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Timestamp: 2020-05-28 07:42:30
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Introduccion y Libro i Procesal
“LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA Y SU APLICACIÓN COMO CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUAURA”
MÓNICA LUCINDA DÍAZ ROMERO
ASESOR JORGE PÉREZ LÓPEZ
LIMA PERÚ, DICIEMBRE DE 2016
A mi madre y a mis hijos Rolando y Diego, por ser mi única razón de vivir y apoyo constante
Agradezco a todas aquellas personas que hicieron posible la elaboración del presente informe de investigación, por sus aportes, consejos y asesoramiento constante, especialmente al Dr. Jorge Pérez López, Catedrático de la Universidad Autónoma del Perú; por ser quien con su apoyo me alentó a seguir adelante con dicha investigación.
En la reforma procesal penal peruana existe una clara tendencia al uso en los modelos acusatorios (soluciones rápidas y eficaces a los actos delictivos), por ende, uno de los objetivos es esta investigación, circunscrita al campo teórico y práctico, es pues, demostrar que LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN LA ETAPA INTERMEDIA Y SU APLICACIÓN COMO CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUAURA, se interprete correctamente, en concordancia con las normas y principios que inspiran el Nuevo Código Procesal Penal.
Así pues, del análisis exhaustivo de los documentos, normatividad y jurisprudencia, mediante el uso del método documental –descriptivo, se observa que la hipótesis planteada se contrasta con la realidad, en cuanto a las consecuencia de su aplicación o inaplicación en la etapa intermedia del proceso; concluyéndose de este modo, la urgente necesidad que dicho mecanismo se aplique en la etapa intermedia del proceso común peruano; dado que trae como consecuencia, grandes beneficios en la actividad jurisdiccional penal, no solo para el imputado que obtiene una sentencia en forma más rápida; para la víctima que ve resarcido el agravio de manera eficiente y eficaz, sino también, para el Estado, dado que contribuye con una mayor descarga procesal y a un menor costo; efectivizándose así los principios de Celeridad y Economía Procesal que sustancian el proceso penal común.
Criterio de oportunidad, Proceso Penal, negociación Penal, Terminación Anticipada y Etapa Intermedia,
In criminal procedure reform Peru there is a clear tendency to use adversarial models (rapid and effective criminal acts solutions), therefore, one of the goals is this research, confined to theoretical and practical field, then, is to show that EARLY TERMINATION IN THE MIDDLE STAGE AND ITS APPLICATION AS A STANDARD OF OPPORTUNITY IN THE COURTS OF RESEARCH SCHOOL OF HUAURA, properly interpreted, in accordance with the rules and principles underlying the new Criminal Procedure Code.
Thus, the comprehensive analysis of documents, regulations and jurisprudence, using the descriptive documentary method, we observe that the hypothesis is contrasted with reality, as to the result of their application or non-application in the intermediate stage of process; concluding thus the urgent need for such a mechanism is applied in the intermediate stage of the Peruvian common process; since it results in great benefits in criminal court activity, not only for the defendant who obtains a judgment more quickly, the victim sees the grievance redressed efficiently and effectively, but also for the state, given contributing to enhanced procedural download at a lower cost; well principles Haste and Litigation Economics substantiating ordinary criminal process.
Plea bargain, Penal Process, Criminal negotiation, completion and Early Middle Stage
DEDICATORIA AGRADECIMIENTO RESUMEN ABSTRACT ÍNDICE DE TABLAS INTRODUCCIÓN
1.2.2. Justificación
1.2.3. Justificación
1.3.2. Objetivo
2.1.2 Internacionales
Bases científicas y jurisprudenciales
2.3.1. El
2.3.2. El proceso penal común
2.3.3. La
2.3.4. La
2.3.5. etapa intermedia
III.MÉTODO
3.3.1. Hipótesis
3.3.2. Hipótesis
3.4. Variables – Operacionalización
3.5. Método
3.6. Procesamiento y análisis estadístico de datos
3.6.1. Procesamiento de datos
3.6.2. Análisis De
IV.PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
4.1. Contrastación de hipótesis
4.2. Análisis e interpretación
V.DISCUSIÓN
ANEXOS…………………………………………………………………………………………………………………………………… 106
Tabla 1Muestra de población encuestada……………………………………………………………………………………75
Tabla 3 Clasificación de Respuesta de encuestados de Pregunta N°1
Tabla 4 Clasificación de Respuesta de encuestado de Pregunta N°2
Tabla 5 Clasificación de Respuesta de encuestado de Pregunta N°3
Tabla 6 Clasificación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 4
Tabla 7 Clasificación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 5
Tabla 8 Clasificación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 6
Tabla 9Clasificación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 7
Tabla 10 Clasificación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 8
Tabla 11 Cuadro Comparativo sobre el efecto embudo a Marzo 2010
Tabla 12 Informacion Detallada del Efecto Embudo por Periodos Tabla 13 “La Terminación Anticipada En La Etapa Intermedia Y Su Aplicación Como Criterio De Oportunidad En El Juzgado De Investigación Prepatoria Transitorio De Huaura - Año 2015-
Gráfico 1 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N°1……………………………………… 98
Gráfico 2 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 2……………………………………….99 Gráfico 3 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N°3………………………………………100
Gráfico 4 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 4
Gráfico 5 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 5……………………………………102
Gráfico 6 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 6
Gráfico 7 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 7
Gráfico 8 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 8
Gráfico 9 Linea base de tiempos procesales en el DJ de Huaura bajo el Codigo Procesal de Procedimientos Penales
Gráfico 10 Tiempo promedio de Resolucion de Casos con el Nuevo Codigo Procesal Penal
Gráfico 11 Tiempo Promedio de Resolucion de casos den el DJ de Huaura
Gráfico 12 Efecto Embudo en Los Distritos Judiciales de Huaura y La Libertad
Gráfico 13 Efecto Embutido en el Distrito Judicial de Huaura
La aplicación de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos penales, constituyen actualmente, instrumentos de especial relevancia, porque permiten una reducción de la sanción punitiva, con la colaboración activa del imputado, lo cual evita los efectos perniciosos de la prisión, privilegiándose la pronta indemnización de la víctima y la descarga procesal. Asimismo, estos mecanismos de simplificación procesal permiten un proceso penal mucho más célere generando una percepción ciudadana de justicia pronta y eficaz.
Estos mecanismos, denominados procesos especiales en nuestro Código Procesal penal, han generado un giro de gran relevancia en los procedimientos realizados en nuestro país, sobre todo en relación a la cultura que se manejaba, por cuanto permiten al fiscal optar por la no acusación, a pesar de haber encontrado adecuados elementos de certeza, en uso de la capacidad concedida por la ley, la cual debe estar acorde con las condiciones que la norma específicamente plantea.
Lo antes señalado, merece un análisis y estudio pormenorizado, en mérito a los cambios o modificaciones que se han dado en nuestra legislación procesal respecto a la competencia del Ministerio Público, dentro del ángulo de un nuevo modelo de proceso penal, a fin de poder determinar la aplicación de un proceso penal especial, denominado terminación anticipada, a casos específicos, aportando a su desarrollo, es decir, que en la realidad sirvan al proceso en sí, teniendo en consideración los derechos fundamentales de los procesados.
Es menester señalar que mal haríamos al inmiscuirnos al instante dentro del estudio del artículo 468° del Código Procesal Penal, dado que, resulta vital conocer un poco sobre el aspecto histórico y jurídico de la terminación anticipada del proceso, máxime aún si tenemos en cuenta que este instituto obedece no a un capricho del legislador, sino al clamor de la sociedad por un proceso más célere, justo y efectivo, en tanto y en cuanto es el destinatario de dichas normas.
En esta línea de ideas el derecho hasta ahora, ha avanzado tanto como lo ha hecho la humanidad, y el Derecho Penal no ha sido ajeno a estos avances y, por ende, el Derecho Procesal Penal ha venido evolucionando paso a paso, de acuerdo con los constantes avances
que se han venido dando en materia legislativa, las mismas que han recibido notable influencia de la doctrina, de acuerdo al sistema procesal, es decir, el proceso penal actual es diferente al que se concebía antes.
Todo ello, sin temor a equivocarnos, nos sirve para poder afirmar que hay que sentar las bases para comprender el nuevo proceso penal, el cual ha sido planteado por diferentes normas, y entre una de ellas es el Decreto Legislativo N° 945, la cual ha sido determinante respecto de las funciones del Ministerio Público, dentro del cual se incluye la figura de la Terminación Anticipada, el cual como todo proceso conlleva formalidades y requisitos de validez como de eficacia.
Finalmente, nos avocamos al entendimiento del mecanismo de terminación anticipada, en el proceso penal peruano, teniendo en cuenta y reiterando lo que se ha mencionado supra, la deferencia por un debido proceso y eficiente tutela jurisdiccional; y en general los derechos fundamentales de los actores del proceso penal en su conjunto.
La principal característica de la terminación anticipada del proceso consiste en la admisión de fórmulas de negociación entre el representante del Ministerio público y la defensa del imputado, lo que podría generar, en algunas ocasiones, un resquebrajamiento del interés público, sin embargo, se tiene la idea de que a veces se deben realizar sacrificios mínimos, siempre y cuando el legislador controle la legalidad en su aplicación.
En este sentido la presente investigación busca la implementación y eficaz empleo de dicho mecanismo de simplificación procesal, dentro de la etapa intermedia en el proceso penal común.
El presente Informe de tesis está conformada por los siguientes capítulos:
Capítulo I.- Planteamiento del problema cuyo objetivo principal es determinar la posible aplicación de la terminación anticipada dentro de la etapa intermedia del proceso penal común.
Capítulo II.- Conformada por el marco teórico y sus antecedentes, teorías generales, bases teóricas especializadas, marco conceptual y las hipótesis.
Capítulo III.- Conformada por el método, tipo de investigación, diseño de la investigación, variables, población, muestra, técnicas de la investigación y sus instrumentos de recolección de datos.
Capítulo IV.- Presentación de resultados, contrastación de la hipótesis, análisis e interpretación de la tesis.
Capítulo V.- Contiene la discusión, conclusiones, recomendaciones y referencias bibliográficas; así mismo los anexos correspondientes.
La Tesista
La terminación anticipada, es un proceso especial acogido por el Código Procesal Penal del 2004, que se basa en el principio de celeridad, que por ende se introduce en uno de los elementos principales, el ser un proceso de naturaleza consensuada que pone termino al proceso penal; evitando de esta forma el transcurso de la secuencia procesal penal común, logrando una conclusión como su nombre lo indica, anticipadamente.
Como es sabido, en el mundo del Derecho, no toda figura es perfecta, y en el camino de su nacimiento o creación en el mundo abstracto o ideal, hasta que sea trasladado al mundo real o concreto, es decir, hasta que cierta figura jurídica sea trasladada a la realidad para su correspondiente aplicación, siempre se podrían presentar contradicciones o vacíos, los cuales subyacerían en la aplicación de las figuras jurídicas dentro de una determinada sociedad. Se entiende que, con la aplicación del Derecho, dichas sociedades deberían ser más ordenadas, en aras de una cultura de paz y absoluto respeto; no estando exoneradas de ello las correspondientes sanciones cuando se vulneran las normas penales, que son las que generan reprochabilidad social.
Así, la utilización de la terminación anticipada en el nuevo modelo procesal penal no es ajena a los antes mencionado, es decir, también adolece de ciertos puntos que al parecer no han quedado muy claros o firmes, por lo que se hacía necesaria la realización de la presente tesis para tratar de solucionar una de esas oscuridades; puntos tales como el denominado criterio de oportunidad como excepción al principio de legalidad, definido como la facultad que tiene el representante del Ministerio Público para tratar de consensuar con la defensa del imputado y así dejar de lado la persecución penal, que es una de las funciones encomendadas a éste ente, abarcadas en el principio acusatorio, todo ello, en lo concerniente a la aplicación de ésta figura procesal en la etapa intermedia del proceso penal común, ya que al respecto se han presentado diversas opiniones y fallos diferenciados; tal es así que para una parte de la doctrina y la jurisprudencia, la terminación anticipada no se
puede aplicar dentro de la etapa intermedia del proceso, pero para otro sector, contrario sensu, en base a una interpretación sistemática, sí sería posible tal aplicación; este problema podría ser ocioso analizar o abordar, de no ser porque el mismo afecta el proceso penal a la figura misma de la terminación anticipada y a la seguridad jurídica, lo que generaría también afectación a la sociedad, pues lo que las personas que la conforman desean tener normas que solucionen sus problemas y no que generen mayores complicaciones, con dilaciones innecesarias del proceso, de modo que al final no se consiga el fin que se desea por el proceso penal.
En esa misma línea de razonamiento, en Huaura se ha venido aplicando el proceso de terminación anticipada dentro de la etapa intermedia, esto como un criterio de oportunidad, lo cual ha traído como consecuencia una considerable descarga procesal
y por ende, contribuyendo a la solución rápida de los procesos penales; no obstante,
lo propio no ocurre en otros distritos judiciales, en los cuales niegan la posibilidad
del procedimiento señalado, restándole legitimidad bajo el lente del sistema de interpretación literal; contradicciones que producen inestabilidad y confusión en los operadores jurídicos, abogados y litigantes. Debemos tener en claro que esta inestabilidad y posiciones divergentes no son gratuitas, sino que fueron originas en
primer término por la propia norma, y luego por las distintas interpretaciones que se han dado a partir de acuerdos plenarios y plenos jurisdiccionales que, lejos de unificar
la jurisprudencia y las formas de interpretar han ahondado mucho más las esperanzas
de solución del tema complejo que en esta oportunidad nos ocupa.
Es importante tener en cuenta pues, que aún a pesar que la culminación anticipada
del proceso solo puede aplicarse en la etapa de investigación preparatoria, de acuerdo
a la ley adjetiva, se puede advertir que la utilización de este mecanismo de
simplificación procesal podría hacerse en la etapa intermedia del proceso penal común, obteniéndose muy buenos resultados, tal y como se puede ser demostrado con las estadísticas de los distritos judiciales en los cuales se viene aplicando. Como
ya lo hemos mencionado, esta aplicación se realizaría en base al denominado “criterio
de oportunidad” por el Código Procesal penal; apartándose de este modo del precedente vinculante formulado en el Acuerdo Plenario Nº 5-2009/CJ-116 de fecha 13 de noviembre de 2009, que señala que “la invocación del proceso de terminación
anticipada dentro de la etapa intermedia del proceso común, desnaturaliza dicho
mecanismo premial y desplaza la función propia del mismo, como es el de minimizar los tiempos evitando fases procesales, tales como la etapa intermedia y enjuiciamiento” (fundamento 19).
El fundamento mencionado se contradice con el denominado criterio de oportunidad, regulado por nuestro Código Procesal penal, y que podría ser aplicado en la etapa intermedia del proceso penal común. Dicho criterio se deduce del Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116, de fecha 18 de julio de 2008, que indica que “las características sustanciales entre la culminación anticipada y la denominada conformidad procesal derivan de la situación fáctica que ambas están incardinadas en criterios de oportunidad y en la admisión de cargos, teniendo como resultado la conclusión del proceso con una sentencia anticipada, poniendo fin al mismo; donde el imputado al aceptar los cargos planteados por la fiscalía obtiene una respuesta punitiva considerablemente mínima” (fundamento 22, tercer párrafo) (la negrita es mía).
¿En qué medida es posible la aplicación del proceso especial de terminación anticipada en la etapa intermedia como un criterio de oportunidad, en los juzgados de investigación preparatoria de Huaura entre el 2015 – 2016?
¿Cuáles son las consecuencias de que la terminación anticipada no sea aplicada en la etapa intermedia como criterio de oportunidad en los juzgados de investigación preparatoria de Huaura entre el 2015 -2016?
1.2.1. Justificación teórica
Unas de las razones que nos impulsa para la elaboración del presente trabajo, es poder llenar un vacío dentro del conocimiento científico en lo que respecta a la rama del Derecho Procesal Penal, para que, a partir de los mismos, se obtengan resultados particulares y que estos lo podamos aplicar a los casos generales en lo que se evidencia ambigüedad y oscuridad referido al tema que nos ocupa y otros similares que pueden tomar nuestro aporte como guía. Además, nuestro aporte debe servir para debates y discusiones jurídicas, contribuyendo al desarrollo de una teoría, ofreciendo, así mismo, la posibilidad fructífera de la exploración del fenómeno cuando se presente el caso.
La investigación propuesta tratará de demostrar, mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos de terminación anticipada, que ésta puede ser aplicable en la etapa intermedia del proceso penal común, fundamentándose ésta posición jurídica no solo en el criterio de oportunidad señalado en el art. 350.1.e) del CPP sino en los eficientes resultados obtenidos en el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Huaura entre el 2015 – 2016.
1.2.2. Justificación metodológica
En el aspecto metodológico, se aplicó los instrumentos: cuestionarios y matriz de análisis de contenido, los cuales nos sirvieron para recolectar o analizar datos, contribuyendo de este modo a la definición de conceptos que hasta ahora no estén muy bien definidos o establecidos.
Así mismo se recurrió a la técnica documental a través del fichaje y la estadística. A través de la aplicación del cuestionario, se busca conocer los hechos y sus efectos en la realidad, entre otros.
El presente trabajo fue factible porque se contó con la bibliografía adecuada y los fallos de los juzgados de investigación preparatoria de Huaura.
El presente trabajo de investigación, pretende ser relevante en el aspecto práctico, pues al obtenerse soluciones concretas al problema de la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia como criterio de oportunidad, dicho mecanismo de simplificación procesal podría ser incluido, de manera excepcional, en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso penal común, de tal modo que resulten beneficiados con ello, no solo los imputados y agraviados del delito, sino también los magistrados, es decir, fiscales y jueces, en tanto que con dicha aplicación se podrían evitar largos y dilatorios procesos que originen unos de los mayores problemas de la administración de justicia de nuestro país, la sobrecarga procesal.
En el presente trabajo materia de investigación perseguimos los siguientes objetivos:
Interpretar hasta qué medida sería posible la aplicación del proceso terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común como un criterio de oportunidad, en los juzgados de investigación preparatoria de Huaura entre los años 2015 – 2016.
Analizar cuáles serían las consecuencias de que la terminación anticipada del proceso no sea aplicada en la etapa intermedia del proceso penal común como criterio de oportunidad en los juzgados de investigación preparatoria de Huaura entre los años 2015 -2016.
En esta investigación se pudo reconocer limitaciones de índole económico, pues para realizarla no se pudo contar con financiamiento externo, sino únicamente con recursos económicos propios.
2.1. Antecedentes de estudios
Respecto de los antecedentes se han seleccionado los estudios, tanto internacionales como nacionales, que están relacionados con el estudio, logrando ubicar artículos de investigación, tales como:
VVILLAVICENCIO TERREROS, Felipe (2013). “La Terminación Anticipada del Proceso en las audiencias de prisión preventiva y de control de la Acusación fiscal en Huaura”. En: Revista del Instituto de Ciencia Procesal Penal, pág. 16. Perú - Lima
En este artículo, el autor analiza la posibilidad de establecer la fórmula de la finalización anticipada del correspondiente proceso en las diligencias de prisión preventiva y asimismo de control de la acusación fiscal en el Distrito Judicial de Huara, además de que explica los problemas prácticos y teóricos que se presentan en dicha aplicación, motivando su explicación en las garantías procesales establecidas en el Código Procesal penal.
Finalmente concluye que la terminación anticipada puede instarse en audiencia de prisión preventiva y control de acusación; así como en otras audiencias del proceso.
IBARRA, E. (2013). “La Aplicación de la Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia del Nuevo Proceso penal. ¿Es la terminación anticipada un criterio de oportunidad? En Revista del Instituto de Ciencia Procesal Penal, pág. 25. Perú - Lima
El autor considera que la reforma procesal aplicada en Huara, en cuanto a la Terminación Anticipada que es aplicada en la etapa intermedia, sería un remedio propuesto para resolver problemas hallados por los demás operadores del país, concluyendo que se requiere la necesidad de la incorporación de la figura en mención como instrumento para
minorar la carga procesal, debiéndose permitir su realización aún en la etapa intermedia, pues nada obsta para ello, ya que sistemáticamente las incongruencias estarían salvadas.
MIXÁN F., IBARRA C., HURTADO J, UGAZ, F. (2010). “El Proceso de terminación Anticipada. Estudios y Práctica Procesal”. Ediciones BLG E.I.R.L. pág. 29. Perú – Trujillo
Analiza del como la terminación anticipada es aplicable en la etapa intermedia dado que cumple con los requisitos suficientes para su inclusión en el proceso señalado, concluye, por lo tanto, que la terminación anticipada debe permitirse ser realizada aún en fase intermedia, como último mecanismo que podrá concluir el proceso exponiendo condena previamente al juicio.
TABOADA, G. (2013). “El proceso de Terminación Anticipada en el Nuevo Código Procesal penal – Especial referencia a su aplicación en el distrito judicial de La Libertad. En Revista del Instituto de Ciencia procesal Penal, pág. 396
El autor precisa los aspectos formales y sustanciales del proceso especial de terminación anticipada en los juzgados de investigación preparatoria del Distrito Judicial de La Libertad, advirtiendo que es de vital importancia que los operadores jurídicos conozcan de manera eficiente los alcances de este mecanismo de simplificación procesal, que permite una solución consensuada en el proceso, de forma tal que solo lleguen al final de un proceso penal común algunas causas en donde se tanga una controversia de posición entre el Ministerio Público y la defensa técnica del imputado; por lo que en forma excepcional, se permitiría instar un criterio de oportunidad denominado terminación anticipada del proceso, durante el desarrollo de audiencia preliminar.
VARGAS, R. (2009). “Cuestiones problemáticas de la Terminación Anticipada”. En Revista de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Año II – Nº 03/octubre de 2009. Vox Iudex Pág. 188.
Sistematiza el mecanismo de terminación anticipada para dar respuesta a los problemas que se vienen desarrollando en los órganos jurisdiccionales, su interpretación y entendimiento que los operadores jurídicos deben tener en su aplicación, concluyendo que la ocasión procesal para solicitar la terminación anticipada, tanto dogmática como normativa, sería la etapa intermedia; ya que el juez de garantías tendrá una mejor valoración de los hechos, presentados por la fiscalía.
HURTADO POMA, Juan Rolando. (2010). “Causas que no permiten una cabal aplicación de los acuerdos reparatorios, en el distrito judicial de Huaura”. Tesis que ha tenido a bien indicar lo importante que es una salida alternativa.
Dentro del ordenamiento jurídico se cuenta con viene jurídicos tutelados, los cuales son necesarios su protección, la cual ha estado en mano de la justicia y de la propia sociedad, desde ese punto de vista, de acuerdo a la criminalidad, esta experimenta innumerables variaciones, de tal manera que podríamos estar hablando de criminalidad alta, media o baja, lo que a su vez con conlleva a la creación de nuevos instrumentos dentro del proceso penal a fin de poder atender el determinado conflicto. Dentro de ello el criterio de oportunidad es una buena alternativa para poder finiquitar un proceso penal, buscando el consenso entre las partes que participan en el mismo, la cual se puede dar sin problema alguno en la etapa intermedia y hasta antes del inicio de la etapa de juzgamiento.
Así también, debe tenerse presente que la negociación no es de por sí autónoma, o que quede al albedrío de una de las partes, sino que depende de algunos factores que deben concurrir en la negociación, de lo contrario la negociación que se está indicando no llegaría a finiquitarse; por ejemplo si el imputado no está de acuerdo o el fiscal, la negociación simplemente no tendría razón de ser, pues como se viene diciendo se trata de consenso no de la imposición de una determinada posición por parte de cualquiera de las partes que participan dentro de este proceso penal.
HURTADO POMA, Juan R. (2008) “La justicia negociada en el Nuevo Código Procesal Penal”. Tiene como objetivo indicar que la Terminación Anticipada como
medio alternativo debe ser empleado de forma correcta en tanto sea beneficioso para el Proceso.
En este caso, el autor indica que como representante del Ministerio Público en el Distrito Judicial piloto en donde se estableció en su inicio nuestro nuevo ordenamiento del Código Procesal penal, tuvo experiencia sobre el proceso de Terminación Anticipada, sobre todo en un caso en especial que versaba sobre una homicidio que fue precedido por un delito de robo, en la cual se contaron con todos los elementos de convicción necesarios; ante ello el inculpado opto por acogerse al esquema de la finalización anticipada.
En esta línea de ideas entonces, la negociación dentro de la justicia penal es posible, de tal que el imputado al aceptar los cargos recibe a cambio un incentivo, consistente en la simplificación de su imposición. Además de ello debe tenerse en cuenta que este tipo de solución tiene amplio alcance dentro de la justicia penal.
Además se debe tener en consideración que la aplicación de la figura de la Terminación Anticipada del proceso no puede ser otorgada a ciegas, sino que debe realizarse respetando los derechos fundamentales del imputado, esto en base también al principio de presumir una inocencia que consiste en aceptar que las personas que son juzgadas tienen que ser consideradas inocentes, dentro del proceso penal, hasta que no se determine de manera fehaciente su responsabilidad penal; por ende, esta figura si bien es cierto es beneficiosa, debe tener un uso adecuado en el marco de la ley y de nuestro ordenamiento nacional.
CUBAS BRAVO, Juan Alex. (2007). “Terminación Anticipada del Proceso”. Tiene como fin establecer el provecho que incentiva la figura de la finalización Anticipada insertado en el proceso penal, como posible solución.
En este caso se concluye que la Terminación Anticipada se caracteriza por el consenso que tiene que existir entre la defensa del procesado con el representante de nuestra sociedad, en la cual se encuentra presente la retribución por parte de este último, en cuanto a la pena, ya que como una especie de premio se gradúa la pena, de tal manera que la misma se reduce, es decir se produce un grado reciprocidad en este tipo de
acuerdos, y además la lógica de este premio como se ha mencionado, es animar a los imputados a que reconozcan su culpabilidad en casos donde ya se cuenta con elementos de convicción, haciendo de este modo resumir el proceso y evitando gastos innecesarios al Estado. El Tribunal Constitucional no es ajeno a esto, ya que el mismo, ha establecido que cuando se habla de Terminación Anticipada, nos estaremos refiriendo a ese acuerdo que existe en el fiscal y el imputado, el mismo que acepta los cargos que le imputan, poniéndose de acuerdo con todos los demás aspectos, tales como la pena o la reparación civil por ejemplo. Dicho de otro modo, en este caso debemos observar los objetivos que persiguen las partes, el fiscal quiere que el proceso termine y que la teoría del caso finalmente tenga éxito dentro del juicio, y de otro lado, el imputado quiere obtener el beneficio de haber aceptado su culpabilidad, la cual consistirá en la reducción de la pena a aplicarse.
BUTRÓN, P. (1998). La conformidad del procesado en el proceso penal, pág. 135. MC GRAW HILL. España: Madrid
La negociación tiene como fin el planteamiento de la pena, lo cual no supone negociar el delito imputado o una pena diferente a la prevista en la normativa penal. Lo señalado debe darse en correspondencia al principio de legalidad.
MONTERO, J. Texto base de la intervención en el X Congreso Nacional de derecho procesal garantista del 12 a 14 noviembre del 2008. Pág. 13. Argentina: Buenos Aires
Dentro del Sistema Adversarial en los Estados Unidos de Norteamérica se consideran una serie de recompensas al imputado en caso acepte su responsabilidad penal. Lo mencionado se inserta dentro del denominado “derecho premial”, que permite evitar la realización de la fase de juzgamiento del proceso, y cuya consecuencia mediata sería la reducción considerable de la pena por parte de los operadores de justicia.
De acuerdo con lo mencionado, el sistema procesal se transformaría en netamente inquisitivo, ya que el proceso no se realizaría en los tribunales, generando, de este modo, no solo descarga procesal, sino bajos costos para el Estado; entendiéndose que la terminación anticipada es un mecanismo de simplificación procesal que es llevada a cabo en base al consenso entre las partes involucradas dentro del proceso penal.
En la presente tesis, los antecedentes citados nos permitirán confrontar los resultados que obtengamos a partir del desarrollo de nuestra investigación y determinar las causas y consecuencias del establecimiento de la finalización anticipada del proceso en la etapa intermedia en el Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Huaura, entre los años 2015 al 2016, como un criterio de oportunidad. Con lo mencionado, se quiere ampliar el horizonte y dar un pantallazo a este fenómeno que viene desarrollándose satisfactoriamente en dichos juzgados penales con gran efectividad.
El rasgo esencial de estos sistemas circunstanciales, es que “son viables en su uso para establecer una mejor situación del agraviado y también para favorecer al imputado, cuya pretensión es la obtención oportuna de la reparación del daño; evitando la aplicación del derecho penal tradicional, como es la pena” (Palacios, 2007, pág. 131).
Además de ello, se sostiene que estas salidas alternativas “sirven para dar solución eficiente a los conflictos penales; contribuyendo de esta manera con la descarga procesal del sistema penal, dado que con ellas se evita que todos los procesos penales lleguen a la etapa del juicio oral” (Guerra, 2006. pág.10.).
Se argumenta que para aumentar la calidad de las respuestas y obtener una oportuna justicia penal para las víctimas, “es indispensable utilizar mecanismos que suspendan
http://www.eumed.net/rev/cccss/02/ivvv.htm)
(Velásquez,
Aplicar situaciones circunstanciales, como es el caso del Principio de Oportunidad o de la Terminación Anticipada, trae consigo, “no solo que el agente sea condenado, sino que además deberá pagar una reparación civil a favor de los agraviados; más aún cuando estas salidas tienen la aprobación y aceptación del que resultase
agraviado por
(Müller, 2011,
http://trujillodiweb.blogspot.com/2011/07/codigo-procesal-penal-y-la-
inseguridad.html)
2.2.1.2. Procesos especiales en el Código Penal 2004
En estos casos especiales, se ventilan con procesos especiales, las cuales difieren del proceso común, pues cuando se habla de procesos especiales, estos tienen que ver con delitos peculiares.
a) El proceso inmediato, se necesita contar con elementos de convicción indiscutibles, que muestran de forma clara la existencia de un delito.
b) El procedimiento por motivo de la función pública, se sustancia en la condición de las personas sometidas a proceso, debido al cargo que ocupan en el aparato estatal, por lo que se hace necesaria la aplicación de un proceso especial en que se tome en consideración dicha condición de los imputados, para su correspondiente juzgamiento.
c) El proceso de seguridad, sustanciada también en la calidad personal del procesado, debido a las limitadas facultades que posee el individuo; siendo por ello, inviable el desarrollo de un proceso común.
d) El proceso por actividad reservada de la acción penal se justifica en el objeto material del proceso, dado que el hecho delictuoso es de poca relevancia penal; por lo que la incoación solo puede ser solicitada por la parte agraviada; es decir que el desarrollo de la misma supone básicamente el impulso a voluntad de los involucrados.
e) El proceso de terminación anticipada, fundamentado en el principio de consenso, tiene como finalidad que las partes intervinientes en el proceso común lleguen a negociar el grado de responsabilidad y sanción punitiva a imponer al imputado.
f) El proceso por colaboración eficaz, basado también en el principio de consenso, es instaurado para luchar contra la criminalidad organizada.
g) El proceso por faltas esta sustanciado en razón del objetivo de la secuencia con la cual está instituido por los las denominadas “faltas”, es decir por contravenciones a la ley penal que afectan bienes jurídicos de escasa entidad.
2.2.1.3. La negociación penal
San Martín, citando a Pedro Butrón Baliña, señala que “el primordial objetivo de una transacción, es la sanción, sin importar el cargo imputado”. (León, 2005, pág. 210)
Como parte de la negociación, “el defensor legal deberá utilizar un plan estratégico y plantearlo a los integrantes que se insertan en el procedimiento. Fiscal, imputado y víctima; de modo que se llegue a una solución satisfactoria para las partes intervinientes”. (Mixán F., Ibarra C., Hurtado J, Ugaz, F., 2010, pág.114-115).
Dentro de los mecanismos procesales que sirven para obtener una eficaz solución al conflicto penal, en los que se aplica la negociación penal, tenemos:
1. El proceso de celeridad, breve y la sanción directa: instado por el Fiscal
2. El principio de oportunidad y el acuerdo reparatorio: consecuencia del acuerdo
entre imputado y víctima.
3. La finalización preventiva, la colaboración eficaz y la finalización anticipada:
como consecuencia del acuerdo arribado entre el fiscal y la defensa del imputado.
Dentro de los fundamentos que justifican la negociación tenemos:
La ineficacia del sistema procesal
 Dilación de los procesos
 Excesiva carga procesal
 La sobrecriminilización
 El olvido de la víctima
Lograr una justicia más rápida y eficaz, lo cual implica:
 Establecer criterios de selección controlada de los procesos.
 Celeridad de los procesos penales
 Revitalizar el objetivo de la pena y la descriminalización penal
 Incorporación de la víctima como sujeto procesal.
En suma, el objetivo final de la negociación penal es que los procesos culminen por consenso, lo que originará la solución de una amplia cantidad de procesos penales, con el menor costo posible, y la percepción de una justicia pronta y eficaz, con la garantía de un absoluto respeto por las condiciones de validez del sistema procesal penal.
En esta línea de ideas, la negociación dentro de la justicia penal necesita de técnicas y estrategias novedosas para poder arribar al consenso o acuerdo que la ley plantea, en la cual cada una de las partes exteriorizan destrezas propias, para poder establecer sus intereses y dejar sentadas sus posiciones, logrando que está manera que los que participen en esta negociación se beneficien con los resultados.
De esta manera, se redefine un nuevo rol del representante del ministerio público en función de ser un “negociador”, el mismo que al analizar los hechos, planteará estrategias y determinará las fuerzas y debilidades de su teoría del caso; en aras de los intereses estatales, del imputado y de la víctima; cautelando los bienes jurídicos protegidos.
Etapas de la negociación penal
Etapa pre-negociadora
Es una fase de preparación completa, su finalidad es la determinación de una negociación a futuro, donde el negociador debe constituirse para sí, todas las armas posibles y no se sienta desamparado ante una probable proposición de la otra parte, en caso ésta no le resulte conveniente a sus intereses.
Etapa de transacción o conciliación dicha
En esta parte se establece el desarrollo de todo el proceso de negociación entre las partes procesales; es decir, en esta etapa se pone en práctica lo determinado en la fase pre-negociadora, realizándose todos los temas previamente analizados en el orden que se habrían establecido.
Etapa finalista de negociación
En esta etapa, las partes llegan a un acuerdo final como consecuencia de la negociación, que tiene que ser plasmado en un documento (acta), lo que genera valor en el proceso penal, y relevancia para las partes procesales.
Requisitos de validez de la negociación
El imputado deberá ser representado por un abogado defensor.
El imputado deberá ser capaz, no sufrir anomalía psíquica, ni alguna de las causas
de inimputabilidad, debe tener conciencia de lo que hace.
c) Es obligación dentro de un debido proceso que la negociación sea consiente y
además voluntaria, dado que el imputado renunciará a diferentes principios
constitucionales, como es el caso de los derechos a un juicio oral y público, a la
defensa, entre otros.
c) Deberá existir suficientes elementos probatorios del hecho delictuoso que
posibiliten la negociación, de modo que se evite negociar con individuos con alto
grado de inocencia.
d) El abogado defensor debe utilizar técnicas y estrategias de negociación, no solo con su cliente, sino con las otras partes procesales involucradas: Fiscal y agraviado.
En nuestro país, la terminación simplificada tiene una escasa regularización procesal,
por lo que su incoación por parte del Ministerio Público depende ampliamente de la
discrecionalidad de los fiscales; de allí que resulta de suma urgencia que se dicten
pautas y normas que garanticen que la actuación de los mismos, resulten óptimos y
en concordancia con los principios que rigen la figura procesal de manera oportuna y
eficaz; tal y como se ha desarrollado en los países de Colombia, Guatemala y Chile
2.2.1.4. La negociación en los acuerdos de terminación anticipada
Benavente, C. señala lo siguiente:
“La finalización preventiva es el resultado de una estrategia defensiva iniciada a cabo
en la fase de indagación e investigación preparatoria (hasta antes que el fiscal formule
acusación) que, basada en un planteamiento de proyección de planteamiento
adecuado sobre el futuro del proceso, implica llegar a una transacción con el
representante del Ministerio Público, renunciando a toda acción jurídica, a las
excepciones y a la tramitación de la causa, con el fin de hacerse acreedor de
beneficios en la pena, previa audiencia y homologación por el juez de la investigación
preparatoria” (2009, pág. 23)
El objeto de la transacción en la finalización anticipada, básicamente es la imposición de una pena; no se negocia el hecho delictuoso imputado ni una pena distinta a la prevista en la norma.
Es de advertir que este instrumento de solución de conflictos, se lleva a cabo respetando las bases del respeto de la fuente de la legalidad, en todas sus estructuraciones.
Es pues, un negociado jurídico – procesal, cuya característica esencial es la transacción penal entre las partes intervinientes.
El acuerdo como producto de la negociación entre fiscal y la defensa del imputado, es pues, la característica esencial de la terminación anticipada, constituyéndose de este modo, en la estructuración funcional en materia penal.
2.2.1.4.1. Estructuras conciliables en la finalización anticipada
En el Código Procesal Penal del 2004, se establece que lo que se transa en la terminación anticipada, es la sanción, reparación civil y las demás consecuencias legales del crimen, siendo inviable la negociación respecto de la calificación jurídica del delito, pues la comisión de los hechos delictuosos deberá encajar en el tipo legal establecido por la norma penal.
Dentro de los aspectos que se pueden ser objeto de negociación, son:
1.- Determinación del quantum de la pena
El objetivo principal de la terminación anticipada negociada dentro del proceso penal actual, es la obtención de una pena que podría ser considerada justa para un caso determinado, pues se basaría en el consenso de las partes procesales. Se trataría de definir el quantum de la pena, debiéndose ajustar al hecho punible imputado.
2.- Determinación de la Reparación Civil
El acuerdo entre las partes procesales, producto de la negociación se establece en introducir un monto de reparación civil a favor del agraviado del hecho delictivo; sin embargo, si ésta no está conforme con dicho valor, fijado en el acuerdo, podrá impugnar la sentencia que aprueba el mencionado acuerdo.
3.- Determinación de las situaciones complementarias
La conciliación de finalización anticipada, además de contener el quantum de la sanción, y lo que contiene en el abono civil asignada para los agraviados; también deberá abarcar las consecuencias accesorias que el fiscal solicite y que le correspondan por el delito cometido.
Dentro de los aspectos que no pueden ser objeto de negociación, se encuentran los siguientes:
1.- El individuo como procesado y los sujetos procesales
La fuerza coercitiva e imperativa de la nación jurídicamente organizada se basa en la represión de actuación delictiva de los individuos que pongan en peligro y trasgredan bien bienes jurídicos legalmente protegidos mediante el Derecho Penal; de allí la importancia de tener conocimiento del probable agresor.
2.- El hecho punible
Los hechos en la comisión de un delito, son fundamentales en el desarrollo de la indagación que lleva a cabo el Ministerio Público y forman parte primordial del acuerdo negociado de las partes procesales en la terminación anticipada.
3.- La Calificación jurídica legal
El Ministerio Público, cuando dispone la formalización de investigación preparatoria con el requerimiento acusatorio correspondiente, puede solicitar los tipos de calificación principal, alternativo y subsidiario.
En el enfoque de finalización preventiva, desarrollado en concordancia con el nuevo sistema procesal penal, es posible que el imputado acepte los cargos, aunque sea
inocente o tenga una responsabilidad menor, con la finalidad de conseguir un acuerdo, y por ende, una sanción menor, por lo que se exige que existan elementos suficientes de convicción en el juez al aprobar un acuerdo. Si existe distinción en la calificación realizada y plasmada en la disposición de formalización de investigación preparatoria del representante del ministerio Público, también deben existir elementos suficientes de convicción, caso contrario resultaría imposible la inclusión de un examen legal controvertido
4.- Las situaciones de certeza suficientes
Las situaciones de certeza suficientes permiten que los integrantes de un proceso realicen acciones variadas en un proceso, y por la cual se permite al órgano jurisdiccional fundamentar el cimiento de las decisiones a través del no menos preponderante principio de las fundamentaciones en las correspondientes resoluciones judiciales.
Dentro del proceso de Terminación Anticipada se debe verificar que los cargos estén debidamente confirmados mediante un actuar mínimo procesal, es decir, en razón de establecer clara y precisamente todos los elementos que contengan la prueba de una situación fáctica, y en este caso el jurista debe hacer una evaluación de los aspectos de medios probatorios de acción y medios probatorios de contradicción.
2.2.1.5. El representante el Ministerio público en la transacción por la imposición sancional.
El Ordenamiento Adjetivo sancionador, encarga la dirección de toda de investigación del hecho delictivo al representante de la sociedad, sin permitir la existencia de intromisiones judiciales en las pesquisas para la determinación de una acción delictiva; siendo en todo caso la situación de los representantes de la sociedad como es la fiscalía, como el titular de la actividad pública de la iniciación penal, y por consiguiente encargo de la fundamentación probatoria y de la investigación criminal desde su inicio.
Cabe resaltar que el fiscal es el responsable de dirigir la investigación preparatoria, y que tiene la facultad de disponer de todos los mecanismos de simplificación procesales que nuestro Código Procesal Penal prevé, de modo tal que su carga procesal se minimice y pueda dedicarles mayor tiempo a las causas más importantes. Al representante del Ministerio Público se le faculta prescindir del ejercicio de la acción pública punitiva, cuando se presenten los denominados aspectos de una posibilidad de oportunidad o ante el pedido de una diligencia de finalización anticipada por parte de la defensa técnica del procesado.
En la negociación realizada dentro de un proceso penal, el representante del Ministerio Público no solo debe buscar la conciliación con la defensa técnica del procesado, sino que también, debería existir una etapa anterior en la que el representante del Ministerio Público busque el acuerdo tanto con el agravado como con la defensa técnica del imputado, con el objeto de tomar conocimiento y asegurar los intereses de las partes intervinientes en el proceso.
2.2.1.6. El imputado en la negociación
La defensa del imputado, dentro de un proceso penal, resulta ser la parte contraria al Ministerio Público, ambas partes están interesadas en solucionar el conflicto jurídico-penal existente, por lo que pretenden un acuerdo que resulte complaciente para las partes.
En la secuencia procesal de la finalización anticipada se verifica la transacción, que deberá efectuarse entre el representante de la sociedad como es el Ministerio Público y el imputado y su abogado defensor de manera obligatoria, ya que debe garantizarse el derecho de defensa que constitucionalmente le corresponde al imputado. Es por esta razón que el abogado defensor del procesado deberá asesorar, previamente a la negociación, a su patrocinado, respecto de las consecuencias de su decisión, que consiste en aceptar los hechos imputados por el Ministerio Público, lo que es un requisito de este proceso especial.
La víctima en la negociación
Uno de los aspectos característicos de la transacción enfocado en una forma para finalizar anticipadamente con el proceso sancionador, es la inclusión de la reparación civil económica a la víctima o agraviado del delito.
La terminación anticipada, respecto de la víctima, deriva en un contexto favorable mitigando los efectos de victimización, ya que está provoca la diligente tutela jurisdiccional.
El agraviado, que es una víctima, al intervenir durante la parte de preparación de la finalización preventiva de una secuencia procesal, minimiza los alcances de victimización que en el esquema sancionador suscita sobre el perjudicado por el ilícito penal.
Es por esto que resulta ser vital la intervención del agraviado, en su calidad de víctima, ya que por ende se podría evitar que está se sienta relegada en el conflicto penal que le atañe y, consecuentemente con ello, pueda considerarse doblemente dañada.
De lo mencionado se colige que es urgente una regulación jurídica en el que se le incluya a la víctima dentro del desarrollo del proceso de acuerdo provisional en la terminación anticipada del proceso, ya que en dicho procedimiento solo podría permitirse la realización de reuniones preparatorias informales vinculadas tanto con el fiscal que representa a la sociedad y asimismo con el procesado con el objeto de llegar a un acuerdo provisional, excluyéndose lamentablemente a la víctima; por lo que al llegar a un acuerdo, podría afectarse a la víctima del delito, quien percibirá ello como un acto de neutralización y de revictimización.
Con lo relacionado al tema reparatorio del agraviado como es su reparación civil, tenemos presente que tanto el denunciado ya procesado y la víctima deben alcanzar el modo y forma de transar los pagos correspondientes con la finalidad de extinguir la pretensión civil, sin que el representante del Ministerio Público pueda oponerse a tal acto.
Cabe anotar la participación de la víctima en el acuerdo respecto a la reparación civil ha sido cuestionado, por lo que el código adjetivo sólo permite al fiscal y al imputado llegar a un acuerdo respecto de este monto.
El Tribunal Constitucional colombiano, al referirse al respecto de la inconstitucionalidad del artículo 37- B del Código Procesal penal, reconoce que el Derecho Procesal penal no solo
debe obrar como poder punitivo del Estado, amparando beneficiosamente al imputado, sino que debe abogar también por los derechos que le corresponden a la víctima, ya que ésta no puede ser ignorada por cualquier política criminal realizada por el Estado. Por esta razón ha declarado la inconstitucionalidad del artículo 37-B de su Código procesal penal, señalándose que el juez, al dirigir la sanción en la vía civil como es la responsabilidad en los diferentes temas de controversia de sentencias en este caso anticipada, ignora aspectos fundamentales relacionados con los derechos y principios constitucionales, que en materia de equidad y justicia tiene el agraviado considerado víctima en el proceso penal. (Código Procesal Penal, artículo 468º, inciso 4)
En el modelo procesal penal peruano, la asistencia de la víctima no sería impedimento para para suspender la audiencia; sin embargo, la presencia del agraviado le permite manifestarse en cuanto a lo que le incumbe, que es la reparación civil, lo cual resultaría beneficioso por cuanto evita mantenerse incurso en un proceso judicial prolongado, beneficio que no siempre resulta en una reparación que se corresponda con el daño ocasionado por los efectos del delito.
2.2.1.8. La Terminación Anticipada
La figura de la terminación anticipada fue introducida en la normatividad legal peruana a través del Decreto Legislativo Nº 945 y artículo 1º de la Ley 28671 del 31 de enero del 2006.
San Martín Castro establece lo siguiente:
“El enfoque procedimental de la figura de la terminación anticipada, busca en forma precisa y concreta alcanzar una justicia pronta y segura, que pueda en todo caso reducir la carga procesal penal en las instancias jurisdiccionales; en este sentido es también importante vincularse esta celeridad con el respeto del principio de legalidad y con ello se busca un formula consensual, tanto con el fiscal que es el representante de la sociedad y el procesado imputado, a razón de establecer acuerdos del hecho, la pena, y por último el tema de la reparación civil a favor del agraviado, con algunas consecuencias accesorias. (Artículo 468.5)”. (2003, pág. 43)
Peña, A. señala que:
“La terminación anticipada del proceso como la vía arbitrada que ha previsto el legislador, en cuanto a la articulación de un mecanismo de ´alternatividad´, al proceso penal ordinario, que toma importancia a razón de que el procesado y por ende el representante de la sociedad, llega a un acuerdo para poder de esta manera finalizar el proceso en forma anticipada, buscando de esta manera consensuar el aspecto de los hechos incoados la temporalidad de la pena y la consecuencia de la reparación civil en su debida importancia logrando en general una mejor situación social, tanto para el imputado, agraviado y nuestra sociedad; dejando por ende a fiscal con casos más complejos”. (2011, pág. 590)
Este mecanismo tiene como origen en el Plea Bargaining o Acuerdo de Negociación Norteamericano, el mismo que fue trasladado a otras instituciones como es el caso del “patteggiamiento” italiano, o la aplicación de pena a instancias de las partes introducido por la Ley Nº 689 del 24 de noviembre de 1981; sin embargo, la doctrina señala que dicha institución consensual tiene como fuente más inmediato al artículo 37º del Código de Procedimiento Penal Colombiano de 1987, modificado por Ley 365/97 en el artículo 11º, que regula la conclusión anticipada señalándose en todo caso que no existiendo recurso impugnatoria alguno y ejecutoriada la misma resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación, el procesado inculpado en la controversia podrá pedir que se dicte una sentencia anticipada. Asimismo, se podrá dictar sentencia anticipada, cuando establecida la resolución de acusación y hasta antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados. En este caso, de acuerdo a la mencionada legislación, la rebaja será hasta de una octava (1/8) parte de la pena.
2.2.1.8.1. Plea Bargaining
Es propio del derecho anglosajón, y consiste en el acuerdo negociado desarrollado en los Estados Unidos de América hace aproximadamente cien años, contando con pleno reconocimiento del Supremo Tribunal desde hace más de treinta años, a través de algunos precedentes, como es el caso Brady vs. Unites States y Santobello vs. United States, los cuales reconocen el Plea Bargaining a partir del modelo adversarial norteamericano.
Es pues una especie de transacción judicial previa antes de iniciar el juzgamiento, por el cual el Ministerio Público y la defensa del imputado se otorgan concesiones recíprocas, en donde la fiscalía negocia la reducción de la pena, los cargos y el contenido de los mismos, asimismo, el procesado concilia la aceptación de su responsabilidad.
En el Plea Bargaining se logra identificar dos manifestaciones; La Charge Bargaining que corresponde a aquella por la que el fiscal puede cambiar su acusación por una más leve o restringir los cargos planteados; y La Sentence Bargains, mediante la cual el fiscal es quien propone al juez la imposición de una determinada pena, fundamentándose en la declaración de culpabilidad del agente.
Existe notoria diferenciación entre el Plea Bargaining norteamericano y la terminación anticipada continental, pues mientras en la primera, el derecho de acción del Ministerio Público son absolutas, permitiendo el uso indiscriminado del mismo, vulnerándose a todas luces el principio de legalidad penal; en la segunda, la sujeción a la ley y al principio invocado anteriormente, limitan considerablemente las posibilidades de negociación del Ministerio Público. De ello se colige que mientras en el derecho norteamericano se admiten tanto la Charge Bargaining como la Sentence Bargaining, en el derecho continental solo procede la Sentence Bargains.
2.2.1.8.2. El Patteggiamiento
Se trata de una institución de origen italiano, en el cual el procesado y el representante de la sociedad fiscalía solicitan, por escrito o en audiencia preliminar, al juez de las indagaciones preliminares, que es similar al Juez de Investigación Preparatoria de nuestro sistema penal, previo reconocimiento de la responsabilidad en la comisión de un ilícito penal, la aplicación de una sanción señalada en el ordenamiento penal pero reducida en un tercio. Los sujetos procesales que pueden incoar dicha solicitud, solo podrán ser el imputado y el fiscal, no requiriéndose la intervención de la víctima.
Para la aplicación de dicho procedimiento especial se deben dar cumplimiento a dos presupuestos; uno positivo, que condiciona su aplicación, relativo al quantum de la pena,
que se da luego de medir las situaciones del caso y la disminución a un tercio que en ningún caso podrá superar los 5 años; por ende, solo podrá ser aplicado a delitos de gravedad media- alta; y el otro, negativo, por el cual solo se aplicará cuando se superen los dos años de prisión y concurran las circunstancias determinadas por el artículo 444º del Código Penal Italiano; es decir, no podrán acogerse a dicho procedimiento simplificado los imputados que sean profesionales, reincidentes o habituales ni aquellos procesados por crimen sentenciado o en grado de iniciación, asociación para delinquir, contra la personalidad individual, violación de menores y pornografía infantil, secuestro con extorsión, delitos de terrorismo y cualquier otro ilícito penal en el que existe la asociación de tipo mafioso.
La sentencia emitida por el juez, de carácter condenatorio, debe tener doble sentido: positivo porque se materializa en la supervisión de la calificación jurídica y valoración de las circunstancias al momento de imponer una pena; y negativo, porque logra comprobar la no existencia de insuficiencia probatoria.
El imputado, que requiere la imposición de una sanción, en este caso, no presupone la aceptación o reconocimiento explícito de la culpabilidad, mucho menos de una confesión, por cuanto se ostenta que la sentencia del Patteggiamento italiano no determina la culpabilidad del imputado, sino que puede ser concebido tan solo como una estrategia defensiva.
Neyra señala que “en el patteggiamento la decisión judicial carecerá de la valoración de los hechos y de la prueba que constituye en el juicio oral la premisa necesaria para imponer una pena” (2010, pág.467).
En el proceso penal comparado, los antecedentes de la terminación anticipada, lo tenemos en España con la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, norma que establecía la conformidad del acusado. En Italia con el Codice di Produra Penale de 1988. En Portugal con el Código de Proceso Penal Portugués de 1987, y en Alemania en la inclusión de la reparación en sus sistemas sancionatorios.
En nuestra legislación penal, la figura de la terminación anticipada inicialmente fue introducida mediante la Ley Nº 26320 del 2 de junio de 1994, señalando en su artículo 2º que los delitos de tráfico ilícito de drogas, previstos en los artículos 296º, 298º, 300º, 301º y 302º del Código Procesal penal podrán terminar anticipadamente, haciendo extensiva su
aplicabilidad a los delitos aduaneros, según lo prescrito en el numeral 20º de la Ley Nº 28008 del 19 de junio de 2003.
La doctrina establece que la “(…) el tema de la regulación está determinado su aplicación para algunos delitos y esto con determinadas formalidades que establece la ley como el hecho de la consulta en instancia superior y con la atención que sin no se acordase o desaprobase tanto el fiscal como el Juez debían ser remplazados por otros de su misma competencia” (Vargas, 2009, pág.178)
Según lo anteriormente señalado, podemos advertir que la institución de la terminación anticipada entró en vigencia a través de la Ley Nº 26320 pero con notorias diferencias a la actual normatividad, tales como:
Elevación en consulta de la aprobación del acuerdo.
Procedía solo para delitos de tráfico ilícito de drogas, previsto en los arts. 296º, 298º, 300º, y 302º del Código Penal y en delitos aduaneros.
De no aprobarse el acuerdo, tanto fiscal como juez debían ser removidos de sus cargos y ser reemplazados por otros.
Estos precedentes normativos fueron derogados mediante el numeral 3º de la tercera disposición derogatoria del Código Procesal Penal, estableciendo, a través del inciso 4 de la formulación primaria de disposición final del referido ordenamiento y art. 1º de la ley nº 28671, que a partir del 01 de febrero del 2006, los arts. 468º a 471º que establece el procedimiento sustantivo penal calificado de finalización preventiva y anticipada, ingresarían en actividad procesal en todo nuestro territorio nacional, para toda clase de delitos; tal es así que a partir de esa fecha, entraría en vigencia su determinación de aplicación del referido proceso de finalización anticipada en concordancia con nuestra normativa procesal sancionadora haciéndose extensiva a los delitos en relación de ejercicio público de la acción penal.
Neyra, J. señala lo siguiente:
“La terminación anticipada tiene su fundamento y principios en la fórmula de alternativas a razón de la simplificación y minimización procesal las que deben siempre tenerse presente
en la famosa discrecionalidad fiscal propia del Common law americano…(
esparciendo el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial y que al ser recepcionado en el sistema jurídico euro continental dio paso a figuras como el patteggiamiento italiano, el Absprache alemán o la conformidad española, las cuales informan instituciones tales como el proceso abreviado chileno, la terminación anticipada colombiana y la peruana” (2010,
pág.465)
El Ordenamiento adjetivo sancionador, en el Libro V, Sección V, artículos 468° al 471° establece el funcionamiento de un sistema simplificado en función de un proceso práctico de terminación anticipada, establecido para en general los delitos, dado en nuestras normas jurídicas, dado que el código no considera supuestos concretos para su aplicación; posibilitando de este modo, a que los fiscales la puedan instaurar en cualquier caso, constatándose por tanto, que su sector de establecimiento en función de su aplicación es a nivel general; tal y como como lo establece el V Acuerdo Plenario Nº 6-2009/CJ-116, que por razones de coherencia normativa y de primacía de la ley posterior reemplaza un instituto legal determinado, tal es así que las disposiciones del Nuevo Código Procesal Penal han reemplazado a las disposiciones procesales penales especiales, tales como las Leyes Nro. 26320 y 28008. Sin embargo, en el caso de los delitos aduaneros según la Ley Nº 28008, las normas de contenido relevantemente penal material y las reglas procesales específicas vinculadas a las primeras y al modo cómo se han regulado estos delitos siguen rigiendo, tal es el caso de los literales c), d) y e), y los cinco párrafos finales del artículo 20°.
Según el Tribunal Constitucional, “el proceso especial de terminación anticipada es un acuerdo entre el procesado y la fiscalía con admisión de culpabilidad de alguno o algunos de los cargos que se formulan, permitiéndole al encausado la obtención de la disminución punitiva.” (Langer, 2004, pág. 194 y ss.).
Es pues un mecanismo de simplificación procesal, cuyo origen se remonta al Common Law de Estados Unidos y que con el transcurrir del tiempo fue adoptado por el sistema penal italiano (pateggiamento) y el sistema penal alemán (Absprache), para luego ser adherido por España, Colombia y Perú, entre otros.
Proceso especial altamente diferenciado con las reglas establecidas en un proceso común, pues mientras que la primera se sustancia en el principio de consenso, es decir que mediante la negociación entre fiscal e imputado se llega a un acuerdo, en la segunda se basa en el principio de contradicción, es decir la parte acusadora tendrá que presentar y sustentar la
teoría del caso en contra del imputado y ésta a su vez deberá hacer lo mismo, pero en su defensa.
Mavila, R. refiere que:
“Este enfoque de trámite está establecido, en el famoso principio de transacción consensual y por ende se establece dentro de una política criminal más de eficiencia, para lograr una justicia más pronta y efectiva, respetando siempre los derechos sociales.” (2005, págs. 210 -
La terminación anticipada es un proceso simplificado, pues permite, en vía de negociación y transacción, que éste termine antes de la duración legalmente prevista para el proceso penal común.
Taboada, G. establece que:
El proceso especial en función de la terminación anticipada es una institución de
carácter transaccional y consensual el cual busca resolver el conflicto jurídico sancionador de una manera de alternancia con el objetivo de alcanzar rapidez y eficiencia en una forma de conclusión y no llegar a lo tradicional de dilatar más el proceso por la carga correspondiente, Por lo que tenemos una cuestión previsional y previa para poder de esta manera solucionar la controversia, que evidentemente contiene concesiones recíprocas, el imputado negocia la admisión de culpabilidad y el fiscal negocia una reducción de pena” (2009, pág. 34).
En la práctica, la terminación anticipada es el proceso simplificado por el cual el imputado, debe aceptar los cargos denunciados por el fiscal, sobre el ilícito penal por el cual se le ha iniciado proceso. El imputado podrá solicitar ante el Juez de Investigación Preparatoria que se negocie un acuerdo a razón de que no solo se establezca una pena reducida en un sexto de la solicitada por el fiscal, sino que hasta podrá negociar la no imposición de pena privativa de libertad efectiva. Aunado a ello, también podrá instar un acuerdo con relación a la reparación civil en beneficio de la víctima del delito, además de las consecuencias accesorias que el Juez determine. Hay que tener en cuenta que dicha solicitud podrá realizarla una o todas las partes procesales involucradas en el caso penal.
Con acuerdo aprobado privadamente entre acusado y acusador, el Juez de Investigación Preparatoria correrá traslado a la otra parte con el fin que ésta tome conocimiento e interponga objeciones, en caso acepte, se instalará la audiencia en la que se discutirá el acuerdo negociado de la sanción y consecuentemente su reparación para el agraviado.
Terminada la negociación y ya con acuerdo provisional presentado ante el Juez de Investigación Preparatoria, éste procede a revisar lo actuado para luego aprobarlo, desaprobarlo o absolver al imputado; si es aprobado el acuerdo, se deben imponer las consecuencias legales al procesado, si es desaprobado el acuerdo, podrá impugnarse esta
decisión por las partes procesales en cuanto no encuentren razón en ello, pues les asiste el derecho señalado en el artículo 416.1, b) del Código Penal, Jurista Editores E.I.R.L, Abril
2008 del NCPP, “Los autos ….(
c) “Los autos …………que causen gravamen irreparable.”
que pongan fin al procedimiento o la instancia.; .” y 416.1
Distinto es el caso de absolución para lo cual rige el artículo 398. 1 º, al cual le remite el artículo 468.6 del CPP, que señala que la motivación de una sentencia absolutoria resaltará principalmente si existe o no el hecho punible, el por qué el hecho no constituye delito, además de incluir la manifestación de que el agente imputado no haya participado en su realización, que los medios probatorios resultan insuficientes para confirmar su culpabilidad, que existe duda razonable sobre la misma, o que existe una causal que lo exime de toda responsabilidad penal.
2.2.1.9. Principios que regula el proceso de terminación anticipada
a) El Principio de Iniciativa de parte. –
Peña, A. establece lo siguiente:
El consiguiente trámite de finalización (terminación) anticipada conforma la
secuencia procesal, establece una adecuación conductual diferente a la convencionalmente establecida por los operadores legales; podemos establecer que con lo indicado se busca en una operatividad práctica a instancias de los intervinientes, en todo caso es el representante de la sociedad fiscal, y el procesado
que con la legitimidad correspondiente inician este trámite jurídico procedimental especial.” (2012, pág. 287 - 288)
b) El Principio de consensualidad
La acción penal se conduce por los principios de legalidad procesal, por lo que el representante del Ministerio Público tiene la obligación de promover actos concretos de investigación, en cuanto llega a tomar conocimiento de la presunta comisión de un hecho delictuoso, por lo tanto, no puede prescindir de las atribuciones que la ley le confiere, con la excepción del principio de oportunidad.
Se especifica que “A razón del principio de consenso que es la fórmula de solucionar más efectiva y rápida un conflicto penal, al punto de que exista voluntad de las partes legitimadas en razón de una transacción que beneficie a la sociedad” (Orellana, 2011, http://estepais.com.)
Así mismo, enfatiza que "El principio de la verdad consensual, sin precedentes en el derecho y permite la aplicación inmediata de la pena, sin cuestionar cualquier fallo, es decir, el juez no le importa, como lo exige el Código Procedimiento Penal, si el autor es culpable o no” (Gonçalves, 2003)
De lo establecido podemos indicar que existe un desarrollo del enfoque procesal y también del enfoque sustantivo en lo penal, por lo que es importante la participación tanto del ministerio público como del imputado y esto vinculado a los principios jurídicos de legalidad y jurisdiccionalidad.
Sin embargo, cabe recalcar que los mecanismos de selectividad procesal, en cuanto a la culminación anticipada del proceso, está subyugado a la voluntad de ambas partes inmersas en el conflicto; es decir, que será el representante de la sociedad quien tendrá a razón del principio de legalidad que causas, se encuentran insertas en este procedimiento para realizar su impulso y poder resolverlo de acuerdo a estos fines de celeridad y eficacia social y, por la parte contraria tenemos a la defensa técnica deberá elegir el camino más favorable a los intereses de su patrocinado; por lo que resulta que la terminación anticipada del proceso es la vía más idónea en la obtención de una resolución condenatoria lo más indulgente posible, considerando
los elementos de convicción probatorios que el persecutor público tiene en contra de su patrocinado.
Peña, A. señala:
“Es importante tener presente que el procesado imputado del caso en controversia tiene todo el derecho de plantear su defensa, de la imputación que le realizara el fiscal, teniendo presente, que al procesado le envuelve el famoso principio de presunción de inocencia, que tiene su enfoque constitucional, para lo cual le atañe todo el derecho de plantear una teoría de defensa del caso que debe hacerla pública en audiencia pudiendo también hacer el descargo de las pruebas “
(2012, pág.288)
c. El principio de legalidad
Este principio se encuentra vinculado con la división de poderes, es decir con el origen de un Estado de Derecho; pues antes de ello la potestad sancionadora estatal estaba basada en la expresión de un poder netamente arbitrario y totalitario ejercido por el monarca; no existía pues, sujeción a la ley.
Asimismo, Peña, A. señala:
“Que el Principio de legalidad, es una fuente del derecho penal, toda vez que para todo conducta delictiva, tenemos que tener presente su famosa tipicidad, que implica el establecimiento en el ordenamiento penal, la cual debe encajar el hecho en este sentido sino fuera de esta manera se estará vulnerando dicho principio jurídico consagrado constitucionalmente, y que ello también se implica con la defensa de lo político criminal, que implica la intervención del Estado en formulación de conductas criminales.” (2012, pág.291-292)
2.2.1.10 Características de la terminación anticipada
a.- Única
La audiencia de terminación anticipada se solicita por una sola en el proceso.
b.- Reservada
Solo están obligados a asistir el inculpado, el fiscal, el juez y el abogado defensor.
c.- Invocarse dentro de la etapa de investigación
Lo que significa la renunciar a la etapa de juzgamiento.
d.- El juez puede aprobar o desaprobar
El juez, valora las pruebas ante él expuestas en el acuerdo realizado entre el inculpado y el ministerio público, según el cual, podrá aprobar o no.
e.- El acuerdo es inoponible por la parte civil
La parte civil, mediante recurso de apelación, solo puede solicitar un incremento en la reparación civil.
2.2.1.11 Finalidad
La terminación anticipada tiene como principal finalidad la de minimizar el tiempo que acarrea todo proceso penal común.
Dado que los principio que inspiran el Nuevo Código procesal como son el criterio de economía procesal y la consensualidad, tienen como finalidad el consenso entre el representante de la sociedad como lo es el fiscal, y el procesado a razón de la sanción penal; el juez fundamentará la certeza sobre la veracidad de los hechos, de las investigaciones preliminares, y consecuentemente evitar el juicio oral.
2.2.1.12. Ámbito de aplicación
la terminación Anticipada e aplicable a todos los delitos, tanto leves como de gravedad, ello basado o fundamentado en la política criminal estatal de abreviación del proceso cuya objetivo es la reducción de la carga procesal penal, lo cual es parte
esencial y principal de este proceso especial; por tanto fiscales como jueces están facultados para llegar a acuerdos en todos los delitos, de modo que se evite un juicio que de realizarse tendría el mismo resultado de si se hubiera acogido a este proceso especial de terminación anticipada.
2.2.1.13. Los sujetos procesales
En todo caso es importante tener presente que los sujetos procesales están en relación de ser siempre el fiscal y el imputado y no es la parte civil, que ya tiene mayor importancia pero que no puede intervenir en el consenso, y siendo así no puede oponerse a una transacción, pero que su evolución ha sido importante ya que puede establecer peticiones y requerimientos de defensa en sus derechos e intereses legítimos.
2.2.1.13.1 El fiscal
Como representante del Ministerio Público la ley le confiere la facultad para solicitar la celebración de la audiencia especial de terminación anticipada al juez de investigación preparatoria, para en ella formular los cargos en contra del imputado y además, como titular de la acción penal, sustanciado en los principios de legalidad y objetividad actuando en beneficio y defensa del interés público persiguiendo el delito mediante una pretensión penal, actuando además en defensa de los cuidadnos al solicitar una reparación económica del daño producido por el hecho delictuoso, mediante el planteamiento de una pretensión civil.
2.2.1.13.2 El imputado
Parte principal del proceso, con pleno conocimiento de los hechos imputados y de los beneficios que se le brinda al ser sometido a este mecanismo; la ley lo faculta, también, para invocar dicho procedimiento, pero por única vez, después de haberse formalizada la investigación preparatoria y hasta antes de que el fiscal formule acusación; de tal forma que sea posible acordar con el fiscal, sobre la pena y reparación civil, de conformidad con los principios de legalidad y proporcionalidad.
San Martín, C., señala:
“…(
En este punto se discute los alcances de una sentencia condenatoria, en busca
de un beneficio, por la terminación anticipada, por lo que es importante establecer la
existencia de elementos suficientes de convicción en relación de un delito y por ende
la culpabilidad del procesado; y (…), asimismo no está en tela de juicio el aspecto de la tipificación de la conducta delictiva realizada en el auto de apertura de
instrucción… (
(2006, pág.388).
2.2.1.13.3 La victima
Si bien es sujeto procesal, no tiene la facultad de poder solicitar la instauración de la terminación anticipada, más solo la de ejercer el derecho que le asiste de pronunciarse acerca de la procedencia de dicho proceso o de oponerse a esta, formulando sus pretensiones mediante documento escrito en un plazo de cinco días útiles de conocida
o notificada la solicitud
La ONU define a la víctima como:
“(…) aquella persona que ha sufrido un perjuicio (lesión física o mental, sufrimiento emocional, pérdida o daño material, o un menoscabo importante en sus derechos), como consecuencia de una acción u omisión que constituya un delito con arreglo a
la legislación o del Derecho Internacional (
(VI Congreso de Caracas (Venezuela)
celebrado en 1980 y el VII Congreso, que se llevó a cabo en Milán, Italia)
Como se podrá advertir, ambos sujetos: fiscal e imputado, tienen la facultad de poder presentar la solicitud de terminación anticipada, sea de forma individual o conjunta, es decir que tanto fiscal y/o imputado, en forma exclusiva y excluyente a los demás sujetos procesales, pueden peticionar al juez de la investigación preparatoria la celebración de una audiencia de terminación anticipada.
Así mismo, cabe recalcar que fiscal, imputado y defensor podrán realizar reuniones informales a efectos de llegar a un acuerdo provisional previo a la audiencia de terminación anticipada, sin intervención del juez de la investigación preparatoria. Estas reuniones informales tienen carácter de reservadas y solo será establecido por el Magistrado de inicio del proceso como es de la investigación preparatoria cuando se le presente el pedido anexando el acuerdo previo documentado escrito el cual contendrá los cargos aceptados por el imputado, así como la sanción y la
consecuencia extrapenal en función de una reparación, de modo que el juez los valore y analice en la audiencia.
2.2.1.13.4 El Magistrado en la investigación preparatoria
Es el que dirige el proceso penal, por ende, es quién, recibida la solicitud de terminación anticipada deberá constatar lo siguiente:
1) El delito invocado en el procedimiento penal estén dentro del fuero de usanza.
2) El que establezca en la primera solicitud y
3) En el caso de varios imputados, haya aceptación de todos para el sometimiento al procedimiento.
Una vez admitida dicha solicitud, el Juez de Investigación Preparatoria, dirigirá el trámite con el auto que se citara a una diligencia especial y privada, señalando se les notifique a las partes procesales que intervienen en el proceso (parte civil y al tercero civilmente responsable), de modo que ejerzan el derecho a la defensa que le confiere la ley.
El Magistrado de la Investigación Preparatoria, en cuaderno aparte y en diligencia reservada con presencia del procesado, y abogado defensor técnico y el fiscal; explicará al imputado los alcances y consecuencias de su aceptación sea total o parcial.
El representante del Ministerio Público explicará y dará alcance de los cargos que en el desarrollo de la investigación se hayan encontrado y/o surjan en contra del imputado, el mismo que tendrá podrá aceptar o rechazar, de manera total o parcial.
En caso, el fiscal e imputado lleguen a un consenso, referente a las circunstancias dela situación fáctica y de la sanción punitiva a aplicar; lo manifestarán ante el Magistrado en un Acta de Acuerdo Provisional.
Finalmente, el juez de la investigación preparatoria, teniendo en cuenta los Principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad y como garante del proceso penal ante él planteado; valorará y certificará la veracidad de los hechos, la existencia de elementos de convicción necesarios y se pronunciará sobre la aprobación o no del acuerdo en el plazo máximo de 48 horas, tal y como la ley lo señala.
2.2.1.14. Acuerdo provisional
El acuerdo Provisional debe determinar la pena concreta o final sustanciada en la legalidad y razonabilidad, por parte del Juez de Investigación Preparatoria.
En el artículo 471° del Nuevo Modelo Procesal Penal se señala que el beneficio adquirido por aplicación de la finalización de un proceso penal en función de la terminación anticipada, esta avocado en la reducción de una sexta parte de la imposición de una sanción, la cual es adicional y acumulable al beneficio percibido por confesión sincera. (Artículo 161°, NCPP).
Conforme lo señala el Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116, este beneficio por confesión sincera modifica la responsabilidad de carácter genérico y excepcional, redefiniendo el marco penal correspondiente, no encontrando obstáculo alguno con la acumulación resultante con el beneficio de la terminación anticipada.
El acuerdo, además contendrá, lo vinculante a lo que vemos como reparación del daño causado en lo civil, que el perjudicado deberá recibir por el daño causado, el mismo que será señalado por el fiscal y sobre el cual el imputado previamente ya ha indicado conformidad; así como el modo y forma en que se hará efectiva en el tiempo planteado.
2.2.1.15. Beneficios en el proceso especial de terminación anticipada
Es importante tener presente, que la terminación anticipada conlleva beneficios que se adquieren a razón de la responsabilidad del autor de una conducta delictiva, y esto claro que si bien es cierto tendrá que purgar una pena, esta se verá
reducida a razón de enfrentar el caso, y dilatarlo en perjuicio del Estado, con una sanción ejemplar.
Para la determinación de la pena se debe respetar tomar en cuenta que:
a. El delito está establecido en el ordenamiento penal (tipicidad) y
b. Es importante tener presente, los enfoque de los Art. 45 y 46, basado en las circunstancias del imputado, en su condición social y circunstancias del individuo para la imposición de la pena, las cuales se deben tener presente en sus aspectos de agravantes y atenuantes, para su grado de responsabilidad.
La aplicación del beneficio de reducción del 1/6 parte es fijo y únicamente se aplicará cuando se establece en forma definitiva la sanción final.
En el consenso se establece que se consigne la sanción final, y que también debe establecerse la diferencia en lo considerado entre lo concreto y la penal final, de modo que el Magistrado pueda establecer con seguridad el tipo penal que corresponde.
2.2.1.16. La etapa intermedia
Corresponde a aquella etapa de control de la acusación o saneamiento del proceso y que se encuentra entre la investigación preparatoria y el juicio oral.
Sus funciones se pueden circunscribir en: la preparación del juicio oral y el control de los resultados de la investigación preparatoria, es decir el JIP asume la responsabilidad de analizar y valorar las pruebas que ante él se presentan, es pues un filtro por el cual tiene la atribución de determinar si se han o no cumplido los principios que inspiran el nuevo modelo penal: Principio de oportunidad, presunción de inocencia, derecho de defensa, inmediación, razonabilidad, proporcionalidad, legalidad; siendo la suerte de un Juez que garantiza que el proceso, una vez llegado a Juicio, no se encuentre viciado.
Es por estas atribuciones que el juez de la investigación preparatoria podrá, en caso haya duda razonable sobre la participación del imputado en un hecho delictivo, no alcance certeza del hecho punible, haya ausencia de un requisito de procedibilidad,
la acción haya prescrito, y en suma cuando para él, no exista elementos necesarios o suficientes que el creen convicción; éste podrá sobreseer la causa.
Como es de advertir, esta etapa tiene como finalidad evitar que un proceso llegue a juicio si este carece de los fundamentos necesarios e imprescindibles que la norma establece para cuando se emita la acusación.
2.2.1.17. La terminación anticipada y su aplicación en la etapa intermedia
Un estudio llevado a cabo en el distrito de Huara en Junio del 2010 - Reporte estadístico de la aplicación del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que en el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penal Permanentes y Transitorias de la Corte Suprema de Justicia de la República (Acuerdo Plenario Nº 5-2009/CJ-116), se ha sido establecido como doctrina legal, de conformidad con el artículo 116º de T.U.O de la L.O.P.J.; en su fundamentos 17, 18, 19, 20 y 21; fundamento 19º, que la invocación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común, desnaturaliza la naturaleza jurídica de dicho mecanismo, y tergiversa la función de minimizar los tiempos, evitando de esta forma las etapas intermedia y enjuiciamiento; por lo que si se incoa dentro de la etapa intermedia no cumplirá la finalidad político criminal para la cual fue creada.
Cabe indicar que de todos los procesos llevados a cabo en dicho Distrito Judicial, tan solo el 8% del total de procesos especiales de terminación anticipada realizados en junio del 2010 fueron en la etapa intermedia y el 92% dentro de la investigación preparatoria.
El Reporte del Ministerio de Justicia. Comisión Especial de Implementación del Código Penal. Reporte estadístico de la aplicación del Código Procesal Penal – Huara, Junio 2010, pág. 2, concluye, con la razón que fundamenta nuestro planteamiento de instar la terminación anticipada en la etapa intermedia, señalando que: “Al respecto es importante tener en cuenta que, de haber seguido el trámite del proceso común, todos los casos acogidos a terminación anticipada hubiesen concluido con igual resultado en juicio oral, con la diferencia que aplicada, el Estado logró un ahorro en recursos materiales y humanos importantes en la solución de conflictos, a través de la salida alternativa”.
Asimismo, cabe apreciar que el mismo estudio en la etapa intermedia señala que el 3% de las acusaciones planteadas son convertidas en mecanismos de terminación anticipada en la audiencia de control de la acusación, a pesar de la prohibición establecida por la Corte Suprema.
En todas las conversiones de acusación a terminación anticipada que, además, culminaron aprobadas, no existió fundamento alguno sobre la desvinculación del pleno supremo en mención. Cabe mencionar que en todas ellas se impuso penas suspendidas de 48 meses en promedio.”
2.2.1.18. Argumentos en contra de aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia
1.- El denominado Criterio de Oportunidad
En el Fundamento 17°, último párrafo del Acuerdo Plenario Nº 5-2009/CJ-116, se indica que cuando se cita el artículo 350°.1.e); el NCPP prescribe que en la etapa intermedia se puede aplicar un criterio de oportunidad, la cual solo se remite al artículo 2° del Nuevo Código Penal Peruano.
En esta controversia se precisa en que el fundamento del principio de oportunidad, es el artículo 230° del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, en donde se puede precisar que la figura legal que se llama “criterios de oportunidad”, los cuales se corresponden a lo establecido en lo prescrito del referido art. 2°del Nuevo Código Penal Peruano.
Ibarra, C. señala:
“Son criterios de oportunidad por los cuales el Estado renuncia a la persecución penal.”(La aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del Nuevo Proceso Penal,
Si bien es cierto no existe doctrina legislativa sobre que el denominado criterio de oportunidad es una forma de acabar anticipadamente el proceso penal, la confusión de la misma se deriva, según lo señalado:
Aunado a ello, se debe tener en cuenta lo señalado en la legislación comparada, por los juristas Ricardo Mendaña de Argentina, Ramón Nuñez de República Dominicana y Rafael Blanco de Chile, en Comentarios al proyecto del Código Procesal Penal de Panamá, elaborado por la Comisión Reformadora:
Como puede advertirse, el Plenario hace referencia a un confusión u error al momento de la redacción de la norma, lo cual en mi opinión no es razón suficiente para que la Terminación Anticipada no pueda aplicarse en la etapa intermedia, pues los fundamentos no satisfacen jurídicamente, tanto más, si el nuevo modelo adoptado por nuestra legislación demanda una reforma de administración de justicia en el Perú basado los principios que inspiraron el Nuevo Código Procesal Penal, tales como: el Principio del “favor rei”, como complemento del Principio, pues tiene aplicación no sólo “en la sentencia absolutoria, sino …en las dudas interpretativas de cualquier norma procesal” (1984, pág. 156-57)
El Principio de economía procesal, pues con dicha aplicación se busca ahorrar esfuerzos, tiempo y dinero, esto es, obtener mejores resultados con la mínima intervención procesal evitando llegar a un juicio innecesario, pues al final de éste, se obtendrá el mismo resultado:
sanción penal y reparación civil a la víctima; de este modo se aliviará la carga sobrecarga procesal y por ende jueces y fiscales podrán dedicar ese tiempo para otros causas que si ameritan su intervención.
Principio de humanidad, en tanto que quienes son sometidos a un proceso penal son personas con problemas humanos y por tanto merecen un proceso judicial, que no sólo cumpla con la garantía del debido proceso del derecho de defensa, sino que sea humanizado en su aplicación.
Asimismo, cabe recalcar lo esgrimido en el artículo Nº VII.2, 3 y 4, del Título Preliminar del Código Procesal Penal, respectivamente:
Artículo VII.- Vigencia e interpretación de la ley procesal penal
2. Es importante entender que el principio de retroactividad procede a nivel del procesado, pero que esto se da en función de los intereses del reo, así sea expedida con posterioridad
también existe la figura jurídica correspondiente expedida con posterioridad a la actuación procesal, se aplicará retroactivamente, incluso para los actos ya concluidos, si fuera posible.
3. La Ley que coacte la libertad o el ejercicio de los derechos procesales de las personas, así
como la que limite un poder conferido a las partes o establezca sanciones procesales, será interpretada restrictivamente. La interpretación extensiva y la analogía quedan prohibidas mientras no favorezcan la libertad del imputado o el ejercicio de sus derechos.
La aplicación de los principios procesales es una exigencia de lógica jurídica, normativa y sistemática de la normatividad, y así lo dispone el artículo Nº 6 se la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre que no contravenga el ordenamiento
El acogido nuevo modelo procesal peruano acusatorio - Adversarial, es pues un modelo que plantea primigeniamente la contradicción e igualdad de armas, tutelando el derecho objetivo, la prevención y represión del delito y faltas, de modo que la paz social se mantenga incólume.
2.- Derecho de defensa
Se ha señalado que la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia, afectaría a la víctima en cuanto al acuerdo al que arribaran imputado y el fiscal, puesto que esta no estaría obligada a asistir a la audiencia preliminar y por tanto no contaría con el tiempo suficiente para poder pronuncia respecto del mismo; sin embargo ello no es tan cierto en cuanto que la propuesta de modificación respecto de la aplicación de la terminación anticipada abarca no sólo la inclusión facultativa de la víctima en el acuerdo sino también , sino también la notificación a la misma de modo que pueda ejercer su derecho de defensa.
IV Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente, Transitorias y Especial. Acuerdo Plenario N° 5-2008/CJ-116. Nuevos alcances de la Conclusión Anticipada.
La calificación del proceso especial de terminación anticipada como criterio de oportunidad puede deducirse del Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116 fundamento 22º tercer párrafo de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho, al indicar que existen características comunes entre la terminación anticipada y la conformidad procesal debido a que se sustancian en los denominados criterios de oportunidad y en aceptación de cargos, ambos basados en el principio del consenso.
El imputado obtiene una sentencia anticipada que pone fin al proceso, cuando el mismo acepta los cargos imputados, determinando de este modo una respuesta punitiva menos intensa.
Como se puede apreciar, del fundamento señalado, puede deducirse que la terminación si es un criterio de oportunidad y por tanto, dado el carácter de su naturaleza jurídica, por el cual a decir de Ibarra Espíritu (2010,pág.39), en su artículo
la terminación anticipada en la etapa intermedia, “
persecución penal”; podrá ser solicitado aún hasta después de la acusación fiscal, ello en concordancia con el artículo 350.1.e del Código Procesal Penal, por el cual se autoriza a las partes instar si fuera el caso la aplicación de un criterio de oportunidad; cumpliendo de este modo con la finalidad en todo caso del novísimo modelo procesal, como es la negociación entre las partes.
Estado renuncia a la
2.2.2.2. V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias. Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116. Proceso de Terminación Anticipada.
Desde la perspectiva del Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116 del 13 de noviembre de dos mil nueve, el Tribunal Supremo en el fundamento Nº 6, ha dejado sentado que la finalidad preventiva y anticipada es un procedimiento específico penal que trae consigo la simplificación procesal del mismo, fundamentada en el principio del consenso.
Además de indicar en el artículo 350°.1. e) del Nuevo Código Procesal Penal que se autoriza a las partes intervinientes, distintas del fiscal, instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad.
Se plantea si esta norma permitiría instaurar la terminación anticipada en etapa intermedia, basado en que este mecanismo expresa un criterio de oportunidad procesal.
Por lo que podemos indicar que hay una diferencia entre la finalización anticipada y la correspondiente etapa intermedia del respectivo proceso común.
El primer mecanismo, se sustancia en el principio de consenso y tiene como principal funcionabilidad la celeridad procesal; mientras que la etapa intermedia se basa en el principio de contradicción y el cuestionamiento.
De tal forma que el objeto principal del principio de oportunidad, es la no imposición de una pena por lo que sólo puede destinarse a la aplicación de los denominados “criterios” señalados en el artículo 2° del Nuevo Código Procesal Penal.
Por tanto, los mecanismos alternativos basados en el consenso tienen un determinado
procedimiento, que no se corresponden con las características de la etapa intermedia
o control de la acusación.
Se advierte, que los magistrados señalan que la terminación anticipada tan solo se sustancia en el principio de consenso más no podrá ser tomado como un criterio de oportunidad, en tanto que ello desnaturalizaría dicho mecanismo, además de trasgredir los principios de Contradicción y el derecho a la defensa.
Se señala que la terminación anticipada no puede estar dentro de la etapa intermedia, porque el primero está basado en el consenso, mientras que el proceso común (etapa intermedia) está basado en el de contradicción; pero tengamos en cuenta que se insta
a un criterio de oportunidad, que desde el punto de vista del colegiado antes señalado, se trata del principio de oportunidad; pero cabe la pregunta: ¿acaso el principio de oportunidad no tiene rasgos del consenso?, entonces por lógica, si el principio de oportunidad, tiene rasgos del consenso, y el principio de oportunidad es un criterio de oportunidad que está dentro de la etapa intermedia, entonces la etapa intermedia tiene rasgos de consenso. Entonces por qué se argumenta, que la etapa intermedia es solo contradictoria.
Sin embargo somos de la opinión que dado que la terminación anticipada se encuentra sustanciada en razones de política criminal y en la consolidación del sistema de justicia premial negociada, respetando los derechos fundamentales, debe instarse en la etapa intermedia en tanto que uno de los fines del nuevo modelo procesal penal es priorizar la justicia negociada, siendo por ello incongruente la vulneración de los principios que se señalan en el Acuerdo Plenario, toda vez que los mismos estarían salvaguardados y garantizados; tal es el caso del principio de contradicción, el mismo que será validado en la misma audiencia preliminar de control de acusación, al dársele la posibilidad, a los sujetos procesales, el de ser escuchados y plantear sus pretensiones
Es importante establecer que no se puede vulnerar el derecho a la legitima defensa principio de derecho a la defensa, pues, respecto del procesado, este tendrá conocimiento de los aspectos fácticos del inculpado de modo busca establecer la estrategia de defensa más adecuada a sus intereses, y respecto de los demás sujetos procesales, estos están establecidos en el proceso penal para hacer seguimiento al el objeto civil, por lo que al correrse traslado de la acusación, se le está confiriendo la predisposición de hacer valer sus pretensiones cuestionando la reparación civil y presentado medios de pruebas que acrediten la misma.
Así mismo, queda sentado que el principio de inmediación se pone de manifiesto en cuanto el juzgador tiene el contacto directo con los sujetos procesales en el debate de contradicción celebrado en la audiencia preliminar de control de acusación y por ende, dada la posición garantista del nuevo modelo procesal penal, el posibilitar que la terminación anticipada sea aplicable en la etapa intermedia, le da al Aquo una visión más amplia de los hechos, en todo caso se tendrá un mejor visión de los elementos de seguridad en la recopilación, y por consiguiente la decisión final contendrá los máximos elementos de cargo y por consiguiente de descargo, y con ello se podrá explicar una adecuada sentencia.
Debemos señalar, además, que la aplicación de la terminación anticipada calificada como mecanismo de simplificación del proceso; en la etapa intermedia, no lo desnaturaliza, sino que muy por el contrario cumple con las verdaderas funciones de la etapa intermedia, la cual es evitar juicios innecesarios.
Por último, se advierte que su aplicación en la etapa intermedia, soslaya el desgaste jurisdiccional y económico que conlleva a pasar causas justas a juicio y por otro lado hace frente a la realidad, pues en procesos que se sabe de antemano el resultado, no tienen por qué llegar a la etapa del juzgamiento para quedar resueltas, pues el resultado habría sido el mismo que si se instaba el proceso especial de Terminación Anticipada en la Etapa Intermedia.
2.2.2.3. Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional en su Fundamento Nº 3, Exp. N. º 855-2003- HC/TC) indica que la terminación anticipada es el acuerdo al que arriban el procesado y el fiscal; donde el imputado al admitir culpabilidad total o parcial de los cargos formulados, se le permite al mismo obtener de la disminución de la pena imputada.
De ello se colige que es un acuerdo entre fiscal e imputado, respecto de los hechos acotados, es decir que el procesado, al admitir su culpabilidad en la realización de un acto delictivo, este se hace merecedor o es beneficiado con la denominada justicia premial al concedérsele la rebaja de la pena, conforme lo señala el referido artículo 471º de nuestro ordenamiento procesal penal, el imputado recibirá un beneficio de reducción de un sexto de la pena.
Caballero, R., establece que:
“En todo caso el procedimiento de culminación de un proceso penal de manera anticipada viene a ser una institución transaccional de manera conciliable que permite la solución de un conflicto legal sancionador, en forma de alternancia, pero de razón preferente y buscando siempre una eficacia en su conclusión tradicional en una audiencia pública y contradictoria.” (2013, pág. 3)
Ahora bien, el Tribunal tan solo se ha limitado a recalcar lo que el nuevo modelo procesal penal indica, más no se refiere a la posibilidad o no de su aplicación en le etapa intermedia; en nuestra opinión debe ser porque no se ha llegado a esta instancia respecto de su aplicación normativa, toda vez que no se han vulnerado derechos
fundamentales sobre los cuales tenga que avocarse dicho tribunal, como máximo intérprete de la Constitución, le compete pronunciarse sobre la inconstitucionalidad de la normas que ante este órgano se demanden.
2.2.2.4. Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica
El Libro Segundo el Procedimiento Común, Título I Preparación de la Acción Pública; Capítulo I Persecución Penal Pública; artículo 230º, determina que la “Oportunidad” será aplicable en casos en que la ley penal admita su aplicabilidad como criterio de oportunidad evitando de esta forma la persecución penal; por lo que el fiscal, solicitará el archivo del caso al juez competente.
Los denominados criterios de oportunidad deberán ser fijados por la norma penal, sin embargo, podría darse el caso que por disposiciones netamente jurídicas referentes a la competencia legislativa de un Estado; la determinación de estos criterios e atribuya al legislador procesal.
El artículo señalado, líneas arriba, correspondiente al Código Procesal Modelo para
Iberoamérica del año 1989; constituye el fundamento, poco atinado claro está, por el cual el V Pleno Jurisdiccional – Acuerdo Plenario Nº5-2009/CJ-116, de fecha 13 de noviembre del 2009; ha tratado de deslindar responsabilidad; de lo sostenido en el
IV Pleno Jurisdiccional Acuerdo Plenario Nº5-2008/CJ-116; del 18 de julio del 2008,
respecto de la inclusión de la terminación anticipada como criterio de oportunidad, indicando que:
es de tener presente el famoso artículo que siempre se cita 350°.1. e) NCPP
estableciendo que en la etapa intermedia se puede en todo caso aplicar el famoso criterio de oportunidad, y que como referencia tenemos el Art 2° NCPP. La confusión
se debe a que el antecedente directo del principio de oportunidad es el artículo 230°
del Código Procesal Penal Modelo para Iberoamérica, que denomina a este dispositivo “criterios de oportunidad”, los cuales, como se observa de su tenor, son
los supuestos previstos en el mencionado artículo 2° NCPP.
El párrafo anterior resulta incoherente y confuso al ser contrastado con lo señalado en el IV Pleno Jurisdiccional Acuerdo Plenario Nº5-2008/CJ-116, en su fundamento
terminación anticipada y la conformidad
22, tercer párrafo; al indicar que “
procesal derivan del hecho que están incardinadas en criterios de oportunidad y de aceptación de cargos”.
Por ello, haciendo un análisis minucioso de ambos textos hemos advertido que más que aclarar dicha institución jurídica ha traído como consecuencia que los operadores jurídicos en general hayan interpretado y aplicado de manera certera y oportuna, en razón de su naturaleza normativa, cuyos presupuestos esenciales son el principio consensual y principio de economía procesal.
Desde la perspectiva de la legislación comparada
2.2.2.5.1.
Legislación procesal chilena
La legislación procesal chilena regula, el proceso de terminación anticipada, con el nombre de procedimiento abreviado, el mismo que admite el término del proceso en fase anterior al juicio oral y cuando el fiscal ha formulado acusación, siempre que el imputado haya aceptado los cargos; por lo que el fiscal modificará la pena solicitada y el juez de garantías, a fin de realizarse la audiencia, solicitará el acuerdo al que se haya arriba con el acusado, de modo que pueda determinar una sentencia, basada en el acuerdo de las partes intervinientes.
Contrariamente a la posición de la legislación peruana, la cual mediante al Acuerdo Plenario Jurisdiccional Nº 5-2009/CJ-116 sobre proceso de terminación anticipada, el cual restringe tajantemente la oportunidad de instalar el proceso especial en etapa intermedia debido a la presunta vulneración y desnaturalización de las reglas y principios aplicables de cada proceso; y que como comparativamente con el párrafo anterior, en la Legislación Chilena si es factible su instauración.
En ese orden de ideas, consideramos que puede seguirse el ejemplo de la legislación chilena indicada, respecto de su proceso abreviado, donde dicho cuerpo normativo, en su Art. 407º prescribe que dicho procedimiento abreviado podrá ser solicitado por
escrito al juez de garantías, en la tiempo que señalado en el artículo 248º, o también podrá invocarlo verbalmente, en la audiencia de preparación del juicio oral; en cuyo caso, fiscal y acusador, podrían modificar la acusación y la pena solicitad; sin que por ello se vulnera ningún principio de orden estructural.
2.2.2.5.2. Legislación procesal colombiana
El Código de Procedimientos Penales colombiano en su artículo 37°, lo regulada con el nombre de ‘’Conclusión Anticipada’’, indicando que dada la ejecución de la resolución que determina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación, el imputado podrá requerir se dicte sentencia anticipada.
Los hechos expresados por el fiscal y su admisión por parte del procesado serán estipulados en acta suscrita por los intervinientes.
Los actuados serán remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, emitirá sentencia de conformidad con los hechos y eventos aceptados, en observancia del respeto a las garantías fundamentales.
El juez graduará la pena correspondiente y sobre este monto determinado aplicará la disminución de 1/3 parte de ella, fundamentado en la aceptación de responsabilidad manifestada por el procesado.
También es posible dictar sentencia anticipada, cuando declarada la resolución de acusación y hasta antes de fijar fecha para el desarrollo de la audiencia pública; el imputado haya aceptado responsabilidad penal respecto de todos los cargos; en cuyo caso la rebaja será de una sexta parte de la pena.
Es de advertir claramente, que la legislación colombiana deja abierta la posibilidad de que dicho mecanismo simplificado pueda incoarse, no solo, hasta antes del cierre de la investigación, que equiparándola con la legislación peruana correspondería a la formalización y continuación de la investigación preparatoria (art. 336 del Código Procesal Penal); sino que amplía su invocación hasta después de formularse las acusación; por ende estamos en posición de señalar que la terminación anticipada es un mecanismo que sería factible ser planteada y acogida en la etapa intermedia, tal
y como lo sostiene reiteradamente los juzgados de investigación preparatoria de
Huara en sus resoluciones, pues no vulnera los derechos procesales de las partes.
2.2.2.5.3. Legislación procesal española
En la legislación procesal española no se regula la terminación anticipada, pero si es aceptada la conformidad del acusado dentro del proceso penal.
Dicha conformidad del imputado queda establecida por varios artículos de la LECRIM. Señalada de manera expresa en el artículo 655°, que si pena solicitada, por
la parte acusadora, fuese correccional, la calificación del hecho podrá manifestar su
conformidad absoluta con la pena más grave que hubiera calificado, en caso se manifieste más de una; siempre que el hecho no necesite la continuación del juicio.
Se advierte que el principio de consenso en el proceso penal, aparece como una de las soluciones a la obstrucción que viene soportando la administración de justicia, suprimiendo fases procesales completas; siempre que el acusado reconozca los hechos imputados y acepte la condena, de manera que el fiscal reduzca la pena o descarte determinados delitos que forman parte de la acusación.
La Constitución española en su artículo 124.1 y 2 dispone que el Ministerio Público ejerce la acción punitiva de la justicia al amparo y defensa de la legalidad; acatando lo que las leyes establecen, de tal manera que la negociación facultada por la conformidad y definido por ley, no trasgrede el principio de legalidad; sino que con ello se evita involucrarse en procesos absurdos y engorrosos para ambas partes. Por
lo que se puede certificar que la conformidad no es contraria al principio de legalidad,
ya que la conducta delictiva del procesado siempre será castigada de acuerdo a los presupuestos legales prescritos en la norma.
2.2.2.5.4.
Legislación procesal boliviana
En la Legislación Boliviana tampoco existe este mecanismo propiamente con
nombre de terminación anticipada, sino como un procedimiento abreviado, por el
cual se permite agilizar el proceso penal y ejercer rápidamente el poder punitivo del Estado, descongestionando la carga procesal de la justicia penal boliviana.
El procedimiento abreviado fue introducido en el Código de Procedimientos Penales mediante Ley Nacional Nº 1970 del 25 de marzo de 1999, establecido en los artículos 373º y 374º del Código antes citado.
Dentro de los supuestos para su instauración está determinada porque la pena privativa de libertad, respecto al delito imputado no sea fija, es decir, que según el Instructivo Nº 005/01 de la Fiscalía General de la República en relación con el Código Penal y Ley de Protección a las Víctimas de Delitos contra La Libertad Sexual y en relación con la Ley de Régimen de la Coca y Sustancias Controladas, no puede instarse para todos aquellos delitos que tengan una pena ya determinada, pues dichas penas no pueden ser objetos de negocio con el Fiscal.
El representa del Ministerio Público como defensor de la acción penal, es quien evaluará si se arriba a un acuerdo y; asimismo, si la pena requerida es suficiente para cada caso; por ello se enfatiza que la negociación no pueda plantearse por el imputado y su defensa; tal y como se señala de manera expresa en el artículo 373º, el cual establece que la oportunidad para invocar la vía abreviada por el fiscal, será posterior de realizada la investigación y en su solicitud concluida; sin embargo, según ley, para que el pedido proceda se deberá contar con el consentimiento expreso del imputado y su defensa; fundamentado en aceptación de los hechos que se le imputan.
Establecida la audiencia oral, el juez oirá al fiscal, imputado y víctima; siempre que se compruebe lo siguiente:
a) Existencia del hecho punible y participación del imputado en el mismo;
b) Renuncia voluntaria del imputado, al juicio oral;
c) Reconocimiento de culpabilidad libre y voluntaria.
Además, en el artículo 373º en su tercer párrafo se prevé la posibilidad de que el juez niegue la aplicación del procedimiento abreviado, en caso de oposición fundada de la víctima o que el procedimiento común permita un mejor conocimiento de los hechos.
En caso las partes lleguen a un acuerdo y el mismo no fuere rechazado por el Juez, atañe, entonces, la emisión de la sentencia; la misma que deberá contemplar los requisitos esenciales de cualquier sentencia, la misma que estará fundamentada en las pruebas recopiladas en la etapa preparatoria y cuyos hechos han sido admitidas por parte del imputado y aceptados por la víctima.
Al respecto el Código de Procedimientos Penales de Bolivia establece en el segundo párrafo del art. 374º que aceptado el procedimiento, la sentencia se fundará en el hecho admitido por el imputado pero la condena no podrá superar la pena requerida por el fiscal.
Si bien es cierto, los únicos facultados para establecer las penas establecidas en el Código de Procedimientos Penales son los Magistrados en base a la aplicación de los principios constitucionales que garantizan el debido proceso y defensa de cada imputado, respetando la opinión del representante del Ministerio Público en relación a la pena a imponer; sin embargo, los jueces tienen la decisión final de imponer una sanción penal.
Finalmente, se puede señalar con convicción que el Derecho Comparado permite plantear que el proceso especial de Terminación Anticipada, se aplica en otros países con características similares y de modo positivo se busca aplicar en el Derecho Penal transaccional.
2.3. Definición conceptual de la terminología empleada
La definición de las variables de investigación se sustenta en la doctrina jurídica y en el Derecho positivo, son las siguientes:
2.3.1. El Criterio de oportunidad
El denominado criterio de oportunidad, es una excepción al principio de legalidad; dado que posibilita al Ministerio Público llegar a un acuerdo con el imputado, con la finalidad de prescindir de forma total o parcial, de la persecución penal, o bien, limitar la investigación solo a algunos delitos o determinadas personas.
Este beneficio procede desde que el imputado formula solicitud escrita al fiscal y ante el tribunal con la autorización del superior jerárquico.
Este requerimiento puede llevarse a cabo en los siguientes casos:
a) E hecho resulte insignificante, es decir, de mínima culpabilidad del autor o del partícipe, o donde haya habido una contribución de poca importancia para la comisión del ilícito.
b) En casos de delincuencia organizada, criminalidad violenta, delitos graves o de tramitación compleja, el Fiscal puede "negociar" con el imputado la aplicación de un criterio de oportunidad, exigiéndosele al imputado los siguientes requisitos:
• Manifestar información esencial para evitar que el delito continúe, o se cometan otros delitos.
• Apoye con el esclarecimiento del hecho investigado u otros delitos relacionados con aquel en cuya causa se le está aplicando el criterio de oportunidad
• Proporcione información útil para probar la participación de otros imputados.
c) Cuando imputado haya sufrido daño físico o moral grave como consecuencia del hecho ilícito, de modo que se torna desproporcionada la aplicación de una pena.
d) Cuando la pena o medida de seguridad a imponerse por el delito o por la
infracción, carezca de importancia en consideración a la pena o medida de seguridad ya impuesta, o a la que se pueda imponer por otros delitos o infracciones cometidas por el mismo imputado.
Siendo el proceso común de corte acusatorio garantista está constituido por tres fases claramente diferenciadas y con sus propias finalidades y principios:
1. La fase de investigación preparatoria a cargo del Fiscal, que comprende las
2. La fase intermedia a cargo del Juez de la Investigación preparatoria, que
comprende los actos relativos al sobreseimiento, la acusación, la audiencia preliminar y el auto de enjuiciamiento. Las actividades más relevantes son el control de la
3. La fase del juzgamiento comprende el juicio oral, público y contradictorio, en el que se actúan y desarrollan las pruebas admitidas, se producen los alegatos finales y se dicta la sentencia.
Estas etapas se suceden unas a otras dependiendo de la necesidad de continuar con la persecución penal y son de naturaleza preclusiva.
2.3.3. La negociación penal
La negociación en el sistema penal peruano tiene como objeto final, la obtención de un acuerdo entre Fiscal e imputado, sobre la imposición de una pena en real proporción con el hecho punible, es decir, teniendo en cuenta algunos de los enfoques de su planificación procesal de intervención, en función de su poder de disposición.
2.3.4. La terminación anticipada
Conocida también como admisión de culpabilidad por el imputado, es una expresión del principio de oportunidad basada en la consensualidad.
Es un procedimiento de simplificación del proceso común que nos lleva a la solución de la controversia jurídica de una manera alterna y preferente llegando a una conclusión final y tradicional en una audiencia que implique la confrontación y la publicidad primordialmente.
Constituye una fase de apreciación y análisis para decidir la acusación, plantear mecanismos de defensa contra la acción penal y también para que se analicen las pruebas.
Esta etapa comprende desde el momento que se dispone la conclusión de la investigación preparatoria hasta que se dicta el auto de enjuiciamiento o cuando se decide por el juez el sobreseimiento del proceso.
“El método es el conjunto de reglas científicas (entendido como conjunto de procedimientos) idóneos para identificar, interpretar y entender el vasto campo del derecho.” (Ramos, 2011, pág.89)
Ramos, C. señala que:
Como el Derecho es una disciplina basada en la persuasión o el convencimiento de nuestros interlocutores, que pueden ser el juez, el abogado contrario, el jurado, el lector de un libro de Derecho por los examinadores de una tesis, es crucial conocer los métodos que son útiles para dotar de significado a los textos normativos.
La metodología en general se distingue de la metodología jurídica en el carácter argumentativo del Derecho. (2011, pág.143)
El método de investigación, es el procedimiento riguroso, formulado de manera lógica y coherente, que todo investigador debe seguir para la adquisición del conocimiento científico.
Los métodos de investigación están referidos a diversos procedimientos que debe seguirse para contrastar y demostrar nuestra hipótesis, alcanzar nuestros objetivos y dar una solución al problema.
El método de investigación es cuantitativa, pues se rige en contrastar el cuestionario planteado con las resoluciones de expedientes penales en los que se aplicado el mecanismo de simplificación de la finalización anticipada en la correspondiente etapa de intermedia como criterio de oportunidad en los juzgados de investigación preparatoria de Huaura en los años 2015 al 2016 y por las diversas publicaciones nacionales e internacionales, que, sobre el tema, se han desarrollado.
Además, por cuanto de las encuestas e informes estadísticos se podrá demostrar cuan eficiente resulta aplicar la finalización de un proceso en terminación en una cuestión previa en razón de ser anticipada y con ello nos lleve a una etapa intermedia de la secuencia de un proceso.
3.1.2. Diseño de investigación
El correspondiente diseño de investigación es descriptivo porque establece, una adecuada descripción de los hechos materia de investigación y explicativo a razón de una adecuada información de los hechos y de tipo no experimental¸ debido a que estudiamos hechos ex post facto correlacional, en Huara, provincia de Lima.
Es descriptivo, porque el fenómeno investigado será analizado por la connotación desde su entrada en vigencia en el nuevo modelo Procesal Penal, a partir de su aplicación en la etapa intermedia
Explicativa, pues se acoge el problema desde diversos aspectos involucrados como un todo, analizando factores normativos, jurisprudenciales, axiológicos y sociales. Para luego a partir de inferencias se puede predecir e incluso transformar la realidad problemática existente.
La población objetiva son los jueces, fiscales y abogados de oficio de los juzgados de investigación preparatoria de Huara, provincia y departamento de Lima, de acuerdo a la información del Ministerio de Justicia, en relación al tema de investigación; la que conforman un total de 40 personas, quienes operan con el Nuevo Código Procesal Penal, en los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huara, años 2015 a 2016.
Para determinar el tamaño óptimo de la muestra, se utilizará la fórmula de muestreo aleatorio simple, con un margen de error de 5% para estimar proporciones las cuales se detallan a continuación:
(Z) 2PQN
N= ---------------------------------
(E)2 (N-1) + (Z) 2PQ
= Valor de la abscisa de curva normal para una probabilidad del 95% de confianza.
= Proporción de los jueces, fiscales y abogados de oficio que radican en el distrito
judicial de Huara, que manifiestan que si emplean y conocen las salidas alternativas, que establece el Nuevo Código Procesal Penal y que creen que es importante como una forma distinta de concluir un proceso penal, evitando llegar a la etapa del juzgamiento.
Q = Proporción de los jueces, fiscales y abogados de oficio que radican en el distrito
judicial de Huara, que manifiestan que si emplean, quienes manifiestan que no conocen ni emplean las Salidas Alternativas y que creen que no son mecanismos
adecuados de solución de conflictos. (Q = 0.5).
= Error de muestra 0.05%.
= Tamaño óptimo de la muestra.
Entonces el nivel de confianza del 95% y 5% como margen de error de muestra tenemos:
(1.95)2 (0.5) (0.5) (40)
(0.05)2 (40 - 1) + (1.95)2 (0.5) (0.5)
(0.05)2 (39) + (1.95)2 (0.5) (0.5)
3.8025 x 0.5 x 0.5 x 40
0.0025 x 39 + 3.8025 x 0.5 x 0.5
N = 39 encuestados (tanto a jueces, fiscales y abogados de oficio)
Según el muestreo aleatorio simple, por ejemplo, para un universo de 40 personas, trabajando con 5% de margen error necesitamos 39 muestras o personas, donde la confiabilidad es óptima con las siguientes características: mayores de edad y profesionales, de diferente género y distintos estratos sociales con los datos siguientes:
Tabla 1Muestra de población encuestada
Abogados oficio
La terminación anticipada aplicada en la etapa intermedia, es posible, en la medida que esta sea interpretada correctamente de acuerdo con las normas y principios que inspiran el Nuevo Modelo Procesal Penal.
La razón de la inaplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia causa perjuicio a las partes intervinientes en el proceso, vulnerándose el principio de celeridad y economía procesal.
Tabla 2 Variables Operacionalización
TÉCNICAS/INS
Es el proceso por el cual el imputado, al aceptar los cargos planteados por el fiscal, sobre el hecho delictivo por el cual se le ha iniciado proceso penal.
n Anticipada
el objetivo final del
2 Falta de una
postura normativa clara respecto de los plenarios emitidos por el
Etapa de control de la
1 Teorías de la Terminación Anticipada y su
lógico jurídica
a aplicación de la terminación anticipada
lógica jurídica de la norma y la
En la recolección de datos se aplicó, en concordancia con el método y nuestro diseño de investigación, los instrumentos de la encuesta mediante cuestionario, la entrevista estructurada y la observación objetiva de los hechos in situ, con el empleo de las guías respectivas. A los que añadimos el análisis documentario y sistemático. Toda vez que, se tuvo que analizar, estudiar y contrastar las distintas posiciones de los abogados, especialistas legales y magistrados de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaura.
Los abogados, especialistas legales y magistrados de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huaura, han sido encuestados mediante la utilización de las técnicas de medición, durante un año.
Procesamiento y análisis estadístico de datos
Finalmente, los datos analizados y cuadros fueron elaborados y presentados empleando el paquete estadístico SSPS 14.0 y EpiInfo Versión 6.0, el Programa de MS EXCEL y el procesador de texto WORD 2007.
3.6.2. Análisis De Datos.
Después del trabajo de campo, mediante la utilización de cuestionarios a los abogados, especialistas legales y magistrados de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Huara y de la muestra seleccionada aleatoriamente se procedió al conteo y categorización de los datos, luego procedimos a ordenarlos en cuadros estadísticos para su lectura.
En realidad, el plan de tesis versa sobre un tema jurídico y apoyados en las doctrinas y la técnica jurídica, que centra el análisis en las técnicas estadísticas respecto de las consecuencias positivas, que resultan de la contrastación del cuestionario planteado, con los expedientes penales en los que se ha aplicado el mecanismo de simplificación de una finalización de terminación preventiva en la etapa intermedia como criterio de oportunidad en los juzgados de investigación preparatoria de Huaura en los años 2015 al 2016.
La contrastación, como señala el epistemólogo Karl Popper, significa probar la validez de las hipótesis con los datos de la realidad, datos que fueron obtenidos mediante los instrumentos de medición en el trabajo de campo.
Los resultados de nuestra encuesta reflejan las tendencias observadas en la muestra poblacional que describimos en el diseño del muestreo.
Debiendo establecerse que el estudio del problema planteado en nuestra tesis, por una parte se sustenta en el análisis doctrinal que hacemos desde la descripción y formulación del problema hasta el marco teórico y la formulación de nuestras hipótesis, partes en las que describimos y explicamos las diversas doctrinas del derecho que sustentan nuestra tesis referida a “LA TERMINACIÓN ANTICIPADA EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA ETAPA INTERMEDIA Y SU APLICACIÓN COMO CRITERIO DE OPORTUNIDAD EN LOS JUZGADOS DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUAURA ENTRE EL 2015 – 2016”.
Por otra parte, sustentamos complementariamente nuestra tesis en los resultados del cuestionario que a continuación presentamos en 08 cuadros de resultados y que reflejan, no solo, las opiniones frente a la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal común peruano, sino también respecto a las consecuencias de su inaplicabilidad de la misma.
Estos resultados se presentan en ocho cuadros, que son significativos en la medida en que se trata de una muestra de personas directamente involucradas con el tema de nuestro estudio.
Si los datos confirman las hipótesis, entonces con la interpretación se logra la explicación de los resultados, utilizando los criterios dados por la lectura correcta de ellos y dados por la doctrina jurídica. Como resultado del análisis tenemos que las hipótesis han sido validadas a través de cuestionarios, pues las respuestas
confirmaron los supuestos planteados, a partir de la definición operativa de nuestras variables de investigación son:
Veamos los resultados obtenidos con su análisis e interpretación que se completa en la discusión.
1. ¿Estima Ud. que, es posible la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común peruano?
Ni de acuerdo/ Ni en desacuerdo
En el cuadro 1 podemos verificar que el 89.74% de los encuestados consideran que es posible la aplicabilidad de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común peruano.
¿Considera Ud. que resulta conveniente la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia para acelerar el proceso penal?
En el cuadro 2, apreciamos también, que el 94.87% de los encuestados sostienen que la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso común peruano constituiría una significativa disminución de la carga procesal peruana existente
3. ¿Usted cree que la aplicabilidad de la terminación anticipada en la etapa
intermedia del proceso común peruano contribuiría con la descarga procesal?
En el cuadro 3, se advierte que el 84.62% de los entrevistados consideran que la aplicabilidad de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso Penal Peruano contribuiría en disminuir la carga procesal penal, de modo que los jueces puedan avocarse a casos más complejos y en los cuales no se admite culpabilidad alguna.
4. ¿Cree Ud. que la invocación de la terminación anticipada en la etapa intermedia del Proceso Penal Común, constituye una vulneración de las normas y principios que inspiran el Nuevo Proceso Penal?
En el cuadro 4, se advierte que el 97.44% de los entrevistados consideran que la aplicabilidad de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal peruano no trasgrede los principios que inspiran el mismo, toda vez que se sustancia en el objetivo principal del mismo, como es la celeridad y economía procesal.
5. ¿Usted cree que sería perjudicial para las partes que dicho Mecanismo de Simplificación Procesal no se aplique o insta en la Etapa Intermedia del proceso Penal?
En la lectura del cuadro 5, el 84.62% de los encuestados señalan que las partes se perjudican si la aplicación de la terminación anticipada no se insta en la etapa intermedia, pues con ello se evitarían procesos largos y tediosos; en cuyo resultado y sentencia final sería el mismo en el que se llegue con el mecanismo de simplificación procesal aplicado.
6. ¿Estima Ud., conveniente que la Corte Suprema aclare sobre el criterio de oportunidad señalada en la terminación anticipada y el principio de oportunidad en el Nuevo Proceso Penal?
En la lectura del cuadro 6, el 61.54% de las opiniones señalan que es necesaria una aclaración más precisa sobre el denominado criterio de oportunidad, dado que solo se limita a señalar que su aplicación, como tal, desnaturaliza el mecanismo de Terminación Anticipada y no explica las razones del porque no puede instarse en la Etapa Intermedia.
7. Aplicada la terminación anticipada en el proceso penal. ¿Cree Ud. que el Ministerio Público, al abstenerse de seguir investigando, trasgrede el debido proceso?
En la lectura del cuadro 7, el 100% se advierte que, los encuestados señalan que el Ministerio Público no trasgrede el debido proceso, siempre que se proceda de acuerdo a la norma y dentro del tiempo estipulado.
8. Si con la aplicación de la terminación anticipada, el proceso penal concluye rápidamente. ¿Sería conveniente que los operadores jurídicos la invoquen durante la etapa intermedia, en tanto que con ello se evitaría un mayor costo procesal al Estado?
38 97.44
En la lectura del cuadro 8, el 97.44% de las opiniones señalan que con la aplicación de la aplicación de la terminación anticipada en la etapa intermedia, reduciría considerablemente, no solo que el proceso se resuelva de manera rápida y efectiva, sino que el costo procesal sea vera disminuido eficazmente, siendo el Estado y la sociedad los grandes beneficiados.
En esta etapa se efectuó el análisis de la información recabada, con el objeto de comprobar las hipótesis y el logro de los objetivos establecidos, para lo cual se procesó la información empírica, procediéndose de la siguiente forma.
La hipótesis general del presente estudio se enuncia de la siguiente manera: La Terminación Anticipada aplicada en el Etapa Intermedia, es posible, en la medida que esta sea interpretada correctamente de acuerdo con las normas y aspectos de fundamento que se inicia enfocado en el Nuevo Modelo del Ordenamiento Procesal Penal.
Hoy en día, la administración de justicia y la normatividad vigente permite establecer la aplicabilidad de la terminación anticipada en la etapa intermedia del proceso penal peruano, pero que debido a la poca claridad y muy confusa posición creada en el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanentes y Transitorias: Acuerdo Plenario N° 5- 2009/CJ-116. Proceso de Terminación Anticipada, cierto sector doctrinal y de la judicatura sostienen que ello sí es viable y legitimo; todo ello pese a la negativa aplicabilidad acordada en el Pleno ya señalado.
Por ello, bajo la interpretación amplía del artículo 350.1.e); resulta viable que los sujetos procesales puedan incoar el proceso especial de terminación anticipada, entre el período comprendido entre la formalización de la investigación preparatoria hasta la formulación, sea escrita y oral, del requerimiento de acusación en la audiencia preliminar, prevista en el artículo 468.1 del Código Procesal penal; dado que el fiscal no habría formulado completamente la acusación en su fase oral.
Hipótesis específica, respecto del perjuicio a las partes intervinientes al negarse su aplicabilidad constituye un grave detrimento, ya sea para el procesado, porque se le condena a seguir un proceso largo y deshumanizado; y para el Estado porque el costo procesal es alto y para la victima porque sus pretensiones no son satisfechas rápidamente.
Si bien es cierto, existe la posibilidad de viabilizar que los sujetos procesales puedan invocar la Terminación anticipada en el etapa Intermedia, aún hay jueces que se muestran reacios a llevarlos a cabo, sin embargo nuestra investigación nos muestra que muchas
de las sentencias producto de dicho mecanismo cumplen y se fundamentan en la finalidad para la cual fue creada, dar solución rápida y efectiva a los conflictos penales, toda vez que su aplicación no afecta ningún derecho de alguna de las partes, dado que de no existir controversia entre procesado y acusador y por el contrario hay consenso sobre el hecho delictivo y las consecuencias penales y/o civiles derivadas del mismo , en las etapas de preparación de juicio, nada impide entonces, la incoación de mecanismos consensuales para evitarlo, es decir no existe motivo alguno para alargar el proceso innecesariamente.
Con lo que, queda claro y se CONFIRMA nuestra HIPOTESIS por cuanto la inaplicabilidad si perjudica a las partes intervinientes en el proceso penal; pese a la existencia de la normatividad legal que lo avala, tal y como ya lo hemos señalado con anterioridad.
La urgente necesidad de permisión y aplicación de la terminación anticipada, como mecanismo de simplificación procesal, aún en fase intermedia, puesto que la aparente imposibilidad normativa para hacerlo es salvada con los principios procesales y una interpretación sistemática, que no sólo se limite al Código, sino que sea integral; incluyendo la revisión constitucional.
El proceso especial de terminación anticipada, según el Acuerdo Plenario Nº 5- 2008/CJ-116 fundamento 22º tercer párrafo de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho, indica: “Los rasgos esenciales comunes entre la terminación anticipada y la conformidad procesal derivan del hecho que están incardinadas en criterios de oportunidad y de aceptación de cargos –el principio del consenso comprende ambos institutos procesales, aunque en diferente intensidad y perspectiva-, con la consiguiente conclusión de la causa con una sentencia anticipada que pone fin al proceso, sobre la base de una disposición del imputado a la aceptación de los cargos objeto de imputación lo que desde una perspectiva político criminal, legislativamente aceptada, determina una respuesta punitiva menos intensa.”
De acuerdo a la doctrina jurídica, el derecho positivo y el consenso de los encuestados se determinó la existencia del fundamento legal respecto a posible
aplicación de la Terminación Anticipada en el Etapa Intermedia y que existen judicaturas que desvinculándose del Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116 sobre Proceso de Terminación Anticipada vienen incoándola; evitando de este modo, juicios innecesarios, dado que el imputado acepta los cargos y negocia la pena y la reparación civil de la víctima.
Queda demostrada que la realidad jurídica para la cual fue creada éste mecanismo de simplificación procesal, ha sido superada por la positiva y acertada aplicación de la misma, como criterio de oportunidad; en el mundo del derecho. De ahí la urgente necesidad de una modificación legislativa que contemple dicha inclusión en la Etapa Intermedia.
1.- Aplicar o invocar la terminación anticipada en la etapa intermedia como una etapa de preparación al juicio, dado que es en esta etapa, en la que el agraviado podrá (teniendo conocimiento del acuerdo previo entre imputado y fiscal), instar su derecho a aceptar o no el acuerdo o en su defecto a apelarla si no le resultase beneficioso, constituye pues el momento oportuno para que la víctima sabiendo cabalmente los hechos pueda oponerse o allanarse al acuerdo.
2.- Del Acuerdo Plenario Nº 5-2008/CJ-116 fundamento 22º tercer párrafo de fecha
dieciocho de julio de dos mil ocho, se deduce que la terminación si es un criterio de oportunidad y por tanto, dado el carácter de su naturaleza jurídica, por el cual a decir de Ibarra Espíritu (2010,pág.39), en su artículo la terminación anticipada en la etapa
Estado renuncia a la persecución penal”; podrá ser solicitado aún
hasta después de la acusación fiscal, ello en concordancia con el artículo 350.1.e del Código Procesal Penal, por el cual se autoriza a las partes instar si fuera el caso la aplicación de un criterio de oportunidad; cumpliendo de este modo con la finalidad
del nuevo modelo procesal, como es la negociación entre las partes.
intermedia, “
3.- Aclarar lo expuesto y acordado en el Acuerdo Plenario N° 5-2009/CJ-116; de modo que los operadores jurídicos logren aplicar este mecanismo de simplificación
procesal con mayor precisión en los procesos penales y los involucrados no se perjudiquen con la inaplicación, al invocarla en Etapa Intermedia.
4.- Se propone una lege ferenda: Modificando el artículo 350.1.e) del NCPP, que señala:
Artículo 350º. 1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días estas podrán:
d) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad;
Por el siguiente, que indique:
e) Instar la aplicación de la terminación anticipada o del principio de oportunidad, si fuere el caso, como criterio de oportunidad.
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Gráfico 1 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N°1 Fuente propia
Gráfico 2 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N° 2 Fuente propia
Gráfico 3 Comparación de Respuesta de encuestado de Pregunta N°3 Fuente propia