Source: https://www.scribd.com/document/28690287/Civil3-Teoria-General-Del-Contrato
Timestamp: 2017-10-20 12:44:22
Document Index: 259526475

Matched Legal Cases: ['artículo 1437', 'artículo 1438', 'artículo 1137', 'artículo 1438', 'artículo 1460', 'artículo 1438', 'artículo 1444', 'artículo 1439', 'artículo 1489', 'artículo 1489', 'artículo 2177', 'artículo 2396', 'artículo 1552', 'artículo 2396', 'artículo 1440', 'artículo 2179', 'artículo 1547', 'artículo 1838', 'artículo 2085', 'artículo 2456', 'artículo 321', 'artículo 2468', 'artículo 1467', 'artículo 1962', 'artículo 2303', 'artículo 1962', 'artículo 1401', 'artículo 1441', 'artículo 46', 'artículo 46', 'Artículo 1773', 'Artículo 2178', 'artículo 20', 'artículo 1559', 'artículo 2396', 'artículo 632', 'artículo 99', 'artículo 32', 'artículo 59', 'artículo 51', 'artículo 954']

PARTE GENERAL CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES. 1.- El concepto tradicional de contrato. El contrato es un acto jurídico bilateral o convención que crea derechos y obligaciones. Se atribuye a la voluntad de las partes un poder soberano para engendrar obligaciones. La voluntad de las partes es por lo tanto, al mismo tiempo: • Fuente de las obligaciones; y • Medida de dichas obligaciones, en cuanto ella fija el alcance o extensión de las mismas. La voluntad de las partes contratantes determina así el nacimiento del contrato y sus efectos. Tal concepto de contrato es fruto de la doctrina de la autonomía de la voluntad, que recogida por el Código Civil francés, también se encuentra como uno de los principios fundamentales del Código Civil chileno. Para la doctrina, este principio fundamental de la autonomía de la voluntad, se descompone, fundamentalmente, en dos subprincipios: • El consensualismo; y • La libertad contractual. Más adelante serán analizados. 2.- El concepto de contrato en el Código Civil chileno. Nuestro Código Civil menciona los contratos como una de las cinco fuentes clásicas de las obligaciones (artículo 1437). El artículo 1438 define a su vez el contrato “o convención”, haciendo sinónimas ambas expresiones. Tal confusión es criticada por la doctrina nacional, puesto que la convención es el género (acuerdo de voluntades destinado a crear, modificar, transferir o extinguir derechos u obligaciones) y el contrato una especie de convención (acuerdo de voluntades destinado a crear derechos y obligaciones), recordándose que todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Así, por ejemplo, la resciliación o mutuo disenso, el pago y la tradición son actos jurídicos bilaterales o convenciones, pero no son contratos, porque extinguen (los tres) y transfieren (la última) derechos y obligaciones, pero no los crean. Por su parte, la novación es a la vez convención y contrato, porque modifica y crea obligaciones, es decir, es al mismo tiempo un modo de extinguir las obligaciones y un contrato. La renegociación de un crédito, por ejemplo, es una convención que modifica obligaciones, pero no implica crear las mismas, pues su fuente generadora fue el respectivo contrato de mutuo.
Sin embargo, cabe tener presente que esta confusión o identificación entre convención y contrato también la podemos encontrar en otros códigos civiles. Así, el Código Civil alemán (del año 1900) y el Código Civil italiano (del año 1942), para el cual contrato es “el acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial”. Por su parte, el artículo 1137 del Código Civil argentino (de Dalmacio Vélez Sarsfield), establece: “Hay un contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común, destinada a regular sus derechos” (concepto atribuido a Savigny). Una segunda crítica se formula a la definición del artículo 1438, en cuanto al objeto del contrato. Debemos recordar que el objeto de todo acto jurídico, y el contrato entre ellos, son los derechos y obligaciones, mientras que tales derechos y obligaciones tienen a su vez por objeto una prestación que puede consistir en un dar, hacer o no hacer (artículo 1460). De ahí a que se diga que cuando el artículo 1438 señala que en el contrato una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer, se omite una etapa, desde el momento que se hace referencia a la prestación como objeto del contrato, en circunstancias que la prestación es el objeto de la obligación y no del contrato. Una definición de contrato más precisa, siguiendo al profesor Jorge López Santa María, sería la siguiente: “el contrato (es un acto jurídico que) engendra obligaciones y (…) éstas a su vez tienen por objeto dar, hacer o no hacer alguna cosa” 1 (la definición está contenida en “Los Contratos. Parte General”. Dos Tomos, segunda edición actualizada del año 1998, la mejor obra en esta materia, y que seguiremos preferentemente en esta parte del curso). 3.- Elementos del contrato. En estas ideas preliminares en torno al contrato, debemos tener presente también que el artículo 1444 establece que en todo contrato distinguimos cosas que son de su esencia (comunes y propias), de su naturaleza y accidentales. Nos remitimos a lo que ya estudiamos en Derecho Civil I. 4.- Funciones de los contratos. Muy amplio es el campo de acción de los contratos. Abarca todo acuerdo de voluntades destinado a crear obligaciones, tanto en el campo de los derechos patrimoniales como de los derechos de familia, sin que tenga importancia si sus resultados son permanentes o transitorios. En otras palabras, el campo de acción de los contratos no se restringe al aspecto patrimonial, a los bienes, sino que también abarca a las personas (así, por ejemplo, en el matrimonio).
LOPEZ SANTA MARÍA, Jorge, “Los Contratos. Parte General” (Santiago, Editorial Jurídica de Chile, año 1998), Tomo I, Segunda edición actualizada, pág. 18.
Teoría General del Contrato – Juan Andrés Orrego Acuña
Para algunos autores, el concepto de contrato comprende solamente los actos jurídicos destinados a crear obligaciones de carácter transitorio, mientras que si se establece o crea un estatuto de carácter permanente, el acto dejaría de ser un contrato para convertirse en una institución. En términos generales, los autores hablan de dos funciones que cumplen los contratos: económica y social. El contrato cumple sin duda una función económica de la mayor importancia: es el principal vehículo de las relaciones económicas entre las personas. La circulación de la riqueza –principio fundante del Código Civil-, el intercambio de bienes y servicios, se cumple esencialmente a través de los contratos. Ninguna persona en su actividad cotidiana, puede escapar al influjo de las normas legales que regulan a los contratos. Sin ellos, el mundo de los negocios sería imposible. Pero el contrato cumple también una función social: no sólo sirve el contrato para la satisfacción de necesidades individuales. Además, es un medio de cooperación entre los hombres. Pensemos que el trabajo, la vivienda, el estudio, la recreación, la cultura, el transporte, etc., implican usualmente una dimensión social o una relación de cooperación entre diversas personas. Advirtamos sí que sólo en el Siglo XX llegó a consolidarse la función social de los contratos, en una tendencia destinada a corregir ciertos abusos que se amparaban en la noción de contrato exclusivamente voluntarista, propia del Siglo XIX. Ello hizo intervenir al legislador, dictando normas imperativas reguladoras de las cláusulas más importantes de aquellos contratos considerados socialmente más significativos. Aparece así el contrato dirigido, bajo la impronta del orden público social o de protección de aquellos individuos dotados de menos poderes de negociación, frente a otros colocados en una posición más fuerte. Aclaremos sí que no siempre la cooperación se impone a los contratantes externamente, por el poder público, sino que puede alcanzarse espontáneamente, cuando los particulares aúnan esfuerzos en torno a un objetivo de relevancia social. Desde otro punto de vista, la función social de los contratos se relaciona directamente con el principio de la buena fe, que impone a cada contratante el deber de lealtad y de corrección frente a la otra parte durante todo el iter contractual, vale decir, desde las negociaciones o conversaciones preliminares –fase precontractual-, pasando por la celebración del acto jurídico hasta la ejecución del contrato y abarcando incluso las relaciones postcontractuales. Desglosando las funciones económica y social de los contratos, distinguen los autores diversas subfunciones de los contratos, en todo caso no taxativas: a) Función de cambio o de circulación de los bienes: que se realiza mediante los contratos traslaticios de dominio, por ejemplo, la compraventa, la permuta, la donación, el mutuo, la transacción
(cuando recae en un objeto no disputado), el aporte en dominio a una sociedad, el cuasiusufructo y el depósito irregular. b) Función de crédito: mutuo, contratos bancarios. Estas son figuras onerosas; excepcionalmente, esta función es gratuita, como ocurre en el comodato o préstamo de uso. c) Función de garantía: mediante contratos accesorios como la prenda, la hipoteca o la fianza, destinados a fortalecer el derecho del acreedor a obtener el cumplimiento de la obligación principal caucionada. d) Función de custodia: a través de contratos destinados a la guarda y conservación de bienes ajenos, como el depósito. e) Función de uso y goce: que se concreta en contratos que proporcionan a un tercero el uso y a veces el goce de una cosa, pero no el dominio, como el arrendamiento, el usufructo, los contratos que generan los derechos reales de uso y la habitación. f) Función laboral: contrato de trabajo, contrato de arrendamiento de servicios, mandato (especialmente el mercantil a comisionistas). g) Función de previsión: seguros mutuos, seguros comerciales, renta vitalicia, administradoras de fondos de pensiones, isapres, etc. h) Función cultural y educativa: contrato de prestación de servicios educacionales, de investigación científica, de extensión, etc. i) Función de recreación: hotelería, transporte con fines turísticos, contratos de espectáculos, el juego y la apuesta, etc. j) Función de cooperación: si bien se encuentra prácticamente en todos o en casi todos los contratos, aparece más patente en los llamados actos intuito personae, como el mandato, la donación, las sociedades de personas, etc. 5.- Clasificación de los contratos. Al respecto, debemos considerar en primer lugar aquellas clasificaciones legales, contenidas en el Código Civil, y en segundo lugar, aquellas que ha ido elaborando la doctrina recogiendo la cambiante realidad social, cultural y económica, cuya dinámica ciertamente excede las fijaciones que el legislador puede efectuar. 5.1. Clasificaciones del Código Civil chileno. A) Contratos unilaterales y bilaterales. a.1) Conceptos. Se refiere a esta clasificación, el artículo 1439 del Código Civil. Los contratos se denominan unilaterales o bilaterales según impongan obligaciones a una sola de las partes o a ambas partes. No se atiende con esta clasificación al número de voluntades que se requieren para que se perfeccione el acto jurídico, sino al número de partes obligadas, partiendo de la base que ya existe acuerdo de dos o más voluntades, es decir, ya existe una convención o acto jurídico bilateral, que crea obligaciones.
No es lo mismo entonces un acto jurídico bilateral y un contrato bilateral, pero siempre el contrato, como acto jurídico, será bilateral, aun cuando como contrato pueda a su vez ser unilateral o bilateral. En esta clasificación de los contratos tampoco se atiende al número de las obligaciones que se originan, sino a la circunstancia de que se obligue una parte o ambas mutuamente. Contratos unilaterales, entonces, son aquellos en que una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna. Se requiere obviamente el consentimiento o acuerdo de voluntades de ambas partes, pero una asume el papel de deudor y la otra el de acreedor. Ejemplos de contrato unilateral: donación, comodato, depósito, mutuo, prenda, hipoteca. Contratos bilaterales o sinalagmáticos, por su parte, son aquellos en que ambas partes se obligan recíprocamente. El contrato genera obligaciones contrapuestas, de manera que cada parte es deudora y acreedora de la otra. Ejemplos: compraventa, permuta, transacción, arrendamiento, sociedad, mandato. a.2) Trascendencia de la clasificación. La distinción entre contratos unilaterales y bilaterales es la que tiene consecuencias jurídicas más importantes: 1º Resolución del contrato por falta de ejecución o cumplimiento: artículo 1489, condición resolutoria tácita. En todo contrato bilateral va envuelta la condición resolutoria de no cumplirse por una de las partes lo pactado, caso en el cual el acreedor o contratante diligente (o sea el que por su parte ha cumplido o está llano a cumplir con sus obligaciones) puede solicitar la resolución del contrato con indemnización de los perjuicios, si el deudor se encuentra en mora de cumplir. Según los términos del artículo 1489, la condición resolutoria tácita sería inoperante en los contratos unilaterales. No hay acuerdo en la doctrina, sin embargo. Para algunos, sólo tiene cabida en los contratos bilaterales; para otros, cabe en todo contrato oneroso (que usualmente será también bilateral, pero según veremos más adelante, hay varios casos de contratos unilaterales y onerosos). El Código Civil, en todo caso, contempla la condición resolutoria tácita a propósito de dos contratos unilaterales: en el comodato (artículo 2177) y en la prenda (artículo 2396). En ambas disposiciones, si el comodatario o el acreedor prendario infringen su obligación (el primero, porque destina la cosa a un uso que no corresponde al de su naturaleza y el segundo porque sencillamente usa la cosa, facultad de la que por regla general carece), el comodante o el constituyente de la prenda podrán exigir la restitución inmediata de la cosa prestada o prendada, extinguiéndose por ende el contrato. 2º En cuanto a los riesgos: sólo en los contratos bilaterales se plantea el problema de los riesgos (artículos 1550 y 1820), que consiste en determinar si al extinguirse la obligación de una de las partes por caso fortuito o fuerza mayor, se extingue también o por el contrario subsiste
la obligación de la otra parte. Recordemos que en el derecho chileno, la obligación de la otra parte subsiste, y por lo tanto, en la compraventa, por ejemplo, el comprador podrá pagar el precio sin recibir nada a cambio, cuando la cosa específica o cuerpo cierto se destruyó fortuitamente en manos del vendedor, sin mediar condición suspensiva o estipulación en contrario. En los contratos unilaterales, tal problema no se plantea, puesto que el caso fortuito o fuerza mayor extingue las obligaciones de la única parte obligada, extinguiéndose por ende la relación contractual. 3º Principio de “la mora purga la mora”: contenido en el artículo 1552, se aplica sólo en los contratos bilaterales; ninguna de las partes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras la otra no cumpla o esté pronta a cumplir sus obligaciones recíprocas. Es la llamada “excepción de contrato no cumplido”, conforme a la que el demandado puede negarse a cumplir la prestación que le corresponde, mientras el demandante no cumpla o no de principio a la ejecución de la obligación que el contrato ha puesto de su cargo. 4º Cesión de derechos: en los contratos bilaterales, es más usual que una de las partes ceda a un tercero el conjunto de sus créditos y obligaciones que emanan del contrato (lo que no significa, en todo caso, que no pueda operar la cesión de créditos emanados de un contrato unilateral, cuando la única parte que tiene derecho a recibir la prestación, transfiere su derecho a otro). 5º Resolución y revisión del contrato: según lo estudiamos, en la doctrina comparada y en algunas legislaciones, se admite en los contratos bilaterales la resolución o la revisión de los contratos por excesiva onerosidad sobreviniente: teoría de la imprevisión, estrictamente ligada con los contratos onerosos, de ordinario opera respecto de los contratos onerosos bilaterales (lo que no excluye, en algunos casos, que pueda operar en un contrato oneroso unilateral). a.3) Contratos sinalagmáticos imperfectos. En el contrato propiamente bilateral o sinalagmático perfecto, todas las obligaciones nacen al mismo tiempo: al momento de perfeccionarse el contrato por la formación del consentimiento, o si se trata de contratos solemnes, al cumplirse la solemnidad, o si estamos ante contratos reales, con la entrega de la cosa. Las obligaciones, que han nacido en un mismo instante, son interdependientes, de manera que lo que a unas afecta, repercute en las otras. Tal interdependencia no se agota en el nacimiento del contrato, sino que se mantiene durante su ejecución y se proyecta hasta su extinción. Puede ocurrir sin embargo, que ciertos contratos que nacen como unilaterales, por circunstancias posteriores a su generación originen obligaciones para aquella de las partes que inicialmente no contrajo obligación alguna. Tales son los denominados “contratos sinalagmáticos imperfectos”.
Así ocurre, por ejemplo, en el depósito y en el comodato, contratos unilaterales, pues sólo generan obligaciones para el depositario y el comodatario, pero que pueden, a posteriori, generar obligaciones para el depositante y para el comodante, que consistirán en el reembolso de los gastos de conservación de la cosa o en indemnizar los perjuicios ocasionados por la mala calidad de la cosa (artículos 2235, 2191 y 2192). Igual acontece en la prenda (artículo 2396). La doctrina critica sin embargo la denominación de sinalagmáticos o bilaterales imperfectos, porque da la idea que en definitiva nos encontramos ante contratos bilaterales, lo que no es exacto. En efecto, los contratos siguen siendo unilaterales, y tal naturaleza la debemos buscar al momento de su nacimiento o formación. El contrato unilateral no pierde su naturaleza si por hechos sobrevinientes queda obligada la parte que inicialmente no lo estaba. Las nuevas obligaciones, en verdad, no tienen su fuente en el contrato, sino en la ley, siendo independientes de las otras obligaciones primitivas, y no interdependientes. Las obligaciones primitivas, entonces, tienen por fuente el contrato, mientras que en el caso de las sobrevinientes, es la ley. No tienen lugar en los contratos sinalagmáticos imperfectos, por tanto, las instituciones que antes reseñábamos como propias de los contratos bilaterales: condición resolutoria tácita (con las salvedades que hicimos respecto del comodato y la prenda), la teoría de los riesgos y la excepción de contrato no cumplido. Algunos autores, sin embargo, intentan asimilar la última a estos contratos unilaterales, pero ello debe descartarse, desde el momento que la ley otorga en este caso otro instrumento: el derecho legal de retención (artículos 2193 y 2234). a.4) Contratos plurilaterales o asociativos. Son aquellos contratos que provienen de la manifestación de voluntad de dos o más partes, todas las cuales resultan obligadas en vista de un objetivo común. Arranca este concepto del Código Civil italiano. Esta noción se aplica especialmente al contrato de sociedad. En verdad, entre contrato bilateral y plurilateral no hay diferencia cualitativa o de fondo, sino sólo cuantitativa. El contrato plurilateral, sin perjuicio de ciertos rasgos distintivos, sería una especie de contrato bilateral. En la doctrina comparada, especialmente italiana, se indican algunas diferencias entre uno y otro: 1º En los contratos bilaterales surgen obligaciones correlativas y diferentes para las partes (por ejemplo, en la compraventa, la entrega de la cosa por el vendedor y el pago del precio por el comprador); en los plurilaterales, cada parte adquiere derechos y contrae obligaciones respecto a todos los demás (en el contrato de sociedad, por ejemplo, todos los socios se obligan a efectuar un aporte). 2º En los contratos bilaterales, los vicios del consentimiento traen consigo la nulidad del acto jurídico; en los plurilaterales, el vicio de que
adolece la voluntad de uno de los contratantes implica la ineficacia de su concurso al acto jurídico, pero el contrato mantiene validez en la medida que las otras partes puedan lograr la finalidad en vista de la que se contrató. En otras palabras, el contrato subsiste entre las demás partes. 3º En principio, los contratos bilaterales están circunscritos a las partes originalmente contratantes (aunque cabe la posibilidad de cesión de los derechos); los plurilaterales permiten el ingreso de nuevas partes o el retiro de las originales (en la sociedad, el retiro e ingreso de socios). 4º Los contratos bilaterales suelen extinguirse tan pronto nacen, mientras que los plurilaterales suelen generar situaciones estables, jurídicas y económicas, destinadas a durar un tiempo prolongado. B) Contratos gratuitos y onerosos. b.1) Concepto. El artículo 1440 del Código Civil define unos y otros. El aspecto fundamental reside en la utilidad que preste el contrato a las partes. Contrato a título oneroso es por tanto aquél en que cada parte paga la ventaja que obtiene del contrato, es decir, percibe un beneficio a cambio de una contraprestación actual o futura. Contrato a título gratuito, en cambio, es aquél en que una de las partes se procura una ventaja sin que ello le demande un sacrificio, porque no debe suministrar una contraprestación a cambio del beneficio que recibe. Como señala López Santa María, lo que permite clasificar a los contratos en gratuitos y onerosos es un criterio económico, y no un criterio eminentemente técnico-jurídico, como el que sirve de base a la distinción entre contratos unilaterales y bilaterales. De lo que se trata es discernir si el contrato resulta útil o provechoso para una de las partes o para ambas. b.2) Acerca de si los contratos bilaterales son siempre onerosos: regla general y excepciones. Para Ramón Meza Barros, los contratos bilaterales son siempre onerosos: al obligarse, ambas partes reportan un beneficio y soportan el gravamen que significa la obligación recíproca. Tal conclusión (que también sustentan Abeliuk, Mery y Somarriva), es criticada por López Santa María: señala éste que aun cuando lo habitual es que los contratos bilaterales sean onerosos, existen figuras concretas de contratos bilaterales gratuitos, citando al efecto: 1º El mandato no remunerado: si bien el mandato es por naturaleza remunerado, en la práctica muchas veces tiene carácter gratuito, especialmente considerando que se trata de un contrato de confianza. Cuando no se remunera al mandatario, el contrato es gratuito y exclusivamente en beneficio del mandante. Sin embargo, el contrato es bilateral, ya que siempre impone al mandatario la obligación de hacerse
cargo de los negocios cuya gestión le encomienda el mandante y a éste la obligación de proporcionar al mandatario lo necesario para ejecutar el encargo. 2º La donación con cargas: la donación irrevocable o entre vivos, en la que se impone al donatario una carga o modo en beneficio de un tercero, es un contrato bilateral, pues genera obligaciones para el donante y para el donatario, y al mismo tiempo gratuito, ya que no origina utilidad económica al donante sino que exclusivamente al donatario y al tercero beneficiado con el modo. b.3) Acerca de si los contratos unilaterales son siempre gratuitos: regla general y excepciones. Por su parte, los contratos unilaterales son generalmente gratuitos, pero también pueden ser onerosos, como señala uniformemente la doctrina. Tal ocurre: 1º En el mutuo: cuando se refiere a dinero, el mutuario debe devolver la suma recibida (el capital), más los intereses devengados (Ley número 18.010 sobre operaciones de crédito de dinero: la gratuidad no se presume en estas operaciones. A falta de estipulación, el mutuario debe pagar los intereses). El contrato entonces es provechoso para ambas partes, pero sigue siendo unilateral, pues el único que resulta obligado es el mutuario, a pagar las sumas adeudadas. En cambio, si se estipula que la suma prestada no devengará intereses de ninguna clase, el contrato será unilateral y gratuito, pues no le reportará beneficio alguno al mutuante. 2º En el depósito, cuando el depositario está facultado para usar la cosa en su provecho (artículos 2220 y 2222 número 2). 3º En el comodato en pro de ambas partes (artículo 2179): por ejemplo, el perro de caza que se presta con la obligación de amaestrarlo; o la parcela que se presta gratuitamente, obligándose el comodatario a efectuar innovaciones que incorporen nuevas tecnologías en el manejo de los frutales. 4º En las cauciones constituidas por terceros, ajenos a la obligación principal que se garantiza, en virtud de una remuneración o prestación en general realizada o prometida por el deudor principal. En tal hipótesis, el contrato de hipoteca, prenda, fianza, etc., tendrá carácter oneroso, pues tiene por objeto la utilidad del acreedor y del garante (López Santa María). Sin embargo, algunos autores estiman que en el caso anterior, el contrato es unilateral pero gratuito, pues para que fuere oneroso, las partes contratantes deben gravarse recíprocamente, y en los casos citados, es un tercero, ajeno el contrato, quien se grava a favor de una de las partes contratantes (Somarriva). b.4) Trascendencia jurídica de la clasificación de contratos gratuitos y onerosos. 1º Para determinar el grado de culpa de que responde el deudor (artículo 1547): tratándose de los contratos onerosos, el deudor
responde de la culpa leve, considerando que se obtiene por ambas partes un beneficio mutuo. En cambio, en los contratos gratuitos, debemos distinguir a qué parte reporta utilidad el contrato; si sólo reporta utilidad al deudor (comodato, por regla general), responde hasta de la culpa levísima, mientras que sólo responde de la culpa lata o grave, si quien recibe la utilidad es la contraparte (el depósito, por regla general). 2º Tratándose de la obligación de saneamiento de la evicción: esta se reglamenta en la compraventa (artículo 1838 y siguientes), arrendamiento (artículos 1928 y siguientes) y la sociedad (artículo 2085), pero en la doctrina nacional y comparada, se sostiene que es una obligación de la naturaleza de todo contrato oneroso. Algunos códigos civiles (argentino y peruano) establecen que el saneamiento de la evicción se aplica a los contratos onerosos en general. 3º En los contratos gratuitos, la persona con quien se contrata es de relevante importancia: se trata de contratos intuito personae. En consecuencia, el error en cuanto a la persona, vicia el consentimiento (artículos 1455, 1681 y 1682). En los contratos onerosos, la identidad de la persona con quien se contrata es normalmente indiferente, de manera que un error en tal aspecto no tiene trascendencia jurídica, no vicia el consentimiento. Excepcionalmente, los contratos onerosos son intuito personae, como por ejemplo tratándose de la transacción (artículo 2456) o en el caso del mandato remunerado o de la sociedad de personas. 4º Los contratos gratuitos imponen ciertos deberes a quienes reciben los beneficios: así se aprecia en nuestro ordenamiento positivo, en las donaciones entre vivos, las que son revocables por ingratitud del donatario (artículos 1428 y siguientes). Ello es una excepción a la irrevocabilidad de las donaciones entre vivos. Por su parte, el donatario está obligado a proporcionar alimentos al donante que le hizo una donación cuantiosa (artículo 321 número 5); el donante, por su parte, goza del beneficio de competencia, si el donatario le demanda el cumplimiento de la gratuidad (artículos 1417, 1625 –que define el beneficio de competencia- y 1626 número 5). 5º La circunstancia de ser gratuito u oneroso el contrato determina las condiciones en que es atacable por medio de la acción pauliana o revocatoria: En efecto, conforme al artículo 2468, para revocar los contratos gratuitos celebrados por el deudor en perjuicio de los acreedores, basta la mala fe del primero; los contratos onerosos, en cambio, son revocables en la medida que estén de mala fe el otorgante (el deudor) y el adquirente (el tercero que contrató con el deudor), es decir, se requiere que ambos conozcan el mal estado de los negocios del deudor. 6º En los contratos gratuitos, la pura liberalidad es causa suficiente (artículo 1467); en los contratos onerosos, la causa está en relación a las prestaciones recíprocas y a las ventajas que se espera obtener. 7º En materia de contrato de arrendamiento, si el arrendador transfiere la cosa arrendada, el adquirente a título gratuito está obligado a respetar el contrato de arrendamiento; en cambio, si adquiere a título
oneroso, no está obligado a respetar el arrendamiento preexistente, salvo que este se hubiere celebrado por escritura pública (artículo 1962). 8º En el cuasicontrato de pago de lo no debido, tratándose de una especie o cuerpo cierto, si la cosa ha pasado a poder de un tercero, quien pagó indebidamente podrá reivindicarla de dicho tercero, si éste entró en posesión por título gratuito. No cabe reivindicarla si el tercero adquirió por título oneroso y encontrándose de buena fe (artículo 2303). Nótese que título “lucrativo” es sinónimo de gratuito (igual cosa en el artículo 1962). 9º El legislador ha establecido diversas restricciones tratándose de ciertos contratos gratuitos: así, exige la ley insinuación para donar, esto es, autorización judicial para donar (artículo 1401); respecto también a las donaciones hechas a legitimarios o a terceros, podrán resultar inoponibles a los legitimarios, conforme al sistema de los acervos imaginarios, que incluyen la acción de inoficiosa donación (artículos 1185 a 1187). 10° Para determinar cuando el acreedor prendario no puede invocar la prenda tácita: cuando el deudor vende la cosa dada en garantía o constituye a título oneroso un derecho para el goce o tenencia de la cosa, y el comprador o el tercero en cuyo favor se constituye el derecho, ofrece al acreedor pagar la obligación garantizada (art. 2404). Tales son las consecuencias fundamentales de esta clasificación. Podemos entonces sintetizar el contrato oneroso como aquel que implica enriquecimiento y empobrecimiento recíprocos, y al contrato gratuito como aquel que implica enriquecimiento para una de las partes y empobrecimiento para la otra. C) Contratos conmutativos y aleatorios. c.1) Conceptos legales. Se definen en el artículo 1441 del Código Civil y constituyen una subdivisión de los contratos onerosos. c.2) Críticas al art. 1441. En la doctrina, se formulan dos críticas al precepto: a) Desde el momento en que se adopta como determinante en el concepto de contrato conmutativo "la equivalencia de las prestaciones recíprocas", se incurre en un doble error: 1º Se supone por el art. 1441 que el contrato oneroso es siempre bilateral, en circunstancias de que también puede ser unilateral, como ya vimos; 2º Porque da la idea de una supuesta igualdad en las prestaciones, significado que tiene precisamente la expresión "equivalente". Sin embargo, todo contrato oneroso, sea conmutativo o aleatorio, conlleva
riesgo o incertidumbre, lo que en definitiva trae consigo cierto grado de desigualdad en las ventajas económicas que obtienen las partes. Recordemos en este punto que nuestro Derecho tolera tal desigualdad en las utilidades que obtienen las partes, y sólo excepcionalmente, en ciertos contratos, establece normas reguladoras, al existir una ruptura violenta del equilibrio en las prestaciones: lesión enorme, que puede conducir a la nulidad o a la reducción de la prestación excesiva o el aumento de la prestación ínfima. En estos casos, la regla general acerca de la subjetividad en la equivalencia de las prestaciones se modifica, tornándose dicha equivalencia objetiva. b) Se sugiere por el precepto que sólo podrían tener carácter conmutativo los contratos onerosos que originan obligaciones de dar o de hacer; conforme al tenor literal del art. 1441, parecieran excluirse los contratos que originan obligaciones de no hacer, lo que ciertamente es inadmisible. c.3) Conceptos de contrato conmutativo y aleatorio. Lo que básicamente distingue a los contratos conmutativos y aleatorios, es que sólo en los primeros pueden las partes, al perfeccionar el contrato, apreciar o estimar los resultados económicos que traerá consigo. En los contratos aleatorios, en cambio, las partes no pueden hacer ningún cálculo racional en relación a las consecuencias económicas que producirá el contrato. El destino del contrato queda supeditado al azar, a la suerte, a la más completa incertidumbre. Por ello, más precisa es la definición que de estos contratos hace el jurista español Sánchez Román: “Contratos conmutativos son todos aquellos en los que cada una de las partes tiene en cuenta la adquisición de un equivalente de su prestación, pecuniariamente apreciable, y bien determinado desde el momento mismo de la celebración del contrato, y aleatorios o de suerte, todos aquellos en que cada una de las partes tiene también en cuenta la adquisición de un equivalente de su prestación, pecuniariamente apreciable, pero no bien determinado en el momento del contrato, corriendo los contratantes un riesgo de ganancia o pérdida”. c.4) Distinción entre contratos aleatorios y condicionales. No debemos confundir ambas clases de contrato. En los contratos aleatorios, no queda supeditada a una contingencia la existencia o inexistencia de las obligaciones, como ocurre en los contratos condicionales. En los contratos aleatorios, lo que queda supeditado a una contingencia es el resultado económico del contrato, es decir, la mayor o menor utilidad que obtendrán las partes. Pero el contrato aleatorio es un contrato puro y simple. La condición es un elemento accidental, que las partes voluntariamente incorporan al acto jurídico. En cambio, la contingencia de ganancia o pérdida, que también implica futureidad e incertidumbre, es un elemento de la esencia de los contratos aleatorios, que las partes no pueden eliminar si acordaron celebrar un contrato de este tipo.
Con todo, hay casos en los que existe gran analogía entre contratos condicionales y aleatorios, cuando del albur o contingencia incierta depende ya no la extensión de lo que a una parte corresponde pagar, sino que si tiene o no que pagar, es decir, si hay o no prestación. Así ocurre, por ejemplo, en los contratos de seguro contra determinados siniestros. c.5) Ejemplos de contratos conmutativos y aleatorios. La mayoría de los contratos onerosos son conmutativos: arrendamiento, mutuo con intereses, permuta, compraventa de cosas que existen, etc. De los contratos aleatorios trata el CC. en los arts. 2258 a 2283 y entre ellos podemos mencionar la renta vitalicia, el juego, la apuesta, el seguro, etc. También se menciona como contrato aleatorio la venta de derechos litigiosos. Hay contratos que pueden revestir carácter conmutativo o aleatorio, como ocurre en la compraventa de cosas que no existen, pero se espera que existan (arts. 1461 y 1813). Si las partes, al celebrar esta clase de contratos, nada agregan, se entiende que el contrato es conmutativo y condicional, y si la cosa en definitiva no llega a existir, se entenderá fallida la condición; por el contrario, si las partes estipulan que se compra la suerte, entonces estaremos ante un contrato puro y simple, pero aleatorio. c.6) Trascendencia jurídica de la clasificación. Cabe citar un aspecto legal y otro doctrinario: 1º Aplicación de la lesión enorme en algunos contratos conmutativos, cuando la ley expresamente lo dispone. Recordemos que la regla general es que los contratos no sean rescindibles por lesión enorme, puesto que la equivalencia es subjetiva, las prestaciones “se miran” como equivalentes por las partes (aunque en verdad bien puedan no serlo). Excepcionalmente, esta equivalencia debe fijarse dentro de ciertos límites, cuando la ley así lo establece, y la sanción en caso de contravención será la nulidad relativa o la reducción de la prestación excesiva o el aumento de la prestación ínfima. Tal acontece en la compraventa y la permuta de bienes raíces, por ejemplo. Tratándose de la lesión enorme, la equivalencia deja de ser subjetiva y se torna objetiva, considerando la grave desproporción de las prestaciones que las partes miraron como equivalentes. En nuestra legislación, los únicos casos en que se puede alegar lesión enorme, son los siguientes: • Compraventa voluntaria de inmuebles (arts. 1888 a 1896); • Permuta de inmuebles (por aplicación de las normas de la compraventa, art. 1900); • Mutuo con interés (habrá lesión, cuando se pacte un interés que exceda el máximo convencional); • Anticresis (art. 2443);
Partición (art. 1348); En la liquidación de la sociedad conyugal (art. 1776, que hace aplicable el art. 1348); • Casos de cláusula penal enorme (art. 1544). • Aceptación de las asignaciones hereditarias (art. 1234). Este es el único caso, típicamente unilateral, en el que cabe la lesión enorme. Sobre este tema, apuntemos finalmente que algunos autores incluyen entre los vicios del consentimiento a la lesión, lo que otros rechazan aludiendo a su carácter objetivo y no subjetivo: no interesa la intención o los móviles de los contratantes, reduciendo la lesión a una pura cuestión aritmética, con abstracción de toda otra consideración personal o subjetiva. 2º Aplicación de la doctrina de la imprevisión (originada en Francia) o resolución o revisión de los contratos por excesiva onerosidad sobreviniente (originada en Italia). Nos remitimos a lo que explicamos sobre el particular, a propósito del estudio de los actos jurídicos y de las obligaciones. D) Contratos principales y accesorios. d.1) Conceptos. El art. 1442 se refiere a esta clase de contratos. Cabe señalar que aun cuando las expresiones “garantía” y “caución” suelen utilizarse como sinónimos, hay entre ellas una relación de género a especie. En efecto, toda caución es una garantía, pero no toda garantía es caución, pues el derecho legal de retención es una garantía, pero no es caución, pues no se trata de una obligación “contraída” (artículo 46) para asegurar otra obligación. No hay de por medio un contrato, sino que es la ley, en este caso, la fuente de la garantía. d.2) Ejemplos. Son contratos principales, por ejemplo, la compraventa, el arrendamiento, la sociedad, el mandato, el mutuo, el comodato, el depósito, etc. Son contratos accesorios, por ejemplo, la hipoteca, la prenda, la fianza, la anticresis. Se agregan a los anteriores la solidaridad pasiva y la cláusula penal de un tercero. Son en general las cauciones (art. 46). Estas pueden ser reales o personales. En las primeras, una cosa determinada garantiza al acreedor que se cumplirá íntegra y oportunamente la obligación principal. Puede ser tal cosa un bien mueble (prenda) o inmueble (hipoteca). En las cauciones personales, en lugar de garantizar el cumplimiento de una obligación principal con un determinado bien, es un sujeto (por ejemplo, un avalista y codeudor solidario que suscribe un pagar‚) quien se obliga a cumplir dicha obligación, si no lo hace el deudor principal.
Cabe recordar algo que explicamos en el estudio del acto jurídico: aun cuando las expresiones “garantía” y “caución” suelen utilizarse como sinónimos, hay entre ellas una relación de género a especie. En efecto, toda caución es una garantía, pero no toda garantía es caución, pues el derecho legal de retención es una garantía, pero no es caución, pues no se trata de una obligación “contraída” (artículo 46) para asegurar otra obligación. No hay de por medio un contrato, sino que es la ley, en este caso, la fuente de la garantía. Lo mismo acontece con las medidas precautorias que pueda decretar el juez, en el transcurso de un litigio. d.3) Importancia de la clasificación. Esta clasificación tiene importancia, para determinar la extinción de un contrato, de acuerdo al aforismo “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”. En tal sentido, el contrato accesorio tiene una vida refleja en relación al contrato principal (art. 2516, prescripción de acciones; art. 2381 número 3; y art. 2434). Este principio, con todo, no es absoluto. En efecto, hay casos en los cuales, no obstante extinguirse el contrato principal, subsisten contratos accesorios, como ocurre, por ejemplo, en el caso de la reserva de las cauciones, al operar una novación (artículos 1642 y 1643), o en el caso de la “cláusula de garantía general”, a la que aludimos seguidamente. d.4) La “cláusula de garantía general”. Si bien la lógica indica que el contrato principal debiera celebrarse antes o al menos coetáneamente al contrato accesorio, en ocasiones puede celebrarse un contrato accesorio no obstante que la obligación principal aún no existe. Tal es el caso de la “cláusula de garantía general”, cuya validez, respecto de la fianza y la hipoteca, admiten expresamente los arts. 2339, 2º y 2413, 3º (nada dijo el Código respecto de la prenda, por lo que algunos creen que no podría estipularse en esta garantía). En otras palabras, la ley admite la posibilidad de que se celebren contratos accesorios para caucionar obligaciones principales futuras, que aún no existen y que no es seguro que vayan a existir, y de un monto también indeterminado. Usualmente, la cláusula se redacta en los siguientes términos: “Se constituye hipoteca en favor del Banco X, para asegurar el pago íntegro y oportuno de todas las obligaciones contraídas por la sociedad Z, presentes o futuras, directas o indirectas, en moneda nacional o extranjera, etc.”. d.5) Los actos jurídicos dependientes. En relación a esta clasificación, no deben confundirse los contratos accesorios con los llamados contratos dependientes. Estos últimos, si bien requieren para cobrar eficacia la existencia de otro
contrato, del que dependen, no están destinados a garantizar el cumplimiento de este último. Tal ocurre con las capitulaciones matrimoniales, art. 1715. Para que sean eficaces, requieren la celebración del contrato de matrimonio, pero celebrado éste, las capitulaciones, que no lo garantizan por cierto, cobran vida propia, definiendo el régimen patrimonial entre los cónyuges. Otro ejemplo que suele mencionarse es el contrato de novación que, en cuanto genera una nueva obligación, depende de la convención coetánea que extingue la antigua obligación (arts. 1628 y 1630). Sin embargo, es posible refutar el carácter dependiente del contrato de novación, sosteniendo que este es un acto jurídico unitario y no un acto jurídico doble. Acto único que simultáneamente extingue la obligación preexistente y crea la nueva obligación (de ahí la doble naturaleza jurídica de la novación: contrato y modo de extinguir, igual que acontece con la transacción). E) Contratos consensuales, solemnes y reales. e.1) Conceptos: art. 1443. Esta clasificación dice relación con el momento en que nace el contrato, concretamente con los requisitos que hay que cumplir para que ello acontezca. Naturalmente que en todo contrato es requisito de existencia la voluntad, que se denomina “consentimiento” en los actos jurídicos bilaterales; pero el consentimiento debe expresarse en diferentes formas según el tipo de contrato de que se trate. Se denomina consensuales a los contratos para cuya formación basta el consentimiento de las partes, la declaración de voluntad del aceptante, sin que sea preciso cumplir con formalidades o más bien solemnidades, ni tampoco entregar la cosa materia del contrato. En los contratos solemnes, es necesario que el consentimiento se manifieste cumpliendo con la formalidad objetiva que la ley preestablece. Finalmente, en los contratos reales, el consentimiento se expresa con la datio rei o entrega de la cosa. Desde este punto de vista, recordemos que las normas acerca de la formación del consentimiento contempladas en el C. de Comercio, son aplicables a los contratos consensuales, pero no explican por sí solas la formación del consentimiento en los contratos solemnes y reales. e.2) Los contratos consensuales, regla general. En nuestro Código, imbuido por el dogma de la autonomía de la voluntad, en teoría el contrato consensual es la regla general, dado que si la voluntad tiene el poder de generar derechos y obligaciones, fijando la medida o alcance de los mismos, no es posible, sin contradicción, exigirle a esa misma voluntad el obedecer o que se manifieste a través de fórmulas determinadas, como ocurría sobre todo en el Derecho Quiritario en la antigua Roma.
En la práctica sin embargo, usualmente el contrato consensual es un contrato formal, dado que deben cumplirse otras formalidades para celebrarlo (de prueba, de publicidad o habilitantes). De ahí que algunos autores subclasifiquen los contratos consensuales en propiamente consensuales y consensuales formales. En nuestro país, la mayoría de los contratos son consensuales: compraventa de bienes muebles, arrendamiento (salvo si se trata del arrendamiento de predios rústicos, pues en tal caso el contrato es solemne, art. 5, DL número 993), mandato, fianza civil, transacción, etc. e.3) Los contratos solemnes. * Característica fundamental: son solemnes los contratos en que se requiere cumplir con una solemnidad objetiva, exigida por el legislador en atención a la naturaleza del acto o contrato y no en atención al estado de las personas que los ejecutan o celebran (pues en tal caso estamos ante formalidades habilitantes); ni en atención a los intereses de terceros (pues en tal caso estamos ante formalidades de publicidad); ni en atención a exigencias probatorias (pues en tal caso estamos ante formalidades de prueba); ni en atención al pacto de los propios contratantes (pues en tal caso estamos ante formalidades convencionales). * Sanción: recordemos que la sanción será distinta, según se infrinja una u otra de las formalidades reseñadas. El incumplimiento de las solemnidades propiamente tales, trae consigo la nulidad absoluta del contrato (art. 1682) o a juicio de algunos, incluso la inexistencia jurídica (arts. 18 y 1701); una u otra será entonces la sanción, cuando el contrato es solemne. La omisión de las formalidades habilitantes, originará la nulidad relativa del acto jurídico. La omisión de las formalidades de publicidad, traerá consigo la inoponibilidad del acto jurídico ante los terceros. La omisión de las formalidades de prueba, supone la inadmisibilidad de un determinado medio de prueba, para acreditar el contrato. La omisión de las formalidades convencionales, da derecho a retractarse de la celebración del contrato. * Ejemplos de solemnidades propiamente tales: son diferentes, dependiendo del contrato; escritura pública (compraventa, permuta o donación de bienes raíces, hipoteca, arrendamiento de predios rústicos); escritura privada (promesa, fianza mercantil, también arrendamiento de predios rústicos); autorización o aprobación judicial (insinuación en las donaciones entre vivos y aprobación del contrato de transacción sobre alimentos futuros debidos por ley: arts. 1401 y 2451); en el caso del matrimonio, la intervención del Oficial del Registro Civil o ministro de culto y en ambos casos, dos testigos, etc.
* Solemnidades convencionales: las partes pueden hacer solemne un contrato al que la ley no da tal carácter (art. 1802). En tal caso, cabe el derecho a retractarse, mientras la otra parte no cumpla con la solemnidad. Con todo, el contrato podrá ser eficaz, no obstante no cumplirse la solemnidad convencional, si las partes ejecutan actos que implican renunciar al derecho a exigir el cumplimiento de la solemnidad. Ciertamente, las partes no pueden privar a un contrato de su carácter solemne, si así lo dispuso la ley, pero en el caso del último inciso del art. 1701, una escritura pública defectuosa valdrá como instrumento privado. El defecto deberá ser de carácter formal (por ejemplo, omisión de alguno de los requisitos exigidos por el Código Orgánico de Tribunales a las escrituras públicas). e.4) Los contratos reales. * Característica fundamental: son contratos reales aquellos para cuya formación o nacimiento se exige la entrega o tradición de la cosa materia del contrato. No debemos confundir la entrega como fase del nacimiento del contrato con la entrega de la cosa como fase de cumplimiento o ejecución del contrato. Por ejemplo, en la compraventa de cosa mueble, el contrato se perfecciona por el solo acuerdo de voluntades, es consensual, siendo la entrega de la cosa vendida y el pago del precio actos posteriores, propios de la ejecución del contrato. Su omisión no afecta la existencia del contrato, sin perjuicio de las acciones de las partes para exigir el cumplimiento de las obligaciones respectivas. * Casos de contratos reales: en el contrato real, quien entrega la cosa, se torna acreedor de una obligación restitutoria, y quien la recibe es el deudor. Por ejemplo, comodato, depósito, prenda civil, mutuo y anticrésis. En los tres primeros casos, quien recibe la cosa pasa a ser un mero tenedor y por ende devolverá al acreedor la misma especie o cuerpo cierto. Tratándose del mutuo, el mutuario adquiere el dominio de lo recibido, pasa a ser poseedor, quedando obligado a restituir otro tanto del mismo género y calidad. En este punto, recordemos la figura del cuasiusufructo (art. 789), que muchos asimilan al mutuo (arts. 2197 y 2198). Sin embargo, se aducen algunas diferencias entre ambas instituciones: • El título constitutivo es diferente: el cuasiusufructo puede constituirse por ley, testamento o contrato, mientras que el mutuo sólo por contrato; • Sólo el cuasiusufructuario tiene el deber de prestar caución y hacer inventario; • Sus causales de extinción son diferentes. Recordemos que la expresión “tradición” que utiliza el art. 1443 es impropia, excepto para el mutuo, siendo la correcta la expresión "entrega", más genérica.
Finalmente, en principio los contratos reales son unilaterales. 5.2. Clasificaciones doctrinarias de los contratos. A) Contratos nominados o típicos y contratos innominados o atípicos. a.1) Concepto. Los primeros son aquellos que han sido expresamente reglamentados por el legislador en Códigos o en leyes especiales y los segundos los que no lo han sido. Como apunta López Santa María, más correcto sería hablar de contratos típicos y atípicos, puesto que existen numerosos contratos dotados de un nombre consagrado por el repetido empleo y que sin embargo son atípicos, pues carecen de reglamentación específica: contratos de talaje, de cuota litis y de opción, por ejemplo. a.2) Fuente de los contratos atípicos. Los contratos atípicos no están configurados por la ley y van surgiendo como creación de los particulares, fruto de la autonomía de la voluntad y del aforismo “en el Derecho Privado sólo no puede hacerse aquello que la ley expresamente prohíbe”. En definitiva, las partes van moldeando figuras contractuales en función de sus intereses. La libertad contractual viene a ser así una directa consecuencia de la autonomía de la voluntad. La jurisprudencia ha concluido: “Dentro del principio de la libertad de las convenciones nada hay que se oponga al valor y eficacia de los que revisten la condición de innominados mientras no pugnen con los preceptos jurídicos de orden público que corresponden a los actos y declaraciones de voluntad y a las prescripciones generales que reglan toda clase de contratos”. Especialmente, se agrega, que tengan objeto y causa lícitos. a.3) Calificación del contrato atípico. A la luz del art. 1545, ninguna diferencia existe desde el punto de vista de la obligatoriedad para las partes, entre contratos típicos y atípicos: ambos son una ley para las partes, tienen plena fuerza obligatoria. El problema se plantea desde la perspectiva de los efectos, es decir, cómo quedan regulados los efectos de los contratos atípicos, si las partes no tuvieron en cuenta las dificultades sobrevinientes y por ende no acordaron para tales casos las estipulaciones pertinentes. Corresponde determinar por qué normas supletorias han de regirse. El criterio que se ha utilizado es el asimilar el contrato atípico al contrato o a los contratos típicos más parecidos, a objeto de aplicar al primero las normas de los segundos. Para ello, debe calificarse el contrato, es decir, establecer su naturaleza jurídica, encuadrándolo en alguno de los tipos definidos por la ley, sobre la base de la esencia de las circunstancias que configuran el contrato, prescindiendo de la denominación que las
partes hayan empleado. Se trata de una cuestión de derecho, no de hecho, y como tal, susceptible de revisión por la Corte Suprema vía recurso de casación en el fondo. Para calificar un contrato atípico hay que interpretarlo, fijando para ello la intención de los contratantes. Así se determinará la legislación supletiva o supletoria de la voluntad de las partes, que se aplicará en todo lo no previsto por éstas. En síntesis, las lagunas contractuales se resuelven recurriendo a la analogía, relegándose a un plano secundario a la equidad. B) Contratos de ejecución instantánea, de ejecución diferida y de tracto sucesivo. b.1) Conceptos. Reciben tal clasificación los actos y contratos, atendiendo a su permanencia en el tiempo. Los contratos de ejecución instantánea o de una sola ejecución, son aquellos en los cuales las obligaciones se cumplen apenas se celebra el contrato que las generó. Producen sus efectos inmediatamente de celebrados, de manera que realizada la prestación debida, desaparece el vínculo contractual, las obligaciones recíprocas. En otras palabras, el contrato nace y se extingue de inmediato, quedando las partes liberadas. Sin embargo, usualmente subsisten algunas obligaciones que se siguen proyectando, en estado latente o potencial. Así por ejemplo, en la compraventa, el acuerdo de voluntades, el pago y la tradición, suelen ser inmediatos. Subsiste sin embargo la obligación de saneamiento de la cosa vendida, tanto en lo que respecta a la evicción como a los vicios redhibitorios o defectos ocultos de la cosa (art. 1837). Los contratos de ejecución diferida, son aquellos cuyos efectos se van cumpliendo progresivamente, en el plazo estipulado por las partes o el que corresponda a la naturaleza de la obligación. El plazo puede ser expreso o tácito, por ende. Por ejemplo: mutuo a pagar en cuotas; contrato de construcción; contrato de apertura de línea de crédito; etc. Los contratos de tracto sucesivo o de ejecución sucesiva, son aquellos que en el período de tiempo establecido por la ley o acordado por las partes, van renovando sus efectos. Su cumplimiento va escalonándose en el tiempo, durante un lapso prolongado. En estos contratos, la relación jurídica que vincula a las partes, tiene permanencia. Ejemplos: contratos de arrendamiento, de sociedad y de trabajo. Estos contratos suelen llevar una cláusula en cuya virtud sus efectos se van renovando por períodos similares, salvo voluntad contraria de las partes. Cuando se verifica la renovación, se habla de “tácita reconducción”. b.2) Interés jurídico de la clasificación. 1º Respecto de la nulidad y la resolución: tratándose de los contratos de ejecución instantánea y de ejecución diferida, la nulidad y la resolución
operan con efecto retroactivo, conforme a la regla general, volviendo las partes al mismo estado en que se encontraban antes de contratar (artículos 1687, para la nulidad y 1487, para la resolución). En los contratos de tracto sucesivo, en cambio, en principio la nulidad y la resolución sólo operan para el futuro, a partir de la fecha en que queda ejecutoriada la respectiva sentencia. 2º En materia de riesgos: tratándose de contratos de ejecución instantánea y de ejecución diferida, extinguida la obligación de una de las partes por caso fortuito o fuerza mayor, subsiste sin embargo la obligación correlativa (arts. 1550 y 1820): el riesgo corre por cuenta del acreedor. En cambio, si el contrato es de tracto sucesivo, la extinción por caso fortuito o fuerza mayor de la obligación de una de las partes, extingue la obligación de la contraparte (art. 1950). 3º En relación a la teoría de la imprevisión: la doctrina de la excesiva onerosidad sobreviniente, obviamente sólo cabe respecto de los contratos de ejecución diferida y los contratos de tracto sucesivo. 4º Respecto de la resciliación (art. 1567), tratándose de contratos de tracto sucesivo celebrados por tiempo indefinido, excepcionalmente, puede tener lugar la resciliación por voluntad unilateral de uno solo de los contratantes: desahucio (arrendamiento y contrato de trabajo, sea en este último caso desahucio propiamente tal, para cargos gerenciales o de confianza, sea bajo la modalidad de la causal de "necesidades de la empresa"). 5º En cuanto a la caducidad convencional del plazo o “cláusula de aceleración”, opera sólo en los contratos de tracto sucesivo o de ejecución diferida. C) Contratos individuales y contratos colectivos. c.1) Conceptos. Contratos individuales son aquellos que requieren el consentimiento unánime de las partes a quienes vincularán. El contrato individual solamente crea derechos y obligaciones para los que consintieron en él. Es el tipo normal de contrato y el único que tuvieron en vista A. Bello y los demás redactores del CC. Contratos colectivos son aquellos que crean obligaciones para personas que no concurrieron a su celebración, que no consintieron o que incluso se opusieron a la conclusión del contrato. Representan por ende una excepción al principio del efecto relativo de los contratos, dado que en este caso la convención no afecta exclusivamente a quienes la celebraron. Ni el número de las partes ni la naturaleza de los intereses en juego, determina que el contrato deba considerarse colectivo. Lo sustantivo es que afecta a una colectividad o grupo de individuos que no necesariamente han concurrido a su celebración, por el hecho de pertenecer a dicha colectividad o grupo. c.2) Ejemplos de contratos colectivos.
* En materia laboral, los contratos colectivos de trabajo; regirán a todos los trabajadores, aún a quienes se opusieron a su celebración, y también a los que se incorporen con posterioridad a la empresa; * Convenios judiciales preventivos, en el procedimiento de quiebra: acordados con el quórum exigido por la ley, serán obligatorios para todos los acreedores; * En general, los acuerdos adoptados por los propietarios de las unidades, en el marco de la Ley número 19.537 de Copropiedad Inmobiliaria. D) Contratos libremente discutidos y contratos de adhesión. d.1) Conceptos. Lo que caracteriza a la relación jurídica de Derecho Privado, es que consiste en una relación de coordinación, a diferencia de la relación de Derecho Público, que se caracteriza como una relación jurídica de subordinación. El contrato libremente discutido es aquél fruto de la negociación, deliberación de las partes en cuanto a su contenido, en un mismo plano de igualdad y libertad, en un ajuste de intereses contrapuestos que se produce en las negociaciones preliminares o fase precontractual. La autonomía de las partes sólo se verá limitada por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. El contrato de adhesión es aquel cuyas cláusulas son redactadas por una sola de las partes, limitándose la otra a aceptarlas en bloque, adhiriéndose a ellas. Nuestro CC. no reglamenta los contratos de adhesión, pero cada día han ido cobrando mayor fuerza. Por ejemplo: los contratos suscritos con Isapres, Administradoras de Fondos de Pensiones, compañías de seguros, de cuenta corriente bancaria, de líneas de crédito bancarias o abiertas en casas comerciales, etc. También operan en el ámbito del suministro de servicios básicos, como los relativos a energía eléctrica, agua potable, gas, etc. Responden estos contratos a la masificación de dichas relaciones jurídicas, a la exigencia de una rápida conclusión y a la necesidad de unificar relaciones semejantes. d.2) Características de los contratos de adhesión. Para la doctrina, los signos distintivos del contrato de adhesión serían los siguientes: 1º Se trata de contratos estrictos o rígidos, en el sentido que el adherente nada puede cambiar, se encuentra ante un “contrato-tipo”. Existe un obvio desequilibrio en el poder negociador de los contratantes. El destinatario de la oferta, siendo el más débil, no puede discutirla, circunscribiéndose a aceptarla. 2º Son generales o impersonales, van dirigidos al público en general. La oferta está destinada a toda una colectividad o grupo de contratantes potenciales.
3º Son permanentes: la oferta se formula por un determinado plazo, usualmente prolongado. La oferta suele mantenerse vigente mientras su autor no la retira o modifica. 4º Minuciosidad: la oferta es pormenorizada, reglamentándose todos los aspectos de la convención, aún aquellos extremadamente hipotéticos o improbables. d.3) Limitaciones legales a los contratos de adhesión. En parte como un modo de impedir o al menos morigerar la eventual inequidad que supone para una de las partes el contrato de adhesión, se promulgó la Ley número 19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores. En el marco de esta ley, se define el contrato de adhesión como aquél cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido. Esta ley ha constituido un avance para frenar los eventuales abusos en que puede incurrir quien redacta el contrato. Especialmente importantes son las normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento de los contratos de adhesión (art. 16). Se dispone al respecto que no producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que: • otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o suspender unilateralmente la ejecución del contrato; • Establezcan incrementos de precios por servicios, accesorios, financiamientos o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales; • Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no les sean imputables; • Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor; • Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor. • Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato. E) Contratos preparatorios y contratos definitivos. e.1) Conceptos. Contrato preparatorio o preliminar es aquel mediante el cual las partes estipulan que en el futuro celebrarán otro contrato, que por ahora no pueden concluir o que está sujeto a incertidumbre, siendo dudosa su factibilidad. Al decir de Fernando Fueyo, es una vinculación, nacida de contrato, cuya eficacia, en el querer de las partes, es sólo preliminar o previa, puesto que lo que se intenta es una relación futura y definitiva, la cual, ordinariamente, es entre las mismas partes concertantes. Mediante el contrato preparatorio, las partes que no
pueden obtener de inmediato el resultado económico que esperan, quedan vinculadas jurídicamente y pueden mientras tanto resolver las dificultades legales, financieras, etc., hasta que una vez subsanadas, puedan celebrar el contrato definitivo y satisfacer plenamente sus intereses. Contrato definitivo es aquel que se celebra cumpliendo con la obligación generada por el contrato preparatorio. Tal obligación es de hacer, y consiste en suscribir, dentro de un plazo o si se cumple una condición, el futuro contrato. e.2) Clases de contratos preparatorios. Según la doctrina, se clasifican en generales y especiales. Entre los contratos preparatorios generales de más ordinaria ocurrencia se encuentran: * El contrato de promesa de celebrar contrato (art. 1554); * El contrato de opción (según Fueyo, “es aquel que consiste en la oferta unilateral de contrato que formula una de las partes, de manera temporal, irrevocable y completa, en favor de la otra que de momento se limita a admitirla, reservándose libremente la facultad de aceptarla”); * El contrato de corretaje o mediación (en este caso, la obligación que asume una de las partes es con el corredor o intermediario, y no con la otra parte actual o futura, con la que celebrará el contrato definitivo); Entre los contratos preparatorios especiales, son los más usuales: * En el ámbito procesal, el contrato preparatorio de arbitraje o cláusula compromisoria (se acuerda someter un litigio, actual o eventual, a la jurisdicción arbitral, sin designarse todavía al árbitro); * El pacto o promesa de preferencia; * La compraventa con pacto de retroventa (que para la mayoría de los autores, es una venta bajo condición resolutoria ordinaria: art. 1881); * El contrato de apertura de crédito o línea de crédito (en su virtud, un Banco, por ejemplo, se obliga a proporcionar préstamos en favor de cierta persona, fijándose desde ya la tasa de interés, los plazos máximos de vencimiento y demás particularidades de los mutuos, cumplida que sean por el futuro mutuario determinadas condiciones, usualmente la constitución de garantías, el alzamiento de garantías constituidas en favor de otro acreedor, presentación de balances, estados de situación patrimonial, etc); y * El contrato de suscripción de acciones de una sociedad anónima en formación. CAPITULO II: LAS CATEGORIAS CONTRACTUALES. 1.-) El contrato dirigido. También se le conoce como contrato normado o dictado por el legislador. Usualmente, las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, se aplican en el silencio de los
contratantes. Tratándose de los contratos dirigidos, por el contrario, las normas legales asumen un carácter imperativo. Las partes no pueden alterarlas, sea en materia de contenidos o efectos de la convención, sea en materia de personas con las cuales debe celebrarse el contrato. Respecto del contenido o los efectos de la convención, son contratos dirigidos, por ejemplo: • El contrato de trabajo; • El contrato de matrimonio; y • El contrato de arrendamiento de predios urbanos. Respecto a las personas con las que se celebra el contrato, cabe señalar, por ejemplo: • Art. 25 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece en favor de los accionistas el derecho de compra preferente de las nuevas acciones que se emitan; • Art. 10 del Código de Minería, por el cual se establece que el Estado tiene un derecho de compra preferente respecto de ciertos minerales (en los que haya presencia de torio y uranio, ambos radioactivos). El fenómeno del contrato dirigido se inicia a comienzos del Siglo XX, especialmente en el ámbito del incipiente Derecho Laboral. Van introduciéndose por el legislador una serie de derechos irrenunciables por el trabajador, que las partes por ende no pueden excluir del contrato individual de trabajo. 2.-) El contrato forzoso. a) Concepto. Es aquel que el legislador obliga a celebrar o da por celebrado. b) Clases de contrato forzoso. Se suele clasificar en contrato forzoso ortodoxo y heterodoxo. El contrato forzoso ortodoxo se forma en dos etapas: en la primera, hay un mandato de autoridad que exige contratar. En la segunda, quien recibe el mandato procede a celebrar el respectivo contrato, pudiendo generalmente elegir a la contraparte y discutir con ella las cláusulas de la convención. De ahí que se diga que la autonomía contractual, en cierta medida, subsiste en este tipo de contratos forzosos. El contrato forzoso heterodoxo, en cambio, se caracteriza por la pérdida total de la libertad contractual. El contrato tradicional desaparece y el legislador constituye el contrato “de un solo golpe”. No hay etapas que distinguir, ya que el contrato no precisa de intercambio de voluntades. El vínculo jurídico, las partes y el contenido del negocio jurídico, se determinan imperativamente por un acto único del poder público. c) Ejemplos de contratos forzosos.
1º Ortodoxos: • Art. 374 (obligación del guardador de constituir fianza o caución); • Art. 669,1º (en la accesión de mueble a inmueble o industrial, el dueño del suelo puede forzar al que edificó o plantó en él, a comprarle el predio); • Art. 775 (obligación del usufructuario de constituir caución de conservación y restitución de la cosa fructuaria); • Artículo 1773 (en el pago de las recompensas, al disolverse la sociedad conyugal, puede operar una dación en pago forzada hecha por el marido, a favor de la mujer); • Artículo 2178, inciso 2°, en el comodato: el comodante puede obligar al comodatario a celebrar un contrato de compraventa, si la cosa se hubiere deteriorado gravemente, estando en poder del comodatario; • Obligación de contratar un seguro automotriz para obtener permiso de circulación; etc. 2º Heterodoxos: • Art. 662 del Código de Procedimiento Civil (hipoteca legal); • Art. 71 del Código Tributario (el adquirente de los bienes, negocios o industrias de quien cesa en sus actividades, pasa a tener el carácter de fiador del vendedor o cedente ante el Fisco, sin que medie consentimiento alguno). 3.-) El contrato tipo. a) Concepto. Es un acuerdo de voluntades en cuya virtud las partes predisponen las cláusulas de futuros contratos o las condiciones generales de la contratación. Al celebrar el contrato tipo, se adopta por los contratantes un formulario o modelo, destinado a ser reproducido sin alteraciones importantes en diversos casos posteriores que equivalen, cada uno, a un contrato prerredactado. Los contratos tipo son de gran utilidad, especialmente para numerosas figuras jurídicas estandarizadas, pero la doctrina advierte también sus peligros: suelen ser, igual que acontece en los contratos de adhesión, el instrumento que emplean las empresas para imponer cláusulas abusivas a los consumidores. En lugar de fijar un modelo equitativo de contrato futuro, el contrato tipo con frecuencia se celebra para beneficio exclusivo de quienes predisponen las condiciones de la contratación. Como se dijo, la Ley número 19.496 constituye un avance en la protección de los consumidores. b) Clases de contratos tipo. Se distingue entre contratos tipo unilaterales y bilaterales.
Teoría General del Contrato – Juan Andrés Orrego Acuña 26
El contrato tipo se denomina unilateral o “cartel”, cuando quienes concluyen el contrato tipo destinado a fijar las condiciones generales del tráfico comercial son grupos económicos o empresas cuyos intereses son convergentes. Sus autores no negocian en absoluto con sus futuros clientes. Estos, los consumidores, no participan en el acto jurídico destinado a fijar la fórmula tipo. Es la hipótesis del seguro, del transporte aéreo y marítimo, de los acuerdos entre comerciantes o entre distribuidores para uniformar los precios de venta al público, etc. Por el contrario, cuando las partes que participan en la conclusión del contrato tipo tienen intereses divergentes, el contrato tipo se denomina bilateral: por ejemplo, convenciones colectivas de trabajo acordadas por los representantes de los trabajadores. Los contratos individuales de trabajo que se celebren con posterioridad, deber n enmarcarse en los acuerdos tipo previamente concretados. 4.-) El contrato ley. a) Concepto. En virtud del mecanismo de los contratos leyes, el Estado garantiza que en el futuro no modificará ni derogará ciertas franquicias contractuales vigentes. La ley puede dictarse antes o después del contrato. En el primer caso, la ley autoriza de un modo general la conclusión de determinado contrato, cuyos beneficios o efectos no serán susceptibles de modificación ulterior; en el segundo caso, la administración celebra el convenio respectivo con el beneficiado y después una ley lo aprueba. Esta clase de contratos suele estar asociada a garantizar a los inversionistas nacionales o extranjeros la estabilidad de ciertas normas que regulan una actividad económica, con el objeto de impedir un cambio sustancial en las reglas, que afecte la expectativa de utilidades considerada por dichos inversionistas. Ejemplo de contrato ley: la Ley número 18.392, de 1985, que establece por 25 años un régimen de franquicias tributarias y aduaneras en favor de las empresas que se instalen físicamente en la 12ª Región. b) Recepción en la jurisprudencia. La Corte Suprema ha respaldado la plena eficacia de los contratos-leyes, admitiendo que ellos se encuentran a medio camino entre los contratos de Derecho Privado y los de Derecho Público, afirmando “que no puede el Estado unilateralmente desahuciarlos, porque se trata de convenciones de carácter bilateral que producen beneficios y obligaciones para ambos contratantes y que deben ser cumplidas de buena fe. Por lo tanto, la franquicia tributaria y demás beneficios que el Estado otorga a particulares a cambio de las prestaciones que éstos han debido realizar en favor de aquél, constituyen para los terceros un derecho adquirido que incorporan a su patrimonio y
que no puede ser desconocido por la decisión unilateral del estado contratante”. c) Crítica a la noción de contrato-ley. El profesor Eduardo Novoa Monreal disiente de la conclusión de la Corte Suprema, acerca de la validez de los contratos leyes. Sostiene que estos contratos importarían una inadmisible enajenación de la soberanía nacional, pues no obstante que en Derecho Público sólo se puede hacer lo que la ley expresamente permite, sin una autorización legal el Poder Legislativo se cercenaría a sí mismo la facultad de modificar o derogar normas preexistentes. A su juicio, la Corte Suprema cometería un error, al visualizar únicamente desde una perspectiva individualista un problema de interés general de la Nación (como es establecer tributos), aplicando criterios de derecho privado donde habría correspondido resolver en conformidad al derecho público. d) Situación de los contratos leyes, a la luz de la Constitución Política de 1980. Hoy en día, es derecho vigente en Chile que los créditos derivados de los contratos ordinarios son intangibles. El legislador carece de atribuciones para modificar los contratos en curso, pues existe propiedad sobre los derechos personales nacidos del contrato y nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, sino en virtud de una ley de expropiación que indemnice al afectado. En efecto, el art. 19 número 24 de la Constitución Política establece que se asegura a todas las personas "el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o INCORPORALES" (derechos sobre derechos). Si una ley, que no fuese de expropiación, modifica o priva a un acreedor de sus derechos personales emanados de un contrato en curso, dicha ley será inconstitucional, pues viola la garantía del derecho de propiedad. Por ende, y con mayor razón, no podría el legislador alterar las regalías o franquicias obtenidas por los particulares en virtud de un contrato-ley. Podría sostenerse entonces, a la luz de la doctrina y normativa vigente, que protege tanto a los contratos ordinarios como a los contratos-leyes, que estos últimos habrían quedado obsoletos. Se dice que actualmente la intangibilidad de los efectos contractuales no sería exclusiva de los contratos-leyes, sino un rasgo común a todo contrato de ejecución diferida o de tracto sucesivo (en los de ejecución instantánea, no se presenta el problema). Sin embargo, subsiste el interés del contrato-ley, pues la doctrina de la Corte Suprema en favor de la inconstitucionalidad de las leyes que modifican contratos ordinarios en curso, ha tenido altibajos. El pleno de la Corte Suprema algunas veces ha rechazado recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, fundados en la propiedad sobre los derechos personales. Por ello, en la actualidad sólo el contrato-ley sigue
garantizando de manera categórica que los beneficios reportados de un contrato no serán alterados en el futuro. 5.-) El subcontrato. a) Concepto. Se trata de un nuevo contrato, derivado y dependiente de otro contrato previo de la misma naturaleza. b) Casos de subcontratos. • • • • Se contempla el subcontrato en diversas materias: A propósito del subarrendamiento (arts. 1946, 1963, 1973 del CC. y art. 5º de la Ley número 18.101); En la delegación del mandato (arts. 2135, 2136 y 2138); En el contrato de sociedad, cuando uno de los socios forma con su parte social otra sociedad particular con un tercero (art. 2088); y En la subfianza (artículos 2335, 2º, 2360, 2366, 2380 y 2383), etc.
c) Supuestos del subcontrato. El progreso ha ido imponiendo la figura del subcontrato, a veces imprescindible para concretar tareas de gran envergadura económica. Pero no obstante la proliferación en el mundo contemporáneo de los contratos encadenados o vinculados entre sí, el ámbito específico de la subcontratación exige ciertos supuestos. El contrato base o contrato padre debe reunir necesariamente ciertas características para que la subcontratación sea procedente: 1º Debe ser de ejecución diferida o de tracto sucesivo; 2º El contrato base no debe ser traslaticio de dominio, pues en caso contrario, cuando el adquirente celebra un contrato similar al contrato base con otra persona, ya no habrá subcontrato, sino simplemente un nuevo contrato autónomo e independiente. d) Partes que intervienen en la subcontratación. Desde un punto de vista subjetivo, la subcontratación se caracteriza por la presencia de tres partes: • El primer contratante, quien sólo es parte en el contrato base o inicial; • El segundo contratante o intermediario, quien es parte en ambos contratos, en el base y en el subcontrato; y • El tercer contratante, quien es ajeno al contrato base y celebra el subcontrato con el intermediario. e) Relación entre el contrato base y el subcontrato.
Desde un punto de vista objetivo, aparece la dependencia del subcontrato frente al contrato base. El subcontrato nace modelado y limitado por el contrato base. Como el intermediario da origen al subcontrato usando su posición de parte en el primer contrato, debe actuar exclusivamente con los derechos y obligaciones que le otorga el contrato base. De consiguiente, las prestaciones a las cuales se obligan el segundo y el tercer contratantes han de ser de igual naturaleza que las prestaciones derivadas del primer contrato. Este mismo enlace entre el contrato base y el subcontrato, explica que por efecto reflejo, extinguido el contrato base, se extingue el subcontrato. Terminado el contrato base, hay inoponibilidad de ejecución del subcontrato (excepcionalmente, no ocurre lo anterior respecto de la subfianza, art. 2383). f) Diferencias entre el subcontrato y la cesión del contrato. El subcontrato puede distinguirse de otras figuras afines, distinción que asume especial interés respecto a la cesión del contrato. Esta última es el traspaso por uno de los contratantes a un tercero de su posición jurídica completa, en un contrato determinado. El cedente traspasa al cesionario todos sus derechos y obligaciones en el contrato respectivo. El cesionario pasa a ocupar el lugar que tenía el cedente, desapareciendo éste del contrato. Por traspasarse todos los derechos y obligaciones del cedente, se requiere el consentimiento del mismo, del cesionario y usualmente de aquél que contrató con el cedente. En el subcontrato, en cambio, el primer contratante no está involucrado directamente, siendo innecesaria su voluntad. El segundo contratante o intermediario celebra el subcontrato con el tercer contratante empleando sólo una parte de los derechos y obligaciones derivados del contrato base. El segundo contratante no queda desvinculado, no desaparece de la relación jurídica, como ocurre con el cedente. El segundo contratante conserva sus derechos y obligaciones emanados del contrato base, sin perjuicio que encomiende al tercer contratante parte de su tarea económica o que asuma parte de sus responsabilidades, para lo cual se crean mediante el subcontrato nuevos derechos y obligaciones que vinculan a las partes del subcontrato, pero no al primer contratante. Hay entre el contrato base y el subcontrato una relación de simultaneidad, compuesta de dos unidades jurídicas que aunque dependientes, tienen existencia propia. Tratándose de la cesión de contrato, la relación es sustitutiva, no existen simultáneamente dos entidades jurídicas con existencia propia, sino que una sola, que después es reemplazada por otra. 6.-) El autocontrato. a) Concepto.
Es el acto jurídico que un sujeto celebra consigo mismo, no siendo necesaria la intervención de otra persona. b) Hipótesis de autocontratos. En el autocontrato, el único sujeto actúa ya sea como parte directa y como representante de otra parte; ya sea como representante de ambas partes; ya sea como titular de dos patrimonios (o de dos fracciones de un mismo patrimonio) sometidos a regímenes jurídicos diferentes. Se deduce de lo anterior que hay tres series de casos que integran la categoría de autocontrato: * La primera serie, está formada por la hipótesis en la que el sujeto que interviene actúa tanto a nombre propio como a nombre ajeno. Por ejemplo, el caso del mandatario que compra para sí lo que el mandante le ha ordenado vender. * La segunda serie, la integran las situaciones de doble representación, en las cuales el sujeto que actúa es representante legal o convencional de ambas partes: por ejemplo, mandatario que tiene tal carácter tanto del vendedor como del comprador (caso de las operaciones a través de corredores de Bolsas de Valores). * La tercera serie comprende casos totalmente independientes de la representación. Tal es el caso de la partición consigo mismo: por ejemplo, el heredero a quien se concedió la posesión provisoria de los bienes del desaparecido únicamente tiene el usufructo legal de dichos bienes, de manera que no puede enajenarlos libremente (está sujeto a las restricciones del art. 88). Ahora bien, si el heredero además era comunero con el desaparecido en uno o más bienes (padre e hijo eran dueños en común de un inmueble, por ejemplo), tendrá interés en que se precise de cuáles bienes comunes puede disponer libremente. Para ello, debe efectuar una partición consigo mismo. c) Naturaleza jurídica del autocontrato. Se discute en la doctrina. Para unos, se trata de un acto jurídico unilateral. Afirma al respecto Alessandri que el contrato es por su esencia un acuerdo de voluntades, un choque de voluntades opuestas que terminan por ponerse de acuerdo. En el acto jurídico consigo mismo falta este elemento, pues es el resultado de una sola voluntad. Es imposible por tanto encuadrar el autocontrato dentro de concepto de contrato. Pero también es cierto que entre el acto jurídico consigo mismo y el acto jurídico unilateral ordinario, hay una diferencia fundamental: mientras en el último su autor sólo dispone de un patrimonio, en el acto jurídico consigo mismo la voluntad del autor dispone directamente de dos patrimonios. En rigor, como dice un autor, el acto jurídico consigo mismo es un acto híbrido, que se asemeja al acto unilateral por el hecho que requiere una sola voluntad, y también al contrato, por el hecho que pone dos patrimonios en relación. Luis Claro Solar, siguiendo a Planiol y Ripert, afirma que el acto jurídico consigo mismo es un contrato: "Ver en el autocontrato un acto
jurídico unilateral que produce efectos contractuales nos parece contradictorio: si un acto jurídico produce obligaciones contractuales, esto es, convencionales, importa en realidad un contrato, aunque sea un contrato de naturaleza especial, dada la manera como se forma". Para llegar a esta conclusión, Claro Solar se apoya exclusivamente en la idea de la representación, en cuanto el sujeto que interviene como representante no manifiesta su propia voluntad sino que la del representado, lo que lleva a admitir que al autocontratar el actor estaría manifestando varias voluntades distintas (la suya y la del representado, en el caso de la primera serie; la de los representados, en el caso de la segunda serie). Esta fundamentación, sin embargo, tiene dos inconvenientes, como apunta López Santa María: • Es inaplicable a la tercera serie de casos, en los que no existe representación en juego; • La idea de la representación a la que Claro Solar alude es la de la representación-ficción, concepción que ha ido quedando superada por la de la representación-modalidad: la voluntad que da vida al acto jurídico es la del representante y no la del representado. Sólo en virtud de una modalidad, los efectos del acto celebrado con la voluntad del representante se radican directamente en el patrimonio del representado. Para López Santa María, el autocontrato es siempre un contrato. Agrega que razones de orden práctico permiten sostener que jurídicamente la personalidad de un individuo puede desdoblarse, de tal modo que su voluntad se exteriorice a diversos títulos. Una voluntad puede descomponerse en dos voluntades o en dos declaraciones diferentes. Considera que no tiene mucho sentido seguir apegados a la afirmación de que técnicamente el contrato es siempre un acuerdo de voluntades antagónicas. El acuerdo de voluntades opuestas, si bien existe habitualmente en los contratos, no es de la esencia de los mismos. d) Restricciones al autocontrato. En ciertos casos, la ley prohíbe algunos autocontratos y sujeta otros al cumplimiento previo de exigencias o formalidades habilitantes. Tales restricciones legales, en todo caso, no pueden aplicarse por analogía a casos parecidos, debiendo interpretarse en sentido estricto. El fundamento de dichas prohibiciones y restricciones suele ser la protección a los incapaces o el evitar que una misma persona represente intereses incompatibles. Ejemplos: art. 412, inciso 2° (guardadores); 1796 (compraventa entre padre o madre e hijo sometido a patria potestad: este último, incapaz, comparecería representado por aquél o aquella); art. 2144 (en el mandato). 7.-) El contrato por persona a nombrar y el contrato por cuenta de quien corresponda.
7.1) El contrato por persona a nombrar. a) Concepto. Es aquel en que una de las partes se reserva la facultad de designar, mediante una declaración posterior, a la persona que adquirirá retroactivamente los derechos y asumirá las obligaciones inicialmente radicadas en el patrimonio del primero. b) Recepción en nuestra legislación. El CC. desconoce esta figura, sin perjuicio que las partes, en virtud del principio de la libertad contractual, pueden generarla. El C. de C., en cambio, sí la contempla a propósito de la comisión, una de las especies de mandato mercantil, en su art. 256: “Puede el comisionista reservarse el derecho de declarar más tarde por cuenta de qué persona celebra el contrato. Hecha la declaración, el comisionista quedará desligado de todo compromiso, y la persona nombrada lo sustituirá retroactivamente en todos los derechos y obligaciones resultantes del contrato”. Los códigos civiles italiano, peruano y portugués norman esta figura. c) Ejemplo de esta categoría contractual. Opera, por ejemplo, cuando el mandante desea que su nombre permanezca desconocido porque quiere adquirir un inmueble colindante al suyo y si el vecino lo sabe subirá el precio. Instruye entonces al mandatario para que celebre una compraventa por persona a nombrar. Otra hipótesis, en este mismo caso, sería la del mandato sin representación: el mandatario finge ante el vendedor que está actuando a nombre propio, comprando para sí, lo que permite el art. 2151. Opera también esta figura en los remates efectuados por disposición de la justicia. El mandato que antecede al contrato por persona a nombrar, reviste un interés particular: vendría a ser una categoría intermedia entre el mandato con representación (el mandatario revela al tercero con quien contrata, que lo hace por cuenta o con poder de su mandante, a quien individualiza) y el mandato sin representación (el tercero permanece ignorante de la existencia del mandato). Tratándose de un contrato por persona a nombrar, el tercero que contrata con el mandatario sabe que existe un mandato, pero ignora la identidad del mandante. Lo anterior nos permite concluir que el contrato por persona a nombrar es inconcebible tratándose de actos jurídicos intuito personae. d) Plazo para declarar por quien se contrata.
La declaración del contratante “fungible” (sustituible), designando a la persona que lo subrogará y ocupará su mismo lugar jurídico, debe formularse dentro de un plazo determinado. En Italia, a falta de estipulación, tal lapso es de 3 días, en Portugal de 5, mientras que en Perú aumenta a 20 días. Si la declaración designando al nuevo contratante no se emite dentro del plazo estipulado o el plazo legal, o si la declaración no surtiere efectos, el contrato tendrá fuerza obligatoria entre los contratantes originarios. 7.2) El contrato por cuenta de quien corresponda. a) Concepto. También llamado contrato in incertam personae. Es aquel en el cual una de las partes inicialmente queda indeterminada o en blanco, en la seguridad de que después será individualizada. Al momento de celebrarse el contrato uno de los participantes tan solo tiene formal o aparentemente el carácter de parte, puesto que necesaria y forzosamente será reemplazado más tarde por el verdadero contratante, "por quien corresponda". b) Diferencias entre el contrato por persona a nombrar y el contrato por cuenta de quien corresponda: • En el primero, las partes son el contratante inmutable o definitivo y el contratante fungible. Este último es parte desde la celebración del contrato y puede serlo definitivamente si no nombra válida y oportunamente al reemplazante. En el contrato por cuenta de quien corresponda, hay también un contratante inmutable, pero el otro, el llamado contratante formal, no es parte. Las partes serán siempre el contratante conocido desde el comienzo y el contratante sustancial o real. • En el contrato por persona a nombrar, la designación del reemplazante (si acontece), es obra de una de las partes, quien se reservó el derecho a nominarlo. En el contrato por cuenta de quien corresponda, la individualización del contratante sustancial, que necesariamente se producirá, no es obra de una de las partes, sino que el resultado de un suceso extrínseco, por ejemplo, un acto de autoridad, en cuya virtud se determina a la persona que estaba en blanco o permanecía incierta 2 . CAPITULO III: CONTRATACION.
Jorge López Santa María menciona un caso, al adquirir en el año 1970 un inmueble la Caja de Previsión de Empleados Particulares, la que adquirió “por cuenta de quien correspondiere”, a la espera que el Ejecutivo dictare el Reglamento de la Ley 17.213 y señalare en él quien sería el propietario del inmueble. Dicho Reglamento se dictó en el año 1972, señalándose que el dueño definitivo sería la Confederación de Empleados Particulares de Chile, entidad que debía entenderse como el verdadero comprador: ob. cit., Tomo I, págs. 229 y 230.
1.-) La autonomía de la voluntad: su formulación original y su declinación. El principio de la autonomía de la voluntad se formula en el marco de la doctrina según la cual, toda obligación reposa esencialmente sobre la voluntad de las partes. Esta es la fuente y medida de los derechos y obligaciones que el contrato produce. Decir que la voluntad es autónoma significa que ella es libre para crear los derechos y obligaciones que le plazcan. La voluntad se basta a sí misma. La doctrina de la autonomía de la voluntad sirve de telón de fondo a la mayoría de los principios fundamentales de la contratación. Ejemplo de lo anterior es el art. 1545, que coloca las voluntades privadas de las partes en el mismo plano que la ley. Cinco son los grandes principios fundamentales de la contratación: 1º Principio del consensualismo. 2º Principio de la libertad contractual. 3º Principio de la fuerza obligatoria de los contratos. 4º Principio del efecto relativo de los contratos. 5º Principio de la buena fe. Los cuatro primeros aparecen como subprincipios o derivaciones de la autonomía de la voluntad, mientras que el último, que ha ido cobrando mayor fuerza en los últimos años, es independiente de ella. El consensualismo y la libertad contractual dicen relación con la formación o nacimiento del contrato; la fuerza obligatoria y el efecto relativo conciernen, en cambio, a los efectos del contrato. El principio de la buena fe, por su parte, se proyecta en todas las fases contractuales o iter contractual, exigiéndose a las partes que se porten leal y correctamente desde los tratos precontractuales hasta el cumplimiento íntegro de las obligaciones e incluso, si la hubiere, en la fase postcontractual. La autonomía de la voluntad, del Siglo XVIII en adelante, ha sido el fruto del liberalismo económico, conforme al axioma de que el Estado debe dejar hacer y dejar pasar, permitiendo que los individuos concluyan en la más amplia libertad sus intercambios de bienes y servicios. Según los juristas del siglo XIX, lo contractual es necesariamente justo. El contrato, para ellos, garantizaba la justicia y la utilidad social, pues el libre juego de las iniciativas individuales asegura espontáneamente la prosperidad y el equilibrio económico. Todo vínculo jurídico que reconozca un contrato como fuente es justo, puesto que resulta de la libertad. Al contrario, toda obligación no consentida sería una tiranía injusta, una violación de la libertad, un atentado contra el Derecho. Para la doctrina de la autonomía de la voluntad, el concepto superior de la justicia y las consideraciones de solidaridad social son irrelevantes. Sin embargo, hoy en día la doctrina no cree en la necesaria identidad de lo contractual con lo justo. Sobre el particular, López
Santa María señala que “Salta a la vista que la identidad de lo contractual con lo justo es una falacia. Unicamente en circunstancias de real igualdad entre los contratantes, podría tal idea tener alguna verosimilitud. Pero la afirmación de la igualdad de los hombres, válida en el terreno de los principios, como debe ser, no corresponde a lo que son las cosas en la práctica. El más fuerte o el más astuto o el con mayor experiencia, generalmente impone las condiciones o contenido del contrato al más débil, al más cándido o al más inexperto”. También es inexacto que la libertad contractual produzca siempre resultados económicos socialmente útiles. Como indica el autor citado, “Dejados solos, los hombres de ordinario no se orientan a las actividades más convenientes para el interés general, sino que a las ocupaciones más rentables, buscando el máximo de lucro individual con el menor sacrificio posible”. De ahí a que en los últimos decenios, sin perjuicio de reconocer el importante papel jurídico de la voluntad, se concluye que no es soberana. Es ostensible la declinación del dogma de la autonomía de la voluntad. 2.-) El principio del consensualismo contractual y su deterioro. a) El consensualismo contractual a través de la historia. El examen del principio consiste en averiguar si los contratos surgen a la vida jurídica como simples pactos “desnudos”, por la sola manifestación de la voluntad de las partes (tesis consensualista) o por el contrario, si es menester cumplir con ritualidades externas, para que los contratos tengan existencia y produzcan efectos. Para ser consecuente con el dogma de la autonomía de la voluntad, ha debido afirmarse la vigencia del principio del consensualismo contractual. Los contratos quedarían perfectos por la sola manifestación de las voluntades internas de las partes, ya que cualquiera exigencia de formalidades externas, vendría a contradecir la premisa según la cual la voluntad todopoderosa y autosuficiente es la fuente y medida de los derechos y de las obligaciones contractuales. Esta proclama es históricamente falsa. A través de los siglos, casi siempre los contratos han sido formales. En Grecia, Roma y los pueblos germánicos, los contratos fueron esencialmente formales. Dicha formalidad no implicaba que el contrato fuere necesariamente escrito: en Roma, las formalidades más importantes no consistieron en escriturar los actos, sino que en pronunciar palabras sacramentales y rígidas o en entregar materialmente un objeto. Más tarde, salvo en España, durante la Edad Media no existe el contrato consensual. El consensualismo sólo surge en los Tiempos Modernos, por lo que la idea del contrato como simple acuerdo verbal de voluntades es reciente. b) Grupos de contratos consensuales.
En nuestro Derecho Civil, es posible distinguir dos grupos de contratos consensuales: * Contratos propiamente consensuales: que corresponden a la concepción moderna del contrato como pacto desnudo. Por ejemplo: contrato de compraventa de cosa mueble; contrato de transporte; etc. * Contratos consensuales formales: hay contratos que siendo consensuales, en cuanto no son solemnes ni reales, están sin embargo inmersos en el universo de los formulismos, pues requieren, para tener plena eficacia, del cumplimiento de formalidades habilitantes, de prueba, de publicidad o convencionales. Estos contratos no tienen de consensuales más que el nombre. Por ejemplo: art. 9º del C. del Trabajo, que establece que el contrato de trabajo es consensual, pero que no obstante lo anterior, deberá constar por escrito; tratándose del arrendamiento de predios urbanos, cuando el contrato no consta por escrito, “se presumirá que la renta será la que declare el arrendatario” (artículo 20 de la ley número 18.101). c) Excepciones y atenuantes al principio del consensualismo contractual. c.1) Excepciones: las constituyen los casos de contratos solemnes y reales. Es obvio que el consensualismo desaparece completamente ante esta clase de contratos, pues en lugar de un acto jurídico “desnudo” encontramos actos “vestidos”, ya sea por la imprescindible formalidad requerida en atención a la naturaleza del acto jurídico, ya sea por el acto externo consistente en la entrega material del objeto. Los contratos solemnes y reales son excepciones al principio del consensualismo, pues en lugar de regir el principio de que lo que obliga es el mero consentimiento o acuerdo de voluntades, el ordenamiento jurídico exige, para el nacimiento y eficacia del contrato, que las partes se sometan a la ritualidad prescrita por el legislador. c.2) Atenuantes: las constituyen las formalidades distintas a las exigidas en atención a la naturaleza del acto jurídico, vale decir, las habilitantes, las de prueba, la de publicidad y las convencionales. Se les suele llamar, en su conjunto, atenuantes al consensualismo, para expresar con ello que la ruptura del consensualismo sería menos intensa que en los casos de las excepciones. Pero, en verdad, los efectos del incumplimiento de estas formalidades son tan radicales (nulidad relativa, imposibilidad de utilizar ciertos medios de prueba, inoponibilidad, derecho a retractarse de la celebración del contrato) que también ellas derogan el principio de que bastaría el solo consentimiento de los contratantes. 3.-) El principio de la libertad contractual y su deterioro. a) Concepto.
La libertad contractual comprende la libertad de CONCLUSION y la libertad de CONFIGURACION INTERNA de los contratos. En base a la libertad de conclusión, las partes son libres para contratar o no contratar, y en caso afirmativo, para escoger con quien contratar. En base a la libertad de configuración interna, las partes pueden fijar las cláusulas o contenido del contrato como mejor les parezca. La libertad contractual es una expresión tan característica de la autonomía de la voluntad que incluso algunos autores (Alessandri) confunden la primera con la segunda, en circunstancias que, en estricta doctrina, la libertad contractual es un subprincipio de la autonomía de la voluntad. b) La libertad contractual en el derecho comparado. A diferencia de lo que ocurre en nuestro Código, otras legislaciones la consagran directa y formalmente, incluso en el orden constitucional (códigos civiles italiano, portugués y peruano, por ejemplo). En todo caso, los textos legales que la establecen, cuidan de advertir que esta no es absoluta: tiene como límites la ley, la moral, el orden público y las buenas costumbres. En algunos casos, se incluye expresamente en la libertad contractual la posibilidad que las partes celebren contratos innominados o atípicos. Así, en el art. 405 del C.C. portugués: “Dentro de los límites legales, las partes tienen la facultad de fijar libremente el contenido de los contratos, de celebrar contratos diferentes a los previstos en este Código, o de incluir en los previstos las cláusulas que ellas aprueben. Las partes pueden reunir en un mismo contrato reglas de dos o más negocios regulados total o parcialmente por la ley”. c) Deterioro de la libertad contractual. La mayor ruptura o deterioro de la libertad contractual, desde el punto de vista cuantitativo, está hoy configurada por el CONTRATO DIRIGIDO; igual acontece con el CONTRATO FORZOSO, especialmente los forzosos heterodoxos, donde en verdad se produce un quiebre total de la libertad contractual. En síntesis, cada vez que el legislador, por razones de orden público social o económico, fija imperativamente las cláusulas más relevantes de ciertos contratos u obliga a las partes a celebrarlos, se produce una ruptura del principio de la libertad contractual. 4.-) El principio de la fuerza obligatoria de los contratos. Ley y contrato. a) Relación entre el contrato y la ley. El principio de la fuerza obligatoria de los contratos se expresa en el aforismo “pacta sunt servanda”: los pactos deben observarse, deben
cumplirse estrictamente. Está consagrado enfáticamente en el art. 1545. Para subrayar la obligatoriedad del contrato se alude a la metáfora tradicional de compararlo con la ley, aunque las diferencias entre aquél y ésta son numerosas. Entre las más importantes: * El contrato reglamenta una situación jurídica particular y en principio sólo produce efectos entre las partes. La ley en cambio contiene un mandato, prohibición o permiso de carácter general y abstracto, que alcanza a todos cuantos se encuentren en los supuestos de hecho previstos en la norma. * El procedimiento de formación de las leyes, con participación de dos poderes públicos, en nada se parece a la formación de los contratos. * El contrato a menudo tiene vida efímera, pues está destinado a extinguirse apenas se cumplan las obligaciones por él generadas. La ley, de ordinario, permanece en el tiempo. * Si una ley puede derogar expresa o tácitamente a otra ley, no siempre un contrato se deja sin efecto mediante otra convención en sentido inverso, ya que existen contratos, como el de matrimonio, en que es improcedente el mutuo disenso o resciliación; o en otros en que basta un acto unilateral para ponerle término, como el desahucio en el contrato de arrendamiento, o la revocación o renuncia en el mandato. * La interpretación de las leyes no se efectúa de igual modo que la interpretación de los contratos. A las primeras, se les aplican los arts. 19 a 24; a los segundos, los arts. 1560 a 1566. b) La fuerza obligatoria del contrato frente al legislador y el juez. La obligatoriedad del contrato se traduce en su intangibilidad. Vale decir, que el contrato válidamente celebrado no puede ser tocado o modificado ni por el legislador ni por el juez. Estos, al igual que las partes, deben respetar las estipulaciones convenidas por los contratantes. Sin embargo, la intangibilidad del contrato no es absoluta. b.1) Frente al legislador. En algunas ocasiones, el propio legislador vulnera la fuerza obligatoria del contrato: 1º Al dictarse leyes de emergencia, de carácter transitorio, que implican concesión de beneficios a los deudores, no previstos en los respectivos contratos: por ejemplo, las “leyes moratorias” (Ley Nº 17.663, de 1972, que suprimió la reajustabilidad automática de las deudas provenientes de los contratos de mutuo, otorgados para fines habitacionales, por Institutos de Previsión y Servicios Públicos de la Vivienda). 2º Al dictarse normas permanentes, como encontramos en el propio CC: art. 1879 (en relación al pacto comisorio calificado por no pago del precio); art. 2180 (comodato); artículo 1559 número 1 (mutuo que no consista en una operación de crédito de dinero); artículo 2396, inciso 2°
(en la prenda, derecho del constituyente para solicitar que se sustituya la cosa pignorada). También se infringe por el legislador el principio en estudio, cuando ordena la mantención de una relación contractual que había expirado: caso más claro en las prórrogas automáticas de los contratos de arrendamiento de inmuebles urbanos expirados, y que subsisten durante los plazos de restitución indicados por la ley (art. 4, 1º de la Ley Nº 18.101: “En los contratos de plazo fijo que no excedan de un año, el arrendador sólo podrá solicitar judicialmente la restitución del inmueble, y en tal evento, el arrendatario tendrá derecho a un plazo de 2 meses, contado desde la notificación de la demanda”). 3º Al dictarse leyes especiales que modifican contratos en curso. Se trata de leyes que se dictan con efecto retroactivo y que vulneran no sólo la fuerza obligatoria, sino que también los derechos adquiridos por la vía contractual. En principio, el legislador carece de atribuciones para modificar los derechos y obligaciones emanados de contratos ya celebrados (art. 19 Nº 24 de la Constitución Política), pues se consagra el derecho de dominio sobre derechos personales. Hay derechos sobre derechos. Un derecho real de propiedad resguarda los derechos personales emanados de un contrato. Por otro lado, debemos tener presente el art. 22, 1º, de la Ley Sobre Efecto Retroactivo de las Leyes. Por lo tanto, las leyes que se refieran a determinados contratos únicamente empecen a aquellos que se celebren después que las leyes entren en vigor. Se ha intentado rebatir lo anterior, señalando que el art. 22 citado, al igual que el art. 9 del CC. carecen de rango constitucional y que, por lo tanto, la ley especial que se dicte sobre ciertos contratos podría ser retroactiva, ya que una ley puede modificarse por otra ley. Se insiste sin embargo, que la atribución del legislador para otorgar efecto retroactivo a una ley no llega tan lejos como para permitirle alterar el derecho de propiedad. b.2) Frente al juez. También el juez está subordinado a la fuerza obligatoria de los contratos. Los tribunales no podrían modificar los contratos, aún a pretexto del cambio de las circunstancias existentes al momento de la celebración de la convención. Refiriéndose a la admisión de la revisión judicial de los contratos en curso como una institución permanente, el jurista alemán Karl Larenz señala, pronunciándose negativamente: "El que concluye un contrato asume un riesgo...de este riesgo contractual, que pudiéramos llamar normal, no puede dispensarse a nadie sino a costa de la desaparición de toda seguridad contractual. No puede concederse a uno de los contratantes el desistimiento del contrato en el caso de que el contrato haya resultado inconveniente, o incluso ruinoso para él desde un punto de vista económico. En ningún caso puede depender la subsistencia jurídica del contrato de que el obligado se encuentre económicamente en situación de cumplirlo. Este es, evidentemente, el
principio fundamental de nuestro Derecho de Obligaciones. Así como para el hombre no hay libertad sin riesgo, tampoco hay libertad contractual sin riesgo contractual. El amparo judicial para la revisión de contratos debe quedar limitado a los casos en que la ley lo ha admitido expresamente; pero no debe pasar a ser parte integrante y permanente de nuestro ordenamiento jurídico". La jurisprudencia chilena reiteradamente ha establecido la intangibilidad de los contratos en curso, desconociendo a los jueces la posibilidad de que los revisen o modifiquen. El fundamento de la jurisprudencia es el art. 1545. Con todo, en el último tiempo algunos fallos arbitrales han admitido la posibilidad de revisar los contratos, fundándose en el art. 1546, según lo expusimos al tratar de la teoría de la imprevisión. 5.-) El principio del efecto relativo de los contratos. a) Concepto. Los contratos sólo generan derechos y obligaciones para las partes contratantes que concurren a su celebración, sin beneficiar ni perjudicar a los terceros. Para estos últimos los contratos ajenos son indiferentes. no les empecen, no los hacen ni deudores ni acreedores. Para los terceros, los contratos son res inter allios acta. Este principio es otra consecuencia lógica y necesaria del dogma de la autonomía de la voluntad. Si se predica de la voluntad el poder de ser la fuente y la medida de los derechos y obligaciones contractuales, eso sólo puede concretarse a condición que haya voluntad; por ende, quienes nada dicen, no pueden verse afectados por contratos ajenos. La lex privata del contrato no legitima ninguna invasión en la esfera patrimonial de otros, ya que la autonomía no puede convertirse en heteronomía. Sin embargo, la tesis tradicional sobre el efecto relativo de los contratos ha declinado, desde dos vías diversas: * Se comprueba, por una parte, el surgimiento de casos en que un contrato crea derechos y obligaciones para un penitus extranei o tercero absoluto; * Comienza a decantarse en la actualidad el llamado efecto expansivo o efecto absoluto de los contratos, conforme al cual, indirectamente, los contratos pueden beneficiar o perjudicar a muchas personas que no revisten el carácter de partes. b) Sujetos concernidos por el principio del efecto relativo de los contratos. b.1) Situación de las partes. Son partes en un contrato, aquellos que concurren a su celebración, personalmente o representados (legal o convencionalmente).
Pero también son partes, por regla general, y desde el instante del fallecimiento de uno de los contratantes, sus herederos o causahabientes a título universal (representan a los contratantes, según dice el art. 1097, para sucederles en todos sus derechos y obligaciones transmisibles). Los herederos se asimilan a las partes ocupando, a la muerte de éstas, la misma situación jurídica que el causante. Por excepción, las obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos: • Caso de los contratos intuito personae, que se extinguen con la muerte de las partes (por ejemplo, en el mandato o en el comodato, al fallecer el comodatario); • Caso de los contratos en que se hubiera estipulado expresamente su terminación por el fallecimiento de los contratantes; • Caso de los herederos que aceptan la herencia con beneficio de inventario, en cuanto a las obligaciones contractuales del causante que no alcanzan a ser satisfechas con el valor de los bienes heredados; • Caso de las obligaciones contractuales que por disposición de la ley, no pasan a los herederos (por ejemplo, renta vitalicia). b.2) Situación de los terceros. * Terceros absolutos o penitus extranei: son aquellos que fuera de no participar en el contrato ni personalmente ni representados, no están ligados jurídicamente con las partes por vínculo alguno. * Situación de los causahabientes a título singular: reciben este nombre quienes suceden a una persona por acto entre vivos o por causa de muerte, en un bien determinado y no en la totalidad de su patrimonio ni en una cuota del mismo. Son causahabientes a título singular por acto entre vivos el comprador, el donatario, el mutuario. Lo son mortis causa, los legatarios. ¿Qué ocurre con el principio del efecto relativo de los contratos respecto a estas personas? ¿Afectan a los causahabientes a título singular los contratos celebrados por el causante o autor con otros sujetos? El problema, por cierto, se circunscribe exclusivamente a los contratos celebrados por el causante sobre la cosa o derecho que específicamente se transfiere o transmite al causahabiente singular, ANTES que éste pase a ocupar el lugar jurídico de su autor. Según la mayoría de la doctrina, especialmente extranjera, la respuesta es afirmativa, debiendo tenerse a los causahabientes singulares como partes en tales actos. Pero los ejemplos de la doctrina, casi siempre dicen relación con la constitución de DERECHOS REALES limitativos del dominio, por lo que la respuesta afirmativa es una consecuencia del derecho de persecución o efecto erga omnes propio de los derechos reales. Así ocurre cuando el causante, antes de transferir
un inmueble, lo había hipotecado o gravado con servidumbres, censo o usufructo (arts. 2428, 1º; 825; 2033; 792). La cuestión en análisis se torna problemática, cuando el causante había limitado sus poderes sobre la cosa en el ámbito estrictamente de las OBLIGACIONES Y DERECHOS PERSONALES y no en el de los derechos reales desmembrados del dominio. Por ejemplo, si el causante se había obligado a no enajenar un bien ¿es oponible tal cláusula al causahabiente singular o adquirente? A través de la doctrina de las obligaciones ambulatorias o propter rem, se responde afirmativamente: son obligaciones ambulatorias aquellas cuyo sujeto pasivo es variable, de tal modo que el rol del deudor lo asume quien se encuentre en la posición jurídica del dueño de la cosa. Estas obligaciones se traspasan al causahabiente singular junto con la transmisión del derecho de dominio sobre la cosa. Ejemplo por acto entre vivos: obligación de pagar las expensas comunes, en el ámbito de la Copropiedad Inmobiliaria. Esta obligación, que comprende los gastos de conservación y mantención del inmueble y los gastos de administración del edificio, tiene carácter ambulatorio, pues va aparejada a la calidad de actual dueño de cada unidad o departamento, extendiéndose incluso a las expensas devengadas por los precedentes dueños. En materia de obligaciones tributarias del causante, ellas pueden exigirse al comprador, cesionario o adquirente de la industria, negocio o bien determinado. Incluso puede ocurrir que el contrato completo que había celebrado el antecesor, se traspasa por mandato de la ley al causahabiente singular: en los tres casos del art. 1962, obligación de respetar el contrato de arrendamiento. Vemos que los casos anteriores están previstos por la ley. ¿Qué ocurre en las hipótesis no previstas por el legislador? Aunque el asunto es discutible, a falta de norma expresa pareciera que las obligaciones contraídas por el causante no empecen al causahabiente singular. Este, en virtud del efecto relativo de los contratos, podría sostener que la obligación convenida en relación con el bien en que sucede, le es inoponible. Por su parte, a quien contrató con el causante, sólo le quedaría la posibilidad de demandarlo por incumplimiento de la obligación, pero no podría exigir el pago al causahabiente singular. * Los acreedores de las partes: ajenos a la relación jurídica, están por su parte los acreedores que no disponen de preferencias, vale decir los acreedores valistas o quirografarios. Se sostenía por una parte de la doctrina que tales acreedores se equiparaban a las partes, que tomaban el lugar de su deudor en los contratos celebrados por éste, pues dichos contratos repercuten en el derecho de prenda general de los acreedores (art. 2465), para beneficiarlos o perjudicarlos, según incrementen o disminuyan el patrimonio del deudor. Hoy, la doctrina mayoritaria enfatiza que los acreedores son TERCEROS ABSOLUTOS en los contratos que su deudor celebre con otras personas, pues estos contratos directamente no generan derechos y obligaciones para los
acreedores valistas. Lo anterior, sin perjuicio de que indirectamente, los acreedores sean alcanzados por el efecto expansivo o absoluto de los contratos. Asimismo, los acreedores podrán impugnar los contratos celebrados por el deudor en perjuicio de los primeros, fundamentalmente por medio de la acción de simulación y de la acción revocatoria o pauliana. b.3) Excepciones al efecto relativo de los contratos. Estamos ante excepciones al principio citado, cuando un contrato crea un derecho o impone una obligación a un tercero absoluto. Tal es el caso de los CONTRATOS COLECTIVOS, especialmente tratándose de los convenios judiciales preventivos en relación con la quiebra y de los acuerdos de mayoría adoptados por las asambleas de copropietarios de edificios, o en general, en cualquiera comunidad. En estas hipótesis surgen derechos y obligaciones para quienes no concurren a celebrar la convención colectiva o incluso para quienes votan en contra. Se ha planteado también como excepciones la estipulación en favor de un tercero y la promesa de hecho ajeno. Veremos que la primera es una verdadera excepción y la segunda sólo una excepción aparente. b.3.1) La estipulación por otro o contrato en favor de un tercero. * Concepto: en la medida que se admita la doctrina de la creación directa del derecho, la estipulación en favor de un tercero es otra importante excepción al principio en análisis, pues se originan efectos en beneficio de un tercero. El contrato en favor de un tercero ha tenido distinta acogida a lo largo de la historia. En el Derecho Romano clásico, la figura fue repudiada. No se podía estipular por otro. El vínculo jurídico era personalísimo; ni siquiera se admitía la representación. Las fórmulas rígidas de la Stipulatio sólo vinculaban a quienes las pronunciaban. Sin embargo, con el correr del tiempo el Derecho Romano mitigó su postura inicial admitiendo, por ejemplo, la figura de las donaciones modales, en la que donante y donatario convienen que el segundo realizará una prestación o cumplirá una carga u obligación en beneficio del tercero o asignatario modal (recordemos que en este caso, el contrato de donación adquiere el carácter de bilateral). En el extremo opuesto, el derecho germánico admitía la estipulación por otro. En nuestros días, el CC. alemán establece: “por contrato puede estipularse una prestación en favor de tercero, de manera que este último adquiera inmediatamente el derecho de exigir la prestación”. El CC. español también admite la figura, aunque a diferencia del CC alemán, impone el requisito de la aceptación para que el tercero pueda exigir el cumplimiento de la estipulación hecha a su favor. Esta aceptación es intrascendente en Alemania.
El derecho civil francés‚ se sitúa en una posición intermedia. Restrictiva en los textos legales, la jurisprudencia sin embargo ha consagrado amplia validez a la figura. La institución se recoge en el art. 1449 de nuestro CC., que dispone: “Cualquiera puede estipular a favor de una tercera persona, aunque no tenga derecho a representarla; pero sólo esta tercera persona podrá demandar lo estipulado; y mientras no intervenga su aceptación expresa o tácita, es revocable el contrato por la sola voluntad de las partes que concurrieron a él. Constituyen aceptación tácita los actos que sólo hubieran podido ejecutarse en virtud del contrato.” El jurista italiano Giovanni Pacchioni define la figura en los siguientes términos: “Es contrato en favor de tercero, en sentido técnico, solamente aquel que, realizado válidamente entre dos personas, pretende atribuir un derecho a una tercera que no ha tenido parte alguna, ni directa ni indirectamente, en su tramitación y perfección; y que no obstante, logra efectivamente el atribuir a esa tercera persona un derecho propiamente suyo; derecho que puede estimarse como propio del que estipuló tal contrato y cedido luego al tercero o simplemente ejercido por éste en lugar de aquel.” Hay numerosos casos prácticos de contratos en favor de terceros absolutos: el seguro de vida, en que se pacta que al fallecimiento del asegurado se paga una indemnización al tercero que se designa; el contrato de transporte de mercaderías celebrado entre el expedidor y el porteador que obliga al último a entregar la cosa en el lugar de destino al tercero destinatario o consignatario; el contrato de donación con carga en favor de un tercero; o cuando con cargo a su cuenta corriente, una persona solicita a un Banco la emisión de un vale vista a nombre de un tercero, etc. * Naturaleza jurídica de la estipulación en favor de un tercero: cuatro son las principales doctrinas que se han formulado para explicarla. Para entenderlas cabalmente, precisemos que en esta figura intervienen tres personas: el estipulante, el prometiente y el tercero beneficiario. En el contrato de seguro de vida, por ejemplo, el asegurado es el estipulante, el asegurador es el prometiente y el tercero beneficiario es la persona a quien debe pagarse la indemnización convenida. Teorías propuestas: 1º Teoría de la oferta: se descompone la estipulación en favor de un tercero en dos convenciones. Por un primer contrato, el prometiente se obliga frente al estipulante, quien se transforma en acreedor de la estipulación. Posteriormente, el estipulante ofrece su crédito contra el prometiente al tercero beneficiario. La aceptación de este último forma una segunda convención. El crédito pasa así del patrimonio del estipulante al patrimonio del tercero, pero únicamente después que éste acepta. A partir de este momento, el prometiente tampoco podrá echar pie atrás.
Se han señalado sin embargo diversos inconvenientes de esta teoría: + Al ingresar el crédito inicialmente al patrimonio del estipulante, pasando a formar parte del derecho de prenda general de sus acreedores, éstos podrán embargar el crédito, imposibilitando así el traspaso al tercero beneficiario. A su vez, los herederos del estipulante podrían considerar el derecho o crédito como parte del patrimonio hereditario, y negarse por ende a transferirlo al tercero beneficiario; o si el derecho se traspasó en vida, frente a dicha cesión a título gratuito que hizo el estipulante al tercero, podrían intentar su invalidación, mediante la acción de inoficiosa donación (arts. 1425 y 1187). + En general, mientras el tercero no acepte la oferta que le hace el estipulante, esta estará sujeta a todas las contingencias que pueden afectar una propuesta. Ahora bien, puesto que la oferta caduca por la muerte o incapacidad sobreviniente del oferente, si en el intertanto el tercero no la había aceptado, no será posible consolidar la operación. Así las cosas, no podría concebirse el contrato de seguro de vida, que obviamente siempre opera en favor de un tercero, pues éste, usualmente, sólo conoce la estipulación después de la muerte del estipulante. 2º Teoría de la agencia oficiosa o gestión de negocios ajenos: el estipulante actúa como gestor de los negocios del tercero, como su agente oficioso (art. 2286), al obtener el compromiso del prometiente. Por la aceptación del tercero interesado, la operación cuasicontractual se transforma, retroactivamente, en un contrato de mandato, entendiéndose que el estipulante actuó a nombre y en representación del tercero. Este último es en realidad “parte” y no “tercero”. En relación a la primera teoría, la de la agencia oficiosa tiene dos ventajas: + En primer lugar, la operación no tiene ya el carácter precario que se critica a la teoría de la oferta; además, la gestión puede ser ratificada aún después de la muerte del gestor. + En segundo lugar, el derecho no permanece en el patrimonio del estipulante antes de la aceptación; no queda por ende expuesto a la acción de los acreedores o de los herederos. Sin embargo, se precisa que esta teoría es FICTICIA, ya que en el hecho, el estipulante actúa a nombre propio y no como agente oficioso. En cambio, en la agencia oficiosa, el gestor es un mero intermediario y obra a nombre del interesado, aunque sin mandato. Además, tres características esenciales de la agencia oficiosa no están presentes en la estipulación a favor de otro: + El interesado en la gestión debe cumplir las obligaciones contraídas por el agente si éste hubiere administrado bien el negocio (art. 2290); esto no ocurre en la estipulación por otro, en la que el tercero, aunque el negocio haya sido bien administrado, puede rechazar la estipulación. + El agente oficioso, después de iniciada la gestión, está obligado a proseguirla (art. 2289); en cambio, el estipulante puede revocar la estipulación de común acuerdo con el prometiente, mientras no acepte el tercero.
+ No media entre el estipulante y el tercero ninguna relación, el primero no puede reclamar cuentas al último. Entre tanto, la gestión de negocios crea entre el gerente y el interesado un conjunto de relaciones jurídicas. 3º Teoría de la declaración unilateral de voluntad: habría en la estipulación por otro una expresión de la voluntad unilateral del deudor como fuente de las obligaciones. El prometiente adquiriría el rol de deudor del beneficiario por su exclusiva voluntad (en tal sentido, Josserand). Ante esta teoría, se tiene presente: i) Que es muy discutible que el Derecho Chileno acoja la promesa unilateral como fuente de las obligaciones. No se alude a ella en los arts. que consagran las fuentes de las obligaciones (578, y la trilogía compuesta por los 1437, 2284 y 2314). Sobre el particular, la jurisprudencia ha declarado en algunas ocasiones que la aceptación de una letra de cambio o la suscripción de un pagaré, constituirían casos de declaración unilateral de voluntad como fuente de obligaciones. Otro caso, a juicio de algunos, sería la promesa unilateral de contrato bilateral, a la que aludiremos al tratar del contrato de promesa; o tratándose del caso señalado en el artículo 632 del Código Civil, al ofrecerse una recompensa a quien encuentre una especia perdida; o en el ámbito de la formación del consentimiento, el caso de la oferta que por sí sola obliga (artículo 99 del Código de Comercio). ii) Esta teoría desconoce el CONTRATO, señalado en el art. 1449, existente entre el estipulante y el prometiente. iii) Finalmente, no permite comprender por qué sería necesaria la concurrencia de la voluntad del estipulante junto con la voluntad del prometiente para revocar la estipulación antes de la aceptación del tercero, si para que naciera la obligación sólo se requería la voluntad del prometiente. 4º Teoría de la adquisición directa del derecho: esta teoría considera la estipulación en favor de un tercero lisa y llanamente como una excepción al efecto relativo de los contratos. Por excepción al principio, el contrato crea directamente un derecho para el tercero. No se intenta asimilar esta figura a otras instituciones. Como señala la doctrina, más que explicar la naturaleza jurídica de la figura, esta teoría constata la existencia y eficacia de la estipulación en favor de un tercero. Con todo, al menos no se entraba su desarrollo aplicándose regímenes jurídicos propios de otras instituciones. El derecho se crea en favor del tercero desde el instante mismo en que se celebra el contrato entre estipulante y prometiente, aunque el tercero desconozca la estipulación. La declaración o aceptación del tercero beneficiario, sólo es un requisito para que dicho tercero pueda exigir la prestación, pero el derecho a su favor ya nació, independientemente de su voluntad. En otras palabras, la aceptación del tercero no es sino un presupuesto de la exigibilidad del derecho por el mismo tercero. Con todo, si bien sobre este punto hoy día no hay mayor debate, Ramón Domínguez Aguila previene que “restan por resolver doctrinaria y prácticamente algunas cuestiones importantes.
Desde luego, la razón misma del por qué se crea el derecho (para el tercero) directamente con el contrato, pues decirlo es una mera afirmación y no una explicación. Mientras ello no se solucione lógicamente, queda en dudas el saber si vale la estipulación en favor de quien no ha nacido o no es aún persona jurídica”. El CC. peruano recoge explícitamente esta teoría de la creación directa del derecho (arts. 1457 a 1469). * Efectos de la estipulación por otro: los estudiaremos en relación a la última teoría. Al respecto, debemos distinguir: + Efectos o relaciones entre estipulante y prometiente: son las partes en el contrato. Sin embargo, al tenor del art. 1449, sólo el tercero beneficiario podrá demandar lo estipulado. El estipulante, por sí mismo, no puede hacerlo, sin perjuicio de poder exigir al prometiente que le cumpla al tercero. La legitimación activa para que pueda demandar judicialmente la ejecución en favor del tercero, radica en el interés pecuniario y a veces moral que lo llevó a contratar con el prometiente. Por otra parte, el art. 1536 establece también una vía indirecta para que el estipulante obligue al prometiente a cumplir con lo pactado en favor del tercero. En este caso, el estipulante puede exigir para sí la pena. Además, también el estipulante puede pedir la resolución del contrato, más la indemnización de los daños que se acrediten. A su vez, y no obstante el ingreso del derecho al patrimonio del tercero desde el momento de la estipulación, el estipulante y el prometiente pueden REVOCAR el contrato (resciliar, en estricto rigor, pues la revocación es un acto jurídico unilateral) mientras el tercero beneficiario no haya aceptado expresa o tácitamente. La revocación entre las partes, al igual que la aceptación del tercero, puede ser por un acto jurídico tácito (el CC peruano otorga al estipulante el derecho de revocar unilateralmente el contrato en favor del tercero; lo mismo acontece en el derecho francés). Lo anterior podría llevar a concluir que el derecho que ha nacido directamente en favor del tercero, está sujeto a una condición resolutoria ordinaria, consistente en que las partes no revoquen la estipulación antes de la aceptación de dicho tercero. Aún más, contestando las dudas planteadas por Domínguez, podríamos sostener que si la estipulación cede en beneficio de quien no ha nacido o no es aún persona jurídica, estaríamos en tal caso ante una doble condición: la resolutoria apuntada y una suspensiva, consistente en que llegue a existir la persona natural o jurídica de que se trate. Acerca de esta institución, interesante es el fallo de la Corte Suprema, en sentencia de casación del 30 de enero de 1989, pronunciándose sobre un contrato de seguro por daños a buses en beneficio de un tercero (un Banco). Ocurrido el siniestro, la compañía aseguradora indemnizó al estipulante, dueño del autobús, y no al Banco. Este demandó a la prometiente (aseguradora), sosteniendo que se había infringido el art. 1449, al desconocerse la estipulación en su
beneficio. La Corte rechazó el argumento, pues no constaba que el Banco hubiese aceptado el contrato de seguro en su favor, expresa o tácitamente. + Efectos o relaciones entre prometiente y beneficiario: el prometiente se encuentra directamente obligado frente al tercero beneficiario. Este, aunque no es parte en el contrato, es acreedor del primero desde el momento en que se celebra la estipulación. Para ejercer su acción contra el prometiente, deberá aceptar expresa o tácitamente. No podrá ejercer sin embargo la acción resolutoria contra el prometiente, ya que esta acción incumbe exclusivamente a las partes contratantes (art. 1489). En caso de fallecimiento del tercero beneficiario antes de aceptar la estipulación, transmite a sus herederos la facultad de aceptar, puesto que el crédito o derecho ya estaba en su patrimonio. Con mayor razón acontecerá lo anterior, si fallece después de haber aceptado, caso en el cual transmite a sus causahabientes el derecho a exigir el cumplimiento forzado de lo que debía el prometiente. + Efectos o relaciones entre estipulante y tercero beneficiario: jurídicamente, son sujetos extraños. No media entre ellos ninguna relación jurídica proveniente de la estipulación. El derecho del tercero beneficiario nunca se radica en el patrimonio del estipulante. Los acreedores del estipulante carecen por ende de derechos sobre el crédito derivado de la estipulación. Tampoco los herederos del estipulante podrían poner en tela de juicio la estipulación en favor del tercero entablando la acción de inoficiosa donación. * Características de la estipulación en favor de otro: + El tercero debe ser extraño a la relación jurídica entre el prometiente y el estipulante. Por ello, es indispensable que el estipulante no tenga derecho para representar al tercero. Si el estipulante fuere el mandatario o representante legal del tercero, éste sería parte en el contrato. Tampoco podría considerarse al beneficiario como un extraño, cuando sea heredero del estipulante (caso del seguro en que el beneficiario fuera la sucesión del estipulante; en cambio, si fuere una persona que no tiene la calidad de continuador legal del causante, estaríamos ante estipulación en favor de tercero). + El estipulante debe obrar a nombre propio. En efecto, en caso de actuar sin poder pero a nombre del tercero beneficiario, el estipulante será un agente oficioso. No estipularía para otro, sino a nombre de otro. Recordemos que en el caso de la agencia oficiosa, el tercero se convertirá en acreedor sólo desde el momento en que ratifique, instante desde el cual se reputa que el acto jurídico fue ejecutado por él, considerándose retroactivamente al estipulante como su mandatario. + Sólo el tercero beneficiario puede demandar lo estipulado. El tercero tiene un derecho exclusivo y directo. + Las partes contratantes (prometiente y estipulante) pueden revocar (o mejor dicho resciliar) la estipulación, mientras el tercero no acepte
expresa o tácitamente. En nuestro CC., la “revocación” es un acuerdo de los contratantes, a diferencia de los códigos civiles peruano y francés, que consideran la revocación como un acto unilateral del estipulante. b.3.2) La promesa de hecho ajeno: art. 1450. Dispone este artículo: “Siempre que uno de los contratantes se compromete a que por una tercera persona, de quien no es legítimo representante, ha de darse, hacerse o no hacerse alguna cosa, esta tercera persona no contraerá obligación alguna, sino en virtud de su ratificación; y si ella no ratifica, el otro contratante tendrá acción de perjuicios contra el que hizo la promsa.” La mayoría de la doctrina nacional (López Santa María, Meza Barros) concluye que esta figura no es excepción al principio del efecto relativo de los contratos, ya que no crea ningún derecho y menos una obligación a cargo de un tercero absoluto. El único que resulta obligado es el prometiente, quien se compromete a obtener que otra persona acepte efectuar una prestación en favor del acreedor. En verdad, como se precisa por López Santa María, lo que el deudor promete es su hecho propio, a saber: lograr que otro consienta en dar, hacer o no hacer algo en favor del acreedor. Estamos entonces ante una obligación de hacer del prometiente, que consiste en que el tercero ratifique. Mientras ello no acontezca, el tercero no contrae obligación alguna. Si el prometiente fracasa en su intento, deberá indemnizar al acreedor los perjuicios que se deriven de su incumplimiento. En este caso, al acreedor sólo le queda el camino de la ejecución forzada “por equivalente” en contra del prometiente, es decir, exigirle la indemnización por los daños sufridos. La alternativa de la ejecución forzada “por naturaleza” (o sea, pedir el cumplimiento de la obligación misma y no una suma de dinero equivalente) es improcedente, pues el sistema jurídico es impotente para obtener el asentimiento del tercero, si éste lo rehúsa. A contrario sensu, si el tercero ratifica, y después no cumple la prestación prometida al acreedor, tienen aplicación las reglas generales, sin que el acreedor pueda demandar al primitivo prometiente. La doctrina se ha preguntado por la fuente de la obligación que asume un tercero. Para algunos, la fuente sería un cuasicontrato de agencia oficiosa. El promitente actuaría como gestor de negocios ajenos. Esta explicación tiene un inconveniente sin embargo, al tenor del art. 2290: la agencia oficiosa crea obligaciones para el interesado (el tercero) “si el negocio ha sido bien administrado”. Un criterio objetivo (la buena administración o utilidad para el interesado), determina que el interesado deba cumplir las obligaciones contraídas por el gerente o gestor de negocios ajenos. En cambio, en la promesa de hecho ajeno, todo depende de la voluntad del tercero, vale decir, es un criterio puramente subjetivo. Para otros, la fuente sería la voluntad unilateral del deudor, en este caso, del tercero, cuando ratifica. Hay sin embargo un argumento de texto contra esta hipótesis, en el art. 1536, 2º, relativo a la promesa
de hecho ajeno con cláusula penal, cuando alude al “consentimiento”, vale decir, la promesa de hecho ajeno implicaría, para su eficacia, un acuerdo de voluntades y no la mera voluntad aislada del deudor que acepta. López Santa María concluye señalando que es más simple admitir que la fuente de la obligación del tercero es la ley (el art. 1450 del CC), evitando así los inconvenientes derivados de la práctica de explicar las instituciones jurídicas mediante su absorción por otras. c) El efecto absoluto o expansivo de los contratos. Al margen de la voluntad de las partes, a veces un contrato puede ser invocado por un tercero a su favor o también oponerse a un tercero en su detrimento. En alguna medida, en cuanto el contrato es un hecho que como tal existe para todos, en sus efectos reflejos puede alcanzar a terceros absolutos. No hay propiamente en esta situación una excepción al principio del efecto relativo de los contratos. En el caso del efecto expansivo, no surge un derecho u obligación directamente para el tercero, sino que éste puede invocar un contrato ajeno o puede oponérsele. El contrato, como hecho, tiene vigencia erga omnes. Algunas manifestaciones concretas del efecto absoluto de los contratos: * En las quiebras, cuando un acreedor verifica su crédito contra el fallido, los restantes acreedores no podrían desconocerlo o impugnarlo alegando que deriva de un contrato que no les empece. * Al regular los efectos civiles de las ventas sucesivas de una misma cosa a dos o más personas, mediante contratos diversos, la ley protege a un comprador sobre otro en base a los criterios que indica el art. 1817. El comprador que no es preferido por la ley resulta perjudicado por el efecto reflejo o expansivo de la compraventa en que no fue parte. * Al conferir a los acreedores una acción directa, que les permite demandar, en sede contractual, a quienes contrataron con sus deudores. Dicho de otro modo, el demandante puede oponer al demandado un contrato en el que sólo el segundo fue parte. En nuestra legislación, el caso más importante lo encontramos en la Ley Nº 18.490, en materia de seguro obligatorio contra riesgos personales derivados de la circulación de vehículos motorizados. La víctima de un accidente del tránsito puede accionar directamente contra el asegurador, a pesar de que la primera sea un tercero absoluto en el contrato de seguro. No obstante ello, podrá esgrimir, a título personal, el contrato ajeno. Igual acontece en algunas hipótesis de subcontrato, como en el submandato (art. 2138), al permitirse al mandante accionar directamente en contra del delegado o submandatario; o en el caso de los subcontratistas, que pueden exigir el pago de sus remuneraciones u honorarios al propietario de la obra, y no sólo al empresario o constructor que contrató al subcontratista (art. 2003, regla 5ª); o en el caso del subarrendamiento, cuando se posibilita al arrendador para expeler al subarrendatario de la casa o edificio, si hubiere tenido notoria mala conducta (art. 1973).
* En los casos de convenciones en perjuicio de terceros: los contratos fraudulentos celebrados por el deudor, pueden ser atacados por sus acreedores, como ocurre con la acción pauliana. * En general, en los contratos de Derecho de Familia, que producen efectos erga omnes. Como señala Somarriva, los actos de familia son de efectos absolutos en el sentido de que el estado civil a que ellos dan origen puede oponerse a cualquiera persona. d) La inoponibilidad de los contratos. d.1) Concepto. Bastian la define como “la ineficacia, respecto de terceros, de un derecho nacido como consecuencia de la celebración o de la nulidad de un acto jurídico”. En otras palabras, es la sanción civil que impide que se haga valer ante terceros un derecho (nacido ya sea de la celebración de un acto jurídico, ya sea de la nulidad o de otra causal de terminación anormal de un acto jurídico, como la resolución o la revocación). d.2) Diferencias entre la inoponibilidad y la nulidad. Si bien la inoponibilidad es una sanción civil igual que la nulidad, entre ambas instituciones hay importantes diferencias: * La nulidad deriva de infracciones legales o vicios que se producen al nacer el acto jurídico. La inoponibilidad, en cambio, es independiente de la generación del contrato; el contrato es válido, pero otras circunstancias determinan su ineficacia frente a terceros. Vale decir, sus causas son diversas. * La nulidad produce efectos tanto entre las partes que celebraron el acto anulado cuanto respecto de terceros. La inponibilidad dice relación exclusivamente con los terceros. * La nulidad es una sanción de orden público y por ende, no puede renunciarse de antemano. La inoponibilidad, establecida únicamente en beneficio de los terceros que pueden invocarla, es de orden privado. Los terceros, entonces, pueden renunciar al derecho a impetrarla. * Si aparece de manifiesto en el acto o contrato, la nulidad absoluta puede y debe ser declarada de oficio por el juez; la inoponibilidad nunca puede pronunciarse de oficio. Las medidas de protección que articulan la inoponibilidad, están enfocadas principalmente en favor de los terceros relativos, vale decir, los causahabientes a título singular (y los acreedores de las partes, a juicio de algunos). En algunos casos, sin embargo, la inoponibilidad también beneficia a los terceros absolutos o penitus extranei, según indicaremos. Las medidas de protección dicen relación al cumplimiento de ciertas reglas de forma y de fondo, para que el acto o contrato sea oponible a terceros. Si no se observan, el acto jurídico no será oponible, sin perjuicio que entre las partes será plenamente eficaz. También la inoponibilidad protege a los terceros de los efectos de la declaración de nulidad de un acto o contrato, que éstos desean siga vigente. En esta
hipótesis, se limita el alcance de la nulidad: el acto o contrato será nulo sólo entre las partes, manteniéndose plenamente eficaz respecto de terceros. d.3) Causales de inoponibilidad. La inoponibilidad busca cumplir dos finalidades: * La protección de los terceros ante los efectos de un acto válido; * La protección de los terceros ante los efectos de la declaración de nulidad de un acto. La inoponibilidad que protege a los terceros de los efectos de un acto válido, puede tener su origen en causas formales o de fondo. Las examinaremos a continuación: 1º Inoponibilidad por incumplimiento de las formalidades de publicidad. Estas formalidades están destinadas a divulgar ante terceros la celebración de un acto o contrato o el acaecimiento de un determinado suceso de relevancia jurídica. Su incumplimiento acarrea la inoponibilidad del acto frente a terceros. Casos: arts. 1707 (contraescrituras); 1902 (cesión de créditos nominativos); 2114 (disolución de la sociedad); 2513 (sentencia que declara la prescripción adquisitiva) En el ámbito del CPC, los arts. 297, 1º y 453, que establecen que la medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre un inmueble o el embargo sobre los bienes raíces, afectarán a terceros sólo si la resolución judicial que lo ordenó se inscribe en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces competente. Tratándose de leyes especiales, por ejemplo la Ley Nº 18.112, que establece la prenda sin desplazamiento, al exigir que se publique un extracto de la escritura en el Diario Oficial en el plazo de 30 días hábiles; o la Ley Nº 18.290, del Tránsito, que establece que son inoponibles a terceros los gravámenes, prohibiciones o embargos, etc, que afecten a vehículos motorizados, mientras no se anoten en el Registro homónimo; o la Ley 19.947, Ley de Matrimonio Civil, al disponer que la sentencia ejecutoriada en que se declare la separación judicial sólo será oponible a terceros, una vez subinscrita al margen de la respectiva inscripción matrimonial (artículo 32); lo mismo se exige respecto de la sentencia de divorcio (artículo 59). La inoponibilidad, en esta causal, proviene de una circunstancia formal. 2º Inoponibilidad por falta de fecha cierta. Por regla general, los instrumentos privados son inoponibles a terceros respecto a la fecha en la cual aparecen suscritos, atendiendo a que es posible antedatarlos o postdatarlos, careciendo por tanto de certeza en cuanto a su fecha. Pero esta regla no puede ser absoluta. Existen ciertas circunstancias que permiten fijar con toda claridad la fecha de un instrumento privado: art. 1703 (en relación a los arts. 419 y 430 del COT).
También debemos tener presente los cuatro casos contemplados en el art. 346 del CPC, en los cuales un instrumento privado emanado del litigante contra el que se presenta, se tiene por reconocido. En tales casos, el instrumento privado reconocido judicialmente tiene valor de escritura pública, incluso aunque no esté firmado, como concluye un fallo de la Corte Suprema. Por su parte, el art. 127 del C. de C. dispone que “Las escrituras privadas que guarden uniformidad con los libros de los comerciantes hacen fe de su fecha respecto de terceros, aún fuera de los casos que enumera el art. 1703 del CC.” Esta causal de inoponibilidad también es formal. 3º Inoponibilidad por falta de consentimiento o por falta de concurrencia. Observamos una hipótesis en el art. 1815, a propósito de la venta de cosa ajena. El contrato es inoponible al dueño de la cosa, ya que este no consintió en la venta. En consecuencia, mientras el comprador que se convierte en poseedor del bien no se transforme en propietario en virtud de la prescripción adquisitiva, el dueño de la cosa puede reivindicarla (o concurriendo las exigencias legales, recuperar la cosa a través de acciones posesorias o incluso interponiendo acciones civiles restitutorias emanadas de los delitos de hurto, robo o usurpación). Igual ocurre con el arrendamiento de cosa ajena: art. 1916, 2º; y en la prenda de cosa ajena, art. 2390. Estos casos de inoponibilidad están en realidad establecidos a favor de terceros absolutos, como es el dueño de la cosa. En el ámbito del mandato, encontramos otro caso: arts. 2160 y 2136. Son inoponibles al mandante los actos del mandatario, cuando éste excede los límites del mandato (salvo que medie ratificación por el mandante); igual cosa, tratándose de los actos realizados por el delegado o submandatario, si el mandante no había autorizado al mandatario para delegar (salvo también que opere ratificación; la delegación será válida en todo caso, sólo que ocasionará efectos exclusivamente entre delegante y delegado). Distinta es la solución, sin embargo, tratándose del mandato judicial, pues en él el procurador puede delegar el mandato, salvo prohibición expresa del mandante (art. 7º CPC). Esta causal de inoponibilidad es de fondo. 4º Inoponibilidad por fraude. En cualquier relación jurídica, el deudor mantiene la libertad de seguir actuando con su patrimonio en el mundo de los negocios jurídicos. El acreedor debe soportar en consecuencia, la posible disminución del patrimonio de su deudor, y de tal punto de vista, los actos del último le son oponibles. Afectarán el derecho de prenda general del acreedor. Pero éste no está obligado a tolerar actos que supongan una disminución del patrimonio del deudor, en los cuales éste ha actuado fraudulentamente. Recurrirá entonces el acreedor a uno de sus derechos auxiliares: la acción pauliana o revocatoria.
Esta es una acción de inoponibilidad, ya que el contrato que se revoca no tiene eficacia frente al acreedor perjudicado por el fraude. También esta es una inoponibilidad de fondo. 5º Inoponibilidad por lesión de derechos adquiridos. Encontramos un caso en el art. 94 del CC., en materia de muerte presunta. La revocación (y no “rescisión”, como dice el texto legal) del decreto de muerte presunta, no afecta derechos adquiridos por terceros. Entre la protección más amplia de los intereses del desaparecido y la seguridad jurídica, el legislador opta por la última. Es también una inoponibilidad de fondo. 6º Inoponibilidad por lesión de las asignaciones correspondientes a los legitimarios. Los legitimarios pueden recurrir a la acción de reforma de testamento, cuando el causante no respetó las asignaciones forzosas a que lo obliga la ley en favor de los primeros (arts. 1167, 1182 y 1216). Son legitimarios los hijos (personalmente o representados), los ascendientes y el cónyuge sobreviviente. Prosperando la acción, el testamento no será oponible a los reclamantes, en aquella parte que contravenga las normas sobre asignaciones forzosas. Se trata de un caso de inoponibilidad de fondo. 7º Inoponibilidad derivada de la nulidad de un acto jurídico. De conformidad a lo dispuesto en el art. 1689, la nulidad judicialmente declarada confiere acción reivindicatoria contra terceros poseedores, aunque se hallen de buena fe (a diferencia de la resolución del contrato, que exige mala fe, arts. 1490 y 1491). En algunos casos, sin embargo, la nulidad será inoponible a los terceros: * Caso del art. 1895, en el ámbito de la rescisión por lesión enorme: subsisten las hipotecas u otros derechos reales constituidos en favor de terceros. * Caso del tercero que adquiere por prescripción, que a su vez extingue la acción reivindicatoria. * Caso del art. 2058 del CC.: para los terceros la sociedad de hecho es válida y sólo los socios pueden invocar la nulidad, entre sí. * En el Derecho de Familia, el matrimonio nulo, es inoponible a los hijos: estos conservarán su filiación matrimonial (art. 51 de la Ley de Matrimonio Civil). * El matrimonio nulo putativo, permite al cónyuge que lo hubiere celebrado de buena fe y con justa causa de error, hacer valer los efectos del contrato, como si fuere válido (artículo 51 de la Ley de Matrimonio Civil). * En materia de contratos de donación, el art. 1432 establece que normalmente, salvo que concurran los supuestos que indica, la
resolución, la rescisión y la revocación son inoponibles a los terceros poseedores de los bienes donados. No corresponde incluir entre los casos anteriores el del art. 94, regla 4ª, porque como se dijo, la ley usa impropiamente el término “rescisión”, cuando en realidad hay caducidad del decreto que había concedido la posesión definitiva de los bienes del desaparecido. 8º Inoponibilidades derivadas de la quiebra. Distinguimos al efecto entre los deudores en general y los deudores comerciantes, industriales o que ejercían una actividad minera o agrícola. * Deudores en general. En el caso de la quiebra de cualquier deudor, la Ley Nº 18.175 declara inoponibles a los acreedores una serie de contratos celebrados por el fallido, sin que sea preciso probar el fraude, como en el caso de la acción pauliana. Son inoponibles: + Todos los actos y contratos ejecutados o celebrados después de dictada la sentencia que declara la quiebra (art. 72). + Todos los actos y contratos a título gratuito ejecutados o celebrados por el deudor fallido desde 10 días antes de la cesación de pagos hasta el día de la quiebra (art. 74). El plazo anterior podrá ampliarse, iniciándose 120 días antes de la cesación de pagos, si el fallido contrató con un descendiente, ascendiente o colateral hasta el cuarto grado, aunque se hubiere actuado por interpósita persona. Respecto a la cesación de pagos, su fecha se fija por el Tribunal, según los antecedentes del caso, pudiendo anteceder a la quiebra hasta un año (arts. 61 a 63). + En cuanto a los contratos a título oneroso, se aplicará el art. 2468 del CC. (art. 75), vale decir, deben concurrir los requisitos de la acción pauliana, lo que supondrá la dificultad, para los acreedores, consistente en acreditar la mala fe del deudor como del tercero que contrató con el anterior. * Deudores comerciantes, industriales o que ejercían una actividad minera o agrícola. El art. 76 de la Ley de Quiebras declara inoponibles a los acreedores los siguientes actos y contratos, celebrados por el fallido desde los 10 días anteriores a la fecha de la cesación de pagos y hasta el día de la quiebra: + Todo pago anticipado, sea de deuda civil o comercial. + Todo pago de deuda vencida que no sea ejecutado en la forma estipulada en la convención. + Toda hipoteca, prenda o anticresis constituida sobre bienes del fallido para asegurar obligaciones anteriormente contraídas. 9º Inoponibilidad por simulación. En los casos de contratos simulados, las partes no pueden oponer el acto secreto u oculto a terceros. Estos pueden optar, es decir pueden valerse del acto ostensible, externo o aparente o bien del acto secreto.
En este último caso, tienen que probar la existencia del acto oculto ejerciendo la acción de simulación. d.4) Sujetos activos y pasivos de la inoponibilidad. Pueden invocarla sólo aquellos terceros a quienes la ley ha intentado proteger, vale decir, a quienes perjudican los efectos del acto o la nulidad del mismo. Por regla general, la inoponibilidad puede invocarse contra todo aquel que intente valerse del acto o de su nulidad. Excepcionalmente, la inoponibilidad por fraude no alcanza a terceros adquirentes a título oneroso, que están de buena fe (art. 2468 Nº 1). d.5) Forma de hacer valer la inoponibilidad. Por regla general, será a través de una excepción. En lo que respecta a las inoponibilidades por fraude o por lesión de las legítimas, deben hacerse valer como acción. El tercero deberá interponer la acción pauliana o la acción de reforma de testamento, respectivamente. En el caso de la inoponibilidad por falta de concurrencia, no puede formularse una regla general: así, cuando el mandatario se excedió en los límites del mandato, el mandante podrá esgrimirla como excepción; a su vez, en el caso de la venta de cosa ajena, el dueño deberá interponer la acción reivindicatoria, si no tuviere la posesión, o invocará la inoponibilidad como excepción, si la tuviere. Las inoponibilidades derivadas de la quiebra, se harán valer como acción. d.6) Efectos de la inoponibilidad. Se traducen en que el acto no puede perjudicar a terceros, pero sí aprovecharles. Sin embargo, nada impide que el tercero renuncie a la inoponibilidad, si tiene interés en aprovecharse de los efectos del acto o de la nulidad. d.7) Extinción de la inoponibilidad. * La inoponibilidad de forma se extingue por el cumplimiento de las formalidades omitidas, cuando ello sea posible. * Por la renuncia expresa o tácita del tercero (dado que la inponibilidad mira a su personal interés, art. 12). Habrá renuncia tácita, cuando no de interponga la acción respectiva, en aquellos casos en que la inoponibilidad debe hacerse valer por vía de acción (por ejemplo, el dueño que no está en posesión de la cosa, y no deduce a tiempo la acción reivindicatoria; o el legitimario que no impugna el desheredamiento dentro del plazo legal). * Por prescripción, en todos aquellos casos en que debió hacerse valer como acción. 6.- ) El principio de la buena fe contractual. En el Derecho Civil comparado, la buena fe va adquiriendo enorme importancia desde que las escuelas exegéticas han comenzado a
batirse en retirada. Son numerosos los textos legales del siglo XX que han consagrado, con mayor o menor amplitud, el pleno vigor del principio de la buena fe en materia contractual. También se advierte en la jurisprudencia comparada la dictación de importantes fallos que extraen consecuencias jurídicas de la buena fe, aún a falta de texto legal expreso que les sirva de apoyo inmediato. Mencionar la buena fe es evocar la idea de rectitud, de corrección, de lealtad. En términos generales, alude a una persuasión subjetiva, interna, de carácter ético, de estar actuando o haber actuado correctamente. Proyectada al Derecho Civil, asume dos direcciones: la primera, la buena fe subjetiva, conserva la fisonomía psicológica a que aludíamos. La segunda, la buena fe objetiva, que es la que mayormente interesa en materia de contratos, pierde tal fisonomía. Estamos ante un principio general del derecho de la mayor trascendencia. Como destaca López Santa María, ya contamos en esta materia en Chile, con una sentencia que abre el camino adecuado: “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, sin apego a la letra rigurosa de ellos ni a un derecho estricto. No deben las partes asilarse en la literalidad inflexible para dar menos ni para exigir más, arbitrariamente, al influjo de un interés propio y mezquino; antes bien, ha de dejarse expresar al contrato ampliamente su contenido. Tampoco debe dejarse de atender a factores extraliterales que pudieran fundarse en la naturaleza del pacto, en la costumbre o en la ley” (Corte Pedro Aguirre Cerda, 4 de marzo de 1988). a) La buena fe subjetiva. Bona fides, en este sentido, es la creencia que, por efecto de un error excusable, tiene la persona, de que su conducta no peca contra el Derecho (Von Thur). Es la convicción interna o psicológica de encontrarse el sujeto en una situación jurídica regular, aunque objetivamente no sea así, aunque haya error. El Derecho, en diversas ocasiones, disculpa o excusa el error. De consiguiente, la buena fe subjetiva es una noción justificativa del error. En materia de error común, se afirma que éste forma derecho. La manifestación más clara de esta doctrina se encuentra en el art. 1013 del CC. Otras manifestaciones, no tan claras, se encontrarían en los arts. 94 regla 4ª, 426, 1576, 2º y 2058. El caso más importante en que se ha puesto de relieve la dimensión subjetiva de la buena fe, es el de la posesión de buena fe de una cosa ajena: art. 706, 1º. En el mismo sentido, establece el art. 1950 del CC. español: “La buena fe del poseedor consiste en la creencia de que la persona de quien recibió la cosa era dueña de ella y podía transmitir su dominio”. El ordenamiento jurídico ampara al poseedor de buena fe que erróneamente, creyó adquirir el dominio de su antecesor: se le permite en definitiva llegar a ser dueño mediante la prescripción adquisitiva ordinaria. Además, aún cuando no lograse tal objetivo, el poseedor de buena fe demandado recibe un tratamiento privilegiado respecto a las
prestaciones mutuas, específicamente en relación a los frutos, deterioros y mejoras útiles (arts. 906, 907 y 909). En el Derecho de Familia, observamos también la consagración de la buena fe subjetiva en el matrimonio putativo: la nulidad sólo se proyecta al futuro, careciendo de efecto retroactivo. En el Derecho de las Obligaciones, específicamente en el pago de lo no debido, en lo relativo a la restitución que debe efectuar el accipiens (arts. 2300 y siguientes). En materia de contratos, en los arts. 1842 y 1859 (los pactos de irresponsabilidad en casos de evicción o de vicios ocultos de la cosa vendida, son ineficaces si el vendedor sabía que existía la causa de evicción o el vicio oculto). Igual cosa, en los casos de los arts. 2110 (sociedad) y 2468 (acción pauliana). b) La buena fe objetiva. A ella se remite el art. 1546, cuando establece que los contratos deben ejecutarse de buena fe. En el ámbito contractual, no todo puede estar previsto por la ley. Sea por ausencia o ambiguedad de la ley, sea por las peculiaridades especiales del caso, sea por la remisión del propio legislador a estándares o criterios flexibles, con frecuencia la decisión de un litigio contractual queda entregada al poder discrecional del sentenciador. En definitiva y en términos prácticos, en estos casos el desenlace del litigio depende del juez y no de la ley, en sentido estricto. Pero el poder discrecional del juez está limitado, entre otros aspectos, por el establecimiento de reglas legales flexibles, estándares, módulos o patrones de conducta. Un “estándar” es una regla que en lugar de formular una solución rígida, recurre a un parámetro flexible cuyo manejo y concreción, en cada caso, queda entregado al criterio, prudencia y sabiduría del juez de la causa. Se trata de conceptos susceptibles de asumir un contenido empíricamente variable pero que, no obstante, tienen una unidad de significado básica e inamovible, que el sentenciador debe acatar. Uno de dichos estándares legales es la buena fe objetivamente considerada. La misma naturaleza tienen otras nociones como “el buen padre de familia”, “las buenas costumbres”, “el orden público”, “la información esencial”, etc. El principio de la buena fe objetiva impone a los contratantes el deber de comportarse correcta y lealmente en sus relaciones mutuas, desde el inicio de sus tratos preliminares hasta incluso después de la terminación del contrato. A diferencia de la buena fe subjetiva, que se aplica “in concreto” por el sentenciador, averiguando la convicción íntima y personal del sujeto implicado, la buena fe objetiva se aprecia “in abstracto”, prescindiendo el juez de las creencias o intenciones psicológicas de los contratantes, para puntualizar la conducta socialmente exigible de las partes, exclusivamente en base a la equidad, a los usos y en general, al modelo del hombre razonable, o sea, a los estándares legales. La buena fe contractual corresponde a la moral del deber, cuyo objetivo, como señala Enrique Barros, es hacer de cada persona un
ciudadano cumplidor de los requerimientos básicos que plantea la vida social. De lo que se trata es de excluir el abuso y la mala fe en las relaciones contractuales. Se recoge aquí el creciente valor atribuido a la CONFIANZA en las relaciones contractuales, como elemento básico de las mismas. Dado que el estándar o regla de la buena fe objetiva tiene valor NORMATIVO, tanto porque figura en el art. 1546 cuanto porque autoriza al tribunal para determinar los efectos jurídicos del contrato en discusión, ampliando, precisando o restringiendo el tenor del acto jurídico, según las circunstancias, su aplicación configura una cuestión de DERECHO. La decisión sería por tanto susceptible de revisión por la Corte Suprema, por la vía de la casación en el fondo. Por ello, los jueces, amparándose en la imprecisión de la buena fe, se ven impedidos de dictaminar de manera arbitraria o inicua. * Diversas manifestaciones de la buena fe objetiva. Dado que tiene un valor normativo flexible, que se va precisando de modo casuístico, no es posible enumerar todas las manifestaciones concretas de la buena fe durante todo el íter contractual. Sí pueden señalarse algunos ejemplos: + En los tratos preliminares: cada uno de los negociadores debe presentar las cosas conforme a la realidad. Deben expresarse con claridad, absteniéndose de afirmaciones falsas o inexactas o de un silencio o reticencia que puede llevar a una equivocada representación de los elementos subjetivos y objetivos del contrato que se pretende celebrar. Así, por ejemplo, respecto de LOS SUJETOS, no debe incurrirse en inexactitudes sobre la solvencia de los negociadores, sobre su salud mental, sobre sus aptitudes laborales, artísticas o técnicas, etc. En relación AL OBJETO, por ejemplo en el seguro contra incendio de un inmueble, debe informarse fielmente sobre los materiales de que se compone la cosa. En algunos casos, estas hipótesis pueden configurar DOLO en la conclusión del contrato, aplicándose entonces el art. 1458. Pero aún sin dolo, toda vez que se violan negligentemente los deberes de información, ha de remediarse lo hecho indemnizando por culpa in contrahendo (caso de responsabilidad civil precontractual). Otro ejemplo de buena fe objetiva durante los tratos preliminares, es el deber de guardar los secretos conocidos durante las negociaciones, o el deber de advertir que no se está en situación de concluir un contrato válido. + En la celebración del contrato: especialmente encontramos ejemplos en la legislación comparada. Así, el art. 1338 del CC. italiano establece que la parte que conociendo o debiendo conocer la existencia de una causal de invalidez del contrato, no la ha informado a la otra, debe resarcir el daño sufrido por la última al confiar, sin culpa suya, en la validez del acto.
En nuestro Código, algunos ven un ejemplo en el art. 1815, venta de cosa ajena: las indemnizaciones a que tiene derecho el comprador en caso de ser evicta la cosa, se vinculan con la buena fe objetiva. En este contexto, López Santa María critica la pacata concepción actual de la lesión enorme en Chile, que opera en muy pocos casos y que no permite anular -a diferencia de lo que acontece en el Derecho Comparado 3 - contratos a través de los cuales una de las partes hubiese explotado el estado de necesidad o la inexperiencia de la otra, obteniendo ventajas patrimoniales desproporcionadas e ilegítimas; subraya el autor citado que cuando menos, estas abyectas situaciones de hecho podrían ser sancionadas en tanto vulneratorias del deber de rectitud y lealtad contractuales que la buena fe impone, otorgando una indemnización al afectado. La buena fe debiera imponer entonces un equilibrio mínimo a las utilidades que caracterizan el contrato conmutativo. La buena fe también impone el deber de redactar la convención con la claridad necesaria. Si se infringe este deber, podría tener aplicación la regla subsidiaria del art. 1566, en el ámbito de la interpretación de los contratos. De esta forma, se castigaría indirectamente la mala fe de la parte que redactó la cláusula oscura o ambigua. + En el cumplimiento del contrato: en primer lugar, el art. 1558, en cuanto si la incorrección o deslealtad llega a ser constitutiva de dolo, se responde también por los perjuicios imprevistos. Pero más importante en este punto, es el art. 1546. Como novedades normativas, susceptibles de derivarse de la buena fe, López Santa María propone, a vía de ejemplos, los siguientes casos: 1º Desestimar la demanda de resolución de un contrato, fundada en un incumplimiento parcial de poca monta. Y rechazo de la Exceptio non rite aditempli contractus ( tal nombre recibe la excepción de contrato no cumplido opuesta por el demandado, cuando el demandante dejó de cumplir una parte mínima o insignificante de sus obligaciones. Conforme al art. 1460, 1º del CC. italiano, esta excepción es contraria a la buena fe, y por lo tanto debe ser rechazada por el juez. En igual sentido, el art. 320 del CC. alemán). 2º Desestimar la demanda indemnizatoria por incumplimiento de un contrato, cuando la aplicación de la buena fe tipificare una causal de inexigibilidad (por ejemplo, respecto del artista que no se presentó al espectáculo público a que se había comprometido, por fallecimiento o enfermedad grave de un familiar cercano).
El artículo 954 del Código Civil argentino, dispone que “…podrá demandarse la nulidad o la modificación de los actos jurídicos cuando una de las partes explotando la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra, obtuviera por medio de ellos una ventaja patrimonial evidentemente desproporcionada y sin justificación. Se presume, salvo prueba en contrario, que existe tal explotación en caso de notable desproporción de las prestaciones.”
3º Admitir la tesis de Fernando Fueyo, según la cual a los requisitos legales del pago –ejecución literal e integridad (arts. 1569 y 1591)-, debe añadirse la buena fe del solvens y del accipiens. 4º Admitir por los tribunales, conforme a las últimas tendencias de la doctrina, la posibilidad de revisar los contratos en casos de excesiva onerosidad sobreviniente. + En las relaciones postcontractuales: durante la fase de liquidación del contrato, la buena fe objetiva también impone deberes específicos. Así, por ejemplo, terminado el contrato de arrendamiento de oficinas o locales comerciales, el propietario debe permitir al antiguo arrendatario colocar un aviso anunciando el lugar al que se ha trasladado. También en lo que respecta al deber de secreto o reserva. Aquellas cuestiones que uno de los contratantes hubiere conocido con motivo o con ocasión del contrato celebrado y ejecutado, y cuya difusión o conocimiento por terceros pueda dañar a la contraparte, deben permanecer en el secreto o reserva.-
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