Source: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:248:FULL&from=PT
Timestamp: 2019-08-23 03:07:21
Document Index: 267681752

Matched Legal Cases: ['artículo 317', 'artículo 325', 'artículo 9', 'artículo 21', 'artículo 5', 'artículo 28', 'artículo 106', 'artículo 325', 'artículo 106', 'artículo 325', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 9', 'artículo 24', 'artículo 15', 'artículo 17', 'artículo 7', 'artículo 15', 'artículo 15', 'artículo 1', 'artículo 2']

Diario Oficial L 248/2013
REGLAMENTO (UE, EURATOM) No 883/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo
Las instituciones de la Unión y los Estados miembros otorgan gran importancia a la protección de los intereses financieros de la Unión y a la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. La responsabilidad de la Comisión a este respecto está estrechamente vinculada a su deber de ejecución del presupuesto en virtud del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la importancia de actuar con este fin queda confirmada en el artículo 325 del TFUE.
Deben desplegarse plenamente todos los medios disponibles para alcanzar ese objetivo, concretamente en el contexto de las obligaciones que incumben a la Unión, mientras se mantienen la distribución y el equilibrio actuales de responsabilidades entre la Unión y los Estados miembros.
Con vistas a reforzar los medios disponibles para luchar contra el fraude, respetando al mismo tiempo el principio de autonomía de la organización interna de cada institución, la Comisión, en virtud de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom (3), ha establecido entre sus propios servicios la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («la Oficina»), con responsabilidad para realizar investigaciones administrativas contra el fraude. La Comisión ha dotado a la Oficina de total independencia en el ejercicio de su función investigadora. La Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom establece que el objetivo de las investigaciones de la Oficina es ejercer los poderes otorgados por el Derecho de la Unión.
El Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y el Consejo (4) fue adoptado para regular las investigaciones realizadas por la Oficina. Con objeto de aumentar la eficacia de las actividades de investigación de la Oficina, y en vista de las evaluaciones de sus actividades realizadas por las instituciones de la Unión, en particular del informe de evaluación de la Comisión de abril de 2003 y de los Informes Especiales no 1/2005 (5) y no 2/2011 (6) del Tribunal de Cuentas relativos a la gestión de la Oficina, es preciso revisar el marco jurídico actual.
El mandato de la Oficina incluye la realización de investigaciones dentro de las instituciones, órganos y organismos establecidos por los Tratados o en virtud de los Tratados («las instituciones, órganos y organismos») y el ejercicio de los poderes de investigación otorgados a la Comisión por los actos de la Unión pertinentes, así como prestar a los Estados miembros asistencia de la Comisión para organizar una colaboración estrecha y regular entre sus autoridades competentes. La Oficina debe contribuir asimismo a la concepción y desarrollo de métodos para prevenir y luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión, basándose en su práctica operativa en este ámbito.
La responsabilidad de la Oficina, tal como ha quedado instituida por la Comisión, se extiende, más allá de la protección de los intereses financieros, al conjunto de las actividades ligadas a la protección de intereses de la Unión frente a comportamientos irregulares que puedan dar lugar a diligencias administrativas o penales.
El presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de una protección más extensa que pueda derivarse de las disposiciones de los Tratados.
Habida cuenta de la necesidad de luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses de la Unión, la Oficina debe estar facultada para realizar investigaciones internas en todas las instituciones, órganos y organismos.
En el contexto de las investigaciones externas, procede confiar a la Oficina el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comisión por el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (7). La Oficina también ha de poder ejercer las demás competencias conferidas a la Comisión para efectuar controles y verificaciones in situ en los Estados miembros, en particular con la finalidad de detectar irregularidades de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (8).
La eficiencia operativa de la Oficina depende en gran medida de la cooperación con los Estados miembros, que deben determinar sus servicios competentes para ofrecer a la Oficina la ayuda necesaria en el ejercicio de sus tareas. Cuando un Estado miembro no haya creado un servicio especializado a nivel nacional encargado de la tarea de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión y la lucha contra el fraude, debe designarse un servicio («el servicio de coordinación antifraude») que facilite la cooperación y el intercambio de información efectivos con la Oficina.
La Oficina ha de tener acceso a la información pertinente de que dispongan las instituciones, órganos y organismos de la Unión en relación con las investigaciones externas.
Las investigaciones deben efectuarse de conformidad con los Tratados y, en particular, con el Protocolo no 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, respetando el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el Régimen aplicable a los otros agentes de esta (en lo sucesivo denominado «el Estatuto de los funcionarios») establecido en el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 del Consejo (9), y respetando plenamente los derechos humanos y las libertades fundamentales y, en particular, el principio de equidad, el derecho de la persona implicada a manifestarse sobre los hechos que le afectan y el derecho a que solo los elementos con valor probatorio puedan constituir la base de las conclusiones de una investigación. A tal fin, las instituciones, órganos y organismos deben establecer las condiciones y modalidades de realización de las investigaciones internas.
Las investigaciones internas solo pueden llevarse a cabo si se garantiza a la Oficina el acceso a todos los locales de las instituciones, órganos y organismos y a cualquier información y documento que obren en poder de estos.
La exactitud de la información enviada a la Oficina en relación con su mandato debe comprobarse inmediatamente. Con este fin, antes de iniciar una investigación, la Oficina ha de tener acceso a toda información pertinente contenida en bases de datos que obren en poder de las instituciones, órganos u organismos cuando sea indispensable para comprobar si las alegaciones son fundadas.
La Oficina debe estar sujeta a obligaciones concretas de información a las instituciones, órganos y organismos sobre las investigaciones en curso cuando un funcionario, otro agente, un miembro de una institución u órgano, un directivo de un organismo o un miembro del personal se vea afectado por los hechos investigados o cuando proceda imponer medidas cautelares con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión.
Conviene establecer normas claras que, a la vez que confirmen la competencia prioritaria de la Oficina para realizar investigaciones internas sobre cuestiones que afecten a los intereses financieros de la Unión, permitan a las instituciones, órganos y organismos hacerse rápidamente cargo de la investigación de los casos en los que la Oficina decida no intervenir.
A fin de garantizar la independencia de la Oficina a la hora de desempeñar las tareas que le confía el presente Reglamento, su Director General debe poder iniciar una investigación por iniciativa propia. Cuando la Oficina realice una investigación, las instituciones, órganos y organismos pertinentes no han de realizar una investigación en paralelo sobre los mismos hechos, salvo que se convenga de otro modo con la Oficina.
Las investigaciones deben realizarse bajo la dirección del Director General, con plena independencia respecto de las instituciones, órganos y organismos y del Comité de Vigilancia. A tal fin, debe facultarse al Director General para adoptar orientaciones sobre procedimientos de investigación para el personal de la Oficina. Estas orientaciones proporcionarán una guía práctica al personal de la Oficina sobre la realización de las investigaciones y las garantías procedimentales y los derechos de las personas afectadas y los testigos, así como detalles sobre los procedimientos internos de asesoría y control que deben seguirse, incluido el control de la legalidad. Con objeto de imprimir mayor transparencia a la realización de las investigaciones, estas orientaciones deben ponerse a disposición del público en el sitio internet de la Oficina. Las orientaciones no deben crear o modificar ningún derecho u obligación derivados del presente Reglamento.
De conformidad con el artículo 21 del Estatuto de los funcionarios, el personal de la Oficina debe llevar a cabo las investigaciones de acuerdo con las orientaciones sobre los procedimientos de investigación y sobre la base de instrucciones individuales dadas por el Director General en casos específicos.
De conformidad con el Estatuto de los funcionarios, el personal de la Oficina debe desempeñar sus tareas de investigación con plena independencia y evitando conflictos de intereses. Los miembros del personal deben informar de inmediato al Director General cuando una investigación se refiera a una cuestión en la que posean un interés personal que pueda afectar a su independencia o ser vista como tal, en particular cuando estén o hayan estado implicados, en el marco de otras funciones, en el asunto objeto de investigación.
Las investigaciones internas y externas de la Oficina se rigen, en parte, por normas distintas. Sin embargo, en caso necesario, la Oficina debe poder combinar en una única investigación los aspectos de una investigación externa y de una investigación interna, sin que sea preciso iniciar dos investigaciones distintas.
En aras de la seguridad jurídica resulta necesario especificar las garantías procedimentales aplicables a las investigaciones realizadas por la Oficina, teniendo en cuenta el carácter administrativo de las mismas.
Deben respetarse las garantías procedimentales y los derechos fundamentales de las personas afectadas y de los testigos sin discriminación, en todo momento y en todas las fases, tanto de las investigaciones externas como de las internas, en particular cuando se proporcione información sobre las investigaciones en curso. La comunicación de información relativa a las investigaciones realizadas por la Oficina al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, tanto de forma bilateral como en el marco de un intercambio de opiniones, debe efectuarse respetando la confidencialidad de las investigaciones, los derechos legítimos de las personas afectadas y, en su caso, las disposiciones nacionales aplicables a los procedimientos judiciales. La información transmitida u obtenida durante las investigaciones debe tratarse de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos. El intercambio de información debe regirse por los principios de proporcionalidad y de «necesidad de conocer».
Con el fin de reforzar la protección de los derechos individuales de las personas que estén siendo investigadas, no deben extraerse conclusiones en las que se mencione por el nombre a la persona implicada, en la fase final de una investigación, sin ofrecer a dicha persona la posibilidad de ser oída sobre hechos que la conciernan.
El Director General debe velar por que toda la información que se facilite al público respete los derechos legítimos de las personas afectadas.
La Oficina y las instituciones, órganos y organismos implicados en la investigación deben proteger la libertad de expresión, de conformidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y las fuentes periodísticas.
Compete al Director General velar por la protección de los datos de carácter personal y el respeto de la confidencialidad de la información recogida en las investigaciones. Los funcionarios y otros agentes de la Unión deben gozar de protección jurídica equivalente a la establecida en el Estatuto de los funcionarios.
Para garantizar que se tengan en cuenta los resultados de las investigaciones realizadas por la Oficina y que se realice el seguimiento necesario, conviene establecer que los informes puedan constituir pruebas admisibles en los procedimientos administrativos o judiciales. A tal fin, dichos informes deben redactarse teniendo en cuenta las condiciones de elaboración de los informes administrativos nacionales.
En caso de comprobarse que los hechos revelados en el informe final de una investigación interna pudieran dar lugar a un proceso penal, esta información debe transmitirse a las autoridades judiciales nacionales de los Estados miembros de que se trate. En las recomendaciones que acompañen al informe final, el Director General debe indicar si, habida cuenta de la naturaleza de los hechos y la magnitud de su repercusión financiera, la adopción de medidas internas por parte de la institución, órgano u organismo afectado permitiría un seguimiento más adecuado.
En caso de que el Director General transmita a las autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate información obtenida por la Oficina en el transcurso de investigaciones internas, lo hará sin perjuicio de una ulterior calificación jurídica por parte de la autoridad judicial nacional respecto a si se requieren procedimientos de investigación.
Corresponde a las autoridades competentes de los Estados miembros o, en su caso, a las instituciones, órganos y organismos decidir el curso que ha de darse a las investigaciones concluidas, basándose para ello en el informe de investigación final elaborado por la Oficina.
Con objeto de mejorar su eficiencia, la Oficina debe conocer cómo se ha realizado el seguimiento de los resultados de sus investigaciones. Por lo tanto, las instituciones, órganos y organismos de la Unión y, cuando corresponda, las autoridades competentes de los Estados miembros, deben informar a la Oficina, a petición de esta, sobre las medidas que en su caso se hayan adoptado sobre la base de la información que la Oficina les hubiese transmitido.
Habida cuenta de las considerables ventajas de reforzar la colaboración entre la Oficina, Eurojust, Europol y las autoridades competentes de los Estados miembros, la Oficina ha de estar facultada para acordar con estas medidas administrativas que podrán estar destinadas, en particular, a facilitar la cooperación práctica y el intercambio de información sobre cuestiones técnicas y operativas, sin crear ninguna obligación jurídica adicional.
Con objeto de reforzar la cooperación entre la Oficina, Eurojust y las autoridades competentes de los Estados miembros en el caso de hechos que puedan ser objeto de investigación penal, la Oficina debe informar a Eurojust especialmente de aquellos casos de supuesto fraude, corrupción u otra actividad ilegal que vayan en detrimento de los intereses financieros de la Unión e impliquen una forma grave de delincuencia. La transmisión de información a las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate se producirá, en caso pertinente, antes de que la Oficina transmita a Eurojust o Europol la información recibida de estas autoridades, cuando dicha información vaya acompañada de una invitación a adoptar medidas específicas de investigación.
Para lograr una cooperación fructífera entre la Oficina, las instituciones, órganos u organismos pertinentes de la Unión, las autoridades competentes de los Estados miembros, las autoridades competentes de terceros países y las organizaciones internacionales, es necesario organizar un intercambio recíproco de información. Este intercambio debe respetar los principios de confidencialidad y las normas sobre protección de datos establecidas en el Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (10). En particular, la Oficina debe comprobar que el receptor disponga de la competencia adecuada y que la transmisión de información sea necesaria. El intercambio de información con Eurojust debe estar amparado por el mandato de Eurojust, que se amplía a la coordinación en casos transnacionales de delitos graves.
Teniendo en cuenta la magnitud de los fondos de la Unión asignados al sector de la ayuda exterior, el número de investigaciones efectuadas por la Oficina en este sector y la existencia de cooperación internacional a efectos de investigación, la Oficina debe estar facultada, en su caso en coordinación con otros servicios competentes, para procurarse, mediante acuerdos administrativos, asistencia práctica de las autoridades competentes de terceros países y de organizaciones internacionales en el desempeño de su misión, sin crear ninguna obligación jurídica adicional.
La Oficina ha de gozar de independencia en el cumplimiento de sus funciones. Para reforzar dicha independencia, la Oficina debe estar sometida al control regular de sus funciones de investigación por un Comité de Vigilancia, compuesto por personalidades externas independientes especialmente cualificadas en los ámbitos de competencia de la Oficina. El Comité de Vigilancia no debe interferir en el desarrollo de las investigaciones que estén en curso. Su misión también debe consistir en asistir al Director General en el cumplimiento de su tarea.
Conviene especificar los criterios y el procedimiento utilizados para designar a los miembros del Comité de Vigilancia y especificar más pormenorizadamente las tareas que emanan de su mandato.
Debe elaborarse una lista de reserva con los candidatos que puedan sustituir a los miembros del Comité de Vigilancia durante el resto de su mandato en caso de dimisión, fallecimiento o incapacidad de cualquier tipo de uno o varios de dichos miembros para ejercer sus funciones.
Con el fin de garantizar que el Comité de Vigilancia pueda desempeñar su misión eficientemente, la Oficina debe velar por el funcionamiento independiente de la Secretaría del Comité.
Debe efectuarse un intercambio de opiniones anual entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Este intercambio de opiniones debe abarcar, en particular, las prioridades estratégicas de las políticas de investigación y la eficacia de los trabajos de la Oficina en lo que respecta al ejercicio de su mandato, sin por ello interferir en modo alguno en la independencia de la Oficina en su función investigadora. El intercambio de opiniones debe prepararse a nivel técnico y, en la medida en que sea necesario, incluir una reunión preparatoria entre los servicios pertinentes de las instituciones de que se trate. En el debate sobre la eficacia de los trabajos de la Oficina en lo que respecta al ejercicio de su mandato, las instituciones participantes en el intercambio de opiniones deben estar facultadas para manejar información estadística relativa al seguimiento dado a las investigaciones de la Oficina y a la información transmitida por esta.
Para garantizar la total independencia en la gestión de la Oficina, su Director General debe ser designado por un período de siete años no renovable.
La función del Director General de la Oficina es también de particular importancia para el Parlamento Europeo y el Consejo. La persona designada como Director General debe contar con el mayor apoyo y reconocimiento posibles del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Por lo tanto, la Comisión debe tratar de alcanzar un común acuerdo con el Parlamento Europeo y el Consejo en el marco del procedimiento de consulta.
La convocatoria de candidaturas para el puesto de Director General debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea al menos seis meses antes de que finalice el mandato del Director General en activo. La Comisión debe preparar la convocatoria basándose en los resultados de una estrecha consulta con el Parlamento Europeo y el Consejo. Debe especificar los criterios de selección, incluidos los requisitos que deben cumplir los candidatos para optar al puesto.
El Director General debe informar periódicamente al Comité de Vigilancia sobre los asuntos en los que se haya transmitido información a las autoridades judiciales de los Estados miembros y sobre el número total de asuntos de la Oficina de los que se ocupen las mismas autoridades judiciales del Estado miembro de que se trate, mediante el seguimiento de una investigación realizada por la Oficina.
La experiencia adquirida con la práctica operativa aconseja que el Director General pueda delegar el ejercicio de algunas de sus funciones en uno o en varios miembros del personal de la Oficina.
El Director General debe establecer un procedimiento interno de asesoramiento y control, que incluya un control de legalidad, relacionado, en particular, con la obligación de respetar las garantías procedimentales y los derechos fundamentales de las personas afectadas y el Derecho nacional de los Estados miembros interesados.
Con objeto de garantizar la independencia de la Oficina, es preciso que la Comisión decida sobre la adecuada delegación de poderes al Director General para proceder a los nombramientos.
El presente Reglamento no merma en modo alguno las competencias y responsabilidades de los Estados miembros para tomar medidas para combatir el fraude, la corrupción o cualquier otra actividad ilegal cometida en detrimento de los intereses financieros de la Unión. La atribución de la función de efectuar investigaciones administrativas externas a una Oficina independiente respeta plenamente el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no va más allá de lo que resulta necesario para intensificar la lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión.
La Comisión debe valorar la necesidad de revisar el presente Reglamento en caso de que se establezca una fiscalía europea.
El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y acata, en particular, los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
De conformidad con el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001, se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos, quien emitió su dictamen el 1 de junio de 2011 (11).
Habida cuenta de la cantidad importante de modificaciones necesarias, procede derogar el Reglamento (CE) no 1073/1999 y sustituirlo por el presente Reglamento.
De conformidad con el artículo 106 bis, apartado 1, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Tratado CEEA), que amplía la aplicación del artículo 325 del TFUE a la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom), las normas por las que se rigen las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina por lo que respecta a la Unión también deben aplicarse en relación con Euratom. De conformidad con el artículo 106 bis, apartado 2, del Tratado CEEA, las referencias a la Unión en el artículo 325 del TFUE deben entenderse como referencias a Euratom y las referencias a la Unión en el presente Reglamento deben incluir por lo tanto, cuando el contexto lo requiera, referencias a Euratom. Por consiguiente, debe derogarse el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (12).
los actos pertinentes de la Unión, así como
los acuerdos de cooperación y asistencia mutua pertinentes celebrados por la Unión con terceros países y organizaciones internacionales en esos ámbitos.
el Protocolo no 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;
el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo;
el Estatuto de los funcionarios;
el Reglamento (CE) no 45/2001.
los «intereses financieros de la Unión» incluirán los ingresos, gastos y activos cubiertos por el presupuesto de la Unión Europea así como los cubiertos, gestionados o supervisados por los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos;
«irregularidad» se entenderá en el sentido que se atribuye a este término en el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95;
«fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión» se entenderán en el sentido que se atribuye a estos términos en los actos pertinentes de la Unión;
«investigaciones administrativas» (en lo sucesivo, «las investigaciones») se entenderán en el sentido de todas las inspecciones, verificaciones y otras medidas adoptadas por la Oficina, de conformidad con los artículos 3 y 4, para alcanzar los objetivos definidos en el artículo 1 y determinar, en su caso, el carácter irregular de las actividades investigadas; estas investigaciones no afectarán a los poderes de las autoridades competentes de los Estados miembros para incoar diligencias penales;
«persona implicada» se entenderá en el sentido de toda persona u operador económico sospechoso de haber incurrido en fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión y que, por tanto, esté siendo investigada por la Oficina;
«operador económico» se entenderá en el sentido que se atribuye a este término en el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 y en el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96;
«acuerdos administrativos», se entenderán en el sentido de acuerdos de carácter técnico u operativo celebrados por la Oficina, que puedan estar destinados, en particular, a facilitar la cooperación y el intercambio de información entre las partes sin crear ninguna obligación jurídica adicional.
1. La Oficina ejercerá las competencias conferidas a la Comisión por el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 para efectuar controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales.
En el ejercicio de sus funciones de investigación, la Oficina efectuará los controles y las verificaciones previstos por el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 y por las normativas sectoriales a que se refiere el artículo 9, apartado 2, del citado Reglamento, en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales.
2. Con el fin de establecer la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión relacionada con un convenio o decisión de subvención o con un contrato relativo a una financiación de la Unión, la Oficina podrá proceder, según las disposiciones y procedimientos establecidos por el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96, a controles y verificaciones in situ de los operadores económicos.
El Estado miembro afectado velará, de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96, por que el personal de la Oficina pueda tener acceso, en las mismas condiciones que sus autoridades nacionales y en cumplimiento de la legislación nacional, a toda la información y documentación relativa al asunto que esté siendo investigado que sean necesarias para que los controles y verificaciones in situ se desarrollen efectivamente y con eficiencia.
Sin perjuicio de las normas sectoriales mencionadas en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95, las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate velarán por que se adopten las medidas oportunas y, en caso necesario, efectuarán investigaciones con arreglo al Derecho nacional en las que podrá participar la Oficina. Las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate informarán a la Oficina, a petición de esta, sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos merced a la información mencionada en el párrafo primero del presente apartado.
la Oficina tendrá acceso, de manera inmediata y sin mediar preaviso, a cualquier información pertinente, incluida la contenida en bases de datos, que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos, así como a los locales de estos. La Oficina podrá controlar la contabilidad de las instituciones, órganos y organismos. La Oficina podrá hacer copias y obtener extractos de cualquier documento y del contenido de cualquier soporte de información que obre en poder de las instituciones, órganos y organismos y, en caso necesario, asumir la custodia de esos documentos o informaciones, para evitar todo riesgo de desaparición;
la Oficina podrá pedir información oral, inclusive mediante entrevista, u escrita a los funcionarios, otros agentes, miembros de las instituciones y órganos, directivos de los organismos, o miembros del personal.
3. Con arreglo a lo dispuesto y de conformidad con los procedimientos establecidos en el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96, la Oficina podrá efectuar controles y verificaciones in situ en los locales de operadores económicos con el fin de tener acceso a la información pertinente en relación con los hechos de la investigación interna.
Acceso a la información contenida en bases de datos antes del inicio de una investigación
la identidad de los funcionarios, otros agentes, miembros de las instituciones y órganos, de los directivos de los organismos, o de los miembros del personal afectado, así como un resumen de los hechos;
cualquier información que pudiera ayudar a la institución, órgano u organismo de que se trate a decidir si es oportuno adoptar medidas cautelares administrativas con el fin de proteger los intereses financieros de la Unión;
cualesquiera medidas especiales de confidencialidad recomendadas, en particular en asuntos que impliquen el uso de diligencias de investigación que incumban a una autoridad judicial nacional o, en el caso de una investigación externa, que incumban a una autoridad nacional, de conformidad con la normativa nacional aplicable a las investigaciones.
Para ello, la Oficina remitirá a la persona interesada una invitación para que presente sus observaciones, ya sea por escrito o en una entrevista con el miembro del personal que la Oficina designe. Dicha invitación incluirá un resumen de los hechos que afecten a la persona interesada y la información que se requiere en los artículos 11 y 12 del Reglamento (CE) no 45/2001 e indicará el plazo límite de presentación de observaciones, que no será inferior a diez días hábiles a partir de la recepción de la invitación a presentar observaciones. Ese plazo de notificación se acortará previo acuerdo expreso de la persona interesada o por razones motivadas de urgencia de la investigación. El informe final sobre la investigación hará referencia a cualquiera de estas observaciones.
4. La Oficina podrá designar un responsable de la protección de datos, de conformidad con el artículo 24 del Reglamento (CE) no 45/2001.
1. Sin perjuicio de los artículos 10 y 11 del presente Reglamento y de las disposiciones del Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96, la Oficina podrá transmitir a las autoridades competentes de los Estados miembros interesados la información obtenida durante las investigaciones externas, para que puedan tomar las medidas oportunas de acuerdo con su Derecho nacional.
La Oficina mantendrá un registro de todas las transmisiones de datos de carácter personal, incluidos los motivos de las mismas, de conformidad con el Reglamento (CE) no 45/2001.
las prioridades estratégicas de las políticas de la Oficina en materia de investigación;
los dictámenes e informes de actividades del Comité de Vigilancia contempladas en el artículo 15;
los informes del Director General, de conformidad con el artículo 17, apartado 4, y, según proceda, cualquier otro informe de las instituciones relacionado con el mandato de la Oficina;
el marco de las relaciones entre la Oficina y las instituciones, órganos y organismos;
el marco de las relaciones entre la Oficina y las autoridades competentes de los Estados miembros;
las relaciones entre la Oficina y las autoridades competentes de terceros países, así como con las organizaciones internacionales, en el marco de los acuerdos contemplados en el presente Reglamento;
la eficacia de los trabajos de la Oficina en lo que respecta al ejercicio de su mandato.
de la duración de las investigaciones de conformidad con el artículo 7, apartado 8.
el desarrollo de las investigaciones;
las garantías procedimentales;
los detalles sobre los procedimientos internos de asesoramiento y control, incluido el control de legalidad;
Quedan derogados el Reglamento (CE) no 1073/1999 y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999.
2. El artículo 15, apartado 3, se aplicará a la duración del mandato de los miembros del Comité de Vigilancia en funciones en la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. Inmediatamente después de la entrada en vigor del presente Reglamento, el Presidente del Parlamento Europeo elegirá por sorteo entre los miembros del Comité de Vigilancia, los dos miembros cuyas funciones habrán de cesar, no obstante lo dispuesto en la primera frase del artículo 15, apartado 3, cuando hayan transcurrido los primeros 36 meses de su mandato. Se nombrará automáticamente dos nuevos miembros para un mandato de cinco años, que sustituirán a los miembros salientes, sobre la base y el orden de la lista fijada en el artículo 1, apartado 2, de la Decisión 2012/45/UE, Euratom del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 23 de enero de 2012, relativa al nombramiento de los miembros del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (13). Esos nuevos miembros serán las dos primeras personas cuyos nombres figuran en esa lista.
(1) DO C 254 de 30.8.2011, p. 1.
(2) Posición del Parlamento Europeo de 20 de noviembre de 2008 (DO C 16 E de 22.1.2010, p. 201) y Posición del Consejo en primera lectura de 25 de febrero de 2013 (DO C 89 E de 27.3.2013, p. 1). Posición del Parlamento Europeo de 3 de julio de 2013 (no publicada aún en el Diario Oficial).
(3) Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 20).
(4) Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (DO L 136 de 31.5.1999, p. 1).
(5) DO C 202 de 18.8.2005, p. 1.
(6) DO C 124 de 27.4.2011, p. 9.
(9) DO L 56 de 4.3.1968, p. 1.
(11) DO C 279 de 23.9.2011, p. 11.
(12) DO L 136 de 31.5.1999, p. 8.
(13) DO L 26 de 28.1.2012, p. 30.
Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo
Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo
Reglamento (CE) no 1073/1999 y Reglamento (Euratom) no 1074/1999
La Comisión confirma que la Oficina ha declarado que actuará en todo momento de conformidad con el Protocolo no 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea y el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo, respetando plenamente la libertad y la independencia de los diputados conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del Estatuto.