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Timestamp: 2018-01-19 07:54:27
Document Index: 282273814

Matched Legal Cases: ['artículo 240', 'artículo 240', 'artículo 1617', 'artículo 178', 'artículo 863', 'artículo 177', 'artículo 176', 'artículo 357', 'Artículo 240']

INTERESES EN DEVOLUCIONES EN PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO | MANUAL DEL CONTADOR - PLANEACION EMPRESARIAL
INTERESES EN DEVOLUCIONES EN PAGO DE IMPUESTO DE PATRIMONIO
Enviado por admin en Mié, 06/29/2016 - 08:31
Bogotá D. C., siete (7) de abril dos mil dieciséis (2016)
Radicado: 25000-23-27-000-2009-00234-01
Número Interno: 18936
En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes, la Sala resuelve sin limitación[1], si la Resolución 608 – 1196 del 8 de septiembre de 2008, y su confirmatoria, la Resolución 684 – 002 del 8 de julio de julio de 2009, que negaron el reconocimiento de intereses sobre la suma devuelta por concepto del pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio del año gravable 2005, se ajustan a derecho.
Para ello, la Sala seguirá la línea jurisprudencial fijada en casos similares al que se decide[2], en los que las mismas partes discutieron las condiciones de las devoluciones del impuesto al patrimonio de diferentes periodos.
En la sentencia del 7 de abril de 2008, la Sala Especial Transitoria de Decisión 4C del Consejo de Estado, al resolver el recurso extraordinario de súplica interpuesto por el Banco Colpatria Red Multibanca Colpatria S.A., declaró la nulidad de la Resolución 2805 del 5 de abril de 2002, que revocó “…el acto presunto obtenido por el silencio administrativo positivo, protocolizado mediante Escritura Pública 04369 de diciembre 28 de 2000 (…).
Como restablecimiento del derecho, el fallo señalado reconoció el silencio administrativo positivo a favor de la entidad bancaria en mención; que por ello, estaba cobijada por el régimen de estabilidad tributaria por un término de hasta diez años contados a partir del año 2001, por lo que era titular de los derechos establecidos en el artículo 240-1 del Estatuto Tributario[3].
A partir de la sentencia referida y para efectos de lo que se decide, la Sala precisó[4]:
Que los contribuyentes beneficiados con el régimen de estabilidad tributaria, gozan de los beneficios respectivos en los términos previstos por el artículo 240-1 del Estatuto Tributario, a partir de la ejecutoria del fallo señalado;
Que lo anterior implica la existencia de obligaciones económicas para el contribuyente y para la Administración: en el primer caso, el contribuyente debe pagar los dos puntos (2) porcentuales adicionales a la tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios por los periodos en que estuvo vigente el régimen de estabilidad tributaria, y en el segundo, la Administración debe devolver el monto de los impuestos creados y pagados durante la vigencia de dicho régimen (GMF, Patrimonio[5] y Sobretasa).
Que si bien la sentencia del 7 de abril de 2008 declaró que el banco es beneficiario del régimen de estabilidad tributaria, no dictó una orden de condena en concreto o en abstracto, tiene un contenido económico reflejado en el pago de las obligaciones pecuniarias aludidas, cuyo cumplimiento se materializa con la ejecución de la sentencia el 18 junio de 2008, en las mismas condiciones que una de carácter condenatorio, esto es, en los términos establecidos por los artículos 17[6]6, 177[7] y 178[8] del Código Contencioso Administrativo.
En lo que respecta a los intereses legales del 6%, a que se refiere el artículo 1617 del Código Civil, la Sala[9] precisó que no son aplicables a casos como el que se decide, porque se parte de la existencia de la sentencia que reconoció el régimen de estabilidad tributaria, que como se dijo, tiene contenido económico porque ordena restablecer obligaciones pecuniarias a cargo de la Administración y del contribuyente, al estado en que estarían si dicho régimen se hubiese reconocido desde un principio, por lo cual, al fallo referido le son aplicables los artículos 176, 177 y 178 del Código Contencioso Administrativo.
Además, la Sala[10] precisó que en los términos del artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, la “…liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deberán ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor”.
Y que “El ajuste de las condenas se fundamenta en el principio de reparación integral que, en casos como el analizado, en los que se privó al contribuyente de un régimen tributario especial que habría obtenido lícitamente, el daño infligido por esa privación se debe reparar de manera total. Y una forma de reparar ese daño es por equivalente que, se reitera, tiene como finalidad, el reintegro del dinero actualizado a valor presente”.
La Sala señaló que los intereses corrientes y moratorios previstos en el artículo 863 del Estatuto Tributario, tampoco son aplicables, porque la norma supone que el contribuyente presente la solicitud de devolución de un saldo a favor, de un pago en exceso o un pago de lo no debido ante la Administración, lo que no ocurre en este caso, en el que la controversia nace del reconocimiento del régimen de estabilidad tributaria que hizo la sentencia del Consejo de Estado del 7 de abril de 2008, y de las consecuencias que ello comporta.
El 28 de julio de 2008[11], con fundamento en providencia señalada, la actora solicitó a la Administración el reconocimiento y devolución de la suma de $694.914.000 junto con los intereses corrientes y moratorios, por el pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio del año 2005, que realizó el 27 de mayo de 2005[12].
El 8 de septiembre de 2008, la Administración expidió la Resolución 608-1196[13], que reconoció y ordenó devolver la suma referida, pero guardó silencio respecto de los intereses.
No obstante, en la Resolución 630-0011 del 3 de octubre de 2008[14], la DIAN negó el reconocimiento de los intereses pedidos, argumentando que no fueron discutidos en vía jurisdiccional, acto que fue confirmado por la Resolución 684-002 del 8 de julio de 2009[15].
Sobre los hechos señalados, es preciso señalar que el impuesto al patrimonio que se discute fue creado por la Ley 863 de 2003 por los años 2004 a 2006, esto es, con posterioridad a la fecha en que se entiende que la sociedad Colpatria Red Multibanca S.A., quedó amparada por el régimen de estabilidad tributaria (2001), por lo que el tributo referido no le era aplicable a esa entidad financiera.
Ahora bien, siguiendo el precedente jurisprudencial que ahora se reitera, la suma devuelta se debe ajustar, respecto del periodo comprendido entre la fecha del pago del impuesto al patrimonio y la fecha de la ejecutoria de la sentencia constitutiva del derecho a la devolución. Y sobre el capital que resulte, se deben liquidar los intereses moratorios a que se refiere el artículo 177 del Código Contencioso Administrativo, una vez vencidos los treinta (30) días previstos por el artículo 176 ejusdem, para que la Administración adopte las medidas necesarias para el cumplimiento de la sentencia.
La indexación del pago de la primera cuota del impuesto al patrimonio, se hará con la fórmula que se indica a continuación:
La aplicación de la formula señalada al caso que se decide, arroja los siguientes resultados:
[1] El artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, señala que “…cuando ambas partes haya apelado o la que no apeló hubiere adherido, el superior resolverá sin limitaciones.”
[2] Entre otras, las sentencias 18551- 18962 – 19045 (acumuladas) del 10 de febrero de 2016, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; 18957 del 18 de febrero de 2016, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
[3] "Artículo 240-1. Régimen especial de estabilidad tributaria. Créase el régimen especial de estabilidad tributaria aplicable a los contribuyentes personas jurídicas que opten por acogerse a él. La tarifa del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen especial de estabilidad, será superior en dos puntos porcentuales (2%), a la tarifa del impuesto de renta y complementarios general vigente al momento de la suscripción del contrato individual respectivo.
La estabilidad tributaria se otorgará en cada caso mediante la suscripción de un contrato con el Estado y durará hasta por el término de diez (10) años. Cualquier tributo o contribución del orden nacional que se estableciere con posterioridad a la suscripción del contrato y durante la vigencia del mismo, o cualquier incremento a las tarifas del impuesto de renta y complementarios, por encima de las tarifas pactadas, que se decretare durante tal lapso, no le será aplicable a los contribuyentes sometidos a este régimen especial.”
[4] Ibídem 5.
[5] Para el caso del periodo en discusión, la Ley 863 de 2003, publicada en el Diario Oficial 45.415 del 29 de diciembre de 2003, creó el impuesto al patrimonio por los años 2004, 2005 y 2006.
[6] “Art. 176.- Las autoridades a quienes corresponda la ejecución de una sentencia dictarán, dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, la resolución correspondiente, en la cual se adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento”.
[7]“Art.177.- Efectividad de condenas contra entidades públicas. Cuando se condene a la Nación, a una entidad territorial o descentralizada al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, se enviará inmediatamente copia de la sentencia a quien sea competente para ejercer las funciones del ministerio público frente a la entidad condenada. (…)
Iniciso 6º.- Cumplidos seis meses desde la ejecutoria de la providencia que imponga o liquide de una condena o de la que apruebe una conciliación, sin que los beneficiarios hayan acudido ante la entidad responsable para hacerla efectiva, acompañando la documentación exigida para el efecto, cesará la causación de intereses de todo tipo desde entonces hasta cuando se presentare la solicitud en legal forma”.
[8]“Art. 178. La liquidación de las condenas que se resuelvan mediante sentencias de la jurisdicción en lo contencioso administrativo deberá efectuarse en todos los casos, mediante sumas líquidas de moneda de curso legal en Colombia y cualquier ajuste de dichas condenas sólo podrá determinarse tomando como base el índice de precios al consumidor, o al por mayor.
[9] Ibídem 5.
[10] Sentencia 18957 del 10 de febrero de 2016, C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
[11] Folios 12 a 26 del cuaderno de antecedentes.
[12] Folio 27 del c.a.
[13] Folios 93 a 99 del c.a.
[14] Folios 31 a 33 del cuaderno principal.
[15] Folios 34 43 del c.p.
INDEXACCIÓN DE LA PRIMERA CUOTA DEL IMPUESTO AL PATRIMONIO AÑO 2005
Segunda cuota impuesto patrimonio
Fecha final – Índice 18/06/2008
Fecha inicial – Índice 27/05/2005
$ 694.914.000
$ 824.157.000
$129.243.000
Por lo tanto, a partir del 1º de agosto del año 2008, se empezaron a causar los intereses moratorios comerciales sobre la primera cuota de capital (primera cuota del impuesto al patrimonio del año 2005), debidamente indexado, hasta que se devuelva.
En al caso sub – examine, la Resolución 608-1196 del 8 de septiembre de 2008, expedida por la División de Recaudación de la Administración Especial de Impuestos de los Grandes Contribuyentes de Bogotá D.C. ordenó la devolución de $694.914.000 M/cte., “como Pago de lo no Debido por concepto de Impuesto al Patrimonio (primera cuota) del año gravable 2005”, acto que se notificó el 9 de septiembre siguiente, por lo cual, a partir del día siguiente se hizo efectiva la devolución, es decir del 10 de septiembre de 2008.
ESTADO DE LA DEUDA POR CONCEPTO DE INTERESES COMERCIALES MORATORIOS DEBIDOS POR LA DIAN AL BANCO COLPATRIA DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 2008 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2008 (ARTÍCULOS 177 DEL D. 01 DE 1984 Y 844 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.) PRIMERA CUOTA IMPUESTO AL PATRIMONIO 2005
824.157.000
$ 29.874.000
Como el 10 de septiembre de 2008 se hizo efectiva la devolución de parte del capital, quedando un remanente de $129.243.000, sobre esta suma se causan intereses de mora, desde la fecha señalada, hasta que efectivamente se paguen.
Por lo expuesto, la Sala revocará la sentencia del 29 de abril de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, declarará la nulidad de la Resolución 630-011 del 3 de octubre de 2008, y de sus confirmatoria, la Resolución 684-002 del 8 de julio de 2009. A título de restablecimiento del derecho, ordenará a la entidad demandada a pagar las siguientes sumas:
Indexación del valor de la primera cuota del impuesto al patrimonio del año 2005
Intereses de mora causados sobre el valor de la primera cuota del impuesto al patrimonio del año 2005
$29.874.000
$159.117.000
Ordenará, además, que se paguen los intereses moratorios sobre $129.243.000 desde el 11 de septiembre de 2008, hasta que efectivamente se paguen, sin perjuicio de las compensaciones a que haya lugar.