Source: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/61/2009/sep/20090929-I.html
Timestamp: 2018-11-17 04:10:03
Document Index: 108306974

Matched Legal Cases: ['artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 145', 'artículo 71', 'artículo 17', 'artículo 17', 'Artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 19', 'Artículo19', 'artículo 127', 'artículo 58', 'artículo 44', 'artículo 58', 'artículo 42', 'artículo 39', 'artículo 42', 'artículo 71', 'artículo 58']

Gaceta Parlamentaria, año XII, número 2855-I, martes 29 de septiembre de 2009
Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, número 2855-I, martes 29 de septiembre de 2009.
De la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal
De la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que informa que, en agosto de 2009, el Servicio de Administración Tributaria, a través de las autoridades aduaneras locales competentes, dio destino únicamente a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y no transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes
Que reforma la fracción I del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo del diputado Javier Duarte de Ochoa, del Grupo Parlamentario del PRI
Que reforma el artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, a cargo del diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial de la industria automotriz, suscrita por los diputados Rubén Ignacio Moreira Valdez, Humberto Lepe Lepe, Francisco Saracho Navarro y Melchor Sánchez de la Fuente, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los gobiernos estatales y a sus municipios, y al Gobierno del Distrito Federal y a sus delegaciones, así como a las entidades públicas, a aplicar medidas de austeridad y previsión con objeto de hacer frente en términos de ley a la obligación de pago de aguinaldos al personal correspondientes al ejercicio de 2009, a cargo del diputado Pablo Rodríguez Regordosa, del Grupo Parlamentario del PAN
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Juan Carlos López Fernández, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, relativo a la reclasificación de las tarifas eléctricas, a cargo del diputado Salvador Manzur Díaz, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta a los partidos políticos representados en esta soberanía a observar las resoluciones del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral del Distrito Federal respecto a las elecciones para jefes delegacionales en Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, a cargo de la diputada Leticia Quezada Contreras, del Grupo Parlamentario del PRD
Con punto de acuerdo, por el que se exhorta al titular de la SHCP y al director del Fideicomiso para el Rescate de Autopistas Concesionadas a anular la aplicación del incremento de 4.1 por ciento al peaje en la Autopista del Sol, y a realizar un descuento de hasta 50 por ciento en el tramo Chilpancingo-Acapulco, en Guerrero, a cargo del diputado Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, a cargo del diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el que se crea la comisión especial para dar seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite del Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec, a cargo del diputado Genaro Mejía de la Merced, del Grupo Parlamentario del PRI
Con punto de acuerdo, por el cual se solicita que se incluya Ciudad Juárez, Chihuahua, como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en los Presupuestos de Egresos de la Federación de 2010 y subsecuentes, a cargo de los diputados Jaime Flores Castañeda, Adriana Terrazas Porras, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Alejandro Cano Ricaud, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán y Héctor Agustín Murguía Lardizábal, del Grupo Parlamentario del PRI
De la diputada Judith Fabiola Vázquez Saut, relativa a la biografía del general Hilario Carlos de Jesús Salas Rivera
Diputados Secretarios de la Cámara de Diputados
La Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal ha programado para el próximo 2 de octubre, a las 8:00 horas, en la Plaza de las Tres Culturas, la ceremonia cívica conmemorativa del izamiento de Bandera a media asta con motivo del día de duelo en el Distrito Federal por las víctimas del 2 de octubre de 1968.
Licenciada Guadalupe Lozada León (rúbrica)
México, DF, a 22 de septiembre de 2009.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 145, penúltimo párrafo, de la Ley Aduanera, por este conducto me permito hacer de su conocimiento que el Servicio de Administración Tributaria a través de las autoridades aduaneras locales competentes, en agosto de 2009, únicamente dio destino a mercancía perecedera, de fácil descomposición o deterioro y a la que no es transferible al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes.
Los bienes reportados como destinados por dichas autoridades aduaneras se informan en relación anexa.
El que suscribe, diputado Javier Duarte de Ochoa, integrante de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 Bis, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La política social es indispensable para compensar la desigualdad y promover el desarrollo individual y colectivo del pueblo mexicano. En ello concurre la actuación de un conjunto de dependencias del gobierno federal, que cubren las actividades agropecuarias, económicas, laborales, sociales y comunitarias. El papel que juegan las delegaciones federales en los estados en materia de atención a la desigualdad y combate a la pobreza es de suma importancia para el desarrollo del país, ya que a través de ellas los programas se materializan en las comunidades y regiones más desfavorecidas.
Por eso que la presente iniciativa tiene por objeto establecer condiciones legales para que los titulares de las delegaciones de las dependencias y entidades de la administración pública federal no sean operadores de algún partido político durante su ejercicio ni actúen de manera clientelar, y tengan conocimientos suficientes para su óptimo desempeño; a fin de lograrlo es indispensable propiciar que cuenten con un perfil profesional acorde al puesto que ejercen.
Resulta fundamental garantizar su independencia política, con el fin de asegurar la correcta conducción y aplicación de los programas sociales, manteniéndolos al margen de intereses que alteran el fin de las políticas públicas, al condicionar o desviar los recursos en función de las preferencias electorales. Estas prácticas ponen en riesgo la efectividad de los diversos programas que buscan disminuir las brechas de desigualdad o brindar oportunidades a la población más marginada de México.
Los representantes del gobierno federal en las entidades federativas son los responsables de ejecutar el gasto y coordinar los programas de las Secretarías de la que forman parte. Concretan, operan y vigilan el cumplimiento de los programas federales. Por ello, con el fin de avanzar hacia una política social de Estado, tenemos que encontrar mecanismos que nos lleven a la aplicación ética y legal de los recursos públicos destinados a los fines establecidos en cada política pública, y de la cual los delegados federales son responsables.
En época de crisis como la actual, es aún más importante asegurarnos de que los programas sean efectiva y eficientemente aplicados, no sólo por la escasez de recursos sino por el riesgo inminente de que más familias sigan cayendo en la pobreza o marginación social. Evitar cualquier manipulación o sesgo en la actuación pública de estos funcionarios para favorecer a algún interés ajeno a la naturaleza de su cargo, debe ser un compromiso de los responsables de la conducción de la política social en sus diferentes vertientes, y una tarea del legislador en su facultad de acotar a través de la ley, la selección y el desempeño de los servidores públicos.
Entre los múltiples programas que coordinan las delegaciones para combatir la pobreza y atacar la desigualdad se encuentran el de Empleo Temporal; Oportunidades; de Apoyo a Zonas Marginadas; de Apoyo a Comunidades Rurales Marginadas; de Apoyo a Artesanos Tradicionales, Desempleados y Jornaleros Agrícolas en Pobreza; el Seguro Popular, Proárbol; de Atención a Adultos Mayores, entre otros.
De acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, en las 32 entidades federativas del país operan cerca de mil 390 delegados que, sumados a su estructura burocrática, ascienden a más de 5 mil funcionarios federales. Según cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2009, el gasto programable destinado a estas delegaciones federales ascendió a 66 mil 885.9 millones de pesos.
Es justamente por la relevancia de las tareas que deben desempeñar en el combate a la pobreza y la reducción de la desigualdad; por la cantidad de funcionarios que operan a través de ellas, y por los montos de recursos que ejercen, que las delegaciones federales deben contar con el más alto nivel de desempeño y compromiso con el sentido social de su gestión. Además, es importante evitar que un delegado federal sea nombrado inmediatamente después de concluir una tarea de dirección partidista o cargo de elección popular.
Por la certeza y eficiencia de la política social, lo anterior no debe continuar sucediendo.
Eso será posible mediante el establecimiento de requisitos concretos para los titulares de las representaciones federales en las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Comunicaciones y Transportes; Economía; Trabajo y Previsión Social y, Medio Ambiente y Recursos Naturales. Además, se establecerán periodos obligatorios para que quienes ejerzan cargos partidistas o de elección popular no puedan fungir como delegados sino hasta que los tiempos legales lo permitan. Todo ello, con el fin de hallar perfiles profesionales y de desempeño acordes con la responsabilidad propia de su función.
La política social de nuestro país debe avanzar hacia una mayor transparencia en su ejercicio, y buscar deshacerse de prácticas que comprometen su efectiva aplicación. No debemos olvidar que el país tiene a la mitad de su población viviendo en algún tipo de pobreza, ya sea alimentaria, patrimonial o de capacidades, y que la crisis que hoy enfrentamos puede incrementar estas dramáticas cifras. Es nuestra responsabilidad encontrar formas de garantizar una política con visión de Estado, que rebase los intereses partidistas y responda a las necesidades de la población.
Por lo expuesto, se propone el siguiente proyecto de
Artículo Primero. Se reforman los incisos b), c) y d), y se adicionan los incisos e), f) y g) a la fracción I del artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
Artículo 17 Bis. Las dependencias y entidades de la administración pública federal, conforme a lo previsto en los reglamentos interiores o sus ordenamientos legales de creación, respectivamente, podrán contar con delegaciones en las entidades federativas o, en su caso, en regiones geográficas que abarquen más de una entidad federativa, siempre y cuando sea indispensable para prestar servicios o realizar trámites en cumplimiento de los programas a su cargo y cuenten con recursos aprobados para dichos fines en sus respectivos presupuestos.
En el caso de las secretarías orientadas a combatir la desigualdad y la pobreza, en particular las Secretarías de Desarrollo Social; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; de Comunicaciones y Transportes, de Economía, del Trabajo y Previsión Social, y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, observarán lo siguiente: I. …
b )Contar con estudios académicos en materias afines a las atribuciones que correspondan a la delegación respectiva o, en su defecto, acreditar seis años de experiencia en la materia, habiéndose desempeñado en organizaciones no gubernamentales relacionadas con la gestión de políticas públicas en el rubro de la materia que se trate.
c) Haber desempeñado cargos de alto rango, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa, o de gestión de políticas públicas en materia de desarrollo social, combate a la pobreza o reducción de la desigualdad;
d) No contar con antecedentes penales o estar inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público;
e) No podrá ser nombrado titular de las delegación quien se presuma actor de un conflicto de intereses y sea denunciado y probado por terceros afectados,
f) No haber ocupado un cargo directivo en agrupación o partido político alguno, no haber sido candidato a cargo de elección popular dentro de los tres años anteriores a la fecha de nombramiento de delegado o encargado de despacho de la delegación respectiva, y un año posterior, y
g) No haber desempeñado cargo alguno de elección popular, dentro de los tres años anteriores a la fecha de nombramiento como delegado o encargado de despacho de la delegación respectiva, y un año posterior. Transitorio
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2009.
Diputado Javier Duarte de Ochoa (rúbrica)
Jorge Antonio Kahwagi Macari, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 122 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 60, 63, 64, 176 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones jurídicas aplicables, presenta ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo tercero a la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al tenor de la siguiente
Los altos niveles de cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales en países desarrollados están ligados al grado de compromiso de sus ciudadanos para contribuir al logro del bienestar común. Llegar a estos grados de responsabilidad fiscal ha sido producto de procesos largos donde se ha logrado impartir a todos los niveles de la sociedad una adecuada cultura fiscal, de modo que el cumplimiento de las obligaciones tributarías sea el comportamiento necesario de todo ciudadano.
En nuestro país se carece de una verdadera responsabilidad fiscal y, por el contrario, se tiene la percepción de que los impuestos pueden ser evadidos siempre que el ciudadano no sea detectado por la entidad que los administra; además el infractor no tiene ninguna sanción de tipo social o moral, ya que existe una generalizada tolerancia de la ciudadanía hacia conductas evasoras, consideradas prácticamente como comportamientos propios de la idiosincrasia nacional.
Esta problemática no se limita a un asunto de restricción legal y actividades de fiscalización, sino a una falta de cultura contributiva del ciudadano y de credibilidad en la función de asignación de los recursos financieros por parte del Estado.
Uno de los factores determinantes en el grado de cumplimiento de la misión del Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el nivel de cultura fiscal de la sociedad, en la medida en que influye directamente en la disposición de quienes la integran al cumplimiento voluntario y al rechazo del fraude fiscal.
Por ello, el SAT debe definir las líneas estratégicas de la política de comunicación y actuaciones para reforzar los canales de relación y contacto con los ciudadanos, trasladando la imagen de organización confiable, moderna, innovadora, eficaz, transparente, que trabaja con profesionalidad al servicio del ciudadano y de la sociedad.
No se puede basar un proyecto influyendo en una sola parte de la sociedad para incrementar la base de los impuestos, sino que aquél debe estar conformado por dos partes: sociedad y autoridad, para que exista un equilibrio perfectamente identificable.
Es habitual considerar la fiscalización como un hecho que afecta solamente a los adultos que llevan a cabo algún tipo de actividad económica sujeta a impuestos y es importante tomar en cuenta a los niños, niñas y jóvenes que, desde edades muy tempranas, ya empiezan a incorporarse a la actividad económica y no sólo a través de la familia y la escuela, primeros grupos sociales de los que son miembros. En sociedades que han alcanzado un cierto grado de desarrollo y bienestar empiezan muy pronto a tomar decisiones económicas como consumidores de bienes y servicios.
El SAT, en su estrategia comunicativa, debe tener en cuenta la diversidad de la población-objeto a la que se dirige. Sus actuaciones tienen una pluralidad de destinatarios que, a efectos educativos, podemos simplificar en ciudadanos adultos, niños y niñas, así como jóvenes.
El hecho de que los niños, niñas y jóvenes no estén sujetos a obligaciones tributarias concretas no significa que sean totalmente ajenos a la fiscalidad. Desde la vertiente del ingreso público, su consumo está generando ingresos tributarios. Desde la vertiente del gasto público, la fiscalidad está posibilitando una igualdad de oportunidades en múltiples aspectos entre los que destacan la salud y la educación por ser los más visibles en estos estratos de edad.
Sin esa inversión de solidaridad, aportada mediante el esfuerzo tributario de los ciudadanos y gestionada por los diferentes organismos de las administraciones públicas, la vida cotidiana y las perspectivas de futuro de estos miembros de la sociedad serían muy distintas. Es preciso hacerlos conscientes de esta realidad.
En el caso de los adultos, las diversas acciones de comunicación institucional tienen como finalidad informar a los contribuyentes de cuáles son sus obligaciones fiscales, así como del calendario de sus deberes tributarios. Paralelamente, también hay que recordarles que las normas fiscales forman parte del conjunto de normas sociales que debe cumplir un individuo adulto.
En lo concerniente a los niños, niñas y jóvenes, la finalidad de la estrategia educativa fiscal no es transmitir conocimientos instrumentales o prácticos, sino socializar en valores de responsabilidad cívica y, por tanto, fiscal.
El cumplimiento fiscal es una cuestión de ciudadanía. Los efectos del incumplimiento, es decir del fraude fiscal, perjudican a todos los ciudadanos pero especialmente a aquéllos que asumen sus responsabilidades sociales y cumplen correctamente sus obligaciones tributarías. El fraude fiscal es un fenómeno complejo basado en una mentalidad de derechos adquiridos sin ninguna contrapartida desde la vertiente de las obligaciones. Es, en definitiva, un problema de socialización inadecuada en los valores éticos de justicia y solidaridad
No cabe duda de que la conducta fiscal adulta sería distinta si se educara adecuadamente a los niños, niñas y jóvenes en el hecho fiscal. Incorporarían las pautas de conducta propias de individuos que de adultos van a vivir en una cultura democrática que hace de la solidaridad tributaria uno de los pilares básicos del modo de organizar su convivencia social.
En la actualidad, más de 26 países cuentan con programas de educación fiscal. En Europa los países nórdicos fueron los pioneros y destaca la iniciativa tan meditada que se llevó a cabo en el Reino Unido. En América del Norte y en el área del Pacífico, aparte del programa decano estadounidense, también tienen programas educativos las administraciones tributarias de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Japón. En América Latina, la mayoría de los países, apoyados financieramente por organismos internacionales, han adoptado estrategias educativas similares.
La conciencia cívico-fiscal no es algo natural; es un producto social y, por tanto, resultado de la educación. El comportamiento fiscal correcto se aprende y es necesario que exista realmente un enlace formal entre el Servicio de Administración Tributaria y las instancias de educación para acelerar el proceso de cultura fiscal tan necesario entre nuestros ciudadanos y se fortalezca una educación cívico-tributaria.
Para crear una conciencia real sobre la importancia del pago de impuestos, a mi entender, debe de abordarse este tema desde que se es niño o niña, así como también en los jóvenes, puesto que en esta etapa de la vida se puede influir en gran medida para el futuro de un país.
Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria
Artículo Único. Se adiciona un párrafo tercero al artículo 19 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria para quedar como sigue:
Artículo19. ...
Segundo párrafo. ...
En dichas instancias de consulta y comités especializados deberá coordinarse con la Secretaría de Educación Pública para fomentar, promover y estimular una educación cívico-tributaria.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de septiembre de 2009.
Diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (rúbrica)
De conformidad con los artículos 42 y 43 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 58, 60, 65, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados federales que suscriben, de diversos estados de la república, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentan a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo por el que se crea la comisión especial de la industria automotriz, al tenor de la siguiente
Una de las industrias de mayor importancia en el desarrollo del país por su gran efecto en la generación de empleos es la industria automotriz. Los datos estadísticos en noviembre de 2007 mostraban una generación de cerca de 1 millón de empleos formales directos. Este millón de empleos se sitúa a todo lo largo de la cadena de valor. Incluye desde el suministro de partes y componentes, el ensamble y fabricación de vehículos, la venta y distribución hasta el servicio posventa.
En 2008, la industria automotriz contribuyó con 16 por ciento del producto interno bruto (PIB) manufacturero; cuenta con plantas de ensamble de vehículos en 14 estados, la fabricación de autopartes tiene instalaciones productivas en 26 estados y la red de distribuidores está presentes en más de mil 400 localidades del país. Sus niveles de exportación son del orden de 81 por ciento de su producción y genera 21.5 por ciento del valor total de las exportaciones manufactureras del país, con más de 43 mil millones de dólares, derivados de exportaciones realizadas a más de 100 países. Tan sólo en 2008 generó más de 17 mil millones de dólares de divisas netas.
La industria automotriz invirtió, en el periodo 2000-2006, 20 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en nuevas plantas y expansiones de la industria terminal y de autopartes, y para el periodo 2007-2008 se hicieron inversiones adicionales de 6 mil millones de dólares. Además, esta industria fue la que más invirtió en investigación y desarrollo en México. Tal inversión ascendió a 3 mil 500 millones de pesos, de los cuales la sexta parte fue de manera directa a los programas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La industria automotriz vive la peor crisis mundial de los últimos 50 años. Su desempeño en México no ha sido la excepción; por el contrario, la nuestra es de las más afectadas. Como resultado de lo anterior, la producción automotriz en México cayó 49.2 por ciento en los primeros seis meses del año, y según un amplio estudio de los especialista de BBVA, la producción anualizada en 2009 caerá en 60 por ciento.
Los 14 estados del país donde la industria automotriz tiene presencia saldrán afectados inevitablemente, en mayor o menor medida, por la crisis que atraviesa este sector. Los estados con la mayor participación de esta industria en el PIB local son Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, México, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
En la crisis actual, el crédito enfrentará restricciones sustanciales debido a que las instituciones financieras, automotrices y bancarias no encuentran liquidez en el mercado internacional. El riesgo es global y los inversionistas privilegian los portafolios con mayor seguridad. La legislación actual impide el otorgamiento de créditos a clientes con registros negativos en el buró de crédito, cuando menos durante siete años, lo que limitará aún más la venta de vehículos a clientes que en el corto plazo, superada la crisis, recuperen capacidad de pago.
La importancia del crédito para la adquisición de vehículos quedó de manifiesto, ya que en 2000 sólo 30 por ciento de las unidades se adquiría mediante el crédito, y en 2008 esta relación se había invertido al adquirirse mediante crédito más de 70 por ciento de vehículos.
En el renglón del empleo, para junio de 2009 la industria había perdido cerca de 200 mil empleos. Éstos se agregaron a los 2.6 millones de desempleados que hoy viven la crisis peor manejada por los responsable del desarrollo del país.
El pasado 21 de julio, el presidente de la República puso en marcha un infructuoso programa en apoyo de la industria. Se propone la renovación del parque vehicular, otorgando un bono de 15 mil pesos a cambio de la destrucción de vehículos de 10 años o más de antigüedad, y con un valor máximo de adquisición del nuevo vehículo de 160 mil. Este programa cuenta con un fondo de 500 millones y beneficia sólo a 3 mil 300 personas.
El programa está mal orientado, pues no se define si es un programa de eliminación de vehículos contaminantes, de descacharrización o de fomento y desarrollo de la industria automotriz. Se requiere un programa más vigoroso que permita de manera extraordinaria apoyar esta industria.
Como ejemplo podemos citar algunos gobiernos de países productores que han actuado rápidamente para mitigar los efectos de la crisis automotriz. En Brasil se han puesto a disposición de las financieras automotrices líneas de crédito gubernamentales por 4 mil millones de dólares, y en Argentina se apoyó con más de 900 millones de dólares un programa similar.
La industria automotriz, como hemos dicho, es un importante factor de desarrollo del país. De continuar su comportamiento negativo, afectaría de manera irreversible durante varios años las variables de desarrollo: empleo, competitividad y productividad.
Por lo anterior resulta imperativo tomar medidas que reactiven el mercado nacional y eviten la caída adicional de esta industria. Por tanto, proponemos los siguientes
Primero. Se crea la comisión especial de la industria automotriz.
Segundo. El objetivo de la comisión será el seguimiento de la situación y el efecto de la industria automotriz en la economía del país, así como establecer las medidas necesarias para la recuperación de la industria, en beneficio de la generación de empleos, del país y de las entidades federativas afectadas.
Tercero. La comisión especial de la industria automotriz durará la totalidad de la LXI Legislatura o hasta cuando se haya agotado su objeto.
Diputados: Rubén Moreira Valdez (rúbrica), Eduardo Bailey Elizondo (rúbrica), Rodolfo Torre Cantú (rúbrica), Jeny de los Reyes Aguilar (rúbrica), Juan Carlos Lastiri Quirós (rúbrica), José Luis Marco León Perea (rúbrica), Roberto Albores Gleason (rúbrica), José López-Portillo Basave (rúbrica), Jesús María Rodríguez Hernández (rúbrica), Gerardo Sánchez García (rúbrica), Alejandro Canek Vázquez Góngora (rúbrica), Tereso Medina Ramírez, Melchor Sánchez de la Fuente (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Humberto Lepe Lepe (rúbrica), Nicolás Bellizia Aboaf (rúbrica).
El suscrito diputado Pablo Rodríguez Regordosa, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo previsto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, de urgente y obvia resolución, proposición con puntos de acuerdo de conformidad con los siguientes
Durante el año 2008, en tiempo y forma legales, se aprobaron la Ley de Ingresos de la Federación así como el Presupuesto de Egresos, estableciendo en su contenido los criterios de política económica que para ese momento estaban debida y legalmente soportados.
Prácticamente al mismo tiempo que el Congreso debatía y aprobaba los presupuesto de ingresos y egresos, se desataba en los Estados Unidos de América una grave crisis del sistema financiero, cuyos alcances nadie pudo determinar con claridad, surtiendo en el corto plazo, sus efectos en la economía mundial.
Particularmente en México, derivado de los efectos de la crisis estallada en el sistema financiero norteamericano, la economía se contrajo en casi 10 puntos del PIB, con la consecuente pérdida de empleos y la caída en la recaudación federal participable, afectando así los recursos presupuestales disponibles.
Adicional a lo anterior, al mes de julio los precios internacionales de la mezcla mexicana de petróleo han promediado 50 dólares por barril, valor por debajo del precio establecido en la Ley de Ingresos de la Federación de 70 dólares. Gracias a la contratación de una cobertura, el impacto en las finanzas públicas no fue del mismo tamaño que la disminución del precio.
Por si la combinación de la crisis financiera mundial y la contracción en el precio del crudo fueran poca cosa, la plataforma de producción de petróleo cayó por debajo del estimado propuesto por la Secretaría de Energía al momento de armar el presupuesto de ingresos, causando los tres factores en suma un faltante por casi 420 mil millones de pesos respecto del presupuesto aprobado para el ejercicio corriente.
Sin embargo, gracias a la contratación de la cobertura del precio del petróleo, al deslizamiento de la relación peso dólar, y a la disponibilidad de fondos de estabilización, el impacto en las finanzas públicas estimado para el ejercicio 2009 es tan solo de 85 mil millones de pesos, por lo que
Que las transferencias presupuestales a estados y municipios se han visto afectadas en términos de lo descrito en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y que no se estima ninguna recuperación sustancial de los ingresos presupuestales para lo que resta del año ni para el próximo año.
Que a partir de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha entregado a esta Cámara de Diputados el Paquete Fiscal 2010 se inician los trabajos de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación y el correspondiente Presupuesto de Egresos, por lo que estamos a tiempo de que se consideren las medidas de austeridad en todas las dependencias y entidades de gobierno para que no se presupueste por encima de los recursos que serán disponibles.
Que los estados y sus municipios, el Distrito Federal y sus delegaciones, así como las diversas entidades públicas están obligadas en términos del artículo 127 constitucional y 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a cubrir un aguinaldo a sus trabajadores a más tardar el día 15 de diciembre una parte y el resto a más tardar el 15 de enero.
Que por justicia y por ley los trabajadores al servicio de las gobiernos estatales, municipales, del Distrito Federal, de las delegaciones del mismo y de las diversas dependencias y entidades tienen derecho a gozar en tiempo y forma de su aguinaldo, y que aún estamos a poco más de 2 meses para que ese plazo se cumpla, de forma que estamos a tiempo para que los gobiernos de los 31 estados de la Federación con sus municipios, el Gobierno del Distrito Federal con sus delegaciones así como las diversas dependencias y entidades tomen medidas de austeridad necesarias para hacer las previsiones de los recursos que les serán necesarios para cubrir las obligaciones anteriormente descritas.
Pongo a consideración, con carácter de urgente y obvia resolución la siguiente proposición con
Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta a los 31 gobiernos estatales y sus municipios, al Distrito Federal y sus delegaciones así como a las diversas entidades públicas a que adopten las medidas de austeridad y previsión que consideren necesarias para generar las reservas de recursos que les permitan hacer frente en tiempo y forma al pago a su personal de los aguinaldos estímulos correspondientes al ejercicio 2009.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Diputado Pablo Rodríguez Regordosa (rúbrica)
Juan Carlos López Fernández, diputado de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo a fin de crear la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, razón de las siguientes
Consideraciones a) En lo social. La pobreza extrema es tres veces mayor que el promedio nacional. Uno de los motivos es que el porcentaje promedio de analfabetismo en la región supera por más de 11 puntos porcentuales la media del país, y el promedio de escolaridad nacional es de 8.1 años, mientras que en Chiapas es de 6.1, en Guerrero 6.8 y en Oaxaca de 6.4 años.
Además, sólo la mitad de la población está atendida por el sector salud, y estas entidades ocupan los primeros lugares por entidad federativa en mortalidad materna, con una tasa de 11.9 por 10 mil nacidos vivos estimados para 2006, muy por arriba de la media nacional que para ese año es de 5.52.
Por cada mil niños menores de un año, en el país mueren 18, mientras que en la región mueren en promedio 24.
En el sur habita más de la tercera parte de la población indígena del país, 2.4 millones de personas mayores de 5 años hablan una de las 29 lenguas indígenas de la región. De ellos, una cuarta parte no habla español. Casi la mitad de su población es menor de 19 años (46 por ciento).
En conjunto, las tres entidades cuentan con 10.9 millones de habitantes que representa el 10.6 por ciento de la población nacional. Chiapas tiene 4.3, Guerrero 3.1 y Oaxaca 3.5 millones de habitantes. De las 187 mil localidades que tenía el país en 2005, los tres estados cuentan con 36 mil 762 localidades (Chiapas 19 mil 386, Guerrero 7 mil 190 y Oaxaca 10 mil 186). Ello representa 19.5 por ciento del total nacional; sin embargo, 91 por ciento de las localidades son de menos de 499 habitantes, con un total de 2.5 millones de habitantes. Sólo 54 localidades en la región tienen más de 15 mil habitantes, con una población de 3.7 millones.
Una proporción importante de los trabajadores del sur no perciben ingresos por su trabajo, lo cual es uno de los motivos que inciden permanentemente en la migración. 66 por ciento de los trabajadores reciben de 0 a 2 salarios mínimos nacionales.
El porcentaje de población emigrante a Estados Unidos de América, en 2000, era a nivel nacional de 2.5 por ciento en hombres, mientras que en Guerrero es 3.5 y en Oaxaca 2.6 por ciento. En Chiapas es del 4 por ciento. La frontera sur es zona de tránsito de inmigrantes como de todos los problemas que esto conlleva.
Chiapas, Guerrero y Oaxaca se cuentan entre los estados menos urbanizados de México. Cerca de 60 por ciento de la población urbana de los tres estados vive en ciudades de menos de 50 mil habitantes, a diferencia de 30 por ciento de la población en todo el país. En materia de vivienda, las condiciones son las siguientes: 31 por ciento tiene pisos de tierra, 17 por ciento no dispone de escusado o sanitario; 30 por ciento carece de agua entubada; 29 por ciento no tiene drenaje; y más de la tercera parte carece del servicio de suministro de energía eléctrica. b) En lo económico. La región tiene una densidad vial mucho más baja que el promedio del país. El 21 por ciento de los caminos revestidos se encuentran en el sur y sólo 425 kilómetros de carreteras de cuatro carriles de los 10 mil 578 kilómetros que tiene el país. Su principal red carretera carece de conexiones estratégicas y hay diversos segmentos que requieren ser reparados y no se cuenta con recursos para su mantenimiento. Casi la mitad de los caminos de terracería del país están en el sur y su red de puertos y aeropuertos es reducida.
Transportar productos, personas e información hacia y desde los estados del sur es poco seguro, requiere demasiado tiempo y es costoso. Las obras hidroagrícolas y la tecnificación del riego son insuficientes. La región cuenta con abundantes recursos acuíferos y no tiene infraestructura para aprovecharla.
La presencia y actividad de la banca múltiple son reducidas. Gran parte de la población no tiene posibilidades de conseguir crédito debido a la falta de garantías o de antecedentes crediticios y a la escasez y mala calidad de los servicios financieros de la región. El sur tiene el 1.5 por ciento (8 mil 982) de las empresas del país y, de éstas, más de la mitad está en el sector comercio. Además, 7 mil 762 son microempresas.
La agricultura es más una actividad de subsistencia en el sur que en el resto de México.
El sur tiene el 17 por ciento del litoral del Pacífico y el 28 por ciento de las lagunas costeras. Sin embargo, sólo aporta el 3.28 por ciento de la producción pesquera. Entre otros problemas, por la falta infraestructura pesquera para el acopio, procesamiento y comercialización.
El promedio de estadía del turismo en la región es de 1.3 días. Tiene una gran diversidad de atractivos naturales, coloniales, arqueológicos y culturales pero le falta, entre otras, infraestructura de apoyo. c) En lo legislativo. Se requiere que existan proyectos de ley que ayuden a disminuir las condiciones sociales y potencialicen los recursos que la frontera sur posee. Se necesita que en el Presupuesto de Egresos las necesidades de las entidades del sur-sureste se vean plasmadas y, con ello, den repuesta a las miles de demandas que reclaman éstos mexicanos.
Se debe consolidar los trabajos legislativos que en las anteriores legislaturas se han desarrollado en el tema. No podemos, de manera irresponsable dejar truncos muchos proyectos, en los que han trabajado muchas y muchos legisladores de diferentes expresiones parlamentarias.
Por lo expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 44 fracción 4 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo
Primero. La Cámara de Diputados de la LXI Legislatura acuerda crear la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México
Segundo. La comisión estará conformada por 20 integrantes, que serán elegidos con los criterios de pluralidad y proporcionalidad.
Tercero. La comisión especial deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Diputado Juan Carlos López Fernández (rúbrica)
Los que suscriben, Salvador Manzur Díaz y Luz Carolina Gudiño Corro, diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58, 59, 60 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración del honorable pleno el presente punto de acuerdo, en términos de las siguientes
México vive tiempos difíciles. Todos los indicadores económicos y sociales nos revelan que la República se enfrenta a un panorama complejo y muy riesgoso.
La dura crisis económica que nos ha embestido se ha convertido ya en una crisis de empleo y de falta de ingreso para millones de familias que, de no atenderse con sensibilidad y sentido de urgencia, se transformará en una crisis social.
En México hay pocos que tienen mucho y muchos, demasiados, que no tienen nada.
De acuerdo con los informes más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el ingreso per cápita de los mexicanos ha disminuido 28 por ciento este año.
Ya no hay duda: la crisis está afectando seriamente los niveles de bienestar de la población, particularmente la más necesitada. Los datos indican que los mexicanos de menores ingresos, así como los de la adelgazada clase media, deben destinar más recursos para sufragar sus gastos elementales.
Esta delicada situación nos obliga a replantear diversos aspectos del modelo económico.
Veracruz es uno de los estados que más contribuciones ha hecho al desarrollo nacional.
Uno de ellos, es su capacidad de generación de energía eléctrica. Veracruz es el primer productor nacional y contribuye con el 11. 95 por ciento de la producción en México.
En su geografía se han instalado plantas productoras que reflejan las diversas posibilidades de generación: energía nuclear, termoeléctrica, ciclo combinado, hidráulica.
Plantas productoras de energía en Veracruz
Sin embargo, 7 millones 110 mil veracruzanos enfrentan cada día una situación injusta, ya que, a pesar de nuestro liderazgo nacional en producción de energía, de nuestro compromiso para impulsar el desarrollo nacional, los habitantes pagan tarifas superiores a las que se registran en muchos otras ciudades del país.
Principales estados consumidores de energía
Las condiciones geográficas de Veracruz y en particular de los habitantes del distrito que represento, que incluye la zona metropolitana de Veracruz-Boca del Río, hacen que la humedad incremente de manera importante los niveles de calor que deterioran la calidad de vida de las personas.
Para medir adecuadamente los niveles térmicos en Veracruz, al igual que en otras ciudades del sureste mexicano, a las altas temperaturas se deben añadir factores como el de la humedad y el viento que modifican la percepción humana de la misma, pues generan lo que se denomina sensación térmica: el nivel de calor que el cuerpo humano registra y que, al mismo tiempo posee una influencia determinante en la vida cotidiana de las personas.
Estos criterios han sido ya incorporados en mediciones oficiales realizadas periódicamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
De acuerdo con la legislación vigente, a quienes viven en mi distrito se les cobra, por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), una tarifa denominada 1C, que establece que la temperatura media en esta ciudad es de 30 grados centígrados durante el verano.
No obstante, la presencia de factores como los referidos arriba originan que las personas padezcan temperaturas muy por encima de las que determinan estas tarifas.
Por ello, en sus registros oficiales, la Conagua ya mide los factores de viento y humedad que inciden sobre la denominada sensación térmica. Esta es, así, una medición más precisa sobre el efecto real de la temperatura sobre las condiciones de vida de la población.
Si se consideran los factores que, repito, ya se miden en los registros oficiales, la temperatura promedio durante los cuatro meses más calurosos del año pasado, 2008, fue superior a los 30 grados que se indican en la tarifa que injustamente pagamos los veracruzanos.
En dos de los meses más calurosos del año, en mayo y agosto de 2008, fue de 33.6 y 34.3 grados centígrados, respectivamente. En junio y julio, la temperatura fue de 32 grados.
Temperaturas promedio en el verano 2008
Por tanto, las mediciones de la Conagua revelan que la clasificación tarifaria de la Secretaría de Hacienda para la zona Veracruz-Boca del Río es incorrecta y debe ser ajustada para que los habitantes de dicha zona paguen menos por la electricidad que consumen.
Este año, el patrón se repite: la Conagua ha registrado un promedio de sensación térmica de 33.4 grados en mayo y de 34.6 en junio.
Una reclasificación es una medida justa, urgente e impostergable.
A los usuarios de Veracruz-Boca del Río se les cobra una tarifa incorrecta que debería modificarse por la 1F, que es la que pagan usuarios domésticos que viven en localidades con temperatura media mínima en verano de 33 grados centígrados.
Durante el periodo que mencioné –mayo a agosto del 2008– de acuerdo con los registros de la Conagua, en mayo hubo sólo tres días en que se registró una temperatura con sensación térmica de 30 grados.
Sin embargo, hubo dos días en que fue de 37 grados, uno de 36 y 12 de 35, es decir, más de la mitad del mes la población estuvo sometida a temperaturas superiores a los 35 grados.
Lo mismo ocurrió cada mes de ese año y se ha vuelto a presentar en el verano de 2009.
Esos son factores que afectan de manera directa, clara a la población y no son simples mediciones técnicas.
Sin embargo, aún en el campo de la técnica, tenemos mucho que mejorar.
Un estudio de la Universidad de Cambridge, publicado en el mes de agosto pasado, nos ilustra sobre la situación actual con la que la CFE realiza sus mediciones para determinar la eficiencia de sus redes de distribución y transmisión, que afectan los criterios de fijación de precios.
Se trata del estudio Análisis de la eficiencia de las redes de energía: una encuesta sobre organismos reguladores, que investigó las prácticas de regulación en materia energética de 40 países para conocer sus niveles de eficiencia.
Pues bien, los resultados son reveladores y no dejan lugar a duda:
Los países del mundo con mejores prácticas de regulación eléctrica fueron Austria, Finlandia, Bélgica, Hungría e Irlanda. Estas naciones obtuvieron una calificación de más de cinco puntos de un total de ocho posibles.
México obtuvo la calificación de cero.
En otras palabras, la industria eléctrica en México no cuenta con la regulación ni los parámetros adecuados para valorar el proceso de fijación de precios y tarifas.
Compañeros diputados, cuando las mediciones de otros organismos oficiales, las necesidades de las personas, la lógica económica y las mediciones de universidades de clase mundial dicen que la CFE está mal, no nos queda más remedio que decirlo categóricamente: la CFE está cobrando tarifas injustas a los mexicanos.
México necesita incrementar su competitividad para retomar el crecimiento.
El crecimiento debe reflejarse en el ingreso de nuestras familias.
Hagamos que el ajuste del modelo económico comience con medidas que están al alcance de la autoridad realizar de inmediato.
Convirtamos a las palabras y a las invitaciones al diálogo en hechos concretos y acuerdos en favor de las clases más humildes de México, de Veracruz y de Boca del Río.
Por todo lo expuesto, y en términos de los preceptos legales invocados, someto a consideración de ese honorable pleno el siguiente:
Primero. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía, en el ámbito de sus atribuciones y funciones, reclasifiquen la zona conurbada Veracruz-Boca del Río del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave en la tarifa eléctrica residencial 1F, en vez de 1C.
Segundo. Que, en consideración a la crisis económica que se registra en México, la más grave de su historia, se revisen los esquemas generales de subsidios a fin de extender sus beneficios a la población más necesitada del país.
Tercero. Que la Comisión Federal de Electricidad valore los resultados del estudio internacional realizado por la Universidad de Cambridge para que incorpore sus sistemas de regulación a las mejores prácticas mundiales incidiendo positivamente en su competitividad.
Diputados: Salvador Manzur Díaz, Luz Carolina Gudiño Corro (rúbrica)
La que suscribe, diputada Leticia Quezada Contreras, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 74, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente proposición con punto de acuerdo por medio del cual se exhorta a los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a respetar y acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal respecto a las elecciones para jefes delegacionales en Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, al tenor de los siguientes
1. Que con motivo del proceso electoral local pasado, y derivado de las atribuciones conferidas a la autoridad electoral, bajo la premisa de las facultades de fiscalización que tiene en el caso que nos ocupa el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), ejerció dicha atribución a través de su Unidad Técnica Especializada de Fiscalización investigando los gastos efectuados por los candidatos y los partidos políticos durante el lapso de tiempo que duraron las campañas electorales.
2. En ese orden de ideas, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Convergencia, interpusieron los juicio electorales: TEDF-JEL-073/2009 y TEDF-JEL-063/2009, impugnando la validez de la elección del jefe delegacional en Cuajimalpa, principalmente por irregularidades graves y rebase en los topes de campaña, que fueron resueltos por el Tribunal Electoral de Distrito Federal en plenitud de competencia, el pasado viernes 4 de septiembre del presente año.
3. Que en la ponencia presentada por el magistrado electoral Alejandro Delint García, se modificó el computo original del rebase del tope de gastos que realizó la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF, y confirmó la existencia del rebase de los topes de gastos de campaña en los que incurrió el candidato Carlos Orvañanos Rea y el Partido Acción Nacional, en el que se concluyó que habían rebasado por 226 mil 30 pesos los topes de campaña fijados.
4. El órgano jurisdiccional resolvió que el uso excesivo de los recursos públicos influyeron en la voluntad de por lo menos 8 mil 193 votantes, lo cual es superior a los 4 mil 454 votos de diferencia que existe entre el primer y el segundo lugar de la elección de mérito y, por lo tanto, determinante para el resultado de la elección. La actualización de la sanción por esta infracción a la norma electoral trajo como consecuencia la nulidad de la elección, con el efecto de revocar la constancia de mayoría entregada al candidato y que se ordenará al IEDF convocar a una elección extraordinaria sin el candidato y el partido infractores. Otro resolutivo fue en consecuencia también notificar al jefe del Gobierno y a la Asamblea Legislativa para que se designe un jefe delegacional provisional. En tanto exista una nueva elección producto de los comicios extraordinarios.
5. Posteriormente, el Tribunal Electoral resolvió los juicios electorales TEDF-JEL-098/2009 y TEDF-JEL-103/2009 interpuestos por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia y Acción Nacional, este último juicio fue interpuesto contra el dictamen realizado por la Unidad Técnica Especializada de Fiscalización del IEDF; por otra parte, los primeros accionantes mencionados solicitaron como efecto de la revisión de los topes de campaña del candidato Demetrio Sodi de la Tijera, la nulidad de la elección para jefe delegacional en Miguel Hidalgo.
6. El pleno del órgano jurisdiccional (TEDF) consideró fundado el agravio relativo a la cuantificación de los gastos derivados de la entrevista televisiva realizada al candidato panista el pasado 23 de mayo, durante la transmisión del partido de futbol Pumas de la UNAM-Puebla, por lo que, en plenitud de jurisdicción, modificaron el dictamen impugnado para contabilizarla en 972 mil pesos, cifra que forma parte del rebase de 1 millón 62 mil pesos, considerando su duración total de un minuto con 19 segundos. A partir de un análisis exhaustivo, los magistrados realizaron un estudio comparativo entre los votos que obtuvo Acción Nacional y los que pudo haber alcanzado si se hubiera ajustado al tope de gastos determinado por el IEDF, llegando a la conclusión de que la conducta del candidato influyó en la voluntad de los electores para el resultado de la elección, de manera determinante cualitativamente.
7. Ambas resoluciones, la de Cuajimalpa y la de Miguel Hidalgo en el Distrito Federal fueron emitidas por el órgano jurisdiccional competente, cuyas atribuciones son conferidas por mandato de Ley, y los ciudadanos encargados de impartir justicia electoral, su designación deviene de un procedimiento de selección legalmente establecido en el que se evaluaron sus trayectorias profesionales y la ética profesional que han demostrado en otros encargos.
8. Por otra parte, la función de fiscalización es producto de una amplia y consensuada reforma electoral, en la que todos los partidos políticos nacionales y, en el caso del Distrito Federal, los que tenían representación en la Asamblea Legislativa votaron esta reforma que incluía la autonomía en la fiscalización de gastos de campaña a los candidatos, en aras de lograr que existiera equidad en las contiendas electorales.
9. En este punto, conviene invitar a todos los actores políticos para que hagan un compromiso para darle vida plena a esta reforma, observando sus disposiciones y cumpliendo las sanciones que deriven de su aplicación.
10. Un estado de derecho, se basa en principios fundamentales, uno de ellos es la legalidad, entendida esta como una razón superior en la que descansan los procesos electorales y las instituciones, debido a que son producto del pacto social, en el que estamos todos inmersos.
11. Tal parece que el Partido Acción Nacional a través de sus candidatos, hoy sancionados, quiere hacernos creer que es parte de la voluntad popular –las campañas inequitativas y el dispendio. Cuando por otra parte su dirigencia local arremete contra el Partido de la Revolución Democrática y pide respeto a los "resultados en las casillas", no importando si estos resultados en si irregulares, fueron producto de amenazas o intimidación a los electores, como consta en diversas averiguaciones previas en el caso de Cuajimalpa, es este parte del doble discurso y la doble moral de dicho partido, son pues parte de las contradicciones en las que incurren.
12. Es por lo anterior, que surge la necesidad de solicitar a los actores políticos que intervinieron en el proceso electoral pasado y a las los legisladores de esta Cámara que eviten toda la clase de descalificaciones y manifestaciones que tienen por objeto cuestionar la legalidad e imparcialidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el falso argumento de "defensa de la voluntad popular". Las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral de la capital determinaron anular las elecciones en dichas demarcaciones territoriales, debido a que se acreditaron irregularidades graves de los candidatos del Partido Acción Nacional, desconocerlo y pretender influir desde este órgano legislativo no tiene otro objetivo que tender una cortina de humo y presionar políticamente cuando no existen argumentos jurídicos para su defensa.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto ante el pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente proposición con punto de acuerdo por considerarse de urgente u obvia resolución
Único. Se exhorta a los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a respetar y acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral del Distrito Federal respecto a las elecciones para jefes delegacionales en Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 23 de septiembre de 2009.
Los que suscriben, diputados federales Fermín Gerardo Alvarado Arroyo, Alicia Elizabeth Zamora Villalva, Ángel Aguirre Herrera, Cuauhtémoc Salgado Romero, Mario Moreno Arcos, Esteban Albarrán Mendoza, Sofío Socorro Ramírez Hernández, Miguel Álvarez Santamaría, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta soberanía, la proposición con punto de acuerdo, de urgente y obvia resolución, al tenor de las siguientes
Primero. Que el estado libre y soberano de Guerrero vive del turismo; para nosotros el turismo es la principal actividad económica y la primera fuente de empleos e ingresos, que le da de comer directa e indirectamente a la mayoría de nuestros paisanos.
Segundo. Que la carretera Cuernavaca-Acapulco, o Autopista del Sol, fue construida bajo el esquema de concesión durante la administración federal 1988-1994, por gestiones del entonces gobernador de Guerrero, licenciado José Francisco Ruiz Massieu.
Tercero. Que la construcción de la Autopista del Sol se impulsó visionariamente con el propósito de convertirla en una de las principales arterias turísticas del país y uno de los ejes fundamentales, sobre los que giraría el desarrollo económico de Guerrero, que requería, desde entonces, que este servicio público se prestara con calidad, eficiencia y eficacia.
Cuarto. Que por esta carretera transitan durante todo el año miles de extranjeros, connacionales y guerrerenses, en un enorme flujo vehicular, que es persistente y continuo, dado que, como es conocido, esta autopista permitió acercar a una distancia de tan sólo 286 kilómetros a la población del Distrito Federal, de la zona metropolitana y del centro del país, con un destino de natural belleza y de la calidez en sus playas.
Quinta. Que desde 1993, con la inauguración y operación de la Autopista del Sol administrada por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), se reconoció que las cuotas1 que ahí se cobraban eran de las más altas del país, situación que contrasta -y que la realidad ha confirmado- con una prestación de servicios, regularmente, deficientes, de mala calidad e inseguridad creciente, tanto por las condiciones orográficas, pluviales y vicios ocultos que presenta, como agrietamientos, hundimientos, desprendimientos de cerros, derrumbes, deslaves, así como rehabilitaciones permanentes que por su deficiencia parecen interminables.
Sexto. Que por esas causas en los últimos 16 años se han decidido cierres parciales y temporales, incluso, para evitar desgastes mayores, la circulación se ha ido canalizando, en algunos tramos, sólo por uno de los dos cuerpos de la carretera.
Séptimo. Que el 7 de septiembre del año que corre, el Sistema de Información de Accidentes Vehiculares (SIAV), difundido por la Agencia de Consultoría Global Minds, significa que esta Autopista del Sol es no sólo de las más caras, sino que se encuentra entre las 10 carreteras más peligrosas de la república.
Octavo. Que precisamente en este momento, y desde hace ya un buen tiempo, el tramo comprendido de la caseta de Palo Blanco, municipio de Chilpancingo, a la caseta de La Venta, municipio de Acapulco, es objeto de rehabilitación, ocasionando que más de la mitad de este tramo, es decir, en más de 30 kilómetros, sólo se esté ocupando un cuerpo de la autopista, un solo carril, de uno y otro sentido, con los consiguientes riesgos y lentitud en su circulación.
Noveno. Que no obstante, el gobierno federal ha fomentado, por una parte, una política de aumentos en las tarifas de las cuotas y, por otra, una política de silencio ante el clamor generalizado de disminuir las cuotas de cobro, clamor justificado no sólo por la situación económica que vive el país y cuyos efectos se resienten con mayor encono en la sociedad, sino también por las condiciones deficientes en las que se presta el servicio por el que se cobra.
Décimo. Que desde el 3 de agosto de este año se anunció por el consejo de administración del organismo público descentralizado del gobierno federal Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos que a partir del 4 de agosto se aplicaría 4.1 por ciento de aumento a la cuota, un aumento de 36 pesos; es decir, de 864 pesos que se cobraba de Cuernavaca a Acapulco de ida y vuelta, ahora ese mismo tramo cuesta 900 pesos, circunstancia que obviamente ha generado la inconformidad de amplios sectores sociales y productivos por considerarla injusta y desproporcionada.
Undécimo. Que es evidente la necesidad de que esta alta soberanía se pronuncie por la no aplicación del incremento de 4.1 por ciento más sobre las cuotas de peaje en la Autopista del Sol y porque se otorgue un descuento de hasta 50 por ciento del tramo de la caseta de Palo Blanco, en el municipio de Chilpancingo, al de la caseta de La Venta, en el municipio de Acapulco, en virtud de que no existe en este tramo una autopista funcionando al 100 por ciento por lo que no se justifica cobrar por un servicio de autopista que no se proporciona y que este descuento tenga vigencia hasta que la autopista esté rehabilitada en su totalidad.
Duodécimo. Que esta soberanía nacional seguirá insistiendo en que la actividad turística se desempeñe con más eficiencia, por lo que atañe a su estacionalidad, a la generación de empleos permanentes y bien remunerados, a la calidad, seguridad y accesibilidad de los servicios, a la captura efectiva de las divisas que demanda el financiamiento del desarrollo nacional y al consumo de bienes producidos en Guerrero y en nuestro país.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional consciente de que la comunicación carretera que brinda la Autopista del Sol es vital para el desarrollo del país y de la entidad, ya que el turismo es la principal fuente de ingresos de Acapulco y Guerrero, es necesario que esta alta representación soberana insista en la no aplicación de los aumentos operados desde el 4 de agosto del año en curso y en un descuento de hasta 50 por ciento del costo de peaje, por lo que hace al tramo correspondiente de la caseta de Palo Blanco, municipio de Chilpancingo y la caseta de La Venta, del municipio de Acapulco de Juárez, reiterando la necesidad de su accesibilidad a las clases populares, lo que indubitablemente repercutirá en un bien común; por tal razón, se estima pertinente someter a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados para que, previo el procedimiento legislativo correspondiente, se discuta y, en su caso, se apruebe como asunto de urgente y obvia resolución, la siguiente propuesta de
Único. Se exhorta al secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor Agustín Carstens Carstens, y al director general del Fideicomiso de Apoyo al Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC) se derogue, a la brevedad posible, el incremento vigente a partir del 4 de agosto del año en curso y se otorgue un descuento de 50 por ciento, específicamente en el tramo Palo Blanco Chilpancingo-La Venta Acapulco, de la autopista Cuernavaca-Acapulco, hasta que esté totalmente rehabilitada y en condiciones óptimas y seguras de uso.
1. La mayor parte de estudiosos del derecho administrativo conceptúan a la cuota como aportaciones de dinero o en especie que un particular debe pagar a las autoridades o a quien se le haya concesionado el servicio público por el uso del mismo.
Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los a los ocho días del mes de septiembre del año dos mil nueve.
Diputados: Fermín Gerardo Alvarado Arroyo (rúbrica), Alicia Elizabeth Zamora Villalva (rúbrica), Ángel Aguirre Herrera, Cuauhtémoc Salgado Romero (rúbrica), Mario Moreno Arcos, Esteban Albarrán Mendoza, Sofío Socorro Ramírez Hernández, Miguel Álvarez Santamaría
El suscrito, diputado del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad contenida en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo a las siguientes
Desde la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, ha venido operando, en esta Cámara de Diputados, una Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México. No obstante, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, al final de las legislaturas LVIII, LIX y LX, ha declarado su extinción.
Los acuerdos relativos de ese órgano de gobierno interno de esta Cámara de Diputados, no significan, sin embargo, que el objeto de esa comisión especial se haya agotado y que, por tanto, las tareas que le han sido encomendadas ya no sean necesarias.
Los esfuerzos de cooperación y de coordinación que esta soberanía ha desarrollado por casi nueve años con autoridades, sectores productivos, organismos no gubernamentales y ciudadanos, para contribuir al abatimiento del rezago económico, las injusticias sociales y los desequilibrios en la región, hoy día requieren de continuidad.
Las asimetrías ancestrales existentes entre las entidades federativas del sur-sureste y las del centro y norte del país, lamentablemente no sólo se siguen presentando sino que, con el paso del tiempo, se han vuelto más profundas.
Por ello, la gente de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán continúa demandando un México más justo y equilibrado, y sigue requiriendo se instrumenten, en la región, políticas públicas diferenciadas y compensatorias, orientadas a la aplicación de un federalismo igualitario y efectivo.
Hasta ahora, son muchos los temas todavía pendientes en la agenda política, económica y social de la región sur-sureste.
Según expresiones de los gobernadores de la región, temas como la generación de energías alternativas; la revisión de tarifas eléctricas preferenciales; el control eficaz de los flujos migratorios, comerciales y de especies animales y vegetales; la seguridad en fronteras; la adecuada recaudación fiscal; el diseño de un programa integral para el saneamiento de las cuencas hidrológicas de la región; la construcción de infraestructura para el desarrollo y la competividad; el fortalecimiento y expansión del turismo; el sistema logístico para el desarrollo regional del istmo de Tehuantepec son todavía asuntos inacabados, que exigen seguimiento y atención prioritaria y urgente, por parte del gobierno.
La región sur-sureste de nuestro país, por su ubicación geográfica y porque cuenta con una gran potencialidad productiva y vastos recursos naturales y humanos debiera ser considerada estratégica para la seguridad nacional. Tendrían que canalizársele recursos que permitieran disminuir aceleradamente la brecha que le separa con el resto de la república.
Pero, contradictoriamente, esto no se hace y los 29 millones de mexicanos que en ella habitan no logran salir de su atraso, de su marginación y de su pobreza.
Esto debiera obligar políticamente a los diputados y a las diputadas de esta LXI Legislatura a seguir coadyuvando para que las entidades federativas que conforman la región superen las inequitativas, injustas y desfavorables condiciones que padecen.
Es indispensable que esta Cámara continúe articulando acciones con la federación, estados y municipios para establecer prioridades; impulsar proyectos viables de desarrollo sustentable, social, de competitividad y de comunicaciones; y generar riqueza y bienestar en la región sur-sureste de México.
Para atender esta tarea, consecuentemente, es conveniente y oportuno reinstituir y relanzar la instancia parlamentaria especializada que ha tenido como finalidad la creación de instrumentos legales que contribuyan al desarrollo de las nueve entidades que comprenden el sur-sureste del país y gestionar, mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación, proyectos de impacto en la región. Es decir, es necesario volver a crear la comisión especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México.
En razón a ello, con fundamento en los artículos 34 y 42 la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y solicitando se de la intervención que por ley corresponde a la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, es que someto a consideración de este pleno los siguientes
Primero. Se crea la Comisión Especial encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos de desarrollo regional del sur-sureste de México, cuyo objeto será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La comisión estará integrada por el número de miembros que la Junta de Coordinación Política determine, los cuales serán propuestos por los grupos parlamentarios en la misma proporción que estos últimos tienen en la composición del pleno, y contará con una mesa directiva que se conformará por un presidente y tres secretarios.
Tercero. La comisión especial tendrá vigencia a partir de la publicación del acuerdo en la Gaceta Parlamentaria y hasta el 31 de agosto de 2012.
Palacio Legislativo, a 14 de septiembre de 2009.
Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (rúbrica)
El suscrito diputado, en nombre propio y de los integrantes de la diputación del estado de Veracruz del Partido Revolucionario Institucional de esta Sexagésima Primera Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34 y 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec, al tenor de las siguientes
Primera. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones son órganos constituidos por el Pleno que a través de la elaboración de dictámenes, informes, opiniones o resoluciones, contribuyen a que la Cámara cumpla sus atribuciones constitucionales y legales.
Segunda. Por su parte, el artículo 42 del ordenamiento legal que se invoca dispone que el Pleno podrá acordar la constitución de comisiones especiales cuando se estimen necesarias para hacerse cargo de un asunto específico, debiéndose indicar en el acuerdo que las establezca el objeto, el número de integrantes que las conformarán y el plazo para efectuar las tareas que se les hayan encomendado y cumplido su objetivo se extinguirán.
Tercera. En términos de lo dispuesto en el artículo 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, cada Cámara nombrará las comisiones especiales que crea convenientes, cuando lo exija la urgencia y calidad de los negocios.
I. El proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG) que Petróleos Mexicanos (Pemex) lleva a cabo en el paleocanal Chicontepec, no sólo representa el 39 por ciento de la reserva total de hidrocarburos del país, es decir, cerca del equivalente de 17.7 mil millones de barriles de petróleo crudo; sino que también contribuye significativamente a las finanzas públicas nacionales, al entregar el 71 por ciento de los ingresos netos generados de su producción.
II. Ubicado al norte de Veracruz y el oriente de Puebla, el paleocanal Chicontepec es un campo petrolero que comprende un área de 3 mil 785 kilómetros cuadrados, y abarca 12 municipios, nueve en el estado de Veracruz: Coatzintla, Chicontepec, Ixhuatlán de Madero, Álamo de Tempache, Poza Rica, Papantla, Tihuatlán, Castillo de Teayo y Tepetzintla; y tres en Puebla: Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena y Pantepec. En conjunto, se trata de una región que cuenta con 766 mil 513 personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2005.
III. Diariamente se perforan dos pozos en el paleocanal Chicontepec y se producen alrededor de 32 mil 308 barriles de petróleo y cerca de 85 millones de metros cúbicos de gas, lo que constituye una importante aportación al desarrollo energético del país. En lo que va del 2009, 288 pozos se han perforado y adjudicado 26 contratos.
IV. Datos oficiales de Pemex resaltan la proyección de mil 411 pozos en el PATG para 2010 y estiman que para el 2015 su contribución sea superior al 20 por ciento de la producción nacional. El objetivo de Pemex es convertir a Chicontepec en una cuenca que pueda producir entre 550 mil a 600 mil barriles diarios hacia el año 2021.
V. Para el periodo 2009-2017, el PATG espera registrar una producción de crudo promedio de 443 millones de barriles diarios y una producción promedio de gas de 546 billones de pies cúbicos diarios. Del mismo modo, se estima que el máximo de producción de crudo se alcanzará en 2016.
VI. En 1998 la Certificadora Internacional de Golyer & McNaughton avaló que las reservas del Paleocanal de Chicontepec son de 12 mil 189 millones de barriles de petróleo crudo y de 31 mil 339 mil millones de pies cúbicos de gas (boletín de prensa número 61, Petróleos Mexicanos)
VII. Desde su puesta en marcha, el PATG representó un nuevo modelo de desarrollo sustentable, pues al tiempo que permite impulsar la responsabilidad compartida entre el gobierno, el sector productivo y la sociedad para contribuir con el desarrollo humano de la región, genera oportunidad en las empresas locales fortaleciendo el incremento del consumo de bienes y servicios, traduciéndose en una distribución del ingreso más equitativa.
VIII. Según el diagnóstico socioeconómico elaborado y coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad Veracruzana (UV), en el marco del convenio para la colaboración institucional con Pemex; una de las principales restricciones sociales y económicas en los municipios de la región del PATG es que cerca del 70.3 por ciento de su población tiene ocupación informal (sin contrato, ni prestaciones) e ingreso de dos salarios mínimos, situación que refleja, en general, la precariedad económica de la región (PNUD-UV; 8/1/2008), significando un proyecto de este tipo un detonante de desarrollo social.
IX. La concentración e intensidad de las operaciones del PATG requiere un esfuerzo continuo de análisis y sistematización de sus condiciones, para lograr que la actividad del proyecto se dé en la línea de las mejores prácticas internacionales y con estrategias para alcanzar un desarrollo sustentable en la explotación de la cuenca energética.
X. La complementación de las actividades petroleras es importante desde una perspectiva potencial de integración de sectores locales como la construcción, servicios de ingeniería y mantenimiento, así como la posibilidad de que las empresas contratistas generen esquemas de alianzas locales y eslabonamientos productivos con empresas nacionales y locales.
XI. Según reportes, en los dos últimos años se han perforado más de 6 mil pozos y se han invertido cerca de 20 mil millones de dólares en el PATG.
Por todo lo expuesto, y con fundamento en lo que establecen los artículos 93 constitucional; y 34, párrafo 1, inciso c); 42, párrafo 1, y 43 párrafo 3, de la Ley Orgánica del Congreso General, someto a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con
Primero. Se solicita de manera respetuosa a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados que constituya la Comisión Especial para el seguimiento y supervisión de los resultados y avances del proyecto Aceite Terciario del Golfo, en el paleocanal Chicontepec. El objeto de la comisión será el que se deriva de su denominación.
Segundo. La comisión especial contará con los recursos y personal necesario para su operación, y su duración será hasta el término de la actual Legislatura o cuando se haya cumplido su objeto. Para estos efectos deberá presentar de manera periódica un informe de actividades ante el pleno de la Cámara de Diputados o, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Tercero. La comisión se integrará de manera plural, por 30 diputadas y diputados, representantes de todos los partidos políticos.
Diputados: Genaro Mejía de la Merced (rúbrica), Juan Nicolás Callejas Arroyo, Javier Duarte de Ochoa, Patricio Chirinos del Ángel, Salvador Manzur Díaz, Sergio Lorenzo Quiroz Cruz, Francisco Herrera Jiménez, Silvio Lagos Galindo, José Francisco Yunes Zorrilla, Ricardo Ahued Bardahuil, Luz Carolina Gudiño Corro, Felipe Amadeo Flores Espinosa, Luis Antonio Martínez Armengol, Fidel Kuri Grajales, José Tomás Carrillo Sánchez, María Isabel Pérez Santos, Judith Fabiola Vázquez Saut, Antonio Benítez Lucho.
Los que suscriben, diputados Jaime Flores Castañeda, Adriana Terrazas Porras, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Alejandro Cano Ricaud, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, Héctor Agustín Murguía Lardizabal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, con base en la siguiente:
En el libro "Delimitación de Zonas Metropolitanas de México 2005" elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social, Sedesol; el Consejo Nacional de Población, Conapo; y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, se define como zona metropolitana al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios vecinos , predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación y política urbanas.
Dicho estudio expone que el rápido proceso de urbanización por el que ha transitado México se refleja en el incremento del número de ciudades de más de 15 mil habitantes, que pasó de 84 en 1950 a 369 en 2005, mientras que la población urbana pasó de representar uno de cada cuatro a uno de cada siete habitantes en el mismo periodo; de igual manera identifica 55 zonas metropolitanas que involucran a 309 municipios y delegaciones de 29 entidades federativas, cuya población se estimaba a mediados de ese mismo año, en 56.7 millones de personas, poco más de la mitad de la población total del país para entonces (106.4 millones).
La investigación en comento arroja que las zonas metropolitanas son las unidades de mayor jerarquía del sistema nacional de ciudades, en ellas se genera más de 70 por ciento del producto interno bruto, se concentra la mayor parte de la infraestructura social y de la actividad científica, tecnológica y cultural del país y se genera 64 por ciento del incremento demográfico nacional.
El resultado de ese análisis expone que en total se identificaron 56 zonas metropolitanas cuya población en el año 2005 ascendió a 57.9 millones de personas, mismas que representan 56.0 por ciento de la población total del país. De éstas, nueve zonas metropolitanas tienen más de un millón de habitantes: Valle de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla-Tlaxcala, Toluca, Tijuana, León, Juárez y La Laguna, donde residen 36.6 millones de personas, más de la tercera parte del total nacional (35.4%); en seguida se encuentran 18 zonas metropolitanas con poblaciones entre 500 mil y un millón de habitantes: San Luis Potosí–Soledad de Graciano Sánchez, Querétaro, Mérida, Mexicali, Aguascalientes, Tampico, Cuernavaca, Acapulco, Chihuahua, Veracruz, Morelia, Saltillo, Villahermosa, Reynosa-Río Bravo, Xalapa, Cancún, Tuxtla Gutiérrez y Oaxaca, cuya población en conjunto asciende a 13.5 millones (13.0% del total). Las restantes 29 zonas metropolitanas se ubican en el rango de 100 mil a 500 mil habitantes, con excepción de la zona metropolitana de Moroleón-Uriangato con poco menos de 100 mil habitantes, en ellas residen 7.8 millones de personas, cifra equivalente a 7.6 por ciento de la población del país.
En sí, la población del municipio de Juárez, de acuerdo con el Segundo Conteo de Población y Vivienda 2005 efectuado por el INEGI, fue de 1,313,338 habitantes, con lo que se ubica como la onceaba zona metropolitana más grande del país y la zona metropolitana fronteriza más grande del mundo. La tasa anual de crecimiento de Ciudad Juárez se redujo al 1.34 por ciento anual durante el periodo 2000-2005, cuando en periodos anteriores mantenía tasas superiores al 5 por ciento. Lo anterior es debido a la desaceleración de la industria maquiladora en la frontera mexicana, a la competencia de los productos chinos y al surgimiento de otros centros maquiladores en el país. El 41% de la población del estado de Chihuahua habita en Juárez, ciudad que tiene una densidad de 5,130 hab./km2.
Cabe destacar que hace algunos meses Ciudad Juárez mostró un crecimiento sostenido en promedio de 24.301 empleos, en sí, es de las primeras ciudades con menor desempleo en todo el país, con menos del 1 % contrario al resto del país que se ubica alrededor del 2,5 al 3 %. A nivel estatal, Juárez concentra el 57,5 % de todo el empleo del estado (396.100 aproximadamente); siendo la industria maquiladora la que se ha convertido en la principal base de la economía.
En gran parte de la mancha urbana del municipio se encuentran zonas exclusivamente para uso industrial; se cuenta con 18 parques industriales distribuidos en toda la ciudad, disponibilidad de mano de obra calificada y una infraestructura desarrollada de comunicación, transporte y servicios. Cabe resaltar se encuentra incorporada como parte de sí misma o de su área de influencia directa a los municipios vecinos de Praxedis y Guadalupe.
En una gran parte del lado oriente del municipio existen tierras consideradas aptas para una agricultura continua y mecanizada, favorecidas por la precipitación y con obras de infraestructura para riego, lo que permite que se lleven a cabo dos cultivos anuales.
Juárez es considerada la 5ta. ciudad de mayor generación de riqueza a nivel nacional, el 6to. centro poblacional del país y la 4ta. más productiva de América Latina; por su gran actividad empresarial, ocupa el lugar 16 entre las mejores ciudades para hacer negocios a nivel Latino-América y, es uno de los centros de manufactura más grandes del Norte de América. De igual manera es el centro de investigación para nuevos materiales y tecnología de última generación.
La frontera Juárez/El Paso es la región de mayor intercambio comercial del bloque económico TLCAN. Así mismo, Ciudad Juárez se está posicionando como líder mundial en la producción de arneses automotrices.
Además cabe destacar que posee modernos centros hospitalarios y más de 10 universidades e instalaciones educativas de primer nivel.
Por la ubicación geográfica del municipio y por su cercanía a El Paso, Texas, Ciudad Juárez adquiere dimensiones metropolitanas y tiene corresponsabilidades transfronterizas, lo que le exige reflexiones que trasciendan la inmediatez y coloquen la perspectiva internacional, regional y de largo plazo, tanto en los contenidos de las soluciones técnicas, como en las formas de proceder de instituciones civiles y gubernamentales.
La densidad demográfica permite acreditar que en Ciudad Juárez la población sigue creciendo significativamente, principalmente porque no solo bastantes mexicanos sino también latinoamericanos se quedan a vivir en la ciudad en su intento de convertirse en inmigrantes a los Estados Unidos. Esto genera que las necesidades crezcan exponencialmente, dando lugar a que la población exija mayores satisfactores y soluciones a los problemas más marcados como lo son solo por señalar algunos la inseguridad, desempleo, deficiencias en servicios de salud.
Indudablemente para atender estas necesidades, resulta indispensable que se cuenten mayores recursos económicos, solo de esa manera se podrá abatir el rezago que se está generando.
Las políticas públicas que se han adoptado demuestran que se está avanzando para generarle a los habitantes mejores condiciones de vida; la ciudadanía obliga a realizar una administración más eficiente, vigila que se apliquen los recursos eficazmente. Pero aún así los recursos no son suficientes, desafortunadamente esta zona metropolitana no ha sido considerada en el Fondo Metropolitano.
Desde el inicio de la pasada legislatura, la Comisión de Desarrollo Metropolitano pugnó en la Cámara de Diputados para que los recursos federales canalizados y destinados a la zona metropolitana del Valle de México, a partir de la creación del Fondo Metropolitano en 2006 dentro del Presupuesto de Egresos de la federación, no se limitara exclusivamente a ésta, sino para que también se permitiera beneficiar a otras zonas metropolitanas que requirieran de ese apoyo brindado por la federación.
Lo anteriormente expuesto es en razón de que para el ejercicio fiscal de 2008, la Cámara de Diputados aprobó crear siete fondos metropolitanos para igual número de zonas metropolitanas del país. En el marco de la aprobación del presupuesto de egresos 2009, el entonces legislador juarense Octavio Fuentes Téllez, celebró reuniones con miembros de la Comisión de Desarrollo Metropolitano para lograr el cometido de beneficiar a Ciudad Juárez con recursos del Fondo Metropolitano.
Aplicando un criterio federalista, se ha buscado inducir que los fondos metropolitanos sean instrumentos de política pública para estimular a aquellos gobiernos locales que han dado pasos firmes para establecer una planeación, una coordinación intergubernamental y una gestión pública integrada en las zonas metropolitanas. Entre los criterios para asignar dichos fondos, se consideraron los avances en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, la experiencia en esta materia por parte de los Ejecutivos estatales y los municipios, e incluir a aquellas zonas metropolitanas que constituyen detonadores del desarrollo en las entidades federativas e incluso a escala regional.
Cabe destacar que de acuerdo con la Radiografía Socioeconómica del Municipio de Juárez para el 2008 y la primera parte de 2009, análisis elaborado por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), se observa que Juárez continúa siendo a nivel nacional uno de los municipios con más de un millón de habitantes que reciben menos aportaciones federales per cápita y respecto a otras ciudades como Chihuahua, Guadalajara y Tijuana. Por otra parte, esta frontera alberga el 41 por ciento de la población del estado, y tiene el 25 por ciento de distribución del gasto sectorial, ello pone en evidencia que Ciudad Juárez.
Considerando que todo lo antes expuesto acredita que en Ciudad Juárez hay viabilidad para generar progreso a efecto de mejorar la calidad de vida de la población, venimos a esta la más alta tribuna de la nación a solicitar el apreciable apoyo de nuestros compañeros y compañeras legisladoras, para que en las asignaciones que esta soberanía nacional apruebe para las zonas metropolitanas, con un criterio federalista, mediante la creación de los fondos metropolitanos con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, se beneficie a Ciudad Juárez, Chihuahua, a fin de lograr mejores esquemas de urbanización, aplicando acciones y programas de gran alcance que permitan el desarrollo de mi ciudad.
Por las razones expuestas ante esta asamblea, nos dirigimos para pedirles se apruebe el siguiente:
Único. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Ejecutivo Federal, para que incluya y sea considerada a Ciudad Juárez, Chihuahua, como beneficiaria de los apoyos del Fondo Metropolitano en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2010 y subsecuentes.
Presentada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 23 de septiembre de 2009.
Diputados: Jaime Flores Castañeda, Adriana Terrazas Porras, Manuel Guillermo Márquez Lizalde, Alejandro Cano Ricaud, Graciela Ortiz González, Luis Carlos Campos Villegas, Guadalupe Pérez Domínguez, Maurilio Ochoa Millán, Héctor Agustín Murguía Lardizábal (rúbricas).
Nació en Santiago Chazumba, Oaxaca, el 3 de noviembre de 1871. Sus padres fueron Eustaquio Salas y Atanasia Rivera. Sus primeros estudios los llevó a cabo en la escuela pública local y, posteriormente, en la ciudad de Tlaxiaco, en la Mixteca alta. En 1889, cuando Hilario contaba con 18 años, interrumpió sus estudios debido a la muerte de sus padres, y optó por partir hacia Orizaba, Veracruz, en busca de mejores oportunidades de vida, donde encontró trabajo en la fábrica textil de Cocolapan. En 1890 consiguió empleo en las obras de ampliación del puerto de Veracruz; fue donde conoció al dictador Porfirio Díaz. Por asuntos de trabajo, realizó constantes viajes a la Ciudad de México, resultando de ellos la amistad con los librepensadores como Ricardo Flores Magón, Filomeno Mata y otros más, quienes constituían el cimiento intelectual antiporfirista, reorganizando el antiguo Partido Liberal.
En 1904, conociendo la situación de los obreros, campesinos e indígenas del sur de Veracruz, partió hacia Puerto México (hoy Coatzacoalcos) y fundó el club liberal Valentín Gómez Farías; en Chinameca, el club político Vicente Guerrero; en Acayucan, el Benito Juárez; y otros más en la región.
En 1905 y en la primera mitad de 1906, como delegado del Partido Liberal Mexicano en el sur del país, Hilario C. Salas, junto con Cándido Donato Padua, inició los preparativos para un movimiento revolucionario. Hilario C. Salas, con la proclama en la mano –emitida el 1 de julio de 1906 por el Partido Liberal Mexicano, de la cual 26 puntos hoy se encuentran en la Constitución Mexicana–, encabezó el primer levantamiento armado de la población contra la dictadura de Porfirio Díaz, el cual tuvo lugar en la región de la sierra de San Pedro Soteapan, siendo entonces atacada la plaza cantonal de Acayucan, Veracruz, el 30 de septiembre de 1906, acontecimiento precursor de la Revolución Mexicana de 1910.
El 7 de junio de 1913 lanzó un manifiesto a la nación, en nombre de los grupos que representaba, en un acto de reprobación por el asesinato del presidente Francisco I. Madero, y decidió empuñar las armas para desconocer el gobierno usurpador e impuro de Victoriano Huerta.
El general Hilario C. Salas atacó las poblaciones principales de Los Tuxtlas y el Sotavento, tales como Catemaco, Santiago Tuxtla, Comoapan, Las Cruces, Hueyapan de Ocampo, San Andrés Tuxtla y San Juan Evangelista, las cuales estaban protegidas por federales, y en la madrugada del 20 de noviembre de 1913, con un grupo como de 400 insurgentes, atacó de nueva cuenta la histórica de Acayucan. El jefe Salas emprendió combates frontales contra los huertistas, a veces en unión con otros jefes revolucionarios.
El 21 de febrero de 1914, Hilario C. Salas, en un recorrido con otros compañeros, fue emboscado y acribillado por una cerrada descarga de disparos en el Arroyo Verde (entre Buena Vista y Ocozotepec), del municipio de San Pedro Soteapan, Veracruz.
En reconocimiento de tan valiente revolucionario –que es considerado símbolo de integridad y lealtad al agrarismo veracruzano, además de que luchó por los derechos y las libertades de los obreros e indígenas y que, más aún, diera su vida misma en Veracruz–, el gobernador Adalberto Tejeda ordenó que sus restos fueran exhumados de San Pedro Soteapan, el 21 de mayo de 1932, para ser llevados con grandes honores al Panteón de los Hombres Ilustres de Veracruz, en el cerro de Macuiltepetl, Xalapa, donde hoy descansan sus restos.
Diputada Judith Fabiola Vázquez Saut (rúbrica)