Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-31835-de-junio-9-de-2010?documento=jurcol&contexto=jurcol_982930be9c49c054e0430a010151c054&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-10-21 15:03:08
Document Index: 387049173

Matched Legal Cases: ['artículo 34', 'artículo 34', 'artículo 207', 'artículo 221', 'artículo 34', 'artículo 221', 'artículo 221', 'artículo 1', 'artículo 218', 'artículo 29']

﻿ Sentencia 31835 de junio 9 de 2010
SENTENCIA 31835 DE 09 DE JUNIO DE 2010
CONTENIDO:HOMICIDIO SIMPLE COMETIDO POR MIEMBRO DE LA FUERZA PÚBLICA. NUNCA UN ACTO DEL SERVICIO PUEDE SER DELICTIVO, RAZÓN POR LA CUAL UNA CONDUCTA PROPIA DEL SERVICIO NO AMERITA JAMÁS CASTIGO. POR ELLO LA JUSTICIA MILITAR NO CONOCE DE LA REALIZACIÓN DE “ACTOS DEL SERVICIO” SINO DE LA COMISIÓN DE DELITOS “EN RELACIÓN” CON EL SERVICIO.
TEMAS ESPECÍFICOS:RÉGIMEN INTERNO DE LA POLICÍA NACIONAL, JUSTICIA PENAL MILITAR, NULIDAD PROCESAL, COMPETENCIA, AUSENCIA DE RESPONSABILIDAD PENAL, HOMICIDIO SIMPLE
Sentencia 31835 de junio 9 de 2010
Proceso 31835
Aprobado Acta 178
La Sala decide si admite la demanda de casación presentada por el defensor de Omar Augusto Guzmán Robayo, contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior Militar el 28 de noviembre de 2008, con la cual confirmó la condena de 13 años de prisión que le impuso el Juez de Primera Instancia ante el Departamento de Policía de Cundinamarca Dos, al encontrarlo penalmente responsable del delito de homicidio.
EXTRACTOS: «Demandas de casación
El libelo contiene las siguientes censuras.
Cargo primero: “Violación directa de la ley sustancial, por error de hecho por falso juicio de identidad, que conllevó a la no aplicación del artículo 34 numeral primero (1º)(5) de la Ley 522 de 1999 (en exceso)”(6).
Afirma la recurrente que el sentenciador “... no concedió la causal de justificación en exceso por cuanto se consideró que al haber realizado el disparo a menos de 150 cm o dos metros, se había actuado con dolo eventual ya que el acusado debía haber previsto el resultado de su actuar y no lo hizo y que su intención al disparar el arma era la de matar”.
Pero, agrega, no se analizó en la sentencia en forma razonable “… por qué se encontraba el cadáver con un disparo en la mano, si bien fue que primero impactó en la mano, la atravesó, o si por el contrario primero impactó el tórax y luego en la mano con el fin de determinar si el objetivo del sentenciado era efectuar el disparo en la mano tal como siempre lo afirmó o si por el contrario su objetivo era dispararle directamente al tórax al hoy occiso, o si fueron dos (2) impactos”.
En su criterio, las pruebas no se valoraron con imparcialidad ni se tuvieron en cuenta los hechos favorables al procesado. La sentencia, continúa, se basó “… en una valoración equivocada y distorsionada de la prueba técnica realizada por medicina legal, toda vez, que en el dictamen... se estableció que efectivamente se había hecho el disparo a más de 150 cm y no a menos de 150 cm, y por ende en la sentencia se efectúo la deducción equivocada de que el actuar e intención del AG. Guzmán Robayo era la de matar. Deducción probatoria reitero, equivocada lo que conllevó a condenarlo por el punible de homicidio simple y no se dio aplicación de lo señalado en el artículo 34 de la Ley 522 de 1999, en exceso”.
En resumen, señala que la sentencia violó directamente la ley sustancial, a través de un error de hecho por falso juicio de identidad, el cual condujo a que se adecuara la conducta al delito de homicidio y se desestimara el exceso en la causal de justificación referida a que el comportamiento se produjo en el cumplimiento de un deber legal.
Segundo cargo: Con fundamento en la causal tercera del artículo 207 de la Ley 600 de 2000, acusa la sentencia de haber sido proferida por un juez carente de competencia, circunstancia que lesiona el derecho fundamental al debido proceso.
En la fundamentación del reproche refiere que Guzmán Robayo actuó en cumplimiento de un deber “... toda vez que para la fecha de los hechos se encontraba en ejercicio de sus funciones, prestando el servicio en el CAI Polo, como patrulla de vigilancia Polo 1, razón por la cual estaba habilitado para acudir al lugar de los hechos, al llamado de la ciudadanía, para portar armas y para actuar de acuerdo a las circunstancias que se presentaron en el momento del procedimiento policial… como miembro de la Fuerza Pública estaba obligado a ejercer coerción física sobre los particulares, para impedir comisión de delitos, vencer resistencia de autoridad, proteger, conservar o restablecer el desarrollo de la vida de la comunidad. Por lo tanto estaba amparado por un mandato legal, estaba autorizado para usar armas”.
No obstante, afirma, “... considerando que efectivamente actuó con dolo y no en cumplimiento de un deber legal que supero (sic) voluntaria y conscientemente el límite impuesto por la Constitución y la ley, es decir, si no encuadro (sic) su comportamiento en actos de servicio debe ser investigado y juzgado por la justicia ordinaria y no por la justicia militar...”.
Lo anterior, agrega, teniendo en cuenta el artículo 221 de la Constitución Política que asigna competencia a la justicia penal militar para conocer de los delitos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, porque, según entiende, esa competencia opera únicamente cuando la conducta se comete en cumplimiento de un deber legal; de lo contrario, si como se dice en la sentencia, el señor Guzmán actuó dolosamente, se preparó mental y físicamente para producir una muerte, entonces la investigación y juzgamiento de este caso correspondía a la justicia ordinaria, porque el procesado, como dice el fallo, no actuó en cumplimiento de un deber legal, es decir, en un acto del servicio, sino que su intención fue la de cometer el homicidio.
En su criterio, la conducta del procesado no es ilícita porque actúo con la convicción de estar cumpliendo un deber legal y de acuerdo con las pruebas de la actuación, lo que se presenta es un exceso en la causal de justificación descrita.
Con base en los cargos propuestos solicita a la Corte casar la sentencia impugnada y absolver al procesado Guzmán Robayo del delito de homicidio por el cual fue condenado.
Insiste la Sala en que la casación no es una tercera instancia, donde en forma libre se pueda hacer toda clase de cuestionamientos a una sentencia que, por ser la culminación de todo un proceso, está amparada por la doble presunción de acierto y legalidad, sino que constituye un medio de impugnación extraordinario y rogado, en el que solo es posible acusar los errores de juicio o de procedimiento cometidos por el juzgador, al tenor de los motivos expresa y taxativamente señalados en la ley, demostrarlos y evidenciar su trascendencia en la parte dispositiva del fallo.
Lo anterior implica que el libelo debe proponer y desarrollar con precisión y claridad los cargos que sustentan la pretensión final de que la sentencia sea casada, lo que obviamente supone el respeto por los presupuestos teóricos y técnicos que diferencian una causal de otra.
La demanda que se analiza no cumple con estos requerimientos, razón por la cual será inadmitida, aclarando que la Corte analizará primero la censura cargo propuesta al amparo de la causal tercera en atención al principio de prioridad, el cual enseña que los cargos de nulidad deben prevalecer en su postulación y estudio sobre los que plantean errores de juicio.
Lo dicho sin perjuicio de la doctrina reciente de la Corte, según la cual la tensión que pueda llegar a presentarse entre las alternativas de declarar una nulidad por vicios que afectan exclusivamente los derechos del procesado, y la de eximirlo de responsabilidad, debe resolverse a favor de la que reporte mayor significación sustancial, que no es otra que el derecho a la absolución, como finalidad suprema perseguida por la garantía fundamental de defensa(7).
Segundo cargo. La sentencia no fue proferida por el juez natural competente.
En relación con este cargo debe recordarse que aunque la causal esgrimida por el censor no requiere de un gran despliegue de técnica, si es necesario que de manera específica se indique si la falta de competencia surge como consecuencia de la infracción directa o indirecta de las normas que regulan esa materia; lo anterior según tiene dicho la jurisprudencia de la Sala, porque el reproche en estos casos debe formularse al amparo de la causal tercera pero desarrollarse siguiendo los lineamientos técnicos de la primera, optando por una de las dos vías establecidas para ella.
El censor en este caso no se esfuerza por cumplir con los presupuestos referidos. En la demostración del cargo se limita a sostener que el acusado no actuó con la intención de matar porque obraba en cumplimiento de un deber legal, de manera que su conducta se justifica por la casual eximente de responsabilidad prevista en el artículo 34-1 de la Ley 599 de 2000, y que de haber obrado con dolo según estableció el sentenciador, la actuación tenía que haberla conocido la jurisdicción ordinaria de conformidad con el artículo 221 de la Constitución Política.
Esta sola afirmación de recurrente no se erige en motivo suficiente para atender la demanda y que el tema pueda ser examinado en una decisión de fondo, porque la censura no relaciona las normas de competencia supuestamente infringidas ni la forma como se habría producido dicha infracción. Menciona el artículo 221 superior, mas no desarrolla un análisis crítico a través del cual acredite que en esta especie no se cumplían los presupuestos de competencia de la justicia penal militar para conocer de un delito común, ejecutado por un miembro de la fuerza pública, en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
En esa medida el ataque debió tener como referente normativo el artículo 1º de la Ley 522 de 2000, que reproduce el 221 de la Constitución Política, según el cual “De los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, y en relación con el mismo servicio, conocerán las cortes marciales o los tribunales militares, con arreglo a las disposiciones de este código”.
De igual modo, debía atender los artículos 2º y 3º de dicha ley en los que se establece que los delitos relacionados con el servicio son aquellos cometidos por los miembros de la Fuerza Pública derivados del ejercicio de la función militar o policial que le es propia; y que en ningún caso se consideran como relacionados con el servicio los delitos de tortura, el genocidio y la desaparición forzada ni cualquiera otro que por su misma naturaleza pueda tener vinculación con el servicio, casos en los que siempre corresponderá a la justicia ordinaria aprehender la investigación y juzgamiento de esta clase de conductas(8).
Por otra parte, para impugnar con éxito la competencia el recurrente ha debido examinar y desvirtuar la presencia en este asunto de los elementos que deben estar presentes para que opere la justicia penal militar: i) uno de carácter subjetivo referido a que el autor de la conducta pertenezca a la institución castrense y sea miembro activo de ella; y ii) el denominado de carácter funcional, el cual impone que la conducta punible cometida debe tener relación con el servicio.
Es decir, el censor debía acreditar en concreto que al momento de la ejecución de los hechos, el procesado carecía de la condición de ser miembro de la fuerza pública, no se hallaba en servicio activo, o, por otro lado, que la conducta que se le atribuye no tenía relación directa con las funciones constitucionales y legales a él asignadas(9).
Sin embargo, renuncia a la demostración de estos presupuestos para optar, simplemente, por afirmar que los actos del servicio son los que se ejecutan en cumplimiento de un deber legal, que cuando se obra con dolo este presupuesto se desvanece y que por tal motivo, el delito no puede ser conocido por la justicia castrense, sino por la ordinaria, afirmación con la que no logra evidenciar la nulidad por la razón que propone, pero que lo lleva a desconocer que,
“... nunca un acto del servicio puede ser delictivo, razón por la cual una conducta propia del servicio no amerita jamás castigo. Por ello la justicia castrense no conoce de la realización de “actos del servicio” sino de la comisión de delitos “en relación” con el servicio”(10).
Este último aspecto, insiste la Sala, es el que con mayor esfuerzo debió analizar en la proposición del cargo, en orden a demostrar que el delito cometido por el agente Guzmán Robayo, carece de un nexo que lo relacione con el servicio policial a su cargo y que por esta importante razón, el asunto no podía ser conocido por la justicia penal militar, radicando aquí la razón de la nulidad que proclama.
En suma, dado que el demandante evade la lógica con la que debe proponerse y demostrarse la nulidad por falta de competencia en casación, no cabe alternativa diferente a la de inadmitir la demanda, porque, además, en el plano sustancial tampoco tiene vocación de prosperidad, toda vez que el aspecto de la competencia no tuvo discusión alguna en el proceso.
En efecto, la fiscalía de reacción inmediata que conoció inicialmente el asunto, estableció que la competencia radicaba en la justicia penal militar, teniendo en cuenta que el sujeto agente de la conducta ‘se encontraba para el momento de los hechos en ejercicio de sus funciones, como miembro activo de la Policía Nacional(11). En esas condiciones, sin oposición alguna, la Fiscalía Penal Militar avocó el trámite de la actuación(12), y el tribunal ratificó la existencia del fuero militar teniendo en cuenta que “… el acto se inició legalmente en un procedimiento propio de las {funciones} asignadas a la Policía Nacional, y en su desarrollo ocurre la extralimitación...”.
Por lo demás, el demandante es enfático al señalar que el hecho se produjo cuando el procesado, junto con el comandante del CAI del Polo, verificaban las afirmaciones de un ciudadano que alertó sobre la presencia de una persona armada, la cual, cuando iba a ser requisada huyó y en la persecución se produjo el disparo que le causó la muerte.
Cargo primero. ‘Violación directa de la ley, error de hecho por falso juicio de identidad.
Dejando de lado la inocultable desacierto que empaña el enunciado del cargo, porque establece como aspecto propio de la transgresión inmediata de la ley un error de hecho, típico de la violación indirecta de las normas de derecho sustancial; se advierte que el actor desde su particular concepción afirma que el Tribunal erró al tergiversar una prueba que demostraría el supuesto de haber obrado en exceso de la causal de justificación del cumplimiento estricto de un deber legal.
Como el defecto lo propone a partir de la existencia de un aparente yerro de identidad, el cual se presenta, recuérdese, cuando el juzgador al apreciar una determinada prueba falsea su contenido material, bien porque le hace agregados que no corresponden a su texto (tergiversación por adición), porque omite tener en cuenta apartes importantes del mismo (tergiversación por cercenamiento), o porque transmuta su literalidad (tergiversación por transmutación), le correspondía entonces precisar qué dice la prueba que en su concepto resulto distorsionada, cuál fue el contenido que le atribuyó el juzgador y, lo más importante, la manera como el defecto pudo incidir en la decisión cuestionada.
En la fundamentación del cargo expone apartes de las consideraciones de los sentenciadores de instancia relacionadas con el dolo que acompaña la conducta del procesado, y asegura que no se reconoció el exceso en la justificante que pregona porque el a quo entendió, en forma errada, que el disparo se efectuó a menos de 150 centímetros, cuando medicina legal determinó en la necropsia una distancia mayor, además, porque no reparó que el cadáver presentaba también un disparo en la mano y tampoco se preocupó por establecer cuál de los impactos se produjo primero.
Lo anterior significa que el error de identidad denunciado habría recaído sobre el protocolo de necropsia, porque según el demandante, contrario a lo que allí se informa, el juez dijo que el disparo letal se realizó a menos de 150 centímetros y porque omitió referir que el cadáver presentaba dos heridas por arma de fuego.
No obstante, el demandante prescinde de acreditar cuál puede ser la trascendencia del supuesto error en el fallo cuestionado, pues en orden a demostrar que el yerro incidió en la falta de reconocimiento del exceso en una causal de justificación, no fundamenta de qué forma se acreditaría esta figura si el juez hubiere considerado que a la víctima se le disparó en el tórax y en la mano y que los impactos se realizaron a mas de 150 centímetros; pretensión difícil de alcanzar por esta vía si se tiene en cuenta que el deber legal que justifica la conducta está definido, precisamente, en las normas que regulan el servicio a cargo del agente, por ejemplo, el artículo 218 de la Constitución Política en el que se define que el fin primordial de la Policía Nacional es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes vivan en paz; de manera que era en relación con las regulaciones normativas pertinentes que el actor debía enfocar el reproche probatorio que postula.
En realidad la razón por la cual el tribunal negó la existencia de causales de ausencia de responsabilidad en este asunto (la defensa en apelación refirió al cumplimiento de un deber legal, a la legítima defensa, el error invencible, y también alegó la existencia de un delito culposo), no se relacionan con los dos aspectos fácticos esbozados por el demandante, sino con la circunstancia acreditada de que el procesado obró contrariando los deberes legales que le imponían la normatividad relacionada con el uso de la fuerza y de las armas de fuego, y porque la versión con la cual pretendía justificar la conducta, basada en que la víctima había disparado un arma de fuego “... no guarda coherencia con la prueba recolectada, la que nos está indicando que la única persona que disparó en aquel momento fue el policial Guzmán Robayo y que el occiso Carlos Julio Bravo Hernández, no efectuó ningún disparo”.
En plano normativo el sentenciador atendió entre otras disposiciones, la Resolución 34/169 del 17 de diciembre de 1979, a través de la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que propende porque los funcionarios policiales en el desempeño de sus tareas, protejan la dignidad humana así como el conjunto de los derechos de la persona, y porque el uso de la fuerza sea excepcional sin que pueda hacerse uso de ella cuando no es razonable ni proporcionalmente necesaria. Asimismo, aludió al artículo 29 del Código Nacional de Policía, que prevé el uso de la fuerza por parte de los funcionarios de policía en cuanto sea estrictamente necesario en orden a impedir la perturbación del orden público o para restablecerlo, o cuando constituya el último remedio en caso de urgencia ante el peligro real o inminente de que se cause un daño material o ante evidente manifestación de peligrosidad.
Las diferentes disposiciones que regulan el servicio policial, junto con las pruebas del proceso constituyeron el soporte sobre el cual el tribunal consideró que “... es la misma normatividad la que nos está indicando que el actuar del PT. Guzmán Robayo no se realizó conforme a derecho que nos permitiera llegar a afirmar la posibilidad del exceso de que habla la Procuraduría, todo lo contrario, fueron muchas las circunstancias que confluyeron en ese momento de la ocurrencia de los hechos que le impedían haber utilizado su arma de dotación”.
Circunstancias que igualmente condujeron al juzgador a desechar la existencia de la legítima defensa y del delito culposo, teniendo en cuenta que Guzmán Robayo “... tenía otra forma de actuar, disparar al aire por ejemplo incluso a sus miembros inferiores {de la víctima} si tal era el peligro al que se enfrentaba, al respecto debe recordarse que el procesado tenía una posición superior frente a quien huía y podía controlar de mejor forma la situación...” y, e delito culposo se descarta, concluyó también el tribunal, porque “... de los medios de convicción allegados al plenario encontramos que la intención del procesado no fue la de simplemente lesionar o defenderse, sino de matar”, ya que se trata de un experto tirador que disparó a una distancia relativamente corta y con poco margen de error porque dirigió el disparo a una región bastante amplia (la caja torácica); aspectos fácticos con los que pudo colegir que el acusado “... se representó la realización del tipo penal de homicidio de aquel particular, se representó el resultado muerte, la aceptó en su psiquis previéndolo (sic) al menos como posible, ubicándose así en el ámbito de la culpabilidad dolosa...”.
Es decir, en la demostración del cargo el actor se distancia de los elementos y de la valoración probatoria efectuada por el tribunal, para atribuirle la supuesta distorsión del protocolo de necropsia sin precisar de qué forma de haberse examinado esta prueba en su real contenido, la decisión indefectiblemente habría sido la de reconocer la existencia en el exceso de la causal de justificación de obrar en cumplimiento estricto de un deber legal.
De lo expuesto se concluye que la formulación del cargo es incompleta, además de confusas ya que entremezcla la violación directa con la indirecta y en esta la proposición navega entre el falso juicio de identidad y el falso raciocinio, sin que ninguno resulte adecuadamente desarrollado.
Por consiguiente, teniendo en cuenta los defectos que la empañan, la Corte inadmitirá la demanda considerando además que de la revisión de lo actuado tampoco se observa violación de garantías fundamentales que tornen viable su intervención con el fin de reestablecerlas.
INADMITIR la demanda de casación presentada por el defensor de Omar Augusto Guzmán Robayo.
Notifíquese y devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase».
(5) Alude al cumplimiento estricto de un deber legal como causal de justificación de la conducta.
(6) La norma referida establece que: “El hecho se justifica: 1. Cuando se obre en estricto cumplimiento de un deber legal”.
(7) Casación del 05-05-10, Radicado 30948.
(8) C-878-00.
(9) “... para que un delito sea de competencia de la justicia penal militar debe existir un vínculo claro de origen entre él y la actividad del servicio, esto es, el hecho punible debe surgir como una extralimitación o un abuso de poder ocurrido en el marco de una actividad ligada directamente a una función propia del cuerpo armado. Pero aún más, el vínculo entre el delito y la actividad propia del servicio debe ser próximo y directo, y no puramente hipotético y abstracto. Esto significa que el exceso o la extralimitación deben tener lugar durante la realización de una tarea que en sí misma constituya un desarrollo legítimo de los cometidos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Por el contrario, si desde el inicio el agente tiene propósitos criminales, y utiliza entonces su investidura para realizar el hecho punible, el caso corresponde a la justicia ordinaria, incluso en aquellos eventos en que pudiera existir una cierta relación abstracta entre los fines de la Fuerza Pública y el hecho punible del actor. En efecto, en tales eventos no existe concretamente ninguna relación entre el delito y el servicio, ya que en ningún momento el agente estaba desarrollando actividades propias del servicio, puesto que sus comportamientos fueron ab initio criminales”. C-358-97; C-878-00.
(10) C-878-00.
(11) Fl. 38.
(12) Fl. 72.