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Timestamp: 2019-07-22 13:17:59
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Matched Legal Cases: ['artículo 57', 'artículo 47', 'artículo 57', 'artículo 4', 'artículo 17', 'artículo 54', 'artículo 56', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 133', 'artículo 10']

Diario de Sesión: Sesión Ordinaria N° 24
MOCIÓN DEL HONORABLE SENADOR SEÑOR MORENO, CON LA QUE INICIA UN PROYECTO DE LEY QUE CONCEDE LA NACIONALIDAD CHILENA, POR ESPECIAL GRACIA, A MONSEÑOR RICARDO EZZATI ANDRELLO (3948-07)
Sesión 24ª, en miércoles 10 de agosto de 2005
(De 16:14 a 17:8)
PRESIDENCIA DEL SEÑOR SERGIO ROMERO PIZARRO, PRESIDENTE
III.	TRAMITACIÓN DE ACTAS...................................................................................
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el fin de reestablecer exclusividad universitaria para carrera de trabajo social (2792-04) (se aprueba en particular)..............................................
--Se abrió la sesión a las 16:14, en presencia de 22 señores Senadores.
Se dan por aprobadas las actas de las sesiones 20ª, ordinaria, en 2 de agosto, y 21ª, ordinaria, en sus partes pública y secreta, en 3 de agosto del año en curso, que no han sido observadas.
De Su Excelencia el Presidente de la República , mediante el cual da inicio a un proyecto de ley que crea el Consejo Superior de Empresas Públicas, regula las empresas de auditoría externa y modifica el estatuto de los directores de las sociedades anónimas, las normas de administración de éstas y los estatutos de las empresas públicas (boletín Nº 3949-05).
Con los dos primeros comunica que prestó su aprobación a las enmiendas propuestas por el Senado respecto de los siguientes asuntos:
1) Proyecto de ley que establece un permiso paternal en el Código del Trabajo (boletín Nº 3303-13).
2) Proyecto que modifica la ley Nº 18.502 en relación con el impuesto al gas y establece regulaciones complementarias para la utilización de aquél como combustible en vehículos (boletín Nº 2701-15).
--Se toma conocimiento y se manda archivar los documentos junto a sus antecedentes.
Con el tercero comunica que rechazó la solicitud del Senado en orden a archivar el proyecto de acuerdo que aprueba el Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, suscrito el 24 de julio de 1998 en Ushuaia, República Argentina (boletín Nº 2517-10).
Con el cuarto comunica que ha dado su aprobación al proyecto de acuerdo aprobatorio del "Protocolo Adicional al Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la República de Chile, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, para tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca y sus anexos", suscrito en Santiago, Chile, el 16 de diciembre de 2004 (boletín N° 3.917-10).
Del señor Ministro Secretario General de la Presidencia , mediante el cual responde un oficio enviado en nombre de la Corporación, relativo a la posibilidad de presentar a trámite legislativo una iniciativa que recoja las ideas contenidas en una moción de los Honorables señores Ávila, Parra y Silva sobre control de mérito por parte de la Contraloría General de la República y de transparencia y publicidad que modifique los sistemas de eficiencia, ética y austeridad de los organismos públicos y privados que indica, que fuera declarada inadmisible por corresponder a materias propias de la iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República .
De la señora Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, por medio del cual contesta un oficio remitido en nombre del Senador señor Espina, en cuanto a estado de tramitación del "Proyecto de creación de una Escuela Municipal Especial Nueva", en la comuna de Traiguén.
De la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, recaído en el oficio mediante el cual Su Excelencia el Presidente de la República solicita el acuerdo del Senado para designar como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema a don Rubén Alberto Ballesteros Cárcamo (boletín Nº S 818-05).
Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Previsión Social recaído en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código del Trabajo con el objeto de proteger el patrimonio de las organizaciones sindicales (boletín Nº 3.610-13).
Informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que establece mecanismos de protección y de evaluación de los efectos producidos por el deterioro de la capa de ozono (boletín Nº 2.725-12).
Del Honorable señor Moreno, con la que inicia un proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a Monseñor Ricardo Ezzati Andrello (boletín N° 3.948-07).
Comunicación del Senador señor Andrés Zaldívar por medio de la cual, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 de la Carta Fundamental, solicita permiso constitucional para ausentarse del país a contar del día 10 de agosto en curso.
En este momento ha llegado a la Mesa un oficio mediante el cual el Excelentísimo Tribunal Constitucional remite copia autorizada de la sentencia pronunciada en el requerimiento presentado en relación con la inhabilidad para el ejercicio del cargo del Senador don Jorge Lavandero Illanes, donde declara que es innecesario emitir pronunciamiento, por cuanto el señor Lavandero ha cesado en su cargo de Senador de la República con antelación a la fecha de esa sentencia.
--Se manda comunicar la vacancia del cargo al Tribunal Calificador de Elecciones a fin de que certifique si el señor Lavandero integró alguna lista electoral en la oportunidad de su elección y, en tal caso, proclame como Senador al ciudadano que habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo, en virtud de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 47 de la Constitución Política de la República.
Para mayor conocimiento de Sus Señorías, se han sacado copias de la sentencia del Tribunal Constitucional, que llegó hace 20 minutos a la Secretaría del Senado.
¿Por qué no las hace distribuir, señor Presidente?
Se están distribuyendo, señor Senador.
En todo caso, puedo hacer un resumen.
¿Es posible obviarlo?
Hágalo, señor Presidente .
¡No se necesita tanta pasión y sentimiento para llegar a conocer la sentencia...!
El señor Secretario le dará lectura.
En la parte pertinente, a continuación de los considerandos, la sentencia dice:
"SE DECLARA que es innecesario emitir pronunciamiento sobre el requerimiento deducido a fojas 1, por cuanto don Jorge Lavandero Illanes ha cesado en su cargo de Senador de la República con antelación a la fecha de dictarse esta sentencia.
"Se previene que el Presidente del Tribunal Constitucional , Ministro señor Juan Colombo Campbell, y el Ministro señor Urbano Marín Vallejo , concurren a la decisión teniendo únicamente presente los siguientes fundamentos:...". Y luego se describen éstos.
¿Es pertinente que en este momento o al final de la Cuenta...
Ya terminó la Cuenta.
Entonces, le pido la palabra, señor Presidente.
En todo caso, quiero señalar que la Presidencia ya adoptó una decisión sobre esta materia. Y, conforme a las normas reglamentarias, no cabe controversia acerca de ella.
De acuerdo con el Reglamento, si un señor Senador desea formular alguna observación, debe hacerlo en la sesión siguiente (ordinaria, según entiendo).
Señor Presidente , yo le agradecería que reviera su decisión, pues en un asunto de esta naturaleza, donde hemos tenido una diferencia no menor, considero necesario, para los efectos de la forma como deben interpretarse las disposiciones constitucionales, que se nos conceda el uso de la palabra para hacer las precisiones del caso ahora y no en una sesión posterior.
Si a la Sala le pareciera, yo no tendría inconveniente. Pero, si así fuera, también pediría, porque he sido acusado injustamente de actuar de una manera que no corresponde, que se me permitiera explicar, ratificar y confirmar los términos de la sentencia, que en todas sus partes respalda la posición que ha adoptado esta Presidencia desde el primer día en que se planteó el problema.
En ese entendido, le concedo la palabra, señor Senador.
La verdad, señor Presidente, es que no he dispuesto del tiempo que al parecer usted tuvo para leer la sentencia del Tribunal Constitucional, que es un tanto larga. Pero lo poco que he visto de la parte resolutiva, en los dos primeros números, me confirma que lo sostenido ayer por estas bancas o por el Senador que habla era lo que se debió hacer.
Aquí el Tribunal Constitucional está calificando una situación jurídica. A tal punto la califica, que estima innecesario emitir pronunciamiento sobre el requerimiento deducido por algunos Parlamentarios, dado que con antelación a esta fecha se habría dictado una sentencia, que él tuvo a la vista.
A nuestro juicio, en este caso se ha calificado jurídica y no políticamente, diferencia que no es menor.
Nosotros hemos sostenido que, en materia de inhabilidades, existe en la Constitución de 1980 una norma expresa que exige una calificación jurídica y no política. Y eso tiene enorme importancia. O sea, ha habido una calificación jurídica. Se está diciendo que la sentencia que pesó sobre Jorge Lavandero Illanes lo lleva a cesar en el cargo en la forma aquí planteada. Y eso es una calificación jurídica, no una calificación política.
Tal es, en mi concepto, el mérito del fallo.
Ahora bien, la calificación jurídica se ha efectuado sobre la base de una causal expresa de la Carta, que en su artículo 57, inciso final, establece: "Cesará, asimismo, en sus funciones el diputado o senador que, durante su ejercicio, pierda algún requisito general de elegibilidad...".
Ésa es la causal en virtud de la cual se está inhabilitando al Senador Lavandero. Y, a nuestro juicio, ella debía ser medida, pesada, ponderada por el Tribunal Constitucional, por tratarse de un cambio fundamental entre la Carta de 1980 y la de 1925.
No se puede sostener, señor Presidente , que aquélla sea una causal objetiva, al igual que las otras, porque el Texto Fundamental no distingue. Y quiero recordar que, cuando la ley no distingue, no cabe distinguir.
En Derecho Público, todas las autoridades, señor Presidente -usted, el Senado, el Tribunal Constitucional-, sólo pueden hacer, de acuerdo con una norma de la Carta vigente, que viene de la de 1925 -estaba en su artículo 4º-, aquello que les está expresamente autorizado. Todo acto en contravención a dicha norma es nulo.
Ahí se fundamenta el Derecho Público. Ahí se fundamenta nuestra acción. Nosotros estamos obligados, si queremos actuar conforme a Derecho y fortalecer nuestras instituciones, a no salirnos jamás de ese marco.
Por ello, creo que no es menor la discusión que hemos tenido.
Más aún, quiero precisar que lo que ahora corresponde, en relación con la causal relativa a los requisitos de elegibilidad -consagrada en forma sustantiva en el artículo 17, número 2º, de la Constitución, que establece que la calidad de ciudadano se pierde por condena a pena aflictiva-, es proceder en todo lo que falta a continuación.
Las normas tienen sentido, señor Presidente . Y, para nosotros, observarlas lo tiene todavía más.
En seguida, señor Senador.
Antes pedí que se me brindara la posibilidad de dar algunas explicaciones, que es lo que haré en seguida.
El Tribunal Constitucional, por la unanimidad de sus miembros, se pronunció en contra de la tesis del señor Senador que me precedió en el uso de la palabra.
Recibí la sentencia cinco minutos antes que el Honorable señor Adolfo Zaldívar , y también la leí de manera muy apurada. Pero debo puntualizar que todos sus considerandos se hallan justamente en una posición distinta de la que ha planteado Su Señoría y en una posición coincidente con la sustentada por esta Presidencia. Tanto es así que incluso se contienen definiciones que me parece muy importante dejar registradas en este Senado.
Se dice: "la sentencia de la Corte Suprema aludida en el razonamiento anterior se halla firme o ejecutoriada. De ello resulta inequívocamente que este Tribunal no puede, sin quebrantar los artículos 6º, 7º, 73 y 82 de la Carta Fundamental, entrar a revisarla,", etcétera.
Asimismo, se expresa: "desde el momento en que se ha dictado sentencia que ha quedado ejecutoriada que declare que una persona ha sido condenada por un delito a pena aflictiva, sin que sea necesario ni procedente ninguna resolución judicial posterior para producir el efecto indicado". Y se agrega: "el parlamentario condenado cesa ipso jure en su cargo, por haber perdido un requisito general de elegibilidad." -fue lo que sostuve desde el principio- "De allí, que el propio precepto aludido distinga," -aquí es donde puede haber algún equívoco- "en dos oraciones diferentes, de una parte cesar en dicho cargo por haber perdido "algún requisito general de elegibilidad" y de otra, por haber incurrido "en alguna de las causales de inhabilidad a que se refiere el artículo 54, sin perjuicio de la excepción contemplada en el inciso segundo del artículo 56 respecto de los Ministros de Estado". "En el primer caso," -se refiere a la pérdida de algún requisito general de elegibilidad- "y en cuanto específicamente se relaciona con el asunto sub lite, la cesación se produce de pleno derecho;" -no es necesario declararla- "en el segundo es necesario que ella sea declarada por esta Magistratura, conforme a lo prescrito en el artículo 82 numeral 11 de la Carta Fundamental.". Lo dice expresamente: no es necesario declararla, porque opera de pleno derecho.
En los considerandos siguientes se consigna que "la Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de manera tal que existen entre ellas la debida correspondencia y armonía.", y que "La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Ni el Presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, avocarse causas pendientes, revisar los fundamentos o contenidos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos".
Incluso más, se agrega:
"Que de una interpretación de la preceptiva constitucional indicada se infiere, con claridad, que resulta improcedente la declaración de inhabilidad que se solicita, porque un pronunciamiento de este Tribunal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 82 Nº 11 de la Constitución no se encuentra en armonía con lo prescrito en la norma reproducida en el considerando que antecede, ya que la decisión que adopte podría importar desconocer los efectos de una sentencia firme o ejecutoriada dictada por la Corte Suprema, lo cual, por cierto, resulta inaceptable.".
"Que, a mayor abundamiento y para finalizar, en casos como el examinado en esta sentencia, es siempre necesario ponderar lo resuelto por órganos jurisdiccionales especializados, de jerarquía constitucional. Tal es, precisamente, el Tribunal Calificador de Elecciones, cuyo fallo pronunciado el 29 de septiembre del año 2003," -hice alusión a él cuando se presentó el caso- "en sus considerandos 12º, 13º, 15º y 16º es por entero coherente con los razonamientos-".
Y luego se sentencia: "SE DECLARA que es innecesario emitir pronunciamiento sobre el requerimiento deducido a fojas 1, por cuanto don Jorge Lavandero Illanes ha cesado en su cargo de Senador de la República con antelación a la fecha de dictarse esta sentencia.".
Por consiguiente, la cuestión se encuentra perfectamente zanjada.
Han pedido la palabra los Senadores señores Zurita, Chadwick y Parra.
Yo necesito hacer una precisión a su comentario, señor Presidente , si me permite.
No quiero convertir el debate en un diálogo.
Es muy breve y muy preciso lo que quiero plantear.
Señor Presidente , la sentencia quedó ejecutoriada ayer, y sólo ayer, cuando el recurso de queja fue fallado negativamente. Había un recurso pendiente. Y, de acuerdo con nuestras normas jurídicas, mientras exista un recurso pendiente, la sentencia no está ejecutoriada. Puede causar ejecutoria, pero no está ejecutoriada.
O sea, todo el resto de su alegato, señor Presidente , pendía de este asunto. Y, lamentablemente, el inicio de la controversia entre nosotros partió hace dos semanas, cuando la sentencia estaba meramente causando ejecutoria. Ahí estuvo el error que hoy le represento a la Mesa.
Ni yo, ni el Congreso, ni autoridad alguna podemos interpretar una decisión de los tribunales de justicia.
Cuando recibí, como Presidente del Senado de la República , de parte del Juzgado de Garantía de Temuco un oficio según el cual la sentencia era definitiva y se encontraba ejecutoriada, no tenía la alternativa de hacer una interpretación ni nada que la contradijera.
Que efectivamente...
¡Para eso está el Tribunal Constitucional, señor Presidente!
¡Usted se apresuró!
Bueno. No quiero seguir en este diálogo.
Creo que en esta materia es demasiado contundente el fallo del Tribunal Constitucional -habla por sí mismo- como para que nosotros estemos haciendo un análisis de esta naturaleza.
Señor Presidente , no es mi ánimo dilatar ni acelerar la resolución de este problema. Estimo que se está perdiendo la distancia al tratar de solucionarlo por caminos tan altos y tan equivocados como el de recurrir al Tribunal Constitucional. Debemos apelar a cosas más prácticas.
Se habla mucho de sentencia ejecutoriada, como si con ella terminara todo. No es cierto. ¡Las sentencias hay que cumplirlas! Y en este cumplimiento deseo detenerme.
Las sentencias condenatorias dictadas en causas por crímenes imponen al condenado la pena corporal de privación de su libertad. Se la restringe en forma amplísima. Además, se le aplican otras sanciones, que limitan derechos: se le priva del derecho de sufragio, por lo cual no puede votar, elegir ni ser elegido.
¿Cómo se cumplen las sentencias? ¿Las cumplen los jueces? ¡No, señores! Los magistrados, cuando dictan la pena de muerte, no matan: ordenan matar; cuando imponen la pérdida de libertad, no encarcelan: ordenan encarcelar. Y cuando condenan a penas accesorias, que consisten en privar del derecho a sufragio, de los derechos políticos, ¿basta que se diga en la sentencia?
¿Cómo consta que alguien tiene derechos políticos? Por su inscripción en el Registro Electoral . Entonces, ¿qué debe hacer un juez cuando su sentencia implica la privación de derechos ciudadanos? Comunicarlo al que puede borrar la inscripción.
Primera comunicación que debe enviar el juez -y posiblemente no lo ha hecho-: dirigir un oficio al Registro Civil para que anote en la partida de nacimiento respectiva que don Jorge Lavandero Illanes ha sido condenado como autor de tal delito. Y eso queda consignado en su extracto de filiación.
¿Y cómo se cumple la otra parte? ¿Dónde consta que don Jorge Lavandero es ciudadano con derecho a sufragio? En el Registro Electoral . ¿Imaginan Sus Señorías a la jueza de garantía yendo a dicha repartición con una goma a borrar el nombre del señor Lavandero ? ¡No! ¿Qué hace? Le comunica que don Jorge Lavandero , RUT número tanto, ha sido privado de sus derechos políticos y le solicita que proceda a cancelar su inscripción. El Registro Electoral la cancelará y oficiará al señor Presidente del Senado para darle a conocer que se ha producido la vacante de la senaduría, porque en este momento el señor Lavandero no es ciudadano elector y, al no serlo, no puede ser titular de un cargo público. Y esto facultaría...
¿Me permite una pregunta, Honorable colega?
Con la anuencia de la Mesa, no hay problema.
No soy abogada, y me llama la atención lo que Su Señoría está señalando. Por eso, quiero hacerle una pregunta: ¿qué pasa si quien está a cargo del Registro Civil se niega a borrar la inscripción por A, B ó C razones? ¿No queda ejecutoriada la sentencia?
Le voy a decir lo que pasa, señora Senadora.
Ayer vimos cinco solicitudes de rehabilitación de ciudadanía presentadas por personas que habían sido privadas de su derecho a sufragio, Una de ellas, por sentencia de 1999. ¿Y cuándo se le cancela la inscripción? ¡En el 2004! Por consiguiente, entre 1999 y 2004 pudo votar, e incluso, ser elegida. Esto último ya es más difícil, porque el Servicio Electoral se encarga de averiguar.
Lo anterior demuestra que se cumple tarde, mal y nunca.
Si eso satisface su duda...
Tratemos de evitar los diálogos.
Disculpe, señor Presidente , pero sólo quiero consultar en qué caso se halla el señor Lavandero . Porque, en el fondo, vamos a depender de que un funcionario cumpla o no su deber. Y si no lo hace, no se elige a un Senador. Me parece un tanto absurdo.
¡La sentencia está cumplida! ¡Por favor!
Yo le voy a facilitar, señora Senadora...
Por eso, corresponde a esta Corporación solicitar al Registro Civil que informe si ya anotó la condena en el extracto de filiación y preguntar al Director del Registro Electoral si, conforme a las obligaciones que le impone la ley, borró la inscripción respectiva. Y cuando nos llegue la respuesta estaremos en condiciones de decir que la sentencia se ha cumplido.
En todo caso, antes de ceder la palabra a los señores Senadores inscritos, quiero señalar que, cuando recibimos la primera información sobre sentencia -"ejecutoriada", según decía el certificado-, se investigó y se verificó el envío de los oficios pertinentes, no sólo al Senado, sino también al Registro Civil . De modo que, efectivamente, ese trámite es automático.
Tiene la palabra el Senador señor Silva , y después, el Honorable señor Chadwick .
Señor Presidente , en primer lugar, quiero expresar que nos hallamos plenamente satisfechos por la conducta de la Mesa. Creemos que el señor Presidente ha procedido con absoluta ponderación, serenidad e imparcialidad. De manera que, al respecto, no puede haber ninguna duda.
En cuanto a los planteamientos expuestos, deseo informar a la Sala oficialmente -porque me consta- que el Registro Civil , en su oportunidad, declaró aquello a que se refería el Honorable señor Zurita y remitió la nota correspondiente al Director del Registro Electoral , don Juan Ignacio García , quien me comunicó que había recibido la nota respectiva de aquel Servicio y que, en consecuencia, había procedido a eliminar del Registro Electoral la nominación del señor Lavandero .
Por lo tanto, no va a ocurrir aquello que, en forma justificada y con temor, algunos señores Senadores creyeron en cuanto a que se podría estar incurriendo en una omisión a base de la cual hipotéticamente se llegaría a decir que en cierto momento habría dos Senadores en la misma función.
Nada de eso se ha dejado de cumplir.
En consecuencia, ante la pregunta de la Honorable señora Matthei , estoy en condiciones de expresar de manera categórica que a todo se le dio cumplimiento. Y nos percatamos oportunamente de que así había acontecido.
Ahora sólo cabe atenerse a lo planteado de modo adecuado por el señor Presidente -al parecer, la Sala lo aprobó sin reparos- en cuanto a que únicamente resta oficiar al Tribunal Calificador de Elecciones para que de manera formal -porque no va a emitir un pronunciamiento de fondo, ni con arreglo a Derecho; tampoco deberá hacer interpretaciones-, y con la mayor brevedad posible, declare que en la nómina electoral respectiva figuró como candidato, junto con el Senador señor Lavandero , el señor Vásquez .
Simplemente, procede actuar en consecuencia.
Señor Presidente , creo que deberíamos dar término a un asunto que no ha sido muy grato. Afortunadamente, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional desde el primer momento han dado cabal y plena razón a la proposición de la Mesa.
Señor Presidente , intervengo para ratificar y hacer mío lo que expuso el Honorable señor Silva .
A mi parecer, la Mesa ha procedido de modo perfecto.
En los últimos días, básicamente se planteó la duda jurídica de si correspondía que la cesación en el cargo fuera declarada por el Tribunal Constitucional. Pero desde el inicio de esta discusión la Mesa señaló que, cuando se trata de la pérdida de una causal general de elegibilidad, corresponde al Tribunal Calificador de Elecciones ponerla en conocimiento y no que la califique el Tribunal Constitucional.
La sentencia entregada hoy por el Tribunal Constitucional es absolutamente clara, precisa y directa para señalarlo en esos términos. En sus considerandos expresa que, cuando un Parlamentario incurre en una causal de pérdida de un requisito general de elegibilidad -precisamente, el caso del Senador señor Lavandero -, cesa ipso jure en su cargo y se entiende de pleno derecho que se ha producido la cesación.
Es clarísimo el fallo.
Aún más, para enfrentar situaciones futuras que puedan surgir en el Senado, parte del considerando decimosegundo de la sentencia señala que "resulta improcedente la declaración de inhabilidad que se solicita".
Ese pronunciamiento ratifica plenamente lo que expuso la Mesa ante el Senado y deja del todo claro el camino por seguir, no tan sólo en este caso -ya por completo zanjado-, sino también para el futuro: si se pierde un requisito general de elegibilidad, se cesa en el cargo de pleno derecho, ipso jure, sin necesidad de pronunciamiento del Tribunal Constitucional.
Señor Presidente , la intervención del Senador señor Chadwick me permite ser breve.
Comparto con Su Señoría el reconocimiento a la Mesa por la forma como ha conducido este proceso y por la claridad con que ha enfrentado el tema desde la perspectiva estrictamente jurídica.
Desde luego, es legítimo que en materias jurídicas haya opiniones discrepantes y que se quiera recorrer los caminos que establece el propio Derecho para dilucidar las dudas. Cuando se busca claridad para proceder con apego al Derecho, no vemos una actitud odiosa. Y respetamos, por cierto, a quienes optan por recorrer esta vía.
Nunca tuvimos dudas acerca del desenlace en esta materia. El fallo es tan categórico que tres Ministros desestimaron el requerimiento por considerar innecesario que el Tribunal Constitucional emita un pronunciamiento. Y los otros dos también lo desecharon, porque entienden que dicho Tribunal carece de jurisdicción y de competencia para pronunciarse al respecto. De modo que, desde el punto de vista de la interpretación constitucional, resultaba absolutamente claro que los pasos propuestos en su hora por la Mesa para dar curso a este proceso eran los correctos.
Por otro lado, a propósito de la intervención del Honorable señor Zurita , debo hacer presente que al Senado le cabe cumplir la sentencia en la parte que realmente le compete: producida la vacancia, debe adoptar las medidas para que se provea el reemplazo en el cargo, con apego a la Constitución.
Deseo manifestar -y al señor Presidente le consta- que el ciudadano Guillermo Vásquez , quien seguramente, a partir de la resolución del TRICEL, será llamado a ocupar el escaño que dejó el ex Senador don Jorge Lavandero , ha estado en una permanente actitud de colaboración. De su parte, en ningún momento hubo una actitud de precipitación, de fuerza, buscando generar situaciones que pudieron haber significado para el Senado un bochorno, como en algún minuto, sin fundamento, se llegó a sostener.
Finalmente, deseo hacer una declaración.
El ex Senador don Jorge Lavandero enfrenta, sin duda, la hora más dolorosa de su vida. Para nosotros, perdura el recuerdo del gran Senador que fue. Perdura el recuerdo del legislador consagrado a su tarea y del político que a través de toda su existencia se comprometió en la lucha por redimir a los pobres, por defender los recursos naturales del país, por mejorar el sistema previsional chileno.
Y puedo darles garantías, Honorables colegas de la Democracia Cristiana, de que el señor Guillermo Vásquez llegará aquí a proseguir justamente esa tarea con el mismo empeño, a contribuir y a trabajar con ustedes a fin de que la Concertación continúe dando buen gobierno al país. No viene, por cierto, a buscar divisiones ni tensiones al interior de la coalición. Viene a asumir en plenitud sus funciones de Senador, en la forma como saben hacerlo los que militan en el Partido Radical: compartiendo con respeto y fraternidad con quienes no se tienen los mismos puntos de vista y actuando con lealtad, solidaridad y compromiso con todos los que participamos en un proyecto común.
Señor Presidente , centraré mis reflexiones en dos materias distintas.
En primer lugar, quiero respaldar lo dicho por el Honorable señor Adolfo Zaldívar en el sentido de que los Senadores de estas bancas desde el primer momento pensamos que debía respetarse la juricidad y lo establecido en la Constitución.
El considerando séptimo del fallo del Tribunal Constitucional, que recién hemos conocido, prescribe que "por oficio Nº 4.786-2005, de 9 de agosto en curso," -el día de ayer- "la Corte Suprema comunicó a este Tribunal el rechazo del recurso de queja, Rol Nº 3.478-2005, interpuesto por el señor Jorge Lavandero Illanes en contra de dos Ministros de la Corte de Apelaciones de Temuco , a raíz de las faltas o abusos en que habrían incurrido en el pronunciamiento de la sentencia definitiva de segunda instancia.".
En consecuencia, por propia declaración del Tribunal Constitucional, queda refrendada la tesis que los Senadores de estas bancas defendimos desde el primer momento, en cuanto a que había que esperar el término del proceso.
Nosotros siempre nos hemos caracterizado por respetar los fallos. Y no estamos buscando subterfugios.
Alguien dijo ayer que existía una maniobra en curso: no la hubo.
En la segunda parte de mi argumentación, deseo referirme al fondo del asunto.
En este momento el Senado de la República está debatiendo el procedimiento para reemplazar a un Senador elegido soberanamente por más de 81 mil votos. El Parlamento chileno -nuestra Corporación y la Cámara de Diputados- ha decidido que el mecanismo existente debe ser cambiado. La disposición pertinente establecida en la Constitución del 80 permitía ocupar el cargo vacante a quien no tenía respaldo ciudadano, por el simple hecho de haber sido compañero de lista -aunque hubiere sacado el 10 por ciento del total de los votos- del parlamentario objeto de la inhabilitación.
¡Ésa es la verdad! ¡Ése es el fondo de lo que hay que discutir!
Este fallo contradice aquel criterio. ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de Senadores institucionales o designados, sino de personas que recibieron un mandato popular, que no se respeta en la cláusula constitucional y que, por lo mismo, el Parlamento ha modificado. Faltan cinco días -¡cinco días!- para el acto formal donde el Congreso Pleno ratificará la reforma de la Carta Fundamental que cambiará definitivamente este procedimiento.
¿Hay alguien aquí, en el Senado, que pueda decir que esto ha sido una maniobra para sencillamente beneficiar a fulano, zutano o mengano? ¡No, señor Presidente!
A la gente, afuera, hay que decirle la verdad: ¡el mecanismo de reemplazo existente ha sido abandonado por el Parlamento porque no es correcto! Hubo Senadores que presentaron tres mociones de reforma constitucional para cambiar ese procedimiento y acordar lo que el Senado y la Cámara de Diputados ya resolvieron, que no será objeto de modificaciones ni en el Congreso Pleno ni mediante el veto del Presidente de la República .
Es cierto: se cumplirán los trámites legales, como aquí se ha planteado. No seremos nosotros quienes cuestionemos eso. Pero que quede claro que ¡el procedimiento que se llevará a cabo no respeta la soberanía popular como expresamente lo indicó el Congreso Nacional!
Me dirán que eso es lo que está vigente en la Constitución, que las letras están hablando. Pero lo concreto es que aquí no estará representado quien obtuvo la mayoría ciudadana encarnando un conjunto de principios, valores e ideas. Eso ha quedado claro.
Dejamos constancia de ello, señor Presidente, y rechazamos las imputaciones hechas en el sentido de que ésta era una maniobra. En realidad, estamos defendiendo la ética y la moralidad de un principio que en la Carta Fundamental ya ha sidointroducido.
Señor Presidente , con la sentencia del Tribunal Constitucional que hemos conocido se clausura el último espacio artificialmente creado para impulsar algunas medidas dilatorias.
Deseo en esta ocasión felicitar a la Presidencia del Senado por haber mantenido una sola línea de interpretación jurídica, que es la que en definitiva, como era lógico esperar, prevaleció.
El señor Presidente, tal vez seducido por incorporar a su personalidad una suerte de atributo ecuménico, concedió la posibilidad de que se consultara a la Corte Suprema si la sentencia estaba ejecutoriada.
El Alto Tribunal, que nunca ha sido dado a las ironías, casi incurre en una en el texto que nos remitió. En palabras simples, nos dijo: "¡No pregunten cosas obvias!".
Por otro lado, también se insistió en que todavía era necesario apelar a un procedimiento más: esta vez, al Tribunal Constitucional.
Pues bien, si se lee entre líneas la sentencia, podemos advertir un tono de amonestación al Senado. Porque, al igual que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional nos dice cómo no nos habíamos dado cuenta de que éste era un tema absolutamente finiquitado y de que, por imperio natural, por una interpretación absolutamente fluida y directa del texto respectivo, tenía que hacerse lo que el señor Presidente de esta Corporación propuso en su oportunidad.
¡Ahora ya casi me sorprende que no haya una propuesta en el sentido de consultar al Secretario General de la ONU....!
En términos simples, ha culminado un proceso que se ha impuesto por la naturaleza misma de las disposiciones que nos rigen.
Y, para concluir, quiero señalar,...
¡La Constitución del 80, a la que usted se oponía, señor Senador ...!
...respecto de lo manifestado por el Honorable señor Moreno , que su razonamiento se aleja absolutamente de lo que debe ser el espíritu que ha de animar a un miembro de la Concertación, y más genéricamente, a quien forma parte de un conglomerado político.
Estas disposiciones, que hoy son objeto de críticas, responden al hecho de que formamos parte de una coalición.
En 1989, el Senador señor Andrés Zaldívar obtuvo un triunfo resonante pero inesperado gracias a los votos radicales. Sin embargo, ahora su partido se queja de una votación un tanto desproporcionada respecto de quien triunfó, sin atender al hecho de que en una coalición debe haber un sentido de colaboración recíproca: si bien se da la competencia descarnada en algunas circunscripciones, se compensa en otras donde determinada colectividad política no lleva candidato pero aporta sus sufragios a los miembros de otras.
¡Ése es el sentido exacto con que debe interpretarse el ser miembro de una coalición!
Por lo tanto, no nos quejemos del resultado que hoy se consigue, porque es la forma natural en que deben resolverse las cosas, existiendo un texto, por lo demás, absolutamente prístino, claro, no sujeto a interpretaciones de ninguna índole.
Corresponde entrar al Orden del Día.
Quiero hacer un comentario, una sugerencia, para la sanidad del Senado.
¿Podría transcribirse la intervención del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra para hacerla llegar, enmarcadita, así, bonita -en especial la última parte-, a todos los partidos políticos, a los movimientos y a los distintos sectores a los cuales Su Señoría ha pertenecido...? Porque venir a predicar la moral acá de esa manera -por lo menos a mí, en lo personal- insulta.
Hay que tener un mínimo de coherencia, a mi juicio.
¡Sobre todo quien no la tiene...!
Creo que debiéramos entrar al Orden del Día.
Pido palabra, señor Presidente .
Entramos a otra materia.
¡Señor Presidente !
Señor Senador, ¡por favor!
Ya terminamos esta discusión.
¡No, pues, señor Presidente!
Su Señoría habló ayer, anteayer...
¡Y usted ha abusado, señor Presidente!
¡No he abusado de ninguna manera, señor Senador !
¡Yo no le acepto que...
¿ se dirija a mí en esos términos!
¡Usted debiera tener la caballerosidad de respetar al respaldar sus planteamientos!
Señor Presidente , si me permite,...
¿ quiero hacer uso de la palabra.
No se la voy a dar, porque se la concedí al Honorable señor Arancibia.
Senador señor Arancibia , le pido una interrupción.
¡Ya ha hablado demasiado...!
Muchas gracias, Senador señor Arancibia . Le agradezco su caballerosidad.
Señor Presidente, quisiera...
¡Pero libere el micrófono primero para ver si se la concedo o no...!
Excúseme, señor Senador. Es que leí en su gesto que me la concedía.
¡El gesto es lo que vale...!
¡Otro error de interpretación...!
Tiene la palabra el Senador señor Arancibia.
Señor Presidente , le doy la interrupción al Senador señor Adolfo Zaldívar.
No esperaba menos de usted, señor Senador.
Señor Presidente , quiero decir -para terminar con este tema, que no ha sido grato para nadie; imagino que usted coincidirá conmigo en eso; hemos mantenido una gran amistad por muchos años y no la perderé por este asunto- que las discrepancias se deben plantear como corresponde. Sobre este punto, he tenido una diferencia sustancial y la he hecho presente con respeto.
Si hay algo que me queda claro después de este debate, es que la Constitución del 80, al cambiar la calificación de las causales de inhabilidad, procedió con gran sabiduría, porque la limitó exclusivamente a una determinación jurídica.
Si hubiésemos seguido al pie de la letra este camino, nos habríamos evitado el debate político, el cual no corresponde para calificar jurídicamente esta situación.
El fallo del Tribunal Constitucional que conocimos hoy día nos habría facilitado el procedimiento.
Ahí estuvo el error.
La verdad es que, a mi juicio, el tema ya está agotado.
La minuta que hice llegar en su oportunidad a los señores Senadores se halla absolutamente en la misma línea del fallo del Tribunal Constitucional.
Por lo tanto, no voy a seguir en esto.
Puede hacer uso de la palabra el Senador señor Arancibia.
Señor Presidente , en nombre del Comité Unión Demócrata Independiente, quiero consultar cuál fue la razón por la que se suspendió la sesión especial convocada para hoy a las 15:30.
El señor Ministro del Interior solicitó el retiro de la propuesta de designación de don Rubén Ballesteros para ocupar la vacante producida en la Corte Suprema. Señaló que la repondría en una fecha próxima.
Ése es el motivo por el cual se suspendió la sesión especial secreta.
¿Y eso se puede hacer?
¿Señor Presidente , me permite plantear un problema de orden?
Señor Presidente , me confundí con el debate que se registró en la Sala y olvidé formular una solicitud.
Pido a la Mesa que recabe el asentimiento de la Sala para abrir un nuevo plazo de presentación de indicaciones al proyecto que regula la publicidad y el consumo del tabaco, hasta el próximo martes, 16 de agosto, a las 12.
La Comisión de Salud concluyó el estudio de la iniciativa ayer, pero el Gobierno requiere introducir algunas modificaciones.
Si le parece a la Sala, se accederá a la petición del Senador señor Viera-Gallo.
Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, con el fin de restablecer la exclusividad universitaria de la carrera de Trabajo Social, con segundo informe de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Educación, sesión 43ª, en 12 de abril de 2005
Educación (segundo), sesión 22ª, en 9 de agosto de 2005.
Sesión 52ª, en 17 de mayo de 2005 (se aprueba en general).
La iniciativa fue aprobada en general en sesión de 17 de mayo del año en curso.
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología deja constancia, para los efectos reglamentarios, de las indicaciones aprobadas y de una indicación rechazada.
Las modificaciones efectuadas al proyecto aprobado en general fueron acordadas por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 133 del Reglamento, deben ser votadas sin debate, salvo que un señor Senador, antes del inicio de la discusión particular, solicite impugnar la proposición del órgano técnico respecto de alguna de ellas o que haya indicaciones renovadas.
Sus Señorías tienen a la vista un boletín comparado dividido en tres columnas, que transcriben el proyecto aprobado en general por el Senado; las modificaciones efectuadas por la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y el texto que resultaría de aprobarse dichas enmiendas.
No hay debate general sobre este proyecto, señor Senador .
Lo sé, señor Presidente . Pero creo que vale la pena explicar algunas enmiendas, para facilitar la votación de la Sala.
La Comisión de Educación introdujo una modificación para resolver un problema planteado en la discusión general: qué ocurre con los institutos profesionales que en el curso de los últimos años han formado asistentes sociales; según una cifra estimada, se trata de 5 mil egresados.
El texto acordado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión, y que también fue aprobado en la Cámara de Diputados, contiene una disposición mediante la cual las universidades podrán establecer programas especiales para los asistentes sociales de los institutos profesionales a fin de que, en un año adicional, puedan optar al grado de licenciado y al título profesional. Así no se inhibe el funcionamiento de estas casas de estudio.
Incluso más, se fijó un plazo: los alumnos de institutos que hayan iniciado sus estudios hasta este año podrán terminar adecuadamente su carrera y no serán perjudicados desde el punto de vista de su inserción laboral en el futuro.
Esto es lo que quería informar a la Sala, en nombre de la Comisión de Educación. Y, tal como informó el señor Secretario , todas las modificaciones introducidas al proyecto aprobado en general fueron aprobadas por unanimidad.
Insisto en que no procede el debate en esta materia.
Sí, señor Presidente . Pero quiero aclarar un punto.
Seré más preciso que el señor Presidente de la Comisión de Educación .
La modificación a que hizo referencia Su Señoría dice que las universidades que impartan la carrera de Trabajo Social "deberán" establecer planes y programas especiales para tales efectos, y no "podrán", como señaló el Senador señor Moreno . Ello implica la obligación de ofrecer a todos los que han obtenido el título de Asistente Social en institutos profesionales la posibilidad efectiva de continuar los estudios, siempre que cumplan, desde luego, los requisitos para obtener el grado de licenciado.
Si le parece a la Sala, se aprobará en particular el proyecto.
--Se aprueba en particular la iniciativa y queda despachada en este trámite.
El Senador señor Ruiz-Esquide desea hacer un planteamiento.
Señor Presidente , en sesión anterior se acordó abrir un nuevo plazo para formular indicaciones al proyecto que establece normas para flexibilizar el uso del permiso maternal, hasta el martes próximo, 16 de agosto, a las 12.
Por intermedio de la Mesa, solicito que dicho plazo sea prorrogado por una semana más.
¡No, señor Presidente ! No doy mi acuerdo.
Se me han acercado muchas mujeres para decirme que están esperando que esta iniciativa se convierta en ley cuanto antes para poder postular al traspaso del permiso prenatal al posnatal.
Ruego que no se dé más plazo para indicaciones. Todavía tenemos tiempo hasta el próximo martes.
Después de esa súplica, tiene la palabra el Honorable señor Ruiz-Esquide.
Basta que un Senador se oponga para que no se pueda ampliar el plazo. No necesitamos hacer más alegato.
A Su Excelencia el Presidente de la República , pidiéndole IMPLEMENTACIÓN DE MESA DE DIÁLOGO PARA SOLUCIÓN DE DEMANDAS DE TRABAJADORES MARÍTIMO-PORTUARIOS.
Al señor Ministro de Relaciones Exteriores , solicitándole antecedentes sobre DEMORA EN ENTREGA DE VISAS A EMPRESARIOS CHINOS POR CONSULADOS DE SHANGHAI Y PEKÍN.
Al señor Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales , requiriéndole información acerca de REGULARIZACIÓN DE TÍTULOS DE DOMINIO PARA PROPIEDADES DE SEÑORAS ROSA AHUMADA Y NATIVIDAD HEREDIA.
Al señor Jefe de la Novena Zona Araucanía de Carabineros, solicitándole INFORMACIÓN SOBRE DOTACIÓN POLICIAL DESTINADA A PATRULLAJES EN COMUNAS DE LA ARAUCANÍA NORTE y requiriéndole URGENTES MEDIDAS PARA AUMENTO DE CARABINEROS EN COMUNA DE VICTORIA.
Al señor Ministro de Defensa Nacional, pidiéndole PRESENTACIÓN DE PROYECTO DE LEY PARA FIN DE DESCUENTO POR CONCEPTO DE FONDO DE RETIRO A PENSIONADOS Y MONTEPIADAS DE FUERZAS ARMADAS.
Al señor Ministro de Salud , planteándole CAMBIO DE ESCALAFÓN PARA CHOFERES DE AMBULANCIA.
Al señor Ministro de Defensa Nacional , solicitándole REEMPLAZO DE BUQUE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA "VIDAL GORMAZ".
--Ofrecida la palabra, sucesivamente, en los tiempos de los Comités Unión Demócrata Independiente, Renovación Nacional, Socialista, Institucionales 2, Institucionales 1, Mixto (Partido Por la Democracia y Partido Radical Social Demócrata) y Demócrata Cristiano, ningún señor Senador hace uso de ella.
--Se levantó a las 17:8.
Por la presente Moción, tenemos el honor de presentar a la consideración de esta Honorable Corporación un proyecto de ley que tiene por objeto otorgar, por especial gracia, la nacionalidad chilena a Monseñor Ricardo Ezzati Andrello, como reconocimiento a la valiosa y fructífera labor que durante varias décadas ha realizado en nuestro país, particularmente. En actividades académicas, públicas y privadas, contribuyendo al progreso de la educación y al desarrollo y formación de los más desposeídos.
Monseñor Ezzati nace en Italia el 7 de enero de 1941, hijo de don Mario Ezzati y de doña Asunción Andrello. Llega a Chile el 7 de noviembre de 1959.
Posteriormente, entre los años 1966 y 1971, es enviado a Italia, a estudiar en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, obteniendo el grado de Licenciatura en Teología. Realiza un posgrado Pedagogía Religiosa y Catequética en la Universidad Pontificia y Estatal de Strasboug (Francia), becado por el gobierno francés, obteniendo el título de Masteren Ciencias Religiosas y Pastoral.
En 1974, obtiene el título de Profesor de Estado en la Universidad Católica de Valparaíso.
Su labor en nuestro país, particularmente, en el área educacional ha quedado de manifiesto en su entrega hacia los sectores más modestos.
Es así como entre los años 1973 a 1977, fue Rector del Liceo Domingo Savio y de la Escuela Industrial "San José", de Concepción y lleva a cabo un novedoso programa de educación al trabajo y escuela para todos, reestructurando los talleres de enseñanza de la Escuela.
También crea y dirige el Departamento de Teología en la Sede Talcahuano, de la Pontificia Universidad Católica de Chile e inicia los cursos de perfeccionamiento para los profesores de Religión de la región.
Es nombrado Miembro del Consejo Provincial de los Salesianos.
Inicia la construcción del artístico templo de María Auxiliadora de Concepción y asume, por breves períodos, la responsabilidad de las parroquias de Lota Alto (1973), y del Barrio Norte (1994-1995).
En noviembre de 1977 es nombrado Pro Vicario Provincial, cargo que desempeña hasta marzo de 1978.
Entre 1978-1983 ejerce como Rector del Seminario Salesiano de Lo Cañas, Santiago y Consejero Provincial, responsable de formación de los jóvenes salesianos.
Es designado Profesor de Pastoral Fundamental en la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Nombrado Director del Centro de Estudios y Experiencias Catequísticas CEEC. En colaboración con el Equipo, publica textos de Religión "Ven y verás", para la Enseñanza Media y "Testigos y Apóstoles" para la Confirmación. Dirige y colabora en la Revista "Noticia".
En 1984, participa en la Asamblea General número 23 de la Congregación Salesiana, en Roma.
En ese mismo año, es nombrado Inspector Provincial de los Salesianos de Chile. Permanece en el cargo hasta el 31 de enero de 1991.
En el curso de estos años realiza las siguientes actividades de desarrollo y formación en beneficio de los más desposeídos:
- Estructura las comunidades formativas, especialmente el prenoviciado y la comunidad de estudiantes de teología.
- Crea el Centro Salesiano de Espiritualidad de Lo Cañas.
- Promueve la renovación de la calidad educativa, especialmente para los sectores más postergados. Da impulso a la enseñanza técnica y agrícola a favor de las clases populares.
- Obtiene una importante ayuda del Gobierno de Bélgica para reconstruir la Escuela Agrícola de Catemu, destruida por el terremoto de 1985.
- Realiza un proyecto de desarrollo financiado por el Gobierno Italiano para la Escuela Agrícola de Linares y para 400 familias necesitadas del Valle del Achibueno de Linares.
- Del Gobierno Alemán obtiene significativas ayudas para renovar los talleres mecánicos, eléctricos y electrónicos de los Colegios Técnicos Salesianos de las ciudades de Talca, La Serena y Valparaíso.
- Impulsa la construcción de varias obras religiosas y sociales. Entre ellas: la Iglesia Parroquial y el Colegio Santa Ana de Talca; Iglesia y Centro de Desarrollo Juvenil de Lo Cañas (1989); el Centro de Espiritualidad de La Florida (1987); Casa Provincial en la calle República (1990).
- Abre el nuevo Centro Educativo y Pastoral Salesiano de Puerto Montt.
En 1990, participa en la Asamblea General 24 de la Congregación Salesiana en Roma.
En 1991, deja el cargo de Inspector y organiza el Centro Juvenil de Lo Cañas, destinado a atender a niños y jóvenes de la calle de Peñalolén, Macul y La Florida.
El 29 de junio de 1996 es nombrado Obispo de Valdivia.
A partir de 1998, su labor en Valdivia se centra en:
- Reorganizar la Diócesis en sus ámbitos pastorales y estructurales.
- Crear tres nuevas parroquias en la ciudad. Santa Inés, Cristo Rey y Santos Juan y Pedro.
- Incorporar el trabajo pastoral de la Diócesis a cinco Comunidades Religiosas Femeninas.
- Llevar a término la construcción de la Catedral de Valdivia y celebra su dedicación con la presencia del Cardenal Sodano, Secretario de Estado del Vaticano, el Presidente de la República y la totalidad de los Obispos de Chile.
- Levanta los Templos de los Santos Juan y Pedro y Santísima Trinidad en Valdivia.
- Construye el Centro Comunitario San Juan Bosco; la Casa para los niños del Cían; el Centro de Formación para los Ministros y Diáconos; el Centro Comunitario de Collico, y varios centros comunitarios en las comunas de La Unión, Río Bueno, Futrono y Corral.
- Obtiene las ayudas necesarias para la construcción de salas de clases para los "Huertos Orgánicos" destinados a las familias de extrema pobreza en Valdivia. Crea y organiza el Centro de Especialización agrícola para jóvenes campesinos de Futrono. Obtiene los recursos para el nuevo Internado del Colegio San Conrado de Futrono y para la calefacción del mismo.
En 1997, es elegido por la Conferencia Episcopal de Chile CECH, miembro de la Comisión Pastoral del Episcopado COP, y Presidente del Área de Educación de la CECH; Presidente de la Comisión Episcopal para los Seminarios y miembro de la Comisión Mixta de Obispos-Superiores Mayores.
En ese mismo año, es elegido por la Conferencia Episcopal de Chile y participa en la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos de América.
En 1999, es nombrado miembro del Departamento de Vida Consagrada DEVIC, del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Participa en varios seminarios internacionales de estudios sobre educación.
El de 10 de julio de 2001, es nombrado Obispo Auxiliar de Santiago, Titular de la Nueva Imperial y Administrador Apostólico de Valdivia.
El 8 de diciembre entrega el gobierno de la Diócesis de Valdivia y se traslada a Santiago.
En reconocimiento a su entrega y profunda colaboración, en el 2003, la Conferencia Interamericana de Educación Católica le otorga el reconocimiento "Jesús Maestro", por los servicios prestados a la Educación en América.
En mérito a lo expuesto y como reconocimiento a su destacada y meritoria entrega en el ámbito educacional de nuestro país, sobre todo por los más necesitados, constituye un orgullo nacional y mérito suficiente como para otorgarle, la nacionalidad del país al que ha honrado y servido durante toda su vida.
En consideración a lo anterior y de conformidad al artículo 10 N° 5 de la Constitución Política de la República, es que venimos en presentamos el siguiente:
"PROYECTO DE LEY
Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, a Monseñor Ricardo Ezzati Andrello.".
(Fdo.): RAFAEL MORENO, SENADOR