Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-843-de-octubre-27-de-1999?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920419ca8f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-01-19 04:42:02
Document Index: 343507054

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 26', 'artículo 26', 'artículo 247', 'artículo 241', 'artículo 26', 'artículo 243', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 29', 'artículo 197', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 15', 'artículo 9', 'artículo 26', 'artículo 26', 'artículo 26']

﻿ SENTENCIA C-843 DE OCTUBRE 27 DE 1999
SENTENCIA C-843 DE 27 DE OCTUBRE DE 1999
CONTENIDO:PRINCIPIO DE LA ESTRICTA LEGALIDAD Y LA PROHIBICIÓN DE LA AMBIGÜEDAD EN LA DESCRIPCIÓN DE LAS PENAS. DECLARA INEXEQUIBLE EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 491 DE 1999, "POR LA CUAL SE ESTABLECE EL SEGURO ECOLÓGICO, SE MODIFICA EL CÓDIGO PENAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".
TEMAS ESPECÍFICOS:PRINCIPIO DE LEGALIDAD, PERSONA JURÍDICA, PENA, CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, DEMANDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EXEQUIBILIDAD DE LAS NORMAS, FALLO DE EXEQUIBILIDAD, CÓDIGO PENAL
Sentencia C-843 de octubre 27 de 1999
Ref.: Expediente D-2348
Actor: Marcela Adriana Rodríguez Gómez
Temas: El principio de legalidad penal excluye la ambigüedad en la descripción de penas y la indeterminación en los procedimientos.
Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 26 de la Ley 491 de 1999, “por la cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones”.
Santafé de Bogotá, veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y nueve.
“Por la cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones”.
“ART. 26.—Créase el artículo 247B cuyo tenor es el siguiente:
ART. 247B.—Personas jurídicas. Para los delitos previstos en los artículos 189, 190, 181 y 197 y en el capítulo anterior, en los eventos en que el hecho punible sea imputable a la actividad de una persona jurídica o una sociedad de hecho, el juez competente, además de las sanciones de multa, cancelación de registro mercantil, suspensión temporal o definitiva de la obra o actividad, o cierre temporal o definitivo del establecimiento o de sus instalaciones podrá imponer sanciones privativas de la libertad tanto a los representantes legales, directivos o funcionarios involucrados, por acción o por omisión en la conducta delictiva.
Si la conducta punible se ha realizado en forma clandestina o sin haber obtenido el correspondiente permiso, autorización o licencia de la autoridad competente se presumirá la responsabilidad de la persona jurídica”.
1. Conforme al artículo 241 ordinal 4º de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 26 (incs. 1º y 5º) de la Ley 491 de 1999, ya que se trata de una demanda de inconstitucionalidad en contra de una norma que hace parte de una ley de la República.
Un primer asunto procesal: ausencia de cosa juzgada.
2. Según la demanda, el artículo acusado es inconstitucional por una suerte de omisión legislativa que afecta el debido proceso, teniendo en cuenta que el tipo penal no incluye las reglas procedimentales que permitan su aplicación, y que no es posible subsanar esa falencia con las disposiciones existentes en el ordenamiento. Por su parte, la Procuraduría considera que, fuera de lo anterior, la norma acusada desconoce también el principio de legalidad, pues enuncia las penas aplicables pero no establece los límites temporales para cada una de ellas, ni en qué caso hay lugar a imponer una u otra medida, lo cual evidencia una total ausencia de criterios de dosificación punitiva, que igualmente afecta el principio de proporcionalidad. Sin embargo, algunos intervinientes consideran que esos cargos no deben ser estudiados y no procede una decisión de fondo por cuanto existe cosa juzgada constitucional, en la medida en que esta corporación se pronunció con anterioridad sobre el artículo acusado, en las sentencias C-320 de 1998 y C-674 de 1998. Comienza pues la Corte por analizar si ha operado o no la cosa juzgada constitucional en relación con el artículo acusado, y si procede o no un examen de fondo de los cuestionamientos constitucionales de la actora y de algunos de los intervinientes.
3. El artículo 243 de la Carta señala que los fallos de la Corte Constitucional hacen tránsito a cosa juzgada. Ello implica, en términos generales que, con el fin de imprimir seguridad al tráfico jurídico, las decisiones judiciales de la Corte Constitucional, son “definitivas y no controvertibles”(1), razón por la cual, el Decreto 2067 de 1991 consagra la improcedencia de recurso alguno en contra de estas providencias. Esta figura, que implica la imposibilidad de estudiar nuevamente aspectos de una norma sobre los que se ha pronunciado previamente la Corte, se ha denominado “cosa juzgada absoluta”.
Ahora bien, la Corte ha precisado en varias oportunidades cuáles son los alcances de la cosa juzgada constitucional(2) y en consecuencia —acogiendo la doctrina fijada en su momento por la Corte Suprema de Justicia—(3), ha establecido criterios definidos para determinar las atribuciones de la cosa juzgada en cada caso específico. Así, cuando la Corte confronta la norma acusada con la totalidad de los preceptos de la Constitución, y no limita los alcances de su decisión, el pronunciamiento respectivo tiene el valor de cosa juzgada absoluta. Por el contrario, si la Corte limita los efectos de su fallo, la cosa juzgada es relativa. Por ejemplo, ha dicho esta corporación, en varias oportunidades, que si el estudio de exequibilidad de una norma recae exclusivamente sobre aspectos formales o de competencia, tales como el trámite legislativo, exceso en facultades extraordinarias, promulgación, ausencia de sanción presidencial(4), etc., el fallo proferido tiene el carácter de “cosa juzgada relativa”(5). Por consiguiente, de manera general, los fallos sobre cosa juzgada relativa expresamente limitan el alcance de la misma, pues restringen la decisión al preciso ámbito de análisis que se ha llevado a cabo.
4. En tal contexto, esta corporación ha precisado que no existe cosa juzgada constitucional absoluta en los casos de objeción presidencial, por cuanto en tales eventos, el examen constitucional se limita el estudio de los reparos expresamente formulados por el Jefe de Estado. Por consiguiente, en caso de que la Corte declare infundadas las objeciones, las disposiciones respectivas pueden ser acusadas por los ciudadanos, y procede una decisión de fondo, siempre y cuando los cargos planteados por el ciudadano demandante no coincidan con las objeciones de inconstitucionalidad presentadas por el presidente en su oportunidad. Así, expresamente la sentencia C-256 de 1997 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) concluyó al respecto lo siguiente:
“Considera la Corte que cuando, en ejercicio del control previo de constitucional (C.P., arts. 167 y 241-8), ella revisa un determinado proyecto de ley objetado por el Presidente de la República, el examen que efectúa hace tránsito a cosa juzgada constitucional (C.P., art. 243).
No obstante, como las objeciones presidenciales no siempre recaen sobre la totalidad de las normas integrantes del proyecto y, si son de carácter formal, señalan apenas unos específicos motivos de violación de la Carta, los efectos de la cosa juzgada deben entenderse relacionados tan solo con las razones expuestas por el gobierno al objetar, con los preceptos constitucionales respecto de los cuales se ha hecho la confrontación y con los aspectos que han sido materia del análisis explícito efectuado por la Corte.
Por tanto, la cosa juzgada es en tales casos relativa, pues la exequibilidad que se declara no proviene normalmente de un análisis total, que agote las referencias a la integridad de los preceptos constitucionales y que verse sobre todos los posibles motivos de inconstitucionalidad, formales y materiales, del proyecto sometido a su estadio” (6). (Las subrayas son fuera del texto original).
5. En el caso que nos ocupa, algunos de los intervinientes interpretan que frente al artículo 26 de la Ley 491 de 1999 ha operado la figura jurídica de la cosa juzgada absoluta, y por consiguiente consideran que esta corporación debe inhibirse en el conocimiento de la norma acusada. Esos argumentos no son de recibo pues no tienen en cuenta los específicos criterios bajo los cuales fueron proferidas las sentencias.
Dos sentencias han sido proferidas por esta corporación en relación con el artículo 26 de la Ley 491 de 1999. Sin embargo, tales providencias, que son la C-320 de 1998 y la C-674 de 1998, tienen su fundamento en una objeción presidencial relacionada con la inconstitucionalidad de la figura de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en especial su responsabilidad objetiva, y en modo alguno hacen referencia a la naturaleza específica del procedimiento a aplicar en estos eventos, que es el cargo esencial de la demanda, ni sobre la eventual indeterminación de las penas, que es el cuestionamiento de la vista fiscal. En efecto, tal y como lo señala la sentencia C-320 de 1998, la norma sobre la cual el Presidente fijó su objeción, fue la siguiente:
Si la conducta punible se ha realizado en forma clandestina o sin haber obtenido el correspondiente permiso, autorización o licencia de la autoridad competente, se presumirá la responsabilidad objetiva de la persona jurídica. (Se subraya la parte objetada)”.
Por consiguiente, la objeción presidencial en esa oportunidad recayó sobre el texto antes descrito y se fundamentó en las siguientes consideraciones:
“1. Objeción contra el artículo 26 del proyecto de ley.
El Presidente de la República de Colombia señala que la presunción de responsabilidad objetiva contemplada en el artículo 26 del proyecto de ley, desconoce el artículo 29 de la Carta, que proscribe tal tipo de responsabilidad por actos delictivos, puesto que contempla el supuesto contrario: la presunción de inocencia”.
La sentencia se centró entonces en el alcance de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y en la posibilidad de que éstas fueran sujetos activos de delitos, sin que la Corte hubiera analizado aspectos procedimentales, ni si las penas se encontraban o no predeterminadas. En este orden de ideas, la sentencia C-320 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, dijo lo siguiente:
“La norma objetada no descarta que el hecho punible pueda concretarse en cabeza de la persona jurídica. Así como una persona natural, por ejemplo, puede incurrir en el delito tipificado en el artículo 197 del Código Penal, por fabricar una substancia tóxica sin facultad legal para hacerlo, es posible que ello se realice por una persona jurídica, en cuyo caso de acreditarse el nexo entre la conducta y la actividad de la empresa, el juez competente, según la gravedad de los hechos, estará facultado para imponer a la persona jurídica infractora una de las sanciones allí previstas.
En supuestos como los considerados en los tipos penales —relativos a los delitos de peligro común o de menoscabo al ambiente—, la persona jurídica puede soportar jurídicamente atribuciones punitivas. La sanción de naturaleza penal significa que la conducta reprobada merece el más alto reproche social, independientemente de quien la cometa. Si la actividad la realiza la persona jurídica, si ella se beneficia materialmente de la acción censurada, no se ve por qué la persecución penal habrá de limitarse a sus gestores, dejando intocado al ente que se encuentra en el origen del reato y que no pocas veces se nutre financieramente del mismo. Se sabe que normalmente la persona jurídica trasciende a sus miembros, socios o administradores; éstos suelen sucederse unos a otros, mientras la corporación como tal permanece. La sanción penal limitada a los gestores, tan solo representa una parcial reacción punitiva, si el beneficiario real del ilícito cuando coincide con la persona jurídica se rodea de una suerte de inmunidad. La mera indemnización de perjuicios, como compensación patrimonial, o la sanción de orden administrativo, no expresan de manera suficiente la estigmatización de las conductas antisociales que se tipifican como delitos.
De la misma manera que el legislador en diversos órdenes parte de la premisa según la cual las personas jurídicas voluntariamente se apartan de la ley y se exponen en consecuencia a tener que soportar en razón de sus actos u omisiones ilícitas las respectivas imputaciones que son el presupuesto de posteriores sanciones, puede el mismo órgano soberano en los supuestos que establezca y a propósito de conductas susceptibles de llevarse a cabo por ellas, disponer que tales entes, al coordinar medios ilícitos con el fin de perseguir sus intereses, autorizan al juez competente a dar por configurado el presupuesto para aplicar en su caso la sanción penal prevista en la ley.
La determinación de situaciones en las que la imputación penal se proyecte sobre la persona jurídica, no encuentra en la Constitución Política barrera infranqueable; máxime si de lo que se trata es de avanzar en términos de justicia y de mejorar los instrumentos de defensa colectiva. Es un asunto, por tanto, que se libra dentro del marco de la Carta a la libertad de configuración normativa del legislador y, concretamente, a su política sancionatoria, la cual puede estimar necesario por lo menos en ciertos supuestos trascender el ámbito sancionatorio donde reina exclusivamente la persona natural —muchas veces ejecutora ciega de designios corporativos provenientes de sus centros hegemónicos—, para ocuparse directamente de los focos del poder que se refugian en la autonomía reconocida por la ley y en los medios que ésta pone a su disposición para atentar de manera grave contra los más altos valores y bienes sociales.
De conformidad con lo expuesto, la imputación de responsabilidad penal a la persona jurídica en relación con los delitos a que se ha hecho mención, no viola la Constitución Política. De otra parte, tratándose de personas jurídicas y sociedades de hecho, la presunción de responsabilidad, apoyada en la prueba sobre la realización clandestina del hecho punible o sin haber obtenido el correspondiente permiso, tampoco comporta quebranto de la Constitución Política. Las actividades peligrosas que subyacen a los tipos penales descritos, autorizan plenamente al legislador a calificar la responsabilidad de un sujeto con base en determinados hechos. La realización de una actividad potencialmente peligrosa para la sociedad —sujeta a permiso, autorización o licencia previa—, sin antes obtenerlos, denota un grado de culpabilidad suficiente para que el legislador autorice al juez competente para tener a la persona jurídica colocada en esa situación como sujeto responsable del hecho punible. De otro lado, la realización clandestina del hecho punible, manifiesta un comportamiento no solamente negligente sino específicamente dirigido a causar un daño y, por consiguiente, sobre él puede edificarse un presupuesto específico de responsabilidad.
Dado que a la persona jurídica y a la sociedad de hecho, sujetas a una sanción penal, se les debe garantizar el debido proceso —en los términos de la ley y en lo que resulte aplicable según su naturaleza—, la Corte considera que la expresión “objetiva” que aparece en el último inciso del artículo 26 del proyecto es inexequible. No se puede exponer a un sujeto de derechos a soportar una condena por la mera causación material de resultados externos, sin que pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, incluidas las que podrían derivar en la exoneración de su responsabilidad.
En consecuencia, la parte resolutiva de la mencionada sentencia declaró “infundadas” las objeciones presidenciales formulados respecto del artículo 26 del proyecto de Ley 235 de 1996 Senado - 154 de 1996 Cámara, “por el cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, salvo en lo que se refiere a la expresión “objetiva”, que fue declarada inexequible.
Conforme a lo anterior, la sentencia C-320 de 1998 no implica cosa juzgada en relación con el cargo presentado por la demandante, ni con los cuestionamientos formulados por la Procuraduría, puesto que esa providencia se refirió a un problema específico, esto es, si puede o no imponerse responsabilidad objetiva a las personas jurídicas y penalizarse su actividad ilícita, mientras que la demandante sustenta su acusación en la ausencia de un procedimiento específico para que pueda imponerse esa responsabilidad penal, mientras que la vista fiscal cuestiona la indeterminación de las penas.
6. En ese mismo orden de ideas, la sentencia C-674 de 1998, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, tampoco configura cosa juzgada, por cuanto recae sobre las mismas objeciones presidenciales, una vez que el Congreso modificó el proyecto de ley respectivo, de conformidad con lo señalado por la Corte en la sentencia C-320 de 1998. Por ello la sentencia C-674 de 1998 señaló que “la Corte se abstendrá de conocer de las modificaciones introducidas a los textos objetados, toda vez que algunas son producto de declarar fundadas las objeciones y, otras, no guardan relación alguna con el tema de objeción, punto al cual se limita la competencia de la Corte (subrayas no originales)”. La parte resolutiva de esa sentencia declaró entonces exequibles los artículos 21 y 26 del Proyecto de Ley 235 de 1996 Senado - 154 de 1996 Cámara, “por el cual se establece el seguro ecológico, se modifica el Código Penal y se dictan otras disposiciones”, pero exclusivamente “en lo que se refiere a las objeciones examinadas” (las subrayas fuera del texto).
7. No existe entonces cosa juzgada constitucional absoluta respecto del artículo acusado, pues no sólo los cargos de la demandante y los cuestionamientos de la vista fiscal son distintos a los de la objeción presidencial, sino, además, porque expresamente la Corte, reconociendo el alcance restringido de su competencia cuando examina las objeciones presidenciales, limitó la cosa juzgada respecto del artículo en mención. Esto significa que la cosa juzgada recae únicamente sobre el tema de la posibilidad de que la ley imponga responsabilidad penal a las personas jurídicas, que fue el asunto estudiado en las sentencias C-320 de 1998 y C-674 de 1998 de objeciones presidenciales. Por ende, procede un examen material de otras acusaciones contra el artículo acusado, como pueden ser los cuestionamientos de la vista fiscal sobre la indeterminación de la pena, o el cargo de la actora sobre ausencia de procedimiento aplicable. Entra pues la Corte a estudiar estos aspectos.
El principio de estricta legalidad y la prohibición de la ambigüedad en la descripción de las penas.
8. El principio de legalidad penal constituye una de las principales conquistas del constitucionalismo, pues constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos, ya que les permite conocer previamente las conductas prohibidas y las penas aplicables. De esa manera, ese principio protege la libertad individual, controla la arbitrariedad judicial y asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo estatal. Por eso es natural que los tratados de derechos humanos y nuestra Constitución lo incorporen expresamente cuando establecen que nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa (C.P., art. 29)(7).
Esta Corte ha precisado además (ver, sent. C-559/99, M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamentos 15 y ss.) que en materia penal, el principio de legalidad en sentido lato o reserva legal, esto es, que la ley debe definir previamente los hechos punibles, no es suficiente, y debe ser complementado por un principio de legalidad en sentido estricto, también denominado como el principio de tipicidad o taxatividad, según el cual, las conductas punibles y las penas deben ser no sólo previa sino taxativa e inequívocamente definidas por la ley, de suerte, que la labor del juez penal se limite a verificar si una conducta concreta se adecua a la descripción abstracta realizada por la ley. Sólo de esa manera el principio de legalidad cumple verdaderamente su función garantista y democrática, pues sólo así protege la libertad de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo estatal. En efecto, únicamente si las descripciones penales son taxativas, pueden las personas conocer con exactitud cuáles son los comportamientos prohibidos, y la labor de los jueces, en el proceso de adecuación típica, se limita a determinar si, conforme a los hechos probados en el proceso, el acusado cometió o no el hecho punible que se le imputa.
9. El principio de taxatividad penal implica no sólo que las conductas punibles deben estar descritas inequívocamente sino que las sanciones a imponer deben estar también previamente predeterminadas, esto es, tiene que ser claro cuál es la pena aplicable, lo cual implica que la ley debe señalar la naturaleza de las sanciones, sus montos máximos y mínimos, así como los criterios de proporcionalidad que debe tomar en cuenta el juzgador al imponer en concreto el castigo. En efecto, según la Carta, nadie puede ser juzgado sino “conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa” (C.P., art. 29), lo cual significa, para lo relativo a la pena, que es el legislador, única y exclusivamente, el llamado a contemplar por vía general y abstracta la conducta delictiva y la sanción que le corresponde. Por su parte, el artículo 15-1 del Pacto de derechos civiles y políticos y el artículo 9º de la Convención interamericana señalan a que nadie se le “puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito”, lo cual significa que la pena tiene que estar determinada previamente en la ley pues sólo así puede conocerse con exactitud cuál es la pena más grave aplicable. Por consiguiente, la Corte coincide con la vista fiscal en que si la norma acusada no establece claramente, ya sea de manera directa, ya sea por remisión a otras disposiciones legales, cuáles son las penas aplicables, entonces se encuentra viciada de inconstitucionalidad, pues, contrariamente a lo ordenado por la Carta y por los pactos internacionales de derechos humanos, en últimas sería el funcionario judicial, ex post facto, quien definiría las sanciones, y no la ley en abstracto y de forma previa.
Una obvia pregunta surge entonces: ¿se encuentran predeterminadas las penas en la disposición acusada?
10. La norma demandada señala que en los eventos en que ciertos hechos punibles sean imputables a la actividad de una persona jurídica o una sociedad de hecho, el juez competente, “además de las sanciones de multa, cancelación de registro mercantil, suspensión temporal o definitiva de la obra o actividad, o cierre temporal o definitivo del establecimiento o de sus instalaciones podrá imponer sanciones privativas de la libertad tanto a los representantes legales, directivos o funcionarios involucrados, por acción o por omisión en la conducta delictiva”. Sin embargo, la Corte se cuestiona en qué eventos puede imputarse a una persona jurídica un hecho punible, pues esa conducta no se deduce de la norma.
Ahora bien, con relación a la sanción, tal y como lo señala la vista fiscal, este artículo acusado prevé dos tipos de sanciones: así, unas penas son imponibles a las personas jurídicas y a las sociedades de hecho, mientras que otras sanciones privativas de la libertad pueden ordenarse contra las personas naturales, representantes legales, directivos o funcionarios involucrados. Y, como se verá, en ninguno de los dos casos, la disposición define con claridad la punibilidad.
11. Así, si el delito es cometido por la persona jurídica, la norma enuncia varias sanciones como la multa, la cancelación del registro mercantil, la suspensión temporal o definitiva de la obra o actividad, o el cierre temporal o definitivo del establecimiento o de sus instalaciones. Sin embargo, como bien lo señala la vista fiscal, en ningún momento la disposición señala cuándo debe el juez aplicar una u otra sanción, ni especifica sus límites, pues no establece cuál es el término máximo de la suspensión de la obra o actividad, o del cierre, ni el monto máximo o mínimo de la multa. Por consiguiente, la Corte coincide con el procurador en que esa mera enunciación de sanciones penales, sin definir límites y elementos ciertos de aplicación de las distintas penas, viola del principio de legalidad, pues será el fallador, con criterios subjetivos, quien determine, con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, cuál es la pena aplicable.
12. La situación es igualmente ambigua en relación con las personas naturales. En efecto, en este caso, la disposición acusada supone la comisión de un delito por parte de la persona jurídica y, después de autorizar para ella ciertas penas, faculta al juez para imponer a los representes legales, directivos o funcionarios “involucrados”, por acción u omisión, en la conducta delictiva, sanciones privativas de la libertad, pero sin definir el máximo ni el mínimo ni tampoco la correspondencia entre cada una de las posibles penas y las diversas conductas contempladas en los artículos 189, 190, 191 y 197 del Código Penal.
Como puede observarse, escapando a todos los principios del derecho penal y contrariando las garantías constitucionales de la libertad y del debido proceso, el juez resulta autorizado por la norma para imponer, si quiere, “sanciones privativas de la libertad”. Es cierto que alguien podría afirmar que esas penas son las mismas señaladas en los artículos 189, 190, 191 y 197 del Código Penal, pero no está claro que lo sean, pues de la letra de la norma no surge esa relación. Y en derecho penal no puede admitirse la analogía ni la extensión de unas normas a otras para la consagración de penas.
Además, en un Estado de derecho (C.P., art. 1º) lo debido es que las penas, dados los supuestos de los delitos a los que corresponden, se apliquen; no que el juez decida si las aplica o no, y menos que pueda escoger la pena aplicable, entre varias posibles.
Por todo ello, la Corte considera que la vista fiscal acierta en señalar que la norma acusada desconoce el principio de legalidad, puesto que las penas no están claramente determinadas.
Otras violaciones del principio de legalidad: indeterminación parcial de la conducta y del procedimiento.
13. Fuera de lo anterior, que es de por sí suficiente para concluir que la disposición acusada es inconstitucional, la Corte no puede dejar de constatar otras ambigüedades de esa norma penal.
Así, en relación con las personas naturales, la propia descripción penal es indeterminada. En efecto, los sujetos activos de los hechos punibles a los que se refiere la norma son, al tenor de su texto, los representantes legales, directivos y funcionarios de la persona jurídica “delincuente”, mientras que el núcleo rector es que aparezcan “involucrados”, por acción u omisión, en la conducta delictiva. Sin embargo, allí no hay verdadera definición de una conducta típica. Estar “involucrado” en unos hechos que configuran delito no implica necesariamente haber cometido el delito ni ser copartícipe del mismo, y menos que el sujeto sea culpable ni penalmente responsable. Estoy “involucrado” en un proceso penal cuando alguien me sindica o me señala como persona que ha tenido que ver o que ha tomado parte en los hechos, pero de la sindicación o señalamiento no se deriva la culpabilidad ni mi responsabilidad penal, ni el grado de las mismas, lo que debe ser definido judicialmente previo un debido proceso tramitado con la totalidad de las garantías constitucionales.
Así, la sola circunstancia de ser “involucrado” a unos hechos que son punibles no puede constituir un tipo penal, ni tampoco ser la conducta punible como tal. Atribuir a esa situación la consecuencia según la cual el juez “puede” imponer al sujeto “sanciones privativas de la libertad” lleva, ni más ni menos, a dejar en blanco tanto la conducta punible como la pena misma. Y eso es claramente inconstitucional.
14. Igualmente, esta corporación también considera que, como bien lo señala la actora, existe una cierta indeterminación en el procedimiento que debe seguirse para sancionar a las personas jurídicas, pues la ley no prevé un procedimiento especial para tal efecto, y no es claro que pueda aplicarse integralmente y de manera inequívoca el procedimiento penal ordinario, designado básicamente para enjuiciar a las personas naturales. Un simple ejemplo lo muestra: es discutible si en la investigación penal de una persona jurídica es procedente o no definir su situación jurídica. Así, las medidas de aseguramiento previstas por el ordenamiento procesal vigente —como la detención, la caución, la conminación y la prohibición de salir del país— están referidas esencialmente a las personas naturales, y su aplicación a las personas jurídicas resulta muy problemática. Por ejemplo, no se entiende muy bien cómo puede privarse de su libertad a una persona jurídica, o prohibírsele salir del país. Por ende, algunos intérpretes podrían concluir que en estos casos no procede definir la situación jurídica, y que esta fase es innecesaria, por no ser posible aplicarle a la persona jurídica ninguna medida de aseguramiento; sin embargo, conforme al estatuto procesal, la definición de la situación jurídica es un paso necesario del procedimiento, cuya pretermisión podría entonces ocasionar nulidad de lo actuado. Además, otros intérpretes podrían concluir que a una persona jurídica podrían imponérseles algunas formas de conminación y caución, con lo cual no queda claro si esa fase procesal es o no necesaria.
Esta indeterminación parcial del procedimiento para el juzgamiento de las personas jurídicas también desconoce el debido proceso y el principio de legalidad, por la inexistencia o ausencia de las “formas propias de un juicio” definidas en “leyes preexistentes”, las cuales son necesarias para poder investigar y juzgar a alguien —sea persona natural o persona jurídica— por la comisión de un hecho punible. En efecto, conforme a la Carta, para que se puedan imponer sanciones penales, no basta que la ley describa el comportamiento punible sino que además debe precisar el procedimiento y el juez competente para investigar y sancionar esas conductas (C.P., arts. 28 y 29). Por ende, para que puedan sancionarse penalmente a las personas jurídicas, no es suficiente que el Congreso defina los delitos y las penas imponibles sino que debe existir en el ordenamiento un procedimiento aplicable. Esto no significa que la ley deba obligatoriamente establecer un procedimiento especial completo para enjuiciar a las personas jurídicas, pues muchas de las disposiciones del estatuto procesal ordinario, previsto para personas naturales, son perfectamente adaptables para la investigación de las personas jurídicas. Sin embargo, el legislador debe al menos establecer unas normas, que pueden ser poco numerosas, pero que sean suficientes para solucionar los interrogantes que suscita la aplicación a las personas jurídicas de un procedimiento penal diseñado exclusivamente para enjuiciar a personas naturales.
15. Por todo lo anterior, la Corte considera que, por evidentes problemas de técnica legislativa, la norma acusada es ambigua y desconoce el principio de legalidad. Nuevamente esta corporación resalta que si en general en todos los campos de derecho, la buena técnica jurídica es siempre recomendable, en el campo penal es no sólo importante sino imprescindible, pues los defectos de redacción de una disposición, que generen ambigüedad penal, implican en general la inconstitucionalidad de la norma en cuestión.
Igualmente, la Corte reitera que en estos casos de ambigüedad en los tipos penales, ya sea por indeterminación de la conducta o de la sanción, no es procedente que, por medio de una sentencia de exequibilidad condicionada, esta corporación precise cuál es la conducta verdaderamente penalizada, o cuál es la sanción imponible, entre el grupo de aquellas que pueden subsumirse en la ambigua descripción legal que ha sido acusada. En efecto, como lo dijo la sentencia C-559 de 1999, M.P. Alejandro Martínez Caballero, fundamentos 19 y ss., en esos eventos el principio de conservación del derecho sólo puede tener una operancia muy limitada, pues la Carta ha señalado con claridad que corresponde al legislador, y no al juez constitucional, establecer los delitos (C.P., art. 29). Por ende, en estos casos, en general la decisión adecuada es declarar la inconstitucionalidad del tipo penal ambiguo, a fin de evitar que los jueces asuman la elaboración de la política criminal, función que no les corresponde.
Por todo lo anterior, la disposición acusada deberá ser retirada del ordenamiento y así se hará en la parte resolutiva de esta sentencia.
16. La Corte precisa que la declaración de inexequibilidad del artículo 26 de la Ley 491 de 1999 no implica, en manera alguna, un cambio de jurisprudencia en relación con las sentencias C-320 de 1998 y C-674 de 1998, que señalaron que la ley podía imponer responsabilidad penal a las personas jurídicas, ya que éstas pueden ser sujetos activos de distintos tipos penales, en particular de aquellos que pueden ocasionar grave perjuicio para la comunidad, o afectar bienes jurídicos con clara protección constitucional, como el medio ambiente. Sin embargo, la promulgación de esos tipos penales debe respetar el principio de legalidad por lo cual, deben aparecer claramente predeterminados las conductas punibles, las sanciones y el procedimiento para imponerlas. La inconstitucionalidad de la disposición acusada deriva entonces de la indefinición de esos aspectos, pero no implica ninguna modificación de la doctrina constitucional desarrollada en esas sentencias, pues nada en la Constitución se opone a que la ley prevea, en ciertos casos, formas de responsabilidad penal de las personas jurídicas.
La presente decisión de inexequibilidad del artículo 26 de la Ley 491 de 1999 es entonces consistente con las sentencias C-320 de 1998 y C-674 de 1998, que en su momento mantuvieron en el ordenamiento esa disposición. Lo que sucede es que la particularidad que tienen los procesos por objeciones constitucionales restringe la competencia de la Corte, por lo cual, en esas sentencias, esta corporación se limitó a examinar los reparos formulados por el Presidente, pero no realizó un examen integral de la norma revisada; en cambio, en el presente caso, un estudio global de la disposición acusada frente a toda la Carta, que es el propio de las demandas de inconstitucionalidad, permitió detectar vicios de inconstitucionalidad que obligan a retirarla del ordenamiento, pero sin que se modifique la doctrina desarrollada en las sentencias C-320 de 1998 y C-674 de 1998.
17. Finalmente, la Corte hace un llamado al legislador para que si, dentro de su libertad de configuración política, considera necesaria la penalización de conductas que afectan el medio ambiente, debe otorgar todas las garantías constitucionales a los posibles sujetos activos, pues el principio de legalidad de la conducta, de la pena y del procedimiento se convierte en un imperativo de obligatorio cumplimiento.
Declarar INEXEQUIBLE el artículo 26 de la Ley 491 de 1999.
(1) Corte Constitucional, C-416 de 1992, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
(2) Ver entre otras las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: C-456 de 1998; C-342 de 1998; C-115 de 1999; C-131 de 1999.
(3) Corte Constitucional. Sentencia C-003 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
(4) Corte Constitucional. Sentencia C-256 de 1998, M.P. Fabio Morón Díaz.
(5) Ver la sentencia C-004 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón.
(6) Corte Constitucional. Sentencia C-256 de 1997.
(7) Ver entre otras, las sentencias C-127 de 1993, C-344 de 1996 y C-559 de 1999.