Source: https://redlatam.org/es/country/peru
Timestamp: 2020-01-28 13:24:52
Document Index: 337088707

Matched Legal Cases: ['artículo 2', 'artículo 162', 'artículo 200', 'Artículo 2', 'Artículo 154', 'artículo 14', 'Artículo 249', 'Artículo 23']

El numeral 5º del artículo 2º de la Constitución peruana señala que toda persona tiene derecho “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido. Se exceptúan las informaciones que afectan la intimidad personal y las que expresamente se excluyan por ley o por razones de seguridad nacional. El secreto bancario y la reserva tributaria pueden levantarse a pedido del juez, del Fiscal de la Nación, o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley y siempre que se refieran al caso investigado.” Luego, el numeral 6 de la misma disposición señala que también tienen derecho “A que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar.” En tanto el Nº 7, se refiere “Al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar así como a la voz y a la imagen propias. Toda persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviada en cualquier medio de comunicación social tiene derecho a que éste se rectifique en forma gratuita, inmediata y proporcional, sin perjuicio de las responsabilidades de ley.”
Conforme dispone el artículo 162 de la misma Constitución “Corresponde a la Defensoría del Pueblo defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad; y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía…”
Finalmente, el artículo 200 señala que: “Son garantías constitucionales:(…) Nº 3. La Acción de Hábeas Data, que procede contra el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los derechos a que se refiere el Artículo 2º, incisos 5) y 6) de la Constitución.”
A nivel legal se encuentran las Leyes Nº 30.096 de 21 de octubre de 2013, de Delitos informáticos, resultando de especial importancia su Capítulo IV de Delitos Informáticos contra la Intimidad y el Secreto de las Comunicaciones y Nº 30.171 de 9 de Marzo de 2014, por la que se modifican diversas disposiciones de la mencionada Ley de Delitos Informáticos, debiendo prestarse especial atención a la incorporación del Artículo 154-A de tráfico ilegal de datos personales.
Luego se tienen diversas leyes de aplicación general, tales como: la Ley Nº 29.733 de Protección de Datos Personales; Ley Nº 28.237, Código Procesal Constitucional, en especial en su Título IV de Hábeas de Data; Ley Nº 27.806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Ley Nº 27.309 que incorpora los delitos informáticos al Código Penal; Decreto Legislativo Nº 635 de 8 de Abril de 1991, Código Penal, en especial en su Título IV, Capítulos II, III, IV y V y Título V, Capítulo X; y Decreto Legislativo N° 295 de 25 de Julio de 1984, Código Civil, cuyo artículo 14 se refiere al Derecho a la Intimidad Personal y Familiar señalando que “La intimidad de la vida personal y familiar no puede ser puesta de manifiesto sin el asentimiento de la persona o si ésta ha muerto, sin el de su cónyuge, descendientes, ascendientes o hermanos, excluyentemente y en este orden.”
Perú pertenece a la APEC.
En cuanto a derecho de autor, Perú cuenta con la Ley No 822 sobre el Derecho de Autor, de 1996. Esta ley no contempla aún un régimen de responsabilidad para los ISP ni tampoco la bajada de contenidos de internet.
Recientemente se aprobó una Ley de Delitos Informáticos, se detalla en la siguiente sección del informe como un caso en desarrollo.
Actualmente el país no cuenta con una normativa específica que establezca este principio. Sin embargo, se da una situación particular en Perú: durante el año 2012 el Congreso peruano reguló el principio de neutralidad de la red al aprobar la Ley de Promoción de la Banda Ancha y Construcción Dorsal de Fibra Óptica. El Art. 6 de dicha Ley establece: Libertad de uso de aplicaciones o protocolos de Banda Ancha.
Los proveedores de acceso a Internet respetarán la neutralidad de red por la cual no pueden de manera arbitraria bloquear, interferir, discriminar ni restringir el derecho de cualquier usuario a utilizar una aplicación o protocolo, independientemente de su origen, destino, naturaleza o propiedad. El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) determina las conductas que no serán consideradas arbitrarias, relativas a la neutralidad de red.
Se trata de la primera vez que una norma legal peruana habla explícitamente del tan polémico principio de neutralidad de red. Sin embargo, no es la primera vez que un concepto parecido está regulado por las normas legales peruanas. En el mismo sentido, desde el año 2005, el artículo 7 del Reglamento de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo No 040-2005-CD/OSIPTEL señalaba: Los operadores locales que brinden servicio de Internet y/o ISP no podrán bloquear o limitar el uso de alguna aplicación, en ningún tramo (Usuario-ISP-ISP-Usuario) que recorra determinada aplicación. Esta prohibición alcanza al tráfico saliente y entrante internacional, salvo aquellas a solicitud expresa del abonado o usuario y/o algunos casos excepcionales por motivos de seguridad, los cuales deben ser comunicados y estarán sujetos a aprobación de OSIPTEL.
En otras palabras, la nueva Ley de Banda Ancha intenta regular un tema que ya está regulado por OSIPTEL hace siete años.
Pánico financiero: en Perú se modificó el Código Penal a través de la Ley que modifica el Artículo 249 del Código Penal referido al Delito de Pánico Financiero, la Ley No 27.941- Ley No 28.278, Ley de Radio y Televisión.
The World Factbook: Perú República del Perú Publicaciones, Centro de Derecho y Tecnología USMP
El panorama para los derechos digitales en Perú se encuentra marcado, en primer lugar, por la aprobación de la polémica Ley Beingolea durante el año 2013 y su posterior modificación, tras la gran atención mediática que generó su entrada en vigencia. Fue tanta la preocupación generada por algunas disposiciones de este cuerpo normativo que, meses después de aprobado, ya se contaba con numerosos proyectos que buscaban modificarlo, lo cual finalmente se logró a comienzos del año 2014 (lo cual, sin embargo, tampoco significó la solución a los problemas contenidos en la mencionada ley).
En segundo lugar, numerosos proyectos de ley para modificar la Ley de Derechos de Autor han nacido en Perú luego del caso #IntervenganAPDAYC.
Durante el año 2012 se introdujo una propuesta que haría modificar el Código Penal del país mediante la introducción de nuevos delitos relacionados con el uso de la tecnología de información y la comunicación. Entre otros asuntos, el proyecto de ley de delitos informáticos, o Ley Beingolea, eliminaría el anonimato en línea, haría que las empresas cumplan con las peticiones gubernamentales sobre los datos personales del usuario, y amenazaría a los usuarios de Internet con el riesgo de prisión por sus actividades en línea.
De este proyecto se podía poner en tela de juicio en especial el “Artículo 23: Acceso a información de los protocolos de internet” que dice: No se encuentra dentro del alcance del secreto de las comunicaciones la información relacionada con la identidad de los titulares de telefonía móvil; los números de registro del cliente, de la línea telefónica y del equipo; el tráfico de llamadas y los números de protocolo de internet (números IP). Por lo tanto, las empresas proveedoras de servicios de telefonía e internet debe proporcionar la información antes señalada conjuntamente con los datos de identificación del titular del servicio que corresponda, a la Policía Nacional del Perú o al Ministerio Público dentro de las cuarenta y ocho horas de recibido el requerimiento, bajo responsabilidad, cuando estas instituciones actúen en el cumplimiento de sus funciones.
En general, este proyecto contenía varias disposiciones nocivas para los derechos humanos, tales como la exclusión de las comunicaciones electrónicas de la garantía fundamental de protección constitucional al secreto de las comunicaciones, obligando a las empresas de telecomunicaciones e Internet a entregar información a las autoridades policiales y de persecución penal. Otras disposiciones sustantivas de la misma ley consideraban criminalizar la posesión de ciertas tecnologías, el uso no autorizado de obras protegidas por derechos de autor, desconociendo hipótesis en que la misma ley autoriza a hacerlo, además de conductas como el hurto de tiempo, la comercialización y difusión de bases de datos. Todo lo anterior, sumado a penas criminales excesivas y potencialmente desproporcionadas, constituía una grave amenaza a los derechos humanos.
Durante el 2012, el proyecto fue aprobado por la Comisión de Justicia del Congreso y quedó pendiente de ser discutido en el Pleno. De esta forma, su discusión continuó durante el mes de mayo de 2013. Finalmente, el Congreso en septiembre de ese año aprobó la ley de delitos informáticos, siendo ésta promulgada a fines de octubre.
Dadas las imprecisiones y errores de la ley recién aprobada, en el congreso peruano ya se encuentran discutiendo reformas a esta Ley, propuestas por diversos congresistas de dicho país. Como documenta la ONG Hiperderecho, tras la aprobación de la ley, el Congreso reaccionó y ahora existen hasta cinco Proyectos de Ley de buscan introducir modificaciones a la referida Ley. A fines de 2013, la Comisión de Justicia presidida presentó su Dictamen con un grupo grande de cambios a esta ley. En febrero de 2014 el Congreso aprobó el Dictamen con las modificaciones a siete artículos de la polémica ley.
Perú y las negociaciones del acuerdo TPP
Otra amenaza importante dentro de este país la conforma la negociación del TPP (Trans- Pacific Partnership) con Estados Unidos junto a países como Chile y México, lo que podría conllevar graves consecuencias para el acceso al conocimiento, la cultura y la salud en este país. Este tratado puede obligar a los estados miembros a aumentar los delitos penales (tanto en rango como en intensidad del castigo) relacionados con la propiedad intelectual, especialmente aquellos que envuelven a internet.
En este país Hiperderecho se ha encargado de hacer pública la preocupación en Perú sobre la pronta firma de este tratado. En palabras de la organización, con la eventual firma de este tratado, Perú condiciona su comportamiento a una de las políticas más duras e invasivas de la región como lo es la de Estados Unidos. Una solución que Hiperderecho y otras organizaciones han planteado es la instalación de una “máquina ciega” que permita visualizar el tratado antes de que se firme. Sin embargo, Mincetur ha venido negando esta posibilidad, lo que no puede sino incrementar las dudas con respecto a la agenda manejada por los representantes de dicho país en la negociación del TPP.
Implementación de un régimen de responsabilidad de prestadores de servicio de internet
Otra amenaza suscitada durante el año 2012 consiste en la obligación del gobierno peruano de regular la responsabilidad de los Proveedores de Servicios de Internet por las infracciones a los derechos de autor cometidas por sus usuarios (algo a lo que Perú se había comprometido en su TLC con los Estados Unidos). Sin embargo, muchos han criticado el proceso legislativo hasta la fecha por carecer de transparencia.
El resultado de este proceso afectará a la posición del Perú en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), un acuerdo de libre comercio en negociación entre los gobiernos de la costa del Pacífico. No obstante lo riesgosa que puede ser la tramitación poco transparente de este proyecto, regular la responsabilidad de los ISP podría traer consecuencias positivas.
A fines de agosto, congresistas peruanos presentaron una moción para que el TPP se abriera a debate público, que busca que el Pleno del Congreso solicite formalmente al Poder Ejecutivo que abra al debate público la posición peruana dentro de las negociaciones del TPP y que la Ministra de Comercio Exterior y Turismo acuda al Congreso a informar al respecto. En la moción, se toma como referencia las preocupaciones expresadas por un grupo de organizaciones de la sociedad civil y respaldadas por más de tres mil peruanos bajo la campaña No Negociable. Así mismo, también se menciona la reciente decisión del Senado chileno de abrir al debate público las negociaciones del TPP en ese país.
Entrada en marcha de nueva Ley de Datos Personales
Un punto a favor del desarrollo de los derechos en el entorno digital en Perú vendría a ser la aprobación, a comienzos del año 2013, mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS del Reglamento de la Ley N° 29.733 de Protección de Datos Personales. Esta norma desarrolla la Ley disponiendo su cumplimiento obligatorio a todas las entidades públicas y privadas, incluyendo nuevas definiciones y obligaciones ya dispuestas en la Ley. Por lo anterior, la aprobación de este reglamento constituiría una oportunidad para los derechos digitales en Perú.
Proyecto de ley de contenidos pornográficos en internet
A fines de julio se elevó una alerta en el país: el Proyecto de Ley No. 2511/2012-CR, presentado por el congresista Omar Chehade y la bancada Nacionalista, que plantea serios cuestionamientos a las libertades individuales en Perú. Entre otros puntos, el proyecto propone establecer un sistema nacional de filtros de obligatorio cumplimiento para todos los proveedores de Internet que impidan el acceso a páginas con contenido pornográfico. Este filtro sería aplicado por defecto a todos los usuarios de Internet y la única manera de evitarlo sería solicitándolo expresamente a la empresa operadora. Para ello, un grupo de representantes de entidades públicas sería el encargado de determinar qué contenidos serían objeto de censura. De esta manera, la propuesta busca proteger a los menores de edad del acceso a páginas pornográficas.
Finalmente, a fines de julio se decidió por parte del Oficial Mayor del Congreso, y a pocas horas de terminar la legislatura, que la llamada Ley Chehade será discutida en la Comisión de Mujer y Familia.
A fines de octubre, la ONG Hiperderecho (que se encuentra trabajando sobre este proyecto y otros) expuso ante el Congreso los problemas de la Ley Chehade, entre ellos los que plantea el filtrado de las conexiones a internet para la libertad de expresión.
Amenazas de la mano de la jurisprudencia
Durante el año 2009 se suscitó el caso Godoy vs Mufarech, en el que Godoy, periodista, publicó un artículo en el que denunciaba una amenaza proferida por Mufarech contra un trabajadordel Congreso de la República y situaba ese hecho en el contexto de otras tres acusaciones contra Mufarech por diversos delitos, sobre las cuales obraba información en distintos sitios de Internet.
Mufarech, en uso de su derecho a la rectificación, informó a Godoy que las acusaciones en cuestión no habían prosperado en el poder judicial. Godoy, por lo tanto, publicó la rectificación, en la misma web en la que había publicado la nota original y con un enlace a la misma. Sin embargo, Mufarech quería algo más que el ejercicio de su derecho a la rectificación: pretendía la supresión de la nota original. Godoy respondió razonadamente explicando por qué consideraba que tal pedido excedía el derecho a la réplica, que ya estaba satisfecho. Entonces, Mufarech enjuició a Godoy, y así se llega a la situación actual, en la que la jueza Flor de María La Rosa condena al bloguero.
Este caso representa una amenaza para los derechos en el entorno digital ya que la falta de sustento jurídico de la sentencia, que hace válidas todas las exigencias del querellante, así como lo excesivo de la condena, suponen un claro atentado a la libertad de expresión sin precedente alguno en la historia de Perú. Se trata, por otra parte, de la primera sentencia que se produce en este país contra un blogger.
Proyectos de ley que buscan modificar la Ley de Derechos de Autor
A mediados de 2014 la Comisión de Defensa del Consumidor aprobó el Dictamen recaído sobre doce proyectos de ley que buscaban modificar distintas partes de la Ley de Derechos de Autor. Este Dictamen se anuncia como un texto concertado de todos los Proyectos de Ley, aunque está mucho más enfocado en las reformas al sistema de gestión colectiva. El nuevo texto aporta varios cambios positivos y necesarios al sistema de derechos de autor peruano, y a pesar de sus errores y omisiones, constituye un paso adelante en la transición hacia un sistema de derechos de autor coherente con la realidad nacional y con una gestión colectiva más transparente.
Los cambios propuestos por estos proyectos de ley podrían agruparse en dos categorías: algunos proponen cambiar reglas específicas sobre el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva. Así, se buscan cambios a la forma de elección de su consejo directivo, la prohibición de su reelección, incompatibilidades por conflictos de intereses directos e indirectos y la obligación de demostrar fehacientemente la representación de las obras por las cuales intenta cobrar. Otros proyectos proponen nuevas excepciones y limitaciones para usos domésticos, actividades sin fin de lucro, bibliotecas, actividades religiosas y pequeños negocios.
La ley de derechos de autor peruana, publicada en 1996, se ha cambiado muy pocas veces y casi siempre ha sido en pro de un sistema más rígido y maximalista. Por primera vez en dieciocho años, existe una cantidad considerable de proyectos de ley que buscan poner los derechos de los usuarios al mismo nivel que los derechos de los autores, lo cual sin lugar a dudas constituye una importante oportunidad para el país.