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Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 3', 'artículo 135', 'Artículo 2', 'Artículo 3', 'in fine']

MAS SOBRE EL CASO DE LOS FRANCISCANOS DE LA INMACULADA
ARTÍCULO DE ROBERTO MATTEI PUBLICADO EL 9 DE AGOSTO DEL 2013 EN “CORRISPONDENZA ROMANA”[1]
El “caso” de los Franciscanos de la Inmaculada (FF.I., en lo sucesivo) vuelve a repetir una cuestión de orden canónico, moral y espiritual, a menudo sacada a la superficie y a veces “explosiva” en los años posteriores al Concilio: El problema de la obediencia a una ley injusta. Una ley puede ser injusta no sólo cuando conculca las leyes divina y natural, sino incluso cuando vulnera una ley eclesiástica de rango superior. Y éste es el caso del Decreto de 11 de julio del 2013, a través del cual la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada establece un comisionado para los FF.I.
La lesión del derecho no radica en el comisionado, sino en aquella parte del Decreto que pretende obligar a los FF.I. a renunciar a la Misa según el Rito Romano Antiguo. De hecho, existe, además de la Bula Quo primum de san Pío V (1570), el Motu Proprio Summorum Pontificum (en adelante, MPSP), de Benedicto XVI (2007), es decir, una ley universal de la Iglesia, que concede a cada sacerdote el derecho a «celebrar el Sacrificio de la Misa según la edición oficial del Misal Romano promulgado por el Beato Juan XXIII en 1962 y nunca derogado, como forma extraordinaria de la Liturgia de la Iglesia.»
El artículo 2 del MPSP[2] proclama que no es preciso ningún permiso ni de la Sede Apostólica, ni de su Ordinario para celebrar la Misa sine populo.
El artículo 3[3] añade que, no sólo los sacerdotes individualmente considerados, sino «las comunidades de los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica, de derecho ya pontificio ya diocesano, ya en la celebración conventual o “comunitaria” en los propios oratorios, pueden ejercer este derecho». En el caso que una sola comunidad o un Instituto entero o Sociedad «realizase tales celebraciones con frecuencia, o habitualmente o permanentemente, deberán decidirlo los superiores mayores según las normas del derecho y los estatutos particulares.» No es necesario, en este caso, acudir a los principios de la ley divina y natural sino que basta con el derecho canónico. Un eminente jurista como Pedro Lombardía (1930-1986) recuerda cómo el canon 135, parágrafo 2, del nuevo Derecho Canónico establece el principio de legalidad al legislador, en el sentido de que «la potestad legislativa se ha de ejercer del modo prescrito por el derecho», especialmente de acuerdo con los cánones 7 a 22, que constituyen el título dedicado por el Código a las Leyes eclesiásticas (P. Lombardía, Lecciones de derecho canónico, Giuffré, Milán 1986, p. 206).
El Código recuerda que leyes eclesiásticas universales son aquellas que «se promulgan mediante su publicación en el Boletín Oficial Acta Apostolicae Sedis» (canon 8); y que «obligan en todo el mundo a todos aquellos para quienes han sido dadas» (can. 12 § 1); especificando que «las leyes que establecen alguna pena, coartan el libre ejercicio de los derechos, o contienen alguna excepción a la ley se deben interpretar estrictamente» (can. 18); decretando que «la ley posterior abroga o deroga a la precedente, si así lo establece de manera expresa, o es directamente contraria a la misma, u ordena completamente la materia que era objeto de la ley anterior» (can. 20); afirmando que «en caso de duda, no se presume la revocación de la ley precedente, sino que las leyes posteriores se han de comparar y, en la medida de lo posible, conciliarse con las anteriores» (can. 21).
El artículo 135[4] establece finalmente el principio fundamental de la jerarquía de las normas, en virtud del cual «tampoco puede el legislador inferior dar válidamente una ley contraria al derecho de rango superior». Ni siquiera un Papa puede abrogar un acto de otro Papa, si no es en la debida forma. La regla incontestable, de orden jurídico y moral, es que prevalece el derecho procedente de un orden superior, respecto de una materia de mayor importancia y más universal, y que posee un título más evidente (Regis Jolivet, Tratado de filosofía moral. Volumen I, Morcelliana, Brescia 1959, pp. 171-172).
Según el canon 14, además, la norma canónica, para ser obligatoria, no debe ser susceptible de duda de derecho (dubium iuris), sino que debe ser cierta. Cuando falta esa certeza de derecho, rige el principio: lex dubia non obligat. Cuando nos encontramos frente a una duda, la gloria de Dios y la salvación de las almas prevalecen sobre las consecuencias prácticas que se pueden derivar del acto, en el plano personal. El nuevo Código de Derecho Canónico recuerda, de hecho, en su último canon, que en la Iglesia siempre debe ser suprema lex la salus animarum (can. 1752). Lo había ya enseñado santo Tomás de Aquino: «La finalidad del derecho canónico es la paz de la Iglesia y la salvación de las almas» (Quaestiones quodlibetales, 12, q. 16, a.2) y lo repiten todos los grandes canonistas.
En el discurso sobre la salus animarum como principio del ordenamiento canónico, dicho el 6 de abril del 2000, el cardenal Julián Herranz, Presidente del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, reiteró que éste es el principio ordenador de la legislación canónica. Todo ello presupone una reflexión articulada, que está ausente en el presente debate, porque se olvida frecuentemente el fundamento moral y metafísico del Derecho.
Hoy prevalece una concepción meramente legalista y formalista, que tiende a reducir al Derecho como un mero instrumento en las manos de quien tiene el poder (Cf. don Arturo Cattaneo, Fundamentos eclesiológicos del Derecho canónico, Marcianum Press, Venecia 2011). Según el positivismo jurídico que ya ha penetrado en la Iglesia es exactamente eso lo que la autoridad promulga. En realidad, el Ius divinum es fundamento de toda manifestación del Derecho y presupone la precedencia del ius con respecto a la lex. El positivismo jurídico invierte los términos y sustituye el ejercicio de la lex a la legitimidad del ius. En la ley se ve sólo la voluntad del gobernante y no el reflejo de la ley divina, por la cual Dios es el fundamento de todos los derechos. Él es el Derecho viviente y eterno, principio absoluto de todos los derechos (Cf. Ius divinum, editado por Juan Ignacio Arrieta, Marcianum Press, Venecia 2010).
Y es por ello que en caso de conflicto entre la ley humana y la divina, «hay que obedecer a Dios antes que a los hombres» (Hechos de los Apóstoles V,29). La obediencia es debida a los superiores porque representan a la misma autoridad de Dios y ellos la representan en tanto en cuanto son custodios y aplican la ley divina. Santo Tomás afirma que es mejor hacer frente a la inmediata excomunión de la Iglesia, y desterrarse donde no llegue el brazo secular antes que obedecer una orden injusta: «ille debet potius excommunicatione, sustinere […] vel in alias regiones remotas fugere» (Summa Theologicae, Suppl., q. 45, a.4, ob. 3).
La obediencia no es sólo un precepto formal que nos empuja a someternos a las autoridades humanas: Es ante todo una virtud que nos encamina hacia la perfección. Abraza de manera perfecta la obediencia no el que obedece por interés, por temor servil o por aprecio humano, sino el que elige la verdadera obediencia, que es la unión de la voluntad humana con la Voluntad divina. Por amor a Dios deberíamos de ser rápidos a cumplir aquellos mandatos de obediencia a su ley y a su Voluntad, que disuelven los lazos de una falsa obediencia que pueda exponernos a perder la fe. Por desgracia, hoy existe un sentido de la obediencia equivocado, a veces unido al servilismo, en el cual el temor a la autoridad humana prevalece sobre la afirmación de la verdad divina.
La resistencia a las órdenes ilegítimas es a veces un deber, hacia Dios y hacia nuestro prójimo, que necesita de acciones de ejemplar densidad metafísica y moral. Los FF.I. han recibido y acogido de Benedicto XVI el bien extraordinario de la Misa tradicional, impropiamente llamada “tridentina”, que hoy millares de sacerdotes celebran legítimamente en todo el mundo. No existe una forma mejor de expresar el reconocimiento a Benedicto XVI por el bien recibido y de manifestar al mismo tiempo el propio sentimiento de protesta hacia una injusticia inmediata, que continuar celebrando con la consciencia tranquila el Santo Oficio de la Misa de acuerdo con el Rito Romano Antiguo. Ninguna ley contraria les obliga en conciencia. Tal vez pocos lo harán, pero ceder para evitar males mayores no servirá para alejar la tormenta que enfurece a su Instituto y a la Iglesia.
Traducido del italiano al español por dom. Pedro López Martínez
[1] Cf. http://www.corrispondenzaromana.it/lex-dubia-non-obligat/
[2] Nota del traductor: Artículo 2.- En las Misas celebradas sin el pueblo, todo sacerdote católico de rito latino, tanto secular como religioso, puede utilizar tanto el Misal Romano editado por el beato Papa Juan XXIII en 1962 como el Misal Romano promulgado por el Papa Pablo VI en 1970, en cualquier día, exceptuado el Triduo Sacro. Para dicha celebración, siguiendo uno u otro misal, el sacerdote no necesita permiso alguno, ni de la Sede Apostólica ni de su Ordinario.
[3] Nota del traductor: Artículo 3.- Las comunidades de los Institutos de vida consagrada y de las Sociedades de vida apostólica, tanto de derecho pontificio como diocesano, que deseen celebrar la Santa Misa según la edición del Misa Romano promulgado en 1962 en la celebración conventual o “comunitaria” en sus oratorios propios, pueden hacerlo. Si una sola comunidad o un Instituto entero o Sociedad quiere llevar a cabo dichas celebraciones a menudo o habitualmente o permanentemente, la decisión compete a los Superiores mayores según las normas del derecho canónico y según las reglas y los estatutos particulares.
[4] Rectius, canon 135 § 2, in fine (nota del traductor)