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Timestamp: 2017-01-19 03:56:15
Document Index: 81317404

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 18', 'Artículo 19', 'artículo 22', 'artículo\n7', 'artículo 22', 'artículo 11']

Protocolo de actuación en abuso y maltrato infantil móstoles 2013 by CENTRE SUPORT - issuu
Protocolo de Actuaci贸n
en Abusos Sexuales y
otros Malos Tratos a la Infancia
en el Partido Judicial de M贸stoles
Protocolo de Actuaci贸n en Abusos Sexuales
y otros Malos Tratos a la Infancia
M贸stoles, 2013
© Publicación elaborada por Comisión de Redacción del Protocolo en Abusos Sexuales y otros
Malos Tratos a la Infancia en el Partido Judicial de Móstoles.
•	Susana González de la Varga.
Magistrada-Juez Decana de los Juzgados de Móstoles.
•	José Antonio Hernández Sánchez.
Psicólogo Forense. Equipo Psicosocial del TSJM. Juzgados de Móstoles.
•	Pilar Pinto Pastor.
Médico Forense de los Juzgados de Móstoles.
Participantes por las distintas instituciones representadas en la Comisión de Redacción
Susana González de la Varga. Magistrada-Juez decana de los Juzgados de Móstoles.
José Antonio Hernández Sánchez, Psicólogo Forense. Equipo Psicosocial del TSJM. Juzgados de
Pilar Pinto Pastor. Médico Forense de los Juzgados de Móstoles.
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado (“FF.CC.SS.EE.”)
D. Juan Manuel Salgado. Comandante de la Guardia Civil. Puesto P. de las Rozas-Majadahonda.
D. Juan Jesús Sánchez manzano. Comisario del Cuerpo Nacional de Policía de Móstoles
Regina Mico Díaz. Sargento 1º, Jefa del Equipo Mujer-Menor (“EMUME”) de la Comandancia de la
José Luis García Jiménez. Inspector Jefe del grupo de SAF de Policía Nacional de Móstoles. Cuerpo
Nacional de Policía. Comisaría de Móstoles.
Inmaculada Navarro Vacas. Responsable Programa de Familia. Concejalía de Familia y Bienestar
Social. Ayuntamiento de Móstoles.
Carmen García-Moreno López de la Nieta. Psicóloga de los Servicios Sociales. Ayuntamiento de
Juan Antonio Cortés. Psicólogo de los Servicios Sociales. Ayuntamiento de Móstoles.
Victoria Sánchez Pascual. Trabajadora Social. Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
Encarnación Gayo Jara. Educadora de Familia. Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón.
Virginia Hernández Esteban. Trabajadora Social del Programa de Familia. Mancomunidad de
Servicios Sociales “La Encina”.
Leticia Sánchez Amigo. Educadora Social del Equipo de Familia. Mancomunidad de Servicios
Sociales “La Encina”.
Antonio Grande Chica. Coordinador de Servicios Sociales. Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Ana Isabel Muñoz Pesquera. Trabajadora Social. Ayuntamiento de Boadilla del Monte.
Mª Librada Tortosa Llorca. Jefa del Servicio de la Unidad de Programas Educativos de la DAT-Madrid
Carmen Calvo Romerales. Jefa del Servicio de la Unidad de Programas de Madrid Oeste. Área
Territorial de la Oeste de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Agustín Vaquero Fernández. Coordinador General de los Centros Educativos de Móstoles.
Mª Ángeles Gómez Martín. Asesora Técnico Docente. Unidad de Programas Educativos DAT-Madrid
José María Domínguez. Asesor Técnico Docente. Unidad de Programas Educativos. DAT-Madrid
Purificación Rodríguez Pérez. Asesora Técnico Docente. Unidad de Programas Educativos DATMadrid Sur.
José Antonio Luengo Latorre. Asesora Técnico Docente. Unidad de Programas Educativos DATMadrid Sur.
Rosario Azcutia Gómez. Directora Asistencial Médica del área Noroeste. Dirección General de
Atención Primaria. Servicio Madrileño de Salud.
Mª Ángeles Giménez Abián. Pediatra C.S. Boadilla del Monte.
Carmen Coteron. Enfermera C.S. Boadilla del Monte.
María Ana González Castillo Campos. Pediatra del Centro de Salud Villanueva de la Cañada.
Paloma de la Varga Martín. Médico Pediatra C.S. Laín Entralgo. Alcorcón. Coordinadora de Pediatría.
Equipo de Coordinación de Pediatría D. Asistencial Oeste.
María José Astorgano Abella. Trabajadora Social. C.S. Dos de Mayo.
Esperanza Hernando Calvo. Asesora Jurídica. Hospital Rey Juan Carlos.
Ana Marco Arraiza. Gerencia GAE Puerta de Hierro Área. Hospital Universitario Puerta de Hierro
Isabel Martos Sánchez. Pediatra. Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.
Maria Neyi Francisco Morejón. Trabajadora Social. Hospital Universitario Puerta de Hierro
Mª Jesús Ceñal González-Fierro. Jefe de Servicio de Pediatría. Hospital Universitario de Móstoles.
Mercedes Navío Acosta. Coordinadora Asistencial. Oficina Regional de Salud Mental. Dirección
General de Hospitales. Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Ana de Cós Milas. Psiquiatra. Coordinadora Equipo Infanto - Juvenil. Centro de Salud Mental de
Móstoles. Hospital Universitario de Móstoles.
Marisol Pérez Hidalgo. Psicóloga clínica. Equipo Infanto - Juvenil Centro de Salud Mental de
Mª José Fernández Campos. Directora Médico del SUMMA 112.
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor (“IMFM”)
Mª José Vilarrubia Merino. Técnico Zona de Acción Tutelar-II, Área de Protección del IMFM.
Esther Abad Guerra. Jefa del Área de Protección del Menor del IMFM.
Javier García Morodo. IMFM.
Pedro Fernández Beltrán. IMFM.
Centro Especializado de Intervención en Abuso Sexual Infantil (“CIASI”)
Ana María Magaz Muñoz. Coordinadora de CIASI.
Francisco González García. Psicólogo de CIASI.
Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (“UAVDI”)
Alberto Alemany Carrasco. Psicólogo y Coordinador de Formación de la UAVDI. Fundación Carmen
Pardo-Valcarce.
Israel Berenguer. Psicólogo de la UAVDI.
Gema Maestre
Decanato de los Juzgados de Móstoles
Protocolo de Actuación en Abusos Sexuales y otros Malos Tratos a la Infancia
Judicial de Móstoles
1. INTRODUCCIÓN	7
2. ANTECEDENTES	2.1. Marco normativo	2.1.1. Internacional	2.1.2. Europea	2.1.3. Nacional	2.1.4. Comunidad de Madrid	2.2. Protocolos y documentos de referencia	8
3. OBJETIVOS	10	4. PAUTAS DE ACTUACIÓN	4.1. Principios	4.2. Criterios de actuación	4.2.1. Criterios generales	4.2.2. Traslados de los menores	4.3. Tipos de casos	11
5. LOS SERVICIOS SOCIALES	5.1. Actuación en los casos en los que se valora que exista urgencia	5.2. Actuación en los casos en que no se valore situación de urgencia	15
6. LOS JUZGADOS	6.1. El testimonio del menor: pautas y/o recomendaciones	6.2. Prueba preconstituida y/o anticipada	6.3. Informe pericial del testimonio	6.4. Actuación Médico Forense	6.4.1. Agresiones sexuales	6.4.2. Violencia física y/o maltrato psíquico	6.5. El menor como víctima	6.6. Juzgados intervinientes	18
7. LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD	7.1. Recomendaciones generales	7.2. Detección y comunicación	7.3. Exploración del menor	25
8. LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	8.1. Consideraciones generales	8.1.1. Detección / comunicación	8.1.2. Elaboración de Informes y plan de actuación	29
8.2. Actuación ante diferentes casos	8.2.1. Actuación en los casos de sospecha
de maltrato y/o abuso sexual	8.2.2. Actuación en los casos de evidencia
de maltrato y/o abuso sexual	9. LOS SERVICIOS SANITARIOS	9.1. Consideraciones generales	9.2. Atención primaria y especializada ambulatoria	9.2.1. Prevención del maltrato en situaciones de riesgo social	9.2.2. Casos de sospecha de maltrato	9.2.3. Casos de diagnóstico de maltrato	9.3. Atención Hospitalaria	9.4. Atención especializada ambulatoria: salud mental infanto-juvenil	9.4.1. Derivación	9.4.2. Atención Clínica en el Centro de Salud Mental	9.4.3. Procedimiento de comunicación a instancias judiciales	10. LA ENTIDAD PÚBLICA DE PROTECCIÓN
DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Comisión de Tutela del Menor)	11. COORDINACIÓN Y SOLICITUD DE DATOS DE ACUERDO A LA L. O. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONA	11.1.- Cesión de datos de carácter personal a las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado	11.2. Procedimiento para la cesión de datos	11.2.1. Solicitud de datos a través de escrito oficial	11.2.2. Solicitud de datos a través de vía telefónica	29
12. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO	43
13. ANEXOS	Anexo I: CENTROS DE REFERENCIA	Anexo II. LISTADO DE TELÉFONOS	Anexo III. MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO	44
Los malos tratos a la infancia y, específicamente, el abuso sexual es un problema social
complejo que requiere la intervención multiprofesional desde todas las instituciones implicadas;
Servicios Educativos, Sociales, Sanitarios, FF.CC.SS.EE. y Juzgados.
En la pasada década se han ido creando Protocolos de Actuación Interinstitucional como
el anterior Protocolo de Actuación en Abusos Sexuales y otros Malos Tratos a la Infancia en
la demarcación de Móstoles de 13 de mayo de 2003 (https://db.tt/vSqkGE8b) subscrito por
el Decanato de los Juzgados de Móstoles, la Fiscalía, Servicios Sociales del Ayuntamiento de
Móstoles, Comisaría de Policía del Cuerpo Nacional de Policía, Capitanía de la U.O.P.J. de la
Guardia Civil, Servicios de Atención Primaria, Salud Mental y Hospital de Móstoles. Tras las
experiencias de los Programas de Atención al Maltrato Infantil desarrollados por la Consejería
de Servicios Sociales y, en Móstoles, las actuaciones de coordinación realizadas por el Equipo
Interinstitucional de Atención al Menor, el mencionado protocolo supuso un primer intento de
aunar y coordinar las actuaciones de los ámbitos sanitario y social con las intervención de las
fuerzas de seguridad, fiscalía y juzgados.
Tras diez años de este primer protocolo se han ido desarrollando nuevos protocolos tanto
a nivel autonómico como estatal mientras que se han producido cambios tanto en la atención
a los menores maltratados y/o abusados como en los procedimientos legales. Todo ello, junto
con la necesidad de adaptar nuestras prácticas a las características de un partido judicial como
el de Móstoles, complejo tanto por la población que comprende como por la red de servicios
implicados en los municipios de Boadilla del Monte, Brunete, Móstoles, Quijorna, Villanueva de
la Cañada y Villaviciosa de Odón.
El presente Protocolo es un documento de consenso que pretende contribuir a actualizar los
criterios de actuación y mejorar la coordinación de los profesionales de los ámbitos educativo,
sanitario, social, policial y judicial que intervienen con menores maltratados y/o abusados así
como con sus familias en el Partido Judicial de Móstoles.
El protocolo también puede utilizarse de forma análoga, previo informe pericial, con las
personas adultas incapacitadas judicialmente o víctimas adultas especialmente vulnerables
por su trastorno mental crónico.
2.1.1. Internacional
⎯⎯ Declaración de los Derechos del Niño de la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, año 1959.
⎯⎯ Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por el
Estado Español en el 31 de Diciembre de 1990.
2.1.2. Europea
⎯⎯ Carta Europea de los Derechos del Niño (DOCE nº C 241, de 21 de septiembre de 1992).
⎯⎯ Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños Contra la Explotación
y el Abuso Sexual, hecho en Lanzarote el 25 de octubre de 2007. Instrumento de
ratificación publicado en BOE núm. 274 de 12 de noviembre de 2010.
⎯⎯ Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2010/0064 (COD) relativa a la lucha
contra los abusos sexuales, la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.
⎯⎯ Declaración común del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Embaucamiento
de menores con fines sexuales (Diario Oficial de la Comunidad Europea de 27 de
Octubre 2011).
⎯⎯ De la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de Octubre
de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la
protección de las víctimas de los delitos, y por la que se sustituye la Decisión marco
2001/220/JAi del Consejo.
2.1.3. Nacional
⎯⎯ Constitución Española, 1978.
⎯⎯ Real Decreto de 24 de julio de 1889 (“Código Civil”).
⎯⎯ Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
⎯⎯ Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal (“LECrim”).
⎯⎯ Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de Protección a Testigos y Peritos en
Causas Criminales.
⎯⎯ La Ley Orgánica 1/96 del 15 de enero de Protección Jurídica del Menor, de Modificación
Parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil (“LOPJM”).
⎯⎯ Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal (“LOPD”).
⎯⎯ Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente
⎯⎯ Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra
⎯⎯ Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU, 13/12/2006.
2.1.4. Comunidad de Madrid
⎯⎯ Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la
Adolescencia de la Comunidad de Madrid.
⎯⎯ Decreto 121/1988, de 23 de noviembre, Regulador del Procedimiento de Constitución
y Ejercicio de la Tutela y Guarda del Menor (“Decreto 121/1988”).
2.2. Protocolos y documentos de referencia
⎯⎯ Atención al Maltrato Infantil desde el ámbito sanitario. IMMF. Consejería de Sanidad
y Servicios Sociales. Comunidad de Madrid. 1998. (ISBN 84-411525)
https://db.tt/nxuv0pum
⎯⎯ Atención al Abuso Sexual Infantil. Programa de Atención al Maltrato Infantil. Instituto
Madrileño del Menor y la Familia. Consejería de Servicios Sociales. Comunidad de
Madrid. 2000.
https://db.tt/REQHGoji
⎯⎯ Atención al Maltrato Infantil desde Servicios Sociales. Instituto Madrileño del Menor
y la Familia. Consejería de Servicios Sociales. Comunidad de Madrid. 2000.
https://db.tt/9NTyrYAK
⎯⎯ Protocolo de Actuación en Abusos Sexuales y otros Malos Tratos a la Infancia en la
demarcación de Móstoles, 2003 (P. Móstoles. 2003, en adelante).
https://db.tt/vSqkGE8b
⎯⎯ Protocolo Básico de Intervención contra el Maltrato Infantil. Pleno del Observatorio
de la Infancia 20-11-2007 (P. Básico. 2007, en adelante):
https://db.tt/h8d5zJC2
⎯⎯ Protocolos de Respuesta para Equipos Directivos y Profesorado ante Situaciones
Problemáticas en los Centros Educativos. Defensor del Menor de la Comunidad de
Madrid. 2007.
https://db.tt/036nYI2i
⎯⎯ Guía Clínica del Summa112 “Manejo del maltrato infantil en la urgencia
extrahospitalaria” (2008) incluida en el “Compendio de guías y vías clínicas de manejo
en la urgencia extrahospitalaria de la Comunidad de Madrid” (ISBN 978-84-9688197-6).
⎯⎯ Protocolo de Actuación para la Atención a Menores de Edad Víctimas de Malos Tratos.
Madrid, 2010 (P. Madrid 2011, en adelante).
https://db.tt/5kkhbVYZ
⎯⎯ Guía de Intervención Policial con Personas con Discapacidad Guardia Civil y Fundación
Carmen Pardo, Madrid, 2012 (P. Discapacidad. 2012, en Adelante).
https://db.tt/JRiQExsE
El presente Protocolo de Coordinación de las instituciones del partido judicial de Móstoles para
la actuación en Malos Tratos y Abusos Sexuales a Menores tiene como objetivos contribuir a:
•• La protección de los menores.
•• Mejorar los procedimientos de:
–– Detección
–– Notificación
–– Evaluación
–– Intervención y tratamiento
–– Seguimiento
•• Garantizar los derechos de los imputados.
•• Crear procedimientos y espacios de coordinación de la red de instituciones y profesionales
del partido judicial.
Para ello, en el mismo recogemos procedimientos de derivación de los usuarios, de coordinación
de actuaciones y de comunicación de datos, estos últimos de acuerdo a la LOPD.
Así mismo, se crea una comisión de seguimiento de los presente acuerdos que, en reuniones
anuales, analizará los resultados del presente acuerdo, proponiendo los cambios oportunos así como
manteniendo actualizado los datos de los Centros y Profesionales referentes en el Partido Judicial,
que incluimos como Anexo II y III.
4. PAUTAS DE ACTUACIÓN
Todas las actuaciones profesionales han de tener en cuenta los siguientes principios:
•• El interés superior del niño y niña.
•• Los Derechos del menor víctima del delito y especialmente:
–– A su protección, seguridad, intimidad, y a recibir la atención necesaria en el menor
plazo de tiempo.
–– A ser informado y oído, de acuerdo a su grado de desarrollo, en cada momento del
–– A la igualdad sin discriminación en función de su lugar de residencia, condición
personal y/o social.
–– A que se tenga en cuenta sus características personales y sociales en todas las
–– Los procedimientos de investigación y/o protección tienen que estar dirigidos a
prevenir la victimización secundaria:
§	Evitar desplazamientos innecesarios.
§	Evitar que se vean obligados a repetir innecesariamente el relato de los hechos.
§	Evitar duplicidad de exploraciones.
–– A mantener su contexto social habitual escolar y de amistad en los supuestos de
separación familiar temporal.
–– A no ser ingresado en una institución residencial más que el tiempo imprescindible
hasta su incorporación a un núcleo familiar.
•• Las garantías procesales del acusado.
•• Garantías de la prueba: inmediación, publicidad y contradicción.
4.2. Criterios de actuación
•• Se ha de distinguir entre la función asistencial y la función pericial de los profesionales:
–– La función asistencial será realizada por los servicios de salud y/o sociales
correspondientes, que en caso de ser llamados a declarar acudirán en su condición
de testigos expertos.
–– El servicio que inicie la exploración del menor emitirá el informe clínico y/o social
correspondiente a la instancia judicial.
–– Los informes periciales serán realizados por los médicos forenses, los psicólogos
forenses y/o los trabajadores sociales forenses.
•• Si un servicio público (sanitario o social) recibe una nueva solicitud judicial de informe
sobre el menor, comunicará al juez o al fiscal las actuaciones previas y la conveniencia
de que no se repitan exploraciones. Sólo se realizarán nuevas, exploraciones clínicas y/o
sociales, a requerimiento judicial.
•• En los casos que haya al mismo tiempo una doble intervención, asistencial y forense, los
equipos se coordinarán entre ellos y pondrán en común:
–– La situación asistencial del caso (datos médicos, psicológicos y/o sociales).
–– Las medidas de protección del menor (tutela, guarda, guarda judicial).
–– La situación judicial del caso.
•• En segundo lugar se realizará un plan de actuación conjunta para dar respuesta tanto
a las necesidades del menor y su familia como a la demanda judicial, reduciendo las
actuaciones directas con el niño.
4.2.2. Traslados de los menores
Como regla general se evitarán, dentro de lo posible, los traslados de los menores; cuando un
menor acuda directamente a un servicio asistencial éste será el responsable de su atención.
En el supuesto de necesidad de traslado del menor a Centros sociales, Sanitarios, u otros
intervinientes en la protección del menor:
A.	Si el menor no pudiera desplazarse acompañado por un adulto responsable por medios
propios, el SUMMA 112 procederá a la realización de dicho traslado.
B.	En caso de tratarse de una primera asistencia por parte del SUMMA112, tras valoración
del menor, se actuará conforme a la guía clínica del SUMMA112 “Manejo del maltrato
infantil en la urgencia extrahospitalaria” (2008) incluida en el “Compendio de guías y vías
clínicas de manejo en la urgencia extrahospitalaria de la Comunidad de Madrid” (ISBN
978-84-96881-97-6).
La notificación al Servicio Coordinador de Urgencias (SCU), será realizada preferentemente
por los cuerpos de Seguridad, al teléfono 061 e indicando como motivo de llamada
“protocolo maltrato infantil, partido judicial de Móstoles”, el lugar donde se encuentra
el menor y el centro destino del traslado. Estos casos no serán de regulación médica,
serán comunicados directamente al puesto de Jefe de Guardia para validar la movilización
Estos traslados se realizarán en vehículo tipo ambulancia no asistencial y no deben tener
carácter urgente sanitario. Los traslados realizados en menores de 12 años deberán
realizarse con personal acompañante responsable del menor durante el traslado. Los
menores, de edad comprendida entre 12-16 años, requerirán valoración médica previa
al traslado donde conste la capacidad de madurez del menor para poder ser trasladados
sin personal acompañante.
En ambos casos, si procede traslado al Centro Hospitalario, este se realizará al Hospital
Universitario de Móstoles o al Hospital Rey Juan Carlos desde las localidades pertenecientes
al partido judicial de Móstoles.
C.	Las FF.CC.SS.EE. serán las encargadas de realizar los traslados de los menores que ya se
encuentren a su cargo, siempre que dispongan de vehículo adecuado, pudiendo valorar,
solicitar al SUMMA 112 la realización de los mismos, de acuerdo al procedimiento
señalado anteriormente.
En los traslados se valorará solicitar el apoyo de las FF.CC.SS.EE. con funciones de escolta
y/o acompañamiento en caso de no estar presente los responsables del menor o que los
mismos no accedan a su traslado.
4.3. Tipos de casos
En el presente protocolo se seguirán las definiciones establecidas en el Marco Teórico del
Protocolo básico de Intervención Contra el Maltrato Infantil. Pleno del Observatorio de la infancia
20-11-2007).
Partimos de la definición de maltrato infantil dada por el Observatorio de la infancia:
“Acción, omisión o trato negligente, no accidental, que priva al niño o la niña de sus derechos
y su bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social y
cuyos autores pueden ser personas, instituciones o la propia sociedad.”
Siguiendo el mencionado Protocolo Básico podemos distinguir entre los siguientes tipos de
maltrato según sea:
•• La relación entre el agresor y la víctima:
–– Maltrato intrafamiliar, puede suponer para el menor una situación de riesgo que
obligue a las instituciones a intervenir.
–– Maltrato extrafamiliar, en el que son los padres y/o tutores legales lo que tienen
la obligación de garantizar la protección del menor con las medidas que estimen
•• La gravedad del maltrato:
–– Maltrato leve o moderado La situación no es urgente ya que existen indicadores
físicos, psicológicos y/o sociales de maltrato que se pueden abordar educativamente
en el entorno sociofamiliar del menor.
–– Maltrato grave. La situación es urgente. Existencia de indicadores físicos, psicológicos
y/o sociales de maltrato que ponen en peligro la integridad y bienestar del menor.
Toda situación de abuso sexual debe incorporarse al concepto de Maltrato Grave
(Protocolo Móstoles, 2003) Los criterios que definen la gravedad del maltrato son:
frecuencia e intensidad de los indicadores y grado de vulnerabilidad del niño. Para
valorar la vulnerabilidad del niño hay que evaluar los siguientes factores: cronicidad y
frecuencia del maltrato, acceso del perpetrador al niño, características y condiciones
en las que está el niño o niña, la relación entre el agresor y el niño o niña, si tiene
algún tipo de discapacidad, las características de los padres o cuidadores principales
y las características del entorno familiar del niño o niña y si se solicitó alguna vez
ayuda, a quién fue, cuándo y cómo se resolvió.
•• El procedimientos de actuación:
–– Procedimiento ordinario. Ante situaciones de riesgo de maltrato leve o moderado.
La notificación está orientada a los servicios sociales municipales, donde se valora
cada caso y se toman las medidas de apoyo al menor y a la unidad familiar .
–– Procedimiento urgente, será en todos aquellos casos en los que es necesario de
inicio la intervención de la Entidad de Protección de Menores para separar al menor
de su núcleo de convivencia.
A efectos del presente protocolo de Móstoles entendemos que la urgencia del procedimiento de
actuación viene derivada de cuatro tipos de necesidad (del P. B. 2007):
–– La gravedad teniendo en cuenta el tipo de lesión y el nivel de vulnerabilidad del
menor así como la probabilidad de que el maltrato vuelva a repetirse.
–– La necesidad de asistencia médica o psicológica del menor.
–– La necesidad de adoptar una medida de protección judicial, policial y/o administrativa
–– La necesidad de recogida de pruebas –médicas y/o el propio testimonio del menorantes de que puedan desaparecer y/o contaminarse.
Igualmente, siguiendo lo expuesto en el Protocolo de Actuación en Abusos Sexuales y otros
Malos Tratos a la Infancia en la demarcación de Móstoles del 2003, mantenemos tres niveles de
•• Situación de riesgo: La LOPJM y la LECRIM, en su artículo 7, dispone:
“En situaciones de riesgo de cualquier índole que perjudiquen el desarrollo personal
o social del menor, que no requieran la asunción de la tutela por ministerio de la ley,
la actuación de los poderes públicos deberá garantizar en todo caso los derechos
que le asisten y se orientará a disminuir los factores de riesgo y dificultad social que
inciden en la situación personal y social que se encuentra y promover los factores de
protección del menor y su familia”.
–– Sospecha de abuso y/o malos tratos. Aquellos casos en los que existen indicadores
físicos, psicológicos y/o sociales tanto de maltrato leve como de maltrato grave
basados en la manifestación de terceros pero sin datos contrastados o que existen
dudas sobre los indicadores presentes en la historia del niño (PB.I. 2007). La sospecha
requiere una exploración que conduzca a un diagnóstico probable/cierto de maltrato
§	Con contacto físico.
wwCon urgencia médica
wwSin urgencia médica
§	Sin contacto físico.
–– Diagnóstico de abuso y/o malos tratos. Existe evidencia de maltrato por las lesiones
físicas y/o psicológicas o la revelación del propio niño o niña, debidamente contrastada
o la comunicación de un familiar o profesional en base a los indicadores (P.B.I. 2007)
wwSin contacto físico.
Según el nivel de diagnóstico, se proponen las medidas de actuación concretas por cada una de
las instituciones implicadas: Servicios Sociales, Juzgados, FF.CC.SS.EE., Servicios Educativos, Servicios
Sanitarios y Entidad Pública de Protección de la Comunidad de Madrid (Comisión de Tutela del
5. LOS SERVICIOS SOCIALES
Los Servicios Sociales son la principal vía de acceso de los ciudadanos a los servicios especializados,
y tienen una labor primordial en la prevención, detección y atención a los menores de edad.
La sospecha de maltrato y/o abuso sexual detectada desde los Servicios Sociales deberá tratar de
conducir a un diagnóstico probable o de certeza antes de poner en marcha el sistema de protección
y/o legal, y para ello deberá coordinarse con:
•• Los Servicios de Salud de Atención Primaria y/o especializada a los cuales corresponde la
exploración de los indicadores físicos.
•• Los Servicios de Salud Mental o, en el caso de Móstoles, los psicólogos del Programa de
Familia de Servicios Sociales a los cuales corresponde la exploración de los indicadores
conductuales y psicológicos.
5.1. Actuación en los casos en los que se valora que exista urgencia
•• Cuando los Servicios Sociales detecten un posible caso de maltrato infantil, o tengan
conocimiento de él a través de otra instancia, priorizarán su atención y actuarán, en
un primer momento, valorando la información existente y recabando toda aquella
complementaria que se estime necesaria (educación, sanitaria…).
•• Cuando se trate de casos de maltrato infantil intrafamiliar, en aquellas situaciones en
las que también estén participando en el mismo las instancias judiciales, la evaluación
a desarrollar con el menor desde los servicios sociales municipales y/o especializados
tendrá como objetivo conocer y valora la situación personal y socio-familiar del niño o
la niña con el objetivo de recabar la información necesaria para motivar la medida de
protección que haya que adoptar en cada caso.
•• Atendiendo a la urgencia y a la gravedad del maltrato, se deberá decidir sobre la necesidad
de poner en conocimiento de las entidades competentes, y en su caso, de las FF.CC.SS. EE.
•• La comunicación, en base a lo establecido en el Art. 10 del decreto 121/88, modificado
por los Decretos 71/92 de 12 de noviembre y 5/2008 de 13 de enero, cuando exista un
gravísimo riesgo para el menor y sea necesaria la separación de su entorno de convivencia
se enviará por escrito y se adelantará por fax (con el apoyo del aviso telefónico) a la
Comisión de Tutela del Menor (Área de Protección), la solicitud de intervención urgente
de retirada del menor, así como los motivos en los cuales se fundamenta la solicitud:
C/ Gran Vía, 14 28013 MADRID (MADRID).
FAX: 915 803 745
Teléfonos: 915 803 464 y 915 803 765
Además, en el caso de que exista un presunto delito o una situación de riesgo o desamparo inminente
para la integridad del menor, deberá comunicarse directamente:
•• A la Policía Nacional o Guardia Civil, para que preste la protección necesaria y pueda
practicar las diligencias de investigación oportunas para la comprobación del hecho y la
identificación del presunto autor, dependiendo de dónde han ocurrido los hechos:
–– Móstoles: Policía Nacional de Móstoles:
Fax: 916 480 041.
916 480 000 (24 h. Comisaría).
916 480 037 (SAF).
mostoles.saf@policia.es
–– Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de
Odón:
Centro Operativo Complejo de Madrid: 062
Fax: 918 073 901
Las FF.CC.SS.EE. adoptarán las primeras medidas y tramitarán las diligencias policiales
correspondientes, decidiendo, en su caso, si los hechos han de ser puestos en conocimiento
de la autoridad judicial, por tener apariencia de hecho delictivo, bien a través de la entrega del
correspondiente atestado, bien mediante comunicación urgente al Juzgado de Guardia, si procediere.
•• Al Ministerio Fiscal:
–– Fiscalía del área de Móstoles, mediante el fax 916 647 293.
–– Fiscalía de Menores de Madrid, es competente para la adopción de medidas
de protección extrapenales, también se le deberá comunicar mediante el
fax 914 931 164.
–– La celeridad en la información al Ministerio Fiscal permitirá que actúe desde el inicio
del procedimiento en el ejercicio de sus competencias tuitivas del menor de edad,
garantizando su protección. Proponemos que se pueda establecer un Equipo de
Fiscalía de Menores en Móstoles.
Una vez efectuada esta comunicación, los Servicios Sociales podrán actuar según sus
competencias y dentro del cumplimiento de las medidas de protección que haya podido dictar el
juzgado, comunicando al juzgado que conozca del proceso penal, o, en su caso, a las FF.CC.SS.EE. (si
no existiera procedimiento penal abierto o no tuvieran conocimiento de su existencia), cualquier
decisión que adopten en relación con el menor de edad, o cualquier circunstancia que pueda interesar
a la investigación criminal. Cualquier modificación de la situación del menor debe ser comunicada
de la forma más inmediata posible al juzgado de instrucción que conozca el proceso penal.
En los casos en que se estime necesario, se acompañará al menor de edad a un Centro Sanitario
para que reciba la atención que precise, informando a la familia de la actuación realizada, y se
solicitará, en su caso, el apoyo y asesoramiento de otros profesionales especializados (dispositivos
de salud mental, equipos de evaluación y tratamiento de abuso sexual, centros de atención a
toxicomanías…).
En caso de ser necesario, se efectuará el traslado en la forma prevista en el apartado 4.2.3.
Traslado de los menores.
5.2. Actuación en los casos en que no se valore situación de urgencia
Esta evaluación debe realizarse de forma coordinada, recogiendo toda la información disponible
sobre ese niño o niña para llevar a cabo el análisis interdisciplinario del caso, contando con el
apoyo, en caso necesario, de los servicios sociales especializados, que (en el caso de Móstoles y la
Mancomunidad de la Encina) recaen sobre el equipo interdisciplinar del Programa de Familia.
En caso de no constatar el maltrato en la evaluación, ni existir evidencia de otros factores de
riesgo, se archivará el caso, comunicando a la persona o institución que notificó el caso los motivos
de cierre del mismo.
En caso de no constatar el maltrato, pero existen otros factores de riesgo, se hará una actuación
coordinada con las instituciones que conozcan la situación y se adoptará la medida de protección
que más convenga:
•• El seguimiento será llevado a cabo según el plan de intervención establecido por las
instituciones implicadas y en el caso de proponer una medida de protección se emitirá
un informe conjunto.
•• La Comisión de Tutela del Menor realizará un apoyo y asesoramiento a los Servicios
Sociales Municipales en los casos en los que la evaluación del caso resulte dudosa sobre
la existencia o no de maltrato. En el municipio de Móstoles, la evaluación de estos casos
se lleva a cabo en la Comisión de Apoyo Familiar (CAF) de forma mensual.
•• Los casos que se notifiquen a Comisión de Tutela, ésta los incluirá en el Registro de Casos.
6. LOS JUZGADOS
Cualquier procedimiento relativo a maltrato infantil se le dará prioridad de manera análoga a la
prioridad reconocida para las causas con preso.
En estos procedimientos es habitual que las dos pruebas fundamentales sean el testimonio del
menor y los informes periciales de indicadores médicos y/o psicológicos.
6.1. El testimonio del menor: pautas y/o recomendaciones
En el proceso habitual encontramos que el menor realiza al menos los siguientes testimonios:
–– El descubrimiento, ante familiares, profesores, médicos...
–– La primera manifestación ante policía y/o fiscalía.
–– La ratificación en el juzgado de instrucción.
–– En la exploración médica y/o psicológica.
–– En el juicio oral.
Todo ello constituye un grave factor de victimización secundaria y puede contribuir a la pérdida
de la validez de la prueba por la influencia, a lo largo del tiempo, de factores externos o internos al
testigo. Es por ello por lo que resulta aconsejable que los órganos judiciales competentes en este tipo
de procedimientos tengan en cuenta las pautas o recomendaciones que se recogen a continuación,
dejando a salvo, en todo caso, el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales.
Del Protocolo Madrid 2010 recogemos las siguientes recomendaciones generales:
•• Todas las actuaciones profesionales en los procedimientos judiciales deben realizarse
teniendo en consideración las características y edad de los menores y sus aptitudes.
•• Se reducirá la toma de declaración al menor de edad a los aspectos más relevantes,
procurando que esta diligencia no se reitere ni se extienda innecesariamente, teniendo
en cuenta la posibilidad de que los datos aportados por la investigación policial-judicial
sean suficientes.
•• En los casos en que el menor de edad, según los expertos, presente grave afectación como
víctima, se procurará posponer su declaración hasta que se recupere psicológicamente.
•• Deberá valorarse la conveniencia o necesidad de la asistencia de expertos en la declaración
del menor de edad, en cuyo caso, al dirigir el interrogatorio de los menores de edad, se
tendrán en cuenta las pautas marcadas por los expertos, permitiéndose la presencia de
personas de apoyo.
•• Se adaptará la Sala de Audiencias o el lugar donde tenga lugar la declaración del menor
para crear un ambiente confortable.
•• Sólo se realizarán careos o reconstrucciones de hechos en los que intervengan menores
de edad cuando el Juez lo considere imprescindible y no lesivo para el interés del menor
de edad, previo informe pericial.
•• Se evitarán situaciones de enfrentamiento del menor de edad al presunto agresor,
evitando la confrontación visual del menor con el inculpado, utilizando para ello los
medios técnicos precisos (videoconferencias o similares).
•• La declaración del menor de edad en el juicio oral únicamente se realizará en los casos
en que sea imprescindible, siempre que, a juicio de los expertos, no suponga un riesgo
de grave daño psicológico para el menor de edad, atendidas su corta edad o su especial
Respecto a las exploraciones de los menores, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
2010/0064 también recoge las siguientes medidas:
•• Se celebren sin demora injustificada.
•• Tengan lugar en locales adaptados a tal efecto.
•• Dirigidos por o a través de profesionales con formación adecuada.
•• Las mismas personas, si fuera posible y conveniente, dirijan todos los interrogatorios de
•• El número de interrogatorios sea el menor posible y solo se celebren cuando sea
estrictamente necesario para los fines del procedimiento penal.
•• El niño esté acompañado por un representante legal y/o un adulto elegido por él.
Así mismo, la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de
2012, incorpora la necesidad de que el interrogatorio a la víctima y/o testigo debe ser grabado en
vídeo para que estas declaraciones grabadas puedan utilizarse como medio de prueba en procesos
6.2. Prueba preconstituida y/o anticipada
Para que estas exploraciones sean admitidas como pruebas y se reduzca su número se recomienda
la realización de Prueba preconstituida y/o anticipada efectuada ante o con la intervención de un
Psicólogo Forense, en los casos de:
•• Menores especialmente vulnerables:
–– Menores entre los 4/8 años.
–– Menores con un trastorno mental, del desarrollo y/o de la comunicación.
–– En los casos de abuso y/o maltrato graves.
•• Adultos vulnerables:
–– Incapacitados judicialmente.
–– Personas adultas vulnerables por su trastorno mental crónico.
De esta forma, se consigue el aseguramiento de la prueba, mediante la grabación de la primera
declaración del menor con intervención de todas las partes.
La doctrina general sólo admite como prueba de cargo, válida para enervar el principio de
presunción de inocencia, la practicada en la fase de enjuiciamiento, en el juicio oral, ante el Juez que
va dictar sentencia (art. 741.1 LECrim. y STC 31/1981, de 28 de julio), bajo los principios de:
–– Igualdad
–– Contradicción
–– Inmediación
Excepcionalmente se admite la práctica de prueba preconstituida de acuerdo a lo establecido
en los arts. 448, 657 y 772.2 LECrim siempre y cuando dicha prueba no sea reproducible, que se
practique ante el juez instructor, exista contradicción (presencia del Fiscal, acusación particular y
letrado del imputado) y que se reproduzca la grabación realizada en el acto del juicio oral.
Hay que distinguir entre prueba preconstituida (ante el Juez de Instrucción, por lo que no hay
inmediación, por imposibilidad de practicarla en el juicio oral o por no poder practicarla en el juicio
en idénticas circunstancias) y prueba anticipada (ante el Juez de enjuiciamiento, pero antes del inicio
de las sesiones de juicio oral y que cumple los requisitos de publicidad, contradicción e inmediación).
La Práctica “ante un experto” permite la validez de la prueba preconstituida cuando es el experto
(psicólogo), quien hace las preguntas al menor, mientras Juez, Fiscal y Letrado están en una sala
distinta, presenciando esa exploración, siendo el experto un instrumento emisor de las preguntas
formuladas a un menor, cuando lo que se persigue es preservar su equilibrio emocional al relatar
unos graves hechos de abuso sexual u otro maltrato, constituye un modo de ejercer la función
para la que se requiere su presencia. Eso no significa que el interrogatorio lo dirija el experto, sino
el Juez de Instrucción con intervención de las partes presentes, bajo el control del Juez.
6.3. Informe pericial del testimonio
Es recomendable que cuando la única prueba de cargo sea la declaración del menor, se realice
un informe pericial sobre la credibilidad del testimonio del menor, para valorar la verosimilitud y
Los psicólogos forenses adscritos al partido judicial serán los responsables de realizar los informes
periciales sobre credibilidad del testimonio, secuelas psicológicas e indicadores psicosociales. En el
caso que haya intervenciones previas y/o paralelas de otros servicios, las actuaciones se coordinaran
previamente antes de la iniciación de la evaluación evitando reevaluaciones innecesarias.
En las recomendaciones de los informes periciales de víctimas y/o testigos menores de edad se
recogerán las propuestas de medidas que eviten la victimización secundaria del menor.
6.4. Actuación Médico Forense
Los médicos forenses adscritos al partido judicial serán los responsables de realizar los informes
periciales sobre lesiones y secuelas.
En el caso que haya intervenciones previas y/o paralelas de otros servicios las actuaciones se
coordinarán previamente antes de la iniciación de la evaluación.
En los casos urgentes el médico forense y un profesional del Centro Sanitario en el que el menor
de edad sea atendido explorarán conjuntamente al menor en el mismo centro de forma inmediata,
por lo que el centro sanitario procurará las medidas de organización del servicio que hagan posible
dicho reconocimiento conjunto.
Ante un caso de maltrato infantil, se valorará la conveniencia de la intervención forense
respecto de la víctima para evitar la revictimización, teniendo en cuenta que, si no existen lesiones
físicas, puede ser idóneo iniciar la intervención con una exploración psicosocial y, según el resultado,
valorar la necesidad de intervención del médico forense.
Cuando se tenga conocimiento de que el menor de edad ha sido objeto de otras intervenciones
profesionales por parte de otros ámbitos profesionales, se recomienda efectuar una coordinación
previa entre los equipos que han actuado, antes de iniciar o de seguir la intervención.
La actuación del médico forense ante una agresión, física o verbal, o una agresión sexual sobre
un menor va a ser específica dependiendo de las características y circunstancias de los hechos. El
objetivo principal de la actuación forense es encontrar y preservar el cuerpo de la prueba en caso
de que sea posible a la vez que se intenta minimizar el número de exploraciones realizadas sobre la
víctima. Por otro lado, el médico forense también realizará una función pericial al valorar las lesiones
sufridas por el menor.
Es preciso diferenciar entre las distintas situaciones, ya que requerirán una intervención forense
•• Agresiones sexuales
–– Sufridas hace menos de 72 horas
–– Han pasado más de 72 horas
•• Violencia física
•• Maltrato psíquico
6.4.1. Agresiones sexuales
A.	Sufridas hace menos de 72 Horas
La actuación forense es de carácter urgente y debe de realizarse por el médico
forense de guardia del partido judicial en el que se halle el hospital en el que se encuentra
la víctima. Debe realizarse con celeridad ya que de existir rastros biológicos del agresor
que pudieran dar un perfil genético para una posterior identificación, estos se deterioran
y desaparecen, perdiéndose el cuerpo de la prueba.
Al tratarse de menores no es preciso que exista denuncia policial previa a la realización
de la exploración médico forense.
Esta exploración forense debe realizarse en el Hospital junto con el equipo clínico
que va a asistir a la víctima, para no duplicar exploraciones de forma innecesaria.
Esta primera exploración es la primera toma de contacto con la víctima donde relatará
como ocurrieron los hechos, se aportaran datos iniciales, se realizará la exploración
física, psicológica y la toma de muestras en relación con los hechos relatados. Dentro
de lo posible, es recomendable que, al menos, el relato de los hechos se realice sin la
presencia de familiares/acompañantes ya que el menor se expresa con más libertad y
es más asequible establecer una relación de complicidad con el él. Sin embargo, será
imprescindible que los familiares/acompañantes den su consentimiento para que la
entrevista con el menor sea a solas con él.
La exploración física va a realizarse conjuntamente con los servicios sanitarios e
incluye una exploración física general y de manera más específica de las áreas de acceso
sexual. Por último, se procede a la exploración de región genital, anal y bucal. Se debe
hacer especial hincapié en aquellas áreas donde la víctima relata haber sufrido los
tocamientos o el acceso carnal.
Simultáneamente con la exploración se realiza la toma de muestras forense
(determinadas por el médico forense) y clínicas (establecidas por el equipo asistencial).
Desde el punto de vista forense un protocolo completo puede llegar a incluir las siguientes
Muestras para estudios biológicos.
1.	Búsqueda de vello púbico.
2.	Búsqueda de esperma:
I.	Torunda seca vaginal.
II.	Torunda seca cervical.
III.	Lavado vaginal de 10 ml.
IV.	Torunda seca bucal.
V.	Lavado bucal de 10 ml.
VI.	Torunda seca anal.
VII.	Lavado anal de 10 ml
3.	Lecho ungueal.
4.	Estudio de manchas biológicas.
5.	Muestra genética indubitada de la víctima.
Muestras para estudios toxicológicos:
wwDeterminación de una disminución o merma de la consciencia o la capacidad
de consentir y estudio de una posible sumisión química.
El médico forense se hará responsable de la cadena de custodia de muestras forenses por
él recogidas y de su remisión posterior al Instituto Nacional de Toxicología o, en su caso, a los
laboratorios de las FF.CC.SS.EE.
El médico forense recogerá copia del informe clínico para adjuntarlo al informe médico forense
y al expediente judicial.
B.	Sufridas hace más de 72 Horas:
No será preciso que el médico forense se desplace al centro sanitario, salvo casos
excepcionales de especial gravedad. El clínico realizará la exploración y actuación sanitaria
precisa. Remitirá el parte de lesiones al Juzgado para comunicar la sospecha del delito y
también, y en todo caso, a las FF.CC.SS.EE., para que puedan practicar las primeras diligencias.
El día en el que la víctima preste declaración en el Juzgado, el médico forense explorará a la
víctima y realizará el informe de sanidad.
6.4.2. Violencia física y/o maltrato psíquico
En estos casos no será necesario que el médico forense se desplace al centro asistencial
para el reconocimiento conjunto con los profesionales sanitarios. El equipo clínico realizará
de manera autónoma la labor asistencial y elaborará los documentos precisos en cada caso.
Posteriormente, en el Juzgado, el médico forense realizará su labor pericial. Sólo, y de manera
excepcional, se realizará una exploración conjunta en aquellos casos en los que las lesiones
revistan especial gravedad.
6.5. El menor como víctima
En el caso de que, en un futuro, se disponga de oficina de asistencia a la víctima, se pondrán
en conocimiento de ésta la presencia del menor en los Juzgados para que acompañe al mismo y le
asista a él y a su familia. Como regla general, en los casos en los que el menor esté tutelado, habrá
de ser el educador del centro quien acompañe al menor en los trámites judiciales.
Tal como se recoge en el artículo 18, sobre Asistencia y Apoyo a las Víctimas de la mencionada
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2010/0064, se deben adoptar:
•• Medidas necesarias para garantizar la asistencia y el apoyo a las víctimas antes, durante
y por un período de tiempo adecuado después del proceso penal.
•• Medidas específicas destinadas a asistir y apoyar a las víctimas, a corto y largo plazo, en
su recuperación física y psicosocial, que se deben adoptar tras una evaluación específica
de las circunstancias especiales de cada niño víctima y tenga en cuenta las opiniones y
necesidades de éste.
•• Apoyo y asistencia a la familia de la víctima.
•• Se les considerarán víctimas especialmente vulnerables (Decisión marco 2001/220/JAI
(sustituida por la directiva 2012/29/UE).
En la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012,
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas
de los delitos, y por la que se sustituye la Decisión Marco 2001/220/JAI del Consejo, hay que citar,
⎯⎯ Art. 22. Evaluación individual de las víctimas a fin de determinar sus necesidades
especiales de protección.
⎯⎯ Art. 23. Derecho a la protección de las víctimas con necesidades especiales de
protección durante el proceso penal.
⎯⎯ Art. 24 Derecho a la protección de las víctimas menores de edad durante el proceso
Se adoptarán las medidas prácticas para el cumplimiento de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 2010/0064 (COD) relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación
sexual de los niños y la pornografía infantil (Artículo 19), sobre la Protección de los niños víctimas en
las investigaciones y los procedimientos penales:
•• “... garantizar que, en las investigaciones y procedimientos penales, las autoridades
judiciales designen a un representante especial del niño víctima cuando, (...) los titulares
de la responsabilidad parental no estén autorizados ... “
•• “... que los niños víctimas tenga acceso inmediato al asesoramiento jurídico gratuito y a
la representación legal gratuita”.
Cuando en cualquier servicio sanitario, social o especializado, que asista al menor, se realicen
sesiones donde se aborden los presuntos hechos de autos, la sesión, desde su inicio hasta su
finalización, se registrará siempre en vídeo o, en caso de que no sea técnicamente posible o se
esté realizando una exploración física del menor, en audio, posibilitando su puesta a disposición
de la investigación judicial. A este fin se solicitará que se dote a los anteriores servicios de los
correspondientes medios técnicos.
6.6. Juzgados intervinientes
Resulta aconsejable que todas las actuaciones judiciales con los menores realizadas en los
juzgados tengan en cuenta las pautas o recomendaciones señaladas anteriormente, dejando a salvo,
en todo caso, el ejercicio de sus competencias jurisdiccionales:
•• En los casos urgentes que los presuntos malos tratos lleven aparejada una medida de
tutela que suponga la separación del menor de edad de su núcleo de convivencia, se
facilitará la coordinación con la Entidad Pública de Protección de la Comunidad de Madrid
y los Servicios Sociales Municipales.
•• Las exploraciones del menor se efectuarán en el Juzgado de Guardia, atendiendo a las
normas de reparto existentes en el Partido Judicial, en aquellos casos que la declaración
del menor sea necesaria con carácter urgente.
•• Se recomienda que las exploraciones de los menores se realicen en el Jugado de Instrucción
mediante prueba preconstituida y/o anticipada (Sala 2º del Tribunal Supremo, Sentencia
núm. 96/2009 de 10 marzo).
•• Es recomendable que, de haberse preconstituido la prueba ante el Juzgado de Instrucción,
se evite la declaración del menor en el Juzgado de lo Penal, procediéndose al visionado
de la grabación de la diligencia efectuada ante el Juzgado de Instrucción como prueba
preconstituida, sometiéndola así a contradicción Sala 2º del Tribunal Supremo, Sentencia
•• En el caso de que sea inevitable que el menor tenga que declarar en el Juicio Oral, para
evitar la confrontación con el presunto agresor, se adoptarán las medidas propuestas por
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 2010/0064 (COD) en las investigaciones
judiciales penales:
–– Que la audiencia se celebre a puerta cerrada.
–– Que el niño víctima pueda ser oído sin estar presente en la sala de audiencia, mediante
la utilización de las tecnologías de comunicación adecuadas como videoconferencia
o cualquier sistema similar, tal y como permite el art. 325 LECrim y Art. 731 LECrim
•• También resulta recomendable que:
–– Cuando exista Oficina de Atención a la Víctima en los Juzgados de Móstoles, se les
informe previamente a la misma de la fecha y hora del juicio, a fin de que preste
auxilio, informe y, en su caso, acompañé al menor y su familia.
–– Que la sala de audiencia esté adaptada para crear un ambiente confortable, evitando
formalismos que puedan perturbar al menor.
–– El juicio en el que declare un menor se señalará en primer lugar.
–– Que se utilice un lenguaje comprensible para el menor.
–– En tanto no se cree la Oficina de Atención a la Víctima, se valorará la conveniencia de
que el menor declare acompañado por un profesional que le haya atendido durante
el proceso o que esté realizando su seguimiento.
7. LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
7.1. Recomendaciones generales
•• Las FF.CC.SS.EE. actuarán en casos de maltrato infantil a través de sus Unidades Orgánicas
•• En el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía los Grupos o Equipos especializados en el
tratamiento policial de menores de edad (GRUMEs), en todas las Brigadas Provinciales de
Policía Judicial y Comisarías Locales en su caso, apoyados por el Servicio de Atención a la
Familia (SAF Central) de la Comisaría General de Policía Judicial.
•• En el ámbito de la Guardia Civil, los especialistas en materia de menores de edad se
integran en los EMUMEs, existentes en todas las Comandancias dentro de las Unidades
Orgánicas de Policía Judicial, apoyados por el EMUME Central de la Unidad Técnica de
•• En el ámbito de las Policías Locales pertenecientes a municipios que tengan suscrito un
acuerdo específico con el Ministerio del Interior para que parte de su Policía Local ejerza
funciones de Policía Judicial, en el marco de lo establecido en los convenios generales
suscritos entre el Ministerio del Interior y la Federación Española de Municipios y
Provincias, podrán crearse Equipos Municipales Especializados en Menores de edad
para la investigación de los hechos delictivos recogidos en el referido Acuerdo Específico
donde se encuentren implicados menores de edad.
Las FF.CC.SS.EE., en este tipo de investigaciones, seguirán las siguientes pautas (P. Madrid 2010):
•• Coordinar con las instancias adecuadas cuantas acciones sean necesarias, especialmente
aquellas relacionadas con la forma de tomar declaración al menor de edad y en el contexto
de exploración y de atención inmediata, procurando crear un clima amigable que empatice
con la mentalidad de los menores de edad, cuidando este aspecto desde una perspectiva
integral, es decir, y dentro de lo posible, desde el mobiliario en las estancias destinadas
para este tipo de intervenciones, la estética del vestuario, el lenguaje, tanto hablado
como no verbal, de los funcionarios actuantes, evitando la victimización secundaria del
•• No permitirán que, en ningún caso, se obtengan o difundan imágenes del menor de
edad, víctima o testigo de una infracción penal, ni que se faciliten datos que permitan
su identificación, con pleno cumplimiento de las normas relativas a la protección jurídica
de los menores de edad, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia
imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
•• Velar por que las primeras diligencias policiales garanticen la protección inmediata del
menor de edad, asegurar la recogida de pruebas y, posteriormente, se remitan a las
instancias competentes los informes que recojan el resultado de sus averiguaciones.
•• Practicar todas las actuaciones necesarias para garantizar la dignidad y la integridad física
y moral de las víctimas, tanto en el lugar de los hechos, como durante los traslados a
centros hospitalarios y asistenciales y, en su caso, al domicilio.
•• Prestar el auxilio necesario a otras instituciones (Servicios Sociales, Educación, Centros
Sanitarios y Hospitalarios…), cuando así se solicite por parte de éstas, para garantizar la
seguridad y la integridad del menor de edad y de los profesionales que lo atienden y para
la realización de averiguaciones e informes que puedan solicitarse.
•• Colaborar con la Entidad Pública de Protección de la Comunidad de Madrid en la
ejecución del procedimiento y de las medidas de protección que se acuerden, en su caso,
que son inmediatamente ejecutivas, interesando la correspondiente autorización judicial
cuando legalmente sea preceptivo, sin perjuicio del carácter ejecutivo de las resoluciones
administrativas que declaren la medida de protección correspondiente. Si fuera precisa la
entrada en el domicilio de los progenitores para ejecutar la medida, se deberá recabar el
correspondiente mandamiento judicial de entrada en el domicilio.
7.2 Detección y comunicación
Cuando las FF.CC.SS.EE. tengan conocimiento de un posible maltrato y/o abuso sexual a un
menor, actuarán según sus protocolos de actuación, atendiendo siempre al interés superior del
Se actuará en auxilio de otras Instituciones cuando así les sea solicitado. De forma ordinaria, se
comisionaría una dotación uniformada al lugar para recabar los primeros datos, gravedad, identificar
a las partes, y atender a la víctima y/o familia.
Una vez valorada la situación, se informará a la Unidad de Policía Judicial competente (S.A.F.
o EMUME), ya que en ocasiones las víctimas pueden proceder de otro término municipal, y la
competencia no sólo policial, sino jurisdiccional corresponde a otros órganos judiciales.
Confirmada la posible existencia de una infracción penal, la Unidad que se haga cargo de las
investigaciones, la comunicará al Juzgado competente.
Cuando la Institución solicitante sean los Centros Educativos o los Servicios Sociales, en los
casos de maltrato/abuso grave o intrafamiliar lo comunicará a las FF.CC.SS.EE., acompañando al
menor hasta que se personen en su lugar los miembros de las familias para hacerse cargo del mismo.
Cuando sean estas Instituciones las que pongan en conocimiento de las FF.CC.SS.EE. la posible
existencia de un maltrato/abuso hacia un menor, bien por comunicación verbal, bien por denuncia
escrita, adjuntarán, de existir, documento elaborado por su Institución, donde se refleje la existencia
de los hechos denunciados:
•• Por parte de Centro Educativos según los Cuestionarios de Indicadores de Desprotección
Infantil (Protocolos de respuesta para equipos directivos y profesorado ante situaciones
Madrid, 2007).
•• Por parte de Servicios Sociales Resumen o informe de intervención en el entorno familiar
Cuando la solicitud de intervención sea realizada por un Centro Sanitario u Hospitalario,
funcionarios policiales acudirán al Centro requirente y una vez informados y valorada la situación,
velarán por la salud e integridad del menor y pondrán en marcha los protocolos de intervención en
caso de malos tratos y/o abuso sexual.
Se informará a los menores y/o sus tutores legales de los derechos que tienen como víctimas
de este tipo de delitos, según el hecho.
•• Solicitud de orden de protección o de medidas cautelares de alejamiento.
•• Información de los derechos contemplados en la L.O. 1/2004 de 28 de diciembre.
•• Información de los derechos contemplados en la Ley 35/1995 de 11 de diciembre como
víctima de delitos violentos o sexuales.
•• Información de la posibilidad de recibir asistencia y apoyo, de carácter psicológico,
jurídico, por parte de otros organismos, como es el caso de los Servicios Sociales de los
•• Derivación al centro CIASI en los casos de abuso sexual si se considera necesario que el
menor reciba ayuda psicológica o jurídica.
Se informarán sobre el posible caso de maltrato hacia un menor de edad, según las circunstancias,
•• En cualquier caso, cuando se aprecie un posible delito o falta, se tramitarán las diligencias
policiales correspondientes, que se remitirán al Juzgado de Instrucción y al Ministerio
Fiscal y, atendiendo a la gravedad de los hechos, se dará cuenta inmediata para su
conocimiento al Juzgado de Instrucción que estuviera conociendo del asunto, o en su caso,
al Juzgado de Guardia (teléfono, fax, etc.); en el caso de menor gravedad, se continuarán
las diligencias de investigación, remitiendo éstas a su finalización.
•• En las situaciones de maltrato que requieran una actuación urgente, lo notificarán a
la Entidad Pública de Protección de la Comunidad de Madrid. Se procederá a solicitar
al servicio de guardia de la Fiscalía de Menores de Madrid el ingreso del menor en un
Centro Tutelado de la Comunidad de Madrid, (Clara Eugenio u Hortaleza, dependiendo
de la edad), continuando con las diligencias policiales.
•• En el resto de casos se comunicará a los Servicios Sociales. Remitiendo vía fax o correo
electrónico información de los hechos conocidos por si consideran oportuno abrir
expediente en el entorno familiar o continuar alguno abierto.
7.3. Exploración del menor
En actuaciones iniciadas en la Policía, como regla general se valorará la conveniencia de la
toma de declaración de los especialmente vulnerables:
•• Menores entre los 4/8 años.
•• Menores con un trastorno mental, del desarrollo y/o de la comunicación.
•• En los casos de abuso y/o maltrato graves.
Así mismo, se valorará la conveniencia de tomar de declaración a los adultos incapacitados
judicialmente o vulnerables por su trastorno mental crónico.
En los casos no urgentes de menores y/o adultos vulnerables, se evitará la toma de declaración
cuando exista:
•• Denuncia o testimonio de un profesional.
•• Suficientes datos o pruebas.
•• La posibilidad de obtener pruebas por otros medios.
Se procederá a la exploración, por profesional especializando, en los casos urgentes cuando
existan otros menores en riesgo, no haya suficientes datos o pruebas, ni testimonios de profesionales,
ni exista la posibilidad de obtener pruebas por otros medios y con el fin de poner a disposición
judicial al presunto autor.
En las exploraciones de los menores, siempre que sea posible, se seguirán las siguientes
•• Se realizará por un profesional de las FF.CC.SS.EE. debidamente especializado, con
protocolos normalizados y registrado en vídeo/audio.
•• Las FF.CC.SS.EE. podrán solicitar, si lo requieren, la intervención de otros profesionales
especializados en exploraciones de testigos vulnerables.
•• Se realizará en presencia de la persona mayor de edad que en ese momento tenga la
guarda o custodia (padres, tutor o profesor del centro educativo, trabajador social). Si no
hubiese responsable, se pondrá el hecho en conocimiento del Juzgado de Guardia y del
•• Como norma general (previa autorización del tutor), se evitará el contacto visual entre
el menor testigo y cualquier acompañante, a fin de evitar su posible influencia en las
manifestaciones del menor.
•• Se llevará a cabo en un espacio adecuado.
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
8. LOS SERVICIOS EDUCATIVOS
Los Servicios Educativos tienen un papel fundamental en la detección y atención de menores
de edad maltratados gracias al contacto normalizado y continuado que mantienen con éstos y sus
familias. En este contexto, es preciso detallar los siguientes aspectos:
8.1. Consideraciones generales
8.1.2. Detección / comunicación
Cualquier profesor o miembro de la comunidad educativa que sospeche de la existencia de
maltrato o abuso sexual deberá comunicarlo a la dirección de su centro/ED (Equipo Directivo).
Ésta establecerá el procedimiento a seguir para recabar la información precisa que permita
profundizar en el esclarecimiento de la circunstancia comunicada. A tal efecto, podrá solicitar
la colaboración del tutor, otros profesores y profesionales responsables de la orientación del
centro (Equipos de Orientación en Primaria y Dptos. de Orientación en Secundaria).
8.1.3. Elaboración de informes y plan de actuación
Los maestros y profesores deben elaborar los documentos e informes necesarios para dar
cuenta de los hechos que puedan ser objeto de investigación y para facilitar la intervención
de otras instancias o instituciones, garantizando la confidencialidad del documento o informe.
La misión de los centros educativos no es sólo determinar la ocurrencia o no del maltrato, sino
valorar la situación global del menor de edad (en el ámbito curricular y de los aprendizajes,
estado emocional, contexto familiar, etc. ...) y la manera de canalizar la problemática planteada.
Esta primera valoración permitirá una aproximación a las necesidades de atención que el
menor de edad pueda requerir (asistencia sanitaria, protección policial, apoyo psicológico,…).
A partir de este momento, la actuación de los servicios educativos será diferente en función
de los siguientes casos:
8.2. Actuación ante diferentes casos
8.2.1. Actuación en los casos de sospecha de maltrato y/o abuso sexual
El equipo directivo dará traslado inmediato de la información recabada al Programa de
Familia de Servicios Sociales del Ayuntamiento o servicio equivalente.
Cuando se detecten lesiones que requieran asistencia sanitaria, se procederá a atenderle y
notificarlo a los servicios sanitarios a través del 061. Se informará a la familia y al Servicio de
Inspección Educativa de dicha actuación.
8.2.2. Actuación en los casos de evidencia de maltrato y/o abuso sexual
Se procederá a la comunicación a FF.CC.SS.EE. en la forma prevista en el apartado 5.1.
Actuación en los casos en los que se valora que existe urgencia, del presente protocolo o al
Se informará a la familia y al Servicio de Inspección Educativa de dicha actuación.
Tanto en los casos de sospecha como en los de evidencia de maltrato y/o abuso sexual el
profesor garantizará el testimonio del alumno, facilitando su exposición en un entorno
adecuado, reflejando por escrito literalmente las manifestaciones del menor así como
las posibles preguntas que pudieran habérsele realizado en el contexto de su exposición.
Debiendo poner su resultado a disposición de las FF.CC.SS.EE., si los mismos actúan, a fin de
que puedan valorar la conveniencia o no de recabar nuevo testimonio al menor, para avanzar
en la investigación policial.
En el caso de utilizarse cuestionarios de indicativos de una situación de maltrato o desamparo,
deberá facilitarse el acceso a los mismo por las FF.CC.SS.EE. para que puedan actuar en la
investigación de los hechos.
El resultado de la intervención realizada tanto en los casos de sospecha como de evidencia de
maltrato y/o abuso sexual casos dará lugar a un plan de actuación, intercambio de información
y seguimiento donde intervendrán las distintas instituciones implicadas.
Así mismo, desde las autoridades educativas se favorecerá la formación del profesorado para
la prevención, detección e intervención en estos casos.
9. LOS SERVICIOS SANITARIOS
Los servicios sanitarios actuarán dependiendo del nivel en el que nos encontremos, la localidad
y el caso concreto.
En los Servicios Sanitarios se implementará el presente protocolo en el marco de la oferta de
prestaciones y servicios dirigidos a la población infantil (P. Madrid 2011):
•• El Centro Sanitario debe garantizar, en todo momento, la protección inmediata del menor
de edad, la confidencialidad y el anonimato necesarios, así como la emisión de aquellos
informes técnicos que puedan ser necesarios.
•• La actuación sanitaria debe ser integral.
•• Las primeras intervenciones deben ir orientadas a tratar las posibles lesiones y efectuar
la notificación del caso a las instituciones que se determine para posibilitar tanto la
persecución judicial del delito, como la efectiva protección del menor de edad.
•• Es esencial que la exploración y, en su caso, la toma de muestras se inscriban en un
ambiente no traumático y lo más relajado posible.
•• Cuando los profesionales del Servicio de Salud evidencien lesiones que hayan podido
ser causadas por maltrato cumplimentarán el correspondiente parte de lesiones en el
que, con letra legible, se identificará el facultativo y se reseñarán pormenorizadamente
las lesiones, incluido el estadio y la localización así como una valoración del estado
emocional. Es muy importante reseñar si existen lesiones en distinto estadio de evolución,
cicatrices, etc., ya que permiten valorar si el maltrato se ha perpetuado en el tiempo o se
ha producido en diferentes momentos. Se deberá incluir el pronóstico y si se ha derivado
ingreso en el hospital.
•• Se debe emitir una información lo más objetiva posible del estado nutricional, higiene o
descuido, vacunas y tratamientos, relación observada con la familia, lesiones, etc.
•• También son objeto de notificación a las instancias administrativas con competencia en
protección de menores de edad (Servicios Sociales y Entidad Pública de protección de la
Comunidad de Madrid) las situaciones de riesgo de maltrato o de sospecha. En caso de
sospechar una situación de maltrato, se realizará un examen (anamnésis y exploración
clínica), una valoración por la Unidad de Trabajo Social si fuera necesario y se elaborará
el correspondiente informe.
•• Cuando durante la exploración y asistencia al menor de edad, se aprecie riesgo para su
integridad, se solicitará la intervención del Ministerio Fiscal y la colaboración de la Policía
para que preste la protección necesaria.
•• En cada dispositivo sanitario se debe informar de todos los casos de riesgo detectados en
la Unidad de Trabajo Social para que ésta se coordine con otras instancias, complemente
la evaluación psicofamiliar, oriente y efectúe el seguimiento que el caso precise.
•• Para evitar duplicidad de intervenciones, se ha de procurar que el reconocimiento se haga
conjuntamente por médico forense (a solicitud judicial) y especialista(s) hospitalario(s),
que emitirán informe al Juzgado de Guardia y, en su caso, a la Fiscalía y a los Servicios
Sociales y a la Entidad Pública de protección de la Comunidad de Madrid.
•• En estos casos, se realizarán dos informes, uno forense, para su remisión a la autoridad
judicial que lo ha requerido y otro clínico-asistencial, que refleje la valoración médica y
psicológica realizada por los distintos especialistas sanitarios.
•• Durante la hospitalización de cualquier menor de edad es fundamental mantener una
pauta de observación por parte de enfermería, que aprecie la calidad de las relaciones
padres-hijo, las actitudes y las conductas del adulto, las actitudes y las conductas del
menor de edad, la calidad y la cantidad de las visitas, el interés familiar respecto de la
evolución del menor de edad, el posible incremento de la sintomatología tras las visitas,
A las anteriores consideraciones generales en el presente protocolo se recomienda que cuando
en cualquier servicio sanitario o especializado se realicen exploraciones donde se aborden los
presuntos hechos de autos, la sesión, desde su inicio hasta su finalización se registre en audio
y, de no ser posible, se recoja por escrito literalmente las manifestaciones del menor, así como
las posibles preguntas que pudieran habérsele realizado, posibilitando, en su caso, su puesta a
disposición de la investigación judicial.
9.2. Atención primaria y especializada ambulatoria
9.2.1. Prevención del maltrato en situaciones de riesgo social
•• Los profesionales y/o instituciones que detecten la situación de riesgo social la
comunicarán a los Servicios Sociales usando las vías previstas en cada centro sanitario
para completar la valoración de la familia desde el punto de vista social. Elaboración de
forma conjunta, entre servicios sanitarios y sociales, de estrategias de apoyo a la familia.
•• Registrar en la historia clínica (AP-Madrid).
•• Cumplimentar la Hoja de derivación para la trabajadora social o servicios sociales.
9.2.2. Casos de sospecha de maltrato
En los casos de sospecha de maltrato es obligado realizar las actuaciones sanitarias necesarias
para confirmar o descartar el diagnóstico de maltrato. En los casos de sospecha de abuso/
maltrato será necesario comunicarlo y realizar las siguientes gestiones:
•• El médico de atención primaria debe realizar una anamnesis y exploración física detallada.
Recoger como comentarios subjetivos los hallazgos e indicadores de sospecha en la
historia clínica del paciente y las actuaciones realizadas.
•• Comunicación a los Servicios Sociales. Se usarán las vías previstas en cada centro sanitario.
•• Rellenar Hoja de derivación a la trabajadora social o servicios sociales.
•• Derivación a Salud Mental. Bajo criterio médico se derivará a los Centros de Salud Mental
para la exploración de los indicadores comportamentales. Si se trata de un caso de abuso
y/o agresión sexual se derivará, para su diagnóstico y tratamiento, al CIASI .
•• La actuación de estos tres servicios deberá ser coordinada y con un contacto bidireccional
•• Hoja de notificación. Se realizarán tres copias:
–– Historia clínica del menor.
–– Trabajador social o Servicios sociales.
–– IMFM y el menor para el registro de datos de maltrato infantil de la Comunidad de
•• Cualquier otro documento previsto en cada centro sanitario.
9.2.3. Casos de diagnóstico de maltrato
En estos casos será necesario comunicarlo y realizar las siguientes gestiones:
A.	Procedimiento ordinario o no urgente:
–– El médico de atención primaria debe realizar una anamnesis y exploración física
detallada. Recoger como comentarios subjetivos los hallazgos e indicadores de
sospecha en la historia clínica del paciente y las derivaciones realizadas.
–– Copia del informe asistencial para el paciente.
–– Parte de lesiones. Se gestionarán cuatro copias
§	Archivo en la historia clínica del menor.
§	Remitir al Decanato del Partido Judicial correspondiente, mediante correo postal
§	Remitir a la Protección de Fiscalía de menores mediante FAX:
Fax: 914 931 164.
§	Entregar una cuarta copia a las FF.CC.SS.EE. en casos que se solicite. La solicitud
de datos por parte de las FF.CC.SS.EE., seguirán los procedimientos descritos
en el apartado 11 del presente protocolo (Coordinación y solicitud de datos
de acuerdo a la L.O. de Protección de datos de carácter personal).
–– Comunicación a los Servicios Sociales. Se usarán las vías previstas en cada centro
–– Hoja de derivación a la trabajadora social o servicios sociales (en proceso).
–– Derivación para Atención:
§	Bajo criterio médico si precisa atención clínica de Salud Mental, Psiquiátrica y/o
Psicológica, se derivará a los Centros de Salud Mental
§	Si se trata de un caso de abuso y/o agresión sexual se derivará al al CIASI.
§	También se podrá derivar a otros centros de referencia.
–– Hoja de notificación: Se realizarán tres copias:
§	Historia clínica del menor.
§	Trabajador social ó Servicios sociales.
§	IMFM y el menor para el registro de datos de Maltrato Infantil de la Comunidad
–– Cualquier otro documento previsto en cada centro sanitario.
B.	Procedimiento urgente:
Además de las actuaciones reseñadas en el Procedimiento Ordinario, en los procedimientos
urgentes se seguirán las siguientes:
–– En los supuestos en los que sea necesario el traslado a un centro hospitalario por
necesidad de atención diagnóstica, terapéutica o por ingreso por motivo social (para
garantizar el cuidado inmediato del menor) se valorará la conveniencia de que sea
realizado por las FF.CC.SS.EE. o por el SUMMA112. En estos casos se intentará evitar,
desde el inicio, el contacto entre el menor y el supuesto autor.
–– Cuando sea necesario, por riesgo grave o abandono, se solicitará telefónicamente
y mediante fax –debiendo garantizar los procedimientos de protección de datos,
recogidos en el apartado 12 del presente protocolo– la intervención del Cuerpo
Nacional de Policía o de la Guardia Civil para garantizar la protección inmediata del
menor e iniciar urgentemente las actuaciones de investigación:
§	Móstoles: Policía Nacional de Móstoles:
Fax: 91 648 00 41
916 480 000 (24 h. Comisaría)
916 480 037 (SAF)
§	Boadilla del Monte, Brunete, Quijorna, Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de
wwGuardia Civil:
–– En casos urgentes la comunicación, en base a lo establecido en el Art. 10 del Decreto
121/88 de 23 noviembre, modificado por el 71/92 de 12 de noviembre, cuando
exista un gravísimo riesgo para el menor y sea necesaria la separación de su entorno
de convivencia se enviará por escrito y se adelantará por fax a la Comisión de Tutela
del Menor la solicitud de intervención urgente de retirada del menor, así como los
motivos en los cuales se fundamenta la solicitud:
wwComisión de Tutela del Menor.
9.3. Atención hospitalaria
Se prestará asistencia hospitalaria en los casos en los que el menor acuda directamente a un
servicio de urgencias hospitalario o cuando sea remitido por su gravedad o necesidad de valoración
especializada urgente.
La actuación y documentos a cumplimentar en la asistencia hospitalaria seguirá las mismas
directrices que lo establecido en el punto 9.2 para atención primaria y especializada ambulatoria.
Protocolo de Actuación de Abusos Sexuales y otros Malos Tratos a la Infancia
En agresiones sexuales, salvo emergencia médica, será preciso comunicar los hechos al Médico
Forense antes de realizar la exploración al paciente de manera conjunta. En estos casos no será
necesario emitir parte de lesiones aunque sí aportar al Médico Forense una copia del informe
asistencial. La actuación con el Médico Forense se llevará a cabo según lo expuesto en el apartado
9.4. Atención especializada ambulatoria: salud mental infanto-juvenil
9.4.1. Derivación
Los casos de sospecha/diagnóstico de maltrato o situaciones de riesgo social en las que se
observen síntomas emocionales o conductuales, deben ser derivados, de manera preferente
mediante Parte de Interconsulta por su Pediatra/Médico de Familia/Especialista.
Aquellos menores que sean derivados a nuestro servicio desde Urgencias aportarán el
informe correspondiente para solicitar cita.
Los casos de sospecha/diagnóstico de abuso sexual serán derivados al CIASI, donde
reciben atención especializada, y pueden realizar valoración diagnóstica, evaluación de
credibilidad del testimonio e intervención. La derivación debe ser directa desde la institución
que detecte el caso, para evitar la victimización secundaria de someterle a varias exploraciones.
9.4.2. Atención clínica en el Centro de Salud Mental
Aquellos casos en los que, con independencia del motivo de consulta inicial, durante
le evaluación o seguimiento se detecte una situación de riesgo socio-familiar, sospecha y/o
diagnóstico de maltrato y/o abuso, serán evaluados por la Trabajadora Social del Equipo
Infanto – Juvenil del CSM y derivados a los Servicios Sociales (Programa de Familia), mediante
protocolo específico.
Por nuestra parte continuarán seguimiento con su terapeuta y Trabajadora Social. Se
favorecerá la coordinación con Servicios Sociales para diseñar la intervención y evitar
A. Sospecha de maltrato
En un contexto de coordinación y colaboración, será Servicios Sociales quien gestione con
IMFM la notificación e intervención de la Entidad Pública de Protección de la Comunidad
de Madrid, y quien comunique a la familia dicho procedimiento, con el fin de preservar la
relación terapéutica con los profesionales del CSM (recurso voluntario de atención clínica).
B. Diagnóstico de maltrato
En coordinación con Servicios Sociales se realizará la notificación a la Comisión de Tutela del
Menor (IMFM).
Una vez evaluados y si con abordaje coordinado se confirma el maltrato se notificará a
instancias judiciales con el procedimiento recogido en el punto 9.2.3. (Parte de Lesiones). En
el caso de presentar lesiones físicas y ser el terapeuta de referencia profesional de Psicología
Clínica, derivará al menor al Servicio de Urgencias Hospitalario para valorar las lesiones.
LOS SERVICIOS SANITARIO S
El Servicio de Salud Mental Infanto-Juvenil continuará el seguimiento del menor con su
Terapeuta y Trabajadora Social. Se favorecerá la coordinación con Servicios Sociales para
diseñar la intervención y evitar duplicidades.
C. Casos de abuso sexual
Se derivarán a CIASI con carácter general, salvo excepciones que serán tratados en el CSM:
•• Historia de abuso sexual en el pasado, como parte de su historia biográfica, en menores
ya protegidos.
•• Sospecha/diagnóstico de abuso sexual en el curso de intervención por un motivo de
consulta diferente. Como norma general no se derivan a CIASI para evitar la revictimización,
y por existir una relación terapéutica de confianza previa. Salvo circunstancias concretas
que hagan pensar a criterio del terapeuta que el paciente se va a favorecer de seguimiento
en CIASI.
9.4.3 Procedimiento de comunicación a instancias judiciales
Según consta en apartado 9.2.3.
LA ENTIDAD PÚBLICA DE PROTECCIÓN DE LA CAM
10. LA ENTIDAD PÚBLICA DE PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD
DE MADRID (COMISIÓN DE TUTELA DEL MENOR)
Corresponde a la Entidad Pública de Protección de la Comunidad de Madrid (Comisión de Tutela
del Menor) iniciar un procedimiento de protección cuando tenga conocimiento de una posible
situación de desamparo, sin perjuicio de la adopción de las medidas inmediatas de atención que el
menor de edad requiera, ello de conformidad con lo prevenido por los artículos 48 y siguientes de
la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y a Adolescencia en la
Comunidad de Madrid en concordancia con lo dispuesto por los artículos 172 y siguientes del Código
Es preciso tener en cuenta en todo caso que la situación de maltrato no implica necesariamente
situación de desamparo, salvo que el maltrato provenga de sus progenitores o personas con las
que conviva y los responsables del menor de edad sean incapaces de evitarlo. Por lo tanto, la
existencia de maltrato no siempre conllevará la adopción de una medida de protección tutela que le
separe de su familia o núcleo de convivencia, salvo que efectivamente sea necesaria.
La Entidad Pública de Protección de la Comunidad de Madrid podrá iniciar un procedimiento de
protección a instancia de:
•• Servicios Sociales Municipales
•• Educación
•• Sanidad
•• Ministerio Fiscal
•• Autoridades Judiciales
•• CC.FF.SS.EE.
•• Particulares
En casos urgentes la comunicación, en base a lo establecido en el Art. 10 del decreto 121/88
de 23 noviembre, modificado por el 71/92 de 12 de noviembre, cuando exista un gravísimo riesgo
para el menor y sea necesaria la separación de su entorno de convivencia se enviará por escrito y
se adelantará por a la Comisión de Tutela del Menor la solicitud de intervención urgente de retirada
del menor, así como los motivos en los cuales se fundamenta la solicitud.
Cuando se derive un caso de maltrato de un menor de edad a la Entidad Pública de protección,
deberá remitirse la correspondiente Hoja de Derivación debidamente cumplimentada, así como la
documentación sobre todo lo actuado hasta el momento, con indicación de otras instituciones que
pudieran estar conociendo el caso.
Cuando la Entidad Pública de protección de la Comunidad de Madrid detecte la existencia de
circunstancias que impliquen un riesgo para el desarrollo personal o social de los menores de edad,
habrá de ponerlo en conocimiento de los Servicios Sociales para que comprueben la situación del
menor de edad y en su caso intervengan conforme a sus competencias, para evitar que se produzca
la situación de desprotección.
Si con la intervención de los Servicios Sociales y otros recursos disponibles no se consigue un
cambio positivo y suficiente en el comportamiento y actitud de los padres, tutores o guardadores, y
los menores de edad se encuentran privados de la necesaria asistencia moral o material, la Entidad
Pública de Protección de la Comunidad de Madrid, ponderando la concurrencia y gravedad de los
indicadores de desprotección existentes, habrá de declarar la situación de desamparo y asumirá su
Cuando la Entidad Pública de Protección de la Comunidad de Madrid tenga conocimiento de
que existen circunstancias que evidencian el desamparo de un menor de edad se podrá acordar la
tutela del menor de edad mediante el procedimiento de urgencia, sin perjuicio de que a posteriori
se complete la instrucción del expediente.
Para la ejecución de la medida protectora se recabará el auxilio y la colaboración policial en
aquellos casos en que se prevea que puede haber oposición violenta por parte de los padres o
cuidadores y, si fuese necesario, el auxilio judicial para que se autorice la entrada en domicilio, todo
ello en orden a proceder a la ejecución forzosa del acto administrativo.
En el marco de un proceso penal por malos tratos a un menor de edad, se deberá mantener una
estrecha comunicación y coordinación entre el juzgado que conoce el asunto y la Entidad Pública de
protección de la Comunidad de Madrid, mientras se mantenga la medida de protección acordada,
recabándose toda aquella información que se estime necesaria en defensa del interés superior del
La aplicación de la medida de protección exigirá un seguimiento personalizado de la situación y
evolución de los menores de edad y su familia, en coordinación con los Servicios Sociales, y habrá de
adaptar en cada momento el ejercicio de la medida de protección al desarrollo y a las necesidades
psicosociales de los menores de edad, prevaleciendo el superior interés de los mismos, y planificando
el conjunto de la intervención como el objetivo último de la integración definitiva en un contexto
familiar y social normalizado.
A los menores de edad sujetos a medidas de protección se les garantizará la adecuada continuidad
afectiva y social que sea beneficiosa para su desarrollo personal, así como la atención educativa
individualizada, la preservación de su intimidad e imagen, la atención sanitaria adaptada a sus
circunstancias, evitando exploraciones repetitivas e intrusivas, y la adecuación de los procedimientos
administrativos o judiciales para evitar su revictimización.
Al margen de las posibles actuaciones con menores que ya estuvieran o que a partir del hecho
causante se incorporen a la protección administrativa de la Comunidad de Madrid, el IMFM cuenta
con un Centro especializado de intervención en abuso sexual infantil (Centro CIASI), dada la
especialidad del abuso sexual infantil y con objeto de asistir a los menores víctimas de este fenómeno,
así como de intervenir en relación a los menores ofensores.
Las instituciones y organismos derivantes deberán cumplimentar el Documento Normalizado
de Derivación a CIASI que el IMFM pone a su disposición y lo remiten, en todos los casos, por correo
postal, mensajería o fax (914 208 372) al Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, Área de
Infancia y Adolescencia (C/ Gran Vía 14, Madrid, 28013), que traslada el caso al equipo profesional
del CIASI. El protocolo normalizado de derivación (https://db.tt/KJire7jU)se acompañara de un breve
informe justificando el motivo de dicha derivación, así como de las intervenciones efectuadas.
La intervención que se realiza con los menores tiene un enfoque psicológico, social y jurídico
y está coordinado con otros dispositivos de atención sanitaria, social, policial, judicial y educativa.
Los objetivos del CIASI son los siguientes:
•• Ayudar a los menores agredidos sexualmente prestándoles asistencia psicológica y
•• Apoyar a la familia y a la red social del menor para abordar el problema.
•• Atender a los agresores menores de edad, iniciando una intervención terapéutica lo
•• Realizar una evaluación de la credibilidad del testimonio del menor en los supuestos de
•• Informar al IMFM, en el caso que se aprecie desprotección del menor.
•• Promover la sensibilización social sobre el abuso sexual infantil.
•• Participar en programas de prevención del abuso sexual infantil dentro del ámbito escolar
y en centros que atienden a población de riesgo.
COORDINACIÓN Y SOLICITUD DE DATOS
11. COORDINACIÓN Y SOLICITUD DE DATOS DE ACUERDO
A LA L.O. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
La Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de
Derechos y Obligaciones en Materia de Información y Documentación Clínica recoge el derecho a la
protección y confidencialidad de los datos clínicos y el derecho a la intimidad de los pacientes, que
debe estar asegurado por parte de los profesionales que les atienden.
En ocasiones los cuerpos de seguridad y judiciales (guardia civil, forenses y jueces) para poder llevar
a cabo procedimientos de su área de competencia precisan información de los pacientes.
En el presente protocolo seguimos los criterios recogidos en el PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE
DATOS subscrito por el Decanato Juzgado de Majadahonda, el Hospital Universitario Puerta de
Hierro y 6ª Compañía de la Guardia Civil:
11.1.- Cesión de datos de carácter personal a las FF.CC.SS.EE.
La protección de datos de carácter personal, como derecho fundamental de las personas físicas y
especialmente la protección de su honor e intimidad personal y familiar, deben ser garantizada por
todos los organismos e instituciones con el cumplimiento de las normas del presente procedimiento,
realizando un escrupuloso cumplimiento de las leyes y de la normativa vigente.
En el presente procedimiento se pretende concretar el mecanismo de coordinación con el fin
último de garantizar la protección de forma exclusiva de todos los datos personales especialmente
protegidos, que por causas justificadas debieran ser requeridos y comunicados, de conformidad con
La cesión de datos de carácter personal a las FF.CC.SS.EE., está autorizada por la LO 15/99, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (artículo 22.3 LOPD), con el fin de prevención
de un peligro real y grave para la seguridad pública, así como para la represión de infracciones
penales, y tratándose de datos especialmente protegidos, como lo son los datos de salud (artículo
7.3 de la LOPD), siempre que los datos a su vez sean absolutamente necesarios para los fines de una
investigación concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la
obligación de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados, que corresponden
a los órganos jurisdiccionales (artículo 22.3 y 4 LOPD). La cesión de estos datos viene amparada a su
vez por la LOPJ en su artículo 11.2 d), al ser destinatario de la información obtenida el Ministerio Fiscal
o un Juzgado o Tribunal en el ejercicio de sus funciones, a quienes las FF.CC.SS.EE. tiene obligación
de dar cuenta.
Tratándose de datos sobre la salud, la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación
clínica, no ha previsto la cesión de dichos datos a las FF.CC.SS.EE., por lo que hay que estar a
lo dispuesto en la LOPD, permitiéndose el tratamiento de estos datos, como se ha señalado
anteriormente, siempre que se realice en el marco de expedientes concretos y con una necesidad
debidamente justificada. Por su parte, la indicación de la Recomendación 2/2004 de la Agencia de
Protección de Datos de la Comunidad; en la que se aconseja un control judicial para le cesión de
estos datos, no significa que dicho control tenga que ser previo a la cesión, lo que obstaculizaría
la investigación penal, procediendo la cesión de datos siempre y cuando se haga conforme a las
prerrogativas de la ley, a saber:
•• que se solicite para evitar un peligro real y grave para la seguridad o prevención de
infracciones penales y que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación.
•• que la petición sea concreta y especifica, estando prohibidas las cesiones masivas de
•• que la petición sea sucintamente motivada cursada a través del soporte documental que
deje constancia de la misma.
•• que los datos sean cancelados cuando no sean necesarios para las averiguaciones que
motivaron su almacenamiento.
11.2. Procedimiento para la cesión de datos
En caso de solicitud de cualquier información sobre algún paciente por parte de las FF.CC.SS.EE. se
tendrán presentes las siguientes normas:
11.2.1. Solicitud de datos a través de escrito oficial
Con el fin de garantizar que se hagan efectivas todas las prerrogativas marcadas por la ley,
resulta absolutamente necesario revestir de formalidades legales estos presupuestos, y con
ese fin se debe atender a las siguientes pautas:
•• Toda petición se realizará por escrito a través de un oficio el cual deberá contener
logotipo institucional, solicitud de datos concretos y sustentada en un número de
diligencias policiales y Judiciales, que será la motivación que cualquier solicitud debe
tener, y finalmente deberá ir firmada por el jefe de la Unidad correspondiente que realiza
•• En caso de duda sobre la solicitud realizada, se deberá comunicar telefónicamente con la
Unidad afectada para resolver cualquier cuestión suscitada sobre la petición realizada, o
bien confirmar la veracidad de la petición.
•• El teléfono de contacto será el emitido por la Unidad solicitante, no obstante en caso de
duda, el teléfono habilitado para cualquier gestión relacionada con la información será
canalizado a través del número de teléfono:
wwMóstoles: Policía Nacional de Móstoles:
wwBoadilla del Monte, Brunete, Quijorna,
Villanueva de la Cañada y Villaviciosa de Odón. Guardia Civil:
11.2.2. Solicitud de datos a través de vía telefónica
Se debe tener en cuenta que en las relaciones entre ambos organismos debe primar
el principio de colaboración entre administraciones y el principio de confianza mutua,
pero ello no es óbice, para que los citados principios se vean reflejados de forma
Institucional y Oficial.
En la solicitud de datos por vía telefónica se tendrá en cuenta lo siguiente:
–– Solicitud de informes médicos: como norma general no se comunicará dato alguno,
solicitando la remisión del correspondiente oficio vía fax.
–– Solicitud de datos “URGENTES” que sean necesarios recabar sobre algún paciente
en tiempo real, solicitud de información sobre el internamiento o asistencia de
algún paciente, se deberá realizar verificación de llamada al número de teléfono de
la Unidad de la Guardia Civil y/o Cuerpo Nacional de Policía solicitante, y una vez
verificado, se podrá solicitar la información requerida telefónicamente por escrito
vía fax.
El teléfono de contacto será el emitido por la Unidad solicitante, no obstante en caso
de duda, para cualquier gestión relacionada con la información por vía telefónica
será canalizado a través :
COMISIÓN DEL SEGUMIENTO DEL PROTOCOLO
12. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROTOCOLO
Las instituciones firmantes nombran una comisión (cuyos miembros figuran en el Anexo III) que
realizará el seguimiento de estos acuerdos efectuando una evaluación del impacto de las actuaciones
y realizando un informe-propuesta anual.
Siendo las funciones de la Comisión de Seguimiento del Protocolo de Actuación en Abusos
Sexuales y otros Malos Tratos a la Infancia en el Partido Judicial de Móstoles:
•• Mantener actualizada la base de datos de Centros y profesionales.
•• Seguir el cumplimiento del protocolo.
•• Realizar propuestas de modificación y/o ampliación del protocolo.
Por todo ello y en prueba de su conformidad, lo firman en Móstoles a 20 de noviembre de 2013
Dña. Susana González de la Varga
Magistrada-Juez Decana
D. Juan A. Poza Fresnillo
Concejalía de Familia y Bienestar Social
D. Juan Manuel Salgado
Puesto P. de la Rozas-Majadahonda
D. Ricardo Trujillo Casas
Gerente del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos
D. Juan Jesús Sánchez Manzano
Jefe de la Comisaría del Cuerpo Nacional
de Policía de Móstoles
Dr. Manuel Galindo Gallego
Director Gerente del Hospital
Universitario de Móstoles
Dr. Antonio Jesús Alemany López
Director General de Atención Primaria
Dra. Berta Ríos Rial
Jefa de Servicio de Psiquiatría
Dña. Mª Librada Tortosa Llorca
de la Unidad de Programas
Educativos Madrid Sur
Dña. Mª del Carmen Alonso Mateos,
Concejal Delegada de las áreas de Cultura,
Bienestar Social, Familia, Mayores
Dña. Sara de la Varga González,
Concejal-Delegada de Cultura, Participación
Ciudadana, Servicios Sociales
y Personas Mayores del Ayuntamiento de
Dª Carmen Calvo Romerales
Jefa del Servicio de la Unidad
de Programas Educativos
de la DAT-Madrid Oeste.
Dña. Cristina Hernández Núñez
Presidenta de La Mancomunidad
Intermunicipal de Servicios
Sociales La Encina
Anexo I: CENTROS DE REFERENCIA
Juzgados de Móstoles
C/ Luís Jiménez de Asúa s/n
Servicio Coordinador de Urgencias (SCU): 061
Teléf.: 916 4301 – 271
Fax: 916 647 298
INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA
Y EL MENOR (IMFM)
Fiscalía del Área de Móstoles
Fax: 916 647 293
Teléf.: Secretaría: 916 647 295 – 296 -279
C Gran Vía, 14 28013 MADRID (MADRID).
Teléf.: 915 803 464 y 915 803 765
Fiscalía de Menores de Madrid
Fax: 914 931 164
Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil
(CIASI)
C/ Seseña, Nº 9
Teléf.:915 189 506
649 56 81 57 / 649 56 81 81
FAX: 91 711 12 73
ciasi@trama.org
Médicos Forenses de los Juzgados de Móstoles
Teléf.: 916 647 269 – 302 -271
Forense de Guardia: 609 630 986
Equipo Psicosocial del Tribunal Superior de
Teléf.:	916 647 245 – 43
Fax : 916 647 245
Derivaciones al CIASI:
Instituto Madrileño de la Familia y el Menor,
C/ Gran Vía 14, Madrid, 28013
Fax: 914 208 372
Comisaría de Móstoles
C/ Granada, 9- Frente a Móstoles Industrial
Teléf.:916 480 000 (24 h. Comisaría)
Teléf.:916 480 037 (SAF)
Sede Institucional del Ayuntamiento de Boadilla
Plaza de la Villa s/n, 28660
Teléf.:916 324 910
Mancomunidad de Servicios Sociales “La
Encina”
Brunete;
C/ Campo 21,
Teléf.: 918 158 580/ 918 319 014
mholgado@mancoencina-ssociales.com
mayoral@mancoencina-ssociales.com
Ayuntamientos de Brúnete, Quijorna,
Villanueva de la Cañada y Villanueva del
Centro Cívico El Molino
C/ Molino 2,
Teléf.:918 117 650
Plaza Mister Lodge S/N,
Teléf.:918 164 976
clera@mancoencina-ssociales.com
gyague@mancoencina-ssociales.com
Unidad de Trabajo Social (UTS):
iespinosa@mancoencina-ssociales.com
mhuetos@mancoencina-ssociales.com
C/ Abrevadero, Nº 11
Teléf.:916 163 802/53
Fax. 916 014 078
Programa de Familia:
vhernandez@mancoencina-ssociales.com
lsanchez@mancoencina-ssociales.com
Programa de Dependencia:
zpedrosa@mancoencina-ssociales.com
Plaza de doctor Santos Muñoz S/N
Tl: 918 168 377
Centro cívico El Molino,
Teléf.: 918 117 650
y Convivencia con Menores a Riesgo
Avenida Vía Láctea, 33.
28938-Móstoles
Teléf.: 916 489 453
Centro de Salud Mental de Móstoles.
Equipo Infanto – Juvenil
C/ Nueva York 16, 2ª planta
Teléf.: 916 480 210 - 916 480 238
Fax: 916 471 051
C/ Valle de esteribar S/N
Teléf.: 918 152 250
C.S. Barcelona
C/ Barcelona, 31
Teléf.: Adm: 916 462 943
Teléf.:T. Social: 916 451 883
Fax,: 916 456 698
buzgen2391@salud.madrid.org
C/ Río Júcar, s/n
Móstoles - 28935 (Madrid)
Teléf.: 91 6648 600
Urgencias Generales Teléf.:916 648 707
Urgencias Pediatría Teléf.:916 648 755
e-correo Pediatría pediat.hmtl@salud.madrid.
C. S. Dos de Mayo “Coronel de Palma”
C/ Coronel de Palma s/n
Teléf. Adm: 916 134 621
Teléf.: T. Social: 916 149 958
Fax: 916 149 639
buzgen2394@salud.madrid.org
C/ Gladiolo, s/n
Teléf.:914 816 225
Fax: 914 816 216
Hernando@capioser.es
C. S. Dr. Luengo Rodríguez
C/ Nueva York, 16
Teléf. Adm: 916 461 702
Teléf. T. Social: 916 461 709
Fax,: 916 453 092
buzgen2393@salud.madrid.org
C/ Joaquín Rodrigo Nº2
C.P.: 28222 Majadahonda/ Madrid
Teléf.:911 917 467
C. S. El Soto
Avda. Olímpica, 38
Telf. Adm: 916 133 260
Telf. T. Social: 916 139 759
Fax,: 916 175 513
buzgen2389@salud.madrid.org
Centros de Salud (C. S.)
C. S. de Arroyomolinos
C. S. Arroyomolinos
Plaza de los Galayos, 1. 28939
Teléf.:916 095 773
Fax, 916 897 340
buzgen2398@salud.madrid.org
C.S. Felipe II
Avda. Felipe II, 10
Teléf. Adm: 916 469 000
Fax:, 916 463 959
C. S. de Boadilla del Monte
C. S. Condes de Barcelona de Boadilla del
Tfno: 916 322 524
Fax: 916 321 476
buzdir2292@salud.madrid.org
buzgen2292@salud.madrid.org
C. S. Parque Coimbra
Avda. de los Sauces, 57
Teléf. Adm: 916 478 484
Fax, 916 478 453
buzgen2397@salud.madrid.org
C. S. de Móstoles
C. S. A. Bartolomé González
C/ Independencia, 8
Teléf.:Adm: 916 640 949
Fax,: 916 130 692
Email: buzgen2395@salud.madrid.org
Punto Municipal contra la Violencia de Género
C/ Ricardo Medem, 27.
Teléf.: 916 647 610
cigualdad@ayto-mostoles.es
C. S. Presentación Sabio
C/ Alonso Cano, 8
Adm.: 916 489 121
Teléf. T. Social: 916 489 101
Fax: 916 489 120
buzgen2390@salud.madrid.org
Villa Viciosa de Odón
Centro Miguel Delibes.
C/ Torrelaguna s/n
28670-Villaviciosa
Teléf.: 608 589 384
Teléf.: 608 767 400
puntoviolencia@v-odon.es
C. S. Princesa
C/ Severo Ochoa 2, 28932
Teléf.: 916 177 263
Fax: 916 641 038
buzgen2610@salud.madrid.org
C. S. Villanueva de la Cañada
C/ Eras de Móstoles s/n
28691- Villanueva de la Cañada
Teléf.: 918 155 126
Fax: 918 156 394
Buzgen2294@salud.madrid.org
de Villanueva de la Cañada
Avenida Antonio Gaudí, 23
Teléf.: 918 117 788/ 695 394 489
bsantacruzurban@mancoencina-ssociales.com
lariasriego@mancoencina-ssociales.com
C. S. de Villaviciosa de Odón
C. S. Villaviciosa de Odón
Av. Ppe. De Asturias, s/n,
Teléf. Adm.: 916 165 080
Fax: 916 165 400
buzgen2396@salud.madrid.org
UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL (UAVDI)
C/ Monasterio de las Huelgas, 15
Teléf.: 917 355 790
Fax. 917 355 799
www.pardo-valcarce.com
Puntos Municipales de Violencia de Género
C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10
Teléf.: 916 327 546
91 633 19 05
puntocontraviolencia@aytoboadilla.com
pmorvgboadilla@aytoboadilla.com
ANEXO II: LISTADO DE TELÉFONOS
LISTADO DE TELÉFONOS DEL EDIFICIO JUDICIAL DE MÓSTOLES
NOTA: Todos los teléfonos empiezan por los números 91-664 7….
FORENSEDECANATO
OFICINA ATENCIÓN A
INSTANCIA 3
INSTANCIA 4
INSTANCIA 5
INSTANCIA 6
INSTANCIA 7
269-302-271
301-217
243/245/352/329/321
San Antonio,9
295/296/279
324/326/327/328
232/234
372/373/374/375
330/332/333/335
916647293
916179830
916185507
916187112
916146947
916647263
916647325
916171011
916140885
916189553
916188004
916187808
916177305
916659909
916647355
916142063
916647247
916647257
916647313
916655644
916173655
916647341
FF.CC. SS.EE.
Comisaría de Móstoles C.N.P.
(24 h. Comisaría).
(SAF).
Centro Operativo Complejo de Madrid
Servicio Coordinador de Urgencias
(SCU). SUMA112
916095773
916897340
C. S. Boadilla del Monte. Condes de
C. S. de Móstoles. A. Bartolomé
C. S. de Móstoles. Barcelona
916451883 (T.S.)
C. S. de Móstoles. Dos de Mayo “Coronel de Palma”.
916149958 (T.S.)
C. S. de Móstoles. Dr. Luengo
916461709 (T.S.)
C. S. de Móstoles. El Soto.
916139759 (T.S.)
C. S. de Móstoles. Felipe II.
C. S. de Móstoles. Parque Coimbra.
C. S. de Móstoles. Presentación Sabio.
916489101 (T.S.)
C. S. de Móstoles. Princesa.
C. S. Villanueva de la Cañada.
C. S. Villaviciosa de Odón.
916322524
916321476
916640949
916130692
916480000
916480037
916480041
91 807 39 01
916480210 916480238
916 64 86 00
916648707
916648755
911917467
916471051
914816216
916462943 (Adm.)
916456698
916134621 (Adm.)
916461702 (Adm.)
916453092
916133260 (Adm.)
916175513
916469000
916478484
916489121 (Adm.)
916489120
91 6177263
918155126
916165080
916463959
916478453
916641038
918156394
916165400
916324910
918158580
Mancomunidad de Servicios Sociales 918319014
“La encina”.
918117650
Móstoles. Programa de Familia y Con- 916489453
vivencia con Menores a Riesgo
916163802/53
918168377
918152250
918164976
Comisión de Tutela del Menor. Área de 915803464
915803765
Derivaciones IMFM Área de Infancia y 915189506
PUNTOS MUNICIPALES CONTRA LA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
PMCVG Boadilla del Monte
916327546
PMCVG Móstoles
916647610
PMCVG Villaviciosa de Odón
608589384 / 608767400
PMCVG Villanueva de la Cañada
918117788/ 695394489
91 735 57 90
916014078
917711273
914208372
916331905
91 735 57 99
ANEXO III: COMISIÓN SEGUIMIENTO PROTOCOLO
Dña. Esperanza Hernando Calvo
Asesora Jurídico
D. José A. Hernández Sánchez
Equipo Psicosocial del TSJM
Dña. Raquel Alarcón Gallardo
Asistencia Técnica del Centro de Servicios Sociales
Dña. Pilar Pinto Pastor
Médico Forense de los Juzgados de Móstoles
DAT-Madrid Sur
D. José Luis García Jiménez,
Inspector jefe del Grupo de SAF
de Policía Nacional de Móstoles
Dña. Mª Jesús Ceñal González-Fierro
Dña. Inmaculada Navarro Vacas
Responsable Programa de Familia
Dña. María José Villarrubia Merino
Técnico de zona del Área de Protección
Instituto Madrileño de la Familla y el Menor
Dña. Leticia Sánchez Amigo
Educadora Social del Programa de Familia
Mancomunidad Servicios Sociales “La Encina”
Coordinadora del CIASI
Dra. Ana de Cós Milas
Psiquiatra. Coordinadora
Equipo Infanto - Juvenil
Centro de Salud Mental de Móstoles
Protocolo de actuación en abuso y maltrato infantil móstoles 2013
el Decanato de los Juzgados de Móstoles ha promovido la creación de un nuevo protocolo que actualice los criterios de actuación, facilite las buenas prácticas y mejore la coordinación de la red de profesionales de los ámbitos educativo, sanitario, social, policial y judicial que intervienen con menores maltratados y/o abusados así como con sus familias en el Partido Judicial de Móstoles, posibilitando también su aplicación a personas incapacitadas o víctimas adultas especialmente vulnerables.