Source: http://www.icedaabogadosyasesores.com/2012/02/sentencia-t-07112-corte-deja-sin-valor.html
Timestamp: 2018-12-14 17:00:16
Document Index: 275758068

Matched Legal Cases: ['artículo 306', 'artículo 4', 'artículo 216', 'artículo 25', 'artículo 2', 'artículo 241', 'artículo 4', 'artículo 53', 'artículo 228', 'artículo 228', 'artículo 42', 'artículo 228', 'artículo 216', 'artículo 4', 'artículo 197', 'artículo 306', 'artículo 216', 'artículo 216', 'artículo 228', 'artículo 228', 'Artículo 25', 'Artículo 2']

ICEDA Bufete de Abogados : Sentencia T-071/12 . Corte deja sin valor y sin efectos jurídicos sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá –Sala de Familia- dentro de proceso de impugnación de la paternidad.
Sentencia T-071/12 . Corte deja sin valor y sin efectos jurídicos sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá –Sala de Familia- dentro de proceso de impugnación de la paternidad.
Sentencia T-071/12
Referencia: expediente T-3150597
1.5. Anota que el 1° de octubre de 2008 una de sus hijas mayores le hizo saber un comentario que le había hecho la señora Jenny Esperanza Jiménez en el sentido de que la niña Karen Gutiérrez Jiménez no era hija suya.
1.6. Agrega que, motivado por ese comentario y los rumores en el mismo sentido de personas cercanas a Jenny Esperanza, fue con la menor Karen Gutiérrez Jiménez al Laboratorio de Genética y Biología Molecular Ltda. y se hicieron practicar las pruebas para establecer la “paternidad biológica” de dicha menor y que el informe correspondiente concluyó que “al analizar el perfil genético del grupo en estudio, se encontró que DIEGO GUTIERREZ FIGUEROA se excluye como padre biológico de KAREN GUTIÉRREZ JIMÉNEZ, encontrándose exclusiones en los sistemas genéticos PENTA E, D18S51, HUMCSF1PO, D13S317. HUMVWA, HPRTB y D8S1179”, para paternidad incompatible.
1.8. Expresa que el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, mediante sentencia del 14 de diciembre de 2010, revocó la sentencia de primera instancia, por considerar que “la acción caducó sin que se ejerciera oportunamente, excepción que es declarable de oficio, conforme con lo prescrito en el artículo 306 del C. de P.C.”.
Manifiesta que esas apreciaciones son razonables y que el mero disentimiento del accionante con el resultado del litigio no es suficiente para desconocerlas, porque esa hermenéutica está basada en las pruebas allegadas al proceso y en la aplicación de los artículos 197 y 306 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con el artículo 4° de la Ley 1060 de 2006, que modificó el artículo 216 del Código Civil.
· Copia del estudio de filiación biológica de fecha 21 de octubre de 2008, practicado por el Laboratorio de Genética y Biología Molecular Ltda. al señor Diego Gutiérrez Figueroa y a la menor Karen Gutiérrez Jiménez (folios 21 a 23, cuaderno de primera instancia de tutela).
· Copia del dictamen-estudio genético de filiación de fecha 15 de octubre de 2009, realizado por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Grupo de Genética Forense, a los señores Diego Gutiérrez Figueroa, Jenny Esperanza Jiménez y a la menor Karen Gutiérrez Jiménez (folios 24 y 25, cuaderno de primera instancia de tutela).
· Copia del registro civil de nacimiento de la niña Karen Gutiérrez Jiménez (folio 27, cuaderno de primera instancia de tutela).
· Copia de la sentencia de fecha 7 de abril de 2010, proferida por el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá dentro del proceso ordinario de impugnación de la paternidad, iniciado por el señor Diego Gutiérrez Figueroa contra la menor Karen Gutiérrez Jiménez, representada legalmente por la señora Jenny Esperanza Jiménez (folios 2 a 7, cuaderno de primera instancia de tutela).
· Copia del fallo de fecha 14 de diciembre de 2010, proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, dentro del proceso ordinario de impugnación de paternidad de Diego Gutiérrez Figueroa contra la menor Karen Gutiérrez Jiménez, representada legalmente por la señora Jenny Esperanza Jiménez (folios 8 a 15, cuaderno de primera instancia de tutela).
Por su parte, el Decreto 2591 de 1991[1] indica que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este decreto”.
En igual forma, tanto el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos[2], como el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos[3], establecen que toda persona podrá hacer uso de mecanismos judiciales ágiles y efectivos cuando sus derechos han sido violados, aún si dicha vulneración hubiera sido cometida por personas que actuaban “en ejercicio de sus funciones oficiales”.
Así las cosas, la “interposición de la tutela contra sentencias judiciales es una facultad reconocida desde la propia Constitución y concordante con las normas que se integran a ella en virtud del bloque de constitucionalidad, pues es claro que siendo las sentencias actos de autoridades públicas que ejercen función jurisdiccional, las mismas no están exentas del riesgo de afectar derechos fundamentales y, en consecuencia, de ser controvertidas por esta vía expedita pero subsidiaria”[4].
4.2. Tomando como fundamento las normas precitadas la Corte Constitucional, intérprete autorizada y guardiana de la integridad del texto superior (artículo 241 Constitución Política), ha desarrollado una amplia y uniforme jurisprudencia sobre la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, “basada en la búsqueda de un equilibrio adecuado entre los principios de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial –pilares de la administración de justicia en un estado democrático-, y la prevalencia y efectividad de los derechos fundamentales –razón de ser del estado constitucional y democrático de derecho-”[5].
4.5. Así mismo, la Corte ha precisado que los criterios específicos, “fruto de una evolución jurisprudencial que comenzó por la enumeración de algunas causales para considerar una sentencia ‘vía de hecho’, pero que hoy en día está consolidada en torno al concepto de causales específicas de procedibilidad”[8], deben revestir un carácter protuberante y presentarse de forma evidente en la decisión bajo examen[9], resumiéndolos así:
5.1. Esta Corporación ha sostenido que la “construcción dogmática del defecto sustantivo como causal de procedibilidad de la acción de tutela, parte del reconocimiento de la competencia asignada a las autoridades judiciales para interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e independencia judicial, no es en ningún caso absoluta. Por tratarse de una atribución reglada, emanada de la función pública de administrar justicia, la misma se encuentra limitada por el orden jurídico preestablecido y, principalmente, por los valores, principios, derechos y garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho”[17].
“(i) Cuando la decisión impugnada se funda en una disposición indiscutiblemente no aplicable al caso[18];
(ii) Cuando el funcionario realiza una ‘aplicación indebida’ de la preceptiva concerniente[19];
(iii) Cuando la aplicación o interpretación que se hace de la norma en el asunto concreto desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance[20];
(iv) Cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática[21];
(v) Cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada[22];
(vi) Porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó; porque la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador (Sentencia SU-159 de 2002).”[23]
“Cuando el defecto sustantivo tiene su origen en una lectura errónea de la ley que de ningún modo es susceptible de adscripción a su contenido normativo, se impone la corrección del yerro protuberante a fin de restablecer los derechos violados por la aplicación de un sentido carente de plausibilidad y, en cambio, cuando desde la perspectiva estrictamente legal la lectura es posible, pero ha fallado la conexión con los contenidos constitucionales, lo que se impone es adecuar el proceso interpretativo y establecer el vínculo con los contenidos superiores pertinentes para que se produzcan las consecuencias favorables a la vigencia de los derechos conculcados por la ausencia de la indispensable interpretación sistemática de la ley y de la Constitución.”
5.3. En el mismo sentido, ha advertido esta Corporación que cuando “en una decisión judicial se aplica una norma jurídica de manera ostensiblemente errada, sacando del marco de la juridicidad y de la hermenéutica razonable la disposición, tal decisión judicial se convierte en una vía de hecho. Para la Corporación, en esta hipótesis no se está ante un problema de interpretación normativa sino ante una decisión carente de fundamento, dictada según el capricho del operador judicial”[24]; mientras que, si “el problema no se centra en la definición de la norma aplicable sino en la interpretación de esta o del régimen legal en el que se encuentra inscrita, la jurisprudencia ha dicho que, en principio, no cabe una revisión de la sentencia en sede de tutela comoquiera que se trata de un asunto eminentemente legal[25]. Pero ha encontrado que este problema legal excepcionalmente puede adquirir relevancia constitucional e involucrar legítimamente la intervención del juez constitucional, en los casos en los que la interpretación privilegiada constituye una flagrante violación a los derechos (Sentencias T-114 de 2002 y T-1031 de 2001) (…)”[26].
“La Corte Constitucional ha indicado que la interpretación indebida de normas jurídicas puede conducir a que se configure una vía de hecho por defecto sustantivo. Así, en la sentencia T-462 de 2003 se expresó al respecto: ‘En otras palabras, una providencia judicial adolece de un defecto sustantivo (i) cuando la norma aplicable al caso es claramente inadvertida o no tenida en cuenta por el fallador, (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las partes (irrazonable o desproporcionada), y finalmente (iii) cuando el fallador desconoce las sentencias con efectos erga omnes tanto de la jurisdicción constitucional como de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada respectiva.”
6. Violación directa de la Constitución.
6.1. La jurisprudencia constitucional ha precisado que esta causal se origina en la obligación que tienen todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del precepto consagrado en el artículo 4° de la Carta, según el cual“la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”, y en la función de la Corte Constitucional como guardiana de esta norma superior[27].
6.2. Este defecto fue inicialmente concebido por esta Corporación como un defecto sustantivo[28]. Sin embargo, posteriormente empezó a conferírsele autonomía e independencia conceptual. Es así como, en la Sentencia T-441 de 2003[29] se sostuvo que, entre las “diversas situaciones genéricas de violación de la Constitución” que autorizan la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, están aquellas en las que se incurre en violación directa de la Constitución y de los derechos fundamentales de alguna de las partes. En esa oportunidad la Corte precisó:
En primer lugar, se encuentran los casos en los cuales la violación de la Constitución y la afectación de derechos fundamentales es consecuencia del desconocimiento de normas de rango legal, lo que corresponde a los defectos sustantivo –que incluye el desconocimiento de sentencias con efectos erga omnes, orgánico y procedimental. En segundo lugar, aquellas relativas a graves problemas relacionados con el soporte fáctico de los procesos –sea por omisión en práctica o decreto de pruebas o indebida valoración de las mismas -, que se conoce como el defecto fáctico. Estos defectos son los que originariamente definieron el concepto de vía de hecho judicial[30]. En tercer lugar, se encuentran las situaciones en las cuales la violación de los derechos fundamentales por parte del funcionario judicial es consecuencia de su inducción en error, lo que corresponde a lo que la jurisprudencia ha denominado vía de hecho por consecuencia[31].
De otro lado se encuentran situaciones en las cuales la providencia judicial presenta graves e injustificados problemas en su decisión consistentes en la insuficiente sustentación o justificación del fallo[32] y el desconocimiento del precedente judicial, particularmente el de la Corte Constitucional[33].
Finalmente se tienen las situaciones en las cuales se incurre en violación directa de la Constitución y de los derechos fundamentales de alguna de las partes. Se trata de las hipótesis en las cuales la decisión se apoya en la interpretación de una disposición en contra de la Constitución[34], y aquellas en las cuales el funcionario judicial se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad cuando la violación de la Constitución resulta manifiesta y la negativa de resolver el punto ante una solicitud expresa por alguna de las partes en el proceso[35].” (Negrillas fuera de texto original).
En la misma línea, en Sentencia T-949 de 2003[36], la Corte reiteró lo señalado por la jurisprudencia respecto a los defectos sustantivo, fáctico, procedimental y orgánico, enunciando otros defectos adicionales, entre éstos la violación directa de la constitución. En aquel entonces indicó:
“Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.” Negrillas fuera de texto.
La anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en donde se incluyó definitivamente a la violación directa de un precepto constitucional dentro del conjunto de defectos autónomos que se deben satisfacer para que proceda la acción de tutela contra providencias judiciales. Al hacerlo la Corte no modificó “el sentido específico que la jurisprudencia anterior le había atribuido, aunque sí la inicial importancia que al comienzo le reconoció”[37].
6.3. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que el desconocimiento de la Constitución se puede dar, al menos, en las siguientes ocasiones: (i) cuando se desobedecen o no se toman en cuenta (ni explícita ni implícitamente) las reglas o los principios constitucionales; (ii) cuando dichas reglas y principios son considerados, pero dándoseles un alcance insuficiente[38]; o (iii) cuando no se aplica la excepción de inconstitucionalidad, a pesar de ser evidente y haber sido solicitada por alguna de las partes en el proceso[39]. Esta Corporación en Sentencia T-888 de 2010, al referirse a los dos primeros casos señaló:
“(i) En efecto, la manera más evidente de desconocer la Constitución es desatender por completo lo que dispone, al punto incluso de ni siquiera tener en cuenta sus prescripciones más elevadas en el razonamiento jurídico. Es el caso de una providencia que interpretara que todo cuanto debe verificarse para determinar si una relación es laboral, son las formalidades establecidas por los sujetos jurídicos envueltos en el conflicto, y nada más. En este último caso, se ignoraría por completo que la Constitución prescribe, en el artículo 53, concederle primacía a la realidad sobre las formas estipuladas por los sujetos de la relación laboral. De modo que una primera, y elemental, obligación de los jueces de la República es la de tomar posición frente a la realidad conforme a lo que proclaman las reglas y los principios establecidos en la Constitución.[40]
(ii) Esa no es, sin embargo, la única exigencia derivada del carácter normativo de la Constitución. Es necesario, conforme a ella, que el intérprete tome en cuenta sus mandatos, prohibiciones y permisos, pero no basta con que les asigne cualquier grado de eficacia. Aunque las reglas y los principios constitucionales pueden, como es generalmente aceptado, entrar en conflicto con otras normas constitucionales, la forma de resolver esos conflictos y, especialmente, los resultados de esa resolución no son asuntos ajenos ni al carácter normativo ni a la supremacía de la Constitución. Al contrario, por una parte, el carácter normativo de la Constitución exige que todas sus normas sean optimizadas y, por otra, la supremacía demanda que todas aquellas normas infra constitucionales que satisfagan un derecho fundamental en grados inferiores al que sería óptimo, sean consideradas inválidas. Lo cual quiere decir que no cualquier grado de cumplimiento es legítimo, sino sólo el nivel de cumplimiento más alto posible (el óptimo). De modo que si, por causa de un conflicto entre normas, un derecho fundamental no puede ser satisfecho total y plenamente, quien está llamado a resolver el conflicto no queda excusado de satisfacerlo en la mayor medida posible. En consecuencia, la Constitución misma obliga al juez a verificar si el conflicto se resolvió de tal manera que los principios en disputa se satisficieron en la mayor medida posible, o si uno de ellos fue sacrificado más allá de lo que era necesario y proporcionado.”
7. Una autoridad judicial incurre en un defecto sustantivo y violación directa de la constitución cuando, en un proceso de impugnación de la paternidad, interpreta la ley en un sentido tan restrictivo que desconoce una realidad contundente, como la demostrada con una prueba de ADN, mediante la cual se tiene certeza que el demandante no es el padre biológico.
“Para empezar, una decisión de esa naturaleza supone en la práctica forzar al demandante a aceptar como hijo suyo a quien no lo es desde un punto de vista biológico. Dado que debe ser en principio ‘la pareja’ la que decida el número de hijos que ha de tener una persona, y no el Estado, cuando la decisión adoptada por un juez de la República supone que uno de los miembros de la pareja debe resignarse a aceptar como hija suya a una persona que biológicamente no lo es, se interfiere en su derecho a decidir en ‘pareja’ y de manera ‘libre […] el número de hijos’ (art. 42, C.P.).
14. Por otra parte, se incide en los derechos de quienes son presentados como el padre o madre (aparente) a la personalidad jurídica (art. 14, C.P.) y, más específicamente, a la filiación (art. 94, C.P.). La Corte Constitucional ha interpretado que el derecho a la personalidad jurídica es el derecho constitucional implícito al reconocimiento ‘de todos los atributos de la personalidad’, dentro de los cuales está, según la jurisprudencia de la Corte, la ‘filiación […] puesto que ella está indisolublemente ligada al estado civil de las personas’.[41] Ese derecho le confiere a su titular la potestad de exigir que la verdadera filiación prevalezca sobre la puramente formal o ficticia,(…).
15. Finalmente, con las decisiones judiciales demandadas se incide también en el derecho del tutelante a ‘acceder a la administración de justicia’ (art. 229). Se trataría, en este caso, de una incidencia en el derecho a acceder a la justicia efectiva. Es decir, en el derecho a acceder a la administración de justicia para obtener, como lo dice la Carta, ‘la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución’ (art. 2, C.P.) y la primacía ‘[d]el derecho sustancial’ (art. 228, C.P.). O, como se deduce de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, en el derecho que tiene toda persona de ‘hacer efectivos [en sede judicial] los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en [la Constitución y las leyes]’ (art. 1°, Ley Estatutaria de la Administración de Justicia). Esto sería así porque, como las personas tienen derecho prima facie a decidir en ‘pareja’ el número de hijos que habrán de tener, a que prevalezca la realidad de la filiación sobre las apariencias o las formalidades, cuando por falta de oportunidad se deja incólume el estatus jurídico de una persona como padre o madre de otra, a la que no considera como tal, se lo priva de la posibilidad de hacer efectivos esos derechos.”
No obstante, la jurisprudencia constitucional ha precisado que una decisión judicial como la mencionada solo es constitucionalmente reprochable cuando no está debidamente justificada, es decir, en la que no se demuestra “(i) [que] es conforme a la ley, (ii) que persigue una finalidad constitucionalmente admisible, (iii) que esa decisión es idónea para alcanzar la finalidad buscada, (iv) que es necesaria dentro del contexto normativo en el cual se inserta y (v) que es proporcional”[42] .
7.2. Siguiendo la anterior argumentación, la jurisprudencia de esta Corporación ha juzgado como inconstitucionalesalgunas interpretaciones de la ley, “que serían aceptables en la generalidad de los casos, cuando permanecen inalterables ante la fuerza de la evidencia que se desprende de una prueba de ADN”[43], casos en los cuales, además, ha sostenido que “la contundencia de los resultados contenidos en una prueba de ADN es tan relevante, que debe conducir al juez a interpretar la ley de tal manera que garantice en la mayor medida posible la primacía de la verdad manifiesta y palmaria –el derecho sustancial- consagrada en ella, sobre cualquier otra consideración jurídico formal”[44].
“6.3 De acuerdo con lo estatuido en el artículo 228 de la Constitución Nacional, y tal como quedó expuesto en los numerales anteriores de esta sentencia, prevalece el derecho sustancial sobre las simples formalidades. La finalidad de las reglas procesales es otorgar garantía de certeza a la demostración de los hechos que fundamentan el reconocimiento de los derechos sustanciales y este propósito claramente obtiene respaldo constitucional. Entonces, en el caso concreto, el proceso de filiación extramatrimonial, en general, y la obligatoria práctica y consideración de la prueba antropo-heredo-biológica, en particular, deben garantizar la certeza de la demostración de unos hechos - la existencia o la inexistencia de la filiación- que fundamentan los derechos a la personalidad jurídica y al estado civil del demandante en aquel.
Es inobjetable que el actor dentro de la presente acción de tutela es hijo del señor Ricardo Segundo Córdoba Morales. El medio probatorio primordial que da cuenta de ello no fue arrimado al proceso, es decir que fue omitida la prueba del hecho que da lugar al reconocimiento de derechos sustanciales del demandante. (…)” Negrillas fuera de texto.
21. Porque en esta ocasión hay un elemento adicional: (v) quien impugnó la paternidad, lo hizo unos pocos días después de tener certeza sobre la realidad de la filiación, gracias a una prueba como la de ADN que garantiza un 100% de confiabilidad en cuanto a quienes no son los padres de una persona. Y ese hecho recomienda entonces concluir que la solución debería ser otra. Pues no alterar el entendimiento del ‘interés actual’ en una hipótesis como esta, y en cambio aceptar que una prueba de ADN es irrelevante a efectos de actualizar la oportunidad para impugnar la paternidad, conduce a la configuración de lo que, en la teoría del derecho, se conoce como laguna axiológica, en tanto resuelve el caso sin tener en cuenta una propiedad fáctica sumamente relevante, que amerita sin embargo una decisión jurídica distinta.[45] Esa propiedad fáctica es la contundencia y definitividad de la prueba antropoheredobiológica, cuando se endereza a descartar la paternidad de una persona respecto de otra.
(ii) En una violación directa de la constitución, toda vez: (a) le “confiere una eficacia inferior a la óptima a los derechos a la libertad para decidir el número de hijos, a la personalidad jurídica, a la filiación y acceder a la administración de justicia del tutelante, pues decidió aplicar la ley en un sentido constitucionalmente inaceptable para casos como este, a pesar de que había otros sentidos que sí eran admisibles y no sacrificaban los derechos protegidos con la interpretación sostenida por ellos”[46]; (b) desconoce el artículo 228 de la Constitución Política que consagra como principio de la administración de justicia la prevalencia del derecho sustancial, especialmente cuando este último llega a tener la connotación de fundamental.
8. Defecto fáctico.
El llamado defecto fáctico ha sido definido por la jurisprudencia constitucional como aquel que surge “cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”[47], vulnerándose de esta forma el derecho al debido proceso, a la igualdad de las partes ante la ley procesal, al acceso a la administración de justicia, así como a obtener un trato imparcial de quien dirige el proceso[48].
Esta Corporación ha identificado dos dimensiones en las que se presentan defectos fácticos: (a) por omisión, “cuando sin razón justificada el juez se niega a dar por probado un hecho que aparece claramente en el proceso. Nótese que esta deficiencia probatoria no sólo se presenta cuando el funcionario sustanciador: i) niega, ignora o no valora arbitrariamente las pruebas debida y oportunamente solicitadas por las partes, sino también cuando, ii) a pesar de que la ley le confiere la facultad o el deber de decretar la prueba, él no lo hace por razones que no resultan justificadas”[49]; o (b) por acción, cuando “a pesar de que las pruebas reposan en el proceso hay: i) una errada interpretación de ellas, ya sea porque se da por probado un hecho que no aparece en el proceso, o porque se examinan de manera incompleta, o ii) cuando las valoró a pesar de que eran ilegales o ineptas, o iii) fueron indebidamente practicadas o recaudadas, de tal forma que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa de la contraparte” [50].
A su vez, la Corte Constitucional ha sostenido que las diferencias de valoración en la apreciación de una prueba no constituyen errores fácticos, ya que el juez, en su labor, no sólo es autónomo sino que en sus actuaciones se presumen de buena fe[51]. En consecuencia, el juez de tutela debe considerar que, en principio, la valoración de las pruebas realizadas por el juez natural es razonable. Sobre el particular, la Corte en Sentencia T-008 de 1998, indicó:
“(…) al paso que el juez ordinario debe partir de la inocencia plena del implicado, el juez constitucional debe hacerlo de la corrección de la decisión judicial impugnada, la cual, no obstante, ha de poder ser cuestionada ampliamente por una instancia de mayor jerarquía rodeada de plenas garantías.”
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha señalado que sólo es factible fundar una acción de tutela por defecto fáctico “cuando de una manera manifiesta, aparece arbitraria la valoración probatoria hecha por el juez en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo de la prueba ‘debe ser de tal entidad que sea ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”[52].
Por lo tanto, no es suficiente para que proceda la tutela el sólo hecho de que el accionante reclame la presencia de una prueba, toda vez que el juez constitucional solamente está autorizado “a dejar sin efectos una sentencia cuando se evidencia que el resultado judicial es contrario a la Constitución, viola derechos fundamentales y cambia la verdad procesal”[53].
9.1.1. Relevancia constitucional de los aspectos discutidos.
9.1.2. Agotamiento de todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial.
“27. No obstante, debe la Sala decidir si la acción de tutela es improcedente, en este caso, por una de las razones empleadas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema obrando como juez de tutela, y es que el demandante plantea una ‘inconformidad que bien pudo plantearse a través del recurso extraordinario de casación que fue desdeñado debido a la propia incuria del accionante’. La respuesta debe ser negativa, y en eso la Sala es respetuosa del precedente previamente fijado por esta Corte en la sentencia T-411 de 2004. Como se dijo en esta providencia, en esa ocasión la Corte consideró que era procedente una tutela contra providencia judicial, a pesar de que el tutelante no hubiera interpuesto un recurso (el de apelación) contra la providencia ordinaria atacada, porque los sustancial debía prevalecer sobre lo adjetivo, y en ese caso ni siquiera la incuria del demandante podía privarlo del goce efectivo de su derecho a la personalidad jurídica. Lo mismo puede decirse en este caso, en el cual el tutelante presentó la tutela sin haber agotado previamente la casación. De modo que la acción de tutela es procedente.” (Subrayas fuera de texto original).
De igual forma, la jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que existen situaciones en las que, incluso sin haberse intentado recurso alguno, es procedente excepcionalmente la acción de tutela cuando “los intereses en juego corresponden a menores, cuya indefensión se presume según el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en especial si esos intereses corresponden a derechos fundamentales que pueden quedar vulnerados o amenazados en la hipótesis de una tutela denegada por no haber hecho (…) uso oportuno de los recursos que los favorecían en el proceso ordinario”[54].
Con base en estos precedentes constitucionales la Sala considera procedente esta acción de tutela, toda vez que se trata de amparar no solo los derechos fundamentales indisponibles del señor Diego Gutiérrez Figueroa a la personalidad jurídica y a la filiación, sino especialmente los derechos fundamentales de la menor Karen Gutiérrez Jiménez a la familia, a la personalidad jurídica, a la filiación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad. Además, porque desconocer que la niña no es hija del accionante, como se ha demostrado científicamente con la prueba de ADN, en aras de mantener la improcedencia de la acción con fundamento en la formalidad procesal consistente en no haber presentado el recurso extraordinario de casación, sería absolutamente desproporcionado y violatorio del principio de la prevalencia del derecho sustancial (artículo 228 Superior).
9.1.3. Cumplimiento del requisito de la inmediatez.
Como el accionante atribuye la vulneración de sus derechos fundamentales a la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, el 14 de diciembre de 2010, y presentó la acción de tutela el 23 de marzo de 2011[55], esto es, poco más de 3 meses después, se considera que lo hizo en un término razonable y que no afecta el principio de la seguridad jurídica de las partes intervinientes en el proceso en el cual recayó dicha sentencia.
9.1.4. La sentencia cuestionada no es de tutela.
9.1.5. La irregularidad alegada tiene incidencia directa y decisiva en la providencia que se acusa de vulnerar los derechos fundamentales del actor.
El señor Diego Gutiérrez Figueroa señala que el tribunal, en la providencia cuestionada incurrió en vía de hecho, porque le dio una interpretación diferente al tenor literal del artículo 216 del Código Civil, modificado por el artículo 4 de la Ley 1060 de 2006, y no tuvo en cuenta la prueba genética de ADN, según la cual él no es el padre biológico de la Menor Karen. No cabe duda de que, si tales irregularidades se demuestran, otro será el sentido de la providencia acusada.
9.1.6. El accionante ha identificado en forma razonable los hechos que generan la violación de los derechos fundamentales.
(i) Dice que, según las normas (artículos 216 y 217 del Código Civil, en la redacción que les dio la Ley 1060 de 2006), tanto el padre como el hijo tienen derecho a impugnar la paternidad, “pero en tanto que al hijo se le concede el derecho de impugnar ‘en cualquier tiempo’, siempre que se den los precisos supuestos fácticos de la última norma de las citadas, aquel no tiene facultad tan amplia desde el punto de vista temporal”.
(iii) Considera como una confesión del actor, a través de su apoderado (artículo 197 del Código de Procedimiento Civil), lo dicho en el ordinal tercero de la demanda, en el sentido de que “[m]eses después la señora YENNY ESPERANZA ROMERO regreso (sic) el 24 de diciembre de 2004, al lado de mi poderdante, después de haber tenido otra relación sentimental con el señor NÉSTOR PINZÓN y que presuntamente mantuvieron en el tiempo que permaneció la señora YENNY al lado del señor DIEGO, que se prolongó hasta mediados del mes de febrero del año 2005 fecha en la cual se separaron definitivamente”, confesión de la cual el tribunal dedujo que “si la niña nació el 30 de septiembre de 2005 y el reconocimiento se produjo el 12 de octubre siguiente, el actor tenía el conocimiento objetivo de que la pequeña podía no ser su hija, pues para cualquier persona surgiría la duda de que si la madre del hijo que se le imputa mantuvo ‘una relación sentimental’ con otro hombre hasta solo cerca de 8 meses o aún 9 meses largos (art. 92 C.C.) antes del parto, bien puede ser este el padre de la criatura, de modo que en cualquier caso, es forzoso concluir que el actor tenía plena conciencia de que la pequeña podía no ser su hija, de modo que el término para impugnar corría a partir, como máximo, en la fecha en que se produjo el reconocimiento de la niña y, si ello es así, no cabe duda alguna acerca de que la acción caducó sin que se ejerciera oportunamente, excepción que es declarable de oficio, conforme con lo prescrito en el artículo 306 del C. de P.C.”[56].
9.2.2. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, al declarar caduca la acción de impugnación de paternidad presentada por el accionante incurre en un defecto sustantivo y violación directa de la constitución, ya que interpreta el artículo 216 del Código Civil en un sentido tan restringido que desconoce una realidad contundente, como la demostrada con la prueba de ADN, mediante la cual se tiene certeza que el demandante no es el padre biológico de la menor.
9.2.2.1. Dentro de las pruebas que reposan en el expediente, se cuenta con la copia de la prueba genética de ADN, practicada por el Laboratorio de Genética y Biología Molecular Ltda., de fecha 21 de octubre de 2008, la cual concluye que “[a]l analizar el Perfil Genético del grupo de estudio, se encontró que DIEGO GUTIÉRREZ FIGUEROA se excluye como el padre biológico de KAREN GUTIÉRREZ JIMÉNEZ encontrándose exclusiones en los sistemas genéticos: PENTA E, D18S51, HUMCSF1PO, D13S317. HUMVWA, HPRTB y D8S1179” (…)”[57].
Con ese conocimiento el actor instauró acción de impugnación de la paternidad con relación a la niña Karen, proceso que fue radicado en el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá bajo el número 2008-01194, según lo dice en la acción de tutela[58], afirmación ésta que no ha sido desvirtuada por la parte accionada. Es decir, que dicha acción fue ejercida dentro de los 140 días siguientes al conocimiento cierto de que no era el padre biológico.
Cabe anotar que la prueba genética mencionada, realizada de forma particular por el actor, fue corroborada dentro del proceso de impugnación de la paternidad con otro dictamen emitido por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de fecha 15 de octubre de 2009, que también concluyó: “DIEGO GUTIÉRREZ queda excluido como padre biológico del(la) menor KAREN”[59].
De manera que con las pruebas científicas referidas se demuestra con absoluta certeza que el señor Diego Gutiérrez Figueroa no es el padre biológico de la niña Karen Gutiérrez Jiménez, a quien había reconocido como su hija el 12 de octubre de 2005, según la copia del respectivo registro civil de nacimiento[60].
“Podrán impugnar la paternidad del hijo nacido durante el matrimonio o en vigencia de la unión marital de hecho, el cónyuge o compañero permanente y la madre, dentro de los ciento (sic) (140) días siguientes a aquel en que tuvieron conocimiento de que no es el padre o madre biológico.”
Veamos, entonces, qué sentido debe dársele. Siguiendo la jurisprudencia constitucional precitada (numeral 7) cuando el cónyuge o compañero permanente impugna la paternidad del presunto hijo y para ello allega una prueba de ADN con la que demuestra la inexistencia de la filiación, la interpretación del artículo 216 debería ser aquella que: (i) propenda por los intereses legítimos de las partes, (ii) confiera una eficacia óptima a los derechos fundamentales en juego y (iii) respete el principio de prevalencia del derecho fundamental sobre las simples formalidades (artículo 228 Superior). Es decir, la interpretación constitucionalmente válida de la norma en mención, en estos casos, es aquella en la que el término de caducidad de la impugnación de la paternidad se empieza a contar a partir de la fecha en la cual se tuvo conocimiento cierto a través de la prueba de ADN de que no se era el padre biológico.
De igual forma, con la mencionada decisión el tribunal incurre en la causal específica de procedibilidad denominada violación directa de la constitución al: (a) conferir una eficacia inferior a la óptima a los derechos fundamentales arriba mencionados; (b) desconocer el artículo 228 de la Constitución Política que consagra como principio el de la prevalencia del derecho sustancial, porque privilegia una formalidad referente al término de caducidad para impugnar la paternidad, en lugar de hacer prevalecer el derecho sustancial derivado de los resultados obtenidos por medio de una prueba científica tan relevante como la genética de ADN, “que debe conducir al juez a interpretar la ley de tal manera que garantice en la mayor medida posible la primacía de la verdad manifiesta y palmaria -el derecho sustancial- consagrada en ella, sobre cualquier otra consideración jurídica formal”[61].
9.2.3. El Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, incurre en defecto fáctico al omitir analizar y valorar las pruebas genéticas de ADN allegadas y practicadas oportunamente en el proceso de impugnación de paternidad.
PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, de fecha 24 de mayo de 2011, que confirmó la de primera instancia emitida el 7 de abril de 2011, por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. En su lugar, TUTELAR a favor del señor Diego Gutiérrez Figueroa, sus derechos fundamentales a la personalidad jurídica, a la filiación, a decidir en pareja y en forma libre el número de hijos, a acceder a la administración de justicia y al debido proceso, y a favor de la menor Karen Gutiérrez Jiménez sus derechos fundamentales a la familia, a la personalidad jurídica, a la filiación, al libre desarrollo de la personalidad y a la dignidad, vulnerados por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, por medio de la providencia de fecha 14 de diciembre de 2010.
SEGUNDO.- DEJAR sin valor y sin efectos jurídicos la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, de fecha 14 de diciembre de 2010, dentro del proceso de impugnación de la paternidad adelantado por el señor Diego Gutiérrez Figueroa contra la menor Karen Gutiérrez Jiménez, representada por su señora madre Yenny Esperanza Jiménez Romero y, en su lugar, ORDENAR al Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, que decida nuevamente el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de fecha 7 de abril de 2010, dictada por el Juzgado Noveno de Familia de Bogotá, dentro del mencionado proceso de impugnación de la paternidad, atendiendo las directrices de esta providencia. El Tribunal deberá remitir oportunamente a esta Sala de Revisión copia de ese nuevo fallo debidamente notificado.
[2] “Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. ║ 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
[3] “Artículo 2. (…) 3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:
[10] “Sobre defecto sustantivo pueden consultarse las Sentencias T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU.159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002, entre otras (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[11] “Sobre defecto fáctico, pueden consultarse las siguientes sentencias: T-260 de 1999, T-488 de 1999, T-814 de 1999, T-408 de 2002, T-550 de 2002, T-054 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[12] “Al respecto, las sentencias SU-014 de 2001, T-407 de 2001, T-759 de 2001, T-1180 de 2001, T-349 de 2002, T-852 de 2002, T-705 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[13] “Sobre defecto sustantivo, pueden consultarse las sentencias: T-260 de 1999, T-814 de 1999, T-784 de 2000, T-1334 de 2001, SU-159 de 2002, T-405 de 2002, T-408 de 2002, T-546 de 2002, T-868 de 2002, T-901 de 2002 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[14] “Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 2001 y T-462 de 2003 (cita original de la jurisprudencia trascrita)”.
[17] Corte Constitucional, Sentencia T-757 de 2009.
[18] “Corte Constitucional, Sentencia T-1068 de 2006”.
[19] “Corte Constitucional, Sentencia T-1044 de 2006”.
[20] “Corte Constitucional, Sentencias T-608 de 1998 y 244 de 2007, entre otras”.
[21] “Corte Constitucional, Sentencias T-008 de 1998 y T-189 de 2005, entre otras”.
[22] “Corte Constitucional, Sentencia T-056 de 2005”.
[23] Corte Constitucional, Sentencia T-033 de 2010.
[24] Corte Constitucional, Sentencias T-765 de 1998, T-001 de 1999 y T-066 de 2009.
[25] Corte Constitucional, Sentencia T-441 de 2002.
[26] Corte Constitucional, Sentencia T-927 de 2010.
[28] Corte Constitucional, SU-1722 de 2000.
[29] La Corte en esa oportunidad se pronunció sobre la petición de amparo de un ciudadano que solicitaba que se admitiera un recurso de apelación en contra de una sentencia de un juzgado de familia y se le ordenara abstenerse de dar cumplimiento a su sentencia, hasta cuando se dictara la de segunda instancia, ya que, en su concepto, con la negativa de la autoridad judicial a conocer el recurso de apelación se violaban sus derechos al debido proceso y a la defensa.
[30] “Sentencias T-231 de 1994 y T-08 de 1998, entre otras”.
[31] “Sentencia SU-014 de 2001, entre otras”.
[32] “Sentencia T-114 de 2002”.
[33] “Sentencias SU-640 de 1998 y SU-168 de 1999 entre otras”.
[34] “Sentencias SU-1184 de 2001, T-1625 de 2000, T-1031 de 2001”.
[35] “Sentecia T-522 de 2001”.
[36] En esa ocasión la Corte Constitucional conoció una tutela interpuesta por una persona con motivo de un proceso penal en el que resultó condenada. Consideraba que las autoridades judiciales que conocieron del proceso habían vulnerado sus derechos fundamentales al omitir la plena identificación de otra persona capturada y procesada, que la había suplantando con su nombre y cédula.
[37] Corte Constitucional, Sentencia T-888 de 2010.
[39] Corte Constitucional, Sentencias T-522 de 2001 y T-927 de 2010, entre otras.
[40] “Véanse, al respecto, Zagrebelsky, Gustavo: “El derecho por principios”, en El derecho dúctil, Sexta edición, Trad. Marina Gascón, Madrid, Trotta, 2005, pp. 109-131, y Dworkin, Ronald: “El modelo de normas (I)”, en Los derechos en serio, Trad. Marta Gustavino, Barcelona, Ariel, 2002, pp. 61-102”.
[41] “Así lo dijo la Corte en la sentencia C-109 de 1995 (MP Alejandro Martínez Caballero). En esa ocasión, resolvía una acción pública contra una norma que establecía ‘una condición fuertemente restrictiva’ para que los hijos extramatrimoniales pudieran impugnar la paternidad presunta. La Corte señaló que esa fuerte restricción suponía afectar el derecho de los hijos a la personalidad jurídica, pues les dificultaba reclamar judicialmente el derecho a la filiación que, según la Corporación, era un atributo de la personalidad. Por eso concluyó, en esa oportunidad, que ‘el derecho a la filiación, como elemento integrante del estado civil de las personas, es un atributo de la personalidad, y por ende es un derecho constitucional deducido del derecho de todo ser humano al reconocimiento de su personalidad jurídica”.
[42] Corte Constitucional, Sentencia T-888 de 2010.
[45] “Nino, Carlos Santiago: Fundamentos de derecho constitucional, Buenos Aires, Astrea, 2005, pp. 94 y 95. De acuerdo con Nino, las lagunas axiológicas ‘son aquellas situaciones en que si bien el sistema jurídico le asigna una solución al caso en cuestión, no toma como relevante una propiedad que tiene ese tipo de casos y que debería ser relevante para asignarle una solución diferente”.
[46] Corte Constitucional, Sentencia T-888 de 2010.
[47] Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
[48] Corte Constitucional, Sentencias T-329 de 1996 y T-769 de 2008, entre muchas otras.
[49] Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 2008.
[51] Al respecto ver Sentencias T-008 de 1998 y T-590 de 2009, entre otras.
[52] Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
[53] Corte Constitucional, Sentencia T-417 de 2008.
[54] Corte Constitucional, Sentencia T-329 de 1996. En el mismo sentido sentencias T-289 de 2003 y T-329 de 2004.
[55] Folio 40, cuaderno de primera instancia de tutela.
[56] Folios 13 a 15, cuaderno de primera instancia de tutela.
[57] Folio 23, cuaderno de primera instancia de tutela.
[58] Folios 34, 35, 38 y 39, cuaderno de primera instancia de tutela.
[59] Folio 34, cuaderno de primera instancia de tutela.
[60] Folio 27, cuaderno de primera instancia de tutela.
[61] Corte Constitucional, Sentencia T-888 de 2010.