Source: http://miranda.tsj.gob.ve/decisiones/2004/junio/54-22-3578-04-3578-04.html
Timestamp: 2017-02-24 14:49:43
Document Index: 218804092

Matched Legal Cases: ['artículo 464', 'artículo 294', 'artículo 296', 'artículo 28', 'artículo 464', 'artículo 29', 'artículo 29', 'artículo 49', 'ARTÍCULO 432', 'artículo 435', 'ARTÍCULO 435', 'artículo 432', 'artículo 448', 'ARTÍCULO 448', 'artículo 448', 'artículo 172', 'artículo 437', 'artículo 172', 'artículo 448', 'artículo 437']

Causa Nº 3578-04
Visto el Recurso de Apelación interpuesto por los Profesionales del Derecho: VICTOR HUMBERTO DUARTE BLANCO y FRANCISCO DUARTE, actuando en sus caracteres de Apoderados Judiciales del ciudadano RAFAEL ANTONIO CARRILLO, querellado en la presente causa, en contra de la decisión proferida en fecha 30 de marzo del corriente año, por el Tribunal Cuarto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Los Teques, esta Corte de Apelaciones para decidir previamente observa:
Se dio cuenta a esta Sala en fecha 26 de mayo del año 2004, del Recurso de Apelación interpuesto y se designó Ponente a quien con tal carácter suscribe el presente fallo Doctor: LUIS ARMANDO GUEVARA RISQUEZ.
Cursa a los folios 2 al 5, escrito de Querella interpuesta por los Profesionales del Derecho JOSE DIAZ y MORALIA MORENO VOLCAN, en sus caracteres de apoderados judiciales del ciudadano JHON FRANCISCO MARQUEZ MOREIRA, contra el ciudadano RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, por el delito de ESTAFA AGRAVADA, previsto y sancionado en el último aparte del artículo 464 del Código Penal. En fecha 18 de Febrero del año 2004, visto el escrito de querella presentado, el Tribunal Cuarto de Control de este mismo Circuito Judicial Penal y sede, a los fines de pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, ordeno subsanarlo de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 294 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con lo previsto en el artículo 296 de la norma adjetiva penal, para la cual se le concedió un lapso de tres días luego de recibida la notificación para la subsanación correspondiente.
En fecha 02 de marzo del corriente año, los Profesionales del Derecho JOSE DIAZ y MORALIA MORENO VOLCAN, apoderados judiciales del ciudadano JHON FRANCISCO MARQUEZ MOREIRA, interponen ante el Tribunal Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, escrito subsanando la querella interpuesta.
En fecha 04 de marzo del año 2004, el Tribunal Cuarto de control, de este mismo Circuito Judicial Penal y sede, ADMITE la querella interpuesta por los Abogados JOSE DIAZ y MORALIA MORENO VOLCAN, contra el ciudadano RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, por la presunta comisión del delito de ESTAFA AGRAVADA.
En fecha 23 de marzo del año 2004, los Profesionales del Derecho: VICTOR DUARTE Y FRANCISCO DUARTE, apoderados judiciales del querellado ciudadano: RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, presentan ante el Tribunal Cuarto de Control, escrito mediante el cual se oponen a la admisión de la querella interpuesta, por medio de la excepción establecida en el numeral 4, literal c del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal, pues consideran que la querella interpuesta por la víctima se basa en hechos que no revisten carácter penal.
En fecha 30 de marzo del año 2004, el Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, emite pronunciamiento con respecto al escrito de excepciones interpuesto, en los términos siguientes:
“... este Tribunal considera improcedente tal excepción por cuanto aún no se ha iniciado la fase de investigación por parte de la vindicta pública, y por consiguiente no han sido evacuadas las experticias a que haya lugar para el esclarecimiento de los hechos, por lo que aún no puede determinarse con certeza si las circunstancias que motivaron la interposición de la querella, revisten o no carácter penal; no obstante, en virtud de las pruebas ya acreditadas en autos, existe la firme convicción de que estamos frente a la presunta comisión del delito de Estafa Agravada, previsto y sancionado en el artículo 464 del Código Penal, ya que el querellado en su escrito de fecha 02-03-04, manifiesta que no le ha sido devuelto ni el vehículo descrito, ni el dinero producto de la venta, todo lo cual constituye un elemento contundente para dar curso a la fase de investigación por existir presunción de la comisión del ilícito penal anteriormente descrito, en consecuencia tal excepción debe ser declarada sin lugar, como en efecto se hace y así se declara. En lo que respecta a las aseveraciones efectuadas por los defensores privados del querellado en su escrito presentado, el Tribunal considera oportuno hacer las siguientes consideraciones: Si el poder otorgado por el ciudadano JOSE LUIS BILBAO BASABE al ciudadano RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, había sido revocado o no para el momento en que se ejecutó la venta, corresponde al Ministerio Público, en la fase investigativa, así determinarlo... Así pues, se declara sin lugar la excepción opuesta a la admisión de la querella presentada, con arreglo a lo establecido en el artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal...” En fecha 22 de abril del año 2004, el Profesional del Derecho VICTOR HUMBERTO DUARTE BLANCO, introduce escrito de APELACION contra la decisión del Tribunal Cuarto de Primera Instancia Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, con sede en Los Teques, de fecha 30 de marzo del año 2004; fundamentando dicho escrito en base a lo siguiente:
“... Evidentemente que el ciudadano Juez a quien hoy respetuosamente me dirijo, se equivocó de plano, pues para el decidir como lo hizo, pone en boca del querellado y de sus defensores han alegado que en autos NO esta demostrado que el poder que otorgó la ciudadana NEYSI JOSEFINA GIL SANCHEZ al ciudadano JOSE LUIS BILBAO BASABE, ni el que éste sustituyó en la persona del querellado, hubiesen sido revocados en forma válida y antes de que el querellado le hubiese hecho la venta al querellante. El ciudadano Juez cuarto de control sólo se refirió a la ausencia de notificación de la revocación del poder sustituido por JOSE LUIS BILBAO BASABE en la persona del ciudadano RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, pero OMITIÓ involuntariamente también establecer que esta ausente notificación alguna de revocación del mandato otorgado por la ciudadana NEYSI JOSEFINA GIL SANCHEZ, al ciudadano JOSE LUIS BILBAO BASABE, por una parte; y por la otra, existe grave contradicción en la decisión del 30 de marzo de 2004, hoy recurrida en apelación, por cuanto si en ella se establece, que la carga de la prueba de tal notificación de revocación del poder que hizo la ciudadana NEYSI JOSEFINA GIL SANCHEZ a JOSE LUIS BILBAO BASABE, QUE NO CONSTA DE AUTOS, entonces ha debido concluir con que la venta hecha por el querellado al querellante al 30 de marzo de 2004 luce válida y en consecuencia los hechos imputados no revisten carácter penal, con lo cual procedía el sobreseimiento de la causa. Por ello al no constar en autos tal notificación de revocación de poderes, debidamente hecha a los ciudadanos JOSE LUIS BILBAO BASABE, y al ciudadano RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, antes de que este último hiciera la venta al querellante ha debido notificar al querellante JHON FRANCISCO MARQUEZ MOREIRA para que éste tuviese la oportunidad de traer a los autos la supuesta notificación válida de revocación de tales poderes, y en caso de que así no lo hiciera... entonces haber procedido como antes se señalo por ser procedente en derecho. Así pues a la parte querellante se le cercenó el derecho a que hubiese demostrado que la venta era inválida por haberse notificado legalmente al apoderado JOSE LUIS BILBAO BASABE y al querellado RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN de la revocación que le ciudadana le hizo al primero del poder en fecha 11 de julio de 2003, treinta minutos... después de habérselo otorgado, siendo tal prueba fundamental para demostrar la responsabilidad de nuestro defendido... Solicito de usted en forma respetuosa 1º) Ordene verificar por Secretaría o lo haga directamente, cómputo de los días hábiles transcurridos dentro del lapso comprendido entre el 12 de abril de 2004, exclusive, fecha en que se notificó al querellado RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, de su decisión dictada el 30 de marzo de 2004, hasta el día de hoy, 20 de abril de 2004, inclusive, fecha en que nuevamente el querellado interpone apelación, debidamente fundamentada, contra la citada decisión. 2º) Ordene que se verifique por Secretaría o lo haga directamente, cómputo de los días hábiles transcurridos entre el 13 de abril de 2004, exclusive, fecha en que yo y el colega Francisco Duarte, como defensores del imputado, fuimos notificados por la Oficina de Alguacilazgo de su decisión del 30 de marzo de 2004, inclusive, fecha en que interponemos el recurso de apelación fundamentada, contra tal decisión. 3º) Por último, pido respetuosamente a los ciudadanos Magistrados que integran la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Miranda, revoque la decisión dictada por el Tribunal al cual hoy me dirijo, y consecuencialmente se ordene el sobreseimiento de la causa seguida al querellado... y para el supuesto negado de que así no sea considerado, pido respetuosamente, se reponga la causa al estado de que el Tribunal de control que resulte competente de cumplimiento a lo pautado en el primer aparte del artículo 29 del Código Orgánico Procesal Penal, con lo cual se subsana el error cometido por omisión de cumplimiento de tal norma y en definitiva se cumpla con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela...”.
El Recurso de Apelación de Autos es un recurso devolutivo, que se interpone ante el Tribunal que dictó la decisión que se impugna (Tribunal A-quo) para que el mismo sea resuelto por un Órgano Superior. Este recurso procede contra las decisiones dictadas por los Jueces de Control o de Ejecución. Cuando se habla de Apelación de autos hacemos referencia a aquellos pronunciamientos judiciales emitidos a solicitud de parte o por imperio del procedimiento mismo, y que por el efecto que producen, en cuanto a la afirmación o negación de algún derecho, o para resolver alguna incidencia, pueden ser reexaminados a instancia de parte por un Tribunal Superior a aquel que dictó el fallo impugnado.
Así pues, el recurso de apelación tiene su fundamento en el principio de la doble instancia, es decir, en la posibilidad de recurrir ante un órgano superior para que este decida la controversia.
En este sentido nuestro Código Orgánico Procesal Penal, en materia de recursos establece lo siguiente:
“ARTÍCULO 432. IMPUGNABILIDAD OBJETIVA. Las decisiones judiciales serán recurribles sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos”.
Este artículo hace referencia, a que las decisiones judiciales sólo serán recurribles por el medio de impugnación específico permitido para el tipo de decisión que se pretende impugnar, y por los motivos por los cuales el Código autoriza a recurrir. Esta norma se encuentra refrendada por la establecida en el artículo 435 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo texto es del tenor siguiente:
“ARTÍCULO 435. INTERPOSICIÓN. Los recursos se interpondrán en las condiciones de tiempo y forma que se determinan en este Código, con indicación específica de los puntos impugnados de la decisión”.
Respecto al supra mencionado artículo, el Doctrinario ERIC LORENZO PÉREZ SARMIENTO, nos ha señalado en su obra Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:
“Esta norma refrenda lo establecido en el artículo 432 en el sentido de que los recursos en el COPP sólo pueden ser interpuestos bajo ciertas formalidades, la principal de las cuales es la expresión clara y concreta de las razones de inconformidad con la decisión impugnada. Por tanto ni siquiera en lo casos de recursos contra decisiones interlocutorias (autos) es admisible expresar simplemente una inconformidad genérica, bajo la frase “apelo de la decisión”, pues no teniendo los recursos en el COPP una naturaleza de mera revisión ad integrum de las decisiones impugnadas, el tribunal de alzada no estaría obligado si quiera a oír el recurso y debería declararlo inadmisible. Por esta misma razón no tiene valor alguno el que un abogado, al pronunciarse la sentencia, o su parte dispositiva en su caso, expresare que desea que conste en acta que apela de la decisión…” (Subrayado de esta Corte de Apelaciones).
En este orden de ideas el artículo 448 ejusdem, dispone:
“ARTÍCULO 448. INTERPOSICIÓN. El recurso de apelación se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el Tribunal que dictó la decisión, dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación…”
De lo anteriormente señalado, resulta evidente que para interponer recurso de apelación contra determinada decisión judicial, es necesario que el mismo se encuentre debidamente fundamentado y cumpla con la técnica jurídica que exige nuestro Código Penal Adjetivo para su interposición, esto en virtud de que si el recurso de apelación debe ser conocido por un Órgano Superior, como órgano revisor de la sentencia impugnada, se hace necesario exigir como formalidad esencial la fundamentación del mismo, debiendo el recurrente expresar en su escrito cual es el perjuicio que le ocasiona la decisión impugnada así como la solución que pretende al interponer el recurso, estándole vedado a este Tribunal de Alzada como órgano revisor el conocer en que le perjudica o le desfavorece al recurrente la decisión de la cual apela, máxime cuando no es este el Tribunal el que lleva la inmediación del proceso, no pudiendo suplir en consecuencia la actividad de las partes.
“... En fecha de ayer, 12-04-2004, nuestro nombrado defendido fue notificado de vuestra decisión del 30 de marzo del corriente año, por la cual declaró sin lugar la excepción oportunamente opuesta con arreglo a la ley procesal penal... Por estar en desacuerdo con tal fallo, formalmente APELAMOS del mismo y rogamos hacer el trámite consecuente...” (Subrayado de este Tribunal de Alzada).
Tal como se dejo asentado en líneas iniciales no basta con que la parte que se ve afectada con determinada decisión exprese que APELA de la misma, pues para poder revisar si la decisión tiene o no vicios legales es necesario la fundamentación del recurso. Ahora bien, si bien es cierto que en el presente caso, los apoderados judiciales del querellado fundamentaron su recurso de apelación, se evidencia que tal fundamentación fue presentada en fecha 22 de abril del año 2004, es decir, fue presentada ocho (08) días después de que tal como lo alegaren ellos en su escrito se dieran por notificados en fecha 13 de abril del presente año de la decisión dictada.
Se desprende del petitorio de la fundamentación del escrito de apelación, interpuesto por los apoderados judiciales del querellado que los mismos solicitan a este Órgano Jurisdiccional de Alzada, lo siguiente: “... 1º) Ordene verificar por Secretaría o lo haga directamente, cómputo de los días hábiles transcurridos dentro del lapso comprendido entre el 12 de abril de 2004, exclusive, fecha en que se notificó al querellado RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, de su decisión dictada el 30 de marzo de 2004, hasta el día de hoy, 20 de abril de 2004, inclusive, fecha en que nuevamente el querellado interpone apelación, debidamente fundamentada, contra la citada decisión. 2º) Ordene que se verifique por Secretaría o lo haga directamente, cómputo de los días hábiles transcurridos entre el 13 de abril de 2004, exclusive, fecha en que yo y el colega Francisco Duarte, como defensores del imputado, fuimos notificados por la Oficina de Alguacilazgo de su decisión del 30 de marzo de 2004, inclusive, fecha en que interponemos el recurso de apelación fundamentada, contra tal decisión...”
Evidenciándose que el cumplimiento de tal solicitud resultaría inoficioso para este Tribunal de Alzada en base a las siguientes consideraciones:
El Título III, Capítulo I del Código Orgánico Procesal Penal, contempla las apelaciones de autos, señalando el artículo 448 ejusdem:
“El recurso de apelación se interpondrá por escrito debidamente fundado ante el Tribunal que dictó la decisión, dentro del término de cinco días contados a partir de la notificación…”. (Subrayado de esta Corte) A su vez, el artículo 172 del Código Orgánico Procesal Penal, señala:
“Para el conocimiento de los asuntos penales en la Fase Preparatoria todos los días serán hábiles. En las Fases Intermedias y de Juicio Oral no se computarán los sábados y domingos, y días que sean feriados conforme a la Ley, y aquellos en los que el Tribunal resuelva no despachar”. (Subrayado nuestro).
Por su parte, el artículo 437, literal “b” del Código Orgánico Procesal Penal, señala:
“La Corte de Apelaciones, sólo podrá declarar inadmisible el recurso por las siguientes causas:…
…B) Cuando el recurso se interponga extemporáneamente…”. (Subrayado nuestro).
En la presente causa, se evidencia de las actas cursantes en la misma que los Profesionales del Derecho VICTOR DUARTE y FRANCISCO DUARTE, apoderados judiciales del querellado ciudadano RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, interponen Recurso de Apelación el día 22 de abril del año 2004, contra la sentencia dictada por el Tribunal Cuarto de Control de este mismo Circuito Judicial Penal y Sede, de fecha 30 de marzo del año 2004, que declaró sin lugar la excepción opuesta a la admisión de la querella presentada por los Abogados JOSE DIAZ y MORALIA MORENO VOLCAN, apoderados judiciales del ciudadano JHON FRANCISCO MARQUEZ MOREIRA. Si tomamos en cuenta lo alegado por los apoderados judiciales del querellado, en su escrito de fecha 13 de abril del presente año, y ratificado en la fundamentación de su escrito de apelación, en el cual dejan constancia de que ellos como representantes del querellado se dieron por notificados de la decisión dictada por el Tribunal A-quo en fecha 13 de abril del presente año; así tomando como punto de partida la mencionada fecha a los efectos de computar los días transcurridos desde que los mismos se dieron por notificados de la decisión dictada hasta el día en que presentan la fundamentación de su recurso respectivo, tenemos que estos apelan ocho (08) días después de haberse dado por notificados; siendo el caso, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 172 del Código Orgánico Procesal Penal, durante el desarrollo de la fase preparatoria, todos los días son hábiles, incluyendo sábados, domingos y días feriados. “EL TIEMPO DE LOS ACTOS PROCESALES. Además del lugar donde deben realizarse, también es de suma importancia el examen del tiempo de realización de los actos procesales. De hecho, es lo que suele producir frecuentes controversias que la jurisprudencia generalmente se ocupa de resolver. No sólo el lugar donde se realizan esos actos proporciona seguridad jurídica para las partes y para todos los sujetos procesales. También el tiempo de ellos aporta certeza y confianza institucional, y seguridades de que el proceso es un eficaz instrumento para la realización de la justicia en medio de claras reglas de juego explicitadas en un plano de igualdad… Además de las alusiones concretas al tiempo o al momento de los actos procesales, la ley se refiere a ellos cuando establece los lapsos, plazos o términos-vocablos que entendemos como técnicamente sinónimos-para su realización. Los términos judiciales constituyen el espacio o medida del tiempo establecido por la Ley para la realización de los actos procesales. Esto denota que entre el tiempo y el espacio procesales existe una estrecha relación que esta siempre presente a lo largo del desarrollo del proceso, lo que a hace que a veces ambas categorías coexistan simultáneamente como elementos indispensables para cualquier actuación. Así la interposición de un recurso precisa que se haga ante el Tribunal y dentro de un tiempo preciso por regla general no prorrogable, como una manifestación de la preclusividad de los actos procesales…” (FRANK VECCHIONACCE – Días hábiles, días inhábiles. Ciencias Penales: Temas Actuales/Homenaje a Fernando Pérez Llantada). Subrayado nuestro.
Continúa señalando el mencionado autor:
“… La investigación de los hechos punibles no puede esperar y los tropiezos de las formalidades del tiempo y del espacio de los actos procesales conspiran contra el deber del Estado de esclarecer esos hechos y de sancionar a los culpables. Por esta razón es común que las legislaciones proclamen la habilitación de todo tiempo cuando se trata de los asuntos de investigación criminal…” En consecuencia, es evidente que el Recurso de Apelación fue interpuesto extemporáneamente, pues para el día 22 de Abril del año 2004, fecha en que se consigna el Escrito de Apelación habían transcurrido los cinco (05) días que contempla el artículo 448 del Código Orgánico Procesal Penal para su interposición, por lo tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 437 literal “b” de nuestro Texto Adjetivo Penal, el presente Recurso de Apelación debe ser declarado INADMISIBLE, al ser interpuesto en forma extemporánea. ASÍ SE DECLARA.
Por los razonamientos antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con Sede en Los Teques, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad que le confiere la Ley, DECLARA INADMISIBLE el Recurso de Apelación interpuesto por los Profesionales del Derecho VICTOR DUARTE y FRANCISCO DUARTE, actuando en sus caracteres de Apoderados Judiciales del ciudadano RAFAEL ANTONIO CARRILLO SULBARAN, querellado en la presente causa, al ser interpuesto extemporáneamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 172 y 437 literal “b” del Código Orgánico Procesal Penal.
Se declara INADMISIBLE el recurso de Apelación interpuesto por los apoderados judiciales del querellado en la presente causa.
Regístrese, diarícese, y devuélvase la presente incidencia en su oportunidad legal a su Tribunal de Origen.
JOSEFINA MELÉNDEZ VILLEGAS
EL JUEZ JOSÉ GERMAN QUIJADA CAMPOS
CAUSA N° 3578-04