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Timestamp: 2017-09-24 03:21:41
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Matched Legal Cases: ['in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'in fine', 'artículo 23', 'Artículo 70', 'artículo 660', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 23', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 53']

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Derechos fundamentales de la persona Constitucion Politica del Peru (3era. parte)
Miller Puma Rios08:46:00
Nuestra Constitución establece en este artículo como uno de los derechos fundamentales de la persona, el derecho a asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley.
De esta manera, la norma constitucional consagra, al más alto nivel de jerarquía del ordenamiento jurídico, el derecho de cualquier persona (natural o jurídica, pública o privada, nacional o extranjera) a constituir organizaciones jurídicas sin fines de lucro.
Debe destacarse que el nomen iuris «derecho de asociación» no alude exclusivamente a un tipo especial de organización, es decir, la asociación, sino que se refiere a todo tipo de organización de finalidad no lucrativa.
Así, la carta magna reconoce este derecho como atributo de todas las personas a asociarse libremente y otorga a lo creado la calidad de «organización jurídica», es decir, una organización protegida por la Constitución, que, a diferencia de los órganos constitucionales, cuya regulación se hace en el propio texto constitucional, y su desarrollo se deja al ámbito de la ley orgánica, en ésta la configuración constitucional concreta de ella se ha dejado al legislador ordinario, al que no se fija más límite que el respeto del núcleo esencial de la institución que la Constitución garantiza.
Entre diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley se encuentran las fundaciones, entidades sin fines de lucro que persiguen únicamente un fin abiertamente de interés social, también los comités de fines altruistas.
Si bien en los diversos regímenes de las organizaciones sin fines de lucro que coexisten en el ordenamiento legal resulta claro que no se requiere de una autorización previa para su creación, el mandato constitucional es decisivo.
La libertad consagrada por la Constitución expresa, quizá desde una perspectiva histórica, el rechazo del Estado de derecho por el control que otrora se ejercía sobre los ciudadanos cuando estos decidían agruparse para intentar realizar fines colectivos, control que tenía como explicación el temor que se tenía de las asociaciones políticas o de los estamentos intermediarios entre el Estado y los súbditos que en no pocas ocasiones sirvió para inhibir iniciativas reformistas o revolucionarias.
También es importante recalcar que el texto constitucional impide que una organización no lucrativa sea disuelta por medio de una resolución administrativa. Se deberá recurrir a la jurisdicción ordinaria como parte de la garantía que asiste al derecho a la asociación o creación de cualquiera de estas figuras para evitar, igualmente, la injerencia del control político sobre dichas instituciones.
La autonomía privada o libertad de contratación es el derecho que tienen las personas para decidir celebrar contratos y con quién quiera hacerlo, así como la libertad para determinar el contenido de los mismos. Por consiguiente, las personas son libres para negociar la celebración de sus contratos (libertad de contratar) y las condiciones, limitaciones, modalidades, formalidades, plazos, y demás particularidades que regirán la relación jurídica creada por el contrato (libertad contractual).
No obstante, la autonomía privada no es irrestricta o ilimitada; ella actúa dentro del marco legal que el Estado, en aras del bien común, ha establecido, a efecto de que los particulares se relacionen jurídicamente. La propia Constitución Política señala que es lícito celebrar toda clase de contratos siempre que no se contravengan leyes de orden público.
El libre empleo del instrumento contractual deviene, pues, en pieza clave del engranaje socioeconómico por lo que su uso intensivo conlleva, a la vez que beneficios, riesgos notables como lo es la concentración de poder económico y la posibilidad de abuso de dicho poder. Las limitaciones a la libertad de contratación tienen por ello justificación plena, como freno ante cualquier exceso y salvaguarda del equilibrio debido.
Como todo concepto jurídico sujeto a evolución a medida que los cambios socioeconómicos así lo determinen, el contrato no puede quedar ajeno al desarrollo de nuevas posibilidades, tanto más que su rol central en el ordenamiento exige de él una capacidad cada vez mayor de adaptación acorde con su uso extendido e intensivo. No debe sorprender que el contrato de hoy no conserve las características del contrato en sus orígenes ni del contrato de hace algunas décadas. En similar sentido, el futuro le depara cambios importantes con toda seguridad.
El trabajo es un instrumento para obtener la subsistencia y bienestar, tanto del trabajador como de su familia (medio de realización de la persona). Siendo que el trabajo es además una actividad inherente al ser humano, que recurre a su esfuerzo generalmente como principal o único medio de subsistencia y satisfacción de sus necesidades.
Por consiguiente con arreglo a las normatividad, el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor; jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa; salario mínimo vital móvil; igual remuneración por igual tarea; participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección; protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado público; organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial.
El ejercicio del derecho constitucional de trabajar libremente y con arreglo a ley tiene las siguientes formas de manifestarse:
a) La elección del tipo de trabajo que se quiere realizar, sobre la base de las aptitudes del trabajador y a las características de su proyecto de vida.
b) El derecho de cambiar el tipo de trabajo en el momento en que lo estime conveniente el trabajador, cumpliendo los requisitos establecidos en la ley. Este precepto impide la continuación forzada o coercitiva de un contrato de trabajo a plazo fijo cuya continuación no desea el trabajador.
c) El derecho de oponerse a cualquier forma de trabajo forzoso.
d) La necesidad de que el trabajo a ejecutarse no sea contrario al ordenamiento legal vigente.
Por otro lado, debemos decir que el derecho al trabajo es un derecho reconocido por las principales declaraciones internacionales actuales de Derechos Humanos. Así tenemos:
-El artículo 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que señala: "Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo".
- En el artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre se precisa: "Toda persona tiene
derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo".
Y otras tantas declaraciones que se han hecho al respecto.
La propiedad es un de las grandes conquistas de la civilización, que ha impulsado el desarrollo económico y ha generado los derechos patrimoniales, entre los que encontramos el derecho de sucesión o herencia. La Declaración de los derechos del Hombre y del ciudadano de 1789 así lo reconoce, como el Código francés de 1804.
En consecuencia la juridización de la propiedad nace como una necesidad social, sustentada sobre la base de la dignidad, justicia e igualdad, lo que ha devido en un derecho inviolable.
Esta norma constitucional esta reforzada por Artículo 70 de nuestra Constitución al decir que “el derecho de propiedad es inviolable. El Estado lo garantiza. Se ejerce en armonía con el bien común y dentro de los límites de la ley. A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio. Hay acción ante el poder judicial para contestar el valor de la propiedad que el Estado haya señalado en el procedimiento expropiatorio.
Agregamos además que toda persona tiene derecho no solo a la propiedad sino también a la herencia. En el fondo ambas cosas concluyen en lo mismo porque la herencia, o sucesión, es un modo de transmisión de la propiedad. La herencia se produce con ocasión de la muerte del titular. Por esto se dice que es una trasmisión mortis causa. La herencia se funda en el vínculo familiar. Los llamados a heredar son los parientes de quien ha fallecido. La herencia trasmite no solo la propiedad sino todos los derechos de carácter patrimonial del causante. Así lo dice el artículo 660 del Código Civil.
Según el prestigioso jurista nacional Walter Albán Peralta, el derecho de participación ciudadana constituye un derecho fundamental recogido en la Constitución peruana de 1993, y como tal un derecho de los individuos frente al Estado, así como un componente estructural básico del ordenamiento jurídico objetivo y expresión jurídica del sistema de valores que este conlleva. Resulta inconcebible una democracia que desconozca a los ciudadanos su derecho a intervenir en los distintos ámbitos de la esfera pública, no solo porque ello resulta una manifestación directa de la dignidad humana, sino porque tal participación supone una garantía indispensable para la realización de otros derechos fundamentales y condición básica para el control de la actuación del Estado.
No hay que olvidar que la participación ciudadana y en particular la participación política constituyen derechos humanos reconocidos en diversos
instrumentos internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos incorporada a nuestro ordenamiento jurídico por Resolución Legislativa N° 13282 señala en su artículo 21: ''Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representes libremente escogidos". Este derecho también ha sido reconocido por el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Resulta pertinente manifestar que aquí están incluidos varios derechos que pasamos a enumerar:
- El derecho de elegir y ser elegido.
- El derecho de remoción o renovación de autoridades, lo cual es posible a través de la votación ciudadana.
- El derecho de iniciativa legislativa, presentando proyectos que serán tramitados por el Poder legislativo.
- El derecho de referéndum.
Según Raúl Chanamé Orbe, “el derecho a la reserva consiste en la libertad de expresar o no sus convicciones, aquellas ideas que la persona se ha formado y profesa en las más variados campos del saber y querer”
El derecho a que nadie le pregunte a uno sobre sus convicciones ideológicas, políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole, es casi el único derecho fundamental que no tiene límites. Nos encontramos, en nuestra opinión, frente a la libertad de pensamiento, entendida como las ideas puras que se mantienen en la más estricta intimidad del sujeto, sin posibilidad de trascender en el orden jurídico.
Por otro lado, El derecho a “guardar el secreto profesional” supone una obligación para el profesional (abogado, notario, médico, periodista, etc.) de mantener en reserva o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento, o que se le haya confiado de modo directo en su condición de profesional o técnico en determinada arte o ciencia. Dicha obligación le impone que no divulgue ni participe a otros dichos “secretos” sin consentimiento de la persona a quien le conciernan. El secreto profesional es, así, una garantía para el ejercicio de determinada profesión u oficio, de modo que ninguna autoridad o poder público, en general, pueda obligar a entregar dicha información reservada para usos propios de la profesión.
Esta garantía resulta fundamental cuando la profesión u oficio guarda estrecha relación con el ejercicio de otras libertades públicas, como es el caso de los periodistas respecto de la libertad de información y expresión, o de los abogados con relación al ejercicio del derecho de defensa. En estos supuestos, se trata de preservar y garantizar el ejercicio libre de las profesiones, de los periodistas, médicos o abogados con relación a sus fuentes de información, sus pacientes y patrocinados respectivamente, de modo que estos profesionales no puedan ser objeto de ningún tipo de presión de parte de sus empleadores o de las autoridades y funcionarios con relación a hechos u observaciones
vinculadas al ejercicio de una determinada profesión u oficio.
A nuestro entender este es uno de los mayores méritos de la Constitución de 1993, pero a la vez, uno de los menos difundidos, en el se consagra por primera vez, el derecho a la identidad étnica y cultural.
Definimos a la identidad étnica y cultural como el conjunto de valores, creencias, instituciones y estilos de vida que identifican a un pueblo indígena, comunidad campesina o comunidad nativa. De idéntica manera decimos también que el respeto a su identidad étnica y cultural, comprende: el derecho a decidir sobre su propio desarrollo; el respeto a sus formas de organización; el derecho a ser escuchados y consultados en forma previa a toda acción o medida que se adopte y que pueda afectarles; el derecho a participar en la formulación, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación de los planes, programas y proyectos que pueda afectarles; el derecho a no ser discriminados; el derecho a expresarse en su propia lengua; el respeto a su pertenencia a un determinado grupo étnico; el respeto a sus estilos de vida, a sus costumbres y tradiciones, y cosmovisión; el derecho al reconocimiento, revaloración y respeto de sus conocimientos tradicionales y prácticas ancestrales; entre otros, incluyendo el derecho a que se respete su condición de aislamiento voluntario, en los casos en que así proceda.
Indudablemente, la fuente inspiradora de esta norma constitucional es muy noble, sin embargo, deberá tenerse siempre presente en su prudente aplicación la preservación de la unidad del Estado y la primacía de los derechos humanos. No hay que olvidar que los tiempos cambiantes han posibilitado que hoy en día las comunidades nativas se hallen más integradas al entorno del país, como se verifica en los muchos de sus miembros que han alcanzado títulos universitarios y que se desenvuelven en importantes áreas del quehacer nacional. Finalmente, es necesario puntualizar que si bien el Estado protege la pluralidad étnica y cultural, se debe tener cuidado en no caer en proteccionismos que, a la larga, afectan a las propias comunidades.
En cuanto al uso del idioma, resulta lógico decir que el respeto a este atributo, tanto en nacionales (puesto que hay muchas etnias con igualdad cantidad de idiomas, mayormente en nuestra selva) como en extranjeros resulta obvio para los efectos de procesos judiciales, en donde el desconocimiento de una lengua extraña resulta siendo un fuerte impedimento para la transparencia, y el buen desarrollo de estos.
El derecho de petición se concibe como una solicitud de obtención de una decisión dada por gracia (beneficio o favor que se hace sin merecimiento particular); por lo tanto, sujeta a la discrecionalidad (es decir asociada a la acción que se deja a criterio de una persona, un organismo o una autoridad que está facultada para regularla) de un órgano competente de la administración pública.
En consecuencia, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución.
En otros términos, podemos decir también que se trata de una petición graciable en la medida que la autoridad pública accede a lo solicitado no porque le asista
derecho alguno al peticionante, o interés legítimo, sino por una concesión gratuita que esta otorga.
Conforme a la jurisprudencia Constitucional, el contenido o ámbito de la protección de este derecho está conformado por dos aspectos que aparecen de su propia naturaleza y de la especial configuración que le ha dado la Constitución al reconocerlo: el primer aspecto es el relacionado estrictamente con la libertad reconocida a cualquier persona para formular pedidos escritos a la autoridad competente; y, el segundo, unido irremediablemente al anterior, está referido a la obligación de la referida autoridad de otorgar una respuesta al peticionante.
El deber de la administración será:
b) Abstenerse de cualquier forma o modo de sancionamiento al peticionante, por el solo hecho de haber ejercido dicho derecho.
e) Comunicar al peticionante la decisión adoptada.
Es importante reconocer que en los instrumentos internacionales solo encontramos el Derecho de petición en la Declaración Americana de los derechos y deberes del Hombre.
Este derecho de larga data en nuestro país, ya aparece en la constitución de 1823, y desde allí ha ido, a lo largo de la vida republicana ha ido sufriendo modificaciones hasta el día de hoy en lo conocemos
En cuanto a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional sólo pueden ejercer individualmente el derecho de petición.
Nuestra Constitución ha consagrado en el artículo 2 numeral 21 el derecho a la nacionalidad y la imposibilidad de despojo de la misma, y como consecuencia de dicho derecho fundamental, el derecho de todo nacional de obtener y renovar al pasaporte.
El derecho a la nacionalidad es el vínculo jurídico entre una persona y un Estado. Este vínculo supone una suerte de relación de pertenencia entre el individuo y el Estado en particular del que aquel es nacional. En el caso del derecho a la nacionalidad consagrado en el artículo constitucional bajo comentario, lo que se protege es el derecho de toda persona a tener un vínculo jurídico con el Estado peruano, del que se considerará como nacional, tanto dentro de territorio de la República como fuera de él.
El ostentar el derecho de nacionalidad implica tener un pasaporte renovado tanto dentro como fuera del territorio de la República. Ello es así, en la medida que el derecho a tener un pasaporte puede ser entendido como una manifestación del derecho a la identidad.
En virtud del derecho a la nacionalidad, todo peruano tiene el derecho a la libertad de tránsito, el mismo que supone el derecho a elegir libremente su lugar de residencia, a transitar libremente por el
territorio de la República, y a salir y entrar dentro de él, de conformidad con lo establecido en el artículo 2 numeral 11 de la Constitución.
La Constitución prohíbe tajantemente el despojo de la nacionalidad peruana, así como la obtención o renovación, los cuales constituyen derechos tanto para los nacidos en el Perú como para los tienen la nacionalidad peruana. Lo que se protege es la intangibilidad de la nacionalidad frente a actuaciones arbitrarias de las autoridades. De manera tal que, la única forma de pérdida de la nacionalidad peruana se resulta como producto de la voluntad cada ciudadano, esto en conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 53 de nuestra Carta Magna.