Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/auto-2002-00789-de-marzo-3-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_81493e79d020502ae0430a010151502a&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-07-14 00:15:59
Document Index: 383790779

Matched Legal Cases: ['artículo 177', 'artículo 1602', 'artículo 2142', 'artículo 1262', 'artículo 150', 'artículo 90', 'artículo 115', 'artículo 37', 'artículo 115']

﻿ Auto 2002-00789 de marzo 3 de 2010
AUTO 2002-00789 DE 03 DE MARZO DE 2010
Auto 2002-00789 de marzo 3 de 2010
Rad.: 25000-23-26-000-2002-00789-01(26675)
Actor: Olga Rojas Vega y otros
Referencia: Conciliación judicial; Reparación directa
Procede la Sala a pronunciarse acerca de la conciliación judicial celebrada entre las partes el día 11 de febrero de 2010 ante esta corporación, en la cual se acordó lo siguiente:
“1. Que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, pagará el 50% de la condena impuesta en la providencia de primera instancia a favor de cada uno de los demandantes relacionados en la parte resolutiva de la misma, debidamente calculado con base en el salario mínimo legal vigente para ese momento.
“2. Que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, reconocerá los intereses de que trata el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo” (fls. 180 a 182, cdno. ppal.).
En escrito presentado el 8 de abril de 2002, los señores Olga Rojas Vega y otros, mediante apoderado judicial, instauraron demanda de reparación directa contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, con el fin de obtener las siguientes declaraciones y condenas:
“1. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, es administrativamente responsable por los perjuicios materiales y morales causados por fallas del servicio a Olga Rojas Vega, Vicky Nury Macías Nieto, Etelvina Rojas Nieto y Joselín Macías, la primera actuando en nombre propio y en representación de su menor hijo Franky Johan Macías Rojas.
“2. Condenar a pagar, en consecuencia, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, como reparación del daño ocasionado, a favor de los actores, o a quien los represente legalmente en sus derechos, por los perjuicios morales y materiales causados, las siguientes sumas de dinero:
a) Perjuicios morales: La cantidad de cinco mil (5.000) gramos de oro, a favor de mis mandantes, en lo equivalente al precio del oro que para la fecha de ejecutoria de la sentencia, se tenga señalado, según certificación expedida por el Banco de la República y que se relacionan con las penosas angustias a las que se encuentra enfrentada la lesionada y su familia como consecuencia del lamentable hecho.
b) Perjuicios por cambio en las condiciones de vida: Tales perjuicios en razón al cambio en las condiciones de existencia de sus familiares quienes ya no pueden contar con el consejo, cariño, calor y demás sentimientos que nos da un ser querido que al morir, nos cambia el proceder de nuestra vida diaria produciéndose una profunda aflicción moral y honda tristeza que son equivalentes a cinco mil (5.000) gramos de oro o su equivalente en pesos.
c) Perjuicios materiales:
— Por daño emergente y lucro cesante a la suma de $ 24’000.000 estimativo razonado que a la presentación de esta demanda corresponde a 16 salarios con promedio de $ 1’500.000 mensuales, más los incrementos por primas y prestaciones sociales proporcionales al período transcurrido desde la fecha de los hechos hasta la presentación de esta demanda y los correspondientes intereses.
— Por lucro cesante y daño emergente futuro: La suma de $ 242.923.608, resultantes de multiplicar el ingreso base mensual de $ 440.079, por el número de meses que abarcan los 40 años futuros que le faltaban para cumplir con los 65 años de edad probable laboral en Colombia” (fls. 5 a 6, cdno. 1).
2. Surtido el trámite en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, profirió sentencia el 16 de octubre de 2003 y, mediante la misma, declaró administrativamente responsable al Inpec por la muerte del señor Franky Joselín Macías Nieto, ocurrida el 19 de noviembre de 2000, en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.
Como consecuencia de la anterior declaración, se condenó a la entidad pública demandada a pagar al demandante Franky Johan Macías Rojas, por concepto de perjuicios morales, el monto equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales.
3. Contra la anterior sentencia, las partes interpusieron recurso de apelación, los cuales fueron admitidos por esta corporación mediante auto de 19 de marzo de 2004 (fls. 415 a 85, cdno. ppal.).
4. Posteriormente, la parte actora solicitó convocar a las partes para llevar a cabo audiencia de conciliación judicial, la cual fue celebrada el 11 de febrero de 2010 (fls. 161 y 180, cdno. ppal.).
5. A través de escrito allegado el 17 de febrero del año en curso, la señora Viki Nury Vig Macías Nieto, una de las demandantes dentro del presente asunto, elevó la siguiente solicitud:
“... Me permito solicitar al despacho deniegue la petición de conciliación entre el antiguo apoderado de mi mandante y la parte demandada que es el Inpec, y en aras de la recta [a]dministración de [j]usticia se continúe el trámite procesal, fallando a favor de mi mandante, teniendo en cuenta las pruebas aportadas en primera instancia y en el correspondiente recurso de apelación” (fl. 186, cdno. ppal.).
Previo a decidir el fondo del caso sub examine, la Sala considera pertinente hacer las siguientes precisiones:
Según se indicó anteriormente, la señora Viki Nury Vig Macías Nieto, en su calidad de demandante dentro del proceso citado en la referencia solicitó “se deniegue la petición de conciliación” elevada por el antiguo apoderado de esa misma parte.
Sobre el particular, resulta necesario precisar que si bien la referida demandante solicitó “se deniegue la petición de conciliación” celebrada con su anterior mandatario judicial, lo cierto es que en realidad dicha manifestación se encuentra encaminada a intentar revocar, de forma unilateral, un negocio jurídico —conciliación judicial—, celebrado bilateralmente por las partes del presente litigio, las cuales fueron debidamente representadas (incluso la memorialista) por sus respectivos mandatarios judiciales, los cuales cuentan, además, con la facultad expresa para celebrar dicho negocio jurídico, razón por la cual dicha solicitud se torna abiertamente improcedente, amén de que el convenio obtenido es obligatorio y definitivo para las partes que en este intervinieron(1); así mismo, conviene recordar lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, a cuyo tenor:
“El contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales”.
En pronunciamientos anteriores ya esta corporación se ha ocupado de examinar situaciones como la que ahora se somete a examen de la Sala, a propósito de lo cual se ha señalado:
“... Las demandantes, antes de que se llevare a cabo la diligencia a la cual se oponen, no dieron por terminado el mandato, facultad que siempre tuvieron a su alcance en virtud de la ley, sea mediante la revocación del poder o a través del otorgamiento de uno nuevo a favor de otro abogado (CPC, art. 69 inc. 1º), sino que, por el contrario, acudieron a la revocación después de haberse celebrado la conciliación y, por tanto, mal podría ser aceptada con efectos hacia el pasado, dado que para el momento en que el apoderado sustituto de los demandantes intervino en la audiencia de conciliación, lo hizo no solo con la expresa facultad que en su momento le fue otorgada para ello, sino también con la convicción de estar actuando en nombre y representación de sus poderdantes, premisa que debe atenderse en aplicación de los postulados de la buena fe y de lealtad procesal, en particular de cara a los demás sujetos procesales, esto es frente al propio Consejo de Estado, frente a la parte demandada y frente al Ministerio Público.
“Ahora bien, de conformidad con el artículo 2142 del Código Civil, el contrato de mandato es un negocio jurídico en virtud del cual una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, quien se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera; a su turno, el Código de Comercio, en su artículo 1262, define al contrato de mandato como aquel en virtud del cual una parte se obliga a celebrar o ejecutar uno o más actos de comercio por cuenta de otra.
“De acuerdo con las mencionadas disposiciones normativas, se impone concluir que los actos ejecutados por el mandatario por razón del vínculo contractual existente con su mandante, el cual, en el presente caso, se manifestó a través del poder especial conferido por los actores a su apoderado para que los representara en este juicio, surtieron la plenitud de sus efectos jurídicos y, por consiguiente, el acuerdo conciliatorio obliga a todos los poderdantes, dado que el mandatario judicial de estos contaba con la facultad expresa para ello y, en tal sentido, sus actuaciones procesales, especialmente la de conciliar el litigio, comporta la aceptación, por parte de sus mandantes, del arreglo conciliatorio materia de esta decisión, puesto que tal actuación procesal devino del mandato que, de manera libre y voluntaria, confirieron los actores.
“En este punto debe tenerse presente que los actos que adelante el mandatario en nombre del mandante y dentro de los límites de sus poderes o facultades, producen efectos directamente en relación con el representado y, por tanto, los efectos jurídicos de tales actuaciones se radican directamente en cabeza de este.
“En consecuencia, no se puede desconocer la validez de las actuaciones surtidas por el doctor José Luis Viveros Abisambra, como apoderado sustituto de los actores y mucho menos de la conciliación judicial en la cual intervino en tal condición, con suficientes facultades para ello”(2).
Así pues, dado que no hay en la actualidad vicio alguno que pudiere empañar la validez, total o parcial, del acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes del presente litigio, la Sala abordará su estudio de fondo para determinar si hay lugar, o no, a su aprobación.
La señora consejera de Estado Myriam Guerrero de Escobar, manifestó su impedimento para conocer de este asunto por hallarse incursa en la causal prevista en el numeral 2º del artículo 150 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que en su condición de Magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció del proceso citado en la referencia (fl. 187, cdno. ppal.).
Dado que la doctora Myriam Guerrero de Escobar conoció del presente proceso en su calidad de Magistrada del Tribunal de primera instancia y, en virtud de ello, adoptó la decisión respecto de la cual recae la presente conciliación judicial, la Sala encuentra configurada la causal de impedimento antes descrita y, por tanto, su impedimento será aceptado.
La Sala aprobará el acuerdo conciliatorio que se surtió en esta instancia, el cual se refirió a los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor Franky Joselín Macías Nieto, respecto del proceso de reparación directa citado en la referencia, con sentencia condenatoria de primera instancia, el cual se refirió a los perjuicios ocasionados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor Franky Joselín Macías Nieto, ocurrida el 19 de noviembre de 2000, como consecuencia de una herida producida por otro recluso con arma de fuego, mientras se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.
2.1. En cuanto a la representación de las partes y la capacidad de sus representantes para conciliar, se tiene que tanto la parte demandante, como demandada (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec) acudieron a la audiencia de conciliación por conducto de sus apoderados debidamente constituidos, los cuales cuentan expresamente con la facultad para conciliar (fls. 1, cdno. 1 y 167, cdno. ppal.).
Respecto a la disponibilidad de los derechos económicos enunciados por las partes, a juicio de la Sala, se satisface este presupuesto toda vez que se trata de un conflicto de carácter particular y de contenido económico. Ciertamente, la pretensión está encaminada a obtener la indemnización de los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de la muerte del señor Franky Joselín Macías Nieto, en hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2000, mientras se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá.
A lo anterior se añade que la conciliación materia de estudio involucra la disposición y afectación de derechos e intereses subjetivos, de contenido crediticio o personal, con una proyección patrimonial o económica, los cuales resultan renunciables (C.C., arts. 15, 1495, 1602).
2.2. En relación con la caducidad de la acción, observa la Sala que la demanda fue instaurada en ejercicio de la acción de reparación directa, el día 8 de abril de 2002, es decir dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia del hecho, el cual, como se dijo, acaeció el día 19 de noviembre de 2000, razón por la cual la presente acción no se encuentra caducada (CCA, art. 136).
2.3. Ahora bien, en relación con la responsabilidad patrimonial del Estado, en casos similares al que hoy ocupa la atención de la Sala(3), se ha dicho:
“2.2. Régimen de responsabilidad en materia de personas recluidas en centros carcelarios o de detención.
“En relación con las personas que se encuentran privadas de la libertad, quienes deben soportar tanto la limitación en el ejercicio de sus derechos y libertades como, igualmente, la reducción o eliminación de las posibilidades de ejercer su propia defensa frente a las agresiones de agentes estatales o de terceros respecto de quienes puedan ser víctimas al interior del establecimiento carcelario, el Estado debe garantizar por completo la seguridad de los internos y asumir todos los riesgos que lleguen a presentarse en virtud de dicha circunstancia, razón por la cual esta sección del Consejo de Estado ha considerado que el régimen de responsabilidad aplicable a los daños causados a las personas privadas de la libertad, en sitios de reclusión oficiales, es objetivo, teniendo en cuenta las condiciones especiales en las cuales se encuentran y con fundamento en el artículo 90 de la Constitución Política. Así pues, ha señalado que en estos casos, entre las personas presas o detenidas y el Estado existen “relaciones especiales de sujeción”(4).
“Con fundamento en lo anterior, pude(sic) concluirse entonces que la privación de la libertad de una persona conlleva, de manera necesaria una subordinación del recluso frente al Estado, amén de que lo pone en una condición de vulnerabilidad o debilidad manifiesta, razón por la cual se genera entre tales sujetos una relación jurídica especial y, en virtud de ello, el Estado tiene la facultad constitucional y legal de restringir, limitar o modular algunos derechos fundamentales, de acuerdo con los fines de resocialización del interno y con las necesidades de orden y seguridad propias de los centros de reclusión; sin embargo, tal relación implica también que otros derechos fundamentales como la vida e integridad personal no puedan ser limitados o suspendidos de forma alguna, sino que los mismos deben ser respetados y garantizados plenamente por las autoridades, pues —según se consideró anteriormente—, su seguridad depende por completo de la administración.
“Así pues, cuando se encuentre acreditado un daño antijurídico causado en la integridad psicofísica del recluso y/o detenido, debe concluirse que el mismo resulta imputable al Estado, bajo un régimen objetivo de responsabilidad.
“Así mismo, la Sala estima necesario precisar que, si bien el título de imputación de responsabilidad al Estado por excelencia corresponde al de la falla del servicio(5), régimen de responsabilidad subjetivo que se deriva del incumplimiento de una obligación estatal y que se concreta en un funcionamiento anormal o en una inactividad de la administración, lo cierto es que en estos eventos, debido a la especial relación jurídica de sujeción a la cual somete el Estado a la persona que por su cuenta y decisión priva de su libertad, el régimen de responsabilidad se torna objetivo, esto es que a pesar de demostrar la diligencia de la administración, queda comprometida automáticamente su responsabilidad, pues —bueno es insistir en ello—, el Estado asume por completo la seguridad de los internos.
“Lo anterior no obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña en sus diversas modalidades, como causal exonerativa de responsabilidad, casos en los cuales, como resulta apenas natural, la acreditación de la eximente deberá fundarse en la demostración de todos y cada uno de los elementos constitutivos de la que en cada caso se alegue: fuerza mayor, culpa exclusiva de la víctima o hecho exclusivo de un tercero, según corresponda.
“Por consiguiente, no resulta procedente afirmar de manera simple y llana que la sola constatación de la existencia de una aparente causa extraña como origen o fuente material o fenomenológica, en relación con los daños ocasionados a reclusos, sea suficiente para que estos puedan considerarse como no atribuibles —por acción u omisión— a la administración pública, puesto que se requiere, además, que la entidad demandada acredite que su actuación no contribuyó en la producción del daño. Lo anterior, en la medida en que sería posible que la causa directa, inmediata y material del daño radique en la actuación exclusiva de la propia víctima o la ocurrencia de una fuerza mayor(6).
“Así pues, en cada caso concreto, en el cual se invoque la existencia de una causa extraña por parte de la entidad demandada deberán analizarse las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las cuales se hubiere producido el daño, por cuanto es posible que el Estado haya contribuido causalmente en la generación del mismo.
“En ese orden de ideas, resulta dable concluir que para que tales eximentes de responsabilidad tengan plenos efectos liberadores de la responsabilidad estatal, resulta necesario que la causa extraña, sea la causa exclusiva, esto es única, del daño y que, por tanto, constituya la raíz determinante del mismo.
“Igualmente, debe precisarse que, en tratándose de las lesiones o el homicidio de que puedan ser víctimas los reclusos por razón de la acción ejecutada por otros detenidos por el mismo Estado, en principio no tendrá cabida la causal de exoneración de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero, así como tampoco resultará procedente aplicar la llamada “concurrencia de culpas”(7) en virtud de tal eximente de responsabilidad, puesto que tal como se analizó anteriormente, el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe respetar y garantizar por completo la vida e integridad del interno respecto de los daños producidos, precisamente, por otros reclusos, terceros particulares o incluso del propio personal oficial”.
De conformidad con lo anterior y en cuanto a las pruebas obrantes en el proceso, las cuales permiten acreditar la responsabilidad extracontractual del Estado por el hecho que se le imputa y la condición de víctimas de los demandantes, se destacan las siguientes:
De la muerte del señor Franky Joselín Macías Nieto, como consecuencia de una herida con arma de fuego ocasionada por otro recluso, mientras se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, el 19 de noviembre de 2000.
— Copia auténtica del registro civil de defunción (fl. 4, cdno. 2).
— Copia auténtica del acta de levantamiento de cadáver del señor Franky Joselín Macías Nieto por la Fiscalía General de la Nación, en la cual se indicó que la muerte del sujeto en mención se produjo como consecuencia de una herida con arma de fuego, el día 19 de noviembre de 2000, dentro de las instalaciones de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá (fl. 5, cdno. 2).
— Oficio 33 de febrero 3 de 2003, remitido al proceso por la directora de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, mediante el cual señaló:
“Realizada la correspondiente consulta con nuestras dependencias de asesoría jurídica, reseña e investigaciones internas, se logró establecer que el señor interno Macías Nieto Franky Joselín (q.e.p.d.), en hechos lamentables perdió su vida al interior de nuestro centro carcelario en insucesos acaecidos el día 19 de noviembre del año 2000”.
— Copia auténtica del “Informe sobre levantamiento de cadáver”, rendido por el comando de vigilancia de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, en el cual se consignó que el día 20 de noviembre de 2000, siendo las 00:05 horas, hicieron presencia en dicho centro penitenciario funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de adelantar diligencia de levantamiento de cadáver del interno Franky Joselín Macías Nieto, quien fue ultimado con arma de fuego dentro de dicho plantel (fls. 25 a 26, cdno. 2).
— Copia auténtica de la indagación preliminar adelantada por los hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2000, en los cuales resultó muerto el señor Franky Joselín Macías Nieto, allegada por la entidad demandada, mediante la cual se informa acerca de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, aportada al expediente mediante oficio 33 del 2003 suscrito por la directora de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá (fls. 20 a 48, cdno. 2).
De la condición de víctima del demandante Franky Johan Macías Rojas y, por ende, beneficiario del acuerdo conciliatorio, obra copia auténtica del registro civil de nacimiento, el cual acredita su condición de hijo de la víctima (fl. 4, cdno. 2).
De conformidad con las pruebas descritas anteriormente, se estima que el acuerdo logrado no lesiona los intereses de la Nación, dado que obran en el proceso pruebas que permiten establecer que la muerte del señor Franky Joselín Macías Nieto se produjo como consecuencia de una herida causada por otro recluso con arma de fuego, mientras se encontraba recluido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá, el 19 de noviembre de 2000, razón por la cual la entidad demandada está llamada a responder, bajo un régimen objetivo de responsabilidad.
Finalmente, resalta la Sala que en la audiencia de conciliación se contó con la asistencia del Ministerio Público, la cual es obligatoria (L. 446/98, art. 72 par. 2º).
1. ACEPTAR el impedimento manifestado por la consejera de Estado, doctora Myriam Guerrero de Escobar y, en consecuencia, se la separará del conocimiento del presente asunto.
2. APROBAR el acuerdo conciliatorio logrado entre el demandante Franky Johan Macías Rojas y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, el día 11 de febrero de 2010.
4. EXPEDIR copias con destino a las partes mencionadas en el numeral primero, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas al demandante serán entregadas al apoderado judicial que ha venido actuando en su representación.
5. En firme esta providencia, EXPEDIR copia del acta y de esta decisión, de conformidad con el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.
(1) Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto del 1º de abril de 2004. Expediente: 25000-23-26-000-2001-02935-01(25853).
(2) Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto proferido el 28 de septiembre de 2007, Expediente 32.793.
(3) Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de octubre del 2009, Exp. 16.990.
(4) Al respecto, consultar, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 27 abril del 2006, Exp. 21138 y del 27 de noviembre de 2002, Exp. 13760, ambas con ponencia del consejero, doctor Alier Hernández Enríquez.
(5) Al respecto ver, por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de julio de 1993, Exp. 8163 y del 16 de julio de 2008, Exp. 16423, entre otras.
(6) Cf. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 15 de octubre de 2008. Exp. 18586, M.P. Enrique Gil Botero.
(7) “En relación con la concausa, esta Sección del Consejo de Estado ha sostenido que el comportamiento de la víctima o de un tercero, habilita al juzgador para reducir el quantum indemnizatorio (C.C., art. 2.357) puesto que aquel contribuye, de manera cierta y eficaz, en la producción del hecho dañino, es decir cuando la conducta de la persona participa en el desenlace del resultado, habida consideración de que la víctima o el tercero contribuyó realmente a la causación de su propio daño. Ver por ejemplo, Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de septiembre de 1999, Exp. 14.859 y del 10 de agosto de 2005, Exp. 14.678, M.P. María Elena Giraldo Gómez, entre otras decisiones”.