Source: https://www.scribd.com/document/372452227/TC-nivel-contractual-y-extracontractual-pdf
Timestamp: 2019-03-26 08:34:06
Document Index: 22764041

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 191', 'artículo 194', 'artículo 58', 'artículo 2', 'artículo 59', 'Artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 29', 'artículo 194', 'Artículo 30', 'artículo 194', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 99', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 203', 'artículo 29', 'artículo 194', 'artículo 30', 'artículo 195', 'artículo 29', 'artículo 43', 'artículo 189', 'artículo 121', 'artículo 194', 'artículo 1', 'artículo 81', 'artículo 81', 'artículo 11', 'artículo 1969', 'artículo 1321', 'artículo 29', 'artículo 1970', 'artículo 29', 'artículo 30', 'artículo 1970', 'artículo 29', 'artículo 1970', 'artículo 19', 'artículo 1988', 'artículo 2', 'artículo 7', 'artículo 30', 'artículo 30', 'artículo 58', 'artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 16', 'artículo 43', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 30', 'artículo 2', 'artículo 59', 'artículo 11', 'artículo 43', 'artículo 58', 'artículo 1', 'Artículo 22', 'Artículo 25', 'Artículo 40']

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CARLOS RENZO OLIVERA GONZALES - La Universidad Pública
0001-2005-PI/TC
El Peruano el 20 de julio del 2006
RESUMEN Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una
obligación voluntaria, se habla en términos doctrinarios de
responsabilidad civil contractual, y dentro de la
El TC define el terminología del Código Civil Peruano de responsabilidad
ámbito de la derivada de la inejecución de obligaciones. Por el
contrario, cuando el daño se produce sin que exista
Responsabilidad ninguna relación jurídica previa entre las partes, o incluso
Civil Contractual y existiendo ella, el daño es consecuencia, no del
el de la incumplimiento de una obligación voluntaria, sino
Extracontractual simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño
a otro, nos encontramos en el ámbito de la denominada
“responsabilidad civil extracontractual”.
Del Pleno del Tribunal Constitucional
José Alfredo Chinchay Sánchez, Procurador Público Municipal del Gobierno Provincial de
Huarmey, antes Municipalidad Provincial de Huarmey (demandante), c. Congreso de la
Resolución del 6 de junio del 2005
Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don José Alfredo Chinchay Sánchez,
Procurador Público Municipal del Gobierno Provincial de Huarmey, contra los artículos 29 y
30 de la Ley N° 27181.
Las Garzas 250, San Isidro. Telefax (511) 222-3815
93501119 – 93501120 - 93501122 - 93501124
Tipo de proceso: Proceso de inconstitucionalidad. . La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva. e inciso 14) del artículo 2º de la Constitución Política del Perú. por contravenir los artículos 194 (antes artículo 191). Bienes demandados: Las normas constitucionales referidas a la autonomía de los gobiernos locales (artículo 194 de la Constitución). a la libre iniciativa privada (artículo 58 de la Constitución). I. Procurador Público Municipal del Gobierno Provincial de Huarmey. San Isidro. a los 6 días del mes de junio del 2005. El conductor. Demandante: José Alfredo Chinchay Sánchez. Normas sometidas a control: Artículos 29 y 30 de la Ley Nº 27181. pronuncia la siguiente sentencia Asunto Proceso de inconstitucionalidad interpuesto por don José Alfredo Chinchay Sánchez. de ser el caso. . de conformidad con lo establecido en el Código Civil. Bardelli Lartirigoyen. Gonzáles Ojeda. antes Municipalidad Provincial de Huarmey. Procurador Público Municipal del Gobierno Provincial de Huarmey. . Datos generales .93501122 . el propietario del vehículo y. del artículo 2º de la Constitución)..De la responsabilidad civil. Petitorio: Se declare la inconstitucionalidad de los artículos 29 y 30 de la Ley Nº 27181. el prestador del servicio de Las Garzas 250. 59. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Vergara Gotelli y Landa Arroyo.Magistrados presentes: Alva Orlandini Bardelli Lartirigoyen Gonzales Ojeda García Toma Vergara Gotelli Landa Arroyo Expediente N° 0001-2005-PI/TC Lima José Alfredo Chinchay Sánchez Sentencia del Tribunal Constitucional En Lima. contra los artículos 29 y 30 de la Ley N° 27181.93501124 . . Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . reunido el Tribunal Constitucional en sesión de Pleno Jurisdiccional. a la libertad de empresa (artículo 59 de la Constitución) y a la libertad de contratación (inciso 14. cuyo texto es el siguiente: “Artículo 29. Normas cuestionadas Artículos 29 y 30 de la Ley Nº 27181. vicepresidente. presidente. 58. con la asistencia de los señores magistrados Alva Orlandini. García Toma.
sean ocupantes o terceros no ocupantes.93501124 . será necesario ampliar algunos conceptos respecto al seguro obligatorio de accidentes de tránsito (artículo 30). que ambas disposiciones resultan contrarias a la autonomía municipal en materia política. referido a la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito. que prescriben la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito y la obligatoriedad del seguro de accidentes de tránsito. 30. toda vez que la Las Garzas 250. cuya constitucionalidad ha sido confirmada. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . respectivamente. para efectos de revisar la constitucionalidad del artículo 29. Argumentos de la demanda El demandante plantea demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 29 y 30 de la Ley Nº 27181. el Tribunal Constitucional estima conveniente precisar que. según la naturaleza del servicio”.93501122 . que dichas normas vulneran la Constitución en lo referido a la autonomía de los gobiernos locales (artículo 194 de la Norma Fundamental). 2. transporte terrestre son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. dado que el demandante considera. Artículo 30. esencialmente. en esencia. para este colegiado queda claro que entre ambas disposiciones existe una relación indisoluble. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. atenta contra el artículo 194 de la Constitución (autonomía municipal). económica y administrativa que la Constitución otorga a las municipalidades provinciales. de conformidad con la resolución de fecha 25 de enero del 2005. Manifiesta que el artículo 29. en parte.. sin embargo. alegando. referido a la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito (como el artículo 30. En tal sentido y aun cuando no es el propósito reiterar lo que ya ha quedado dicho respecto del artículo 30 de la Ley Nº 27181.1 Todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República debe contar con una póliza vigente de seguro obligatorio de accidentes de tránsito. en el extremo que solicita la declaración de inconstitucionalidad del artículo 29 (responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito) de la Ley Nº 27181. Antecedentes 1. Su aplicación es progresiva. 30. que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito.Del seguro obligatorio de accidentes de tránsito. San Isidro. de acuerdo al reglamento respectivo. toda vez que mediante la STC Nº 0010-2003-AI/TC se confirmó la constitucionalidad del artículo 30 (seguro obligatorio de accidentes de tránsito). Consideraciones previas respecto de la pretensión de autos Si bien es cierto que. la demanda de autos. 30. según los términos y montos establecidos en el reglamento correspondiente. referido al seguro obligatorio de accidentes de tránsito). I.2 El seguro obligatorio de accidentes de tránsito cubre a todas las personas. este tribunal admitió. específicamente en lo que toca a la regulación del servicio público de transporte urbano e interurbano.3 Lo dispuesto en los puntos precedentes no enerva la obligatoriedad de contar con los seguros especiales que establezcan los reglamentos correspondientes para el transporte público.
se aprecia que el Concejo Municipal autorizó al Procurador Público Municipal. pues ninguna autoridad municipal. el recurrente carece de legitimidad para obrar. al no haber un acuerdo del Concejo Municipal de Huarmey que autor ice expresamente a su alcalde plantear la demanda. lo cual implica una vulneración de la libertad de contratación. argumenta que la prescripción de que todo vehículo automotor cuente con una póliza vigente de seguro obligatorio de accidentes de tránsito podría ocasionar el surgimiento de un monopolio. lo que supone una afectación de los derechos a la libertad de empresa. en concordancia con el artículo 99 del Código Procesal Constitucional. Agregar que en la Ordenanza Municipal Nº 033-2004-GPH emitida por la Municipalidad de la Provincia de Huarmey. mas no al alcalde de la Municipalidad. el recurrente alega que. Por lo demás.93501124 . sobre seguro obligatorio de accidentes de tránsito) ya que deja sin posibilidad alguna de poder normar y reglamentar el servicio público terrestre de cualquier municipalidad de acuerdo a sus realidades y necesidades.2 del artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades. que debería ser regulado y normado por las municipalidades dentro de su jurisdicción. estableciéndose la posibilidad de que la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito se cubra con una póliza de seguros. agrega que. así como la función de normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción.93501122 . excepto el alcalde. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . Nº 26702. San Isidro. en su calidad de Procurador Público Municipal. por cuanto la Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros. resultaría inviable la autonomía administrativa municipal. a interponer una demanda de inconstitucionalidad en materia municipal. En consecuencia. propietarios y responsables solidarios de indemnizar los perjuicios ocasionados por los accidentes de tránsito. 3. su regulación. como consecuencia de dicha exigencia. se promueve la creación de monopolios en perjuicio de los propietarios de vehículos automotores para la contratación de las pólizas de seguros.2 del artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972. Asimismo. pues conforme al inciso 6) del artículo 203 de la Constitución. Argumentos de la contestación de la demanda El apoderado del Congreso de la República solicita que la demanda sea declarada improcedente. por lo que la adquisición del citado seguro resulta onerosa para la realidad de las distintas ciudades del país. Expresa que la adquisición de pólizas de seguro de accidentes de tránsito (SOAT) constituye un alto costo para los transportistas. por ende. De otro lado. de no procederse así. sostiene que atenta contra la autonomía de las municipalidades en las funciones que son de su competencia exclusiva (artículo 29. que sólo puede ser cubierto por las grande s aseguradoras.materia desarrollada en dicha norma es de competencia de las municipalidades y. Las Garzas 250. exige como uno de los requisitos para la constitución de empresas de seguros un capital de tres y medio millones de nuevos soles. a la libre iniciativa privada y a la libertad de contratación. sobre responsabilidad civil. mas no al recurrente. que resultan diferentes en cada región y/o provincia del país. un fondo intangible de cobertura contra accidentes de tránsito o cualquier otro medio alternativo de cobertura contra accidentes de tránsito. En efecto. indica que se debe respetar el artículo 194 de la Constitución y el acápite 1. conforme lo establece el parágrafo 1. está legitimado para ello. son los concejos municipales los que posibilitan al alcalde. y artículo 30.
debido a que cada municipio establecería su propio sistema de seguros sin que sea posible garantizar a todos los ciudadanos una cobertura homogénea válida para todo el territorio nacional. Respecto al argumento de que la responsabilidad civil derivada de accidentes de tránsito debería cubrirse con una póliza de seguros. acorde con su dignidad y sus derechos a la vida. En ese sentido. económicos.. Enfatiza que el SOAT beneficia a las víctimas de los accidentes de tránsito y les asegura una indemnización. sostiene que el Estado no prohíbe el monopolio. también se encuentra obligado a indemnizar los perjuicios que sufran los pasajeros en su integridad física o personal. un fondo intangible de cobertura contra accidentes de tránsito o cualquier otro medio alternativo de cobertura contra accidentes de tránsito y regulado por las municipalidades. en su calidad de ente rector de las políticas públicas. sino que tiene un carácter nacional. aunque el conductor responsable de una obligación de resultado sea insolvente. manifiesta que si bien la Ley Orgánica de Municipalidades establece que es competencia de las municipalidades normar y regular el servicio de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción. pues elimina el gravamen que pesa sobre su patrimonio al tener que indemnizar por cumplir su obligación y crea una situación de cobertura que beneficia a la sociedad en su conjunto.)”.93501124 . refiere que las acciones que pueden emprenderse a nivel local no garantiza la creación de un SOAT que proteja a las víctimas de la imprudencia de los conductores y procure un servicio adecuad o a las personas. manifiesta que debido a que el transportador en un contrato de transporte se encuentra obligado a instalar al pasajero sano y salvo.) la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad en armonía con las políticas y planes nacionales (. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. ya que involucra la acción del Poder Legislativo para asegurar que las víctimas perciban la indemnización que corresponda. Asimismo expresa que si bien la Ley Orgánica de Municipalidades establece que es competencia de las municipalidades normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción. establezca los lineamientos generales. pues para que un vehículo automotor pueda circular tendría que cumplir con cada una de las coberturas de accidentes que existan por cada municipalidad provincial del país. no les asigna como competencia la creación de un seguro obligatorio de accidentes de tránsito. ello no es óbice para que el Estado. así como los monopolios legales que restringen la competencia y expropian el derecho de los consumidores a elegir y decidir. sino el abuso de la posición monopólica en el mercado.. organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre para todo el territorio de la República.93501122 . psíquica y física. más aún cuando el artículo 195 de la Constitución dispone que “los gobiernos locales promueven (. En consecuencia. en el caso de no cumplir con esta obligación. Además.En cuanto al fondo de la controversia. o en los daños que ocasione su tardanza. Materias constitucionalmente relevantes El Tribunal Constitucional estima conveniente precisar que el análisis de constitucionalidad del artículo 29 de la Ley Nº 27181. Las Garzas 250. Por lo demás. integridad moral.. II. lo que incluso resultaría impracticable. el otorgar discrecionalidad a los municipios provinciales respecto de la posibilidad de regular la cobertura de los accidentes de tránsito tiene el perjuicio e inconveniente de la heterogeneidad. e incluso beneficia al conductor responsable. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . La legitimidad para obrar del demandante. debe centrarse en los siguientes temas: 1. San Isidro.. considera que el SOAT no es un problema de competencia exclusiva de la autoridad administrativa local.
dicha etapa precluyó. que prescribe que “El territorio de la República está integrado por regiones. En efecto. a través de los cuales se examinan las cuestiones de forma (admisibilidad) y de fondo (improcedencia) prescritas por ley.. el apoderado del Congreso de la República ha cuestionado la legitimidad para obrar del demandante. § El principio de unidad del Estado y la autonomía municipal 5. sólo pueden ser cuestionados mediante el recurso de reposición y dentro del plazo de tres días establecido en el Código Procesal Constitucional. el apoderado del Congreso de la República cuestionó dicho auto admisorio. 4. Consecuentemente y. La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito conforme al Código Civil. según lo expuesto en el Fundamento Nº 2. 4. El SOAT y la libre iniciativa privada. ya ha tenido oportunidad de pronunciarse. preservando la unidad e integridad del Estado y de la Nación”. El recurso puede interponerse en el plazo de tres días a contar desde su notificación (. en su caso. estableciendo que el principio de unidad del Estado se encuentra consagrado tanto en el artículo 43 de la Constitución Política. Sin embargo. El principio de unidad del Estado y la autonomía municipal.. es dentro de dicho plazo. en la STC Nº 0013-2003-AI/TC. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . Las cuestiones relativas al principio de unidad del Estado y la autonomía municipal no son materias nuevas para este tribunal. 6. supra . fecha a partir de la cual se inició el cómputo del mencionado plazo de tres días para cuestionarlo. Las Garzas 250. descentralizado y se organiza según el principio de separación de poderes”. esto es. sobre Descentralización–. 3. III. El sistema de seguros obligatorios.) Contra los decretos y autos que dicte el tribunal. entre otras tantas.93501122 . representativo. en cuyas circunscripciones se constituye y organiza el gobierno a nivel nacional. como en el artículo 189 –modificado por la Ley N° 27680. emitidos y notificados a la parte demandada.)”. del Procurador Público Municipal. en los términos que establecen la Constitución y la ley . La calificación de una demanda de inconstitucionalidad se efectúa mediante autos debidamente motivados. y a través de la contestación de la demanda. habiendo el emplazado dejado de este modo transcurrir la oportunidad para debatir las cuestiones de forma del mismo. provincias y distritos..) El Estado es uno e indivisible. la libertad de empresa y la libertad de contratación. alegando que de conformidad con los artículos 203 inciso 6) de la Norma Fundamental y 99 del Código Procesal Constitucional. que declara que “(. 5. de Reforma Constitucional del Capítulo XIV del Título IV. el Alcalde debió ser autorizado por Acuerdo de Concejo Municipal para interponer la demanda. Según se desprende de la contestación de la demanda. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). el recurso de reposición ante el propio tribunal . 3. regional y local. Así. y a través del recurso de reposición. se advierte que recién con fecha 13 de mayo del 2005. San Isidro.93501124 . 2.. El artículo 121 del Código Procesal Constitucional establece que “(. Su gobierno es unitario. 2... sólo procede. En el caso de autos se advierte que el auto admisorio de la demanda fue notificado el 8 de abril del 2005. Fundamentos § La legitimidad para obrar del demandante 1. que el emplazado pudo cuestionar la legitimidad del demandante. departamentos.
que establece que “Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. en ningún caso. autonomía no debe confundirse con autarquía. Tienen autonomía política. siempre que lo hagan respetando el orden jurídico. se garantiza que los gobiernos locales. 4 12. que impone a cada sujeto institucional el deber de ejercitar sus propias competencias teniendo en cuenta los efectos que sus decisiones pueden ocasionar en otros niveles de gobierno. este tribunal tiene establecido que a través de la autonomía municipal se garantiza a los gobiernos locales que puedan desenvolverse con plena libertad en dichos ámbitos. En el caso de la autonomía municipal. a la vez que supone una técnica de organización jurídico-política al servicio de una división vertical del poder (la autoadministración permite descargar de tareas a la instancia administrativa superior correspondiente) y del principio democrático. no porque un organismo sea autónomo deja de pertenecer al Estado. en los asuntos administrativos. por supuesto. El concepto de garantía institucional alude a la constitucionalización de ciertas instituciones que se consideran componentes esenciales del ordenamiento constitucional. Pero no podrá ser de igual magnitud respecto de aquellas que los excedan. San Isidro. esto es. económicos y políticos que constitucionalmente les atañen. porque si bien éste otorga sentido a sub ordenamientos que no deben encontrarse en contraposición con el ordenamiento general. y que debe respetar los principios de proporcionalidad y razonabilidad.)”. Las Garzas 250. En síntesis. 7. entonces. entre otros 1 . no puede apartarse del esquema jurídico y político que le sirve de fundamento a éste y. Desde tal perspectiva. donde esa autonomía tiene necesariamente que graduarse en intensidad. Sin embargo. ejerzan las potestades necesarias para garantizar su autogobierno. si bien es cierto que los gobiernos regionales. al principio de unidad del Estado. la garantía institucional de la autonomía municipal no puede contraponerse.) hace referencia a una Administración cuyos objetivos se cumplen y cuya actividad se realiza por los propios destinatarios de esa actividad y bajo su responsabilidad.93501124 .93501122 . coparticipar otros órganos estatales. La Constitución garantiza a los gobiernos locales.. de manera tal que la institución se mantenga “en términos reconocibles para la imagen que de la misma tiene la conciencia social de cada tiempo y lugar”. por medio de la cual se busca proteger la esfera propia de actuación de los gobiernos locales frente a la actuación de otros órganos del Estado. al ser un modo de conectar la sociedad con el Estado”. 5 13. según las circunstancias.6. En consecuencia. pues sigue dentro de él y. modificado por la Ley N° 27680. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . económica y administrativas en los asuntos de su competencia (. 3 11. imagen que se identifica con el núcleo esencial de la institución protegida por la Constitución. su desarrollo debe realizarse con respeto a ese ordenamiento jurídico. 8. como los intereses supralocales.. 2 9.. Así. Por su parte. debido a que de esas competencias pueden también. como tal. los provinciales y distritales poseen autonomía. a aquél”. de modo que sus relaciones deben respetar las reglas inherentes al principio de “lealtad constitucional”. Es el caso de la autonomía municipal. también lo es que forman parte de un ordenamiento presidido por la Constitución. la garantía institucional de la autonomía municipal está prevista en el artículo 194 de la Constitución Política. 10. se “(.. los gobiernos locales. “No supone autarquía funcional al extremo de que. pues desde el mismo momento en que aquélla le viene atribuida por el ordenamiento. una autonomía plena para el cumplimiento de aquellas competencias y atribuciones que le han sido conferidas. de alguna de sus competencias pueda desprenderse desvinculación parcial o total del sistema político o del propio orden jurídico en el que se encuentra inmerso cada gobierno municipal.
a la integridad personal y a la salud. 18. dispone que es función específica exclusiva de la municipalidad el “Normar y regular el servicio público de transporte terrestre urbano e interurbano de su jurisdicción. principalmente contractual. o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta. Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria. sin que exista entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. le corresponde. El daño que origina una responsabilidad civil puede ser definido bajo la fórmula del daño jurídicamente indemnizable. y los gobiernos locales se limitan a emitir l as normas complementarias para la aplicación de los reglamentos nacionales dentro de su respectivo ámbito territorial. a su integridad psicológica y a sus proyectos de vida. Del mismo modo. los daños pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. si bien es la propia Constitución la que otorga autonomía administrativa. sin transgredir ni desnaturalizar la mencionada ley ni los reglamentos nacionales . de la Ley Nº 27972. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . de manera exclusiva. y daños extrapatrimoniales las lesiones a los derechos de dicha naturaleza. corresponde ser materia de análisis y regulación por parte del Poder Legislativo. 15. se habla en términos doctrinarios de responsabilidad civil contractual . La disciplina de la responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los particulares. bien se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial. entendido como toda lesión a un interés jurídicamente protegido. la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181 –que conforme a su artículo 1º establece los lineamientos generales económicos. nos encontramos en el ámbito de la denominada “responsabilidad civil extracontractual” 6 . económica y política a las municipalidades provinciales. 16. numeral 1.93501124 . que la competencia normativa. Orgánica de Municipalidades. 14. Asimismo. En tal sentido.éstos resultan necesarios para obtener la integración política de las comunidades locales del Estado. San Isidro. por encontrarse íntimamente ligada a los derechos fundamentales a la vida. En tal sentido. originan supuestos de daños Las Garzas 250. cuya lesión origina un supuesto de daño moral. como el caso específico de los sentimientos considerados socialmente dignos o legítimos y por ende merecedores de la tutela legal. en materia de transporte y tránsito terrestres. organizacionales y reglamentarios del transporte y tránsito terrestre que rige en todo el territorio de la República– establece. el daño es consecuencia. al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. y dentro de la terminología del Código Civil Peruano de responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones . según se advierte del propio artículo 81 de la Ley Orgánica de Municipalidades y que.2. en todo caso. bien se trate de daños producidos como consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria. ésta debe ser ejecutada de acuerdo al ámbito de su competencia. Por el contrario. sino simplemente del deber jurídico genérico de no causar daño a otro . o incluso existiendo ella. no del incumplimiento de una obligación voluntaria.93501122 . el artículo 81. dentro del cual no se encuentra la regulación de la responsabilidad civil que se origina como consecuencia de accidentes de tránsito. § La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito 17. Precisamente. las lesiones a la integridad física de las personas. Serán daños patrimoniales las lesiones a derechos patrimoniales. en su artículo 11. de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales sobre la materia” . cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las partes.
lo cual implica muchos riesgos para la vida. culpa inexcusable o culpa leve. estableciéndose un supuesto de responsabilidad civil extracontractual basado en la noción de riesgo creado consagrada en el numeral 1 970 del Código Civil. Es así que en cada caso. reconocidos como derechos extrapatrimoniales 7. relación de causalidad y factores de atribución). 10 24. en nuestro ordenamiento jurídico subsisten dos criterios de responsabilidad civil –objetivo y subjetivo– bajo los cuales se genera el resarcimiento de los Las Garzas 250. se encuentra regulado en el artículo 1969 del mismo cuerpo legal. mientras que en materia de responsabilidad civil extracontractual. De otro lado. la integridad y la salud de los usuarios. y. el criterio subjetivo de responsabilidad (culpa) se encuentra regulado en el artículo 1321 del Código Civil. 20. San Isidro. el Tribunal Constitucional estima que el artículo 29 de la Ley Nº 27181. con el consiguiente crecimiento desmedido del parque automotor. por otro. el criterio objetivo de responsabilidad (artículo 1970 del Código Civil) resulta aplicable a supuestos de responsabilidad extracontractual sobre la base del riesgo creado. conforme al Código Civil.) basta acreditar el daño causado. queda claro que en nuestro ordenamiento jurídico existen dos criterios de responsabilidad civil bajo los cuales toda acción o conducta que genera daños y perjuicios. que establece que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva. En los últimos años es evidente el incremento de vehículos de transporte público y privado. trae como consecuencia el resarcimiento indemnizatorio a favor de la víctima. ligado a la inejecución de las obligaciones por dolo. así como del cumplimiento de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil (antijuricidad. por un lado. el juzgador analiza –dentro de cada criterio– los elementos de la responsabilidad civil a fin de establecer el monto indemnizatorio correspondiente.93501122 . no resulta inconstitucional toda vez que. en materia de responsabilidad civil contractual. daño causado. conforme al cual. para lo cual no es necesario examinar la culpabilidad del autor.extrapatrimoniales por tratarse de intereses jurídicamente protegidos. empero. también hay actividades que suponen un riesgo adicional. 22. La noción de riesgo creado alude a la idea de que todos los bienes que se utilizan en la vida moderna para la satisfacción de las necesidades suponen un riesgo común u ordinario. Consecuentemente. 9 23. pues bastará con acreditarse el daño causado. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . 19. acrecentándose la posibilidad de sufrir daños. 21. dependiendo de la existencia de una obligación o sin ella. que se constituye como el factor objetivo de atribución de responsabilidad. como es el caso de los vehículos automotores. Así. En estos términos.. Por tales razones es que resultó conveniente favorecer la situación de las víctimas. la relación de causalidad y que se ha tratado de un daño producido mediante un bien o actividad riesgosa. En nuestra legislación se han recogido dos criterios en materia de responsabilidad civil (subjetiva y objetiva) aplicables a nivel contractual y extracontractual. la relación de causalidad y que se ha tratado de un daño producido mediante un bien o actividad que supone un riesgo adicional al ordinario y común y que por ello mismo merecen la calificación de riesgosos ” 8 . a fin de procurar el resarcimiento de la víctima del daño causado por la conducta lesiva. la Constitución no ha reservado a favor de las municipalidades la facultad de establecer un sistema de responsabilidad civil por accidentes de tránsito. todo daño producido por dolo o culpa resulta pasible de indemnización. por lo que sólo bajo es tos criterios se desarrollan fórmulas indemnizatorias. mediante el cual “(. 25.93501124 ..
A este tipo de previsiones se denomina sistemas de seguros obligatorios. De esta forma. auxiliar o beneficiar a la víctima a través de la reparación del daño que hubiere sufrido. 30. conveniente indemnizarla. la integridad o la salud de la persona resulta. es posible cumplir con el objetivo primordial de la responsabilidad civil. En nuestro ordenamiento se ha venido regulando diversas fórmulas relativas a la responsabilidad civil extracontractual cuyo propósito ha sido disminuir las consecuencias de los daños ocasionados en supuestos expresamente determinados en una norma legal. sea como un régimen general que cubre todo tipo de accidentes personales. respecto del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). mientras se recurre al proces o judicial correspondiente –siempre que el resarcimiento otorgado resulte insuficiente frente al daño causado– a fin de obtener un pronunciamiento jurisdiccional que determine la responsabilidad del causante del daño y la correspondiente indemnización. En efecto. en la medida que con dicha protección se otorga dispensa a los derechos a la vida e integridad y a la salud. 27. este colegiado estima pertinente ampliar algunos conceptos sobre el particular. la reparación del daño. entiende este tribunal que en situaciones en que ocurre un accidente de tránsito que causa un daño a la vida. evitando. San Isidro. en el campo del transporte. vistos los alegatos del demandante y teniendo en cuenta que la revisión de constitucionalidad del artículo 29 de la Ley Nº 27181 se encuentra directamente relacionada con el artículo 30 de la misma ley. Si algo de constitucional se encuentra en el artículo 1970 del Código Civil es. de la Norma Fundamental. entre otras. 29. En muchos países existen seguros específicos de acuerdo al tipo de riesgos. a fin de lograr el resarcimiento correspondiente de acuerdo al daño causado. los cuales se crean generalmente para cubrir daños resulta ntes de actividades que son consideradas riesgosas. sin duda. Sin embargo. De otro lado. por decir lo menos. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . siendo incluso que de no haberse efectuado dicha mención en el cuestionado artículo 29. en el ámbito laboral. como por ejemplo el uso de vehículos automotores. a fin de exponer las razones por las cuales la creación de este seguro obligatorio resulta plenamente constitucional. por lo que cumple una finalidad de carácter social. lo cual está plenamente justificado cuando un sujeto causa un daño de tal naturaleza. los seguros obligatorios para el transporte público Las Garzas 250. al otorgarse un determinado monto dinerario como forma de resarcimiento inmediato (lo que no significa el agotamiento de la responsabilidad civil de quien lo causa). o la exposición a condiciones riesgosas para la vida o la integridad personal. respectivamente. los seguros obligatorios por accidentes de trabajo o por responsabilidad profesional. al perseguir la protección de valores y derechos constitucionalmente superiores. Los sistemas de seguros obligatorios se orientan a asegurar que la víctima perciba la indemnización que le corresponde por los daños ocasionados. un perjuicio superior al ocasionado. opera en forma automática el criterio de responsabilidad objetiva consagrado en el artículo 1970 del Código Civil frente al perjudicado. pero que la sociedad considera permisibles. 26. § El sistema de seguros obligatorios 28. El seguro obligatorio puede ser entendido.1º y 7º.93501124 . sea como un régimen que comprende riesgos específicos. cual es.93501122 . de un lado. reconocidos por los artículos 2.daños ocasionados. precisamente. pero cuya constitucionalidad ya ha sido confirmada mediante la STC Nº 0010-2003-AI/TC. y por el sólo hecho de encontrarnos frente al uso de un bien riesgoso (vehículos automotores). promueve una cultura de previsión frente a situaciones que generan daños a derechos de carácter extrapatrimonial. Así por ejemplo.
” 36. El primer antecedente legislativo registrado se encuentra en el proyecto de la Comisión Reformadora del Código Civil de 1936. el seguro de vida del personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerza s Armadas. y que resultan eficientes frente al resarcimiento inmediato –total o parcial– de los mismos. 009-97-SA y 003-98-SA– que dependiendo de la prestación (de salud o económica). mediante el que se otorga un seguro por invalidez permanente o muerte ocurrida a consecuencia del desempeño de sus labores. tales disposiciones no fueron materia de reglamentación posterior.93501124 . De lo expuesto queda claro que los seguros obligatorios como fórmulas legislativas en materia de responsabilidad extracontractual vienen a ser mecanismos preventivos frente a la producción de daños y perjuicios previstos por las normas correspondientes. de conformidad con el Decreto Supremo Nº 021-86-TR. el sistema de seguros obligatorios de responsabilidad civil se viene aplicando en nuestro ordenamiento jurídico en materias determinadas en las normas correspondientes.de pasajeros. Un seguro obligatorio bastante generalizado en el mundo es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. se otorga en forma paulatina a los beneficiarios. modificada por la Ley Nº 24796. y del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Las Garzas 250. a fin de cubrir la responsabilidad civil derivada de daño s ocasionados por vehículos automotores. que no considera al responsable o la culpa. que establecía que “La ley determina el tipo de daño sujeto al régimen de seguro obligatorio. competencias deportivas. en el campo de actividades recreativas y deportivas.93501122 . 32. los seguros obligatorios en carreras de automóviles. se creó el seguro obligatorio de riesgos profesionales para periodistas que laboren dentro del régimen laboral privado o público. límites y características de tal seguro. incluyéndose a los de transporte escolar. San Isidro. En nuestro país. entre otros. Sin embargo. por ejemplo. regulado por el Decreto Ley Nº 25755. el seguro complementario de trabajo de riesgo –regulado por el artículo 19 de la Ley Nº 26790 y los decretos supremos N°s. mediante el cual se propuso introducir el sistema de seguros obligatorios a través del artículo 1988. 34. las personas que deben contratar las pólizas y la naturaleza. que actúa en forma inmediata mediante el resarcimiento frente a la producción del fallecimiento o invalidez en acto de servicio o como consecuencia de éste del personal policial o militar. En materia de seguros obligatorios para daños producidos como consecuencia de accidentes de tránsito. los seguros obligatorios se constituyen en normas de aplicación y resarcimiento inmediato dependiendo de las formas de pago como se ejecuten. el capital de la póliza se otorga a los beneficiarios en forma inmediata. mediante la Ley Nº 24522. 33. lo esencial es que hay una víctima a la que hay que ayudar a través de la reparación del daño sufrido. y que corresponde ser contratado por el empleador a favor del trabajador a partir del inicio de la relación laboral. 31. Como hemos visto. Así. Asimismo. y que en el Perú se funda en la responsabilidad objetiva. respecto del cual nos ocuparemos posteriormente. 37. Con la expedición de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre Nº 27181. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . el primer antecedente legislativo regulado se encuentra en el Capítulo III del Título IV del Código de Tránsito y Seguridad Vial –Decreto Legislativo Nº 420–. esto es. § El seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) 35. en el que se estableció la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros para vehículos que prestaran servicios públicos o privados de transporte. producida la contingencia.
que el numeral 14 del Decreto Supremo Nº 049-2000-MTC que lo regula dispone que el pago de los gastos e indemnizaciones del seguro se hará sin investigación ni pronunciamiento previo de autoridad alguna. que lo regulan –en especial los artículos 14 de ambos– el seguro ha sido configurado como una medida idónea y pronta para otorgar debida protección a los referidos derechos fundamentales. en la STC Nº 2736-2004-PA/TC. 049- 2000-MTC y 024-2002-MTC. causa del accidente o de la forma de pago o cancelación de la prima. reconocidos en el inciso 1) del artículo 2º y en el artículo 7º de la Constitución.) a imponer individualmente a todo titular o conductor de un automóvil la obligación de estipular un seguro que cubra. peligro que ha inducido en casi todos los países (. independientemente de la responsabilidad del conductor. y. Manuel Broseta Pont comenta que el considerable aumento del parque de automóviles y el aumento de la densidad de la circulación viaria. pues elimina el gravamen que sobre un patrimonio representa la obligación de indemnizar a la víctima. al asegurarles una indemnización. 42. el hecho de que mediante la cuestionada disposición se presente una posible afectación a la libertad de empresa. que como consecuencia de dicha exigencia se promueva la creación de monopolios en perjuicio Las Garzas 250. han convertido el uso y la circulación de los vehículos de motor en un verdadero peligro social (estado de riesgo) para los automovilistas y para quienes sin serlo son sus frecuentes víctimas.93501124 .93501122 . por otro. 40. 39. asegurar el pago de un monto dinerario ante los supuestos de lesiones o muerte ocasionadas por tales accidentes. por objeto. de un lado. tanto así. Sobre el particular. la adquisición del citado seguro resulta oneroso para la realidad de las distintas ciudades del país. el cual tiene por objeto cubrir a todas las personas. tiene como propósito proteger los derechos fundamentales a la vida. 38. para ofertar pólizas del SOAT. Sobre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. la que. 11 § El SOAT y la libre iniciativa privada. los daños que su circulación pueda generar a los terceros. a la integridad personal y a la salud. la libertad de empresa y la libertad de contratar 41. corresponde a este colegiado analizar. toda vez que la Ley Nº 26702 exige como uno de los requisitos para la constitución de empresas de seguros un capital de tres y medio millones de nuevos soles. propietario del vehículo o prestador del servicio. que sólo puede ser cubierto por las grandes aseguradoras. que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito. sean ocupantes o terceros no ocupantes. beneficia al conductor responsable. El seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) tiene pues.. a tenor de lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley Nº 27181. crea una situación colectiva de cobertura que beneficia a todos. beneficia a las víctimas. El recurrente alega que el artículo 30 de la Ley Nº 27181 vulnera la libertad de contratación y promueve la creación de prácticas monopólicas. tal como se advierte de los decretos supremos N°s. en forma total o parcial. de los que sus conductores sean jurídicamente responsables.Tránsito –aprobado por el Decreto Supremo Nº 024-2002-MTC– se creó el sistema de responsabilidad civil aplicable a los daños ocasionados por accidentes de tránsito. El seguro obligatorio de automóviles así introducido. lo cual deberá constar expresamente en el contrato de la póliza de seguro. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 .. respectivamente. Por otra parte. debido a que sólo sociedades con grandes capitales pueden acceder a la creación de empresas aseguradoras y. y. este tribunal ya ha tenido oportunidad de pronunciarse respecto de la finalidad del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). De otro lado. San Isidro. bastando la sola demostración del accidente y de las consecuencias de muerte o lesiones que éste originó a la víctima. en definitiva. agregando que. aunque el conductor responsable sea insolvente o no sea hallado. por ello. por ende.
para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. y siguiendo la línea jurisprudencial establecida por este tribunal. para quien haya creado una empresa. le impondrá límites a su accionar. la actividad económica de su preferencia. la higiene. este tribunal ha establecido que otro principio que informa a la totalidad del modelo económico es el de la libre iniciativa privada. 13 46.93501124 . la libertad de creación de empresa y de acceso al mercado significa libertad para emprender actividades económicas. Tal libertad presupone el atributo de poder participar en el tráfico de bienes lícitos. créditos y seguros. la libertad para cesar las actividades es libertad. vale decir. 44. Por otra parte.de los propietarios de vehículos automotores para la contratación de las pólizas de seguros. Tiene como marco una actuación económica autodeterminativa. los tratados internacionales y las leyes sobre la materia. 12 45. Consecuentemente. iv) En último término. Por otra parte. De ello se colige que toda persona natural o jurídica tiene derecho a emprender y desarrollar. San Isidro. la moralidad o la preservación del medio ambiente–. 43. entre otros). con autonomía plena. ya sea en forma individual o asociada.93501122 . políticas de precios. el cual consagra el derecho fundamental de toda persona a participar. en el sentido de libre fundación de empresas y concurrencia al mercado. i) En primer lugar. resulta oportuno reiterar lo expuesto en anteriores pronunciamientos respecto de los derechos a la libre iniciativa privada. simultáneamente. iii) En tercer lugar. la libertad de empresa. los cuales se encuentran resguardados por una pluralidad de normas adscritas al ordenamiento jurídico. Asimismo. dicha libertad debe ser ejercida con sujeción a la ley –siendo sus limitaciones básicas aquellas que derivan de la seguridad. para satisfacer la demanda de los consumidores o usuarios. a la libertad de empresa y a la libertad de contratación. La iniciativa privada puede desplegarse libremente en tanto no colisione los intereses generales de la comunidad. La primera consiste en la facultad de elegir la organización y llevar a cabo una actividad ligada al intercambio de mercaderías o servicios. ii) En segundo término. nombre. las cuales configuran el ámbito de irradiación de la protección de tal derecho. así como dedicarse a la prestación de servicios al público no sujetos a dependencia o que impliquen el ejercicio de una profesión liberal. de disponer el cierre o cesación de las actividades de la misma cuando lo considere más oportuno. tipo de empresa o de sociedad mercantil. prescrito en el artículo 58 de la Constitución y que se encuentra directamente conectado con lo establecido en el inciso 17) del artículo 2° del mismo texto. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . por la Constitución. lo que supondría una afectación a la libre iniciativa privada y a la libertad de contratación. está la libertad de competencia. afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio económico con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material. consagrada por el artículo 59 de la Constitución. y su ejercicio deberá respetar los diversos derechos de carácter socio-económico que la Constitución reconoce. domicilio. lo cual implica que el modelo económico social de mercado será el fundamento de su actuación y. se define como la facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción de bienes o prestación de servicios. facultades a los administradores. En este punto. la libertad de organización contiene la libre elección del objeto. en la vida económica de la Nación. la libertad de empresa está íntimamente relacionada con las libertades de comercio y de industria. este colegiado ha establecido que el contenido de la libertad de empresa está determinado por cuatro tipo de libertades. Así. contratación de personal y política publicitaria. Por Las Garzas 250.
modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. se ejecutan también otros derechos tales como la libertad al comercio. constituye la determinación del ámbito protegido del derecho fundamental a la libertad de contratación. de la Norma Fundamental. y atendiendo al cuestionamiento del demandante. tener fines lícitos y no contravenir las leyes de orden público. A lo expuesto debe agregarse que la libertad contractual constituye un derecho relacional. se concibe como el acuerdo o convención de voluntades entre dos o más personas naturales y/o jurídicas para crear. 49.14 de la Constitución. cuente con el respaldo económico suficiente a fin de generar solidez y confianza en el Sistema Financiero y de Seguros. dentro de nuestro sistema económico. el demandante aduce que el artículo 30 de la Ley Nº 27181 vulnera la libertad de contratación y promueve la creación de prácticas monopólicas.su parte. la libertad de industria se manifiesta en la facultad de elegir y obrar. regular. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . · Autodeterminación para decidir la celebración de un contrato. reconocidos en los artículos 2. según propia determinación. De otro lado. 51. prima facie : . de común acuerdo. la integridad personal y la salud. no resulta inconstitucional. 14 47. por el hecho de que se exija un capital mínimo para el ingreso al mercado de seguros. importa precisar que. el legislador ha considerado su contratación como obligatoria– cuya finalidad persigue salvaguardar fines y valores constitucionales superiores.1º y 7º. que sólo puede ser cubierto por las grandes aseguradoras. el mercado de las empresas aseguradoras. también se ha precisado que el derecho a la libre contratación previsto por el artículo 2. 15 48. En tal sentido. Dicho vínculo –fruto de la concertación de voluntades– debe versar sobre bienes o intereses que poseen apreciación económica. con su ejercicio. que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito. la libertad al trabajo. la materia objeto de regulación contractual. respectivamente. pues. lo que no quiere decir que Las Garzas 250.93501122 . etc. San Isidro. . supra . éstos se encuentran destinados a exigir que aquella persona jurídica que reúna estos requisitos y pretenda constituirse como empresa de seguros. Lo expuesto en el Fundamento Nº 47. Tal derecho garantiza. Con relación a la restricción al derecho fundamental a contratar libremente . que se exigen requisitos específicos para la constitución de empresas dedicadas al rubro de aseguradoras establecidos en el artículo 16 de la Ley N° 26702. como la vida. sean ocupantes o terceros no ocupantes. toda vez que la Ley Nº 26702 exige como uno de los requisitos para la constitución de empresas de seguros un capital de tres y medio millones de nuevos soles. las que ofrecen productos –que en el caso del SOAT. si bien es cierto. y le permita cumplir su finalidad de cubrir a todas las personas. por lo que la adquisición del citado seguro resulta oneroso para la realidad de las distintas ciudades del país.93501124 . 50. Desde tal perspectiva. · Autodeterminación para decidir. en el ámbito de la actividad económica cuyo objeto es la realización de un conjunto de operaciones para la obtención y/o transformación de uno o varios productos. toda vez que su objetivo es afianzar. así como la potestad de elegir al co-celebrante. la restricción a la libre iniciativa privada y a la libertad de empresa.
sea un contenido oponible en todo tiempo y circunstancia al resto de derechos fundamentales reconocidos por la Carta Fundamental. 55. incluso. derechos o principios concernid os.) sin ‘sacrificar’ ninguno de los valores. San Isidro. “(. en última instancia. y de otro. Las Garzas 250. son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público. siempre que. 16 52. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . en tanto unidad. impone una interpretación de sus disposiciones en concordancia práctica.) es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que. serían las restricciones del derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos”. en un Estado social y democrático de derecho (artículo 43 de la Constitución). como quedó dicho. en una doble perspectiva: prohibitiva y promotora. supra.) se encuentra reconducido a la protección de los derechos fundamentales. Prohibitiva en el sentido de que. toda vez que el artículo 11 de los decretos supremos N°s. habiendo sido configurado como una medida idónea y p ronta para otorgar debida protección a los referidos derechos fundamentales. si ésta no afecta más allá de lo estrictamente necesario el derecho fundamental a la libertad de contratación. ningún pacto contractual puede oponerse al contenido protegido de otros derechos fundamentales. se tenga por objeto conceder debida protección a otros derechos fundamentales. no sólo por límites explícitos. por ende.14 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a contratar con fines lícitos. acorde con lo citado.. el orden público al que hace alusión el numeral 2.14 de la Constitución hace explícita la carga institucional de todo derecho fundamental que supone que la libertad de contratación no pueda ser apreciada como una isla oponible a costa de la desprotección de otros derechos fundamentales. en cuanto cabe que el Estado exija a la persona la celebración de determinados contratos. sean ocupantes o terceros no ocupantes. Por ello. corresponde analizar si dicha medida cumple en su totalidad con el test de razonabilidad y. actuando sobre él.. respectivamente. pues ello implicaría una lectura aislada del texto constitucional que. En ese sentido. cuya defensa y respeto es el fin supremo de la sociedad y el Estado (artículo 1º de la Constitución)”. imponen la contratación del seguro con las compañías de seguros autorizadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) a todo vehículo automotor que circule en el territorio de la República. Límites implícitos.1º y 7º. el objeto del SOAT previsto en el artículo 30 de la Ley Nº 27181 consiste en “cubrir a todas las personas. de la Constitución... Y promotora. y teniendo presente que. y si en el estudio integral de la problemática. límites explícitos a la contratación. Por ello. Así las cosas. De acuerdo a lo expuesto en el Fundamento Nº 39. reconocidos en los artículos 2. 18 54.93501122 . todo precepto constitucional (.. esto es. este tribunal ha precisado que “(. conforme a la norma pertinente. de un lado. a la integridad personal y a la salud. 049-2000-MTC y 024-2002-MTC que lo regulan. como manifestaciones del principio-derecho dignidad humana. sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances. 17 53. sino también implícito s. que sufran lesiones o muerte como producto de un accidente de tránsito”. en criterio de este tribunal. en cambio. en atención a que el artículo 2. “siempre que no contravenga leyes de orden público”. cuando menos. los derechos fundamentales comprometidos resultan optimizados en su conjunto. no se afecte el contenido esencial del derecho a la libertad de contratación. Sin embargo. resulta evidente que su finalidad se encuentra orientada a proteger los derechos fundamentales a la vida. el orden público y el bien común se encuentran instituidos en el propio contenido prot egido del derecho fundamental a la libre contratación. permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado..93501124 .
por tanto. En otros términos. criterios que en su momento fueran utilizados por este colegiado en las STC N°s. y 3º subprincipio de proporcionalidad strictu sensu . Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . a la integridad personal y a la salud. el monto de las primas contratadas. no debe existir ningún otro medio alternativo que revista. por otro. y el monto de los siniestros desembolsados. el grado de realización del objetivo de intervención debe ser por lo menos equivalente o proporcional al grado de afectación del derecho fundamental. gastos de producción. c) Subprincipio de proporcionalidad strictu sensu : Según el cual. tributos y otros similares. y en la cual se analiza. Se trata. Vivienda y Construcción (MTCVC) y a la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto y que sea más benigno con el derecho afectado. debe ser promovido y estimulado por el Estado (artículo 59 de la Constitución). sino con cualquiera de las compañías de seguros autorizadas por la SBS. en la medida. segundo.56. b) Subprincipio de necesidad : Significa que para que una injerencia en los derechos fundamentales sea necesaria. claro está. 19 57. lo que ciertamente otorga un amplio margen al contratante para seleccionar a su contraparte.93501124 . 20 Así: i) Las compañías de seguro deben informar al Ministerio de Transportes. Debe recordarse que la libertad de empresa también es un bien constitucionalmente protegido y la generación de riqueza un objetivo que lejos de ser obstaculizado. 2º subprincipio de necesidad. para que una injerencia en los derechos fundamentales sea legítima. el monto de los gastos de administración. ser Las Garzas 250. la legitimidad constitucional del objetivo. debiendo. Comunicaciones. su menor grado de intervención en el derecho fundament al. ello no puede ser considerado como un elemento que determine la invalidez de la incidencia generada sobre la libertad de contratación. b) El demandante cuestiona que las entidades autorizadas por la SBS sean empresas privadas cuyo objeto es el lucro comercial. c) Asimismo. por un lado. y. distintos factores evidencian que el Estado ha procurado garantizar que la restricción de la libertad contractual a través de la contratación del seguro no se aleje de su objetivo de proteger los derechos fundamentales a la vida. a) Subprincipio de idoneidad o adecuación : De acuerdo con este. y. 0016-2002-AI y 0008-2003-AI.93501122 . Empero. el artículo 11 de los mencionados decretos supremos no exige que la contratación del SOAT se efectúe con una entidad específica. San Isidro. de la comparación de dos intensidades o grados: la realización del fin de la medida examinada y la afectación del derecho fundamental. toda injerencia en los derechos fundamentales debe ser idónea o capaz para fomentar un objetivo constitucionalmente legítimo. la idoneidad equivalente o mayor del medio alternativo. El test de razonabilidad o proporcionalidad se realiza a través de tres subprincipios: 1º subprincipio de idoneidad o de adecuación. este subprincipio supone dos cosas: primero. El Tribunal Constitucional considera que la restricción al derecho fundamental a contratar libremente resulta plenamente constitucional por los siguientes motivos: a) En principio. la idoneidad de la medida utilizada. de que en ningún caso la sociedad corporativa se aleje de la función social que le viene impuesta desde que el artículo 43 de la Constitución reconoce al Perú como una República social y el artículo 58 dispone que la iniciativa privada se ejerce en una economía social de mercado. entre otras. por lo menos. dicha información. recargo comercial. Se trata de una comparación de la medida adoptada con los medios alternativos disponibles.
del Decreto Legislativo Nº 701. el que aprueba el formato único y el contenido de la póliza del SOAT 22 . inciso a). Ha resuelto Declarar infundada la demanda de inconstitucionalidad. incurriendo en prácticas monopólicas. el Tribunal Constitucional estima que la restricción de la libertad contractual generada por la obligación de contratar el SOAT no afecta el contenido esencial del derecho. Publíquese y notifíquese. Alva Orlandini Bardelli Lartirigoyen Gonzáles Ojeda Las Garzas 250. ii) Es el MTCVC. presidido por el principio-derecho de dignidad humana (artículo 1º de la Constitución). con arreglo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 716 y la Ley Nº 26702. iv) El incumplimiento de las obligaciones que corresponden a las compañías de seguros derivadas del SOAT y de la normativa pertinente son sancionadas por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y por la SBS. Por estos fundamentos. aprecia que la protección que a través de ella se dispensa a los derechos fundamentales a la vida. iii) La SBS evalúa anualmente el nivel de las indemnizaciones efectivamente otorgadas por las compañías de seguros. por haber concertado el precio de l as primas de las pólizas correspondientes al SOAT durante el periodo comprendido entre diciembre del 2001 y abril del 2002. pueden formularse quejas ante la Defensoría del Asegurado. compatible con la documentación contable de la compañía aseguradora 21 . con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 . y recaído en la Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI. controlistas y restrictivas de la libre competencia. mediante la que se sancionó a diversas empresas aseguradoras que habían infringido los artículos 3° y 6°. en coordinación con la SBS. respectivamente. a elección del interesado. Consecuentemente.93501124 . Asimismo.93501122 . teniendo los pronunciamientos de esta entidad ca rácter vinculante para las compañías de seguros 24 . v) Un ejemplo claro de esta función sancionadora la encontramos en el pronunciamiento del Indecopi derivado del procedimiento de oficio iniciado por la Comisión de Libre Competencia. San Isidro. siendo tales modificaciones vinculantes para las compañías 23 . y el MTCVC puede introducir las modificaciones que resulten necesarias en el contenido de la póliza a efectos de garantizar el cumplimiento de los objetivos del referido seguro. optimiza el cuadro material de valores de la Constitución del Estado. SS. el Tribunal Constitucional. Por el contrario. 58. a la integridad personal y a la salud.
Cuarta Edición. Cfr. junio 2001. mientras que en el año 2005 dicha cifra llegó a 43. San Isidro. Alfonso. La autonomía local en la Constitución . Fundamento Nº 26. Cfr.93501122 . pp. Fundamento Nº 26. pp 25 y 26. STC Nº 5854-2005-PA/TC. De igual manera. Fundamento Nº 12. Cfr. primera edición. Idem. 16. Artículo 22 del Decreto Supremo N° 024-2002-MTC. Fundamentos N°s. Manual de Derecho Local . En. Fundamento Nº 8. 13. Fundamento Nº 14.pe/portal/ estadísticas / circulación. La reedificación conceptual de la responsabilidad extracontractual objetiva . 2. en Tratado de Derecho Municipal. Fundamentos N°s.221 accidentes de tránsito fatales y no fatales. 22. Lizardo. 0015-2003-AI/TC. 17 y 18.93501124 . pp 26. 19. STC Nº 2670-2002-AA/TC.García Toma Vergara Gotelli Landa Arroyo 1. STC Nº 0008-2003-AI/TC. Tomo I. 1999. España. Cfr. el número de víctimas de accidentes de tránsito fatales o no fatales. 3. (Se publica la sentencia a solicitud del Tribunal Constitucional mediante Oficio N° 760-2006- SR/TC.mtc. pp. 4. 0007-2001-AI/TC.955 víctimas. En efecto. Puede revisarse el texto de Gastón Fernández Cruz y Leysser León Hilario. hay un amplio debate a nivel doctrinario. Sosa Wagner. Artículo 25 del Decreto Supremo N° 049-2000-MTC. acápite d). Editorial Grijley. loc. Fundamento Nº 6. puede verificarse dicha información en www. 9. Cfr. Taboada Córdova. Fondo Editorial PUCP. 15. 64 y 65. acápite b). Luciano Parejo. Fundamento Nº 11. 0007-2002-AI/TC.gob. Fundamento Nº 9. STC Nº 0007-2001-AI/TC. 9 a 75. Sobre el tema pareciera no existir consenso y. pp 90. Cfr. por el contrario. Ibídem. STC Nº 0008-2003-AI/TC. Civitas. Madrid. STC Nº 0013-2003-AI/TC. 18. Ibídem. 7. Así por ejemplo. Cfr. Cfr. 10. STC Nº 0008-2003-AI/TC. Telefax (511) 222-3815 93501119 – 93501120 .012 accidentes de tránsito. pp 55 y 56. 5. 6. Cfr. en el año 2001 se registraron 30. 14. Cfr. 12. Cfr. 20. en el año 2002 se registraron 74. Francisco. Artículo 40 del Decreto Supremo N° 049-2000-MTC. acápite b). Cfr. 8. Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Nº 58. 23. mientras que en el año 2005 dicha cifra llegó a los 75.asp.814 víctimas. Elementos de la responsabilidad civil . 21. STC Nº 0048-2004-PI/TC. 17. STC Nº 2736-2004-PA/TC. 1988. así como de accidentes de tránsito se ha visto incrementado en forma alarmante en los últimos años. 24. Lima. STC N°s. Fundamento Nº 16. 11. STC Nº 2736-2004-PA/TC. Al respecto. cit. 55-56. Arazandi. recibido en 18 de julio del 2006) Las Garzas 250. 2006. Cfr. Fundamento Nº 3. STC Nº 3330-2004-AA/TC. STC Nº 2736-2004-PA/TC.
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