Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-16060-de-marzo-1-de-2006?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920421c5cf034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-08-26 05:18:15
Document Index: 357277653

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 344', 'artículo 310', 'artículo 95', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 32', 'artículo 81', 'artículo 111', 'artículo 12', 'artículo 17', 'artículo 16', 'artículo 11', 'artículo 16', 'artículo 18']

﻿ SENTENCIA 16060 DE MARZO 1 DE 2006
SENTENCIA 16060 DE 01 DE MARZO DE 2006
CONTENIDO:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA. OPERATIVOS DE ALLANAMIENTO DE DOMICILIO POR FLAGRANCIA EN LOS QUE MUERE UNO DE LOS HABITANTES DEL INMUEBLE, NO PUEDE DECLARARSE LA RESPONSABILIDAD DE LA NACIÓN, SI NO SE PRUEBA LA CAUSALIDAD ENTRE EL HECHO Y EL DAÑO OCASIONADO.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MUERTE, PRÁCTICA DEL ALLANAMIENTO DE BIEN, ALLANAMIENTO DE BIEN CON ORDEN JUDICIAL, DELITO DE ALLANAMIENTO DE DOMICILIO
Sentencia 73001-23-31-000-15604-01(16060) de marzo 1º de 2006
Rad.: 73001-23-31-000-15604-01 (16.060)
Actor: Secundina Cañizales y otros
Demandados: Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional
Bogotá, D.C., primero de marzo de dos mil seis.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima el 19 de noviembre de 1998, mediante la cual se negaron las pretensiones formuladas por Secundina Cañizales y otros, en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional (fl. 116, c. 1). Sentencia que será confirmada.
El 29 de agosto de 1997, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa establecida en el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo, Secundina Cañizales, Nancy Yaneth Valderrama Cañizales, Javier Valderrama Cañizales, Édgar Valderrama Cañizales, Norma Constanza Valderrama Cañizales, Huber Darío Valderrama Cañizales y Mabel Valderrama Cañizales formularon demanda en contra de la Nación -Ministerio de Defensa-Policía Nacional, para que se le declarara responsable de los perjuicios materiales y morales que sufrieron con motivo de la muerte de Avelino Valderrama, causada por agentes de la Policía Nacional.
Los hechos relatados en la demanda son, en resumen, los siguientes: el 17 de febrero de 1997 un grupo de policías irrumpió, a altas horas de la noche y sin orden de allanamiento y sin que mediara flagrancia, en la residencia de Avelino Valderrama. Una vez en el interior de la casa, golpearon a Édgar Valderrama Cañizales y llevaron a María Teresa Zapata Díaz al baño, la desnudaron y la maltrataron a ella y a los menores. Esta situación anormal le produjo un infarto a Avelino Valderrama, a consecuencia del cual falleció. Para justificar la arbitrariedad los agentes optaron por la coartada de hacer aparecer estupefacientes y decomisaron una suma de dinero (fls. 29 a 34, c. 1).
En el escrito de respuesta a la demanda, la Nación-Policía Nacional adujo que los hechos narrados deben probarse, por lo que de las pruebas que se alleguen al proceso se podrá determinar si hubo o no responsabilidad de la administración, al examinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos (fls. 57 a 58, c. 1).
Por auto de 18 de diciembre de 1997 se abrió el proceso a pruebas (fl. 60, c. 1).
En la audiencia de conciliación, realizada el 27 de julio de 1998, el apoderado de la parte demandada manifestó que no le asistía ánimo conciliatorio a su representada, hasta tanto no se profiriera el respectivo fallo en el proceso penal. No se hizo presente el demandante. En consecuencia se declaró fracasada (fl. 94, c. 1).
Por auto de 20 de agosto de 1998 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión (fl. 95, c. 1).
La parte demandante precisó que la prueba testimonial acreditó los hechos narrados en la demanda, esto es, que “el terror que le causó (a Avelino Valderrama) ver a sus seres queridos encañonados con armas de fuego, aceleró su ritmo cardiaco hasta un punto insostenible que generó su deceso” (fls. 99 a 104, c. 1).
El Ministerio Público observó que la pretensión no debe prosperar, pues la actuación de los agentes de policía se adelantó con ocasión de las pesquisas obtenidas por la aprehensión de consumidores de droga, al sorprender a Alexánder García cuando la recibía de un habitante de esa casa según su declaración ante la inspección rural, donde además indica que recibió presiones para tergiversar lo ocurrido a favor de los familiares del occiso. Añadió que la causa reportada en el certificado de defunción radica en problemas respiratorios con presencia de un edema pulmonar revelador del deterioro de su salud, causa inmediata del daño imputado, ajena al operativo policivo que no se acreditó que se hubiese adelantado con excesos o torturas como afirma el demandante (fls. 105 a 108, c. 1).
La parte demandada señaló que la causa del fallecimiento de Avelino Valderrama fue debida a una falla respiratoria ocasionada por edema pulmonar, secundario a falla cardiaca de predominio izquierdo, por otra parte conforme al acta de levantamiento de cadáver el occiso no presenta heridas externas. Agregó que según providencia de 12-09-97 el Juzgado 74 de IPM se abstuvo de iniciar proceso penal contra los implicados, que también en la investigación disciplinaria se ordenó el archivo de las diligencias y que la prueba testimonial no permite acreditar lo aseverado en la demanda (fls. 109 a 110, c. 1)
5. La sentencia recurrida.
El tribunal indicó que de acuerdo con las pruebas el ingreso de la policía al domicilio de Valderrama no se hizo arbitrariamente sino en cumplimiento de un deber de policía judicial, con la finalidad de impedir que se siguiera ejecutando un hecho delictivo y no se probó que su muerte haya sido consecuencia del operativo de la Policía, por lo que negó las pretensiones (fls. 111 a 117, c. 1).
6. Razones de la apelación.
La parte demandante concreta su desacuerdo con la sentencia en que en la misma no se hizo un estudio a fondo y adecuado al no realizar un examen profundo del material probatorio obrante en el expediente. Hace especial referencia a un testigo que aseguró que en la penumbra vio a los agentes torturando a la víctima. Reiteró lo expresado a lo largo del proceso en el sentido de que Valderrama murió por un trauma generado por el operativo policial (fls. 128 a 132, c. 1).
7. Actuación en segunda instancia.
En el término concedido en esta instancia para presentar alegaciones (fl. 136, c. 1) las partes y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 138, c. 1).
La responsabilidad patrimonial de la entidad estatal demandada por la muerte de Avelino Valderrama, denegada por el a quo, no habrá de declararse, habida consideración a que no se acreditó un nexo de causalidad entre el daño y el proceder desplegado por los agentes de la policía.
1. Está demostrado en el proceso que Avelino Valderrama falleció el 18 de febrero de 1997, en el municipio del Espinal, Tolima, según el registro de defunción expedido por la Notaría Segunda del Círculo del Espinal, donde se indica como causa del deceso “falla respiratoria-edema pulmunar (sic)-insuficiencia cardiaca-infarto” (fl. 14, c. 1; fls. 14, 15 y 82, c. 2); el acta de levantamiento de cadáver practicada el 18 de febrero de 1997 en la morgue del hospital San Rafael del Espinal (fls. 66 y 67, c. 2); protocolo de necropsia suscrito por un médico legista de la dirección seccional Tolima del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde concluye: “Hombre adulto que fallece por falla respiratoria debido a edema pulmonar secundario a falla cardiaca de predominio izquierdo” (fls. 78 a 80, 98 a 100, 178 a 181 c. 2).
2. Igualmente, está acreditado que la muerte de Avelino Valderrama causó daños a Secundina Cañizales, Nancy Yaneth, Javier, Édgar, Norma Constanza, Huber Darío y Mabel Valderrama Cañizales quienes demostraron el parentesco que los unía con la víctima en calidad de esposa e hijos. Para acreditar el parentesco que unía a esos demandantes con la víctima, se aportaron con la demanda los siguientes documentos: i) Copia auténtica del registro de matrimonio de Avelino Valderrama y Secundina Cañizales expedido por la Notaría Quinta de Ibagué (fl. 5, c. 1); ii) Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Nancy Yaneth Valderrama Cañizales en la que consta que es hija de Avelino Valderrama y Secundina Cañizales (fls. 7 y 98, c. 1; fls. 1 y 2, c. 2); iii) Registro civil de nacimiento de Norma Constanza Valderrama Cañizales en el que consta que es hija de Avelino Valderrama y Secundina Cañizales (fl. 8, c. 1); iv) Registro civil de nacimiento de Mabel Valderrama Cañizales en el que consta que es hija de Avelino Valderrama y Secundina Cañizales (fl. 9, c. 1); v) Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Huber Darío Valderrama Cañizales en el que consta que es hijo de Avelino Valderrama y Secundina Cañizales (fl. 10, c. 2); vi) Copia auténtica del registro civil de nacimiento de Javier Valderrama Cañizales en el cual consta que es hijo de Avelino Valderrama y Secundina Cañizales (fl. 11, c. 1); vii) Registro civil de nacimiento y copia auténtica del acta del registro civil de nacimiento de Édgar Valderrama en los que consta que es hijo de Avelino Valderrama y Secundina Cañizales (fl. 12, c.1 y fls. 4 y 5, c. 2).
La demostración del parentesco en el primer grado de consanguinidad entre la víctima y los demandantes así como la prueba de que Secundina Cañizales era su esposa, unida a las reglas de la experiencia, permiten inferir el dolor moral que estos sufrieron con la muerte de aquel.
3. En cambio, si bien está acreditado que Avelino Valderrama murió, no se logró establecer que haya sido como consecuencia de la acción de agentes de la policía. Conclusión a la que se llega con fundamento en las siguientes pruebas:
3.1 En este proceso declaró Hernando Hernández Cañizales que un día antes de la muerte conversó con la víctima y no estaba enfermo “al otro día quedé asombrado cuando oí en las noticias la muerte de don Avelino, no me consta más. Hay varios rumores de la muerte de él como que la policía lo había golpeado” (fls. 77 y 78, c. 1).
También declaró Alfonso Antonio Ortiz Coronado que “yo lo único que sé es que eso fue una noche, yo estaba durmiendo y no me di cuenta de nada… escuché el rumor que a consecuencia del susto que le hizo pegar la policía le dio un infarto” (fls. 78 y 79, c. 1).
Así mismo declaró Abraham Hernández Gómez que no le constaba nada porque el día de los hechos estaba en su casa (fls. 81 a 82, c. 1).
Igualmente declaró Alirio Ortiz Hernández que no le constaba nada de lo sucedido (fls. 82 y 83, c. 1).
Por su parte, el testigo Marcelino Quevedo Pardo, de 76 años de edad, declaró que
“[e]ran aproximadamente las 12 de la noche, ya me había acostado y como era su (sic) vecino inmediato de esa familia escuché que los perros míos ladraban con insistencia (…) entonces me levanté a observar y vi que los perros me insinuaban (sic) a la mitad de la escala del 2º piso de mi casa, de ese lugar se domina perfectamente con la vista lo que hay en la casa donde vivía don Avelino, cuando vi allá en el fondo o sea en el primer piso un hombre que le tenía un revólver a don Avelino (…) observé nuevamente y el que tenía el revólver era un policía (…) Con relación a las puertas de la casa no veía ninguna que estuviera abierta, ellos se entraron por la tapia, la forcijería (sic) del atacante y del atacado me dio la sensación que era un asalto, yo me retiré y me fui a acostar, al otro ratico escuché que decían lo mató, lo mató, pero yo no escuché detonación de arma de fuego (…) Después supe que había sido la policía el (sic) que lo había matado” (fls. 142 y 143, c. 2)
Finalmente declaró María Teresa Zapata Díaz, esposa de Édgar Valderrama, luego de relatar las presuntas agresiones de la policía a ella y su esposo, que “en ese momento yo salí corriendo hacia la sala, cuando yo llegué a la sala yo vi al finado ya demacrado, estaba sudando y el me pidió agua y él me respondió que no (…) luego entró Rojas y le pegó un empujón que el finado quedó sentado en una silla que estaba en la sala (…) se escucharon los gritos de Édgar cuando Rojas le estaba pegando y entonces el finado se desplomó al suelo, yo llamé a Édgar y le dije que el papá se estaba muriendo (…) Édgar al llegar a la sala y vio al papá en el suelo y le dijo a los agentes que hicieran algo por el papá pero que no lo dejaran morir, en ese momento quedamos en la sala y los agentes se fueron para otra pieza y se secretiaban (sic) y fue cuando lo echaron al finado (sic) en una camioneta, Édgar se subió a la misma y lo arrimaron donde una enfermera que hay en Gualanday y ella lo vio y dijo que ya no se podía hacer nada porque prácticamente estaba muerto, sin embargo lo llevaron para el puesto de salud de Chicoral y le dijeron lo mismo y lo trasladaron para el hospital del Espinal y allí lo dejaron pero él ya estaba muerto” (fls. 184 y 185, c. 2).
3.2. Copia auténtica del protocolo de necropsia de Avelino Valderrama suscrito por un médico legista de la dirección seccional Tolima del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, remitida al a quo por la unidad local del referido instituto, donde se indica que el cuerpo no presenta lesiones, ese informe concluye: “Hombre adulto que fallece por falla respiratoria debido a edema pulmonar secundario a falla cardiaca de predominio izquierdo” (fls. 78 a 80, 98 a 100, 178 a 181, c. 2).
3.3. Copia auténtica de la indagación preliminar adelantada contra el Cp. Jorge Rendón Sánchez y otros por los hechos ocurridos en Gualanday el 18 de febrero de 1997 remitido, a solicitud de las partes, razón por la cual podrá ser valorada en este proceso (1) , por el jefe de asuntos disciplinarios el 3 de marzo de 1998 mediante oficio 316 (fl. 59, c. 2), en la que se ordenó el archivo. Procedimiento disciplinario del cual la Sala destaca:
i) Providencia definitiva que concluyó:
“… En el transcurso de la investigación se logró establecer que el señor Édgar Valderrama Cañizales, sí es un reconocido expendedor de drogas ya que en el procedimiento se le incautaron 38 papeletas de bazuco, por lo cual fue dejado a disposición del Juzgado Promiscuo Municipal de Coello Tolima… [a]demás se pudo establecer que el procedimiento policial se llevó a cabo dentro de los parámetros normales ya que se tipifica la flagrancia, situación esta que permite ingresar a un lugar no abierto al público sin orden judicial según lo estipulado en el artículo 344 del Código de Procedimiento Penal y artículo 310 de la misma norma…” (fls. 9 a 57, c. 2).
ii) Declaración de Alexánder García quien señaló que “estoy siendo presionado por parte de la familia del occiso y el abogado de ellos, quienes me han ofrecido plata para que declare a favor de ellos”. Agregó que fue retenido el día de los hechos por comprar bazuco en la casa de Édgar Valderrama y que en dicho operativo no hubo ningún maltrato ni daño a las personas que habitan esa casa (fls. 52 a 53, c. 2).
iii) Declaración de Teresa Zapata, esposa de Édgar Valderrama, quien aseveró que el día de los hechos fueron agredidos violentamente por agentes de la policía, quienes de manera irregular irrumpieron en su domicilio, a raíz de lo cual su suegro se enfermó gravemente (fls. 39 a 40, c. 2).
iv) Declaración de Édgar Valderrama Cañizales quien señaló que no conocía a Alexánder García Quintero y que tampoco sabía por qué lo habían detenido (fls. 30 y 31, c. 2).
v) Declaración de Lucila Suárez de Céspedes, de profesión enfermera, quien anotó que hacía más o menos cinco años Avelino Valderrama acudía en consulta al centro de salud por problemas respiratorios y del corazón, y que el día de los hechos el comandante acudió a su casa en condición de vecina para que le prestara primeros auxilios ante la situación padecida por Valderrama, pero que ella aconsejó que lo llevaran al hospital porque se trataba de un infarto (fl. 35, c. 2).
vi) Versión libre y espontánea de los agentes Héctor Horacio Devia, Eliécer Rojas Prado, Édison Guzmán Ruiz, Luis Fernando Castro Moscoso y el Cp. Jorge Walter Rendón quienes coincidieron en afirmar que ingresaron a la casa de habitación de Édgar Valderrama al sorprenderlo in fraganti vendiendo unas papeletas de bazuco (fls. 25 y 26, 27 y 28, 32 y 33, 44 y 45, 47 y 48, c. 2).
vii) Declaración de Héctor Hugo Moya, quien precisó que ese día fue detenido por la policía por presuntamente portar unas papeletas de bazuco, que el vio todo porque lo llevaron cuando entraron por la parte de atrás de la casa y vio cómo a la víctima le dio un infarto (fls. 24 y 25, c. 2).
viii) Fotocopia del libro de poligramas, en que aparecen registradas las anotaciones hechas a folios 159, 160 y 161 conforme a la cual se le decomisaron a Alexánder García Quintero unas papeletas de bazuco en momentos en que las recibía de manos de Édgar Valderrama Cañizales “quien se encontraba en la puerta de la casa y al notar la presencia de la policía penetró a la residencia siendo alcanzado por los policiales encontrándose en su poder 38 papeletas de bazuco … seguidamente se procedió a efectuar registro en el lugar …” (fls. 10 a 21, c. 2).
ix) Copia auténtica del oficio 014 de febrero 18 de 1997 mediante el cual el comandante de la Estación Rural de Policía de Gualanday dejó a disposición del Juez Promiscuo Municipal de esa población a Édgar Valderrama Cañizales y a Alexánder García quienes fueron retenidos en flagrancia en momentos en que aquel expedía sustancias alucinógenas a este: “El primero de los nombrados al notar la presencia de la patrulla policial, penetró a su residencia siendo alcanzado por los uniformados, encontrándosele en su poder treinta y ocho (38) papeletas con un polvo al parecer bazuco … cuando se llegó a la vivienda el señor Avelino Valderrama …presentaba graves problemas de salud, motivo por el cual fue trasladado de inmediato al hospital de el (sic) Espinal … motivo por el cual no fue posible practicar un registro minucioso del lugar” (fls. 12 y 114, c. 2).
x) Copia auténtica del oficio 077 de febrero 19 de 1997 dirigido al comandante del Distrito Tres Espinal de la Policía por el comandante de la Estación Gualanday en el que se indicó:
“Siendo aproximadamente las 23:00 horas del 17-02-97 en vía pública se le practicó una requisa al señor Héctor Hugo Moya (…) al cual se le encontraron en su poder cuatro papeletas con un polvo denominado bazuco, al ser interrogado manifestó que momentos antes los había comprado a (…) Édgar Valderrama Cañizales (…) luego a las 24:25 horas aproximadamente un señor de nombre Alexánder García Quintero (…) se acercó a la casa (de Valderrama Cañizales) y llamó a alguien quien salió y le entregó cuatro papeletas con bazuco, de inmediato el agente Rojas lo sorprendió con el ilícito asegurándolo a un poste, simultáneamente el señor que había hecho la entrega penetró rápidamente a la casa siendo alcanzado por los agentes (…) al practicarle una requisa le fueron encontradas (…) 38 papeletas con bazuco (…), seguidamente se le ordenó al señor Édgar que abriera la puerta trasera (…) una vez adentro se efectuó un registro superficial de una parte de la casa sin encontrar otro elemento delictivo.
Pero teniendo en cuenta que al ingresar a la residencia se observó que el señor Avelino Valderrama (…) presentaba problemas de salud, fue necesario suspender el procedimiento y trasladarlo a que le prestaran los primeros auxilios (…) primando salvar la vida del enfermo se llevó hasta la casa de la señora Lucila Céspedes quien hasta hacía unos meses prestaba sus servicios como enfermera pero ella manifestó que debía ser trasladado a un centro asistencial inmediatamente (…)” (fls. 10 a 11 y 112 a 113, c. 2).
3.4. Copia de la hoja de admisión al hospital San Rafael del Espinal remitida por orden del a quo según oficio 080 de febrero 26 de 1998, allí se indica que el paciente Avelino Valderrama llegó sin signos vitales y sin evidencia de trauma (fls. 60 y 61, c. 2).
3.5. Copia auténtica de la investigación penal adelantada contra miembros de la Policía Nacional por el procedimiento llevado a cabo en el corregimiento de Gualanday, municipio de Coello, Tolima, la noche del 17 de febrero de 1997 remitida por el departamento de la Policía Tolima-auditoría principal de guerra, a solicitud de las partes razón por la cual podrá ser valorada en este proceso (fl. 141, c. 2). Investigación adelantada por el Juzgado Sesenta y Cuatro de Instrucción Penal Militar, dentro de la cual la Sala destaca:
i) Acta de levantamiento de cadáver de Avelino Valderrama practicada el 18 de febrero de 1997 en la morgue del hospital San Rafael del Espinal, Tolima, en el que se indica que no se observan heridas externas en el cuerpo (fls. 66 y 67, c. 2).
ii) Denuncia por homicidio de Avelino Valderrama presentada por Édgar Valderrama Cañizales, en la que manifestó que “[e]s importante anotar que un agente de la policía le pegó una patada a mi padre y lo estrelló contra la pared y le produjo una laceración en la frente e inmediatamente se fue a tierra y murió” señaló dentro de los testigos de los hechos a María Teresa Zapata y a Alexánder García Quintero (fls. 89 a 90, c. 2).
iii) Declaración de María Teresa Zapata Díaz, esposa de Édgar Valderrama Cañizales, quien —cuando se le preguntó si los agentes lesionaron a Avelino Valderrama— respondió que el agente “lo estrujaba (sic), pero no le pegó” (fls. 107 y 108, c. 2).
iv) Declaración de Libardo Anacona Chilito quien observó que llegó a la casa de Édgar Valderrama alrededor de las doce y media de la noche cuando ya se encontraba la policía, que los agentes lo requisaron y lo aprehendieron, pero que con él el comportamiento “fue bueno porque no me tocaron para nada, y con los demás no sé porque como le dije a mi no me dejaron entrar a la casa” (fls. 108 y 109, c. 2).
v) Decisión adoptada por el Juzgado Setenta y Cuatro de Instrucción Penal Militar el 12 de septiembre de 1997, dentro de la indagación preliminar seguida, en la que resolvió abstenerse de iniciar proceso penal por haberse demostrado que la muerte de Avelino Valderrama no fue producto de un homicidio sino causada por uno paro cardiaco-infarto (fls. 119 a 121, c. 2).
4. Si bien fue acreditado que la muerte de Avelino Valderrama, ocurrida el 18 de febrero de 1997, tuvo lugar con posterioridad a un allanamiento practicado por agentes de la policía a su residencia, el daño no es imputable a la administración como quiera que no se acreditó un nexo de causalidad entre este y el proceder desplegado por los agentes de la policía.
Los elementos de juicio, legalmente acopiados en este proceso, permiten establecer que los agentes de policía registraron el domicilio de la víctima luego de sorprender en flagrancia a Édgar Valderrama traficando drogas ilícitas, quien —para eludir la acción de la policía— se refugió en su casa.
En efecto, las pruebas documentales y la mayor parte de las testimoniales dan cuenta de las circunstancias, antecedentes y subsiguientes al hecho, que permiten concluir que la causa de la muerte de Avelino Valderrama no fue el operativo adelantado.
Ninguna de las piezas probatorias documentales obrantes en el proceso permite señalar que el procedimiento adelantado por los agentes de policía haya sido irregular ni que en el mismo se hayan cometido torturas o atropellos como se afirma en la demanda. Por el contrario, todo ese material es coincidente en señalar que los agentes de la policía ingresaron al domicilio de la víctima cuando su hijo trató de refugiarse allí una vez fue sorprendido en flagrante delito. Así lo demuestran las anotaciones consignadas en el libro de poligramas, el oficio mediante el cual el Comando de Policía de Gualanday dejó a disposición de un juez a los dos detenidos, una certificación del jefe de recursos humanos del departamento de Policía de Sucre, el libro de poligramas de esa misma fecha y el libro de minuta de información de la policía y el informe del comandante del Distrito Tres del Espinal al Comando de la Estación Gualanday.
Así mismo, consta en el expediente que en la investigación disciplinaria adelantada por el operativo desplegado por los agentes de la policía se logró establecer que el procedimiento policial se llevó a cabo dentro de los parámetros de ley en caso de flagrancia. Además, las piezas de la investigación penal antes referidas también dan cuenta que el Juzgado Setenta y Cuatro de Instrucción Penal Militar, dentro de la indagación preliminar seguida, decidió abstenerse de iniciar proceso penal, al acreditarse que la muerte de Avelino Valderrama no fue producto de un homicidio.
Ahora bien, el testigo Alexánder García, uno de los retenidos esa noche, admitió que fue aprehendido por comprar bazuco en la casa de Édgar Valderrama. Versión que coincide con la vertida por los cinco uniformados que participaron en el operativo. Todas estas afirmaciones fueron corroboradas con la prueba documental aportada al proceso.
Por otra parte, también quedó determinado que la muerte de Avelino Valderrama no fue causada por el proceder lícito de los agentes del orden sino por una patología: falla respiratoria, edema pulmonar e insuficiencia cardiaca, en una persona que —por lo demás— ya padecía estas dolencias con anterioridad al operativo, tal y como se desprenden de la prueba testimonial y documental.
En efecto, aunque Édgar Valderrama Cañizales —a quien se imputa vender alucinógenos— aseguró en la denuncia por homicidio que un agente de la policía le había pegado una patada a su padre y que luego lo había estrellado contra la pared, lo cual a su vez le produjo una laceración en la frente “e inmediatamente se fue a tierra y murió”; lo cierto es que las versiones de otros testigos —por cierto precisamente invocados por él— son radicalmente opuestas.
Al paso que, su esposa, quien fue señalada en dicha denuncia como testigo presencial de los hechos, indicó —por el contrario— que ningún agente le había pegado a su suegro y que tan solo lo “habían estrujado”.
En el mismo sentido se pronunció Alexánder García Quintero, el otro testigo señalado en la denuncia, detenido por presuntamente comprar bazuco a Valderrama Cañizales, quien precisó no solo que los agentes no habían incurrido en ningún exceso en el operativo, sino que además los familiares y el abogado de estos lo habían presionado para que testificara en contra de los agentes de la policía.
Además otro de los detenidos esa noche, Libardo Anacona Chilito, declaró también que el comportamiento de los agentes que lo retuvieron fue “bueno” ya que ‘ni siquiera lo tocaron’.
Todo ello avalado con el dicho serio y verosímil de la enfermera Lucila Suárez de Céspedes, a quien la Sala da crédito por considerarlo claro, responsivo, espontáneo y coherente, el cual da cuenta que desde hacía más o menos cinco años Avelino Valderrama acudía en consulta al centro de salud por problemas respiratorios y del corazón.
A la misma conclusión se arriba al apreciar críticamente la prueba documental. Así tanto en el registro de defunción como en el protocolo de necropsia, se lee claramente la causa de la muerte. Además en la hoja de admisión de la víctima al hospital San Rafael del Espinal se consignó el cuerpo llegó “sin evidencia de trauma”. Lo cual es ratificado por el acta de levantamiento de cadáver en la que se indica que no se observan heridas externas en el cuerpo.
De modo que las afirmaciones del hijo y nuera de la víctima, además de no coincidir entre sí ni con la mayoría de las arriba indicadas, pretenden desconocer la evidencia de los hechos al asegurar que el rostro de la víctima presentaba laceraciones como consecuencia de los supuestos golpes, cuando la prueba documental técnica indica todo lo contrario.
De otro lado Marcelino Quevedo Pardo, anciano vecino del lugar, relató con minuciosidad episodios que tuvieron lugar dentro de la sala de la casa en un lugar cerrado al que, en sana lógica, no podía tener acceso su vista.
Estas tres declaraciones muestran el ánimo de favorecer decididamente los intereses de la parte actora, al punto de presentar evidentes contradicciones en el relato de lo sucedido: no hay coincidencia en lo que hace a los supuestos golpes dados por la policía a la víctima, de modo que repugnan entre sí en los detalles sobre el proceder de los agentes.
Así de la declaración de la esposa de Édgar Valderrama se infiere que este no se encontraba presente cuando su padre se desplomó, y sin embargo él afirma, tanto en la denuncia como en su versión de los hechos, haber visto cómo le pegaban.
Y el dicho de Quevedo Pardo, un vecino que asegura que vio todo desde su casa, no resulta convincente en el relato de los hechos, pues a pesar de estar establecido que los mismos ocurrieron en el interior de una habitación (la sala) aseguró haberlo visto todo desde su casa, lo cual no resulta verosímil, habida cuenta que su vista (que es por lo demás la de un anciano) no podía tener acceso desde el exterior a un recinto cerrado (no se asegura que lo haya visto a través de una ventana); adicionalmente este declarante afirmó que se trataba de un “asalto” pero más adelante indicó que identificó a los agentes de la policía por sus uniformes; pero lo que más llama la atención de la Sala es que en medio de los hechos decidió súbitamente acostarse a dormir lo que indica que lo que lo movía era una cierta curiosidad morbosa por advertir todo lo que estaba pasando y no la denuncia de los mismos como era su deber según lo imperado por el artículo 95.7 constitucional —cuando los hechos narrados aún no llegaban a su punto crítico y apenas se estaban desarrollando— y que al cabo del tiempo oyó unos gritos que indicaban que había muerto una persona, cuando según la versión de Valderrama Cañizales entre los supuestos golpes y la caída de la víctima no pasaron sino unos segundos.
La parte actora imputa la producción del hecho dañoso (muerte culposa de Avelino Valderrama) a una supuesta conducta irregular desplegada por miembros de la Policía Nacional, quienes, según la parte actora, irrumpieron en el domicilio de la víctima sin causa justificada y desplegaron allí un comportamiento irregular.
Hay que señalar que el inciso primero del artículo 28 constitucional prevé dentro de los derechos fundamentales la libertad de domicilio, conforme al cual el domicilio de una persona es sagrado y por lo mismo no puede ser registrado sin que medie una orden judicial, con las formalidades legales y por motivo previamente definido por el legislador.
Garantía constitucional reconocida en múltiples tratados internacionales (2) que integran el denominado bloque de constitucionalidad, y que como lo indicó la Sala en oportunidad precedente:
“se erige en uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, como expresión clara de interdicción de la arbitrariedad, debido a que dentro de la concepción democrática el espacio de habitación, como espacio personal necesario para que el individuo despliegue su autonomía personal y su derecho a la intimidad (3) o privacidad (4) , no puede ser registrado sin orden judicial escrita (5) . Es por eso que en providencia del constitucionalismo inglés se expresó que “la casa de un hombre es su castillo” (6) .
En el artículo 28 constitucional descansa, entonces, toda la carta de derechos del sistema jurídico colombiano, en la medida en que la libertad personal y la inviolabilidad del domicilio son requisitos indispensables para disfrutar de los demás derechos y libertades. Esta condición habilitante de los otros derechos obligó al constituyente de 1991 a ser exigente al momento de permitir su eventual limitación, pues no solo exige el mandamiento escrito de autoridad judicial competente, sino también ordena que tal procedimiento se adelante con arreglo a “las formalidades legales” y “por motivo previamente definido en la ley”, condiciones que aluden, respectivamente, a la garantía del debido proceso (art. 29 ibídem) y a la reserva de ley, principios también de estirpe democrática.
Con fundamento en esos principios el legislador y el juez son garantías inequívocas del Estado de derecho contra eventuales abusos por parte de las autoridades administrativas, entre otros; así entonces a la ley se le reservaron las definiciones de las ritualidades procesales y de los motivos y al juez, como autoridad imparcial, también se le reservó la facultad para ordenar la limitación de ese derecho. Es por lo anterior que la Constitución de 1991 privó a las autoridades administrativas de la facultad de registrar domicilios, sin orden previa de la autoridad judicial competente” (7) .
Con todo, la propia Carta Política prevé una excepción a este régimen garantista en el artículo 32 al disponer que si un delincuente es sorprendido en flagrancia (8) y se refugiare en su propio domicilio, los agentes de la autoridad están habilitados para penetrar en su domicilio en orden a aprehenderlo. En perfecta consonancia con este mandato superior, el artículo 81 del Decreto 1355 de 1970, en armonía con las disposiciones procesales penales, establece:
ART. 81.—Modificado por el Decreto 522 de 1971, artículo 111.
Cuando una persona sea sorprendida en flagrante violación de la ley penal y al ser perseguida por la policía se refugiare en su propio domicilio, los agentes de la autoridad podrán penetrar inmediatamente en él con el fin de aprehenderlo.
Si se acoge a domicilio ajeno la policía podrá penetrar en él, haciendo uso de la fuerza si fuere necesario, sin exhibir mandamiento escrito y previo requerimiento al morador. Si este se opone, podrá ser capturado y conducido ante la autoridad competente para que se le inicie la investigación penal a que haya lugar”.
De allí que los miembros de la policía, en el marco del respeto de la dignidad humana (C.P., art. 1º) (9) y de los derechos fundamentales, solo pueden ingresar sin orden judicial en un domicilio en el supuesto exceptivo antes descrito.
Teniendo en cuenta lo anterior, y de conformidad con lo demostrado en el proceso, la Sala encuentra que la muerte de Avelino Valderrama tuvo como causa eficiente la enfermedad cardiorrespiratoria que padecía con anterioridad al operativo. Para la Sala igualmente es claro que del análisis de las pruebas en su conjunto se desprende que los agentes de la policía obraron conforme a derecho al ingresar en evento de flagrancia a su domicilio, sin apelar a excesos ni maltratos a sus moradores.
En tal virtud, en el sub lite el daño no tiene nexo con la actividad desplegada por la administración, pues no se evidencia un enlace material entre el operativo de allanamiento adelantado y la muerte de la víctima.
CONFÍRMASE la sentencia recurrida, esto es, la proferida por Tribunal Administrativo del Tolima, el 19 de noviembre de 1998.
Magistrados: María Elena Giraldo Gómez, Presidenta de la Sala—Ruth Stella Correa Palacio—Alier E. Hernández Enríquez—Ramiro Saavedra Becerra.
(1) Sobre el valor probatorio de las pruebas trasladadas, ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 19 de noviembre de 1998, expediente 12.124, en la cual se señaló: “Para que la prueba trasladada tenga valor en el nuevo proceso, es menester que su práctica haya estado rodeada de las formalidades propias de cada prueba y fundamentalmente, que la parte contra la cual se opone, haya tenido la oportunidad de controvertirla. Si no se ha dado cumplimiento al principio de controversia, no tiene validez dentro del proceso contencioso administrativo, dado que una prueba no se puede esgrimir válidamente en contra de quien no ha tenido la oportunidad de controvertirla (...) En relación con la prueba testimonial, se requiere la ratificación que consiste en llamar nuevamente al testigo para preguntarle si se ratifica en el contenido de lo declarado ante la otra autoridad judicial o administrativa. Cuando se trata de prueba diferente, por ejemplo de una inspección judicial, o un dictamen pericial, es menester volver a practicar la prueba; en consecuencia, aquella trasladada solo tendrá el valor de indicio. Diferente es la relación que se presenta en relación con la prueba documental y con los informes técnicos y peritaciones de entidades y dependencias oficiales. Si se trata de documentos públicos o privados debidamente autenticados, que han sido aportados en otro proceso y cuya copia auténtica se traslada al proceso contencioso administrativo, para su validez en este último, es suficiente con que el juez mediante auto que lo deje a disposición de las partes por el término de tres días, para que las partes tengan la oportunidad de pronunciarse frente al mismo, en caso de que lo consideren necesario, es decir, otorga la posibilidad de que se surta el trámite de tacha por falsedad. Vencido ese término, sin que las partes hayan hecho manifestación alguna, el documento adquiere plena validez como prueba dentro del proceso y el juez administrativo entrará a otorgarle el valor que de su autenticidad y contenido se derive, calificación que hará en la sentencia”.
(2) Entre los diversos tratados internacionales incorporados a nuestro derecho interno que prevén la libertad de domicilio se pueden citar: La Declaración americana de los derechos y deberes del hombre, artículo IX; la Declaración universal de los derechos humanos, adoptada y proclamada por la asamblea general de las Naciones Unidas en Nueva York en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948, artículo 12; el Pacto internacional de derechos civiles y políticos; en el artículo 17,1; el Convenio OIT 129 en el artículo 16.2 se regula lo siguiente respecto a la inspección del trabajo en la agricultura; la Convención americana sobre derechos humanos “Pacto de San José de Costa Rica”: en el artículo 11.2 y el Convenio sobre los derechos del niño: en el artículo 16.
(3) “Si hay algo que aparece como una manifestación directa de la vida privada, este es el domicilio. En efecto, si se entiende, como así es en el sentir común de la gente, que la intimidad se materializa en una esfera privada libre de intromisiones extrañas, en la cual cada uno puede gozar de tranquilidad y soledad, no es extraño que se identifique con el domicilio. Este aparece como el espacio deificado de la vida privada, donde puede disfrutar de intimidad. El espacio donde cada uno desarrolla su vida privada. Este es precisamente el sentido que es recogido por el ordenamiento jurídico” José Martínez de Pisón Cavero, El derecho a la intimidad en la jurisprudencia constitucional, Civitas, Madrid, 1993, págs. 119 a 120.
(4) Corte Constitucional, sentencias C-024 de 1994, C-041 de 1994 y C-505 de 1999.
(5) A juicio de la Corte Constitucional este concepto de domicilio desborda los restringidos criterios del derecho civil para abarcar además “todos aquellos espacios cerrados, en donde las personas desarrollan de manera más inmediata su intimidad y su personalidad mediante el libre ejercicio de su libertad. La defensa de la inviolabilidad del domicilio protege así más que a un espacio físico en sí mismo al individuo en su seguridad, libertad e intimidad” Corte Constitucional, Sentencia C-024 de 1994. El Tribunal Constitucional Español al estudiar el artículo 18.2 señaló que la noción constitucional de domicilio “no debe coincidir con la que se utiliza en materia de derecho privado” y añadió que “a través de este derecho no solo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella “STC 22/84 de 17 de febrero, citada por Ángel Luis Alonso de Antonio, El derecho a la inviolabilidad domiciliaria en la constitución española de 1978, Editorial Colex, Madrid, 1993, pág. 63.
(6) S.A. de Smith, Constitucional and Administrative Law (Bungay, Suffolk: Penguin Books, 1978), p. 459, citado por Hugo Palacios Mejía, El derecho de los servicios públicos, Editorial Derecho Vigente, Bogotá, 1999, pág. 39.
(7) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2004, Rad. 50422-23-31-000-940345-01 Actor: Fabián Alberto Madrid Carmona y otros, Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Ref. 15.208, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
(8) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 1º de diciembre de 1987.
(9) La Sala ha señalado que “El artículo primero de la Constitución, al definir al Estado colombiano como social de derecho, dispuso que nuestro régimen político está fundado en ‘el respeto de la dignidad humana’; ello significa —y así lo ha entendido la jurisprudencia constitucional— que la dignidad del hombre irradia toda la Carta, al constituirse en ‘el valor supremo en toda constitución democrática’, puesto que se trata a la vez del fundamento del poder político y de un concepto límite al ejercicio del mismo (C.P., art. 5º), al tiempo que legitima todo el catálogo de derechos fundamentales, como valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y razón de ser del mismo. A este respecto Peces-Barba resalta que ‘la raíz de los derechos fundamentales está en la dignidad humana, que se puede explicar racionalmente como la expresión de las condiciones antropológicas y culturales del hombre que le diferencian de los demás seres’, en otras palabras, ser digno significa ‘que la persona humana por el hecho de tener ontológicamente una superioridad, un rango, una excelencia, tiene cosas suyas que, respecto de otros, son cosas que le son debidas’. El principio de la dignidad humana como base indispensable de toda estructura jurídica constitucional y principio orientador de toda interpretación jurídica está íntimamente vinculado con el derecho a la integridad personal”: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de 17 de junio de 2004, Rad. 50422-23-31-000-940345-01 Actor: Fabián Alberto Madrid Carmona y otros, Demandado: Nación-Ministerio de Defensa, Ejército Nacional. Ref. 15.208, C.P. María Elena Giraldo Gómez.