Source: http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=pu12&DOCS=1-1&QUERY=%28DS_C_12_346.CODI.%29
Timestamp: 2019-10-20 19:29:43
Document Index: 250597494

Matched Legal Cases: ['artículo 151', 'artículo 151', 'artículo 349', 'artículo 39', 'artículo 39', 'artículo 46', 'artículo 78', 'artículo 78', 'artículo 74', 'artículo 78', 'artículo 81', 'artículo 85', 'artículo 89', 'artículo 149']

DS. Senado, Comisiones, núm. 346, de 18/10/2018
Sesión celebrada el jueves, 18 de octubre de 2018
En primer lugar, quiero agradecer la presencia del presidente de Canarias, don Fernando Clavijo Batlle. Bienvenido a esta comisión.
El acta de la sesión anterior está sobre la mesa. ¿Hay alguna observación? (Denegaciones). ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento). Se aprueba por asentimiento.
﻿Vamos a debatir como punto único del orden del día el Dictamen de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias.
En primer lugar, voy a darle la palabra al presidente de Canarias. Tiene diez minutos. Puede acercarse al estrado, por favor.
El señor PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS (Clavijo Batlle): Muchas gracias, señor presidente.
Miembros de la Mesa, señorías, senadores, permítanme que haga especial referencia a los senadores canarios por estar aquí y haber trabajado tanto, querido consejero de la Presidencia y amigo, José Miguel Barragán, y secretario general de nuestra organización, muy buenas tardes a todos y a todas.
La aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias emprende ahora su recta final. Después de treinta y cinco años de régimen autonómico, con un estatuto que fue en su día un instrumento válido para el despliegue y la consolidación de nuestra capacidad competencial, este nuevo marco estatutario va a significar la madurez del autogobierno en Canarias; va a significar un nuevo y más alto compromiso de los canarios y las canarias con su futuro, con sus aspiraciones, sus expectativas y sus anhelos. Es para mí una honrosa satisfacción dirigirme a esta Cámara, en la que recae, según establece la Constitución, la representación territorial, una función de integración de las comunidades autónomas que desgraciadamente no se practica; un espacio para el debate entre los intereses comunes y los problemas particulares de nacionalidades y regiones, que desafortunadamente ni se frecuenta ni se valora.
El Senado representa una oportunidad institucional para desarrollar el diálogo político a partir de los principios democráticos y representativos, y debería ser un empeño de todos, en primer lugar de los grandes partidos, recuperarlo y aprovechar sus potencialidades, que van mucho más allá de las de una Cámara de segunda lectura.
La evolución histórica de Canarias ha sido un combate, a veces agónico, por la defensa de las peculiaridades de un archipiélago que no empieza a incorporarse a Europa, a través de la Corona de Castilla, hasta el siglo XVI, porque solo con la defensa de las oportunidades y la denuncia de las dificultades que ha supuesto nuestra situación política y geopolítica hemos podido sobrevivir como pueblo, prosperar como pueblo y avanzar como pueblo. Es una historia menos conocida y reconocida que la de otras comunidades autónomas, señorías, pero es la nuestra. Una historia de supervivencia, de adaptación a los cambios, de búsqueda incesante de nuevas actividades y espacios de crecimiento. Es lo que nos llevó a que los puertos canarios fueran excluidos del monopolio de comercio con las Indias que tenía Sevilla, dotándonos de un sistema tributario propio, convirtiéndonos así en la primera economía monetaria del Atlántico. Es lo que nos llevó también a luchar por los puertos francos en el siglo XIX y es también, aunque pueda parecer menos obvio, el sentido último de la Ley de cabildos de 1912 y, desde luego, la raíz de los borradores para un estatuto de Canarias, debatidos en la primavera de 1936, que fueron interrumpidos por el estallido de la guerra civil y la posterior dictadura franquista. Es también el régimen económico y fiscal y sus sucesivas reformas y adaptaciones. Algunos de estos hitos podrían considerarse de naturaleza puramente económica, pero créanme que no es esa su verdadera transcendencia, porque tanto los puertos francos como el REF han sido instrumentos para que los canarios hayamos podido aumentar nuestra capacidad de intervenir en nuestra propia vida económica. Al fin y al cabo, han sido herramientas y estrategias de autogobierno.
Este nuevo estatuto de autonomía, que en su tramitación final llega a esta Cámara, se ha dilatado demasiado en el tiempo, desde que en mayo de 2004 el anterior y entonces presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, decidió poner en marcha el proceso político y parlamentario para su diseño, debate e implementación. Pero no creo que sea hora de formular reproches, sino todo lo contrario. Es la mejor ocasión para repartir agradecimientos, agradecimientos sinceros a todos aquellos que de manera individual o colectivamente han intervenido en este proceso con propuestas fecundas, con voluntad de acuerdo y con espíritu crítico.
Esta historia ha sido dura y compleja, la del pueblo canario, a la que antes me referí, y nos lleva en ocasiones a anclarnos en la fascinación por las derrotas; pero creo, sinceramente, que este no es caso. El sistema autonómico supuso un salto cualitativo en la consolidación de la democracia española. El autogobierno ha mejorado sustancialmente las condiciones de vida de los canarios en los últimos treinta y cinco años, modernizando su economía y ampliando y fortaleciendo los servicios públicos, reforzando nuestra cohesión social y territorial, a pesar de las crisis y dificultades que hemos tenido que atravesar en las últimas décadas. Con todos los matices y reservas, sin duda, justificables y justificados, el régimen económico y autonómico ha sido un éxito colectivo, el éxito de un país que participa directamente en las decisiones fundamentales de su futuro.
El nuevo estatuto de autonomía que se debate hoy aquí debe mostrar la misma utilidad —y lo hará, estoy absolutamente convencido— en las próximas décadas. El nuevo estatuto será un instrumento útil, en realidad un instrumento imprescindible, para ganar un futuro para todos; para gestionar más y mejor nuestros recursos; para fomentar una economía capaz de incorporarse exitosamente al proceso de la globalización; para luchar por un desarrollo más estable y diversificado, más sostenido y más sostenible; para profundizar en los derechos de los ciudadanos, o, lo que es lo mismo, para seguir avanzando en la democratización de la sociedad canaria. Es la propuesta de un marco normativo que se realiza desde una nacionalidad singular, diferenciada, lejana e insular y que hoy tiene reconocimiento expreso en el derecho primario de la Unión Europea como región ultraperiférica, junto a Madeira, Azores y los departamentos franceses de ultramar.
Más concretamente, señorías, este estatuto de autonomía es una propuesta que participa del compromiso constitucional y que busca un mejor y más fructífero encaje de las ambiciones y necesidades canarias en el Estado. Los valores políticos en los que se basa son precisamente los que han caracterizado su elaboración y su debate; valores que se han visto erosionados, cuando no abiertamente cuestionados, en la política española durante los últimos años, provocando crecientes tensiones políticas, territoriales e ideológicas; valores que los canarios creemos indispensables simplemente para poder hacer política activa en una democracia vigorosa; valores que hemos practicado las fuerzas representadas en el Parlamento de Canarias y que muestran que cuando se quiere llegar a acuerdos, se puede conseguir. El diálogo frente al enfrentamiento; la búsqueda de consenso frente a la bronca y la crispación; el realismo constructivo frente al maximalismo estéril; la crítica inclusiva frente a la descalificación excluyente.
Este, señorías, no es el estatuto de un partido o de un grupo de interés u otro; es el estatuto de todos y de todas, para todos y para todas, y será una formidable palanca creativa si, como sociedad, somos capaces de mantener el esfuerzo de consenso que ha hecho posible esta nueva norma, el esfuerzo colectivo imprescindible para identificar los objetivos estratégicos de Canarias, objetivos estratégicos en crecimiento económico, en bienestar social, en la conservación de sus recursos naturales y en nuestra proyección cultural. Un estatuto que nos define como un archipiélago atlántico, un territorio terrestre y marítimo que conforma el espacio de un único pueblo con una identidad cultural muy definida, pero a la vez activa y abierta al mundo.
Es un estatuto que blinda nuestro régimen económico y fiscal, desvinculándolo definitivamente del sistema de financiación autonómica y que establece, como ya ocurre en la acción de la Unión Europea hacia Canarias, una modulación de las políticas y actuaciones del Estado en Canarias. Las políticas y programas en materia de transporte, telecomunicaciones, mercado interior, energía, medioambiente, puertos y aeropuertos, inmigración, fiscalidad, comercio exterior y cooperación al desarrollo se acoplarán dinámicamente a la realidad canaria. Un estatuto, señorías, que consagrará nuevos derechos y libertades. Un estatuto que, en definitiva, aumenta nuestro autogobierno cotidiano como comunidad autónoma, pero también nuestra capacidad para planificar las políticas más estructurantes, más potentes y más eficaces para planificar nuestro futuro; para avanzar con los pies en la tierra, señorías, pero sin perder de vista el horizonte de nuestros sueños.
No se trata simplemente de completar un sistema de distribución o redistribución del poder político en una estructura territorial, sino de entender la importancia de las comunidades autónomas en la iniciativa política, el desarrollo económico y la cohesión social, tanto en el Estado como, desde luego, en la Unión Europea. Más diálogo, más transparencia, más debate y más cooperación en los malos y en los buenos tiempos son absolutamente imprescindibles entre todas las administraciones, entre todos los partidos, entre todas las sensibilidades políticas para seguir embarcados en un mismo proyecto de valores democráticos compartidos, irrenunciables e irremplazables.
Canarias participa, y quiere seguir participando en ese proyecto de convivencia y libertad, y este nuevo estatuto de autonomía proporciona las garantías y mecanismos para que, respetando nuestras singularidades y encauzando nuestras demandas, podamos hacerlo con plenitud y responsabilidad.
Por eso reitero mi agradecimiento hacia todos los que han participado en la elaboración de este articulado estatutario, y por eso igualmente solicito, como presidente de Canarias y como un canario más, su aprobación definitiva por las Cortes para unas islas más prósperas y más unidas, para un archipiélago más justo y más democrático, para un país que, con responsabilidad y solidaridad, quiere encontrar y encontrará su lugar propio entre los pueblos de España, de Europa y del mundo.
Muchísimas gracias. Desde aquí les pido el voto favorable para este estatuto. (Aplausos).
A continuación, tiene la palabra, en el turno de senadores inscritos, la senadora doña María del Mar del Pino Julios Reyes.
Bienvenidos, señor presidente y consejero del Gobierno de Canarias. Hoy estamos dando uno de los últimos pasos para un momento histórico de Canarias, culminando un largo proceso que se inició en 2003, cuando el presidente Adán Martín tomó la decisión de iniciar la reforma del estatuto. Hoy quiero recordarlo, porque aunque él no lo ha podido ver, estamos recogiendo parte de su trabajo y, sobre todo, de sus anhelos y de sus sueños.
Pero desde entonces son muchas las personas que han hecho posible este momento, y como senadora autonómica de Canarias quiero agradecer y felicitar a todos aquellos que lo han hecho posible con su trabajo. Me siento además profundamente orgullosa de la capacidad de trabajo y de consenso alcanzado en el Parlamento de Canarias por los cinco grupos parlamentarios que han logrado un acuerdo político anteponiendo el interés general de Canarias a sus propias iniciativas de carácter partidista; cinco grupos de los seis, es decir, 53 de los 60 diputados, es decir, el 88 % de la Cámara.
Con este nuevo estatuto, Canarias recupera identidad y dignidad, la que se le arrebató en 1982 al dejarnos fuera de los estatutos de primer nivel y de la vía del artículo 151 de la Constitución. Este estatuto sí que incorpora ya esos derechos, ese autogobierno, incluso el referéndum para ratificar cualquier modificación sustancial del mismo. Dota a Canarias de unas herramientas como nunca antes las ha tenido para luchar por los intereses de Canarias, por su desarrollo económico y social; introduce principios fundamentales, como el derecho primario, que ya incorporó la Unión Europea, de ser una región ultraperiférica y también el derecho de la doble insularidad. Este estatuto nos identifica como un archipiélago atlántico, alejado del territorio peninsular y en la costa occidental africana, convirtiéndonos en una tierra única, con sus ocho islas habitadas y el mar que nos une. Nunca antes se había reconocido el mar en el Estatuto de Canarias, ni tampoco nuestra contribución a la cooperación y a la paz como plataforma para las políticas europeas y españolas en África. Supera definitivamente la separación del REF de la financiación autonómica, la que nos permite estar en igualdad de condiciones que el resto de las comunidades autónomas para el mantenimiento de nuestros servicios públicos. También actualiza los derechos y las libertades públicas de la ciudadanía canaria, como corresponde a un estatuto del siglo XXI; veintiséis derechos específicos recogidos, que comprometen a partir de ahora a los poderes públicos de Canarias, aún más, como garante de los mismos.
Concluyo, señor presidente. Por todas estas razones, Coalición Canaria va a votar hoy en el Senado a favor de este estatuto, que además es el que viene del Parlamento de Canarias. Y lo hacemos por responsabilidad, pues hoy por hoy es el mejor estatuto posible para Canarias, y lo hacemos para defender mejor los intereses de Canarias y el futuro de las generaciones de nuestra tierra.
A continuación, tiene la palabra el senador don Jorge Alberto Rodríguez Pérez.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, permítame, antes de nada, que salude al presidente del Gobierno de Canarias y también al consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias, que nos acompañan en esta Comisión General de Comunidades Autónomas para asistir al debate de una de las iniciativas políticas y jurídicas, acaso la más importante, de la historia de nuestra autonomía y también de nuestra arquitectura institucional.
Señor presidente, somos conscientes de que estamos ante un día muy importante para nuestra comunidad autónoma y a muy poco de terminar el recorrido que nos lleve al momento final de poder dar a los canarios una magnífica noticia, como es la de habernos dotado de un nuevo estatuto de autonomía, un estatuto que reconoce la singularidad de Canarias, que reconoce su lejanía, su fragmentación, su insularidad, su atlanticidad y ultraperificidad, algo, a nuestro juicio, muy innovador e importante; un estatuto que además es garantía de libertad, de transparencia, de buen gobierno, de solidaridad, de participación ciudadana, de accesibilidad, de igualdad, de erradicación de actitudes sexistas y xenófobas, de preservación de la biodiversidad del archipiélago; un estatuto que fomenta la cohesión territorial y social, y que, sobre todo, asegura la igualdad de todos los canarios, independientemente de la isla en que residan. Asimismo contiene un sistema de reglas y principios leal con la letra y el espíritu de la Constitución, pensado para servir a los canarios y a la sociedad canaria y, obviamente, fiel a la vocación abierta y universalista de Canarias.
Señor presidente, le aseguramos a usted y a todas sus señorías que se trata de una buena propuesta con la que gana Canarias para que gane toda España. La fidelidad constitucional de este texto es absolutamente plena.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la propuesta de reforma del estatuto de autonomía, y lamento con tristeza, con mucha tristeza, que el apoyo no vaya a ser unánime por parte de todos los grupos presentes en la Cámara. Es un error de aquellos que se han encargado de impedirlo. Pero les aseguro que Canarias gana con este estatuto de autonomía.
A continuación, tiene la palabra el senador don Julio Cruz Hernández.
Señor presidente del Gobierno de Canarias, señor consejero de Presidencia, bienvenidos a este Senado, Cámara territorial de nuestro país.
En junio de 2004 —ya se ha recordado aquí— el Parlamento de Canarias constituyó una ponencia institucional de la que, junto con Francisco Hernández Espínola y Santiago Pérez, tuve el honor de formar parte por el Grupo Socialista. También nos acompaña don Jorge Rodríguez, que formó parte por el Grupo Popular, y don José Miguel Barragán, en aquel momento diputado de Coalición Canarias en la Cámara. Dicha ponencia elaboró una propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias que, tras dos años y medio de trabajos, fue aprobada por el Pleno del Parlamento el 13 de septiembre de 2006. Era una propuesta ambiciosa que ponía a Canarias en el mismo estatus de autogobierno que el resto de las comunidades autónomas del artículo 151 de la Constitución y con el estatuto de los denominados de segunda generación.
Esta propuesta, señorías, que contó con el apoyo en Canarias del Grupo Socialista y Coalición Canaria, fue tramitada en las Cortes. Tristemente, Coalición Canaria, en comandita con el Grupo Popular, deciden el 12 de diciembre de 2007, antes de su aprobación definitiva, retirarlo sobre la base de que no querían la reforma del sistema electoral que ellos mismos habían impuesto en 1996, con unas barreras del 30 % insular y el 6 % regional.
Señorías, cuatro años después, el 20 de junio de 2011, el Partido Socialista decide asumir responsabilidades en el Gobierno de Canarias, compromiso que se sustenta con un acuerdo programático con Coalición Canaria. Uno de los mayores retos contenidos en ese acuerdo de Gobierno fue la reforma del estatuto de autonomía; estatuto que hoy, en estas fechas, en este mes, vamos a culminar. En dicho acuerdo decíamos: Es propósito de ambas fuerzas políticas promover un nuevo estatuto de Canarias sobre la base del texto aprobado en 2007. Un compromiso que, además de constituir uno de los ejes de nuestro programa electoral, se hace realidad con la propuesta de reforma presentada por ambos grupos el 14 de febrero de 2014, la cual, tras un año de tramitación en el Parlamento de Canarias, fue aprobada por su Pleno el 24 de marzo del 2015. Señorías, estos y no otros son los antecedentes de este estatuto de autonomía.
Hoy me congratulo de que la apuesta hecha por el Partido Socialista y Coalición Canaria en la legislatura anterior de que la estrategia definida por el Gobierno de Paulino Rivero y José Miguel Pérez, con el consejero de Presidencia, señor Hernández Spínola y los grupos parlamentarios respectivos, diera sus frutos y esté dando sus frutos en este momento. Me congratula y alegra que, a pesar de no participar y de los negros nubarrones, descalificaciones y no participación en Canarias del Partido Popular y de Nueva Canarias, hoy ambos grupos se hayan unido al consenso necesario en las Cortes Generales, con sus importantes aportaciones y su impulso para que aquella propuesta de dos grupos sea hoy una propuesta de muchos grupos, sea una propuesta de la representación legítima del pueblo canario y español, con una mayoría amplia del arco ideológico y social, de un estatuto de todos y para todos.
Este estatuto fija un nuevo catálogo de derechos y deberes de los canarios y canarias, desarrolla el principio de modulación de la política del Estado en Canarias, consagra nuestro estatuto fiscal y económico diferenciado y, por supuesto, aborda la reforma electoral. Es por ello que el Grupo Socialista, el Partido Socialista, que desde siempre, desde el minuto uno ha apostado por Canarias, una vez más, va a apoyar, como siempre hemos hecho, todas las reformas, todas las propuestas del Estatuto de Autonomía de Canarias.
El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, por favor.
El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Hemos formado parte desde el minuto uno, como grupo mayoritario en Canarias y como grupo que siempre ha apostado por el Estado autonómico. Siempre hemos apostado por Canarias y seguiremos apostando, porque Canarias es de todos y para todos y es más que ocho islas y un mar que nos rodea. Es un pueblo único donde residimos más de 2 100 000 canarios y canarias.
A la propuesta de reforma se presentaron 80 enmiendas, de las cuales se han retirado 61 y se mantienen vivas 19.
Respecto a las enmiendas números 1 a 5, de la senadora Castilla Herrera, del Grupo Mixto, y las enmiendas números 6 a 19, de los senadores Alegre Buxeda, Crisol Lafront, Marcos Arias y la senadora Roldán Suárez, la ponencia deliberó y las rechazó.
Entramos, pues, en el debate de las enmiendas.
Para la defensa de las enmiendas números 1 a 5, tiene la palabra la senadora Castilla Herrera.
Bienvenido, presidente del Gobierno de Canarias; bienvenido, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias. Buenas tardes, señorías.
Agrupación Socialista Gomera entiende que la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias es muy buena, es histórica, es justa y es necesaria para todos los canarios y todas las canarias. Por eso, mi formación política la apoyó en el Parlamento de Canarias y vamos a hacer lo mismo en esta fase y en el Pleno. Pero este apoyo, señorías, no impide ni excluye, en la línea del consenso en la que siempre ha estado Agrupación Socialista Gomera —se puede corroborar en toda nuestra actividad en el Parlamento de Canarias y en esta Cámara de representación territorial que es el Senado—, que seamos conscientes de que el texto que nos ocupa y que estamos debatiendo sea susceptible de mejora.
De ahí el paquete de enmiendas que hemos presentado.
En particular, hemos presentado cinco enmiendas, que engloban tres grandes problemas, tres grandes preocupaciones que tenemos y que entendemos deben ser abordadas en este texto estatutario y que serían las siguientes. En primer lugar, abordamos una propuesta de la reforma electoral pactada en este acuerdo y lo hacemos en tres aspectos fundamentales: primero, en el aspecto de las mayorías que se tienen que tener en cuenta a la hora de tener en consideración una reforma del estatuto de autonomía, la norma jurídica institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias, tan importante y tan vital que va a marcar el desarrollo económico, social y territorial de todos los canarios y de todas las canarias. Pensamos que la mayoría de los tres quintos que se ha pactado no es la justa, la correcta, la adecuada y apostamos por una mayoría más cualificada de dos tercios. Igualmente, consideramos que el número máximo de diputados y de diputadas que deben componer la Cámara regional es de 70 y no más y, por último, somos conscientes y respetuosos con la nueva pluralidad política que ha surgido a raíz de los últimos comicios electorales y, por tanto, es necesaria una rebaja de los topes electorales para que puedan entrar nuevas fuerzas políticas en la Cámara regional, entendiendo la rebaja del 30 al 15 % en la circunscripción insular y del 6 al 3 % en la circunscripción regional en su caso.
En segundo lugar, si bien es cierto que este texto es pionero y es histórico porque es la primera vez que se reconoce el concepto de la doble insularidad, no es menos cierto que no solo no se define la doble insularidad ni tampoco se entra a especificar con detalle los sobrecostes que conlleva y, señorías, esto es vital y fundamental para seis de las ocho islas que componen el archipiélago canario. No podemos olvidar, señorías, que estamos debatiendo que vamos a aprobar la norma jurídica institucional básica de la Comunidad Autónoma de Canarias, esa norma que vamos a llevar en la mano siempre para defender los derechos de todos los isleños en el archipiélago canario, en el territorio peninsular, en el Congreso de los Diputados, en esta Cámara, en el Parlamento Europeo y en todas las instituciones europeas. Y me quiero referir, en particular, al artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que habla de la condición de región ultraperiférica, concepto que, por cierto, nada dice de la doble insularidad, de ahí que sea muy importante especificar, detallar la realidad canaria en este texto y de ahí el sentido de nuestra enmienda.
En tercer lugar, y por último, consideramos que ante cada reforma de un texto tan importante como es un estatuto de una comunidad autónoma tan vital y que va a regir la vida de todas y todos nosotros, debe someterse a una consulta vinculante antes de entrar en vigor, como puede ser, en nuestro caso, una consulta vinculante a todo el pueblo canario.
Por todo lo anterior, por el bien de todos los canarios y canarias, pedimos el voto favorable de las cinco enmiendas que ha presentado la Agrupación Socialista Gomera a la ponencia que ha sido informada aquí, y dicho y formulado siempre con ánimo de enriquecer, con un tono respetuoso y con ánimo de mejorar, pero nunca con el objetivo de romper el consenso que se ha marcado y que se ha conseguido en esta materia.
Para la defensa de las enmiendas 6 a 19, tiene la palabra el señor Crisol, por un tiempo de diez minutos.
En primer lugar, permítame dar la bienvenida al presidente de Canarias y al consejero de Presidencia y Justicia.
Señorías, les voy a argumentar las enmiendas que hemos presentado los senadores de Ciudadanos. La enmienda número 6 es de adición de un artículo nuevo, el 36. Los objetivos, a diferencia de los principios, definen un resultado a alcanzar, unos objetivos que en el caso de Canarias constituyen prioridades sociales de singular relevancia. Los enumerados en la enmienda son los ejes centrales de cualquier proyecto de progreso para Canarias. Pretendemos salvar la contradicción entre la primera frase del artículo 39, que admite tres tipos de circunscripción con respecto a la modificación del artículo 39.2 y 39.12, con la proclamación, en la segunda, de que la islas se consideran circunscripciones. Por lo tanto, la circunscripción insular estará siempre presente, bien como única circunscripción o bien en combinación con la autonómica.
La enmienda número 9 es de supresión del artículo 46. No tiene ninguna justificación que el Gobierno pueda ejercer, ni en las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, la potestad legislativa. Perfectamente se puede habilitar un procedimiento legislativo simplificado para que las normas legales sean aprobadas por el órgano constitucional y por el poder al que le corresponde, el Legislativo, es decir, el Parlamento de Canarias.
La enmienda número 10, de modificación del artículo 78.1, es una corrección técnica, por una razón básica y elemental: el Tribunal Superior no es el único al que las leyes ni atribuyen ni pueden atribuir la tutela de los derechos.
La enmienda número 11 es de supresión del artículo 78.3 porque la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia pueda desplegar la función que se le asigna dependerá de que las leyes del Estado, en particular la Ley Orgánica del Poder Judicial, contemplen el recurso de casación por tal concepto y que dicho recurso se ventile ante el indicado tribunal. En coherencia con la enmienda al segundo apartado del artículo 74, entendemos que se debe suprimir.
La enmienda número 12 es de supresión del artículo 78.4. En coherencia con las enmiendas anteriores proponemos la supresión de este apartado. La posibilidad de recurso extraordinario de revisión depende de lo que disponga la legislación del Estado, en particular, la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En la enmienda número 13 proponemos la supresión del artículo 81 porque es evidente que la regulación de la Fiscalía es competencia del Estado. El resto son reglas protocolarias, informativas, en definitiva, puramente simbólicas.
Respecto a las enmiendas números 14, 15 y 16, de supresión de los artículos 82, 83 y 84, en el texto remitido por el Congreso el capítulo II del Título IV de reforma del estatuto, dedicado al Consejo de Justicia de Canarias, cuenta con tres artículos: el 79, dedicado a la naturaleza del consejo; el 80, composición y atribuciones; y el 81, control de actos del consejo. Es otra de las novedades institucionales incluidas, carece de justificación, es una estructura de Estado que no tiene justificación. Nos encontramos, una vez más, con la copia sin justificación del Estatuto de Autonomía de Cataluña del año 2006. Es tan innecesario que, en caso de mantenerse su existencia, no podría funcionar porque depende de la voluntad del Estado de contemplarlos en una futura e incierta reforma de la ley orgánica, lo que parece que no vaya a suceder.
La enmienda número 17 es de supresión del artículo 85. Es deficiente la propuesta en este apartado y también en otros. Se repite el contenido de este artículo e, incluso contradictoriamente, con otros artículos. Por ejemplo, en relación con las demarcaciones, con el artículo 89, o en cuanto a los medios, con lo que se dispone en los artículos 85 y 86. Si queremos que realmente sea una servicio público, o sea, al servicio de los ciudadanos, se debe asegurar la independencia para que la radio y la televisión reflejen la pluralidad, en sus múltiples dimensiones, de la sociedad canaria. El estatuto debe expresar taxativamente este compromiso.
Por último, sobre la enmienda número 19, de modificación de la disposición transitoria primera, la actual regulación contiene deficiencias insostenibles que deben corregirse. No existe un mínimo de proporcionalidad en la distribución de los escaños entre las islas; así, más del 80 % de la población elige a la mitad del Parlamento de Canarias, mientras que menos del 20 % de la ciudadanía canaria elige a la otra mitad del Parlamento. La regulación actual afecta al valor del voto de la ciudadanía canaria. Los criterios de distribución existentes implican una desnaturalización de la Cámara al potenciar los criterios territoriales sobre los criterios poblacionales. El actual sistema afecta a la necesaria equivalencia entre la manifestación popular reflejada en votos con la designación de escaños.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el senador don Julio Cruz, por tiempo de cinco minutos.
El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista va a rechazar todas las enmiendas presentadas por la Agrupación Gomera, por la senadora doña Yaiza Castilla, y por Ciudadanos, y las vamos a rechazar por lo siguiente, muy escuetamente, dada la premura del tiempo.
La enmienda número 1, porque la doble insularidad está contemplada, si hay algo contemplado en este estatuto es la insularidad, la lejanía, la necesidad de la modulación de los poderes públicos en todas sus actuaciones administrativas, tanto del Estado como de la comunidad autónoma. Por lo tanto, cuando se modula se tendrá que tener en cuenta esa doble insularidad. No nos cabe la menor duda de que así será y se exigirá en el Parlamento en cada momento —estoy convencido— por los representantes de La Gomera, La Palma, El Hierro o Lanzarote, de las islas, digamos, no capitalinas.
En relación con la enmienda número 2, del régimen electoral, usted elimina la lista regional, y la circunscripción regional para nosotros es fundamental porque cohesiona Canarias. Además, usted establece la aprobación por mayoría de dos tercios y creemos que tres quintos está bien. Si al presidente del Gobierno lo podemos elegir por mayoría absoluta, establecemos ya una mayoría reforzada de tres quintos, lo que es suficiente, y no los dos tercios que estaban establecidos anteriormente. En el proyecto original ya venía la lista regional y venía lo de los tres quintos, como ha venido siempre, porque desde hace años y años ya apostábamos por los tres quintos. Algunas personas de su fuerza política apoyaban esto, hasta ayer, claro, pero hoy parece que ya no apoyan lo que decían hace unos días.
En cuanto al aumento del coste público, no depende de la comunidad autónoma. El aumento de diputados depende del Parlamento de Canarias, y en razón a la Mesa del Parlamento se puede incrementar los costes o no, o justificar o distribuir los costes en la actualidad.
En referencia a la enmienda número 3, de la consulta vinculante, creo que hay un error y una manifiesta contradicción y desde el punto de vista jurídico pensamos, sinceramente, que es muy deficiente. ¿Por qué? Porque solo la reforma de los estatutos de autonomía se tiene que hacer y se puede hacer conforme al estatuto vigente, y en el estatuto vigente no se contempla, en ningún caso, un referéndum. El siguiente, este estatuto sí contempla el referéndum, no una consulta vinculante, un referéndum y, por lo tanto, vinculante con todas las garantías establecidas en el mismo artículo que conllevará una posible reforma y la autorización a la comunidad autónoma por parte del Gobierno del Estado de hacer ese referéndum. Por lo tanto, no tiene ninguna razón de ser.
En cuanto a la enmienda número 4 a la disposición primera, del sistema electoral, ya le he dicho cuáles son las razones para rechazar todas las propuestas en relación con el sistema electoral. Respecto a la entrada en vigor, sinceramente, creo que lo que plantea es inconstitucional porque relacionarlo con esa consulta vinculante no tiene ninguna razón de ser.
Respecto a la intervención de Ciudadanos, con carácter general yo creo que ustedes están bastante confundidos porque plantean una serie de cuestiones donde su centralismo parece que no tiene en cuenta el Estado de las Autonomías. Tienen algo con el Estatuto de Cataluña y todo lo que coincide parece que es malo. Mire, en Canarias lo establecimos porque creemos que lo necesitamos y podemos coincidir en muchos aspectos con Cataluña, en otros aspectos con Andalucía o en otros aspectos con Valencia, igual que el resto de los estatutos. ¡Si aquí no se ha inventado nada! Aquí de lo que se trata es de dar competencias, recursos e instrumentos a las comunidades autónomas para ejercer sus competencias.
Por lo tanto, con carácter general, rechazamos todas esas propuestas. Usted, en relación con la reforma electoral, habla de una lista de 70 y después dice que hay que primar el criterio poblacional. Pero es que Canarias también tiene un criterio territorial, somos ocho islas habitadas y siete islas, digamos, desde el punto de vista político e institucional, de representación parlamentaria. Por lo tanto, el criterio territorial hasta ahora era casi lo primordial; también teníamos en cuenta el criterio poblacional. Esta propuesta y la reforma electoral que se plantea de la estructura autonómica es una innovación en todo el Estado español donde, por primera vez, una autonomía pluriprovincial va a establecer una lista regional y todos los canarios vamos a votar y podemos decidir, si los grupos presentan a su candidato a la presidencia, por poner un ejemplo, cuál va a ser ese candidato. Creo que esa lista regional de nueve diputados y diputadas cohesiona mucho más Canarias, da representación específica a ese criterio poblacional y, al mismo tiempo, se tiene en cuenta el criterio territorial actual, con un principio básico que usted obvia y la senadora Castilla también, y es que ninguna isla que tenga más habitantes, tenga menos diputados que otra con menos habitantes. Es el caso de Fuerteventura, que hoy tiene menos diputados cuando cuenta con más habitantes que la isla de La Palma, y eso se corrige.
En consecuencia, creo que es un buen estatuto, es una buena propuesta electoral y estoy convencido de que ayudará a cohesionar Canarias y ayudará tanto el criterio de representación territorial como el criterio poblacional de los 2 100 000 ciudadanos que vivimos allí.
Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora doña Auxiliadora Pérez, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora PÉREZ DÍAZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.
Me quiero sumar a la bienvenida a esta Comisión General de las Comunidades Autónomas al presidente del Gobierno de Canarias, don Fernando Clavijo, y al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Señorías, hoy es una jornada importante para el Senado y, especialmente, para los senadores canarios. No todos los días tenemos la oportunidad de someter a debate y aprobación la reforma de un estatuto de autonomía. En el caso de mi tierra, Canarias, es la segunda vez que ocurre en la historia de la democracia. La primera reforma del Estatuto canario se debatió y aprobó en esta misma Cámara en diciembre de 1996. Pronto se cumplirán veintidós años de ese acontecimiento. Quizá, hay quien prefiere no recordarlo, pero lo cierto es que el partido que en aquel momento gobernaba nuestro país era el Partido Popular y el partido que tenía mayoría absoluta en esta Cámara cuando se reformó por primera vez el estatuto era también el Partido Popular, como hoy ocurre. No pretendo con ello —no lo interpreten así, señorías— quitarle el mínimo protagonismo a las fuerzas políticas restantes, todo lo contrario. Creo que socialistas y nacionalistas han hecho un gran trabajo y una aportación imprescindible para llegar hasta aquí, como lo ha hecho también Ciudadanos, aunque, finalmente, se queden fuera del consenso con su abstención; abstención que yo, humildemente, les invito a replantearse. Pero me parece de justicia recordar que la primera reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias se impulsó por un Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de José María Aznar, y la segunda —sin duda, de mayor calado y trascendencia— se ha impulsado por otro Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy. ¿Por qué quiero destacar esto? Porque aunque hemos alcanzado un elevado grado de acuerdo y consenso entre las fuerzas parlamentarias, me parece relevante dejar constancia en el Diario de Sesiones de esta Cámara de un hecho incontestable: Canarias es una cuestión de Estado para el Partido Popular; una cuestión de Estado, independientemente de que estemos en el Gobierno o en la oposición; una cuestión de Estado por encima de intereses partidistas o estrategias electoralistas a corto plazo; una cuestión de Estado al margen de las conveniencias personales y al margen de quienes sean nuestros socios parlamentarios en uno u otro momento.
Señorías, en cuanto a las enmiendas presentadas, empezaré precisamente por las enmiendas retiradas, las del Grupo Parlamentario Unidos Podemos. Sinceramente, no sé muy bien a qué juegan ni cuál es su estrategia en un asunto tan serio como este, pero lo que sí tengo muy claro es que el no de Podemos al estatuto, el no a la reforma del régimen económico y fiscal, el no al cumplimiento de los convenios es un no a Canarias y a los canarios y, como entenderán, no podemos compartirlo. Nosotros decimos sí a Canarias.
En el caso del Grupo Parlamentario Mixto, comprendo que la senadora Castilla, de la Agrupación Socialista Gomera, presente aquí las enmiendas que no pudo defender en el Congreso de los Diputados por carecer de representación. Sabemos que es un intento de hacer oír su voz y lo respetamos, créame, pero sabe que no podemos apoyar el contenido de sus propuestas, entre otros motivos, porque alterarían el sentido del informe favorable emitido la semana pasada por el Parlamento de Canarias, que contó, además, con el voto favorable de la propia Agrupación Socialista Gomera.
También vamos a rechazar las enmiendas presentadas por los senadores de Ciudadanos, aunque la verdad es que aquí tengo sentimientos encontrados. Puedo entender el deseo de aspirar a una reforma más ambiciosa, como en el caso del régimen económico y fiscal, pero, sinceramente, creo que con su abstención han antepuesto su interés por desmarcarse al consenso, y de verdad que lo lamento, porque habría sido bueno sumar a este gran acuerdo al partido que precisamente se quedó fuera del Parlamento de Canarias por un sistema electoral injusto y poco representativo, sistema electoral que este nuevo texto aspira a corregir.
Señorías, el esfuerzo realizado para alcanzar un amplio acuerdo y consenso ha sido fundamental para sacar adelante esta reforma, que sitúa a Canarias, por fin, en la primera división del autogobierno, sin desbordar en ningún caso el marco constitucional que nos es común a todos por igual. Y esa es una muy buena noticia siempre, más en estos tiempos de provocaciones y desafíos al Estado de derecho, donde algunos atacan o cuestionan la unidad constitucional de España y otros están tentados siempre de negociar con ella. Que nadie espere eso de los canarios. Nuestra lealtad, como la de tantos y tantos españoles de todas las comunidades, está fuera de toda duda. Por tanto, hoy debemos felicitarnos todos y agradecer el trabajo realizado por el Parlamento de Canarias, por el Gobierno de Canarias, por el anterior Gobierno de España y por todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a pesar de que alguno haya votado en contra.
La señora PÉREZ DÍAZ: Voy terminando, señor presidente.
En definitiva, hoy debemos poner en valor la voluntad y la generosidad para que este estatuto se haga al fin realidad, no solo respetando la voluntad que emanaba del Parlamento de Canarias, sino incorporando durante su tramitación en el Congreso el máximo de voluntades políticas, desde el diálogo y desde el entendimiento, tal y como nos exigían los canarios.
Antes de entrar en el turno de portavoces, quiero decirles que la votación no será antes de las diecisiete treinta.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla Herrera.
Intervendré brevemente desde el escaño, primero, para decir que voy a mantener cada una de las enmiendas que he defendido en esta sesión. Y, una vez termine esta comisión, voy a presentar el correspondiente voto particular para su defensa en la sesión plenaria de la semana que viene. Entendemos que es justo y necesario seguir hasta el final con la defensa de los intereses de todos los canarios y canarias y, en particular, de los ciudadanos de las islas no capitalinas. Este debate tiene que tener muchísima altura de miras. Y felicito a la mayor parte de los compañeros que las han tenido, porque así lo merece este debate, como también todos los canarios y canarias.
Me gustaría hacer una serie de apreciaciones en relación con el senador Cruz, habida cuenta de que considero que algunas de sus manifestaciones han sido un poco desafortunadas, por decirlo con respeto. Así, en relación con la reforma electoral, no sé dónde ha escuchado usted una mayoría u otra a la hora de abordarla, pero, en cualquier caso, le sugiero que se lo haga ver, porque su propio Gobierno unas veces dice una cosa y otras dice otra. Y esto dicho con los debidos respetos.
Y en cuanto a la doble insularidad, a ver cómo entra usted, que procede de una isla no capitalina, a la isla no capitalina en las próximas horas, cuando acaba de hablar de la doble insularidad como si estuviera plasmada en el Estatuto de Autonomía de Canarias de forma detallada, precisa y minuciosa. Porque si hacemos una somera lectura de las 45 primeras páginas del estatuto —sin ir más lejos—, solo se menciona en dos ocasiones. Precisamente los senadores de las islas no capitalinas debemos tener una especial sensibilidad con este tema, por lo que espero que usted reconsidere su discurso a lo largo de esta comisión y en la próxima sesión plenaria.
Por último, en relación con la consulta vinculante, desde luego, no ha entendido para nada la defensa de las enmiendas. La consulta vinculante siempre se ha formulado dentro del respeto del marco constitucional y, en particular, dentro del respeto de las competencias exclusivas que le corresponden al Estado en virtud del artículo 149.1.32 de la Constitución española. Por tanto, que tache de inconstitucionales las enmiendas presentadas por esta senadora y, en particular, por la Agrupación Socialista Gomera, creo que excede del contenido de este debate y de la verdadera realidad jurídica que nos acontece.
A continuación, tiene la palabra el senador Crisol.
Señorías, Canarias pierde una gran oportunidad, sobre todo pierde la oportunidad de mirar hacia el futuro. Se ha perdido la oportunidad de defender el derecho de todos los canarios. Con este sabor agridulce, vamos a empezar por la parte positiva.
Gracias a una enmienda de Ciudadanos, se eliminan los aforamientos en las islas Canarias. Ha costado mucho porque no ha sido un voto unánime, y es que muchos siguen pensando que el aforamiento es un derecho que tienen. Para nosotros es un privilegio, así que su eliminación es una de las cosas positivas que tiene este texto.
La inclusión de más derechos sociales que empiezan a pensar en los canarios es otro punto positivo, pero no suficiente. La separación del régimen económico y fiscal del sistema de financiación autonómica es otra de las luces de este texto porque, en un periodo no superior a tres años, se tiene que desarrollar la ley electoral de las islas Canarias.
Hay una parte que no es ni luz ni sombra: la reforma de la ley electoral. ¿Mejora la situación actual? Sí, pero no lo suficiente. No ha habido ambición y no ha habido ganas de llegar al fondo de la cuestión.
Todas las enmiendas presentadas por Ciudadanos en relación con la lucha anticorrupción, regeneración y transparencia han sido rechazadas. Las destinadas a que el Poder Judicial realmente fuese independiente han sido rechazadas. Siguen queriendo crear ese consejo que coordina el Poder Judicial y que —sorpresas de la vida— no se elige por meritocracia; no lo eligen los jueces, lo eligen los políticos a dedo. Tampoco han sido aceptadas las enmiendas para que la televisión pública sea plural e independiente. Y yo les pregunto: ¿cuánto se ahorraría Canarias simplificando la Administración? Un dinero que podríamos revertir en educación y en sanidad.
Señorías, el texto que llegó mejora el estatuto, pero no es un estatuto pensando en el futuro. Hay aspectos positivos y eso hace que nos abstengamos en la resolución final.
El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor presidente del Gobierno de Canarias. Buenas tardes también, señor consejero del Gobierno de Canarias.
Nos encontramos ante un hecho que marcará, sin duda, la historia de nuestro querido archipiélago canario, como es la reforma de su estatuto de autonomía, con importantes logros que sitúan a nuestra tierra en un nuevo marco legal más moderno, con mayor visión de futuro y en sintonía con la sociedad canaria del siglo XXI. Una sociedad que exige igualdad de trato y el reconocimiento de sus diferencias, que vienen marcadas por el hecho incontestable de su geografía fragmentada, por su realidad atlántica estratégica entre tres continentes: África, América y Europa. Pero también exige una mejora de su financiación para que se desarrollen con éxito servicios públicos como la sanidad, la educación, la atención a los más desfavorecidos, la dependencia o las políticas destinadas a alcanzar la igualdad y la sostenibilidad medioambiental.
Reconocer nuestras diferencias y nuestras singularidades es igualarnos al resto de ciudadanos de Europa. Pero me estaría engañando a mí mismo si, como ciudadano nacido en una isla menor como El Hierro, no les confieso una espina que nos ha quedado clavada tras todo este proceso y que considero oportuno manifestar hoy en esta comisión. La Agrupación Herreña Independiente considera que se cometerá un error histórico para Canarias si aprobamos el régimen electoral tal cual viene definido en el texto que nos ha remitido el Congreso de los Diputados. La ley del volcán determinó, de forma contundente, una autonomía fragmentada compuesta por ocho realidades, con sus particularidades y sus necesidades diferenciadas cada una de ellas. Por ejemplo —y lo digo con conocimiento de causa—, a día de hoy sigue siendo mucho más costoso estudiar si vives en una isla menor que si vives en una isla mayor, y eso me lo han oído decir en esta Cámara en numerosas ocasiones.
Claro que la triple paridad es un sistema imperfecto, como todos, pero es lo que nos ha garantizado a las islas menores mantener una voz propia en el Parlamento de Canarias, sin que ello haya mermado, jamás, los intereses de las islas capitalinas, algo que no parece que vaya a suceder con esta propuesta. Por ejemplo, los tres diputados de la isla de El Hierro pierden del 5 al 4 % su representatividad o proporcionalidad, como lo quieran llamar, en el conjunto de la Cámara, con un hemiciclo que podría pasar de los 60 a los 75 diputados y diputadas, si la propuesta queda tal y como se está debatiendo.
A ver cómo lo van a explicar, a los habitantes de mi tierra, los partidos que están sentados hoy en esta comisión y que votarán a favor de bajar el volumen a los diputados del pueblo herreño.
Pero vayamos al histórico porque escuchaba al senador de Ciudadanos hacer referencia a ese argumento histórico en el que siempre se dice que el 17 o el 18 % de la población elige a los mismos representantes que el 82 %. Los desequilibrios que durante tantos años se padecieron en infraestructuras y servicios, en beneficio de dos de las ocho islas, han producido, señorías, corrimientos poblacionales desde la periferia insular hacia dos de las grandes islas. Esta migración no deseada, a lo largo de muchos años, es, paradójicamente, el argumento que hoy se utiliza en las capitales para atacar la representación de las islas no capitalinas.
Se debe avanzar, así lo consideramos en un partido de isla, como la Agrupación Herreña Independiente, sobre la senda de la solidaridad, el respeto y el ejemplo y no sobre la imposición y la disciplina centralistas. Ese centralismo que se ejerce en Madrid y criticamos en Canarias, ahora no nos ruborizamos cuando lo aplicamos en las islas capitalinas hacia las no capitalinas. Lamentamos, profundamente, que el régimen electoral se haya diseñado en Madrid porque entendemos que esta configuración político-administrativa la deben decidir los canarios y las canarias en su Cámara regional porque tienen capacidad para ello.
Por tanto, y finalizo, estamos de acuerdo con las enmiendas que se proponen en otra isla menor, en la isla de la Gomera, concretamente, las números 1, 2 y 4, porque entendemos que van en sintonía con la defensa a ultranza que en la Agrupación Herreña Independiente hacemos de nuestras realidades social y geográfica y del futuro que todos deseamos para nuestra tierra. Lo digo aquí porque así me ha mandatado la asamblea general de mi partido, un partido que nació en 1979, en San Andrés, y cuyo mensaje no ha variado un ápice: Canarias se construye en cada isla, de abajo hacia arriba, desde la isla hacia la región.
Por el Grupo Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.
Si me lo permite, intervengo desde el escaño porque no soy canario, el protagonismo es de los canarios y, por tanto, que suban al estrado los canarios.
Quería comenzar dando la bienvenida y las gracias por su presencia al presidente Clavijo Batlle y al consejero de Presidencia, el señor Barragán Cabrera. Creo que nos honran con su presencia y eso es bueno para esta Cámara y para todos nosotros.
Como ha dicho el presidente, señor Clavijo, no es hora de reproches, es verdad, y no vamos a ser nosotros quienes vengamos aquí a aguar la fiesta, aunque sí es cierto que, en algún momento, deberíamos hablar y no obviar los procesos de tramitación de esta reforma y de otras reformas estatutarias que hemos tenido antes y que, probablemente, tengamos después como, por ejemplo, una demora inaceptable en la tramitación de una norma esencial y básica para el correcto gobierno y la correcta gestión de lo público en esta era de la gobernanza multinivel. Ya no estamos en aquellos gobiernos, sino que estamos en otros y hay que cambiar el chip.
Tampoco vamos a incidir hoy en el hecho de que las Cortes Generales puedan modificar, como han hecho en este caso, decisiones aprobadas en el Parlamento de Canarias y, en otros momentos, incluso con inadmisiones a trámite, como nos pasó a nosotros, o el cepillado del estatuto canario, etcétera. Creo que es algo que hay que mirar. Por lo tanto, no es la primera vez que esto ocurre, pero sí es la primera vez que, a pesar de todo, por la necesidad de la norma, espero que los partidos políticos canarios, y también el propio Parlamento canario, hagan propios estos cambios. Creo que eso es significativo de lo que he dicho antes en cuanto a la tramitación y la necesidad de una norma que ponga a Canarias, en este momento, en la senda de poder trabajar en esa gobernanza multinivel.
Por lo tanto, bienvenido sea el consenso, primero, porque es bueno en sí mismo, y segundo, porque el consenso y la defensa del interés general están empezando a ser especies en extinción que hay que preservar. Preservar frente a la politiquería, al cortoplacismo y al filibusterismo político que estamos viviendo en estos tiempos aquí; por lo menos, en Madrid.
Lo ha dicho la senadora Julios, y me sumo a ello. A pesar de todo lo que he dicho, este texto va a dar otra dimensión a Canarias y a la realidad archipelágica. Por cierto, términos archipelágico y ultraperifericidad —todavía no los he aprendido bien— que acabamos aprendiendo por el empeño del senador Narvay Quintero y de los senadores aquí presentes. Por tanto, nos alegramos de la aprobación de este nuevo estatuto canario y de la próxima aprobación del REF —espero— la semana que viene. Nos alegramos de que con estas aprobaciones Canarias sea más de los canarios y sea más europea. Sean bienvenidos también a la especificidad puesta en norma. Y, por supuesto, votaremos a favor de esta iniciativa y participaremos de la alegría de los canarios sin ninguna duda.
¿Esquerra Republicana de Catalunya? (Denegaciones).
Por Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.
El señor ARRIETA ARRIETA: Gracias, señor presidente.
Bienvenidos, ongi etorri, señor presidente, señor consejero, en principio para nosotros no es un día de alegría, sino de tristeza, de cierto pesar porque nos gustaría haber podido votar que sí a este estatuto que se nos presenta y vamos a votar que no. Y vamos a votar que no porque no creemos que responda realmente a las necesidades que tienen los ciudadanos y ciudadanas de Canarias. Decir no a este estatuto no es decir no a Canarias, sino decir sí a todos esos ciudadanos y ciudadanas en Canarias que tienen proyectos de vida y proyectos de felicidad, que los quieren construir en su propio territorio, y eso precisa de un estatuto, a nuestro juicio, de vanguardia de la democracia y de desarrollo del Estado de las Autonomías.
El texto que se va a votar, a nuestro juicio, apenas se detiene en la necesidad de definir la política canaria como un escenario clave para luchar contra la desigualdad social, la pobreza y el desempleo. Tampoco hace referencia al cambio real del modelo productivo que nuestra economía necesita para crecer de forma equilibrada y redistributiva respetando la riqueza incalculable de nuestro medio natural. Su preámbulo es una declaración de intenciones, de cómo entienden el archipiélago aquellos que lo han gobernado hasta ahora. En el título preliminar se continúa considerando a Canarias como un territorio amputado, que no se sabe muy bien dónde está ni por qué elementos está formado, cuáles son exactamente sus símbolos o de quiénes son sus recursos. Se sigue hablando del concepto colonial de lejanía, se define en negativo al archipiélago apelando a su fragmentación y se asume de manera pasiva la ultraperificidad de las islas, cuando su condición insular y atlántica ha sido en realidad uno de los motores de su economía.
En el título primero, que trata sobre derechos, se niega, a nuestro juicio, la base histórica sobre la que se asienta el autogobierno; los derechos que corresponden a las personas con diversidad funcional, al medioambiente o a las personas migrantes y, lo que es más importante, se niega a blindar, como proponíamos, el carácter gratuito y universal de los servicios públicos, especialmente de la sanidad y la educación.
En el título segundo se ha desechado la posibilidad de incluir la figura del revocatorio al presidente de Canarias mientras prosperaba la propuesta de Coalición Canaria de autorizar al Gobierno canario a emitir decretos leyes —una herramienta perversa— por los que la legislatura actual habría permitido al presidente gobernar el archipiélago sin contar con el Parlamento, a pesar de que en dicha Cámara su partido posee solamente un tercio del total de los escaños.
También se ha dejado fuera el reconocimiento de la Graciosa, comunidad administrativa diferenciada dentro del ámbito municipal, tal como reclamaban sus habitantes y aprobado por la mayoría del Parlamento de Canarias. Tampoco ha prosperado nuestra propuesta de declarar Canarias territorio de paz, lo que supondría su puesta en valor geoestratégico, así como el blindaje del compromiso de nuestras instituciones con el desarrollo sostenible, la cooperación y las relaciones de buena vecindad con los continentes africano, americano y europeo. Y lo mismo ha sucedido con nuestra solicitud de que se reconociera el carácter ultraperiférico de las islas, admitiendo nuestra presencia y potestad en cuestiones de especial trascendencia en materia de acción exterior.
Se ha negado a reducir el desempleo en las islas, asumiendo nuevas competencias en el empleo. No han querido ni oír hablar de la renta básica como mecanismo para la redistribución de la riqueza que se genera en el archipiélago. No se ha situado como objetivo prioritario la descarbonización de nuestro modelo energético. El aumento de los niveles de soberanía alimentaria tampoco es una urgencia del texto del estatuto. No se ha incluido un modelo de protección integral del medio natural.
Esta propuesta de modificación de estatuto, a nuestro juicio, no es una mejora, ni siquiera es una actualización, sino que es un manifiesto continuista, una oda a los problemas estructurales de nuestra tierra. A nuestro juicio, un engaño a la ciudadanía.
Muy pronto, y como parte de un ejercicio constituyente, la gente de Canarias se apropiará democráticamente de un texto legal que les pertenece, participando en la redacción de sus contenidos y ratificando su aprobación final mediante referéndum.
Otra Canarias es posible y estamos trabajando por ella, y lo dice alguien también que ama a Canarias y que, además, se encontró con la sorpresa de que en una de sus islas, Lanzarote, hay un pueblo que lleva su nombre, Arrieta.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Cruz Hernández.
Señor Arrieta, la verdad es que oyéndole, sinceramente llego a la conclusión de que o no se lo ha leído o, si lo ha leído, no lo ha entendido, porque muchas de las cosas que usted ha señalado están: la Graciosa, la revocatoria al presidente, la moción de censura, la cuestión de confianza, un revocatorio, la participación en la paz. No voy a entrar en la discusión con los otros grupos, porque creo que no merece la pena.
Señorías, si tuviéramos que resumir la mejora de este nuevo estatuto de autonomía, diríamos que nos encontramos ante un estatuto más social, más democrático, ante un estatuto que consagra nuestro régimen económico y fiscal diferenciado y ante un estatuto más integrador.
Un estatuto más social porque consagra nuestra norma constitucional básica con rango de bloque de constitucionalidad a un conjunto de derechos y deberes que amplía la protección del Estado en el bienestar de nuestros ciudadanos. Así, reconoce explícitamente ,sí, los derechos a la protección social, jurídica y económica de la familia en todas sus modalidades; sí al derecho a la integración integral y desarrollo de los menores; sí al derecho a una vida digna; sí a la ayuda y reconocimiento de los derechos de la dependencia; sí al derecho a la protección de la salud; sí al derecho a la dignidad de las personas en el proceso de muerte y en un testamento vital; sí al derecho a una vivienda; sí a una renta de ciudadanía. Y así, etcétera, etcétera.
En definitiva, se establecen un conjunto de derechos que las instituciones en Canarias en el futuro próximo tienen que garantizar, desarrollar y articular a través de sus políticas e instrumentos normativos. Aquí se establece el marco. El Gobierno tiene que hacer su trabajo a continuación.
Señorías, decía que aparte de un estatuto más social, es también un estatuto más democrático, porque contiene un nuevo sistema electoral para Canarias, un sistema electoral que refuerza la representatividad democrática de cada una de las islas mediante la disminución de los topes: del 30 al 15 % a nivel insular y del 6 al 4 % a nivel regional; profundiza en esa vocación regional, y es una innovación, como señalaba anteriormente, no solo del Gobierno, sino también del propio Parlamento que lo designa mediante la creación, junto con las circunscripciones insulares, de la circunscripción autonómica o regional, una circunscripción que siempre ha defendido el Partido Socialista a través de toda su historia.
Señorías, asimismo, este estatuto blinda nuestro régimen económico y fiscal diferenciado, la fiscalidad reducida en Canarias, su capacidad para crear zona franca o la obligación de compensar económicamente por nuestras barreras estructurales, reconocidas en la propia Unión Europea, se incorpora con fuerza al bloque constitucional, lo que nos dota de un marco jurídico de mayor protección que el que ahora tenemos.
Señorías, un estatuto más social, más democrático, con un REF más blindado pero también un estatuto más integrador. Hay un avance que puede resultar determinante en esta reforma: la consagración del principio de modulación de las políticas estatales en las islas, un reconocimiento que ya nos brinda la Unión Europea, incluso la doble insularidad, en los principios rectores en el artículo ciento treinta y pico del estatuto. Se contempla y desarrolla de forma importante el hecho insular, la doble insularidad, la lejanía, se mandata a los poderes públicos, tanto estatales como autonómicos, a modular sus políticas, teniendo en cuenta estas circunstancias, de forma que, entre otros hechos, los sobrecostes y barreras estructurales que ello comporta, se contemplen mejor en los futuros nuevos sistemas de financiación y presupuestario.
Senadores y senadoras, Canarias necesita más que nunca una política de Estado para un territorio alejado y fragmentado con muchísimos problemas estructurales y una situación social insostenible, una tasa de paro muy por encima de la del resto de España, con un 40 % de su población en situación de pobreza o exclusión social. Y, a partir de ahora, toda esa política, todas esas actuaciones legislativas, reglamentarias, financieras, presupuestarias que realice, el Estado tendrá que tenerlas en cuenta; se enumeran claramente y pormenorizadamente en el estatuto en transporte, medioambiente, puertos, comercio exterior, fiscalidad, etcétera. En definitiva, tendrán que modularse todas las políticas en razón a la doble insularidad, a esa insularidad y a esa lejanía de Canarias.
Asimismo, hablamos de que con este estatuto Canarias asume más competencias, muchísimas competencias en aeropuertos, en administración de justicia, en actividades industriales, en educación, en investigación, en deporte, en empleo, en sanidad, en políticas sociales, etcétera. En definitiva, se hace un nuevo proyecto, un nuevo estatuto que nos da un instrumento fundamental para afrontar el futuro.
Se suprimen los aforamientos de los miembros del Parlamento de Canarias, no porque lo pidieran los ciudadanos, ya venía en la reforma del estatuto. En este estatuto se delimita su espacio territorial, no solo las islas sino sus aguas, las aguas canarias, por primera vez y, por tanto, se establece y se enmarca incluso con un plano anexo al estatuto de autonomía.
Por último, incorporamos la obligación de aprobar cualquier reforma con un referéndum del pueblo canario, no con una consulta vinculante, eso no existe, sino con un referéndum conforme a la Constitución.
Señorías, y termino, señor presidente, con este nuevo estatuto todos cumplimos el compromiso político, ético y moral de trabajar por nuestros ciudadanos, de dotar a Canarias de un instrumento, de unas herramientas que nos permitan afrontar mejor los retos del presente y del futuro como un solo pueblo, de los más de 2 100 000 personas que habitamos nuestras benditas islas Canarias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el senador Rodríguez Pérez.
El señor RODRÍGUEZ PÉREZ (Jorge Alberto): Gracias, señor presidente.
Señorías, el archipiélago canario siempre ha tenido una identidad singular desde su conquista e incorporación a la Corona de Castilla, con una manifestación en un régimen normativo, administrativo, institucional y económico fiscal particular a causa precisamente de sus circunstancias geográficas, de lejanía, singularidad, insularidad y fragmentación de su territorio. El régimen particular de Canarias también deviene de haberse convertido en eslabón con América y más recientemente con el norte atlántico africano.
En el nuevo estatuto, señorías, de cuya profunda reforma da idea el hecho de que pase de 65 a 202 artículos, más seis disposiciones adicionales y dos transitorias, como ya se ha comentado aquí, se define Canarias como archipiélago atlántico e incorpora el mar como parte de su ámbito espacial, dando cuerpo al reconocimiento de unas aguas canarias sobre las que la comunidad autónoma pudiera intervenir.
Contiene el texto como elemento conceptualmente relevante el hecho, señor Crisol, de que se mencione a la Graciosa como una isla más del archipiélago, que no como islote, pero sin administración propia.
Se abre la puerta a la creación de un himno propio y a la defensa, promoción y prestigio de la modalidad lingüística del español atlántico, y se amplía considerablemente el catálogo de derechos que deben ser protegidos por los poderes públicos.
Sin duda, señorías, el nuevo estatuto da un salto cualitativo en el aspecto político e institucional con el otorgamiento al presidente de capacidad para disolver el Parlamento, convocar elecciones, y hace algo importante que también se ha dicho: acerca la vida política al sentir ciudadano, eliminando los aforamientos al crear un comisionado de transparencia y acceso a la información pública. En el ámbito competencial se abren múltiples posibilidades de asumir nuevas atribuciones mediante convenios con el Estado con especial incidencia en la gestión de costas y en la acción exterior. Se impulsan también los mecanismos para las políticas de sostenibilidad medioambiental.
El sistema electoral; el controvertido sistema electoral canario es el otro punto clave que reforma el nuevo estatuto, aunque, es verdad, de manera incompleta. Además de rebajar los topes electorales para acceder al Parlamento del 30 al 15 % en cada una de las islas y del 6 al 4 % en ámbito autonómico, incrementa en 10 el número de diputados a elegir para permitir con ello una mejor proporcionalidad en la representación de la población. Nueve de esos escaños extras se asignarán a través de una lista regional, y el décimo se otorga directamente a la isla de Fuerteventura por estar claramente infrarrepresentada en el sistema actual.
Es verdad que es una solución de urgencia, pero con ello se rompe por fin la estructura de la triple paridad que sirvió para los primeros años de la autonomía, pero que ahora constituye un evidente déficit democrático en el sistema político del archipiélago. Es evidente que ampliar el número de diputados no es popular, lo aceptamos, pero es la fórmula que ha permitido desbloquear un debate enquistado que, además, ha durado muchísimos años. El nuevo documento insta al Parlamento de Canarias a elaborar una ley en el plazo de tres años, y ello podrá permitirnos ya en esta próxima convocatoria electoral salir adelante con un sistema que posteriormente se tendrá que perfeccionar.
Señorías, los cambios introducidos en el REF y en el estatuto de autonomía son de enorme calado. Señor presidente, son dos herramientas potentísimas: el estatuto de autonomía y el REF, para empezar a cambiar las cosas de verdad en Canarias. Después de que sean aprobados estos dos instrumentos nos toca acertar en los pasos que hay que dar, porque no podemos ignorar que tenemos algunas amenazas en el horizonte que vienen, y usted lo sabe bien, de la mano de quienes no aceptan esta reforma.
Señorías, no den crédito a lo que ha dicho Podemos cuando afirman que este estatuto —así lo he interpretado— es poco menos que cosa de una minoría. La única minoría aquí son ustedes, señores de Podemos. Ustedes son la minoría que dice no a todo: no al estatuto de autonomía, no al Régimen Económico Fiscal, un no sinsentido, un no sin objetivo como si en la negación estuviese la fórmula mágica para solucionar los problemas de nuestra sociedad. El problema no es solo la minoría excluyente que ustedes representan, el problema es que ustedes pretenden imponérnosla al resto de los españoles y de los canarios. Ustedes pueden persistir en esa posición, es decir, seguir siendo una amenaza para el bienestar de los canarios, o pueden en este caso sumarse a la mayoría que votará esta propuesta de reforma del estatuto de autonomía, es decir, sumarse al sentido común para iniciar juntos una nueva andadura, una nueva era de progreso y bienestar en las islas Canarias.
﻿Termino ya, señor presidente, haciendo referencia a las señorías de Ciudadanos. Ustedes confunden un estatuto de autonomía con una ley de medidas complementarias en el orden social, económico, fiscal y administrativo. No tiene nada que ver. Dígaselo usted a sus dirigentes en Canarias: no tiene nada que ver. Esto es un estatuto de autonomía, la arquitectura institucional de la Comunidad Autónoma de Canarias, nada menos.
Señorías, y con esto concluyo, el Grupo Popular hubiera deseado, cómo no, más regulación y, desde luego, otras incorporaciones, pero lo conseguido ha merecido nuestra participación en el consenso. Hagan ustedes lo mismo. Todas las razones que antes he expuesto son más que suficientes para manifestar nuestro apoyo al Estatuto de Autonomía de Canarias.
Señor presidente, gracias por su magnanimidad. (Aplausos).
Vamos a suspender la sesión durante cinco minutos para que a los senadores que están en otra comisión les dé tiempo a venir y a las cinco y treinta votamos. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: a favor, 46; en contra, 3; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, queda dictaminada por la Comisión General de las Comunidades Autónomas la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.
Enhorabuena, presidente. Gracias, por su presencia aquí esta tarde.
Ahora vamos a designar al miembro de la comisión que presentará el dictamen ante el Pleno del Senado.
Si no tienen inconveniente, yo, como presidente de la comisión, puedo presentarlo en el Pleno. ¿De acuerdo? (Asentimiento).
No hay más asuntos que tratar. Enhorabuena. Gracias. (Aplausos).