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Timestamp: 2018-10-23 21:47:20
Document Index: 117073882

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 11', 'artículo 8', 'Artículo 6', 'in fine', 'artículo 7', 'artículo 18', 'artículo 8', 'artículo 7']

Sin categoría | Derecho de las TIC
A continuación reproduzco el HILO de twitter en el que abordé un nuevo enfoque que podría dar legitimidad a una Universidad para indicar si una persona que ostenta un cargo público ha cursado unos estudios o no.
Hilo publicado en twitter el 10 de Abril de 2018 [https://twitter.com/gahazas/status/983626713203662848]
Últimamente, he leído en medios de comunicación que se alega la legislación de protección de datos como obstáculo que impide la publicación de datos de un representante político que ostenta un cargo en la Administración.
Me gustaría darle un enfoque distinto a dicho límite para comprobar si realmente impide una publicación de datos o no relativos a un representante político.
Veamos, la Ley de Transparencia establece que se ha de identificar a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional. (art. 6.1 LTBG)
A modo de ejemplo, esto consta actualmente en el portal de transparencia de la Asamblea de la Comunidad de Madrid:
Evidentemente, publicar el perfil no exige que se aporten los datos concretos de títulos, hasta ahí no llega el detalle de la regulación normativa.
A mi parecer, el responsable de unos datos, como puede ser una Universidad, no tendría porqué publicar los concretos datos (títulos), simplemente, con indicar si algo es cierto o no relativo a una publicación en un portal de Transparencia sería suficiente.
No entiendo que hubiese una cesión de datos sin consentimiento, porque ya está publicado anteriormente por Ley que ampara la cesión (Ley de transparencia).
Ni siquiera entiendo que operaría el límite de protección de datos del artículo 15 de la Ley de Transparencia, en caso de ejercicio del derecho de acceso, porque no son datos especialmente protegidos que precisan del consentimiento de la persona interesada.
Además, es probable que el interés público deba prevalecer si se realiza la ponderación de derechos en conflicto, protección de datos vs interés público. El denominado harm test o test del daño acuñado por la Doctrina.
A modo de ejemplo, aquí disponéis de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno @ConsejoTBG en la que se establece que la Ley de Transparencia es la norma habilitante para publicar con nombres y apellidos las resoluciones de autorización de compatibilidad de empleados públicos sin necesidad de consentimiento de éstos. Aquí el enlace a dicha resolución R/0470/2015
http://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/va/Actividad/Resoluciones/resoluciones_AGE/AGE_2016/03.html
La Agencia Vasca de Protección de Datos @avpd_dbeb hace referencia a dicha resolución para indicar que la ley de transparencia puede ser la norma habilitante para comunicar con nombres y apellidos las resoluciones de autorización de compatibilidad de empleados públicos sin necesidad de consentimiento de éstos
http://www.avpd.euskadi.eus/contenidos/dictamen_avpd/d16_036/es_def/adjuntos/CN16-026_DIC_D16-036.pdf
A mayor abundamiento, al resolver una Reclamación por denegación de información
(R/0470/2015), el Consejo declara que “la previsión que realiza la LTAIBG de que se
publicarán las resoluciones de autorización o reconocimiento de compatibilidad implica que se conozca la identidad del beneficiario de dicha autorización y que estemos ante un supuesto amparado por la previsión del artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (LOPD), que prevé que el consentimiento del titular de los datos no será necesario para la cesión de los mismos cuando dicha cesión de datos esté prevista en una norma de rango legal”.
Por las consideraciones anteriormente expuestas ha de entenderse que la previsión
contenida en el artículo 8.1.g) de la LTAIBG constituye la norma habilitante para publicar con nombres y apellidos las resoluciones de autorización de compatibilidad de empleados públicos sin necesidad de consentimiento de éstos.
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La Administración Pública y las fotos tomadas en una carrera popular (4)
Tal y como hemos comentado en los anteriores post relacionados con las fotografías en las carreras populares [(1) Imágenes de participantes en carreras populares; (2) Fotos captadas por asistentes a una carrera (3) Fotos captadas por un profesional en una carrera], aquella organización que trata y recaba datos de carácter personal, sea ésta del sector privado o como en el caso presente, del sector público tiene obligación como titular de los datos de cumplir la normativa de protección de datos y por lo tanto, de crear un fichero jurídico que respalde el tratamiento y además ha de recabar el consentimiento informado de los interesados indicando los usos a los cuales destinará los datos o si los va a ceder a terceros. En el ámbito de las competencias de una Administración, no se precisa el consentimiento de la ciudadanía para tratar sus datos personales (Artículo 6.2 LOPD) pero en mi opinión, organizar una carrera popular no supone el desarrollo y ejercicio de una competencia en el ámbito del derecho administrativo.
En la actualidad, las Administraciones Públicas disponen de su página web en la que publican noticias de interés para la ciudadanía y entre ellas, también se suelen publicar fotografías de distintas actividades organizadas por las entidades públicas como puede ser una prueba deportiva. Como hemos indicado anteriormente, si no cabe identificar a personas físicas, no resulta aplicable la normativa de protección de datos, pero a contrario sensu, si es posible identificar directamente o resulta identificable una persona física, entonces resulta plenamente aplicable la normativa de protección de datos, por lo que se debe obtener el consentimiento informado de todas las personas físicas para tratar sus datos y en su caso cederlos, por ejemplo, mediante su publicación en la web de la Administración a la cual puede acceder cualquier tercero.
Pero ¿Y si la Administración no tiene el consentimiento de todas las personas físicas que aparecen en las imágenes?
“Olympics women’s triathlon Hyde Park – running” David Hawgood (http://www.geograph.org.uk/profile/560) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Entonces, debemos analizar el supuesto desde la perspectiva de la protección del derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
Con carácter general la doctrina jurisprudencial determina que el derecho a la propia imagen es el derecho que cada individuo tiene a que los demás no reproduzcan los caracteres esenciales de su figura sin consentimiento del sujeto, de tal manera que todo acto de captación, reproducción o publicación por fotografía, filme u otro procedimiento de la imagen de una persona en momentos de su vida privada o fuera de ellos, supone una vulneración o ataque al derecho fundamental a la imagen, como también lo es la utilización de la imagen para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. El derecho se vulnera, también, aunque la reproducción de la imagen de una persona, sin su consentimiento, se haga sin fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.
El apartado 6 del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982 sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen establece que se consideran intromisiones ilegítimas, entre otras:
El artículo octavo apartado 1 de la mencionada Ley contempla la siguiente excepción:
Bien es cierto que la toma de fotografías de una carrera popular por una Administración Pública y su posterior difusión a través de su web podría encajar en la excepción de interés cultural a fin de no considerarla como una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen cuando es utilizada con fines “publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga”.
Cabe en éste punto mencionar la Sentencia del Tribunal Supremo 5357/1996 en cuyos hechos probados se expone el siguiente suceso: Un fotógrafo profesional y en cumplimiento del contrato concertado con el Ayuntamiento de Madrid, captó diversas fotografías, una de las cuales sirvió al Ayuntamiento para difundir una campaña informativa de “respeto a los mayores”. Son los padres del niño fotografiado y los cónyuges que aparecen en la imagen quienes interponen demanda sobre derecho a la imagen.
En el fundamento jurídico tercero de la sentencia el alto tribunal interpreta lo siguiente:
Aún admitiendo el interés cultural que se resalta en la expresada campaña, ese interés no tiene un carácter relevante, que le haga prevalecer sobre el derecho de los ciudadanos a su propia imagen, dado que la intromisión ilegítima en ese derecho no resulta ni imprescindible ni necesaria para dar cumplida satisfacción al reseñado interés cultural. La referencia al interés cultural no puede ser “una patente de corso” de los organismos oficiales para amparar intromisiones ilegítimas en los derechos fundamentales de las personas físicas. Sino que por el contrario debe tratarse de satisfacer el interés cultural respetando el derecho de los ciudadanos y sin intromisiones ilegítimas en los mismos, las cuales sólo quedaran amparadas cuando sin ellas no sea dable atender al necesario interés cultural. En acento efectivamente de la relevancia como causa limitativa del derecho, debe situarse en la imprescindibilidad del uso de la imagen en atención a sus fines, imprescindibilidad que, desde luego, no concurre en el caso pues se pudo y debió solicitar consentimiento o utilizar actores profesionales. Por todas estas razones perece el motivo.”
A modo de resumen, cabe destacar que resulta difícil para las Administraciones ampararse en el interés cultural como excepción a la intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad.
La sentencia analiza en su fundamento cuarto el carácter accesorio de las personas que aparecen en la fotografía, cuestión alegada por la Administración demandada:
“[…] Considera, en este orden el recurrente que una simple ojeada revela como los adultos se encuentran en un segundo plano, en una perspectiva desprovista de relevancia alguna, soportando la imagen expresiva de la fotografía aquellas personas que no se identifican. Mas como razona la sentencia recurrida no nos encontramos en el presente caso ante el supuesto de hecho del que parte este precepto: “información gráfica sobre suceso o acaecimiento público”. Es obvio que la presencia en un parque público, un día soleado, de cinco personas adultas y dos niños, siendo todas ellas desconocidas para el público en general, no puede calificarse de “suceso o acaecimiento público”. Pero es que además ese carácter accesorio no puede predicarse ni de la captación de la imagen de los demandantes en relación con la totalidad de la foto, ni de la foto en sí con la globalidad de la campaña informativa. Téngase en cuenta que de las cinco personas adultas y los dos niños que pueden observase en la foto, los únicos a los que se puede identificar perfectamente por encontrarse de frente son el niño y los dos adultos demandantes (además de otro adulto). Y respecto a la campaña informativa ésta se basa y sustenta, como foto “estrella”, en la que es objeto de estudio en este proceso. Las razones precedentes que comparte este Tribunal, hacen también inviable este motivo”
“Running feet” Danielle Walquist Lynch https://www.flickr.com/photos/25195310@N02/3658043028/ Licencia: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Por lo tanto, deben darse los dos elementos de la excepción es decir, que la reproducción de los interesados sea accesoria y durante un suceso o acaecimiento público.
En este sentido, se debe tener especial cuidado por la Administración ante las fotos de las carreras populares captadas y difundidas vía web porque ¿Qué personas aparecen en las imágenes? ¿Sólo participantes? ¿Participantes y público? ¿Sólo público? ¿Las personas que aparecen son accesorias en relación al hecho principal en el marco de un acto público?
Además de lo anterior, la Administración alega en la citada sentencia no haber utilizado las fotos con fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. Cuestión analizada por el Tribunal del siguiente modo:
[…] el derecho a la propia imagen no tiene, como pretende el recurrente, esta protección tan limitada, como si tan sólo se tratara de preservar la imagen de la persona de aquellos ataques que tengan una finalidad económica, o de divulgación con fines publicitarios. La imagen, como el honor y la intimidad, constituye hoy un derecho fundamental de la persona consagrado en el artículo 18-1 de la Constitución, que pertenece a los derechos de la personalidad, con todas las características de estos derechos y que se concreta en la facultad exclusiva del titular de difundir o publicar su propia imagen pudiendo en consecuencia evitar o impedir la reproducción y difusión, con independencia de cuál sea la finalidad de esta difusión. El derecho a la imagen trata de impedir que sea reproducida o dada a conocer públicamente; el sentido que la persona tiene de su propia individualidad impone la exigencia de reserva o de que sea ella misma quien deba consentir la reproducción de su imagen, más todavía cuando los progresos técnicos actuales facilitan notablemente esa reproducción. Este derecho de la personalidad sólo puede limitarse por el propio titular, consintiendo la divulgación de su propia imagen, o por la ley, cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público (artículo 8,2 a Ley 1/82). Evidentemente, ninguno de los supuestos concurren en este caso, porque ni medió consentimiento del niño o su representante cuya imagen por fotografía se difunde y publica, ni de los cónyuges, que igualmente son fotografiados y, sin su consentimiento, su imagen es publicada. Ninguna de las personas fotografiadas sin su consentimiento puede decirse que desempeñara cargo o profesión público de notoriedad como la que proporciona el hecho de destacar en el arte, la ciencia, la política o el deporte; trátase de ciudadanos, muy respetables por supuesto, que transitaban o se esparcían en la vía pública cuando fue captada su imagen y después publicada con ocasión de cierta campaña informativa, lo que supone, sin duda, la intromisión ilegítima en el ámbito de protección que dispensa el derecho a la propia imagen, conforme establece el artículo 7-5 de la citada Ley.”
Como bien se puede concluir del texto transcrito, en los supuestos de publicación de imágenes de personas físicas que acuden a una carrera popular organizada por una Administración Pública se debe tener especial cuidado en recabar el consentimiento de las mismas para proceder a la reproducción y publicación de las mismas a través de una web. Evidentemente, resulta complicado recabar el consentimiento de los interesados, especialmente, en el caso del público asistente pudiendo incurrir, en algunos casos, en una intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de las personas fotografiadas.
Dejo a la reflexión del lector analizar qué supuestos se consideran intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen o cabe aplicar alguna excepción de acuerdo a la legislación y jurisprudencia mencionadas. Lógicamente existirán diferentes supuestos de hecho e interpretaciones, tantas como fotografías diferentes se tomen.
Las imágenes de los participantes en carreras populares
Fotos captadas por el público asistente a una carrera popular
Fotos captadas por un profesional de la fotografía en una carrera popular
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