Source: https://www.scribd.com/doc/59207515/Sentencia-Tribunal-Constitucional
Timestamp: 2016-10-22 03:19:05
Document Index: 406641334

Matched Legal Cases: ['artículo 104', 'artículo 149', 'artículo 146', 'artículo 146', 'artículo 9', 'artículo 74']

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(Sumillas)
DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO STC : Nº 04993-2007-PA/TC (29.01.2009) Caso : LILIA ADBEL TRONCOSO ASSEN DE JOY WAY 1. Tema procesal previo: Sobre la aplicación del modelo alternativo en el Proceso de Amparo. • “…habida cuenta de que la interposición de la demanda fue anterior a la entrada en vigencia
del Código Procesal Constitucional, que, conforme ha sido reconocido por este Tribunal en la STC 0206-2005-PA/TC (FJ 7), modifica sustancialmente la competencia del juez constitucional para conocer las demandas de amparo en tanto otorga a dicho proceso constitucional un carácter residual y subsidiario, a contramano del modelo alternativo que se había empleado hasta entonces, y que, de conformidad con la Segunda Disposición Final del Código Procesal Constitucional, éste no es de aplicación inmediata para los procesos en trámite en cuanto a las reglas de competencia se refiere, por lo que este Colegiado se halla en la posibilidad entonces de entrar a analizar el fondo del asunto.(F.J. 3)
2. Los requisitos para una notificación valida de actos vinculados a deuda tributaria se encuentran normados en el Código Tributario como disposición legal especifica. • “… debe evaluarse si la notificación efectuada por la SUNAT se ciñe a lo dispuesto por el Código
Tributario que es, a criterio de este Tribunal, la disposición legal específica que regula los actos de notificación de las deudas tributarias…”.(F.J. 7)
• “…el Tribunal Constitucional considera que el acto de notificación de la Resolución de
Intendencia Nº 026-4-013737/”SUNAT es válido, en la medida que se ha realizado de acuerdo con el artículo 104º del Código Tributario. En consecuencia, no se aprecia la violación del debido proceso en cuanto a este acto específico de la administración tributaria”. (F.J. 9)
3. El rechazo de la Autoridad Administrativa a acumular expedientes no constituye una vulneración al debido procedimiento administrativo. • “El Tribunal Constitucional considera que el hecho de que tanto la SUNAT como el Tribunal
Fiscal hayan rechazado la solicitud de acumulación de la demandante no constituye una vulneración del debido procedimiento administrativo. Si bien el artículo 149º de la Ley del Procedimiento Administrativo General prevé la acumulación de procedimientos a pedido de parte o de oficio, debe considerarse que es a la autoridad administrativa a la que le corresponde determinar su procedencia. Su negativa no supone, prima facie, vulnerar el derecho al debido procedimiento administrativo, salvo que de ella se deriven dilaciones
En: Revista Peruana de Derecho Tributario, Universidad de San Martín de Porres Tax Law Review. Editada por el Centro de Estudios Tributarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Año 3 / Número 13 / 2009. Lima Perú. www.derecho.usmp.edu.pe/cet - ISSN 2073-2902 - ISSN International Centre. Por: Katherinne Asunción Narro Rojas.
J. La inhibición voluntaria en el ejercicio de un derecho fundamental no es una razón válida para considerar inconstitucional la actuación de la administración tributaria.J. es decir. 20)
5. pues como ya se precisó. sino más bien a la conducta omisiva de la propia recurrente. 0026-2005-PI/TC. por regla. por inadmisible. empleada de la demandante. Precisiones al “Solvet et Repet” en materia tributaria: no se vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva si el contribuyente tuvo la oportunidad de interponer un medio impugnatorio sin ningún condicionamiento de pago previo. lo cual no es el supuesto que se da en el presente caso. es decir que se condicione siempre la interposición de una demanda contencioso. STC 0025. UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEW
irrazonables e indebidas. En ese sentido. el Tribunal Fiscal recurre a la aplicación supletoria del Código Procesal Civil.J.J. (F. la notificación la recibió doña Paulina Paredes Huaroto. (F. La regla del precedente constitucional es aplicable entonces para aquellos supuestos en los cuales se condiciona de manera absoluta la impugnación de un acto administrativo a un pago previo”. La alegación de la demandante en esta parte. (F.J. STC 0452004-AI/TC. el Tribunal Constitucional considera que. debe ser desestimada. 18)
“Éste. siempre que la apelación se interponga dentro del plazo legal. identificada con DNI 08262908.
• “Para determinar si se está ante una discriminación o una diferenciación el Tribunal
Constitucional suele recurrir al test de igualdad (Cfr. En el presente caso el demandante propone como término de comparación la resolución recaída en el expediente 3455-88. el Tribunal desestima la alegación de la demandante sobre este respecto”. es decir. no siendo válido el término de comparación. sin embargo. cuando ella está preestablecida en el ordenamiento jurídico”. En efecto. por una persona capaz. (F. 26)
• “A juicio de este Alto Tribunal el término de comparación propuesto por la recurrente no es un
tertium comparationis válido.CET
REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO. 11)
4. 27)
. Una de las exigencias del test de igualdad es que.administrativa tributaria y la interposición de un medio impugnatorio al pago previo de la obligación tributaria. o se dicten actos administrativos contradictorios. 19) “Por tanto. deviniendo ésta en exigible debido no a un acto de la administración tributaria que le impidiera hacerlo. (F. aunque para ello tuviera un plazo legal. por ejemplo). quien alega ser sujeto de un acto discriminatorio debe proponer un término de comparación válido (tertium comparationis). al no interponer el recurso de apelación dentro del plazo oportuno que preveía el artículo 146º del Código Tributario. un término de referencia a partir del cual se determine si el tratamiento jurídico dado no resulta objetivo ni razonable. (F. supuestos que no se configuran en el presente caso. El recurrente para alegar violación al principio de igualdad tiene que proponer termino de comparación válido (“tertium comparationis”). (…) en tanto que tuvo la posibilidad de interponer dicho recurso sin tener que pagar previamente la deuda tributaria. en el caso concreto.J. no se viola necesariamente el derecho a la tutela procesal efectiva (…) dicha disposición no condiciona la apelación de una resolución de determinación al pago previo de la deuda tributaria. de 8 de mayo de 2001 (folio 125)”. no es el supuesto que se configura en el artículo 146º del Código Tributario en su tenor vigente al momento en que el Tribunal Fiscal desestimó. • “… en la medida que la regla sustancial del precedente constitucional de la STC 3741-2004-
PA/TC y su precisión en la STC 4242-2006-PA/TC apuntan a considerar como inconstitucional la aplicación absoluta del principio solve et repete. por cuanto que el supuesto resuelto por el Tribunal Fiscal es distinto al del presente caso. La condición del pago previo opera más bien cuando la apelación se plantea extemporáneamente”. En efecto. en la resolución aludida en el fundamento anterior. por tanto. la apelación interpuesta por la demandante. pero para determinar la validez de la notificación cuando ésta es recibida por una persona incapaz (menor de edad).
Y es que no podría ser de otra manera cuando se alega afectación exorbitante a la propiedad privada. º 03868-2007-PA/TC (20. el apartamiento de la “línea constante” sea expresión de un mero capricho. o de que se haya decidido apartarse del precedente administrativo por los órganos competentes (ordinal 2.2009) Caso : EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU SA 1. (FJ 32)
7. (FJ 6)
. acumulados) que “su contenido constitucionalmente protegido sólo puede ser determinado casuísticamente. en los casos que se alegue confiscatoriedad. considerando la clase de tributo y las circunstancias concretas de los contribuyentes”. Presupuestos para alegar la violación al derecho de igualdad. por cierto. Si bien es cierto que el artículo 9º del Código Procesal Constitucional ha establecido la inexistencia. en los procesos constitucionales. a juicio del Tribunal Constitucional. pero siempre que ello no afecte la duración del proceso. (FJ 39)
TITULARIDAD DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS JURIDICAS INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA STC : N.CET
REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO. es preciso que exista una sustancial identidad entre los supuestos de hecho resueltos por el órgano administrativo en forma contradictoria. debieron merecer una misma aplicación de la norma”. STC 004-2004-AI/TC. En consecuencia. es necesario probar la afectación real al patrimonio. de una etapa probatoria. en la STC 2302-2003-AA/TC (FJ 12-14) se estableció que “para acreditar la confiscatoriedad en cada caso. Ese tertium comparationis.01. Y. (FJ 31)
• “Además se requiere que el tertium comparationis que se ofrezca exprese una “línea constante”
de comprensión y aplicación de la norma. finalmente. también prevé la procedencia de medios probatorios que no requieran de actuación y a los que el juez considere indispensables. • “Es jurisprudencia también de este Colegiado (STC 1279-2002-AA/TC. Titularidad de los derechos fundamentales: Precisión al caso de las personas jurídicas. Asimismo. Tal identidad de los supuestos de hecho. es preciso que no exista una fundamentación adecuada que justifique la variación del criterio interpretativo. aparte de la necesidad de que se trate de un mismo órgano administrativo que los haya expedido. • “… los procesos constitucionales están destinados a la protección de los derechos
fundamentales de la persona humana y que sólo por excepción se podría ingresar al fondo de la controversia para resolver un conflicto traído por persona jurídica”. Basta que existan suficientes elementos comunes como para considerar que los supuestos de hecho enjuiciados son jurídicamente iguales y que. No obstante. FJ 7. limitándose a señalar que es “muy posible que un órgano imparcial” deje parte de la deuda tributaria sin efecto. pues es claro que el apartamiento de la “línea constante” de interpretación y aplicación de una norma a un supuesto fáctico sustancialmente igual puede legítimamente provenir de que judicialmente se haya declarado su invalidez. en el caso concreto. no tiene por qué ser plena. (FJ 38)
• “En el caso concreto la demandante. desde luego. • “Con relación al principio constitucional tributario de no confiscatoriedad (artículo 74º de la
Constitución) se ha señalado (STC 4993-2007-PA/TC.8 del artículo V del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General)”. por tanto. con lo cual no aporta elementos objetivos y fehacientes que permitan apreciar la violación de este principio constitucional tributario. FJ 4) señalar que para la
configuración de “una violación del derecho de igualdad en la aplicación de la ley. este extremo de la demanda también debe ser desestimado”. de modo que el juicio de invalidez sobre el acto o resolución administrativa sea consecuencia de que. Sobre la alegación a la vulneración del principio de confiscatoriedad. UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEW
6. es necesario que la misma se encuentre plena y fehacientemente demostrada”. no demuestra de
manera plena y fehaciente la violación del principio de no confiscatoriedad. puede comprender casos sustancialmente análogos resueltos con anterioridad al acto o resolución administrativa que se impugne.
de fecha 11 de noviembre de 1991. de fecha 25 de abril de 1994. (FJ 7) “… el proceso de amparo planteado por la empresa demandante debe ser considerado como el caso excepcional (…) puesto que de autos se observa la necesidad de un pronunciamiento urgente. ya que se evidencia un pronunciamiento anterior por parte del Tribunal Constitucional ordenando la inaplicación de una resolución por inconstitucional -proceso iniciado por la misma empresa demandante. UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES TAX LAW REVIEW
“En el presente caso se tiene a una persona jurídica que acusa de incompetente a un órgano administrativo.CET
REVISTA PERUANA DE DERECHO TRIBUTARIO. Entonces al haberse constatado la vulneración de los derechos del demandante debe disponerse la anulación del proceso administrativo. debiendo avocarse a la causa el órgano competente señalado por ley. puesto que no pueden subsistir actos que han sido generados por una resolución que el Tribunal Constitucional inaplicó anteriormente por inconstitucional.° 05892-EF.° 1577. N. (FJ 20). que la competencia del Administrador de Aduanas de la Intendencia de
En tal sentido el procedimiento administrativo fue. debiéndose tener presente que no fue publicada conforme se observa de la Carta N. entonces. llevado a cabo por órgano no competente. sino que se expidió al amparo del Decreto Legislativo N.° 063-C0000-EP-2003 -fojas 353. N. el que ha emitido resoluciones administrativas en el proceso N. 1 de diciembre de 1992.S. La Administración Tributaria no puede pretender aplicar al mismo contribuyente una norma que en sede de amparo fue declarada su inaplicación.° 001577. al principio de jerarquía constitucional y el principio de legalidad.° 045-94-EF. por lo que a pesar de que la norma no está expulsada del ordenamiento jurídico no puede ser aplicada por el órgano administrativo …” (FJ 19) Por último al haberse llevado un proceso administrativo en contravención de principios constitucionales es evidente que la administración ha actuado de manera arbitraria vulnerando los derechos al debido proceso.suscrita por el Gerente de Comercialización de Editora Perú”. norma que tiene rango superior respecto a la Resolución de Superintendencia N. desde su inicio. ya este Tribunal Constitucional ha declarado su inaplicación por contravenir una norma de rango superior. (FJ 8)
2.° 001577. el que ha resuelto en aplicación de una resolución que el Tribunal Constitucional inaplicó por inconstitucional. anulándose por ello todo lo actuado con posterioridad a la resolución N. modificado por el Texto Único Ordenado de la Ley General de Aduanas. por lo que solicita la inaplicación de la Resolución N. que no solo es de fecha anterior. (FJ 16)
• “Es evidente. •
“… en un proceso administrativo se ha avocado un órgano incompetente. •
“Conforme señalan los mismos demandados (…) la Intendencia Nacional de Fiscalización Aduanera se avocó al proceso administrativo “en ejercicio de la facultad de fiscalización posterior conferida por la Resolución de Superintendencia N. Esto constituye una actitud renuente por parte de la administración ya que a pesar de que la norma existe y tiene vigencia. (…) Por estas razones procede verificar si verdaderamente la empresa demandante está volviendo a ser afectada en sus derechos con una resolución que el Tribunal Constitucional ha inaplicado en un caso anterior por considerarla inconstitucional. D.
. de fecha 1 de diciembre -que varió el proceso administrativo respecto a la jurisdicción predeterminada.resolución que vuelve a ser materia de cuestionamiento en el presente amparo. (FJ 17)
3. (FJ 15) la Aduana Marítima del Callao está establecida en los artículos 5º 7° y 338° del D.° 475-98. lo que significa contravención de normas de superior jerarquía.° 1577-92” resolución de fecha 1 de diciembre de 1992”. a pesar que dicha norma continúe vigente. puesto que con dicha resolución se le ha delegado facultades a un órgano administrativo que no tenía competencia“.S. Sobre la Autoridad Administrativa incompetente para resolver.° 722.
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