Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2003/A152-03.htm
Timestamp: 2017-11-22 14:46:55
Document Index: 223191434

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'e contrario', 'artículo 1', 'artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 254', 'artículo 1', 'artículo 2', 'artículo 86', 'in fine', 'artículo 1', 'artículo 37', 'ARTÍCULO 1', 'ARTÍCULO 4', 'Artículo 1', 'artículo 175']

A152-03
Auto 152/03
DECRETO REGLAMENTARIO DE COMPETENCIA PARA REPARTO DE ACCION DE TUTELA-Inaplicación para el caso cuando el demandado es la Sala Disciplinaria del Consejo de la Judicatura
Referencia: expediente ICC-708
Conflicto de competencia entre la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Acción de tutela promovida por Jaime Rafael Pedraza contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca.
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil tres (2003).
El 21 de febrero de 2003, el abogado Jaime Rafael Pedraza interpuso acción de tutela contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca por considerar que dicha corporación había vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad, al buen nombre, a la libertad de conciencia y de expresión, así como la garantía del debido proceso al haber iniciado investigación disciplinaria en su contra.
El escrito de tutela fue dirigido ante la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá D.C., la que mediante auto del 24 de febrero de 2003 consideró que en aplicación del numeral 2º del artículo 1º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, el expediente debía ser remitido a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
Recibido el expediente, dicha Sala Jurisdiccional Disciplinaria, por auto de 5 de marzo de 2003, inaplicó con fundamento en el artículo 4º de la Constitución Política, el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 por considerar que dicho acto administrativo es manifiestamente contrario al Estatuto Superior, por cuanto impide el derecho de impugnación de la sentencia, motivo por el cual devolvió el expediente al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.
A través de auto del 24 de junio de 2003, la Sala de Familia del citado Tribunal, reiteró su posición de aplicar el Decreto Reglamentario 1382 de 2000 y planteó conflicto negativo de competencia, motivo por el cual remitió el expediente a la Corte Constitucional para que determinara la autoridad judicial que debía resolver la acción impetrada.
La controversia procesal planteada en el presente asunto tuvo como origen la interpretación del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, "Por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela", norma respecto de la cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante sentencia del 18 de julio de 2002[1], declaró la nulidad del inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º y del inciso segundo del artículo 3º del mencionado acto administrativo, y denegó las demás pretensiones de nulidad.
Como se advierte, son las reglas allí fijadas las que, en principio, determinan la autoridad judicial que debe asumir sin mayores dilaciones el conocimiento de la acción constitucional impetrada. En este sentido, le correspondería a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidir la acción de tutela impetrada, de conformidad con lo dispuesto en el inciso segundo del numeral 2º del artículo 1 del Decreto Reglamentario 1382 de 2000.[2]
Sin embargo, la Corte Constitucional en múltiples pronunciamientos proferidos aun con posterioridad a la mencionada sentencia del Consejo de Estado, ha considerado de manera uniforme que la citada disposición resulta inaplicable en los eventos en que la acción de tutela se dirija contra las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales o la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de las providencias que en ejercicio de sus funciones disciplinarias profieran.
En efecto, mediante Auto 134A/02[3] esta Corporación, al dirimir el conflicto de competencia que se presentó en dicha oportunidad entre el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, precisó:
... del análisis de la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado, la Corte advierte que en ella no se analizaron los cargos de nulidad[4] contra el inciso segundo del numeral 2º del artículo 1º y el artículo 4º del Decreto Reglamentario 1382 de 2000 frente a la situación concreta de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, de conformidad con el artículo 254 de la Carta Política, los artículos 76-2 y 112 de la Ley 270 de 1996 y de su propio reglamento interno[5], ejerce sus competencias en un solo cuerpo, es decir, por la totalidad de los siete (7) magistrados que la integran; por esta razón se colige que dicha providencia, en este aspecto, no hizo tránsito a cosa juzgada.[6]
Por lo anterior, al no haber operado el fenómeno de la cosa juzgada frente a las normas reglamentarias mencionadas en lo que se refiere a los eventos en que las acciones de tutela se dirigen contra la propia Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ellas se inaplicarán (Art. 4 Superior) para garantizar materialmente no sólo el acceso a la administración de justicia (Art. 229 ídem) sino el derecho de impugnación de las sentencias de tutela (Art. 86 ídem), puesto que una interpretación diferente conduciría a sostener que los siete (7) magistrados de dicha colegiatura, no sólo generarían la acción u omisión que el accionante pretende enervar por vía constitucional, sino que serían ellos mismos quienes decidirían tanto en primera como en segunda instancia la solicitud de amparo, en detrimento de garantías de carácter fundamental.[7]
En el mismo sentido, en el Auto 193/02,[8] a través del cual se decidió la controversia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, se expresó lo siguiente:
En efecto, el Reglamento Interno del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, (Acuerdo No 12 de mayo 31 de 1994) dispuso en su artículo 1º que “la reunión de los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conformará dicha Sala, y ejercerá sus funciones en Sala Plena(...)”- lo que implica que hasta la fecha todo asunto, incluyendo la acción de tutela, viene siendo conocido por la Sala en pleno –. Por tanto, no se podría surtir la segunda instancia en materia de tutela al no existir secciones, o salas dentro de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.[9]
Por Auto 232A/02[10] se dirimió el aparente conflicto de competencia que se presentó, en aquella ocasión, entre el Juzgado Primero Civil del Circuito de Garzón (Huila) y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en dicha providencia se señaló[11]:
A partir de los anteriores precedentes[12], se advierte cómo el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, con el fin de cumplir con el mandato consagrado en el artículo 2º de la Carta Política, y proteger efectiva y materialmente garantías fundamentales como el debido proceso (Art. 29 Superior) y la impugnación de las sentencias de tutela (Art. 31 e inciso segundo del artículo 86 in fine, ídem), ha inaplicado la regla fijada en el numeral 2º del artículo 1 del Decreto Reglamentario 1382 de 2000, cuando la conducta que presuntamente viola derechos fundamentales está contenida en una providencia judicial proferida por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de alguno de los Consejos Seccionales de la Judicatura o por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, puesto que según lo dispone dicho acto administrativo, sería esta última Corporación Judicial la encargada de decidir en esos casos, tanto en primera como en segunda instancia, la solicitud de amparo constitucional.
No obstante, el valor normativo de esta regla jurisprudencial, en algunos despachos judiciales se siguen promoviendo conflictos de competencia cuando la autoridad accionada es uno de los Consejos Seccionales o el Consejo Superior de la Judicatura en sus Salas Jurisdiccionales Disciplinarias, respectivamente, desconociendo no sólo el deber constitucional que tienen todas las autoridades en el Estado social de derecho de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales, sino que con esa conducta podrían, eventualmente, configurarse dilaciones no justificadas para resolver con prontitud las acciones de tutela[13] y violaciones al derecho de acceso a la eficaz administración de justicia.[14]
Desde esta perspectiva, el conflicto planteado en la actualidad lo es tan sólo en apariencia, por cuanto en casos como el de la referencia, el juez de tutela debe acudir a las reglas generales que prescribe el artículo 37 del Decreto-Ley 2591 de 1991.
En consecuencia, se remitirá el expediente a la autoridad judicial que conoció a prevención de la presente acción de tutela, esto es, a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., para que sin más dilaciones, adopte en primera instancia la decisión que corresponda en la acción de tutela de la referencia y se garantice así, de forma efectiva, el derecho a la impugnación del abogado Jaime Rafael Pedraza, si llegare a hacer uso de este recurso.
ORDENAR a la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. que asuma, de forma inmediata, el conocimiento de la tutela de la referencia.
Salvamento de voto al Auto 152/03
Peticionario: Jaime Rafael Pedraza
[2] Según lo dispone esta norma lo accionado contra la Sala Jurisdiccional Disciplinaria, será repartido y decidido por la misma corporación.
[3] Expediente I.C.C.-429.
[4] El juzgamiento plasmado en la sentencia se efectuó frente a los casos específicos de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, corporaciones cuya estructura si establece Salas de Casación, Secciones y Subsecciones, respectivamente. (Cfr. Acápite “V” de la sentencia del 18 de julio de 2002 de la Sección Primera del Consejo de Estado denominado “DECISIÓN SOBRE LOS CARGOS CONTRA EL NUMERAL 2° DEL ARTÍCULO 1° Y CONTRA EL ARTÍCULO 4.°” ).
[5] Cfr. Artículo 1º del Acuerdo No. 12 de mayo 31 de 1994 "por el cual se adopta el reglamento interno de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura."
[6] Según lo dispuesto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo “la sentencia que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada erga omnes pero sólo en relación con la causa petendi juzgada” (Subraya la Corte).
[7] Esta posición también fue sostenida por la Corte Constitucional en el Auto 135A/02 (expediente I.C.C.-438), mediante el cual se dirimió el aparente conflicto de competencia entre la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
[8] Expediente I.C.C.-503 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.
[9] En el mismo sentido el Auto 241/02 (Expediente I.C.C. 536) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, mediante el cual se resolvió un conflicto de competencia entre la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
[10] Expediente I.C.C.-531 M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[11] Estas consideraciones se reiteraron en los Autos 255/02 (expediente ICC.540) y 286/02 (expediente I.C.C. 576) M.P. Eduardo Montealegre Lynett.
[12] Cfr. Corte Constitucional. Auto 302/02 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, Auto 087A/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, Auto 098/03 M.P. Alfredo Beltrán Sierra y Auto 116/03 M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, entre otros.
[13] Corte Constitucional. Auto 072/99, Auto 042/01, Auto 071, Auto 074/02 y Auto 042/03.