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Timestamp: 2020-08-15 20:37:17
Document Index: 38092718

Matched Legal Cases: ['artículo 276', 'artículo 276', 'artículo 43', 'artículo 95', 'artículo 46', 'artículo 24', 'artículo 8', 'artículo 95', 'artículo 50', 'artículo 95', 'artículo 57', 'artículo 95', 'artículo 24', 'artículo 8']

Registro Oficial. 28 de ABRIL del 2006 Suplemento
Viernes, 28 de abril de 2006 - R. O. No. 260
0560-2004-RA Niégase el amparo solicitado por Byron Javier Viteri Pólit, por improcedente.
0624-2004-RA Revócase la resolución del Tribunal de instancia y niégase el amparo interpuesto por la señora Vitalia Genoveva Naranjo Espín.
0633-2004-RA Niégase el amparo solicitado por Liliana Cristina Solís Chiriboga, por improcedente.
0853-2004-RA Revócase la resolución venida en grado y acéptase la acción de amparo constitucional propuesta por César Gustavo Naranjo Erazo.
0863-2004-RA Revócase la resolución dictada por el Juez de Instancia y niégase el amparo constitucional propuesto por el señor Edith Néstor Valencia Caicedo.
0885-2004-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase el amparo constitucional propuesto por la señora Monserrate Lastenia Lourdes Zambrano Suárez.
0916-2004-RA Declárase sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Procurador General del Estado, en consecuencia, las partes estarán a lo resuelto por la Jueza Duodécima de lo Civil..
0963-2004-RA Niégase el amparo interpuesto por el señor Bolívar Arturo Tamayo Rodríguez y confírmase la resolución del Juez Segundo de lo Civil de Pichincha..
0979-2004-RA Confírmase la resolución venida en grado y niégase la acción de amparo constitucional propuesta por Mónica Chipantiza Ramos.
0996-2004-RA Confírmase la resolución del Tribunal de instancia y concédese el amparo constitucional presentado por el Mayor Especialista Froilán Fernando Luna Ludeña.
1076-2004-RA Confírmase la resolución subida en grado e inadmítese la acción de amparo constitucional planteada por el señor Jaime Arciniega Aguirre.
1094-2004-RA Inadmítese la acción de amparo constitucional interpuesta por la doctora Zoila Salazar Merelo..
0039-2005-HC Revócase la resolución venida en grado y concédese el recurso de hábeas corpus interpuesto a favor de Lenin Corozo Valencia.
0090-2005-HC Confírmase la resolución emitida por la encargada de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus propuesto a nombre de la señora María de Lourdes Salas Dávila.
025-06-HC Revócase la resolución venida en grado y concédese el recurso de hábeas corpus propuesto por el doctor Miguel Macías Hurtado.
- Gobierno Municipal del Cantón Baba: Que reglamenta el uso del espacio y vía pública.
- Gobierno Autónomo del Cantón Nobol: Que regula la obligación de presentar el certificado de solvencia gubernamental autónoma.
No. 0946-04-RA
En el caso No. 0946-04-RA
ANTECEDENTES: César Enrique Chiluisa Guanoluisa, Representante\n Legal de la Cooperativa de Taxis El Salto No. 10, comparece ante\n el Juzgado Séptimo de lo Civil de Pichincha e interpone\n acción de amparo constitucional en contra del Subsecretario\n de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Bienestar\n Social, con el fin que se deje sin efecto la Resolución\n de 30 de marzo de 2004, por la cual se acepta la apelación\n del señor José Euclides Bastidas Gutiérrez.
Manifiesta que mediante Asamblea General Extraordinaria de\n la Cooperativa de Taxis El Salto No. 10, de 18 de octubre de\n 2001, se procedió a conocer y ratificar la exclusión\n del ex compañero José Euclides Bastidas Gutiérrez\n de la Cooperativa, fundamentados en los Estatutos y el Reglamento\n Interno de la Cooperativa, más lo dispuesto en los artículos\n 16 de la Ley de Cooperativas, y los artículos 20, 21 y\n 22 del Reglamento General a la mencionada ley.
Señala que el entonces Subsecretario de Fortalecimiento\n Institucional del Ministerio de Bienestar Social conoció\n sobre la apelación interpuesta por el señor José\n Euclides Bastidas, la misma que no debió ser conocida,\n por cuanto dicha apelación ya fue resuelta por la Asamblea\n General Extraordinaria de la Cooperativa que ratificó\n su resolución de exclusión a la mencionada persona.
Indica que el señor Subsecretario ha ido más\n allá de sus funciones, violando expresas disposiciones\n constitucionales contenidas en el Art. 24 numerales 1) y 17),\n por lo que solicita se deje sin efecto la resolución impugnada.
Con fecha 20 de septiembre de 2004 se llevó a cabo\n la audiencia pública con la comparecencia de las partes,\n quienes presentaron sus exposiciones por escrito. En lo principal,\n el accionante se afirma y ratifica en los fundamentos de hecho\n y de derecho de la acción; mientras que el demandado considera\n que no se cumplen los supuestos de procedencia de la acción,\n especialmente el de inminencia.
Con fecha 1 de octubre de 2004, el Juez Séptimo de\n lo Civil de Pichincha resuelve aceptar la acción propuesta\n por considerar que el demandado no tenía competencia para\n dictar el acto impugnado, por lo cual su actuación se\n torna ilegítima.
\n PRIMERO.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver el presente caso de conformidad con lo que dispone\n el artículo 276 numeral 3 de la Constitución Política\n de la República, y los artículos 12 numeral 3,\n y 62 de la Ley del Control Constitucional;
SEGUNDO.- Se observa que en la tramitación de la causa\n no se ha omitido solemnidad sustancial alguna, por lo que el\n proceso es válido y así se lo declara;
TERCERO.- La acción de amparo constitucional es una\n garantía constitucional cuya finalidad es la protección\n de los derechos fundamentales de todas las personas frente a\n cualquier acto u omisión ilegítimos que provengan,\n en principio, de autoridad pública, y que de manera inminente\n causen o amenacen con causar un daño grave. Es decir que,\n para que proceda la acción de amparo, estos elementos\n deben estar presentes de manera simultánea y unívoca;
CUARTO.- Que el acto que se impugna es el contenido en la\n Resolución pronunciada el 30 de marzo de 2004, por el\n Subsecretario de Fortalecimiento Institucional del Ministerio\n de Bienestar Social, con la cual deja sin efecto la exclusión\n de José Euclides Bastidas Gutiérrez, por parte\n de la Cooperativa de Transporte en Taxis "El Salto"\n domiciliada en la ciudad de la Latacunga, provincia de Cotopaxi;\n es decir, la Cooperativa de Taxis "El Salto No. 10",\n por medio de su representante, propone acción de amparo\n constitucional porque su Resolución de exclusión\n del socio es dejada sin efecto, lo que es equivalente a decir,\n deduzco acción de amparo constitucional al no haber sido\n confirmada mi Resolución.
QUINTO.- Que la Resolución indicada no afecta derecho\n subjetivo alguno de las personas y que es el que protege la acción\n de amparo constitucional.
SEXTO.- Que, adicionalmente, con la exclusión del señor\n José Euclides Bastidas Gutiérrez como socio de\n la Cooperativa de Taxis El Salto No. 10, se le privó de\n su legítimo derecho al trabajo consagrado en el artículo\n 35 de la Constitución Política.
SEPTIMO.- Que no se ha demostrado que el acto constituya evidente\n amenaza de causar grave daño, porque si la Cooperativa\n se consideraba afectada por la Resolución, debió\n hacer uso de las facultades contempladas en el Estatuto de Régimen\n Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva,\n más no de la acción de amparo constitucional.
1.- Revocar en todas sus partes la Resolución pronunciada\n por el Juez Séptimo de lo Civil de Pichincha que acepta\n la acción de amparo, en consecuencia inadmitir el amparo\n constitucional presentado por César Chiluisa Guanoluisa,\n representante de la Cooperativa de Taxis "El Salto No. 10".
2.- Dejar a salvo el derecho del accionante de acudir a las\n vías que considere pertinentes.
3.- Devolver el expediente al Juez de origen para que de cumplimiento\n a lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley del Control Constitucional.
4.- Publicar la presente Resolución en el Registro\n Oficial.- Notifíquese".
f.) Dr. Estuardo Gualle Bonilla, Presidente.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con cinco\n votos a favor correspondientes a los doctores Carlos Julio Arosemena\n Peet, René De la Torre Alcívar, Genaro Eguiguren\n Valdivieso, Hernán Rivadeneira Játiva y Carlos\n Soria Zeas y tres votos salvados de los doctores Milton Burbano\n Bohórquez, Lenín Rosero Cisneros y Estuardo Gualle\n Bonilla; sin contar con la presencia del doctor Víctor\n Hugo Sicouret Olvera, en sesión del día martes\n veintidós de marzo de dos mil cinco.- Lo certifico.
f.) Dr. Vicente Dávila García, Secretario General.
VOTO SALVADO DE LOS DOCTORES MILTON BURBANO BOHÓRQUEZ,\n LENÍN ROSERO CISNEROS Y ESTUARDO GUALLE BONILLA EN EL\n CASO SIGNADO CON EL NRO. 0946-04-RA.
Quito D. M., 22 de marzo de 2005.
PRIMERA.- El Tribunal Constitucional es competente para conocer\n y resolver el presente caso de conformidad con lo que dispone\n el artículo 276 numeral 3 de la Constitución Política\n de la República, y los artículos 12 numeral 3,\n y 62 de la Ley de Control Constitucional;
SEGUNDA.- Se observa que en la tramitación de la causa\n no se ha omitido solemnidad sustancial alguna, por lo que el\n proceso es válido y así se lo declara;
TERCERA.- La acción de amparo constitucional es una\n garantía constitucional cuya finalidad es la protección\n de los derechos fundamentales de todas las personas frente a\n cualquier acto u omisión ilegítimos que provengan,\n en principio, de autoridad pública, y que de manera inminente\n causen o amenacen con causar un daño grave. Es decir que,\n para que proceda la acción de amparo, estos elementos\n deben estar presentes de manera simultánea y unívoca;
CUARTA.- A folios 3 y 4 del expediente consta el acto que\n se impugna mediante esta acción, consistente en la Resolución\n de 30 de marzo de 2004 emitida por el Subsecretario de Fortalecimiento\n Institucional del Ministerio de Bienestar Social. En ésta\n destaca lo siguiente: 1) Que fundamenta su competencia en el\n Art. 17 del Estatuto de Régimen Jurídico y Administrativo\n de la Función Ejecutiva; 2) Considera que conoce de un\n recurso de apelación presentado por el señor José\n Euclides Bastidas Gutiérrez, y que ha sido aceptado a\n trámite por haber sido interpuesto dentro del plazo legal\n y cumplir los requisitos contemplados en el Art. 180 del cuerpo\n jurídico anteriormente mencionado; y, 3) Resuelve dejar\n sin efecto la exclusión del señor Bastidas Gutiérrez\n efectuada por la Cooperativa de Taxis El Salto de la ciudad de\n Latacunga;
QUINTA.- Consta del proceso que el Consejo de Administración\n de la Cooperativa, el 20 de septiembre de 2001, resolvió\n excluir de ella al socio señor Bastidas Gutiérrez,\n notificándole para que, de conformidad con el Art. 22\n del Reglamento General a la Ley de Cooperativas, "en el\n plazo perentorio de ocho días, se allane a la exclusión\n o se oponga a ella y presente su apelación ante la Asamblea\n General de Socios" (folio 219);
Habiendo apelado el afectado ante la Asamblea General de Socios,\n de folios 275 a 278 consta el acta de la reunión de la\n Asamblea, efectuada el 18 de octubre de 2001, en la que resuelve\n confirmar la decisión del Consejo de Administración,\n y en consecuencia, procede a la exclusión del socio en\n cuestión, lo que le fuera notificado el 19 de octubre\n según aparece del documento constante a folio 279 del\n expediente;
SEXTA.- El Art. 2 de la Ley de Cooperativas dice: "Los\n derechos, obligaciones y actividades de las cooperativas y de\n sus socios se regirán por las normas establecidas en esta\n Ley, en el Reglamento General, en los reglamentos especiales\n y en los estatutos, y por los principios universales del cooperativismo";
El Art. 22 de la mencionada Ley dice: "Cuando el Consejo\n de Administración excluya a un socio de una cooperativa,\n se le notificará, dándole el plazo perentorio de\n ocho días, para que se allane a la exclusión o\n se oponga a ella y presente su apelación ante la Asamblea\n General, cuya decisión será definitiva"; y,\n el Art. 23 añade: "Cuando la Asamblea General sea\n la que excluya directamente al socio, este podrá apelar\n de la resolución a la Dirección Nacional de Cooperativas,\n de cuya decisión no habrá recurso";
En consecuencia, al no haber consistido en un caso de exclusión\n directa de la Asamblea General, sino resuelta por ella en virtud\n del recurso de apelación de la decisión previa\n del Consejo de Administración, se tiene que la resolución\n de la Asamblea General de la Cooperativa fue definitiva; pero\n aún en el caso que no lo hubiera sido, por una cuestión\n de indefensión al no poder acudir a un órgano externo\n de la Cooperativa, la única vía posible habría\n sido la apelación ante la Dirección Nacional de\n Cooperativas, órgano competente para conocer de ellas,\n y no la Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional\n del Ministerio de Bienestar Social, que fue lo que ocurrió;
\n SEPTIMA.- El Art. 17 del Estatuto de Régimen Jurídico\n y Administrativo de la Función Ejecutiva, en el que erróneamente\n fundamenta su competencia el Subsecretario de Fortalecimiento\n Institucional, dice: "Los Ministros de Estado son competentes\n para el despacho de todos los asuntos inherentes a sus ministerios\n sin necesidad de autorización alguna del Presidente de\n la República, salvo los casos expresamente señalados\n en leyes especiales"; de lo que se desprende que la autoridad\n demandada realizó una interpretación extensiva\n de la norma al considerar que los ministros tienen competencia\n para conocer de asuntos que son exclusivos de los órganos\n de un ministerio, en la especie, de la Dirección Nacional\n de Cooperativas respecto al de Bienestar Social, lo cual es equivocado;
OCTAVA.- Consta a folio 247 del proceso el Oficio No. 02349-DNC-2002\n de 18 de junio de 2002, suscrito por el Director Nacional de\n Cooperativas, en el que indica que procede "a tomar nota\n de la exclusión del socio mencionado, en razón\n de que la Cooperativa ha cumplido con lo que establecen los Arts.\n 17 de la Ley de Cooperativas y 22 de su Reglamento General";\n y lo hace con fundamento en el Art. 206 del Reglamento General\n a la Ley de Cooperativas que dice: "Los gerentes están\n obligados a comunicar a la Dirección Nacional de Cooperativas\n y a la Federación correspondiente los ingresos, salidas\n o expulsiones de socios, cada vez que se produzcan, indicando\n las causales y el procedimiento seguido"; lo que es lo correcto\n puesto que entiende que debe tomar nota del asunto de exclusión\n en virtud de haber sido la decisión de la Asamblea General\n de la Cooperativa definitiva;
NOVENA.- El acto que se impugna es ilegítimo por haber\n sido dictado por una autoridad que no tenía competencia\n para ello; viola el Art. 24 numeral 1) de la Constitución\n Política, específicamente la disposición\n que dice: "Tampoco se podrá juzgar a una persona\n sino conforme a las leyes preexistentes, con observancia del\n trámite propio de cada procedimiento", disposición\n que no es de aplicación únicamente para los procesos\n judiciales sino para todo procedimiento emprendido por cualquier\n autoridad que implique la toma de decisiones sobre una persona;\n y, atenta también contra la seguridad jurídica,\n consagrada en el Art. 23 numeral 26) de la Carta Magna, puesto\n que al margen de la normativa legal se adoptó una resolución\n que ocasiona a la Cooperativa, como persona jurídica,\n la pérdida de la certeza de los efectos legítimos\n de sus actuaciones; intromisión de la autoridad que a\n su vez se constituye en la razón de producción\n de un daño grave, no porque el socio excluido volvería\n a la institución, sino porque es inaceptable que una autoridad,\n mediante un procedimiento que no le correspondía seguir,\n tome resoluciones que no le competen, afectando la independencia\n de una cooperativa a la que en la materia concreta no le une\n ninguna relación; y, la inminencia del daño en\n este caso se presenta por la necesidad de evitar el quebrantamiento\n de un derecho que se constituiría en una lesión\n permanente a la independencia de la voluntad de la Cooperativa;
Por las consideraciones anotadas, somos del criterio que el\n Pleno debe:
1.- Confirmar la resolución del Juez de instancia,\n y en consecuencia, conceder el amparo constitucional propuesto\n por el señor César Enrique Chiluisa Guanoluisa,\n Representante Legal de la Cooperativa de Taxis El Salto No. 10;\n por ser procedente;
2.- Devolver el expediente al Juez de origen para que dé\n cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley del Control\n Constitucional, y ordenar se publique la presente Resolución\n en el Registro Oficial.- Notifíquese.".
f.) Dr. Lenín Rosero Cisneros, Vocal.
f.) Dr. Estuardo Gualle Bonilla, Vocal.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Es fiel copia del original.- Quito,\n a 25 de abril del 2006.- f.) El Secretario General.
PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Quito, 18 de abril de\n 2006; a las 13h24. VISTOS: El escrito presentado por el señor\n Néstor Alonso Serrano Borja, de 6 de abril de 2005, en\n el caso 0946-04-RA, agréguese al expediente: La petición\n de aclaración cumple en la forma con lo dispuesto en el\n artículo 43 del Reglamento Orgánico Funcional del\n Tribunal Constitucional.- En lo principal, el recurrente solicita\n se aclare la resolución según consta del escrito,\n al respecto se considera: 1.- La aclaración procede cuando\n la resolución es obscura; y, 2.- La resolución\n número 0946-04-RA es suficientemente clara y precisa,\n misma que debe ser entendida tanto en sus considerandos como\n en su parte resolutiva.- En consecuencia se niega el pedido de\n aclaración y se ordena el archivo de la causa.- Notifíquese.
LO CERTIFICO.- Quito, 18 de abril de 2006; a las 13h24.
Razón: Siento por tal, que la resolución que\n antecede fue aprobada por el Tribunal Constitucional con nueve\n votos a favor (unanimidad) correspondientes a los doctores Jorge\n Alvear Macías, José García Falconí,\n Jacinto Loaiza Mateus, Juan Montalvo Malo, Tarquino Orellana\n Serrano, Carlos Soria Zeas, Enrique Tamariz Baquerizo, Manuel\n Viteri Olvera y Santiago Velázquez Coello. en sesión\n del día martes dieciocho de abril de dos mil seis.- Lo\n certifico.
No.\n 0560-2004-RA
Magistrado ponente: Jacinto Loaiza Mateus
CASO No. 0560-2004-RA
Quito, D. M. 12 de abril de 2006
Byron Javier Viteri Pólit, comparece ante el Tribunal\n Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito; y, fundamentado\n en el artículo 95 de la Constitución Política\n del Estado, en concordancia con el artículo 46 y siguientes\n de la Ley de Control Constitucional, interpone acción\n de amparo constitucional en contra del Gerente General del Banco\n Central del Ecuador, mediante la cual impugna el contenido de\n la resolución administrativa Nº BCE-374 de 4 de mayo\n de 2004.
Manifiesta que en calidad de servidor del Banco Central del\n Ecuador, suscribió un contrato de mutuo con dicha Institución,\n en el cual se le concedió un préstamo por una determinada\n cantidad de dinero, pagadera según la tabla de amortización\n respectiva y en el tiempo establecido en el mencionado instrumento.
Que con fecha 9 de febrero de 2004 fue notificado con el acto\n administrativo en el cual la máxima autoridad del Banco\n Central del Ecuador, decide en forma absolutamente ilegítima\n suprimir su partida presupuestaria, y en forma unilateral le\n conminaron a salir de la Institución en la que venía\n laborando.
Que las facilidades otorgadas para el acceso a estos créditos,\n obedecían a políticas de incentivo de personal\n mantenidas por el Banco Central del Ecuador, que hacía\n accesibles y convenientes dichos préstamos, que, en su\n caso, ha venido honrando en forma absolutamente cabal y puntual\n desde la fecha en que adquirió el préstamo, sin\n incurrir en momento alguno en las causales de aceleración\n de pago establecidos en la ley.
Que el 11 de mayo de 2004, fue notificado con el auto de pago\n dictado dentro del juicio coactivo Nº JCQ-27-2004, en el\n que le conminan a pagar la suma de $ 8.310,20, por cuanto, a\n través de la resolución impugnada, según\n dice, se habría resuelto declarar de plazo vencido las\n obligaciones mutuales que mantenía con el Banco Central,\n que el hecho de la resolución materia del amparo, nunca\n le fue notificado al recurrente, pese a que su contenido tiene\n efectos directos en su personal, por lo que al no conocer su\n fundamento legal, se le ha impedido ejercer en debida forma su\n legítimo derecho a la defensa.
Que se han violentado los artículos 23 numerales 23\n y 27; y, artículo 24 numeral 10, de la Constitución\n Política del Estado, así como el artículo\n 31 de la Ley de Modernización del Estado, lo que le causa\n un daño grave e inminente, ya que al ser desvinculado\n del Banco Central del Ecuador, se exterminó la fuente\n de ingresos que servían para mantener a su familia y su\n persona, y cumplir con las demás responsabilidades económicas;\n y que hoy se pretende, ordenar que cancele una importante cantidad\n de dinero que a no dudarlo quebrantaría en forma irreparable\n la economía familiar.
Con los antecedentes expuestos, y en virtud de las violaciones\n a las garantías constitucionales, solicita se invalide\n el acto administrativo contenido en la Resolución No.\n BCE-374 de 4 de mayo de 2004 y se repriman los efectos dañosos\n que produce al peticionario, es decir, se ordene la suspensión\n del cobro anticipado de los créditos contraídos\n por el compareciente y el Banco Central del Ecuador.
Con fecha 12 de julio de 2004, se llevó a cabo la audiencia\n pública convocada para esta fecha. El demandado manifesta\n que la acción de amparo planteada viola lo dispuesto en\n el artículo 8 de la Resolución de la Corte Suprema\n de Justicia, al pretender impugnar mediante amparo el fundamento\n jurídico para iniciar el juicio coactivo, procedimiento\n que es facultad de las instituciones públicas, entre ellas\n el Banco Central del Ecuador.. Que la actora tenía conocimiento\n de las condiciones contractuales del crédito otorgado\n a su favor y fue notificada legalmente, ejerciendo su derecho\n a la defensa dentro del juicio coactivo. Por lo expuesto solicita\n se deseche la acción de amparo constitucional por improcedente.
El Director Nacional de Patrocinio (E), delegado del Procurador\n General del Estado, señala que el artículo 95 de\n la Constitución Política de la República,\n prohíbe que se interponga la acción de amparo en\n contra de las decisiones judiciales adoptadas en un proceso.\n Que la acción se deriva de la aplicación de la\n cláusula pertinente del contrato de mutuo, que es ley\n para las partes. Que el artículo 50 numeral 6 del Reglamento\n de Trámite de Expedientes del Tribunal Constitucional\n determina que no procede una acción de amparo constitucional\n respecto a actos de naturaleza contractual o bilateral. Que se\n ha demostrado que el juicio coactivo ha concluido y se ha dispuesto\n su archivo, es decir terminó el procedimiento de ejecución\n y si éste ha terminado no existe acto alguno que pueda\n ser impugnado.
El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo,\n Segunda Sala, el 18 de julio del 2005, resuelve inadmitir la\n acción de amparo constitucional, resolución que\n es apelada por el accionante.
SEGUNDA.- La acción de amparo procede, entre otros\n aspectos, ante lo concurrencia simultánea de los siguientes\n elementos: a) que exista de un acto u omisión ilegítimo\n de autoridad pública; b) que el acto viole o pueda violar\n cualquier derecho consagrado en la Constitución, convenio\n o tratado internacional vigente; c) que el acto u omisión\n de modo inminente, amenace con causar un daño grave. También\n procede el amparo constitucional ante actos de particulares que\n prestan servicios públicos;
TERCERA.- Un acto es ilegítimo cuando ha sido dictado\n por una autoridad que no tiene competencia para ello, que no\n se lo haya dictado con los procedimientos señalados por\n el ordenamiento jurídico o cuyo contenido sea contrario\n al ordenamiento jurídico vigente o bien que se lo haya\n dictado sin fundamento o suficiente motivación, por lo\n tanto, el análisis de legitimidad del acto impugnado no\n se basa solo en el estudio de competencia, sino también\n de su forma, contenido, y objeto;
CUARTA.- Es pretensión del actor que se suspendan los\n efectos del acto administrativo contenido en la resolución\n número BCE-374 de 4 de mayo de 2004, expedido por el Gerente\n General del Banco Central del Ecuador, mediante el que se declaró\n de plazo vencido el crédito otorgado a su favor mediante\n contrato de mutuo por parte de dicha entidad, acto que sirvió\n de base para el inicio de un juicio coactivo en su contra;
QUINTA.- Conforme manifiesta el actor, suscribió con\n el Banco Central del Ecuador un contrato de mutuo, en el que\n se estableció la tabla de amortización y el tiempo\n en el que se cancelará el crédito;
SEXTA.- El Banco Central ha demandado al ex trabajador el\n pago de valores adeudados, en ejercicio de la jurisdicción\n coactiva de que está investido por disposición\n de los artículos 101 de la Ley de Régimen Monetario\n y 993 del Código de Procedimiento Civil , en cumplimiento\n de los términos contractuales acordados en su momento\n con el trabajador de la entidad, por tanto, no se trata de una\n actuación unilateral y arbitraria de la autoridad que\n pueda ser conocida y resuelta por medio de una garantía\n de derechos fundamentales como es el amparo, cuya naturaleza\n tutelar es ajena a la revisión del cumplimiento o incumplimiento\n de esta clase de actos;
SEPTIMA.- Por otra parte, de conformidad con el artículo\n 3 de la Ley Orgánica de la Función Judicial, los\n jueces coactivos son considerados jueces especiales y por consiguiente\n ejercen función jurisdiccional; al respecto, el inciso\n segundo del artículo 95 de la Constitución Política\n determina que no son susceptibles de amparo las decisiones judiciales\n adoptadas en un proceso.
En suma, la pretensión del accionante es extraña\n a la naturaleza del amparo; y,
\n En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
1.- Negar el amparo solicitado por improcedente.
2.- Dejar a salvo los derechos de que se crea asistida la\n accionante, para hacerlos valer ante las instancias pertinentes.
3.- Devolver el expediente al Tribunal de origen para los\n fines legales pertinentes. Notifíquese y publíquese.
f.) Dr. Carlos Soria Zeas, Presidente, Segunda Sala.
f.) Dr. Jacinto Loaiza Mateus, Vocal, Segunda Sala.
f.) Dr. José García Falconí, Vocal, Segunda\n Sala.
RAZON: Siento por tal que la resolución que antecede\n fue aprobada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional\n a los doce días del mes de abril del año dos mil\n seis.- Lo certifico.
f.) Dra. Aída García Berni, Secretaria, Segunda\n Sala.
Es fiel copia del original.- SEGUNDA SALA.- f.) Secretaria\n de Sala.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
No.\n 0624-2004-RA
Magistrado ponente: Dr. Jacinto Loaiza\n Mateus
CASO 0624-2004-RA
El presente caso viene a conocimiento del Tribunal Constitucional\n con fecha 27 de julio de 2004, en virtud de la acción\n de amparo constitucional interpuesta por la señora Vitalia\n Genoveva Naranjo Espín, en contra del Gerente General\n del Banco Central del Ecuador, en la cual manifiesta: Que el\n acto administrativo impugnado es el contenido en la Resolución\n Administrativa No. BCE-345-2004 de 4 de mayo de 2004, mediante\n el cual se declaran de plazo vencido los créditos que\n le fueron otorgados. Que en su calidad de servidora del Banco\n Central del Ecuador suscribió un contrato de mutuo, por\n el cual se le concedió un préstamo pagadero según\n la tabla de amortización respectiva, a varios años\n plazo, en cuotas bisemanales primero, y luego mensuales. Que\n nunca ha estado en mora del pago de sus cuotas ni ha incurrido\n en ninguna de las causales de aceleración de pago establecidas\n en la Ley. Que el 9 de febrero de 2004, fue notificada con el\n acto administrativo en el cual el Gerente del Banco Central del\n Ecuador decide en forma ilegítima suprimir su partida\n presupuestaria. Que el 12 de mayo de 2004, se le comunicó\n con el auto de pago dictado en el juicio coactivo No. JCQ-59-2004\n en el que le conminan a pagar la suma de US $ 3.878,05. Que la\n resolución impugnada no le fue notificada, lo que le ha\n impedido ejercer su defensa en los términos establecidos\n en la Constitución Política del Ecuador. Que se\n han violentado los artículos 119; 23 numerales 23 y 27;\n 24 numeral 10 de la Constitución Política del Estado\n y 31 de la Ley de Modernización del Estado, lo que le\n causa daño grave e inminente. Que fundamentada en los\n artículos 95 de la Carta Magna, interpone acción\n de amparo constitucional y solicita se invalide el acto administrativo\n contenido en la Resolución No. BCE-345-2004 de 4 de mayo\n de 2004 y se ordene la suspensión inmediata del cobro\n anticipado de los créditos contraídos.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de\n Quito, Primera Sala, mediante providencia de 30 de junio de 2004,\n inadmite a trámite la acción de amparo propuesta,\n en consideración a que del contenido de la demanda se\n desprende que las obligaciones a las que hace relación\n el acto administrativo recurrido, provienen de relaciones contractuales\n de naturaleza bilateral, sobre las que no puede prosperar la\n acción de amparo constitucional, conforme dispone el artículo\n 50 del Reglamento de Trámite de Expedientes del Tribunal\n Constitucional y además porque la actora ha incumplido\n con el requisito exigido en el artículo 57 de la Ley del\n Control Constitucional.
Mediante providencia de 21 de octubre de 2004, la Primera\n Sala del Tribunal Constitucional dispone devolver el expediente\n a la Primera Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito\n de Quito, para que luego de sustanciarlo de acuerdo a la Constitución\n de la República y la Ley del Control Constitucional, emita\n su resolución.
En providencia de 21 de febrero de 2005, el Tribunal de lo\n Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, Primera Sala,\n acepta la demanda a trámite y señala para el 24\n de febrero de 2005, a las 10h00, la realización de la\n audiencia pública.
En el día y hora señalados se realizó\n la audiencia pública a la que compareció la accionante,\n quien por intermedio de su abogado defensor se ratificó\n en los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.- Los\n Procuradores Judiciales del Banco Central del Ecuador, manifestaron\n que en virtud del contrato celebrado, la institución no\n tenía otra opción más que declarar de plazo\n vencido la obligación e iniciar el proceso coactivo y\n que además el 16 de abril de 2004, mediante publicación\n en el Diario El Comercio, se notificó a los ex servidores\n que se acercaran a solucionar sus obligaciones pendientes con\n la Institución. Que la acción planteada violenta\n los artículos 2 inciso c) y 8 de la Resolución\n de la Corte Suprema de Justicia y 50 numeral 6 del Reglamento\n de Trámite de Expedientes en el Tribunal Constitucional.\n Que existe un acto bilateral entre la parte actora y el Banco\n Central del Ecuador, por lo que la recurrente tenía conocimiento\n de las condiciones contractuales del crédito otorgado\n a su favor, fue notificada legalmente y dentro del juicio coactivo\n ejerció plenamente su derecho a la defensa. Por lo señalado\n solicitaron se deseche por improcedente el recurso de amparo\n constitucional propuesto.- El Director Nacional de Patrocinio\n de la Procuraduría General del Estado (E), expresó\n que existe una relación unilateral que da ventaja a la\n administración frente a los administrados que le deben\n subordinación jurídica. Que al provenir el acto\n que es materia de la acción de amparo constitucional propuesta,\n de la ejecución del contrato de préstamo o mutuo,\n celebrado entre la actora y el Banco Central del Ecuador, no\n procede impugnar el mismo por vía constitucional. Que\n existe jurisprudencia en el Tribunal Constitucional en casos\n similares, en que han sido rechazadas en reiteradas ocasiones\n las acciones de amparo constitucional que tienen por fundamento\n actos derivados de relaciones contractuales. Que la actora lo\n que pretende a través del improcedente recurso es enervar\n el ejercicio de la jurisdicción coactiva conferida por\n el Código de Procedimiento Civil al Banco Central. Que\n iniciar el procedimiento coactivo a través de la declaratoria\n de plazo vencido de un crédito para que el deudor pague\n el capital, los intereses y costas procesales, no pueden causar\n un daño inminente, menos aún grave, ya que por\n una parte la deuda existe y por otra la Ley establece procedimientos\n de impugnación en el juicio de excepciones a la coactiva.\n Por lo expuesto solicitó se rechace la infundada acción\n de amparo constitucional presentada.
El 2 de marzo de 2005, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo,\n Distrito de Quito, Primera Sala, resolvió aceptar la acción\n de amparo constitucional, en consideración a que la falta\n de notificación a la afectada de la decisión del\n Banco Central del Ecuador, de dar por vencido los plazos, ha\n dado origen a que se inicie una prematura coactiva que ha impedido\n a la reclamante el ejercicio de su legítima defensa.
CUARTO.- En el caso, el acto de autoridad que se impugna es\n la Resolución Administrativa No. BCE-345 de 6 de mayo\n de 2004, resolución que nunca le fue notificada, y en\n la que el Banco Central del Ecuador declara de plazo vencido\n los créditos otorgados por la Institución, y que\n sirve de base para legalizar el injusto juicio coactivo No. JCQ-59-2004,\n con cuyo auto de pago fue notificada el 12 de mayo del 2004,\n conminándole a pagar la suma de US$ 3.878,05. Al respecto,\n por afirmación de la actora en su líbelo de demanda\n queda establecido que efectivamente la accionante suscribió\n un contrato de mutuo con el Banco Central del Ecuador, instrumento\n mediante el cual se le concedió un préstamo pagadero\n según la tabla de amortización respectiva, a varios\n años plazo, en cuotas bisemanales primero y luego mensuales.\n Obligación que la accionante dice que nunca ha estado\n en mora del pago de sus cuotas ni ha incurrido en ninguna de\n las causales de aceleración de pago establecidas en la\n ley;
QUINTO.- Que, en base a lo expresado en el considerando que\n precede, se puede determinar la existencia de una relación\n contractual entre el Banco Central del Ecuador y la señora\n Vitalia Genoveva Naranjo Espín, lo que ha dado lugar a\n una acción coactiva, situación en la que el Tribunal\n Constitucional no es competente para el juzgamiento de lo que\n motiva la controversia, si se toma en cuenta lo dispuesto en\n el numeral 6 del Art. 50 del Reglamento de Trámite de\n Expedientes del organismo de control constitucional que determina\n la improcedencia de la acción de amparo cuando ésta\n tiene como origen actos de naturaleza contractual o bilateral;
SEXTO.- De otra parte, cabe precisar que esta Sala se ha pronunciado\n en el sentido que el amparo no es la vía pertinente para\n conocer y resolver asuntos relativos a juicios coactivos, contra\n los cuales los perjudicados están en su derecho de interponer\n el correspondiente juicio de excepciones. De conformidad con\n el Art. 993 del Código de Procedimiento Civil, "La\n jurisdicción coactiva tiene por objeto hacer efectivo\n el pago de lo que, por cualquier concepto, se deba al Estado\n y a las demás instituciones del Sector Público\n que por Ley tiene esta jurisdicción; al Banco Central\n del Ecuador y a los bancos del Sistema de Crédito de Fomento,\n por sus créditos; y, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad\n Social"; y de conformidad con el Art. 3 de la Ley Orgánica\n de la Función Judicial, los jueces coactivos son jueces\n especiales, y de manera puntual el Art. 95 inciso segundo de\n la Constitución Política consigna que no son susceptibles\n de amparo las decisiones judiciales adoptadas en un proceso;\n por lo que, en definitiva es extraño al amparo la pretensión\n de la accionante; y,
1.- Revocar la Resolución del Tribunal de instancia;\n en consecuencia, negar el amparo interpuesto por la señora\n Vitalia Genoveva Naranjo Espín.
3.- Devolver el expediente al Juez de instancia para los fines\n consiguientes.- Notifíquese.-
No.\n 0633-2004-RA
Magistrado ponente: Dr. José\n García Falconí
CASO Nº 0633-2004-RA
Liliana Cristina Solís Chiriboga, comparece ante el\n Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo;\n y, fundamentada en el artículo 95 de la Constitución\n Política del Estado, en concordancia con el artículo\n 46 y siguientes de la Ley de Control Constitucional, interpone\n acción de amparo constitucional en contra del Gerente\n General del Banco Central del Ecuador, mediante la cual impugna\n el contenido de la resolución administrativa Nº 395\n de 6 de mayo de 2004.
Manifiesta que en calidad de servidora del Banco Central del\n Ecuador, suscribió un contrato de mutuo con dicha Institución,\n en el cual se le concedió un préstamo por una determinada\n cantidad de dinero, pagadera según la tabla de amortización\n respectiva, y en el tiempo establecido en el mismo.
Que con fecha 9 de febrero de 2004, fue notificada con el\n acto administrativo en el cual la máxima autoridad del\n Banco Central del Ecuador, decide en forma absolutamente ilegítima\n suprimir su partida presupuestaria, y en forma unilateral le\n conminaron a salir de la Institución en la que venía\n laborando.
\n Que el 10 de mayo de 2004, fue notificada con el auto de pago\n dictado dentro del juicio coactivo Nº JCQ-67-2004, en el\n que le conminan a pagar la suma de $ 24.020,38, por cuanto, a\n través de la resolución impugnada, según\n dice, se habría resuelto declarar de plazo vencido las\n obligaciones mutuales que mantenía con el Banco Central,\n que el hecho de la resolución materia del amparo, nunca\n le fue notificado, pese a que su contenido tiene efectos directos\n en ella, por lo que al no conocer su fundamento legal, se le\n ha impedido ejercer en debida forma su legítimo derecho\n a la defensa.
Que se han violentado los artículos 23 numerales 23\n y 27; y, artículo 24 numeral 10, de la Constitución\n Política del Estado, así como el artículo\n 31 de la Ley de Modernización del Estado, lo que le causa\n un daño grave e inminente, ya que al ser desvinculada\n del Banco Central del Ecuador, se exterminó la fuente\n de ingresos que servían para mantener a su familia y su\n persona, y cumplir con las demás responsabilidades económicas;\n y que hoy se pretende, ordenar que cancele una importante cantidad\n de dinero que a no dudarlo quebrantaría en forma irreparable\n la economía familiar.
Con los antecedentes expuestos, y en virtud de las violaciones\n a las garantías constitucionales, solicita se invalide\n el acto administrativo contenido en la Resolución No.\n 395 de 6 de mayo de 2004. y se repriman los efectos dañosos\n que produce a la peticionaria, es decir, se ordene la suspensión\n del cobro anticipado de los créditos contraídos\n por el compareciente y el Banco Central del Ecuador.
Con fecha 12 de julio de 2004, se llevó a cabo la audiencia\n pública convocada para esta fecha. El demandado manifiesta\n que la acción de amparo planteada viola lo dispuesto en\n el artículo 8 de la Resolución de la Corte Suprema\n de Justicia, al pretender impugnar mediante amparo el fundamento\n jurídico para iniciar el juicio coactivo, procedimiento\n que es facultad de las instituciones públicas, entre ellas\n el Banco Central del Ecuador.. Que la actora tenía conocimiento\n de las condiciones contractuales del crédito otorgado\n a su favor y fue notificada legalmente, ejerciendo su derecho\n a la defensa dentro del juicio coactivo. Por lo expuesto solicita\n se deseche la acción de amparo constitucional por improcedente.
El Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo,\n Segunda Sala, el 18 de julio del 2005, resuelve inadmitir la\n acción de amparo constitucional, resolución que\n es apelada por la accionante.
PRIMERA.- La Sala es competente para conocer y resolver el\n presente caso de conformidad con lo que dispone el artículo\n 276, número 3 de la Constitución Política\n de la República;
CUARTA.- Es pretensión de la actora que se suspendan\n los efectos del acto administrativo contenido en la resolución\n número Nº 395 de 6 de mayo de 2004, expedida por\n el Gerente General del Banco Central del Ecuador, mediante la\n que se declaró de plazo vencido el crédito otorgado\n a su favor mediante contrato de mutuo por parte de dicha entidad,\n acto que sirvió de base para el inicio de un juicio coactivo\n en su contra;
QUINTA.- Conforme manifiesta la actora, suscribió con\n el Banco Central del Ecuador un contrato de mutuo, en el que\n se estableció la tabla de amortización y el tiempo\n en el que se cancelará el crédito;
SEXTA.- El Banco Central ha demandado a la extrabajadora el\n pago de valores adeudados, en ejercicio de la jurisdicción\n coactiva de que está investido por disposición\n de los artículos 101 de la Ley de Régimen Monetario\n y 993 del Código de Procedimiento Civil , en cumplimiento\n de los términos contractuales acordados en su momento\n con la trabajadora de la entidad, por tanto, no se trata de una\n actuación unilateral y arbitraria de la autoridad que\n pueda ser conocida y resuelta por medio de una garantía\n de derechos fundamentales como es el amparo, cuya naturaleza\n tutelar es ajena a la revisión del cumplimiento o incumplimiento\n de esta clase de actos, siendo ésta materia de un proceso\n de conocimiento que debe ser decidido por los jueces comunes\n que sean competentes y no por jueces constitucionales;
SEPTIMA.- Por las razones antes señaladas, la presente\n causa no reúne los requisitos de procedibilidad de la\n acción de amparo constitucional; y,
Por lo expuesto, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional,\n en uso de sus atribuciones constitucionales y legales,
No. 853-2004-RA