Source: http://juanaleman.psuv.org.ve/2011/02/18/portada/proyecto-ley-para-regularizacion-control-arrendamientos-inmobiliarios/
Timestamp: 2018-03-22 19:27:32
Document Index: 120738925

Matched Legal Cases: ['Artículo 9', 'Artículo 11', 'Artículo 12', 'Artículo 19', 'Artículo 25', 'Artículo 27', 'Artículo 30', 'Artículo 37', 'Artículo 40', 'Artículo 41', 'Artículo 43', 'Artículo 45', 'Artículo 46', 'Artículo 51', 'Artículo 56', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 63', 'Artículo 65', 'artículo 1', 'Artículo 66', 'Artículo 67', 'artículo 65', 'Artículo 68', 'Artículo 69', 'Artículo 70', 'Artículo 71', 'Artículo 72', 'artículo 65', 'Artículo 73', 'Artículo 74', 'Artículo 75', 'Artículo 76', 'artículo 70', 'Artículo 78', 'Artículo 80', 'artículo 1', 'Artículo 81', 'Artículo 82', 'Artículo 83', 'artículo 70', 'Artículo 77', 'Artículo 84', 'Artículo 85', 'artículo 73', 'Artículo 86', 'Artículo 88', 'Artículo 89', 'Artículo 90', 'Artículo 91', 'Artículo 92', 'Artículo 93', 'Artículo 94', 'Artículo 95', 'Artículo 96', 'Artículo97', 'Artículo 98', 'Artículo 99', 'Artículo 100', 'Artículo 101', 'Artículo 102', 'Artículo 103', 'Artículo 104', 'Artículo 105', 'Artículo 106', 'artículo 346', 'Artículo 107', 'artículo 370', 'Artículo 108', 'Artículo 109', 'Artículo 110', 'Artículo 111', 'Artículo 112', 'Artículo 113', 'Artículo 114', 'Artículo 115', 'Artículo 116', 'Artículo 117', 'Artículo 119', 'Artículo 120', 'Artículo 121', 'Artículo 122', 'Artículo 123', 'Artículo 124', 'artículo 113', 'Artículo 125', 'artículo 30', 'Artículo 126', 'Artículo 127', 'Artículo 128', 'Artículo 129', 'Artículo 130', 'Artículo 131', 'Artículo 132', 'Artículo 133', 'Artículo 134', 'Artículo 135', 'Artículo 136', 'Artículo 137', 'Artículo 138', 'Artículo 139', 'Artículo 140', 'Artículo 141', 'Artículo 142', 'Artículo 143', 'Artículo 145', 'Artículo 146', 'Artículo 147', 'Artículo 148', 'Artículo 150', 'Artículo 151', 'Artículo 152', 'Artículo 153', 'Artículo 154', 'artículo 141', 'Artículo 155', 'artículo 147', 'Artículo 156', 'Artículo 158', 'Artículo 159', 'Artículo 160', 'artículo 76', 'Artículo 161', 'Artículo 162', 'Artículo 163', 'Artículo 164', 'Artículo 165']

Dip. Juan C.Aleman: PROYECTO DE LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS | Juan Carlos Alemán
Dip. Juan C.Aleman: PROYECTO DE LEY PARA LA REGULARIZACIÓN Y CONTROL DE LOS ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS
18.feb.2011 / 10:36 am / 1 Comentario
Desde la Plaza Bolívar de Caracas, el Dip: Juan C Alemán invita al Pueblo Legislador a participar en la construcción de ésta Ley
subarrendamiento de los inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, habitación, pensión y/o al funcionamiento o desarrollo de actividades comerciales, industriales, profesionales, de enseñanza y otras distintas de las especificadas, ya sean arrendados o subarrendados totalmente o por partes.
8. Todas aquellas personas que tengan un interés personal, legítimo y directo en los
procedimientos judiciales o administrativos previstos en la presente ley.
CLÁUSULA PENAL ARRENDATICIA: Es la sanción prevista por las interesadas o los
interesados en virtud del incumplimiento de una cualquiera de las cláusulas del contrato.
Artículo 9°. A partir de la publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela de la presente Ley, queda prohibido expresamente dictar medidas cautelares de secuestro sobre
Artículo 11°. Se prohíbe el arrendamiento o subarrendamiento de las viviendas urbanas o suburbanas que no posean las condiciones elementales mínimas de sanidad y habitabilidad. Están comprendidas en este caso, especialmente, las viviendas comúnmente denominadas ranchos, que son aquellas construidas con materiales inadecuados o perecederos, tales como tablas, latas y cartones; que carecen de servicios de infraestructura primaria.
Artículo 12°. Queda expresamente prohibido el arrendamiento de viviendas adjudicadas por el Estado, hasta tanto no se cumplan los extremos establecidos en las leyes que regulan la materia para la adjudicación de vivienda, el incumplimiento de esta norma será causal de sanción de conformidad con la presente Ley, sin perjuicio de las sanciones que contemplen las leyes queregulan la materia para la adjudicación de viviendas.
circunstancia de no tener niños, de estar en estado de gestación, la de ser extranjero el arrendatario o subarrendatario, así como, establecer discriminaciones relativas a raza, sexo, credo, profesión o condición social.
3. Imponer las sanciones administrativas a que hubiere lugar, de conformidad con lo
8. Las demás que le sean atribuidas en la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, las leyes y por Ejecutivo Nacional.
Artículo 19°. El Censo de Contrato de Arrendamiento, será el instrumento que permita recabar información relativa a los datos identificativos del arrendador y/o arrendadora, arrendatario y/o arrendataria, del canon de arrendamiento, de la existencia de la existencia de cláusulas penales, de la duración del contrato, de la fecha del contrato, del tipo de inmueble, de la ubicación del inmueble, y cualquier otro que la Dirección Nacional de Inquilinato considere pertinente.
El conocimiento de los demás procedimientos jurisdiccionales, a que se refiere esta Ley, en materia de arrendamientos urbanos y suburbanos será competencia de la jurisdicción civil ordinaria.
Artículo 25°. En el marco de la presente Ley, la Defensoría Pública Para la Protección del Derecho a la Vivienda, tendrá las siguientes atribuciones:
Artículo 27°. Es un deber de los arrendadores y/o arrendadoras entregar al arrendatario y/o arrendataria, el inmueble dado en arrendamiento en buen estado de servicio, seguridad y sanidad, así como, poner a su disposición los servicios, cosas o usos conexos y los adicionales, en la fecha convenida o en el momento de la celebración del contrato.
Artículo 30°. En las edificaciones sujetas a regulación, que consten de unidades independientemente consideradas, cualesquiera que fuere su uso, dadas en arrendamiento y que no estén comprendidas en el régimen de propiedad horizontal, el pago de los gastos de aseo, conservación, agua, energía eléctrica y cualquier otro servicio similar, podrá ser fijado por las partes contratantes, siempre y cuando no exceda de un veinticinco por ciento (25%) del monto del canon de arrendamiento, y el gasto esté debidamente soportado por facturas que le permitan al arrendador verificar el pago efectuado.*
Articulo 36°. En los contratos de arrendamiento, celebrados a tiempo determinado o indeterminado, que versen sobre inmuebles exentos de regulación y en los que no se haya pactado cláusula de valor a los fines de la actualización periódica del canon de arrendamiento, si las partes no hubiesen llegado a un acuerdo sobre el monto del mismo, éste se ajustará por la variación porcentual acumulada que haya experimentado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrado por el Banco Central de Venezuela, cada vez que haya transcurrido un (1) año de la relación
arrendaticia.
Artículo 37°. El arrendador y/o arrendadora tiene el derecho a recibir el inmueble en las mismas condiciones en que lo arrendara, al término de la relación arrendaticia.
Artículo 40°. El arrendatario y/o arrendataria tiene el derecho a que se le fije un canon de arrendamiento de conformidad lo dispuesto en los artículos 65 y 66 de la presente Ley, a tal efecto, no estará obligado a:
Artículo 41°. Los arrendatarios y/o arrendatarias que celebren contratos a tiempo determinado o indeterminado tienen potestativamente el derecho a una prórroga legal llegado el día del vencimiento del mismo como lo disponen los artículos 73 al 79 de la presente Ley. Esta prórroga legal será obligatoria para el arrendador y/o arrendadora
Artículo 43°. Cuando se constituya depósito en dinero para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de arrendamiento, éste no podrá exceder del equivalente a la suma de dos (2) mensualidades, cantidad ésta que no podrá ser imputable al pago de los cánones de arrendamiento.
Artículo 45°. Si por cualquier circunstancia, el arrendador y/o arrendadora incumpliere la obligación establecida en el artículo precedente, quedará obligado a satisfacer al arrendatario y/o arrendataria intereses calculados a la tasa mensual pasiva promedio de los seis principales entes financieros durante la vigencia de la relación arrendaticia, conforme a la información que suministre el Banco Central de Venezuela.
Artículo 46°. El arrendador y/o arrendadora deberá reintegrar al arrendatario, al término de la relación arrendaticia la suma recibida como garantía de las obligaciones del arrendatario y/o arrendataria, más los intereses que se hubiesen causado hasta ese momento, siempre que estuviere solvente respecto al cumplimiento de las obligaciones arrendaticias a su cargo.
Artículo 51°. La duración de los contratos de arrendamiento regulados por la presente Ley será la libremente acordada por las partes.
Artículo 56°. Cuando el arrendatario y/o arrendataria manifestase su voluntad de no renovar el contrato o desistir de él sin el consentimiento del cónyuge o concubino que conviviera con dicho arrendatario y/o arrendataria, podrá el arrendamiento continuar en beneficio de dicho cónyuge o concubino, a tal efecto, deberá el cónyuge o concubino en un plazo de quince días (15) manifestar por escrito al arrendador y/o arrendadora su voluntad de subrogarse al contrato, teniendo el arrendador y/o arrendadora la obligación de aceptar la subrogación del cónyuge o concubino.
Articulo 57°. Cuando el arrendatario y/o arrendataria abandonara el inmueble sin manifestación expresa de desistimiento o de no renovación, el arrendamiento podrá continuar en beneficio del cónyuge o concubino que conviviera con aquél, siempre que en el plazo de un mes de dicho abandono, el arrendador y/o arrendadora reciba notificación escrita del cónyuge o concubino manifestando su voluntad de ser arrendatario y/o arrendataria, teniendo el arrendador y/o arrendadora la obligación de aceptar la subrogación del cónyuge o concubino.
arrendatario, el cónyuge no arrendatario podrá continuar en el uso de la vivienda arrendada; la voluntad del cónyuge de continuar en el uso de la vivienda deberá ser comunicada por escrito al arrendador y/o arrendadora en el plazo de dos (02) meses desde que fue notificada la resolución judicial correspondiente, teniendo el arrendador y/o arrendadora la obligación de aceptar la subrogación del cónyuge o concubino.
6. Las personas distintas de las mencionadas en los numerales anteriores que sufran una minusvalía igual o superior al sesenta y cinco por ciento, siempre que tengan una relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad con el arrendatario y/o arrendataria y hayan convivido con este.
Las personas indicadas deberán notificar por escrito en el plazo de un mes al fallecimiento del arrendatario y/o arrendataria su intención de subrogarse al contrato, teniendo el arrendador y/o arrendadora la obligación de aceptar la subrogación.
Artículo 60°. Los contratos de arrendamiento celebrados por un tiempo determinado, que prevean prórrogas convencionales, automáticas y sucesivas, se considerarán siempre a tiempo determinado, aunque su duración exceda de quince (15) años.
En aquellos contratos celebrados por un tiempo determinado donde no se prevean prórrogas convencionales, automáticas y sucesivas, y el arrendador y/o arrendadora no manifieste su deseo de dar termino al mismo y no realizaré un nuevo contrato en los mismo términos del anterior se considerará que opera la tácita reconducción y el último contrato se considerará a tiempo indeterminado.
Artículo 61°. Es competencia de la Dirección Nacional de Inquilinato, la fijación del canon de arrendamiento de los inmuebles regulados por la presente Ley.
Artículo 63°. El pago se efectuará en el lugar y por el procedimiento que acuerden las partes o, en su defecto, en metálico y en la vivienda arrendada.
Artículo 65°. La fijación de los cánones de arrendamiento de los inmuebles indicados en el artículo 1° de la presente Ley, estará basada en los siguientes porcentajes de rentabilidad anual sobre el valor del inmueble, representado en salarios mínimos:
Artículo 66°. Para la determinación del valor del inmueble a los fines del artículo anterior, la Dirección Nacional de Inquilinato deberá utilizar la siguiente fórmula:
VI=VR-(VR-Vr) x PVI, en donde:
Artículo 67°. Es el Valor del inmueble que permitirá la aplicación del porcentaje de rentabilidad que corresponda según el artículo 65 de la presente Ley.
Artículo 68°. Es el valor resultante de la aplicación de la siguiente fórmula:
VR=VBC-VAC, en donde:
Artículo 69°. Es el valor resultante de la aplicación de la siguiente fórmula
Vr=VR x % VTI, en donde:
Artículo 70°. Es el porcentaje de tiempo transcurrido con relación a la vida útil del bien, de acuerdo a su uso, calidad, condiciones de mantenimiento y conservación, según lo establecido en la siguiente tabla:
Edad en Años Estado de Conservación
1 0,01 0,06 0,20 0,30
2 0,03 0,10 0,23 0,32
3 0,04 0,12 0,24 0,33
4 0,05 0,14 0,25 0,34
5 0,06 0,16 0,26 0,35
10-14 0,12 0,22 0,30 0,39
15-19 0,18 0,26 0,35 0,43
20-24 0,22 0,30 0,38 0,45
25-29 0,26 0,34 0,42 0,47
30-34 0,30 0,38 0,45 0,49
35-49 0,34 0,42 0,48 0,52
40-44 0,37 0,44 0,50 0,54
45-49 0,41 0,47 0,55 0,56
50-59 0,43 0,49 0,56 0,59
60-69 0,46 0,51 0,58 0,61
70-79 0,49 0,55 0,59 0,64
80-89 0,52 0,57 0,63 0,67
90-95 0,54 0,59 0,64 0,68
96-100 0,55 0,60 0,65 0,70
Artículo 71°. A los efectos de la fijación del valor del inmueble a que se refiere el presente capítulo, en cuanto al valor de la tierra se procederá de la siguiente forma:
Artículo 72°. Obtenido el valor del inmueble de conformidad a lo establecido en los artículos precedentes se debe aplicar la siguiente fórmula
CA=VI/12 x %RA, en donde:
3. %RA= el porcentaje de rentabilidad anual que corresponde según el valor del inmueble de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la presente Ley.
Artículo 73°. A los efectos de la fijación del canon, en los inmuebles sometidos al régimen de Propiedad Horizontal, se tomará en consideración la contribución para el pago de los gastos comunes ordinarios causados por la administración, conservación, reparación o reposición de las cosas comunes, a que se refiere la Ley de Propiedad Horizontal.
Artículo 74°. El alquiler máximo de los muebles y otros accesorios que se arrienden junto con el inmueble sujeto a regulación, será fijado por las partes contratantes sin que en ningún caso pueda ser mayor del dos por ciento (2%) mensual calculado sobre el valor por unidad de los mismos. El alquiler de los muebles, en ningún caso, podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del canon fijado al inmueble.
Artículo 75°. La fijación del canon se hará a instancia de parte, mediante solicitud escrita, o de oficio, en el segundo caso, la Dirección Nacional de Inquilinato ordenará la apertura del procedimiento y notificará a las partes cuyos derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos pudieren resultar afectados.
Artículo 76°. Presentada la solicitud escrita para la fijación del canon de arrendamiento, la Dirección Nacional de Inquilinato la admitirá dentro de los tres (3) días hábiles siguientes si cumple con todos los requisitos establecidos en el artículo 70° de la presente Ley; si la solicitud presentare defectos u omisiones se notificará al interesado para que las mismas sean subsanadas o corregidas dentro de los quince (15) días calendarios siguientes contados a partir de su notificación. Si los defectos u omisiones fueren subsanadas, se le dará curso a la solicitud. La decisión que niegue la
admisión de la solicitud, deberá ser motivada y contra ella se podrá interponer el recurso contencioso administrativo correspondiente, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la notificación del acto administrativo denegatorio.
Artículo 78°. Admitida la solicitud, se notificará a los interesados, que se le dará inicio a la fijación del canon correspondiente, a tal efecto, la Dirección Nacional de Inquilinato en un lapso de veinte (20) días calendarios a la notificación, deberá determinar el valor del canon cumpliendo con lo indicado en los artículos 66° y 67° de la presente Ley, este lapso podrá extenderse hasta por veinte (20) días calendarios más, cuando razones de importancia así lo impongan; dichos lapsos se entenderán concluidos en la fecha en que se determine el justo valor del canon.
Cuando se solicite la fijación del canon de arrendamiento de una porción de un inmueble cuyo valor hubiere sido determinado por la Dirección Nacional de Inquilinato, en fecha no anterior de dos (2) años a la solicitud, no se procederá a una nueva determinación del valor, sino que se aplicará sobre la parte proporcional que corresponda a la porción cuya regulación se solicite.
1. Cuando hubieren transcurrido dos (2) años después de cada fijación del canon de arrendamiento máximo mensual, efectuada y notificada a los interesados por el órgano
La Dirección Nacional de Inquilinato, a los fines de mantener el equilibrio económico de las relaciones arrendaticias, cuando ningún interesado solicitare la regulación, podrá de oficio iniciar el procedimiento correspondiente, instruir y decidir los casos que a su juicio considere necesario, a costa del propietario y sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar.
Artículo 80°. En los contratos de arrendamiento que tengan por objeto, alguno de los inmuebles indicados en el artículo 1° de esta Ley, celebrados por un tiempo determinado o indeterminado, llegado el día del vencimiento del plazo convenido por las partes, estos se prorrogarán obligatoriamente para el arrendador y potestativamente para el arrendatario, de acuerdo con las siguientes reglas:
Artículo 81°. El arrendador y/o arrendadora deberá indemnizar al arrendatario y/o arrendataria si por causa injustificada no permite el goce de la prórroga legal a que se refiere el artículo anterior, la indemnización a que se refiere el presente artículo será el pago en Bolívares correspondiente a las mensualidades del tiempo que corresponda a la prórroga legal, sin perjuicio del derecho que asiste al arrendatario y/o arrendataria de solicitar el disfrute de la prórroga legal.
Artículo 82°. Durante el lapso de la prórroga legal el arrendatario estará obligado a pagar los cánones de arrendamiento y otras obligaciones legales y contractuales correspondientes sólo al tiempo que de manera convencional y efectiva haya hecho uso de la misma; la relación arrendaticia se considerará a tiempo determinado, a todos los efectos legales y jurídicos, y permanecerán vigentes las mismas condiciones y estipulaciones convenidas por las partes en el único o en el último contrato celebrado, salvo las variaciones del canon de arrendamiento que sean consecuencia de un procedimiento de regulación; si el inmueble estuviere exento de regulación, y en su defecto, el canon se ajustará por la variación porcentual acumulada que haya experimentado el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registrado por el Banco Central de Venezuela, al inicio de cada período del lapso de la prórroga legal correspondiente.
Artículo 83°. La prórroga legal establecida en el artículo 70° de la presente Ley, operará de pleno derecho para el arrendatario y/o arrendataria, cuando el arrendador y/o arrendadora le notifique con al menos treinta (30) días antes del vencimiento del único o último contrato su deseo de extinguir la relación arrendaticia, esta notificación se deberá hacer por medio de documento público o de telegrama entregado en la dirección indicada, o en su defecto, en la del inmueble arrendado, o también por medio de documento privado con constancia de recibido. Vencida la prórroga legal el arrendador y/o arrendadora podrá exigir del arrendatario el cumplimiento de su obligación de entrega del inmueble.
Artículo 77°. Si al vencimiento de la prórroga legal y cumplidos los extremos del artículo anterior el arrendatario y/o arrendataria no cumpliere con su obligación de entregar el inmueble el arrendador y/o arrendadora podrá solicitar el desalojo del inmueble de conformidad lo disponen los procedimiento contenidos en la presente Ley.
Artículo 84°. Si al vencimiento del término contractual el arrendatario estuviere incurso en el incumplimiento de sus obligaciones contractuales o legales, no tendrá derecho a gozar del beneficio de la prórroga legal.
Artículo 85°. Cuando estuviere en curso la prórroga legal a que se refiere el artículo 73° de esta Ley, no se admitirán demandas por cumplimiento de contrato de arrendamiento por el vencimiento del término. No obstante, sí se admitirán aquellas que sean propuestas por el incumplimiento de otras obligaciones legales o contractuales.
Artículo 86°. Previo a las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de un contrato de arrendamiento, reintegro de sobre alquileres, reintegro de depósito en garantía, ejecución de garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio y demás acciones derivadas de relaciones arrendaticias sobre inmuebles urbanos o suburbanos, así como a todo proceso en el cual pudiera resultar una decisión judicial cuya práctica material comporte la pérdida de la posesión o tenencia de un inmueble destinado a vivienda, habitación o pensión, el arrendador y/o arrendadora del inmueble que pretendiere la demanda deberá tramitar, por ante la Dirección Nacional de Inquilinato, el procedimiento descrito en los artículos subsiguientes.
documentada, por ante la Dirección Nacional de Inquilinato, en la cual expondrá los motivos que le asisten para solicitar la restitución de la posesión del inmueble.
Artículo 88°. El funcionario competente procederá a citar a la otra parte, para que comparezca acompañada de abogado de su confianza a exponer sus alegatos y defensas en audiencia conciliatoria que se llevará a cabo en un plazo que no podrá ser menor a diez (10) días hábiles ni mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su citación. Si dicha parte manifestare no tener abogado, o no compareciere dentro del plazo antes indicado, el funcionario actuante deberá extender la correspondiente citación a la Defensoría Pública Para la Protección del Derecho a la Vivienda y suspenderá el curso del procedimiento hasta la comparecencia del Defensor designado, oportunidad en la cual fijará la fecha de la audiencia conciliatoria, notificando debidamente a todos los interesados.
Si la parte interesada, o el sujeto objeto de protección y demás notificados, de ser el caso, no comparecieren a la audiencia conciliatoria, se declarará desierto el acto, debiéndose fijar una nueva oportunidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a éste.
Si, una vez fijada la nueva oportunidad para la celebración de la audiencia, se verificare la incomparecencia de alguna de las partes, el operador de justicia, haciendo uso de sus potestades conciliatorias, así como de la justicia alternativa, podrá dictar las providencias a que hubiere lugar a solicitud de parte, e incluso de oficio, con el fin de resguardar la estabilidad de los derechos e intereses en juego en una correcta solución del conflicto. Todas las actuaciones serán recogidas en un acta, que al efecto formarán parte integrante del expediente.
En caso de inasistencia de la parte contra la cual obra la solicitud, o del Defensor designado, el funcionario actuante presumirá la aceptación de los hechos y, con fundamento en ello, emitirá su decisión. En dicho caso, si la aceptación de los hechos operare por ausencia del Defensor designado, éste será sancionado conforme el ordenamiento jurídico vigente.
La audiencia conciliatoria se celebrará en presencia de todos los interesados y será presidida por las funcionarias o los funcionarios designados a tal efecto. De ser necesario, podrá prolongarse, suspenderse o fraccionarse la audiencia cuantas veces sea requerida para lograr la solución del conflicto, sin que el lapso total, contado a partir de la primera audiencia, exceda de veinte (20) días hábiles.
En todo caso, el funcionario actuante dejará constancia de todas las situaciones, actuaciones y circunstancias en el curso del procedimiento, mediante actas levantadas al efecto.
Artículo 89°. Culminada la audiencia conciliatoria, los presentes suscribirán un acta en la cual se hagan constar los acuerdos o soluciones que las partes hubieren adoptado, o de la infructuosidad de las gestiones conciliatorias realizadas.
Artículo 90°. Celebrada la audiencia y llegado a un consenso de solución, ambas partes manifestarán su forma y tiempo de ejecución voluntaria en cuanto a la desocupación y entrega material del inmueble.
Artículo 91°. Cumplido el procedimiento descrito, independientemente de la decisión, las partes podrán acceder a los órganos jurisdiccionales competentes para hacer valer sus pretensiones.
Artículo 92°. Cuando alguna de las partes, conforme a lo establecido en el artículo anterior, optare por acudir a los órganos jurisdiccionales, el juez o jueza competente se asegurará de que el sujeto objeto de protección cuente con asistencia o representación jurídica durante todo el proceso, si dicho sujeto manifestare la imposibilidad de proveérsela por medios propios, el juez o jueza suspenderá el proceso a los fines de la notificación a la Defensoría Pública Para la Protección del Derecho a la Vivienda, la designación y comparecencia de un Defensor Designado. De igual forma procederá cuando el Defensor designado deba ser sustituido.
Artículo 93° Las demandas por desalojo, cumplimiento o resolución de contrato de arrendamiento, reintegro de sobrealquileres, reintegro de depósitos dados en garantía, ejecución de garantías, prórroga legal, preferencia ofertiva, retracto legal arrendaticio, arrendamientos ilícitos y cualquier otra acción derivada de una relación arrendaticia sobre inmuebles urbanos o suburbanos, se sustanciarán y sentenciarán conforme a las disposiciones establecidas en el procedimiento oral dispuesto en la presente Ley, independientemente de su cuantía, y supletoriamente se aplicarán las disposiciones relativas al juicio oral establecidas en el Código de Procedimiento Civil.
Artículo 94°. El procedimiento arrendaticio es de naturaleza oral; en consecuencia los principios procesales de brevedad, celeridad, economía, concentración, inmediación, verbalidad y valoración probatoria según la sana crítica, serán de aplicación preferente en su desarrollo.
Artículo 95°. El procedimiento se inicia por demanda escrita que debe llenar los requisitos exigidos en el Código de Procedimiento Civil, para el juicio ordinario. Al libelo se deben acompañar todas las pruebas documentales de que se disponga, así como indicar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en la audiencia de juicio. La prueba de confesión puede promoverse con el libelo y hasta el lapso probatorio establecido en este procedimiento; en todo caso se absolverán en la audiencia de juicio. A los efectos de la evacuación de la prueba de confesión se considerará que las partes están a derecho cuando estén representadas en juicio, por lo que al ser fijado el acto de posiciones juradas no será necesaria la citación de los absolventes. Si el demandante no acompañare a su demanda la prueba documental y la lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de documentos públicos y se haya indicado en el libelo la oficina donde se encuentran.
Artículo 96°. Si la presentación del libelo de la demanda o del escrito de contestación de la misma se hicieren mediante la asistencia de abogados, la parte asistida podrá designar en ese mismo acto a los profesionales del derecho que le representarán en la causa, quienes quedarán facultados, previo cumplimiento de las formalidades previstas en los artículos 152, 154 y 155 del Código de Procedimiento Civil, para ejercer de inmediato las atribuciones propias de un mandatario.
Cuando el libelo de la demanda o el escrito de contestación de la misma fueren suscritos por varios profesionales del derecho, podrán ser presentados por uno cualquiera de ellos.
Artículo97°. El tribunal se pronunciará sobre la admisión de la demanda dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a la recepción del libelo y sus recaudos. En el auto de admisión el tribunal señalará a la parte actora los vicios de forma que pudiere detectar y ordenará sus correcciones; una vez realizadas las mismas fijará el día y la hora de la audiencia conciliatoria, la cual se celebrará al quinto (5°) día de despacho siguiente, contado a partir de la fecha en que conste en autos la citación del demandado, concediendo el término de la distancia si fuere el caso.
La audiencia será oral, privada y presidida por el juez o jueza, con la asistencia obligatoria de las partes o sus apoderados. De cada audiencia se levantará un acta en la cual deberá constar lo ocurrido.
Artículo 98°. Cuando en la audiencia conciliatoria, se esté en presencia de un litisconsorcio activo o pasivo, las partes o en su defecto el juez o jueza, nombrará una representación no mayor de dos (2) personas por litisconsorcio, a los fines de mediar y conciliar las posiciones de las mismas.
Artículo 99°. Si el demandante no comparece a la audiencia conciliatoria se considerará desistido el procedimiento, terminando el proceso mediante sentencia oral que se reducirá en un acta, la cual deberá publicarse en la misma fecha. Contra esta decisión el demandante podrá dentro de los tres (3) días de despacho siguientes apelar por ante el tribunal superior competente, el recurso se oirá en ambos efectos. La no comparecencia del demandado a la audiencia conciliatoria no causará efecto alguno, continuando el proceso con la contestación de la demanda. El desistimiento del procedimiento solamente extingue la instancia, pero el demandante no podrá volver a proponer la demanda antes que transcurran noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha en que la sentencia haya quedado definitivamente firme.
Artículo 100°. El tribunal superior fijará la hora al tercer día de despacho siguiente al recibo del expediente, para la realización de la audiencia con la presencia de las partes, quienes podrán presentar las pruebas admisibles en esta instancia y decidirá en esa misma oportunidad. Contra esta decisión, no se oirá recurso alguno.
Artículo 101°. El Juez o Jueza podrá prolongar la audiencia conciliatoria hasta agotar el debate, pudiendo fijar hasta dos (2) nuevas audiencias dentro de los quince (15) días continuos siguientes, contados a partir de la celebración de la primera audiencia.
La no comparecencia de cualquiera de las partes a las audiencias complementarias, producirá los mismos efectos señalados para la no comparecencia a la audiencia inicial.
Artículo 102°. En la audiencia conciliatoria el juez o jueza deberá instar a las partes a ponerle fin a la controversia. De lograrse un acuerdo, el juez o jueza dará por concluido el proceso, mediante sentencia en forma oral, que dictará de inmediato, homologando el acuerdo, el cual reducirá en acta y tendrá efecto de cosa juzgada. Las opiniones que emita el juez o jueza en la audiencia conciliatoria no podrán ser consideradas como causales de recusación o inhibición.
Artículo 103°. Concluida la audiencia conciliatoria sin que haya sido posible la conciliación, el demandado deberá, dentro de los dos (2) días de despacho siguientes, dar contestación a la demanda e invocar de manera conjunta todas sus razones, defensas y excepciones, su solicitud de llamamiento al tercero y la pretensión de reconvención.
A la contestación se deberá acompañar toda la prueba documental de que se disponga, así como indicar el nombre, apellido y domicilio de los testigos que rendirán declaración en la audiencia de juicio. La prueba de posiciones juradas puede promoverse con el escrito de contestación y hasta el lapso de promoción de pruebas establecido en este procedimiento; en todo caso se absolverán en la audiencia de juicio. Si el demandado no acompañare con su contestación la prueba documental y la
lista de los testigos, no se le admitirán después, a menos que se trate de hechos que consten en documentos que se hallen en entes públicos o privados y se haya indicado la oficina o el lugar donde se encuentran y los datos referenciales de que disponga.
Artículo 104°. Si el demandado no diere contestación a la demanda se aplicará lo dispuesto en el Código de Procedimiento Civil sobre la confesión presunta; pero en este caso, el demandado podrá promover las pruebas que le favorezcan, en el plazo de tres (3) días de despacho siguientes a la oportunidad de la contestación omitida, y en su defecto el tribunal procederá a sentenciar la causa dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes, ateniéndose a la confesión del demandado. En caso de promoverse pruebas las mismas se evacuarán en el lapso probatorio establecido en este procedimiento.
Artículo 105°. En la contestación de la demanda, el demandado deberá oponer conjuntamente todas las cuestiones previas previstas en el Código de Procedimiento Civil y las defensas de fondo, todas las cuales serán decididas en la sentencia definitiva. En dicha oportunidad, el demandado podrá proponer reconvención, siempre que el Tribunal sea competente por la materia y la cuantía. La negativa a la admisión de la reconvención no tendrá apelación.
De ser opuestas las cuestiones previas por falta de jurisdicción del Juez o la incompetencia de este, el Tribunal se pronunciará sobre éstas en la misma oportunidad de ser opuestas o en el día de despacho siguiente, decidiendo el asunto con los elementos que se hayan presentado y los que consten en autos.
De ejercer las partes el recurso de regulación de la jurisdicción o de la competencia contra la decisión que se haya pronunciado sobre las mismas, se tramitarán en cuaderno separado, y el proceso continuará su curso hasta llegar al estado de sentencia, en cuyo estado se suspenderá hasta que conste en autos la decisión del recurso interpuesto.
Artículo 106°. En el acto de contestación de la demanda, el demandado podrá proponer reconvención, siempre que el tribunal sea competente por la materia, por la cuantía y el procedimiento sea compatible. El juez o jueza se pronunciará sobre la admisión de la reconvención el mismo día de haberse propuesto o al día de despacho siguiente. Admitida la reconvención, la contestación tendrá lugar en el segundo (2º) día de despacho siguiente. No se admitirá la promoción de cuestiones previas, salvo las establecidas en los ordinales 9, 10 y 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, que se decidirán en la sentencia de fondo.
Artículo 107°. De proponer el accionado el llamamiento forzado de un tercero al proceso, el juez o jueza admitirá o negará la tercería dentro de los tres (3) días de despacho siguientes. Cuando el juez o jueza admita la tercería suspenderá la causa principal por un período de quince (15) días de despacho. Vencido dicho lapso sin haberse logrado la citación del tercero, la causa continuará su curso. En el auto de admisión se fijará el segundo (2º) día de despacho siguiente a la citación del tercero, para que éste dé contestación a la cita propuesta.
En los demás casos de intervención voluntaria de terceros a que se refieren los ordinales 1º, 2º y 3º del artículo 370 del Código de Procedimiento Civil, el tribunal sólo admitirá las tercerías si éstas fueren propuestas antes del vencimiento del lapso de promoción de pruebas.
Artículo 108°. Concluido el acto de la contestación de la demanda o de la reconvención si fuere el caso, dentro de los tres (3) días de despacho siguientes, el juez o jueza dictará un auto fijando los puntos controvertidos y abrirá un lapso de cinco (5) días de despacho para la promoción, oposición y admisión de pruebas.
Artículo 109°. Cuando alguna de las partes pretenda promover pruebas documentales o testificales sobrevenidas a la interposición de la demanda o su contestación, según el caso, deberá justificar ante el juez o jueza la pertinencia, legalidad y motivos por los cuales no lo hizo en su debida oportunidad. El juez o jueza se pronunciará de inmediato sobre la solicitud y en caso de considerarlas admisibles establecerá el momento de su evacuación y las valorará en la oportunidad de ley.
Artículo 110°. Al segundo (2º) día de despacho siguiente a la finalización del lapso probatorio, el juez o jueza fijará, por auto expreso, el día y la hora para la celebración de la audiencia de juicio, la cual deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor a cinco (5) días de despacho. El Juez exigirá la presencia de los peritos de ser necesario.
Artículo 111°. En el día y la hora fijados para la realización de la audiencia de juicio, deberán concurrir las partes o sus apoderados, quienes expondrán oralmente los alegatos contenidos en la demanda y en su contestación, sin que puedan admitirse nuevos alegatos. Si ninguna de las partes compareciere a la audiencia, el procedimiento se extinguirá, con los efectos que indica el Código de Procedimiento Civil.
Contra dicha decisión se admitirá recurso de apelación en ambos efectos, dentro de los tres (3) días de despacho siguientes, contados a partir del acto que se impugna. A la entrada del expediente, el tribunal superior fijará la audiencia oral para dentro de los tres (3) días de despacho siguientes, en la cual será decidida la apelación. No se admitirá recurso de casación contra dicho fallo.
Artículo 112°. La audiencia será presidida por el juez o jueza, quien dispondrá de todas las facultades disciplinarias para asegurar su mejor celebración.
En este acto, las partes presentarán los testigos que hubieren promovido con el libelo o la contestación de la demanda, estos deberán comparecer sin necesidad de notificación, a menos que el promovente la solicite expresamente. Los testigos y los peritos podrán ser interrogados por las partes y por el juez o jueza.
Artículo 113°. Evacuada la prueba de alguna de las partes, el juez o jueza concederá a la contraria un tiempo breve para que dentro de la misma audiencia formule las observaciones que considere oportunas.
La audiencia de juicio podrá prolongarse en el mismo día, una vez vencidas las horas de despacho, hasta que se agote el debate.
Artículo 114°. Concluida la audiencia el juez o jueza se retirará por un tiempo que no excederá de sesenta (60) minutos. Mientras tanto, las partes permanecerán en la sala de audiencias.
De regreso a la sala, el juez o jueza pronunciará su sentencia oralmente, expresando el dispositivo del fallo y una síntesis precisa y lacónica de los motivos de hecho y de derecho, la cual reducirá de inmediato en un acta, expresando su dispositiva.
Artículo 115°. Dentro del lapso de tres (3) días de despacho siguientes al pronunciamiento oral de la sentencia, el Juez o Jueza deberá en su publicación reproducir por escrito el fallo completo, el cual se agregará al expediente, dejando constancia el secretario o secretaria, del día y hora de la publicación. El fallo será redactado en términos precisos y lacónicos, sin necesidad de narrativa, transcripciones de actas o documentos que consten en el expediente; pero contendrá la identificación de las partes y sus apoderados, los motivos de hecho y de derecho de la decisión, así como la determinación del objeto o la cosa sobre la cual recaiga la decisión; pudiendo ordenar, si fuere necesario, experticia complementaria del fallo, realizada por un solo perito designado por el tribunal.
Artículo 116°. La audiencia de juicio deberá ser reproducida en forma audiovisual, debiendo el Juez remitir, junto con el expediente, la cinta o medio electrónico de reproducción para el conocimiento del Tribunal Superior o del Tribunal Supremo de Justicia.
Ante la imposibilidad de la reproducción audiovisual de la audiencia, ésta podrá realizarse sin estos medios, dejando el Juez constancia de esta circunstancia en el acta de la audiencia de juicio contentiva de la dispositiva.
Artículo 117°. En el procedimiento arrendaticio las sentencias interlocutorias son inapelables, salvo disposición expresa en contrario. De la sentencia definitiva se oirá apelación en ambos efectos, debiendo ser propuesta dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a la publicación del fallo.
Oída la apelación el tribunal superior dará entrada al expediente y fijará la audiencia oral para el tercer (03) día de despacho siguiente, en el cual se dictara la sentencia definitiva.
Contra la decisión del tribunal superior se podrá anunciar recurso de casación dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a la publicación del fallo, y siempre que por la cuantía de la demanda esta sea recurrible.
menoscaben el derecho a la defensa o del debido proceso, lo cual no haya sido reparado en la sentencia del tribunal de segunda instancia; o cuando en ésta se hubiere incurrido en los vicios de inmotivación o incongruencia.
En los casos de ambos numerales la infracción tiene que haber sido determinante de lo dispositivo en la sentencia.
El trámite del recurso de casación se sustanciará por las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
Artículo 119°. Sólo podrá demandarse el desalojo de un inmueble arrendado bajo contrato de arrendamiento, cuando la acción se fundamente en cualesquiera de las siguientes causales:
Autoridades Municipales respectivas o por quien haga sus veces, o por el hecho de que el arrendatario y/o haya cambiado el uso o destino que para el previo.
7. Que el arrendatario y/o arrendataria haya cedido el contrato de arrendamiento, subarrendado total o parcialmente el inmueble, o traspasado el mismo, sin el consentimiento previo y por escrito del arrendador.
Cuando se declare con lugar la demanda de desalojo de un inmueble, con fundamento en las causales señaladas en el numeral 3, de este artículo, se deberá conceder al arrendatario un plazo improrrogable de seis (6) meses para la entrega material del mismo, contados a partir de la notificación que se le haga de la sentencia definitivamente firme.
Artículo 120°. Los funcionarios y funcionarias judiciales estarán obligados a notificar, en un plazo no menor de noventa días (90) días hábiles ni mayor a ciento ochenta (180) días hábiles, cualquier actuación o provisión judicial que implique la terminación o cese sobre la posesión legítima y pacífica de aquellos inmuebles destinado vivienda, habitación o pensión, en resguardo y estabilidad del derecho humano en que se constituye la vivienda.
Artículo 121°. Dentro del plazo indicado en el artículo anterior, el funcionario o funcionaria judicial deberá remitir la Dirección Nacional de Inquilinato una solicitud mediante la cual dicho órgano disponga la provisión de refugio temporal o solución habitacional definitiva para el sujeto afectado por el desalojo y su grupo familiar; si éste manifestare no tener lugar donde habitar.
En todo caso, no se procederá a la ejecución del desalojo sin que se garantice el destino habitacional de la parte afectada, por ser este un derecho de interés social e inherente a toda persona.
Artículo 122°. Toda autoridad administrativa y judicial que tuviere a su cargo la ejecución de desalojos está en la obligación de poner a disposición del público en general y, especialmente de los interesados directamente, así como de las organizaciones sociales que se creen legalmente para la Defensa de los derechos de los Arrendatarios y/o arrendatarias, la información relativa a los desalojos previstos; dentro del plazo de noventa (90) días previo a la ejecución.
Artículo 123° Cuando el desalojo deba efectuarse sobre un inmueble destinado a vivienda, habitación o pensión por el beneficiario de un crédito inmobiliario, como consecuencia del atraso o cesación de pagos, se seguirán los procedimientos establecidos en la presente Ley, debiendo el juez o jueza competente además, informar de la ejecución a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras (SUDEBAN) y al Banco Nacional de Vivienda y Habitad (BANAVIH), a los fines de que dichos organismos evalúen la situación del crédito fallido y gestionen lo conducente a efectos de coadyuvar a la solución de la situación del afectado, en cuanto sea posible.
Artículo 124°. Cuando el desalojo forzoso deba efectuarse por haberse declarado la Inhabitabilidad del inmueble, la autoridad a la cual corresponda la ejecución del desalojo forzoso podrá obviar el cumplimiento de los plazos indicados en el artículo 113° de la presente Ley, pero en todo caso, deberá remitir de manera urgente, a la Dirección Nacional de Inquilinato, la solicitud de ubicación del afectado y su familia en un refugio temporal o en una solución habitacional definitiva.
Artículo 125°. Cuando el arrendador y/o arrendadora de un inmueble rehusare expresa o tácitamente recibir el pago del canon de arrendamiento vencido de acuerdo con lo convencionalmente pactado, podrá el arrendatario o cualquier persona debidamente identificada que actúe en su nombre y descargo, consignarla por ante el Tribunal competente por la ubicación del inmueble, dentro de los quince (15) días continuos siguientes al vencimiento de la mensualidad.
Igualmente, podrá el arrendatario y/o arrendataria consignar, junto con el canon de arrendamiento, las cantidades de dinero correspondientes al pago de la cuota de condominio, de los gastos comunes a que refiere el artículo 30° de la presente ley, o a cualquier otro causado por alguna obligación legal o contractual asumida o a cargo del arrendatario y/o arrendataria.
Artículo 126°. Cuando estuviere en curso cualquier proceso judicial entre los contratantes, por causa derivada directa o indirectamente de la relación arrendaticia, el arrendador y/o arrendadora podrá retirar y disponer libremente de las cantidades consignadas a su favor conforme al artículo anterior, sin que ello pueda considerarse como renuncia o desistimiento de la acción intentada, a menos que ésta estuviere fundamentada en la falta de pago del canon de arrendamiento.
Artículo 127°. Mediante escrito dirigido al Juez o Jueza, el consignante indicará su nombre y apellido, el carácter con que actúa, así como la identificación completa y la dirección de la persona natural o jurídica en cuyo favor consigna, las referencias del inmueble, el monto del canon de arrendamiento y el motivo por el cual efectúa la consignación.
Artículo 128°. En caso que el arrendatario y/o arrendataria manifestare desconocer la dirección del arrendador y/o arrendadora y a los solos fines de cumplir con la notificación indicada en el artículo anterior, el arrendatario y/o arrendataria deberá solicitar al Tribunal receptor la expedición de un cartel de notificación, y proceder a una sola publicación en uno de los diarios de mayor circulación en la localidad donde se encuentra ubicado el inmueble, y posteriormente, lo consignará para ser agregado al respectivo expediente de consignaciones.
Artículo 129°. Efectuada la primera consignación se abrirá un expediente en el cual se llevarán las diligencias pertinentes, quedando obligado el consignante a efectuar cualquier consignación posterior en ese mismo expediente. No se considerarán legítimamente efectuadas las consignaciones subsiguientes realizadas en un Tribunal distinto.
Artículo 130°. La suma de dinero consignada conforme a los artículos precedentes, sólo podrá ser retirada por el beneficiario y/o beneficiaria de la consignación o su apoderado legalmente constituido y autorizado para ello y en ningún caso podrá retirarla el arrendatario y/o arrendataria o el tercero consignante.
Artículo 131°. En virtud de la consignación legítimamente efectuada conforme a lo dispuesto en el presente Título, se considerará al arrendatario y/o arrendataria en estado de solvencia, salvo prueba en contrario que corresponderá apreciar al Juez o Jueza, ante quien el interesado presentare la demanda.
Artículo 132°. A los fines de la comprobación de la legitimidad de las consignaciones arrendaticias efectuadas por el arrendatario y/o arrendatario, o por cualquiera persona debidamente identificada que actúe en su nombre y descargo, la relación detallada de las mismas, certificada por el Juez o Jueza a cargo del Tribunal donde hayan sido efectuadas, deberá ser apreciada y valorada como medio de prueba suficiente.
Artículo 133°. A los efectos de la consignación arrendaticia, todas las actuaciones en el Tribunal estarán libres de derechos, emolumentos y exentas del impuesto de papel sellado y timbres fiscales.
Artículo 134°. En los inmuebles sometidos a regulación, conforme a la presente Ley, quedará sujeto a reposición todo cuanto se cobre en exceso del canon máximo establecido por Dirección Nacional de Inquilinato o lo cobrado por arrendamientos ilícitos.
Artículo 135°. La obligación de reponer conforme al artículo precedente, corresponderá al arrendador y/o arrendadora o al perceptor de los sobrealquileres. Si éstos y el propietario y/o propietaria fueren personas diferentes, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio de las relaciones jurídicas entre éstas y se aplicarán las sanciones establecidas en esta Ley.
Artículo 136°. El reintegro se referirá a los sobrealquileres cobrados desde la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, hasta la fecha de la regulación que resultare definitivamente firme.
Artículo 137°. Las acciones para solicitar la reposición de sobrealquileres a que se refiere este Título, se intentarán y tramitarán conforme a las formalidades y procedimientos contenidos en la presente Ley.
Artículo 138°. La acción para reclamar el reintegro de sobrealquileres prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que haya quedado definitivamente firme la ultima fijación del canon de arrendamiento máximo mensual, efectuada al inmueble de que se trate, por la Dirección Nacional de Inquilinato.
Artículo 139°. Los reintegros previstos en este Título son compensables con los cánones de arrendamiento que el arrendatario y/o arrendataria deba satisfacer y se considerará a éste y/o ésta en estado de solvencia, cuando el importe de tal reintegro, establecido mediante acto administrativo o sentencia definitivamente firme, sea igual o superior a lo que le corresponda pagar por concepto de cánones de arrendamiento.
Artículo 140°. La preferencia ofertiva individual es el derecho que tiene el arrendatario y/o arrendataria para que se le ofrezca en venta, en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupa en tal condición de arrendatario y/o arrendataria.
Sólo será acreedor a la preferencia ofertiva el arrendatario y/o arrendataria que se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento.
Artículo 141°. A los fines del ejercicio del derecho preferente individual, el propietario y/o propietaria deberá notificar al arrendatario y/o arrendataria, mediante documento público, su voluntad de venderle el inmueble. Dicha notificación deberá indicar, las condiciones, modalidades de la negociación, la dirección donde será recibida válidamente la respuesta y el precio, el cual no podrá ser distinto al valor del inmueble fijado para cálculo del canon de arrendamiento, debiendo anexar la copia del documento de propiedad del inmueble.
Artículo 142°. A los fines de la notificación indicada en el artículo anterior el arrendatario y/o arrendataria deberá notificar al oferente, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes al ofrecimiento, su aceptación o rechazo.
Transcurrido este lapso sin que el arrendatario y/o arrendataria hubiere aceptado el ofrecimiento, el propietario quedará en libertad de dar en venta el inmueble a terceros, bajo las mismas condiciones y modalidades del ofrecimiento de venta.
Artículo 143°. Transcurridos ciento noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha del ofrecimiento de venta, sin que ésta se hubiere efectuado, quedará sin efecto dicho ofrecimiento, debiendo en consecuencia cursarse una nueva oferta al arrendatario y/o arrendataria para cualquiera otra negociación que se pretendiere celebrar.
Artículo 145°. El propietario y/o propietaria de inmuebles destinados a vivienda, deberá hacer un descuento en el precio estipulado para la venta de acuerdo a las siguientes condiciones:
Artículo 146°. La preferencia ofertiva global es el derecho que tienen los arrendatarios de una edificación que no se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal y posea viviendas, para que se les ofrezca en venta en primer lugar y con preferencia a cualquier tercero, el inmueble que ocupan en tal condición de arrendatarios. Sólo serán acreedores a la preferencia ofertiva global los arrendatarios que se encuentren solventes en el pago de los cánones de arrendamiento.
Artículo 147°. A los fines del ejercicio del derecho preferente global, el propietario deberá notificar a los arrendatarios y/o arrendatarias, mediante documento público, su intención de vender la propiedad de manera global. Dicha notificación se practicará, a través de un solo escrito de oferta dirigido a todos los arrendatarios, el cual deberá contener la descripción detallada del inmueble, las condiciones de la negociación, la dirección donde será recibida válidamente la respuesta y el precio, el cual no podrá ser distinto al valor del inmueble fijado para cálculo del canon de arrendamiento, debiendo anexar copia del documento de propiedad.
El funcionario o la funcionaria público que practique la notificación deberá hacerla en cada unidad inmobiliaria y además fijar copia de la misma en las unidades donde no pueda practicarse la notificación personal.
Artículo 148°. Los arrendatarios y/o arrendatarias constituidos en alguna forma asociativa, integrada con por lo menos el sesenta por ciento (60%) de la totalidad de los mismos, deberán notificar al propietario y/o propietaria, mediante documento público, su aceptación o rechazo a la oferta hecha a su favor, dentro de los noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha del ofrecimiento. Transcurrido este lapso sin que los arrendatarios hubieren aceptado el ofrecimiento, el propietario y/o propietaria quedará en libertad de dar en venta el inmueble a terceros, bajo las mismas condiciones y modalidades del ofrecimiento de venta.
Artículo 150°. Cuando un tercero, sea persona natural o jurídica, haga el ofrecimiento de venta en nombre del propietario y/o propietaria, deberá acreditar que se encuentra suficientemente autorizado para ello mediante documento público, y determinar con precisión las condiciones establecidas por el propietario para la negociación.
Artículo 151°. Los notificados que hayan expresado su voluntad de negociar la compraventa del inmueble podrán notificar de su intención al Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio con competencia en materia de vivienda, con el objeto que este propicie la negociación, si lo considerare conveniente, a fin de otorgar asistencia en el orden social, técnico y financiero a los adquirientes.
Artículo 152°. El propietario y/o propietaria de inmuebles destinados a vivienda que no se encuentren bajo el régimen de propiedad horizontal, deberá hacer un descuento en el precio estipulado para la venta de acuerdo a las siguientes condiciones:
Artículo 153°. El retracto legal arrendaticio es el derecho que tienen los arrendatarios y/o arrendatarias de subrogarse, en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por venta o por dación en pago.
Artículo 154°. El derecho de retracto a que se refiere el artículo anterior, deberá ser ejercido por los arrendatarios y/o arrendatarias dentro del plazo de noventa (90) días calendario, contados a partir de la fecha de la notificación, que de la negociación celebrada deberá hacerles el adquiriente, mediante documento público. A dicha notificación deberá anexarse necesariamente copia certificada del documento contentivo de la negociación, la cual quedará en poder de los notificados. En el caso de venta global a un tercero, éste deberá efectuar la mencionada notificación en la forma establecida en el artículo 141.
Artículo 155°. Los arrendatarios y/o arrendatarias podrán ejercer el derecho de retracto previsto en el artículo 147 de la presente ley, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos:
Artículo 156°. El retracto legal no procederá en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad de una edificación que no se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal y no posea viviendas.
Artículo 158°. Los interventores de la presente Ley serán sancionados por la Dirección Nacional de Inquilinato en los siguientes casos y de la siguiente forma:
Artículo 159°. La resolución en la cual se imponga una multa de las indicadas en el artículo anterior, se notificará personalmente al infractor, remitiéndole copia de ella junto con la correspondiente Planilla de Liquidación, a fin de que satisfaga el monto de la multa respectiva en una Oficina Receptora de fondos Nacionales, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se haga la notificación.
Los funcionarios o funcionarias de la Dirección Nacional de Inquilinato, podrán valerse de las autoridades policiales para efectuar la notificación a que se refiere el presente artículo.
Artículo 160°. Si la notificación al infractor no pudiere hacerse de la manera indicada en el artículo
anterior, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 76 de la Ley Orgánica de
Artículo 161°. En los casos de una primera reincidencia se aplicará a los infractores el doble de la multa impuesta, y si el infractor reincidiera por tercera vez en la falta y este fuera el dueño de un inmueble destinado a vivienda que no se encuentre bajo el régimen de propiedad horizontal o este fuere dueño de más de cinco (5) inmuebles destinados a vivienda La Dirección Nacional dará inicio a los trámites pertinentes a fin de expropiar el inmueble o inmuebles según sea el caso.
El inmueble o los inmuebles expropiados serán adjudicados a los arrendatarios y/o arrendatarias que habiten el mismo al momento de la expropiación.
Artículo 162°. Quien se opusiere u obstaculizare el cumplimiento de las actuaciones de los funcionarios o funcionarias adscritos a la Dirección Nacional de Inquilinato, será sancionado de con una multa de cincuenta Unidades Tributarias (50 U.T.).
Artículo 163°. Con el objeto de estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción de viviendas en conformidad con el Decreto con Rango y Fuerza de Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, el Ejecutivo Nacional podrá declarar de interés social determinados proyectos que tengan por objeto la edificación de viviendas para ser arrendadas a cánones razonablemente bajos. Los ingresos por concepto de arrendamientos quedarán exentos de pago del impuesto sobre la renta por un lapso de diez (10) años contados desde la fecha de terminación de la construcción.
Artículo 164°. Quedan exentos de los impuestos de papel sellado y timbres fiscales todas las actuaciones que se realicen con ocasión de la presente ley.
Artículo 165°. Los procedimientos administrativos o judiciales que estén en curso continuarán hasta su culminación definitiva por las disposiciones bajo las cuales se estén tramitando.
Dado, firmado y sellado en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, a los _________ (___) del mes de _______, del año dos mil once (2011), Años 200° de la Independencia, 152° de la Federación y 11° de la Revolución.
20.feb.2011 03:15 pm
Mafalda (Distrito Capital) dijo:
Esta ley es necesaria!!!!! Existe abuso y especulación al respecto, es asqueante ver los periódicos y leer anuncios en los que piden por una habitación lo que se debería cobrar por un apartamento, los meses de deposito y comisión exagerados!!!!ARRIBA ESTA LEY Y SU APROBACIÓN! Hace falta especificar algunas condiciones en el caso del fallecimiento del Propietario que no tenga más familiares en el país, dado que existen muchos ancianos extranjeros que tienen viviendas alquiladas y se encuentran solos en el país, con la finalidad de que no sean expulsados ni abusados los inquilinos sin esperar un tiempo determinado pertinente para su desalojo.
También existen muchos propietarios que no poseen los papeles reglamentarios que los certifiquen efectivamente como propietarios por lo tanto no pueden vender los inmuebles a sus inquilinos, incluso a los que tienen muchos años en sus inmuebles.Cobran y cobran las rentas mas legalmente no hay nada que los certifique como propietarios.