Source: https://www.slideshare.net/ninanor2003/tp-n-2-cuerpo-humano
Timestamp: 2019-10-17 21:24:14
Document Index: 133822298

Matched Legal Cases: ['artículo 21', 'artículo 900', 'in fine', 'Artículo 963', 'in fine', 'in fine']

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1. Universidad Abierta InteramericanaAsignatura: Derechos RealesSede: Lomas de ZamoraTurno mañana, 2011OBJETIVOS :1.-CONOCIMIENTOS:A.-Comprender la Teoría General de los Derecho RealesB.- Comprender los Institutos de Naturaleza ControvertidaC.-Lograr relacionar la problemática de la Ley de Trasplante con la realidad actual y losderechos reales2.-HABILIDADES:A.- Reconocer la diferencia entre los derechos reales y los personalesB.-Comparar distintos artículos de la Ley de Trasplante de órganosC.-Distinguir las situaciones especiales que se presentan en cuanto al objeto de los derechosreales3.-ACTITUDESA.- Tomar conciencia desde lo jurídico de la importancia de la donación de órganosB.- Valorar las diferentes alternativas que ofrece la ley para resolver diferentes situaciones quese relacionan con lo jurídicoC.-Reflexionar sobre el rol del estado respecto a la delicada situación de la donación deórganos humanos y su trasplanteTAREA1.-Abrir un documento colaborativo en google para realizar el trabajo2.-Realizar las invitaciones a los restantes compañeros y al docente3.-Leer en profundidad el fallo y el caso que se acompaña4.- contestar las siguientes preguntasa) Objeto del fallob) bien jurídico protegidoc) síntesis del fallod) opinión grupal respecto al fallo, con fundamento jurídicoE) ANALIZAR EL SIGUIENTE CASORUBEN MARISCO, GRAVEMENTE ENFERMO Y SIN INTERVALOS LUCIDOS, DESDE SULECHO DE ENFERMO GRITA QUE QUIERE DONAR SUS ORGANOS AL MORIR.- SUSFAMILIARES, QUIENES ESTAN CONSTANTEMENTE A SU CUIDADO NO HACEN CASO DEESTE PEDIDO POR NO ESTAR DE ACUERDO CON ESTE CRITERIO. EN EL MOMENTOQUE EL ENFERMO MANIFIESTA ESTA VOLUNTAD, TAMBIEN SE ENCONTRABAPRESENTE UN MEDICO Y UNA ENFERMERA. AL FALLECER MARISCO SE PRODUCE LA ABLACIÓN DE LOS ORGANOS SANOSSUS FAMILIARES AL ENTERARSE INICIAN UNA DEMANDA POR DAÑOS Y PERJUICIOSCONTRA LA CLINICA Y LOS MEDICOS .-
2. PREGUNTAS1.- ENCUADRE JURÍDICAMENTE EL CASO Y DESCUBRA CUAL ES LA POSTURA DEACTORES Y DEMANDADOS.- ¿SE PUEDE RECHAZAR LA DEMANDA?Encuadre. Jurídico.A la primera cuestión planteada:En una primera aproximación de la temática a tratar en el presente trabajo resulta loableefectuar un somero encuadre de la normativa aplicable en el caso particular.En primer lugar, la donación y el trasplante de órganos y tejidos se rigen en Argentinapor la Ley 24.193, que desde el 22 de enero de 2006 incorpora las modificacionesintroducidas por la Ley 26.066. Esta ley regula la figura del "donante presunto" de órganos o materialesanatómicos cadavéricos. De acuerdo a esta figura y lo dispuesto en el art. 19 bis de laley referenciada, toda persona mayor de 18 años es donante, salvo que hubiere "dejadoconstancia expresa de su oposición a que después de su muerte se realice la extracciónde sus órganos o tejidos, la que será respetada de cualquiera sea la forma en la que sehubiere manifestado." Asimismo, el art. 21 preve el supuesto de muerte natural y la inexistencia demanifestación expresa. En tal caso obliga a exhortar testimonio sobre la última voluntaddel causante, respecto a la ablación de sus órganos y/o a la finalidad de la misma, ypara ello establece una lista de personas cuyo vínculo de parentesco con el difuntoresultarían de extrema importancia para proceder a tal cometido. Sin perjuicio de lo expuesto, el inconveniente radica, como el caso sometido aanálisis, en determinar si prevalece la presunción adoptada por el legislador en el art.19 bis y en el estudio de lo dispuesto en la normativa del artículo 21 del mismo cuerpolegal. Todo ello en consonancia con lo previsto en nuestro Código Civil cuando regula lateoría general de los hechos y actos Jurídicos. La capacidad en este aspecto esta limitada, pues obedece a la falta dediscernimiento, hablando de la deficiencia psíquica, pues, se suple por la representaciónlegal y sus actos son nulos de nulidad relativa ya que la misma se declara en resguardode los derechos de los particulares. Así el artículo 900 de nuestro Código Civil dispone que “Los hechos que fuerenejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por sí obligaciónalguna. El Art. 921 del mismo cuerpo legal preve que serán reputados hechos sindiscernimiento los actos de los dementes que no fueren practicados en intervaloslucidos. El Art. 1070 dispone “No se reputa involuntario el acto ilícito practicado pordementes en lúcidos intervalos, aunque ellos hubiesen sido declarados tales en juicio” DEMANDA: La familia del difunto inicia una demanda de daños y perjuiciosreclamando la reparación del daño moral, conforme al art. 1078 del C.C., sobre la basedel perjuicio sufrido, pues según su postura si bien no ha existido manifestación
3. expresa ni a favor ni en contra y la ley presume que la persona es donante, en ese caso,en el momento de la muerte, el organismo responsable debió solicitar testimonio a lafamilia sobre la última voluntad del fallecido respecto a la donación de sus órganos ytejidos y sin embargo no lo hizo. Con ello queda claro que nuestra ley no preve la figura del donante presunto ensu sentido lato, se aproxima en forma consiente, ni la de la manifestación expresa de la voluntad, pues si bien el art. 19 bis indica la adopción del primer supuesto, el art.21 de la misma ley exige testimonio a la familia sobre la última voluntad. En nuestro país el consentimiento presunto se instituye en forma coincidente con el espíritu de la norma que prioriza la conciencia solidaria de los futuros donantesde órganos. Sólo cuando la persona no haya dejado constancia expresa, los familiaresdirectos son quienes dan cuenta de la voluntad respecto a la donación de órganos, yésta debe condecir con la última voluntad del fallecido. Asimismo, sostiene la actora, que basarse para proceder a la ablación de órganos en una manifestación incongruente e involuntaria de una persona en estadocrítico y en un claro intervalo no lucido es contrario al espíritu del derecho y violatoriode los art. 19 bis, 21 de la ley 24.193 y arts. 900, 921 y concordantes del código Civil, art.19 de nuestra Ley Suprema. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 29 de la leyen cuestión, en cuanto al acaecimiento de delito penal. DEMANDADO: “ESTADO DE NECESIDAD JUSTIFICANTE”. La parte demanda funda su proceder en que la ablación de órganos o materialesanatómicos cadavéricos realizada por un profesional médico con la intención de quepuedan ser utilizados en seres humanos es absolutamente legítima si con ello sepretende evitar la muerte o un grave daño a la salud de aquél a quien va a ser implantadoel órgano o material anatómico, aún cuando faltare la autorización de los familiares deldifunto o la de quien en vida podía consentir la ablación para después de su muerte.Más aún, la legitimidad comprende, incluso, aquella situación en la que no sólo falte laautorización, sino que medie una expresa voluntad en contrario. Por ello, de la sola disposición del art. 21 in fine, que castiga con la pena señaladaen el art. 29, a quienes extraigan órganos de cadáveres sin la autorización de aquellosa los que la ley facultada para consentir la ablación, no es correcto concluir en que estecomportamiento siempre será delictivo. Y ello en razón de que otras disposiciones, deigual o superior jerarquía, pueden permitir realizar estas conductas en la medida en quese den ciertas circunstancias que funcionan como causas de justificación. Es decir, según el demandado, si bien la manifestación se efectuó en intervalono lucido, el art. 19 bis prevé la figura del donante presunto y a ello debería atenerse,pues el espíritu de la ley a ello se funda. Si bien esta parte no desconoce lo dispuestoen el art. 21 de cuerpo legal, prevalece la presunción de la donación y la conformidad delos familiares del difunto se encuentra suplida por un estado de necesidad justificante,como ocurre en la mayoría de los casos. Es por ello que la demanda sostiene la viabilidad del proceder y solicita el rechazo
4. de la demanda en todos sus términos, argumentando la inexistencia de perjuicio alguno,pues la ablación se produjo conforme a Derecho y respetando el espíritu de la ley24.193. “Todos son donantes presuntos a menos que se establezca lo contrario en elDocumento de Identidad Nacional”Sí,se puede rechazar la demanda,ya que los médicos respetaron la ultima voluntadde Ruben Marisco, la autonomía de la voluntad,por no haber un dictamen del juezdeclarándolo incapaz correspondiente al art 152 bis del C.C,ni ningún certificado demedico psiquiatra certificando la incapacidad, como tampoco había una deceleración detutela por incapacidad otorgada a algún familiar.A falta de declaración expresa escrita de la voluntad se debe de tener en cuenta la últimadeclaración de la persona, sea esta una manifestación escrita o verbal. En el presentecaso se da lo ultimo señalado, lo cual conlleva a que los médicos realicen la ablación;amparándose en las leyes nacionales (Ley 24193 -Transplante de órganos y la ley 26066-Ley de Donante Presunto-.Código Civil en el Artículo 963: Cuanto mayor es el deber de actuar con conocimiento previo,mayores son las obligaciones que surgen de las posibles consecuencias de los hechos. El profesionaldebe tener los conocimientos para prever el daño, es por eso que siempre se le da la razón al pacienteAutonomía de la Voluntad :Es la libre expresión del querer del sujeto con discernimiento e intención de realizar o nodeterminado acto.¿Cómo conocer la autonomía de la persona?1)- Voluntad: expresada por la misma personaverbalmente, escrita, etc.2)- Directivas Anticipadas: q pueden figurar en la Historia Clínicay deben estar hecho por el mismo paciente, donde exprese su voluntad. Es un testamentode voluntades anticipadas, ej: “no quiero prolongar mi vida con asistenciamecánica”.Cuando no tenemos acceso a alguna de esas cosas para conocer la autonomíadel paciente, ¿Qué se hace?a) Juicio Sustituto: ejercido por la persona más cercana alpaciente, haya o no vínculo legal. Ej: padres, pareja, amigos cercanos, quien conozca mejorlos valores y creencias del paciente.b) Mejores intereses del paciente: ej. en caso deurgencia buscar la mejor calidad de vida. Frente a esto, una situación puede ser que llegueun paciente Testigo de Jehová que no puede expresar su voluntad, y no se tenga acceso asus directivas anticipadas y tampoco hay personas allegadas que ejerzan el juicio sustituto;así es donde valdrán los mejores intereses del paciente, y si esto implica una transfusiónsanguínea se realizará.Consentimiento InformadoEs una forma de expresión de la autonomía del paciente, Primerprincipio de la Bioética.Definición: Es un proceso de decisión mediante el cual el paciente osujeto de investigación, acepta o rechaza un posible tratamiento o una posible investigaciónprevia recepción de información.La noción de la definición desde la Bioética dista un pocode lo que solemos pensar. Se cree que es simplemente un papel, pero es un proceso quehace el ida y vuelta de la información; donde en algunos casos se culmina el proceso con unprotocolo o una hoja escrita del Consentimiento Informado y en otros casos puede ser queel consentimiento sea tácito.Consentimiento Tácito: Cuando el profesional le indica al paciente cierta práctica
5. asistencial. Por ejemplo un médico que le receta un remedio a un paciente. El pacientelo compra y empieza a usarlo, por lo tanto es un consentimiento tácito, ya que hay unaserie de conductas que me van a demostrar que el paciente acepta el tratamiento.Es unproceso de ida y vuelta en el cual hay casos en los cuales es obligatoria la suscripción de unformulario de consentimiento informado. Esta obligatoriedad es por Ley o en el caso de queel profesional considere una intervención riesgosa, donde se cree conveniente contar conuna constancia escrita que demuestra la voluntad del paciente de participar de la misma.Leyes que me indican que el consentimiento informado debe ser escrito:Ley 17.132: Del Ejercicio de la Medicina.“Art.19: Los profesionales que ejerzan la medicina están, sin perjuicio de lo que establezcanlas demás disposiciones legales vigentes, obligados a:…3. Respetar la voluntad delpaciente en cuanto sea negativa a tratarse o internarse, salvo los casos de inconsciencia,alienación mental, lesionados graves por causa de accidentes, tentativas de suicidio ode delitos. En las operaciones mutilantes se solicitará la conformidad por escrito delenfermo, salvo cuando la inconsciencia o alienación o la gravedad del caso no admitieradilaciones. En los casos de incapacidad, los profesionales requerirán la conformidad delrepresentante del incapaz…”Ley 26.130: Reglamenta la práctica de la ligadura de trompasy la vasectomía. Establece la necesidad de un Consentimiento Informado escrito para estetipo de prácticas. Ley 23.978: De SIDA. La serología del HIV debe ser con consentimientoprevio informado.Ley de trasplantes: (antiguamente) Cada uno debía manifestar por escritola voluntad de ser. En la última reforma de la Ley rige el principio consentimiento presunto, donde todossomos donantes de órganos potenciales salvo que hayamos manifestado lo contrario.3etapas del Consentimiento Informado:1)- Elementos Iniciales: Son las condiciones yhabilidades del paciente para poder decidir, y si esta decisión la está tomando de formavoluntaria (competencia y voluntariedad). Es lo primero que debo analizar previo alconsentimiento informado.2)-Elemento informativo: Es el suministro de información alpaciente. Habla sobre la habilidad de comprensión que tiene esa persona. La capacidad derecibir información que tiene, la competencia. 3)-Elemento decisorio: Aceptación orechazo que pueda efectuar el pacienteExcepciones al Consentimiento Informado: 1)- Inconsciencia de la persona: donde lamisma no esté en condiciones de decidir. En ese caso si es posible, se recurre a un familiar(segundo criterio de autonomía, juicio sustituto). Si no hay ningún familiar que puedafirmarlo, queda exceptuado, y uno se rige por los mejores intereses del paciente.2)-Urgencias: dos posibles situacioneso El paciente entra en la guardia y no puededecidir, ya que el cuadro presenta la urgencia de intervención. Pasar por el proceso deinformación puede ser complicado.o Hallazgos inesperados que puedan producirse,por ejemplo, en una intervención quirúrgica. Si el hallazgo es más grave que la razón por lacual se esta realizando la intervención, hay que indagar si la urgencia es tal que no sepuede ir en busca de un familiar que firme el Consentimiento Informado. Se entiende que siel paciente firmó el consentimiento para que se realice la intervención, está consintiendotambién el hecho de que se realice otra intervención que conserve su vida.3)- Dispensa delpaciente: El paciente no quiere conocer la información. Hay casos en los cuales el pacientese entrega al profesional y no quiere recibir información. En este caso se recomienda dejaruna constancia por escrito de que se dio la opción al paciente de recibir información y noobstante este opta por no recibirla. También debe quedar por escrito que el paciente puederevocar esta elección y pedir información.4)-Privilegio terapéutico: Manejar ciertainformación con el paciente puede ir en contra de un tratamiento standardt para mejorar susalud. Es muy común en pacientes con enfermedades terminales o graves, donde se
6. considera que es preferible no compartir información, porque se considera que se puedeentorpecer el tratamiento necesario. Este es un criterio bastante discutido, ya que se niegainformación al paciente2.- DENTRO DE LA DEMANDA DE DAÑOS Y PERJUICIOS CUAL ES EL DAÑO TIPIFICADOEl daño tipìficado es el moral, debido a que se generó para la familia del donante: dolor,angustia y afección espiritual por la ablación de los órganos efectuada a Ruben Marisco.3.- ¿SE PUEDE RELACIONAR EL CASO CON EL FALLO?Desde el aspecto volutivo sí se puede relacionar; ya que en ambos casos se manifiesta eldeseo de donar sus órganos, “(...)la donación de órganos como un acto personalísimo quedenota un gesto de elevada solidaridad y generosidad en beneficio del prójimo (...)” (BORDONSUSANA CECILIA Y OT. S/AUTORIZACION)FALLO JUDICIALAutos: "BORDON SUSANA CECILIA Y OT. S/AUTORIZACION"Expte. N° 18.522Reg. Int. n° ......Quilmes, marzo 16 de 2005.-AUTOS Y VISTOS: Las presentes actuaciones que se encuentran en estado de dictarsentencia y de cuyas constancias;RESULTA:I) Liminarmente, principio por señalar -reiterando conceptos ya vertidos en el resolutorio defs. 28/33-, que a fs. 23/25 se presenta Susana Cecilia Bordon por su propio derecho y conel patrocinio del Dr. Hector Ariel Pesquero, promoviendo acción meramente declarativa, através de la cual solicita en forma urgente se autorice a su cuñada Mirta Cristina Pesquero aser donante de un riñón a su favor, pedido que realiza en mérito de que ésta última "...no está
7. incluída en la ley de trasplantes de órganos 24.193 entre los familiares donantes vivos quepueden donar sin este tipo de autorización judicial..." (fs. 23 y vta. pto.I).En ese orden, manifiesta que con fecha 21 de septiembre de 1979 contrajo matrimoniocon quien resulta ser su letrado patrocinante en estos obrados -Dr. Hector Ariel Pesquero-,conociendo asimismo desde 1974 a su hermana Mirta Cristina Pesquero "...con quien hemoscompartido desde aquella ‚poca, es decir hace mas de 30 años fiestas y eventos familiarescomo cumpleaños, bautismos de nuestro hijo, casamientos, como lo pruebo con una serie defotos familiares que se adjuntan...".Refiere en tal sentido, que "...hace como 10 años comencé a tener insuficiencia renal, atal punto que tuvieron que empezar a dializarme hace mas de un año, haciéndolo 3 vecespor semana, mi única solución para lograr una vida normal, es el trasplante el que estoyesperando, estando anotada en lista de espera del INCUCAI, como se detalla en el informedel Dr. Forrester del Hospital Británico...". Desde otro ángulo, alude que "...ante la imperiosanecesidad de un donante, es que solidariamente se ha ofrecido mi cuñada, quien se prestóa realizar exámenes para determinar la compatibilidad y evitar de esta forma tener la menorchance de rechazo del órgano, esos exámenes se adjuntan y se ha comprobado que somoscompatibles, con muchas posibilidades de que la operación sea favorable para lograr mimejora..."; entre otras consideraciones a las que me remito brevitatis causae en el contextogeneral de lo relatado (fs. 23 vta./24, pto.II).Que acto seguido, a fs. 27, comparece a estos obrados Mirta Cristina Pesquero con elpatrocinio del mismo letrado antes mencionado, ratificando su voluntad "...de que si los análisisa realizarse en forma mas avanzada determinan que soy compatible para ello a realizar ladonación de unos de mis riñones para que sea trasplantado en el cuerpo de mi cuñada yesposa de mi hermano Susana Cecilia Bordon..." (fs. 27 vta.).II) Que en tales circunstancias, la presente actuación jurisdiccional halla su basamento en elhecho de que quien se ofrece como dadora de órgano, se halla al margen del vínculo parentalestablecido por el art. 15 de la ley 24.193 para proceder en forma directa -si as¡ correspondiereconforme el criterio científico del cuerpo médico tratante-, a la ablación de órgano y ulteriortransplante. Así, la descripta situación ha motivado que el infrascripto, ante la carencia denormas específicas en la esfera provincial que rijan el procedimiento en el caso traído ajuzgamiento, haya aplicado por analogía la vía contemplada en la órbita federal por el art. 56 dela citada norma legal, en los términos que surgen del resolutorio dictado a fs.28/32 vta. de estasactuaciones.-Que en su mérito, habiéndose cumplimentado las medidas allí ordenadas en cuanto seestimara conveniente (vgr. inf. ambiental fs.41/43; audiencia de consentimiento informadofs.48/51; pericia médica fs.67/69; pericia psiquiátrica y psicológica fs.70/75), ratificada quefuera la voluntad de las peticionantes en el acta llevada a cabo el día 30 de diciembre de 2004(fs.77), y habiendo dictaminado el Ministerio Fiscal a fs.79, dictándose la medida para mejorproveer dispuesta a fs.80 -que mereciera la respuesta del oficio del Servicio de Nefrología delHospital Británico de Buenos Aires (fs.82/84)-, se volvió a conferir nueva vista a la Sra. AgenteFiscal interviniente, quien volviera a emitir dictamen a fs.86, motivo por el cual, atento el estadoprocesal alcanzado en estos obrados, corresponde me expida en definitiva.-
8. CONSIDERANDO:I) Imbuido en la tarea de resolver la cuestión sub exámine, principio por señalar quecorresponde en un primer término, merituar las constancias colectadas en la causa a las cualesse hiciera referencia en los resultandos que anteceden.En tal sentido, con las partidas glosadas en autos han quedado debidamente acreditados losvínculos invocados, esto es, que la peticionaria Mirta Cristina Pesquero (potencial dadora)resulta hermana del esposo de Susana Cecilia Bordon (potencial receptora) (v. partidas fs.17;fs.18/19; y fs.44/45; arts. 80, 979 y conc. Cod. Civ.); y el informe socio ambiental producido afs.41/43, da cuenta del espectro familiar de las nombradas (arts. 375 y 384 CPCC).-También queda claro en la especie, la vinculación que las mismas se dispensan desde que seconocieron aproximadamente hace 30 años, siendo cuñadas desde ya casi 25 años (v. partidasfs.17; fs.18/19; y fs.44/45; fotografías fs.2/7, y escrito postulatorio fs.23/25 y fs.27); comoasimismo, que no cuenta con otros familiares directos que resulten compatibles para realizar lapráctica quirúrgica solicitada (v. escrito fs.23/25 y fs.27; pericia fs.70/75; etc.).Asimismo, del informe pericial producido a fs.67/69 por la perito médico forense de la AsesoríaPericial departamental -Dra. Miriam Telma Gonzalez-, surge que Susana Bordon "...padecede una insuficiencia renal crónica, por un proceso hereditario que se transmite en formaautosómica dominante denominada poliquistosis renal del adulto (P.R.A.). Dicha patologíaconsiste en una malformación de los túbulos renales que degeneran en quistes que creceninvadiendo todo el riñón en forma bilateral. Dichos quistes pueden aparecer en otros órganos,en el caso de la actora, los padece también en el hígado..." y que "...el deterioro progresivo dela función renal y sus complicaciones (hemorragias, infecciones), derivan de los quistes...".Frente a tal cuadro de situación, sostiene la perito que "...el tratamiento consiste en lasustitución de la función renal, mediante hemodiálisis, di lisis peritoneal y transplante renal. Laactora tomó conocimiento de su patología a los 35 años de edad, comenzando con infeccionesurinarias que llevaron al diagnóstico, se encuentra actualmente en tratamiento de hemodiálisistres veces por semana, lo cual le genera una dependencia total y absoluta de horarios ysituaciones físicas que le impiden llevar adelante un proyecto de vida cotidiano con lasdemandas propias de trabajo, familia, hogar, vacaciones, etc. Pero que mantiene compensadasu patología y permite que se encuentre en lista de transplante renal sin urgencias...".Por otra parte, debe puntualizarse que las restantes consideraciones y conclusiones alas que arribara la perito forense en su dictamen, en cuanto refieren a la posibilidad derealizarse el trasplante solicitado "...en ocasión de agravamiento de la receptora y urgencia derealización de trasplante como mejor tratamiento...", y sobre cuya base la Sra. Agente Fiscalha dictaminado que consideraba "...que la donación del órgano por parte de la Sra. Pesqueroes prematura, sin perjuicio de lo cual, puede V.S. dictar sentencia de acuerdo a derecho..."(v. fs.79), han motivado que el infrascripto ordenara a fs.80 una medida para mejor proveer,disponiendo que el Servicio de Nefrología del Hospital Británico de Buenos Aires, informe sobrela conveniencia y oportunidad del transplante de riñón a la que la Sra. Bordon eventualmentese sometería teniendo como dadora a su cuñada Pesquero, si la realización de dicha prácticaresulta a la actualidad prematura conforme su estado general, o si -en su caso-, existíancircunstancias que ameriten su urgencia de acuerdo a la patología de la paciente, informe quefuera respondido conforme emerge de la respuesta brindada por el precitado nosocomio afs.82/84.-
9. Adentrándome seguidamente a la merituación del señalado informe del Hospital Británico deBuenos Aires que -merituado a la luz de la regla de la sana crítica-, le asigno un incuestionabley mayor valor probatorio para esclarecer el punto en torno a la conveniencia y oportunidad deltransplante cuya autorización se solicita, como asimismo, para interpretar correctamente el realcuadro de situación que genera la patología que padece la peticionaria Susana Cecilia Bordon(arts. 384 y 474 CPCC).En ese orden, el especialista nefrólogo manifiesta que la paciente Susana Bordon "...seencuentra cursando su vigésimo mes en hemodiálisis crónica. Respecto a su estado, lamisma se encuentra en buen estado general y en sus propias facultades mentales...", sostieneasimismo, que no obstante ello "...han comenzado a aparecer ciertas dificultades con suacceso vascular radio-cefálico a nivel del pliegue del codo. Como fuera constatado en unafistulografía realizada en el mes de diciembre de 2004, el acceso se encuentra pronto aclaudicar, ya que presenta una obstrucción a la salida venosa del acceso de aproximadamente6 cm. de longitud, y según opinión de Cirugía Cardiovascular y de Hemodinamia la misma noes factible de resolverse por angioplastía ni por cirugía. Se debería realizar un nuevo acceso,y se sabe que los territorios vasculares disponibles son escasos, mas aún en pacientesurémicos, en quienes el daño endotelial es mucho mayor que en la población general...".Continúa relatando el experto, que "...la paciente no puede dejar de dializar, pues ello llevaríaa complicaciones severas y r pidas que desencadenarían la muerte inminente de la Sra.Bordon, pero se sabe que año tras año las complicaciones y el riesgo de muerte de la pacientese acrecientan. Vale recordar que la paciente tiene ya dos cirugías fallidas practicadas enambos antebrazos para la confección de fístulas radio-cefálicas, y dichos lechos se consideranagotados para fístulas nativas...".Por lo demás, sostiene que "...la bibliografía señala al transplante como la indicación deprimera línea para el tratamiento de la uremia siempre que este fuera factible. En estesentido, si al paciente se le pudiese ofrecer un transplante vivo antes de su entrada a dilisis, sería lo óptimo. A este procedimiento se lo denomina en la bibliografía "transplantepre-emptivo". De no realizarle un transplante vivo (y en este caso la Sra. Bordon tiene a sucuñada Pesquero, Mirta) debería aguardar un transplante cadavérico. Si bien son muchaslas variables en consideración para evaluar el tiempo de espera para entrar en un operativo(ello no implica que la paciente se transplante en ese episodio) el término medio de espera esde aproximadamente 5-8 años según datos estimativos del INCUCAI. Esto no sólo lleva a unmayor deterioro del estado general del paciente, sino que aumenta la mortalidad y disminuye lacalidad de vida. Los pacientes en di lisis padecen años tras año de miopatías que le dificultanla movilidad, polineuropatías sensitivas y motrices, trastornos cardiovasculares que van desdela hipertensión arterial hasta las arritmias y el infarto agudo de miocardio, trastornos digestivosque contribuyen a la desnutrición paulatina del paciente, anemias, hiperparatiroidismo, etc...Por todo lo expuesto es que se considera sin discusión a nivel nefrológico al transplante renalcomo tratamiento de elección en estos casos...".Continúa expresando el especialista, que "...la paciente Susana Bordon se encuentra en buenestado general, y cuanto m s se retarde el transplante las posibilidades de que su estadoempeore son m s altas; se sabe asimismo que cuanto mejor sea el estado general del pacientepre-transplante, mejor ser la sobrevida del injerto y el riesgo de complicaciones post-quirúrgicases menor...", para concluir finalmente en forma terminante que "...no considero prematuro el
10. transplante renal de la paciente Bordon, conocemos los riesgos que conlleva el mismo, peroestán muy por debajo de las estadísticas que posee la hemodiálisis..." (fs. 82/84; arts. 384 y474 CPCC).-Desde otro ángulo, no debe soslayarse que las conclusiones que emergen del precedentedictamen, en cuanto refiere al estado de insuficiencia renal crónica de la nombrada, eltratamiento de hemodiálisis que recibe, la necesidad del trasplante a fin de mejorar susobrevida y demás condiciones clínicas de la paciente, resultan contestes con lo que surge delinforme elaborado por el Dr. Mariano Forrester, del Servicio de Nefrología del Hospital Británicode Buenos Aires adunado a fs.8 y fs.9 de estos autos, y con los análisis del laboratorio centralde dicho establecimiento de ambas peticionantes, que d n cuenta las constancias de fs.10/16(art. 384, cód. cit.).II) Con tal piso de marcha, y especificada que fuera en el acápite que antecede la patología quepadece la Sra. Bordon -y la concreta posibilidad de que su cuñada se constituya en potencialdadora del órgano-, debo ahora poner de relieve que a fin de documentar debidamente lavoluntad de ambas peticionarias Bordon y Pesquero, esto es, el consentimiento informado,libre y esclarecido, es que a fs.31 vta. pto. 2§ se señaló la audiencia que fuera llevada a caboen el juzgado con fecha 23 de noviembre de 2004 ante el infrascripto, con la presencia delmédico especialista en nefrología del Hospital Británico Dr. Hernan Trimarchi Jurado, la peritoforense Mirta Telma Gonzalez, la perito psicóloga Verónica Urrutia, la perito psiquiatra Dra.María Alejandra Mingo, y en la que comparecieron personalmente las solicitantes SusanaCecilia Bordon y Mirta Cristina Pesquero, conjuntamente su letrado patrocinante Hector ArielPesquero, esposo y hermano de las nombradas respectivamente (v. acta fs.48/51).En dicha audiencia, las partes y los especialistas respondieron ampliamente respecto de todoslos puntos de interés para la resolución de la causa, a partir de las expresiones individuales deBordon y Pesquero, y del consentimiento informado que a ésta última se le dispensara (arts.2,13 y conc., ley 24.193).También me persuado y formo convicción, respecto de que la decisión de la Sra. Pesquero deofrecerse como donante de un riñón para la esposa de su hermano, y a quien se encuentravinculada familiarmente desde hace casi 30 años como ya se consignara supra, resulta frutode una decisión espontánea tanto como meditada, al manifestar que "...hace diez años tieneintención de donar su riñón..." (fs.49 in fine), ello pese "...a que su pareja no está muy deacuerdo por que no va ser igual su forma de vida y por la edad que tiene, que no obstantela apoya, que sus hijos la apoyan que consideran que es su decisión..." (fs.51) -lo cual sevislumbra también corroborado por otros elementos (p. ej., fs. 42 vta./43; fs.51 vta.; etc.)-, loque d cuenta de una decisión adoptada finalmente en razón de un espíritu de altruismo, caridady solidaridad hacia su cuñada, cuya salud y sobrevida depende cada vez m s de la posibilidadde esta práctica quirúrgica (art. 384 CPCC).-En la audiencia de marras, también quedó suficientemente patentizado los riesgos queconllevan para la potencial dadora la ablación del riñón, en cuanto complicaciones, calidadde vida y cuidados a que deber someterse. Por otra parte, el Dr. Trimarchi, manifestó -encuanto a posibles complicaciones de la intervención-, que "...los estudios ir n determinandola viabilidad...", y que en "...la ablación, el riesgo de muerte es menor al 1%" (fs. 48 vta.).Asimismo, "...hasta ahora se hizo estudios de compatibilidad, de afinidad, para ver si hubo
11. rechazo, que los estudios psicológicos son comenzados ahora. Que estamos en estudio deCross Match, de incompatibilidad, sanguíneos HLA de sangre, de orina, mantoux, diversasradiografías, que quedan pendiente..." (fs.49).Desde otra perspectiva, se ilustra a las partes "...que todo se trata de una cuestión de índolepersonalísima y que se comprende los riesgos, secuelas de la naturaleza dispositiva, quecorrer con las secuelas, riesgos, y que en definitiva la donante estar siempre en condiciones dedecidir hasta último momento sobre la ablación...". En dicho sentido, el art. 15 de la ley 24.193edicta con meridiana claridad, que "...el consentimiento del dador... no puede ser sustituidoni complementado; puede ser revocado hasta el instante mismo de la intervención quirúrgica,mientras conserve capacidad para expresar su voluntad, ante cuya falta la ablación no serpracticada...".-Y es que, tal como he tenido oportunidad de señalar en "La Disponibilidad Corporal en el marcode los contratos" (pub. en "Contratos. Teoría General", t.II, ed. Depalma. obra dirigida porStiglitz R., Bs. As., 1993; p g. 206), quien se obligó para la ablación de uno de sus órganosen cierto día, lugar y hora, y después arrepentido retrocede, no sería posible el cumplimientoforzado. Es m s, no es demandable ni aún el cumplimiento indirecto. Dicho compromiso, puray simplemente, carece de los efectos propios de todo obligación civil, habida cuenta que elofrecimiento de la dación, solamente tiene el efecto de permitir la separación del órgano.Además, y en cuanto supone el ejercicio de un derecho personalísimo, el mismo puede serretractado hasta el momento mismo de la ablación, correspondiendo adunar en tal sentidoque "...la retracción del dador no genera obligación de ninguna clase..." (art. 15 in fine, ley cit.).Por otra parte, el Dr. Trimarchi dejó claramente establecido que "...si hay patología psiquiátricapuede interrumpirse, que se hace un ateneo y luego de consultado los distintos profesionalesse decidir al respecto, y el equipo de transplante toma cartas en el asunto...". En el contextodescripto "...la donante ratifica en un todo su intención de donar y deja constancia que poseeobra social..." (fs.51 vta.).También se informó a la potencial receptora del órgano -Sra. Bordon-, quien "...padeceenfermedad crónica terminal...", de los riesgos y posibles complicaciones de la intervención yde la futura calidad de vida. En ese sentido, se informó que "...la mortalidad de un paciente dedi lisis es del 18 %, que tiene un riesgo mayor de fallecer por di lisis, que en el transplante laposibilidad de fallecer está dada por el conjunto de su patología..."; y de la "...calidad de esteriñón "vivo" no relacionado, porque no hay parentesco. Que es mejor que el cadavérico...";etc.; concluyendo que "...la intervención en estudio se considera técnica corriente y noexperimental...", entre otras consideraciones a las cuales me remito brevitatis causae enel contexto general de la audiencia que d cuenta el acta de fs.48/51 (arts. 2, 13 y conc. ley24.193; arts. 384 y conc. CPCC)A continuación, constituye mi deber indagar también acerca de la conducta exteriorizada porla Señora Mirta Pesquero al proponerse como dadora de un riñón en beneficio de su cuñadaSusana Bordon, es decir, si se encuentran en ella reunidos los elementos requeridos por elart. 897 del Código Civil para que se configure un hecho humano voluntario, efectuado condiscernimiento, intención y libertad.En ese orden, las peritos psicólogas y psiquiatra oficiales, al elevar su informe conjuntoanexado a fs.70/75 de estos autos, y en base a las entrevistas mantenidas con ambaspeticionarias, se expiden en términos que habrán de resultar de particular relevancia para la
12. debida merituación de tales señalados extremos.Así, en lo que atañe a Mirta Cristina Pesquero, destacan -en lo sustancial-, que "...su actitudpsíquica es activa y su conducta procedente y adecuada a las preguntas formuladas...Sus funciones intelectuales básicas (atención, sensopercepción y memoria) no presentanalteraciones en el momento del examen psíquico... En el pensamiento no se detectanalteraciones ni el ritmo ni en el curso... Presenta capacidad para discernir entre el bien del mal,y para reconocer transgresiones a las normas sociales vigentes... No hay ideación patológicadel tipo delirante...".En consonancia con las expresiones precedentemente entrecomilladas, las expertas concluyenen sus Comentarios Psicológico - Psiquiátricos Forenses, que "...la señora Mirta CristinaPesquero no presenta en el momento del presente examen psíquico signo-sintomatologíapsiquiátrica productiva compatible con una enfermedad psiquiátrica determinada que le afectesu capacidad de comprensión y le impida el libre ejercicio de su voluntad. A su vez, presentacapacidad para manejar la información..." (fs.75), aunque señalan rasgos de infantilismo,egocentrismo y otros aspectos, por lo que sugieren que la misma pueda acudir a un espaciopsicoterapéutico para resignificar datos del pasado y de su trama vincular, aspecto que,considero suficientemente garantizado con las evaluaciones psicológicas y previsionesadoptadas y a adoptarse por parte del equipo de trasplantes del Hospital Británico, a que anteshiciera alusión al merituar la audiencia llevada a cabo a fs.48/51, y todo ello en el marco y conlos alcances de la medida que infra dispondré (arts. 384, 474 y conc. CPCC).-También es relevante el informe en lo que respecta a la potencial receptora Susana Bordon.En tal aspecto, concluyen que la misma "...no presenta al momento del presente examenpsíquico signo-sintomatología productiva que altere sus facultades mentales, ni insuficienciade las mismas al grado que la tornen psíquicamente incompetente... Ahora bien, y en especialreferencia al tema de autos se considera que la misma evalúa los riesgos de esa posibleintervención quirúrgica de manera realista, está acompañada por su grupo familiar y sostenidaafectivamente en esa decisión..." (fs.73)En razón de los antecedentes expuestos que emergen de la audiencia aludida y el precitadoinforme pericial, ante la existencia de un consentimiento informado, claro, lúcido y esclarecido,tanto de parte de la potencial donante como del paciente-receptor, no surgiendo indicios quepermitan inferir la existencia de intereses encontrados entre la Sra. Bordon y Pesquero, estimael infrascripto que nada empece al patrocinio letrado único que ejerce el Dr. Hector Pesquerorespecto de las mencionadas.Por ello -y en el tópico-, considero plenamente garantizada la existencia de un consentimientocapaz (lúcido y con juicios críticos conservados), libre (sin coerción interna y externa) einformado (con la adecuada información de los riesgos y beneficios respecto de la donantey paciente receptor). Consecuentemente, concluyo que no existen en el sub exáminecontraindicaciones psicológicas o psiquiátricas para constituirse en donante viva norelacionada. Así, meritúo en base a las circunstancias precedentemente analizadas -conformelas reglas de la sana crítica (art. 384 CPCC)-, que no surge de las mismas que Mirta Pesqueropadezca de dolo, error o ignorancia que interfieran en su intención, como tampoco que seencuentra afectada su libertad con referencia al acto de ablación, por obra de influenciasexternas que le hayan imposibilitado valorar debidamente las consecuencias de sus actos (art.384 CPCC).
13. También ha quedado patentizado de manera fehaciente el significado y trascendencia del actoquirúrgico a realizarse sobre su persona, inclusive el riesgo que el mismo -como el de cualquiercirugía mayor efectuada bajo anestesia general-, postoperatorio y demás implicancias puedanacarrear sobre su vida. Ello además, aparece configurado con la presentación espontáneaefectuada por Pesquero y Bordon ante el infrascripto con fecha 30 de diciembre de 2004, enla cual "...ratifican en un todo su presentación de fs.23/25 y fs. 27 y vta., manteniendo su libredecisión de constituirse en dadora y receptora respectivamente...", solicitando asimismo endicha oportunidad, que se resuelva en consonancia con lo oportunamente peticionado en supostulación inicial (v. acta fs. 77).III) Ahora bien, imbuido en la tarea de analizar la autorización peticionada en lasindividualizadas condiciones que surgen de autos, he de destacar que la legislación vigente(art. 15 ley 24.193), establece una limitación en cuanto a las posibilidades de ablación deórganos con fines de transplantes en vida, que circunscribe a personas vinculadas entre s¡por lazos de parentesco especificados en la norma o situaciones asimiladas ("relación detipo conyugal" en la terminología de la ley) -con lo cual fue ampliado el contexto limitativo m ssevero que estatuían las anteriores leyes 21.541 y 23.464-, cuyo texto no debe ser interpretadoen un sentido estrictamente literal, sino en armonía con los valores constitucionales en juego ylos fines mismos contemplados en nuestra actual legislación.Por lo tanto, en el proceso de interpretación judicial de normas y conductas jurídicas yconsiguientes valoraciones, son imprescindibles el conocimiento de lo necesario y de locontingente con referencia al caso concreto, teniendo en cuenta los elementos que puedansuministrar la filosofía y la ciencia del derecho y el arte o técnica procesal, pero que sóloplasma la deliberación del juez, esto es, su indagación que culmina con un juicio de elecciónaplicado a lo que es verdaderamente útil para el caso particular y para lo cual tiene quenutrirse en el arte de la polémica y de la persuasión, facilitando -además-, la certeza y elconvencimiento de los justiciables acerca de que la conducta jurídica determinada por ladecisión prudencial es la mejor entre todas las posibles. Y es que la función de la prudenciajurídica, es establecer en qué consiste la acción o dación que se debe concretamente porrazón de justicia, en tanto lo retórico implica la necesidad de mostrar la razonabilidad y justiciacontenida en la conclusión del silogismo prudencial, con la finalidad de persuadir a susdestinatarios ((cf. Tinant, E., "Bioética, amparo y un nuevo caso de trasplante de órgano, ala luz de la interpretación previsora", comentario a fallo, en LLBA, año 4, n° 4, mayo 1997, pg.391; cf. Massini, C., "La Prudencia jurídica. Introducción a la gnoseología del derecho", ed.Abeledo - Perrot, Bs.As., 1983, 2do. ensayo; cf. Vigo (h) R., "La interpretación de la ley comosaber prudencial-retórico", en ED, t.113 p g.858)En tal orden de ideas, el criterio limitativo que el art. 15 de la ley 24.193 estatuye, según seobserva, obedece prioritariamente al propósito de evitar, de manera absoluta, toda posibilidadde comercialización de órganos humanos. Los problemas de compatibilidad, insuperableshasta no hace mucho tiempo, se han relativizado últimamente gracias a la existencia detécnicas como el cross-match y la inmunosupresión o inmuno depresión, de manera que,en el esquema actual el criterio ya no surge de la compatibilidad sino de la relación afectiva,que para ciertas vinculaciones se presume, y que aventaría el temor de la existencia de unacompra-venta (cf. Rabinovich, R., "Régimen de trasplantes de órganos y material anatómico.
14. Ley 24.193, ed. Astrea, Bs.As., 1994, Págs. 47 y sgtes.).Así, la ley vigente autoriza expresamente la ablación de órganos (de un riñón en el subexámine), con fines de trasplantes por parte de un donante capaz , mayor de 18 años, cuandoel receptor sea su pariente, en los grados contemplados en el art. 15, su cónyuge o personaque conviva con el donante "en relación de tipo conyugal" en forma inmediata, continuae ininterrumpidamente, durante tres años, plazo que se reduce a dos si de dicha relaciónhubieren nacido hijos.-Lo expresado permite colegir entonces, que el caso sometido a decisión judicial en cuantoa parentesco se refiere, no se encuentra literalmente contemplado en la ley vigente. Sinembargo, y en razón de las múltiples circunstancias jurídicas y éticamente relevantes estimo -yadelanto mi opinión al respecto-, que procede hacer lugar a la solicitud en estudio, autorizandoexpresamente la praxis m‚dica peticionada (transplante de riñón entre cuñadas), que noencuadra en una situación prevista expresamente en la normativa vigente.Consecuentemente, coincido en forma plena con el criterio de interpretación constitucionaly legal que sostuviera la Corte Suprema de Justicia de la Nación (en E.D., t.91, p g.264),cuando al efectuar una interpretación extensiva del criterio limitativo de la ley de transplantesentonces vigente (ley 21.541), sostuvo que "...sin desconocer las palabras de la ley, debedarse preeminencia a su espíritu y a sus fines, al conjunto armónico del orden jurídico y a losprincipios fundamentales del derecho en el grado y con la jerarquía en que son valorados porel todo normativo, cuando la inteligencia de un precepto basada solamente en la literalidadde uno de sus textos conducta a resultados concretos incompatibles con aquellos principiosaxiológicos...", fallo en el que se puntualizó también que "...las soluciones notoriamentedisvaliosas no se compadecen con el fin que deben cumplir la tarea legislativa y la judicial..."habiendo sostenido asimismo el alto Tribunal en la sentencia aludida, que es deber de losjueces "superar ápices formales" con miras a la efectiva y plena realización de los valoresprotegidos por la Constitución.Siguiendo tales preceptos, el prestigioso constitucionalista German Campos, al comentarfavorablemente el aludido criterio interpretativo de la Corte ("interpretación constitucionaly legal, Vida, integridad corporal, familia y justicia", ED. t. 91, pags. 264/267) remarca esanecesidad de interpretar toda norma legal de modo armónico con la totalidad del ordenamientojurídico y computando los principios y las garantías de raigambre constitucional, acotandoque "...las soluciones notoriamente injustas son disvaliosas y son inconstitucionales...".Se trata no solamente de que las normas generales sean justas, "también debe serlo suaplicación a los casos concretos", pronunciándose en definitiva el renombrado jurista a favorde la realización de un acto quirúrgico apropiado para salvar una vida y recuperar la salud, aladvertir que en ese caso había dos intereses jurídicamente tutelados por la Constitución. Dosderechos cuya protección y coordinación no admitían demoras. Las formas son serviciales parala justicia y no deben actuar como obstáculos, reflexiones que comparto con el señalado autor,quien al comentar otro precedente judicial, y luego de calificar la donación de órganos comoun acto personalísimo que denota un gesto de elevada solidaridad y generosidad en beneficiodel prójimo, estima que mediando razonables controles de "seguridad, riesgo, salubridad,compatibilidad, una donación entre personas vivas, aún mas allá del parentesco establecido enla ley debe ser admitida, ya que no afecta ni el orden, ni la moral pública ni derechos ajenos".-Asimismo, en cuanto a la posibilidad de autorizar mediante acción judicial la ablación e
15. implante de órganos mas allá de los términos literales de la legislación vigente, cabe tambiénremitirse a los casos análogos que la jurisprudencia se ha pronunciado en dicho sentido,sentando principios rectores que han de ser tenidos especialmente en cuenta por el infrascriptoa la hora de valorar el caso traído a juzgamiento (véase -por citar solo algunos-, fallos dictadospor el magistrado marplatense Dr. Pedro Hooft, del Juzg. Prim. Inst. Crim. y Correc. n° 3, Mardel Plata, sent. del 6/6/95, "R. I. y ot. s/Amparo", con nota de Santos Cifuentes, "Trasplantesentre personas no autorizadas por la ley", y Augusto Mario Morello, "El servicio de justicia yla constelación de los grandes principios constitucionales en una sentencia encomiable", pub.en JA, 1995-IV, p gs. 237 a 245; cf. mismo juzgado, sent. del 28/6/96, con nota de SagarnaFernando, "Trasplantes de órganos inter vivos entre medio hermanos de un mismo padre noreconocidos por éste", pub. en ED. t.173, p gs. 104 y sgtes.; fallo del Juez Domingo Mainero,Juzgado de Paz de Coronel Brandsen, causa n° 4674, "Piñero Maribel Susana s/Autorización",sent. del 13/5/02; fallo del Juez Federal de Lomas de Zamora, Dr. Eduardo Mauro, publicadoen La Ley del 18/4/96; v. nota a fallo de Bidart Campos G.,"¿Es razonable la limitación legal dela donación y el trasplante de órganos entre determinadas personas?, en ED, t.135, p g.384 y385; entre otros).IV) Siguiendo tales premisas, y siempre en orden a la posibilidad de autorizar mediante laacción judicial la práctica quirúrgica consistente en la ablación e implante de un riñón mas alláde los términos literales de la legislación vigente, considero que una interpretación teológica ofinalista, atento a los valores constitucionales en juego, la filosofía que informa la ley 24.193,en armonía con el orden jurídico en su totalidad, y con preocupación por las consecuenciasvaliosas o disvaliosas de la sentencia (cf. Morello A., "La Reforma de la Justicia", p g.414 ysgtes., ed. Ab. Perrot. 1991), autorizar la ablación y posterior transplante entre las peticionariasBordon y Pesquero, deviene como la solución m s ajustada a derecho.Y es que el art. 56 de la ley 24.193 contempla la intervención jurisdiccional "...respecto decuestiones extrapatrimoniales relativas a la ablación e implante de órganos o materialesanatómicos...".- En dicho contexto, considero que el caso en examen encuadra en la normaanteriormente descripta, toda vez que se acude al servicio de justicia en la búsqueda de unpronunciamiento que por vía de excepción, permita sortear la prohibición genérica determinadapor el art. 15 de la ley 24.193, dado que quien se autopostula como donante carece de vinculoparental.También constituye mi mas íntima convicción respecto de la norma legal precedentementecitada -tal como ya lo expresara supra-, que el legislador, al exigir una relación de parentescopara permitir en forma directa la ablación de órgano de persona viva y su posterior transplante,ha querido resguardar la situación de una eventual comercialización la que -en principio-, no severificaría tratándose de las personas contempladas en el art. 15, debido a la cercanía familiaral afecto que ella genera.Ahora bien, en una democracia constitucional, en la que la dignidad y el valor de la personahumana ocupan un lugar prioritario y central, dicha dignidad exige que se respeten lasdecisiones personales, el propio plan o proyecto de vida que cada cual elige para si, todo elloen la medida en que no perjudique a terceros (ni afecte al bien común) la intimidad o privacidad(el "right of privacy" de los anglosajones), de manera que, en nuestra filosofía constitucional,el principio de autonomía personal se halla unido indisolublemente a la dignidad (cf. Bidart
16. Campos, G.- Herrendorf D., "Principios Derechos Humanos y garantías", ed. Ediar, BuenosAires 1991, p g. 169 y sgtes.; Sagues N., "Dignidad de la persona e ideología Constitucional",en J.A. del 30-11-94).-La mencionada "autonomía", constituye asimismo uno de los principios bioéticos dereconocimiento universal (juntamente con los principios de beneficencia y justicia), derivándosede dicha autonomía la denominada regla del consentimiento informado o esclarecido, demodo que aquí se conjuga la autonomía personal, de raigambre constitucional, y plenoreconocimiento en nuestro derecho vigente, con el principio bioético de igual denominación.Bajo tales pautas, debo puntualizar ahora que la "autonomía" a la que se hiciera referenciaen los párrafos que anteceden, forma parte inclusive del concepto bioético mas amplio comoes el de la "integridad personal", que incluye la totalidad fisiológica, psicológica y espiritualdel individuo, y que requiere también -en cada caso particular-, el respeto a lo que cabellamar "integridad axiológica" (cf. Pellegrino E., "La relación entre la autonomía y la integridadde la ‚tica m‚dica", en Boletin OPS, Bol. 108-5 y 6, 1990, p gs. 379/89). En tal sentido, ladecisión de la Sra. Mirta Pesquero responde entonces no sólo al ejercicio de su autonomíapersonal (y en el marco de los derechos personalísimos) protegida constitucionalmente, sinoque resulta acorde al concepto de integridad premencionada.Y es que, dentro de su plan de vida, y escala de valores, el altruismo y la solidaridad, presentesen toda donación de órganos -aunque no exigible por la sociedad ni moral ni legalmente(v. Rev. Española de Transplantes - Bioética Transplantes", vol.II, 1993, Documento deconsenso, "Puntos ‚ticos de conflicto que pueden generar el transplante de órganos"; p gs. 9/12)-, han motivado la decisión de la Señora Pesquero de donar un riñón a favor de su cuñadaSusana Bordon -esposa de su hermano-, con quien se encuentra vinculada familiarmente haceprácticamente treinta años.En el precedentemente y analizado contexto, no sólo la decisión adoptada resulta autónoma,sino que deviene asimismo adecuada desde la perspectiva del principio de beneficencia queen su formulación clásica, y según la tradición hipocrática, tiene en cuenta el bien del paciente.En este caso, debe tenerse en cuenta que tanto el donante como el receptor, son encuadradosen el concepto de "paciente" (cf. "Declaración sobre el Comercio de Organos Vivos de la 37Asamblea Médica Mundial" y la Organización Mundial de la Salud).Por ello, y en un sentido estrictamente biológico, sin duda que el beneficio directo ante elfuturo transplante lo ser para el paciente-receptor, pero, en atención al concepto de "integridadde la persona", con referencia a la potencial dadora Pesquero su "bien" no se limita a ladimensión corporal o biológica sino que se comprende a esas otras dimensiones a las que sehiciera alusión. De esa manera "su bienestar", en el caso concreto, en razón de los valoresde altruismo y solidaridad y sobre todo en orden al bienestar de su cuñada, resulta a su vezcompatible con el principio bioético de "beneficencia". Por último, resta destacar -en cuanto alprincipio bioético de justicia-, que éste en nada se ve afectado de otorgarse la autorización deablación y transplante. Muy por el contrario, el principio de justicia se ve realizado, al brindarsetutela jurisdiccional al valor solidaridad, que permite as¡ la protección de valores reconocidosconstitucionalmente (arts. 19, 33, 75 inc.s. 22, 23 y conc. Const. Nac.; cf. ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Económicos yCulturales, Pacto de derechos civiles y políticos de la ONU, aprobados por ley 23.313, etc.;arts. 1, 12 inc.1, 36 inc.8 y conc. Const. Prov. Bs. As.).
17. V) A esta altura del análisis -y desde otra perspectiva-, no debe soslayarse asimismo que ellegislador se ha encargado de establecer claramente en el art. 2§ de la ley 24.193, que laablación e implante de órganos podrán ser realizadas cuando los otros medios y recursosdisponibles se hayan agotado, o sean insuficientes o inconvenientes como alternativaterapéutica de la salud del paciente. Siguiendo el mismo razonamiento, el art. 14 de la citadanormativa dispone expresamente que "...la extracción de órganos...en vida con fines detransplantes entre personas relacionadas conforme a las previsiones del art. 15 y concordantesde la presente ley, estar permitida sólo cuando se estime que razonablemente no causar ungrave perjuicio a la salud del dador y existan perspectivas de éxito para conservar la vida omejorar la salud del receptor...".En su mérito, teniendo en cuenta que la misma se practica con anestesia total y los riesgosson los propios de una intervención quirúrgica de alta complejidad, el art. 13 está dedicadoprecisamente a la información médica previa que debe suministrarse al dador y al receptor,lo que en el caso de autos aparece cumplimentado a través de lo que se desprende de la yamerituada audiencia que d cuenta el acta de fs.48/51, ello sin perjuicio de que el equipo médicotratante tendrá a su cargo la responsabilidad de previamente volver a obtener el consentimientoexigido por la citada norma legal, as¡ como la decisión de efectuar todos los exámenes, análisisy estudios prequirúrgicos que sean necesarios para -en su caso-, llevar adelante el trasplantesolicitado.Los principios expuestos permiten claramente colegir, que la aceptación de la técnica deltrasplante como recurso, se fundamenta -principalmente-, en el alto fin perseguido, cuales salvar una vida, tal es as¡ que se tolera que el dador exponga la suya para salvar la delreceptor, siempre que los riesgos que corra sean razonables y tenga -en principio- relaciónparental con el receptor. Pero, ¿por qué‚ optar, preferentemente, por un familiar?. Comoya se explicitó en los considerandos que anteceden, el fundamento del art. 15 de la leycitada es evitar la comercialización de órganos y salvaguardar el principio de gratuidadinternacionalmente consensuado. La intención del legislador ha sido desterrar todo ánimo delucro (art. 27 inc.g) y proteger, especialmente, a los m s humildes de la tentación de ponerprecio a sus órganos vitales (art. 384 CPCC).Ahora bien, también resulta válido preguntarse ¿qué nos hace pensar que entre los familiaresno existen contraprestaciones y que s¡ las hay cuando interviene un donante vivo norelacionado?, ¿qué nos hace presumir que el receptor no retribuye al donante, por m sparientes que sean?. No resulta fácil contestar estas preguntas y otras muchas mas. El margende duda es muy grande y las consecuencias pueden ser irreparables, pues está en juego lavida humana.En ese orden, podríamos postular que en caso de duda, prima la vida. Entiendo, por otra parte,que abrir la posibilidad de probar que no hay una relación onerosa en la dación practicada conintervención de donantes vivos no relacionados, torna el contenido del art. 15 de la ley 24.193,combinado con los motivos que fundamentan su redacción, en una presunción iuris tantum(cf. Pregno, Elian, "Dador vivo no relacionado. Una opción por la excepción", cf. ponencian° 60 presentada en el "VII Congreso Internación de Derecho de Daños, Responsabilidadesen el Siglo XXI", Bs. As., 2, 3, y 4 de octubre de 2002, Fac. de Derecho de la Universidad deBuenos Aires). De modo que si en el procedimiento especial del art. 56 del citado plexo legal se
18. prueba la inexistencia de retribución -a lo que aduno el discernimiento necesario para prestarun consentimiento lúcido, informado y capaz-, no hay obstáculo alguno para autorizar la daciónentre personas no vinculadas por lazos de parentesco como los estatuidos por la citada normalegal, tal como acontece con las peticionarias de autos.VI) Que frente a la totalidad del merituado contexto, debo ahora atender que el derecho a lavida, estrechamente vinculado con el derecho a la preservación de la salud, goza actualmentede expreso reconocimiento y tutela en los modernos ordenamiento constitucionales y en losinstrumentos regionales y universales en materia de Derechos Humanos (cf. Bidart Campos,G., "Estudios Nacionales sobre la Constitución y el Derecho a la salud", en "El Derecho a laSalud en las Américas. Estudio Constitucional comparado", OPS, 1989, n° 509; cf. Padilla,Miguel A., "Lecciones sobre Derechos Humanos y garantías", t. II, Es. Abeledo Perrot, Bs.As., 1989, p gs. 13/24), derechos a la vida y a la salud que guardan íntima relación con elprincipio fundante de la dignidad de la persona humana, soporte y fin de los denominadosderechos humanos o fundamentales (cf. Convención Americana sobre Derechos Humanos,Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales, Pacto de derechos civiles y políticosde la ONU, aprobados por ley 23.313; cf. Ekmekgjan Miguel A., "El Derecho a la Dignidad enel Pacto de San José de costa Rica", en "Temas Constitucionales", ed. La Ley, Bs. As., p gs.71 y sgtes., doct.del fallo de la Corte Suprema, in re "Behmondez", v. E.D. del 4/8/93; con notadel Dr. German Bidart Campos y Guillermo Portela; LL, 1993-D, p g.126, con nota de NestorPedro Sagues, JA, 1993,IV, p g.586, con nota de Julio Cesar Rivera; cf. Suprema Corte Just.Mendoza, voto de la Dra. Kemelmajer de Carlucci, en ED, del 26/7/92).Desde otro ángulo, no deviene por demás ocioso resaltar que el premencionado derecho ala vida, es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado porla Constitución Nacional (CSJN, fallos: 308:647; 314:1834; 318:1269; entre otros). Asimismo,el derecho a la salud, comprendido dentro del derecho a la vida, remite a un concepto ampliode bienestar psicofísico integral de la persona y tiene a su vez una directa relación con elprincipio de dignidad de la persona humana, soporte y fin de los demás derechos denominadoshumanos, encontrándose reconocido por la Constitución Nacional, los tratados internacionalescon jerarquía constitucional (art. 75 inc.22 C.N.), y la Constitución de la Provincia de BuenosAires (C m. Quilmes, Sala II, causa n° 7185, RSD-26-04, Juez Cassanello).No debe soslayarse en tal sentido, que el derecho a la vida y el derecho a la salud, han sidoreconocidos en distintos instrumentos internacionales como los anteriormente señalados que -conforme al art. 75 inc.22 de la Carta Magna-, poseen jerarquía constitucional.Por su parte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido y tutelado en numerososprecedentes -además de los ya citados en puntos anteriores-, el derecho a la vida y a la salud(v. "Hospital Británico de Buenos Aires c/Estado Nacional", del 13/3/01; "Campodonico deBeviacqua Ana c/Ministerio de Salud y acción Social" del 24/10/00; "Policlínica Privada deMedicina y Cirugía S.A. c/Municipalidad de Buenos Aires"; Fallos, 321:1684: "S/N c/Omint";entre otros). En este sentido, sostuvo que "la vida de los individuos y su protección -enespecial el derecho a la salud- constituyen un bien fundamental en s¡ mismo que, a su vez,resulta imprescindible para el ejercicio de la autonomía personal" (CSJN, in re "AsociaciónBenghalensis y otros c/Ministerio de Salud y acción Social", Fallos 323:1339).-Siguiendo los principios expuestos, no debe perderse de vista tampoco, que el desarrollo
19. progresivo de los mencionados derechos humanos requiere la existencia de mediosinstrumentales, rápidos y eficaces para garantizar su efectiva vigencia, aplicando el principio deunidad de los órdenes jurídicos, con una penetración creciente del derecho internacional (delos derechos humanos) en el derecho interno (cf. Hitters, Juan Carlos, "Derecho Internacionalde los Derechos Humanos", t.I, Bs. As., Ediar, 1991, p gs. 24 y sgtes.; cf. Morello A. y MorelloG., "Las libertades fundamentales y la ‚tica...", c ps. 3 y 4, La Plata, Editora Platense, 1992,p gs. 55 y sgtes.; Blanco L., "Bioética: Proyecciones y aplicaciones jurídicas", ED, 21/7/94;Maitetti, C., "Bioética Sistemática", La Plata, ed. Quirón, 1991).-En otro orden, tanto en la legislación comparada como en la literatura bioética, tratándose dela dación de órgano de una persona viva, la preocupación prioritaria se centra en evitar quedicho acto pueda tener como sustrato una contratación onerosa, con una tendencia haciala ampliación del espectro de receptores (cf. Bergoglio - Bertoldi, "Trasplantes de órganos",Bs. As., Ed. Hammurabi 1983, p gs. 105 y sgtes.; Leonfanti, M., "Trasplantes de órganos",La Ley, 1977-C, p g. 796 y ss.; cf. Veatch, Robert, "The Patient Physician relation", vol. II, pgs. 213 y sgtes.; cf. Vidal García, M., "Estudios de Bioética Racional", Madrid, ed. Tecnos,1989; Schotsmans, Paul, en "En de mens Schiep de Mens - Medischie Revolutie en ethiek",Países Bajos, ed. Pelckmans, 1988; estos últ. cit. en el fallo del Dr. Pedro Hooft, Juzg. Prim.Inst. Crim. y Correc. n° 3, Mar del Plata, sent. del 6/6/95, "R. I. y ot. s/Amparo"; ídem, sent.del 28/6/96), haciéndose particular hincapié en el aseguramiento de la concurrencia de unverdadero consentimiento libre, esclarecido e informado (cf. Fuenzalida - Puelma, H., BoletinOPS, vol. 108, nros. 5 y 190, p g.449; desde una perspectiva sociológica ver diario Clarín, "LosTrasplantes en lista de espera", p gs. 34/35; "Trasplantes. Necesidades y urgencias", pub. enRevista Noticias del 30 de octubre de 2004, p gs. 72 y 73; entre muchos otros).Como derivación lógica de los principios que en el punto llevo expresados, se colige que dentrode un sistema constitucional-democrático, el reconocimiento, protección y promoción de losderechos y libertades fundamentales importa un objetivo prioritario. Es por ello que el principiosupremo de justicia que consiste en atribuir a cada individuo una amplia esfera de libertad, quepermita su personalización, el desarrollo de su personalidad (cf. Goldschmitd, W., "La Cienciade la Justicia - Dikelogía", Bs. As., ed. Depalma, 1976, p gs.270 y sgtes.), exige el debidorespeto a las decisiones autónomas en la medida que las mismas no afecten la moral, lasbuenas costumbres, el orden público, y los legítimos derechos de terceros (art. 19 Const. Nac.),tal como ya se viera a lo largo del presente pronunciamiento.En dicho sentido, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1994 también consagra unsistema armónico de reconocimiento y protección de las libertades fundamentales, otorgándoseparticular relevancia al derecho a la vida y a la atención de la salud (arts. 10, 11, 12 y conc.), loque determina que, traspasadas las referidas restricciones fundadas en razones legítimas, unaactitud de prohibición, como la que sería en el caso vedar la ablación y trasplante peticionadopor las Sras. Bordon y Pesquero, se transformaría en una actitud paternalista ilegítima.-VII) Llegado a este punto, juzgo adecuado ahora merituar que de conformidad al plexoprobatorio adunado a estos obrados, merituados a la luz de las reglas de la sana crítica yde las premisas y principios que en los acápites precedentes se consignaran, surge nítidola total ausencia de onerosidad, como asimismo, que la postulante a la donación del riñón -Mirta Pesquero- haya obtenido o vaya a obtener en el futuro ventajas y/o beneficios de índole
20. económico con tal actitud; a la par de que ha quedado también plenamente acreditado, que lanombrada se halla en pleno uso de sus facultades mentales que le permiten dirigir librementesus acciones, todo lo cual me lleva a la ineluctable conclusión respecto de que no encuentroimpedimento alguno para hacer lugar a la pretensión deducida en autos (arts. 375, 384 y conc.CPCC).En consonancia con lo expuesto, colocada la dadora Pesquero en la misma situación quesi fuese pariente de la receptora Bordon en los términos del art. 15 de la ley 24.193, nocorresponde al infrascripto evaluar desde lo jurídico la decisión -considerada en si misma-de donar un riñón a la esposa de su hermano, ya que se trata de una acción personalísima,de su esfera íntima y privada, protegida asimismo por el art. 19 de la Constitución Nacional.Empero -desde lo estrictamente humano-, no puedo dejar de destacar semejante actitudde desprendimiento, altruismo y solidaridad en beneficio de su cuñada, con el noble fin deposibilitar salvarle la vida y mejorar su calidad, aún a costa de asumir ciertos riesgos propios.Asimismo, las conclusiones arribadas, en el contexto de lo antes merituado, tambiénencuentran apoyatura en la praxis verificada en lo que acontece hoy día en nuestra sociedad -respecto de la problemática suscitada por los transplantes de órganos-, la cual no puede sersoslayada por el infrascripto. Y es que los jueces no pueden ignorar la realidad en que seencuentran inmersos, ya que ello constituye una pauta ponderable que siempre han de teneren cuenta, para emitir sentencias que sean un fiel reflejo de lo que acontece en el mundoque rodea al órgano jurisdiccional y a los judiciables. Un pronunciamiento que prescindierade la realidad sociológica "importaría estar de espaldas al pueblo y a lo que todos saben" (cf.Couture, "Fundamentos del Derecho Procesal Civil", p g.s 233 y sgtes.). De ah¡ la importanciade que la judicatura -en determinados casos-, maneje prudencialmente lo que indican lasmáximas de experiencias universal (cf. Morello y colab., "Códigos...", t.V-A, p g.77).-También concluyo -reiterando una vez m s conceptos vertidos a lo largo del presentepronunciamiento-, que he tenido en cuenta para dar andamiaje a la autorización en estudio,que la finalidad perseguida con la sanción de la ley 24.193 de ablación y trasplante de órganos,ha sido indudablemente la protección de la vida de todo paciente que no disponga de otraalternativa m‚dica para recuperar su salud, derecho éste primigenio de la persona humana, quese halla inclusive por encima de toda legislación positiva y ampliamente garantizado por la leyfundamental.Por último, deviene menester puntualizar que sin perjuicio de los términos de la audienciallevada a cabo en este juzgado a fs. 48/51, el equipo médico especializado del HospitalBritánico que intervendría en la operación, tendrá a su cargo la responsabilidad de previamentevolver a obtener el consentimiento exigido por el art. 13 de la citada normativa, as¡ comola decisión de efectuar todos los exámenes, análisis y estudios prequirúrgicos que seannecesarios para -en su caso-, llevar adelante la intervención solicitada y que por vía deexcepción se autoriza.Todo ello en el entendimiento de que si bien existe la presente intervención jurisdiccional, lamisma lo es únicamente en el marco de sortear la limitación establecida por el art. 15 de la ley24.193 en las excepcionales circunstancias que concurren en autos, pero la misma no trasladaal servicio de justicia la responsabilidad del contralor técnico de la operación, que en todos loscasos estar a cargo del servicio médico especializado del Hospital Británico que intervenga enel caso.
21. Y es que, la actuación del infrascripto en estas actuaciones -tal como quedó expresado-,tiene por única finalidad y por vía de excepción, colocar a quien se postula como donantevivo no relacionado de un órgano, en la misma posición en que se hallan las personasindividualizadas en el precitado art. 15 de la ley de trasplantes, ello -claro está-, siempre quese haya demostrado, como acontece en el sub ex mine, la ausencia de onerosidad y la plenalucidez mental de la dadora (arg. arts. 2, 13, 56 y conc. ley 24.193; arts. 375, 384, 474 y conc.CPCC).-Finalmente, resta destacar que la Sra. Agente Fiscal interviniente en autos -quien lo haceexclusivamente como fiscal de la ley y en tutela del orden público-, al conferirse oportuna vista,y mas allá de su genérica y aislada referencia a lo temporaneidad del transplante -que ya fueramerituada y analizada supra en el considerando I-, no formuló objeción alguna en el marco desu actuación procesal al trasplante requerido, manifestando en ambas oportunidades, que elinfrascripto "puede dictar sentencia conforme a derecho" (fs.79 y fs.86)Por todo lo expuesto, y de conformidad a las normas legales citadas y jurisprudencia aplicableal caso, y habiendo sido oído el Ministerio público a fs.79 y fs.86, RESUELVO: Hacer lugara la autorización solicitada por Susana Cecilia Bordon y Mirta Cristina Pesquero a fs.23/25y fs.27 por vía de excepción atento la falta de vínculo parental previsto en el art. 15 de laley 24.193, declarando en consecuencia que no existe impedimento jurídico para la praxism‚dica, consistente en la ablación de un riñón a la Sra. Mirta Cristina Pesquero -en carácter dedadora-, para su ulterior transplante a la Sra. Susana Cecilia Bordon -paciente receptor-, sinperjuicio del cumplimiento de todos los demás recaudos previstos en la ley 24.193 y normasreglamentarias por parte del equipo médico autorizado y responsable de los actos quirúrgicospertinentes, praxis que se autoriza expresamente por medio del presente decisorio. Sin costasatento la naturaleza de la cuestión (arts. 68 y conc. CPCC). REGISTRESE. NOTIFIQUESEpersonalmente o por c‚dula, y a la Sra. Agente Fiscal en su despacho. Firme la presenteresolución, expídase por Secretaría la documentación pertinente para ser presentada ante elequipo médico especializado del Hospital Británico de Buenos Aires. Fdo.: Gabriel Pablo ZapaJuez.Punto 4)a) OBJETO DEL FALLO:La accionante Susana Cecilia Bordón a través de su letrado patrocinante, Dr. Hector ArielPesquero promueve acción meramente declarativa a fin de que se le otorgue urgentementela autorización a su cuñada, Mirta Cristina Pesquero a ser donante de un riñón a su favor.La misma se realiza ya que ésta última no está incluída en la Ley de Trasplante de Órganos24.193 entre los familiares donantes vivos que pueden donar sin este tipo de autorizaciónjudicial...b) BIEN JURÍDICO PROTEGIDO:Es la vida.Y la autonomía de la voluntad. Según Germán Campos, reafirmando un fallo dela Corte Suprema de Justicia de la Nación que enmarca conceptos como “...las soluciones
22. notoriamente injustas son disvaliosas y son inconstitucionales...”Las normas no solamentedeben ser justas, “también deben serlo en su aplicación a los casos concretos”, El renombradojurista se pronuncia a favor de la realización de un acto quirúrgico apropiado para salvar unavida y recuperar la salud,y en ése caso había dos intereses jurídicamente tutelados por laConstitución. Las formas deben de actuar como servicios para la justicia y no deben actuarcomo obstáculos. El mismo autor señala que la donación de órganos es un acto personalísimo.Y que mediando seguridad, salubridad, compatibilidad, una donación entre personas vivas,aún más allá del parentesco establecido por la Ley debe ser admitida.c) SÍNTESIS DEL FALLO: Susana Cecilia Bordón, por su propio derecho y con el patrocinio delDr. Hector Ariel Pesquero, se presenta promoviendo acción meramente declarativa, solicitandose autorice a su cuñada Mirta Cristina Pesquero a ser donante de un riñón a su favor, ya queesta no se encuentra entre los familiares donantes vivos que pueden donar sin este tipo deautorización judicial.La insuficiencia renal crónica que padece ha provocado la necesidad de que la solicitante tengaque dializarse 3 veces por semana, deteriorando progresivamente su salud e impidiéndolellevar adelante una vida normal, siendo el trasplante renal (a pesar del dictamen de la Fiscalconsiderando “prematura” la intervención) el tratamiento más adecuado en estos casos,situación esta avalada a través de informes del Hospital Británico de Buenos Aires.Ante el obstáculo legislativo antes mencionado, solicita se autorice a su cuñada, adjuntandoestudios que demuestran la compatibilidad entre ambas, a que le done un riñón, demostrandofehacientemente dicho vínculo, así como la imposibilidad de contar con otros familiares directosque pudieran donar.Así mismo queda demostrado, a través de informes periciales, que la donante no se encuentraafectada por signos, síntomas compatibles con enfermedades psicológicas o psiquiátricas,comprendiendo a la perfección de los riesgos a los que estaría expuesta con su decisión dedonar, la cual manifestó oportunamente, data ya de 10 años.Recolectados testimonios, informes, basado en las reglas de la sana critica, realizando unainterpretación extensiva de la ley, acreditado el vinculo parental mencionado, demostrada lavoluntariedad y desinterés económico de la donante, la oportunidad de la medida solicitada,el juez decide hacer lugar a la autorización solicitada por vía de excepción atento a la falta devínculo parental previsto en el art.15 de la ley 24193, declarando que no existe impedimentojurídico para la praxis médica.d) Aceptamos la postura del fallo, tanto en donantes cadavéricos como en personas vivas. Yaque contemplamos la importancia de la autonomía de la voluntad, la solidaridad con el prójimo.Lo importante de todo esto, es que, al ser el bien jurídico tutelado, “la vida”, estas acciones sonfundamentales para conservarlo, el mas preciado bien que uno posee.Bibliografía:Código Civil ArgentinoINCUCAI, pagina web www.incucai.comLey 24193 Transplante de órganos
23. Ley 26066 Donante PresuntoVidal M.- Tomo I- Derechos reales