Source: https://legislacion.vlex.es/vid/ley-12-2016-17-647313673
Timestamp: 2019-02-23 19:21:04
Document Index: 243470567

Matched Legal Cases: ['artículo 30', 'artículo 8', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 6', 'artículo 6', 'Artículo 26', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'artículo 22', 'artículo 23', 'artículo 39', 'artículo 1', 'artículo 15']

Ley 12/2016, de 17 de agosto, de evaluación ambiental de las Illes Balears - BOIB. Boletín Oficial de las Islas Baleares - Legislación - VLEX 647313673
TÍTULO I. - arts. 7 y 8
Capítulo I. - arts. 9 a 13
Capítulo II. - arts. 14 a 18
Capítulo III. - arts. 19 a 25
TÍTULO III. - art. 26
TÍTULO IV. - arts. 27 y 28
Capítulo I. - arts. 29 a 31
Capítulo II. - art. 32
Capítulo IV. - arts. 34 a 36
Capítulo V. - arts. 37 a 42
Norma citada en: una sentencia, 4 artículos doctrinales, un tema práctico, 4 formularios, 5 noticias
La Ley Orgánica 1/2007, de 28 de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, atribuye a la comunidad autónoma, en su artículo 30.46, la competencia exclusiva en materia de “Protección del medio ambiente, ecología y espacios naturales protegidos, sin perjuicio de la legislación básica del Estado. Normas adicionales de protección del medio ambiente”. Por lo tanto, la comunidad autónoma tiene la competencia exclusiva en materia de protección en todo lo que no haya regulado el Estado en la legislación básica.
La materia de medio ambiente ha sido pionera en el campo de la transparencia y la participación. La Directiva 90/313/CE ya afirmaba que “el acceso a la información sobre medio ambiente mejoraría la protección ambiental”. Sin escatimar el valor de otros precedentes de derecho internacional, hace falta reconocer el hito que representó el Convenio sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente, aprobado en Aarhus el 25 de junio de 1998, que firmaron tanto la Unión Europea como el Estado español. Este convenio es el germen de las directivas 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental, y 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio ambiente, y también de la Ley 27/2006, de 18 de julio, de información, participación y acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Esta Ley incorpora sus determinaciones, adaptadas a las administraciones de las Illes Balears, y desarrolla sus efectos en los trámites ambientales.
Además del carácter anómalo de una ley específica para una iniciativa privada en un espacio de alto interés, hay que tener presente el informe y las recomendaciones que en noviembre de 2010 emitió la Misión Ramsar número 68 respecto a la Albufera, en que se afirma que la zona de Son Bosc es parte integral del ecosistema de la Albufera de Mallorca (de hecho, la zona estuvo incluida dentro de los límites del parque natural durante unos meses de 2003 y 2004), y, en consecuencia, recomienda “ampliar los límites del sitio Ramsar para incluir Son Bosc y prever la posibilidad de que esta ampliación se incluya dentro del Parque Natural de la Albufera de Mallorca” (recomendación número 1), y también que “el PORN modificado debería incluir la zona de Son Bosc, específicamente excluida del PORN actual por la Ley 9/2010, de 27 de julio. Para ello, debería derogarse inmediatamente esta Ley” (recomendación número 3).
Regular un procedimiento de intervención administrativa ambiental que garantice un nivel de protección del medio ambiente elevado y el desarrollo sostenible, armonizando el desarrollo económico con la protección y la mejora del medio ambiente, la biodiversidad, la calidad de vida, la salud humana y los recursos naturales, mediante:
Adaptar la legislación autonómica ambiental de las Illes Balears a las modificaciones normativas de la legislación comunitaria y estatal, y sujetar los procedimientos de evaluación ambiental a los principios que establecen la normativa europea y estatal básica, como el principio de precaución, el de acción preventiva y cautelar, el de no discriminación y el de actuación de acuerdo con el mejor conocimiento científico disponible.
Racionalizar, simplificar y agilizar los procedimientos administrativos de control ambiental, garantizando la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas competentes y aplicando el principio de proporcionalidad entre los efectos previstos y el procedimiento de evaluación.
Fomentar la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones democratizando los procedimientos administrativos regulados en esta ley y garantizar la efectividad en el cumplimiento de los trámites de consultas, información y participación pública previstos.
Promover la cultura de la transparencia y la utilización de medios electrónicos para facilitar la participación y el acceso a la información.
Promover la responsabilidad social por medio del conocimiento de los efectos sobre el medio ambiente que llevan implícitos la puesta en marcha o la ejecución de los planes, los programas, los proyectos o las actividades que regula esta ley, y velar por la aplicación efectiva del principio de “quien contamina paga”.
Para una protección ambiental adecuada y el ejercicio efectivo de los derechos reconocidos en esta ley, las administraciones públicas competentes ajustarán las actuaciones en materia de evaluación ambiental a los principios de lealtad institucional, coordinación, información mutua, cooperación, colaboración y coherencia.
La persona titular de la consejería competente en medio ambiente, representante del Gobierno en la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, colaborará en el impulso de los cambios normativos y las reformas necesarias de la normativa estatal para adaptarla a la normativa europea e internacional, respetando las competencias autonómicas.
La consulta preceptiva al órgano ambiental de las Illes Balears de los planes, los programas y los proyectos que deban ser adoptados, aprobados o autorizados por la Administración General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes, o que sean objeto de declaración responsable o comunicación previa ante esta administración, que se ubiquen en las Illes Balears o las afecten, se emitirán de acuerdo con las previsiones y los efectos que prevén la normativa básica estatal y esta ley.
Cuando el órgano ambiental de la comunidad autónoma de las Illes Balears tenga conocimiento de la tramitación o el desarrollo de un plan, un programa, un proyecto o una instalación, fuera de las Illes Balears, que pueda tener efectos ambientales significativos para las Illes Balears, pedirá a las autoridades competentes la información necesaria para hacer un seguimiento adecuado, y, en el ámbito de las competencias propias, adoptar las medidas oportunas para garantizar la mínima afección.
Información ambiental, participación pública y sostenibilidad social
El órgano ambiental, los órganos sustantivos y los promotores garantizarán la participación real y efectiva de los ciudadanos en la toma de decisiones en materia de medio ambiente, y también el derecho de acceso a la información ambiental, en la forma y los términos que se establecen en la normativa que regula su ejercicio.
Durante los trámites de audiencia y de información pública, o cualquier otro que permita la participación de las personas interesadas, toda la documentación objeto de este trámite debe ser accesible en un formato digital e informático.
La documentación objeto de información pública:
La información debe ser comprensible y de acceso fácil, y se procurará que esté a disposición de las personas con discapacidad, de conformidad con el principio de accesibilidad universal.
El acceso digital a la tramitación ambiental se desarrollará reglamentariamente.
De acuerdo con la legislación aplicable, es pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los tribunales de la jurisdicción contenciosa el cumplimiento de lo que dispone esta ley.
El órgano ambiental y los órganos sustantivos tendrán en cuenta la valoración social de los proyectos en sus determinaciones.
Esta ley se cumplirá respetando la confidencialidad de las informaciones aportadas por el promotor y la normativa aplicable al secreto industrial y comercial, la protección de datos de carácter personal, la protección de especies y otras.
En caso de que el promotor solicite la confidencialidad de una parte de la documentación, lo indicará y justificará suficientemente, aportando al órgano sustantivo una copia de la documentación en los términos que considere adecuados para someterla a la información pública.
En el supuesto del apartado anterior, el órgano competente para la tramitación de la información pública resolverá motivadamente sobre la solicitud de confidencialidad de datos, ponderando el principio de información y participación pública real y efectiva en materia de medio ambiente con el derecho a la confidencialidad.
Uso de medios telemáticos
Las relaciones interadministrativas y las de los ciudadanos con las administraciones públicas se llevarán a cabo preferentemente con los medios informáticos, telemáticos y electrónicos que en cada momento se encuentren disponibles, respetando las garantías y los requisitos legalmente establecidos, de conformidad con la normativa de regulación del acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la normativa de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Todos los promotores pueden aportar una dirección electrónica y señalarla como medio de notificación preferente. Se adoptarán las medidas que correspondan para que la notificación produzca plenos efectos.
Las comunicaciones y las consultas entre las administraciones públicas afectadas se llevarán a cabo preferentemente por un medio electrónico; en concreto, el órgano ambiental tramitará de manera telemática la petición de consultas e informes a las otras administraciones públicas afectadas por la evaluación ambiental del plan, el programa o el proyecto.
Los promotores presentarán en soporte digital la documentación relativa a los procedimientos regulados en esta ley, sin perjuicio de que el órgano ambiental considere oportuno que se presenten en papel. El órgano ambiental determinará las características técnicas y las especificaciones del soporte digital, de acuerdo con lo que prevé el artículo 8 de esta ley.
TÍTULO I Artículos 7 y 8
Determinación y estructura
La Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears es el órgano ambiental de la comunidad autónoma de las Illes Balears con respecto a los proyectos, los planes o los programas sujetos a la evaluación de impacto ambiental o la evaluación ambiental estratégica que regula esta ley.
Asimismo, en los términos que se establezcan reglamentariamente, la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears ejercerá las funciones relativas a las autorizaciones ambientales integradas, a las agendas locales 21 y al resto que le atribuya la legislación sectorial.
La Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears se estructura en los siguientes órganos:
La organización, las funciones y el régimen jurídico de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears se determinarán reglamentariamente. En todo caso, las sesiones del Pleno de la Comisión serán públicas, sin perjuicio, en su caso, de las limitaciones de acceso por motivos de aforo.
La regulación del Comité Técnico, que puede organizarse en subcomités, garantizará una composición multidisciplinar y la representación de las consejerías del Gobierno implicadas, los consejos insulares, los ayuntamientos, la Administración del Estado y las organizaciones sociales en materia de medio ambiente.
Criterios técnicos o interpretativos
Sin perjuicio de la potestad reglamentaria del Gobierno y de la persona titular de la consejería responsable de medio ambiente, y también de las instrucciones, circulares y órdenes de servicio que dicten los órganos superiores y directivos de la consejería para el impulso y la dirección de la actividad administrativa, el Pleno de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears, con el informe previo del Comité Técnico, puede aprobar criterios técnicos o interpretativos para la redacción de los estudios ambientales estratégicos de los planes o los programas y de los estudios de impacto ambiental de los proyectos, y también para la predicción y la valoración de sus impactos, las características técnicas y las especificaciones de la documentación que debe presentar el promotor en soporte digital.
Asimismo, la Comisión puede proponer a la persona responsable de la consejería competente en medio ambiente que establezca criterios técnicos o interpretativos para la redacción de los estudios de impacto ambiental de los proyectos y los estudios ambientales estratégicos de los planes o los programas, y también para la predicción y la valoración de sus posibles impactos.
Estas circulares, instrucciones u órdenes de servicio se publicarán en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la página web corporativa de la Comisión de Medio Ambiente de las Illes Balears.
TÍTULO II Artículos 9 a 25
Capítulo I Artículos 9 a 13
Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica
Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y los programas, y también las modificaciones de estos, que adopten o aprueben las administraciones autonómica, insular o local de las Illes Balears, cuya aprobación exija una disposición legal o reglamentaria o un acuerdo del Consejo de Gobierno cuando:
Esta ley no es aplicable a los planes y a los programas que excluye explícitamente la normativa básica estatal. No obstante, los planes y los programas aprobados específicamente por una ley autonómica dispondrán de los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones sobre el medio ambiente y, en la tramitación de la ley de aprobación, se cumplirán los objetivos que establece la normativa de evaluación ambiental.
Se considera que no tienen efectos significativos en el medio ambiente, y por lo tanto no están sujetos a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con el artículo 3.5 de la Directiva 2001/42/CE:
Tampoco se sujetan a los procedimientos de evaluación ambiental estratégica, de acuerdo con el artículo 3.5 de la Directiva 2001/43/CE, las modificaciones de escasa entidad que el órgano ambiental declare, previo informe técnico, que no tienen efectos significativos en el medio ambiente.
Trámites, documentación y plazos de la evaluación ambiental estratégica ordinaria, la evaluación ambiental estratégica simplificada y la modificación de la declaración ambiental estratégica
La evaluación ambiental estratégica ordinaria, la evaluación ambiental estratégica simplificada, la modificación de la declaración ambiental estratégica y la presentación de la documentación para estos trámites, se llevará a cabo de conformidad con el procedimiento y los plazos que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental y con las particularidades que prevé esta ley.
El órgano ambiental establecerá modelos normalizados de solicitudes de inicio que estarán al alcance del público en la sede electrónica del órgano ambiental.
El procedimiento de tramitación se adecuará a las previsiones del artículo 6 de esta ley, sobre el uso de medios telemáticos.
La información pública en los procedimientos que regula este artículo se anunciará en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la sede electrónica del órgano sustantivo o promotor.
El análisis técnico del expediente se efectuará de acuerdo con la normativa básica estatal de evaluación ambiental y esta ley, e incluirá una referencia particular a la integración paisajística, concretamente al cumplimiento de las normas de aplicación directa en materia paisajística que prevén la legislación territorial y urbanística.
Para el análisis técnico del expediente y la formulación de la declaración ambiental estratégica, el órgano ambiental dispondrá de un plazo de tres meses, prorrogable por un mes más, por razones justificadas debidamente motivadas desde la recepción del expediente completo.
Particularidad de la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación de actuaciones de urbanización
Particularidades de la evaluación ambiental estratégica simplificada
Dentro del plazo de veinte días hábiles desde la recepción de la solicitud de inicio de una evaluación estratégica simplificada, el órgano ambiental, con el informe técnico previo, puede resolver que se debe tramitar una evaluación estratégica ordinaria cuando así se desprenda de manera inequívoca del contenido de la solicitud.
El informe ambiental estratégico puede concluir que el plan o el programa es inviable ambientalmente cuando detecte inconvenientes que no sean subsanables en el marco de una tramitación ambiental ordinaria.
El documento ambiental estratégico incluido en la solicitud de tramitación simplificada se publicará en la página web del órgano ambiental durante la fase de consultas.
Particularidad de la evaluación ambiental estratégica de las normas territoriales cautelares
Las normas territoriales cautelares previas a la formulación, la revisión o la modificación de un instrumento de ordenación territorial incluirán una memoria-análisis de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente, que se someterá al trámite de información pública y a la consulta de las administraciones públicas afectadas, junto con la norma territorial cautelar.
La intervención del órgano ambiental se efectuará después de la información pública y de la consulta a las administraciones públicas, y antes de la aprobación definitiva. A este efecto, el órgano sustantivo remitirá al órgano ambiental todo el expediente administrativo, con la norma territorial cautelar, la memoria-análisis, los informes de las administraciones públicas afectadas, las alegaciones y la valoración.
La declaración ambiental estratégica se formulará en el plazo máximo de un mes que se contará desde la entrada de la solicitud y de toda la documentación en el registro del órgano competente para emitirla, y se publicará en el plazo de quince días hábiles en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Esta declaración no es impugnable, sin perjuicio de los recursos que, en su caso, correspondan contra el acto o la disposición de aprobación o adopción de la norma territorial cautelar.
Capítulo II Artículos 14 a 18
Ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental
Serán objeto de evaluación de impacto ambiental ordinaria los proyectos siguientes, públicos o privados:
Serán objeto de evaluación de impacto ambiental simplificada los proyectos siguientes, públicos o privados:
Proyectos excluidos y exceptuables de la evaluación ambiental
Esta ley no se aplica a los proyectos que la normativa básica estatal excluye explícitamente de la evaluación ambiental, en particular a los proyectos detallados aprobados específicamente por una ley. No obstante, los proyectos detallados aprobados específicamente por una ley autonómica dispondrán de los datos necesarios para la evaluación de las repercusiones de estos proyectos sobre el medio ambiente, y en la tramitación de la ley de aprobación, se cumplirán los objetivos que establece la normativa de evaluación ambiental.
El Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la consejería competente en medio ambiente, con el informe previo del órgano ambiental emitido a petición razonada del órgano sustantivo, en supuestos excepcionales y mediante un acuerdo motivado, puede excluir un proyecto determinado del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, y en particular las obras de reparación de infraestructuras críticas dañadas como consecuencia de acontecimientos catastróficos y las obras de emergencia.
El informe del órgano ambiental, mediante un trámite sumario, examinará la conveniencia de someter el proyecto excluido a otra forma de evaluación que cumpla los principios y los objetivos de esta ley, aunque sea con posterioridad, y establecer, en su caso, las medidas correctoras, protectoras o compensatorias que estime adecuadas para minimizar los posibles efectos adversos del proyecto.
El acuerdo de exclusión del Consejo de Gobierno se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears, y la información relativa a la decisión de exclusión, los motivos que la justifican, las formas alternativas de evaluación del proyecto excluido y las medidas correctoras, protectoras o compensatorias, se pondrán a disposición del público en las sedes electrónicas o páginas web correspondientes.
El órgano sustantivo comunicará la información que prevé el apartado 4 anterior a la Comisión Europea, previamente a la autorización del proyecto.
Valoración en el caso de fraccionamiento de proyectos
Trámites, documentación y plazos de la evaluación de impacto ambiental ordinaria, de la evaluación de impacto ambiental simplificada y de la modificación de la declaración de impacto ambiental
La evaluación de impacto ambiental ordinaria, la evaluación de impacto ambiental simplificada, la modificación de la declaración de impacto ambiental, la presentación de la documentación y el cómputo de los plazos se llevarán a cabo de conformidad con los procedimientos que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental y las particularidades que prevé esta ley.
El órgano sustantivo, previamente al inicio de la tramitación ambiental, valorará la viabilidad jurídica del proyecto de acuerdo con la normativa sectorial aplicable, y lo podrá denegar sin más trámites si la incumple de manera manifiesta e inequívoca.
A la solicitud de inicio se adjuntará la documentación que exigen la normativa sectorial y la normativa básica estatal y, en su caso, el justificante del pago de la tasa por evaluación ambiental que corresponde.
El procedimiento de tramitación se adecuará al artículo 6 de esta ley, sobre el uso de medios telemáticos.
Los estudios de impacto ambiental incluirán, además del contenido mínimo que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental, un anexo de incidencia paisajística que identifique el paisaje afectado por el proyecto, los efectos de su desarrollo, y, en su caso, las medidas protectoras, correctoras o compensatorias.
La información pública se efectuará mediante un anuncio que se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la sede electrónica, sin perjuicio de que la normativa sectorial o el desarrollo reglamentario de esta ley especifiquen otras fórmulas.
El plazo para realizar las consultas previas y para elaborar el documento de alcance será de dos meses. El plazo para elaborar el estudio de impacto ambiental y para realizar la información pública y las consultas será de seis meses desde la comunicación al promotor del documento de alcance. El plazo para el análisis técnico y para formular la declaración de impacto ambiental será de tres meses desde la recepción del expediente completo, prorrogables por un mes adicional por razones justificadas y comunicadas al promotor y al órgano sustantivo.
Particularidades en la tramitación
En el procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria, el órgano sustantivo puede solicitar al órgano ambiental que determine las administraciones públicas que considere afectadas por el proyecto, a efectos de poder llevar a cabo con posterioridad la fase de consulta a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas.
En los proyectos sometidos a la declaración de interés general o a la declaración de utilidad pública, actuará como órgano sustantivo aquél a quien corresponda aprobar la declaración de interés general o la declaración de utilidad pública, y en este orden.
En el plazo de veinte días hábiles desde que se recibe la solicitud de inicio de una evaluación de impacto ambiental simplificada, el órgano ambiental, con el informe técnico previo, puede resolver que se debe tramitar una evaluación de impacto ambiental ordinaria cuando así se desprenda de manera inequívoca del contenido de la solicitud.
Durante la fase de consultas el documento ambiental incluido en la solicitud de tramitación simplificada se publicará en la página web del órgano ambiental.
El órgano promotor se hará cargo de los gastos de las medidas correctoras, protectoras o compensatorias que establezca la declaración de impacto ambiental, incluida la restauración eventual del espacio.
Capítulo III Artículos 19 a 25
Consultas fuera de las Illes Balears
En el caso de que haya discrepancias entre el órgano sustantivo y el órgano ambiental sobre el contenido de la declaración ambiental estratégica, la declaración de impacto ambiental, el informe ambiental estratégico o el informe de impacto ambiental, las resolverá:
La tramitación y los plazos son los que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental.
El acuerdo de resolución de la discrepancia motivará los cambios que se han producido, valorará las repercusiones ambientales e incluirá el contenido de la decisión, las condiciones impuestas, la motivación de la decisión con relación al resultado de los informes y de la información pública y la descripción de las medidas correctoras, protectoras o compensatorias adecuadas que se deben incorporar sobre la base de la declaración de impacto ambiental o la declaración ambiental estratégica.
El acuerdo por el que se resuelve la discrepancia se publicará en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
Relación entre la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental
La evaluación ambiental estratégica de un plan o programa no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que deriven de este.
El órgano ambiental puede acordar motivadamente, en nombre del principio de eficacia, la incorporación de trámites y de actos administrativos del procedimiento de evaluación ambiental estratégica a otros procedimientos de evaluación ambiental siempre que no haya transcurrido el plazo establecido en el plan o el programa o, si no, el de cuatro años desde la publicación de la declaración ambiental estratégica, y no se hayan producido alteraciones de las circunstancias tenidas en cuenta en la evaluación ambiental estratégica.
De conformidad con la normativa básica de procedimiento administrativo, cuando lo aconsejen razones de interés público, el órgano ambiental, de oficio o a petición de la persona interesada, puede acordar que se aplique la tramitación de urgencia al procedimiento, por la que los plazos establecidos para los procedimientos fijados en esta ley, incluido el periodo de información pública, se reducen a la mitad.
No se puede interponer ningún recurso contra el acuerdo que declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento.
Nulidad de los planes, los programas y los proyectos que no se sometan a la evaluación ambiental
Los planes, los programas y los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley se someterán a una evaluación ambiental antes de que se adopten, se aprueben o se autoricen, o bien, si procede, en el caso de los proyectos, antes de que se presente la declaración responsable o la comunicación previa a la que se refiere la normativa del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Son nulos de pleno derecho, y no tienen validez, los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, los programas o los proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta ley que no se hayan sometido a la evaluación ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, puedan corresponder. Respecto a las actuaciones que se lleven a cabo al amparo de esta ley, se aplicarán las medidas de protección y defensa de la legalidad ambiental que se prevén.
Los planes, los programas y los proyectos sometidos a la presentación de una declaración responsable o de una comunicación previa
Cuando el acceso a una actividad o al ejercicio de una actividad exija una declaración responsable o una comunicación previa que requiera una evaluación de impacto ambiental de acuerdo con esta ley, la declaración responsable o la comunicación previa no se pueden presentar hasta que el órgano ambiental no haya concluido esta evaluación y el órgano sustantivo haya adoptado el informe mediante una resolución.
Con carácter general, un proyecto sujeto a declaración responsable o comunicación previa que debe estar sometido a evaluación ambiental, no tiene validez, sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental o informe de impacto ambiental, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, correspondan.
Falta de emisión de las declaraciones y los informes ambientales
TÍTULO III Artículo 26
Consulta preceptiva al órgano ambiental de la comunidad autónoma de los planes, los programas y los proyectos que debe evaluar la Administración General del Estado
Corresponde al órgano ambiental de la comunidad autónoma de las Illes Balears formular la consulta preceptiva que prevé la legislación básica estatal de los planes, los programas o los proyectos que deben adoptar, aprobar o autorizar la Administración General del Estado o sus organismos públicos vinculados o dependientes, o que deben ser objeto de declaración responsable o comunicación previa ante esa administración, que puedan afectar a las Illes Balears.
Son nulos de pleno derecho y no tienen validez los actos de adopción, aprobación o autorización de los planes, los programas y los proyectos determinados en el apartado 1 anterior respecto a los que no se haya solicitado el informe de consulta mencionado.
La consulta preceptiva al órgano ambiental se entiende sin perjuicio, en su caso, de otras consultas o informes de órganos de la misma administración de la comunidad autónoma o de otras administraciones.
TÍTULO IV Artículos 27 y 28
Los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar a espacios Red Natura 2000, y que se sometan a la evaluación ambiental solo por esa posible afección, se someterán previamente a un procedimiento que determinará, mediante el certificado oportuno, si el plan, el programa o el proyecto tiene relación directa con la gestión del lugar Red Natura 2000 o es necesario para su gestión, y también si afecta o no de manera apreciable el lugar mencionado.
Los planes, los programas y los proyectos que puedan afectar espacios Red Natura 2000, y que se sometan a la evaluación ambiental no solo por esta posible afección, no están sujetos a ninguna actuación previa y directamente se someterán al procedimiento de evaluación ambiental que corresponde, en el que se evaluarán adecuadamente las repercusiones en el lugar.
TÍTULO V Artículos 29 a 42
Capítulo I Artículos 29 a 31
Seguimiento de las declaraciones ambientales estratégicas, los informes ambientales estratégicos, las declaraciones de impacto ambiental y los informes de impacto ambiental
Corresponde al órgano sustantivo, respecto a los planes, los programas o los proyectos que no son de competencia estatal, el seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación y la ejecución de los planes y los programas y del cumplimiento de la declaración de impacto ambiental o del informe de impacto ambiental, en los términos que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental.
En las evaluaciones de impacto ambiental, el promotor está obligado a contratar una auditoría ambiental que acredite que se cumple el apartado 1 cuando el presupuesto del proyecto supere la cuantía de un millón de euros o cuando así lo acuerde justificadamente el órgano ambiental.
El órgano ambiental puede recaudar información del órgano sustantivo, hacer las comprobaciones que estime adecuadas y formular requerimientos a las autoridades competentes a fin de que ejerzan las potestades que establece esta ley.
Fianzas y seguros de responsabilidad civil y ambiental
Con el fin de garantizar la ejecución de las medidas correctoras, protectoras o compensatorias, el órgano sustantivo puede exigir la prestación de una fianza, con la cuantía, la forma y las condiciones que se determinen reglamentariamente.
Cuando se trate de proyectos que comportan un riesgo potencial grave para las personas, los bienes o el medio ambiente, y con el fin de cubrir los riesgos de daños a las personas, los bienes y el medio ambiente en general, el órgano sustantivo puede exigir que se constituya un seguro de responsabilidad civil y ambiental, aunque la normativa sectorial no lo prevea, que cubrirá, en todo caso:
Capítulo II Artículo 32
En el supuesto de que los proyectos sujetos a la evaluación ambiental produzcan, o puedan producir, daño al medio ambiente o una alteración no permitida de la realidad física o biológica, se pueden dictar medidas provisionales de acuerdo con el procedimiento que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental, con el fin de garantizar daños mínimos al medio ambiente.
Cuando se ejecute un proyecto sujeto a la evaluación ambiental sin la evaluación pertinente, o contraviniendo las condiciones, el órgano sustantivo ordenará la suspensión inmediata de las obras o el cese del acto o uso en curso de ejecución, realización o desarrollo, en todo o en la parte que sea procedente. Esta medida se adoptará incluso previamente al inicio del expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado.
Cuando la actividad haya estado en funcionamiento durante más de un año al amparo de un título administrativo y de acuerdo con las condiciones que en él se establecen, el órgano competente podrá, motivadamente, conceder un plazo de dos meses para iniciar la tramitación ambiental para la regularización de las actuaciones antes de dictar orden de suspensión.
Las actuaciones a que se refiere este artículo son independientes de las sancionadoras.
Capítulo III Artículo 33
El restablecimiento del orden jurídico perturbado, la reposición de la realidad física alterada y la indemnización por daños y perjuicios
El orden jurídico perturbado por un proyecto, un plan o un programa sometido a evaluación ambiental que no haya llevado a cabo la tramitación ambiental preceptiva o contravenga sus condiciones, se restablecerá mediante:
Cuando las actuaciones se hayan ejecutado al amparo de un título administrativo y de acuerdo con las condiciones que se establecen, el órgano sustantivo concederá un plazo de dos meses para iniciar la tramitación ambiental para su regularización. Transcurrido el plazo sin que se haya solicitado dicha regularización, o después de adoptar acuerdo desfavorable u ordenar el archivo del expediente, se procederá al restablecimiento del orden jurídico perturbado con la anulación de los títulos que amparen las actuaciones y, en su caso, se ordenará la reposición de la realidad física alterada al estado originario, sin perjuicio de que se adopten las medidas provisionales del artículo anterior.
En el caso de proyectos sujetos a la evaluación ambiental que produzcan daño al medio ambiente o una alteración no permitida de la realidad física o biológica, el promotor queda obligado a la reposición de la situación alterada al estado originario y a la indemnización por los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de la sanción que se pueda imponer.
El órgano sustantivo determinará, en un procedimiento contradictorio y con el informe previo del órgano ambiental, la cuantía de la indemnización por los daños y perjuicios causados a la administración y el plazo para abonarla, con la audiencia previa de la persona interesada. En caso de que el promotor no esté de acuerdo con la valoración, se efectuará una tasación contradictoria.
Capítulo IV Artículos 34 a 36
El órgano sustantivo, por sí mismo o por medio de terceras personas, con el requerimiento previo, puede ejecutar subsidiariamente las condiciones y las medidas correctoras, protectoras y compensatorias, y también el deber de reposición, a costa de la persona responsable, en el supuesto de que se incumplan en los plazos establecidos.
Los gastos para la ejecución subsidiaria se pueden liquidar provisionalmente y antes de la ejecución, a cuenta de la liquidación definitiva.
Si transcurre el plazo para el cumplimiento de las condiciones, las medidas o el deber de restitución y estos no se cumplen, el órgano sustantivo puede acordar la imposición de multas coercitivas, reiteradas en lapsos de tiempo suficientes para cumplir lo que se ordena, según los plazos fijados, que serán independientes y compatibles con las sanciones que se puedan imponer.
La cuantía de cada una de las multas coercitivas puede llegar hasta el 10 % de la multa o, en su defecto, oscilar entre 600 y 6.000 euros. La cuantía se fijará según los criterios siguientes:
Capítulo V Artículos 37 a 42
La potestad sancionadora en materia de evaluaciones ambientales solo se aplica a proyectos privados de acuerdo con lo que prevé la normativa básica estatal de evaluación ambiental, y corresponde al órgano sustantivo que debe autorizar o aprobar el proyecto.
Cuando la infracción posible sea imputable a una administración pública, en su condición de promotora de un plan, un programa o un proyecto, se aplicará la normativa reguladora de la responsabilidad de la administración, de agentes y personal funcionario.
El órgano ambiental puede recabar información del órgano sustantivo, hacer las comprobaciones que considere convenientes y formularle requerimientos, con el fin de ejercer las potestades que establece esta ley.
Pueden ser responsables por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas que regula esta ley:
En caso de que el cumplimiento de una obligación legal corresponda a varias personas conjuntamente, estas responderán de manera solidaria de las infracciones que se cometan y de las sanciones que se impongan.
Las personas jurídicas son responsables de las infracciones cometidas por sus órganos o agentes y, en su caso, asumirán el coste de las medidas de restablecimiento del orden jurídico perturbado y las indemnizaciones por daños y perjuicios a terceras personas que correspondan.
De la obligación del pago de las multas y del beneficio ilícito obtenido impuesto a las personas jurídicas en virtud de lo que establece esta ley, son responsables subsidiarios:
La muerte de la persona física extingue la responsabilidad por las infracciones que prevé esta ley, sin perjuicio de que la administración adopte las medidas no sancionadoras que correspondan y que, en su caso, exija de los herederos o de quien se haya beneficiado o lucrado con la infracción, el beneficio ilícito obtenido de la comisión.
En caso de que se extinga una persona jurídica responsable presunta de una infracción antes de la firmeza de la sanción, se considerarán responsables solidariamente de la infracción las personas físicas cuya conducta determinó la comisión de la infracción, bien como integrantes de los órganos de dirección de la entidad o actuando al servicio de esta o por ellas mismas.
Infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental
Las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental se clasifican en muy graves, graves y leves.
Es una infracción muy grave el inicio de la ejecución de un proyecto, incluidos los sujetos a la declaración responsable o la comunicación previa, sometido a la evaluación de impacto ambiental ordinaria sin haber obtenido previamente la declaración de impacto ambiental correspondiente.
Es una infracción leve el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones o los requisitos que contienen esta ley o la normativa básica estatal que no esté tipificado como grave o muy grave.
Cuando un mismo infractor cometa varias acciones susceptibles de ser consideradas infracciones diferentes, se impondrán tantas sanciones como infracciones se hayan cometido. En caso de que unos mismos hechos puedan ser constitutivos de varias infracciones, se impondrá la sanción correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior. En caso de que unos hechos sean constitutivos de una infracción calificable como medio o instrumento para asegurar la comisión de otros hechos también constitutivos de infracción, de manera que estos deriven necesariamente de aquellos, se impondrá la sanción más grave en su mitad superior.
Las infracciones prescriben en los plazos que establece la normativa básica estatal de evaluación ambiental.
Sanciones correspondientes a las infracciones en materia de evaluación de impacto ambiental
Las infracciones tipificadas en esta ley dan lugar a la imposición de las siguientes sanciones:
Las sanciones se graduarán de acuerdo con la normativa básica estatal de evaluación ambiental.
La imposición de una sanción con carácter firme por la comisión de una infracción muy grave de las que prevé esta ley también implica la prohibición de contratar de acuerdo con los términos que prevé la normativa básica estatal en materia de contratación.
La comisión de las infracciones reguladas en esta ley no podrá reportar beneficio económico a sus responsables. Cuando la suma de la multa y de los costes que comporte el restablecimiento de la legalidad de una cifra inferior a este beneficio, se incrementará la cuantía de la multa hasta llegar al importe del mismo.
Cuando los actos constitutivos de infracción se cometan al amparo de un título administrativo y de acuerdo con las condiciones que se establezcan, no se puede imponer ninguna sanción administrativa mientras no se anule el título administrativo que en cada caso los ampare.
Procedimiento sancionador y publicidad de las sanciones
El procedimiento sancionador es el que prevé la normativa reguladora del procedimiento sancionador de las Illes Balears y, supletoriamente, el que se prevé en la normativa básica estatal de evaluación ambiental y en la normativa de régimen jurídico y procedimiento administrativo común.
Las sanciones correspondientes a infracciones muy graves y graves se publicarán en el Boletín Oficial de las Illes Balears y en la página web del órgano ambiental, con mención de los sujetos responsables y las infracciones cometidas.
La prestación ambiental sustitutoria
Las multas, una vez firmes, pueden ser sustituidas, a solicitud de la persona sancionada, por una prestación ambiental de restauración, conservación o mejora del medio ambiente, o de educación ambiental, en los términos y las condiciones que determine el órgano sancionador, con el informe previo del órgano ambiental.
En todo caso, la prestación ambiental sustitutoria guardará la proporcionalidad debida con la multa que sustituye y en ningún caso será inferior a la cuantía de esta.
Legalización de las edificaciones, construcciones e instalaciones vinculadas a la fabricación de cerámicas para la construcción
Esta ley se aplica a todas las evaluaciones ambientales que se inicien a partir de su entrada en vigor.
Las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley pierden la vigencia y cesan en la producción de los efectos propios si no se ha empezado la ejecución del proyecto o la actividad dentro del plazo máximo de seis años desde la entrada en vigor de la ley. En ese caso, el promotor deberá iniciar nuevamente el trámite de evaluación ambiental del proyecto de conformidad con esta ley.
Quedan derogadas todas las disposiciones del mismo rango que esta ley, o de un rango inferior, en lo que la contradigan.
Modificación de la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de ordenación minera de las Illes Balears
4. La dirección general competente en materia de minas, vista la declaración de impacto ambiental o el informe de impacto ambiental del órgano ambiental, elaborará un informe técnico sobre la idoneidad del proyecto, que, junto con toda la documentación relativa a la evaluación del órgano ambiental, enviará al Consejo de la Minería de las Illes Balears, el cual puede hacer las observaciones que considere pertinentes.
Modificación de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental de las Illes Balears (LECO)
Se modifica el artículo 22.a) de la Ley 5/2005, que pasa a tener la siguiente redacción:
Se modifica el artículo 23.2 de la Ley 5/2005, que pasa a tener la siguiente redacción:
Se modifica el artículo 39 de la Ley 5/2005, que pasa a tener la siguiente redacción:
Evaluación de repercusiones
Se introduce una nueva disposición adicional a la Ley 5/2005, con la siguiente redacción:
Fiestas en embarcaciones
Se introduce una nueva disposición transitoria a la Ley 5/2005, con la siguiente redacción:
Usos autorizables en las zonas de exclusión
Exclusiones de la autorización administrativa de la administración hidráulica
Las actuaciones de conservación y rehabilitación de construcciones y edificios existentes, excepto que se ejecuten en sótanos o vinculadas a un uso público esencial, como hospitales, centros escolares o sanitarios, residencias de personas mayores o de personas con discapacidad, parques de bomberos, centros penitenciarios o similares.
Las obras que no requieran un proyecto técnico cuando no estén incluidas en zonas de policía o servidumbre y no modifiquen la circulación libre de las aguas o no representen obstáculos para el flujo de la escorrentía, el desagüe o las avenidas de las aguas.
Las obras de construcción, rehabilitación o reparación de lavaderos, piscinas o aljibes, siempre que se encuentren a la cota del terreno.
Las obras de conservación y mantenimiento de caminos existentes.
Las obras de mantenimiento o reparación de servicios soterrados, como cañerías de agua, gas, saneamiento, fibra óptica, electricidad o similares.
En el ámbito de las competencias de la comunidad autónoma de las Illes Balears y por medio de los procedimientos que prevé esta ley, se autoriza al Gobierno a dictar las disposiciones necesarias para su ejecución y desarrollo.
Asimismo, se autoriza al Gobierno a adaptar los anexos a las modificaciones de ius cogens que, en su caso, introduzca la normativa comunitaria o la normativa básica estatal.
El desarrollo reglamentario previsto en esta ley se realizará en el plazo máximo de un año desde su entrada en vigor.
Modificación de la disposición transitoria cuarta de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo
Procedimiento de implementación de la red de saneamiento
4. Aunque la exención quede sin vigor por el transcurso de los plazos establecidos, las licencias ya otorgadas podrán obtener los correspondientes finales de obra, licencias de primera ocupación y cédulas de habitabilidad.
Modificación del artículo 1.3 de la Ley 10/2010, de 27 de julio, de medidas urgentes relativas a determinadas infraestructuras y equipamientos de interés general en materia de ordenación territorial, urbanismo y de impulso a la inversión
3. La concreción de los proyectos a ejecutar en este ámbito será acordada por el Pleno del Consejo Insular de Ibiza, oído el Consejo de Alcaldes de Ibiza. Corresponderá al ayuntamiento competente por razón del territorio el otorgamiento de las licencias o de los permisos correspondientes a las obras y las actividades, salvo que el proyecto se ubique en terrenos pertenecientes a dos términos municipales, donde la competencia corresponderá al consejo insular por su carácter supramunicipal.
Modificación del artículo 15.5 de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de ordenación y uso del suelo
5. De acuerdo con la normativa específica, se pueden crear entidades urbanísticas especiales dependientes de las administraciones de base territorial mencionadas en los apartados anteriores, que pueden asumir o recibir de los municipios delegaciones de competencias en materia de planificación y gestión, en los casos en que actúan como administración, como también en materia de intervención en la edificación y el uso del suelo, disciplina urbanística y otros fines análogos. Las delegaciones de competencias municipales se pueden realizar directamente en las entidades urbanísticas especiales, o también en las administraciones matriz de base territorial, que pueden desconcentrar o descentralizar su ejercicio en las entidades urbanísticas especiales dependientes.
También tienen esta consideración los consorcios urbanísticos, y corresponde a cada administración decidir si participa con otras administraciones públicas, de acuerdo con la legislación propia de organización, procedimiento y régimen jurídico.
Palma, 17 de agosto de 2016
Explotaciones ganaderas intensivas con una capacidad superior a 175 UBM y explotaciones extensivas con una capacidad superior a 350 UBM, y, en todo caso, por exigencias de la legislación estatal básica, cuando superen las siguientes capacidades:
40.000 plazas para gallinas.
12.000 plazas para cerdos de engorde.
Instalaciones para la acuicultura intensiva.
Canteras: restauración o extracción.
Extracción de petróleo y de gas natural, así como los proyectos de adquisición sísmica en exploraciones de hidrocarburos.
Perforaciones profundas, entendiendo como tales las superiores a 400 m, excepto las perforaciones para investigar la estabilidad de los suelos, en particular:
Instalaciones industriales en el exterior y en el interior para gasificar carbón y pizarras bituminosas.
Los proyectos que consistan en hacer perforaciones para la exploración, la investigación o la explotación de hidrocarburos, el almacenamiento de CO2, el almacenamiento de gas y geotermia de entalpia media y alta que requieran técnicas de fractura hidráulica, incluidas las perforaciones de sondeos de investigación que tengan por objeto la toma de muestras previa a proyectos de perforación.
Refinerías de petróleo bruto, así como las instalaciones de gasificación regasificación y de licuefacción.
Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión de una potencia térmica de, como mínimo, 50 MW.
Instalaciones industriales para producir electricidad, vapor y agua caliente con potencia térmica de, como mínimo, 50 MW.
Cañerías para transportar gas y petróleo en suelo rústico a partir de 10 km de longitud con un diámetro nominal de cañería de más de 160 mm.
Oleoductos y gaseoductos, incluidos los submarinos.
Subestaciones de transformación de energía eléctrica a partir de 10 MW en suelo rústico.
Líneas de transmisión de energía eléctrica entre 15 y 66 kV en suelo rústico con la calificación de ANEI o ARIP, espacios naturales protegidos al amparo de la Ley 42/2007 y espacios de relevancia ambiental de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO), excepto en el caso de que sean líneas soterradas por camino existente con una longitud inferior a 1 km.
Líneas de transmisión de energía eléctrica de tensión igual o superior a 66 kV a partir de 500 m de longitud.
Instalaciones para almacenar productos petroleros, petroquímicos o químicos con una capacidad superior a 5.000 t.
Producción y almacenaje de gases combustibles a partir de 2.500 t de capacidad.
Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía (parques eólicos), incluidos los tendidos de conexión en la red y los siguientes accesos:
Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, incluidos los siguientes tendidos de conexión en la red:
Centrales nucleares y otros reactores nucleares, así como las instalaciones vinculadas a la producción, el tratamiento o el almacenaje de materiales radiactivos.
Plantas siderúrgicas integrales. Instalaciones para producir metales en bruto no ferrosos a partir de minerales, de concentrados o de materias primas secundarias mediante procesos metalúrgicos, químicos o electrolíticos.
Instalaciones destinadas a la extracción de amianto. Tratamiento y transformación del amianto y de los productos que contienen.
Instalaciones para producir lingotes de hierro o acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las instalaciones de fundición continua, con una capacidad superior a 2,5 t/h.
Instalaciones para elaborar metales ferrosos donde se realice alguna de las siguientes actividades:
Fundidoras de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 t/día.
Instalaciones para la fundición (incluida la aleación) de metales no ferrosos, con excepción de metales preciosos, incluidos los productos de recuperación (refinado, restos de fundición, etc.), con una capacidad de fusión de más de 4 t para el plomo y el cadmio o 20 t para todos los otros metales, por día.
Instalaciones para el tratamiento de la superficie de metales y materiales plásticos por proceso electrolítico o químico, cuando el volumen de las cubetas o de las líneas completas destinadas al tratamiento sea superior a 30 m3.
Instalaciones de calcinación y de sinterización de minerales metálicos, con capacidad superior a 5.000 t/año de mineral procesado.
Instalaciones para fabricar cemento, clinca u hormigón preparado con una capacidad superior a 50 t/día.
Fabricación de yesos y cal a partir de 50 t/día.
Instalaciones para la fabricación de vidrio, incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 t/día.
Instalaciones para fundir sustancias minerales, incluida la producción de fibras minerales, con una capacidad de fundición superior a 20 t/día.
Instalaciones para la fabricación de productos cerámicos mediante enhornado, en particular tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, baldosas, arenisca o porcelana, con una capacidad de producción superior a 75 t/día o una capacidad de enhornado de más de 4 m3 y más de 300 kg por metro cúbico de densidad de carga por horno.
Instalaciones permanentes para fabricar aglomerados asfálticos en caliente.
Plantas de tratamiento de áridos y plantas de fabricación de materiales de construcción.
Instalaciones para la fabricación a escala industrial de sustancias mediante transformación química que se utilicen para:
Conducciones para transportar productos químicos con un diámetro de más de 800 mm y una longitud superior a 10 km.
Plantas para el tratamiento previo (operaciones como el lavado, el blanqueo, la mercerización) o para el teñido de fibras o productos textiles cuando la capacidad de tratamiento supere las 5 t/día.
Las plantas para el adobo de pieles y cueros cuando la capacidad de tratamiento supere las 6 t de productos acabados por día.
Instalaciones de producción y tratamiento de celulosa con una capacidad de producción superior a 10 t/día.
Plantas de biodiésel o similares.
Instalaciones industriales para sacrificar o trocear animales.
Actividades e instalaciones afectadas por el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas para el control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Construcción de líneas de ferrocarril, tranvías, metros aéreos o subterráneos, líneas suspendidas o similares.
Electrificación de ferrocarriles.
Aeropuertos y aeródromos, excepto helipuertos.
Puertos comerciales, pesqueros o deportivos, o su ampliación cuando aumente la superficie de la lámina de agua ocupada.
Nuevas instalaciones de recepción de combustibles ubicadas fuera de puertos actuales.
Espigones y pantalanes para carga y descarga conectados a tierra que admitan barcos de arqueo superior a 1.350 t.
Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por ejemplo, la construcción de diques, espigones y otras obras de defensa contra el mar, excepto el mantenimiento y la reconstrucción de estas obras.
Embalses y otras instalaciones destinadas a retener el agua o a almacenarla de manera permanente, cuando el volumen nuevo o adicional de agua almacenada sea superior a 500.000 m³.
Plantas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad superior a 5.000 habitantes equivalentes.
Instalaciones de desalinización de agua con un volumen nuevo o adicional superior a 1.000 m³/día de capacidad.
Acueductos y conducciones que supongan trasvases de unidades hidrogeológicas o de acuíferos.
Proyectos para la extracción de aguas subterráneas o la recarga artificial de acuíferos, si el volumen anual de agua extraída o aportada es igual o superior a 500.000 m³.
Emisarios submarinos de aguas depuradas y de plantas de desalinización.
Instalaciones de conducción de agua en suelo rústico que no discurran íntegramente por camino existente cuando la longitud sea superior a 10 km y, en todo caso, las que transcurran por espacios naturales protegidos, espacios de relevancia ambiental o ANEI de alto nivel de protección. En ningún caso se considerarán instalaciones de conducción de aguas las instalaciones de riego en las fincas cuando estén autorizadas por la autoridad agraria o hidráulica.
Instalaciones de tratamiento de residuos peligrosos que realicen operaciones de eliminación de la D1 a la D12 del anexo 1 u operaciones de valorización de la R1 a la R11 del anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos que realicen operaciones de eliminación de la D1 a la D12 del anexo 1 u operaciones de valorización de la R1 a la R11 del anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con una capacidad de tratamiento superior a 50 t/día.
Vertederos de residuos no peligrosos con una capacidad de tratamiento superior a 10 t/día, o capacidad total superior a 25.000 t.
Primeras repoblaciones forestales no protectoras cuando supongan riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas.
Transformaciones de usos del suelo, en más de 1 ha, que impliquen eliminación de la cubierta vegetal cuando supongan un riesgo de graves transformaciones ecológicas negativas.
Dragados marinos.
Cañerías para el transporte de gas y petróleo.
Subestaciones de transformación de energía eléctrica.
Proyectos de urbanizaciones y de instalaciones hoteleras fuera de las zonas urbanas y construcciones asociadas.
Construcción de centros comerciales.
Vertederos de residuos peligrosos y de residuos inertes.
Obras de canalización y proyectos de defensa de cursos naturales.
Concentraciones parcelarias que supongan el cambio de uso del suelo cuando supongan una alteración sustancial de la cubierta vegetal.
Equipamientos sanitarios, docentes y deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela superior a 2.700 m².
Equipamientos comerciales no previstos en el planeamiento urbanístico con una superficie construida superior a 400 m².
Campos de golf y de pitch-and-putt.
Pistas de esquí, remontes o teleféricos y construcciones asociadas.
Astilleros para barcos superiores a 1.000 t.
Regeneración artificial de playas.
Pistas de carreras y de pruebas para vehículos a motor.
Hundimientos de barcos de eslora superior a 25 m para crear arrecifes artificiales.
Cualquier modificación o extensión de un proyecto previo a este anexo, cuando la modificación o extensión cumpla, por sí misma, los posibles umbrales establecidos en este anexo.
Cualquier proyecto que suponga un cambio de uso del suelo en una superficie igual o superior a 100 ha.
Emplazamientos de almacenaje de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenaje geológico de dióxido de carbono.
Instalaciones para la captura de flujos de CO2 con fines de almacenaje geológico de conformidad con la Ley 40/2010, de 29 de diciembre, de almacenaje geológico de dióxido de carbono, procedente de instalaciones incluidas en este anexo, o cuando la captura total anual de CO2 sea igual o superior a 1,5 Mt.
Proyectos no incluidos en el anexo 1 para destinar a explotación agrícola intensiva áreas naturales o seminaturales.
Nuevos regadíos de extensión superior a 50 ha y a partir de 5 ha cuando se prevea la utilización de aguas residuales depuradas aunque se trate de un regadío existente.
Explotaciones ganaderas intensivas con una capacidad superior a 100 UBM y las explotaciones ganaderas extensivas con una capacidad superior a 175 UBM, y, en todo caso, en cumplimiento de la legislación básica estatal, cuando superen las siguientes capacidades:
2.000 plazas para ganado ovino y cabrío.
300 plazas para ganado bovino lechero.
600 plazas para bovino de engorde.
Campañas antiplagas (insecticidas, fungicidas y herbicidas) a partir de 50 ha cuando se utilicen productos de la categoría B y C para mamíferos, aves y peces y productos de peligrosidad controlable y muy peligrosos para las abejas.
Introducción de especies exóticas vegetales o faunísticas, excepto plantas de cultivo agrícola o de ganado doméstico.
Repoblaciones forestales de extensión superior a 50 ha, y a partir de 10 ha cuando impliquen graves transformaciones ecológicas negativas o bien la utilización de especies no autóctonas.
Pistas forestales a partir de 2 km o en pendientes superiores al 15% y pistas agrícolas también en pendiente superior al 15%.
Tala de especies forestales realizada con el propósito de cambiar a otro uso del suelo cuando no esté sometida a planes de ordenación y afecte a más de 5 ha.
Líneas de transmisión de energía eléctrica inferiores a 15 kV ubicadas en suelo rústico con la calificación de ANEI y ARIP, espacios naturales protegidos al amparo de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad, y espacios de relevancia ambiental de la Ley 5/2005, excepto en el caso que sean líneas soterradas por camino existente con una longitud inferior a 1 km.
Centrales térmicas y otras instalaciones de combustión.
Instalaciones para almacenar productos petroleros, petroquímicos o químicos, con una capacidad superior a 1.000 t que ocupen más de 3.500 m².
Producción y almacenaje de gases combustibles a partir de 500 t de capacidad.
Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía de más de 100 kW, incluidos los tendidos de conexión a la red y los accesos.
Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, incluidos los siguientes tendidos de conexión a la red:
Astilleros para barcos de hasta 1.000 t.
Instalaciones para fabricar cemento, clinca u hormigón preparado no incluidas en el anexo 1 de esta ley.
Instalaciones industriales para fabricar productos cerámicos mediante horno; en particular, tejas, ladrillos, baldosas, arenisca o porcelana, no incluidas en el anexo 1 de esta ley.
Aparcamientos y marinas secas en suelo rústico.
Construcción de instalaciones de transbordo intermodal y de terminales intermodales.
Instalaciones industriales situadas en suelo rústico.
Industrias de cualquier tipo, cuando produzcan residuos líquidos que no se evacuen a través de la red de alcantarillado.
Instalaciones industriales para la elaboración de grasas y aceites vegetales y animales, siempre que se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
Instalaciones industriales para envasar y enlatar productos animales y vegetales, con una capacidad de producción superior a 2 t/día de productos acabados (valores promedios trimestrales).
Instalaciones industriales para fabricación de productos lácteos, siempre que la instalación reciba una cantidad de leche superior a 200 t/día (valor promedio anual).
Instalaciones industriales para la fabricación de cerveza y malta, siempre que en la instalación se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
Instalaciones industriales para la elaboración de confituras y almíbares, siempre que en la instalación se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
Instalaciones industriales para la fabricación de féculas, siempre que se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
Instalaciones industriales para la fabricación de harina de pescado y aceite de pescado, siempre que en la instalación se den simultáneamente las siguientes circunstancias:
Azucareros con una capacidad de tratamiento de materia prima superior a las 300 t diarias.
Instalaciones de tratamiento de residuos no peligrosos que realicen operaciones de eliminación de la D1 a la D12 del anexo 1 u operaciones de valorización de la R1 a la R11 del anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que no se desarrollen en el interior de una nave en el polígono industrial y no estén incluidas en el anexo 1 de esta ley.
Instalaciones de almacenaje de chatarra, de almacenaje de vehículos fuera de uso, centros autorizados para la recogida y la descontaminación de vehículos que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.
Instalaciones de almacenaje de residuos peligrosos fuera del lugar de producción (incluidas operaciones previas al tratamiento) que hagan operaciones de la D13 a la D15 del anexo 1 u operaciones R12 y R13 del anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.
Instalaciones de almacenaje de residuos no peligrosos fuera del lugar de producción (incluidas operaciones previas al tratamiento) que hagan operaciones de la D13 a la D15 del anexo 1 y operaciones R12 y R13 del anexo 2 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, con una capacidad superior a 100 t y que no se desarrollen en el interior de una nave en polígono industrial.
Vertederos de residuos no peligrosos con una capacidad de tratamiento inferior o igual a 10 t/día y capacidad total igual o inferior a 25.000 t, así como los proyectos de clausura de estos vertederos cuando no estuvieran incluidos en su autorización inicial, o no hayan sido sometidos a tratamiento ambiental.
Dragados, excepto cuando el objeto del proyecto sea mantener las condiciones hidrodinámicas o de navegabilidad en la zona de servicios del puerto con un volumen extraído inferior a 5.000 m3/año.
Urbanizaciones de vacaciones e instalaciones hoteleras fuera de áreas urbanas y construcciones asociadas.
Infraestructuras de telecomunicación o energía que unen los diversos territorios insulares.
Infraestructuras de telecomunicación ubicadas en suelo rústico con la calificación de ANEI y ARIP, espacios naturales protegidos al amparo de la Ley 42/2007 y espacios de relevancia ambiental de la Ley 5/2005.
Cualquier proyecto o actuación que pueda afectar a los ecosistemas marinos.
Paseos marítimos o senderos litorales que alteren la orografía del dominio público marítimo-terrestre.
Instalaciones para recuperar o destruir sustancias explosivas.
Equipamientos sanitarios, docentes y deportivos no previstos en el planeamiento urbanístico con una ocupación de parcela inferior a 2.700 m².
Todas las actuaciones que, de acuerdo con el plan de ordenación de los recursos naturales, el plan rector de uso y gestión o el plan de gestión de la zona donde se ubiquen, serán objeto de un estudio de evaluación de impacto ambiental.
Características de los proyectos: las características de los proyectos se considerarán, en particular, desde los siguientes puntos de vista:
Ubicación de los proyectos. La sensibilidad ambiental de las áreas geográficas que se puedan ver afectadas por los proyectos se considerará teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad, en particular:
Pantanales.
Áreas clasificadas o protegidas por la legislación del Estado o de las comunidades autónomas; lugares Red Natura 2000.
Áreas en las que se han superado ya los objetivos de calidad ambiental establecidos en la legislación comunitaria.
Paisajes con significación histórica, cultural o arqueológica.
Áreas con potencial afección al patrimonio cultural.
Características del impacto potencial. Los potenciales efectos significativos de los proyectos se considerarán en relación con los criterios establecidos en los apartados 1 y 2 anteriores y, en particular, teniendo presente:
Criterios para valorar en la evaluación ambiental estratégica simplificada para determinar si un plan o programa se debe someter
a evaluación ambiental estratégica ordinaria
Las características de los planes y programas. En particular, se considerará:
Las características de los efectos y del área probablemente afectada, considerando en particular:
Las características naturales especiales.
Los efectos en el patrimonio cultural.
La superación de valores límite o de objetivos de calidad ambiental.
La explotación intensiva del suelo.
Los efectos en áreas o paisajes con rango de protección reconocido en los ámbitos nacional, comunitario o internacional.