Source: https://realsitiodelescorial.com/2011/04/28/delitos-sobre-el-patrimonio-histrico-artstico-espaol/
Timestamp: 2017-08-18 16:32:47
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Delitos sobre el Patrimonio Histórico Artístico Español | REAL SITIO DEL ESCORIAL
Delitos sobre el Patrimonio Histórico Artístico Español Leave a comment
I La regulación de la protección penal del patrimonio histórico.
El patrimonio histórico español es, comparativamente hablando, uno de los más importantes de nuestro entorno, y la conciencia de su conservación alcanzó rango constitucional en el artículo 46 de la Norma Suprema que establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra ese patrimonio. Ciertamente, la necesidad de habilitación constitucional no puede considerarse como un presupuesto para la tipificación penal; sin embargo, el inciso final de este precepto constituye una obligación para legislador, debiendo establecer sanciones para las conductas atentatorias contra el patrimonio histórico español.
La principal razón de la existencia del inciso final del artículo 46 CE debe buscarse en el expolio sufrido por esta forma especial de patrimonio (o, mejor dicho, de esfera de desenvolvimiento o medio ambiente cultural del hombre actual) experimentado desde la guerra civil hasta nuestros días. En efecto, y en especial a partir de los años comprendidos entre 1950 y 1980 comienza a operar en España un grupo de delincuentes especializados en robos a iglesias y particulares (así como en museos públicos, si bien en menor medida) para la exportación de los bienes al exterior donde estos objetos podían alcanzar mayores precios que en el mercado nacional. En la actualidad esta clase de grupos especializados permanece en funcionamiento, si bien no todos los objetos procedentes de los robos son exportados sino que se distribuyen en un mercado nacional cada vez más organizado motivado por el incremento de la demanda interna de obras de arte y antigüedades.
Los medios que suponen un expolio del patrimonio histórico español no se reducen, no obstante, a los robos de unas iglesias cada vez más protegidas, así como en los domicilios particulares. Hoy en día, además, puede destacarse el importante perjuicio sufrido por nuestro patrimonio arqueológico, atacado no sólo por quienes se adueñan de los objetos depositados en el subsuelo, sino también por algunos promotores (privados e incluso administraciones públicas) ansiosos por finalizar en plazos señalados determinadas obras.
Como mera referencia, la protección administrativa de este patrimonio especial se ha producido en nuestra historia a través de distintas normas de alcance muy desigual que no constituyen el centro de este trabajo, sin perjuicio de que las categorías de bienes protegidos obliguen a una remisión a las disposiciones vigentes, labor compleja por ser competencia de las Comunidades Autónomas la protección de sus propios patrimonios monumentales (materia encomendada genéricamente en el artículo 148.1.16ª CE). Con aplicación general, se dictó la Ley 16/85 del Patrimonio Histórico Español (LPHE), en desarrollo de las competencias encomendadas en el artículo 149.1 y 2 al Estado. Dicha norma, además de definir los elementos que lo comportan, asigna distintos niveles de protección (bien declarado de interés, catalogado, etc.) y establece en su artículo 76 unas sanciones administrativas a determinados hechos "salvo que sean constitutivos de delito".
El Capítulo II, "De los delitos sobre el patrimonio histórico" del Título XVI, "De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y el medio ambiente" del Libro II del Código Penal se refiere de manera específica a la protección penal de patrimonio histórico. Además de los preceptos que lo integran debe mencionarse la existencia de una serie de agravaciones en los artículos 235.1 (hurto), 241.1 (robo), 250.5º (estafa), 252 (apropiación indebida), 432.2 (malversación) y 625.2 (falta de daños), además de tipificaciones concretas en los artículos 319.1 (delito urbanístico), 613.1 (conflicto armado) y en el artículo 2, apartado e) de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando (exportación sin la autorización preceptiva).
Las notas fundamentales de la protección penal del patrimonio histórico son las siguientes:
a) A diferencia de otros capítulos del Título XVI, los delitos contenidos en el Capítulo II no son contra, sino sobre el patrimonio histórico.
b) A diferencia de los proyectos legislativos (en los que no figuraba un capítulo concreto dedicado a la protección del patrimonio histórico), el texto definitivo sí, y este hecho se explica por la fusión (en una de las últimas fases de la tramitación parlamentaria) de dos grupos de preceptos: unos que formaban parte de los delitos de daños (artículos 323 y 324) y otros que estaban configurados como delitos urbanísticos (artículos 321 y 322). La unión de unos y otros preceptos no puede considerarse afortunada y hubiera merecido una segunda lectura. Así, puede destacarse que la destrucción total de determinados bienes (como por ejemplo el acueducto de Segovia) puede recibir un trato más benigno que unos daños parciales de los mismos. Además, la filosofía inspiradora de unos y otros es diferente, pues mientras los primeros pueden tildarse de delitos cerrados, los segundos son verdaderos tipos penales abiertos (en la medida en que el objeto que se define está previamente configurado por actos administrativos y normas de distinta índole).
c) Se incluye una modalidad especial de prevaricación (322 CP).
d) Es admisible la forma culposa de participación (12 CP).
e) Se protegen distintos bienes jurídicos. Así, además de la historicidad del entorno humano, puede añadirse la propiedad particular para todos los supuestos, debiendo establecerse en la sentencia una indemnización en favor del propietario. Por otro lado, la redacción del tipo contenido en el artículo 321 parece proteger la efectividad de un acto administrativo.
f) No se resuelven de forma satisfactoria todos los atentados que implican un expolio del patrimonio arqueológico, como puede ser el supuesto de las excavaciones ilegales.
II Delitos contra el patrimonio histórico.
Corresponde iniciar este punto analizando el bien jurídico protegido por los preceptos del Capítulo II del Título XVI, "De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente", que agrupa en sus cuatro primeros capítulos un heterogéneo conjunto de supuestos delictivos de diferente fundamento y que en común protegen el entorno en el que el hombre se desenvuelve, tratándose, en todos los casos, bienes que la Norma Fundamental considera principios rectores de la política social y económica (Capítulo III, Titulo I CE) y que la doctrina denomina "derechos humanos de tercera generación". En el último Capítulo del Título XVI se contienen unas normas comunes a todos ellos. Nos encontramos, en definitiva, ante la protección de intereses difusos.
El bien jurídico protegido en este capítulo es, en palabras de PÉREZ ALONSO "el conjunto de los bienes socio-culturalmente relevantes, por su valor y función, que conforman el Patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España". La concepción es desde mi punto de vista correcta, no sólo por acudir a la categoría constitucional la necesidad de esta protección, sino por referir la protección a los bienes cuyas características intrínsecas los hace acreedores del adjetivo de "relevantes" a los fines que el artículo 46 CE establece, y a los que se añade la función social de la propiedad. En este sentido, tal finalidad no sólo debe predicarse de los tipos contenidos en este Capítulo, sino que sirve de general fundamento a las específicas agravaciones diseminadas por el Código Penal.
1 Daños en determinados bienes.
Las forma dolosa e imprudente de daños se castiga en los artículos 323 y 324 CP. El primero conmina con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. En este caso, los Jueces o Tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado.Por su parte el segundo prescribe que el que por imprudencia grave cause daños, en cuantía superior a cincuenta mil pesetas, en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor artístico, histórico, cultural, científico o monumental, así como en yacimientos arqueológicos, será castigado con la pena de multa de tres a dieciocho meses, atendiendo a la importancia de los mismos.
A) Bienes jurídicos protegidos. No puede hablarse en este supuesto de un único bien jurídico protegido a pesar de su ubicación. Así es que junto al bien jurídico que se refiere en el encabezamiento del Capítulo que lo contiene, cabe añadir el patrimonio como bien jurídico añadido. En efecto, propiedad privada y patrimonio histórico o cultural común son compatibles y se presentarán conjuntamente en un mismo bien con carácter general. Como consecuencia, la sentencia condenatoria definitiva deberá establecer la satisfacción de una cantidad en concepto de responsabilidad civil en favor del acreedor-propietario de los bienes.
B) Conducta típica y objeto. La conducta definida en este tipo consiste en causar daños, resultando la redacción concorde con la fijada en los artículos 263 y siguientes del CP. Por lo que se refiere al objeto de este delito, caben las siguientes precisiones:
a) Integración de la norma. Como puede apreciarse de la lectura de los artículos 323 y 324 el objeto del delito debe reunir unas características particulares. Uno de los principales problemas interpretetativos que presenta consiste en si la historicidad debe apreciarse considerando la normativa administrativa y reducir la aplicación de los tipos a la alteración de los bienes que se encuentren catalogados o declarados bienes de interés cultural por una Administración o, por el contrario, valorar esta característica en cada caso por los tribunales penales. Para resolver este problema la doctrina emanada sobre la materia ha entendido que las clasificaciones administrativas no pueden ser vinculantes para los tribunales penales y ello en atención a las siguientes razones:
– La definición del artículo 1.2 LPHE es más amplia que la de los bienes contenidos como especialmente protegidos por la norma penal. Dicho precepto establece que integran el patrimonio histórico español los inmuebles y objetos muebles de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, científico o técnico. También forman parte del mismo el patrimonio documental y bibliográfico, los yacimientos y zonas arqueológicas, así como los sitios naturales, jardines y parques que tengan valor artístico, histórico o antropológico.
– La normativa administrativa es más rigurosa en la definición de los campos de protección que la norma penal, especialmente en la definición de los bienes de interés cultural referido a los bienes inmuebles, no deduciéndose que el artículo 46 CE establezca tal conexión y rigor. A mayor abundamiento, la declaración como bienes de interés cultural y el inventario de bienes muebles los refiere el artículo 1.3 LPHE tan sólo a los bienes más relevantes.
– Se trata, en el decir de la STS de 6 de junio de 1988, de unas categorías administrativas muy amplias en la LPHE, difícilmente conciliables con la precisión exigida por la norma penal, dejándose, por otro lado, fuera a aquellos bienes que reúnan las características de este patrimonio y que merezcan especial protección conforme a la constitucional determinación.
A estas razones puede añadirse el hecho consistente en que la discrecionalidad administrativa está sujeta a un margen de arbitrariedad que puede ser discutible. Así es que si la citada STS de 6 de junio de 1988 se refería razonadamente al supuesto de bienes no inventariados, catalogados o declarados de interés cultural, lo que puede deberse a una inactividad del propietario, a una actividad no recompensada con la declaración administrativa (v.gr. se interesa la declaración de un inmueble como objeto de interés cultural y se desestima por insuficiencias presupuestarias y no se incluye en inventario) o a una catalogación indebida (v. gr. se incluye en el inventario una obra que objetivamente no lo merece). Y es que la remisión a la consideración administrativa plantea problemas de rigidez y dependencia de una norma ajena a la penal.
La jurisprudencia relativa a las agravaciones específicas del precedente CP’1973 -referidas a bienes que integren el patrimonio histórico y semejantes a las del ahora vigente- (Ss.TS 18 de junio de 1979, 8 de abril de 1986, 12 noviembre 1991, 14 abril, 9 de junio y 14 de septiembre de 1992, 3 de junio de 1995, 29 de enero de 1997) ha considerado que no debe acudirse a la declaración administrativa, debiendo apreciarse esas notas en atención a la notoriedad y común sentir, apreciado en cada caso. Con esta fórmula se ha esquivado la integración de la norma penal con otras de diferentes sectores de nuestro ordenamiento, afirmándose de esta manera la integridad del derecho penal.
Por su parte, PÉREZ ALONSO parece orientarse sobre esta base al establecimiento de criterios generales objetivos e indiciarios, tales como la declaración como bien de interés cultural (9 ss. LPHE), el inventario de los bienes (26 ss. LPHE), los bienes con más de cien años de antigüedad (3 y 5.2 LPHE), los bienes enumerados en los planes nacionales de información sobre el patrimonio histórico español (35 ss. LPHE), los bienes del patrimonio arqueológico (40.1 ss LPHE) o etnográfico (46 LPHE), monumental o bibliográfico (48 ss. LPHE), así como los bienes custodiados en archivos bibliotecas y museos de titularidad estatal (60.1 LPHE). Sin duda con ello se logra una mayor seguridad jurídica que la casuística atendida por la jurisprudencia en sus resoluciones, pero trae consigo la remisión a las categorías administrativas.
La solución es indudablemente compleja pues parece difícil adecuar la falta de remisión a las normas administrativas con una mayor seguridad jurídica que la determinada por la actual interpretación jurisprudencial. De esta manera, resulta difícil aportar un concepto de patrimonio arqueológico en un momento en que se empieza a desarrollar la arqueología industrial; o de patrimonio etnográfico, que comprende bienes o aperos cuyas funciones permanecen intactas o su fabricación reciente; así como con la datación superior a cien años de determinados bienes. Por lo demás, se pueden plantear problemas con bienes con una inferior antigüedad y de los que son predicables las notas de historicidad merecedora de protección como el arte de vanguardias (¿o es que el "Guernica" de Picasso no forma parte de nuestro patrimonio histórico, además del artístico?), los bienes de "art decó", etc. En consecuencia, y a salvo de un posible (y extenso) catálogo jurisprudencial, la casuística se presenta como la única salida posible a la definición de este concepto.
Ahora bien, sustentar esta casuística sobre la base de la notoriedad y el común sentir no deja de generar una relativa inseguridad que parece necesario cercenar. La base de la notoriedad aparece necesaria pues el elemento subjetivo del tipo exige que el sujeto se aperciba de tal circunstancia, de un lado. Por otro lado, debe fundarse tal conocimiento por el juzgador. Sin embargo, no parece como única y suficiente vía para apreciar la historicidad protegida por el artículo 323 CP, siendo precisa en todo caso una peritación acreditativa de la real importancia a los fines que hacen merecedores de protección especial a estos bienes. Claro está, que ese elemento se aprecia en la generalidad de los ciudadanos cuando se trata de una pintura de Velázquez y no aparece en los casos de restos de cerámica popular. Pero se presentan muchos casos intermedios en los que pueden establecerse baremos de rareza e importancia que deben conocerse y valorarse por el Juzgador, debiendo entrar en el tipo penal, objetivamente considerado, aquellos bienes que tienen un notorio o importante interés, y debiendo quedar excluidos aquellos que no lo tengan o lo tengan muy escaso. La razón de este argumento está en la propia finalidad del tipo, esto es, hacer efectivo el artículo 46 CE que protege un bien que se reconoce útil para todos.
Junto al aspecto propiamente histórico se añaden otras notas. Recordemos, su valor puede ser histórico, artístico, científico, cultural o monumental. A la vista la ubicación del precepto, debe atenderse a la historicidad como nota de contacto de estos con el histórico. De este modo, un bien de valor científico, podrá ser objeto de este delito en cuanto a que reúna un mínimo valor de historicidad. De otro lado, respecto de los bienes de valor artístico permite la esquivación de subjetividades que pueden plantearse con las obras realizadas por quien se afirma "artista". Un bien artístico será protegible por este delito y no por el de daños, en definitiva, en tanto que quepa la dicha nota de historicidad.
b) Concreciones. Los preceptos transcritos contienen la clase de bienes que pueden ser objeto de este delito al decir que se produce en un archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga o en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, así como en yacimientos arqueológicos. La redacción de estos preceptos parece dirigida a la protección de determinados bienes inmuebles. Sin embargo, la LPHE identifica a efectos de protección administrativa tanto los bienes inmuebles como los muebles, o lo que es lo mismo, el contenido y el continente en su artículo 27 al considerar como bienes de interés cultural los bienes muebles contenidos en un bien inmueble que haya sido objeto de esa declaración. Esta posición es conducible asimismo al campo de protección penal en atención a las siguientes consideraciones:
– El artículo 323 CP se refiere tan solo a la protección como bienes de interés cultural, no exigiéndose en el tipo esta remisión administrativa.
– En este precepto no se distingue como objeto de protección entre bienes muebles e inmuebles, quedando como residual el concepto de bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental.
– El concepto "en un" parece referirse tanto a la configuración externa de estos bienes como a los bienes que contiene.
Cuestión aparte es la relativa a la clase genérica de centros definidos por estos preceptos, y es que conceptos como archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente o gabinete científico permiten una amplitud en la definición de su carácter. Pero, en cualquier caso, debe concretarse en cada caso concreto si tales bienes contienen los caracteres propios del patrimonio histórico, de modo que, entiende VERCHER, no sin reservas, que el bien jurídico y el interés público de estos bienes ha de ser valorado. En efecto, la ubicación de este artículo dentro del Código Penal obliga a apreciar la historicidad, aunque su redacción parezca separar los daños en estos objetos de los bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, mediante la conjunción "o", que no debe ser interpretada en el sentido diferenciador. Al contrario, y teniendo en cuenta las precedentes consideraciones, lo que permite la disyunción es diferenciar dentro de estos bienes entre bienes muebles o inmuebles, con independencia de su ubicación.
c) Los yacimientos arqueológicos. El Anteproyecto de Código Penal incluía esta categoría de objetos tan sólo referida a los daños causados dolosamente, apareciendo extendida en la actualidad al delito imprudente. La primera cuestión es la posibilidad de entender en este concepto sólo los yacimientos arqueológicos que están en ejecución y excavación o, por el contrario, se permite su extensión a todo suelo que contenga restos arqueológicos. Prima facie, parece que debe atenderse a todo yacimiento, excavado o no, pues lo que se pretende proteger son unos bienes cuyas características los hacen útiles para toda la sociedad.
Además, deben considerarse incluidos dentro del tipo penal que se comenta tanto los yacimientos que contienen restos históricos o protohistóricos como los que contienen restos paleontológicos pues ambos resultan imprescindibles para conocer el pasado. De esta manera, el concepto "arqueológico" (etimológicamente, estudio de lo antiguo) podría englobar los resultados de la Paleontología (estudio de los seres antiguos). Ambas ciencias emplean aproximados métodos, estando su diferencia en un diferente objeto de estudio. Resultaría, en definitiva, un contrasentido no incluir dentro del tipo del artículo 323 CP un destrozo en un yacimiento como el de Atapuerca (en el que se aprecian varias estratificaciones, una de ellas con los primeros homínidos europeos) y sí otros propiamente arqueológicos pero de menor interés.
d) Cuantías. Ninguno de los dos preceptos citados contiene cuantía alguna. Sin embargo, se hacen precisas unas consideraciones a la luz del artículo 625, que castiga más agravadamente la pena prevista para los daños con cuantías por cuantía inferior a 50.000 si los daños se causaren en bienes de valor histórico, artístico, cultural o monumental. Como se aprecia, se contiene una definición más restringida que en los artículos 323 y 324, pues en aquellos se refieren también a archivo, registro, museo, biblioteca, centro docente, gabinete científico, institución análoga (…) así como en yacimientos arqueológicos. In bonam partem parece que deben considerarse faltas todas aquellas alteraciones en estos bienes que por sí constituyen bienes de esta clase cuando la cuantía del desperfecto sea inferior a 50.000 pesetas. Consecuentemente, para alcanzar la cuantía delictiva deben superar esa cantidad, haciéndose preciso una peritación sobre este extremo.
C) Elemento subjetivo del daño doloso. Al definir el objeto de estos delitos señalé que deben tener efectivo interés y que dicho interés debe ser notorio. El elemento subjetivo de la conducta debe extenderse a la existencia de interés o valor histórico, artístico, cultural o monumental, o referirse a objetos definidos como objetos de este delito con anterioridad. No se extiende en cambio a la mayor o menor presencia de ese interés, esto es, el dato de que el objeto sea concretamente romano o celtibérico si la conciencia de su historicidad se hace patente, ni tampoco a la cuantía del daño producido por encima o por debajo de las cuantías mencionadas.
D) Comisión imprudente. La comisión imprudente, en cambio, consistirá en la ignorancia de ese elemento como vía de error, o por cualquier otro medio de producción culposa de daños. Debe ser, en todo caso, grave y para apreciar esta gavedad debe atenderse al criterio de la culpa consciente, esto es, que debe existir un mínimo grado de certeza en el autor de la existencia de un bien con las características descritas en epígrafes anteriores, así como de la posibilidad de la producción del daño.
Destaca GARCÍA CALDERÓN que, a diferencia de los restantes daños sancionados en el Código Penal, los castigados en el artículo 324 CP están conminados con unas penas más graves; son perseguibles de oficio y está excluida la posibilidad de perdón del ofendido.
E) Penalidad del artículo 324. El artículo 324 conmina con una pena de multa de tres a dieciocho meses, atendiendo a la importancia de los mismos. Se trata de una diferencia con los daños dolosos, que obliga en los imprudentes a una valoración del resultado en aras de la penalidad, que habrá de ponderarse, parece lógico, con la gravedad de la imprudencia, en todo caso.
F) Reparación. Respecto de los daños dolosos, y no respecto de los imprudentes, el artículo 323 añade que en este caso, los Jueces o Tribunales podrán ordenar, a cargo del autor del daño, la adopción de medidas encaminadas a restaurar, en lo posible, el bien dañado. El supuesto, común con los artículos 319.3, 321, además de la medida del artículo 339 todos dentro del mismo título. Es pronto para determinar el alcance de la medida, pues supone el mandato por parte del Tribunal dirigido a quien no es parte en el juicio, y que no deja clara la posibilidad de estimarlo en la sentencia y concretarlo en la ejecución de la resolución definitiva.
G) Los supuestos de daños debidos a restauraciones o reconstrucciones. Cuando se efectúa una restauración; o se desarrolla una excavación se pueden producir desperfectos en el objeto restaurado o en los elementos que forman parte de la excavación. En muchos de estos supuestos no puede afirmarse que los resultados producidos puedan imputarse objetivamente al restaurador y la razón no es otra que la inexistencia de una relación causal entre la acción restauradora y el desperfecto ocasionado. Esto es, que cuando precisamente la acción se encuentra dirigida a salvar el objeto y en el curso de una actividad especializada y siguiendo las pautas adecuadas (o lex artis) se produce una alteración, no puede afirmarse que se haya quebrantado el fin protegido por la norma.
Supuesto diferente al anterior es el consistente en una reconstrucción del objeto producida en el curso de una restauración de modo que el resultado final difiere sustancialmente de su estado. Un ejemplo útil para explicar este supuesto lo encontramos en la restauración del teatro romano de Sagunto, cubierto por unas losas que impedían apreciar las piedras originales. Puede afirmarse que bajo el concepto "restauración" no existe unanimidad ni en las ciencias históricas ni menos aún en el sentimiento social del propio pasado en los resultados a ofrecer, ni en las técnicas empleadas: existen partidarios de destacar la parte restaurada del original afectado (aunque unos son partidarios de un contraste fuerte, mientras otros de una débil), quienes prefieren la transformación y adaptación a gustos o necesidades actuales, quienes prefieren ver la obra sin transformación aparente ninguna y quienes prefieren quedarse con una apariencia de antiguo. En estos casos en los que no existe unanimidad social parece difícil dar entrada libre al derecho penal, máxime cuando, aún siendo diferentes los criterios empleados, lo que se pretende es dar continuidad a las obras pretéritas. Por consiguiente, y dejando de lado las opiniones individuales, no puede afirmarse que la obra sea antijurídica.
H) Las excavaciones ilegales, en particular. Aunque algunos autores consideran que la realización de excavaciones ilegales con el fin de saquear los objetos arqueológicos del subsuelo puede considerarse bien como delito de hurto del artículo 234 CP bien como delito de apropiación indebida del artículo 253 CP, resulta complicado afirmar que concurran los presupuestos de uno y otro delito: a) por lo que se refiere al delito de hurto por cuanto que este delito presupone el quebrantamiento de una derecho de posesión que no existe ni por parte del titular del terreno (al que el artículo 44 LPHE le atribuye una expectativa de indemnización) ni por parte de la Administración (titular del dominio de los bienes en aplicación del mismo artículo 44 LPHE, pero carente de efectiva posesión); b) por lo que se refiere a la apropiación indebida por cuanto que el artículo 253 CP exige el apoderamiento de una cosa perdida (adjetivo no predicable de las cosas enterradas hace, por ejemplo, mil años) o de dueño desconocido (porque el dueño es perfectamente conocido, a saber, las administraciones públicas en aplicación del artículo 44 LPHE).
Para estos supuestos (y en defecto de una necesaria tipificación específica) resulta de aplicación el artículo 323 CP que se comenta en este epígrafe por concurrir todos sus presupuestos. Así, cuando se realiza una excavación y se extraen del suelo todos los materiales útiles para comprender el fragmento del pasado enterrado en una determinada zona se habrá quebrantado la posibilidad de conocerlo.
2 Derribos o graves alteraciones de bienes protegidos.
El artículo 321 castiga a los que derriben o alteren gravemente edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental (…) con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años. Añade el precepto en su párrafo segundo que en cualquier caso, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar, a cargo del autor del hecho la reconstrucción o restauración de la obra, sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. A los efectos de la exposición parece preciso delimitar en primer término el objeto de este delito.
A) Objeto. De la lectura del artículo 321 se deduce que se debe tratar de edificios singularmente protegidos por su interés histórico, artístico, cultural o monumental. Las notas de a) protección; b) singular; y c) por su interés artístico o histórico puede predicarse de los siguientes bienes:
– Los bienes de interés cultural, esto es, determinados bienes inmuebles que se caracterizan por haber recibido una configuración administrativa particular, con arreglo al artículo 9.1 LPHE. Lo característico de todos los bienes de interés cultural son unas notas que aparecen diseminadas en la LPHE y que se resumen en la prohibición de su exportación (5.3 LPHE), la aplicación del concepto de ruina del artículo 24 LPHE, la atribución de los derechos de tanteo y retracto del artículo 38 LPHE, la aparición de un régimen de visitas (13 LPHE); medidas todas que tienen como relativa contrapartida la configuración de otras de fomento (69 ss. LPHE). La declaración de bien de interés cultural se realiza mediante un acto administrativo del que la jurisprudencia anterior a la LPHE discutió su carácter constitutivo o declarativo y se referirá a un bien determinado y concreto; por último, se producirá en el ejercicio de una potestad administrativa no revisable, como norma general, por la jurisdicción penal.
– Los bienes afectados por un expediente de declaración de bien de interés cultural en trámite. Por principio, a esta clase de bienes se les brinda una protección en los artículos 5.3, 24 y 38 LPHE. Puestas así las cosas, la competencia administrativa se convierte en un arma política importante en la medida en que la declaración realizada por una Administración puede suponer un obstáculo a las demás, en especial si son de diferente signo, partido o facción, prohibiendo la plasmación de un proyecto político a través de una edificación mediante la mera incoación de un expediente, ya sea de oficio o denuncia interesada, con el objetivo de declarar la existencia de un bien de interés cultural. Si asumimos que lo que se protege es la efectividad de un acto administrativo (de incoación, en este caso), su mera inobservancia consciente a través de una edificación supondrá la existencia de este delito.
– Los bienes de interés cultural declarados por la ley. Además de los anteriores, el propio texto de la ley que estudiamos contiene otra serie de bienes que configura como bienes de interés cultural. Se trata de los siguientes:
a’) Cuevas, abrigos y lugares que contengan arte rupestre (40.2 LPHE).
b’) Inmuebles destinados a la instalación de Archivos, Bibliotecas y Museos estatales, y los bienes muebles en ellos conservados (60.1 LPHE).
c’) Bienes declarados histórico-artísticos con anterioridad a la LPHE y los definidos en el Inventario del Patrimonio Artístico y Arqueológico de España (Disposición Adicional Primera LPHE). En los primeros entrarán los Monumentos y Conjuntos Histórico-Artísticos.
d’) Bienes referidos por los Decretos de 22 de abril de 1949 (castillos), de 14 de marzo de 1963 (escudos, emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares de interés histórico-artístico), y de 22 de febrero de 1973 (hórreos y cabazos antiguos de Asturias y Galicia).
e’) Transitoriamente, los Parajes Pintorescos, conforme a la Disposición Transitoria de la Ley de Espacios Naturales Protegidos de 2 de mayo de 1975.
-Al margen de las anteriores, en un texto diferente, en concreto en la Ley 23/1982, de 16 de junio, del Patrimonio Nacional, se declara la expresa protección de determinados bienes inmuebles cuya titularidad es del Estado y que se destinan para uso y servicio del Rey.
No todos estos bienes pueden ser objeto de protección penal, sino tan solo aquellos que sean edificios, por exigencia del precepto penal estudiado. Llama la atención la exclusión de otros bienes de interés cultural como las zonas arqueológicas o los Jardines Históricos, lo que se explica por la propia génesis del precepto, relacionado con el delito urbanístico en el Proyecto de Código Penal. Se plantean los siguientes problemas:
a’) Ruinas. En estos casos, el estado más o menos ruinoso de v.gr. un castillo, no limita el carácter de edificio de una construcción. Sin embargo, en algunos casos la construcción puede estar tan solo en sus cimientos. La existencia en estos casos debe valorarse individualizadamente.
b’) Hórreos. Es dudoso que estas construcciones tengan el carácter de edificios, salvo casos excepcionales. En muchas zonas, como sucede en Asturias, además, la construcción es enteramente en madera, estando ausentes clavos y otros elementos de sujeción de cualquier otro material, trasladándolos sus propietarios en ocasiones de unos a otros puntos. En estos casos, el derribo que inicialmente se produce, no parece perjudicar el bien jurídico protegido.
c’) Conjuntos. Parece que las casas habitadas de un conjunto revisten el carácter de edificios. El problema se planteará en los casos de los aledaños y partes accesorias del mismo, lo que parece que debe valorarse en cada caso.
La inclusión de inciso por su interés histórico, artístico, cultural o monumental. supone, desde mi punto de vista, un adjetivo de los anteriores condicionantes. Y es que entenderlo como un requisito diferente puede tener una peligrosa consecuencia, a saber, que el contenido del acto declaratorio pueda ser revisado por la jurisdicción penal al enjuiciar los delitos. En estos casos, no puede pretenderse que la jurisdicción penal se convierta en revisora de la discrecionalidad de un acto administrativo. Sólo en los casos de improcedencia grosera, desprendida de la información obrante en el expediente, podrá permitirle una valoración del bien jurídico generalmente protegido por este conjunto de preceptos, debiendo mantenerse lo contenido en la declaración administrativa a efectos penales.
B) Bien jurídico protegido. Crítica. De las anteriores consideraciones se desprende que el bien jurídico protegido supone una relativa diferencia con los delitos contenidos en los artículos 323 y 324, pues si en aquellos lo era esta forma de patrimonio por sí misma o conjuntamente con un valor patrimonial, en el supuesto del artículo 321 CP lo es en función de la pertenencia a una categoría administrativa, la de los bienes de interés cultural. Se protege en última instancia el patrimonio histórico mediante la protección de la constitución legal o administrativa de una categoría de protección respecto de determinados bienes. La definición que establece el precepto del objeto del delito titpificado así lo establece, obligando a integrar la norma penal con normas de otro sector del ordenamiento.
Sin embargo, el problema no se limita a la remisión a normas administrativas, sino que permite que la existencia o inexistencia del objeto de ese delito quede en muchos casos al amparo de un acto administrativo, que por lo demás es impugnable, y no sólo al acto definitivo, sino que también al acto de incoación. Ignoro si la interpretación jurisprudencial permitirá que los bienes sobre los que se ha incoado un expediente de declaración encajan en el núcleo de este tipo, si bien se dan las circunstancias de protección y singularidad por su valor, pues el principio de intervención mínima debería permitir una exclusión.
La razón de ser de este precepto obedece a su propia génesis, pues en los proyectos legislativos se trataba de una forma del delito urbanístico, del que parece ser una especie. La relación se aprecia con la redacción del artículo 319.1 que dice que se impondrán las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de seis meses a tres años, a los promotores, constructores o técnicos directores que lleven a cabo una construcción no autorizada en suelos destinados a viales, zonas verdes, bienes de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural, o por los mismos motivos hayan sido considerados de especial protección, y que supone otra forma más de protección de este patrimonio. Lo mismo que sucede en este delito, debe acudirse a una norma administrativa que define qué suelos constituyen cada una de las categorías expresadas en el tipo penal.
C) Relación con el artículo 323. Desde cualquier punto de vista, el derribo y la grave alteración que suponen la conducta del artículo 321 CP suponen una forma especial de causar daños del artículo 323 CP. Además, se trata de delitos que se contienen en el mismo capítulo del Código Penal, que comparten el mismo bien jurídico protegido, y que deben dar lugar a una indemnización en favor de los propietarios de los bienes. En suma, el delito del artículo 321 contiene dos especialidades respecto del 323, esto es, la forma comisiva, y el objeto. Por consiguiente, el artículo 323 será de aplicación subsidiaria del 321 en algunos supuestos como el error del sujeto pasivo respecto de la categoría del bien afectado.
D) Antijuridicidad. No cabe afirmar, a la vista del artículo 322, que la autorización administrativa pueda servir de causa de exclusión de la antijuridicidad. Dicho sea con otras palabras, que la autorización administrativa de de robo no exime de pena al autor del mismo.
En otro orden de ideas, son de aplicación a este precepto las notas comentadas en el estudio del artículo 323 respecto de los desperfectos ocasionados en el curso de una restauración.
E) Conducta comisiva. Como ya queda dicho, la conducta consiste en derribar o alterar gravemente un edificio, lo que parece que habrá que determinarse en cada caso. Así planteado, parece idéntico al supuesto de hecho de la sanción administrativa establecida en el artículo 76.1.g) LPHE que se refiere al derribo, desplazamiento o remoción ilegales de cualquier inmueble afectado por un expediente de declaración de interés cultural.
Por lo demás, se trata de una conducta que se concibe en su forma comisiva teniendo difícil encaje la forma omisiva de realización delictiva considerando la redacción del artículo 11 CP. Caben, sin embargo, determinados supuestos a la vista de la letra a) de este último precepto cuando prescribe que se equipara la omisión a la acción cuando exista una específica obligación legal o contractual de actuar. En este caso la desidia de la Administración en dotar de mecanismos de protección no parece encajar, y lo digo no sin dudas, en la modalidad omisiva de comisión. Cuestión aparte es la letra b) del artículo 11, cuando el omitente haya creado una ocasión de riesgo para el bien jurídicamente protegido mediante una acción u omisión precedente. Así, en algunos casos, en los que el titular del bien elimina soportes o trastoca los cimientos de todo o parte, para, con su conducta posterior omisiva, no remediar un posible derribo, permiten por esta vía ser incluidos en la conducta típica.
En último término, no parecen posibles las formas imperfectas de ejecución.
F) Elemento subjetivo. Se trata de un delito necesariamente doloso a la vista del artículo 12 CP, y es que el artículo 324 se remite a una conducta más amplia y con un bien más genéricamente definido. Sólo en la medida en que esta conducta tiene también encaje en la del artículo 324 (en cuanto a medio comisivo y a objeto del delito) puede afirmarse una comisión imprudente, lo que se debe a esta combinación de figuras aparentemente heterogéneas. En este delito el dolo debe abarcar la acción y la categoría del objeto, aspecto que planteará problemas en los caso de error en cuanto a la concreta consideración legal o administrativa del bien. Insisto, en este caso, y por cuanto que esta categoría se predica de los bienes más relevantes, cabría la aplicación subsidiaria del artículo 323 CP.
G) Penalidad. Nuevas críticas. El artículo 321 castiga con las penas de prisión de seis meses a tres años, multa de doce a veinticuatro meses y en todo caso, inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años, lo que no deja de ser llamativo a la vista de las penas del artículo 323, a saber, prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses. Dejando de lado la inhabilitación especial no deja ser sorprendente que el tope mínimo de la pena de prisión sea más leve en el delito más general. Me explicaré con el siguiente ejemplo, si un individuo choca su camión violentamente contra un muro de la Catedral de Santiago de Compostela y no lo destroza, pero produce daños, puede sufrir más pena que quien la destruye por completo. Con tal comparación se aprecia uno de los más curiosos ejemplos de figuras privilegiadas en el Código Penal.
H) Responsabilidad civil. Lo mismo que sucede con el artículo 323, se prevén para este delito las mismas medidas reparatorias. Por otro lado, y por cuanto que es admisible propiedad particular sobre estos bienes (o sobre los objetos que se encuentren en su interior) cabe declaración de responsabilidad civil en la sentencia condenatoria.
3 Autorización administrativa de la conducta anterior.
Dice el artículo 322 que la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos será castigado además de con la pena establecida en el artículo 404 de este Código con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses. En su segundo apartado añade el precepto que con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por si mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión as sabiendas de su injusticia.
La redacción de este precepto obedece a la escisión en la fase parlamentaria de los artículos inicialmente concebidos como delitos urbanísticos, teniendo su antecedente en la previsión del Anteproyecto que actualmente figura en el artículo 320 (1. La autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes será castigado con la pena establecida en el artículo 404 de este Código y, además, con la de prisión de seis meses a dos años o la de multa de doce a veinticuatro meses. 2. Con las mismas penas se castigará a la autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado haya resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia.)
Se trata de un delito especial de prevaricación y se dirige a la protección de unas normas de derecho necesario que deben ser cumplidas, evitando que se concedan licencias de derribo de bienes declarados de interés cultural.
A) El sujeto activo es, en cualquier caso, la autoridad o funcionario público, para lo que hay que acudir al art. 24 CP. La dicción del tipo convierte a este delito en un delito especial, y obliga a acudir al artículo 24 para alcanzar una correcta integración. A pesar de esta remisión, en apariencia sencilla, existen determinados supuestos complejos que es preciso resolver. Siguiendo a VERCHER NOGUERA, estos casos son los que siguen:
– Empleados de entidades privadas al servicio de la Administración, o en ejercicio de una concesión administrativa. Su inclusión en el tipo penal como sujetos activos no parece posible en aplicación del principio de legalidad penal, todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles a que hubiere lugar.
– Asesores de la Administración que informan a favor de la realización la conducta típica. Aunque se trata de un delito especial, nada parece oponerse a que esta clase de personas puedan encajar en los conceptos de inducción o cooperación necesaria del artículo 28 CP.
B) Conductas típicas. En el tipo estudiado, dos son las conductas comisivas típicas. Ambas se estudiarán por separado.
a) Informar, a sabiendas, favorablemente proyectos de derribo o alteración de edificios singularmente protegidos. Pueden plantearse supuestos conflictivos en los casos, ya comentados en otros puntos, de restauraciones que suponen la entrada de elementos nuevos que se producen previos informes de diferentes administraciones, y que sólo en los casos más graves pueden afectar al bien jurídico protegido. Al margen de esta protección penal, la LPHE sancionaba administrativamente conductas incardinables en este supuesto como infracción grave en el artículo 76.1.e) por infracción de los deberes que sobre la conservación de estos bienes se encomiendan particularmente en los artículos 16 (suspensión de las licencias de demolición), 37 (impedir derribo) y 39 consolidación de bienes de interés cultural) LPHE. No así la del artículo 25, prevista en la sanción administrativa que se refiere a la consolidación de bienes no declarados de interés cultural. En cualquiera de los casos, se trata con la sanción administrativa de castigar conductas omisivas, difícilmente conciliables con la redacción del precepto penal.
En lo relativo a su consumación, VERCHER NOGUERA, referido al delito urbanístico, estima que ésta se produce cuando se dicta el auto definitiva, aportando los siguientes argumentos: a) no se trata de un delito de peligro; b) la penalidad es la misma para quien concede la licencia y para quien informa su concesión en sentido positivo.
b) Resolver o votar a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia, por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado. De esta lectura resultan excluidos aquellos que voten en contra o se abstengan, lo que no es sino una precisión en armonía con la responsabilidad de los intervinientes en los órganos colegiados conforme prescribe el artículo 27.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Se trata, en consecuencia, de conductas necesariamente activas, no incluyéndose la sanción para quienes, con motivo de sus inspecciones, hubieren silenciado la infracción de Leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, como hace el artículo 329. Aunque sin duda lo más aconsejable hubiera resultado la extensión de esta clase de responsabilidad al delito urbanístico y al delito contra el patrimonio histórico, la posibilidad de incriminación en este tipo penal de la conducta omisiva expuesta se ve francamente imposibilitada, en especial en el delito urbanístico.
En cualquiera de los casos, debe tratarse de un acto materialmente antijurídico, aspecto que se desprende de la redacción a sabiendas de su injusticia. Esta dicción hace aplicables a este precepto las notas características del delito de prevaricación definidas por la jurisprudencia, cuando exige que debe tratarse de actuaciones claras terminantes o groseras (Sentencias del Tribunal Supremo de 28 de noviembre de 1994 y 7 de febrero de 1997, entre otras).
Una última nota es lo relativo a la imposibilidad de extensión al autor de este delito de las medidas previstas para la reparación previstas en el artículo 321 en su párrafo segundo.
4 La aplicación del Capítulo V del Título XVI.
Este Capítulo contiene unas disposiciones comunes a todo este Título, contenidas en tres preceptos. Según el artículo 338cuando las conductas definidas en este Titulo afecten a algún espacio natural protegido, se impondrán las penas superiores en grado a las respectivamente previstas. Se trata de un supuesto en que dicha afección se produce de un modo accesorio, pues en caso contrario nos encontraríamos ante un concurso real con un delito urbanístico o con un delito ecológico del artículo 330, que este precepto no parece excluir. Sería un contrasentido entender que quien dañare gravemente los elementos de un espacio natural protegido en el que, además se encuentra un bien del artículo 323, que resulta afectado, resulte condenado. Lo que sí excluye el precepto es su propia aplicación en los casos de concurso real.
Por su parte, según el artículo 339, los Jueces o Tribunales, motivadamente, podrán ordenar la adopción, a cargo del autor del hecho de medidas encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, así como adoptar cualquier otra medida cautelar necesaria para la protección de los bienes tutelados en este Título. Parece aplicable el segundo de los incisos, que autoriza, en cualquiera de las fases del proceso (de ahí la referencia a los Jueces y Tribunales y a la propia esencia de la cautelaridad), la adopción de medidas cautelares de protección. Como sucede con las medidas de los artículos 321 y 323, se realizarán a cargo del autor del hecho, lo que sólo puede concretarse en la sentencia condenatoria. A esto puede añadirse una última cuestión, en este caso proveniente de la posibilidad de extensión a los autores de los delitos contenidos en los artículos 322 y 324 de medidas en cierto sentido reparatorias, pues los artículos 321 y 323 se refieren a la imposición a cargo del autor de medidas reparatorias. Estas medidas y las del artículo 338 no deben confundirse, y en sus resoluciones los Jueces y Tribunales deben ser cuidadosos, pues al amparo de éste, sólo pueden acordarse medidas cautelares relativas a la protección de estos bienes, y no restauradoras de los mismos.
El último de los preceptos es el artículo 340 que establece que si el culpable de cualquiera de los hechos tipificados en este Título hubiera procedido voluntariamente a reparar el daño causado, los Jueces y Tribunales le impondrán la pena inferior en grado a las respectivamente previstas.
III Los otros delitos contra el patrimonio histórico.
1 Dentro del Código Penal.
Aunque hubiese resultado preferible un tratamiento dentro del mismo capítulo del Código Penal, se ha indicado al comienzo de este trabajo que existen otros preceptos que protegen con carácter expreso el patrimonio histórico, si bien vinculados (o acaso lamentablemente supeditados) a otros bienes jurídicos.
El comentario de los preceptos que protegen el patrimonio histórico ubicados sistemáticamente al margen del Capítulo II del Título XVI requiere un recordatorio de los aspectos fundamentales expuestos con anterioridad, en particular, en la definición de los objetos de los delitos tipificados en los artículos 323 y 321 CP. Así, al exponer el objeto del artículo 321 se indicó que el objeto se limitaba a los bienes de interés cultural. Pues bien, esta clase de bienes constituye el objeto de los delitos tipificados en los artículos 319.1 (delito urbanístico) y 613.1 (delito con ocasión de un conflicto armado). En los restantes supuestos, referidos en los artículos 235.1 (hurto), 241.1 (robo), 250.5º (estafa), 252 (apropiación indebida), 432.2 (malversación) y 625.2 (falta de daños), se atenderá a lo comentado respecto del objeto del delito tipificado en el artículo 323 CP.
2 La exportación no autorizada.
España es un Estado exportador de bienes culturales que se distribuyen desde el Reino Unido, Suiza, Alemania y Estados Unidos a todos los puntos del mundo. La circulación de estos bienes se ha visto restringida por esta razón, explicando este hecho, además, que los precios de cotización de bienes culturales y artísticos resulten más limitados en España que en los mercados internacionales.
El tráfico internacional de obras de arte se rige por la Convención de París de 17 de noviembre de 1970 de medidas para prohibir e impedir la importación, la exportación y la transferencia de propiedades ilícitas de bienes culturales; y el Convenio para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado de La Haya de 14 de mayo de 1954. El Convenio UNIDROIT sobre bienes culturales robados o exportados ilegalmente de 24 de junio de 1995 cierra la actual regulación sobre la materia. Dentro de la Unión Europea, y en aplicación de los artículos 3, 36, 92 y 128 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea, se han dictado el Reglamento 3911/92 del Consejo, relativo a la exportación de bienes culturales; el Reglamento 752/93 de la Comisión, relativo a las disposiciones de aplicación del Reglamento precedente; y la Directiva 93/7/CEE del Consejo relativa a la restitución de bienes culturales que hayan salido de forma ilegal del territorio de un Estado miembro de la Unión Europea (desarrollada por la Ley 36/1994 de 23 de diciembre, modificada por la Ley 18/1998, de 15 de junio).
El artículo 2 apartado e) de la Ley Orgánica 12/1995 de Represión del Contrabando castiga la exportación de bienes que integran el patrimonio histórico español cuando sea necesaria la autorización de la Administración del Estado. Dicha autorización se regula en los artículos 5 y 29 a 33 LPHE, y puede concederse con carácter temporal (por ejemplo, para la realización de una exposición en el extranjero) o definitivo. En estos casos, el órgano competente es la Junta Superior de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, órgano integrado dentro del Ministerio de Cultura, que puede acordar o bien autorizar la exportación o bien denegarla o bien, por último, la adquisición en favor de una institución pública de los bienes en el precio indicado en la oferta de compra a precio fijo (si existe) que se presente en la solicitud de exportación.
Una nota de particular importancia tiene su origen en el artículo 29 LPHE que atribuye la propiedad al Estado de los bienes que se exporten sin la debida autorización, imponiéndole este precepto la obligación de recuperarlos. Esta consecuencia se establece, asimismo, para los supuestos de la exportación que se produce con posterioridad a una sustracción o pérdida. Para estos supuestos, el artículo 29 LPHE establece una verdadera expropiación ope legis.
Créditos y Agradecimientos: Los delitos sobre el Patrimonio Histórico por Antonio Roma Valdés. Publicado en Delitos y cuestiones penales en el ámbito empresarial, Expansión, Madrid, V, 1998, pp. 441-468. aromavaldes@hispavista.com
Etiquetas de Technorati: patrimonio cultural,delitos,protección legal patrimonio historico,constitucion española
Publicado 28 abril, 2011 por Andrés Magaña García en Delitos sobre Patrimonio Cultural, Delitos sobre Patrimonio Histórico
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