Source: https://corte-constitucional.vlex.com.co/vid/-43619734
Timestamp: 2020-08-15 19:05:14
Document Index: 116902419

Matched Legal Cases: ['artículo 140', 'artículo 89', 'artículo 140', 'artículo 1741', 'e contrario', 'artículo 140', 'artículo 42', 'artículo 42', 'artículo 113', 'artículo 16', 'artículo 140', 'artículo 140', 'artículo 29', 'in dubio', 'artículo 29', 'artículo 34', 'artículo 12', 'artículo 34', 'artículo 140', 'Artículo 103', 'artículo 15', 'artículo 140', 'artículo 13', 'artículo 142', 'artículo 140', 'artículo 140']

Sentencia de Constitucionalidad nº 271/03 de Corte Constitucional, 1 de Abril de 2003 - Jurisprudencia - VLEX 43619734
Sentencia citada en: 57 sentencias, 13 artículos doctrinales, una disposición normativa, una noticia
A partir de su realidad sociológica, la familia antecede a la sociedad y al propio Estado que, precisamente, han sido instituidos para servir a su bienestar y para velar por su integridad, supervivencia y conservación, objetivos de los que ''depende en gran medida la estable y armónica convivencia en el seno de la sociedad''.
El matrimonio es ''un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.''
A partir de su naturaleza jurídica, puede sostenerse que la finalidad del debido proceso se concreta en ''asegurar la objetividad en la confrontación de las pretensiones jurídicas'', procurando satisfacer los requerimientos y condiciones que han de cumplirse indefectiblemente para garantizar la efectividad del derecho material y la consecución de la justicia distributiva.
El debido proceso lleva implícito como principios básicos del mismo, el que el ''ius puniendi'' del Estado sólo pueda ejercerse dentro de los términos establecidos por normas preexistentes que vinculan positivamente a los servidores públicos, quienes únicamente pueden actuar con apoyo en una previa atribución de competencia y con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio o del procedimiento administrativo.
Si bien el principio del non bis in idem busca evitar que alguien pueda ser sancionado dos veces por una misma causa, su aplicación se limita a las situaciones jurídicas en las que existe identidad de hechos, objeto y causa. En esa medida, dicho principio no permite calificar de ilegítima la circunstancia de que a una persona se le imponga dos o más sanciones por una misma conducta, cuando aquellas sanciones tienen ''distinta naturaleza no excluyentes entre sí, impuestas por autoridades que pertenecen a diferentes jurisdicciones y cuya competencia, por expreso mandato legal, es única, especial y específica''.
Accionante: J.A.S.D.
El ciudadano J.A.S.D., en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 241 y 242 de la Constitución Política, demandó la inexequibilidad del numeral 8° del artículo 140 del Código Civil.
La Corte mediante auto de septiembre trece (13) de 2002, proferido por el Despacho del magistrado S., admitió la demanda, ordenó las comunicaciones constitucionales y legales correspondientes, dispuso fijar en lista el negocio en la Secretaría General de la Corte Constitucional para efectos de la intervención ciudadana y, simultáneamente, corrió traslado al señor P. General de la Nación quien rindió el concepto de su competencia.
8º Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior''.
En su concepto, es principio general del derecho que toda sanción penal prescriba. Por esta razón, aunque la prohibición prevista en el artículo acusado no constituya técnicamente una sanción penal, ''(...) si es una secuela del delito, pues para que ella opere es menester que se declare la culpabilidad del cónyuge homicida, y si la pena principal por el delito está sujeta a la prescripción, según el artículo 89 del C.P., también prescribe la consecuencia civil, o sea la prohibición de contraer matrimonio''.
En este sentido, considera que la disposición acusada establece un trato discriminatorio en relación con el condenado, cuando a pesar del reconocimiento de la ''reinserción social'' como una de las finalidades de la pena, consagra como modalidad de ''perdida perpetua de sus derechos civiles y constitucionales'', la prohibición de contraer matrimonio, desconociendo que por sentencia condenatoria, el conyugicida ha saldado su falta con la sociedad.
Afirma que la disposición acusada es contraria al debido proceso, específicamente, a la prohibición de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis in ídem). Ello, en atención a que: ''aunque jurídicamente no se ha juzgado por el mismo hecho, moralmente sí, porque no hace a transito cosa juzgada, ya que la sentencia, vuelve sobre el mismo punto del derecho cuestionado, limitándole derechos civiles y constitucionales a la persona''.
Sostiene que a partir de la redacción de la norma acusada, y dado su estado de indeterminación, ésta vulnera las normas constitucionales citada pues permite suponer que la prohibición se extiende a todas las formas de culpabilidad e incluso a los aspectos negativos de la antijuridicidad. Al respecto señala que: ''Si bien el numeral 8° del artículo 140 nos limita el derecho, tampoco es claro en su redacción, pues nos habla de la prohibición de un nuevo matrimonio al conyugicida, pero que tipo de homicidio?. C., doloso, preterintencional, o en el estricto cumplimiento de un deber, o en su defensa propia, etc.''.
En este orden de ideas, concluye que es procedente la declaratoria de inexequibilidad de la norma acusada, ya que: ''(...) todas las personas tienen oportunidad de rehacer su vida, y alcanzar sus objetivos sociales y familiares, dándose una nueva oportunidad en la vida para ser personas de bien probando que los errores pasados se pueden superar, y no mermándoles el derecho que tienen con prohibiciones perpetuas, que conllevan a la persona psicológicamente a torturarlas por el resto de sus vidas, diciéndoles que nunca van a saldar una deuda con la sociedad y con el Estado de derecho''.
Intervención del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca.
El ciudadano I.A.C.G., en representación del Colegio de Abogados Penalistas de Bogotá y Cundinamarca, intervino dentro del proceso de la referencia con el objeto de solicitar a esta Corporación declarar exequible la norma acusada, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
Inicialmente, el interviniente considera que el contenido normativo de la disposición acusada no puede equiparse a una pena o medida de seguridad. Por eso, ''si bien es cierto [que] este numeral contiene una consecuencia ligada con un delito cometido, no por ello debemos equipararla [con los citados institutos penales]'' Conforme a esta argumentación, cita como ejemplo que: ''...es cierto lo que el demandante afirma en el sentido que las penas y acciones prescriben pero se parte aquí de un presupuesto que no tiene relevancia con la norma demandada, toda vez que si la acción penal prescribió nunca hubo fallo judicial definitivo que dictaminara el homicidio del cónyuge anterior, cosa distinta si hablamos de la acción relacionada exclusivamente con la nulidad...''..
Sostiene que la prescripción penal es un fenómeno jurídico totalmente distinto de la nulidad. En efecto, mientras la prescripción de la acción o de la pena se relaciona con la comisión de un delito, la nulidad ''es una consecuencia jurídica, para algunos autores es una sanción y para otros, es simplemente la privación de efectos imputada a los actos del proceso que adolecen de algún vicio en sus elementos esenciales y no pueden cumplir el fin''.
En este orden de ideas, en principio, la nulidad prevista en la norma acusada debe considerarse como una ''nulidad relativa'', por aplicación del artículo 1741 del Código Civil, según el cual, dicha nulidad se produce por la omisión de algún requisito referido a la calidad o estado de las personas. Con todo, la citada calificación depende de la presencia o no de una motivación ilícita en los sujetos intervinientes Al respecto, afirma el interviniente: ''(...) Lo que sí debe exigirse es que esta causal, como nulidad relativa sólo la puede alegar el cónyuge `inocente', esto es, no puede ser alegada por quien `mató' a su cónyuge anterior o por su cómplice en el hecho punible, pero sí, por quien posteriormente contrae matrimonio con el cónyuge homicida sin haber participado de ninguna manera en el delito cometido. Esto porque no debe viciarse lo que de inicio no está viciado ni siquiera por una motivación ilícita...''. '' (...) diferente cuando el matrimonio se lleve a cabo entre el cónyuge homicida y un autor o partícipe en el mismo la nulidad debe ser absoluta pudiendo y debiendo ser decretada de oficio por el juez o a petición del Ministerio Público ya que en este caso hay ilicitud en la motivación del negocio lo que lo vicia no con anubalidad sino con nulidad absoluta, cuestión que no sucede en el evento anterior...'' .
En torno al tema de la prescripción de la acción de nulidad, considera que ésta en ningún momento es perpetua ni imprescriptible, pues este hecho ya se encuentra regulado en las leyes colombianas y en nada afecta la Constitución Colombiana.
Finalmente, señala que: '' (...) en cuanto a sí debe entenderse como doloso o culposo es una discusión en la que no entraremos a fondo por no haber llegado a una conclusión unánime. Sólo basta decir que se debe entender tanto para lo doloso como para lo culposo, ya que incluso en ocasiones en las que se aplique el principio de necesidad o no de la pena, la nulidad no tiene nada que ver porque la sentencia condenatoria estará en firme, otra cosa es que la pena no se haga efectiva...''.
Dentro de la oportunidad legal prevista, el P. General de la Nación emitió el concepto de su competencia, solicitándole a la Corte que declare la exequibilidad condicionada de la disposición acusada.
Señala la Vista Fiscal que de conformidad con la Sentencia C-659 de 1997 (M.P.J.G.H.G., un mismo comportamiento puede tener consecuencias penales y civiles, sin que ello pueda considerarse contrario al principio del non bis in ídem. Por ello, en el presente caso, ''una consecuencia es la derivada ''de la conducta penal -la correspondiente sentencia- y otra, los efectos civiles de la misma - la nulidad del vínculo matrimonial -''.
Estima que el planteamiento de la demanda es errado, en torno a la consideración de la nulidad como una sanción a perpetuidad. A su juicio, la norma exclusivamente contempla la consecuencia civil de un comportamiento que '' (...) a la luz de los fines constitucionales de la conformación de una familia es a todas luces reprochable y que como tal, no se le puede reconocer efecto alguno, por cuanto desnaturaliza la esencia misma del vínculo. De considerarse que la nulidad es una sanción, ello implicaría que habría que repensar este instituto, pues en el campo civil y específicamente en materia de contratación, busca que las finalidades y elementos del contrato no resulten desconocidos''.
En estos términos, para el P. General de la Nación la disposición acusada se encuentra ajustada a la Constitución, siempre que ella se aplique bajo el siguiente contexto:
Es necesario una declaración judicial ejecutoriada sobre la conducta penal recriminada, es decir, el homicidio. Esto, en atención a la garantía del debido proceso y a la perentoriedad de la presunción de inocencia, según la cual, se presume toda persona inocente, mientras no se haya declarado judicialmente culpable.
Adicionalmente, estima que la proporcionalidad y razonabilidad de la causal prevista en el artículo 140 del Código Civil, exige calificar la conducta punible como un ''homicidio doloso,'' cuyo móvil haya sido, precisamente, el de contraer nuevas nupcias. ''De no ser entendida así dicha causal, la misma sí deviene en inconstitucional, pues ha de entenderse que el legislador señaló una consecuencia de la conducta penal que no puede tener incidencia en el ámbito civil y específicamente en el campo de la familia, dado que si aquella se entiende en forma absoluta, se le estaría negando al condenado por uxoricidio, así sea éste culposo, incluido el piadoso, la posibilidad de contraer un nuevo vínculo matrimonial''.
Así mismo, se atentarían contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la consecución de una nueva familia, ya que se obligaría a las personas que deseen convivir en pareja a acudir con exclusividad a la unión libre, decisión que puede resultar ''no acorde a sus intereses, voluntad, preferencia, tendencia, principios de orden moral, social, familiar y demás''
Finalmente, ''si no se realiza la interpretación en análisis resultarían vulnerados los derechos de la nueva familia, toda vez que la nueva célula que surge con las segundas nupcias, es decir, la constituida por vinculo matrimonial, se vería desprotegida en forma irrazonable y desproporcionada, dado que se afecta su estabilidad, por cuanto una nulidad que vicia la validez del vinculo matrimonial, puede generar incertidumbre, caos, desconfianza y prevención, máxime cuando la nueva pareja desconoce el pasado de quien escogió como su compañero''
La institución familiar y su ámbito de protección.
Según lo ha venido señalando esta Corporación, la familia es consustancial a la propia existencia de la especie humana y anterior a toda forma de comunidad política. Por ello, ha sido ''considerada siempre como la expresión primera y fundamental de la naturaleza social del hombre'' Sentencia T-278/94, M.P.H.H.V.. A partir de su realidad sociológica, la familia antecede a la sociedad y al propio Estado que, precisamente, han sido instituidos para servir a su bienestar y para velar por su integridad, supervivencia y conservación, objetivos de los que ''depende en gran medida la estable y armónica convivencia en el seno de la sociedad'' Sentencia C-371/94, M.P.J.G.H.G...
Ciertamente, siendo el entorno humano natural y la manifestación primaria del origen social del hombre, la familia constituye sin lugar a dudas un presupuesto de existencia y legitimidad de la organización socio-política del Estado, lo que entraña para éste la responsabilidad prioritaria de prestarle su mayor atención y cuidado en aras de preservar la estructura familiar, ya que ''[e]s la comunidad entera la que se beneficia de las virtudes que se cultivan y afirman en el interior de la célula familiar y es también la que sufre grave daño a raíz de los vicios y desordenes que allí tengan origen'' Sentencia ibídem.. Sobre este particular, sostuvo la Corte en decisión anterior que:
''(...) la familia es la primera institución social, que concilia las exigencias de la naturaleza con los imperativos de la razón social. La familia es anterior a la sociedad y al Estado, entidades que están instituídas en primer lugar para servir al bienestar de la familia, del cual dependen las condiciones de la sociedad y del Estado. Nadie puede reemplazar a los padres en el cumplimiento del primer deber ante los hijos, deber que dicta antes el amor que la obligación. Pero a la sociedad y al Estado les competen deberes no menos sagrados, como son velar por la integridad de la familia, tutelar a los padres en el cumplimiento de sus obligaciones y cooperar con la familia en la supervivencia y formación primera de la infancia. (Sentencia T-278/94, M.P.H.H.V..
En plena concordancia con lo anterior, de manera enfática y contundente el artículo 42 Superior se ocupa de calificar la familia como el ''núcleo fundamental de la sociedad'', aclarando que ésta se constituye por vínculos naturales o jurídicos, es decir, que surge a través del matrimonio o de cualquier otra forma de unión entre dos personas de distinto sexo; lo cual permite establecer que el orden jurídico imperante no consagra privilegios en favor de un tipo determinado de familia, pues su objetivo es legitimar la diversidad de vínculos o de formas que puedan darle origen. Bajo estos supuestos, el propio artículo 42 le asigna a la sociedad y al Estado el deber de garantizar la protección integral de la familia y de propugnar por el respeto a su dignidad, honra e intimidad, al tiempo que promueve la igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes, considerando como destructiva de la armonía y unidad cualquier forma de violencia al interior de la institución familiar y en contra de sus integrantes.
Así entendido, de acuerdo con lo expresado por la jurisprudencia constitucional, el régimen impuesto por el constituyente de l991 permite entrever su especial interés por el reconocimiento y protección de la familia buscando, por una parte, ''hacer de esta institución el ámbito adecuado para que dentro de un clima de respeto, no violencia, e igualdad, sus integrantes puedan desarrollarse a plenitud como seres humanos, con la garantía de intimidad que permita el transcurso de la dinámica familiar sin la intromisión de terceros'' Sentencia C-660 de 2000, M.P.A.T.G... Y por la otra, procurando ''un equilibrio entre la estabilidad necesaria para el desarrollo de sus miembros con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad a que tienen derecho cada uno de sus integrantes, aspecto éste donde cobra especial importancia la existencia de un ambiente de respeto por cada persona y de libre expresión de los afectos y emociones'' Sentencia ibídem..
3.3. Es preciso aclarar que el fundamento de protección y garantía integral de la familia, a cargo del Estado y la sociedad, no comporta un objetivo aislado de nuestro orden jurídico interno apoyado en las disposiciones constitucionales en referencia. También el derecho internacional, a través de distintos instrumentos -declaraciones, pactos o convenciones sobre derechos humanos, civiles, sociales y culturales-, ha contribuido en forma decidida a afianzar su importancia y protagonismo en el contexto universal, precisamente, al referirse a la familia como ''el elemento natural y fundamental de la sociedad'' y asignarle a cada Estado y a la sociedad misma la responsabilidad de protegerla y asistirla ampliamente. Tal consideración aparece contenida, entre otros, en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 16), en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y políticos (art. 23), en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 10°) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José de Costa Rica- (art. 17); instrumentos que, por lo demás, son de obligatoria observancia para Colombia al haber sido suscritos, aprobados y ratificados por sus distintos gobiernos.
El conyugicidio como causal de nulidad del matrimonio civil y la libertad de configuración legislativa en la materia.
4.2. En ejercicio de estas competencias el legislador, a través del artículo 113 del Código Civil (C.C.), se ocupó de definir el matrimonio como ''un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de vivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente.''
En cuanto el matrimonio es concebido como una declaración de voluntad de quienes lo contraen, también el legislador condicionó su realización y validez al cumplimiento de los requisitos generales propios de cualquier acto jurídico, y a la observancia de requisitos particulares derivados de su naturaleza específica y también solemne, cuya inobservancia, en uno y otro caso, es objeto de diversas condenas o sanciones que pueden derivar en la declaratoria de nulidad o inexistencia del contrato matrimonial. En relación con esto último, es menester precisar que el legislador, plenamente consciente de la importancia del matrimonio en el entorno de la institución familiar y de la organización político-social del Estado, se preocupó por señalarle condiciones especiales para su celebración y disolución, en aras de asegurar la idoneidad e integridad de los contrayentes en la asunción responsable y adecuada del cumplimiento ulterior de las obligaciones que de él se derivan En virtud del principio de especialidad, el legislador se ocupó de establecer unas causales específicas para el régimen matrimonial, de manera que en esta materia las causales de nulidad son taxativas y, por tanto, no le es aplicable el principio general de las nulidades que consagra el Código Civil en los artículos 1740 y ss. A este respecto, el artículo 16 de la Ley 57 de 1887 es bastante claro al disponer que: ''Fuera de las causales de nulidad de matrimonios civiles enumeradas en el artículo 140 del Código y en el 13 de esta ley, no hay otras que invaliden el contrato matrimonial. Las demás faltas que en su celebración se cometan, someterán a los culpables a las penas que el Código Civil establezca.''.
4.3. Precisamente, al segundo grupo de condiciones especiales, al de los negativos extrínsecos, es que pertenece el conyugicidio. Sobre el particular, el artículo 140 del C.C. dispone, en el aparte normativo materia del presente juicio, que el matrimonio es nulo y sin efecto ''[c]uando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en un matrimonio anterior''. Como se desprende del tenor literal de la norma en cuestión, la prohibición allí contenida busca sancionar civilmente y sin perjuicio de la correspondiente responsabilidad penal, tanto al marido como a la mujer que le ha quitado la vida a su consorte en matrimonio anterior, ya sea que hubiere actuado por sí misma o por interpuesta persona, es decir, como autor intelectual o como autor material del hecho punible.
Siguiendo el criterio hermenéutico fijado por esta Corporación, no cabe duda que ''toda manifestación de violencia [materializada para este caso en el conyugicidio] causa necesariamente un daño, casi siempre irreparable, en el seno del hogar, pues aparte de las consecuencias materiales que apareja el acto violento en lo que respecta a la integridad de las personas, lesiona gravemente la estabilidad de la familia, ocasiona rupturas entre sus miembros, interrumpe la paz y el sosiego domésticos y afecta particularmente el desarrollo psicológico de los menores, inoculando perniciosas tendencias hacia comportamientos similares'' Sentencia T-489/94, M.P.J.G.H.G... Por eso, se insiste, es apenas consecuente con ese objeto de protección constitucional -la familia-, que el legislador sancione civilmente el conyugicidio al consagrarlo como una causal de nulidad del matrimonio civil.
4.5. Sobre este particular, cabe recordar que aun cuando el legislador goza de un amplio margen de autonomía para regular lo referente al matrimonio y a la protección de la institución familiar, el ejercicio de esa libertad de configuración política exige que las medidas a adoptar se ajusten a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, en especial si aquellas tienen un carácter sancionatorio, diferencial o restrictivo de los derechos, pues con ello se busca evitar que, en procura de lograr una finalidad constitucionalmente admisible, la ley haga nugatorios otros valores o principios Superiores de igual o mayor entidad al bien jurídico que dice proteger. Así, ha sostenido la jurisprudencia en forma unívoca que ''una medida legislativa en la que se confiere un trato diferencial o se restringe el ejercicio de un derecho es razonable [ y proporcional] cuando dicho trato es legítimo a la luz de las disposiciones constitucionales, cuando persigue un fin auspiciado por la Carta y, además, cuando es proporcionado a la consecución de dicho fin, lo cual significa que dicho trato debe garantizar un beneficio mayor al perjuicio irrogado'' Sentencia C-316/2002, M.P.M.G.M.C..
El derecho al debido proceso y las garantías que se relacionan con la interpretación de la norma acusada.
5.1.1. Como es sabido, el artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso, el cual ha sido definido por la jurisprudencia de esta Corporación, como el conjunto de garantías sustanciales y adjetivas que buscan proteger al individuo frente a las actuaciones de las autoridades públicas, procurando que en todo momento y lugar éstas acojan y respeten las formas propias que han sido instituidas para gobernar y dirigir las distintas actuaciones Cfr. las Sentencias C-007/93, T-001/93 y T-467/95, entre otras..
A partir de su naturaleza jurídica, puede sostenerse que la finalidad del debido proceso se concreta en ''asegurar la objetividad en la confrontación de las pretensiones jurídicas'' Sentencia T-140/93, M.P.V.N.M., procurando satisfacer los requerimientos y condiciones que han de cumplirse indefectiblemente para garantizar la efectividad del derecho material y la consecución de la justicia distributiva.
En este sentido, el debido proceso lleva implícito como principios básicos del mismo, el que el ''ius puniendi'' del Estado sólo pueda ejercerse dentro de los términos establecidos por normas preexistentes que vinculan positivamente a los servidores públicos, quienes únicamente pueden actuar con apoyo en una previa atribución de competencia y con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio o del procedimiento administrativo.
Evaluando la importancia del debido proceso en el contexto político, éste se concibe por la doctrina y la jurisprudencia ''como una institución fundamental dentro del Estado de Derecho, y específicamente como un elemento estructural del sistema judicial colombiano'' Sentencia Ibídem. . Con su aplicación y plena observancia, se busca contribuir a la realización de algunas de las finalidades que le han sido encomendadas al ente estatal, como son las de realizar un orden político, económico y social justo; asegurar a los integrantes de la comunidad una pacífica convivencia; garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta; y proteger a todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y libertades.
Ha de precisarse, aplicando algunos de los conceptos reseñados por la Corte en reciente decisión Sentencia C-774/2001, M.P.R.E.G., que el referido derecho ''acompaña al acusado desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o certeza, mas allá de una duda razonable, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el acusado''. Ello, por cuanto en el evento de existir alguna imprecisión o duda sobre la realización del hecho punible o sobre la culpabilidad del sindicado, ''se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado.''
5.2.2. Respecto del principio de non bis in idem, éste también se encuentra consignado en el inciso 4° del artículo 29 Superior como una garantía esencial de la seguridad jurídica y de la recta administración de justicia. Por su intermedio, se prohíbe a las autoridades competentes imponer a un individuo más de una sanción por la comisión o realización de un mismo hecho objeto de reproche. Conforme con este propósito, lo ha dicho la Corte, ''cualquier persona cuenta con la seguridad de que las decisiones definitivas que se han proferido en los procesos tramitados en su contra, con miras a establecer su responsabilidad penal [o de otro orden], realizan la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos puedan ser objeto de posteriores debates'' Sentencia T-537 de 2002, M.P.J.C.T...
De acuerdo con el criterio de interpretación acogido por la jurisprudencia constitucional, si bien el principio del non bis in idem busca evitar que alguien pueda ser sancionado dos veces por una misma causa, su aplicación se limita a las situaciones jurídicas en las que existe identidad de hechos, objeto y causa. Cfr. las Sentencias C-479/92, C-096/93, T-260/99, C-554/2001 y T-537/2002, entre otras. En esa medida, dicho principio no permite calificar de ilegítima la circunstancia de que a una persona se le imponga dos o más sanciones por una misma conducta, cuando aquellas sanciones tienen ''distinta naturaleza no excluyentes entre sí, impuestas por autoridades que pertenecen a diferentes jurisdicciones y cuya competencia, por expreso mandato legal, es única, especial y específica'' Sentencia C-196/99, M.P.V.N.M... En torno a este punto, aclaró la Corte que:
''...está proscrito al legislador sancionar, a través de distintos tipos y en una misma rama del derecho, una misma e idéntica conducta. No obstante, dicho principio no prohibe que una persona pueda ser objeto de dos o más sanciones de naturaleza diferente - vgr. pecuniaria, disciplinaria, administrativa o penal - por la comisión de un mismo hecho. En este sentido, por ejemplo, la Corte ha establecido que la posibilidad legal de que un funcionario público resulte sancionado penal y disciplinariamente por haber incurrido en un delito que, al mismo tiempo, constituye falta administrativa, no vulnera el principio mencionado.'' (Sentencia T-260/99, M.P.E.C.M..
''La prohibición del non bis in idem no acarrea la imposibilidad de que unos mismos hechos sean castigados por autoridades de distinto orden; tampoco que esos hechos sean apreciados desde perspectivas distintas vgr. como ilícito penal y como infracción administrativa o disciplinaria. Pero sí conlleva que autoridades del mismo orden y mediante procedimientos diversos sancionen repetidamente la misma conducta, como quiera se produciría una inadmisible reiteración del ius puniendi del Estado, y de contera, un flagrante atentado contra la presunción de inocencia''. (Sentencia C-554 de 2001, M.P.C.I.V.H..
5.2.3. Finalmente, en lo que toca con la prohibición constitucional de imponer penas y sanciones perpetuas En cuanto tiene que ver con el principio de la indeterminación de la pena y la prohibición constitucional de la prisión perpetua (C.P. arts. 29 y 34), debe recordarse que a través del Acto Legislativo No. 2 de 2001, se excluyó de su aplicación, única y exclusivamente, a los delitos de que conoce la Corte Penal Internacional., consagrada en el artículo 34 de la Carta, habrá de señalarse que su objetivo específico es establecer ''una verdadera interdicción al exceso punitivo'' Sentencia C-591/93, M.P.E.C.M., en aras de salvaguardar el principio del Estado social de derecho que nos rige, el valor de la justicia, la dignidad humana y los principios de legalidad, culpabilidad, prescriptibilidad, razonabilidad y proporcionalidad de la pena que gobiernan el sistema de derecho sancionatorio diseñado por el constituyente del 91, los cuales propugnan por que no existan en el orden jurídico sanciones eternas y manifiestamente desproporcionadas con la reprochabilidad que se endilga al autor del comportamiento ilegítimo.
Aun cuando en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, se ha investido al Congreso en forma privativa de amplias facultades para señalar los comportamientos que justifiquen la imposición de una sanción y para definir respecto de ellos la respectiva dosimetría punitiva (C.P. arts. 29 y 150), ''la supremacía del orden constitucional también exige que la definición de las conductas y la imposición de las sanciones correspondientes respete los parámetros de proporcionalidad que impone el régimen superior, de suerte que aquella libertad configurativa no desborde ni en discriminación de los asociados ni en desconocimiento de los principios que ilustran el régimen punitivo del Estado'' Sentencia C-181/2002, M.P.M.G.M.C... En una de sus primeras decisiones sobre el tema, la Corte puntualizó:
''La Constitución no obstante la amplia atribución que concede al Congreso en lo que concierne a la fijación de las penas y las sanciones, incorpora como norma suya una verdadera interdicción al exceso punitivo. Nadie será sometido - reza el artículo 12 de la CP - a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por su parte, el artículo 34 de la C.P. prohibe las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Adicionalmente, el carácter social del estado de derecho, el respeto a la persona humana, a su dignidad y autonomía, principios medulares del ordenamiento constitucional, se sirven mejor con leyes que encarnen una visión no disociada del principio de proporcionalidad y de subsidiariedad de la pena, de modo que ésta sólo se consagre cuando sea estrictamente necesario.'' (Sentencia C-591 de 1993, M.P.E.C.M..
Así, por ejemplo, en lo que hace a la política criminal, acogiendo los fundamentos superiores que inspiran el instituto de la presunción de inocencia, la Ley 599 de 2000, ''por la cual se expide el Código Penal'', establece que la imposición de la pena responderá a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad (art. 3°); que la pena cumplirá las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado (art. 4°); que la pena de prisión tendrá una duración máxima de cuarenta (40) años (art. 37); y que la pena privativa de la libertad, salvo lo previsto en los tratados de derechos humanos suscritos por Colombia e incorporados al orden interno, prescribe en el término fijado para ella en la sentencia o en el que falte por ejecutar, sin que en ningún caso pueda ser inferior a cinco años. Criterios que, guardadas proporciones y en lo que le sean pertinentes, resultan también aplicables a los distintos regímenes de derecho sancionatorio existentes en nuestro sistema jurídico.
Constitucionalidad condicionada de la norma acusada.
6.1. Conforme se ha dicho, la norma acusada, el numeral 8° del artículo 140 del Código Civil, establece que hay lugar a la declaratoria de nulidad del matrimonio civil: ''Cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien estaba unido en matrimonio anterior''.
''Artículo 103. Homicidio. El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a veinticinco (25) años
En la persona del ascendiente o descendiente, cónyuge, compañero o compañera permanente, hermano, adoptante o adoptivo, o pariente hasta el segundo grado de afinidad.''
Una interpretación distinta de la norma impugnada, además de contrariar el debido proceso en la garantía de la presunción de inocencia, afectaría también los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre del inculpado y de su nuevo consorte. En cuanto tales derechos tienen que ver con el ámbito de reconocimiento social de la persona, para que la comunidad piense de ésta lo que corresponda a la estricta realidad, la promoción de una acción judicial de esta naturaleza con base en la simple sospecha, indudablemente que genera un detrimento en la imagen de la pareja y de la misma familia frente al círculo social más próximo, generando una desconfianza que para tales efectos resulta injustificada. Según lo dijo esta Corporación, refiriéndose al ámbito de protección constitucional de las precitadas garantías, "[t]oda persona tiene derecho a que lo que se exprese, sienta y piense de él por los demás corresponda a una estricta realidad de sus condiciones personales, especialmente de sus bondades y virtudes, de manera que la imagen no sufra detrimento por informaciones falsas, malintencionadas o inoportunas" Sentencia T-480/92, M.P.J.S.G...
6.7. De acuerdo con este último condicionamiento y con el fundamento constitucional que ampara su exigibilidad, la situación del nuevo consorte resulta entonces determinante en la aplicación de la causal de nulidad por conyugicidio y en los efectos que produce su declaratoria. Bajo la regla de que ésta es procedente cuando se actúa con el fin de contraer nuevas nupcias, se tiene que son dos los casos en que hay lugar a la aplicación de la referida prohibición. El primero, cuando el cónyuge homicida ha realizado la conducta punible con la participación o cooperación del nuevo consorte; es decir, cuando el delito es cometido por el cónyuge de común acuerdo con su nueva pareja. En este caso, independiente al hecho de que el acto jurídico haya sido consecuencia de una causa ilícita, la gravedad de la conducta realizada por los nuevos contrayentes y el hecho de que con ella se afecte un bien jurídico de interés general -la institución familiar-, le otorga a la nulidad el carácter de insubsanable en los términos de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 57 de 1887, que a la sazón reza: ''Las nulidades a que se contraen los números 7, 8, 9, 11 y 12 del artículo 140 del código y el número 2° del artículo 13 de esta ley, no son subsanables, y el juez deberá declarar, aun de oficio, nulo los matrimonios que se hayan celebrado en contravención a aquellas disposiciones prohibitivas.'' (N. fuera de texto).
Ahora bien, en el entendido que es necesario asegurar y garantizar la estabilidad de la familia que ha surgido con motivo del segundo matrimonio, evitando que se prolongue en forma irrazonable la incertidumbre y la zozobra surgida entre sus miembros a propósito del hecho delictivo descubierto, o que el cónyuge inocente pueda aprovecharse indebidamente de esta situación en detrimento del otro cónyuge, la Corte entiende que debe limitarse el derecho de este último a solicitar la nulidad, fijándole un término perentorio para alegarla. A este respecto, se tiene que las normas regulatorias del instituto jurídico de las nulidades matrimoniales no prevén para este evento un término especial (C.C. arts. 140 a 149). Por ello, esta Corporación, acogiendo el criterio jurisprudencial según el cual, cuando se presentan eventuales vacíos legislativos en el escenario de la aplicación e interpretación de la ley éstos deben llenarse a través de procedimientos de integración normativa Sentencia C-189/98, M.P.A.M.C., deberá aplicar por analogía el mismo término previsto en el artículo 142 del Código Civil para alegar la nulidad del matrimonio entre impúberes. Término que es de tres meses y que para el caso de la nulidad subsanable por conyugicidio, deberá empezar a correr a partir del momento en que el cónyuge inocente ha tenido conocimiento de la condena impuesta al marido.
El artículo 140 del Código Civil en su numeral 8º establece que el matrimonio es nulo y sin efecto ''cuando uno de los contrayentes ha matado o hecho matar al cónyuge con quien está unido en un matrimonio anterior''.
En la Sentencia C-271 de 1º de abril de 2003 se declaró la exequibilidad de la norma mencionada y se establecieron dos condicionamientos a tal declaración: el primero '' a que se entienda que la nulidad del matrimonio civil por conyugicidio se configura cuando ambos contrayentes han participado en el homicidio y se ha establecido su responsabilidad por homicidio doloso mediante sentencia ejecutoriada'', condicionamiento este que comparto. El segundo condiciona la exequibilidad del citado numeral 8º del artículo 140 del Código Civil a la hipótesis según la cual opera la causal de nulidad del matrimonio civil ''cuando habiendo participado solamente un contrayente (en el homicidio del otro cónyuge), el cónyuge inocente proceda a alegar la causal de nulidad dentro de los tres meses siguientes al momento en que tuvo conocimiento de la condena'', condicionamiento este del cual discrepo.
Tal discrepancia tiene como fundamento esencial que, por tratarse de la fijación de un término preclusivo para el ejercicio del derecho de acción ello no puede ser establecido por la Corte Constitucional, sino que corresponde a la órbita del legislador. Así, aún cuando puedan ser atendibles los razonamientos que lleven a tal condicionamiento, lo que no queda claro es la competencia de la Corte para el efecto y, en asunto de tanta trascendencia como la posibilidad de poner en movimiento la rama jurisdiccional del Estado para declarar la nulidad de un matrimonio civil no puede la Corte sustituir al legislador.
Por compartir íntegramente los argumentos expuestos en el Salvamento de Voto presentado por el Magistrado A.B.S., me adhiero a el.