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Timestamp: 2019-10-14 16:19:19
Document Index: 62129893

Matched Legal Cases: ['artículo 8', 'artículo 4', 'artículo 67', 'artículo 10', 'artículo 11', 'artículo 153', 'artículo 2', 'artículo 28', 'artículo 38', 'artículo 38', 'e contrario', 'artículo 2', 'artículo 153', 'e contrario', 'artículo 56', 'artículo 3', 'artículo 56']

DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 19, de 08/05/2012
Año 2012 X Legislatura Núm. 19
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. GERARDO CAMPS DEVESA
Sesión núm. 8
celebrada el martes,,
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea [COM (2012) 85 final] [2012/0036 (COD)] [SWD (2012) 31 final] [SWD (2012) 32 final]. (Número de expediente del Senado 574/000026 y número de expediente del Congreso 282/000096) ... (Página14)
- Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas contables y los planes de acción aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultante de las actividades enmarcadas en el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra
y la silvicultura [COM (2012) 93 final] [2012/0042 (COD)] [SWD (2012) 40 final] [SWD (2012) 41 final]. (Número de expediente del Senado 574/000025 y número de expediente del Congreso 282/000097) ... (Página16)
- Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre de prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012) 130 final] [2012/0064 (APP)] [SWD (2012) 63] [SWD (2012) 64]. (Número de expediente del Senado 574/000033 y número de expediente del Congreso 282/000104) ... (Página17)
- Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (Texto pertinente a efectos del EEE) [COM (2012) 131 final] [2012/0061 (COD)] [SWD (2012) 63 final] [SWD (2012) 64 final]. (Número de expediente del Senado 574/000034 y número de expediente del Congreso 282/000105) ... (Página21)
- Sobre tasas de peajes establecidas en las carreteras de conexión internacional entre España y Portugal, establecidas por el Gobierno de Portugal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Senado 663/000004 y número de expediente del Congreso 161/000415) ... (Página10)
- Para el impulso del catalán, el gallego y el vasco en el marco de la Unión Europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente del Senado 663/000005 y número de expediente del Congreso 161/000428) ... (Página2)
El señor PRESIDENTE: Buenos días.
Vamos a iniciar la comisión prevista para el día de hoy.
Me comentan que algunos portavoces han solicitado la modificación del orden del día en lo que se refiere a la tramitación de los asuntos. Se empezaría por las proposiciones no de ley, dejando para la segunda parte los informes de subsidiariedad. Si todos los portavoces están de acuerdo en ello, por parte de esta Presidencia no hay ningún inconveniente. (Asentimiento).
Entiendo que así lo acuerdan sus señorías. (El señor Moscoso del Prado Hernández pide la palabra).
Puede hacer uso de la palabra, señor diputado.
El señor MOSCOSO DEL PRADO HERNÁNDEZ: Si la Mesa lo estima acertado, nos gustaría que la primera PNL en debatirse fuera la lingüística ya que el portavoz señor López Garrido tiene que ausentarse para ir al Congreso.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moscoso.
¿No hay ningún inconveniente por parte de los portavoces? (Denegaciones).
- PARA EL IMPULSO DEL CATALÁN, EL GALLEGO Y EL VASCO EN EL MARCO DE LA UNIÓN EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente del Senado 663/000005 y número de expediente del Congreso 161/000428).
El señor PRESIDENTE: Por tanto, empezaremos la tramitación del orden del día con el debate de la proposición no de ley sobre el impulso del catalán, el gallego y el vasco en el marco de la Unión Europea.
Grupo Mixto. Los señores Bosch e Iñarritu García se repartirán su turno.
Tiene la palabra en primer lugar el señor Bosch.
El señor BOSCH I PASCUAL: Muchas gracias, señor presidente.
Intentaré ser breve, sin agotar todo el tiempo que se me adjudica.
Ya saben ustedes que esta es una larga historia. No es la primera vez que este tema se presenta en comisión y en los plenos ni, por descontado, en instituciones europeas. Nuestra propuesta es que se reconozca la plena oficialidad o la condición de lenguas de uso de las lenguas que son cooficiales en el Estado español, es decir, el gallego, el euskera y el catalán, aparte del castellano.
Seguramente, algunos de ustedes dirán que esta es una repetición de la jugada, como el día de la marmota, o que ya se ha presentado varias veces y ya se ha discutido. Quizás sí, pero lo traeremos tantas veces como haga falta.
Yo les preguntaría a todos aquellos que viven en partes del Estado donde se encuentra más o menos la mitad de la población que no tiene dos lenguas cooficiales sino una solo qué harían; qué harían ustedes si en la Unión Europea el castellano no fuera reconocido como una lengua de uso y no fuera lengua cooficial en las instituciones europeas de forma plena. ¿Qué harían ustedes? Ustedes batallarían políticamente y repetirían, reiterarían, insistirían sobre el tema, porque están en su derecho y es lógico.
Cuando hace poco tiempo salió la cuestión de que las patentes y marcas de la Unión Europea solo se registrarían en algunos de los idiomas oficiales -en inglés, en francés y en algún otro-, ilustres representantes españoles pusieron el grito en el cielo. Lo encuentro normal. Pero, a nuestro entender, lo que les estamos planteando es tan normal como esto otro. Queremos que estos idiomas, que tienen muchos hablantes, millones de hablantes, sean reconocidos y que al menos tengan el mismo rango que puedan tener el maltés o el gaélico u otros idiomas tan respetables o más que estos pero con muchos menos hablantes.
Por tanto, aquí hay una cuestión de filosofía, de intención política y cultural también, de dignidad lingüística, que nos conduce a insistir tantas veces como haga falta. Por tanto, volveremos sobre el tema siempre que podamos y sea necesario.
También dirán que las instituciones europeas están organizadas de una manera determinada y que esta oficialidad de idiomas tiene que venir con el apoyo de los Estados miembros, y ahí hay un problema. Si el Estado español no es capaz de dar apoyo a una cuestión que para nosotros es tan elemental, tenemos un problema gordo con el Estado español, y no es nuestro, de quienes proponemos la oficialidad de nuestros idiomas, sino del Estado, del poder español. De hecho, si el Estado no arregla esta situación -a nuestro entender anómala-, nos está dando argumentos u otro argumento más -si es que eso hacía falta o era necesario- para la consecución de un Estado propio; no el único, pero otro más. Es decir, hasta que los catalanes, los vascos o los gallegos no dispongamos de un Estado propio, nuestros derechos lingüísticos no serán defendidos con el ahínco y la convicción que se merecen por el Estado o el poder español. Eso es lo que nos cuenta la historia -la larga historia-, y la historia reciente también. Por eso, mientras que no tengamos ese Estado propio -como saben, forma parte de nuestro ideario-, vendremos aquí para intentar convencerles de que esta situación tiene que ser arreglada y recompuesta.
Se han presentado dos enmiendas: una, de Convergència i Unió, con la que estamos de acuerdo. Creemos que, efectivamente, sería una buena idea que las instituciones europeas también financiaran los costes derivados de las traducciones y el uso de la lengua catalana, gallega o el euskera en las instituciones europeas. Sería lo normal, sería lo lógico.
La otra enmienda, la enmienda socialista. Como ya he comunicado a los representantes del Grupo Socialista en la comisión, no la vemos clara y no la aceptaremos, porque entendemos que sus términos diluyen lo que nosotros proponemos, y lo hacemos de forma muy clara y rotunda, y es que los tres idiomas cooficiales en el Estado sean reconocidos como idiomas de uso y como idiomas oficiales en el Parlamento Europeo. Como eso no queda reconocido en la enmienda que propone el Grupo Socialista, no podemos aceptarla, aunque haya alguna buena idea, como la propuesta de que esta situación que ahora planteamos sea revisada cada dos años. Por descontado que nosotros nos prestaríamos a eso, aunque también les digo que aun no siendo incorporada esa consideración, lo haremos igualmente, o sea, como les comentaba al principio, iremos trayendo el tema tantas veces como sea necesario.
Cedo la palabra a mi compañero del Grupo Mixto.
Si me permite, seré yo quien dé la palabra a su compañero del Grupo Mixto.
Tiene la palabra el señor Iñarritu.
El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Amaiur, como es lógico, va a apoyar esta propuesta ya que toda acción que vaya encaminada a paliar la situación de déficit democrático, de discriminación, en la que se encuentran hoy hablantes del catalán, del euskera y del gallego en el Estado español no solamente es positiva sino necesaria. Es hora ya de que en la Unión Europea dejen de existir ciudadanos de segunda en función del idioma.
Hoy, víspera de la celebración del Día de Europa -una Europa que tiene como valores fundamentales la democracia, la igualdad, la libertad; la Europa que aboga por promover la diversidad cultural y lingüística-, solicitamos al Partido Popular que, siendo por desgracia la Unión Europea básicamente una unión de Estados, se implique de manera activa y responsable en aras de acabar con una situación que supone que millones de ciudadanos del Estado no vean reconocida su lengua materna o de uso como de oficialidad plena en la Unión Europea.
Desde Amaiur constatamos que los convenios establecidos entre varias instituciones de la Unión y el Estado, si bien fueron un paso en la insuficiencia, se aplican con dificultad, son lentos y en muchos, en demasiados casos, no funcionan.
Del Parlamento Europeo ya ni hablamos, seguimos igual, igual de mal.
Las comunicaciones de las instituciones europeas a la ciudadanía son pésimas.
De igual forma, como menciona el punto 4 de su proposición, nos preguntamos qué hay que hacer para que se permita a los ciudadanos de la Unión de diferentes territorios autonómicos o estatales captar canales de televisión en sus idiomas. En nuestro caso, observamos cómo en numerosos municipios de la Comunidad Foral Navarra y de Iparralde es posible captar la BBC o Al-Yazira pero es imposible captar un canal en euskera. Y esto se produce básicamente por dos razones: en el primer caso, porque las instituciones, ya sean europeas, estatales o autonómicas, no se implican en absoluto en este campo, o bien porque se implican de manera activa en entorpecer y boicotear un canal en euskera. Si no, pregunten a la señora delegada del Partido Popular en Iruña, Pamplona.
Hace escasas semanas, ante una pregunta dirigida al ministerio sobre si se iba a avanzar en este campo lingüístico en la Unión Europea, se me indicó que no; se me dijo que los convenios eran ya muy complejos. Pero lo más grave es que se me dijo que eran caros. Es vergonzoso y cruel que no se desee fomentar no solo la diversidad, sino la igualdad basada en el ahorro. ¿La igualdad es acaso despilfarro? No solo escuchamos que nuestros idiomas son lenguas prehistóricas propias de un museo o que se pueden hablar en la intimidad, sino que se nos da a entender que exigir igualdad es de derrochadores. ¡Qué disparate!
Aunque a algunos les pueda disgustar o angustiar que a día de hoy en el Estado español la mitad de la ciudadanía viva en territorios bilingües, hay millones de ciudadanos con una lengua materna diferente al castellano que merecen igualdad. Esta es una reclamación democrática expresada en numerosas ocasiones por parlamentos como el vasco o el catalán; en definitiva, una demanda que solicita ser libres para elegir el idioma europeo en el que se comunica cada uno en la institución de la que forma parte.
Señores del Partido Popular, si ustedes lo quieren, estos idiomas serán oficiales como lo son el maltés o el gaélico irlandés. Es un asunto de voluntad, voluntad que les exigimos en nombre de la democracia, la libertad y la igualdad.
Que conste que no queremos ser más; simple y llanamente queremos ser iguales.
Señoras y señores, está en sus manos.
Como ya se ha dicho, se han presentado dos enmiendas de los grupos parlamentarios Catalán y Socialista. Para su defensa, los portavoces de dichos grupos parlamentarios tienen un tiempo máximo de diez minutos.
Por orden de presentación, le corresponde intervenir en primer lugar al Grupo Parlamentario Catalán.
Tiene la palabra la señora Parera.
La señora PARERA ESCRICHS: Muchas gracias, señor presidente.
Ya avanzo que nosotros estamos totalmente de acuerdo con esta proposición no de ley, sin embargo consideramos que habría que añadirle un punto, ampliarla en un aspecto, y ese es el motivo por el que hemos presentado una enmienda de adición. El objeto de la misma -cito- es: "Impulsar y formalizar acuerdos con la Comisión Europea para que en los programas de financiación de contenido o de naturaleza lingüística de la Unión Europea, así como en los recursos que esta destina para traducciones profesionales, se incluyan las lenguas cooficiales."
Es evidente que la exclusión de estas lenguas en los usos lingüísticos institucionales de la Unión Europea está comportando como efecto colateral el impedimento de acceder -en nuestro caso, en catalán- a programas de financiación de la Unión Europea tan consolidados como Juvenes Translatores o incluso de ser incluida en la herramienta de apoyo a los profesionales de la traducción para la terminología europea IATE.
Por tanto, entendemos que es importante añadir nuestra enmienda de adición para que estas lenguas cooficiales no queden excluidas de los instrumentos y los programas europeos en materia lingüística.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señor presidente.
Nosotros compartimos el objetivo que entiendo es el de esta proposición no de ley en el sentido de que haya una equiparación de todas las lenguas cooficiales del Estado español en su uso en las instituciones de la Unión Europea.
Este ha sido, sin duda, uno de los objetivos de los gobiernos socialistas durante las dos anteriores legislaturas. Todo empezó, como saben ustedes, con un memorándum que presentó el Gobierno español ante la Unión Europea el 13 de diciembre de 2004, haciéndose eco de propuestas y deseos provenientes de distintas comunidades autónomas de nuestro país sobre el reconocimiento oficial de las lenguas que son cooficiales en España ante la Unión Europea sin ningún tipo de discriminación.
Este proceso de negociación se inició con gran complejidad porque había que ir a cada una de las instituciones de la Unión Europea a fin de conseguir firmar acuerdos para que los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, los ciudadanos y ciudadanas con nacionalidad española, que quisieran dirigirse a la Unión Europea en lenguas distintas del castellano pero cooficiales en determinadas comunidades autónomas de España pudieran hacerlo y a su vez recibir la contestación en esas lenguas. Ese proceso tuvo lugar a lo largo de los años 2005 y 2006, y se consiguió, empezando por
una importantísima decisión del Consejo de Asuntos Generales, de 13 de junio de 2005, que permitía el uso oficial de todas las lenguas cooficiales en España en las instituciones de la Unión.
A partir de ahí, se fue logrando firmar estos acuerdos con las instituciones: con el Consejo en noviembre del 2005; con el Comité de las Regiones también en ese mes; con la Comisión Europea el 21 de diciembre de ese año; con el Comité Económico y Social en junio del año siguiente; con el Defensor del Pueblo en noviembre del año 2006; y, por último, con el Tribunal de Justicia en abril de 2009. Por tanto, todos los ciudadanos pueden dirigirse a las instituciones y órganos citados en cualquiera de las lenguas que son oficiales en España, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución española, y recibir respuesta en la misma lengua.
Nosotros, además, impulsamos las traducciones de los textos comunitarios. En las lenguas cooficiales ya fue traducido aquel tratado constitucional que no vio la luz como consecuencia del "no" francés y del "no" holandés. Por tanto, desde ese punto de vista, las relaciones de los ciudadanos con las instituciones de la Unión Europea están resueltas en todas las lenguas cooficiales que hay en España.
Pero, sin duda, hay una asignatura pendiente, que es el Parlamento Europeo, y esta decisión no depende de la voluntad del Estado español o del Gobierno español. A pesar de la dificultad, esta asignatura pendiente también se intentó conseguir.
En el año 2008 -y lo recuerdo muy bien- hablé como secretario de Estado para la Unión Europea con el entonces presidente del Parlamento Europeo, el señor Buzec y le solicité formalmente, una vez más, que se pudieran utilizar cualquiera de las lenguas cooficiales en España en los debates del Pleno del Parlamento Europeo, igual que en el Consejo y en el Comité de las Regiones; que se ampliase a lo último que quedaba, al Parlamento Europeo. Como no se consiguió tal acuerdo -puesto que depende de lo que diga la Mesa del Parlamento Europeo y no hubo una mayoría suficiente al respecto-, se insistió de nuevo unas semanas antes de que comenzase la Presidencia española, concretamente en una reunión que hubo en Madrid, en El Pardo, con todos los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, su presidente y el Gobierno de España, se le insistió públicamente al presidente del Parlamento Europeo, al señor Buzec, en que se pudiese hablar en las distintas lenguas cooficiales del Estado español en los debates que tienen lugar en el Parlamento Europeo.
Esto no se ha conseguido, pero desde luego no ha dependido de la voluntad de los anteriores Gobiernos socialistas de las últimas legislaturas, que han estado por la labor. Y conviene destacarlo porque en algunas de las intervenciones que hacen los miembros de los grupos que han intervenido anteriormente defendiendo la proposición no de ley lo suelen olvidar.
Pero entendemos que ahora se abre una nueva situación y una posibilidad para volver a insistir ante el Parlamento Europeo a fin de que se puedan utilizar las lenguas cooficiales, que son oficiales en España, también en el Parlamento Europeo. Estamos ante una nueva legislatura en España, con un nuevo Gobierno, hay un nuevo presidente en el Parlamento Europeo -el señor Schulz ha sucedido al señor Buzec- y, además, hay una nueva situación política en todos los aspectos, por lo que sería lógico que el Gobierno de España planteara una iniciativa en el mismo sentido que la propuesta acometida por el anterior Gobierno de España para que en el Parlamento Europeo se pudieran utilizar las lenguas cooficiales, que son oficiales en el Estado español. A nosotros nos parecería muy bien que el Gobierno español plantease esa iniciativa, por eso compartimos el espíritu de esta proposición no de ley.
A esta proposición no de ley hemos presentado una enmienda, que ya nos ha dicho el representante de Esquerra Republicana, el señor Bosch, que no la van a aceptar. Nos parece que con ella se precisa mucho más lo que se pretende, pero si no lo consideran así, está en su derecho de no aceptarla.
Nosotros hemos querido respecto de los acuerdos firmados por el Reino de España con las instituciones europeas que hubiese una mención específica de cada una de las instituciones a las que se refiere, que no están citadas en la proposición no de ley del grupo proponente. Asimismo decimos, por supuesto, que deben articularse nuevos acuerdos en el Parlamento Europeo respecto del uso de las lenguas cooficiales en los debates que allí se celebran.
En todo caso, si esta enmienda no es aceptada, nosotros votaremos a favor de la proposición no de ley, porque me parece que los objetivos son parecidos, y no son otros que proyectar en la Unión Europea el plurilingüismo que existe en el Estado español y que está reconocido oficialmente. Se ha conseguido mucho, se ha avanzado en todas las instituciones, pero queda el debate del Parlamento Europeo, y este es un buen momento para que el Gobierno de España haga lo mismo que hicimos anteriores Gobiernos reiteradamente ante las instituciones de la Unión Europea, y en concreto ante su Parlamento.
A continuación van a intervenir los distintos grupos parlamentarios por orden de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia tiene la palabra la señora Lozano.
La señora LOZANO DOMINGO: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que he encontrado pocos argumentos en la exposición de los portavoces proponentes de esta iniciativa, pero algo en lo que han coincidido varios de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra ha sido en la idea de que hay que dar carácter de oficial en las instituciones europeas a lenguas que no son
oficiales en España. Y quiero recordar que la Constitución dice que las lenguas autonómicas son cooficiales en sus respectivos territorios, lo cual no es lo mismo que ser lenguas oficiales en todo el territorio, una condición que ostenta exclusivamente la lengua española.
En el texto de la proposición no de ley se hace referencia a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, y tengo que impugnar el concepto de lengua minoritaria que el Gobierno español cuando firmó esa carta atribuyó a las lenguas autonómicas a las que nos estamos refiriendo. El concepto de minoría en términos políticos, que son los que aquí nos interesan, y no numéricos, se refiere a aquellos grupos que no tienen poder para administrar sus propios asuntos; es decir, que están excluidos del poder o que están marginados. Eso es lo que hace que en muchos países del mundo se hable de las mujeres como grupo minoritario; no por una cuestión numérica, cosa que obviamente no son, sino por un tema exclusivamente de denegación del poder.
Y como el estatus de las lenguas autonómicas, las sucesivas leyes de normalización y las leyes de política lingüística se han aprobado en los parlamentos autonómicos, es decir, las han aprobado los Gobiernos elegidos por los votantes de esos territorios, que sí tienen el poder de administrar sus propios asuntos sobre las lenguas, está fuera de lugar la consideración de que estas son lenguas minoritarias en sentido político, y por tanto, también esta fuera de lugar todo victimismo o toda referencia a que son lenguas discriminadas, marginadas o de alguna manera postergadas por las leyes españolas.
Quiero dejar claro que mi grupo parlamentario no tiene nada en contra de estas lenguas. Pensamos que las lenguas son inocentes, pero sí estamos rotundamente en contra de esos proyectos políticos -y el propio señor Bosch ha dicho que aquí hay una cuestión política- que necesitan crear esa fantasía de la lengua propia que consigue decretar que en esos territorios bilingües el castellano sea una lengua ajena, que es lo que se ha conseguido con ese discurso de treinta años de las lenguas propias.
Y este tipo de iniciativas legislativas ahondan en la idea de que en esos territorios el castellano es una lengua ajena. Por eso quiero traerles algunos datos que me parecen muy relevantes, y que pocas veces forman parte del debate político, sobre los ciudadanos que tienen como lengua materna el castellano en esos territorios bilingües. En Cataluña en concreto, y según el último estudio realizado, por cierto, por la propia Generalitat cuando Esquerra Republicana formaba parte del Gobierno tripartito, los hablantes natos de castellano son el 55 % frente a 31 % de hablantes nativos de lengua catalana.
En Galicia, en cambio, hay un 30 % que tiene como lengua materna el castellano frente a un 55 % que tiene el gallego. Y también en la comunidad autónoma vasca es mayoritario el castellano, donde, según datos del propio Gobierno vasco del año 2011, el euskera es la lengua materna de tan solo el 24 % de los vascos. Por tanto, cuando ustedes hablan de millones de personas que se sienten discriminadas habría que precisar cuál es exactamente el porcentaje de población que tiene como lengua materna esa lengua autonómica en esos territorios, y no dar por supuesto que es el conjunto del territorio.
Y creo que estos datos son muy relevantes por una razón muy sencilla, y es que lo que los proyectos nacionalistas dicen a esas amplias capas de población de los territorios bilingües con estas iniciativas es que su lengua materna es impropia, que es una lengua ajena, y por tanto, ese ciudadano es el que tiene más motivos para sentirse postergado en esos territorios.
En tercer lugar, y puesto que se invoca esa Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, me gustaría recordar algunos párrafos textuales de sus artículos. Por ejemplo, en su artículo 8 se insta a que se garantice la educación preescolar, primaria y secundaria en esas lenguas que llama minoritarias o regionales. Pues bien, a día de hoy, significativamente en Cataluña, pero también en otras comunidades autónomas en las que se están llevando a cabo labores de ingeniería social con lenguas muy semejantes, hay un número significativo de padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano y que encuentran serias dificultades para hacerlo, y el panorama que les ofrece la Administración es que por esa normalización que hay que hacer de la lengua, ellos tienen que "anormalizar" a sus hijos y pedirles clases especiales y que formen parte de un grupo aparte en el que se les considera ajenos a la educación y a la sociedad por ser ajenos a la lengua.
En el preámbulo de esta Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias se dice -y quiero citarlo textualmente- que la protección y el fomento de las lenguas regionales o minoritarias no deberá hacerse en detrimento de las lenguas oficiales y de la necesidad de aprenderlas. ¿Y por qué se introduce esta salvaguarda en esa carta? Pues por una razón muy sencilla, y es que todo el mundo sabe que privar a los niños y a los jóvenes de aprender correctamente la lengua culta en el colegio no supone solo privarles de oportunidades comunicativas, privarles de conocer bien la lengua que sí es oficial en todo el Estado y que según la Constitución los españoles tienen la obligación de conocer, sino que sobre todo supone privarles de oportunidades sociales y económicas de progreso y de mejora. Eso es lo que el nacionalismo periférico fomenta, que se prive de oportunidades y que se prive de la posibilidad de progresar a las personas. Por ello estamos en contra de estas situaciones que ya se están dando en España.
Y estamos en contra porque lo que ustedes llaman normalizar las lenguas españolas en Europa es algo tan anormal como que se obligó a las propias instituciones europeas a establecer unos mecanismos en los que el ciudadano español que quiere dirigirse al Comité de las Regiones, por ejemplo, le manda una carta en catalán y hay un organismo creado por el propio Gobierno español -porque las instituciones europeas se desentienden de
ello y también de financiarlo; es algo que paga estrictamente el Estado español- que lo traduce al español, que sí es una lengua oficial de la Unión Europea, para remitírselo a la institución correspondiente; esa institución contesta en español y ese organismo del Gobierno español lo vuelve a traducir. Esto es lo que se consigue, crear una burocracia asombrosa simplemente para que parezca que los españoles no tenemos una lengua común, cuando sí la tenemos.
Así pues, señorías, tal y como creo que se deduce de mi discurso estamos rotundamente en contra de esta iniciativa por los motivos que ya he explicado. Asimismo quisiera contarles una anécdota que me parece que tiene valor de categoría. Ustedes están pidiendo que las instituciones europeas contesten en catalán al ciudadano que se dirige a ellas en catalán. Pues bien, yo he recibido ayer en mi casa una carta de la televisión autonómica valenciana escrita en valenciano. Es una carta que me envía a mi domicilio en Madrid una comunidad autónoma que yo financio con mis impuestos, y que considera que me la tiene que mandar en valenciano o catalán, según los gustos filológicos de cada cual. Es decir, que ustedes quieren que se haga en la Unión Europea lo contrario de lo que hacen ustedes, porque esto es algo que no solo se hace en Valencia, una comunidad autónoma gobernada, por cierto, por el Partido Popular, sino que también se hace en otras, y así figura en la Ley de política lingüística de 1998, y es que las propias instituciones autonómicas de las comunidades bilingües se dirijan a todos los ciudadanos de otras zonas de España, no en la lengua común, sino en la lengua que es exclusiva de una parte de los hablantes de su territorio. Ese es el disparate que nos proponen, ese es el sinsentido que ustedes defienden. Y lo que nosotros pensamos, señores portavoces del Grupo Parlamentario Mixto, es que o los derechos son para todos o no son para nadie. Por mucho que ustedes se empeñen, los ciudadanos de este país saben que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y desde luego mi grupo parlamentario va a defender siempre lo que nos une.
Por el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés, tiene la palabra el señor Sabaté.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Entesa pel Progrés de Catalunya comparte esta iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto y cualquier otra que a nuestro entender vaya en la dirección de impulsar el uso de las lenguas oficiales en el conjunto de España ante las instituciones europeas. Esta ha sido tradicionalmente la posición de nuestro grupo, seguramente no puede ser de otra manera dado el carácter catalanista de este, y por tanto ya avanzo que vamos a apoyar esta proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto.
Ahora bien, sí quería manifestar nuestra discrepancia con parte de la exposición de motivos de la proposición no de ley, cuando dice que sin embargo el Gobierno español no ha cumplido la parte que le corresponde para hacer efectivos dichos acuerdos -con referencia a los acuerdos con las instituciones europeas- y en consecuencia estos no son más que papel mojado.
Yo creo que el diputado don Diego López Garrido ha hecho una exposición exhaustiva precisamente de cuál fue la actuación, ya de inmediato, del Gobierno socialista en las dos legislaturas anteriores, a partir de 2004, precisamente en defensa del uso de las lenguas que son oficiales en el territorio español ante las instituciones europeas. Valoramos muy positivamente los avances que se hicieron en esa línea, felicitamos la actuación del Gobierno y especialmente al antiguo secretario de Estado para la Unión Europea, el señor López Garrido, por sus esfuerzos y su tenacidad en la defensa del uso tanto del catalán cómo del euskera como del gallego ante las instituciones europeas, aunque, como él ha dicho, no siempre, como en el caso del Parlamento Europeo, las negociaciones fueron un éxito. Por eso habrá que perseverar sin duda en esa dirección.
Y quiero mostrar también mi discrepancia con la intervención última de la portavoz de Unión Progreso y Democracia. Entiendo que es una intervención hecha desde una concepción de un nacionalismo español irredento -dicho sea con todo el respeto-. Hablar de postergación del castellano o español en las comunidades autónomas donde hay lenguas que también son oficiales -sea el catalán, el euskera o el gallego- me parece que es ignorar la realidad.
Hay toda una literatura que algunos tienden a creerse -estoy hablando del caso de Cataluña, pero estoy seguro de que en Euskadi, en Galicia, o en la Comunidad Valenciana la situación es similar- acerca de que hay una especie de persecución del español en estas comunidades. Les puedo asegurar, señorías, que en Cataluña la convivencia entre el catalán y el español, el español y el catalán es absolutamente normal, estamos en una situación de plena normalidad. La oficialidad del catalán en Cataluña, igual que el resto de lenguas en sus territorios, no viene dictada únicamente, señoría, por acuerdos de sus parlamentos autonómicos -que sería legítimo-, sino que le recuerdo que el Estatuto de Cataluña, como los demás, que establece que la lengua oficial de Cataluña es el catalán y también lo es el español, lengua oficial en el conjunto del Estado, ha sido aprobado como ley orgánica por las Cortes Generales; por lo tanto, su carácter de oficial viene precisamente de ambas Cámaras, de las Cortes Generales españolas.
Tampoco es cierto que los padres que quieren escolarizar a sus hijos en castellano tengan serias dificultades en Cataluña. Es una guerra promovida, no sé si legítimamente, yo creo que ilegítimamente, pero en cualquier caso legalmente, por una minoría absoluta de padres que han querido generar conflicto. En Cataluña hemos hecho un esfuerzo precisamente por evitar la doble línea escolar
-y se lo digo como profesional de la educación, como profesor de instituto-; hubiese sido un verdadero desastre que en Cataluña hubiese una escuela española y una escuela catalana, hubiese dividido precisamente a la comunidad. Tenemos una única escuela; nuestros alumnos, nuestros hijos, usan habitualmente sin problema igual el español que el catalán, sin ningún tipo de problema, por lo que intentar crear conflicto ahí lo que provoca es realmente una división entre las comunidades, teóricamente lo que usted dice que pretende evitar.
No hay conflicto, los hijos de padres castellano parlantes recién llegados a Cataluña tienen toda una línea de ayudas por parte del profesorado en sus centros educativos, pueden aprender exactamente igual el español y el catalán y aprender el conjunto de materias en ambas lenguas sin ningún tipo de dificultad.
Finalmente, hablaba usted de las personas que se ven privadas de aprender la lengua culta, que discrimina. Eso presupone que si el español, que no hay ningún tipo de duda, es una lengua culta, el catalán, el euskera o el gallego no son lenguas cultas (La señora Lozano Domingo: ¡No, no, no!), y eso me parece una ofensa absolutamente intolerable, además de un desconocimiento y posiblemente, dicho sea con todo el respeto, una ignorancia supina sobre la capacidad, el contenido, la trayectoria, la tradición, la literatura y la importancia de nuestras lenguas. Por supuesto son lenguas cultas; usted se remite a una situación de diglosia inexistente entre una lengua A, supuestamente una lengua culta, y una lengua B usada por el pueblo sin literatura ni tradición. (La señora Lozano Domingo pide la palabra repetidas veces).
No es el caso, no es el caso de ninguna de estas lenguas. Y actitudes como la suya y la de su grupo lo único que hacen es precisamente, desde ese nacionalismo irredento español, alimentar los nacionalismos más irredentos en estas comunidades autónomas, y lo que provocan, señoría, son unos enfrentamientos que le aseguro que nuestro grupo, la Entesa pel Progrés de Catalunya, pretende evitar, precisamente construyendo desde el respeto a la pluralidad, desde el reconocimiento a la diversidad cultural, desde el reconocimiento de los derechos de todos y cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas españolas, desde el reconocimiento a su lengua materna, desde el reconocimiento de lo que establecen las leyes, de la oficialidad de las distintas lenguas y, por supuesto, del reconocimiento del español como lengua común de todos los españoles en el conjunto del territorio nacional.
Gracias, señor presidente. (La señora Lozano Domingo pide la palabra).
Señora Lozano, ¿a qué efectos pide la palabra?
La señora LOZANO DOMINGO: Primero, por las alusiones directas que me ha hecho el señor portavoz; pero segundo, es que me ha entendido mal y me gustaría dejar claro lo que quería decir. Voy a tardar un minuto.
El señor PRESIDENTE: Señora Lozano, no cabe reabrir un debate y, desde luego, no hay alusiones.
La señora LOZANO DOMINGO: Me ha llamado ignorante.
El señor PRESIDENTE: Ha sido la intervención de un grupo parlamentario en el marco de la discusión sobre la proposición no de ley. Ahora bien, el Reglamento sí determina que ante alguna inexactitud que haya podido ser realizada en la intervención anterior, esta se pueda aclarar, pero sin abrir un debate sobre las cuestiones ya dichas; repito, simplemente aclarar en sus justos términos alguna expresión que haya podido ser no entendida por el anterior portavoz.
Tiene la palabra su señoría por un minuto a esos efectos.
La señora LOZANO DOMINGO: Me ha malentendido, señor portavoz de la Entesa, en el sentido de que en todas las lenguas existe la lengua culta, la lengua escrita, el vocabulario científico, literario, económico, político, etcétera, y luego existe la lengua coloquial, existe la lengua vulgar; existen distintos registros dentro de una misma lengua.
Cuando yo hablo de aprender la lengua culta, me refiero a que el castellano que se puede aprender en la calle no es el castellano que se puede aprender en el colegio. Yo no he hablado de que el castellano sea la lengua culta y el catalán no lo sea, ni muchísimo menos, así es como se denomina en términos filológicos -y lo sé porque soy filóloga-. Para nada he aludido a una situación de diglosia, he hablado de conocer la lengua culta como registro. Tanto el registro culto del castellano como del catalán como de cualquier lengua se aprende en los textos escritos, se aprende en los colegios, y eso es lo que quiero decir cuando hablo de aprender castellano en el colegio y no en la calle o en la televisión.
Quería precisar esto porque esa mala interpretación le ha llevado a una serie de conclusiones absolutamente erróneas sobre la postura de mi grupo que me parece importante precisar.
Muchas gracias, señor presidente. (El señor Sabaté Borràs pide la palabra).
Señor Sabaté, yo creo que ha quedado aclarado a qué se refería con esa expresión de lengua culta la señora Lozano. En cualquier caso, tiene su señoría la palabra por un minuto.
El señor SABATÉ BORRÀS: Gracias, presidente, con la máxima brevedad.
Señoría, portavoz de Unión Progreso y Democracia, esa afirmación, esa interpretación de su intervención
respondería al supuesto, absolutamente erróneo, de que el español o castellano no se estudia en las escuelas en Cataluña, y eso, señoría, es absolutamente falso. Se estudia el castellano y se estudia también en castellano, por lo cual su acepción de lengua culta en este caso no es de aplicación.
Para acabar el turno de portavoces, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Ripoll.
La señora RIPOLL JUAN: Muchas gracias, señor presidente.
De entrada, señor Bosch, por ser usted el que firma la PNL, resulta poco menos que curioso, por calificarlo de alguna manera, que el planteamiento de esta proposición no de ley esté referido únicamente al catalán, al gallego y al vasco, pero eso es algo en lo que entraré un poco más tarde.
En virtud de los acuerdos administrativos para hacer uso de dichas lenguas, las que usted nombra y también aquellas otras que se deja en el tintero, firmados con el Consejo de la Unión Europea, el Comité de las Regiones, la Comisión Europea, el Comité Económico y Social y el Defensor del Pueblo, los ciudadanos españoles pueden dirigirse a estas instituciones y órganos en cualquiera de las lenguas que son oficiales en España según lo dispuesto en la Constitución española, y recibir respuesta en esa misma lengua. Así, dando cumplimiento a esos acuerdos, la interpretación de estas lenguas en las sesiones del Consejo y en los plenos del Comité de la Regiones se hace efectiva gracias a la tramitación que realiza la representación permanente de España ante la Unión Europea, sirviendo de interlocutor la Secretaría de Estado para la Unión Europea, a quien cada comunidad autónoma le dirige la solicitud que corresponda.
En cuanto a las comunicaciones escritas con las distintas instituciones y órganos, esta posibilidad está prevista en todos los acuerdos suscritos y también se cumple por parte de la Administración General del Estado. Señorías, al no haberse concluido un acuerdo similar con el Parlamento Europeo -ya lo comentaban anteriormente el señor López Garrido y el señor Sabaté-, este, en el uso de su propia soberanía ha decidido rehusar un acuerdo propuesto por el Gobierno español. No es menos cierto que el Gobierno seguirá esforzándose por intentarlo. Sin embargo, por un acuerdo de su Mesa, el Parlamento Europeo decidió, con sus propios medios, atender a los ciudadanos españoles que pudieran dirigirse a él en lenguas españolas distintas al castellano en la misma forma que la comprometida por las otras instituciones con las que el Gobierno español sí ha concluido acuerdos. Y así, efectivamente, se hace.
No podemos, pues, obviar que han sido muchos los avances, también del anterior Gobierno, del Partido Socialista, en esta materia y el Gobierno actual va a seguir trabajando en ello. Pero tenga en cuenta igualmente, tal como dijo el ministro de Asuntos Exteriores en su comparecencia ante esta comisión, que -cito textualmente- en estos momentos hay veintitrés lenguas oficiales en la Unión Europea y el Parlamento Europeo invierte el 50 % de su presupuesto en temas lingüísticos. Comprenderán ustedes que no sea, por tanto, una cuestión menor.
Por ello, en este momento, no podemos, señor Bosch, hablar de papel mojado, sino de acuerdos políticos ya establecidos por el Gobierno de España con el Consejo Europeo, con la Comisión, con el Comité de las Regiones y con el Tribunal de Justicia, que se están atendiendo, créanme, oportunamente. Y, efectivamente, como usted dice, aún no se ha concluido el acuerdo con el Parlamento Europeo, que es justamente, utilizando su expresión, donde se representa la soberanía popular europea. Y allí será donde se tenga que decidir si procede o no que las lenguas cooficiales de España puedan ser utilizadas por los europarlamentarios. Así pues, como su partido está representado a través del Grupo Parlamentario Europeo Verdes/Ale, entendemos que a través de él también podrían reforzar la petición del Gobierno español a tal efecto.
Respecto a los posibles acuerdos transfronterizos, reconocerá usted que el primer obstáculo lo encontramos en el Estado francés, que no reconoce como oficial otra lengua que la francesa; a partir de ahí, ya me dirá cómo lo hacemos.
Comprenderá, señoría, nuestro respeto más absoluto a las diferentes lenguas que se hablan en España, porque todas ellas forman el acervo común cultural de nuestra nación, pero a todas, señoría, a todas. Y, por cierto, ya que usted ha hablado en este mismo foro recientemente de catorce millones de catalanohablantes, le rogaríamos que ese mismo respeto que, en este caso, usted demuestra al Parlamento Europeo como seno de la soberanía popular europea, tuviera a bien demostrárselo a las Cortes Valencianas, donde recae la soberanía popular del pueblo valenciano, que decidió con la aprobación de su Estatuto de Autonomía -con el apoyo, por cierto, no solo del Partido Popular, sino también del Partido Socialista- el reconocimiento del valenciano como la lengua propia de la Comunidad Autónoma Valenciana. Así es que, le rogaría, señor Bosch, se acostumbrara a descontar cinco millones de esa suma de catorce millones de catalanohablantes que usted tan alegremente realiza.
Una breve matización, señora Lozano. No se trata de un antojo filológico, se trata de cumplir la ley, en este caso, la ley máxima de todos los valencianos, cumplir con el propósito de defender la lengua valenciana.
Dicho lo cual, no olviden que España no es un Estado confederal y que los derechos de las lenguas son para todos los españoles en igualdad de condiciones y en todos los lugares. Por cierto, aprovecho para recordar que el castellano debe ser también respetado en igualdad de condiciones en aquellas comunidades, señor Bosch, señor portavoz de Amaiur, como a las que ustedes pertenecen, porque también en Cataluña y en el País Vasco
hay ciudadanos que quieren usarla y estudiarla y todos debemos velar igualmente por ese derecho. La propia Carta de las Lenguas Regionales o Minoritarias, tal como ha dado en llamarse, afirma, como decía también la señora portavoz de UPyD, que la protección y el fomento de estas lenguas dentro del valor intercultural y del plurilingüismo no debería hacerse en detrimento de la lengua oficial de cada Estado y de la necesidad de aprenderla.
Por otro lado, España es un Estado autonómico desde la Constitución de 1978 y las competencias en materia cultural y de política lingüística están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que es, en ese marco competencial donde los Gobiernos autonómicos deben tratar el tema y fomentar e impulsar básicamente las propuestas que usted presenta en esta PNL. Los Gobierno autonómicos saben de la existencia del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado, dependiente de la Secretaría de Estado de las Administraciones Públicas, como órgano de análisis, impulso y coordinación técnica entre los diferentes ministerios en relación con el uso de las lenguas oficiales en España, y que también tiene por objeto promover y profundizar en el respeto y potenciación de los derechos lingüísticos de los ciudadanos. Es a este órgano también al que podrían llegar desde las comunidades autónomas con leguas oficiales distintas al castellano las propuestas que entiendan deban hacerse en esa materia.
Permítame sugerirle además la posibilidad de que promueva a través de su partido ante el Parlamento de Cataluña iniciativas como esta, que, en el caso de que prosperen, el Gobierno catalán elevará, a buen seguro, a los ámbitos que el Estado ha creado a tal efecto.
En cuanto al cumplimiento de los compromisos derivados de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada en España en 1992 y ratificada en 2001, cabe señalar que el Gobierno de España ha presentado tres informes ante el Consejo de Europa, en los que explica tanto la consecución en nuestro país de los niveles de exigencia de las disposiciones contenidas en la Carta, como la firme voluntad del Gobierno de España de proseguir en el logro de los puntos sobre los que el Consejo insiste en su mejora.
Y, termino, señor presidente. Con todo lo que hemos dicho hasta el momento, entiendo que han podido deducir que el Grupo Popular va a votar en contra tanto de esta proposición no de ley, como de las enmiendas presentadas.
Moltes gràcies, senyor president. Muchas gracias, señor presidente.
Procedemos, por tanto, a la votación de la proposición no de ley con la adición de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán, que ha sido aceptada -si no he entendido mal su intervención- por parte del grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 19.
- SOBRE TASAS DE PEAJES ESTABLECIDAS EN LAS CARRETERAS DE CONEXIÓN INTERNACIONAL ENTRE ESPAÑA Y PORTUGAL, ESTABLECIDAS POR EL GOBIERNO DE PORTUGAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Senado 663/000004 y número de expediente del Congreso 161/000415).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día que, como ya hemos acordado con anterioridad, será el debate de la Proposición no de ley sobre tasas de peajes establecidas en las carreteras de conexión internacional entre España y Portugal, establecidas por el Gobierno de Portugal, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
No se han presentado enmiendas.
En primer lugar, para su defensa, interviene el portavoz del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Es un honor para mí formar parte de esta comisión. Como usted indicaba en el título de esta iniciativa, Portugal ha decidido establecer varios peajes en autovías que conectan con nuestro territorio, que conectan España y Portugal.
Previamente eran autovías libres de peaje y, con pleno respeto a la soberanía de cada país a la hora de tomar decisiones sobres sus propios recursos, tengo que indicar que la fundamentación de esta proposición no de ley se basa en varias consideraciones. A finales del año pasado se han establecido, entrando en vigor a principios de diciembre, peajes en varias autovías, la A-25, la A-23, y también la A-22, aunque no está citada expresamente en esta proposición no de ley, para los vehículos que las utilicen. Estas autovías, cuyo peaje se denomina Sem Custos para o utilizador, sin coste para el usuario, conectan Portugal con España y con el resto de países europeos. Podrán entender sus señorías que esta decisión tiene una afectación evidente, crucial, diría yo, al desarrollo económico y social de diversos municipios españoles y portugueses que están situados en lo que llamamos la raya, en el área de influencia de estas autovías. De hecho, ya tenemos un precedente, porque Portugal tomó una decisión similar un año antes, en 2010, con respecto a varias autovías del norte -Norte Litoral, Gran Porto y Costa de la Plata- y los resultados han supuesto un notable descenso del tráfico. Hay una queja generalizada tanto en la parte portuguesa, como en la española,
acerca de los impactos en productos hortícolas, en el comercio, en la hostelería, en la retracción que ha supuesto la implantación de estos peajes, pero como les indicaba, cada país es soberano y, por tanto, nada habría que objetar, salvo lo que realmente está ocurriendo, al menos para el caso de las autovías A-25, A-23 y A-22, que es la que mueve a mi grupo a presentar esta proposición no de ley pidiendo al Gobierno que interceda o que solicite a la Comisión Europea una intervención -por supuesto, amistosa, por supuesto, negociada- con Portugal para la eliminación de estos peajes.
Las razones son evidentes. La primera es que en el caso de estas tres autovías que menciono, las dos que están mencionadas en el texto y la que añado -la A-22-, no hay carreteras alternativas declaradas viables por parte de la legislación portuguesa. Como ustedes saben, la Unión Europea garantiza a sus usuarios unas infraestructuras de calidad y en condiciones de seguridad y económicas aceptables y también garantiza el establecimiento de un espacio sin fronteras interiores que posibilite la cohesión, la libre circulación y la movilidad de personas y bienes en las mejores condiciones de seguridad posibles. Pues bien, el Plan Rodoviário de carreteras de Portugal tiene establecidos unos requisitos determinados para el establecimiento de rutas alternativas, como ocurre en España, a aquellas que están gravadas con peajes. En el caso de las que he mencionado esto no ocurre, porque, fíjense, señorías, las vías alternativas están declaradas solo vías de interés local y, por tanto, no reúnen los requisitos necesarios para una utilización masiva a opción del usuario. Es decir, si hay una autovía que previamente era libre de peaje y ahora se establece el peaje, al menos en condiciones de seguridad -como exige la normativa comunitaria- debe haber una alternativa. Esto no ocurre, y no ocurre ni siquiera con respecto a alternativas que puedan tener declaración de carácter nacional.
El artículo 4 del Decreto Ley 111/2011, que establece estos peajes, prevé, además, exenciones y grandes bonificaciones en el pago de los peajes a personas físicas y jurídicas que tengan su residencia o sede en el área de influencia de la correspondiente autopista de peaje, por supuesto, en territorio portugués. Por tanto, se produce un evidente trato desigual -lo digo con todos mis respetos para la República portuguesa, para el país hermano-, un trato discriminatorio entre ciudadanos de la Unión Europea por razones de residencia, favoreciendo obviamente la competencia desleal entre operadores de transportes de viajeros y mercancías que tengan su sede o no en Portugal y creando así una nueva frontera, en este caso claramente una frontera de contenido económico.
Además, podríamos añadir un tercer elemento, y es que al menos la A-25 y la A-23 se han financiado -en la exposición de motivos indico que mayoritariamente- en más de un 90 % con fondos europeos, prácticamente al cien por cien; es decir, que son infraestructuras que han recibido, como es lógico -y lo apoyo-, financiación comunitaria para su total ejecución, lo que debería al menos condicionar la fijación de peajes que puedan ser diferenciales o discriminatorios, como yo entiendo, entre ciudadanos por el hecho de su nacionalidad. En este caso, los ciudadanos que viven en el área en que se pagan estos peajes pueden tener exención o altas bonificaciones, pero no para el resto de ciudadanos españoles, por ejemplo, transportistas españoles, ciudadanos usuarios particulares, no para nosotros ni para franceses o alemanes, pero sí para los ciudadanos portugueses. En nuestra opinión, esto genera restricciones en la libre circulación y, desde luego, es un elemento que se opone a los criterios de cooperación transfronteriza.
Debería darse alguna solución y, por ello, pienso que el Gobierno de España -esta comisión es el lugar oportuno- debería instar a las autoridades comunitarias a que haya una solución, bien la que se indica en la parte dispositiva de esta proposición no de ley, el requerimiento para la supresión de los peajes establecidos en estas autovías en atención a los hechos que he descrito, esto es, que se han financiado mayoritariamente con fondos provenientes de la Unión Europea, ya que la vía alternativa ofrecida pertenece a la red municipal sin que reúna los requisitos establecidos en el marco normativo nacional de Portugal y, además, se da un trato diferencial a los ciudadanos en función de su residencia; o bien que se dé un trato similar a todos los ciudadanos porque -repito- el uso de los recursos propios compete soberanamente a cada país. No tendría yo nada que objetar a una decisión de este tipo decidida por las autoridades de Portugal si no concurrieran estos elementos que estoy explicando.
Para acabar, señorías, quiero recordar a los grupos parlamentarios que ha habido acuerdos. Me consta que al menos en la Diputación de Salamanca y en otras instituciones ha habido acuerdos unánimes por parte de todas las fuerzas políticas, incluyendo el grupo mayoritario en esta comisión, para solicitar lo que indico en esta proposición no de ley. Por tanto, hay un amplio consenso político, también social y económico a favor de que debería haber una solución diferente. También me consta -como se ha hecho público- que el señor ministro de Industria se ha dirigido al comisario europeo de Transportes, mister Kallas, indicándole que le traslada la preocupación del Gobierno de España por esta situación que está causando graves daños económicos y sociales en la referida área de influencia de estas autovías, de modo que sea tomada en consideración por esa comisaría de Transportes y pueda arbitrarse algún tipo de solución, pero obviamente las soluciones tienen que ser más concretas, más definidas. Entiendo que las soluciones solo pueden tener un camino, o bien la supresión de peajes o alternativamente al menos el trato equitativo e igualitario, no discriminatorio para todos los usuarios que utilicen esas vías de comunicación.
Como he dicho con anterioridad, no se han presentado enmiendas de los grupos parlamentarios, con lo que
abrimos el turno de los distintos portavoces de menor a mayor que así lo soliciten.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación).
¿Grupo Parlamentario de Unión Progreso? (Denegación).
Por el Grupo Parlamentario Entesa Pel Progrés de Catalunya, tiene la palabra el señor Sabaté.
El senador SABATÉ BORRÀS: Gracias, señor presidente.
Hago uso de la palabra solo para mostrar nuestro acuerdo con la proposición no de ley. Es de justicia porque mantener la situación actual de los peajes perjudica gravemente -como ya ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, el señor Caldera- a los ciudadanos españoles de las comunidades limítrofes con Portugal. Por lo tanto, sería importante que el Gobierno portugués atendiera esta petición en caso de aprobarse por esta comisión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Parera.
Entendemos perfectamente la preocupación que se quiere transmitir en el texto de esta proposición no de ley, sin embargo, creemos que es precipitado hacer una valoración de este tipo ahora mismo. Hay elementos que no se están tomando en consideración como son, por ejemplo, la aplicación de la Directiva sobre Euroviñeta o bien el Memorándum de Acuerdo sobre el Programa de Ajuste Económico que suscribió Portugal con el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, en general creemos que debemos estar atentos a la actuación propia de las instituciones comunitarias.
Desde el año pasado existe tanto una carta remitida por la propia comisión en abril de 2011, así como un dictamen motivado de 27 de octubre que ha sido contestado por las autoridades portuguesas, pero que en la actualidad está siendo objeto todavía de análisis y valoración por parte de la comisión. Por responsabilidad política debemos esperar a saber el contenido de las conclusiones de la comisión al respecto de las respuestas dadas por Portugal en este sentido. Comprendemos la preocupación expresada, sin embargo, vamos a abstenernos -ya adelanto mi voto- en la votación, puesto que consideramos que debemos estar a la expectativa.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Serrano.
El señor SERRANO CALURANO: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, es para mí un honor intervenir por primera vez en esta comisión como diputado. El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno compartimos y asumimos plenamente las reivindicaciones que se hacen desde la zona afectada de los dos lados de la raya por los peajes impuestos por Portugal. Compartimos las reivindicaciones que hacen ayuntamientos, diputaciones, organizaciones y otras instituciones. Además, nos parece que es discriminatorio que se pueda cobrar a unos de un país sí y a los de otro país no. Pero, como demostraré más adelante, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular están trabajando en este asunto desde hace tiempo y de forma seria. Lo que el Grupo Parlamentario Popular no puede hacer es entrar en el juego político del todo vale del Partido Socialista con la presentación de esta PNL.
El Grupo Socialista presenta una PNL única y exclusivamente para desgatar al Gobierno, para hacer sangre, para entretener y para despistar al Gobierno de otros asuntos en los que está trabajando. Es una PNL, en primer lugar, oportunista, señor Caldera; es oportunista porque ustedes ven el problema, ven la posibilidad de la sangre y se lanzan al degüello absoluto para ver qué sacan de esto. En segundo lugar, es totalmente extemporánea; viene tarde. Las medidas, como relataré más adelante, ya se están tomando y parte de ellas las ha relatado quien me ha antecedido en el uso de la palabra. Y además es una acción machacona por parte del Grupo Socialista, que ha presentado ya cuatro preguntas escritas, tanto en el Congreso como en el Senado, dos preguntas orales y, con esta, dos PNL sobre este asunto, con lo cual es una estrategia totalmente descompaginada, porque van por un lado y van por otro, pidiendo una cosa en una PNL y pidiendo otra en otra PNL, como demostraré también a continuación.
Pero les digo más, señorías, es un plagio, es una chapuza monumental, y a las pruebas me remito. Existe -a la salida lo pueden ustedes coger- un manifiesto firmado por más de cincuenta asociaciones e instituciones en Salamanca el 9 de febrero del 2012, y el señor Caldera, que ya nos ha dado grandes tardes de gloria con el Tipp-Ex, ahora nos las da con el corta y pega plagiando literalmente el manifiesto que estas cincuenta asociaciones firman en Salamanca el 9 de febrero, haciéndolo suyo. Ha dicho anteriormente: En esta exposición de motivos que presento. No, usted no presenta, es un manifiesto que han hecho y que usted ha copiado y ha pegado literalmente en la exposición de motivos que usted ha presentado. A la salida tienen ustedes el manifiesto y lo pueden comprobar. Por lo tanto, señor Caldera, este corta y pega es un juego al que nosotros no nos vamos a prestar, dentro de que comprendemos perfectamente, insisto, que estamos al lado de los afectados y trabajando para solucionarles el problema.
También le digo que es fruto de la improvisación. Usted es de Salamanca y ha habido un problema, un
revuelo por allí y dice: bueno, pues a hacer sangre. Y ahora se da cuenta de que solo pide usted para dos autovías, la A-25 y la A-23, y se queda más del 50 % del problema fuera, es decir, se quedan fuera de su PNL la A-22, la A-24 y la A-29. Por consiguiente, está usted pidiendo una solución parcial solamente para los afectados a los que usted como diputado defiende en ese caso. Y la pregunta sería: ¿por qué ahora y no antes, cuando estaban ustedes gobernando? El Decreto Ley 111 del Gobierno portugués se aprobó el 28 de noviembre. El Partido Popular gana las elecciones el 20 de noviembre. No había gobierno, pero sí hay un trámite parlamentario anterior a todo esto, hay información pública a todo esto y ustedes estaban en el Gobierno. ¿Qué hicieron ustedes? Yo les contesto, señores: absolutamente nada, ahora única y exclusivamente para desgastar al Gobierno. Juegan ustedes, incluso, con la soberanía de un país vecino y amigo como es Portugal. Portugal es muy libre de hacer lo que estime conveniente dentro de su territorio; sin embargo, el Gobierno lo que va a hacer es vigilar que cumpla escrupulosamente con la normativa europea y con el derecho internacional, exclusivamente, no podemos meternos a decir qué tiene que hacer cada cual en su país.
Además, para desmontarle su juego, le voy a relatar lo que en este momento están haciendo el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular en este asunto. En primer lugar, hemos apoyado todas las iniciativas de la CEOE que han denunciado este caso en Bruselas y les hemos apoyado desde la Federación Onubense de Empresarios, de Huelva. En segundo lugar, apoyo a Fenadismer, a la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte -que es el documento que usted ha plagiado en su exposición de motivos-, en sus quejas expuestas ante la Unión Europea. En tercer lugar, el Ministerio de Fomento ha creado un grupo entre varios departamentos y en coordinación con el Gobierno portugués para ver cuáles son las soluciones a este problema y qué medidas se pueden arbitrar dentro del contexto internacional y dentro del contexto de la Unión Europea. Y, en cuarto lugar, el ministro de Industria, Turismo y Comercio ha enviado una carta al comisario de Transportes, como usted ha comentado, en la que le dice unas cuantas cosas que usted me imagino conoce. Le dice textualmente que está causando graves daños económicos y sociales en la zona; le dice textualmente que está afectando seriamente a los municipios españoles y portugueses situados en el área de influencia de las autovías fronterizas entre ambos países, convirtiéndose en un obstáculo a la libre circulación de personas, máxime cuando tales infraestructuras fueron financiadas con fondos europeos. Calcula las medidas y le dice que está causando daños en esta zona, que han registrado importantes pérdidas en el volumen de ventas en el comercio, en hostelería un 25 %, en pernoctaciones hoteleras un 40 %, entre otras actividades económicas, de la parte española. Y termina diciendo, leo textualmente: Nuestra preocupación por esta situación que está causando graves daños económicos y sociales en la referida área, de modo que sea tomada en consideración por esa comisaría de Transportes y pueda arbitrarse algún tipo de solución. Como ve, señoría, el Gobierno está trabajando en este asunto incansablemente.
Pero además, señorías, mañana se celebra una cumbre hispanoportuguesa en Oporto y este tema va incluido en el orden del día como preferente. Es obvio y se puede comprobar y está más que demostrado, con lo que le acabo de comentar, que el Gobierno está trabajando en esta materia y que esta trabajando bien. Lo que recomienda el Grupo Popular es dejar esta estrategia de desgastar por desgastar y poner la zancadilla para hacer sangre y para entretener al Gobierno con estas preguntas y estas historias. Le animamos a que lo dejen. Señorías, sean ustedes serios. Señor Caldera, repito, nos ha dado usted grandes tardes con el Tipp-Ex; a lo mejor se le ha secado el bote del Tipp-Ex y ha cogido usted el corta y pega. Sean ustedes serios cuando presenten una iniciativa, porque en esta iniciativa solamente viene su firma, lo demás es plagiado de ese documento.
Por lo tanto, les adelanto que el Grupo Popular votará en contra no porque no exista el problema, no porque no estemos de acuerdo, sino porque esto es simplemente una estrategia política de desgaste que no compartimos en absoluto.
Muchas gracias. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra).
Señor Caldera, ¿a qué efectos pide la palabra? Quiero aclarar a su señoría que estamos en el debate de una proposición no de ley, donde no hay réplica y dúplica posteriores.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Ya lo sé, señor presidente, pero la intervención ha sido tan grosera que sencillamente quiero aclararle dos extremos al señor diputado, solo dos.
El señor PRESIDENTE: Tiene su señoría la palabra por un minuto, a los efectos de aclarar esas dos inexactitudes y, posteriormente, la tendrá el señor Serrano. Pero que sea para aclarar las dos inexactitudes de la intervención del señor Serrano.
No sé si el señor diputado ignora el lugar en el que toma asiento, que es una Cámara para el debate y también para la cooperación, e ignora los principios básicos y fundamentales del modelo democrático. El Partido Socialista Obrero Español de Salamanca es parte de esta plataforma que intenta, en una propuesta que he citado -"Diputación de Salamanca", "señor ministro de Industria"-, ofrecer cooperación para resolver los problemas; es parte de esta plataforma en la que toman asiento múltiples organizaciones. ¿Es que está prohibido
que la sociedad civil organizada pueda trasladar al Parlamento sus inquietudes y quien es parte de la misma pueda presentar un texto similar en su contenido a lo que representan sus reivindicaciones? Esa es la primera aclaración. Y la segunda es que no caiga en el nerviosismo, porque estimo que su problema es, cuando regrese a Huelva, lo que le van a decir los miembros de las plataformas organizadas, porque mucho decir aquí, pero no va a hacer nada, y si va a votar en contra es porque evidentemente no está por una solución a ese grave problema.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Caldera.
Señor Serrano, tiene la palabra por un tiempo máximo de tres minutos para contestar a las aclaraciones realizadas por el señor Caldera.
El señor SERRANO CALURANO: No ignoro, señor Caldera, el lugar donde me encuentro. El que parece que lo ignora es usted actuando de forma chapucera, trayendo aquí un plagio total y absoluto de un manifiesto, esté o no esté en él la firma del Partido Socialista, firma que yo no veo. De todas formas, aun estando -insisto, yo no la veo, aunque hay muchas firmas que no identifican de quiénes son-, es un plagio total y absoluto, es decir, no es usted quien lo presenta -haberlo dicho-. Usted ha dicho varias veces: en esta exposición de motivos que presento, pero no es así.
En segundo lugar, no está prohibido, siempre y cuando se diga que esta exposición de motivos es la que presenta el manifiesto firmado tal día en tal sitio. Pero no es así. Usted no lo ha dicho. Lo ha hecho suyo, y no es suyo. Además, con los antecedentes que usted tiene, se puede comprender que es así.
Repito, es una chapuza. No tiene otro nombre más que chapuza propia de Manolo y Benito. Es así de claro.
Para terminar, señor presidente, repito que compartimos absolutamente la defensa de los intereses de los habitantes de las dos zonas, y se está trabajando muy seriamente en este asunto, como le he demostrado. Usted tiene la carta que el ministro le ha mandado al comisario de Transportes y tiene las actuaciones del Ministerio de Fomento. ¿Por qué insisten en esta tarea machacona, en estas repetitivas PNL y preguntas al Gobierno? Exclusivamente, señor Caldera, para desgastar y entretener.
Procedemos a la votación de la proposición no de ley en los términos en los que ha sido presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 19; abstenciones, 4.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE EL EMBARGO PREVENTIVO Y EL DECOMISO DE LOS PRODUCTOS DE LA DELINCUENCIA EN LA UNIÓN EUROPEA [COM (2012) 85 FINAL] [2012/0036 (COD)] [SWD (2012) 31 FINAL] [SWD (2012) 32 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000026 y número de expediente del Congreso 282/000096).
El señor PRESIDENTE: Señorías, pasamos al debate sobre el control de subsidiariedad de iniciativas legislativas de la Unión Europea.
La primera de ellas es una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el embargo preventivo y el decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea.
Se ha presentado informe del Gobierno y dictámenes de las Cortes de Aragón, el Parlamento Vasco y el Parlamento de Cataluña.
Interviene, en primer lugar, para presentar el informe, el señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, buenos días.
Me corresponde el honor de dirigirme a la Comisión Mixta para la Unión Europea en relación con esta propuesta de directiva del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre el embargo preventivo y decomiso de los productos de la delincuencia en la Unión Europea. Estamos hablando, por tanto, de una acción que tiene que ver con la seguridad, con la justicia y, fundamentalmente, con el Título V del Tratado fundacional de la Unión Europea, que bajo el enunciado de espacio de libertad, seguridad y justicia, contiene las disposiciones que fundamentan la adopción... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor López Garrido.
Ruego a sus señorías, senadores y diputados, que si no van a atender el debate, para conversar pueden salirse de la sala o al menos hacerlo al fondo de ella para que el resto de sus señorías puedan seguir el debate.
Tiene la palabra, señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Muchísimas gracias, señor presidente.
Decía que esta iniciativa legislativa de la comisión tiene su fundamento en el Título V del Tratado fundacional de la Unión Europea, relativo al espacio de libertad, seguridad y justicia. Como decía, contiene las disposiciones que dan base a esta iniciativa legislativa.
El artículo 67 del Tratado fundacional dispone que la Unión garantizará a los ciudadanos un nivel elevado de seguridad mediante medidas de prevención y de lucha contra la delincuencia, de coordinación y cooperación entre autoridades policiales y judiciales, así como mediante el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia penal.
Desde el año 2001 y hasta la fecha, la Unión ha venido aprobando un marco jurídico en el que se contemplan medidas de coordinación en materia de decomisos y de embargos, medidas de cooperación entre las administraciones de los distintos Estados miembros, medidas que tienden a velar por el respeto de las decisiones que se adopten en unos u otros Estados y por la agilización de estos procedimientos. Son cuatro decisiones marco y una decisión las que se han venido aprobando, como decía, desde el año 2001, si no me equivoco, hasta la actualidad.
Como consecuencia de la dimensión transfronteriza que tienen los delincuentes, que se mueven con soltura en esta Europa sin fronteras y que invierten el producto de esta acción ilícita, de este crimen organizado, en países fuera del origen donde se han cometido los actos delictivos, es decir, trasladan esos capitales, los blanquean, movilizan esos activos de un país a otro, parece evidente que está justificada la acción paneuropea.
Lo que fundamentalmente propone esta corta directiva, de 16 artículos -con esto ya decimos bastante y bueno de ella-, es facilitar esa cooperación. La Unión constata que hay una muy escasa recuperación de activos procedentes del delito. Es difícil mesurar cuánto es el dinero ilícito que se mueve, pero sí parece evidente, a la vista de las pocas estadísticas que hay -algunas del Reino Unido-, que la recuperación de activos es ciertamente escasa. Lo que se pretende es homogeneizar, mejorar esa incautación de activos y favorecer que estas cantidades económicas se reinviertan en una mejor coordinación, en una mayor cooperación y en una lucha más eficaz contra el delito.
Por tanto, desde el punto de vista del análisis de subsidiariedad, como decía, dentro de una escala que parece más adecuada para luchar contra el crimen organizado y su fruto -es importante puntualizarlo-, parece evidente que si a los delincuentes se les priva del beneficio económico que se obtiene de esa actuación delictiva, tendrán menos incentivos para seguir en esa dinámica. En consecuencia, parece que la Unión Europea se encuentra en mejor posición para regular estas normas de armonización de las legislaciones nacionales en materia de embargo y decomiso de bienes procedentes de delitos. Como digo, hay cuatro decisiones marco y una decisión, es decir, ya hay una regulación, pero quizá esta directiva nos puede hacer avanzar mucho más.
No obstante, siendo favorable el informe de este diputado respecto a la aplicación del criterio de subsidiariedad, es en cuanto a la proporcionalidad cuando convendría, si la comisión lo estima oportuno, establecer alguna matización. El artículo quinto del protocolo anejo al Tratado de Lisboa, en el que se regula la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, nos dice claramente que los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los gobiernos nacionales, las autoridades regionales o locales, los agentes económicos o los ciudadanos, sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar. Sin que haya una vulneración flagrante del principio de proporcionalidad, sí que es cierto que los artículos 10 y 11 de la propuesta de directiva contemplan una serie de iniciativas. Así, el artículo 10 se refiere a la creación de unas agencias nacionales que gestionen y administren los activos decomisados, mientras que el artículo 11 recoge un complejo entramado para acumular información y transmitirla entre los Estados miembros. A este respecto, como bien dice el informe del Gobierno, quizá no haya que mantener estadísticas de todos los delitos, sino de aquellos que están sometidos a la aplicación de esta directiva. En esa materia de proporcionalidad -por hacer, si se me permite, humildemente, más proporcional esta directiva-, mi informe contempla que se establezcan por parte de la Unión los recursos económicos necesarios para la puesta en marcha inicial de esas oficinas centrales nacionales que sugiere que han de administrar los activos decomisados. Bien cierto es que en una fase inicial, porque se espera que del decomiso y de la administración de esos activos se consigan pingües rendimientos económicos para los gobiernos de la Unión Europea. No obstante, si se establece esa obligatoriedad de esas oficinas centrales, bueno sería que se contemplara también la dotación económica suficiente para su puesta en marcha.
Por último, una acotación prudencial respecto a esa información que exige la directiva en cuanto a los decomisos, a la colaboración que se ha realizado, al número de delitos, etcétera. Se trata de acotarla de manera que no se produzca una sobrecarga ni se exija un exceso de esfuerzo burocrático a los Estados miembros.
Con esas dos mínimas acotaciones, y bajo el paraguas de que efectivamente considero que cumple los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, señor presidente, concluyo mi informe y lo someto a la consideración de la comisión.
¿Algún grupo parlamentario quiere hacer uso de la palabra? (Denegaciones).
No solicita la palabra ningún grupo parlamentario, con lo cual procedemos ya a la aprobación o no, en su caso, del texto de la propuesta.
Efectuada la votación, queda aprobado por unanimidad.
- PROPUESTA DE DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO SOBRE NORMAS CONTABLES Y LOS PLANES DE ACCIÓN APLICABLES A LAS EMISIONES Y ABSORCIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO RESULTANTES DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL USO DE LA TIERRA, EL CAMBIO DE USO DE LA TIERRA Y LA SILVICULTURA [COM (2012) 93 FINAL] [2012/0042 (COD)] [SWD (2012) 40 FINAL] [SWD (2012) 41 FINAL]. (Número de expediente DEL SENADO 574/000025 y número de expediente del Congreso 282/000097).
El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día también es una propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas contables y los planes de acción aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura.
Se ha presentado informe del Gobierno y dictámenes de las Cortes de Aragón, del Parlamento Vasco y de la Asamblea de Extremadura.
Para presentar el informe tiene la palabra el señor Alonso Núñez.
El señor ALONSO NÚÑEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo para presentar y defender el informe de subsidiariedad que hemos elaborado relacionado con la propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo que tiene que ver con las normas contables y los planes de acción aplicables a las emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero resultantes de las actividades enmarcadas en el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura.
Se trata de un tema importante en este momento y que lo será mucho más en el futuro cuando vayan tomando cuerpo una serie de decisiones que tienen que ver sobre todas estas políticas y decisiones que se van adoptando en la Unión Europea y en los respectivos países y que se enmarcan en la denominada políticas de cambio climático tendentes a evitar el calentamiento global del planeta.
Quizá no sea ocioso recordar en este ámbito, en la Comisión Mixta de la Unión Europea, que son muchos los compromisos que nuestro país ha ido adoptando en los últimos años en relación con este tema. Los países desarrollados, de los que formamos parte, hemos asumido que el calentamiento global no debe superar en más de 2 grados centígrados la temperatura registrada antes de la revolución industrial; tenemos asumido que, antes del año 2050, los países desarrollados tendremos que haber reducido entre un 80 y un 95 % las emisiones respecto a los niveles de 1990; y en lo que hace referencia a nuestro ámbito más cercano -Unión Europea-, tenemos asumido y comprometido que cuando concluya el 2020 -que ya está cerca-, las emisiones de gases de efecto invernadero tendrán que haberse reducido en un 20 % respecto a los niveles de 1990 y hasta un 30 % si las condiciones son adecuadas. Es evidente, y de ahí la importancia de esta directiva, que todos los sectores de la economía -española y europea- deben contribuir a estos objetivos de reducción de emisiones. La realidad es que hasta ahora solo habían sido o tenidas en cuenta las emisiones de los sectores industriales y, muy especialmente, los sectores energéticos, que son los que diariamente computan, se analizan y de los que se hace un seguimiento minucioso, pero no es menos evidente que los temas relacionados con el uso de la tierra son importantes, que se deben considerar aun cuando hasta ahora no hayan sido objeto de estudio y, por supuesto, de contabilización.
Los usos de la tierra tienen una gran importancia en este planteamiento, en estos objetivos que estamos planteando. Mucho se ha escrito y se sabe sobre la capacidad de absorción de carbono que tienen los bosques, pero también es evidente -quizá se ha escrito menos- que los distintos usos agrícolas, que cómo se trabaje en la agricultura, el uso de carburantes, abonos fitosanitarios, etcétera también tienen que ver con ese balance positivo o negativo en relación con esta problemática.
Por tanto, en el fondo de este asunto está cómo vamos a ser capaces de gestionar nuestros recursos naturales, lo que tiene que ver con los bosques principalmente pero también con otros sectores ligados a la agricultura, a la silvicultura; el papel de cultivos importantes, por ejemplo, en España: los cultivos leñosos, el olivar, el viñedo, los frutales; la gestión de nuestra agricultura, las superficies de pastos, etcétera; en definitiva, el diseño de una política agraria en España y en Europa tendente a este objetivo de reducción de emisiones.
Por darles un dato, hay estudios que demuestran que por cada tonelada de carbono contenido en madera utilizada, por ejemplo, en la construcción que sustituya a otros productos industriales -por ejemplo, el cemento o hierro o cualquiera-, si ponemos madera en vez de estos otros productos, reduciríamos por cada tonelada 2 toneladas de carbono, que son las que se producirían en la fabricación de estos productos.
Esta decisión que hoy sometemos a este dictamen de subsidiariedad tiene importancia sobre todo de cara al futuro y, en un futuro inmediato, de cara al diseño de las nuevas políticas, muy especialmente de la política agraria comunitaria que tiene que contribuir a este objetivo de reducción de emisiones, una política comunitaria que está negociándose en este momento y que tendrá que aplicarse a partir del año 2014.
Decía al principio que hasta ahora este tema no había sido considerado por los distintos tratados y acuerdos
internacionales. Se intentó en distintas cumbres del clima, especialmente en la Cumbre de Copenhague, y no fue posible alcanzar un acuerdo, pero afortunadamente en los acuerdos de Durban del año 2011 sí se acordó incorporar los trabajos de este sector, denominado en el acrónimo LULUCF por las siglas inglesas, a los usos de la tierra, a los objetivos de la política de cambio climático. Y de ahí esta propuesta de directiva, en la que han trabajado los Estados y un grupo de trabajo de alto nivel, que, en definitiva, lo que nos proponen es reducir el déficit técnico existente en este momento. Hasta ahora los distintos países, cuando han tratado de determinar técnicamente el balance de emisiones y absorciones, no se ponían de acuerdo, incluso había una gran contradicción entre los responsables de países donde las superficies boscosas son muy importantes respecto a los sistemas de medición utilizados en otros países de agricultura más tradicional como puede ser España.
En definitiva, la propuesta de directiva trata de resolver el problema técnico de cómo realizar la contabilidad y utilizarla bajo unos parámetros técnico-científicos asumidos por todos los países. Por tanto, aquí lo que se nos propone es establecer una metodología rigurosa aplicable por todos los Estados miembros para medir las emisiones y las absorciones y, además, facultar a la Comisión Europea para que pueda hacer la supervisión de la medición de la aplicación de estos balances en cada uno de los Estados. Y en segundo lugar -y quizá esto sea casi más importante- obliga a los Gobiernos de los distintos Estados nacionales a establecer planes de acción que permitan limitar o reducir las emisiones de las fuentes para mantener, es decir, para cuidar las superficies boscosas, para cuidar los cultivos que pueden jugar un mejor papel en la absorción de sumideros; en definitiva, incentivar la aplicación de planes de acción en los distintos países para contribuir a este objetivo.
Por tanto, se trata, como digo, de una norma interesante, positiva, importante, y nuestro informe es favorable.
Les proponemos el voto afirmativo a los miembros de esta comisión.
¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? (Denegaciones).
No siendo así, procedemos a la votación del texto de la propuesta.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por la unanimidad de los miembros de la comisión.
- PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL CONSEJO SOBRE EL EJERCICIO DEL DERECHO A ADOPTAR MEDIDAS DE CONFLICTO COLECTIVO EN EL CONTEXTO DE LA LIBERTAD DE ESTABLECIMIENTO Y LA LIBRE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2012) 130 FINAL] [2012/0064 (APP)] [SWD (2012) 63] [SWD (2012) 64]. (Número de expediente del Senado 574/000033 y número de expediente del Congreso 282/000104).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, señorías, al siguiente punto del orden del día: Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios.
Se ha presentado informe del Gobierno y dictámenes del Parlamento vasco, de las Cortes de Aragón y de las Cortes de Castilla y León.
Interviene en primer lugar para presentar el informe el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar querría explicarles que se trata de un reglamento, por tanto, de una ley de aplicación directa a todos los ciudadanos y a todos los Estados. Estamos probablemente ante uno de los elementos más conflictivos de la intervención de las instituciones comunitarias europeas en el ámbito de la libertad de comercio y de los derechos laborales, dos materias que, querámoslo o no, rozan con frecuencia y generan conflictos importantes. Este es el caso del pretendido reglamento de subsidiariedad que hoy sometemos a consideración porque, efectivamente, este es un asunto muy conflictivo; en este momento está en gran tensión política y sindical en el seno de las instituciones comunitarias. He tenido ocasión de hablar con varias representaciones de la Confederación Europea de Sindicatos, con los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo, etcétera, y hay una grandísima discusión o un debate importante sobre este reglamento.
Les pongo en estos antecedentes porque quiero señalarles que probablemente estamos ante uno de los asuntos más vidriosos, más conflictivos desde el punto de vista de la emisión del informe, que posteriormente les explicaré y les propondré, a propósito de si hay o no vulneración de la subsidiariedad en este caso.
Para entrar en la explicación del contenido, permítanme que les exponga sustancialmente de qué se trata, porque el título es muy abstracto y a veces no logramos aplicarlo a categorías, a casuísticas más conocidas por todo el mundo. En definitiva, se trata de que, como ustedes saben, desde el año 1996, desde la famosa directiva que estableció el marco del mercado interior, se adoptaron los principios de libertad de establecimiento
comercial y de libertad de ejercicio profesional, dicho en román paladino, cualquier profesional, ya sea dentista, abogado o mecánico, puede instalarse en cualquier lugar de Europa, del mercado interior, cualquier empresa puede instalarse en cualquier lugar, y la apertura del mercado interior favorece la competencia y de esa manera también una reducción de los costes y de los precios hacia los consumidores.
Ese principio rozó en muchas ocasiones con lo que llamamos el universo laboral, el marco de protección que la misma Unión Europea se ha ido dando a lo largo de decenios, para lo que llamaríamos el derecho tuitivo, el derecho laboral que protege la seguridad de los trabajadores, otorgándoles una serie de derechos elementales, ya sea a la negociación colectiva, a la sindicación, a la huelga, etcétera.
Hay dos grandes casos que provocaron este conflicto: uno, el llamado Viking Line. Es el caso de una compañía de transportes marítima finlandesa que decide instalarse en Estonia y provoca una enorme conflictividad en su país de origen porque obviamente abandona las instalaciones y el empleo que generaba en su país para irse a otro país -vamos a decirlo así, para entendernos- más barato. Este caso Viking Line ya fue objeto de sentencia por el Tribunal de Justicia.
Otro caso muy famoso es el de Laval: unas autoridades suecas otorgan un concurso, adjudican la contratación para la construcción de una escuela a una empresa -creo que es lituana o letona, no lo sé- que obviamente pasa el Báltico, y trabaja allí siete días con sus trabajadores, mucho menos costosos que los trabajadores suecos.
Esta conflictividad, esta competencia llevó a los tribunales europeos a recomendar que se tratara de equilibrar el derecho a la libertad de comercio, a la libertad de instalación empresarial a la que anteriormente nos hemos referido, con los derechos sindicales y laborales, y ese equilibrio es el que pretende esta regulación a través de un reglamento que se llama cláusula Monti -por alusión precisamente al que fue gran gestor y gran impulsor de lo que llamamos el mercado interior en Europa.
¿Qué hace ese reglamento? Establece los principios generales para el ejercicio del derecho de las empresas o de las personas a la libertad de establecimiento o a la prestación de servicios respectivamente, con los derechos fundamentales a adoptar en caso de conflicto colectivo por esa decisión. Pues bien, este es un reglamento breve pero entra casi como elefante en cacharrería en este delicado equilibrio, en esta ecuación compleja, en este espacio de rozamientos y de conflictos entre dos derechos: el derecho a la libertad de establecimiento, el derecho de cualquier profesional a instalarse en cualquier lugar, y los problemas laborales que origina esa decisión y, por tanto, la vulneración de derechos laborales que se pudieran generar.
¿Dónde están los problemas que apreciamos para establecer un informe negativo, como el que propongo a sus señorías? En primer lugar, hay varios problemas jurídicos muy, muy notables. El primero es que las instituciones comunitarias no tienen legitimación, no tienen título jurídico para intervenir en la regulación de los elementos esenciales de las relaciones laborales, y al respecto -y lo señalo en el punto 6 del informe que les he propuesto- es muy curioso que, siendo como es el artículo 153 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el basamento sobre el que la Comisión propone este reglamento, sea ese mismo artículo el que en su último párrafo diga algo tan concreto como lo siguiente: "Las disposiciones del presente artículo no se aplicarán a las remuneraciones, al derecho de asociación y sindicación, al derecho de huelga, ni al derecho de cierre patronal." Son, pues, señorías, los mismos tratados constitutivos los que excluyen de forma expresa que la Unión Europea disponga de competencias para regular -como se hace en este caso, en mi opinión- el derecho de huelga, porque cuando se establece la posibilidad de que los Estados puedan arbitrar conflictos colectivos o legislaciones específicas para resolver ese problema del que les he hablado antes, obviamente están hablando de limitar el ejercicio de los derechos sindicales.
Segundo, es particularmente invasiva esta intervención porque se hace a través de un reglamento, no mediante una directiva. La Comisión busca el reglamento, que es la máxima fuente legal para poder intervenir en esta materia porque sabe que está hablando de derechos importantes, pero justamente al hacerlo a través de un reglamento, por un lado, desde el momento de su aprobación obliga a todos los Estados y a todos los ciudadanos y, por otro, no permite una transposición, como sería el caso de una directiva, que, en mi opinión, tampoco tendría fundamento jurídico en esta materia pero que sería por lo menos más discutible si permitiese a los Estados una regulación de su aplicación. Pero es que el reglamento no lo permite, y esta es la segunda razón jurídica que les expongo de lo que considero una invasión preocupante en esta materia, y así lo indico en el punto número 9 del informe,
Tercero, lo que dice el artículo 2 del Reglamento -fíjense hasta qué punto es alambicada la regulación del reglamento que nos proponen- es lo siguiente: El ejercicio de la libertad de establecimiento y de la libre prestación de servicios consagradas en el tratado respetará el derecho fundamental a adoptar medidas de conflicto colectivo, incluido el derecho a la libertad de huelga y a la inversa -dice después-, el ejercicio del derecho fundamental a adoptar medidas de conflicto colectivo -por ejemplo, la huelga-, incluido el derecho o libertad de huelga -lo dice-, respetará esas libertades económicas. Por tanto, coloca en el mismo nivel los dos derechos: el derecho de libertad económica y el derecho de huelga. Pero, al hacerlo, en el fondo, señorías, ¿qué es lo que ocurre? Que limita los derechos sindicales. Porque el derecho a la libertad de establecimiento comercial ya lo teníamos, el derecho a movernos, a instalar una empresa en cualquier lugar de la Unión Europea, o a trabajar como profesional en cualquier
capital europea ya lo teníamos. Lo que se hace con este reglamento es decir que cada derecho debe respetar al otro, y al hacerlo, lógicamente está limitando lo que anteriormente era el derecho a generar un conflicto colectivo, etcétera.
Les voy a poner un ejemplo para no ser tan abstracto en la explicación teórica. Imaginémonos -esta mañana hemos hablado de la frontera con Portugal- que una compañía portuguesa que hace recogida de basuras se presenta a un concurso en Badajoz, en Salamanca, en Cáceres, en cualquier gran ciudad, con sus salarios, con sus condiciones de trabajo, etcétera, y gana los concursos de esas ciudades. Eso es perfectamente legal, que quede claro, nadie puede cuestionar eso, eso ya es legal. Lo que este reglamento propone es que el conflicto colectivo que pudieran producir los trabajadores de las empresas anteriormente concesionarias de esos servicios, a la hora de establecer, pongamos por caso, su protesta, el Estado es el que tendrá que someter -en este caso España- y limitar el ejercicio de ese derecho y de ese conflicto al respeto del otro derecho, el de la compañía portuguesa.
¿Eso cómo se hace? Pues de ninguna manera. El reglamento, al final, dice que se tienen que respetar las dos cosas. Pero todos sabemos en qué va a consistir ese respeto: en limitar los derechos que hasta la fecha tenían cuando se generaba un conflicto colectivo en cualquier país que este se produzca. Esta es la realidad. A mí me ha costado enormemente llegar a esta conclusión, porque sinceramente pienso y creo -se lo digo con toda franqueza- en la libertad de comercio, en la necesidad de la libertad de instalación y de establecimiento empresarial, lo creo firmemente. Pero, atención, lo estamos llevando a cabo con este reglamento en una clara progresiva limitación de los derechos contrapuestos y, como consecuencia, digo, de los conflictos ya producidos en el caso Viking Line, en el caso Laval y en otros casos.
En cuarto lugar, los problemas jurídicos -y voy terminando, señor presidente- se producen porque esta intervención comunitaria a través del reglamento afecta a derechos fundamentales, no solamente de la propia Unión Europea sino también de nuestra Constitución. Les quiero recordar que el artículo 28 que regula el derecho a la huelga es un artículo de la Sección I de la Constitución, de derechos y libertades. Es el último artículo de ese título que es, por así decirlo, el núcleo fundamental de nuestro sistema de derechos y libertades. Y al quedar igualado ese derecho con el derecho económico, que es el artículo 38 de nuestra Constitución, el reglamento lo que hace es una vulneración de nuestra propia jerarquía de derechos; es decir, el Reglamento europeo vulnera nuestro sistema de reparto jerárquico de derechos y libertades entre el derecho de huelga, que es un derecho fundamental, Sección I de la Constitución, y el derecho de libre disposición o de establecimiento comercial, artículo 38 de la Constitución, que no es un derecho fundamental, repito. Por tanto, se produce una vulneración de nuestra propia Constitución. No es solo un problema de invasión competencial, de que no hay título en la Unión Europea, es que, además, hay una alteración del estatus, de la jerarquía de nuestros derechos.
Existen además algunos problemas políticos que quiero señalar. El problema que tiene Europa con esta situación que estamos tratando es el llamado dumping social, es decir, cada vez es más frecuente que muchas empresas se deslocalicen, y esto, insisto, lo acepto; acepto que la libertad de mercado establezca esto, lo sufrimos los españoles y los europeos especialmente en relación con el resto del mundo. La pregunta es si los europeos en nuestro propio espacio político tenemos que aceptar el dumping social respectivo. La pregunta es si políticamente no tendríamos que ir a que esta libertad de establecimiento comercial o esta regulación de este asunto que estamos contemplando se hiciera sobre la base de una mayor homologación de los derechos laborales, dicho de otra manera, si no debiéramos plantarnos ante el hecho de que muchas de nuestras empresas se deslocalizan en otros países de la Unión Europea, buscando salarios más baratos, menores derechos sindicales o incluso la ausencia, por ejemplo, del derecho a la huelga. Y esto empieza a ocurrir ya cuando se van al este compañías muy importantes. ¿Qué les diremos a los ciudadanos de Valladolid si mañana Renault se quiere ir al este porque hay una situación laboral más beneficiosa para la empresa en derechos sindicales? ¿Que la libertad de comercio está por encima? No podremos decírselo. Si aceptamos esta invasión del reglamento europeo en esta materia limitando los derechos del conflicto generado por esa decisión, también estaremos restringiendo los derechos de muchísimos españoles en numerosas ocasiones, que ya están, por así decirlo, sobre el tapete de nuestra realidad.
Señorías, como he comentado, he mantenido conversaciones con las organizaciones sindicales. La Confederación Europea de Sindicatos ha mostrado una oposición total a este reglamento -hay una oposición total-. El Gobierno español -estoy seguro de que este será obviamente el criterio que el Grupo Parlamentario Popular expondrá, y yo lo entiendo, porque lógicamente es el grupo que apoya al Gobierno- manifiesta una actitud que es ambivalente, porque, sin mostrar una oposición por vulneración de subsidiariedad, es decir, no emitiendo un informe contrario -yo quiero decir que lo reconozco de antemano-, curiosamente el mismo informe del Gobierno, elaborado por el Ministerio de Trabajo, advierte de manera muy grave sobre las consecuencias de este reglamento. Les señalo que es el propio Ministerio de Trabajo el que dice, nada más y nada menos, por ejemplo, que se debe valorar la implicación del contenido del artículo 2 -antes lo he comentado- en el ordenamiento constitucional español, al ser el derecho de huelga un derecho fundamental que, además, no puede ser regulado a nivel europeo por prohibirlo el artículo 153; todo lo que les he dicho. El Gobierno no dice al final que emitamos un informe contrario, pero, sinceramente, les señalo esta y otra observación -no me quiero alargar-, que también hace el Gobierno
respecto a las precauciones y a las prevenciones que interpreta puede tener este Reglamento en nuestra legislación para que tengan en cuenta lo que les propongo.
Señorías, soy consciente de que, al hacerles esta propuesta, en parte contradigo un discurso europeísta que yo personalmente he hecho en esta comisión ante ustedes -pero es probablemente la primera vez, aunque no sé si será la última vez que esto ocurra-, pero no he podido hacer otra cosa, y no es porque sea un criterio mío, es que quiero que ustedes sepan que este reglamento va a ser vetado por la Unión Europea, por los estados nación. Se lo voy a explicar: tres países ya lo han hecho -Francia, Dinamarca y Luxemburgo ya han emitido informe- y consta en la documentación de este expediente una carta que le envía a nuestro presidente de la comisión, el señor Camps, el presidente de la comisión francesa diciéndole: Querido amigo, te advierto y observarás los enormes problemas que tiene este asunto. (Es una carta en inglés, que he traducido malamente, pero entiendo, señor presidente, que usted ha sido también advertido por el presidente de la comisión francesa en esta dirección.) Pero no es que haya habido tres países que ya han emitido el informe: atención, han anunciado informe negativo Finlandia, Polonia, Holanda, Suecia, la República Checa y Austria, y les aseguro que Alemania en el Bundesrat, con mayoría de izquierdas, por cierto, emitirá informe negativo; y no digamos el Reino Unido. De manera que, con toda seguridad, va a ser la primera vez desde el Tratado de Lisboa, señorías, que un tercio de los países que integran la Unión van a hacer efectivo el principio de vulneración por subsidariedad. Por primera vez desde que está en vigor el Tratado de Lisboa es prácticamente seguro que esto va a ocurrir. Yo no he podido hacer otra cosa, en virtud de lo que les he explicado, que emitir un informe negativo, y es por estas razones por las que les pido que España también se sume a esa mayoría de países que en este caso objetan por vulneración de subsidiariedad.
¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Soravilla.
El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Muchas gracias.
Intentaré ser más breve y diré ya de antemano que me adhiero al informe del Gobierno, como no podía ser de otra manera, fundamentalmente en el sentido de que estamos hablando de un asunto sumamente conflictivo, como bien se ha dicho, y sumamente debatido en la Unión Europea. Tan conflictivo es que había un comisario llamado Bolkestein, apodado Frankestein, precisamente porque puso en marcha todo este proceso, que apareció posteriormente corporeizado en el fontanero polaco, que era un señor estupendo, en camiseta, que atraía mucho a las señoras. Ese polaco, que era un fontanero que podía circular por toda Europa, resulta que arrasó cuando se fue a votar el tratado constitucional. Francia votó en contra y votaron en contra todos los países del corazón de la propia Europa. Es decir, en Europa hay un problema, y es efectivamente el de la competencia interna. No queremos tener competencia. Su señoría lo ha dicho al final: que conviene homogeneizar todo el derecho laboral, que si nos ponemos un uniforme y desfilamos todos en el mismo sentido, etcétera. Aquí hay una idea general, también influida por la señora Merkel incluso, de que el problema está en que aquí tenemos que unificar todo, y esto de la diversidad europea se queda un poco tambaleando.
Yo, señoría, creo que quizá me excedí en la primera intervención contestándole al señor Jáuregui en esta comisión precisamente a propósito de un informe de subsidiariedad cuando lo defendía nuestro diputado, don José López Garrido. La argumentación del señor Jáuregui en aquel momento era que faltaba seriedad en esta comisión, que los informes se presentaban muy tarde... El informe que ha escrito, que es bastante complejo, lo recibí exactamente ayer, es decir, que apenas he tenido tiempo de leerlo. En consecuencia, no se podía estudiar, que es lo que estoy diciendo. Y por otra parte, había un problema al que él mismo ha hecho referencia cuando ha dicho que su europeísmo le llevaba a arrasar completamente contra todo aquello que supusiese una violación del principio de subsidiariedad, arremetiendo también, curiosamente, contra el Tratado de Lisboa. Pero, en fin, al final, la vida a veces es más cruel que las propias palabras y puede ponernos ante una situación exactamente igual. El informe lo ha mandado excesivamente tarde, es sumamente complejo y el debate en la Unión Europea es sumamente vivo. Y el señor Monti, como todos sabemos, es un experto en complicar un poco las cosas; lo hemos visto en Italia y lo vemos también cuando se refiere a España. Es decir, que es un hombre muy preparado para este tipo de cuestiones.
Señoría, quiero decirle que nosotros vamos a oponernos al informe que su señoría presenta. Preferimos esperar para ver qué está ocurriendo. Sabemos que el debate está vivo y ardiendo todavía en la Comisión y en los distintos Parlamentos europeos. Nosotros somos partidarios de estudiarlo con un poco más de calma, de tener un poco más de seriedad en la presentación del documento y de atender un poco más a todo lo que está ocurriendo. Con esto dejo aquí toda nuestra argumentación.
En consecuencia, como he dicho, en este caso votaremos en contra del informe.
Si no hay más peticiones de palabra, vamos a proceder a la votación del informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 16; abstenciones, 1.
Se convocará en su momento Mesa y Portavoces ya que hemos sentado un precedente que, como tal, no se había dado con anterioridad: el rechazo de un informe en relación con el control de la subsidiariedad.
- PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVA A LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA 96/71/CE, SOBRE EL DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES EFECTUADO EN EL MARCO DE UNA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (TEXTO PERTINENTE A EFECTOS DEL EEE) [COM (2012) 131 FINAL] [2012/0061 (COD)] [SWD (2012) 63 FINAL] [SWD (2012) 64 FINAL]. (Número de expediente del Senado 574/000034 y número de expediente del Congreso 282/000105).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al último punto del orden del día: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71, sobre el desplazamiento de trabajadores, efectuado en el marco de una prestación de servicios. Se han presentado informe del Gobierno y dictámenes del Parlamento vasco, las Cortes de Aragón, la Asamblea de Extremadura y las Cortes de Castilla y León.
Intervendrá en primer lugar el señor Ortiz Molina.
El señor ORTIZ MOLINA: Señorías, espero que este informe corra mejor suerte que el anterior, aunque es verdad que se mueve también casi en el mismo campo, es decir, básicamente en el de los derechos sociales.
Señorías, aunque todos los miembros de esta comisión conocen la propuesta de dictamen, permítanme una breve reflexión sobre la directiva que se nos propone informar, relativa al cumplimiento de la Directiva 96/71 sobre el desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios. A los efectos que nos ocupan conviene recordar que la libre circulación de trabajadores debe distinguirse de la libre prestación de servicios contemplada en el artículo 56 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La libre circulación de trabajadores da a todos los ciudadanos el derecho a desplazarse libremente a otro Estado miembro para trabajar y residir allí con ese propósito y los protege contra la discriminación en cuanto a empleo, remuneración y otras condiciones laborales respecto a los ciudadanos de ese Estado. La libre prestación de servicios da a las empresas el derecho a prestarlos en otro Estado miembro. Para ello pueden desplazar temporalmente a sus propios trabajadores a otro Estado miembro para llevar a cabo el trabajo necesario para prestar los servicios.
Pues bien, a los trabajadores desplazados a estos efectos se les aplica la Directiva 96/71, cuyo cumplimiento, como he dicho, pretende garantizar la nueva directiva que se somete a la consideración de esta comisión en cuanto a la observancia del principio de subsidiariedad. La Directiva 96/71 ha pretendido conciliar el ejercicio de la libre prestación transfronteriza de servicios con la apropiada protección de los derechos de los trabajadores desplazados temporalmente al extranjero a tal efecto, pretensión que en la práctica no ha resultado suficientemente satisfactoria ni tampoco pacífica en sus consecuencias sociales, económicas o jurídicas.
La Comisión Europea ha evaluado los resultados en la aplicación de dicha directiva, detectando sus posibles deficiencias, problemas de implementación o aplicación incorrecta en determinados Estados miembros, además de efectos no deseados fundamentalmente en el campo de lo social y de la competencia entre empresas. Hasta tal punto ha sido así, que desde las diferentes instancias, Parlamento Europeo, Comité Económico y Social, incluso Confederación Europa de Sindicatos, entre otras, se ha venido reclamando la necesidad de reafirmar, singularmente en el marco de esa directiva, la prevalencia de los derechos sociales fundamentales sobre las libertades económicas, al tiempo que garantizar la equidad en la libre competencia de las empresas. En respuesta a dicha problemática se formula esta nueva directiva con la pretensión de garantizar con mayor eficacia las previsiones de la Directiva 96/71 básicamente en cuanto a implementar, supervisar y garantizar el cumplimiento de las condiciones mínimas de trabajo, evitar abusos en la situación de los trabajadores desplazados al soslayar o eludir la legislación, aumentar la protección de los derechos de los trabajadores desplazados, mejorar el clima de leal competencia y facilitar la prestación transfronteriza de servicios.
El problema que se pretende abordar es de una importancia relevante, pues convendrán sus señorías conmigo en que son muchos los trabajadores y las empresas afectadas, siendo esta, además, una realidad cada día más amplia y mayor también en el número de Estados miembros afectados, sean de envío o de acogida. Sin replantear la Directiva 96/71, la propuesta que se somete a consideración pretende mejorar y reforzar sus efectos en toda la Unión Europea estableciendo un marco común general de disposiciones apropiadas y medidas para su mejor y más uniforme implementación, aplicación y garantía, incluyendo medidas para prevenir cualquier elusión o abuso de la reglamentación. Se pretende, en definitiva, garantizar la protección de los derechos de los trabajadores desplazados y eliminar los obstáculos injustificados a la libre prestación de servicios en un marco de leal competencia.
Respecto a la observancia del principio de subsidiariedad, conviene precisar que los problemas detectados en relación con el cumplimiento de la Directiva 96/71 están relacionados con lo establecido en el artículo 3.3 del Tratado de la Unión Europea, según el cual la Unión debe establecer un mercado interior basado en una economía social de mercado altamente competitiva tendente al empleo y al progreso social, y con lo establecido en
el artículo 56, que prohíbe las restricciones a la libre prestación de servicios dentro de la Unión para los nacionales de los Estados miembros, y en el 151, que plantea el objetivo de una protección adecuada, ambos artículos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
Señorías, garantizar la plena eficacia de las normas aplicables de la Unión Europea estaremos todos de acuerdo en que debe constituir una aspiración irrenunciable. Las diferencias y disparidades en la manera de implementar, aplicar y garantizar el cumplimiento de la Directiva 96/71 en los diferentes Estados miembros van en detrimento de su buen funcionamiento y eficacia. Hacen además muy difícil, si no imposible, la creación del marco necesario de competencia leal para los prestadores de servicios y no garantizan que los trabajadores desplazados para una prestación de servicios disfruten del mismo nivel de protección establecido en aquella.
En consecuencia, y dado que los objetivos enunciados no pueden alcanzarse de manera suficiente por los Estados miembros, sin duda se requiere una acción de la Unión Europea, por lo que, a mi juicio, debemos considerar justificada y respetuosa con el principio de subsidiariedad la propuesta de directiva que se somete a nuestra consideración.
¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? (Pausa).
Procedemos a la votación del texto de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad el texto de la ponencia.
Sin más asuntos que tratar en el orden del día, se levanta la sesión.