Source: https://www.derechoecuador.com/registro-oficial/2003/11/registro-oficial-13-de-noviembre-del-2003
Timestamp: 2019-12-13 02:48:16
Document Index: 388655781

Matched Legal Cases: ['artículo 68', 'artículo 48', 'artículo 215', 'artículo 23', 'Artículo 1', 'artículo 178', 'Artículo 2', 'artículo 178', 'artículo 5']

Registro Oficial. 13 de NOVIEMBRE del 2003
Jueves, 13 de Noviembre del 2003 - R. O. No. 210
1038\n Autorizase al\n señor Ministro de Energía y Minas, para que por\n intermedio del Director Regional de Minería de la provincia\n de Zamora Chinchipe, proceda a otorgar a favor de la "Empresa\n Minera Cumbaratza S.A.", los derechos mineros sobre la concesión\n dentro del área "Cumbaratza".
1039 Otórgase a la Empresa\n Zona Franca de Posorja ZOFRAPORT SA., domiciliada en la parroquia\n Posorja, cantón Guayaquil, provincia del Guayas, la concesión\n para la operación y establecimiento de una zona franca\n en la cual se instalarán empresas vinculadas con la actividad\n pesquera: industriales, comerciales y de servicios internacionales.
1044\n Expídese\n el Reglamento del Servicio de Transporte Aéreo no Regular.8
1045\n Autorizase y\n delégase al Director General de Aviación Civil,\n para que transfiera a título gratuito a favor del Ministerio\n de Defensa Nacional - Fuerza Aérea Ecuatoriana los terrenos\n en los cuales se asienta la Base Aérea de Manta que son\n de su propiedad.
005-2003-DI\n Deséchase\n el informe presentado por la Jueza Octava de lo Civil de Pichincha\n mediante el cual solicita de este organismo, la declaratoria\n de inconstitucionalidad con efectos generales del inciso tercero\n del artículo 68 de la Ley de Personal de la Policía\n Nacional, por inconstitucional
007-2003-DI Deséchase el informe\n presentado por la Juez. Octava de lo Civil de Cuenca mediante\n el cual solicita la declaratoria de inconstitucionalidad con\n efectos generales del inciso segundo del artículo 48 de\n la Ordenanza de administración, regulación y tarifas\n de agua potable para el cantón Cuenca.
008-2003-RS Acéptase la apelación\n presentada por la señora Juliana Lalvay Mejía y\n otros y revócase la resolución del Concejo Cantonal\n de Santa Isabel, por violatorio de preceptos constitucionales.
029-2003-TC Declárase la inconstitucionalidad\n del inciso final del artículo 215 del Estatuto del Régimen\n Jurídico Administrativo de la Fundación Ejecutiva,\n publicado en el Registro Oficial N0 733 de 27 de diciembre de\n 2002 proveniente de la reforma introducida por el Decreto Ejecutivo\n 3389.
059-2003-HC Confirmase la resolución\n emitida por Ii Segunda Vicepresidenta del Concejo del Distrito\n Metropolitano de Quito, encargada de la Alcaldía y niégase\n el recurso de hábeas corpus interpuesto por el doctor\n Iván Durazno
0321-2003-RA Inadmitir la acción\n de amparo constitucional propuesta por Víctor Zapata Noroña\n y otra
411-2003-RA\n Revócase\n en todas sus partes la resolución pronunciada por la Segunda\n Sala del Tribunal Distrital N0 1 de lo Contencioso Administrativo\n e inadmitir la acción de amparo propuesta por el señor\n Mauricio Darlo Garcés Ramírez.
427-2003-RA Revócase en todas sus\n partes la resolución pronunciada por la Segunda Sala del\n Tribunal Distrital N0 1 de lo Contencioso Administrativo, con\n asiento en Quito e inadmitir la acción de amparo constitucional\n presentada por el señor Luis Alfredo Guanín Alomoto
464-2003-RA Revócase en todas sus\n partes la reso-lución pronunciada por la Primera Sala\n del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Distrito de Quito\n e inadmitir la acción de amparo constitucional presentada\n por Jenny Leticia Donoso López
0153-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y se inadmite la presente causa solicitada\n por el abogado Sucre Calderón Calderón
0471\n y 0474-03-RA\n (Acumulados) Revócase en todas sus partes las resoluciones\n pronunciadas por el Tribunal Distrital Contencioso Administrativo\n de Portoviejo y la del Juez Quinto de lo Civil de Muisne y Atacames\n y concédese el amparo constitucional solicitado por el\n señor doctor José Ribadeneira Espinosa S.J. y otro
0488-03-RA Confirmase la resolución\n de mayoría, expedida por la Segunda Sala del Tribunal\n de lo Contencioso Administrativo de Quito y acéptase la\n acción de amparo constitucional planteada por el señor\n Hugo Mac Arthur Vaca Mosquera.
0014-2003-AA Deséchase la demanda\n de incons-titucionalidad de acto administrativo planteada por\n Leonel Iván Caicedo Males
0058-2003-HC Confírmase la resolución\n dictada por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de\n Quito y niégase el hábeas corpus interpuesto por\n Jorge Astudillo Jaramillo
0061-2003-HC Confirmase la resolución\n dictada por la Alcaldesa encargada del Distrito Metropolitano\n de Quito y niégase el recurso de hábeas corpus\n interpuesto por Norma del Rocío Alvear Silva
0064-2003-HC\n Confirmase la\n resolución emitida por el Alcalde de Tena y niégase\n el recurso de hábeas corpus interpuesto por el señor\n Germán Lautaro Maigua Llongo
0069-2003-HC Confirmase la resolución\n dictada por la Alcaldía del Distrito Metropolitano de\n Quito y niégase el recurso de hábeas corpus propuesto\n por Diana Morela Valencia Tamayo
0072-2003-HC Confirmase la resolución\n emitida por el Alcalde del Distrito Metropolitano de Quito (E>\n y niégase el recurso de hábeas corpus interpuesto\n por el señor Jorge Alberto Zamora Cantos.
0074-2003-HC Confirmase la resolución\n emitida por la Alcaldesa del Distrito Metropolitano de
\n Quito (E), que niega el recurso de hábeas corpus interpuesto\n por la señora Minan Marcillo Carrasco
0232-2003-RA No admitir el amparo solicitado\n por Pedro X Merlo Hidalgo, por improcedente.
0263-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo propuesto\n por el Capitán de Navío de Estado Mayor Conjunto\n Ángel Alejandro Valencia Vallejo
0265-2003-RA Concédese el amparo\n interpuesto por el señor Patricio Javier Ruiz Rueda y\n confirmase la resolución del Juez Segundo de lo Civil\n de Pichincha
0287-2003-RA Concédese el amparo\n interpuesto por el doctor Edén Arístides Romero\n Mora y otros y revócase la resolución de la Jueza\n Trigésima Primera de lo Civil de Guayaquil.
0294-2003-RA No admitir y desechar por improce-dente\n la acción de amparo interpuesta por el señor Pablo\n Ugaldino Vivas Laz y confirmase la resolución del Juez\n Duodécimo de lo Civil de Manabí
0311-2003-RA Confirmase la resolución\n de primer nivel y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por Segundo Emilio Tomalá Veintimilla
0317-2003-RA Revócase la resolución\n subida en grado y no admitir el amparo solicitado por el doctor\n Leonidas Plaza Verduga, por improcedente
0339-2003-RA Níégase el amparo\n interpuesto por el señor Ángel Ramón Bravo\n Rivero y confirmase la resolución del Juez Décimo\n de lo Civil de Manabí
0350-2003-RA Niégase el amparo interpuesto\n por el señor César Agapito Mancheno Arce y confirmase\n la resolución del Juez Noveno de lo Civil de Guayaquil
0355-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y concédese la acción de amparo\n propuesta por la señora Sandy Amalia Arreaga Guerra, por\n ser procedente
0357-2003-RA Revócase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional\n solicitado por la señora Ana del Rocío Cabrera\n Santamaría.
0368-2003-RA Níégase el amparo\n interpuesto por la señora Lupe Mercedes Salazar Arroyo\n viuda de Sierra y confirmase la resolución del Juez Octavo\n de lo Civil de Guayaquil
0425-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el Sargento Primero de Policía Hernán Leovigildo\n Fueltala Mafla, por ser improcedente
0437-2003-RA Confirmase la resolución\n subida en grado y niégase el amparo constitucional interpuesto\n por Rosa Medina Ponce
0457-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el señor Jaime Nicanor Garzón Maldonado, por\n ser improcedente
0492-2003-RA Confirmase la resolución\n venida en grado y niégase la acción de amparo propuesta\n por el Capitán de la Policía Nacional Julio Enrique\n Paredes Monín, por ser improcedente .
0500-2003-RA Confirmase la resolución\n del Juez de instancia y concédese el amparo constitucional\n solicitado por Marina Mareola Espinoza González.\n \n
Que en el numeral 26 del artículo 23 de la Constitución\n Política de la República, el Estado reconoce y\n garantiza la seguridad jurídica;
Que la Constitución Política del Estado garantiza\n la explotación de los bienes de dominio exclusivo del\n Estado de manera directa o con la participación del sector\n privado, lo cual asegura el desarrollo de las actividades económicas\n y la inversión nacional o extranjera, mediante un orden\n jurídico y a través de un tratamiento legal igualitario;
Que mediante escritura pública otorgada en la ciudad\n de Quito, con fecha 18 de septiembre de 1974, en la Notaría\n del doctor Rodrigo Salgado Valdés, ante el Notario Público\n Décimo Primero suplente se celebró, previo informes\n favorables del Procurador General de la Nación, del Contralor\n General de la Nación, del Ministro de Finanzas, del Comando\n Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Consejo de Seguridad Nacional,\n un Contrato de Prospección Minera en el área denominada\n "Cumbaratza" ubicada en la parroquia Cumbaratza, cantón\n Zamora, provincia Zamora Chinchipe, entre el Gobierno de la República\n del Ecuador representado por el Ministro de Recursos Naturales\n y Energéticos, Capitán de Navío Gustavo\n Jarrín Ampudia por una parte, y por otra la "EMPRESA\n MINERA CUMBARATZA S.A.", contrato que fue debidamente inscrito\n en el Registro de Minería de la Dirección General\n de Geología y Minas con fecha 17 de octubre de 1974, en\n el tomo primero, páginas 15 y 16 del Registro de Contratos\n Mineros celebrados con el Gobierno de la República del\n Ecuador;
Que mediante Decreto Ejecutivo N0 3075-A, publicado en el\n Registro Oficial N0 734 del martes 19 de diciembre de 1978, se\n autorizó la suscripción del contrato de exploración\n de minerales polimetálicos sobre el área denominada\n "Cumbaratza", ubicada en la parroquia Cumbaratza, cantón\n Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, con la Compañía\n "EMPRESA MINERA CUMBARATZA SA.", contrato que fue suscrito\n por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito,\n el 28 de diciembre de 1978 ante el Notario Público, doctor\n Fernando Iza Guerra, entre el Gobierno de la República\n del Ecuador y la Compañía "EMPRESA MINERA\n CUMBARATZA SA.", e inscrito en el Registro de Minería\n de la Dirección General de Geología y Minas el\n día 2 de enero de 1979, bajo el N0 uno a fojas uno de\n Tomo V del Registro de Contratos Mineros;
Que mediante Decreto Ejecutivo N0 426, publicado en el Registro\n Oficial N0 107 del jueves 17 de enero de 1985, se fijaron normas\n para la explotación minera prioritaria de conformidad\n con la Constitución y la ley, de un sector de ocho mil\n hectáreas de superficie dentro de los límites del\n área denominada "Cumbaratza";
Que el Ministro-Juez de Minas luego de haber efectuado el\n estudio de informes técnicos presentados por la Compañía\n "EMPRESA MINERA CUMBARATZA SOCIEDAD ANONIMA", respecto\n de los trabajos de exploración minera realizados en el\n área denominada "Cumbaratza", aceptó\n el informe técnico final presentado por dicha empresa\n y declaró, mediante acto administrativo de fecha 19 de\n marzo de 1985, que la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA SOCIEDAD\n ANONIMA", ha cumplido a satisfacción el Contrato\n de Exploración Minera celebrado el 28 de diciembre de\n 1978, facultándola para continuar con los trámites\n pre-contractuales correspondientes a la fase de explotación\n minera de conformidad con las normas del Decreto N0 426 del 10\n de enero de 1985;
Que un mes después, con fecha 19 de abril de 1985,\n mediante un acto administrativo aclaratorio del anterior, se\n recurrió al espíritu del Decreto N0 426 antes citado,\n con la finalidad de excluir la superficie determinada, en el\n área total de explotación concedida previamente\n a la Empresa Minera Cumbaratza SA., lo cual originó una\n contienda legal que fue sometida a la resolución de los\n jueces;
Que con fecha 17 de diciembre de 1996 el Tribunal Distrital\n N0 2 de lo Contencioso Administrativo emitió el auto de\n ejecución de sentencia mediante el cual ordenó\n que se ejecute la sentencia de casación dictada por la\n Sala de lo Administrativo de la Corte Suprema de Justicia el\n 10 de enero de 1996, la cual en su considerando tercero aclara\n cuál de los dos actos administrativos contradictorios\n referentes a la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA SA.", es\n el válido y expresa que una vez expedido un acto administrativo,\n carece de facultad la administración para enseguida modificarlo,\n a pretexto de ampliación o aclaración e hizo saber\n al Ministro de Energía y Minas la obligación que\n tiene de observar y cumplir con la resolución dictada\n el 19 de marzo de 1985, respetando los derechos subjetivos que\n de ella se generan a favor de la Empresa Minera Cumbaratza S.A.;
Que esta resolución fue posteriormente confirmada en\n todas sus partes mediante sentencia de casación de última\n instancia emitida con fecha 6 de noviembre del año 2000\n por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema\n de Justicia, notificada a las partes el día 9 de noviembre\n del mismo año, e inscrita en el Registro de la Propiedad\n del Cantón Zamora con fecha 20 de febrero del año\n 2001, bajo la partida N0 2, tomo N0 1 de sentencias del registro\n minero del cantón Zamora, en la cual resuelve casar el\n auto de fecha 3 de septiembre de 1997 que declaró inejecutable\n la ejecución de sentencia y declararlo nulo y sin valor\n y efecto, y ratificar el a'cance y términos del auto de\n ejecución de la sentencia emitida con fecha 17 de diciembre\n de 1996;
Que la Procuraduría General del Estado mediante oficio\n N0 03404 de fecha septiembre 10 de 2003 suscrito por el Director\n de Patrocinio del Estado, en respuesta a la consulta planteada\n por el Ministerio de Energía y Minas respecto de la intangibilidad\n de las sentencias ejecutoriadas de última instancia emitidas\n por el Tribunal de Casación, cita los artículos\n 285, 299 y 300 del Código de Procedimiento Civil que expresan\n que la sentencia ejecutoriada no puede alterarse en ninguna de\n sus partes, ni por ninguna causa, y que el Juez que la dictó\n no puede revocarla ni alterar su sentido en ningún caso;
Que el Defensor del Pueblo, en instrumento público\n presentado ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia\n con fecha 13 de julio de 2003, opina que no cabe recurso o acto\n jurisdiccional alguno contra una sentencia pasada en autoridad\n de cosa juzgada y que hacerlo constituye una clara violación\n de las garantías constitucionales relativas a la seguridad\n jurídica y el debido proceso;
Que el anterior Sub-Secretario del Ministerio de Energía\n y Minas, señor César Aníbal Espinoza, en\n oficio N0 DINAMI-DN-9600503 de fecha 8 de julio de 1996 dirigido\n a la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A.", en su calidad\n de Director Nacional de Minería, menciona que el Decreto\n Ejecutivo N0 426, publicado en el Registro Oficial N0 107 del\n jueves 17 de enero de 1985, causante de la controversia, ha sido\n derogado mediante la segunda y tercera disposición final\n constante en la Ley de Minería N0 126, publicada en el\n Suplemento del Registro Oficial N0 695 de mayo 31 de 1991; que\n encontrándose ejecutoriadas las sentencias administrativas\n y judiciales antes mencionadas que ratifican el derecho la "EMPRESA\n MINERA CUMBARATZA S.A", para pasar a la fase siguiente de\n explotación minera del área de concesión\n denominada "Cumbarat.za" y habiendo sido derogado el\n Decreto Ejecutivo N0 426, publicado en el Registro Oficial N0\n 107 del jueves 17 de enero de 1985, causante de la controversia,\n no existe impedimento legal alguno para cumplir con el acto administrativo\n de resolución emitido con fecha 19 de marzo de 1985 y\n proceder a la sustitución de los títulos mineros\n de prospección y exploración que fueron legítimamente\n otorgados por el Estado a favor de la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA\n S.A.", por los nuevos títulos mineros a que se refiere\n la vigente Ley de Minería y las solicitudes de sustitución\n y división del área oportunamente presentadas por\n dicha empresa minera en la Dirección Regional de Minería\n de la provincia de Zamora Chinchipe en cumplimiento de la vigente\n Ley de Minería;
Que en virtud de la documentación antes mencionada,\n la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA S.A." por intermedio\n de su Presidente el señor abogado doctor Gerardo Peña\n Matheus y de su Gerente General el señor licenciado Carlos\n Peña Matheus, ha requerido el otorgamiento de los títulos\n mineros de explotación correspondientes a la fase siguiente\n a que tiene derecho adquirido, mediante la concesión de\n la explotación minera polimetálica y división\n material del área oportunamente solicitada, denominada\n "Cumbaratza"; y,
Artículo 1.- Autorizar al señor Ministro de\n Energía y Minas, para que por intermedio del Director\n Regional de Minería de la provincia de Zamora Chinchipe,\n al tenor del literal a) del artículo 178 de la Ley de\n Minería vigente y sus reformas, publicadas en el Suplemento\n del Registro Oficial N0 144 del viernes 18 de agosto del año\n 2000, y en cumplimiento del acto administrativo de fecha 19 de\n marzo de 1985, emitido por el Ministro-Juez de Minas, del auto\n de ejecución de sentencia emitido con fecha 17 de diciembre\n de 1996 por el Tribunal Distrital N0 2 de lo Contencioso Administrativo\n de Guayaquil dentro del juicio N0 037-94-MC y de la sentencia\n judicial de última instancia de fecha 6 de noviembre del\n año 2000 emitida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo\n de la Corte Suprema de Justicia, proceda a otorgar a favor, de\n la "EMPRESA MINERA CUMHARATZA S.A.". los derechos mineros\n sobre la concesión, dentro del área "Cumbaratza",\n que consta inscrita con fecha 20 de febrero de 2001, en el tomo\n N0 7, partida N0 5, repertorio N0 141 del Registro de la Propiedad\n del Cantón Zamora e inscriba en el Registro Minero lo\n concesionado:
Artículo 2.- Que el señor Ministro de Energía\n y Minas, ordene al Director Regional de Minería de la\n provincia de Zamora Chinchipe, que de acuerdo con el literal\n a) del artículo 178 de la Ley de Minería proceda,\n a sustituir los títulos correspondientes a los contratos\n de prospección y exploración minera suscritos entre\n el Estado Ecuatoriano y la "EMPRESA MINERA CUMBARATZA SA.",\n dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 5 1\n de la Ley para la Promoción de la Inversión y de\n la Participación Ciudadana, que reforma la disposición\n transitoria segunda de la Ley de Minería.
Articulo final.- Del cumplimiento y ejecución del presente\n decreto, que entrará en vigencia a partir de la publicación\n en el Registro Oficial, encárguese al Ministerio de Energía\n y Minas, al Director Nacional de Minería y al Director\n Regional de Minería de la provincia de Zamora Chinchipe.
Dado y firmado en el Palacio Nacional, en Quito, a 4 de noviembre\n de 2003.
Que mediante Decreto Ley N0 01, publicado en el Registro Oficial\n N0 625 de 19 de febrero de 1991, se expidió la Ley de\n Zonas Francas, la misma que fue reformada mediante leyes Nos.\n 07 y 99-20, promulgadas en los suplementos de los registros oficiales\n Nos. 462 y 149 de 15 de junio de 1994 y 16 de marzo de 1999,\n respectivamente;
Que el Presidente de la Empresa Zona Franca de Posorja -ZOFRAPORT\n S.A., el 27 de agosto de 2003, presentó una solicitud\n y el estudio de factibilidad a fin de obtener el dictamen previo\n del Consejo Nacional de Zonas Francas, CONAZOFRA, encaminada\n a la expedición de la autorización de concesión\n para su funcionamiento como Empresa Administradora de Zona Franca;
Que el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA) en sesión\n celebrada el 15 de octubre de 2003, conoció el informe\n ejecutivo N0 25 de 9 de octubre de 2003 y al amparo de lo establecido\n en el Art. 8 (literal c) de la Ley de Zonas Francas, por unanimidad\n resolvió emitir dictamen favorable para la concesión,\n operación y establecimiento de una zona franca, la misma\n que será administrada por la Empresa Zona Franca de Posorja\n - ZOFRAPORT S.A.; y,
En ejercicio de las atribuciones que le confiere los Arts.\n 3 y 10 de la Ley de Zonas Francas,
Art. 1.- Otorgar a la Empresa Zona Franca de Posorja -ZOFRAPORT\n S.A... domiciliada en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil,\n provincia del Guayas, la concesión para la operación\n y establecimiento de una zona franca en la cual se instalarán\n empresas vinculadas con la actividad pesquera: industriales,\n comerciales y de servicios internacionales.
Art. 2.- La zona franca que será administrada por la\n Empresa Zona Franca de Posorja - ZOFRAPORT S.A., tiene un área\n de 72.907 m2, ubicada en el sitio denominado Guarillo Grande,\n en la parroquia Posorja, cantón Guayaquil, provincia del\n Guayas, identificada en el catastro del I. Municipio de Guayaquil\n bajo el código 200-0233-001-2-0-01, y se encuentra comprendida\n dentro de los siguientes linderos:
Por el Norte: Terrenos que se reservó la Compañía\n Pesquera Integral del Ecuador CA. (INPESCA).
Por el Sur: Estero de Pesquería.
Por el Este: La zona de playa y bahía determinada por\n la Dirección de la Marina Mercante y del Litoral, a orillas\n del Golfo de Guayaquil.
Por el Oeste: Camino vecinal que lo separa de otros predios\n y lo comunica con la cabecera parroquial de Posorja.
Art. 3.- La Empresa Zona Franca de Posorja -ZOFRAPORT SA.,\n deberá cumplir con IQS siguientes compromisos
a) Elevar el capital social en US $ 200.000,00 en el primer\n año y US $ 200.000,00 en el tercer año , contados\n a partir de la publicación del decreto de concesión;
b) Realizar una inversión total de US $ 726.204,43\n al término de doce meses contados a partir de la publicación\n del decreto ejecutivo de concesión y, ejecutar el cronograma\n de obras en el plazo de doce meses conforme con el proyecto de\n factibilidad presentado;
c) Implementar y cumplir el Plan de Manejo Ambiental con las\n medidas de mitigación así como las medidas de seguimiento,\n vigilancia y control en las fases de construcción y operación\n de la zona, franca y las medidas de contingencia; y,
d) Previamente al inicio de su operación deberá\n obtener la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental\n del Municipio y/o Ministerio del Ambiente.
Art. 4.- La Empresa Zona Franca de Posorja -ZOFRAPORT S.A.,\n deberá cumplir con los programa previstos en la documentación\n que sirvió de sustento para la emisión del dictamen\n del Consejo Nacional de Zonas Francas, tendiente a que se obtengan\n los beneficios de orden social y económico que representa\n el establecimiento de la zona franca.
Art. 5.- La Empresa Zona Franca de Posorja -ZOFRAPORT S.A.,\n gozará de los beneficios constantes en la Ley de Zonas\n Francas y cumplirá las obligaciones citadas
\n en la mencionada ley, su reglamento, resoluciones que expida\n el Consejo Nacional de Zonas Francas (CONAZOFRA), así\n como con los convenios internacionales firmados por el país.
Art. 6.- De la ejecución del presente decreto ejecutivo,\n que entrará en vigencia a partir de su publicación\n en el Registro Oficial, encárgase a los señores\n ministros de Relaciones Exteriores; Defensa Nacional; y, Comercio\n Exterior, Industrialización, Pesca y Competitividad.
Dado en el Palacio Nacional de Gobierno, en Quito, Distrito\n Metropolitano, a 4 de noviembre de 2003.
Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3056, publicado en el Registro\n Oficial No. 660 de 11 de septiembre de 2002, se derogó\n el Acuerdo Ministerial No. 76, publicado en el Registro Oficial\n No. 869 de 6 de julio de 1979, que contenía el Reglamento\n de Servicios de Transporte Aéreo no Regular;
Que como consecuencia de dicha derogatoria, la Dirección\n General de Aviación Civil carece de una reglamentación\n específica para el otorgamiento de vuelos charter y vuelos\n especiales, nacionales e internacionales;
Que la Ley para la Promoción de Inversiones y Participación\n Ciudadana, publicada en el R.O. No. 144 de agosto 18, 2000, incluyó\n un conjunto de reformas al sector aeronáutico, que, deben\n ser aplicadas para incrementar la competitividad del transporte\n aéreo;
Que entre tales reformas, se modificó el Art. 140 del\n Código Aeronáutico, sustituyéndose el principio\n de reciprocidad real y efectiva por el de reciprocidad flexible;
Que es necesario expedir un nuevo reglamento que permita fomentar\n las actividades aeronáuticas relacionadas con esta clase\n de servicio;
Que las modalidades y condiciones del servicio de transporte\n aéreo no regular, tanto en el orden interno como en el\n internacional, deben ser reglamentados en cumplimiento a lo prescrito\n en el Art. 107 numeral 2 del Código Aeronáutico,\n publicado en el Registro Oficial No. 629 de 14 de julio de 1978;\n y,
El siguiente REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO NO\n REGULAR.
\n Y DEFINICIONES
Art. 1.- Alcance. El presente reglamento contiene las modalidades,\n características generales y demás condiciones del\n servicio de transporte aéreo no regular tanto interno\n como internacional.
Art. 2.- Definición. Servicio de transporte aéreo\n no regular es aquel que se realiza sin sujeción a la conjunción\n de los elementos que definen los vuelos regulares, es decir itinerarios\n y horarios prefijados y ofrecen al público mediante una\n serie sistemática de vuelos cuyas condiciones se cumplen\n en su conjunto.
Art. 3.- Autoridad competente. Para explotar cualquier servicio\n de transporte aéreo no regular, se requiere de una concesión\n o permiso de operación otorgado por el Consejo Nacional\n de Aviación Civil, con sujeción al Reglamento de\n Concesiones y Permisos de Operación y Certificado de Operador\n Aéreo bajo las regulaciones técnicas pertinentes,\n o cuando corresponda, con autorización especial de la\n Dirección General de Aviación Civil, de conformidad\n con el presente reglamento.
Art. 4.- Acuerdos internacionales. En el caso de convenios,\n acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales, incluidos\n los memorándums de entendimiento celebrados por el Ecuador\n o por la autoridad aeronáutica en materia de transporte\n aéreo, se aplicarán las disposiciones de tales\n instrumentos y las disposiciones constantes en el presente reglamento\n en lo que fueran aplicables.
Art. 5.- Reciprocidad flexible. Conforme a lo establecido\n en el Art. 140 del Código Aeronáutico, a falta\n de tratados o convenios, el otorgamiento de vuelos charter internacionales\n a aerolíneas extranjeras se ajustará al principio\n de reciprocidad flexible, entendiéndose a ésta\n como el derecho a realizar servicios de transporte aéreo\n internacional, de pasajeros y carga, desde y hacia el Ecuador,\n siempre que se otorguen derechos equivalentes a empresas de transporte\n ecuatorianas por parte de la autoridad competente del Estado\n de bandera al que pertenezcan las aerolíneas solicitantes.
El hecho de que una empresa de transporte ecuatoriana no solicite\n o utilice tales derechos equivalentes, no impedirá el\n otorgamiento de los vuelos charter internacionales solicitados\n por la empresa extranjera.
Recíprocamente, si en alguna ruta otro Estado limitare\n las condiciones para la explotación de derechos aerocomerciales\n a empresas o aeronaves ecuatorianas, la Dirección General\n de Aviación Civil estará facultada para suspender,\n cancelar o revocar las autorizaciones de los vuelos charter internacionales\n otorgados a empresas o aeronaves extranjeras de nacionalidad\n del Estado que aplicare dichas limitaciones.
Art. 6.- Modalidades. El servicio de transporte aéreo\n no regular puede ser explotado a través de las siguientes\n modalidades:
a) Taxi aéreo;
b) Chárter; y,
SECCION ira.
Art. 7.- Definición. "Taxi Aéreo",\n es el servicio de transpone aéreo público de pasajeros,\n carga y correo en forma combinada o de carga exclusiva, realizado\n con aeronaves de un peso máximo de despegue de hasta 5.700\n kilogramos de conformidad con el certificado tipo de la aeronave.
Art. 8.- Ámbito. Los servicios de taxi aéreo\n interno podrán· tener ámbito nacional o\n circunscribirse a aquellas zonas que expresamente autorice la\n autoridad aeronáutica en la correspondiente concesión\n de operación.
Art. 9.- Equipo de vuelo requerido. Las operadoras comerciales\n prestarán el servicio de taxi aéreo con una o más\n aeronaves idóneas de su propiedad o arrendadas.
Art. 10.- Ambulancia aérea. Los servicios de taxi aéreo,\n calificados como "Ambulancia Aérea" teniendo\n carácter humanitario y de emergencia, podrán ser\n prestados por operadoras nacionales y extranjeras con aeronaves\n adecuadas para este fin.
Art. 11 .- Requisitos. Para la operación de un vuelo\n de taxi aéreo, por parte de quien cuenta con una concesión\n de operación, únicamente se requerirá la\n notificación del transportador a la Jefatura del Aeropuerto\n consignando los siguientes datos:
a) Aerolínea solicitante;
b) Tipo de aeronave y matrícula;
c) Objeto y materia del transpone;
d) Fecha y hora de salida y llegada;
e) Aeropuerto de origen y destino; y,
f) Nombre de la tripulación y nómina de pasajeros.
Art. 12.- Definición. Se entiende como vuelos "charter",\n el realizado en base a un contrato de "fletamento aeronáutico",\n por el cual se compromete la capacidad total o parcial de una\n aeronave para el transporte de pasajeros, carga y correo en forma\n combinada o de carga exclusiva, sea o no utilizada dicha capacidad,\n por un precio denominado flete.
Art. 13.- Equino de vuelo. El vuelo "charter" podrá\n ser operado por empresas que cuenten con una concesión\n o permiso de operación y Certificado de Operador Aéreo\n para transporte aéreo regular o no regular con aeronaves\n con un peso mayor a 5.700 kilogramos y cualquiera que sea la\n capacidad de pasajeros o carga.
Art. 14.- Ámbito. El vuelo "charter" será\n interno cuando se realice entre dos puntos situados dentro del\n territorio ecuatoriano e internacional cuando tenga uno cualquiera\n de ellos, en un Estado extranjero.
DE LOS VUELOS CHARTER INTERNOS
Art. 15.- Alcance. Los vuelos "charter" internos\n podrán ser efectuados:
a) Por los operadores ecuatorianos que se encuentren explotando\n servicios de transporte aéreo público no regul8r,\n debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Aviación\n Civil; y,
b) Eventualmente por los operadores ecuatorianos que se encuentren\n explotando servicio de transporte aéreo público\n regular, debidamente autorizados por el Consejo Nacional de Aviación\n Civil, previa autorización de la Dirección General\n de Aviación Civil.
Art. 16.- Equino de vuelo. Las operadoras de este servicio\n utilizarán aeronaves de su propiedad o arrendadas, de\n conformidad con la autorización conferida por la autoridad\n aeronáutica.
Art. 17.- Requisitos. Los interesados en la ejecución\n de los vuelos "charter" presentarán previamente\n una solicitud escrita a la autoridad aeronáutica conforme\n a las normas administrativas pertinentes, con no menos 24 horas\n de anticipación a su realización precisando los\n siguientes datos:
1. Nombre del explotador.
\n 2. Tipo, marca y matrícula de la aeronave.
\n 3. Fecha y ruta de operación del vuelo.
\n 4. Aeropuerto de salida y de destino.
\n 5. Nombre y dirección del fletador.
\n 6. Objeto del vuelo y materia del transporte.
Art. 18.- Modificación de la solicitud. El interesado\n está facultado para modificar su solicitud en relación\n con la marca, matrícula de la aeronave y fecha aún\n después de haber sido autorizada. En este caso, únicamente\n se requerirá la notificación a la Jefatura de Aeropuerto\n con no menos de 2 horas de anticipación a la efectiva\n realización del vuelo, consignando los datos que han sido\n modificados. Si la modificación implica cambios mayores\n tales como rutas, deberá ser presentada ante el Director\n General de Aviación Civil.
Art. 19.- Excepción de requisitos. Quedan exentas de\n presentar los requisitos previstos, las empresas que cuenten\n con una concesión de operación para transporte\n aéreo no regular, en la modalidad de vuelos "charter"\n interno conferida por el Consejo Nacional de Aviación\n Civil, siempre que el vuelo se lo efectúe en las rutas\n y con el tipo de aeronave autorizadas.
DE LOS VUELOS "CHATER" INTERNACIONALES
Art. 20.- Alcance. El vuelo "charter", internacional,\n originado en el Ecuador, podrá ser, atendido por aquellos\n operadores de nacionalidad ecuatoriana o extranjera titulares\n de una concesión o permiso de operación para realizar\n vuelos regulares o no regulares de transporte aéreo público.
Art. 21.- Ámbito. El vuelo "charter" internacional,\n por sus características, solo podrá ser operado\n entre los aeropuertos internacionales en el Ecuador y uno y más\n puntos en el exterior y viceversa cuando corresponda.
Art. 22.- Autorización de terceros países. La\n operación de este tipo de vuelo está sujeta, además,\n al permiso que, necesariamente debe obtener el explotador de\n las autoridades aeronáuticas del país o países\n a los cuales pretende realizar el vuelo "charter".
Art. 23.- Otros aeropuertos. Excepcionalmente o cuando las\n características de la operación lo justifique,\n se autorizará la realización de el o los vuelos\n "charter" que se originen o tengan por destino un aeropuerto\n no habilitado como internacional en el Ecuador, siempre que se\n cumpla con los requisitos de control de otras autoridades gubernamentales\n como migración y aduana.
Art. 24.- Operadores. El vuelo "charter" internacional\n con puntos de "embarque - desembarque" o "desembarque\n -embarque" en el Ecuador será efectuado por:
1. Operadores ecuatorianos autorizados para el servicio del\n transpone aéreo público, internacional, regular,\n o, no regular en la modalidad de charter, siempre y cuando cumpla\n los requisitos de este reglamento.
2. Operadores extranjeros con permisos de operación\n para explotar servicio de transporte aéreo público,\n regular, o no regular, internacional, otorgado por la autoridad\n aeronáutica ecuatoriana.
3. Empresas o compañías de aviación con\n permiso de operación para el transporte aéreo público\n regular o no regular, otorgado por la autoridad aeronáutica\n del país de bandera, y tratándose de pasajeros,\n se limitará a un máximo de 20 vuelos por cada año\n calendario para cada empresa o compañía.
4. La operación de vuelos "charter", con\n aeronaves de matrícula diferente a la del país\n de la empresa operadora será autorizada siempre que dichas\n aeronaves consten autorizadas en sus especificaciones operacionales.
Las autorizaciones para vuelos "charter" internacionales\n con puntos de "embarque-desembarque" en el Ecuador\n estarán sujetas a que los correspondientes derechos de\n tráfico se encuentren reconocidos en acuerdos internacionales\n suscritos o ratificados por el Ecuador.
Art. 25.- Derechos de tráfico. La autoridad aeronáutica\n autorizará a los operadores extranjeros referidos en el\n numeral tres del artículo anterior que hayan efectuado\n un vuelo "charter" internacional, la realización\n del correspondiente embarque de retorno al punto de origen, siempre\n y cuando se trate del mismo grupo, en el caso de pasajeros.
Art. 26.- Operaciones turísticas. El vuelo "charter"\n internacional tendiente al transporte de grupos turísticos\n hacia el Ecuador, con retorno a su lugar de origen o continuación\n a otros puntos fuera del país con el mismo grupo turístico,\n no estará sujeto a limitación alguna en cuanto\n a su operación.
Art. 27.- Requisitos. Las solicitudes para vuelos "charter"\n internacionales se presentarán con no menos de 48 horas\n de anticipación de su realización, cumpliendo los\n siguientes requisitos:
2. Tipo, marca y matrícula de la aeronave.
3. Fecha y ruta de la operación de vuelo.
4. Aeropuerto de salida y de destino.
5. Nombre y dirección del fletador.
6. Objeto del vuelo y materia del transporte.
7. Permiso de operación del país de bandera\n de la aerolínea y/o especificaciones operacionales, cuando\n sean aplicables.
Art. 28.- Excepción de requisitos. Quedan exentos de\n presentar los requisitos previstos en el artículo anterior,\n las empresas ecuatorianas y extranjeras que cuenten con una concesión\n o permiso de operación, según corresponda, para\n transporte aéreo público no regular en la modalidad\n de vuelos "charter" internacional, otorgados por el\n Consejo Nacional de Aviación Civil.
Art. 29.- Trámite de la solicitud. La Dirección\n General de Aviación Civil, verificará el cumplimiento\n de los requisitos establecidos, debiendo emitir su autorización\n en el plazo máximo de 24 horas. De no cumplirse con cualquiera\n de los requisitos establecidos, la Dirección General de\n Aviación Civil se reservará el derecho de no autorizar\n la realización de vuelos charter.
Las solicitudes y requisitos señalados en los artículos\n pertinentes de este reglamento deberán ser presentados\n para cada operación en particular.
Art. 30.- Modificación de la solicitud. El interesado\n estará facultado para modificar su solicitud en relación\n con la marca y matrícula de la aeronave y fecha, aún\n después de haber sido autorizada. En este caso, únicamente\n se requerirá la notificación a la Jefatura de Aeropuerto\n con no menos de 6 horas de anticipación a la efectiva\n realización del vuelo, consignando los datos que han sido\n modificados. Si la modificación implica cambios de ruta,\n deberá ser presentada ante el Director General de Aviación\n Civil.
Art. 31.- Régimen aplicable. Para los vuelos "charter"\n de carga se adopta un absoluto régimen de libertad, flexibilidad\n y aplicación del principio de reciprocidad flexible. Podrán\n realizar operadoras:
a) Que cuenten con una concesión u permiso de operación\n de transporte aéreo internacional, regular, o no regular,\n de carga y Certificado de Operador Aéreo, otorgado por\n la autoridad aeronáutica correspondiente; o,
\n b) Que cuenten con un permiso de operación regular, o\n no regular, de carga, otorgado por su país de origen,\n limitándose hasta un máximo de 60 vuelos anuales\n y cuenten con las especificaciones operacionales.
SECCION 3ra.
Art. 32.- Definición. Vuelos especiales son aquellas\n operaciones adicionales realizadas por los explotadores de servicio\n de transporte aéreo regular, dentro de las rutas previamente\n autorizadas, para atender la demanda circunstancial de tráfico.\n Estos vuelos no podrán constituir una serie, que puede\n reconocerse como sistemática, sin que puedan ser anunciados\n al público.
Art. 33.- Requisitos. Las solicitudes para vuelos especiales\n para transporte nacional o doméstico, se atenderán\n de acuerdo a las necesidades sin límite de tiempo y para\n los vuelos internacionales por operadores debidamente autorizados,\n se presentarán con no menos de 48 horas de anticipación\n de su realización, cumpliendo con los siguientes requisitos:
\n 1. Nombre del explotador.
\n 2. Tipo, marca y matrícula de la aeronave. *
\n 3. Fecha y ruta de la operación de vuelo.
Art. 34.- Trámite de la solicitud. La Dirección\n General de Aviación Civil verificará el cumplimiento\n de los requisitos establecidos debiendo emitir su autorización\n en los casos de vuelos domésticos en forma inmediata y\n en los internacionales en un plazo máximo de 24 horas.
En el caso de empresas extranjeras que operen regularmente\n en función del Ecuador, se observará lo establecido\n en los convenios, acuerdos multilaterales, regionales o bilaterales,\n incluidos los memorándums de entendimiento de los que\n sea parte el Ecuador y/o se aplicará d principio de reciprocidad\n flexible, según corresponda.
Art. 35.- Modificación de la solicitud. El interesado\n estará facultado para modificar su solicitud en relación\n con la marca y matrícula de la aeronave y fecha, aún\n después de haber sido autorizada. En este caso, únicamente\n se requerirá la notificación a la Jefatura de Aeropuerto\n con no menos 2 horas de anticipación a la efectiva realización\n del vuelo, tratándose de vuelos nacionales; y, de 6 horas\n de anticipación, tratándose de vuelos internacionales,\n para cuyo efecto se consignarán los datos que han sido\n modificados. Si la modificación implica cambios mayores,\n como los de ruta deberá ser presentada ante el Director\n General de Aviación Civil.
Art. 36.- Operación fuera del Ecuador. La operación\n de una aeronave ecuatoriana entre dos países extranjeros\n estará sujeta a la autorización de la Dirección\n de Aviación Civil del Ecuador y las otorgadas por las\n autoridades aeronáuticas de los países de que se\n trate.
Art. 37.- Ejecución del decreto. El presente decreto\n ejecutivo entrará en vigencia a partir de la fecha de\n su publicación en el Registro Oficial y de su aplicación\n encárgase a la Dirección General de Aviación\n Civil y al Consejo Nacional de Aviación Civil.
Dado en el Palacio Nacional; en Quito, a 4 de noviembre de
\n 2003.
Que la Base Aérea y el Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta,\n por Seguridad Nacional constituyen área reservada de conformidad\n con la Constitución Política de la República\n y la Ley de Seguridad Nacional;
Que el Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza Aérea\n Ecuatoriana, viene ocupando en forma pacífica e ininterrumpida\n un macro lote en el que se ha implantado y desarrollado el Aeropuerto\n Eloy Alfaro y la Base Aérea de Manta desde su creación;
Que la Base Aérea y el Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta,\n constituyen un valuarte fundamental para la preparación\n y adiestramiento en la defensa integral del país de los\n pilotos de Combate de la Fuerza Aérea Ecuatoriana'
Que la Fuerza Aérea Ecuatoriana, para el mejor cumplimiento\n de su misión ha realizado elevadas inversiones en infraestructura\n física y de desarrollo aeroportuario en los terrenos ocupados\n en forma pacífica por la Base Aérea de Manta;
Que la Dirección General de Aviación Civil,\n es propietaria legítima de varios lotes de terreno del\n referido bien raíz, conforme justifica con los títulos\n de propiedad debidamente inscritos en el Registro de la Propiedad\n de Manta;
Que dentro del área de crecimiento perimetral de la\n Base Aérea y del Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta, que\n se encuentra desarrollado en la actualidad, existen lotes de\n diferentes propietarios que se hallan ocupados en forma pacífica\n por parte de la Fuerza Aérea Ecuatoriana -Ministe