Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43618387
Timestamp: 2020-07-13 23:26:42
Document Index: 288032895

Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 369', 'Artículo 369', 'artículo 43', 'artículo 46', 'artículo 21', 'artículo 369', 'artículo 5', 'artículo 369', 'artículo 357', 'artículo 369', 'artículo 365', 'Artículo 365', 'artículo 47', 'artículo 519', 'artículo 513', 'artículo 415', 'artículo 415', 'artículo 356', 'artículo 150', 'artículo 150', 'artículo 13', 'artículo 365', 'artículo 365', 'artículo 7', 'artículo 867', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 2', 'artículo 369', 'artículo 369', 'artículo 369']

Sentencia de Constitucionalidad nº 316/02 de Corte Constitucional, 30 de Abril de 2002 - Jurisprudencia - VLEX 43618387
Sentencia citada en: 79 sentencias, 5 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
Sentencia C-316/02
CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL-Previa suscripción/CAUCION PRENDARIA EN MATERIA PENAL-Concepto
CAUCION EN EL PROCESO-Concepto y alcance
En términos generales, el sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además, (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismos de seguridad y de indemnización dentro del proceso.
CAUCION EN MATERIA PENAL-Finalidad
CAUCION COMO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO-Modalidades que asumía
CAUCION EN MATERIA PENAL-Régimen anterior
CAUCION EN MATERIA PENAL-Transformación por nuevo régimen de procedimiento
DETENCION PREVENTIVA COMO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO UNICA
CAUCION COMO MEDIDA DE ASEGURAMIENTO AUTONOMA-Nueva legislación descartó la prendaria y juratoria/CAUCION PARA LIBERTAD PROVISIONAL-Prescindencia de la juratoria
LIBERTAD-Privación por violaciones de mayor gravedad a previstas en régimen anterior
CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL-Necesidad de recurrir es más escasa
CAUCION PRENDARIA EN MATERIA PENAL-Monto mínimo
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO PENAL-Determinación de estructura
MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO-Reducción a la detención preventiva
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN CAUCION JURATORIA-Eliminación/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Inclusión o exclusión de institución
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Competencia
El legislador es el único competente para determinar el diseño de los procedimientos, diseño que responde a las necesidades de una política legislativa concreta cuyo control excede las funciones propias del juez constitucional.
POLITICA CRIMINAL-Determinación legislativa
PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Eliminación de estructura no quebranta per se derechos sustanciales que se vinculan/PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Realización del derecho
La eliminación de una estructura procedimental no quebranta per se los derechos sustanciales que con ella se vinculan. Es sabido que las normas y las instituciones procesales son entidades que sirven de instrumentos para garantizar la realización del derecho. En ese sentido, como las instituciones del procedimiento no son fines en sí mismas, sino vías a través de las cuales se realiza la justicia, su desaparición no afecta automáticamente ningún derecho sustancial.
LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Límites a autonomía/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Alcance
Aunque en principio las decisiones legislativas que determinan la estructura y diseño de los procedimientos son autónomas, por lo que su cuestionamiento no le está permitido hacerlo al juez constitucional, aquellas resultan susceptibles de reproche jurisdiccional cuando por su conducto se quebrantan principios y garantías constitucionales. La Corte reclama su competencia cuando se trata de definir si el legislador ha hecho uso ilegítimo de la autonomía de configuración que le confiere el constituyente. En esos términos, el Tribunal determina si la potestad configurativa se ejerció respetando los principios constitucionales y las garantías protegidas por el constituyente o si éstas han quedado desamparadas por la decisión legislativa que se estudia. Precisamente sobre este particular, la Corte Constitucional ha dicho que el legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, no obstante que, en ejercicio de dicha autonomía, aquél esté obligado a respetar los principios establecidos en la Carta Política.
CAUCION PRENDARIA-Cuantía mínima
CAUCION PRENDARIA Y CAUCION JURATORIA-Vecindad temática y jurídica entre cuantía mínima y eliminación
CAUCION PRENDARIA-Garantía de comparecencia del procesado
PRINCIPIO DE IGUALDAD EN CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL-Cuantía mínima desconoce realidad económica y social
El quebrantamiento del principio de igualdad constitucional vendría de la mano de un desconocimiento de la realidad económica y social del país por virtud de la cual, no todas las personas sometidas al imperio de la justicia tienen la misma capacidad económica o, por lo menos, capacidad económica suficiente para cancelar una suma equivalente a un salario mínimo legal mensual a fin de obtener una excarcelación. Es específicamente respecto de dichos individuos que se predica el trato desigual conferido por la norma.
JUICIO DE IGUALDAD-Criterio de razonabilidad y requisito de proporcionalidad
CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL-Capacidad económica por debajo de cuantía mínima
Lo que sí parece constituir una desproporción es que se desconozca que la capacidad económica de muchos colombianos se encuentra por debajo del monto señalado por la norma como cuantía mínima de la caución prendaria. En efecto, no hace falta adelantar mayores investigaciones socio-económicas ni aportar extensas estadísticas sobre la realidad de la Nación para averiguar que hoy por hoy, muchas personas y muchas familias subsisten mensualmente con menos de un salario mínimo legal.
CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL-Incapacidad económica de cancelar cuantía mínima
CAUCION PRENDARIA-Graduación conforme a capacidad económica se rompe por cuantía mínima
JUICIO DE IGUALDAD EN CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL-Cuantía mínima
CAUCION PRENDARIA PARA LIBERTAD PROVISIONAL-Cuantía mínima no consulta condiciones sociales y económicas del país y desconoce igualdad real y efectiva
SOCIEDAD-Desigualdad económica/ESTADO-Nivelación social
JUICIO DE IGUALDAD-Tratamiento diferenciado a población económicamente menos favorecida
DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Imposición de requisito económico rígido
POLIZA DE GARANTIA-Implica erogación
Referencia: expediente D-3762
Actor: M.F.T.G.
Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil dos (2002)
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-1 de la Constitución Política, el ciudadano M.F.T.G. demandó la inexequibilidad del artículo 369 de la ley 600 de 2000 por considerarlo contrario a los artículos 1º, 13, 43 y 46 de la Carta Política.
"Artículo 369. De la caución prendaria. Consiste en el depósito de dinero o la constitución de una póliza de garantía, en cuantía de uno (1) hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que se fijará de acuerdo a las condiciones económicas del sindicado y la gravedad de la conducta punible."
El demandante funda los cargos de inconstitucionalidad en el hecho de que la norma demandada, al establecer como cuantía mínima de la caución prendaria la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, desconoce la profunda desigualdad social que existe en Colombia, en donde no todas las personas están en capacidad económica de cancelar dicha suma.
Asegura que por disposición de la norma se quebranta el principio de igualdad constitucional por cuanto, al no existir la posibilidad de recurrir a la caución juratoria, desaparecida con la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, aquellos que no tienen la posibilidad de cancelar un salario mínimo no tiene derecho a gozar de libertad provisional o de la suspensión provisional de la pena.
Dice que también se quebranta el artículo 43 constitucional, que consagra la protección especial a la mujer embarazada, porque en tratándose de mujeres en dicho estado, la imposibilidad de disfrutar de la libertad provisional mediante el pago de la caución prendaria, viola sus derechos fundamentales. Igual situación se predica, dice, en relación con las personas de la tercera edad que no cuentan con los medios económicos para sufragar la caución y quienes, por disposición de la norma acusada, estarían viendo quebrantados sus derechos constitucionales, expresamente señalados en el artículo 46 de la Carta.
Termina señalando que el recurso de la póliza de seguros para suplir el pago de la caución prendaria no es suficiente porque las compañías de seguros no lo han incorporado a sus portafolios, lo cual lo vuelve una opción inoperante.
Actuando en representación del ente de la referencia, intervino en el proceso el ciudadano G.M.M. con el fin de solicitar a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la norma.
A juicio del interviniente, la figura de la caución busca asegurar la comparecencia del sindicado al proceso, además de que permite que la víctima sea indemnizada en los perjuicios irrogados por el ilícito. Ello guarda concordancia con el postulado del restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 21 del C.P.P.
Para la fiscalía, la caución prendaria fue establecida en el nuevo régimen penal para evitar la evasión del sindicado de conductas punibles de mayor entidad, lo que significa que sólo aplica para delitos que tengan penas superiores a los cuatro años y no de dos, como lo prescribía el anterior régimen.
Ello justifica la imposición de la caución en los términos del nuevo artículo 369, pues la grave afectación de los intereses fundamentales de los asociados exige medidas que permitan la vinculación del sindicado al proceso penal.
Además, la imposición de la caución juratoria no era, al decir de la fiscalía, aval suficiente para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, por lo que el legislador decidió no incluirla en el nuevo régimen procesal. Esto es consecuencia de la potestad configurativa del legislador para diseñar la política criminal que debe implementar el Estado en sus estrados judiciales. La medida en esas condiciones es proporcionada y razonable.
En todo caso, agrega, es posible recurrir al beneficio de la póliza de garantía ante la eventual carencia de medios económicos para sufragar la caución prendaria. También es posible, e imperativo para el funcionario judicial, dar aplicación al artículo 5º del C.P.P. que establece la protección de las personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, por razones económicas, físicas o mentales.
En representación de la mentada academia, intervino en el proceso el ciudadano J.E.V.M., uno de sus Miembros Correspondientes, quien solicitó a la Corte declarar exequible la norma demandada.
Según concepto de la Academia, la caución prendaria no es en sí misma violatoria de la Constitución Política y antes constituye un mecanismo acertado a los fines del procedimiento penal. No obstante, cuando se trata de imponerla al sindicado que carece de los mínimos medios económicos necesarios, el legislador ha previsto una póliza de garantía que, además, ha sido avalada, como institución jurídica, por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
Actuando dentro del término legal establecido para los efectos, el señor P. General de la Nación, E.M.V., solicitó a la Corporación declarar la exequibilidad de la medida inserta en el artículo 369 de la Ley 600 de 2000.
La Vista Fiscal considera que la caución prendaria sólo opera frente a delitos que, por su gravedad, merecen detención preventiva como medida de aseguramiento para garantizar la comparecencia del sindicado al proceso.
Asegura no obstante que la Ley ha previsto la situación de quienes, por sus condiciones de debilidad manifiesta, pueden ser excluidos de la obligación de prestar dicha caución. Tal es el caso, según la disposición del artículo 357 del Código, de los mayores de 65 años, las mujeres embarazadas y los sindicados que estuvieren gravemente enfermos.
Respecto de los sindicados que no se encuentren en una de las situaciones descritas anteriormente, la ley ha previsto la posibilidad de suspender la medida de detención preventiva mediante la caución prendaria, demandada por el actor, la cual puede prestarse mediante el depósito de la suma requerida o la suscripción de la póliza de garantía de que habla la normatividad penal, póliza que no pierde su carácter legítimo por el hecho de no haber sido incorporada por las compañías de seguros.
En relación con la cuantía mínima para prestar caución prendaria, el P. señala que no es desproporcionada si se tiene en cuenta que aquella es aplicable para garantizar la comparecencia de sindicados de delitos cuya gravedad denota una afectación seria de los intereses de la comunidad. Además, dicha cuantía no constituye una suma imposible de pagar cuando se está frente a la posibilidad de recuperar la libertad, donde, "valga señalar, debió habérsele dado al interno los mecanismos para que pueda trabajar y con ello obtener ingresos e ir redimiendo la eventual pena.". La cuantía de la caución debe ser tal que el inculpado tema perderla al dejar de comparecer al proceso penal al cual se encuentra vinculado. De allí que sea necesario fijarle un monto mínimo.
La cuantía mínima de la caución no resulta irrazonable en el caso de aquellas personas encontradas responsables de quebrantar la ley penal y que desean disfrutar de la prisión domiciliaria, la ejecución condicional de la pena o la libertad condicional, porque en este caso se trata de personas condenadas y es natural que la Ley exija la adopción de medidas tendentes al cumplimiento de la pena.
P. previos de la Corte Constitucional sobre la materia
Mediante Sentencias C-185 de 2002 y C-284 del mismo año, esta Corporación resolvió las demandas D-3700 y D-3725, ambas presentadas contra los artículos 365 y 366 de la Ley 600 de 2000, nuevo Código de Procedimiento Penal. Las demandas iban dirigidas a cuestionar la decisión del legislativo de remover del ordenamiento jurídico procesal la figura de la caución juratoria y de establecer una cuantía mínima para la concesión de la libertad provisional mediante la suscripción de caución prendaria.
En primer lugar debe precisarse que los cargos de la demanda no van dirigidos contra la totalidad del texto del artículo 369 de la Ley 600 de 2000 sino, exclusivamente, contra el aparte de la norma que consagra la cuantía mínima de la caución prendaria. En este sentido, debe entenderse que la parte acusada de la disposición es aquella que dice "uno (1)", refiriéndose a un salario mínimo como cuantía de la mencionada caución.
Hecha la anterior precisión, el problema jurídico que plantea la demanda es si el establecimiento de una cuantía mínima para la concesión de la caución prendaria quebranta el principio de igualdad constitucional, particularmente desde la consideración según la cual, no todos los individuos sometidos a un proceso penal tienen la posibilidad económica de cancelar dicha suma. La demanda también plantea una supuesta vulneración de los derechos a la dignidad de la mujer embarazada y de los derechos de las personas de la tercera edad, por la mismas razones.
Ni los intervinientes ni el P. General de la Nación consideran por su parte que la cuantía mínima de la caución prendaria vulnere los derechos de lo sindicados ya que, a su juicio, la existencia de una vía alterna para garantizar la comparecencia del procesado al despacho judicial, como lo es la suscripción de una póliza de garantía ante el despacho judicial que tramita la investigación, permite que quienes no tienen los medios económicos para sufragar la caución, puedan obtener el beneficio de la libertad provisional que concede la Ley.
Para resolver el interrogante que plantea la demanda, esta Corporación hará una referencia previa a la institución de la caución prendaria, tal como fue regulada por el nuevo Código de Procedimiento Penal -Ley 600 de 2000- y posteriormente analizará, con base en tales consideraciones, si el establecimiento de ese tope mínimo atenta contra los principios constitucionales invocados en la acción de inconstitucionalidad.
La Caución Prendaria en el Nuevo Código de Procedimiento Penal
De acuerdo con el artículo el artículo 365 de la Ley 600 de 2000, por la cual se expidió el Nuevo Código de Procedimiento Penal, el sindicado que se encuentre privado de la libertad puede obtener el beneficio de la libertad provisional si se cumple alguna de las 8 causales mencionadas en la norma Artículo 365. Causales. Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria en los siguientes casos:
Cuando la libertad provisional prevista en los numerales cuarto (4º) y quinto (5º) de este artículo se niegue por causas atribuibles al defensor, el funcionario judicial compulsará copias para que se investigue disciplinariamente al abogado que incurra en maniobras dilatorias
La libertad provisional a que se refiere dicho artículo se concede, por expresa disposición legal, previa suscripción de una caución prendaria. De conformidad con lo establecido en el precepto acusado, la caución prendaria consiste en una
suma de dinero que se cancela, a título de depósito o a título de póliza de garantía, y que le da derecho al procesado a disfrutar de la libertad provisional, como ya se explicó.
En términos generales, el sistema jurídico reconoce que las cauciones son garantías suscritas por los sujetos procesales destinadas a asegurar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por éstos durante el proceso, así como a garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además, (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismos de seguridad y de indemnización dentro del proceso Numerosos ejemplos de éste segundo tipo de cauciones se encuentran en el derecho civil. Así, a manera de ejemplo, en el artículo 47 del Código de Procedimiento Civil se establece la obligación para el agente oficioso de prestar caución para responder porque el demandante ratificará su actuación. Si así no sucede, la garantía indemniza los perjuicios causados por su actuación procesal. Del mismo modo, se establece en el artículo 519 de la misma regulación que se deberá prestar caución para impedir o levantar embargos dentro del proceso ejecutivo; así como se dispone, en el artículo 513 que dentro del proceso ejecutivo, deberá prestarse caución para solicitar medidas cautelares con el fin de garantizar el pago de los perjuicios que dichas medidas pudieran ocasionar al demandado o a terceros..
Ahora bien, antes de la entrada en vigencia del Nuevo Código de Procedimiento Penal, el régimen respectivo consideraba las cauciones como medidas de aseguramiento para imputables. En efecto, de acuerdo con lo previsto en el artículos 388 del Decreto 2700 de 1991, eran medidas de aseguramiento la conminación, la prohibición de salir del país, la detención domiciliaria, la detención preventiva y la caución. Con el fin de impedir la evasión del sindicado, el funcionario judicial estaba obligado a adoptar una de tales medidas cuando del material probatorio se dedujere la existencia de un indicio grave de responsabilidad.
En el régimen procedimental penal que precedió a la Ley 600 de 2000, la medida de aseguramiento de la caución asumía dos modalidades: la juratoria y la prendaria. La caución juratoria (Art. 393, inciso segundo, ibídem) consistía en el compromiso formal adquirido por el procesado de cumplir los compromisos asumidos asignados por el funcionario, bajo juramento constante en un acta, donde quedaba testimonio de las obligaciones que hubieren sido impuestas. Sólo había lugar a exigir la caución juratoria cuando el convencimiento al que hubiere llegado el funcionario lo llevase a considerar que el procesado no estaba en capacidad económica de cancelar la caución prendaria.
Con todo, en el régimen anterior, la caución no sólo cumplía el papel de medida de aseguramiento. De conformidad con lo previsto en el artículo 415 del Decreto 2700/91, las cauciones prendaria y juratoria también podían exigirse como medidas para asegurar la comparecencia del sindicado al que le hubiere sido concedida la libertad provisional. Como es lógico, la caución conferida en este contexto se imponía como mecanismo de garantía alterno a una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Aquella procedía ante la configuración de las causales previstas en el mismo artículo 415 del Decreto 2700 de 1991.
Del mismo modo, se entiende que las consecuencias derivadas del incumplimiento de las obligaciones adquiridas mediante la suscripción de la caución variaban según se tratase de una caución suscrita como medida de aseguramiento o de una caución otorgada como garantía de libertad provisional. Mientras en el primer caso el incumplimiento generaba la detención preventiva, en el segundo tenía lugar la revocatoria de la libertad provisional (Art. 418 ibídem).
En primer lugar, el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 estableció como la única medida de aseguramiento la detención preventiva, concentrando en ella las funciones de garantizar la comparecencia del sindicado al proceso, la ejecución de la pena privativa de la libertad, impedir la fuga o la continuación de la actividad delictiva o de las labores que realice para ocultar, destruir o deformar elementos probatorios importantes para la instrucción, o entorpecer la actividad probatoria (Art. 355 ibídem). La detención preventiva como medida de aseguramiento se impone, según previsión de la norma penal, cuando el mínimo de la pena de prisión establecida para el delito que se investiga sea o exceda los 4 años o en cualquiera de los delitos enumerados en el numeral 2º del mismo artículo.
Así las cosas, la nueva legislación descartó la caución -tanto la prendaria como la juratoria- como medida de aseguramiento autónoma, pero también, prescindió de la caución juratoria como medida de garantía para asegurar la comparecencia del sindicado favorecido con libertad provisional.
Del nuevo modelo ideado por la Ley 600 de 2001 es posible deducir que el legislador decidió privilegiar la protección del derecho a la libertad personal en contraste con el la potestad que tiene el Estado de vincular al proceso a quien fuere acusado de la comisión de un delito.
Efectivamente, el hecho de que la situación jurídica del procesado sólo sea definida en aquellos eventos en que proceda la detención preventiva (art. 354 C.de .P.) y que ésta lo sea sólo frente a delitos cuya pena mínima sea igual o superior a 4 años (en contraste con lo que ocurría en el régimen anterior en el que tal medida procedía frente a delitos con pena mínima de 2 años) da a entender que hoy por hoy la privación efectiva de la libertad sucede frente a violaciones de mayor gravedad que las que preveía el régimen anterior.
Potestad configurativa del legislador para determinar la estructura del procedimiento penal
A juicio de la Corporación, la decisión del Legislador de reducir las medidas de aseguramiento a la detención preventiva resultó ajustada a la Carta Política pues "el fundamento de dicha modificación radica en la potestad del legislador para crear y suprimir figuras legales, siempre y cuando se respeten los cánones constitucionales que deben regir toda la actividad legislativa.".
"Ciertamente, nada obliga al legislador a mantener incólumes las medidas de aseguramiento imponibles dentro del proceso penal, pues ellas no hacen parte del derecho fundamental al debido proceso. Son simples formas que se utilizan para asegurar el cumplimiento y el desarrollo de la investigación y la etapa de juzgamiento, de tal forma que en vez de favorecer al sindicado, implican una carga que lo obliga a comparecer al proceso. Así, si el legislador considera que no es necesario consagrar varias medidas de aseguramiento, sino una sola, tiene plena facultad de hacerlo.". (Sentencia C-620/01, M.P.D.J.A.R.)
Tal deducción es precisa si se entiende que la caución juratoria es una institución procesal y que, como tal, su pertinencia o impertinencia procesales dependen de la estructura que el legislador haya decidido conferirle a las diligencias correspondientes. La inclusión o exclusión de una institución procesal responde así a una consideración de política criminal que a la Corte, en principio, no le es dable cuestionar. En consecuencia, el legislador es el único competente para determinar el diseño de los procedimientos, diseño que responde a las necesidades de una política legislativa concreta cuyo control excede las funciones propias del juez constitucional.
"La selección de los bienes jurídicos merecedores de protección, el señalamiento de las conductas capaces de afectarlos, la distinción entre delitos y contravenciones, así como las consecuentes diferencias de regímenes sancionatorios y de procedimientos obedecen a la política criminal del Estado en cuya concepción y diseño se reconoce al legislador, en lo no regulado directamente por el Constituyente, un margen de acción que se inscribe dentro de la llamada libertad de configuración." Sentencia C-187 de 1997
" (...) en virtud de la cláusula general de competencia a que se refieren los numerales 1° y 2° del artículo 150 de la Constitución, al legislador corresponde regular los procedimientos judiciales y administrativos. En virtud de tal facultad, puede el Congreso definir entre otras cosas, las ritualidades propias de cada juicio, la competencia de los funcionarios para conocer de determinados asuntos, los recursos, los términos, el régimen probatorio, los mecanismos de publicidad de las actuaciones etc.
"En ejercicio de esta facultad, ha dicho también la Corte, el legislador goza de un amplio margen de libertad de configuración legislativa, limitado solamente por aquellas disposiciones de carácter superior que consagran las garantías constitucionales que conforman la noción de `debido proceso'. En este sentido ha expresado:
`...debe la Corte, además, puntualizar que el Legislador goza de amplia libertad para definir el régimen procedimental de los juicios, actuaciones y acciones a que da lugar el derecho sustancial, de acuerdo a razones de política legislativa, comoquiera que el Constituyente, al tenor de lo preceptuado en los numerales 1º. y 2º. del artículo 150 de la Carta, le ha conferido en esa materia, un amplio margen de apreciación discrecional.
`Como lo ha señalado esta Corporación en numerosas decisiones Véase las Sentencias C-38 DE 1995; C-032 y C-081 de 1996; C-327, C-429 y C-470 de 1997;y, C-198 de 1998., en las materias en las que compete al Congreso de la República ´'expedir códigos en todos los ramos de la legislación," este goza de una importante "libertad de configuración legislativa," a la que son inherentes mayores prerrogativas de valoración y de regulación normativa, pues, sin ella, no sería posible que, mediante el desarrollo de la función de "expedir las leyes,' pudiese atender los requerimientos y particularidades propias de las cambiantes exigencias de la realidad nacional.
`Esto no significa obviamente que el Congreso pueda configurar a su arbitrio o de manera caprichosa los procesos, pues -ciertamente- la Constitución reconoce a todo ciudadano el derecho a la igualdad (CP art. 13), por lo cual las regulaciones legales deben ser razonables y proporcionadas, tal y como esta Corporación ya lo ha señalado en numerosas sentencias Ver, entre otras, las sentencias C-537 de 1993 y C-373 de 1995..
` Ahora bien, en la medida en que la propia Constitución atribuye al órgano legislativo la atribución de legislar en esta materia, es entendido que el Congreso tiene amplia discrecionalidad para regular los procesos y procedimientos judiciales, sin más limitaciones que las que surgen de la propia Carta Política.'
"Así, pues, corresponde a ese órgano político evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos integrantes de los procedimientos mediante los cuales se adelanten los procesos judiciales." Sentencia C-135 de 1999, M.P.F.M.D.
"Así pues, a pesar de la libertad de configuración que le compete para ello, el legislador al diseñar los procedimientos judiciales no puede desconocer las garantías fundamentales, y debe proceder de acuerdo con criterios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta. Por ello las leyes que establecen procedimientos deben propender por el hacer efectivos los derechos de defensa, de contradicción, de imparcialidad del juez, de primacía de lo substancial sobre lo adjetivo o procedimental, de juez natural, de publicidad de las actuaciones y los otros que conforman la noción de debido proceso.(Corte Constitucional, Sentencia C-555 de 2001)
Pues bien, para esta Corporación es claro que existe una vecindad temática, además de jurídica, entre la fijación de una cuantía mínima para la caución prendaria y el hecho de que en el nuevo régimen procesal sólo exista la caución prendaria para garantizar la comparecencia el proceso del sindicado, no obstante la demanda no haya formulado cargo alguno en contra de la eliminación de la medida juratoria.
En resumen de lo dicho puede afirmarse entonces que en el nuevo Código de Procedimiento Penal no existe posibilidad de disfrutar de la libertad provisional si no es mediante el pago de una suma de dinero a título de caución, fluctuante entre uno y mil salarios mínimos legales mensuales, o suscribiendo una póliza de garantía por el mismo monto, según se verá más adelante.
De lo expuesto, también es obvio que el juez constitucional debe analizar si esa restricción está acorde con los principios y garantías consagrados en la Carta Política, particularmente desde la consideración que tampoco existe -a diferencia del régimen anterior- la alternativa procesal de la caución juratoria.
Examen de razonabilidad de la medida demandada
En el caso particular, esta tesis se traduce en la necesidad de definir si el legislador vulneró los principios constitucionales - principalmente los de igualdad y libertad- al establecer una cuantía mínima a la caución prendaria para la concesión de la libertad provisional del sindicado, teniendo en cuenta, como realidad normativa, que aquella -junto con la póliza de garantía- es la única alternativa prevista en el régimen procedimental para conferir este beneficio.
"En el establecimiento de las formas propias de cada actuación judicial, que comprende así mismo la regulación de las diferentes acciones, el legislador debe tomar como punto de referencia la realidad social y extraer de ellas reglas útiles que hagan expedito y eficaz el derecho de acción. Por lo tanto, si bien el legislador goza de libertad para establecer las formas procesales, en el diseño de éstas deben observarse los criterios de razonabilidad, racionabilidad, proporcionalidad y finalidad. No son válidas constitucionalmente, en consecuencia, aquéllas formas procesales que se desvían de dichos criterios y que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción" (Cfr. Sentencia C-346 de 1997).
En este sentido, dicho monto pretende crear un vínculo económico mínimo entre el procesado y la administración de justicia que le haga temer al primero que perderá tal suma si decide evadirse del imperio de la justicia. Desde este punto de vista, la finalidad de la norma se ajusta a los planes de la Carta Política porque pretende asegurar el cumplimiento de un deber constitucionalmente reconocido, cual es el que tiene todo ciudadano de colaborar con la buena administración de justicia (Art. 95-7, C.P.).
Lo que sí parece constituir una desproporción, a la luz de dichos criterios, es que se desconozca que la capacidad económica de muchos colombianos se encuentra por debajo del monto señalado por la norma como cuantía mínima de la caución prendaria. En efecto, no hace falta adelantar mayores investigaciones socio-económicas ni aportar extensas estadísticas sobre la realidad de la Nación para averiguar que hoy por hoy, muchas personas y muchas familias subsisten mensualmente con menos de un salario mínimo legal De conformidad con el boletín informativo SISD 30 del Departamento Nacional de Planeación, publicado por dicha dependencia en Diciembre de 2001, "Colombia reune en la actualidad la mayor parte de las características negativas esbozadas por la CEPAL (se refiere al informe de dicha organización, publicado en el año 2000): una severa crisis económica, los mayores niveles de desempleo de su historia, catástrofes naturales, conflicto armado, violencia, desplazamiento forzado, etc; elementos que en su conjunto configuran el marco en el que se espera se agudicen las condiciones de pobreza en el país.". Tampoco es difícil imaginar -dolorosamente, es fácil hacerlo- que la satisfacción de las necesidades básicas de muchos individuos depende de lo que puedan producir o puedan recibir día a día en el desempeño de humildes oficios Entre los diferentes índices utilizados por el DNP para calcular los niveles de pobreza de la población colombiana se destaca el índice NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) que califica como pobre a quien carece de vivienda construida con materiales apropiados, si tiene servicios públicos inadecuados, si tiene nivel de hacinamiento crítico, si el grado de dependencia económica es alto y si uno de sus niños entre 7 y 11 años no asiste a un establecimiento escolar. De acuerdo con este índice, en el año 2000 el 23.0% de la población colombiana tenía al menos una NBI. Por su parte, el índice de Línea de Pobreza (LP) determina la población nacional que no recibe un nivel de ingresos suficientes para satisfacer los niveles básicos nutricionales de su familia. De conformidad con el DNP, "este indicador muestra que en el país continúa incrementándose la pobreza, el porcentaje de personas por debajo de la Línea de Pobreza que en 1999 era de 56.3%, en 2000 se acerca a 60%; en valores absolutos significa un aumento en el número de pobres, por este concepto, de 2 millones de personas (22.647.877 en 1999 y 24. 610.844 en 2000). En términos de indigencia, el panorama es igualmente desalentador; el porcentaje de personas en estas condiciones pasa de 19.7% en 1999 a 23.4% en 2000."., debido a las altas tasas de desempleo que se incrementan a diario en el país "Infortunadamente, Colombia se encuentra en una etapa en donde la incidencia del desempleo es muy elevada y sin signos claros de recuperación (...), con todas sus connotaciones negativas. La tasa de desempleo para el total del país, pasa de 16.3% en 1999 a 16.6% en 2000. A pesar que en términos relativos el deterioro no parece ser significativo, en valores absolutos el incremento en el número de desempleados se acerca a los 350 mil (2'900.000 en 1997 y 3'247.000) en el 2000), lo que refleja la gran limitante que tiene el aparato productivo para generar puestos de trabajo." SISD 30. DNP.
En Colombia, la existencia de personas incapaces de cancelar una caución prendaria equivalente a un salario mínimo legal mensual constituye una realidad verosímil, actual y cotidiana, antes que una circunstancia extraña o excepcional "El impacto directo sobre la pobreza provocado por la caída de los ingresos es, a pesar de los enormes diferenciales, tan grave en la zona urbana como en la rural -sostiene el informe del DNP-. En septiembre de 1999 el porcentaje de población por debajo de la Línea de Pobreza (LP) en la zona urbana era del orden de 47% y en la rural de 80%, en 2000 en la primera de las zonas el porcentaje se incrementa en 4 puntos y en la rural en 3 puntos. Es preciso advertir que el DANE no ha estimado líneas de pobreza rural; estas corresponden a estimaciones de investigadores privados.".. La pobreza y sus degradantes niveles son, en el país, un hecho notorio.
Por disposición de esta medida, las personas sin la capacidad de pago suficiente para cubrir una suma equivalente a un salario mínimo legal mensual quedan excluidas de la posibilidad de acceder al beneficio de la libertad provisional, no obstante cumplan los requisitos de orden personal que la norma establece para conferir tal privilegio (Art. 365 C. de P.P.).
P. por ejemplo en dos individuos que cometen un mismo delito en calidad de coautores y que, a partir del momento de la captura, reciben el mismo tratamiento penal. Uno de ellos cuenta con recursos suficientes para hacer el depósito correspondiente a la caución prendaria, pero el otro no. Al primero se le concede el beneficio de la libertad provisional mientras que el segundo debe permanecer privado de la libertad, pese a la concurrencia de las mismas condiciones personales que darían lugar a decretar la excarcelación. A partir de este ejemplo es claro que el monto mínimo de la caución prendaria introduce un elemento que resulta ajeno al principio de proporcionalidad sobre el cual se estructura el privilegio de la libertad provisional.
La medida por la cual se establece una cuantía mínima a la caución prendaria no consulta las condiciones sociales y económicas del país y se erige en institución que desconoce la igualdad real y efectiva de los asociados. Por esa vía, la norma contraría el artículo 13 de la Constitución que prescribe que "el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados."
Por su conducto, la norma acusada desconoce uno de los fines esenciales del Estado Social de Derecho cual es la consecución de la vigencia de un orden justo, orden cuya consecución resulta imposible si se acude a criterios de estricto orden material -como el nivel económico de las personas- para condicionar el goce de derechos de rango constitucional que tienen categoría de fundamentales.
Adicionalmente, es necesario advertir que el trato diferenciado que se da a la población económicamente menos favorecida carece de razón suficiente, pues no existe motivo alguno que permita afirmar que quien se encuentra incurso en una de las 8 causales previstas en el artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, no va a cumplir con los compromisos impuestos por una caución proporcional a su capacidad de pago, o va a cumplirlos con menos empeño, que quien tuvo necesidad de cancelar sumas superiores, también proporcionales a su capacidad económica. Es claro que si la razón para conceder la libertad provisional es que se ha cumplido una de las causales del artículo 365 C. de P.P., y que la caución sólo opera como medida de garantía, negar la libertad por motivos económicos implica desconocer la verdadera razón que motiva la libertad provisional.
Ahora bien, la posición consignada por la Corte tiene un antecedente jurisprudencial directo que vale la pena destacar. Mediante Sentencia C-318 de 1998, esta Corporación declaró la inexequibilidad del artículo 7 de la ley 383 de 1997, que modificó el artículo 867 del decreto 624 de 1989, y que establecía la obligación para el contribuyente que quería discutir una obligación tributaria, de suscribir una garantía bancaria o póliza de seguros como requisito para ejercer la acción contencioso administrativa.
"Cuando la norma demandada impone un porcentaje fijo para todo aquél que pretenda someter su caso a la jurisdicción, no es inequitativa en apariencia, pues toma como base la cuantía de la presunta deuda. Aunque a primera vista puede parecer justa la medida, no toma en cuenta la capacidad real de pago del demandante, ni sus condiciones específicas. No contempla, dentro de las situaciones disímiles que pretende abarcar, aquélla en la que el demandante no tenga acceso al mercado financiero, o no pueda llenar las exigencias de una póliza. Con esto, recibe un trato desigual con respecto a otros deudores de obligaciones fiscales que se encuentran en su misma situación, y queda desprovisto de toda posibilidad de solucionar su problema con la administración de impuestos.
"La Corte considera que con la medida que contiene el artículo 140 del CCA, se da una solución adecuada a este problema; se cumple la intención del Constituyente de garantizar el acceso a la justicia de todas las personas por igual, y la del legislador, de asegurar el funcionamiento del aparato judicial contencioso, y el pago de un porcentaje de las obligaciones que se adeudan al fisco.
"18. En consecuencia, habiendo encontrado una solución legal que respeta los derechos constitucionales involucrados y consulta los fines de la ley tributaria y, por ende, consciente de que no existirá un vacío legal en el procedimiento en cuestión, la Corte declarará la inconstitucionalidad de la norma demandada; en su lugar, el juez contencioso deberá regirse por lo preceptuado en el artículo 140 del CCA, y fijar la cuantía y tipo de garantía que debe constituir el demandante para respaldar su pretensión, demostrar la seriedad de su demanda y, en caso de un fallo adverso a sus intereses, garantizar en parte el pago de su obligación tributaria.
"En el caso de un ciudadano que no esté en capacidad de constituir una caución sin comprometer los recursos necesarios para su congrua subsistencia, tendrá derecho al denominado "amparo de pobreza", reconocido en el artículo 2° de la LEAJ y en los artículos 160 a 167 del Código de Procedimiento Civil, ordenamiento que, como se sabe, se aplica al procedimiento contencioso administrativo en lo no previsto por las leyes especializadas en la materia (art. 267 CCA)". (Sentencia C-318 de 1998 M.P.D.C.G.D.; subrayas fuera del original)
De la anterior cita jurisprudencial se deduce que la imposición de un requisito económico rígido como criterio para permitir el acceso de los particulares a la administración de justicia va en contra de las preceptivas constitucionales. De allí que el mismo criterio, aplicado a la posibilidad de recibir el beneficio de la libertad provisional en el proceso penal, también contravenga la Constitución.
El mismo criterio resulta aplicable a los argumentos que esgrimen los intervinientes y el P. General de la Nación en relación con la póliza de garantía. En efecto, aquellos sostienen que la póliza de garantía es una opción procesal que le permite obtener la libertad provisional a los procesados que se encuentran en incapacidad económica de sufragar el depósito de un salario mínimo legal mensual. No obstante, tales argumentos desconocen que para la suscripción de una póliza de garantía también es necesario hacer una erogación, y que esta, por disposición del mismo artículo 369 del C. de P.P., debe ser tal que garantice una suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, lo cual hace suponer que también existe un mínimo económico que debe ser cancelado para gozar por esta vía del beneficio de la libertad provisional.
En estas condiciones, la suscripción de una póliza tampoco se constituye en alternativa válida que permita neutralizar los efectos nocivos que, para la vigencia de los derechos a la igualdad y libertad de los procesados sin medio económicos, tiene la fijación de una cuantía mínima en el otorgamiento de la caución prendaria.
De acuerdo con lo dicho, esta Corte estima que la expresión "uno (1)", contenida en el artículo 369 de la Ley 600 de 2000, es inexequible y, por tanto debe ser retirada del ordenamiento jurídico. En esa medida, como no existe, a partir de esta providencia, monto mínimo al que deba atenerse el funcionario judicial para imponer la caución prendaria, éste podrá, consultando la capacidad económica del procesado, imponer una caución por un monto menor, llegando incluso hasta prescindir de la caución si la capacidad del pago del inculpado es a tal extremo precaria.
Declarar INEXEQUIBLE la expresión "uno (1)" del artículo 369 de la Ley 600 de 2000.
Sentencia nº 52001-23-31-000-2002-01658-01(28429) de Consejo de Estado - Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, de 3 de Marzo de 2014