Source: https://it.scribd.com/document/431649491/Abogado-Defensor
Timestamp: 2020-08-14 12:34:03
Document Index: 405683485

Matched Legal Cases: ['Artículo 80', 'Artículo 84', 'Artículo 94', 'artículo\n816', 'artículo 95', 'Artículo 98', 'artículo 12', 'artículo 14']

Abogado Defensor | Derecho penal | Procedimiento Criminal
El abogado es el profesional en derecho que se constituye en nexo entre la persona que reclama justicia por tener la condición de agraviado, exige un derecho por tener la condición de actor civil o de imputado por que se le atribuye la comisión de un delito; y el fiscal que conduce la investigación y el Juez que va a determinar la situación jurídica de las partes.
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protección de la víctima
Artículo 80°.- Derecho a la defensa técnica
El Servicio Nacional de la Defensa de Oficio, a cargo del Ministerio de Justicia,
proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que dentro del proceso penal, por
sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o
cuando resulte indispensable el nombramiento de un abogado defensor de
oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso.
En la actualidad, el Ministerio de la Defensa está constituido por todos los
defensores de oficio. Incluye como beneficiarios de un servicio gratuito de
defensa no sólo a los inculpados y acusados que no pueden designar defensor
de parte o rehúsan designarlo por ser analfabetos, sino también a las víctimas
de violencia sexual, meno- res de edad (Ley N° 27055).
Algunos autores consideran dentro del Ministerio de la Defensa también a los
abogados designados por las partes, ya que en ambos casos cumplen la
misma función: defender a quienes han sido denunciados o sometidos a un
proceso penal, así como todos aquellos que defienden los intereses de la parte
civil y de los terceros civil- mente responsables.
En el nuevo Código Procesal Penal se utiliza otra denominación, se hace
referencia al «Servicio Nacional de Defensa de Oficio» destinado a proveer de
defensa gratuita a quienes por sus es- casos recursos no pueden designar un
abogado de su elección o cuando resulte indispensable su presencia para
garantizar la legalidad y el debido proceso. (Caderón, 2012, p.157).
El abogado es el profesional en derecho que se constituye en nexo entre la
persona que reclama justicia por tener la condición de agraviado, exige un
derecho por tener la condición de actor civil o de imputado por que se le
atribuye la comisión de un delito; y el fiscal que conduce la investigación y el
Juez que va a determinar la situación jurídica de las partes.
El artículo IX numeral 1 del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Penal,
establece que, toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le
informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y
detalladamente la imputación formulada en su contra y básicamente que tiene
derecho a ser asistida por un Abogado Defensor de su elección o, en su caso,
por un abogado de oficio, desde que es citada o detenida por la autoridad.
Uno de los avances de este nuevo Código es el desarrollo de un catálogo de
derechos que corresponden al abogado defensor, los que a continuación se a
Artículo 84°.- Derechos y deberes del abogado defensor
El abogado defensor goza de todos los derechos que la ley le confiere para el
ejercicio de su profesión, especialmente de los siguientes:
1. Prestar asesoramiento desde que su patrocinado fuere citado o detenido por
2. Interrogar directamente a su defendido, así como a los demás procesados,
3. Recurrir a la asistencia reservada de un experto en ciencia, técnica o arte
durante el desarrollo de una diligencia, siempre que sus conocimientos sean
requeridos para mejor defender. El asistente deberá abstenerse de intervenir
4. Participar en todas las diligencias, excepto en la declaración prestada
durante la etapa de investigación por el imputado que no defienda.
7. Tener acceso a los expedientes fiscal y judicial para informarse del proceso,
sin más limitación que la prevista en la ley, así como a obtener copia simple de
las actuaciones en cualquier estado o grado del procedimiento.
8. Ingresar a los establecimientos penales y dependencias policiales, previa
identificación, para entrevistarse con su patrocinado.
9. Expresarse con amplia libertad en el curso de la defensa, oralmente y por
escrito, siempre que no se ofenda el honor de las personas, ya sean naturales
10. Interponer cuestiones previas, cuestiones prejudiciales, excepciones,
recursos impugnatorios y los demás medios de defensa permitidos por la ley.
El abogado defensor está prohibido de recurrir al uso de mecanismos dilatorios
que entorpezcan el correcto funcionamiento de la administración de justicia.
Para salvaguardar su efectividad el Estado asume la obligación de dotar de un
defensor de oficio a los sujetos que no se encuentre en condiciones de asumir
el pago del profesional que se habrá de ocupar de su defensa técnica. Se ha
denominado a este supuesto: derecho a contar con un abogado de oficio.
En la Etapa de Juzgamiento, la participación del Abogado será: Formular sus
alegatos iniciales, interrogar directamente al acusado. Participar en el examen
y contra examen, según el caso, de testigos y peritos. Participar en la
incorporación de la prueba documental. Formular sus alegatos finales Mantener
una comunicación constante e inmediata con su patrocinado durante la
Si el Defensor no asiste injustificadamente a dos diligencias, el procesado será
requerido para que en el término de veinticuatro horas designe al
reemplazante, de no hacerlo se nombrará uno de oficio.
El Abogado deberá respetar el carácter de reservado de la investigación. Las
copias de los actuados que obtenga son exclusivamente para uso de la
defensa. Está obligado a mantener la reserva de Ley, bajo responsabilidad
disciplinaria. Si se verificara reincidencia se notificará al patrocinado para que
lo sustituya en el término de dos días de notificado. Si no lo hiciera, se
nombrará uno de oficio. (Chanamé, 2006, p. 336)
Según Calderón (2012) señala: También se establecen ciertas consecuencias
ante su falta de diligencia, esa así que si el abogado no asiste a las diligencias
a las que fue citado y éstas tienen carácter inaplazable será reemplazado por
otro que designe el imputado o por uno de oficio. Y si no asiste
injustificadamente a dos diligencias será requerido para que en el término de
veinticuatro horas designe a su reemplazante o se nombrará uno de oficio.
LA VÍCTIMA Y EL ACTOR CIVIL
Artículo 94°.- Definición
1. Se considera agraviado a todo aquél que resulte directamente ofendido por
el delito o perjudicado por las consecuencias del mismo. Tratándose de
incapaces, de personas jurídicas o del Estado, su representación corresponde
a quienes la Ley designe.
2. En los delitos cuyo resultado sea la muerte del agraviado tendrán tal
condición los establecidos en el orden sucesorio previsto en el artículo
816° del Código Civil.
3. También serán considerados agraviados los accionistas, socios, asociados o
miembros, respecto de los delitos que afectan a una persona jurídica cometidos
por quienes las dirigen, administran o controlan.
4. Las asociaciones en los delitos que afectan intereses colectivos o difusos,
cuya titularidad lesione a un número indeterminado de personas, o en los
delitos incluidos como crímenes internacionales en los Tratados Internacionales
aprobados y ratificados por el Perú, podrán ejercer los derechos y facultades
atribuidas a las personas directamente ofendidas por el delito, siempre que el
objeto social de la misma se vincule directamente con esos intereses y haya
sido reconocida e inscrita con anterioridad a la comisión del delito objeto del
Según Calderón (2012) La víctima o agraviado es la persona directa- mente
afectada por la conducta delictiva o perjudicada por sus consecuencias. Esta
definición que trae el nuevo Código Procesal Penal recoge la solución a la
dificultad que se presentó en aquellos delitos en los que no sólo existía un
sujeto pasivo del delito (titular del bien jurídico afectado), sino también un
sujeto pasivo de la acción (que sufría las consecuencias directas de la
conducta desplegada por el agente).
Existe una ampliación en el concepto de agravia- do, de modo que se
consideran como tales a los herederos del occiso considerando el orden de
prelación que prevé la legislación civil, también los accionistas, socios,
asociados o miembros de los delitos cometidos en agravio de la persona
jurídica que dirigen, administran o controlan. Se advierte que los bienes no son
siempre individuales, pues también pueden ser difusos o colectivos, en cuyo
caso la legitimidad para obrar pue- de estar en manos de cualquier persona o
de las organizaciones que los representan. Nuestro legislador procesal incluye
en el patrocinio de intereses difusos a los delitos de lesa humanidad, en lo que
podría afirmarse “afectaciones individuales homogéneas”. (P.146)
En el nuevo Código Procesal Penal se reivindica a la víctima mediante una
serie de cambios o Reconocimiento de un catálogo de derechos. El artículo 95°
del ordenamiento procesal re- conoce los siguientes derechos: a ser informa do
de los resultados de la actuación en la que ha intervenido, así como del
resultado del procedimiento, aun cuando no hubiera intervenido en él; a ser
acción penal; a recibir un trato digno por parte de las autoridades competentes;
a la reserva de su identidad en los delitos contra la libertad sexual y a impugnar
el sobreseimiento o la sentencia absolutoria.
Si se tratara de varios agraviados, éstos pueden de- signar a un apoderado
común, siempre que se den las condiciones previstas en la ley: que no existan
defensas incompatibles, que no representen intereses singulares o formulen
pretensiones diferenciadas y cuando el Juez lo re- quiera. Se advierte en este
punto un tratamiento cuidadoso de parte del legislador de las facultades que
confiere a la víctima, estableciéndose un catálogo cerrado o numerus clausus.
(Calderón, 2012, p. 147)
Artículo 98°.- Constitución y derechos
La acción reparatoria en el proceso penal sólo podrá ser ejercitada por quien
resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la Ley civil esté
legitimado para reclamar la reparación y, en su caso, los daños y perjuicios
producidos por el delito.
La comisión de un delito genera dos clases de acciones:
De carácter penal, destinada a conseguir la aplicación de la sanción que es de
orden público y, como tal, no puede ser modificada por determinación privada.
El ejercicio de la acción penal corresponde generalmente al Ministerio Público.
De carácter civil, destinada a conseguir el resarcimiento económico del daño
causado por el delito, pues éste ocasiona un perjuicio a la víctima, sea un daño
moral o material.
El ejercicio de la acción civil en el proceso penal corresponde a la persona
lesionada o perjudicada por el delito, pero también tienen legitimidad para obrar
sus parientes más cercanos (consideran- do el orden sucesorio) o
representante; es de interés privado y tiene un contenido patrimonial. La
sanción civil (reparación civil) puede ser objeto de transacción o renuncia.
La acción civil ya no se considera como una pretensión accesoria a la penal, de
modo que se abandona la idea de que la existencia del proceso penal es el
presupuesto necesario para ejercitar la acción civil; en otras palabras, se
abandona la idea de que cuando se desecha la acción penal, desaparece la
pretensión civil derivada del delito. El nuevo Código Procesal Penal las
considera pretensiones autónomas considerando que tienen presupuestos
distintos para su configuración: mientras la responsabilidad penal se sustenta
en la existencia de un delito y de culpabilidad, mientras la responsabilidad civil
se sustenta en la existencia de un daño.
Tan es así que dispone: “La sentencia absolutoria o el auto de sobreseimiento
no impedirá al órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la acción civil derivada
del hecho punible válidamente ejercida, cuando proceda” (artículo 12°.3).
También se prevé que en caso de aprobar u homologar la transacción
realizada por este ex- tremo no corresponde al Fiscal pronunciarse sobre la
reparación civil en su acusación (artículo 14°.2).
Se puede ejercitar conjuntamente con la acción penal (el nuevo Código
Procesal Penal, al igual que el Código de Procedimientos Penales, asume el
sistema francés, llamado también sistema de “unidad de causa”, que se inspira
en el principio de economía procesal) y su ejercicio es potestativo. El agraviado
puede recurrir a otra vía o no ejercitar la acción: si opta por ejercer su derecho
en la vía penal ya no podrá presentar su demanda indemnizatoria en la vía
extrapenal, salvo que desista antes del inicio de la etapa intermedia, en cuyo
caso deberá correr con el pago de costas.
Para constituirse en parte civil se deben observar las siguientes condiciones:
Que la acción nacida del delito afecte a quien la ejercita.
Existencia de daño material o moral acredita- dos y apreciables
económicamente. Interés personal, directo y actual, no futuro.
Si se trata de un pariente del agraviado o su representante, deberán acreditar
el entroncamiento y la representación, respectivamente.
El actor civil busca en el proceso penal el resarcimiento del daño causado por
el delito, en otras palabras, busca obtener la reparación civil que comprende:
1. La restitución de la cosa. La restitución es procedente cuando el delito
se ha consistido en la sustracción de la cosa y es posible recuperarla y
devolverla a su dueño. La restitución tiende a reintegrar la cosa a su legítimo
propietario o, en algunos casos, en vez de devolver la cosa, dar su equivalente
2. El resarcimiento por daños y perjuicios. El resarcimiento viene a ser
la reparación del daño ocasionado por el delito, comprende tanto el daño
emergente como el lucro cesante.
En el antiguo Código de Procedimientos Penales, la constitución del agraviado
en parte civil no eximía al Ministerio Público de perseguir la reparación del
delito. En ese sentido la parte civil coadyuvaba con el Fiscal pero no lo
reemplazaba ni lo exoneraba de esta obligación que la ley le impone. Con la
revalorización que se hace de la víctima en el nuevo sistema y teniendo en
consideración el principio de igualdad de armas, una vez que se ha constituido
en actor civil, el agraviado asume el control de su pretensión. La labor del
Fiscal es totalmente independiente, de modo que expresamente señala el
Código que el Fiscal pierde legitimación sobre el objeto civil del proceso
cuando la víctima o perjudicado se haya constituido en actor civil.
También calderón (2012) manifiesta: En el antiguo Código de Procedimientos
Penales, la constitución del agraviado en parte civil no eximía al Ministerio
Público de perseguir la reparación del delito. En ese sentido la parte civil
coadyuvaba con el Fiscal pero no lo reemplazaba ni lo exoneraba de esta
obligación que la ley le impone. Con la revalorización que se hace de la víctima
en el nuevo sistema y teniendo en consideración el principio de igualdad de
armas, una vez que se ha constituido en actor civil, el agraviado asume el
control de su pretensión. La labor del Fiscal es totalmente independiente, de
modo que expresamente señala el Código que el Fiscal pierde legitimación
sobre el objeto civil del proceso cuando la víctima o perjudicado se haya
constituido en actor civil. (P.153)
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