Source: http://tribunalsupremo.organojudicial.gob.bo/Autos%20Supremos/civil/civil-III/2013/as201321512L.html
Timestamp: 2019-03-20 23:34:39
Document Index: 270808867

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 53', 'artículo 294', 'artículo 296', 'artículo 297', 'artículo 3', 'artículo 254', 'artículo 271', 'artículo 42']

as201321512L
Auto Supremo: Nº 512
Expediente: SC – 99 – 11 – S
Proceso: Nulidad De Contrato De Disolución y otros
Partes: Martín Alexander Gutiérrez c/ Rosario Patricio Pérez Aguilera
VISTOS: el Recurso de Casación de fojas 484 a 486 vuelta, interpuesto por Rosario Patricio Pérez Aguilera, defensora de oficio de Luis Walter Pérez Aliaga y otros, contra el Auto de Vista de 22 de febrero de 2011, cursante a fojas 477 y vuelta de la que fuera Corte Superior del Distrito Judicial de Santa Cruz, dentro del proceso ordinario de nulidad de contrato de disolución, transferencia de inmueble y otros seguido por Martín Alexander Gutiérrez contra los recurrentes, los antecedentes del proceso, la contestación al recurso de fojas 494 a 495 vuelta, el auto de concesión de fojas 502; y,
CONSIDERANDO: que durante la tramitación de la causa, el Juez de Partido 3º en lo Civil y Comercial de Santa Cruz, pronunció sentencia de fecha 10 de agosto de 2010 cursante a fojas 446 a 448 de obrados, declarando PROBADA en parte la demanda interpuesta por Martín Alexander Gutiérrez contra Luís Walter Pérez Aliaga y otros, en consecuencia se declara la nulidad de los contratos de transferencia del inmueble que le hicieran los demandados al demandante, como la nulidad parcial del contrato de fecha 21 de enero de 1997 de transferencia del inmueble de 504 m2, anteriormente transferida al demandante, por los mismos vendedores. Así mismo se ordena la cancelación parcial (por los 504 m2 de propiedad del actor) de la inscripción de DDRR, debiendo restituirse la partida que le corresponde en propiedad al demandante. Se ordena la desocupación y entrega del bien reclamado por el actor en el término de 30 días, bajo prevenciones de librarse mandamiento de desapoderamiento en caso de incumplimiento. Sin lugar al pago de daños y perjuicios por no haberse demostrado los mismos, con costas.
Que, en grado de apelación incoada por Kathia Elena Patiño Uriona en representación de Ibis Fernanda Pérez Montero, la Sala Primera Civil y Comercial de la Corte Superior de Distrito Judicial de Santa Cruz, anula obrados hasta fojas 471 vuelta inclusive. En consecuencia se declara ejecutoriada la sentencia de fecha 10 de agosto de 2010, cursante a fojas 446 a 448 de obrados.
Ante la resolución de vista, los demandados, recurren en casación, mismo que se resumen a continuación:
Indican que, el demandante en una actitud cuestionable manifiesta desconocer los domicilios de los demandados, olvidando que antes se habían tramitado tres procesos, provocando indefensión en los demandados, al procederse a citar con los ilegales edictos de prensa.
Señala también, que el proceso se ha tramitado sin la autoridad competente, que asuma defensa y vele por los intereses de la menor de edad codemandada, debido a que las diligencias de notificación al Ministerio Público y Defensoría de la Niñez no se las hizo de forma personal, transgrediendo el procedimiento. Con respecto a las notificaciones, dice también no existir a las partes con el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de los esposos Pérez.
Así mismo, dice haberse vulnerado sus derechos al haber el juez dejado sin efecto la designación de la Dra. Fátima Becerra Camargo, defensora de oficio.
Indica que con todos los argumentos expuestos, el auto de vista no ha valorado las pruebas presentadas, con las que se desvirtúa el desconocimiento del domicilio de los demandados, causándose indefensión a los demandados, violando los artículos 13 de la Constitución Política del Estado, artículo 3 numeral 1) del Código de Procedimiento Civil, siguiéndose un proceso donde no se les dio la oportunidad de ser escuchados y asumir defensa.
Termina solicitando a este Tribunal, que previo análisis de los antecedentes procesales case el auto de vista recurrido y se anule obrados hasta el vicio más antiguo, hasta que se proceda a la legal citación a los demandados.
En efecto, inicialmente resulta oportuno recordar que refiriéndose a los principios que rigen el proceso civil, el procesalista uruguayo Eduardo Couture señala: "... El principio de igualdad domina el proceso civil. Ese principio es a su vez una manifestación particular del principio de igualdad de los individuos ante la ley. Su fórmula se resume en el precepto ‘audiatur altera pars’ (óigase a la otra parte)..." (Fundamentos de Derecho Procesal Civil. Pág. 183).
Por otra parte, la garantía del debido proceso consiste en "el derecho que tiene toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar", a fin de que "las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acción que pueda afectar sus derechos" (Sentencias Constitucionales Nos. 418/00-R, 989/2002-R entre otras), porque el derecho de defensa es la facultad que tiene toda persona acusada o demandada de contar con los medios necesarios para defenderse en forma irrestricta de todo proceso en el que se vea involucrado.
Siguiendo esa línea, se advierte que, el artículo 53 del Código de Procedimiento Civil dispone que “Las personas legalmente incapaces sólo podrán intervenir por intermedio de sus padres o tutores”.
En la especie, según providencia de 18 de agosto de 2009 (fojas 358 vuelta), “Se designa como tutora ad-litem de Ibis Fernanda Pérez Montero a su madre Elda Montero vda. de Pérez”. Sin considerar que el artículo 294 (requisitos del tutor) del Código de Familia establece que “En cualquier caso, el nombramiento del tutor debe recaer en persona de conducta intachable y que sea idónea para el ejercicio del cargo”, además de éste último requisito de idoneidad (utilidad, empuje), el artículo 296 (incapacidad para la tutela) numerales 4) y 6) del referido texto familiar dispone que “No pueden ser tutores y, si han sido nombrados, cesan en el cargo: 4) Los condenados… por delito contra el patrimonio público o privado,…. 6) Los que… padecen de enfermedad… que ponga en peligro…, la seguridad, …del menor”, asimismo el artículo 297 (dispensa de la tutela) numerales 2), 3) y 5) del Código de Familia establece que “Están dispensados de la tutela: 2) Los que tiene más de sesenta años de edad. 3) Los que padecen de una enfermedad que les impida cumplir el cargo. 5) Los que residan fuera del lugar donde debe ejercerse la tutela…”.
Ahora bien, la también demandada Elda Montero Vda. De Pérez, tutora ad litem de la demandada Ibis Fernanda Pérez Montero, fue designada como tal, sin advertir que la misma fue condenada por los delitos de estafa y estelionato (fojas 349, 350), padece de poli contusión, hipertensión arterial y artrosis de rodillas (fojas 524), nació el 28 de febrero de 1928 (fojas 458, 523, 525), reside en la ciudad de La Paz (fojas 367). En consecuencia, fuera de estar incapacitada y dispensada para ser tutora ad litem, la demandada Elda Montero Vda. De Pérez no es la persona idónea para el ejercicio de ese cargo, más aún si la demandada Ibis Fernanda Pérez Montero nacida en 1992 (fojas 455, 456) considera a la codemandada Elda Montero Vda. De Pérez nacida en 1928 (fojas 458, 523, 525) como “su abuelita”; finalmente, llama de sobre manera la atención que se haya designado como tutora ad litem a alguien, de quien también se desconoce su domicilio.
De esta manera, incurrieron en error los Jueces de la causa, habiéndolo hecho en evidente desconocimiento de la ley, incidiendo en infracción que interesa al orden público, por cuanto esta forma de proceder, vulnera el debido proceso y violenta el derecho a la legítima defensa de quien o quienes se verán afectados por las decisiones judiciales.
En definitiva, el hecho que se hubiera procedido así, deja a la demandada Ibis Fernanda Pérez Montero en un estado total de indefensión, violando el derecho a la defensa, sin que la designación de la abogada defensora supla dicho estado.
Que, el Tribunal de alzada al no haber anulado obrados hasta el estado que respecto la demandada Ibis Fernanda Pérez Montero, se preservé su derecho a la defensa y el principio de igualdad efectiva de las partes prevista por el artículo 3 numeral 3) del adjetivo civil, ha perpetuado el vicio procesal castigado con la nulidad que prevé el artículo 254 numeral 7) del adjetivo civil, aplicando las normas legales precitadas y lo dispuesto en los artículos 252, 275 con relación al inciso 3) del artículo 271, todos del mencionado Código de Procedimiento Civil, de aplicación inexcusable por la garantía al debido proceso.
POR TANTO: la Sala Civil Liquidadora del Tribunal Supremo de Justicia, con la facultad conferida por el artículo 42 numeral 1) y disposición transitoria octava de la Ley del Órgano Judicial, ANULA obrados hasta la providencia de fojas 358 vuelta inclusive, es decir, hasta el estado que el juez a quo disponga la citación con la demanda a la demandada Ibis Fernanda Pérez Montero, en su domicilio real señalado a fojas 456.
Siendo inexcusable el error en que han incurrido el Juez y los Vocales signatarios de la providencia observada y auto vista impugnado, se les impone multa de 100 Bolivianos a cada uno de ellos.
Libro Tomas de Razón 512/2013