Source: http://adapd.org.ar/Popup.asp?id=6385&tabla=informaciones
Timestamp: 2018-09-21 09:04:42
Document Index: 246467167

Matched Legal Cases: ['artículo 43', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 75', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 114', 'artículo 99', 'artículo 114']

Usuario : La Asociación de Abogados de Buenos Aires presentó una acció . . .
La Asociación de Abogados de Buenos Aires presentó una acción de amparo pidiendo que se declare inconstitucional la ley que reformó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento - 10-3-06
PROMUEVE ACCIÓN DE AMPARO POR INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 26.080, MODIFICATORIA DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA NACIONAL Y DEL JURADO DE ENJUICIAMIENTO.
Horacio Néstor Acebedo, abogado, Tº 9 Fº 581, y Liliana Mabel Fontán, abogada, Tº 2, Fº 769, por la representación legal de la Asociación de Abogados de Buenos Aires –como Presidente y Secretaria General de la misma-, con domicilio real y legal en Uruguay 485, 3er. piso, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, personería que acredito con la instrumental adjunta, con el patrocinio letrado de Liliana Beatriz Costante, abogada, Tº 26 Fº 550, todos constituyendo domicilio procesal en el legal citado en precedencia, a V.S. digo:
Venimos a promover Acción de Amparo contra el Estado Nacional, con domicilio legal en Balcarce 50 de la Capital Federal, a los efectos de que V.S. declare la inconstitucionalidad de la ley 26.080 -modificatoria de la ley 24.937 (t.o dec. 816/99)- sancionada por el Congreso Nacional el 22 de febrero del 2006 y promulgada el día 24 del mismo mes y año (B.O. del 27/02/06).
Por los fundamentos que se desarrollarán en los títulos siguientes, la referida ley modificatoria viola la manda constitucional en cuanto a la composición y funciones del Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento del Poder Judicial de la Nación.
II.- LEGITIMACIÓN Y MÉRITO PARA LA ACCIÓN DE AMPARO QUE SE PLANTEA.-
Nuestra legitimación activa surge del mandato legal y estatutario que exponemos a continuación:
1) de los Estatutos de nuestra representada, en cuanto su art. 1 impone: “a) defender el Estado de Derecho, las instituciones democráticas de la República y los derechos humanos… (y) … m) defender los derechos colectivos y difusos, actuando en interés y/o representación de personas o instituciones” cuyos abogados asociados, al recibir sus títulos académico y profesional, juraron defender la Constitución Nacional.
2) Concurrentemente, el art. 6to., inc. A) de la ley 23.187, orgánica del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, establece que constituye deber específico de los matriculados –abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es el caso de nuestra Asociación- el de “Observar fielmente la Constitución Nacional”. A su vez, los arts. 6, 7 y 8 del Código de Ética que rige la matrícula de dichos abogados –aprobado por la Asamblea de Delegados en su sesión del 31/3/87, con arreglo al art. 32 inc. b de la ley precitada- impone los siguientes deberes fundamentales respecto del orden jurídico-institucional, que se transcriben: art. 6to.: “AFIANZAR LA JUSTICIA: Es misión esencial de la abogacía el afianzar la justicia y la intervención profesional del abogado, función indispensable para la realización del Derecho”; art. 7mo.: “DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO: Es deber del abogado preservar y profundizar el Estado de Derecho fundado en la soberanía del pueblo y su derecho de autodeterminación” y art. 8vo.: “ABOGACÍA Y DERECHOS HUMANOS: Es consustancial al ejercicio de la abogacía la defensa de los Derechos Humanos, entendidos como la unidad inescindible de derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales, conforme los contenidos de la Constitución Nacional, y de las declaraciones, cartas, pactos y tratados internacionales ratificados por la República Argentina”.
3) Asimismo el art. 43 de la CN dispone que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto … de autoridades pública … que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por esta Constitución … En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto … lesiv(o) ... Podrá interponer esta acción … el afectado, el Defensor del Pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley …”
Es de señalar que, hasta ahora, el Poder Legislativo ha omitido el cumplimiento de su deber de dictar la ley prevista por este artículo 43 de la C.N., a efectos de que nuestra Asociación pueda registrarse.
4) En el mismo sentido se expide la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) –con jerarquía constitucional- cuyo art. 25 pto. 1 establece: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución, la ley o la presente convención, aún cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones judiciales …”. Para el caso, acudimos por vía de la acción de amparo contra la ley modificatoria de la composición y funciones del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, en cuanto la misma desbarata los derechos constitucionales de los abogados y, en consecuencia, de los justiciables –aquéllos como asistentes y defensores de éstos- en dichos órganos, que deben responder a la democracia participativa establecida por la reforma constitucional de 1994 como perfeccionamiento de la democracia representativa de la constitución de 1853/60 y sus modificatorias.
5) Tal como fue explicitado entonces, es bajo dicha advocación que la Asociación de Abogados de Buenos Aires ocurre articulando esta demanda expedita y rápida de amparo. No como un mero instrumento corporativo de los abogados sino con el espíritu de proteger los derechos de todos quienes habitamos en la República Argentina.
Y la vía procesal elegida es idónea, en tanto y en cuanto, no existe otro medio judicial más rápido que evite la efectivización de una legislación que restringe, altera y amenaza con notoria arbitrariedad los derechos y garantías reconocidos por la CN a las representaciones a las que aluden los arts. 114 y 115, y por ende, a los derechos colectivos de los abogados –y, por su intermedio, de los justiciables- tanto en el Consejo de la Magistratura como en el Jurado de Enjuiciamiento. Esto así, ante la inminencia de un proceso electoral para elegir a los representantes de los abogados en dichos órganos de poder, lo que llevaría a la consumación de la inconstitucionalidad de la nueva. Nótese que el límite para la convocatoria es el 18 de julio del 2006 y que las elecciones del sector deben tener lugar antes del 18 de octubre del mismo año, ya que los mandatos de los actuales consejeros vence en noviembre de 2006.
III.- FUNDAMENTOS DEL PLANTEO DE INCONSTITUCIONALI- DAD QUE SUSTENTA LA PRESENTE ACCIÓN DE AMPARO:
III.1: Por qué y para qué fue creado el Consejo de la Magistratura.
“La introducción del Consejo en nuestro sistema institucional respondió a una realidad política, y esta realidad fue la desconfianza popular generalizada en la actuación de la justicia. Esto fue así producto, en el tiempo, de antecedentes mediatos de una larga tradición argentina de dependencia del Poder Judicial, agudizada hasta el extremo durante la actual administración (década del noventa). Por primera vez se tomó conciencia de una brutal injerencia del poder político sobre la actividad de los jueces, a más de producirse designaciones de jueces directamente escandalosas. Lo cual echó injustamente una sombra de duda sobre la actuación de todos los integrantes del Poder Judicial, porque en realidad el pueblo no deslinda que ese copamiento se produjo en determinados sectores, en determinados puntos neurálgicos, los cuales interesaban al poder político. La introducción del Consejo de la Magistratura fue el único camino institucional que existía en ese momento, en la Argentina, para poder mejorar la selección de los jueces, para poder también mejorar los procedimientos de remoción de los malos jueces y, por lo que voy a decir después, para mejorar la independencia no sólo externa sino también interna de los jueces. Y para asegurar, de mejor manera, el autogobierno dentro de un órgano que integra el Poder Judicial” (Gil Lavedra, Ricardo. Conferencia sobre “El Consejo de la Magistratura” el 5 de diciembre de 1996. Fundación Omega Seguros, publicación Colección Temas Jurídicos, pág. 35/36).
“Para comprender correctamente la significación constitucional del Consejo de la Magistratura, resulta necesario tomar conciencia de los cambios diseñados en la estructura institucional del gobierno federal, por la reforma constitucional de Santa FE-Paraná 1994. (…) Con la reforma de la Constitución, el Poder Judicial se ve enriquecido con dos nuevos órganos de actuación en su ámbito propio: el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento.” (Corti, Arístides H.M. “El Consejo de la Magistratura y la independencia del Poder Judicial”, en Revista Plenario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Año 2, Nro. 18, abril 1996, págs. 9/13).
En lo que es motivo de la acción que promovemos, la CN en su artículo 114 dice: “El Consejo de la Magistratura, regulado por una ley especial, sancionada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, tendrá a su cargo la selección de los magistrados y la administración del Poder Judicial. El Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio entre la representación de los órganos políticos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal. Será integrado, asimismo, por otras personas del ámbito académico y científico, en el número y la forma que indique la ley. Serán sus atribuciones: 1.- Seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a las magistraturas inferiores. 2.- Emitir propuestas en temas vinculantes, para el nombramiento de los magistrados de los tribunales inferiores. 3- Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. 4.- Ejercer facultades disciplinarias sobre magistrados. 5.- Decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados, en su caso, ordenar la suspensión, y formular la acusación correspondiente. 6.- Dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.”
III.2- Relación directa entre composición y funciones del Consejo de la Magistratura.
Es ineludible la referencia a los puntos con que la CN ordena las atribuciones del CN porque la optimización del funcionamiento de éste tiene relación directa con el “equilibrio” del que hace mención la norma. De tal suerte que el “desequilibrio” afecta no sólo la función sino el ethos para el que fue introyectado el órgano como parte del Poder Judicial. La inserción del Consejo de la Magistratura en el Poder Judicial descarta que pueda ser válidamente hegemonizado por los poderes políticos (PEN y PL). Se quiebra, de esta forma y por una parte, el principio republicano de equilibrio e independencia de los poderes, al quedar una fracción del poder judicial (el Consejo de la Magistratura) en relación de dependencia con los departamentos políticos del gobierno. “Además, el equilibrio no puede limitarse a su faz externa frente a los otros poderes, sino también actuar al interior del Consejo. De allí que la CN, al prever su composición, disponga en su artículo 114 que 'el Consejo será integrado periódicamente de modo que se procure el equilibrio de la representación de los órganos resultantes de la elección popular, de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal', sin perjuicio de su integración complementaria con 'otras personas del ámbito académico y científico'”(Corti, Arístides, ob.cit., pág. 10).
En el sentido explicitado, resulta reprochable constitucionalmente la ley 26.080 –motivo de la presente acción de amparo- en cuanto pone a los abogados en severa desigualdad frente a las otras representaciones. La imputación de corporativismo atribuida a los abogados, se transforma en una ofensa directa a la función social de la abogacía: la representación del justiciable. Quienes ocurrimos como actores en la presente acción la promovemos a tenor de nuestra irrestricta defensa de la Constitución Nacional, no de la “corporación de los abogados”. La representación de los abogados en el Consejo de la Magistratura obedece a la necesidad de asegurar la voz del justiciable en igualdad de peso, valor y equivalencia con los estamentos de jueces y representación de los órganos políticos, en las funciones de nombramiento y remoción de los jueces –que es parte del derecho al acceso a la justicia- (tercer párrafo, ptos. 1, 2 y 5), de administración (tercer párrafo, pto. 3), de ejercicio de funciones disciplinarias sobre magistrados (tercer párrafo, pto. 4) y reglamentarias relacionadas con la organización judicial y de todos aquellos (reglamentos) que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia (tercer párrafo, pto. 6).
El artículo 114 CN, como dijimos, entronca en el modelo de democracia participativa que diseñaron los constituyentes de 1994. Y decimos acabadamente “diseñado” porque es un punto de partida consistente con los principios que rigen la materia de Derechos Humanos (art. 75, incs. 19, 22, 23 CN). Su progresividad importa que no puede ni debe volverse atrás en lo que se ha conquistado al respecto, sin vulnerar la letra y el espíritu constitucional productos de la resistencia a las hegemonías.
Fueron luchas que se dieron en el campo político, jurídico y social. Esto así porque más allá de la forma “republicana” que establece la CN (art. 1 CN), ella instala el “sistema democrático” (art. 38 CN). “Es casi una perogrullada comenzar el tratamiento del tema con la afirmación siguiente: si un sistema democrático se define esencialmente como aquél que contiene a los derechos humanos como núcleo, los valores de ese sistema democrático han de tener y guardar una cierta correspondencia con los derechos humanos. O sea que el eje pasa por una bisagra unitiva de valores con derechos” (Bidart Campos, Germán. “Los valores en el sistema democrático” en “Los valores en la Constitución Argentina” Coordinadores: Bidart Campos, Germán y Gil Domínguez, Andrés. Ed. Ediar, Bs.As., 1999, pág. 77).
La CN receptó explícitamente la necesidad del cambio: los derechos, garantías y categorías expuestas deben ser reales, no imaginarios, ilusorios o meras promesas de sueños incumplibles. Para el tema que nos ocupa, la composición del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento reviste fundamental importancia.
La gestación de la ley 24.937 mostró otros intentos de pervertir la voluntad constitucional. “Asistimos a la caricaturización del consejo al mejor estilo latinoamericano, es decir a la propuesta de un Consejo títere del oficialismo. (…) El oficialismo –cuya coherencia al respecto cabe destacar- parte de la premisa de que quien tiene el poder, lo debe tener todo; el Consejo de la Magistratura se inventó para distribuir y controlar el poder, partiendo de la premisa de que el monopolio de éste es negativo” (de C. Auyero y R. Zaffaroni, “Mala copia del modelo original”, “Ambito Financiero”, 27/2/96, citado en nota 3 por Corti, Arístides H.M, ob.cit, pág. 11).
Los hoy actores en la presente demanda alertábamos: “se pone en riesgo la participación de los sectores forenses en la integración del Consejo de la Magistratura” (“La Nación”, 1/3/96). De allí que, frente a la manda constitucional del artículo 114, la ley 24.937 imponía una integración que dejaba afuera a parte de la ciudadanía y de los justiciables, no obstante ser éstos los motores de la historia y la última ratio del funcionamiento institucional. “Y ello, por la sencilla razón de que sin conductas humanas el orden jurídico no funciona, ni la fuerza normativa de la constitución se dinamiza. Al fin al cabo, el ser humano es el que siempre aporta la fuerza motriz” (Bidart Campos, Germán “El derecho de la Constitución y su fuerza normativa”, Ed. Ediar, Bs.As., 2000, pág. 63).
Ahora bien, dicho desequilibrio se ve agravado y profundizado en términos superlativos en su alcance, por la ley 26.080. Conforme con la ley 24.937, modificada por la 24.939, el Consejo estaba compuesto por: 4 (cuatro) jueces del Poder Judicial de la Nación; 4 (cuatro) representantes de los abogados de la matrícula; 8 (ocho) legisladores, 4 por cada Cámara; el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 1 (un) representante del Poder Ejecutivo: 2 (dos) representantes del ámbito científico y académico. En total 20 (veinte) integrantes.-
Desde esta integración es apreciable su desequilibrio, como dijimos en autos "Colegio Público de Abogados de Capital Federal y otros c/ Estado Nacional" pero de alguna forma se atenuó la prevalencia del sector político por cuanto sus nueve miembros, sobre 20, equivalen al 45%. Con la reforma, ese porcentual se eleva al 53,87 %. Cabe señalar también la presencia, en la ley anterior, de la segunda minoría – ahora eliminada-.
La ley en crisis reduce la cantidad de miembros a 13, distribuidos de la siguiente forma: 6 (seis) legisladores, 3 por cada Cámara, 2 por la mayoría y 1 por la primera minoría: 1 (un) representante por el Poder Ejecutivo; 2 (dos) representantes por los abogados; 3 (tres) jueces del poder Judicial de la Nación; 1 (un) representante del ámbito académico y científico.-
La reducción resulta arbitraria. El sector político fue reducido, al igual que el de los jueces en un 25%, mientras el de los abogados y científicos en un 50%. No se justifica esa disminución diferenciada. De allí que resulta ineludible la tacha y declaración de su inconstitucionalidad.
III.3- Del significado material del “equilibrio”.
“Lo que quiere el constituyente, a mi juicio, es que cuando dice “equilibrio” no haya ningún sector que prevalezca sobre el otro, que el Consejo pueda ser plural, es decir que no haya hegemonía de algún sector sobre el otro; que ninguno pueda, por sí mismo, establecer esas pautas sino que éstas deban surgir de ese consenso plural que la Constitución exige” (Gil Lavedra, Ricardo, conferencia citada, pág. 39).
“El término 'equilibrio' previsto en el art. 114 de la CN debe interpretarse como igualdad numérica entre los tres estamentos: legisladores, jueces y abogados.”(XII Conferencia Nacional de Abogados “Las leyes que la Constitución manda sancionar”, San Miguel de Tucumán, 12 al 14 de octubre de 1995, Conclusiones publicadas por la FACA, Comisión VIII “Consejo de la Magistratura”, pto. 4, pág. 130).
“El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal ha sostenido en repetidas oportunidades que la ley orgánica del Consejo de la Magistratura debía preservar el equilibrio entre los representantes de los jueces, abogados y los órganos políticos del Estado, entendiendo por 'equilibrio', igualdad de número” (Declaración “Sobre el Consejo de la Magistratura” del 3/12/1997).
Salvo malversación constitucional: paridad de representación y peso en la representación de cada uno de los tres sectores (órganos políticos, jueces y abogados). Resulta autocontradictorio –y, por ende, nulificante- el planteo según el cual la exigencia constitucional de “equilibrio” no significa igualdad en la representación “sino solamente una situación tal en que se cumpla el objetivo señalado (sin hegemonía)” (Paixao, Enrique “La reforma de la administración de justicia. El Consejo de la Magistratura” en “La Reforma de la Constitución explicada por miembros de la Comisión de Redacción”, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 24 de octubre de 1994, pág. 417).
Esto así toda vez que no puede imaginarse situación real posible en la que el equilibrio no implique igualdad de fuerzas. No sólo en teoría y práctica política. Esto es una ley física ineludible como que un cuerpo no puede estar en dos lugares en el mismo momento. Obviamente, la ciencia ficción y los efectos especiales cinematográficos actuales nos permiten hacer volar la imaginación. Pero la realidad, no. Y la CN, que se hace eco de esa realidad, tampoco.
La ley 26.080 es una muestra palmaria de la normativización de un concepto antagónico a la manda constitucional: al “equilibrio” ordenado, se legisló en “desequilibrio”:
a) en el Consejo de la Magistratura: SIETE representantes del sector de los órganos políticos, TRES del sector de los jueces, DOS del sector de los abogados y UNO del sector académico; cuando la CN ordena literalmente el equilibrio de los tres primeros sectores y la integración plural del sector académico, es decir, de por lo menos dos miembros.
b) En el Jurado de Enjuiciamiento: CUATRO representantes del sector de los órganos políticos; DOS del sector de los jueces y UNO del sector de los abogados.
Situaciones éstas que contradicen las conclusiones de la XIV Conferencia Nacional de Abogados cuando señalara –respecto del desequilibrio en la composición del Consejo de la Magistratura establecido por la ley 24.937- “que la composición actual del Consejo de la Magistratura con prevalencia de los representantes políticos no se compadece ni con la letra ni con el espíritu del artículo 114 de la CN” (citado por la FACA en su Opinión al Proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de la Nación” de fecha 22/11/2005, presentado a la Sra. Presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales del H. Senado de la Nación Senadora Cristina Fernández de Kirchner).
No hay equilibrio porque la ley cuya inconstitucionalidad aquí se plantea en un cuerpo (el Consejo de la Magistratura) de 13 miembros, la mayoría de siete está integrada por representantes de los órganos políticos frente a seis del conjunto de los tres órganos restantes. Y, en cuanto al Jurado de Enjuiciamiento, sobre siete miembros, también la mayoría (cuatro) responden a la representación de los órganos políticos.
En tales condiciones, NO HAY EQUILIBRIO. Además, la CN habla de la representación de los órganos políticos, con lo cual, justamente, el constituyente se interesó porque fueran representantes de los legisladores o sea, no legisladores sino, insistimos, representantes de ellos. Por lo demás, y tal como se ha dicho, el único supuesto de no paridad que la CN autoriza es la representación complementaria (minoritaria pero plural) del sector académico/científico.
El texto de la ley 26.080 se basa en un concepto notoriamente erróneo de la perspectiva constitucional federal que es, además, manipulado políticamente para forjar un modelo a extramuros de la Constitución. Dicho concepto –que rechazamos por falaz- es que debe haber hegemonía de los órganos políticos porque habría sólo dos estamentos en la composición del Consejo y del Jurado, a saber: 1) representantes de la voluntad popular (PEN y PL); y 2) las corporaciones (jueces, abogados y académicos).
Esto, si no es un discurso manipulativo políticamente, constituye entonces, un error garrafal que convierte en letra muerta la reforma constitucional (1994) para retornar en exceso de las competencias de los poderes constituidos en un verdadero restablecimiento de la Constitución anterior.
La única interpretación constitucional válida exige una representación equivalente de cada uno de los tres sectores, o sea, que cada uno tenga un valor tal cuyo peso en las decisiones sea igual al de cada uno de los otros dos, y la complementaria minoritaria plural del cuarto (sector científico).
“La teoría jurídica de los conceptos jurídicos indeterminados ha sido elaborada por la doctrina alemana con la finalidad de suprimir la discrecionalidad (v. García de Entrerría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, “Curso de Derecho administrativo”, Ed. Civitas, Madrid, 1988, 4ta. Edición, tomo 1 págs. 433 y ss. quienes señalan que aquélla se aplica no sólo en el ámbito del derecho administrativo sino que “es común a todas las esferas del derecho”).
El término “equilibrio”, aún admitiendo que se trata de un “concepto jurídico indeterminado”, no conlleva posibilidad de interpretaciones legislativas discrecionales en pugna con la sustancia del concepto. Frente a un concepto de dicha especie, el legislador carece de facultades discrecionales.
O sea, “no puede entenderse el 'bienestar general' del Preámbulo como 'malestar general'; la 'justicia social' del artículo 75, inc. 19 como 'injusticia social'; o la 'igualdad real de oportunidades' del inc. 23 del mismo artículo como 'desigualdad real de oportunidades' o 'igualdad nominal'.
Si la CN ordena “equilibrio”, la ley no puede desnaturalizar la tipicidad del concepto: sólo debe desarrollar su contenido sin alterarlo. En estos términos “equilibrio” e “igualdad” son conceptos unívocos, ya que el desequilibrio se desprende de la desigualdad.” (conf. Corti, Arístides, ob.cit, pág. 10).
Se pueden conciliar conceptos e intereses divergentes pero no antagónicos. Si aquéllos se concilian, o no eran antagónicos, o cayó uno frente al otro en una lucha de poder. Y volvemos a las consecuencias de una relación desequilibrada que la Constitución ordena evitar y la ley 24.937 legisló a contrario sensu y su modificatoria 26.080 profundizó. Por lo tanto, su tacha de inconstitucional se impone.
Veamos desde otro ángulo. Recordemos la demostración de un teorema por el absurdo: pensemos que, cuando el artículo 114 señala que “se procure el equilibrio…”, lo que hizo el constituyente fue dejar escrito su nivel de resignación histórica a futuro en cuanto a la debilidad del objeto constitucional frente a los avatares de la fuerza política. O sea, que el equilibrio –ya ni siquiera la igualdad- entre las representaciones es un intento. Algo así como un “traten de” porque puede darse o no.
De lo que se colegiría que el constituyente asumió como cierto que estaba creando un órgano al que le estaba atribuyendo funciones explícitas con un objetivo más que claro, pero que, en realidad, todo quedaría a merced de las luchas políticas intestinas de las funciones del poder del Estado que lograrían poner más o menos jueces o más o menos representantes de los legisladores y siempre menos abogados.
Como esta conclusión es absurda desde la teoría constitucional, acabamos de demostrar por medio de ella, que la CN dice lo contrario a lo que es absurdo: “procurar” es “lograr, efectivizar, concretar” y “equilibrio” es “igualdad”. Esto es lo que manda la CN. Como la ley 24.937 no lo cumple, la ley 24.937 es inconstitucional. De allí que estemos promoviendo tal declaración por los fundamentos señalados.
Y estos fundamentos (sobre todo los últimos, provenientes de la lógica aplicada a las matemáticas) no son meras conjeturas. La demorada creación legal del Consejo de la Magistratura obedeció a la circulación de proyectos con pretensiones hegemónicas cuyo objetivo era desvirtuar la manda constitucional de “asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación del servicio de justicia” (art. 114, 3er. párrafo, pto.6). Se sancionó la ley 24.937 sin respetar el equilibrio constitucional. Hoy estamos, para peor, en una nueva arremetida jurídico-política (ley 26.080) que agrava aún más la lesión proferida por la ley 24.937 a la norma fundamental.
Es decir que, bajo la excusa de la necesidad de una reforma del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento, se esconde la clara intención de dominar las decisiones que adopten uno y otro cuerpo. Y si esa intención no existiera, estamos entonces frente a una inocentada inadmisible en quienes deben legislar.
La ley 26.080 –en lo que concierne al Consejo- disminuye el número de sus miembros, que pasan de veinte a trece. Esta disminución no es proporcional para los distintos sectores que integran el Consejo, ya que el sector político se reduce de nueve a siete (tres senadores, tres diputados y un representante del Poder Ejecutivo), alcanzando el 53,87%, lo que supone un número suficiente para sesionar con quórum propio y la posibilidad de resolver sobre todas aquellas cuestiones que no requieran mayoría especial.
Pero esta no es la única alteración insensata e inconstitucional que se propone. De los tres representantes de cada Cámara, sólo uno correspondería a la primera minoría; el resto (es decir cuatro legisladores) pertenecerán a la mayoría gobernante, los que sumados al representante del poder Ejecutivo, suman cinco integrantes. Cinco (sobre siete del sector político) en relación a un total de trece miembros representan el 38,46%, es decir, más de un tercio.
Suponiendo una sesión del Consejo con la totalidad de sus trece miembros, y partiendo de la base de que las decisiones más importantes requieren, como mínimo, de los dos tercios de los votos (nueve miembros), sin el consentimiento del poder político de turno nunca se alcanzará esta cantidad, ya que el oficialismo siempre tendrá más de un tercio.
Resulta falaz el argumento esgrimido en cuanto a que esto debe ser aceptado por la regla de la mayoría que gobierna en la democracia representativa sin querer reconocer que la reforma constitucional de 1994 avanzó sobre los límites de aquélla, estableciendo formas de democracia participativa como herramientas de control no sólo intrapoder sino, particularmente, otorgando intervención directa a todas las voces de la sociedad. De allí la representación plural en el Consejo de la Magistratura (idem Jurado de Enjuiciamiento); además de los sectores políticos, de los representativos de la magistratura, de los abogados (por el interés de los justiciables como parte de la ciudadanía social) y de los académicos y científicos.
La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), en oportunidad de emitir su opinión respecto del proyecto de ley modificatoria (actual ley 26.080 cuya inconstitucionalidad estamos articulando) manifestó su rotunda oposición, habida cuenta la falta de representación de los abogados en su pertinente dimensión constitucional, señalando que: “… La labor cumplida por los representantes de la abogacía deviene indiscutida e incuestionable en orden al compromiso institucional, asistencia, eficiencia y resultados. Las memorias sucesivas del Consejo, y en especial desde 2003 en adelante patentizan que no hay razón fundada, objetiva, legítima ni oportuna para eliminar la representación de los abogados o desequilibrar su participación…”
Las instituciones de la República y la independencia entre los poderes del Estado se ven amenazados de manera grave e inminente frente a la ley en cuestión que altera la conformación y funcionamiento de una de las instituciones de la Nación, violentando los derechos constitucionales de los abogados de la matrícula federal que ven cercenados sus legítimos derechos de integrar, en forma equilibrada, el Consejo de la Magistratura, junto con el sector político y judicial y en paridad de condiciones.
Con el agravante de que dichos derechos no han sido pensados constitucionalmente como una visión corporativa –al estilo de los sectores medioevales- sino como garante de los derechos de ciudadanía social hoy incorporados en instrumentos del llamado Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos (art. 7, inc. 22 CN).
Académicos, políticos y jueces han expresado su rechazo al proyecto de modificación actualmente convertido en ley 26.080, considerándolo inconstitucional. Así, entre otros:
Dr. Miguel Padilla: “Es negativo para los fines y el propósito del Consejo de la Magistratura, que es asegurar la independencia de los jueces. El proyecto que encara el oficialismo es inconstitucional porque rompe el equilibrio entre el sector político y los que representa los jueces, abogados y académicos. En la medida que aumente la representación política, queda en manos del Senado y de Diputados la mayoría para decidir la designación y la remoción de jueces…” (“Ámbito Financiero” 14/12/05).
Dr. Félix Loñ: “Por lo tanto es una propuesta claramente inconstitucional, porque se viola el equilibrio que impone la Carta Magna” (“Ambito Financiero”, 14/12/05).
Senador -m.c.- Carlos Prades: “Su achicamiento implicaría no sólo la exclusión de las minorías, sino además la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda manejarlo. Si lo reforman, van a poner los jueces que ellos quieren”. “Noté y percibí que muchos de los que estaban ahí no saben nada del Consejo de la Magistratura. Así lo refleja el proyecto” (“La Nación”, 13/12/05 y “Diario Judicial” 25/11/05).
Senador Ernesto Sanz: “Un tema de esta envergadura debió haber tenido una discusión más amplia y participativa”. “Se está ante un organismo en el que se debe preservar la absoluta independencia del poder político. El tema de las representaciones es muy sensible. Este no es un proyecto menor. La supuesta ineficiencia del Consejo nos es por culpa del número” (“La Nación” 14/12/05 y “La Prensa” 05/12/05)).
Dr. Atilio Alterini (decano de la Facultad de Derecho de la UBA): “La preocupación ante significativas reformas al consejo de la Magistratura que pondrían en riesgo los principios de equilibrio en su integración que establece la Constitución y que desconocerían la representación de los profesores de las facultades de derecho de las universidades nacionales”(“Página 12”, 02/12/05).
Juez Miguel Ángel Caminos (Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional): "Atenta contra la independencia del Poder Judicial porque, de aprobarse, funciones propias del Poder Judicial quedarían en manos de mayorías políticas". (“La Nación”, 27/11/05))
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil –Reunión Plenaria-: “Media gravedad institucional manifiesta, pues quedaría afectada la independencia del Poder Judicial, colocándose en una situación de sometimiento, con todas las implicancias en orden a la seguridad del ejercicio pleno de las garantías individuales y colectivas para todos los habitantes del territorio argentino”. “Es grave en orden a ese concepto de 'equilibrio' el proyecto en tratamiento del Senado, que atribuye al Poder Legislativo una superioridad numérica incompatible con el buscado equilibrio que manda la Constitución en el art. 114”. “Ya no es posible permanecer indiferente ante tan peligroso avance que podría conducir al quiebre del sistema republicano”. “Baste como demostración la simple comparación de la composición a la que se aspira tanto en el Consejo de la Magistratura (tres jueces, seis legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, dos de los abogados y uno del ámbito académico y científico), como del Jurado de Enjuiciamiento (dos jueces, cuatro legisladores y un abogado)”. “Reflexionar a los señores legisladores sobre los mandatos recibidos y juramentos que hicieron de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional”. (“La Nación”, 20/12/05).
Juez Abel Cornejo: “El avance del poder hegemónico implica un peligro para las instituciones”. (“La Nación”, 25/11/05).
Juez Claudio Kiper: “La reforma agravará aún más el problema”. (“La Nación”, 13/12/05)
Diputada Marcela Rodríguez: “Es el mayor retroceso para la independencia del Poder Judicial desde que Menem amplió el número de integrantes de la Corte”. (“La Nación”, 14/12/05).
Senador Rubén Giustiniani: “Estoy totalmente en contra, porque algo así rompe con los equilibrios existentes y le da al Gobierno la llave para bloquear cualquier medida”. (“La Nación”, 14/12/05)
Comité Nacional de la UCR: “Un nuevo avasallamiento al sistema republicano de la división de poderes, que implica un funcionamiento independiente y control recíproco”. Al mismo tiempo, rechazó “cualquier intento de subvertir el orden constitucional a través de formas encubiertas del poder hegemónico”.
Senador Ricardo Gómez Diez: Recordó que en 1994, cuando la Constituyente creó el Consejo de la Magistratura, “existía un fuerte reclamo para revertir la ingerencia de la política en la Justicia. De reducir la intervención política”, agregó, “el equilibrio que manda la Constitución se destruiría si se aprueba esta ley”. (“Clarín”, 22/12/05).
Consejo Permanente de Decanos de las Facultades de Derecho de Universidades Nacionales: con el nuevo proyecto “se perdería el balance entre legisladores, jueces, abogados y académicos”.(“Clarín”, 30/11/05).
Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires: “Nos preocupa seriamente... que el poder político contrarie los recaudos claramente volcados en los art. 114 y 115 de la Constitución Nacional poniendo límite a cualquier intento de utilizar ese organismo en beneficio de un sector” (“La Nación”, 28/11/05).
Dr. Eduardo Orio (Consejero de la Magistratura): “El proyecto, en consecuencia, en lugar de procurar el equilibrio en la integración del Consejo de la Magistratura que impone la Constitución Nacional, deja librada la actuación de este órgano del poder Judicial al arbitrio de los miembros de los Poderes Legislativo y Ejecutivo; comprometiendo seriamente –al menos- el cumplimiento de una de las atribuciones que la Constitución Nacional le concede: la de asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”(solicitada publicada el 05/12/05).
Mario A. Midón: “Equilibrio es vocablo que, en la semántica constitucional de mención (por el art. 114 CN) está asociado a igualdad, equidad, paridad, mesura, sensatez, estabilidad. Con todas las letras la Ley de Leyes dice lo que el legislador ordinario debe procurar. El Pacto a cuyo amparo vivimos no quiere – con más precisión, repele- que el órgano llamado a seleccionar jueces sea una institución que conviva en el equilibrio. Desafortunadamente, la iniciativa que tratamos hace de la desigualdad su manifestación más operativa, porque en aras de reducir la cuantía de los miembros se esmera en hacerlo considerablemente con los espacios institucionales apartidarios, aquellos que en la distribución de lugares corresponden a abogados, jueces y académicos (…). Esa estructura, con 13 miembros, perfila un órgano que con su eventual constitución, no sólo mantendrá los vicios de la ley 24.937, sino que los acrecentará y magnificará, con grave riesgo de conseguir un órgano que mute en su esencia. (…) La metamorfosis propiciada es peligrosa para la República, a la que no le hace bien el desequilibrio, la inseguridad, la inestabilidad, la desigualdad, la diferencia, etc.”. (“Proyecto 'desequilibrado'”, “La Ley” 19/12/05, págs. 1/2).
Editorial de “La Nación”, 19/02/06: “De resultas de esta nueva integración se quiebra el 'equilibrio' en la representación de los diferentes sectores, un valor que la Constitución desea expresamente preservar. Los políticos obtienen quórum propio en el Consejo, pues pasan a tener siete miembros sobre un total de trece. La presencia dominante de los políticos era, justamente, una de las críticas que se le formulaban al Consejo, en especial porque se consideraba inconstitucional que formaran parte de dos poderes: el legislativo y el judicial. Se llegó a proponer que cada Cámara designara a juristas de reconocido renombre como una manera de salvar el escollo constitucional. La actual propuesta del Senado retrotrae la situación a lo que acontecía antes de la reforma de 1994. En efecto: dado que, para las decisiones fundamentales –elevación de la terna de candidatos a jueces y acusación ante el jurado de aquellos jueces a los que se pretende remover- es necesario contar con el voto de los 2/3 de los miembros del Consejo, en la nueva composición del cuerpo que ahora se propone el oficialismo pasaría a tener una suerte de poder de 'veto', ya que sin el apoyo de sus cinco votos será siempre imposible conseguir la mayoría requerida. Por lo tanto, quedaría en manos de la fuerza mayoritaria de turno la decisión final en todos los casos relativos a designaciones y remociones de magistrados, con lo cual se afectaría la independencia del Poder Judicial. Un segundo propósito de la reforma constitucional de 1994 consistió en la eliminación de las facultades administrativas de la Corte Suprema y de sus tribunales inferiores para que los magistrados pudieran concentrarse en su función específica de dictar sentencias. Por ello, el artículo 114 le concedió al Consejo la facultad general de conducir la administración del Poder Judicial. La ley reglamentaria fue poco precisa en la distribución de competencias de la Corte Suprema y del Consejo en materia de administración, lo que condujo a sucesivas crisis entre ambos órganos, que es imprescindible remediar. Pero el proyecto en análisis, lejos de solucionar esa cuestión, la agrava considerablemente, ya que –en abierta oposición al texto constitucional- parecería restituirle las facultades administrativas a la Corte Suprema de Justicia, mientras elimina varias de las incumbencias que la ley vigente le confía al Consejo de la Magistratura. A las graves inconstitucionalidades que dejamos señaladas se agregan otras que implican una clara violación al principio de igualdad ante la ley. Es lo que ocurre con la injustificable supresión de los abogados en la Comisión de Selección… En suma, el proyecto es inconstitucional por varias razones, y lejos de solucionar los problemas que presenta el sistema vigente, los acentúa gravemente. Premia, además, a los representantes políticos, favoreciéndolos notoriamente. Se olvida de que son los políticos, justamente, quienes más han entorpecido el funcionamiento del Consejo en los años que lleva de existencia, con sus reiteradas ausencias en el momento de la toma de decisiones. Pero, por encima de todo, debe señalarse que el proyecto, en el caso de que fuese sancionado, se constituiría en un elemento institucional pernicioso, ya que afectaría seriamente la independencia del Poder Judicial, piedra angular del edificio institucional que garantiza la vigencia del Estado de Derecho”.
Dr. Beinusz Szmukler: “La cuestión fundamental es impedir la violación del artículo 114 de la Constitución Nacional. El mandato de este precepto es de una claridad meridiana: debe haber equilibrio entre los tres estamentos. El diccionario de la Real Academia define 'equilibrio' como 'peso que es igual a otro y lo contrapesa'; 'contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas'; y 'equilibrar' –según el mismo diccionario- es 'disponer y hacer que una cosa no exceda ni supere la otra, manteniéndolas proporcionalmente iguales'. El símbolo del equilibrio es una balanza con los platillos en la misma posición, para lo cual es preciso que el peso que se coloque en ellos no incline uno en desmedro del otro. Cualquier diccionario especializado indica que 'equilibrio' es sinónimo de igualdad. Aún en un análisis jurídico elástico del texto constitucional, si uno de los estamentos tuviera una mínima diferencia de miembros respecto de los otros, debería evitarse que se resienta el equilibrio, que es el fin que persigue la norma. Sin embargo, los voceros del proyecto han descubierto que el diccionario está equivocado y que el lenguaje es una convención que puede ser distorsionada; y han determinado que, para la composición del Consejo, el equilibrio es compatible con una notoria desigualdad. Bidart Campos señala que 'la noción de equilibrio es relevante, y este equilibrio quedaría roto si por la cantidad de miembros de los órganos políticos de origen popular, quedara a merced de ellos una predominancia que neutralizara la representación de los jueces y de los abogados…'. Y finaliza exponiendo una preocupación que parece escrita para este momento: 'El Consejo exige independencia y no la tendría si se convirtiera en un organismo instrumentado política o partidariamente para subordinar el Poder Judicial a los poderes públicos' (Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino; T.II-B, Ediar SA, Bs.As., pág. 453)”. (Informe de Gestión Nro. 7, 06/02/06, boletín@consejero-szmukler. com.ar mailto:boletín@consejero-szmukler.com.ar).
Federación Judicial Argentina: “(…) la reforma constitucional de 1994 marcó una tendencia restrictiva de la discrecionalidad que el antiguo sistema facilitaba al PE y al Senado. Este rumbo se invertiría con el proyecto sometido a consideración de los señores diputados (…) si hoy, el conjunto del Poder Judicial no da muestras claras de asumir con decisión el rol de control de constitucionalidad y de legalidad de los actos de los otros dos poderes, menos podrá esperarse en ese sentido si se convierte en ley un proyecto que acrecienta las posibilidades de influencias de los controles (políticos) sobre los jueces (…) un incremento de la injerencia de los poderes político partidarios en la selección y remoción de los jueces y en otros asuntos propios del Poder Judicial dará mayor justificación a la sospecha generalizada de parcialidad de los mismos, que hoy está instalada. Existe un derecho humano a la imparcialidad judicial declarado en todos los tratados jerarquizados en el art. 75, inc. 22 de la Constitución, más aún cuando se trata de juzgar los actos de gobierno o la acción del Estado. Ese derecho comprende la imparcialidad efectiva, pero también la apariencia de su existencia (los jueces no deben ser independientes sino también parecerlo). Ese ideal se desdibuja si los jueces son elegidos o removidos por mecanismos poco transparentes, como lo serían aquellos en los que los gobernantes tengan altas posibilidades de elegir jueces complacientes y de expulsar a los díscolos, asegurándose un alto grado de impunidad y discrecionalidad. Que, al menos, dos de los 'órganos políticos resultantes de la elección popular' mencionados en el artículo 114 (el PE y el Senado) ya tienen una participación determinante en la selección de los jueces (artículo 99, inc. 4to. de la Constitución), (…). Está claro que darles otra intervención gravitante en el Consejo conspira contra el mentado 'equilibrio' mandatado por la Constitución. Que cualquier incremento de la gravitación del poder político partiendo desde el altísimo nivel que hoy tenemos, se sustenta en ideas muy difundidas en sectores partidarios y sociales, pero sumamente erróneas y peligrosas, según las cuales, los gobiernos necesitan de una justicia que 'acompañe' (…) y la Constitución toleraría que el poder pueda contar con jueces amigos, complacientes, presionables o deudores de favores, entre estos, el del nombramiento y el de la impunidad” (Documento relacionado con el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura presentado el 16/02/06 en el Salón 1 –segundo piso- Anexo Congreso de la Nación Cámara de Diputados).
Organismos de Derechos Humanos (Abuelas de Plaza de Mayo, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH, Centro de Estudios Legales y Sociales CELS, Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, Liga Argentina por los Derechos del Hombre LADH, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos MEDH y Servicio de Paz y Justicia SERPAJ): “Los organismos de Derechos Humanos (…) que hemos acompañado importantes medidas de este Gobierno en materia de Derechos humanos y de recuperación de la legitimidad de la Justicia, expresamos nuestra preocupación por el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura Nacional. El Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, en su breve existencia, han significado un avance con respecto al sistema anterior de designación y remoción de los jueces (…). La democracia y la vigencia de los derechos humanos se encuentran indisolublemente vinculadas a la independencia de los jueces respecto del poder político, económico y de cualquier otro tipo, por lo que los mecanismos de integración y remoción de los magistrados deben mantener el equilibrio que manda la Constitución (…). Consideramos que este proyecto es regresivo para la defensa y protección de los derechos humanos de nuestro pueblo y para la independencia judicial”. (Declaración sobre el proyecto de ley de reforma de la magistratura, 2006, www.apdh-argentina.org.arhttp://www. apdh-argentina.org.ar y apdh@apdh-argentina.org.armailto:apdh@apdh- argentina.org.ar).
III.4- Proyección del desequilibrio en la composición del Consejo de la Magistratura en sus comisiones. Su inconstitucionalidad.
La ley cuya inconstitucionalidad estamos planteando en la presente acción de amparo conforma las comisiones de:
I. Disciplina y Acusación: con 9 miembros y los abogados concurren con 1 (UNO).
II. Administración y Financiera: con 7 miembros y los abogados concurren con 1 (UNO).
III. Reglamento: con 6 miembros y los abogados concurren con 1 (UNO).
IV. Selección y Escuela Judicial: con 8 miembros Y LOS ABOGADOS NO CONCURREN. (O sea: no hay NI UNO).
El desequilibrio inconstitucional en la composición del Consejo prevista por la ley 26.080 se proyecta a las comisiones de aquél y se acentúa en términos superlativos en la composición de la comisión de selección de magistrados. Allí los abogados han sido excluidos de participar en ella, siendo que ésta es una de las funciones principales del Consejo (art. 114, 3er. párrafo, pto. 1; y doctrina explicitada supra).
Dicha exclusión se extiende incluso a la integración de los jurados que quedan circunscriptos en su conformación a jueces y docentes de la carrera de derecho.
Es inconstitucional por arbitrario, y arbitrario por irrazonable, considerar que el artículo 114 CN previó equilibrio para la conformación del Consejo como órgano, y discriminación contra los abogados en la composición de sus comisiones, en especial la de selección de jueces –que es primaria en el proceso de democratización y transparencia de las instituciones en su constitución y funcionamiento-.
¡Qué casualidad política que se excluya la voz del justiciable en persona del abogado en la selección de quienes son los responsables del servicio de justicia y, como tales, guardianes de la Constitución! ¿Puede racionalmente compatibilizarse que una justicia sin exclusiones se geste desde una comisión del Consejo de la Magistratura en el que se excluye a los abogados, que son la voz del justiciable?
Se rompe así: a) la democracia participativa diseñada desde la reforma constitucional de 1994; y b) la función institucional del Consejo de la Magistratura consistente en la generación y control de una magistratura independiente de las presiones políticas y corporativas en aras de garantizar eficazmente la manda constitucional. De allí que la ley 26.080 deba ser reputada inconstitucional también por este item.
La exclusión de que se trata afecta de manera directa e inmediata no sólo al equilibrio consagrado por el art. 114 de la CN sino también los principios constitucionales de igualdad (art. 16 CN) y razonabilidad (arts. 28 y 33 CN).
III.5- Inconstitucionalidad por desequilibrio en el JURADO DE ENJUICIAMIENTO.
La ley 24.937 preveía una composición paritaria de los tres sectores (órganos políticos, jueces y abogados). La ley 26.080 rompe dicho equilibrio y asigna a los órganos políticos CUATRO plazas, DOS a los jueces y UNA a los abogados, discriminación inaceptable constitucionalmente por razones análogas a las expuestas en los acápites anteriores.
Por otra parte, sobre el proceso de selección por sorteo ordenado por la ley 26.080: el mismo es instalado en la sociedad como un mecanismo democrático afirmando que el designado -UNO ENTRE MAS DE 60000 ABOGADOS DE LA MATRICULA FEDERAL- es la “representación” unitaria de tales abogados. Esto es falaz e inconducente en un discurso racional y de contenido constitucional. Esto así porque, la eliminación de la compulsa de antecedentes éticos, profesionales y personales, para formar parte del jurado, dejando al azar el nombramiento del representante, afecta el requisito de idoneidad establecido en el art. 16 de la CN para ocupar cargos públicos.
Asimismo quiebra las condiciones sustantivas del sistema representativo de nuestro país (art. 1 de la CN) toda vez que la representación –en términos de cargos públicos- exige un proceso electivo directo o indirecto, pero –en uno y otro caso- basado en la voluntad de los representados y no como producto arbitrario del azar. Por tal, su inconstitucionalidad es manifiesta (arts. 1, 16, 28 y 33 CN).
III.6- Inconstitucionalidad de las restricciones establecidas respecto del presupuesto del Poder Judicial.
La reforma constitucional de 1994 tuvo por objeto centrar la función de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en ejercicio de funciones jurisdiccionales judiciales (decir el derecho en casos concretos), encomendando las extrajudiciales (reglamentaria -a excepción del reglamento interior de la propia Corte y nombramiento de sus empleados-; y de administración financiera del Poder Judicial) al Consejo de la Magistratura.
De allí que esta ley 26.080 que atacamos, se aparta del texto expreso de la Constitución Nacional, al limitar las atribuciones que le competen, en letra y espíritu, al Consejo de la Magistratura en materia presupuestaria, sólo a tomar conocimiento del anteproyecto del presupuesto anual del Poder Judicial y realizar las observaciones que estime pertinente para su consideración por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
De acuerdo con la manda constitucional, la formulación del anteproyecto de presupuesto es cometido del Consejo, con remisión directa al Poder Legislativo de la Nación, sin intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ni tampoco del Poder Ejecutivo, en resguardo de la autonomía institucional y autarquía financiera del Poder Judicial.
Legislar lo contrario –como es el caso de la ley 26.080- es inconstitucional.
Por todo lo expuesto de V.S. solicito:
1) Por presentados, parte –a mérito de la documentación adjunta- y constituido el domicilio procesal;
2) Se requiera al PEN el informe propio de la presente vía de amparo.
3) Oportunamente, se declare la inconstitucionalidad de la ley 26.080, ordenándose que, hasta tanto se dicte nueva legislación, se continúe aplicando la ley 24.937 (T.O. 1999), sin que ello signifique avalar la constitucionalidad de esta última norma.