Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-10229-de-julio-10-de-1997?documento=jurcol&contexto=jurcol_759920416c85f034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-02-18 21:00:39
Document Index: 400960790

Matched Legal Cases: ['artículo 86', 'artículo 178', 'artículo 177', 'artículo 90', 'artículo 153', 'artículo 228', 'artículo 3', 'artículo 37', 'artículo 38', 'artículo 90', 'artículo 25', 'artículo 10', 'artículo 1', 'artículo 73', 'artículo 73', 'artículo 30', 'artículo 47', 'artículo 115', 'artículo 37']

﻿ SENTENCIA 10229 DE JULIO 10 DE 1997
SENTENCIA 10229 DE 10 DE JULIO DE 1997
CONTENIDO:FALLA DEL SERVICIO: DIFERENCIAS CON LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:PROCESO ADMINISTRATIVO, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO, RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL, FALTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:309 DE SEPTIEMBRE DE 1997, PÁG.1237
DIFERENCIAS CON LA RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL
Ref.: Exp. 10.229
Actor Sociedad Díaz y Cía S. en C. Demandada: Ministerio de Defensa Nacional y Das.
Santafé de Bogotá, D.C., diez de julio de mil novecientos noventa y siete.
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de julio de 1994, mediante la cual se dispuso:
“1. Declarar probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda.
3. Condénase en costas a la parte demandante”.
La sociedad comercial DÍAZ ECHEVERRY Y CIA S. EN C., por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso .Administrativo, formuló demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de octubre de 1991, a fin de que se realicen las siguientes declaraciones y condenas:
“1. Que la Nación colombiana representada por el Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, es responsable de los daños sufridos por la sociedad comercial denominada Díaz Echeverry y Cía S. en C., como consecuencia de la destrucción de su empresa o establecimiento de comercio, ubicada en la carrera 25 No. 17-31, Paloquemao de Bogotá, al estallar un carro-bomba el 6 de diciembre de 1989 al frente de la sede administrativa del Das en esta ciudad, daños que se ocasionaron como consecuencia de una serie de hechos y omisiones administrativas que narraré mas adelante.
2. Que en consecuencia, la Nación colombiana, representada por el Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, deberán pagar a mi mandante la totalidad de los daños causados, correspondientes al daño emergente constituido por el valor de reposición de la empresa Díaz Echeverry y Cía. S. en C., como unidad de explotación económica, y por lucro cesante el valor de todas las utilidades dejadas de percibir por ella desde el momento de la explosión hasta el pago efectivo, sumas todas debidamente actualizadas como lo ordena el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo.
Subsidiaria de la segunda: Se condene a la Nación colombiana, representada como quedó expuesto, al pago de la totalidad de los daños que se demuestren dentro del proceso.
3. Para el pago de las anteriores sumas solicitamos se aplique el artículo 177 del Código de lo Contencioso Administrativo.
4. Se condene al pago en costas y agencias en derecho”.
Así los resumió el tribunal de origen:
“a) La actora tenia su factoría, almacén, bodegas y oficinas, en la Carrera 25 No. 17-31 Barrio Paloquemao en Bogotá;
b) La bodega era compartida con otras dos empresas de propiedad del mismo grupo de accionistas que eran Comercializadora Automotriz Mundopartes S.A. y Frutera y Productos Tropicales Ltda;
c) En el mencionado lugar tenía una factoría de jugos de frutas naturales los que comercializaba y vendía a todo el país. Realizaba, además, toda clase de negocios de intermediación de frutas y realizaba intermediaciones, de acuerdo con su objeto social;
d) La sede principal del Das está ubicada a espaldas del sitio de la bodega. Es decir, la manzana ocupada por el Das colinda, calle de por medio, con la manzana en la que tenía su negocio la actora;
e) El 6 de diciembre de 1989, a las 7:30 a.m., explotó una bomba de 500 kilos de dinamita, instalada en un bus, cuya finalidad era dar muerte al director del DAS, General Miguel Maza Márquez;
f) El carro-bomba detonó en la Carrera 27 entre calles 18 y 17 de Bogotá, justo en la vía que separa la manzana que ocupa el DAS de la bodega de la actora;
g) La onda explosiva destruyó los bienes de la sociedad demandante, incluyendo sus activos fijos, la materia prima, sus inventarios, contabilidad y papeles de la misma;
h) El Estado debe responder por los daños causados pues el atentado era previsible, ya que el 30 de mayo se había realizado un primer atentado contra el Director del DAS, en la Carrera 7ª, utilizando un carro-bomba; luego se producen en el país una serie de atentados terroristas; en el momento del atentado del 6 de diciembre de 1989 se tramitaba en el Congreso la Reforma Constitucional y se introducía la prohibición de extradición, a lo que se opuso el Gobierno Nacional; el General Maza Márquez sabía que sería víctima de un nuevo atentado y que éste seria perpetrado en las instalaciones del DAS como lo expresó en una entrevista, el 14 de abril de 1991, según el periódico El Tiempo, del 6 de noviembre de 1989, el cartel de Medellín habría preparado una serie de secuestros y atentados conocidos por la Policía y, entre ellos, uno contra el Director del DAS y otro contra el Jefe de Inteligencia del mismo; según el propio General Maza, en entrevista del 10 de diciembre de 1989, la Policía había alertado sobre la existencia de un bus-bomba que sería estrellado contra el edificio del DAS.
La forma como se llevó a cabo el atentado indica toda falta de previsión por parte de las autoridades, no hubo la debida vigilancia con relación a las instalaciones del DAS para impedir y prevenir un posible y conocido atentado contra ellas;
i) Se rompió el equilibrio frente a las cargas públicas, pues se exigió a algunas personas un sacrificio no exigido a otros y entre tales personas se encuentra la sociedad actora quien perdió íntegramente su patrimonio en la explosión del carro-bomba, ello dentro del contexto de la guerra declarada por el Gobierno Nacional a los narcotraficantes;
j) El Estado buscó paliar su obligación de indemnizar abriendo un cupo de crédito en el Banco de la República con el fin de que se hicieran préstamos a los damnificados del terrorismo. La actora hizo uso de tal beneficio y al efecto relacionó pérdidas por valor de $ 113''759.154 y le fue otorgado un crédito por $ 89’219.000, discriminados en $ 69''469.000 para activos fijos y $ 19’750.000 para capital de trabajo, dineros que aún no han sido desembolsados por la Entidad crediticia;
k) La Sociedad actora desapareció el día de la explosión, pues no solo perdió sus activos, sino también el crédito, su forma de operar, el conocimiento del negocio, su estructura de ventas y su entroncamiento en el mercado nacional, y
l) El cálculo de las pérdidas avaluadas al 6 de diciembre de 1989 da un total de $ 131’461.074. discriminados así: activos fijos $ 54’959.154, inventarios $58''800.000, good will y know how $ 17’461.074, valor que a la fecha de la demanda asciende a $ 202’293.803 El interés legal civil sobre la suma anterior asciende a $ 10’390.397.
3. Como sustento jurídico de la demanda invoca la actora el artículo 90 de la Carta Política, respecto del cual afirma que es norma en que se adoptó un sistema de responsabilidad objetiva, en el que no hay que demostrar falla o ilegitimidad, pues es suficiente acreditar el daño antijurídico para que el Estado deba responder.
Aún en el evento de pensarse que no se estructura una responsabilidad objetiva, hay una falla en el servicio, por indebida vigilancia y protección, pues el hecho era previsible y evitable.
De no haber falla habría un daño especial pues se produjo un daño a un particular que se vio obligado a soportarlo en forma más gravosa que el resto de los asociados, rompiéndose el equilibrio de las cargas públicas frente a la ley (fls. 2 a 15 c principal)”.
Estimó el tribunal que en el caso concreto la demanda contiene un vicio que impide la prosperidad de las pretensiones, por que de la lectura del escrito de demanda en relación con el daño que se causó a la demandante, no se puede determinar qué parte de su patrimonio fue afectado.
Además expresó el a quo que el actor corría con la carga de afirmar y probar qué bienes había perdido para darle así la oportunidad al demandado de demostrar la no pérdida o la no existencia de los mismos. Por esto, no se pudo saber si por ejemplo, la bodega era integrante de los activos fijos y se incluía como propiedad de la sociedad ya que siendo ésta un bien inmueble requiere prueba cualificada que no se allegó al proceso.
También se desconoció qué activos fijos pretende que se le reconozcan, ya que se estableció en el proceso que las mercancías que se distribuían se producían unas en Palmira y otras en Bucaramanga, por lo cual la maquinaria utilizada para su elaboración no pudo verse afectada.
Consideró igualmente que siendo el know how el secreto que permite o facilita la producción industrial un elemento intangible donde prima la inteligencia y la invención, no puede el a quo entender cómo se destruye materialmente con una bomba y pretender una indemnización por ello. El mismo planteamiento lo estimó válido frente al good will.
Afirmó el tribunal de instancia que lo primordial para no condenar a la Nación es que no existen hechos que permitan determinar la magnitud, en términos de cantidad y calidad, de los perjuicios sufridos por la sociedad actora y así la sentencia no puede dar por probados hechos que la demanda no contiene, para concluir declarando probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y negar las pretensiones de la misma.
La sentencia no fue unánime porque uno de los integrantes de la Sala salvó el voto al considerar que dentro del proceso no está probada la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda y que las pretensiones debieron prosperar en forma parcial.
En efecto, la magistrada disidente afirmó que la demanda no carece de hechos respecto de los elementos constitutivos del daño sufrido y que si se comparan las declaraciones de renta de la sociedad demandante, se deducen los montos relativos a la pérdida de activos fijos e inventarios pero no los concernientes al good will y know how.
El apoderado judicial de la parte actora interpuso recurso de apelación y solicita que se revoque totalmente y se acceda a las súplicas de la demanda.
Manifiesta que no comparte la declaración de inepta demanda hecha por el Tribunal, ya que considera que el libelo no carece de hechos en cuanto al daño concierne, por cuanto se específica una pérdida de activos propios de su actividad y del good will y del know how, todos elementos constitutivos del daño. Además, comparando la declaración de renta del año del siniestro con las de los años anteriores, también es posible establecer monto del daño referido.
En cuanto a la forma de redactar los hechos y la manera de estudiarlos por el fallador, considera que basta alegar los hechos fundamentales, de donde emana la pretensión, sin exigir que se enuncien todos los detalles o todos los hechos circunstanciales que puedan interesar
Las partes y el Ministerio Público presentaron sendos alegatos de conclusión dentro del término concedido para el efecto.
La demandante afirma que el daño causado a la sociedad actora fue ampliamente declarado en los diferentes capitales de la demanda y que su verificación se logró mediante pruebas testimoniales y documentales.
Considera que probado el daño, solo resta su cuantificación para lo cual ante la destrucción de los libros de contabilidad, se allegaron al proceso fotocopias de facturas cambiarias de compraventa donde se relacionan la compra de los bienes destruidos y las declaraciones de renta de los años 1987, 1988 y 1989, que guardan correspondencia con el daño alegado. Dice además que la aprobación del crédito con el Banco de la República fue hecha de acuerdo con las pérdidas demostradas por la firma, y que igualmente en la prueba pericial se avaló el estudió realizado para el mencionado establecimiento bancario por considerarlo plenamente justificado, dictamen que tiene pleno valor probatorio pues no fue objetado por ninguna de las partes.
Insiste así mismo en el reconocimiento del Good will y del know how, a fin de que la indemnización de perjuicios sea integral y plena.
La apoderada de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional manifestó en su alegato que su representada se esforzó por prestar un excelente servicio de seguridad y que la responsabilidad del DAS ha sido reconocida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia del 20 de enero de 1994, teniendo en cuenta sus funciones específicas de autoprotección, los medios técnicos, humanos con los cuales contaba y conociendo las informaciones concretas de un posible atentado a sus instalaciones.
Por su parte el apoderado del Departamento Administrativo de Seguridad, D A S, solicita que se confirme la sentencia de primera instancia o que en subsidio se nieguen las súplicas de la demanda.
El Procurador Primero Delegado ante el Consejo de Estado no comparte la posición adoptada por el tribunal porque el enfoque que trae la sentencia va en contravía de las tendencias modernas del derecho procesal al olvidar la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho formal, así como la posibilidad de utilizar sus poderes de interpretación y porque interpreta y valora erradamente la historia que arroja el expediente, es decir, sus consideraciones no se ajustan al contexto temporal de los hechos.
A juicio de la Procuraduría se encuentra en el proceso un hecho dañino omisivo imputable a la entidad pública (DAS), por la vía de la falla del servicio y si esta se define como la violación del contenido obligacional a cargo del Estado, se deduce que la función principalísima a cargo del DAS, de brindar seguridad a todas las personas residentes en Colombia, inclusive para con sus funcionarios e instalaciones, no fue cumplida de manera suficiente al permitir la entrada del bus cargado de dinamita a las inmediaciones del edificio.
Respecto del perjuicio, en su opinión existen los elementos probatorios suficientes para que se de por establecido no solo su existencia sino su cuantía y además para que se condene en concreto, con la excepción de los perjuicios morales y por concepto de Good will y Know how, ya que dichos elementos no tienen cabida en este proceso y en consecuencia se condene a la indemnización de perjuicios materiales.
Y concluye solicitando que se revoque la sentencia proferida por el a quo para que en su lugar se declare la responsabilidad por falla del servicio, exclusivamente del Departamento Administrativo de Seguridad porque la Nación-Ministerio de Defensa debe ser absuelta dado que la función violada por omisión no le correspondía a esta entidad sino al DAS.
La Sala revocará la sentencia impugnada al no compartir la declaratoria de la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda hecha por el a quo y en su lugar accederá parcialmente a las súplicas de la demanda.
1. Aplicación del principio iura novit curia.
En asuntos como el presente, en donde se discute la responsabilidad patrimonial del Estado se aplica íntegramente el principio iura novil curia, es decir, que frente a los hechos alegados y probados por las partes corresponde al juez seleccionar la norma aplicable al caso.
Al respecto, la Sala Plena del Consejo de Estado(1), se pronunció en los siguientes términos:
(1) Sentencia del 14 de febrero de 1995. Proceso S-123, Actor: Jorge Arturo Herrera Velásquez, Consejera Ponente: Dra. Consuelo Sarria Olcos.
“La Sala reitera la tesis de que la justicia administrativa es rogada y en ella no es aplicable el principio iura novit curia, pero precisa con relación a dicha característica una excepción: en aquellos procesos, en los cuales no se juzga la legalidad o ilegalidad de la actuación u omisión de la administración, sino que directamente se reclama la reparación del daño mediante el reconocimiento de una indemnización, el juez puede interpretar, precisar el derecho aplicable y si es el caso modificar, de acuerdo con los hechos expuestos en la demanda los fundamentos de derecho invocados por el demandante”.
Cabe anotar que el proyecto de ley estatutaria de la administración de justicia en el artículo 153 numeral 16 entre los deberes de los funcionarios y empleados judiciales recogía este plausible principio por vía general pata todo tipo de procesos, al establecer que el juez estaba obligado a “administrar justicia aplicando la norma jurídica pertinente, aunque no haya sido invocada por las partes o lo haya sido erróneamente”.
Tal norma que no pasa de ser un desarrollo del principio constitucional del derecho sustancial que consagra el artículo 228 de la Carta Política, fue sin embargo declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-270 del 7 de marzo de 1996 con el discutible argumento de que regula un asunto de orden estrictamente procesal, el cual debe ser objeto de una ley de carácter ordinario (art. 150-2 de la Constitución).
En el presente caso tiene plena aplicación el principio que se deja enunciado porque a pesar de que la parte actora fundamentó de manera principal su demanda en la teoría del daño antijurídico y en subsidio en la teoría de la falla del servicio y en la teoría del daño especial (fls. 9-11), la sala puede examinar la responsabilidad patrimonial de la administración pública bajo una perspectiva o régimen diferente para declarar la responsabilidad de la entidad demandada con fundamento en la teoría de la falla del servicio.
2. Legitimación en la causa por pasiva.
Se observa en el asunto sub lite que la demanda se dirige contra dos centros de imputación jurídica la Nación-Ministerio de Defensa Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, (C.1., fl. 2).
De acuerdo con el Decreto-Ley 2335 de 1971 el Ministerio de Defensa Nacional tiene como función genérica la “dirección de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional de acuerdo con la Constitución y la ley”.
Las fuerzas militares son aquellas organizaciones instruidas y disciplinadas conforme a la técnica militar y constitucionalmente destinadas a la defensa de la soberanía nacional y de las instituciones patrias y están constituidas por el ejército, la armada y la fuerza aérea (art. 3º ibídem) y la Policía es un servicio público a cargo del Estado, encaminado a mantener y garantizar el orden público interno de la Nación, el libre ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional.
Ahora bien, en cuanto al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, fue reestructurado por medio del Decreto 512 de 1989, el cual en su artículo 3º define su misión de una manera general expresando que:
“Es misión del Departamento Administrativo de Seguridad suministrar a las dependencias oficiales que lo requieran, según su naturaleza de sus funciones, las informaciones relacionadas con la seguridad interior y exterior del Estado y la integridad del régimen constitucional; colaborar en la protección de las personas residentes en Colombia, y prestar a las autoridades los auxilios operativos y técnicos que solicitan con arreglo a la ley”.
Las funciones concretas respecto del asunto en cuestión están consagradas en los artículos 6º, 37 y 38 del citado decreto. El primero de ellos establece en lo pertinente:
a) Producir información de inteligencia interna y externa que requiera el Estado para prevenir y reprimir los actos que perturben la seguridad y el orden constitucional y legal, y
b) Proponer al Presidente de la República... las medidas que le permitan conservar el orden público en el territorio nacional y restablecerlo donde estuviese perturbado y coordinar con las demás autoridades la ejecución de las medidas que sobre el particular sean acordadas; ....”.
Por su parte el artículo 37 expresa:
De la división de seguridad de personas. Corresponde a la división de seguridad de personas:
a) Atender, en coordinación con las autoridades militares y de policía los servicios de protección y seguridad al Presidente de la República y a su familia, a los dignatarios del Estado; a los congresistas, gobernadores y alcaldes; a los magistrados y jueces y a las personas que por razón de su cargo, posición o actividades puedan ser objeto de atentados contra su integridad, su familia o sus bienes, cuando ella pueda generar perturbaciones del orden público, y
b.) Prestar los servicios de protección que el Jefe o los demás funcionarios del Departamento requieran para el cabal cumplimiento de sus funciones”.
Y el artículo 38 dispone que:
“De la división de seguridad de instalaciones y avanzadas. corresponde a la división de seguridad de instalaciones y avanzadas:
a) Adoptar los planes de seguridad para las instalaciones del departamento en todo el país y asumir su defensa cuando cualquier hecho las afecte, y
b) Hacer las recomendaciones, practicar los ejercicios y controlar los sistemas indispensables para mantener óptimas condiciones de seguridad del personal, inmuebles, equipos y elementos de la institución;...”.
Las normas parcialmente transcritas evidencian que al momento del atentado terrorista la Nación-Ministerio de Defensa Nacional cumplía de acuerdo con el Decreto 2335 de 1971, funciones generales de dirección y orientación relativas a la defensa de la soberanía nacional y de las instituciones patrias y del orden público interno de la Nación mientras que el DAS tenía asignadas obligaciones especificas de inteligencia, vigilancia y autoprotección para con su personal y sus instalaciones.
En otras palabras en el caso sub exámine, la falla del servicio entendida en términos del Ministerio Público (Cuaderno 1., fl. 428), como “la violación del contenido obligacional de controlar los sistemas indispensables para mantener óptimas las condiciones de seguridad” se predica únicamente respecto del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y no frente al Ministerio de Defensa Nacional, al no corresponderle por ley la función concreta que por omisión no se prestó de manera eficaz, además de que sobre su supuesta responsabilidad no obra prueba alguna dentro del expediente.
Por lo anterior la Sala considera que no hay lugar a proferir ninguna condena en contra del Ministerio de Defensa Nacional. Debe aclararse, sin embargo, que estas precisiones sólo tienen un alcance presupuestal en tanto la condena pecuniaria que se derive de esta sentencia lógicamente debe afectar el presupuesto del DAS, porque es claro que tanto esta entidad como el Ministerio de Defensa son dependencias de la misma persona jurídica demandada (Nación, art., 8° de la Ley 153 de 1887)
Una vez dilucidado el punto anterior, recuerda la Sala que el asunto planteado no es nuevo, porque en varios procesos anteriores halló comprometida la responsabilidad del DAS. por los daños ocasionados a los particulares, como consecuencia del atentado terrorista perpetrado en sus instalaciones, el día 6 de diciembre de 1989.
Sin embargo, la responsabilidad estatal en esos casos no la ha fundamentado de modo uniforme en un determinado régimen pues la argumentación se ha basado ora en la falla del servicio ora en el régimen de la responsabilidad por daño especial.
La Sala declaró la responsabilidad estatal de acuerdo con la teoría de la falla del servicio, en sentencia proferida el 27 de julio de 1995, expediente 10.120, actor José Ovidio Ramos Pinzón, consejero ponente Dr. Daniel Suárez Hernández, la cual expresó:
“Ninguna duda le cabe al ad quem para identificarse con el criterio del juzgador a quo, en el sentido de encontrar que en el atentado dinamitero que originó este proceso hubo descuido, exceso de confianza, negligencia y desacato a las recomendaciones e instrucciones impartidas por la Dirección General del Departamento Administrativo de Seguridad, motivadas por las especiales circunstancias de riesgo, amenazas y declarada guerra entre las fuerzas del orden y los narcotraficantes, donde el DAS., con su director general a la cabeza, se constituyó en blanco especial de los denominados narcoterroristas. Las informaciones, comunicaciones dirigidas por el director general de dicho departamento al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, así como las copias de los comunicados e informes confidenciales anexados, visibles a folios 190 a 215 del cuaderno número 2, acentúan el convencimiento de la Sala acerca de que las instrucciones de seguridad impartidas por la dirección no fueron estrictamente atendidas, facilitando por esa negligencia e imprudencia la ejecución del repugnante atentado.
También se fundamenta en éste régimen de responsabilidad la sentencia del 17 de noviembre de 1995, expediente 9889, actor María Consuelo Esteban de Henríquez, consejero ponente Dr. Carlos Betancur Jaramillo, en la cual se dijo:
“La responsabilidad estatal se deriva, entonces, en este caso de la falla en el servicio por omisión de la entidad demandada, la cual constituye causa eficiente del daño en la medida de que, si se hubieran adoptado las medidas necesarias que las circunstancias imponían, se habrían evitado las consecuencias dañosas sufridas por los damnificados del mismo, sin que sean de recibo los planteamientos realizados por la demandada, relativas a la falta de vínculo de causalidad entre el daño y la conducta de la administración; asimismo, no puede aquí exonerarse la demandada señalando que sólo podía exigírsele el cumplimiento de las medidas adoptadas pues, como ya se vio, ellas eran insuficientes e imperó la negligencia en su real aplicación”.
Pero de otro lado la Sala ante la misma situación fáctica, se apoyó en la teoría del daño especial para condenar a la entidad estatal en la sentencia del 9 de febrero de 1995, expediente 9550, actor Luis Carlos Castellanos Ruiz y otros, consejero ponente Dr. Julio César Uribe Acosta:
“En el caso sub examine no hay espacio para la duda que impida concluir que el centro de imputación jurídica es responsable de las heridas causadas a Luis Carlos Castellanos Ruiz, con ocasión de la explosión dinamitera dirigida por las fuerzas de la subversión contra el edificio donde funciona el Departamento Administrativo de Seguridad en Bogotá. Esa responsabilidad toma apoyo en la filosofía jurídica que informa la RESPONSABILIDAD POR DAÑO ESPECIAL, y encuentra respaldo jurídico en el artículo 90 de la Constitución Nacional, que claramente preceptúa:
El acervo probatorio que obra dentro del informativo permite concluir, como lo hizo el tribunal de instancia, que en el caso en comento y en la lucha contra las fuerzas de la subversión hubo NEGLIGENCIA e INCUMPLIMIENTO de las instrucciones impartidas por el director General de Inteligencia ... Esas falencias en la acción dejan pesares en el alma y comprometen gravemente la eficiencia, idoneidad y capacidad del personal a su servicio(...).
Ahora bien, si la realidad expuesta se deja encuadrar dentro de un marco de guerra, de una guerra que el país vive desde hace ya muchos años y que hoy aparece como “CAMINO BLOQUEADO”, esto es, SIN SALIDA, para utilizar la conceptualización del jurista y filósofo Dr. NORBERTO BOBBIO, se impone preguntar: ¿La población inocente que la padece y sufre, tendrá que soportar ella sola el daño que la misma le causa?. Para ese hombre del común, que no tiene el control de la guerra, ya que prácticamente no tiene miedo a morir, sino vergüenza de sobrevivir, ¿podrá un estado que se dice social de derecho y solidario y fundado en la dignidad de la persona humana, dejarlo solo, abandonado, sin indemnizarle el daño que el conflicto que él no ha creado le produce?. No lo cree así la Sala. Y para llegar a esta conclusión no necesita buscar apoyo en la ley, sino en el derecho, en la equidad, en los principios universales que informan la bella ciencia” (Las mayúsculas y cursivas son del texto)
Sin embargo, del análisis probatorio de los hechos de que da cuenta este proceso, la Sala reitera y precisa que la responsabilidad del Estado en el atentado dinamitero contra el edificio del DAS tiene su fundamento en la falla del servicio derivada de la omisión por parte de la entidad demandada, la insuficiencia y desacato de las medidas tendientes a evitar el acto terrorista, que efectivamente tuvo lugar en las instalaciones del DAS. y en la negligencia e incumplimiento de las órdenes e instrucciones necesarias impartidas por parte de la Dirección General de Inteligencia del DAS., tales como el control del ingreso de personas y vehículos a la zona aledaña a las instalaciones de la entidad, a fin de evitar un atentado dinamitero, del cual tenia conocimiento con anterioridad por ciertas informaciones al respecto.
En efecto, es claro para la Sala que la entidad expidió a través de la Dirección General de Inteligencia, las circulares 1760 del 29 de septiembre de 1989 y 1953 del 27 de octubre del mismo año y tomó algunas medidas adicionales con el propósito de reforzar la protección y la seguridad, “teniendo en cuenta la inminencia de amenazas contra instalaciones oficiales y, en especial, contra la sede del Departamento Administrativo de Seguridad”, afirma la circular 1760, visible en Cuaderno 2., fol. 169.
Al respecto, expresa la circular 1953 del 27 de octubre de 1989
“La responsabilidad por la eventual ocurrencia de un insuceso en las instalaciones del departamento recae en forma directa sobre la Sección de Vigilancia y Control; por lo tanto, las medidas de seguridad convencionales y las especiales contempladas en el Oficio No. 1760 y en el presente, deben ser aplicadas en forma drástica, sin descuidar el estricto cumplimiento de las mismas bajo ningún motivo” (Cuaderno 2., fol. 175).
Pero no hay duda que las medidas de seguridad tomadas por la entidad demandada no tuvieron resultado o fueron insuficientes para evitar el atentado dinamitero ocurrido el 6 de diciembre de 1989 y la tragedia de la cual el DAS. tenía cierta información, finalmente se dio.
De acuerdo con lo anterior, se concluye que la administración incurrió en falla del servicio público de vigilancia y seguridad y que si bien el servicio funcionó, lo hizo en forma defectuosa, lo cual compromete su responsabilidad.
La Sala considera pertinente reiterar lo expresado en sentencia del 4 de julio de 1997, expediente 10.098, actor Abraham Ávila Rondón, con ponencia de quien redacta esta providencia, en la cual se afirmó:
“No obstante la conclusión precedente, encuentra la Sala que podría declararse igualmente la responsabilidad administrativa del Estado aun si no existiera en el acervo probatorio evidencia de la negligencia y omisión de la entidad demandada en el cumplimiento de sus funciones, con fundamento en la teoría de la responsabilidad por daño especial.
En efecto, aún si el obrar del centro jurídico de imputación demandado hubiese sido diligente y cuidadoso en el cumplimiento de las órdenes acerca de las medidas de protección y seguridad impartidas por sus superiores, la entidad pública debe responder patrimonialmente con base en los principios de equidad, solidaridad social y el de igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas como fundamentos mediatos de responsabilidad, porque una persona o un grupo de ellas no tiene porque soportar los daños que se generan con motivo de la defensa del orden institucional frente a las fuerzas desestabilizadoras de ese orden.
Tal como lo expresó la Sala en la sentencia del 23 de septiembre de 1994:
“....Si en ese enfrentamiento propiciado por los terroristas contra la organización estatal, son sacrificados ciudadanos inocentes, y se vivencia que el objeto directo de la agresión fue un establecimiento militar del gobierno, un centro de comunicaciones al servicio del mismo, o un personaje representativo de la cúpula administrativa, etc., se impone concluir que los medios de la lucha por el poder se ha sacrificado un inocente y, por lo mismo, los damnificados no tienen por qué(sic) soportar solos el daño causado.” (Se subraya) (Expediente 8577. Consejero Ponente Julio César Uribe Acosta).
Si bien es cierto que en el presente caso el atentado terrorista no fue dirigido contra un establecimiento militar del gobierno, si lo fue contra el edificio en donde funcionaba el Departamento Administrativo de Seguridad del Estado. Y lo propio cabría decir cuando esos hechos se dirigen contra las instalaciones en donde funcione. la fuerza pública, la cual está integrada no sólo por las Fuerzas Militares sino también por la Policía Nacional (art 216 de la C.N.).
La teoría de la responsabilidad por daño especial se aplica en forma excepcional y subsidiaria, en aquellos eventos en los que el caso examinado no logre tipificarse dentro de los otros regímenes de responsabilidad y se aprecie por el juez administrativo que los hechos materia de análisis vulneran injustificadamente los principios de equidad, solidaridad y justicia social en los cuales se fundamenta el Estado Social de Derecho(2).
(2) Sentencia del 20 de febrero de 1989. Consejo de Estado, Sección Tercera. Consejero Ponente: Antonio De Irisarri Restrepo. Expediente 4655.
Debe precisarse para evitar equívocos que tanto la responsabilidad que se declara con arreglo en la falla del servicio como aquella que tiene su fundamento en el daño especial, tienen un carácter objetivo en cuanto se encuentran desligadas de toda consideración subjetiva sobre la conducta del agente causante del daño como la culpa o el dolo, que sólo tiene importancia al momento de definir la responsabilidad personal de los agentes públicos (art 90, inc. 2º de la C.N.).
La llamada falta del servicio (faute de service) “en principio no guarda relación alguna con la noción tradicional de culpa de un sujeto físico; diferenciación que se manifiesta cabalmente cuando en un mismo suceso dañoso coexisten una faute de service,: que engendra la responsabilidad del ente público, con una, faute personnele del funcionario autor material del hecho dañoso que puede dar lugar a la responsabilidad personal de éste último”(3).
(3) Jesús Leguina Villa. La Responsabilidad Civil de la Administración Pública. Madrid. Editorial Tecnos, 1983. 2a. ed. pp. 154 y 155.
Esa responsabilidad se compromete cuando siguiendo la clásica formulación de Paul Duez, el servicio funcional mal, no funciona o funciona en forma tardía siendo suficiente la falla anónima, orgánica o funcional sin que sea preciso identificar una culpa en un agente público determinado.
La diferencia entre uno y otro régimen de responsabilidad puede establecerse a partir de dos elementos:
1. En primer lugar, en el régimen de falla del servicio el demandante tiene la carga de demostrar la falla alegada en una cualquiera de las modalidades a que se ha hecho relación antes.
2. Así mismo, en este régimen la administración se exonera con la prueba de la ausencia de falla del servicio, toda vez que se desvirtúa el fundamento mismo de la responsabilidad.
También se exonera la administración con la prueba del caso fortuito o la fuerza mayor, los cuales para efectos de este régimen de responsabilidad tienen el mismo poder liberatorio.
Por el contrario, en el régimen de responsabilidad por daño especial el demandante tiene la carga de probar el daño. No así la falla del servicio en cuanto ésta no se alega y por el contrario, se parte del funcionamiento adecuado del servicio. Consecuencialmente no tiene, efectos exonerativos la prueba de la ausencia de dicha falla.
También no tiene efectos liberatorios el caso fortuito pero si la fuerza mayor, entendida como aquel suceso externo o ajeno en cuanto está fuera del circulo de actuación del obligado, que no puede preverse y que es inevitable, que haya causado un daño material y directo que exceda visiblemente los límites propios del curso normal de la vida por la importancia y trascendencia de la manifestación.
Tanto en uno como en otro régimen la culpa o el hecho de un tercero, cuando reúnen las características de ser exclusivos y determinantes de la producción del daño, rompen el nexo de causalidad y por lo mismo, exoneran en forma absoluta de responsabilidad.
4. El daño emergente.
4.1. Existencia del perjuicio.
La destrucción parcial de las oficinas de la sociedad demandante se encuentra plenamente demostrada en el expediente mediante los siguientes documentos:
a) Concepto expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el día 31 de julio de 1989 que certifica la ubicación y existencia del inmueble destruido y luego de una inspección ocular, los daños producidos a la edificación y a la mercancía como consecuencia del atentado dinamitero (C.2., fol. 17);
b) Constancia del Juzgado Quinto de Orden público, a solicitud del representante legal de la sociedad demandante, de la afectación de este establecimiento, entre otros, por los hechos ocurridos el 6 de diciembre de 1989 (C.2., fl. 18), y
c) Constancia de la Alcaldía Zonal de Los Mártires Zona 14 del funcionamiento de la sociedad Díaz Echeverry y Cía. S. en C. en la Carrera 25 #17-31 el día 6 de diciembre de 1989 (C.1., fl. 108).
4.2. Determinación del perjuicio.
4.2.1. En relación con los activos fijos e inventarios.
En lo que hace relación a las pruebas acerca de la cuantía del perjuicio la Sala observa lo siguiente:
Por concepto de destrucción de activos fijos la sociedad afirma haber perdido la suma de cincuenta y cuatro millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro pesos m/l ($ 54.959.154), representados en maquinaria para procesar jugos y sus dispensadores, equipos de laboratorio, un computador y un fax y por concepto de inventarios de jugos, la suma de cincuenta y ocho millones ochocientos mil pesos m/l ($58.800.000).
Llama la atención de la Sala que estos bienes comprendan el conjunto de activos de la compañía, teniendo en cuenta que su objeto social no tiene relación directa con la actividad de producción y comercialización de néctares y jugos.
En efecto si se observa el acervo probatorio en su conjunto tenemos que el objeto de la sociedad demandante según el certificado de existencia y representación legal (C.1.,fls. 18) se encuentra limitado a las actividades de promoción y formación de sociedades administrativa y financiera, intermediación en ventas, subarriendo de bienes y explotación de negocios de ganadería y agricultura, ninguna de las cuales tiene relación directa con la producción industrial de néctares y jugos y su ulterior comercialización.
Adicionalmente en el mismo local o bodega comercial según expresa la misma demanda (fl. 22) funcionaban otras dos sociedades comerciales de propiedad de los mismos socios y con la gerencia a cargo del mismo socio gestor de la sociedad demandante (C.1.,fl. 15): Comercializadora Automotriz Mundopartes S.A. y Frutera y Productos Tropicales Ltda., esta última, como su nombre lo indica con un objeto social mucho más cercano a la actividad indicada que la sociedad demandante.
Por las razones expuestas y por la contradicción que acerca del monto de los inventarios existen entre los testigos —unos hablan de la existencia de 7.000 cajas de jugos y otros de 850 (fls. 155 y 157)— para la Sala no son de recibo las pruebas sobre la existencia de inventarios como perjuicio indemnizable a favor de la sociedad demandante.
Igual razonamiento debe hacerse en relación con los activos fijos representados en la maquinaria para procesar jugos y néctares porque tratándose de bienes extraños a las actividades comprendidas dentro del objeto social de la entidad demandante las pruebas sobre la preexistencia de éstos deben ser inequívocas, contundentes y determinantes.
En relación con lo anterior, las fotocopias de recibos y facturas a cargo de la sociedad demandante por concepto de la adquisición del concentrador de jugos —factura cambiaria de compraventa Nº 9-117 (C.1., fl. 95) y 4 recibos de caja por las correspondientes cuotas (C.1., fl. 86 y 9-94)—; los cuatro (4) dispensadores para jugos de frutas, —factura cambiaria de compraventa No. 5-47 y su respectivo recibo de caja (C.1., fls 88-89)—; la cortadora y trituradora de maracuyá y guayaba de marca, —factura cambiaria de compraventa Nº 9-125 y 3 recibos de caja por las cuotas correspondientes (C.1., fls. 96-100)—, y los equipos para laboratorios de Química, —factura cambiaria de compraventa y recibos de caja equivalentes a 3 cuotas (C.1., fls. 101-106), se tiene que los mismos carecen de valor probatorio alguno al tenor de lo dispuesto en el inciso final del artículo 25 del Decreto 2651 de 1991 por tratarse de documentos emanados de terceros.
En efecto, el demandante anexó copia informal de fotocopias autenticadas de facturas cambiarias de compraventa y recibos de pago, los cuales por constituir documentos de contenido declarativo—dispositivo debían presentarse en copia auténtica o haber sido objeto de reconocimiento expreso de conformidad con los artículos 352, 253 y 254 del Código de Procedimiento Civil.
No obstante lo anterior la Sala reconocerá el valor de los perjuicios por. concepto de la pérdida del computador lBM. modelo 80 por valor de $ 13.477.000, y del fax Sharp (Canon-20) por $ 698.523, porque la adquisición de los mismos se encuentra dentro de las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas de la existencia y el objeto de la entidad demandante y porque su inclusión en los estados financieros como pérdida patrimonial (C.1., fls. 52 y 55 a 64) y su correspondencia con las declaraciones de renta de la sociedad demandante (fls. 109 a 112) producen en el juzgador la certeza sobre su preexistencia como daño indemnizable.
Por lo anterior y teniendo en cuenta las prescripciones establecidas en el artículo 10 de la ley 58 de 1982, la Sala valorará la cuantía patrimonial de los bienes destruidos. En este sentido se reconocerá el valor de los siguientes equipos:
Un computador lBM $ 13.477.000
Un fax $ 698.523
Total $ 14.175.523
El valor de estos equipos se reconocerá en su valor histórico actualizado y no en su valor de reposición actualizado porque los valores de reposición a nuevo consultan mejoras tecnológicas que no tenían incorporadas los equipos que fueron destruidos.
Efectuada la liquidación tenemos:
Ra = R Ind. final (junio 97)
Ind. Inicial (diciembre 89)
Ra = $ 14.175.523 643.90
Ra = $ 72.395.445
4.2.1. La pérdida del know how.
De acuerdo con la Cámara Internacional de Comercio, el concepto de know how comprende “La totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto... Puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sean necesarios para hacer uso de la patente. Puede también designar procedimientos prácticos, particularidades y conocimientos especializados técnicos que fueron siendo(sic) obtenidos por un productor a través de investigaciones y que no deben aún ser adquiridos por la competencia”(4).
4. Definición adoptada en las sesiones del 17 y 18 de octubre de 1957. Cfr. Hebert Stumpf. El Contrato de Know How. Bogotá. Editorial Temis, 1984; 1ª edición pp. 5-6.
Para efectos del impuesto sobre la renta, el artículo 1° del decreto reglamentario 2123 de 1975 dice: “Entiéndese por know how la experiencia secreta sobre la manera de hacer algo, acumulada en un arte o técnica y susceptible de cederse para ser aplicada en el mismo ramo, con eficiencia”.
En Colombia inicialmente la protección jurídica al know how no era autónoma y se efectuaba como obligación contractual pactada de modo expreso o de acuerdo con las normas de competencia desleal establecidas en la ley 155 de 1959 y en el Código de Comercio. Posteriormente esta regulación fue complementada con la Decisión 291 de 1991 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en lo relativo a los contratos sobre licencia de tecnología. Actualmente en el marco jurídico del Acuerdo de Cartagena, la protección jurídica del know how se efectúa mediante la protección de los secretos industriales de acuerdo con el artículo 73 y siguientes de la Decisión 344 de 1993 y requiere que la información protegida conste en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, microfilmes, películas u otros elementos similares y con la protección de la competencia (artículos 1º. ys 1º y 16 de la Ley 256 de 1996).
En el caso sub exámine no existe secreto industrial qué proteger o know how como lo denomina el demandante usando la expresión angloamericana, no sólo porque no se probó la existencia del mismo y mucho menos su destrucción, sino porque en el plenario existe prueba de que la producción de la empresa se desarrollaba usando métodos “muy rudimentarios” (testimonio de Luis Fernando Serna Restrepo a folios 156-157), lo cual configura una causal para la no protección de la información al tenor de lo establecido por el artículo 73 de la norma andina.
Así las cosas y por no haberse probado que la sociedad demandante tenia know how se desestimará la solicitud de indemnización de los perjuicios por este concepto.
4.2.2. La pérdida del good will.
El demandante solicita también el derecho a ser indemnizado por la pérdida del good will. Este concepto como el anterior también de origen angloamericano, no tiene una definición positiva dentro de la legislación colombiana, no obstante que algunos ordenamientos como el Decreto 2650 de 1993 precitado o plan único de cuentas para comerciantes se refieren a su registro contable bajo la denominación de crédito mercantil . Doctrinaria(5) y jurisprudencialmente ha sido definido como el “buen nombre o fama comercial en un conglomerado económico-social determinado”, bien intangible que conlleva beneficios tales como el reconocimiento de los consumidores al producto o servicio y a la empresa que lo suministra, la confianza y credibilidad de la empresa, la calificación positiva del consumidor a las características del producto y el derecho a la clientela, esta última con protección jurídica positiva en las normas que consagran la prohibición de las conductas de competencia desleal (L.256/96).
(5) Supersociedades, Conceptos 1988-1990,T.IX, pág. 64 y Doctrinas contables, 1993, págs. 90 a 93.
El contenido patrimonial de este derecho no tiene parámetros precisos y por tanto generalmente corresponde a un estimado del potencial de mercado y su rentabilidad.
En el presente evento el actor tasa en la demanda (fl. 8) el perjuicio sufrido por este concepto en forma global y conjunta con el know how en la suma de diecisiete millones cuatrocientos sesenta y un mil setenta y cuatro pesos m/l ($17.461.074) sin discriminar qué valores corresponden a uno u otro ni determinar el método financiero para establecerlo.
El know how y el good will pueden en efecto contribuir al éxito comercial de una empresa pero no necesariamente son correspondientes. Así una empresa que tenga un know how protegido puede no tener good will y una con un gran good will puede no tener know how protegido jurídicamente.
En la experticia rendida por los señores peritos designados por el despacho y que obra a folios 253 a 254 del expediente, los conceptos de good will y know how que como se vio corresponden a contenidos jurídicos distintos se determinan en forma conjunta y con unas mismas variables económicas, —compra de años del excedente de la utilidad media— sistema que la Sala considera válido como método estimado de apreciación del good will (6) pero no así con respecto al know how por las razones expuestas en los párrafos anteriores.
(6) El Decreto 2650 de 1993 contempla esta mecanismo para valoración del crédito mercantil. En el mismo sentido Revista Escuela de Administración de Negocios, mayo-agosto de 1988, en estudio de Clara Elena Castillo Flórez. pág. 36 y Contabilidad, Walter B. Meigs, pág. 401; aunque estos reconocen además otros dos métodos para el good will formado, denominados fórmula de capitalización, y fórmula de Hoskold. Crf Supersociedades. Doctrinas contables, 1993. págs. 90 a 93.
También se negará la indemnización del good will por no haberse acreditado como se desprende del dictamen pericial.
5. El lucro cesante.
La Sala negará lo solicitado por el demandante a titulo de lucro cesante —reconocimiento del 6% sobre las sumas indemnizadas debidamente indexadas— por las siguientes razones:
La sociedad demandante solicitó y obtuvo del Banco Comercial Antioqueño a través de un cupo de redescuento y con cargo a los recursos de que trata la Resolución 6 de 1990 de la Junta Monetaria, el préstamo Nº 90-015150 por valor de ochenta y nueve millones doscientos diecinueve mil pesos m/l ($89.219 000) (fls. 55 a 58) de los cuales sesenta y nueve millones cuatrocientos sesenta y nueve mil pesos ($ 69.469.000) estaban destinados a reposición en el rubro de activos fijos (C.2., fls 59 a 125) y el resto para capital de trabajo (reposición de inventarios).
Las condiciones del préstamo fueron las siguientes:
Préstamo para Plazo Período Tasa de Amortización
de gracia interés
Activos fijos 10 años 3 años DTF-5 Semestre vencido
Capital de Trabajo 4 años 1 año DTF-5 Semestre vencido
La Resolución 6 de 1990 emanada de la extinta Junta Monetaria tenía como finalidad auxiliar con prestamos blandos a empresas industriales y comerciales afectadas por atentados narcoterroristas ocurridos a partir del 18 de agosto de 1989.
Como se observa, la sociedad demandante no tuvo perjuicios por concepto de lucro cesante porque las condiciones financieras de pago de la suma otorgada en préstamo por el Estado —en exceso de la reconocida por perjuicios en esta sentencia— cubren plenamente la cuantía del interés técnico civil solicitada por la sociedad demandante.
En este sentido la Sala hace suya las consideraciones efectuadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-197-93 en la cual al declarar la exequibilidad del artículo 30 del Decreto 444 de 1993, incorporado
posteriormente en el artículo 47 de la Ley 104 de 1993, expresó:
“Se ordena deducir “del monto total de los perjuicios que se liquiden”, las sumas entregadas a dichas víctimas, en cumplimiento de la normatividad que se revisa. Estas previsiones consultan los principios de justicia y de equidad, si se tiene en cuenta, además, que la reparación del daño con fundamento en la responsabilidad estatal no puede constituir una fuente de enriquecimiento. El resarcimiento del perjuicio, debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, mas no puede superar ese límite; y es obvio, que si el Estado ha reparado, en parte, ese perjuicio, no puede ser condenado de nuevo a reparar la porción ya satisfecha”.
REVÓCASE la sentencia la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 21 de julio de 1994 y en su lugar se dispone:
1. Declarar administrativamente responsable a la Nación colombiana—Departamento Administrativo de seguridad “DAS” de los perjuicios ocasionados a la Sociedad Díaz Echeverry y Cía S. en C. el día 6 de diciembre de 1989.
2. Condenar a la Nación colombiana—Departamento Administrativo de seguridad “DAS” a reconocer y pagar por concepto de perjuicios materiales para la Sociedad Díaz Echeverry y Cía S. en C. la suma de setenta y dos millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y cinco ($ 72.395.445)
3. Para el cumplimiento de esta sentencia expídanse copias con destino a las partes, con las precisiones del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil y con observancia de lo preceptuado en el artículo 37 del Decreto 359 de 22 de febrero de 1995. Las copias destinadas a la parte actora serán entregadas al apoderado judicial que la ha venido representando.
Cópiese, notifíquese y devuélvase. Publíquese en los anales del Consejo de Estado.
Carlos Betancur Jaramillo, Presidente de Sala—Jesús María Carrillo B.—Ricardo Hoyos Duque—Juan de Dios Montes H.—Daniel Suárez Hernández.
Lola Elisa Benavides López, Secretaria Sección