Source: http://hj.tribunalconstitucional.es/fr/Resolucion/Show/23274
Timestamp: 2020-04-06 15:59:45
Document Index: 44162870

Matched Legal Cases: ['artículo 26', 'e contrario', 'artículo 26', 'Artículo 131', 'Artículo 2', 'Artículo 26', 'in fine', 'Artículo 36', 'in fine', 'Artículo 42', 'Artículo 42']

Système HJ - Décision: SENTENCIA 19/2013
SENTENCIA 19/2013, de 31 de enero
ECLI:ES:TC:2013:19
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 6595-2005, interpuesto por el Gobierno de la Generalitat Valenciana contra diversos preceptos de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Ha comparecido y formulado alegaciones el Abogado del Estado. Ha sido ponente el Magistrado don Fernando Valdés Dal-Ré, quien expresa el parecer del Tribunal.
1. Mediante escrito presentado en el Registro General de este Tribunal el día 22 de septiembre de 2005, el Director del Gabinete Jurídico de la Generalitat Valenciana, en la representación que legalmente ostenta, promueve recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 26.1, párrafo segundo, en el inciso “sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima en relación con el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro”, y los apartados 3 y 5 de la disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por los apartados noveno y decimoquinto del artículo único de la Ley 11/2005, de 22 de junio, la disposición derogatoria única, 1 y 3, de la Ley 11/2005, y el art. 42.1 b) c’) del texto refundido de la Ley de aguas, en la redacción dada por la disposición final primera, apartado cuatro, de la Ley 11/2005.
a) Se alega vulneración del art. 131.2 CE por haberse incumplido los requisitos exigibles para la modificación del plan hidrológico nacional, instrumento de planificación que afecta a la actividad económica general.
b) La vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad, contenido en el art. 9.3. CE, se concreta por la Comunidad Autónoma recurrente en diversos aspectos.
c) La Ley 11/2005 también habría vulnerado el principio de seguridad jurídica contenido en el art. 9.3 CE, así como el principio derivado de confianza legítima, porque la derogación de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional ha resultado súbita e imprevisible, afectando a las expectativas legítimas de muchos ciudadanos, como consumidores y usuarios del agua. Con el plan hidrológico nacional se había generado una confianza legítima como medio de lograr la resolución de los desequilibrios hídricos de la Comunidad Valenciana, al contemplar, desde una perspectiva global, su uso armónico y coordinado, capaz de satisfacer de forma equilibrada las demandas existentes, así como un reparto equitativo de un bien escaso.
d) La Ley 11/2005 vulneraría igualmente el principio de eficiencia en el gasto público del art. 31.2 CE, ya que simplemente descalifica las decisiones tomadas por la Ley 10/2001, de 5 de julio, que afectaban a la transferencia desde el bajo Ebro —que estuvieron basadas en un detallado análisis económico—, con una serie de afirmaciones genéricas que carecen de apoyo documental, y sin recoger una comparación de costes (económicos, energéticos, o medioambientales) entre la solución de la Ley 10/2001, de 5 de julio, que se deroga y la que ahora se introduce.
e) La Ley 11/2005 ofrecería claros indicios de inconstitucionalidad por vulneración del art. 45.2 CE, al no ser racional la planificación del agua como recurso natural que en la misma se contiene.
f) El principio de solidaridad interterritorial de los arts. 2 y 138 CE, que implica un deber de recíproco apoyo entre los territorios integrantes del Estado, obliga a éste, ante una situación de déficit hídrico contrastado, a adoptar medidas positivas que palien esa situación objetiva, con la utilización eficiente de los recursos hídricos y su traslado desde las cuencas excedentarias a las deficitarias. El plan hidrológico nacional sería el instrumento que hace efectiva esa solidaridad, pues su contenido, especialmente los trasvases, no pueden interpretarse de otra forma, siendo un instrumento para lograr el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial en aras a conseguir la solidaridad que exige el mandato constitucional, garantizando que ningún territorio se beneficie injustificadamente, al establecer un conjunto de medidas compensatorias para las cuencas cedentes.
g) El recurso aborda a continuación las infracciones del texto refundido de la Ley de aguas, que considera integrada en el bloque de la constitucionalidad, en tanto que norma de cabecera que regula el régimen de los recursos hidráulicos, y dado el carácter instrumental de la Ley 10/2001, de 5 de julio, respecto de aquélla.
h) El art. 26.1, párrafo segundo, y los apartados 3 y 5 de la disposición adicional décima de la Ley del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por la Ley 11/2005, se impugnan por vulneración del art. 149.1.22 CE y su desarrollo, plasmado en el principio de unidad e indivisibilidad de cuenca establecido en el art. 14 del texto refundido de la Ley de aguas, y por menoscabo de las competencias de las confederaciones hidrográficas, cauce de participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de las cuencas supracomunitarias, con vulneración asimismo del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del art. 9.3 CE.
i) El art. 42.1 b) c’) del texto refundido de la Ley de aguas, en la redacción dada por la disposición final primera, apartado cuatro, de la Ley 11/2005, define el concepto de caudal ecológico en unos términos que vulnerarían el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE. Esta tacha se funda en la consideración de tal definición como una fórmula absurda, que no constituye un concepto jurídico indeterminado sino que está permanentemente abierto a continuas ampliaciones, al fijar un criterio cuantitativo abstracto, por referencia a la vida piscícola, que contrasta con el régimen natural de la mayoría de las corrientes y ríos.
2. Por providencia de 25 de octubre de 2005, la Sección Tercera acordó admitir a trámite el recurso y, de conformidad con lo establecido en el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, al objeto de personarse en el proceso y formular alegaciones en el plazo de quince días. Asimismo se ordenó publicar la incoación del recurso en el “Boletín Oficial del Estado”.
3. . El día 2 de noviembre de 2005, el Abogado del Estado se personó en el proceso en nombre del Gobierno, solicitando una prórroga de ocho días en el plazo ordinario concedido para formular alegaciones, prórroga que le fue concedida por providencia de la Sección Tercera de 7 de noviembre de 2005.
4. El día 7 de noviembre de 2005, el Presidente del Congreso de los Diputados comunicó el acuerdo de la Mesa de la Cámara en el sentido de no personarse en el proceso ni formular alegaciones. El día 8 de noviembre de 2005, el Presidente del Senado comunicó que la Cámara se personaba en el proceso, ofreciendo su colaboración a los efectos del art. 88.1 LOTC.
5. El Abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta, presentó su escrito de alegaciones el día 28 de noviembre de 2005, que completó con un anexo documental el 1 de diciembre de 2005. En sus alegaciones se insta la desestimación del recurso, señalando que en los diez primeros motivos de inconstitucionalidad se denuncian diversas infracciones constitucionales que, en última instancia, terminan por reconducirse al texto refundido de la Ley de aguas, y son reiteración, como señala la propia demandante, de los aducidos en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4786-2004, en atención a la argumentación que se sintetiza seguidamente:
a) La STC 227/1988, citada, ya descartó que la planificación hidrológica, como planificación sectorial, tuviera encaje en la planificación económica de carácter general a la que se refiere el art. 131 CE, por lo que la invocación de este precepto constitucional resulta improcedente. Resultaría asimismo artificiosa la pretensión de buscar infracciones formales basadas en la ausencia de intervención de las Comunidades Autónomas pues lo que la recurrente pretende, a través de una compleja argumentación, es constituir en parámetro de la inconstitucionalidad pretendida al art. 20 del texto refundido de la Ley de aguas, que prevé el informe preceptivo del Consejo Nacional del Agua.
b) La alegada infracción de los principios de lealtad institucional, coordinación y participación quedaría sin embargo reducida a la simple repetición del reproche anterior, la omisión del informe del Consejo Nacional del Agua, omisión que no se ha producido, acompañando al efecto documento que relaciona las actividades llevadas a cabo por dicho órgano, que resultarían reveladoras de la participación autonómica denunciada de contrario como ausente.
c) Gran parte de las consideraciones de la demanda que sustentan la lesión del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE carece de conexión visible con el precepto constitucional que se invoca, siendo nuevamente simple expresión de juicios de valor.
d) La aducida infracción del art. 31.2 CE, relativo a la eficiencia en el gasto público, reproduciendo en esencia las alegaciones contenidas en el recurso de inconstitucionalidad núm. 4786-2004, parte de suponer que la dotación de agua a las zonas mediterráneas viene a ser un postulado directo de la Constitución, de modo que la elección entre las alternativas técnicas de llevarla a cabo puede ser controlada en sede jurisdiccional en función de su mayor o menor adecuación a los fines constitucionales. Sin embargo, tanto la dotación de agua a determinados territorios como el modo de llevarla a cabo pertenecen al espacio general de decisión de los poderes públicos, sin que en el presente caso se haya desistido de la finalidad expresada; simplemente, se ha articulado una modificación en las alternativas para su suministro.
e) La demanda reduce prácticamente la proyección del art. 45.2 CE que considera infringido a su cita, y al intento de identificar la racionalidad de la aplicación de recursos escasos con preceptos del texto refundido de la Ley de aguas, reiterando un único e insistente argumento basado en la inconveniencia de cualquier solución alternativa al trasvase del Ebro, que se presenta como única y verdadera solución. La misma aporía se aplica en la argumentación de la demanda a los planes de cuenca.
f) No puede acogerse la imputada vulneración de los arts. 2 y 138 CE, que se sitúa en un elevadísimo nivel de abstracción, pues no es posible emitir un juicio sobre el grado de solidaridad apreciable en cada una de las soluciones posibles, ni aunque lo fuera, habría de ser esa hipotética valoración de las “solidaridades concurrentes” un elemento determinante de la validez constitucional de ninguna de ellas. El recurso abiertamente interesa un juicio descalificador de la Ley 11/2005, por su eficacia modificativa de lo que apriorísticamente se juzga como única solución a los déficit de agua, con una argumentación destacadamente expresiva de la índole política del control que se pide.
g) La identidad auténtica de los parámetros utilizados para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la ley impugnada se sitúa en el texto refundido de la Ley de aguas y en la legislación precedente y derogada. No es aceptable la tesis que sostiene que el texto refundido de la Ley de aguas constituye un elemento del bloque de la constitucionalidad: la Constitución es la norma suprema y no permite incorporar a sus contenidos cualesquiera otros preceptos que le están subordinados.
h) La regulación relativa al plan integral de protección del delta del Ebro tiene una razón instrumental o práctica, dada la concurrencia de competencias estatales, ex art. 149.1.22 CE, y autonómicas, por el singular valor ecológico del delta del Ebro. La sustitución de un mecanismo diversificador de las fases preparatoria y aprobatoria por una actuación conjunta del Estado y la Generalitat en ambas fases es una cuestión de técnica o praxis operativa, que en nada trastorna o perjudica las competencias complejas y superpuestas que puedan corresponder a cada uno de los intervinientes en esta acción planificadora, citándose al efecto la jurisprudencia constitucional sobre las exigencias del principio de cooperación, que reconoce cierto margen de libertad en la configuración y elección de las técnicas cooperativas.
i) En cuanto a la impugnación de la modificación del art. 42.1 b) c’) del texto refundido de la Ley de aguas, dirigida contra la definición del caudal ecológico, referida a la vida piscícola, se considera que no es una pauta novedosa, ni menos aún contradictoria con la finalidad de conservación o recuperación del medio natural que expresa el propio precepto en el encabezamiento de su redacción, habiéndose desfigurado en la demanda el sentido y alcance del precepto combatido.
6. Con fecha 22 de mayo de 2008, la representación procesal de la Comunidad recurrente presentó escrito solicitando la práctica de determinada prueba al amparo de lo dispuesto por el art. 89 LOTC, a lo que se opuso el Abogado del Estado mediante escrito presentado el 24 de junio de 2008. La práctica de la prueba solicitada se denegó mediante ATC 67/2009, de 24 de febrero.
7. Por providencia de 29 de enero de 2013 se señaló para deliberación y votación del presente recurso el día 31 del mismo mes y año.
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Gobierno de la Generalitat Valenciana contra el artículo 26.1, párrafo segundo, en el inciso “sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición adicional décima en relación con el Plan Integral de Protección del Delta del Ebro”, y los apartados 3 y 5 de la disposición adicional décima de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, en la redacción dada por los apartados noveno y decimoquinto del artículo único de la Ley 11/2005, de 22 de junio, la disposición derogatoria única, 1 y 3, de la Ley 11/2005, y el art. 42.1 b) c’) del texto refundido de la Ley de aguas, en la redacción dada por la disposición final primera, apartado cuatro, de la Ley 11/2005.
2. Los apartados 3 y 5 de la disposición derogatoria única de la Ley 11/2005 constituyen el núcleo principal del recurso. Se derogan en los mismos los arts. 2.2, letra e), 6, letra c), 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 y 36.4, segundo inciso (desde: “Por dicha razón.”, hasta: “ la presente Ley”), de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional, y el art. 125 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social.
a) El reproche basado en la infracción del art. 131.2 CE, derivado de la omisión del informe del Consejo Nacional del Agua, no puede prosperar. En la STC 237/2012, de 13 de diciembre, recogiendo la doctrina anterior (SSTC 29/1986, de 20 de febrero, FJ 3; y STC 227/1988, de 29 de noviembre, FJ 20 a), hemos recordado que el art. 131 CE responde “a la previsión de una posible planificación económica de carácter general como indica su propio tenor literal, y ... de los trabajos y deliberaciones parlamentarias para la elaboración de la Constitución se deduce también que se refiere a una planificación conjunta, de carácter global, de la actividad económica. Por ello, resulta claro que la observancia de tal precepto no es obligada constitucionalmente en una planificación de ámbito más reducido, por importante que pueda ser. Como se advirtió en la STC 227/1988, ha sido el propio legislador, que no el constituyente, quien ha dispuesto que un instrumento de planificación sectorial como es el plan hidrológico nacional se apruebe mediante ley … y quien ha contemplado igualmente la participación de las Comunidades Autónomas en el procedimiento de elaboración de los planes hidrológicos estatales como instrumento general de colaboración y coordinación de la planificación hidrológica con otras medidas de planeamiento concurrentes” (FJ 8).
b) Lo mismo sucede con las tachas relativas a la infracción del principio de interdicción de la arbitrariedad del art. 9.3 CE, que la Comunidad recurrente apoya en distintas líneas argumentales.
c) La infracción del principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE también ha sido descartada en la STC 237/2012, de 13 de diciembre, al constituir la revisión de los títulos concesionales apuntada en el recurso “un supuesto eventual e hipotético, pues toda la argumentación gira sobre la interpretación de los arts. 13 y 17.1 c) de la Ley del plan hidrológico nacional, de los que no cabe inferir una atribución inmediata del derecho al uso privativo de las aguas a los ciudadanos que en un hipotético futuro pudieran ser titulares de una concesión en las zonas beneficiarias de las transferencias de recursos” [FJ 9 c)].
d) Respecto del principio de eficiencia en la programación y ejecución del gasto público del art. 31.2 CE, admitimos en la STC 237/2012, de 13 de diciembre, que la “derogación de cualquier norma que contenga, siquiera sea implícitamente, una programación de gasto público a medio y largo plazo genera unos costes que pudieran considerarse ineficientes si se examinaran desde una perspectiva exclusivamente contable, pero que pudieran merecer una valoración distinta analizados desde otras ópticas”, para añadir que, “teniendo muy presente que a este Tribunal Constitucional únicamente le corresponde llevar a cabo un control externo de la medida controvertida, hemos de convenir en que no se han aportado argumentos suficientes para concluir que el Real Decreto-ley 2/2004 desconozca los mentados principios constitucionales” (FJ 10), conclusión que resulta extensible en sus propios términos a la Ley 11/2005, objeto de este proceso constitucional.
e) La tacha de inconstitucionalidad basada en la infracción del principio de utilización racional de los recursos naturales del art. 45.2 CE fue desestimada en la STC 237/2012, de 13 de diciembre, al considerar que la pretensión de “erigir las disposiciones de la Ley del plan hidrológico nacional … en canon de validez de la reforma operada … contradice la lógica del sistema de fuentes de nuestro ordenamiento jurídico. Por otro lado, debe insistirse una vez más en que no le corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las bondades técnicas de las decisiones que sobre transferencias de recursos hidráulicos se adoptaron en la Ley del plan hidrológico nacional, como tampoco sobre su derogación”, que responde a unos objetivos “que, con independencia de su mayor o menor fuerza persuasiva, no pueden considerarse carentes de base ni sustento en estudios y valoraciones científicas. Esos argumentos ponen de manifiesto la existencia de una situación de incertidumbre acerca de la oportunidad de proceder a la realización del trasvase del Ebro, optándose por descartar esta alternativa. Sin que ello suponga respaldar la opción en términos de oportunidad ni de acierto político, debemos convenir en que satisface las exigencias de un ‘control externo’ que tenga presente el principio de cautela al que se ha referido el Abogado del Estado en su escrito de alegaciones” (FJ 11).
f) En la STC 237/2012, de 13 de diciembre, rechazamos el motivo de inconstitucionalidad basado en la infracción del principio de solidaridad interterritorial, arts. 2 y 138 CE, “porque los términos empleados en la demanda para fundamentarlo, no permiten entrar a examinar el fondo del problema planteado pues la parte actora no ha satisfecho la carga de argumentar, en términos de estricta normatividad constitucional, la efectividad del vicio cuya concurrencia denuncia. No puede, en efecto, entenderse cumplida esa carga cuando las razones aportadas son expresivas tan sólo de la legítima discrepancia política que la actora mantiene con la norma controvertida. Compete al Estado, en tanto que garante de la realización efectiva del principio de solidaridad interterritorial (STC 96/1990, de 24 de mayo), llevar a cabo una asignación de los recursos hidráulicos que tenga presentes las distintas variables —sociales, ambientales, de carácter técnico, entre otras— a considerar, sin que le corresponda a este Tribunal sustituir al legislador estatal … en el desempeño de esta tarea”, reiterando que “los cánones a los que hemos de atenernos en el ejercicio de nuestra función jurisdiccional no son tan laxos como para permitir una valoración en términos de oportunidad política o de bondad técnica de las decisiones sometidas a nuestro juicio. Antes bien, estamos obligados a atenernos a un control de esas decisiones que no conlleve la suplantación de funciones atribuidas a otras instancias y que garantice, al mismo tiempo, el adecuado equilibrio de poderes. En el caso que nos ocupa el servicio a esa función exige que nos atengamos a un ‘control externo’ de la racionalidad de las medidas que se controvierten y no a un control estricto de calidad, acaso de perfección, ni a una comparación entre alternativas cuando todas ellas tienen cabida, como aquí sucede, en el texto constitucional” (FJ 12).
g) La tacha de inconstitucionalidad basada en las infracciones del texto refundido de la Ley de aguas fue descartada en la STC 237/2012, de 13 de diciembre, porque “ni tan siquiera es posible enjuiciar la hipotética infracción de aquellos preceptos del texto refundido de la Ley de aguas que puedan cumplir una función delimitadora de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas al faltar en este proceso la vindicatio potestatis. Siendo ello así, como efectivamente es, carece de efectos la atribución al texto refundido de la Ley de aguas de la condición de norma integrante del bloque de la constitucionalidad, sostenida en el escrito de demanda por el Letrado autonómico, pues desde ese presupuesto se produce un salto lógico a la conclusión anulatoria que no se sustenta sobre razones de índole competencial” (FJ 8).
3. Respecto de la impugnación del art. 26.1, párrafo segundo, y de los apartados 3 y 5 de la disposición adicional décima de la Ley del plan hidrológico nacional, relativos a la elaboración y aprobación del plan integral de protección del delta del Ebro, procede remitirse a la STC 195/2012, de 31 de octubre, y reiterada en las SSTC 239/2012 y 240/2012, ambas de 13 de diciembre.
4. Entre los contenidos que deberán recogerse en los planes hidrológicos de cuenca, el art. 42.1 b) c’) del texto refundido de la Ley de aguas, en la redacción dada por el apartado cuatro de la disposición final primera de la Ley 11/2005, contempla la asignación y reserva de recursos para usos y demandas actuales y futuros, así como para la conservación y recuperación del medio natural. A este efecto, prevé que se determinarán los caudales ecológicos, entendiendo como tales los que mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural habitaría o pudiera habitar en el río, así como su vegetación de ribera.
Type et numéro d'enregistrement Recurso de inconstitucionalidad 6595-2005
Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat Valenciana en relación con diversos preceptos de la Ley 11/2005, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional.
Se desestima el recurso de inconstitucionalidad. Es constitucional la Ley del plan hidrológico nacional que incluye la derogación del trasvase del Ebro de acuerdo con la doctrina sentada en la STC 237/2012, de 13 de diciembre. De igual manera, el plan integral de protección del Delta del Ebro es acorde con la distribución constitucional de competencias según la STC 195/2012, de 28 de noviembre. Considera también la Sentencia constitucionalmente admisible la utilización del concepto indeterminado “caudal ecológico”, al tratarse de una remisión al plan hidrológico de cuenca sin que exista por ello quiebra de la seguridad jurídica.
El reproche basado en la infracción del art. 131.2 CE, derivado de la omisión del informe del Consejo Nacional del Agua, no puede prosperar, pues dicho artículo no puede erigirse, según nuestra doctrina, en canon de validez de la norma controvertida, al referirse a una planificación de carácter global, por lo que su observancia no es obligada en una planificación de ámbito más reducido, por importante que ésta pueda ser (SSTC 29/1986, 237/2012) [FJ 2].
Doctrina constitucional sobre el enjuiciamiento de una norma legal desde la perspectiva que proporciona la interdicción de arbitrariedad consagrada por el art. 9.3 CE (SSTC 104/200, 237/2012) [FJ 2].
A este Tribunal no le corresponde controlar la adecuación de la actividad de los poderes públicos nacionales al Derecho comunitario europeo, pues este control compete a los órganos de la jurisdicción ordinaria, en cuanto aplicadores que son del ordenamiento comunitario, y, en su caso, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (SSTC 135/2012, 237/2012) [FJ 2].
Doctrina constitucional sobre el carácter dinámico del ordenamiento jurídico en relación con el principio de la confianza legítima (SSTC 332/2005, 237/2012) [FJ 2].
Doctrina constitucional sobre el principio de seguridad jurídica del art. 9.3 CE (STC 237/2012) [FJ 2].
Doctrina constitucional sobre el principio de eficiencia en la programación y ejecución del gasto público, ex art. 31.2 CE (STC 237/2012) [FJ 2].
Doctrina constitucional sobre el principio de utilización racional de los recursos naturales, ex art. 45.2 CE (STC 237/2012) [FJ 2].
Doctrina constitucional sobre el principio de solidaridad interterritorial, ex arts. 2 y 138 CE (SSTC 96/1990, 237/2012) [FJ 2].
Aplica la doctrina relativa a la elaboración y aprobación del plan integral de protección del Ebro de las SSTC 195/2012, 239/2012 y 240/2012 [FJ 3].
Reitera la doctrina sobre técnicas de colaboración constitucionalmente admisibles para supuestos de concurrencia competencial de la STC 195/2012 [FJ 3].
No existe una quiebra constitucionalmente relevante de la seguridad jurídica cuando la Ley utiliza conceptos indeterminados –entre los que cabe incluir el de ‘caudal ecológico’– indispensables por cuanto no son sustituibles por referencias concretas, remitiéndose a reglamentaciones específicas en áreas en que la complejidad técnica o la necesidad de una previa ordenación del sector así lo exijan (SSTC 71/1982, 14/1998) [FJ 4].
Artículo 131.2, f. 2
Artículo 2.2 e), f. 2
Artículo 26.1 párrafo 2 inciso in fine (redactado por la Ley 11/2005, de 22 de junio), ff. 1, 3
Artículo 36.4 inciso 2 in fine, f. 2
Disposición adicional décima, apartados 3, 5 (redactada por la Ley 11/2005, de 22 de junio), ff. 1, 3
Disposición adicional décima, apartados 3, 5 (redactados por la Ley 11/2005, de 22 de junio), ff. 1, 3
Artículo 42.1.B c) (redactado por la Ley 11/2005, de 22 de junio), ff. 1, 4
Artículo 42.1.b.c') (redactado por la Ley 11/2005, de 22 de junio), ff. 1, 4
Disposición derogatoria única, apartados 1, 3, ff. 1, 2
Disposición final primera, apartado 4, ff. 1, 4
Carga de razonamiento de la supuesta arbitrariedadCarga de razonamiento de la supuesta arbitrariedad, f. 2
Colaboración entre el Estado y las Comunidades AutónomasColaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas, f. 3
Competencias en materia de aguasCompetencias en materia de aguas, ff. 1 a 4
Confianza legítimaConfianza legítima, ff. 2, 4
Consejo Nacional del AguaConsejo Nacional del Agua, f. 2
Principio de eficiencia en el gasto públicoPrincipio de eficiencia en el gasto público, f. 2
Principio de solidaridadPrincipio de solidaridad, f. 2
AguasAguas, ff. 2, 3
Aguas interautonómicasAguas interautonómicas, f. 2
Plan hidrológico nacionalPlan hidrológico nacional, ff. 1 a 4
Planificación hidrológicaPlanificación hidrológica, ff. 1 a 4
Utilización racional de recursos naturalesUtilización racional de recursos naturales, f. 2
Comunidad ValencianaComunidad Valenciana, ff. 1 a 4