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Timestamp: 2019-09-17 05:04:03
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Matched Legal Cases: ['artículo 241', 'artículo 368', 'artículo 305', 'artículo 305', 'artículo 368', 'artículo 305', 'artículo 187', 'artículo 177', 'e contrario', 'artículo 307', 'artículo 16', 'artículo 307', 'artículo 22']

﻿ Sentencia 6975 de octubre 5 de 2004
SENTENCIA 6975 DE 05 DE OCTUBRE DE 2004
CONTENIDO:PERJUICIOS MATERIALES POR LA MUERTE DE UNA PERSONA. LA EQUIDAD COMO CRITERIO PARA LIQUIDAR EN CONCRETO EL LUCRO CESANTE.
REVISTA JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA N°:396 DE DICIEMBRE DE 2004, PG.1881
Sentencia 6975 de octubre 5 de 2004
PERJUICIOS MATERIALES POR LA MUERTE DE UNA PERSONA
LA EQUIDAD COMO CRITERIO PARA LIQUIDAR EN CONCRETO EL LUCRO CESANTE
Ref. Expediente 6975
Bogotá, D.C., cinco de octubre de dos mil cuatro.
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por ambas partes contra la sentencia que el 31 de octubre de 1997 profirió el Tribunal Superior de Cúcuta, Sala Civil - Familia, en el proceso ordinario de Andrea Tamia Díaz Rankin y Gene Rankin Díaz, esta última actuando, también, en representación de su hijo José Sebastián Díaz Rankin, entonces menor de edad, frente a Aerolíneas Nacionales de Colombia S.A., “Avianca”.
1. Mediante escrito radicado el 6 de octubre de 1992, reclamaron los libelistas que se declarara civilmente responsable a su contraparte y se le condenara a pagar los perjuicios a ellos causados con ocasión de la muerte del señor Pedro León Díaz Sánchez, ocurrida el día 17 de marzo de 1988, a bordo de la aeronave B727-100, HK1716, en el accidente aéreo que tuvo lugar cuando se cumplía el vuelo 410 en la ruta Bucaramanga - Cúcuta - Cartagena - Barranquilla. Pidieron, igualmente, que la condena en perjuicios materiales incluyera el lucro cesante, debidamente indexado, así como los intereses a que hubiera lugar, y que los morales se fijaran en el equivalente a 1.000 gramos oro para cada uno de los demandantes, calculados a la cotización vigente para la fecha de ejecutoria de la sentencia.
Como soporte fáctico de las anteriores pretensiones, se adujo, en síntesis, lo que sigue:
En el referido accidente aéreo, que según la Aeronáutica Civil, fue causado por fallas atribuibles a la tripulación, se estrelló la mencionada aeronave, que pertenecía a Avianca, que la explotaba comercialmente. En esa oportunidad fallecieron todos los pasajeros, entre ellos el señor Díaz Sánchez (nacido el 23 de agosto de 1934), casado con Gene Rankin Díaz (nacida el 20 de julio de 1946), de cuya unión nacieron José Sebastián y Andrea Tamia Díaz Rankin (el 21 de abril de 1975 y el 2 de diciembre de 1972, respectivamente).
Lo cierto es que aquel sufragaba los gastos de sostenimiento de la familia Díaz Rankin, radicada en Cúcuta desde el año de 1985, pues era economista egresado de la Universidad de Los Andes, autor de varias publicaciones, con vasta experiencia laboral y académica, amén que desempeñó su último cargo público del 1º de marzo de 1986 al 15 de enero de 1987, como director administrativo y financiero de las Empresas Públicas Municipales de Cúcuta, devengando $ 108.556 mensuales, más cesantías y demás prestaciones legales, así como la suma de 1.600 dólares americanos que mensualmente recibía de la nombrada empresa, según convenio suscrito entre esta y el Banco Mundial. Culminada la misma, el señor Díaz Sánchez se dedicó a realizar trabajos de consultoría de diversa índole, especialmente en lo relativo al sector de agua potable, saneamiento básico y ambiental, según repetidamente lo demandaban múltiples entidades públicas, ello atendiendo sus sobresalientes calidades profesionales, a la vez que al momento de finar, se desempeñaba como consultor particular de varias empresas, entre otras, “Hidroambiente” y “Correurbanor”.
Con Hidroambiente, el occiso realizaba labores de asesoría económica para el “estudio socioeconómico Termo - Tibú”, gestión que adelantó por mes y medio, recibiendo honorarios a razón de $ 260.000 mensuales, e igualmente participaba con esta sociedad en un concurso de méritos para obtener el contrato de “declaratoria de efecto ambiental para la línea de transmisión de 230 KV Bucaramanga - Ocaña”, en el cual “se estimaba como honorarios para Pedro León”, la suma mensual de $ 367.500.
Además, en un contrato que “Correurbanur” estaba perfeccionando con el departamento de Norte de Santander, el señor Díaz Sánchez participó como “codirector” y por honorarios, durante los tres meses de ejecución del mismo, habría recibido a razón de $ 457.000, por mes.
Por las prenotadas razones, podía estimarse que los ingresos mensuales del señor Díaz Sánchez, para el tiempo de su fallecimiento, alcanzaban la suma de $ 750.000.
Con ocasión del trágico acontecimiento, los demandantes se vieron sometidos a graves padecimientos de índole emocional y económico, teniendo que acudir a la solidaridad de sus parientes para atender sus gastos normales, incluyendo los de tipo escolar; la señora Rankin Díaz hubo de desempeñar labores menores y como los dineros así obtenidos eran insuficientes para sostener a su familia, se trasladó con ella a los Estados Unidos, donde sigue recibiendo la ayuda de parientes que allí residen.
2. Al contestar la demanda Avianca, manifestó que no le constaba la mayor parte de los hechos en los que se fincaron las pretensiones y propuso las excepciones de “carencia de causa” y “hecho de un tercero”, alegando que la demandada cumplió la totalidad de los reglamentos aeronáuticos; que dispensaba adecuadamente el mantenimiento de la nave y que, según la Aeronáutica Civil, un tercero no identificado interfirió en la operación normal del vuelo colapsado, distrayendo a la tripulación en el eficiente desempeño de sus funciones.
3. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta dictó sentencia, el 29 de octubre de 1996, en la que dispuso lo siguiente: primero, rechazar las excepciones de merito; segundo, declarar a la demandada responsable de los perjuicios causados a los demandantes por razón del citado accidente; tercero, condenarla a pagar, a título de indemnización por concepto de perjuicios morales, la cantidad de $ 4’000.000 para cada demandante, y por perjuicios materiales “debidos y futuros”, a favor de Gene Rankin Díaz, $ 142’180.665.50; para Andrea Tamia Díaz Rankin, $ 28’055.716.61, y a favor de José Sebastián Díaz Rankin, $ 53’733.830.29. Dispuso, además, que los “anteriores rubros devengarán un interés comercial desde la ejecutoria de la presente providencia” (fl. 332).
4. La demandada apeló la referida decisión, recurso al que adhirió su contraparte, pero solo en lo desfavorable, esto es, en cuanto el juzgador a quo se abstuvo de tasar los perjuicios morales en gramos oro a pesar de tratarse de un caso expresamente regulado en el Código de Comercio (arts. 1880 y 1881); en cuanto dejó de actualizar el lucro cesante mensual reconocido en la sentencia, no obstante tratarse de ingresos de la víctima correspondientes al año de 1988, y porque dedujo que de los ingresos que podría obtener el señor Díaz Sánchez destinaba el 25% para sufragar sus gastos personales, sin tener en cuenta que él se encontraba a cargo de dos hijos adolescentes y una esposa que no trabajaba.
5. El juzgador ad quem profirió sentencia el 31 de octubre de 1997, confirmando parcialmente la de primera instancia. Amplió a $ 13’008.920, a favor de cada demandante, el monto de los perjuicios morales a ellos reconocidos, pero revocó la condena impuesta en punto tocante con los perjuicios materiales.
Sostuvo el citado sentenciador, en cuanto pueda ofrecer incidencia en la presente decisión y luego de situar el litigio en el campo de la responsabilidad civil extracontractual derivada del ejercicio de una actividad peligrosa, que los demandantes acreditaron el parentesco y el vínculo matrimonial que ellos esgrimieron con relación al señor Díaz Sánchez, así como el fallecimiento de este último cuando se movilizaba como pasajero en la aeronave HK 1716 operada por Avianca, la que se accidentó, habiendo perecido todos sus ocupantes, en la forma registrada en la demanda.
Así, luego de corroborar que fueron demostrados los elementos estructurales de la responsabilidad por culpa aquiliana, entró el tribunal a pronunciarse respecto de los perjuicios materiales y morales alegados por la parte actora.
En lo atinente a los primeros, se preguntó qué dejaron de percibir los demandantes desde el deceso del causante y qué hubieran podido recibir durante la vida probable del mismo (fl. 40), al cabo de lo cual advirtió que la respuesta a esos interrogantes se deducía de los artículos 411, 413 y 422 del Código Civil, por lo que relacionó esos perjuicios materiales con los alimentos congruos que el occiso estaba obligado a suministrar a su cónyuge, hasta el fallecimiento de esta, y a sus hijos, hasta que cumplieran los 24 años, edad calculada para la terminación de sus estudios superiores. Con todo, advirtió que esa “deducción sería incompleta si no estuviera demostrado que efectivamente contaban (los demandantes) con el auxilio en cuestión al tiempo en que se produjo el accidente mortal” (fl. 41).
Apoyado en abundante prueba testimonial, la ofrecida por los señores Gustavo Alfonso Paredes Rojas, María del Rocío Canal Jordán, Rosa María Somavilla de Mogollón, Julio Mario Silva Contreras, Alejandro Canal Lindarte, Eduardo Asaff Elcure, María Mercedes Castro de Gutiérrez, Eduardo Iván Ramírez Jaimes, Carlos Arturo Gómez Rivera, Pedro Eduardo Díaz Castro, Julia Sofía Castro de Díaz y Jaime Enrique Barajas León, el tribunal dio por cierto que las necesidades económicas de la familia eran solventadas, exclusivamente, con el producto del trabajo del difunto (fl. 42), y que con la desaparición de este, los demandantes sufrieron el perjuicio de no tener a su disposición los alimentos congruos que él les suministraba, pero lo que se echaba de menos, era la demostración de su cuantía (fls. 46 y 47).
Añadió que como se probó que Díaz Sánchez atendía cumplidamente sus obligaciones alimentarias, la parte actora “fácilmente hubiera podido recurrirse a acreditar con la prueba testimonial, por ejemplo, lo que una familia como la de autos gasta en su sostenimiento por los conceptos de alimentación, vestuario, habitación, educación, etc”., para que, “con la ayuda de la prueba pericial se hubiera determinado la cuantía de todos estos rubros que vendrían también a ser el monto de los perjuicios materiales reclamados” (fl. 47).
Después de citar varios apartes de muchos de los testimonios antes relacionados, precisó el juzgador que esas declaraciones, en conjunto, no acreditan la contribución económica que el causante aportaba al sostenimiento de su familia, si bien algunos de estos testigos sí mencionaron el monto de lo que podía ganar el difunto, “pero más presumiéndolo que constatándolo” (fl. 49).
Estimó, además, que no era atendible el segundo dictamen pericial, en cuanto concluyó que el occiso devengaba, en promedio, $259.800 mensuales, pues no medió ningún “contrato laboral que permitiera colegir una posible estabilidad, tanto en el trabajo como en el sueldo ... y menos como para tomar pie en él y hacer una deducción extendiéndola a todos los años de vida probable que le quedaban al contratista” (fl. 50).
Observó, también, que Hidroambiente dictó una resolución 11 días después de la muerte del causante, adjudicando un contrato de concurso de méritos, cuya ejecución se realizó entre septiembre 12 de 1988 y febrero 23 de 1990 y que “según la certificación respectiva, se estipuló un valor de $ 735.900, por dos meses, de lo cual los expertos deducen que le hubiera correspondido al señor Díaz Sánchez la suma de $ 367.950”, cantidad que adicionada a la que obtenía como asesor económico de Hidroambiente ($ 259.800, mes), arrojaba un promedio mensual de $ 627.750.
Con esas dos únicas bases, acotó, los expertos hicieron sus cálculos teniendo en cuenta la vida probable del occiso y la de los demandantes, fijando, como indemnización consolidada, a la viuda $ 47’135.067, y tanto a José Sebastián, como a Andrea Tamia Díaz Sánchez, la suma de $ 23’567.533, y por concepto de indemnización futura, a la primera, la cantidad de $ 86’347.340, a José Sebastián, $ 20’269.331, y a su hermana $ 11’726.402.
En palabras del tribunal, “lo devengado por el señor Díaz Sánchez unos meses antes de su muerte en el corto tiempo de 45 días y lo que pudo devengar en un contrato que se consolidó después de su muerte para laborar en escasos dos meses, nunca pueden constituir bases sólidas y firmes para hacer los cálculos que los peritos han hecho” (fl. 51).
Concluyó que la comentada experticia carecía de la firmeza y precisión que debía tener, acorde con el artículo 241 del Código de Procedimiento Civil; que las respectivas deducciones no corresponden a la realidad; que “dichos datos no pueden ser meras especulaciones; que si bien el tribunal no desconocía que, como dieran cuenta varios testigos, el causante era un técnico de las más altas calidades, que había hecho trabajos de asesorías a organismos internacionales de fama mundial, tampoco podía ignorarse que así como en nuestro medio “son muchos los cerebros que se fugan en busca de mercados internacionales”, también “en más de una ocasión, profesionales con títulos académicos deben dedicarse a oficios menores, distintos de su profesión” (fl. 53).
Aseveró el juzgador que en la primera experticia no se precisó de dónde se coligió que el señor Díaz Sánchez ganaba $ 600.000 mensuales y que, al igual que el segundo dictamen, carecía de fundamentos sólidos, por lo que resultaba inoficioso pronunciarse sobre la objeción que por error grave planteó la parte demandada contra ese dictamen inicial.
De otra parte, encontró que no había que abundar mucho para decretar la indemnización por perjuicios morales, ya que se trataba de una familia bien constituida, que gozaba del entendimiento de sus miembros y de la contribución económica del causante para llevar una vida armónica en la cual el respeto y la autoridad de este último eran evidentes. Así, con apoyo jurisprudencial y “guardando ecuación directa con lo pedido en la demanda”, amplió la condena, por el anunciado concepto, en la forma ya anotada.
La Corte primero despachará la demanda de casación impetrada por la demandada, toda vez que en su única acusación denunció errores de procedimiento, y luego se ocupará del segundo de los cuatro cargos que formularon los demandantes, encaminado por la primera de las causales que prevé el artículo 368 del Código de Procedimiento Civil, por estar llamado a prosperar.
Demanda impetrada por Avianca
Con soporte en la causal segunda de casación, la demandada calificó de incongruente el fallo de segunda instancia y para demostrar su acusación, además de invocar el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, recordó que en la demanda se reclamó la indemnización por daños morales, en el “equivalente a 1.000 gramos de oro fino”, para cada demandante y que por ese concepto el tribunal reconoció $ 13’008.920 a favor de los distintos integrantes del extremo activo del litigio.
Añadió que del simple cotejo de lo pedido por los promotores de este proceso con lo decidido por el juzgador ad quem, se deducía que este incurrió en un fallo ultrapetita, en la medida en que a la fecha en que ella fue proferida (31 de octubre de 1997), mil gramos oro tenían un valor, según certificación expedida por el Banco de la República (aportada con la demanda de casación), de $ 12’785.850, cifra inferior a la dispuesta en el fallo impugnado.
Precisó que la diferencia así obtenida, “no solo eleva la condena”, sino que adicionalmente esta “quedaría establecida en una suma muy superior a la que usualmente ha señalado la jurisprudencia como perjuicios morales en este tipo de casos”; que el arbitrio judicial para tasar los perjuicios morales estaba sujeto a lo pedido por el demandante y que, al no obrar en conformidad, el juzgador ad quem propició “un enriquecimiento injustificado del demandante y una transgresión de los más elementales principios de justicia” (fl. 83).
1. De tiempo atrás se tiene aceptado que la consonancia de la sentencia fluye cuando lo decidido por ella es reflejo cabal del litigio sometido a composición judicial, lo cual traduce, por tanto, que para ser consonante el fallo debe pronunciarse en torno de las peticiones de la demanda, de la reconvención si la hubo, de las excepciones propuestas y también respecto de aquellas que la ley autoriza a estimar de oficio. La decisión tiene entonces que abstenerse de comprender pretensiones o excepciones no esgrimidas por las partes y mantenerse dentro del límite de lo pedido por ellas, a fin de evitar el vicio que deriva de un exceso en el ejercicio del poder que le asiste al fallador o del defectuoso despliegue del mismo.
Es claro, por tanto, que son los hitos fijados por las partes los que marcan el lindero de la controversia y confinan a su ámbito la actuación del juzgador. A este le resulta vedado abandonar el límite trazado por ellas y abordar cuanto no esté comprendido en ese restricto escenario, porque se lo impide la frontera establecida por los interesados para que allí se desenvuelva la relación jurídico procesal. Esa prohibición está consagrada en el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, texto legal que establece para la sentencia el deber ser congruente con los hechos y las pretensiones aducidas en la demanda y en las demás oportunidades que el código contempla, y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
Así, la inconsonancia del fallo se estructura cuando este otorga más de lo pedido o si decide pretensiones o excepciones no propuestas ni debatidas, casos en los cuales resultará evidente que el poder de la jurisdicción se ejerció con exceso; adicionalmente, ese ejercicio será igualmente defectuoso, por insuficiente, si aquél no resuelve todos los extremos del litigio y deja sin solución, total o parcial, cualquiera de los aspectos sometidos a juicio o que requerían decisión oficiosa. En todas estas hipótesis se predica un yerro in procedendo que puede ser remediado por la vía establecida para tal efecto en el artículo 368, numeral 2º, del Código de Procedimiento Civil, el cual determina como causal de casación la falta de consonancia de la sentencia con los hechos que informan la demanda, o con sus pretensiones, o con las excepciones que haya opuesto el demandado o que el juez deba reconocer de oficio.
Y desde luego, por razones tan obvias que sobra enunciarlas, la falta de congruencia tiene que ser estudiada para el momento de la decisión y mediante el contraste de lo resuelto con la demanda, si a este extremo se reduce la acusación. De modo que si se encuentra que los hechos y pretensiones allí definidos fueron despachados por el juzgador, en sentido que no encaja con ellos, tiene que verse que incurrió en un clásico error de conducta por desacato a la manera de obrar que le impone el artículo 305 del Código de Procedimiento Civil, y con la finalidad de remover el desacierto deberá casarse la sentencia acusada.
2. Si la parte demandante le fijó un límite máximo al monto reclamado a título de perjuicios morales, pues solicitó, para resarcirlos, el “equivalente en pesos a mil (1.000) gramos de oro fino, para cada uno de los demandantes” (cuad. 1 fl. 68), y si, según lo certifica el Banco de la República, para el 31 de octubre de 1997, fecha de la sentencia, el valor de un (1) gramo de oro fino era de $ 12.785.85, tiene que concluirse que la suma de $ 13.008.920, reconocida a cada uno de los demandantes por ese concepto, resulta excesiva frente a lo pedido, como fluye de la conjugación de tales factores y de la comparación de las cifras. Es que, de manera sencilla, si mil gramos de oro fino valían $ 12.785.850 en la fecha del fallo y este determinó la suma de $ 13.008.920 como valor equivalente de esa cantidad de oro, tiene que comprenderse que en este preciso aspecto lo concedido resulta ultra petita.
3. No debe perderse de mira cuál es el colofón de un cargo que, como el de acá, prospera porque el vicio de incongruencia consistió en conceder algo más de la suma que por el propio actor habíase fijado. Es apenas natural que allí no quepa más que cercenar el exceso, y dejar la condena tal como ha debido pronunciarla el tribunal allá. Cualquier adición está de sobra, porque entonces será la Corte la que ahora cayera en inconsonancia. Ni siquiera vale traer la consideración procesal de que el actor vinculó el límite a “la fecha de la ejecución de la sentencia”, pues ha de entenderse, por los caracteres propios de la casación, que ello no puede estar referido sino a la sentencias de instancia. Las sentencias que se acusan de incongruentes son las de las instancias y es lógico pensar entonces que el cotejo que impone la inconsonancia ha de tener presente las circunstancias existentes al tiempo de su proferimiento, y por antonomasia le son ajenas las que deparen los días venideros. El recurrente propone la casación con arreglo al vicio procesal cometido allá, y mal haría en abocársele a que la suerte del mismo dependa de lo que ha de producirse en un futuro próximo o lejano. Lo contrario fuerza a la conclusión paradojal de que en casos como el presente está el tribunal habilitado para dictar fallos incongruentes, con la seguridad de que impune quedará, pues si no se recurre en casación, el vicio se consolida; y, en impugnándose, el recurso no tendrá éxito porque entre tanto el tiempo enmienda el error. Lo que en buenas cuentas traduciría que para el demandante es mucho mejor que el tribunal se equivoque y le conceda de más, que no habrá cómo corregirse el asunto.
Es la interpretación que dicta la lógica y que de cualquier modo está por encima de la meramente procesal.
Así que al prosperar el cargo, simplemente se reducirá la condena al límite calculado para el tiempo de la sentencia del tribunal, pues fue allí donde hubo la inconsonancia.
4. El cargo se abre paso.
Demanda impetrada por la parte actora
Con estribo en la causal primera de casación, se acusó la sentencia de ser violatoria, en forma indirecta, de los artículos 1613, 1614, 2341, 2343, 2356 del Código Civil, y 1003, 1006 y 1880 del Código de Comercio.
1. Tras ofrecer un cotejo entre lo concluido por el tribunal en torno a los testimonios rendidos por Alejandro Canal Lindarte, Eduardo Assaf Elcure, Iván Ramírez Jaimes, María del Rocío Canal, Rosa María de Mogollón, Julio Mario Silva Contreras, Pedro Eduardo Díaz, María Mercedes Castro de Gutiérrez, Julia Sofía Castro, Jaime Enrique Barajas León y Carlos Arturo Gómez Rivera, y el texto de los apartes que de esas declaraciones tuvo a bien destacar, consideró el casacionista que el sentenciador incurrió en manifiesto error de hecho al apreciarlos, puesto que de haberlos examinado en su objetividad, habría concluido que ellos daban cuenta —por la propia y directa percepción de los testigos— de que el señor Díaz Sánchez era quien cubría la totalidad de los gastos de su familia, en condiciones óptimas, pues sus ingresos como profesional altamente calificado así se lo permitían, y que las expectativas económicas del desaparecido eran muy prometedoras, consecuentes con su amplio historial laboral, profesional y académico. Agregó que algunos de estos testigos calcularon los ingresos pecuniarios que el aludido percibía para la época de su defunción, no con base en meras especulaciones, sino dado el trato personal y frecuente que sostenían con él.
2. También la parte inconforme atribuyó al tribunal la comisión de un error de derecho en la valoración de “los apartes de las pruebas testimoniales a los cuales se refirió en la sentencia” (fl. 49), por inaplicación del artículo 187 del Código de Procedimiento Civil, pues el análisis “conjunto” que hizo de ellas, fue contradictorio, ya que a la par sostuvo que los testimonios no dieron fe de la contribución económica que el causante aportaba para el sostenimiento de su familia”, pero que, “demostrado el cumplimiento de la obligación alimentaria, fácilmente hubiera podido recurrirse a acreditar con la prueba testimonial, por ejemplo, lo que una familia como la de autos gasta en su sostenimiento”.
Acotó que para “determinar un ingreso mensual, el dato fundamental no es cuánto puede gastar una familia en dichas condiciones, sino cuánto puede ganar quien está encargado de sostenerla” (fl. 50).
3. Acorde con la censura, el tribunal incurrió en error de hecho porque no apreció los anexos de la hoja de vida del occiso, de los que se deduce que este trabajó en la misión de la Unesco, en Guatemala y en el Departamento Nacional de Planeación, como jefe de la división de inversiones privadas de la unidad de estudios industriales y agrarios; que fue profesor del curso sobre política y planificación científica y tecnológica, celebrado en San José de Costa Rica, bajo el auspicio de la OEA, entidad que lo contrató para ejercer el cargo de especialista del departamento de asuntos científicos, división de planificación y estudios en Washington, D.C.; que desempeñó por encargo la gerencia de las Empresas Municipales de Cúcuta y que estuvo vinculado a la misma empresa, hasta el 15 de enero de 1987, por solicitud del Banco Mundial, quien le cancelaba un sobresueldo en dólares y exigía a la entidad contratante, para el aludido, un “nivel de salario apropiado” (fl. 51).
Se deduce de la certificación expedida por las Empresas Municipales de Cúcuta, agregó, que el aludido, para la fecha de su retiro de dicha entidad (15 de enero de 1987) un año antes de su muerte, devengaba, por “sueldo”, $ 65,753, por gastos de representación, $ 42,803, más el equivalente a US$ 1.600, o sea, $ 374,848, para un total de $ 483,404.
Si dichas pruebas hubiesen sido apreciadas, prosiguió, el tribunal no habría concluido que, seguramente, el occiso sería uno de aquellos profesionales con títulos académicos que deben dedicarse a oficios menores para obtener su subsistencia y hubiera visto que por el contrario, dada su destacada hoja de vida, en el año de 1987 el mencionado decidió dejar un empleo muy bien remunerado “para convertirse en consultor con mejores expectativas financieras” (fl. 52).
Añadió que el tribunal “apreció indebidamente” los documentos que “acreditan las labores que realizaba la víctima al momento de su deceso”, entre ellos el escrito con el que Correurbanor certifica que “dicha entidad estaba desarrollando un contrato con el departamento por $ 5''484.000, con una duración de tres meses en el cual Pedro León Díaz Sánchez se desempeñaba como codirector del proyecto”, y que la susodicha certificación fue sustentada con “copia simple del citado contrato” y con los documentos allegados en el curso de la inspección judicial practicada en la sede de Correurbanor, incluyendo una comunicación del director ejecutivo de la mencionada corporación al gobernador del departamento, informando sobre la necesidad de reemplazar a su “economista asesor”, el señor Díaz Sánchez, en razón de su deceso.
4. De otro lado, afirmó el recurrente que el juzgador ad quem incurrió en error de hecho con relación al segundo dictamen pericial rendido en el proceso, aclarado en los escritos visibles a los folios 258, 268 y 281 del cuaderno principal, puesto que “no valoró en forma completa” su contenido, esto es, sus conclusiones, sus fundamentaciones y las pruebas en que ellas se sustentaron (fl. 53).
Al apreciar parcialmente el dictamen, agregó, el juzgador llegó a la equivocada conclusión de que la suma indicada en el mismo como ingresos mensuales del desaparecido ($ 627.750), carecía de sustento. Observó la censura que de haberse examinado “los fundamentos que lo sustentan y las demás pruebas obrantes en el expediente”, se habría colegido que el dictamen “demostraba razonablemente” que la cuantía de los ingresos mensuales de la víctima era la ya señalada (fl. 53).
Para sustentar tales argumentaciones, adicionó la censura, luego de traer a colación lo dicho por los peritos para calcular en $ 627.750 el “promedio mensual” de los ingresos que para la época de su muerte podía obtener el señor Díaz Sánchez, con base en los ingresos laborales que habría percibido en las Empresas Municipales de Cúcuta, hasta el 15 de enero de 1987, al igual que sus honorarios como asesor económico de Hidroambiente, por los contratos de estudio socioeconómico Termo - Tibú” y de “concurso de méritos”, que la aseveración de los expertos conforme a la cual, la suma indicada corresponde a la que “pudiera haber percibido en condiciones normales una persona de las calidades académicas y la experiencia laboral de la víctima”, por lo que dicha cantidad “nos parece un ingreso equitativo para un ejecutivo calificado en el año 1987”, estaba “fundamentada”, de una parte, en los certificados de ingresos laborales de la víctima y de otra, en sus calidades profesionales y académicas (fl. 55). Además, con el mismo propósito, el casacionista reiteró, a grandes rasgos, lo que en el presente resumen de la acusación a despachar ya consignó la Corte en el numeral precedente, concerniente a las pruebas de índole documental que, según el casacionista, habrían sido indebidamente apreciadas por el juzgador ad quem.
Igualmente, el recurrente censuró al tribunal porque al pronunciarse sobre la misma experticia, sostuvo que la vinculación del occiso con Hidroambiente “debía ser desechada como base para liquidar ingresos mensuales, porque ella no implicaba relación laboral que asegurara estabilidad en los ingresos allí señalados”, pues el juzgador ignoró la abundante prueba testimonial que acreditaba “las excelentes expectativas de trabajo de la víctima”. Para demostrar tal aserto, la inconforme ofreció extractos de las declaraciones rendidas por los señores Eduardo Iván Ramírez Jaimes, Alejandro Canal Lindarte, Julio Mario Silva Contreras y Eduardo Assaf Elcure (fl. 59).
Así las cosas, prosiguió, examinado el dictamen y sus fundamentos, en concurso con las pruebas atrás comentadas, había de concluirse, sin lugar a dudas, que el monto de los ingresos calculado por los expertos, que fue el acogido por el juez a quo, era el que razonablemente recibía el señor Díaz Sánchez para la época que antecedió a su muerte, y que “era previsible que esos ingresos se mantuvieran y aumentaran en el futuro” (fl. 59).
Tan evidente es el destacado error de hecho, remató el impugnante, que el apoderado de la parte demandada, partiendo de las certificaciones que sobre los ingresos del difunto expidieron Hidroambiente y Correurbanor, “propuso que la condena se hiciera con base en unos ingresos mensuales de $ 207.975”, resultado de dividir entre 12 (el número de meses del año), los honorarios que según tales escritos, le fueron reconocidos a la víctima, por los pocos meses de vigencia y ejecución de los contratos respecto de los cuales prestó sus servicios de asesoría, acorde con las constancias acompañadas a la demanda inicial (c. 1, fls. 45 y 46).
Resulta ostensible que en virtud de su propio mérito, la crítica que el casacionista efectuó sobre la forma como el tribunal apreció la documentación acompañada a la demanda, referente a las actividades académicas, laborales y profesionales que habría desempeñado el señor Díaz Sánchez a partir de que en el año de 1964 obtuviera su grado de economista (numeral 3º del mismo resumen), aunque no con el alcance pretendido por él, impone el quebrantamiento del fallo impugnado, por ser lo cierto que el juzgador de segunda instancia incurrió en manifiesto y trascendental error de hecho cuando concluyó que carecía por entero de sustento lo deducido por los peritos, en el sentido de que, como el mencionado señor usualmente venía ejerciendo actividades lucrativas concernientes a su profesión, era del caso inferir que de ordinario obtenía la correspondiente remuneración (parte de la cual la destinara al sostenimiento de los demandantes), la que bien podía ser promediada, razonablemente, en una suma mensual. En efecto, examinado el contenido material de los demás elementos de juicio invocados por el censor, especialmente, los de linaje documental, se colige indefectiblemente que Estos ofrecían suficiente corroboración al reseñado aserto pericial. Dícese lo anterior, con ocasión de las siguientes apreciaciones:
1. En primer lugar, cumple reiterar que “lo que confiere el derecho para reclamar el pago de perjuicios materiales de índole extracontractual, derivados de la muerte de una persona es la dependencia económica del reclamante con respecto al extinto, siempre y cuando, claro está, exista certeza de que, dadas las circunstancias, la ayuda o socorro habría continuado de no haber ocurrido su fallecimiento” (sent. dic. 7/2000, exp. 5651).
Destácase, además, que la jurisprudencia de esta corporación
“se orienta sin duda en un prudente sentido restrictivo cuando en sede litigiosa, se trata de admitir la existencia material del “lucro cesante” y de efectuar su valuación pecuniaria, haciendo particular énfasis en que procede la reparación de esta clase de daños en la medida en que obre en los autos, a disposición del proceso, prueba concluyente en orden a acreditar la verdadera entidad de los mismos y su extensión cuantitativa, lo que significa rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener, apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido. En otras palabras, toca al demandante darse a la tarea, exigente por antonomasia, de procurar establecer, por su propia iniciativa y con la mayor aproximación que sea factible según las circunstancias del caso, tanto los elementos de hecho que producen el menoscabo patrimonial del cual se queja como su magnitud, siendo entendido que las deficiencias probatorias en estos aspectos de ordinario terminarán gravitando en contra de aquél con arreglo al artículo 177 del Código de Procedimiento Civil” (sent. de mar. 4/98, exp. 4921).
Seguidamente se impone resaltar que en aquellos casos en que ese lucro cesante está íntimamente vinculado con los dineros que el occiso recibía como contraprestación por sus actividades personales lucrativas y lícitas, cuandoquiera que medie una relación laboral, la pauta que el juzgador ha de tener en cuenta para cuantificar ese rubro se deduce, por lo general sin mayor dificultad, del monto de los salarios que devengó el trabajador durante la época que precedió a su óbito, los que se promediarán, según suele hacerse, si fueran variables. De la base así obtenida se descontará la proporción en que habría de calcularse lo que destinaba para sus gastos personales y el excedente se dividirá entre los perjudicados, sin perder de vista, en ningún caso, que como el hecho que da lugar al daño no puede legítimamente convertirse en una fuente de ganancia o enriquecimiento para los reclamantes, ha de procurarse, en lo posible, que la indemnización que el cónyuge y los deudos del desaparecido reciban, se acompase con lo que este en vida les proporcionaba, ni más ni menos, tal y como si la muerte no hubiera tenido ocurrencia.
Pero hay oportunidades, también, en que tal laborío de demostración se torna más complejo, en razón, v. gr. de que no obstante existir la cabal convicción de que —si no en forma permanente, sí por lo menos frecuente— el difunto ejercía actividades lícitas lucrativas, de manera independiente, esto es, por fuera de una relación laboral o de una contratación semejante, se carece de la prueba directa que permita establecer sin mayor tropiezo la respectiva remuneración pecuniaria. Desde luego, en estas hipótesis, la ausencia de prueba del monto exacto de los dineros obtenidos por tales actividades no significa que el causante no las hubiera realizado, o que no se causó o percibió la respectiva contraprestación, o que hubiera dejado de destinar parte de dicha remuneración a cubrir los gastos de sostenimiento de su familia, por lo que resultaría abiertamente contrario a la equidad que —por las resaltadas dificultades de tipo probatorio— se negara a los afectados la indemnización a que ciertamente tienen derecho de conformidad con las normas que regulan el tema, contenidas, principalmente, en los artículos 1613, 2341, 2343 y 2356 del Código Civil, pues ello sería tanto como cerrar los ojos ante una realidad incontrastable: que el alimentante de todos modos cumplía cabalmente con sus obligaciones.
Con referencia específica al invocado principio de la equidad, vale la pena recordar, además, con apego a numerosos contenidos doctrinarios, jurisprudenciales y, por supuesto, normativos, que no obstante las consecuencias inherentes al ejercicio de la delicada carga probatoria atrás aludida, hay casos en que sería injusto no concretar el valor de la indemnización so pretexto de que a pesar de estar demostrada la existencia del daño, su cuantificación no ha sido posible, pues ante esta circunstancia, el juez, además de estar impelido a usar las facultades oficiosas que en materia probatoria ponen a su alcance las normas procesales, ha de acceder a criterios de equidad que le impiden soslayar los derechos de las víctimas. De ahí que, atendiendo expreso mandato constitucional (C.P., art. 230) y “en guarda del espíritu de equidad que ha de atemperar siempre la aplicación judicial del derecho”, al juez no le esté permitido pasar por alto que “el daño en cuestión, aunque futuro, ha de ser resarcido en tanto se muestra como la prolongación evidente y directa de un estado de cosas” que, además de existir al momento de producirse la muerte accidental del causante, “es susceptible de evaluación en una medida tal que la indemnización no sea ocasión de injustificada ganancia para quienes van a recibirla y comprenda por lo tanto, sin caer desde luego en el prurito exagerado de exigir exactitud matemática rigurosa en la evidencia disponible para hacer la respectiva estimación, el valor aproximado del perjuicio sufrido ... ni más ni menos”. (sent. de oct. 7/99, exp. 5002).
Y no está por demás recordar que la equidad se erige en uno de los más caros criterios teleológicos que debe caracterizar la gestión judicial, no solo para interpretar la ley cual lo disponen los artículos 32 del Código Civil y 8º de la Ley 153 de 1887, sino para definir tópicos ajenos a la labor hermenéutica propiamente dicha, inclusive de naturaleza probatoria, pues, v.gr., de conformidad con la Ley 446 de 1998, dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia, la valoración de daños irrogados a las personas, “atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales” (art. 16, se resalta).
En adición a lo explicado con antelación, conviene destacar que —con miras a evitar que su fallo sea blanco de censura por iniquidad— el juez cuenta a su haber con una multiplicidad de mecanismos, bastante eficaces por cierto. Cítase así, por vía de ejemplo, el deber de decretar pruebas de oficio, cuando ellas sean indispensables o por lo menos reporten alguna utilidad. En ese orden de ideas, baste con tener presente que en armonía con el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil, la condena al pago de perjuicios, cuando quiera que estos estén plenamente demostrados, “se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados”, pero si el juez considera que no existe prueba suficiente para la condena en concreto, “decretará de oficio, por una vez, las pruebas que estime necesarias para tal fin”.
Habrá ocasiones, claro está, en que dadas las particularidades excepcionales de un caso específico, esa prueba oficiosa no sea indispensable para tasar el lucro cesante, porque el mismo puede ser deducido acudiendo a otros mecanismos igualmente admisibles, y habrá otros eventos en que no resulte de mayor utilidad, porque la información perseguida no sea susceptible de obtener de los medios probatorios cuyo recaudo oficioso pudiera disponer el juzgador, quien en todo caso, se insiste, siempre va a contar con instrumentos idóneos para propender eficazmente por la protección de los derechos sustanciales de los justiciables.
Así, a guisa de ejemplo, la Sala memora que la jurisprudencia de esta corporación, de antaño ha encontrado en la equidad, aún mucho antes de que la ley aludiere expresamente a ella, un criterio valiosísimo en orden a dilucidar lo atinente a la cuantificación del lucro cesante, presente y futuro, solución aplicable, inclusive, para el evento en que esa modalidad de perjuicio material haya derivado de la interrupción de la asistencia alimentaria a los reclamantes, cuandoquiera que —a diferencia de lo que por lo regular acontece de mediar una relación de tipo laboral—, ni la actividad lucrativa, ni su remuneración se pueden encuadrar en parámetros temporales y numéricos que ofrezcan mayor uniformidad.
Ciertamente, en múltiples ocasiones en que establecida la existencia del daño y su naturaleza, no es factible precisar su cuantía (como con alguna frecuencia ocurre tratándose de la indemnización por lucro cesante y daño futuro), la Corte ha acudido a la equidad, lo cual no quiere decir, ni de lejos, que esta corporación se haya permitido cuantificar tal concepto con soporte en simples suposiciones o fantasías. Muy por el contrario, en las oportunidades en que ha obrado en estos términos, la Sala ha sido por demás cautelosa en su labor de verificación de los elementos de juicio requeridos para dar por ciertas las bases específicas de los cálculos por ella deducidos.
En ese orden de ideas, se recuerda que en su fallo de 12 de marzo de 1937, ante la necesidad de definir el lucro cesante causado con ocasión de la muerte de una persona que estaba cesante para la época de su desaparición, pero que, según se acreditó fehacientemente, poco tiempo antes contaba con un empleo, remunerado a razón de $ 80.oo mensuales, la Sala concluyó que no obstante la terminación de la respectiva relación laboral, “es prudente pensar que ella estaba en aptitud o capacidad de devengar un sueldo mensual no menor de $ 70.oo (XLV-I, pág. 361), apreciación que guarda armonía con la contenida en la sentencia de 20 de noviembre de 1943, de conformidad con la cual, “el que tiene una profesión u oficio: abogado, médico, agricultor, mecánico, etc., ejerce una actividad productiva cuyos rendimientos actuales se conocen más o menos exactamente. Muerta la persona o inutilizada total o parcialmente para seguir trabajando y explotando la ocupación en que vivía, la ganancia o utilidad futura de la víctima o del lesionado es susceptible de cálculo y por ende de evaluación, teniendo por base cierta la utilidad actual” (LVII, págs. 238 y ss.).
Por igual, en muchos casos que así lo han ameritado, para sortear la misma dificultad de tipo probatorio en torno al quantum del lucro cesante, se ha acudido a similares patrones, v.gr. al salario mínimo. Fue así como, acudiendo a las pautas someramente reseñadas, es decir, atendiendo la asistencia económica prodigada periódicamente por el occiso; su efectiva capacidad de producción económica; la posición social del núcleo familiar al que pertenece y la vida probable de la víctima indirecta, esta corporación ha sostenido que el monto de la indemnización será impuesto, entre otros factores, atendiendo el valor mensual de la contribución familiar frustrada, que será establecido, “a falta de otra prueba categórica sobre el particular”, sobre la base del salario mínimo por mensualidades (sent. de mar. 10/94, retomada más recientemente el 7 de oct./99, exp. 5002).
Es más, en su fallo de 8 de julio de 1964, cuando encontró que había de disponerse una condena por los frutos que dejó de producir un predio rural por hechos atribuibles a la parte demandada, ante la imposibilidad de acreditar con exactitud su cuantía dadas las particulares dificultades probatorias que allí se verificaron, la Sala tuvo como tal, el monto de la utilidad que reportó una cosecha anterior (CVIII, págs. 292, 296).
Lo anterior sin contar con otros pronunciamientos en que esta misma corporación ha efectuado o corroborado condenas concretas, por lucro cesante, no obstante la pluricitada dificultad de tipo probatorio, acudiendo, en todos estos eventos, al principio de la equidad (LVII, pág 244; XLVI, pág. 676; LVII, pág. 771; LVIII, págs. 841 y 842; LXVIII, pág. 496; XCI, pág. 666; XCVIII, pág. 57; 30 de ene./64).
2. Aplicadas las anteriores premisas de orden general al cargo que se despacha, conviene partir del hecho de que tanto el tribunal como la censura, dieron por ciertas varias circunstancias de indiscutida incidencia en la definición del litigio, principalmente, que abundante prueba testimonial llevaba a establecer que el señor Díaz Sánchez, con el producto de sus ingresos normales profesionales, era quien, en forma exclusiva, solventaba las necesidades económicas de su familia, cumpliendo a cabalidad, hasta su muerte, con la obligación de brindar alimentos congruos a su esposa e hijos; que, por lo mismo, con la trágica desaparición del aludido, “los demandantes sufrieron el perjuicio de no tener a su disposición los alimentos congruos que este les suministraba”, y que el causante era un economista altamente especializado, que durante muchos años había prestado sus servicios profesionales y académicos a varios organismos de carácter internacional. El punto único de discrepancia, con relación a los descritos tópicos, lo constituyó la prueba de la cuantía de ese perjuicio material, pues según el juez ad quem, no se acreditó la suma de dinero que normal y efectivamente destinaba el occiso para la congrua manutención de su familia, ni que los ingresos mensuales deducidos por los peritos con soporte en la certificación expedida por Hidroambiente ofreciera los visos de estabilidad requeridos para calcular el lucro cesante dejado de percibir por los demandantes con ocasión de la muerte del señor Díaz Sánchez, aspecto último del cual disintió el impugnante.
Itérase, entonces, que por igual, tribunal y casacionista convinieron en la veracidad de la certificación que se aportó con la demanda incoativa del proceso, fechada a 13 de septiembre de 1992, suscrita por la gerente de Hidroambiente, sobre la existencia y monto de los honorarios causados por las labores de asesoría que durante los últimos meses de su vida prestó el occiso a la mencionada sociedad (c. 1., fl. 45). Lo que sí disputó la censura al juzgador, fue el alcance dispensado a la referida certificación de cara a la apreciación del dictamen decretado oficiosamente por el juez a quo dentro del trámite de la objeción que impetrara el demandado contra la experticia rendida inicialmente, pues mientras que para el tribunal, por su carácter ajeno a relación laboral y meramente temporal, tales asesorías no podían ser la base del promedio de ingresos del causante durante el tiempo que antecedió a su muerte, para el recurrente sí, en la medida en que otros medios probatorios señalaban a plenitud que el señor Díaz Sánchez normalmente estaba llevando a cabo gestiones de la indicada naturaleza, y que dados sus antecedentes profesionales y académicos, así como su enorme potencial profesional, bien podía esperarse que siguiera desempeñando, de corriente, esas mismas labores de asesoría de las cuales habría derivado hasta entonces su congrua existencia y la de su familia y que, por ende, continuara devengando una remuneración igual o superior a la calculada “razonablemente” por los peritos.
Precisado lo anterior, se observa que, en efecto, como lo resaltó el censor, la cuantificación efectuada por los peritos sobre lo que —para el final de sus días— pudo haber devengado el señor Díaz Sánchez en razón de sus actividades profesionales, prima facie armoniza con lo que informó al respecto la prueba documental procedente de Hidroambiente Ltda. (fl. 45, c. 1), a cuyo tenor aquel “venía participando en algunos proyectos” de esa misma sociedad, como asesor económico, con relación al contrato “estudio socioeconómico Termo - Tibú”, por el que se le canceló la suma de $ 389.700 (por 1.5 meses de trabajo), y el contrato de concurso de méritos “declaratoria de efecto ambiental para la línea de transmisión de 230 KV Bucaramanga - Ocaña - Cúcuta”, que se adjudicó a Hidroambiente, quien lo ejecutó, habiendo “presupuestado”, a favor de su asesor económico, “con dedicación” de dos meses de labores, la cantidad de $ 735.900.
Ahora, contrariamente a lo sostenido en el fallo impugnado, encuentra la Corte que cuando, para calcular los perjuicios materiales causados a los demandantes, los referidos peritos partieron de la permanente capacidad potencial del señor Díaz Sánchez para obtener unos recursos económicos acordes con su condición de profesional especializado, tampoco tal deducción estuvo ayuna de la requerida corroboración. En verdad, como bien lo destacó la censura, de haber apreciado objetivamente, en su materialidad, las probanzas, el tribunal habría llegado a la convicción de que por ser aquel un economista en grado sumo capacitado (amén de reconocido en su medio laboral y social), así como por haber agotado con antelación gestiones remuneradas en proporción similar a la deducida por los peritos, y porque, para esa misma época, normalmente adelantaba gestiones de asesoría que le representaban dividendos de alguna consideración, por fuerza debió concluir que, de ordinario, el señor Díaz Sánchez desempeñaba actividades profesionales lucrativas, con cuyo producto sostenía, en su totalidad, los gastos que la adecuada manutención de su familia exigían.
En ese orden de ideas, destaca la Corte que la documentación acompañada a la hoja de vida de Díaz Sánchez, refiere que este obtuvo el grado de economista en el año de 1964 (fl. 33); que trabajó como jefe de la división de inversiones privadas de la unidad de estudios industriales y agrarias, con una asignación básica mensual de $ 10.000. desde el 13 de abril de 1967, hasta el 5 de julio de 1970, fecha en que, valga la pena acotarlo, el salario mínimo más alto apenas alcanzaba la cifra de $ 495.oo (fls. 35 y 36); que en el año de 1973 fue contratado por la secretaría general de la OEA, para desempeñarse como especialista del departamento de asuntos científicos, con sede en Washington (fl. 38); que estuvo al servicio de la ONU como asesor técnico principal del proyecto piloto de política científica y tecnológica, con sede en Guatemala, del 1º de abril de 1973 al 30 de agosto de 1975, según certificación de Incomex (fl. 39), cargo que también detentó del 31 de agosto de 1975 al 31 de diciembre de 1976, acorde con similar certificación (fl. 34); que del 1º de marzo de 1986 al 15 de enero de 1987, ostentó el cargo de director administrativo y financiero de las Empresas Municipales de Cúcuta, devengando una asignación mensual de $65.753, gastos de representación de $ 42.803 y un “sobresueldo” de 1.600 dólares americanos (teniéndose, según la misma certificación, como valor de cambio para el respectivo período, un monto que osciló entre $ 189.01 y $234.28), lo que arroja un promedio mensual de $ 483.404, a lo que se suman las prestaciones sociales de rigor (fl. 44). Recuérdese que durante el año de 1986 el salario mínimo mensual vigente era de $ 20.509.80, y que para la fecha de defunción del aludido profesional, 17 de marzo de 1988, el salario mínimo mensual, estaba cifrado en $ 25.637.
De lo anterior fluye sin dificultad que las razones que condujeron al juzgador ad quem a revocar la condena efectuada por el a quo en punto de los perjuicios materiales reclamados por la parte actora, difieren en mucho de lo que se hubiera concluido de un examen objetivo del contenido material de las relacionadas probanzas. Además, si para el tribunal fue debidamente acreditado que el señor Díaz Sánchez, con el producto de sus actividades profesionales, se erigía como el único aportante de los dineros requeridos para sostener los gastos de su familia; si admitió que normalmente desempeñaba algunas actividades lucrativas relacionadas con su profesión y que se trataba de un economista bastante distinguido en su área académica y laboral, en la forma atrás destacada, entonces, no deja de lucir contradictorio que el mismo juzgador hubiera concluido que por la aludida modalidad de perjuicios materiales no cabía efectuar ningún tipo de reconocimiento, por no ser manifiesta la estabilidad de las reseñadas actividades lucrativas del difunto, ni la regularidad o continuidad de sus ingresos.
Y menos luce admisible el predicamento esgrimido por el tribunal, según el cual no cabía “considerar una posible estabilidad, tanto en el trabajo como en el sueldo”, porque las actividades de las cuales los auxiliares de la justicia dedujeron el monto de los ingresos que la víctima habría podido obtener para la época que precedió a su deceso, no tenían carácter laboral (fl. 50). Como a espacio ya lo explicó la Corte en las consideraciones generales de esta providencia, tal vicisitud puede implicar una simple dificultad de orden probatorio, a efecto de establecer una suma determinada de dinero como base para calcular el daño emergente de esta forma configurado, pero en ningún modo imposibilita —y menos justifica—, que acreditado a cabalidad ese daño, así como los demás elementos que integran la responsabilidad civil extracontractual, el juzgador se abstenga de imponer la respectiva condena, solución hipotética esta que iría en indiscutida contravía con las orientaciones normativas, doctrinarias y jurisprudenciales destacadas por la Sala en la indicada oportunidad.
Tampoco encuentra la Corte de recibo el que para revocar la condena que por perjuicios materiales efectuó el juez de primera instancia, el juzgador ad quem adujera que los elementos de juicio obrantes en el expediente no permitían fijar las bases requeridas para establecer la cuantía necesaria para promediar los ingresos mensuales del señor Díaz Sánchez, tanto los que obtuvo hasta su muerte, como los que hubiera podido devengar en el futuro, de no haber ocurrido aquella. Cosa distinta es que, como más en detalle se explicará en la sentencia de sustitución, rectamente examinadas, esas probanzas conducían a razonamientos y cifras distintas de las obtenidas por los segundos peritos, lo que impone precisar, desde ya, que el error de hecho del tribunal, tan manifiesto y trascendente que será suficiente para casar el fallo por él proferido, fue el que lo llevó a desechar la prueba del monto de la indemnización por lucro cesante cuyo reconocimiento se imponía, y no las conclusiones que lo condujeron a deducir que la cifra adecuada para servir de punto de partida a la necesaria cuantificación de las indemnizaciones reclamadas por los demandantes, a título de lucro cesante, difería de la calculada en la segunda experticia.
Sobre el último de los asertos referidos en el párrafo anterior y en lo que de alguna manera acompasa con lo deducido por el ad quem, se observa que —por su contenido material— las pruebas documentales recién comentadas no dan cuenta, de manera concreta y contundente, que desde que obtuvo su título de economista el señor Díaz Sánchez, en forma permanente, esto es, sin solución de continuidad, viniera obteniendo remuneraciones fijas o variables que promediaran el monto mensual que los peritos dedujeron, tomando como soporte principal la certificación expedida por Hidroambiente. Por el contrario, cumple resaltar que ninguna de las certificaciones que allegó la parte actora con miras a corroborar la información contenida en la hoja de vida del causante (fls. 27 a 32) ofrece luces suficientes sobre las actividades de tipo lucrativo que este pudo haber desempeñado durante un periodo muy considerable, tanto por su duración, como por su cercanía a la fecha del deceso y, concretamente, el comprendido entre el 1º de enero de 1977 y el 28 de febrero de 1986, vacío que tampoco fue suplido por la prueba testimonial extractada en la acusación en estudio. Sin embargo, lo cierto es que las obtuvo y en monto tal que le permitió sostener a su familia, como así lo señalan prolijamente los declarantes. En todo caso, a efectos de estimar el perjuicio que sufrieron los alimentarios por causa de su fallecimiento, no es menester acudir a toda la vida laboral del finado, pues basta determinar el estado de cosas en una época cercana al suceso.
De manera, pues, que atendiendo las particulares circunstancias de tipo fáctico y probatorio que caracterizaron el asunto sometido a su estudio, la destacada falencia probatoria no habilitaba al tribunal para repudiar en su totalidad el comentado reconocimiento, pues la verdad es que, como se explicó en las consideraciones generales consignadas precedentemente para despachar la acusación en estudio, el ordenamiento patrio ha puesto a disposición de los jueces un buen número de mecanismos tendientes a hacer efectivo el derecho de la víctima a una reparación plena, no obstante las dificultades de tipo probatorio que, como en el sub judice, impiden establecer con alguna precisión la cuantía del daño material, condicionado, claro está, a que no quepa la menor duda en torno a la presencia de los demás elementos estructurales de la responsabilidad civil extracontractual, los que, valga la pena acotarlo desde ya, en esta oportunidad fueron deducidos por el tribunal, sin que en sus respectivas demandas de casación, las partes hubieran discutido lo que sobre tales tópicos apreció el funcionario ad quem.
En armonía con las premisas recién consignadas, vale la pena poner de presente que según el sentenciador de segunda instancia, dado que se probó que el occiso atendía cumplidamente sus obligaciones alimentarias, por la parte actora “fácilmente hubiera podido recurrirse a acreditar con la prueba testimonial, por ejemplo, lo que una familia como la de autos gasta en su sostenimiento por los conceptos de alimentación, vestuario, habitación, educación, etc”., para que, “con la ayuda de la prueba pericial se hubiera determinado la cuantía de todos estos rubros que vendrían también a ser el monto de los perjuicios materiales reclamados” (fl. 47). Entonces, causa real extrañeza el que, en estas condiciones, el tribunal haya prescindido de toda actividad oficiosa tendiente a conseguir la información que, acorde con lo sostenido por él mismo, se hubiera podido obtener sin mayor dificultad, y que, desestimando la prueba testimonial, documental e indiciaria existente (la que sin duda ofrecía una singular utilidad al respecto), así como el principio de equidad que ha de orientar las decisiones judiciales, el juzgador haya optado finalmente por revocar la condena que impuso el juez a quo, por concepto de lucro cesante.
Y no se diga que a ese deber, que no facultad, de perseguir que los fallos de fondo no terminen siendo ajenos a la equidad, no estaba sometido el juzgador ad quem, so pretexto de que para la fecha en que profirió su sentencia (oct. 31/97), todavía no había cobrado vigencia el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, porque si bien fue a través de este precepto que en forma expresa, clara y categórica se previó que en la “valoración de daños irrogados a las personas”, debe atenderse el principio “de equidad”, observando “los criterios técnicos actuariales”, lo cierto es que tal preocupación, como quedó pormenorizado líneas atrás, jamás se ha considerado ajena a la actividad judicial nacional, al punto que, como tantas veces se ha dicho, el juez está ineludiblemente compelido a decretar pruebas de oficio con miras a concretar el daño de cuya realización tiene certeza. Así lo manda palmariamente el artículo 307 del Código de Procedimiento Civil.
Implica lo anterior el rompimiento del fallo impugnado, lo que impone su reemplazo.
La sentencia de sustitución
Ha de advertirse, desde ya, que el esfuerzo de la Sala estará centrado en dos aspectos, uno dirigido a remover el exceso de lo concedido en el fallo a título de perjuicios morales, y el otro enfilado a dilucidar lo concerniente con la determinación de la cuantía de la indemnización correspondiente al lucro cesante, comoquiera que los demás elementos de la responsabilidad civil extracontractual atribuída a la demandada —los que dedujo el tribunal— no fueron atacados por ella a través del recurso extraordinario que se desata. Baste acotar, al respecto, que “lo que está al margen de la acusación es intangible para la Corte” (Sent. de feb. 27/2001, exp. 5987).
Recuerda esta corporación, grosso modo, que la prosperidad de la reclamación por lucro cesante, además de exigir la prueba del daño propiamente dicho, demanda la demostración de su cuantificación, recayendo, en principio, la carga de la prueba sobre estos dos aspectos, en la parte actora (CPC, art. 177).
Liquidación de los perjuicios morales
Sobra un extenso análisis del tema por razón de la claridad del yerro que dio lugar a casar este aspecto del fallo. Establecida la confluencia de los elementos estructurales de la responsabilidad civil en la sentencia de instancia, y dirigido el combate del censor a facetas que no involucran esa conclusión, basta con decir que el resarcimiento del perjuicio moral se abre camino, y que, obvio, su reconocimiento deberá ceñirse a lo pedido, esto es, al equivalente en dinero de un mil (1.000) gramos de oro, al momento en que se dictó la sentencia de segundo grado.
Quedó esclarecido que en la fecha en que dicho fallo se profirió un (1) gramo de ese metal valía $ 12.785.85, luego el monto de la indemnización por tal concepto ascenderá a $ 12.785.850, que es la cantidad resultante de multiplicar el valor unitario por la cantidad de unidades.
Liquidación del lucro cesante
Este cometido exige establecer de manera razonada la cuantificación, actualizada, de los ingresos percibidos por el causante durante la época que precedió a su muerte, al igual que el porcentaje de lo que el hoy difunto podía destinar para sí mismo, la vida probable de los demandantes y el período durante el cual estarían destinados a seguir recibiendo la truncada asistencia económica.
Para determinar la primera información y atendiendo las particulares dificultades de orden fáctico y probatorio comentadas a lo largo de esta providencia, parece prudente y equitativo que, para fijar el promedio de los ingresos usualmente recibidos por el señor Díaz Sánchez como remuneración por los servicios por él prestados, se tome en consideración lo percibido durante los dos años que antecedieron a su deceso, para dividirlo en el número de meses (24), correspondientes a ese período.
A este respecto, viene bien reparar en que acorde con la certificación que obra en el cuaderno principal, del 1º de marzo de 1986 al 15 de enero de 1987, el señor Díaz Sánchez ostentó el cargo de director administrativo y financiero de las Empresas Municipales de Cúcuta, devengando una asignación mensual de $ 65.753, gastos de representación de $ 42.803 y un “sobresueldo” de 1.600 dólares americanos (teniéndose, según la misma certificación, como valor de cambio para el respectivo período, un monto que osciló entre $ 189.01 y $ 234.28), lo que arroja un promedio mensual de $ 483.404, (fl. 44), que aplicado al periodo laborado (de 10.5 meses), ofrece un subtotal de $ 5’075.742.
Cítase, con igual propósito, la certificación expedida por Hidroambiente, según la cual, la contraprestación por la participación del hoy difunto en el contrato de “estudio socioeconómico Termo - Tibú” ascendió a $ 389.700 y la correspondiente al de “declaratoria del efecto ambiental para la línea de transmisión Bucaramanga - Ocaña” estimó la intervención del occiso en $ 735.900, lo que arroja unos ingresos totales, por estos contratos, de $ 1’125.600.
En resumen, la Sala sumará los resaltados subtotales, que corresponde a ingresos comprobados de lo percibido en razón de las actividades lucrativas desplegadas por el señor Díaz Sánchez durante los últimos dos años de su existencia, y los promediará dividiendo ese resultado entre 24, lo que da un ingreso ponderado de $ 258.389.25 mensual, el que, inclusive, se aproxima bastante al sugerido por la parte demandada al presentar sus alegaciones de segunda instancia, oportunidad en la que cifró esos ingresos mensuales en $ 207.975 (c. 5, fl. 16).
Ahora, puesto que en la contestación de la demanda expresamente se manifestó que no se reconocía el contenido de los documentos de terceros acompañados al libelo, circunstancia que resaltó la demandada en sus alegatos de conclusión y que, en gracia de discusión, podría plantearse frente a la certificación de Hidroambiente, se impone observar que la misma no requería de ratificación porque la parte contra quien se adujo no la solicitó y para la época en que se formuló, tanto la de la demanda incoativa (oct. 6/92), como la de su contestación (mar. 18/93), estaba vigente el precepto previsto en la regla 2ª del artículo 22 del Decreto 2651 de 1991, a cuyo tenor, “los documentos declarativos emanados de terceros se estimarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contra la cual se aducen solicite su ratificación expresa”, hipótesis que en el sub lite no se verificó, debiéndose acotar que el aludido mandato procesal, ulteriormente fue recogido por la Ley 446 de 1998 (art. 10, num. 2º), y la Ley 794 de 2003 (art. 27), razón de más para concluir según lo recién advertido, lo cual, en lo pertinente, tampoco es ajeno al documento que certifica la vinculación del mencionado con las Empresas Municipales de Cúcuta (fl. 44).
Queda visto, entonces, que en orden a cuantificar los eventuales ingresos del señor Díaz Sánchez es factible reparar en el contenido de las referidas certificaciones, avaladas con suficiente respaldo testimonial, según a espacio se explicó en líneas precedentes.
En cuanto al porcentaje que de sus ingresos el occiso podía destinar a su propio sostenimiento, bien puede acudir la Corte, como en otras oportunidades, a un 25% de sus ingresos, que corresponde al propuesto por los peritos y en lo que atañe a la vida probable de los demandantes, así como la que hubiera podido gozar el señor Díaz Sánchez de no haber tenido ocurrencia el accidente aéreo que culminó con los resultados ya conocidos, habrá de tenerse en cuenta la Resolución 1439 de 1972 (que en copia obra de fls. 61 a 65), vigente para la fecha del óbito del mencionado. Además, se estimará que la viuda sería beneficiaria de ese apoyo por el término de vida probable de su esposo y que sus hijos recibirían tal ayuda económica hasta la edad límite de 25 años, época que razonablemente se asume como la de culminación de sus estudios superiores, todo esto de conformidad con las directrices admitidas por esta misma corporación en asunto similar (sent. de oct. 18/2001, exp. 4504).
Con miras a establecer el monto del lucro cesante que se reconocerá a la parte actora, la Corte seguirá, en lo pertinente, las pautas observadas en otras oportunidades, principalmente, en sus sentencias de 7 de octubre de 1999 (exp. 5002) y de 4 de septiembre de 2000 (exp. 5260).
Actualización de los ingresos promedio del occiso
Entonces, con apego a las precitadas decisiones y verificada la confrontación de rigor entre los valores respectivos, establecidos por el Banco de la República, y en marzo de 2004, se tiene que un peso, para marzo de 1988 (el IPC alcanzaba un puntaje de 10.827170) corresponde a $ 13.873 de marzo de 2004 (el IPC era de 150.21). Por tal razón, los ingresos promedio del señor Díaz Sánchez, calculados para la época de su deceso en $ 258.389.25 mensuales, equivaldrían, a marzo del año en curso, a $ 3’584.634.
Deducida de la anterior suma, el 25% que se estima que el difunto destinaba para sus gastos personales ($ 896.158.50), restarían, para distribuir entre los demandantes, $ 2’688.475.50, así, la mitad para la cónyuge, $ 1’344.237.70 y la otra mitad, en partes iguales, para los dos hijos, a razón de $ 672.118.85.
El lucro cesante pasado resultará de multiplicar el valor del monto indemnizable por el factor que en la tabla adoptada de conformidad con las decisiones arriba referenciadas, le corresponde al número de meses transcurridos entre la causación del daño y la liquidación, lo que se expresa en la fórmula VA= LCM x Sn, en la que VA es el valor actual del lucro cesante pasado total, incluidos intereses del 6% anual; LCM es el lucro cesante mensual actualizado, y Sn el valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga “n” veces a una tasa de interés “i” por período.
En orden a desarrollar la fórmula, concretamente respecto del factor Sn, la Corte, para la contabilización del tiempo transcurrido entre la ocurrencia del hecho dañoso y el presente, toma en cuenta como punto inicial el 17 de marzo de 1988, fecha de la muerte del causante, y como extremos finales, para la viuda, por ser menor que su consorte, la de la fecha probable de defunción de este último, haciendo caso omiso de su efectiva ocurrencia, y frente a los demás demandantes, el día en que cumplieron sus 25 años de edad, que ya sobrevino.
La fórmula matemática que se emplea en el método que se viene utilizando para hallar el factor Sn es la siguiente: Sn = (1+ i) a la n exponencial – 1.
El resultado de la fórmula anterior lo traen las tablas financieras mencionadas, constituyéndose en un factor que está dado en función del número de meses correspondientes al período de la liquidación y al interés aplicable que, como se dijo, en este caso de obligación surgida de responsabilidad civil extracontractual, es del 6% anual.
Efecto de lo dicho es que, teniendo en cuenta que mediaron 145 meses entre la muerte de su padre y el día en que José Sebastián Díaz Rankin cumplió sus 25 años (21 de abril de 2000), el lucro cesante consolidado para este responderá a la siguiente ecuación: V.A. = $ 672.118.85 x 209.9600 = $ 141’118.074.
Para Andrea Tamia, dado que mediaron 116.5 meses entre la muerte de su padre y el día en que ella cumplió sus 25 años (2 de diciembre de 1997): V.A. = $ 672.118.85 x 155.3963 = $104’444.782.45.
Y para la señora Gene Rankin, calculando la vida probable del occiso, de 22.30 años (267.6 meses, que se extenderían hasta el 23 de noviembre de 2010), quien al momento del funesto accidente contaba con casi 53 años y 7 meses de edad. Con todo, dicho lucro se entenderá consolidado solo hasta el 17 de abril del año en curso (es decir por 193 meses), pues el referente al tiempo por venir, se liquidará como lucro cesante futuro. El lucro cesante pasado a favor de la mencionada corresponderá a la siguiente fórmula: V.A. = $ 1’344.237.70 x 318.9934 = $ 428’802.954.33.
Para establecer el lucro cesante futuro de la viuda, únicamente, la fórmula utilizada en el procedimiento elegido, tiene como bases, de una parte, el monto indemnizable actualizado, y, de la otra, la deducción de los intereses por el anticipo de capital, obtenido a su vez mediante otra cuyo resultado reflejan las tablas financieras ya referidas, expresándolo mediante un índice fijado en exacta correspondencia con el número de meses de duración del perjuicio expresado en esa unidad de tiempo, prescindiendo para ello de las unidades decimales, mediante la aproximación o reducción a la unidad entera más cercana. La multiplicación de los dos indicados factores (monto indemnizable por el índice referido de deducción de intereses del 6% anual, por el anticipo de capital) arroja el monto buscado.
En tal orden de ideas se tiene que el tiempo de duración futura de la indemnización corresponde al número de meses (79.2) comprendido entre el 18 de abril de 2004 y el 23 de noviembre de 2010, fecha probable de la defunción del señor Díaz Sánchez (calculada según la edad que tenía para el día del trágico suceso). Así, ese lucro cesante futuro, de 18 de abril de 2004 a 23 de noviembre de 2010 (79.2 meses), obedecería a la fórmula: V.A. = 65.4535 x $ 1’344.237.70 = $ 87’985.062.30.
En resumen, por lucro cesante consolidado se reconocerá $ 141’118.074 a José Sebastián; $104’444.782.45 a Andrea Tamia, y $ 428’802.954.33 a la viuda, a quien, por lucro cesante futuro se le reconocerá una suma adicional de $ 87’985.062.30, lo que arroja una indemnización total, a favor suyo, por lucro cesante, de $ 516’788.016.63.
Pronunciamientos adicionales de instancia
En consecuencia, se modificará el fallo de primer grado, tanto respecto de la suma concedida a título de perjuicio moral como en lo relativo al monto de la condena por lucro cesante, aspectos estos cuya modificación será según acaba de explicarse. Además, se reconocerán intereses civiles para el evento del no pago de las antedichas cifras en el término que disponga la Corte, que distinto de lo deducido por el juez de primera instancia, dada la naturaleza de la responsabilidad civil atribuida a Avianca, serán de carácter civil y no mercantil.
Por último, se declarará probada la objeción que por error grave formuló la parte demandada contra el dictamen inicial, por ser lo cierto que los auxiliares de la justicia concluyeron, sin haber lugar a ello, que para la época que antecedió al óbito del señor Díaz Sánchez, este devengaba un salario mensual de $600.000, sin que, según se explicó líneas atrás, de esa cifra, ni del carácter laboral de la negociación que eventualmente le sirviera de venero, diera cuenta la prueba recaudada.
En armonía con lo expuesto, la sentencia del a quo se modificará en lo concerniente a la determinación del monto de los perjuicios morales y materiales reclamados por la parte actora, en los términos atrás explicados.
Consecuentemente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA la sentencia que el Tribunal Superior de Cúcuta profirió en el proceso ordinario de Andrea Tamia Díaz Rankin, Gene Rankin Díaz y José Sebastián Díaz Rankin contra la sociedad Aerolíneas Nacionales de Colombia S.A., “Avianca”, y como juez de segunda instancia,
Primero. Confirmar los numerales primero, segundo, cuarto y quinto de la sentencia de primera instancia, y modificar el tercero, el que quedará así:
3. Condenar a la demandada, al pago del lucro cesante consolidado, a favor de José Sebastián Díaz Rankin, la cantidad de $ 141’118.074; a favor de su hermana Andrea Tamia, $ 104’444.782.45 y de la señora Gene Rankin, $ 428’802.954.33.
Igualmente se condena a Avianca al pago, a favor de la misma señora Gene Rankin, de la cantidad de $ 87’985.062.30, a título de lucro cesante futuro.
Por concepto de daño moral, la condena a cargo de Avianca y a favor de cada uno de los demandantes, se entenderá cifrada en $ 12.785.850.
Las condenas anteladamente cifradas devengarán, a partir de la ejecutoria de esta providencia, un interés legal, civil moratorio, del 6% anual.
Segundo. Declarar probada la objeción que por error grave formuló la parte demandada contra el dictamen inicial. Los auxiliares de la justicia reintegrarán su remuneración, de haberla ya recibido.
Tercero. Costas de ambas instancias a cargo de la parte demandada.
Cuarto. Sin costas en el recurso de casación.
Solamente respecto del cargo único propuesto por la parte demandada, creo que su improsperidad se imponía, principalmente por la ostensible falencia técnica que ostenta en este punto la demanda, debido a que en inaceptable mixtura involucra aspectos propios de la causal primera. Además, por cuanto atendidas las pretensiones propuestas en el acto introductorio, en las que por concepto de perjuicios morales se pidieron 1.000 gramos oro, me parece que en este asunto su equivalente podía estimarse para el momento en que fuese pronunciada la sentencia de reemplazo; por este último aspecto, debió tenerse en cuenta que en la súplica correspondiente se solicitó esa cantidad conforme al precio que certificara el Banco de la República para la época en que quedara ejecutoriada la sentencia.
Con profundo respeto me aparto del criterio mayoritario de la Sala en lo concerniente con la incongruencia por la que se quejó la empresa demandada, imputación que fue hallada próspera, pues en verdad creo, con toda consideración, que lo resuelto al despachar el cargo único de dicha demanda, queriendo servir a la lógica, terminó prestándole un flaco servicio, no solo a ella, sino, lo que es más grave, también a la justicia.
En efecto, es palpable que los demandantes pidieron la reparación del daño moral que padecieron en términos de una deuda de valor, con miras, quizás, a guarecerse de los demoledores efectos derivados de la depreciación del signo monetario; sin embargo el tribunal, con sustento en un juicio estrictamente jurídico la concedió, mutándola, como una deuda nominal, que en cuanto tal permanece inmodificablemente ligada a la cifra numérica concedida. Pero como eso no fue lo pedido por la parte actora, no es posible establecer la inconsonancia denunciada mediante la mera confrontación de rigor entre los pedimentos de la demanda, que fueron otros, con la resolución del sentenciador, con miras a establecer un exceso estrictamente numerario; por supuesto que no fue la satisfacción de una obligación dineraria lo reclamado por los demandantes, sino el valor de una cantidad de oro, esto es, que el límite de sus pedimentos no es una suma de dinero, sino una cantidad de ese metal.
Tanto ello es así que, inclusive, para despachar el cargo y acudiendo a un procedimiento que no se aviene con la naturaleza de la causal alegada, hubo de tener en consideración la Sala, dejando de lado elementales principios probatorios entroncados con los derechos fundamentales, tales como el de contradicción de la prueba, hechos no discutidos hasta ahora, concretamente, el valor de un gramo de oro en el momento del fallo.
En todo caso, si se admitiese que bastaba la aludida operación matemática para corroborar el exceso denunciado, es justamente la lógica la que conduce a entender que si la pretensión fue enfilada a obtener el pago de una deuda de valor, el juez de instancia, incluso la Corte, tendría que atender, con miras a determinar el tope establecido por los demandantes, cuál es el precio del gramo de oro al momento de dictar la sentencia de reemplazo, y prontamente tendría que advertir que mil gramos de ese metal exceden con largueza los $ 13.008.920 concedidos por el juzgador ad quem, tornándose, subsecuentemente, irrelevante la recriminación. Por supuesto que la Corte, obrando como juez de instancia se vería apremiada a enmarcar la decisión recurrida dentro de los confines trazados por los demandantes, de manera que los mil gramos de oro que constituyen su tope corresponderían hoy a $ 33.217.110, monto que está sobradamente por encima de la condena impuesta por el tribunal.
Por consiguiente, si lo otorgado por éste se desquicia por verlo ahora exagerado la Sala, al pretender “remediar” la demasía se mutila el derecho, pues lo petrifica en el año de 1997, como si fuera esa la fecha de la sentencia sustitutiva; en consecuencia, al extirpar la supuesta incongruencia del fallo de segundo grado esta corporación implanta en el suyo la propia; ésta por defecto, aquélla por un supuesto exceso. Si ello no es una auténtica paradoja no se sabe qué pudiera serlo, máxime si se repara en que los demandantes reclamaron el monto equivalente en pesos a mil gramos oro, “según el precio que al respecto certifique el Banco de la República para la ejecutoria de la sentencia” (se destaca), que no es ni podía ser el año de 1997.
Pero, además, recuérdese que la censura desgajó recriminaciones de distinto talante que debió trazar por la causal pertinente, como que con el incremento dispuesto por el tribunal, la condena por perjuicios morales “quedaría establecida en una suma muy superior a la que usualmente ha señalado la jurisprudencia como perjuicios morales en este tipo de casos”; que el arbitrio judicial para tasar los perjuicios morales no era ilimitado y que, al no obrar en conformidad, el juzgador ad quem propició “un enriquecimiento injustificado del demandante”, transgrediendo “los más elementales principios de justicia” (fl. 83), imputaciones todas estas que encierran reproches concernientes a verdaderos yerros de juzgamiento, ajenos por entero a la causal invocada por la parte demandada, quien bien pudo prevalecer de ellos acudiendo a la primera causal de casación.
En el punto conviene reiterar que si el rumbo diferente de la resolución del juez se debe a la intervención de un motivo de fondo, cual serían “las consideraciones jurídicas sacadas del derecho sustancial, ya no es posible hablar de inconsonancia, porque está de por medio un error de juicio y no de actividad procesal que, fundado o no, solo puede combatirse por la causal primera de casación” (sents. de 28 de sep. /70, CXXXV, págs. 171 y 172 y 28 de nov. /91).
En fin, como encuentro que, a la postre, ese aspecto del fallo no le rinde cabal tributo a la lógica, ni a la justicia me aparto del mismo. En lo demás, sobra decirlo, comparto la decisión.