Source: http://www.urru.org/MesaNogociacion/DocTripartito/DocCIDH_20031023_Inadmisibilidad.htm
Timestamp: 2017-09-22 11:37:20
Document Index: 39455885

Matched Legal Cases: ['artículo 335', 'artículo 13', 'artículo 23', 'artículo 58', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 8', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 29', 'artículo 46', 'artículo 58', 'artículo 27', 'artículo 1', 'artículo 46', 'artículo 46', 'artículo 44', 'artículo 44', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 13', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 14', 'artículo 335', 'artículo 41', 'artículo 335', 'Artículo 335', 'artículo 44', 'artículo 31', 'artículo 32', 'artículo 14', 'Artículo 335']

ELÍAS SANTANA Y OTROS VENEZUELA
6. El 1º de julio de 2001 la Comisión recibió una petición presentada por Cecilia Sosa Gómez en la cual denunciaba al Estado Venezolano por la violación de los artículos 13,14, 24, 8, 21(1), 30, 29(a) y (b), 1 y 2 de la Convención Americana, la cual se tramitó bajo el número de expediente P-0434/2001. El 16 de julio de 2001 la Comisión recibió una denuncia presentada por Elías Santana en nombre propio y en su carácter de Coordinador General de la asociación civil “Queremos Elegir”, Marieta Hernández y Héctor Faúndez Ledesma, en contra del Estado de Venezuela, por la violación de los artículos 8, 13, 14, 25, 23(a)(c), 24, 29 y 30 de la Convención, a la cual se le otorgó el número de expediente P-0453/2001. Ambas peticiones denuncian que en fecha 12 de junio de 2001 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó la sentencia Nº 1.013 que según los peticionarios plantea la violación de varios derechos humanos consagrados en la Convención.
7. El 20 de julio de 2001 la Comisión recibió una petición presentada por la asociación civil no gubernamental “Bloque de Prensa Venezolano” representada por los miembros de su Junta Directiva, Juan Manuel Carmona Perera, David Natera Febres, Andrés Mata Osorio y Asdrubal Aguiar Aranguren en su carácter de representante legal, la cual se tramitó bajo el número de expediente P-0474/2001. Esta petición denuncia los mismos hechos contenidos en la petición P-0453/2001. El 6 de agosto de 2001 la Comisión decidió acumular el expediente P-0474/2001 al expediente P-0453/2001. En esa misma fecha comunicó a los peticionarios su decisión y dio traslado al Estado para que dentro del plazo de dos meses presentara una respuesta.
8. El 21 de agosto de 2001 la Comisión recibió información adicional por parte de los peticionarios, la cual fue transmitida al Estado el 30 de agosto de 2001, señalándole el plazo de 30 días para que presentara su respuesta.
9. El 12 de septiembre de 2001 el Estado solicitó, y la Comisión concedió, una prórroga de 30 días para entregar su respuesta. El 8 de noviembre de 2001 el Estado presentó su respuesta, la cual fue transmitida a los peticionarios el 16 de noviembre de 2001 para que dentro del plazo de 30 días presentaran sus observaciones.
10. El 8 de marzo de 2002, durante el 114º período de sesiones de la Comisión Interamericana se llevo a cabo una audiencia en la cual ambas partes solicitaron a la CIDH se pronunciara sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la petición.
11. El 27 de agosto de 2000 el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, se manifestó en referencia a Elías Santana. Dichas manifestaciones se realizaron en el programa radial “Aló, Presidente” que conduce el señor Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, todos los domingos a través de Radio Nacional de Venezuela. A continuación se transcribe parcialmente la trasmisión de dicho programa:
12. Con base en dichas declaraciones, Elías Santana, locutor y conductor del programa radial “Santana Total” y Coordinador General de la Asociación Civil “Queremos Elegir” se dirigió el 29 de agosto de 2000 a la Lic. Teresa Maniglia, en su carácter de Directora del Instituto Autónomo Radio Nacional de Venezuela, solicitando el derecho de rectificación o respuesta a fin de responder a lo dicho por el Presidente en su programa con relación a su persona.
13. El 3 de septiembre de 2000 el Presidente Hugo Chávez Frías, nuevamente mediante su programa “Aló, Presidente”, expresó lo que se transcribe parcialmente a continuación:
...Por acá yo he recibido algunas cartas de algunos ciudadanos que piden un derecho de réplica a mí, dirigiéndose a mí, al programa Aló Presidente. Bueno, no es esa la idea. Todo aquel venezolano, yo lo he hecho, pero yo cuando he pedido el derecho de réplica a algunos medios no lo hago al programa tal o cual, no, al medio; si yo un canal de televisión tengo alguna queja de lo que se dijo, se escribió o se proyectó y como gobierno, como ciudadano tengo necesidad de hacer una réplica, bueno, pídansela al medio de comunicación, no es al Programa Aló Presidente. No es aquí, porque imagínense ustedes. Así que a los ciudadanos que se hayan sentido, de todos modos yo se los voy a repetir: la sociedad civil- a alguien que dijo por allí- yo no voy a caer aquí en debates, este no es un programa para hacer debates, en primer lugar yo tampoco voy a seguir polemizando con nadie. No tengo nada contra nadie en particular, solo defiendo los puntos de vista de la revolución y alguien que dijo por allí, cuyo nombre ni siquiera recuerdo en este instante, que en La Casona se comía la sociedad civil con parrilla pues le disparé la semana pasada, en defensa de lo que es La Casona y de lo que ahí una familia que es la familia Chávez Rodríguez y lo que ahí se hace cuando vamos a trabajar. Ahora si esa persona se siente aludida y quiere un derecho, yo no voy a estar debatiendo con nadie en particular, venga aquí a Radio Nacional y aquí está Teresa Maniglia y diga lo que tenga que decir....
14. En fecha 11 de septiembre de 2000, Teresa Maniglia, Directora del Instituto Autónomo Radio Nacional de Venezuela, respondió a la solicitud de rectificación o respuesta de Elías Santana otorgando dicho derecho a través de sus tres emisoras Antena Informativa 1050 AM, Antena Popular 630 AM y Canal Clásico 91,1 FM. Santana objetó dicho otorgamiento sobre la basa de que “1. el programa ‘Aló, Presidente’ es transmitido no solamente por las tres estaciones de radio referidas, sino por Venezolana de Televisión; eventualmente por Globovisión; y además genera gran expectativa y concentra la atención de la mayoría de los medios de comunicación social en sus diferentes formatos. 2. El programa radial “Aló, Presidente” goza de un altísimo rating o índice de audiencia, tal y como lo señalara el propio conductor del programa en su emisión de fecha 3 de septiembre de 2000, cuando afirmó que el mismo lo escucha la gente que están en las calles al momento de la transmisión; la gente en Tacupido, estado Guárico, en Cumaná, y en San Cristóbal; y en definitiva, (...) :las mujeres, amas de casa que están oyendo, miles, millones el programa esta hora”.(sic)
21. La peticionaria señaló que la denuncia la ejerce en su condición de víctima, como ciudadana venezolana y en su carácter de columnista de un periódico de circulación nacional y en nombre de los venezolanos y habitantes de la República Bolivariana de Venezuela agraviados por la sentencia, “que pueden individualizarse e identificarse e ir adhiriéndose a esta denuncia”.[5] Agregó que la Sentencia Nº 1.013 restringe el derecho de todos los habitantes del territorio venezolano a recibir cualquier información, a tener acceso a los pensamientos expresados por los demás, a ejercer el derecho de rectificación o respuesta, a no ser discriminados y a gozar de garantías judiciales apropiadas.
22. La peticionaria manifestó que la sentencia 1.013, en vez de limitarse a resolver la acción personalísima planteada por el Sr. Santana, interpretó los artículos 57 y 58 de la Constitución de Venezuela, lo cual conlleva a consecuencias jurídicas de trascendencia para todos los tribunales y jueces de la República, ya que el artículo 335 de la Constitución venezolana señala que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales. La peticionaria alega que la sentencia aunque es una decisión in abstracto, sus efectos afectan a todos los ciudadanos sometidos a la jurisdicción venezolana.
24. En cuanto al artículo 13 de la Convención Americana (libertad de pensamiento y expresión), la peticionaria alega que al reglamentar los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana, la Sala del Tribunal Supremo incurrió en violación tanto del derecho interno (artículo 23 supra) como de lo estipulado en la Convención. Señala la peticionaria que la exigibilidad de la información oportuna, veraz e imparcial contemplada en el artículo 58 de la Constitución venezolana e interpretada por la Sala del Tribunal Superior, son violatorias de los estándares internacionales sobre libertad de expresión del sistema interamericano. Agrega la peticionaria que la interpretación del Tribunal Supremos establece controles particulares sobre los medios de comunicación social encaminados a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones, lo cual constituye una censura previa, en contravención de lo dispuesto en el artículo 13 de la Convención. Asimismo, la peticionaria alega que la sentencia “discrimina cuando considera que es un atentado a la información veraz e imparcial tener un número mayoritario de columnistas de una sola tendencia ideológica, a menos que el medio en sus editoriales o por sus voceros, mantenga y se identifique con una línea de opinión congruente con la de los columnistas y colaboradores”.
25. Respecto al artículo 14 de la Convención Americana (derecho de rectificación o respuesta) en concordancia con los artículos 1(1) y 2 de la Convención Americana, la peticionaria alega que el Estado incurrió en violación al permitir que el Tribunal Superior decida que “no tienen derecho de réplica ni los medios, ni quienes habitualmente ejercen en ellos el periodismo, ni quienes mantienen en ellos columnas o programas ni quienes con sus remitidos suscitan una reacción en contra e un medio distinto al que actúan”.
27. Respecto a los alegatos por violación del artículo 8 (garantías judiciales) de la Convención Americana, la peticionaria indica que el Estado incurrió en violación de las garantías judiciales del debido proceso a ser oída. La peticionaria alega que mediante la Sentencia del Tribunal Supremo se reguló el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y el derecho a rectificación o respuesta, negándole a ella y al resto de los venezolanos la oportunidad de ser oídos ante tribunales competentes.
28. La peticionaria manifestó que la Convención, en su artículo 21, asegura a toda persona el uso y goce de sus bienes. Sin embargo, alega la peticionaria que la Sentencia creó una nueva forma de subordinación o limitación a este derecho, que constituye una discriminación en contra de los propietarios de medios de comunicación social. Según la peticionaria, esta discriminación se materializa en la exigencia que impone la Sentencia a los medios de comunicación de mantener un equilibrio ideológico entre sus columnistas, para que su información no sea considerada un atentado a la información veraz e imparcial. Por ello, la peticionaria alega violación del artículo 21 de la Convención Americana (derecho a la propiedad privada) y una consagración de la censura previa por parte del Estado.
29. Alega la peticionaria que el Estado venezolano incurrió en violación del artículo 29 (normas de interpretación) de la Convención Americana, dado que la sentencia 1.013, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, limitó en mayor medida el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en los artículos 13 y 14 de la Convención Americana.
30. Finalmente, en cuanto a la admisibilidad, la peticionaria sostiene que los recursos internos están agotados, ya que no hay otro recurso en contra de las decisiones adoptadas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, por lo que la petición cumple con todos los extremos exigidos por el artículo 46 de la Convención Americana.
32. Conforme a la denuncia en referencia, el 27 de agosto de 2000, en la emisión del programa “Aló, Presidente”, transmitido a través de las distintas frecuencias de Radio Nacional de Venezuela y de Venezolana de Televisión, ambos de propiedad del Estado, el Presidente de la República, Hugo Chávez Frías, presuntamente se refirió en términos despectivos y agraviantes a Elías Santana y a la Asociación civil Queremos Elegir,[7] por declaraciones que éste último había hecho en el diario El Nacional publicadas el 27 de agosto de 2001.
33. Según los peticionarios, el 27 y 29 de agosto de 2000, y posteriormente el 3 de septiembre de 2000, el señor Santana solicitó tanto al conductor del programa como a la Directora del Instituto Autónomo Radio Nacional de Venezuela, le permitiera ejercer su derecho de rectificación o respuesta, previsto en el artículo 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El 3 de septiembre de 2000, el Presidente de la República, durante su programa “Aló, Presidente”, no concedió el derecho de rectificación o respuesta solicitado por Elías Santana, manifestando que no correspondía a ese espacio radial y televisivo otorgar el derecho de rectificación o respuesta solicitado, ya que esa decisión le correspondía a la Directora del Instituto Autónomo Radio Nacional de Venezuela. Los peticionarios manifestaron que el 11 de septiembre de 2000 la Directora del Instituto Autónomo Radio Nacional de Venezuela informó a Elías Santana que su rectificación o respuesta seria transmitida el día que a tal efecto fijara Radio Nacional de Venezuela, en un espacio distinto al del programa en que se produjo la información que originó la solicitud de rectificación o respuesta. El señor Santana objetó esta decisión, por lo que en fecha 9 de octubre de 2000 interpuso ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo constitucional, invocando el derecho de rectificación o respuesta. El 12 de junio de 2000, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó su sentencia Nº 1.013.
34. Los peticionarios alegan que la sentencia Nº 1.013 excluye a los comunicadores sociales, locutores y columnistas, del derecho de rectificación o de respuesta. También sostienen que el recurso interpuesto por Elías Santana no fue conocido por un tribunal independiente e imparcial ya que el mismo estaba integrado por varios magistrados cuyos nombramientos habían sido objetados por el señor Santana y por la Asociación civil “Queremos Elegir”, por no cumplir con los requisitos señalados por la Constitución. Agregan que el recurso de amparo no fue resuelto dentro de un plazo razonable, ya que el mismo debió resolverse en un lapso no mayor de 96 horas y según el artículo 27 de la Constitución debió ser tramitado en forma “breve... con preferencia a cualquier otro asunto”; sin embargo, el recurso fue resuelto ocho meses después y sin haberse celebrado audiencia de parte. Los peticionarios agregan que el recurso de amparo se decidió in limine litis, sin audiencia de las partes y sin escuchar alegatos.
3. Asdrubal Aguiar Aranguren y otros, P-0474/2001
35. Según la petición recibida por la CIDH el 20 de julio del 2001, presentada por el Bloque de Prensa Venezolano, representado por Juan Manuel Carmona Perera, David Natera Febres, Andrés Mata Osorio y Asdrubal Aguiar-Aranguren en su carácter de representante legal, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dictó el 12 de junio de 2001 una sentencia de amparo en única instancia y con efecto de cosa juzgada, que viola, en su parte motiva, la libertad de expresión del pensamiento, el derecho a la información, el derecho a la propiedad privada y a la igualdad, entre otras obligaciones.
36. Los peticionarios alegan que la Sentencia Nº 1.013 constituye una violación flagrante y concurrente por parte de Venezuela y mediante acto del Poder Judicial, de los artículos 1(1), 2, 13, 14, 24, 29(a)(b)(c)(d) y 30 de la Convención Americana, en perjuicio directo y con efecto jurídico de la actividad comunicacional- libertad de expresión y derecho a la información- y de la gestión empresarial libre- derecho de uso y goce libre de los bienes privados- de los dueños, editores y directores de los medios de la prensa escrita quienes, a titulo personal y en calidad de tales, hacen parte del “Bloque de Prensa Venezolano” y de un modo específico de David Natera Febres, Andres Mata Osorio y Juan Manuel Carmona Perera. Los peticionarios presentan la misma línea argumental de las peticiones antes mencionadas. Entre algunos de los argumentos, los peticionarios alegan que la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo viola los principios consagrados en los artículos 14(1) y 24 de la Convención Americana, dado que interpreta el derecho de rectificación o respuesta en forma discriminatoria. La decisión, indican los peticionarios, es excluyente de un grupo determinado de la sociedad civil por razón de su profesión o por razón de sus actividades en conexión con los medios de comunicación.
37. Los peticionarios alegan que la Sentencia Nº 1.013 restringe y limita el derecho a la libertad de expresión y el derecho de rectificación o respuesta. Agregan que la ley es la única vía para reglamentar o restringir los derechos y no la vía interpretativa o mediante ejercicio jurisprudencial como lo pretendió hacer la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.
40. El Estado argumenta que la interpretación de los artículos 57 y 58 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que hiciera la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Sentencia Nº 1.013 no es violatoria de las normas de interpretación de la Convención Americana, ya que el objeto de interpretación son las disposiciones previstas en la Constitución de Venezuela y no las disposiciones de la Convención.
41. El Estado alegó por otro lado que el conductor del programa “Aló Presidente”, al hacer un comentario crítico sobre lo expresado por Elías Santana en el diario El Nacional de fecha 27 de agosto de 2000, se limitó a ejercer su libertad de expresión. El Estado explicó que fue un ejercicio más de desacuerdo político en un ordenamiento democrático.
42. El Estado también alegó que es necesario hacer una diferenciación entre lo que son las informaciones de las meras opiniones. Agregó que en el presente caso se trataba de una simple opinión del Presidente de las declaraciones rendidas por el señor Santana al diario El Nacional. El Estado mencionó además que la Sentencia Nº 1.013 reitera una de las posiciones más consolidadas en la doctrina y la jurisprudencia internacionales, en cuanto a que el derecho de rectificación o respuesta sólo procede contra las informaciones inexactas o agraviantes y no opera frente a opiniones.
45. Con respecto al tratamiento discriminatorio de los periodistas referente al derecho de rectificación o respuesta, el Estado manifestó que la Sentencia Nº 1.013 se refería específicamente a la condición de persona notoria del periodista Santana, de quien entiende la Sala dispone de una amplia posibilidad de acceso a otros medios de comunicación para hacer efectivo su derecho de rectificación o respuesta.
46. Finalmente, el Estado concluyó que la Sentencia Nº 1.013 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no es contraria a ninguno de los derechos protegidos por la Convención Americana, por lo que solicitó se declarara inadmisible la petición.
47. La Comisión tiene competencia ratione loci por el hecho que la petición a estudio señala que las presuntas víctimas estaban sujetas a la jurisdicción del Estado venezolano contemporáneamente con los hechos aducidos. Venezuela es un Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos desde 1948, año en que ratificó la Carta de la OEA, y ha estado sujeta a la competencia de la Comisión en virtud de lo estipulado por la Convención Americana desde el 9 de agosto de 1977, fecha en que se depositó el instrumento de ratificación respectivo.
48. La información que antecede también es pertinente con respecto a la afirmación de que la Comisión posee competencia ratione temporis, dado que los hechos planteados sucedieron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Convención Americana en lo que respecta a Venezuela.
c. Ratione persona
49. En relación con la legitimidad procesal, la Comisión sostiene que, en general, su competencia en el trámite de casos individuales se refiere a hechos que entrañan los derechos de una persona o personas específicas. Las diferentes peticiones señalan como presuntas víctimas a personas individuales, respecto a quienes Venezuela se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. Por lo tanto, la Comisión tiene competencia ratione personae para examinar la petición respecto a los señores Elías Santana, Marieta Hernández, Héctor Faúndez Ledesma, Cecilia Sosa, Juan Manuel Carmona Perera, David Natera Febres, Andrés Mata Osorio y Asdrubal Aguiar- Aranguren.
50. La Comisión carece de competencia ratio personae para entender en las alegadas violaciones a la persona jurídica Asociación “Queremos Elegir” o de la asociación civil no-gubernamental “Bloque de Prensa Venezolana”, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1(2) del Convención Americana y en conformidad con el artículo 46 del mismo instrumento. La jurisprudencia de la Comisión sostiene en forma constante que los reclamos planteados ante la misma que hayan sido objeto de litigio ante los tribunales nacionales en nombre de personas jurídicas, y no de víctimas individuales, no son admisibles,[9] porque la Comisión carece de competencia ratione personae para examinar denuncias referentes a los derechos de éstas. Asimismo, la Comisión entiende que, en principio, las asociaciones jurídicas no pueden considerarse víctimas de actos de interferencia con los derechos de los miembros de cada una de dichas entidades, a menos que prueben que los derechos de cada uno de sus miembros, identificados en concordancia con el artículo 46(1)(d) de la Convención Americana, se han visto afectados directamente.[10] Esto último no se planteó en los recursos judiciales interpuestos internamente para defender los intereses de los miembros de ambas entidades.[11]
55. Sin embargo, no debe interpretarse que la liberalidad del sistema interamericano es este aspecto puede admitir la interposición de una acción in abstracto ante la Comisión.[13] La jurisprudencia de esta Comisión ha seguido el criterio de interpretación del artículo 44 de la Convención Americana requiriendo que para que una petición sea admisible deben existir víctimas concretas, individualizadas y determinadas[14] no siendo admisibles peticiones realizadas “actio popularis”,[15] es decir a nombre de todo el pueblo de un país, criterio que resulta aplicable al presente caso.
56. Analizando la jurisprudencia existente en la Comisión sobre la aplicación del artículo 44 de la Convención, se advierte que dicha norma fue interpretada en el sentido que la competencia ratio personae, en el trámite de peticiones individuales, se refiere a hechos que entrañan los derechos de una persona o personas específicas. La Comisión consideró en la petición 12.404 (Perú) una denuncia en la cual la Defensoría del Pueblo alegaba actuar en representación en abstracto, a nombre del colectivo de mujeres votantes potenciales, en forma de actio popularis. Cabe destacar que dicha petición fue admitida por esta Comisión sólo respecto a aquellas víctimas debidamente individualizadas, identificadas y determinadas conforme a la jurisprudencia del sistema interamericano.[16]
60. Del análisis de la petición presentada por la señora Sosa se observa que ésta ha sido presentada, en parte, a nombre de los ciudadanos de Venezuela, alegando que se ha violado el derecho de libertad de expresión de todos los venezolanos y habitantes de la República Bolivariana de Venezuela. Por lo tanto, la CIDH debe declarar inadmisible en esta parte la denuncia relativa a todos los ciudadanos y habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trata de una representación en abstracto, o similar a una actio popularis, no habiéndose individualizado víctimas concretas, individualizadas y determinadas, apreciándose que por la naturaleza de los hechos descritos en la petición, tampoco es posible identificar un grupo definido de víctimas, pues la peticionaria se ha referido a todos los ciudadanos y habitantes de Venezuela.
61. La Comisión es competente ratione materiae para examinar los reclamos que no están excluidos ratione personae, porque las presuntas reclamaciones presentadas en relación con las demandas de los señores Santana, Marieta Hernández, Héctor Faúndez Ledesma, Cecilia Sosa, Juan Manuel Carmona Perera, David Natera Febres, Andrés Mata Osorio y Asdrubal Aguiar-Aranguren entrañan denuncias por violaciones a derechos protegidos en la Convención Americana.
2. La cuestión relacionada con la Admisibilidad en este caso
64. A continuación la CIDH analizará si los alegatos del peticionario caracterizan una violación a los derechos garantizados por la Convención Americana a la luz de dos argumentos avanzados por el Estado: el primero, vinculado a que el derecho de rectificación o respuesta le fue concedido al peticionario en la jurisdicción interna; el segundo, que el derecho de rectificación o respuesta invocado era improcedente, ya que el señor Santana trataba de replicar opiniones y no afirmaciones fácticas.
65. En este punto la CIDH expresa que sería innecesario expedirse sobre las dos cuestiones: si el derecho de rectificación o respuesta fue concedido en la jurisdicción interna conforme los parámetros convencionales, resulta innecesario analizar si tal derecho procedía o no en función de las expresiones que se intentaban replicar. Sin perjuicio de ello, la CIDH expone sobre ambas cuestiones que han sido debatidas por las partes durante el trámite ante la Comisión.
2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido.
3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación toda publicación o empresa periodística, cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni disponga de fuero especial.
70. En virtud de una evaluación prima facie, la Comisión encuentra que los alegatos del peticionario Elías Santana por violación al artículo 14 de la Convención Americana no tienden a caracterizar violación de dicho artículo de la Convención Americana ya que el Estado, de conformidad con la ley venezolana y los términos convencionales, otorgó el derecho de rectificación o respuesta al señor Santana.
71. Asimismo, en el presente caso, el Estado venezolano manifestó que el conductor del programa “Aló Presidente”, al hacer un comentario crítico sobre lo expresado por Elías Santana en el diario El Nacional de fecha 27 de agosto de 2000, se limitó a ejercer su libertad de expresión. El Estado explicó que fue un ejercicio más de desacuerdo político en un ordenamiento democrático, agregando que “cuando lo que se imputa es una opinión, sin hechos que la sustenten, no hay información que desvirtuar, sino la vía de la acción ordinaria existente o que creare la ley”. La CIDH coincide con los argumentos expuestos por el Estado en cuanto a que las manifestaciones del Presidente Chávez sobre las que el peticionario Santana requirió ejercer su derecho de rectificación o respuesta son expresiones de opinión.[24]
74. En su Opinión Consultiva sobre la Exigibilidad del Derecho de Rectificación o Respuesta, la Corte Interamericana notó la diferencia entre los textos originales, certificados como igualmente auténticos, sin pronunciarse respecto al alcance del derecho protegido por el artículo 14(1) en consideración de la mencionada diferencia.
75. El artículo 13 de la Convención Americana protege la expresión tanto de información como de ideas. El concepto amplio de protección establecido en el artículo 13 de la Convención no fue seguido por el lenguaje emanado finalmente del texto del artículo 14 de la Convención Americana, versiones español, portugués y francés. Esta versión expresamente excluye de su letra las referencias a ideas, protegiendo el derecho de rectificación o respuesta sólo en lo concerniente a información inexacta o agraviante. La omisión del texto del tratamiento amplio que se le otorga a los distintos tipos de expresión en el artículo 13 de la Convención lleva a concluir que la Convención expresamente excluye expresiones de opinión como posibles supuestos que pueden ser replicados.[26]
81. En los documentos preliminares y actas de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, el sentido y lenguaje del artículo 14 de la Convención fue objeto de extensa discusión y transformación.
82. En su versión inicial en español, dicho artículo estipulaba que “toda persona afectada por informaciones o conceptos inexactos y agraviante emitidos en su perjuicio o a través de medios de difusión que se dirijan al público en general, tienen derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión, en la misma forma y gratuitamente su rectificación o su respuesta”. El término “conceptos” en los documentos originales en español podría interpretarse como el existente en el presente lenguaje del artículo 14(1), “ideas”, versión Inglés.
83. Dado el controversial debate desatado durante la conferencia por el contenido de este artículo, durante el transcurso de las discusiones se conformó un grupo de trabajo que quedó integrado por los delegados de Argentina, Nicaragua, Panamá, México, Ecuador, Colombia y Estados Unidos, el profesor Justino Jiménez de Aréchaga, entonces miembro de la CIDH, fue invitado para asesorar al grupo de trabajo. El Grupo de Trabajo, encargado de redactar el texto del artículo, sometió a debate y votación el nuevo texto consensuado que mantiene la forma actual del artículo 14(1) versión en español. Sin embargo, su versión en el idioma inglés mantuvo en su texto la terminología “ideas”, introduciendo las demás modificaciones consensuadas por el Grupo de Trabajo.
84. Finalmente, la CIDH entiende que de permitirse abiertamente la posibilidad de acceder a los medios de comunicación para exponer una rectificación o respuesta a las distintas ideas u opiniones expresadas por periodistas, entrevistados y demás expositores, se crearía el efecto disuasivo de evitar transmisiones o publicaciones de asuntos polémicos. Además, los medios perderían el control editorial de sus espacios y optarían por la programación de asuntos superficiales.[33]
Demás peticionarios
86. Los peticionarios Marieta Hernández, Héctor Faúndez Ledesma, David Natera Febres, Andrés Mata Osorio y Juan Manuel Carmona Perera y Cecilia Sosa, todos columnistas, periodistas o directores de medios de comunicación, alegan haber sido afectados por el Estado venezolano al aceptar la sentencia 1.013 dictada por el Tribunal Supremo de Justicia como doctrina vinculante para efectos interpretativos de los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana. Los peticionarios fundamentan que el Tribunal Supremo “en vez de limitarse a resolver la acción personalísima planteada por el Sr. Santana, interpretó los artículos 57 y 58 de la Constitución de Venezuela, lo cual conlleva a consecuencias jurídicas de trascendencia para todos los tribunales y jueces de la República, ya que el artículo 335 de la Constitución venezolana señala que las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales”.[34] De acuerdo a los peticionarios la sentencia los afecta directamente al haber establecido que “no tiene derecho a réplica ni los medios, ni a quienes habitualmente ejercen en ellos el periodismo, ni quienes mantienen en ellos columnas o programas” lo cual los afecta en su carácter de victimas por ser ellos columnistas, directores de medios y/o periodistas.
89. En virtud de una evaluación prima facie, la Comisión encuentra que los alegatos de los peticionarios antes mencionados por violación a los artículos 13, 14, 24, 8(1), 21(1), 30, 29(a)(b) en relación con los artículos 1 y 2 de la Convención Americana deben ser rechazados por carecer de los requisitos exigidos por los artículos 46 y 47 de la Convención Americana.
VI. INSTRUCCIÓN A LA RELATORÍA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
90. Mas allá de los argumentos antes presentados por la CIDH respecto a la inadmisibilidad del caso, la Comisión manifiesta preocupación sobre las formulaciones de los peticionarios en referencia al desarrollo interpretativo de los artículos 57 y 58 de la Constitución venezolana del Tribunal Supremo en la sentencia 1.013. Por esta razón, la Comisión instruye a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH elaborar un Informe Especial sobre la sentencia 1.013 y los estándares de protección a los derechos humanos en materia de libertad de expresión del sistema interamericano de derechos humanos a la luz de la Convención Americana y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión.
91. El artículo 41 de la Convención Americana faculta a la Comisión a preparar estudios e informes que ésta considere convenientes como así también formular recomendaciones a los Estados miembros de la OEA con relación a la adopción de medidas destinadas a fomentar el respeto a los derechos humanos en el marco de sus leyes internas y sus preceptos constitucionales.
92. La presente instrucción se basa, en parte, en vista de la relevancia del debate desencadenado por el contenido de esta Sentencia y del legítimo interés demostrado por la sociedad en su conjunto y la comunidad internacional sobre los efectos que pudiera acarrear para la libertad de expresión la aplicación de las formulaciones interpretativas del Tribunal Supremo por parte de otros tribunales.
Dado y firmado en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Washington, D.C., a los 23 días del mes de octubre de 2003. (Firmado): José Zalaquett, Presidente; Clare K. Roberts, Primer Vicepresidente; Susana Villarán, Segunda Vicepresidenta y Comisionados: Robert K. Goldman y Julio Prado Vallejo.
[1] El Bloque de Prensa Venezolano es una asociación civil no gubernamental constituida el 23 de septiembre de 1958, la cual agrupa a la mayoría de los propietarios editores y directores de los diarios y revistas nacionales y regionales de circulación permanente dentro del Estado de Venezuela.
[8] El artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela señala:
Artículo 335: El Tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales: será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.
[9] Véase Informe Nº 67/01, Caso 11.859 Tomás Enrique Carvallo Quintana, Argentina, CIDH, Informe Anual de 2001 donde se cita el Informe Nº 103/99, Bernard Merens y Familia, Argentina, 27 de septiembre de 1999, Informe Anual 1999; Informe Nº 10/91, Caso 10.169, Perú, Banco de Lima. CIDH, Informe Anual 1990-1991, p. 452; Informe Nº 47/97, Paraguay, Tabacalera Boquerón. CIDH, Informe Anual 1997, p. 229; Informe Nº 39/99, Argentina, Mevopal, S.A., pendiente de publicación.
[10] La Convención Americana en sus artículos 46(1)(a) y 47, establece el carácter subsidiario del sistema interamericano, y por tanto, la necesidad de haberse agotado e interpuesto los recurso de la jurisdicción interna. Es el Estado quien, en principio, y conforme a sus procedimientos internos, debe solucionar sus violaciones y en caso de no ser así, se dará paso a la jurisdicción del sistema interamericano. En cuanto a la caracterización de víctima, el artículo 44 de la Convención Americana dispone que "cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembro de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta Convención por un Estado Parte”: A diferencia de las disposiciones de la Convención Europea y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, los peticionarios no necesitan sostener que han sido víctimas de una violación de la Convención en el sistema interamericano.
[11] Véase CIDH, Caso 10.169, Informe Nº 10/91, Informe Anual de la CIDH 1990-1991, considerando 2.
[12] Véase generalmente Tom Zwart, The Admissibility of Human Rights Petitions: The Case Law of the European Commission of Human Rights and the Human Rights Committee (Dordrecht, Boston: M. Nijhoff, 1994), pág. 50 y siguientes. Véase también CIDH Caso 1954, Informe Nº 59/81, Informe Anual de la CIDH 1981-1982 y CIDH Caso 2141, Resolución 23/81, Informe Anual de la CIDH 1980-1981, citados en Mónica Pinto, La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Editores del Puerto, 1993), pág. 35.
[13] Véase, CIDH, Caso 11.553, Informe Nº 48/96 (Costa Rica), Informe Anual de la CIDH, 16 de octubre de 1996, párr. 28
[14] Véase CIDH, Caso 12.404, Informe Nº 51/02 (Perú), Informe Anual de la CIDH 2002.
[28] Eur. Court H. R., Feldek v. Slovakia, Judgment of 12 July 2001, párr. 75, traducción no oficial.
[29] Véase Gregori Badeni , Tratado de Libertad de Expresión, LexisNexis, Editorial Abeledo-Perrot, Bs.As.2002, pág. 301.
31. Regla general de interpretación. I. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
[31] Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. U.N. Doc A/Conf. 39/27 (1969), 1155 U.N.T.S. 331, 23 de mayo de 1969, Parte III: Observancia, aplicación e interpretación de los tratados, Sección Tercera, Artículos 31 al 33. También véase, Corte IDH, Opinión Consultiva OC-3/83 del 8 de septiembre de 1983, Restricciones a la Pena de Muerte (Arts. 4.2 y 4.4 Convención Americana sobre Derechos Humanos), párrs. 49-50 donde la Corte utiliza los criterios de interpretación de la Convención de Viena reseñándolos e interpretando:
49. Según aquellas reglas, los tratados deben interpretarse “de buena fe conforme al sentido que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin” (artículo 31.1 de la Convención de Viena). Los medios complementarios de interpretación, en especial los trabajos preparatorios del tratado, son utilizables para confirmar el sentido resultante de aquella interpretación o cuando ésta deje ambiguo u oscuro el sentido o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable (Ibíd., artículo 32).
50. Este método de interpretación se acoge al principio de la primacía del texto, es decir, a aplicar criterios objetivos de interpretación, Además en materia de tratados relativos a la protección de los derechos humanos, resulta todavía mas marcada la idoneidad de los criterios objetivos de interpretación, vinculados a los textos mismos, frente a los subjetivos, relativos a la sola intención de las partes, ya que tales tratados, como lo dijo esta Corte, “no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el benéfico mutuo de los Estados contratantes”, sino que “su objeto y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”[...].
[32] Con base al artículo 14(1) de la Convención, el Estado venezolano argumenta que este artículo garantiza el derecho de rectificación o repuesta a toda persona afectada sólo por informaciones inexactas o agraviantes de hechos y no por la emisión de opiniones adversas o artículos con los que se está en desacuerdo o que se considerara no equilibrados. En virtud de ello, el Estado manifiesta que el comentario crítico vertido por el Presidente Hugo Chávez Frías en el programa “Aló Presidente” en referencia al señor Elías Santana caracteriza un desacuerdo político de opiniones que se enmarca dentro de un ordenamiento democrático.
[33] Rafael Chavero Gazdik, “Un buen Comienzo, la Sentencia 1.013 de la Sala Constitucional y el Derecho de Réplica y Rectificación”, pág. 197, en Allan R. Brewer-Carías, y Otros “La Libertad de Expresión amenazada (La sentencia 1013)”, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Editorial Jurídica Venezolana, 2001.
Artículo 335. El tribunal Supremo de Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y principios constitucionales; será el máximo y último intérprete de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Constitucional sobre el contenido y alcance de las normas y principios constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás tribunales de la de la República.
[35] Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Republica Bolivariana de Venezuela recibida el 8 de noviembre de 2001, párr. 7, pág. 20 y 21.
[36] Véase, CIDH, Caso 11.553, Informe Nº 48/96 (Costa Rica), Informe Anual de la CIDH, 16 de octubre de 1996.
http://www.cidh.org/annualrep/2003sp/Venezuela.453.01.htm