Source: http://iachr.org/annualrep/2005sp/Bolivia150.01sp.htm
Timestamp: 2017-01-21 06:19:42
Document Index: 10567348

Matched Legal Cases: ['artículo 5', 'artículo 7', 'artículo 8', 'artículo 11', 'artículo 17', 'artículo 21', 'artículo 25', 'artículo 1', 'artículo 1']

Bolivia Petición 150/01 - Raúl García Linera y otros
5. El 10 de marzo de 2001 la Comisión recibió una petición presentada Rosario Baptista Canedo en representación de Raúl García Linera, Silvya de Alarcón Chumacero, Raquel Gutiérrez Aguilar, Álvaro García Linera, Víctor Ortiz Quisepe, Silverio Maidana Macías, Macario Tola Cárdenas, Santiago Yanique Apaza, Juan Carlos Pinto Quintanilla, Felipe Quispe Huanta, Alejandro Choque y Mario Apaza.
La denuncia alegaba la detención arbitraria, hostigamiento a familiares, tortura, procesamiento y persecución indebidas de las presuntas víctimas, a raíz de las actuaciones surtidas en proceso penal en el que se les acusaba de la comisión de 14 delitos.
presuntas víctimas denuncian, además, que las autoridades estatales persiguieron y hostigaron a sus familiares con el objeto de obligar a las personas procesadas a que se declaran culpables de los delitos por los que se les investigaba. Además de la retención ilegal de la familia Ortiz Quispe en su domicilio y las restricciones para que se comunicaran y obtuvieran alimentos, se denuncia la apertura de un proceso penal sin fundamento de prueba en contra de Mauricio García Linera, hermano de dos de los imputados. De acuerdo con lo alegado por las presuntas víctimas, el señor Mauricio García fue injustamente procesado y detenido durante un año bajo el cargo de robo. Tras un año de sumario penal fue demostrada su inocencia, por lo que se alega que dicha acusación tuvo el único objeto de lograr declaraciones forzadas y auto incriminaciones por parte de sus hermanos. 24. Igualmente se alega que las autoridades bolivianas no han iniciado una acción penal para esclarecer las denuncias de tortura que formularon las presuntas víctimas. Al respecto se argumenta que, a pesar de que todas las personas torturadas denunciaron ante el juez de instancia penal las torturas y malos tratos, éste no ordenó ninguna investigación al respecto. De otro lado, a pesar de que el delito de tortura es perseguible de oficio, ninguna autoridad judicial inició investigación de los hechos después de la publicación oficial de los resultados de la investigación realizada por la Cámara de Diputados[16].
34. La Comisión tiene competencia ratione loci para conocer la petición, por cuanto en ella se alegan violaciones de derechos protegidos en la Convención Americana que habrían tenido lugar dentro del territorio de un Estado parte en dicho tratado. Asimismo, la CIDH tiene competencia ratione temporis por cuanto la obligación de respetar y garantizar los derechos protegidos en la Convención Americana ya se encontraba en vigor para el Estado en la fecha en que habrían ocurrido los hechos alegados en la petición. 35. Con relación a la competencia ratione materiae, la CIDH nota que las presuntas víctimas sostuvieron que el Estado violó los derechos a la
integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7), garantías judiciales (artículo 8), protección de la honra y de la dignidad (artículo 11), protección a la familia (artículo 17), propiedad privada (artículo 21) y protección judicial (artículo 25),
en concordancia con los deberes de los Estados de respetar y garantizar los derechos (artículo 1(1)), establecidos en la Convención Americana. B. Requisitos de admisibilidad 1. Agotamiento de los recursos internos
1. Declarar admisible el caso bajo estudio, en relación con los artículos
5, 7, 8, 11, 17, 21 y 25 de la Convención Americana en concordancia con el artículo 1 (1) del mismo tratado. 2. Notificar esta decisión al Estado y a los peticionarios.
[21] Corte IDH. Caso “19 Comerciantes”. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 109, párr. 189, citando Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez. Sentencia de 7 de junio de 2003. Serie C No. 99, párr. 120;
Corte I.D.H., Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros. Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94; y Corte I.D.H., Caso Suárez Rosero. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 71.