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Timestamp: 2019-07-15 18:24:59
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Matched Legal Cases: ['artículo 97', 'artículo 116', 'artículo 126', 'artículo 59', 'artículo 149', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 117', 'artículo 7']

BOCG. Congreso de los Diputados, serie A, núm. 156-10, de 30/09/2003
Núm. 156-10
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES, del Dictamen emitido por la Comisión de Justicia e Interior sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156), así como de los escritos de mantenimiento de enmiendas para su defensa ante el Pleno.
La Comisión de Justicia e Interior, a la vista del informe emitido por la Ponencia, ha examinado el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156) y, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 del vigente Reglamento, tiene el honor de elevar a la Sra. Presidenta de la Cámara el siguiente
En virtud de la autorización concedida por la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre (Boletín Oficial del Estado de 5 de octubre de 2000), España ratificó por Instrumento de 19 de octubre de 2000 (depositado el 25 de octubre) el Estatuto de la Corte Penal Internacional adoptado en Roma el 17 de julio de 1998. Dicho Estatuto entró en vigor, conforme a lo dispuesto en su artículo 126, el 1 de julio de 2002.
La Ley pone particular cuidado en la regulación de eventuales conflictos competenciales entre la Corte y los Tribunales españoles, estableciéndose el deber del Ejecutivo de sostener la competencia española, cuando ésta ha sido ejercida o se está ejerciendo, pero se establece un matiz o gradación en los deberes del Ejecutivo, inspirado en reciente doctrina tanto de la Sala Segunda como de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en orden al deber de recurrir o la facultad de hacerlo ante órganos judiciales externos. Cuando la causa se halla en un estadio inicial, en el momento procesal en que el Fiscal de la Corte reclama la competencia, el Gobierno tiene el deber de recurrir ante la Sala de Cuestiones Preliminares, pero cuando ésta ya se ha pronunciado sosteniendo la competencia de la Corte, el Gobierno tiene la facultad de apreciar soberanamente, si se aquieta a esta decisión o interpone recurso ante la Sala de Apelaciones.
La ejecución de las sentencias de la Corte, tanto en cuanto a las penas principales, como en cuanto a las consecuencias accesorias y la reparación a las víctimas, es también objeto de regulación, y siguiendo la misma técnica legislativa, se introducen desarrollos normativos mínimos, siendo aplicables las normas generales y eventuales acuerdos con la Corte. En lo que concierne a las penas privativas de libertad, España ha formulado al ratificar el Estatuto una Declaración expresando la disposición a recibir en España personas condenadas por la Corte, para cumplimiento de la condena, bajo determinados límites temporales, de acuerdo con la habilitación concedida por la disposición adicional única de la Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre.
El objeto de la presente Ley Orgánica es regular las relaciones de cooperación entre el Estado español y la Corte Penal Internacional en el ejercicio de la jurisdicción y funciones encomendadas a esta Institución por el Estatuto de Roma de 17 de julio de 1998 -en lo sucesivo, el Estatuto- y su normativa complementaria, mediante la atribución de competencias a los órganos estatales y el establecimiento de procedimientos internos adecuados, aplicables en lo no previsto en el Estatuto y sus normas complementarias, en la medida en que éstas resulten pertinentes, en particular las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como en los acuerdos específicos de cooperación que España pueda celebrar con la Corte.
2. Cuando se presentare una denuncia o querella ante un órgano judicial o del Ministerio Fiscal o una solicitud en un Departamento ministerial, en relación con hechos sucedidos en otros Estados, cuyos presuntos autores no sean nacionales españoles y para cuyo enjuiciamiento pudiera ser competente la Corte, dichos órganos se abstendrán de todo procedimiento, limitándose a informar al denunciante, querellante o solicitante de la posibilidad de acudir directamente al Fiscal de la Corte, que podrá, en su caso, iniciar una investigación, sin perjuicio de adoptar, si fuera necesario, las primeras diligencias urgentes para las que puedieran tener competencia. En iguales circunstancias, los órganos judiciales y el Ministerio Fiscal se abstendrán de proceder de oficio.
1. Cuando fuere detenida una persona, en cumplimiento de una orden de la Corte de detención provisional o de detención y entrega, la autoridad que practicare la detención lo comunicará inmediatamente al Ministerio de Justicia y al Juez Central de Instrucción de la Audiencia Nacional debiendo ser puesta dicha persona a disposición del Juez Central de Instrucción sin demora y, en todo caso, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la detención.
2. El Juez Central de Instrucción oirá a la persona reclamada, asistida de letrado y, en su caso, de intérprete y al Ministerio Fiscal, dentro de las setenta ydos horas siguientes a su puesta a disposición judicial.
Después de verificar la identidad del detenido, el contenido de la orden de detención y las circunstancias previstas en el artículo 59.2 del Estatuto, informará al detenido del contenido de la orden de detención y de su derecho a solicitar la libertad provisional.
1. Si el detenido solicitara, en la comparecencia prevista en el artículo anterior, su libertad provisional,
el Juez Central de Instrucción acordará remitir dicha solicitud a la Corte, a través del Ministerio de Justicia, con indicación del plazo para recibir sus recomendaciones, que no será inferior a veinte días. En la misma resolución, el Juez Central de Instrucción acordará la prisión provisional del detenido por el tiempo estrictamente necesario para recibir las recomendaciones de la Corte sobre dicha solicitud y hasta que se resuelva sobre la misma.
Cuando, en lugar de una solicitud de detención, la Corte hubiere dictado una orden de comparecencia, el Ministerio de Justicia remitirá la solicitud de la Corte al Juez de Instrucción del domicilio o residencia de la persona buscada, el cual citará a ésta personalmente, informándola de la fecha y demás circunstancias relativas a dicha comparecencia, y adoptará las medidas de aseguramiento de la comparecencia previstas en la legislación procesal española que considere más adecuadas, con exclusión de las privativas de libertad, remitiendo las diligencias practicadas al Ministerio de Justicia, que las transmitirá a la Corte.
4. Para que se pueda proceder en España contra un condenado que estuviere cumpliendo una condena impuesta por la Corte en un establecimiento penitenciario español, por hechos anteriores a su entrega a
España, el Juez instructor o el Tribunal competente dirigirá la comunicación y la documentación pertinente al Ministerio de Justicia que las trasladará a la Corte, absteniéndose de proceder hasta la decisión de ésta. Igualmente se actuará para la extradición a un Estado.
Las Reglas de Procedimiento y Prueba, así como sus enmiendas se publicarán en el "Boletín Oficial del Estado".
Los preceptos contenidos en los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (excepto su apartado 2), 15 y 21.3, la disposición
adicional segunda y el apartado 2 de la disposición adicional tercera tienen carácter orgánico. Los restantes preceptos tienen carácter ordinario y han sido dictados en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 149.1. 3.ª, 5.ª y 6.ª de la Constitución.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2003.-El Presidente, Jesús López-Medel Bascones.-El Secretario, Joaquín Manuel Sánchez Garrido.
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 117 del Reglamento del Congreso de los Diputados, comunica el mantenimiento de enmiendas, del Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156), para su defensa en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2003.-Iñaki Anasagasti Olabeaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Doña Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada del Grupo Parlamentario Mixto (EA), de conformidad con el artículo 117 del reglamento de la Cámara, solicita el mantenimiento de las Enmiendas presentadas por EA no incorporadas al Dictamen de la Comisión sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156), para su debate y votación en el Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2003.-Begoña Lasagabaster Olazábal, Diputada.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 117 del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida comunica su intención de mantener, para su defensa ante el Pleno, todas las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156), que habiendo sido defendidas y votadas en Comisión no se han incorporado al dictamen de la misma.
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2003.-Luis Carlos Rejón Gieb, Diputado.-Felipe Alcaraz Masats, Portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 117 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, mantener para su debate en el Pleno las siguientes enmiendas presentadas por nuestro Grupo al Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156).
Mantener las enmiendas números:
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 y 67.
La enmienda presentada "in voce", votada y rechazada en la sesión de la Comisión, relativa a la adición, en el artículo 7.1.
Después de "... del Ministro de Justicia,...", del siguiente texto: "...así como al Fiscal General del Estado,..."
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de septiembre de 2003.-María Teresa Fernández de la Vega Sanz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de don Carlos Aymerich Cano, Diputado por A Coruña (BNG), de conformidad con el Reglamento de la Cámara, solicita el mantenimiento de las Enmiendas al Proyecto de Ley de Corte Penal Internacional (núm. expte. 121/000156), presentadas por el BNG no incorporadas al Dictamen de la Comisión para su debate y votación en Pleno.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2003.-Carlos Aymerich Cano, Diputado.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el diputado adscrito al Grupo Parlamentario Mixto, don Joan Saura Laporta (Iniciativa per Catalunya-Verds) solicita el mantenimiento de las enmiendas que no han sido incluidas en el trámite de la Ponencia del Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional para su debate en Pleno (núm. expte. 121/000156).
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2003.-Joan Saura i Laporta, Diputado.-José Antonio Labordeta Subías, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
Don Manuel J. Silva Sánchez, en su calidad de Ponente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en el Proyecto de Ley Orgánica de Cooperación con la Corte Penal Internacional, comunica mediante el presente escrito su deseo de mantener para su defensa ante el Pleno de la Cámara las enmiendas que no hayan sido incorporadas al texto aprobado por la citada Comisión, presentadas a dicho Proyecto de Ley.
Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de septiembre de 2003.-Manuel J.
Silva Sánchez, Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) en la Comisión de Justicia e Interior.