucionalidad sin nulidadInconstitucionalidad sin nulidad, f. 10
Libertad de circulaciónLibertad de circulación, ff. 4 b), 6 a), b)
Potestades ejecutivasPotestades ejecutivas, ff. 4 a), 6, VP
Prevalencia del título específico sobre el genéricoPrevalencia del título específico sobre el genérico, f. 4 b)
Colegiación obligatoriaColegiación obligatoria, f. 6 a)
Colegios profesionalesColegios profesionales, f. 4 d)
Expedición de títulos profesionalesExpedición de títulos profesionales, ff. 5 b), 6
Habilitación para el ejercicio de la profesiónHabilitación para el ejercicio de la profesión, ff. 5 a), 6 a), b)
Profesiones tituladasProfesiones tituladas, ff. 5 a), 6
Títulos académicosTítulos académicos, ff. 4 a), 5 b), 9
Títulos oficialesTítulos oficiales, f. 6 a), b)
Títulos profesionalesTítulos profesionales, ff. 4 a), 5 b), 6 a), b), 9, VP
AbogadosAbogados, ff. 1 a 7, 9
Procuradores de los tribunalesProcuradores de los tribunales, ff. 1 a 7, 9