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Timestamp: 2019-03-20 22:22:35
Document Index: 366281311

Matched Legal Cases: ['artículo 84', 'artículo 1', 'artículo 11', 'artículo 54', 'artículo 189', 'artículo 54', 'artículo 11', 'artículo 6', 'artículo 14', 'artículo 11', 'artículo 1', 'artículo 59', 'artículo 11', 'artículo 8']

﻿ Sentencia 2007-00229 de octubre 16 de 2014
SENTENCIA 2007-00229 DE 16 DE OCTUBRE DE 2014
CONTENIDO:POLICÍA NACIONAL – CONTRATOS. LOS ORGANISMOS DE TRANSITO PODRÁN CELEBRAR CONTRATOS Y/O CONVENIOS CON LOS CUERPOS ESPECIALIZADOS DE POLICÍA URBANA DE TRANSITO MEDIANTE CONTRATO ESPECIAL PAGADO A LOS DISTRITOS, MUNICIPIOS Y DEPARTAMENTOS Y CELEBRADO CON LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍADICHOS CONTRATOS PUEDEN SER TEMPORALES O PERMANENTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN DE NULIDAD, ELEMENTOS DEL DERECHO DEL TRÁNSITO Y TRANSPORTE, POLICÍA NACIONAL, FINALIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, AGENTE DE TRÁNSITO, ORGANISMOS DE TRÁNSITO, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, FUNCIONES DE LA POLICÍA NACIONAL
Sentencia 2007-00229 de octubre 16 de 2014
Rad.: 110010324000200700229-00
Actores: Leonardo Reyes Contreras y Gerardo Joya Díaz
En ejercicio de la acción de nulidad consagrada en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo, la parte actora solicita la nulidad parcial del Decreto 4222 de noviembre 23 de 2006, “Por el cual se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Defensa Nacional” específicamente en cuanto a la creación de la Dirección de Tránsito y Transporte contenida en el artículo 1º y sus funciones contenidas en el artículo 11 del mencionado decreto.
Básicamente argumenta el accionante que con la asignación de las funciones otorgadas al Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional se viola no solo los principios de autonomía y descentralización de los entes territoriales sino la regla general en la modificación de la estructura de ministerios, plasmada en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, específicamente la regla prevista en el literal K) de dicho artículo que prevé: “No se podrán crear dependencias internas cuyas funciones estén atribuidas a otras entidades públicas de cualquier orden”, ya que las funciones entregadas a la mencionada Dirección son funciones que ya asume el Ministerio de Transporte.
El decreto parcialmente demandado fue expedido por el Gobierno Nacional en ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales conferidas al Presidente de la República por el numeral 16, del artículo 189 de la Constitución Política como Jefe de Estado, Jefe de Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa y el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, la cual le confiere en primer lugar, constitucionalmente, la facultad de modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley y, mediante la Ley 489 de 1998, le indica los principios y reglas generales a tener en cuenta para realizar la modificación a la estructura de los ministerios, en este caso, del Ministerio de Defensa. El mencionado artículo legal prevé:
b) Como regla general, la estructura de cada entidad será concentrada. Excepcionalmente y sólo para atender funciones nacionales en el ámbito territorial, la estructura de la entidad podrá ser desconcentrada;
d) Las estructuras orgánicas serán flexibles tomando en consideración que las dependencias que integren los diferentes organismos sean adecuadas a una división de los grupos de funciones que les corresponda ejercer, debidamente evaluables por las políticas, la misión y por áreas programáticas. Para tal efecto se tendrá una estructura simple, basada en las dependencias principales que requiera el funcionamiento de cada entidad u organismo.
e) Se deberá garantizar que exista la debida armonía, coherencia y articulación entre las actividades que realicen cada una de las dependencias, de acuerdo con las competencias atribuidas por ley, para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus políticas, planes y programas, que les permitan su ejercicio sin duplicidades ni conflictos;
h) La estructura que se adopte, deberá sujetarse a la finalidad, objeto y funciones generales de la entidad, previstas en la ley;
Dado que, los actores advierten una supuesta duplicidad de funciones en diferentes entidades públicas, manifestando que la Policía Nacional, con las disposiciones acusadas, asumió funciones en materia de tránsito y transporte, que ya están asignadas al Ministerio de Transporte, la Sala, en primer lugar analizará las competencias y atribuciones de la Policía Nacional en la mencionada materia, que se encuentran consignadas en el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002.
En efecto, la Ley 769 de 2002, confiere a la Policía Nacional, diferentes competencias y facultades en materia de tránsito, que se transcriben en lo pertinente, junto con otros conceptos importantes dados por dicho Código y que resultan importantes para el estudio del caso:
Código Nacional de Tránsito y Transporte:
ART. 3º—Autoridades de tránsito. Son autoridades de tránsito en su orden, las siguientes:
De las normas anteriormente transcritas se establece que la Policía Nacional es reconocida como autoridad de tránsito y para ello cuenta con dos cuerpos especializados: 1. Policía de tránsito urbano y 2. Policía de carreteras.
Corresponde a la Policía Nacional en su cuerpo especializado de carreteras el control de las normas de tránsito y la aplicación del código en todas las carreteras nacionales, por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos.
La Policía Nacional con los servicios especializados de Policía de Carreteras y Policía Urbana de Tránsito, contribuirá con la misión de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios de la Red Vial Nacional.
La Policía Nacional reglamentará el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cuerpos especializados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras, como instituto docente con la facultad de expedir títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115 de 1994.
Los organismos de tránsito podrán celebrar contratos y/o convenios con los cuerpos especializados de policía urbana de tránsito mediante contrato especial pagado por los distritos, municipios y departamentos y celebrado con la Dirección General de la Policía. Estos contratos podrán ser temporales o permanentes, con la facultad para la policía de cambiar a sus integrantes por las causales establecidas en el reglamento interno de la institución policial.
De las funciones asignadas a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional creada con el Decreto 4222 de 2006 y contenidas en el artículo 11 acusado, se puede establecer que la primera de las funciones es determinante para el entendimiento del presente asunto. Su texto, es como sigue: “1. Dirigir el servicio de Policía de Tránsito y Transporte a nivel Nacional, en áreas urbanas y rurales según lo dispuesto en el Código Nacional de Tránsito y Transporte y demás normas que lo modifiquen, aclaren o adicionen”, significa que con ésta disposición acusada se le entrega a la Policía Nacional la facultad de organizar el servicio en áreas urbanas y rurales de conformidad con el código Nacional de Tránsito y Transporte.
Es así que las competencias y facultades de la Policía Nacional, en materia de tránsito y transporte, están limitadas por el Código Nacional de Tránsito y Transporte, por ello, le corresponde por medio de sus cuerpos especializados, en primer lugar a la “policía de carreteras”, el control de las normas de tránsito y la aplicación del código en todas las carreteras nacionales por fuera del perímetro urbano de los municipios y distritos, de conformidad con el parágrafo 2 del artículo 6º del Código Nacional de Tránsito y Transporte, por lo que debe entenderse que la competencia de la Policía de Carreteras incluye las áreas rurales; y en segundo lugar al cuerpo especializado de la Policía Nacional denominado “policía de tránsito urbano”, que de conformidad con interpretación que debe darse al Código Nacional de Tránsito y Transporte, solo en caso de que existan contratos y/o convenios de los distritos, municipios o departamentos celebrados con la Dirección General de la Policía, puede actuar dicho cuerpo especializado dentro de sus respectivas jurisdicciones.
Al entregar la disposición acusada la facultad a la Policía Nacional de dirigir el servicio de tránsito, no le está dando la calidad de organismo de tránsito que fije políticas de tránsito, sino que le está permitiendo organizar a sus cuerpos especializados para la presentación del servicio, cubriendo los territorios que le asigna el Código de Tránsito, o que por convenio o contrato le fijen los entes territoriales.
Además de lo anterior, el actor realiza un análisis de cada una de las demás funciones asignadas a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, respecto del tema central de este proceso que es la duplicidad de funciones, señalando que algunas de ellas ya se encuentran atribuidas al Ministerio de Transporte.
Por lo anterior, debe referirse la Sala a las precisas funciones que tiene la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, contenidas en el artículo 14 del Decreto 2053 de 2003, por el cual se restructuró el Ministerio de Transporte:
Observada la norma anterior se concluye que la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, asiste dentro del ministerio a la fijación de políticas propias de su objetivo, como suprema autoridad de tránsito para definir, orientar, vigilar e inspeccionar la ejecución de la política nacional en materia de tránsito, ejecución, que corresponde a las autoridades de tránsito, como la Policía Nacional.
Estudiada la primera de las funciones del artículo 11 acusado, del Decreto 4222 de 2006 la Sala se centrará entonces, en el análisis del reproche elaborado por los actores contra cada una de las funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, contendidas en los numerales 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 13, ya que las funciones relacionadas en los demás numerales es decir los numerales 4, 7, 12, y 15 están orientadas a la operatividad y eficiencia y fortalecimiento de la Dirección, sin que pueda endilgarse una supuesta duplicidad de funciones respecto de ellas.
Funciones a analizar se agrupan por el objeto y tema desarrollado así:
Los dos cuerpos especializados de tránsito de la Policía Nacional, dentro de las competencias ya establecidas, bien sea actuando por mandato directo de la ley o mediante la celebración de contratos y convenios, deberán contribuir con la misión de brindar seguridad y tranquilidad a los usuarios de la Red Vial Nacional (par. 1º del art. 7º del CNT), por lo tanto, tal y como lo señala el Ministerio Público, la Policía Nacional no puede estar ajena al diseño e implementación de programas preventivos en materia de seguridad vial de conformidad con el artículo 1º del Código de Tránsito, teniendo en cuenta las políticas trazadas por el Ministerio de Transporte como suprema autoridad de tránsito. Debe tenerse en cuenta, para este punto, que la función contenida en el numeral 5 de la norma que ahora se analiza, asigna a la Dirección de Tránsito y Transporte la obligación de Desarrollar las Políticas del Gobierno Nacional en materia de Seguridad Vial.
3. Coordinar la ejecución de planes, programas y proyectos con las entidades públicas y privadas, que por su misión deben coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones sobre el tránsito y transporte.
Como lo advierte el Ministerio Público, esta función no se opone al artículo 59 de la Ley 489 de 1998, como lo hace ver la parte actora, en el sentido de que “Corresponde a los ministerios…sin perjuicio de lo dispuesto en sus actos de creación o en leyes especiales: Coordinar la ejecución de sus planes y programas con las entidades y prestarles asesoría, cooperación y asistencia técnica…”, ya que la coordinación de la ejecución de planes y además, que realice la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, se reitera, debe ejercerse según lo dispuesto por el Código Nacional de Tránsito y las políticas fijadas por el Ministerio de Transporte.
Dentro del ámbito de las competencias ya analizadas en el estudio de la función contenida en el numeral 1º del artículo 11 del Decreto parcialmente demandado.
8. Desarrollar las actividades de recolección, registro, evaluación y difusión de la información obtenida a través del Centro de Información Estratégica Vial "CIEV", o la dependencia que haga sus veces.
Manifiesta el actor que la función de registro fue asignada al Ministerio de Transporte y sustenta su afirmación en el artículo 8º de la Ley 769 de 2002 respecto del Registro Único Nacional de Tránsito RUNT, cuando realmente el Centro de Información Estratégica Vial, CIESV, proporciona información objetiva a la ciudadanía en cuanto al estado de las vías, situaciones de orden público, normatividad vigente, atención efectiva de emergencias y situaciones que demanden la presencia de las unidades de la Dirección de Tránsito y Transporte a través del #767 (Cundinamarca) y a nivel nacional a través de los teléfonos regionales etc., como se puede observar en la página Web de la Policía Nacional.
Manifiesta el actor que esta función debe entenderse como la competencia para dirigir el tránsito en los terminales de carga y pasajeros, aeropuertos y puertos; y basándose en el Concepto 1795 de diciembre 14 de 2006 de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en la que se hicieron las siguientes consideraciones: “Aplicando los criterios expuestos en el punto anterior, teniendo en cuenta que la pregunta se refiere a la Policía de Carreteras, se tiene que estando ubicados los terminales en el perímetro urbano de los municipios o distritos es a las autoridades municipales a quien compete ejercer el control de tránsito y transporte dentro de los mismos..., manifiesta que este concepto determina a quién le compete dirigir el tránsito de los terminales de carga y pasajeros, aeropuertos y puertos.
Sin embargo, como ya estableció, con la facultad de los organismos de tránsito de los departamentos, distritos y los municipios de realizar contratos y/o convenios con la Dirección General de la Policía, el cuerpo especializado de la policía de tránsito urbano, puede prestar el servicio en sus respectivas jurisdicciones y mantener la función de organización de este servicio bajo los las condiciones establecidas en el Código Nacional de Tránsito y las demás normas que lo modifiquen aclaren o adicionen.
La parte actora no hace reproche respecto de la duplicidad de funciones de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional con las funciones del Ministerio de Tránsito, que es realmente el cargo endilgado, sino que se limita a manifestar que es simplemente una función de simple seguridad ciudadana, por lo que al respecto no se hará análisis alguno.
Respecto de este numeral, tampoco la parte actora hace reproche alguno sobre la duplicidad de funciones con las del Ministerio, simplemente se limita a manifestar que esta función se puede asignar a cualquier dependencia de la policía menos a la Dirección de Tránsito, por lo que tampoco se considerará. Sin embargo y en gracia de discusión se recuerda que el Código de Tránsito le asigna una obligación a la Policía Nacional de reglamentar “el funcionamiento de la Seccional de Formación y Especialización en Seguridad Vial, de sus cuerpos especializados de policía urbana de tránsito y policía de carreteras, como instituto docente con la facultad de expedir títulos de idoneidad en esta área, en concordancia con la Ley 115 de 1994”.
Por lo demás, como ya se indicó, las funciones contenidas en los numerales 4, 7, 12, 14 y 15 están orientadas a la operatividad, eficiencia, fortalecimiento y auto evaluación de la Dirección de Tránsito de la Policía Nacional, sin que pueda endilgarse duplicidad de funciones sobre ellas, estas son:
La Sala advierte que las funciones de las autoridades de tránsito están enmarcadas por la necesidad de la administración de garantizar la seguridad, la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos, frente a la actividad del tránsito, por ello la misma Constitución (art. 209) requiere, también para esta actividad, que las autoridades administrativas coordinen sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, que es lo que en últimas se pretendió con la creación y asignación de funciones de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.
Así las cosas los actores no lograron desvirtuar la legalidad de las disposiciones acusadas por los cargos aducidos en la demanda, por lo que se concluye que deberá denegarse las pretensiones de la demanda.
Por todo lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,