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Timestamp: 2019-09-17 11:09:17
Document Index: 47227494

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 380', 'artículo 380', 'artículo 140', 'artículo 360', 'artículo 1', 'artículo 624', 'artículo 331', 'artículo 381', 'artículo 1', 'artículo 383', 'artículo 1', 'artículo 90', 'artículo 10', 'artículo 380', 'e contrario', 'artículo 380', 'artículo 380', 'artículo 360', 'artículo 16', 'artículo 360', 'artículo 140', 'artículo 163', 'artículo 384']

﻿ SENTENCIA SC2238-2018/2012-02214 DE JUNIO 19 DE 2018
SENTENCIA SC2238-2018 DE 19 DE JUNIO DE 2018
CONTENIDO:RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN DE SENTENCIA QUE PONE FIN A UN PROCESO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL CONTRA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. DE ACUERDO CON LOS NUMERALES 1º Y 8º DEL ARTÍCULO 380 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL NO PROCEDE LA CAUSAL FRENTE A DOCUMENTOS POSTERIORES A LA SENTENCIA, CON LOS QUE SE BUSCA CONSTITUIR NUEVOS ELEMENTOS PROBATORIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ENERGÍA ELÉCTRICA, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDAD PELIGROSA, ADMISIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN, TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN, EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CLASES DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, SANCIÓN A LA EMPRESA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Sentencia SC2238-2018 de junio 19 de 2018
SC2238-2018
Rad.: 11001-02-03-000-2012-02214-00
(Aprobada en sesión de dieciocho de abril de dos mil dieciocho)
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018).
La Corte resuelve el recurso extraordinario de revisión de Liliana Margarita Arcos Valenzuela, Mariluz de Arco Valenzuela, Rosa Isabel Puello Valenzuela, Luz Mila Puello Valenzuela, María del Carmen Puello Valenzuela, Ventura Valenzuela Hueto, Nicolás Paternina Venera, Julieth Patricia Paternina de Arco y Kevin de Jesús Paternina de Arco, con la coadyuvancia de Elkin José Herrera Valenzuela, frente al fallo de 17 de enero de 2012 y su adición de 5 de marzo siguiente, proferidos por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, dentro del proceso ordinario de los impugnantes contra Electrificadora de la Costa Atlántica Electrocosta S.A. ESP, al que se llamó en garantía Generali Colombia Seguros Generales SA.
1. En proceso ordinario de responsabilidad civil extracontractual que adelantaron Liliana Margarita Arcos Valenzuela, Mariluz de Arco Valenzuela, Rosa Isabel Puello Valenzuela, Luz Mila Puello Valenzuela, María del Carmen Puello Valenzuela, Ventura Valenzuela Hueto, Nicolás Paternina Venera, Julieth Patricia Paternina de Arco, Kevin de Jesús Paternina de Arco y Elkin José Herrera Valenzuela contra Electrocosta S.A. ESP, para que les indemnizaran los perjuicios derivados de la electrocución de Nalfanelis de Arco Valenzuela, la sentencia de primera instancia resultó favorable al condenar a la demandada, hoy Electricaribe S.A. ESP, a pagarles $ 492’731.908.
2. La firma vencida y su aseguradora apelaron, siendo revocada la determinación por el superior.
3. Los impugnantes buscan que se invalide la providencia cuestionada porque se basó en pruebas inexistentes en el expediente que no fueron debatidas, consistentes en que el barrio San Pedro sector Los Manguitos al momento de ocurrir los hechos era subnormal y la información obrante en un documento desmentido por la persona a quien se imputó su autoría, fuera de que se incurrió en contradicción en las motivaciones para tomar una decisión extrapetita (fls. 128 al 147 y 304 al 326).
Para el efecto invocan las causales primera y octava del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, ya que encontraron documentos nuevos que cambiarían el sentido de la decisión y no pudieron aportar oportunamente por razones ajenas a su voluntad; así como por existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y no era susceptible de recurso de casación, desarrolladas así:
a) El primer motivo deriva de que la determinación confutada se basó en la subnormalidad del barrio, declarada en Decreto 113 de 29 de octubre de 2008 de la Alcaldía de Turbaco, cuando los hechos ocurrieron el 18 de octubre de 2004, de ahí que los documentos nuevos corresponden al derecho de petición elevado a la Alcaldía y la respuesta con la que entregaron copia del acto administrativo (fls. 126, 127 y 301 al 303).
También encaja allí el memorial que presentó José Puello Urueta luego de dictarse el proveído aclarando que no era padre ni padrastro de la víctima al momento de su muerte (fls. 127, 128 y 303).
b) La segunda razón, con sustento en la causal octava de nulidad y que se ampara en el numeral 6º del artículo 140 del estatuto procesal civil por omitirse los términos u oportunidades para alegar, se configura al no decretar de oficio la audiencia establecida en el inciso segundo del artículo 360 ibídem (fls. 128, 303 y 304).
4. Luego de conceder amparo de pobreza a los opugnadores y recibir el expediente del Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cartagena, se admitió el medio de contradicción en providencia que dispuso integrar el contradictorio con Elkin José Herrera Valenzuela y enterar a los demás participantes en el pleito inicial (fls. 347 al 355).
5. Electricaribe S.A. ESP y Generali Colombia Seguros Generales S.A. se opusieron y la última planteó las excepciones de «improcedencia de los argumentos formulados por la actora como sustento de la presente acción de revisión, teniendo en cuenta que (...) no está establecida como tercera instancia de los procesos judiciales» y «falta de configuración de los cargos formulados por la actora contra la sentencia atacada» (fls. 408 al 454).
A su vez el tercero convocado manifestó coadyuvar las pretensiones (fls. 457 al 465).
6. Agotado el decreto y recaudo de pruebas, se corrió traslado para alegar a los intervinientes, quienes insistieron en sus posiciones (fls. 661 al 697).
1. Aunque el Código General del Proceso entró en vigencia a partir del 1º de enero de 2016, de conformidad con el artículo 1º del Acuerdo PSAA15-10392 del Consejo Superior de la Judicatura, esta impugnación extraordinaria se rige por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil y con base en estas será resuelto, dado que fue instaurado el 27 de septiembre de 2012 y de conformidad con el artículo 624 del primer estatuto citado que modificó el 40 de la Ley 153 de 1887 «los recursos interpuestos (...), se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron».
2. Si bien el artículo 331 del estatuto procesal civil fija las reglas en virtud de las cuales las providencias judiciales cobran firmeza, el 379 ibídem abre el camino para que en expresos eventos las sentencias ejecutoriadas puedan ser examinadas, ya sea por dificultades o irregularidades en el recaudo de los elementos de convicción, actos de colusión, indebida representación o vicios ostensibles que afectan la validez de lo tramitado.
[t]al figura es una expresión del deber de administrar cumplida justicia evitando las decisiones contrarias a ella, con el fin de solventar situaciones que afecten las garantías procesales de las partes, para, de ser necesario y acreditado uno o varios de los motivos esgrimidos, invalidar lo inadecuadamente tramitado o proferir un nuevo fallo en el que se protejan sus derechos, tanto adjetivos como sustanciales (...) No obstante, el recurso de revisión por su connotación extraordinaria debe reunir determinados supuestos, de un lado encajando dentro de las situaciones que para el efecto consagra la ley procesal y del otro correspondiendo a verdaderos descubrimientos o hechos nuevos que patenticen la irregularidad alegada, ajena a la desidia o descuido de los deberes propios de quienes estuvieron involucrados en la litis, toda vez que si existió campo para su discusión dentro del curso normal del debate no es este el escenario propicio para hacerlo, ya que se convertiría en una nueva instancia o la oportunidad de reabrir etapas debidamente precluidas con amparo en la normatividad vigente.
[p]or la connotación que revisten esas limitaciones se ha sostenido que los supuestos fácticos llamados a configurar los diversos motivos deben constituir auténticas novedades procesales, para dar a comprender que ella sólo tiene cabida ante “circunstancias que, en términos generales, son extrínsecas o ajenas al proceso en el cual se profirió la sentencia que por tal medio se impugna”, que, por tanto, “constituyen aspectos novedosos frente a él, bien por haber tenido lugar con posterioridad al pronunciamiento de aquélla, ora porque no empece antecederla, eran ignorados por la parte que recurre, pues en una y otra hipótesis se tiene en cuenta que su inexistencia o su desconocimiento redundó en la adopción de una resolución injusta” (sentencia 234 de 1º de diciembre de 2000, expediente 7754). (...) Cuando se reclama que los aspectos esgrimidos deben constituir auténticas novedades, se exige que el hecho o medio probatorio aducido, con base en el cual se invoque el particularmente seleccionado, no haya formado parte del proceso donde se dictó el fallo (...), por supuesto que no se colma este presupuesto cuando la circunstancia al efecto escogida fue evaluada en el pleito en que se dictó la resolución que se revisa, porque en esa hipótesis no se estaría en presencia de ningún acontecimiento nuevo respecto del ya transitado.
3. El ejercicio del referido mecanismo de contradicción se encuentra limitado en el tiempo, puesto que el artículo 381 ejusdem, modificado por el numeral 191 artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, fija un plazo de dos años contados desde la ejecutoria del proveído a atacar para hacer uso del mismo, ya sea que se aduzca el primer motivo de discordia o el octavo.
Incluso la presentación extemporánea justifica su rechazo al tenor del cuarto inciso del artículo 383 del Código de Procedimiento Civil con la reforma del numeral 192 artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, sin que se supere tal obstáculo por darle curso, existiendo lugar a constatar su oportunidad en este estado.
En el presente caso entre el 17 de enero de 2012, data de la decisión puesta en duda, y el 27 de septiembre de esa misma anualidad, cuando se incoó el libelo, transcurrieron algo más de 8 meses. Además, el auto admisorio de 2 de diciembre de 2013 se notificó a Electricaribe S.A. ESP y Generali Colombia Seguros Generales S.A. el 5 y 11 de marzo de 2014 (fls. 402 y 407), respectivamente, por lo que operó la interrupción del término extintivo a la luz del artículo 90 del estatuto procesal civil con la modificación del artículo 10 de la Ley 794 de 2003, razón por la cual resulta tempestiva la censura.
4. Respecto de las razones expuestas, la primera del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil la posibilita el «haberse encontrado después de pronunciada la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria», de ahí que tales probanzas fuera de preexistir desde el primer litigio no deben obrar en él, ya que se trata de la recuperación de medios demostrativos perdidos o de los que no se tenía razón.
Excluye por ende esta senda discusiones sobre el peso de los que se allegaron oportunamente y en forma; frente a las decisiones que les restan mérito por extemporáneos, ineficaces o sin el lleno de los requisitos de ley; la adecuación de aquellos que presentan deficiencias o la facción de uno que altere o trastoque situaciones preexistentes. Admitir cualquiera de esos eventos sería lesivo del debido proceso y el derecho de contradicción, con lo que se desvirtuaría la esencia del reclamo, esto es, que aparezca de repente en la escena un documento con efectos relevantes.
Sobre el particular en CSJ, SC 25 jun. 2009, rad. 2005-00251-01, se precisó que dada
(...) la finalidad propia del recurso, no se trata de mejorar la prueba aducida deficientemente al proceso en el que se dictó la sentencia cuyo aniquilamiento se busca, o de producir otra después de pronunciado el fallo; se contrae...a demostrar que la justicia, por absoluto desconocimiento de un documento que a pesar de su preexistencia fue imposible de oportuna aducción por el litigante interesado, profirió un fallo que resulta a la postre paladinamente contrario a la realidad de los hechos y por ende palmariamente injusto.
Y en cuanto a los exigencias para dicho supuesto, en CSJ SC 15 nov. 2012, rad. 2010-00754, se dijo que
[l]os elementos concurrentes, exigidos para la estructuración de la causal de revisión aquí examinada, son: a) Que se haya encontrado, con posterioridad a la resolución del asunto mediante providencia ejecutoriada, uno o varios documentos (...) b) Que la imposibilidad de hacerlo o hacerlos valer en el proceso inicial, se origine en fuerza mayor, caso fortuito o por intervención de la contraparte (...) c) Que el o los escritos referidos tengan real y cierta incidencia para cambiar o modificar sustancialmente la solución adoptada, que, por obvias razones, tiene que ser distinta y, si se quiere, opuesta a la consignada en la que origina la formulación del recurso.
En la causal octava, son dos los aspectos a tener en cuenta para su procedencia, en primer lugar que haya incurrido el funcionario en un vicio de nulidad al momento mismo de pronunciarse la sentencia y, adicionalmente, que no existan medios de contradicción que permitan discutirlo dentro del proceso.
La razón específica de nulidad tiene que encajar en alguno de los casos expresamente contemplados por la normatividad adjetiva, en virtud del principio de taxatividad, siempre y cuando no tenga su génesis en el devenir litigioso sino que emerja del mismo fallo, eso sí con la salvedad que en el numeral 7º del multicitado artículo 380, la indebida representación, la falta de notificación o el emplazamiento inadecuado constituyen causal autónoma.
Como se recordó en CSJ SC 8 abr. 2011, rad. 2009-00125, citada en SC12377-2014,
[e]l numeral 8º del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, gravita en torno de la protección del debido proceso y del derecho a ser oído y vencido en juicio con la plenitud de las formas procesales (art. 29 de la C.P.), sobre la base, en primer término, de que se incurra en una irregularidad estructurante de nulidad al proferirse la sentencia que puso fin al proceso; y en segundo lugar, de que dicha decisión no sea susceptible de recurso alguno (...) En cuanto al primero de los presupuestos señalados, por ser el que puede generar algún debate, debe recordarse que los motivos de nulidad procesal de la sentencia son estrictamente aquellos que —además de estar expresamente previstos en el Código de Procedimiento Civil, dado que campea en esta materia el principio de la taxatividad de las nulidades— se hayan configurado precisamente en la sentencia acusada y no antes, es decir, “no se trata, pues, de alguna nulidad del proceso nacida antes de proferir en este el fallo que decide el litigio, la que por tanto puede y debe alegarse antes de esa oportunidad, so pena de considerarla saneada; ni tampoco de indebida representación ni falta de notificación o emplazamiento, que constituye causal específica y autónoma de revisión, como lo indica el numeral 7º del texto citado, sino de las irregularidades en que, al tiempo de proferir la sentencia no susceptible de recurso de apelación o casación, pueda incurrir el fallador y que sean capaces de constituir nulidad, como lo sería, por ejemplo, el proferir sentencia en proceso terminado anormalmente por desistimiento, transacción o perención; o condenar en ella a quien no ha figurado como parte; o cuando dicha providencia se dicta suspendido el proceso. Lo cual es apenas lógico porque si la tal nulidad solamente aparece para las partes cuando éstas conocen la sentencia, no existiendo legalmente para ellas otra oportunidad para reclamar su reconocimiento, lo procedente es que se les abra el campo de la revisión” (CLVIII, 134).
5. Ninguno de los argumentos de los recurrentes cumple con el fin de derrumbar la ejecutoria del fallo del ad quem toda vez que, aun dejando de lado que el grueso de su escrito de enunciación corresponde más a una propuesta de reconsideración del material demostrativo que a la configuración de las dos causales a que se acude, lo cierto es que de todas maneras lejos están de encajar dentro de los supuestos exigidos para su éxito, como se pasa a diferenciar:
a) En relación con la causal primera, que se insiste exige la preexistencia de documentos relevantes en la decisión que por motivos insuperables no llegaron a conocimiento del juzgador, basta con resaltar que tanto la solicitud elevada a la Alcaldía de Turbaco el 3 de abril de 2012, la respuesta al correo electrónico del peticionario el 20 siguiente y el memorial firmado por José Ángel Puello Urueta el 2 de marzo de 2012, son posteriores al fallo de segundo grado de 17 de enero de 2012.
Incluso del texto de todos ellos se extrae que los requerimientos y manifestaciones allí contenidas obedecen a un ánimo de constituir elementos de convicción nuevos precisamente frente al resultado adverso, lo que es impropio para intentar esta opugnación extraordinaria ya que es imposible reabrir una discusión zanjada por el mero hecho de que se alleguen con posterioridad escritos fabricados para contradecir las conclusiones en que se cimenta.
En una situación similar observada en SC7455-2017 se precisó que
(...) el motivo de revisión planteado y ahora analizado carece de configuración, no solo porque el escrito soporte del mismo surgió con posterioridad al proferimiento de la sentencia cuya revisión se solicita, sino porque la adulteración que le dio origen a la Resolución invocada como fundamento de la causal, fue tema debatido en las instancias (...) Respecto de lo primero, es claro que si el fallo del juicio ejecutivo y objeto de revisión fue dictado el 15 de diciembre de 2011 y la Resolución 167 de la Secretaría Distrital de Salud, el 13 de marzo de 2012, este documento no precedió la determinación judicial y en esas condiciones, según se ha reflexionado, no es dable su acogida para el desconocimiento de ésta (...) Atinente al momento en que debe originarse el escrito sustento de la señalada causal, con vocación para la invalidación del fallo impugnado, esta Corporación, en CSJ SC 2011-02620-00 reiteró: «(...) es inmanente a la causal primera de revisión la preexistencia del documento que permaneció oculto ‘al momento mismo en que se presentó la demanda, o por lo menos desde el vencimiento de la última oportunidad procesal para aportar pruebas’ (...), puesto que no se trata de avalar su creación sobreviniente, sino de remediar la imposibilidad de su incorporación oportuna al plenario. ‘En la misma línea, la Sala precisó en sentencia del 11 de julio de 2000, Exp. 7487, que ‘la prueba eficaz en revisión no puede haberse configurado con posterioridad al fallo que se pretende revisar, sino que debe tener existencia desde el momento mismo en que se entabla la demanda del proceso cuya sentencia se revisa, o al menos desde el vencimiento de su última oportunidad procesal para aducir pruebas, pues no se trata de mejorar una prueba o de producir otra con posterioridad a dicha sentencia, ya que de ser así nunca habría cosa juzgada’» (negrita de la Sala).
En cuanto al Decreto 113 de 29 de octubre de 2008 expedido por la Alcaldía Turbaco, corresponde a un acto normativo de la administración municipal expedido para regular aspectos generales de alcance local en la forma contemplada por los artículos 1º y 3º de la Ley 4 de 1913 según los cuales
ART. 1º—La legislación relativa al ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes legislativo y ejecutivo; a la organización general de los departamentos, provincias y municipios; a las atribuciones de los empleados o corporaciones de estas tres últimas entidades; a las atribuciones administrativas del Ministerio Público, y a las reglas generales de administración, constituye el régimen político y municipal.
ART. 3º—Son agentes del poder ejecutivo, y cooperan al ejercicio de dicho poder: el gobernador, en cada departamento; el prefecto, en cada provincia, y el alcalde y sus subalternos, en cada municipio (...) Los actos de los empleados, de carácter general, se denominan comúnmente decretos; los de carácter especial, resoluciones, bien que en ocasiones son objeto de los primeros, asuntos de carácter especial, y recíprocamente, son de los segundos, otros de carácter general.
No obstante, si bien su expedición es anterior a la determinación cuestionada, la clasificación que allí se hace del barrio Los Manguitos como subnormal ninguna incidencia tendría en la providencia confutada, puesto que el mismo a lo sumo reforzaría la deducción del Tribunal en el sentido de que la «subnormalidad está materializada en el hecho mismo de no contar la vivienda con un contador propio. Y en la forma como era facturado el servicio entre toda la comunidad» (fl. 247, cdno. 4), extraída de las probanzas recaudadas y sin que estimara necesario un pronunciamiento oficial en ese sentido. Cualquier disconformidad sobre ese parecer, por el hecho de que la declaratoria fue posterior a la ocurrencia de los hechos, antes que denotar la trascendencia del medio de convicción se constituye es en una propuesta valorativa de los censores que desfigura los fines de esta impugnación.
Es más, en el aparte conclusivo de la providencia que se discute ninguna trascendencia tuvo la subnormalidad ya que la decisión de revocar el proveído del a quo obedeció a que «existe una actividad peligrosa ejercida por la entidad demandada Electrocosta S.A. ESP, que colisionó con otra actividad peligrosa, negligente e imprudente de la señora Nalfanelis de Arco Valenzuela quien también tenía la guarda de su propia seguridad y la de su familia», fuera de que «no se acreditó el nexo causal entre el hecho dañoso, la muerte de Nalfanellis, y la responsabilidad de la empresa demanda» y que se dio como causa exceptiva de responsabilidad «la imprudente conducta de la víctima, no solo por el hecho de proceder a desconectar un electrodoméstico teniendo los pies mojados y encontrándose descalza, sino por el mismo hecho de aceptar tácitamente las condiciones de las instalaciones eléctricas internas de su vivienda, sin contar con los mecanismos mínimos de protección, frente a las consecuencias propias de una variación de voltaje».
b) En cuanto a la incursión de un vicio por que no se citó de oficio a la audiencia contemplada en el inciso segundo del artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, lo cierto es que tal facultad es potestativa del sentenciador y no obligatoria, salvo que expresamente exista «petición de parte que hubiere sustentado, formulada dentro del término para alegar», según la modificación del artículo 16 de la Ley 1395 de 2010.
Por ende en el asunto bajo estudio, como al surtirse la alzada ninguna manifestación hicieron en ese sentido los apelantes y su contraparte al descorrer el traslado conferido, según se extrae de sus escritos (fls. 154 al 190, cdno. 4), quedaba a criterio del fallador de segundo grado citarlos o no para ampliar sus exposiciones. De ahí que al proferirse el fallo omitiendo ese paso ninguna irregularidad se cometió, máxime cuando el apoderado de los ahora inconformes voluntariamente dijo que «renuncio al resto del término de traslado que a mí me corresponde, de la presente sustentación de apelación aquí descorrida (...) lo anterior con el objetivo de colaborar con la economía procesal y el descongestionamiento de los despachos judiciales» (fl. 177, cdno. 4)
Así se recalcó en SC15579-2016 frente a un reparo idéntico que se desechó en vista de que
(...) de cara al cuestionamiento procedimental por falta de convocación a la audiencia de alegatos prevista en el artículo 360 del Código de Procedimiento Civil, cabe anotar que tampoco le asiste razón al reclamante para la nulidad por la causal tipificada en el artículo 140, numeral 6º, de ese estatuto, porque no era obligatorio para el tribunal convocar a esa diligencia, en la medida en que no fue solicitada, como es aceptado en la demanda venero de este trámite (...) En el punto es oportuno recordar que la mencionada audiencia de alegatos en el trámite de segunda instancia ante jueces plurales, es viable «de oficio o a petición de parte», vale decir, que puede convocarse: a) directamente -de oficio- por la respectiva corporación judicial, si lo considera, eventualidad en que, contrario a lo planteado por el recurrente, no es ineludible u obligatoria; y b) a petición de parte, situación en que sí sería de imperiosa disposición, pero que no es invocada en esta revisión.
6. Quiere decir que como las objeciones de los accionantes no constituyen razones serias para socavar la firmeza del fallo, fracasa el recurso extraordinario.
Si bien no se impondrán costas a los opugnadores porque gozan de amparo de pobreza, lo que los exonera de asumir esta carga pecuniaria según lo reglado en el artículo 163 del Código de Procedimiento Civil, sí se les ordenará asumir los detrimentos ocasionados con su interposición, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 384 del Código de Procedimiento Civil.
1. Declarar infundado el recurso extraordinario de revisión que formularon Liliana Margarita Arcos Valenzuela, Mariluz de Arco Valenzuela, Rosa Isabel Puello Valenzuela, Luz Mila Puello Valenzuela, María del Carmen Puello Valenzuela, Ventura Valenzuela Hueto, Nicolás Paternina Venera, Julieth Patricia Paternina de Arco y Kevin de Jesús Paternina de Arco, con la coadyuvancia de Elkin José Herrera Valenzuela, frente al fallo de 17 de enero de 2012 y su adición de 5 de marzo siguiente, proferidos por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, dentro del proceso ordinario de los impugnantes contra Electrificadora de la Costa Atlántica Electrocosta S.A. ESP, al que fue llamado en garantía Generali Colombia Seguros Generales S.A.
2. Condenar en perjuicios a los impugnantes, los que se liquidarán mediante incidente. Sin costas.
3. Devolver el expediente que contiene el proceso dentro del cual se dictó la sentencia objeto de revisión, salvo el cuaderno de la Corte, agregando copia de la presente providencia.
Magistrados: Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, Presidente de Sala—Margarita Cabello Blanco (comisión de servicios)—Álvaro Fernando García Restrepo—Luis Alonso Rico Puerta—Ariel Salazar Ramírez—Octavio Augusto Tejeiro Duque—Luis Armando Tolosa Villabona.