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Timestamp: 2020-01-24 22:31:32
Document Index: 217678659

Matched Legal Cases: ['artículo 82', 'artículo 11', 'artículo 177', 'artículo 13', 'artículo 177', 'artículo 177', 'artículo 82', 'artículo 1204', 'artículo 79', 'artículo 82', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 1217', 'artículo 18', 'artículo 82', 'artículo 82', 'artículo 177', 'artículo 13', 'artículo 10', 'artículo 58', 'artículo 11', 'artículo 13', 'artículo 210', 'artículo 326']

Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación de la registradora de la propiedad accidental de Santiago de Compostela n.º 1, por la que se deniega la inscripción de una instancia solicitando la cancelación de una condición resolutoria. - Doctrina Administrativa - VLEX 590532666
Publicado en: BOE, 28 de Diciembre de 2015
CONDICION RESOLUTORIA EN GARANTIA DEL PAGO DEL PRECIO: Los arts. 10 y 11 de la Ley Hipotecaria juegan en planos distintos; el art. se refiere a la simple constatación de un hecho: el precio se ha aplazado; el art. 11 se refiere a la condición resolutoria explícita, cuya inscripción se solicita y provoca su plena oponibilidad frente a terceros adquirentes. CANCELACION POR CADUCIDAD DEL DERECHO O POR CADUCIDAD DEL ASIENTO: el sistema previsto en el art. 210 de la LH después de la redacción dada a este precepto por la Ley 13/2015, de 24 de junio, de reforma de la ley Hipotecaria (expediente de liberación de cargas ahora a cago del Registrador) no debe confundirse con el sistema previsto en el art. 82.p.5 de la LH.
Dicho documento fue objeto de la siguiente calificación, emitida por la registradora de la Propiedad accidental de Santiago de Compostela número 1, doña María Teresa Ferrín Sanmartín: «Registro de la Propiedad de Santiago Nº 1 "Hechos: Con fecha 25 de junio de 2015 se presenta en este Registro escrito suscrito por Doña A. B. R. solicitando la cancelación de condición resolutoria que a favor de Doña M. D. M. I. consta inscrita sobre la finca 8692, en su inscripción 2.ª, al folio 151, del libro 92, Tomo 1057, basándose en síntesis, en la aplicación de los artículos 82.5 de la Ley Hipotecaria y 177 de su Reglamento. Presentado bajo el asiento 908, a las catorce horas y once minutos del día veinticinco de junio de dos mil quince, al folio 209 del Diario 127. En este Registro consta inscrita en el citado folio 151 de la finca 8692, el contrato por el cual Doña M. D. M. I., entrega una casa sin número con terreno unido en la Avenida (…), ocupa la casa la extensión de ciento cuarenta metros y noventa decímetros cuadrados, formando casa y terreno una sola finca de doscientos cincuenta y un metros cuadrados a Viviendas 2001, S.A., consistiendo el precio en la cantidad de cien millones de pesetas…, las unidades de obra que constituyen el precio de este contrato, se entregarán libres de cargas y totalmente terminadas. Dichas unidades son las siguientes: "1.º La superficie construida de cien metros cuadrados en el primer sótano del edificio, completamente cerrado y destinado: setenta y cinco metros cuadrados a tres plazas de garaje y veinticinco metros cuadrados a trasteros. Este local tendrá que llevar salida de gases. Las puertas de las plazas de garaje serán aportadas por doña M. D. M. I. 2.º La planta baja, con una superficie construida de ciento cincuenta y seis metros cuadrados y fondo máximo de diecinueve metros lineales y fachada mínima de ocho metros lineales. 3.º En plantas altas la superficie construida de ochocientos cincuenta y tres metros cuadrados destinados a viviendas y que se describen de la siguiente forma: Los apartamentos de Tipo C de las plantas primera a cuarta inclusives, de una superficie construida de cuarenta metros y once decímetros cuadrados, cada uno. Los apartamentos de Tipo D de las plantas primera a tercera inclusives, de una superficie construida de noventa y siete metros y treinta y siete decímetros cuadrados, cada uno. Los apartamentos del tipo G de las plantas tercera y séptima de treinta y cuatro metros y treinta decímetros cuadrados, de superficie construida cada uno. Los pisos tipo H de las plantas tercera y séptima, de ciento tres metros y cincuenta y cinco decímetros cuadrados de superficie construida, cada uno. Y Vivienda de Tipo L de la planta de ático, de noventa y un metros cuadrados de superficie construida, con una terraza de cincuenta metros cuadrados, que reducida al cincuenta por ciento en metros cuadrados de vivienda, forma un conjunto de ciento dieciséis metros y treinta y nueve decímetros cuadrados. Los ocho metros y treinta y seis decímetros cuadrados sobrantes de vivienda construida, serán reintegrados a la vendedora en la forma y manera que en su momento ésta determine. C. Igualmente, Viviendas 2001, S.A., también pretende construir, de acuerdo con la Licencia Municipal número 1251/89 un nuevo edificio en el número (…) de esta ciudad, en cuyo supuesto la compradora entregará a la vendedora, además de las unidades de obra reseñadas en los apartados anteriores, un local en el edificio del número (…), de cuarenta y ocho metros cuadrados construidos con un mínimo de fachada de dos metros lineales a la calle (…) y equipado sin maquinaria para lavandería, a cambio de que la vendedora autorice el paso por las zonas de acceso generales del edificio número (…) para el del (…) a construir… F. La no entrega de las unidades de obra que constituyen el pago del precio de esta compraventa en el plazo señalado de tres años, a partir del día 27 de junio de 1990, darán lugar a la resolución del contrato»; garantizando la entrega con condición resolutoria. Calificación: La que suscribe deniega la práctica de la cancelación solicitada por los siguientes motivos: 1º. El artículo 82.5º del Reglamento Hipotecario (sic), por su carácter excepcional frente a la regla general de cancelación por consentimiento del titular o resolución judicial firme, es de interpretación restrictiva y ha de aplicarse únicamente a los supuestos expresamente delimitados por el mismo "condiciones resolutorias en garantía del precio aplazado a que se refiere el artículo 11 de la Leyˮ, expresión idéntica a la que se hacía en el párrafo segundo del artículo 177 del Reglamento Hipotecario –hoy anulado por sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001–. El concepto de "precioˮ que recoge la legislación hipotecaria es distinto al de contraprestación -que es el supuesto de hecho presente de cesión de solar por obra futura-. El primero se regula en los artículos 10, 11 de la Ley Hipotecaria y 58 de su Reglamento, mientras que al segundo hace referencia al artículo 13 del Reglamento Hipotecario al regular en su último inciso, la inscripción de las garantías reales que se hubiese pactado para garantizar la contraprestación al solar y que debe entenderse a los efectos de dotar de eficacia frente a terceros, el derecho del cedente. Concluyendo, tal diferencia parece ser la voluntad del legislador si se acude a la exposición de motivos del RD 1867/1998 de cuatro de septiembre que dio nueva redacción al artículo 177 del Reglamento Hipotecario, que en cuanto su delimitación dice que se extiende "a la condición resolutoria explícita en garantía del precio aplazado en la compraventa de inmueblesˮ. Es decir la voluntad del legislador excluye claramente las condiciones resolutorias que garanticen otros contratos, como el que es objeto de esta nota. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre con el pago del precio en la compraventa, en el caso de este tipo de permuta concurren muy diversas circunstancias que pueden impedir tanto la apreciación indubitada del cumplimiento o incumplimiento de la obligación, por ejemplo en casos de cumplimiento parcial o en forma distinta a la pactada o de mora debida, al retraso en la concesión de las licencias, etc., como la restitución de las prestaciones, el hecho de figurar inscritos a favor de otras personas, las viviendas que originariamente debió recibir la cedente. Dichas circunstancias en la mayoría de los casos sólo pueden apreciarse si hay pacto entre las partes o por vía judicial. Y de hecho es profusa la jurisprudencia en la materia. 2.º En cuanto al artículo 177, alegado por la solicitante, se entiende igualmente no aplicable. Su párrafo primero que como claramente explica la exposición de motivos del RD 1867/1998 ya citada, se refiere a la cancelación de derechos inscritos sometidos en cuanto a su ejercicio a un plazo determinado de caducidad –opciones de compra, retractos convencionales,...–una vez transcurridos cinco años desde el vencimiento pactado. En cuanto a su párrafo segundo, ha sido anulado por sentencia más arriba relacionada. 3.º Por último, la manifestación hecha por la solicitante de que existe una sentencia firme, desestimando la demanda interpuesta por Doña M. D. M. I., habría de acreditarse su existencia, mediante la aportación del testimonio de la misma a efectos de su calificación. En todo caso se necesitaría una resolución judicial firme, en que se ordene la cancelación pretendida, derivada de un procedimiento judicial entablado o con intervención del titular registral. Fundamentos de Derecho: Todo ello con arreglo a los artículos 13, 82.5 y 177 de la Ley Hipotecaria, 1538 del Código Civil, y 206, 207 y 208 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 25 de marzo de 2014. Santiago, 16 de julio de 2015.–La registradora (firma ilegible y sello del Registro) Contra esta calificación (…)».
Doña A. B. R., abogada, en nombre y representación de una comunidad de propietarios de Santiago de Compostela, interpuso recurso contra la anterior calificación, mediante escrito que tuvo entrada en el citado Registro el día 14 de septiembre de 2015, en el que alega lo siguiente: «(…) Primera. Que en la instancia presentada al registro se solicita la cancelación de las condición resolutoria inscrita de un contrato de compra-venta con precio aplazado, inscrito como tal en el año 1990. En el recurso presentado por esta parte, se ha establecido la referencia al art. 82 de la ley hipotecaria, párrafo quinto, que establece: (…) Ello en relación con el art. 177 del reglamento, pese a haber sido declarada nulo el párrafo segundo de dicho artículo por sentencia del TS de 2001. Segunda. Por resolución del registro notificada a esta parte el 13 de agosto del corriente, se deniega la práctica de la cancelación solicitada por, en síntesis, los siguientes motivos: "...1.º El artículo 82.5 del Reglamento Hipotecario, por su carácter excepcional frente a la regla general de cancelación por consentimiento del titular o resolución judicial firme es de interpretación restrictiva y ha de aplicarse únicamente a los supuestos expresamente delimitados por el mismo...ˮ En primer término, y en relación al primer fundamento alegado por la registradora, decir que la registradora se limita a reproducir los argumentos empleados para desestimar el recurso contenidos en la resolución de 25 de marzo de 2014 de la Dirección General de los Registros y del Notariado, no obstante, dicho supuesto se reitere, efectivamente, a un contrato de permuta por obra futura, no obstante, en el caso que nos ocupa, nos encontramos ante una compraventa con precio aplazado que se incardina perfectamente en los supuestos contemplados en el art. 11 de la ley hipotecaria. Pues bien, manifestamos nuestra oposición a dicho argumento de la registradora, ya que en este caso se trata de una compraventa y la nota registral se refiere a una garantía explícita del precio contenido en la misma, no a otro contrato tal como pretende la registradora en su resolución, pues esta compraventa es el único contrato del que deriva la inscripción realizada. De hecho, tal como obra en la propia división horizontal inscrita, documento que obra en los archivos del registro, se trata de un contrato de compra-venta con precio aplazado de los contemplados en el art. 11 de la ley hipotecaria Y así consta en el contrato original inscrito y dicha condición resolutoria explícita garantiza el cumplimiento de dicho contrato, el pago del precio contemplado en la compraventa en el plazo señalado de tres años a partir del 27 de junio de 1990 y no de ningún otro contrato posterior, como pretende la registradora. Lo cierto es que no todos los contratos de entrega de bienes por obra futura se incardinan en la permuta, sino que, en ocasiones, como es en este caso, es perfectamente incardinable la figura de la compra-venta, máxime cuando se entrega un edificio y no un solar, se encarga la realización de la obra al comprador y además, se pacta un precio en metálico y se entregan otras contraprestaciones además de los pisos de resultado. En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato, el Tribunal Supremo no ha mostrado siempre una postura única y además., habrá de atenerse a otras particularidades en los mismos. (Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 1988 y el contrato de fecha 27 de junio de 1990 otorgado ante el notario Ildefonso Sánchez Mera se trata de un contrato de compra-venta y así fue inscrito, pues precisamente en este caso se pactó un precio (cien millones de pesetas) en este caso aplazado y así fue declarado ante la administración tributaria correspondiente. En el mencionado contrato se recoge expresamente que el precio de la venta queda aplazado para ser satisfecho por la compradora mediante el costeamiento por esta de la construcción de las unidades de obra en el edificio nuevo que se levante, que en la indicada escritura de venta constan. Y todo ello en relación a la naturaleza jurídica de dicho contrato, y para aclarar definitivamente la cuestión, nos remitimos al artículo del Magistrado y profesor José Luis Scoane Spiegelberg, Publicación: Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil num.13/2006 parte Estudio. "La adaptación del derecho a la realidad social, en este caso al panorama del fenómeno constructivo antes expuesto, justifica, como hemos visto, la aparición de este tipo de relaciones jurídicas, no expresamente previstas por el Legislador, pero que son socialmente admitidas y frecuentes en la práctica diaria, y cuya esencia radica fundamentalmente en versar sobre un objeto futuro, cual es la nueva edificación, ello ha llevado a cierto sector doctrinal y jurisprudencial a entender que nos hallamos ante contratos atípicos, regulados como es sabido por las normas propias de los contratos típicos de cuyas características participan y de las previsiones convencionales lícitas, derivadas del libre juego de la autonomía de la voluntad de las partes conforme al art. 1255 del CC (Leg 1889. 27). Con respecto a su naturaleza se trata de una clase de negocios jurídicos, que participan de diversas fórmulas contractuales regladas, siendo éstas normalmente las de compra venta permuta y arrendamiento de obra. Así, en cuanto a la transmisión del solar por inmuebles en la edificación a construir, participa de las notas de un contrato de permuta de cosa presente por futura. Ahora bien, como el contratista no solo se compromete a la entrega de pisos, locales, trasteros o plazas de garaje en la nueva edificación, sino también constituye prestación fundamental del mismo realizar la nueva construcción comparte las características propias del contrato de obra. Y comoquiera que igualmente puede el contratista aportar materiales o mediar incluso precio por la contraprestación a la cesión del solar igualmente confluyen notas propias del contrato de compraventa. Todo ello además con la posibilidad de los distintos pactos que los contratantes puedan adicionar, por mor del principio de la libre autonomía de la voluntad del art. 1255 del CC.ˮ Es decir, en el presente supuesto, efectivamente se trata de un contrato de compra-venta. A mayor abundamiento, este contrato finalmente no sólo no se cumplió en sus términos estrictos, sino que se formalizaron nuevos acuerdos, contratos, modificativos del contrato inicial que constan recogidos en el testimonio de la sentencia del juzgado de instancia número cinco en fecha 28 de octubre de 1999, confirmada por sentencia de la sección segunda de la Audiencia provincial de fecha 25 de mayo de 2001 se confirma íntegramente la resolución recurrida, cuyos testimonios ya fueron aportados a este registro y obran en sus archivos. (…) Así las cosas, precisamente dicha condición resolutoria lo que garantiza es el cumplimiento de dicho primer contrato, no obstante no sólo la acción para resolver ese primer contrato está prescrita, sino que asimismo hay contratos posteriores que modifican este primero, por lo que el mantenimiento de una condición resolutoria que garantiza una acción prescrita resulta del todo absurdo, máxime cuando dicha condición no garantiza en absoluto el cumplimiento de ninguno de los contratos posteriores, sino tan sólo aquél primero que, en cualquier caso, no se puede cumplir por inexistencia del objeto. Una vez formalizadas las nuevas condiciones y aceptada por la Sra. M. la obra nueva y división horizontal, se produce, repetimos, cuando menos, una modificación extintiva del contrato inscrito, como declaraba la sentencia de 26 de enero de 1988 (RJ 1988\145), la declaración terminante de voluntad que exige el artículo 1204 para que se aprecia la existencia de una novación extintiva «para que una obligación quede extinguida por otra que la sustituya, es preciso que así se declare terminantemente, o que la antigua y la nueva sean de todo punto incompatibles» y en este caso la antigua obligación de entrega es incompatible con la recogida en los nuevos y sucesivos contratos, lo que extingue la obligación garantizada con la condición resolutoria. Por ello, en relación con el artículo 79 de la Ley Hipotecaria que autoriza la cancelación de los derechos inscritos, de oficio o a instancia de parte interesada, conteniendo un precepto justificado por el principio de seguridad jurídica, que exige la oportuna concordancia entre la realidad extrarregistral y el Registro, pretender el mantenimiento de una inscripción de garantía de un contrato que no está en vigor es un error que en este caso no hace sino perjudicar a tercetos adquirientes tras la división horizontal impidiendo la hipoteca del inmueble pero que en ningún caso va a conferir ningún derecho ni garantía a la Sra. M. I. ya que, repetimos, dicha condición resolutoria, no se puede ejercitar ni judicial ni registralmente. Tercera. Continúa la resolución de la registradora, alegando en contra de la cancelación de la nota que: Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre con el pago del precio en la compraventa, en el caso de este tipo de permuta concurren muy diversas circunstancias que pueden impedir tanto la apreciación indubitada del cumplimiento o incumplimiento de la obligación, por ejemplo en casos de cumplimiento parcial o en forma distinta a la pactada o de mora debida al retraso en la concesión de las licencias, etc., como la restitución de las prestaciones, el hecho de figurar inscritos a favor de otras personas las viviendas que originariamente debió recibir la cedente. Dichas circunstancias en la mayoría de los casos sólo pueden apreciarse si hay pacto entre las partes o por vía judicial. Y de hecho es profusa la jurisprudencia en la materia Pues bien, en realidad, el tenor literal es el texto extraído de la resolución de la DGRN de 25 de marzo de 2014 mencionada, no obstante, en este caso concreto, dicho pacto entre las partes modificando el contrato objeto de la anotación ha existido y ha sido alegado por esta parte en su instancia, siendo que, además, ha sido aportado ya al registro y otra en sus archivos [por lo que esta parte no está ya obligada a presentar nuevo testimonio puesto que constan en el procedimiento abierto por asiento de presentación de 3 de febrero de 2015 con localizador (…)] testimonio de la sentencia judicial firme que modifica el contrato de compraventa inicial así como también en la que se incluye, no la desestimación de la demanda como recoge la registradora, sino el desestimiento de la propia Sra. M. de ejercitar la acción de resolución por haber firmado un nuevo contrato sustitutivo del que fue objeto de anotación cuyas condiciones también se recogen en las sentencias. (…) Las variaciones al contrato inicial recogidos en nuevos contratos entre La sra. M. I. y Viviendas 2001, Construcciones Rosaleda y A. M. M., la conformidad con la nueva división horizontal y la entrega de la obra consta asimismo recogido en tres contratos protocolizados en fecha 17 de julio de 1996 ante el notario de Santiago Ildefonso Sánchez Mera haciendo constar expresamente en los mismos que el total contenido de dichos documentos refleja una realidad jurídica con la que están conformes. Cuarta. En la resolución de 25 de mayo reproducida el registrador aduce que "..Por lo tanto al no ser idéntica la contraprestación pactada en una permuta con la contraprestación consistente en precio aplazado, el procedimiento regulado el párrafo 5.º del artículo 82 de la Ley Hipotecaría no es aplicable a las cancelaciones de condiciones resolutorias pactadas para garantizar el cumplimiento de la contraprestación en una permuta de solar/casa por obra futuraˮ Sin embargo, en este caso, repetimos, se trata de una compra-venta con precio aplazado de los supuestos contemplados en el art. 11 de la ley hipotecaria, para el que está previsto el art. 82.5 de la ley, y así consta en el propio contrato, en la escritura de propiedad horizontal y asimismo en la propia anotación registral, siendo que el registrador de la propiedad deberá atenerse a los términos del contrato. La escritura que contiene la condición resolutoria inscrita es un contrato de compraventa con precio aplazado, tal como ha sido denominado en la propia escritura y ello lo incardina entre los supuestos cancelables por caducidad del art. 82 de la ley en relación con el art. 11 y así consta en la inscripción inicial, tal como hemos expuesto anteriormente. Pese a ello, la registradora, por primera vez, lo califica como un contrato de permuta por obra futura a los efectos de denegarla cancelación de la condición. Esta parte entiende que en este supuesto la registradora se ha extralimitado de sus funciones, y de las atribuciones del artículo 18 de la Ley Hipotecaria regula la calificación registral de los documentos notariales: Los Registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro. Sin embargo, el artículo 18 de la Ley Hipotecará al regular la calificación registral no predetermina el contenido de la escritura pública, sino que éste, viene definido, por la legislación notarial (cfr. artículo 1217 del Código Civil). Son tan sólo los requisitos para que el derecho constituido en virtud de la misma sea inscribible en el Registro, los que son establecidos por la legislación hipotecaria. Es decir, que inicialmente la calificación registral del contrato y de la condición resolutoria explícita para su inscripción fue de compraventa con precio aplazado, pues así consta en la inscripción y es lo que deriva del propio contrato, por tanto lo que no cabe ahora, tras la prescripción de las acciones resolutorias es modificar dicha calificación ad hoc para mantener la inscripción caducada hasta el punto de modificar el tipo contractual. Lo cierto es que la facultad de calificación registral no se extiende a la interpretación de los contratos, que es estrictamente judicial, por lo que la registradora en este caso se ha extralimitado en sus funciones siendo que, además, apelando a la doctrina de los actos propios si en el momento de la inscripción fue calificado como un contrato de compra-venta con precio aplazado, lo que no cabe es ahora pretender cambiar dicha calificación con una interpretación personal del contrato. En este sentido, la resolución de la dirección general de los registros y del notariado, de 26 de abril de 2002, que, aunque se refiere a un caso de denegación de inscripción por taita de acreditación del poder di- representación, nos aclara en esos términos los límites de las facultades del registrador en cuánta a la interpretación de los títulos: "El Registrador debe seguir realizando su función calificadora ateniéndose a lo que resulte de la escritura y de los asientos del Registro, de conformidad con el artículo 18 de la Ley Hipotecaria, cuyo tenor literal permanece invariable tras la reforma llevada a cabo por la Ley 24/2001. Por ello el Registrador debe comprobar si en la escritura figuran la reseña de los datos identificativos del documento de representación y la valoración de la suficiencia de las facultades el contenido de la propia escritura y del Registro……… En conclusión, examinado el contenido de la escritura presentada a inscripción, la calificación del Registrador no puede ser confirmada toda vez que, de un lado, no existe ninguna contradicción entre el inicio notarial de suficiencia de las facultades de la apoderada y el contenido de la escritura y, por otra parte, del propio título resultan los elementos necesarios para que el Registrador pueda cumplir con su función calificadora. Esta Dirección General ha acordado estimar el recurso y revocar la calificación del Registrador en los términos que resultan de los precedentes fundamentos de derechoˮ. Por lo expuesto, solicito que habiendo por presentado este escrito junto con sus documentos y copias lo admita y en su virtud, previos los trámites oportunos y con admisión de los motivos esgrimidos por esta parte, anule y deje sin efecto la calificación del registrador denegando la solicitud de cancelación de la condición resolutoria y en consecuencia, acuerde la cancelación de los asientos correspondientes a condición resolutoria».
Se trata de dilucidar en este expediente, si es cancelable por caducidad determinada condición resolutoria, conforme a lo dispuesto en el artículo 82.5.º de la Ley Hipotecaria. Dicha condición tiene su origen en el contrato de compraventa otorgado ante el notario de Santiago de Compostela, don Ildefonso Sánchez Mera, el día 27 de junio de 1990, por el que la propietaria de una finca cedió ésta a una sociedad mercantil pactándose como contraprestación la entrega a la cedente de unidades de obra en el edificio que dicha sociedad construirá previo derribo del anterior. En dicho contrato se pactó que el plazo de entrega sería de tres años a partir del día 27 de junio de 1990; si transcurrido dicho plazo la sociedad adquirente no hubiera entregado los pisos o locales, se producirá la resolución del contrato. Se estableció que el incumplimiento de la obligación operaría como condición resolutoria expresa.
Antes de entrar en el fondo del asunto conviene hacer una referencia en materia de interpretación de los contratos.
Centrándonos en el fondo del asunto, alega la recurrente la aplicabilidad de lo dispuesto en el artículo 82.5.º de la Ley Hipotecaria tanto para el caso de que se cancele una condición resolutoria en garantía del pago del precio aplazado en una compraventa, como para el caso de que la condición garantice el cumplimiento de una contraprestación derivada de permuta.
Ahora bien hay que examinar si esta equiparación en cuanto a la constancia registral de la condición resolutoria, es también aplicable a su cancelación. Para ello debe examinarse la Exposición de Motivos del Real Decreto 1867/1998, de 4 de septiembre, que dio nueva redacción al artículo 177 del Reglamento Hipotecario.
La referencia que el último inciso del artículo 13 del Reglamento Hipotecario (en la parte vigente tras la Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de enero de 2001), hace a la inscripción de las garantías reales que se hubiesen pactado para garantizar la contraprestación a la cesión del solar, debe entenderse pues a los efectos de dotar de eficacia frente a terceros al derecho del cedente. Contribuye además a la misma conclusión el concepto de precio que recoge la legislación hipotecaria, y que como dice la registradora en su informe es distinto al de contraprestación, así el artículo 10 de la Ley Hipotecaria señala el precio como una circunstancia esencial para las inscripciones de contratos en que hayan mediado precio o entrega de metálico, debiendo hacerse constar el que resulte del título, y la forma en que se hubiese hecho o convenido el pago, el artículo 58 del Reglamento Hipotecario, al referirse al precio aplazado, regula el pago de cantidades por cuenta o saldo del precio aplazado o abono de las diferencias en las permutas o adjudicaciones en pago, pudiendo hacerse constar este hecho por medio de una nota marginal, el propio artículo 11 se refiere al aplazamiento de pago, «conforme al artículo anterior» haciendo alusión a la permuta solamente «cuando una de las partes tuviere que abonar a la otra alguna diferencia en dinero o en especie», por otra parte el citado artículo 13 del Reglamento Hipotecario, único de referencia específica a la permuta de solar por obra futura, habla de contraprestación.
Respecto a la situación que se produce tras la entrada en vigor de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria aprobada por Decreto de 8 de febrero de 1946 y del texto refundido de la Ley de Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, entrada en vigor que se producido el pasado día 1 de noviembre, en la nueva redacción del artículo 210, y en concreto, en su regla octava, párrafo segundo, se establece que «las inscripciones de hipotecas, condiciones resolutorias y cualesquiera otras formas de garantía con efectos reales, cuando no conste en el Registro la fecha en que debió producirse el pago íntegro de la obligación garantizada, podrán igualmente cancelarse a instancia de cualquier interesado cuando hayan transcurrido veinte años desde la fecha del último asiento en que conste la reclamación de la obligación garantizada o, en su defecto, cuarenta años desde el último asiento relativo a la titularidad de la propia garantía».
Finalmente debe rechazarse la documentación judicial aportada por la recurrente dado que no fue objeto de calificación por parte de la registradora de la Propiedad en base al artículo 326.1.º de la Ley Hipotecaria al señalar que «el recurso deberá recaer exclusivamente sobre las cuestiones que se relacionen directa e inmediatamente con la calificación del Registrador, rechazándose cualquier otra pretensión basada en otros motivos o en documentos no presentados en tiempo y forma».
Cuestión Vinculante nº V2092-09 de Dirección General de Tributos, Subdirección General de IRPF, 21 de Septiembre de 2009