Source: https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/55050
Timestamp: 2020-02-23 04:44:17
Document Index: 60639260

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'artículo 25', 'Artículo 25']

Gaceta: LXII/3SPR-5/55050
La iniciativa tiene como finalidad establecer que toda persona tiene derecho al desarrollo, y por tanto, a participar en los asuntos económicos sociales, culturales, políticos y ambientales en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él.
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE DERECHO AL DESARROLLO
GLORIA BAUTISTA CUEVAS, Diputada Federal de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presenteIniciativa con Proyecto de Decreto que se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en lo siguiente:
El tema que propicia esta iniciativa es de la más alta importancia cuando se refiere al tema legislativo, toda vez que aborda diversas aristas en torno a un concepto común: el desarrollo.
Para poder entenderlo primero debemos remitirnos a su origen, que es heredero de la noción occidental del progreso surgido en la Grecia clásica y consolidada en Europa durante el período de la Ilustración bajo el supuesto que la razón permitiría descubrir las leyes generales que organizan y regulan el orden social y así poder transformarlo en beneficio de la gente. Pero también, el concepto de desarrollo fue antecedido por otros términos como civilización, evolución, riqueza y crecimiento.
Sin embargo, la expresión “desarrollo” ocasionalmente aparece en libros técnicos o documentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) antes del inicio de la posguerra. Recién adquiere una suerte de legitimidad universal en 1949, cuando el mandatario norteamericano Harry Truman en el discurso de inauguración de su mandato alude a vastas regiones del planeta como mundo subdesarrollado y plantea luchar contra esta situación en el marco del combate al comunismo.
A partir de este momento desarrollo y subdesarrollo comenzaron a ser utilizados regularmente por los organismos internacionales como términos explicativos del acrecentamiento de las distancias y diferencias socio-económicas entre los países ricos del norte y los países pobres del sur.
Con el surgimiento del mundo bipolar con los Estados Unidos y la Unión Soviética quienes se disputarán la hegemonía mundial en los años venideros, se aspiraba a construir en la posguerra un mundo nuevo y feliz. Un elevado optimismo reinaba en cuanto a la posibilidad que muchos países incluyendo a los recién conformados, gracias a la descolonización, pudieran marchar a paso firme hacia el sugerido desarrollo. Aquí es donde surge el famoso término “países en vías de desarrollo” que se refiere al proceso que nos llevará al desarrollo.
En 1985 la Organización de las Naciones Unidas, de la cual México es parte, expide la declaración del derecho al desarrollo, sobre la cual se conmina a los Estados a tomar las medidas pertinentes, incluidas las legislativas, para el reconocimiento de este derecho, sin embargo, en México aún no se considera como derecho sino únicamente como cuestión de Estado.
Como concepto el desarrollo adquiere un significado relevante y específico al interior de alguno de los enfoques que tratan de interpretar la realidad, proveniente de las ciencias sociales y experiencias occidentales de industrialización y cambio social.
De 1945 a 1980 se identifican con el desarrollo los enfoques sobre modernización y dependencia. Entre 1970 y 1990 se introducen las aproximaciones ambientalistas al desarrollo en un contexto en que en el mundo afloran problemas de deforestación, contaminación de las aguas, contaminación en las ciudades, el avance de la desertificación, entre otros, resultado en buena medida de modelos y estilos de desarrollo que consideran a los recursos naturales como inagotables y el lucro el fin supremo de los agentes económicos.
Entre 1970 y 1990 es notoria la aparición y progresiva consolidación de las aproximaciones medioambientales en torno al desarrollo, como lo fueron escalonadamente: el ecodesarrollo, el otro desarrollo, el desarrollo sostenido y el desarrollo sustentable.
En la década de 1990 se realizaron por convocatoria de Naciones Unidas una serie de Conferencias Mundiales teniendo como eje el desarrollo en temas como el comercio, la población, el desarrollo social, el hábitat y el medio ambiente, que dieron como resultado una serie de programas de acción con estrategias y metas concretas que los países deberían considerar e incorporar en sus políticas públicas nacionales.
En este contexto es que el trabajo legislativo se ha realizado en los últimos 40 años, con la introducción en el marco constitucional el 3 de febrero de 1983 la reforma al artículo 25 constitucional que declara al Estado como rector del desarrollo nacional. Anterior a esto no existía mención alguna sobre el concepto de desarrollo en la Constitución de 1917.
Destaca el hecho que se ubica este precepto dentro del capítulo de garantías constitucionales y derechos humanos, quizá porque en la década de 1980 el tema del desarrollo estaba debatiéndose en el seno de las Naciones Unidas como un Derecho. De todas formas este sigue siendo un pendiente del trabajo legislativo elevar de manera expresa el derecho al desarrollo en el artículo 25 y no dejarlo sólo como una cuestión rectora del Estado.
El desarrollo tiene varias características:
Primero, que sea integral y sustentable, es decir que se considere como un todo y hasta donde sea posible, exhaustivo, completo, que se cubran todas las partes y que garantice las viabilidades de las sociedades presentes y futuras;
Segundo, Que fortalezca la soberanía de la nación y a su régimen democrático; y
Tercero, que permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.
Derivado de este precepto constitucional y atendiendo el marco de derechos humanos que se fueron fortaleciendo e introduciendo en nuestro contexto nacional el Congreso de la Unión va trabajando en la creación de leyes relacionados con las distintas temáticas sobre el desarrollo y por ello se han incluido en nuestro marco jurídico leyes tales como las de desarrollo social, desarrollo rural sustentable, desarrollo forestal sustentable y un gran números de otras que incorporan en su corpus el tema del desarrollo de acuerdo a la temática a legislar.
No obstante siguen existiendo numerosos pendientes para ser abordados en las Cámaras del Congreso. Primero será el reconocimiento constitucional del derecho al desarrollo y la garantía del Estado para propiciarlo y evitar con ello el paternalismo, el asistencialismo, el clientelismo y la compra de votos en épocas electorales como la que estamos viviendo.
En segundo término, se debe quitar el sesgo oficialista y programador a la ley sobre desarrollo social ya que sólo le sirve al gobierno y no a la gente.
Con referencia al tema del desarrollo y la gobernabilidad democrática, se insiste en poner énfasis en el empoderamiento de los sujetos sociales, de sus comunidades, del reconocimiento de la colectividades sociales como sujetos de derecho pleno para el logro de una democracia autogestiva, autoadministrada, automanejada por la sociedad y sus grupos.
En naciones como las nuestras, debemos pasar ya de una democracia representativa a una de participación plena de la sociedad, que revierta las ideas neoconservadoras que son reacias en reconocer los colectivos sociales, limitando su ejercicio, so pretexto de que sólo basta con el reconocimiento individualista e individualizador de libertades e igualdades, con base en el conjunto de derechos humanos de cualquier generación.
Esto implica también modificar la actuación tanto de las autoridades administrativas, como las de carácter judicial, para hacer una autentica defensa de derechos en el ejercicio de la gobernabilidad democrática, basada en el derecho al desarrollo.
Esta gobernabilidad requiere, además, el establecimiento de instrumentos para una mejor distribución del ingreso, para cumplir con la justicia y equidad social que exige el discurso del desarrollo integral y sustentable.
Como pueden observar son muchos los trabajos pendientes en torno al tema amplio del desarrollo y sus diversas aristas buscando:
que se atienda realmente a la población y no sólo al capital privado,
que resguarde la soberanía y no la entregue al mejor postor a cambio de puestos futuros en universidades y compañías trasnacionales
que asegure la calidad de vida de la gente, su ingresos y su acceso equitativo a programas públicos, y no sólo atienda a sus clientes electorales
que reconozca los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables, los grupos con mayor exposición social y los migrantes, y no seguir viéndolos como la escoria de la sociedad
Con base en lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente:
Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue:
Artículo 25.-Toda persona tiene derecho al desarrollo para participar en los asuntos económicos, sociales, culturales, políticos y ambientales en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. La Ley en la materia establecerá las disposiciones para hacer exigible este derecho, definiendo las competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno.
Dado en el Salón de Sesiones de la Comisión Permanente a los veinte días del mes de mayo del año dos mil quince