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Timestamp: 2020-01-17 22:57:21
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Matched Legal Cases: ['Artículo 25', 'Artículo 25', 'Artículo 26', 'artículo 25', 'Artículo 26', 'Artículo 26', 'Artículo 27', 'Artículo 28', 'Artículo 29', 'artículo 28', 'Artículo 30', 'Artículo 30', 'Artículo 31', 'artículo 25', 'artículo 31', 'Artículo 32', 'Artículo 33', 'Artículo 33', 'Artículo 34', 'artículo 36']

Ley de Cantabria 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. TÍTULO II. DE LAS PERSONAS MEDIADORAS
Ley de Cantabria 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria
Publicado en BOC núm. 66 de 05 de Abril de 2011 y BOE núm. 99 de 26 de Abril de 2011
Vigencia desde 05 de Mayo de 2011. Revisión vigente desde 05 de Mayo de 2011 hasta 27 de Abril de 2017
DE LAS PERSONAS MEDIADORAS
Artículo 25 De las personas mediadoras
1. Para poder actuar como persona mediadora en las mediaciones que se deriven o soliciten al Servicio de Mediación de Cantabria, será precisa la inscripción en el Registro de Personas Mediadores de esta Comunidad Autónoma. También podrán actuar como mediadores en el territorio de Cantabria quienes estén inscritos en otros registros estatales o autonómicos que sean homologados por exigir similares requisitos para el acceso a la función de persona mediadora.
La declaración de homologación de un registro estatal o autonómico de personas mediadoras, a efectos de permitir ejercer la función mediadora en Cantabria a sus profesionales inscritos, corresponderá a la Consejería competente en materia de Justicia, tras la tramitación del oportuno expediente.
Véase Res. 16 junio 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Cantabria en relación con la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria («B.O.E.» 15 julio).
2. Para obtener dicha inscripción en el Registro de Personas Mediadoras será necesaria la acreditación de una licenciatura, diplomatura o grado en las siguientes materias: Derecho, Filosofía y Letras, Medicina, Psicología, Pedagogía o Psicopedagogía, Sociología o Ciencias de la Salud, Trabajo Social o Educación Social, Magisterio, Diplomado en Relaciones Laborales, Graduado Social Diplomado, Licenciado en Ciencias del Trabajo, Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos o la titulación que en el desarrollo reglamentario de esta Ley por el Gobierno de Cantabria se equipare a ellas por el contenido de su formación.
3. Además, será preciso acreditar la superación de un curso teórico-práctico de experto, máster o postgrado en mediación cuyo contenido y duración se determinarán reglamentariamente, en el que necesariamente se incluirá la formación jurídica necesaria para poder informar a las partes sobre la legalidad del acuerdo alcanzado en cada caso, así como módulos diferenciados jurídicos, psicológicos y de detección de violencia de género.
A partir de: 28 abril 2017
Artículo 25 redactado por el apartado nueve del artículo único de la Ley [CANTABRIA] 4/2017, 19 abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria («B.O.C.» 27 abril).
Artículo 26 Grupos de personas mediadoras
1. Las personas que cumplan los requisitos establecidos en los puntos 2 y 3 del artículo anterior podrán agruparse entre sí, a través de las fórmulas que estimen más convenientes, para formar equipos de personas mediadoras, con el fi n de fomentar la colaboración interdisciplinar entre los profesionales, sin perjuicio de la necesaria actuación individual de éstos en cada procedimiento concreto de mediación.
2. Para poder constituir un equipo de personas mediadoras será requisito imprescindible que al menos dos de las personas integrantes del equipo tengan titulaciones distintas, dentro de las exigidas en el artículo 25 de la presente Ley.
3. Los equipos de personas mediadoras deberán proceder a sus inscripción en el Registro de Personas Mediadoras con carácter previo al inicio de sus actividades, indicando los datos de los miembros que lo forman, acreditando respecto a los mismos el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.
4. Los equipos de personas mediadoras podrán tener relación con las partes durante el procedimiento de mediación, si es preciso, a juicio del profesional mediador interviniente en la mediación. Los miembros de cada equipo que presten apoyo a la persona mediadora del proceso no podrán exigir a las partes del procedimiento de mediación, emolumento o percepción alguna.
Artículo 26 redactado por el apartado diez del artículo único de la Ley [CANTABRIA] 4/2017, 19 abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria («B.O.C.» 27 abril).
Artículo 26 bis introducido por el apartado once del artículo único de la Ley [CANTABRIA] 4/2017, 19 abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria («B.O.C.» 27 abril).
Artículo 27 Clasificación de la persona mediadora
Teniendo en cuenta sus preferencias, experiencia y formación, cada persona mediadora podrá ser clasificada en el Registro de Personas Mediadoras para ser asignada con preferencia a los procedimientos de mediación que versen sobre una o determinadas materias.
Artículo 28 Derechos de la persona mediadora
1. La persona mediadora tiene derecho a obtener el adecuado respeto a sus actuaciones y a actuar con libertad e independencia en el ejercicio de su actividad.
2. La persona mediadora no podrá negarse a acometer las labores de mediación, salvo que justifique claramente y por escrito las razones motivadas de dicha renuncia, comunicándolo a la Consejería competente en materia de Justicia que deberá aceptar dicha renuncia en caso de mediación gratuita.
3. La persona mediadora puede dar por acabada la mediación en el momento que aprecie en alguna de las partes falta de voluntad o desigualdad de poder entre las mismas, con especial atención en los casos en que se aprecie la existencia de violencia de género o violencia hacia menores, o exista una incapacidad manifiesta para llegar a un acuerdo, o que la continuidad de la mediación no sea eficaz.
4. La persona mediadora que no sea empleada pública tiene derecho a una compensación económica u honorarios por su actuación profesional, y al reintegro de los gastos que se le hayan causado y que estén íntimamente relacionados con el desempeño de su función.
La exclusión de los empleados públicos implícita en el párrafo anterior, lo es en el ejercicio de sus funciones públicas y no en el ejercicio de actividades que realice con carácter particular o privado, previa la obtención de la preceptiva compatibilidad.
En todo caso, la persona mediadora tomará como criterio orientador las tarifas establecidas por la Administración.
5. Cuando se asigne el beneficio de mediación gratuita los honorarios serán estrictamente los marcados en las tarifas establecidas por la Administración.
Artículo 29 Deberes de la persona mediadora
a) Actuar con independencia y respetar los principios rectores de la mediación contenidos en esta Ley.
b) Realizar personalmente la actividad mediadora, informando y explicando previamente a las partes todo el proceso de mediación, sus principios, efectos y coste.
c) Utilizar el procedimiento de mediación como vía para que las partes adopten soluciones aceptables en el marco de la legalidad.
d) Facilitar la comunicación entre las partes.
e) Velar para que los acuerdos respeten siempre el interés superior de los menores y de las personas incapacitadas y dependientes.
f) Propiciar que las partes dispongan de la información y el asesoramiento suficiente para alcanzar los acuerdos de forma libre, voluntaria y exenta de coacciones.
g) Redactar, firmar y entregar el documento final de acuerdo, si lo hubiera.
h) Facilitar la actuación inspectora o de seguimiento de la Administración, teniendo en cuenta los deberes de secreto profesional y confidencialidad.
i) Prestar una atención particular a cualquier signo de violencia, física o psíquica, entre las partes, a fi n de actuar en la forma prevista en el artículo 28.3 de esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 259 y 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
j) Comunicar a la Consejería competente en materia de Justicia, en los términos que se establezcan reglamentariamente, los datos de cada mediación a efectos estadísticos, respetando los principios establecidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
k) Suscribir un seguro de responsabilidad civil profesional.
Artículo 30 Del número de personas mediadoras
1. La mediación podrá llevarse a efecto mediante la intervención de una o más personas mediadoras, que actuarán de modo coordinado, dependiendo de la complejidad de la temática o de la conveniencia de las partes en la misma. Caso de existir más de una persona mediadora, una actuará como mediadora coordinadora.
2. Salvo acuerdo en contrario entre las personas mediadoras y las partes, los derechos y deberes de todas las personas mediadoras que intervengan en un procedimiento de mediación serán los mismos. En caso de mediación gratuita, se estará a lo que fijen las tarifas de la Administración.
Artículo 30 suprimido por el apartado doce del artículo único de la Ley [CANTABRIA] 4/2017, 19 abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria («B.O.C.» 27 abril).
Artículo 31 Registro de personas mediadoras
1. El Registro de personas mediadoras es público y se adscribe a la Consejería competente en materia de Justicia.
2. Su composición, funciones, procedimiento de inscripción y emisión de certificaciones se determinarán reglamentariamente.
3. El Órgano competente para la gestión del Registro de Personas Mediadoras recogerá las solicitudes de acceso al mismo y las evaluará siguiendo los criterios que, previo asesoramiento del Observatorio de la Mediación de la Comunidad Autónoma de Cantabria, determine la Consejería competente en materia de Justicia, procediendo a inscribir a quienes hayan acreditado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 25 de esta Ley. Una vez realizada la inscripción, el Registro expedirá el correspondiente certificado.
4. A efectos de información, se publicará, fomentando su difusión especialmente a través de Internet, un listado de las personas y de los programas y servicios públicos en materia de mediación.
Número 5 del artículo 31 introducido por el apartado trece del artículo único de la Ley [CANTABRIA] 4/2017, 19 abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria («B.O.C.» 27 abril).
Artículo 32 Comunicación de datos
La persona mediadora comunicará a la Consejería competente en materia de Justicia, directamente o a través de su colegio profesional, los datos de cada mediación a efectos estadísticos, respetando la confidencialidad y el anonimato de las partes.
Artículo 33 Normas deontológicas
Las personas mediadoras deben respetar las normas deontológicas del colegio o asociación profesional a la cual pertenecen y las que apruebe la Consejería competente en materia de Justicia en relación con las responsabilidades, deberes y actividad del mediador.
Artículo 33 redactado por el apartado catorce del artículo único de la Ley [CANTABRIA] 4/2017, 19 abril, por la que se modifica la Ley 1/2011, de 28 de marzo, de Mediación de Cantabria («B.O.C.» 27 abril).
Artículo 34 Causas de abstención
1. Las personas mediadoras designadas para cada caso, en las que concurra alguna de las circunstancias previstas en este artículo, deberán ponerlo en conocimiento de las partes y de la Administración de modo inmediato y abstenerse de intervenir en los procedimientos de mediación para los que fueron designadas y en los que concurra dicha circunstancia, salvo que las partes le exoneren de dicha abstención.
Si la designación de la persona mediadora hubiese sido señalada por la Consejería competente en materia de Justicia, y una vez verificada por la Administración la concurrencia de causa de abstención en el mediador inicialmente designado, se procederá al llamamiento de la nueva persona mediadora que corresponda por riguroso orden, comunicando a las partes tal circunstancia, según lo dispuesto en el artículo 36 de esta Ley, salvo que las partes le exoneren de dicha abstención.
2. Son causas de abstención:
a) Tener interés personal en el asunto objeto de mediación, o en cualquier otro que pueda influir directa o indirectamente en el mismo.
b) Tener cuestión litigiosa pendiente con alguna de las partes intervinientes en la mediación.
c) Tener vínculo de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo con alguna de las partes intervinientes en la mediación, o con sus personas asesoras, representantes legales o personas mandatarias, así como compartir el despacho profesional o estar asociado con éstos o éstas para el asesoramiento, la representación o el mandato. A estos efectos, la unión de hecho inscrita en un Registro Público se equipara al matrimonio.
d) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas citadas en el apartado anterior.
e) Haber intervenido como perito o testigo en el proceso judicial previo a la mediación, de haber existido.
f) Tener relación de servicio con las partes intervinientes en la mediación o haberles prestado servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar, excepto servicios de mediación, en los dos años anteriores al inicio del procedimiento de mediación.
3. En el supuesto de que concurra alguna de las circunstancias previstas en el apartado 2 y la persona mediadora no decline su designación, cualquiera de las partes puede, en cualquier momento del proceso, recusar su designación mediante escrito motivado en el que se haga constar la causa o causas de la recusación. La recusación será resuelta, oída la persona mediadora, por la Consejería competente en materia de Justicia.
4. Durante el transcurso de la mediación, o una vez finalizada ésta, la persona mediadora no podrá atender a las partes en una actuación profesional diferente a la de mediación para tratar el mismo asunto, salvo que las partes expresamente lo acepten y constituyan supuestos excepcionales que deberán autorizarse previamente por la Consejería competente en materia de Justicia.