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Timestamp: 2017-08-18 09:30:26
Document Index: 82771586

Matched Legal Cases: ['artículo 649', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 5', 'artículo 595', 'artículo 33', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 3', 'artículo 14', 'artículo 299', 'artículo 31', 'artículo 649', 'artículo 643', 'artículo 30', 'artículo 649', 'artículo 590', 'artículo 58', 'artículo 590', 'artículo 590', 'artículo 41', 'artículo 32', 'artículo 26', 'artículo 602', 'artículo 27', 'artículo 654', 'artículo 650', 'artículo 654', 'artículo 654', 'artículo 14', 'artículo 299', 'artículo 785', 'artículo 649', 'artículo 27', 'artículo 590', 'artículo 30', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 172', 'artículo 599']

Revista de Derecho. Notas sobre el aluvión en el dominio fluvial - PDF
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Pascual Fidalgo Moreno
1 Revista de Derecho Doctrina Civil José Pablo Vergara Bezanilla* Notas sobre el aluvión en el dominio fluvial El aluvión, una especie de accesión del suelo, está definido en el Código Civil como el aumento que recibe la ribera de la mar o de un río o lago por el lento e imperceptible retiro de las aguas (artículo 649). En estas notas nos referiremos sólo al aluvión que se presenta en los ríos. I. Todo río se compone del cauce o álveo, del agua corriente y de las riberas. El cauce o álveo es el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas (artículo 30, inciso 1º, Código de Aguas). Este suelo es de dominio público y no accede mientras tanto a las heredades contiguas (ídem inciso 2). La misma regla se aplica a los álveos de corrientes discontinuas de uso público, esto es, a aquellos en que la corriente de las aguas se interrumpa o fluya intermitentemente, los que, en consecuencia, son también de dominio público (artículo 31 Código de Aguas). Se exceptúan los cauces naturales de corrientes discontinuas formadas por aguas pluviales, los cuales pertenecen al dueño del predio (mismo artículo). Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas en conformidad a las disposiciones del Código de Aguas (artículo 5 de ese Código y artículo 595 Código Civil). Las riberas o márgenes son las zonas laterales que lindan con el cauce o álveo (artículo 33 Código de Aguas ). Están, pues, constituidas por las fajas de tierra que, situadas fuera del álveo, lo encausan o delimitan por sus dos costados y que, por eso, no son ocupadas por el agua en sus crecidas máximas. Estas riberas pertenecen a los propietarios riberanos, y tratándose de ríos navegables y flotables están afectas a la servidumbre de camino de sirga en conformidad a los artículos 103 y siguientes del Código de Aguas. Cabe señalar que la ley brinda una especial protección, por su importancia social, a los bienes nacionales de uso público, entre los cuales se encuentra el cauce de los ríos. Con tal finalidad entrega al Ministerio de Bienes Nacionales el control superior de esos bienes, sin perjuicio de la competencia que, sobre la misma materia, asigna a otras entidades (artículo 1º, inciso 2, del DL 1939, de l977). Entre esas otras entidades dotadas de competencia en materia fluvial cabe mencionar a los Gobiernos Regionales (artículo 4, letra h, de la Ley ), al Ministerio de Obras Públicas y a algunos servicios dependientes de éste. De acuerdo con el texto refundido de la ley orgánica de dicho Ministerio, aprobado por el D.F.L. 850, de 1997 (Diario Oficial del ), esa Secretaría de Estado tiene a su cargo la aplicación de las normas legales sobre defensa y regularización de riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros, que se realicen con aporte fiscal (artículo 3, letra d); y al Director General de Obras Públicas, dependiente de ese ministerio, le corresponde el estudio, proyección, construcción y conservación de las obras de defensa de terrenos y poblaciones contra crecidas de corrientes de agua y regularización de las riberas y cauces de los ríos, lagunas y esteros, de acuerdo al procedimiento que la misma ley señala, como asimismo le compete indicar los deslindes de los cauces naturales con los particulares ribereños para los efectos de la dictación por el Ministerio de Bienes Nacionales del decreto supremo correspondiente (artículo 14, letra l). Por otra parte, el Código de Aguas encarga a la Dirección General de Aguas la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización del Servicio o autoridad a quien corresponde aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación (artículo 299, letra c); y le entrega diversas otras atribuciones relacionadas con las modificaciones que fuere necesario realizar en cauces naturales (artículos 41, 171 y 172). II. Los ríos son dinámicos y la corriente de las aguas es fluctuante. En sus creces y bajas periódicas ocupan y desocupan alternativamente el suelo del cauce, sin que por ello éste pierda su condición de tal, lo que vale aun tratándose de corrientes discontinuas (artículo 31 Código de Aguas), esto es, que se interrumpan o
2 fluyan intermitentemente. No obstante, cuando en forma lenta e imperceptible las aguas se han retirado provocando un aumento de las riberas, se presenta el fenómeno del aluvión (artículo 649 Código Civil). El aluvión es una modalidad de la accesión propiamente tal o continua, conforme a la cual el dueño de una cosa pasa a serlo de lo que se junta a ella (artículo 643 Código Civil). En tal carácter el aluvión configura una de las situaciones en que se produce la accesión de inmueble a inmueble, especie de accesión continua que el Código Civil denomina accesiones del suelo, en cuya virtud el aumento que experimentan las riberas de un río por el lento e imperceptible retiro de las aguas accede a las propiedades riberanas dentro de sus respectivas líneas de demarcación, prolongadas directamente hasta el agua (artículos 649 y 650, Código Civil). Teniendo en vista que, como ya se ha dicho, el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas forma parte del cauce (artículo 30, inciso 1, Código de Aguas), la doctrina está conteste en que para que se produzca el aluvión se requiere que las aguas se hayan retirado completa y definitivamente1. De aquí que la parte del álveo hasta donde antes llegaban las aguas en sus crecidas periódicas máximas, debe quedar en seco, también de manera permanente y definitiva, para que tenga lugar el fenómeno del aluvión2. Esa parte del cauce que queda en seco por el lento e imperceptible retiro de las aguas, añadiéndose en forma efectiva y definitiva a las riberas y, por tanto, aumentándolas, es lo que constituye el terreno de aluvión. Pero lo anterior no basta para que el terreno de aluvión acceda en dominio a las propiedades riberanas. Una condición más hay que agregar. La accesión propiamente tal y, por tanto, la accesión de inmueble a inmueble es el resultado de la unión de dos o más cosas originalmente separadas, que pasan a formar un solo todo indivisible 3; o dicho en otra forma, esa clase de accesión es la que resulta al agregarse una cosa a otra distinta y que forman un todo que tiene individualidad propia 4. De aquí que siendo la unión de un inmueble a otro el hecho material al que la ley atribuye la virtud de operar la adquisición del dominio, el aluvión supone que el terreno que ha quedado en descubierto por obra del definitivo retiro de las aguas se una a la ribera de modo que forme con ella un solo y mismo todo indivisible. Como expresa Claro Solar: El aluvión es formado por obra de la naturaleza, vi ac potestate rei, que insensiblemente va trayendo y acumulando las materias que lo constituyen y que se unen a la ribera formando un solo y mismo todo con ella 5. Este postulado, por lo demás, es de antigua tradición. Como recuerda Pothier, ya Gayo enseñaba que los terrenos de aluvión deben llegar a ser parte del predio y unirse a él formando un solo y mismo todo. Y el propio Pothier expresaba que la accesión requiere que una cosa se una con la que me pertenece, de manera que ellas hagan juntas un solo y mismo todo ; y a propósito del aluvión decía que las tierras de aluvión, a medida que la ribera las aporta y las une a mi campo, llegando a ser parte de él, con el cual ellas no hacen sino que un solo y mismo todo, yo adquiero el dominio por derecho de accesión 6. En consecuencia, si la acción natural de las aguas provoca desniveles entre el río y la ribera, que hagan imposible la unión física de ésta con el cauce, impidiendo que formen un solo y mismo todo indivisible, no puede haber accesión7. III. Puede ocurrir que en el cauce del río se arrojen escombros o se realicen rellenos u otras obras que alteren artificialmente su curso. En estos casos, el suelo que dejare de estar cubierto por las aguas no constituye terreno de aluvión y sigue formando parte del cauce, porque falta el requisito fundamental del modo de adquirir el dominio llamado aluvión consistente en que el aumento de la ribera se produzca por el lento e imperceptible retiro de las aguas (artículo 649 Código Civil). Según el léxico, lento significa tardo o pausado en el movimiento o en la acción, imperceptible es lo que no se puede percibir, y percibir es recibir por uno de los sentidos las imágenes externas. Como ya lo decían las Institutas de Justiniano: Adquieres, según el derecho de gentes, lo que el río añade a tu campo por aluvión. Aluvión es un incremento insensible; y se considera como agregado por aluvión lo que ha sido tan lentamente, que es imposible apreciar en cualquier momento la cantidad que acaba de ser añadida 8. De lo cual resulta que si los terrenos no son añadidos a la ribera por la acción natural del río, que en forma lenta e imperceptible se haya ido retirando de ella y dejado permanente y definitivamente en seco una parte del cauce, sino que lo han sido por elementos o fuerzas extrañas al río, no puede haber aluvión. Es por ello que Alessandri afirma que el terreno quitado al mar o a un río por medio de obras de ingeniería no es aluvión9. Por consiguiente, los terrenos ganados al río como consecuencia de rellenos, de obras de defensa o de abovedamiento u otras, realizadas en el cauce, que impidan que las aguas alcancen hasta el punto a que naturalmente llegaban, con anterioridad, en sus crecidas máximas, no reúnen los requisitos que legalmente constituyen y caracterizan al aluvión. Por otra parte, el efecto de la actividad humana es siempre perceptible por los sentidos de inmediato y no en forma lenta e imperceptible, a diferencia del fenómeno natural del aluvión, lo que elimina la posibilidad de que puedan considerarse terrenos de aluvión a los ganados al río en virtud de la acción del hombre. Estos terrenos no acceden, pues, a las propiedades riberanas y siguen formando parte del cauce, sin perder su condición de bienes nacionales10. Se ha fallado que tratándose de terrenos de relleno que han sido ganados a un río por obras realizadas por
3 terceros, ellos no acceden al propietario riberano, sino, conforme al artículo 590 del Código Civil, son bienes del Estado, de lo que resulta que existe, por parte del Fisco, un título y un modo de adquirir, esto es, la ley, ambos constitutivos de dominio y procede su inscripción mediante el procedimiento señalado en el artículo 58 del Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces 11. Asimismo, se ha resuelto que los terrenos de relleno ganados al río mediante el vaciamiento de escombros efectuado por un particular en virtud de autorización otorgada por la Intendencia, no acceden a los propietarios riberanos, sino que pasaron a ser de dominio fiscal en virtud de lo dispuesto en el artículo 590 del Código Civil y que la validez o ineficacia de la inscripción por minuta a nombre del Fisco carece de trascendencia, puesto que, como se dijo, éste habría adquirido el dominio en virtud de la ley y no a raíz de la mencionada inscripción 12. Como se ve, esta jurisprudencia confirma la tesis de que los terrenos ganados al río por obra del hombre no constituyen terrenos de aluvión. No obstante, al resolver que esos terrenos son fiscales en conformidad al artículo 590 del Código Civil, da a entender que, por no acceder ellos a las heredades riberanas y por no haber el Código Civil determinado expresamente a quién pertenecen, pasan a ser tierras sin dueño y, en consecuencia, bienes del Estado de acuerdo con el indicado precepto. Sea o no valedero este fundamento, esto es, sea que se considere que los terrenos ganados al río conservan su condición de bienes nacionales de uso público o que se estime que se transforman en bienes fiscales o del Estado, lo cierto es que, como se ha dicho, en ningún caso acceden a los predios ribereños. Es preciso agregar que el fenómeno del aluvión tampoco puede presentarse tratándose de los ríos que han sido canalizados, puesto que, mediante la canalización, el cauce y las riberas del río quedan fijadas o delimitadas de manera definitiva, lo que impide que experimenten aumentos o disminuciones por la variación de la corriente. Además, faltaría en tal caso el requisito de que el predio sea riberano, esto es, que limite con la corriente de las aguas. Al respecto, Claro Solar decía que para que el aluvión se efectúe, es necesario que la ribera forme parte del predio, es decir, que el predio no tenga otro límite que la misma corriente de las aguas. Por consiguiente, el predio no podría estimarse como riberano, si un río hubiese sido canalizado o se hubieran construido diques artificiales para contener sus aguas, como ocurría con los antiguos tajamares del río Mapocho de Santiago13. De más está decir que los propietarios riberanos no podrían oponerse a la canalización invocando derechos adquiridos sobre los eventuales terrenos de aluvión. La formación de éstos depende de las contingencias propias de la naturaleza y jurídicamente constituye para aquéllos una mera expectativa. Distinto sería si la canalización abarcara parte de la ribera o comprendiera suelos que hubieran ya accedido a las propiedades riberanas a título de aluvión como consecuencia de haberse producido el completo y definitivo retiro de las aguas por obra de la naturaleza, siempre que se reúnan los demás requisitos propios de ese modo de adquirir el dominio. En tal caso, cobraría aplicación lo dispuesto en el artículo 41, en relación con los artículos 171 y 172, del Código de Aguas y, eventualmente, en cuanto afecten a terrenos de particulares, correspondería su expropiación por causa de utilidad pública. IV. En cuanto a las obras que se hagan en el álveo o cauce de los ríos, cabe distinguir entre las que realicen los particulares y las que se efectúen con fondos del Estado. Los primeros no pueden hacer obras o labores en los álveos sin permiso de la autoridad competente (artículo 32 Código de Aguas)14, salvo aquellas necesarias para ejercer el derecho de aprovechamiento constituido legalmente y sin perjuicio de la facultad de los propietarios riberanos de aprovechar y cultivar el suelo del cauce en las épocas en que no estuviere ocupado por las aguas (mismo artículo). Y en el caso de que el derecho de aprovechamiento comprendiera la concesión de los terrenos de dominio público necesarios para hacerlo efectivo, abandonados estos terrenos, o destinados a un fin distinto, volverán a su antigua condición (artículo 26 Código de Aguas). Por consiguiente, si los particulares contravinieren la mencionada prohibición, realizando obras en el cauce sin permiso de la autoridad competente, tales obras serían ilegales y no podrían producir efecto jurídico alguno, de manera que el cauce no perdería su calidad de tal y continuaría siendo de dominio público15. En cambio, si las obras se efectúan con permiso de la autoridad competente, los efectos que, en lo que se refiere al cauce, produce dicho permiso, están expresamente regulados por el artículo 602 del Código Civil. Dispone ese precepto: Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de propiedad nacional, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo. Abandonadas las obras, o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el suelo por el ministerio de la ley al uso y goce privativo del Estado, o al uso y goce general de los habitantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida expresamente por el Estado. Este precepto es aplicable tanto a los bienes del Estado o bienes fiscales como a los bienes nacionales de uso público, puesto que la propiedad nacional a que alude es comprensiva de ambas categorías de bienes16.
4 De él se desprende que, en virtud del permiso, el particular no adquiere la propiedad del suelo, esto es, de la parte del cauce sobre el cual se hayan construido las obras autorizadas. Sólo le otorga la facultad de usar y gozar de las obras, lo que significa, además, que no tiene sobre ellas la potestad de disposición, que es atributo esencial del dominio. El que abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, el suelo se restituya, por el ministerio de la ley, junto con las obras, al Estado o a la nación, según prescriba la autoridad soberana -lo que dependerá de que se trate de bienes fiscales o de bienes nacionales de uso público, respectivamente-, quiere decir que, no obstante el permiso, el suelo del cauce mantiene su condición de bien nacional. De no ser así, no tendría justificación que el permisionario estuviera en la obligación de restituirlo. Se restituye lo que es ajeno y no lo propio. En conclusión, el permiso otorgado a los particulares por la autoridad competente no les da derecho de propiedad sobre el cauce; y si las obras realizadas provocan un aumento de las riberas del río, este aumento, de acuerdo con lo expresado en el capítulo anterior, no constituye aluvión. Distinta es la solución legal cuando las obras se realizan en el cauce con fondos del Estado. En este evento, los terrenos que a consecuencia de ellas dejaren de estar permanentemente, y en forma definitiva, cubiertos por las aguas del mar, de un río o lago, se incorporan al dominio del Estado. Así lo prescribe el artículo 27 del Decreto Ley 1.939, de 1979, que aprobó las normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado. En consecuencia, esos terrenos pierden la calidad de bienes nacionales de uso público en virtud de la desafectación que hace la ley y se transforman en bienes fiscales o del Estado17. V. Otro fenómeno natural que suele presentarse en los ríos y que también puede dar lugar a que se formen terrenos de aluvión es la mutación del álveo a que se refiere el artículo 654 del Código Civil. Este precepto dispone: Si un río varía de curso, podrán los propietarios riberanos, con permiso de autoridad competente, hacer las obras necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce; y la parte de este que permanentemente quedare en seco, accederá a las heredades contiguas, como el terreno de aluvión en el caso del artículo 650. Como puede apreciarse, la norma transcrita plantea la hipótesis de que el río varíe de curso, desviándose las aguas en otra dirección. Según las expresiones textuales que emplea el precepto, ello implica que el río abandone su acostumbrado cauce, total o parcialmente y por tanto pase a formar uno nuevo sobre suelos que antes no ocupaba18. En tal evento, los propietarios riberanos se ven privados de la parte de sus tierras en que las aguas han labrado el nuevo cauce; y por ello, la ley les otorga la facultad de recurrir a la autoridad competente solicitándole permiso para realizar las obras destinadas a restituirlas a su acostumbrado cauce, a fin de mantener el estado de cosas existente con anterioridad a la variación del curso del río. Ahora bien, si a pesar del esfuerzo de los propietarios riberanos para restituir a su acostumbrado cauce a las aguas que han invadido sus tierras no lograren la recuperación de éstas, la parte del cauce que quedare permanentemente en seco accede a las propiedades contiguas, como el terreno de aluvión. Pero esto no se produce como consecuencia de las obras realizadas en el cauce por los riberanos, sino por imposición de las fuerzas naturales que han hecho variar el curso del río antes de que se realicen aquellas obras. La doctrina nacional está conteste en que la mutación del álveo a que se refiere el artículo 654 del Código Civil es consecuencia de un fenómeno natural, ajeno a la intervención de la industria humana, en cuya virtud el cauce abandonado deja de estar destinado al uso público19. La autoridad competente para otorgar el permiso a que se refiere el artículo 654 del Código Civil es la Dirección General de Obras Públicas, de acuerdo con lo que dispone la letra l) del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio de Obras Públicas (cuyo texto definitivo fue fijado por el D.F.L. Nº 850, de 1997, publicado en el Diario Oficial del 25 de febrero de 1998). Este precepto tuvo su origen en la Ley 4.145, que fue sustituida por la Ley , de 1953, y el procedimiento para su aplicación está previsto en los artículos 91 a 101 del mencionado D.F.L. Nº 850, de En conformidad a las citadas normas, las obras de defensa y regularización de las riberas y cauces pueden ser realizadas por cuenta exclusiva de los particulares, en cuyo caso corresponde a la Dirección General de Obras Públicas autorizar y vigilar dichas obras; o bien, pueden ser ejecutadas por aquella Dirección General a solicitud del o de los propietarios riberanos o por iniciativa fiscal. Si las obras son realizadas por la Dirección, el valor de las mismas debe ser pagado en un 65% por el Fisco y en un 35% por los particulares, salvo algunas excepciones en que la cuota fiscal puede elevarse hasta el 80%. Lo anterior debe entenderse sin perjuicio de las facultades que el Código de Aguas entrega a la Dirección General de Aguas, entre otros en su artículo 299, letra c) (sustituido por Ley ), que le encarga ejercer la policía y vigilancia de las aguas en los cauces naturales de uso público e impedir que en éstos se construyan, modifiquen o destruyan obras sin la autorización del servicio o entidad a quien corresponda aprobar su construcción o autorizar su demolición o modificación.
5 VI. En resumen, tanto el aluvión como la mutación del álveo, al igual que las demás formas de accesión de inmueble a inmueble, requieren, para constituir modos de adquirir el dominio, que se produzcan como consecuencia de fenómenos naturales y no por obra del hombre. Tan es así que la doctrina denomina accesión de inmueble a inmueble o natural a la que tiene lugar en tales hipótesis, destacando con el calificativo de natural la necesidad de que dichas formas de accesiones del suelo sean el resultado de la acción de la naturaleza, sin la intervención del hombre20. Ello, por lo demás, se desprende del artículo 785 del Código Civil, según el cual el usufructo de una heredad se extiende a los aumentos que ella reciba por aluvión o por otras accesiones naturales. Este precepto deja, así, perfectamente en claro que el aluvión es una de las formas de accesión natural. VII. Claro Solar, sin embargo, era de otra opinión. Siguiendo el criterio general, expresaba que según el artículo 649, el aluvión se forma por el lento e imperceptible retiro de las aguas, es decir, por la acción natural de la corriente de las aguas que va dejando sedimentos poco a poco y levantando así su lecho o que va dejando en seco el terreno del cauce. Pero enseguida afirmaba que poco importa, por lo demás, la causa que haya podido provocar la acción natural de las aguas o que haya podido favorecer la formación del aluvión. Existirá no solamente en el caso de ser la obra exclusiva de la naturaleza, sino también cuando los riberanos o terceros, y entre éstos el Estado, han ejecutado trabajos en el cauce de las aguas o en sus riberas que han aumentado los sedimentos arrastrados por las aguas modificando el curso de la corriente. Así los trabajos que un riberano puede ser autorizado para efectuar en el cauce a fin de defenderse de la inundación de las aguas podrían favorecer la formación de terrenos de aluvión, y los propietarios de la ribera opuesta no podrían quejarse porque ellos pueden hacer análogos trabajos. Algunos autores han sostenido, sin embargo, que todo debe ser la obra exclusiva de la naturaleza en la formación de los terrenos de aluvión; pero la generalidad piensa lo contrario, porque todo riberano tiene un gran interés en defenderse contra la obra destructora de las aguas en sus riberas y hacer plantaciones o diques u otras obras defensivas con tal que no sean hechas en forma de cambiar la corriente de las aguas y echarlas sobre la otra ribera 21. En lo que se refiere a los trabajos realizados en el cauce por el Estado, esa opinión de Claro Solar está actualmente contradicha por texto legal expreso, puesto que, como ya se ha señalado, el artículo 27 del Decreto Ley 1.939, de 1979, dispone que se incorporan al dominio del Estado los terrenos que, a consecuencia de obras realizadas con fondos del Estado, dejaren de estar permanentemente y en forma definitiva cubiertos por las aguas. Con relación a los demás trabajos, esto es, a los ejecutados en el cauce por los riberanos o terceros, el planteamiento de Claro Solar cae en contradicción. Por una parte admite que la acción natural de las aguas es la que causa el aluvión y por otra atribuye al hombre la posibilidad de provocar esa acción natural, lo que constituye un contrasentido. En efecto, o la acción de las aguas es natural o es artificial; no puede ser al mismo tiempo natural y provocada. Si esto último ocurriera no sería la acción natural de las aguas la causa del aluvión, sino la manipulación humana que habría producido el retiro de las mismas. Por otra parte, no se entiende la razón por la cual el interés que tienen los riberanos en defenderse de las aguas pueda servir de fundamento para sostener, como él lo hace, que el aluvión se puede formar por la acción del hombre, sobre todo si al mismo tiempo afirma que las obras defensivas no deben ser hechas en forma de cambiar el curso de la corriente. El análisis de la obra de Claro Solar permite advertir que la tesis por él sustentada sobre este punto tiene su raíz en el fundamento que atribuía al aluvión como modo de adquirir el dominio por los propietarios riberanos. Al respecto sostenía que el verdadero principio en que está fundada la atribución del aluvión a las propiedades riberanas en que se efectúa está en que el lecho de las aguas pertenece a los riberanos porque en la calificación de los ríos que hace la ley, como en la calificación de lagos de uso público, sólo se refiere a las aguas, sin hacer declaración sobre los cauces o lechos. Aunque los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes nacionales de uso público, no pueden estimarse bienes nacionales de uso público los cauces por los cuales corren, los que no pueden considerarse separadamente de las aguas y los que dejan de ser tales si las aguas desaparecen 22. Como consecuencia de este planteamiento, es explicable que Claro Solar sostuviera, en su época, que mientras las aguas corren por los cauces, éstos no pueden considerarse separadamente de aquellas, que son bienes nacionales de uso público; y que, en cambio, si por cualquier causa -entre ellas la obra del hombrelas aguas desaparecen, los cauces dejan de ser tales, para volver a las propiedades riberanas. No obstante, ni aun bajo la sola vigencia del Código Civil tal criterio fue compartido por la doctrina. Si bien ésta no se ocupó expresamente de definir el dominio de los cauces de los ríos, limitándose a señalar que formaban parte del dominio público los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales, cabía entender que si los propietarios riberanos adquirían por accesión el aumento que recibiera la ribera por el lento e imperceptible retiro de las aguas, era porque el cauce no les pertenecía. No por estimarse, entonces, verdadera la hipótesis de que el Código Civil hubiera guardado silencio sobre la calidad de bien nacional de uso público del cauce de los ríos, podía afirmarse que éste perteneciera a los propietarios riberanos. Por el contrario, en tal caso debió haberse concluido, contra la opinión de Claro Solar, que a falta de ley que les
6 atribuyera ese dominio, el cauce era una tierra sin dueño, y que, en consecuencia, conforme al artículo 590 del Código Civil, pertenecía al Estado. Con todo, lo anterior no es más que un mero recuerdo histórico, pues hoy día la citada opinión de Claro Solar es inaceptable, atendido que existe solución legislativa expresa. En efecto, el Código de Aguas -que no regía en la época en que él escribió su obra- define, en su artículo 30, al álveo o cauce como el suelo que el agua ocupa y desocupa alternativamente en sus creces y bajas periódicas y prescribe imperativamente que este suelo es de dominio público y no accede mientras tanto a las heredades contiguas (inciso segundo). No puede, entonces, sostenerse actualmente que el cauce pertenezca a los riberanos, porque ello iría contra el texto expreso de la ley. La regla recién mencionada, conforme al artículo 31 de aquel Código, es aplicable también a los álveos de corrientes discontinuas de uso público, lo que significa que aun los cauces en que la corriente se interrumpa o fluya intermitentemente son de dominio público. Es dable señalar, por otra parte, que en diversos pasajes de su obra Claro Solar reconoce que el aluvión es un fenómeno natural. Así, refiriéndose al momento en que queda formado definitivamente el aluvión, expresa: En los ríos el aluvión no quedará formado sino cuando en estas creces periódicas las aguas dejan descubierta parte del suelo que constituía su lecho o no cubren los sedimentos que han agregado a la ribera lenta e imperceptiblemente, obligando a las aguas a retirarse lenta e imperceptiblemente también 23. Y a propósito de la atribución del terreno de aluvión, acota: El aluvión es formado por obra de la naturaleza, vi ac potestate rei, que insensiblemente va trayendo y acumulando las materias que lo constituyen y que se unen a la ribera formando un solo y mismo todo con ella 24. Cabe, pues, concluir que la opinión del ilustre tratadista en cuanto a que el cauce de los ríos pertenece a los propietarios riberanos y que esta pertenencia sería el fundamento del aluvión, está hoy día descartada por el derecho vigente. Asimismo, la tesis por él propugnada de que el aluvión puede ser provocado por la acción del hombre -que, como hemos visto, aparece debilitada en su propia obra- no es compartida por la doctrina y se apoya en razones que no permiten desvirtuar el principio jurídico, sólidamente sustentado, de que el aluvión es siempre un fenómeno exclusivamente natural. Santiago, enero de * José Pablo Vergara Bezanilla. Abogado Asesor del Consejo de Defensa del Estado y ex Abogado Consejero. 1 Claro Solar, Luis, Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, tomo VII, De los Bienes II, Imprenta Cervantes, Santiago, 1932, Nº 612, pág. 146; Alessandri Rodríguez, Arturo, Derecho Civil, tomo II, De los Bienes, Ed. Zamorano y Caperán, Santiago, 1937, pág. 84; Vodanovic H., Antonio, Curso de Derecho Civil basado en las explicaciones de los profesores Alessandri y Somarriva, tomo II, De los Bienes, 2ª edición. Ed. Nascimento, Santiago, 1957, Nº 407, pág. 290; Rozas Vial, Fernando, Los Bienes, Editorial Jurídica Conosur, Santiago, 1998, Nº 155, pág. 147; Kiverstein H., Abraham, Síntesis del Derecho Civil, Bienes, 4ª edición, Editorial La Ley, Santiago, 2000, Nº 77, pág Es de advertir que determinar cuál es el período de tiempo o período de retorno que debe considerarse para precisar las alturas o crecidas máximas alcanzadas por el río es una materia técnica no regulada por la ley. Con todo, es claro que no puede fijarse una regla absoluta y uniforme para todos los cauces, puesto que esa determinación dependerá de las condiciones pluviométricas y nivales, de las características de la cuenca u hoya hidrográfica del caudal de aguas y del régimen hidrológico de cada corriente en particular. Es así que en algunos ríos las crecidas máximas suelen presentarse con relativa regularidad en lapsos más o menos largos de tiempo, lo que no obsta para considerarlas periódicas si los criterios técnicos llevan a esa conclusión. 3 Peñailillo A, Daniel: Los Bienes, Editorial Jurídica de Chile, 3ª edición, año 2001, Nº 88, pág Rozas Vial, Fernando, ob. cit., Nº 150, pág. 141, y Nº 154, pág. 146, letra a). 5 Ob. cit., Nº 614, pág Oeuvres de Pothier, publicadas por M. Siffrein, novena edición, G.L. Chanson, tomo X, París, 1921, Nos. 156 y 157, pág Así ocurre, por ejemplo, en los casos -no infrecuentes- en que a través del tiempo las aguas han ido erosionando el cauce, formando verdaderos acantilados o abruptos cortes, en uno o en sus dos costados, lo que obviamente impide que aquél pueda juntarse o unirse con las propiedades riberanas. En tales casos, el río y las riberas conservan su individualidad propia, lo que constituye la antítesis de lo que es la accesión propiamente tal en cuanto modo de adquirir el dominio. 8 Instituciones de Justiniano (Libro Segundo, título I, párrafo 20), edición bilingüe por M. Ortolán, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1960, pág Ob. cit., pág. 84. En el mismo sentido, Vodanovic, Antonio, ob. cit., Nº 407, pág Tan es así que la Ley 3.814, de 1921, que autorizó la inversión de fondos para la prolongación de la canalización del río Mapocho, dispuso, en su artículo 3, que los terrenos que se ganen al río con motivo de la ejecución de las obras serán enajenados en subasta pública y su producido se destinará a la amortización de los bonos emitidos conforme a esa ley. Como se ve, al disponer su enajenación a beneficio fiscal, la norma dejó en claro que los terrenos ganados al río por obra de los trabajos efectuados en el cauce siguen formando parte del dominio público y no acceden, por tanto, a las propiedades riberanas. 11 Corte Suprema, 3 de julio de 1986, Fallos del Mes Nº 332, pág. 428, sentencia que confirma la de la Corte de Apelaciones de Concepción que estableció la doctrina arriba indicada. 12 Corte Suprema, octubre de 1985, Fallos del Mes Nº 323, pág. 690, sentencia que confirmó el fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción que contiene los fundamentos arriba indicados.
7 13 Ob. cit., Nº 610, pág Ver, además, los artículos 41 y 171 del Código de Aguas. 15 Ver el artículo 172 del Código de Aguas, relativo a la realización de obras omitiendo el permiso de la autoridad competente. 16 La misma expresión propiedad nacional emplea el artículo 599 del Código Civil, comprendiendo en ella indistintamente a bienes nacionales de uso público y a bienes fiscales, con lo que deja en claro que aquella expresión se refiere a ambas categorías de bienes públicos. 17 Así ocurrirá, por ejemplo, cuando en el cauce de los ríos se hagan con fondos del Estado obras de defensa o de abovedamiento u otras obras de interés público. Los terrenos que queden en descubierto al ejecutarse esas obras no acceden a las heredades contiguas, sino que se incorporan al dominio privado del Estado. 18 En el derecho romano, esta forma de accesión recibía el nombre de alveus derelictus, por ser producto del abandono que del antiguo álveo hace el río. 19 En este sentido: Alessandri Rodríguez, Arturo, ob. cit., pág. 86; Vodanovic, Antonio, ob. cit., Nº 411, pág. 293; Claro Solar, Luis, ob. cit., Nº 643, pág Este último, para justificar el precepto en cuanto otorga a los propietarios la facultad de ejecutar las obras que sean necesarias para restituir las aguas a su acostumbrado cauce, dice que dejar a los propietarios entregados a las contingencias de la corriente habría sido una injusticia ; y refiriéndose a los propietarios de los terrenos en que el río ha formado nuevo cauce, expresa que para ellos la pérdida del terreno en que el río labra su nuevo curso es definitiva y sin compensación, como toda pérdida debida a las fuerzas naturales. Ver, además, infra nota V. Alessandri Rodríguez, Arturo, ob. cit., pág. 83 ; Vodanovic H., Antonio, ob. cit., pág. 289; Pescio V. Vitorio, Manual de Derecho Civil, Tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1951, Nº 881, pág. 285 (apartado 1º); Kiverstein, Abraham, ob. cit., Nº 76, pág. 85; Peñailillo Arévalo, Daniel, ob. cit., Nº 89, pág. 125; Rozas Vial, Fernando, ob. cit., Nº 152, pág. 143 y Nº 154, pág Ob. cit., Nº 608, pág.143. Es de señalar que el autor cita diversos autores franceses que sustentan que el aluvión tiene que ser obra exclusiva de la naturaleza; pero no menciona ninguno que sostenga lo contrario. 22 Ob. cit., Nº 614, pág Ob. cit., Nº 612, pág Ob. cit. Nº 614, pág Revista de Derecho, Nº 6 (abril 2002).
EL DECRETO LEY Nº 2.695, DESDE EL PUNTO DE VISTA PROCEDIMENTAL
UNIVERSIDAD DE CHILE FACULTAD DE DERECHO DEPARTAMENTO DE DERECHO PROCESAL EL DECRETO LEY Nº 2.695, DESDE EL PUNTO DE VISTA PROCEDIMENTAL MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE LICENCIADO EN DERECHO ALEJANDRO ORELLANA