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Timestamp: 2019-04-26 10:13:17
Document Index: 30364993

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La redacción | El Juego de la Suprema Corte
Como cada año, el El juego de la Suprema Corte presenta sus 10 textos más leídos y les desea unas felices fiestas.
El fideicomiso de Morena: una trama de financiamiento paralelo e ilegal. Rosa Gómez Tovar y Javier Urbieta Zavala
El INE sancionó a Morena por una trama de financiamiento irregular a partir de la creación del fideicomiso “Por los Demás” que Andrés Manuel López Obrador instruyó crear en apoyo a los daminificados de los sismos de septiembre de 2017. El problema empieza desde que un partido pretende llevar “ayudas” a la población, pues es algo prohibido: se trata de dádivas.
Testigos de Jehová, ciencia e infancia ante la Suprema Corte. Daniel Quintanilla Castro
El 8 de agosto, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia resolverá el amparo en revisión 1049/2017. Los hechos, de manera sucinta, son los siguientes: el año pasado, una madre y un padre pertenecientes al grupo indígena rarámuri y al grupo religioso de los testigos de Jehová llevaron a su hija, de aproximadamente seis años, al Hospital Infantil de Especialidades del estado de Chihuaha en estado de salud crítico. El diagnóstico: leucemia linfoblástica aguda.
La sentencia de Javier Duarte. Un análisis legal. Gonzalo Sánchez de Tagle y Alejandro Hernández Oseguera
Duarte es todo aquello de lo que nos queremos desprender y lo que queremos dejar de ser. Sin un análisis contextual y objetivo, es evidente que la sentencia de 9 años de prisión es cuando menos ridícula, parece una burla. Sin embargo, no podemos perder de vista que en un Estado constitucional de derecho cualquier imputado o acusado, incluso Javier Duarte, afortunadamente, tiene derecho a la presunción de inocencia, a defenderse y, sobretodo, al debido proceso, que entre otras muchas cosas implica ser juzgado única y exclusivamente por los hechos que son presentados en la causa penal por la fiscalía acusadora.
Más allá del machismo. Estefanía Vela
La lección es clara: si las instituciones no tienen las condiciones para operar adecuadamente, no podrán cumplir con sus mandatos. Otra vez: los estereotipos de género son parte del problema, pero no son el único. Sin el contexto institucional adecuado, no hay cómo garantizar los derechos. Considerando los planes de “austeridad” que se han anunciado por parte del gobierno entrante, el énfasis en las capacidades de las autoridades de cumplir con sus mandatos es incluso más apremiante.
De la suspensión al suspenso: la Ley federal de remuneraciones frente a la Suprema Corte. Mauro Arturo Rivera León
El pasado 7 de diciembre, cayó un balde de agua fría sobre una ley que ha sido objeto de una amplia discusión nacional. El ministro instructor Alberto Pérez Dayán concedió una suspensión en la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y su acumulada 108/2018 (en las cuales tanto la CNDH como una minoría de senadores habían impugnado la Ley Federal de Remuneraciones ante la Suprema Corte). ¿Qué es exactamente la suspensión concedida y cuáles son sus alcances? ¿Es legal esta medida? ¿Qué pasaría si esta suspensión fuera desobedecida? y, sobre todo, ¿qué nos depara este panorama de cambiantes claroscuros?
El secreto bancario: ¿un obstáculo más en la lucha contra la impunidad? Mariclaire Acosta Urquidi y Erika Mendoza Bergmans
La impunidad que caracteriza a nuestro país y que agravia profundamente a la ciudadanía, ha encontrado un nuevo aliado: el secreto bancario. Y el problema está por agravarse aún más. El próximo 8 de agosto, la propia Primera Sala de la SCJN resolverá un nuevo asunto. En este nuevo caso, la pregunta clave a resolver es la siguiente: ¿Requiere la autoridad ministerial autorización judicial previa para solicitar información bancaria en el curso de sus investigaciones penales?
No, la prisión preventiva oficiosa no es la solución. Gabriela Ortiz Quintero y Javier Martín Reyes
¿Es una buena idea imponer prisión preventiva oficiosa para los delitos en materia de corrupción, hidrocarburos, electoral, extorsión, armas de fuego, robo a casa-habitación, violencia intrafamiliar y una larga lista de etcéteras? Dicho de otro modo, ¿deberían aprobarse las iniciativas que legisladores de Morena, PAN, PRI, PES y PT han presentado para reformar el 19 constitucional?
¿Concursos de carrera judicial solo para mujeres? Estefanía Vela
Es necesario preguntarlo: además de los concursos, ¿qué se ha hecho con la política de adscripción que, según ese estudio, tiene un impacto desproporcionado por género? ¿Qué se ha hecho en relación con la dificultad de conciliar la vida familiar con la laboral? ¿Con las largas jornadas laborales? ¿Con las licencias de paternidad y maternidad? ¿Con las licencias para desempeñar labores de cuidado, más allá de los hijos? ¿Con el acoso en el trabajo? ¿Qué se está haciendo y se va a seguir haciendo para atacar cada uno de estos problemas que, en conjunto, merman la igualdad?
El salario presidencial y la división de poderes. Luisa Conesa Labastida
En el contexto del reciente debate sobre las remuneraciones de los servidores públicos frente al concepto de austeridad republicana, es conveniente poner en la mesa un par de consideraciones relacionadas con la regla del tope salarial presidencial. Contenida en el párrafo segundo, fracción II, del artículo 127 constitucional, prescribe que ningún servidor público podrá recibir una remuneración mayor a la establecida para el presidente de la República.
Inspecciones policiales: entre la sospecha razonable y la desconfianza justificada. Mireya Moreno, Karen Silva y Carlos de la Rosa
La tensión que revela este caso no es nueva para quienes hemos dado seguimiento al proceso de implementación de la reforma penal de 2008; estamos ante otro caso donde el modelo plantea una ruta y la realidad necia nos advierte sobre los peligros de ese camino. Sin embargo, generalmente la defensa del modelo acusatorio implica simultáneamente la defensa de mayores mecanismos de protección de derechos, en este caso los papeles aparentan estar invertidos. Es evidente que la salida al problema planteado no era clara, lo que sí queda claro es que si la apuesta será por el sistema acusatorio y la consolidación de las policías como los encargados de realizar investigaciones, está perdida si no se acompaña de procesos de profesionalización serios, mecanismos de rendición de cuentas efectivos y, principalmente, lineamientos claros y operables para la actuación de las policías en situaciones como la debatida.
Como cada año, El juego de la Suprema Corte presenta los 10 textos más leídos en este espacio.
1. Caso “Porkys”: explicación y análisis de la (indignante) sentencia. 29 de marzo. Estefanía Vela. Una aguda y sólida crítica a una de las sentencias más controvertidas de los últimos años y que alude a una creciente problemática social en el país.
2. El amparo que “detuvo” las labores de búsqueda y rescate del sismo. 23 de septiembre. Joseph Irwing Olid Aranda. Estudio de una peculiar sentencia que, en las primeras horas después del temblor del 19 de septiembre, frenó las labores de búsqueda y rescate en una edificio de ciudad de México.
3. El caso “Porkys” y la importancia del análisis de las pruebas. 3 de abril. Raymundo Gama Leyva. Un texto que estudia este escandaloso asunto, pero desde la perspectiva del estudio y ponderación de las pruebas en un proceso judicial penal.
4. Militares, derechos humanos y seguridad interior. 9 de enero. José Antonio Guevara Bermúdez. Uno de los primeros análisis, bien fundamentado de acuerdo al contexto de violencia en el país, de lo que en su momento era la iniciativa de Ley de seguridad interior.
5. Trump y el TLC, ¿realmente lo puede destruir? 25 de enero. Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes. Un breve análisis sobre los obstáculos institucionales, al interior de los Estados Unidos, que enfrentaría el presidente Trump si decide retirar a su país del TLC.
6. La Suprema Corte y el principio de confianza legítima. 17 de abril. Héctor Ivar Hidalgo Flores. Texto que analiza los primeros casos resueltos en la Suprema Corte sobre un criterio en construcción en el país: confianza legítima.
7. Catalunya incomprendida: la historia detrás del reclamo de autodeterminación. 24 de marzo. Miguel Lisbona Guillén. Un texto que, con un pie en la perspectiva jurídica pero también en la histórica, analiza el reclamo de autodeterminación de Cataluña.
8. Prefiero ser tu amante, ¿o no? De hijos, trabajo doméstico y pensiones. 14 de marzo. Paula Sofía Vázquez. Un interesante texto que explica un caso, resuelto por un pleno de circuito a partir de una contradicción de tesis, sobre un tema que frecuentemente se regula a partir de prejuicios y sin equidad de género: las pensiones.
9. Caso Santiago Nieto: PGR vs. Senado. 23 de octubre. Luis Pérez de Acha. Un texto que pondera de manera objetiva las diversas aristas alrededor de la destitución del entonces titular de la FEPADE y los motivos de ésta.
10. ¿Qué tan viable es el impeachment en contra del presidente Trump? 13 de febrero. Saúl López Noriega y Javier Martín Reyes. Un análisis de los diferentes retos jurídicos que es indispensable sortear por el sistema político estadunidense para destituir al presidente Trump.
Los 10 textos más leídos del 2016
Como cada año, a continuación se ofrece una breve descripción de los 10 textos más leídos en El juego de la Suprema Corte en el año 2016.
1. La Suprema Corte y el futuro de la destitución de Cuauhtémoc Blanco, Francisco Zorrilla. 12 de diciembre.
Un texto que analiza los diferentes ataques institucionales que ha sufrido recientemente el presidente municipal de Cuernavaca y, sobre todo, su viabilidad de éstos ante la Suprema Corte de Justicia.
2. Carta abierta al ministro en retiro Salvador Aguirre Anguiano, GIRE. 6 de diciembre.
Se trata de una batería de argumentos en contra de la posición del ministro en retiro Aguirre Anguiano respecto uno de los temas más peliagudos de la justicia constitucional: la interrupción del embarazo.
3. Santa Claus en los tribunales, Alejandro Anaya. 19 de diciembre.
Un texto emblemático de la sección Absurdos jurídicos que reúne que da cuenta de un variopinto abanico de juicios en diferentes partes del mundo, que han girado en torno a la figura de Santa Claus.
4. Ciencia y pseudo-ciencia de nuevo al centro del debate respecto el aborto, Raffaela Schiavon. 3 de diciembre.
Un texto por demás didáctico que explica las principales diferencias entre ciencia y pseudo-ciencia respecto la interrupción del embarazo y demás aspectos en torno a éste proceso médico.
5. ¿Qué no está haciendo la Suprema Corte? El año 2016 del máximo tribunal, Alberto Abad Suárez. 14 de diciembre.
Un balance del desempeño jurisdiccional y del rol político de la Suprema Corte durante el año 2016.
6. Nuevas designaciones en el Tribunal Electoral, a cubrir las vacantes, Arturo Espinosa. 8 de diciembre.
Un texto que explica y analiza un proceso de designación de enorme relevancia para la vida democrática del país pero que pasó desapercibido por la opinión pública: las designaciones de los magistrados electorales de varias salas regionales.
7. La Corte, seguridad nacional e intervención de comunicaciones privadas, Danya Centeno. 12 de diciembre.
Se trata de un artículo que explica uno de los últimos casos respecto una de los temas que ha tomado enorme relevancia en la agenda de la Suprema Corte: intervención de comunicaciones privadas. En concreto, este texto analiza la decisión de los ministros de la Corte de otorgarle el carácter de público al número de comunicaciones intervenidas por el CISEN.
8. La reforma a la justicia laboral: lo bueno, lo malo y lo feo, Erick López Serrano. 17 de octubre.
Un texto que subraya los aspectos positivos y negativos de la reforma al texto constitucional para que las juntas de conciliación y arbitraje dejen ser parte del poder ejecutivo y se integren al poder judicial.
9. Halconeo: el delito de buscar información, Leopoldo Maldonado. 4 de abril.
Análisis riguroso sobre uno de los casos más relevantes de este año de la Suprema Corte respecto la libertad de expresión periodística.
10. La Corte Suprema estadounidense en manos de Trump, Luis Enrique Rosas. 14 de noviembre.
Un texto que, recién confirmada la victoria presidencial de Trump, esboza algunos escenarios respecto el futuro de la Suprema Corte de Estados Unidos respecto el tipo de justices que llegarían y, en este sentido, la agenda de casos que vendría.
El Senado y su plan para mermar la credibilidad del Tribunal Electoral
El contexto: las designaciones y la propuesta de un fast track legislativo
El pasado jueves 20 de octubre, el Senado de la República concluyó la última etapa del procedimiento para renovar a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Tres magistrados (Felipe de la Mata, Janine Otálora y Mónica Soto) fueron nombrados por un periodo de nueve años; otros dos (Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez) por un periodo de seis años; y los dos restantes (Indalfer Infante y José Luis Vargas) por un periodo de tres. Con esto, los Senadores cumplieron con uno de los principales propósitos de la reforma electoral de 2007-2008: terminar con la lógica del “borrón y cuenta nueva” y establecer un sistema de nombramientos escalonados que facilitara el aprendizaje institucional de la Sala Superior, brindando de esta forma estabilidad y certeza jurídica al sistema electoral, al tiempo en que se renovaría de manera paulatina, como ocurre en muchos otros órganos colegiados (SCJN, INAI, INE, etc).
Sin embargo, en días recientes en ciertas columnas políticas y algunos senadores del PRI y del PAN1 han señalado que junto con el acuerdo al que llegaron los partidos políticos para la designación de quienes integrarán la Sala Superior a partir de este 4 de noviembre, también pactaron modificar el tiempo que durará el cargo de aquellos que fueron designados por tres y seis años. A pesar de que el proceso de designaciones ya concluyó y que los nuevos magistrados ya tomaron protesta, se ha dicho que en los siguientes días se pretende presentar y aprobar, fast track, una reforma que busca “prorrogar” el nombramiento de cuatro de los magistrados. Así, quienes fueron nombrados por tres años desempeñarían el cargo por seis, mientras que los nombrados por seis años incrementarían su periodo a ocho.
Los dichos de los senadores del PRI y del PAN –pues hasta el momento no se ha presentado ninguna iniciativa para reformar en este sentido la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (LOPJF)- no sólo levantan sospechas por el tiempo y la forma en que se han lanzado; esto es, justo después de concluido este proceso de designación. Estamos, entonces, frente a una posible decisión que de tomarse sería por demás cuestionable en términos jurídicos, institucionales y políticos.
Jurídicamente, la reforma sería a todas luces inconstitucional, pues, con ella se violaría el procedimiento de designación establecido en la Constitución, el principio de separación de poderes, así como el artículo 13 constitucional. Institucionalmente, se trata de una reforma que anularía los beneficios de la renovación escalonada y afectaría la lógica de aprendizaje colectivo de la Sala Superior del TEPJF. Finalmente, en términos políticos, estamos frente a una eventual decisión que afectaría gravemente la credibilidad de los magistrados recién nombrados y que amenazaría con disminuir aún más la baja legitimidad de la Sala Superior.
Violación al procedimiento de designación y al principio de separación de poderes
En este contexto, el artículo 99 constitucional resulta relevante al menos por tres razones. Primero, en él se establece un procedimiento de designación mixto, en el cual intervienen tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien propone a los candidatos, así como el Senado de la República, quien realiza la elección final a partir de esas propuestas.2 Segundo, el artículo 99 también establece, con toda claridad, que la elección de magistrados del TEPJF “será escalonada” y que se realizará “conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley”. Tercero, en dicho artículo constitucional establece –más allá de la temporalidad ordinaria de los nombramientos– un principio de “improrrogabilidad” que prohíbe extender el nombramiento de los magistrados de la Sala Superior y de las salas regionales.3
El nombramiento del pasado jueves cumplió con esos requisitos. En primer lugar, tanto la SCJN como el Senado de la República cumplieron con el mandato constitucional y legal de realizar una renovación escalonada a partir de las reglas preestablecidas, así como conforme a la convocatoria emitida para iniciar el proceso de renovación. En particular, los ministros de la Corte y los senadores cumplieron con lo dispuesto en los artículos transitorios de la reforma constitucional4 de 2007 y la reforma legal5 de 2008, los cuales establecen puntualmente periodos diferenciados e improrrogables (de tres, seis y nueve años) para los magistrados que inicien su mandato el 4 de noviembre de 2016.
A partir de estas reglas –que nunca fueron controvertidas ni cuestionadas ni antes ni durante el proceso de renovación– fue que se desarrolló una larga cadena de actos que terminó con la designación del pasado jueves. Dicho de otro modo, estas fueron las reglas con las que la SCJN emitió la convocatoria; con las que los aspirantes decidieron (o no) participar en el proceso de designación; con las que se realizaron las votaciones y comparecencias en la SCJN; con las que se aprobó la conformación final de las ternas; con las que se realizaron las segundas comparecencias ante el Senado y; finalmente, con las que se aprobaron las designaciones correspondientes. Estas fueron, pues las reglas del juego.
De ahí que no sea difícil ver por qué el Congreso de la Unión carece de facultades para aprobar una reforma que prorrogue el periodo de magistrados cuyo proceso de designación ya concluyó. En primer lugar, la Constitución sigue una lógica de pesos y los contrapesos al establecer que en el proceso de designación participen dos poderes del Estado: el legislativo, a través del Senado, y el judicial, a través de la SCJN. La eventual propuesta de reforma de los senadores del PAN y del PRI violaría lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución, pues permitiría que un solo poder (el legislativo) modificara, de manera unilateral, una designación concluida en la que –por mandato constitucional– deben participar dos poderes del Estado mexicano. Desde esta perspectiva, la reforma propuesta implicaría que, en los hechos, una invasión a las facultades que la Constitución confiere a nuestro tribunal constitucional.
En segundo lugar, la reforma también sería inconstitucional en la medida en que violaría el principio de improrrogabilidad establecido en el artículo 99 constitucional. Si bien en dicho artículo se establece la temporalidad que ordinariamente tendrán los nombramientos (9 años), lo cierto es que ahí también se establece que, en todo caso, lo nombramientos serán improrrogables. Lo anterior no es algo menor, pues la improrrogabilidad es una garantía de independencia judicial que busca que los integrantes de la máxima autoridad en materia electoral puedan desempeñar su encargo sin presiones de tipo político. Dicho de otro modo, lo que la Constitución busca es eliminar los incentivos perversos que se generarían si los magistrados electorales tuviesen que “quedar bien” con los Senadores para poder continuar en su encargo. Estamos, pues, frente a una iniciativa que atenta contra una de las garantías de la independencia judicial.
Violación al artículo 13 constitucional: prohibición de leyes privativas
Pero en caso de que esta iniciativa de reforma se presente en los términos que ha saltado a la opinión pública, con propósito de prorrogar el periodo de los magistrados electorales, además, constituye una violación directa al artículo 13 de la Constitución, toda vez que se trataría de ley privativa6. En efecto, la SCJN ha sostenido, de manera constante y reiterada, que son inconstitucionales aquellas leyes que no cumplen con las características de generalidad, abstracción y permanencia. Específicamente, en un innumerable número tesis y jurisprudencias7, la SCJN ha establecido que deben considerarse como leyes privativas a aquellas disposiciones que:
(1) Se refieren a situaciones que se agotan en un número predeterminado y previamente definido de casos.
(2) Pierden su vigencia una vez que se aplican a un caso previsto y determinado de antemano.
Tampoco es difícil ver por qué una reforma en estos términos, sería un claro ejemplo –casi de libro de texto– de lo que constituye una ley privativa. Por una parte, es claro que la prórroga propuesta se refiere a un número predeterminado y previamente definido de casos; esto es, los dos magistrados que fueron nombrados por seis años (Felipe Alfredo Fuentes y Reyes Rodríguez) y los dos nombrados tres (Indalfer Infante y José Luis Vargas). Por otra parte, también es evidente que la reforma perderá vigencia una vez que se aplique a un caso previsto y determinado de antemano, esto es, la designación de estos cuatro individuos en particular.
Incluso si los senadores tienen la delicadeza de no señalar el nombre de estos cuatro magistrados en la iniciativa, resulta más que evidente que estamos frente a una reforma legislativa que, en la práctica, va dirigía a personas con nombre y apellido. Las designaciones ya están hechas, por lo que no queda la menor duda de quiénes son los cuatro individuos que se beneficiarían con la aprobación de esta reforma.
No se puede modificar normas que ya no existen
En la reforma constitucional en materia electoral de 2007, se estableció en el artículo 99 constitucional que la renovación de quienes integren la Salas del TEPJF sería escalonada. Para ello, se señaló en el artículo quinto transitorio de este decreto de reforma que sería en la LOPJF donde se regularía tal escalonamiento. En consecuencia, en el decreto de reforma de la LOPJF de 2008, en sus artículos transitorios, se señaló la manera en que se escalonaría tal renovación. En efecto, en el artículo cuarto transitorio del decreto de reforma de la LOPJF, del 1º de julio de 2008, estableció que para la renovación escalonada de la Sala Superior: “la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados, de los cuales dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.”
En este sentido, los plazos de duración de los cargos para quienes integren la Sala Superior a partir de la designación recién realizada por el Senado de la República se establecieron en el régimen transitorio tanto de la Constitución –al establecer el sistema escalonado y remitir a la ley secundaria para definir los tiempos de éste-, así como en el transitorio de la LOPJF. Por lo que en caso de que el Congreso de la Unión decida modificar estos plazos tendríamos que preguntarnos: ¿Es modificable el régimen transitorio de una ley?
En principio pareciera que no, pues, dichas disposiciones son justo transitorias. Es decir, precisamente tienen la función de establecer las reglas que se deben seguir entre la pérdida de vigencia de una norma y la entrada en vigor de otra. De ahí que en este caso, lo dispuesto en el artículo quinto transitorio del decreto de reforma constitucional de 2007 y el cuarto transitorio del decreto de reforma de la LOPJF de 2008, se agotó con la conclusión del actual proceso de designación de quienes integraran la Sala Superior del TEPJF a partir del 4 de noviembre próximo. De tal manera que dichas disposiciones carecen de vigencia y, por ello, no pueden ser modificables. Los senadores, si consideraban pertinente modificar los plazos de estos cargos de magistrados, debieron realizarlo previamente a que iniciará este proceso de renovación –pues éste, una vez que tomaron protesta los candidatos designados conforme a las bases de la convocatoria emitida por la SCJN, ya finalizó.
Para concluir: aprendizaje institucional truncado y crisis de legitimidad
Las razones, expuestas en los apartados precedentes, debiesen ser suficientes para entender por qué una reforma como la que pretenden proponer los senadores del PRI y del PAN, sufriría de serios vicios de inconstitucionalidad. Pero, más allá de estas razones jurídicas, existen otras que permiten apreciar que una reforma de este tipo no sería una idea atinada.
Por una parte, si bien un ajuste legal en estos términos no rompería en sentido estricto y formal el esquema de escalonamiento que estableció la reforma constitucional de 2007 para el TEPJF. Lo cierto es que su lógica claramente sería trastocada, pues, ésta lo que busca es que los cambios en la integración de las salas se den de manera paulatina y ordenada. El sistema actual garantiza que, en el futuro, toda persona que sea nombrada como magistrado electoral se integre a un órgano colegiado en el que aproximadamente un tercio de sus integrantes cuente con amplia experiencia en el cargo (esto es, con seis años de servicio) y aproximadamente otro tercio cuente con una experiencia intermedia (tres años de servicio). Esto facilita la integración de los nuevos miembros, garantiza continuidad institucional y, sobre todo, hace que la curva de aprendizaje colectiva sea menos pronunciada.
Es falso que el sistema de escalonamiento sea un “despropósito” o un “sinsentido”, como algunos senadores han sugerido. En realidad, tanto el Senado como la Cámara de Diputados han realizado un enorme número de nombramientos que siguen un esquema similar o, de plano, idéntico. Tal sería el caso, para no ir más lejos, de la designación de 15 magistrados electores de Salas Regionales en 2013 y de los integrantes de la Sala Regional Especializada en 2014, así como del nombramiento de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) en 2007 y de los actuales integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) en 2014. No queda claro, pues, por qué si la renovación escalonada es “altamente inconveniente”, los actuales senadores han aprobado reformas que establecen dicho esquema o, en su caso, por qué guardaron silencio en designaciones pasadas.
Por último, es importante señalar que la aprobación de una eventual reforma como la han esbozado senadores del PRI y del PAN representaría un duro golpe a la legitimidad del TEPJF y, en particular, de los magistrados recién nombrados. No han sido pocas las voces que han señalado, de manera documentada y reiterada, los muchos problemas de la justicia electoral federal. La renovación de la Sala Superior abrió la puerta para que los nuevos magistrados electorales, con sus sentencias, corrijan los errores del pasado e impulsen una mejor justicia electoral. En este sentido, flaco favor le harían los senadores a la nueva integración de la Sala Superior si aprueban, en fast track, una reforma que sólo terminaría por abonar a la idea de que esta designación siguió una perversa lógica de cuotas y cuates. Vale mencionar que entre los magistrados recién designados hay abogados con enorme capacidad técnica y solvencia ética. De los cuales se espera que eleven el nivel de discusión constitucional y electoral en esta institución. No merecen que sus nombres sean asociados a una reforma que viola la Constitución, que rompe el desarrollo institucional del TEPJF y que amenaza con destruir la credibilidad de la nueva integración. Ojalá se traté de sólo de meros dichos de algunos senadores a los medios de comunicación y no resulté en una reforma legislativa con estos problemas legales y políticos.
Nota al calce: Como lo anunciaron algunos senadores del PRI y del PAN, el 25 de octubre de 2016, al día siguiente de la publicación de este texto, se presentó en el Senado de la República la iniciativa de reforma legislativa para modificar el cuarto transitorio de la LOPJF. El propósito es –tal como se había especulado– extender el período de los magistrados ya designados por 3 años (a 7) y los de 6 años (a 8). Como se esperaba, los términos de esta iniciativa la ubican en los supuestos de inconstitucionalidad señalados en este texto. Se trata no sólo de un error jurídico mayúsculo sino también de una irresponsabilidad política sin precedentes. Lo peor es que, si prospera esta iniciativa, el mayor costo lo asumiría el TEPJF; en particular, los magistrados recién designados. Sería, pues, claro retroceso en los esfuerzos por mejorar la justicia electoral del país.
Editorial El Juego de la Suprema Corte
1 Véanse las notas publicadas en La Jornada y en El Universal.
2 El artículo 99, párrafo undécimo, de la Constitución establece lo siguiente: “Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La elección de quienes las integren será́ escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley”.
3 Los párrafos duodécimo y decimotercero del artículo 99 constitucional establecen lo siguiente: “Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.” “Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores”.
4 El artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia electoral de 2007 establece lo siguiente: “Para los efectos de la renovación escalonada de los Magistrados Electorales de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a que se refiere el artículo 99 de esta Constitución, se estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.”
5 La fracción II del artículo transitorio cuarto de la reforma legal en materia electoral de 2008 señala lo siguiente: “A más tardar el 30 de octubre de 2016, la Cámara de Senadores elegirá a siete nuevos magistrados electorales de la Sala Superior que iniciarán su mandato el 4 de noviembre de 2016; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025. Al aprobar los nombramientos el Senado deberá señalar el período de mandato que corresponde a cada magistrado. Todos aquellos que hayan desempeñado el cargo de magistrado electoral no podrán ser reelectos.”
6 El artículo 13 de la Constitución establece literalmente lo siguiente: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”.
7 Véanse, sólo por mencionar algunos ejemplos, las jurisprudencias identificadas con las claves 1a./J. 117/2012 (“las leyes privativas… son las dirigidas a personas nominalmente designadas, que atienden a criterios subjetivos y que pierden su vigencia después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano.”) y P./J. 59/2007 (“el último párrafo del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones… al dirigirse específicamente a los comisionados que ocupaban el cargo a la fecha de entrada en vigor del precepto y ser sólo aplicable a la primera designación, constituye una norma de carácter privativo que carece de los atributos de generalidad, abstracción y permanencia.”); así como las tesis identificadas con las claves 1a. CCLXXX/2015 (“Las leyes privativas se refieren a personas nominalmente designadas o a situaciones que se agotan en un número predeterminado de casos), 1a. CIX/2011 (“las leyes privativas se caracterizan por referirse a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado pierden su vigencia”), 1a. XXVII/2009 (“Las leyes privativas son aquellas cuyas disposiciones se extinguen por su validez después de aplicarse a un caso concreto y determinado, y que se aplican en consideración de especie o persona”), P. XII/2008 (“las leyes privativas, prohibidas por el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se caracterizan porque se refieren a personas nominalmente designadas, atendiendo a criterios subjetivos, y por el hecho de que después de aplicarse al caso previsto y determinado de antemano pierden su vigencia”), 2a. CXXVIII/2005 (“Del análisis de la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema de leyes privativas, se advierte que la ley: a) Es privativa si la materia de que se trata desaparece después de aplicarse a un caso previsto y determinado de antemano”).
Los 10 textos más leídos en El Juego de la Suprema Corte en el 2015
A continuación presentamos los 10 posts más vistos durante el 2015 en el blog judicial de la revista Nexos, El Juego de la Suprema Corte:
1. La comparecencia de la magistrada Patricia Orea: un bochornoso episodio. 30 de noviembre. Saúl López Noriega.
Una crónica de uno de los momentos más vergonzosos en la historia de las designaciones de ministros del país.
2. Mi amiga, mi esposa, mi amante… y las pensiones que les corresponden. 21 de septiembre. Paula Sofía Vázquez.
Un análisis de uno de los precedentes más relevantes en el año de la Suprema Corte, para efectos de proteger a las personas más vulnerables sin importar prejuicios ni tabúes sociales.
3. Caso Carmen Aristegui: el amparo inédito. 23 de abril. José Roldán Xopa.
Un texto sobre la sentencia del Juez de Distrito que le dio entrada a uno de los juicios de amparo que, sin duda, más allá de la polarización que suscita la demandante como figura pública, representó varios aspectos jurídicos por demás novedosos.
4. El Senado y la magistrada Norma Piña: los matices de la mediocridad. 1º de diciembre. Saúl López Noriega.
Una crónica y balance de la comparecencia, ante la comisión de justicia del Senado, de la ahora ministra de la Suprema Corte, Norma Piña.
5. Ya hay jurisprudencia del matrimonio gay, ¿ahora qué sigue? 22 de junio. Gerardo Mata Quintero.
Un texto que explora los diferentes escenarios en términos de litigio y legislación que se abrieron una vez que la Suprema Corte emitió una tesis de jurisprudencia para garantizar el matrimonio entre personas del mismo sexo.
6. Crónica: la tarde que Medina Mora se volvió ministro de la Corte. 10 de marzo. Juan I. Zavala.
Una crónica de la sesión del pleno del Senado de la República que ratificó el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte y que evidencia el pobre escrutinio por parte de los senadores a quienes aspiran acceder a estos cargos públicos.
7. El reto de sustituir a Sánchez Cordero y Silva Meza. 1º de octubre. Alberto Abad Suárez Ávila.
Un texto que de manera breve esboza las aportaciones de los ministros Sánchez Cordero y Silva Meza a la justicia constitucional del país y de ahí la difícil tarea de sustituirlos con abogados del mismo calibre.
8. El fin de las horas extras laborables. 27 de agosto. Erick López Serrano.
Un texto que analiza una serie de sentencias sobre un tema que pasó desapercibido para la opinión pública, pero que resulta de enorme relevancia para los trabajadores del país: el estatus jurídico de las horas extras en el trabajo.
9. Zaldívar y su proyecto sobre uso recreativo de la marihuana. 23 de octubre. Karen Silva Mora.
Un balance de uno de los proyectos de sentencia más relevantes y controvertidos en la historia judicial del país.
10. La comparecencia de Javier Laynez: al fin, un candidato con perfil de ministro. 7 de diciembre. Javier Martínez Reyes.
Una crónica de la comparecencia ante la comisión de justicia del Senado del ahora ministro Javier Laynez.
El reto de la justicia cotidiana
El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) junto con 17 instituciones desarrolló, por encomienda del presidente Enrique Peña Nieto, un ejercicio plural de consulta en materia de justicia cotidiana que tuvo como propósito fortalecer al Estado de derecho mediante incentivos institucionales para hacer efectivos los derechos de las personas y resolver, de manera pacífica y ordenada, los conflictos propios de la vida democrática.
Por justicia cotidiana se entienden las instituciones y procedimientos que permiten que las personas tengan acceso efectivo y expedito a una justicia que les permita resolver los conflictos que surgen de la convivencia cotidiana. Estos incluyen, entre otros, los asuntos laborales, familiares, civiles, mercantiles, vecinales y administrativos. Se consideró que la materia penal no forma parte de la justicia cotidiana.
A partir de testimonios presentados por ciudadanos se lograron identificar los problemas en materia de justicia cotidiana y proponer un conjunto de recomendaciones al titular del Poder Ejecutivo y de manera más amplia a todos los poderes de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal). En esta consulta participaron 425 personas expertas en 15 foros presenciales en 12 ciudades y se generó una plataforma interactiva (www.justiciacotidiana.mx).
La consulta permitió exponer a la luz pública un problema olvidado –el acceso a la justicia– que incide en la calidad de vida de los mexicanos, el ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo económico y la consolidación del Estado de derecho.
A pesar de los avances que pueden constatarse en el marco institucional, la mayoría de los mexicanos no tienen un acceso adecuado a la justicia. Uno de los problemas identificados es el gran desconocimiento que tienen las personas sobre sus derechos y las vías para ejercerlos.
El catálogo de problemas encontrados es largo, heterogéneo y complejo, por ello se recomiendan 217 acciones que constituyen la base para elaborar una política pública para mejorar el acceso a la justicia en el Estado mexicano.
Aquí se puede consultar el informe completo, así como su síntesis ejecutiva.
Los 10 textos más leídos de El Juego de la Suprema Corte en el 2014
A continuación presentamos los 10 posts más vistos durante 2014 en el blog judicial de la revista Nexos, El Juego de la Suprema Corte:
1. La Suprema Corte, salarios caídos y justicia laboral. Febrero 25
Un análisis de las últimas decisiones de la Suprema Corte respecto los límites y alcances de los salarios caídos cuando se está ante un despido injustificado.
2. ​Prostitución: sí es un trabajo protegido por la Constitución. Febrero 13
Un agudo estudio de la sentencia, y de sus eventuales consecuencias sociales, del Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa del Distrito que reconoció que la prostitución es una forma de trabajo más protegida por la Constitución.
3. ​La Corte y el fin del principio pro homine en México. Mayo 5
Una disección de los argumentos de la contradicción de tesis 293/2011 resuelta por el Pleno de la Suprema Corte y, sobre todo, del impacto de tal decisión respecto la viabilidad del principio pro homine y del bloque de constitucionalidad.
4. Ayotzinapa: ¿Es responsable jurídicamente Peña Nieto? Diciembre 1
Un recorrido por las correas jurídicas que componen la red de responsabilidad en los diferentes niveles de gobierno en el caso Ayotizinapa.
5. Angélica Rivera, transparencia e impuestos. Diciembre 19
Un breve video donde se explica la solicitud de información que se interpuso ante el SAT para conocer datos relacionados con la declaración de impuestos de la primera dama de nuestro país, Angélica Rivera.
6. ¿Por qué la Corte debería declarar inconstitucional la reforma energética? Enero 27
Una batería de argumentos de los vicios de constitucionalidad que tenía la reforma constitucional en materia energética tanto en su procedimiento de aprobación, como en sus aspectos sustantivos.
7. Entre derechos, fisgones y entrepiernas I/II. Abril 21
Una exploración de la privacidad, los límites de lo público y la regulación de la sexualidad a partir de la cada vez más popular práctica del upskirting –que no es más que fotografiar debajo de la falda de las mujeres.-
8. ¿Fue el Estado? Una respuesta desde el derecho internacional. Noviembre 27
Una exploración, a partir de las herramientas jurídicas que ofrece el derecho internacional, para determinar si en efecto es posible considerar responsable al Estado de la desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa.
9. ¿Es posible y deseable inaplicar la jurisprudencia de la Corte? Octubre 14
Uno de los casos más técnicos que resolvió la Suprema Corte durante el año 2014, pero que tiene enorme repercusiones respecto la manera de pensar y modificar los criterios jurídicos que afectan día a día a millones de personas.
10. La demanda en contra del desodorante Axe… y otras mentiras jurídicas. Octubre 13
Una de las joyas de la sección Absurdos jurídicos, donde se estudia diversos casos relacionados con falsa publicidad y otras mentiras que fueron atacadas por la vía jurídica.
Los 10 posts más populares del 2013 en El Juego de la Suprema Corte
A continuación presentamos los 10 posts más vistos durante 2013 en el blog judicial de la revista Nexos, El Juego de la Suprema Corte:
1) Derecho y ciudadanía: el caso del matrimonio gay en México.
Estefanía Vela analiza el despertar constitucional de la ciudadanía –vía litigio estratégico, demanda de reformas legislativas etc.- que ha suscitado el tema del matrimonio gay en México.
2) Caso Cassez: nuevo proyecto de sentencia, nueva discusión, nuevos escenarios
La redacción de El Juego de la Suprema Corte estudia las principales diferencias entre el proyecto del ministro Zaldívar sobre el caso Cassez –que, en su momento, no alcanzó una mayoría para definir una decisión- y el proyecto de la ministra Sánchez Cordero –que finalmente desencadenó la liberación inmediata de Cassez-.
3) ¿Cómo funciona la Suprema Corte de Justicia de la Nación?
Regina Larrea explica de manera breve y puntual los principales órganos al interior de la Suprema Corte, así como su dinámica respecto las funciones judiciales clave de nuestra corte constitucional.
4) Tenemos bloque de constitucionalidad, pero con restricciones
Pedro Salazar disecciona con precisión uno de los casos más relevantes que discutieron los ministros de la Suprema Corte en el año 2013: los alcances y límites del bloque de constitucionalidad.
5) …Kelsen ha muerto, ¡Viva Kelsen!
José Roldan hace un balance de los principales puntos teóricos que estuvieron en juego durante la discusión de los alcances y límites del bloque de constitucionalidad.
6) ¿Qué pasó, entonces, en la Suprema Corte?
Geraldina González, ante el galimatías que decidió la Suprema Corte respecto las características del bloque de constitucionalidad en México, explica de manera clara y breve las aristas de esta decisión.
7) Yssel Reyes a HSBC: “No soy delincuente, soy VIH positivo” (I/II)
Esteban Illades, en un ejercicio de buen periodismo judicial, explica uno de los casos más relevantes -que aún no logra resolver la Segunda Sala de la Suprema Corte: la posibilidad de ubicar como responsable a un poder privado de violar derechos humanos de una persona con VIH.
8) ¿Es constitucional la condonación del ISR a estados y municipios?
Luis M. Pérez de Acha crítica, a partir de una batería de argumentos constitucionales, la decisión del gobierno federal de condonar el impuesto ISR a entidades federativas y municipios.
9) ¿Qué es una acción de inconstitucionalidad?
Regina Larrea, con el ánimo de traducir la jerga jurídica al lenguaje coloquial, ofrece una digerible definición de unos de los medios de control constitucional más relevantes de nuestro país: la acción de inconstitucionalidad.
10) ¿Jerarquía entre derechos constitucionales e internacionales?
Pedro Salazar explica los principales punto alrededor del bloque de constitucionalidad y, en este sentido, de la posibilidad de que exista una jerarquía entre derechos constitucionales e internacionales.
Los saldos de la sentencia Cassez
El caso Cassez, como se sabe, ha sido de los más relevantes para la justicia mexicana en los últimos años. Sea desde su lectura política, mediática, internacional y, por supuesto, de las exigencias del debido proceso, Cassez es un caso emblemático. En este sentido, más allá de lo decidido en este asunto por los ministros de la Primera Sala de la Suprema Corte, es de enorme relevancia las tesis derivadas de esta sentencia. Es decir, los criterios que eventualmente, una vez que formen jurisprudencia, impactarán en todo el ordenamiento jurídico del país. La Corte, hace algunos meses, emitió justo las tesis aisladas que resultaron del caso Cassez. Y que pueden erigirse, para bien o para mal, en el legado más importante de este caso.
TESIS AISLADA CLXVI/2013 (10ª)
EFECTO CORRUPTOR PROCESO PENAL. CONDICIONES PARA SU ACTUALIZACIÓN Y ALCANCES.
A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la vulneración de los derechos fundamentales del acusado en el proceso penal puede provocar, en determinados supuestos, la invalidez de todo el proceso, así como de sus resultados, lo cual imposibilitará al juez para pronunciarse sobre la responsabilidad penal de una persona. Esta Primera Sala considera que el efecto corruptor del proceso penal se actualiza cuando, en un caso concreto, concurran las siguientes circunstancias: a) que la autoridad policial o ministerial realicen alguna conducta fuera de todo cauce constitucional y legal; b) que la conducta de la autoridad haya provocado condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria que conlleven la falta de fiabilidad de todo el material probatorio; y c) que la conducta de la autoridad impacte en los derechos del acusado, de tal forma que se afecte de forma total el derecho de defensa y lo deje en estado de indefensión. Así las cosas, cuando el juez advierta la actualización de estos supuestos, deberá decretar la invalidez del proceso y, al no haber otras pruebas que resulten incriminatorias, decretará la libertad del acusado.
Amparo directo en revisión 517/2011. 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto particular y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Arturo Zaldívar Lelo de Larrea formuló voto concurrente. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretarios: Javier Mijangos y González y Beatriz J. Jaimes Ramos.
TESIS AISLADA CLXXV/2013 (10ª)
DERECHO FUNDAMENTAL DEL DETENIDO A SER PUESTO A DISPOSICIÓN INMEDIATA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO. ELEMENTOS QUE DEBEN SER TOMADOS EN CUENTA POR EL JUZGADOR A FIN DE DETERMINAR UNA DILACIÓN INDEBIDA EN LA PUESTA A DISPOSICIÓN. El derecho fundamental del detenido a ser puesto a disposición inmediata ante el Ministerio Público, se encuentra consagrado en el artículo 16, quinto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al momento en que señala que cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Asimismo, dicha disposición señala que debe existir un registro inmediato de la detención. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es necesario señalar, en primer término, que el análisis en esta materia debe partir de la imposibilidad de establecer reglas temporales específicas. Por el contrario, resulta necesario determinar, caso por caso, si se ha producido o no una vulneración del derecho reconocido a la persona detenida. Así las cosas, se está ante una dilación indebida en la puesta a disposición inmediata del detenido ante el Ministerio Público cuando, no existiendo motivos razonables que imposibiliten la puesta a disposición inmediata, la persona continúe a disposición de sus aprehensores y no sea entregada a la autoridad que sea competente para definir su situación jurídica. Tales motivos razonables únicamente pueden tener como origen impedimentos fácticos reales, comprobables y lícitos. Además, estos motivos deben ser compatibles con las facultades estrictamente concedidas a las autoridades. Lo anterior implica que los agentes de policía no pueden retener a una persona por más tiempo del estrictamente necesario para trasladarla ante el Ministerio Público, a fin de ponerlo a disposición, donde deben desarrollarse las diligencias de investigación pertinentes e inmediatas, que permitan definir su situación jurídica –de la cual depende su restricción temporal de la libertad personal–. La policía no puede simplemente retener a un individuo con la finalidad de obtener su confesión o información relacionada con la investigación que realiza, para inculparlo a él o a otras personas. Este mandato es la mayor garantía de los individuos en contra de aquellas acciones de la policía que se encuentran fuera de los cauces legales y que están destinadas a presionar o a influir en el detenido, en un contexto que le resulta totalmente adverso. En esta lógica, el órgano judicial de control deberá realizar un examen estricto de las circunstancias que acompañan al caso, desechando cualquier justificación que pueda estar basada en una supuesta búsqueda de la verdad o en la debida integración del material probatorio y, más aún, aquéllas que resultan inadmisibles a los valores subyacentes en un sistema democrático, como serían la presión física o psicológica al detenido a fin de que acepte su responsabilidad o la manipulación de las circunstancias y hechos objeto de la investigación, entre otras.
El rubro y texto de la anterior tesis aislada fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de veinte de marzo de dos mil trece. Publicada en México, Distrito Federal, veintiuno de marzo de dos mil trece.
TESIS AISLADA CLXXVI/2013 (10ª)
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. SU CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el derecho fundamental a la presunción de inocencia como regla de trato, en su vertiente extraprocesal, debe ser entendido como el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor o no partícipe en hechos de carácter delictivo o análogos a éstos y determina, por ende, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos anudados a hechos de tal naturaleza. Asimismo, es necesario señalar que la violación a esta vertiente de la presunción de inocencia puede emanar de cualquier agente del Estado, especialmente de las autoridades policiales. Dada la trascendencia de una acusación en materia penal, la Constitución otorga al imputado una serie de derechos fundamentales a fin de garantizar que se efectúe un juicio justo en su contra, sin embargo, de nada sirven estos derechos cuando las autoridades encargadas de investigar el delito realizan diversas acciones que tienen como finalidad exponer públicamente a alguien como responsable del hecho delictivo. Frente a estas acciones se corre el enorme riesgo de condenar al denunciado antes de tiempo, ya que el centro de gravedad que corresponde al proceso como tal, se puede desplazar a la imputación pública realizada por la policía.
Amparo directo en revisión 517/2011 . 23 de enero de 2013. Mayoría de tres votos.
TESIS AISLADA CLXXVII/2013 (10ª)
PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO EN SU VERTIENTE EXTRAPROCESAL. INFLUENCIA DE SU VIOLACIÓN EN EL PROCESO PENAL. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que como regla de trato, el derecho fundamental a la presunción de inocencia exige que cualquier persona imputada por la comisión de una conducta tipificada como delito, sea tratada como inocente durante el trámite del procedimiento e, incluso, desde antes de que se inicie, pues puede ser el caso de que ciertas actuaciones de los órganos del Estado –sin limitarlos a quienes intervienen en la función jurisdiccional propiamente dicha– incidan negativamente en dicho tratamiento. En este sentido, la violación a esta faceta de la presunción de inocencia puede afectar de una forma grave los derechos relativos a la defensa del acusado, ya que puede alterar la evolución del proceso al introducir elementos de hecho que no se correspondan con la realidad y que, en el ánimo del tribunal, y sobre todo de las víctimas y de los posibles testigos, actúen después como pruebas de cargo en contra de los más elementales derechos de la defensa. Así, la presunción de inocencia como regla de trato, en sus vertientes procesal y extraprocesal, incide tanto en el proceder de las autoridades en su consideración a la condición de inocente de la persona, como con la respuesta que pueda provenir de las demás partes involucradas en el juicio. Particularmente, la violación a la regla de trato de la presunción de inocencia puede influir en un proceso judicial cuando la actuación indebida de la policía que pretenda manipular la realidad, tienda a referirse a: (i) la conducta, credibilidad, reputación o antecedentes penales de alguna de las partes, testigos o posibles testigos; (ii) la posibilidad de que se produjere una confesión, admisión de hechos, declaración previa del imputado o la negativa a declarar; (iii) el resultado de exámenes o análisis a los que hubiese sido sometido alguien involucrado en el proceso; (iv) cualquier opinión sobra la culpabilidad del detenido; y, (v)el hecho de que alguien hubiera identificado al detenido, entre muchas otras.
Aquí el resto de las tesis.
Caso Cassez: nuevo proyecto de sentencia, nueva discusión, nuevos escenarios
El 23 de enero de 2013, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia retomará la discusión del amparo directo en revisión ADR 517/2011: el caso Cassez. El 21 de marzo del año pasado, la Primera Sala retiró el proyecto propuesto por el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea porque, aunque tres ministros (José Ramón Cossío, el propio Zaldívar y Olga Sánchez Cordero) se pronunciaron a favor de otorgar el amparo a Florence Cassez, no lograron construir consenso con relación a los efectos que debe producir esa concesión de amparo a favor de Florence.
El proyecto quedó en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien con ánimo de generar una resolución que convenza a sus colegas en la Primera Sala, ha elaborado un nuevo proyecto de resolución.
A continuación, se exponen algunas diferencias entre lo propuesto el año pasado por el Ministro Arturo Zaldívar y el proyecto de Olga Sánchez Cordero.
El proyecto de Arturo Zaldívar proponía otorgar un amparo liso y llano a favor de Florence Cassez, dada la naturaleza grave e irreparable de las violaciones cometidas en su contra. Por esa razón, los efectos del amparo no podían ser otros que ordenar la libertad inmediata de Florence. Zaldívar proponía la anulación total de proceso como resultado de la contaminación íntegra que produjo tanto el montaje elaborado por las autoridades federales como el “filtro” que este impuso tanto a los testigos de cargo (víctimas), como a las autoridades ministeriales y judiciales.
Sobre la base de tres derechos fundamentales, Zaldívar construyó la noción de “efecto corruptor” como un detonador de consecuencias jurídicas muy particulares en el caso, que en el conjunto habrían afectado irreparablemente los derechos fundamentales de Florence Cassez.
El proyecto de la ministra Sánchez Cordero propone otorgar un amparo para efectos a Florence Cassez, es decir, no ordena su liberación inmediata y tampoco elabora un estudio exclusivo de constitucionalidad, de modo que el Tribunal Colegiado que resolvió el amparo directo no será quien decida en definitiva “con plenitud de jurisdicción”. En su lugar, propone anular varios elementos de prueba y regresar el expediente al Tribunal Unitario de apelación, para que éste emita una nueva sentencia sin tomar en cuenta los elementos viciados.
Además de identificar violaciones a derechos constitucionales, el proyecto de Sánchez Cordero elabora un estudio de “legalidad” que, dada la naturaleza del recurso promovido por Florence (que en principio centra la discusión en el marco constitucional con base en el cual deberá resolverse el caso, sin analizar directamente la evidencia y sin pronunciamiento sobre normas que no sean propiamente constitucionales) podría producir una discusión sobre los límites que la Corte tiene para la discusión de este caso: si puede o no hacer lo que la Ministra propone.
El proyecto de Olga Sánchez Cordero basa la concesión del amparo en tres violaciones constitucionales, al igual que el proyecto de Zaldívar. No obstante, la argumentación que propone la ministra difiere de la ofrecida por Zaldívar el año pasado. Las violaciones identificadas son:
Violación al derecho fundamental de un detenido a ser puesto a disposición sin demora;
Violación al principio constitucional de inocencia;
Violación al derecho a la asistencia consular.
A diferencia de Zaldívar, Sánchez Cordero no ubica al montaje de la aprehensión urdido por la Agencia Federal de Investigación como la fuente y explicación de las violaciones ni lo coloca como el elemento que desencadenó las demás consecuencias jurídicas.
Aunque la ministra considera que el montaje violó los derechos fundamentales de Florence Cassez, para ella, este elemento es eficiente para “contaminar” (e invalidar) sólo algunos de los elementos de prueba con los que se juzgó a Florence Cassez, principalmente las declaraciones y ampliaciones de declaración de los testigos de cargo Cristina Ríos Valladares y su hijo Christian Hilario Ramírez Ríos. La ministra no conecta directamente al montaje con la nulidad de estas pruebas, sino que desarrolla cómo es que el montaje y la manipulación –por parte de la AFI– de elementos objetivos de la investigación autorizan a realizar un análisis de “legalidad” sobre la confiabilidad de los testimonios que posteriormente plasmaron estos testigos.
El análisis de legalidad se propone como método para respetar el principio de presunción de inocencia, que en el caso fue violado en más de una forma.
Asimismo, el proyecto propone anular los partes informativos elaborados por los policías que aprehendieron a Florence Cassez. Sánchez Cordero sostiene que los partes policiales se contradicen con las imágenes transmitidas a virtud del montaje televisivo y que, posteriormente, los policías federales cambiaron su versión de los hechos en declaraciones vertidas ante la Visitaduría de la Procuraduría General de la República, principalmente, para apoyar la versión de los hechos ofrecida por el montaje. Para la ministra, lo anterior resulta inconstitucional y por tanto propone la anulación de estos partes policiales.
La anulación de los partes policiales “derribaría” los delitos de portación y posesión de armas prohibidas, delito por el que también fue condenada en las instancias ordinarias.
El ministro Zaldívar construyó un respaldo de normas constitucionales para explicar la secuela procesal en el caso Cassez, desde el momento de la detención de Florence y hasta la sentencia del Tribunal Colegiado de amparo. Para Zaldívar, el montaje significó una “escenificación ajena a la realidad” que produjo violaciones a derechos fundamentales por sí misma –el derecho a la asistencia consular y el derecho a ser puesto a disposición sin demora–, pero que, además, habilitó la violación de otros derechos constitucionales, particularmente el derecho a la presunción de inocencia como regla de trato y como regla probatoria.
Por su parte, la ministra Sánchez Cordero no basó su proyecto en la violación al derecho a la asistencia consular como elemento indispensable para una defensa adecuada, como había anticipado durante su intervención en la sesión de 21 de marzo de 2012, sino en el derecho a la presunción de inocencia y en el estudio de legalidad (valoración de elementos de prueba) que el proyecto realiza con base en lo que se denominó “principio de congruencia”.
El efecto que la ministra concede a la violación al derecho a la asistencia consular de Florence Cassez es únicamente la anulación de su declaración ministerial.
El proyecto de Sánchez Cordero finaliza argumentando que los elementos de prueba anulados por las violaciones a derechos fundamentales no deberán ser tomados en cuenta por el Tribunal Unitario que resuelva en definitiva y que, dado que una persona no puede ser juzgada con base en el contenido de tan solo un testimonio, la declaración que quedó exenta del análisis de nulidad propuesta por la ministra, no sería suficiente para condenar a Florence Cassez. Esto último, no es una afirmación contenida expresamente en el proyecto, sino una inferencia derivada de las consideraciones de la parte final.
El proyecto de Olga Sánchez Cordero tiene la encomienda de convencer al menos a dos ministros de la Primera Sala para ser aprobado por mayoría. Por un lado, deberá convencer al ministro Cossío sobre los efectos propuestos y los alcances de las violaciones a derechos fundamentales con relación a las pruebas que deben ser anuladas particularmente. Por otro lado, el proyecto debe convencer tanto en sus razones de fondo como en sus efectos al ministro Arturo Zaldívar, quien inicialmente propuso otorgar un amparo liso y llano (con efectos absolutos y de libertad inmediata). Asimismo, la ministra Olga Sánchez Cordero provocará un nuevo pronunciamiento del ministro Pardo Rebolledo, quien en principio estaba de acuerdo con la estructura y argumentos de Zaldívar, pero no con sus efectos. Por último, la propuesta de este miércoles forzará al nuevo integrante de la Primera Sala, Alfredo Gutiérrez Ortiz-Mena, a pronunciarse en el caso Cassez. Como se ha adelantado en algunos comentarios sobre los antecedentes del ministro Gutiérrez Ortiz-Mena, su criterio jurídico continúa siendo un misterio con relación a los temas que son materia de la Primera Sala.
De no aprobarse el proyecto de Olga Sánchez, existen varios escenarios posibles, dada la falta de reglas claras en la práctica de la Primera Sala para casos en los que, por segunda ocasión, no se resuelve en definitiva.
El expediente ADR 517/2011 podría turnarse al Pleno de la Corte, en cuyo caso serían los 11 ministros quienes decidirían el futuro de Florence Cassez. Otras posibilidades son que el proyecto se turne nuevamente a un ministro de la Primera Sala –probablemente Ortiz-Mena – o incluso a algún ministro de la Segunda Sala.
Finalmente, los ministros pueden decidir abandonar las consideraciones del proyecto de Olga Sánchez (si ella se suma) y llegar a un acuerdo sobre la concesión de amparo y sus efectos durante la sesión, pero dejando los argumentos y los lineamientos particulares para otro momento, esto es, pendientes de “engrose”. Esto quiere decir que las razones y los efectos del amparo que, en su caso, se otorgue a Florence Cassez quedarán pendientes a la elaboración de un documento escrito, que deberá conciliar los argumentos vertidos en la sesión y que sería encargado a un ministro en particular.
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