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Timestamp: 2018-07-21 11:31:14
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Laboral-Chile: Constitución y principio de libertad sindical
Laboral-Chile
Blog creado por el profesor de Derecho del Trabajo, de la Universidad Adolfo Ibáñez, Sergio Gamonal Contreras, con la finalidad de dar a conocer algunos de sus trabajos en materia laboral y para discutir temas de interés.
Constitución y principio de libertad sindical
LA CONSTITUCIÓN DE 1980 Y LA LIBERTAD SINDICAL
Profesor Derecho del Trabajo
(Publicado en el Anuario de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Santiago, Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Nº 1, 2000, pp. 69-97)
Sumario: 1. Plan general. 2. El principio de libertad sindical. 3. La libertad sindical como medio: su carácter instrumental y atributos. 4. Normas constitucionales chilenas sobre libertad sindical. 5. La doctrina constitucional nacional y la libertad sindical. 6. Jurisprudencia sobre libertad sindical. 7. La interpretación de la libertad sindical en la Carta de 1980: lineamientos esenciales. 8. Conclusiones.
1. PLAN GENERAL. Desde la aprobación en nuestro país de los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical, se ha producido en nuestra comunidad jurídica un debate importante acerca del alcance de este concepto, la validez de estos convenios y sus consecuencias respecto de las normas de rango legal en materia de libertad sindical.
En el contexto de este debate se hace imprescindible un análisis más amplio, que abarque nuestra Constitución así como los tratados ratificados y vigentes en nuestro país que consagren el derecho a la libertad sindical, en cuanto derecho humano esencial[1] y, por ende, elevado al máximo poder normativo por el artículo 5º de nuestra Carta Fundamental.
Por ello en el presente estudio nos abocaremos al estudio de la libertad sindical en nuestra actual Constitución de 1980[2].
Hemos dividido nuestro trabajo en cuatro partes. La primera destinada al concepto de libertad sindical desde una perspectiva laboral y de derecho comparado. La segunda, a la descripción de los preceptos constitucionales sobre libertad sindical en nuestro país. En la tercera parte nos referimos a la interpretación que tradicionalmente la doctrina constitucional y la jurisprudencia nacional han dado a este concepto, para finalizar, en la parte final de este trabajo, con los criterios que debieran guiar al intérprete en esta materia.
2. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD SINDICAL. La libertad sindical es un principio fundamental del derecho del trabajo que no sólo permite constituir sindicatos, sino también la promoción de la “actividad sindical” comprensiva de todos aquellos comportamientos tendientes a hacer efectiva la coalición sindical. Esta libertad parte de la base del reconocimiento del conflicto en las relaciones de trabajo, así como del diálogo y de las posibilidades de convergencia entre los actores sociales[3].
Este principio no sólo debe garantizarse a los trabajadores y empleadores frente al Estado y sus autoridades, sino también respecto de sus contrapartes sociales.
Es posible referirse a la libertad sindical tanto desde una perspectiva individual como desde una perspectiva colectiva. La primera se relaciona con los trabajadores o empleadores individualmente considerados y la colectiva con los sindicatos una vez constituidos.
La libertad sindical individual puede ser positiva o negativa. Positiva, como la facultad de constituir un sindicato y de afiliarse a los ya formados; o negativa, como libertad del trabajador para desafiliarse o hacer abandono del sindicato, así como para no pertenecer a sindicato alguno.
En una visión colectiva, la libertad sindical implica también una serie de condiciones que permiten la realización del fin último de toda organización sindical: la defensa de los intereses colectivos de sus representados.
La Organización Internacional del Trabajo desde su creación en 1919 ha conferido a la libertad sindical el carácter de principio básico, confirmando este criterio años después en la Declaración de Filadelfia, de 1944, que la contempla como principio fundamental en los siguientes términos: “I b) la libertad de expresión y de asociación es esencial para el progreso constante”; consagrando como labor de la OIT el fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan “III e) lograr el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, …”.
Hace menos de dos años, en 1998, la OIT nuevamente formula una declaración sobre los “Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo”, reiterando que la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva constituyen un estándar mínimo aceptable de civilización que vincula a todos los Estados aún cuando no hayan ratificado los Convenios Fundamentales[4]. Además, distintos tratados internacionales sobre derechos humanos establecen la libertad sindical como derecho fundamental.
En la comunidad internacional se considera a la libertad sindical como un mecanismo eficaz a fin de fortalecer los derechos civiles, ya que la libertad sindical como derecho humano de segunda generación, es considerado un derecho esencial para la efectiva aplicación de los derechos humanos de primera generación. Sobre el particular, en la Conferencia de Derechos Humanos de Teherán, en 1968, se proclamó la indivisibilidad de los derechos humanos en el sentido de que la plena realización de los derechos civiles y políticos es imposible sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, y la OIT, por su lado, ha destacado la interdependencia de los derechos sindicales en relación con las libertades civiles, en la Conferencia Internacional de 1970[5].
Como vemos la libertad sindical tiene una proyección mundial que continúa plenamente vigente a comienzos del siglo XXI.
3. LA LIBERTAD SINDICAL COMO MEDIO: SU CARÁCTER INSTRUMENTAL Y ATRIBUTOS. Para el derecho laboral la libertad sindical tiene además un carácter instrumental al igual que la ley laboral, en orden a tutelar al trabajador individual en su posición de desventaja dentro de la relación de trabajo.
Aunque desde una perspectiva sustancial la libertad sindical es un derecho trascendental en toda democracia como vía de participación ciudadana por medio de los cuerpos intermedios, la libertad sindical asume a su vez en materias laborales importantes perfiles adjetivos en cuanto instrumento de tutela de la parte débil del contrato de trabajo.
El pleno ejercicio de la libertad sindical asegura un cumplimiento más adecuado de las leyes laborales y de los contratos colectivos, materias contempladas por nuestro legislador como fines de los sindicatos en el artículo 220 del Código del Trabajo.
Analizando el contenido sustancial de la libertad sindical es posible distinguir diversos atributos de este derecho, que nos permiten caracterizarlo y perfilar sus elementos esenciales. Los tres primeros se relacionan con la libertad sindical individual y los restantes con la colectiva:
A) Libertad de constitución: Integra la libertad sindical individual positiva y consiste en la facultad de los trabajadores y empleadores de constituir libremente las organizaciones sindicales que más les convengan.
Implica que la legislación no debe hacer distinciones en cuanto a la posibilidad de constituir sindicatos, como por ejemplo establecer discriminaciones en cuanto a ocupación, sexo, color, raza, credo, nacionalidad y opinión política; no debe requerirse de autorización previa para constituirlos, y el tipo de organización debe ser libremente elegido por los constituyentes de la misma[6].
La única excepción razonable a este atributo radica en los límites que el legislador pueda establecer respecto de las fuerzas armadas y de la policía, las cuales, por razones de interés general, perfectamente podrían quedar excluidas de estos derechos.
B) Libertad de afiliación: Trabajadores y empleadores son libres de adherir a la o las organizaciones que deseen.
C) Libertad sindical negativa: Trabajadores y empleadores son libres de desafiliarse de la o las organizaciones a que pertenezcan. Asimismo, son libres de no pertenecer a organización alguna, lo cual perfectamente puede ser garantizado a nivel legal. En contrario, si la legislación establece la afiliación obligatoria se transgrede este atributo y, por lo mismo, la libertad sindical.
Si la legislación nada dice y la sindicación obligatoria es acordada por los actores sociales (empleadores y trabajadores), por medio de las denominadas “cláusulas de seguridad sindical”, el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo ha estimado que no se transgrede la libertad sindical[7].
D) Libertad colectiva de reglamentación: Consiste en la autonomía de los sindicatos para dictar sus propios estatutos internos.
Si la legislación establece exigencias a los estatutos, éstas deben ser sólo de forma. Los estatutos y reglamentos administrativos no pueden quedar sujetos a una aprobación previa, de carácter discrecional, por parte de las autoridades[8].
E) Libertad colectiva de representación: Los sindicatos son libres de elegir a sus representantes sin injerencia del Estado y con la única limitación de respetar el principio democrático.
F) Libertad colectiva de disolución: Los sindicatos sólo pueden ser disueltos o su actividad suspendida por un acuerdo de sus afiliados o por sentencia judicial. En ningún caso podrán ser disueltos o suspendidos por una decisión administrativa.
G) Libertad colectiva de actuación sindical: Consiste en el derecho de los sindicatos de estructurar su propio programa de acción, en directa relación con los objetivos de la organización sindical, esto es la defensa de los intereses económicos y sociales de los trabajadores.
La libertad colectiva de actuación sindical faculta de los sindicatos para organizar libremente su trabajo interno, su administración y actividades; sin injerencias de ninguna especie. No obstante, el trabajo interno del sindicato deberá respetar el principio democrático en la adopción de las decisiones, y el Estado podrá adoptar reglas que aseguren dicha democracia.
Encontramos, entre otros aspectos, el derecho de disponer libremente de sus fondos y recursos, de celebrar reuniones sindicales, de que los dirigentes sindicales puedan tener acceso a los lugares de trabajo y mantener contactos con los miembros de la dirección.
Esta libertad de actuación sindical significa también el derecho de realizar toda acción relativa a la defensa de los intereses de los miembros de la organización.
Sin duda, estamos ante el más importante atributo de la libertad sindical, sin el cual no tienen sentido los demás. La libertad sindical sin libertad de actuación es un derecho vacío, semántico y sin sentido.
Esta actuación en defensa de los intereses de sus miembros implica, entre otras acciones, la realización de ciertas actividades políticas relativas a los intereses de sus representados[9], la posibilidad de concurrir y ser oídos ante organismos consultivos de carácter público, el participar en procesos de concertación social y, especialmente, el derecho de negociar colectivamente y de recurrir a la huelga.
La negociación colectiva y la huelga son dos elementos esenciales de la libertad sindical, sin los cuales los demás aspectos carecen de relevancia. Por esto, si bien la libertad sindical es reconocida a empleadores y trabajadores, el derecho de huelga, como derecho fundamental sólo es reconocido a las organizaciones de trabajadores, en el entendido de que la huelga constituye un mecanismo de autotutela colectiva que permite equilibrar los poderes entre empleadores y trabajadores, a fin de que puedan negociar libremente y en pié de igualdad. Por otra parte, la huelga es la principal garantía de cumplimiento de los derechos sindicales, de la libertad sindical y de los derechos individuales del trabajo. Más eficiente que cualquier recurso judicial o fiscalización administrativa.
Para el conocido profesor italiano Gino Giugni el derecho de huelga confiere al principio de libertad de organización (…) un potente instrumento de efectividad, porque la garantía de la huelga permite en definitiva la existencia y actuación de la organización sindical dentro de un sistema económico centrado preferencialmente en el mercado y en la iniciativa económica privada[10].
Como señala el profesor uruguayo Oscar Ermida Uriarte, el sindicato, la negociación colectiva y la huelga son los tres pilares indispensables e interdependientes sobre los cuales descansa el derecho colectivo del trabajo, “al punto de que la falta de cualquiera de los mismos impide el funcionamiento de éste”[11]. Por lo mismo, la huelga es un instrumento de la libertad sindical[12], consistente “en un instituto típico del derecho colectivo que procura efectivizar, precisamente, la autotutela laboral y la libertad sindical.”[13].
Entonces, la libertad sindical se configura en una proyección triple que comprende: la autoorganización, la autotutela y la autonormación[14]. Estos tres caracteres configuran la “visión triangular del derecho colectivo”, postulada hace decenios por el profesor mexicano Mario de la Cueva[15].
En idéntica línea, el Tribunal Federal Alemán afirma que para avanzar de la libertad individual de asociación a un sistema de convenios colectivos debe aceptarse necesariamente el derecho a la huelga, ya que, de no ser así, “las negociaciones sobre convenios colectivos representarían tan sólo una “petición colectiva de limosna”.”[16]. Además, en muchos países desarrollados se ha entendido que la libertad de asociación protegida a nivel constitucional implica también la libertad de huelga (Alemania, Bélgica, Holanda, Dinamarca y Luxemburgo)[17]. De hecho, en el caso de Alemania, ante el silencio constitucional sobre la huelga la jurisprudencia ha entendido que la libertad de asociación constitucional no sólo comprende una “libertad” sino un “derecho” de huelga[18].
En todo caso, podrán establecerse límites a la actuación sindical, que deberán fundarse en el interés general y no podrán afectar en su esencia la actividad sindical. En los casos extremos en que deba prohibirse una huelga, deberán contemplarse medidas accesorias o alternativas que permitan negociar colectivamente y tutelar los intereses de los trabajadores.
H) Libertad colectiva de federación: Los sindicatos pueden federarse, confederarse y formar organizaciones internacionales en forma libre, y también asociarse o desafiliarse de las mismas.
Las federaciones y confederaciones, por su parte, gozan de los demás atributos de la libertad sindical en perspectiva colectiva ya enunciados.
Finalmente, debemos indicar que complemento directo de los atributos de la libertad sindical recién explicados son los mecanismos de tutela que el mismo legislador pueda establecer, como por ejemplo, el fuero sindical y las prácticas desleales.
4. NORMAS CONSTITUCIONALES CHILENAS SOBRE LIBERTAD SINDICAL. Las normas constitucionales relativas a la libertad sindical son las siguientes:
A) El artículo 19, Nº 19º, incisos primero y segundo, de la Constitución de 1980, que consagran el derecho de sindicación y la libertad sindical negativa.
El artículo 19 N° 19° inciso primero establece "El derecho de sindicarse en los casos y formas que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria.". Por su parte, su inciso segundo dispone que: "Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.".
La primera parte de este inciso primero y el inciso segundo, consagran expresamente en nuestro ordenamiento constitucional la libertad sindical positiva, como derecho de los trabajadores de constituir sindicatos y afiliarse a los mismos. Las organizaciones sindicales adquieren personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma que determine la ley.
La segunda parte de este inciso primero del artículo 19 N° 19° que dice "La afiliación sindical será siempre voluntaria", garantiza la libertad sindical negativa, en cuanto derecho de los trabajadores a desafiliarse de los sindicatos y a no asociarse a ningún sindicato.
B) El artículo 19 Nº 19º inciso tercero de la Constitución de 1980, reconoce la autonomía colectiva de las organizaciones sindicales al establecer que la ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones.
Además debe considerarse el artículo 1° inciso tercero de la Constitución, que establece la autonomía de los grupos intermedios para cumplir sus propios fines específicos, lo cual es plenamente aplicable a los sindicatos, en cuanto cuerpos intermedios.
El artículo 19 N° 19° inciso tercero parte final establece que las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidistas.
C) El artículo 19, Nº 16º, inciso quinto, de la Constitución de 1980, asegura a todos los trabajadores el derecho de negociar colectivamente en la empresa en que laboren, salvo los casos en que la ley expresamente no permita negociar. Agrega que la ley establecerá las modalidades de la negociación colectiva y los procedimientos adecuados para lograr en ella una solución justa y pacífica. Asimismo, la norma legal establecerá los casos en que la negociación colectiva deberá someterse a arbitraje obligatorio.
D) El artículo 19 N° 16° inciso final, establece que: "No podrán declarase en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso.".
E) El artículo 5º inciso segundo de la Carta Fundamental dispone que los órganos del Estado deben respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana y que se encuentran consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados y vigentes en Chile.
Los tratados internacionales ratificados y vigentes en nuestro país que consagran la libertad sindical son los siguientes:
1.- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966, en su artículo 8, dispone lo siguiente:
"1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar:
d) El derecho de huelga, ejercido en conformidad con las leyes de cada país.
3. Nada de los dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.".
2.- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966, en su artículo 22, que estatuye:
"1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses.
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de la fuerzas armadas y de la policía.
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar las medidas legislativas que puedan menoscabar las garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías.".
3.- Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto San José de Costa Rica", de 1969, en su artículo 16, que establece:
"LIBERTAD DE ASOCIACIÓN
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía.".
4.- El Convenio 87 de la OIT[19], sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicación[20].
5.- El Convenio 98 de la OIT[21], sobre la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva[22].
F) La Constitución contiene otras normas relacionadas a la libertad sindical:
1.- Se dispone la incompatibilidad de los cargos directivos superiores de las organizaciones gremiales -también los sindicatos- con los cargos directivos superiores, nacionales y regionales, de los partidos políticos, artículo 23.
2. Se contempla que el que ejerza un cargo directivo de naturaleza gremial no podrá ser candidato a diputado ni a senador, artículo 54 N° 7).
3. Estatuye la inhabilidad por 15 años para ser dirigente sindical si cometió delito terrorista, artículo 9°.
4- Limita el derecho de reunión en algunos estados de excepción constitucional, artículo 41 N°s. 1°, 2°, 4° y 5°.
5. LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL NACIONAL Y LA LIBERTAD SINDICAL. La doctrina constitucional en nuestro país se ha pronunciado respecto de la libertad sindical en términos más bien escuetos.
Emilio Pfeffer, en cuanto al derecho de sindicación, destaca como una de sus características el principio de la libre afiliación, corolario de la normativa general establecida en el artículo 19 Nº 15º (sobre libertad de asociación) y 19 Nº 16º inciso cuarto (que prohíbe a la ley o autoridad pública exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en éstos)[23].
Enrique Evans señala que el derecho de asociación sindical debe ejercerse en forma que indique la ley lo que en su opinión implica que el ejercicio de este derecho está remitido por entero a la ley respectiva. La única garantía que se basta a sí misma, relativamente, es la referida a la adquisición de personalidad jurídica por el registro de los estatutos y actas constitutivas del sindicato[24].
Mario Verdugo, Emilio Pfeffer y Humberto Nogueira explican que aunque la negociación colectiva es un derecho constitucional, la ley puede establecer los casos en que no se permite negociar. Además, precisan que los elementos que configuran la garantía tienen jerarquía legal (modalidades, procedimientos y arbitraje obligatorio), lo que impide que una norma reglamentaria regule estas modalidades y procedimientos[25].
En relación a las atribuciones del legislador en esta materia, estos autores mencionan que la ley no puede afectar en su esencia la garantía constitucional de negociar colectivamente[26].
Germán Urzúa precisa que la autonomía de las organizaciones sindicales que debe garantizar la ley (art. 19 Nº 19º inciso tercero de la Constitución) debe entenderse respecto de los empresarios, las autoridades y el Estado[27]. Evans, agrega que también debe entenderse esta autonomía en relación a las organizaciones o entidades que no tengan por objeto exclusivo asociar trabajadores o sindicatos[28].
En este punto, María Pía Silva Gallinato destaca que la autonomía para cumplir los propios fines de la organización sindical está suficientemente garantizada en el capítulo I de la Constitución, sobre Bases de la Institucionalidad[29].
Acerca de la prohibición de participar en actividades político partidistas, Evans precisa que esta norma no impide ni podría impedir que las organizaciones sindicales, como tales, dentro de su autonomía y en ejercicio de la libertad de opinión, adopten acuerdos o participen en actos de contenido político que, esencialmente, expresen una preocupación o una posición frente a determinados problemas o situaciones que afecten a todo el país o al sector sindical[30].
En idéntico sentido, Silva Gallinato expresa que al despolitizar la actividad sindical no se puede restringir lo que constituye la función esencial de los organismos sindicales en la vida social: garantizar que se respetarán el derecho al trabajo, a un nivel de vida digno y a la participación laboral[31].
Respecto de la huelga, Verdugo, Pfeffer y Nogueira mencionan que en nuestro derecho ésta solamente tiene jerarquía legal ya que el constituyente sólo estatuye los casos en los cuales la huelga está prohibida para ciertos funcionarios. Agregan que no cabe la determinación por norma reglamentaria del procedimiento para establecer a quiénes afecta esta prohibición[32].
Urzúa precisa que en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución el Ministro del Trabajo de la época se manifestó contrario al reconocimiento constitucional del derecho de huelga, con la finalidad de evitar que los conflictos colectivos fueran solucionados por la fuerza, agregando que nuestro país no tenía compromisos internacionales en esta materia (se trataba de la década del setenta) y que la huelga era un hecho de fuerza generalmente ocupado por ciertos grupos políticos para acentuar la lucha de clases[33].
En contrario se expresaron dos de los miembros de la referida Comisión. En efecto, Enrique Evans de la Cuadra indicó que en los regímenes totalitarios se ha suprimido el derecho de huelga y Alejandro Silva Bascuñán manifestó que el derecho de huelga es un instrumento que pude ser eminentemente un factor de paz social, añadiendo que si a la organización sindical se le resta, en los aspectos positivos, el derecho de huelga, también terminan muchas de sus posibilidades de influir rectamente[34].
Autores como Francisco Cumplido y Mario Verdugo interpretan las garantías laborales en forma amplia en relación a otros constitucionalistas como Jose Luis Cea, quien postula una interpretación de las garantías constitucionales laborales y sindicales en subordinación al Orden Público Económico y al derecho de propiedad[35].
Como vemos la interpretación constitucional de la libertad sindical es más bien restrictiva en comparación con el alcance dado a la misma por la doctrina laboral, el derecho constitucional comparado y los organismos internacionales.
6. JURISPRUDENCIA SOBRE LIBERTAD SINDICAL. La jurisprudencia sobre libertad sindical en nuestro sistema la encontramos fundamentalmente en las acciones de protección.
Esta jurisprudencia se encuadra en una línea más bien restrictiva acerca del alcance del principio de libertad sindical.
Revisaremos algunas de las sentencias que estimamos más importantes en esta materia.
A continuación mencionaremos cuatro fallos de los cuales fluye claramente en concepto restrictivo de libertad sindical.
En efecto, en el caso caratulado Hidalgo Pavez y otros con Navarrete Godoy[36], el anterior director del sindicato se niega a entregar al nuevo directorio el local sindical, los libros, registros y dineros de la asociación, impidiéndoles la entrada al local, y procediendo a designarse, además, en forma ilegal, presidente del sindicato.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso y manifestó que el derecho a sindicarse comprende evidentemente el de darse la directiva que libremente se elija para que el derecho pueda ser ejercido[37], ordenando la inmediata entrega del local, libro, registros, dineros y bienes del sindicato en cuestión.
En otra causa titulada Díaz Fierro y otros con Dirección del Trabajo[38], un sindicato es eliminado del registro que lleva la Dirección del Trabajo, en base a que se constituyó como sindicato de empresa en circunstancias de que agrupa a profesores de tres colegios -empresas- distintos, debiendo haberse constituido como sindicato interempresa, sin embargo no cuenta con el quórum suficiente para proceder en dicho sentido.
La Corte de Apelaciones de Santiago acogió el recurso de protección señalando que las organizaciones sindicales adquieren personalidad jurídica por el solo hecho del registro y sólo pueden perder dicha personalidad por un pronunciamiento de un órgano jurisdiccional, ya que el ordenamiento se contrapone a la concesión de personalidad jurídica o a su cancelación con intervención de la autoridad administrativa[39].
En la sentencia caratulada Sindicato de Trabajadores Industrial Sewell y Mina 8 de Codelco-Chile División El Teniente y otros con Alejandro Noemi Presidente de CODELCO[40], la presidencia ejecutiva de CODELCO en conformidad a sus facultades legales ha dispuesto organizar una División Talleres como empresa diferente de la División El Teniente, notificando a los trabajadores que esta situación provoca automática e inmediatamente la desafiliación sindical de los trabajadores traspasados a la “nueva empresa”.
Ante esta situación, la Corte Suprema expresó que este hecho “no puede producir, automáticamente, por ese solo hecho y por la voluntad unilateral de la parte empleadora, la desafiliación o la necesidad de que ésta se produzca”. Para ello será necesario que se pronuncien las instancias jurisdiccionales correspondientes[41].
En el recurso denominado Caso Díaz Alvarez con Sindicato de Trabajadores Independientes Dueños de Taxis Colectivos Línea 22 Villa Lambert / La Serena[42], doña Margarita Ester Díaz Alvarez fue injustamente expulsada del sindicato por un acuerdo adoptado en una Reunión Extraordinaria sin darle derecho a defenderse, vulnerándose su derecho de sindicación.
La Corte de Apelaciones de La Serena, acoge el recurso en base a la “libertad de trabajo” de la recurrente afectada con la referida expulsión dejando sin efecto dicha medida[43].
Son destacables estas cuatro sentencias que tutelan diversos atributos de la libertad sindical, como la libertad colectiva de representación en el “caso Hidalgo Pavez y otros con Navarrete Godoy”, la libertad colectiva de disolución en “Díaz Fierro y otros con Dirección del Trabajo”, y la libertad sindical negativa en los casos “Sindicato de Trabajadores Industrial Sewell y Mina 8 de Codelco-Chile División El Teniente y otros con Alejandro Noemi Presidente de CODELCO” y en “Díaz Alvarez con Sindicato de Trabajadores Independientes Dueños de Taxis Colectivos Línea 22 Villa Lambert / La Serena”.
Sin embargo, esta tutela de la libertad sindical no es suficiente ya que todos estos atributos pueden ser garantizados en el marco de la autonomía de los grupos intermedios[44] y de la libertad de asociación[45], garantía establecida en el artículo 19 Nº 15º de la Constitución, sin que sea necesario destinar otro numeral a la libertad sindical, como lo hace nuestra Carta Magna[46]. Tanto es así, que la Corte Suprema ha manifestado que la autonomía de los cuerpos intermedios es incluso aplicable a los entes de hecho, sin personalidad jurídica, los que gozan de derechos constitucionales acordes a su peculiar naturaleza, por ejemplo de asociación, de reunión, de expresión, consustanciales a su existencia[47]. Por lo anterior debemos preguntarnos ¿para qué el constituyente destinó un numeral especial –19º- a la libertad sindical si en definitiva su interpretación se enmarca dentro del derecho de asociación y de la autonomía de los cuerpos intermedios? La respuesta a esta pregunta es obvia, por la especial naturaleza del derecho del trabajo y el carácter instrumental de la libertad sindical que no sólo comprende la “organización” sino también la “acción” a fin de cumplir sus finalidades.
Por ejemplo, en el caso “Sindicato de Trabajadores Industrial Sewell y Mina 8 de Codelco-Chile División El Teniente y otros con Alejandro Noemi Presidente de CODELCO”, se tutela la libertad sindical negativa manifestando que la nueva División creada no puede producir, automáticamente, la desafiliación de los trabajadores miembros del sindicato, respecto de lo cual deberán pronunciarse las instancias jurisdiccionales correspondientes. No obstante, ello no es suficiente. El problema de fondo planteado en este caso es el de la noción o amplitud del concepto de empresa en el caso de CODELCO, la eventual arbitrariedad de la nueva División que se crea, y la posible intención que pudo haber detrás configurándose quizás una practica desleal en contra del sindicato. Aunque el recurso haya sido acogido, la remisión a las instancias judiciales que correspondan deja, en los hechos, en la indefensión al recurrente.
En “Díaz Alvarez con Sindicato de Trabajadores Independientes Dueños de Taxis Colectivos Línea 22 Villa Lambert / La Serena”, se alude a la libertad de trabajo y se acoge la acción. Sin embargo, existe otra garantía comprometida como es la libertad sindical negativa (art. 19 Nº 19º inciso primero de la Constitución), que no es mencionada ni por los recurrentes ni por la sentencia.
En los párrafos siguientes transcribiremos diferentes sentencias que, en nuestra opinión, no tutelan del todo o, derechamente ignoran, el alcance del principio de libertad sindical y su consagración en nuestra Constitución Política.
En la causa caratulada Guerra Gómez con Agente del Banco Español Chile[48], se acciona en contra del Banco Español Chile por una orden de no pago de cheques de la Zonal El Teniente, que se basa en una medida prejudicial precautoria en contra de la Confederación de Trabajadores del Cobre.
La Corte de Apelaciones de Rancagua declara que no ha lugar el recurso de protección señalando, entre otras razones, que la garantía del artículo 19 Nº 19 de la Constitución Política en lo relativo a la autonomía sindical no puede entenderse vulnerada por resoluciones judiciales que intervengan en el ejercicio de actos civiles y mercantiles propios de su calidad de personas jurídicas, que podrían ser cumplidos o ejecutados por cualquier otra persona natural o jurídica, y que en caso alguno le son propios o exclusivos por su calidad de sindicato[49].
En este caso, aunque la decisión final pareciera adecuada, el fundamento relativo al alcance de la autonomía sindical en orden a que ésta “no puede entenderse vulnerada por resoluciones judiciales que intervengan en el ejercicio de actos civiles y mercantiles propios de su calidad de personas jurídicas, que podrían ser cumplidos o ejecutados por cualquier otra persona natural o jurídica, y que en caso alguno le son propios o exclusivos por su calidad de sindicato”, excluye del ámbito de la libertad sindical todo lo relativo al manejo patrimonial del sindicato, sin el cual difícilmente estas organizaciones pueden cumplir sus fines. Quizás era justificado en este caso limitar esta libertad, pero esto es distinto que sostener que la autonomía sindical no comprende un manejo patrimonial libre de interferencias externas.
En el recurso denominado Cerda Ortiz con CODELCO División Chuquicamata[50], el señor Cerda Ortiz, trabajador de CODELCO y director de la Asociación Nacional de Supervisores del Cobre, es despedido (desahuciado) a fines de diciembre de 1987 después de haber interpuesto dos reclamaciones (el 14 de octubre y 12 de noviembre) contra la empresa, ante la Inspección del Trabajo, por la decisión de CODELCO de introducir en los contratos de trabajo cláusulas de inhabilidad para negociar colectivamente, afectando a más del 50 % de los supervisores del cobre. Señala el recurrente que su despido se encuentra íntimamente ligado a su actividad gremial configurándose una suerte de acto de represalia que vulnera su libertad de trabajo estatuida en el artículo 19 Nº 16 inciso primero de la Constitución.
La Corte de Apelaciones de Antofagasta, rechazó el recurso argumentando que la estabilidad en el empleo no se encuentra tutelada por la garantía constitucional invocada[51].
Aquí apreciamos que la sentencia se limita a postular que la libertad de trabajo no comprende la estabilidad en el empleo, lo cual es cierto. Sin embargo, estimamos que se elude el fondo del problema y no se tutelan la garantías constitucionales que la acción de protección está destinada a proteger. Lo anterior debido a que la libertad de trabajo supone que la persona no será discriminada arbitrariamente, especialmente por su actividad sindical. ¿Puede un trabajador gozar de “libertad de trabajo” si otros compañeros han sido despedidos por reclamar por sus derechos? ¿Se siente en este contexto “libre” para proceder en idéntico sentido? Si un trabajador sabe que si reclama u opina de tal forma o trata de organizar sindicalmente (acción amparada en una garantía constitucional, art. 19 Nº 19º) a sus compañeros será despedido, ¿se respeta su “libertad de trabajo”?
A lo anterior cabe agregar que también forma parte de la autonomía sindical la facultad de velar por los derechos de los sindicados, razón por la que estimamos que en esta causa podría haberse vulnerado otra garantía constitucional como es la del artículo 19 Nº 19º inciso tercero de la Constitución. Si bien cabe la posibilidad de que el despido haya sido lícito, la sentencia no consideró ninguna de las posibilidades mencionadas, excluyendo a priori la alternativa de que haya existido un abuso y, en definitiva, una conducta atentatoria a garantías constitucionales comprendidas en la acción de protección.
En el caso titulado Sociedad Embotelladora El Sol S.A. con Inspector Comunal del Trabajo de Coquimbo[52], aunque en esta causa no se citan las garantía constitucionales relativas a la libertad sindical, creemos que indirectamente incide en la autonomía de estas organizaciones consagrada en el artículo 19 Nº 19º inciso tercero de la Carta Fundamental. En este caso se procede contra el Inspector del Trabajo que ha aceptado un reclamo de los trabajadores en el proceso de negociación colectiva reglada donde el empleador ha rechazado la participación en la misma de 61 trabajadores no obstante existir un convenio colectivo vigente a su respecto. La Inspección argumenta que no se trata de convenios colectivos sino de una suerte de contratos individuales múltiples toda vez que no hubo negociación entre sujetos colectivos.
La Corte Suprema confirma el fallo apelado por entender que la Inspección carece de facultades legales para pronunciarse acerca del fundamento de la respuesta del empleador[53].
Resulta del mayor interés el voto de minoría que postula que la inclusión o exclusión del trabajadores del proceso negociador no queda comprendida dentro de las excepciones a la jurisdicción de la Inspección[54], señalando además que el convenio colectivo al igual que el contrato colectivo debe ser “colectivo”, es decir reunir a un universo de trabajadores sea para convenir bilateralmente las condiciones de trabajo y remuneraciones, dando lugar al convenio, o bien plantear estas condiciones a través del procedimiento reglado que estatuye la ley[55]. Añade este voto minoritario que “por vía de convenir condiciones de trabajo y remuneraciones en forma parcelada con los dependientes se viola también el sentido de la ley al dividir a éstos, restando su número para evitar el que pueda plantearse una negociación colectiva reglada”[56]. Inclusive, postula este voto, de considerarse que los instrumentos aludidos son convenios colectivos, debe estimarse que sus efectos no son asimilables a los contratos colectivos ya que la propia ley (art. 127 actual 351 del Código del Trabajo) excepciona de los mismos a los convenios de carácter parcial, lo que es evidente en este caso[57]. Además cita al art. 90 (actual 314) que dice: “sin perjuicio de la negociación colectiva reglada…”, redacción que debe entenderse referida especialmente a este tipo de convenios parciales, los cuales no pueden inhibir a la negociación reglada[58].
Como vemos, en este caso se sostiene que la Inspección del Trabajo no tiene facultades para realizar el pronunciamiento respecto del cual se recurre. En esta materia, opinamos de forma distinta, sin embargo no es esta la oportunidad de referirnos a las facultades de fiscalización de la Dirección del Trabajo[59].
Destacamos en esta materia el voto de minoría, que tutela la garantía constitucional de la autonomía colectiva o sindical (art. 19 Nº 19º inciso tercero de la Ley Fundamental), ya que si un sindicato no puede negociar colectivamente ¿para qué existe? ¿para qué constituirlo? Un criterio restrictivo hace peligrar el futuro de la libertad sindical y su consagración constitucional queda en letra muerta. Si la libertad sindical sólo comprende la “organización” y no la “acción”, el numeral 19º es repetitivo e innecesario respecto del numeral 15º sobre libertad de asociación.
Además, la libertad sindical no es una garantía aislada, está en estrecha vinculación con otras garantías como el derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, y el derecho de propiedad de los trabajadores. La propia ley, al enumerar los fines sindicales (art. 220 del Código del Trabajo), se refiere a la representación individual y colectiva, a la finalidad de velar por el cumplimiento de la legislación laboral y social y denunciar sus infracciones, a la representación del interés social comprometido por la inobservancia de las leyes de protección, a la posibilidad de prestar ayuda a sus asociados, de promover la educación gremial, técnica y general de los mismos, de propender al mejoramiento de los sistemas de prevención de riesgos, de constituir o participar en instituciones previsionales o de salud, de propender al mejoramiento del nivel de empleo, etc.
La forma de alcanzar estos objetivos es a través de la “acción”, por medio del ejercicio de la autonomía sindical, fundamentalmente a través de la negociación colectiva, la que puede quedar absolutamente desarticulada si se estima como convenio colectivo un pacto individual múltiple, sin interlocutor colectivo, a veces firmado en blanco y bajo presión del empleador.
Los sindicatos, para nuestro constituyente y para nuestro legislador, no son una suerte de “organizaciones dudosas” sobre las cuales sólo se garantiza la existencia pero no su actuación. La sentencia en comento debió entrar al fondo del asunto, fallar por la empleadora si en realidad hubo convenio colectivo o a favor de los trabajadores si dicho pacto es más aparente que real. Que la norma del art. 314 del Código del Trabajo diga “y sin restricciones de ninguna naturaleza” es lógico en un sistema reglado de negociación como el nuestro, con excesivas restricciones a los actores sociales. Pero esta frase no exime de su interpretación en contexto, como norma que forma parte de un libro de dedicado a la negociación colectiva dentro de un Código del Trabajo, en un sistema en que ésta es una garantía constitucional de los trabajadores, así como también la autonomía de las organizaciones sindicales.
En la causa caratulada Consorcio Agroindustrial de Malloa S.A. con Director del Trabajo[60], la Dirección estima que un Convenio Colectivo celebrado en la empresa no reúne los requisitos para ser considerado como tal y, por ende, procede el descuento estatuido en el artículo 122 (actual 346 del Código del Trabajo) por haber operado una extensión unilateral de beneficios a favor de los trabajadores señalados[61].
La Corte Suprema revoca el fallo de la Corte de Santiago y acoge la protección por estimar vulnerados las garantías del artículo 19 Nºs. 3º inciso cuarto y 24º de la Constitución Política[62].
Asimismo, en el recurso denominado Sociedad Alicol con Inspector Comunal del Trabajo de Santiago Sur[63], el recurrente expone que con fecha 14 de junio de 1996 suscribió un contrato colectivo con el sindicato de la empresa, y más tarde a solicitud de un grupo importante de trabajadores no afiliados al mismo, celebró con ellos el 29 de julio un convenio colectivo de trabajo. Al presentar los documentos respectivos para el registro del convenio en la Inspección del Trabajo, ésta se habría negado a realizar dicho registro por existir una reclamación pendiente del sindicato ante dicha repartición. Posteriormente la Inspección instruyó a la empresa a fin de que realizara el descuento del 75% de la cotización sindical al tenor del artículo 346 del Código del Trabajo por haberse extendido los beneficios del contrato colectivo de trabajo vigente en la empresa.
La Corte de Apelaciones de San Miguel, estimó válido el convenio colectivo, expresando que no se produjo la extensión de beneficios del artículo 346 y, por lo tanto, acogió la protección interpuesta[64]. El fallo considera vulneradas las garantías del artículo 19 Nºs. 3º inciso cuarto y 24º[65].
En estos dos casos son pertinentes similares comentarios a los de la situación anterior. Además, en las materias conocidas en estas sentencias, era necesario ponderar el alcance de la libertad sindical y, dentro de la misma, la autonomía de los sindicatos, los costos de negociación en que incurrió (asesorías, equipo técnico, etc.) y lo manifestado por el propio legislador que considera una práctica desleal o antisindical si el empleador aplica las estipulaciones de un contrato colectivo a los trabajadores a que se refiere el artículo 346 sin efectuar el descuento a que dicha disposición alude (art. 289 f del Código).
Cabe recordar, además, que nuestro legislador no conceptúa la libertad sindical en forma restringida. En efecto, al regular las prácticas desleales formula una definición general de las mismas y varios ejemplos específicos. En la primera, las define como “las acciones que atenten contra la libertad sindical” (art. 289 inciso primero). En cuanto a los ejemplos específicos, encontramos que se abarca tanto la “organización” como la “acción sindical”. En efecto, se refiere a la “organización” cuando habla por ejemplo de obstáculos a la formación de sindicatos (art. 289 a y b), actos para alterar el quórum (art. 289 a), evitar la afiliación a un sindicato (art. 289 c), intervenir en su organización o discriminar entre sindicatos (art. 289 d).
Pero también se refiere a la acción, cuando habla de obstaculizar el funcionamiento de los sindicatos (art. 289 a), de no proporcionar la información necesaria (art. 289 a), de ejecutar actos de injerencia sindical (art. 289 d), y de aplicar las estipulaciones de un contrato colectivo a los trabajadores a que se refiere el artículo 346 sin efectuar el descuento estatuido en la ley (art. 289 f). En el mismo sentido se dice que atenta especialmente contra la libertad sindical los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la libertad de opinión de los miembros de un sindicato (art. 291 b).
Es cierto que el Código no menciona expresamente a la negociación colectiva en estas normas (ya que establece prácticas desleales especiales a su respecto en los arts. 387 y ss.), pero los ejemplos citados demuestran que no puede entenderse a la libertad sindical como mera organización absolutamente desprovista de posibilidades razonables de acción a fin de cumplir sus fines, al tenor de los establecido por nuestro legislador.
Finalmente, en el caso Impregilo S.P.A. con Inspector del Trabajo de Linares[66], la Inspección había acogido un reclamo de la Comisión Negociadora respecto del derecho a negociar colectivamente de 68 trabajadores afiliados al sindicato de la empresa.
La Corte de Apelaciones de Talca acoge el recurso y determina que los trabajadores no pueden negociar colectivamente al tenor de lo dispuesto en el artículo 305 Nº 1 del Código del Trabajo, que impide que los trabajadores contratados exclusivamente para el desempeño de una determinada obra o faena transitoria o de temporada puedan negociar colectivamente[67].
En este caso no se cuestiona la flagrante inconstitucionalidad del artículo 305 Nº 1 del Código, que violenta en su esencia una garantía constitucional como el derecho de negociar colectivamente (art. 19 Nºs. 16 º inciso cuarto y 26º).
Finalmente, como comentario general, debemos decir que es preocupante la comprobación de que los mismos actores sindicales no utilizan la acción de protección para tutelar sus garantías constitucionales. De los casos conocidos, cuando acciona un sindicato es para la protección de su libertad sindical en sentido restringido y no amplio, lo que deja abierta una brecha a futuro ya que perfectamente podrán presentarse acciones de protección a fin de dar plena tutela al artículo 19 Nº 19º de la Constitución Política, caso en el cual la jurisprudencia deberá asumir una postura expresa en la materia.
En el párrafo siguiente presentaremos algunos criterios mínimos que debieran guiar al intérprete de las normas sobre libertad sindical en nuestro sistema.
7. LA INTERPRETACIÓN DE LA LIBERTAD SINDICAL EN LA CARTA DE 1980: LINEAMIENTOS ESENCIALES. En este párrafo final dividiremos nuestra exposición en dos partes. Primero enunciaremos ciertos elementos básicos de interpretación constitucional. Posteriormente, estudiaremos cómo juegan dichos elementos en la interpretación de la libertad sindical estatuida en nuestra Constitución.
En materia de interpretación constitucional, José Luis Cea señala que el intérprete tendrá que aplicar una hermenéutica finalista y no exegética o formalista, en atención a los ideales y fines de la Carta Magna[68].
De estos ideales o fines, cabe resaltar para efectos de nuestro estudio el inciso primero del artículo 1º que establece que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Al respecto, Verdugo, Pfeffer y Nogueira señalan que por dignidad se entiende el respeto que merece toda persona por su calidad de tal, lo que impide que sea coaccionada física, mentalmente o discriminada[69].
Otro valor importante es la autonomía de los grupos intermedios para el libre cumplimiento de las finalidades que les son propias[70], expresamente contemplada en el artículo 1º inciso tercero de la Constitución.
Asimismo, debe considerarse el papel asignado al Estado en cuanto promotor del bien común[71], como organización humana encargada de contribuir a crear las condiciones que permitan a todos y a cada uno de los miembros de la sociedad alcanzar su más plena realización material y espiritual posible.
Nuestro Tribunal Constitucional[72] ha manifestado que “el artículo 1º de la Carta Fundamental es de un profundo y rico contenido doctrinario; refleja la filosofía que inspira nuestra Constitución y orienta al intérprete en su misión de declarar y explicar el verdadero sentido y alcance del resto de la preceptiva constitucional”[73].
Otro parámetro importante de hermenéutica constitucional está dado por la interpretación sistemática, entendida como aquella que considera que la Constitución es un solo todo en el cada precepto adquiere su pleno valor y sentido en función del conjunto[74].
El profesor Alejandro Silva Bascuñán señala que la “Constitución no es, pues, un conjunto de artículos yuxtapuestos, sino que todos ellos forman un sistema, de modo que la tarea hermenéutica tiene que considerar en todo momento la lógica sustentada en el contexto y sintetizada en el centro definidor del Capítulo I.” [75].
Cabe considerar, por otra parte, el “principio de supremacía constitucional”, donde la Carta Fundamental cumple el rol de norma superior del sistema jurídico encargada de regular la producción normativa y las fuentes del derecho. Asimismo, es dable señalar el "principio de vinculación directa", en orden a que todas las normas constitucionales, incluyendo las garantías constitucionales laborales, tienen efecto inmediato y directo respecto de todas las personas, grupos, organismos y poderes del Estado, al tenor de los artículos 6° y 7° de la Constitución.
Agrega, además, el profesor Cea, que existen normas que dirigen la labor del intérprete, como el artículo 19 Nº 26º, que impone el respeto por la esencia de los derechos[76]. Este autor indica que para conocer la esencia de un derecho constitucional es necesario examinar su texto, a fin de determinar si sólo lo menciona o si, por el contrario, la Constitución contempla el núcleo del derecho o libertad de que se trate[77]. Si la normativa constitucional comprende el núcleo del derecho o libertad reconocido, éste debe ser interpretado para fijar su sentido, en forma extensiva respecto de su titular y restrictiva respecto de la autoridad legislativa que lo regula, complementa, limita o restringe[78]. Cuando la Constitución solamente menciona el derecho sin proporcionar elementos para configurarlo, el legislador no detenta por ello una potestad discrecional, siendo “imperativo proceder a la integración o creación jurídica para colmar los vacíos mediante una interpretación teleológica congruente con los Principios Generales del Derecho y la Equidad. En otras palabras, no hay lagunas en la Constitución ni puede haber en ella resquicios.”[79].
Para nuestro Tribunal Constitucional, un derecho es afectado en su esencia, “cuando se le priva de aquello que le es consustancial de manera tal que deja de ser reconocible y que se “impide el libre ejercicio” en aquellos casos en que el legislador lo somete a exigencias que lo hacen irrealizable, lo entraban más allá de los razonable o lo privan de tutela jurídica”[80].
Otro principio importante es el de la “interpretación de las leyes conforme a la Constitución”, según el cual ante dos interpretaciones de un precepto legal el intérprete debe optar por la que se ajuste más a la Constitución[81].
Verdugo, Pfeffer y Nogueira precisan que la interpretación que se haga conforme a la Constitución debe ser la más favorable para la efectividad de los derechos humanos, tanto de los reconocidos a nivel formal como también aquellos que se incorporan a la Constitución material por vía de los tratados internacionales ratificados por nuestro país y que se encuentren vigentes, de acuerdo al artículo 5º de la Constitución[82].
En el mismo sentido, en derecho internacional, la interpretación de los tratados de derechos humanos debe ser pro hominis, esto es siempre a favor del individuo[83], en armonía con el derecho constitucional que estipula el principio pro libertate, como presunción general a favor de la libertad del ciudadano[84].
En cuanto al elemento histórico de interpretación, en base a las Actas de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, estimamos que son un antecedente importante pero no determinante, por diversas razones que expondremos a continuación:
1.- De orden lógico: Aunque la historia fidedigna del establecimiento de la norma es un antecedente importante, no puede ser determinante, más aún si del tenor literal de la Constitución se desprende claramente el establecimiento de un principio jurídico. Si la intención del constituyente es restringir un principio debe hacerlo en forma expresa.
Cabe recordar que el elemento histórico es de carácter supletorio. En esta línea el profesor Alejandro Silva Bascuñán indica que “cuando la expresión literal, afirmada en el contexto de una visión al mismos tiempo dogmática y sistemática, se muestra aún insuficiente para concluir con evidencia la sustancia imperativa, podrá recurrirse a los antecedentes proporcionados por la historia del establecimiento de la regla en examen” [85].
2.- De orden jurídico-político: La Comisión de Estudios de la Nueva Constitución no era un cuerpo legislativo sino una Comisión especial cuyo fin era realizar una proposición acerca de la nueva Constitución, sin tener capacidad resolutiva.
3.- De certeza jurídica: Desde una perspectiva general, Chaim Perelman destaca lo ambiguo que puede resultar la “voluntad del legislador para interpretar un texto legal” señalando que lo “más frecuente es que sea la de un Ministro o la de un Diputado o, acaso mejor, una pequeña fracción del cuerpo legislativo, de modo que la voluntad se haya expresado a través de un voto sobre un punto particular, aceptando o rechazando una enmienda de ley”, agregado que “sin embargo, en la mayor parte de las ocasiones las cuestiones que son objeto de una controversia jurídica no han sido objeto de un debate parlamentario o bien han dado lugar a un compromiso que deja sin resolver los problemas más delicados. En estos casos al invocar la voluntad del legislador nos referimos a una intención presumida e incluso a veces enteramente ficticia, que es atribuida a un legislador razonable” [86].
Asimismo, Silva Bascuñán señala que “conviene advertir que a la opinión dada particularmente por uno de los interlocutores que han intervenido en el debate, en el curso de la deliberación sobre ella, no puede atribuirse valor determinante si no resulta afirmada en el consenso consiguiente expresado de modo explícito, por ejemplo, a través de una constancia en el acta o de la síntesis hecha por el presidente de la reunión o de modo implícito, reflejado en el tenor del debate. Y, aun apareciendo indiscutible el querer manifestado por los autores del texto, habrá de preferirse, con primacía a su letra, la finalidad buscada, su razón teleológica. Puede aun todo ello no ser todavía bastante para el intérprete que siga aun vacilando acerca de cuál es la voluntad real” [87].
Perelman se pregunta ¿cómo puede saberse si la voluntad de un legislador colectivo es idéntica a la expresada por los participantes en los debates parlamentarios? Puede suceder que si el texto legal no contiene las precisiones efectuadas en el debate del mismo es porque éstas no fueron aceptadas por la mayoría que votó un texto más vago[88].
En cuanto a la interpretación de nuestra Constitución Política, esta incerteza se hace más patente ya que, de estimarse que la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución fue efectivamente un cuerpo legislativo, es difícil determinar con precisión la historia fidedigna completa de nuestra Carta de 1980. Lo anterior debido a que fue estudiada por la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, de la que hay actas completas; por el Consejo de Estado cuyas actas no se han publicado, y por la Junta de Gobierno, donde no existen actas.
Por lo tanto, la Constitución de 1980 habría sido elaborada por tres cuerpos colegiados y sólo se dispone de las actas del primero de ellos. En consecuencia, ¿podemos afirmar que dichas actas son la historia fidedigna del establecimiento de la norma constitucional?
4.- De metodología: Perelman señala que la indagación de la voluntad del legislador, a que recurre la Escuela de la Exégesis cuando un precepto no permite por sí mismo decidir un conflicto relativo a su interpretación, conduce necesariamente a una concepción estática de la ley[89].
En efecto, indica este autor, tratar de determinar la voluntad del legislador consultando los debates y trabajos parlamentarios, a veces manifestada un siglo antes, presupone que la voluntad del legislador continúa siendo la misma a pesar de la evolución técnica, moral o política que podría haberse producido en el ínterin, lo que implica partir de una hipótesis metodológica muy discutible que supone que como el texto no ha sufrido cambios debe mantenerse la interpretación dada por el legislador en el pasado[90].
Otro problema se presenta cuando la situación actual que trata de subsumirse en el texto legal no fue prevista por el legislador, de forma tal que el juez está ante una laguna que debe llenar colocándose en el lugar del legislador[91]. En este último caso podría quedar el juez con entera libertad respecto de su sumisión a la ley, lo que podría importar una subjetividad excesiva, por lo que Perelman propone que “el juez tiene que buscar la voluntad del legislador y tiene que entender por tal no la del legislador que votó la ley, sobre todo si se trata de una ley antigua, sino de la voluntad actual”[92]. En efecto, el legislador antiguo no está en condiciones de hacer constar su desacuerdo con la interpretación que se le atribuye, a diferencia del legislador actual que siempre podrá pronunciarse y dictar una ley interpretativa. Esta tesis tiene el mérito de que la interpretación judicial puede ser contrastada y destruida y no constituye una presunción irreversible, a veces ficticia y exenta de todo control efectivo[93].
Resulta muy interesante este planteamiento si consideramos que la última enmienda –del poder constituyente derivado- a nuestra Carta Fundamental relativa (entre otras materias) a la libertad sindical, es la del inciso segundo del artículo 5º de la Constitución, que buscaba el refuerzo de los derechos humanos en nuestro ordenamiento jurídico, entre los cuales obviamente figura esta libertad. Enmienda que, por otra parte, fue plebiscitada y aprobada con un altísimo consenso popular. Además, recordemos que a fines de 1998 nuestro legislador aprobó los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical, reforzando la consagración de este principio en nuestro ordenamiento.
5.- De hermenéutica constitucional: Nuestra Constitución de 1980 fue aprobada por plebiscito y la reforma consensuada entre todos los sectores en 1989 también. El argumento histórico pretende determinar la intención o espíritu de la norma a través de la historia fidedigna de su establecimiento, lo que es fácil de recabar cuando se trata del legislador, pero la situación cambia si es el pueblo quien vía plebiscito aprueba directamente un texto constitucional. ¿Cuál es la historia fidedigna en este caso? ¿El pueblo vota un texto o las actas de la Comisión que propuso dicho texto? Si es el pueblo el que vota directamente un determinado texto constitucional, cualquier argumento de historia fidedigna queda reducido a un papel más que secundario. Sobre el particular, Ermida expresa que “los antecedentes legislativos de una ley, …, tienen cierto valor interpretativo. Pero eso no es así en materia constitucional, especialmente cuando la Constitución es aprobada en plebiscito por el pueblo, porque la validez de la Constitución no se extrae –como la de una ley- de la aprobación que hace el Parlamento (en cuyo caso tienen cierto valor las intenciones del legislador, y las discusiones de los legisladores al aprobar la Ley). Las discusiones de quienes redactaron el texto constitucional quedan de alguna manera borradas y superadas por la ratificación popular.”[94].
Justino Jiménez de Aréchaga explica que “la totalidad de las normas contenidas en una constitución escrita integran un sistema de garantía instituido a favor de los administrados. De ahí que se imponga un severo sometimiento por parte del intérprete al tenor literal de sus disposiciones, y no a sus antecedentes, a las intenciones de sus redactores. Ello resulta tanto más necesario en el caso de las constituciones que extraen su autoridad no del voto de una Asamblea Constituyente o de un Parlamento, sino de un plebiscito o de un referéndum.”[95].
La pregunta que ahora debemos formularnos es la siguiente: ¿cómo juegan los elementos que hemos enunciado en la interpretación de la libertad sindical estatuida en nuestra Constitución?
En esta materia cabe formular los siguientes lineamientos para el intérprete:
1) La libertad sindical debe interpretarse en perspectiva finalista: Debe realizarse una interpretación finalista de los preceptos constitucionales relativos a la libertad sindical, comprendiendo todos los atributos de esta libertad, en especial aquellos referidos a la actividad colectiva que permite que estas organizaciones cumplan sus funciones propias.
2) La libertad sindical debe interpretarse considerando el elemento sistemático: Las normas sobre libertad sindical no deben interpretarse como un estanco aislado, sino en concordancia con los valores contemplados en nuestra Carta Magna.
La libertad sindical busca el pleno desarrollo de los sindicatos, cuerpos intermedios esenciales en una democracia pluralista por medio de los cuales los trabajadores expresan sus inquietudes y colaboran con el desarrollo del país. Las organizaciones sindicales nacen como forma de tutelar la dignidad de los trabajadores y el Estado como promotor del bien común no debe desentenderse de la suerte de las mismas.
3) La libertad sindical debe interpretarse respetando su esencia como derecho: Claramente la interpretación de la libertad sindical debe respetar la esencia de esta libertad expresada en su carácter instrumental de defensa de la dignidad del trabajador, que se concreta por medio de la negociación colectiva y de la autotutela colectiva.
4) La libertad sindical debe interpretarse en su calidad de derecho humano esencial: La interpretación de la libertad sindical debe responder a una interpretación “pro hominis” y “pro libertate”, que permita a los sindicatos cumplir su rol protector y contribuir al desarrollo del bien común.
Por el contrario, una interpretación restrictiva deja inaplicable esta libertad facilitando relaciones laborales con notable desequilibrio entre sus actores.
Cabe recordar la especial jerarquía de los derechos humanos en nuestro sistema constitucional –art. 5º inciso segundo-, y la gran cantidad de preceptos internacionales vigentes en nuestro ordenamiento que consagran el principio de libertad sindical (párrafo 4).
De especial relevancia es el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra en toda su amplitud la libertad sindical y cuyo número 3, dispone que nada de los dispuesto en este artículo autorizará a los Estados Partes en el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo de 1948 relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación a adoptar medidas legislativas que menoscaben las garantías previstas en dicho convenio o a aplicar la ley en forma que menoscabe dichas garantías.
Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 22 establece el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses y en su numeral 3 estatuye una norma similar a la del art. 8.3 del Pacto anterior.
Este reenvío de los Pactos mencionados al Convenio 87 de la OIT debe ser especialmente considerado al pronunciarse acerca del alcance de la libertad sindical, ya que nuestro país ha ratificado este Convenio y los Pactos en cuestión.
8. CONCLUSIONES. En los párrafos anteriores hemos revisado el alcance del principio de libertad sindical en nuestra Constitución Política.
La aprobación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, sobre libertad sindical, ha abierto el debate en torno a este principio y sus alcances, produciéndose una reflexión académica en nuestro medio acerca de la importancia, alcance y proyección de este principio.
Aunque la discusión sigue pendiente, hemos formulado nuestro punto de vista desde una perspectiva doctrinaria, la que podemos sintetizar en las ideas siguientes:
1) La libertad sindical es un principio fundamental del derecho del trabajo que no sólo permite constituir sindicatos, sino también la promoción de la “actividad sindical” comprensiva de todos aquellos comportamientos tendientes a hacer efectiva la coalición sindical.
2) En cuanto al contenido sustancial de la libertad sindical, es posible distinguir los siguientes atributos: libertad de constitución, de afiliación, libertad sindical negativa, libertad colectiva de reglamentación, de representación, de disolución, de actuación sindical y de federación.
3) La interpretación que la doctrina constitucional de nuestro país ha postulado sobre la libertad sindical, es más bien restrictiva en comparación con el alcance dado a la misma por la doctrina laboral, el derecho constitucional comparado y los organismos internacionales.
4) Nuestra jurisprudencia sobre libertad sindical se alínea con una tesis restrictiva de la misma.
5) Es preocupante constatar que los mismos actores sindicales en nuestro medio no utilizan la acción de protección para tutelar sus garantías constitucionales en materia de libertad sindical.
Sin duda que, en el futuro, podrán presentarse acciones de protección a fin de dar plena tutela al artículo 19 Nº 19º de la Constitución Política, caso en el cual la jurisprudencia deberá asumir una postura expresa en la materia.
6) La interpretación y el alcance al principio de libertad sindical consagrado en nuestra Carta Fundamental debe orientarse en base a los siguientes lineamientos:
a) La libertad sindical debe interpretarse en perspectiva finalista.
b) La libertad sindical debe interpretarse considerando el elemento sistemático.
c) La libertad sindical debe interpretarse respetando su esencia como derecho.
d) La libertad sindical debe interpretarse en su calidad de derecho humano esencial.
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[1] La libertad sindical es un derecho social y económico, de aquellos derechos humanos denominados de “segunda generación”, esto es derechos económicos, sociales y culturales garantizados durante el siglo XX.
Sin embargo, cabe precisar que los derechos humanos de segunda generación no son una suerte de derechos económicos, sociales y culturales “elevados” a la categoría de derechos fundamentales, sino que son derechos humanos a los cuales se les atribuye un contenido económico, social o cultural ( Roberto Mayorga Lorca, Naturaleza Jurídica de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1990, p. 30.). Ambas categorías de derechos humanos (de primera y segunda generación) constituyen una sola unidad, toda vez que persiguen un mismo objetivo: el resguardo de la dignidad humana y el desarrollo integral de la persona. Estos dos grupos tienen el mismo fundamento y la misma esencia, diferenciándose sólo en aspectos accidentales (Abramovich, Víctor y Courtis, Christian, “Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales”, en CONTEXTOS Revista Crítica de Derecho Social, Buenos Aires, Nº 1, 1997, p. 6).
Por otra parte, jurídicamente no existe una distinción clara entre derechos civiles y políticos (de primera generación) y derechos económicos, sociales y culturales (de segunda generación), ya que estos últimos derechos derivan de un desarrollo mayor de los civiles y políticos, y porque hay derechos sociales que derivan de una aplicación inmediata de los algunos derechos individuales en materias determinadas (Hübner Gallo, Jorge Iván, Los Derechos Humanos, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994, p. 135).
Además, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, se suele citar los derechos sindicales, como el derecho a la libertad sindical o el derecho a la huelga, como ejemplos de derechos económicos, sociales y culturales que se parecen mucho más a los derechos civiles y políticos y, en general, a las libertades públicas, como la libertad de asociación.” (Pedro Nikken citado por Hübner, op. cit., p. 135.).
Cabe señalar que existen tres derechos humanos de segunda generación, contemplados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (vigente en nuestro país), que deben ser garantizados y respetados de inmediato por los Estados partes. Se trata del derecho de sindicación, del derecho de huelga y de la libertad de educación. Son derechos de cumplimiento inmediato ya que son derechos cuya realización no requiere de condiciones previas que garanticen su ejercicio, bastando que la autoridad autorice su ejercicio (Mayorga, op. cit., p. 169).
En consecuencia, la calificación de los derechos de sindicación y de huelga como derechos sociales obedece más a razones histórica que técnicas y, por lo mismo, diversos autores estiman que se trata de una categoría especial de derechos civiles y políticos, ya que no pueden ser caracterizados como derechos que fundamentalmente generen obligaciones positivas por parte del Estado (Abramovich y Courtis, op. cit., p. 8.), tesis confirmada por el propio Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual en su artículo 22 reconoce el derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse a los mismos para la protección de sus intereses.
[2] Materia que abordamos en “Perspectiva futuras del derecho sindical chileno. Desafíos de nuestro derecho sindical”, en Revista Derecho y Humanidades, N 5, 1997, Universidad de Chile, pp. 95 y ss. y 102 y ss., en Introducción al derecho del trabajo, Santiago, CONOSUR, 1998, pp. 42 y ss. y en el artículo “Efectos de la ratificación de los Convenios 87 y 98 de la OIT, en el derecho colectivo chileno”, en la Revista Laboral Chilena de noviembre de 1999, pp. 81 y ss.
En la misma línea, José Luis Ugarte Cataldo en “Libertad Sindical y Constitución: Cómo superar una vieja lectura”, publicado en la Revista Laboral Chilena de mayo de 2000, pp. 69 y ss.
[3] Siqueira Neto, José Francisco, “Liberdade Sindical no Mercosul e Chile” Representaçào dos Trabajhadores nos Locais de Trabalho: Limites e possibilidades de democracia, PROSUR, 1999, p. 5.
[4] Corvera, Diego, El régimen laboral chileno y su vinculación con los correspondientes del Mercosur, Oficina Internacional del Trabajo, Equipo Técnico Multidisciplinario para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, 1999, p. 39.
[5] Racciatti, Octavio Carlos, “El tratado internacional como fuente del derecho del trabajo”, en Treinta y Seis Estudios sobre las Fuentes del Derecho del Trabajo, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 1995, p. 186.
[6] Libertad Sindical y Negociación Colectiva, Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, Conferencia Internacional del Trabajo, 81ª reunión, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, 1994, p. 23.
[7] Libertad Sindical y Negociación colectiva, op. cit., pp. 48 y 49.
[8] Libertad Sindical y Negociación colectiva, op. cit., p. 51.
[9] Para la OIT tanto las legislaciones que asocian estrechamente a los sindicatos a los partidos políticos como aquellas que prohiben toda actividad política de los sindicatos vulneran la libertad sindical. La legislación debe alcanzar un equilibrio razonable entre el interés legítimo de las organizaciones de expresar su punto de vista acerca de cuestiones de política económica y social que interesan a sus afiliados y un grado adecuado de separación entre la acción política propiamente tal y las actividades sindicales. Ver Libertad Sindical y Negociación Colectiva, op. cit., p. 62.
[10] Giugni, Gino, Diritto Sindacale, Bari, Cacucci, 1997, p. 225.
[11] Ermida Uriarte, Oscar, Sindacati in Regime di Libertà Sindacale, Nápoles, Editoriale Scientifica, 1989, p. 50.
[12] Ermida Uriarte, Oscar, Apuntes sobre la huelga, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2ª edición, 1986, p. 10.
[13] Ermida, op. cit., “Apuntes …”, p. 9.
[14] Manuel Correa Carrasco señala que los elementos estructurales básicos de la autonomía colectiva son la autoorganización, autotutela y autonormación, en “La Negociación Colectiva como Fuente del Derecho del Trabajo”, Madrid, Universidad Carlos III, 1997, p. 115.
[15] De la Cueva, Mario, El humanismo jurídico de Mario de la Cueva, recopilación de escritos de Mario de la Cueva realizada por Ana Luisa Izquierdo y de la Cueva, México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 675 y ss.
[16] Däubler, Wolfgang, Derecho del Trabajo, Madrid, Centro de Publicaciones Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, 1994, p. 237.
[17] Di Cerbo, Fernando, Il diritto del lavoro dei paesi dell’Europa continentale partecipanti alla CEE, Padova, CEDAM Casa Editrice Dott. Antonio Milani, 1983, p. 50.
[18] Veneziani, Bruno, Stato e autonomia collettiva. Diritto sindacale italiano e comparato, Bari, Cacucci, 1992, p. 355. Ver, además, Däubler, Wolfgang, op. cit., pp. 231 y ss. y Rémy quien manifiesta que “en su dimensión colectiva, la libertad de coalición protege igualmente las actividades que permiten a la misma alcanzar sus objetivos”, lo que por cierto comprende el derecho de huelga. Consultar Rémy, Patrick, “Le Contenu de la Liberté de Coalition dans la Constitucion Allemande”, en Bulletin de Droit Comparé du Travail et de la Sécurité Social, Université Montesquieu – Bordeaux IV, COMPTRASEC, 1998, p. 94.
[19] Sobre la importancia de estos Convenios consultar: Corvera, Diego, op. cit.; Ugarte Cataldo, José Luis, op. cit.; López Oneto, Marcos, “El Convenio 87 de la OIT, Relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación. Algunas Hipótesis sobre los Efectos de su Aplicación en el Orden Constitucional y Jurídico Laboral Chileno”, partes I y II, en Revista Laboral Chilena, de julio de 1999 pp. 76 y ss. y agosto de 1999 pp. 66 y ss., respectivamente, y Gamonal Contreras, Sergio, “El derecho chileno de negociación colectiva y los Convenios 87 y 98 de la OIT”, Revista Laboral Chilena, abril 1999, y op. cit., “Efectos de la ratificación …”.
[20] El Convenio 87 establece la libertad sindical positiva (arts. 2 y 7) y las libertades colectivas de reglamentación (art. 3); de representación (art. 3); de gestión interna (art. 3); de disolución (art. 4), y de federación y confederación (art. 5).
Además, contempla expresamente el derecho de las organizaciones de trabajadores y empleadores de “organizar sus actividades y de formular su propio programa de acción”, debiendo las autoridades públicas –poderes del Estado- abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal (art. 3).
Estatuye asimismo que los trabajadores y empleadores y sus respectivas organizaciones deben respetar la legalidad, estableciendo, a su vez, dos importantes limitaciones, una al poder legislativo y otra al judicial, toda vez que la legislación no puede menoscabar ni ser aplicada de suerte que menoscabe las garantías previstas en el Convenio (art. 8).
[21] Ver nota 19.
[22] El Convenio 98 dispone que los trabajadores deberán gozar de la adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, especialmente, entre otras materias, en lo relativo a sus participación en actividades sindicales (art. 1).
Agrega que no deben existir injerencias entre las organizaciones de trabajadores y empleadores (art. 2) y que deben crearse los mecanismos adecuados para garantizar el respeto del derecho de sindicación (art. 3).
Estatuye, además, que “deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” (art. 4).
[23] Pfeffer Urquiaga, Emilio, Manual de Derecho Constitucional, Santiago, Ediar-Conosur, 1987, p. 404.
[24] Evans de la Cuadra, Enrique, Los Derechos Constitucionales, tomo III, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1999, p. 101.
[25] Mario Verdugo, Emilio Pfeffer y Humberto Nogueira, Derecho Constitucional, tomo I, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1994, p. 284 y también en Pfeffer, op. cit., p. 402.
[27] Urzúa Valenzuela, Germán, Manual de Derecho Constitucional, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1991, p. 202.
[28] Evans, op. cit., p. 101.
[29] Silva Gallinato, María Pía, “Los Derechos Laborales en la Constitución de 1980”, en Constitución ’80 estudio crítico, Mario Verdugo (coordinador), Santiago, Ediar-Conosur, 1988, p. 129.
[30] Evans, op. cit., pp. 101 y 102.
[31] Silva Gallinato, op. cit., p. 130.
[32] Verdugo, Pfeffer y Nogueira, op. cit., p. 286 y, además, en Pfeffer, op. cit., p. 403.
[33] Urzúa, op. cit., pp. 196 y 197.
[34] Urzúa, op. cit., p. 197.
[35] Citados por Gustavo Cuevas Farren, “El Régimen Constitucional y las Normas sobre Negociación Colectiva”, en La Negociación Colectiva en Chile, Santiago, Universidad Las Condes, Editorial Gestión, 1997, pp. 138 a 144.
[36] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo LXXXI, 1984, segunda parte, sección quinta, pp. 255 y ss.
[37] Considerando 1º.
[38] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo LXXXIII, 1986, segunda parte, sección quinta, pp. 190 y ss.
[39] Considerando 5º.
[40] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo XC, 1993, segunda parte, sección quinta, pp. 12 y ss.
[41] Considerandos 1º y 4º.
[42] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo XCII, 1995, segunda parte, sección quinta, pp. 211 y ss.
[43] Considerando 8º.
[44] El Tribunal Constitucional ha manifestado que “la autonomía de los cuerpos asociativos… se configura, entre otros rasgos esenciales, por el hecho de regirse por sí mismos; esto es, por la necesaria e indispensable libertad para organizarse del modo más conveniente según lo dispongan sus estatutos, decidir sus propios actos, la forma de administrarse y fijar los objetivos o fines que deseen alcanzar, por sí mismos y sin injerencia de personas o autoridades ajenas a la asociación, entidad o grupo de que se trata.” (Sentencia rol 184, considerando 7 letra d), citada por Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, tomo IV, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pp. 50 y 51.
[45] Verdugo, Pfeffer y Nogueira señalan respecto de la libertad de asociación, que “la libertad personal implica la libertad de asociación, ya que si el hombre tiene el derecho a desarrollar libremente su actividad, debe también tener derecho de asociar libremente esa actividad a la de otros hombres”, agregando que “se define a las asociaciones como agrupaciones, más o menos permanentes, de personas que persiguen fines comunes: religiosos, políticos, laborales, profesionales, culturales, etc., vínculo del cual surgen derechos y deberes para los integrantes de la entidad y que están previstos en el pacto social o en el estatuto que las rige”. Ver op. cit., p. 263.
Silva Bascuñán precisa, por su parte, que en alta proporción los grupos intermedios se forman en ejercicio del derecho de asociación, en op. cit., tomo IV, p. 51.
[46] En este sentido, María Pía Silva Gallinato señala que por la dignidad del trabajo resulta indispensable que el ordenamiento jurídico regule y proteja el ejercicio de la actividad laboral, en su Constitución Política, estatuyendo, entre otros derechos, el de negociar colectivamente, el derecho de huelga, el derecho a organizar sindicatos en orden a sus actividades o en su respectiva empresa, sentando de esta forma las bases constitucionales de la normativa laboral. Consultar, op. cit., p. 119.
[47] Corte Suprema. 30 de junio de 1981, Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo 78, sección quinta, p. 92, citado en Constitución Política de la República de Chile 1980, Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993, p. 2.
[48] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo LXXXIII, 1986, segunda parte, sección quinta, pp. 33 y ss.
[49] Considerando 3º.
[50] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo LXXXV, 1988, segunda parte, sección quinta, pp. 183 y ss.
[51] Considerando 4º.
[52] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo LXXXIX, 1992, segunda parte, sección quinta, pp. 159 y ss. En idéntico sentido el fallo de la Corte Suprema en el caso Emat S.A., Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo XC, 1993, segunda parte, sección tercera, pp. 75 y ss.
[53] Considerando 6º.
[54] Número 6).
[55] Número 9).
[56] Número 10).
[57] Número 11).
[58] Número 12).
[59] Muchas acciones de protección han sido acogidas por estimarse que la actuación fiscalizadora de la Dirección del Trabajo vulnera las garantías de los artículos 19 Nºs. 3º inciso cuarto, 21º y 24º.
Sin embargo, los tribunales no han tenido idéntico criterio respecto de otras medidas de fiscalización tan legales y legítimas como la de la mencionada repartición.
Así, por ejemplo, se ha sentenciado que el derecho a desarrollar cualquier actividad económica puede verse restringido por medidas de control sanitario (Corte Suprema, 8 de junio de 1981, Revista Fallos del Mes Nº 271, p. 211).
Otro fallo expresa que el sacrificio de animales contagiados de fiebre aftosa constituye una medida sanitaria que dictada por la autoridad competente no es inconciliable con las disposiciones constitucionales que garantizan el derecho de propiedad y la libertad para adquirir toda clase de bienes, desde el momento en que ella se encuentra destinada a procurar la salubridad pública conforme a la legislación que prevé la sanidad y protección animal y la reglamentación adecuada a la prevención y control de la fiebre aftosa (Corte Suprema, 10 de junio de 1987, Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo 83, sección quinta, p. 196).
Todas estas sentencias son citadas en Constitución Política de la República de Chile 1980, Repertorio de Legislación y Jurisprudencia Chilenas, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1993,
[60] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo XC, 1993, segunda parte, sección quinta, pp. 190 y ss.
[61] Considerando 1º.
[62] Considerando 4º.
[63] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo XCIII, 1996, segunda parte, sección quinta, pp. 58 y ss. Consultar, además, la nota al pié de la p. 59.
[64] Considerandos 9º, 10 y 11.
Cabe precisar, además, que en esta sentencia también se estableció, respecto de los miembros del sindicato que se retiran del mismo, que los beneficios del contrato colectivo les son aplicables y que no es procedente realizar el descuento del 75 % al tenor del artículo 346.
[65] Considerando 14.
[66] Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo XCII, 1995, segunda parte, sección quinta, pp. 48 y ss.
[67] Considerandos 5º, 6º, 7º y 8º.
[68] Cea Egaña, José Luis, Tratado de la Constitución de 1980, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1988, p. 48.
[69] Verdugo, Pfeffer y Nogueira, op. cit., p. 110.
[70] Cea, op. cit., p. 40.
[71] Cea, op. cit., p. 41.
[72] Fallo Rol Nº 19, considerando 9º.
[73] En el mismo sentido, Alejandro Silva Bascuñán señala que el “intérprete de la Constitución, ya el que la comenta o el que la aplica, no puede prescindir, al tratar de definir el sentido y alcance de uno cualquiera de sus preceptos, del vigor que mantiene en todo instante y respecto de toda materia el Capítulo I, cada una de cuyas reglas repercute en el total de la ordenación a tal punto que ninguna puede desvincularse del peso de la voluntad del constituyente, que presenta férrea unidad al configurar los rasgos definitorios del fin que la Carta persigue”, en op. cit., tomo IV, pp. 18 y 19.
[74] Verdugo, Pfeffer y Nogueira, op. cit., p. 132.
[75] Silva Bascuñán, op. cit., tomo IV, p. 19.
[76] Cea, op. cit., pp. 48 y 49.
[77] Cea, op. cit., p. 295.
[79] Cea, op. cit., pp. 295-296.
[80] Fallo Rol Nº 43, considerando 21.
[81] Verdugo, Pfeffer y Nogueira, op. cit., p. 132.
[82] Verdugo, Pfeffer y Nogueira, op. cit., pp. 132 y 133.
[83] Medina, Cecilia, “El derecho internacional de los derechos humanos”, en Sistema Jurídico y Derechos Humanos. El derecho nacional y las obligaciones internacionales de Chile en materia de derechos Humanos, Santiago, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, serie publicaciones especiales Nº 6, 1996, pp. 79 y ss.
[84] Pérez Luño, Antonio, Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, 5ª edición, Madrid, Tecnos, 1995, p. 315.
[85] Silva Bascuñán, Alejandro, Tratado de Derecho Constitucional, tomo I, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 1997, pp. 155 y 156.
[86] Perelman, Chaim, La Lógica Jurídica y la nueva retórica, Madrid, Civitas, 1979, p. 77.
[87] Silva Bascuñán, op. cit., tomo I, p. 156.
[88] Perelman, op. cit., “La Lógica Jurídica…”, p. 198.
[89] Perelman, op. cit., “La Lógica Jurídica…”, p. 198.
[90] Ibídem. Este autor señala que en la “concepción estática no tendría por qué ser la opinión del juez la que prevalezca, sino la del mejor historiador del derecho. Si es el juez a quien se le concede el derecho y la competencia de decidir, es porque esta materia no es una cuestión de historia, de verdad, de ciencia, sino de una decisión que se desea lo más justa posible”, en Perelman, Chaim, “La Interpretación Jurídica”, en Revista de Derecho y Jurisprudencia y Gaceta de los Tribunales, tomo XCIII, 1996, primera parte, p. 165.
[91] Perelman, op. cit., “La Lógica Jurídica…”, p. 198.
[92] Perelman, op. cit., “La Lógica Jurídica…”, pp. 198 y 199.
[93] Perelman, op. cit., “La Lógica Jurídica…”, p. 199.
[94] Ermida, op. cit., “Apuntes …”, p. 24.
[95] Citado por Ermida, op. cit., “Apuntes…”, p. 25.
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