Source: http://colombiaaldia.co/estados/boletines/boletin_04_2013/index.htm
Timestamp: 2018-12-11 04:48:54
Document Index: 383520565

Matched Legal Cases: ['artículo 243', 'artículo 306', 'artículo 177', 'artículo 14', 'artículo 93', 'artículo 160', 'artículo 243', 'artículo 243', 'artículo 242', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 638']

Boletín 04/2013
La expedición del presente boletín tiene especial significación por tratarse del primero que incluye pronunciamientos judiciales (autos y sentencias) como resultado de la aplicación del nuevo sistema oral enmarcado dentro de la Ley 1437 de 2011.
Para el Tribunal y para los Juzgados de nuestra Jurisdicción ha sido una experiencia gratificante el comenzar a desarrollar dicho sistema. Para lograr el adecuado impulso del mismo se ha acudido a la entrega y disciplina que ha caracterizado siempre a nuestros juzgadores y a sus equipos de trabajo en cada despacho. La tarea ha requerido estudio, comprensión y el cuidado necesario exigidos al comenzar toda nueva tarea; ésta caracterizada por ser más visible en su recorrido procesal y, por lo tanto, más exigente.
En palabras de nuestros juzgadores el sistema ha comenzado bien, sin embargo, deben irse tecnificando algunos aspectos lo cual es comprensible, pero el que ya existan sentencias apreciables en todo su contenido como producto final de unas etapas procesales desarrolladas en audiencias con los rigores necesarios, demuestra el compromiso que la Justicia administrativa tiene con los usuarios de nuestro Circuito Judicial.
Pero no solo las sentencias han sido depositarias del rigor jurídico, importantísimos autos han generado análisis cautelosos de nuestros operadores, aspectos tales como el resolver conflictos de competencia entre jueces escriturales y jueces de la oralidad, puntualizar cuáles autos son susceptibles de apelación y cuáles no, son temas que por su actualidad y pertinencia representan una apreciable importancia para el juzgador y para el apoderado judicial de hoy en día.
No menos relevante es la inclusión en la presente edición de los siempre detenidos razonamientos jurisprudenciales que realizan nuestros Magistrados del sistema escritural y cuya selección de sentencias se han incorporado también para que puedan seguir siendo apreciadas por nuestros lectores.
Se incluyen igualmente algunas providencias del Consejo de Estado confirmando, como juez de segunda instancia, pronunciamientos del Tribunal Administrativo del Cauca.
Como acotación final, debe destacarse que para la elaboración de la presente edición del boletín se contó con el aporte de todos los despachos judiciales del Tribunal – de los dos sistemas -, los mismos contribuyeron eficazmente frente a la selección de las providencias y a la revisión de los tesauros que de cada una de ellas elabora la Relatoría; respondiendo así a un instrumento de participación que la actual Presidencia ha implementado con la activa supervisión del Comité de Redacción.
Agradecemos a todos los funcionarios y empleados sus valiosos aportes ya que ellos permiten mostrar un trabajo más compacto, reflejo de una labor en equipo.
PRINCIPALES PROVIDENCIAS PROFERIDAS POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2013.
1. DE GRUPO/ Segunda instancia/Tema principal: Caducidad de la acción/Derechos de semaforización cobrados por el Municipio/ Tema 2: La acción de grupo no aplica para revivir términos ya vencidos de acciones ordinarias que debieron incoarse en su momento/ Tema 3: La acción de grupo no resulta procedente para reclamar la indemnización de perjuicios derivados de actos administrativos/Revoca fallo del a quo/Declara caducidad /19001333100520120020301/MP David Fernando Ramírez Fajardo.
2. TUTELA/ Habeas data y buen nombre/Información contenida en la base de datos de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional no constituye antecedentes disciplinarios/Concede/19001233300220130019200/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
3. TUTELA/ Cumplimiento de fallo ordinario por vía de tutela/ Procedencia excepcional de la tutela/ Tema 1: Reliquidación de pensión/Persona de la tercera edad/Sujeto de especial protección constitucional/Concede. Tema 2: La Entidad introduce un elemento nuevo no controvertido en el proceso ordinario que reduce la pensión/Violación del debido proceso/Concede/ 19001333100620130004201/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
4. TUTELA/Comunidad Indígena/ Ingreso de indígena al Programa del Gobierno Familias en acción/Requisitos de la Ley 1532 de 2012 /Decisión del resguardo de no avalar al solicitante no puede ser contradicha por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social /El juez constitucional debe respetar la autonomía indígena constitucional/No se aprecia vulneración de derechos fundamentales/Confirma/19001333100620130007901/MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
ACCIONES ORDINARIAS (Sistema escritural)
5. CONTROVERSIA CONTRACTUAL/Tema principal: Liquidación judicial del contrato/ Faltan elementos probatorios para poder realizar la liquidación judicial/Deniega pretensiones. Tema 2: De los hechos de la demanda se extrae que la pretensión era la liquidación judicial, así expresamente no se haya pedido en la demanda /No implica fallo ultra o extrapetita como lo determinó el Aquo/19001233170120040225201/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
6. REPARACIÓN DIRECTA/Lesiones de estudiante al ser arrollado por una retroexcavadora de propiedad del municipio/Tema principal: Concurrencia de culpas entre la víctima y el plantel educativo/No se configuró culpa exclusiva de la víctima/ Revoca fallo del A quo que había declarado culpa exclusiva/Tema 2: Del daño a la salud/ El daño a la salud desplaza a las demás categorías de daño inmaterial, como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia, antes denominado daño a la vida de relación/ La secuela de una “LUXO FRACTURA DE FEMUR DERECHO”, conforme a dictamen de la Junta de calificación de invalidez hace evidente el daño a la salud/ 19001333100620030030701/MP Pedro Javier Bolaños Andrade.
7. REPARACIÓN DIRECTA/ Tema principal: Internos/ Autolesiones/ Esquizofrenia/Falta de tratamiento especializado y vigilancia por parte de la Entidad carcelaria/ Revoca decisión del a quo. Tema 2: Daño a la salud/ El reconocimiento de este daño NO se ordena en dinero / Se ordena como medida resarcitoria que se le realice al actor una nueva valoración psiquiátrica, debiendo la entidad carcelaria velar por el cabal cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el galeno tratante, incluyendo si se considera necesario, en criterio del especialista, la internación del actor en un anexo psiquiátrico/ 19001233170220060002701/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
8. REPARACIÓN DIRECTA/ Privación injusta de libertad/En el sub judice se encuentra jurídicamente justificada/Los procesados penalmente actuaron de manera irregular, imprudente, irresponsable y descuidada/No hubo intención de colaborar con la justicia/ Se configuró el hecho exclusivo de la víctima como causa excluyente de imputación/Precedentes del Consejo de Estado/Deniega/ 19001233170220100010100/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
9. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/Sanción moratoria por la no consignación en los Fondos privados del auxilio de cesantía/Término de caducidad/Cuatro meses siguientes a la ejecutoria del acto que reconoce, modifica o extingue el derecho /El actor desde la notificación del acto supo el régimen retroactivo aplicado por la Entidad y nunca lo controvirtió/Con nueva solicitud no se pueden revivir términos para incoar acción judicial/Revoca decisión del a quo. 19001233170220040196601/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
10. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Contribución de valorización/Cobro coactivo/El acto administrativo no puede servir de título ejecutivo contra la parte actora ya que en él nunca se estableció su condición de deudora ni se le dio oportunidad de agotar la vía gubernativa/Confirma deciisón del a quo/ 19001233170220060010701/ MP Magnolia Cortés Cardozo.
11. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Reliquidación de asignación de retiro/ Para determinar si efectivamente la aplicación de uno u otro sistema resulta más beneficioso a los intereses del pensionado deben haber elementos probatorios/ No obra certificación alguna que pruebe el valor recibido por el demandante como concepto de asignación, ni el porcentaje de incremento que tuvo en cuenta la entidad demandada para reajustar su pensión, circunstancia que imposibilita a la Sala para realizar la comparación entre el aumento realizado conforme al régimen de oscilación y el aumento conforme al sistema del IPC respecto de aquellas anualidades, a fin de determinar la viabilidad de la pretensión/ Revoca decisión del a quo y niega pretensiones/ 19001230000120070029201/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
12. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Solicitud de reajuste de asignación de retiro con incremento del porcentaje de prima de actividad/ El sustento del recurso de apelación no es consistente con el contenido de la demanda y de la sentencia apelada/ Confirma decisión del a quo/ 19001333100420090026201/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
13. RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Negativa a la solicitud de reliquidación y reajuste de asignación de retiro/ El reajuste de la asignación de retiro por IPC debe ordenarse con base en el principio de favorabilidad, siempre y cuando el incremento que se haya realizado conforme al régimen de oscilación resulte inferior a la que se hubiere recibido si se hubiera realizado de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 100 de 1993/ Revoca fallo del a quo y deniega pretensiones/ 19001333100720100025401/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
14. NULIDAD/ Ordenanza 044 de 2008/Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA - en el Departamento del Cauca / Consulta previa a comunidades indígenas/ Consulta previa específica a comunidades étnicas requiere demostración afectación directa/ No se evidenció afectación a comunidades étnicas en razón de tratarse de medidas generales/Deniega/ 19001230000120090024100/ MP Carmen Amparo Ponce Delgado.
ACCIONES ORDINARIAS (Sistema oral)
15. AUTO ADMISORIO/ MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ley 1437-11/ Reliquidación pensional/ La conciliación judicial no es un requisito de procedibilidad en asuntos laborales que recaigan sobre derechos ciertos e indiscutibles/Admite demanda/ 19001233300220130017600/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
16. APELACIÓN AUTO/ Medio de control Reparación directa/ Ley 1437-11/ El auto por medio de cual se declara la falta de jurisdicción y se remite al juez competente no es susceptible del recurso de apelación - artículo 243 del CPACA/Improcedencia/ Se ordena al a quo resolver el recurso de reposición/ 19001333100120120025401/ MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
17. SENTENCIA[1]/ MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ley 1437 de 2011/ Tema 1: Reconocimiento de Pensión de jubilación por aportes/ Los tiempos de servicio acreditados dentro del sumario permiten reconocer el derecho de la pensión de jubilación por aportes / Tema 2: Sustitución pensional – pensión de sobrevivientes/ Accede a pretensión/ Concede/19001333100820120014600/MP Naún Mirawal Muñoz Muñoz.
18. AUTO DE SALA PLENA/MEDIO DE CONTROL EJECUTIVO/ Ley 1437 de 2011/Demanda ejecutiva por Incumplimiento de sentencia expedida en vigencia del sistema escritural con demanda ejecutiva presentada en vigencia del sistema oral/ Conflicto negativo de competencia entre los Juzgados Cuarto Administrativo -sistema oral, y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán- sistema escritural/El proceso debe ser conocido por el Juzgado Cuarto Administrativo/19001233300120130000201/MP David Fernando Ramírez Fajardo.
19. SENTENCIA/ MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ley 1437 de 2011/Sanción tributaria/ Tema central: omisión de suministro de información en medios magnéticos o información exógena en materia de renta y complementarios/ No prescribió la facultad sancionatoria de la administración tributaria/Tema 2: Sobre la proporcionalidad y la razonabilidad en la graduación de la sanción impuesta/La Sala considera que la manera en que se aplicó la sanción y su forma de graduarla sí se encuentra debidamente fundamentada, corresponde a las pautas legales y jurisprudenciales y no desconoce los principios de razonabilidad y proporcionalidad/ Tema 3: estado patrimonial del contribuyente para pagar la sanción/Deniega/19001233300320120036600/ MP Carlos Hernando Jaramillo Delgado.
Acción: De Grupo - Segunda instancia
Sentencia: 03 de abril de 2013
Expediente: 19001333100520120020301
Tema tratado: Tema principal: Caducidad de la acción/Derechos de semaforización cobrados por el Municipio/ Tema 2: La acción de grupo no aplica para revivir términos ya vencidos de acciones ordinarias que debieron incoarse en su momento/ Tema 3: La acción de grupo no resulta procedente para reclamar la indemnización de perjuicios derivados de actos administrativos/Revoca fallo del a quo/Declara caducidad.
“La acción de grupo se presentó 18 de mayo de 2011, incurriéndose en la posición que se rechaza en los pronunciamientos precitados del Consejo de Estado, extemporaneidad. No puede suplirse la omisión que llevó a la caducidad de la acción ordinaria con la proposición de la acción de grupo. Como lo dijera el Consejo de Estado la acción de grupo “no tiene la virtualidad de revivir términos ya vencidos y afectados por tal fenómeno (caducidad)” (…) Los acuerdos mencionados datan de 7 de diciembre de 2005, 3 diciembre de 2008 y 24 diciembre de 2009. La demanda fue interpuesta el 18 de mayo de 2011, luego los dos primeros acuerdos ya habían sobrepasado hasta los dos años de la caducidad de la acción de grupo general y el del 2009 solo tenía posibilidad de ser demandado con efecto de restablecimiento hasta el 25 de abril de 2010, con lo cual también se encuentra caducado (…) Así, entonces en relación con los problemas planteados, se define que la presente acción de grupo no es procedente por haber operado el fenómeno de la caducidad, según el análisis y preceptos expuestos. Por tanto no es posible fallar de fondo, sobre el petitorio de la actora y la sentencia de primera instancia será revocada, pero declarada la caducidad”
Sentencia: 23 de abril de 2013
Expediente: 19001233300220130019200
Tema tratado: Habeas data y buen nombre/Información contenida en la base de datos de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional no constituye antecedentes disciplinarios/Concede.
“En razón a lo anterior, si bien las instituciones deben mantener un registro de las actuaciones, procedimientos y actividades realizadas con ocasión del servicio público que prestan, esta información no puede ser catalogada como antecedentes, ni mucho menos mantenerse en la indefinición, pues tal situación desconoce los principios en que se sustenta el derecho al buen nombre de las personas. Teniendo en cuenta lo anterior, si bien la entidad accionada expuso como argumento de su defensa que la información contenida en la base de datos de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional no constituye antecedentes disciplinarios, penales o administrativos, esta situación no es coherente con la información suministrada en la Constancia de 12 de marzo de 2013, expedida por la referida Oficina, pues en dicho documento se informa que el accionante, “quien presta sus servicios en la Seccional de Protección Decau le figuran los siguientes antecedentes”. Así las cosas, la información contenida en la base de datos de la Oficina de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional no responde a la realidad, pues como quedó demostrado dentro del sub lite, el accionante no reporta ningún antecedente disciplinario, administrativo o penal, según las certificaciones expedidas por la Oficina de Control Interno Disciplinario del Departamento de Policía Cauca y el Juzgado 183 de Instrucción Penal Militar DECAU. (…) Teniendo en cuenta lo dispuesto por la precitada disposición legal, la posición asumida por la entidad accionada de mantener una información contraria a la realidad en la base de datos de la Oficina de Atención al Ciudadano, desconoce los derechos fundamentales al habeas data y el buen nombre del señor ALEXANDER CIFUENTES TRUJILLO, pues contrario a lo señalado por la Oficina de Control Interno Disciplinario, dependencia autorizada por la Ley para registrar las sanciones disciplinarias a efectos de la expedición del certificado de antecedentes, el accionante no tiene antecedentes disciplinarios. En virtud de lo anterior, se concederá el amparo del derecho al habeas data y el buen nombre de la accionante, y como consecuencia de ello, ordenará a la Oficina de Atención al Ciudadano del Departamento de Policía Cauca, que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir de la notificación del presente fallo, retire, si aún no lo ha hecho, el reporte de los antecedentes que reposan en la base de datos de dicha dependencia”
Sentencia: 22 de abril de 2013
Expediente: 19001333100620130004201
Tema tratado 1: Cumplimiento de fallo ordinario por vía de tutela/ Procedencia excepcional de la tutela/ Tema principal: Reliquidación de pensión/Persona de la tercera edad/Sujeto de especial protección constitucional/Concede.
“El Código de Procedimiento Civil en los artículos 488 y siguientes, consagra la posibilidad de exigir la ejecución de las providencias judiciales a través del ejercicio de la acción ejecutiva ante la jurisdicción competente según el caso, mecanismo ordinario de defensa judicial, de conformidad con lo previsto en el ordenamiento procesal. Regulación que además es plenamente aplicable en la jurisdicción de lo contencioso administrativo en virtud del artículo 306 del CPACA. (…) Por tanto, en principio se debe acudir a la vía ordinaria para exigir el cumplimiento de una decisión judicial y sólo cuando esa vía no sea lo suficientemente idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales que se encuentran vulnerados o amenazados por la tardanza en la ejecución de las providencias judiciales, deviene en procedente la tutela. (…) Bajo estas consideraciones se determina que hay un precedente claro en el sentido de que sólo excepcionalmente por vía de la acción de la tutela se puede exigir el cumplimiento de una decisión, y siempre que se acredite un perjuicio irremediable tratándose de obligaciones de hacer –un reintegro en un cargo- o de dar –pagar unas acreencias laborales por ejemplo-. (…) No obstante lo anterior, atendiendo a las particularidades del caso, esto es, que la accionante es una persona de la tercera edad, por tanto es un sujeto especial de protección constitucional, pues en la actualidad tiene 72 años, y a que con la disminución de la mesada pensional se afecta su mínimo vital, ya que por este concepto percibe menos de un SMMLV, la presente acción constitucional resulta eficaz para garantizar los derechos fundamentales conculcados (…) En efecto, esta Sala estima, que el proceso ejecutivo no es el mecanismo idóneo para la protección de los derechos fundamentales que se observan vulnerados, debido a las actuales condiciones económicas y sociales de la accionante, por tanto pretender que ésta se someta a un nuevo proceso judicial para garantizar el goce pleno de sus derechos no es consecuente con el acceso a la administración de justicia”.
Tema tratado 2: Cumplimiento de fallo ordinario por vía de tutela/ Procedencia excepcional de la tutela/ Tema reliquidación de pensión/Tema 2: La Entidad introduce un elemento nuevo no controvertido en el proceso ordinario que reduce la pensión/Violación del debido proceso/Concede.
“El 28 de abril de 2011 la accionante solicitó el cumplimiento de los fallos anteriormente referidos, en consecuencia de ello CAJANAL expidió la Resolución No UGM 043688 DE 2012 mediante la cual pretendió cumplir con las sentencias, sin embargo lo que realmente efectuó fue una reducción del 35 por ciento de su mesada pensional que pasó de $ 1.240.508.44 a $ 774.551.55. (…) aunque formalmente se dio cumplimiento a lo ordenando por el fallo, CAJANAL EICE en Liquidación introdujo un elemento nuevo a la hora de reliquidar la prestación social, el cual no había hecho parte del proceso contencioso administrativo y que altera las bases en las que el mismo se fundó. Es claro, que si la discusión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho pretendía esclarecer cuáles eran los factores salariales y el monto de éstos para liquidar la pensión de jubilación de la accionante, el certificado de factores salariales devengados durante el último año es una prueba de capital importancia dentro de la discusión, por tanto la utilización de unos certificados diferentes a los que militaron dentro del debate probatorio desconoce la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada, ya que indirectamente está reabriendo el debate que se dio en el proceso ordinario. Ahora, la UGPP no puede trasladar a la demandante las consecuencias al desorden administrativo (sic), pues todo indica que la divergencia en la información contenida en los diferentes certificados de factores salariales se debe a que esta entidad no ha realizado en debida forma el archivo de los documentos que tiene bajo su guarda, protección y custodia”
Sentencia: 29 de abril de 2013
Expediente: 19001333100620130007901
Tema tratado: Comunidad Indígena/ Ingreso de indígena al Programa del Gobierno Familias en acción/Requisitos de la Ley 1532 de 2012 /Decisión del resguardo de no avalar al solicitante no puede ser contradicha por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social /El juez constitucional debe respetar la autonomía indígena constitucional/No se aprecia vulneración de derechos fundamentales/Confirma.
“En esa medida, se observa que el Resguardo Indígena de San Andrés de Pisimbalá, tal como lo expresa el tutelante (fl. 2) y lo informa el Gobernador del Resguardo (fl. 110), en asamblea comunitaria conforme sus usos y costumbres y de acuerdo a la facultad que le otorga la ley se reunió para avalar a las familias que estuviesen en situación de pobreza extrema y además figuraran en el listado censal de dicha comunidad, para que aquellas pudieran ser preinscritas al programa de “Familias en Acción”. De lo anterior, se tiene que el señor CORPUS ACHICUE PENCUE no fue avalado por la asamblea comunitaria para acceder al beneficio de “Familias en Acción” y por ende, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL no puede contravenir esa determinación, desconociendo que en el caso de las familias indígenas uno de los requisitos para ingresar al programa es contar con el aval de su comunidad. En otros términos, no se demuestra que el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL se haya negado a efectuar la inscripción por una actuación deliberada y caprichosa, porque se reitera que la inclusión en ese programa es algo que se da con la consulta y concertación de la comunidad indígena, acatando los postulados legales y derechos inherentes a ese grupo poblacional. Ahora, frente a la decisión adoptada por la asamblea comunitaria del Resguardo de San Andrés de Pisimbalá de no avalar al señor CORPUS ACHICUE PENCUE y a su grupo familiar para ser inscrito como potencial beneficiario del programa “Familias en Acción”, se infiere que ello obedece a un conflicto interno que se ha suscitado por la renuncia del tutelante al censo del Resguardo (fl. 111) y de lo informado por el Gobernador del Cabildo, se comprende que esa situación aún está en vía de ser resuelta por cuanto esa decisión implica alejarse de los derechos y obligaciones que tienen los miembros del Resguardo, partiendo de sus usos y costumbres. Sobre el particular esta Corporación como juez constitucional observa que no está habilitada para intervenir en la decisión adoptada por la asamblea comunitaria del Resguardo de San Andrés de Pisimbalá con base en los principios y la jurisprudencia referida en esta providencia. No se prueba que con la falta de inclusión en el Programa Familias en Acción se esté presentando una situación vulneradora de derechos fundamentales que haga procedente el amparo constitucional con la limitación de la autonomía indígena que ello implicaría”.
Sentencia: 11 de abril de 2013
Expediente: 19001233170120040225201
Tema tratado 1: Tema Principal: Liquidación judicial del contrato/ Faltan elementos probatorios para poder realizar la liquidación judicial/Deniega pretensiones.
“No obstante, revisado todo el material probatorio que obra en el expediente, se tiene que no obra documento alguno que permita establecer con absoluta certeza los valores efectivamente pagados por las entidades demandadas y recibidos por CAPRECOM en desarrollo del contrato CRS-204 de 2004, para de esta forma proceder a su liquidación judicial. Fuera de los distintos oficios remitidos entre una y otra entidad - ya relacionados en el capítulo de pruebas allegadas - en los cuales se requiere y se insiste en proceder a la liquidación del contrato, al igual que en la forma en que debe llevarse a cabo, no existe probanza alguna que permite inferir los valores y saldos a favor o a cargo de ellas. Máxime si se tiene en cuenta que el mismo contrato dispuso en el parágrafo de la cláusula novena que el valor a pagar quedaría supeditado a la acreditación por parte de las entidades territoriales de la afiliación efectiva en los plazos y condiciones previstas en el Acuerdo 114 del CNSSS, de lo cual no hay prueba alguna. Así las cosas, resulta imposible determinar a ciencia cierta cuál es el saldo efectivamente adeudado por las entidades demandadas a CAPRECOM EPS por la ejecución del referido contrato CRS-204 de administración de recursos del régimen subsidiado de salud. Dicha situación, a juicio de la Sala, impide llevar a cabo en una forma confiable y acertada la liquidación judicial del referido contrato, por lo que se impone negar las pretensiones de la demanda”.
Tema tratado 2: Liquidación judicial del contrato/ Tema 2: De los hechos de la demanda se extrae que la pretensión era la liquidación judicial, así expresamente no se haya pedido en la demanda /No implica fallo ultra o extrapetita como lo determinó el Aquo/
“Al efectuar una revisión detenida de las pretensiones esgrimidas por la parte demandante, la Sala encuentra que si bien no figura expresamente la de liquidar judicialmente el contrato, de los hechos de la demanda se extrae que desde un principio dicha liquidación judicial era lo pretendido, lo que se corrobora al leer el poder que el representante legal de CAPRECOM otorgó para instaurar la respectiva acción, cuando se faculta al apoderado para “que en nombre de la Entidad que represento, inicie y lleve hasta su culminación la Acción Contractual contra el Municipio de Padilla y la Dirección Distrital de Salud del Cauca, tendiente a obtener la liquidación judicial de los contratos (sic) No. CRS 204 de 2001, en el cual se indique la suma que queda debiendo el demandado”, por lo que la Sala entiende, contrario a lo determinado por el A quo, que entrar a estudiar el contenido del expediente a fin de establecer la viabilidad de llevar a cabo la liquidación judicial del contrato no constituye, en forma alguna, un fallo ultra o extra-petita, en tanto que, como se ha examinado, tal pretensión deviene incluida tácitamente en el texto de la demanda”.
Sentencia: 04 de abril de 2013
Expediente: 19001333100620030030701
Tema tratado 1: Lesiones de estudiante al ser arrollado por una retroexcavadora de propiedad del municipio/Tema central: Concurrencia de culpas entre la víctima y el plantel educativo/No se configuró culpa exclusiva de la víctima/ Revoca fallo del A quo que había declarado culpa exclusiva.
“Planteado lo anterior, debe revisarse si conforme al material probatorio obrante en el expediente, puede predicarse la causal de exoneración de responsabilidad declarada por la A quo, reseñada como la “culpa exclusiva de la víctima”, como la causa única, exclusiva y adecuada del daño irrogado al actor. En este orden de ideas, para la Sala no cabe duda que al conductor de la motocicleta – JHON FILLER BUITRÓN SOLARTE - no se le debe cargar la responsabilidad absoluta, considerando que él asumió exclusivamente el riesgo que implica el desarrollo de la actividad peligrosa, puesto que si bien el vehículo automotor conducido por la víctima pertenecía a un particular, lo cierto es que al estar al servicio de la institución educativa en ese momento, su guarda fue asumida por el centro colegial y, por consiguiente, el alumno BUITRÓN SOLARTE quedó integrado a la actividad desplegada el día de los hechos por el Instituto Técnico Agropecuario y Forestal SMURFIT Cartón de Colombia de El Tambo (C).Itera la Sala, que no puede en el caso concreto desligarse la responsabilidad del referido plantel educativo, bajo el entendido de que la impericia del conductor de la moto fue una causa exclusiva en la materialización del daño hoy demandado, dado que existía un conocimiento y aprobación respecto de la realización de dicha actividad por parte de un docente de la institución, y con el fin de cumplir con una actividad ligada al plantel; luego, entonces, lo cierto es que al estar al servicio de la institución educativa en ese momento, la guarda de la mencionada actividad peligrosa respecto de la que se materializó el riesgo, fue asumida por el centro colegial, recalcándose aún más la posición de garante frente a su alumno (…) Así las cosas, la falencia en la que incurrió el señor Buitrón Solarte, no es la causa exclusiva y excluyente del daño por él sufrido, pues si bien concurrió de manera determinante en su producción, no se puede obviar –como ya se explicó- que la Institución educativa incumplió con el deber al cual se encontraba sujeta, y asumió la custodia de la actividad peligrosa, situación que también contribuyó con el resultado ya descrito: las lesiones del señor BUITRON SOLARTE. Si bien su actuación fue preponderante en la producción de su propio daño, dicho factor no es excluyente de la responsabilidad que le cabe al plantel educativo, por lo que es evidente que se presentó una concausa en la materialización del hecho dañoso”.
Tema tratado 2: Del daño a la salud/ El daño a la salud desplaza a las demás categorías de daño inmaterial, como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia, antes denominado daño a la vida de relación/ La secuela de una “LUXO FRACTURA DE FEMUR DERECHO”, conforme a dictamen de la Junta de calificación de invalidez hace evidente el daño a la salud.
“En cuanto a la pretensión de la demanda de reconocer al lesionado una compensación por “…la pérdida total de su goce fisiológico o vida de relación, al quedar con una lesión grave de por vida en su pierna izquierda, lo que le impedirá desarrollarse plenamente en su vida como cualquier ser humano…”, la cual estimó en un monto de 400 S.M.L.M., la Sala precisa que mediante sentencia del 14 de septiembre de 2.011 con ponencia del Dr. Enrique Gil Botero, el Consejo de Estado dispuso que el daño a la salud desplaza a las demás categorías de daño inmaterial, como lo son la alteración grave a las condiciones de existencia - antes denominado daño a la vida de relación - precisamente porque cuando la lesión antijurídica tiene su génesis en una afectación negativa del estado de salud, los únicos perjuicios inmateriales que hay lugar a reconocer son el daño moral y el daño a la salud. Por lo anterior, y de conformidad con la certificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, en la que se determinó la pérdida de la capacidad laboral del señor JHON FILLER BUITRÓN SOLARTE en un 9.97% como secuela de una “LUXO FRACTURA DE FEMUR DERECHO” se hace evidente el daño a la salud. Así pues, se reconocerá a favor del directo afectado la suma de TREINTA (30) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($17’685.000.oo) M/CTE., que menos el 60% totalizan en DOCE (12) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que equivalen a SIETE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS MCTE. ($7.074.000.)
Sentencia: 25 de abril de 2013
Expediente: 19001233170220060002701
Tema tratado 1: Internos/ Autolesiones/ Esquizofrenia/Falta de tratamiento especializado y vigilancia por parte de la Entidad carcelaria/ Revoca decisión del a quo.
“Obra en el expediente prueba documental que demuestra que el citado actor desde su inició al ingreso del establecimiento carcelario de la ciudad de Popayán, manifestó haber recibido tratamiento siquiátrico y de los hechos que antecedieron a la fecha anotada en la demanda 7 de septiembre de 2006, el actor consultó por lesiones en su cuerpo hechas por el mismo, pero también se prueba que fue objeto de investigaciones y sanciones disciplinarias por cometer faltas e incurrir en prohibiciones contenidas en la ley 65 de 1993, como agredir a sus compañeros con armas prohibidas, poseer para su consumo marihuana, dañar y destruir los bienes de los cuales se ha dotado para su permanencia en el establecimiento carcelario, como el planchón, colchoneta, cobijas uniforme, sanitario etc, todo lo anterior ocurrido por las fechas anteriores al 7 de septiembre de 2006, una vez ocurridas fueron conductas investigadas y sancionadas por el INPEC. Ahora bien, contrario a lo dicho por el Ad quo se tiene que para la fecha 7 de septiembre de 2006 aparece un informe que contiene anotación de intento de suicidio al lesionarse el interno en parte de su cuerpo (Cuello) y recibe tratamiento por urgencias, se le hace asepsia y antisepsia y puntos de afrontamiento 7; documento que fuera aportado por el INPEC y relacionado en oficio allegado el 31 de octubre de 2008 al expediente, folio 26 del cuaderno de pruebas, como parte de la historia clínica del actor JAMES GALINDO ALVAREZ (…) La Sala no desconoce que el INPEC le brindó atención médica y sicológica, pese a ello la patología ya descrita desde el ingreso estuvo sin tratamiento especializado hasta la citada fecha y ello se corrobora con las diferentes conductas de agresividad y estados de depresión, que fueron nuevamente objeto de evaluación en el año 2008 por parte del especialista en psiquiatría, reafirmando que el padecimiento del actor es la ESQUIZOFRENIA. Denota entonces la historia clínica del actor que el INPEC tenía conocimiento de su padecimiento desde el ingreso, que en las consultas por urgencia, el médico tratante evidenció la necesidad de ser evaluado por siquiatría, pese a ello transcurrió tiempo, tiempo en el cual el interno se autoagredia (persona que por su estado debía estar más vigilada y tratada) y sólo para el mes de noviembre de 2006 es que es evaluado y medicada su enfermedad. Con lo anterior queda demostrado el deterioro en su salud mental y en uno de esos estados es que se produce la autolesión para el día 7 de septiembre de 2006. En suma, queda demostrado que el INPEC omitió uno de sus deberes cual era la de brindarle al interno el servicio de salud requerido de manera oportuna y así tratar medicamente la enfermedad que lo aquejaba, producto de ella, el actor se autolesionó el día 7 de septiembre de 2006. Por las anteriores razones la sentencia del ad quo será revocada”.
Tema tratado 2: Internos/ Autolesiones/ Esquizofrenia/Daño a la salud/ El reconocimiento de este daño no se ordena en dinero / Se ordena como medida resarcitoria que se le realice al actor una nueva valoración psiquiátrica, debiendo la entidad carcelaria velar por el cabal cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el galeno tratante, incluyendo si se considera necesario, en criterio del especialista, la internación del actor en un anexo psiquiátrico.
“En el caso concreto y acogiendo este criterio de daño a la salud como tipo de perjuicio inmaterial, la Sala considera que de acuerdo con la normatividad vigente ya citada y la posición de la jurisprudencia relativamente reciente del H. Consejo de Estado, y como queda demostrado el incumplimiento del contenido obligacional por parte del INPEC, el reconocimiento de este daño no se ordenará en dinero, sino la orden consistirá en la obligación de hacer que se impartirá a continuación así: Teniendo en cuenta que desde mayo 10 de 2008, la psiquiatra de la institución penitenciaria recomendó la reubicación del interno a otro patio o que fuera remitido a anexo psiquiátrico, según se constata en el informe presentado por el Médico Coordinador de Sanidad, y no obra en el expediente examen de la Junta de Calificación de Invalidez que permita corroborar las condiciones mentales del interno en la actualidad, se ordenará como medida resarcitoria que se le realice al actor una nueva valoración psiquiátrica, debiendo la entidad carcelaria velar por el cabal cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el galeno tratante, incluyendo si se considera necesario, en criterio del especialista, la internación del actor en un anexo psiquiátrico. Para ello se concederá un término de diez (10) días a la ejecutoria para la cita con el especialista en psiquiatría y un (1) mes para el traslado al anexo siquiátrico si la recomendación médica así lo dispone, término que se contará al día siguiente de la valoración médica”.
Expediente: 19001233170220100010100
Tema tratado: Privación injusta de libertad/En el sub judice se encuentra jurídicamente justificada/Los procesados penalmente actuaron de manera irregular, imprudente, irresponsable y descuidada/No hubo intención de colaborar con la justicia/ Se configuró el hecho exclusivo de la víctima como causa excluyente de imputación/Precedentes del Consejo de Estado/Deniega.
“Como quiera que en el presente asunto se encuentra acreditado que la decisión a la que arribó la Fiscalía General de la Nación, estuvo fundada en el manejo irregular, imprudente, irresponsable y descuidado, que según las probanzas arriba mencionadas, YANETH REDONDO PAQUE, XIMENA VICTORIA REYES GARCIA y CAMILO CARO dieron a los recursos públicos que merecen el máximo deber de cuidado; conllevando gracias a su actuar, a poner en movimiento el aparato judicial y de esta manera originar de manera cierta, exclusiva y determinante, la consumación del hecho dañino o que se demanda y se acredita, esta Sala arriba a la conclusión que la privación de la libertad que debieron soportar YANETH REDONDO PAQUE, XIMENA VICTORIA REYES GARCIA y CAMILO CARO, según las probanzas arriba relacionadas, se encuentra jurídicamente justificada en relación con las particularidades propias del caso, siendo entonces su vinculación y las decisiones adoptadas dentro del proceso penal por el ente acusador, acordes y necesarias con la realidad procesal. Es necesario igualmente destacar que iniciados los procesos penales seguidos en contra de YANETH REDONDO PAQUE, XIMENA VICTORIA REYES GARCIA y CAMILO CARO, dentro de parte del transcurso del mismo, los actores estuvieron ausentados de los sumarios a ellos adelantados, demostrando con su actuar la no intención de colaborar con la justicia y el desapego a esclarecer los hechos motivo de investigación. Los demandantes, sindicados del delito de peculado por apropiación estuvieron evadidos de la justicia, y sólo se presentaron ante ella, cuando tenían conocimiento cierto que a su favor se les había concedido el beneficio de detención domiciliaria. Así entonces, esta Corporación, concluye que la decisión que condujo a la Fiscalía General de la Nación a privar de la libertad a YANETH REDONDO PAQUE, XIMENA VICTORIA REYES GARCIA y CAMILO CARO, fue originada propia y exclusivamente por los mismos demandantes quienes con su comportamiento abiertamente desordenado, descuidado e irresponsable, situaron en peligro los recursos públicos pertenecientes al Municipio de Corinto, Cauca, y además de la conducta por ellos asumida, una vez fueron enterados del proceso penal que se les adelantaba. Por ello, esta Sala con fundamento en los hechos que se acaban de relacionar, considera demostrado el hecho exclusivo de la víctima como causa excluyente de imputación, pues fueron los comportamientos de YANETH REDONDO PAQUE, XIMENA VICTORIA REYES GARCIA y CAMILO CARO los que condujeron a que la Fiscalía abriera investigación en su contra por su presunta participación como autores del delito de peculado por apropiación. Cabe resaltar que en los juicios de responsabilidad patrimonial del Estado por las acciones u omisiones de la Rama Judicial procede también el análisis de los llamados eximentes, o mejor excluyentes de imputación, tales como la fuerza mayor, el hecho exclusivo del tercero y el hecho exclusivo de la víctima, como quiera que estos eventos integran esta institución jurídica y definen los elementos generales que la edifican. En efecto, la Máxima Instancia de lo Contencioso Administrativo ha precisado en abundantes providencias que cuando se demuestra que el daño provino de un evento constitutivo de fuerza mayor, hecho del tercero y el hecho de la víctima, la imputación no se configura y, por ende, no procede declarar la responsabilidad que se demanda”
Sentencia: 18 de abril de 2013
Expediente: 19001233170220040196601
Tema tratado: Sanción moratoria por la no consignación en los Fondos privados del auxilio de cesantía/Término de caducidad/Cuatro meses siguientes a la ejecutoria del acto que reconoce, modifica o extingue el derecho /El actor desde la notificación del acto supo el régimen retroactivo aplicado por la Entidad y nunca lo controvirtió/Con nueva solicitud no se pueden revivir términos para incoar acción judicial/Revoca decisión del a quo.
“Considerando que en el presente asunto, lo pretendido por la parte actora es la sanción moratoria por la no consignación en los Fondos privados del auxilio de cesantía, debe la Sala precisar inicialmente, que se trata de un derecho que no puede ser reclamado en cualquier tiempo, pues es claro que este tipo de acción está sometido a un término de caducidad, es decir dentro de los cuatro meses siguientes a la ejecutoria del acto que reconoce, modifica o extingue el derecho. Ahora bien, es evidente que desde la fecha en que le reconocieron las cesantías definitivas, el actor fue consciente del régimen aplicado, es decir, con la notificación del acto administrativo que reconoció sus cesantías definitivas, el actor tuvo conocimiento que estas fueron liquidadas con base en el sistema retroactivo, así expresamente lo afirma en los hechos de la demanda, sin embargo guardó silencio al respecto y recibió la suma liquidada sin manifestar ninguna inconformidad sobre el sistema aplicado y la liquidación efectuada. Por ende, si el actor no estaba conforme con el régimen aplicado por la administración, le correspondía en vía judicial solicitar el reconocimiento y reliquidación de sus cesantías definitivas con base en el sistema anualizado, acusando la Resolución 2209 de 2001 expedida por el Municipio de Popayán, y como consecuencia solicitar el pago de la sanción moratoria consagrada en la ley 50 de 1990, pues es claro que la prosperidad de las pretensiones incoadas dependían directamente del régimen de cesantías aplicable; no obstante aceptó la liquidación de las mismas con base en el régimen retroactivo, a pesar de ser un sistema sustancialmente distinto al que hoy pretende se le reconozca. Posteriormente y dejando pasar más de dos años, el actor presenta una nueva reclamación, y demanda en acción de nulidad y restablecimiento del derecho la respuesta dada por la administración municipal, sin embargo estos actos administrativos no pueden ser analizados por la Sala, pues es claro que con la solicitud formulada en el 2004 se pretendió revivir los términos de caducidad consagrados en el art. 136 del C.C.A., a pesar que el auxilio de cesantías no es una prestación de carácter periódico para que proceda su demanda en cualquier tiempo. Respecto al tema y concretamente, a las peticiones que se elevan frente a decisiones que ya se encuentran en firme, el H. Consejo de Estado en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que ni dichas solicitudes, ni la respuesta que la administración emite frente a ellas, tienen la fuerza de revivir los términos para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, quedando claro con lo anterior, que ante una decisión de la Administración, se abre para el administrado la posibilidad de controvertir lo que ésta dispone, no obstante tanto los recursos procedentes como la respectiva demanda tienen unos términos tras los cuales se entiende que si la decisión de la entidad estatal no fue objeto de controversia, la misma queda en firme, imposibilitando al actor para solicitar una decisión de fondo sobre el mismo hecho. Conforme lo reseñado, se concluye, que el hecho de que la entidad demandada haya dado respuesta a la solicitud presentada por la parte actora en el 2004, emitiendo un nuevo acto, en nada cambia el pronunciamiento de la administración contenido en la resolución que había reconocido y liquidado sus cesantías definitivas con base en el sistema retroactivo, acto que se reitera, fue conocido en su oportunidad por el actor, por ende no es posible pretender revivir mucho tiempo después un acto que ya se encontraba en firme”.
Expediente: 19001233170220060010701
Tema tratado: Contribución de valorización/Cobro coactivo/El acto administrativo no puede servir de título ejecutivo contra la parte actora ya que en él nunca se estableció su condición de deudora ni se le dio oportunidad de agotar la vía gubernativa/Confirma deciisón del a quo.
“…está plenamente demostrado que la CONSTRUCTORA ALPES no fue vinculada al proceso administrativo que fijo la contribución de valorización, ni mucho menos se la señaló como sujeto pasivo de la obligación, pues se repite, la Resolución que sirvió como título ejecutivo para iniciar el cobro coactivo señala a la SOCIEDAD JORDANES B EN C como deudora de la contribución impuesta, privando a la entidad actora de participar y ejercer el derecho de contradicción que le asistía como propietaria del predio, razón que motivó a la Constructora en su oportunidad legal a proponer la excepción de VIOLACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO QUE DA NACIMIENTO INEFICAZ, ILEGAL E INEXISTENTE DE LA ACCION EJECUTIVA contra el mandamiento de pago. Así las cosas puede predicarse en este caso, que el título ejecutivo, génesis del mandamiento de pago, carece de fuerza ejecutoria en contra de LA CONSTRUCTORA LOS ALPES S.A., toda vez que la Resolución No.5334 de 1998 menciona como sujeto pasivo de la obligación a la SOCIEDAD JORDANES G EN CE y conforme al análisis realizado, no es posible que esta misma resolución pueda servir como título para ejecutar a la CONSTRUCTORA LOS ALPES, cuando no se estableció en el trámite para agotar vía gubernativa su condición de deudora del ente territorial, ni mucho menos se le dio la oportunidad de agotar la vía gubernativa establecida para los actos administrativos. Por otra parte se tiene que al motivar su decisión, el Juez de primera instancia mencionó la Resolución No. 5335, pero seguidamente advierte que la actora cometió un yerro al indicar dicha resolución como el acto génesis del cobro coactivo, pues se acreditó en el proceso que el título ejecutivo lo conformaba la Resolución 5334 de 1998 y es este acto el que se revisó finalmente para resolver el asunto debatido, posición que comparte la Sala pues la alusión en la demanda de la Resolución 5335 constituye simplemente un error de transcripción que no puede en modo alguno impedir un análisis de fondo, máxime cuando ni siquiera constituye el acto acusado. En este orden de ideas la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia que declaró la nulidad de los actos acusados”.
Expediente: 19001230000120070029201
Tema Tratado: Reliquidación de asignación de retiro/ Para determinar si efectivamente la aplicación de uno u otro sistema resulta más beneficioso a los intereses del pensionado deben haber elementos probatorios no obra certificación alguna que pruebe el valor recibido por el demandante como concepto de asignación, ni el porcentaje de incremento que tuvo en cuenta la entidad demandada para reajustar su pensión, circunstancia que imposibilita a la Sala para realizar la comparación entre el aumento realizado conforme al régimen de oscilación y el aumento conforme al sistema del IPC respecto de aquellas anualidades, a fin de determinar la viabilidad de la pretensión//Revoca decisión del a quo y niega pretensiones.
“Ahora, la posibilidad de acceder al reajuste pasa porque se realice un análisis comparativo de los dos sistemas de ajuste pensional, para así determinar cuál régimen resulta más favorable, ejercicio que exige la acreditación de los valores reconocidos como asignación de retiro, año a año, en el sub examine desde el año de 1998 hasta 2004, pues no de otra manera puede establecerse si efectivamente la aplicación de uno u otro sistema resulta más beneficioso a los intereses del pensionado. Sin embargo, en el caso concreto no obra certificación alguna que pruebe el valor recibido por el demandante como concepto de asignación, ni el porcentaje de incremento que tuvo en cuenta la entidad demandada para reajustar su pensión, circunstancia que imposibilita a la Sala para realizar la comparación entre el aumento realizado conforme al régimen de oscilación y el aumento conforme al sistema del IPC respecto de aquellas anualidades, a fin de determinar la viabilidad de la pretensión. Si bien es cierto a folios 12 a 16 del cuaderno principal, obran una serie de documentos allegados con la demanda con el fin de acreditar los valores cancelados al actor, es preciso indicar que estos no dan certeza sobre dicha situación, toda vez que además de no especificarse el año al que corresponden, no cuentan con la firma del funcionario competente que convalide dicha información. En este punto es preciso recordar que el artículo 177 del C.P.C., establece que la carga de la prueba consiste en una regla de juicio que le indica a las partes la responsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las pretensiones o a la defensa resulten probados; en este sentido, en relación con los intereses de la parte demandante, debe anotarse que quien presenta la demanda, sabe de antemano cuáles hechos le interesa que aparezcan demostrados en el proceso, para que los derechos le sean reconocidos y no obstante que el juez puede ejercer las facultades probatorias de oficio, no está llamado a suplir dichas cargas de las partes en ese sentido. Por ello, no comparte la Sala la posición del A quo de acceder a las pretensiones en esas circunstancias de ausencia de prueba sobre los aspectos determinantes de la decisión, bajo la fórmula de deferir en la entidad demandada la realización del ejercicio comparativo, determinar si hay diferencias en los resultados de la aplicación de uno y otro sistema y, en el evento de que fuera inferior el resultado con oscilación, disponer el reajuste y el reconocimiento de las diferencias a que hubiera lugar, como si estuviera en manos de la administración, en este caso CASUR, la definición del conflicto sometido ya a la jurisdicción. Como se ha dicho, debía el actor demostrar en este proceso la existencia de esas diferencias afirmadas en la demanda, y como no lo hizo la decisión estará porque se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la nulidad del acto demandado y ordenó a CASUR reliquidar la asignación de retiro del actor con base en el sistema de variación del IPC (Ley 100 de 1.993, artículo 14)”.
Sentencia: 17 de abril de 2013
Expediente: 19001333100420090026201
Tema tratado: Solicitud de reajuste de asignación de retiro con incremento del porcentaje de prima de actividad/ El sustento del recurso de apelación no es consistente con el contenido de la demanda y de la sentencia apelada/ /Confirma decisión del a quo.
“En el sub lite, el actor demandó el reajuste de su asignación de retiro con incremento del porcentaje de prima de actividad incluido en la base liquidatoria de la misma, (i) del 15% al 33% a partir de la entrada en vigencia del Decreto 4433 de 2.004, bajo el argumento de que este Decreto implicó la derogatoria de los porcentajes establecidos para la prima de actividad en el Decreto 1211 de 1.990, teniendo que reconocérsele entonces por dicho concepto, el porcentaje que devengaba en actividad al tiempo de su retiro; y (ii) del 37.5% al 49.5%, a partir del 1º de julio de 2.007, de acuerdo con en el Decreto 2863 de 2.007, que modificó el decreto salarial del mismo año y dispuso el incremento de la prima de actividad tanto para el personal en actividad como para el personal en goce de asignación de retiro en un porcentaje del cincuenta por ciento aplicado sobre el porcentaje en que la estuvieran devengando. La decisión de primera instancia negó las pretensiones al considerar que el actor no tenía derecho al reajuste de su asignación de retiro con incremento del porcentaje reconocido como prima de actividad, pues, de un lado, el Decreto 4433 de 2.004 no le era aplicable si su retiro y el reconocimiento de su asignación ocurrieron en vigencia del Decreto 612 de 1.977 constituyendo ello una situación consolidada e inalterable por efectos del nuevo ordenamiento, y de otro, por cuanto, el único incremento autorizado (Decreto 1863 de 2.007), lo hizo efectivo la entidad en favor del actor, en virtud del principio de oscilación. Contra esa decisión el actor presentó recurso de apelación, solo que con argumentos ajenos a la demanda y, por consiguiente, a lo decidido en la sentencia apelada; como se advirtió (Supra D), la impugnación viene orientada al tema de la reliquidación de la asignación de retiro con base en los artículos 14 y 279 de la Ley 100 de 1.993, esto es, con aplicación de la variación porcentual del índice de precios al consumidor del año anterior a partir del año 1.997, siendo que, como se desprende de las pretensiones de la demanda, lo pedido es la nulidad del acto demandado en tanto negó el reajuste de la asignación de retiro con incremento del porcentaje de prima de actividad incluido en la base liquidatoria de la asignación. Es evidente entonces, la incongruencia existente entre las razones del recurso, lo decidido en la sentencia y lo planteado en la demanda, pues el recurrente, sin impugnar los argumentos que tuvo el a quo para soportar su decisión, terminó planteando un nuevo petitum frente al cual resulta improcedente efectuar un pronunciamiento en esta instancia, pues ello implicaría desconocer el derecho de defensa y contradicción de la entidad demandada, que sólo ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las pretensiones, la causa petendi y los fundamentos de derecho expuestos en la demanda. Por lo anterior, considera la Sala que en el caso concreto no existen verdaderos motivos de inconformidad con el fallo recurrido, razón por la cual se mantendrá incólume la decisión del a quo que negó las súplicas de la demanda”.
Expediente: 19001333100720100025401
Tema tratado: Negativa a la solicitud de reliquidación y reajuste de asignación de retiro/ El reajuste de la asignación de retiro por IPC debe ordenarse con base en el principio de favorabilidad, siempre y cuando el incremento que se haya realizado conforme al régimen de oscilación resulte inferior a la que se hubiere recibido si se hubiera realizado de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 100 de 1.993/ Aspecto probatorio/ Revoca fallo del a quo y deniega pretensiones.
“En el proceso está demostrado que mediante Resolución No. 2880 de 5 de julio de 2.000, y con base en el decreto 1213 de 1.990, la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional reconoció a Jesús Hernando Díaz Villarreal, en su condición de agente retirado AG®, una asignación de retiro en cuantía equivalente al 70% del sueldo básico en actividad correspondiente al grado y partidas legalmente computables, entre tales la prima de actividad en un porcentaje del 20%, efectiva a partir efectiva a partir del 8 de junio de 1.997 (f. 3-7 c.ppal)”. (…) para el máximo órgano de lo contencioso administrativo conforme a lo dispuesto en la Ley 238 de 1.995, a los miembros de las Fuerzas Públicas y de la Policía Nacional, le es aplicable el reajuste de su asignación de retiro de acuerdo a la variación del índice de precios del consumidor, siempre y cuando resulte más favorable al beneficiario. (…) De lo anterior se desprende que, debe el juez en cada caso establecer que régimen de reajuste le resulta más favorable al demandante, analizando el incremento realizado conforme al régimen de oscilación y el que se hubiese obtenido de acuerdo a la variación del IPC (…) con la expedición del Decreto 4433 de 31 de diciembre 2.004, se estableció nuevamente el régimen de oscilación, para el reajuste de las asignaciones de retiro, sólo que a partir de la nueva regulación, según lo precisó el Consejo de Estado en la sentencia de fecha 17 de mayo de 2.007 citada, el reajuste siempre tendrá como límite el promedio de variación porcentual del IPC, cuando resultare más favorable (…) el reajuste de la asignación de retiro por IPC debe ordenarse con base en el principio de favorabilidad, siempre y cuando el incremento que se haya realizado conforme al régimen de oscilación resulte inferior a la que se hubiere recibido si se hubiera realizado de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley 100 de 1.993 (% de IPC del año inmediatamente anterior), para lo cual deberán estar acreditados en el proceso los valores reconocidos año a año con sus respectivas liquidaciones de modo que aparezca demostrada la diferencia”.
Expediente: 19001230000120090024100
Tema tratado: Ordenanza 044 de 2008/Plan Departamental para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento - PDA - en el Departamento del Cauca / Consulta previa a comunidades indígenas/ Consulta previa específica a comunidades étnicas requiere demostración afectación directa/ No se evidenció afectación a comunidades étnicas en razón de tratarse de medidas generales/Deniega.
“Se señala que los actos administrativos demandados infringen el ordenamiento referido, en resumen, porque desconocen el derecho fundamental a la consulta previa, en virtud del cual toda decisión administrativa o legislativa con potencialidad de afectar directamente a las comunidades indígenas debe ser consultada previamente con sus miembros, derecho que tiene origen en normas internacionales (Tratado 169 OIT-Ley 21 de 1.991) prevalentes en el orden interno (artículo 93 y 94 C.Po.) y que integran el denominado bloque de constitucionalidad, según lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional (sentencias C-175-09, C-461-08, C-030-08, C-921-07), cuyo alcance cobija las comunidades étnicas- afrodescendientes (…) La Sala negará las pretensiones de la demanda, por cuanto no se evidenció que la expedición de las ordenanzas demandadas hubiera ocurrido con pretermisión del mecanismo de consulta previa específica a las comunidades étnicas del Departamento de Cauca, toda vez que no era necesario el agotamiento de dicho mecanismo, por cuanto tales actos no contemplaron medidas que afecten a dichas comunidades de modo directo y específico desde el punto de ambiental, ni en materia de autonomía territorial o presupuestal”.
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Auto: Admisorio
Expediente: 19001233300220130017600
Tema tratado: AUTO ADMISORIO/ MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ley 1437/11/ Reliquidación pensional/ La conciliación judicial no es un requisito de procedibilidad en asuntos laborales que recaigan sobre derechos ciertos e indiscutibles/Admite demanda.
“Al hacer referencia a este requisito, el Despacho hará un recuento de la posición que se ha adoptado y de los cambios que suscitaron respecto a este tema, ya que la posición que manejaba esta Corporación con relación a si se debía exigir o no la conciliación prejudicial para las demandas de nulidad y restablecimiento del derecho, que trataran temas laborales donde se discutiera la legalidad de una prestación pensional, era la no exigencia de la misma, por su carácter irrenunciable, cierto e indiscutible. En razón a que la conciliación prejudicial sólo resultaba admisible en las controversias que trataran derechos inciertos y discutibles (…)
“El Despacho determinó que por haberse establecido la conciliación como requisito de procedibilidad en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con la providencia antes citada, donde el Honorable Consejo de Estado concluyó que, por tratarse de derechos inciertos y discutibles, como son los de carácter particular y de contenido económico, el agotamiento de la conciliación judicial se erige como un requisito sine qua non para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Por tanto se ordenó la exigencia de tal requisito para las demandas que se ejercieran por el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, para ser más precisos en los temas de reliquidación pensional, en razón a que lo que se solicitaba en esos procesos versaba sobre pretensiones de contenido particular y de carácter económico tendientes a la reliquidación pensional, considerando que el asunto era conciliable, según los parámetros fijados por el H. Consejo de Estado, de tal suerte que era indispensable que se cumpliera con el requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial para acudir a la vía judicial. (…)
“De conformidad con lo anteriormente expuesto se concluye que por tratarse el asunto a tratar en la demanda de la referencia de una reliquidación pensional, son derechos que no permiten conciliación, por tanto no requiere de atender el requisito de procedibilidad contenido en el numeral primero del artículo 160 del CPACA, relativo al agotamiento de la conciliación extrajudicial para ejercer el presente medio de control”.
Auto: Resolutorio de apelación
Expediente: 19001333100120120025401
Tema tratado: APELACIÓN AUTO/ Medio de control Reparación directa/ Ley 1437/11/ El auto por medio de cual se declara la falta de jurisdicción y se remite al juez competente no es susceptible del recurso de apelación - artículo 243 del CPACA/Improcedencia/ Se ordena al a quo resolver el recurso de reposición.
“Revisadas las anteriores normas, se tiene que cuando el juez administrativo determine que no es competente para conocer de un proceso, deberá remitirlo a la mayor brevedad al juez que tenga la competencia para conocerlo, además; es claro que el auto por medio de cual se declara la falta de jurisdicción y se remite al juez competente, no es susceptible del recurso de apelación, de conformidad con el artículo 243 del CPACA, por cuanto no está contemplado dentro de los numerales de dicho artículo. (…)
“Los anteriores elementos son suficientes para determinar que el auto proferido el 26 de noviembre de 2012 por el Juzgado Primero Administrativo, que determinó remitir el presente proceso a la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral, no es susceptible del recurso de apelación por los motivos ya expuestos, siendo procedente únicamente el recurso de reposición, de conformidad con el artículo 242 del CPACA. En conclusión, se declarará improcedente el recurso de apelación y en su lugar se le ordenará al quo, resolver el recurso de reposición interpuesto, si el mismo cumple con las exigencias legales para ello”.
Expediente: 19001333100820120014600
Tema tratado 1: SENTENCIA[2]/ MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ley 1437 de 2011/ Tema principal: Reconocimiento de Pensión de jubilación por aportes/ Los tiempos de servicio acreditados dentro del sumario permiten reconocer el derecho de la pensión de jubilación por aportes /Concede.
“Considera la Sala que se encuentra suficientemente probado el señor MARCO TULIO VILLEGAS LONDOÑO al momento de su muerte contaba con más de 60 años de edad, y cotizó al Instituto de Seguros Sociales y a la Caja Nacional de Previsión Social cuando trabajó en la Rama Judicial, el Ministerio de Transporte y el Instituto Agustín Codazzi, por un tiempo superior a los 20 años. Así las cosas, los tiempos de servicio acreditados dentro del sumario permiten reconocer el derecho de la pensión de jubilación por aportes a la que tenía derecho el señor MARCO TULIO VILLEGAS LONDOÑO, razón por la cual se reconocerá la pensión de jubilación post mortem solicitada en la demanda, en cuantía del 75% del salario base de liquidación, tal como lo ordenan los artículos 6 y 8 del Decreto Reglamentario 2709 de 1994”.
Tema tratado 2: SENTENCIA/ MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ley 1437 de 2011/ Tema 2: Sustitución pensional – pensión de sobrevivientes/ Accede a pretensión.
“Ahora bien, en lo que respecta a la sustitución pensional o pensión de sobrevivientes, la Ley 12 de 1975 en su artículo 1º y Ley 100 de 1993 en el artículo 46 se encargaron de regular este asunto, permitiéndole a la cónyuge supérstite acceder a esta prestación. Dentro del expediente, se encuentra acreditado que la señora OLGA GUTIERREZ DE VILLEGAS contrajo matrimonio con el señor MARCO TULIO VILLEGAS LONDOÑO el 27 de diciembre de 1974. A su vez, dentro del expediente administrativo aportado por la entidad demanda, se observa que la señora OLGA GUTIERREZ DE VILLEGAS permaneció casada con el señor VILLEGAS LONDOÑO, hasta el momento de su muerte. Así las cosas, se accederá a la pretensión invocada en la demanda, consistente en reconocer la sustitución pensional de la pensión de jubilación post mortem a que tenía derecho el señor MARCO TULIO VILLEGAS LONDOÑO a favor de la demandante GUTIERREZ DE VILLEGAS”.
Auto Sala Plena: Resuelve conflicto de competencia entre juzgados
Medio de control: Ejecutivo
Sentencia: 08 de abril de 2013
Expediente: 19001233300120130000201
Tema tratado: AUTO DE SALA PLENA/MEDIO DE CONTROL EJECUTIVO/ Ley 1437 de 2011/Demanda ejecutiva por Incumplimiento de sentencia expedida en vigencia del sistema escritural con demanda ejecutiva presentada en vigencia del sistema oral/ Conflicto negativo de competencia entre los Juzgados Cuarto Administrativo -sistema oral, y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Popayán- sistema escritural/El proceso debe ser conocido por el Juzgado Cuarto Administrativo.
“…es claro que los procesos de competencia de los jueces y tribunales administrativos iniciados luego del 2 de julio de 2012 son de conocimiento de los despachos judiciales asignados al nuevo sistema oral, por disposición legal. Por lo tanto, le asiste la razón al Juez Segundo Administrativo del Circuito de Popayán en sus argumentos, cuando expresa que es competente el Juzgado al que se asignó el asunto una vez se presentó la demanda ejecutiva. Ello por cuanto a partir de la vigencia de la Ley 1437 de 2011, norma posterior que regula el procedimiento administrativo, la competencia para el conocimiento de los ejecutivos debe regirse según sus lineamientos.Así, acorde con el tránsito y cambios normativos, estando inicialmente dispuesta la competencia de los procesos ejecutivos en el juzgado que falla o el que aprueba la conciliación en la que se condena a una entidad pública, actualmente se debe considerar lo establecido en la Ley 1437 de 2011, por ello todo proceso iniciado a partir de su vigencia debe adelantarse por los despachos del sistema oral. Concluye la Sala, que el proceso ejecutivo instaurado el 10 de diciembre de 2012, debe ser conocido por el Juzgado Cuarto Administrativo de Popayán -sistema oral al que fue repartido por la Oficina de Apoyo Judicial”.
Expediente: 19001233300320120036600
Tema tratado 1: MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ley 1437 de 2011/Sanción tributaria/ Tema principal: omisión de suministro de información en medios magnéticos o información exógena en materia de renta y complementarios/ No prescribió la facultad sancionatoria de la administración tributaria/Deniega.
“En esos términos, efectuando un estudio del precedente jurisprudencial sobre la materia, la Sala encuentra que hay una posición reiterada por el H. Consejo de Estado, que será acogida en esta providencia, destacando que aunque eventualmente puede existir un pronunciamiento contrario a esa mayoría, a la fecha no es el criterio imperante para analizar la prescripción de la facultad sancionatoria de la administración tributaria. El pronunciamiento más reciente y que sirve de base para analizar este caso data del 26 de noviembre de 2009, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. WILLIAM GIRALDO GIRALDO, Ref.: 66001233100020080001101, Expediente: 17435, donde se resolvió un caso similar al presente (…) Para el contribuyente PEÑA STADLIN LTDA. el término para enviar la información exógena correspondiente al año 2007 según la Resolución 12690 del 29 de octubre de 2007, vencía el día 4 de abril de 2008, teniendo en cuenta que el NIT terminaba en 41 (art. 18 Resolución 12690 de 2007). El día 24 de abril de 2009, la parte actora presentó la declaración de renta y complementarios por el año gravable 2008 (fl. 43 cdno. antecedentes). De los datos anteriores se establece que (i) el año o período gravable al que corresponde la información exógena es el 2007, (ii) la irregularidad sancionable ocurrió en el 2008, cuando se concretó la omisión consistente en no presentar la información exógena y (iii) la fecha en que se presentó la declaración de renta y complementarios correspondiente al año o período gravable en el cual ocurrió la irregularidad sancionable, es el 24 de abril de 2009; por ende, el término de dos (2) años previsto en el artículo 638 del Estatuto Tributario para formular el pliego de cargos debe contarse a partir de la fecha en que se presentó la declaración de renta o de ingresos y patrimonio correspondiente al año gravable 2008 (24 de abril de 2009). En este orden de ideas, el Pliego de Cargos No. 172382010000056 del 23 de julio de 2010, notificado el 28 de julio del mismo año (folios 51 a 60 cdno. de antecedentes), fue expedido y notificado dentro de los dos años siguientes a la presentación de la declaración de renta del año 2008, por lo que no ocurrió la prescripción de la facultad sancionatoria”.
Tema tratado 2: MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Ley 1437 de 2011/Sanción tributaria/Tema 2: Sobre la proporcionalidad y la razonabilidad en la graduación de la sanción impuesta/La Sala considera que la manera en que se aplicó la sanción y su forma de graduarla sí se encuentra debidamente fundamentada, corresponde a las pautas legales y jurisprudenciales y no desconoce los principios de razonabilidad y proporcionalidad/ Deniega.
“A través del recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Sanción No. 172412011000018 del 3 de febrero de 2011, aparte de insistir en la prescripción de la facultad sancionatoria, se discutió la sanción impuesta, considerando que ella no se encontraba debidamente fundamentada y que en ella no se habían aplicado los criterios de justicia, equidad, razonabilidad y proporcionalidad (fls. 129 a 141 Cdno. de antecedentes). Por Resolución No. 900.016 del 10 de febrero de 2012, al resolver el recurso de reconsideración aparte de verificar el cálculo de la multa a imponer sobre el 5% de la información no suministrada, se planteó que había una posibilidad de graduar esa sanción dependiendo de la colaboración del contribuyente, de si cesó el daño y si se presentó la información en forma completa y correcta; no obstante, al analizar la conducta del contribuyente PEÑA STADLIN LTDA., se verificó que él presentó los formatos en medio magnético el 12 de agosto de 2010, pero de los 10 formatos uno fue presentado con errores (fls. 151 y 158), circunstancia que se consideró, permitía establecer que no estaba plenamente probada la colaboración del contribuyente o la cesación del daño, ya que para ello era necesario que la información fuera íntegra, completa y correcta, con el fin de que pudiera ser leída, permitiendo hacer cruces de información para la determinación de los impuestos y demás aspectos estadísticos. De lo anterior, la Sala considera que la manera en que se aplicó la sanción y su forma de graduarla sí se encuentra debidamente fundamentada, corresponde a las pautas legales y jurisprudenciales y no desconoce los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Tales circunstancias, le permiten concluir al Tribunal que tampoco está llamada a prosperar la nulidad de los actos administrativos demandados, al encontrar que la tasación de la sanción no desconoce los criterios de proporcionalidad y razonabilidad en los términos planteados por la parte demandante”.
Tema tratado 3: MEDIO DE CONTROL NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO/ Sanción tributaria/Tema 3: estado patrimonial del contribuyente para pagar la sanción.
“Ahora, la Sala considera oportuno referirse finalmente al argumento del accionante, a través del cual pretende alegar que la sanción impuesta es desproporcionada en la medida en que se constituye en una especie de “confiscación”, pues sin considerar la capacidad de pago, ni patrimonial del contribuyente PEÑA STADLIN LTDA. se le impone pagar el valor máximo autorizado por la ley que supera con creces el valor de los activos brutos de la sociedad y con mayor razón el monto de su capital social, lo que en últimas implicaría entregar todos su bienes para cancelarla y aún así quedaría faltando una suma imposible de pagar. Al respecto, la Sala encuentra que no existe sustento probatorio para tales argumentaciones, en tanto no se demuestra el estado patrimonial de la sociedad PEÑA SATDLIN LTDA. al momento de imponerle la sanción; no resulta acertado, analizar cuál es el patrimonio bruto de la demandante para los años 2006, 2007 y 2008 (fls. 41 a 43 cdno. de antecedentes), a efectos de determinar su capacidad de pago para el momento en que se impone la sanción -2011-, época para la cual se desconoce en qué forma ha variado el patrimonio bruto, que podría, incluso haberse incrementado en relación a los años 2006, 2007 y 2008. En estas condiciones, los parámetros que indica el actor para evidenciar que la sanción es desproporcionada e irrazonable considerando el monto de su patrimonio, no son demostrados e impiden efectuar una conclusión como la que expone la parte demandante, en el sentido de que la sociedad PEÑA STADLN LTDA. no tiene los recursos suficientes para cubrir el valor de la multa impuesta”.
TÍTULO 20 CONSEJO DE ESTADO
Acción: Tutela – segunda instancia
Sentencia: 05 de diciembre de 2012
Expediente: 20120042101
Sección: Segunda – Subsección A
Tema tratado: Derecho a la Salud/Ejército Nacional /Confirma decisión del Tribunal Administrativo del Cauca de proteger el derecho.
“…Bajo estos presupuestos, la acción de amparo constitucional para la protección del derecho a la salud del ciudadano (…) se erige como el medio idóneo y procedente para la protección de los mismos, pues está demostrado en las diligencias que el actor requiere tratamiento y medicamentos de oftalmología para mitigar la retinopatía diabética proliferativa y edema macular diabético que presenta en ambos ojos. A manera de conclusión, se comparte la decisión adoptada por el Tribunal en el sentido de amparar los derechos a la salud y de prestar los servicios médicos en calidad de beneficiario del sistema de salud de las fuerzas militares. Resulta necesario hacer énfasis en la obligación que le asiste al Estado a través de sus entidades, en este caso las que conforman el subsistema de salud de las fuerzas militares de garantizar no solo la protección de la vida en casos extremos, sino en términos generales propender por la salud de todos los habitantes en las mejores condiciones posibles, con mayor razón cuando se trata de adultos mayores, época de la vida que resulta menesteroso contar con la ayuda del Estado para encontrarse en circunstancias normales dentro de la sociedad. Según el análisis previo, se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca que decretó (sic) la protección del derecho a la salud del Señor (..) y ordenó que se autorice y garantice de manera eficiente el tratamiento integral que requiere”.
TÍTULO 21 CONSEJO DE ESTADO
Sentencia: 06 de septiembre de 2012
Expediente: 2012034801
“De conformidad con la jurisprudencia antes citada, resulta claro que el soldado retirado que padece una patología cuyo origen tiene relación con el servicio y por ende derecho a que se le continúe prestando asistencia médica integral hasta alcanzar su completa recuperación. Se ha reiterado que, cuando un miembro de la fuerza pública es retirado del servicio, los tratamientos médicos que se venían adelantando sobre el uniformado deben gozar de continuidad a cargo del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y de Policía, hasta tanto se verifique la efectiva inclusión del uniformado en el sistema general de salud bajo el régimen subsidiado o contributivo. Es cierto que el propio actor dio lugar a la suspensión del servicio, sin embargo dado su estado de salud mental no es posible desatenderlo, dado que como se tuvo oportunidad de ver en las pruebas, constituye un peligro para sí mismo y para la sociedad, siendo urgente que la entidad lo atienda, valore, medique y lo asista en su recuperación, máxime que como se dijo, la enfermedad fue adquirida en el servicio. Visto lo anterior la Sala comparte la decisión tomada por el Tribunal en el sentido de amparar los derechos del señor (…) de prestar los servicios médicos a los cuales no cabe duda tiene derecho, pues como se precisó, debe asegurarse la continuidad en la prestación de los mismos. Por las razones que anteceden se confirmará la sentencia del Tribunal Administrativo del Cauca”.
[1] Esta sentencia, aparte de su contenido, tiene una importancia simbólica por tratarse de la primera sentencia expedida por el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del sistema de oralidad que entró en vigencia el 02 de Julio de 2012.
[2] Esta sentencia, aparte de su contenido, tiene una importancia simbólica por tratarse de la primera sentencia expedida por el Tribunal Administrativo del Cauca dentro del sistema de oralidad que entró en vigencia el 02 de Julio de 2011.