Source: https://mepa.cpau.org/A-101
Timestamp: 2019-10-20 17:44:10
Document Index: 28193400

Matched Legal Cases: ['artículo 3', 'artículo 13', 'artículo 20', 'artículo 6', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 6', 'artículo 28', 'artículo 16', 'artículo 2', 'artículo 13', 'artículo 2', 'artículo 20', 'artículo 34', 'artículo 16', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 247', 'artículo 28', 'artículo 28', 'artículo 31', 'artículo 34', 'artículo 28', 'artículo 36']

A-101 LEY DE EJERCICIO PROFESIONAL DECRETO-LEY 6070 58
Buenos Aires, 25/4/58
Visto el expediente N° 445/58 del registro del Ministerio de Obras Públicas en el que la Comisión creada por el artículo 3° del Decreto-Ley N° 4016/57 da cuenta de los resultados de la labor encomendada, por ello:
I. DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN. DE LOS TÍTULOS.
Considérese ejercicio profesional, con las responsabilidades inherentes, toda actividad remunerada o gratuita que requiera la capacitación proporcionada por las universidades nacionales con arreglo a sus normas y sea propia de los diplomados a quienes se refiere el artículo 13º, tal como:
El desempeño de cargos, funciones, comisiones o empleos, privados o públicos, incluso nombramientos judiciales de oficio o a propuesta de parte.p
El uso de título estará sometido a las siguientes reglas:
Las palabras agrimensor, arquitecto o ingeniero quedan reservadas exclusivamente para los diplomados por Universidad Nacional, debiéndose adicionar, cuando corresponda, la calificación de la especialidad; sin perjuicio de los títulos expedidos por los institutos superiores de las fuerzas armadas de la Nación.
En las sociedades y otro conjunto de profesionales entre sí, o con otras personas, corresponderá individualmente a cada uno de los profesionales, y en las denominaciones que adopten las mismas no podrá hacerse referencia a títulos profesionales, si no los posee la totalidad de los componentes.
En todos los casos deberá determinarse con precisión el título de que se trate, excluyendo las posibilidades de error o duda al respecto. Considérase, asimismo, uso del título el empleo de términos, leyendas, insignias, dibujos y demás expresiones de las que pueda inferirse la idea de ejercicio profesional.
Las funciones para las cuales capacita cada título serán determinadas exclusivamente por las universidades nacionales que los expidan, reconozcan o revaliden, para lo cual éstas tomarán en consideración los proyectos que propicie la Junta Central con arreglo al inciso 11) del artículo 20º.
Las universidades comunicarán a la Junta Central las resoluciones que dicten determinando esas funciones
Cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 6°, el reconocimiento o la reválida se hará:
Sin prueba alguna de competencia, cuando el titular del diploma sea argentino nativo, por opción o naturalizado, siempre que, en este último caso, la obtención de la ciudadanía haya sido anterior a la iniciación de los estudios universitarios.
Con la o las pruebas necesarias para asegurar la competencia en cada grupo de asignaturas afines incluidas en los planes de estudio vigentes en la Universidad Nacional respectiva en el momento de solicitarse la reválida, en los caso no previstos en el inciso anterior.
El ejercicio de la docencia en cualquiera de sus niveles será regido por la legislación vigente sobre enseñanza, quedando excluida dicha actividad de las exigencias preceptuadas por el artículo 13º del presente decreto-ley.
Los contratos de concesión, suministro, locación de obra o de servicios con el Estado, cuyo cumplimiento suponga la realización de actividades reglamentadas por esta ley, incluirán la condición de que las empresas contratistas tengan como representante técnico responsable a un profesional que reúna las condiciones establecidas en el artículo 13º.
No obstante lo dispuesto por el artículo 2°, inciso c), a requerimientos de empresas, firmas o instituciones particulares, los Consejos Profesionales podrán autorizar la actuación de profesionales extranjeros contratados por aquéllas que cumplan los requisitos de los incisos a) y b) del artículo 6°, pudiendo exigir, cuando lo consideren conveniente, que el contratado actúe junto a un profesional matriculado. Tales autorizaciones serán anotadas en un registro especial y comunicadas a la Junta Central.
Las transgresiones a esta disposición serán sancionadas con multa (artículo 28º) aplicable a las empresas, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran los profesionales.
Para ejercer las actividades que regula esta ley, es imprescindible estar inscripto en la matrícula correspondiente, según lo establece para cada Consejo el inciso 3) del artículo 16º.
La matrícula de cada profesional en el Consejo correspondiente a su título, lo habilita para ejercer cualquiera de las funciones atribuidas por la Universidad a ese título, en la época de su otorgamiento.
Deberán inscribirse en las matrículas llevadas por los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería :
Los titulares de los correspondientes diplomas expedidos por Universidad Nacional.
Los titulares de los diplomas equivalentes expedidos por universidades extranjeras, que hayan sido reconocidos o revalidados por Universidad Nacional o que lo fueren en lo sucesivo de conformidad con los artículos 6° y 7°.
Las personas a las que se refiere el artículo 2° de la Ley N° 4416
Los titulares de diplomas expedidos por autoridad nacional con anterioridad a la vigencia del Decreto-Ley 17.946/44, mientras no resulte modificación o extensión del objeto, condiciones, término, lugar de validez u otra modalidad.
Los que en su oportunidad fueron habilitados en virtud del Decreto-Ley 8036/46, dentro del alcance de sus habilitaciones.
La exigencia que establece el artículo 13º no alcanza a las siguientes personas:
Las contratadas por autoridades públicas, quienes podrán ejercer sus actividades solamente en lo que sea indispensable directa y exclusivamente para el cumplimiento de su contrato.
Las que al entrar en vigencia el Decreto-Ley 17.946/44 estaban desempeñando funciones, empleos, cargos o comisiones de los comprendidos en el inciso c) del artículo 2°, mientras se mantengan en ellos y en cuanto sea estrictamente exclusivo de su desempeño.
Las inscripciones en las matrículas podrán suspenderse o cancelarse a pedido del propio interesado o por disposición del Consejo Profesional o de la Junta Central de Consejos Profesionales.
Someter a los poderes públicos, previa conformidad de la Junta Central, los estatutos, medidas y reglamentos necesarios para la mejor aplicación de la presente ley.
Organizar y llevar las respectivas matrículas, comunicando oportunamente a las autoridades públicas pertinentes las nóminas de las personas que se hallen en condiciones de ejercer.
Expedir las correspondientes credenciales.
Aplicar las sanciones establecidas por esta ley, sin perjuicio de la intervención que pudiera corresponder a la Junta Central.
Estudiar el alcance de los títulos de sus matrículas y elevar a la Junta Central los proyectos respectivos, a los efectos de lo dispuesto en el inciso 11) del artículo 20º.
Denunciar, querellar y estar en juicio.
Dictaminar, por orden judicial o a solicitud de autoridad competente, de matriculados o de particulares, sobre asuntos relacionados con:
el ejercicio profesional regido por esta ley siempre que ello no implique la producción de una pericia.
Actuar, a pedido de las partes, como árbitro o amigable componedor, en las cuestiones que se suscitasen por aplicación de la Ley de Arancel, sujetando su actuación a lo dispuesto en el Libro VI, Títulos I y II, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con la condición de que todos los interesados hagan expresa renuncia a todo recurso, excepto el de nulidad.
Fijar el monto de los derechos previstos en el artículo 34º, administrar su patrimonio y designar el personal que requieran para su funcionamiento.
Darse su Reglamento Interno, de conformidad con las normas generales que establezca la Junta Central.
Cada Consejo Profesional se constituirá:
Con el número de Consejeros que el respectivo Reglamento Interno fije, sobre la base de un mínimo de cinco titulares y dos suplentes. Los titulares durarán en sus funciones cuatro años, se renovarán por mitades cada dos y solo podrán ser reelectos mediante intervalo de dos años; los suplentes durarán dos años y podrán ser reelectos para otro período consecutivo o elegidos como titulares.
En su caso, con un Consejero titular y un suplente que representen al grupo o grupos de profesionales universitarios de especialistas distintos, que en número mayor de treinta estuvieren matriculados en el Consejo y solicitaren esa representación; en cuyo supuesto, dichos matriculados solo podrán votar en la elección de tales Consejeros, los que durarán dos años en sus funciones, y podrán ser reelegidos para otro período consecutivo.
Para ser electo Consejero se requiere poseer título profesional con más de cinco años de antigüedad. La elección se hará por voto directo, secreto y obligatorio.
La función de Consejeros es obligatoria, salvo justa causa, y honoraria. Es renunciable en caso de reelección.
Cuando los profesionales universitarios de una misma especialidad, matriculados en un Consejo afín, fueren más de sesenta, tendrán derecho a constituir su propio Consejo, lo que se concretará mediante decreto del Poder Ejecutivo a propuesta de la Junta Central.
Créase la Junta Central de los Consejos Profesionales de Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, a la que corresponderá :
Actuar como Tribunal de Etica Profesional.
Propender a la coordinación y unificación de la legislación sobre la materia vigente en el país, manteniendo a tal fin permanente relación con los Consejeros Profesionales provinciales.
Proporcionar a los Consejos la asistencia que le soliciten acerca de asuntos importantes atinentes al ejercicio profesional, resolviendo las cuestiones que se le planteen, evacuando consultas o llevando adelante las gestiones que sea menester.
Confeccionar el reglamento disciplinario, estableciendo la correlación entre las faltas originadas en la inobservancia de esta ley y las respectivas sanciones.
Entender en los recursos que se le planteen en virtud de lo dispuesto por los artículos 29º, 30º y 31º.
Coordinar los proyectos que eleven los Consejos, conforme con lo establecido en el inciso 6) del artículo 16º y proponer a las universidades nacionales la sanción de las resoluciones que fijen el alcance de los títulos que ellas expiden y sus ulteriores modificaciones, de acuerdo con las medidas que el ejercicio de la profesión impone y propugnar su observancia por parte de las reparticiones públicas y personas privadas.
Disponer, a propuesta de los Consejos interesados, reducciones de los honorarios mínimos establecidos por la Ley de Arancel, en la medida y oportunidad que el ejercicio profesional lo aconseje.
La Junta Central estará constituida por los Presidentes de los Consejos en calidad de miembros titulares. Además, cada Consejo designará como sustituto a uno de sus miembros titulares o suplentes.
El presidente de la Junta durará un año en sus funciones. Este cargo será ejercido en forma rotativa por los representantes titulares de cada Consejo.
Será reprimida con prisión de seis meses a dos años la persona que sin poseer título de los comprendidos en la enumeración del artículo 13º, o sin hallarse en alguna de las situaciones contempladas en el artículo 14º, realizare actividades propias de las profesiones reglamentadas por esta ley. Los actos de tentativa serán reprimidos con la pena establecida para el delito, reducida de un tercio a la mitad. Este delito es de acción pública y, sin perjuicio de la acción que deba entablar el Ministerio Público de oficio o por denuncia de tercero, el Consejo correspondiente y en su caso la Junta Central, deberán denunciar al infractor. Asimismo podrán actuar como querellantes, en cuyo caso no estarán obligados a dar caución o fianza.
Será reprimido con la pena establecida en el artículo 247 del Código Penal quien se arrogare un título profesional sin corresponderle.
La firma, a título oneroso o gratuito, de planos, documentos o cualquier otra manifestación escrita que signifique ejercicio de la profesión, sin que el trabajo haya sido ejecutado por el profesional en la medida que la firma lo haga suponer, constituirá falta grave y quien la cometa será pasible de las sanciones previstas en el artículo 28º.
El ejercicio de la profesión por parte de la persona que reuniendo los requisitos necesarios para matricularse no lo hubiera hecho, o que la ejercite estando suspendida su matrícula, será considerado falta grave reprimible con multa (artículo 28º).
Multa de $ 200 a $ 100.000 m/n
Suspensión en el ejercicio de la profesión, desde un mes hasta dos años
Las sanciones previstas en los incisos a) y d) serán aplicables, no solo a quienes pertenezcan o tengan derecho a pertenecer a la matrícula, sino también a cualquier persona que infrinja la ley.
El recurso de reposición se concederá contra las resoluciones dictadas por los Consejos o por la Junta Central, para que el mismo organismo las revoque por contrario imperio.
En el caso de recurso de reposición, deberá expresarse agravios en el mismo escrito que deduce el recurso y deberá ser resuelto dentro del 5° día. Tratándose del recurso de apelación, la junta Central deberá admitir o desechar el recurso en el término de cinco días hábiles. Concedida la apelación, el apelante tendrá diez días hábiles para expresar agravios. Si no lo hiciere, se declarará de oficio desierto el recurso. Presentada la expresión de agravios, la Junta Central constituida con excepción del representante del Consejo que aplicó la medida, resolverá dentro del quinto día. La Junta deberá requerir los antecedentes necesarios y podrá disponer medidas para mejor proveer.
La resolución definitiva de la Junta Central, imponiendo las sanciones previstas en los incisos e) y f) será recurrible ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso Administrativo, según la forma establecida en el artículo 31º.
Las resoluciones por las que los Consejos aplicaren multas, en los casos en que éstas queden consentidas y las de la Junta Central cuando aplicaren o confirmaren tales sanciones, configuran título que trae aparejada ejecución y su cobro se hará por vía ejecutiva ante los Tribunales Nacionales de la Capital Federal. Cuando la multa sea impuesta por falta de pago del derecho anual previsto en el artículo 34º, la percepción de éste se perseguirá juntamente con la multa correspondiente.
Serán títulos hábiles al efecto: del referido derecho anual, la certificación de que no ha sido pagado, suscripta por el Presidente del Consejo respectivo; de la multa, la copia de las partes pertinentes del acta de la sesión del Consejo en que su aplicación fue resuelta y en su caso, de la sesión de la Junta Central en que dicha sanción fue aplicada o confirmada.
En ambos casos, la fidelidad de la copia se acreditará con la declaración jurada del letrado patrocinante, quien será legalmente responsable de cualquier falsedad o inexactitud. De oficio o a petición de parte podrá intimarse a la presentación del original del acta a los efectos de su confrontación con la copia.
El juicio ejecutivo se seguirá conforme con lo establecido en el título XXIV de la Ley N° 50 y en él no se admitirá discusión sobre la procedencia de la multa. El demandado solo podrá perseguir posteriormente la repetición de lo pagado en juicio ordinario.
Las resoluciones de la Junta denegatorias de inscripción en la matrícula o de reinscripción en ella serán recurribles ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Penal Especial y en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal, la que, con los antecedentes del expediente administrativo y los que de oficio solicitare para mejor proveer, resolverá oyendo al apelante y al representante de la Junta Central sin ulterior recurso.
La aplicación de las sanciones previstas en el artículo 28º deberá ser resuelta en todos los casos por mayoría de las tres cuartas partes de los miembros presentes del Cuerpo que las aplique.
La confirmación por la Junta, en los casos de apelación, requerirá la misma mayoría.
En los casos de cancelación de la matrícula por sanción disciplinaria, la Junta Central podrá conceder la reinscripción solo después de transcurridos cinco años de la resolución firme respectiva
Los fondos necesarios para costear los gastos de funcionamiento de los Consejos provendrán de un derecho de inscripción en la matrícula y de un derecho anual que abonará el matriculado, los que se establecerán, a propuesta de los respectivos Consejos, por resolución dela Junta Central. Es obligación del profesional inscripto abonar el derecho anual dentro del plazo que se fije; en su defecto sufrirá los recargos que establezca la reglamentación respectiva, y, transcurrido un año de mora, el Consejo dispondrá la suspensión de su matrícula.
Las multas que se apliquen de conformidad con las disposiciones de la presente ley se destinarán a acrecer los fondos de los Consejos.
Los gastos que demande el funcionamiento de Junta Central serán provistos por los Consejos Profesionales, proporcionalmente al número de sus respectivos matriculados empadronados.
VII. DE LOS DIPLOMADOS POR ESCUELAS INDUSTRIALES TECNICAS O ESPECIALES DE LA NACION
Los diplomados por escuelas industriales, técnicas o especiales de la Nación correspondientes al ciclo de la enseñanza media y los matriculados o habilitados por la Municipalidad de la Capital Federal u organismos nacionales competentes, que desarrollen actividades afines con las profesiones reglamentadas por esta ley, ejercerán sus actividades bajo la supervisión de la Junta Central, con intervención del Consejo Profesional que en cada caso aquélla determine.
A los efectos del artículo anterior, la Junta Central dispondrá :
La creación de una Comisión Especial, integrada por representantes de la Junta Central y por los delegados a que hace mención el apartado anterior. La Comisión Especial proyectará el régimen legal dispuesto por el artículo 36º, al que ajustarán sus actividades los diplomados, matriculados y habilitados a que se refiere dicho artículo y cuyo régimen deberá asegurar una forma de representación efectiva para cada especialidad. El proyecto elaborado por la Comisión Especial será elevado a la consideración del Poder Ejecutivo.
En tal caso, los recursos judiciales a que hacen referencia los artículos 29, 30 y 31, se substanciarán ante los Tribunales Nacionales de la Jurisdicción.
Toda decisión que el Poder Ejecutivo adopte en relación con la aplicación de la presente ley será refrendada por el Ministerio de Obras Públicas y, en su caso, por los Ministerios que en razón de su competencia hayan intervenido en la tramitación del asunto o les corresponda intervenir.
Las relaciones de la Junta Central con el Poder Ejecutivo se efectuarán por intermedio del Ministerio de Obras Públicas.
Los actuales Consejos Profesionales convocarán a elecciones de renovación de la totalidad de sus miembros dentro de los ciento ochenta días de la promulgación de esta ley.
En las elecciones a que se refiere el párrafo anterior no regirán las prohibiciones sobre reelección.
Hasta tanto se constituya la Junta Central en la forma que establece la presente ley, funcionará la creada por el Decreto-Ley 4016/57, integrada con los representantes del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica y con las funciones acordadas por los artículos 19 y 20. Ella estudiará y elevará a la consideración del Poder Ejecutivo el proyecto de reglamentación de la presente ley y el de las modificaciones del Código de Etica actualmente en vigor que se estimen convenientes.
Derógase toda disposición legal que se oponga al presente Decreto-Ley.
El presente Decreto-Ley será refrendado por el Excmo. Señor Vicepresidente Provisional de la Nación y por los señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de Obras Públicas, Agricultura y Ganadería, Marina y Aeronáutica e Interino de Guerra.
Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección General del Boletín Oficial e Imprentas y archívese.
Isaac Rojas, Pedro Mendiondo, Alberto F. Mercier, Teodoro Hartung, Jorge H. Landaburu.