Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-00473-de-junio-26-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_03ae8fc456d50128e0530a0101510128&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-12-11 11:47:41
Document Index: 328482651

Matched Legal Cases: ['artículo 357', 'artículo 16', 'artículo 416', 'artículo 411', 'artículo 357', 'Artículo 357', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 4', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 56', 'artículo 5', 'artículo 80', 'artículo 10', 'artículo 76', 'artículo 176']

﻿ Sentencia 1999-00473 de junio 26 de 2014
SENTENCIA 1999-00473 DE 26 DE JUNIO DE 2014
CONTENIDO:RESPONSABILIDAD ESTATAL- DESASTRES NATURALES. LOS EVENTOS DE LA NATURALEZA DEBEN SER EVITADOS HASTA DONDE RESULTE POSIBLE, TAMBIÉN DEBEN SER MITIGADOS PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE VIDAS, LESIONES Y SINIESTROS ECONÓMICOS QUE NO POCAS VECES PONEN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A QUIENES LOS PADECEN. POR ESTO, LA CREACIÓN DE SISTEMAS DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE DESASTRES ES OBLIGACIÓN POSITIVA DE LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DEL ORDEN NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL. LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR LOS DAÑOS ANTIJURÍDICOS DERIVADOS DE LA OCURRENCIA DE DESASTRES NATURALES DEPENDE DE LO PREVISIBLES, RESISTIBLES Y DE LA INACTIVIDAD DEL ESTADO. EN EL CASO ANALIZADO, SE DECLARÓ LA RESPONSABILIDAD DEL MUNICIPIO DE MANIZALES Y DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CALDAS POR LA MUERTE DE OCHO PERSONAS COMO CONSECUENCIA DEL DESLIZAMIENTO DE TIERRA RESULTADO DE LA FALTA DE CONSERVACIÓN DEL CAUCE DE UNA QUEBRADA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MUNICIPIO, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL, RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, DESASTRE NATURAL
Sentencia 1999-00473 de junio 26 de 2014
Rad.: 17001233100019990047301 (26.312)
Actor: Sandra Patricia Sánchez Valencia y otros
EXTRACTO: « II. Consideraciones de la Sala
La Sala es competente para conocer del presente asunto, en razón de los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia de primera instancia, dado que la cuantía de las pretensiones alcanza la exigida en vigencia del Decreto 597 de 1988(7), para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia ante esta corporación.
Por otra parte, en atención a que la alzada fue promovida por dos extremos de la litis de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil, la Sala resolverá sin limitaciones(8).
Corresponde a la Sala pronunciarse sobre los argumentos planteados por las partes, con miras a determinar si el municipio de Manizales y la Corporación Autónoma Regional de Caldas son responsables patrimonialmente por los daños causados a los demandantes, con motivo de la muerte de los señores Harold Hernández Ballesteros, María Arnovia (sic) Arias Cardona, J.E.G.M., José Carmelo Giraldo Montoya, María Arcila de Arroyave, María Lucero Quintero Montoya y Jorge William Rivera Osorio en el deslizamiento de tierra ocurrido el 14 de marzo de 1999, en la quebrada El Silencio ubicada en inmediaciones del barrio Villa Luz de la ciudad de Manizales o si por el contrario se trata de un evento de fuerza mayor o atribuible a las víctimas.
De establecerse la responsabilidad de las entidades demandadas se procederá a la liquidación de los perjuicios teniendo en cuenta los reparos efectuados por la parte demandante frente a los que no fueron reconocidos en la sentencia de primera instancia.
En relación con los argumentos planteados en la alzada por las partes, se encuentran acreditados los siguientes hechos relevantes:
3.1. Se encuentra probado que una vez satisfechos los requisitos legales y reglamentarios, la asociación de vivienda Asovicen obtuvo el 12 de mayo de 1995 la licencia ambiental única(9), el 7 de febrero de 1997 la licencia de urbanismo(10) y el 15 de julio de 1997 la licencia de construcción(11) para adelantar en el predio identificado con la ficha catastral 1-06-0003-0001- 000 del sector Yarumales de la ciudad de Manizales un proyecto de 300 viviendas unifamiliares aproximadamente.
El predio había sido adquirido por la asociación de vivienda Asovicen mediante permuta realizada con el municipio de Manizales y se catalogó en su momento, por parte de las autoridades municipales como apto para la construcción de vivienda(12).
3.2. Se sabe que el terreno está ubicado en el sector 26 reconocido en la ciudad de Manizales por sus problemas de inestabilidad que, desde el año 1979 obligaron a Corpocaldas a contratar estudios y obras(13) que comprendieron entre otras, la estabilización de laderas, el manejo de aguas y la corrección de causes (sic)(14), sin embargo, de acuerdo con los peritos —expertos en la geología e ingeniería civil— no tuvieron impacto directo sobre la quebrada El Silencio y la urbanización Villa Luz(15).
Igualmente, que el predio en cuestión se caracteriza en su formación geológica por depósitos de caída piroclástica(16) y de rocas de formación quebradagrande(17), lo cual, sumado al proceso erosivo generado por factores como el incremento de sedimentos en la quebrada El Silencio, producto de los movimientos de tierra adelantados en el sector, la pérdida de soporte en las laderas que constituyen los(sic) orillas del afluente como consecuencia de la socavación lateral y de fondo y el sobrepeso que ocasiona la construcción de las viviendas de la urbanización Villa Luz en la ladera occidental(18) representaba un riesgo inminente para las viviendas y la comunidad del sector(19).
3.3. Está probado que la quebrada El Silencio se encuentra en un sitio montañoso con fuertes pendientes y que ha sido modelado por la acción de las aguas de escorrentía y de drenaje(20) y se conoce que está conformada por tres afluentes, uno de los cuales rodea por el norte al predio donde se ubica la urbanización, lugar donde se presentan los mencionados problemas de socavación lateral y de fondo, lo que origina grandes movimientos de masa,(21) en ambos márgenes de la quebrada(22).
3.4. Se encuentra acreditado que en el mes de julio de 1998, funcionarios de la Oficina Municipal para la Prevención y Atención de Desastres realizaron un estudio técnico al movimiento de tierras efectuado en el proyecto urbanización Villa Luz y formularon las siguientes recomendaciones(23):
— Los materiales provenientes de las explanaciones no deben ser (sic) siguiendo arrojados indiscriminadamente sobre las laderas.
— Los procesos erosivos activos que se presentan sobre la ladera ubicada en la parte baja de la urbanización deben ser controlados antes de que puedan afectar zonas que aún son estables.
— Una vez sean controlados los procesos erosivos activos, debe realizarse un diseño de obras geotécnicas que garanticen la estabilidad en el tiempo.
— Las líneas de drenaje que sean intervenidas deben ser preparadas adecuadamente con obras de drenaje como filtros o alcantarillas de cajón con el fin de evitar flujos que afecten las parles bajas. Estas obras de drenaje deben obedecer a un diseño.
— La línea de drenaje ubicada en la parte inferior de la urbanización debe ser recuperada mediante obras de protección de fondo como diques en mampostería o gaviones, los cuales actuarían como unos grandes sedimentadores que a su vez le darían confinamiento a las laderas que en la actualidad presentan movimientos en masa activos.
— En los taludes originados en la parte alta de la urbanización deben ser construidas obras geotécnicas que garanticen su estabilidad en el tiempo. Dentro de estas obras están:
• Bernas (sic) para disminuir la altura de los taludes.
• Zanjas colectoras para manejar las aguas de escorrentía.
• Canales para llevar el agua de las zanjas a sitios seguros.
• Revegetalización para evitar problemas erosión hídrica.
— Las obras de infraestructura urbana como la pavimentación de las calles y la construcción del alcantarillado para las aguas deben ser realizadas con la mayor brevedad posible, debido a que el agua de escorrentía es uno de los factores más determinantes en el momento de evaluar las causas de los fenómenos de inestabilidad.
— No se recomienda que este movimiento de tierras se siga efectuando hasta el momento en el cual se presente el diseño de las obras de estabilidad y la topografía definitiva de la zona.
—La estabilidad de la ladera ubicada en la parte alta del barrio Viveros debe ser analizada debido a que sobre esta ladera se encuentran depósitos de las antiguas explanaciones que pueden presentar condiciones de estabilidad desfavorables.
3.3. Igualmente, se encuentra establecido que, para el momento de ocurrencia de los hechos, debido a los movimientos de tierra en ambos márgenes de la quebrada por cuenta de las obras de urbanización, aumentó su poder erosivo debido a la gran cantidad de sedimentos arrojados a su cause(sic) por acción de la lluvia y las aguas de escorrentía, lo que trajo como consecuencia la desestabilización de los taludes y naturalmente la posibilidad de ocurrencia derrumbes de los terrenos(24).
3.4. Así mismo, se encuentra acreditado que en desarrollo del proyecto urbanístico se evidenció por parte de la asociación de vivienda los problemas de inestabilidad del terreno generados, entre ellos los propiciados por cuenta de la quebrada El Silencio, los cuales fueron puestos en conocimiento de organismos de socorro como los bomberos y de entidades como el municipio de Manizales —OMPAD—y Corpocaldas(25).
3.5. Se sabe que los miembros de la urbanización Villa Luz venían realizando obras por cuenta propia para mantener el cauce de la quebrada El Silencio, motivados por el temor de la ocurrencia de un siniestro que afectara sus viviendas y su propia integridad(26) . Situación agravada como consecuencia de los movimientos de tierra adelantados en el predio de frente.
3.6. Se conoce que el 11 de marzo de 1999 un deslizamiento de tierra tapó el curso de la quebrada El Silencio(27) y que la comunidad, como era costumbre, se organizó el día domingo siguiente con el fin de abrir el cauc(sic) y que en desarrollo de la labor se produjo un derrumbe que ocasionó el deceso de los señores Harold Hernández Ballesteros, María Arnobia Arias Cardona, J.E.G.M., José Carmelo Giraldo Montoya, María Arcila de Arroyave, María Lucero Quintero Montoya y Jorge William Rivera Osorio.
Al respecto, si bien nada indicaba que los movimientos con fines urbanísticos darían lugar al represamiento de la quebrado (sic) y así mismo al advenimiento de un alud; se conocía que el inadecuado manejo de los materiales provenientes de la explanación aumentaría los procesos erosivos y contribuirían a desestabilizar el terreno, lo que podría naturalmente causar deslizamientos(28).
3.7. Se encuentra establecido que el represamiento de agua era un riesgo grave para el predio ya que podía desestabilizar las laderas adyacentes. Además constituía un riesgo de avalancha que podría afectar no solo el suelo, sino a las construcciones aledañas de los barrios Villa Luz y Minitas, como a sus habitantes, produciendo además inundaciones en la zona(29)
3.8. Se probó que el municipio de Manizales y Corpocaldas diseñaron con posterioridad al represamiento de la quebrada El Silencio su canalización, las obras de estabilidad del talud y el manejo de las aguas lluvias —cause (sic) afluente quebrada El Silencio—. Se conoce también que el municipio prestó asesoría para la construcción de obras de construcción de obras de estabilidad (sic) y manejo de aguas superficiales y subterráneas (talud superior, cauce afluente, quebrada El Silencio)(30) y que se construyeron diques de consolidación a lo largo de la quebrada, un canal de rápidas y box coulvert(31).
4.1.1. De conformidad con las pruebas que se allegaron la Sala tiene por demostrado el daño invocado por la parte actora, es decir, está debidamente acreditada la muerte de los señores Harold Hernández Ballesteros(32), María Arnobia Arias Cardona(33), J.E.G.M.(34), José Carmelo Giraldo Montoya(35), Jorge William Rivera Osorio(36), María Lucero Quintero Montoya(37) y María Arcila de Arroyave(38), como consecuencia de un deslizamiento de tierra ocurrido en la quebrada El Silencio(39). Afectación a la vida de sus seres queridos que los accionantes no estaban en el deber de soportar.
4.1.2. Igualmente, obran pruebas documentales y testimoniales encaminadas ha (sic) demostrar los perjuicios causados, las cuales se analizarán, de ser pertinente, en orden a realizar la correspondiente liquidación de perjuicios.
4.2.1. Los actores imputan acciones u omisiones a las entidades demandadas relacionadas con el deslizamiento de tierra —desastre natural— proveniente de una de las laderas de la quebrada El Silencio que cobró la vida de siete de las personas que realizaban labores para despejar el cauce del afluente de aguas obstruido y que representaba un riesgo para la estabilidad de la urbanización Villa Luz.
4.2.2. Como se puede notar el daño objeto de reproche se causó por un hecho de la naturaleza, un desastre natural, el cual en vigencia de la Ley 46 de 1988 y el Decreto 919 de 1989 se definía como:
“(...)el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causada por fenómenos naturales y por electos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiere por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social”.(40)
4.2.2.1. No obstante, los eventos de la naturaleza deben ser evitados hasta donde ello resulte posible y mitigados para evitar la pérdida de vidas, lesiones y siniestros económicos que no pocas veces ponen en situación de vulnerabilidad a quienes las padecen y a sus familias, pues compromete bienes básicos para el normal desenvolvimiento social. Así los sistemas de atención y prevención de desastres hacen parte de las obligaciones positivas que las autoridades públicas del orden nacional, regional y local tienen que satisfacer con el fin de no escatimar esfuerzos para como se ha dicho evitar su ocurrencia o minimizar sus electos y en todo caso, tener capacidad para socorrer electivamente a los afectados.
4.2.2.2. Bajo la conciencia de este imperativo, presente en el derecho internacional en documentos como “Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro y su Plan de Acción”(41) y la “Declaración de Hyogo”(42), en el derecho nacional a partir de los artículos 1º, 2º, 95 de la Constitución Nacional y entre otras normas, en el Decreto 93 de 1998, “Por el cual se adopta el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres”, la Sala reitera en esta oportunidad que la responsabilidad patrimonial del Estado ateniendo (sic) a las circunstancias especiales de cada caso puede resultar comprometida así, en principio el daño se origine en la naturaleza misma, sin que la responsabilidad se pueda atribuir en todos los casos.
4.2.2.3. La corporación ha venido sosteniendo para estructurar la responsabilidad estatal, de cara a eventos originados en las fuerzas de la naturaleza:
Comoquiera que Los desastres naturales(43) se consideran, en principio, como constitutivos de fuerza mayor(44), la imputación de responsabilidad al Estado por los daños antijurídicos derivados de la ocurrencia de fenómenos de este tipo, dependerá de que se establezca su previsibilidad y resistibilidad en conjunto con la inactividad del Estado que, conocedor de la potencial ocurrencia del fenómeno natural, no ejecuta acción alguna tendiente a conjurarlo, encontrándose obligado a ello, responsabilidad que también resulta comprometida si se establece que con su conducta activa, el Estado expuso a los administrados al fenómeno natural.
La Sala, en reiterada jurisprudencia(45), al estudiar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños provenientes de la ocurrencia de fenómenos naturales, tales como el desbordamiento de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra, desprendimiento de rocas, inundaciones por lluvias, entre otros, ha deducido tal responsabilidad frente a la demostración de que las entidades demandadas incumplieron con su deber de vigilancia y cuidado y se abstuvieron de adoptar las medidas de prevención requeridas para cada caso concreto, a pesar de haber tenido conocimiento previo de la posible ocurrencia del hecho natural.
4.2.2.4. Corresponde al municipio de Manizales y la Corporación Autónoma Regional de Desarrollo de Caldas —Corpocaldas— actuar coordinadamente para la prevención y atención de desastres naturales, en cuanto integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (L. 1523/2012, art. 5º) para la época de los hechos del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (D. 919/89, art. 9º). En ejercicio de competencias claras de cara a la estructuración de los planes de desarrollo, ordenamiento urbano y especialmente para la mitigación de los riesgos ocasionados por los deslizamientos de tierra.
4.2.2.5. Así, por ejemplo, desde la creación en 1971 por mandato de la Ley 40 a la Corporación Regional Autónoma para la Defensa de (sic) ciudades de Manizales, Salamina y Aranzazu, le fue asignada la construcción y conservación de obras de alcantarillado, drenaje y defensa para la estabilidad de los suelos amenazados por erosión y deslizamiento(46).
Luego, bajo la denominación asignada por Ley 22 de 1991 como Corporación Autónoma Regional de Desarrollo de Caldas “Corpocaldas” se le encargó, además, de las tareas que venía cumpliendo especialmente en lo que tiene que ver con la construcción de obras para la defensa de los suelos amenazados por la erosión y deslizamientos, el desarrollo de acciones que tiendan a disminuir los riesgos de desgracias causadas por fenómenos naturales(47).
En 1993, la Ley 99 sin perjuicio de una nueva denominación Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpocaldas al tiempo que “crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables y organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA (…)” resalta el deber, esta vez a nivel general, de las corporaciones autónomas regionales de realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres. Vale destacar la asignación del desarrollo de programas de adecuación de áreas urbanas en zonas de alto riesgo, tales como control de erosión, manejo de cauces y reforestación en coordinación con las administraciones municipales o distritales.
4.2.2.6. De otra parte, en armonía con el deber de las autoridades territoriales de actuar coordinadamente con las autoridades del Sistema de Atención y Prevención de Desastres, se debe señalar que los municipios tienen a su cargo la planeación urbana(48), la que comprende entre otras obligaciones, la determinación de las zonas de riesgo, en orden a establecer los usos de suelos de su territorio. Además, de manera especial, se les ha encomendado a los alcaldes la realización de inventarios de los lugares que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos, por ser inundables o susceptibles de derrumbes o deslizamientos y asimismo coordinar programas de reubicación de los habitantes o desarrollar las labores necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas(49).
4.2.3. En el caso concreto, se señaló a las demandadas por la omisión de la ejecución de sus competencias en materia de prevención de desastres, pues, a pesar de conocer los problemas de inestabilidad que presentaba el terreno, se promocionó y autorizó la construcción del proyecto de vivienda de interés social denominado Urbanización Villa Luz, al margen de diversos factores erosivos, entre ellos la quebrada El Silencio, sin cumplir la tarea de adelantar las obras necesarias para evitar o mitigar la concreción de los riesgos existentes. Cabe destacar, entonces la construcción del complejo habitacional en un lote que no resultaba aptó para el asentamiento humano.
4.2.3.1. En el proceso se demostró que la asociación de vivienda Asovicen con el ánimo de desarrollar un programa de vivienda para sus afiliados por sistemas de autogestión o participación comunitaria propia de este tipo de organizaciones adquirió, a través de una permuta con el municipio de Manizales el predio donde se levantó la Urbanización Villa Luz y que el Concejo del municipio autorizó la negociación, mediante Acuerdo 11 de 9 de marzo de 1994, precisamente por encontrarlo apto para la construcción de vivienda, así aparece consignado en el documento:
“El predio de propiedad del municipio de Manizales, materia del presente acuerdo hace parte del conocido como La Toscana. El Inmueble de propiedad particular está ubicado a continuación de Monteleón, el cual será utilizado como franja de protección del bosque natural. El predio ubicado en el sector de Peraloso, Sierra Morena es de propiedad de una asociación de vivienda que alberga más de 300 familias, las cuales se verían beneficiadas ya que el lote municipal es apto para la construcción de vivienda” (fl. 105, cdno. ppal., negrillas adicionales).
Además, formalizada la transferencia fueron concedidas las habilitaciones administrativas, necesarias para adelantar la obra, pues al proceso se acompañaron la licencia ambiental única, la licencia de urbanismo y la licencia de construcción en orden a un proyecto de vivienda de interés prioritario. Actos administrativos, que si bien no pueden ser controvertidos en el marco del presente proceso tramitado en ejercicio de la acción de reparación directa, sí resultan ilustrativos de la intervención de la administración en los hechos.
Ahora, si bien las autoridades municipales deben promover y apoyar programas o proyectos de vivienda de interés social, no pueden perder de vista que esta obligación comporta la satisfacción de una serie de condiciones que garanticen su habitabilidad en condiciones dignas, esto es, no por solventar necesidades habitacionales, es dable poner en riesgo a las personas o sus bienes y asimismo los proyectos personales y familiares.
El derecho a la vivienda digna ha sido estudiado por la Corte Constitucional, en más de una ocasión en decisiones de constitucionalidad y de tutela y se ha puesto de presente que este derecho “requiere para su perfeccionamiento de unas condiciones mínimas de habitabilidad, lo que supone disponer de un lugar donde se pueda resguardar y que cuente con seguridad, iluminación y ventilación adecuada(50), con la infraestructura necesaria para la prestación de los servicios básicos y que le permita a la persona desarrollar sus actividades personales y familiares (...)”(51).
Además, dicha corporación ha resaltado que las autoridades están en el deber de prever que el derecho a la vivienda digna no resulte afectado por cuenta de fuerzas de la naturaleza como deslizamientos de tierra o avalanchas(52). Con fundamento en la observación general 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales(53) ha manifestado:
“(...) De acuerdo con esta definición, la Sentencia T-473 de 2008(54) identificó dos características implícitas y esenciales del componente de habitabilidad, las cuales son “i) la prevención de riesgos estructurales y ii) la garantía de la seguridad física de los ocupantes”. Igualmente, señaló que esta dimensión del derecho a la vivienda digna “no es la única que se refiere o remite, directa o indirectamente, a la estabilidad y solidez de la estructura en la que se materializa el lugar de habitación. Todas, en conjunto, terminan por asegurar que a través de una forma particular de refugio será posible ejercer los demás derechos y atribuciones fundamentales”.(55)
Bajo este contexto, el predio donde se adelantó el proyecto de vivienda de interés social Villa Luz podía amenazar o vulnerar eventualmente el derecho a la vivienda digna, toda vez que las pruebas que se allegaron al proceso dejan ver que el terreno estaba ubicado dentro de un sitio distinguido como el sector 26 diagnosticado con serios problemas de inestabilidad, como consecuencia de su ubicación, composición geológica y los procesos erosivos por cuenta de diversos factores, entre ellos la quebrada El Silencio, cuyo cauce se encontraba deteriorado. Aspectos estos que se conocían por las autoridades al menos desde el año 1979.
Esto significa que, antes de promover y autorizar un asentamiento humano como se hizo, las autoridades, en este caso el municipio de Manizales y Corpocaldas i) debieron intervenir el terreno para lograr en la mayor medida posible su estabilización, en orden a evitar o al menos mitigar los movimientos en masa que pudieran afectar a las viviendas o a los habitantes de la Urbanización Villa Luz y si ello no resultaba posible abstenerse de transferir el predio y en todo caso de autorizar la construcción, empero lo deseable no ocurrió, pues el municipio permutó sin ambages el terreno con fines urbanísticos, lo que desde de (sic) un principio generó una situación de confianza en los administrados.
Sobre la oportunidad de la realización de obras que se requerían, los expertos conceptuaron:
“Respecto al momento en que se debieron de hacer (sic) hecho las obras, es claro que ante la existencia de problemas de inestabilidad en un sector, estos deben ser tratados de manera inmediata con el fin de evitar que involucre daños materiales y pérdidas humanas”(56)
Conclusión que no se desvirtúa por lo afirmado por el señor Fabián Escobar Montoya, secretario de Planeación de la época, quien manifestó que cuando suscribió en compañía del alcalde y el personero municipal la exposición de motivos del Acuerdo 11 de 9 de marzo de 1994 que viabilizó la permuta del lote para el proyecto de vivienda, no existían indicios sobre la existencia de problemas geológicos o de cualquier otro tipo. Pues, contrario a lo expuesto por el funcionario, lo cierto es que se trataba de un riesgo sobre el cual se tenía conocimiento desde mucho antes del inicio de las negociaciones.
En este punto es importante destacar, que el proyecto que la asociación de vivienda desarrolló no involucraba los interés de una solo persona, no por ello menos importantes, sino de toda una comunidad, por cuanto el número de unidades familiares superada(sic) las 250, situación que acentuaba los deberes de las autoridades en materia preventiva. Así, se insiste, resultaba imperativa la verificación de los riesgos del lugar y su intervención previa, no solo por el conocimiento que se tenía de la situación, sino por el solo hecho de que la ciudad de Manizales dada su topografía y las composiciones de sus suelos tiene susceptibilidad a padecer de este tipo de peligros.
4.2.3.2. Ahora, pese a la necesidad de las obras, lo cierto tiene que ver con que el proyecto urbanístico se desarrolló y que los problemas de inestabilidad afloraron, potencializados por los desarrollos urbanísticos del sector —que implicaban movimientos de tierra que incrementaban el nivel de sedimentos en la quebrada El Silencio— y que la asociación solicitó, sin resultado, de las autoridades que, para entonces eran conscientes de la gravedad de la situación.
No obstante, Corpocaldas y el municipio de Manizales omitieron actuar de manera conjunta y coordinada, en cumplimiento de sus funciones en materia de prevención de desastres, ya que como se ha evidenciado, además de promocionar, permitir y tolerar el acceso de la comunidad a un lugar no apto para la vivienda en condiciones dignas, abandonaron a los habitantes a su suerte, pues no dispusieron las acciones necesarias para mitigar los riesgos que representaba la inestabilidad del terreno, especialmente sobre el lecho de la quebrada El Silencio, que era uno de los factores más importantes de contingencia para la Urbanización Villa Luz.
Siendo importante precisar al respecto que las obras a las que se refirió Corpocaldas, en las comunicaciones enviadas al a quo, no corresponden al lugar de la tragedia como se desprende del dictamen pericial realizado en el lugar de los hechos. Así lo precisaron los auxiliares de la justicia:
“El informe pericial está limitado al sector de la Urbanización Villa Luz, mientras que las obras que se mencionan en los oficios de Corpocaldas; corresponden a un amplio sector de la ciudad y de acuerdo a la inspección hecha por los auxiliares de la justicia en el sitio exacto objeto de la presente demanda como son la Urbanización Villa Luz y el cauce de la quebrada El Silencio a su paso por dicha urbanización, no se observaron ninguna de las obras que se mencionan (...) De lo anterior se concluye que las obras mencionadas por la doctora María Fernanda Gutiérrez Pinzón no fueron evaluadas ni tenidas en cuenta en ningún sentido por los peritos, debido a que dichas obras no fueron observadas en la zona de interés; es seguro que dichos contratos fueron ejecutados y las obras se realizaron en otros lugares diferentes al sitio donde se construyó la Urbanización Villa Luz y que hacen parte de la denominada Zona F, Sector 26 que incluye los barrios La Sultana, Minitas, Viveros y la Toscana.”.
Así las cosas, la inactividad estatal llevó a la comunidad ha(sic) organizarse con el fin de conservar el cauce de la quebrada El Silencio y evitar que continuara la socavación lateral del talud, pues, como se ha mencionado, era inminente el riesgo que ello representaba para la estabilidad del terreno, ya que podía generar movimientos en masa en ambas márgenes de la quebrada, capaces de comprometer las viviendas y la propia integridad de la comunidad.
Riesgo que, además, se agudizó la semana de ocurrencia de los hechos, habida cuenta que un deslizamiento de tierra tapó el curso del afluente de agua, lo que significaba la desestabilización de las laderas y la posibilidad de una avalancha así, lo señalaron los expertos:
“El agua represada puede desestabilizar las laderas adyacentes como se explicó en el gráfico 1, además en el momento en que la represa formada de manera natural por el material proveniente del deslizamiento sea vencida por la fuerza de las aguas, se puede formar una avalancha que desestabilizaría el terreno, arrastraría construcciones aledañas como las viviendas de los barrios Villa Luz y Minitas y causaría inundaciones, también pueden verse afectadas las personas que habiten el sector y la cobertura vegetal sería totalmente destruida por la acción de las aguas”(57).
Como se puede notar, la comunidad se vio obligada de manera continua a realizar trabajos de mantenimiento sobre el lecho de la quebrada en una zona en la que si bien no se podía conocer el momento preciso en que ocurriría un movimiento de tierra, sí se podía prever que la agudización de los procesos de erosión y el inadecuado manejo de los materiales provenientes de la explanación contribuiría a la desestabilización del terreno, lo que naturalmente podría causar deslizamientos de tierra(58) en una época además en las que la lluvia comenzaban hacer presencia(59).
Lo anterior dada la evidencia del deslizamiento de tierra y el conocimiento que se tenía por las entidades demandadas de las condiciones que podían provocarlo no queda sino concluir sobre la previsibilidad del riesgo, no solo de los habitantes del barrio Villa Luz sino especialmente de quienes adelantaba (sic) las labores de mantenimiento en la quebrada El Silencio con el único fin de mitigar el peligro.
Además, debe resaltarse que tampoco se hizo nada para controlar los movimientos de tierra que desestabilizaban las laderas de la quebrada, por parte de los urbanizadores, pues, pese al conocimiento de las autoridades municipales(60) en el expediente no se evidencia actuación de policía alguna por parte del municipio en orden a suspender o supervisar los trabajos.
En consecuencia, es claro para la Sala que el deslizamiento de tierra que acabo con las vidas de los familiares de los demandantes, aunque puede catalogarse como un desastre natural, no constituye un evento de fuerza mayor(61) como lo insinuaron las demandadas, ni está acreditado que aquellas hubieran estado en incapacidad técnica o económica para resistirlo, todo lo contrario, lo probado indica que con posterioridad se realizaron las obras dirigidas a mitigar los riesgos, las que habría sido posible efectuar con antelación.
Sobre el particular se pronunció el ingeniero civil German Eduardo Ceballos Castaño en su declaración rendida ante el tribunal:
“Después de la tragedia se realizaron obras que fueron canales recolectores de aguas lluvias, colocados desde la parte alta de la urbanización para conducirlos a las quebrada; se realizaron también diques, trinchas, muros en gaviones. Dichas obras han ayudado a la estabilidad de los taludes adyacentes a la quebrada, el cauce mismo de la quebrada y estas obras se realizaron meses después de la tragedia (...)” (62)
4.2.3.3. Por otra parte, no se entiende como las demandadas manifiestan que las personas que mantenían la quebrada lo hacían sin ningún fundamento aparente y con usurpación de funciones públicas, cuando es claro que dicha actuación se desplegó ante la inactividad estatal y dado el inminente peligro que representaba para la comunidad y sus bienes los procesos erosivos que se estaban presentando, entre otras causas por la quebrada El Silencio que, además de contribuir permanentemente con la socavación del talud, para la época de los hechos amenazaba con la producción de una avalancha, dada la obstrucción de su cauce.
La Sala, ha venido sosteniendo que para que la conducta de la víctima pueda exonerar de responsabilidad a la entidad demandada, la misma debe ser causa determinante en la producción del daño y ajena a la administración o debe contribuir como concausa del mismo para reducir la responsabilidad de la administración, no obstante en ningún supuesto encuadra la conducta de las víctimas en el sub lite.
En efecto, si bien se estableció que los señores Harold Hernández Ballesteros, María Arnobia Arias Cardona, J.E.G.M., José Carmelo Giraldo Montoya, María Arcila de Arroyave, María Lucero Quintero Montoya y Jorge William Rivera Osorio concurrieron el día de los hechos a un lugar con altas posibilidades de deslizamiento, lo cierto es que esta era una actividad que se desarrollaba por las circunstancias antes anotadas balo la aquiescencia pasiva de la administración, en cuanto ninguna autoridad adelantó actividad alguna tendiente a la estabilización de los terrenos, pese a conocer los riesgos que sobre este se cernían.
Así las cosas, el hecho de que las víctimas se encontraran realizando actividades que correspondían a la administración, con su beneplácito y en orden a evitar la realización de un riesgo conocido, no comporta su participación en el daño, antes, por el contrario, denota gran sentido de solidaridad, pues no puede negarse que los habitantes de la urbanización dedicaban sus horas de descanso a un trabajo comunitario, sin que hayan sido advertidas por las autoridades del peligro. En este aspecto se echa de menos el acompañamiento y apoyo técnico para el desarrollo de la labor.
5.1.1. Por este concepto, los demandantes solicitaron el reconocimiento de 1000 gramos de oro fino para cada uno.
5.1.2. De acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sala desde la sentencia de 6 de septiembre de 2001 —proceso acumulado 13232-15646-63—(63), la demostración del padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado debe ser indemnizado con una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En este sentido, es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(64), de conformidad con los siguientes parámetros(65): i) la indemnización se hace a título de compensación, más no de restitución, ni de reparación(66); ii) el perjuicio se tasa con fundamento en el principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; iii) la determinación del monto se sustenta en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio y iv) se tiene en cuenta, cuando sea del caso, lo ordenado en otras providencias para garantizar el principio de igualdad.
Por lo anterior, la Sala considera procedente reconocer a favor de los demandantes una indemnización por concepto de perjuicio moral, pues de conformidad con la jurisprudencia de la Sección Tercera, el parentesco en primer y segundo grado de consanguinidad, el cual por mandato de la ley se acredita con el registro civil de nacimiento(67), constituye un hecho probado al(sic) partir del cual se infiere, con ayuda de las reglas de la experiencia, el dolor que padecen entre otros los padres, cónyuges, hijos, hermanos de la persona que sufre un daño, en razón de las relaciones de afecto que, por regla general, existen entre quienes se encuentran en los grados de consanguinidad referidos.
5.1.3. Situación diferente, es la de los siguientes casos en los que no habrá lugar a realizar reconocimiento alguno:
— La señora María Leonisa Garcés quien se presentó como suegra del señor José Carmelo Giraldo Montoya (registro civil de nacimiento de la cónyuge supérstite Dora Ilse Duran Cortés, fl. 50, cdno. 1) fue excluida del grupo demandante en la corrección de la demanda, por lo tanto no cabe pronunciamiento alguno sobre su situación.
— Por su parte, la señora María Nohemí Arcila Giraldo otorgó poder para demandar como damnificada por la muerte de María Arcila de Arroyabe, empero en su nombre no se formuló pretensión alguna, en el acápite de declaraciones y condenas(68).
— Especial mención merece el caso del señor Luis Eduardo Montoya Muñoz quien demostró ser esposo de la difunta María Arnobia Arias Cardona (fl. 32, cdno. 1, registro civil de matrimonio), toda vez que de acuerdo a la prueba testimonial(69), aunque estaba separado de la occisa y convivía con otra persona, la relación de afecto permanecía habida cuenta que la declarante Beatriz Amparo Gómez manifestó: “(...) el esposo estuvo muy triste a pesar de que no vivía con ella le afectó mucho (...)” y la señora María Cielo Quinceno López “(...) también el esposo a pesar de todo él lloró mucho (...)”, por esta razón se confirmará en este aspecto la condena de 50 salarios mínimos mensuales vigentes efectuada por el Tribunal de Caldas.
5.1.4. Precisado lo anterior, con fundamento en los registros civiles aportados al proceso (fls. 22 a 28, 32 a 40, 42 a 48, 52 a 56; 78 a 82, 69 a 75, 60 a 63, cdno.1 y fl. 652, cdno. ppal.) y la prueba testimonial(70) con los cuales se puede demostrar la cercanía afectiva con fundamento en la cual reclaman los demandantes en calidad de damnificados, como también las señoras Sandra Patricia Sánchez Valencia y Dora Ilse Durán Garcés en calidad de compañeras permanentes(71). Se procederá a reconocer las siguientes indemnizaciones:
Grupo familiar del señor Harold Hernández Ballesteros
Sandra Patricia Sánchez Valencia (compañera) 100 smlmv
Sebastián Hernández Sánchez (hijo) 100 smlmv
Juan Camilo Hernández Sánchez (hijo) 100 smlmv
María Elma Ballesteros Tangarife (madre) 100 smlmv
Jhon Jairo Hernández Ballesteros (hermano) 50 smlmv
Gloria Nancy Hernández Ballesteros (hermana) 50 smlmv
Ángela María Sánchez Ballesteros (hermana) 50 smlmv
Grupo familiar de la señora María Arnobia Arias Cardona
Luis Eduardo Montoya Muñoz (cónyuge) 50 smlmv
Ángela Marcela Montoya Arias (hija) 100 smlmv
María Eugenia Montoya Arias(hija) 100 smlmv
Nelson Eduardo Montoya Arias (hijo) 100 smlmv
Diana Lucia Montoya Arias (hija) 100 smlmv
Aleyda Arias Cardona (hermana) 50 smlmv
Elvia Arias Cardona (hermana) 50 smlmv
Grupo familiar del menor J.E.G.M.
Luis Carlos Gómez (Padre) 100 smlmv
Martha Liliana Mapura Morales (madre) 100 smlmv
María Isabel Gómez Mapura (hermana) 50 smlmv
Elsa Alejandra Gómez Mapura (hermana) 50 smlmv
Beatriz Lorena Gómez Mapura (hermana) 50 smlmv
Juan Carlos Gómez Mapura (hermano) 50 smlmv
Ana Florinda Gómez (abuela) 50 smlmv
Grupo familiar del señor José Carmelo Giraldo Montoya
Dora Ilse Durán Garcés (Compañera) 100 smlmv
María Leonilde Montoya Quintero (madre) 100 smlmv
Gladis Giraldo Montoya (hermana) 50 smlmv
María Ludivia GiraIdo Montoya (hermana) 50 smlmv
Luz Marina Giraldo Montoya (hermana) 50 smlmv
Graciela Giraldo Montoya (hermana) 50 smlmv
Grupo familiar de la señora María Arcila de Arroyave
Orlando Arcila Giraldo (hermano) 50 smlmv
Francisco Arcila Giraldo (hermano) 50 smlmv
Campo Elías Arcila Giraldo (hermano) 50 smlmv
Luz Miriam Arcila Giraldo (hermana) 50 smlmv
María Eugenia Arcila (sobrina) 20 smlmv
Grupo familiar de la señora María Lucero Quintero Montoya
José Albeiro Arias Atehortua (cónyuge) 100 smlmv
María Fabiola Arias Quintero (hija) 100 smlmv
María Cristina Arias Quintero (hija) 100 smlmv
Sandra Patricia Arias Quintero (hija) 100 smlmv
Andrés Felipe Arias Quintero (hijo) 100 smlmv
Juan Carlos Arias Quintero (hijo) 100 smlmv
Grupo familiar del señor Jorge William Rivera Osorio
María Liliana Tabares Gómez (cónyuge) 100 smlmv
Laura Vanesa Rivera Tabares (hija) 100 smlmv
Santiago Rivera Tabares (hijo) 100 smlmv
Mariana Rivera Tabares (hija) 100 smlmv
Teniendo en cuenta que al proceso concurrieron siete grupos familiares y que, a diferencia del arbitrio juris aplicable a los perjuicios morales, se hace necesario el estudio de las pretensiones con base en elementos individuales de prueba frente a situaciones particulares, la Sala procede ha(sic) realizar su estudio caso a caso.
5.2.1. Grupo familiar del señor Harold Hernández Ballesteros.
En la demanda se solicitó a favor de los señores Sandra Patricia Sánchez Valencia (compañera), S.H.S. y J.C.H.S. (hijos) y María Elma Ballesteros (madre) el reconocimiento de haberes que devengaba el extinto como tramitador de documentos y con los cuales colaboraba en los gastos familiares.
Los demandantes manifestaron que el señor Hernández Ballesteros tenía un ingreso aproximado de $400.000, el cual no aparece acreditado en el proceso, por cuanto los testigos Guillermo Sánchez Osorio (fls. 421 y 422, cdno. 2) y José Nader Arias Zamora (fl. 7, cdno. dictamen pericial) solo dan cuenta de las relaciones familiares del fallecido y su labor de “tinterillo” a las afueras del palacio municipal(72),sin que la misma comporte la certeza requerida, para tener por establecido el ingreso, empero a diferencia de lo considerado en primera instancia se procederá al reconocimiento del perjuicio reclamado con base en el salario mínimo legalmente mensual vigente, por tratarse de un mayor de edad —tenía 30 años al momento de su deceso— en plena edad productiva.
Adicionalmente, si bien el señor Arias Zamora, en su versión manifestó que “el nucleó familiar se conformaba de los dos niños, la señora y él, las relaciones familiares eran muy buenas, últimamente vivían con la mamá de Harold, doña Elma Ballesteros, ellos vivían aparte pero cuando se construyó la casita se fueron a vivir con doña Elma antes de morir Harold, de esta sola aseveración no se puede desprender que además de colaborar en el sostenimiento de sus hijos y compañera(73), el señor Hernández Ballesteros lo hacía con su madre de manera permanente, situación fundamental para proceder a reconocer los perjuicios a la señora María Elma Ballesteros. Y, ya que, sabido es que los hijos ayudan a sus padres desde los 18 años hasta que forman su propio hogar, lo que generalmente ocurre en nuestro medio a los veinticinco años “realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”.
Precisado lo anterior para la respectiva liquidación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
— Se tomará el salarió mínimo legal mensual vigente ($616.000)(74) y se incrementará un 25% ($770.000) que corresponde a las prestaciones sociales y a su vez se disminuirá en un 25% que se supone una persona normalmente destina para su propia subsistencia, operación que arroja la suma con la cual se procederá a efectuar la liquidación ($770.000 - 25% = $577.500). El valor se distribuirá en un 50% para la compañera permanente ($288.750) y el restante 50% ($288.750/2= $144.375) se dividirá en partes iguales para cada hijo ($144.375).
— Según el registro civil, el señor Harold Hernández Ballesteros (fl.28, c.1) nació el 7 de julio de 1968; para la época de los hechos (mar. 19/99) tenía 30 años y su vida probable, según las tablas de mortalidad expedidas por la entonces Superintendencia Bancaria (Res. 497, mayo. 20/97) era de 46.24 años.
Por su parte, si bien al expediente no se aportó el registro civil de la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia, se sabe que la fecha en del (sic) (fl. 22, cdno. 1) nacimiento de su hijo S.H.S tenía 20 años (abr. 19/96) es decir, que se puede inferir que para el momento de ocurrencia de los hechos (mar. 14/99) tenía 22 años(75) y por ende una expectativa de vida de 55.44 años.
— De igual forma, se pudo comprobar respecto del menor S.H.S. que para la época de los hechos tenía casi 3 años de edad, pues su registro (fl. 22, cdno. 1) da cuenta de que nació el19 de abril de 1996. Respecto a su hermano J.C.H.S se pudo constatar con igual documento (fl. 23, cdno. 1) que nació el 22 de junio de 1998, es decir, que tenía menos de 1 año de edad(76).
Por lo antes expuesto, se concederá a la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia, compañera permanente y a los niños S.H.S. y J.C.H.S. el lucro cesante en dos periodos uno consolidado y uno futuro, así:
Lucro cesante consolidado a favor de la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia
— El periodo consolidado inicia desde la fecha de la ocurrencia de los hechos (mar. 14/99) hasta el día de la sentencia (jun. 26/2014).
— R = $288.750
Total de lucro cesante consolidado para la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia $85.207.522,12
Lucro cesante consolidado del menor S.H.S.
— Ra = $144.375
Total de lucro cesante consolidado para S.H.S. $42.603.761,06
Lucro cesante consolidado del menor J.C.H.S.
Total de lucro cesante consolidado para J.C.H.S. $42.603.761,06
En el caso de la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia se liquidará este periodo desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia hasta la expectativa total de vida del señor Harold Hernández Ballesteros(77) y en el caso de los menores S.H.S y J.C.H.S. desde la fecha de la sentencia hasta la fecha en que cumplan los 25 años de edad (abr. 19/2021 y jun. 22/2023 respectivamente).
Lucro cesante futuro a favor de la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia
— Al momento de ocurrencia de los hechos el señor Harold Hernández Ballesteros tenía una expectativa de vida de 46.24 años, que en meses son 554,4
— Periodo futuro (n): se establece de restarle a los meses de la expectativa total de vida (554,4 meses) el periodo consolidado (183,4 meses) resultando 371 meses.
— R: $288.750
Total de lucro cesante futuro para la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia $49.533.771,32
Lucro cesante futuro a favor del menor S.H.S.
— El menor S.H.S. cumpliría 25 años el 19 de abril de 2021.
— Periodo futuro (n): Se deriva de los meses que le restan al menor para alcanzar la edad antes señalada contados desde la fecha de esta sentencia, es decir, 81,7 meses.
— Ra: $144.375
Total de lucro cesante futuro para S.H.S. $9.713.309,56
Lucro cesante futuro a favor del menor J.C.H.S.
— El menor J.C.H cumpliría 25 años el 22 de junio de 2023.
— Periodo futuro (n): Se deriva de los meses que le restan al menor para alcanzar la edad antes señalada contados desde la fecha de esta sentencia, es decir, 107,5 meses.
Total de lucro cesante futuro para J.C.H.S. $12.087.852,24
En resumen se reconocerá por lucro cesante a la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia $134.741.293,44; al menor S.H.S. $52.317.070,62 y al menor J.C.H.S. $54.691.613,3
5.2.2. Grupo familiar de la señora María Arnobia Arias Cardona.
Se solicitó la indemnización del lucro cesante para el señor Luis Eduardo Montoya Muñoz quien compareció como esposo de la víctima directa.
En el acápite de perjuicios morales, se puso de presente que el matrimonio del señor Montoya Muñoz con la señora María Arnobia Arias Cardona se encontraba acreditado, pues se allegó el respectivo registro civil (fl. 32, cdno. 1), sin embargo, lo cierto tiene que ver con que la fallecida se hizo cargo de sus hijos porque aquel vivía con otra persona, es decir estaban separados de hecho.
Ante el a quo, rindieron testimonio las señoras Mónica María García Salgado, Beatriz Amparo Gómez Granado y María Cielo Quinceno López quienes en relaciones a la composición y relaciones de la familia de la señora Arias Cardona manifestaron respectivamente:
“(...) Preguntado: Díganos si usted conoció en vida a la señora Arnobia Arias y en caso positivo, en razón de que fue ese conocimiento y hasta cuándo. Contestó: La conocía más o menos desde el 97 hasta en el momento en que faltó, en razón de amistad. “Preguntado: Díganos si sabe cómo eran las relaciones familiares al interior de la familia de la señora Arnobia Arias, quiénes la conformaban y cómo se llevaban. Contestó: Era una familia conformada entre la señora Arnobia Arias, las tres hijas de nombre Ángela María, Diana Lucia y María Eugenia Montoya, el hijo quien no estaba presente hace mucho tiempo está fuera de la ciudad, trabaja en el Ejercito, era una relación entre ellas era normal, buena entre ellas, muy unidas, hasta el momento en que faltó la señora Arnobia, con las hijas sigo la misma amistad (...)” (fl. 672, cdno. 2)
Preguntado: Sobre la razón de su presencia en el despacho y en caso positivo, cómo se enteró. Contestó: Para declarar sobre la muerte de doña Arnobia Arias, yo la distinguí desde hace ocho años hasta el 14 de marzo de 1999 cuando murió, me enteré de su muerte porque una hija de ella me llamó a mi casa. Preguntado: Quiénes integraban la familia más allegada de Arnovia (sic) Arias. Contestó: Su familia eran sus hermanas, quienes vivían en vereda, Arnobia vivía con las tres hijas de nombre Diana Lucía, María Eugenia y Ángela y un hijo que pagaba servicio militar de nombre Nelson. Preguntado: Diga si le consta cómo reaccionó la familia de Arnobia Arias ante la muerte de esta. Contestó: Fue muy duro la muerte de ella, porque yo estuve en el lugar cuando se derrumbó lo de Villa Luz, la familia lloró mucho, los hijos y las hermanas, doña Arnobia tenía esposo, no vivía con él porque él tenía otra señora, él estaba pendiente de ella y los hijos cuando tenía la forma de trabajar le colaboraba con mercado. Preguntado: Si sabe a qué labores económicas se dedicaba la señora fallecida y si sabe la asignación o sueldo que tenía. Contestó: (...) Arnobia era cabeza de hogar, le daba el sustento a las tres hijas (...) (fls. 637 y 638, cdno. 2).
“(...) Preguntado: Sabe la razón de su presencia en el despacho y en caso positivo, cómo se enteró. Contestó: Sí, para dar una declaración sobre la finada Arnobia Arias, yo la conocí desde 1996 hasta el día en que murió, me entere de su muerte porque yo vivo al frente de donde ella falleció (...) Preguntado: Quiénes integraban la familia más allegada de Arnobia Arias y cómo eran sus relaciones familiares. Contestó. Las tres hijas y el hijo, se llaman Nelson, María Eugenia, Diana y Ángela ellos vivían bajo el mismo techo con Arnobia, en ese tiempo el hijo prestaba servicio, siempre estaban las tres niñas con ella, ella era casada, el esposo estaba viviendo con otra señora, pero su relación era buena, colaboraba aunque vivía alejado (...) Arnobia era cabeza de hogar muy unidos todos, fue muy doloroso para esas hijas y para todos los vecinos (...)” (fls. 639 y 640, cdno. 2).
De la existencia de la obligación alimentaria que tiene la esposa con su esposo y viceversa se infiere el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante causado con la muerte. En efecto, los artículos 411 y 422 del Código Civil establecen que se deben alimentos, entre otros, al cónyuge y a los hijos.
La Corte Constitucional, al estudiar la exequibllidad del artículo 416 del Código Civil puso de presente el fundamento de la obligación alimentaria(78) en los siguientes términos:
“De este modo, la obligación alimentaria se fundamenta en el principio de solidaridad, según el cual los miembros de la familia tienen la obligación de suministrar la subsistencia a aquellos integrantes de la misma que no están en capacidad de asegurársela por sí mismos, aunque también puede provenir de una donación entre vivos, tal como lo establece el artículo 411 del Código Civil. Por esta razón, se ha señalado que dicho deber se ubica en forma primigenia en la familia, dentro de la cual cada miembro es obligado y beneficiario recíprocamente, atendiendo a razones de equidad. Una de las obligaciones más importantes que se generan en el seno de una familia es la alimentaria (...)”.
Así, el deber de solidaridad que se predica entre cónyuges se evidencia cuando se dispone que se deben auxilio mutuo entre quienes libremente deciden formar una familia(79), es decir, entre quienes normalmente hacen una vida en común; obligación que en principio subsiste inclusive, cuando media separación de cuerpos y divorcio. No obstante de ordinario se traslada cuando el cónyuge inicia vida marital con otra persona, sin perjuicio de la obligación alimentaria que en todo caso subsiste de los padres frente a los hijos y de estos frente a los primeros, en circunstancias especiales.
En este sentido, demostrado como se encuentra que el señor Luis Eduardo Montoya Muñoz decidió hacer vida con otra persona y que la señora Arias Cardona junto con los hijos de ambos conformó un nuevo Grupo familiar, se procederá a negar el perjuicio reclamado como en primera instancia se decidió.
En el libelo se solicitó a favor de los señores Luis Carlos Gómez y Martha Liliana Mapura Morales el reconocimiento del lucro cesante, como consecuencia de la muerte de su hijo J.E.G.M. quien para el momento de ocurrencia de los hechos tenía 15 años, de acuerdo a su registro civil de nacimiento, en el que se anotó que nació el 15 de agosto de 1983.
Sobre las relaciones familiares del menor fallecido, la integración de su familia y su afectación en el proceso se recibieron los testimonios de Ligia Serna Duque (fls. 663 a 665, cdno. 2), Martha Cecilia Giraldo Puerta (fls. 666 a 669, cdno. 2), Diego Ortiz Arboleda (fls. 670 y 671, cdno. 2) y Sulma Patricia Londoño Ceballos (fls. 660 a 662, cdno. 2), sin embargo, salvo por esta última que manifestó “(...) el menor J.E.G.M. no creo que hiciera algo, ahí con la mamá, le ayudaba (...)” no aparece acreditado que estuviera ejerciendo actividad productiva alguna tendiente al sostenimiento familiar.
En vista de lo anterior, no procede realizar reconocimiento alguno por este concepto a los padres, toda vez que, como se manifestó no se acreditó que el menor apoyara las finanzas familiares, circunstancia fundamental si se tiene en cuenta que aquel no estaba en la edad para ejercer actividades productivas, pues lo normal es que a esa edad los menores dependan de sus padres.
Se solicitó la indemnización del lucro cesante para la compañera del fallecido, señora Dora Ilse Durán Garcés y su madre María Leonilde Montoya Quintero.
Como anteriormente se puso de presente, se ha considerado que de ordinario, los hijos ayudan a sus padres hasta la edad de veinticinco años cuando es normal que “los colombianos hayan formado su propio hogar, realidad que normalmente impide atender las necesidades económicas en otros frentes familiares”. También se ha sostenido que, con independencia de la edad, cuando los padres recibían ayuda económica antes del fallecimiento de un hijo, la afectación patrimonial por lucro cesante tiene un carácter cierto el que bien puede prolongarse en el tiempo, más allá de la edad referida de los hijos, a condición de que las circunstancias permitan afirmar la necesidad de los padres, su situación de invalidez, la condición de hijo único, etc.(80).
Sobre la conformación de la familia del señor José Carmelo Giraldo Montoya y sobre la ayuda que prodigaba a su madre, se recibieron los siguientes testimonios:
El señor Juan Carlos Rivera Hernández, amigo y compañero de trabajo del occiso manifestó:
“(...) Preguntado: Quiénes integraban la familiar (sic) más allegada de José Carmelo Giraldo Montoya. Contestó: En el momento estaba Dora Ilse que es la esposa, en ese momento ella estaba en embarazo y la mamá de Dora llse, no me acuerdo como se llama, se llama María Leonisa Garcés. Preguntado: Diga si le consta cómo reaccionó la familiar (sic) de José Carmelo Giraldo ante la muerte de este. Constestó: A Dora Ilse le dio muy duro el momento, yo estuve con ella el día cuando lo sacaron de allá, en el velorio, entierro, le dio muy duro a ella y a la mamá, más que todo a Dora, la traumatizó mucho y sobre todo en el estado en el que estaba. Sus relaciones eran normales, Carmelo era un muchacho responsable (...) Preguntado: Ya que usted dice haber estado en el velorio y en el entierro de José Carmelo nos puede decir si vio manifestaciones de dolor de parte de la señora Dora Ilse Duran y de parte de la señora María Leonisa Garcés, en caso positivo se servirá decir que manifestaciones vio. Contestó: La manifestación de dolor que le da a uno un ser querido, al momento en que entré a la funeraria esa muchacha se me abalanzó, el dolor que le dio fue mucho (....) Preguntado: Sabe a qué actividad laboral se dedicaba José Carmelo y que sueldo ganaba. Contestó: En el momento de la muerte de José Carmelo el oficio que desempeñaba en la empresa Toctep en ese tiempo se llamaba Menilit, era supernumerario y el sueldo que devengaba era $424.000 lo sé porque como dije anteriormente trabajamos en el mismo puesto y en la misma sección hacíamos el mismo puesto, yo tengo ese puesto en este momento de supernumerario. Preguntado: Conoce usted si en vida el señor José Carmelo Giraldo, este prestar (sic) algún tipo de ayuda o colaboración económica a otras personas diferentes a la de su compañera permanente. En caso concreto se servirá decir a qué personas y en qué consistía la ayuda. Contestó: Carmelo además de ayudarle a la señora le ayudaba mucho a la mamá cada 15 le llevaba su mensualidad, le colaboraba mucho a la mamá entre 30.000 o 40.000 pesos quincenales lo sé porque como dije antes, él y yo éramos llaves, amiguísimos, salíamos y me decía de sacar la plata y llevarle a la mamá partía la plata por eso yo me daba cuenta, manteníamos muy unidos él y yo. Preguntado: ¿Sabe por cuánto tiempo vivieron José Carmelo y Dora Ilse? Contesto: Por ahí unos tres o cuatro años, hasta cuando murió, en el momento en que murió estaban viviendo juntos (...)” (fls. 624 a 627, cdno. 2).
Igualmente, rindió testimonio la señora María Adriana Álvarez Loaiza esposa del testigo Juan Carlos Rivera Hernández quien al respecto manifestó:
“(...) Preguntado: Quiénes integraban la familia más allegada de José Carmelo Giraldo Montoya. Contestó: La señora Dora Ilse y ella en ese momento estaba en embarazo, que yo sepa la señora (...) Preguntado: Sabe usted de qué deriva su subsistencia la familia de José Carmelo Giraldo. Contestó: Vivían del sueldo de él, el laboraba en Manilit era operario de maquina lo sé porque mi esposo trabajaba con él, era amigo de mi esposo, uno se entera de eso porque ellos eran muy buenos amigos, mi esposo de nombre Juan Carlos trabajaba con él y me comentaba. Preguntado: Si usted tuvo conocimiento de que la mamá de Dora Ilse, es decir la señora Leonise vivía con ellos al momento de la muerte Contestó: No, no vivía con ellos cuando falleció José Carmelo: Preguntado: Nos puede decir si había alguna relación afectiva entre la señora María Leonisa Garcés y el señor José Carmelo Giraldo. Contestó: Sí, sí me consta que ellos se estimaban, ella (sic) la quería como suegra, lo sé por el trato que ella le daba, ella llegaba allá y le traba como si fuera un hijo, no como un vecino, llegaba el yerno y ella le decía mijo cómo está, yo no puede (sic) asistir al entierro y novenas porque estaba en embarazo. Pregunta: Conoce cuál fue la reacción emocional de María Leonisa Garcés frente a la muerte de José Carmelo. Contestó: No, no conocía la reacción, no conocía a los hermaos (sic) de José Carmelo” (fls. 628 a 630, cdno. 2).
Además, rindieron declaración las vecinas de las víctimas las señoras Martha Lucía Jiménez Ramírez, Isabel Cifuentes Bermúdez y Nohelia Martínez Sánchez quienes respectivamente afirmaron:
“(…) Preguntado: Quiénes integraban la familia más allegada de José Carmelo Giraldo Montoya. Contestó: la mamá de nombre Leonisa, la señora de nombre Dora y ella estaba en embarazo cuando él falleció, tenía siete meses, conocí a la mamá de Carmelo de nombre Leonilde y la mamá de Dora se llamaba Leonisa. Preguntado: Diga si le consta cómo reaccionó la familia de José Carmelo Giraldo ante la muerte de este. Contestó: Tristes por su fallecimiento, más que todo la mamá de él y la familia de Dora Ilse, las dos familias, el muchacho siembre le ayudaba a la mamá a ver por ella (...) Preguntado: Nos podría explicar si existía laguna (sic) relación afectiva entre José Carmelo y la madre de la compañera permanente, es decir doña Leonise. Contestó: Se trataban bien, él venía a donde la suegra y ella lo atendía bien (...) con este vivían Dora y la suegra más que todo. Preguntado: Sabe si hubo alguna manifestación de dolor por parte de doña Leonisa y en caso (sic) se servirá explicarlo. Contestó: Ella se mantenía muy triste y más de ver a Dora tan aburrida como se mantenía, por allí (sic) tres meses lloró mucho junto con Dora, después fueron superando, yo digo que si uno siguiera así se moría, yo estuvo (sic) en el entierro y velorio (fls. 630 a 632, cdno. 2).
(...) Preguntado: Quiénes integraban la familia más allegada de José Carmelo Giraldo Montoya. Contestó: Yo conocí únicamente a Dora dicen que él veía por la mamá pero no sé (...) (fls. 632 y 633, cdno. 2).
(...) Preguntado: Quiénes integraban la familia más allegada de José Carmelo Giraldo Montoya. Contestó: Prácticamente Dora Ilse y la mamá de él aunque prácticamente ella vivía con él por días. Preguntado: Diga si le consta cómo reaccionó la familia de José Carmelo Giraldo ante la muerte de este. Contestó: La verdad no supe muy bien su reacción, porque yo solo distinguía la mamá de José Carmelo a ella sí la note muy triste por ser un hijo, porque él le ayudaba mucho a ella (...)” (fls. 634 y 635, cdno. 2).
Así las cosas, en el sub lite, no se demostró que la madre María Leonilde Montoya Quintero dependiera económicamente de su hijo, pues si bien su compañero de trabajo señaló que el señor José Carmelo colaboraba a su madre, tal aseveración no es suficiente para establecer que la contribución se prolongaría en el tiempo y que era el único medio de subsistencia de la (sic) aquella. Además, como se conoce la señora Montoya Quintero tiene otros hijos quienes comparecieron a este proceso y no se demostró que padecieran algún tipo de incapacidad.
En vista de lo anterior, a diferencia de lo considerado en primera instancia, se procederá a reconocer la indemnización de perjuicios por lucro cesante únicamente, a favor de la compañera supérstite, como sigue:
— Se tomará el ingreso que se demostró devengaba el señor José Carmelo Castro Valencia (sic) al momento de su deceso es decir, ($428.000)(81), se actualizara a la fecha de la sentencia ($908.652,13) y se incrementará un 25% ($1.135.815, 16) por concepto de prestaciones sociales y a su vez se disminuirá en un 25% que se supone una persona normalmente destina para su propia subsistencia, operación que arroja la suma con la cual se procederá a efectuar la liquidación ($1.135.815, 16 - 25% = $851.861 ).
— Según el registro civil, el señor José Carmelo Giraldo Montoya (fl. 56, cdno. 1) nació el 4 de septiembre de 1964; para la época de los hechos (mar. 9/99) tenía 34 años y su vida probable, según las tablas de mortalidad expedidas por la entonces Superintendencia Bancaria (res. 497, mayo 20/1997) era de 42,42 años.
Por su parte, la señora Dora Ilse Durán Garcés, tenía 30 años de acuerdo al registro civil de nacimiento que se aportó al expediente (fl. 50, cdno. 1), es decir, la acampañaba una expectativa de vida de 47,76 años.
Por lo antes expuesto, se concederá a la señora Dora Ilse Durán Garcés, compañera permanente, el lucro cesante en dos periodos consolidado y futuro, así:
Lucro cesante consolidado a favor de la señora Dora Ilse Durán Garcés
— R= $851.861
Total de lucro cesante consolidado para la señora Dora Ilse Durán Garcés $251.376.502,17
Se liquidará este periodo desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia hasta la expectativa total de vida del señor José Carmelo Giraldo Montoya, por ser la menor.
Lucro cesante futuro a favor de la señora Dora Ilse Durán Garcés
— Al momento de ocurrencia de los hechos el señor José Carmelo Giraldo Montoya tenía una expectativa de vida de 42,42 años que en meses son 509,04
— Periodo futuro (n): se establece de restarle a los meses de la expectativa total de vida del señor José Carmelo Giraldo Montoya (509,04 meses) el periodo consolidado (183,4 meses) resultando 325,64 meses.
— R: $851.861
Total de lucro cesante futuro para la señora Dora Ilse Durán Garcés $139.014.218,21
En resumen se reconocerá por lucro cesante a la señora Dora Ilse Durán Garcés $390.390.720,38
En la demanda se solicitó el reconocimiento de indemnización por lucro cesante a favor de la señora María Eugenia Arcila quien compareció como sobrina de la difunta.
Empero ningún reconocimiento se hará por este concepto habida cuenta que además de no existir obligación alimentaria frente a los sobrinos, no se acreditó que la señora María Arcila hubiera asumido su sostenimiento y por tanto la solicitante dependiera económicamente de ella, situación que además resultaría extraña teniendo en cuenta que compareció al proceso como mayor de edad.
Por este concepto, es decir, lucro cesante se solicitó la indemnización del señor José Albeiro Arias Atehortua esposo de la víctima directa.
En el recurso de apelación, se puso de presente que la indemnización por este concepto no debió negarse porque pese a que la difunta se dedicaba a las labores del hogar, no por eso se debe considerar improductiva, de donde la indemnización procede y debe liquidarse al menos con el salario mínimo legal mensual vigente.
Los testimonios que se recibieron en el proceso señalaron a la señora Quintero Montoya como una persona muy trabajadora(82). Por su parte, en los registros civiles de nacimiento de sus hijos aparece su dedicación al hogar.
El acervo probatorio da cuenta, además, que la víctima era mayor de edad al momento de su fallecimiento(83), lo que por sí mismo hace inferir su capacidad productiva y permite tener por establecida la pérdida sufrida por el señor Arias Atehortua, al haberse truncado la posibilidad de percibir ayuda de quien, como su esposa lo apoyaba en su congrua subsistencia. Razón suficiente para revocar la providencia en este aspecto.
En este punto, es importante reiterar que es un imperativo que el juez de lo Contencioso Administrativo adopte medidas concretas en orden a eliminar la tan arraigada discriminación en contra de la mujer, que no reconoce su capacidad productiva, en especial cuando se encuentra dedicada a las labores del hogar. En ese sentido, resulta violatorio del derecho a la igualdad desconocer la capacidad productiva de la mujer por el hecho de su dedicación al hogar, actividad de por sí valorable económicamente. De manera que se procederá al reconocimiento demandado(84).
En este sentido, para la respectiva liquidación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
— Se tomará el salarió mínimo legal mensual vigente ($616.000)(85) y se incrementará un 25% ($770.000) que corresponde a las prestaciones sociales y a su vez se disminuirá en un 25% que se supone una persona normalmente destina para su propia subsistencia, operación que arroja la suma con la cual se procederá a efectuar la liquidación ($770.000 - 25% = $577.500)
— Si bien no se aportaron los registros civiles de nacimiento de los esposos José Albeiro Arias Atehortua y María Lucero Quintero Montoya, se sabe que tenían 39 años para el momento de nacimiento de su hijo Juan Carlos Arias Quintero (abr. 2/94, fl. 71, cdno. 1) lo que significa que para el momento de los hechos (mar.14/99) tenían 43 años y su vida probable, según las tablas de mortalidad expedidas por la entonces Superintendencia Bancaria (res. 497, mayo 20/97) era de 33,99 y 35,52 años respectivamente.
Se concederá al señor José Albeiro Arias Atehortua, cónyuge supérstite el lucro cesante en dos periodos, consolidado y futuro, así:
— R = $577.500
Total de lucro cesante consolidado para la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia $170.415.044,24
Este periodo se liquidará este periodo (sic) desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia hasta la expectativa total de vida del señor Arias Atehortua(86).
Lucro cesante futuro para el señor José Albeiro Arias Atehortua
— Al momento de ocurrencia de los hechos el señor José Albeiro tenía una expectativa de vida de 33,99 años, que en meses son 407.88.
— Periodo futuro (n): se establece de restarle a los meses de la expectativa total (407,88 meses) el periodo consolidado (183,4 meses) resultando 224.48 meses.
— R: $577.500
Total de lucro cesante futuro para el señor José Albeiro Arias Atehortua $78.757.838,88
En resumen se reconocerá por lucro cesante al señor José Albeiro Arias Atehortua la suma de $249.172.883,12.
En la demanda se solicitó a favor de María Liliana Tabares Gómez (esposa), L.V.R, S.R.T. y M.R.T. (hijos) el reconocimiento de los haberes que dejaría de devengar el extinto como guarda de seguridad y con los cuales colaboraba con los gastos familiares.
Los demandantes manifestaron que el señor Rivera Osorio tenía un ingreso aproximado de $410.000. Para su acreditación se aportó una certificación de la oficina de recursos humanos de la empresa Celar Ltda. en la cual se certificó que Jorge William Rivera Osorio se desempeñó en el cargo de guarda de seguridad del 2 de septiembre de 1994 hasta la fecha de su fallecimiento, devengando el salario mínimo legal mensual vigente más los recargos por trabajos nocturnos y suplementarios, llegando a un promedio mensual aproximado de $410.000 (fl. 68, cdno. 1), sin embargo aquella no ofrece certeza por cuanto los valores que allí se mencionan, son variables y no permiten saber si tenían permanencia en el tiempo, por lo tanto la liquidación se hará con base en el salario mínimo legal mensual vigente.
Precisado lo anterior, para la respectiva liquidación se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
— Se tomará el salarió mínimo legal mensual vigente (616.000)(87) y se incrementará un 25% ($770.000) que corresponde a las prestaciones sociales y a su vez se disminuirá en un 25% que se supone una persona normalmente destina para su propia subsistencia, operación que arroja la suma con la cual se procederá a efectuar la liquidación ($770.000 - 25% = $577.500). El valor se distribuirá en un 50% para la cónyuge ($288.750) y el restante 50% ($288.750/3 = $96.250) se dividirá en partes iguales para cada hijo ($96.250).
— Como en el caso anterior, si bien no se aportaron los registros civiles de nacimiento de los esposos Jorge William Rivera Osorio y María Liliana Tabares Gómez, se sabe que tenían 28 y 25 años cuando nació su hija M.R.T. (ago. 3/97, fl. 63, cdno. 1) lo que significa que para el momento de los hechos (mar. 14/99) tenían 29 y 26 años y su vida probable, según las tablas de mortalidad expedidas por la entonces Superintendencia Bancaria (res. 497, mayo 20/97) era de 47,20 y 51,60 años respectivamente.
De igual forma, se pudo comprobar respecto de la menor L.V.R. que para la época de los hechos tenía casi 7 años de edad, pues su registro (fl. 61, cdno. 1) da cuenta de que nació el 17 de marzo de 1992; respecto de su hermano S.R.T. se pudo constatar con igual documento (fl. 23, cdno. 1) que nació el 15 de noviembre de 1998, es decir, que tenía menos de 1 año de edad(88) y sobre su hermana M.R.T. que tenía casi 2 años, pues en su registro civil aparece anotada como fecha de su nacimiento el 3 de agosto de 1997.
Con base en lo expuesto, se concederá a la señora María Liliana Tabares Gómez y a los niños V.R.T, S.R.T. y M.R.T. el lucro cesante en dos periodos uno consolidado y uno futuro, así:
Lucro cesante consolidado a favor de la señora María Liliana Tabares Gómez
— R= $288.750
Total de lucro cesante consolidado para la señora María Liliana Tabares Gómez $85.207.522,12
Lucro cesante consolidado de la menor V.R.T.
— Ra= $96.250
Total de lucro cesante consolidado para V.R.T. $28.402.507,37.
Lucro cesante consolidado del menor S.R.T.
Total de lucro cesante consolidado para S.R.T. $28.402.507,37.
Lucro cesante consolidado a favor de la menor M.R.T.
Total de lucro cesante consolidado para M.R.T. $28.402.507,37.
En el caso de la señora María Liliana Tabares Gómez se liquidará este periodo desde el día siguiente de la fecha de esta sentencia hasta la expectativa total de vida del señor Jorge William Rivera Osorio(89) y en el caso de los menores V.R.T., S.R.T. y M.R.T. desde la fecha de la sentencia hasta la fecha en que cumplan los 25 años de edad (mar. 17/2017, nov. 15/2023 y ago. 3/2022 respectivamente).
Lucro cesante futuro a favor de la señora María Liliana Tabares Gómez
— Al momento de ocurrencia de los hechos el señor Jorge William Rivera Osorio tenía una expectativa de vida de a 47,20 años, que en meses son 566,4.
— Periodo futuro (n): se establece de restarle a los meses de la expectativa total de vida (566,4 meses) el periodo consolidado (183,4 meses) resultando 383 meses.
Total de lucro cesante futuro para la señora María Liliana Tabares Gómez $50.088.108,83
Lucro cesante futuro a favor de la menor V.R.T
— La menor V.R.T cumpliría 25 años el 17 de marzo de 2017.
— Periodo futuro (n): Se deriva de los meses que le restan a la menor para alcanzar la edad antes señalada contados desde la fecha de esta sentencia, es decir, 32,7 meses.
— Ra: $96.250
Total de lucro cesante futuro para V.R.T. $2.903.183,24
Lucro cesante futuro a favor del menor S.R.T.
— El menor S.R.T. cumpliría 25 años el 15 de noviembre de 2023.
— Periodo futuro (n): Se deriva de los meses que le restan al menor para alcanzar la edad antes señalada contados desde la fecha de esta sentencia, es decir, 112,6 meses.
Total de lucro cesante futuro para S.R.T. $8.328.485,70
Lucro cesante futuro a favor de la menor M.R.T.
— La menor V.R.T. (sic) cumpliría 25 años el 3 de agosto de 2022.
— Periodo futuro (n): Se deriva de los meses que le restan a la menor para alcanzar la edad antes señalada contados desde la fecha de esta sentencia, es decir, 97,1 meses.
Total de lucro cesante futuro para M.R.T. $7.433.749,22
En resumen se reconocerá por lucro cesante a la señora María Liliana Tabares Gómez $135.295.630,95; a la menor V.R.T. $31.305.690.61; al menor S.R.T. $36.730.993,07 y a la menor M.R.T. $35.836.256,59.
Es de advertir que los damnificados podrán requerir el cobro de cualquiera de las entidades, la elegida pagará íntegramente y podrá repetir un 50% contra la otra.
1. MODIFICAR la sentencia proferida el 10 de octubre de 2003 por el Tribunal Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En consecuencia la sentencia quedará así:
1. DECLARAR patrimonialmente responsables al municipio de Manizales y a la Corporación Autónoma Regional de Caldas —Corpocaldas— por la muerte de los señores Harold Hernández Ballesteros, María Arnobia Arias Cardona, J.E.G.M., José Carmelo Giraldo Montoya, María Arcila de Arroyave, María Lucero Quintero Montoya y Jorge William Rivera Osorio, en hechos ocurridos el 14 de marzo de 1999 en la quebrada El Silencio del municipio de Manizales.
2. CONDENAR al municipio de Manizales y a la Corporación Autónoma Regional de Caldas —Corpocaldas— a pagar, a título de indemnización por perjuicios morales los montos que a continuación se describen, a favor de quienes se relacionan:
3. CONDENAR al municipio de Manizales y a la Corporación Autónoma Regional de Caldas —Corpocaldas— por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los montos que a continuación se describen y a favor de los siguientes actores:
A la señora Sandra Patricia Sánchez Valencia $134.741.293,44, al menor S.H.H.S. $52.317.070,62 y al menor J.C.H.S. $54.691.613,30.
A la señora Dora Ilse Durán Garcés $390.390.720,38.
Al señor José Albeiro Arias Atehortua la suma de $249.172.883,12.
A la señora María Liliana Tabares Gómez $135.295.630,95, a la menor V.R.T. $31.305.690.61, al menor S.R.T. $36.730.993,07 y a la menor M.R.T. $35.836.256,59.
5. Se declara probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva interpuesta por el departamento de Caldas.
3. Las demandadas darán cumplimiento a lo dispuesto en este fallo, dentro de los términos indicados en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
(7) La cuantía necesaria para que la doble instancia en un proceso iniciado en 1999 fuera conocida por esta corporación debía superar la suma de $18.850.000 -artículos 129 y 132 del Código contencioso Administrativo subrogados por el Decreto 597/88- y la mayor de las pretensiones fue estimada por la parte actora en $118.219.000 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante (fl. 209, cdno. 1).
(8) En relación con la competencia del juez en segunda instancia, el artículo 357 del Código de Procedimiento Civil prevé que cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. La norma es del siguiente tenor: "Artículo 357. Modificado por el numeral 175 del artículo 1º del decreto 2282 de 1989.
Competencia del superior. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones (...)" (resaltado fuera del texto).
(9) Resolución 1 del 12 de mayo de 1995 expedida por la Corporación Autónoma Regional de Caldas (fls. 107 a 110, cdno. 1).
(10) Resolución 1 de 7 de febrero de 1997 expedida por la Secretaria de Planeación Municipal de Manizales (fls. 120 a 124, cdno. 1).
(11) Resolución 0053-97 de 15 de julio de 1997 expedida por la Curaduría Urbana de Manizales (fls. 116 a 119, cdno. 1).
(12) La permuta fue registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos el 20 de junio de 1995 en la matricula inmobiliaria 100-130321 (Acu. Municipal, mar. 11/94 y certificado de tradición y libertad, fls 100 a 104 y 159 y 160, cdno. 1). En la exposición de motivos del acuerdo municipal se puntualizó: “El predio de propiedad del municipio de Manizales, materia del presente acuerdo hace parte del conocido como La Toscana. El inmueble de propiedad particular está ubicado a continuación de Monteleón, el cual será utilizado como franja de protección del bosque natural. El predio ubicado en el sector de Peraloso, Sierra Morena es de propiedad de una asociación de vivienda que alberga más de 300 familias, las cuales se verían beneficiadas ya que el lote municipal es apto para la construcción de vivienda'" (fl. 105, cdno. ppal., negrillas adicionales).
(13) En comunicación dirigida al Tribunal Administrativo de Caldas, Corpocaldas manifestó "…en el año 1976 contrató con la firma Hidrotec el Plan Integrado de Control y desarrollo-Estudio de Factibilidad 1976- 1979 para los municipios de Manizales, Salamita (sic) y Aránzazu, en el cual se incluyó dentro del área de Manizales el sitio distinguido como el sector 26. Con posterioridad y dando continuidad al estudio mencionado anteriormente, en el año de 1979 Cramsa actualmente Corpocaldas, celebró contrato de Consultoría con la misma firma Hidrotec Ltda. de Bogotá, con el fin de que se realizara Informe de diseño- obras de protección y control de estabilidad zona F sector 26, municipio de Manizales. El sector objeto del citado contrato se encuentra ubicado en el extremo noroccidental de la ciudad, lo conforman los barrios La Sultana, Minitas, Viveros y La Toscana que incluye el área de terreno donde hoy se localiza la Urbanización Villa Luz. La finalidad esencial del contrato era recomendar las obras necesarias para el control de estabilidad en los sitios antes reseñados (fl. 9, cdno. 2) Los peritos a partir de lo señalado por Corpocaldas conceptuaron: ''De los anteriores (sic) párrafos anteriores se deduce entonces que desde esa época (año 1979) se tenía conocimiento de los problemas de inestabilidad en la zona que incluye la quebrada El Silencio y la Urbanización Villa Luz" (fl. 49, cdno. dictamen pericial). Además, en un informe rendido por el Grupo de Atención y Prevención de Desastres, el 7 de febrero de 1997 sobre un predio vecino se señaló: “(...) El área en general presenta rasgos geomofológicos (sic) que hacen presumir una falla geológica; además es evidente el movimiento del terreno en un lote adyacente al lote de interés. En inspección un poco más al detalle se observaron rasgos de hundimiento en el terreno que afecta el predio en cuestión, presentando saltos variables entre 50 y 20 cms. Por lo anterior se recomienda antes de proyectar cualquier trabajo, un estudio geológico geotécnico que permita evaluar las condiciones reales del terreno (...)" (fl. 99, cdno. 1).
(14) Comunicación de Corporaldas al Tribunal Administrativo de Caldas. (fl. 11, cdno. 2).
(15) En la aclaración y complementación del dictamen pericial, sobre el punto se lee: “De lo anterior se concluye que las obras mencionadas por la doctora María Fernanda Gutiérrez Pinzón no fueron evaluadas ni tenidas en cuenta en ningún sentido por los peritos, debido a que dichas obras no fueron observadas en la zona de interés; es seguro que dichos contratos fueron ejecutados y las obras se realizaron en otros lugares diferentes al sitio donde se construyó la Urbanización Villa Luz y que hacen parte de la denominada Zona F, Sector 26 que incluye los barrios La Sultana, Minitas, Viveros y la Toscana(...)" (fl. 18, cdno. aclaración dictamen pericial, negrillas adicionales).
(16) De acuerdo con la (sic) dictamen pericial los depósitos de caída piroclástica se originan "a partir de erupciones volcánicas y que en la zona de estudio representan la actividad eruptiva del complejo volcánico Ruiz- Tolima, el cual incluye el Volcán Nevado del Ruiz. Esta actividad da origen a materiales finos como cenizas y otros más gruesos denominados lapilli, los cuales se han depositado sobre el terreno modificando la topografía y formando capas con espesores de hasta 10 metros en las cuales se intercalan los materiales finos y los gruesos.
Estas capas de materiales piroclásticos que conforman el terreno son susceptibles a la ocurrencia de procesos erosivos como deslizamientos en zonas de alta pendiente y ante la ausencia de cobertura vegetal (fls. 23, cdno. dictamen pericial).
(17) Por su parte la denominada formación quebradagrande corresponde a “rocas de origen sedimentario denominadas lodolitas, las cuales aparecen bastante alteradas y meteorizadas, lo que ocasiona que estas rocas pierdan sus características iniciales como su color y su dureza" (fl. 24, cdno. dictamen pericial).
(18) Folio 32, cdno. dictamen pericial.
(19) Folio 42, cdno. dictamen pericial.
(20) Folio 28, cdno. dictamen pericial.
(21) Se define como movimientos en masa aquellos procesos erosivos que involucran desplazamiento de importantes volúmenes del material que conforma el terreno, es decir derrumbes o deslizamientos. En la zona de influencia de la quebrada El Silencio este proceso erosivo es de considerable importancia y tiene su origen en las características del terreno asociadas a las modificaciones que sufrió este a partir de su intervención con fines urbanísticos; pues un cause como el de la quebrada El Silencio que corre a través de materiales fácilmente erodables como son los depósitos de caída piroclíastica al ver aumentada su carga de sedimentos durante la adecuación de terrenos aledaños para la construcción de viviendas, ocasiona un incremento en el poder de socavación de la quebrada, lo que conlleva a la profundización del cauce de la misma y a la pérdida de apoyo de las laderas, generando finalmente deslizamiento o movimientos en masa. (fls. 33 y 34. cdno. dictamen pericial, negrillas adicionales).
(22) Folios 25 y 26, cdno. dictamen pericial.
(23) Folios 223 a 243. cdno. 1.
(24) Folio 52, cdno. dictamen pericial.
(25) En testimonio rendido ante el a quo, por el ingeniero Germán Eduardo Ceballos Castaño, asesor de la asociación de vivienda en el desarrollo del proyecto urbanístico Villa Luz, manifestó: "(...) al estar haciendo uno estos trabajos empieza uno a percatarse de lo que hay específicamente con la quebrada el Silencio que viene a ser ya por el cauce y la corriente de esta quebrada, empieza a socavar las laderas lindantes de la urbanización; al hacer esta socavación, la quebrada, hace que haya inestabilidad de las laderas adyacentes a la misma, a la comunidad se le informa y explica más o menos lo que está haciendo la quebrada y se les da unas pautas para asesorarse con las entidades encargadas en cuanto a la prevención y atención de desastres, eso fue en el año 97 o 98 no recuerdo bien, al igual que Corpocaldas, eso fue en esa época, después con el tiempo se informa tanto a entidades de socorro como los bomberos y en varias ocasiones fueron al sitioa inspeccionar el lugar de la quebrada, lo mismo que hubo visitaspor parle de la OMPAD y al igual que ingenieros de Corpocaldas. Eso fue en esos años cuando empiezan (sic) a verse los problemas más graves (...) Adicionalmente, cuando se le indagó sobre las obras que realizaba la comunidad y sobre su insuficiencia manifestó: "Sí se les informó por medio de documentos y explicación de las obras a realizar que yo mismo envié a la OMPAD y dándoles a entender que eso no solucionaría el problema en toda su embergadura (sic)" (fl. 399, cdno. 2). Además, el señor José Saúl Villa Rendón quien para la época se desempeñaba como representante de la asociación de vivienda manifestó: “Sí, la comunidad efectivamente, no solamente solicitó, sino que avisó a la OMPAD mucha antes de la tragedia, un año antes, a la Secretaría de Obras Públicas, al mismo bomberos, en donde se puede constatar en las actas de visita, uno llamaba a bomberos y ya les daba era rabia, que eras muy escandalosos (sic), en un mes los hacíamos ir hasta 3 o 4 veces que fueran a darle vuelta a la quebrada, los bomberos iban y dejaban constancia del problema" (fl. 409, cdno. 2) Por su parte, el geólogo Jesús María Londoño Vinasco, quien se desempeñaba para la época como jefe de la OMPAD manifestó: "Sí, efectivamente conocí personalmente la situación del cauce de la quebrada El Silencio, al igual que la problemática de estabilidad del barrio Villa Luz en general, por tal razón se habían iniciado trabajos de estabilidad en diferentes puntos del barrio conjuntamente con Corpocaldas, previo al derrumbe(...) las labores específicamente en la quebrada El Silencio en lo que respecta a la estabilización de su parte alta, estaba ejecutada aproximadamente en un 50% en el resto no se habían iniciado aún la intervención con obras de estabilidad debido a que en ese instante los recursos no eran suficientes para acometer la totalidad de los trabajos de manera simultánea; es decir realizar los trabajos de estabilidad en toda la extensión de la quebrada El silencio” (fls. 10, cdno. 2)
(26) El mismo ingeniero German Eduardo Ceballos Castaño sobre el particular señaló: “Las normas fueron echas (sic) con recursos de la misma comunidad; dichas obras solamente en muy poca parte ayudaban a corregir el cauce de la quebrada, daban por muy poco tiempo estabilidad a las laderas vecinas y para mejorar el problema se necesitarían obras de mayor envergadura y mayor costo que la comunidad no tenían como realizarlo o llevarlo a cabo (sic) y las obras que hizo la comunidad vienen a hacer (sic) soluciones de muy poquito tiempo; las personas realizaban estas obras por el mismo temor que ellos manejaban a que existiera una inestabilidad o deslizamientos de los terrenos de su propiedad y al hacer estas obras, ellos cansados de esperar que las entidades especializadas en este tipo de estabilidad, las hicieran y por iniciativa de ellos fue que realizaron estas obras, estas pequeñas obras” (fls. 394, cdno. 2). Igualmente, el señor José Raúl Villa Rendón, representante legal de la asociación de vivienda, manifestó: “(...) desde el momento de la negociación con el municipio de Manizales, la comunidad no solamente se dedicó a construir sus viviendas por autoconstrucción, sino que también se dedico (sic) a tratar de conservar un cause (sic) que pasaba o pasa por el sector denominado la quebrada el Silencio (...)” (fl. 401, cdno. 2). Ante la pregunta sobre las obras adelantadas por la comunidad mencionó: "Las trabajos que se hicieron en la quebrada el Silencio consistieron en la construcción de unos gaviones, en dos o tres curvas que tiene la quebrada el Silencio, que daban exactamente contra el lote de propiedad de la asociación, o sea, los gaviones se construyeron con el ánimo de que la quebrada el Silencio en tiempos invernales y al momento de abultar su caudal, no comenzara a socavar el terreno en la parte baja de la urbanización (...)”
(27) El testigo José Saúl Villa Rendón respecto de las actividades que desarrollaba la comunidad en la quebrada el día de la tragedia manifestó: "No solamente las personas que fallecieron, sino alrededor de 50 personas que se encontraban en el sitio, se encontraban tratando de darle vía libre a la quebrada el Silencio que se encontraba represada desde el día miércoles antes de la tragedia, o sea el 11 de marzo de 1999, concretamente la comunidad estaba con palas y picas tratando de que el terraplén que se armó, era de casi 30 metros de ancho tapando la quebrada, la comunidad estaba tratando de que la quebrada pudiera pasar, seguir su cause (sic) y así evitar una posible avalancha, es de notar que esta labor la estaba (sic) realizando no solamente hombres sino también mujeres, al mando de Benjamín Betancourt, el maestro de obra, él no es titulado, él es una persona o socio que le ha tocado todo el proceso de construcción” (fl. 411, cdno. 2). A su vez el señor Benjamín Betancourth Gómez sobre las causas del taponamiento de la quebrada manifestó: “A un barranco que se vino, el barranco era del lote del frente de Villa Luz de propiedad de según comentario que escuche era propiedad del Dr. que es el alcalde ahora, Germán Cardona me parece” (fl. 419, cdno. 2)
(28) En el dictamen los expertos manifestaron: “El represamiento de la quebrada el Silencio sucedió como consecuencia de un desprendimiento de tierra o deslizamiento originado a raíz de los movimientos de tierra que se adelantaban en el lote ubicado en frente a la urbanización Villa Luz. De cualquier forma era imprevisible que estos movimientos de tierra o adecuación del terreno con fines urbanísticos trajeran como consecuencia el represamiento de la quebrada El Silencio lo que si era previsible es que un inadecuado manejo de los materiales provenientes de las explanaciones aumentarían los procesos erosivos ya existentes en el área y contribuirían a desestabilizar el terreno” (fl. 52, cdno. dictamen pericial, negrillas adicionales).
“El momento de ocurrencia de un deslizamiento es imposible determinar. Sí se puede (sic) conocer las condiciones que ocasionan los derrumbes y deslizamientos, muchas de las cuales se ven favorecidas por el agua en la mayoría de las veces, tanto lluvias como de escorrentía (...)” (fl. 46, cdno. dictamen pericial, negrillas adicionales).
(29) Folio 48, cdno. dictamen pericial.
(30) Folio 12, cdno. 2, comunicación de Corpocaldas al Tribunal Administrativo de Caldas.
(31) Folio 43, cdno. dictamen pericial.
(32) Folio 29, cdno.1, registro de defunción, testimonio del señor Guillermo Sánchez Osorio (fls. 421 y 422, cdno. 2) y de José Nader Arias Zamora (fls. 6 a 8, cdno. dictamen pericial).
33) Folio 41, cdno. 1, registro de defunción. Testimonios de Beatriz Amparo Gómez Granada (fls. 636 a 638, cdno. 2), de María Cielo Quinceno López (fls. 638 a 640, cdno. 2) y de Mónica María García Salgado (fls. 672 y 673, cdno. 2).
(34) Folio 49, cdno.1, registro de defunción. Testimonios de Sulima Patricia Londoño Ceballos (fls. 660 a 662, cdno. 2), de Ligia Serna Duque (fls. 603 a 606, cdno. 2), de Martha Cecilia Giraldo Puerta (fls 666 a 669, cdno. 2) y de Diego Cortés Arboleda (fls. 670 y 671, cdno. 2).
(35) Folio 57, cdno.1, registro de defunción. Testimonios de Juan Carlos Rivera Hernández (fls. 624 a 627, cdno. 2), de María Adriana Álvarez Loaiza (fls. 628 a 630, cdno. 2), de Martha Lucia Jiménez de Ramírez (fls. 630 a 632, cdno. 2), de Isabel Cifuentes Bermúdez (fls. 632 y 633, cdno. 2) y de Nohelia Martínez Sánchez (fls. 634 y 635, cdno. 2).
(36) Folio 64, cdno. 1, registro de defunción. Testimonios de Libia Ceballos de Duque (fls.651 a 654, cdno. 2), de Marina Duque de Ceballos (fls. 655 a 658, cdno. 2) y de Martha Lucia Duque de Cardona (fls. 657 y 658, cdno. 2).
(37) Folio 76, cdno.1. registro de defunción. Testimonios de José Uriel Caicedo Sánchez (fls. 673 y 674, cdno. 2), de Gabriel Murillo Orozco (fl. 675, cdno. 2) y de Alba Lucia Arias Serna (fls. 676 y 677, cdno. 2).
(38) Folio 85, cdno. 1, registro de defunción.
(39) El periódico Sucesos de la ciudad de Manizales, el15 de marzo de 1999 reportó la muerte de los siete miembros de la comunidad del barrio Villa Luz por el deslizamiento de tierra en la quebrada el Silencio (fl. 45, cdno. 1) y el día 16 siguiente su entierro colectivo (fl. 47, cdno. 1)
(40) Actualmente, el artículo 4º de la Ley 1523 de 2012 partiendo de los elementos esenciales, denota los efectos que los eventos de la naturaleza generan sobre las personas y sus bienes: “Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar las acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción.
(41) La Estrategia de Yokohama para un mundo más seguro y su Plan de Acción fue aprobada en la primera Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres desarrollada en Yokohama, Japón, en mayo de 1994, como el principal resultado del examen de mitad de periodo del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales.
(42) La Declaración de Hyogo fue adoptada por la Conferencia Mundial sobre la Reducción de los Desastres en su novena sesión plenaria del 22 de enero de 2005 que se celebró en la ciudad de Kobe de la prefectura de Hyogo del Japón. Mediante este instrumento se aprobó el “Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres” que establece los objetivos y acciones a desarrollar en el tema de prevención de desastres naturales.
(43) Cita original: Así cataloga el artículo 2º de la Ley 46 de 1988 a los fenómenos naturales que causan daño o alteran de manera grave las condiciones normales de vida en un área geográfica determinada, causadas por fenómenos naturales y por efectos catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario o de servicio social.
(44) Cita original: Ley 95 de 1890, artículo 1º: Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el aprestamiento de enemigos, los autos de autoridad ejércitos(sic) por un funcionario público, etc.
(45) Cita original: Ver entre otras: Consejo de Estado, CCA, Sección Tercera, sentencias de febrero 26 de 1998, exp. 10846, C.P. Jesús María Carrillo; 14 de mayo de 1998, exp. 12175, C.P. Daniel Suárez Hernández; diciembre 11 de 1998, exp. 19009, C.P. Ricardo Hoyos Duque; 20 de septiembre de 2001, exp. 13732, C.P. Alier Hernández Enríquez; septiembre 20 de 2007, exp. 16014, C.P. Mauricio Fajardo Gómez; marzo 1 de 2011, exp. 18829, con ponencia de quien proyecta este fallo; mayo 25 de 2011, exp. 21929, C.P. Olga Valle de de La Hoz y agosto 22 de 2011, exp. 20107, C.P. Danilo Rojas Betancourth.
(46) El artículo 1º de la Ley 40 de 1971 establece: “En desarrollo de la Ley 7 de 1969, por medio de la cual se declaró de la más alta conveniencia pública y del más evidente interés social la ejecución de un plan de obras de defensa para las ciudades de Manizales y su futura área metropolitana, créase la Corporación Regional Autónoma para la Defensa de la ciudad de Manizales, con los objetivos que a continuación se detallan: a) La construcción y conservación de obras de alcantarillado, drenaje y defensa para la estabilidad de los suelos amenazados por erosión y deslizamiento; b) Remodelación urbana y recuperación de terrenos; c) Erradicación de tugurios en zonas de deslizamiento; d) Reforestación y aprovechamiento de tierras; e) Regularización de cauces naturales, y f) Estudios sobre futuro desarrollo urbano.
(47) El artículo 4º de la Ley 22 de 1991 señala: “La corporación tendrá las siguientes funciones: a) Promover la construcción y coordinación de obras conducentes a la defensa de los suelos amenazados por la erosión y deslizamientos y realizar el mantenimiento, modificación o mejoramiento de las obras ejecutadas por la Corporación Regional Autónoma para la Defensa de las Ciudades de Manizales, alamina (sic) y Aranzazu, “Cramsa”; b) Promover y ejecutar obras de irrigación, drenaje, reforestación y recuperación de tierras, regulación de fuentes de agua, defensa contra las inundaciones, control de la calidad de las aguas y para el manejo integral de cuencas hidrográficas, aguas subterráneas; e) Reglamentar, administrar, conservar y fomentar los recursos naturales y del medio ambiente de conformidad con el Código de Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente; d) Ejecutar los planes, programas y proyectos que indique el “Plan de Recursos Naturales”; e) Coejecutar programas, en apoyo de entidades nacionales y territoriales, relacionadas con el desarrollo del sector agropecuario y el Plan de Rehabilitación; f) Determinar en coordinación con el departamento y los municipios de Caldas, el plan de usos del suelo que contemple normas sobre desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales, turísticos, pesqueros, mineros, de reforestación, de cuencas hidrográficas y de reserva ecológica; g) Adelantar directamente, o por medio de contratos, los estudios complementarios, para el desarrollo integral de las zonas en las cuates opera; h) Realizar campañas educativas de promoción de la comunidad y de conservación de los recursos naturales, en coordinación con las entidades legalmente competentes; i) Participar en la organización de entidades descentralizadas destinadas a mejorar la prestación de servicios públicos y a fomentar el desarrollo de la región; j) Suplir las deficiencias de entidades nacionales cuando en el territorio de su jurisdicción estas no dispongan de la infraestructura institucional requerida ni se justifique su montaje; k) Establecer y cobrar tasas y tarifas por los servicios que preste; l) Promover, y si fuera necesario, financiar y ejecutar programas de reforestación; m) Reglamentar, administrar, conservar, manejar y fomentar los recursos naturales renovables y del medio ambiente y aplicar el Código de los Recursos Naturales y Protección del Medio Ambiente; n) Participar en la organización de entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado, destinadas a mejorar la prestación de servicios públicos y a fomentar el desarrollo de la región; o) Determinar los programas de obras de la corporación que deban realizarse por el sistema de valorización; p) Asesorar a los municipios ubicados en el territorio de su jurisdicción en el cumplimiento de sus funciones, en la elaboración de planes de desarrollo y en las gestiones que deban adelantar ante otras entidades públicas y privadas; q) Ejercer las funciones que otras entidades públicas o privadas le deleguen; r) Desarrollar acciones que tiendan a disminuir los riesgos de desgracias causadas por fenómenos naturales y servir como entidad coejecutora de los planes de emergencia y rehabilitación en zonas donde hayan ocurrido calamidades públicas; s) Ejecutar y coordinar los planes y programas de interés social y regional que le confíe especialmente el Presidente de la República. PAR.—La competencia en materia de recursos naturales renovables será asumida en forma gradual por la corporación dentro de los tres (3) años siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley. Para estos efectos y a medida que ello vaya ocurriendo, la corporación comunicará al Inderena las competencias que asuma y las fechas de asunción de las mismas. Transcurrido el lapso de tres (3) años se entenderá que la competencia se encuentra plenamente radicada en la corporación”. Competencias que se reprodujeron en los estatutos de la entidad aprobados mediante Decreto 2712 de 1991.
(48) El artículo 7º de la Ley 388 de 1997 que establece las competencias en materia de ordenamiento territorial asignó a los municipios las siguientes responsabilidades: “(...) 4. Los municipios y los distritos deberán formular y adoptar los planes de ordenamiento del territorio contemplados en la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo y la presente ley, reglamentar de manera específica los usos del suelo en las áreas urbanas, de expansión y rurales de acuerdo con las leyes, optimizar los usos de las tierras disponibles y coordinar los planes sectoriales en armonía con las políticas nacionales y los planes departamentales y metropolitanos.”. Con este propósito el artículo 8º ibídem señala como parte del ejercicio de la acción urbanística: “(...) 5. Determinar las zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos humanos, por amenazas naturales, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda (...)”.
(49) El artículo 56 de la Ley 9 de 1989 modificado por el artículo 5º de la Ley 2ª de 1991 establece: “A partir de la vigencia de la presente ley, los alcaldes y el intendente de San Andrés y Providencia levantarán y mantendrán actualizado un inventario de las zonas que presenten altos riesgos para la localización de asentamientos humanos por ser inundables o sujetas a derrumbes o deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la vivienda. Esta función se adelantará con la asistencia y aprobación de las oficinas locales de planeación o en su defecto con la correspondiente oficina de planeación departamental, comisarial o intendencial, los alcaldes y el intendente de San Andrés y Providencia con la colaboración de las entidades a que se refiere el Decreto 919 de 1989, adelantarán programas de reubicación de los habitantes o procederán a desarrollar las operaciones necesarias para eliminar el riesgo en los asentamientos localizados en dichas zonas. Mientras subsistan asentamientos humanos en las zonas de alto riesgo los inmuebles a los cuales se declare extinción de dominio en aplicación del literal a) del artículo 80 o declarados de utilidad pública, o interés social en desarrollo de los literales b) y d) del artículo 10, sólo podrán destinarse a la reubicación de los habitantes que a la vigencia de la presente ley se encuentren localizados en zonas de alto riesgo. Los funcionarios públicos responsables que no den cumplimiento a lo dispuesto en este inciso incurrirán en causal de mala conducta. Cualquier ciudadano podrá presentar al alcalde o intendente la iniciativa de incluir en el inventario una zona o asentimiento determinado (...)”
Además, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001 señala la obligación de los municipios de promover, financiar o cofinanciar proyectos de interés municipal, bien sea mediante esfuerzo propio o a través del dinero percibido del Sistema General de Participaciones, entre otros, en materia de prevención y atención de desastres:
“76.9. Los municipios con la cofinanciación de la Nación y los departamentos podrán:
76.9.1. Prevenir y atender los desastres en su jurisdicción. 76.9.2. Adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de alto riesgo y reubicación de asentamientos”
(50) Nota original: observación general número 4, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
(51) Corte Constitucional, Sentencia T-163 de 2013.
(52) Así por ejemplo, en la Sentencia T-36 de 2010, se estudió el caso de una señora que junto con sus hijos habitaba una vivienda al lado de un puente sin canalizar, en el cual se formaban peligrosas avalanchas de lodo cuando llovía. La accionante solicitó la protección del derecho fundamental a la vivienda digna y, por tanto, la reubicación en otro sector que fuera apto para vivienda. La Corte Constitucional destacó los escasos recursos económicos de la tutelante y su familia y advertida su situación de riesgo, ordenó a la alcaldía municipal, como parte accionada, que en un término máximo de 48 horas ubicara a los accionantes en un albergue transitorio mientras se lograba reubicarlos en una vivienda digna, en un término no mayor a 6 meses.
(53) Una vivienda adecuada debe ser habitable, en sentido de poder ofrecer espacio adecuado a sus ocupantes y de protegerlos del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento u otras amenazas para la salud, de riesgos estructurales y de vectores de enfermedad. Debe garantizar también la seguridad física de los ocupantes. El comité exhorta a los Estados Partes a que apliquen ampliamente los Principios de Higiene de la Vivienda preparados por la OMS (...)”.
(54) Nota original: M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
(55) Nota original: Ibíd.
(56) Página 48, cdno. dictamen pericial.
(57) Folio 48, cdno. dictamen pericial.
(58) Folios 52 y 46, cdno. dictamen pericial.
(59) El señor Benjamín Betancourt Gómez sobre las condiciones climáticas de los días cercanos a la ocurrencia de los hechos manifestó: “(...) Nosotros íbamos antes de la tragedia y un rato llovía y otro hacía sol pero no era continua la lluvia era suave llovizna (...)” (fl. 419, cdno. 2). De acuerdo a los peritos: “(...) Las temperaturas promedio oscilan entre los 12º y los 8º C y las precipitaciones entre 1500 mm y 2500 mm anuales. En la zona se demarca con claridad la existencia de dos periodos de máxima pluviosidad, abril a mayo y octubre a noviembre; sin embargo los numerosos cambios climáticos que ha sufrido el planeta tierra en los últimos años han repercutido de manera directa en la distribución de las lluvias y en los promedios de temperatura. De cualquier forma, debido a las características del terreno, que ya han sido explicadas en este informe, la acción de las aguas lluvias que abundan en épocas de invierno ejercen gran poder erosivo sobre los materiales que constituyen la zona, contribuyendo notablemente a su desestabilización” (fl. 45, cdno. dictamen pericial).
(60) Sobre el particular el señor Jesús María Londoño Vinasco entonces jefe de la OMPAD: “Los problemas de inestabilidad del barrio Villa Luz se preveían desde el mismo momento en que se efectuó la adecuación del terreno y en particular para la quebrada El Silencio se consideró necesaria su canalización acompañada de un relleno que permitiera el confinamiento y estabilización de las laderas a ambos lados de la quebrada, esta situación se analizó mucho tiempo antes de la ocurrencia del accidente que hoy nos ocupa, ya dije que oportunamente le manifesté a los responsables de la urbanización las anomalías en el movimiento de tierras para que efectuaran los correctivos del caso (...) Sí pude observar inestabilidad en las paredes del cauce de la quebrada El Silencio pero en ningún momento evidencie que la quebrada estuviera represada” (fls. 15 y 16).
(61) Frente a las características de la fuerza mayor como eximente de responsabilidad ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: Sentencia de 2 de diciembre de 1993, exp. 8497, M.P. Daniel Suárez Hernández; Sentencia de 27 de noviembre de 2002, exp. 13090, M.P. María Elena Giraldo Gómez.
(62) Folio 388, cdno. 2.
(63) M.P. Alier E. Hernández Enríquez.
(64) Sobre el particular se puede consultar la Sentencia del16 de junio de 1994, exp. 7445, cdno.P. Juan de Dios Montes Hernández; y del 11 de febrero de 2009, exp. 14726, cdno.P., Myriam Guerrero de Bermúdez, entre otras.
(65) Los parámetros descritos se encuentran señalados en Sentencia de 19 de septiembre de 2011, rad. 21350, C.P. Danilo Rojas Betancourt.
(66) En la Sentencia del 6 de septiembre de 2001, rad.:13232, C P. Alier Eduardo Hernández Enríquez se indicó que esto es así porque “la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia (...)”.
(67) Cfr. Decreto 1260 de 1970 “por el cual se expide el estatuto del registro del estado civil de las personas”.
(68) En el acápite respectivo aparece: “3.5 perjuicios que se pagaran en favor del grupo familiar de la occisa Maria Arcila Giraldo y Luz Miriam Arcila Giraldo. 3.5.1 Perjuicios que se pagaran en favor de los demandantes Orlando Arcila Giraldo, Francisco Arcila Giraldo, Compo Ellas Arcila Giraldo y Luz Miriam Arcila Giraldo (…) 3.5.2 Perjuicios que se pagaran en favor de la demandante María Eugenia Arcila (sic).
(69) Así, lo hicieron saber en sus versiones ante el tribunal las señoras Mónica María García Salgado, Beatriz Amparo Gómez y María Cielo Quinceno, al indagárseles sobre la composición de la familia de la fallecida (fls. 637, 672 y 639, cdno. 2).
(70) Además, sobre las relaciones familiares y el daño moral padecido por las víctimas indirectas rindieron testimonio. En relación con el deceso de Harold Hernández Ballesteros obran los testimonios de los señores Guillermo Sánchez Osorio (fl. 421, cdno. 3) y José Nader Arias Zamora (fl. 8, cdno. xx). Por la muerte de José Carmelo Giraldo Montoya se practicaron los testimonios de Juan Carlos Rivera Hernández (fl. 625, cdno. 3), María Adriana Álvarez Loaiza (fl. 628, cdno. 3), María Lucia Jiménez de Ramírez (fl. 630, cdno. 3) Isabel Cifuentes Bermúdez (fl. 632, cdno. 3) y Nohelia Martínez Sánchez (fl. 634, cdno. 3). En relación al fallecimiento de la señora María Arnobia Arias Correa existen en el expediente los testimonios de Beatriz Amparo Gómez Granada (fl. 636, cdno. 3), María Cielo Quiceno López (fl. 638, cdno. 3) y Mónica María García Salgado (fl. 672, cdno. 3). En lo que tiene que ver con la muerte de José William Rivera Osorio se encuentran las declaraciones de Libia Ceballos de Duque (fl. 652, cdno. 3) y Marina Duque Ceballos (fl. 656, cdno. 3). Respecto del deceso de J.E.G.M aparecen los testimonios de Sulima Patricia Londoño Ceballos (fl 660, cdno. 3), Ligia Serna Duque (fl. 603, cdno. 3), Martha Cecilia Giraldo Puerta (fl. 666, cdno. 3) y Diego Ortiz Arboleda (fl. 670, cdno. 3) y en relación al fallecimiento de María Lucero Quinceso se recibieron los testimonios de los señores José Uriel Caicedo Sánchez (fl. 673, cdno. 3) y Gabriel Murillo Orozco (fl. 675, cdno. 3).
(71) Los registros civiles de nacimiento dan cuenta que las señoras Sandra Patricia Sánchez Valencia y Dora Ilse Durán Garcés son las madres de los hijos de Harold Hernández Ballesteros y José Carmelo Giraldo Montoya lo que permite establecer su condición de afectadas. Al respecto ver: Consejo de Estado, Sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 29774, M.P. Stella Canto Díaz del Castillo.
(72) Así lo hizo saber el señor Guillermo Sánchez cuando se le indagó sobre la actividad económica del occiso y sus ingresos mensuales: “No cuando devengaba mensual, no, él era tinterillo, escribiente aquí en el palacio por mucho tiempo (…)”.
(73) En Sentencia del 26 de abril de 2006 se dijo lo siguiente: “(...) de la existencia del vínculo marital y filial, que crea la obligación alimentaria, se infiere el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante, que le causó a los demandantes la muerte de su compañero y padre.
En efecto, los artículos 411 y 422 del Código Civil establecen que corresponde al cónyuge y padre proveer alimentos a su cónyuge e hijos hasta el día anterior de la mayoría de edad. En consecuencia, si bien el derecho a la reparación de los perjuicios morales y materiales que se cause a una persona por la muerte de otra no se derivan de su condición de heredero sino de damnificado, cuando existe la obligación alimentaria se infiere la existencia del perjuicio material, que dará derecho al titular del mismo a la indemnización de tal perjuicio por el término de la obligación, esto es, en el caso de los hijos hasta el cumplimiento de la mayoría de edad y de los cónyuges hasta el término de vida probable del mayor entre los dos.
(74) Se toma el salario mínimo legal del año 2014 habida cuenta que la actualización del salario mínimo legal del año 1999 arroja un valor inferior.
(75) Edad que resulta coincidente con la del nacimiento de su hijo J.C.H.S. en cuyo registró aparece que a la fecha de su nacimiento 22 de junio de 1998, tenía 22 años (fl. 23, cdno. 1).
(76) En sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 16.058 y 21.112 se dijo lo siguiente: “De igual forma. se modifica el criterio jurisprudencial que se tenía en relación con la presunción de manutención de los hijos hasta la mayoría de edad si no se acreditaba la escolaridad, desechando esta distinción, y dando por presumido que la condición de dependencia económica de aquellos respecto de los padres se mantiene hasta la edad de 25 años, con fundamento en los artículos 13 y 45 de la Constitución Política y en consideración además, a las reglas de la experiencia, siempre y cuando se acredite tal dependencia por cualquier medio probatorio”.
(77) Es la menor de las expectativas de vida de la pareja de esposos.
(78) C-919 de 2001.
(79) El artículo 176 del Código Civil, establece “Los cónyuges están obligados a guardarse fe, a socorrerse y ayudarse mutuamente, en todas las circunstancias de la vida”.
(80) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de marzo de 2010, expediente 17047, M.P. Ruth Stella Correa Palacio.
(81) Se allegó constancia emitida por la jefatura de gestión humana de la empresa Manilit en la que se certificó que el señor José Carmelo Giraldo Montaña(sic) devengaba un salario de $ 428.000, cifra que se puede considerar ratificada por su compañero de trabajo Juan Carlos Rivera Hernández y quien desempeñaba la misma labor y dijo que los ingresos del fallecido eran de $ 424.000. La certificación no incluyo conceptos por prestaciones sociales (fl. 66, cdno. 1).
(82) El señor José Uriel Caicedo Sánchez al respecto manifestó: “(...) ella muy trabajadora”.
(83) Los registros civiles de sus hijos permiten inferir su mayoría de edad. Además en ellos aparece registrada su dedicación al hogar (fls. 70 a 75, cdno.1).
(84) Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de agosto de 2011, expediente 20.209 con ponencia de la suscrita.
(85) Se toma el salario mínimo legal del año 2014 habida cuenta que la actualización del salario mínimo legal del año 1999 arroja un valor inferior.
(86) Es la menor de las expectativas de vida de la pareja de esposos.
(87) Se toma el salario mínimo legal del año 2014 habida cuenta que la actualización del salario mínimo legal del año 1999 arroja un valor inferior.
(88) En sentencia del 4 de octubre de 2007, expediente 16.058 y 21.112 se dijo lo siguiente: “De igual forma, se modifica el criterio jurisprudencial que se tenía en relación con la presunción de manutención de los hijos hasta la mayoría de edad si no se acreditaba la escolaridad, desechando esta distinción, y dando por presumido que la condición de dependencia económica de aquellos respecto de los padres se mantiene hasta la edad de 25 años, con fundamento en los artículos 13 y 45 de la Constitución Política y en consideración además, a las reglas de la experiencia, siempre y cuando se acredite tal dependencia por cualquier medio probatorio”
(89) Es la menor de las expectativas de vida de la pareja de esposos.