Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2001/A048A-01.htm
Timestamp: 2017-11-20 17:22:07
Document Index: 33434289

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 112', 'artículo 40', 'artículo 4', 'artículo 215', 'artículo 86', 'artículo 150', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 189', 'artículo 1', 'artículo 189', 'artículo 37', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 1', 'artículo 150', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 1', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 1']

A048A-01
Auto 048A/01
Referencia: ICC-205
Conflicto de competencia entre el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Santiago de Cali en la acción de tutela promovida por Manuel Antonio Pérez Quintana, contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca.
Bogotá, D.C., catorce (14) de febrero del año dos mil uno (2001).
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Santiago de Cali en la acción de tutela promovida por Manuel Antonio Pérez Quintana, contra el Instituto de Seguros Sociales.
1. El ciudadano Manuel Antonio Pérez Quintana, interpuso ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, acción de tutela en contra del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, en la que solicita la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad y al debido proceso, los cuales considera vulnerados con el hecho de que no obstante presentó desde el día 23 de enero de 1998, toda la documentación pertinente para que se le reconozca la pensión de vejez a la fecha no ha recibido respuesta satisfactoria (fls. 29, 30).
2. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante proveído del 10 de noviembre del año 2000, dispuso que de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 1º del Decreto 1382 del 2000, según el cual corresponde: “A los Jueces del Circuito o con categorías de tales, le serán repartidas para su conocimiento, en primera instancia, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier organismo o entidad del sector descentralizado por servicios del orden nacional (..)”, remitir la demanda de tutela al Juzgado Laboral del Circuito -reparto- de Cali. (fls. 31,32)
3. Repartida la demanda, correspondió conocer del asunto al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Santiago de Cali, quien en auto del pasado 15 de noviembre, ordenó inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 del 2000 y enviar de nuevo el proceso al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por ser éste, la Corporación a quien corresponde conocer del asunto. (fls. 40,41)
4. Mediante providencia del 20 de noviembre del 2000, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, manifiesta que ante el hecho de que el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Santiago de Cali, no asumió el conocimiento del asunto, se ha suscitado un conflicto de competencia que corresponde dirimirlo a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.(fl. 14)
5. Por su parte el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Disciplinaria- mediante providencia del 7 de diciembre del 2000, resolvió inhibirse para conocer de la acción de tutela, al considerar, que no le asiste competencia para pronunciarse sobre el conflicto de competencia planteado en razón de que los jueces en conflicto -no obstante pertenecer a distinta jurisdicción-, cuando actúan como jueces de tutela lo hacen como jueces constitucionales, por lo tanto corresponde es al superior jerárquico resolver el conflicto planteado, por lo cual ordena remitir la actuación a la Corte Constitucional (fls. 3-10).
1. Esta Corporación de manera reiterada[1], ha señalado que los conflictos de competencia que se susciten en materia de tutela, deben ser resueltos por el superior jerárquico de los respectivos jueces o tribunales, y que únicamente corresponde a la Corte Constitucional dirimir aquellos que no pueden resolverse dentro de las respectivas estructuras jurisdiccionales de origen.
Así mismo la Corte, al analizar la constitucionalidad del artículo 112 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, Ley 270 de 1996[2], expresó que, para dirimir “los conflictos de competencia derivados de los asuntos de tutela que se presenten entre jueces y tribunales de distinta jurisdicción”, la autoridad competente “es la Corte Constitucional”, por ser ella el superior funcional común, como máximo tribunal en asuntos constitucionales.
2. Establecido lo anterior en torno de la competencia que para conocer del asunto corresponde a esta Corporación y teniendo en cuenta que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Santiago de Cali, fundamentan su incompetencia en la aplicación o inaplicación del Decreto 1382 de 2000 “por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación realizará un análisis de dicha norma para proceder a dirimir el conflicto planteado.
Como lo ha manifestado esta Corte, en oportunidades anteriores[3], para garantizar el imperio de la Constitución Política, además de la acción pública que para el efecto consagra como un derecho político de los ciudadanos en su artículo 40, numeral 6º, la Carta instituye otros mecanismos como sucede con el control automático de constitucionalidad en los casos por ella previstos y, además, expresamente dispone que "en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales", (artículo 4º), institución esta conocida como la "excepción de inconstitucionalidad", que ya consagraba en el Derecho Colombiano el artículo 215 de la Constitución anterior.
3. De otra parte, ha de señalarse, que el artículo 86 de la Carta Política vigente consagra la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales cuando quiera que estos se encuentren vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y autoriza al legislador para establecer aquellos "casos en que esta acción procede contra los particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión".
En ese orden de ideas y dada la especial naturaleza de la acción de tutela como mecanismo judicial para hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales, su regulación corresponde al legislador, conforme a lo dispuesto por el artículo 150 de la Carta Política.
No obstante ello, el propio constituyente en el artículo 5º transitorio de la Carta invistió de facultades extraordinarias al Presidente de la República para "reglamentar el derecho de tutela", como aparece en el literal b) de la norma citada, facultades estas para cuyo ejercicio se requería que el proyecto de decreto respectivo no fuera improbado por la "Comisión Especial" creada por el artículo transitorio 6º de la Constitución.
El Gobierno Nacional en acatamiento a lo establecido por los artículos transitorios 5º, literal b) y 6º de la Carta, expidió entonces el Decreto 2591 de 1991 "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", decreto que en virtud de la materia a que el se refiere, aunque expedido por el Ejecutivo en razón de las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República para ese efecto por la Asamblea Constituyente, es de carácter legislativo, es decir sus normas tienen la categoría de ley en sentido material. Y, siendo ello así, su reforma sólo compete al legislador, no al Presidente de la República mediante decreto reglamentario, pues ello no le es permitido conforme a lo dispuesto por el artículo 189, numeral 11 de la Constitución Política.
En tal virtud, se observa que el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial No. 44.082 del 14 de julio del mismo año, en su artículo 1º, con invocación a la potestad reglamentaria que corresponde al Presidente de la República conforme al numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, lo que en realidad hace es introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 en materia de competencia para conocer de la acción de tutela. En efecto:
3.1. Si bien es cierto, el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 establece que para el conocimiento de dicha acción tienen competencia, "a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", el Decreto 1382 de 2000 fija unas reglas nuevas de competencia teniendo en cuenta para ello, si la acción de tutela se interpone contra cualquier autoridad pública nacional, departamental o municipal, hipótesis en las cuales la acción habrá de ejercerse en unos casos ante los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Administrativos y Consejos Seccionales de la Judicatura, en otros ante los Jueces del Circuito o con categoría de tales, en algunos otros casos ante los Jueces Municipales y, además, precisa que cuando la acción se dirija en relación con "la aplicación de un acto administrativo general dictado por una autoridad nacional serán repartidas para su conocimiento al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca, siempre que se ejerzan como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".
3.2. Adicionalmente, el artículo 1º del citado Decreto 1382 de 2000 establece que si la acción de tutela se ejerce "contra más de una autoridad" el asunto será de conocimiento del "juez de mayor jerarquía", según corresponda al nivel de las autoridades respecto de las cuales se impetra la protección de derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración.
4. En torno del asunto en análisis para la Corte[4] es claro que el Presidente de la República carece de competencia para introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, como las que efectivamente introdujo a esa norma legal mediante el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pues ello corresponde al Congreso de la República mediante ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 150 de la Carta Política.
Pero aún más, mientras el artículo 86 de la Carta instituye como un derecho de toda persona ejercitar la "acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar" para impetrar la protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados de vulneración, el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000 limita ese derecho con la asignación de competencia a distintos funcionarios judiciales teniendo en cuenta la categoría de las autoridades públicas contra las cuales pueda dirigirse la petición de amparo, lo que significa que ya no podrá entonces el afectado ejercitar tal acción ante cualquier juez, en cualquier momento y en todo lugar como expresamente lo dispuso el citado artículo 86 de la Constitución.
5. Siendo ello así, surge de manera manifiesta que el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, pretendió introducir modificaciones al artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, para reformar, sin atribución alguna el artículo 86 de la Constitución Política, pues esa reforma no se ciñe a los procedimientos que para el efecto se establecen en el Título XIII de la Constitución (artículos 374 a 379).
Resulta entonces de lo dicho, que asiste la razón al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Santiago de Cali, en su apreciación sobre la inconstitucionalidad del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 y en su decisión de inaplicarlo por ser contrario a la Carta Política. En ese orden de ideas, y como quiera, que el actor que incoan la acción de tutela a que se refiere esta providencia, optó por presentarla ante el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca será a ese Corporación a la que corresponde su tramitación, por tanto, se ordenará remitir el expediente para que sea ese despacho el que proceda avocar su conocimiento.
Primero. Inaplicar, en relación con las acciones de tutela a que se refiere esta providencia el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por ser contrario a la Constitución Política conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto.
Segundo. ORDÉNASE REMITIR la acción de tutela propuesta por el ciudadano Manuel Antonio Pérez Quintana contra el Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca por ser ese despacho judicial ante el cual se interpuso la acción de tutela en referencia.
[1] Cfr. Ver Autos Corte Constitucional- Sala Plena del 19 de agosto de 1998 y del 14 de abril y 26 de mayo de 1999.
[2] Cfr. Corte Constitucional- Sentencia C-037 del 5 de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
[3] Ver Auto 085 del 26 de septiembre del 2000, ICC- 118 M.P. Dr. Alfredo Beltrán Sierra.
[4] Ver también Expedientes ICC-117, M.P Antonio Barrera Carbonell, ICC-119, M.P. Martha Sáchica Méndez, ICC- 120 M.P. Carlos Gaviria Díaz, ICC- 125, ICC -134, ICC- 143 M.P. Alvaro Tafur Galvis.