Source: http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?id=20009365
Timestamp: 2019-10-20 06:30:44
Document Index: 38544479

Matched Legal Cases: ['artículo 38', 'artículo 174', 'artículo 38', 'artículo 38', 'artículo 150', 'artículo 174', 'artículo 268', 'artículo 38', 'artículo 174', 'artículo 60', 'Artículo 38', 'Artículo 174', 'artículo 158']

C-1196 de 2005
200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020009365CC-SENTENCIAC1196200522/12/2005CC-SENTENCIA_C_1196__2005_22/12/2005200093652005SENTENCIA C-1196/05 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD -Requisitos de pertinencia, claridad, certeza, especificidad y suficiencia INHABILIDADES PARA DESEMPEÑAR CARGOS PUBLICOS- No pago de suma establecida en fallo de responsabilidad fiscal DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA- Carga argumentativa PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION- Registro integral de antecedentes/ CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA -Expedición de certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal La disposición demandada no impide que, de acuerdo con la ley, la Contraloría General de la República expida los certificados de antecedentes de responsabilidad fiscal, puesto que se trata de una función distinta de la que se atribuye a la Procuraduría, y conforme a la cual corresponde a ésta llevar un registro integral de antecedentes, en el que consten los de naturaleza disciplinaria, penal o fiscal, las condenas impuestas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía y las inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el Estado, de acuerdo con el reporte suministrado por las diversas instancias de control del Estado, entre ellas la Contraloría General de la República. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA- Falta de claridad, certeza y pertinencia en razones de inconstitucionalidad Referencia: expediente D-5775
RODRIGO ESCOBAR GILD5775CONSTITUCIONALIDADAna Beatriz Larrota CastañedaDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 38, numeral cuarto, parágrafo 1° y 174 (parcial) de la Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".Identificadores20020009366true20942Versión original20009366Identificadores
Norma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 38, numeral cuarto, parágrafo 1° y 174 (parcial) de la Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
DEMANDA de inconstitucionalidad contra los artículos 38, numeral cuarto, parágrafo 1° y 174 (parcial) de la Ley 734 de 2002, "Por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Ana Beatriz Larrota Castañeda demandó algunos apartes de los artículos 38, parágrafo 1° y 174 de la Ley 734 de 2002, "por la cual se expide el Código Disciplinario Único".
PARÁGRAFO 1o. Quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente.Esta inhabilidad cesará cuando la Contraloría competente declare haber recibido el pago o, si este no fuere procedente, cuando la Contraloría General de la República excluya al responsable del boletín de responsables fiscales.
La accionante considera que los apartes acusados del parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, así como la expresión "para efectos de la expedición del certificado de antecedentes", contenida en el artículo 174 de la citada Ley, comportan una violación de los artículos 2, 3, 4, 6, 63, 150, 156, 158, 169, 267, 268, 277 y 278 de la Constitución Política.
La demandante comienza por señalar cómo, en su criterio, las expresiones acusadas del artículo 38, parágrafo primero, de la Ley 734 de 2002, comportan una "extralimitación" que resulta violatoria de los artículos 63, 158 y 168 numeral 5º de la Carta, toda vez que permiten que la Procuraduría General de la Nación, en exceso de sus facultades legales y constitucionales, condone deudas fiscales, lo que dejaría sin efectos los fallos de responsabilidad fiscal dictados por la Contraloría General de la República. Agrega que las disposiciones acusadas resultan, además, contrarias al principio de unidad de materia.
a. Con relación a la expresión "quien haya sido declarado responsable fiscalmente será inhábil para el ejercicio de cargos públicos y para contratar con el Estado durante los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria del fallo correspondiente", contenida en el parágrafo 1° del artículo 38 de la Ley 734 de 2002, la demandante considera que la expresión es vaga e imprecisa, al punto que da igual tratamiento a las obligaciones puramente civiles y a las obligaciones fiscales. Así, en su criterio, mientras que las obligaciones civiles y comerciales prescriben en el término de cinco años, cuando no se ha iniciado la acción o habiéndose iniciado no se ha logrado la notificación del mandamiento de pago, para las obligaciones fiscales no corre el término de prescripción, siempre que dentro de los cinco años se haya notificado personalmente el auto de mandamiento de pago, sin importar el tiempo que transcurra para hacer efectiva la obligación de dinero, ya que en este caso, está de por medio el interés general.
En ese sentido, la demandante afirma que mientras para la Procuraduría las inhabilidades que se generan en razón de la responsabilidad fiscal cesan en un lapso máximo de diez años, para la Contraloría General, el no pago de las obligaciones derivadas de la responsabilidad fiscal "… significa una muerte civil que impide a las personas naturales o jurídicas contratar o acceder al Estado, en tanto no se den las causales legales para ser excluido del boletín de Responsables Fiscales".
Finalmente, para la demandante la disposición acusada también resulta violatoria del principio de unidad de materia, ya que no puede regularse a través de un mismo instrumento legal temas disciplinarios y asuntos de "naturaleza estrictamente patrimonial", toda vez que no existe "conexidad causal, teleológica, temática o sistemática entre lo disciplinario, lo filosófico y lo fiscal". Agrega que los temas propios del control fiscal y de las inhabilidades correspondientes son materias consagradas en la Ley 610 de 2000, "por lo cual al abordarse este tema en una ley diferente [ésta] vulnera el artículo 150 numeral 23 de la Carta Política".
En ese sentido, la actora afirma que al regular conjuntamente aspectos de la responsabilidad fiscal con los propios del proceso disciplinario, se generan vicios de inconstitucionalidad que "se deducen de su confrontación con los artículos 2, 236, 237, 238 y 258 de la Carta Política".
Para terminar, la actora solicita a la Corte Constitucional que, como medida previa, se ordene la suspensión provisional del artículo 174 de la Ley 734 de 2002, "… en lo que respecta al registro en la División de Registro y Control y Correspondencia de la Procuraduría General de la Nación de los fallos con responsabilidad fiscal, para efectos de la expedición del certificado de antecedentes fiscales" hasta tanto se defina la constitucionalidad de las disposiciones acusadas.
La interviniente empieza por hacer un recuento de las normas que regulan lo referente a la responsabilidad fiscal, refiriéndose para el efecto al artículo 268 de la Constitución Política y a la Ley 610 de 2000, con el fin de establecer el marco general del problema jurídico planteado. Señala que, en ese contexto, "[l]os fallos con responsabilidad, representan para los declarados fiscalmente responsables la inclusión obligatoria en una lista o boletín que les impide ser nombrados o celebrar cualquier tipo de contrato con la administración pública, hasta tanto no cancelen la suma debida por causar daño al patrimonio económico del Estado". Agrega que, por el contrario, la inhabilidad establecida en el parágrafo del artículo 38 de la Ley 734 de 2002 tiene un límite temporal, que se aplica aún cuando no se haya pagado la suma establecida en el fallo con responsabilidad fiscal. Los términos en los que está establecida esa inhabilidad, señala, comportan, además un trato que resulta discriminatorio, toda vez que aquellas personas que tienen capacidad de pago pueden, mediante la cancelación de la suma exigida, poner fin a la sanción de inhabilidad, mientras que aquellos que no tengan los recursos deberán permanecer inhábiles, circunstancia que, a su juicio, contraviene los mandatos de la Carta.
Mediante comunicación de fecha 20 de mayo de 2005, el Procurador y el Viceprocurador General de la Nación se declararon impedidos para rendir el concepto de rigor dentro del presente proceso, ya que, en razón de sus cargos, los dos participaron en el trámite del proyecto de ley que dio origen a la Ley 734 de 2002, -nuevo Código Disciplinario Único-, de cuyo texto hacen parte las normas demandadas.
Por otra parte, también cuestiona la expresión "para efectos de la expedición de antecedentes" contenida en el artículo 174 de la Ley 734 de 2002, porque en su concepto "[e]sta norma es parcialmente inconstitucional, pues corresponde a la Contraloría de la República, la expedición del Boletín de Responsables Fiscales y sus correspondientes certificados, de conformidad con las voces del artículo 60 de la Ley 610 de 2000, que es norma especial que se encuentra referida al trámite desarrollo y ejecución de los procesos de responsabilidad fiscal …". No señala la accionante, de manera específica, cual es la disposición constitucional infringida por el aparte normativo acusado, ni expresa el concepto de la violación.
En cuanto hace al señalamiento de las disposiciones constitucionales que se consideran infringidas, la Corte ha precisado que dicha exigencia comprende la exposición del contenido normativo de las mismas que riñe con las normas demandadas, es decir, que el demandante debe "… manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan" [5]. Agregó la Corte que "[n]o basta, pues, con que el demandante se limite a transcribir la norma constitucional o a recordar su contenido."[6]
Es claro, sin embargo, que las normas demandadas, en este acápite, ni contienen habilitación alguna para el Procurador General de la Nación -en la medida en que se limitan a fijar un término de duración para la inhabilidad derivada de la responsabilidad fiscal-, ni disponen la prescripción de las obligaciones fiscales, dado que la existencia de las mismas y su posterior recaudo se continúan rigiendo por las normas especiales y nada impide que, con posterioridad al vencimiento del término de la inhabilidad previsto en la ley, se prosiga con el cobro coactivo de las obligaciones fiscales que estén pendientes de pago.
La demandante no formula ningún reparo de inconstitucionalidad frente al hecho mismo de que la ley haya establecido un límite temporal a la inhabilidad prevista para quienes hayan sido declarados fiscalmente responsables, materia sobre la cual simplemente afirma que "… mientras que para la Procuraduría General de la Nación las inhabilidades producidas por una responsabilidad fiscal, cesan al transcurrir máximo diez años sin haberse producido el pago, para la Contraloría General de la República significa una muerte civil que impide a las personas naturales o jurídicas contratar o acceder al Estado, en tanto no se den las causales legales para ser excluido del boletín de responsables fiscales." Esto es, pone de presente la diferencia que existe entre el régimen que contemplaba la Ley 610 de 2000[9] y el que se desprende de las disposiciones acusadas, sin que de ello pueda derivarse la existencia de un cargo de inconstitucionalidad, por falta de pertinencia de las razones.
Sin embargo, la realidad es que el régimen de responsabilidad fiscal se mantiene intacto[10], tanto en la competencia para adelantar los respectivos procesos, que permanece en cabeza de la Contraloría General de la República, como en el procedimiento para declarar la responsabilidad y para hacer efectivo el recaudo de las sanciones pecuniarias que sean del caso. Incluso se mantiene sin modificación la competencia de la Contraloría para llevar el registro de responsables fiscales y expedir los certificados correspondientes. La Ley establece si, una causal de inhabilidad derivada de la responsabilidad fiscal, materia sobre la cual ya la Corte ha dicho que "… los campos de la disciplina del servidor público y de las inhabilidades del mismo … pueden hacer parte de una unidad normativa concebida por el legislador al regular de manera general un aspecto del servicio público, en cuanto … sea posible definir la interrelación entre ellas", lo cual indudablemente ocurre tratándose del Código Disciplinario Unico, que, tal como ha sido diseñado por el legislador, no se "… circunscribe a las cuestiones estrictamente disciplinarias aplicables a quienes ejercen cargos en una determinada rama del poder público sino que lo amplía a la generalidad de los servidores estatales en lo referente a la integridad de la actividad que cumplen, lo cual le exige cobijar normas que, en los varios tópicos del servicio público, guarden relación con el tema principal." En lo acusado, la norma demandada establece un límite temporal a la duración de esa inhabilidad, pero sin que, ni en uno ni en otro caso quepa señalar que se está regulando el proceso de responsabilidad fiscal.
Pero, aún asumiendo que el establecimiento de una inhabilidad para quien haya sido declarado fiscalmente responsable es materia que ha sido regulada dentro del régimen de la responsabilidad fiscal, encuentra la Corte que la demanda tampoco satisface la carga argumentativa que, de acuerdo con la jurisprudencia, resulta exigible cuando se plantea un cargo por violación del principio de unidad de materia[12], porque sobre el particular, la demandante se limita a señalar que los temas del control fiscal y las inhabilidades derivadas de la responsabilidad fiscal fueron regulados en la Ley 610 de 2000 y que no existe conexidad causal, teleológica, temática o sistemática "entre lo disciplinario, lo filosófico y lo fiscal", pero sin explicar las razones por las cuales considera que no cabe establecer esa relación de conexidad entre el régimen disciplinario y la regulación de las inhabilidades de los servidores públicos, materia sobre la cual, por otra parte, como se ha dicho, ya se ha pronunciado la Corte.
Finalmente, también cuestiona la demandante que se atribuya a la Procuraduría General de la Nación la función de registrar los fallos con responsabilidad fiscal "… para efectos de la expedición del certificado de antecedentes" porque en su criterio ello riñe con la función que la Ley 610 de 2000 atribuye a la Contraloría General de la República de expedir el Boletín de Responsables Fiscales y sus correspondientes certificados.
La fundamentación de este cargo, por consiguiente, no responde a razones que cumplan con las condiciones de pertinencia -porque no se orientan a formular un cargo concreto de inconstitucionalidad contra la disposición demandada- y de certeza -porque no recaen sobre una proposición jurídica real y existente-.
Inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad (parágrafo 1 numeral 4 ) Artículo 38 LEY_734_2002_05/02/2002
Inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad (parcial ) Artículo 174 LEY_734_2002_05/02/2002
[12] En la Sentencia C-579 de 2001, la Corte expresó que "[s]i un ciudadano pretende que la Corte efectúe el control constitucional de una determinada disposición, por considerarla lesiva del principio de unidad de materia, tal demandante deberá efectuar un triple señalamiento: a) el de la materia que es objeto de la ley que demanda, b) el de las disposiciones de tal ordenamiento que, en su criterio, no se relacionan con dicha materia, y c) el de las razones por las cuales considera que las normas señaladas no guardan relación con el tema de la ley y, por lo mismo, lesionan el artículo 158 Superior". A su vez, en la Sentencia C-910 de 2004 la Corporación precisó que "[p]ara cumplir con esa carga argumentativa, no basta con que el actor se limite a señalar la que en su criterio es la materia propia de la ley, o a describir el contenido de las normas que acusa como carentes de relación de conexidad con esa materia, sino que debe fundar sus afirmaciones en un razonamiento, así sea mínimo, pero, en todo caso, suficiente para plantear el debate de constitucionalidad." Agregó la Corte que "… no basta con afirmar que determinadas normas no guardan relación con el núcleo temático de la ley, sino que hay que presentar las razones por las cuales no resulta posible establecer ningún tipo de relación de conexidad entre unas y otro."