Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr-FR/Resolucion/Show/4133
Timestamp: 2020-05-28 14:35:37
Document Index: 304981274

Matched Legal Cases: ['Artículo 23', 'Artículo 24', 'Artículo 70', 'Artículo 106', 'Artículo 8', 'Artículo 19', 'Artículo 21', 'Artículo 109', 'Artículo 113', 'Artículo 113', 'Artículo 12']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 149/2000
SENTENCIA 149/2000, de 1 de junio
ECLI:ES:TC:2000:149
1. La Sala Primera del Tribunal Constitucional, en su Sentencia 103/1996, de 11 de junio, dimanante del recurso de amparo núm. 2309/94, acordó plantear la cuestión de inconstitucionalidad de la que se hace mérito en el encabezamiento.
2. Mediante providencia de 25 de junio de 1996 la Sección Segunda acordó dar trámite a la cuestión de inconstitucionalidad y, a tal efecto, y conforme establece el art. 37.2 LOTC, dar traslado de las actuaciones precisas al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus Presidentes, al Gobierno, por conducto del Ministerio de Justicia, y al Fiscal General del Estado para que, en el improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Igualmente se acordó publicar la incoación del proceso en el "Boletín Oficial del Estado".
3. El Abogado del Estado presentó su escrito de alegaciones el 11 de julio de 1996. En él se sostiene, en primer lugar, que, atendidos los términos del recurso de amparo resuelto por la STC 103/1996 y la naturaleza propia de la autocuestión de inconstitucionalidad del art. 55.2 LOTC, el problema planteado en el presente procedimiento está claramente delimitado: si la exclusión de recursos previos en la vía judicial causó una lesión al entonces demandante de amparo. En opinión del Abogado del Estado, la condición de ente público de aquel demandante hace aplicable al caso la doctrina sentada en la STC 197/1988, de 24 de octubre, conforme a la cual no cabe extraer del art. 24.1 CE un genérico mandato al legislador que le obligue a atribuir a los entes públicos el derecho a acceder a la jurisdicción para defender sus propias manifestaciones de voluntad frente a la calificación jurídica que de las mismas se hizo por órganos administrativos especialmente llamados a cumplir la exclusiva función de garantizar la legalidad del procedimiento electoral. En cualquier caso, la STC 103/1996, al reconocer un derecho amparable en el ente RTVA frente al órgano de fiscalización, formula un pronunciamiento acorde con las particularidades de los procedimientos de revisión electoral en los que RTVA desempeña la condición de parte y las Juntas electorales la de órgano decisorio. Sólo así tendría sentido, para el Abogado del Estado, el amparo otorgado, pues no parece posible extender aquella posibilidad a la actuación fiscalizadora ejercida por entes administrativos sobre entes de la misma naturaleza, subordinados a los primeros, al menos en esta acción de control.
1. En la STC 103/1996, de 11 de junio de 1996, la Sala Primera de este Tribunal, al otorgar amparo frente a la Resolución de la Junta Electoral Central de 7 de junio de 1994, recaída en los expedientes 290/121 y 290/124, por estimar que dicha Resolución había lesionado el derecho de la actora a no padecer indefensión en el procedimiento especial de control electoral, concluyó que "la exclusión de todo recurso judicial, impuesta por el art. 21.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, podría lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), infringiendo, asimismo, el art. 106.1 CE" (FJ 7). La lesión apreciada "consistiría en que se impide de raíz la posibilidad de una tutela que la Constitución quiere que sea siempre dispensada por los Jueces y Tribunales, y que lo sea, además, en relación con todas las condiciones de juridicidad del acto o norma enjuiciados" (ibid.). Como quiera que se trataba de "una lesión de derechos fundamentales que no ha podido ser reparada por los Jueces y Tribunales ordinarios, toda vez que el legislador ha impuesto como única vía posible de sanación la del amparo constitucional", se imponía, "por aplicación de lo dispuesto en el art. 55.2 LOTC ... elevar al Pleno la cuestión de la inconstitucionalidad del art. 21.2 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, en cuanto excluye el recurso judicial contra determinados actos de la Junta Electoral Central, con olvido de lo preceptuado en el art. 106.1 CE ... y violación del art. 24.1 CE" (ibid.).
Si bien, como acaba de decirse, el Fiscal General del Estado se limita a dejar sentada esa observación, sin derivar de la misma objeción alguna al examen de fondo de la constitucionalidad del art. 21.2 LOREG, debe recordarse que, como ya dijimos en la reciente STC 31/2000, de 3 de febrero, "la vinculación al proceso previo no es exactamente la misma en el caso de la cuestión ex art. 55.2 LOTC que en el de la promovida por un Juez o Tribunal ordinarios, siquiera sea sólo porque en el primer caso -nunca en el segundo- el pronunciamiento del Pleno sobre la constitucionalidad del precepto cuestionado es siempre posterior a la resolución del proceso previo, de manera que nunca queda éste pendiente, para su conclusión definitiva, de lo que se decida en relación con la constitucionalidad del precepto cuestionado; además, ... está el hecho de que no es preciso plantearla tantas veces cuantas en vía de amparo sea de aplicación una norma supuestamente inconstitucional, pues las Sentencias estimatorias de las correspondientes demandas de amparo no elevan la cuestión al Pleno si el precepto aplicado ha sido ya cuestionado con ocasión de la estimación de un recurso de amparo anterior (así, por ejemplo, STC 46/1997, de 11 de marzo)" (FJ 1). En el procedimiento del art. 55.2 LOTC no se resuelve, en definitiva, un incidente de prejudicialidad constitucional suscitado en el curso de un proceso de amparo que queda pendiente de lo que en él se decida. El amparo, por el contrario, resulta definitivamente otorgado sin condicionamiento alguno a lo que después se concluya; antes, pues, de que el Pleno se pronuncie sobre la constitucionalidad de la norma cuestionada, precisamente, en el fallo resolutorio del primer proceso.
3. Entrando ya en el fondo de la cuestión planteada por la Sala Primera es preciso comenzar recordando que el art. 21.2 LOREG dispone que la interposición del recurso a que se refiere el art. 21.1, frente a acuerdos de Juntas electorales ante la Junta de superior categoría, "tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del acuerdo y ante la Junta que lo hubiera dictado, la cual, con su informe, ha de remitir el expediente en el plazo de cuarenta y ocho horas a la Junta que deba resolver. Contra la resolución de esta última no cabe recurso administrativo o judicial alguno". La presente autocuestión se ha elevado en razón, precisamente, de este último inciso del art. 21.2, pues la Sala Primera ha entendido que la exclusión de todo recurso judicial podría lesionar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), infringiéndose, asimismo, el art. 106.1 CE, ya que se impide de manera absoluta, por una parte, la posibilidad de una tutela de derechos e intereses legítimos que la Constitución quiere que sea siempre dispensada por los Jueces y Tribunales, y, por otra parte, un control judicial en relación con todas las condiciones de juridicidad del acto o norma enjuiciados.
1. Voto particular que formula el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera a la Sentencia recaída en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2426/1996.
2. Voto particular que emite el Magistrado don Fernando Garrido Falla en la cuestión de inconstitucionalidad núm. 2426/96 elevada al Pleno por la Sala Primera en relación con el art. 21.2 de la Ley Orgánica 5/1985.
1- Creo que la oposición entre la literalidad del precepto cuestionado y la garantía de tutela judicial efectiva que ofrece el art. 24.1 de la Constitución, con el refuerzo que supone lo dispuesto en el art. 106.1, peca de simplicidad. En efecto, por lo pronto, tal exigencia constitucional -pieza maestra, por supuesto, del Estado de Derecho- convive sin problemas con la imposible fiscalización, en cuanto al fondo, de importantes decisiones atribuidas a determinadas "Administraciones independientes" que pueden afectar a intereses legítimos de los particulares: es el caso, por ejemplo, de las que adopta el Banco de España con respecto al "precio" del dinero, o la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre cotización en Bolsa de las acciones de una sociedad anónima. En segundo lugar, la llamada "Administración electoral" (que ciertamente así la denomina la LOREG) es un complejo orgánico que "tiene por finalidad garantizar en los términos de la presente Ley la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad" (art. 8.1). Su composición es "cuasi judicial" (en el caso de la Junta Electoral Central, 8 Magistrados del Tribunal Supremo designados por insaculación por el Consejo General del Poder Judicial y 5 Catedráticos de Universidad; es decir, composición muy semejante a la de este mismo Tribunal Constitucional) y sus miembros son inamovibles durante el período de su mandato (art. 16). El Estado de Derecho no se deteriora porque esto sea así.
2- La exclusión de recursos administrativos o judiciales que establece el art. 21.2 aquí cuestionado -y en la medida que después se dirá- lo es con respecto a los actos de la Junta Electoral Central resolutorios de recursos interpuestos contra resoluciones de las Juntas inferiores. Nada impide, en principio, que dichos actos, si vulneran el principio de igualdad o cualquier otro derecho fundamental, sean directamente recurribles en amparo ante el Tribunal Constitucional: el principio de subsidiariedad del recurso de amparo quiebra cuando se impugnan "decisiones o actos sin valor de ley, emanados de las Cortes o de cualquiera de su órganos..." (y el funcionamiento de la Junta Central depende de las Cortes, art. 13.1, aunque en términos estrictos no sea un órgano de las Cortes).
Type et numéro d'enregistrement Cuestión interna de inconstitucionalidad 2426-1996
Planteada por la Sala Primera del Tribunal Constitucional, en relación con el art. 21.2 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (LOREG), en cuanto excluye el recurso judicial contra determinados actos de la Junta Electoral Central.
-Procede declarar la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del art. 21. 2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) en cuanto excluye de manera indiscriminada y absoluta la posibilidad de todo recurso judicial contra las resoluciones de las Juntas Electorales que contempla [FJ 3].
--El derecho a la tutela judicial efectiva prohíbe al legislador que, en términos absolutos e incondicionales, impida acceder al proceso los derechos e intereses legítimos; prohibición que se refuerza por lo dispuesto en el art. 106. 1 de la Constitución cuando se trata del control judicial frente a la actuación administrativa (SSTC 197/1988, 31/2000) [FJ 3].
--No pueden desconocerse por completo, ni la especialidad de la Administración electoral, ni la singularidad del proceso electoral (art. 70.2 CE) [FJ 3].
-La vinculación al proceso previo no es exactamente la misma en el caso de la cuestión ex art. 55.2 LOTC que en el de la promovida por un Juez o Tribunal ordinarios (STC 31/2000) [FJ 2].
Artículo 23.1, VP I
Artículo 24.1, ff. 1, 3, VP II
Artículo 70.2, f. 3, VP II
Artículo 106.1, ff. 1, 3, VP II
Artículo 8.1, VP II
Artículo 19, f. 3, VP II
Artículo 21.2, ff. 1 a 3, VP I, VP II
Artículo 109, VP II
Artículo 113.2 b), VP II
Artículo 113.2 d), VP II
Artículo 12.3 a), VP II
Exclusión de control judicial de determinadas resoluciones de las Juntas electoralesExclusión de control judicial de determinadas resoluciones de las Juntas electorales, f. 3
Exclusión legal de acceso a la jurisdicciónExclusión legal de acceso a la jurisdicción, f. 3
Funciones de las juntas electoralesFunciones de las juntas electorales, f. 3
Singularidades del procedimiento electoralSingularidades del procedimiento electoral, f. 3