Source: https://www.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SM/2017/RAP/SM-RAP-00001-2017.htm
Timestamp: 2019-10-15 14:35:18
Document Index: 242803902

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 17', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 7', 'artículo 124', 'artículo 15', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 9', 'artículo 456', 'artículo 456', 'artículo 16', 'artículo 22', 'artículo 458', 'artículo 458', 'artículo 456', 'artículo 458', 'artículo 458', 'artículo 223', 'artículo 32', 'artículo 66']

SM-RAP-0001-2017
EXPEDIENTES: SM-RAP-1/2017 Y SM-RAP-3/2017, ACUMULADOS
ACTORA: MARICELA ARTEAGA SOLÍS
SECRETARIA: ELENA PONCE AGUILAR
Monterrey, Nuevo León, a quince de febrero de dos mil diecisiete.
Sentencia definitiva que a) desecha la demanda correspondiente al recurso SM-RAP-1/2017, pues la actora agotó su derecho a impugnar al haber presentado previamente otro juicio contra la misma determinación; y b) modifica, en lo que fue materia de impugnación, la resolución INE/CG874/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a fin de dejar sin efectos la sanción impuesta a la promovente, al acreditarse que la autoridad responsable no tomó en cuenta su calidad de candidata independiente, ni especificó la razón o el criterio por el cual determinó que el monto de la multa impuesta, es proporcional a la situación socioeconómica de la ciudadana recurrente. Derivado de lo anterior, se ordena al Consejo General del referido instituto que emita una nueva determinación en la que funde y motive debidamente la individualización de la sanción, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo.
IEEZ:
Resolución INE/CG874/2016:
Resolución INE/CG874/2016 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto a las irregularidades encontradas en el dictamen consolidado de la revisión de los informes de campaña de los ingresos y gastos de los candidatos al cargo de presidente municipal de Zacatecas correspondientes al proceso electoral local extraordinario 2016 en el estado de Zacatecas.
1.1. Convocatoria al proceso electoral local extraordinario dos mil dieciséis en Zacatecas. Derivado de la nulidad de la elección ordinaria llevada a cabo el cinco de junio de dos mil dieciséis, el treinta de septiembre del mismo año, el Congreso de Zacatecas emitió el decreto mediante el cual convocó a la elección extraordinaria para la renovación de los integrantes del ayuntamiento de la capital del estado.
1.2. Jornada electoral extraordinaria. Previa realización de las diferentes etapas del proceso electoral extraordinario, el cuatro de diciembre de esa anualidad, se llevó a cabo la jornada electoral para renovar a los integrantes del ayuntamiento de Zacatecas.
1.3. Resolución impugnada. El veintiuno de diciembre siguiente, el Consejo General del INE, aprobó la resolución INE/CG874/2016, mediante la cual, entre otras cuestiones, se acordó sancionar a la actora con multa de $141,697.60 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL).
1.4. Recurso SM-RAP-1/2017. El cuatro de enero del presente año, la actora interpuso, ante el IEEZ, recurso de apelación en contra de las conclusiones sancionatorias contenidas en la resolución INE/CG874/2016, emitida por el Consejo General del INE, mismo que fue recibido en este órgano jurisdiccional el dieciocho siguiente, quedando registrado como se precisa en este numeral.
1.5. Recurso SM-RAP-3/2017. El tres de enero del año en curso, la actora presentó escrito de demanda ante el IEEZ en contra de la resolución INE/CG874/2016, remitiéndose el asunto a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, quien el diecisiete siguiente, por acuerdo dictado dentro del cuaderno de antecedentes SUP-CA-5/2017, determinó que la materia de impugnación era del conocimiento de esta Sala Regional y remitió las constancias de mérito.1
Dicho medio de impugnación se identificó con el número de expediente SM-JE-4/2017, y el veinticinco de enero siguiente, se acordó reencauzar al actual recurso de apelación.
Esta sala regional es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, pues si bien el acto controvertido2 fue emitido por el Consejo General del INE, está relacionado con sanciones impuestas a una candidata independiente derivadas de su participación en el proceso electoral local extraordinario dos mil dieciséis para renovar el ayuntamiento de Zacatecas en el estado del mismo nombre, entidad ubicada dentro del ámbito territorial de atribución asignado a esta sala.
Lo anterior, con fundamento en el acuerdo dictado por la Presidenta de la Sala Superior de este Tribunal, en el cuaderno de antecedentes SUP-CA-5/2017,3 y los artículos 195, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 44, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.
De la revisión de los escritos de demanda de los presentes recursos, esta Sala advierte que existe entre ambos conexidad en la causa ya que fueron promovidos por la misma actora con la pretensión de que se revoque, en la parte conducente, la resolución INE/CG874/2016 emitida por el Consejo General del INE.
Por tanto, a fin de resolverlos de manera conjunta y evitar el dictado de sentencias contradictorias, se decreta la acumulación del recurso de apelación SM-RAP-3/2017 al diverso SM-RAP-1/2017, por ser éste el primero que se recibió en la oficialía de partes de esta Sala Regional. En consecuencia, se deberá glosar una copia certificada de los puntos resolutivos de este fallo al expediente acumulado.
Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 de la Ley de Medios y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
4. IMPROCEDENCIA DEL RECURSO SM-RAP-1/2017
Debe desecharse la demanda del medio de defensa identificado con el número de expediente SM-RAP-1/2017, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de los artículos 17 y 41, base VI, de la Constitución Federal, en relación con el 9, párrafo 3, de la Ley de Medios, así como del principio general del derecho de preclusión procesal, susceptible de invocarse en términos del artículo 2, de la Ley de Medios, ya que la actora agotó su derecho de acción respecto de la resolución que combate.
De las constancias de autos, se advierte que la promovente presentó dos escritos de demanda idénticos ante el IEEZ:
a) El primero de ellos, el tres de enero, el cual fue enviado por el Secretario Ejecutivo del INE a la Sala Superior de este Tribunal, quien a su vez lo remitió a esta Sala Regional al considerarla competente para resolverlo, mismo que dio origen al expediente SM-RAP-3/2017.4
b) El segundo, el día cuatro siguiente, que fue remitido por el Secretario Ejecutivo del INE a esta Sala Regional, dando lugar al expediente SM-RAP-1/2017.
Al efecto, cabe precisar que la presentación de la demanda de un medio de impugnación en materia electoral ocasiona el agotamiento del derecho de acción, con lo cual la parte actora queda impedida jurídicamente para ejercer nuevamente tal derecho mediante la presentación de una demanda posterior, esencialmente cuando ésta contiene pretensiones idénticas, en contra del mismo órgano responsable, para controvertir el mismo acto, procedimiento o resolución, con la manifestación de hechos y conceptos de agravio idénticos a los expresados en el primer escrito de demanda, pues ello implicaría ejercer una facultad ya consumada.5
Por lo tanto, debe estimarse que la sola recepción de dicho escrito por primera ocasión constituye el verdadero y válido ejercicio de la acción, lo que cierra con ello la posibilidad jurídica de presentar nuevas demandas en uso de este derecho, pues se considera que ya se hizo valer.6
En este contexto, al existir dos demandas similares presentadas por la misma promovente en contra de la misma resolución, debe desecharse el recurso promovido en segundo orden, esto es, el identificado con la clave SM-RAP-1/2017.7
5. PROCEDENCIA DEL RECURSO SM-RAP-3/2017
Se cumplen los requisitos generales y especiales de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 42, 45, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley de Medios, conforme a lo que a continuación se razona.
5.1. Oportunidad
En lo que respecta al recurso de apelación SM-RAP-3/2017, se estima que dicho medio de impugnación se interpuso dentro del plazo legal de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley de Medios, por lo que su presentación es oportuna.
Esto así porque, aun cuando en términos de temporalidad el acto que se reclama se produjo dentro del proceso electoral, la presentación de este medio de impugnación y su resolución, no inciden en el contexto del proceso electoral del que derivó (la elección extraordinaria municipal de Zacatecas) y, por tanto, no se ubica en el supuesto a que se refiere el primer párrafo del artículo 7º de la Ley de Medios, como se explica a continuación.
5.1.1. En materia electoral, el cómputo del plazo para determinar la oportunidad en la presentación de un medio de defensa, atiende a la temporalidad de la violación aducida
Previo al estudio de la oportunidad en el caso concreto, es necesario señalar que el artículo 17 de la Constitución Federal establece el derecho de acceso efectivo a la justicia.
Por su parte, el artículo 14 de la propia Constitución Federal, establece en su párrafo segundo que, en todo juicio, deberán cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento y, el mismo se sujetará a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
Así, uno de los presupuestos procesales fundamentales es el de temporalidad en la presentación de los medios de impugnación, el cual tiene como finalidad dotar de certeza a los justiciables y a sus contrapartes de la posibilidad de acudir a los órganos jurisdiccionales con la finalidad de hacer valer la restitución de un derecho conculcado.
El artículo 8 de la Ley de Medios establece que, de forma ordinaria8, para la presentación de los escritos que contengan alguno de los medios de impugnación en materia electoral, se contará con un plazo de cuatro días, que deberán ser contados a partir de que se haya notificado o se tenga conocimiento del acto que se pretende controvertir.
Ahora bien, el artículo 7, primer párrafo de la Ley de Medios establece que, para computar los plazos procesales, durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles.
Mientras que el párrafo 2 de ese artículo señala que cuando la violación reclamada no se produzca durante el desarrollo de proceso electoral, el cómputo de los plazos se realizará contando únicamente los días hábiles, sin contar los sábados, domingos y los días que en términos de ley sean inhábiles, refiriéndose con ellos a los días festivos, por lo general.
Analizando este artículo, a la luz del derecho de acceso a la jurisdicción y en plena observancia a sus razonables límites de procedencia, conforme a la Jurisprudencia 2ª./J. 98/2014 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la SCJN, publicada a foja 909 del Libro 11, correspondiente al mes de octubre de 2014, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación bajo el rubro “DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL”, se advierte que, por regla general, para activar a la jurisdicción electoral federal, la persona afectada cuenta con el plazo de cuatro días hábiles, contados a partir del día siguiente al que se le notifique el acto que estima le causa perjuicio. En tanto que, cuando la violación se produzca durante el curso del proceso comicial, el plazo para impugnar, se contabilizará considerando todos los días como hábiles, esto es, sí contaran los fines de semana y los días que la ley identifique como inhábiles.
La razón implícita en esta disposición guarda estrecha relación con el desarrollo temporal del proceso electoral, el cual se caracteriza por su celeridad, de ahí que es necesario que previo a agotar las etapas que lo conforman: preparación de la elección; jornada electoral; resultados y declaraciones de validez de las elecciones; se deban decidir los recursos que se interpongan para verificar la regularidad legal de los actos que pudieran tener trascendencia en su desarrollo.
En efecto, de una interpretación armónica y funcional de los artículos 17 y 41, base VI, de la Constitución Federal, se desprende que existe una justificación en la propia Constitución para establecer en la ley procesal la celeridad como uno de los elementos esenciales en el trámite y resolución de los medios de impugnación, pues como debe recordarse, una de las características del proceso electoral es que el transcurso de cada etapa hace que queden firmes los actos de la fase anterior; además de que a través de la tramitación y decisión oportuna de los medios de impugnación, se tutela la regularidad legal y constitucional de los actos que integran cada una de dichas etapas.
En otro aspecto, la medida derivada de la norma constitucional y legal también permite que, dentro del proceso, se garantice y tutele el ejercicio de derechos político-electorales, así como la participación de la ciudadanía y de los partidos políticos.
5.1.2. El cómputo del plazo en términos de lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 1, de la Ley de Medios, se justifica en la medida en que los actos impugnados incidan en la regularidad del proceso electoral
De frente a la posibilidad de realizar el cómputo del plazo procesal de dos distintas formas y la trascendencia de la determinación del supuesto por los operadores de la norma, sobre todo en su impacto hacia el derecho de acceso a la jurisdicción, esta Sala Regional estableció que para determinar si se debía aplicar la regla de celeridad contenida en el párrafo primero del artículo 7, de la Ley de Medios, era necesario extraer la finalidad de la norma, además del factor temporal que se desprende de su literalidad.
Al respecto, en la jurisprudencia 1/2009 SRII de rubro “PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES,”9 ratificada por el Pleno de la Sala Superior, se determinó que aun cuando la violación reclamada “se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral”, pero no guarde relación con este último, no todos los días serán considerados como hábiles.
Lo anterior, pues se estimó que para que operara la regla de celeridad en estudio debían suceder dos condiciones: una temporal, consistente en que el acto se produzca durante el curso del proceso electoral; y otra material, relativa a que dicha actuación estuviera vinculada al mismo.
En esta lógica, si un acto de autoridad surge durante el proceso electoral y se relaciona con éste (elementos temporal y material), en el plazo para impugnarlo se considerarán todos los días, esto es, todos los días serán considerados hábiles.
Así, el contenido de la jurisprudencia en mención expone una práctica de interpretación sistemática, funcional y teleológica del orden jurídico para romper con el formalismo de su aplicación literal que obstaculizaba, en esos casos,10 el ejercicio del derecho de acceso a la jurisdicción, al ubicar en un supuesto de mayor urgencia o celeridad en el cómputo de los plazos, hipótesis que no se ajustaban a la necesidad constitucional de la propia norma.11
Es preciso señalar que la regla que se desprende de la interpretación jurisprudencial, la cual deduce los elementos temporal y material del párrafo 1, del artículo 7 de la Ley de Medios, se trató, esencialmente, de un ejercicio de clarificación del sentido de la norma, basado en la intención y utilidad contenida en la propia disposición, con el objeto de dotar de coherencia al sistema jurídico, lo cual es posible a través del análisis del juzgador, dirigido a producir un equilibrio funcional entre las reglas y los principios.
Pero que de ninguna forma soslayó la existencia o la necesidad de sujetar el derecho de acceso a la jurisdicción a los presupuestos de procedencia, ni estableció un nuevo plazo para el ejercicio del derecho de acción, ya que esta facultad es competencia exclusiva del legislador, conforme a la Jurisprudencia 14/2012, emitida por la Primera Sala de la SCJN, publicada en la página 62 del Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: ACCESO A LA JUSTICIA. LA FACULTAD DE IMPONER PLAZOS Y TÉRMINOS RAZONABLES PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ACCIÓN Y DEFENSA ANTE LOS TRIBUNALES CORRESPONDE EXCLUSIVAMENTE AL LEGISLADOR.
En criterio de esta Sala Regional, las circunstancias que se presentan en cada caso, la evolución de las reglas de los procesos electorales y la complejidad fáctica en las que se desarrollan, presentan particularidades que exigen analizar si el elemento material (que justifica computar los plazos procesales tomando todos los días como hábiles en términos de la Jurisprudencia 1/2009 SRII), se actualiza cuando la violación recurrida guarde una relación, desde una perspectiva meramente formal, con el proceso, o bien, cuando exista una vinculación basada en los posibles efectos que la dilación de los plazos pudiera tener sobre el proceso, para que se justifique en términos constitucionalmente razonables la aplicación del criterio de celeridad; es decir, evaluar los hechos desde una visión funcional que justifique la aplicación de la regla de celeridad.
De frente a esta disyuntiva, la Sala Regional considera que tratándose de los actos producidos con motivo del proceso electoral, la regla de celeridad debe aplicarse únicamente cuando se busque garantizar el fin para el que fue creada: tramitar y resolver con prontitud el medio de defensa, y así evitar que el ejercicio ordinario del derecho de acceso a la jurisdicción por parte de quien promueva o bien la actuación en los plazos regulares por parte de la autoridad que se inste, pueda afectar en forma alguna el normal desarrollo del proceso en condiciones igualitarias, o en su caso que el cierre de la etapa electoral correspondiente haga irreparable la violación reclamada.
En esta lógica se razonó en la jurisprudencia destacada, así lo deja en claro la siguiente cita de su contenido:
“Lo anterior obedece a que, en el caso en comento, al no estar vinculado a proceso comicial, no existe algún riesgo de alterar alguna de sus etapas, por lo que no se afecta la definitividad de éstas; de tal forma que no se justifica considerar todos los días y horas como hábiles”.
A partir de este razonamiento, es posible identificar cuál es la base para aplicar la regla de celeridad procesal: el riesgo de alterar o incidir en el ordinario desarrollo del proceso comicial o generar la posibilidad de que la violación que se argumente se vuelva irreparable.
En este orden de ideas, la regla de celeridad o de necesidad de celeridad es razonable y proporcional, pues justifica que el cómputo del plazo para impugnar transcurra de forma ininterrumpida sólo cuando esta medida sea realmente necesaria, en atención al posible impacto que el litigio pudiera tener en el dinamismo de un proceso electoral.
Por tanto, la impugnación de aquellos actos de las autoridades electorales que se produzcan durante el transcurso de un proceso electoral, pero que no trasciendan a su regularidad y sus efectos única y exclusivamente afecten la esfera jurídica del justiciable, deben considerarse ajenos al proceso electivo y, en consecuencia, sujetarlos a la regla general contenida en el párrafo segundo del artículo 7 de la Ley de Medios, que computa los plazos en días hábiles.
Esta reflexión lleva a la Sala Regional a abandonar el criterio adoptado al decidir el recurso de apelación SM-RAP-11/2016.12
5.1.3. En el presente caso, para definir la oportunidad del recurso debe computarse el plazo para impugnar tomando en consideración únicamente los días hábiles
Conforme a lo razonado en el apartado anterior, para aplicar la regla contenida en el artículo 7 de la Ley de Medios, relativa a la forma en que deberá efectuarse el cómputo del plazo, es preciso realizar un ejercicio de subsunción a fin de establecer, a partir de las particularidades del caso en estudio, si la materia de litigio tiene posibilidad de incidir o no en el curso normal del proceso electoral del que emana.
En el caso concreto, la actora combate la resolución INE/CG874/2016 dictada el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, mediante la cual el Consejo General del INE le impuso una multa por las diversas irregularidades encontradas en su informe de campaña de los ingresos y gastos derivado de su participación como candidata independiente a la presidencia municipal de Zacatecas, Zacatecas, en el proceso electoral local extraordinario dos mil dieciséis.
Ahora bien, conforme al artículo 124, párrafo 1, de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas y a lo dispuesto por el “Plan y Calendario Integral de Actividades para el Proceso Electoral Extraordinario del Ayuntamiento de Zacatecas, Zacatecas”,13 dicho proceso inició el diez de octubre de dos mil dieciséis y concluyó el cinco de enero del año en curso.
Esto ya que, en términos del referido precepto el proceso electoral local concluirá una vez que se hayan expedido las constancias de mayoría a los candidatos triunfantes, y hechas las asignaciones por el principio de representación proporcional, o bien, cuando el Tribunal local haya resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó ninguno.
Así, el hecho de que se tomen esos dos puntos de referencia para establecer la conclusión de la citada etapa final del proceso electoral radica en que, si con relación a un determinado cómputo o declaración se hace valer un medio de impugnación ordinario, no podría afirmarse que la etapa en comento haya concluido, porque las consecuencias jurídicas generadas por el acto recurrido podrían verse confirmadas, modificadas o revocadas, en virtud del medio de defensa.
De esta forma, es claro que los procesos electorales locales, concluyen cuando la etapa de resultados y calificación de las elecciones adquiere definitividad, ya sea en la instancia administrativa o, en su caso, cuando los tribunales electorales, local o constitucional, emitan la última sentencia en el medio de impugnación respectivo, en la medida que, tales resultados y declaraciones de validez o de nulidad ya no pueden ser modificados.14
Conforme a lo razonado, se advierte que, tal como se anticipó, el proceso electoral local extraordinario de Zacatecas, concluyó el día cinco de enero del presente año, toda vez que en esa fecha la Sala Superior de este Tribunal resolvió la única impugnación relacionada con la elección de referencia,15 en el sentido de confirmar la sentencia dictada por esta Sala Regional en los juicios SM-JDC-303/2016 y SM-JDC-304/2016,16 lo cual se invoca como un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios.
En ese entendido, esta Sala Regional concluye que se surte el elemento temporal, en tanto que la resolución impugnada fue emitida el veintiuno de diciembre.
Sin embargo, conforme a lo anteriormente razonado, no se cumple con el elemento material, ya que la resolución cuestionada fue dictada como consecuencia de la fiscalización realizada durante el proceso electoral, pero dicha determinación en la parte que impone sanciones por el cumplimiento irregular a las disposiciones administrativas rectoras del proceso fiscalizador, no tiene una incidencia en la regularidad de la elección extraordinaria de la que deriva el referido acto, sino sólo respecto a la esfera jurídica de dicha ciudadana, ni tampoco se vincula a la materia de las inconformidades que aún se estaban dirimiendo ante la instancia federal.17
Por lo anterior, se procede a analizar la oportunidad del medio de impugnación que nos ocupa, en términos del párrafo 2, del artículo 7 de la Ley de Medios, esto es, contando sólo los días hábiles, debiendo entenderse como tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.
La actora afirma que la resolución cuestionada le fue notificada por el IEEZ el día veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, por su parte, la autoridad responsable no precisa ni acredita la fecha de notificación del acto impugnado, por tanto, debe estarse a la fecha que la promovente refiere conoció el acto impugnado, conforme al artículo 8, de la Ley de Medios. 18
Ahora bien, es un hecho notorio que el diecisiete de junio del dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el aviso relativo a los periodos vacacionales del personal del INE para el año dos mil dieciséis, siendo que el segundo de ellos comprendería del veintiséis de diciembre del dos mil dieciséis al seis de enero de dos mil diecisiete, reanudando labores el nueve de enero del año que transcurre, en el cual se precisó que dichos días no contarían para el cómputo de los términos para la interposición y trámite de los medios de impugnación, quejas administrativas, procedimiento ordinarios y especiales, incluso los relativos a los juicios laborales, así como cualquier otro plazo en materia electoral, que pudieran promoverse, siempre y cuando no estuvieran vinculados a algún proceso electoral.
Por tanto, para el cómputo del plazo legal para impugnar, deben descontarse aquellos días no laborables para la autoridad responsable.19
En estos términos, si la recurrente tuvo conocimiento de la resolución de mérito el veintiocho de diciembre de dos mil dieciséis, e interpuso la demanda que nos ocupa el tres de enero de dos mil diecisiete,20 se concluye que la presentación del medio de impugnación ocurrió dentro del plazo legal de cuatro días hábiles, pues la autoridad responsable reanudó labores hasta el día nueve de enero del año en curso.
La anterior conclusión se robustece si se tiene en cuenta que la misma autoridad responsable consideró que la impugnación de la promovente no se encontraba relacionada con el proceso electoral, esto ya que se advierte de su actuación que, aun cuando recibió por parte del IEEZ, las constancias del referido medio de defensa el cinco de enero,21 dicha autoridad federal no dio trámite al mismo hasta el día diez de enero, esto es, el día siguiente a aquél en que se reanudaron sus labores.22 Además, también se observa que el trámite de publicitación del medio de impugnación se realizó por el plazo de setenta y dos horas hábiles, ya que el aviso respectivo se fijó en los estrados del INE el once de enero a las trece horas, y se retiró el dieciséis del mismo mes, a las trece horas.23
Queda colmada, en virtud de que la demanda de mérito se presentó por escrito ante la autoridad que auxilió a la responsable en la notificación del acto impugnado, en ella consta el nombre y la firma autógrafa de la actora; se precisa domicilio para recibir notificaciones; se identifica a la autoridad demandada y el acuerdo que combate;24 se mencionan los hechos base de la impugnación, los agravios que, en concepto de la recurrente, le causan, y los preceptos constitucionales y legales presuntamente violados.25
No pasa inadvertido que, en el informe circunstanciado, la autoridad responsable aduce que la actora incumplió con la carga procesal, consistente en expresar, de manera clara, los hechos en los cuales apoya su impugnación, con lo cual considera se incumplió lo previsto en el artículo 9, párrafo 1, inciso e), de la Ley de Medios.
El planteamiento de la autoridad responsable debe desestimarse porque, si bien, al desarrollar los requisitos a que se refiere el citado precepto legal la actora no hace referencia expresa a los hechos relacionados con la impugnación vertida, lo cierto es que de la lectura integral de la demanda se desprenden los mismos.26
La actora está legitimada para promover el presente medio de impugnación, ya que se trata de una ciudadana que acude por sí misma inconformándose con la imposición de una sanción impuesta por el Consejo General del INE.
5.4. Interés jurídico
La promovente cuentan con interés jurídico para impugnar la resolución identificada con clave INE/CG874/2016, mediante la que el Consejo General del INE la sancionó por diversas irregularidades advertidas en su informe de campaña.
5.5. Definitividad
Se cumple la exigencia en cuestión, ya que en contra de la determinación combatida no está previsto otro medio de impugnación mediante el cual pueda ser revocada o modificada.
6. ESTUDIO DE FONDO
6.1. Planteamiento del caso
Maricela Arteaga Solís se inconforma con la resolución INE/CG874/2016 dictada por el Consejo General del INE, concretamente en lo que se refiere al punto 27.5.2. relativo al análisis de las conclusiones sancionatorias derivadas de las irregularidades detectadas en el dictamen consolidado sobre su informe de ingresos y gastos de campaña como candidata independiente a la presidencia municipal de Zacatecas en el proceso electoral local extraordinario dos mil dieciséis.
En la resolución combatida, el Consejo General del INE determinó imponer a la hoy actora, en su carácter de candidata independiente, una multa equivalente a 1940 (un mil novecientas cuarenta) Unidades de Medida y Actualización para el ejercicio dos mil dieciséis, misma que asciende a la cantidad de $141,697.60 (CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 MONEDA NACIONAL), derivado de las conclusiones 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 y 16, conforme a lo siguiente.
En la resolución impugnada, la autoridad responsable argumentó que, en cada caso, para la imposición de la sanción, consideraría los siguientes elementos:
1. La gravedad de la infracción;
2. La capacidad económica del infractor;
3. La reincidencia; y
4. Cualquier otro que pueda inferirse de la gravedad o levedad del hecho infractor.
Así, el Consejo General del INE eligió la sanción para cada caso, conforme a lo previsto en el artículo 456, numeral 1, inciso d), de la LEGIPE.
En este sentido, en la resolución controvertida se consideró que la sanción aplicable era la prevista en el artículo 456, párrafo 1, inciso d), fracción II, de la referida ley, consistente en multa de hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (actualmente denominada Unidad de Medida y Actualización27) precisando que la sanción a imponer debía guardar proporción con la gravedad de las faltas y circunstancias particulares del caso, conforme a lo siguiente:
Egreso no reportado (sustantiva)
$26,075.28
$18,552.16
$13,749.65
$20,597.28
$41,705.84
$10,462.73
$15,630.56
Ingreso no comprobado (sustantiva)
$ 4,966.72
Omisión efectuar un pago en efectivo superior a 90 DSMGDF (UMA´s) mediante cheque nominativo a nombre del prestador del bien o servicio con la leyenda “abono a cuenta” o a través de transferencia electrónica (sustantiva)
$ 9,933.44
Omisión de presentarla agenda de actos políticos (sustantiva)
Registro extemporáneo de operaciones (sustantiva)
$20,547.54
$141,697.60
Ante esta instancia, la recurrente se inconforma con la sanción impuesta haciendo valer distintos agravios dirigidos a controvertir la individualización efectuada por el Consejo General del INE.
En primer lugar, considera que la sanción impuesta es totalmente desproporcional y excesiva, ya que la responsable efectuó una incorrecta evaluación de cada uno de los puntos, ya que valoró las faltas con el más alto sentido de condena; así, sostiene que el Consejo General del INE realizó una individualización de la sanción con el sentido más enérgico, sin tomar en cuenta que en su calidad de candidata independiente no cuenta “con los recursos económicos suficientes para dar estricto cumplimiento a todos los requerimientos”.
De esta forma, sostiene que la sanción impuesta no es proporcional a su capacidad económica, pues la responsable no tomó en consideración que la promovente no cuenta con los recursos económicos suficientes para cubrir la misma y “se le da un trato incluso peor al de los partidos políticos que sí cuentan con prerrogativas”.
Además, aduce que la autoridad responsable al momento de imponer la sanción, no valoró el hecho que, aunque de manera extemporánea, cumplió con los requerimientos formulados, tal como se acredita con las constancias presentadas ante el IEEZ,28 así mismo, afirma que tampoco se tomó en consideración que la responsabilidad que se le imputa “no fue en desacato o rebeldía pues se debió a falta de tiempo y recursos para cumplir con las obligaciones”.
En ese sentido, esta sentencia se ocupará de dilucidar si, al momento de individualizar la sanción, la autoridad responsable tomó en consideración las circunstancias en que acontecieron las conductas y la capacidad económica de la ciudadana inconforme.
6.2. Indebida individualización de la sanción
Le asiste razón a la recurrente, en cuanto a que la autoridad responsable llevó a cabo una indebida individualización de la sanción, dado que ésta no ponderó su calidad de candidata independiente, ni especificó la razón o el criterio por el cual determinó que el monto de la multa impuesta es proporcional a la situación socioeconómica de la ciudadana recurrente, conforme a lo siguiente.
Conforme al artículo 16, párrafo primero, de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado, entendiendo la fundamentación como el deber de la autoridad emisora de un acto expresar, con claridad y precisión, los preceptos legales aplicables al caso mediante la cita de las disposiciones normativas que rigen el acto que emite.
Por su parte, la motivación es la exposición de las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar al acto, en el que se indican las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que sirven de sustento para su emisión, con lo cual se tiende a demostrar racionalmente que determinada situación de hecho produce la actualización de los supuestos contenidos en los preceptos invocados en ese acto de molestia.
Por tanto, para cumplir la garantía de debida fundamentación y motivación es necesario la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso que se analiza.
Por otra parte, el artículo 22, primer párrafo, de la Constitución Federal prevé que quedan prohibida las multas excesivas, así mismo dispone que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.
Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que, al no ser posible establecer una norma general que atienda las condiciones de cada infractor, en cada caso se debe calificar si una multa es excesiva o no, tomando en cuenta dos elementos:29
a) Que exista correspondencia entre la cuantía de la multa y las condiciones económicas del infractor.
b) Que la sanción pecuniaria esté en proporción con el valor del negocio en que se cometió la infracción que se castiga.
Conforme a ello, el artículo 458, párrafo 5, de la LEGIPE, establece que para la individualización de las sanciones, la autoridad electoral debe tomar en cuenta los siguientes elementos: 1) La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de esa Ley; 2) Las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se cometió la infracción; 3) Las condiciones socioeconómicas del infractor; 4) Las condiciones externas y los medios de ejecución; 5) La reincidencia en el cumplimiento, y 6) El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.
Por tanto, el régimen sancionador electoral federal, exige un ejercicio de ponderación por parte de la autoridad en la elección de la sanción aplicable a cada caso, por lo que el órgano administrativo electoral federal, tomando en cuenta los parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la LEGIPE, está en aptitud de elegir alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 456, para imponer la sanción que en Derecho corresponda.
De acuerdo a lo anterior, al individualizar la sanción, la autoridad responsable debe especificar en forma pormenorizada, lógica y congruente, las razones por las que todos los datos que analiza influyen para determinar el tipo de sanción y su monto, elementos jurídicamente relevantes para cumplir con el principio de racionalidad de la pena, al atender al comportamiento sancionable y a las circunstancias que concurren en cada caso.
En consecuencia, para determinar y graduar la sanción por infracciones administrativas, no debe atenderse, en forma exclusiva, a la situación objetiva y a su resultado, sino que también se debe tomar en consideración la conducta y la situación personal del infractor en la comisión de la falta.
En ese entendido, la autoridad sancionadora tiene que considerar que no se puede establecer que existe una similitud entre los partidos políticos y los candidatos independientes, dado que son categorías que están en una situación jurídica distinta.30
En efecto, un ciudadano que decide participar como candidato independiente, lo hace a fin de acceder a los cargos de elección popular de manera ajena a los partidos políticos, donde la ley prevé un régimen especial para que estén en condiciones de participar en los procedimientos electorales, según la elección de que se trate.
Por su parte, los partidos políticos son entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática; contribuir a la integración de los órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los principios, programas e ideas que postulan, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Por lo que, la principal diferencia entre los partidos políticos y los candidatos que se postulan de forma independiente, es que estos últimos agotan su función y finalidad en un sólo procedimiento electoral, en tanto que, los partidos políticos tienen el carácter de permanentes, con las salvedades previstas en la ley.
En este contexto, se arriba a la conclusión que tratándose de candidatos independientes, la valoración de los parámetros previstos en el artículo 458, párrafo 5, de la LEGIPE a fin de individualizar una sanción por faltas cometidas por los candidatos independientes, debe ser más flexible, de forma proporcional y razonable a esa calidad, máxime si se toma en cuenta que tratándose de las multas que se les imponen, los recursos económicos para sufragarlas emanan de su patrimonio personal, a diferencia de lo que acontece con los partidos políticos, los cuales solventan dichas sanciones con el propio financiamiento público que reciben.31
Por tanto, no es conforme a Derecho homologar a los partidos políticos y candidatos independientes en cuanto a su capacidad económica.
En el caso en estudio, el Consejo General del INE, al individualizar las sanciones que se debían imponer a Maricela Arteaga Solís, no ponderó adecuadamente los elementos antes descritos, para determinar su capacidad económica real, dado que formalmente se hizo mención a que se tomaron en consideración las particularidades de candidato independiente para imponer la sanción, sin embargo, materialmente no aconteció así y se le aplicaron las reglas comunes que utiliza, en materia de individualización de sanciones, tratándose de partidos políticos.
En principio, si bien las irregularidades que fueron imputadas a Maricela Arteaga Solís, se apreciaron, en su mayoría, como infracciones que ocasionaron un daño directo y real a los principios de transparencia y certeza en el origen y destino de los recursos utilizados en la contienda electoral, lo cierto es que para la imposición de las sanciones a que se hizo acreedora, no debieron aplicarse los mismos criterios que se emplean a los partidos políticos, pues se pasó por alto que dicha ciudadana no cuenta con los recursos financieros y técnicos similares a los que cuentan los institutos políticos, los cuales periódicamente compiten en procesos electorales y, además, tienen órganos internos establecidos de forma permanente para el cumplimiento de sus fines.
Por otra parte, la autoridad responsable adujo que se allegó de los elementos para determinar la capacidad económica de la infractora, para lo cual invocó la consulta al Sistema Visor INE-SAT, correspondiente a los ingresos por sueldos y salarios que obtuvo durante el ejercicio dos mil quince, sin embargo, en la resolución impugnada no se especificó cuál fue la información que obtuvo de dicha consulta.
Así mismo, la responsable invocó que la candidata independiente reportó, en su informe de ingresos y gastos de campaña, un saldo final por la cantidad de $10,547.54 (DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 54/100 MONEDA NACIONAL).
Sin embargo, la autoridad fue omisa en razonar la forma en la que, derivado de esta información, podía arribar a la conclusión de que la sanción era proporcional a la falta y capacidad económica de la hoy actora, lo cual resultaba indispensable para justificar que no se trataba de una multa excesiva y en detrimento significativo del patrimonio de la infractora, quien de su propio patrimonio tiene que cubrir la sanción pecuniaria impuesta.
Atento a lo expuesto, se concluye que la autoridad responsable, aún y cuando fundó y motivó su determinación, respecto de la sanción impuesta, atendiendo a lo establecido en el artículo 458, numeral 5, de la LEGIPE – ya que valoró la gravedad de la infracción y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que se desarrolló, concluyendo que no existía dolo ni reincidencia en su comisión, así como que no hubo un beneficio indebido – omitió considerar que la infractora era una candidata independiente, además de que no se apegó a lo establecido en la normativa atinente en cuanto a la motivación de la capacidad económica de dicha persona.
Lo anterior toda vez que dejó de observar el artículo 223 bis, del Reglamento de Fiscalización, que establece que la autoridad electoral determinará la capacidad económica mediante la valoración de documentos con los que cuente; así como de aquellos derivados de consultas realizadas a las autoridades financieras, bancarias y fiscales.
Al respecto, cabe precisar que el hecho de que la actora haya omitido presentar su informe sobre su capacidad económica, no es un obstáculo insalvable que impida a la autoridad electoral administrativa contar con elementos para conocer la situación económica de la infractora, en atención a la posibilidad de allegarse de la información que estime pertinente para conocer la misma, o bien, tomar en consideración el informe que remitió la actora a través del IEEZ, el cual obra en autos del expediente en que se actúa a foja 315.
Por lo expuesto, como se adelantó, esta Sala concluye que el Consejo General del INE realizó una indebida individualización de la sanción, por lo que procede revocar la sanción impuesta a Maricela Arteaga Solís y ordenar al Consejo General del INE, que emita una nueva determinación en la que, tomando en cuenta las particularidades de la infractora, de conformidad con las consideraciones que se ha hecho mención, realice una nueva individualización de la sanción que en derecho proceda.
Por virtud de todo lo antes expuesto, resulta procedente lo siguiente:
7.1. Modificar, en lo que fue materia de impugnación, la resolución INE/CG874/2016 del Consejo General del INE, a fin de revocar la sanción impuesta a Maricela Arteaga Solís.
7.2. Derivado de lo anterior, se ordena al Consejo General del referido instituto que emita una nueva determinación en la que funde y motive debidamente la individualización de la sanción, atendiendo a las consideraciones expuestas en el presente fallo.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a que hubiera ocurrido lo anterior, el Consejo General del INE deberá informarlo a esta Sala Regional remitiendo: a) copia certificada de la resolución que emita, b) así como de las constancias de notificación a la actora.
Se apercibe a la referida autoridad que, en caso de incumplir lo ordenado dentro del plazo fijado, se le aplicará el medio de apremio que corresponda, en términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Medios.
8. RESOLUTIVOS
PRIMERO. Se acumula el expediente SM-RAP-3/2017 al diverso SM-RAP-1/2017. Por tanto, agréguese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia al expediente acumulado.
SEGUNDO. Se desecha de plano la demanda correspondiente al recurso SM-RAP-1/2017.
TERCERO. Se modifica, en lo que fue materia de impugnación, la resolución INE/CG874/2016 emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para los efectos precisados en el presente fallo.
CUARTO. Se ordena al Instituto Nacional Electoral, proceda conforme a lo ordenado en el punto 7.2.
NOTIFÍQUESE. Hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable y, en su oportunidad, archívense los presentes expedientes como asuntos concluidos.
Así lo resolvieron por unanimidad de votos, la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Yairsinio David García Ortiz y el Magistrado en funciones Manuel Alejandro Ávila González integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.
1 Recibido por correo electrónico el dieciocho de enero del dos mil diecisiete y en la Oficialía de Partes el diecinueve siguiente.
2 Resolución INE/CG874/2016 dictada por el Consejo General del INE
3 Visible a foja 6 del expediente del recurso de apelación SM-RAP-3/2016, el cual se sustenta en lo resuelto por la Sala Superior en los expedientes SUP-RAP-156/2016 y SUP-RAP-160/2016 acumulados, SUP-RAP-162/2016 y acumulados, así como SUP-RAP-164/2016.
4 El juicio fue turnado bajo el expediente SM-JE-4/2017 el cual se reencauzó a recurso de apelación por acuerdo del pleno de esta Sala Regional, el pasado veinticinco de enero.
5 Al respecto consúltense la Tesis XXV/98 de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN, IMPIDE LA (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA)". Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, pp. 31 y 32; así como la Tesis LXXIX/2016, de rubro: “PRECLUSIÓN DEL DERECHO DE IMPUGNACIÓN DE ACTOS ELECTORALES. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A DICHO PRINCIPIO CON LA PRESENTACIÓN OPORTUNA DE DIVERSAS DEMANDAS CONTRA UN MISMO ACTO, CUANDO SE ADUZCAN HECHOS Y AGRAVIOS DISTINTOS.” Tesis aprobada por la Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, por mayoría de cinco votos, pendiente de publicación.
6 Al respecto véase la tesis XXVII/2005, de rubro: “DERECHO A IMPUGNAR ACTOS ELECTORALES. LA RECEPCIÓN DE LA DEMANDA POR ÓRGANO OBLIGADO A INTERVENIR EN EL TRÁMITE O SUSTANCIACIÓN GENERA SU EXTINCIÓN POR AGOTAMIENTO”, publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pp. 481 y 482.
7 Conforme a este criterio, esta sala desechó de plano la demanda correspondiente al juicio SM-JDC-250/2016.
8 Al respecto debe precisarse que la propia Ley de Medios establece los siguientes casos de excepción:
I. En primer término, el artículo 66 establece que, para la interposición del recurso de reconsideración los plazos serán los siguientes: a) tres días de forma general; y b) cuarenta y ocho horas para controvertir la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional; y,
II. En segundo término, el numeral 109, párrafo 3, señala que, en el caso del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, los plazos para su interposición serán: a) tres días, cuando se controviertan resoluciones de la Sala Especializada de este Tribunal Electoral; y b) cuarenta y ocho horas para el caso de controvertir determinaciones relacionadas con la solicitud de adopción de medidas cautelares (en relación con la jurisprudencia 5/2015).
9 Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 23 a 25.
10 En los casos que dieron origen a la jurisprudencia citada se abordaron violaciones producidas durante el transcurso del proceso comicial que no guardaban un vínculo directo con éste (por ejemplo, ocurridas durante un proceso intrapartidista de selección de dirigencias).
11 Bajo esta interpretación se analizaron y resolvieron diversos expedientes, entre otros, SUP-RAP-795/2015 y SUP-JDC-832/2015.
12 Al resolver el recurso de apelación SM-RAP-11/2016, esta Sala Regional estimó que la resolución del Consejo General del INE por la que determinó sancionar con una multa a un candidato independiente a presidente municipal en el proceso electoral dos mil quince-dos mil dieciséis en Tamaulipas, al incumplir distintas reglas en materia de registro y comprobación de su gasto de campaña; constituía un acto propio del proceso electoral en el que se emite, desde el punto de vista material, en razón de que fue dictada como consecuencia de la existencia de los mencionados comicios.
13 Véase el acuerdo ACG-IEEZ-089/VI/2016 del Consejo General del IEEZ por el que se aprueba el plan y calendario integral de actividades que se desarrollarían en el proceso electoral extraordinario, consultable en: http://ieez.org.mx/MJ/acuerdos/sesiones/10102016_3/acuerdos/ACGIEEZ089VI2016.pdf
14 Véase la jurisprudencia 1/2002 de rubro: PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO ACTO O RESOLUCIÓN DE LA ETAPA DE RESULTADOS ADQUIERE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES). Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, pp. 56 y 57.
15 SUP-REC-3/2017
16 El veintinueve de diciembre de dos mil dieciséis, esta Sala Regional dictó resolución en los juicios citados, en el sentido de modificar la sentencia de veintitrés de diciembre, dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas, debido a que resultó incorrecta la interpretación que se realizó respecto de la aplicación de la paridad de género al momento de efectuar la asignación de regidores por el principio de representación proporcional. En consecuencia, ordenó al Consejo General del IEEZ revocar la constancia de asignación otorgada a favor de la fórmula encabezada por Víctor Manuel Ortiz Morales, y se expidiera y entregara la constancia de asignación correspondiente a favor de la fórmula de candidatas encabezada por Rosa Guillermina Márquez Madrid.
17 Como se precisó en líneas anteriores, la única impugnación que se instauró en relación al proceso electoral local extraordinario de Zacatecas, se refirió exclusivamente a cuestionar la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional.
18 En el resolutivo décimo y décimo octavo de la resolución INE/CG874/2016 el Consejo General del INE solicitó al organismo público local que notificara la misma a los candidatos independientes a cargos de elección popular en el estado de Zacatecas. Además, la autoridad no aporta elementos que contradigan la aseveración de la actora en el sentido de que la resolución con la que se inconforma le fue notificada por el IEEZ.
19 Resulta aplicable el criterio contenido en la Tesis II/98 de rubro: DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. NO DEBEN COMPUTARSE EN EL PLAZO LEGAL PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 2, Año 1998, p. 42.
20 Tal como se observa del sello estampado en el escrito de demanda. Véase la foja 12 del cuaderno principal del expediente SM-RAP-3/2017.
21 Según se advierte del oficio IEEZ-02/0001/17 consultable a foja 303 del cuaderno principal del expediente SM-RAP-3/201.
22 Consúltese el oficio INE/UTVOPL/0031/2017 por el cual el Director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales remite al Director Jurídico del INE las constancias relativas al medio de impugnación promovido por Maricela Arteaga Solís. Constancia visible a foja 302 del cuaderno principal del expediente SM-RAP-3/2017.
23 Consúltense las razones de fijación y retiro de las cédulas de notificación, visibles a fojas 300 y 301 del expediente SM-RAP-3/2017.
24 Si bien la actora no identifica el número de la resolución que impugna, de las constancias que obran en autos es factible su identificación, atento a lo manifestado por la autoridad responsable y al contenido de la resolución a que hace alusión la recurrente en su demanda.
25 Cabe precisar que ha sido criterio de este Tribunal que resulta irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, este órgano resolverá tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto, que en el presente asunto serían los artículos 16 y 22 de la Constitución Federal, al inconformarse la actora con la individualización de una sanción.
26 Esto ya que el escrito de demanda debe analizarse en su integridad, a efecto de desprender los actos materia de la controversia. Dicha regla es igualmente aplicable respecto de los requisitos de la demanda, pues no necesariamente estos son satisfechos en el apartado correspondiente, sino que pueden estar contenidos en cualquier parte de la demanda o desprenderse de la misma. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 55/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Época: Novena Época. Registro: 195745. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998. Materia(s): Común. Página: 227.
27 En adelante UMAS.
28 El dos de enero del año en curso, la actora presentó, ante el IEEZ, diversa documentación a fin de atender el oficio número INE/UFT/DA-L/23476/16 la Unidad de Fiscalización del INE, visible a fojas 306 a 366 del cuaderno principal del expediente SM-RAP-3/2017.
29 Véase la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación identificada con la clave P/J.9/95, cuyo rubro es: "MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE." Época: Novena Época. Registro: 200347. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Julio de 1995. Materia(s): Constitucional. Página: 5.
30 Así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver las acciones de inconstitucionalidad 65/2014 y su acumulada, 56/2014 y su acumulada, así como 45/2015 y sus acumuladas.
31 Así lo ha sustentado la Sala Superior al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-424/2016, SUP-RAP-425/2016, SUP-RAP-430/2016, SUP-RAP-432/2016, SUP-RAP-444/2016 y SUP-RAP-445/2016.