Source: http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1181607
Timestamp: 2020-02-28 03:11:05
Document Index: 158890182

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 23', 'artículo 11', 'artículo 4', 'artículo 83', 'artículo 84', 'artículo 16', 'artículo 38', 'artículo 9']

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre , de Servicios Sociales de Andalucía, establece en el artículo 2.5, que el Sistema Público de Servicios Sociales constituye una red integrada de responsabilidad y control público de atención, cuya finalidad es favorecer la integración social, la igualdad de oportunidades, la autonomía personal, la convivencia y la participación social y el bienestar social de todas las personas, familias y grupos, desarrollando una función promotora, preventiva, protectora y asistencial.
De otro lado, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, en sus artículos 14 y 16, establece que las entidades, servicios y centros, concertados o no, que atiendan a personas en situación de dependencia, incluidas las que perciban una prestación económica vinculada al servicio, han de contar con la acreditación de la Comunidad Autónoma correspondiente. También el artículo 23 determina que las entidades o empresas prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio deben estar acreditadas para esa función. Finalmente, en el artículo 11 se dispone que compete a cada Comunidad Autónoma facilitar la debida acreditación que garantice el cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad.
Resulta importante destacar dos disposiciones normativas dictadas en el ámbito estatal, dirigidas a trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, también conocida como “Directiva de Servicios”, en concreto la Ley 17/2009, de 23 de noviembre , sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , de Garantía de Unidad de Mercado.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre , tiene por objetivo establecer las disposiciones generales necesarias para facilitar la libertad de establecimiento de los prestadores y la libre prestación de servicios, simplificando los procedimientos y fomentando, al mismo tiempo, un nivel elevado de calidad en los servicios, así como evitar la introducción de restricciones al funcionamiento de los mercados de servicios que, de acuerdo con lo establecido en la propia ley, no resulten justificadas o proporcionadas.
Por su parte, la Ley 20/2013, de 9 de diciembre , regula la instrumentación del principio de necesidad y proporcionalidad, estableciendo que las autoridades han de ponderar la opción entre la comunicación, la declaración responsable o la autorización, en función del interés general a proteger.
En cuanto a la normativa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de adaptación a la Directiva 2006/123/CE , así como a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre , y a los principios de mejora de la regulación y garantía de la unidad de mercado, destacan el Decreto-Ley 3/2009, de 22 de diciembre, por el que se modifican diversas leyes para la trasposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre , del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los servicios del mercado interior, el Decreto-Ley 5/2014, de 22 de abril , de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas y la Ley 3/2014, de 1 de octubre , de medidas normativas para reducir las trabas administrativas para las empresas.
Así pues, este decreto se dicta para dar cumplimiento al mandato que establecen los artículos 83.3 y 4 , 84.1 y 86.2 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, así como por razones de interés general fundadas, entre otros aspectos, en la necesidad de adecuar la normativa existente a los nuevos enfoques determinados tras el escenario surgido con la citada Ley, ajustándose a las disposiciones estatales a que se ha hecho referencia y que han incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.
En síntesis, se trata de un nuevo modelo basado en criterios de agilidad, simplicidad, mayor eficacia y eliminación de obstáculos a las actividades de prestación de servicios sociales, que ofrece un régimen de autorización en correspondencia con lo determinado en la Ley 9/2016, de 27 de diciembre , menos restrictivo, a la vez que plenamente garantista en la salvaguarda de los derechos de las persona usuarias y, en especial de los sectores de población más vulnerables.
El Capítulo I “Disposiciones generales”, contiene las disposiciones que regulan el objeto, ámbito de aplicación, determinadas definiciones a los efectos del propio Reglamento y el régimen jurídico. Resulta determinante el artículo 4, que establece el régimen jurídico concreto a que quedan sometidas las entidades, servicios y centros de servicios sociales, en función de su tipología, en coherencia con lo preceptuado en los artículos 83 y 84 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre. Finalmente se recoge en este capítulo cuál ha de ser el contenido de las guías de funcionamiento y de recursos humanos y de las guías sobre condiciones y criterios comunes de acreditación administrativa.
El Capítulo II “Comunicación administrativa”, desarrolla los supuestos en que las entidades, servicios y centros de servicios sociales quedan sujetos al régimen de comunicaciones. Desde el respeto al principio de necesidad y proporcionalidad se ha determinado el régimen de comunicaciones administrativas únicamente para aquellos supuestos considerados estrictamente necesarios: construcción de inmuebles destinados a la prestación de servicios sociales, cuando su financiación se efectúe mediante financiación total o parcialmente pública; para la puesta en funcionamiento o realización de modificaciones sustanciales de servicios o centros, así como para las modificaciones no sustanciales que afecten a la estructura física o funcional; para el cambio de titularidad y para proceder al cese del servicio o cierre del centro.
El Capítulo III “Autorización administrativa” determina los supuestos, tasados según el artículo 83 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, aplicándose dicho régimen únicamente para la puesta en funcionamiento y para las modificaciones sustanciales que afecten a la estructura física de las instalaciones o a la estructura funcional de los centros de servicios sociales comunitarios, de los centros y servicios de día y de noche y de los centros y servicios de atención residencial. Se recoge también en este capítulo el procedimiento y el régimen de revocación y extinción de las autorizaciones administrativas.
El Capítulo IV “Acreditación administrativa” da respuesta a lo establecido en el artículo 84 de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, señalando la sujeción al régimen de acreditación administrativa para aquellas entidades titulares que pretendan concertar plazas o servicios con la Administración de servicios sociales. Se regula en este capítulo el procedimiento y el régimen de renovación, revocación y extinción de las acreditaciones administrativas.
El Capítulo V “Disposiciones comunes” está dedicado a los preceptos de carácter común al régimen de comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones administrativas: presentación y tramitación, órganos competentes en la materia, deber de información a la Administración de servicios sociales, así como, el carácter del silencio administrativo en los procedimientos de autorización y acreditación administrativas.
El Capítulo VI “Registro de entidades, centros y servicios sociales” de carácter público y único para la Comunidad Autónoma de Andalucía, se configura como un instrumento de conocimiento, planificación, ordenación y publicidad de las entidades y servicios sociales existentes en la misma. Además del contenido, estructura y organización del Registro, se regula en este capítulo el procedimiento de las inscripciones registrales.
Así, se contempla la validez de las autorizaciones y acreditaciones, de carácter definitivo, otorgadas con anterioridad al nuevo Reglamento, de acuerdo con la normativa anterior. Se plantea un régimen especial de autorización administrativa para abordar las situaciones de centros que se encuentran en funcionamiento, sin la autorización administrativa definitiva, y que por razones de interés social se justifique su mantenimiento, de forma que se sometan a un procedimiento en el que la valoración de una comisión técnica y la propuesta consiguiente debidamente fundamentada posibilite, en su caso, la viabilidad de su funcionamiento sin detrimento de la seguridad y la salud de las personas usuarias. Asimismo, se recoge la validez de la acreditación administrativa a que se dedica el Capítulo IV a los efectos de la acreditación requerida por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre . Con la finalidad de regularizar servicios y los centros inscritos en el Registro al amparo de la disposición adicional primera del Decreto 87/1996, de 20 de febrero o de la disposición transitoria primera del Decreto 102/2000, de 15 de marzo, de modificación del Decreto 87/1996, de 20 de febrero, por el que se regula la autorización. Registro y acreditación de los Servicios Sociales de Andalucía, se establecen una serie de acciones que faciliten a las entidades titulares su regularización. En la disposición adicional séptima se especifican las actuaciones encaminadas a la adecuación del Registro a la nueva situación. Y finalmente, en la disposición adicional octava de establece, por su especificidades, el régimen de los Centros de Protección de Menores.
A través de la disposición final primera se modifica el Decreto 209/2015, de 14 de julio , por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para adecuar las competencias de los órganos directivos. En las disposiciones finales segunda y tercera se recogen la habilitación normativa, fijando el plazo máximo para la elaboración de las guías de funcionamiento y de recursos humanos y de las guías sobre condiciones y criterios comunes de acreditación administrativa; y la entrada en vigor, respectivamente.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Igualdad y Políticas Sociales, de conformidad con lo previsto en la disposición final primera de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre , de Servicios Sociales de Andalucía, y en los artículos 21.3, 27.9 y 44.1 de Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el Consejo Consultivo de Andalucía y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 2 de octubre de 2018.
2. La Comisión Técnica de Valoración actuará como órgano colegiado y se regirá por lo dispuesto en la subsección 1.ª de la sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre , de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre , de la Administración de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional cuarta. Acreditación a los efectos de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
1. La acreditación administrativa en base a lo establecido en el Reglamento, supondrá para los servicios, centros y, en su caso, entidades, a los que se haya otorgado, la acreditación a que se refieren los artículos 14 , 16.3 y 23 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
Hasta tanto no entren en vigor las previsiones relativas al registro electrónico establecidas en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la presentación de los escritos de solicitud de autorización y acreditación administrativas, inscripciones registrales, así como las comunicaciones, acompañados de la documentación que en cada caso corresponda, tendrá lugar en los registros y lugares previstos en el artículo 38.4.º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 82 y 83 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
1. Se deroga el contenido de las letras d) y e) del subapartado 1.1, del artículo 9.1, de los Estatutos de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, aprobados mediante el Decreto 101/2011, de 19 de abril .
Disposición final primera. Modificación del Decreto 209/2015, de 14 de julio , por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
El Decreto 209/2015, de 14 de julio , por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, queda modificado como sigue:
“g) Las funciones en materia de comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones administrativas, según corresponda, de los servicios y centros que afecten al ámbito competencial de la Secretaria General y no estén expresamente atribuidos a otro órgano directivo”.
“j) Las comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones administrativas, según corresponda, de los servicios y centros que afecten al ámbito competencial de este órgano directivo”.
“e) Las funciones en materia de comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones administrativas, según corresponda, de los servicios y centros que afecten al ámbito competencial de este órgano directivo”.
“f) Las funciones en materia de comunicaciones, autorizaciones y acreditaciones administrativas, según corresponda, de los servicios y centros que afecten al ámbito competencia de este órgano directivo”.
Los centros de servicios sociales comunitarios únicamente lo aportarán si les resulta exigible conforme al Real Decreto 393/2007, de 23 marzo , por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
2. Los servicios y centros que atiendan a personas perceptoras de prestaciones económicas vinculadas al servicio derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre , de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, deberán contar con la debida acreditación administrativa.
1. Se hallan sujetos al régimen de acreditación administrativa los servicios, centros y, en su caso, entidades de naturaleza pública o privada, que pretendan concertar plazas o servicios con la Administración de servicios sociales o sus entidades instrumentales, o en el Sistema de Concierto Social, establecido en el Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre .