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Timestamp: 2017-10-16 21:57:34
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Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 1903', 'artículo 1692', 'artículo 1903', 'artículo 26', 'artículo 28', 'artículo 1903', 'artículo 28', 'artículo 1692', 'artículo 1715', 'artículo 1715']

Sentencia T.S. de 29 de junio de 1999. Responsabilidad de profesionales sanitarios - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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Sentencia T.S. de 29 de junio de 1999
Aplicación de la doctrina jurisprudencial sobre el "daño desproporcionado": Responsabilidad del INSALUD. Infracción de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; consideración de la demandante como consumidora y titular de los derechos reconocidos en la ley.
Conviene recordar la doctrina jurisprudencial muy reiterada; sobre la naturaleza de la obligación del médico, tanto si procede de contrato, como si deriva de una relación extracontractual, es obligación de actividad (o de medios), no de resultado.
Distinta es la responsabilidad del Instituto Nacional de la Salud, a la que debe aplicarse la doctrina jurisprudencial, también reiterada y que es preciso recordar, sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor, que corresponde a la regla "res ipsa loquitur" (la cosa habla por sí misma) que se refiere a una evidencia que crea una deducción de negligencia y ha sido tratada profusamente por la doctrina angloamericana y a la regla del "Anscheinsbeweis" (apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la doctrina francesa de la "faute virtuelle" (culpa virtual); lo que requiere que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que entre en la esfera de la acción del demandado aunque no se conozca el detalle exacto y que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que corresponda a la esfera de la propia víctima.
En el caso presente, una mujer relativamente joven se somete a una operación relativamente sencilla y fallece de una parada cardiorrespiratoria, sin que el centro médico dé la más mínima explicación coherente sobre ello. Es un resultado desproporcionado, la cosa habla por sí misma ("res ipsa liquitur") y hay clara apariencia de prueba ("Anscheinsbeweis") de la culpa, culpa virtual ("faute virtuelle") que si no consta la negligencia de médicos concretos, sí aparece una presunción desfavorable que pueda generar un mal resultado, cuando éste por su desproporción con lo que es usual comparativamente, según las reglas de la experiencia y el sentido común, revele inductivamente la penuria negligente de los medios empleados, según el estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, o el descuido en su conveniente y temporánea utilización.
La responsabilidad médica, que es un apartado del capítulo más general de la responsabilidad sanitaria (responsabilidad del centro médico, por deficiencias de funcionamiento u organización, negligencias del personal etc.). Como una subespecie de la responsabilidad médica más cerca de la responsabilidad sanitaria en general, se sitúa la derivada de conductas que supongan una falta de coordinación entre los especialistas que tratan a un paciente, más aún cuando tal evento sucede dentro del mismo centro hospitalario, o cuando determinados elementos de información que constan en el historial del paciente no son considerados o se soslayan en el tratamiento o en la intervención quirúrgica.
A mayor abundamiento son aplicables a este supuesto los artículos 1, 26 y 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, en cuanto la demandante es consumidora (art. 1.º), ha utilizado unos servicios (artículo 26), entre los que se incluyen los sanitarios (artículo 28.2) y la producción de un daño genera responsabilidad objetiva que desarrolla el capítulo VIII (artículos 25 y ss).
Primero.-1. Se ha ejercitado en el presente caso que ha llegado hasta el recurso de casación, la acción de la llamada responsabilidad aquiliana, de reclamación de la obligación de indemnizar el daño causado, fundada en los artículos 1902 y 1903 del Código civil en el tipo, cada vez más frecuente, de la responsabilidad civil médica; la acción ha sido ejercitada, como demandantes -actuales recurrentes en casación- por las hijas de la persona fallecida, doña Paula D.S. Ésta ingresó en el Hospital de Medina del Campo, cuyo Director era el codemandado don Jesús M.A., donde fue sometida a una operación de colecistectomía (extirpación de la vesícula biliar) por los médicos codemandados, don Rafael S.E. y don Enrique L.F.: no existía patología alguna previa que pudiera influir negativamente, el resultado de la intervención (14 de abril de 1988) fue satisfactorio (no existe indicación alguna en la hoja relativa a la aplicación de la anestesia) y, en el período postoperatorio, el día 15, tuvo un pequeño mareo, empeoró paulatinamente, se ordenó el traslado a Valladolid en una ambulancia, acompañada por un médico y una ATS y en el camino se produjo un episodio cardíaco que es solventado por el equipo y la enferma llega al Hospital del Río Hortega a las 23 horas del día 15, con respiración espontánea, ingresando en la UVI y falleciendo con posterioridad. Ambos centros médicos son dependientes del Instituto Nacional de la Salud, también parte codemandada.
2. La demanda fue desestimada tanto por el Juzgado de 1.ª Instancia n.º 4 de Valladolid, como por la Audiencia Provincial, Sección 1.º de la misma ciudad, esencialmente por la falta de prueba de negligencia médica; tras los hechos probados que se han reproducido aquí, la sentencia de la Audiencia Provincial deduce que "la actuación médica... fue correcta" y "fueron de ese carácter los medios empleados" por lo que "no puede hablarse de negligencia en el diagnóstico"y concluye, en definitiva, expresando que "no existe, pues, en autos, una prueba clara y precisa, como exige la atribución de responsabilidad, de la existencia de una culpa de los demandados principales (médicos), ni tampoco del Director del Hospital, pues no se ha acreditado que los medios de que dispone sean inadecuados para la realización de las intervenciones que en el mismo se practican. Siendo ello así, tampoco procede responsabilidad alguna cerca del INSALUD por aplicación del artículo 1903 del Código civil".
3. Frente a esta sentencia desestimatoria de la demanda, las demandantes, hijas de la fallecida, han formulado el recurso de casación en seis motivos, todos al amparo del n.º 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Segundo.-1. No es posible en casación revisar los hechos que la sentencia de instancia ha declarado probados; por el contrario, sí es función de la casación la calificación jurídica de los mismos y la correcta aplicación de la norma jurídica. Partiendo de los hechos que se estiman acreditados, debe mantenerse la desestimación de la demanda respecto a las personas físicas del director del hospital y de los médicos intervinientes de la operación, respecto a los que no se ha probado una actuación productora, en nexo causal, de la muerte y se ha declarado probado que su actuación fue correcta.
En este sentido, conviene recordar la doctrina jurisprudencial muy reiterada; como dice la sentencia de 13 de octubre de 1997 y reitera la de 9 de diciembre de 1998, la naturaleza de la obligación del médico, tanto si procede de contrato (contrato de prestación de servicios; distinto es el caso si el contrato es de obra, lo que se da en ciertos supuestos, como cirugía estética, odontología, vasectomía), como si deriva de una relación extracontractual, es obligación de actividad (o de medios), no de resultado, en lo que es reiterada la jurisprudencia: entre otras muchas, sentencias de 8 de mayo de 1991, 20 de febrero de 1992, 13 de octubre de 1992, 2 de febrero de 1993, 7 de julio de 1993, 15 de noviembre de 1993, 12 de julio de 1994, 24 de septiembre de 1994, 16 de febrero de 1995, 23 de septiembre de 1996, 15 de octubre de 1996, 22 de abril de 1997.
2. Distinta es la responsabilidad del Instituto Nacional de la Salud, a la que debe aplicarse la doctrina jurisprudencial, también reiterada y que es preciso recordar, sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor (así, la sentencia de 13 de diciembre de 1997 y 9 de diciembre de 1998), que corresponde a la regla "res ipsa loquitur" (la cosa habla por sí misma) que se refiere a una evidencia que crea una deducción de negligencia y ha sido tratada profusamente por la doctrina angloamericana y a la regla del "Anscheinsbeweis" (apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la doctrina francesa de la "faute virtuelle" (culpa virtual); lo que requiere que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón de una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que entre en la esfera de la acción del demandado aunque no se conozca el detalle exacto y que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que corresponda a la esfera de la propia víctima.
En el caso presente, una mujer relativamente joven (44 años) se somete a una operación relativamente sencilla (extirpación de la vesícula biliar) y fallece de una parada cardiorrespiratoria, sin que el centro médico dé la más mínima explicación coherente sobre ello. Es un resultado desproporcionado, la cosa habla por sí misma ("res ipsa liquitur") y hay clara apariencia de prueba ("Anscheinsbeweis") de la culpa, culpa virtual ("faute virtuelle") que si no consta la negligencia de médicos concretos, sí aparece, como dice la sentencia de 2 de diciembre de 1996, una presunción desfavorable que pueda generar un mal resultado, cuando éste por su desproporción con lo que es usual comparativamente, según las reglas de la experiencia y el sentido común, revele inductivamente la penuria negligente de los medios empleados, según el estado de la ciencia y las circunstancias de tiempo y lugar, o el descuido en su conveniente y temporánea utilización.
3. La base jurídica del presente caso se concreta en la responsabilidad por hecho ajeno del párrafo 4.º del artículo 1903 del Código civil y que con frecuencia se ha aplicado al Instituto Nacional de la Salud: así, sentencias de 7 de junio de 1988, 22 de junio de 1988, entre otras muchas, y 11 de octubre de 1995, 11 de marzo de 1996, 3 de septiembre de 1996, 1 de julio de 1997 y 21 de julio de 1997 como más recientes. La responsabilidad del empresario, en general, tiene un matiz marcadamente objetivo, fundándose en la responsabilidad por riesgo y en la culpa "in vigilando" o "in eligendo": sentencias de 4 de febrero de 1986, 21 de septiembre de 1987, 16 de abril de 1993, 2 de julio de 1993, 21 de septiembre de 1993, 27 de septiembre de 1994, 6 de octubre de 1994. Asimismo, es obligación directa: sentencias de 20 de octubre de 1989, 28 de febrero de 1992, 21 de septiembre de 1993, 27 de septiembre de 1994, 6 de octubre de 1994, 28 de octubre de 1994, 29 de marzo de 1996.
Por otra parte, se concreta en el tema de la responsabilidad médica, que es un apartado del capítulo más general de la responsabilidad sanitaria (responsabilidad del centro médico, por deficiencias de funcionamiento u organización, negligencias del personal etc.). Como una subespecie de la responsabilidad médica más cerca de la responsabilidad sanitaria en general, se sitúa la derivada de conductas que supongan una falta de coordinación entre los especialistas que tratan a un paciente, más aún cuando tal evento sucede dentro del mismo centro hospitalario, o cuando determinados elementos de información que constan en el historial del paciente no son considerados o se soslayan en el tratamiento o en la intervención quirúrgica, tal como expresan las sentencias de 1 de julio de 1997 y 21 de julio de 1997.
4. A mayor abundamiento, tal como dicen las mismas sentencias de 1 de julio de 1997 y 21 de julio de 1997, cuya doctrina se reitera, son aplicables a este supuesto los artículos 1, 26 y 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios, en cuanto la demandante es consumidora (art. 1.º), ha utilizado unos servicios (artículo 26), entre los que se incluyen los sanitarios (artículo 28.2) y la producción de un daño genera responsabilidad objetiva que desarrolla el capítulo VIII (artículos 25 y ss). Dicen las mencionadas sentencias: Esta responsabilidad de carácter objetivo cubre los daños originados en el correcto uso de los servicios, cuando "por su propia naturaleza, o estar así reglamentariamente establecido, incluyen necesariamente la garantía de niveles determinados de pureza, eficacia o seguridad, en condiciones objetivas de determinación y supongan controles técnicos, profesionales o sistemáticos de calidad, "hasta llegar en debidas condiciones al usuario. Estos niveles se presuponen para el "servicio sanitario", entre otros. Producido y constatado el daño... se dan las circunstancias que determinan aquella responsabilidad del centro hospitalario.
Tercero.-1. Consecuencia de lo expuesto, debe estimarse el motivo cuarto del presente recurso de casación, ya que se califica la conducta del Instituto Nacional de la Salud como objetivamente responsable del resultado dañoso desproporcionado que se ha producido en la madre de las demandantes, su muerte y, por tanto, se ha infringido el artículo 1903 del Código civil, que se denuncia en este motivo, al no aplicarlo debidamente la sentencia de instancia.
2. Asimismo, se estima el motivo sexto que alega infracción del artículo 28 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, general para la defensa de consumidores y usuarios, por lo que se ha expuesto anteriormente en relación con los servicios sanitarios y la responsabilidad objetiva que de ellos deriva.
3. En consecuencia, al acogerse los dos motivos de casación mencionados, no procede, por ser baldío, entrar en el análisis de los restantes. Y al estimarse aquéllos, fundados en el n.º 4.º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se aplica el artículo 1715.1.3 de la misma ley y esta Sala, asumiendo la instancia, resuelve lo que corresponda dentro de los términos en que aparece planteado el debate.
En ello, tal como se desprende de los propios razonamientos que han llevado a la Sala a estimar el recurso de casación, procede estimar la demanda respecto al Instituto Nacional de la Salud, la que deberá abonar a las demandantes, recurrentes en casación, la cantidad de treinta millones de pesetas, solicitada en dicha demanda.
4. En cuanto a las costas, tal como se dispone en el artículo 1715.2 de la Ley de Enjuiciamiento civil, las de primera instancia se imponen al Instituto Nacional de la Salud, excepto las producidas por las acciones contra don Jesús M., don Rafael S. y don Enrique L., que se imponen a la parte demandante en la instancia. No se hace condena en costas en la segunda instancia. Tampoco en las causadas en este recurso de casación, en que cada parte satisfará las suyas.