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Timestamp: 2020-08-05 16:41:37
Document Index: 335039010

Matched Legal Cases: ['Artículo 36', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'Artículo 53', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 79', 'Artículo 51', 'Artículo 21', 'Artículo 18', 'Artículo 38', 'Artículo 53', 'Artículo 50', 'Artículo 38', 'Artículo 2', 'Artículo 51', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 21', 'Artículo 33', 'Artículo 59', 'Artículo 94', 'Artículo 94', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 36', 'Artículo 36']

CASO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN NICARAGUA Y CONTRA NICARAGUA (NICARAGUA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) (FONDO DEL ASUNTO) Fallo de 27 de junio de 1986 | Derecho Internacional Público - www.dipublico.org
CASO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARES EN NICARAGUA Y CONTRA NICARAGUA (NICARAGUA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) (FONDO DEL ASUNTO) Fallo de 27 de junio de 1986
dipublico 24/01/2020 Internacional, Jurisprudencia, Resumenes de Fallos CIJ 15 Vistas
CASO RELATIVO A LAS ACTIVIDADES MILITARES Y PARAMILITARIES EN NICARAGUA Y CONTRA NICARAGUA (NICARAGUA CONTRA LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (FONDO DEL ASUNTO)
Para pronunciar su fallo sobre el fondo del asunto en el caso relativo a las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, incoado por Nicaragua contra los Estados Unidos de América, la Sala estuvo compuesta como sigue:
Presidente: Nagendra Singh; Vicepresidente: de Lacharriére; Magistrados: Lachs, Ruda, Elias, Oda, Ago, Sette-Camara, Schwebel, Sir Robert Jennings, Mbaye, Bedjaoui, Ni y Evensen; Magistrado ad hoc: Colliard.
“ 1. Por 11 votos contra 4,
“Decide que, al pronunciarse sobre la controversia que se le ha sometido en la solicitud que presentó la República de Nicaragua el 9 de abril de 1984, la Corte ha de aplicar la “reserva de tratado multilateral” que figura en el acápite c) de la declaración de aceptación de jurisdicción presentada en virtud del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto de la Corte por el Gobierno de los Estados Unidos de América, depositada el 26 de agosto de 1946;
“Votos a favor: Sr. Nagendra Singh, Presidente-, Sr. de Lacharriére, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. Schwebel, Sir Robert Jennings, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
“Votos en contra: Sr. Ruda, Sr. Elias, Sr. SetteCamara y Sr. Ni, Magistrados.
“2. Por 12 votos contra 3,
“Rechaza la justificación de legítima defensa colectiva invocada por los Estados Unidos de América en relación con las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua, objeto de este caso;
“Votos a favor: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
Sr. de Lacharriére, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
“Votos en contra: Sr. Oda, Sr. Schwebel y Sir Robert Jennings, Magistrados.
“3. Por 12 votos contra 3,
“Decide que los Estados Unidos de América, al entrenar, armar, equipar, financiar y abastecer a las fuerzas contras o al estimular, apoyar y ayudar por otros medios las actividades militares y paramilitares en Nicaragua y contra Nicaragua han actuado, en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no intervenir en los asuntos de otro Estado;
“Votos a favor: Sr. Nagendra Singh, Presidente; Sr. de Lacharriére, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
“Decide que los Estados Unidos de América, con ciertos ataques realizados contra territorio nicara
“4. Por 12 votos contra 3, güense en 1983 y 1984, a saber, los ataques contra Puerto Sandino los días 13 de septiembre y 14 de octubre de 1983; un ataque contra Corinto el 10 de octubre de 1983; un ataque contra la base naval de Potosí los días 4 y 5 de enero de 1984; un ataque contra San Juan del Sur el 7 de marzo de 1984; ataques contra patrulleras en Puerto Sandino los días 28 y 30 de marzo de 1984, y un ataque contra San Juan del Norte el 9 de abril de 1984, y que, además, con los actos de intervención mencionados en el inciso
3) del presente, que implican el uso de la fuerza, han actuado, en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no usar la fuerza en contra de otro Estado;
“5. Por 12 votos contra 3,
“Decide que los Estados Unidos de América, al dirigir o autorizar vuelos sobre territorio nicaragüense, y con los actos imputables a los Estados Unidos mencionados en el inciso 4) del presente, han actuado, en perjuicio de la República de Nicaragua, infringiendo la obligación que les incumbe con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no violar la soberanía de otro Estado;
“6. Por 12 votos contra 3,
“Decide que, al colocar minas en las aguas internas o territoriales de la República de Nicaragua durante los primeros meses de 1984, los Estados Unidos de América, en perjuicio de la República de Nicaragua, infringieron las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional consuetudinario de no usar la fuerza contra otro Estado, no intervenir en sus asuntos, no violar su soberanía y no interrumpir el comercio marítimo pacífico;
“7. Por 14 votos contra 1,
“Decide que, con los actos señalados en el inciso 6) del presente fallo, los Estados Unidos de América, en perjuicio de la República de Nicaragua, han infringido las obligaciones que les incumben en virtud del artículo 19 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre los Estados Unidos de América y la República de Nicaragua, firmado en Managua el 21 de enero de 1956;
Sr. de Lacharriére, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Ruda, Sr. Elias, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sir Robert Jennings, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
“Votos en contra: Sr. Schwebel.
“8. Por 14 votos contra 1,
“Decide que los Estados Unidos de América, al no dar a conocer la existencia y la ubicación de las minas por ellos colocadas, mencionadas en el inciso 6) del presente fallo, han infringido las obligaciones que les incumben con arreglo al derecho internacional consuetudinario a ese respecto;
“Votos a favor: Sr. Nagendra Singh, Presidente; Sr. de Lacharriére, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Ruda, Sr. Elias, Sr. Ago, Sr. SetteCamara, Sr. Schwebel, Sir Robert Jennings, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
“Votos en contra: Sr. Oda, Magistrado.
“9. Por 14 votos contra 1,
“Decide que los Estados Unidos de América, al elaborar en 1983 un manual titulado ‘Operaciones psicológicas en guerra de guerrillas’ y al difundirlo a las fuerzas contras, han estimulado la comisión por éstas de actos contrarios a los principios generales del derecho humanitario; pero no estima que haya bases para llegar a la conclusión de que los actos de ese tipo que puedan haberse cometido sean imputables a los Estados Unidos de América como actos de los Estados Unidos de América;
“10. Por 12 votos contra 3,
“Decide que los Estados Unidos de América, con los ataques en territorio nicaragüense señalados en el inciso 4) del presente fallo, y al declarar un embargo general del comercio con Nicaragua el Io de mayo de 1985, han cometido actos encaminados a privar de su objeto y finalidad al Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las partes, firmado en Managua el 21 de enero de 1956;
“11. Por 12 votos contra 3,
“Decide que los Estados Unidos de América, con los ataques en territorio nicaragüense señalados en el inciso 4) del presente fallo, y al declarar un embargo general del comercio con Nicaragua el Io de mayo de 1985, han obrado en violación de las obligaciones que les incumben con arreglo al artículo 19 del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las partes, firmado en Managua el 21 de enero de 1956.
“12. Por 12 votos contra 3,
“Decide que los Estados Unidos de América deben poner término inmediatamente y abstenerse de toda acción que pueda constituir una violación de las obligaciones jurídicas anteriormente mencionadas; “Votos a favor: Sr. Nagendra Singh, Presidente;
“13. Por 12 votos contra 3,
“Decide que los Estados Unidos de América tienen la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua de todos los perjuicios causados a Nicaragua por las infracciones de obligaciones que le incumben con arreglo al derecho internacional consuetudinario anteriormente enumeradas;
“14. Por 14 votos contra 1,
“Decide que los Estados Unidos de América tienen la obligación de indemnizar a la República de Nicaragua de todos los perjuicios causados en Nicaragua por las infracciones del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre las partes, firmado en Managua el 21 de enero de 1956;
“Votos en contra: Sr. Schwebel, Magistrado.
“15. Por 14 votos contra 1,
“Decide que la forma y el monto de esa indemnización, a falta de acuerdo entre las Partes, será determinado por la Corte, y reserva a estos efectos el procedimiento ulterior en el caso;
“Votos a favor: Sr. Nagendra Singh, Presidente; Sr. de Lacharriére, Vicepresidente; Sr. Lachs, Sr. Ruda, Sr. Elias, Sr. Oda, Sr. Ago, Sr. Sette-Camara, Sir Robert Jennings, Sr. Mbaye, Sr. Bedjaoui, Sr. Ni y Sr. Evensen, Magistrados; Sr. Colliard, Magistrado ad hoc;
“16. Por unanimidad,
“Recuerda a ambas partes su obligación de buscar una solución de sus controversias por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional.”
I. Cualidades
(Párrafos 1 a 17)
II. Antecedentes de la controversia
(Párrafos 18 a 25)
III. La incomparecencia del demandado y el Artículo 53 del Estatuto
(Párrafos 26 a 31)
La Corte recuerda que, después de haberse pronunciado su fallo de 26 de noviembre de 1984 sobre la competencia de la Corte y la admisibilidad de la solicitud de Nicaragua, los Estados Unidos decidieron no participar en la presente etapa de las actuaciones. Sin embargo, eso no impedía que la Corte fallara en el caso, pero tenía que hacerlo respetando los requisitos del Artículo 53 del Estatuto, en el que se prevé la situación de que una de las partes no comparezca. Habiéndose establecido la competencia de la Corte, ésta tenía que asegurarse, conforme al Artículo 53, de que la demanda de la parte compareciente estaba bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho. A ese respecto, la Corte recordó ciertos principios orientadores establecidos en varios cas^s anteriores, uno de los cuales excluía toda posibilidad de pronunciar automáticamente un fallo en favor de la parte compareciente. También señaló que la Corte estimaba valioso conocer las opiniones de la parte que no comparecía, aunque las opiniones se hubieran expresado de modos no previstos en el Reglamento de la Corte. Tenía que mantenerse como principio básico el de la igualdad entre las partes, y la Corte tenía que asegurarse de que la parte que se negara a comparecer no se beneficiara de su incomparecencia.
IV. Juzgabilidad del litigio
(Párrafos 32 a 35)
La Corte consideró que procedía ocuparse de una cuestión preliminar. Se había sugerido que las cuestiones del uso de la fuerza y de la legítima defensa colectiva planteadas en el caso quedaban fuera del ámbito de las cuestiones de que podía conocer la Corte, en otras palabras, que no eran juzgables. Sin embargo, en primer lugar, las partes no habían alegado que el presente litigio no era una “controversia de orden jurídico” en el sentido del párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto y, en segundo lugar, la Corte consideró que el caso no entrañaba necesariamente la evaluación de asuntos políticos o militares, que se saldrían de los límites jurídicos apropiados. Por consiguiente, estaba capacitada para decidir respecto a esos problemas.
V. El significado de la reserva de los tratados multilaterales
(Párrafos 36 a 56)
La declaración de aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte hecha por los Estados Unidos con arreglo al párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto contenía una reserva que excluía de la aplicación de la declaración
“las controversias derivadas de un tratado multilateral, a menos que: 1) Todas las partes en el tratado afectadas por la decisión sean también partes en el caso ante la Corte, o 2) Los Estados Unidos de América acepten especialmente la competencia.”
En su fallo de 26 de noviembre de 1984, la Corte decidió, basándose en el párrafo 7 del Artículo 79 de su reglamento, que la objeción a la competencia basada en la reserva planteaba “una cuestión relativa a asuntos sustantivos relacionados con el fondo del caso” y que la objeción no tenía, “en las circunstancias del caso, un carácter exclusivamente preliminar”. Como contenía al mismo tiempo aspectos preliminares y otros relativos al fondo del asunto, tenía que sustanciarse en la etapa correspondiente al fondo.
Para decidir si su competencia quedaba limitada por efecto de la reserva en cuestión, la Corte tenía que determinar si resultarían “afectados” por el fallo terceros Estados, partes en los cuatro tratados multilaterales invocados por Nicaragua, que no fueran partes en las actuaciones. De esos tratados, la C orte consideró suficiente examinar la posición respecto a la Carta de las Naciones Unidas y a la Carta de la Organización de los Estados Americanos. La Corte examinó el efecto de la reserva de los tratados multilaterales en la alegación de Nicaragua de que los Estados Unidos habían usado la fuerza en contravención de las dos Cartas.
La Corte examinó en particular el caso de El Salvador, en cuyo beneficio alegaban primordialmente los Estados Unidos que estaban ejerciendo el derecho de legítima defensa colectiva, como justificación de su propio comportamiento respecto a Nicaragua, ya que ese derecho estaba reconocido en la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 51) y en la de la Organización de los Estados Americanos (Artículo 21). En esa medida, el litigio era una controversia “derivada de” tratados multilaterales en los que eran partes los Estados Unidos, Nicaragua y El Salvador. A la Corte le parecía evidente que El Salvador sería “afectado” por la decisión de la Corte sobre la legalidad del recurso por los Estados Unidos a la legítima defensa colectiva.
En cuanto a la alegación de Nicaragua de que los Estados Unidos habían intervenido en sus asuntos en contravención de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Artículo 18), la Corte observó que era imposible decir que una decisión sobre el presunto incumplimiento de la Carta por los Estados Unidos no “afectaría” a El Salvador.
Habiendo resuelto así que El Salvador sería el “afectado” por la decisión que la Corte tendría que adoptar sobre las denuncias de Nicaragua basadas en la violación de las dos Cartas por los Estados Unidos, la Corte concluyó que la competencia que le confería la declaración de los Estados Unidos no le permitía conocer de esas denuncias. También puso en claro que el efecto de la reserva se limitaba a excluir la aplicabilidad de esos dos tratados multilaterales como derecho convencional multilateral, y que no tenía otras consecuencias respecto a las fuentes de derecho internacional que el Artículo 38 del Estatuto requería que aplicara la Corte, incluido el derecho consuetudinario internacional.
VI. Determinación de los hechos: prueba y métodos empleados por la Corte (Párrafos 57 a 74)
La Corte tenía que determinar los hechos pertinentes a la controversia. La dificultad de su tarea derivaba del evidente desacuerdo entre las partes, de la incomparecencia del demandado, del secreto que rodeaba a cierto comportamiento y del hecho de que el conflicto continuaba. Sobre este último punto, la Corte consideró, de conformidad con los principios generales del proceso judicial, que los hechos que habían de tenerse en cuenta eran los ocurridos hasta el cierre de las actuaciones orales sobre el fondo del asunto (fines de septiembre de 1985).
Con respecto a la presentación de pruebas, la Corte indicó cómo tenían que cumplirse en este caso los requisitos establecidos en su Estatuto —en particular en el Artículo 53— y en su Reglamento, sobre la base de que la Corte tenía libertad para estimar el valor de los diversos elementos probatorios. No le había parecido procedente ordenar una investigación con arreglo al Artículo 50 del Estatuto. Por lo que se refiere a cierto material documental (artículos de prensa y diversos libros), la Corte lo había aceptado con cautela. No lo consideraba una prueba capaz de establecer los hechos, sino un material que podía, no obstante, contribuir a corroborar la existencia de un hecho y podía tenerse en cuenta para demostrar si ciertos hechos eran de conocimiento público. En cuanto a las declaraciones de representantes de los Estados, a veces al más alto nivel, la Corte consideraba que esas declaraciones tenían un especial valor probatorio cuando reconocían hechos o comportamientos desfavorables para el Estado representado por la persona que las hacía. Con respecto a la prueba testifical presentada por Nicaragua —cinco testigos dieron testimonio oral y otro hizo una declaración jurada por escrito—, una de las consecuencias de la incomparecencia del demandado era que la prueba testifical no podía contestarse mediante un examen contradictorio. La Corte no había tratado como prueba ninguna parte de los testimonios que fuera una simple expresión de opinión en cuanto a la probabilidad de la existencia de un hecho no conocido directamente por el testigo. Con respecto, en particular, a las declaraciones y testimonios jurados de miembros de un Gobierno, la Corte consideró que podía ciertamente admitir las partes de esas pruebas que pudieran considerarse contrarias a los intereses o las alegaciones del Estado al que perteneciese el testigo; el resto de esas pruebas tenía que tratarse con gran reserva.
La Corte tenía conocimiento también de una publicación del Departamento de Estado de los Estados Unidos titulada “Revolución más allá de nuestras fronteras: intervención sandinista en Centroamérica”, que no había sido presentada a la Corte en ninguna forma o manera prevista en su Estatuto o su Reglamento. La Corte consideró que, en vista de las circunstancias especiales del caso, podía, dentro de ciertos límites, utilizar la información contenida en esa publicación.
VII. Los hechos imputables a los Estados Unidos (Párrafos 75 a 125)
1. La Corte examinó las alegaciones de Nicaragua de que el tendido de minas en puertos o aguas de Nicaragua había sido realizado por personal militar de los Estados Unidos o por nacionales de países latinoamericanos a sueldo de los Estados Unidos. Tras examinar los hechos, la Corte consideró probado que, en una fecha de fines de 1983 o principios de 1984, el Presidente de los Estados Unidos autorizó a una dependencia del Gobierno de los Estados Unidos a que tendiera minas en los puertos nicaragüenses; que a primeros de 1984 fueron tendidas minas dentro o cerca de los puertos de El Bluff, Corinto y Puerto Sandino, ya fuera en las aguas internas de Nicaragua o en su mar territorial, por personas pagadas por esa dependencia o siguiendo instrucciones de ella, bajo la supervisión y con el apoyo logístico de agentes de los Estados Unidos; que ni antes del tendido de las minas ni después publicó el Gobierno de los Estados Unidos ninguna advertencia pública y oficial de la existencia y la localización de las minas con destino a la navegación internacional, y que la explosión de las minas causó daños personales y materiales, creando también el riesgo de una subida de los tipos de seguro marítimo.
2. Nicaragua atribuía a la acción directa de personal de los Estados Unidos, o de personas a sueldo de ese país, las operaciones contra instalaciones petroleras, una base naval, etc., relacionadas en el párrafo 81 del fallo. La Corte consideró probados todos esos incidentes, salvo tres de ellos. Aunque no se había probado si había intervenido directamente en las operaciones personal militar de los Estados Unidos, agentes de los Estados Unidos participaron en su planeamiento, dirección y apoyo. Por consiguiente, la Corte consideraba probada la imputabilidad de esos ataques a los Estados Unidos.
3. Nicaragua denunciaba la violación de su espacio aéreo por aeronaves militares de los Estados Unidos. Tras indicar las pruebas de que se disponía, la Corte resolvió que las únicas violaciones del espacio aéreo nicaragüense imputables a los Estados Unidos sobre la base de esas pruebas eran vuelos de reconocimiento a gran altura y vuelos a baja altura del 7 al 11 de noviembre de 1984 que causaron “estallidos sónicos”. Con respecto a las maniobras militares conjuntas con Honduras efectuadas por los Estados Unidos en territorio hondureño cerca de la frontera entre Honduras y Nicaragua, la Corte estimó que podían considerarse de conocimiento público y, por tanto, suficientemente probadas.
4. La Corte examinó seguidamente la génesis, el desarrollo y las actividades de las fuerzas contrarrevolucionarias, y el papel de los Estados Unidos al respecto. Según Nicaragua, los Estados Unidos habían “concebido, creado y organizado un ejército mercenario, los contras”. Sobre la base de la información disponible, la Corte no pudo llegar al convencimiento de que el Estado demandado “creó” la fuerza de los contras en Nicaragua, pero cosideró probado que los Estados Unidos habían financiado, adiestrado, equipado, armado y organizado en gran parte al FDN, uno de los elementos de esa fuerza.
Nicaragua denunciaba que el Gobierno de los Estados Unidos había elaborado la estrategia y dirigido la táctica de los contras, y que había proporcionado apoyo directo en combate a sus operaciones militares. A la luz de las pruebas y materiales de que disponía, la Corte no estaba convencida de que todas las operaciones lanzadas por los contras, en todas las fases del conflicto, reflejaran una estrategia y unas tácticas planeadas únicamente por los Estados Unidos. Por consiguiente, no podía aceptar la alegación de Nicaragua sobre ese punto. Sin embargo, la Corte consideraba que era evidente que varias operaciones habían sido decididas y planeadas, si no directamente por asesores estadounidenses, al menos en estrecha colaboración con ellos, y sobre la base del apoyo de inteligencia y logístico que los Estados Unidos podían prestar. A juicio de la Corte, también estaba probado que el apoyo de los Estados Unidos a las actividades de los contras había adoptado diversas formas a lo largo de los años, tales como apoyo logístico, el suministro de información sobre la situación y los movimientos de las tropas sandinistas, el uso de métodos avanzados de comunicación, etc. Las pruebas no justificaban, sin embargo, la conclusión de que los Estados Unidos habían prestado apoyo directo en combate, si por eso se entendía la intervención directa de fuerzas de combate estadounidenses.
La Corte tenía que determinar si la relación entre los contras y el Gobierno de los Estados Unidos era tal que hacía correcto considerar a los contras, a efectos jurídicos, como un órgano del Gobierno de los Estados Unidos, o que actuaba en nombre de ese Gobierno. La Corte consideró que las pruebas de que disponía no bastaban para demostrar la dependencia total de los contras de la ayuda estadounidense. Una dependencia parcial, cuya cuantía exacta no podía determinar la Corte, podía inferirse del hecho de que los jefes habían sido seleccionados por los Estados Unidos y de otros factores tales como la organización, el adiestramiento y el equipamiento de la fuerza, el planeamiento de operaciones, la elección de objetivos y el apoyo operacional proporcionado. No había prueba evidente de que los Estados Unidos hubieran ejercido un grado de control tal que justificara que se considerara que los contras actuaban en su nombre.
5. Habiendo llegado a esa conclusión, la Corte opinó que los contras seguían siendo responsables de sus actos, en particular de sus presuntas violaciones del derecho humanitario. Para que los Estados Unidos fueran jurídicamente responsables, tendría que probarse que ese Estado tenía un control efectivo de las operaciones durante las que se habían cometido las presuntas violaciones.
6. Nicaragua había denunciado ciertas medidas de carácter económico adoptadas contra ese país por el Gobierno de los Estados Unidos, que consideraba una forma indirecta de intervención en sus asuntos internos. La ayuda económica había sido suspendida en enero de 1981 y terminada en abril de 1981; los Estados Unidos se habían opuesto a la concesión de préstamos a Nicaragua por los organismos financieros internacionales o los habían bloqueado; la cuota de importaciones de azúcar de Nicaragua había sido reducida en un 90% en septiembre de 1983; y el Presidente de los Estados Unidos había declarado el Io de mayo de 1985, mediante una orden ejecutiva, un embargo comercial total con respecto a Nicaragua.
VIII. El comportamiento de Nicaragua
(Párrafos 126 a 171)
La Corte tenía que determinar, en la medida de lo posible, si las actividades denunciadas de los Estados Unidos, que ese país alegaba que constituían un ejercicio de la legítima defensa colectiva, podían estar justificadas por ciertos hechos atribuibles a Nicaragua.
1. Los Estados Unidos habían alegado que Nicaragua apoyaba activamente a grupos armados que operaban en algunos de los países vecinos, en particular en El Salvador, y concretamente en forma de suministro de armas, acusación que Nicaragua había rechazado. La Corte exminó primeramente las actividades de Nicaragua respecto a El Salvador.
Después de examinar varias pruebas, y de tener en cuenta varias indicaciones concordantes, muchas de ellas proporcionadas por la propia Nicaragua, de las que la Corte podía inferir razonablemente el suministro de cierta cantidad de ayuda desde territorio nicaragüense, la Corte concluyó que el apoyo a la oposición armada de El Salvador desde territorio nicaragüense era un hecho hasta los primeros meses de 1981. Posteriormente, las pruebas de ayuda militar desde Nicaragua o a través de Nicaragua eran muy débiles, pese a que los Estados Unidos habían desplegado en la región amplios recursos técnicos de vigilancia. La Corte no podía concluir, sin embargo, que no hubiera existido algún transporte o tráfico de armas. Simplemente, tomaba nota de que las alegaciones de tráfico de armas no estaban sólidamente probadas, y de que no había podido convencerse de que hubiera habido una corriente continua de cierta importancia a partir de los primeros meses de 1981.
Aun suponiendo que se hubiera probado que llegaba ayuda militar a la oposición armada de El Salvador desde territorio de Nicaragua, había que probar aún que esa ayuda era imputable a las autoridades nicaragüenses, que no habían tratado de ocultar la posibilidad de que las armas atravesaran su territorio, pero negaban que eso fuera consecuencia de una política oficial deliberada por su parte. Teniendo en cuenta las circunstancias que caracterizaban esa parte de América Central, la Corte consideraba que no era posible atribuir automáticamente la responsabilidad a Nicaragua por el tráfico de armas en su territorio. La Corte consideraba que había que reconocer que una actividad de esa naturaleza, si se efectuaba a escala limitada, podía probablemente realizarse sin el conocimiento del Gobierno del territorio. En todo caso, las pruebas no eran suficientes para convencer a la Corte de que el Gobierno de Nicaragua era responsable del tráfico de armas en ninguno de los dos períodos.
2. Los Estados Unidos habían acusado también a Nicaragua de ser responsable de ataques militares transfronterizos a Honduras y Costa Rica. Si bien no estaba tan informada de la cuestión como hubiera sido deseable, la Corte consideraba probado el hecho de que ciertas incursiones militares transfronterizas eran imputables al Gobierno de Nicaragua.
3. En el fallo, se recordaban ciertos sucesos ocurridos en la época de la caída del Presidente Somoza, ya que los Estados Unidos se basaban en ellos para alegar que el actual Gobierno de Nicaragua había violado ciertas presuntas seguridades dadas por su predecesor inmediato. El fallo se refería en particular al “plan para garantizar la paz”, enviado el 12 de julio de 1979 por la “Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional” de Nicaragua al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, en el que se mencionaba, en particular, su “firme intención de establecer la plena observancia de los derechos humanos en nuestro país” y “convocar las primeras elecciones libres que nuestro país ha conocido en este siglo”. Los Estados Unidos consideraban que tenían una responsabilidad especial respecto al cumplimiento de estos compromisos.
IX. El derecho aplicable: el derecho consuetudinario internacional
(Párrafos 172 a 182)
La Corte había concluido (final de la sección V) que tenía que aplicar la reserva de los tratados multilaterales contenida en la declaración de los Estados Unidos, sin que la consiguiente exclusión de los tratados multilaterales afectara a otros tratados o a otras fuentes de derecho mencionadas en el Artículo 38 del Estatuto. Para establecer el derecho efectivamente aplicable a la controversia, tenía que determinar las consecuencias de la exclusión de la aplicabilidad de los tratados multilaterales para la definición del contenido del derecho consuetudinario internacional que seguía siendo aplicable.
La Corte, que ya había comentado brevemente ese tema en la fase jurisdiccional (I.C.J. Reports 1984, págs. 424 y 425, párr. 73), desarrolló sus observaciones iniciales. No consideraba que pudiera alegarse, como hacían los Estados Unidos, que todas las normas consuetudinarias que pudieran invocarse tuvieran un contenido exactamente idéntico al de las incluidas en los tratados que no podían aplicarse en virtud de la reserva de los Estados Unidos. Aunque una norma convencional y una norma consuetudinaria, pertinentes ambas en la presente controversia, tuvieran exactamente el mismo contenido, eso no sería motivo para que la Corte tuviera que opinar que la aplicación del proceso relativo al tratado debía necesariamente privar a la norma consuetudinaria de su aplicabilidad separada. Por consiguiente, la Corte no estaba obligada en modo alguno a aplicar las normas consuetudinarias sólo en la medida en que difirieran de las normas convencionales que no podía aplicar debido a la reserva de los Estados Unidos.
En respuesta a un argumento de los Estados Unidos, la Corte consideró que la divergencia entre el contenido de las normas consuetudinarias y el de las normas convencionales no era tal que un fallo restringido a la esfera del derecho consuetudinario internacional no fuera susceptible de cumplimiento o ejecución por las partes.
X. El contenido del derecho aplicable
(Párrafos 183 a 225)
1. Introducción: observaciones generales
(Párrafos 183 a 186)
La Corte tenía que examinar seguidamente cuáles eran las normas de derecho consuetudinario aplicables al presente litigio. A ese efecto, tenía que examinar si una norma consuetudinaria existía en la opinio juris de los Estados, y convencerse de que estaba confirmada por la práctica.
2. La prohibición del uso de la fuerza y el derecho de legítima defensa
(Párrafos 187 a 201)
La Corte concluyó que ambas partes opinaban que los principios relativos al uso de la fuerza incorporados a la Carta de las Naciones Unidas correspondían, en lo esencial, a los que existían en el derecho consuetudinario internacional. Por consiguiente, aceptaban una obligación convencional de abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas (párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta). No obstante, la Corte tenía que convencerse de que existía en derecho consuetudinario una opinio juris sobre el carácter obligatorio de esa abstención. La Corte consideró que esa opinio juris podía deducirse, en particular, de la actitud de las partes y de otros Estados respecto a ciertas resoluciones de la Asamblea General, y en particular respecto a la resolución 2625 (XXV), titulada “Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas”. El consentimiento respecto a esas resoluciones era una de las formas de expresión de una opinio juris sobre el principio del no uso de la fuerza, considerado como un principio de derecho consuetudinario internacional, independientemente de las disposiciones a que estaba sujeto en el plano convencional de la Carta, especialmente las de carácter institucional.
La norma general de derecho consuetudinario que prohíbe el uso de la fuerza permite ciertas excepciones. La excepción del derecho a la legítima defensa individual o colectiva también está, a juicio de los Estados, establecida en derecho consuetudinario, como lo evidencian, por ejemplo, los términos del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, que se refiere a un “derecho inmanente”, y la declaración contenida en la resolución 2625 (XXV). Las partes, que consideraban que la existencia de ese derecho estaba establecida en el derecho consuetudinario internacional, convenían en admitir que la legalidad de la reacción ante un ataque dependía del cumplimiento de los principios y de la necesidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas en legítima defensa.
Ya fuera individual o colectiva, la legítima defensa sólo podía ejercerse como reacción a un “ataque armado”. A juicio de la Corte, podía entenderse que eso significaba no sólo acciones emprendidas por fuerzas armadas regulares a través de una frontera internacional, sino también el envío por un Estado de bandas armadas al territorio de otro Estado, si esa operación, por su escala y efectos, se hubiera clasificado como un ataque armado en caso de ser realizada por fuerzas armadas regulares. La Corte citó la definición de la agresión que figuraba como anexo a la resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General como una expresión del derecho consuetudinario a ese respecto.
La Corte no consideraba que el concepto de “ataque armado” incluyera la asistencia a rebeldes en forma de suministro de armas o apoyo logístico o de otra índole. Además, la Corte concluyó que en el derecho consuetudinario internacional, ya fuera el general o el particular del sistema jurídico interamericano, no existía una norma que permitiera el ejercicio de la legítima defensa colectiva sin la petición previa del Estado que fuera víctima del presunto ataque. Siendo ese requisito adicional al de que el Estado en cuestión declarara él mismo haber sido atacado.
(Párrafos 202 a 209)
El principio de no intervención implica el derecho de todo Estado soberano a resolver sus asuntos sin injerencia extranjera. Hay numerosas expresiones de una opinio juris de los Estados respecto a la existencia de ese principio. La Corte tomó nota de que ese principio, expresado en su propia jurisprudencia, se había reflejado en numerosas declaraciones y resoluciones adoptadas por organizaciones y conferencias internacionales en las que habían participado los Estados Unidos y Nicaragua. El texto de esas declaraciones y resoluciones atestiguaba la aceptación por los Estados Unidos y Nicaragua de un principio consuetudinario que tenía aplicación universal. En cuanto al contenido del principio en el derecho consuetudinario, la Corte definió los elementos que parecían pertinentes en el presente caso: una intervención prohibida debía referirse a cuestiones en las que se permitía que cada Estado, por el principio de la soberanía de los Estados, decidiera libremente (por ejemplo, la elección de un sistema político, económico, social y cultural, y la formulación de su política exterior). La intervención era ilícita cuando utilizara, respecto a esas elecciones, métodos de coerción, en particular la fuerza, ya fuera en la forma directa de una acción militar o en la forma indirecta de apoyo a actividades subversivas realizadas en otro Estado.
Con respecto a la práctica de los Estados, la Corte señaló que había habido en los últimos años varios casos de intervención extranjera en un Estado en favor de fuerzas opuestas al Gobierno de ese Estado. Concluyó que la práctica de los Estados no justificaba la opinión de que existiera en el derecho internacional contemporáneo algún derecho general de intervención en apoyo de la oposición dentro de otro Estado; y, en efecto, ni los Estados Unidos ni Nicaragua afirmaban su existencia.
4. Contramedidas colectivas como reacción a un comportamiento que no entrañe un ataque armado (Párrafos 210 y 211)
La Corte examinó seguidamente la cuestión de si, en caso de que un Estado actúe respecto a otro en contravención del principio de no intervención, un tercer Estado puede legítimamente tomar contramedidas que equivalgan a una intervención en los asuntos internos del primer Estado. Sería algo análogo al derecho de legítima defensa en el caso de ataque armado, pero el acto desencadenante de la reacción sería menos grave, ya que no entrañaría un ataque armado. A juicio de la Corte, con arreglo al derecho internacional hoy vigente, los Estados no tienen derecho de reacción armada (colectiva) frente a actos que no constituyan un “ataque armado”.
5. Soberanía de los Estados
(Párrafos 212 a 214)
Pasando a examinar el principio del respeto de la soberanía de los Estados, la Corte recordó que el concepto de soberanía, tanto en el derecho convencional como en el derecho consuetudinario internacional, abarcaba las aguas internas y el mar territorial de un Estado y el espacio aéreo situado sobre su territorio. Señaló que el tendido de minas afectaba necesariamente a la soberanía del Estado ribereño y que, si se entorpecía el derecho de acceso a los puertos mediante el tendido de minas por otro Estado, lo que se infringía era la libertad de comunicaciones y de comercio marítimo.
6. Derecho humanitario (Párrafos 215 a 220)
La Corte observó que el tendido de minas en las aguas de otro Estado sin ninguna advertencia o notificación no sólo constituía un acto ilícito, sino también una violación de los principios del derecho humanitario subyacentes en la Convención No. VIII de La Haya, de 1907. Esa consideración llevó a la Corte a examinar el derecho humanitario internacional aplicable al litigio. Nicaragua no había invocado expresamente las disposiciones del derecho humanitario internacional, pero había denunciado actos cometidos en su territorio que parecían contravenir ese derecho. En sus alegaciones, había acusado a los Estados Unidos de haber matado, herido y secuestrado a ciudadanos de Nicaragua. Como las pruebas disponibles eran insuficientes para atribuir a los Estados Unidos los actos cometidos por los contras, la Corte rechazó esa alegación.
No obstante, faltaba examinar la cuestión del derecho aplicable a los actos de los Estados Unidos en relación con las actividades de los contras. Aunque Nicaragua se había abstenido de referirse a los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en los que eran partes Nicaragua y los Estados Unidos, la Corte consideró que las normas establecidas en el artículo 3 común a los cuatro Convenios, aplicables a los conflictos armados que no tuvieran carácter internacional, debían aplicarse. Los Estados Unidos estaban obligados a “respetar” los Convenios e incluso a “asegurar el respeto” de los mismos, y, por tanto, a no alentar a personas o grupos participantes en el conflicto existente en Nicaragua a que actuaran en contravención de las disposiciones del artículo 3. Esa obligación derivaba de los principios generales de derecho humanitario, a los que los Convenios simplemente daban una expresión concreta.
7. El tratado de 1956 (Párrafos 221 a 225)
En su fallo de 26 de noviembre de 1984, la Corte decidió que tenía competencia para examinar las solicitudes referentes a la existencia de una controversia entre los Estados Unidos y Nicaragua relativa a la interpretación o la aplicación de varios artículos del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación firmado en Managua el 21 de enero de 1956. Tenía que determinar el sentido de diversas disposiciones pertinentes, y en particular el de los apartados c) y d) del párrafo 1 del artículo XXI, mediante los cuales las partes se reservaban la facultad de aplicar otras disposiciones.
XI. Aplicación del derecho a los hechos
(Párrafos 226 a 282)
Habiendo establecido los hechos del caso y las normas de derecho internacional a las que parecían afectar esos hechos, la Corte tenía ahora que evaluar los hechos en relación con las normas jurídicas aplicables, y determinar si existía alguna circunstancia que excluyera la ilicitud de determinados hechos.
1. La prohibición del uso de la fuerza y el derecho de legítima defensa (Párrafos 227 a 238)
Evaluando los hechos primeramente a la luz del principio del no uso de la fuerza, la Corte consideró que el tendido de minas a principios de 1984 y ciertos ataques a los puertos, las instalaciones petroleras y las bases navales de Nicaragua, imputables a los Estados Unidos, constituían violaciones de ese principio, a menos que estuvieran justificadas por circunstancias que excluyeran su ilicitud. Consideró también que los Estados Unidos habían cometido, a primera vista, una violación de ese principio al armar y entrenar a los contras, a menos que eso pudiera justificarse como ejercicio del derecho de legítima defensa.
Por otra parte, no consideró que las maniobras militares realizadas por los Estados Unidos cerca de la frontera de Nicaragua, o el suministro de fondos a los contras, equivalieran al uso de la fuerza.
La Corte tenía que examinar si los hechos que consideraba violaciones del principio podían justificarse por el ejercicio del derecho de legítima defensa colectiva, y tenía que determinar, por lo tanto, si se daban las circunstancias requeridas. Para ello, debía decidir, en primer lugar, que Nicaragua había realizado un ataque armado contra El Salvador, Honduras o Costa Rica, pues sólo tal ataque podría justificar la utilización del derecho de legítima defensa. En cuanto a El Salvador, la Corte consideró que, en derecho consuetudinario internacional, el suministro de armas a la oposición de otro Estado no constituía un ataque armado a ese Estado. Respecto a Honduras y Costa Rica, la Corte afirmó que, a falta de información suficiente sobre las incursiones transfronterizas realizadas desde Nicaragua al territorio de esos dos Estados, era difícil decidir si equivalían, individual o colectivamente, a un ataque armado por parte de Nicaragua. La Corte decidió que ni esas incursiones ni el presunto suministro de armas podían justificar el ejercicio del derecho de legítima defensa colectiva.
En segundo lugar, para determinar si los Estados Unidos estaban legitimados para ejercer la legítima defensa, la Corte tenía que determinar si se daban las circunstancias requeridas para el ejercicio de ese derecho de legítima defensa colectiva, y examinar, por tanto, si los Estados en cuestión creían que eran víctimas de un ataque armado por parte de Nicaragua y habían solicitado la asistencia de los Estados Unidos en ejercicio de la legítima defensa colectiva. La Corte no había hallado prueba alguna de que el comportamiento de esos Estados coincidiera con tal situación.
Por último, evaluando la actividad de los Estados Unidos en relación con los criterios de necesidad y proporcionalidad, la Corte no pudo resolver que las actividades en cuestión se realizaran a la luz de la necesidad, y decidió que no podía considerarse que algunas de ellas satisficieran el criterio de la proporcionalidad.
Como no podía mantenerse la alegación de legítima defensa colectiva presentada por los Estados Unidos, había que concluir que los Estados Unidos habían violado el principio que prohibía el recurso a la amenaza o el uso de la fuerza, al ejecutar los actos mencionados en el primer párrafo de esta sección.
2. El principio de no intervención
(Párrafos 239 a 245)
La Corte resolvió que se había demostrado claramente que los Estados Unidos pretendían, mediante su apoyo a los contras, ejercer presión sobre Nicaragua respecto a cuestiones sobre las que cada Estado podía decidir libremente, y que la intención de los propios contras era derrocar al actual Gobierno de Nicaragua. Consideró que si un Estado, con miras a coaccionar a otro Estado, apoyaba y ayudaba a bandas armadas que actuaban en ese Estado con el propósito de derrocar a su Gobierno, eso equivalía a una intervención en sus asuntos internos, cualquiera que fuera el objetivo político del Estado que prestara el apoyo. Por consiguiente, decidió que el apoyo dado por los Estados Unidos a las actividades militares y paramilitares de los contras en Nicaragua, mediante el apoyo financiero, el entrenamiento, el suministro de armas e información y el apoyo logístico, constituía una clara violación del principio de no intervención. Por el contrario, la ayuda humanitaria no podía considerarse una intervención ilícita. A partir del Io de octubre de 1984, el Congreso de los Estados Unidos había restringido el uso de los fondos a la “asistencia humanitaria” a los contras. La Corte recordó que, para que la prestación de “ayuda humanitaria” no pudiera ser condenada como una intervención en los asuntos internos de otro Estado, debía limitarse a los fines consagrados en la práctica de la Cruz Roja y, sobre todo, debía darse sin discriminación.
Con respecto a la forma de intervención indirecta que Nicaragua veía en la adopción de ciertas medidas de carácter económico contra ese país por los Estados Unidos, la Corte no podía considerar tales acciones en el presente caso como un incumplimiento del principio de no intervención del derecho consuetudinario.
3. Contramedidas colectivas como reacción a un comportamiento que no equivaliera a un ataque armado
(Párrafos 246 a 249)
Habiendo resuelto que la intervención en los asuntos internos de otro Estado no daba derecho a adoptar contramedidas colectivas que entrañaran el uso de la fuerza, la Corte decidió que los actos de que se acusaba a Nicaragua, aun suponiendo que hubieran sido probados y que fueran imputables a ese Estado, no podían justificar las contramedidas adoptadas por un tercer Estado, los Estados Unidos, y en particular no podían justificar una intervención que entrañara el uso de la fuerza.
4. La soberanía de los Estados
(Párrafos 250 a 253)
La Corte decidió que la asistencia a los contras, los ataques directos a puertos, instalaciones petroleras, etc., de Nicaragua, las operaciones de minado de puertos nicaragüenses y los actos de intervención que entrañaban el uso de la fuerza a que se hacía referencia en el fallo, que constituían ya una violación del principio de no utilización de la fuerza, eran también una contravención del principio de respeto a la soberanía territorial. Ese principio se había violado también directamente por el sobrevuelo no autorizado de territorio nicaragüense. Esos actos no podían justificarse por las actividades atribuidas a Nicaragua en El Salvador; suponiendo que esas actividades se hubieran realizado efectivamente, no daban lugar a ningún derecho por parte de los Estados Unidos. La Corte concluyó también que, en el contexto de las presentes actuaciones, el tendido de minas en los puertos nicaragüenses o cerca de ellos constituía una violación, en peijuicio de Nicaragua, de la libertad de comunicaciones y del comercio marítimo.
5. El derecho humanitario (Párrafos 254 a 256)
La Corte había resuelto que los Estados Unidos eran responsables de no haber notificado el minado de los puertos nicaragüenses.
También había resuelto que, con arreglo a los principios generales del derecho humanitario, los Estados Unidos estaban obligados a abstenerse de alentar a personas o grupos participantes en el conflicto de Nicaragua a cometer violaciones del artículo 3 común de los cuatro Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949. El manual sobre “Operaciones sicológicas en la guerra de guerrillas”, de cuya publicación y difusión eran responsables los Estados Unidos, aconsejaba ciertos actos que teman que considerarse violaciones de ese artículo.
6. Otros motivos mencionados para justificar los actos de los Estados Unidos
(Párrafos 257 a 269)
Los Estados Unidos habían vinculado su apoyo a los contras a la presunta violación por el Gobierno de Nicaragua de ciertos compromisos solemnes contraídos con el pueblo nicaragüense, los Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos. La Corte examinó si en el comportamiento de Nicaragua existía algo que pudiera legitimar jurídicamente la adopción de contramedidas por los Estados Unidos como reacción a las presuntas violaciones. Con referencia al “Plan para garantizar la paz”, hecho público por la Junta del Gobierno de Reconstrucción Nacional el 12 de julio de 1979, la Corte no pudo hallar en los documentos y comunicaciones por las que se transmitió el plan nada de que pudiera inferirse la intención de contraer un compromiso jurídico. La Corte no podía contemplar la creación de una nueva norma que concediera a un Estado el derecho a intervenir contra otro sobre la base de que este último había optado por una ideología o un sistema político determinados. Por otra parte, el demandado no había presentado un argumento jurídico basado en un supuesto nuevo principio de “intervención ideológica”.
Con respecto más concretamente a las presuntas violaciones de los derechos humanos en que se basaban los Estados Unidos, la Corte consideró que el uso de la fuerza por los Estados Unidos no podía ser el método apropiado para supervisar o asegurar el respeto de esos derechos, normalmente previsto en las convenciones aplicables. Con respecto a la alegada militarización de Nicaragua, mencionada también por los Estados Unidos para justificar sus actividades, la Corte observó que, en derecho internacional, no existían normas, aparte de las que pudiera aceptar el Estado interesado, por un tratado u otro medio, que limitaran el nivel de armamentos de un Estado soberano, y que ese principio era válido para todos los Estados sin excepción.
7. El Tratado de 1956 (Párrafos 270 a 282)
La Corte pasó a examinar las alegaciones de Nicaragua basadas en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1956, así como la alegación de que los Estados Unidos habían privado al Tratado de su objeto y finalidad y lo habían vaciado de contenido real. La Corte no podía admitir, sin embargo, esas alegaciones si la conducta denunciada constituía “medidas … necesarias para proteger los intereses esenciales y la seguridad” de los Estados Unidos, ya que en el artículo 21 del Tratado se establecía que éste no impediría la aplicación de tales medidas. Con respecto a la cuestión de qué actividades de los Estados Unidos podían haber sido de tal naturaleza que privaran al Tratado de su objeto y finalidad, la Corte hizo una distinción. No podía considerar todos los actos denunciados desde ese punto de vista, pero estimaba que había ciertas actividades que menoscababan todo el espíritu del acuerdo. Eran el minado de los puertos nicaragüenses, el ataque directo a puertos, instalaciones petroleras, etc., y el embargo comercial general.
La Corte suscribió también la alegación de que el minado de los puertos constituía una contravención manifiesta de la libertad de navegación y comercio garantizada en el artículo XIX del Tratado. Concluyó también que el embargo comercial proclamado el Io de mayo de 1985 se oponía a ese artículo.
Por consiguiente, la Corte decidió que los Estados Unidos habían violado, a primera vista, su obligación de no privar al Tratado de 1956 de su objeto y finalidad (pacta sunt servanda) y que habían cometido actos que contravenían las disposiciones del Tratado. La Corte tenía que examinar, no obstante, si la excepción del artículo XIX relativa a “medidas … necesarias para proteger los intereses esenciales y la seguridad” de una de las partes podía invocarse para justificar los actos denunciados. Tras examinar el material disponible, en particular la orden ejecutiva del Presidente Reagan de Io de mayo de 1985, la Corte decidió que el minado de puertos nicaragüenses y los ataques directos a puertos e instalaciones petroleras, así como el embargo comercial general de Io de mayo de 1985, no podían justificarse como medidas necesarias para proteger los intereses esenciales y la seguridad de los Estados Unidos.
XII. La petición de reparación
(Párrafos 283 a 285)
Se pedía a la Corte que fallara y declarara que se debía a Nicaragua una indemnización cuya cuantía se fijaría posteriormente, y que concediera a Nicaragua la suma de 370,2 millones de dólares de los EE. UU. como reparación provisional. Tras cerciorarse de que tenía competencia para ordenar una reparación, la Corte consideró apropiada la petición de Nicaragua de que la naturaleza y la cuantía de esa reparación fueran determinadas en una etapa subsiguiente de las actuaciones. Consideró también que no existía en el Estatuto de la Corte ninguna disposición que la facultara para conceder una reparación provisional como la solicitada, ni que le impidiera concederla. En un caso en el que una de las partes no comparecía, la Corte debía abstenerse de cualquier acto innecesario que pudiera obstaculizar una solución negociada. La Corte no consideró, por consiguiente, que podía acceder en esta etapa a esa petición de Nicaragua.
XIII. Las medidas provisionales
(Párrafos 286 a 289)
Tras recordar ciertos pasajes de su providencia de 10 de mayo de 1984, la Corte concluyó que correspondía a cada una de las partes no regir su comportamiento sólo por referencia a los que creyera que eran sus derechos. En particular, ése era el caso en una situación de conflicto armado, en la que ninguna reparación podía anular los resultados de un comportamiento que la Corte pudiera fallar que había sido contrario al derecho internacional.
XIV. Arreglo pacífico de controversias; el proceso de Contadora
(Párrafos 290 y 291)
En el presente caso, la Corte ya había tomado nota del proceso de Contadora, y del respaldo que había recibido por parte del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como por parte de Nicaragua y de los Estados Unidos. La Corte recordó a ambas partes la necesidad de cooperar con las gestiones realizadas en el marco de ese proceso para lograr una paz definitiva y duradera en Centroamérica, de conformidad con el principio de derecho consuetudinario internacional que prescribe el arreglo pacífico de las controversias internacionales, consagrado también en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
Opinión separada del Magistrado Nagendra Singh, Presidente
El párrafo 292 (16) de la parte dispositiva del fallo, aprobado por unanimidad por la Corte, que recuerda a ambas partes su obligación de buscar una solución de sus controversias por medios pacíficos de conformidad con el derecho internacional, se basa realmente en el cumplimiento debido de dos principios básicos: a saber, el de no uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados y el de no intervención en los asuntos de otros Estados. Esa es, a juicio del Presidente, la principal finalidad del fallo de la Corte, emitido con la máxima sinceridad para mejor servir los intereses de la comunidad.
De hecho, el principio cardinal de no uso de la fuerza en las relaciones internacionales ha sido la piedra angular de una filosofía jurídica tradicional, que se ha desarrollado particularmente después de las dos guerras mundiales del presente siglo. Las disposiciones de la Carta y el sistema latinoamericano de tratados no sólo han desarrollado el concepto, sino que lo han reforzado hasta el punto de que se mantendría por sí mismo, aunque se consideraran inaplicables en el presente caso la Carta y el Tratado que le sirven de base. La explicación obvia es que el aspecto consuetudinario original, que ha evolucionado con el desarrollo del derecho convencional, ha llegado a establecerse y sobrevivir como el concepto moderno vigente del derecho internacional, ya sea consuetudinario, por su origen, o “un principio general de derecho internacional reconocido por las naciones civilizadas”. La contribución de la Corte ha sido destacar el principio de no uso de la fuerza como un principio perteneciente al dominio del jus cogens y, por tanto, como la piedra angular del esfuerzo humano por promover la paz en un mundo asolado por las contiendas. La violencia engendra violencia y agrava los conflictos, envenena las relaciones y pone en peligro la solución pacífica de la controversia.
Existe también la doctrina fundamental de la no intervención en los asuntos de los Estados, que es igualmente vital para la paz y el progreso de la humanidad, y que es necesaria para promover la existencia saludable de la comunidad. El principio de no intervención ha de considerarse una norma jurídica absoluta y consagrada.
Los Estados deben observar ambos principios, a saber, el de no uso de la fuerza y el de no intervención, en interés de la paz y el orden de la comunidad. La Corte mantuvo correctamente que ambos principios de derecho consuetudinario internacional, si bien consagrados en el derecho convencional, eran aplicables en el presente caso en su manifestación consuetudinaria original, revigorizada y fortalecida por el expreso consentimiento de los Estados, en particular las partes en la presente controversia. Ese debe ser, sin duda, el mayor peso que la ley puede tener en cualquier caso.
La decisión de la Corte era el resultado de un ejercicio colegiado, al que se había llegado tras prolongado debate y un pleno intercambio de opiniones de no menos de 15 magistrados que, actuando con arreglo al Estatuto y el Reglamento de la Corte, examinaron los argumentos jurídicos y todas las pruebas presentadas. En éste, como en todos los demás casos, se tuvo el máximo cuidado de observar estrictamente el procedimiento prescrito, y la decisión fue respaldada por una clara mayoría. Además, el carácter vinculante del fallo con arreglo al Estatuto (Artículo 59) es consagrado por una disposición de la Carta de las Naciones Unidas (Artículo 94): todo Miembro de las Naciones Unidas se ha comprometido a cumplir las decisiones de la Corte que le afecten y a respetar siempre la validez del fallo.
El Magistrado Lachs comienza su opinión señalando los requisitos del Estatuto respecto a las calificaciones personales y la diversidad de origen que deben caracterizar a los miembros de la Corte, y rechazando cualquier infundio respecto a su independencia.
En relación con el fondo del fallo, habría preferido que se prestara más atención a la ayuda extranjera a las fuerzas de la oposición en El Salvador, y en distintos lugares se habían utilizado fórmulas diferentes.
El Magistrado Lachs insistía en algunos aspectos de la competencia, considerando que no se había dado previamente importancia suficiente a los 40 años transcurridos antes de que se objetara públicamente la validez de la aceptación de la jurisdicción de la Corte por Nicaragua. Cuando esa validez había sido cuestionada privadamente en relación con un caso a mediados del decenio de 1950, las Naciones Unidas debían haber actuado: debía haberse pedido a Nicaragua que completara las formalidades necesarias y, si no lo hubiera hecho, debía habérsela excluido de la lista de Estados que aceptaban la jurisdicción obligatoria de la Corte. Como las Naciones Unidas no habían tomado ninguna medida al respecto, podía considerarse legítimamente que la imperfección había sido subsanada por la aquiescencia a lo largo de un período muy prolongado. La competencia de la Corte basada en el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1956 no daba lugar a duda alguna.
El Magistrado Lachs se ocupaba también de la cuestión de la juzgabilidad del litigio: la estrecha relación entre las controversias jurídicas y las políticas, como entre el derecho y la política. El derecho internacional cubre hoy esferas tan amplias de las relaciones internacionales que sólo muy pocos dominios —por ejemplo, el problema del desarme, u otros excluidos expresamente por los Estados— no son juzgables. El Magistrado Lachs insistía expresamente en el caso relativo al Personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán.
Refiriéndose a la negativa de la Corte a conceder una vista a El Salvador en la etapa jurisdiccional, el Magistrado Lachs manifestó que había llegado a la conclusión de que se trataba de un error judicial que, sin embargo, no justificaba ninguna conclusión no relacionada con él.
A juicio del Magistrado Lachs, la amplia confrontación entre las partes debía resolverse en el marco del Plan de Contadora, en cooperación con todos los Estados de la región. La zona, desgarrada por conflictos, y afectada durante mucho tiempo por el subdesarrollo, requería un nuevo enfoque basado en la consideración por igual de los intereses de todos los afectados y en relaciones de buena vecindad.
En la opinión separada del Magistrado Ruda, se trataban cuatro cuestiones. En primer lugar, el Magistrado Ruda no aceptaba la reserva expresada por los Estados Unidos en la carta de fecha 18 de enero de 1985 “respecto de cualquier decisión de la Corte relativa a las alegaciones de Nicaragua”. A juicio del Magistrado Ruda, en virtud del párrafo 1 del Artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, los Estados Miembros de las Naciones Unidas habían aceptado formalmente la obligación de cumplir las decisiones de la Corte.
La segunda parte de la opinión se refería a la Enmienda Vandenberg. El Magistrado Ruda había votado contra la aplicación de esa Enmienda, por las razones expuestas en la opinión separada que presentó en 1984.
En tercer lugar, el Magistrado Ruda trataba la cuestión de la legítima defensa. Explicaba que sus conclusiones eran las mismas que aquellas a que había llegado la Corte, pero, a su juicio, no era necesario considerar todos los detalles materiales, porque la asistencia a rebeldes no constituía per se un pretexto para la legítima defensa desde el punto de vista jurídico.
La cuarta parte de la opinión estaba dedicada a las razones por las que el Magistrado Ruda, a pesar de haber votado en 1984 en contra de la utilización del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación como base de la competencia de la Corte, creía que tenía que votar sobre las cuestiones sustantivas presentadas a la Corte a ese respecto.
El Magistrado Elias consideraba que, tras el fallo pronunciado por la Corte en la fase jurisdiccional, la reserva de los tratados multilaterales, anexa a la declaración por la que los Estados Unidos aceptaron la jurisdicción con arreglo a la cláusula facultativa, había quedado en suspenso y no era ya pertinente, a menos que El Salvador, Honduras o Costa Rica intervinieran en la fase relativa al fondo del asunto y la reparación. Por consiguiente, el hecho de que la Corte la hubiera aplicado era incorrecto, y equivalía a invocar la facultad de revisar su decisión sobre competencia y admisibilidad en nombre de Estados que no eran partes en el caso.
Si bien suscribía la totalidad del fallo y aprobaba en particular la posición adoptada por la Corte respecto a la reserva de los tratados multilaterales hecha por los Estados Unidos, el Magistrado Ago seguía albergando dudas respecto a ciertos puntos. Por ejemplo, estimaba que la Corte había adoptado una decisión algo apresurada respecto a la cuasiidentidad de fondo entre el derecho consuetudinario internacional y el derecho consagrado en ciertos tratados multilaterales importantes de carácter universal, y estaba también demasiado dispuesta a considerar la consagración de ciertos principios en resoluciones de las Naciones Unidas y de la Organización de. los Estados Americanos como prueba de la presencia de esos principios en la opinio juris de los miembros de la comunidad internacional. El Magistrado Ago también se creía obligado a llamar la atención hacia los aspectos parcialmente contradictorios que le parecía que había en la evaluación de la situación factual y jurídica por la Corte. Consideraba además que algunos pasajes del fallo mostraban una pobreza de razonamiento jurídico en apoyo de las conclusiones de la Corte en cuanto a la imputabilidad de ciertos actos al demandado como actos que originaban una responsabilidad internacional, y habría preferido que la Corte incluyera una confirmación más explícita de su jurisprudencia a ese respecto.
Opinión separada del Magistrado Sette-Camara
El Magistrado Sette-Camara concurría plenamente con el fallo porque creía firmemente que “el no uso de la fuerza y la no intervención —este último como corolario de la igualdad entre los Estados y de la libre determinación— son no sólo principios cardinales del derecho consuetudinario internacional, sino que pueden reconocerse además como normas perentorias de derecho consuetudinario internacional que imponen obligaciones a todos los Estados”. Su opinión séparada se refería sólo al párrafo 1) de la parte dispositiva, en contra del cual había votado. Mantenía que la reserva de los tratados multilaterales, anexa a la declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte hecha por los Estados Unidos en 1946 con arreglo al párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto, no podía aplicarse al presente caso, ya que ninguna de las decisiones adoptadas en la parte dispositiva podía “afectar” en modo alguno a terceros Estados, y en particular a El Salvador. El litigio existía entre Nicaragua y los Estados Unidos, y la obligatoriedad de la decisión de la Corte estaba limitada a esas dos partes. El Magistrado Sette-Camara reconocía el derecho de cualquier Estado que hiciera declaraciones de aceptación a añadirles las reservas que considerara oportunas. Sin embargo, mantenía que la Corte estaba facultada para interpretar esas reservas, e incluso estaba obligada a ello. Lamentaba que la aplicación de la reserva de los tratados multilaterales impidiera a la Corte apoyar su fallo en las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y la forzara a recurrir sólo a los principios de derecho consuetudinario internacional y a un Tratado bilateral, el de Amistad, Comercio y Navegación de 1956. Mantenía que el derecho aplicado en el fallo habría sido más claro y más preciso si la Corte hubiera recurrido a las disposiciones pertinentes de las convenciones multilaterales aplicables.
Opinión separada del Magistrado Ni
La principal preocupación del Magistrado Ni, expresada en su opinión separada, se refería a la “reserva de los tratados multilaterales” invocada por los Estados Unidos. A su juicio, cualquier aceptación de su aplicabilidad entrañaba: 1) La exclusión de la Corte del ejercicio de su jurisdicción en la medida en que las alegaciones de Nicaragua se basaban en los tratados multilaterales en cuestión, y 2) La imposibilidad de aplicar esos tratados multilaterales si la Corte tenía aún otros fundamentos para decidir sobre el fondo del asunto. En el presente caso, sin embargó, los Estados Unidos, al tiempo que invocaban la reserva de los tratados multilaterales para impugnar la competencia de la Corte, habían alegado persistentemente que los tratados multilaterales, que constituían la base misma de su reserva, eran los únicos que debían aplicarse al litigio. Esa alegación equivalía a una negación de su propia reserva y, teniendo en cuenta todas las circunstancias pertinentes, debía haberse considerado como una renuncia a la reserva de los tratados multilaterales. Siendo ese el caso, el Magistrado Ni difería de la mayoría de la Corte en que consideraba que debían haberse aplicado al caso, cuando procediera, las normas contenidas en los tratados multilaterales, al igual que el derecho consuetudinario internacional.
El Magistrado Oda convenía con la Corte en su reconocimiento de la aplicabilidad de la reserva de los tratados multilaterales anexa a la declaración de los Estados Unidos de 1946, pero consideraba que, habiendo así decidido que la controversia había surgido en virtud de un tratado multilateral, debía haber dejado de considerar la solicitud de Nicaragua basada en esa declaración. La Corte había errado al interpretar que la exclusión de la controversia por esa reserva simplemente restringía las fuentes de derecho a que podía referirse.
El Magistrado Oda creía además que, en la medida en que las denuncias de Nicaragua presuponían la competencia de la Corte en virtud de las declaraciones hechas con arreglo al párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto, que se refería a “controversias de orden jurídico”, debían haberse declarado no juzgables, ya que la controversia no era “de orden jurídico” con el significado y la intención de esa cláusula o, incluso si lo fuera, no era una que la Corte pudiera sustanciar debidamente: como controversia de orden político, era más adecuada su solución por otros órganos y procedimientos. Además, los hechos que la Corte podía dilucidar examinando las pruebas en ausencia del demandado quedaban muy lejos de lo que era necesario para obtener una imagen completa del litigio.
Por tanto, el Magistrado Oda consideraba que, en la medida en que la Corte podía debidamente conocer del caso, podía hacerlo sobre la base del párrafo 1 del Artículo 36 del Estatuto, en el que la expresión “todos los asuntos especialmente previstos en … tratados … vigentes” no daba base para discutir el carácter “jurídico” de la controversia. Por consiguiente, la Corte podía legítimamente examinar cualquier violación de las disposiciones concretas del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación de 1956. A juicio del Magistrado Oda, el minado de los puertos nicaragüenses había constituido una violación de ese tipo, por lo que los Estados Unidos habían incurrido en responsabilidad.
El Magistrado Oda subrayaba que su voto en contra de muchos de los párrafos del fallo no debía interpretarse como una oposición a la aplicación de las normas jurídicas relativas al uso de la fuerza o a la intervención, de cuya violación se había acusado a los Estados Unidos, ya que eran simplemente una consecuencia lógica de sus convicciones sobre la cuestión de la competencia con arreglo al párrafo 2 del Artículo 36 del Estatuto.
Por último, el Magistrado Oda lamentaba que la Corte se hubiera precipitado innecesariamente a dar sus opiniones sobre la legítima defensa colectiva en el primer fallo que tocaba ese tema.
El Magistrado Schwebel disentía del fallo de la Corte por motivos de hecho y de derecho. Convenía con la Corte en las imputaciones a los Estados Unidos por no haber dado a conocer la existencia y la localización de minas tendidas por ese país y por haber hecho publicar un manual que preconizaba actos que violaban el derecho de la guerra. Sin embargo, el Magistrado Schwebel concluía que los Estados Unidos habían actuado de un modo esencialmente lícito al ejercer presiones armadas contra Nicaragua, tanto directamente como mediante su apoyo a los contras, porque el apoyo anterior y duradero de Nicaragua a la insurgencia armada en El Salvador equivalía a un ataque armado a El Salvador, contra el que los Estados Unidos podían reaccionar mediante una legítima defensa colectiva en apoyo de El Salvador.
El Magistrado Schwebel concluía que, desde 1979, Nicaragua había ayudado a los insurgentes de El Salvador y seguía proporcionándoles asistencia vital en gran escala. Los actos delictivos de Nicaragua no se habían limitado a proporcionar a los rebeldes salvadoreños grandes cantidades de armas, municiones y pertrechos, lo que podía argumentarse que no equivalía por sí mismo a un ataque armado. Nicaragua se había unido también a los rebeldes salvadoreños en la organización, la planificación y el entrenamiento para sus actos de insurgencia, y les había proporcionado servicios de mando y control, bases, comunicaciones y refugios que permitieron a la dirección de los rebeldes salvadoreños operar desde territorio nicaragüense. La escala de esa asistencia equivalía jurídicamente, ajuicio del Magistrado Schwebel, aun ataque armado. No sólo tenía El Salvador derecho a defenderse por sí mismo contra ese ataque armado; había pedido a los Estados Unidos que le ayudaran en ejercicio de la legítima defensa colectiva. Los Estados Unidos tenían derecho a hacerlo, mediante medidas abiertas o encubiertas. Esas medidas podían ejercerse no sólo en El Salvador, sino contra Nicaragua en su propio territorio.
A juicio del Magistrado Schwebel, la conclusión de la Corte de que el Gobierno nicaragüense no era “responsable de ningún suministro de armas” a los insurgentes salvadoreños no estaba basada en consideraciones “judiciales o juiciosas”. La Corte había “excluido, desestimado y excusado la evidencia innegable de la intervención importante y sostenida de Nicaragua en la insurgencia salvadoreña”. La intervención de Nicaragua en El Salvador en apoyo de los insurgentes salvadoreños había sido, según el Magistrado Schwebel, admitida por el Presidente de Nicaragua, afirmada por importantes testigos de Nicaragua en el caso y confirmada por “abundantes corroboraciones”.
Incluso aunque, en contra de su opinión, no se estimara que las acciones de Nicaragua en apoyo de la insurgencia salvadoreña equivalían a un ataque armado, el Magistrado Schwebel concluía que constituían innegablemente una intervención ilícita. Sin embargo, la Corte, “de modo muy sorprendente”, consideraba a los Estados Unidos responsables de su intervención en Nicaragua, pero no reconocía la intervención anterior y continuada de Nicaragua en El Salvador.
Para que las medidas adoptadas por los Estados Unidos en ejercicio de la legítima defensa colectiva fueran lícitas, debían ser necesarias y proporcionadas. A juicio del Magistrado Schwebel, era dudoso que la cuestión de la necesidad fuera juzgable en el presente caso, ya que los hechos eran tan indeterminados, dependiendo como dependían de qué medidas que no entrañaran el uso de la fuerza podían bastar para poner fin a la intervención de Nicaragua en El Salvador. Sin embargo, podía razonablemente mantenerse que la necesidad de esas medidas quedaba probada por “la negativa persistente de Nicaragua a cesar la subversión armada en El Salvador”.
El Magistrado Schwebel sostenía que “las acciones de los Estados Unidos eran impresionantemente proporcionadas. Los rebeldes salvadoreños, apoyados vitalmente por Nicaragua, llevaban a cabo una rebelión en El Salvador; en legítima defensa colectiva, los Estados Unidos apoyaban simétricamente a rebeldes que llevaban a cabo una rebelión en Nicaragua. Los rebeldes de El Salvador atacaban de un modo generalizado objetivos económicos importantes en El Salvador; los Estados Unidos atacaban selectivamente objetivos económicos de importancia militar” en Nicaragua.
El Magistrado Schwebel mantenía que, en el derecho internacional contemporáneo, el Estado que primero intervenía con el uso de la fuerza en otro Estado —como mediante la participación sustancial en el envío de fuerzas irregulares a su territorio— era, prima facie, el agresor. La situación de Nicaragua como agresor prima facie se confirmaba tras el examen de los hechos. “Además”, concluía el Magistrado Schwebel, “Nicaragua había agravado su comportamiento delictivo al prestar falso testimonio ante la Corte en un esfuerzo deliberado por ocultarlo. En consecuencia, por ambas razones, Nicaragua no acudía ante la Corte con las manos limpias. El fallo a su favor estaba, por tanto, injustificado, y estaría injustificado incluso aunque se concluyera —como no debía hacerse— que las acciones de represalia de los Estados Unidos eran innecesarias o desproporcionadas”.
El Magistrado Sir Robert Jennings convenía con la Corte en que la reserva de los tratados multilaterales hecha por los Estados Unidos era válida y debía respetarse. Sin embargo, no podía aceptar la decisión de la Corte de que podía ejercer jurisdicción sobre el caso mediante la aplicación del derecho consuetudinario en lugar de los tratados multilaterales pertinentes. En consecuencia, si bien podía votar a favor de algunas de las conclusiones de la Corte, se sentía obligado a votar en contra de sus decisiones sobre el uso de la fuerza, sobre la intervención y sobre la cuestión de la legítima defensa, porque a su juicio la Corte carecía de competencia para decidir sobre esas cuestiones.
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