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Timestamp: 2020-01-22 17:11:14
Document Index: 183261491

Matched Legal Cases: ['artículo 25', 'artículo 6', 'artículo 32', 'artículo 2', 'Artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 25', 'artículo 29', 'Artículo 2', 'Artículo 4', 'artículo 59', 'artículo 4', 'Artículo 9', 'Artículo 29', 'Artículo 6', 'artículo 29', 'Artículo 7', 'Artículo 8', 'artículo 9', 'Artículo 59']

036073-08
Bogotá D.C. diciembre 16 de 2008
CLAUDIA NEIRA MURILLO
UNION TEMPORAL DE LUCES DE MARÍA
Carrera 14 No. 81 – 19 Oficina 404
Asunto Oficio No. 1-2008-066275 del 27 de octubre de 2008
Tema Contribución sobre contratos de obra pública
Subtema Contratos de concesión de alumbrado público
Respetada Doctora Neira:
Mediante oficio radicado en esta Dirección con el número y fecha del asunto, expone usted que se suscribió un contrato de concesión de alumbrado público con un municipio, y que al momento de tal suscripción en el estatuto de rentas del municipio la contribución del 5% sobre contratos de obra pública no se encontraba actualizada con las modificaciones incluidas por la Ley 1106 de 2006, y plantea una serie de interrogantes.
Al respecto, es menester precisar que dentro de las funciones asignadas a esta Dirección por el Decreto 4646 de 2006, se encuentra la de prestar asesoría en materia financiera y tributaria a las entidades territoriales, función esta que no se extiende a los particulares. No obstante, en respeto del derecho de petición que le asiste, ofreceremos una respuesta general y abstracta en los términos y con los alcances del artículo 25 del C.C.A., de manera que no es obligatoria ni vinculante, y no compromete la responsabilidad de este Ministerio.
Para dar respuesta a sus inquietudes, es preciso dar un repaso de la normatividad que rige la contribución sobre contratos de obra pública. Así pues, dicha contribución encuentra sus orígenes en la Ley 418 de 1997, modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999, 782 de 2002, y más recientemente por la Ley 1106 de 2006, la cual en su artículo 6º introdujo sustanciales modificaciones frente a la contribución sobre contratos de obra pública, estableciendo la contribución sobre los contratos de obra pública, concesión de obra pública y otras concesiones, así: “Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente contrato o de la respectiva adición. Las concesiones de construcción, mantenimiento y operaciones de vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales pagarán con destino a los fondos de seguridad y convivencia de la entidad contratante una contribución del 2.5 por mil del valor total del recaudo bruto que genere la respectiva concesión. (…)Se causará el tres por ciento (3%) sobre aquellas concesiones que otorguen las entidades territoriales con el propósito de ceder el recaudo de sus impuestos o contribuciones”.
De tal manera, revisando la normatividad que rige la contratación estatal, esto es la Ley 80 de 1993, su artículo 32 nos enseña las definiciones de contratos de obra pública, así como de contratos de concesión de obra pública, entendiendo los primeros como aquellos “que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución y pago…”, y los segundos como aquellos cuyo objeto es otorgar “…la prestación, operación, explotación, organización o gestión, total o parcial, de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra o servicio por cuenta y riesgo del concesionario…”.
Así mismo, es menester precisar la definición de servicio de alumbrado público para lo cual recurrimos al artículo 2 del Decreto 2424 de 2006, que establece:
“Artículo 2°. Definición Servicio de Alumbrado Público. Es el servicio público no domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público.
Parágrafo. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la iluminación de carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito.”
De tal manera, atendiendo a los hechos generadores de la contribución de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, así como a las definiciones aparejadas en las demás normas aludidas, tenemos que:
§ Un contrato de concesión de alumbrado público, de una parte, no puede ser considerado como un contrato de obra, puesto que la prestación del servicio no encuadra dentro de la definición de aquel, así como porque la norma de la Ley 80 de 1993, distingue entre una y otra clase de contratos.
§ Si bien el contrato de concesión presenta tres modalidades, la Ley 1106 de 2006, sólo establece como hecho generador la segunda y tercera de aquellas (construcción, explotación o conservación total o parcial, de una obra o bien destinados al servicio o uso público, así como todas aquellas actividades necesarias para la adecuada prestación o funcionamiento de la obra), restringiéndolas adicionalmente a que dichas obras sean vías de comunicación, terrestre o fluvial, puertos aéreos, marítimos o fluviales; dejando así por fuera del gravamen la primera de las modalidades, que es aquella que se puede asimilar a la definición del servicio de alumbrado público.
§ La remuneración del contrato de concesión puede “consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización,… y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden”, sin que ello signifique necesariamente la existencia de un contrato de concesión para el recaudo de sus impuestos o contribuciones.
Así las cosas, a juicio de esta Dirección, toda vez que un contrato de concesión de alumbrado público no puede ser considerado como un contrato de obra, ni como un contrato de concesión de obra pública, y su remuneración no implica necesariamente un contrato de concesión para el recaudo de impuestos o contribuciones; sino que debe estar destinado a la administración, a la operación, al mantenimiento, modernización, reposición y la expansión del sistema de alumbrado público, no será susceptible de ser gravado con la contribución de que trata el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006. No obstante, se señala que la verificación de cada una de estas circunstancias debe ser evaluada y corroborada por la entidad territorial con la cual se suscriba el contrato de concesión.
036076-16-12-08
RODOLFO SERRANO MONROY
Carrera 11 calle 17 Esquina - Palacio Municipal
Asunto: Radicado 1-2008-075516
Tema: Impuesto de alumbrado público.
En atención a la solicitud remitida a esta Dirección por el señor Carlos Fernando Cárdenas Feria, Asesor de la Secretaría de Hacienda, nos permitimos manifestarle que de conformidad con el Decreto 4646 de 2006 la Dirección General de Apoyo Fiscal presta asesoría a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados en materia fiscal, financiera y tributaria, la cual no comprende el análisis de actos administrativos particulares de dichas entidades. Por lo anterior, la respuesta se remite de conformidad con el artículo 25 del Código Contencioso Administrativo, de manera general y no tiene carácter obligatorio ni vinculante.
“El municipio mediante contrato por el sistema de concesión entregó la administración, operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público por un término de 30 años. (…)
El concesionario administra la totalidad de los recursos que se recaudan por ese impuesto para lo cual contrato un encargo fiduciario de administración y pagos con los recursos que le son entregados provenientes del impuesto de alumbrado público, el cual, genera mensualmente unos rendimientos financieros, los que se incorporan al flujo financiero.
El sistema de recaudo se hace a través de la factura conjunta de cobro que realiza la Empresa de Energía de Cundinamarca, por el concesionario de la infraestructura y por el Municipio a través del Impuesto Predial. Todos estos dineros son entregados a la empresa Fiduciaria.
El contrato pactó la retribución, forma y condiciones de pago con la totalidad de los recursos recaudados de los contribuyentes menos el costo mensual del consumo de energía eléctrica destinada al alumbrado público. Los demás costos y gastos son cancelados a través de la fiducia con los mismos recursos que administra. Los pagos que realiza son cancelados por el concesionario en calidad de ordenador del gasto afectando el flujo financiero proyectado.
El mencionado impuesto fue creado mediante acuerdo municipal (…).
Tanto en el contrato como en los acuerdos municipales no se hace mención alguna sobre la destinación de los rendimientos financieros que se están presentando.
De igual manera se celebró el contrato de interventoría, cuyo costo es el 4% mensual sobre el total de los recaudos efectivos que se hagan. Este valor se cancela a través de la Fiducia contratada, con los recursos recaudados.
Con la empresa de Energía de Cundinamarca se celebraron los contratos de Suministro de Energía destinada al alumbrado público y para el servicio de facturación y recaudo.
Cada mes la Empresa de Energía, una vez recauda este tributo, descuenta los costos de los servicios antes mencionados y transfiere el saldo a la Fiducia.
1. ¿Los recursos financieros deben ser incorporados traslados (sic) al municipio o deben ser incorporados al flujo financiero y entregados al concesionario?
2. ¿La responsabilidad de agente de retención de impuestos Nacionales y Municipales recae en cabeza del Concesionario o de la Fiducia?
3. ¿El concesionario debe liquidar, descontar, y girar al municipio, de esos mismos recursos, los valores por concepto de impuestos municipales, por la actividad que realiza? ¿Lo mismo sucedería para los impuestos nacionales, y con cargo al flujo financiero?
4. Teniendo en cuenta que la empresa de energía de Cundinamarca recauda este impuesto, suministra la energía con destino al alumbrado publico y presta el servicio de facturación, ¿es sujeto pasivo de los impuestos municipales y nacionales?
5. ¿La función de cobro coactivo del Impuesto de Alumbrado Público puede ser delegada en cabeza del concesionario?”
En primer lugar, debemos reiterar que no es competencia de esta Dirección pronunciarse acerca de las actuaciones particulares ni de los actos administrativos de las entidades territoriales; por lo anterior nos pronunciaremos de manera general y abstracta en relación con el tema de su consulta. Asimismo, debemos precisar que la interpretación de los contratos suscritos por las administraciones territoriales le corresponde a estas mismas entidades y que los procesos de contratación que adelanten deben ceñirse a la legislación vigente en materia de contratación administrativa y en particular al decreto 2424 de 2006 y la Ley 1150 de 2007, artículo 29, en lo relacionado con el alumbrado público.
Antes de dar respuesta a sus interrogantes, conviene diferenciar la prestación del servicio de alumbrado público del impuesto sobre el servicio de alumbrado público; mientras el primero se refiere al servicio público que es responsabilidad del municipio, el segundo, corresponde a un impuesto autorizado por la ley para que los concejos municipales lo organicen y recauden en sus respectivas jurisdicciones. Si los concejos municipales lo estiman conveniente, pueden destinarlo a financiar la prestación del servicio.
El servicio de alumbrado público se define en el decreto 2424 de 2006 como el servicio público no domiciliario, que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito. Comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión del sistema de alumbrado público. (…) (Artículo 2º decreto 2424 de 2006).
Los municipios o distritos son los responsables de la prestación del servicio de alumbrado público; lo pueden prestar directa o indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del servicio de alumbrado público (Artículo 4º decreto 2424 de 2006).
De otro lado, el cobro del impuesto sobre el servicio de alumbrado público está autorizado por la ley 97 de 1913 y la ley 84 de 1915, exequibles según la Sentencia C-504 del 3 de julio de 2002 de la Corte Constitucional.
No obstante, deben tenerse en cuenta los recientes pronunciamientos del Consejo de Estado en el sentido de que debido a la indefinición del hecho gravado resulta imposible su aplicación por parte de los municipios: Consejo de Estado, Sección Cuarta, en los dos fallos que declararon la nulidad de los acuerdos municipales que regulaban este impuesto en los municipios de Saravena y Calima del Darién (Sentencias del 17 de julio de 2008, Radicado: 07001-23-31-5000-2005-00203 -16170 y de septiembre 4 de 2008, Exp. 16850 (2005-4582), M.P. Ligia López Díaz.)[1]
En todo caso, en virtud del principio de legalidad que ampara los actos administrativos no corresponde a esta Dirección sino a la jurisdicción de lo contencioso administrativo evaluar la legalidad de cada acuerdo que regule el cobro del impuesto de alumbrado público.
A partir de la autorización de la ley declarada exequible por la Corte, y sin perjuicio de los pronunciamientos que haga el Concejo de Estado, acerca de cada acuerdo municipal, en términos generales, la relación jurídico-tributaria que se origina a partir de las normas que determinan los diferentes elementos del tributo se establece entre el municipio, como sujeto activo, y cada uno de los sujetos pasivos que incurran en el hecho generador del impuesto. De tal manera que corresponde al sujeto pasivo cumplir con la obligación tributaria de acuerdo con dichas normas y con su realidad jurídica y económica.
Es posible que el impuesto sobre el servicio de alumbrado publico se destine a la financiación de la prestación del servicio, sin embargo, la facultad impositiva no puede ser entregada por el municipio a ningún particular, toda vez que la competencia para el establecimiento de tributos es exclusiva de los concejos municipales y las funciones de administración, fiscalización, liquidación, discusión, cobro e imposición de sanciones, le corresponden a la administración tributaria territorial, quien para el efecto debe utilizar el procedimiento establecido en el Estatuto Tributario Nacional, según lo ordena el artículo 59 de la Ley 788 de 2002.[2]
En este sentido debemos resaltar que es ilegal la entrega de las facultades tributarias a cualquier entidad distinta del titular de estas, en este caso, el municipio; es a éste al que le corresponde hacer uso de sus facultades de administración, fiscalización, liquidación, discusión y cobro del impuesto.
Conforme el mencionado decreto 2424 de 2006, “Los municipios tienen la obligación de incluir en sus presupuestos los costos de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos por impuesto de alumbrado público en caso de que se establezca como mecanismo de financiación.” (Parágrafo del artículo 4°). Es decir, el impuesto siempre debe ser considerado un ingreso del municipio y cuando su producto se destine a la financiación del servicio de alumbrado público debe reflejarse el respectivo gasto. El impuesto de alumbrado público puede ser cobrado en las facturas de los servicios públicos, únicamente cuando este equivalga al valor del costo en que se incurre por la prestación del mismo. La remuneración de los prestadores del servicio de alumbrado público deberá estar basada en costos eficientes y podrá pagarse con cargo al impuesto sobre el servicio de alumbrado público que fijen los municipios o distritos. (Artículo 9°).
En cuanto a los contratos que suscriba el municipio para la prestación del servicio de alumbrado público, se debe observar lo dispuesto por la ley 1150 de 2007:
“Artículo 29. Elementos que se deben cumplir en los contratos estatales de Alumbrado público. Todos los contratos en que los municipios o distritos entreguen en concesión la prestación del servicio de alumbrado público a terceros, deberán sujetarse en todo a la Ley 80 de 1993, contener las garantías exigidas en la misma, incluir la cláusula de reversión de toda la infraestructura administrada, construida o modernizada, hacer obligatoria la modernización del Sistema, incorporar en el modelo financiero y contener el plazo correspondiente en armonía con ese modelo financiero. Así mismo, tendrán una interventoría idónea. Se diferenciará claramente el contrato de operación, administración, modernización, y mantenimiento de aquel a través del cual se adquiera la energía eléctrica con destino al alumbrado público, pues este se regirá por las Leyes 142 y 143 de 1994. La CREG regulará el contrato y el costo de facturación y recaudo conjunto con el servicio de energía de la contribución creada por la Ley 97 de 1913 y 84 de 1915 con destino a la financiación de este servicio especial inherente a la energía. Los contratos vigentes a la fecha de la presente ley, deberán ajustarse a lo aquí previsto.”
De igual forma, los contratos deben dar cumplimiento al citado decreto 2424 de 2006:
· “Todos los contratos relacionados con la prestación del servicio, que celebren los municipios o distritos con los prestadores del mismo, se regirán por las disposiciones contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y demás normas que lo modifiquen, adicionen o complementen.” (Artículo 6° del decreto 2424 de 2006 y artículo 29 ley 1150 de 2007)
· “Los contratos para el suministro de energía eléctrica con destino al servicio de alumbrado público, deberán cumplir con la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas para el efecto. En todo caso, en los contratos de suministro de energía, se deberá garantizar la libre concurrencia de los oferentes en igualdad de condiciones.” (Artículo 7°)
· Le corresponde a la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG, regular los aspectos económicos de la prestación del servicio de alumbrado público. (Artículo 8º). En concordancia con lo anterior, la ley 1150 de 2007 ordena que “la CREG regulará el contrato y el costo de facturación y recaudo (del impuesto sobre el servicio de alumbrado público) con destino a la financiación de este servicio especial inherente a la energía.”
· La Comisión de Regulación de Energía y Gas establecerá una metodología para la determinación de los costos máximos que deberán aplicar los municipios o distritos, para remunerar a los prestadores del servicio así como el uso de los activos vinculados al sistema de alumbrado público.
En relación con el recaudo del impuesto de alumbrado público, la Superintendencia de Servicios Públicos manifestó en el Concepto 031 de 2007, conforme al Concepto SSPD-OJ-2005-023, lo siguiente:
El municipio está facultado para celebrar contratos o convenios para la prestación del servicio de alumbrado público, de manera que el suministro de energía sea de responsabilidad de la empresa distribuidora o comercializadora con quien el municipio llegue a tal acuerdo, al igual que se podrá contratar con la misma o con otra persona natural o jurídica el mantenimiento o la expansión del servicio que es responsabilidad municipal.
Dentro de las facultades que tiene el municipio para celebrar convenios con las empresas prestadoras del servicio, está la de acordar que los cobros se efectúen directamente a los usuarios por intermedio y utilizando la infraestructura de tales distribuidores, tal como lo establece el artículo 9 de la Resolución CREG 043 del 23 de octubre de 1995, según el cual:
“El municipio es responsable del pago del suministro, mantenimiento y expansión del servicio. Éste podrá celebrar convenios con las empresas de servicios públicos con el fin de que los cobros se efectúen directamente a los usuarios, mediante la utilización de la infraestructura de las empresas distribuidoras.
“PARÁGRAFO 1o. Los convenios estipularán la forma de manejo y administración de dichos recursos por parte de las empresas de servicios públicos. Estas no asumirán obligaciones por manejo de cartera, y en todo caso, el municipio les cancelará la totalidad de la deuda por el servicio de alumbrado público, dentro de los períodos señalados para tal fin.
“PARÁGRAFO 2o. El municipio no podría recuperar más de los usuarios que lo que paga por el servicio incluyendo expansión y mantenimiento.”
En tal sentido el municipio podrá igualmente contratar la facturación y recaudo del tributo por intermedio de la empresa distribuidora, entendiendo que no se trata del cobro de un servicio consumido por el usuario, sino del recaudo de un tributo, cuyo convenio deberá ceñirse a lo señalado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. De otro lado, la prestadora del servicio de energía, mediante el acuerdo que se suscriba con el municipio, podrá acordar la forma en que se realice la contraprestación por parte del municipio inclusive pactándose la compensación, pues la limitación que señala la Comisión de Energía y Gas se refiere a que las prestadoras no asumirán obligaciones por manejo de cartera.
De acuerdo con lo anterior, la relación entre los municipios y las empresas de servicios públicos que comercializan energía eléctrica y la venden a los municipios para la prestación del servicio de alumbrado público, se rige por los contratos o convenios que se celebren para la prestación del servicio de alumbrado público.
(…)”. (Subrayas y negrillas de la Superintendencia).
A partir de lo expuesto, se responden sus interrogantes así:
¿Los recursos financieros deben ser incorporados traslados (Sic) al municipio o deben ser incorporados al flujo financiero y entregados al concesionario?
Consideramos necesario que revisen las condiciones del contrato de concesión al que hace referencia su comunicación, con el fin de ajustarlo al Decreto 2424 de 2006 y la Ley 1150 de 2007, así como a las directrices que expida la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG.
La contratación del servicio de alumbrado público debe regirse por las normas de la contratación pública y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas. En todo caso la remuneración de los prestadores del servicio de alumbrado público deberá corresponder al valor del servicio efectivamente recibido y estar basada en costos eficientes. Si el impuesto de alumbrado público es cobrado en las facturas de los servicios públicos, este debe ser equivalente al valor del costo en que se incurre por la prestación del mismo.
Mientras no se haga la revisión del contrato se deben ceñir a lo allí acordado, correspondiendo al municipio realizar la interpretación respectiva.
1. ¿La responsabilidad de agente de retención de impuestos Nacionales y Municipales recae en cabeza del Concesionario o de la Fiducia?
2. ¿El concesionario debe liquidar, descontar, y girar al municipio, de esos mismos recursos, los valores por concepto de impuestos municipales, por la actividad que realiza? ¿Lo mismo sucedería para los impuestos nacionales, y con cargo al flujo financiero?
3. Teniendo en cuenta que la empresa de energía de Cundinamarca recauda este impuesto, suministra la energía con destino al alumbrado publico y presta el servicio de facturación, ¿es sujeto pasivo de los impuestos municipales y nacionales?
Las normas tributarias, incluidas las de retención en la fuente, tanto nacionales como territoriales deben ser cumplidas tanto por el Concesionario como por la Fiducia y la Empresa de Energía, según les corresponda de acuerdo a las actuaciones que realicen y que les generen responsabilidades tributarias.
Para el efecto se debe revisar la normatividad tributaria nacional y local y dar cumplimiento por cada uno de ellos en lo que les sea exigible. Particularmente en lo relativo a la retención en la fuente municipal, son las normas municipales las que establecerán las responsabilidades tanto del Concesionario como de la Fiducia.
4. ¿La función de cobro coactivo del Impuesto de Alumbrado Público puede ser delegada en cabeza del concesionario?”
Por tratarse de una función propia del municipio, que no puede ser delegada en terceros, consideramos que no es viable tal delegación.
[1] De lo manifestado por el Consejo de Estado, resaltamos: “En esta ocasión deben aclararse y rectificarse los criterios anteriores, pues es evidente que hay una indeterminación del hecho generador que no es superable, aun siguiendo las reglas de interpretación admisibles en derecho.
De la definición del “servicio de alumbrado público” no es posible determinar con certeza el hecho generador del tributo, entendido como el presupuesto previsto en la ley, de contenido económico y revelador de capacidad contributiva que de producirse da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Las disposiciones anteriores que no tienen la fuerza de ley y aunque pretendían definir el hecho generador, no permiten identificar el objeto del tributo, es decir la acción, los bienes o los derechos a los que se les impone el gravamen. Tampoco puede identificarse el vínculo que puede unir al sujeto pasivo con el objeto del tributo para que resulte obligado a sufragar el impuesto.”
[2] “Artículo 59. Procedimiento tributario territorial. Los departamentos y municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto de los impuestos.”