Source: https://www.scribd.com/document/68211934/ley-organica-espanola
Timestamp: 2019-02-16 19:26:18
Document Index: 325430776

Matched Legal Cases: ['artículo 125', 'artículo 23', 'artículo 24', 'artículo 122', 'artículo 125', 'artículo 125', 'artículo 1', 'artículo 36', 'artículo 24', 'artículo 676', 'Artículo 1', 'artículo 666', 'artículo 678', 'artículo 122', 'artículo 36', 'artículo 83', 'artículo 504', 'artículo 309', 'artículo 83', 'artículo 471', 'Artículo 2', 'artículo 169', 'artículo 117', 'Artículo 3', 'artículo 1', 'artículo 1', 'Artículo 7', 'artículo 14', 'Artículo 6', 'Artículo 4', 'Artículo 5', 'Artículo 8', 'Artículo 9', 'Artículo 10', 'Artículo 11', 'Artículo 13', 'Artículo 12', 'artículo 219', 'artículo 219', 'artículo 8', 'Artículo 14', 'Artículo 16', 'Artículo 15', 'artículo 13', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 20', 'Artículo 21', 'Artículo 18', 'Artículo 25', 'artículo 119', 'Artículo 24', 'Artículo 22', 'Artículo 23', 'Artículo 27', 'Artículo 29', 'Artículo 28', 'artículo 652', 'artículo 653', 'artículo 650', 'Artículo 26', 'artículo 25', 'Artículo 31', 'artículo 36', 'Artículo 33', 'artículo 33', 'artículo 640', 'artículo 637', 'Artículo 30', 'Artículo 32', 'Artículo 34', 'Artículo 37', 'artículo 666', 'Artículo 35', 'Artículo 36', 'Artículo 38', 'Artículo 39', 'Artículo 41', 'Artículo 40', 'Artículo 42', 'Artículo 43', 'Artículo 46', 'artículo 726', 'Artículo 44', 'Artículo 45', 'Artículo 51', 'Artículo 49', 'Artículo 50', 'Artículo 47', 'Artículo 48', 'artículo 788', 'Artículo 52', 'Artículo 53', 'Artículo 56', 'artículo 64', 'Artículo 57', 'Artículo 55', 'Artículo 54', 'Artículo 58', 'Artículo 59', 'Artículo 60', 'Artículo 61', 'Artículo 62', 'artículo 53', 'Artículo 65', 'Artículo 64', 'Artículo 63', 'Artículo 70', 'Artículo 68', 'artículo 248', 'Artículo 66', 'Artículo 69', 'artículo 410', 'Artículo 67', 'artículo 83', 'artículo 55', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 306', 'artículo 73', 'artículo 309', 'Artículo 309', 'artículo 539', 'Artículo 539', 'artículo 504', 'artículo 504', 'Artículo 504', 'artículo 516', 'artículo 678', 'artículo 676', 'artículo 789', 'artículo 666', 'Artículo 846', 'artículo 781', 'artículo 780', 'artículo 678', 'Artículo 846', 'artículo 36', 'artículo 676', 'Artículo 846', 'Artículo 846', 'Artículo 846', 'Artículo 846', 'artículo 847', 'Artículo 847', 'artículo 848', 'artículo 846']

Uploaded by Mare Bavio
ABEL LLUCH, Xavier. La Dosis de Prueba; Entre El Common Law y El Civil Law.
21934-21953-1-PB
Proceso Oral Civil Sergio Cuauhtemoc Martinez Castillo
Der Procesal
Que Son Las Defensas Previas
GARANTIAS PROCESALES - CÉSAR SAN MATÍN CASTRO.docx
Natural Physique Committee dba NPC v. Thompson - trademark complaint.pdf
5-Despido Con Causa - Solicitud de Documentacion-modelos de Demandas
Abor Complaint Final
Myslide.es Directiva n 012 2014 Cggprod Control Previo de Las Prestaciones Adicionales de Supervision de Obra Aprobada Con Resolucion de Contraloria No 596 2014 Cg de 22 de Diciembre de 2014
LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, MODIFICADA POR LAS LEYES ORGÁNICAS: 8/1995, 10/1995
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. (ARTS. 1-5) CAPÍTULO II. LOS JURADOS.  SECCIÓN I. DISPOSICIONES GENERALES. (ARTS. 6-7)  SECCIÓN II. REQUISITOS, INCAPACIDADES, INCOMPATIBILIDADES, PROHIBICIONES Y EXCUSAS. (ARTS. 8-12)  SECCIÓN III. DESIGNACIÓN DE LOS JURADOS. (ARTS. 13-23) CAPÍTULO III. DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS CAUSAS ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO  SECCIÓN I. INCOACIÓN E INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA. (ARTS. 24-29)  SECCIÓN II. AUDIENCIA PRELIMINAR. (ARTS. 30-35)  SECCIÓN III. CUESTIONES PREVIAS AL JUICIO ANTE EL TRIBUNAL DEL JURADO. (ARTS. 36-37)  SECCIÓN IV. CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL DEL JURADO. (ARTS. 38-41)  SECCIÓN V. EL JUICIO ORAL. (ARTS. 42-51) CAPÍTULO IV. DEL VEREDICTO.  SECCIÓN I. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DEL VEREDICTO. (ARTS. 52-54)  SECCIÓN II. DELIBERACIÓN Y VEREDICTO. (ARTS. 55-66) CAPÍTULO V. DE LA SENTENCIA. (ARTS. 67-70) DISPOSICIONES ADICIONALES  PRIMERA. SUPRESIÓN DEL ANTEJUICIO.  SEGUNDA. INFRACCIONES PENALES. DISPOSICIONES TRANSITORIAS  PRIMERA. CAUSAS PENALES EN TRAMITACIÓN.  SEGUNDA. RÉGIMEN DE RECURSOS.  TERCERA. PRIMERA LISTA DE CANDIDATOS A JURADOS. DISPOSICIONES FINALES  PRIMERA. MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.  SEGUNDA. MODIFICACIÓN DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL.  TERCERA. CARÁCTER DE LA LEY.  CUARTA. FUTURAS REFORMAS PROCESALES.  QUINTA. ENTRADA EN VIGOR.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: I. Fundamento constitucional. El artículo 125 de la Constitución española de 1978 establece que los ciudadanos podrán participar en la Administración de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine. Nuestro texto constitucional cumple con ello lo que puede considerarse una constante en la historia del derecho constitucional español; cada período de libertad ha significado la consagración del jurado; así en la Constitución de Cádiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada época de retroceso de las libertades públicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participación ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participación en los asuntos públicos. Se retoma por tanto un instrumento de indiscutible raigambre liberal, y se hace desde el dato indiscutible de que, desde el primer esbozo de 1820 hasta su suspensión en el año de 1936, pocas instituciones jurídicas han padecido -y por tanto han sido enriquecidas- con una depuración crítica tan acentuada como el Tribunal
del Jurado, lo que ha permitido extraer la masa ingente de datos sueltos, experiencias y precedentes que han facilitado la captación íntegra de la Institución. Por encima de concepciones pro o antijuradistas, nuestra Norma Fundamental enlaza el instrumento del jurado, de forma indiscutible, con dos derechos fundamentales: la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos, del artículo 23.1 de la Constitución española, y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley del 24.2 de nuestro texto fundamental. En efecto, nos encontramos, de una parte ante una modalidad del ejercicio del derecho subjetivo a participar en los asuntos públicos, perteneciente a la esfera del status activae civitatis, cuyo ejercicio no se lleva a cabo a través de representantes, sino que se ejercita directamente al acceder el ciudadano personalmente a la condición de jurado. De ahí que deba descartarse el carácter representativo de la Institución y deba reconocerse exclusivamente su carácter participativo y directo. Por ello, puede predicarse que el Instituto que se regula difiere de otros modelos por la forma peculiar en que se articula el derecho-deber del ciudadano a participar de manera directa en un poder real del Estado; nos encontramos ante un derecho-deber, lo que tiene reflejo en el texto legal al adoptar medidas coercitivas que aseguren el cumplimiento de la obligación y, consiguientemente, el establecimiento de aquellas otras encaminadas a mitigar, en lo posible, la excesiva onerosidad del cumplimiento del deber, a través de la retribución de la función y la indemnización de los gastos ocasionados por su ejercicio. La Ley parte de la concepción de que el Estado democrático se caracteriza por la participación del ciudadano en los asuntos públicos. Entre ellos no hay razón alguna para excepcionar los referidos a impartir justicia, sino que por el contrario se debe establecer un procedimiento que satisfaga ese derecho constitucional de la forma más plena posible. No se trata, en definitiva, de confiar en la capacidad de los ciudadanos, como si fuera tolerable en un sistema democrático la alternativa negativa. Se trata sólo de tener por superadas cualesquiera razones explicativas no ya de su discutible fracaso histórico, sino de su autoritaria y antidemocrática suspensión. Pero la institución del Jurado es al mismo tiempo y de forma complementaria, una manifestación del artículo 24 de la Constitución que declara que todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley; cumple por tanto una función necesaria para el debido proceso, pero lo hace desde una óptica distinta a la que tenía atribuida en su recepción en el Estado liberal burgués; no hay reticencia alguna al Juez profesional; no se trata de instaurar una Justicia alternativa en paralelo y menos aún en contradicción a la de los Jueces y Magistrados de carrera a que se refiere el artículo 122 de la Constitución, sino de establecer unas normas procedimentales que satisfagan al mismo tiempo y en paralelo todas las exigencias de los procesos penales con el derecho-deber de los ciudadanos a participar directamente en la función constitucional de juzgar. El artículo 125 de la Constitución supone en definitiva un inequívoco emplazamiento constitucional que fuerza el largo paréntesis de limitadas vivencias y expectativas de participación del ciudadano en los asuntos públicos, y en el que la institución del Jurado reaparece con una renovada carga de sugerencias y matices capaces de dar sentido y proyección a la realidad social, hoy suficientemente contrastada, que demanda un cambio urgente en los modos de administrar justicia. Su desarrollo no es, en consecuencia, tan sólo un imperativo constitucional, sino que es una urgente necesidad en cuanto que pieza decisiva de una reforma en profundidad del conjunto de la Administración de Justicia, que es sentida como necesidad inaplazable por buena parte de los ciudadanos. Esta realidad ha sido también reconocida por el Consejo General del Poder Judicial. Así, en las memorias elaboradas en los años 1991 y 1992 y en la Relación Circunstanciada de las Necesidades de la Administración de Justicia para el año 1993, en el epígrafe referente a las modificaciones legislativas que estimaba convenientes para el adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional tendentes a conseguir una agilización de los procesos, al referirse al proceso penal, destaca que la implantación del Jurado, prevista en el artículo 125 de la Constitución española, requerirá una sustancial modificación de la institución mediante su incardinación en el sistema procesal, sin que ello suponga un elemento retardatario de la justicia penal. Con la aprobación de esta Ley se da un paso cualitativo más, desde una perspectiva técnico-legal, encaminada a cerrar el modelo básico de la Justicia diseñado por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial, facilitando la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. El establecimiento del Tribunal del Jurado debe ser considerado como uno de los contenidos constitucionales
aún pendientes de desarrollo. Con su regulación en esta Ley se da cumplimiento a un mandato constitucional tantas veces diferido y se establece una de las piezas básicas en el funcionamiento de la Administración de Justicia diseñado por el constituyente. II. Los ciudadanos jurados. Ya hemos advertido que la presente Ley parte de que el Jurado implica una manifestación del derecho de participación, y ello determina sin duda que las cuestiones verdaderamente esenciales a dilucidar sean la del ámbito de conocimiento del Tribunal del Jurado y, dentro de éste, la función que viene reconocida a los ciudadanos participantes. Una elemental prudencia aconseja la graduación en el proceso de instauración de la Institución, tanto a la hora de seleccionar el número de asuntos, cuanto la naturaleza de éstos. Razones para su adecuada implantación aconsejan que todos los que han de intervenir en este tipo de procesos se familiaricen con sus peculiaridades tan distintas a la actual manera de celebrarse los juicios. La concreción del objeto del juicio, las alegaciones de las partes, el material probatorio a atender, el lenguaje a utilizar, el contenido mismo de las resoluciones deben variar sustancialmente. La Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constituye expresión plena de los principios básicos procesales de inmediación, prueba formada con fundamento en la libre convicción, exclusión de pruebas ilegales, publicidad y oralidad. Por ello se han seleccionado aquellos delitos en los que la acción típica carece de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoración por ciudadanos no profesionalizados en la función judicial. El ámbito competencial correspondiente al Tribunal del Jurado se fija en el artículo 1. Sin embargo, el legislador en el futuro, valorará sin duda, a la vista de la experiencia y de la consolidación social de la institución, la ampliación progresiva de los delitos que han de ser objeto de enjuiciamiento. La conformación del colegio decisor dentro del Tribunal del Jurado requiere una respuesta legislativa cuyo acierto no pasa necesariamente por resolver la vieja cuestión lógica sobre la escindibilidad entre el hecho y el derecho. Los autores de nuestra vieja Ley de Jurado, vinculando el origen histórico del instituto al testimonio de los vecinos como fórmula de decidir el litigio, patrocinaron para el ciudadano jurado una intervención limitada a la proclamación del hecho probado. Tal origen es discutible y, además, no siempre es posible decidir sobre la veracidad de una afirmación histórica, presupuesto típico del delito, sin pensar en valoraciones jurídicas. Pero, en todo caso, y ello es lo más relevante, el modelo ahora propuesto en la Ley alcanza una profundidad legitimadora entonces inatendida. Por eso, en la Ley, el Jurado no se limita a decidir si el hecho está o no probado, sino que valora aspectos como son los componentes normativos que dan lugar a la exención o no de la responsabilidad penal. En la Ley, la opción adoptada respecto al proceso selectivo de los jurados es coherente con la consideración de que su participación constituye un derecho-deber. La ciudadanía, en las condiciones que habilitan para el pleno ejercicio de los derechos cívicos, constituye el índice de la capacidad presunta no necesitada de otras exclusiones o acreditaciones de capacidad probada, salvo aquellas que notoriamente impedirían el ejercicio de la función de enjuiciamiento. La conveniencia de una participación lo más aceptada posible, lleva a reconocer un régimen de excusas generoso y remitido a la prudencia de la jurisdicción que ha de apreciarlas. El sistema selectivo se caracteriza: Por la sucesión de etapas que permitan garantizar la presencia de candidatos en número adecuado para evitar suspensiones en los señalamientos y el anticipado conocimiento por aquéllos de su eventual llamada a intervenir;
el carácter meramente negativo de la decisión sobre la apertura del juicio oral resulta poco apto para la precisa definición del objeto del juicio. El consiguiente riesgo de prolongación excesiva del acto del juicio aconseja la introducción de mecanismos de simplificación. en momento ulterior. Las modificaciones necesarias deberán inexorablemente proyectarse sobre la fase preparatoria del juicio oral. la unidad procedimental de ésta no exigiese igual unidad en aquélla. no sólo democrático en cuanto excluye criterios elitistas -ni aun a fuero de científicos-. Algunos han proclamado que cualquier especialidad procedimental debe comenzar allí donde empieza la intervención del Jurado. pero lo hace aún más la posibilidad de que las partes puedan recusar sin necesidad de alegar causa atendiendo a subjetivas valoraciones acerca de los criterios de decisión del candidato. III. de dar escaso o ningún valor a las pruebas del plenario. buscando principal o casi exclusivamente la verdad en las diligencias sumariales practicadas a espaldas del acusado. Se quejaba Alonso Martínez de la costumbre. La presente ley concibe que el juicio oral ante el Tribunal del Jurado debe culminar la erradicación de esa malformación procesal mediante la práctica ante él de toda la prueba. diverso del antes indicado. se estaría distorsionando el concepto mismo de pueblo. se limita a una decisión meramente negativa que resulta disfuncional para el enjuiciamiento por jurado. sino coherente con el fundamento mismo de la participación. tan arraigada de nuestros Jueces y Tribunales. El vigente sistema de resolución sobre la apertura del juicio oral se manifiesta bajo dos modalidades procedimentales diferentes -según se trate de procedimiento ordinario o abreviado. transcendiendo la fase intermedia o juicio de acusación a la de juicio. Se ha considerado que. en ambas. Nuestro Tribunal Constitucional ha venido estableciendo un cuerpo de doctrina que no sólo resulta enriquecedora. sino las garantías jurisdiccionales tanto para el candidato como. presupuesto imprescindible para asegurar un desarrollo de éste que garantice la ausencia de confusión de los hechos a probar. Pero ello no debe impedir una cierta conciliación entre el derecho a participar en el sorteo con el derecho de las partes a procurar un cierto pluralismo en el colegio jurisdicente. que evite las dilaciones inherentes a aquella falta de precisión objetiva y que. . permita prescindir de la no deseada reproducción del sumario o diligencias previas. so pretexto de alcanzar un plus de capacidad sobre la presunta derivada de la inclusión en el censo. no debe modificarse el modelo acusatorio formal o mixto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aunque esta posibilidad haya de someterse a fuertes limitaciones de número que eviten los funestos resultados producidos en la experiencia histórica.aunque. que de mantenerse podría determinar el fracaso del enjuiciamiento por ciudadanos no profesionalizados. 1. Se ha sostenido que si el Jurado se limita a intervenir en el juicio oral. En la denominada fase intermedia. por enervar tradicionales defectos de nuestra ley procesal. Tal opinión hace caso omiso de obligadas consideraciones: El actual sistema de enjuiciamiento mediante jueces técnicos se sustenta sobre premisas normativas difícilmente trasladables al juicio oral ante el Tribunal del Jurado. para las partes en el juicio. el modelo debía optar por uno u otro procedimiento. Por el sorteo a partir de las listas censales como sistema. De ellos el más esencial es la precisa definición del objeto del enjuiciamiento que habrá de efectuarse en la fase precedente al mismo.Por la transparencia y publicidad del proceso selectivo en que se insertan no sólo los mecanismos que permitan detectar las causas de exclusión. si se admitiese en esta Ley un criterio de exclusión. Necesarias reformas procesales como garantía de la viabilidad del funcionamiento del Jurado. Por ello. esto es. con la información adecuada e imparcialmente elaborada. siendo difícilmente explicable que. De otra parte. En alguna medida a ello tiende el número de jurados a designar (nueve). en la fase de juicio oral. sino que sería difícilmente tolerable ignorarla en la Ley.
Se olvida cuando se reprocha la habilitación del Juez instructor en la determinación del hecho y persona a investigar. El modelo que se adopta exige. por elemental coherencia. Lo que es ineludible es que una excesiva tendencia hacia pesquisas generales. con la exclusión del auto de procesamiento. formuladas las unas por la acusación. en definitiva.También ha proclamado nuestro Tribunal Constitucional la exigencia de promover. con la función de controlar la imputación del delito mediante la previa valoración de su verosimilitud y con la facultad de investigar de forma complementaria sobre los hechos afirmados por las partes. Se valorará. el ámbito de decisión atribuido al órgano jurisdiccional se incrementa pudiendo adoptar la decisión de sobreseimiento por cualquiera de sus motivos. asimismo. Así deberá valorarse la suficiencia y aun el éxito de la investigación. Con tales precedentes la Ley ha considerado oportuno: Optar por una resolución sobre la apertura del juicio oral precisa y fundada. el debate procesal en condiciones que respeten la contradicción e igualdad de acusación y defensa. Por el contrario. tan pronto como conste la imputación de un hecho justiciable determinado a persona concreta. en mutua exigencia. dada la afortunada previsión constitucional de la acción popular. a la vez. Por la exigencia de imputación judicial previa a toda acusación. A su vez el contenido y función de tal resolución se relaciona. permitir. Debe retenerse que el contenido de la anterior decisión se erige en una de las más relevantes condiciones del éxito o fracaso de la Institución. en una reforzada posición de imparcialidad. Dejando a un lado lo que hay de acusación indiscriminada sobre una posible actitud de inhibición del Ministerio Fiscal. la reubicación del Juez de Instrucción que luego habrá de resolver sobre la apertura del juicio oral. que vendría exigido por la necesaria unidad de sistema en lo concerniente a la inculpación. de no ser el Ministerio Fiscal. pero atendiendo. no contribuya al fracaso de la viabilidad del enjuiciamiento por jurado. suplir la falta de instancia del acusador público. . ya que la decisión sobre la apertura del juicio oral exige como presupuesto que se haya formalizado tal exigencia. tal reproche olvida que para iniciarse este procedimiento tiene que haber precedido denuncia o querella de alguien que. mal puede admitirse el reproche de que el sistema que acoge la Ley dejase sin mecanismo de efectividad el principio de obligatoriedad de la acción penal. La opción que acoge la Ley sobre el sistema para adoptar la decisión que remite a juicio oral. conforme venía advirtiendo una parte de la doctrina. que otro tanto ocurre en el actual sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De otra parte. en la fase intermedia del procedimiento. sólo será objeto y sujeto pasivo en el juicio oral cuanto venga determinado previamente por la acusación. bien puede. De esta manera el control judicial previo sobre la razonabilidad de la acusación no se limita al reenvío. Desde luego. inacabables en el tiempo. a pretensiones y resistencias contrapuestas o de signo contrario. 2. deben constituir objeto de la actividad probatoria y determinantes para su resolución en el juicio. la probabilidad de veracidad de unas afirmaciones históricas y aun de la trascendencia en cuanto a la calificación jurídica. en la que. En la fase de instrucción. difícilmente puede efectuarse un control jurisdiccional sobre la apertura del juicio oral sin la previa formalización de la acusación. La Ley sigue en este punto idéntico principio al acogido por la vigente legislación procesal. Y a tal fin tiende la convocatoria a la acción pública que el Juez discrepante puede hacer al modo previsto para la fase intermedia en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal dentro del procedimiento ordinario. de los múltiples posibles alegados por acusación y defensa. se proyecta sobre la fase del procedimiento que le precede: Por la garantía de imparcialidad del órgano jurisdiccional que se refuerza especialmente. Tal control culmina no sólo decidiendo una genérica viabilidad del juicio oral sino precisando qué hechos concretos. las otras por la defensa.
desde el momento en que el hecho justiciable y la persona sean determinadas y corresponda este procedimiento. que el Juez Instructor inquiriese sin comunicar lo que buscaba e interrogase a un sospechoso sin hacerle saber de qué y por qué sospechaba de él. un acto punible. ya que el mismo objetivo puede lograrse mediante el planteamiento de la reclamación como cuestión previa al Magistrado que ha de presidir el Tribunal. sin perjuicio de que en este último supuesto las partes al personarse puedan plantear las cuestiones previas o excepciones a que se refiere el artículo 36 de la Ley. Cuestiones previas. lleva en la Ley a intensificar el papel asignado al Magistrado en ese preámbulo de la celebración del juicio oral ya abierto. sin duda. sin hacer posible su autodefensa y sin proveerle de asistencia de letrado. La relación de la referida doctrina con la que promueve el debate en condiciones de igualdad y con la que exige que quien va a realizar funciones de enjuiciamiento no formule acusaciones. resolver sobre las eventuales alegaciones de ilicitud probatoria. puede. precisamente antes de iniciar la investigación. inmediación y celeridad necesarios en dicho enjuiciamiento. ser objeto de la discrepancia de las partes. y a él también le corresponde valorar la imposibilidad del aplazamiento que exija la práctica anticipada y. entre nosotros. impida la disposición del material sumarial que podría limitar la efectiva incidencia de los principios de oralidad. y Que sea este Juez. el que controle la procedencia de la apertura o no del juicio oral. obliga a: Que alguien ajeno al Juez formule una imputación. sin embargo. como nulas e ilícitas las investigaciones verificadas sin esa previa comunicación.Ya denunciaba el Tribunal Constitucional cómo durante casi un siglo el sistema procesal permitía. El Juicio oral. supeditada a su pertinencia. así preservado en una cierta imparcialidad. Que durante la investigación que el Juez estime razonable seguir. ha de ser objeto de una imprescindible valoración circunstanciada por el Juez para decidir sobre el seguimiento de causa penal. conforme a aquella doctrina. éste mantenga una posición diferenciada de la de las partes. adoptada por el Instructor sobre la apertura del juicio oral. La decisión sobre la admisión de la prueba. La presentación de denuncia o querella o la existencia de una actuación procesal en curso de la que derive la atribución de un hecho delictivo a persona determinada. Pero la discrepancia puede suscitarse en relación a aspectos particulares de la resolución referidos al objeto del juicio y en este supuesto la técnica del recurso resulta innecesariamente dilatoria. El Tribunal Constitucional reconoció la nueva categoría de imputado a toda persona a quien se atribuya. La decisión. IV. Constitución del Tribunal del Jurado . apelación contra el sobreseimiento e irrecurribilidad de la apertura. más o menos fundadamente. La preocupación por una adecuada preparación del juicio oral obstinadamente dirigida a impedir su fracaso. La que concierne a la procedencia o no del juicio recibe un tratamiento en la Ley similar al de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 1. en definitiva. con precisión del objeto del juicio y decisión de la información necesaria a remitir al Tribunal del Jurado que. ajustada a la estructura del veredicto de su objeto. La Constitución de 1978 y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley 53/1978 obligaron a un sesgo crucial. debiendo sancionarse. Tal decisión no podrá demorarse arbitrariamente. han determinado que la Ley se decante por una instrucción que. Que la prosecución de ésta exija una valoración por un órgano jurisdiccional precedida de la oportunidad de debate entre las partes. cuando correspondiera. 2. Esa facultad revisora se complementa en la Ley con la de dirección del debate que se traduce en la formulación. viene atribuida en la Ley al Magistrado que anteriormente ya ha configurado el objeto del juicio y con ello los hechos objetivos de prueba. de manera positiva y no sólo negativa.
al logro de uno de los efectos más beneficiosos de la institución. Varias razones aconsejan esta solución. ha de conciliarse con las exigencias de que la Institución no se vea frustrada en su funcionamiento efectivo. . la naturaleza y circunstancias de ésta. la minuciosa precisión del thema probandi. así como. De esa manera las causas a conocer se determinaban en función de dos datos: el tiempo para el que se había conformado el Tribunal y el Partido Judicial de procedencia de las causas. La Ley prevé la posible recusación por las partes presentes en el inicio de las sesiones. La prudencia aconseja la apertura de tiempos hasta donde sea posible que permitan la anticipada comunicación de cualquier causa que pueda implicar el defecto de número de jurados hábiles el día señalado para el juicio. la previsión de la reiteración de sorteos antes de dicho día. La vecindad ha sido históricamente una de las notas esenciales de los llamados a juzgar como jurados. Al mismo tiempo. Sin embargo. mantiene con ella no sólo el efecto simbólico. recordando esa transitoriedad de la función judicial en el ciudadano. un órgano jurisdiccional permanente. la Ley se ha preocupado de resolver aspectos esenciales. no se haga recaer sobre unos pocos Jurados la carga de examinar todas las causas a enjuiciar en un período. del sumario en el juicio oral evita indeseables confusiones de fuentes cognoscitivas atendibles. a saber: que la experiencia del ejercicio de la función de juzgar actúe como escuela de ciudadanía para el mayor número posible de ciudadanos. La segunda que. El fundamento de la recusación admitida. rígida e inteligible referencia que debe guiar inexorablemente lo que en el juicio oral pueda ocurrir. repartiéndose entre más ciudadanos esa labor. Aun cuando la Ley apenas se limita a una remisión a las normas comunes. de la forma propuesta se contribuya. y ello es una de sus notas más definidoras. sería un error olvidar que precisamente en la dirección del debate del juicio oral se encuentra una de las claves esenciales de éxito o fracaso de la Institución. A ello responde en la Ley con la ausencia de rígidas preclusiones y la anticipación en la formación de listas de candidatos a jurado.El Tribunal del Jurado no constituye. y en lenguaje inteligible al ciudadano no profesional. como se expuso. Pero tal ideal. aconsejen un sorteo preconstituyente del Tribunal en fecha a señalar prudentemente por el MagistradoPresidente. se presenta en la Ley como preferible a las experiencias de ilustración al Jurado mediante notas o relaciones. la exclusión de la presencia. La oralidad. La brevedad de la remisión en este apartado viene permitida porque antes. De ahí que éstos hayan de ser. De una parte. inmediación y publicidad en la prueba que ha de derogar la presunción de inocencia lleva en la Ley a incidir en una de las cuestiones que más polémica ha suscitado cual es la del valor probatorio dado a las diligencias sumariales o previas al juicio y que se veta en el texto del mismo. no es otro que el de lograr. Conforme a ella podrá efectuarse el sorteo con tiempo suficiente para un determinado período en un solo acto. incluso física. si no de la localidad o del partido judicial. Si hubiere de fracasar. El primer criterio ha sido sustituido en la Ley por la conformación de un Jurado para cada causa acentuándose así la nota de temporalidad del órgano judicial. Mantener una disposición que fija los períodos de sesiones ha perdido hoy su carácter necesario. La primera que. que exigiría la inexistencia de límites en la recusación. incluso sin alegación de causa por el recusante. sino también una pauta de organización de señalamientos. no ya la imparcialidad de los llamados a juzgar. El debate. De otra. sino que tal imparcialidad se presente como real ante los que acuden a instar la Justicia. como al ciudadano no profesional que carezca de la aptitud necesaria para el desempeño de la función que aquélla le asigna. al menos de la provincia en cuyo territorio el hecho ha tenido lugar. al conformarse Jurados por cada causa que. quizás fuere tan imputable a la falta de acierto del Juez técnico en la preparación del juicio a que le emplaza la Ley. lo que exigió siempre el señalamiento del período durante el cual el constituido iba a conocer. 3. nada impedirá. contribuyendo así a orientar sobre el alcance y la finalidad de la práctica probatoria a realizar en el debate. Aquella determinación del objeto del juicio. precisamente articulada en la forma en que debe ser examinada la prueba para la emisión del veredicto. al menos. No menor trascendencia tiene la segunda opción adoptada en la Ley en relación con el origen de los candidatos a jurado. por efecto de una mayor rotación en el desempeño de la función. en el inicio de la reinstauración de la Institución.
autorizando al Tribunal a contribuir a la producción de medios de prueba en el juicio oral. Una vez más la Ley deposita un alto grado de confianza en la magistratura como garantía del buen funcionamiento de la Institución. Por otro lado. La disolución del Jurado. si dicha prueba fuera insuficiente para sostener la convicción por dicho delito o delitos. ni la escisión de lo histórico y lo normativo en el enjuiciamiento es fácil. suponía la invasión por el Jurado de facultades del legislador. . ha sido constante el reproche por la ausencia de motivación hacia sistemas organizativos del jurado que admiten la emisión de veredicto por sólo ciudadanos. De la misma manera que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal ha optado por una transacción entre el principio de aportación de parte y el de investigación de oficio. aún más. Tal control se resuelve en la Ley en consideraciones sobre la licitud u observancia de garantías en la producción probatoria. V. constituye una de las más llamativas novedades respecto de nuestra experiencia histórica. que la valoración de su existencia como tal corresponde al órgano del juicio y. atribuyendo al primero el control de aquella dimensión objetiva como cuestión jurídica. que en el juicio. lícita y de cargo ha sido ya alcanzada. y La distribución de funciones entre el Magistrado y los Jurados. No tanto de la suficiencia para justificar la condena. Una tesis tal desconocería que hasta el juicio oral no existe verdadera prueba. Entendió Alonso Martínez que extender la competencia al nomen iuris del delito era manifestación de la confusión entre el hecho y el derecho y. Como antecedente en el derecho comparado. sin duda. La disolución del Jurado. 1.Un aspecto que merece especial consideración es la participación del Jurado en la actividad probatoria. puede ser el imperante en la jurisprudencia del ámbito cultural del que es oriunda la garantía: no existirá prueba si. no resulta extemporánea al final del debate. ésta habría de ser rechazada. En definitiva. por lo que puede caerse en el error de creer que la mínima actividad probatoria. el criterio que separa la valoración de la existencia de prueba respecto del de la suficiencia de la misma. Ni esto último parece fácilmente compatible. También aconseja tal medida la experiencia histórica que da noticia de uno de los reproches más generalizados respecto al funcionamiento del Jurado: la emisión de veredictos sorprendentes. Esta forma parte también del contenido del derecho fundamental pero exige ya la labor de valoración del medio de prueba lo que corresponde al Jurado. La proclamación constitucional del derecho fundamental a la presunción de inocencia no podía dejar de proyectar su influencia en la Ley proyectada. 4. Cierto que antes ya se habrá valorado por el Juez la existencia de indicios que justificaron la apertura del juicio oral. referido al momento de valoración de aquélla. La Ley parte de dos premisas: La distinción en el contenido de la garantía de un aspecto objetivo concerniente a la existencia de una verdadera prueba y otro. ni aun en la interpretación de la practicada más favorable a las tesis de la acusación.2 de nuestra Constitución es discutible y discutido. subjetivo. lo importante. se traslada esa posibilidad al Jurado que es precisamente quien tiene ahora la responsabilidad de la valoración probatoria sobre la veracidad de la imputación. El objeto. El veredicto. Sin duda el alcance y efectos del derecho que garantiza el artículo 24. Aunque también en la apreciación objetiva sobre la existencia de elementos incriminadores. Limitada la atribución del Magistrado a un aspecto tan evidente. cabe así citar la previsión de las reglas federales para el procedimiento criminal en los Estados Unidos de América que permiten instar la disolución del Jurado después de terminada la prueba de ambas partes. se pueda poner de manifiesto la ilegalidad o la absoluta falta de fuerza incriminadora de los medios de prueba de que se dispuso. durante todo él. Una influencia que es tributaria en buena parte del modelo en que aquella garantía constitucional surgió.
Aquella fórmula se acomoda más a una concepción ajena al de plena vigencia y supremacía del principio de legalidad. sustituir el genérico y apriorístico criterio del legislador por su concepción en el caso concreto. Privar al Jurado de la toma en consideración de ese inescindible vínculo entre la configuración del dato histórico y su consecuencia normativa es. se declara probado sólo en tanto en cuanto jurídicamente constituye un delito. como en optar en las diversas versiones de éste. Pero. La difícil articulación de las cuestiones. pero se evita el sistema ya rechazado por una doctrina cualificada de conferir a éste la carga de la redacción del hecho probado. pueda introducir las matizaciones o complementos que permita adecuar el veredicto a su conciencia en el examen del hecho. con tal escisión se reproduciría una de las causas de mayor reproche al Tribunal del Jurado en nuestra experiencia. en una concreta selección de su proteica accidentalidad. Allí donde el Jurado puede. también. por un lado. Pero hoy. el apodíctico veredicto no está necesitado ni de articulación ni de motivación. además. sino. 2. sin abdicar de la obligada respuesta a la cuestión que le es formulada. Añadiendo a ese contenido el pronunciamiento sobre la valoración que el hecho merece en función de su tipificación legal. Reclamando como criterio la necesaria inequivocidad de la cuestión. Y a ello tiende la Ley: Confirmando al Magistrado la articulación racional de los hechos a proclamar como probados en una secuencia lógica. además. La conformación del objeto del veredicto no puede prescindir de la consideración del objeto del proceso como vinculado a las alegaciones de todas las partes. Para tal pronunciamiento. al derecho de éstas a participar en la definitiva redacción mediando la oportuna audiencia. conseguirá evitar previsibles veredictos sorprendentes de inculpabilidad a que llevaría la rigidez en la exigencia de respuesta que situase al Jurado en insoportables incomodidades para expresar su opinión. Un hecho. Una vez más la prudencia y buen hacer del Magistrado viene a constituir una garantía del éxito del modelo. Pero su justificación. inútil ya que el debate le habrá advertido de la consecuencia de su decisión sobre la verdad proclamada y no podrá omitir en su decisión la referencia de las consecuencias de su veredicto pretendidamente sólo fáctico. Bien es cierto que la exposición de lo tenido por probado explícita la argumentación de la conclusión de culpabilidad o inculpabilidad. a los intereses de la defensa y de la acusación y. en cuanto jurídicamente relevante. Instrucciones. También la motivación de esos argumentos es necesaria. Permitiendo al Jurado una flexibilidad. Lo que. También era necesario optar entre el sistema de respuesta única o articulación secuencial. que no es otra que suplir las deficiencias que puedan derivarse del desconocimiento técnico de . Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramiento necesario. De una parte. que. Con ello se elude el catálogo de preguntas a contestar con monosílabos. Y tal adecuación sólo es susceptible de control en la medida en que el veredicto exterioriza el curso argumental que lo motivó. precisa y exclusivamente. produjo constantes debates sobre la corrección de los veredictos y sentencias. porque el hecho no se estima concebible desde una reduccionista perspectiva naturalista. no estribará tanto la dificultad en una tarea de calificación técnica del hecho. la exigencia constitucional de motivación no se satisface con ello.A una y otra objeción trata de dar prudente respuesta la Ley. desde la irresponsabilidad. porque éste no puede recoger la total opinión del Jurado. Exigiendo del Jurado que su demostrada capacidad para decidirse por una u otra versión alcance el grado necesario para la exposición de sus motivos. En ellas radica otra de las condiciones del éxito o fracaso del enjuiciamiento por Jurado. En nuestro sistema el Jurado debe sujetarse inexorablemente al mandato del legislador. con exclusión de los proscriptos aspectos de técnica jurídica.
Pero ello no debe impedir que la presencia en él de defectos. procederá a la calificación necesaria para determinar el grado de ejecución. De esta suerte pretende la Ley obstar las críticas suscitadas en torno a la fórmula de separación del colegio decisor. vinculado también por el título jurídico de la condena. de devolución del veredicto por discrepancia en el sentido del mismo. de los que darían lugar a su revocación por vía de recurso dada su oposición a la Ley. Especial consideración merece la posibilidad que se permite en la Ley para que. Por ello la votación se impone nominal lo que permite identificar la abstención prohibida en la Ley. Necesidad de instrucción y espontaneidad del Jurado son objetivos que pueden estorbarse y que hacen necesaria su conciliación. libremente. con independencia de la motivación que los jurados hagan de la valoración de la prueba existente. en consecuencia. Es de resaltar que la preocupación en la Ley por la motivación de la resolución lleva también a exigir al Magistrado que. Así. deberían ser inherentes a dicho sistema. aquél ha de motivar por qué consideró que existía dicha prueba sobre la que autorizó el veredicto. Para el adecuado funcionamiento de la Institución la Ley rechaza la posibilidad. pueda subsanarse mediante la intervención del Magistrado. Sin duda la regla de decisión que exige la unanimidad en el sentido de la misma para tener por producido el veredicto. aun sin mediar petición de los Jurados. una regla de decisión menos exigente. Deliberación y votación. En la medida en que las instrucciones tienen consustancial trascendencia en la determinación del veredicto. Sentencia. con la presencia de las partes. Por ello se estima adecuado suprimir entre sus contenidos uno cuya inclusión determinó una gran polémica en nuestra pasada experiencia histórica: el resumen de la prueba practicada. Sin embargo tal regla lleva implícito un elevadísimo riesgo de fracaso de no alcanzarse tal unanimidad. no se ha querido prescindir de la permanente disponibilidad de acceso al asesoramiento que. que puedan venir motivadas por la simple e injustificable obstinación de uno o pocos jurados. Se trata de evitar que la inexperiencia de los deliberantes unida a su reticencia a instar la instrucción. y la evitación de excesivas disoluciones del Jurado. pueda el Magistrado impartir aquellas instrucciones que tienden a evitar una innecesaria prolongación de la deliberación. por formación de fáciles mayorías simples. ha aconsejado. VII. que. VI. parece oportuno que se sometan al control de las partes para que éstas resulten convencidas de la imparcialidad de aquéllas y. se dice. 3. Modificaciones de cuerpos legales y especialidades procesales. se presenta como la más adecuada para compeler a los jurados a un debate más rico. históricamente admitida. dispongan de la oportunidad de combatir la infracción. a la concreción de la pena aplicable. quieran exigir. si no. haciendo presente dichos defectos e indicando lo necesario al Jurado para dicha subsanación. al menos en el inicio del funcionamiento de la Institución. El secreto de la deliberación no ha de impedir la imprescindible responsabilidad de los jurados. tanto en lo relativo a la inescindibilidad del hecho y del derecho. aun cuando el Jurado debe reunirse para deliberar sin interferencias mediatizadoras. como en lo concerniente a la supuesta irresponsabilidad por falta de motivación en el veredicto y sentencia. produzca una injustificada dilación en la emisión del veredicto que afectaría al prestigio de la Institución. Una adecuada transacción entre los objetivos de una deliberación indirectamente orientada a la votación desde su inicio. El Magistrado. . Sin embargo el asesoramiento técnico no puede prescindir de la advertencia de no atendibilidad de aquellas actividades probatorias que adolezcan de defectos legales que obligan a desecharlas. impide que puedan extenderse a aspectos en los que los Jurados deben y pueden actuar con espontaneidad. La vinculación del Magistrado por el veredicto se refleja en la recepción que de éste ha de hacerse en la sentencia y en el sentido absolutorio o condenatorio del fallo.la Ley. participación del condenado y sobre la procedencia o no de las circunstancias modificativas de la responsabilidad y.
lo cual. inspirada en el principio acusatorio. respecto a la adopción de medidas cautelares de privación o restricción de la libertad. hacen necesaria la potenciación de las atribuciones del Ministerio Fiscal. remitía a la futura Ley del Jurado. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. para el procedimiento ordinario.de reproducir en el juicio oral las cuestiones desestimadas. así como para determinadas resoluciones del penal ordinario en los supuestos del artículo 676 de la norma procesal. por otra parte.1 de la Constitución. Medidas cautelares. y sin perjuicio de la función propia que debe desempeñar. y en los artículos 780 y 789. De esta forma. Artículo 1. Competencia del Tribunal del Jurado. 2. y suprime la exigencia de ratificación del auto de prisión. resulta innecesaria tal previsión. La misma coherencia se predica de la sustitución del recurso procedente contra el auto resolutorio de la declinatoria o de la admisión de las excepciones del artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El nuevo Libro V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denominado De los recursos de apelación. el recurso de casación. así como la constitución del Ministerio Fiscal junto al Juez instructor y la inmediata puesta en conocimiento de la imputación.2 de la Ley Orgánica 6/1985.2 la obligada referencia a la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. El Ministerio Fiscal en la fase de instrucción. 4. CAPÍTULO I. respecto de todos los delitos. para el abreviado. adicionar al artículo 678 de la misma la exclusión de la posibilidad -en los procedimientos ante el Jurado. aparte de los necesarios ajustes en medios personales. las partes y el imputado asistido de letrado. Dado que la doctrina constitucional ha venido exigiendo un texto normativo unitario para el desarrollo del artículo 122. las peculiaridades que deben presidir el procedimiento ante el Jurado y la oportunidad de que se consolide el principio acusatorio. está encaminado a extender la apelación contra autos y sentencias derivados del procedimiento ante el Tribunal del Jurado. Para ello. 3. De esta forma. Recursos de apelación y casación. en función del carácter especial del procedimiento ante el Jurado. que introduce el de apelación.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. se ha procedido a modificar el referido precepto de la Ley Orgánica del Poder Judicial.1. casación y revisión. la incoación y su adaptación al nuevo procedimiento. responde a una ya antigua aspiración en la delimitación competencial para el conocimiento de la apelación. de 1 de julio. en los términos previstos en los artículos 24 y 25 de la Ley. con la remisión del artículo 36 de la Ley a los artículos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la tramitación de incidentes por el planteamiento de cuestiones previas. en tanto su régimen cumple suficientemente con la exigencia de que tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta sean sometidas a un tribunal superior. por lo que aprobada la completa regulación de esta Institución. Disposiciones generales. en congruencia con la recurribilidad prevista contra las sentencias de la Audiencia Provincial. La nueva apelación aspira a colmar el derecho al doble examen. en la medida que la presente Ley afecta a las competencias y funciones de los órganos jurisdiccionales. . Resulta coherente. incorpora una necesaria audiencia del Ministerio Fiscal. Los criterios contenidos en la Ley recogen sustancialmente los principios que el artículo 83. la limitación de la iniciativa judicial se equilibra con la instauración de los beneficios del contradictorio. La introducción de un nuevo artículo 504 bis 2 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. o doble instancia. tienen también su marco procesal mediante la incorporación de sendas previsiones en el artículo 309. Si bien debe corresponder al Juez la realización de los actos sumariales. sin perjuicio del carácter reformable de las medidas adoptadas durante todo el curso de la causa. estableciendo en el artículo 83. la Ley adecua los motivos de impugnación previstos a ese carácter especialísimo del procedimiento y atribuye la competencia resolutiva a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia.
el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado será un Magistrado de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia. Si. el Tribunal del Jurado será competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Código Penal: a. d. Función de los jurados. i. El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial. De la malversación de caudales públicos (artículos 432 a 434). También proclamarán la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participación en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusación. dos jurados suplentes. de los Tribunales que correspondan por razón del aforamiento del acusado. c. e. El Tribunal del Jurado. Delitos contra el honor. además. tendrá competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por ésta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rúbricas: a. que lo presidirá.). Del cohecho (artículos 419 a 426). Del homicidio (artículos 138 a 140). c. Delitos de incendios. los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional. d. 1. De la infidelidad en la custodia de presos (artículo 471). por razón del aforamiento del acusado. De la omisión del deber de socorro (artículos 195 y 196). El juicio del Jurado se celebrará sólo en el ámbito de la Audiencia Provincial y. 3. Los jurados emitirán veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el MagistradoPresidente haya determinado como tal. k. Artículo 2. j. responsabilidad y sumisión a la Ley. De las amenazas (artículo 169. Del tráfico de influencias (artículos 428 a 430). De los fraudes y exacciones ilegales (artículos 436 a 438) k) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artículos 439 y 440). respectivamente. en su caso. el juicio del Jurado debe celebrarse en el ámbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia. De la infidelidad en la custodia de documentos (artículos 413 a 415). e. 1. 2. a los que se refiere el artículo 117 de la Constitución para los miembros del Poder Judicial. Delitos contra las personas. Composición del Tribunal del Jurado. . Artículo 3. h. como institución para la participación de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos. b. Del allanamiento de morada (artículos 202 y 204). En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado. 3. g. 2. b. Dentro del ámbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior.1. a los que les será aplicable lo previsto en los artículos 6 y 7. f. 2. Los jurados en el ejercicio de sus funciones actuarán con arreglo a los principios de independencia. Al juicio del Jurado asistirán. así como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variación sustancial de aquél. De los incendios forestales (artículos 352 a 354).1. Delitos contra la libertad y la seguridad.
Los jurados. SECCIÓN I. La función de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeño un deber para quienes no estén incursos en causa de incompatibilidad o prohibición ni puedan excusarse conforme a esta Ley. c. b. la pena y medida de seguridad que corresponda. en el supuesto del artículo 1. No obstante. 2. Disposiciones generales. El desempeño de las funciones de jurado será retribuido e indemnizado en la forma y cuantía que reglamentariamente se determine. 1. Función del Magistrado-Presidente. d. . y sin perjuicio de lo previsto en el artículo 1 de la presente Ley. en su caso. 3. dictará sentencia en la que recogerá el veredicto del Jurado e impondrá. La competencia del Tribunal del Jurado se extenderá al enjuiciamiento de los delitos conexos. No obstante lo anterior. Derecho y deber de jurado. Que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros. Artículo 7.a) sólo será competente si el delito fuese consumado. en ningún caso podrá enjuiciarse por conexión el delito de prevaricación. Que dos o más personas reunidas cometan simultáneamente los distintos delitos. en los términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 6. Artículo 4. CAPÍTULO II. Determinación de la competencia del Tribunal del Jurado. siempre que la conexión tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: a. El desempeño de la función de jurado tendrá. 4. El Magistrado-Presidente. Los jurados que en el ejercicio de su función se consideren inquietados o perturbados en su independencia. la consideración de cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal. También resolverá. así como aquellos delitos conexos cuyo enjuiciamiento pueda efectuarse por separado sin que se rompa la continencia de la causa. Cuando un solo hecho pueda constituir dos o más delitos será competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento. 1. 2. La determinación de la competencia del Tribunal del Jurado se hará atendiendo al presunto hecho delictivo. si hubiere precedido concierto para ello. cualquiera que sea la participación o el grado de ejecución atribuido al acusado. cuando diversas acciones y omisiones constituyan un delito continuado será competente el Tribunal del Jurado si éste fuere de los atribuidos a su conocimiento. Retribución y efectos laborales y funcionariales del desempeño de la función de jurado. sobre la responsabilidad civil del penado o terceros respecto de los cuales se hubiera efectuado reclamación. Asimismo. a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial. además de otras funciones que le atribuye la presente Ley. facilitar su ejecución o procurar su impunidad. La competencia territorial del Tribunal del Jurado se ajustará a las normas generales. Artículo 5.4. en su caso. Que dos o más personas cometan más de un delito en distintos lugares o tiempos.1. podrán dirigirse al Magistrado-Presidente para que les ampare en el desempeño de su cargo.
Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias. Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detención. Falta de capacidad para ser jurado. mientras dure dicha suspensión.SECCIÓN II. así como los miembros en activo de las unidades orgánicas de Policía Judicial. de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido. los componentes de los Consejos de Gobierno. Artículo 8. que no hayan obtenido la rehabilitación. al tiempo de la designación. No estar impedido física. incapacidades. El Director y los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Ministros. Directores generales y cargos asimilados de aquéllas. El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. y de los órganos e instituciones de análoga naturaleza de las Comunidades Autónomas. prisión provisional o cumpliendo pena por delito. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas. Los miembros del Cuerpo Jurídico Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdicción y Fiscalía Militar. Secretarios de Estado. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos políticos. los Vicepresidentes. Ser vecino. los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y los miembros electos de las Corporaciones locales. Requisitos. Los Presidentes de las Comunidades Autónomas. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos. Auxiliares y Agentes y demás personal al servicio de la Administración de Justicia. Están incapacitados para ser jurado: • • • Los condenados por delito doloso. los Delegados insulares del Gobierno y los Subdelegados del Gobierno. psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de Jurado. Subsecretarios. Saber leer y escribir. prohibiciones y excusas. Incompatibilidad para ser jurado. así como sus cónyuges. Artículo 9. en un procedimiento penal. en activo. Oficiales. Viceconsejeros. El Presidente del Gobierno. Los profesores universitarios de disciplinas jurídicas o de medicina legal. Los letrados en activo al servicio de los órganos constitucionales y de las Administraciones Públicas o de cualesquiera Tribunales. en las Autonomías de Ceuta y Melilla. de los Cuerpos de Secretarios Judiciales. Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales. El Presidente y los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. Directores generales y cargos asimilados. así como los cargos similares de las Comunidades Autónomas. y los abogados y procuradores en ejercicio. Requisitos para ser jurado. El Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado. incompatibilidades. Serán incompatibles para el desempeño de la función de jurado: • • • • • El Rey y los demás miembros de la Familia Real Española incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981. Son requisitos para ser jurado: • • • • • Ser español mayor de edad. Médicos Forenses. Los suspendidos. El Gobernador y el Subgobernador del Banco de España. de 27 de noviembre. en su empleo o cargo público. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal. los Diputados del Parlamento Europeo. • • • • • • . Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Artículo 10.
Los que tengan su residencia en el extranjero. Prohibición para ser jurado. Los que hayan desempeñado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro años precedentes al día de la nueva designación. más su posible incremento. dentro de los quince últimos días del mes de septiembre de los años pares. de la Ley Orgánica del Poder Judicial que determinan el deber de abstención de los Jueces y Magistrados. Artículo 11. Excusa para actuar como jurado. Artículo 13. actor civil. 1. Nadie podrá formar parte como jurado del Tribunal que conozca de una causa en la que: • • • Sea acusador particular o privado. cualquier ciudadano podrá formular. . determinarán y comunicarán al Delegado de aquella Oficina el número de candidatos a jurados que estimen necesario obtener por sorteo dentro de la provincia. fiador o intérprete. perito. relacionada. ante la Audiencia Provincial. Tenga interés. Los que desempeñen trabajo de relevante interés general. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuarán un sorteo por cada provincia. acusado o tercero responsable civil. los Presidentes de las Audiencias Provinciales. • • Artículo 12. 3. en la causa. cuya sustitución originaría importantes perjuicios al mismo. Haya intervenido en la causa como testigo. en sus apartados 1 al 8. con una antelación mínima de tres días a la fecha prevista para el sorteo. directo o indirecto. A tal efecto. 2. Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal. ordenada por municipios. en estimación hecha atendiendo a las enjuiciadas en años anteriores en la respectiva provincia. miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vínculo de parentesco o relación a que se refieren los apartados 1. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado. Designación de los jurados. Dicha lista se remitirá para su anticipada exposición durante siete días a los respectivos Ayuntamientos. Dentro de los siete días siguientes a la celebración del sorteo. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio. 8 y 11 del artículo 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dicho número se calculará multiplicando por 50 el número de causas que se prevea vaya a conocer el Tribunal del Jurado. 2. a fin de establecer la lista bienal de candidatos a jurados. El sorteo. 7. dentro de éstos. Listas de candidatos a jurados. alfabéticamente y numerada correlativamente dentro del conjunto de la provincia. Podrán excusarse para actuar como jurado: • • • • • • • Los mayores de sesenta y cinco años.• Los Jefes de Misión Diplomática acreditados en el extranjero. se desarrollará en la forma que reglamentariamente se determine. reclamación contra el acto de sorteo. los Jefes de las Oficinas Consulares y los Jefes de Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales. SECCIÓN III. que se celebrará en sesión pública previamente anunciada en un local habilitado al efecto por la correspondiente Audiencia Provincial. Los que sufran grave trastorno por razón de las cargas familiares. Los candidatos a jurados a obtener por sorteo se extraerán de la lista del censo electoral vigente a la fecha del sorteo. 4. Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el artículo 219. 3.
Resolución de las reclamaciones. quien remitirá copia al Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y al Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. los Secretarios de los Ayuntamientos remitirán al Juez Decano de los del partido judicial relación de personas que. comunicando lo decidido a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral para que. respectivamente. Ultimada la lista definitiva por cada provincia. comunicando su resolución a la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral y notificándola al interesado. pudieran. Contra dicha resolución no cabe recurso. estar incursas en la falta de requisitos o causa de incapacidad o incompatibilidad a que se refieren los artículos 8. incompatibilidad y excusa. 9 y 10 de esta Ley. Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podrán ser convocados a formar parte del Tribunal del Jurado durante dos años a contar del uno de enero siguiente. El Juez Decano dará traslado de la reclamación o advertencia. Culminado el período de exposición. procederá a recabar informe del Delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral y practicar las diligencias que estime pertinentes. a notificar a cada candidato a jurado su inclusión en la referida lista. en su caso. si entendieren que concurre en ellos la falta de requisitos establecidos en el artículo 8. reitere el sorteo. mandará hacer las rectificaciones o exclusiones que corresponda. podrán formular reclamación ante el Juez Decano de los de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial al que corresponda el Municipio de su vecindad a efectos de su exclusión de la lista. remitirá copia a los Ayuntamientos de la respectiva provincia para su exposición durante los dos años de vigencia de la citada lista. A tal efecto. 2. por tres días. 9 y 10 de esta Ley. si así se resuelve. incompatibilidad o excusa. constituida por el Presidente y el Magistrado más antiguo y más moderno de los destinados en el Tribunal. 2. 4. Practicará las diligencias informativas que le propongan y las que estime imprescindibles y dictará resolución motivada sobre cada una de las reclamaciones o advertencias efectuadas antes del día 30 del mismo mes de noviembre. los candidatos a jurados. durante los quince últimos días del citado mes de octubre. y el procedimiento para su alegación. al interesado no reclamante. Si alguna fuese estimada. se procederá por el Secretario de la Audiencia Provincial. Asimismo. de la capacidad o incurre en las causas de incompatibilidad a que se refieren los artículos 8. Igualmente. mediante oficio remitido por correo. La Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviará la lista de los candidatos a jurados a la respectiva Audiencia Provincial quien la remitirá a los Ayuntamientos y al Boletín Oficial de la provincia correspondiente. en esa fecha. en dicho plazo. o una causa de incapacidad. la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral la enviará al Presidente de la Audiencia Provincial respectiva. y actuando como Secretario el del Tribunal o. Artículo 14. Antes del quince de octubre. Artículo 16. Artículo 15. También podrá formular dicha reclamación cualquier ciudadano que entienda que alguno de los candidatos a jurados carece de los requisitos. en su caso. resolverá por resolución motivada no susceptible de recurso. el de la Sección Primera. 1. al tiempo que se le hará entrega de la pertinente documentación en la que se indicarán las causas de incapacidad. para su debida exposición o publicación.La Audiencia. . Reclamaciones contra la inclusión en las listas. 1. incluidas en la lista de candidatos a jurados. en su capacidad o determine incompatibilidad para intervenir como jurado. tendrán la obligación de comunicar a la Audiencia Provincial cualquier cambio de domicilio o circunstancia que influya en los requisitos. Comunicación y rectificación de las listas definitivas. Durante los quince primeros días del mes de noviembre.
sin que contra su resolución quepa recurso. de entre los candidatos a jurados de la lista de la provincia correspondiente. habiendo citado a las partes. podrán formular recusación. Recusación. La cédula de citación contendrá un cuestionario. de 36 candidatos a jurados por cada causa señalada en el período de sesiones siguiente. la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Las Audiencias Provinciales. El sorteo no se suspenderá por la inasistencia de cualquiera de dichas representaciones. los períodos de sesiones serán: • • • • Desde el 1 de enero al 20 de marzo. en el que se especificarán las eventuales faltas de requisitos. dentro de los cinco días siguientes al de dicha entrega. con la composición prevista en el apartado 3 del artículo 13. Desde el 21 de marzo al 10 de junio. 2. Artículo 17. antes del cuadragésimo día anterior al período de sesiones correspondiente. Artículo 19. si de ella existiera constancia. en su caso. Artículo 20. El Ministerio Fiscal y las partes. tras oír. practicará las diligencias informativas que estime oportunas y. También el Alcalde del Ayuntamiento respectivo deberá comunicar esa incidencia. notificándolo al interesado y efectuando. la exclusión oportuna en la lista de candidatos a jurados. al interesado no reclamante. 4. los derechos y deberes inherentes a ésta y la retribución que les corresponda. y. por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad. También propondrán la prueba de que intenten valerse. el Magistrado que. haya de presidir el Tribunal del Jurado. La Audiencia Provincial. efectuarán. incompatibilidad o prohibición previstas en esta Ley. Citación de los candidatos a jurados designados para una causa. durante el citado período. al Magistrado que haya de presidir el Tribunal de Jurado. Desde el 11 de junio al 30 de septiembre. a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario cumplimentado por los candidatos a jurados. cualquier ciudadano podrá comunicar a la Audiencia Provincial las causas de incapacidad o incompatibilidad en que. resolverá motivadamente. Artículo 21. Devolución del cuestionario. . en su caso. y Del 1 de octubre al 31 de diciembre.3. A la cédula se acompañará la necesaria información para los designados acerca de la función constitucional que están llamados a cumplir. los candidatos a jurados designados lo devolverán. Designación de candidatos a jurados para cada causa. Asimismo. en las que hayan de intervenir jurados. El Secretario del Tribunal ordenará lo necesario para la notificación a los candidatos a jurados de su designación y para la citación a fin de que comparezcan el día señalado para la vista del juicio oral en el lugar en que se haya de celebrar. A ese efecto. en su caso. en audiencia pública. conforme a las normas de reparto. por correo con franqueo oficial. realice el sorteo. Alardes de causas y períodos de sesiones. causas de incapacidad. pueda incurrir el candidato a jurado. Dentro de los cinco días siguientes a la recepción del cuestionario. un alarde de las causas señaladas para juicio oral. Con anticipación de al menos treinta días al día señalado para la primera vista de juicio oral. Artículo 18. 1. dispondrá que el Secretario. incompatibilidad o prohibición que los candidatos a jurados designados vienen obligados a manifestar así como los supuestos de excusa que por aquéllos puedan alegarse. 3. debidamente cumplimentado y acompañado de las justificaciones documentales que estimen oportunas.
Incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado. Artículo 25. Nuevo sorteo para completar la lista de candidatos a jurados designados para una causa. Practicadas en el acto las diligencias propuestas. Seguidamente. resolverá dentro de los tres días siguientes. Del procedimiento para las causas ante el tribunal del jurado SECCIÓN I. se les instruirá por medio de escrito. en igual forma que el inicial. quien manifestará lo que estime oportuno en su defensa y podrá instar el sobreseimiento. si no se hubiese efectuado con anterioridad. en las condiciones establecidas en el artículo 119 de aquella Ley. 1. en todo caso. entre los de la lista bienal de la provincia correspondiente. 1. si hubiere causa para ello. caso de no designarlo. sucesivamente. Al tiempo de la citación. como consecuencia de la resolución anterior. 2. que no sea formulada. En la citada comparecencia. asimismo. Resolución de las excusas. El imputado estará necesariamente asistido de letrado de su elección o. se les citará para ser oídos en la comparecencia prevista en el apartado anterior y. dará traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a trámite. previa valoración de su verosimilitud. aquellas actuaciones inaplazables a que hubiere lugar. cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado. advertencia o recusación presentada. no podrá alegarse posteriormente. Si. Artículo 24. 3. la lista de candidatos a jurados designados para una causa quedase reducida a menos de veinte. Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella. procederá el Juez de Instrucción a dictar resolución de incoación del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado. y tan pronto como de cualquier actuación procesal. 1. Artículo 22. el Magistrado-Presidente dispondrá que el Secretario proceda al inmediato sorteo. Con objeto de concretar la imputación. resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito. si tal diligencia no se efectuó con anterioridad. el Juez de Instrucción lo pondrá inmediatamente en conocimiento de los imputados. el Juez de Instrucción comenzará por oír al Ministerio Fiscal y. A los candidatos a jurados así designados les será. Traslado de la imputación. les convocará en el plazo de cinco días a una comparecencia así como al Ministerio Fiscal y demás partes personadas. advertencias y recusaciones. de aplicación lo dispuesto en los artículos 19 a 22 de esta Ley. practicando. Si son conocidos los ofendidos o los perjudicados por el delito no personados. de los candidatos a jurados necesarios para completar dicho número. Incoación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado. 2.Cualquier causa de recusación de la que se tenga conocimiento en ese tiempo. quienes concretarán la imputación. oirá al letrado del imputado. previa convocatoria de las partes. . La aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal será supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley. Incoación e instrucción complementaria. las partes podrán solicitar las diligencias de investigación que estimen oportunas. conforme a lo dispuesto en los artículos 637 ó 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 2. al tiempo de la citación. En sus intervenciones. citando a los designados para el día del juicio oral. el derecho de asistencia jurídica gratuita. Artículo 23. El Magistrado-Presidente señalará día para la vista de la excusa. cuya tramitación se acomodará a las disposiciones de esta Ley. Especialmente se les indicará el derecho a formular alegaciones y solicitar lo que estimen oportuno si se personan en legal forma en dicho acto y a solicitar. a los acusadores personados. de los derechos a que hacen referencia los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. citando a las partes y a quienes hayan expresado advertencia o excusa. de letrado de oficio. CAPÍTULO III.
Las partes. Artículo 27. Además podrá el Juez ordenar. instarán en sus respectivos escritos de solicitud de juicio oral la pertinente adecuación del procedimiento. en el plazo de cinco días. conferirá nuevo traslado a las partes a fin de que dicten. las diligencias que estime necesarias. en su caso. 4. Artículo 29. Artículo 28. 2. sin que puedan ser reiteradas las que hayan sido ya practicadas con anterioridad. Esta circunstancia será notificada a las partes al objeto de que puedan instar lo que a su derecho convenga. Si el Juez de Instrucción acordase la continuación del procedimiento. En sus respectivos escritos. 1. Si el Ministerio Fiscal y demás partes personadas instan el sobreseimiento. aún cuando no haya finalizado la práctica de las ya ordenadas. la solicitud se limitará a la correspondiente deducción de testimonio suficiente. Decisión sobre la continuación del procedimiento. 3. El auto por el que acuerde el sobreseimiento será apelable ante la Audiencia Provincial. el Juez podrá adoptar las resoluciones a que se refieren los artículos 642 y 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. resolverá sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas por las partes. De dicho escrito se dará traslado a la representación del acusado. se incoará el procedimiento que corresponda si el delito no fuese de los atribuidos al Tribunal del Jurado. Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio. Lo mismo mandará el Juez cuando estime necesaria la práctica de más diligencias. Diligencias de investigación. Indicios de distinto delito. quien formulará escrito en los términos del artículo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. el Juez de Instrucción decidirá la continuación del procedimiento. en relación con el que deba . formulando escrito de conclusiones provisionales. cuando entiendan que todos los hechos delictivos objeto de acusación no son de los que tienen atribuido su enjuiciamiento al Tribunal del Jurado. se podrá hacer uso de las alternativas previstas en el artículo 653 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También podrán. o el sobreseimiento. 4. conforme a lo dispuesto en los artículos 637 ó 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si las diligencias practicadas resultaren indicios racionales de delito distinto del que es objeto de procedimiento o la participación de personas distintas de las inicialmente imputadas. las partes. solicitar nuevas diligencias dentro de los cinco días siguientes al de la comparecencia o al de aquel en que se practicase la última de las ordenadas. limitadas a la comprobación del hecho justiciable y respecto de las personas objeto de imputación por las partes acusadoras. El escrito solicitando la apertura del juicio oral tendrá el contenido a que se refiere el artículo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.Artículo 26. las partes podrán proponer diligencias complementarias para su práctica en la audiencia preliminar. 2. Oídas las partes. lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral. 2. Escrito de solicitud de juicio oral y calificación. 1. se actuará en la forma establecida en el artículo 25 de esta Ley o. 1. Si estiman que la falta de competencia ocurre sólo respecto de alguno de los delitos objeto de la acusación. 3. como complemento de las solicitadas por las partes. ordenando practicar o practicando por sí solamente las que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley. si hubiera causa para ello. En ambos casos. 5.
sin que sea admisible la introducción de nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada. 4. SECCIÓN II. Audiencia preliminar. en el mismo acto o dentro de los tres días siguientes. y a la remisión al órgano jurisdiccional competente para el seguimiento de la causa que corresponda. Artículo 31. en cuyo caso. Si decide la no apertura del juicio oral acordará el sobreseimiento. 2. 3. Auto de sobreseimiento o de apertura de juicio oral. Las acusaciones pueden modificar los términos de su petición de apertura de juicio oral. Una vez presentado el escrito de calificación de la defensa. Al tiempo resolverá sobre la admisión y práctica de las diligencias interesadas por las partes para el acto de dicha audiencia preliminar. Si el Juez no acordare la convocatoria de la audiencia preliminar. 1. sin perjuicio de lo previsto en el artículo 36 de la presente Ley. en su caso. Convocatoria de la audiencia preliminar.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. el Juez decretará ésta. 1. antes de resolver. y remitirá la causa a la Audiencia Provincial o al Juez de lo Penal competente para que prosigan el conocimiento de la causa en los términos de los artículos 785 y siguientes de dicha Ley Artículo 33. Modificado por Ley 38/2002. sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento. La audiencia preliminar podrá ser renunciada por la defensa de los acusados. 3. aquietándose con la apertura del juicio oral. el Juez dictará auto por el que decidirá la apertura o no del juicio oral. . Las partes podrán proponer en este momento diligencias para practicarse en el acto. en los términos del artículo 33 de la presente Ley. Si considera que el que corresponde es el regulado en el Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Podrá asimismo decretar la apertura del juicio oral y el sobreseimiento parcial en los términos del artículo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si concurre en alguno de los acusados lo previsto en el artículo 637. podrá el Juez ordenar la acomodación al procedimiento que corresponda cuando no fuese aplicable al regulado en esta Ley. salvo que estén pendientes de practicarse las diligencias de investigación solicitadas por la defensa del imputado y declaradas pertinentes por el Juez. Terminada la práctica de las diligencias admitidas. En su caso. las partes podrán acudir en queja ante la Audiencia Provincial. El Juez denegará toda diligencia propuesta que no sea imprescindible para la adecuada decisión sobre la procedencia de la apertura del juicio oral. Concluida la audiencia preliminar. si la estimase imprescindible de resultas de lo actuado en la audiencia preliminar. 2. si la estima procedente. Artículo 30.excluirse del procedimiento seguido para ante el Tribunal del Jurado. Para que dicha renuncia surta efecto ha de ser solicitada por la defensa de todos los acusados. Una vez practicadas éstas. 1. Celebración de la audiencia preliminar. En el día y hora señalados se celebrará la audiencia preliminar comenzando por la práctica de las diligencias propuestas por las partes. La resolución por la que acuerda el sobreseimiento es apelable ante la Audiencia Provincial. sin más. La que acuerda la apertura del juicio oral no es recurrible. acordará la apertura del juicio oral. También podrá el Juez ordenar la práctica de alguna diligencia complementaria. el Juez procederá a efectuar el referido señalamiento. 2. Contenido del auto de apertura del juicio oral. se oirá a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y. el Juez señalará el día más próximo posible para audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral. Artículo 32.
Cuestiones previas al juicio ante el tribunal del jurado. El auto de apertura del juicio oral. Auto de hechos justiciables. La fundamentación de la procedencia de la apertura del juicio con indicación de las disposiciones legales aplicables. Si se plantease alguno de estos incidentes se le dará la tramitación establecida en los artículos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. el Juez acordará que se deduzca testimonio de: a. Testimonios. En la misma resolución. procedencia de prueba y señalamiento de día para la vista del juicio oral. si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusación. 3. Impugnar los medios de prueba propuestos por las demás partes y proponer nuevos medios de prueba. 2. 2. Los escritos de calificación de las partes. Alegar la vulneración de algún derecho fundamental.El auto que decrete la apertura del juicio oral determinará: • • • • El hecho o hechos justiciables de entre los que han sido objeto de acusación y respecto de los cuales estime procedente el enjuiciamiento. Artículo 34. Artículo 37. 1. c. efectos e instrumentos del delito ocupados y demás piezas de convicción. se dará traslado a las demás partes para que en el término de tres días puedan instar por escrito su inadmisión. En este caso. Pedir la exclusión de algún hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral. Planteamiento de cuestiones previas. El órgano competente para el enjuiciamiento. Al tiempo de personarse las partes podrán: • • • • • • Plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el artículo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia o inadecuación del procedimiento. b. 1. 1. los testimonios que les interesen para su ulterior utilización en el juicio oral. La persona o personas que podrán ser juzgadas como acusados o terceros responsables civilmente. se designará al Magistrado que por turno corresponda. El Juez mandará emplazar a las partes para que se personen dentro del término de quince días ante el Tribunal competente para el enjuiciamiento. Interesar la ampliación del juicio a algún hecho respecto del cual hubiese inadmitido la apertura el Juez de Instrucción. Recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial. Artículo 35. La documentación de las diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio oral. Emplazamiento de las partes y designación del Magistrado-Presidente. El testimonio. 2. serán inmediatamente remitidos al Tribunal competente para el enjuiciamiento. . Artículo 36. SECCIÓN III. Las partes podrán pedir. en cualquier momento.
En dicha relación se incluirán tanto los hechos alegados por las acusaciones como por la defensa. SECCIÓN IV. resolverá sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes y sobre la anticipación de su práctica. se procederá a un nuevo señalamiento dentro de los quince días siguientes. las cuestiones propuestas. pero sí protesta a los efectos del recurso que pueda ser interpuesto contra la sentencia. Si las partes alegasen en ese momento alguna causa de incapacidad. También podrán las partes por sí o a través del Magistrado-Presidente interrogar a los candidatos a jurados respecto a las materias relacionadas en el párrafo anterior. 1. se expondrán en párrafos separados los hechos que configuren el grado de ejecución del delito y el de participación del acusado. agravación o atenuación de la responsabilidad criminal. Seguidamente. así como la posible estimación de la exención. A continuación. asimismo. El Magistrado-Presidente interrogará nuevamente a los candidatos a jurados por si en ellos concurriera falta de requisitos. sin que quepa recurso. ante la presencia de las partes y oído el candidato a jurado afectado. incompatibilidad o prohibición de los así designados que fuese aceptada por el Magistrado- . También señalará día para la vista del juicio oral adoptando las medidas a que se refieren los artículos 660 a 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 2. Se citará al efecto a los comparecidos y a los ausentes y a un número no superior a ocho que serán designados por sorteo en el acto de entre los de la lista bienal. en párrafos separados. 4. no resultasen al menos veinte candidatos a jurados. se procederá en la forma indicada en el artículo siguiente. Asimismo. Contra la resolución que declare la procedencia de algún medio de prueba no se admitirá recurso. o de las exclusiones que se deriven de lo dispuesto en el artículo anterior. Pero. como consecuencia de la incomparecencia de algunos de los candidatos a jurados convocados.Personadas las partes y resueltas. Artículo 38. Las recusaciones se oirán y resolverán en el propio acto por el Magistrado-Presidente. Constitución del Tribunal del jurado. sólo se incluirá una proposición. el Magistrado que vaya a presidir el Tribunal del Jurado dictará auto cuyo contenido se ajustará a las siguientes reglas: Precisará. 3. el Magistrado-Presidente abrirá la sesión. Si se denegare la práctica de algún medio de prueba podrán las partes formular su oposición a efectos de ulterior recurso. Artículo 39. determinará el delito o delitos que dichos hechos constituyan. Concurrencia de los integrantes del Tribunal del Jurado y recusación de candidatos a jurados. 1. Excluirá. También las partes podrán recusar a aquellos en quienes afirmen concurre causa de incapacidad. El Magistrado-Presidente decidirá sobre la recusación. Si. incompatibilidad o prohibición. prohibición o excusa prevista en esta Ley. El día y hora señalado para el juicio se constituirá el Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado con la asistencia del Secretario y la presencia de las partes. Si concurriesen al menos veinte de los candidatos a jurados convocados. el hecho o hechos justiciables. Forma de completar el número mínimo de candidatos a jurados y posibles sanciones. si ello no impidiese el juicio oral. con igual criterio. Si no concurriese dicho número. si la afirmación de uno supone la negación del otro. en su caso. incompatibilidad. alguna causa de incapacidad. toda mención que no resulte absolutamente imprescindible para la calificación. En cada párrafo no se podrán incluir términos susceptibles de ser tenidos por probados unos y por no probados otros.
000 a 250. 1. 2. después de formular al nombrado las preguntas que estimen oportunas y el MagistradoPresidente declare pertinentes. El Magistrado-Presidente impondrá la multa de 25. Si concurriese el número suficiente de candidatos a jurados. hasta que se agote el cupo de recusables. El Magistrado-Presidente. El actor civil y los terceros responsables civiles no pueden formular recusación sin causa. examinando la acusación. así como guardar secreto de las deliberaciones?. En la determinación de la cuantía de la segunda multa se tendrá en cuenta la situación económica del jurado que no ha comparecido. a la presencia del Magistrado-Presidente y. se constituirá el Tribunal. con imparcialidad. Culminado el sorteo.. Cuando sólo resten dos para ser designados suplentes. hasta obtener la concurrencia necesaria. de uno en uno. 4. Artículo 41. se procederá a recibir juramento o promesa a los seleccionados para actuar como jurados. . cuando todos hayan jurado o prometido. Las partes. Selección de los candidatos a jurados y constitución del Tribunal. deberán actuar de mutuo acuerdo para indicar los candidatos a jurados que recusan sin alegación de causa. Introducidos los nombres de los candidatos a jurados en una urna. por el Secretario quien leerá su nombre en alta voz.. 5. serán extraídos. dirán: sí juro o sí prometo. podrán recusar sin alegación de motivo determinado hasta cuatro de aquéllos por parte de las acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas. Si hubiere varios acusadores y acusados. 2. 3.000 pesetas. Puestos en pie el Magistrado-Presidente dirá: ¿Juran o prometen desempeñar bien y fielmente la función del jurado. Una vez que el Tribunal se haya constituido. sin odio ni afecto. y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados. De no mediar acuerdo. el Magistrado-Presidente acordará que se les advierta de la sanción que les puede corresponder si no comparecen. no se admitirá recusación sin causa. se completará con un nuevo sorteo hasta obtener la cifra de los ocho complementarios.000 pesetas al candidato a jurado convocado que no hubiera comparecido a la primera citación ni justificado su ausencia. y otros dos más como suplentes. Si en la segunda convocatoria tampoco se obtuviera el número mínimo de candidatos a jurados concurrentes. se procederá de igual manera que en la primera a sucesivas convocatorias y sorteos complementarios. colocados frente a él. Los jurados se irán aproximando. del que el Secretario extenderá acta. 3. 3. y tomarán asiento en el lugar destinado al efecto. Si no compareciera a la segunda citación. mandará comenzar la audiencia pública. la multa será de 100. apreciando las pruebas. 2.. se decidirá por sorteo el orden en que las partes acusadoras o acusadas pueden formular la recusación. Juramento o promesa de los designados. A continuación se procederá de igual manera para la designación de los suplentes. Artículo 40. En todo caso. 4.Presidente sin protesta de las demás partes no recusantes. se adoptarán las medidas necesarias respecto de los medios de prueba propuestos para hacer posible su práctica una vez constituido el Tribunal del Jurado. Al tiempo de la segunda citación. 1. se procederá a un sorteo sucesivo para seleccionar a los nueve jurados que formarán parte del Tribunal. uno a uno.
la continuación del juicio para los restantes.000 pesetas que el MagistradoPresidente impondrá en el acto. podrá el MagistradoPresidente acordar. La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no será por sí misma causa de suspensión del juicio. 1. en el lugar del suceso. 4. Las diligencias remitidas por el Juez Instructor podrán ser exhibidas a los jurados en la práctica de la prueba. Los jurados verán por sí los libros. Seguidamente el Magistrado-Presidente abrirá un turno de intervención de las partes para que expongan al Jurado las alegaciones que estimen convenientes a fin de explicar el contenido de sus respectivas calificaciones y la finalidad de la prueba que han propuesto. SECCIÓN V. El juicio comenzará mediante la lectura por el Secretario de los escritos de calificación. si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de comparecer. No obstante. 3. decidirá lo que estime pertinente. Nadie podrá ejercer las funciones de jurado sin prestar el juramento o promesa indicados. por medio del Magistrado-Presidente y previa declaración de pertinencia. podrán dirigir. En tal ocasión podrán proponer al Magistrado-Presidente nuevas pruebas para practicarse en el acto. Celebración a puerta cerrada. El juicio oral Artículo 42. El acusado o acusados se encontrarán situados de forma que sea posible su inmediata comunicación con los defensores. Tras el juramento o promesa. Quien se negase a prestarlo será conminado con el pago de una multa de 50. Artículo 43. Artículo 46. a testigos. papeles y demás piezas de convicción a que se refiere el artículo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si el llamado persiste en su negativa se deduciría el oportuno tanto de culpa y en su lugar será llamado el suplente. se constituirá el Tribunal en su integridad. peritos y acusados las preguntas que estimen conducentes a fijar y aclarar los hechos sobre los que verse la prueba. Aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Este último estará a disposición del Tribunal del Jurado hasta que se emita el veredicto. ni de su enjuiciamiento. resolviendo éste tras oír a las demás partes que deseen oponerse a su admisión. Alegaciones previas de las partes al Jurado. se dará comienzo a la celebración del juicio oral siguiendo lo dispuesto en los artículos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. oídas las partes. mediante escrito. 1. Artículo 44. teniendo el juicio oral ante este Tribunal prioridad frente a cualquier otro señalamiento o actuación procesal sea cual sea el orden jurisdiccional ante el que tenga lugar. 2. Para la prueba de inspección ocular.4. 2. el Magistrado-Presidente. La celebración del juicio oral requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor. previa consulta al Jurado. oídas las partes. Asistencia del acusado y del abogado defensor. Los jurados. con los jurados. Artículo 45. Para la decisión de celebración a puerta cerrada. documentos. . Especialidades probatorias.
o que pueda resultar la concurrencia de una causa de exención o de preceptiva atenuación. 2. Disolución anticipada del Jurado. si el Magistrado-Presidente entendiera que los hechos aceptados por las partes pudieran no ser constitutivos de delito. o éste decidir de oficio. Concluida la práctica de la prueba. Las declaraciones efectuadas en la fase de instrucción. en todo caso. Artículo 51. Si la inexistencia de prueba de cargo sólo afecta a algunos hechos o acusados. pero. . Artículo 49. estándose. manifestasen que desisten de la petición de condena del acusado. haya de suspenderse la celebración del juicio oral. sola o conjuntamente con las de multa y privación de derechos. sentencia absolutoria motivada. o con el que presentaren en el acto. sin inclusión de otros hechos que los objeto de juicio. a lo dispuesto en el apartado 4 del citado precepto. Artículo 50. Disolución del Jurado por desistimiento en la petición de condena. Asimismo. Artículo 47. previa audiencia de las partes. El Ministerio Fiscal. Disolución del Jurado por conformidad de las partes. el Magistrado-Presidente disolverá el Jurado y dictará sentencia absolutoria. Cuando el Ministerio Fiscal y demás partes acusadoras. 2. Suspensión del procedimiento. no podrá darse lectura a dichas previas declaraciones. Artículo 48. procederá la disolución del Jurado si las partes interesaren que se dicte sentencia de conformidad con el escrito de calificación que solicite pena de mayor gravedad. el Magistrado-Presidente podrá decidir la disolución del Jurado. 1. testigos y peritos sobre las contradicciones que estimen que existen entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instrucción. conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Una vez concluidos los informes de la acusación. no tendrán valor probatorio de los hechos en ellas afirmados. someterá a aquél por escrito el objeto del veredicto. Aun cuando en sus conclusiones definitivas las partes calificasen los hechos como constitutivos de un delito de los no atribuidos al enjuiciamiento del Tribunal del Jurado.5. 3. salvo las resultantes de prueba anticipada. que acordará. 3. dentro de tercero día. en su caso. suscrito por todas. Sin embargo. la disolución del Jurado si estima que del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado. la defensa puede solicitar del Magistrado-Presidente. en sus conclusiones definitivas. los letrados de la acusación y los de la defensa podrán interrogar al acusado. siempre que dicha suspensión se haya de prolongar durante cinco o más días. o en cualquier momento anterior del juicio. Cuando. atendidos los hechos admitidos por las partes. si entendiese que existen motivos bastantes para estimar que el hecho justiciable no ha sido perpetrado o que no lo fue por el acusado. Modificación de las conclusiones provisionales y conclusiones definitivas. éste continuará conociendo. no disolverá el Jurado. Igualmente. las partes podrán modificar sus conclusiones provisionales. 1. ni calificación más grave que la incluida en las conclusiones provisionales. Modificado por Ley 38/2002. el Magistrado-Presidente podrá decidir que no ha lugar a emitir veredicto en relación con los mismos. El Magistrado-Presidente requerirá a las partes en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. y. no disolverá el Jurado y mandará seguir el juicio. En tales supuestos se dictará. El Magistrado-Presidente dictará la sentencia que corresponda. aunque se unirá al acta el testimonio que quien interroga debe presentar en el acto. La pena conformada no podrá exceder de seis años de privación de libertad.
Asimismo. Concluido el juicio oral. el Magistrado-Presidente recabará. el criterio del Jurado sobre la aplicación de los beneficios de remisión condicional de la pena y la petición o no de indulto en la propia sentencia. sólo incluirá una proposición. decidiendo aquél de plano lo que corresponda. No podrá incluir en un mismo párrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no. 1. ni ocasionen indefensión. la narración del hecho que determine el grado de ejecución. . a la vista del resultado de la prueba. en párrafos sucesivos. Audiencia a las partes. Finalmente precisará el hecho delictivo por el cual el acusado habrá de ser declarado culpable o no culpable. siguiendo igual criterio de separación y numeración de párrafos. ordenará deducir el correspondiente tanto de culpa. Las partes cuyas peticiones fueran rechazadas podrán formular protesta a los efectos del recurso que haya lugar contra la sentencia. 2. A continuación incluirá. Igual hará si fueren varios los acusados. después de producidos los informes y oídos los acusados. Expondrá después. Del veredicto. que podrán solicitar las inclusiones o exclusiones que estimen pertinentes. Objeto del veredicto. Cuando la declaración de probado de un hecho se infiera de igual declaración de otro. efectuará la redacción anterior separada y sucesivamente por cada delito. Si fueren enjuiciados diversos delitos. en su caso.CAPÍTULO IV. éste habrá de ser propuesto con la debida prioridad y separación. 1. participación y modificación de la responsabilidad. El Magistrado-Presidente. los hechos alegados que puedan determinar la estimación de una causa de exención de responsabilidad. Si el Magistrado-Presidente entendiese que de la prueba deriva un hecho que implique tal variación sustancial. Comenzará por exponer los que constituyen el hecho principal de la acusación y después narrará los alegados por las defensas. SECCIÓN I. Pero si la consideración simultánea de aquéllos y éstos como probados no es posible sin contradicción. Artículo 52. Antes de entregar a los jurados el escrito con el objeto del veredicto. 2. podrá añadir hechos o calificaciones jurídicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variación sustancial del hecho justiciable. diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. Artículo 53. numerados y separados. el Magistrado-Presidente oirá a las partes. Determinación del objeto del veredicto. el MagistradoPresidente procederá a someter al Jurado por escrito el objeto del veredicto conforme a las siguientes reglas: Narrará en párrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado deberá declarar probados o no.
3. en forma que puedan entender. procederán a elegir al portavoz. La votación será nominal. Inmediatamente. Artículo 56. la presencia del Magistrado-Presidente para que amplíe las instrucciones. Ampliación de instrucciones. les instruirá sobre el contenido de la función que tienen conferida. procederá a hacerles entrega a los jurados del escrito con el objeto del veredicto. podrá pedir. Instrucciones a los jurados. El Secretario del Tribunal del Jurado incorporará el escrito con el objeto del veredicto al acta del juicio. votando en último lugar el portavoz. entregando copia de ésta a las partes y a cada uno de los jurados. si tras la deliberación no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba. la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusión. Seguidamente el Jurado se retirará a la sala destinada para su deliberación. asistido del Secretario y en presencia del Ministerio Fiscal y demás partes. Incomunicación del Jurado. el Magistrado-Presidente emitirá las instrucciones previstas en el apartado 1 del artículo 64 de esta Ley con los efectos atribuidos en la misma a la devolución del acta. 3. Artículo 57. Si alguno de los jurados tuviere duda sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto. manteniendo la incomunicación. También les expondrá detenidamente. Al mismo tiempo. Artículo 55. SECCIÓN II. Deliberación del Jurado. Transcurridos dos días desde el inicio de la deliberación sin que los jurados hicieren entrega del acta de la votación. 1. 1. Si la deliberación durase tanto tiempo que fuese necesario el descanso. el Magistrado-Presidente. el Magistrado-Presidente podrá convocarles a la comparecencia prevista en el apartado anterior. el Magistrado-Presidente en audiencia pública. 2. Todo ello con referencia a los hechos recogidos en el escrito que se les entrega. 1. y hará constar en aquélla las peticiones de las partes que fueren denegadas. 1. pero sí sobre la necesidad de que no atiendan a aquellos medios probatorios cuya ilicitud o nulidad hubiese sido declarada por él. 1. y en presencia de las partes. Votación nominal. en alta voz y por orden alfabético. La deliberación será secreta. lo autorizará. deberán decidir en el sentido más favorable al acusado. con asistencia del Secretario. reglas que rigen su deliberación y votación y la forma en que deben reflejar su veredicto. Artículo 54. sin que ninguno de los jurados pueda revelar lo en ella manifestado. 2. . Presididos inicialmente por aquél cuyo nombre fuese el primero en salir en el sorteo. Artículo 58. 2. adoptándose por el Magistrado-Presidente las medidas oportunas al efecto. La deliberación tendrá lugar a puerta cerrada.3. de oficio o a petición del Jurado. Si en dicha comparecencia ninguno de los jurados expresara duda sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto. 2. Asimismo informará que. sin que les sea permitida comunicación con persona alguna hasta que hayan emitido el veredicto. determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los acusados y las que se refieran a supuestos de exención o modificación de la responsabilidad. Cuidará el Magistrado-Presidente de no hacer alusión alguna a su opinión sobre el resultado probatorio. por escrito y a través del Secretario. Deliberación y veredicto. La comparecencia de éste se hará en audiencia pública.
y así lo declaran por (unanimidad o mayoría). De la misma forma se pronunciarán. Serán necesarios siete votos para establecer la culpabilidad y cinco votos para establecer la inculpabilidad. Si lo votado fuera el texto propuesto por el Magistrado-Presidente. siempre que no suponga una alteración sustancial ni determine una agravación de la responsabilidad imputada por la acusación. se requiere siete votos. han encontrado no probados. persistiera la negativa de voto. remisión condicional de la pena y petición de indulto.000 pesetas de multa. y sobre la petición o no de indulto en la sentencia. requerirán el voto favorable de cinco jurados.. tal y como fueron propuestos por el Magistrado-Presidente. 1. Votación sobre culpabilidad o inculpabilidad. Un tercer apartado.. Si se hubiese obtenido la mayoría necesaria en la votación sobre los hechos. Ninguno de los jurados podrá abstenerse de votar.. En este apartado harán un pronunciamiento separado por cada hecho delictivo y acusado.. Si. se hará constar en acta y. o no propuesto. 2. El criterio del Jurado sobre la aplicación al declarado culpable de los beneficios de remisión condicional de la pena.. Seguidamente indicarán los números de los párrafos de dicho escrito. Artículo 59. para el caso de que concurran los presupuestos legales al efecto. Los jurados votarán si estiman probados o no dichos hechos. iniciado de la siguiente forma: Los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolución y han encontrado probados. después de requerido por el portavoz. La modificación no podrá suponer dejar de someter a votación la parte del hecho propuesta por el Magistrado-Presidente. Concluida la votación. los siguientes.. Para ser declarados tales. en su momento. pudiendo reproducir su texto. Un segundo apartado. hecha la constancia y reiterado el requerimiento. se extenderá un acta con los siguientes apartados: Un primer apartado. iniciado de la siguiente forma: Asimismo. los jurados por (unanimidad o mayoría) encontramos al acusado. En todo caso. Artículo 60. será sometido a votación hasta obtener la indicada mayoría. Votación sobre los hechos.2. 3. nuevamente redactado así el párrafo. iniciado de la siguiente forma: Por lo anterior. escribirán el texto tal como fue votado.. se someterá a votación la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por cada hecho delictivo imputado. en su caso. podrá someterse a votación el correspondiente hecho con las precisiones que se estimen pertinentes por quien proponga la alternativa y. cuando fuesen contrarios al acusado. 1. Si el texto votado incluyese alguna modificación. . 3. 2. y cinco votos. sobre el criterio del Jurado en cuanto a la aplicación al declarado culpable de los beneficios de remisión condicional de la pena que se impusiere. culpable/no culpable del hecho delictivo de. los hechos descritos en los números siguientes del escrito sometido a nuestra decisión.. se dejará nueva constancia en acta de la que se deducirá el testimonio correspondiente para exacción de la derivada responsabilidad penal. así como sobre la petición de indulto en la sentencia. la abstención se entenderá voto a favor de no considerar probado el hecho perjudicial para la defensa y de la no culpabilidad del acusado. y así lo declaran por (unanimidad o mayoría). Si alguno insistiere en abstenerse. al menos. Si no se obtuviese dicha mayoría. 1. será sancionado por el MagistradoPresidente con 75. Pero podrá incluirse un párrafo nuevo. podrán limitarse a indicar su número. cuando fuesen favorables. Acta de la votación. El portavoz someterá a votación cada uno de los párrafos en que se describen los hechos. Artículo 61.
se tendrá por no puesta. Que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos. . El acta será redactada por el portavoz. Extendida el acta lo harán saber al Magistrado-Presidente entregándole una copia. Justificación de la devolución del acta. apreciase alguna de las siguientes circunstancias: a.Un cuarto apartado. Que no se ha obtenido en alguna de las votaciones sobre dichos puntos la mayoría necesaria. 1.. 2. se lea el veredicto en audiencia pública por el portavoz del Jurado. Artículo 62. Antes de devolver el acta se procederá en la forma establecida en el artículo 53 de la presente Ley. iniciado de la siguiente forma: Los jurados han atendido como elementos de convicción para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: . convocará a las partes por un medio que permita su inmediata recepción para que. Artículo 65. el Jurado será disuelto y se convocará juicio oral con un nuevo Jurado. Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación y votación. e. Al tiempo de devolver el acta. 3. b. salvo que proceda la devolución. evitando toda identificación que rompa el secreto de la misma. Este apartado contendrá una sucinta explicación de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados. a no ser que disienta del parecer mayoritario. asistido del Secretario y en presencia de las partes. Si lo solicitara el portavoz. Artículo 64. d. bien los relativos a los hechos declarados probados entre sí. Que los diversos pronunciamientos son contradictorios. salvo la correspondiente a la negativa a votar. El acta será firmada por todos los jurados. no siendo de los propuestos por el Magistrado. a la vista de la copia de la misma. implique una alteración sustancial de éstos o determine una responsabilidad más grave que la imputada. Este. conforme a lo dispuesto en el artículo siguiente. el Magistrado-Presidente explicará detenidamente las causas que justifican la devolución y precisará la forma en que se deben subsanar los defectos de procedimiento o los puntos sobre los que deberán emitir nuevos pronunciamientos. Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y respecto de la totalidad de los hechos delictivos imputados. En los mismos términos podrá solicitarlo quien haya sido designado redactor en sustitución de aquél. Un quinto apartado en el que harán constar los incidentes acaecidos durante la deliberación. Si el acta incluyese la declaración de probado de un hecho que. 3. 2.. 1. haciéndolo el portavoz por el que no pueda hacerlo por sí.. se hará constar en el acta tal circunstancia. 2. Lectura del veredicto. 1. Artículo 63. Disolución del Jurado y nuevo juicio oral. estrictamente en la confección o escrituración del acta. Si alguno de los jurados se negara a firmar. Devolución del acta al Jurado. en cuyo caso los jurados designarán al redactor. De dicha incidencia extenderá el Secretario la oportuna acta. El Magistrado-Presidente devolverá el acta al Jurado si. el Magistrado-Presidente podrá autorizar que el Secretario o un oficial le auxilie. constituido el Tribunal. seguidamente. Si después de una tercera devolución permaneciesen sin subsanar los defectos denunciados o no se hubiesen obtenido las necesarias mayorías. c. bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declaración de hechos probados.
el Magistrado-Presidente concederá la palabra al Fiscal y demás partes para que. en su caso. DISPOSICIONES ADICIONALES Primera. Hasta ese momento los suplentes habrán permanecido a disposición del Tribunal en el lugar que se les indique. ordenando. Artículo 70. de 1 de julio. Artículo 68. La sentencia. De la sentencia. y el Título II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. además.2. extendiendo en la causa certificación de la misma. 2. El Magistrado-Presidente procederá a dictar sentencia en la forma ordenada en el artículo 248. el Magistrado-Presidente procederá a disolver el Jurado y dictará sentencia absolutoria. los jurados y los abogados de las partes. Si celebrado el nuevo juicio no se obtuviere un veredicto por parte del segundo Jurado. El acta se leerá al final de cada sesión. Segunda. Acta de las sesiones. Si el veredicto fuese de inculpabilidad. si el Jurado hubiere emitido un criterio favorable a ésta. 1. la inmediata puesta en libertad. 1. Veredicto de inculpabilidad. el Jurado cesará en sus funciones.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. el Magistrado-Presidente dictará en el acto sentencia absolutoria del acusado a que se refiera. Supresión del antejuicio. la sentencia concretará la existencia de prueba de cargo exigida por la garantía constitucional de presunción de inocencia. informen sobre la pena o medidas que debe imponerse a cada uno de los declarados culpables y sobre la responsabilidad civil. Leído el veredicto. se publicará y se archivará en legal forma. a la que se unirá el acta del Jurado. Contenido de la sentencia. el contenido correspondiente del veredicto. Artículo 66. Cese del Jurado en sus funciones. Artículo 69. 1. 3. por cualquiera de las causas previstas en el apartado anterior. CAPÍTULO V. El Secretario extenderá acta de cada sesión haciendo constar de forma sucinta lo más relevante de lo acaecido y de forma literal las protestas que se formulen por las partes y las resoluciones del MagistradoPresidente respecto de los incidentes que fuesen suscitados. Veredicto de culpabilidad. 2. y se firmará por el Magistrado-Presidente. por su orden. Asimismo. como hechos probados y delito objeto de condena o absolución. . a la concurrencia de los presupuestos legales de la aplicación de los beneficios de remisión condicional. incluyendo. El informe se referirá. Quedan derogados el artículo 410 de la Ley Orgánica 6/1985. Cuando el veredicto fuese de culpabilidad. si el veredicto fuese de culpabilidad. Infracciones penales. 2. del Poder Judicial. Artículo 67.
2. del Poder Judicial. cuyo actual contenido pasa a ser la letra d) del mismo apartado. que extenderá su eficacia hasta el 31 de diciembre de 1996. en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal. se obtendrá aplicando las previsiones contenidas en los artículos 13.1. El apartado 2 del artículo 83 de la Ley Orgánica 6/1985. de 1 de julio. respectivamente. Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado. DISPOSICIONES FINALES Primera. Los jurados que incumplan las obligaciones impuestas en el apartado 3 del artículo 55. de 1 de julio. Régimen de recursos. Primera lista de candidatos a jurados. del Poder Judicial. 15 y 16 de la presente Ley.2 de esta Ley incurrirán en la pena de multa de 100. La primera lista de candidatos a jurados. La composición y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado. Se añade un segundo párrafo al apartado cuarto del artículo 14 con la siguiente redacción: No obstante. Tercera.000 a 500.000 pesetas. 14.4 y 58. 2. octubre y noviembre se entenderán hechas.000 a 500. queda redactada en los siguientes términos: El conocimiento de los recursos de apelación en los casos previstos por las leyes. en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial. si bien las referencias que en ellos se hace a los meses de septiembre. el conocimiento y fallo corresponderá a éste. Causas penales en tramitación. Los artículos y rúbricas que a continuación se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal quedan modificados en los términos siguientes: Se añade un segundo párrafo al apartado tercero del artículo 14 con la siguiente redacción: No obstante. 1. Los procesos penales incoados o que se incoen por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitarán ante el órgano jurisdiccional competente conforme a las normas vigentes en el momento de acontecer aquéllos. Modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Primera. Los jurados que abandonen sus funciones sin causa legítima.000 pesetas. Se añade un tercer párrafo al artículo 306 con la siguiente redacción: . o incumplan las obligaciones que les imponen los artículos 41. La letra c) del apartado 3 del artículo 73 de la Ley Orgánica 6/1985. queda redactado en los siguientes términos: 2. Segunda. a los tres meses correlativos siguientes a la entrada en vigor de la presente disposición transitoria. incurrirán en la pena de arresto mayor y multa de 100. si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado. Segunda. el conocimiento y fallo corresponderá a éste. El régimen de recursos previsto en esta Ley será de aplicación únicamente a las resoluciones judiciales que se dicten en los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.
Desde que el detenido es puesto a disposición del Juez de Instrucción o Tribunal que deba conocer de la causa. adoptando las medidas disciplinarias a que hubiere lugar en relación con la causa de no celebración de la comparecencia. Se incorpora un nuevo artículo 309 bis con la siguiente redacción: Artículo 309 bis. El Ministerio Fiscal. . oídas las alegaciones de todas las que concurrieren. El Ministerio Fiscal y el imputado. demás partes personadas y al imputado. cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado. En su consecuencia. resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito. Para acordar la prisión o libertad provisional de quien estuviere en libertad o agravar las condiciones de la libertad provisional ya acordada. El artículo 539 queda redactado de la forma siguiente: Artículo 539. Si ninguna de las partes lo instase. el Juez acordará la prisión o libertad provisional. resolviéndose previa celebración de la comparecencia a que se refiere el artículo 504 bis 2. dentro de las setenta y dos horas siguientes. el Juez resolverá sobre la procedencia o no de la prisión o libertad provisionales. procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora. en el que. en la forma que en ella se establece. Si en tal audiencia alguna parte lo interesase. Se incorpora un nuevo artículo 504 bis 2 con la siguiente redacción: Artículo 504 bis 2. El artículo 516 queda sin contenido.Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado. y la fianza podrá ser modificada en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio. salvo que decrete su libertad provisional sin fianza. Contra las resoluciones que se dicten sobre la procedencia o no de la libertad provisional cabrá recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Los autos de prisión y libertad provisionales y de fianza serán reformables durante todo el curso de la causa. convocará a audiencia. así como cuando de cualquier actuación procesal. se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél. se requerirá solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora. Si no lo hiciere. podrán instarlo así. se pondrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados. o desestimare la petición. En dicha audiencia podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes. si concurrieren los presupuestos y estimase riesgo de fuga. debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. sin rebasar en ningún caso las setenta y dos horas antes indicadas. Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella. asistido de su letrado. recabando el informe del Instructor por el medio más rápido. y el imputado en todo caso. demás partes personadas. Si por cualquier razón la comparecencia no pudiera celebrarse. pero deberá convocarla nuevamente dentro de las siguientes setenta y dos horas. al Ministerio Fiscal. éste. que deberá estar asistido de Letrado por él elegido o designado de oficio. el Juez necesariamente acordará la cesación de la detención e inmediata puesta en libertad del imputado. el imputado podrá ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente. las partes podrán recurrir directamente en queja ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de ocho días. tendrán obligación de comparecer.
Se añade un segundo párrafo al artículo 678 con la siguiente redacción: Lo anterior no será de aplicación en las causas competencia del Tribunal del Jurado. así como cuando de cualquier actuación procesal ordenada conforme al párrafo anterior. no se da recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia. El Libro V pasa a tener la siguiente denominación: De los recursos de apelación. por el MagistradoPresidente del Tribunal del Jurado. párrafos segundo y tercero de esta Ley. El tercer párrafo del artículo 676 queda redactado en la siguiente forma: Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita las excepciones 2. para dentro de las setenta y dos horas siguientes. o incluso de prisión. El Ministerio Fiscal. procederá el Juez a la incoación del procedimiento previsto en su ley reguladora. El actual tercer párrafo de dicho artículo pasa a ser párrafo cuarto del mismo. recabando el informe del Instructor por el medio más rápido. Se incorpora al Libro V un nuevo Título I. Las sentencias dictadas. serán apelables para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autónoma. si a juicio del Juez o Tribunal concurriere riesgo de fuga. podrán instarlo así. En el apartado 3 del artículo 789 se introducen dos nuevos párrafos con la siguiente redacción: Cuando de los términos de la denuncia o de la relación circunstanciada del hecho en la querella. pero debiendo convocar. procede el recurso de apelación.3. en el ámbito de la Audiencia Provincial y en primera instancia. sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la sentencia. Siempre que el Juez o Tribunal entienda que procede la libertad o la modificación de la libertad provisional en términos más favorables al sometido a la medida. se pondrá inmediatamente aquella imputación en conocimiento de los presuntamente inculpados. en cualquier momento. si el imputado se encontrase en libertad. se estará a lo dispuesto en los artículos 309 bis o 789. Contra el que las desestime. 3 y 4 del artículo 666. podrá acordarla. y el imputado en todo caso. casación y revisión. en cuanto aparezca que el hecho podría constituir un delito cuyo enjuiciamiento sea competencia del Tribunal del Jurado. denominado Del recurso de apelación contra las sentencias y determinados autos e integrado por los siguientes artículos: Artículo 846 bis a). en la forma que en ella se establece. se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecerá e intervendrá en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aquél.No obstante. cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado. debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. las partes podrán recurrir en queja ante la Audiencia Provincial que resolverá antes de ocho días. . Si no lo hiciere. en el que. resulte contra persona o personas determinadas la imputación de un delito. de oficio y sin someterse a la petición de parte. Se añade un último párrafo al artículo 781 con la siguiente redacción: Tan pronto como se ordene la incoación del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado. o desestimare la petición. En el artículo 780 se incorpora un nuevo párrafo tercero con la siguiente redacción: Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley. sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 678. procederá a dictar auto de reforma de la medida cautelar. a la indicada comparecencia. demás partes personadas.
siempre que de ello se derive indefensión. se emplazará a todas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para que se personen en plazo de diez días. atendida la prueba practicada en el juicio. Concluido el término de cinco días sin que se formule dicha apelación supeditada o. Que se hubiese solicitado la disolución del Jurado por inexistencia de prueba de cargo. Que se hubiese vulnerado el derecho a la presunción de inocencia porque. efectuado el traslado a las demás partes. . Esta reclamación no será necesaria si la infracción denunciada implicase la vulneración de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado. para que pueda admitirse a trámite el recurso. Del escrito interponiendo recurso de apelación se dará traslado. de tres Magistrados. Si lo interpusieren se dará traslado a las demás partes. Artículo 846 bis c).Serán también apelables los autos dictados por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado que se dicten resolviendo cuestiones a que se refiere el artículo 36 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado así como en los casos señalados en el artículo 676 de la presente Ley. una vez concluido el término para recurrir. bien por concurrir motivos de los que debieran haber dado lugar a su devolución al Jurado y ésta no hubiera sido ordenada. deberá haberse formulado la oportuna protesta al tiempo de producirse la infracción denunciada. para conocer de este recurso. entendiéndose las referencias a los Magistrados de los números 5 y 6 de este último como también hechas a los jurados. Si el apelante principal no se personare o manifestare su renuncia al recurso. a las demás partes. o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil. La parte que no haya apelado en el plazo indicado podrá formular apelación en el trámite de impugnación. El recurso de apelación deberá fundamentarse en alguno de los motivos siguientes: Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantías procesales. pero este recurso quedará supeditado a que el apelante principal mantenga el suyo. si se formuló. Que se hubiese acordado la disolución del jurado y no procediese hacerlo. sin perjuicio de otros: los relacionados en los artículos 850 y 851. A estos efectos podrán alegarse. y tal petición se hubiere desestimado indebidamente. En los supuestos de las letras a). si se hubiere efectuado la oportuna reclamación de subsanación. La Sala de lo Civil y Penal se compondrá. Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal como el condenado y las demás partes. c) y d). podrán formular recurso supeditado de apelación. que causare indefensión. en término de cinco días. las que. se devolverán los autos a la Audiencia Provincial. Artículo 846 bis d). carece de toda base razonable la condena impuesta. Que la sentencia ha incurrido en infracción de precepto constitucional o legal en la calificación jurídica de los hechos o en la determinación de la pena. Artículo 846 bis b). la existencia de defectos en el veredicto. declarándose firme la sentencia y procediendo a su ejecución. dentro de los diez días siguientes a la última notificación de la sentencia. También podrá recurrir el declarado exento de responsabilidad criminal si se le impusiere una medida de seguridad o se declarase su responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en el Código Penal. bien por parcialidad en las instrucciones dadas al Jurado o defecto en la proposición del objeto de aquél.
Artículo 846 bis e). al condenado y tercero responsable civil. Tercera. podrá replicarle. en los casos en que ésta lo autorice de modo expreso. un proyecto de Ley de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. la cual. 9. Artículo 846 bis f). en todo caso. simplificando asimismo el proceso de investigación para evitar su prolongación excesiva. 4. técnicos y humanos necesarios. Los actuales Títulos I y II del Libro V pasan a ser Títulos II y III. Procede el recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma contra: Las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en única o en segunda instancia. Entrada en vigor. Quinta. 11. 15. comenzando por el uso de la palabra la parte apelante segundo del Ministerio Fiscal. se adoptarán las reformas legales necesarias que adapten a tal procedimiento el Estatuto y funciones del Ministerio Fiscal. del mismo Libro. Futuras reformas procesales. y se habilitarán por las Cortes Generales y el Gobierno los medios materiales. respectivamente. Asimismo. si éste no fuese el que apeló. generalizando los criterios procesales instaurados en esta Ley y en el que se establezca un procedimiento fundado en los principios acusatorio y de contradicción entre las partes. El artículo 847 queda redactado de la siguiente forma: Artículo 847. sólo procede el recurso de casación. . En el plazo de un año. Cuarta. Si se hubiese formulado recurso supeditado de apelación. 14. mandará devolver la causa a la Audiencia para celebración de nuevo juicio. la disposición transitoria segunda y los apartados 1. y demás partes apeladas. El primer párrafo del artículo 848 queda redactado de la siguiente forma: Contra los autos dictados. La vista se celebrará en audiencia pública. en dicho plazo. el Gobierno enviará a las Cortes Generales. La presente Ley tiene naturaleza de orgánica a excepción del Capítulo III. y Las sentencias dictadas por las Audiencias en juicio oral y única instancia. Dentro de los cinco días siguientes a la vista. si estimase el recurso por algunos de los motivos a que se refieren las letras a) y d) del artículo 846 bis c). En los demás supuestos dictará la resolución que corresponda. 3. previstos en la Constitución. 13. 2. si no renunciase. 10. y únicamente por infracción de ley. 12. Carácter de la Ley. 16 y 17 de la disposición final segunda que tienen el carácter de ley ordinaria. bien en apelación por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia bien con carácter definitivo por las Audiencias. Personado el apelante. 8. deberá dictarse sentencia. esta parte intervendrá después del apelante principal que. se señalará día para la vista del recurso citando a las partes personadas y. desde la aprobación de la presente Ley.
. Felipe González Márquez. Por tanto. 22 de mayo de 1995. .La presente Ley Orgánica entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.Juan Carlos R. mando a todos los españoles. que entrará en vigor a los dos meses de dicha publicación. Madrid. particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgánica. con excepción de lo prevenido en su Capítulo II y en su disposición transitoria tercera. - El Presidente del Gobierno.
Documents Similar To ley organica española
Noelia Campiño
Daiana Castillejo