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Timestamp: 2019-05-25 21:34:08
Document Index: 329112246

Matched Legal Cases: ['artículo 589', 'artículo 589', 'artículo 8', 'artículo 589', 'artículo 589', 'artículo 589', 'artículo 589', 'artículo 589', 'artículo 705', 'artículo 706', 'artículo 251', 'artículo 779', 'artículo 126', 'artículo 29', 'artículo 755', 'artículo 29', 'artículo 767']

Boletin Correspondiente a 2015-09-29Regresar
De conformidad con el artículo 589 del Estatuto Tributario, los contribuyentes tienen la posibilidad de corregir sus declaraciones tributarias disminuyendo el valor a pagar o aumentando el saldo a favor. Como ya lo ha indicado la Sala, este procedimiento no autoriza a la Administración para debatir aspectos de fondo en la liquidación del correspondiente impuesto, sino que la limita a verificar que se cumplan los requisitos formales exigidos en la norma, para la procedencia de la corrección.
De acuerdo con el inciso segundo del artículo 589 del Estatuto Tributario, la corrección realizada no impide la facultad de revisión, que se cuenta desde la fecha del acto administrativo que la aprueba o desde el vencimiento del término establecido para resolver la solicitud.
Para la Sala el rechazo efectuado por la Administración se basa en aspectos de fondo, derivados de la deficiencia probatoria, relativa a los valores corregidos frente a los registros contables, precisiones que al efectuarlas en el trámite de corrección de la declaración, excedió sus facultades legales pues objetó la solicitud por aspectos de fondo.
( 2015-09-29) Consultar
Conforme al artículo 8o. de la Ley 84 de 1988 (antes de ser modificado por la Ley 6a. de 1992), para corregir las declaraciones tributarias que no varíen el valor a pagar o que lo disminuyan o aumenten el saldo a favor, debe presentarse solicitud previa a la Administración, acompañada del respectivo proyecto de corrección con el fin de que se oficialice la mencionada corrección, que si es aceptada tácita o expresamente por la Administración, entra a reemplazar la liquidación presentada inicialmente y que goza en consecuencia de la presunción de veracidad que cobijaba a la primera.
En esas condiciones la facultad otorgada por el artículo 589 del E.T., debe interpretarse en concordancia con las demás normas de la legislación tributaria, particularmente las relativas al proceso de determinación oficial del tributo, tal como lo dispone el artículo 589 del E.T.
Si bien la administración goza de amplias facultades de fiscalización de la declaración, que ejerce entre otras a través de las liquidaciones de corrección aritmética y de revisión, sólo la notificación del pliego de cargos o del requerimiento especial tienen la capacidad de limitar y precluir la facultad de los contribuyentes de corregir sus declaraciones tributarias, ya sea por errores mecanográficos o de transcripción, o aún en aspectos de fondo tales como la modificación de las bases gravables, su depuración, aplicación de tarifas y en general, la corrección de todos aquellos factores sobre los cuales no ha iniciado actuación la Administración Tributaria, sin perjuicio de las correcciones provocadas (por el requerimiento y la liquidación de revisión) en los términos de los artículos 709 y 713, máxime cuando nadie está obligado a permanecer en el error.
De haberse practicado la liquidación oficial de corrección aritmética en la forma autorizada por la ley, ésta constituye un elemento más a tenerse en cuenta para efectos de la liquidación de revisión, por cuanto la norma es clara en determinar que la correspondencia se predica entre la liquidación privada y el requerimiento, en atención a que la facultad de corrección se ejerce sin perjuicio de la facultad de revisión, toda vez que esta última pretende modificar el monto del tributo determinado en la liquidación privada y en atención a que la primera, ésto es, la liquidación oficial de corrección aritmética, no está referida a la determinación oficial del impuesto, sino exclusivamente a enmendar errores de orden numérico por lo que el contribuyente puede válidamente modificar su declaración privada a través del procedimiento de corrección, que sustituye la presentada inicialmente.
En esta oportunidad, la Sala considera que le asiste razón al impugnante y reitera que la solicitud de modificación de la declaración prevista en el artículo 589 ibídem, sólo puede negarse por inobservancia de los requisitos de forma, mas no por razones de fondo, como las relacionadas con el derecho al reconocimiento de costos, deducciones, descuentos, exenciones - excepciones, retenciones en la fuente, o pruebas requeridas para su demostración, pues tales asuntos son materia de un proceso de revisión.
Y es que de acuerdo con el tenor literal de la disposición legal en comento, la corrección de la declaración tributaria debe cumplir con los siguientes requisitos formales:
Presentar una solicitud ante la Administración de Impuestos y Aduanas correspondiente,
Que la petición se realice dentro del año siguiente a la fecha del vencimiento del término para declarar y,
Adjuntar proyecto de corrección.
Cumplidos los requisitos mencionados, la Administración debe practicar liquidación oficial de corrección dentro de los seis meses siguientes a la presentación de la solicitud, so pena de que opere el silencio administrativo positivo a favor del contribuyente, sin que esté autorizada para entrar a debatir cuestiones de fondo del proyecto de corrección que deban ser discutidas a través del procedimiento revisión.
La Sala observa que la actuación administrativa no se ajusta a derecho, pues fundamentó el rechazo de la solicitud de corrección en aspectos de fondo denunciados por el contribuyente, y así desconoce de plano que la actora cumplió con los requisitos formales preceptuados en el artículo 589 ib. para la procedencia de la corrección, presupuestos que no fueron cuestionados por el ente fiscal.
Por tanto, como la accionante atendió los presupuestos exigidos por la Ley para corregir su declaración de renta y complementarios de 1997, ya que presentó la solicitud el 6 de abril de 1999 dentro del año siguiente a la fecha de vencimiento del plazo para declarar (16 de abril de 1998 Dto. 3049 de 1997) y allegó el proyecto de corrección respectivo, es procedente su aceptación.
Ahora bien, si la Administración pretendía cuestionar de fondo los rubros modificados de la declaración tributaria en cuanto al acervo probatorio que lo respaldaba, debió aplicar el inciso segundo del artículo 589 del Estatuto Tributario con la expedición de la liquidación oficial de corrección, para posteriormente utilizar la facultad de revisión establecida en los artículos 702 a 712 del mismo ordenamiento.
INSPECCION TRIBUTARIA - Suspensión del término para notificar requerimiento especial; requisito de su realización efectiva.
Según el Decreto 3049 de 1997, el plazo para presentar la declaración de renta del año gravable 1997, atendiendo a los últimos dígitos del NIT del demandante (71), era el 1 de julio de 1998. No obstante, consta en el proceso que la declaración se presentó el 5 de mayo de 1998. Conforme a lo anterior, el término para notificar el requerimiento especial, de que trata el artículo 705 del Estatuto Tributario, vencía inicialmente el 1 de julio de 2000.
Sin embargo, como se notificó auto de inspección tributaria el 23 de junio de 2000, dicho término se prorrogó por tres meses más, esto es hasta el 1 de octubre de 2000. Significa que fue oportuno el requerimiento especial, al ser notificado el 28 de septiembre de 2000.
Lo anterior, en aplicación del artículo 706 del Estatuto Tributario, después de ser modificado por la Ley 223 de 1995 artículo 251, según el cual: "El término para notificar el requerimiento especial se suspenderá: Cuando se practique inspección tributaria de oficio, por el término de tres meses contados a partir de la notificación del auto que la decrete".
Las pruebas recaudadas en desarrollo de la diligencia, resultan suficientes para que deba reconocerse que efectivamente se practicó la inspección tributaria, y por la misma razón, operó la suspensión del término para notificar el requerimiento especial.
La Sala ha considerado que la suspensión del término para notificar el requerimiento especial opera solamente cuando existe realmente una inspección, dado que la expresión "la práctica de inspección tributaria", contenida en el artículo 779 ib. implica que efectivamente ésta se realice; también se ha dicho que para que se entienda realizada, basta que dentro del período se realice al menos una prueba relacionada con la inspección.
EFICACIA PROBATORIA DE LOS LIBROS DE CONTABILIDAD - Inscripción en Cámara de Comercio
Es un hecho probado en el proceso y aceptado por el propio demandante, que los libros de contabilidad Mayor y Balances y Caja - Diario se registraron en la Cámara de Comercio de Santa Rosa de Cabal, el 6 de abril de 1999, y que los registros correspondientes a las operaciones realizadas en el año 1997 se efectuaron con posterioridad a la inscripción de los libros.
Según el artículo 126 del Decreto 2649 de 1993 (Estatuto Contable), "...para que puedan servir de prueba los libros deben haberse registrado previamente a su diligenciamiento, ante las autoridades o entidades competentes, en el lugar de su domicilio principal".
La anterior disposición es concordante con el artículo 29 del Código de Comercio, en su causal 4ª, según la cual, la inscripción de los libros contables podrá solicitarse en cualquier tiempo, "pero los actos y documentos sujetos a registro no producirán efectos respecto de terceros sino a partir de la fecha de su inscripción".
Por su parte, los artículos 772 y 774 del Estatuto Tributario, señalan que los libros de contabilidad del contribuyente constituyen "prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma"; y "son prueba suficiente, siempre que reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar registrados en la Cámara de Comercio..." .
Del texto de las mencionadas disposiciones se infiere que si bien es cierto, la inscripción de los libros de contabilidad puede hacerse en cualquier tiempo, éstos constituyen prueba a favor del contribuyente sólo a partir de su registro, y únicamente en relación con las operaciones registradas con posterioridad al mismo.
Ahora bien, tratándose de aplicar la presunción legal prevista en el artículo 755-3 del Estatuto Tributario, antes de ser modificado por la Ley 863 de 2003, artículo 29, se considera que los supuestos fácticos que permiten concluir el hecho presumido, son:
La existencia de indicios graves, de los que se pueda interpretar que las consignaciones verificadas corresponden a ingresos propios del contribuyente; y que las cuentas bancarias que figuran a nombre del contribuyente, no se encuentran registradas en su contabilidad.
Según se expone en los actos acusados y está probado en el expediente, el señor LUIS EVELIO GIRALDO GONZÁLEZ es el titular de la cuenta corriente N° 34403626-4 de BANCAFE, en la cual se realizaron consignaciones en el año 1997, por valor de $36.524.709.469; mientras que en su declaración de renta denunció ingresos por $513.782.000. Significa que se encuentra probado el indicio grave, pues se parte del supuesto lógico que las consignaciones realizadas en la cuenta del actor constituyen ingresos propios, a menos que se demuestre lo contrario.
También está demostrado que para el año gravable 1997 la mencionada cuenta corriente no se encontraba registrada en los libros de contabilidad del contribuyente, pues como él mismo lo manifiesta en su demanda, lo movimientos contables de dicho año fueron registrados con posterioridad a su ocurrencia y después del registro de los libros ante la Cámara de Comercio (abr. 26/99).
De otra parte se observa que las pruebas allegadas por el actor no permiten desvirtuar la presunción legal, en virtud de la cual se tiene como renta líquida gravable el 15% del valor de las consignaciones realizadas. En tales condiciones, es forzoso reconocer en este punto la legalidad de los actos acusados.
CUENTAS DE COBRO - No tienen fecha cierta y carecen de eficacia tributaria.
En cuanto a los pagos laborales ha sostenido el actor, tanto en vía gubernativa como ante la jurisdicción que se trata de "jornales", pagados a personas que cobran por cada bulto de café "descargado, acomodado o paleado" y que en consecuencia, no son salarios sobre los cuales deban realizarse los aportes parafiscales.
Para probar su afirmación allegó con ocasión del recurso de reconsideración fotocopias simples de las cuentas de cobro y recibos de caja menor y afirmó que, los gastos se encuentran debidamente contabilizados.
Para la Sala las mencionadas pruebas carecen de eficacia probatoria pues en primer término, las cuentas de cobro constituyen documentos privados que no tienen fecha cierta, en los términos del artículo 767 del Estatuto Tributario, luego no hay certeza sobre el concepto del gasto ni de sus reales beneficiarios.
De otra parte, habiéndose desvirtuado el valor probatorio de la contabilidad, por las razones ya expuestas, no resultan suficientes los recibos de caja para demostrar la viabilidad del gasto. En las circunstancias anotadas, debe reconocerse ajustada a derecho la actuación administrativa en cuanto rechaza la deducción solicitada por concepto de pagos laborales.