Source: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2013/t-027-13.htm
Timestamp: 2020-02-27 01:57:33
Document Index: 96242393

Matched Legal Cases: ['artículo 47', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 32', 'artículo 1', 'artículo 49', 'artículo 1', 'artículo 13', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 1', 'artículo 41', 'artículo 39']

T-027-13
Sentencia T-027/13
La Corte ha reconocido expresamente algunos escenarios en los que el deber de protección a quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, es axiomático. Así sucede en el caso de las personas enfermas de VIH/SIDA, quienes ven afectada su salud por una gravosa enfermedad que aún no conoce curación y que suele terminar con la vida de quienes la padecen, atacando fatalmente su sistema inmunológico. Esta protección especial concuerda con lo dispuesto en el artículo 47 superior, que dispone el deber del Estado de adelantar una política de previsión, rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a quienes se les prestará la atención especializada que requieran.
PENSION DE INVALIDEZ-Aplicación del artículo 1 de la Ley 860/03 de acuerdo con la sentencia C-428/09/PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN EL RECONOCIMIENTO DE PENSION DE INVALIDEZ-Análisis de constitucionalidad del artículo 1 de la Ley 860/03
DERECHO AL MINIMO VITAL Y A LA VIDA DIGNA-Orden a Fondo Protección reconocer y pagar pensión de invalidez a enfermo de sida de forma definitiva, dadas las especiales condiciones de salud del actor
Referencia: Expediente 3606064.
Acción de tutela instaurada por XY contra Protección S. A..
Procedencia: Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, Antioquia.
Bogotá, D. C., enero veinticinco (25) de dos mil trece (2013).
En la revisión del fallo emitido en segunda instancia por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, Antioquia, en julio 27 de 2012, con ocasión de la acción de tutela instaurada por XY contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A..
El expediente llegó a la Corte Constitucional por remisión que hizo el mencionado despacho, en virtud de lo ordenado por el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991. La Sala de Selección N° 9 de esta corporación, en auto de septiembre 13 de 2012, escogió el asunto de la referencia para su revisión.
Antes de entrar a fondo al estudio del asunto, esta Sala considera necesario tomar oficiosamente medidas para proteger la intimidad del accionante, de manera que serán elaborados dos textos de esta sentencia, de idéntico tenor, solo que en uno de ellos, que será el divulgado y consultado libremente, serán cambiados sus nombres y cualquier otro dato que pudiere conducir a la identificación[1].
XY presentó acción de tutela contra la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A., por la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana, conforme a los hechos que a continuación se relacionan.
1. Indica el accionante que en marzo 5 de 2012, fue calificado por la Comisión Médico Laboral de la IPS Sura, la cual determinó una pérdida de capacidad laboral de 52,45%, con ocasión de una enfermedad común (VIH Sida C3), cuya fecha de estructuración se fijó en julio 28 de 2008 (fs. 6 a 12 cd. inicial).
2. Afirma que en octubre 3 de 2011 solicitó ante Protección S. A. el reconocimiento de la pensión de invalidez, al considerar que contaba con los requisitos para acceder a dicha prestación.
3. Informa que en mayo 29 de 2012, el Fondo mencionado negó su solicitud, al estimar que no cumplía con los requisitos dispuestos en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, por no acumular las semanas necesarias para satisfacer el requisito de fidelidad al sistema pensional, al contar “con 85,43 semanas cotizadas al Sistema General de Pensiones y debe tener una fidelidad de cotización de 142,11 y en los últimos 3 años tiene 74,05”. En consecuencia, le reconoció “el derecho a la devolución del 100% de los dineros acreditados en la cuenta individual, por valor de $2’105.306 a 29 de mayo de 2012” (fs. 6 y 7 ib.).
4. Agrega que “el no reconocimiento de la pensión de invalidez está poniendo en grave riesgo mi mínimo vital, ya que condición económica (sic), dependen de este ingreso, y por lo tanto se me está vulnerando el derecho a la seguridad social, artículo 49 C.P., a la dignidad humana, artículo 1 y ss de la C.P., el derecho a la igualdad, artículo 13 C.P.” (f. 3 ib.).
5. Por lo anterior, solicitó la tutela de los derechos fundamentales invocados y que, por consiguiente, se ordenara a Protección S. A. “inaplicar la ley” para conceder la pensión de invalidez requerida.
Mediante escrito radicado en junio 15 de 2012, el representante legal de Protección S. A. contestó la acción impetrada, solicitando que se declarara su improcedencia, al considerar inexistente la vulneración de los derechos alegados por el señor XY.
Observó que “en el caso del accionante, la estructuración del estado de invalidez, según el dictamen emitido por la Comisión Médico Laboral de la Compañía Suramericana de Seguros de Vida S.A., se estructuró el 28 de 2008, la normatividad aplicable para efectos de resolver la viabilidad o no de la solicitud de pensión de invalidez, es el artículo 1º de la Ley 860 de 2003”, explicando que el actor “no cumplió con la totalidad de los requisitos anteriormente citados, ya que si bien cuenta con el requisito de las 50 semanas de cotización durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez; al ser el tutelante mayor de 20 años de edad, debió acreditar una fidelidad de cotización para con el Sistema General de Pensiones un equivalente a 142,11, no obstante, en su historial solo cuenta con un total de 85,43 semanas” (fs. 21y 22 ib.).
Adicionalmente indicó que “si el tutelante considera que le asiste derecho a percibir la pensión de invalidez pretendida, necesariamente tendrá que acudir ante la jurisdicción ordinaria… ya que el proceso ordinario es el escenario jurídico indicado para debatir acerca del derecho” (f. 23 ib.).
Por último, después de citar algunas normas de las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, concluyó que “no existe por parte de esta Administradora conducta alguna que constituya o se erija en la violación de algún derecho fundamental o legal del señor [XY], máxime si se tiene en cuenta que Protección S.A. ha obrado conforme a todo el procedimiento legal en relación con el trámite y análisis de la solicitud de pensión de invalidez, y con el reconocimiento de la prestación subsidiaria de devolución de saldos” (f. 25 ib.).
- Cédula de ciudadanía del señor XY (f. 17 ib.).
- Comunicación de Protección S. A., de fecha mayo 29 de 2012, en la que se niega la pensión de invalidez solicitada y se reconoce la devolución del ahorro efectuado en el Fondo (fs. 6 y 7 ib.).
- Notificación del dictamen sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, suscrito por la Jefe de Beneficios y Pensiones de Protección S. A., de abril 24 de 2012 (fs. 8 y 9 ib.).
- Formulario de dictamen para calificación de pérdida de capacidad laboral y determinación de la invalidez, de la IPS Sura (fs. 10 a 13 ib.).
- Sustentación médica del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral (fs. 14 a 16 ib.).
A partir de lo anterior, concluyó que, “si bien no hay una información precisa de cómo el no reconocimiento afecta el mínimo vital, ni la existencia de situación de precariedad del accionante o su familia, contrasta con lo informado por las bases de datos copiadas en el fallo en donde se nos indica que el accionante está afiliado a salud en el régimen contributivo y la manifestación de estar laborando tiempo completo y con buen rendimiento, por lo que se vislumbra que no existe por lo menos hasta la fecha una afectación real da los derechos fundamentales anunciados por el accionante… en este caso encontramos que la persona se encuentra laborando, y que al no verse afectado ningún derecho fundamental que requieran protección inmediata por vía de tutela, tiene como vía principal acudir a la Jurisdicción Ordinaria Laboral” (f. 32 ib.).
Finalmente, agregó que “la fidelidad al sistema la Corte la declaró inexequible, además se está afectando mi mínimo vital… con esta negación ya que por mi condición de salud es muy difícil poder seguir laborando y mi sustento depende de esto” (fs. 35 a 37 ib.).
En julio 27 de 2012, el Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín confirmó la decisión de primera instancia, después de argumentar que se probó “que el accionante no se encuentra bajo las circunstancias anteriormente descritas, ya que no se vislumbra un peligro inminente, de tal suerte que como se dijo anteriormente se cuenta con otra vía, esta es la instancia laboral que es la indicada para realizar las reclamaciones pertinentes y no la excepcional vía de tutela, la cual el constituyente estipuló sabiamente para proteger derechos fundamentales y no para colisionar o bien suplantar otros medios judiciales que en este caso serían los llamados a resolver el problema en cuestión” (f. 40 ib.).
La Corte debe determinar si los derechos invocados por el accionante fueron vulnerados por Protección S. A., al negarse a reconocer, con fundamento en el requisito de fidelidad dispuesto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, la pensión de invalidez solicitada por aquel teniendo en cuenta la enfermedad que padece (VIH/SIDA).
La claridad de tales imperativos es evidente y aunque permite su cumplimiento en una multiplicidad de ámbitos, la Corte ha reconocido expresamente algunos escenarios en los que el deber de protección a quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta, es axiomático. Así sucede en el caso de las personas enfermas de VIH/SIDA, quienes ven afectada su salud por una gravosa enfermedad que aún no conoce curación y que suele terminar con la vida de quienes la padecen, atacando fatalmente su sistema inmunológico[2].
La Corte ha sostenido que “los portadores o portadoras del VIH son sujetos de especial protección constitucional por cuanto su padecimiento causa deterioro progresivo del estado de salud de quien lo soporta. En consecuencia, hace exigible un trato igualitario, solidario y digno ante las circunstancias de debilidad en que se encuentra. Por ende, es deber del Estado adoptar las medidas indispensables para garantizar su inclusión en la sociedad y protegerlos en los distintos niveles en que suelen ser discriminados”.[3]
Dentro de este marco de protección, la jurisprudencia constitucional ha resaltado el especial tratamiento que se debe procurar a quienes padecen el síndrome, en razón a la gravedad de la enfermedad y su carácter progresivo, observando la existencia de determinados ámbitos de protección, a saber: “(i) en materia de salud, concediendo medicamentos, tratamientos, traslados entre IPS, EPS o EPSS, cuando el afectado no cuenta con la posibilidad o los recursos económicos para asumirlo y se evidencia un grave detrimento de sus derechos fundamentales; (ii) en materia laboral, prohibiendo el despido injustificado o la discriminación, en razón de la enfermedad y exigiendo un trato especial en el lugar de trabajo; (iii) en materia de seguridad social, cuando ha sido necesario reconocer la pensión de invalidez por vía del amparo constitucional dada la situación de urgencia y (iv) en materia de protección a personas habitantes de la calle, cuando son portadoras de VIH y dicha situación puede ocasionar la vulneración de derechos fundamentales no solamente propios, sino también de las personas que los rodean”[4].
En cuanto a la pensión de invalidez, la Corte ha resaltado su importancia, al constituir un mecanismo idóneo para soportar las contingencias asociadas a la pérdida de capacidad laboral de los afiliados al Sistema, pudiendo llegar a ser la única fuente de ingresos de quienes quedan en imposibilidad de obtener recursos económicos con su propia fuerza laboral, en aras de una existencia en condiciones dignas. Mediante la sentencia T-290 de marzo 31 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, esta corporación hizo referencia al carácter fundamental del derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez en los siguientes términos (no está en negrilla en el texto original):
De manera similar, en la sentencia T-1040 de octubre 23 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, este tribunal, para resolver el caso de una persona enferma de VIH/SIDA, a quien se le había negado el reconocimiento de la pensión de invalidez en razón a un cambio legislativo que tornó más gravosos los requisitos, confirmó la procedibilidad de la acción de tutela para conceder la prestación solicitada[5] (no está en negrilla en el texto original):
Lo anterior fue confirmado en la reciente sentencia T-138 de marzo 1º de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, poniendo de relieve los sujetos de especial protección constitucional que solicitan el reconocimiento pensional (no está en negrillas en el original):
Quinta. El principio de progresividad en materia de seguridad social. Aplicación de la sentencia C-428 de julio 1º de 2009, M. P. Mauricio González Cuervo. Reiteración de jurisprudencia.
Varios fueron los fallos en los que, a pesar del argumento presentado por las entidades encargadas del reconocimiento pensional, que pretendían la inaplicación de la C-428 de 2009 porque la fecha de estructuración de invalidez había sido anterior a julio 1º de ese año (fecha de expedición del fallo), la Corte estimó que no era factible atender el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, aun cuando su vigencia estuviese incólume, puesto que originaría un desconocimiento de los principios pro homine y de progresividad, lo que se oponía a los dictados de la carta política[6]. Sobre el asunto, en la sentencia T-609 de septiembre 2 de 2009, M. P. Humberto Sierra Porto, explicó:
Adicionalmente, y si en gracia de discusión se aceptara que resultan constitucionalmente posibles tanto la interpretación que restringe la eficacia de la protección desde el momento en que se profirió la decisión y hacia el futuro, como la que predica su eficacia incluso para las situaciones que se configuraron antes de proferirse la decisión de la Corte, la vigencia del principio pro homine en nuestro orden constitucional obligaría a preferir la interpretación más garantista para los afectados, de manera que también en este caso se estaría ante la misma conclusión, en el sentido de exigir única y exclusivamente los requisitos que siempre estuvieron conforme a la Constitución, en cuanto no incurrían en limitaciones ilegítimas de los derechos.”
Tal posición ha sido reiterada en varios pronunciamientos de la Corte[7], razón por la cual la fecha de estructuración de invalidez no puede continuar siendo utilizada como argumento para exigir el requisito de fidelidad dispuesto en el artículo 1º de la Ley 860 de 2003, en tanto esta corporación ha sido explícita en indicar que se trata de una exigencia regresiva y, por tanto, inconstitucional.
Jurisprudencia de esta corporación sobre el derecho al consumo mínimo de agua potable, constituye ejemplo de lo expuesto. En estos eventos, la Corte ha resuelto casos en los que sujetos de especial protección, pretenden su amparo, aun cuando de las pruebas aportadas se evidencie que la interrupción del servicio ha sido consecuencia de la mora del usuario e incluso, de su conexión ilegal. Para el efecto, ha considerado las particulares situaciones de debilidad manifiesta de los accionantes, ordenando que se garantice un consumo mínimo del líquido vital por parte de las empresas prestadoras del servicio, pues su negativa derivaría en una desproporcionada vulneración de derechos fundamentales[8]. Igual ocurre en materia de desalojo de personas que ocupan ilegalmente un predio ajeno, casos en los que la Corte ha dispuesto que se brinden alternativas de reubicación por hallarse en situación de debilidad manifiesta, cuando resulta claro que, conforme a las reglas del derecho civil, no tienen derecho a ocupar el inmueble[9].
En relación con el señor XY, quien alega la vulneración de sus derechos a la vida, al mínimo vital, a la seguridad social, a la igualdad y a la dignidad humana, por cuanto Protección S. A. le negó la pensión de invalidez, no obstante la pérdida de capacidad laboral del 52,45% a causa de la enfermedad que padece (VIH/SIDA), la Sala accederá al amparo solicitado a partir de los siguientes argumentos.
Como fuente de tal razonamiento, indicaron que en la sustentación del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral, de marzo 5 de 2012, se registró que el actor se encontraba “trabajando tiempo completo y con buen rendimiento” y afiliado al régimen contributivo, circunstancia estimada determinante para determinar la inexistencia de un perjuicio irremediable y la improcedencia de la acción de tutela, en la medida que devengaba un ingreso, el cual le permitía su existencia en condiciones dignas (f. 15, ib.).
En este orden de ideas, someter los derechos del demandante al albur de un proceso ordinario, expondría la efectividad de los mismos a un lapso indeterminado, en el que las actuales circunstancias pueden llegar a sufrir cambios de manera drástica e intempestiva. Al momento, la Sala desconoce si actualmente el actor se encuentra desarrollando alguna actividad económica, o si le cancelaron la devolución de saldos que Protección S. A. reconoció, dado que fue infructuoso establecer comunicación[10].
Además, si la accionada tenía algún reparo acerca de la condición de invalidez, pudo haberlo expresado en la contestación de la demanda, lo que no hizo, puesto que de acuerdo con en el inciso 2° del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, le era posible “manifestar su inconformidad dentro de los diez (10) días siguientes”, a fin de que la Junta Regional de Calificación de Invalidez revisara el dictamen emitiendo una decisión, apelable ante la Junta Nacional, aspecto que tampoco consideraron los falladores. Como quiera que la administradora no hizo manifestación alguna, gozando de la facultad de revisar la condición de invalidez del pensionado (art.44, Ley 100 de 1993), se tornaba innecesario desconocerle credibilidad probatoria.
Para la Sala, no debe perderse de vista que la sustentación del dictamen reporta un diagnóstico de VIH en junio 30 de 2005, con una evolución de más de 7 años, enfermedad tratada por facultativo, la cual ha menguado en varios aspectos vitales la salud del accionante. Algunos síntomas refieren a “sangrado anal y constipación, al examen clínico de tacto rectal con esfínter normal con dolor en parte superior del ano a las 12, con induración levemente dolorosa… tos seca de 4 días con malestar general, fiebre y cefalea, al examen respiración bronquial ruidosa con estertores roncus en ambos campos pulmonares con diagnóstico adicional de bronquitis… deposiciones diarreicas de 8 días de evolución con adinamia malestar general…” (fs. 14 y 15 ib.).
Tampoco debe desdeñarse la afirmación del actor, en cuanto a que el no reconocimiento de la pensión de invalidez, a pesar de contar con trabajo, está afectando su mínimo vital, “ya que por mi condición de salud es muy difícil seguir laborando y mi sustento depende de esto” (f. 37 ib.), situación que evidencia su vulnerabilidad.
Por todo lo anterior, estando demostrada (i) la condición de sujeto de especial protección constitucional; (ii) la vigencia e integridad del dictamen de la pérdida de capacidad laboral (52,45%) y, (iii) las semanas cotizadas (74,05) al Sistema General de Seguridad Social, dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de su invalidez, según reporta la accionada Protección S. A., la Sala procederá a revocar el fallo de julio 27 de 2012, proferido por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, que confirmó el emitido en junio 21 de 2012 por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esa ciudad, que negó los derechos invocados por el demandante XY.
En su lugar, se concederá la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna del actor, ordenando a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A., por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, expida la resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez a que tiene derecho el señor XY, en la suma que corresponda, la cual empezará a pagar en la periodicidad debida, cubriendo todo lo causado desde octubre 3 de 2011, fecha en la que el demandante radicó ante la accionada la solicitud de la referida prestación (fs.6 y 20 ib.).
Primero.- REVOCAR el fallo de julio 27 de 2012, proferido por el Juzgado Trece Penal del Circuito de Conocimiento de Medellín, que confirmó el emitido en junio 21 de 2012 por el Juzgado Cuarenta Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esa ciudad, que negó el amparo demandado por el señor XY.
En su lugar, se dispone TUTELAR los derechos fundamentales a la seguridad social, al mínimo vital y a la vida digna, ordenando a la Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Protección S. A., por conducto de su representante legal o quien haga sus veces, que si aún no lo ha efectuado, en el término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, expida la resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez a que tiene derecho el señor XY, en la suma que corresponda, la cual empezará a pagar en la periodicidad debida, cubriendo todo lo causado desde octubre 3 de 2011, fecha de radicación de la solicitud de la referida prestación.
[1] La protección de la intimidad se ha presentado por petición expresa del accionante o porque la Corte advierte la necesidad de proteger el derecho. Esta corporación ha considerado velar por el derecho a la intimidad de los accionantes impidiendo referenciar todo tipo de información que pueda identificarlos. Cfr. SU-256 de mayo 30 de 1996, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa; SU-480 de septiembre 25 de 1997, SU-337 de mayo 12 de 1999 y T-618 de mayo 29 de 2000, M. P. Alejandro Martínez Caballero; T-810 de agosto 27 de 2004, T-143 de febrero 18 de 2005 y T-302 de abril 3de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-436 de mayo 2 de 2004, T-628 de agosto 15 de 2007, T-295 de abril 3 de 2008 y T-816 de agosto 21 de 2008, T-948 de octubre 2 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-220 de marzo 8 de 2004, M. P. Eduardo Montealegre Lynett; T-349 de mayo 5 de 2006 y T-794 de septiembre 27 de 2007, M. P. Rodrigo Escobar Gil, entre otras.
[2] Mediante sentencia T-138 de marzo 1º de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, esta corporación reiteró lo expuesto en la T-843 de septiembre 2 de 2004, M. P. Jaime Córdoba Triviño, argumentando que “La protección especial a ese grupo poblacional está fundamentada en los principios de igualdad, según el cual el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 C.P.) y en el de solidaridad, como uno de los principios rectores de la seguridad social (arts. 1 y 48 C.P.)…”.
[3] Cfr. sentencia T-323 de mayo 4 de 2011, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
[5] En la sentencia T-1064 de diciembre 7 de 2006, M. P. Clara Inés Vargas Hernández, se analizó un caso en el que un enfermo de SIDA, en razón a la aplicación de una nueva ley, perdió la oportunidad de acceder a la pensión de invalidez por no cumplir con el requisito de fidelidad. Sin embargo, en el fallo se consideró que el accionante había cotizado bajo los supuestos del Decreto 758 de 1990, los cuales resultaban más favorables para su situación, por lo que, de aplicarse el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, como había ocurrido inicialmente por los jueces de instancia, no hubiese sido posible acceder al beneficio de la pensión de invalidez.
[6] Al respecto, pueden consultarse las sentencias T-221 de marzo 23 de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-1040 de octubre 23 de 2008, M. P. Clara Inés Vargas Hernández; T-590 de junio 19 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-104 de febrero 8 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil; T-103 de febrero 8 de 2008, M. P. Jaime Córdoba Triviño; T-1048 de diciembre 5 de 2007, M. P. Jaime Córdoba Triviño y T-080 de enero 31 de 2008, M. P. Rodrigo Escobar Gil.
[7] T-609 y T-822 de septiembre 2 y diciembre 19 de 2009, respectivamente, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, ambas, reiteradas en la Sentencia T-532 de 2010, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
[8] T-740 de octubre 3 de 2011, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-725 de septiembre 26 de 2011 y T-273 de marzo 30 de 2012, M. P. Nilson Pinilla Pinilla, entre otras.
[9]T-717 de septiembre 13 de 2012, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. T-071 de febrero de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. T-314 de abril 30 de 2012, M. P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; T-527 de julio 5 de 2011, M. P. Mauricio González Cuervo, entre otras..
[10] En noviembre 30, diciembre 3 y 4 de 2012, se intentó establecer comunicación con el actor por vía telefónica al número suministrado por él, visible a folio 5 del expediente, sin que se obtuviera respuesta.