Source: http://amparo-garantias-y-derechos-humanos.coedi.edu.mx/2011/12/retira-mexico-la-declaracion.html
Timestamp: 2017-05-29 01:59:05
Document Index: 254862556

Matched Legal Cases: ['Artículo 89', 'artículo 1', 'artículo 12', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 4', 'artículo 4', 'artículo 45', 'artículo 47', 'artículo 2', 'artículo 35', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 15']

AMPARO-GARANTIAS-Y-DERECHOS-HUMANOS: Retira México la declaración interpretativa que había formulado al ratificar la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
Retira México la declaración interpretativa que había formulado al ratificar la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
En el Diario Oficial de la Federación de 8 de diciembre de 2011 aparece publicado el decreto siguiente:
"DECRETO por el que se aprueba el retiro de la Declaración Interpretativa a favor de las Personas con Discapacidad, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de 2006.
"ÚNICO.- Se aprueba el retiro de la Declaración Interpretativa a favor de las Personas con Discapacidad, formulada por el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos al depositar su instrumento de ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo, adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas el trece de diciembre de 2006".
México, D. F., a 26 de octubre de 2011.- Sen. José González Morfín, Presidente.- Sen. Arturo Herviz Reyes, Secretario.- Rúbricas."
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a siete de diciembre de dos mil once.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero.- Rúbrica."
La declaración interpretativa que ahora se retira establecía lo siguiente (Diario Oficial de la Federación de 24 de octubre de 2007):
INTERPRETATIVA A FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Estados Unidos Mexicanos formulan la siguiente declaración interpretativa, al
ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad:
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1o.,
establece que: '(...) Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social,
las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el
objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas'.
ratificar esta Convención los Estados Unidos Mexicanos refrendan su compromiso
a favor de la promoción y protección de los derechos de los mexicanos que
sufran alguna discapacidad, tanto aquellos que se encuentren en territorio
nacional como en el extranjero.
Estado Mexicano reitera su firme compromiso de generar condiciones que permitan
a toda persona, a desarrollarse de modo integral, así como ejercer sus derechos
y libertades plenamente y sin discriminación.
Consecuentemente, con la absoluta determinación de
proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, los
Estados Unidos Mexicanos interpretan el párrafo 2 del artículo 12 de la
Convención, en el sentido de que en caso de conflicto entre dicho párrafo y la
legislación nacional habrá de aplicarse -en estricto apego al principio pro
homine- la norma que confiera mayor protección legal, salvaguarde la dignidad y
asegure la integridad física, psicológica, emocional y patrimonial de las
El texto completo de la convención y su protocolo facultativo, ratificados por nuestro país, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de mayo de 2008 y es como sigue:
"CONVENCIÓN
Estados Partes en la presente Convención,
Recordando los principios de la Carta de las Naciones Unidas que proclaman que
de la dignidad y el valor inherentes y de los derechos iguales e inalienables
Reconociendo que las Naciones Unidas, en la Declaración Universal de Derechos
Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, han reconocido y
proclamado que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos
instrumentos, sin distinción de ninguna índole,
Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad
de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin
Recordando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la
Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de
la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la
actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás,
Reconociendo la importancia que revisten los principios y las directrices de
política que figuran en el Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en
las Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con
Discapacidad como factor en la promoción, la formulación y la evaluación de
normas, planes, programas y medidas a nivel nacional, regional e internacional
destinados a dar una mayor igualdad de oportunidades a las personas con
Destacando la importancia de incorporar las cuestiones relativas a la
discapacidad como parte integrante de las estrategias pertinentes de desarrollo
Reconociendo también que la discriminación contra cualquier persona por razón
de su discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y el valor
Reconociendo la necesidad de promover y proteger los derechos humanos de todas
las personas con discapacidad, incluidas aquellas que necesitan un apoyo más
Observando con preocupación que, pese a estos diversos instrumentos y
actividades, las personas con discapacidad siguen encontrando barreras para
participar en igualdad de condiciones con las demás en la vida social y que se
siguen vulnerando sus derechos humanos en todas las partes del mundo,
Reconociendo la importancia de la cooperación internacional para mejorar las
condiciones de vida de las personas con discapacidad en todos los países, en
particular en los países en desarrollo,
Reconociendo el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las
personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus
comunidades, y que la promoción del pleno goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales por las personas con discapacidad y de su plena
Reconociendo la importancia que para las personas con discapacidad reviste su
autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias
Considerando que las personas con discapacidad deben tener la oportunidad de
participar activamente en los procesos de adopción de decisiones sobre
políticas y programas, incluidos los que les afectan directamente,
Preocupados por la difícil situación en que se encuentran las personas con
discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de
cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio,
Reconociendo que las mujeres y las niñas con discapacidad suelen estar
expuestas a un riesgo mayor, dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o
abuso, abandono o trato negligente, malos tratos o explotación,
Reconociendo también que los niños y las niñas con discapacidad deben gozar
plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales en
igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y recordando las
obligaciones que a este respecto asumieron los Estados Partes en la Convención
sobre los Derechos del Niño,
Subrayando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en todas las
actividades destinadas a promover el pleno goce de los derechos humanos y las
libertades fundamentales por las personas con discapacidad,
Destacando el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad viven en
condiciones de pobreza y reconociendo, a este respecto, la necesidad
fundamental de mitigar los efectos negativos de la pobreza en las personas con
Teniendo presente que, para lograr la plena protección de las personas con
discapacidad, en particular durante los conflictos armados y la ocupación
extranjera, es indispensable que se den condiciones de paz y seguridad basadas
en el pleno respeto de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones
Reconociendo la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social,
económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las
comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente
de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales,
Conscientes de que las personas, que tienen obligaciones respecto a otras
personas y a la comunidad a la que pertenecen, tienen la responsabilidad de
procurar, por todos los medios, que se promuevan y respeten los derechos
Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de
la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que
las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la
asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las
personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de
Convencidos de que una convención internacional amplia e integral para promover
y proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad
contribuirá significativamente a paliar la profunda desventaja social de las
personas con discapacidad y promoverá su participación, con igualdad de
oportunidades, en los ámbitos civil, político, económico, social y cultural,
tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados,
propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce
su dignidad inherente.
personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con
diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
los fines de la presente Convención:
“comunicación” incluirá los lenguajes, la visualización de textos, el Braille,
la comunicación táctil, los macrotipos, los dispositivos multimedia de fácil
acceso, así como el lenguaje escrito, los sistemas auditivos, el lenguaje
“lenguaje” se entenderá tanto el lenguaje oral como la lengua de señas y otras
formas de comunicación no verbal;
“discriminación por motivos de discapacidad” se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio,
en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la
“ajustes razonables” se entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias
y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con
discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de
todos los derechos humanos y libertades fundamentales;
“diseño universal” se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y
servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible,
sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El “diseño universal” no
excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con
discapacidad, cuando se necesiten.
principios de la presente Convención serán:
El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas;
El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad
como parte de la diversidad y la condición humanas;
El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con
Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con
discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. A tal fin,
Adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que
sean pertinentes para hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente
Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para
modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que
Tener en cuenta, en todas las políticas y todos los programas, la protección y
promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad;
Abstenerse de actos o prácticas que sean incompatibles con la presente
Convención y velar por que las autoridades e instituciones públicas actúen
conforme a lo dispuesto en ella;
Tomar todas las medidas pertinentes para que ninguna persona, organización o
empresa privada discrimine por motivos de discapacidad;
Emprender o promover la investigación y el desarrollo de bienes, servicios,
equipo e instalaciones de diseño universal, con arreglo a la definición del
artículo 2 de la presente Convención, que requieran la menor adaptación posible
y el menor costo para satisfacer las necesidades específicas de las personas
con discapacidad, promover su disponibilidad y uso, y promover el diseño
universal en la elaboración de normas y directrices;
Emprender o promover la investigación y el desarrollo, y promover la
Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad sobre
ayudas a la movilidad, dispositivos técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas
nuevas tecnologías, así como otras formas de asistencia y servicios e
instalaciones de apoyo;
Promover la formación de los profesionales y el personal que trabajan con personas
con discapacidad respecto de los derechos reconocidos en la presente
Convención, a fin de prestar mejor la asistencia y los servicios garantizados
Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes
se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y,
cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr,
de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de
las obligaciones previstas en la presente Convención que sean aplicables de
inmediato en virtud del derecho internacional.
En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva
la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre
cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes
celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con
discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las
organizaciones que las representan.
puedan facilitar, en mayor medida, el ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad y que puedan figurar en la legislación de un Estado Parte o en
el derecho internacional en vigor en dicho Estado. No se restringirán ni
derogarán ninguno de los derechos humanos y las libertades fundamentales
reconocidos o existentes en los Estados Partes en la presente Convención de
conformidad con la ley, las convenciones y los convenios, los reglamentos o la
costumbre con el pretexto de que en la presente Convención no se reconocen esos
derechos o libertades o se reconocen en menor medida.
Las disposiciones de la presente Convención se aplicarán a todas las partes de
los Estados federales sin limitaciones ni excepciones.
Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y
en virtud de ella y que tienen derecho a igual protección legal y a
Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y
garantizarán a todas las personas con discapacidad protección legal igual y
efectiva contra la discriminación por cualquier motivo.
A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes
adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar la realización de ajustes
No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las
medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad de
Los Estados Partes reconocen que las mujeres y niñas con discapacidad están
sujetas a múltiples formas de discriminación y, a ese respecto, adoptarán
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para asegurar el pleno
desarrollo, adelanto y potenciación de la mujer, con el propósito de
y niñas con discapacidad
Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que todos
los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los derechos
En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con
Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad
tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que
les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su
edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a
recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder
ejercer ese derecho.
Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y
pertinentes para:
Sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor
conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de
los derechos y la dignidad de estas personas;
Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto
de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la
edad, en todos los ámbitos de la vida;
Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de
Poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública
Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las personas con
Promover percepciones positivas y una mayor conciencia social respecto de las
Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de
las personas con discapacidad y de sus aportaciones en relación con el lugar de
trabajo y el mercado laboral;
Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los
niños y las niñas desde una edad temprana, una actitud de respeto de los
Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a que difundan una
imagen de las personas con discapacidad que sea compatible con el propósito de
la presente Convención;
Promover programas de formación sobre sensibilización que tengan en cuenta a
las personas con discapacidad y los derechos de estas personas.
A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente
y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes
adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el
transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las
tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones
Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y
barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a:
Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones
exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y
Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los
Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios
Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las personas con discapacidad;
Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de
Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización
en Braille y en formatos de fácil lectura y comprensión;
Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías,
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el
acceso a edificios y otras instalaciones abiertas al público;
Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con
Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet;
Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas
y tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa
temprana, a fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor
de riesgo y emergencias humanitarias
Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les
todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y la protección de
las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones
de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
Los Estados Partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho
en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para proporcionar acceso a
las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de
su capacidad jurídica.
Los Estados Partes asegurarán que en todas las medidas relativas al ejercicio
de la capacidad jurídica se proporcionen salvaguardias adecuadas y efectivas
para impedir los abusos de conformidad con el derecho internacional en materia
de derechos humanos. Esas salvaguardias asegurarán que las medidas relativas al
ejercicio de la capacidad jurídica respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia
indebida, que sean proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la
persona, que se apliquen en el plazo más corto posible y que estén sujetas a
exámenes periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial. Las salvaguardias serán proporcionales al grado en
que dichas medidas afecten a los derechos e intereses de las personas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, los Estados Partes
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a
la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes
de procedimiento y adecuados a la edad, para facilitar el desempeño de las
funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos,
incluida la declaración como testigos, en todos los procedimientos judiciales,
con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares.
A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la
justicia, los Estados Partes promoverán la capacitación adecuada de los que
trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y
y seguridad de la persona
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás:
No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier
privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una
discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad.
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se vean
privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de
médicos o científicos sin su libre consentimiento.
administrativo, judicial o de otra índole que sean efectivas para evitar que
las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, sean
contra la explotación, la violencia y el abuso
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo,
Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir
cualquier forma de explotación, violencia y abuso asegurando, entre otras
cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta
el género y la edad para las personas con discapacidad y sus familiares y
prevenir, reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso.
Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta
la edad, el género y la discapacidad.
A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los
Estados Partes asegurarán que todos los servicios y programas diseñados para
servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por
autoridades independientes.
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la
recuperación física, cognitiva y psicológica, la rehabilitación y la
lugar en un entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la
autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las
necesidades específicas del género y la edad.
Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas
legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, para asegurar
que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados, investigados y, en su caso, juzgados.
de la integridad personal
persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y
de desplazamiento y nacionalidad
Los Estados Partes reconocerán el derecho de las personas con discapacidad a la
libertad de desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una
nacionalidad, en igualdad de condiciones con las demás, incluso asegurando que
Tengan derecho a adquirir y cambiar una nacionalidad y a no ser privadas de la
suya de manera arbitraria o por motivos de discapacidad;
No sean privadas, por motivos de discapacidad, de su capacidad para obtener,
poseer y utilizar documentación relativa a su nacionalidad u otra documentación
de identificación, o para utilizar procedimientos pertinentes, como el procedimiento
de inmigración, que puedan ser necesarios para facilitar el ejercicio del
derecho a la libertad de desplazamiento;
No se vean privadas, arbitrariamente o por motivos de discapacidad, del derecho
a entrar en su propio país.
Los niños y las niñas con discapacidad serán inscritos inmediatamente después
de su nacimiento y tendrán desde el nacimiento derecho a un nombre, a adquirir
una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y ser
atendidos por ellos.
a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad
Estados Partes en la presente Convención reconocen el derecho en igualdad de
condiciones de todas las personas con discapacidad a vivir en la comunidad, con
opciones iguales a las de las demás, y adoptarán medidas efectivas y
pertinentes para facilitar el pleno goce de este derecho por las personas con
discapacidad y su plena inclusión y participación en la comunidad, asegurando
en especial que:
Las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de
residencia y dónde y con quién vivir, en igualdad de condiciones con las demás,
Las personas con discapacidad tengan acceso a una variedad de servicios de
asistencia domiciliaria, residencial y otros servicios de apoyo de la
Las instalaciones y los servicios comunitarios para la población en general
estén a disposición, en igualdad de condiciones, de las personas con
Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible,
Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y
en el momento que deseen a un costo asequible;
Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia
humana o animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y
ayudas para la movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un
Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje
con estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad;
Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y
tecnologías de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad
de expresión y de opinión y acceso a la información
Estados Partes adoptarán todas las medidas pertinentes para que las personas
con discapacidad puedan ejercer el derecho a la libertad de expresión y
opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e
ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de
comunicación que elijan con arreglo a la definición del artículo 2 de la
presente Convención, entre ellas:
Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en
general, de manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con
las tecnologías adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad;
Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los
modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comunicación y todos
los demás modos, medios y formatos de comunicación accesibles que elijan las
personas con discapacidad en sus relaciones oficiales;
Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general,
incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en
formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan
Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información
a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las
Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea su lugar de
residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de injerencias
Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información personal y
del hogar y de la familia
Los Estados Partes tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la
discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones
Se reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad en edad de
contraer matrimonio, a casarse y fundar una familia sobre la base del
Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir libremente y
de manera responsable el número de hijos que quieren tener y el tiempo que debe
transcurrir entre un nacimiento y otro, y a tener acceso a información,
y se ofrezcan los medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos;
Las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas, mantengan su
fertilidad, en igualdad de condiciones con las demás.
Los Estados Partes garantizarán los derechos y obligaciones de las personas con
discapacidad en lo que respecta a la custodia, la tutela, la guarda, la
adopción de niños o instituciones similares, cuando esos conceptos se recojan
en la legislación nacional; en todos los casos se velará al máximo por el
interés superior del niño. Los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada
a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en
Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan
los mismos derechos con respecto a la vida en familia. Para hacer efectivos
estos derechos, y a fin de prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia
y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, los Estados Partes
velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo
generales a los menores con discapacidad y a sus familias.
Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de
sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción
a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los
procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés
superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón
de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos.
Los Estados Partes harán todo lo posible, cuando la familia inmediata no pueda
cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa
dentro de la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad
en un entorno familiar.
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la
educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre
la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un
Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la
Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las
personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas;
Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva
Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de
educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con
discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita y
Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y
secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las
Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del
sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva;
Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el
objetivo de la plena inclusión.
Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de
aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su
participación plena y en igualdad de condiciones en la educación y como miembros
de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas
Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos,
medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de
orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares;
Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad
lingüística de las personas sordas;
Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las
niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los lenguajes y los modos y
medios de comunicación más apropiados para cada persona y en entornos que
A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán
las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con
discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas o Braille y para formar
a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa
formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso
general a la educación superior, la formación profesional, la educación para
adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en igualdad
de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se
realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad.
Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a
gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de
discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad a servicios de salud que
tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación
Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la salud
gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y calidad que a las demás
personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y reproductiva, y programas
de salud pública dirigidos a la población;
Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con
discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, incluidas la
pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios destinados a
prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades, incluidos
Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las
personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales;
Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con
discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la
base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la
las necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y
la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos
Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la
prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la
legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa
Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria, servicios de salud o de
atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de
Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso mediante
el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, para que las
personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima independencia,
capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y participación
plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados Partes
habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el
empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y
Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación
multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona;
Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos de
la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas
Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua
para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de
Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso de
tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con discapacidad,
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a
trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a
tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido
o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y
Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las
cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de
selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción
profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables;
Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en
Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos
laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás;
Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas
generales de orientación técnica y vocacional, servicios de colocación y
formación profesional y continua;
Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas
con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda,
Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de
constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias;
Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante
políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción
Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad
Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia
laboral en el mercado de trabajo abierto;
Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento
del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.
Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas
a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones
con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio.
de vida adecuado y protección social
Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a un
nivel de vida adecuado para ellas y sus familias, lo cual incluye alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y a la mejora continua de sus condiciones de
vida, y adoptarán las medidas pertinentes para salvaguardar y promover el ejercicio
protección social y a gozar de ese derecho sin discriminación por motivos de
discapacidad, y adoptarán las medidas pertinentes para proteger y promover el
ejercicio de ese derecho, entre ellas:
Asegurar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad
a servicios de agua potable y su acceso a servicios, dispositivos y asistencia
de otra índole adecuados a precios asequibles para atender las necesidades
relacionadas con su discapacidad;
Asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en particular las mujeres
y niñas y las personas mayores con discapacidad, a programas de protección
Asegurar el acceso de las personas con discapacidad y de sus familias que vivan
en situaciones de pobreza a asistencia del Estado para sufragar gastos
relacionados con su discapacidad, incluidos capacitación, asesoramiento,
asistencia financiera y servicios de cuidados temporales adecuados;
Asegurar el acceso de las personas con discapacidad a programas de vivienda
Asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas con discapacidad
a programas y beneficios de jubilación.
en la vida política y pública
Estados Partes garantizarán a las personas con discapacidad los derechos
políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las
demás y se comprometerán a:
Asegurar que las personas con discapacidad puedan participar plena y
efectivamente en la vida política y pública en igualdad de condiciones con las
La garantía de que los procedimientos, instalaciones y materiales electorales
sean adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar;
La protección del derecho de las personas con discapacidad a emitir su voto en
secreto en elecciones y referéndum públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los niveles de gobierno, facilitando el uso
de nuevas tecnologías y tecnologías de apoyo cuando proceda;
La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con
discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de
ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para
Promover activamente un entorno en el que las personas con discapacidad puedan
participar plena y efectivamente en la dirección de los asuntos públicos, sin
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás, y fomentar su
participación en los asuntos públicos y, entre otras cosas:
Su participación en organizaciones y asociaciones no gubernamentales
relacionadas con la vida pública y política del país, incluidas las actividades
La constitución de organizaciones de personas con discapacidad que representen
a estas personas a nivel internacional, nacional, regional y local, y su
incorporación a dichas organizaciones.
en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte
participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y
Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades
culturales en formatos accesibles;
Tengan acceso a lugares en donde se ofrezcan representaciones o servicios
culturales tales como teatros, museos, cines, bibliotecas y servicios
Los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas con
discapacidad puedan desarrollar y utilizar su potencial creativo, artístico e
intelectual, no sólo en su propio beneficio sino también para el
Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes, de conformidad con el
derecho internacional, a fin de asegurar que las leyes de protección de los
Las personas con discapacidad tendrán derecho, en igualdad de condiciones con
las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística
condiciones con las demás en actividades recreativas, de esparcimiento y
Alentar y promover la participación, en la mayor medida posible, de las
personas con discapacidad en las actividades deportivas generales a todos los
Asegurar que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de organizar y
desarrollar actividades deportivas y recreativas específicas para dichas
personas y de participar en dichas actividades y, a ese fin, alentar a que se
Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a instalaciones
deportivas, recreativas y turísticas;
Asegurar que los niños y las niñas con discapacidad tengan igual acceso con los
demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de
esparcimiento y deportivas, incluidas las que se realicen dentro del sistema
Asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a los servicios de
quienes participan en la organización de actividades recreativas, turísticas,
Los Estados Partes recopilarán información adecuada, incluidos datos
estadísticos y de investigación, que les permita formular y aplicar políticas,
a fin de dar efecto a la presente Convención. En el proceso de recopilación y
Respetar las garantías legales establecidas, incluida la legislación sobre protección
de datos, a fin de asegurar la confidencialidad y el respeto de la privacidad
Cumplir las normas aceptadas internacionalmente para proteger los derechos
humanos y las libertades fundamentales, así como los principios éticos en la
recopilación y el uso de estadísticas.
La información recopilada de conformidad con el presente artículo se
Los Estados Partes asumirán la responsabilidad de difundir estas estadísticas y
asegurar que sean accesibles para las personas con discapacidad y otras
Los Estados Partes reconocen la importancia de la cooperación internacional y
su promoción, en apoyo de los esfuerzos nacionales para hacer efectivos el
propósito y los objetivos de la presente Convención, y tomarán las medidas
pertinentes y efectivas a este respecto, entre los Estados y, cuando
Velar por que la cooperación internacional, incluidos los programas de
desarrollo internacionales, sea inclusiva y accesible para las personas con
Facilitar y apoyar el fomento de la capacidad, incluso mediante el intercambio
y la distribución de información, experiencias, programas de formación y
prácticas recomendadas;
Facilitar la cooperación en la investigación y el acceso a conocimientos
científicos y técnicos;
Proporcionar, según corresponda, asistencia apropiada, técnica y económica,
incluso facilitando el acceso a tecnologías accesibles y de asistencia y
Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de las
y seguimiento nacionales
Los Estados Partes, de conformidad con su sistema organizativo, designarán uno
o más organismos gubernamentales encargados de las cuestiones relativas a la
aplicación de la presente Convención y considerarán detenidamente la
posibilidad de establecer o designar un mecanismo de coordinación para
facilitar la adopción de medidas al respecto en diferentes sectores y a
Los Estados Partes, de conformidad con sus sistemas jurídicos y
cuenta los principios relativos a la condición jurídica y el funcionamiento de
las instituciones nacionales de protección y promoción de los derechos humanos.
La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las
organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán
plenamente en todos los niveles del proceso de seguimiento.
Se creará un Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en
adelante, “el Comité”) que desempeñará las funciones que se enuncian a
El Comité constará, en el momento en que entre en vigor la presente Convención,
de 12 expertos. Cuando la Convención obtenga otras 60 ratificaciones o
adhesiones, la composición del Comité se incrementará en seis miembros más, con
lo que alcanzará un máximo de 18 miembros.
Los miembros del Comité desempeñarán sus funciones a título personal y serán
personas de gran integridad moral y reconocida competencia y experiencia en los
temas a que se refiere la presente Convención. Se invita a los Estados Partes a
que, cuando designen a sus candidatos, tomen debidamente en consideración la
disposición que se enuncia en el párrafo 3 del artículo 4 de la presente
Los miembros del Comité serán elegidos por los Estados Partes, que tomarán en
consideración una distribución geográfica equitativa, la representación de las
diferentes formas de civilización y los principales ordenamientos jurídicos,
una representación de género equilibrada y la participación de expertos con
Los miembros del Comité se elegirán mediante voto secreto de una lista de
personas designadas por los Estados Partes de entre sus nacionales en reuniones
de la Conferencia de los Estados Partes. En estas reuniones, en las que dos
tercios de los Estados Partes constituirán quórum, las personas elegidas para
el Comité serán las que obtengan el mayor número de votos y una mayoría
La elección inicial se celebrará antes de que transcurran seis meses a partir
de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. Por lo menos cuatro
meses antes de la fecha de cada elección, el Secretario General de las Naciones
Unidas dirigirá una carta a los Estados Partes invitándolos a que presenten sus
candidatos en un plazo de dos meses. El Secretario General preparará después
una lista en la que figurarán, por orden alfabético, todas las personas así
propuestas, con indicación de los Estados Partes que las hayan propuesto, y la
comunicará a los Estados Partes en la presente Convención.
Los miembros del Comité se elegirán por un período de cuatro años. Podrán ser
reelegidos si se presenta de nuevo su candidatura. Sin embargo, el mandato de
seis de los miembros elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos
años; inmediatamente después de la primera elección, los nombres de esos seis
miembros serán sacados a suerte por el presidente de la reunión a que se hace
referencia en el párrafo 5 del presente artículo.
La elección de los otros seis miembros del Comité se hará con ocasión de las
elecciones ordinarias, de conformidad con las disposiciones pertinentes del
Si un miembro del Comité fallece, renuncia o declara que, por alguna otra
requisitos previstos en las disposiciones pertinentes del presente artículo
para ocupar el puesto durante el resto del mandato.
El Secretario General de las Naciones Unidas proporcionará el personal y las
instalaciones que sean necesarios para el efectivo desempeño de las funciones
Con la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los miembros
del Comité establecido en virtud de la presente Convención percibirán
Los miembros del Comité tendrán derecho a las facilidades, prerrogativas e
inmunidades que se conceden a los expertos que realizan misiones para las
presentados por los Estados Partes
Los Estados Partes presentarán al Comité, por conducto del Secretario General
de las Naciones Unidas, un informe exhaustivo sobre las medidas que hayan
adoptado para cumplir sus obligaciones conforme a la presente Convención y
sobre los progresos realizados al respecto en el plazo de dos años contado a
partir de la entrada en vigor de la presente Convención en el Estado Parte de
Posteriormente, los Estados Partes presentarán informes ulteriores al menos
cada cuatro años y en las demás ocasiones en que el Comité se lo solicite.
El Estado Parte que haya presentado un informe inicial exhaustivo al Comité no
tendrá que repetir, en sus informes ulteriores, la información previamente
facilitada. Se invita a los Estados Partes a que, cuando preparen informes para
el Comité, lo hagan mediante un procedimiento abierto y transparente y tengan
en cuenta debidamente lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 4 de la
En los informes se podrán indicar factores y dificultades que afecten al grado
de cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la presente
El Comité considerará todos los informes, hará las sugerencias y las
Cuando un Estado Parte se haya demorado considerablemente en la presentación de
un informe, el Comité podrá notificarle la necesidad de examinar la aplicación
de la presente Convención en dicho Estado Parte, sobre la base de información
fiable que se ponga a disposición del Comité, en caso de que el informe
pertinente no se presente en un plazo de tres meses desde la notificación. El
Comité invitará al Estado Parte interesado a participar en dicho examen. Si el
Estado Parte respondiera presentando el informe pertinente, se aplicará lo
dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
El Secretario General de las Naciones Unidas pondrá los informes a disposición
de todos los Estados Partes.
Los Estados Partes darán amplia difusión pública a sus informes en sus propios
países y facilitarán el acceso a las sugerencias y recomendaciones generales
El Comité transmitirá, según estime apropiado, a los organismos especializados,
los fondos y los programas de las Naciones Unidas, así como a otros órganos
competentes, los informes de los Estados Partes, a fin de atender una solicitud
o una indicación de necesidad de asesoramiento técnico o asistencia que figure
en ellos, junto con las observaciones y recomendaciones del Comité, si las
hubiera, sobre esas solicitudes o indicaciones.
entre los Estados Partes y el Comité
Los Estados Partes cooperarán con el Comité y ayudarán a sus miembros a cumplir
En su relación con los Estados Partes, el Comité tomará debidamente en
del Comité con otros órganos
fin de fomentar la aplicación efectiva de la presente Convención y de estimular
la cooperación internacional en el ámbito que abarca:
Los organismos especializados y demás órganos de las Naciones Unidas tendrán
derecho a estar representados en el examen de la aplicación de las
disposiciones de la presente Convención que entren dentro de su mandato. El
Al ejercer su mandato, el Comité consultará, según proceda, con otros órganos
pertinentes instituidos en virtud de tratados internacionales de derechos
humanos, con miras a garantizar la coherencia de sus respectivas directrices de
presentación de informes, sugerencias y recomendaciones generales y a evitar la
duplicación y la superposición de tareas en el ejercicio de sus funciones.
Comité informará cada dos años a la Asamblea General y al Consejo Económico y
Social sobre sus actividades y podrá hacer sugerencias y recomendaciones de
carácter general basadas en el examen de los informes y datos recibidos de los
Estados Partes en la Convención. Esas sugerencias y recomendaciones de carácter
general se incluirán en el informe del Comité, junto con los comentarios, si
los hubiera, de los Estados Partes.
Los Estados Partes se reunirán periódicamente en una Conferencia de los Estados
Partes, a fin de considerar todo asunto relativo a la aplicación de la presente
El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la Conferencia de los
Estados Partes en un plazo que no superará los seis meses contados a partir de
la entrada en vigor de la presente Convención. Las reuniones ulteriores, con
periodicidad bienal o cuando lo decida la Conferencia de los Estados Partes,
serán convocadas por el Secretario General.
Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente
presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados y las
organizaciones regionales de integración en la Sede de las Naciones Unidas, en
Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
presente Convención estará sujeta a la ratificación de los Estados signatarios
y a la confirmación oficial de las organizaciones regionales de integración
signatarias. Estará abierta a la adhesión de cualquier Estado u organización
regional de integración que no la haya firmado.
regionales de integración
Por “organización regional de integración” se entenderá una organización
Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo a la presente Convención
serán aplicables a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 45 y en los párrafos
2 y 3 del artículo 47 de la presente Convención, no se tendrá en cuenta ningún
instrumento depositado por una organización regional de integración.
Las organizaciones regionales de integración, en asuntos de su competencia,
ejercerán su derecho de voto en la Conferencia de los Estados Partes, con un
número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en la
presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si
sus Estados miembros ejercen el suyo, y viceversa.
La presente Convención entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha
en que haya sido depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión.
Para cada Estado y organización regional de integración que ratifique la
vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su
propio instrumento.
No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito de la
Los Estados Partes podrán proponer enmiendas a la presente Convención y
presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario
cuatro meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de
los Estados Partes se declara a favor de tal convocatoria, el Secretario
General convocará una conferencia bajo los auspicios de las Naciones Unidas.
Toda enmienda adoptada por mayoría de dos tercios de los Estados Partes
presentes y votantes en la conferencia será sometida por el Secretario General
a la Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y
posteriormente a los Estados Partes para su aceptación.
Toda enmienda adoptada y aprobada conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que
el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios del
número de Estados Partes que había en la fecha de adopción de la enmienda.
Posteriormente, la enmienda entrará en vigor para todo Estado Parte el
En caso de que así lo decida la Conferencia de los Estados Partes por consenso,
las enmiendas adoptadas y aprobadas de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del presente artículo que guarden relación exclusivamente con los
artículos 34, 38, 39 y 40 entrarán en vigor para todos los Estados Partes el
trigésimo día a partir de aquel en que el número de instrumentos de aceptación
depositados alcance los dos tercios del número de Estados Partes que hubiera en
la fecha de adopción de la enmienda.
Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante notificación
escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia
tendrá efecto un año después de que el Secretario General haya recibido la
texto de la presente Convención se difundirá en formatos accesibles.
textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente
TESTIMONIO DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes, debidamente
FACULTATIVO DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
Estados Partes en el presente Protocolo acuerdan lo siguiente:
Todo Estado Parte en el presente Protocolo (“Estado Parte”) reconoce la
competencia del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (“el
Comité”) para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas
o grupos de personas sujetos a su jurisdicción que aleguen ser víctimas de una
violación por ese Estado Parte de cualquiera de las disposiciones de la
Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas.
El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la
Convención que no sea parte en el presente Protocolo.
Comité considerará inadmisible una comunicación cuando:
Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación o sea incompatible
con las disposiciones de la Convención;
Se refiera a una cuestión que ya haya sido examinada por el Comité o ya haya
sido o esté siendo examinada de conformidad con otro procedimiento de
investigación o arreglo internacionales;
No se hayan agotado todos los recursos internos disponibles, salvo que la
tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o sea improbable
Los hechos objeto de la comunicación hubieran sucedido antes de la fecha de
entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo
que esos hechos continuasen produciéndose después de esa fecha.
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 del presente Protocolo, el Comité
pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda
comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. En un plazo de seis
meses, ese Estado Parte presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones
en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que
hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas.
Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre
el fondo de ésta, el Comité podrá remitir en cualquier momento al Estado Parte
interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las
medidas provisionales necesarias a fin de evitar posibles daños irreparables a
la víctima o las víctimas de la supuesta violación.
El ejercicio por el Comité de sus facultades discrecionales en virtud del
párrafo 1 del presente artículo, no implicará juicio alguno sobre la
admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación.
Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud
del presente Protocolo. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar
sus sugerencias y recomendaciones, si las hubiere, al Estado Parte interesado y
al comunicante.
Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o
sistemáticas por un Estado Parte de los derechos recogidos en la Convención, el
Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información
y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información.
Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte
interesado, así como toda información fidedigna que esté a su disposición, el
Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que lleven a cabo una investigación
y presenten, con carácter urgente, un informe al Comité. Cuando se justifique y
con el consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir una
visita a su territorio.
Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá
al Estado Parte interesado, junto con las observaciones y recomendaciones que
En un plazo de seis meses después de recibir las conclusiones de la
investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité,
el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité.
La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se
solicitará la colaboración del Estado Parte.
El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe
que ha de presentar con arreglo al artículo 35 de la Convención pormenores
sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a una
investigación efectuada con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo.
Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 6,
el Comité podrá, si fuera necesario, invitar al Estado Parte interesado a que
le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación.
Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente
Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del
Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente
presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados y las
organizaciones regionales de integración signatarios de la Convención en la
Sede de las Naciones Unidas, en Nueva York, a partir del 30 de marzo de 2007.
presente Protocolo estará sujeto a la ratificación de los Estados signatarios
del presente Protocolo que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a
ella. Estará sujeto a la confirmación oficial de las organizaciones regionales
de integración signatarias del presente Protocolo que hayan confirmado
oficialmente la Convención o se hayan adherido a ella. Estará abierto a la
adhesión de cualquier Estado u organización regional de integración que haya
ratificado la Convención, la haya confirmado oficialmente o se haya adherido a
ella y que no haya firmado el presente Protocolo.
regidas por la Convención y el presente Protocolo. Esas organizaciones
declararán, en sus instrumentos de confirmación oficial o adhesión, su grado de
competencia con respecto a las cuestiones regidas por la Convención y el
presente Protocolo. Posteriormente, informarán al depositario de toda
modificación sustancial de su grado de competencia.
Las referencias a los “Estados Partes” con arreglo al presente Protocolo se
aplicarán a esas organizaciones dentro de los límites de su competencia.
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 13 y en el párrafo 2
del artículo 15 del presente Protocolo, no se tendrá en cuenta ningún
ejercerán su derecho de voto en la reunión de los Estados Partes, con un número
de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente
Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados
miembros ejercen el suyo, y viceversa.
Con sujeción a la entrada en vigor de la Convención, el presente Protocolo
entrará en vigor el trigésimo día después de que se haya depositado el décimo
Para cada Estado u organización regional de integración que ratifique el
Protocolo, lo confirme oficialmente o se adhiera a él una vez que haya sido
depositado el décimo instrumento a sus efectos, el Protocolo entrará en vigor
el trigésimo día a partir de la fecha en que haya sido depositado su propio
No se permitirán reservas incompatibles con el objeto y el propósito del
Todo Estado Parte podrá proponer una enmienda al presente Protocolo y
presentarla al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General
comunicará la enmienda propuesta a los Estados Partes, pidiéndoles que le
notifiquen si desean que se convoque una conferencia de Estados Partes con el
fin de examinar la propuesta y someterla a votación. Si dentro de los cuatro
meses siguientes a la fecha de esa notificación, al menos un tercio de los
Asamblea General de las Naciones Unidas para su aprobación y posteriormente a
todos los Estados Partes para su aceptación.
Las enmiendas adoptadas y aprobadas conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 del
presente artículo entrarán en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en
que el número de instrumentos de aceptación depositados alcance los dos tercios
del número de Estados Partes que hubiera en la fecha de adopción de la
enmienda. Posteriormente, las enmiendas entrarán en vigor para todo Estado
Parte el trigésimo día a partir de aquel en que hubieran depositado su propio
instrumento de aceptación. Las enmiendas serán vinculantes exclusivamente para
los Estados Partes que las hayan aceptado.
Estados Partes podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación
texto del presente Protocolo se difundirá en formatos accesibles.
textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso del presente Protocolo
serán igualmente auténticos.
autorizados por sus respectivos gobiernos, firman el presente Protocolo."