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Timestamp: 2020-08-15 17:09:17
Document Index: 192933476

Matched Legal Cases: ['artículo 7', 'artículo 50', 'artículo 7', 'artículo 10', 'artículo 18', 'artículo 44', 'artículo 100']

título Acta de la Independencia de Costa Rica
Gregorio José Ramírez, Lego. por
Bernardo Rodríguez, Lego. por
Vicente Fábrega, como Delegado de
los Ayuntos. de Bagaces
1° de diciembre de 1821.
En nombre de Dios Topo Poderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Autor y Supremo Legislador de la Sociedad.[1]
La provincia de Costa Rica, libremente congregada y legítimamente representada por los legados reunidos en esta ciudad (Cartago) de todos los pueblos que la componen y suscriben, teniendo en consideración que por haberse jurado la independencia absoluta del Gobierno español en ésta y las demás provincias del reino y aun en toda la América Septentrional sobre diversas bases y principios, se hallan libres los pueblos para constituirse en nueva forma de gobierno; y deseando esta provincia conservarse libre, unida, segura y tranquila por un pacto de unión y concordia, ínterin que informándose las otras pueda concurrir el establecimiento de un gobierno supremo constitucional, se constituye éste provisional. Al efecto, después de haber conferenciado dichos legados cuanto ha parecido conveniente, en uso de sus respectivos poderes y representación, han concluido y celebrado el tratado siguiente:
Art. 1.-La Provincia de Costa Rica está en absoluta libertad y posesión exclusiva de sus derechos para constituirse en una nueva forma de gobierno y será dependiente o confederada de aquel Estado o potencia a que le convenga adherirse, bajo el preciso sistema de absoluta independencia del Gobierno español y de cualquiera otro que no sea americano.
Art. 2.-La provincia reconoce y respeta la libertad civil, propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquiera pueblo o nación.
Art. 3.-La religión de la provincia es y será siempre la católica apostólica romana, como única verdadera, con exclusión de cualquiera otra.
Art. 4.-Si algún extranjero de diversa religión apostase a la provincia por título o motivos de comercio o de tránsito, el Gobierno señalará el tiempo preciso de su residencia en ella, durante el cual será protegida en ella, durante el cual será protegida la libertad y seguridad de su persona y bienes, siempre que no procure seducir en la provincia contra la religión o Estado, en cuyo caso será expulsado inmediatamente.
Art. 5.-Todos los hombres libres naturales de la provincia o avecindados en ella con cinco años de residencia, gozarán el derecho de ciudadanos con tal que haya jurado la absoluta independencia del Gobierno español.
Art. 6.-Los derechos de ciudadano se suspenden o pierden por las mismas causas que expresan los artículos 24 y 25 de la Constitución española.
Art. 7.-Para obtener cualquier empleo, a más de estar en el ejercicio de la ciudadanía, debe el que lo obtenga ser mayor de veinticinco años, adicto decididamente a la Independencia americana y jurar la observancia de este Pacto.
Art. 8.-Para la administración, conservación y prosperidad de la provincia se establecerá en seno una Junta de gobierno provincial, compuesta de siete vocales elegidos popularmente.
Art. 9.-Este Gobierno permanecerá hasta que se forme y establezca la Constitución del Estado a que la provincia se adhiera.
Art. 10.-Para la elección de los miembros del Gobierno (concediendo alguna gracia a los pueblos lejanos y pequeños por propia conveniencia) se celebrarán juntas de parroquia en el recinto de cad uno, para el nombramiento de compromisarios y electores de parroquia, conforme al plan que se acompaña bajo este número, quienes celebrarán juntas de partido en el respectivamente se les señala por cabeza en la plan, para nombrar los de partido.
Art. 11.-Las juntas de parroquia se celebrarán por ahora, para es caso, el tercer domingo 16 de diciembre próximo y las de partido el cuarto domingo 23 del mismo.
Art. 12.-Los pueblos trasmitirán en sus electores parroquiales, y éstos en los de partido, los derechos de soberanía por medio de poder, para sancionar.
Art. 13.-Los electores de partido celebrarán, el primer domingo 6 de enero próximo, junta de provincia en esta ciudad y nombrado de su seño presidente, escrutadores y secretario, previas las demás formalidades establecidas en la Constitución (española), que igualmente se observarán en las juntas antedichas, se tendrá la junta por instalada.
Art. 14.-Si faltase alguno o algunos de los 31 electores de partido, como no exceda la falta de una cuarta parte, procederá la junta a elegir suplentes por los que faltan; más si la falta excediese de siete, se suspenderá el acto y convocará a los que falten, hasta completar el número indicado.
Art. 15.-Ha1lándose completa la junta, discutirá este Pacto, alterando, modificando o ratificando como le parezca; y esta determinación será una ley interina fundamental de la provincia.[2]
Art. 16.-Al siguiente día de ratificado el Pacto procederá a la elección de los siete miembros del gobierno y tres suplentes.
Art. 17.-Los individuos del Gobierno, a más de tener las cualidades que requiere el artículo 7° han de ser americanos.
Art. 18.-Hecha la elección anterior, nombrará la junta electoral una comisión de su seno de once individuos y cuatro suplentes, y esta comisión elegirá de su seno presidente y secretario para los fines que expresa el artículo 50, en cuyo caso será convocada por el presidente de ella.
y sus facultades
Art. 19.-El domingo siguiente al nombramiento de los vocales de la Junta de Gobierno, se instalará ésta nombrando de su seno presidente, vicepresidente y secretario. Se denominará Junta Superior gubernativa de Costa Rica y residirá tres meses continuos al año en cada una de las cuatro poblaciones mayores de la provincia.[3]
Art. 20.-Al entrar en ejercicio, los miembros del Gobierno prestarán el juramento que corresponde en manos del presidente, y éste en las de la comisión antedicha.
Art. 21.-El presidente será renovado cada tres meses; pero puede ser reelecto, por la utilidad pública. El secretario permanecerá a discreción de la Junta.
Art. 22.-La Junta tendrá sesiones ordinarias todos los lunes y jueves de cada semana, a más de las extraordinarias que sean necesarias, y sentará sus acuerdos en un libro foliado y rubricado para el efecto.
Art. 23.-La Junta tendrá otro libro foliado y rubricado de votaciones, donde se asentarán los votos de los que disientan de los acuerdos, firmándolo éstos y certificándolo los otros.
Art. 24.-La Junta reasumirá la autoridad superior de capitanía y superintendencia general, mando político, diputación provincial y de audiencia, en cuanto lo protectivo, no en lo judicial. Y en consecuencia podrá expedir y dictar todas las providencias que demande la libertad, seguridad y buena administración de la provincia en sus respectivos atributos, conforme a este Pacto y la Constitución española y leyes vigentes, en lo que a él no se opongan.
Art. 25.-En los asuntos o negocios de lo que era patronato, la Junta de gobierno consultará, conciliará y concordará con el Ilustrísimo señor obispo diocesano lo que exige el bien de la Iglesia y sostención del culto en esta provincia.
Art. 26.-La Junta se dividirá en tres secciones o comisiones para el más pronto despacho de los negocios, con responsabilidad de cada una a la misma Junta, por la que serán acordadas las providencias que por su naturaleza, gravedad y trascendencia general lo requieran.
Art. 27.-La primera sección se compondrá del presidente y dos vocales, haciendo uno de secretario, y está despachará en lo ramos militar y de hacienda.
Art. 28.-La segunda sección se compondrá de un vocal presidente y otro secretario y despachará en lo político.
Art. 29.-La tercera sección se compondrá de un vocal presidente y otro secretario y despachará en todo lo de economía y policía pública.
Art. 30.-En los negocios que ocurran de otra naturaleza, la Junta plena determinará el orden de su despacho.
Art. 31.-La Junta plena tendrá el tratamiento de Excelencia, y sus individuos en comisión, como quedan designados, el de Señoría.
Art. 32.-Si la Junta juzgaré necesario y conveniente tener asesor de Gobierno, podrá nombrarlo.
Art. 33.-La pensión o sueldo que han gozado los gobernadores propietarios de la provincia se distribuirá entre los miembros de la Junta a prorrata con el asesor, si lo hubiere.
Art. 34.-Los gastos de amanuenses los sufragará la misma pensión, y lo demás gastos de oficina y portes de correo la hacienda nacional, como se ha acostumbrado.
Art. 35.-Para combinar y determinar sobre datos exactos y aproximados de las mejoras y reformas que en el sistema de hacienda reclama el interés público de la provincia y la justa libertad de los pueblos, la Junta exigirá de los empleados estados y presupuestos de entradas y salidas.
Art. 36.-De estos estados se circularán ejemplares a los pueblos para que se enteren y hagan sus reclamos al Gobierno, fundados en observaciones justas y arregladas.
Art. 37.-Para el fomento de la provincia se permitirá, a juicio del gobierno, el comercio libre de todos los artículos o efectos de consumo y la importación del numerario provisional de toda la América, regulándose su ley y valor.
Art. 38.-Se habilitará el papel sellado bajo esta fórmula: Habilitado por la Junta gubernativa de Costa Rica, y se rubricará por el presidente y secretario.
Art. 39.-En lo militar se proveerá el mando general solamente que sea amenazada la seguridad, libertad e independencia de la provincia, en cuyo caso el jefe de armas ha de tener las cualidades que se requieren por los artículos 7 y 17.
Art. 40.-La comandancia particular queda en cada pueblo en el oficial de mayor graduación, teniendo las cualidades que previene el artículo 7.
Art. 41.-En lo judicial, la Junta, como tribunal de protección únicamente, hará que los jueces constitucionales administren pronta y rectamente justicia conforme a la Constitución española y leyes existentes, singularmente la de 9 de octubre de 1812.
Art. 42.-Para que no haya lesión ni atraso en la administración de justicia, la Junta determinará las competencias de jurisdicción y los recursos de agravio y de fuerza.
Art. 43.-En los casos que litigue un pueblo con otro, o un particular como actor contra un pueblo, la Junta señalará el juez constitucional inmediato que como imparcial debe conocer en la causa.
Art. 44.-Para los casos de apelación en grados de segunda instancia por no poder establecer por ahora la provincia un tribunal competente, ínter que lo hay se observará:
1°-Que en lo criminal, la sentencia de pena grave, como destierro, mutilación o cosa semejante, quede suspensa y custodiado el reo, considerándose la detención en parte de la condena; mas si la sentencia recayese por atentarse contra el Gobierno de la provincia o la Independencia americana, se ejecutará con previo conocimiento de la Junta, y también, en todo caso, las penas correccionales o no aflictivas gravemente. 2°-Que en lo civil, si la apelación tuviere lugar en ambos efectos, afiance la parte de quien o contra quien se reclame, y si en uno solo, la parte recipiente.
Art. 45.-La Junta entablará comunicaciones y correspondencia fraternal con los gobiernos de las otras provincias, concertando las relaciones de interés público y recíproco y las bases o principios bajo los cuales se haya de constituir o atar ésta con alguno de los Estados independientes de la América, conforme el voto concorde de los pueblos, que expresarán por medio de sus electores de partido que para este caso se convocarán.
Art. 46.-Si el arreglo definitivo de la Constitución del Estado a que la provincia se adhiere dilatase más de un año, la Junta se renovará por mitad en cada uno, saliendo el primero los cuatro últimos nombrados.
Art. 47.-Para el caso de que habla el artículo anterior, las juntas de parroquia se celebrarán el último domingo de noviembre y las de partido el primer domingo de diciembre, para que así puedan éstos (los electores de partido) reunirse a celebrar la junta de provincia, donde resida el Gobierno el cuarto domingo del mismo diciembre, observándose en lo demás el plan que expresa el artículo 10 y lo que previene el 18, cerificándose la renovación de la Junta el día 1° de enero próximo a las antedichas elecciones.
De la restricciones del Gobierno
Art. 48.-La Junta plena y sus comisiones no podrán excederse de las facultades que se les conceden en este Pacto, si lo hicieren incurrirán en crimen de acusación popular.
Art. 49.-Cualquier ciudadano podrá acusar de semejante crimen a la Junta de gobierno, poniendo su acusación ante el alcalde constitucional de su vecindad, quien examinará los testigos exigiendo de ellos sigilo bajo el mismo juramento que presten, observando igual conducta el mismo alcalde y secretario de ayuntamiento ante quien recibirá la información sumaria, de la que compulsando un testimonio lo franqueará a la parte actora, y el original lo remitirá sellado y cerrado al presidente de la comisión de que habla el artículo 18.
Art. 50.-El Presidente, con el secretario, convocará a toda la comisión, entrando suplentes por falta de propietarios, para que vista la sumaria determine si ha lugar o no el juicio contra la Junta.
Art. 51.-Si hubiere lugar a la formación de la causa, la comisión antedicha nombrará de su seno a pluralidad, los miembros del Gobierno que deban reponerse, contando para este caso con los tres suplentes del Gobierno; y los individuos sobrantes de la Comisión, completándose con los suplentes respectivos, compondrán el Tribunal de residencia.
Art. 52.-Para que el gobierno no pueda resistir este juicio de residencia, los comandantes militares y jefes políticos subalternos tendrán a disposición del Tribunal de residencia la fuerza armada, para el caso único de que trata el artículo anterior.
Art. 53.-La comisión citará al juicio a los acusados, y si alguno probare no haber sido miembro de la Junta que cometió el exceso, o que siéndolo salvó su voto en el libro que corresponde, esto no se suspenderán de su oficio y rango, ni entrarán en el juicio promovido, y sí se restituirán a la Junta gubernativa, saliendo los último nombrados.
Art. 54.-Contra los que resulten culpables se procederá por la comisión, que se denominará Tribunal supremo de residencia, siguiendo la causa con fiscal nombrado al efecto; y concluido por los trámites legales, pronunciará sentencia que se ejecutará o no, conforme a lo dispuesto por el artículo 44.
Art. 55.-Interin se instala la Junta de gobierno, la Legación ordinaria nombrará de su seno una comisión de 7 individuos y 3 suplentes que desempeñe las atenciones que a aquélla se señalan en este Pacto, gozando de la misma pensión, con igual responsabilidades y sujeción a la residencia ya prevenida.
Art. 56.-Esta comisión, después de juramentada por el presidente de la Legación al tiempo de posesionarse, se encargará de la ejecución y comunicación de este tratado.
Art. 57.-Si algún pueblo hiciese presente al Gobierno que conviene para su utilidad aumentar o disminuir el número de los individuos de sus respectivos ayuntamientos, podrá hacer esta variación el Gobierno, siempre que lo calificare por justo.
Art.58-Que los poderes que deban otorgar los electores de parroquia a los de partido sean tan amplios como los que estos últimos daban a los diputados de Cortes, según el artículo 100 de la Constitución, cuya fórmula se observará con respecto a es objeto
Con lo cual se concluyó este Pacto de concordia, que discutido, adicionado y reformado por toda la Legación que firma, lo aprobó interinamente, previniendo se remita a todos los pueblos sus constituyentes, para que notariándolos en la forma que parezca más conveniente, pueden instruir y facultar a los señores electores de partido para que lo ratifiquen, amplíen o disminuyan, según tengan por conveniente, en la sanción y examen que de él hagan en el día señalado en el mismo Pacto.
Todo lo que yo el presente secretario certifico:
Nicolás Carrillo, Presidente, Legado por Escazú.-José Santos Lombardo, Legado por Cartago.-Juan de los Santos Madriz, Legado por San José.-José Nereo Fonseca, Legado por Heredia.-Pedro José Alvarado, Suplente por Alajuela.-Manuel Alvarado, Legado por Curridabat y Aserrí.-José Ana Ulloa, Legado por Pueblo Nuevo.-Joaquín Oreamuno, Legado por Laborío.-Felix Oreamuno, Legado por Ujarraz.-Joaquín Hidalgo, Legado por Quircó.- Salvador Oreamuno, Legado por Tobosí.-José Nicolás Carazo, Legado por Bagaces.-Tomás Prieto, Legado Suplente por Barba.-Manuel Peralta, Suplente por Esparza.-José Antonio García, Suplente por Cañas.-Ramón Jiménez, Suplente por Térraba y Boruca.-Francisco Navarro, Suplente por Orosi.-José Joaquín Prieto, Suplente por Tucurrique.-Joaquín de Iglesias, Legado por Pacaca, Secretario.
[1] Es el mismo encabezamiento de la Constitución de Cádiz.
[2] Esta manifestación de carácter jurídico positivo, de derecho político, público o constitucional escrito, desplaza tanto las consideraciones doctrinarias a su favor, como las dudas que pudieran existir en cuanto a la evidencia legal del Pacto de Concordia como primera carta fundamental de Costa Rica.
En lo referente a los conceptos aparentemente contradictorios de una ley fundamental que a la vez era interina, ver PERALTA, “Agustín de Iturbide y Costa Rica”, capítulo XII.
[3] De acuerdo con esta disposición constitucional que fue llevada a la práctica, Cartago, desde 1821, dejó de ser la capital de Costa Rica. Esto ocurrió dos años, cuatro meses y cinco días antes de Ochomogo.
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