Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/Autos/2002/A061-02.htm
Timestamp: 2017-11-18 01:00:53
Document Index: 105069942

Matched Legal Cases: ['artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 1']

A061-02
Auto 061/02
Referencia: expediente ICC-361. Conflicto de Competencia suscitado entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil en la acción de tutela promovida por Jesús Tovar Gómez contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Se decide por la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- y la Corte Suprema de Justicia –Sala de Casación Civil en la acción de tutela promovida por Jesús Tovar Gómez contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
1. El ciudadano Jesús Tovar Gómez, quien manifiesta obrar en su propio nombre y como heredero universal de Blanca Tovar Carreño y Teresa Tovar Carreño, interpuso acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se protejan sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley y al debido proceso, que afirma le fueron conculcados en proceso civil que cursó en primera y segunda instancia ante los despachos judiciales mencionados y, posteriormente, en casación ante la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
2. El Consejo Superior de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, mediante auto de 29 de abril de 2002, proferido por la doctora Margarita Cecilia Forero Rueda, admitió a trámite la acción de tutela referida y ordenó, entre otras cosas, informar de ello a las autoridades judiciales contra las cuales se interpuso la acción mencionada.
3. El Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en oficio de 2 de mayo de 2002, con imprecisa invocación para el efecto del inciso final del numeral primero y del numeral segundo del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, manifestó ante la magistrada sustanciadora del Consejo Seccional de la Judicatura –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, que esta última Corporación “carece de competencia” para conocer de esa acción de tutela, la cual deberá ser objeto de conocimiento por la Corte Suprema de Justicia según lo dispuesto por el Decreto citado.
4. El Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- en auto de 6 de mayo de 2002, insistió en que la competencia para conocer de la acción de tutela referida le corresponde a esa Corporación en cuanto ella estima que el Decreto 1382 de 2000 no se encuentra conforme a la Carta Política razón por la cual aplica la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4º de la Constitución.
En tal virtud, estima entonces el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- que lo planteado por el Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en el oficio de 2 de mayo de 2002, en realidad, implica un conflicto positivo de competencia, razón esta por la cual dada la informalidad que caracteriza a la acción de tutela debe enviarse la actuación a la Corte Constitucional para que ella lo dirima, y en la misma providencia decide remitirlo entonces para ese efecto a esta Corporación.
5. De esta acción de tutela correspondió inicialmente su conocimiento por reparto al magistrado doctor Jaime Araujo Rentería, pero en razón de que la ponencia por él presentada no fue aceptada por la Sala Plena de esta Corporación en sesión del 28 de mayo de 2002, pasó el expediente al despacho de quien ahora actúa como ponente, según informe secretarial de 30 de mayo del año en curso.
1. Previamente ha de recordarse por la Corte Constitucional que, como esta Corporación lo ha venido sosteniendo en forma reiterada a partir del auto ICC-353 de 7 de mayo de 2002, y hoy lo reitera, luego de expedido el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, proferido por el Presidente de la República y según el cual se “establecen reglas para el reparto de la acción de tutela”, esta Corporación, en auto ICC-118 de 26 de septiembre de 2000, reiterado en numerosas oportunidades, lo inaplicó en virtud de la primacía que a la Constitución ha de darse sobre normas de rango inferior y por la manifiesta incompatibilidad de las disposiciones contenidas en el Decreto mencionado con la Carta Política.
4. Analizada de nuevo la situación por la Corte Constitucional, esta Corporación encuentra que si bien es verdad que el Consejo de Estado mediante auto interlocutorio de 3 de diciembre de 2001 se pronunció en relación con la petición de suspensión provisional del Decreto 1382 de 2000, en el sentido de ordenar dicha suspensión únicamente con respecto al inciso cuarto del numeral 1º del artículo 1º de ese Decreto, la naturaleza misma de la suspensión promisoria no constituye pronunciamiento definitivo pues este sólo puede hacerse en la sentencia con la cual culmine el proceso en que se haya impetrado, a tal punto que el propio Consejo de Estado puede entonces en forma legítima apartarse de su decisión inicial que sólo tiene el carácter propio de una medida cautelar eminentemente transitoria mientras el fallo se produce.
7. Si, como ya se vio, el Decreto 1382 de 12 de julio de 2000 es incompatible con la Constitución Política, razón por la cual ha de darse aplicación preferente a esta última para garantizar su supremacía en relación con normas de rango inferior como las contenidas en el Decreto aludido, resulta apenas obvio que ha de inaplicarse el artículo 1º del mismo Decreto invocado por el Presidente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para aducir la supuesta incompetencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- para conocer de esta acción de tutela, la cual, en todo caso, no podría ser decidida sin quebrantar el principio de la imparcialidad de los funcionarios judiciales en las actuaciones procesales por el propio organismo contra el cual se dirige la acción referida, todo lo cual lleva necesariamente a la conclusión inexorable de que en obedecimiento estricto a lo dispuesto de manera expresa por el artículo 86 de la Carta en armonía con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, si el actor presentó esa acción de tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, es esa entidad y no otra la que, sin dilación ha de conocer y resolver sobre la misma, para lo cual se le remitirá el expediente respectivo.
Primero. Inaplicar el artículo 1º del Decreto 1382 de 12 de julio de 2000, por ser contrario a la Constitución Política conforme a lo expuesto en la parte motiva de este auto, en relación con la acción de tutela promovida por el ciudadano Jesús Tovar Gómez contra el Juzgado Trece Civil del Circuito de Bogotá, el Juzgado Octavo de Familia de Bogotá, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
Segundo.- Envíese el expediente en forma inmediata al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca –Sala Jurisdiccional Disciplinaria- magistrada doctora Margarita Cecilia Forero Rueda, para que se le de trámite en forma inmediata a la acción de tutela a que se ha hecho referencia.
Salvamento de voto al Auto 061/02
REF. Expediente ICC - 361
Peticionario: Jesús Tovar Gómez