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Timestamp: 2018-08-14 16:11:56
Document Index: 399835722

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 392', 'artículo 46', 'artículo 19', 'artículo 452', 'artículo 392', 'artículo 452', 'artículo 452', 'artículo 56', 'artículo 452', 'artículo 56', 'artículo 452', 'artículo 19', 'artículo 39', 'artículo 452', 'artículo 392', 'artículo 56']

﻿ SENTENCIA C-542 DE MAYO 28 DE 2008
SENTENCIA C-542 DE 28 DE MAYO DE 2008
CONTENIDO:EL ALCANCE DEL DERECHO A LA AUTORREGULACIÓN EN EL MARCO DE LA LIBERTAD SINDICAL. SE DECLARA EXEQUIBLE EL ARTÍCULO 392 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO.
TEMAS ESPECÍFICOS:DERECHO DE SINDICALIZACIÓN
Sentencia C-542 de mayo 28 de 2008
Sentencia C-542 de 2008
Ref.: Expediente D-7011
Actoras: Lizbeth Mina Gambin y Andrea Fernanda Arévalo Álvarez.
EXTRACTOS: «“Código Sustantivo del Trabajo
‘Esta edición se trabajó sobre la publicación de la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, con sus modificaciones, ordenada por el artículo 46 del Decreto-Ley 3743 de 1950, la cual fue publicada en el Diario Oficial 27.622, del 7 de junio de 1951, compilando los decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951’.
ART. 392.—Constancia en el acta, votación secreta. Tanto en las reuniones de la asamblea general como de la junta directiva, cualquiera de los miembros tiene derecho a pedir que se hagan constar en el acta los nombres de los que estén presentes en el momento de tomarse una determinación, y a pedir que la votación sea secreta. La no aceptación de una u otra solicitud vicia de nulidad el acto o votación.
ART. 452.—Procedencia del arbitramento. Artículo modificado por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:
Los conflictos colectivos en otras empresas podrán ser sometidos a arbitramento voluntario por acuerdo de las partes”.
(i) ¿Al establecer, el artículo 452 literal a) del Código Sustantivo del Trabajo el mecanismo del tribunal de arbitramento obligatorio para resolver los conflictos colectivos de trabajo en los que no se presente un arreglo directo, en tratándose de servicios públicos esenciales, sin que se hayan precisado por el legislador las actividades constitutivas del servicio público esencial, vulnera los postulados constitucionales que protegen el derecho al ejercicio de la libertad sindical y en particular el derecho de negociación colectiva?
(ii) ¿Las regulaciones establecidas en el artículo 392 del Código Sustantivo del Trabajo, encaminadas a garantizar, por un lado, el derecho a verificar el quórum decisorio, y por otro, el voto secreto para los miembros de las asociaciones sindicales, constituyen una injerencia indebida por parte del legislador que vulnera los postulados constitucionales que protegen el derecho al ejercicio de la libertad sindical?
Procede la Corte al estudio del primer problema planteado, el cual amerita una previa referencia a la posible existencia de cosa juzgada material en relación con la Sentencia C-450 de 1995 y a la competencia de la Corte para asumir el juicio de constitucionalidad sobre el literal a) del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, en los términos planteados en la demanda.
3. Ausencia de cosa juzgada material, e incompetencia de la Corte para ejercer control sobre omisiones legislativas absolutas.
Sostienen las demandantes que el literal a) del artículo 452 del Código Sustantivo de Trabajo, vulnera el derecho de negociación colectiva en cuanto si bien la norma, al establecer el tribunal de arbitramento obligatorio como mecanismo para resolver los conflictos colectivos en los que no se presente arreglo directo, hace referencia a los servicios públicos esenciales (1) “no se sabe exactamente las materias sobre las que versa, el legislador debe regular qué son y cuáles son los servicios públicos esenciales”. Y agrega “estamos aplicando una distinción que no ha sido concretamente establecida, ni legal ni jurisprudencialmente, es decir, se sabe qué es un servicio público esencial pero no cuáles lo son (sic)...)” (2) .
La demanda cita en apoyo de su argumentación la Sentencia C-075 de 1997 (3) en la que esta corporación ratifica la competencia del legislador para definir los servicios públicos esenciales y lo insta a cumplir con el mandato del artículo 56 de la Carta. Dijo la Corte: “Corresponde al Congreso de la República definir los servicios públicos esenciales, sin perjuicio de que la Corte Constitucional, posteriormente, pueda hacer uso de la potestad de ejercer el control de las disposiciones legales que para el efecto se dicten.
Estima la Corte que es primordial y urgente que el legislador proceda a desarrollar el precepto constitucional, a fin de precisar las actividades constitutivas del servicio público esencial, y con el objeto de garantizar en plenitud el ejercicio del derecho de huelga en aquellas labores que no tienen esa característica”.
De los anteriores apartes de la demanda, se derivan dos conclusiones relevantes para establecer la forma como se abordará el problema planteado. La primera, radica en que no se trata de un evento de cosa juzgada en sentido material (4) en relación con la Sentencia C-450 de 1995, como lo plantea la Procuraduría General de la Nación por cuanto es claro que la demanda se dirige en esta oportunidad, no contra el contenido normativo que fue examinado en aquella sentencia, sino contra el contenido normativo del precepto que la reemplazó, e incorporó el condicionamiento establecido por la Corte en la mencionada decisión.
En efecto, la norma demandada en aquella oportunidad fue el texto del literal a) artículo 452 subrogado por el Decreto-Ley 2351 de 1965, el cual hacía referencia al sometimiento a tribunal de arbitramento obligatorio de los conflictos colectivos de trabajo que se presenten en “los servicios públicos” en general, en tanto que el precepto ahora demandado (subrogado por el art. 19 de la L. 584/2000) limita el alcance de la norma a los servicios públicos “esenciales” para adecuarse al artículo 56 de la Carta, y al pronunciamiento de exequibilidad condicionada efectuado por la Corte en la Sentencia C-450 de 1997.
El problema que planteó la Corte en aquella oportunidad consistió en determinar si el precepto acusado era inconstitucional, dado que “somete a arbitramento obligatorio todos los conflictos colectivos del trabajo que se presenten en los servicios públicos y que no hubieren podido resolverse mediante arreglo directo, cuando solo es procedente dicho arbitramento en aquellas actividades definidas por el legislador como servicios públicos esenciales” (C-450/95).
En la demanda que es objeto del presente juicio, el problema que se plantea va más allá, en cuanto parte del contenido normativo adicionado al precepto, en virtud del condicionamiento establecido por la Corte en la Sentencia C-450 de 1995, pero juzga que persiste la vulneración del derecho a la negociación colectiva por la ausencia de regulación por parte del legislador respecto de las actividades que deben ser consideradas como servicios públicos esenciales.
Como se advierte no se trata de una materia o un contenido normativo idéntico al que fue objeto del juicio de constitucionalidad en anterior oportunidad, por lo que no se puede sostener que los efectos de cosa juzgada de la Sentencia C-450 de 1995, se extiendan a la presente decisión.
“A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo”, indicando a continuación y en forma taxativa cada una de las funciones que debía desarrollar (C.N., 241).
Las que sí pueden ser objeto de estudio por esta vía y, de hecho ya lo han sido, son las llamadas omisiones relativas o parciales, en las que el legislador actúa, pero lo hace imperfectamente, como en los casos arriba señalados, de violación al principio de igualdad o al debido proceso” (5) .
Así las cosas, si bien no se presenta el fenómeno de la cosa juzgada material, la Corte se declarará inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo, respecto de la demanda formulada en contra del literal a) del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo, tal como fue modificado por el artículo 19 de la Ley 584 de 2000, en razón a que la corporación carece de competencia para conocer de demandas de inconstitucionalidad por omisión legislativa absoluta, tal como quedó explicado.
Establece el inciso 2º del artículo 39 de la Constitución que “La estructura interna y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos”.
v) La garantía de que las organizaciones de trabajadores no están sujetas a que la cancelación o la suspensión de la personería jurídica sea ordenada por la autoridad administrativa, sino por vía judicial.
vii) La inhibición, para las autoridades públicas, incluyendo al legislador, de adoptar regulaciones, decisiones o adelantar acciones que tiendan a obstaculizar el disfrute del derecho a la libertad sindical” (6) .
Sin embargo, también ha indicado la jurisprudencia que la libertad sindical no es un derecho absoluto, “en la medida en que la propia Constitución establece como limitación, concretable por el legislador, que ‘la estructura interna de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos’ (art. 39, inc. 2º) y que, los convenios internacionales sobre derechos humanos autorizan que por vía legislativa puedan imponerse restricciones a los derechos, en cuanto ellas sean necesarias, mínimas, indispensables y proporcionadas a la finalidad que se persiga, para garantizar la seguridad nacional, el orden, la salud o moral públicos, los derechos y deberes ajenos y, en general, el cumplimiento de cualquier finalidad que se estime esencialmente valiosa. Por lo tanto, se advierte, que las aludidas restricciones o limitaciones no pueden, en modo alguno, afectar lo que se considera el núcleo esencial del derecho a la libertad sindical, de modo que la desnaturalicen o impidan su normal y adecuado ejercicio” (7) .
De otra parte, conforme lo señala la propia Constitución (art. 39, inc. 2º) y lo destaca la jurisprudencia, el derecho de asociación sindical debe necesariamente considerarse integrado a la concepción democrática del Estado social de derecho, “pluralista, participativo, fundado en el respeto de la dignidad y de la solidaridad humanas, que reconoce y protege unas libertades básicas, si se repara que la libertad de asociarse en sindicatos no es otra cosa que la proyección de un conjunto de libertades fundamentales del hombre, como las de expresión y difusión del pensamiento y opiniones e información, y de reunión, las cuales conducen a afirmar el derecho de participación en la toma de decisiones relativas a los intereses comunes de los asociados, que constituye el punto de partida para la participación política” (8) .
5. Los derechos de los asociados a la verificación de quórum para decidir y al voto secreto (CST, art. 392), no vulneran el libre ejercicio de la asociación sindical.
En consecuencia, lo que genera la nulidad a que alude el precepto acusado no es una decisión mayoritaria que defina negativamente la solicitud formulada por el asociado, la cual estaría amparada por los principios democrático y de autonomía sindical. Lo que se constituye en causal de nulidad del acto o votación, conforme al precepto, es el desconocimiento, la omisión de trámite, o la negativa de someter a consideración del respectivo órgano una solicitud en cualquiera de los sentidos a que alude la disposición.
A partir de la anterior precisión sobre el alcance de la norma acusada, para la Sala es claro que la consagración legal de mecanismos para la verificación del quórum decisorio y la preservación del voto secreto en cabeza de los sindicalistas, lejos de entrañar vulneración al derecho fundamental de libertad sindical, o erosionar la autonomía e independencia de los sindicatos, concurre a la realización de ese derecho y al fortalecimiento de estos atributos. En efecto, la verificación del quórum constituye una valiosa herramienta democrática orientada a dotar de transparencia las decisiones de la agremiación, las cuales son vinculantes para sus miembros, en tanto que el voto secreto promueve el ejercicio libre e independiente del derecho a la participación de los asociados en las decisiones que los afectan.
1. Declararse INHIBIDA para pronunciarse sobre la demanda formulada contra el literal a) del artículo 452 del Código Sustantivo del Trabajo.
2. Declarar EXEQUIBLE el artículo 392 del Código Sustantivo del Trabajo, por los cargos analizados, en los términos señalados en la parte motiva de esta sentencia.
(1) La norma que es objeto de demanda en esta oportunidad corresponde al texto incorporado por la Ley 584 de 2000 en cuyo tenor se incluyó el condicionamiento efectuado por la Corte en la Sentencia C-450 de 1995, que adaptó el texto al contenido constitucional del artículo 56 de la Constitución que “garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”.
(2) Folio 5, demanda.
(4) La jurisprudencia ha señalado que, “el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, tal como lo ha reiterado la Corte, no solo se presenta cuando existe una decisión anterior del juez constitucional en relación con la misma norma que nuevamente es objeto de demanda, sino también cuando dicha decisión recae sobre una disposición distinta pero que es literalmente igual o cuyo contenido normativo es idéntico” (Sent. 489/2000, M.P. Carlos Gaviria Díaz).
(5) Sentencia C-543 de 1996, Carlos Gaviria Díaz.
(6) C–797 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
(7) C–797 de 2000.
(8) C–385 de 2000, M.P. Antonio Barrera Carbonell.