Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28BOCG-12-D-336.CODI.%29
Timestamp: 2019-12-10 04:49:24
Document Index: 375559790

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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 336, de 17/04/2018
cve: BOCG-12-D-336
161/003164 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la instalación de una oficina permanente para la tramitación del Documento Nacional de Identidad en Navalmoral de la Mata ... (Página4)
161/003175 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección de las víctimas de violencia de género cuando esta se produce en el seno de la Guardia Civil ... (Página5)
161/003166 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la recuperación y preservación de la memoria y la dignidad de las personas que sufrieron la represión franquista ... (Página6)
161/003162 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la incentivación para la modernización de la máquina-herramienta utilizada en la Industria ... (Página7)
161/003177 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la ejecución del proyecto de "Remodelación del Enlace de A Rocha, carretera N-550 (P.K. 11+500)", en el término municipal de Cambre (A Coruña) ... (Página9)
161/003157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a medidas para eliminar el amianto de los centros educativos en la Ciudad Autónoma de Ceuta ... (Página10)
161/003156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a revertir la situación de reducción de personal en las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de deterioro de la calidad del servicio público dado a la ciudadanía ... (Página11)
161/003180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas para garantizar la seguridad y salud laboral de las personas que prestan servicios en el ámbito del hogar familiar ... (Página13)
161/003161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a establecer un bono social digital de acceso a Internet en banda ancha ... (Página16)
161/003163 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), relativa a establecer una estrategia a corto y medio plazo con un plan de acción para la cogeneración ... (Página18)
161/003176 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la regulación de la publicidad de las empresas de sector energético ... (Página20)
161/003155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los daños producidos por las inundaciones en los municipios del Poniente Granadino y del Área Metropolitana de Granada afectados por el desembalse del pantano del Cubillas ... (Página21)
161/003160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la prohibición de los neonicotinoides y la protección de las abejas y otros insectos polinizadores por su papel esencial para la conservación de la biodiversidad, para el sector apícola y para la propia agricultura ... (Página23)
161/003174 Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el aumento de la producción de agua de la desalinizadora de Torrevieja, la conclusión de obras complementarias de la de Mutxamel y la garantía de la gestión pública de Acuamed y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla ... (Página25)
161/003178 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la protección del arroz ... (Página27)
161/003179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la paralización de las obras y retirada de las "grandes escolleras" que se están levantando en la bahía de Santander ... (Página29)
161/003154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impulsar y promover la ratificación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco y para la adopción de medidas necesarias para su aplicación ... (Página30)
161/003158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a recuperar los viajes entre islas asociados al Turismo Social y Termalismo Saludable ... (Página32)
161/003159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a desarrollar la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado ... (Página33)
161/003181 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la preservación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de la Almoloya (Pliego-Mula, Murcia) ... (Página33)
181/000902 Pregunta formulada por la Diputada doña Rosana Pastor Muñoz (GCUP-EC-EM), sobre modelo de explotación de la autopista AP-7 una vez finalice la actual concesión ... (Página35)
181/000898 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre medidas para paliar el deterioro que se está produciendo en la línea de costa española del estuario del río Miño ... (Página35)
181/000899 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre administraciones competentes para dar solución al deterioro del estuario del río Miño, en el Ayuntamiento de A Guarda, que se ha visto muy agravado como consecuencia de los últimos temporales y mareas vivas ... (Página36)
181/000900 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre alteración en las orillas del río Miño producidas por la modificación de los canales de navegación ... (Página36)
181/000901 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre deterioro del estuario del río Miño, en el Ayuntamiento de A Guarda, como consecuencia de los últimos temporales y mareas vivas ... (Página36)
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión... (Página37)
184/031796 Autor: Moya Matas, Jaume
Opinión del Gobierno acerca de la vigencia de los títulos nobiliarios concedidos durante el régimen franquista ... (Página39)
184/031874 Autor: Galeano Gracia, Óscar
Molestias y perjuicios que causan los ejercicios realizados en el polígono de tiro de las Bardenas Reales a los municipios limítrofes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón ... (Página40)
184/031900 Autor: Legarda Uriarte, Mikel
Protocolos de colaboración de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con la Fiscalía de Menores, los Jueces y los Servicios Sociales en los casos de ausencias no autorizadas de menores tutelados por los Servicios Sociales ... (Página41)
161/003164
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la instalación de una oficina permanente para la tramitación del Documento Nacional de Identidad en Navalmoral de la Mata, para su debate en la Comisión de Interior.
El proceso de obtención y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) es un trámite administrativo que todos los ciudadanos estamos obligados a realizar periódicamente. Para ello acude a Navalmoral de la Mata de un modo discontinuo y claramente insuficiente el equipo móvil de la Policía Nacional encargado de esta labor administrativa.
Como muestra de ello, y a pesar de las recientes sesiones (6) de elaboración del DNI que han tenido lugar en esta localidad en los primeros días de octubre, aún hay más de 300 vecinos en lista de espera para la obtención o renovación del documento. Por lo tanto, la demora media se acerca a los cuatro meses, con los perjuicios que esto conlleva para muchos moralos, que deben aplazar importantes trámites o viajes al extranjero, o se ven obligados a desplazarse a Cáceres, Plasencia o Talavera de la Reina para renovar el DNI. Además, el retraso en la obtención del DNI electrónico provoca a su vez dificultades para el acceso a las nuevas formas de comunicación y a la posibilidad de realizar numerosos trámites administrativos a través de Internet.
Acercar la Administración Pública a los ciudadanos es un objetivo prioritario de los Ayuntamientos y Gobiernos Autonómicos, más teniendo en cuenta que nos encontramos en la segunda provincia más grande de España. Tampoco hay que obviar que Navalmoral de la Mata cuenta con 17.247 habitantes (INE 2016), y que junto a su zona de influencia completa unos 56.971 habitantes, en una comarca de la que es verdadero centro administrativo y punto de acceso principal y más próximo a la Administración Pública en múltiples sectores.
Sería muy necesaria, por tanto, la instalación de una oficina administrativa que se encargue de la tramitación y renovación de documentos como el DNI y el pasaporte en esta localidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para que se proceda a la instalación de dependencias permanentes para expedición y renovación del Documento Nacional de Identidad y del Pasaporte en Navalmoral de la Mata, Cáceres."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2018.-César Joaquín Ramos Esteban y María Pilar Lucio Carrasco, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a la protección de las víctimas de violencia de género cuando esta se produce en el seno de la Guardia Civil.
La función legislativa en materia igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, así como de violencias machistas es absolutamente necesaria para garantizar el acceso a los derechos de todas las mujeres desde una óptica integral. Teniendo en cuenta que determinados colectivos y profesiones se caracterizan por una alta prevalencia a la disciplina, la jerarquía y la subordinación, es atender la garantía de derechos para las mujeres en estos contextos a través de especial seguimiento y singularización de las medidas recogidas en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.
El marco político para el tratamiento de las violencias machistas en nuestro país es el Dictamen emitido por la "Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género", aprobado por el Congreso de los Diputados en el Pleno del día 28 de septiembre de 2017. En dicho Dictamen, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presentó una batería de medidas y votos particulares con el objeto de acercar nuestra legislación y políticas públicas al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado tras la ratificación del Convenio de Estambul.
Situándonos en el contexto específico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el Observatorio de la Mujer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en España se creó en 2007 con el objeto de analizar la situación de las mujeres en la Policía Nacional y Guardia Civil. Por otra parte, la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, reconoce la obligación de promover aquellas medidas necesarias para garantizar la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres dentro del Cuerpo.
La Oficina Nacional para la Igualdad de Género en la Policía Nacional se creó recientemente con objeto de prevenir la Violencia de Género, en febrero de 2018. Sin embargo, la resolución por la que se crea dicho organismo no contempla ni el presupuesto que se destinará a la oficina ni el personal que trabajará para el mismo, lo que hace dudar de su eficacia.
Por lo que consideramos que las diversas actuaciones llevadas a cabo por los poderes públicos en pos de la igualdad, la no discriminación y contra la violencia no han sido efectivas. A pesar de la obligación que tienen de promover las medidas necesarias para garantizar la igualdad con una orientación transversal y evitar cualquier tipo de discriminación profesional teniendo en cuenta la vida familiar y profesional, siguen produciéndose casos de discriminación como el caso de la sanción impuesta a una militar por no asistir a una celebración por tener que cuidar de su hija.
Por esto mismo, entendemos que es imprescindible dotar de recursos humanos y presupuesto a la Oficina de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres de la Guardia Civil para el desarrollo de su actividad. Así como establecer sistemas de control externo de la aplicación de la ley.
Impulsar un protocolo de actuación para casos de Violencia de Género en el seno de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Facilitando a las funcionarias su derecho a la movilidad y en el caso de órdenes de alejamiento facilitar los cambios en servicio y destino. Dicho protocolo debe incluir un régimen disciplinario y garantizar la independencia y preparación del organismo en el que se sustancien las denuncias, y contar con el asesoramiento de los organismos de igualdad así corno establecer las medidas de protección frente a represalias y garantizar un proceso adecuado que permita la sanción de los responsables y la efectiva reparación de las víctimas.
Impedir, así mismo, el acceso a VIOGEN por parte de aquellos miembros de las FCSE condenados como autores de delitos de Violencia de Género.
Así como incluir también la figura de "asociaciones profesionales". Conviene tener en cuenta que un número significativo de servidores públicos, como las mujeres que forman parte de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas, no pueden sindicarse y gestionan estos asuntos a través de asociaciones profesionales a las que no se debe excluir de las opciones planteadas en el pacto.
Reformar la legislación disciplinaria de la Guardia Civil para que las víctimas de violencia de género en este ámbito, sean parte en los procesos disciplinarios que les afecten. Cuando el acusado es otro guardia civil, las víctimas de violencia de género en la Guardia Civil actualmente no pueden ser parte en los procesos disciplinarios en los que se analiza los hechos que han producido la condición de víctima, quedando así absolutamente indefensas. Esta situación ha de corregirse con las modificaciones legislativas propuestas.
2. Crear un protocolo de actuación en los casos de Violencia de Género que incluya un régimen disciplinario y garantice la independencia y preparación del organismo en el que se sustancien las denuncias, y que cuente con el asesoramiento de los organismos de igualdad. Se facilitará también a las funcionarias su derecho a la movilidad y en el caso de órdenes de alejamiento se facilitarán los cambios en servicio y destino.
3. Establecer medidas de protección frente a represalias y garantizar un proceso adecuado que permita la sanción de los responsables y la efectiva reparación de las víctimas.
4. Inhabilitar a los responsables e impedir su acceso a VIOGEN.
5. Reformar la legislación disciplinaria de la Guardia Civil para que las víctimas de violencia de género en este ámbito sean parte en los procesos disciplinarios que les afecten."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2018.-Sofía Fernández Castañón y Alicia Ramos Jordán, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003166
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la recuperación y preservación de la memoria y la dignidad de las personas que sufrieron la represión franquista, para su debate en la Comisión de Defensa.
Emili Darder Cànaves fue el último alcalde republicano de la ciudad de Palma.
Fue asesinado, de madrugada, por las fuerzas que perpetraron el golpe de Estado al gobierno legítimo republicano.
Médico, nacido a las cinco de la tarde del 20 de junio de 1895, fue ejecutado, tras la sentencia del consejo de guerra de las fuerzas golpistas por la causa abierta 978/1936, en el cementerio de Palma, a las 6:30 de la mañana, tras ser detenido el 20 de julio de 1936, poco después del golpe y alzamiento militar del 18 de julio de 1936.
Darder es el mejor símbolo del hombre, del ciudadano, que puso las instituciones de Palma al servicio de la modernización, la mejora de la calidad de vida, la lucha por la igualdad y la equidad, la universalización de la educación, la sanidad y la cultura en definitiva, con el objetivo de mejorar la vida de las personas que vivían en la ciudad de Palma, y de Mallorca en su conjunto. Dos mundos ciertamente que para él convivían amalgamados y con menos diferencias de lo que debería ser para el mundo rural y urbano de aquel momento.
Fue un visionario y el padre de la Palma moderna y democrática, de políticas progresistas. Estuvo comprometido con la democracia, con la política, y muy especialmente en sus dos períodos como alcalde tanto con políticas educativas como con políticas sanitarias y de higiene, además de en mejoras urbanas estructurales.
Simboliza hoy una Palma democrática y basada en la equidad, la justicia y la cohesión social. En la igualdad, la fraternidad y la libertad, en valores universales en definitiva. Y simboliza también la memoria de unos hechos ignominiosos que deben permanecer en la historia de la ciudad de Palma para ser conocidos por sus ciudadanos y ciudadanas.
Son precisamente muy conocidas y reconocidas sus afirmaciones, recogidas en la página 48 del libro de Arnau Company Mates, Emili Darder Cànaves, el darrer batía republicá en las que afirma el alcalde republicano "nos faltan ciudadanos. Este es el mal, causa de todos los males. Es por falta de ciudadanos que trabajen y velen por la cosa pública que todo lo nuestro se encuentra en el abandono citado; es por falta de ciudadanos despiertos y conscientes, que vivimos en este espíritu sumiso de resignación provinciana".
En el edicto 3.258 de la causa 978/1936 del juez instructor Fernández de Tamarit sus bienes fueron además embargados por un valor de dos millones de pesetas. Por este edicto se le confiscaron una finca rústica en una localidad a los pies de la Serra de Tramuntana y dos casas en la ciudad de la que es hijo ilustre.
Una de las viviendas es hoy la Delegación del Ministerio de Defensa en Baleares, que recientemente ha negado al ayuntamiento de la ciudad y al resto de instituciones de las islas la posibilidad de recuperar este edificio simbólicamente emblemático como un espacio para la recuperación de la memoria de Darder y, por ende, de las víctimas del golpe y de la represión posterior en Palma y en Mallorca.
En una carta remitida el pasado mes de febrero al consistorio de Palma, no deja de ser escandalosamente insultante que el Secretario de Estado de Defensa del Gobierno, Agustín Conde, justifique la negativa a la recuperación de este espacio para que se dedique a la memoria argumentando que: "Estoy convencido de que entenderá nuestra postura si hace un ejercicio de volverla por pasiva: imagine que se le ha solicitado al Ayuntamiento la cesión a este Ministerio del edificio donde tiene su sede esta corporación municipal, para instalar en la sede de la Delegación de Defensa de las Islas Balears".
Una posición por lo tanto que se justifica entre otras razones al comparar un bien confiscado a un alcalde asesinado pese a estar enfermo, y que ni siquiera podía tenerse en pie cuando fue ejecutado, con la casa del pueblo de todos los ciudadanos y ciudadanas de una ciudad mediterránea y milenaria, mestiza y abierta a las culturas a través de los siglos.
Por todo lo anterior expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que tome de forma urgente todas las medidas necesarias para que la Delegación del Ministerio de Defensa pueda ser objeto de una negociación entre administraciones que permita una permuta en el uso actual de la sede de Defensa, y que esa permuta en el uso actual permita que el Ayuntamiento de Palma pueda dar un nuevo uso a la casa del alcalde Darder, y que sirva así de espacio de memoria y símbolo reconocido por todos los ciudadanos y ciudadanas de Palma como el símbolo de todos la dignidad del alcalde Darder y de todos los que fueron ejecutados y represaliados por el alzamiento militar."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2018.-Pere Joan Pons Sampietro, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003162
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre
la incentivación para la modernización de la máquina-herramienta utilizada en la Industria, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.
Los cambios en la población, la tecnología y en las instituciones son las fuerzas que inducen las transformaciones de la economía y de la sociedad. El mundo se ha vuelto global y las actividades económicas cambian a gran velocidad sus procesos, sus productos y su ubicación en el espacio, por lo que las empresas y las personas tienen que adaptarse rápidamente a la nueva realidad. El crecimiento sostenible no es concebible sin la transformación productiva de la economía.
La globalización, el desarrollo tecnológico y logístico, el acceso ilimitado a la información, las diferentes alternativas de financiación son circunstancias que, entre otras, han provocado una gran complejidad de la actividad económica. Por tanto, las políticas públicas y los crecimientos que en base a ellas se diseñen deben tener en cuenta el nuevo escenario si aspiran a ser eficientes y eficaces.
Palabras como rectificadoras, esmeriladoras, chaflanadoras, mandrinadoras, etc., forman parte de la base de la industria de un país, concretamente de un sector estratégico: el de la máquina-herramienta. Un sector que es el responsable de ofrecer soluciones y los medios productivos más avanzados a las principales industrias de la economía para mejorar su productividad y su competitividad y es que la realidad nos demuestra además, que en situaciones de crisis económica, los países en los que el sector industrial tiene más peso en su estructura productiva, soportan mejor los efectos de la recesión. Existe por tanto una estrecha relación entre el sector de la máquina herramienta con el nivel de industrialización de un país.
El consumo o la inversión anual en máquina-herramienta es un baremo utilizado internacionalmente como indicador de la competitividad industrial de un país por lo que no es posible ser industrialmente competitivo sin un parque de maquinaria moderno y es que todos los fabricantes de piezas y componentes para la industria de la automoción, la aeroespacial, la energía, el sector naval, etc., son sectores intensivos en utilización de máquina-herramienta. Es su factor tecnológico/productivo principal.
Si verdaderamente se quiere modificar el modelo productivo es necesario contar con una industria equipada para ello que cuente con un equipamiento productivo moderno para abordar la fabricación de productos de alto valor añadido. No tiene sentido hablar de digitalización, de industrial digital, de 4.0, con equipos convencionales imposibles de conectar e incapaces de trabajar con datos. Es como pretender conectar un teléfono de baquelita a internet. No podemos pensar que con maquinaria y equipos de más de 20 años de antigüedad se puedan fabricar productos modernos y por tanto en estas condiciones solo es posible fabricar y competir por precio y con productos de bajo valor añadido.
El consumo de máquina-herramienta, decisivo para la competitividad, acumuló mínimos históricos consecutivos durante cinco años (2009-2013). Tras dos años de crecimiento interesante (2014-15), el consumo nuevamente se estanca en cifras muy bajas e insuficientes y es que España a pesar de ser el 92 mayor productor de máquina-herramienta del mundo, está a la cola en inversión tanto absoluta (puesto 19), como per capita (puesto 32) según informe de Garden Research; este factor hace que nuestra incorporación a la industria del futuro esté verdaderamente comprometida.
En 2017 el consumo interior crece al mismo ritmo que la producción y la exportación, un 5,08 % recuperando tono positivo tras el estancamiento del 2016, sin embargo la cifra es baja ya que se estima que puede ser un 25 % inferior al potencial real de un país que pretende incrementar el peso de la industria en su PIB.
Si además de lo mencionado, añadimos el factor del rápido cambio que hay que abordar para digitalizar la industria, y la posición relativa como país con los competidores, es necesario estimular la demanda de bienes industriales con efecto multiplicador que impulse el reequipamiento y la modernización de la Industria, aplicando políticas de incentivo a la inversión en equipos productivos avanzados.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un plan de incentivación equilibrado para alcanzar un alto grado de modernización de los equipamientos productivos que permitan a los distintos Ministerios implicados (Economía, Industria y Hacienda), colaborar en su consecución y más concretamente:
1. Elaborar un plan que incentive la inversión mediante una ayuda directa a aquella empresa que invierta en equipamiento productivo.
2. Estudiar y analizar la viabilidad de aquellas medidas adoptadas en países de la Unión Europea, como Italia (hiper, super amortización) y en su caso, proceder a su implantación, con el objetivo de favorecer la inversión en equipos avanzados y digitales que impulsen la competitividad y productividad en este sector."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2018.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
161/003177
La Diputada del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Yolanda Díaz Pérez, a través de su Portavoz, Miguel Anxo Fernández Vello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la ejecución del proyecto de "Remodelación del enlace de A Rocha, carretera N-550 (P.K. 11+500)", en el término municipal de Cambre (A Coruña).
En enero de 2016, el Ministerio de Fomento anunciaba mediante publicación en el BOE, el trámite de información pública para el proyecto de remodelación del enlace de A Rocha en la carretera N-550 (P.K. 11+500) en Cambre (A Coruña).
Según la información emitida por el Ministerio el proyecto contaba con un presupuesto de 1 millón de euros para "actuaciones consistentes en transformar la actual glorieta partida en una cerrada mejorando su capacidad y seguridad vial", demanda que llevan reclamando desde hace más de una década las vecinas y vecinos de Cambre y municipios colindantes como Culleredo.
Con todo, pasado más de un año de ese anuncio, siguen sin ejecutarse ningún tipo de acciones, lo que provoca la desconfianza de la gente del municipio en que el Gobierno tenga voluntad de ejecución del proyecto, pues ya en el año 2012, el anterior alcalde del municipio respondía a una pregunta del Grupo Municipal de Esquerda Unida afirmando que "El Director de Fomento informó que las actuaciones comenzarían en ese año o en el 2013".
En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2018 que se acaban de presentar, el Gobierno destina, otra vez, partida presupuestaria para esta obra, con un importe de 780.000 euros, lo mismo que ya se había consignado en los Presupuestos de 2017, una partida que sigue sin ejecutarse.
Estos hechos, ponen en evidencia la falta de interés del Gobierno por dar solución a uno de los puntos negros de tráfico más peligrosos en la comarca de Coruña.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar, con carácter de urgencia, y en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta iniciativa, las obras correspondientes al proyecto de "Remodelación del enlace de A Rocha, carretera N-550 (P.K. 11+500)", en el término municipal de Cambre (A Coruña)."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003157
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a medidas para eliminar el amianto de los centros educativos en la Ciudad Autónoma de Ceuta, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.
La ciudad de Ceuta tiene varios centros educativos cuyas cubiertas o techos han sido en parte construidos con amianto.
El amianto, o asbesto, es uno de los componentes del fibrocemento, un material de construcción, comúnmente conocido como uralita, y compuesto por fibras microscópicas que pueden permanecer en suspensión en el aire el tiempo suficiente para que representen un riesgo respiratorio.
El simple hecho de estar en contacto con el amianto no supone casi riesgo para la salud pero la situación cambia cuando el contacto es prolongado y se manipula el material de manera que las fibras pasan al aire y son fácilmente respirables. Esto sucede en derribos, trabajos como el corte, taladro, rotura o cuando el material está muy envejecido. De esta manera, las fibras pueden adherirse a la ropa y el riesgo de pasar al aire respirado aumenta.
Recientemente, el 21 de marzo, parte del techo del colegio Ortega y Gasset se desprendió y se esperan por parte de operarios de la Ciudad Autónoma de Ceuta una intervención para minimizar los riesgos que existen en ese centro educativo.
Sin embargo, no es el CEIP Ortega y Gasset el único centro público con cubiertas de amianto. El techo del gimnasio del CEIP García Lorca también está realizado con amianto, así como otros cuatro públicos colegios más además del CEIP Ortega y Gasset.
Estas situaciones y otras asociadas al deterioro y demanda de reparaciones en los centros públicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta han logrado sacar a la luz pública la situación de decadencia de las instalaciones de un número importante de centros educativos.
La Ciudad de Ceuta es responsable del mantenimiento de los centros, pero el Gobierno es competente en la gestión de la educación en esta ciudad y en garantizar la seguridad y bienestar del alumnado, razones por las que debe intervenir con la máxima celeridad para cooperar en la retirada de las cubiertas de uralita y lograr unas condiciones óptimas para el uso de las instalaciones educativas y deportivas de los Colegios.
Teniendo en cuenta las competencias relativas a los colegios de Infantil y Primaria, corresponde actuar al Gobierno puesto que estamos ante una actuación que no se puede calificar estrictamente como de mantenimiento. Es una intervención de más envergadura, por tanto una inversión estructural de los edificios y competencia del Gobierno.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar la seguridad del alumnado de la Ciudad Autónoma de Ceuta poniendo todos los medios necesarios para que, con la mayor celeridad y en colaboración con el Gobierno de Ceuta, se retire el amianto de los centros públicos de la Ciudad durante el período de vacaciones de este verano y se realicen las obras oportunas para solucionar los problemas existentes en las infraestructuras educativas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2018.-María Luz Martínez Seijo y María del Mar Rominguera Salazar, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003156
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para revertir la situación de reducción de personal en las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y de deterioro de la calidad del servicio público dado a la ciudadanía, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
La Ley General de la Seguridad Social, establece que la gestión y administración de la Seguridad Social se efectuará entre otras por las siguientes entidades gestoras: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que se ocupa de la gestión y administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que se ocupa de las prestaciones en materia de desempleo, Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), a la que corresponde la gestión de los recursos económicos del sistema (inscripción, afiliación, altas y bajas, cotización, recaudación y todo tipo de pagos).
El número de trabajadores que integran la plantilla de la Seguridad Social es actualmente un 15,8 % menor que hace seis años, según los datos facilitados por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Desde el año 2012 la Seguridad Social pierde un empleado público cada 4 años, circunstancia que se ve agravada de aquí hasta el año 2019, periodo en el que saldrán 1.500 funcionarios públicos de las relaciones de puestos de trabajo.
Este es un servicio común de la Seguridad Social, que tiene personalidad jurídica propia y tiene una serie de competencias importantes, como son, la inscripción de empresas; la afiliación, altas y bajas de trabajadores; la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social, el aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social o la gestión de la función reaseguradora de accidentes de trabajo, entre otras.
La información que gestionan la TGSS e INSS afecta así mismo al reconocimiento de prestaciones como la asistencia sanitaria, la incapacidad temporal, la incapacidad por riesgo durante el embarazo y la lactancia, la prestación de maternidad, la prestación para el cuidado de menores con cáncer u otra enfermedad grave, la incapacidad permanente, las lesiones no invalidantes, las prestaciones de muerte y supervivencia como la viudedad y orfandad, con esto queremos poner de relieve la importancia de resolver todos los problemas y cuestiones que puedan surgir a los ciudadanos, de forma adecuada y profesional, y la labor e importancia que desde este punto de vista desempeña el personal de la seguridad social y la relevancia que tiene disponer de una red de oficinas de atención al público.
En julio de 2017 había en la Tesorería General de la Seguridad Social un total de 11.282 empleados, frente a los 13.401 trabajadores que constaban en julio de 2011. En estos seis años, el número de empleados ha ido cayendo cada año, sin que ningún ejercicio se haya producido una variación positiva.
La evolución en el descenso de trabajadores fue progresiva entre los años 2011 y 2014, año que registró el mayor recorte de plantilla, pues entre julio de 2013 y julio de 2014 dejaron de trabajar 447 empleados de la Seguridad Social, un 3,5 % menos.
Desde entonces, el número de trabajadores ha ido cayendo, aunque a un ritmo menor: 404 trabajadores menos entre julio de 2014 y julio de 2015 (-3,3 %), 271 entre 2015 y 2016 (-2,3 %), repuntando entre 2016 y 2017, con un recorte de personal de 315 empleados, un 2,7 %.
Respecto a las delegaciones provinciales, todas ellas registran hoy una plantilla menor que la que tenían hace seis años, con caídas en todos los ejercicios y en todas ellas salvo seis.
En concreto, las únicas delegaciones que incrementaron su personal algún año durante este período fueron las de Navarra (tres empleados más de 2015 a 2016), Ceuta (un empleado, entre 2015 y 2016), Melilla (en dos empleados, entre 2012 y 2013), y los servicios centrales de la Tesorería General (en dos empleados, entre 2015 y 2016).
La delegación donde el recorte de empleados ha sido mayor en estos seis años ha sido Cataluña, con un total de 336 empleados menos en julio de 2017 respecto al mismo mes de 2011 (-19 %), seguida de la
Comunidad de Madrid, con 292 empleados menos, aunque en términos relativos este descenso fue aún más intenso: un 21,8 % menos.
En porcentaje, la delegación que más empleados de la Seguridad perdió fue Cantabria, con un 23 % de trabajadores menos, seguida de la Comunidad de Madrid (-21,8 %), Asturias (-20,5 %), Canarias (-20 %), Cataluña (-19 %), Baleares (-17,7 %), Ceuta (-17,14 %) y Murcia (-17 %).
Por contra, las delegaciones que menos vieron afectadas sus plantillas, en términos porcentuales, fueron Melilla (-3 %), los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social (-3,7 %), Galicia (-12,1 %), Andalucía (-13,2 %), Navarra (-14,2 %), Castilla y León (-14,4 %), Comunidad Valenciana (-15,5 %) y Castilla-La Mancha (-15,7 %).
El cierre de oficinas, las Jubilaciones anticipadas masivas, provocadas en parte por la precariedad en la que los funcionarios desarrollan su actividad y las ofertas de empleo congeladas son las causas fundamentales de esta situación.
Si bien el Gobierno justifica esta reducción en reunificación de oficinas y racionalización, así como en la adaptación a las nuevas tecnologías, apostando por un nuevo modelo telemático, en el que según el Gobierno los ciudadanos no visitarán las oficinas y los funcionarios no serán necesarios.
Estos importantes recortes suponen en primer lugar un incremento de la carga de trabajo para la plantilla, un envejecimiento de esta, algo denunciado por los sindicatos, y una disminución en la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos, por un lado con un aumento de las colas de espera en aquellos puntos donde se atiende al público y por otro la creciente informatización afecta sobre todo a las personas con menos recursos y a las personas más mayores que muchas veces carecen de medios y conocimientos para realizar consultas por internet. A lo que se une la propia materia de la que se precisa información, en muchos casos, compleja y difícil de interpretar por los ciudadanos, siendo en muchos casos imprescindible una atención personal o telefónica, pero por un funcionario público. De hecho así lo pone de manifiesto las colas que se forman diariamente en las oficinas de la seguridad Social, en las que los ciudadanos demandan atención.
Como en otros puntos, en este el Gobierno no ha prestado atención a las recomendaciones del Pacto de Toledo de crear una Agencia Estatal o Entidad Única de Seguridad Social, y sigue sin reordenar, ni reponer efectivos, actuaciones que no tiene que ver con contener el gasto público, sino con extinción del servicio, ya que no se reponen bajas y la media de edad va a precipitar la jubilación en masa antes de enero del 2019, lo que nos hace temer un inminente colapso en este esencial servicio público, a pesar de lo cual el Gobierno sigue omitiendo a la Seguridad Social en la calificación de cobertura prioritaria.
Igualmente la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) se ha reducido un 10,6 % desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, concretamente un descenso de 654 trabajadores.
La plantilla del SEPES bajó el 3,99 % de julio de este año al mismo mes del año anterior, y solo en 2013 se produjo un incremento de trabajadores frente al año anterior.
En 2011, el número de efectivos ascendía a 6.140 empleados, en 2012 (6.084), en 2013 (6.201), en 2014 (6.153), en 2015 (5.856), en 2016 (5.714) y en 2017 (5.486).
Por Comunidades Autónomas, Cataluña, Extremadura, Islas baleares, Madrid y Castilla-La Mancha fueron las que más redujeron las plantillas del SEPES en 2017 respecto a 2011, con caídas del 17,6 %, 17,1 %, 16,9 %, 15,1 % y 12,5 %, respectivamente.
También bajaron los trabajadores del SEPES en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, el 17,2 % y el 13,7 %, en cada una de ellas.
La plantilla se redujo en el País Vasco, el 9,9 %, en Andalucía el 9,3 %, en Aragón, el 8,6 %, en Cantabria el 8 %, y en Valencia y Castilla y León el 7,9 % y el 7,5 %, respectivamente.
Esta disminución de la plantilla hace que los funcionarios no puedan cumplir adecuadamente las funciones que tiene el SEPE atribuidas, debido a una carga de trabajo, funciones importantes como son la de planificar e impulsar propuestas de políticas de empleo centradas en las necesidades de las personas y de las empresas (orientación profesional mediante itinerarios individuales y personalizados, formación para el empleo, programas de fomento del empleo, etc.), gestionar y controlar las prestaciones por desempleo, haciendo efectivo el derecho de las personas desempleadas a protección, así como la realización de investigaciones, estudios y análisis, de ámbito estatal, sobre la situación del mercado de trabajo y las medidas para mejorarlo.
La imposibilidad de cumplir las funciones relativas a las políticas activas de empleo, ha llevado a la ineficacia de los servicios públicos de empleo, de hecho tan solo colocan al 1,7 % de las personas
desempleadas, ya que el personal se dedica principalmente a gestionar prestaciones y subsidios y no realiza una verdadera labor de orientación profesional.
Desde luego están lejos de ofrecer un servicio eficaz en lo relativo a la colocación de las personas desempleadas. Sí funcionan, por el contrario, en la gestión de las prestaciones y en el control de los demandantes de empleo; siendo necesario ahondar en la concepción del SEPE como un instrumento de ayuda para los trabajadores que se encuentran en situación de desempleo.
El Gobierno del Partido Popular está desmantelando los Servicios Públicos de Empleo y recortando drásticamente la inversión en cobertura por desempleo, se necesitaría un Plan para incrementar de forma inmediata la plantilla del SEPES para recuperar al menos, la plantilla que había en 2011, mejorando la coordinación entre el servicio estatal de empleo y los autonómicos, así como apostar por el desarrollo de políticas activas de empleo.
Esta situación a la que se ven abocadas las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, solo es una señal más de la lamentable y caótica situación del empleo público, un signo evidente de una política fracasada sobre los servicios públicos en general, y el empleo público en particular, que ha llevado a un notable y profundo retroceso en la calidad y cantidad en la atención a las necesidades de la ciudadanía.
- Acometer la revisión de las RPTs para la ordenación y reposición de los efectivos.
- Poner en marcha de forma inmediata un Plan para incrementar la plantilla de la Tesorería General de la Seguridad Social, así como la del Servicio Público de Empleo Estatal en los próximos cuatro años, a través de ofertas de Empleo Público, bien vía presupuestos o mediante un acuerdo parlamentario.
- Abrir el diálogo con las Organizaciones Sindicales para avanzar en la creación de una Agencia Estatal o Entidad Única de Seguridad Social y de una Agencia Pública de Empleo, que gestione mejor y de forma más ágil los recursos del sistema, garantizando una atención única e integral a cada desempleado con un itinerario personalizado de inserción."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de abril de 2018.-María del Rocío de Frutos Madrazo y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003180
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para garantizar la seguridad y salud laboral de las personas que prestan servicios en el ámbito del hogar familiar, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
El trabajo doméstico es una fuente importante de empleo remunerado para las mujeres, las trabajadoras al servicio del hogar familiar, hacen contribuciones importantes al mercado laboral, así como al funcionamiento de las familias y a la economía en general, sin embargo son a menudo excluidas de la protección social y laboral en su actividad, viéndose expuestas a graves deficiencias en el llamado "trabajo decente" por la OIT, en España el colectivo estimado es de 700.000 personas, de las cuales con alta en seguridad social solo hay 427.000.
Por lo tanto cobra especial importancia garantizar a estas trabajadoras (a partir de ahora en este documento cuando se hable de trabajadora se debe entender indistintamente mujer y hombre e igualmente cuando se hable de trabajador), todos los derechos laborales, incluido el derecho a una protección eficaz
de la vida y la integridad física durante el desarrollo de su trabajo, aspecto que presenta deficiencias importantes y motivo por el que el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición.
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales excluye específicamente a los empleados del servicio familiar, en cuanto que en su artículo 3.4 establece: "[...] la presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar".
Pero el hecho de que se les excluya de la Ley de PRL no significa que a las personas trabajadoras como empleadas de hogar se les niegue su derecho a la Seguridad y Salud Laboral, así el mismo artículo 3.4 sigue diciendo: "[...] el titular del hogar familiar está obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad o higiene".
Por tanto existe un vacío legal, al no haberse desarrollado en qué forma tiene que cumplir el empleador está obligación.
Este artículo de la LPRL trasladó al ámbito normativo interno una exclusión ya presente en la Directiva del Consejo de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo (89/391/CEE). La Directiva negaba en su artículo 3 la condición de trabajador a "los efectos de la presente Directiva, a las empleadas de hogar, así señalaba que se entenderá por: a) trabajador: cualquier persona empleada por un empresario, incluidos los trabajadores en prácticas y los aprendices, con exclusión de los trabajadores al servicio del hogar familiar". Los argumentos que se han utilizado para negar la aplicación de la LPRL están relacionados con las propias características de este tipo de relación laboral. Por ejemplo, la exposición de motivos del derogado Real Decreto 1424/1985, de 1 de agosto, que regulaba esta relación hasta la entrada en vigor del Real Decreto 1620/2011, aludía a la mutua confianza de las partes, al equilibrio que debía buscarse entre derechos laborales básicos de los trabajadores, a la flexibilidad que debía concederse al empleador o a la proyección de Derechos constitucionales relativos a la intimidad personal y familiar.
La Sentencia número 588/2005 de 3 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia de Islas Baleares (Sala de lo Social, Sección 1.ª), ya señalaba algunas notas específicas propias de esta relación laboral que incidían en la aplicación de la normativa preventiva:
"Tratándose de la relación especial del servicio del hogar familiar, la deuda de seguridad no tiene el alcance previsto en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en cuyo art. 3.4 se excluye de su ámbito de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, no pudiendo exigirse al cabeza de familia que emplea en su propio hogar y sin ánimo de lucro, el conjunto de obligaciones establecidas en la mencionada norma para los empresarios en general, ni exigirse la deuda de seguridad con la amplitud que establece dicha normativa. Así, aunque el art. 13 del RD 1424/1985 obliga al cabeza de familia a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad e higiene, esta obligación no tiene el alcance previsto en los arts. 14 y 15 de Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en los que ordena al empresario la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud, debiendo preverse incluso las distracciones e imprudencias no temerarias del trabajador."
"Artículo 7. Derechos y deberes.
2. El empleador está obligado a cuidar de que el trabajo del empleado de hogar se realice en las debidas condiciones de seguridad y salud, para lo cual adoptará medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. El incumplimiento grave de estas obligaciones será justa causa de dimisión del empleado."
No obstante se trata de un precepto genérico, y por lo tanto difícil de cumplir y de exigir su cumplimiento. Para ser efectiva la modificación legislativa debería haber concretado medidas para evitar los riesgos a que está sometida la trabajadora y que son causantes de accidentes y de enfermedades profesionales y para que el empleador pudiese acreditar que ha cumplido con su obligación de cuidado, teniendo en cuenta las características específicas de este tipo de trabajo y los derechos del trabajador. Pero no sucedió así, y debemos conformarnos con los anteriormente citados artículos 4 y 5 del Estatuto de los Trabajadores,
que establecen el derecho del trabajador a su integridad física y a una adecuada política de seguridad e higiene, y el correlativo deber por parte del trabajador de observar las medidas de seguridad y salud laboral.
El derecho a la protección frente a los riesgos laborales es también reconocida en el art. 13 del Convenio 189 OIT: Convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y los trabajadores domésticos. (Entrada en vigor: 5 septiembre 2013) y que España aún no ha ratificado. Dicho convenio establece que:
- Todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable. Todo Miembro, en conformidad con la legislación y la práctica nacionales, deberá adoptar medidas eficaces, teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, a fin de asegurar la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos.
- Las medidas a que se hace referencia en el párrafo anterior podrán aplicarse progresivamente en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores, así como con organizaciones representativas de los trabajadores domésticos y con organizaciones representativas de los empleadores de los trabajadores domésticos, cuando tales organizaciones existan.
La falta de concreción de las obligaciones en materia de prevención de riesgos, tiene además mucha más relevancia si se tiene en cuenta, que los trabajos al servicio del hogar familiar son desempeñados mayoritariamente por mujeres, por lo que concurren una serie de circunstancias que hacen necesario solventar este vacío legal, como son las señaladas a continuación.
La gran precariedad laboral de los trabajos que se desarrollan en el ámbito del hogar familiar afecta sin duda a la seguridad y salud en el trabajo.
Trabajo no declarado, trabajo a tiempo parcial y temporalidad, así como una ausencia casi absoluta de formación preventiva y los salarios bajos. Estas circunstancias, unidas a la escasa información del empleador y de la trabajadora, sobre las obligaciones y derechos laborales hacen que estén más expuestas a riesgos psicosociales y que aumente su exposición a otros riesgos.
La segregación ocupacional, también incide en la prevención de riesgos laborales en este sector de actividad, es una ocupación "feminizada" en que las mujeres están más representadas y en la que es un elemento determinante la exigencia de movimientos repetitivos, posturas forzadas y manipulación de productos químicos, actividades en las que la mujer está expuesta intensivamente a riesgos musculo-esqueléticos, que suelen derivar en procesos de enfermedades profesionales y que son difíciles de gestionar desde el punto de vista preventivo.
Los riesgos a los que están expuestas mayoritariamente las mujeres por el tipo de tareas que desarrollan, en el ámbito del hogar familiar principalmente producen daños que aparecen de manera lenta y progresiva, como son las lesiones en el cuello y en los brazos y alteraciones de la salud psíquica, no visualizadas fácilmente en su relación con el trabajo y en los que los aspectos de la gestión de la prevención que inciden en su eliminación, como son la ergonomía y la organización del trabajo, son aspectos complejos de evaluar y prevenir, sin que exista una norma que desarrolle cómo debe gestionar los mismos el empleador.
También están sometidas a riesgos térmicos, eléctricos, de caída en altura, que puede dar lugar a accidentes graves, muy graves y mortales.
Además de riesgos psicosociales, derivados del cuidado de personas.
Las deficiencias en materia preventiva, en relación a la relación laboral de las personas que prestan servicios en el ámbito del hogar familiar, enlaza con el hecho de que la prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género está muy poco desarrollada y de forma bastante generalizada el enfoque que se adopta en el ámbito de la prevención de riesgos es "neutro con las cuestiones de género".
Avanzar hacia la efectividad y eficacia de las medidas de prevención de riesgos laborales, incorporando la perspectiva de género, nos permitirá dar un paso muy importante para mejorar las condiciones de trabajo, también para las trabajadoras al servicio del hogar familiar.
A este silencio normativo se unen las condiciones específicas "del centro de trabajo" en el que se realiza la prestación de servicios, como es el hogar familiar, sometido al principio de inviolabilidad, lo cual genera a veces insalvables dificultades para que la inspección de trabajo pueda desarrollar las actuaciones inspectoras de control del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social y sobre todo de la normativa en materia de prevención de riesgos.
En relación a la siniestralidad de este colectivo, a pesar de aparecer en las estadísticas oficiales, dado el alto porcentaje de trabajadoras en situación irregular, estas no reflejan la realidad de la accidentabilidad
del sector, y aun así las cifras son preocupantes, lo que hace necesario no solo sensibilizar a empleadores y trabajadores, sino poner de relieve la necesidad de prevención de riesgos laborales en el sector.
Así mismo los datos correspondientes a enfermedades causadas por el trabajo y las enfermedades profesionales registradas pone de manifiesto cómo la gran mayoría de las patologías son derivadas de riesgos ergonómicos, movimientos repetitivos y posturas forzadas, lo que nos lleva a añadir la necesidad de que estas actuaciones que se deben impulsar en materia preventiva deben hacerse desde la perspectiva de género.
Esta laguna legal en relación a las obligaciones preventivas para el colectivo de las empleadas de hogar afecta también a la protección por contingencias profesionales, a pesar de que el Real Decreto 1596/2011, de 4 de noviembre, se hacía efectiva la ampliación, con los efectos de 1 de enero de 2012 de la acción protectora por contingencias profesionales a las personas trabajadoras incluidas en el Régimen Especial de Empleadas de Hogar, con indicación expresa de que no les será de aplicación el recargo de prestaciones por estas contingencias por falta de medidas de prevención de riesgos laborales, lo cierto es que la falta de desarrollo de las obligaciones preventivas del empleador limita la declaración de las enfermedades sufridas por este colectivo como profesionales y el reconocimiento de las prestaciones.
La imposibilidad de reclamar el recargo, aun demostrando que la trabajadora sufre un accidente por desarrollar su trabajo en condiciones de inseguridad es un elemento más de discriminación.
- Para revertir la situación de vacío legal en relación a las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en la relación laboral en el ámbito del hogar familiar y previa consulta con las organizaciones sindicales, se adoptarán las medidas que procedan para en el marco de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales regular las obligaciones preventivas del empleador titular del hogar familiar con el fin de que vayan igualándose en derechos con los demás trabajadores asalariados, también en relación al ámbito de aplicación de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, tal como reconoce además el Convenio 189 de la OIT y debe hacerse desde la perspectiva de género.
- Organizar campañas específicas de Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento del deber de garantizar la seguridad y salud laboral por parte del empleador titular del hogar familiar, diseñadas en colaboración con las CCAA.
- Promover campañas de información tanto para los empleadores como para las personas trabajadoras que prestan sus servicios como trabajadoras al servicio del hogar familiar.
- Adoptar medidas para que se reconozcan y garanticen a las personas empleadas de hogar los mismos derechos de protección que las demás trabajadoras del Régimen General de la Seguridad Social en el supuesto de accidente de trabajo o enfermedad profesional."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2018.-María del Rocío de Frutos Madrazo y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003161
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para establecer un bono social digital de acceso a Internet en banda ancha, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Una de las brechas digitales que más desigualdad genera es la brecha económica, la imposibilidad de acceder a servicios de comunicación por voz o datos debida a la falta de recursos económicos. Esta es la realidad de muchas familias que viven en una situación precaria, sin empleo o, incluso teniéndolo con salarios que hacen imposible cubrir los gastos básicos o esenciales. Y entre estos gastos se incluye el acceso a servicios de comunicación, tanto de telefonía como de acceso a internet.
Frente al triunfalista mensaje del Gobierno de Rajoy sobre el liderazgo de nuestro país en la extensión de redes de alta velocidad, gracias a la inversión de las operadoras privadas de telecomunicaciones, este mismo ejecutivo no parece ocuparse ni preocuparse de trasladar esa óptima red de comunicaciones en gran parte del territorio para su uso particular o empresarial en condiciones asequibles. Según la Comisión Europea nuestro país es el segundo Estado miembro de la Unión con los precios más elevados en lo que a acceso a internet se refiere. Así, la conexión más barata a Internet cuesta más del doble del coste medio europeo.
Este es uno de los principales motivos de la baja penetración del uso de internet en España, el elevado precio de los costes básicos de acceso (solo el 49 % de los hogares con conexión está suscrito a la red fija de banda ancha rápida).
Los socialistas consideramos que el conjunto de beneficios y de oportunidades que puede representar la economía y sociedad digital debe alcanzar al conjunto de la ciudadanía, evitando cualquier tipo de exclusión por razones de género, territoriales, generacionales o de índole económico.
La Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones garantiza la prestación de un servicio universal de comunicaciones "para todos los usuarios finales con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible". Este servicio universal incluye la "conexión a la red pública de comunicaciones electrónicas de voz, fax y datos, a velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet" (solo 1 Mbps de bajada y descargas limitadas a 5 GB) desde una ubicación fija en cualquier parte del país, incluidas las zonas rurales más aisladas. También incluye guías telefónicas de abonados, cabinas telefónicas públicas y servicios adaptados para personas con discapacidad o con necesidades sociales especiales.
El apartado 2 del artículo 25 explicita que "podrán establecerse sistemas de ayuda directa a los consumidores que sean personas físicas con rentas bajas o con necesidades sociales especiales".
El Real Decreto 424/2005, de 15 de abril, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones para la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, el servicio universal y la protección de los usuarios (modificado por el Real Decreto 726/2011, de 20 de mayo) establece (art. 35.2.a) la obligación de ofertar un "abono social" de telefonía fija "destinado a jubilados y pensionistas cuya renta familiar no exceda del indicador que se determine, en cada momento, por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, y consistirá en la aplicación de una bonificación en el importe de la cuota de alta y en la cuota fija de carácter periódico de la conexión a la red".
Este "abono social" de telefonía se ha quedado completamente obsoleto y año tras año, según datos de la CNMC, son menos las personas que lo solicitan. En diez años, el número de beneficiarios se ha reducido un 88 %. Este "abono social" consiste en un descuento del 95 % del importe de la cuota de abono mensual de una línea de teléfono fijo y un descuento del 70 % en el importe de la cuota de alta, bonificación a la que solo se pueden acoger jubilados y pensionistas con rentas anuales inferiores a 8.946 euros. Además, no es aplicable si el usuario quiere contratar una línea móvil o el acceso a internet.
La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha recomendado al Gobierno la modificación de este "abono social" para incluir también los servicios de comunicaciones a través de móvil, datos e Internet y ampliar los colectivos beneficiarios a otros grupos vulnerables con dificultades económicas.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista creemos firmemente que en la sociedad actual el acceso a internet es un derecho de cualquier persona y una condición indispensable para su pleno desarrollo individual y social. Se puede considerar que quien es privado de esta herramienta es "condenado" en cierto modo al ostracismo.
La Asamblea General de la ONU declaró en el año 2011, el acceso a Internet como un derecho humano por ser una herramienta que favorece el crecimiento y el progreso de la sociedad en su conjunto. Actualmente lo considera como uno de los más poderosos instrumentos para facilitar la transparencia, recibir información y aumentar la participación activa de los ciudadanos en la construcción de sociedades
democráticas. Y desde esta óptica insta a todos los gobiernos a que garanticen el acceso a Internet a sus ciudadanos de la manera más accesible y asequible.
Por tanto, el Gobierno debería impulsar todas las acciones necesarias para facilitar este derecho y que cualquier persona pueda acceder a Internet en condiciones de igualdad, independientemente de su condición personal, social, económica o geográfica. Además, se debe garantizar un acceso universal, asequible, de calidad y no discriminatorio para toda la población.
Mediante esta iniciativa, el Grupo Socialista propone que el Gobierno garantice la existencia de un bono social de comunicaciones, que incluya acceso a Internet, teléfono fijo y/o móvil para colectivos vulnerables, de rentas bajas o con necesidades sociales especiales.
Este bono social de comunicaciones modificaría el actual "abono social" de telefonía, actualizando las categorías de beneficiarios para que tenga efectos redistributivos con el objetivo de garantizar un consumo básico a los hogares o consumidores más vulnerables. También se actualizaría la "velocidad suficiente para acceder de forma funcional a Internet" que debería ser como mínimo de 30 Mbps en sentido descendente, tal y como establece la caduca Agenda Digital para España 2013-2016 para antes de 2020.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar de forma urgente la existencia de un bono social digital de acceso a Internet para colectivos vulnerables, de rentas bajas o con necesidades sociales especiales, que incluya:
1. La posibilidad de incluir o combinar servicios de acceso a Internet de banda ancha, con telefonía fija y/o móvil.
2. La velocidad para acceder a Internet deberá ser como mínimo de 30 Mbps en sentido descendente, y se actualizaría en función de los avances tecnológicos.
3. La formación en competencias y habilidades digitales básicas a los beneficiarios que lo soliciten."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2018.-Óscar Galeano Gracia, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003163
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer una estrategia a corto y medio plazo con un plan de acción para la cogeneración, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea incluye un Título XXl específicamente dedicado a la política energética, con una serie de objetivos básicos como son el garantizar el funcionamiento del mercado de la energía, la seguridad del abastecimiento energético, fomentar la eficiencia y el ahorro energético, la interconexión de las redes energéticas y el desarrollo de energías nuevas y renovables.
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética ha de erigirse como un instrumento clave para abordar la transición a una economía baja en carbono y garantizar la consecución de los compromisos de España ante la UE en materia de energía y clima en el marco del Acuerdo de París contra el calentamiento global, por lo que se debieran tomar decisiones en torno a la industria del carbón, nucleares, renovables, aseguramiento del suministro, etc.
En este contexto, también es primordial hablar de la cogeneración. Un procedimiento mediante el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y energía térmica útil a partir de la energía primaria y que da respuesta a los objetivos planteados por la Unión Europea. Por un lado una de las ventajas de esta tecnología, es su mayor eficiencia energética, ya que se aprovecha tanto el calor como la energía mecánica
o eléctrica en un único proceso (de la forma convencional harían falta una central eléctrica para la producción de electricidad y una caldera convencional para la generación de calor) y por otro se evitan cambios de tensión y transportes a larga distancia que representan una pérdida importante de energía ya que la electricidad se produce cerca del punto de consumo.
Por todo ello, creemos que es el momento de establecer una estrategia a corto y medio plazo con un plan de acción para la cogeneración, ya que esta tecnología apta para el sector industrial no ha sido abordada desde la última reforma energética y es que de no hacerlo, podría poner en riesgo la competitividad de este sector industrial en el que la eficiencia energética es clave.
A pesar de que las plantas de cogeneración son parte del presente y del futuro industrial del país, el parque de la cogeneración es muy viejo. La cogeneración en España representa el 20 % del PIB industrial y 200.000 empleos directos. Con las plantas de cogeneración, las industrias intensivas en calor generan en las mismas fábricas la electricidad y el calor necesario para su funcionamiento ahorrándose entre un 20 y un 30 % de gasto en energía y es que además la energía producida y que no necesitan la venden al sistema. El año pasado esta tecnología que en su mayor parte utiliza gas natural cubrió el 8,4 % de la demanda.
El principal inconveniente para la instalación de centrales de cogeneración, es la gran incertidumbre normativa y de precios existente y es que solamente hay que recordar que las plantas de cogeneración fueron incluidas dentro del régimen especial mediante el RD 661/2007; En el año 2012 mediante RDL 1/2012 se suspendió el registro de preasignación de retribución y eliminó los incentivos económicos, tales como tarifas reguladas, primas y límites para las nuevas instalaciones de cogeneración; La ley 15/2012 gravó la venta de electricidad con un nuevo impuesto del 7 % sobre ingresos a todos los productores de energía; el RDL 2/2013, eliminó la opción de mercado más prima y obliga a los productores del régimen especial a vender la energía a tarifa regulada o a precio de mercado para el resto de la vida de la instalación.
A pesar de todos estos recortes, en el año 2013, la Ley 24/2013 establecía la puesta en marcha de un plan renove de instalaciones de cogeneración y residuos (DA 20); un plan que no se ha desarrollado y por tanto seguimos en un escenario a corto y medio plazo incierto ya que impide a este sector el planificar y decidir acerca de sus inversiones y es que no hay que olvidarnos de que muchas de estas instalaciones son antiguas, están a punto de expirar su vida útil (25 años) y que sin un marco estable, muchas de ellas estarán abocadas al cierre, lo cual supondría encarecer la factura eléctrica de todos los consumidores.
La cogeneración puede contribuir a la eficiencia energética contribuyendo por tanto a la consecución de los objetivos vinculantes del 35 % de eficiencia energética a partir del 2021, pero para ello, es necesario incorporar cogeneración de forma eficiente a través de medidas para eliminar tanto la incertidumbre normativa y de precios existente corno para la regeneración del parque de cogeneración.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Vasco formula la siguiente
1. Dar cumplimiento de lo dispuesto en la DA20 de la Ley 24/2013 de, 26 de diciembre, y por tanto, aprobar la regulación de la puesta en marcha de los programas de renovación de las instalaciones fijando un calendario a tal fin.
2. Aprobar una o varias convocatorias para la asignación de régimen retributivo específico para la instalación, arranque y/o funcionamiento de cogeneración de alta eficiencia que permitan cumplir con los objetivos impuestos por la Unión Europea y que promuevan la instalación de nueva potencia y/o funcionamiento de la ya existente que se renueve. Se incluirán, así mismo, en el ámbito de aplicación de las convocatorias, a las instalaciones que han invertido en sus renovaciones arrancadas después del 2012 con el objeto de que, cumpliendo con las exigencias medioambientales, puedan funcionar durante toda la vida útil regulatoria de la renovación.
3. Modificar en un plazo máximo de seis meses el régimen retributivo específico de modo que la energía eléctrica producida en instalaciones de cogeneración de alta eficiencia por el consumo térmico propio y que sea autoconsumida y que por tanto no haga uso de la red de distribución, esté libre de cualquier tasa, impuesto y peaje."
161/003176
AI amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la regulación de la publicidad de las empresas de sector energético, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
La Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, en su artículo 3, considera que es ilícita la publicidad que vulnere los valores y derechos reconocidos en la Constitución así corno la publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal. Más concretamente, el artículo 5 de la citada ley establece que la publicidad de productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de las personas, podrá ser regulada por sus normas especiales y que dicho régimen podrá asimismo establecerse cuando la protección de los valores y derechos constitucionalmente reconocidos así lo requieran.
A su vez, la Constitución española recoge como derecho fundamental, en su artículo 45, el "derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona", para lo cual ordena que "los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva". En esta línea, abunda la Constitución en su artículo 51 en que "los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos".
Del mismo modo, la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, en su artículo 18, considera como comunicaciones comerciales prohibidas en cualquiera de sus formas "la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para la salud" y que "está prohibida la comunicación comercial que fomente comportamientos nocivos para el medio ambiente".
En este contexto, siendo una evidencia científicamente constatada que determinadas fuentes de generación de energía suponen un riesgo para la salud de la ciudadanía y para el medio ambiente, es cuanto menos cuestionable considerar como lícitas las campañas publicitarias millonarias que determinadas empresas energéticas impulsan, y que, lejos de recoger los citados riesgos, buscan trasladar a la sociedad una imagen de sostenibilidad engañosa tratando de mantener una buena imagen social. Tanto es así que algunas de estas empresas pertenecen a iniciativas como el Código de Autorregulación Publicitaria, por el que se comprometen a "realizar un uso responsable y veraz de los mensajes publicitarios que utilicen argumentos de carácter ambiental", a pesar de ser de las más contaminantes de España y mostrar unos niveles de emisiones de CO2 que empeoran año tras año. Así, en aras de la transparencia y la promoción de valores saludables y consumos responsables deberían impulsarse cuantas normas fueran necesarias para regular la publicidad y los patrocinios de todas aquellas empresas de servicios de suministro energético que generen emisiones y/o residuos perjudiciales para la salud y el medio ambiente.
Sirva como ejemplo, la reciente publicidad de la comercializadora Endesa Energía, S.A. Unipersonal. En ella se oferta la tarifa "happy", o lo que es lo mismo, la posibilidad de disponer de electricidad gratuita durante un tiempo acotado, a cambio de distintos precios del kWh en el resto de horas de la semana. La complejidad de este tipo de ofertas, unida a la escasa información de las personas consumidoras y el difícil acceso e interpretación de las datos de consumo, puede provocar efectos contrarios al consumo responsable. Publicitar y promocionar el consumo a coste cero, puede impulsar un uso irresponsable de la energía, así como aumentos de la potencia contratada para poder sostener la concentración de consumo en ciertos periodos.
Una acción publicitaria no ajustada a derecho puede producir efectos indeseables en el cumplimiento de objetivos europeos de energía en materia de eficiencia energética. Fijados estos en alcanzar un 20 % de mejora en la eficiencia energética para el año 2020. O también introducen inconvenientes para la concienciación de la ciudadanía al respecto de la cuota de generación de energías renovables, fijada en un 20 % para el año 2020. Del mismo modo, recordar que los objetivos para 2030 suponen una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 %, respecto a los niveles de 1990.
Los objetivos de la Unión Europea, siguen avanzando sobre una línea estratégica clara, de la que constituye un pilar, la sostenibilidad. La Comisión Europea pretende que el suministro energético sea respetuoso con el clima. Toda la acción legislativa europea en materia energética se configura sobre estos principios, siendo incoherente permitir campañas activas que alienten comportamientos contrarios a estos objetivos de país.
En este sentido, la propia Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, dispone la posibilidad de desarrollar a través de disposiciones reglamentarias que obligue a estas empresas a que en la publicidad de sus productos se recojan los riesgos derivados, en su caso, de la utilización normal de los mismos.
1. Regular en los términos reglamentarios exigidos por la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y con respeto a las competencias de las comunidades autónomas en esta materia, los mensajes publicitarios y los patrocinios de las empresas del sector energético, con el objetivo que no incurran en prácticas de publicidad engañosa y los consumidores puedan conocer tanto el nivel de las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten dichas entidades como los residuos radiactivos que generan.
2. Impulsar campañas de publicidad institucionales a través del IDAE para dar a conocer información fidedigna y homogénea a los clientes finales acerca de la energía que consumen, proporcionándole un formato uniforme, con independencia de la empresa que venda la energía, con información precisa sobre:
- El desglose de las fuentes de energía que se han utilizado para generar la electricidad que han consumido.
- El impacto ambiental que dicha producción ha originado.
3. Garantizar que toda empresa que venda productos energéticos a clientes finales indique en sus facturas, o en su caso en las facturas electrónicas, y en la documentación promocional puesta a disposición de los mismos, la referencia a las fuentes en las que se encuentre publicada la información sobre el impacto en el medio ambiente, en cuanto a las emisiones totales de dióxido de carbono (CO2), y los residuos radiactivos de alta actividad habidos en su sector durante el año anterior."
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2018.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003155
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre los daños producidos por las inundaciones en los municipios del Poniente Granadino y del Área Metropolitana de Granada afectados por el desembalse del pantano del Cubillas, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
Durante las pasadas semanas, temporales de viento y lluvia han azotado los municipios granadinos, produciendo cuantiosos daños económicos en infraestructuras, viviendas, equipamientos y servicios públicos, afectando en los últimos días especialmente a los agricultores.
A la extraordinaria virulencia de la meteorología se ha unido desgraciadamente, el desembalse del pantano de Cubillas por el río Colomera que en su curso cambia su nombre por río Cubillas, durante los
días 17 y 18 de marzo, coincidiendo con los días de mayores precipitaciones en esta zona. Este desembalse que fue muy caudaloso posiblemente por la falta de previsión, ya que otros embalses de la provincia llevaban varios días aliviando su caudal, junto a las precipitaciones han provocado muchas inundaciones especialmente el domingo día 18 inundando el acceso a Villanueva Mesía, cortando el acceso a Huétor Tájar y Láchar, Valderrubio tuvo cortado sus dos accesos la que une con Láchar y la que lleva a Fuentevaqueros.
Además estas inundaciones han anegado cientos de explotaciones destinadas principalmente al cultivo de hortalizas y de espárrago. En estas fechas están en plena producción de espárrago y cuando más elevado está el precio, por ello estas inundaciones han provocado importantes pérdidas económicas tanto en el cultivo del propio espárrago, como en mano de obra para su recolección y manipulación para su posterior comercialización.
Urge poner en marcha medidas que compensen los daños mediante las ayudas, subvenciones y beneficios previstos en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, y que, asimismo, se recuperen cuanto antes, mediante las inversiones necesarias, los equipamientos, instalaciones y servicios afectados, de forma que no se resientan la economía y el empleo.
Siendo el sector agrícola uno de los sectores estratégicos para la economía de estas zonas afectadas y en consecuencia para la generación de empleo, aún más en esta época, se hace a todas luces necesario y urgente que el Gobierno actúe.
Tanto por la magnitud de los daños como por las negativas consecuencia que se producirán de no actuar de manera inmediata, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
"El Congreso de los Diputados, ante los daños producidos como consecuencia del temporal de lluvia y viento que, desde finales del mes de febrero, ha azotado numerosos municipios de la provincia de Granada agravado como consecuencia del desembalse del pantano de Cubillas, insta al Gobierno a:
1. Proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley, que comprenderán en todo caso:
- Ayudas directas por los daños personales sufridos y los materiales producidos, tanto en los bienes de las personas y empresas como en los de las Administraciones, así como por los gastos ocasionados para hacer frente a esta catástrofe;
- Ayudas específicas para hacer frente a la reconstrucción, rehabilitación o reparación de locales, explotaciones agrícolas y viviendas siniestradas;
- Subvenciones para la reparación de los daños ocasionados en la red viaria, e infraestructuras municipales y otras de titularidad pública;
- Atribución de la consideración de obras, servicios o suministros de emergencia a los contratos de reparación o mantenimiento de infraestructuras, equipamientos servicios, así como a las obras de reposición de bienes perjudicados por la catástrofe, específicamente las relativas a la reconstrucción de obras pública que afecten a la seguridad de las personas;
- Permitir a las entidades locales que puedan destinar a reparación de daños y obras de emergencia y de reposición en infraestructuras públicas los superávits presupuestarios disponibles, sin que ello afecte al remanente destinado a las obras de sostenibilidad;
- Indemnizaciones por daños producidos en explotaciones agrícolas o ganaderas en su caso;
- Beneficios fiscales aplicables a los bienes, empresas, establecimientos industriales, explotaciones y otras actividades afectadas;
- Bonificaciones, exenciones y moratorias en los pagos de las cotizaciones a la Seguridad Social;
- Establecimiento de líneas de crédito preferenciales para financiar la reparación o reposición de instalaciones, bienes y equipos industriales y mercantiles, agrícolas, y automóviles y otros vehículos dañados como consecuencia de los siniestros;
- Concesión de anticipos directamente por la Administración General del Estado sobre las ayudas y subvenciones a las que se tuviera derecho por causa de esta catástrofe; y
Las medidas que se aprueben deberán, al menos, contemplar el nivel de ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas en otras normas aprobadas para compensar daños producidos por catástrofes naturales, como las contempladas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.
2. Ejecutar de forma definitiva un Plan de Protección del Litoral y acelerar al máximo su tramitación para evitar, en lo posible, una situación que se repite todos los inviernos y que cada año va a más y produce más destrozos, causando graves pérdidas al sector turístico empresarial.
3. Establecer, a la mayor brevedad posible, y en coordinación con la Junta de Andalucía y los Ayuntamientos afectados por los temporales, tanto las compensaciones a los afectados, como las inversiones para recuperar las infraestructuras, equipamientos y servicios públicos necesarios para que la economía y el empleo de dichas zonas no se vean mermados."
Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de marzo de 2018.-Elvira Ramón Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003160
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la prohibición de los neonicotinoides y la protección de las abejas y otros insectos polinizadores por su papel esencial para la conservación de la biodiversidad, para el sector apícola y para la propia agricultura.
Los insectos polinizadores, entre ellos las abejas melíferas (las que producen miel) y las abejas silvestres, así como los abejorros, juegan un papel crucial en la conservación de la biodiversidad, además de en la producción agrícola. Tres cuartas partes de los cultivos que se comercializan en el mercado mundial dependen en alguna medida de ellos. En España, el 70 % de nuestros cultivos depende de la polinización por insectos y además somos el principal productor de miel y polen de la Unión Europea (UE). Sin embargo, estos insectos vitales corren un serio peligro. Por ejemplo, la población de abejorros silvestres ha disminuido drásticamente y algunas especies han llegado a extinguirse a nivel regional o mundial. Los datos sobre otras especies de polinizadores son igualmente preocupantes.
Los insectos polinizadores se ven continuamente expuestos a sustancias químicas tóxicas como los insecticidas, herbicidas y fungicidas. Por el momento se desconocen todos los efectos que suponen estas exposiciones. No obstante, las evidencias científicas muestran que algunos insecticidas tienen un efecto negativo directo sobre la salud de los polinizadores y afectan tanto a los organismos individuales, como a las colonias en su conjunto. Entre estas sustancias químicas los que tiene efectos más evidentes son los "neonicotinoides" así como otros insecticidas. Los insecticidas neonicotinoides fueron introducidos en el mercado a mediados de los años 90 como una alternativa "benigna" a sustancias más dañinas y antiguas. Su uso ha crecido rápidamente, principalmente como recubrimiento de las propias semillas comercializadas, y a nivel mundial se ha convertido en el tipo de insecticida más empleado.
Sin embargo, a mediados de la década del 2000, la alarma saltó en la comunidad científica por su daño sobre las abejas melíferas y a los abejorros. Debido al creciente número de pruebas científicas, en 2013 la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria publicó un informe 1 que sirvió de base para que la UE aprobara el Reglamento de Ejecución n.º 485/2013 de la Comisión, de 24 de mayo de 2013 por
1 .European Food Safety Authority (EFSA), "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianiclin", in European Food Safety Authority Journal, 11, 3066, 2013; "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance thiamethoxam", in European Food Safety Authority Journa I, 11, 3067, 2013; "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for bees for the active substance imidacloprid", in European Food Safety Authority Journal, 11, 3068, 2013.
el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 en lo relativo a las condiciones de aprobación de las sustancias activas clotianidina, tiametoxam e imidacloprid. En el Reglamento se prohíben el uso y la venta de semillas tratadas con productos fitosanitarios que las contengan, salvo en los cultivos de invernadero. Las limitaciones afectaban a varios neonicotinoides; tanto al imidacloprid, como a la clotianidina comercializada por Bayer, al tiametoxan comercializada por Syngenta, así como del insecticida fipronil también de la casa Bayer por contener algunos de los anteriormente citados.
Desde este momento, la Comisión ha seguido promoviendo la investigación. Las propuestas que se van presentando tienen origen en los dictámenes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) publicados en 2016, para los dos primeros compuestos. Estos dictámenes coinciden con la evaluación global publicada en 2014 y una evaluación para Europa publicada en 2015, así como una revisión de la evidencia científica más reciente, encargada por diversas organizaciones y centros de investigación.
El 28 de febrero de 2018, la EFSA publicó un nuevo informe donde actualiza sus evaluaciones de riesgo sobre los tres neonicotinoides y con datos concluyentes afirma que la mayoría de los usos de los pesticidas neonicotinoides representan un riesgo demostrado para las abejas silvestres y las abejas melíferas. Estas nuevas conclusiones actualizan las publicadas en 2013. Para las nuevas evaluaciones, que esta vez cubren abejas silvestres (abejorros y abejas solitarias) y abejas melíferas, la Unidad de Pesticidas de la EFSA llevó a cabo un amplio ejercicio de recopilación de datos y toda la evidencia científica publicada desde las evaluaciones anteriores. La EFSA finalizó sus conclusiones tras dos consultas separadas con expertos en plaguicidas en los Estados miembros de la UE. Los expertos han apoyado las conclusiones.
La comparativa entre las evaluaciones de la EFSA de 2013 y los estudios valorados en 2016 y 2017 muestran riesgos claros en todos los escenarios posibles. Existe un alto riesgo contrastado en todos los estudios en los siguientes casos: riesgo de exposición a través del polen y néctar de los cultivos con flor; riesgo de exposición por la siembra de semillas tratadas y la posterior dispersión del polvo (a pesar de que la tecnología de siembra ha cambiado, los estudios disponibles indican que el polvo se sigue dispersando y que esta dispersión sigue suponiendo una fuente de alta exposición); riesgo de exposición a través de las plantas que no son cultivos o mediante la absorción de neonicotinoides por estas plantas; mortandad directa de las abejas adultas por neonicotinoides. Los estudios adicionales sobre su toxicidad en las abejas apoyan los valores calculados por la EFSA, efectos subletales de los neonicotinoides en las abejas silvestres.
Además, el uso de estos pesticidas tiene otros impactos sobre el medio ambiente que ya son demostrados por los estudios que maneja la EFSA y la propia Comisión Europea. Los cultivos sin flor tratados con neonicotinoides pueden suponer un riesgo para los organismos al incrementar la mortalidad de poblaciones de depredadores beneficiosos. Los neonicotinoides pueden perdurar años en el suelo agrícola, esto conllevará a una contaminación crónica y en algunos casos a una acumulación a lo largo del tiempo. Se siguen encontrando neonicotinoides en una amplia variedad de cauces acuáticos, entre ellos acequias, charcos, lagunas, arroyos de montañas, ríos, humedales temporales, agua de deshielos, aguas subterráneas y en los desagües de las depuradoras. Los análisis sobre la sensibilidad de los organismos acuáticos a los neonicotinoides muestran que muchas especies de insectos acuáticos tienen una sensibilidad a estos compuestos varias órdenes de magnitud por encima que los organismos del modelo tradicional que se emplea en las evaluaciones reglamentarias para el uso de plaguicidas. Se ha demostrado que los neonicotinoides están presentes en el polen, néctar y hojas de las plantas que no son cultivos y que colindan con los campos agrícolas. Esto va desde las "malezas herbáceas" anuales, a la vegetación boscosa perenne. Por tanto, es de esperar que los insectos herbívoros no objetivo y los polinizadores que no son abejas y viven en las lindes de los campos y setos estén expuestos a los neonicotinoides.
Los neonicotinoides son solubles en agua, por lo que una pequeña cantidad aplicada a una semilla se disolverá al entrar en contacto con el agua y será absorbida por las raíces de la planta en fase de desarrollo. Una vez dentro de la planta se vuelve sistémico y se encuentra en el tejido vascular y en las hojas, proporcionando protección contra los insectos herbívoros. Este uso profiláctico de los neonicotinoides está ampliamente extendido. Sin embargo, los cultivos tan solo absorben alrededor de un 5 % del ingrediente activo del neonicotinoide, mientras que la mayor parte de éstos se dispersa por el ambiente.
Las conclusiones de la EFSA se han compartido con los gestores de riesgos de la Comisión Europea y los Estados miembros, que considerarán posibles modificaciones a las restricciones actuales sobre el uso de estos plaguicidas. Los representantes de España, junto con los de los demás países, podrían emitir su voto sobre las propuestas en una próxima reunión prevista para los días 17 y 18 de mayo.
1. Apoyar la propuesta de la Comisión Europea de retirada de la autorización comercial del imidacloprid, la clotianidina y el tiametoxam, de acuerdo con los informes y estudios disponibles concluyentes.
2. Promover la plena aplicación del documento guía de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria sobre la evaluación de riesgo de los productos fitosanitarios en las abejas y otros insectos polinizadores, publicado el 4 de julio de 2013."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2018.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003174
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el aumento de la producción de agua de la desalinizadora de Torrevieja, la conclusión de obras complementarias de la de Mutxamel y la garantía de la gestión pública de ACUAMED y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
La Comunitat Valenciana está sufriendo una importante sequía que está poniendo en riesgo al sector agroalimentario y que podría afectar a los hábitos de consumo de algunos municipios de las provincias más atizadas por este fenómeno meteorológico.
El Gobierno de España aprobó Real Decreto 355/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Júcar y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos, y el Real Decreto 356/2015, de 8 de mayo, por el que se declara la situación de sequía en el ámbito territorial de la Confederación Hidrográfica del Segura y se adoptan medidas excepcionales para la gestión de los recursos hídricos. Lo hizo tarde, por cuanto que la sequía había empezado en algunas zonas casi un año antes. Y esos decretos han sido claramente insuficientes, incluyendo parte de las obras, y solo parte, que previamente el propio Gobierno había paralizado.
El abastecimiento de agua de boca a los municipios quedó garantizado con la puesta en marcha de las desaladoras de Mutxamel (Alacantí-Marina Baixa) y la de Torrevieja, que se sumaron a la ampliación de la de Alicante, con la planta Alicante II, y la ampliación de la de San Pedro del Pinatar, que también facilitó agua a la Vega Baja del Segura, pero hoy, la desaladora de Mutxamel no está en funcionamiento y en la Marina Alta hay municipios que han sufrido cortes de agua de boca por la paralización desde 2012 de las inversiones previstas por ACUAMED en esta comarca.
El sector agroalimentario es quien más está sufriendo la falta de medidas reales contra la sequía. Las propias organizaciones agrarias han reconocido que los decretos de 2005 y 2006 fueron más amplios y completos, además de aprobarse justo al inicio de la sequía.
Por eso, meses después de los decretos de sequía del 8 de mayo, el Gobierno tomó medidas para subvencionar agua desalada para uso agrícola destinada a usuarios, empresas, y cooperativas. Concretamente, el Gobierno preveía destinar 6 millones de euros para abaratar el coste de un total de 50 hm3. Lo curioso es que se anunció como un esfuerzo la venta de agua a 30 céntimos el m3, cuando ya en ACUAMED ofreció ese precio cuando se estaban concluyendo las plantas desalinizadoras.
Pero esta medida también fue insuficiente, era necesario, como reclamó la Generalitat Valenciana a través de su presidente, Ximo Puig, ampliar la producción de la planta de Torrevieja y la subvención del agua producida, además de medidas estructurales para abaratar el precio de producción, no sólo para el sector agroalimentario, sino también para los municipios y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla. Además de garantizar que tanto ACUAMED, como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla siguieran siendo públicas.
A principios de verano, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Medio Ambiente amplió la capacidad de agua en Torrevieja para paliar el descenso de los aportes del trasvase del Tajo y por otro lado, la destiladora de Mutxamel ha sido clave para que Benidorm no haya sufrido cortes en el suministro.
Pero la sequía avanza y las previsiones meteorológicas adelantan que el otoño será más seco y caluroso de lo normal. Por este motivo, es necesario ampliar, nuevamente, la capacidad de producción de agua desalada subvencionada en las plantas de Torrevieja y Mutxamel para poder garantizar el suministro de agua para el abastecimiento y el regadío hasta final de año.
El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio. Fue tramitado como Ley en las Cortes Generales y ampliamente mejorado gracias a las enmiendas de los diferentes grupos, ya que el texto inicial, nuevamente, se quedaba corto en cuanto a las medidas y a su alcance.
La Confederación Hidrográfica del Segura y la del Júcar, son las que deben canalizar las peticiones de las comunidades de regantes para el uso de agua desalada, y realizar la oportuna solicitud a ACUAMED. Debe agilizar estos trámites, de tal forma que se atienda sin más demora la ampliación de producción de las plantas desalinizadoras y su conexión a los puntos de distribución de las comunidades de regantes, los usuarios del trasvase Tajo-Segura, o en su caso, la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
La inversión del Gobierno en plantas de reutilización y tratamiento de aguas residuales es prácticamente inexistente. Y es que el Gobierno centró sus esfuerzos entre 2004 y 2011 en la construcción de las plantas desalinizadoras, el trasvase Júcar-Vinalopó, y la modernización de regadíos. Ahora no se está realizando ninguna inversión significativa al respecto, sin que se haya incrementado la inversión en otras actuaciones, como podría ser en las infraestructuras de tratamiento y reutilización de aguas residuales para su uso agrícola.
Por otro lado, el Gobierno no ha descartado por completo que pudiera abordar una privatización total o parcial de ACUMED o de gestores como la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, lo que supondría condicionar el abastecimiento de millones de personas a un interés empresarial, y no al interés general como se garantiza con empresas y entidades públicas de gestión del agua, especialmente de la producción de agua desalada y su distribución a municipios, comunidades de regantes, o usuarios.
1. Acelerar desde la Confederación Hidrográfica del Segura y la del Júcar los trámites para autorizar el uso de agua producida por las desalinizadoras por parte de las comunidades de regantes, usuarios del trasvase Tajo-Segura, y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
2. Que dichas confederaciones hidrográficas agilicen los trámites con ACUAMED para atender las peticiones mencionadas y la construcción de las conducciones que permitan llevar el agua desalada a los puntos de distribución de los demandantes de agua.
3. Aumentar la producción de la planta desalinizadora de Torrevieja, así como la subvención para cubrir esos nuevos caudales en las ayudas frente a la sequía, tomando de forma urgente todas las medidas necesarias para que se alcance la plena capacidad de producción de la planta, especialmente en lo referente a dotarla de suficiente fluido eléctrico, así como que se inicie la planificación para posibles ampliaciones de la planta.
4. Incluir, a través de las gestiones que debiera realizar la Confederación Hidrográfica del Júcar, la producción de la planta desalinizadora de Mutxamel en la planificación hídrica del Alacantí y la Marina Baixa. Y para ello, debe acelerar las obras de conexión de la desalinizadora del Alacantí-Marina Baixa, situada en Mutxamel, incluidas las obras complementarias de Sant Joan d'Alacant, Alicante, San Vicente
del Raspeig, las obras de refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable en alta para los municipios de El Campello y Mutxamel, así como las obras de conducción Rabasa-Fenollar-Amadorio.
5. Establecer una nueva planificación de actuaciones en la Marina Alta, de tal forma que se aproveche mediante [os oportunos acuerdos con los gestores de las infraestructuras de desalación existentes, creando las oportunas infraestructuras de distribución que sean necesarias.
6. Establecer mecanismos para facilitar la utilización de agua desalada a precios asequibles, incluido el establecimiento de tarifas sociales.
7. Impulsar las tecnologías de desalación priorizando el uso de energías renovables y los sistemas de ahorro y eficiencia energética en las mismas, de cara a conseguir que sean una herramienta fundamental para garantizar la disponibilidad de agua.
8. Concluir obras previstas en el Plan de Restitución Territorial previstas con relación a las plantas desalinizadoras de Torrevieja y Mutxamel.
9. Llegar a los oportunos acuerdos con la Generalitat Valenciana para realizar inversiones en las infraestructuras de depuración y tratamiento de aguas residuales para que éstas puedan ser usadas para uso agrícola, así como para que haya conducciones desde Las plantas de tratamiento a los puntos de distribución de los usuarios.
10. Cumplimiento de forma inmediata de la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, especialmente en lo referente a:
a) Exenciones de las exacciones relativas a la disponibilidad de agua.
c) Reducciones fiscales especiales para las actividades agrarias.
d) Exenciones del Impuesto de Bienes Inmuebles de naturaleza rústica y la oportuna compensación a los Ayuntamientos.
e) Préstamos de mediación del ICO.
f) Fondo extraordinario de lucha contra la sequía.
g) Plan de choque de optimización de la destilación para un Mediterráneo sin sed.
h) Impulso a la reutilización de aguas.
i) Creación de Bancos Públicos del Agua en cada cuenca.
11. No realizar ninguna privatización de empresa pública estatal u organismo público donde participe y tenga capacidad de decisión la Administración General del Estado o gestione derechos de agua, como es el caso de ACUAMED y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.
12. Incrementar las inversiones y ayudas para la modernización de regadíos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2018.-Patricia Blanquer Alcaraz y Herick Manuel Campos Arteseros, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/003178
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de los Diputados de Compromís don Joan Baldoví Roa y don Enric Bataller i Ruiz y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección del arroz, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El País Valenciano se encuentra íntimamente ligado al cultivo del arroz. Esta actividad agraria protagoniza un gran número de beneficios no sólo económicos, también sociales, culturales y medioambientales, entre los que destaca el papel fundamental que el cultivo de arroz tiene sobre la gestión del agua. El arroz representa un valor medioambiental muy importante porque contribuye a la
reducción de la contaminación del agua subterránea y su salinidad en los campos próximos a las desembocaduras de los ríos. El cultivo de arroz tiene, por tanto, un papel fundamental en la sostenibilidad de espacios como el parque natural de la Albufera o el marjal de Pego-Oliva, por citar dos de los ejemplos más emblemáticos de nuestra tierra.
No obstante, el mercado del arroz padece una problemática constante, relacionada con la plena liberalización de las importaciones procedentes de los países menos desarrollados, iniciada a partir del 1 de septiembre de 2009.
Camboya se ha convertido en el primer país de origen de las importaciones de la Unión Europea. La variedad de arroz Indica camboyano representó en la campaña de 2016-2017 un 16 % de la cuota del mercado, mientras que la cuota de mercado de los productores comunitarios de esta variedad de arroz ha caído del 46 % al 28 % en el periodo comprendido entre las campañas de 2011-12 y 2016-17.
Al igual que otros Estados como Birmania, Camboya tiene un trato comercial preferencial por parte de la UE ya que se considera uno de los países menos desarrollados (PMD). Por ello sus exportaciones a la UE no conllevan el pago de impuestos a consecuencia del régimen europeo de importaciones libres de aranceles "todos excepto las armas", cosa que permite a estos países bajar el precio del arroz. Estas importaciones a bajo precio ocasionan graves perjuicios a los agricultores de los países productores europeos, y al Estado español, especialmente en el País Valenciano.
Además, a los acuerdos con los PMD, la UE establece que los países beneficiarios tendrán que aportar pruebas que acrediten el respeto de la democracia y los derechos humanos. No obstante, se está ignorando el objetivo del Reglamento europeo 978/2012, que aplica un esquema de preferencias arancelarias generalizadas, ya que la evaluación intermedia del esquema generalizado de preferencias (SPG) de la UE, informó sobre las violaciones de derechos humanos en Camboya. Otro ejemplo, es el caso de Birmania y las persecuciones del pueblo rohingya que el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU ha tildado "limpieza étnica de manual", donde parece que no se están respetando los derechos fundamentales.
Cabe recordar que la República de Italia ya ha pedido a la Comisión la activación de la cláusula de salvaguarda, en defensa de los productores de arroz italiano, motivo por el cual el Estado español tiene que apoyar esa petición.
Tenemos el convencimiento de que es necesario el establecimiento de reglas mutuas (tanto entre los Estados miembros de la UE como entre estos y terceros países) en materia fitosanitaria, comercial, ambiental y así como sobre los derechos sociales y laborales de los y las trabajadoras.
Por todo ello, y recogiendo las peticiones de la Posición Común firmada durante el Segundo Fórum del Sector del Arroz de la Unión Europea, celebrado el pasado día 23 de enero de 2018 en Bruselas, presentamos la siguiente
"El Congreso insta al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a:
1. Aplicar las cláusula de salvaguarda prevista en el artículo 22 del Reglamento de la UE n.º 978/2012, y que reintroduzca los aranceles a las importaciones del arroz de Camboya para evitar la gran perturbación de precios creada.
2. Modificar el artículo 29 del Reglamento de la UE n.º 978/2012 para poder introducir una cláusula autonómica de salvaguarda para el sector del arroz en el caso de importaciones de países menos desarrollados que causan perturbaciones graves de mercado.
3. Reconocer la cualidad de "sensible" para el sector del arroz y su aplicación a todos los tratados comerciales de la UE y al futuro reglamento de la Política Agraria Común.
4. Establecer reglas de reciprocidad, ambientales, sanitarias y de condiciones sociolaborales entre la UE y los terceros países con los que establece acuerdos comerciales.
5. Exigir que en el etiquetaje del arroz figure de manera bien clara si se trata de arroz producido en la UE o en países terceros."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2018.-Joan Baldoví Roda, Diputado.-Enric Bataller i Ruiz, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003179
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa a la paralización de las obras y retirada de las "grandes escolleras" que se están levantando en la bahía de Santander.
El paisaje litoral de la bahía de Santander representa un patrimonio común de los cántabros que se debe preservar. La acción humana ha transformado dicho entorno para satisfacer necesidades de vivienda, facilitar la actividad pesquera, la portuaria o la meramente turística. Muchas de estas transformaciones se idearon y ejecutaron de manera caprichosa, anteponiendo los intereses recreativos o meramente económicos y sin el debido respeto a un ecosistema complejo y delicadísimo, sometido a dinámicas naturales frágiles. Elementos territoriales de gran valor intrínseco y simbólico para el pueblo de Santander son los arenales en particular y la imagen costera y turística del litoral, emblema de la ciudad y del conjunto de municipios ribereños a la bahía de Santander. Sin embargo, no debemos olvidar que el origen de estos arenales es meramente antrópico y destinado a satisfacer las necesidades de ocio y esparcimiento de los ciudadanos. La arena de las playas como Los Bikinis o Los Peligros no se ha depositado allí de forma natural, sino que ha sido la acción humana la que ha propiciado la formación de estos arenales, dado que el cada vez menor aporte sedimentario del río Miera ha tendido a depositarse en la flecha litoral de "El Puntal", en SOIMQ.
La dinámica marina natural de la bahía de Santander, acentuada por las corrientes del cantábrico, azuzadas por los temporales han propiciado la movilización de las arenas hacia la canal de entrada al puerto de Santander. Desde el Ministerio se ha entendido que se debía intervenir y modificar este proceso natural gastando decenas de miles de cada año en la reposición periódica de la arena. No satisfechas con ello, las élites políticas de Santander, con el ex alcalde y actual Ministro de Fomento a la cabeza han propiciado que la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de luz verde, con la necesaria colaboración del Gobierno de Cantabria, a la ejecución de un agresivo proyecto consistente en la construcción de 200 metros de escolleras compuestas de cientos de bloques de cemento, con un coste superior a los 2,3 millones de ?. Dos espigones a los que se han opuesto ya diversos académicos de la sociedad, colectivos ecologistas, vecinales y miles de vecinas y vecinos de Santander. Organizaciones de prestigio como ARCA, ACANTO, el grupo Alceda, el Colegio de Arquitectos y varios catedráticos de Universidad han manifestado que antes de realizar una obra de tanto impacto es necesario realizar un análisis profundo e integral, que contemple a todo el estuario de la bahía de Santander, acerca de las dinámicas litorales y su evolución futura, contemplando el impacto de las construcciones para detener la pérdida o movimiento de arena, las características de los oleajes, corrientes, fas consecuencias de la erosión, y también los previsibles impactos en el patrimonio paisajístico natural y cultural de Santander.
Existe, por tanto, un consenso entre todos estos agentes sociales sobre el hecho de que la opción decidida por el Ayuntamiento de Santander y el Ministerio de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, está absolutamente equivocada y es evidentemente ineficaz.
Por otra parte, las actuaciones van claramente en contra de lo que establece la "Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española" aprobada por Resolución de 24 de julio de 2017 de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar. Es importante destacar los factores de vulnerabilidad y riesgo identificados en la estrategia, y las medidas propuestas para contrarrestarlas que, desde luego, se alejan de las actuaciones previstas en la bahía de Santander. La selección y priorización de las opciones a implementar es importante dado que no todas las medidas son posibles debido a limitaciones técnicas, económicas, ambientales o administrativas. Es más, alguna de ellas, implementadas sin una visión integradora pueden conducir a una mala práctica de adaptación con consecuencias negativas. Por ello, y en consonancia con la reciente Comunicación de la Comisión Europea: "Infraestructuras verdes: mejora del capital natural de Europa" [COM (2013) 249 final] o el documento de trabajo "Adaptación al Cambio Climático, aspectos marinos y costeros" [SWD (2013) 133 final] la
Estrategia promueve fa priorización de medidas de adaptación basadas en soluciones naturales (infraestructuras verdes).
Las soluciones propuestas por los expertos pasan por tratar los sistemas litorales con técnicas modernas más baratas y muchísimo menos agresivas, de forma integral, relacionando los procesos que se dan en La Magdalena con lo que ocurre en el Puntal.
Como en tantas otras ocasiones, la solución no es única y en cualquier caso pasa por escuchar, sentarse y trabajar con aquellas personas que poseen formación e información y que han mostrado su preocupación por la alteración de uno de los iconos paisajísticos de Cantabria.
1. Paralizar las obras de construcción de espigones para la estabilización de las playas de la Magdalena y Los Peligros (Santander, Cantabria) y la retirada de las "grandes escolleras" que ya se han levantado, alterando un ecosistema y paisaje de enorme valor natural, cultural, simbólico y paisajístico en la Costa Cantábrica.
2. Buscar una alternativa a los actuales problemas de la bahía de Santander acorde con los factores de vulnerabilidad ambiental y climática, y coherente con la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española.
3. Que la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente realice un estudio integral de problemas específicos de la dinámica litoral, defensa y propuestas de mejoras en las playas con problemas erosivos, considerando los efectos del cambio climático de la costa afectada que se enmarque en la Estrategia Nacional de Adaptación al Cambio Climático de la Costa Española incluyendo la dotación presupuestaria necesaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de abril de 2018.-Rosa Ana Alonso Clusa, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/003154
Proposición no de Ley relativa a impulsar y promover la ratificación del Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco y para la adopción de medidas necesarias para su aplicación.
Teniendo en cuenta la corrección contenida en el escrito número de registro 82340 y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.
El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su discusión ante la Comisión Sanidad y Servicios Sociales, una Proposición no de Ley para impulsar y promover la ratificación del protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco y para la producción de medidas necesarias para su aplicación.
El tabaquismo es una de las primeras causas evitables de mortalidad en el mundo. Cada año, el tabaco se cobra la vida de más de 7 millones de personas. Sólo el coste de fumar, incluyendo los gastos en sanidad y la pérdida de productividad que implica, se estima en más de 1,4 mil millones de dólares al año, lo que representa un 1,8 % del PIB mundial. Sin duda, deberían dedicarse mayores esfuerzos a reducir el impacto negativo del tabaco en la salud de la población y en la economía de los países.
El Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco (CMCT) es uno de los medios de defensa de los que disponemos para luchar contra el tabaco y contra la industria que fomenta su consumo. España es parte del Convenio, parte de este importante instrumento internacional que sin embargo, sólo resulta eficaz si se aplica de forma efectiva en cada país. En este sentido, las Cortes Generales tienen la responsabilidad de impulsar y garantizar que las disposiciones del Convenio se trasponen plenamente al derecho estatal y que se traducen de forma concreta en presupuestos y programas.
El comercio ilícito de los productos del tabaco socava la lucha contra el tabaco, disminuye los ingresos del Estado y favorece la delincuencia organizada. A fin de reforzar el marco regulatorio mundial en este ámbito y obligar a las Partes a adoptar medidas firmes contra el comercio ilícito, la Conferencia de las Partes del Convenio Marco de la OMS adoptó en 2012, un Protocolo para acabar con el citado tráfico ilícito.
Este primer Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco del CMCT de la OMS, adoptado en la COPS, tras varias rondas de negociaciones por las Partes, se basa en el artículo 15 del Convenio. El Protocolo necesita tener 40 Partes para entrar en vigor y cuenta actualmente, con 35 Partes (incluida la UE), por lo que solo faltan otras 6.
Siendo España Parte del Protocolo y con el fin de continuar avanzando en la lucha contra una de las más importantes causas evitables de mortalidad en el mundo, el tabaquismo, parece necesario incrementar nuestros esfuerzos y por ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar y promover en el marco internacional, la ratificación o adhesión al Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco, de Estados Parte del Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco, para que éste pueda convertirse en derecho internacional, y a adoptar las medidas necesarias para la plena aplicación de sus disposiciones en España, contando para ello con las CC.AA."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2018.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
161/003158
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para recuperar los viajes entre islas asociados al Turismo Social y Termalismo Saludable, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
En España el número de personas mayores de 65 años supone el 18,60 % de la población, y se prevé que en 2050 se alcancen los 16,45 millones de personas, lo que implica que más de la tercera parte de los residentes del territorio español superará entonces los 65 años de edad.
Por ello, la realidad demográfica de nuestro país requiere más que nunca que los poderes públicos aseguren la promoción de los derechos de las personas mayores y apuesten por un modelo basado en el envejecimiento activo.
En este sentido, cabe destacar la actuación del Gobierno que, durante los últimos años, ha puesto en marcha medidas específicas a favor de este colectivo, como por ejemplo, el Marco de Actuación para las Personas Mayores, y ha consolidado otras políticas que se han demostrado muy beneficiosas para el conjunto de la sociedad, como son los programas de Turismo Social y Termalismo Saludable, que cumplen este 2018, 33 y 28 años respectivamente.
Ambos programas ofrecen de media más de 1,1 millones de plazas, suponen 10,5 millones de pernoctaciones, generan una riqueza de casi 435 millones de euros y contribuyen a sostener 104.000 puestos de trabajo.
Sin embargo, la importancia de los mismos no solo reside en los retornos económicos que produce, sino que lo esencial son los beneficios que generan a los usuarios, mejorando su salud y calidad de vida, las relaciones sociales, la participación y los hábitos saludables.
Por lo tanto, los programas de turismo y termalismo del IMSERSO son fundamentales para nuestros mayores y un activo que es necesario preservar, garantizando en todo momento la equidad en el acceso y el disfrute de todos los servicios por sus usuarios, con independencia del lugar en el que residan.
En el caso de las personas participantes en los programas y provenientes de las islas más pequeñas de Baleares y Canarias, se detecta que generalmente tienen que iniciar su viaje desde una de las islas más grandes -Mallorca, Gran Canaria o Tenerife- lo que conlleva un gasto más elevado y no cubierto por el programa, el desplazamiento entre las islas.
Este desembolso no cubierto se redujo con la decisión del Ministerio de Fomento de incrementar el descuento de residente en los vuelos interislas.
Aún a pesar de ello, sigue evidenciándose la menor participación de los mayores insulares en los programas de Turismo Social y Termalismo, afectando a los retornos económicos y sociales de éstos. Consciente de esta situación, el IMSERSO ha prorrogado las condiciones de los viajes, con las mismas condiciones de este año, debiendo corregir el escenario para el siguiente periodo con el objeto de conseguir una mayor equidad.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a recuperar las subvenciones de los viajes insulares entre La Gomera, El Hierro, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote hacia Gran Canaria y Tenerife, y desde Ibiza, Formentera y Menorca hacia Mallorca, para favorecer una participación equitativa de las personas mayores residentes en estas islas en el Programa de Turismo Social del IMSERSO."
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/003159
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a desarrollar la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
España es el sexto país de la Unión Europea en participación de voluntariado en todas las esferas de la vida, y ha sido el que mayor aumento ha registrado con respecto a la media europea. Prueba de ello, son los más de 6 millones de personas voluntarias, un 15 % de la población, y las 30.000 entidades sociales, cuya actividad representa casi un 2 % del PIB y da empleo a prácticamente 636.000 personas.
Tanto el Tercer Sector de Acción Social como el voluntariado son una seña de identidad de España que debe ser protegida y consolidada, toda vez que las personas que lo conforman son un ejemplo de solidaridad y fortalecen las redes de apoyo de quienes se encuentran en mayor riesgo de exclusión social.
Consciente de esta realidad, y con el fin de dar una respuesta adecuada a este colectivo, durante la X Legislatura el Gobierno impulsó la aprobación de la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, y la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado. Dos instrumentos normativos que adaptan la legislación a las necesidades actuales del voluntariado y del Tercer Sector de Acción Social españoles.
Concretamente, la Ley 45/2015, de 14 de octubre, del Voluntariado, pone en valor el papel de las nuevas actividades que han emergido en los últimos años y apuesta porque los jóvenes menores de edad puedan implicarse en la acción voluntaria, entre otras medidas. Asimismo la Ley delimita el régimen jurídico de las personas voluntarias y su relación con las entidades, y acota además el campo jurídico de la administración.
En desarrollo del artículo 9 de la Ley 43/2015, el Gobierno ha aprobado el Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la Comisión para el Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, que ha venido a fortalecer la participación del Tercer Sector en el diseño y aplicación de las políticas públicas de inclusión social.
Adicionalmente, la Ley contempla otros desarrollos, como el Reglamento de ejecución de la Ley del Voluntariado, el estatuto de entidades colaboradoras de la Administración General del Estado, el programa de impulso y el inventario de entidades del Tercer Sector de Acción Social.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar, en el menor plazo posible y tras un proceso de diálogo con el movimiento asociativo, los desarrollos pendientes de la Ley del Voluntariado."
161/003181
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la preservación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de la Almoloya (Pliego-Mula, Murcia), para su debate en la Comisión de Cultura.
La Región de Murcia posee un patrimonio arqueológico excepcional para entender las raíces de nuestra sociedad. Hoy, el mundo académico y la opinión pública está expectantes ante los descubrimientos arqueológicos en La Almoloya (Pliego-Mula). Aquí se ha descubierto el primer Parlamento europeo, un gran recinto dedicado a la reunión y deliberación política.
Hace casi 4.000 años, La Almoloya era un centro neurálgico donde una cincuentena de líderes y representantes políticos tomaban decisiones de gobierno que afectaban a miles de personas en el sureste de España. Había nacido en nuestras tierras la primera civilización europea, sólo comparable en su época con la Creta minoica.
La Sala del Parlamento formaba parte de un Palacio donde residía la aristocracia de aquella sociedad. Dos de los miembros de una dinastía reinante fueron enterrados justo ahí, acompañados de lujosas y excepcionales ofrendas de oro, plata y ámbar, junto a otras riquezas.
Esta tumba principesca no fue la única sepultura: más de un centenar nos aproximan a las vidas de aquellas personas y al origen de sentimientos tan actuales como la vindicación del individuo y la construcción de identidades.
Y La Almoloya ofrece mucho más: la trama urbanística completa de un centro de poder, articulada en nueve grandes complejos residenciales y económicos, que constituye un hallazgo inédito en la prehistoria de Europa.
En conjunto, La Almoloya posee un valor patrimonial, cultural, educativo y científico excepcional; un referente de la arqueología en España que merece ser conocido y difundido a nivel internacional.
La Almoloya es una realidad palpable y un activo para el futuro, un escenario único para el avance del conocimiento científico y un recurso óptimo para la dinamización económica regional (turismo, promoción cultural).
Para desarrollar el potencial de La Almoloya, las principales necesidades a corto plazo tienen que ver con la preservación de las estructuras arqueológicas y la puesta en valor del yacimiento:
- Preservación y consolidación del trazado arquitectónico y urbano mediante el tratamiento directo de las estructuras arqueológicas.
- Acondicionamiento de accesos exteriores al yacimiento.
- Planificación de itinerarios de visita en el interior del yacimiento.
- Panelización informativa en soportes físicos y recursos interactivos digitales.
- Programa de medidas de seguridad y vigilancia.
Desde 2013, las investigaciones han sido posibles gracias a la colaboración de diferentes instituciones, del Grupo Empresarial Fuertes que es propietario de los terrenos y la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, su andadura invita y exige el compromiso de otros agentes, públicos y privados.
El presupuesto estimado para ejecutar el proyecto de preservación arqueológica y puesta en valor de La Almoloya es de 497.890 euros. Esta cantidad incluye el diseño de proyectos y actuaciones, así como la ejecución de los mismos. El desarrollo de los trabajos tendrá la garantía del equipo de la Universidad Autónoma de Barcelona que dirige las investigaciones.
Desde el Ayuntamiento de Pliego se está promocionando este proyecto con el objetivo de fomentar el turismo en el municipio y en la comarca del río Mula como eje económico y de generación de empleo.
1. Invertir, con línea directa del 1 % Cultural, en el proyecto de preservación arqueológica y puesta en valor de La Almoloya, en la Región de Murcia, para continuar las tareas de los investigadores que trabajan a pie de yacimiento por medio de especialistas de la Universidad Autónoma de Barcelona.
2. Poner en marcha una mesa de trabajo y coordinación de las Administraciones estatal, autonómica y local con el objeto de colaborar en el apoyo y promoción, así como en la elaboración, de un plan director que establezca la estrategia y la ruta a seguir como proyecto sociocultural y turístico
de La Almoloya, diseñando los pasos a seguir para fomentar el turismo y optimizar las inversiones realizadas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de abril de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
181/000902
Diputada doña Rosana Pastor Muñoz
¿Puede aclarar el modelo de explotación de la autopista AP-7 una vez finalice la actual concesión y revierta a la Administración General del Estado el 31 de diciembre de 2019?
Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de marzo de 2018.-Rosana Pastor Muñoz, Diputada.
181/000898
El Ayuntamiento de A Guarda ha transmitido a todas las administraciones competentes el grave deterioro que, en dicho término municipal, se está produciendo en la línea de costa española del estuario del río Miño y que reclama actuaciones urgentes que, en ningún caso, permiten ser postergadas. ¿Cómo valora el Gobierno esta situación? ¿Piensa el Gobierno poner en marcha actuaciones urgentes en la zona?
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de marzo de 2018.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.
181/000899
El estuario del río Miño en el Ayuntamiento de A Guarda está sufriendo un grave deterioro que se ha visto muy agravado como consecuencia de los últimos temporales y mareas vivas. La playa de Lamiña-Forte corre el riesgo de desaparecer en su totalidad por culpa del retroceso dunar y la continua caída de árboles, así como el conjunto de la zona dunar y boscosa de Feno. Además, en la zona de Codesal, la escollera de protección reparada por Costas en 2016 ha quedado destrozada, demostrando que la solución implementada quizás sirva para cauces de ríos, pero no para el estuario. ¿Qué administraciones son las competentes para dar solución a esta problemática? ¿Cuál es el papel del Gobierno, qué actuaciones le corresponden y cuáles está desarrollando? ¿Ha tenido alguna comunicación por parte del Gobierno de la Xunta acerca de esta problemática? De ser así, ¿en qué sentido y cuál ha sido la respuesta del Gobierno?
181/000900
En los últimos años se puede constatar en el estuario del Miño una alteración en las orillas del río producidas por la modificación de los canales de navegación. Esta situación está provocando una importante reducción de arena en la margen española que acaba depositándose en la margen portuguesa. La consecuencia es una importante destrucción en la margen española, en el término municipal de A Guarda, que es preciso revertir y que ha sido puesto en conocimiento, reiteradamente, por su Alcalde. ¿Cómo valora el Gobierno esta situación? ¿Se han realizado estudios que permitan implementar soluciones a esta problemática? ¿Se ha contactado con las autoridades portuguesas para actuaciones conjuntas en el estuario del Miño que pongan remedio a esta situación?
181/000901
El estuario del río Miño en el Ayuntamiento de A Guarda está sufriendo un grave deterioro que se ha visto muy agravado como consecuencia de los últimos temporales y mareas vivas. La playa de Lamiña-
Forte corre el riesgo de desaparecer en su totalidad por culpa del retroceso dunar y la continua caída de árboles, así como el conjunto de la zona lunar y boscosa de Feno. Además, en la zona de Codesal, la escollera de protección reparada por Costas en 2016 ha quedado destrozada, demostrando que la solución implementada quizás sirva para cauces de ríos, pero no para el estuario. Ante estos hechos, ¿Cuál es la respuesta del Gobierno? ¿Qué actuaciones tiene previstas? ¿Qué organismos se encargarán de implementadas?
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de sus autores, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y a los Sres. Diputados preguntantes y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Núm. expte.: 184/026497
Núm. registro: 70298
Objeto iniciativa: Precio de los más de 400 medicamentos que fueron excluidos del Sistema Nacional de Salud para los pensionistas en el año 2012 y actualmente, así como aumento de cada uno de los mismos.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 291, de 5 de febrero de 2018
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000950.
Núm. expte.: 184/027716
Núm. registro: 72369
Autor iniciativa: Fernández Díaz, Jesús María (GS) Galeano Gracia, Óscar (GS) Sumelzo Jordán, Susana (GS).
Objeto iniciativa: Retraso en las obras del desdoblamiento de la N-232 en los tramos Figueruelas-Gallur y Gallur-Mallén.
Publicación: "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 295, de 12 de febrero de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000951.
Núm. expte.: 184/024556
Núm. registro: 63173
Objeto iniciativa: Seguimiento de los riesgos para la salud de la contaminación atmosférica en las ciudades.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000953.
Núm. expte.: 184/027054
Núm. registro: 71429
Objeto iniciativa: Actuaciones de reparación de motas y limpieza de cauces en los ríos de la cuenca del Ebro a su paso por Navarra para prevenir nuevas inundaciones en el año 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000958.
Núm. expte.: 184/027512
Núm. registro: 72072
Autor iniciativa: González Bayo, Josefa Inmaculada (GS) Díaz Trillo, José Juan (GS) Fernández Díaz, Jesús María (GS).
Objeto iniciativa: Reconocimiento de efectos profesionales a títulos extranjeros de especialistas en Ciencias de la Salud, obtenidos en Estados no miembros de la Unión Europea, así como medidas para solucionar la escasez de médicos en el Sistema Nacional de Salud (SNS) en la línea de agilizar la homologación de títulos.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000952.
Núm. expte.: 184/024558
Núm. registro: 63175
Objeto iniciativa: Aprobación de la Orden Ministerial de precios de referencia de medicamentos durante 2017 y su incidencia en el ahorro farmacéutico.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000954.
Núm. expte.: 184/025680
Núm. registro: 68585
Objeto iniciativa: Profesionales asignados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para la gestión de los expedientes de reconocimiento de títulos de especialistas médicos no comunitarios.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000955.
Núm. expte.: 184/026003
Núm. registro: 69389
Objeto iniciativa: Plazas de médico especialista de área correspondientes a la plantilla de INGESA en la ciudad de Ceuta convocadas en el año 2017, así como previstas para el año 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000956.
Núm. expte.: 184/026515
Núm. registro: 70316
Objeto iniciativa: Incidencias en la atención de urgencias del Hospital Comarcal de Ceuta el día 6 de enero de 2018.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000957.
Núm. expte.: 184/027513
Núm. registro: 72073
Objeto iniciativa: Política farmacéutica y actuaciones legales previstas en materia de acceso y financiación de medicamentos.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000959.
Núm. expte.: 184/027760
Núm. registro: 72443
Objeto iniciativa: Situación de la implantación del Sevem (Sistema Español de Verificación de Medicamentos) en España, así como previsiones acerca de la modificación del sistema de facturación de recetas a cargo del Sistema Nacional de Salud.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/000960.
184/031796
Autor: Moya Matas, Jaume (GCUP-EC-EM).
Reformulación de su pregunta sobre opinión del Gobierno acerca de la vigencia de los títulos nobiliarios concedidos durante el régimen franquista.
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, don Jaume Moya i Matas, Diputado de En Comú Podem (Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea) formula las siguientes preguntas escritas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
En la España democrática perviven cerca de cuarenta de títulos nobiliarios concedidos durante el régimen franquista por parte del dictador Francisco Franco. Entre otros, se cuentan el Ducado de Primo de Rivera, ostentado por un sobrino del fundador del partido fascista español, el Marquesado de Queipo de Llano, titularidad de un nieto del general fascista, conocido popularmente como "el Carnicero de Sevilla", el Marquesado de San Leonardo de Yagüe, en manos del general que perpetró, entre otras, la masacre de Badajoz, o el Condado del Castillo de la Mota, concedido en su día a Pilar Primo de Rivera, presidenta de la Sección Femenina, por haber estimulado "las tradicionales virtudes de la mujer española".
Frente a ello, entidades como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica llevan años oponiéndose públicamente a la pervivencia de estas distinciones, que consideran contrarias al espíritu democrático. Según dicha ARMH, el hecho de que los gobiernos de la democracia renueven estos títulos concedidos a golpistas, criminales de guerra y violadores de los derechos humanos, cuestiona la ejemplaridad pretendida de la transición a la democracia y acredita que en realidad fue un mecanismo por el cual la élite del régimen franquista continuó como élite de la democracia.
A estas circunstancias, ha venido a sumarse (publicado en el BOE de 26 de marzo), la petición al Ministerio de Justicia por parte de Carmen Martínez-Bordiú Franco, nieta del dictador Francisco Franco, que ha solicitado recibir por sucesión el título de Duque de Franco con Grandeza de España que ostentaba su madre, Carmen Franco Polo, fallecida el pasado mes de diciembre. Dicho titulo fue concedido por el Monarca del Reino de España el 26 de noviembre de 1975 a la viuda del dictador "en atención a las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren" y va acompañado de una Grandeza de España, máxima dignidad en la jerarquía nobiliaria española.
¿Qué opinión le merece al Gobierno español la vigencia de los títulos nobiliarios concedidos durante el régimen franquista? ¿Considera que, en una democracia moderna y consolidada, las personas reconocidas con dichos honores son merecedoras del homenaje y el recuerdo honorable que supone la vigencia de la distinción aristocrática?
¿Tienen intención el Gobierno de promover una revisión de la Ley de Memoria Histórica para acabar con la existencia de estos títulos nobiliarios, concedidos por un régimen golpista y en homenaje a sus cómplices y colaboradores?
En relación con el Ducado de Franco, concedido por Decreto de 26 de noviembre de 1975 por S.M. el Rey a la viuda del difunto dictador, ¿tiene constancia el Gobierno de cuáles fueron "las excepcionales circunstancias y merecimientos que en ella concurren"? Y, de ser así, ¿considera que dichos méritos son acordes con los principios constitucionales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de abril de 2018.-Jaume Moya Matas, Diputado.
184/031874
Autor: Galeano Gracia, Óscar (GS). Cantera de Castro, Zaida (GS) Sumelzo Jordán, Susana (GS)
Molestias y perjuicios que causan los ejercicios realizados en el polígono de tiro de las Bardenas Reales a los municipios limítrofes pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Aragón.
Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 82515, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los autores de la iniciativa.
Don Óscar Galeano Gracia, Diputado por Zaragoza, y doña Zaida Cantera de Castro, Diputada por Madrid, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente pregunta para que les sea contestada por escrito.
Desde 1951 el Ejército del Aire viene utilizando para la realización de sus maniobras el polígono de tiro de las Bardenas Reales. Dicho emplazamiento militar se localiza íntegramente en la Comunidad Foral de Navarra, si bien sus propios límites son colindantes con la Comunidad de Aragón y más concretamente con la comarca zaragozana de las Cinco Villas,
Al menos desde 1978, la Junta de las Bardenas recibe una compensación del Estado por el uso de dicho espacio, que a raíz del acuerdo de 2008 asciende a 210 millones de euros por los 10 años, ampliables a otros 10, que cubre el acuerdo.
La realidad es que, como ocurre con todas las instalaciones militares de este tipo, los efectos de la utilización de la misma trascienden lo que son los estrictos límites de la instalación en cuestión, incluidos los perímetros de seguridad.
Así, en el caso del polígono de tiro de las Bardenas Reales, los territorios mencionados anteriormente sufren continuas molestias derivadas de la actividad realizada en dicho polígono. Entre estas podemos destacar el ruido provocado o las rupturas de la barrera del sonido cuando las aeronaves sobrevuelan estos municipios y por supuesto el peligro de que un incidente de mayor envergadura pueda afectar a la integridad de la población de los mismos, recordemos que en los últimos años ya ha habido varios accidentes que afortunadamente no han tenido repercusiones graves en la población civil.
Por ello han sido numerosas las iniciativas que desde las Cinco Villas, especialmente desde el municipio de Ejea de los Caballeros, se han realizado para encontrar una compensación a dichos perjuicios; sin que hasta la fecha haya surtido efecto.
1. ¿Se ha hecho efectiva la prórroga de 10 años prevista en el contrato entre el Ministerio de Defensa y la Junta de las Bardenas?
2. ¿Es conocedor el Gobierno de las molestias que causan los ejercicios realizados en el polígono de tiro de las Bardenas Reales a los municipios limítrofes pertenecientes a la Comunidad de Aragón?
3. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para paliar dichas molestias?
4. ¿Ha mantenido el Gobierno, o piensa mantener, algún contacto con los municipios aragoneses limítrofes con el polígono de tiro de las Bardenas al objeto de conocer su posición al respecto?
5. ¿Tiene previsto el Gobierno compensar económicamente por las molestias y perjuicios sufridos a los municipios aragoneses limítrofes con el polígono de las Bardenas Reales?
6. En caso de respuesta negativa ¿Por qué?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2018.-Óscar Galeano Gracia, Zaida Cantera de Castro y Susana Sumelzo Jordán, Diputados.
184/031900
Autor: Legarda Uriarte, Mikel (GV-EAJ-PNV)
Protocolos de colaboración de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con la Fiscalía de Menores, los Jueces y los Servicios Sociales en los casos de ausencias no autorizadas de menores tutelados por los Servicios Sociales.
1. En cuanto a las solicitudes de copia de, respectivamente, los Protocolos que la Policía Nacional y la Guardia Civil puedan tener con la Fiscalía de Menores, Jueces y Servicios Sociales para colaborar en los casos de ausencias no autorizadas de menores tutelados, contenidas en las dos primeras preguntas, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001366).
Don Mikel Legarda Uriarte, adscrito al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, tiene el honor de formular las siguientes preguntas al Gobierno, de las que desea obtener respuesta por escrito.
- ¿Cuenta la Policía Nacional con un protocolo debidamente coordinado con Fiscalía de Menores, Jueces y Servicios Sociales, al objeto de colaborar con aquellos en los casos de ausencias no autorizadas de menores tutelados por los Servicios Sociales? [...]
- ¿Cuenta la Guardia Civil con un protocolo debidamente coordinado con Fiscalía de Menores, Jueces y Servicios Sociales, al objeto de colaborar con aquellos en los casos de ausencias no autorizadas de menores tutelados por los Servicios Sociales? [...]
- En caso negativo ¿cuál es el sistema de trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a la hora de localizar y devolver a sus hogares a los menores escapados/ausentes de sus centros?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de abril de 2018.-Mikel Legarda Uriarte, Diputado.