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Timestamp: 2019-07-22 09:30:57
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Matched Legal Cases: ['artículo 306', 'artículo 146', 'artículo 79', 'artículo 80', 'artículo 119', 'artículo 124', 'artículo 142', 'artículo 146', 'artículo 170', 'artículo 277', 'artículo 142', 'artículo 146', 'artículo 25']

Miércoles, 04 de Septiembre de 2013 07:58
El rol social de la ex Esma
H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) respondió sobre el cuestionamiento de las actividades que se realizan en el Ente Público Espacio Memoria y Derechos Humanos, donde funcionaba la ESMA en tiempos de la dictadura
Los hijos de las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar que trabajan en el hoy espacio público donde funcionó -durante dicha dictadura- el centro de detención clandestino en el predio de la Escuela de Mecánica de la Armada, invitaron a todos los periodistas de Clarín y La Nación a "visitar por primera vez la ex ESMA", luego de los cuestionamientos recibidos por estos medios y afines, y también miembros de otros colectivos de derechos humanos, sobre las actividades lúdicas que se realizan en el lugar.
Indicaron que "para Clarín en la ex ESMA debería haber olvido y silencio, especialmente sobre los delitos de lesa humanidad que cometió", y emitieron un comunicado público donde expresan "No recuperamos los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio para hacer un duelo personal. Por eso, estamos convencidos de que los espacios de memoria no nos pertenecen sólo a nosotros: son de todos y todas".
"Si no tuviéramos más de 400 genocidas condenados y más de 1.000 procesados, probablemente no estaríamos discutiendo el rol social que deberían cumplir los sitios de memoria" (...) "¿Qué es banalizar la memoria? ¿Memoria es tener sitios de memoria vacíos, sin actividades y con edificios que se caen?" reflexionaron.
Agregaron que "La ex ESMA es un espacio abierto al debate. Los organismos de derechos humanos nos reunimos todas las semanas en un Directorio que siempre está abierto a escuchar las diferentes opiniones y posiciones. El lugar para debatir la memoria no son los estudios de TN y Canal 13, ni de aquellos medios que nunca escucharon al pueblo".
"...en estos años hemos entendido que nada se podía construir desde la tragedia, que los Espacios de Memoria no son cementerios, que debemos resignificarlos para que desde la alegría de estar vivos y dignos, puedan ser apropiados por el pueblo en su conjunto".
Culminaron diciendo "No vamos a permitir que se instale un debate falso, ...falta que mucha gente conozca el Espacio, entre ellos quienes nos difaman. En la ex ESMA hay 32 edificios y los que fueron lugar específico de cautiverio están preservados".
"Lo que fue la ESMA desde el año 2004, a partir de la decisión política de Néstor Kirchner, es el Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos. Como su nombre lo indica, se realizan diferentes actividades que promocionan y defienden los derechos humanos. Ahí, entre otras cosas, funciona la Tecnicatura de Música Popular en el edificio de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, de donde justamente salían los tambores que tanto horrorizaron a dos sobrevivientes. Tamaña paradoja: ese día, los estudiantes estaban ensayando una canción que luego sería presentada en el acto de las Madres, Familiares y Abuelas por el Día del Detenido-desaparecido en el Teatro La Máscara".
La respuesta completa de HIJOS dice:
"Ante las agresiones y difamaciones recibidas, creemos necesario responder a la nefasta operación política disfrazada de noticia, en la que se nos acusa de haber intentado banalizar las políticas de memoria implementadas en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
Las preguntas están abiertas: ¿qué es la memoria? ¿Qué es banalizar la memoria? ¿Memoria es tener sitios de memoria vacíos, sin actividades y con edificios que se caen? La ex ESMA es un espacio abierto al debate. Los organismos de derechos humanos nos reunimos todas las semanas en un Directorio que siempre está abierto a escuchar las diferentes opiniones y posiciones. El lugar para debatir la memoria no son los estudios de TN y Canal 13, ni de aquellos medios que nunca escucharon al pueblo.
Hubiéramos preferido ver tantas noticias en esos medios masivos sobre los juicios a los genocidas, la búsqueda de nuestros hermanos apropiados y la de los cuerpos de los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, sobre el ejemplo mundial que es nuestro país por las luchas populares contra la impunidad y por las políticas de Estado de Memoria, Verdad y Justicia".
Jueves, 01 de Agosto de 2013 18:38
Gobierno congeló fideicomisos que financiarían a represores prófugos
El ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que se tomó conocimiento de la existencia del fideicomiso financiero SJ2 durante una investigación interna iniciada en su cartera a partir de que el represor prófugo, Jorge Antonio Olivera, representó como abogado a varios militares por demandas salariales
Se trata de los fideicomisos del represor condenado por delitos de lesa humanidad Jorge Antonio Olivera, que hoy cumple una semana como prófugo, luego de fugarse del Hospital Militar junto a otro represor detenido, Gustavo De Marchi.
Olivera tenía un estudio de abogados en sociedad con Jorge Appiani, también represor y actualmente preso en Entre Ríos, quienes "no solo actuaron en muchas oportunidades defendiendo a condenados por delitos de lesa humanidad, como por ejemplo a (Guillermo) Suarez Mason, sino que también actuaban contra el ministerio de Defensa en reclamos del personal militar por actualización de haberes”.
Rossi explicó que en el marco de la revisión de uno de esos juicios fue que el Ministerio de Defensa descubrió que Olivera y Appiani tenían armado un fideicomiso a través del cual liquidaban la totalidad de los honorarios percibidos en esos juicios y que Olivera podría estar financiando sus gastos como prófugo de esos fondos.
"Según el balance al 31 de diciembre del 2010, el fideicomiso financiero SJ2 tenía fondos por 9.457.804 pesos, provenientes de honorarios ya regulados o pacto de cuota litis", precisó Rossi en referencia a los datos descubiertos durante la investigación interna.
Pero este fideicomiso fue cambiando de nombres durante los últimos años, mientras Olivera todavía estaba en prisión, según surge de los registros de la cartera de Defensa.
Dado que estos fondos serían los que podrían estar financiando al prófugo Olivera, la Unidad de Información Fiscal actuó enseguida para congelar estos fondos basándose en el artículo 306 del Código Penal por tratarse de "financiamiento para terrorismo", que en este caso sería Terrorismo de Estado, explicó el titular de la UIF, José Sbatella.
Ayer, la UIF ya había dispuesto el "congelamiento administrativo" de los bienes de ambos prófugos. El objetivo es, según señaló Sbatella, "paralizar todos los movimientos económicos a través del congelamiento de cuentas bancarias, tarjetas de créditos, fondos fiduciarios, viviendas y autos".
Incluso, a pedido del Poder Ejecutivo la Afip suspendió los cuil y cuit de ambos prófugos.
Por su parte, el ministro de Justicia, Julio Alak adelantó que hoy mismo se ampliará la denuncia ante la Justicia para que se investigue el contexto de la fuga. El documento para la administración de bienes "financiaría tanto el escape como la vida diaria de los genocidas prófugos", agregó Alak.
Jorge Appiani ostentaba el grado de capitán auditor y era quien llevaba adelante las asesorías legales durante los Consejos de Guerra que se llevaron a cabo. También está acusado de participar en secuestros y torturas e intentos de asesinato. Appiani es también abogado y tiene un estudio jurídico donde era socio con Jorge Olivera, al que defendió en Italia cuando éste fue detenido por su participación en el asesinato de Marianne Erize. Actualmente (2008) Appiani está imputado en el Legajo Número 11.405 de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que lleva por nombre "Capitán Auditor Jorge Humberto Appiani - Número 221.416 sobre Supuestos Apremios Ilegales".
fideicomiso SJ2
Jorge Appiani
El Director teatral Carlos Rivas realizó una dura crítica a las Abuelas de Plaza de Mayo desde el diario La Nación.
"Hace unos días me piden que se lea al público una carta apoyando la nueva edición del ciclo Teatro por la Identidad al finalizar la función de nuestra obra, como es costumbre en todos los teatros de Buenos Aires. Decenas de veces lo hicimos en otros espectáculos y yo mismo, en persona, fui el encargado de leerlo alguna vez. Siempre lo hice muy entusiasmado, como un acto que me obligaba moralmente y a la vez me enaltecía".
El diario La Nación publicó la carta abierta en tapa.
Por su parte, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en diálogo con La Mañana por Continental expresó "Qué lindo hubiera sido que tocara el timbe de nuestra casa y viniera a hablar con nostros y le dariamos nuestras explicaciones coinicidentes o no" .
"Le quiero recordar a este joven que "las Abuelas tardamos 16 años en que la justicia reconozca que hubo un plan sistemático de robos de bebes y se condenara con 50 años al hoy fallecido genocida Videla. Esa es la justicia que no queremos: que tarden años, que cajoneen causas porque no conviene sacarlas porque son amigos o porque son una corporación".
pliego del general Milani,
Martes, 16 de Julio de 2013 08:53
Timerman presentó una denuncia por el espionaje a argentinos
El canciller presentó hoy ante la Procuración General de la Nación la documentación que le fuera entregada en la Cumbre del Mercosur, que incluye un centenar de correos electrónicos y sus respectivas contraseñas, pertenecientes a dirigentes políticos del oficialismo y la oposición, víctimas de una red de espionaje internacional
El Canciller Héctor Timerman denunció hoy ante la Procuración General de la Nación la posible comisión de un delito, aportando a tal efecto el sobre que contiene una decena de páginas en las que se encuentran impresos los nombres de funcionarios, miembros del Poder Legislativo, periodistas y diplomáticos argentinos, acompañados de sus supuestos correos electrónicos y sus claves de seguridad, y que le fuera entregado el pasado viernes 12 de julio por la tarde, mientras se desarrollaba la Cumbre del Mercosur en la ciudad de Montevideo, por un alto funcionario de un país participante del encuentro regional.
Luego del sorteo practicado la denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 a cargo de Sebastián Ramos.
El escrito de la denuncia señala que “el día 12 de julio, entre las 16.00 y 17.00 horas aproximadamente, un funcionario de alto rango de uno de los países participantes de este encuentro regional, y a quien conozco por las función que me toca ejercer dentro del Poder Ejecutivo Nacional, se acercó y me entregó un sobre tamaño oficio solicitándome que revise su contenido”.
“El sobre que me fue entregado –prosigue el escrito- contenía una decena de páginas en las que se encontraban impresos los nombres de funcionarios, miembros del Poder Legislativo, periodistas y diplomáticos argentinos, acompañados de sus supuestos correos electrónicos y sus correspondientes claves de seguridad. Entre ellas, cabe señalar, aparecen listadas personas que no ocupan, en la actualidad, el cargo con el cual aparecen sindicadas en esa documentación”.
Luego, añade que “dada la relevancia del tema, este funcionario solicitó que mantuviéramos una reunión en una sala privada, fuera del recinto de sesiones. Una vez en el lugar, me fue presentado otro funcionario que, según se indicó, era miembro de los servicios de seguridad de su país. Asimismo, se hallaba presente un miembro del gabinete nacional de un tercer país quien recibió, al igual que yo, un sobre conteniendo similar información”.
En su denuncia, Timerman agrega que “durante la reunión, ambos funcionarios pusieron en mi conocimiento que sus servicios de inteligencia se encontraban desde hacía un tiempo investigando una operación de espionaje que operaba sobre su gobierno”.
“En el contexto de esa investigación lograron acceder a información que formaba parte de la operación y que involucraba datos de personajes públicos de distintos países latinoamericanos. Por esta razón, y si bien las tareas investigativas no habían finalizado aún, manifestaron que su criterio era que la sensibilidad del asunto exigía que se hiciera entrega a las autoridades argentinas de toda aquella información que involucraba a nuestro país”, asegura.
Además, el Canciller argentino subraya que “en tales circunstancias, procedí a informar lo relatado precedentemente a la Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, que se encontraba presidiendo la delegación argentina en la Cumbre. Bajo sus instrucciones procedí a dar a conocer lo sucedido a la prensa, a la vez que ordené que se extrajeran copias del listado que me había sido entregado, evitando que aparezca la información confidencial sobre las personas que figuraban en el listado, que fueron entregadas a los medios de comunicación presentes”.
La red de espionaje internacional alcanzaría también a otros cuatro Estados miembros y adherentes del Mercosur.
Parte de la lista de los políticos argentinos espiados por esta supuesta red internacional:
El gobernador bonaerense Daniel Scioli; el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak; el titular de la Afsca, Martín Sabbatella (aunque figura como diputado nacional); el secretario de Energía, Daniel Cameron, y el agente de la SIDE José Francisco Larcher.
Además de la intendenta de Paraná, Blanca Osuna (figura como diputada); el ex canciller Jorge Taiana (como si tuviera en funciones); el periodista Eduardo Aliverti; la flamante embajadora argentina ante la OEA, Nilda Garré (bajo la leyenda “ex monto/Min Def”); la diputada PRO Gabriela Michetti (figura como vicejefa del Gobierno porteño); el ex juez español Baltasar Garzón y el vicepresidente Amado Boudou (como titular de la Anses).
También el diputado Carlos Heller; el intendente de Tigre, Sergio Massa; el fallecido subsecretario de Comercio, Iván Heyn, y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo.
espionaje a Argentina
Timerman espionaje
En secreto el genocida Videla fue sepultado en el cementerio Memorial de Pilar
Luego del repudio por parte de los vecinos de Mercedes, donde nació el represor Jorge Rafael Videla, la familia decidió enterrarlo en el más absoluto secreto en Pilar. El genocida murió el pasado 17 de mayo cumpliendo cárcel común por delitos de lesa humanidad durante el terrorismo de estado
El entierro se realizó el 23 de mayo. Así consta en la licencia de inhumación expedida por el Registro Civil de Marcos Paz y acercada al Juzgado Federal N° 3 de Morón por uno de los hijos de Videla, a las 11 de la mañana de hoy.
Fuentes del Juzgado Federal N° 3 de Morón , a cargo de Juan Pablo Salas, confirmaron a Infojus Noticias que el cuerpo del dictador Jorge Rafael Videla fue enterrado en el cementerio privado Memorial de Pilar el jueves 23 de mayo, el mismo día que fue retirado de la morgue judicial.
Así consta en la licencia de inhumación, que fue expedida por el Registro Civil Delegación Marcos Paz ese día, y acercada al juzgado por Pedro, uno de los hijos de Videla a las 11 de la mañana de hoy.
El Memorial de Pilar es el mismo cementerio donde fueron enterrados el ex ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz (el 16 de marzo), y el represor y ex jefe de la Armada Eduardo Emilio Massera (el 10 de noviembre de 2010). Igual que el de Massera, el funeral de Videla fue realizado en estricto silencio. Personal del cementerio privado negó el jueves pasado y también hoy que el dictador hubiera sido enterrado ahí. Pero fuentes judiciales lo confirmaron esta mañana.
De la constancia entregada por la familia no surge la ubicación de la parcela donde se realizó de la inhumación. Pero el juez solicitó al cementerio conocer el lugar exacto, tal como suele consignarse en todos los casos.
Videla Pilar
Lunes, 15 de Abril de 2013 10:42
Ofrecen recompensa para ubicar a víctimas de la sustracción de menores durante la dictadura
El Ministerio de Justicia ofreció $ 100 mil de recompensa a quienes puedan brindar datos útiles que posibiliten ubicar a víctimas de la sustracción de menores durante la dictadura. Hasta la fecha se localizaron 108 jóvenes, pero aún resta encontrar víctimas de ese delito, dice la Resolución.
El Ministerio de Justicia por Resolución 376/2013 publicada hoy en el Boletín Oficial, ofrece $ 100.000 de recompensa a quienes (sin haber intervenido en el hecho delictual) brinden datos útiles que resulten determinantes para dar con el paradero y consecuente libertad de aquellas personas que hubiesen sido víctimas del delito de sustracción de menores (artículo 146 del Código Penal) en el marco del Terrorismo de Estado, permitiendo con la información brindada restituir la identidad de esas víctimas.
Precisa que los que quieran suministrar datos deberán comunicarse telefónicamente con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia al (011) 5300-4020. El pago de la recompensa será realizado en el Ministerio de Justicia o en el lugar que designe el representante de esta Cartera de Estado, previo informe del representante del Ministerio Público Fiscal sobre el mérito de la información aportada, preservando la identidad del informante.
La resolución lleva la firma del ministro de Justicia, Julio C. Alak.
En los considerandos expresa que una de las prácticas que caracterizó a la dictadura cívico - militar que llevó adelante el Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983 consistió en la apropiación de los hijos de sus víctimas y su entrega a terceros, produciendo de esta manera la desaparición forzada de estos niños a través de la supresión de sus identidades.
Agrega que si bien a la fecha, se ha logrado la restitución de 108 jóvenes víctimas de los delitos de sustracción de menores durante el Terrorismo de Estado entre 1976 y 1983, aún restan encontrar hombres y mujeres víctimas de ese delito.
Tales conductas criminales –agrega- han ocasionado daños irreparables a la sociedad en su conjunto y en particular, a quienes han visto suprimida o alterada su verdadera identidad, así como a sus familias, quienes los han buscado por más de 35 años.
Precisa luego que mediante la Ley Nº 26.538 se creó el Fondo Permanente de Recompensas, bajo la órbita del Ministerio de Justicia, destinado a abonar una compensación dineraria a aquellas personas que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles para obtener la libertad de la víctima, preservar su integridad física, o lograr la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en la comisión de delitos de homicidio (artículo 79 del Código Penal), homicidio agravado (artículo 80 del Código Penal), violación (artículo 119 del Código Penal), violación seguida de muerte (artículo 124 del Código Penal).
También en los delitos de privación ilegal de la libertad calificada (artículo 142 bis del Código Penal), sustracción de menores (artículo 146 del Código Penal), secuestro extorsivo (artículo 170 del Código Penal), los tipificados en los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley Nº 23.737 (estupefacientes), robo a entidades bancarias, o en el encubrimiento de cualquiera de éstos (artículo 277 del Código Penal); y en todos aquellos delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen la recompensa para el suministro de información.
Expresa que toda desaparición forzada implica la privación de la libertad de la víctima, un delito permanente tal como ha quedado establecido en la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (artículos II y III) y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (artículos 2 y 8), ambas ratificadas por la Argentina. Expresa que en el ámbito interno tanto la tipificación de la desaparición forzada de niños (artículo 142 ter, segundo párrafo) como la sustracción, retención y ocultamiento de menores de 10 años (artículo 146) en el Código Penal también han sido considerados delitos contra la libertad, razón por la cual fueron incorporados al Capítulo I del título V de dicho cuerpo normativo.
La mencionada Convención Internacional –dice- considera además la especial situación de la desaparición forzada de niños, exigiendo a los estados partes la adopción de las medidas necesarias para buscarlos, identificarlos y restituirlos a sus familias de origen (artículo 25.2).
Agrega que la Ley Nº 26.538 tiene la potencialidad de coadyuvar a esa obligación estatal a través del ofrecimiento de recompensas con el fin de recabar datos útiles para obtener la libertad de las víctimas y hacer cesar de esa manera los delitos. El Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación.
Julio C. Alak
sustracción de menores durante la dictadura
Cristina derechos humanos
Jueves, 21 de Marzo de 2013 20:36
Hebe de Bonafini le envió una carta al papa Francisco
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini le envió una emotiva carta al papa Francisco. "Permítame que me dirija a Usted como Don Francisco, ese Francisco que descubrí ahora".
La titular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini le envió una emotiva carta al papa Francisco. "Permítame que me dirija a Usted como Don Francisco, ese Francisco que descubrí ahora"
En la Carta Hebe de Bonafini, señala que desconocía el trabajo pastoral desarrollado por Bergoglio. "Hoy, ante mi sorpresa, escucho a muchos compañeros explicar de su entrega y trabajo en las villas"
También se mostró esperanzada "Me alegro infinitamente al saber de su trabajo y siento esperanzas de un cambio en el Vaticano".
Al Papa Francisco: Permítame que me dirija a Usted como Don Francisco, ese Francisco que descubrí ahora. Mi padre también se llamaba Francisco y era un santo trabajador de manos muy encallecidas de tanto trabajar para mantenernos.
Don Francisco, no sabía de su trabajo pastoral, sólo sabía que el máximo dirigente de la iglesia argentina habitaba en la catedral; esa catedral que cuando marchábamos y pasábamos por delante, le cantábamos: "Ustedes se callaron cuando se los llevaron". Hoy, ante mi sorpresa, escucho a muchos compañeros explicar de su entrega y trabajo en las villas.
Me alegro infinitamente al saber de su trabajo y siento esperanzas de un cambio en el Vaticano. Hemos sufrido mucho en esta Latinoamérica que hoy se levanta erguida gracias a sus dirigentes.
Martes, 05 de Marzo de 2013 12:07
Lesa humanidad: arranca este martes el juicio en la causa por el “Plan Cóndor”
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Capital Federal da comienzo este martes al juicio oral y público en la causa conocida como “Plan Cóndor”. Entre los 25 imputados se encuentran Jorge Rafael Videla, Reynaldo Benito Bignone, Luciano Benjamín Menéndez y Santiago Omar Riveros.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Capital Federal da comienzo este martes al juicio oral y público en la causa conocida como “Plan Cóndor”, en la que se juzgará a 25 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.
2) Causa nº 1.951 caratulada “LOBAIZA, Humberto José Román y otros s/privación ilegal de libertad (art. 144 bis inc. 1° del C.P.)” –Plan Cóndor II- (Expediente n° 2.510/2008 del registro del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n° 7 –Secretaría n° 13-). En este caso están imputados Humberto José Román Lobaiza, Felipe Jorge Alespeiti y Manuel Juan Cordero Piacentini (éste último militar uruguayo). Se investigan presuntas violaciones a los derechos humanos en el marco de la denominada “Operación Cóndor”, en un total de (13) casos, atribuyéndoseles a los encausados el delito de asociación ilícita –sólo a Alespeiti y Lobaiza- y de privación ilegítima de la libertad.
Según informaron desde el tribunal, la duración se prevé que será de aproximadamente dos años –mínimo- y está previsto que declaren alrededor de 500 testigos por estos hechos.
CIJ TV transmitirá en vivo
Sábado, 23 de Febrero de 2013 10:12
La Suprema Corte de Uruguay declaró inconstitucional parte de la ley del año 2011 que consideró que las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante la última dictadura no prescriben, lo que obliga a cerrar las causas abiertas. Analizan juicio político a la Corte
La resolución contó con el voto positivo de cuatro de los cinco ministros que integran la Suprema Corte de Justicia, informó su portavoz Raúl Oxandabarat.
Añadió que a partir de ahora las causas judiciales abiertas en las que hay militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura en Uruguay deberán ser archivadas al entenderse que las mismos prescribieron.
Sin embargo, y ante la reacción y repudio del Frente Amplio y varias organizaciones, Oxandabarat pareció rectificarse al afirmar que "la declaración de inconstitucionalidad de dos artículos de la ley que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura no significa el archivo automático de todas las causas abiertas por aquellos crímenes".
El portavoz dijo que esa interpretación es "un disparate", al detallar que el alto tribunal "solamente se pronuncia sobre un caso concreto" y remarcó que "los jueces tienen independencia para aplicar lo que quieran" en los procesos que llevan adelante.
La rectificación del vocero de la Corte, de todos modos, no explica de qué forma un dictamen del máximo tribunal sobre un recurso de inconstitucionalidad, en este caso presentados por los coroneles Rudyard Scioscia y Mario Cola, no sienta jurisprudencia para otras causas.
El fallo declara inconstitucionales los dos primeros artículos de la ley 18.831, promulgada el 28 de octubre de 2011, que restablecieron el "pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos por la aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1 de marzo de 1985", considerados de lesa humanidad.
El principal argumento en el que coincidieron los ministros es que la ley penal no puede aplicarse reatroactivamente.
La ley de "imprescriptibilidad" de los casos de violaciones a los derechos humanos en la dictadura uruguaya, declarada ahora inconstitucional, había sido promovida por la gubernamental coalición de izquierdas Frente Amplio (FA), aunque con alguna disidencia interna.
También fue cuestionada por la oposición política con el argumento de que desconoció dos pronunciamientos populares (en 1986 y 2009) en favor de una ley que a la salida de la dictadura amnistió a los policías y militares que participaron en secuestros, violaciones y asesinatos de opositores durante el régimen de facto.
La Corte Suprema de Justicia de Uruguay está compuesta por los doctores Jorge Ruibal Pino, Jorge T. Larrieux Rodríguez, Jorge O. Chediak González, Ricardo C. Pérez Manrique y Julio César Chalar Vecchio.
LAS REACCIONES ANTE LA POSIBLE IMPUNIDAD
Ante la decisión de la Justicia, el partido oficialista uruguayo, la central sindical y una organización de familiares de víctimas de la dictadura convocó para el próximo lunes una marcha en Montevideo.
"Por verdad y justicia nos concentramos en silencio" es el título del comunicado difundido a la prensa por el FA, que llama a la manifestación del lunes en la Plaza Libertad de la capital uruguaya a las 19.00 hora local.
La convocatoria es firmada también por el Plenario Intersindical-Central Nacional de Trabajadores (PIT-CNT) y la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos.
Además de anunciar la marcha en repudio por el fallo, la presidenta del FA, Mónica Xavier, fue una de las primeras en reaccionar a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay (SCJ).
"Dolor por inconstitucionalidad. El lunes 19 en silencio en la Plaza Libertad", indicó en la red social Twitter en alusión a la concentración convocada por su partido.
Por su parte, la senadora Lucía Topolansky, dirigente y esposa del presidente, José Mujica, convocó a una reunión urgente para analizar la posibilidad de iniciar juicio político a los jueces de la Corte.
Por otro lado, el diputado Luis Puig, del partido por la Victoria del Pueblo, adelantó que se presentarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la declaración de inconstitucionalidad de los dos artículos.
La semana pasada, la SCJ removió a la jueza Mariana Mota, que tenía a su cargo unas 50 causas contra militares por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que ahora deberán pasar a manos de otro magistrado aún no designado.
El presidente de la SCJ, Jorge Ruibal Pino, señaló entonces que el organismo "entendió que la doctora Mota ya cumplió su ciclo en lo penal y es bueno que desempeñe otra materia en su carrera" y agregó que "tuvo algunos sumarios, algunos de los que ya terminaron sin responsabilidad para ella".
Sin embargo, Mota se declaró "sorprendida" por la resolución y aclaró que no pesaba sobre ella ningún sumario.
Uruguay Corte Suprema
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