Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-1999-00070-de-agosto-29-de-2013?documento=jurcol&contexto=jurcol_eba474539bfd0160e0430a0101510160&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-08-03 21:56:03
Document Index: 75543343

Matched Legal Cases: ['artículo 112', 'artículo 90', 'artículo 90', 'artículo 8', 'artículo 8', 'artículo 24', 'artículo 112', 'artículo 11', 'artículo 218', 'artículo 315', 'artículo 16', 'artículo 178', 'artículo 16', 'artículo 55', 'artículo 2', 'artículo 132', 'Artículo 11', 'Artículo 17', 'Artículo 19', 'Artículo 112', 'Artículo 5', 'Artículo 13']

﻿ Sentencia 1999-00070 de agosto 29 de 2013
SENTENCIA 1999-00070 DE 29 DE AGOSTO DE 2013
CONTENIDO:SEÑALIZACIÓN DE VÍAS- DECRETO LEY 1344 DE 1970. SITUACIONES EN LAS QUE EL TRÁNSITO NORMAL DE LAS PERSONAS POR LAS VÍAS PÚBLICAS SE VE ENTORPECIDO POR SITUACIONES ANORMALES, CONSTITUYEN UNA VIOLACIÓN AL DERECHO DE LAS PERSONAS A USAR Y GOZAR DE ELLAS. DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 5 Y 113 DEL DECRETO LEY 1344 DE 1970, LA SEÑALIZACIÓN EN VÍAS MUNICIPALES –ENTRE LAS CUALES SE DEBE ENTENDER AQUELLAS UBICADAS EN ÁREAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES DE LA RESPECTIVA JURISDICCIÓN MUNICIPAL O DISTRITAL- ERA RESPONSABILIDAD DE LAS SECRETARÍAS DE OBRAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA, MUNICIPIO, SEÑALIZACIÓN DE CARRETERAS, ACCIDENTES DE TRÁNSITO
Sentencia 1999-00070 de agosto 29 de 2013
Rad. 50001-23-31-000-1999-00070-01
Expediente: 31054
Actor: Carmen Lucía Mora de Gutiérrez y otras
Demandados: Instituto Nacional de Vías y Municipio de Acacías - Meta
Bogotá, D.C., veintinueve de agosto de 2013
9. La Sala es competente para decidir el asunto por tratarse de un recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta en un proceso que, por su cuantía(1), tiene vocación de doble instancia.
10. Establecida la competencia de la corporación para conocer el presente asunto, la Sala considera pertinente analizar la admisibilidad como prueba de algunas de las piezas procesales contenidas en el plenario.
10.1. En primer lugar, la Sala valorará la copia auténtica de la investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación por la muerte del señor José Vicente Gutiérrez Méndez, cuyo aporte se hizo por las demandantes junto con la demanda y fue decretada como prueba por el tribunal a quo mediante auto del 24 de enero del 2001 (fls. 150-157, cdno. 1), sin que dicha decisión fuese objeto de recurso alguno y sin que las partes manifestaran oposición a ello en sus intervenciones durante el trámite procesal de primera y segunda.
10.2. Sin embargo, vale aclarar que las declaraciones rendidas bajo juramento dentro del proceso penal solo podrán ser objeto de valoración en la medida en que se hayan ratificado en el debate contencioso administrativo. Por lo tanto, no se valorará la declaración rendida al interior de aquel proceso por la señora Nidia Romero Vanegas (fls. 38-39, cdno. 1). En sentido contrario, sí se dará valor probatorio a la declaración del señor Yecid Armando Rojas Pabón (fls. 54-55, cdno. 1), dado que esta fue ratificada mediante el testimonio que rindió en el trámite de este asunto, visible en los folios 254 a 260 del cuaderno 1.
10.3. De acuerdo con lo decidido por la Sección Tercera en pleno en su sesión del 28 de agosto del 2013, la Sala le otorgará valor probatorio a todos los documentos traídos al proceso en copia simple, siempre que su aporte se haya producido durante las oportunidades previstas por las normas procesales aplicables a los juicios de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y no hayan sido tachados como falsos, en los términos de los artículos 289 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, por la parte contra la cual se pretenden hacer valer(2).
10.4. Finalmente, la Sala se distanciará del criterio del a quo, que en su sentencia de instancia indicó que no daría valor probatorio a los documentos traídos por la parte demandante el 18 de febrero del 2003 visibles en los folios 290 a 317 del cuaderno 1, al considerar que eran extemporáneos, además de que no fueron solicitados como prueba por ninguna de las partes, ni decretados en el auto correspondiente (ver supra párr. 6.4.).
10.4.1. En sentido contrario, la Sala sí encuentra procedente su valoración, en tanto, en primer lugar, no se advierte la alegada extemporaneidad de su arrimo al proceso, en cuanto para dicha fecha aún se encontraba abierto el periodo probatorio; el cual solo se daría por concluido con el auto del 22 de abril del 2003 mediante el que se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, así como al Ministerio Público para rendir su respectivo concepto (fl. 319, cdno. 1).
10.4.2. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que estos documentos son de especial relevancia en la resolución del caso concreto, ya que brindan claridad sobre la autoridad a la que correspondía el mantenimiento y cuidado de la vía pública en la que ocurrió el accidente, así como sobre la naturaleza de la obra que en el lugar y momento del accidente se desarrollaba, y la entidad responsable de la misma.
10.4.3. Téngase en cuenta, además, que si bien la parte demandante no solicitó que se oficiara al municipio de Acacías para obtener esa información, el propio municipio en su contestación de la demanda sí pidió “oficiar al municipio de Acacías para que la secretaría de obras públicas del municipio si antes del 4 de noviembre de 1997 se realizaba contrato de obra pública en el sector de la calle 15 con avenida 23 del municipio de Acacías” (fl. 83, cdno. 1), solicitud que el a quo acogió en su auto de pruebas del 24 de enero del 2001 (fl. 154, cdno. 1), al parecer sin encontrar inconveniente en decretar una prueba en la que la misma parte solicita que se le oficie para allegar una información que se encontraba en su poder y la cual se obtuvo finalmente con los documentos allegados por la parte demandante, provenientes precisamente del ente territorial demandado.
11.1. El día 5 de noviembre de 1997, aproximadamente a las 3:25 a.m., ocurrió un accidente de tránsito por el choque de un vehículo en la calle 15, frente a una estación de servicio, área urbana del municipio de Acacías, Meta.
El vehículo que hizo parte del accidente es: motocicleta particular marca Suzuki, modelo 91, de placas GRD-31A, conducida por el señor José Vicente Gutiérrez Méndez (copia auténtica del informe de levantamiento del cadáver del señor José Vicente Gutiérrez Méndez, adelantado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, seccional Meta el 20 de noviembre de 1997 —folios 46-48 cuaderno 1—; copia auténtica de la resolución inhibitoria proferida por la Fiscalía 22 delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Judicial de Acacías el 6 de febrero de 1998, en el marco de la investigación preliminar por la muerte del señor José Vicente Gutiérrez Méndez —folios 60-61, cuaderno 1—; declaración rendida por el señor Yecid Armando Rojas Pabón en el marco de la investigación preliminar adelantada por la Fiscalía 22 delegada ante los juzgados penales del circuito judicial de Acacías por la muerte del señor José Vicente Gutiérrez Méndez —folios 54-55 cuaderno 1—; testimonio del señor Yecid Armando Rojas Pabón —folios 254-260, cuaderno 1—).
11.2. Sobre las circunstancias específicas en las que se produjo el accidente, se acreditó lo siguiente:
11.2.1. El señor Gutiérrez Méndez se accidentó a la hora señalada en el párrafo anterior, en momentos en los que se movilizaba por una vía del perímetro urbano del municipio de Acacías, Meta. En tal sentido, el informe del levantamiento del cadáver indicó (copia auténtica del acta de levantamiento del cadáver del señor José Vicente Gutiérrez Méndez elaborado por el DAS, Seccional Meta, —folios 46-48, cuaderno 1—):
“Con el fin de establecer las circunstancias de ingreso del óbito al centro asistencial, se pasó revista del libro de población llevado por uniformados de la Policía Nacional en el hospital, conociéndose que el día 5 de noviembre de 1997 a las 03:25 horas, por accidente de tránsito, ocurrido en el perímetro urbano del municipio de Acacías, ingresó el señor José Vicente Gutiérrez de cédula de ciudadanía 17410912 de Acacías, natural de Acacías, de profesión agricultor, quien presentaba politraumatismo en la cara, al accidentarse en una motocicleta, siendo movilizado a la ciudad de Villavicencio en una ambulancia del cuerpo de Bomberos, acompañado de su esposa Nidia Romero”.
11.2.2. El accidente ocurrió por el choque de la motocicleta que manejaba el señor José Vicente Gutiérrez Méndez contra un montículo de tierra proveniente de una obra de alcantarillado que se desarrollaba en el sector, que se encontraba junto a una canaleta ubicada sobre la calle 15, por la que, transitaba junto con el señor Yecid Armando Rojas Pabón luego de haber estado en establecimientos públicos en compañía de otras personas e ingiriendo alcohol. Al respecto, su acompañante para el momento del incidente expresó (testimonio del señor Yecid Armando Rojas Pabón, —fls. 256-260, cdno. 1—):
“Preguntado: Dígale al juzgado si usted recuerda cuál sería la causa del fallecimiento del señor José Vicente Gutiérrez Méndez. Contestó; En accidente producido por una caída en moto. Preguntado: Dígale al juzgado en que sitio se produjo el accidente a que usted acaba de hacer referencia en su respuesta anterior. Contestó; Eso fue frente a la bomba de la calle quince, por la avenida de Acacías, o sea la bomba del notario. Preguntado: Sírvase manifestarle al juzgado cuál es la razón de su dicho. Contestó; Yo iba de pato en la moto. Preguntado: Teniendo como base su versión que usted iba de pato en la moto que conducía José Vicente Gutiérrez, descríbale al juzgado en forma detallada qué originó dicho accidente y que a la postre le causara la muerte al señor José Vicente Gutiérrez. Contestó: primero estábamos en el billar acacias (sic), ahí estábamos jugando cartas, entonces me dijo que lo acompañara y salimos en la moto, creo que fuimos a sacar plata a un cajero, después salimos para donde la negra maria (sic), nos tomamos como una media de aguardiente y creo que habían más amigos ahí y hubo un problema ahí, entonces José Vicente salió y cuando lo vi ya él prendió la moto y me dijo camine nos vamos, entonces salimos por la quince hacia arriba, estaba lloviendo, en la calle había mucho hueco, y llegando cerca de la bomba había un montículo de tierra, nos estrellamos contra eso y luego caímos a un canal, él seguro quedó enredado en la moto y al parecer le cayó encima, no había alumbrado en ese sitio y yo salí volando caí sobre el hombro. Preguntado; Dígale al juzgado si usted recuerda la fecha en que ocurrió dicho accidente. Contestó: Eso fue en noviembre de 1997, no recuerdo el día. Preguntado: Usted nos ha dicho que se tomaron como una media de aguardiente donde la negra maria (sic), qué personas estaban con ustedes ingiriendo esa media botella de aguardiente. Contestó: Creo que habían otros dos amigos y otras (lenguaje soez para referirse a mujeres) ahí; unas dos. Preguntado: Dígale al juzgado qué estado de alcoholamineto (sic) presentaba el señor: José Vicente Gutiérrez Méndez, cuando le dijo a usted vámonos (sic) y subase (sic) en la moto. Contestó: Normal. Preguntado: Qué horas eran cuando usted en compañía de José Vicente Gutiérrez abandonaron el establecimiento según usted de la negra maria (sic). Contestó: Por ahí la una de la mañana. Preguntado: Dígale al juzgado cuál es la razón para que en el sitio donde ocurrió el accidente existiese un montículo de tierra. Contestó: Estaban haciendo un arreglo de alcantarillado tal vez un colector de agua, no habían señales de tránsito. Preguntado: Dígale al juzgado que entidad efectuaba dichas reparaciones en el recolectar de agua. Contestó: Me imagino que la alcaldía, porque eso es público. Preguntado: Dígale al juzgado cómo era la visibilidad del sitio donde ocurio (sic) el accidente que ocasiono (sic) el fallecimiento del señor José Vicente Gutiérrez. Contestó: No estaba iluminado, en esa avenida habían tumbado muchos árboles, todos los árboles de la avenida, el arreglo que estaban haciendo en el colector estaba un canal destapado, no habían señales de tránsito (...)”.
11.2.3. En la declaración rendida por el señor Rojas Pabón dentro de la investigación penal adelantada por la Fiscalía 22 delegada ante los juzgados penales del circuito, este concuerda, básicamente, en todos los detalles descritos sobre el accidente y los eventos previos a su ocurrencia, aunque cabe resaltar que sobre el consumo de alcohol por parte suya y de la víctima indicó en aquel momento (declaración rendida por el señor Yecid Armando Rojas Pabón en la investigación penal adelantada por los hechos —folios 54-55, cdno. 1—):
“... Llegando a Villavo (sic), me dijo que lo acompañara ahí, por allá a otro negocio, entonces salimos como a media noche y fuego pasamos al cajero y sacó plata luego nos fuimos para un negocio donde la Negra María, nos tomamos como media de aguardiente, después se formó como una pelea entonces a él no le gustó esos é (sic) salió y cuando yo salgo él ya tenía prendida la moto, me dijo súbase y le pregunté que para dónde íbamos me dijo que para el amanecedero, seguimos por la quince hacia arriba, llegando a la bomba había un terraplén de tierra lo cogimos y caímos a un canal yo salí disparado y el quedó enredado en la moto. Preguntado: ¿Qué cantidad de cervezas habían ingerido ese día? Contestó: Yo me tomé dos cervezas y media de aguardiente, yo llegué a las once y media de la noche, él seguro ya había tomado más. Preguntado: ¿Cómo notó usted el estado de lucidez de José Vicente? Contestó: Se veía bien.
11.2.4. Finalmente, el acta de inspección del cadáver del señor José Vicente Gutiérrez Méndez, levantada por la Fiscalía 11 Seccional de Villavicencio (fls. 19-20, cdno. 1), estableció como lugar del accidente la “CI. 15 frente Estación Texaco Troncal llano —Acacías—”, y relató los hechos de la siguiente forma:
“El accidente aconteció el día 5 de noviembre de 1997, a la 1:30 a.m. en vía pública de Acacías. - Según historia clínica Nº 412911, ingresó al hospital de esta localidad el 5 de noviembre a las 3:27 a.m. Según historia, falleció por paro cardiorrespiratorio. Lo ayudaron a recoger en el sitio de los hechos, el celador de la bomba Texaco y el conductor de la ambulancia de bomberos de Acacías, Meta”.
11.3. Luego del accidente, el señor Gutiérrez Méndez fue atendido de urgencia en el hospital local de Acacías y posteriormente en el hospital departamental de Villavicencio, donde fue diagnosticado con una “herida en cuero cabelludo extensa con exposición de masa encefálica”. Su estado de conciencia y de salud en general fue deteriorándose, hasta que falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio el 14 de noviembre de 1997 a las 4:15 p.m. Igualmente, vale anotar que en la historia clínica se dejó constancia de que el paciente presentaba una “marcada halitosis alcohólica” para el momento de su admisión (copia auténtica de la historia clínica del señor José Vicente Gutiérrez Méndez en el hospital local de Acacías, Meta —fls. 179-180, cdno. 1—; copia auténtica de la historia clínica del señor José Vicente Gutiérrez Méndez en el hospital departamental de Villavicencio —fls. 183-197, cdno. 1—).
11.4. El señor Gutiérrez Méndez sufrió un grave daño cerebral, diagnosticado como “contusión extensa de lóbulo temporal izquierdo, congestión subaranoidea masiva, saturada de duramadre, borramiento de circunvoluciones y aumento de peso”. Sobre la causa del fallecimiento, se concluyó que se trataba de un “adulto maduro quien fallece por contusión cerebral debido a trauma craneoencefálico a causa de accidente de tránsito como motociclista” (copia auténtica del protocolo de necropsia del 15 de noviembre de 1997 del señor José Vicente Gutiérrez Méndez —fls. 41-42, cdno. 1—; copia auténtica del certificado individual de defunción del señor José Vicente Gutiérrez Méndez —fl. 18, cdno. 1—; copia auténtica del registro de defunción —fl. 17, cdno. 1—).
11.5. Para el momento del accidente, en la vía por la que transitaban los señores Gutiérrez Méndez y Rojas Pabón se desarrollaban obras relativas al sistema de pluvial de Acacías, el cual se encontraba a cargo del municipio. Esta conclusión se deriva, además de la afirmación que en tal sentido hiciera el señor Yecid Armando Rojas Pabón, de los documentos aportados por la parte actora el 18 de febrero del 2003 y que provienen del municipio de Acacías como producto de la respuesta a la petición que el apoderado de los demandantes elevara el 30 de agosto del 2002, y que serán tenidos en cuenta de conformidad con lo indicado en los párrafos 10.4 a 10.4.4. de la presente providencia.
11.5.1. En primer lugar, como respuesta a la petición del apoderado de los actores (fls. 294-295, cdno. 1) en la que se le cuestionó sobre la entidad encargada del cuidado y mantenimiento de la vía en la que ocurrió el accidente y le pidió información sobre los trabajos de obra pública que allí se desarrollaban para el 5 de noviembre de 1997, el secretario de infraestructura física del municipio de Acacías expidió el oficio SIF. 541 del 13 de septiembre de 2002 (fl. 290, cdno. 1) en el que contestó:
“Dando respuesta al oficio de la referencia me permito informarle, que la entidad encargada de la vía que enuncie en el punto primero es la alcaldía del municipio de Acacías por intermedio de la secretaría de obras.
Igualmente se le entregan fotocopias de los documentos requeridos en el punto segundo”.
11.5.2. Adicionalmente, anexo a ese oficio entregó copia auténtica de varios documentos que dan fe de que para el 5 de noviembre de 1997 se estaban desarrollando en el lugar de los hechos obras correspondientes al plan pluvial del municipio, entre los que se destacan el oficio del 6 de septiembre del 2002 de la oficina de recursos físicos de la alcaldía de Acacías (fl. 291, cdno. 1) y el contrato 064 del 27 de febrero de 1997 (fls. 296-304, cdno. 1) entre el municipio de Acacías y el ingeniero Juan Carlos Martín Triana para la construcción de la obra civil del plan pluvial del municipio de Acacías, en las calles 11 y 15 entre carreras 22 y 23.
IV. Legitimación en la causa
12.1. En primer lugar, la legitimación en la causa por activa de la señora Carmen Lucía Mora de Gutiérrez, así como de sus hijas Yedny Paola Gutiérrez Mora y Érika Viviana Gutiérrez Mora, está acreditada en el proceso con base en los registros civiles de matrimonio y nacimiento visibles en los folios 12, 13 y 14 del cuaderno 1, que demuestran la condición de cónyuge e hija de la víctima que ostentan las demandantes, prueba a partir de la cual surge la presunción del daño que sufrieron.
12.2. De igual manera, se reconoce la legitimación en la causa por pasiva del municipio de Acacías(3), ya que para la fecha del accidente de tránsito, esto es, el 5 de noviembre de 1997, la señalización, conservación y mantenimiento de la vía se encontraba a su cargo por tratarse de una vía urbana comprendida dentro del perímetro y red vial municipal. Las anteriores obligaciones se derivan de lo dispuesto por la Ley 105 de 1993(4) y el Decreto-Ley 1344 de 1970(5), mediante el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre, normas que se encontraban vigentes para la época de los hechos y por consiguiente, plenamente aplicables al caso.
12.3. Respecto del deber de mantenimiento de las vías, de conformidad con lo señalado por los artículos 11(6), 17(7) y 19(8) de la Ley 105 de 1993, el perímetro del transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas y suburbanas; de igual forma, hacen parte de la infraestructura distrital y municipal, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean de propiedad del municipio, cuya construcción y conservación le corresponde a la respectiva entidad territorial, es decir, al distrito o municipio correspondiente.
12.4. Por otra parte, en relación con el deber de señalización de las vías, el artículo 112(9) del Decreto-Ley 1344 de 1970 establece que la señalización en vías municipales es responsabilidad de los municipios a través de las secretarías de obras públicas municipales, de conformidad con lo dispuesto en sus artículos 5º(10) y 113(11).
12.5. No puede perderse de vista que, además, era el municipio de Acacías la entidad responsable de la obra que se desarrollaba en el lugar de los hechos, y que habrían causado el accidente en el que perdió la vida el señor José Vicente Gutiérrez Méndez, según se acreditó con los documentos a los que se hizo referencia en los párrafos 11.5. a 11.5.2.
12.6. Por el contrario, la Sala no encuentra acreditada la legitimación en la causa material del Invías, dado que no logró demostrarse que la vía en la que ocurrió el accidente fuese una de las que se encontraban a su cargo.
12.6.1. Debe señalarse que de conformidad con las normas de tránsito vigentes para la época de los hechos, las cuales se enunciaron en los párrafos 12.2., 12.3. y 12.4. de esta decisión, el mantenimiento y conservación de las vías, así como su señalización, son obligaciones que se encuentran a cargo de diferentes entidades dependiendo de su naturaleza local, departamental o nacional, y para el caso de los municipios se entiende que esas funciones se encuentran en cabeza suya en aquellas vías que puedan ser clasificadas en el primer grupo, las cuales, en general, son identificadas por su ubicación dentro su perímetro urbano, suburbano o rural, característica que cumple la vía en la que ocurrió el accidente, al encontrarse dentro del perímetro urbano del municipio.
12.6.2. Esto hace concluir que la vía en la que se accidentó el señor José Vicente Gutiérrez Méndez y su acompañante, era de naturaleza municipal y por lo tanto se encontraba a cargo del municipio de Acacías, inferencia contra Ia que no se allegó elemento probatorio alguno que sugiriera lo contrario, es decir, que se tratara de una vía nacional.
12.6.3. Se toma en consideración entonces, que aunque el mismo Invías trajo junto a su contestación de la demanda la copia simpe del contrato 446 de 1994 suscrito por este con la sociedad Carreteras Nacionales del Meta, cuyo objeto era “realizar por el sistema de concesión los estudios, diseños definitivos, las obras de rehabilitación, la operación y el mantenimiento de las carreteras Villavicencio-Granada, Villavicencio-Puerto López, y Villavicencio-Restrepo-Cumaral, en el departamento del Meta”, ese documento no ofrece certeza de que exista identidad entre la vía relativa al objeto contractual y aquella en la que ocurrió el accidente.
12.6.4. Cabe anotar que incluso en el caso de que ello se aceptara como probado, lo cierto es que según se observa en el acta de entrega y recibo final de las obras del contrato que se desarrollaban en el municipio de Acacías, estas se entregaron de forma definitiva el 28 de mayo de 1997, es decir, más de cinco meses antes del accidente.
13. De acuerdo con los hechos señalados en el aparte correspondiente y en atención a los argumentos esgrimidos en la demanda y por el recurrente en su apelación, la Sala debe determinar si se encuentran debidamente acreditados los elementos necesarios para la declaración de responsabilidad del municipio de Acacías, Meta, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política, por la muerte del señor José Vicente Gutiérrez Méndez, como producto del accidente de tránsito que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1997 en el municipio de Acacías, Meta.
4. En estricta sujeción al artículo 90 de la Constitución Política en materia de responsabilidad estatal, se deduce que esta solo podrá declararse cuando se acredite de manera suficiente la concurrencia de un daño antijurídico y la imputabilidad, demostrando que el daño cuya reparación se reclama puede ser atribuido al Estado, y que su acción u omisión es el elemento desencadenante en las lesiones que sufran las personas en sus derechos o intereses.
15. Así, además del daño antijurídico, entendido como aquel que sufre una persona que no se encuentre en el deber legal de soportarlo(12),debe probarse que este resulta imputable al Estado, de modo que en caso de que ello no se compruebe, la pretensión dirigida a la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado está llamada a fracasar. Cabe resaltar que la imputabilidad en el régimen de responsabilidad de la falla en el servicio, utilizado por las demandantes para sustentar sus pretensiones de resarcimiento patrimonial (fl. 6, cdno. 1) y que en atención a los hechos probados es el régimen de responsabilidad idóneo para evaluar la viabilidad de la declaratoria de responsabilidad pretendida, está llamada a demostrar una relación de causa y efecto entre el mencionado daño y la falla en el servicio, es decir, una conducta negligente u omisiva de parte de la administración que implica su desconocimiento o violación a una obligación a cargo del Estado(13).
16. En otras palabras, en el presente caso la Sala analizará si se presentan los elementos necesarios para la declaratoria de la responsabilidad estatal de acuerdo al título de imputación de la falla en el servicio, por lo que evaluará si con el material probatorio obrante en el proceso se acreditó la ocurrencia de un daño o lesión a un bien jurídico, una falta o falla del servicio por omisión, retardo, irregularidad, ineficiencia o ausencia del mismo; y una relación de imputación o causalidad entre la falta o falla de la administración y el daño, sin la cual, valga aclarar, aún demostrada la falla del servicio, no habrá lugar a indemnización.
17. Así las cosas, en primer lugar la Sala coincide con el análisis del tribunal a quo y encuentra debidamente acreditada la existencia del daño invocado por la parte demandante, consistente en el fallecimiento del señor José Vicente Gutiérrez Méndez como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 5 de noviembre de 1997 en el municipio de Acacías, Meta, (ver supra párr. 11.1 a 18.4).
18. De igual manera, también se coincide con la sentencia de primera instancia en el sentido de tener por demostrada la falla del servicio por parte del municipio de Acacías.
19. Tal como lo consideró el tribunal a quo, en el expediente se encuentra más que comprobado que el municipio de Acacías incurrió en una conducta omisiva en cuanto desconoció unas obligaciones que le habían sido legalmente conferidas, relativas al mantenimiento de las vías pertenecientes al perímetro urbano del municipio, a las cuales se hizo referencia en el párrafo 12.3 de la presente providencia y sus correspondientes pies de página, lo cual se infiere de la intransitabilidad de la vía causada por un obstáculo que causó la caída a una zanja de la víctima, de la que da fe el testimonio de su acompañante en el momento del accidente, señor Yecid Armando Rojas Pabón —quien dio una declaración en un sentido similar en el marco de la investigación penal adelantada por los hechos—, así como el informe del levantamiento del cadáver del señor José Vicente Gutiérrez Méndez (ver supra párr. 11.2.1, 11.2.2 y 11.2.3).
20. En este sentido, la Sala recuerda que esta Sección ha indicado que situaciones en las que el tránsito normal de las personas por las vías públicas se ve entorpecido por situaciones anormales, constituyen una violación al derecho de las personas a usar y gozar de ellas, consagrado en los artículos 678 y 1005 del Código Civil y en el artículo 8º del Decreto 21 de 1909. Así, vale reiterar que(14):
“La seguridad de la circulación en las vías públicas, no puede estar comprometida por situaciones anormales, que en eventos como el de autos, constituyen una trampa mortal para los usuarios de las mismas, quienes al fin y al cabo solo ejercen una pluralidad de derechos y principios consagrados en todo el plexo normativo en esta materia, tales como los que se recogen en las siguientes disposiciones: artículos 678 y 1005 del Código Civil, artículo 8º del Decreto 21 de 1909, que hacen referencia al derecho de uso y goce de las vías públicas (...) entre otros; el artículo 24 de la Constitución Política que se refiere a la libertad de locomoción como un derecho fundamental...”.
21. Además de lo anterior, se advierte que el municipio de Acacías desatendió la obligación legal de señalizar la anormalidad presentada en la vía en la que ocurrió el accidente, comoquiera que no realizó la debida señalización preventiva de los obstáculos derivados de la construcción de una obra que se encontraba a su cargo, por los cuales habría ocurrido el accidente.
22. La Sala observa que en relación con los accidentes de tránsito causados por la falla del servicio de la administración consistente en la omisión del deber legal de señalización de la vía en la que se realizan obras públicas o que se consideran de alto riesgo, la Sala ha indicado que los daños que se deriven de estas le son imputables al Estado siempre que se verifique que la entidad encargada de instalar las respectivas señales no lo hubiera hecho, incumpliendo así el contenido obligacional a su cargo y teniendo en cuenta que ello debe incidir en la producción del daño correspondiente(15):
“Lo anterior permite establecer, que pese a existir la obligación reglamentaria de señalar los peligros existentes en sus vías, el Distrito de Barranquilla, incumplió con su deber de instalar en ellas, los dispositivos de señalización necesarios para advertir sobre la presencia de un arroyo peligroso en la carrera 44 con calles 48 y 50 del perímetro urbano, toda vez que los testimonios ya vistos dan cuenta de la existencia de un riesgo constante (formación de arroyos por lluvia y de la ausencia de avisos que así lo advirtieran. (...) En consecuencia, concluye la Sala que hubo incumplimiento de las normas de señalización preventiva en el lugar de los hechos, lo cual permite imputar el daño antijurídico de que trata el presente asunto al Distrito de Barranquilla, entidad propietaria de las vías urbanas y por tanto encargada de su mantenimiento y señalización, comoquiera que la omisión en este último deber, constituye la falla sobre la cual se erige la causa determinante de los mismos, y en virtud de ello es por lo que se reclama su reparación”.
23. Se concluye entonces que es posible atribuirle a la entidad estatal respectiva la responsabilidad del daño ocasionado como consecuencia de la omisión de instalar la señalización adecuada de una vía cuando la misma implica una alta peligrosidad que deba ser puesta en conocimiento de quienes la transitan.
24. Ahora bien, en relación con la normatividad vigente al momento de la ocurrencia del accidente de tránsito, esto es, el 5 de noviembre de 1997, la señalización de las vías urbanas se encontraba a cargo de la administración municipal, distrital, departamental o nacional, dependiendo de la naturaleza de la vía, según lo dispuesto en el Decreto-Ley 1344 de 1970(16), mediante el cual se expidió el Código Nacional de Tránsito Terrestre.
25. Al respecto, se debe tener en cuenta que el artículo 112 del Decreto-Ley 1344 de 1970 establece que existen distintos tipos de señales, consistentes en dispositivos físicos o marcas especiales que indican la forma correcta en que deben transitar los usuarios de las vías, entre las cuales se encuentran las denominadas señales preventivas, que buscan alertarlos sobre situaciones o circunstancias riesgosas o de peligro y su naturaleza.
26. La referida señalización en vías municipales —entre las cuales se debe entender aquellas ubicadas en áreas urbanas, suburbanas y rurales de la respectiva jurisdicción municipal o distrital— es responsabilidad de las secretarías de obras públicas de los municipios, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 5º(17) y 113(18) del decreto ley aludido y de acuerdo con lo señalado por el artículo 11(19) de la Ley 105 de 1993. De igual forma, cabe precisar que le corresponde al municipio cumplir con la obligación en mención, habida cuenta de que es deber de las autoridades de policía “el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas” —artículo 218 de la Constitución Política— y que de acuerdo con el numeral 2º del artículo 315 ibídem, el alcalde es la primera autoridad de policía.
27. Así mismo, el manual sobre dispositivos para el control del tránsito en calles y carreteras, adoptado por el entonces Ministerio de Obras Públicas y Transporte a través de las resoluciones 8408 del 2 de octubre de 1985 y 5246 del 2 de julio de 1985(20), definió en su capítulo I las señales preventivas como aquellas que “tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de una condición peligrosa y la naturaleza de estas. Estas señales se identifican por el código general SP”. Además, en dicho capítulo establece como una de las señales preventivas la de peligro no especificado —SP-60—, la cual tiene el objeto de “advertir la proximidad de un tramo, en el cual puede presentarse un riesgo no especificado. Debe retirarse inmediatamente cesen las condiciones que obligan a instalarla”.
28. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que el municipio de Acacías incumplió su deber de señalización de la vía en la que ocurrió el accidente de tránsito —la cual estaba dentro del perímetro urbano—, habida cuenta de que tanto de conformidad con lo probado en el proceso, especialmente mediante el testimonio del señor Yecid Armando Rojas Pabón, el estado de la vía era deficiente en cuanto en ella había un obstáculo de grandes proporciones sobre el cual no existía ningún tipo de señalización preventiva. Por consiguiente, se configuró una falla de su parte al respecto, la cual se acentuó cuando en su calidad de contratante de la obra pluvial que allí se desarrollaba, permitió que se adelantaran los trabajos de obra pública sin que se guardaran unas mínimas precauciones y sin que se realizaran acciones tendientes a disminuir el riesgo que para los transeúntes podía significar la existencia de unos obstáculos y unas zanjas representaban un grave peligro para la seguridad de quienes transitaban la vía.
29. En relación con el nexo causal, la Sala lo encuentra debidamente acreditado, dado que no solo el señor Yecid Armando Rojas Pabón fue claro al identificar la obra y los montículos de tierra que esta produjo como la causa del accidente, sino que de ello también dieron fe otros documentos, especialmente el informe del levantamiento del cadáver del señor José Vicente Gutiérrez, que es claro en determinar como causante de las lesiones, a la postre mortales, de la víctima, fueron producto de una caída en una zanja correspondiente a una obra pública, la cual fue adelantada por un contratista del municipio de Acacías.
30. Sin perjuicio de lo anterior, al igual que lo hizo el tribunal a quo, la Sala advierte la existencia de elementos constitutivos de la causal eximente de responsabilidad del hecho de la víctima, aunque debe apartarse de la conclusión de la sentencia de primera instancia según la cual las mismas implicarían la negación total de las pretensiones de la demanda.
31. Se logra advertir que el señor José Vicente Gutiérrez Méndez estaba bajo el influjo del alcohol para el momento en que se produjo el accidente, como lo permite inferir el testimonio de Yecid Armando Rojas Pabón, que reveló que previamente al accidente la víctima y él mismo se encontraban departiendo con otras personas e ingiriendo alcohol.
32. Ahora, aunque no existe ningún dictamen pericial en el expediente del que se pueda concluir con certeza la cantidad de alcohol ingerida particularmente por el señor Gutiérrez Méndez, el testimonio de su acompañante da cuenta de que ese consumo fue considerable, ya que al menos bebieron media botella de aguardiente. Además, debe tomarse en consideración que en su declaración bajo juramento rendida al interior del proceso penal adelantado por los hechos, el señor Rojas Pabón indicó que la noche del accidente, él no se encontraba desde el principio con el señor Gutiérrez Méndez, y aquel probablemente habría tomado más licor previamente:
“Preguntado: Que cantidad de cervezas habían ingerido ese día. Contestó: Yo me tomé dos cervezas y media de aguardiente, yo llegué a las once y media de la noche, él seguro ya había tomado más”.
34. A lo anterior debe agregarse que de conformidad con la historia clínica del paciente, para el momento de su admisión en el hospital departamental de Villavicencio, se podía percibir en el señor Gutiérrez Méndez una marcada halitosis alcohólica (ver supra párr. 11.3.).
35. Todo esto significa que el señor José Vicente Gutiérrez Méndez incurrió en una conducta que no solo aumentó en una considerable medida el riesgo al que se encontraba sujeto al desarrollar una actividad eminentemente peligrosa como la conducción de automotores, sino que amenazó potencialmente la vida e integridad personal de otros.
36. Además, no puede perderse de vista que según los oficios allegados por el subsecretario de licencias de conducción del municipio de Acacías, Meta, y el subdirector operativo de tránsito del Ministerio de Transporte, fechados el 14 de mayo del 2001 y el 3 de mayo del 2001 respectivamente (fls. 217 y 219, cdno. 1), la víctima no contaba con una licencia de conducción que lo habilitara para el desarrollo de dicha actividad.
37. Al respecto, cabe anotar que no puede ser de recibo el argumento de la parte demandante en su recurso de apelación, según el cual estas comunicaciones oficiales no cuentan con la suficiente credibilidad dado que el registro nacional de licencias de tránsito no funciona correctamente, ya que esa es una afirmación que carece de sustento alguno, y no tiene el poder por sí misma de contrariar una prueba legalmente decretada y recaudada dentro del proceso.
38. Entonces, es claro que existe una concurrencia de causas para la producción del accidente, pues es evidente que uno de los factores de su ocurrencia se encuentra en la falla del servicio del municipio de Acacías, Meta, que no señalizó debidamente una obra peligrosa para el tránsito de los vehículos que se encontraba a su cargo, pero también que el estado de embriaguez de la víctima aumentó no solo el riesgo que esa obra implicaba, sino el que normalmente asumía al conducir su vehículo.
39. Así, aunque resulta procedente declarar la responsabilidad del municipio de Acacías por la muerte del señor José Vicente Gutiérrez Méndez, la condena patrimonial consecuencial a esa declaración será reducida, en todos sus rubros, en un 50%.
40. Respecto de los perjuicios morales ocasionados, con base en las pruebas allegadas dentro del trámite procesal, se tiene acreditado, mediante los registros civiles de matrimonio y nacimiento visibles en los folios 12 a 14 del cuaderno 1, que la señora Carmen Lucía Mora de Gutiérrez era la cónyuge del señor José Vicente Gutiérrez Méndez para el momento de su fallecimiento, así como que Yedny Paola Gutiérrez y Érika Viviana Gutiérrez Mora eran sus hijas.
41. En la demanda se solicitó la indemnización de perjuicios morales a razón de 2000 gramos de oro fino para la demandante Carmen Lucía Mora de Gutiérrez y 1000 gramos de oro fino para cada una de las demandantes Yedny Paola Gutiérrez Méndez y Érika Viviana Gutiérrez Mora. Sin embargo, de acuerdo con el criterio que ha sido adoptado por la Sección desde la sentencia del 6 de septiembre de 2001 —Expediente 13.232—, la corporación ha abandonado la indemnización en gramos oro, y cuando se demuestra el padecimiento de un perjuicio moral en su mayor grado, se ha reconocido una indemnización equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Se dijo en la aludida sentencia(21):
“En cuanto a la jurisdicción contencioso administrativa, ha quedado clara su sujeción directa al artículo 16 de la Ley 446 de 1998, que, conforme a lo expresado, hace no solo necesario, sino improcedente, el recurso a la analogía, para aplicar el Código Penal vigente, a fin de definir aspectos relativos a la valoración del daño moral. Visto lo anterior, considera esta Sala que debe abandonarse el criterio adoptado por ella desde 1978, conforme al cual, para efectos de la indemnización del perjuicio moral, se daba aplicación extensiva a las normas que, al respecto, traía el Código Penal. Como ha quedado demostrado, razones de orden jurídico, apoyadas igualmente en fundamentos de orden práctico, justifican, en la actualidad, esta decisión. Se afirma, entonces, la independencia del juez contencioso administrativo para fijar, en cada caso, con sustento en las pruebas del proceso y según su prudente juicio, el valor de la indemnización del perjuicio moral. Lo anterior se expresa sin perjuicio de que, con el fin de garantizar el desarrollo uniforme de la jurisprudencia en este aspecto, esta corporación establezca pautas que sirvan de referencia a los juzgados de inferior jerarquía, cuyos fallos, sin embargo, en cuanto tasen la indemnización del perjuicio aludido, solo podrán ser revisados por la instancia superior dentro del marco de sus competencias, dada la inexistencia de una norma prevista en ley o reglamento que pueda considerarse de obligatoria aplicación en la materia. Establecido, por lo demás, el carácter inadecuado del recurso al precio del oro, la Sala fijará el quantum de las respectivas condenas, en moneda legal colombiana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo. Considerando que el salario mínimo mensual en Colombia se fija atendiendo fundamentalmente la variación del índice de precios al consumidor, se considera que el valor del perjuicio moral, en los casos en que este cobre su mayor intensidad, puede fijarse en la suma equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales (...)”.
42. Por lo anterior es procedente que la Sala fije en salarios mínimos la indemnización de perjuicios de orden moral a favor de las peticionarias, con aplicación de la facultad discrecional que le asiste frente a estos casos(22), la cual está regida por los siguientes parámetros: a) la indemnización del perjuicio se hace a título de compensación, pues “... la suma establecida no se ajustará nunca al monto exacto del perjuicio, pero buscará, de alguna manera, restablecer el equilibrio roto con su ocurrencia ...”(23), mas no de restitución ni de reparación; b) la tasación debe realizarse con aplicación del principio de equidad previsto en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998; c) la determinación del monto debe estar sustentada en los medios probatorios que obran en el proceso y que están relacionados con las características del perjuicio; y d) debe estar fundamentada, cuando sea del caso, en otras providencias para efectos de garantizar el principio de igualdad(24).
43. En ese orden de ideas, la Sala observa que el grado de dolor se presume como el máximo al haber ocurrido la muerte de un integrante de la mayor importancia dentro del núcleo familiar que conforman las demandantes, determinando la indemnización de perjuicios de carácter moral por el fallecimiento del señor José Vicente Gutiérrez Méndez en una suma equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el momento de ejecutoria del presente fallo para cada uno de los demandantes, el cual será reducido en un 50% en consideración a lo expuesto anteriormente sobre la concurrencia de causas, por lo que finalmente se concederán 50 smml vigentes a la fecha de la ejecutoria de la sentencia a cada una de las demandantes.
44. En su demanda, la parte actora pidió el pago de los perjuicios materiales causados, sin hacer distinción entre los generados a título de lucro cesante o daño emergente, por lo que la Sala procederá a evaluar la procedencia de ambos.
44.1. Respecto de los perjuicios a título de daño emergente, la Sala advierte que se abstendrá de reconocerlos, por cuanto no hay material probatorio que permita concluir de forma válida que el fallecimiento del señor José Vicente Hernández Méndez haya impuesto algún tipo de gasto a las demandantes por concepto de servicios médicos, funerarios, o de cualquier otro tipo.
44.2. Al revisar los perjuicios causados por concepto de lucro cesante, en el proceso, se demostró que el señor José Vicente Gutiérrez Méndez desempeñaba una actividad económica en el momento de su muerte, como era la labor de arrocero, de lo que da fe el testimonio rendido por el señor Yecid Armando Rojas Pabón y la copia auténtica de las declaraciones de renta de la víctima correspondientes a los años 1995 y 1996 (fls. 204-205, cdno. 1).
44.3. Estas declaraciones de renta señalan que en el año 1996, último periodo fiscal declarado por el señor Gutiérrez Méndez, este percibió una renta líquida de $ 9.178.000, lo cual implica que los ingresos mensuales de la víctima para el momento de su muerte ascendería a $ 764.833, cifra resultante de la división de la renta líquida gravable del año 1996 entre los 12 meses del año. Esa cifra se actualizará desde el momento de la muerte de la víctima al valor actual de la siguiente forma:
44.4. A esta suma se adicionará el 25% correspondiente a las prestaciones sociales que debía percibir la víctima. A la suma resultante será restado un 25%, porque se presume que dicho porcentaje es lo que el señor habría invertido en su propio sostenimiento. La renta liquidable entonces corresponde a $ 1.835.599.
44.5. Se tendrá en cuenta que el señor José Vicente Gutiérrez en el momento de su muerte tenía 39 años de acuerdo con su registro civil de nacimiento (fl. 16, cdno. ppal.) y por lo tanto una vida probable de 37,70 años (452,4 meses) según la tabla colombiana de mortalidad adoptada por la Superintendencia Bancaria mediante Resolución 0497 del 20 de mayo de 1997. La cónyuge del señor Gutiérrez Méndez, de acuerdo con su registro civil de nacimiento (fl. 15, cdno. 1), tenía 37 años de edad en la fecha de los hechos, de manera que su vida probable era de 41,10 años (493,2 meses) de acuerdo con la tabla citada. Para la liquidación se tendrá en cuenta la vida probable del señor José Vicente Gutiérrez Sánchez, dada su menor expectativa de supervivencia.
44.6. La indemnización a que tiene derecho la cónyuge del señor Hernández comprende dos periodos: uno vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el presente, para un total de 189 meses; y otro futuro o anticipado desde la fecha de esta sentencia hasta el fin de la vida probable de la víctima, para un total de 263.4 meses.
44.7. Como anteriormente se reconoció que el señor Gutiérrez Méndez convivía con dos menores de 25 años con dependencia económica de la víctima, de la renta liquidable determinada en el párrafo 44.4. se tendrá en cuenta para la cónyuge —Carmen Lucía Mora de Gutiérrez—, el 50% ($ 917.799) como base para la liquidación.
44.8. Para la estimación de la indemnización futura o anticipada que deberá ser reconocida a favor de la señora Mora de Gutiérrez, se tendrá en cuenta la fórmula que ha aplicado la Sala(25), de acuerdo con la cual:
44.9. Indemnización futura o anticipada de Carmen Lucía Mora de Gutiérrez:
44.10. Así, la indemnización futura o anticipada que corresponde a la cónyuge de la víctima equivale a $ 136.084.080, menos el 50%, es decir, $ 68.042.040.
44.11. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Carmen Lucía Mora de Gutiérrez, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala(26):
44.12. Se tiene en cuenta como el periodo a liquidar aquel comprendido entre la fecha del accidente sufrido por el señor Gutiérrez Méndez —5 de noviembre de 1997— y la época de expedición de la presente sentencia —agosto de 2013— (189 meses), y se realiza la liquidación así:
44.13. Así, la indemnización debida o consolidada o anticipada que corresponde a la cónyuge de la víctima equivale a $ 283.496.512, menos el 50%, es decir, $ 141.748.256.
44.14. La indemnización a que tiene derecho Yedny Paola Gutiérrez Mora —hija— comprende un periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta que esta cumplió 25 años —1º de agosto del 2006—, para un total de 105 meses. Se tendrá en cuenta el 25% de la renta determinada para la liquidación ($ 458.899) como base para liquidar.
44.15. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Yedny Paola Gutiérrez Méndez, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.
44.16. Así, la indemnización debida o consolidada que corresponde a Yedny Paola Gutiérrez Méndez equivale a $ 62.696.761, menos el 50%, es decir, $ 31.348.380.
44.17. La indemnización a que tiene derecho Érika Viviana Gutiérrez Mora —hija— comprende un periodo vencido o consolidado, que se cuenta desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta que esta cumplió 25 años —7 de marzo del 2008—, para un total de 124 meses. Se tendrá en cuenta el 25% de la renta determinada para la liquidación ($ 458.899) como base para liquidar.
44.18. Para realizar la liquidación de la indemnización debida o consolidada a que tiene derecho la demandante Érika Viviana Gutiérrez Mora, se aplicará la fórmula que ha tenido en cuenta la Sala.
44.16. Así, la indemnización debida o consolidada que corresponde a Érika Viviana Gutiérrez Mora equivale a $ 77.867.364, menos el 50%, es decir, $ 38.933.682.
45. De acuerdo a todo lo anterior, el monto de la indemnización que se reconocerá a favor de las demandantes se encuentra determinado por los siguientes valores:
45.1. Por perjuicios morales se reconocerá a favor de cada una de las demandantes Carmen Lucía Mora de Gutiérrez, Yedny Paola Gutiérrez Méndez y Érika Viviana Gutiérrez Mora, una suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.
45.2. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de la señora Carmen Lucía Mora de Gutiérrez la suma de $ 141.748.256 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $ 68.042.040 por indemnización futura o anticipada.
45.3. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de Yedny Paola Gutiérrez Méndez Salgado la suma de $ 31.348.380 por indemnización debida o consolidada.
45.4. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de Érika Viviana Gutiérrez Mora la suma de $ 38.933.682 por indemnización debida o consolidada.
46. No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia en el caso concreto actuación temeraria de ninguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
1. REVOCAR la sentencia del 7 de febrero del 2003 de la Sala de Descongestión del Tribunal Administrativo del Meta.
2. DECLARAR la falta de legitimación en la causa por pasiva del Instituto Nacional de Vías, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
3. DECLARAR administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Acacías, Meta, por la muerte el 14 de noviembre de 1997 del señor José Vicente Gutiérrez Sánchez, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente providencia.
4. En consecuencia, CONDENAR al municipio de Acacías, Meta, a pagar a las demandantes Carmen Lucía Mora de Gutiérrez, Yedny Paola Gutiérrez Méndez y Érika Viviana Gutiérrez Mora, por concepto de los perjuicios por ellas sufridos, según la liquidación expuesta en la parte motiva de la presente providencia, las siguientes sumas de dinero:
— Por perjuicios morales se reconocerá a favor de cada una de las demandantes Carmen Lucía Mora de Gutiérrez, Yedny Paola Gutiérrez Méndez y Érika Viviana Gutiérrez Mora, una suma equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la ejecutoria de la presente providencia.
— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de la señora Carmen Lucía Mora de Gutiérrez la suma de $ 141.748.256 por indemnización debida o consolidada; y la suma de $ 68.042.040 por indemnización futura o anticipada.
— Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de Yedny Paola Gutiérrez Méndez Salgado la suma de $ 31.348.380 por indemnización debida o consolidada
— Por perjuicios materiales en Ia modalidad de lucro cesante, se reconocerá a favor de Érika Viviana Gutiérrez Mora la suma de $ 38.933.682 por indemnización debida o consolidada.
En firme este proveído, devuélvase al tribunal de origen para la de su cargo.
(1) En la demanda se estima el valor de la de la mayor pretensión, correspondiente a la indemnización por perjuicios morales a favor de la señora Carmen Lucía Mora de Gutiérrez, en 2000 gramos de oro fino, los cuales para la fecha de la presentación de la demanda equivalían a la suma de $ 29.269.880. Se aplica en este punto el numeral 10 del artículo 2º del Decreto 597 de 1988 “por el cual se suprime el recurso extraordinario de anulación, se amplía el de apelación y se dictan otras disposiciones”, que modificaba el artículo 132 del Código Contencioso Administrativo, y que disponía que la cuantía necesaria para que un proceso de reparación directa iniciado en 1999 fuera de doble instancia, debía ser superior a $ 18.850.000.
(2) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 28 de agosto del 2013, Exp. 25022, C.P. Enrique Gil Botero.
(3) La entidad está legitimada en la causa por pasiva, tanto de hecho como materialmente. Al respecto, la Sección indicó en sentencia del 28 de julio de 2011, Exp. 19753, C.P. Mauricio Fajardo Gómez: “Así pues, toda vez que la legitimación en la causa de hecho alude a la relación procesal existente entre demandante-legitimado en la causa de hecho por activa— y demandado —legitimado en la causa de hecho por pasiva— y nacida con la presentación de la demanda y con la notificación del auto admisorio de la misma a quien asumirá la posición de demandado, dicha vertiente de la legitimación procesal se traduce en facultar a los sujetos Iitigiosos para intervenir en el trámite del plenario y para ejercer sus derechos de defensa y de contradicción; la legitimación material, en cambio, supone la conexión entre las partes y los hechos constitutivos del litigio, ora porque resultaron perjudicadas, ora porque dieron lugar a la producción del daño. De ahí que un sujeto pueda estar legitimado en la causa de hecho pero carecer de legitimación en la causa material, lo cual ocurrirá cuando a pesar de ser parte dentro del proceso no guarde relación alguna con los intereses inmiscuidos en el mismo, por no tener conexión con los hechos que motivaron el litigio, evento este en el cual las pretensiones formuladas estarán llamadas a fracasar puesto que el demandante carecería de un interés jurídico perjudicado y susceptible de ser resarcido o el demandado no sería el llamado a reparar los perjuicios ocasionados a los actores”.
(4) Ley mediante la cual se establecieron disposiciones básicas sobre el transporte, se redistribuyeron competencias y recursos entre la nación y las entidades territoriales, se reglamentó la planeación en el sector transporte y se dictaron otras disposiciones. Fue publicada en el Diario Oficial 41.158 del 30 de diciembre de 1993.
(5) Fue publicado en el Diario Oficial Nº 33.139 del 4 de agosto de 1970.
(6) Artículo 11 de la Ley 105 de 1993: “Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: (…).
c. El perímetro del transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción”.
(7) Artículo 17 de la Ley 105 de 1993: “Integración de la infraestructura distrital y municipal de transporte. Hace parte de la infraestructura distrital municipal de transporte, las vías urbanas, suburbanas y aquellas que sean propiedad del municipio, las instalaciones portuarias fluviales y marítimas, los aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, de acuerdo con la participación que tengan los municipios en las sociedades portuarias y aeroportuarias, en la medida que sean de su propiedad o cuando estos le sean transferidos”.
(8) Artículo 19 de la Ley 105 de 1993: “Constitución y Conservación. Corresponde a la nación y a las entidades territoriales la construcción y la conservación de todos y cada uno de los componentes de su propiedad, en los términos establecidos en la presente ley”.
(9) Artículo 112 del Decreto-Ley 1344 de 1970: “Las señales de tránsito se dividen en:
1. Señales de reglamentación o reglamentarias, que tienen por objeto indicar a los usuarios de la vía las limitaciones, prohibiciones o restricciones sobre su uso y cuya violación constituye falta.
2. Señales de prevención o preventivas, que tienen por objeto advertir al usuario de la vía la existencia de un peligro y la naturaleza de este.
3. Señales de información o informativas, que tienen por objeto identificar las vías y guiar al usuario, proporcionándole la información que pueda necesitar y se dividen en:
c) Señales de información general”.
(10) Artículo 5º del Decreto-Ley 1344 de 1970: “El Ministerio de Obras Públicas y Transporte dictará las resoluciones sobre utilización y señalamiento de carreteras nacionales; las secretarías de obras públicas departamentales de las vías departamentales y las secretarías de obras públicas municipales de las vías municipales, en los términos y para los fines contemplados en este estatuto”.
(11) Artículo 13 del Decreto-Ley 1344 de 1970 “Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine”.
(12) La Corte Constitucional en Sentencia C-333 de 1996, M.P. Alejandro Martínez Caballero consideró: “El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente con los principios y valores propios del Estado social de derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la administración. Así, la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Por ello el actual régimen constitucional establece entonces Ia obligación jurídica a cargo del Estado de responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio antijurídico y este sea imputable al Estado, se origina un traslado patrimonial del Estado al patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente no basta que el daño sea antijurídico sino que este debe ser además imputable al Estado, es decir, debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad pública”.
En este sentido, Adriano De Cupis indica: “La consideración de la antijuricidad (oposición al derecho) presupone un exacto conocimiento del concepto de derecho. La expresión “derecho” tiene diferentes significados, indicando tanto un conjunto de normas o reglas jurídicas (derecho objetivo), como una facultad de querer conformarla al derecho objetivo (derecho subjetivo) o, finalmente, como objeto del derecho correspondiente a un sujeto, dando de lado a los significados secundarios de ciencia o arte del derecho. Cuando se habla de antijuricidad, con ello se pretende referir al derecho entendido en los dos primeros significados, o sea, al derecho objetivo y al derecho subjetivo”. (El daño, Ed. Bosch, Barcelona, 1975, pág. 84) .
(13) En este sentido, esta Sección en sentencia del 29 de enero del 2009, Exp. 16576, C.P. Ramiro Saavedra Becerra, indicó: “La falla del servicio surge a partir de la comprobación de que el daño se ha producido como consecuencia de una violación —conducta activa u omisiva— del contenido obligacional, determinado en la Constitución Política y en la ley, a cargo del Estado, lo cual constituye una labor de diagnóstico por parte del juez, de las falencias en las que incurrió la administración y que implica un consecuente juicio de reproche”.
(14) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 4 de octubre del 2007, Exp. 16058-21112, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(15) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 16 de julio del 2008, Exp. 17163, C.P. Enrique Gil Botero. En el mismo sentido ver: sentencia del 20 de septiembre del 2007, Exp. 15740, C.P. Ruth Stella Correa Palacio sentencia del 13 de febrero del 2003, Exp. 12509; sentencia del 4 de septiembre del 2003, Exp. 11615; sentencia del 5 de diciembre del 2005, Exp. 14536; sentencia del 8 de noviembre del 2001, Exp. 12820.
(16) Fue publicado en el Diario Oficial 33.139 del 4 de agosto de 1970.
(17) “El Ministerio de Obras Públicas y Transporte dictará las resoluciones sobre utilización y señalamiento de carreteras nacionales; las secretarías de obras públicas departamentales de las vías departamentales y las secretarías de obras públicas municipales de las vías municipales, en los términos y para los fines contemplados en este estatuto”.
(18) “Las autoridades encargadas de la conservación y mantenimiento de las carreteras o la autoridad de tránsito competente en el perímetro urbano, colocarán y demarcarán las señales de tránsito de acuerdo con las pautas que el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito determine”.
(19) “Perímetros del transporte por carretera. Constituyen perímetros para el transporte nacional, departamental y municipal, los siguientes: (…) c. El perímetro del transporte distrital y municipal comprende las áreas urbanas, suburbanas y rurales y los distritos territoriales indígenas de la respectiva jurisdicción”.
(20) Modificada por las resoluciones 1212 del 29 de febrero de 1988, 11886 del 10 de octubre de 1989, 8171 del 9 de septiembre de 1987 y Resolución 3968 del 30 de septiembre de 1992 del Ministerio de Transporte.
(21) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232 - 15646, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(22) Dicha facultad discrecional debe ser ejercida de acuerdo con los lineamientos de la jurisprudencia de la Sección, los cuales “… descartan toda fórmula mecánica o matemática y antes ilustran que esa decisión debe considerar las circunstancias que rodearon los hechos y enmarcarse por los principios de razonabilidad...” (sent. de jun. 16/ 94, Exp. 7445, C.P. Juan de Dios Montes Hernández. Igualmente puede verse, entre otras: sentencia del 11 de febrero de 2009, Exp. 14726, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
(23) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, Exp. 13232, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.
(24) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, Exp. 16205, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
(25) En la que “i” es una constante, “S” equivale a la indemnización debida y “n” al número de meses por liquidar.
(26) En la que “i” es una constante, “S” corresponde a la indemnización debida, y “n” corresponde al número de meses por liquidar.