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Timestamp: 2018-06-21 19:37:19
Document Index: 127093890

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Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La Mancha - Portal Asesoría y Empresas Thomson Reuters
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LEY 1/2015, DE 12 DE FEBRERO, DEL SERVICIO REGIONAL DE MEDIACIÓN SOCIAL Y FAMILIAR DE CASTILLA-LA MANCHA (DOCM 36 DE 23)
BOE 148 DE 22 DE JUNIO
El Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ( RCL 1982, 2169 ) , aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, establece que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene competencias exclusivas en materia de asistencia social y servicios sociales, promoción y ayuda a los menores, jóvenes, tercera edad, emigrantes, personas con discapacidad y demás grupos sociales necesitados de especial atención (artículo 31.1.20ª) y en materia de protección y tutela de menores (artículo 31.1.31ª).
En el ejercicio de esas competencias exclusivas se aprobó la Ley 14/2010, de 16 de diciembre ( LCLM 2010, 443 ) , de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha, que en su catálogo de prestaciones establece en su artículo 37, entre otras prestaciones técnicas de Servicios Sociales de Atención Especializada, las prestaciones de información, valoración y seguimiento de adopciones; la prevención e intervención en violencia familiar, así como la orientación y mediación familiar.
A nivel estatal, la aprobación reciente de la Ley 5/2012, de 6 de julio ( RCL 2012, 947 y 1047) , de mediación en asuntos civiles y mercantiles, que se enmarca dentro de las competencias exclusivas del Estado en materia de legislación civil, es causa y origen de la necesidad de llevar a cabo una revisión de la Ley 4/2005, de 24 de mayo ( LCLM 2005, 161 ) , del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar, cuyo objeto era la regulación de la mediación familiar como servicio social especializado, constituyéndose como método de resolución extrajudicial de los conflictos familiares, en interés de los menores y de la familia, centrándose fundamentalmente en los procesos de divorcio.
Las personas adoptadas tienen derecho a conocer sus orígenes biológicos y las administraciones públicas tienen la obligación de acompañarles en esa búsqueda, tal y como establece la Ley 54/2007, de 28 de diciembre ( RCL 2007, 2383 ) , de Adopción Internacional, al señalar que el derecho de las personas adoptadas a conocer sus orígenes se hará efectivo con el asesoramiento, la ayuda y la mediación de los servicios especializados de la Entidad Pública de Protección de Menores u organizaciones acreditadas para tal fin.
En este mismo sentido, la Ley 5/2014, de 9 de octubre ( LCLM 2014, 251 ) , de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha, establece, para la Administración de la Comunidad Autónoma, las obligaciones de asegurar la conservación de la información relativa a los orígenes del menor, en particular la identidad de sus padres y la historia médica del menor y su familia; facilitar a las personas adoptantes toda la información disponible, no sujeta a especial protección, sobre el adoptando y la familia de origen, así como establecer un procedimiento confidencial de mediación, previo a la revelación, para que la persona adoptada, su padre y madre biológicos sean informados de sus respectivas circunstancias familiares y sociales y de la actitud manifestada por la otra parte en relación con su posible encuentro.
La Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero ( RCL 2000, 90 ) , Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores recoge uno de los aspectos más positivos del sistema de responsabilidad penal del menor: las soluciones extrajudiciales que, en virtud del principio de oportunidad, permiten al Ministerio Fiscal desistir de la incoación del expediente por corrección en el ámbito educativo o familiar, al sobreseimiento del mismo por conciliación o reparación entre el menor y la víctima, así como la posibilidad de dejar sin efecto la medida impuesta, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la modificación redunde en el interés del menor y se exprese suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta.
El Real Decreto 1774/2004, de 30 de julio ( RCL 2004, 1935 ) , por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores establece la forma de llevar a cabo las soluciones extrajudiciales.
Artículo 3. Conflictos objeto de mediación social y familiar
1. La presente ley se aplica a las actuaciones de mediación social y familiar que se desarrollen, a través del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar, total o parcialmente en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 5. Funciones en materia de mediación social y familiar
Artículo 7. Igualdad, neutralidad e imparcialidad
Artículo 8. Confidencialidad del procedimiento y secreto profesional de la persona mediadora
Artículo 9. Inmediación
Artículo 10. Coste de la mediación
Artículo 11. De las personas, entidades e instituciones mediadoras
Artículo 14. Causas de abstención
Artículo 15. Derechos de las partes en la mediación
Artículo 16. Obligaciones de las partes en la mediación
Artículo 17. Normas del procedimiento
Artículo 18. Inicio de la mediación
c) En los supuestos de mediación, conciliación y reparación que se establezcan de conformidad con la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero ( RCL 2000, 90 ) , reguladora de la responsabilidad penal de los menores el acceso al servicio tendrá lugar a instancia del Ministerio Fiscal.
Artículo 19. Designación de la persona mediadora
Artículo 20. Sesión inicial
Artículo 21. Duración del procedimiento de mediación
Artículo 22. Terminación del procedimiento de mediación
Artículo 23. Documentación de los acuerdos alcanzados
Artículo 25. Responsables de la mediación
Artículo 26. Persona mediadora para la búsqueda de orígenes de personas adoptadas
Artículo 27. Fases de mediación
Artículo 28. Formalización de la solicitud de mediación
Artículo 29. Informe valorativo
Artículo 30. Creación
Artículo 31. Objetivos del servicio de mediación en conciliación y reparación
Artículo 32. Plazos en los procedimientos de mediación extrajudicial
Artículo 33. Sujetos infractores
Artículo 34. Órganos y procedimientos sancionadores
2. La imposición de las sanciones administrativas reguladas en la presente ley se realizará de conformidad con lo establecido en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y demás disposiciones que sean de aplicación para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 35. Clases de infracciones
Artículo 36. Clases de sanciones
Artículo 37. Graduación de las sanciones
Artículo 38. Infracciones constitutivas de delito o falta
Artículo 40. Medidas cautelares
1. De manera excepcional, y siempre y cuando concurran circunstancias que así lo aconsejen, se podrán adoptar durante la tramitación del procedimiento sancionador aquellas medidas cautelares que se estimen oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer en dicho procedimiento, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre ( RCL 1992, 2512 , 2775 y RCL 1993, 246) , de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Disposición adicional primera. Colaboración de la Administración Regional para la prestación de labores de mediación social y familiar en Castilla-La Mancha
Disposición adicional segunda. Formación de las personas mediadoras en Castilla-La Mancha
a) La Ley 4/2005, de 24 de mayo ( LCLM 2005, 161 ) , del Servicio Social Especializado de Mediación Familiar.
b) El artículo 18 de la Ley 17/2010, de 29 de diciembre ( LCLM 2010, 446 ) , de las Familias Numerosas de Castilla-La Mancha y de la Maternidad.
c) El Decreto 87/2009, de 7 de julio ( LCLM 2009, 261 ) , del Observatorio Regional de la Familia de Castilla-La Mancha.
Disposición final primera. Modificación de la Ley 5/2013, de 17 de octubre ( LCLM 2013, 232 ) , de ordenación del servicio jurídico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha