Source: http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/Autos/2009/A168-09.htm
Timestamp: 2017-11-25 05:34:01
Document Index: 276667890

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 37', 'artículo 86', 'artículo 2', 'artículo 5', 'artículo 86', 'artículo 3']

A168-09
Auto 168/09
CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE JUZGADO ADMINISTRATIVO Y TRIBUNAL SUPERIOR-Reiteración Auto 124/09
ACCION DE TUTELA CONTRA MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL Y FONVIVIENDA-Competencia de Tribunal Superior
Referencia: expediente ICC-1413
Conflicto de Competencia entre el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Superior, Sala Civil – Familia de Bucaramanga.
Bogotá, D.C., veintinueve (29) abril de dos mil nueve (2009).
Provee la Corte en relación con el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal Superior, Sala Civil – Familia de Bucaramanga, dentro de la acción de tutela instaurada por Jaime Ordóñez Velásquez contra el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA.
1.- El señor Jaime Ordóñez Velásquez, en nombre propio y en su condición de desplazado, instauró acción de tutela contra el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA, por considerar que estas entidades han vulnerado sus derechos fundamentales a la igualdad y a una vivienda digna. Fundamenta su acción expresando que en junio de 2007, las entidades accionadas convocaron a la población desplazada para inscribirse ante la Caja Santandereana de Compensación Familiar y ser beneficiarios de subsidios de vivienda, acto que realizó al llenar los formularios respectivos, exigidos por Cajasan.
2.- Señala que cuando se adjudicaron los respectivos subsidios en diciembre del mismo año, estando calificado para acceder a dicho beneficio, no fue tenido en cuenta. Además, que en el año 2008, Fonvivienda no efectuó convocatoria alguna para entregar los subsidios, razón por la que considera que se le están vulnerando sus derechos a la igualdad y a una vivienda digna.
3.- El proceso le correspondió por reparto al Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil - Familia, despacho que, mediante auto del 11 de febrero de 2009 admitió la demanda de tutela y ordenó vincular a las entidades accionadas.
4.- Mediante providencia del 16 de febrero de 2009 el despacho mencionado, siguiendo una providencia dictada por la Corte Suprema de Justicia, en un caso similar, se declaró incompetente para conocer de la acción de tutela. Consideró “en este caso, en el que nada se pretende respecto del MINISTERIO, el hecho que se haya señalado como demandado, no termina quién es el juez natural del caso, por contera, el tribunal no tiene competencia para avocar el conocimiento de la tutela y por ende debe volver sobre sus pasos, remitiéndola a la Oficina Judicial, con el objeto de que sea repartida a los jueces del circuito o con categoría de tales”. En consecuencia, decretó la nulidad de todo lo actuado hasta el momento y dispuso el reparto del expediente a los jueces del circuito o con categoría de tales de la ciudad de Bucaramanga.
5.- Efectuado nuevamente el reparto, el asunto fue asignado al Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, el cual mediante providencia de fecha 18 de febrero de 2009 declaró su incompetencia argumentando que, de conformidad con la jurisprudencia constitucional, una vez radicado el conocimiento de un proceso de tutela el juez no puede separarse del mismo al advertir que las reglas de reparto radiquen el proceso en otro funcionario, en virtud del principio de la perpetuatio jurisdictionis.
6.- Como consecuencia de lo anterior, no avoca el conocimiento y devuelve el expediente al Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil – Familia, corporación que a su vez, remite nuevamente al Juzgado Tercero Administrativo para que tramite la acción. Finalmente, este despacho se abstiene de asumir el conocimiento de la tutela y remite el expediente a la Corte Constitucional para que dirima el conflicto de competencia presentado.
2.- Lo anterior no plantea una excepción a la regla general contenida en los artículos 256-6 de la Constitución Política y 112-2 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que confieren al Consejo Superior de la Judicatura – Sala Jurisdiccional Disciplinaria, la competencia para dirimir conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones, puesto que, los conflictos que se presenten entre dos autoridades judiciales, con ocasión de una acción de tutela, son siempre conflictos de competencia dentro de la jurisdicción constitucional, así los jueces involucrados pertenezcan a jurisdicciones distintas. Ello es así porque, desde el punto de vista funcional, todos los jueces de tutela hacen parte de la jurisdicción constitucional[2].
3.- No obstante y en atención a los principios de celeridad, eficacia, acceso oportuno a la administración de justicia y el respeto por los derechos fundamentales, la Sala Plena ha considerado que puede conocer y resolver directamente los conflictos que se presenten entre autoridades judiciales que posean un superior jerárquico común[3].
4.- Ahora bien, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, las normas que determinan la competencia en materia de tutela son el artículo 86 de la Constitución, que señala que ésta se puede interponer ante cualquier juez, y el artículo 37 de Decreto 2591 de 1991, que establece la competencia territorial y la de las acciones de tutela que se dirijan contra los medios de comunicación, la cual asigna a los jueces del circuito. Por su parte, el Decreto 1382 de 2000 establece las reglas para el reparto de la acción de tutela y no las que definen la competencia de los despachos judiciales[4], pues por su inferioridad jerárquica frente a las anteriores disposiciones, no puede modificarlas. Precisamente, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado desestimó, mediante sentencia de julio 18 de 2002, la mayoría de los cargos de nulidad contra el mencionado acto administrativo, pues consideró que no era contrario al artículo 86 de la Constitución porque establecía normas de reparto y no de competencia.
5.- Es por ello que la Corte Constitucional ha precisado que “la observancia del mencionado acto administrativo en manera alguna puede servir de fundamento para que los jueces o corporaciones que ejercen jurisdicción constitucional se declaren incompetentes para conocer de una acción de tutela, puesto que las reglas en él contenidas son meramente de reparto. Una interpretación en sentido contrario, transforma sin justificación válida el término constitucional de diez (10) días, como acaece en este caso, en varios meses, lesionándose de esa manera la garantía de la efectividad (art. 2 C.P.) de los derechos constitucionales al acceso a la administración de justicia (art. 229 ibídem) y al debido proceso de los accionantes (art. 29 ibídem)”[5].
Con fundamento en lo anterior, esta Corte estableció, en el auto 124 de 2009, las siguientes reglas para la resolución de los conflictos de competencia en materia de tutela, las cuales son, simplemente, consecuencias naturales de la jurisprudencia constitucional tantas veces reiterada por esta Corporación:
(iv) Ninguna discusión por la aplicación o interpretación del Decreto 1382 de 2000 genera conflicto de competencia, ni siquiera aparente. Por tanto, en el caso de que dos autoridades judiciales promuevan un conflicto de competencia por este motivo, el expediente será remitido a aquella a quien se repartió en primer lugar con el fin de que la acción de tutela sea decidida inmediatamente, sin que medien consideraciones adicionales relativas a las normas de reparto.
6.- Con la anterior argumentación, la Corte no desconoce la validez del decreto 1382 de 2000, simplemente le está otorgando el alcance que debe tener. Se reconoce que las normas de reparto del mencionado acto administrativo deben ser seguidas obligatoriamente por las oficinas de apoyo judicial a la hora de distribuir las acciones de tutela entre los distintos jueces, de modo que, de ninguna forma, el reparto de los procesos debe ser caprichoso o arbitrario.
7.- Establecida la competencia de la Sala para asumir el conocimiento del presente asunto, pues los jueces no poseen un superior jerárquico común, se advierte que el Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil – Familia, no debió declarar la nulidad de lo actuado por estimarse incompetente para conocer de la acción de tutela instaurada por el señor Ordóñez, bajo el argumento de no pretenderse nada en contra del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial sino contra Fonvivienda por lo que, en virtud del Decreto 1382 de 2000, el conocimiento le correspondía a los jueces del Circuito. La anterior conclusión esta basada en dos argumentos.
8.- En primer lugar, esta Corte, en diferentes pronunciamientos[6] ha rechazado la conducta de aquellos jueces de la república que, en el estudio preliminar correspondiente a la admisión de la demanda, deciden determinar contra quiénes ha debido impetrarse la acción de tutela y se fundamentan en ello para declararse incompetentes con el argumento de que la modificación o inclusión de entidades demandadas altera la competencia.
9.- En segundo lugar, como se señaló con anterioridad, una equivocación en la aplicación o interpretación de las reglas de reparto contenidas en el Decreto 1382 de 2000 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente y, mucho menos, a declarar la nulidad de lo actuado por falta de competencia. El juez de tutela debe, en estos casos, tramitar la acción o decidir la impugnación, según el caso.
Tal como indicó la Corte en el Auto 124 de 2009, la declaratoria de incompetencia y el decreto de una nulidad por desatención de una reglas de simple reparto contrarían la finalidad de la acción de tutela y los principios de garantía efectiva de los derechos fundamentales (artículo 2 de la Constitución), de primacía de los derechos inalienables de las personas (artículo 5 ídem) y de informalidad, sumariedad y celeridad que deben informar el trámite de la acción de tutela (artículo 86 ídem y artículo 3 del Decreto 2591 de 1991). Lo anterior porque un asunto que por mandato constitucional debe ser fallado un breve término (diez días) es solucionado mucho tiempo después debido a que la orden de nulidad obliga a rehacer todo el proceso, tal como sucede en el presente caso, en el cual una acción de tutela interpuesta hace tres (3) meses no ha sido decidida de fondo aún.
En consecuencia, se remitirá el expediente de la referencia al Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil – Familia para que le dé trámite y decida en forma inmediata.
Primero.- DEJAR SIN EFECTOS el auto de 16 de febrero de dos mil nueve (2009) proferido por el Tribunal Superior de Bucaramanga –Sala Civil y de Familia- en el cual se declara la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela iniciado por Jaime Ordóñez Velásquez contra el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Fondo Nacional de Vivienda –FONVIVIENDA.
Segundo.- REMÍTASE el expediente contentivo de la acción de tutela instaurada por Jaime Ordóñez Velásquez contra el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y el Fondo Nacional de Vivienda – FONVIVIENDA al Tribunal Superior de Bucaramanga, Sala Civil – Familia, para que continúe con el trámite y decida de forma inmediata.
Tercero.- Por Secretaría General, COMUNÍQUESE al Juzgado Tercero Administrativo de Bucaramanga, la decisión adoptada en esta providencia, con el fin de que tenga conocimiento sobre lo aquí resuelto por la Corte Constitucional en relación con el conflicto de competencia.