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Timestamp: 2020-04-07 14:25:54
Document Index: 77215851

Matched Legal Cases: ['de lege ferenda', 'artículo 180', 'artículo 560', 'artículo 560', 'artículo 127', 'artículo 122', 'artículo 122', 'artículo 591', 'artículo 573', 'artículo 590', 'artículo 568', 'artículo 570', 'artículo 112']

DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 126, de 27/06/2013
cve: DSCD-10-PL-126
Año 2013 X LEGISLATURA Núm. 126
Sesión plenaria núm. 120
- Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 41-1, de 8 de marzo de 2013. (Número de expediente 121/000041) ... (Página6)
- Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 149, de 22 de marzo de 2013. (Documentación complementaria en "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A-150, A-151, A-152 y A-153, de 22 de marzo de 2013). (Número de expediente 110/000085) ... (Página17)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre la exención recíproca de los visados para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 7 de marzo de 2013. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 163, de 19 de abril de 2013. (Número de expediente 110/000088) ... (Página17)
- Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, hecho en Luxemburgo y Oslo el 16 de junio de 2011 y 21 de junio de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 166 de 26 de abril de 2013. (Número de expediente 110/000089) ... (Página17)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Armenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 167 de 26 de abril de 2013. (Número de expediente 110/000090) ... (Página17)
- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre supresión del requisito de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Pretoria el 22 de febrero de 2013. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 170, de 10 de mayo de 2013. (Número de expediente 110/000091) ... (Página17)
- Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Lesotho al Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 171, de 10 de mayo de 2013. (Número de expediente 110/000092) ... (Página17)
- Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid y Washington el 5 y 26 de marzo de 2013. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 172, de 10 de mayo de 2013. (Corrección de error en "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 179, de 28 de mayo de 2013). (Número de expediente 110/000093) ... (Página18)
- Acuerdo interino con miras a un Acuerdo de asociación económica entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y África central, por otra, hecho en Yaundé el 15 de enero de 2009 y en Bruselas el 22 de enero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 174, de 17 de mayo de 2013. (Número de expediente 110/000094) ... (Página18)
- Convenio europeo relativo a las cuestiones de derechos de autor y derechos similares en el marco de la radiodifusión transfronteriza por satélite, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994, y declaración que España desea formular. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 175, de 17 de mayo de 2013. (Número de expediente 110/000095) ... (Página18)
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados. (Número de expediente 042/000023) ... (Página20)
Prórrogas de plazo:
- De la subcomisón para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad. (Número de expediente 154/000004) ... (Página21)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes (Votación) ... (Página21)
Enmiendas del Senado (Votación) ... (Página22)
Votación de conjunto ... (Página23)
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Votación) ... (Página23)
Enmiendas del Senado... (Página6)
Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial... (Página6)
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto y Olabarría Muñoz, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Díez González, del Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia; el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; la señora Surroca i Comas, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); los señores Villarrubia Mediavilla, del Grupo Parlamentario Socialista y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales... (Página17)
Acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 149, de 22 de marzo de 2013. (Documentación complementaria en "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A-150, A-151, A-152 y A-153, de 22 de marzo de 2013). (Número de expediente 110/000085) ... (Página17)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Árabe de Egipto sobre la exención recíproca de los visados para los titulares de pasaportes diplomáticos y de servicio, hecho en Madrid el 7 de marzo de 2013. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 163, de 19 de abril de 2013. (Número de expediente 110/000088) ... (Página17)
Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra, Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, hecho en Luxemburgo y Oslo el 16 de junio de 2011 y 21 de junio de 2011. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 166 de 26 de abril de 2013. (Número de expediente 110/000089) ... (Página17)
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Armenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 167 de 26 de abril de 2013. (Número de expediente 110/000090) ... (Página17)
Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República de Sudáfrica sobre supresión del requisito de visado a los titulares de pasaportes diplomáticos, hecho en Pretoria el 22 de febrero de 2013. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 170, de 10 de mayo de 2013. (Número de expediente 110/000091) ... (Página17)
Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Lesotho al Convenio de La Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 171, de 10 de mayo de 2013. (Número de expediente 110/000092) ... (Página17)
Acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid y Washington el 5 y 26 de marzo de 2013. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 172, de 10 de mayo de 2013. (Corrección de error en "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 179, de 28 de mayo de 2013). (Número de expediente 110/000093) ... (Página18)
Acuerdo interino con miras a un Acuerdo de asociación económica entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y África central, por otra, hecho en Yaundé el 15 de enero de 2009 y en Bruselas el 22 de enero de 2009. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 174, de 17 de mayo de 2013. (Número de expediente 110/000094) ... (Página18)
Convenio europeo relativo a las cuestiones de derechos de autor y derechos similares en el marco de la radiodifusión transfronteriza por satélite, hecho en Estrasburgo el 11 de mayo de 1994, y declaración que España desea formular. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 175, de 17 de mayo de 2013. (Número de expediente 110/000095) ... (Página18)
Para fijar su posición sobre determinados convenios intervienen los señores Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario Mixto; Nuet Pujals, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural; Moscoso del Prado Hernández, del Grupo Parlamentario Socialista y Beneyto Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página20)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados... (Página20)
La Presidencia anuncia que ningún grupo desea intervenir en este nuevo punto del orden del día, por lo que se aprueba por asentimiento.
Se suspende la sesión... (Página20)
Se reanuda la sesión... (Página21)
Prórrogas de plazo... (Página21)
La Presidencia somete a la Cámara la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad, cuyos trabajos concluirán el próximo 30 de septiembre, lo que se aprueba por asentimiento.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página21)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno continúa con la tramitación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local a pesar del rechazo que ha suscitado en el ámbito municipalista, se rechaza por 136 votos a favor, 181 en contra y 6 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre los criterios de jerarquización y priorización del Gobierno para la ejecución y puesta en marcha de los tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española y la planificación resultante de la aplicación de los mismos, se rechaza por 130 votos a favor, 191 en contra y 1 abstención.
Sometidos a votación los diversos puntos de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUia, CHA: La Izquierda Plural, sobre política energética, son rechazados.
Enmiendas del Senado. (Votación.) ... (Página22)
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo general del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, son aprobadas por 183 votos a favor, 133 en contra y 7 abstenciones.
Votación de conjunto... (Página23)
Sometida a votación de conjunto por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 182 votos a favor, más 1 voto telemático, 183; 140 en contra y 1 abstención.
Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación.) ... (Página23)
Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, todos ellos son aprobados.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 121/000041).
Como hay unas enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, anuncio que las votaciones serán no antes de las 12, pero espero que sean a las 12 en punto. Esa será la hora de la votación.
Vamos a examinar, pues, el punto correspondiente a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.
Señorías, a pesar de los seis vetos del Senado, a pesar de la barbaridad marca Gallardón, el mariscal Gallardón, hoy va a culminar una nueva victoria, una victoria aplastante contra la división de poderes. En esta ocasión el mariscal Gallardón ha conseguido reducir la independencia del órgano de los jueces y subordinarlo al Poder Ejecutivo. La reacción ultraconservadora ha alcanzado, pues, una nueva meta. De hecho, el ministro Gallardón no es otra cosa que una pieza, ciertamente muy importante, un alfil de este tablero, como lo son otros. Estamos hablando del resto de ministros de este Gobierno, que ejecutan perfectamente la estrategia de desmontar el Estado social y el Estado del bienestar asumiendo la pérdida, hasta límites extraordinarios, de la calidad de la democracia en la que vivimos. Saben que es muy importante deteriorar la democracia, porque deteriorándola, de hecho, lo que consiguen es evitar una reacción de la sociedad civil, una reacción de la ciudadanía. Esta pérdida es imprescindible para que puedan avanzar.
Se preguntan los miembros del Partido Popular, los miembros del Gobierno, qué hay que hacer para evitar que algunos jueces se desmadren. Ahora que se nos ven las vergüenzas, ahora que los casos de corrupción están en la calle, hay que controlar, hay que evitar algunos jueces, los miembros jóvenes, las nuevas generaciones de jueces que quizá se han mirado al espejo, han hecho la catarsis y se han dado cuenta de que sobre ellos recae una gran responsabilidad. Las tropas del mariscal Gallardón, de hecho, las tropas de este Gobierno, avanzan. Mato, Báñez, Wert, Soria, Gallardón, lleno de medallas, avanzan y quieren culminar la operación. Saben perfectamente que tienen que hacerlo deprisa. De hecho, han convertido la velocidad en una estrategia; ya no es una táctica, es una estrategia, hay que hacerlo deprisa. Ahora la sociedad tiene miedo, está aterrorizada, somos fuertes, tenemos mayoría absoluta... Ahora es el momento de desmontarlo, ahora es el momento de ganar. Tácticas de guerra relámpago.
Lamentablemente, el Partido Socialista Obrero Español ha pactado con el Partido Popular ir a Europa y simular que al menos se ha pactado el cómo y el cuándo enterrar a las víctimas. No lo entendemos. Aun así, aun cuando creemos que es un error lo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español -limpiarle las vergüenzas al Partido Popular ante Europa-, sabemos exactamente de dónde viene el mal. El mal no viene del Partido Socialista Obrero Español; el mal viene del Partido Popular. No entendemos, eso sí, que ustedes asuman este papel, como decía Camilo José Cela, de mamporreros. (Rumores). Sí, un término literario utilizado por Camilo José Cela. (Continúan los rumores). Mamporreros, repito, mamporreros. La prueba de ello es este sainete, este vodevil del pacto para ir a Europa a simular lo que no es porque están destrozando el Estado del bienestar, están destrozando el Estado social, están pervirtiendo la democracia y ustedes han pactado con ellos. Son ustedes los que tienen que aguantar que les digamos esto. (El señor Pradas Torres pronuncia palabras que no se perciben).
Señor presidente, dígale al diputado compañero que sea un poco más educado, por favor. (Risas-El señor Pradas Torres: No insultes). Nunca desde el escaño...
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor diputado. Ruego silencio. No quiero interrupciones.
Siga usted, señor Tardà, no se preocupe. (Rumores).
La mala educación no tiene ideología.
Hemos ofrecido en nuestras intervenciones y enmiendas múltiples razones de lo grave de esta contrarreforma del Consejo General del Poder Judicial. De nada sirvieron. Ahora el Gobierno tendrá a su favor muchos jueces que por razones de clase social le son fieles, le son afines, pero además tendrá controlada la estructura de su órgano de Gobierno. ¿Y esto para qué? Para perpetuarse y para garantizarse que, si algo fallara, si algo se torciera, nada sería inevitable. ¿Cómo? Controlando el Consejo General del Poder Judicial, enterrando la división de poderes. Ya tienen el Tribunal Constitucional controlado, un tribunal pervertido, sí, pervertido, corrompido en sus funciones, porque es un tribunal parcial, absolutamente al servicio del poder político, en este caso del Partido Popular, que ha colocado a una persona ultraderechista en su presidencia, y además entierran el ejercicio de la tutela judicial mediante la privatización de la justicia -léase Ley de Tasas-, con lo cual están a punto de quedarse solos en el campo de batalla.
Entierran la tutela judicial, giran el calcetín al sistema público de justicia, controlan el Tribunal Constitucional sin ninguna vergüenza, controlan el Consejo General del Poder Judicial... Casi lo tienen todo. El mariscal Gallardón es el rey de la plaza, pero debería saber que algunas veces -la historia lo ha demostrado y nos lo ha enseñado-, pocas, los mariscales también caen del caballo y se rompen la crisma.
El señor OLABARRÍA MUÑOZ: Señor presidente, señorías, señor Tardà, le agradezco profundamente la ubicación del argumentario del debate. A partir de su intervención es muy fácil penetrar en los aspectos atinentes a la reforma del Poder Judicial. Se lo agradezco sinceramente. Lo que pasa es que yo voy a rebajar un poco el tono en la medida de mis posibilidades, más o menos porque fenotípicamente no soy capaz de decir las cosas que dice usted, aunque las pueda compartir lato sensu. (Risas).
Me sorprende sobremanera, señor presidente, la ausencia del ministro, una presencia tan recurrente en esta Cámara, precisamente cuando finaliza el debate de esta suerte de tragicomedia que ha constituido el debate de esta ley y de esta atrofia democrática que se termina de consagrar con las enmiendas del Senado, enmiendas no aceptadas. Si eventualmente se hubiese aceptado alguna relevante, ello nos permitiría argumentar, cumpliendo la naturaleza del trámite, pero no es posible, porque ninguna de las admitidas en el Senado tiene ninguna relevancia. Vamos a reiterar algunas de las prevenciones con relación a esta ley.
Esta ley tiene muchos problemas, entre los cuales no es menor que se intenta la amortización de un órgano constitucional y se consigue, seguramente por razones muy similares a las que el señor Tardà glosaba recientemente. En este momento, en el Poder Judicial, en la Administración de Justicia, hay cohortes de jueces nuevos -parafraseando la película Uno de los nuestros, ya no son uno de los nuestros las cohortes de jueces jóvenes- que presentan cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo en materia de desahucios que prosperan y causalizan los despidos colectivos descausalizados por la reforma laboral. Comentan 46 jueces decanos -los 46 existentes en el Estado español- que la corrupción es un mal endémico de la democracia española. Se imputa a personas que se consideraban, en virtud de presuntos pactos ocultos de la Transición democrática, como miembros de la Casa Real; se imputa penalmente a personas de esta naturaleza, y esto ha llamado poderosamente la atención a una parte del estamento gobernante del país ubicado en esta parte del espectro político de la Cámara. ¿Qué es lo mejor para intentar abortar desde las posibilidades gubernamentales de actuación? Amortizar el órgano que gobierna un poder independiente del Estado, el Poder Judicial, vulnerando principios tan paradigmáticos en un Estado democrático como la división de poderes y la necesaria neutralidad y libertad con la que se debe ejercer la función jurisdiccional, la noble función jurisdiccional; noble en tanto en cuanto se ejerza con nobleza, con honestidad, con libertad y con neutralidad. Esto es lo que se intenta perturbar mediante una degradación consistente en la reducción incluso del número de vocales actuantes. Se pasa de un Consejo General del Poder Judicial con 20 vocales en régimen de dedicación exclusiva a un Consejo General del Poder Judicial donde solo 6 vocales actuarán en régimen de dedicación exclusiva. Es más fácil, evidentemente, controlar a 6 que controlar a 20 vocales, es matemática o aritméticamente más fácil. Pero no solo eso, sino que además se degradan notablemente las funcionalidades de un órgano que tiene importantísimas competencias, haciendo desaparecer comisiones tan importantes como la comisión de calificación, por ejemplo, comisión destinada a garantizar la neutralidad de los nombramientos discrecionales
del Consejo General del Poder Judicial, que son tan importantes como el nombramiento de todos los magistrados de las cinco salas que conforman el Tribunal Supremo, de los presidentes de los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas y de los presidentes de todas las audiencias provinciales. Desde esa perspectiva, la inexistencia de una comisión que garantice la neutralidad de las personas que ostenten estas importantes competencias jurídico-orgánicas en el seno de la Administración no es baladí. Se pervierte también la configuración de la comisión disciplinaria, que según como se ejerzan las potestades disciplinarias puede constituirse en un factor de coerción o de inhibición de la actuación judicial libre e independiente.
Yo fui vocal -como sabe el señor presidente- durante cinco años del Consejo General del Poder Judicial, del anterior, del existente todavía, no del que está pervertido, prostituido a través de este importante proyecto de ley por su dimensión jurídica, no por sus objetivos, y he observado una cierta actuación maniquea en la forma de operar, en la forma de funcionar de la comisión disciplinaria. He observado cosas tan llamativas como suspender a un juez, al juez Moreiras, al que todo el mundo conoce y se le puede citar con nombres y apellidos porque aquello fue muy noticioso en su día, por hacer unas declaraciones irrelevantes en el diario ABC, en una página oculta entre el fárrago de noticias del ABC, cuando se mantenía en perfecta libertad la posibilidad de realizar declaraciones públicas en los medios de televisión de mayor difusión a todos los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional. Esto por poner un ejemplo del maniqueísmo. Desde esa perspectiva, según como se ejerzan las competencias de la comisión disciplinaria y si une elementos de contrapeso y de contrapoder en su seno, alternándose en las instrucciones de los expedientes disciplinarios a todos los componentes de la comisión disciplinaria y alternativamente creándose lo que se crea, una especie de instrucción general para todas las causas disciplinarias, instructor que no estará ajeno a los requerimientos a las indicaciones y sugerencias del partido gobernante -uno puede presumir legítimamente que esto va a ser así-, la comisión disciplinaria en su nueva configuración sí puede erigirse en un factor de inhibición de una actuación jurisdiccional libre y neutra que provoque los efectos benéficos que tanto el señor Tardà como yo mismo reconozco en relación con las nuevas cohortes de jueces más jóvenes, que además tienen un sentido más espiritualista del derecho. No voy a decir que los jueces anteriores fueran sumisos al poder -algunos sí lo eran-; sumisos con carácter general o creando la categoría de juez sumiso es una expresión que no oirán salir de mi boca, pero sí eran jueces que tenían una visión del derecho muy vinculada a la literalidad de la norma, al rigorismo en la interpretación de la norma, prescindiendo de esta especie de juego espiritualista en la interpretación de las normas con el que las cohortes más democráticas y más jóvenes de los jueces de este país están convirtiendo al Poder Judicial en lo que realmente debe ser un Poder Judicial de cualquier Estado democrático, un contrapoder de los demás poderes del Estado, un verdadero contrapoder, que de alguna forma aborte las actuaciones más perversas y más desnaturalizadas del Poder Ejecutivo fundamentalmente y del Poder Legislativo también, cuando proceda, en cuanto a las deficiencias de una legislación crecientemente degradada desde la perspectiva de su ajuste a los requerimientos de los derechos fundamentales y libertades públicas proclamadas por la propia Constitución española.
El juego combinado de la presidencia y de la vicepresidencia es otra atrofia democrática que parte de un uso no escrito pero que ha funcionado con regularidad en el Consejo General del Poder Judicial, en virtud del cual había una especie de balanza o de contrabalanza entre el presidente y el vicepresidente que hacía que perteneciendo ambos a sensibilidades -vamos a usar la expresión eufemística sensibilidades, que no ideologías- políticas diferentes neutralizaban la preponderancia de esas sensibilidades hegemónicas, una de naturaleza conservadora y otra de naturaleza progresista, mediante un juego combinado de un presidente y un vicepresidente que prácticamente tenían un rango jurídico formal de igualdad u operaban en un rango jurídico formal de igualdad. En este momento también la subordinación de la vicepresidencia al presidente, que puede ser cesado por el presidente, es otra atrofia democrática. Y ya desde una perspectiva institucional territorial qué no decir de la ausencia y de la pérdida de la gran oportunidad de afrontar el debate eterno y recurrente de los consejos generales del Poder Judicial autonómicos. Esta no es una pretensión de lege ferenda, es una cuestión de lege data. Hay siete consejos autonómicos del Poder Judicial previstos en siete estatutos de autonomía diferentes, con diferentes perfiles. El perfil más adecuado es el Consell de Justicia aprobado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y recortado convenientemente por una sentencia ad hoc del Tribunal Constitucional, en donde el consejo catalán asumía las competencias territorializables, pero que todas ellas corresponden al Consejo General del Poder Judicial. Hay otros consejos autonómicos del Poder Judicial que lo que hacen es incorporar las que constituyen en este momento competencias de las salas de gobierno de los tribunales
de justicia autonómicos. No nos parece la fórmula adecuada. En todo caso, hemos perdido una gran oportunidad no debatiendo una cuestión que hace referencia a la estructura del poder judicial, no de la jurisdicción, que es única, y nosotros no vamos a refutar el carácter único de la jurisdicción, sino del órgano que ejerce las competencias gubernativas atinentes al Poder Judicial. En materia de competencias gubernativas, ni en la Constitución, ni en los estatutos de autonomía, ni en la jurisprudencia constitucional, ni en el bloque de constitucionalidad, nada, parafraseando a Lucrecio, está escrito en la naturaleza de las cosas. Las competencias gubernamentales se pueden ubicar en la comunidad autónoma, se pueden ubicar en el Estado o en ambos de forma compartida. Este es un debate pendiente. El señor ministro, ausente hoy, nos ha comentado que viene otra reforma del Consejo General del Poder Judicial donde se podrá afrontar esta importante cuestión. Esperemos que sea verdad, sobre todo porque el Consejo General del Poder Judicial, y me refiero al portavoz del Partido Popular, señor Barreda, porque es algo en lo que el señor Barreda, en debates que él y yo hemos tenido de naturaleza electoral, con lo cual hay que tomárselos a beneficio de inventario, pero los debates electorales son también ilustrativos de las posiciones ideológicas de cada cual, comparte la idea de la existencia de los consejos autonómicos del Poder Judicial. Me ha parecido entender que los compartía, pero no en una dimensión amplia, en la dimensión más amplia, no en la dimensión tramposa de trasladar las competencias de las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia a un órgano al que se le cambie solo la denominación jurídica nomen iuris; las salas de gobierno del Tribunal Superior de Justicia se convierten en consejos autonómicos del Poder Judicial con las mismas competencias. No, a eso no podemos jugar. Tenemos que jugar a ajustar, por fin, después de tantos años de vigencia de la Constitución, la estructura del órgano de gobierno del Poder Judicial a la estructura de un Estado pretendidamente compuesto, cada vez menos compuesto, por cierto, porque se va descomponiendo hacia el centro, de forma centrípeta, mediante real decreto-ley tras real decreto-ley , proyecto de ley tras proyecto de ley, que van centralizando competencias transferidas muchas de ellas de carácter exclusivo de las comunidades autónomas.
Podríamos decir muchas cosas de este Gobierno, pero, señor presidente, lo que no se puede regenerar no se puede regenerar. Ya decía el Gallo que lo que no puede ser no puede ser y además es imposible. Con estas enmiendas del Senado, ninguna con relevancia, ni la ateniente a las competencias reglamentarias del Consejo General del Poder Judicial, que se incrementan de forma tan ligera que el incremento de sus competencias reglamentarias hay que analizarlo con microscopio, prácticamente es irrelevante, nosotros tenemos que reiterar no nuestra oposición a las enmiendas no aceptadas -es una paradoja decir que no a algo que no se ha producido; no considero una expresión tautológica lo que decimos, señor presidente-, sino a esta atrofia democrática que conforma un proyecto de ley de estas características y que amortiza políticamente uno de los más importantes órganos constitucionales del Estado español, el órgano que gobierna un poder que debe ser independiente y que cada vez es menos independiente: la Administración de Justicia, el Poder Judicial.
Por el Grupo de Unión Progreso y Democracia, tiene la palabra la señora Díez.
Señorías, debo llamar la atención sobre la ausencia del ministro de Justicia. Me sorprende que en un debate tan importante para el ministerio que él representa, el ministro esté ausente. Me llama la atención que un ministro que ha mostrado tanto interés y se ha tomado tanto trabajo para controlar el órgano de los jueces no tenga siquiera la responsabilidad o el gesto de aparentar que sabe que él rinde cuentas ante el Congreso de los Diputados. Me parece que su ausencia en el día de hoy demuestra bien a las claras cómo entiende el Gobierno, y particularmente el ministro de Justicia, la separación de poderes. Sacar la mano del órgano de los jueces ni muerto, pero escuchar a los parlamentarios, estar en la Cámara representativa, rendir gestión y obedecer a ese dictado de la separación de poderes con el respeto y la presencia, una vez que ha conseguido lo que ha querido, para qué va a perder el tiempo. Me llama la atención y quiero hacer notar que esa ausencia hemos de entenderla -por lo menos mi grupo así la entiende-, como la demostración de cómo el Gobierno falta al respeto a la Cámara representativa y cómo entiende la separación de poderes en materia tan sensible como esta de la que estamos hablando.
Como no está el ministro, a mí que me gusta citarle, voy a recordarle citándole, porque nada mejor que sus palabras para recordarle. Como no nos hace el favor de decirnos lo que piensa a estas alturas sobre esta materia, voy a citarle, voy a leer sus palabras y así será un poquito como si estuviera entre nosotros,
para que su espíritu esté aquí, en el Parlamento, como si estuviera presente. Quiero que quede claro que son citas textuales, que no hay interpretación alguna y que todas son suyas, no me las quiero apropiar ni de lejos, todas son suyas, del ministro de Justicia. Nos dijo el ministro de Justicia nada más asumir su cargo: No podemos seguir con la imagen de politización de la justicia en España -enero de 2012-, no podemos seguir con una imagen en la que la división de poderes que consagra nuestra Constitución -como la entiende él, claro- está a efectos del ciudadano absolutamente vulnerada como consecuencia de la extensión de la lucha partidista en la configuración del órgano de Gobierno de uno de los poderes del Estado. Él nos dijo en esa comparecencia que iba a terminar con esta lucha partidista a la hora de manejar -así lo expresó- el órgano fundamental de Gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial. Pues sí que ha cumplido, ha terminado con la lucha partidista porque se ha quedado el PP con todo. Efectivamente, ha cumplido. Bueno, ha cumplido en dirección contraria de la que esperábamos porque interpreté que se iba a acabar eso -no lo interpreté, sino que fue él el que dijo que los jueces han de ser elegidos por los jueces y más cosas, porque la cita es muy larga-, pero hay una parte que ha cumplido aunque allí no lo explicó. Vamos a terminar con la lucha partidista dentro del órgano porque nos vamos a quedar con todo y así se acabó la lucha porque ya todo el órgano es del Partido Popular, y además vamos a hacer lo posible para que no cambie.
El ministro nos ha dejado más citas importantes. Otra que quiero destacar es una cita pretérita, pasada, cuando todavía no era ministro, pero que expresa bien lo que el ministro piensa de la separación de poderes, de la independencia del Poder Judicial, de la justicia y, diría más, de la democracia en España. Nos dijo cuando era un joven senador que ya prometía, allá el 27 de septiembre del año 1988, que mientras siga existiendo el Ministerio de Justicia es difícil que aparezca una posible racionalización en cuanto a la administración, no ya de los medios personales -¿será que ha dimitido y por eso no está, porque ha llegado a creer que esto de 1998 era lo que había de hacerse? Pero no-, sino también de los medios materiales necesarios para desarrollarla. Dijo Gallardón: Mientras el Ministerio de Justicia no desaparezca es muy difícil llevar a cabo una labor de administración de justicia independiente. Existe cobertura legal, señor ministro -le decía entonces al ministro de Justicia-, el artículo número 117 de la Constitución dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. ¿Por qué el Poder Ejecutivo -exclamaba el entonces senador- tiene que administrar la justicia en España? La coexistencia del ministerio y del Consejo General del Poder Judicial es en la práctica absurda e incompatible. O se administra la justicia por el Gobierno o se autoadministra ella misma, pero las dos cosas al mismo tiempo son contradictorias. Cierro comillas. Esto es lo que decía el señor Gallardón en aquella fecha del 27 de septiembre de 1988. Pero, ciertamente, cuando le recordé hace dos semanas, el 12 de junio de 2013, esta reflexión suya debatiendo en la Cámara en una interpelación sobre aforados, me la contextualizó, me la explicó. Me dijo por qué en esa fecha, siendo él senador, decía que había de desaparecer el Ministerio de Justicia si uno quería que en España hubiera una justicia independiente. Me explicó por qué era, y lo dijo así, abro comillas: Cuando yo decía esas cosas en el Senado las decía, entre otros motivos, porque el ministro de Justicia pertenecía al Partido Socialista, que me parecía que era un argumento sólido para intentar que semejante cosa no ocurriera, o sea, que si el ministro de Justicia no es el del partido al que uno representa, pues lo que tiene que desaparecer es el Ministerio de Justicia, porque esta es la manera en la que interpreta el ministro de Justicia la separación de poderes y la independencia de los órganos de la justicia.
En fin, señorías, yo creo que está todo bastante claro, está todo bastante dicho, no solo porque yo lo haya recordado sino porque ustedes lo han hecho, no solo es lo que el ministro ha dicho sino lo que el ministro, el Gobierno, en esta materia ha hecho. Ahora que se habla tanto estos días y que el Gobierno intentar convencernos, en relación con materia tributaria y con materia fiscal, de los errores de los notarios y los registradores de la propiedad, yo quiero recordarles a todos ustedes que el día de hoy pasará a la historia, creo que es historia pequeña pero será historia también, como ese día en el que se perpetró el final del atraco a la independencia de la justicia, en el que se puso la losa definitiva o al menos la losa pesada sobre ese Montesquieu que ya estaba muerto y enterrado, porque lo que han perpetrado es efectivamente el capítulo final de ese atraco contra la independencia de la justicia, por cierto, un atraco perpetrado en este caso, y eso es más notable todavía, dicho sea de paso, por el Notario Mayor del Reino y por el registrador de la propiedad de Santa Pola, porque esto no lo ha hecho solo el ministro de Justicia, esto lo ha hecho el Gobierno.
Por el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, a mí no me extraña que el ministro de Justicia no esté hoy aquí, no me extraña porque el ministro de Justicia tendría que pasar la vergüenza del mentís a prácticamente todas sus afirmaciones. La más grave de ellas es el compromiso personal del ministro en diversas ocasiones, en debate parlamentario, de diálogo y de negociación de este proyecto de ley -ahora prácticamente ley- del Consejo General del Poder Judicial. No solamente no ha habido diálogo -ha habido monólogo-, sino que este proyecto de ley es quizá la ley que cuenta con más oposición corporativa, política y social de las que se van a aprobar en esta Cámara. Eso significa el mentís al ministro de Justicia y eso significa que el ministro de Justicia ha mentido a esta Cámara en un tema solemne como es la negociación y el diálogo en torno al órgano de gobierno de los jueces. Por eso el ministro no está hoy aquí. Y no está porque hoy se trata de culminar el asalto por parte del Partido Popular -no se puede llamar de otra manera- al Consejo General del Poder Judicial. Todo el poder para el Partido Popular. Hay que decirlo así. Un asalto que no es nuevo, señorías. La concentración obscena del poder y el ejercicio obsceno del poder en estos momentos es el que realiza el Partido Popular, precisamente como compensación del momento de más baja credibilidad y legitimidad del Gobierno, no solamente por su política ante la crisis económica, sino también por su falta de credibilidad en la honestidad del Gobierno y en la honestidad del partido que le apoya. Resulta muy grave que, en vez de hacer un ejercicio de humildad y desarrollar los pesos y contrapesos que existen en una sociedad democrática, el Partido Popular responda ante su falta de credibilidad, ante su crisis de credibilidad con el asalto al poder y con el ejercicio y la ostentación obscena del poder. Esta es la ley que culmina hoy aquí el Partido Popular: el asalto al Consejo General del Poder Judicial.
Señorías, vienen del Senado una serie de enmiendas. Yo creo que aquí también el Partido Popular innova en materia parlamentaria. Ya lo dije en su momento en el debate previo al pase de esta ley por el Senado y ahora lo vuelvo a repetir. En primer lugar, porque lejos de un trámite de enmiendas donde se dialoga, se negocia y se acuerda con los grupos parlamentarios de la oposición, el Partido Popular ha iniciado una fórmula que podríamos denominar de onanismo parlamentario, por la cual el Partido Popular se autoenmienda a sí mismo. Se autoenmendó en el proceso del Congreso y ahora se autoenmienda en el proceso del Senado. Señorías, se han aceptado ustedes a sí mismos más enmiendas que artículos tiene la ley. Es realmente impresionante. Convierten ustedes a esta Cámara en una Cámara de autoenmienda, en una Cámara de autocorrección de errores del Partido Popular pervirtiendo el carácter de Cámara, de diálogo, de debate, de negociación y de acuerdo. De tal forma que básicamente las veintiséis enmiendas que vienen del Senado podemos decir que continúan degradando los aspectos más negativos del texto inicial; los aspectos estamentales más negativos del texto inicial; los aspectos más negativos en cuanto al fraude que supuso la interrupción de la aplicación de la ley en su momento; los aspectos más negativos en las compatibilidades. Es decir, veintiséis enmiendas que continúan con la obcecación de la ley inicial. Señorías, en opinión de mi grupo parlamentario cada vez está más clara la política del Ministerio de Justicia y no sé si es un trasunto de la política general del Gobierno. La política del Ministerio de Justicia frente a la orientación de servicio público de la justicia es la privatización de la justicia.
También la política del Gobierno es la política de la propaganda, fundamentalmente del populismo penal, convirtiendo al órgano de Gobierno de la justicia en una suerte de delegación del Gobierno o delegación del Ministerio de Justicia en materia también de propaganda y de control. Pero lo que más le importa al Gobierno, dentro de esta justicia señorial, que se transforma cada día más en una justicia de señoritos, además de la privatización de la justicia como servicio público, además de la propaganda y el populismo penal, es el poder. En definitiva, estamos hablando del poder; del poder que hoy el Ministerio de Justicia y el Gobierno trasladan a la ocupación del Consejo General del Poder Judicial. Los ciudadanos, durante este periodo, han protestado en la calle y han criticado el carácter bipartidista y a veces corporativo del órgano de gobierno de los jueces. Pues bien, el Partido Popular tiene una solución a esa pluralidad, entre comillas, restringida a ese bipartidismo imperfecto. Su gran solución es el monopolio del órgano de gobierno de los jueces. Es decir, ya no habrá ruido porque la paz será la paz de los cementerios; el control por parte del Gobierno del órgano de gobierno de los jueces; la conversión del Consejo General del Poder Judicial en un consejo general del Partido Popular, en una delegación del Ministerio de Justicia.
Además, el órgano de gobierno de los jueces, por si no hubiera suficiente control, se ve reducido tanto en sus competencias como en su funcionamiento, hasta tal punto que se convierte en un órgano amateur, donde los responsables del órgano van rotando para tener un menor conocimiento y una menor capacidad de incidencia en el gobierno de los jueces. Por otra parte, el gran problema del órgano de gobierno surgido en torno al caso Dívar, que es la transparencia y el control democrático, a esos dos grandes problemas el Gobierno les da una solución, menos transparencia y menos control democrático del órgano de gobierno de los jueces. En definitiva, monopolio, carácter amateur del órgano y opacidad del Consejo General del Poder Judicial. Pero la pregunta no es solamente qué; la pregunta es para qué. Yo creo que es bastante claro. Hoy mismo, el Consejo General del Poder Judicial abre una investigación a un coronel por intimidación a una jueza militar. Esto ya no ocurrirá con el órgano de gobierno del Partido Popular; no volverá a ocurrir nunca más. El Ministerio de Justicia decidirá entrometerse, intimidar en este caso a una juez togada, y el Consejo General del Poder Judicial no hará nada; mirará para otro lado. Ese es el planteamiento que hace hoy el Gobierno aquí; no solamente tutelar a los jueces; cercar e intimidar a los jueces incómodos para el Gobierno y para el Partido Popular. Esto no es solamente un asalto al Consejo General del Poder Judicial sino, en este caso, la utilización del consejo general para condicionar la independencia en su ejercicio de los jueces, sobre todo de los jueces incómodos para el Partido Popular.
En definitiva, es una ley inaceptable por falta de diálogo; inaceptable por monopolizar el órgano de gobierno del Poder Judicial e inaceptable también por inconstitucional. En nuestra opinión, el Gobierno está en flagrante inconstitucionalidad y nos sumaremos a todas aquellas iniciativas que recurran esta ley. En definitiva, requiescat in pace, en este caso por el Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos).
Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Surroca.
Señorías, nos encontramos ante el último trámite parlamentario de este proyecto de ley orgánica y vemos que las enmiendas introducidas por el Senado no aportan grandes cambios respecto al texto que ya salió en su día de esta Cámara. Algún portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ya ha hecho mención también a esta cuestión. De hecho, ello no nos sorprende, porque la experiencia ya nos ha enseñado que el Grupo del Partido Popular y el Gobierno en este proyecto, aunque también en muchos otros que en los últimos meses se han tramitado, viene a imponer su mayoría sin atender las propuestas de mejora que en forma de enmiendas presentamos los distintos grupos parlamentarios, y ello aunque se trate de reformas de calado como sucede en el presente caso. Así, hoy se consolida, lamentablemente, la ruptura del consenso alcanzado en su día con una amplísima mayoría de grupos parlamentarios, mediante el que se fijó el actual modelo y sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Llegamos hoy aquí con un texto que ha incorporado alguna de las enmiendas propuestas por Convergència i Unió, pero cuya significación es mínima, prácticamente simbólica, creemos que para aparentar que ha habido un mínimo diálogo durante la tramitación del proyecto, circunstancia que ya hemos dicho reiteradamente que no ha sucedido a pesar de los anuncios hechos en esta Cámara por el ministro de Justicia.
Desde Convergència i Unió hemos abordado esta reforma de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial poniendo especial énfasis en varias cuestiones, en dos que son básicas a nuestro entender. Así, por una parte, reclamamos que se diera cumplimiento a lo dispuesto en el Estatut d'Autonomia de Catalunya en lo referente al Poder Judicial y en concreto a la designación de su órgano de gobierno y la creación de consejos de justicia autonómicos. Por otra parte, hemos defendido que se asegurara la independencia del órgano de gobierno del Poder Judicial, frenando su desapoderamiento en favor del Ministerio de Justicia. En este ámbito hemos seguido el criterio de mantener la regulación vigente, por cuanto nos parecía que daba mayor garantía de independencia al Consejo General del Poder Judicial. Pues bien, ninguna de esas cuestiones de especial relevancia para nuestro grupo parlamentario ha sido incorporada en el proyecto de ley que hoy nuevamente debatimos. No se ha incorporado la creación de los consejos de justicia autonómicos, según prevé el Estatut d'Autonomia de Catalunya y también el de otras comunidades autónomas. En este sentido, no vemos las razones que justifiquen postergar su creación a una posterior reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, tal y como ha anunciado el ministro de Justicia en varias ocasiones, la última en la Comisión de Justicia en esta Cámara. Esta reforma tampoco da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 180 del Estatut d'Autonomia de Catalunya, que se refiere a la participación de la Generalitat en el proceso de designación de miembros del Tribunal Constitucional y, como es el caso, del Consejo General del Poder Judicial, y otra vez a pesar de reclamar
el cumplimiento de lo que dispone una ley que forma parte del bloque de constitucionalidad. Ese aspecto no se ha introducido ni se ha tenido en cuenta en la reforma, ni siquiera ha habido el mínimo gesto de dialogar respecto a esta cuestión que -insistimos- no es otra cosa que dar cumplimiento a lo que se establece en el Estatut d'Autonomia de Catalunya, dar cumplimiento a la ley.
Por otra parte, se ha dicho reiteradamente desde las asociaciones profesionales y distintos operadores jurídicos, así como también en el informe del Consejo General del Poder Judicial, que esta reforma podía poner en cuestión la independencia del Consejo General del Poder Judicial. Lo han dicho aquí todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Por ello, desde Convergència i Unió rechazamos, por ejemplo, que se reste capacidad reglamentaria al consejo y que determinadas competencias del pleno pasen a manos de una reducida comisión permanente. En este ámbito tenemos que reconocer que el texto que proviene del Senado ha incorporado alguna mejora, pero otra vez es una mejora absolutamente mínima. Así, por ejemplo, en el artículo 560 se han introducido cambios en relación, como decíamos, con la potestad reglamentaria del consejo que pretenden ser -se dice en el informe motivado- más acordes con las previsiones constitucionales. Así, se había dicho que esta reforma ponía en entredicho en esta cuestión la configuración constitucional de la institución, colocándola, mediante un considerable e importante vaciado de competencias, en una situación de subordinación respecto al Ejecutivo. En este ámbito, entendemos que en la enmienda que se ha incorporado al artículo 560 tampoco se aborda con la amplitud necesaria esta recuperación de la capacidad reglamentaria del Consejo General del Poder Judicial que desde Convergència i Unió ha venido reclamándose con insistencia desde el inicio de la tramitación de este proyecto de ley.
En otro ámbito, tampoco se ha incorporado la propuesta de nuestro grupo parlamentario de mantener el actual régimen de incompatibilidades de los vocales miembros del Consejo General del Poder Judicial. Desde Convergència i Unió creemos que la supresión de ese régimen va en detrimento del mandato constitucional del artículo 127 de la Constitución española, y a la vez afecta nuevamente a la independencia de los jueces y magistrados en la medida en que esa subordinación gubernativa entre jueces y magistrados puede verse resentida, e igualmente por lo que respecta a los juristas. Es evidente que el ejercicio de la profesión muy fácilmente puede interferir en el cumplimiento de la obligación de asistencia a los actos obligatorios del órgano. Precisamente también en este sentido nuestro grupo parlamentario había defendido varias enmiendas de forma alternativa a fin de que si el Gobierno mantenía ese régimen que queda recogido en el actual proyecto de ley, es decir, si suprimía el régimen actual de incompatibilidades, era necesario fijar algún medio para que los profesionales pudieran compatibilizar las dos actividades sin interferencias. Por otra parte, también consideramos que la composición de la comisión permanente así como las funciones que asume van también en detrimento de esa necesaria independencia del Consejo General del Poder Judicial
En definitiva, señorías, desde nuestro grupo parlamentario consideramos que las enmiendas incorporadas al texto que viene del Senado son mínimas y que hay otros muchos aspectos que se han quedado al margen y que se podrían haber introducido a lo largo de la tramitación parlamentaria que habrían mejorado sustancialmente el contenido de este proyecto de ley orgánica, por lo que nuestro grupo parlamentario va a mantener la misma posición que tuvo en esta Cámara en el último debate y la misma posición que los compañeros del Senado han expuesto en la tramitación en el Senado de este proyecto de ley. Nos encontramos ante una reforma que pone en cuestión la independencia del Consejo General del Poder Judicial que, como se ha dicho, vacía de contenido el órgano de gobierno del Poder Judicial en favor del Ministerio de Justicia, en favor del Gobierno y, por tanto, nuestro grupo parlamentario no podrá apoyarla.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Señor presidente, señorías, con la aprobación de este proyecto de ley el Grupo Popular va a consumar un grave ataque a la independencia judicial y la ocupación política del Consejo General del Poder Judicial, abusando de su mayoría absoluta. El señor ministro -lamentablemente ausente- no es, como dice, un revolucionario de la justicia; lo que está haciendo es una verdadera contrarrevolución que va más allá de lo que la Constitución permite. Tenemos que afirmar que hoy los españoles no tienen garantizada la tutela judicial efectiva, ya que muchos no podrán acceder a la misma por las tasas con las que el Partido Popular ha gravado el ejercicio de un derecho constitucional.
Señores del Partido Popular, tienen ustedes en contra a todo el mundo de la justicia, desde los agentes judiciales hasta los presidentes de Sala del Tribunal Supremo.
Con las enmiendas aprobadas por el Grupo Popular en el Senado se incurre en una cuestión más de posible inconstitucionalidad por vulneración del artículo 122.3 de la Constitución, al permitir que la nueva figura del vicepresidente del Supremo pueda llegar a presidir el consejo sin tener la condición de vocal. Con las enmiendas del Grupo Popular el vicepresidente, que procederá del propio Tribunal Supremo, será nombrado por el pleno del consejo a propuesta del presidente por mayoría absoluta. Al vicepresidente del Supremo se le da un tratamiento de órgano del consejo sin serlo, al incluir como integrante del consejo a un cargo no contenido en el artículo 122.3, que dice expresamente: El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el rey por un periodo de cinco años. De hecho, con la nueva redacción del artículo 591 se posibilitará que el vicepresidente del Supremo -que ya no lo es del consejo, ni tiene la condición de vocal- sustituya, en caso de vacante, ausencia o enfermedad al presidente del consejo, es decir, ostente competencias propias de un órgano, el Consejo General del Poder Judicial, sin serlo. Señorías, al menos las quejas del Tribunal Supremo a las que el Gobierno ha prestado mayor atención que a las enmiendas del Grupo Socialista, han conseguido que el mismo reconsidere y retire las modificaciones introducidas en los artículos 38, 39 y 42 de la ley orgánica, que atribuían al vicepresidente la presidencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, la Sala de Conflictos de Jurisdicción y la Sala de Conflictos de Competencia. Teniendo en cuenta la forma en que era nombrado y cesado a exclusiva voluntad del presidente, dicha regulación vulneraba de forma flagrante el derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor diputado. Por favor, ruego silencio para que se pueda oír al orador.
Tampoco ha sido atendida otra demanda del Grupo Socialista, también compartida por el Tribunal Supremo, referida a la supresión del nuevo fuero procesal para el recurso contra las decisiones del consejo que desplaza el conocimiento de la impugnación de la sección ordinaria o del pleno a una sala judicial especial, hecho que no tiene parangón en el control de los acuerdos de otros órganos constitucionales del Estado, como son los acuerdos del Consejo de Ministros.
El cómputo de mayorías es otro elemento importante del rechazo de la ley. Producto de las enmiendas del Grupo Popular en el Senado, solo se exigirá quórum reforzado para la válida constitución del pleno en el que se elija al presidente, que requerirá la presencia de doce miembros, y se justificó en tanto que se demanda mayoría reforzada de tres quintos para su elección. Siguiendo una interpretación sistemática, nos permite concluir que las mayorías cualificadas se refieren a las mayorías entendidas sobre los miembros presentes, eludiendo así, por la vía de hecho, la deseable concurrencia de consensos. En cuanto al mecanismo de renovación, el Grupo Popular presentó una enmienda para aclarar las dudas interpretativas existentes sobre la puesta en marcha del mecanismo de renovación, que se inició con la carta dirigida por el presidente del Consejo a las Cámaras en el plazo legalmente previsto. Para ello introduce un apartado quinto en la disposición transitoria décima, dejando sin efecto cualquier actuación que se hubiese podido realizar con arreglo a la normativa derogada por la presente ley, aún no en vigor, encaminada a la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ello deja claro que el propio Grupo Popular reconoce que el procedimiento se inició y que, a pesar de la aprobación de la ley orgánica para suspenderlo, sigue suscitándole dudas cómo se resolverá este tema, si con el olvido o en el Tribunal Constitucional, al no ser la ley el instrumento que pueda declarar nula una actuación realizada de conformidad con la normativa vigente en ese momento.
En cuanto a las incompatibilidades, el régimen se flexibiliza aún más por cuanto las enmiendas del Grupo Popular en el Senado, al reformar el artículo 573, permiten que se compatibilice la condición de vocal con el desempeño de cualquier cargo que lleve aparejadas responsabilidades gubernativas, siempre que no se tenga dedicación exclusiva. También se permitirá que los miembros del consejo, mediante renuncia previa, claro, puedan ser nombrados magistrados del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo o cualquier otro puesto de libre designación. Aun sin poder identificar, señorías, quiénes puedan ser los beneficiarios, sí creemos que detrás de estas previsiones hay una o varias personas determinadas, y en último extremo lo que es claro es que hay un diseño de quiénes ocuparán los nuevos cargos, así como de quiénes tendrán dedicación exclusiva y quiénes no. Sobre las enmiendas introducidas en el
Senado, la única aportación positiva que significa una mejora es la incorporación, entre las potestades reglamentarias del consejo, de la referida a las condiciones accesorias para el ejercicio de los derechos y deberes que conforman el estatuto de jueces y magistrados, así como el régimen jurídico de las asociaciones judiciales.
Señorías, no quiero concluir mi intervención en la tramitación de esta ley sin recordar los argumentos que siguen estando vigentes y que invoqué en nombre de mi grupo en la defensa de nuestra enmienda a la totalidad de devolución. Con esta ley, señorías, el Partido Popular priva al consejo de competencias imprescindibles para la función constitucional que tiene encomendada. Diseña un órgano presidencialista y gobernado por un núcleo duro que ostentará, sustrayéndolas al pleno, el grueso de las competencias. Permite que haya vocales de primera y de segunda, con información y sin ella, que permanecerán en activo en su profesión, dejando incluso en manos de la comisión permanente -cinco miembros más el presidente- la facultad de administrar la documentación e información que puedan recibir. Refuerza y premia con mayor amplitud después de la tramitación a los magistrados del Tribunal Supremo y a los más antiguos de la carrera, con sobrerrepresentación en el consejo, en detrimento claro de la mayoría de la carrera judicial. Se priva al consejo hasta el límite absoluto tanto de la autonomía presupuestaria como de autoorganización. Prevé una fórmula de renovación parcial que vulnera claramente las previsiones constitucionales para asegurarse el Partido Popular un consejo en el que diez de sus miembros puedan ser elegidos con su sola mayoría de tres quintos en el Senado, una auténtica aberración jurídica, política y moral, y eliminan la exigencia de mayorías absolutas, de mayorías cualificadas existentes para consensuar los nombramientos más importantes, como los del Tribunal Supremo, los presidentes de los TSJ, etcétera.
Reclamo, para concluir, el voto de sus señorías en contra de esta ley como medio de diferenciarse de las posiciones de quienes culminan con la aprobación de esta ley un auténtico asalto político al consejo y un grave ataque a la independencia del Poder Judicial que lo subordina al Poder Ejecutivo. Por ello, votaremos en contra de las enmiendas introducidas solo por el Grupo Popular en el Senado y en contra también en la votación de conjunto, a la vez que les anunció que de aprobarse la ley en estos términos del proyecto, mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, una vez más tendremos que acudir en defensa de los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Barreda.
El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no diré que me haya sorprendido el último anuncio del señor Villarrubia, pero sí debo decir que hoy culmina, para disgusto de algunos portavoces, la tramitación de esta importante reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No sé de qué habrían hablado algunos de esos portavoces en caso de haber asistido el señor ministro al debate, pero yo me pregunto cuántos ministros del Gobierno socialista asistían al debate de enmiendas del Senado cuando el trámite volvía al Congreso. Quizás sería bueno repasar esos datos para evitar discursos haciendo categoría de lo que ha sido práctica habitual en la historia de la Cámara.
Culmina hoy el trámite de esta ley orgánica. Lo hace cumpliendo los objetivos planteados por el Gobierno en el momento de su remisión a las Cortes y lo hace, en lo que a este trámite concreto se refiere, incorporando algunas mejoras, que luego comentaré, tras su paso por el Senado. Como saben, la reforma, que hoy finalizará con la votación por sus señorías, se refiere exclusivamente al ámbito de la estructura y funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, no a otros aspectos de la ley orgánica que ya llegará el momento de abordar. Al hilo del debate que hoy se ha producido, debo decir que algunos portavoces han puesto de manifiesto lo que han sido sus obsesiones en el curso de este debate. Debo recordar que el único que pretendió enterrar a Montesquieu en este país fue el señor Guerra; lo hizo, por cierto, siendo la señora Díez militante de su partido. Desde luego, creo que en los discursos ha brillado fundamentalmente el ansia de poder de algunos, de quienes no acaban de aceptar, al parecer, los resultados electorales ni que las mayorías en la Cámara se conforman en función del número de escaños y no del número de discursos. Quizás eso es lo que todavía les queda por admitir.
En el trámite lo que ha quedado claro, en general, es que algunos comenzaron y terminan empeñados en oponerse a todo y que otros simplemente querían debatir lo que no tocaba. Es más, incluso algunos, que tenían poco que decir por lo que se ve, se han empeñado en sobreactuar hasta el último minuto del
trámite. Pero el propósito del Gobierno y del Grupo Popular era contar con una norma que permitiera ganar en eficacia y transparencia en el funcionamiento del consejo, reduciendo costes y estructuras; una norma que contribuyera a la profesionalización del consejo, y una norma que garantizase la mayor pluralidad, la máxima apertura en el sistema de designación de vocales y que evitase bloqueos en el proceso de renovación del consejo. Ha sido una tramitación larga, de prácticamente un año, pero hoy podemos afirmar que tales propósitos se han logrado. Y se han logrado sobre la voluntad de pacto y de acuerdo del Gobierno y del Grupo Popular -que también ha tenido expresión en el Senado-, incorporando o transando propuestas entre los diferentes grupos. No ha habido falta de diálogo por mucho que insista el señor Llamazares, al que, por cierto, hay que recordar que en junio de 2012 proponía un régimen de dedicación de los vocales como el que incorpora la ley o que en el primer trámite anunció que compartía las líneas maestras de esta reforma. No sé qué ha sucedido para que su distancia sea mayor a medida que avanza el trámite y se gana en acuerdo en torno al texto. Producto de las aportaciones del Senado -reitero, de todos los grupos del Senado-, se han matizado aspectos relativos a la potestad reglamentaria del consejo, a los requisitos, compatibilidades y limitaciones a la promoción durante el mandato de los vocales, a la delegación de funciones en los expedientes disciplinarios o a la gerencia integrada en la secretaría general o al reglamento de las asociaciones profesionales. Todo ello irrelevante, según el señor Olabarría; todo ello enormemente trascendente, según la señora Díez. No sé a qué carta quedarme, lo que creo que es importante para mejorar el proyecto de ley.
Quiero destacar dos aspectos fundamentales de las aportaciones efectuadas por la Cámara Alta al contenido del proyecto de ley. En primer lugar, todo lo que afecta a la vicepresidencia del Tribunal Supremo. Por cierto, señor Villarrubia, debería repasar despacio este contenido porque buena parte de lo que ha dicho no se sostiene simplemente leyendo el texto remitido por el Senado. Creemos que, a la luz de la experiencia de los últimos treinta años, la necesidad de contar con la figura del vicepresidente del Tribunal Supremo está suficientemente acreditada. En este tiempo el consejo ha venido absorbiendo casi por completo a los sucesivos presidentes, que lo son del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, con las modificaciones introducidas por el Senado y atendiendo a esa circunstancia, el vicepresidente lo será solo del Tribunal Supremo, no del consejo. Es decir, que, conforme al artículo 590 -insisto, léalo bien, señor Villarrubia-, ejercerá el cargo de presidente del Tribunal Supremo y del consejo en funciones solo en los casos legalmente previstos de cese anticipado del presidente y solo y exclusivamente hasta el nombramiento del nuevo presidente. Parece lógico que el vicepresidente deba gozar de la confianza del presidente. También parece lógico evitar una designación personal, por mucho que se haya querido hacer caricatura con este tema. Por tanto, lo que prevé la ley es la elección por el pleno del consejo -no simplemente por nombramiento del presidente-, a partir de una propuesta del presidente.
En concreto, el candidato propuesto deberá tener la categoría de magistrado del Tribunal Supremo, encontrarse en servicio activo y reunir los requisitos para ser presidente de sala del mismo. Precisaría para su nombramiento el respaldo de la mayoría absoluta del pleno del consejo y podrá ser cesado por causa justificada con el voto de tres quintos de los miembros del pleno. En cuanto a sus funciones, además de las que ya contemplaba el proyecto, el vicepresidente del Tribunal Supremo añade la capacidad para proponer a la sala de gobierno y al presidente decisiones que garanticen el correcto funcionamiento del Tribunal Supremo y le corresponderá también velar por la exacta ejecución de los acuerdos adoptados por la sala de gobierno. Creemos que así configurada la vicepresidencia del Supremo sirve mejor al propósito de la reforma y a los objetivos que se perseguían con la creación de esta figura.
El segundo aspecto que quiero destacar tras la segunda lectura del proyecto de ley por la Cámara Alta es la clarificación con toda precisión, diga lo que diga el señor Villarrubia, del procedimiento para la inmediata renovación del consejo y la normativa aplicable. Lo destaco porque han sido recurrentes en los debates del proyecto de ley los alegatos denunciando la superposición de plazos, la confusión de normativa aplicable, las denuncias de inseguridad jurídica en relación a la constitución del nuevo consejo y cuestiones conexas con este tipo de lecturas que creo que en todo caso carecen de base real. Con el texto que hoy se somete a votación tales aspectos, si alguna vez tuvieron algún contenido material, más allá del mero discurso político, ciertamente quedan perfectamente delimitados. En concreto, se añade una nueva disposición transitoria y se modifica la derogatoria a fin de que el proceso de renovación pueda iniciarse de inmediato. La disposición transitoria décima prevé, en efecto, el inicio, conforme al artículo 568, del procedimiento de renovación del consejo al día siguiente de la entrada en vigor de la ley y exceptúa la aplicación del plazo de cuatro meses de antelación en él previsto. Ese mismo día el presidente pondrá en
conocimiento de las Cámaras los datos del escalafón y del registro de asociaciones obrantes en el consejo y, concluido el procedimiento para la designación de candidatos, las Cámaras dispondrán de un mes para la designación de vocales. Y si alguna no lo hiciera, se aplicará el procedimiento antibloqueo del artículo 570, que facilita la renovación del consejo, procedimiento antibloqueo que ha contado en el Senado, por cierto, con las mismas pocas simpatías -y no fueron muchas- de la oposición que ya pudimos ver en el trámite en el Congreso. Pero debo decirles que, insisto, fueron pocas simpatías pero ninguna explicación convincente por parte de la oposición de por qué se opone a que exista ese mecanismo antibloqueo. En todo caso, si hiciera falta, hasta la conclusión de este proceso de elección, el actual consejo continuará en funciones y la ley declara sin efecto las actuaciones para la renovación del consejo emprendidas conforme a la normativa que deroga la presente ley orgánica.
Por último, el tercer párrafo añadido a la disposición derogatoria deroga, valga la redundancia, la Ley Orgánica 1/2013, de 11 de abril, que había suspendido la vigencia del artículo 112 y parcialmente del 114 de la ley orgánica vigente. Nos parece que esta previsión expresa respecto al procedimiento de elección esta primera vez, evita dudas interpretativas y permite afrontar con plenas garantías jurídicas la renovación del consejo cuando su mandato está a punto de expirar. No esperamos convencer al señor Villarrubia, pero esta es nuestra convicción al finalizar este trámite.
Termino. En resumen, señorías, creemos que la reforma que hoy aprobaremos definitivamente es una buena reforma. Lo es a pesar de la caricatura del señor Tardà, lo es a pesar de la reiteración de argumentos por parte de algunos portavoces. Es una reforma que sirve plenamente a los objetivos que se propuso y que debe contribuir a la estabilidad y al prestigio de nuestras instituciones, algo fundamental cuando hablamos del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de jueces y magistrados. Por todo ello, respaldaremos las enmiendas introducidas por el Senado en el proyecto de ley.
- ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN PARTE, Y COLOMBIA Y PERÚ, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000085).
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO SOBRE LA EXENCIÓN RECÍPROCA DE LOS VISADOS PARA LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS Y DE SERVICIO, HECHO EN MADRID EL 7 DE MARZO DE 2013. (Número de expediente 110/000088).
- ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR UN PARTE, LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, ISLANDIA, POR OTRA, Y EL REINO DE NORUEGA, POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO Y OSLO EL 16 DE JUNIO DE 2011 Y EL 21 DE JUNIO DE 2011. (Número de expediente 110/000089).
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE ARMENIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL O MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000090).
- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA SOBRE SUPRESIÓN DEL REQUISITO DE VISADO A LOS TITULARES DE PASAPORTES DIPLOMÁTICOS, HECHO EN PRETORIA EL 22 DE FEBRERO DE 2013. (Número de expediente 110/000091).
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DEL LESOTHO AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000092).
- ACUERDO DE PRÉSTAMO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, HECHO EN MADRID Y WASHINGTON EL 5 Y EL 26 DE MARZO DE 2013. (Número de expediente 110/000093).
- ACUERDO INTERINO CON MIRAS A UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UN PARTE, Y ÁFRICA CENTRAL, POR OTRA, HECHO EN YAUNDÉ EL 15 DE ENERO DE 2009 Y EN BRUSELAS EL 22 DE ENERO DE 2009. (Número de expediente 110/000094).
- CONVENIO EUROPEO RELATIVO A LAS CUESTIONES DE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS SIMILARES EN EL MARCO DE LA RADIODIFUSIÓN TRANSFRONTERIZA POR SATÉLITE, HECHO EN ESTRASBURGO EL 11 DE MAYO DE 1994, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000095).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales en una serie de expedientes. Han manifestado los grupos su deseo de intervenir, refiriéndose sobre todo a algún convenio determinado. Por lo tanto, todos los grupos que lo deseen van a tener la posibilidad de intervenir por cinco minutos. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Tardà.
Señorías, hoy aquí se van a sustanciar unos convenios internacionales y nos interesa llamar la atención sobre el convenio internacional a través del cual España acepta la adhesión de la República de Armenia al convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil. Digo que nos interesa este punto en concreto para aprovechar la ocasión y en este Parlamento dirigirnos a la ciudadanía y también a la ciudadanía de la República de Armenia para recordarles que el Estado español es uno los pocos Estados de la Unión Europea, es una de las pocas democracias que todavía no ha tenido el valor, no ha tenido la responsabilidad debida para denunciar el genocidio armenio. En el año 2010 Esquerra Republicana de Catalunya presentó una iniciativa parlamentaria para reconocer el genocidio armenio. El señor Moratinos, en aquel momento ministro, nos pidió que lo aplazáramos a la espera de que transcurriera la Presidencia española de la Unión Europea. Lo aceptamos, creíamos que era una petición razonable. Luego, cuando lo trajimos a este Parlamento, el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular dijeron que no. Todavía hoy 1,5 millones de armenios víctimas del genocidio no han sido reconocidos por la democracia española, a diferencia de Austria, Bélgica, Chipre, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, Polonia, Estados Unidos, Argentina, Chile y otras democracias e incluso el mismo Parlamento Europeo. Así pues, repito, nos dirigimos a los ciudadanos y ciudadanas de la República de Armenia, nos dirigimos a los ciudadanos del Estado español para recordarles que no todos los miembros de este Parlamento somos iguales, que algunos parlamentarios siempre hemos denunciado el genocidio armenio y que el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular hoy son una anomalía en el concierto de las democracias porque todavía no han sido capaces, en el año 2013, de denunciar el genocidio armenio; que lo sepa toda Armenia y que lo sepa todo el Estado español.
Por el Grupo de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, tiene la palabra el señor Nuet.
Tengo que recordarle al señor Tardà que nuestro grupo parlamentario ha condenado el genocidio armenio y que recientemente en la Comisión de Exteriores votamos favorablemente una propuesta de su grupo parlamentario, aunque por desgracia no tuvo suficientes apoyos políticos para prosperar, pero no reconocemos la intervención del portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya.
Nuestro grupo parlamentario ha pedido votación separada de dos de los tratados, el número 28 y el número 34. El número 28 es el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea, Perú y Colombia. No voy a repetir y doy por reproducida la intervención que hicimos en este Pleno cuando se produjo el debate de la enmienda a la totalidad de este tratado. Por tanto, no voy a volver a repetir los argumentos que en su momento dimos para oponernos a este desigual tratado comercial entre la Unión Europea, Perú y Colombia. En segundo lugar, también hemos pedido votación separada del tratado de préstamo entre
España y el Fondo Monetario Internacional, sabiendo que este es un punto sobre la rectificación de un error. A pesar de eso, como tenemos que votar favorablemente o no ese tratado, aprovechamos para decir que vamos a votar en contra por dos razones. En primer lugar, por la propia naturaleza de esta entidad, de este mecanismo financiero internacional, en este momento una de las tres patas de la troika que tan desafortunadamente viene aconsejando políticas económicas para nuestro país. Los últimos consejos los recordarán perfectamente ustedes: hay que trabajar más, hay que cobrar menos y hay que despedir más. El Fondo Monetario Internacional se está equivocando muchísimo en muchos temas, pero también respecto a las recomendaciones de España. Las políticas de austeridad que el Fondo Monetario Internacional está liderando son absolutamente condenables. Y en segundo lugar, porque no hay una claridad, no hay un profundo conocimiento a través del tratado sobre la finalidad y la gestión de los 14.860 millones que le vamos a prestar al fondo. No sabemos en qué se lo va a gastar el Fondo Monetario Internacional. Espero que no sea para seguir expandiendo a nivel internacional las equivocadísimas recomendaciones de este organismo que merecería mejor suerte y mejores presidentes.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Nuet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Moscoso del Prado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Voy a hablar desde el escaño.
En primer lugar, agradezco al señor Nuet que dé por reproducido el debate del otro día sobre el tratado de libre comercio con Perú y Colombia. Yo también daré por reproducido el debate de aquel día, que fue un debate muy interesante. Respecto a lo que decía el señor Tardà sobre el reconocimiento del genocidio armenio, quiero recordar que hemos celebrado ya dos debates en esta legislatura en la Comisión de Exteriores sobre esa cuestión, y otros en el pasado, y mi grupo siempre se ha pronunciado por la vía que creemos que es la que de verdad podrá resolver este no reconocimiento y esta herida abierta -sí, lo reconocemos- en esa parte del mundo querida para muchos de nosotros, que pasa por un acercamiento y una solución entre Armenia y Turquía, lugar del mundo donde existe además un conflicto entre Armenia y Azerbaiyán, que todos sabemos que es un país de habla turca, con relación a la región de Nagorno Karabaj. Mientras ellos no encuentren una solución -y desde luego, mi grupo y mi partido, tanto aquí como en el Parlamento Europeo, trabajan para ello con intensidad-, creo que será muy difícil que desde aquí podamos contribuir a una solución si no es por la vía del diálogo y acercamiento entre ambas partes.
Respecto al otro convenio al que hacía referencia el señor Nuet, quiero recordar que se trata de la ampliación de capital que se aprobó en diciembre de 2011 para hacer frente a la crisis de la deuda, entonces todavía con Gobierno socialista, y quiero recordar cómo fue. En diciembre de 2011 se decidió ampliar en 200.000 millones de euros la capacidad de intervención del Fondo Monetario Internacional para poder financiar las necesidades de países que entonces estaban en graves dificultades, en particular Grecia. De esos 200.000 millones, 150.000 correspondían a la zona euro y 50.000 al resto del mundo. Y de esos 150.000, los 14.860 eran para España. Lo que hace España es prestar al fondo para que tenga más capacidad de fuego, como se suele decir vulgarmente, para poder financiar las operaciones de crédito bilateral en el marco de sus operaciones de apoyo, ya sea vía países o incluso entidades financieras, como se hizo en el año siguiente en el rescate financiero a España. Quiero recordar que el Fondo Monetario Internacional, que se creó en la Conferencia de Bretton Woods, es un artefacto institucional creado con la colaboración de británicos y americanos. John Maynard Keynes -ahora que tanto reivindicamos el keynesianismo-, junto con el americano Harry Dexter White, diseñaron su actuación. Es verdad que es un instrumento imperfecto, un instrumento que en ocasiones se ha equivocado con gravedad e incluso ha llegado a provocar o agudizar muchas crisis. No viene ahora a cuento recordar el llamado consenso de Washington y las políticas de condicionalidad que se pusieron en marcha en los años ochenta auspiciadas por una manera concreta de trabajar desde el fondo. El fondo ha rectificado, hay que reconocer que en los últimos días es el fondo el que está poniendo a la Unión Europea en la senda adecuada, es el fondo el que ha reconocido lo equivocado del rescate a Grecia y ha sido el fondo el que ha reconocido que los multiplicadores fiscales que justificaban las políticas de austeridad en la Unión Europea eran un disparate. Por tanto, compartimos su preocupación por el trabajo de fondo del fondo, pero creemos que esa operación de ampliación de capital está realizada. Se hizo en un momento de crisis y, como tal, nosotros la vamos a respaldar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso del Prado.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Beneyto.
El señor BENEYTO PÉREZ: Muchas gracias señor presidente.
Intervengo únicamente para reiterar la posición de nuestro grupo de votar a favor de estos acuerdos internacionales. No es más que el cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Reino de España, en particular en lo que hace referencia al préstamo al Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de un acuerdo que procede de dos reuniones del G-20, en primer lugar en Cannes y después en Los Cabos, 2011 y 2012, por las que se creó el compromiso por parte de los miembros del fondo de aportar 416.000 millones de dólares necesarios en un momento de crisis como el que hemos atravesado y todavía atravesamos para generar confianza en el sistema financiero internacional. Por ello, lo que hace el Reino de España no es otra cosa que cumplir con sus obligaciones, obligaciones que derivan de sus acuerdos con el fondo y de sus acuerdos con el resto de países. El Fondo Monetario Internacional ha realizado una tarea en los últimos dos años que, en contra de lo que se afirmaba aquí, ha servido para abrir la perspectiva, no fijarla únicamente en la austeridad y en la consolidación fiscal, sino también atender a las finalidades de crecimiento y de lucha para crear empleo. Hay que recordar que fue el fondo el que en febrero del año pasado inició precisamente un cambio de su política a favor de mayor atención al crecimiento y el que ha influido de manera importante también a que en estos momentos exista este debate no solo a nivel nacional, sino también dentro de la Unión Europea. La parte con la que contribuye España -14.800 millones-, la parte que le corresponde, un préstamo que está limitado, un préstamo cuya extensión depende de la autorización por parte del Reino de España, no es más que el cumplimiento, como decía, del derecho internacional y de las obligaciones asumidas por España.
En lo que hace referencia a los otros dos convenios citados por los colegas parlamentarios, en primer lugar, sobre el acuerdo comercial de la Unión Europea con Colombia y Perú, bastaría únicamente señalar un dato. Colombia y Perú firmaron un acuerdo con Estados Unidos y ambos han crecido en los últimos años, gracias a su apertura comercial, en los niveles del 7 y 8% de media anual, llegando en algún momento al 9%. Sabemos perfectamente que en estos momentos Colombia y Perú, después de una década perdida, se encuentran en dos momentos de desarrollo económico muy importantes. Son dos países que dan estabilidad al continente, dos países que han conseguido, a través de su apertura comercial, volver a recuperar la senda perdida y el crecimiento. Por tanto, un acuerdo comercial como el que se ha firmado con la Unión Europea no hará más que fortalecer y consolidar esa potencialidad y las posibilidades económicas de ambos países, tan cercanos a nosotros y tan necesarios para que tengan la estabilidad necesaria para el desarrollo del subcontinente. Se incluye además en el acuerdo cláusula de derechos humanos, lo cual garantiza no solo la vertiente del comercio sino también la vertiente de atención y protección a los derechos humanos.
En cuanto al convenio con Armenia, quiero decir que se trata de un problema regional. La relación entre Armenia y Turquía pasa por la solución al conflicto Nagorno Karabaj, cuestión que seguimos muy de cerca también a través del Consejo de Europa y en donde hay diversas iniciativas que esperemos que fructifiquen próximamente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Beneyto.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE DECLARACIÓN DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de expediente 042/000023).
El señor PRESIDENTE: Como anuncié el martes, hay un nuevo punto en el orden del día, que es el relativo al dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre declaración de actividades de señores diputados. Me han dicho que no hay ningún grupo que quiera intervenir. Si les parece, damos por aprobado este punto por asentimiento (Asentimiento). Queda aprobado.
Voy a suspender la sesión, que reanudaremos a las doce en punto.
Señorías, no tengo que recordárselo pero quiero hacerlo, a la una tendremos la sesión solemne en homenaje a las víctimas del terrorismo y encarecidamente pido a todos los diputados y a todas las diputadas que asistan a esa sesión.
PRÓRROGA DE PLAZO.
- DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA RACIONALIZACIÓN DE HORARIOS, LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL Y LA CORRESPONSABILIDAD. (Número de expediente 154/000004).
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, someto al Pleno la prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el estudio de la racionalización de horarios, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, constituida en el seno de la Comisión de Igualdad, hasta el próximo 30 de septiembre para la conclusión de sus trabajos. (Asentimiento).
La considero aprobada por asentimiento.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO CONTINÚA CON LA TRAMITACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL A PESAR DEL RECHAZO QUE HA SUSCITADO EN EL ÁMBITO MUNICIPALISTA. (Número de expediente 173/000094).
El señor PRESIDENTE: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las razones por las que el Gobierno continúa con la tramitación del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local a pesar del rechazo que ha suscitado en el ámbito municipalista. Lo que vamos a votar es la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 136; en contra, 181; abstenciones, 6.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LOS CRITERIOS DE JERARQUIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS TRAMOS QUE FALTAN PARA COMPLETAR LA RED DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA Y LA PLANIFICACIÓN RESULTANTE DE LA APLICACIÓN DE LOS MISMOS. (Número de expediente 173/000095).
El señor PRESIDENTE: Moción de Grupo Vasco, PNV, sobre los criterios de jerarquización y priorización del Gobierno para la ejecución y puesta en marcha de los tramos que faltan para completar la red de alta velocidad española y la planificación resultante de la aplicación de los mismos. Se han incorporado las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del señor Álvarez Sostres.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 130; en contra, 191; abstenciones, 1.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL, SOBRE POLÍTICA ENERGÉTICA. (Número de expediente 173/000096).
El señor PRESIDENTE: Moción del Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, sobre política energética. Se vota en sus propios términos, pero hay varias votaciones. Empezamos con la primera, que es del apartado 1 del punto I.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 23; en contra, 195; abstenciones, 105.
Apartado 2 del punto I.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 124; en contra, 195; abstenciones, 4.
Apartado 6 del punto I.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 136; en contra, 183; abstenciones, 4.
Apartado 8 del punto I.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 119; en contra, 200; abstenciones; 4.
Punto III de la moción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 132; en contra, 187; abstenciones, 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 22; en contra, 183; abstenciones, 118.
El señor PRESIDENTE: Proyecto de ley orgánica de reforma del Consejo General del Poder Judicial, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Vamos a votar en bloque las enmiendas introducidas por el Senado.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 183; en contra, 133; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Por tener el proyecto de ley carácter orgánico, vamos a hacer una votación de conjunto. A esta votación se ha emitido un voto telemático.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323, más 1 voto telemático, 324; a favor, 182, más 1 voto telemático, 183; en contra, 140; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado con carácter de ley orgánica el proyecto de ley.
- ACUERDO COMERCIAL ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y COLOMBIA Y EL PERÚ, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 26 DE JUNIO DE 2012. (Número de expediente 110/000085).
- ACUERDO DE PRÉSTAMO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, HECHO EN MADRID Y WASHINGTON EL 5 Y 26 DE MARZO DE 2013. (Número de expediente 110/000093).
El señor PRESIDENTE: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, vamos a votar conjuntamente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Colombia y el Perú, por otra, hecho en Bruselas el 26 de junio de 2012, y el acuerdo de préstamo entre el Reino de España y el Fondo Monetario Internacional, hecho en Madrid y Washington el 5 y 26 de marzo de 2013. Como decía, se votan conjuntamente los dos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 304; en contra, 15; abstenciones, 4.
- ACUERDO DE TRANSPORTE AÉREO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR UNA PARTE, LA UNIÓN EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, ISLANDIA, POR OTRA, Y EL REINO DE NORUEGA, POR OTRA, HECHO EN LUXEMBURGO Y OSLO EL 16 DE JUNIO DE 2011 Y 21 DE JUNIO DE 2011. (Número de expediente 110/000089).
- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DEL REINO DE LESOTHO AL CONVENIO DE LA HAYA SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000092).
- ACUERDO INTERINO CON MIRAS A UN ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y ÁFRICA CENTRAL, POR OTRA, HECHO EN YAUNDÉ EL 15 DE ENERO DE 2009 Y EN BRUSELAS EL 22 DE ENERO DE 2009. (Número de expediente 110/000094).
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a votar los seis convenios siguientes. Como creo que los portavoces saben cuáles son, no voy a leerlos.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, votación de la Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Armenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 316; en contra, 2; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el convenio.