Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-2004-00518-de-abril-10-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_fff8ea4f394f00e0e0430a01015100e0&vista=STD-PC
Timestamp: 2019-09-19 13:11:41
Document Index: 44306968

Matched Legal Cases: ['artículo 168', 'artículo 185', 'artículo 229', 'artículo 289', 'artículo 2', 'artículo 9', 'artículo 115', 'artículo 57', 'artículo 184']

﻿ Sentencia 2004-00518 de abril 10 de 2014
SENTENCIA 2004-00518 DE 10 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:ACCIÓN POPULAR- MORALIDAD ADMINISTRATIVA. EN AQUELLOS EVENTOS EN LOS CUALES UNA VEZ ABSUELTO DEBIDAMENTE EL PROCESO HERMENÉUTICO POR PARTE DEL JUEZ POPULAR SE CONCLUYA QUE, EL SENTIDO DE UNA NORMA O DE UNA DECISIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD O DE ILEGALIDAD ES CLARO, Y QUE LA APLICACIÓN DE TALES OBJETOS JURÍDICOS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EXTRAÑO UN DESCONOCIMIENTO PROTUBERANTE, GROSERO Y CONTRAEVIDENTE DE TAL SENTIDO, EL JUEZ POPULAR PODRÁ CONSIDERAR TAL SITUACIÓN, POR SÍ SOLA, COMO UNA VULNERACIÓN DE LA MORALIDAD ADMINISTRATIVA.
TEMAS ESPECÍFICOS:ACCIÓN POPULAR, MORALIDAD ADMINISTRATIVA, PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR, CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR, ACCIÓN POPULAR CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO
Sentencia 2004-00518 de abril 10 de 2014
Exp.: 18428
Actor: HNS y/o
Demandado: Nación–Departamento Administrativo de Seguridad DAS
Bogotá D.C, once de diciembre de dos mil trece.
Conoce la Sala del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 31 de marzo de 2000, mediante la cual acogió parcialmente las pretensiones de la demanda.
El 19 de diciembre de 1989, el señor HNS recibió varias heridas de proyectil de arma de fuego de dotación oficial accionada por agentes del DAS, cuando se disponían a capturarlo en el momento en el que recogía un paquete que supuestamente contenía dinero proveniente de una extorsión a la cual el demandante estaba sometiendo al señor CGC, quien denunció el hecho a las autoridades, que planearon el operativo para capturar a los extorsionistas en el que resultó herido el demandante. Como consecuencia de las heridas infligidas, le fue amputada la pierna derecha al señor HNS. El Tribunal a-quo negó la indemnización de perjuicios materiales y aunque reconoció perjuicios morales, lo hizo solo a favor de la víctima pero los negó para los demás demandantes, decisión que la Sala modificará.
1. El 18 de diciembre de 1991, a través de apoderado debidamente constituido y en ejercicio de la acción de reparación directa, los señores HNS, JHNS, MNS, JNS e INS y MNS, en su propio nombre y en representación de sus hijos menores GANS, FNS y LFNS, presentaron demanda en contra de la Nación – Departamento Administrativo de Seguridad DAS – en la cual solicitaron la declaratoria de responsabilidad de la entidad demandada por los daños causados a los demandantes con ocasión de las graves lesiones personales sufridas por HNS a raíz de heridas de bala disparadas con armas de dotación oficial y como consecuencia de dicha declaratoria, su condena al pago de los siguientes rubros:
A HNS daños y perjuicios materiales (incluyendo en el lucro cesante los intereses compensatorios de lo que sumen, desde la fecha de la causación hasta la de la fijación de la indemnización) en la cuantía que resulte de las bases demostradas en el curso del proceso.
Al mismo demandante y además, a INS, JHNS, MNS, JNS, FNS, LFNS y MNS:
1) Daños morales con el equivalente en pesos de la fecha de la sentencia de mil gramos de oro fino:
2) Intereses (…).
2. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo del Huila por auto del 30 de abril de 1992 y notificada a la parte demandada, quien la contestó y se opuso a las pretensiones, por considerar que no hubo falla del servicio en la actuación de los agentes del DAS, que se limitaron a cumplir con su deber al responder a una denuncia de extorsión por parte de supuestos miembros del grupo subversivo M-19 y montar un operativo para su captura, en el cual el señor HNS, ante las voces de alto trató de huir, obligándolos a utilizar sus armas de dotación (f. 23, 25 y 37).
3. El Tribunal Administrativo del Huila, resolvió:
1) Declárase administrativamente responsable, en forma parcial, por falla en el servicio, al haberse excedido en el uso de las armas en la forma expresada en la parte motiva, a la Nación - Departamento Administrativo de Seguridad de los hechos ocurridos el día 19 de diciembre de 1989 en el área rural del Municipio de XXX, en donde resultó lesionado el señor HNS.
2) Como consecuencia de la anterior declaración, se condena a la Nación Departamento Administrativo de Seguridad, a pagar a favor del señor HNS (c.c. XXX de XXX): el equivalente a cien (100) gramos oro por perjuicios morales.
Dicho valor será el certificado por el Banco de la República que tenga el gramo de oro fino a la fecha de ejecutoria de esta providencia.
3) Se niegan las demás peticiones de la demanda (…).
4. El Tribunal decidió en esta forma, por cuanto encontró acreditado que si bien el demandante se encontraba realizando un ilícito en el momento en que fue herido con armas de dotación oficial, hubo extralimitación en el uso de las mismas por parte de los agentes de la entidad demandada y por lo tanto, falla del servicio. Sin embargo, no reconoció indemnización alguna por concepto de perjuicios materiales, al estimar que no se probó daño emergente alguno como tampoco que se hubiera producido un lucro cesante para la víctima de las lesiones, pues no se acreditó que ejerciera actividad lucrativa lícita de la que derivara sus ingresos y al contrario, al momento de los hechos se encontraba realizando una actividad ilícita. En cuanto a los perjuicios morales para el padre y los hermanos, consideró el a-quo que “No se entiende causado para la familia, padre y hermanos, por cuanto del hecho delictuoso mismo se deriva la inexistencia de que esta se tenga por parte de los hermanos de HNS y su padre MNS como valor fundamental de su vida, y se infiere que los valores que allí se han construido no han sido soportes para generar convivencia y respeto hacia los bienes de los demás asociados. Luego tal inexistencia no pueden (sic) ser causa para generar la indemnización” (f. 179 a 198).
5. La parte demandante interpuso en tiempo recurso de apelación contra el fallo de primera instancia con el fin de que el mismo sea modificado en el sentido de que sean despachadas favorablemente todas las pretensiones de la demanda (f. 200), para lo cual sostuvo que en relación con los perjuicios materiales, en el plenario obraban testimonios que suministraban el soporte sobre los ingresos promedio mensuales del señor HNS y no se podía desconocer que la actuación de los agentes de la demandada produjo una limitación al demandante que redujo considerablemente sus posibilidades de laborar en el agro. En relación con los perjuicios morales, pidió que se aumentaran los reconocidos para la víctima del hecho al equivalente a 250 gramos de oro y respecto de los pedidos para el padre y los hermanos del lesionado, sostuvo el recurrente que el parentesco permitía inferir la aflicción y congoja que les produjeron las graves lesiones padecidas por HNS, surgiendo una presunción legal de existencia del perjuicio moral que daba lugar a su indemnización, que debía ser por el equivalente al menos a 125 gramos de oro para cada cada uno de ellos.
6. Corrido traslado para alegar en la segunda instancia, la entidad demandada sostuvo la existencia de culpa exclusiva de la víctima en la generación del daño, por lo cual la entidad ha debido ser exonerada. No obstante, en el evento de confirmarse la sentencia, solicitó tener en cuenta la inexistencia de pruebas sobre los perjuicios materiales pedidos en la demanda y así mismo la imposibilidad de que los parientes hubieran sufrido perjuicios morales, cuando las lesiones del señor HNS se produjeron mientras realizaba una actividad delictiva por la que fue posteriormente condenado (f. 210).
7. La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado presentó concepto en el cual solicitó reconocer perjuicios morales a favor del padre y hermanos de la víctima, toda vez que “(…) no se puede pretender que de los principios éticos, culturales o sociales de un grupo familiar se infiera el grado de dolor que pueda causar en sus miembros la lesión o muerte de uno de ellos, para concluir que el daño ocasionado a una persona de buenas costumbres genera mayor tristeza y congoja a sus parientes que el que se produzca a otra que por alguna razón ha cometido un hecho punible y menos aún puede fundamentarse la decisión de negarse las pretensiones indemnizatorias a los demandantes en tan funesta afirmación pues ello constituye una violación al principio de igualdad de todos ante la ley (…)”, cuando por otro lado, obran pruebas de la relación de afecto y ayuda mutua de los miembros de la familia demandante. En relación con los perjuicios materiales, solicitó confirmar su denegatoria, pues al haber sido lesionado cuando se encontraba delinquiendo, se concluye que “(…) en realidad sus ingresos derivaban de actividades delictuales (…)” (f. 214 a 219).
8. Esta Corporación es competente para conocer del presente asunto, en virtud del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, toda vez que el monto de la pretensión mayor ($ 7 000 000), para la época de presentación de la demanda —18 de diciembre de 1991—, superaba la cuantía mínima requerida para ello, que era de $ 4900 000.
9. La Sala tendrá en cuenta las pruebas practicadas en el proceso penal que se adelantó en contra de HNS, ya que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 168 del CCA, son aplicables al proceso contencioso administrativo las normas del C.P.C., cuyo artículo 185 establece que es admisible el traslado de pruebas de un proceso a otro, siempre que hayan sido válidamente practicadas, se encuentren en copia auténtica y que en el proceso primitivo se hubieren practicado a petición de la parte contra quien se aducen o con audiencia de ella. Específicamente sobre la prueba testimonial, el artículo 229 ibídem dispone la obligación de ratificar el testimonio practicado en un proceso para que pueda trasladarse, cuando se hayan rendido en otro, sin citación o intervención de la persona contra quien se aduzcan en el posterior o cuando se hayan recibido fuera del proceso en los casos y con los requisitos previstos en los artículos 298 y 299 del mismo Código, y que se prescindirá de la ratificación, cuando las partes lo soliciten de común acuerdo, mediante escrito autenticado como se dispone para la demanda o verbalmente en audiencia, y el juez no la considera necesaria. No obstante, la Sección ha considerado que se pueden valorar los testimonios trasladados de otro proceso sin necesidad de su ratificación y en aplicación del principio de lealtad procesal, cuando las dos partes los solicitan como prueba, una en la demanda y la otra en el escrito de contestación, o cuando los pide el demandante y la prueba ha sido practicada por la entidad demandada, siempre que sean allegados en copia auténtica, porque así lo dispone la norma general sobre prueba trasladada; además, la prueba documental trasladada puede ser valorada en el proceso contencioso administrativo, si cumple con los requisitos del artículo 289 del CP.C. En el presente caso, la entidad demandada también pidió que se solicitara al juzgado de instrucción que conoció de los hechos, todo lo actuado contra el señor HNS (f. 43, cdno. 1) y las pruebas del proceso penal, testimonios y documentos, fueron remitidas en copia auténtica al Tribunal Administrativo del Huila por el Secretario de la Unidad de Fiscalía Especializada de Neiva (f. 95 a 113).
10. El señor HNS recibió múltiples heridas en sus extremidades inferiores con proyectiles de arma de fuego, lo que condujo a que su pierna derecha tuviera que ser amputada a nivel de tercio inferior del muslo, según se desprende del informe de Medicina Legal enviado al Juez 21 de Instrucción Criminal de Neiva el 5 de enero de 1990, en el cual se consignó: “Se trata de paciente de 26 años que sufre fragmentación del fémur derecho por múltiples lesiones con proyectil arma de fuego. Se intentó salvar su miembro inferior derecho con 2 cirugías previas y fasciotomía. Luego hubo de practicar amputación, ante la falla de los intentos (…)”. También obra examen físico que se le practicó el 1º de marzo de 1990 al señor HNS por médico legista, en el cual se constató que presentaba “1. Cicatriz quirúrgica de 50 cms que inicia en el pliegue inguinal derecho cara interna, recorre la cara interna de muslo derecho, reborde muñón y termina en el tercio superior cara externa de muslo derecho. 2. Amputación miembro inferior derecho a nivel del tercio medio. 3. Deambulación con ayuda de aparatos ortopédicos (muletas). 4. Buena cicatrización de sus lesiones descritas en el primer dictamen”; se dictaminó una incapacidad definitiva de 60 días y como secuelas, “Deformidad física de carácter permanente. Pérdida anatómica de miembro inferior derecho. Perturbación de carácter permanente del órgano de la deambulación” (copia autenticada de documentos públicos, f. 62 a 66).
11. Las heridas sufridas por el señor HNS, fueron propinadas al huir de los agentes del DAS que intentaban capturarlo cuando se disponía a consumar una extorsión, según se desprende de i) los testimonios rendidos en el proceso penal por los agentes del DAS que participaron en el operativo de captura (f. 95, 102, 104, 106 y 108); ii) informe presentado por el Grupo Móvil de Seguridad Rural del DAS Seccional Huila al director seccional de la entidad el 20 de diciembre de 1989 (copia auténtica de documento público, que hace parte de las pruebas del expediente penal, f. 95 y 96); iii) las anotaciones efectuadas en el libro de minuta de guardia del 10 de octubre de 1989 al 11 de enero de 1990, de las cuales se destacan las siguientes, consignadas en la transcripción enviada por el jefe de coordinación de inteligencia al subdirector seccional DAS Huila, el 2 de noviembre de 1993 (documento público auténtico, f. 68):
… diciembre 19/89 0:22- NOTA - A esta hora llamó el Detective AG a informar sobre herido extorsionista GN, no hay más novedad.
20 diciembre/89 01:20 -regreso- de los Detectives (…), quienes traen retenido al señor HNS (…), quien queda en el Hospital General de Neiva en la sección de Urgencias (…)
12. El señor HNS, fue condenado por tentativa de extorsión en contra del señor CGC, según consta en la copia auténtica del fallo proferido por el Juzgado 21 de Instrucción Criminal Especializado radicado en Neiva el 26 de julio de 1990 y la sentencia confirmatoria proferida por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 3 de octubre de 1990, providencias en las cuales se consignó que el procesado fue capturado en flagrancia cuando pretendía recoger el producto de la extorsión, el día 19 de diciembre de 1989, en operativo organizado por el DAS para dicha captura (f. 158 a 177).
13. Los señores JHNS, MNS, JNS, INS, GANS, FNS y LFNS, son hermanos del lesionado señor HNS y todos son hijos del señor MN (certificados de nacimiento expedidos por la oficina de registro del estado civil, f. 6 a 13) y entre ellos existen buenas relaciones familiares, tal y como se desprende de los testimonios rendidos por los señores JFQ, de 45 años —quien laboraba como mayordomo en la finca “XXX”, de propiedad de la víctima de la extorsión por la que fue capturado y condenado el demandante HNS—, que declaró que el día de los hechos, cuando se llevaban al muchacho HNS herido, llegaron el papá y la mamá y se pusieron a llorar, y respecto de los hermanos manifestó que “Ellos son hermanables, se colaboran entre sí, hay afecto y ayuda mutua”. JCJ, agricultor de 34 años de edad, amigo y vecino de vereda de los demandantes, quien sostuvo que “Ellos se tratan bien, ellos son hermanables, ahí se ayudan unos con otros, lo que le pasa al uno pues mira el otro”. Y MC, agricultor de 68 años de edad, vecino y amigo de los demandantes, declaró también que los hermanos eran muy unidos, se ayudaban unos a otros y lo que le pasaba a uno lo sufrían todos, porque había afecto y ayuda mutua (testimonios, f. 128 vto., 129 y 129 vto.).
14. El señor HNS, para la época de los hechos, se dedicaba principalmente a labores agrícolas, según se desprende de las manifestaciones efectuadas por los testigos mencionados en el numeral anterior, los señores i) Jorge Fajardo Quintero, quien sostuvo que HNS “(…) era un muchacho bueno, excelente, era trabajador, cuando el patrón necesitaba que le conducieran (sic) el carro él lo hacía, y se dedicaba al cultivo del tomate, la ganadería y era conductor, y era de la confianza de él”, ii) JCJ, quien manifestó al respecto que HNS se dedicaba a la siembra de fríjol, tomate y maíz, que trabajaba bastante, también en ganadería y a veces como conductor, labores de las cuales percibía ingresos de entre 100 y ciento veinte mil pesos mensuales y iii) MC, quien declaró en similares términos a los anteriores.
15. Toda vez que solo apeló la parte actora y que no procede, en consecuencia, el grado jurisdiccional de consulta(1), la decisión en esta instancia se limita a los puntos de inconformidad por ella manifestados en su recurso y que están relacionados con las indemnizaciones ordenadas, razón por la cual el problema jurídico se contrae a establecer si la condena proferida por el a-quo se ajusta a lo probado en el proceso o si debe ser objeto de modificación, para lo cual se deberá determinar si el demandante lesionado tiene derecho al reconocimiento del lucro cesante que solicita por la disminución de su capacidad laboral, si los perjuicios morales que se reconocieron a su favor deben ser o no reajustados y si los perjuicios morales pedidos a favor de los demás demandantes deben ser reconocidos o estuvieron bien denegados por el a-quo.
4.1. El perjuicio material
16. La parte actora solicitó en el recurso de apelación el reconocimiento del lucro cesante padecido por la víctima de la lesión, señor HNS, derivado de la imposibilidad de ejecutar —dada la limitación con la que quedó por la pérdida de su pierna— las labores agrícolas a las que se dedicaba y de las que derivaba sus ingresos, según se probó con los testimonios obrantes en el proceso.
19. En el presente caso, considera la Sala, contrario a lo que dedujo el a-quo, que si bien se demostró que el demandante, HNS, fue lesionado precisamente cuando se dedicaba a una actividad lucrativa ilícita, consistente en la extorsión, delito por cuya tentativa fue procesado y condenado, ello no obsta para deducir la existencia del daño alegado, esto es, la disminución de la capacidad laboral que le reporta una disminución en los ingresos obtenidos de la actividad lucrativa lícita a la que se dedique para subsistir.
20. Al respecto, observa la Sala que no se demostró en el plenario que el demandante, antes de incurrir en la conducta por la que fue capturado, procesado y condenado, se dedicara a realizar actividades ilícitas como medio de subsistencia, puesto que no consta que tuviera antecedentes penales. Es así como en la providencia del juzgado penal que lo declaró culpable de la tentativa de extorsión y lo condenó a pena privativa de la libertad, consta que se conocieron algunos datos relacionados con la personalidad de cada uno de los sindicados —eran tres—, “(…) con aspectos evolutivos de sus vidas, ser campesinos, dedicados a las labores agrícolas (…)”. Y más adelante, al analizar la conducta de los inculpados, manifestó que “Quienes tomaron parte en la ejecución de la conducta extorsiva, tenían pleno conocimiento de lo que hacían, tanto así, que José Huber es consanguíneo de la esposa del ofendido, mientras que los hermanos NS eran vecinos, amigos, trabajadores en la finca ‘XXX’, de ahí que las misivas precisaran el sitio donde debía entregarse el dinero” (f. 162 y 165).
21. De otro lado, como ya se señaló, obran los testimonios de otros agricultores de la vereda, amigos y vecinos de la familia Núñez Sarrias, que manifestaron que HNS se dedicaba a actividades de agricultura, ganadería y ocasionalmente, se desempeñaba como conductor.
23. Por lo expuesto, la Sala considera que el demandante HNS sí sufrió perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, constituido por la merma de su capacidad laboral derivada de la pérdida de su extremidad inferior derecha, lo que le representaría en el futuro una disminución de sus ingresos por concepto de cualquier actividad laboral que desempeñara y teniendo en cuenta que, como lo ha dicho la Sección, “(…) Toda persona tiene el derecho a disfrutar de la integridad personal que le permita tener la libertad real de escoger entre trabajar y no hacerlo y, decidiéndose por la afirmativa, poder optar entre una y otra profesión. Si estas facultades de trabajo se ven disminuidas el responsable deberá indemnizar, ya que si la víctima recibe oferta de trabajo deberá rechazarla a causa de su incapacidad y, justamente, ello constituye un daño que debe ser reparado”(2) y que “(…) la capacidad laboral y la labor que se desempeñe en el momento de la ocurrencia del hecho no es el parámetro correcto para determinar si la persona se ha visto o se verá afectada patrimonialmente por una disminución en ella, lo correcto es que la posibilidad de desarrollar actividades que le exijan la plenitud de la funcionalidad física o mental siempre será un hecho futuro que, ante la permanencia de la lesión en la persona traduce una desventaja en la fuerza laboral frente a otras personas y con ello una eventual menor remuneración por la actividad que pretenda desarrollar, es ese ítem el que debe ser objeto de indemnización o resarcimiento”(3), resulta procedente el reconocimiento de la existencia de este perjuicio y la condena de la entidad demandada, a la que se le imputó y dedujo responsabilidad patrimonial por los hechos dañosos, a su indemnización.
24. Al respecto, se observa que el Decreto 917 de 1999 —que modificó el Decreto 692 de 1995 “Por el cual se adopta el Manual Único para la Calificación de la Invalidez”—, en su artículo 2º, define la capacidad laboral del individuo como “(…) el conjunto de las habilidades, destrezas, aptitudes y/o potencialidades de orden físico, mental y social, que le permiten desempeñarse en un trabajo habitual”, entendiéndose por trabajo habitual, “(…) aquel oficio, labor u ocupación que desempeña el individuo con su capacidad laboral, entrenamiento y/o formación técnica o profesional, recibiendo una remuneración equivalente a un salario o renta, y por el cual cotiza al Sistema Integral de Seguridad Social”.
(…) se tendrán en cuenta los componentes funcionales biológico, psíquico y social del ser humano, entendidos en términos de las consecuencias de la enfermedad, el accidente o la edad, y definidos de la siguiente manera:
26. El artículo 9º, literal d) ibídem, establece que para obtener la calificación integral final del grado de pérdida de la capacidad laboral de la persona, de conformidad con las especificaciones del manual contenido en este decreto y sus tablas, “(…) se suman aritméticamente aquellos porcentajes correspondientes a los valores de la deficiencia, la discapacidad y la minusvalía, que el calificador legal asignó a cada una de ellas”.
27. En el plenario no obra prueba sobre el porcentaje de disminución de la capacidad laboral del demandante establecido técnicamente por las autoridades competentes, no obstante lo cual, la Sala, en virtud de la prevalencia de los principios de reparación integral y equidad y teniendo en cuenta que obran los elementos probatorios necesarios y suficientes para ello, procederá a efectuar la cuantificación de los perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, tal y como lo ha hecho la Sección en otras ocasiones, como aquellas en las cuales, a pesar de la ausencia de experticio, “(…) la magnitud del daño demuestra con claridad una condición total de invalidez”(4).
29. Es así como se tendrá en cuenta, en primer lugar, el examen físico practicado al señor HNS por médico legista, en el cual se determinó que presentaba —párrafo 10—:
30.2. Respecto de las minusvalías, se observa que si bien no se tienen datos científicos de las afectaciones psíquicas que pudo haber sufrido el demandante como consecuencia de la pérdida de uno de sus miembros inferiores, de la sola afectación física derivada de la amputación de una pierna, pueden deducirse i) la minusvalía de independencia física, con rangos entre el 1.0% y el 2.0%(7), ii) la de desplazamiento, con rangos entre 0.5 y 2.0(8) y iii) la de carácter ocupacional, con rangos entre el 7.5% y el 12.5%(9), las que sumadas, arrojan un rango de valores entre el 9% y 16.5%, de los cuales, la Sala considera adecuado tomar un guarismo intermedio, es decir 13%. Este valor, sumado al 18% correspondiente a la deficiencia atrás calculada, arroja un total de 31 %.
31. Ahora bien, se advierte, como ya lo hizo la Sección en pasada ocasión, que el anterior ejercicio no pretende de ninguna manera suplantar la prueba técnica en este tipo de asuntos, sino que, ante realidades como la presente, en donde a pesar de no contar con los datos completos de las afectaciones sufridas por la víctima surge con claridad la magnitud del daño sufrido, “(…) resulta contrario a lo razonable dilatar la posibilidad de hacer real el valor justicia para el caso concreto”, pues la víctima directa del daño ya ha tenido que soportar una espera de más de 10 años para la definición de su caso en esta instancia y habría de soportar las inclemencias de su situación disminuida por otro periodo prolongado en procura de concretar los montos de la indemnización a partir de un incidente en el que se practique la prueba pericial que tiempo atrás se dejó de practicar(10).
- Fecha de los hechos: 19 de diciembre de 1989
- Edad del demandante a la fecha de los hechos: 27 años(11)
- Esperanza de vida: 46,38 años(12), es decir 556,56 meses.
- Porcentaje de la disminución de la capacidad laboral: 41%.
- Salario: la liquidación del lucro cesante se hará teniendo en cuenta el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de la presente providencia: $ 589 500, toda vez que no obra en el plenario prueba de lo que devengaba el señor HNS en las labores a las que usualmente se dedicaba, más el 25% correspondiente a las prestaciones sociales: $ 736 875.
S = Indemnización del periodo comprendido entre la fecha de ocurrencia de los hechos -19 de diciembre de 1989- y la fecha de esta sentencia.
S = Indemnización correspondiente al periodo comprendido entre la fecha de esta sentencia y el término de vida probable de HNS.
Ra = Renta actualizada: $ 736 875.
n = número de meses transcurridos entre la sentencia y el término de vida probable de HNS —46,38 años—: 556,56 meses menos 287,73 meses calculados en la indemnización consolidada: 268,83 meses.
S = $ 110 367 043,87
Indemnización total por lucro cesante: $ 571 083 087,73
33. Es bien sabido que un hecho dañoso puede producir varias clases de perjuicios, como son los materiales -daño emergente y lucro cesante-, que afectan de manera directa la esfera patrimonial de los damnificados por cuanto significan una disminución en su haber, derivada bien sea de los obligados egresos que se producen con ocasión del hecho y para contrarrestar sus efectos, o de los ingresos que no se podrán obtener y no se producirán, como consecuencia del mismo.
34. Pero también pueden surgir perjuicios morales, es decir aquellos que recaen en la órbita interna e íntima de las personas, por cuanto constituyen una afectación de los sentimientos y emociones, en forma de dolor, angustia, congoja, tristeza, etc. Es decir que (…) cuando se afecta la esfera personal del sujeto, surge el denominado daño moral, en el entendido de que este concepto comporta aflicción, dolor, angustia y en general, padecimientos varios, o como ha solido decirse, dichas consecuencias ‘son estados del espíritu de algún modo contingentes y variables en cada caso y cada cual siente o experimenta a su modo’(13)”(14).
36. En el presente caso así lo reconoció el a-quo, al condenar a la entidad demandada a indemnizar los perjuicios morales sufridos por el demandante HNS, derivados de las lesiones personales que le fueron propinadas y que condujeron a la pérdida anatómica de una de sus extremidades inferiores, lo que sin duda le produjo sentimientos de impotencia, frustración, amargura y desazón.
39. En el presente caso, los perjuicios morales se produjeron con ocasión de las lesiones personales sufridas por el demandante HNS, quien recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego en sus piernas y terminó perdiendo una de ellas, lo que permite inferir el grado de dolor, angustia, miedo, congoja y frustración que tal hecho le produjo, lo que a juicio de la Sala, justificaba la condena a su indemnización. Sin embargo, no comparte el monto reconocido por el a-quo, toda vez que no se compadece con la inferencia que es posible hacer respecto del dolor y la angustia que padeció la víctima con ocasión de las lesiones, de la amputación de su miembro inferior derecho y el padecimiento que soportó a raíz de las varias intervenciones quirúrgicas a las que fue sometido tratando de salvar su pierna, razón por la cual, la Sala considera procedente el reconocimiento, por concepto de esta clase de perjuicio, del equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el lesionado.
40. En relación con el reconocimiento de perjuicios morales para los otros demandantes, se observa que, cuando se produce la lesión o el deceso de un pariente cercano, padre, madre o hijo, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Corporación, la prueba del parentesco permite al juez presumir la existencia del perjuicio moral, con base en “(…) la experiencia humana, nacida de la observación de las reglas generales de la sociedad (circunstancias de modo, tiempo y lugar) para cuando ocurrió el hecho dañino (…)”. El juez “(…) observa que entre seres normales es común que los integrantes de la familia -padres e hijos, y entre estos (…) y aquellos- se produce un inmenso dolor cuando alguno de estos miembros sufre una lesión grave o padece la muerte”(16).
41. Tratándose del perjuicio moral padecido por la pérdida de un ser querido o las lesiones sufridas por él, para la Sala es claro que ninguna incidencia puede tener, a la hora de juzgar la procedencia de su reconocimiento, el hecho de que esa persona no se acomode a un estándar de vida determinado o que incluso haya optado por incursionar en actividades delictivas, puesto que los sentimientos de amor filial, de fraternidad, de solidaridad, de compañerismo, de apoyo, etc., que han surgido y se han mantenido en razón de la convivencia dentro del núcleo familiar, no sufren menoscabo por esas circunstancias y la experiencia indica que no se quiere menos a un padre o a un hijo, porque él cometa equivocaciones, razón por la cual ese no puede ser el criterio para estimar la existencia o inexistencia de un perjuicio moral surgido de las lesiones o fallecimiento de una persona. Como lo ha dicho la Sección en otras ocasiones, “(…) las calidades morales de las personas o sus opciones religiosas no son criterios que sirvan para valorar el dolor moral que su fallecimiento haya producido a sus parientes”(17), lo que significa que no resulta más dolorosa la muerte de un miembro del núcleo familiar que observó una conducta intachable, que la de un ser querido que cometió equivocaciones en la vida, pues los sentimientos que surgen de la relación familiar, tienen otros orígenes, como son la convivencia, la ayuda y el afecto brindados entre los miembros de la familia. Esto es lo que enseñan las reglas de la experiencia y si la situación resulta ser otra, deberá ser objeto de prueba.
Ha entendido la jurisprudencia de esta Corporación, fundada en principios de justicia y equidad, que probada una relación de parentesco cercano entre dos personas, puede presumirse la existencia de vínculos de afecto y alianza, y que, al causarse un daño a una de ellas, también la otra resulta afectada. De esta manera y con base en las reglas de la experiencia, se construyen indicios sobre la existencia y aun la intensidad del perjuicio moral: por ser lo común, puede inferirse que los familiares cercanos se aman entre sí, y sufren los unos con la ausencia o el padecimiento de los otros. Y dado que estas reglas pueden subvertirse, en situaciones concretas, no obsta al razonamiento anterior la demostración de circunstancias especiales que permitan llegar a conclusiones contrarias a las que se obtendrían en aplicación de aquéllas. Estas circunstancias especiales, obviamente, deben ser de tal naturaleza que resulten demostrativas de una situación excepcional, es decir, deben tener la virtud de quebrantar la regla general. En estas condiciones, solo circunstancias que permitan concluir que, a pesar del parentesco, no existen tales vínculos de afecto y alianza, pueden llevar al juez a la convicción de que el daño no se produce o su intensidad es inferior a la del que, generalmente, sufren quienes se encuentran en las mismas condiciones de familiaridad (…).
Es claro, según se ha explicado, que las condiciones particulares de la víctima directa del daño, cualesquiera que ellas sean, no tienen, en principio, injerencia alguna respecto del perjuicio sufrido por un tercero afectado con aquél, a menos que existan circunstancias adicionales que permitan concluir lo contrario, como lo sería, por ejemplo, el repudio manifestado por la madre, en relación con su hijo, como consecuencia de su mal comportamiento, siempre que tal hecho se encuentre claramente establecido dentro del proceso y permita concluir al juzgador, sin lugar a dudas, que la relación de afecto se ha quebrantado gravemente, al punto que la muerte del uno no genera sufrimiento en el otro. La sola enunciación del ejemplo generará, con seguridad, un sentimiento de incredulidad, que permite entender, con más veras, la excepcionalidad de la situación(18).
43. Considera la Sala que la circunstancia de que el señor HNS haya sido lesionado cuando se encontraba delinquiendo, no puede ser razón para denegar la existencia de sufrimiento y dolor por dicha causa en sus familiares, si se tiene en cuenta la grave consecuencia de tales lesiones, como lo fue la amputación de su miembro inferior derecho. Si existen relaciones de afecto, en virtud de los lazos de sangre, una lesión de estas dimensiones, sin lugar a dudas produce angustia en quienes rodean a la víctima de ella y en el presente caso obran testimonios sobre la buena relación entre los demandantes, de manera que no encuentra la Sala razones que justifiquen haber negado la indemnización de estos perjuicios al padre y hermanos de la víctima, que en principio deberían serles reconocidos por el equivalente a 80 salarios mínimos legales mensuales para el padre, MNS y 40 salarios mínimos legales mensuales para cada uno de los hermanos del lesionado.
44. No obstante, advierte la Sala que en la sentencia de primera instancia el a-quo decidió declarar la responsabilidad “en forma parcial” de la entidad demandada, luego de analizar los eximentes de responsabilidad y entre estos, la culpa de la víctima y de verificar, de acuerdo con lo probado en el proceso, que las lesiones sufridas por HNS se produjeron al ser sorprendido en flagrancia, cuando intentaba consumar una extorsión, momento en el cual trató de huir y con ello, motivó la reacción de los miembros del DAS que adelantaban el operativo para su captura (párrafos 11 y 12), lo que significa que con su actuación participó activamente en la producción del daño, pues su conducta fue eficaz en el desenlace final de los hechos. Y como consecuencia de esta determinación, resolvió reconocerle solo el equivalente a 100 gramos de oro.
45. Es decir que para el a-quo, hubo concurrencia de causas, en la medida en que simultáneamente con la falla del servicio se presentó también la culpa de la víctima, la cual si bien no se traduce en la exculpación total de la entidad demandada, hace que su responsabilidad se atenúe parcialmente, pues el comportamiento del señor HNS contribuyó al resultado final, toda vez que frente a la conminación de los agentes estatales para que se detuviera y se entregara, optó por huir, incumpliendo así con su deber legal de acatar tales órdenes y propiciando su reacción, que al ser excesiva, configuró la falla del servicio que permite deducir la responsabilidad parcial del Estado.
46. De acuerdo con la ley “la apreciación del daño está sujeta a la reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente” (art. 2357, C.C.), lo cual significa que el juzgador se halla habilitado para reducir el quantum de la indemnización en el mismo porcentaje de participación de la víctima en la producción del hecho dañoso, puesto que, tal y como lo ha sostenido la jurisprudencia, “la reducción del daño resarcible con fundamento en el concurso del hecho de la víctima responde a una razón de ser específica; es decir, que la víctima hubiere contribuido realmente a la causación de su propio daño, caso en el cual esa parte del perjuicio no deviene antijurídico y por ende no tiene la virtud de imputarse al patrimonio de quien se califica responsable”(19). En el presente caso, estima la Sala que el grado de participación de la víctima en la producción del hecho dañoso fue inferior al establecido por el a-quo, reflejado en la exigua indemnización concedida, y que contribuyó en igual proporción y en forma decisiva al resultado dañoso, es decir que correspondió a un 50% y en consecuencia, de las condenas calculadas en el capítulo anterior, será deducido el referido porcentaje.
1. DECLÁRASE la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada por los perjuicios ocasionados a los demandantes con las graves lesiones producidas al señor HNS, en hechos ocurridos el 19 de diciembre de 1989 en jurisdicción del municipio de XXX (Huila).
- A favor del señor HNS —lesionado— y del señor MNS —padre del lesionado—, el equivalente para cada uno de ellos, a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha del pago.
- A favor de cada uno de los señores John Henry, Moisés, Jairo, Ismael, GANS, FNS y LFNS —hermanos del lesionado— el equivalente a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha del pago.
3. CONDÉNASE a pagar a favor del señor HNS, la suma de doscientos ochenta y cinco millones quinientos cuarenta y un mil quinientos cuarenta y tres pesos 86/100 ($285 541 543,86) como indemnización de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante.
5. Se dará cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo y del artículo 115 del C.P.C. Copia de la sentencia será entregada al apoderado judicial que ha venido actuando en el proceso.
Magistrados: Olga Melida Valle de De La Hoz—Hernan Andrade Rincon, presidente—Stella Conto Diaz Del Castillo—Mauricio Fajardo Gomez—Enrique Gil Botero—Ramiro Pazos Guerrero——Danilo Rojas Betancourth—Jaime Orlando Santofimio Gamboa—Carlos Alberto Zambrano Barrera.
1 La sentencia de primera instancia es del 31 de marzo de 2000, época para la cual era aplicable la Ley 446 de 1998, cuyo artículo 57 modificó el artículo 184 del CCA relativo al grado jurisdiccional de consulta, estableciendo su procedencia entre otros casos, cuando en primera instancia se imponga condena en concreto a una entidad estatal que exceda de 300 S.M.L.M. y no hubiere sido apelada. La jurisprudencia de la Sala considera que la apelación de cualquiera de las partes, hace improcedente la consulta. Ver sentencia del 26 de mayo de 2010, expediente 18800, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.
2 Providencia del 12 de septiembre de 1991, actor: Rosa Nelly Londoño Martínez, citada en sentencia del 19 de agosto de 2004 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, expediente 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 2009, expediente 16422, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2012, expediente 18953, C.P. Hernán Andrade Rincón. En esta sentencia, se reiteró lo expuesto en sentencia del 1º de octubre de 2008, expediente 27268, C.P. Enrique Gil Botero.
6 Correspondiente a amputaciones en extremidades inferiores.
7 En el respectivo capítulo de las minusvalías, el Decreto 917 establece la “MINUSVALÍA DE INDEPENDENCIA FISICA”, en la cual se hace la siguiente distinción: Plenamente independiente: 0.0 puntos; independencia con ayuda: 0.5 puntos; independencia adaptada: 1.0 punto; dependencia situacional: 1.5 puntos; dependencia asistida: 2.0 puntos; dependencia de cuidados especiales y/o permanentes, 2.5 puntos.
8 “MINUSVALÍA DE DESPLAZAMIENTO”: La norma la establece de los siguientes rangos: desplazamiento pleno: 0.0 puntos; restricciones intermitentes del desplazamiento: 0.5 puntos; desplazamiento deficiente: 1.0 punto; desplazamiento reducido al ámbito de la vecindad: 1. 5 puntos; desplazamiento reducido al ámbito del domicilio: 2.0 puntos; confinamiento al ámbito de la silla o de la cama: 2.5 puntos.
9 En cuanto a la “MINUSVALÍA OCUPACIONAL”, la norma establece: Habitualmente ocupado: 0.0 puntos; ocupación recortada: 2.5 puntos; ocupación adaptada: 5.0 puntos; cambio de ocupación: 7.5 puntos; ocupación reducida: 10.0 puntos; ocupación restringida, protegida o confinada: 12.5 puntos; sin posibilidad de ocupación: 15.0 puntos.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 11 de abril de 2012, expediente 18953, C.P. Hernán Andrade Rincón.
11 El señor Heriberto Núñez Sarrias nació el 26 de abril de 1962, de acuerdo con el respectivo certificado de nacimiento, f. 6.
12 Resolución n.o 1439 de 1972 de la Superintendencia Bancaria.
13 [] “Cfr. ZANONI, Eduardo A. Ob. Cit., pág. 290 y s.s”.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de septiembre de 1998, C.P. Daniel Suárez Hernández.
15 La Sección abandonó hace tiempo el patrón del oro para efectos de calcular el monto de los perjuicios morales, por considerar que era más adecuado hacerlo en salarios mínimos legales mensuales. Sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 7 de octubre de 1999, expediente 12655, C.P. María Elena Giraldo Gómez.
17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 10 de mayo de 2001, expediente 13475, C.P. Ricardo Hoyos Duque.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2000, expediente 11874, C.P. Alier E. Hernández Enríquez.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 11 de noviembre de 2009, expediente 17510, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.