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Timestamp: 2018-08-22 04:09:30
Document Index: 67982962

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 317', 'artículo 380', 'artículo 318', 'artículo 318', 'artículo 363', 'artículo 17', 'artículo 363', 'artículo 627', 'artículo 2', 'artículo 346', 'artículo 317', 'artículo 317', 'artículo 392', 'artículo 19']

﻿ AUTO AC1554-2018/2011-02457 DE ABRIL 23 DE 2018
AUTO AC1554-2018 DE 23 DE ABRIL DE 2018
CONTENIDO:DESISTIMIENTO TÁCITO. EL ARTÍCULO 317 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO SEÑALA QUE EL DESISTIMIENTO TÁCITO ES UNA HERRAMIENTA QUE BUSCA CELERIDAD Y EFICACIA PARA LOS JUICIOS Y EVITAR LA PARÁLISIS INJUSTIFICADA DE LOS MISMOS POR PRÁCTICAS DILATORIAS. ESTO PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO CONSTITUCIONAL DE LOS INTERVINIENTES A UNA PRONTA Y CUMPLIDA JUSTICIA, Y A QUE LAS CONTROVERSIAS NO SE PROLONGUEN INDEFINIDAMENTE A LO LARGO DEL TIEMPO. EL DESISTIMIENTO SE CONFIGURA ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA CARGA PROCESAL O DE UN ACTO DE LA PARTE QUE HAYA FORMULADO O PROMOVIDO DETERMINADA ACTUACIÓN, E INCLUSO CUANDO EL PROCESO NO TENGA ACTUACIÓN ALGUNA EN DETERMINADO PERIODO DE TIEMPO SIN QUE MEDIE CAUSA LEGAL.
TEMAS ESPECÍFICOS:DESISTIMIENTO, LEY DE PROCEDIMIENTO CIVIL, CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO
PONENTE:RICO PUERTA, LUIS ALFONSO
Auto AC1554-2018 de abril 23 de 2018
Dr. Luis Alonso Rico Puerta
Bogotá D.C., veintitrés de abril de dos mil dieciocho.
Se procede a resolver el recurso de súplica formulado contra el auto de 28 de noviembre de 2017, por medio del cual el magistrado sustanciador decretó la terminación por desistimiento tácito del recurso de revisión promovido por Edilberto Mendoza Segura.
1. El escrito inicial fue radicado el 11 de noviembre de 2011, dirigiéndose la impugnación extraordinaria contra la sentencia de 4 de agosto de 2009 proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, dentro del proceso ordinario de pertenencia promovido por Stella Santamaría Pinzón contra el suplicante, Carlos Albornoz Medina, María Medina Vda. de Albornoz, Leonor Beatriz Albornoz de Palacio, Eduardo Mendoza Segura, Julio Roberto Mendoza Mora y Banco de Bogotá.
La causales de revisión alegadas son las contempladas en los numerales 1º y 6 del artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, en tanto se sostiene haber encontrado un documento después de pronunciada la sentencia de segunda instancia “que abría variado la decisión aquella” y por haber “existido maniobras fraudulentas de la parte actora en el proceso que se dictó la sentencia del H. Tribunal”.
2. Repartida la demanda al magistrado sustanciador, se admitió en providencia de 23 de febrero de 2014, en el que se dispuso la respectiva notificación en los términos de los artículos “315 a 320 y 330 del Código de Procedimiento Civil”.
Posteriormente, el recurrente presentó solicitudes de emplazamiento respecto de algunos de los demandados, que fueron inicialmente desestimadas en proveído de 18 de septiembre de 2014, toda vez que no se cumplía con lo previsto en el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil “pues la parte recurrente no manifestó desconocer el lugar de habitación de las personas allí relacionadas”.
En la anterior oportunidad, junto a otras decisiones de impulso a las gestiones de comunicación, se dispuso el emplazamiento indeterminado a “las personas que se creyeran con derechos sobre el inmueble objeto del litigio”, que también fue surtido “en el proceso de pertenencia sobre el cual versa el presente recurso extraordinario de revisión”.
Mediante pronunciamiento de 15 de junio de 2016, el despacho desató solicitudes del interesado en materia de notificaciones, mientras que requirió la realización del llamamiento indeterminado a personas interesadas; destacó e inquirió por la falta de acreditación de algunas de las diligencias de enteramiento; y accedió al emplazamiento peticionado en relación con otros integrantes del extremo pasivo.
3. Nuevamente, en orden al impulso de la tramitación, mediante auto de 25 de mayo de 2017, se advirtieron deficiencias que impidieron entender surtido el emplazamiento a personas indeterminadas, así como insatisfechas algunas conductas previamente reclamadas para la correcta integración del contradictorio.
En este orden, a pesar de admitirse el emplazamiento de algunos opositores y disponerse la respectiva designación de curador ad litem, fue menester que el magistrado sustanciador formulara requerimiento formal al recurrente, con efectos de desistimiento tácito, “para que, dentro de los 30 días siguientes a la notificación por estado de esta providencia, cumpla con las cargas idóneas tendientes a cumplir con la vinculación de la parte demandada en este asunto de revisión”.
Transcurrido el anterior lapso, se verificaron algunas de las actuaciones extrañadas, persistiendo otras sin realización, razón por la cual, previa revisión de todo lo acontecido, el Despacho entendió que se “encuentran presentes los requisitos del desistimiento tácito previsto en el precepto 317, num. 1º, del Código General del Proceso”, procediendo al Decreto respectivo.
4. Contra la anterior determinación, el gestor judicial del recurrente interpuso recurso de reposición, solicitando que en caso de entenderse viable a la súplica “De conformidad con el parágrafo único del artículo 318 del Código General del Proceso. (…) se le dé el trámite correspondiente”.
Como razones de inconformidad de la impugnación se sostuvo: (i) dado que la revisión está legalmente considerada “no como una demanda sino como Recurso Extraordinario (…) no es cabe imponer la sanción de desistimiento tácito”; y (ii) se han realizado “todos los actos para el impulso del proceso”.
Surtido el traslado respectivo no se recibió pronunciamiento alguno, motivo por el cual el plenario ingresó al Despacho Sustanciador, quien rechazó por improcedente la reposición y en orden a la súplica, dispuso “que el expediente pase al magistrado que sigue en turno para lo pertinente”.
1. Régimen procesal aplicable y procedencia del recurso de súplica.
1.1. La presente actuación está determinada por la regla de ultractividad prevista para los recursos en general respecto de la normativa vigente a la fecha de su interposición (AC7506-2016, 3 nov. 2016, rad. 2015-01365- 00); de ahí que deba predicarse que ésta tramitación se encuentre sometida íntegramente a las pautas del Código de Procedimiento Civil (AC7506-2016, 3 nov. 2016, rad. 2015-01365-00).
Consecuencia de lo anterior, entre otras, es la competencia exclusiva del suscrito magistrado, como el funcionario que sigue en turno del sustanciador, para decidir el recurso, tal cual está previsto en el inciso tercero del artículo 363 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 17 de la Ley 1395 de 2010.
1.2. Es viable desatar el presente medio de impugnación, en tanto el recurso de súplica es el procesalmente dispuesto para controvertir “los autos que en el trámite de los recursos extraordinarios de casación o revisión profiera el magistrado sustanciador y que por su naturaleza hubieran sido susceptibles de apelación”, tal cual dispone el artículo 363 del Código de Procedimiento Civil.
Por su parte, de conformidad con el numeral 6 del canon 351 ibídem es apelable el proveído “por cualquier causa ponga fin al proceso”, regla que para la particular decisión refutada reitera el literal e) del precepto 317 de la Ley 1564 de 2012, vigente desde el 1º de octubre de 2012, por expreso mandato del numeral 4º del artículo 627 ejusdem, esto es, antes del pleno de disposiciones del Código General del Proceso.
2. Impulso procesal y desistimiento tácito.
En lo que atañe a la regla técnica de impulsión, el procedimiento civil responde a un régimen mixto, siendo manifestación de tal fenómeno el carácter preponderantemente dispositivo de la iniciación de la actuación, mientras que el avance posterior es guiado por una orientación inquisitiva, acompañada de atribución de puntuales cargas para las partes en orden a la eficiente y eficaz conclusión de la serie.
Numerosas disposiciones dan cuenta de la sistemática referida, particularmente el artículo 2º del Código de Procedimiento Civil, a cuyo tenor:
“Los procesos sólo podrán iniciarse por demanda de parte, salvo los que la ley autoriza promover de oficio.
Con excepción de los casos expresamente señalados en la ley, los jueces deben adelantar los procesos por sí mismos y son responsables de cualquier demora que ocurra en ellos, si es ocasionada por negligencia suya”.
En este orden, junto al variado ámbito de responsabilidades en que puede incurrir el juez por la desatención de sus deberes de impulsión, para las partes se han previsto distintas consecuencias en orden a corregir su inercia frente al despliegue de las conductas de su incumbencia.
Una de las más relevantes modalidades en la materia que se viene tratando es el desistimiento tácito, también concebido por el legislador como mecanismo de descongestión judicial.
La aludida figura se introdujo como sucedánea de la forma de terminación anormal del proceso denominada perención1; precisamente mediante la expedición de la Ley 1194 de 2008, que comportó reviviscencia del entonces derogado artículo 346 del Código de Procedimiento Civil con las previsiones propias de la nueva institución.
En la actualidad y —como ya se señaló— a partir del 1º de octubre de 2012, con mayor alcance y más detallada regulación, el artículo 317 del Código General del Proceso, prescribe el desistimiento tácito en los siguientes términos:
El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos:
1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que se notificará por estado.
Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá condena en costas.
El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones encaminadas a consumar las medidas cautelares previas.
2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena en costas “o perjuicios” a cargo de las partes.
El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas:
a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido por acuerdo de las partes;
b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el plazo previsto en este numeral será de dos (2) años;
c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este artículo;
d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el levantamiento de las medidas cautelares practicadas;
e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo;
f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta;
g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo proceso;
h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial.
Sobre el particular ha ilustrado la Sala en pronunciamiento de 21 sep. 2017, rad. 2013-01603-00:
“1. Sabido es que el artículo 317 del Código General del Proceso consagra el desistimiento tácito como una herramienta, encaminada a brindar celeridad y eficacia a los juicios y evitar la parálisis injustificada de los mismos, por prácticas dilatorias —voluntarias o no—, haciendo efectivo el derecho constitucional de los intervinientes a una pronta y cumplida justicia, y a que las controversias no se prolonguen indefinidamente a lo largo del tiempo, de suerte que se abrirá paso ante el incumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado o promovido determinada actuación, e incluso, cuando el proceso no tenga actuación alguna en determinado periodo de tiempo, sin que medie causa legal”.
3. Desestimación de las razones de la súplica.
Revisado en su integridad lo actuado en la presente actuación desde la perspectiva de los reproches formulados, se advierte ajustada a derecho la decisión objeto de censura, en tanto que ciertamente el recurso de revisión está comprendido en el ámbito de aplicación del desistimiento tácito, así como resultan fundados los reproches de ausencia de diligencia en la gestión del interesado que habilitan la terminación anticipada y anormal de la tramitación.
3.1. En relación con el primero de los aspectos mencionados, basta señalar que en cualquiera de las modalidades del desistimiento tácito vigente, esto es, tanto el que podría denominarse subjetivo con requerimiento previo (num. 1), o el tendencialmente objetivo a decretar de plano (num. 2), cierto es que el ámbito de aplicación de la figura se aprecia notablemente omnicomprensivo.
Efectivamente, el supuesto inicial refiere a “Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación promovida a instancia de parte”, al tiempo que la hipótesis posterior, con mayor amplitud, atañe a “Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas”; fórmulas con las que el legislador confirió al desistimiento tácito un alcance casi absoluto en lo que atañe a la naturaleza de la tramitación.
Del estudiado radio de acción podrán escapar excepcionales supuestos, dentro de los que no cabe enlistar a los recursos en general y mucho menos al extraordinario de revisión, en tanto el mismo constituye una auténtica “actuación promovida a instancia de parte”, que por la autonomía procedimental que legalmente ha orientado su configuración, requiere de gestión de parte interesada y legitimada para su iniciación mediante demanda susceptible de trámite independiente, también exigente de esmerado impulso posterior (CGP, arts. 357 y 358).
3.2. Pasando al argumento de inconformidad frente al mérito de la terminación por desistimiento tácito, puede advertirse que verdaderamente el avance del recurso extraordinario se encuentra pendiente de la acuciosa gestión del promotor en orden a concretar la integración del contradictorio, sin que el proceder esperado se haya acreditado oportuno, eficiente y eficaz.
Múltiples han sido las amonestaciones efectuadas por el Despacho para que la parte demandante materialice las labores requeridas para la vinculación de los eventuales opositores, sin que tal cometido se hubiera logrado, a pesar de que la actuación data de agosto de 2011.
Las distintas deficiencias presentadas en las conductas puntuales de enteramiento a cargo del recurrente, así como la inercia en materializar algunas otras apenas incoadas, justifican plenamente el requerimiento de 25 de mayo de 2016 y la aplicación, en el auto objeto de la súplica, de la consecuencia de terminación anormal que había sido debidamente anunciada.
No obstante que en el anterior interregno algunas comunicaciones se materializaron, indiscutible resulta que persistieron sin agotarse otras, como las relativas a Stella Santamaría Pinzón y Banco de Bogotá S.A., las cuales sin razón alguna quedaron inacabadas, en tanto que obtenida con éxito la citación para la diligencia de notificación personal, nada se desplegó en relación con la notificación por aviso, amén de transcurrir un nuevo periodo considerable de tolerancia —entre los meses de junio a noviembre—, en el que con creces pudo obtenerse lo requerido.
En definitiva habrá de confirmarse la providencia cuestionada. Aunque la resolución desfavorable de la súplica, al tenor del numeral 1 del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil, comporta supuesto de imposición de condena en costas, no se procederá en tal sentido en obedecimiento a lo establecido en el ítem 9 ejusdem, en tanto las mismas no aparecen causadas.
En mérito de lo expuesto, el suscrito magistrado de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,
1. MANTENER el proveído de 28 de noviembre de 2017, dictado por el magistrado sustanciador en el asunto reseñado al inicio de esta providencia.
2. ABSTENERSE de imponer condena en costas.
Magistrado: Luis Alonso Rico Puerta.
1 Prevista en la redacción inicial del Código de Procedimiento Civil; posteriormente modificada por la reforma del Decreto 2282 de 1989 y el artículo 19 de la Ley 446 de 1998, hasta su derogatoria contemplada en el canon 70 de la Ley 794 de 2003.