Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-4163-de-marzo-7-de-1994?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920414f22f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-05-23 09:20:33
Document Index: 384613960

Matched Legal Cases: ['artículo 1746', 'artículo 1746', 'artículo 1746', 'artículo 1746', 'artículo 1617', 'artículo 884']

﻿ SENTENCIA 4163 DE MARZO 7 DE 1994
SENTENCIA 4163 DE 07 DE MARZO DE 1994
CONTENIDO:RESTITUCIÓN DE DINERO EN CASO DE NULIDAD, CORRECCIÓN MONETARIA MÁS INTERESES
TEMAS ESPECÍFICOS:CORRECCIÓN MONETARIA, DECLARACIÓN ANTE AUTORIDAD JUDICIAL, AJUSTE A LA CORRECCIÓN MONETARIA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:269 DE MAYO DE 1994, PÁG.547
Sentencia 4163 de marzo 7 de 1994
RESTITUCIÓN DE DINERO EN CASO DE NULIDAD
CORRECCIÓN MONETARIA MÁS INTERESES
EXTRACTOS: «1. Se ha dicho por la doctrina de la Corte, de manera reiterada y uniforme, que el efecto general y propio de toda declaración de nulidad de un negocio jurídico, es el de retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo. Por tal virtud, la sentencia de nulidad ciertamente produce efectos retroactivos y, por consiguiente, cada parte tiene que devolver a la otra lo que ha recibido como prestación del negocio jurídico anulado, o para decirlo en otros términos, las partes quedan obligadas a devolverse lo que recíprocamente se hubiesen entregado en desarrollo de la relación jurídica declarada nula. Y lo que se acaba de afirmar, es lo que de manera diáfana señala la ley, concretamente el artículo 1746 del Código Civil, al disponer que “la nulidad pronunciada en sentencia que tiene la fuerza de la cosa juzgada, da a las partes el derecho para ser restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo”.
2. Ahora bien, para los efectos del restablecimiento recíproco de las prestaciones, habrá de tenerse en cuenta si el contrato afectado de nulidad se cumplió en todo o en parte, puesto que si nada se ha cumplido, la cuestión únicamente se contrae a la extinción de las obligaciones.
DECLARACIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVOACCIÓN DE NULIDAD DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 3. Si el contrato se ha cumplido, en todo o en parte, y lo que debe restituirse por uno de los contratantes, con motivo de la declaración judicial de nulidad, consiste en una suma de dinero, cuyo valor nominal se ha envilecido, su devolución debe hacerse con el consiguiente ajuste monetario, tal como lo tiene afirmado la jurisprudencia de la Corte, al sostener en uno de los diferentes fallos, que sobre el particular ha pronunciado, que “si con motivo del fallo de nulidad, a una de las partes le corresponde devolver determinada suma de dinero y si por el tiempo transcurrido entre el recibo de dicha suma y su restitución no mantiene su valor real de cambio, por cuanto ha sido afectado por el fenómeno de la depreciación, la devolución debe hacerse con el consiguiente ajuste que comprenda la desvalorización de la moneda...” (Cas. Civil de 24 marzo de 1983). Y esto tiene soporte en el mismo artículo 1746 del C.C., porque cuando este precepto ordena que las partes deben ser “restituidas al mismo estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato nulo, está indicando que el dinero debe restituirse con el poder de compra que tenía en ese entonces y, por ende, si entre la fecha del recibo y la fecha de devolución, se ha envilecido, se impone, por consiguiente su ajuste monetario.
4. También tiene definido la jurisprudencia que para los eventos en que se deba restituir una suma de dinero a consecuencia de la declaratoria de nulidad de un negocio jurídico, su devolución debe ordenarse con ajuste monetario, aun ex officio, sin que en este último evento, el fallo que así se pronuncie, se resienta de inconsonancia.
En efecto, dijo la Corte en fallo de 12 de agosto de 1988, lo siguiente: “No obstante, para una mayor delimitación conceptual, es pertinente añadir que por ser el dinero la medida común de todas las cosas patrimonial y económicamente consideradas, su función también se aprecia en otros ámbitos del derecho, y, por consiguiente, en ellos sí puede ser o es de recibo la facultad del Juez para disponer, de oficio, la revalorización de una suma de dinero, tal como sucede, vr. gr. cuando, como consecuencia de la declaratoria de una nulidad de un acto o contrato, decretada sea a instancia de parte o bien por la exclusiva iniciativa del fallador, se deben ordenar restituciones mutuas, las que, como se sabe, son del resorte o de la incumbencia del juez. En casos como estos, también lo ha expresado la jurisprudencia de la Corte, la determinación atinente a la referida valorización, halla un nítido o incontrovertible soporte en la equidad, encausadora del régimen de las relaciones jurídicas, máxime cuando en estos se advierte un contenido o significación patrimonial”.
El criterio doctrinal precedente ha sido reiterado por la Corte en fallos posteriores, como bien puede verse en las sentencias de 25 de agosto de 1988 y 2 de febrero de 1990.
5. De otro lado, también ha sentado la Corte que las disposiciones legales que gobiernan las prestaciones mutuas a que puede haber lugar, por ejemplo, en las acciones reivindicatorias y de nulidad, tienen su fundamento en evidentes y claras razones de equidad, y se trata de evitar un enriquecimiento indebido. Por tal razón, quedan incluidas en la demanda, de tal manera que el juzgador debe siempre considerarlas en el fallo, bien a petición de parte, ora de oficio. De suerte que cuando se declara la nulidad de un negocio jurídico, no sólo debe restituirse la parte del precio pagado, con corrección monetaria, sino los intereses que como consecuencia normal habría de producir toda suma de dinero, que siendo el contrato de naturaleza comercial, sería el bancario corriente.
6. Como el Tribunal, al decidir como lo hizo, se ajustó a los criterios antes sentados, no pudo producir un fallo incongruente, ni quebrantó las normas sustanciales señaladas en el segundo de los cargos».
(Sentencia de casación, marzo 7 de 1994. Expediente 4163. Magistrado Ponente: Alberto Ospina Botero).
Con el respeto y acatamiento que siempre inspiran las decisiones de mis ilustres colegas de la Sala de Casación Civil, me permito en esta salvedad escrita de voto resumir los motivos que en mi ánimo pesan vigorosamente para no compartir algunas de las ideas en que se sustenta la sentencia anterior, de modo particular en cuanto que, para desechar el segundo de los cargos formulados en la demanda de casación, se afirma en dicha providencia que “...cuando se declara la nulidad de un negocio jurídico, no sólo debe restituirse la parte del precio pagado, con corrección monetaria, sino los intereses que como consecuencia normal habría de producir toda suma de dinero, que siendo el contrato de naturaleza comercial, sería el bancario corriente...”.
1. En el entendido que la afirmación recién transcrita comprende dos partes claramente separables, referida una a la reajustabilidad de una eventual prestación dineraria y la otra atinente al tipo de interés que es de suponerse ese capital produce, ninguna duda tengo que el criterio acogido para regular la primera es acertado y obedece por cierto a orientaciones de jurisprudencia cuya autoridad evoca el fallo. En efecto, si la declaración de nulidad implica la desaparición retroactiva del negocio invalidado mediante sentencia que tenga la fuerza de cosa juzgada, y conforme al artículo 1746 del Código Civil tiene por principio la consecuencia de que las partes sean restituidas “...al mismo estado...” en que se hallarían si ese negocio no hubiese existido, es claro que tratándose de restituciones pecuniarias que de suyo presuponen que los contratantes cumplieron de antemano total o parcialmente las obligaciones por ellos contraídas, las sumas de dinero objeto de devolución deben enterarse con su respectivo reajuste por depreciación monetaria, toda vez que de no ser así las cosas y ante fenómenos inflacionarios significativos, la situación anterior a la celebración del negocio no quedaría del todo restablecida desde el punto de vista económico y la nulidad, contrariando la voluntad del legislador puesta de manifiesto en el precepto que acaba de citarse, se convertiría entonces en fuente de ventaja patrimonial indebida para el deudor de la restitución.
2. Pero por la vía de los intereses que también son exigibles cuando en sentencia judicial es declarada la nulidad de un contrato y en razón a ello deben entregarse en devolución cantidades de dinero, no pueden cambiarse los papeles e incurriendo igualmente en notoria inequidad, abrirle paso al lucro injustificado del acreedor en detrimento del deudor, resultado al que se llega con seguridad cuando para este propósito son aplicados tipos de intereses corrientes que, en cuanto son tales y no la expresión de tasas puras o netas, “... representan las condiciones reales del mercado de capitales...” (Ernesto Simonetto. Los Contratos de Crédito, Parte Segunda, cap. VI, núm. 123) y por lo tanto involucran, no solamente el margen de razonable utilidad que esas sumas de dinero pueden producir en determinado lapso, sino también y entre otros factores de importancia, un componente compensatorio de la depreciación experimentada por el signo monetario durante el mismo período. Por eso, si ante supuestos de la índole del que fue ventilado en el proceso y porque así lo impone el artículo 1746 del Código Civil, ha de concederse por los jueces el reajuste del capital para fijar el alcance de la respectiva obligación restitutoria de origen legal a cargo de una de las partes, es también en guarda del justo equilibrio que aquella norma manda observar que la medida de la deuda por intereses accesoria no debe determinarse con base en tasas que tiendan de algún modo a recomponer de nuevo ese capital erosionado pues dos veces se estaría cubriendo un único concepto que, en síntesis, no es cosa distinta al deterioro por inflación del poder de compra que el hoy acreedor del reembolso pagó en su momento para cumplir los compromisos adquiridos por virtud del negocio con posterioridad invalidado. Las tasas de interés que en consecuencia pueden desempeñar una función adecuada en este ámbito son las que por ministerio de la ley rigieron en el país en épocas en que la caída progresiva del poder adquisitivo de la moneda no tuvo las dramáticas características que actualmente la identifican, es decir, aquellas tasas que con apoyo en textos legales expresos como los artículos 1617 y 2232 del Código Civil, podían tenerse como expresión prudente del valor de la contraprestación del plazo, como el justo precio del uso de recursos financieros ajenos o, en fin, como el precio mesurado por el sacrificio consentido de liquidez, siempre bajo el supuesto de que todo se desenvuelve en condiciones de estabilidad económica ideales y que por lo mismo no es apreciable el efecto de influencias extrañas sobre la tasa neta de interés señalada por la ley.
3. En este orden de ideas, si desde la perspectiva cuyos lineamientos generales acaban de exponerse se hubiera estudiado el segundo de los cargos formulados, habrá que concluir por fuerza que motivos de peso mediaban en verdad para aceptar que el recurrente tuvo razón al sostener en su demanda que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en cuanto aceptó e hizo suya la condena a pagar un capital reajustado junto con “intereses comerciales” calculados en cuanto tales a una tasa corriente que incluye así mismo un alto coeficiente por compensación del deterioro monetario que afectó la suma objeto de restitución, quebrantó a las claras el artículo 1617 del Código Civil y el artículo 884 del Código de Comercio, el primero por falta de aplicación evidente y el segundo por hacerlo actuar en la decisión judicial no obstante ser impertinente para regular la materia controvertida, ello aparte de que tampoco tuvo para nada en cuenta que como lo ha expresado la jurisprudencia y aquí lo reitera una vez más la sentencia de mayoría en sus consideraciones iniciales, la “revalorización” en referencia debe hallar siempre “...un nítido e incontrovertible soporte en la equidad encauzadora del régimen de las relaciones jurídicas...”, lo que obliga a no perder de vista nunca que en este ámbito ha de sobreponerse, para prevalecer naturalmente, “...esa dosis de razonable equilibrio que no le permite a ninguno de los contendientes en litigio lucrarse unilateralmente con ese elemento nocivo del orden económico-financiero que es el proceso inflacionario y el deterioro real del signo monetario...” (G.J. Tomo CC, pág. 23).