Source: https://issuu.com/veromerohn/docs/informepueblos2
Timestamp: 2017-06-24 21:55:10
Document Index: 334516312

Matched Legal Cases: ['artículo\t1', 'Artículo\t173', 'Artículo\t172', 'Artículo\t346', 'Artículo\t6', 'Artículo\t92', 'artículo\t15', 'Artículo\t15', 'Artículo\t45', 'Artículo\t8', 'Artículo\t10', 'Artículo\t12']

INFORME by Ve Romero - issuu
Situación	de	los	Derechos	Humanos	del	pueblo	indígena	Lenca	en	Taulabé,	Sulaco	y	La	Paz
Comité de	Familiares	de	Detenidos	Desaparecidos	en	Honduras
Marzo,	2016
Diagramació n:	>eRo
Fotos	banco	de	imá genes	COFADEH
Descargas	de:	www.hondurashoy.blogspot.com	www.defensoresenlinea.com
honduras.wikimapas.net
Barrio	La	Plazuela,	Ave.	Cervantes,	Casa	1301-	Apdo.	Postal	#	1243
Tegucigalpa,	Honduras	C.	A.
mail@cofadeh.org	/	www.cofadeh.hn
www.defensoresenlinea.com1.-	PRESENTACION32.-	INTRODUCCION.	Hallazgos.	Objetivos.
2.1.-	Informació n	general	sobre	la	zona	del	proyecto.
2.2.-	Objetivos	del	proyecto
2.3.-	Contexto	general4
73.-	SITUACION	GENERAL	DEL	PUEBLO	LENCA.
3.1.-	Referencia	a	los	pueblos	indıǵenas	en	Honduras	(9	pueblos).
3.2.-	El	Pueblo	Lenca.
3.2.1.-	Origen.
3.2.2.-	Principales	rasgos	de	la	cultura	Lenca.
3.2.3.-	La	població n	Lenca	actual.	Censo	2013.
3.2.4.-	Algunos	rasgos	particulares	de	los	municipios	de	Taulabé y	Sulaco.
3.2.5.-	Principales	organizaciones	indıǵenas	lencas.11
194.-	DERECHOS	HUMANOS	DE	LOS	PUEBLOS	INDIGENAS	EN	HONDURAS.
4.1.-	Principales	demandas	de	los	Pueblos	Indıǵenas.
4.2.-Legislació n	nacional	sobre	Pueblos	Indıǵenas
4.2.1.-	Los	Derechos	Indıǵenas	en	la	Constitució n	de	Honduras.
4.2.2.-	Reconocimiento	de	los	Derechos	Indıǵenas	en	las	leyes	secundarias.
4.2.2.1.-	Ley	de	Reforma	Agraria.
4.2.2.2.-	Ley	Forestal,	Areas	Protegidas	y	Vida	Silvestre.
4.2.2.3.-	Ley	de	Propiedad.
4.2.3.-	Mecanismos	nacionales	de	Pueblos	Indıǵenas.
4.2.3.1.-	Instituto	Nacional	Agrario	de	Honduras.
4.2.3.2.-	Instituto	Hondureñ o	de	Antropologıá	e	Historia.
4.2.3.3.-	Fiscalıá	especial	de	las	Etnias	y	Patrimonio	Cultural.
4.2.3.4.-	Secretarıá	de	Estado	en	los	Despachos	de	Pueblos	Indıǵenas	y	AfroHondureñ os.
4.2.3.5.-	Direcció n	de	Pueblos	Indıǵenas	y	AfroHondureñ os.
4.2.3.6.-	Sub	Direcció n	de	Educació n	para	los	Pueblos	Indıǵenas	y	AfroHondureñ os.
4.3.-	Normativa	Internacional	de	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas
4.3.1.-	Declaració n	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas.
4.3.2.-	Convenio	Nº	169	de	la	Organizació n	Internacional	del	Trabajo.	OIT,	Sobre	Pueblos	Indıǵenas	y	Tribales	en	paıśes	independientes.	1989.
4.3.3.-	Mecanismos	internacionales	de	Derechos	Indıǵenas.
4.3.3.1.-	Foro	permanente	para	las	cuestiones	Indıǵenas.
4.3.3.2.-	Mecanismo	de	expertos	sobre	derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas.
4.3.3.3.-	Relator	especial	sobre	los	Derechos	Indıǵenas.
4.3.3.4.-	Mecanismo	de	seguimiento	de	la	OIT.
4.3.3.5.-	Mecanismos	del	sistema	interamericano.
4.3.3.5.1.-	Relatorıá	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas.
4.4	Recomendaciones	de	Instancias	Internacionales	al	Estado	de	Honduras	en	relació n	a	los	pueblos	Indıǵenas
4.4.1.-	El	Comité de	los	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas	ha	recomendado.
4.4.2.1.-	Comité de	Derechos	del	Niñ o
4.4.2.2.-	Comité de	Derechos	Econó micos	Sociales	y	Culturales.4.4.2.-	Recomendaciones	del	Examen	Perió dico	Universal	(EPU).	Minorıás	y	Pueblos	Indıǵenas.
4.4.3.-	Recomendaciones	de	la	Comisió n	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Pueblos	Indıǵenas	y	afrodescendientes.	Informe	Situació n	de	los	derechos	humanos	en	Honduras.	2015.
5.-	CASOS	DE	VIOLACIONES	A	LOS	DERECHOS	HUMANOS	DE	LA	POBLACION	LENCA
5.1.-	Casos	identi icados.
5.2.-	Casos	seleccionados.
5.3.-	Asistencia	jurıd
́ ica	del	Cofadeh.
5.3.1.-	Taulabé (Comayagua).
5.3.2.-	Sulaco	(Yoro)4041-486.-	CRIMINALIZACION	DE	LOS	PUEBLOS	INDIGENAS.
7.-	CONCLUSIONES	Y	RECOMENDACIONES.
7.1.-	Conclusiones
7.2.-	Recomendaciones.ANEXOS:
Ÿ Legislació n	nacional.
Ÿ Documentos:
-	OIT.	Convenio	nr.	169.	Convenio	No	169	sobre	Pueblos	Indıǵenas	y
Tribales	en	Paıśes	Independientes.
-	ONU.	Declaració n	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos
indıǵenas
-	ONU.	Informe	preliminar	de	la	visita	a	Honduras	de	la	Relatora	de	Pueblos
Indıǵenas	(Victoria	Tauli-Corpuz).	Noviembre	2015.
-	CIDH.	Comunicado	de	prensa	Comunicado	de	prensa	15/16.	CIDH	publica
informe	sobre	la	situació n	de	derechos	humanos	en	Honduras.	18	de	febrero
de	2016.53
56Este	documento,	que	aborda	la	situació n	de	los	derechos	humanos	del	pueblo	indıǵena	lenca,	es	una	de	las	actividades	comprendidas	en	el	proyecto	“Documentando	y	acompañ ando	la	situació n	legal	de	defensores	indıǵenas	lencas	de	derechos	humanos	en	los	municipios	de	Taulabé y	Sulaco”,	que	fue	ejecutado	por	el	Comité de	Familiares	de	Detenidos	–	Desaparecidos	en	Honduras,	COFADEH,	con	apoyo	del	Fondo	Canadiense	para	Iniciativas	Locales.	La	ejecució n	del	proyecto	se	realizó en	tres	meses	y	medio	(mediados	noviembre	2015	hasta	inales	febrero	2016).	En	el	inicio	del	proyecto	el	COFADEH	identi icó ,	en	coordinació n	con	la	Central	Nacional	de	Trabajadores	del	Campo,	CNTC,	casos	graves	de	violaciones	a	derechos	humanos	en	Taulabé y	Sulaco;	sin	embargo,	en	el	proceso	de	ejecució n	se	consideró la	conveniencia	de	ampliar	la	zona	geográ ica	(a	municipios	con	numerosa	presencia	Lenca),	especialmente	en	el	departamento	de	la	Paz.	El	aná lisis	de	la	informació n	indicó que	la	situació n	no	só lo	es	generalizada	para	los	pueblos	lencas	del	occidente	y	centro	del	paıś,	sino	para	todos	los	pueblos	indıǵenas	de	Honduras;	de	modo	que	lo	pertinente	era	una	aproximació n	integral	a	la	situació n.	En	consecuencia,	se	propone	el	tıt́ulo	SITUACION	DE	LOS	DERECHOS	HUMANOS	DEL	PUEBLO	INDIGENA	LENCA	EN	TAULABE,	SULACO	Y	LA	PAZ	(Honduras),	reconociendo	las	conexiones	entre	los	departamentos	de	Yoro,	Comayagua,	Santa	Bá rbara	y	La	Paz.Este	documento,	derivado	del	proyecto	“Documentando	y	acompañ ando	la	situació n	legal	de	defensores	indı́genas	(lencas)	de	derechos	humanos	en	los	Municipios	de	Taulabé y	Sulaco,	Honduras”,	ofrece	una	mirada	re lexiva	de	la	situació n	de	los	derechos	humanos	que	enfrentan	los	pueblos	indıǵenas	en	general,	y	el	pueblo	Lenca	en	particular.	El	texto	concentra	su	atenció n	en	cuatro	ejes	temá ticos	clave:	el	contexto	general,	la	situació n	particular	de	comunidades	de	Sulaco	y	Taulabé ,	la	criminalizació n	del	pueblo	Lenca	y	el	acceso	a	la	justicia;	ası	́mismo,	ofrece	un	panorama	general	de	la	normativa	nacional	e	internacional	que	protege	a	los	pueblos	indıǵenas.	Re iere,	ademá s,	la	institucionalidad	que	ha	impactado	en	los	pueblos	indıǵenas	y	algunas	de	sus	caracterıśticas	objetivas.	A	travé s	de	visitas	de	campo	y	suministros	de	informació n	por	las	organizaciones	presentes	en	la	zona,	se	identi icaron	casos	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	de	personas	lencas;	se	procedió a	la	documentació n	de	algunos	de	ellos	y,	luego,	el	COFADEH	continuará el	asesoramiento	jurıd
́ ico	a	algunos	casos	sensibles,	una	vez	inalizado	el	proyecto.	Considerado	el	tiempo	limitado	del	proyecto,	no	se	podıá	aspirar	a	un	estudio	completo	ni	exhaustivo	de	este	importante	tema,	pero	sı	́ a	un	estudio	cualitativo	de	las	principales	problemá ticas	de	los	pueblos	indıǵenas.	En	té rminos	metodoló gicos,	para	la	preparació n	de	este	trabajo	se	desarrollaron	entrevistas	individuales	y	colectivas;	un	taller	informativo	y	de	estudio	de	la	normativa	indıǵena,	visitas	a	instituciones,	dependencias	del	Estado	y	lectura	de	publicaciones	y	documentos	pertinentes	sobre	temas	é tnicos	relevantes	en	Honduras.	Tambié n	se	realizó una	evaluació n	y	aná lisis	en	equipo	a	esos	materiales,	para	estructurar	los	mejores	aportes	al	proyecto	y	contribuir	a	la	toma	de	decisiones.	En	la	primera	fase	del	trabajo,	realizada	durante	dos	dıás	de	preparació n	en	escritorio,	se	de inieron	agendas,	actividades	y	tiempos,	que	luego	se	ejecutaron	con	la	visita	de	la	coordinadora	del	COFADEH	y	parte	de	su	equipo	a	la	mayorıá	de	liderazgos	e	instituciones	pertinentes,	en	sus	territorios.	Y	el	consultor	participó ,	igualmente,	en	las	visitas	de	campo.	Luego,	la	recopilació n	de	la	informació n	general	fue	puesta	en	conocimiento	del	donante	y	tras	las	primeras	observaciones	el	COFADEH	integró un	Equipo	de	Trabajo	para	realizar	la	estructuració n	del	documento	inal.	Fruto	de	ese	trabajo	es	el	presente	documento.En	el	censo	o icial	de	2013,	los	indıǵenas	lencas	en	Taulabé representa	el	25.33%	de	su	població n	indı́gena,	entre	representantes	de	9	pueblos	culturalmente	diferenciados	(7	pueblos	ancestrales	y	2	etnias	posteriores	a	la	colonizació n	españ ola),	que	reconoce	el	Estado	de	Honduras	en	su	ú ltimo	censo	poblacional;	mientras,	en	Sulaco,	Yoro,	los	lencas	representan	só lo	el	21,1%	de	la	població n	indıǵena	del	municipio.
En	general,	en	estos	territorios	fueron	identi icados	casos	relevantes	de	violaciones	al	derecho	de	acceso	a	la	justicia,	respeto	al	debido	proceso,	a	la	consulta	previa	e	informada;	el	acceso	a	la	tierra,	respeto	a	la	vida	e	integridad	personal,	que	demandan	atenció n	legal	especialmente	en	Los	Llanos,	Taulabé ;	Rıo
́ Bonito	(municipio	de	Siguatepeque)	y	en	El	Chorro,	Sulaco,	Yoro,	como	se	detalla	en	un	cuadro	resumen	má s	adelante.
Pero	tambié n	fueron	identi icados	casos	en	los	municipios	de	Ceguaca	y	Zacapa,	en	Santa	Bá rbara	y	en	al	menos	6	municipios	de	La	Paz:	San	Pedro	de	Tutule,	Opatoro,	Santa	Elena,	San	José ,	Santa	Marıá	y	Marcala.
En	estos	municipios	el	censo	població n	indica	los	siguientes	porcentajes	de	població n	indıǵena	lenca:	Ceguaca	(25,5%),	Zacapa	(90,0%),	San	Pedro	de	Tutule	(7,8%),	Opatoro	(91,8%),	Santa	Elena	(92,0%),	San	José (95,1%),	Santa	Marıá	(97.0%)	y	Marcala	(34,2%).
Lo	anterior	signi ica	que	por	ser	la	població n	lenca	decisiva	en	esos	territorios	y	su	situació n	similar	en	materia	de	violaciones	a	derechos	humanos,	se	ampliaron	los	lım
́ ites	territoriales	establecidos	en	los	objetivos	del	proyecto.
La	ampliació n	de	la	cobertura	territorial	del	proyecto	no	colisiona	el	marco	del	objetivo	general	del	proyecto,	má s	bien	lo	refuerza,	y	mantiene	la	vigencia	del	objetivo	especı́ ico.Objetivo	General:	Contribuir	a	la	defensa	de	los	Derechos	Humanos	y	reducir	la	impunidad	asociada	a	violaciones	a	los	derechos	fundamentales.
Objetivo	especí ico:	Identi icar,	documentar,	denunciar	pú blicamente	y	prestar	asistencia	jurı́dica	a	casos	emblemá ticos	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	en	la	població n	lenca	del	municipio	de	Taulabé ,	tanto	a	nivel	nacional	como	internacional.Segú n	el	documento	Aproximaciones	sobre	la	Situació n	de	Derechos	Humanos	de	81	Comunidades	Lencas,	miembras	del	COPINH	y	sus	Resistencias,	del	Consejo	Cıv́ico	de	Organizaciones	Indıǵenas	y	Populares	de	Honduras,	el	pueblo	lenca	ofrece	en	su	cosmovisió n	las	bases	para	comprender	su	con lictividad	actual	frente	al	modelo	de	desarrollo	propuesto	por	el	Estado.	La	base	principal	de	esa	visió n	del	mundo	lenca	descansa	en	la	condició n	de	seres	vivos	que	asignan	a	la	tierra,	rıo
́ s,	bosques,	montañ as,	animales,	fuego	y	viento,	recursos	naturales	objeto	de	concesió n	y	aprovechamiento	por	el	capital	nacional	y	transnacional.
En	ese	sentido,	destacan	en	las	zonas	habitadas	por	el	pueblo	lenca	una	diversidad	de	proyectos	privados	y	en	coalianzas	pú blico	–	privadas	que	incluyen	la	construcció n	de	una	carretera	de	cuatro	carriles	o	“Corredor	Logıśtico”	desde	el	Sur	al	Centro	del	paıś,	que	penetra	comunidades	indıǵenas.
Ademá s,	empresas	mineras	y	constructoras	de	represas	sobre	los	rıo
́ s	Chinacla	y	Gualcarque,	considerados	sagrados	por	esa	cosmovisió n	indıǵena	de	La	Paz,	Comayagua	y	Santa	Bá rbara.
Sin	obviar	otras	causas	de	violaciones	a	derechos	humanos	–	empobrecimiento	de	los	hogares	por	falta	de	empleo,	salud,	educació n	y	comunicaciones;	inseguridad	y	violencia	por	privados	y	abusos	de	las	autoridades	--,	en	esta	zona	de	estudio	sobresalen	los	procesos	de	criminalizació n	contra	poblaciones	originarias	y	campesinos	de	origen	indıǵena,	inclusive	violaciones	a	la	integridad	fıśica	y	a	la	vida.	El	Convenio	169	sobre	Pueblos	Indıǵenas	y	Tribales	en	Paıśes	Independientes	dice	en	su	artıćulo	13	(…)	que	“los	gobiernos	deberá n	respetar	la	importancia	especial	que	para	las	culturas	y	valores	espirituales	de	los	pueblos	interesados	reviste	su	relació n	con	las	tierras	o	territorios,	o	con	ambos,	segú n	los	casos,	que	ocupan	o	utilizan	de	alguna	otra	manera,	y	en	particular	los	aspectos	colectivos	de	esa	relació n”.
Ademá s,	“la	utilizació n	del	té rmino	tierras	en	los	artıćulos	15	y	16	deberá incluir	el	concepto	de	territorios,	lo	que	cubre	la	totalidad	del	há bitat	de	las	regiones	que	los	pueblos	interesados	ocupan	o	utilizan	de	alguna	otra	manera”.
Agrega	el	artıćulo	18:	“La	ley	deberá prever	sanciones	apropiadas	contra	toda	intrusió n	no	autorizada	en	las	tierras	de	los	pueblos	interesados	o	todo	uso	no	autorizado	de	las	mismas	por	personas	ajenas	a	ellos,	y	los	gobiernos	deberá n	tomar	medidas	para	impedir	tales	infracciones”.
En	forma	directa,	la	Relatora	Especial	de	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas,	Victoria	Tauli-Corpuz,	,	en	el	informe	preliminar	de	su	visita	a	Honduras	con	fecha	10	de	noviembre	de	2015¹	,	declara:
“Me	alegra	saber	que	Honduras	rati icó	el	Convenio	nº	169	sobre	pueblos	indígenas	y	tribales	y	votó	a	favor	de	la	adopción	de	la	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.	He	conocido	también	la	existencia	de	instituciones	especí icas	dedicadas	a	los	pueblos	indígenas,	como	la	Fiscalía	Especial	de	Etnias,	la	Dirección	de	Pueblos	Indígenas	y	Afro	hondureños	(DINAFROH),	una	comisión	legislativa	sobre	pueblos	indígenas	y	una	Subdirección	de	Educación	Indígena.
Se	me	ha	informado	igualmente	del	trabajo	sobre	pueblos	indígenas	desarrollado	por	la	Secretaría	de	Derechos	Humanos,	la	Secretaría	del	Ambiente,	el	Instituto	Nacional	Agrario	y	otras	instituciones.	Se	me	ha	informado	también	sobre	diversas	iniciativas	legislativas	y	de	políticas	públicas	referidas	a	los	pueblos	indígenas.
En	el	curso	de	mi	visita	y	de	mi	examen	de	la	situación	de	los	pueblos	indígenas,	he	observado	la	situación	crítica	a	la	que	se	enfrentan,	entre	ellos,	la	falta	de	respeto	a	sus	derechos	sobre	tierras,	territorios	y	recursos	naturales;	la	violencia,	impunidad	y	corrupción;	las	di icultades	en	el	acceso	a	la	justicia;	y	la	carencia	de	servicios	sociales	básicos,	incluida	la	educación	y	la	salud.
Un	problema	fundamental	al	que	se	enfrentan	los	pueblos	indígenas	es	la	falta	de	un	pleno	reconocimiento,	protección	y	disfrute	de	sus	derechos	sobre	sus	tierras,	territorios	y	recursos	naturales	ancestrales.	Incluso	en	los	casos	en	que	los	pueblos	indígenas	tienen	tierras	tituladas,	se	ven	amenazados	por	reclamaciones	de	terceras	partes	que	se	superponen	sobre	las	tierras	indígenas;	por	proyectos	de	desarrollo	en	los	sectores	extractivo	y	energético,	ciudades	modelo,	turismo	y	áreas	protegidas.	(1)	http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16740&LangID=S#sthash.RHSE6xh5.dpufHe	escuchado	preocupantes	alegaciones	sobre	autoridades	locales	y	otras	implicadas	en	la	venta	ilegal	de	tierras	y	en	otras	violaciones	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.
En	todo	el	país,	las	comunidades	indígenas	demandan	el	saneamiento	de	sus	tierras	colectivas	para	que	se	resuelva	el	problema	de	la	presencia	de	terceros	en	sus	tierras	y	los	con lictos	que	ello	provoca.
Además	de	la	titulación	y	saneamiento	de	las	tierras,	otro	componente	esencial	para	el	disfrute	de	los	derechos	sobre	las	mismas	y	de	otros	derechos	humanos,	es	el	fortalecimiento	de	los	sistemas	propios	de	gobernanza.	Esto	incluye	el	reconocimiento	de	sus	propias	instituciones,	de	su	gestión	de	los	recursos	naturales	y	el	ejercicio	de	sus	sistemas	tradicionales	de	justicia.	Exige	también	los	recursos	necesarios	para	ejercer	dichas	funciones.
Los	pueblos	indígenas	expresaron	también	su	preocupación	sobre	los	proyectos	de	desarrollo	de	recursos	naturales,	como	represas	hidroeléctricas,	que	han	sido	aprobados	a	través	de	legislación	nacional	no	consultada	previamente	con	ellos,	como	en	el	caso	de	la	represa	de	Agua	Zarca.	Miembros	de	la	comunidad	Lenca	que	se	han	opuesto	a	la	construcción	de	la	represa,	por	motivo	de	los	impactos	a	sus	medios	de	vida	y	cultura,	informaron	sobre	graves	violaciones	de	los	derechos	humanos,	incluidos	asesinatos,	amenazas	e	intimidación.	Lamentablemente,	esta	no	es	una	situación	aislada	y	se	me	ha	informado	de	abusos	similares	a	los	derechos	humanos	en	el	contexto	de	otros	proyectos	hidroeléctricos	que	afectan	al	pueblo	Lenca,	de	concesiones	madereras	y	mineras	que	afectan	al	pueblo	Tolupán,	o	proyectos	de	turismo	e	infraestructuras	en	tierras	Garífuna.
De	acuerdo	con	la	información	recibida,	la	creación	de	áreas	protegidas	que	se	superponen	a	territorios	indígenas	ha	supuesto	la	restricción	del	acceso	y	control	de	los	pueblos	indígenas	sobre	sus	tierras	y	recursos	naturales.	Pero	además,	como	han	señalado	representantes	indígenas,	el	establecimiento	de	áreas	protegidas	no	ha	impedido	la	presencia	de	intereses	externos	relacionados	con	la	tala,	las	actividades	extractivas	o	las	actividades	ilícitas	en	tierras	indígenas.
Me	preocupa	profundamente	el	ambiente	general	de	violencia	e	impunidad	que	afecta	a	muchas	comunidades	indígenas	del	país.	Pude	hablar	con	algunos	representantes	de	las	tribus	Tolupanes	que	me	describieron	una	situación	de	extrema	violencia,	incluyendo	asesinatos	de	tolupanes	que	de ienden	sus	tierras.	Esto	va	acompañado	por	la	impunidad	de	los	perpetradores	de	estos	crímenes,	lo	que	convierte	a	la	justicia	en	ilusoria.	Los	pueblos	indígenas	son	también	vulnerables	a	la	violación	de	los	derechos	humanos	debido	a	la	situación	generalizada	de	violencia	existente	en	el	país	a	raíz	del	trá ico	de	drogas,	el	crimen	organizado	y	la	respuesta	del	Estado	a	estos	problemas.
Recibí	muchos	testimonios	relativos	a	la	falta	de	acceso	a	la	justicia	para	los	pueblos	indígenas.	Su	capacidad	de	obtener	justicia	se	ve	obstaculizada	por	diversos	factores,	que	incluyen:	la	falta	de	conocimientos	de	los	operadores	de	justicia	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas;	la	falta	de	recursos	de	instituciones	como	la	Fiscalía	de	Etnias	y	el	Comisionado	Nacional	de	Derechos	Humanos;	barreras	de	idioma,	culturales	y	económicas;	el	racismo	y	la	discriminación	contra	los	pueblos	indígenas;	y	la	impunidad,	entre	otros.	Esto	evidencia	la	urgente	necesidad	de	mecanismos	legales,	administrativos	o	de	otro	tipo	que	permitan	a	los	pueblos	indígenas	presentar	demandas	por	la	violación	de	sus	derechos	territoriales	y	sus	derechos	humanos	fundamentales	para	obtener	reparación.
Deben	existir	mecanismos	efectivos	para	la	investigación,	procesamiento	y	sanción	de	las	autoridades	estatales	o	particulares	responsables	de	violaciones	de	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas.	La	falta	de	estos	mecanismos	ha	llevado,	en	ocasiones,	a	los	pueblos	indígenas	a	la	protesta	pací ica,	lo	que	desgraciadamente	ha	resultado	en	la	criminalización	de	quienes	de ienden	sus	tierras.
La	aplicación	efectiva	del	derecho	a	la	consulta	y	al	consentimiento	libre,	previo	e	informado	es	también	una	demanda	recurrente	de	los	pueblos	indígenas.	Se	presentaron	a	mi	atención	varias	iniciativas	para	la	aplicación	del	derecho	a	la	consulta,	incluido	un	proyecto	de	ley	impulsado	por	DINAFROH.	Quiero	subrayar	que	cualquier	iniciativa	de	este	tipo	debe	garantizar	la	plena	y	efectiva	participación	de	los	pueblos	indígenas	a	través	de	sus	instituciones	y	organizaciones	representativas.	Lo	mismo	es	aplicable	en	el	caso	de	cualquier	otra	medida	legislativa	o	de	política	pública,	incluyendo	una	ley	nacional	sobre	pueblos	indígenas	que	también	se	me	presentó.
Recibí	también	información	sobre	cuestiones	sociales	y	económicas	que	afectan	a	los	pueblos	indígenas.	Se	me	informó	sobre	algunas	medidas	en	marcha	para	la	implementación	de	la	educación	bilingüe	intercultural,	incluyendo	la	capacitación	de	maestros	indígenas.	Lamentablemente	no	se	han	proporcionado	oportunidades	laborales	a	los	maestros	capacitados,	dado	que	el	nombramiento	para	estos	puestos	parece	estar	motivado	políticamente.	De	acuerdo	con	la	información	recibida,	queda	un	largo	camino	por	recorrer	para	conseguir	los	objetivos	de	la	educación	intercultural	bilingüe	y	para	proporcionar	los	materiales	e	infraestructura	necesarios.
He	escuchado	también	muchos	testimonios	sobre	la	falta	de	servicios	de	salud	en	los	territorios	indígenas	incluyendo	la	falta	de	instalaciones,	personal,	y	medicamentos,	lo	que	supone	una	violación	de	su	derecho	a	la	salud.	Tuve	la	oportunidad	también	de	recibir	información	directa	de	los	buzos	miskitos	en	Puerto	Lempira.	Exhorto	al	Gobierno	a	que	adopte	las	medidas	necesarias	para	regular	esta	actividad	y	para	cumplir	con	sus	demandas,	incluidos	los	servicios	de	salud	necesarios.
Las	mujeres	y	las	niñas	indígenas	sufren	problemas	graves	y	especí icos.	La	trata	y	la	prostitución	de	mujeres	y	niñas	indígenas,	como	parte	de	las	actividades	del	crimen	organizado	fue	también	una	preocupación	expresada	durante	mis	reuniones.	Se	me	informó	también	sobre	la	situación	de	la	juventud	en	las	comunidades	indígenas.	De	acuerdo	con	algunos	testimonios,	la	desposesión	de	tierras	y	recursos	en	las	comunidades	ha	producido	una	falta	de	oportunidades	para	las	generaciones	jóvenes	que	los	convierte	en	presas	fáciles	del	crimen	organizado	o	les	obliga	a	emigrar”.
En	la	visita	personal	realizada	por	el	Equipo	del	COFADEH	a	Taulabé y	otras	comunidades	de	departamentos	vecinos,	hubo	relatos	que	per ilan	ese	mismo	tipo	de	situació n	identi icada	por	la	relatora.Por	ejemplo,	uno	de	los	problemas	que	se	genera	por	desempleo	o	violencia	es	la	migració n,	que	caracteriza	a	Taulabé .	Aquı	́ hay	aldeas	que	no	encuentran	cortadores	de	café para	aprovechar	la	temporada	de	maduració n	de	este	grano,	porque	se	fueron	a	Estados	Unidos.	La	aldea	de	Varsovia,	por	ejemplo,	está casi	vacıá	de	jó venes;	de	acuerdo	al	relato	del	sacerdote	de	la	parroquia	San	Gaspar	se	fueron	por	falta	de	empleo	remunerado	y	por	la	inseguridad,	por	amenazas,	pues	la	cercanı́a	del	poblado	a	la	carretera	hizo	proliferar	pandillas,	que	han	causado	muertos	y	robos.En	este	ambiente	la	policıá	ha	cedido	la	institucionalidad	del	Estado	a	particulares	para	que	se	tomen	la	justicia	por	sus	manos,	para	crear	una	falsa	tranquilidad	en	la	zona.	El	pueblo	prospera	materialmente	en	forma	acelerada,	pero	debilita	su	cohesió n	social.
Este	es	el	testimonio	del	religioso,	que	trabaja	desde	hace	30	añ os	a	veces	como	conciliador	privado	de	con lictos	sociales.	Y	es	é l	quien	sugiere	ademá s	enfocar	el	proyecto	en	los	municipios	de	Siguatepeque	y	Taulabé ,	en	Comayagua,	e	inclusive	Otoro,	Intibucá ,	y	La	Paz,	porque	allı	́está n	todas	las	instituciones	estatales	de	justicia	y	existe	una	mayor	recurrencia	de	con lictos.
En	el	departamento	de	La	Paz	es	la	militarizació n	de	zonas	de	explotació n	de	recursos	naturales	dentro	de	territorios	ancestrales	indıǵenas	y	la	criminalizació n	de	liderazgos	campesinos	la	principal	caracterıśtica	de	la	situació n	de	derechos	humanos.En	Honduras	viven	siete	pueblos	indıǵenas:	Lenca,	Maya-Chortı,́	Tolupá n,	Pech,	Tawahka	(sumo),	Miskito	y	Nahua,	ası	́como	dos	etnias	afrodescendientes,	los	garıf́unas	y	la	població n	negra	anglo-hablante,	radicadas	principalmente	en	los	departamentos	de	Atlá ntida	e	Islas	de	la	Bahıá.	A	pesar	de	que	las	etnias	mencionadas	no	son	pueblos	indıǵenas	ancestrales,	se	las	menciona	en	las	leyes	del	paıś	y	en	los	programas	de	la	cooperació n	internacional	junto	con	los	pueblos	indıǵenas,	debido	a	sus	diferencias	en	relació n	a	la	sociedad	mayoritaria.	En	lo	que	respecta	a	la	auto-identi icació n,	estas	etnias	tambié n	se	consideran	conectadas	con	la	població n	indıǵena	del	paıś.	Los	pueblos	indıǵenas	y	las	etnias	está n	distribuidos	geográ icamente	en	todo	el	paıś,	especialmente	en	el	este,	el	norte	y	el	noroeste	de	Honduras.
Segú n	los	datos	del	Censo	de	Població n	2013²	,	la	població n	indıǵena	representó el	8,6	%	de	la	població n	total	de	Honduras.
La	població n	Lenca	es	la	má s	numerosa	(453.672	personas),	representando	el	5,5%	de	la	població n	total	del	paıś	y	cerca	de	dos	terceras	partes	de	la	població n	indıǵena	(63,2%).Fuente:	HONDURAS	TIPS.	http://www.hondurastips.hn/culturas-vivas/	(2)	INE.	http://www.redatam.org/binhnd/RpWebEngine.exe/PortalINE	-	Censo	de	población	2013
Población%	sobre
población	total	33.2560,4%4,6%453.	6725,5%63,2%Miskito80.0071,0%11,1%Nahuah	6.3390,1%0,9%Pech6.0240,1%0,8%Tolupán19.0330,2%2,7%Tawaka2.6900,0%0,4%Garifuna43.1110,5%6,0%Negro	de	habla	inglesa12.3370,1%1,7%Otro	(*)61.1510,7%8,5%717.6188,6%100%NO	indígena	7.586.15391,4%________Total	de	población8.303.771100%________	Pueblo	indígena
Maya	-	Chortí
LencaSuma	de	indígenas	%	sobre
población	indigena(*)	No	especi icado	en	el	censoAlgunos	índices	socio-económicos	de	la	población	indígena	en	Honduras³
Ÿ La	mortalidad	infantil	de	los	indıg
́ enas	que	viven	en	el	campo,	alcanza,	segú n
CEPAL/CELADA,	64,8	por	cada	1000	nacimientos.
Ÿ La	població n	indıg
́ ena	no	tiene	su iciente	acceso	al	suministro	de	agua	potable	ni	al	sistema
de	aguas	residuales.
Ÿ Los	indıg
́ enas	solo	van	a	la	escuela	un	promedio	de	3,7	añ os;	el	ın
́ dice	de	analfabetismo	es	de	33%	Segú n	datos	del	Banco	mundial:INE	-	Censo	de	población	2013
Pueblo	indígena%	de	personas	mayores	de	14	años
que	no	saben	leer	ni	escribirMaya	-	Chortí36,4%Lenca	32,6%Miskito	22,8%Pech34,0%Tolupan45,9%Tawaka25,7%Garifuna9,0%Negro	de	habla	inglesa4,0%(3)	Diversas	fuentes:	CEPAL,	PNUD,	Banco	Mundial	y	otros.Ÿ Este	elevado	ın
́ dice	de	analfabetismo	se	debe	al	acceso	insu iciente	a	las	escuelas	y	a	la	de iciente	infraestructura	escolar,	tanto	en	cantidad	como	en	calidad.	Ÿ Muchos	de	los	pueblos	indıg
́ enas	fueron	desplazados	de	sus	entornos	originarios.
Ÿ Solamente	los	Tawahkas	y	los	miskitos	viven	todavıa
́ en	sus	territorios,	mas,	debido	al	avance	de	la	frontera	agraria,	está n	cada	vez	má s	limitados	en	el	uso	de	sus	territorios.	La	invasió n	a	estas	regiones	indıǵenas	por	otros	usuarios,	como	campesinos	provenientes	de	otras	regiones	y	leñ adores,	es	casi	siempre	tolerada	por	el	gobierno.
Ÿ Un	problema	central	de	la	població n	indıg
́ ena	es,	por	ende,	el	acceso	a	la	tierra,	es	decir	el	confuso	tema	territorial.	Ÿ Segú n	datos	de	la	Confederació n	de	los	Pueblos	Autó ctonos	de	Honduras,	CONPAH,	solamente	el	10%	de	los	indıǵenas	posee	un	tıt́ulo	de	propiedad	garantizado.
Ÿ Las	actividades	econó micas	de	los	indıg
́ enas	que	viven	en	el	sur	y	el	oeste	(chortıś	y	lencas)	consisten	en	el	cultivo	de	maıź,	frijol,	en	menor	medida	cañ a	de	azú car	y	frutas,	para	la	economıá	de	subsistencia.
Ÿ Otras	formas	de	sustento	son	la	venta	de	artesanıa
́ s	elaboradas	por	las	mujeres.
Ÿ Los	hombres	trabajan	como	jornaleros	en	el	cultivo	y	cosecha	de	café y	tabaco.3.2.1	Origen	El	Grupo	Indıǵena	Lenca	de	Honduras	es	uno	de	los	grupos	Mesoamericanos	autó ctonos	que	se	establecieron	desde	tiempos	pre	colombinos	en	algunas	regiones	de	Honduras	y	El	Salvador.
Aunque	no	se	precisa	su	origen,	se	toma	como	referencia	la	teorıá	del	historiador	salvadoreñ o	Rodolfo	Baró n	Castro,	quié n	mani iesta	que	los	Lencas	son	descendientes	directos	de	los	Mayas	que	decidieron	quedarse	en	su	territorio	y	no	seguir	el	é xodo	que	acabó con	esa	civilizació n.
Antiguamente,	el	pueblo	Lenca	se	localizaba	en	algunas	regiones	del	occidente,	centro	y	sur	del	paıś	(situació n	que	se	mantiene	actualmente),	organizados	en	poblados	con	un	tamañ o	promedio	de	350	casas.	Al	momento	de	la	colonizació n,	existıán	un	promedio	de	500	poblados.	Estos	poblados	estaban	distribuidos	en	grupos	llamados	Care,	Cerquın
́ ,	Potó n	y	Lenca.	(4)	Lenca,	signi ica	“Lugar	de	muchas	aguas”Territorio	histórico	del	pueblo	Lenca3.2.2	Principales	rasgos	de	la	cultura	Lenca⁵	Los	Lencas,	custodios	milenarios.
Los	hombres	y	las	mujeres	Lencas	se	identi ican	a	sı	́mismos	como	un	pueblo	con	un	propó sito	o	razó n	de	ser,	que	es	la	relació n	equilibrada	con	las	montañ as,	los	bosques,	el	agua	y	los	animales	silvestres,	esto	los	ha	convertido	en	custodios	y	protectores	de	los	bienes	naturales	donde	conviven	y	hacen	uso	de	estos	bienes:	territorios,	tierras,	agua,	y	demá s	elementos	de	vida.
Coexistencia	entre	todos	los	seres	vivos.
Es	esencial	entender	la	cosmovisió n	de	la	cultura	lenca,	que	nos	brinda	las	bases	para	comprender	los	con lictos	por	el	territorio;	ellos	identi ican	diferentes	seres	vivos,	a	saber:
Ÿ La	tierra	es	un	ser	vivo.	Para	las	y	los	Lencas	el	planeta	no	es	una	roca	inerte	que	tiene	Ÿ
Ÿhabitantes	en	su	super icie;	sino	un	ser	vivo,	tal	y	como	lo	somos	nosotros,	un	animal	o	un	vegetal.
El	río	es	un	ser	vivo.	El	rıo
́ es	visto	tambié n	como	un	ser	vivo,	o	como	“la	sangre	de	la	tierra”.	Debe	correr	libre	y	sin	impedimentos.
El	bosque	tiene	dueño.	Los	á rboles,	demá s	lora,	animales	silvestres,	microecosistemas	y	demá s	fauna,	tienen	dueñ os	y	dueñ as	ancestrales	como	los	espıŕitus	femeninos	que	cuidan	los	rıo
́ s	o	el	duende	que	es	el	dueñ o	de	la	montañ a	y	lo	que	hay	en	ella.
La	montaña	es	una	proveedora.	Es	la	que	da	oxıǵeno,	agua,	viento,	algunos	frutos,	plantas	vegetales	y	tubé rculos;	la	alegrıá	que	dan	los	pá jaros,	las	lores,	otros	animales
El	bosque	es	esencial	para	la	vida.	Al	igual	que	la	montañ a,	el	bosque	que	tampoco	es	un	ser	vivo	pero	si	un	espacio	para	la	vida,	juega	un	papel	importante	en	el	equilibrio	espiritual,	cosmogó nico	y	vital	para	el	Pueblo	Lenca.(5)	Aproximaciones	sobre	la	Situació n	de	Derechos	Humanos	de	81	Comunidades	Lencas,	Miembras	del	COPINH	y	sus	ResistenciasLa	cultura	está	vigente
La	cultura	Lenca	se	encuentra	en	un	intercambio	con lictivo	con	las	culturas	mestizas	predominantes	en	Honduras	incluyendo	la	que	trae	aparejada	la	globalizació n.
Ÿ La	tradición	oral;	La	oralidad	es	fundamental	en	la	cultura,	la	identidad,	la	memoria	histó rica	y	la	rebeldıá	Lenca.
Ÿ Religión	y	espiritualidad.	Los	Lencas	antiguamente	profesaban	una	religió n	politeıs
́ ta	y	sus	dioses	estaban	organizados	jerá rquicamente.	Sus	dioses	principales	eran	Itanipuca	que	representaba	a	“Dios	Padre”	e	Ilanguipuca,	que	representaba	la	“diosa	Madre”.	Otro	dios	que	adoraban	era	Icelaca,	que	representaba	al	“dios	del	tiempo”	Los	Lencas	tambié n	practicaban	el	Shamanismo,	aunque	en	menor	porcentaje	y	la	mayorıá	de	Shamanes	eran	generalmente	mujeres.	En	la	actualidad	la	mayorıá	de	los	Lencas	profesan	la	religió n	cató lica,	pero	lo	hacen	a	su	manera,	ellos	la	llaman	“la	antigua	religió n”	y	la	diferencian	de	la	legıt́ima	religió n	cató lica.Organización	social.
Perviven	formas	de	organizació n	social	de	mucha	importancia	por	las	comunidades	Lencas	durante	la	colonia	y	algú n	tiempo	durante	la	vida	de	la	repú blica,	como	la	alcaldıá	de	la	Vara	Alta	de	Moisé s	y	el	Consejo	de	Ancianos,	pero	han	decaıd
́ o	en	sus	prá cticas.	Los	Lencas	se	encuentran	en	exploració n	y	bú squeda	de	formas	de	organizació n	y	prá cticas	que	mantienen	la	esencia	de	la	tradició n	Lenca	al	respecto.	La	investigació n	(del	COPINH)	encontró al	menos	tres	casos	que	pueden	citarse:	la	renovació n	de	la	Vara	Alta,	la	reorganizació n	de	Consejos	Indı́genas	y	Consejos	de	Ancianos	y	la	conformació n	de	gobiernos	y	procesos	de	gobernanza	indıǵena	Lenca	(auto	gobiernos),	como	puede	ser	el	caso	de	la	Alcaldıá	legıt́ima	del	municipio	de	San	Francisco	de	Opalaca	o	la	mayorıá	de	comunidades	de	Santa	Elena.	3.2.3.-	La	población	Lenca	actual.	Censo	2013.
En	coherencia	con	los	territorios	histó ricos,	la	població n	Lenca	se	concentra	en	la	zona	centro	occidental	de	Honduras,	especialmente	en	tres	departamentos	(Lempira,	Intibucá y	La	Paz)	que	alcanzan	el	82,4%	de	la	població n	indı́ g ena.	Le	siguen	otros	cinco	departamentos	(Francisco	Morazá n,	Ocotepeque,	Comayagua,	Santa	Bá rbara	y	Corté s)	en	donde	habitan	un	nú mero	importante	de	Lencas.	En	los	restantes	diez	departamentos	los	Lencas	son	poco	numerosos.	La	población	Lenca	a	nivel	nacional
1.	Atlá ntida
2.	Coló n
3.	Comayagua
4.	Copá n
5.	Corté s
6.	Choluteca	7.	El	Paraıśo
8.	Francisco	Morazá n
9.	Gracias	a	Dios
10.	Intibucá
11.	Islas	de	la	Bahıá
12.	La	Paz
13.	Lempira	14.	Ocotepeque
15.	Olancho
16.	Santa	Barbara
17.	Valle	18.	Yoro	TOTAL	POBLACION	Población	%
453.6700,3%
100MunicipioLa	población	Lenca	en	el	Departamento	de	La	Paz.1.	La	Paz
2.	Aguancaterique
3.	Cabañ as
4.	Cane
5.	Chinacla
6.	Guajiquiro	7.	Lauterique	8.	Marcala
9.	Mercedes	de	Oriente
10.	Opatoro
11.	San	Antonio	del	Norte
12.	San	José
13.	San	Juan
14.	San	Pedro	de	Tutule
15.	Santa	Ana	16.	Santa	Elena	17.	Santa	Marıá
18.	Santiago	de	Puringla	19.	Yarula	TOTALES	Censo	de	población	2013
Como	se	aprecia	en	el	cuadro,	el	Departamento	de	La	Paz	es	uno	de	los	enclaves	histó ricos	e	importantes	de	los	Lencas,	representando	el	55%	de	la	població n	del	Departamento.
En	relació n	al	Departamento	de	La	Paz,	en	el	cuadro	siguiente	se	aprecia	que	13	de	los	19	municipios	del	Departamento	son	totalmente	Lencas	(Censo	2013).Total	de	Población
198.928Población
Lenca%965
109.4352,2%
55,1%3.2.4	Algunos	rasgos	particulares	de	los	municipios	de	Taulabé,	Comayagua,	y	Sulaco,	Yoro,	que	eran	los	inicialmente	previstosTaulabé	Signi ica:	"Encuentro	de	caminos"	o	"Camino	del	jaguar".
Es	un	municipio	del	departamento	de	Comayagua.	Su	extensió n	es	de	200	km2.
Histó ricamente,	la	aldea	de	Taulabé formó parte	del	municipio	de	Siguatepeque.	En	la	administració n	del	Presidente	José Simó n	Azcona	del	Hoyo	y	siendo	ministro	de	gobernació n	por	ley,	Romualdo	Bueso	Peñ alba,	se	irmó el	Decreto	Ejecutivo	23-87	del	20	de	mayo	de	1987,	de	creació n	del	municipio.
En	la	actualidad	la	comunidad	se	destaca	como	el	mayor	productor	de	cal,	miel	de	abeja,	ganado,	buena	producció n	de	cañ a	y	dulce	de	panela	en	la	regió n	hondureñ a,	ademá s	de	productor	de	café .
Su	mayor	atractivo	turıśtico	son	las	Cuevas	de	Taulabé ,	las	cuales	representan	una	gran	riqueza	mineral	que	puede	ser	vista	en	muchas	de	las	formaciones	de	estalactitas	y	19	estalagmitas.	Reciben	grandes	cantidades	de	visitantes,	tanto	del	interior	del	paıś	como	de	turistas	extranjeros.
Ademá s	de	las	cuevas,	cuenta	con	riquezas	arqueoló gicas,	cascadas,	rıo
́ s,	bosque	nublado,	y	lagunas	naturales,	con	una	reserva	impresionante	de	paisajes	como	el	parque	nacional	Cerro	Azul	Meambar.CENSO	POBLACIÓN	2013
Taulabé	-	Comayagua	Pueblo	indígena
Maya	-	Chortı́ALDEAS:	1.	Las	Lajas,	2.	Buenos	Aires	3.	El	Cerró n	4.	Pamichal	5.	Jardines	6.	Santo	rosa	de	Bacadilla	7.	Cerro	Azul	8.	San	Antonio	de	Bacadilla	9.	Barsovia	10.	Buena	Vista	11.	San	Antonio	de	Yure	12.	Camalotales	13.	El	Carrizal	14.	La	Misió n	1 5 . M o n t a n u e l a 1 6 . O c o m á n 1 7 .	Choloma	18.	La	Angostura	19.	Terreno	Blanco	20.	Quebraditas	21.	Pito	Solo	22.	Jaitique	23.	Chaparral	abajo	24.	Los	Llanos	25.	Las	Alejandrinas.
CASERÍOS:	1.	Sá banas	de	Ocote	2.	El	Peñ ó n	3.	Pinolapa	4.	La	Lima	5.	Chagü ite	6.	Cantillano	7.	El	Portillo	de	Jaitique	8.	La	Crucita	9.	Choluteca	10.	La	Pelisca	11.	La	Laguna	12.	El	Cedral	y	13.	Brisas	de	Bacadillo.Habitantes %	indígenas
21,0%5125,4%Miskito31,5%Nahuah	115,5%Pech21,0%Tolupá n00,0%Tawaka73,5%Garifuna105,0%31,5%Otro	(*)11255,7%Suma	de	indígenas	201100,0%LencaNegro	de	habla	inglesaNO	indígena	24.034Total	de	población24.235SULACO	(Yoro)	En	mexicano	signi ica	en	la	tierra	de	las	codornices.
El	municipio	colinda	al	norte	con	el	municipio	de	Yorito,	al	sur	con	el	municipio	de	San	José del	Potrero	(Comayagua),	al	este	con	el	municipio	de	Marale	(Francisco	Morazá n)	y	al	oeste	con	el	municipio	de	Victoria	(Yoro).
Se	ignora	cuá ndo	fue	creado	este	municipio,	só lo	se	sabe	que	el	añ o	1654	ya	estaba	establecido	un	convento	de	la	orden	de	San	Francisco.	En	el	tıt́ulo	de	tierras	que	le	midieron	como	ejidos	en	el	tiempo	de	la	colonia	españ ola,	en	1707	aparece	con	el	nombre	de	San	Juan	de	Sulaco,	poblado	solamente	de	indios.	En	1723,	este	pueblo	contaba	con	200	habitantes	que	se	dedicaban	a	lavar	oro.	En	el	primer	recuento	de	població n	en	1791	aparece	como	cabecera	de	curato.	Y	en	1865	tuvo	su	primer	Alcalde.
El	té rmino	municipal	tiene	las	siguientes	aldeas	importantes:
Sulaco,	El	Desmonte,	El	Jaral,	La	Albardilla,	Las	Cañ as,	San	Antonio	y	San	Juan.CENSO	POBLACIÓN	2013
Sulaco	-	Yoro	Pueblo	indígena
Maya	-	Chortı́Habitantes %	indígenas
23,8%1121,2%Miskito11,9%Nahuah	917,3%Pech00,0%Tolupá n11,9%Tawaka47,7%Garifuna11,9%Negro	de	habla	inglesa35,8%Otro	(*)2038,5%Suma	de	indígenas	52100,0%LencaNO	indígena	17,456Total	de	población17,5083.2.5	Principales	organizaciones	indígenas	lencas.
En	el	cuadro	siguiente	se	presentan	las	organizaciones	indıǵenas	lencas
SIGLAS	ONILHCOPINHNOMBRE
Organización	Nacional	Indígena	Lenca	de	HondurasConsejo	Cívico	de	Organizaciones
Populares	e	Indígenas	de	Honduras
www.coping.orgMILH	Movimiento	Indígena	Lenca
de	HondurasINFORMACIÓN
Sede	La	Paz.	Organizació n	del	Pueblo	Lenca,	creada	en	julio	de	1989,	luchar	por	hacer	efectiva	la	disposició n	constitucional	contenida	en	el	Artıćulo	346,	sobre	la	protecció n	de	los	derechos	e	intereses	de	las	comunidades	indıǵenas,	especialmente	de	sus	tierras	y	bosques.⁶
Sede	Intibucá .	Agrupació n	del	Pueblo	Lenca,	creada	en	1992	y	que	representa	la	lucha	reivindicativa	de	todos	los	Pueblos	Indıǵenas	y	Negros	de	Honduras.	Funciona	con	consejos	indıǵenas	y	consejo	de	ancianos	a	nivel	local	(municipal	o	departamental),	y	mantiene	contacto	con	instancias	nacionales.
Tienen	un	programa	de	radio	llamado	“Ecos	de	Opalaca”,
transmitido	por	Radio	Esperanza	desde	el	Departamento	de	Intibucá .	El	COPINH	tiene	como	miembros	a	200,000	indıǵenas	Lenca	de	los	departamentos	de	Comayagua,	Intibucá ,	Lempira	y	La	Paz.	La	o icina	principal	se	encuentra	en	el	Barrio	Las	Delicias,	ciudad	de	Intibucá .⁷IntibucáFederación	Hondureña	Indígena	LencaLa	PazMILPAHMovimiento	Independiente	Indígena	Lenca	de	La	Paz	Marcala,	La	PazCINPH	Coordinadora	Indígena	del	Poder	Popular	de	Honduras	La	EsperanzaFHONDILCOPRODEPIYComité	Pro	Defensa	del	Desarrollo	y	los	Derechos	del	Pueblo	Indígena	de
Yamaranguila	(6)	http://www.territorioindigenaygobernanza.com/hon_10.html
(7)	Idem.	Yamaranguila,	IntibucáEn	lın
́ eas	generales	las	propuestas	alternativas	de	los	movimientos	indıǵenas	de	Honduras	plantean	temas	profundos,	que	incluso	van	má s	allá de	sus	intereses	é tnicos,	son	transversales:	el	cuidado	del	medio	ambiente,	el	cumplimiento	efectivo	de	los	derechos	humanos,	la	aplicació n	de	polıt́icas	de	desarrollo	sustentables,	re lexiones	sobre	ciudadanıá	y	autonomıá,	el	anhelo	de	consolidar	el	estado	pluricultural	y	plurié tnico,	entre	otros.	La	emergencia	de	los	movimientos	indıǵenas	se	presenta	profundamente	asociada	a	las	nuevas	polıt́icas	econó micas	transnacionales.	La	persistencia	de	los	movimientos	indıǵenas	sobre	Tegucigalpa,	la	capital,	a	partir	de	los	añ os	noventa	marca	una	serie	de	demandas	invisibilizadas	hasta	ese	momento.
A	continuació n,	se	transcriben	las	principales	exigencias	comunes	a	los	diferentes	pueblos	y	organizaciones	indıǵenas:
1.	El	reconocimiento	y	la	titulació n	de	la	tierra	y	el	territorio.	La	mayor	parte	de	la	super icie	territorial	fue	apropiada	ilegalmente	por	personas	no	indıǵenas,	ladinas,	lo	que	provocó con lictos	violentos	en	repetidas	ocasiones;	sin	embargo,	no	se	llevó a	cabo	una	acció n	penal	contra	esta	apropiació n	ilıćita	de	sus	tierras	y	territorios.
2.	La	defensa	y	el	uso	sostenible	de	los	bosques.	Esta	reivindicació n	está estrechamente	vinculada	a	la	demanda	de	tıt́ulos	de	propiedad	comunitarios	y	defensa	de	tıt́ulos	ancestrales	en	algunos	casos.	Esta	exigencia	tiene	por	objeto	impedir	el	saqueo	y	venta	de	las	materias	primas	forestales	por	privados,	miembros	del	crimen	organizado	o	por	el	propio	Estado	a	travé s	de	los	gobiernos	locales	o	instituciones	centralizadas.	Hasta	ahora	se	logró que	algunas	regiones	habitadas	por	indıǵenas	sean	identi icadas	como	zonas	ecoló gicas	protegidas,	protegiendo	ası	́la	lora	y	la	fauna,	como	tambié n	sitios	sagrados	de	los	indıǵenas.
3.	Acció n	penal	a	delitos	contra	personas	de	origen	indıǵena.	Dichos	delitos	comprenden	principalmente	asesinatos,	violaciones	y	la	desaparició n	forzada	de	personas.	Si	bien	se	creó una	iscalıá	de	etnias,	la	misma	dispone	de	muy	escasos	recursos	inancieros	para	cubrir	la	reclamació n	nacional	de	los	pueblos	culturalmente	diferenciados.	4.	Atenció n	sanitaria	y	cuidado	de	la	salud	interculturales.	Esta	es	una	reclamació n	que	sigue	pendiente	casi	en	su	totalidad	por	el	Estado.	5.	Implementació n	de	la	educació n	intercultural	bilingü e	dispuesta	por	el	Programa	Nacional	de	Educació n	para	las	Etnias	Autó ctonas	y	Afroantillanas	de	Honduras	(PRONEEAAH),	pero	que,	hasta	ahora,	no	ha	sido	puesta	en	prá ctica.⁸
(8)	En	el	caso	del	Pueblo	Lenca	se	ha	perdido	el	idioma.	Algunas	organizaciones	demandan	su	recuperació n	como	parte	del	legado	histó rico	y	cultural	de	Honduras6.-	Aplicació n	del	Convenio	nr.	169	de	la	OIT,	especialmente	en	lo	referente	al	derecho	de	consulta	previa	(artıćulo	6).	El	Observatorio	de	los	Derechos	Humanos	de	los	Pueblos	Indıǵenas	y	Negros	de	Honduras	(ODHPINH)	informó que	despué s	de	casi	dos	dé cadas	de	haber	rati icado	Honduras	el	Convenio	Nº	169	de	la	OIT,	sigue	sin	adaptar	su	legislació n	nacional.	Honduras	pretende	diluir	el	Convenio	Nº	169	en	una	Ley	Indıǵena	de	cará cter	secundario,	introducida	desde	hace	má s	de	una	dé cada	en	el	Congreso	Nacional.
7.-	Acceso	a	la	justicia	⁹y	¹⁰En	Honduras	existen	pueblos	indı́ g enas	diferenciados	cultural	y	lingü ı́ s ticamente,	distribuidos	en	los	departamentos	de	Yoro,	Intibucá ,	la	Paz,	Gracias	a	Dios	Lempira,	pero	tambié n	hay	otros	departamentos	en	los	que	su	població n	indıǵena	es	menos	visible	como	Comayagua	y	Francisco	Morazá n,	pero	no	por	ello	ausente	del	debate.	Muchas	de	estas	zonas	geográ icas	son	fronterizas	y	carecen	de	la	presencia	del	Estado	de	Derecho.
La	Població n	indıǵena	nacional	ha	denunciado	que,	por	su	indefensió n	legal,	sufre	con	frecuencia	la	violació n	de	sus	derechos	humanos	má s	elementales.	Estas	violaciones	se	mani iestan	en	discriminació n	en	cuanto	a	la	tenencia	de	la	tierra,	libertad	personal,	educació n	y	salud,	no	existe	aplicabilidad	de	la	ley	de	reforma	agraria	e	incluso	se	habla	de	ejecució n	extrajudicial	de	miembros	de	las	etnias.
De	igual	forma,	se	a irma	que,	salvo	en	casos	excepcionales,	los	jueces,	iscales,	defensores	pú blicos	y	otros	funcionarios	del	sistema	judicial	carecen	de	informació n	sobre	la	organizació n	sociopolıt́ica	de	las	poblaciones	indıǵenas,	sobre	las	normas	que	las	rigen	y	sobre	sus	costumbres,	lo	que	implica	con	frecuencia	abusos	de	autoridad	y	violaciones	al	debido	proceso	de	las	personas	imputadas.
Segú n	el	informe	elaborado	por	el	Sistema	de	Naciones	Unidas	en	Honduras	para	el	Examen	Perió dico	Universal	del	2010,	“la	població n	indıǵena	de	Honduras	constituye	el	7.25%¹¹	de	la	població n	total	del	paı́ s .	Sin	embargo,	el	paı́ s no	cuenta	con	polı́ t icas	especiales,	institucionalidad	publica	ni	con	legislació n	especı́ ica	para	garantizar	y	proteger	los	derechos	de	estos	grupos	de	la	població n¹².
Honduras	es	un	paıś	caracterizado	por	largos	periodos	de	crisis	polıt́icas	y	la	instauració n	de	gobiernos	autoritarios.	Es	ası	́ que	despué s	de	20	añ os	de	gobiernos	militares,	se	instaló la	Asamblea	Nacional	Constituyente,	en	abril	de	1980,	que	marcó el	retorno	a	la	democracia	formal.	En	noviembre	de	1981	la	Asamblea	Nacional	Constituyente	convocó a	elecciones	(9)	Tomado	de	Pueblos	Indıǵenas	en	Honduras	Documento	de	trabajo	Editor:	Unidad	Coordinadora	Pueblos	Indıǵenas	en	Amé rica	Latina	y	el	Caribe	(KIVLAK/GIZ)
(10)	Para	la	aplicació n	de	acceso	a	la	justicia	de	los	pueblos	indıǵenas	ver:	“Acceso	de	los	pueblos	indıǵenas	a	la	justicia	desde	el	enfoque	de	derechos	humanos:	Perspectivas	en	el	derecho	indıǵena	y	en	el	sistema	de	justicia	o icial.	ASIES.	Asociació n	de	Investigació n	y	Estudios	Sociales	y	ONU	Derechos	Humanos.	Guatemala,	mayo	2008
(11)	Como	se	ha	presentado	en	capıt́ulo	anterior,	segú n	el	Censo	2013,	la	població n	indıǵena	representa	el	8,6%	del	total.
(12)	Sistema	de	Naciones	Unidas	en	Honduras.	Insumos	del	equipo	paıś	del	Sistema	de	Naciones	Unidas	para	el	Examen	Perió dico	Universal.	Tegucigalpa,	2010.	Pag.	10	http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/HN/UNDP_UPR_HND_S09_2010_United_Nations_Development_Programme.pdfgenerales	para	elegir	a	las	autoridades	de	los	tres	poderes	del	Estado	e	inmediatamente	proclamó la	nueva	Constitució n	de	la	Repú blica	de	Honduras,	carta	que	fue	aprobada	el	11	de	enero	de	1982,	y	con	entrada	en	vigor	el	20	de	enero	del	mismo	añ o.¹³4.2.1.-	Los	derechos	Indígenas	en	la	Constitución	de	Honduras
El	artículo	1	de	la	Constitució n	de ine	a	Honduras	como	un	Estado	de	derecho,	soberano,	instituido	como	Repú blica	libre,	democrá tica	e	independiente	para	asegurar	a	sus	habitantes	el	goce	de	la	justicia,	la	libertad,	la	cultura	y	el	bienestar	econó mico	y	social.	Honduras	incorporó a	su	cuerpo	constitucional	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	cuando	reconoce	a	partir	del	Artículo	173:	“El	Estado	preservará	y	estimulará	las	culturas	nativas,	así	como	las	genuinas	expresiones	del	folklore	nacional,	el	arte	popular	y	las	artesanías.¹⁴	Se	relaciona	con	esta	declaració n,	el	Artículo	172	que	establece:	“Toda	riqueza	antropológica,	arqueológica,	histórica	y	artística	de	Honduras	forma	parte	del	patrimonio	cultural	de	la	nación.	La	Ley	establecerá	las	normas	que	servirán	de	base	para	su	conservación,	restauración,	mantenimiento	y	restitución,	en	su	caso.	Es	deber	de	todos	los	hondureños	velar	por	su	conservación	e	impedir	su	sustracción.	Los	sitios	de	belleza	cultural,	monumentos	y	zonas	reservadas,	estarán	bajo	la	protección	del	Estado”.
Mientras,	el	principio	constitucional	para	la	protecció n	de	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	a	sus	tierras	y	recursos	naturales	se	establece	en	el	Artículo	346	de	la	Constitució n:	“Es	deber	del	Estado	dictar	medidas	de	protección	de	los	derechos	e	intereses	de	las	comunidades	indígenas	existentes	en	el	país,	especialmente	de	las	tierras	y	bosques	donde	estuvieren	asentadas¹⁵”.
Este	reconocimiento	fue	homologado	con	la	rati icació n	del	Convenio	N°	169	de	la	Organizació n	Internacional	del	Trabajo	(OIT)	sobre	Pueblos	Indıǵenas	y	Tribales	en	Paıśes	Independientes,	mediante	el	Decreto	26-1994	de	mayo	de	1994.(13)	Constitució n	Polıt́ica	de	1982,	Publicada	en	la	Gaceta	No.	23,612	del	20	de	enero	1982ç
(14)	El	primer	pá rrafo	del	artıćulo	172	de	la	Constitució n	de	1982	señ ala	que	“Toda	riqueza	antropoló gica,	arqueoló gica,	histó rica	y	artıśtica	de	Honduras	forma	parte	del	patrimonio	cultural	de	la	Nació n.”	V.	Constitució n	de	la	Repú blica	de	Honduras.	Decreto	N°	131	de	11	de	enero	de	1982,	Tegucigalpa,	OIM
Editorial	S.	A.	de	C.	V.	,	1ª.	ed.,	2008.
(15)	Constitució n	Polıt́ica	de	1982,	Publicada	en	la	Gaceta	No.	23,612	del	20	de	enero	1982.	http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Constituci%C3%B3n%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20de%20Honduras%20%28Actuali
zada%202014%29.pdfEl	3	de	agosto	de	1994	el	Presidente	de	la	Repú blica	irmó el	Acuerdo	No.0719-EP-94,	mediante	el	cual	se	reconoce	por	primera	vez	o icialmente	el	cará cter	pluricultural,	multié tnico	y	multilingü e	de	Honduras.	El	reconocimiento	de	la	pluralidad	é tnica	se	constituirá como	uno	de	los	ejes	de	la	transformació n	y	reforma	educativa	nacional	y	se	plasma	en	el	Programa	Nacional	de	Educació n	para	las	Etnias	Autó ctonas	de	Honduras	(PRONEEAH).	Este	acuerdo	llena	el	vacıo
́ en	la	Constitució n	Nacional	de	1982	que	no	hace	menció n	ni	del	multilingü ismo	ni	de	la	multietnicidad	de	la	sociedad	hondureñ a	y	parece	partir	de	un	Estado	homogé neo.	El	Artículo	6	del	acuerdo	presidencial,	por	ejemplo,	dice:	“El	idioma	o icial	de	Honduras	es	el	español.	El	Estado	protegerá	su	pureza	e	incrementará	su	enseñanza”,¹⁶	menospreciando	la	existencia	de	los	idiomas	misquito,	garıf́una,	tolt	y	chortı,́	entre	otros.4.2.2.-	Reconocimiento	de	los	Derechos	Indígenas	en	las	leyes	secundarias
4.2.2.1.-	Ley	de	Reforma	Agraria,	en	relació n	al	ré gimen	jurıd
́ ico	sobre	la	tenencia	de	la	tierra	establece	el	Artículo	92:	“Los	bene iciarios	y	bene iciarias…..	Las	comunidades	étnicas	que	acrediten	la	ocupación	de	las	tierras	donde	estén	asentadas,	por	el	término	no	menor	de	tres	años”,	indicado	en	el	artículo	15	reformado	de	esta	Ley	que	recibirán	los	títulos	de	propiedad	en	dominio	pleno	completamente	gratis,	extendidos	por	el	Instituto	Nacional	Agrario	en	el	plazo	estipulado	en	el	Artículo	15	referido.”¹⁷
4.2.2.2.-	En	correspondencia	al	ré gimen	jurıd
́ ico	sobre	los	bosques,	la	Ley	Forestal,	Áreas	Protegidas	y	Vida	Silvestre,	proclamada	mediante	el	Decreto	No.	98-	2007	del	Congreso	Nacional	de	la	Repú blica,	señ ala	en	el	cuarto	pá rrafo	del	Artículo	45,	Capitulo	1,	referente	a	la	propiedad	forestal,	que	“se	reconoce	el	derecho	sobre	las	áreas	forestales	a	favor	de	los	pueblos	indígenas	y	afro	hondureños	situados	en	las	tierras	que	tradicionalmente	poseen,	de	conformidad	con	las	Leyes	Nacionales	y	el	Convenio	169	de	la	Organización	Internacional	del	Trabajo.”¹⁸
4.2.2.3.-	La	Ley	de	Propiedad¹⁹	dispone	de	un	capıt́ulo	especial	sobre	la	regularizació n	de	la	propiedad	de	los	pueblos	indıǵenas	y	afrodescendientes.
El	artıćulo	93	de	la	Ley	de	Propiedad	reconoce	el	derecho	que	los	pueblos	indıǵenas	y	afro	hondureñ os	tienen	sobre	las	tierras	que	tradicionalmente	poseen,	en	virtud	de	la	relació n	espiritual	de	estos	pueblos	con	sus	tierras.	De	igual	forma,	el	artıćulo	94	reconoce	el	derecho	de	los	pueblos	indıǵenas	a	la	tenencia	y	usufructo	de	la	tierra	de	acuerdo	a	las	formas	tradicionales	de	tenencia	de	propiedad	comunal.	El	artıćulo	95	establece	que	el	Estado	debe	informar	y	consultar	a	los	pueblos	indıǵenas,	de	forma	previa,	sobre	los	bene icios	y	prejuicios	de	la	explotació n	de	recursos	naturales.	Se	establece	tambié n	la	entrega	de	indemnizaciones	equitativas	por	los	dañ os	resultados	de	dichas	actividades.
Artıćulo	96:	“Los	derechos	de	propiedad	y	tenencia	de	estos	pueblos	prevalecerán	sobre	estos	(16)	http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/honduras-accord_pres1994.htm
(17)	Ley	de	Reforma	Agraria	Decreto-Ley	nú mero	170
http://www.ina.hn/user iles/ iles/ley_reforma_agraria.pdf
(18)	Ley	Forestal,	Areas	Protegidas	y	Vida	Silvestre	Decreto	No.	98-2007,	publicada	en	el	diario	o icial	la	Gaceta	el	26	de	febrero	de	2008,	No.	31,544.	http://faolex.fao.org/docs/pdf/hon77556.pdf
(19)	La	Ley	de	Propiedad	Capitulo	III,	Tıt́ulo	V,	aprobada	mediante	Decreto	N°	82-2004	del	28	de	mayo	del	2004,	https://www.ccit.hn/wp-content/uploads/2013/12/LEY-DE-PROPIEDAD.pdftítulos	emitidos	a	favor	de	terceros	que	nunca	las	han	poseído”.
Artıćulo	97:	“El	tercero	que	tenga	título	de	propiedad	en	tierras	de	estos	pueblos	y	que	han	tenido	y	poseído	la	tierra	amparada	por	ese	lo	tiene,	derecho	de	continuar	poseyéndola	y	explotándola”.
Artıćulo	99:	“Los	terceros	en	tierras	de	estos	pueblos	sin	título	alguno	no	podrán	negociar
su	permanencia	con	la	comunidad	pagando	el	arrendamiento	que	acuerden”.
El	Artıćulo	100	de	la	Ley	de	Propiedad	proporciona	un	importante	reconocimiento	al	establecer	que	los	derechos	de	propiedad	y	tenencia	de	los	pueblos	indı́ g enas	y	afrohondureñ os	prevalecen	sobre	los	tıt́ulos	que	se	hubiesen	emitido	a	terceros	que	nunca	han	ejercido	la	posesió n.	Se	reconoce	que	el	ré gimen	comunal	de	las	tierras	que	tradicionalmente	poseen	es	inalienable,	inembargable	e	imprescriptible.
Sin	embargo,	la	misma	ley	señ ala	que	las	comunidades	puedan	poner	in	al	ré gimen	comunal,	permitié ndose	ası	́ el	arrendamiento	a	favor	de	terceros,	o	la	autorizació n	de	contratos	de	inversió n	que	contribuyan	a	su	desarrollo.
Artıćulo	101:	“El	manejo	de	áreas	protegidas	que	se	encuentran	dentro	de	tierras	de	estos	pueblos	será	hecho	en	forma	conjunta	con	el	Estado,	respetando	la	normativa	del	ordenamiento	territorial	que	de ina	afectaciones	de	uso	y	titularidad	por	razones	de	interés	general”.	Aquı	́está una	de	las	principales	razones	de	con licto	en	el	presente.
Artıćulo	102:	“Ninguna	autoridad	podrá	expedir	o	registrar	título	a	favor	de	terceros	en	tierras	comunales.	Las	autoridades	municipales	que	irrespeten	los	derechos	de	propiedad	comunal	ubicados	dentro	de	su	jurisdicción	incurren	en	responsabilidad	administrativa,	civil,	o	penal,	sin	perjuicio	de	la	nulidad	de	sus	actos.	Todo	con licto	que	se	suscite	entre	estos	pueblos	y	terceros	respecto	a	tierras	comunales	se	someterá	al	procedimiento	especial	creado	en	esta	Ley”.4.2.3.-	Mecanismos	Nacionales	de	Pueblos	Indígenas
Honduras	carece	de	una	institució n	estatal	que	coordine	todos	los	programas,	proyectos	contenidos	y	propó sitos	indıǵenas.
En	las	ú ltimas	dos	dé cadas	ha	creado	instancias	encargadas	de	realizar	acciones	y	tareas	de
etnicidad,	entre	estas	iguran:
4.2.3.1.-	Instituto	Nacional	Agrario	de	Honduras,	(INA)	que	tiene	bajo	su	responsabilidad	la	tarea	de	resolver	los	con lictos	de	tierra	a	travé s	del	procedimiento	de	titulació n	de	tierras	a	favor	de	los	pueblos	indı́genas	y	afro	hondureñ os	adquiriendo	las	tierras	con	fondos	asignados	por	el	gobierno,	para	el	posterior	traspaso	a	los	pueblos	indıǵenas,	en	calidad	de	tierras	comunales.	Conforme	a	los	asideros	legales	contenidos	en	la	siguiente	normativa:
Ÿ Constitució n	de	la	Repú blica;
Ÿ Ley	de	la	Reforma	Agraria;
Ÿ Ley	de	Modernizació n	Agrıc
́ ola;
Ÿ Convenio	169	de	la	OIT;	y
Ÿ Acuerdos	entre	el	Poder	Ejecutivo	y	las	etnias	del	añ o	1996(20)	http://www.ihah.hn/4.2.3.2.-	Instituto	Hondureño	de	Antropología	Historia,	no	obstante	que	ha	priorizado	su	funció n	acadé mica	sobre	su	rol	social.	Los	pueblos	indıǵenas	identi ican	al	Instituto	como	un	ente	importante	y	han	exigido	su	incorporació n	en	los	niveles	de	direcció n,	aspecto	que	fue	aceptado	en	el	acuerdo	del	24	de	octubre	de	1998	cuando	irmaron	un	convenio	sobre	el	respecto²⁰.
4.2.3.3.-	Fiscalía	Especial	de	las	Etnias	y	Patrimonio	Cultural²¹
En	1994	se	creó la	Fiscalıá	Especial	de	las	Etnias	y	Patrimonio	Cultural,	como	una	unidad	especializada	del	Ministerio	Pú blico,	que	representa	a	los	pueblos	indı́genas	y	afro	hondureñ os,	garantizando	su	acceso	a	la	justicia	y	proteger	sus	derechos	por	medio	de	la	aplicació n	de	las	leyes
nacionales	y	la	normativa	internacional	vigentes;	asimismo,	ejerce	en	interé s	de	la	ciudadanıá	y	las	futuras	generaciones	su	mandato	de	proteger	y	conservar	el	patrimonio	cultural	de	la	nació n	por	medio	de	la	acció n	penal	pú blica.
Tiene	tres	mandatos:
Ÿ Conoce	de	las	denuncias	relacionadas	a	la	vulneració n	de	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	y	afro	hondureñ os,	y	los	de	los	delitos	que	se	cometen	en	detrimento	de	los	bienes	que	constituyen	el	Patrimonio	Cultural	de	la	Nació n.	Ÿ Vela	por	la	aplicació n	de	los	convenios	internacionales	sobre	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	y	tribales.
Ÿ Vigila	de	forma	permanente	el	respeto	al	debido	proceso	de	los	imputados	pertenecientes	a	pueblos	indıǵenas,	que	iguran	en	un	proceso	penal	como	sujetos	activos	del	delito.
En	el	añ o	1997	el	primer	iscal	de	las	etnias	hizo	unas	declaraciones,	muy	negativas,	sobre	la	integració n	del	derecho	tradicional	indıǵena	en	la	normativa	jurıd
́ ica	del	Estado:	“(…)	los	sistemas	jurídicos	indígenas,	como	producto	de	una	sociedad	oprimida	por	el	Estado	nacional,	no	tienen	su	reconocimiento	y	por	consiguiente,	no	tienen	e icacia	jurídica	en	el	Estado,	pero	si	tienen	vigencia,	porque	los	pueblos,	con	esas	normas,	han	asegurado	su	continuidad	histórica	y	su	cohesión	social;	pero	reconocimiento	estatal	no	hay	para	esas	normativas	o	para	esas	iguras	legales…)”²²	opinió n	que	tiene	vigencia	en	la	actualidad.
4.2.3.4.-	Secretaria	de	Estado	en	los	Despachos	de	Pueblos	Indígenas	y	Afrohondureños.
Fue	creada	mediante	el	Decreto	N°	203	–	2010.	El	12	de	octubre	de	2010,	“Estado	Hondureñ o	reconoce	y	protege	la	existencia	de	los	Pueblos	Indıǵenas	y	Afro	hondureñ os,	garantizá ndoles	todos	los	derechos	consagrados	en	la	Constitució n	de	la	Repú blica,	los	Tratados	Internacionales,	Pactos	y	Convenios	Internacionales,	ası́	como	las	demá s	leyes	de	la	Repú blica;	para	asegurar	su	participació n	plena	en	la	vida	nacional,	la	preservació n	de	sus	valores	culturales	ancestrales	y	las	condiciones	que	lo	hacen	posible”.
El	tercer	considerando	se	re iere	a	que	la	Repú blica	de	Honduras	ha	rati icado	diversos	instrumentos	internacionales	contra	las	formas	de	discriminació n	racial	y	a	favor	de	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas	y	Afro	hondureñ os.
Entre	sus	mandatos	tenıá	la	facultad	de	formular,	coordinar,	ejecutar	y/o	evaluar	polıt́icas	que	(21)	https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=772&Itemid=231
(22)	Declaració n	del	Lic.	Eduardo	Villanueva	Sagastume	en	1997	( iscal	especial	de	pueblos	indıǵenas	1994-1997).	Ver	en	Los	ordenamientos	normativos	indıǵenas	de	Honduras.	Prof.	Jorge	Francisco	Sá enz	Carbonell.	Catedrá tico	de	la	Universidad	de	Costa	Rica.	Revista	Judicial,	Costa	Rica,	Nº	105,	Septiembre	2012fomenten	el	desarrollo	econó mico,	social,	cultural	acadé mico	y	ambiental	de	los	pueblos	y	comunidades	indıǵenas	y	afro	descendientes	del	paıś;	fortalecer	las	diversas	formas	de	organizació n	de	los	pueblos	indıǵenas	y	afro	hondureñ os,	proteger	y	fomentar	las	identidades	y	culturas	indıǵenas.	Uno	de	los	propó sitos	es	la	inclusió n	transversal	de	los	asuntos	de	los	pueblos	indıǵenas	y	afro	hondureñ os	en	los	diferentes	poderes	del	Estado,	para	impulsar	el	ejercicio	de	ciudadanıá	y	el	desarrollo	con	identidad.	El	16	de	diciembre	de	2013,	el	Congreso	Nacional	aprobó ,	luego	de	poco	estudio	y	debate,	el	Decreto	266-2013	correspondiente	a	una	ley	que	buscaba	optimizar	la	Administració n	Pú blica,	mismo	que	fue	publicado	en	el	Diario	O icial	La	Gaceta	el	23	de	enero	de	2014,con	cuyo	contenido	se	produjeron	cambios	radicales	en	la	organizació n	de	las	Secretarıás	de	Estado.	Ası,́	entre	otras	modi icaciones,	destaca	la	absorció n	de	la	Secretarıá	de	Estado	en	los	Despachos	de	Pueblos	Indıǵenas	y	Afrohondureñ os	por	otras	Secretarıás,	convirtiendo	la	Secretaria	en	una	Direcció n.²³
4.2.3.5.-	Dirección	de	Pueblos	Indígenas	y	Afro	hondureños	(DINAFROH),	entre	sus	responsabilidades	se	destacan	la	de	dirigir	y	coordinar	las	polıt́icas	encaminadas	a	la	visibilidad,	pertenencia,	igualdad	e	inclusió n	de	los	Pueblos	Indıǵenas	y	Afrohondureñ os.
Formular,	dirigir,	implementar,	ejecutar	y	evaluar	las	polıt́icas	Pú blicas,	proyectos	programas,	planes,	acciones	y	medidas	orientadas	hacia	la	promoció n	vigencia	y	respeto	de	los	derechos	humanos,	a	la	inclusió n	social	y	la	participació n	polıt́ica	y	ciudadana	de	los	Pueblos	Indıǵenas	y	Afro	Hondureñ os.
4.2.3.6.-	Sub	Dirección	General	de	Educación	para	Pueblos	Indígenas	y	AfroHondureños²⁴
Creada	en	la	Ley	Fundamental	de	Educació n	mediante	Decreto	No.	262-2011,	publicado	en	el	Diario	O icial	“La	Gaceta”	el	22	de	febrero	del	añ o	2012.	Tiene	las	siguientes	funciones:	Ÿ Coordinar	con	la	Direcció n	General	de	Desarrollo	Profesional,	para	que	la	investigació n	educativa	orientada	a	las	lenguas	escritas	de	los	pueblos	indıǵenas	y	afro	hondureñ os	se	vincule	a	la	investigació n	que	realizan	instituciones	nacionales	e	internacionales	especializadas;	Ÿ Velar	porque	en	las	regiones	del	paıs
́ con	importantes	centros	poblacionales	indıǵenas	y	afro	hondureñ os,	los	procesos	educativos	se	realicen	en	lengua	materna,	con	docentes	nativos	y	especializados,	con	el	objeto	de	contribuir	a	la	preservació n	y	fortalecimientos	de	la	lengua,	la	cosmovisió n	e	identidad	de	los	pueblos	indıǵenas	y	afro	hondureñ os;
Ÿ Dar	seguimiento	a	los	procesos	de	formació n	de	docentes	para	la	educació n	de	pueblos	indıǵenas	y	afro	hondureñ os	de	conformidad	a	las	modalidades	de	entrega	que	determine	el	reglamento	de	la	modalidad.
4.2.3.7.-	Comisión	Legislativa	sobre	Pueblos	Indígenas
Su	labor	es	de	enlace	con	los	distintos	grupos	é tnicos	del	paıś,	en	atenció n	a	demandas,	aplicació n	de	Normas	y	reclamo	de	derechos,	ası	́como	presentar,	dictaminar	iniciativas	para	(23)	http://www.sdhjgd.gob.hn/biblioteca-virtual/marco-legal/sistema-nacional/246-ley-para-optimizar-la-administracion-publica/ ile
(24)	http://www.transformemoshonduras.com/ES/docs/leyes_reglamentos_edu/Reglamento%20Secretaria%20de%20Estado%20en%20el%20Despacho%
20de%20Educacion.pdfmejorar	la	calidad	de	vida	de	los	pueblos	indıǵenas	y	afro	descendientes,	preservando	su	identidad,	cultura,	costumbres	y	lengua.²⁵La	concepció n	tradicional	de	los	derechos	humanos,	de	acuerdo	a	las	diversas	declaraciones,	acuerdos	y	pactos,	tales	como	la	Declaració n	Universal	de	Derechos	Humanos,	Declaració n	Americana,	Pacto	de	San	José ,	entre	otros,	enfocan	principalmente	a	los	derechos	de	la	persona	humana.
Efectivamente,	existe	una	concepció n	de	derechos	humanos	bá sicos	universales	dentro	de	la	cual	se	advierte	derechos	humanos	especı́ icos	propios	de	categorıás	estrati icadas	de	la	població n	(niñ os,	mujeres,	trabajadores,	migrantes,	discapacitados,	refugiados,	minorıás	é tnicas,	indıǵenas,	entre	otros)	y	que	esos	derechos	humanos	bá sicos	universales,	deben	ser	simultá neamente	disfrutados,	ejercidos	y	protegidos	con	los	derechos	especiales.
En	este	apartado	ofrecemos	un	resumen	de	fá cil	lectura	en	torno	al	sistema	de	derechos	humanos	de	los	pueblos	Indıǵenas.	Los	derechos	que	se	han	desarrollado	en	los	tres	ú ltimos	decenios	como	expreso	componente	del	derecho	y	las	polıt́icas	internacionales	han	sido	por	el	impulso	de	fuertes	movimientos	de	pueblos	indıǵenas,	la	sociedad	civil,	y	mecanismos	internacionales.
En	1994,	la	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas,	estableció el	Decenio	Internacional	de	los	Pueblos	Indıǵenas	del	Mundo	con	el	cual	se	pretendió constituir	un	marco	adecuado	para	el	desarrollo	de	medidas	bá sicas	que	tanto	en	el	plano	nacional	como	en	el	internacional	para	el	establecimiento	de	una	nueva	diná mica	de	relaciones	entre	los	pueblos	indıǵenas	y	los	distintos	gobiernos	tomando	como	bases	principales,	el	respeto,	la	cooperació n,	la	justicia	y	la	equidad.
En	Honduras	los	tratados	internacionales	tienen	fuerza	de	ley	a	partir	de	la	rati icació n	y	tienen	jerarquıá	superior	a	las	leyes	nacionales	(Constitució n,	arts.	16	y	18).	Por	lo	tanto	los	tratados	y	mecanismos	enunciados	son	parte	de	la	normativa	interna.	Como	producto	del	desarrollo	supra	descrito,	destacan	los	siguientes	Instrumentos:
4.3.1.-	Declaración	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas²⁶
La	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	aprobó la	Declaració n	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	el	13	de	septiembre	de	2007.	La	Declaració n,	es	de	acuerdo	con	los	expertos	en	la	temá tica	el	instrumento	má s	amplio	relativo	a	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas,	en	la	esfera	del	derecho	y	las	polıt́icas	internacionales.²⁷
(25)www.congresonacional.hn/index.php/comisiones.html
(26)	Honduras	votó a	favor	de	la	adopció n	de	la	Declaració n.	Aunque	una	declaració n	de	la	Asamblea	General	no	es	un	instrumento	coercitivo	del	derecho	internacional,	sı	́representa	el	desarrollo	internacional	de	las	normas	legales	y	re leja	el	compromiso	de	la	ONU	y	los	estados	miembros.	Para	la	ONU	es	un	marco	importante	para	el	tratamiento	de	los	pueblos	indıǵenas	del	mundo	y	será indudablemente	una	herramienta	signi icativa	hacia	la	eliminació n	de	las	violaciones	de	los	DDHH	contra	370	millones	de	indıǵenas	en	el	mundo	y	para	apoyarlos	en	su	lucha	contra	la	discriminació n.
(27)	E/CN.4/Sub.2/1986/7	y	Add.1	a	4La	Declaració n	contiene	normas	mı́nimas	en	materia	de	reconocimiento,	protecció n	y	promoció n	de	estos	derechos.	Entre	los	derechos	sustantivos	má s	importantes	que	se	formulan	en	la	Declaració n	es	que	los	pueblos	indı́genas	tienen	derecho	a	la	libre	determinació n	y,	en	consecuencia,	a	establecer	libremente	su	condició n	polıt́ica	y	perseguir	libremente	su	desarrollo	econó mico,	social	y	cultural.	A	su	vez,	el	ejercicio	del	derecho	a	la	libre	determinació n	complementa	el	ejercicio	de	otros	derechos.	Como	lo	el	derecho	a	la	cultura,	que	puede	alcanzar	la	autonomıá	de	estos	pueblos	en	el	á mbito	cultural.
El	Artıćulo	4	de	la	Declaració n,	a irma:	"los	pueblos	indígenas,	en	ejercicio	de	su	derecho	a	la	libre	determinación,	tienen	derecho	a	la	autonomía	o	al	autogobierno	en	las	cuestiones	relacionadas	con	sus	asuntos	internos	y	locales,	así	como	a	disponer	de	medios	para	inanciar	sus	funciones	autónomas".	A	la	par	que	el	derecho	a	la	autonomıá,	los	pueblos	indıǵenas	tienen	derecho,	de	conformidad	con	el	Artıćulo	34	de	la	Declaració n,	a	"promover,	desarrollar	y	mantener	sus	estructuras	institucionales	y	sus	propias	costumbres,	espiritualidad,	tradiciones,	procedimientos,	prácticas	y,	cuando	existan,	costumbres	o	sistemas	jurídicos...".
El	Artıćulo	18	reconoce	el	derecho	de	los	pueblos	a	participar	en	la	adopció n	de	decisiones	en	asuntos	que	afectan	a	sus	derechos	y	la	obligació n	de	los	Estados	de	celebrar	consultas	y	cooperar	con	ellos	para	obtener	su	consentimiento	libre,	previo	e	informado	antes	de	adoptar	y	aplicar	medidas	legislativas	o	administrativas	que	los	afecten.	En	ambos	casos,	y	de	conformidad	con	su	derecho	a	la	libre	determinació n,	los	pueblos	indıǵenas	tienen	derecho	a	participar	por	medio	de	sus	instituciones	representativas.²⁸
La	Declaració n	tambié n	reconoce	el	derecho	de	los	pueblos	indıǵenas	a	sus	tierras,	territorios	y	recursos,	incluidos	los	que	han	poseıd
́ o	tradicionalmente.	En	el	artıćulo	26,	pá rrafo	1,	se	reconoce,	en	lın
́ eas	generales,	el	derecho	de	los	pueblos	indıǵenas	a	las	tierras,	territorios	y	recursos	que	tradicionalmente	han	poseıd
́ o,	ocupado	o	utilizado	o	adquirido,	mientras	que	en	el	pá rrafo	2	se	señ ala	a	las	tierras,	territorios	y	recursos	que	poseen	con	arreglo	a	conceptos	indıǵenas	consuetudinarios	de	"propiedad".	En	el	pá rrafo	3	del	artıćulo	26	se	determina	que	(28)	Mecanismo	de	expertos	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas,	opinió n	Nº	2:	los	pueblos	indıǵenas	y	el	derecho	a	participar	en	la	adopció n	de	decisiones	(A/HRC/18/42,	anexo).los	Estados	asegurará n	el	reconocimiento	y	protecció n	jurıd
́ icos	de	esas	tierras,	territorios	y	recursos.
Estos	derechos	se	rea irman	en	el	artıćulo	27,	cuando	determina	que	los	Estados	establecerá n	y	aplicará n	procesos	por	los	que	se	reconozcan	y	adjudiquen	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	en	relació n	con	sus	tierras,	territorios	y	recursos.
La	Declaració n	establece	medidas	a	impedir	el	trato	discriminatorio	y	hostil	por	motivos	culturales,	ası	́ como	medidas	positivas	en	favor	de	las	culturas	de	estos	pueblos.	A	este	respecto	es	vá lido	señ alar	el	derecho	a	no	ser	sometidos	a	asimilació n	ni	a	la	destrucció n	de	su	cultura;	el	derecho	a	practicar	y	revitalizar	sus	tradiciones	y	costumbres	culturales;	el	derecho	a	impartir	sus	convenciones	culturales	y	a	obtener	la	repatriació n	de	sus	restos	humanos;	y	el	derecho	a	"mantener,	controlar,	proteger	y	desarrollar"	su	patrimonio	cultural,	sus	conocimientos	tradicionales	y	sus	expresiones	culturales	tradicionales.	En	vista	del	lugar	que	ocupa	la	cultura	en	la	identidad	de	muchos	pueblos	indıǵenas,	en	la	Declaració n	se	reconoce	asimismo	el	derecho	de	los	individuos	indıǵenas	a	pertenecer	a	una	comunidad	o	nació n	indıǵena	de	conformidad	con	las	tradiciones	y	costumbres	de	la	comunidad	o	nació n	de	que	se	trate.²⁹
Por	otra	parte,	la	Declaració n	reconoce	los	derechos	colectivos	de	los	pueblos	indıǵenas	para	que	estos	puedan	disfrutar	de	sus	derechos	humanos.	Los	artıćulos	1	y	2	de	la	Declaració n	se	articulan	el	derecho	de	los	pueblos	indıǵenas,	a	tıt́ulo	colectivo	e	individual,	al	disfrute	de	todos	los	derechos	humanos.	“Los	pueblos	y	los	individuos	indıǵenas	son:	libres	e	iguales	a	todos	los	demá s	pueblos	y	personas	y	tienen	derecho	a	no	ser	objeto	de	ningú n	tipo	de	discriminació n	en	el	ejercicio	de	sus	derechos,	en	particular,	la	fundada	en	su	origen	o	identidad	indıǵenas”.
Rea irma,	ademá s,	los	derechos	individuales,	como	personas	indıǵenas,	ya	consagrados	en	los	tratados	de	derechos	humanos	y,	por	el	otro,	rea irma	los	derechos	colectivos	de	los	pueblos	indıǵenas	establecidos	en	el	Convenio	169	de	la	Organizació n	Internacional	del	Trabajo	sobre	pueblos	indıǵenas	y	tribales	en	paıśes	independientes.	En	resumen,	la	Declaració n	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	desarrolla	cinco	grandes	temas³⁰:	Ÿ Derechos	humanos	y	libertades	fundamentales
Ÿ Libre	determinació n	y	autogobierno
Ÿ Tierras,	territorios	y	recursos
Ÿ Supervivencia	y	desarrollo
Ÿ Interpretació n	de	la	Declaració n	y	mecanismos	de	supervisió n.(29)	Comité de	Derechos	Humanos,	Observació n	general	Nº	23	(1994),	sobre	el	derecho	de	las	minorıás,	y	Comité de	Derechos	Econó micos,	Sociales	y	Culturales,	Observació n	general	Nº	21	(2009),	sobre	el	derecho	de	toda	persona	a	participar	en	la	vida	cultural.
(30)	Naciones	Unidas,	O icina	del	Alto	Comisionado	para	los	Derechos	Humanos.	Má s	informació n	en:	http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx.Página 294.3.2.-	Convenio	Nº	169	de	la	OIT	sobre	pueblos	indígenas	y	tribales	en	países	independientes,	1989³¹
El	Convenio	169	de	la	Organizació n	Internacional	del	Trabajo	sobre	pueblos	indıǵenas	y	tribales	en	paıśes	independientes,	es	el	ú nico	instrumento	legal	internacional	de	cará cter	vinculante	especı́ ico	sobre	pueblos	indıǵenas.	El	Convenio	169³²	promueve	el	respeto	por	las	culturas,	las	formas	de	vida,	las	tradiciones	y	el	derecho	consuetudinario	de	los	pueblos	indıǵenas.	Asume	que	é stos	seguirá n	existiendo	como	parte	de	sus	sociedades	nacionales,	manteniendo	su	propia	identidad,	sus	propias	estructuras	y	tradiciones,	y	se	funda	en	el	principio	de	que	estas	estructuras	y	formas	de	vida	tienen	un	valor	intrın
́ seco	que	necesita	ser	salvaguardado.	Asimismo,	considera	que	los	pueblos	indıǵenas	pueden	hablar	por	sı	́mismos,	que	tienen	derecho	a	participar	en	el	proceso	de	toma	de	decisiones	que	los	afecten,	y	que	sus	contribuciones	será n	bene iciosas	para	el	paıś	en	el	que	habitan.³³
Si	bien	es	cierto	es	vinculante	su	alcance	no	es	tan	amplio	como	la	declaració n.	Al	ser	aprobado	en	1989	colocó de	mani iesto	el	mayor	grado	de	atenció n	internacional	puesta	en	la	solicitud	de	los	pueblos	indıǵenas	de	mayor	control	sobre	su	manera	de	vivir	y	sus	instituciones.	Hizo	é nfasis	en:
-	Estilos	tradicionales	de	vida;
-	Cultura	y	modo	de	vida	diferentes	a	los	de	los	otros	segmentos	de	la	població n
nacional,	la	forma	de	subsistencia,	el	idioma,	las	costumbres,	etc.;	y
-	Organizació n	social	y	costumbres	y	leyes	tradicionales	propias.
Este	Convenio	(169)	desarrolla	desde	la	perspectiva	de	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	que	tienen	el	derecho	al	mayor	control	posible	sobre	su	vida	y	su	futuro	y	que	los	gobiernos	deben	proveer	las	condiciones	y	recursos	para	hacerlo	posible.
Los	artıćulos,	15,	16	17	reconocen	que	los	pueblos	indıǵenas	tienen	el	derecho	a	ser	consultados.	La	consulta	previa³⁴	se	considera	una	forma	clave	de	diá logo	que	sirve	para	armonizar	los	intereses	contrapuestos	y	evitar,	ası	́ como	tambié n	resolver,	con lictos.	Al	interrelacionar	los	principios	de	consulta	y	participació n,	la	consulta	no	implica	só lo	el	derecho	de	reaccionar	sino,	tambié n	el	derecho	de	proponer;	los	pueblos	indıǵenas	tienen	derecho	a	decidir	cuá les	son	sus	propias	prioridades	para	el	proceso	de	desarrollo	y,	en	consecuencia,	a	ejercer	control	sobre	su	propio	desarrollo	econó mico,	social	y	cultural.	(31)	Existe	un	convenio	anterior	de	1957	Convenio	Nº	107sobre	poblaciones	indıǵenas	y	tribuales.	Está en	vigor	para	aquellos	Estados	irmante	que	no	han	rati icado	el	Convenio	Nº	169.
(32)	En	el	añ o	de	1994	el	Estado	de	Honduras	irmó el	Convenio	169	de	la	OIT	y	posteriormente	el	28	de	marzo	de	1995	lo	rati icó .
(33)	OIT	y	Centro	Internacional	para	los	Derechos	Humanos	y	el	Desarrollo	Democrá tico	Montreal	(n.d.).	Pueblos	indıǵenas	y	tribales:	guıá	para	la	aplicació n	del	Convenio	169	de	la	OIT.	Ginebra,	OIT,	1996
(34)	Las	Directrices	del	Grupo	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(GNUD)	sobre	los	asuntos	de	los	pueblos	indıǵenas	exponen	las	caracterıśticas	de	los	“Elementos	del	consentimiento	libre,	previo	e	informado”	(GNUD)	2008:	p.	28):	Libre:	debe	implicar	que	no	hay	coerció n,	intimidació n	ni	manipulació n;
Previo:	debe	implicar	que	se	ha	tratado	de	obtener	el	consentimiento	con	su iciente	antelació n	a	cualquier	autorizació n	o	comienzo	de	actividades	y	que	se	han	respetado	las	exigencias	cronoló gicas	de	los	procesos	indıǵenas	de	consulta	o	consenso	con	los	pueblos	indıǵenas;	Informado:	debe	implicar	que	se	suministra
informació n	que	abarque	(por	lo	menos)	los	siguientes	aspectos:
la	naturaleza,	envergadura,	ritmo,	reversibilidad	y	alcance	de	cualquier	proyecto	o	actividad	propuesto;
b.	la	razó n	o	las	razones	o	el	objeto	del	proyecto	y/o	la	actividad;
c.	la	duració n	del	proyecto	o	la	actividad;
d.	la	ubicació n	de	las	á reas	que	se	verá n	afectadas;
e.	una	evaluació n	preliminar	de	los	probables	impactos	econó micos,	sociales,	culturales	y	ambientales,	incluso	los	posibles	riesgos,	y	una	distribució n	de	bene icios	justa	y	equitativa	en	un	contexto	que	respete	el	principio	de	precaució n;
f.	el	personal	que	probablemente	intervenga	en	la	ejecució n	del	proyecto	propuesto	(incluso	pueblos	indıǵenas,	personal	del	sector	privado,	instituciones	de	investigació n,	empleados	gubernamentales	y	demá s	personas);	y
g.	los	procedimientos	que	puede	entrañ ar	el	proyecto.	Ası	́ mismo,	establece	el	derecho	a	la	participació n	utilizando	diferentes	té rminos	como	se	constituye	en	los	artıćulos	2,	6,	7,	15,	22,	23.	Obligació n	de	“cooperar”	con	los	pueblos	indıǵenas	(artıćulos	7,	20,	22,	25,	27	y	33).	Obligació n	de	no	tomar	medidas	contrarias	a	los	deseos	expresados	libremente	por	los	pueblos	indıǵenas	(artıćulo	4);	Obligació n	de	buscar	“el	consentimiento	dado	libremente	y	con	pleno	conocimiento	de	causa”	de	los	pueblos	indıǵenas	(artıćulo	16);	Ademá s	el	Convenio	169	se	relaciona	con	el	asunto	agrario,	medioambiental,	de	recursos	naturales	y	los	valores	de	los	pueblos	indıǵenas;	el	derecho	al	trabajo	y	a	las	tierras	y	territorios;	El	derecho	a	la	educació n	de	acuerdo	al	artıćulo	26	de	la	Declaració n	Universal	de	los	Derechos	Humanos;	El	derecho	al	desarrollo	como	derecho	colectivo	inalienable	de	los	pueblos	basá ndose	en	el	artıćulo	28	de	la	Declaració n	Universal	de	los	Derechos	Humanos;	La	vigencia	y	e icacia	del	Derecho	propio,	especı́ icamente	en	el	contexto	de	los	derechos	humanos,	como	factor	fundamental	para	el	desarrollo	de	la	justicia;	La	construcció n	de	un	proceso	democrá tico	en	paıśes	multié tnicos,	pluriculturales	y	plurilingü es.	De	otra	parte	se	re iere	a	los	sistemas	normativos	indıǵenas	y	a	la	aplicació n	del	Derecho	estatal	a	los	pueblos	indıǵenas	en	sus	artıćulos	8,	9,	10	y	12,	que	por	su	importancia	transcribimos	literalmente	.
Artículo	8.	”Al	aplicar	la	legislación	nacional	a	los	pueblos	interesados	deberán	tomarse	debidamente	en	consideración	sus	costumbres	o	su	derecho	consuetudinario.2.-	Dichos	pueblos	deberán	tener	el	derecho	a	conservar	sus	costumbres	e	instituciones	propias,	siempre	que	éstas	no	sean	incompatibles	con	los	derechos	fundamentales	de inidos	por	el	sistema	jurídico	nacional	ni	con	los	derechos	humanos	internacionalmente	reconocidos.	Siempre	que	sea	necesario,	deberán	establecerse	procedimientos	para	solucionar	los	con lictos	que	puedan	surgir	en	la	aplicación	de	este	principio.3.-	La	aplicación	de	los	párrafos	1	y	2	de	este	artículo	no	deberá	impedir	a	los	miembros	de	dichos	pueblos	ejercer	los	derechos	reconocidos	a	todos	los	ciudadanos	del	país”³⁵
1.-“En	la	medida	en	que	ello	sea	compatible	con	el	sistema	jurídico	nacional	y	con	los	derechos	humanos	internacionalmente	reconocidos,	deberán	respetarse	los	métodos	a	los	que	los	pueblos	interesados	recurren	tradicionalmente	para	la	represión	de	los	delitos	cometidos	por	sus	miembros.	2.-	Las	autoridades	y	los	tribunales	llamados	a	pronunciarse	sobre	cuestiones	penales	deberán	tomar	en	cuenta	las	costumbres	de	dichos	pueblos	en	la	materia”	Artículo	10.	1.-	Cuando	se	impongan	sanciones	penales	previstas	por	la	legislación	general	a	miembros	de	dichos	pueblos	deberán	tenerse	en	cuenta	sus	características	económicas,	sociales	y	culturales.	2.-	Deberá	darse	la	preferencia	a	tipos	de	sanción	distintos	del	encarcelamiento”.
Artículo	12	“Los	pueblos	interesados	deberá n	tener	protecció n	contra	la	violació n	de	susderechos,	y	poder	iniciar	procedimientos	legales,	sea	personalmente	o	bien	por	conducto	de	sus	organismos	representativos,	para	asegurar	el	respeto	efectivo	de	tales	derechos.Deberá n	tomarse	medidas	para	garantizar	que	los	miembros	de	dichos	pueblos	puedan	comprender	y	hacerse	comprender	en	procedimientos	legales,	facilitá ndoles,	si	fuere	necesario,	inté rpretes	u	otros	medios	e icaces”.4.3.3.-	Mecanismos	Internacionales	de	Derechos	Indígenas
4.3.3.1.-	Foro	Permanente	para	las	cuestiones	Indígenas
El	Consejo	Econó mico	y	Social	de	la	ONU	creó en	virtud	de	su	resolució n	2000/22	el	Foro	Permanente	en	atención	a	la	solicitud	de	los	pueblos	indígenas	de	un	ó rgano	de	alto	nivel	que	promoviera	el	diá logo	y	la	cooperació n	entre	los	Estados	Miembros,	los	organismos	de	las	Naciones	Unidas	y	los	pueblos	indıǵenas.	Su	mandato	consiste	en	asesorar	al	Consejo	Econó mico	y	Social	en	lo	relativo	al	desarrollo	econó mico	y	social,	la	cultura,	el	medio	ambiente,	la	educació n,	la	salud	y	los	derechos	humanos	y	en:
Ÿ Prestar	asesoramiento	especializado	y	formular	recomendaciones	sobre	las	cuestiones	indıǵenas	al	Consejo,	ası	́ como	a	los	programas,	fondos	y	organismos	de	las	Naciones	Unidas,	por	conducto	del	Consejo.
Ÿ Difundir	las	actividades	relacionadas	con	las	cuestiones	indı́genas	y	promover	su	integració n	y	coordinació n	dentro	del	sistema	de	las	Naciones	Unidas;	Ÿ y	Preparar	y	divulgar	informació n	sobre	las	cuestiones	indıg
́ enas.4.3.3.2.-	Mecanismo	de	Expertos	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	indígenas	Se	compone	de	cinco	expertos	en	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas,	por	lo	general	uno	por	cada	una	de	las	cinco	regiones	geopolıt́icas	del	mundo,	siendo	el	origen	indıǵena	factor	pertinente	para	su	nombramiento	de	conformidad	con	la	resolució n	6/36.	4.3.3.3.-	Relator	Especial	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas
Ÿ El	Relator	Especial	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indıg
́ enas	es	uno	de	los	denominados	procedimientos	especiales	del	Consejo	de	Derechos	Humanos.	La	Comisió n	de	Derechos	Humanos	estableció en	2001	el	mandato	del	Relator	Especial,	mantenido	en	2007	por	el	Consejo	de	Derechos	Humanos.
Ÿ Examina	medios	de	superar	los	obstá culos	existentes	para	la	plena	y	efectiva	protecció n	de	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas,	de	conformidad	con	su	mandato,	y	determina,	intercambia	y	promueve	las	mejores	prá cticas;	Ÿ Reú ne,	solicita,	recibe	e	intercambia	informació n	y	comunicaciones	de	todas	las	fuentes	que	corresponda,	incluidos	los	gobiernos,	los	pueblos	indıǵenas	y	sus	comunidades	y	organizaciones,	sobre	las	denuncias	de	violaciones	de	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas;
Ÿ Formula	recomendaciones	y	propuestas	sobre	medidas	y	actividades	adecuadas	para	evitar	y	reparar	las	violaciones	de	los	derechos	de	los	indıǵenas;	yŸ Trabaja	en	estrecha	cooperació n	y	coordinació n	con	otros	procedimientos	especiales	y	los	ó rganos	subsidiarios	del	Consejo,	en	particular	con	el	Mecanismo	de	expertos	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas,	los	ó rganos	pertinentes	de	las	Naciones	Unidas,	los	ó rganos	de	tratados	y	las	organizaciones	regionales	de	derechos	humanos.
Ÿ En	el	marco	del	ejercicio	de	su	mandato,	el	Relator	Especial	evalú a	la	situació n	de	los	pueblos	indıǵenas	en	determinados	paıśes;	lleva	a	cabo	estudios	temá ticos;	se	pone	en	comunicació n	con	gobiernos,	pueblos	indıǵenas	y	otras	instancias	cuando	se	denuncian	violaciones	de	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas;	y	promueve	las	buenas	prá cticas	en	materia	de	protecció n	de	estos	derechos.	El	Relator	Especial	tambié n	presenta	al	Consejo	de	Derechos	Humanos	informes	anuales	sobre	determinados	aspectos	de	los	derechos	humanos	que	incumben	a	los	pueblos	indıǵenas	y	coordina	su	labor	con	la	del	Foro	Permanente	para	las	Cuestiones	Indıǵenas	y	la	del	Mecanismo	de	expertos	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas.	4.3.3.4.-	Mecanismos	de	Seguimiento	de	la	OIT
La	OIT	vigila	de	distintas	maneras	el	cumplimiento	por	los	Estados	de	sus	convenios.	En	primer	lugar,	su	Comisió n	de	Expertos	en	Aplicació n	de	Convenios	y	Recomendaciones	examina	los	informes	de	los	Estados	relativos	a	los	convenios	de	la	OIT,	incluidos	los	Convenios	Nos	107	y	169.
Este	Comité de	Expertos	puede	enviar	una	solicitud	directamente	a	un	Estado	o	formular	observaciones	sobre	una	situació n	en	particular.
La	Comisió n	de	Aplicació n	de	Normas	de	la	Conferencia,	de	cará cter	tripartito,	examina	el	informe	del	Comité de	Expertos	y	varios	casos	de	paıśes	concretos	con	respecto	a	los	cuales	se	solicita	la	comparecencia	de	los	Estados	en	cuestió n	para	que	respondan	a	preguntas.	A	continuació n,	la	Conferencia	Internacional	del	Trabajo	examina	y	aprueba	el	informe	de	la	Comisió n	de	Aplicació n.
En	segundo	lugar,	el	ó rgano	rector	de	la	OIT	puede	recibir	de	organizaciones	de	empleadores	o	trabajadores	peticiones	(denominadas	representaciones)	enviadas	al	Comité de	Libertad	Sindical	o	a	un	comité tripartito	del	ó rgano	rector,	los	cuales	pueden	solicitar	informació n	al	Gobierno	en	cuestió n	y	redactar	un	informe	donde	iguren	recomendaciones	cuyo	seguimiento	incumbirá a	la	Comisió n	de	Expertos	o	a	una	comisió n	de	investigació n.
En	tercer	lugar,	todo	Estado	miembro	o	delegado	en	la	Conferencia	Internacional	del	Trabajo	o	el	ó rgano	rector	pueden	denunciar	el	incumplimiento	por	un	Estado	de	un	convenio	que	este	haya	rati icado.4.3.3.5.-	Mecanismos	del	Sistemas	Interamericano
4.3.3.5.1.-	Relatoría	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indígenas
La	Comisió n	Interamericana	de	Derechos	Humanos	creó en	el	añ o	1990	la	Relatorıá	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas,	con	el	objeto	de	brindar	atenció n	a	los	pueblos	indıǵenas	de	Amé rica,	que	se	encuentran	especialmente	expuestos	a	violaciones	de	derechos	humanos	por	su	situació n	de	vulnerabilidad,	ası	́como	de	fortalecer,	impulsar	y	sistematizar	el	trabajo	de	la	propia	Comisió n	Interamericana	en	el	á rea.	En	especı́ ico,	la	Relatorıá	tiene	como	mandato	la	realizació n	de	las	siguientes	actividades:
Ÿ Promover	el	desarrollo	del	sistema	interamericano	de	protecció n	de	los	derechos	humanos	en	materia	de	protecció n	a	los	pueblos	indıǵenas,	y	en	especial,	promover	el	avance	y	consolidació n	de	la	jurisprudencia	del	sistema	sobre	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas.	En	este	á mbito,	promover	y	facilitar	el	acceso	de	los	pueblos	indı́genas	al	sistema	interamericano.
Ÿ Participar	en	el	aná lisis	de	peticiones	individuales	y	solicitudes	de	medidas	cautelares	en	las	que	se	aleguen	presuntas	violaciones	de	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	y/o	de	sus	miembros.
Ÿ Apoyar	la	realizació n	de	visitas	in	loco	a	los	paıs
́ es	miembros	de	la	OEA	para	profundizar	en	la	observació n	general	de	la	situació n,	y/o	para	investigar	una	situació n	particular	de	pueblos	indıǵenas,	ası	́como	participar	en	la	preparació n	del	informe	respectivo	de	la	visita.
Ÿ Elaborar	informes	temá ticos	sobre	aspectos	atinentes	a	los	derechos	humanos	de	lospueblos	indıǵenas	en	el	hemisferio,	que	contengan	recomendaciones	a	los	Estados	miembros	de	la	OEA	sobre	la	adopció n	de	medidas	que	contribuyan	a	promover	y	garantizar	los	derechos	humanos	de	los	pueblos	indıǵenas.
Ÿ Realizar	y	participar	en	conferencias,	seminarios	y	reuniones	de	distinto	cará cter	con	representantes	de	los	gobiernos,	la	academia,	la	sociedad	civil	y	los	pueblos	indıǵenas	con	el	objeto	de	difundir	y	analizar	los	temas	propios	de	su	mandato.
Ÿ Prestar	colaboració n	permanente	a	la	presidencia	y	al	Grupo	de	Trabajo	del	Consejo	Permanente	de	la	OEA	encargado	de	elaborar	el	Proyecto	de	Declaració n	Americana	sobre	Derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas.
Para	el	Sistema	Interamericano	de	Protecció n	de	los	Derechos	Humanos	(SIDH),	el	respeto	de	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	es	un	asunto	de	especial	importancia	y,	en	esta	materia,	ha	desarrollado	un	escenario	jurisprudencial	que	ha	permitido	reconocer	derechos	individuales	y	colectivos	inculcados,	reparar	a	las	vıćtimas	y	entregar	directrices	a	travé s	de	sus	decisiones	a	los	Estados	miembros	de	la	Organizació n	de	Estados	Americanos	(OEA)	con	el	objeto	de	prevenir	o	resolver	asuntos	en	la	jurisdicció n	interna.
4.3.3.5.2.-	La	jurisprudencia	del	Sistema	Interamericano	de	Derechos	Humanos	(SIDH)	sobre	derecho	al	territorio	de	los	Pueblos	Indígenas
La	jurisprudencia	del	SIDH	ha	conferido	una	especial	importancia	a	la	relació n	de	los	pueblos	indıǵenas	con	sus	territorios	ancestrales.	Indudablemente	ha	realizado	una	interpretació n	evolutiva	de	los	instrumentos	internacionales	de	protecció n	de	los	derechos	humanos	acerca	de	situaciones	que	se	re ieren	a	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	Evidentemente,	en	el	caso	(36)	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(Corte	I.D.H),	2001:	Caso	de	la	Comunidad	Mayagna	(Sumo)	Awas	Tingni	vs.	Nicaragua,	Sentencia	del	31	de	agosto	de	2001.	Serie	C	No.	79,	pá rrafo	148.
(37)	Corte	I.D.H.	2001:Op.cit,	pá rrafo	149.de	la	Comunidad	Mayagna	de	Awas	Tingni	contra	Nicaragua,	la	Corte	Interamericana	expresó que	el	artıćulo	21	de	la	Convenció n	Americana	protege	el	derecho	a	la	propiedad	en	un	sentido	que	comprende,	entre	otros,	los	derechos	de	los	miembros	de	las	comunidades	indıǵenas	en	el	marco	de	la	propiedad	comunal³⁶la	Corte	Interamericana	expresó en	su	sentencia	que	dadas	las	caracterıśticas	del	caso,	era	menester	hacer	algunas	precisiones	respecto	del	concepto	de	propiedad	en	las	comunidades	indıǵenas	y,	en	relació n	con	la	propiedad	colectiva	de	la	tierra,	expresó que	entre	los	indıǵenas	existe	una	tradició n	de	forma	comunal	de	propiedad	colectiva	de	la	tierra,	en	el	sentido	de	que	la	pertenencia	de	é sta	no	se	centra	en	un	individuo	sino	en	el	grupo	y	su	comunidad.	Asimismo,	la	Corte	determinó que	debe	ser	reconocida	y	comprendida	la	estrecha	relació n	que	los	pueblos	indıǵenas	mantienen	con	su	tierra,	agregando	que	por	el	hecho	de	su	propia	existencia	los	indıǵenas	tienen	derecho	a	vivir	libremente	en	sus	territorios.	Al	respecto	señ aló :	“Los	indıǵenas,	por	el	hecho	de	su	propia	existen	en	sus	propios	territorios;	la	estrecha	relació n	que	mantienen	con	la	tierra	debe	de	ser	reconocida	y	comprendida	como	la	base	fundamental	de	sus	culturas,	su	vida	espiritual,	su	integridad	y	su	supervivencia	econó mica.³⁷”
A	su	vez,	en	el	caso	Mary	y	Carrie	Dann	(del	pueblo	indıǵena	Western	Shoshone	de	Estados	Unidos),	la	CIDH	expresó que	la	Declaració n	Americana	sobre	Derechos	y	Deberes	del	Hombre	debe	interpretarse	considerando	los	principios	particulares	del	derecho	internacional	en	materia	de	derechos	humanos	que	rigen	los	derechos	individuales	y	colectivos	de	los	pueblos	indıǵenas.³⁸
Sobre	la	base	de	este	aná lisis,	la	Comisió n	opina	que	las	disposiciones	de	la	Declaració n	Americana	deben	interpretarse	y	aplicarse	en	el	contexto	de	los	peticionarios	indıǵenas,	con	debida	consideració n	a	los	principios	particulares	del	derecho	internacional	en	materia	de	derechos	humanos	que	rigen	los	derechos	individuales	y	colectivos	de	los	pueblos	indıǵenas.	Disposiciones	particularmente	pertinentes	de	la	Declaració n	a	este	respecto	son	el	Artıćulo	II	(derecho	a	la	igualdad	ante	la	ley),	el	Artıćulo	XVIII	(derecho	a	un	juicio	justo)	y	el	Artıćulo	XXIII	(derecho	a	la	propiedad).(38)	Comisió n	Interamericana	de	Derechos	Humanos	(CIDH),	2002:	Caso	Mary	y	Carrie	Dann	vs.	Estados	Unidos	de	Norteamé rica.	Informe	de	Fondo	Nº	75/02	de	27	de	diciembre	de	2002,	pá rrafo	124.Como	se	indicó ,	este	criterio	incluye	la	adopció n	de	medidas	especiales	para	garantizar	el	reconocimiento	del	interé s	particular	y	colectivo	que	los	pueblos	indıǵenas	tienen	en	la	ocupació n	y	el	uso	de	sus	tierras	y	recursos	tradicionales	y	su	derecho	a	no	ser	privados	de	este	interé s	excepto	con	un	previo	consentimiento	plenamente	informado,	en	condiciones	de	equidad	y	previa	justa	compensació n.
La	Comisió n	desea	subrayar	que,	al	interpretar	la	Declaració n	Americana	en	el	sentido	de	que	salvaguarda	la	integridad,	supervivencia	y	cultura	de	los	pueblos	indıǵenas	mediante	una	protecció n	efectiva	de	sus	derechos	humanos	individuales	y	colectivos,	la	Comisió n	está respetando	los	propó sitos	mismos	en	que	se	funda	la	Declaració n.³⁹
En	decisiones	posteriores	a	los	mencionados	casos,	el	SIDH	ha	continuado	desarrollando	su	jurisprudencia	en	torno	a	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas.	Durante	los	ú ltimos	añ os	se	ha	profundizado	en	el	contenido	del	derecho	de	propiedad	comunal	de	los	pueblos	indıǵenas	sobre	sus	tierras,	territorios	y	recursos	naturales,	con	base	en	las	disposiciones	de	la	Convenció n	Americana	y	de	la	Declaració n	Americana,	interpretadas	a	la	luz	de	las	normas	del	Convenio	169	de	la	Organizació n	Internacional	de	Trabajo	(OIT),	de	la	Declaració n	de	las	Naciones	Unidas	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas,	del	Proyecto	de	Declaració n	Americana	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas	y	otras	fuentes	de	importancia,	conformando	un	corpus	iuris	coherente	que	de ine	las	obligaciones	de	los	Estados	miembros	de	la	OEA	en	relació n	con	la	protecció n	de	los	derechos	de	propiedad	indıǵenas.
Tal	como	lo	establece	en	las	sentencias	contra	Honduras	del	30	diciembre	2009,	en	los	casos	Punta	Piedra	y	Triunfo	de	la	Cruz,	Respecto	del	uso	y	goce	del	territorio	indıǵena	y	tribal,	este	“Tribunal	recuerda	su	jurisprudencia	segú n	la	cual	se	indica,	inter	alia	que:	“1)	la	posesió n	tradicional	de	los	indıǵenas	sobre	sus	tierras	tiene	efectos	equivalentes	al	tıt́ulo	de	pleno	dominio	que	otorga	el	Estado,	por	lo	que	el	á rea	poseıd
́ a	en	la	prá ctica	es	equivalente	a	la	propiedad;	2)	la	posesió n	tradicional	otorga	a	los	indı́genas	el	derecho	a	exigir	el	reconocimiento	o icial	de	propiedad	y	su	registro	;	3)	los	miembros	de	los	pueblos	indıǵenas	que	por	causas	ajenas	a	su	voluntad	han	salido	o	perdido	la	posesió n	de	sus	tierras	tradicionales	mantienen	el	derecho	de	propiedad	sobre	las	mismas,	aú n	a	falta	de	tıt́ulo	legal,	salvo	cuando	las	tierras	hayan	sido	legıt́imamente	trasladas	a	terceros	de	buena	fe,	y	4)	los	miembros	de	los	pueblos	indıǵenas	que	involuntariamente	han	perdido	la	posesió n	de	sus	tierras,	y	estas	hayan	sido	trasladadas	ilegıt́imamente	a	terceros	inocentes,	tienen	el	derecho	de	recuperarlas	o	a	obtener	otras	tierras	de	igual	Extensió n	y	calidad.”⁴⁰(39)	CIDH	2002:op.cit.	pá rrafo	131
(40)	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	“Caso	comunidad	Garıf́una	de	Punta	de	Piedra	y	sus	miembros	vs	Honduras.	Sentencia	de	8	de	Octubre	de	2015	(Excepciones	Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas)”	Ası	́como	la	sentencia
“Comunidad	Garıf́una	Triunfo	de	la	Cruz	y	sus	miembros	vs.	Honduras.	Sentencia	de	8	de	Octubre	de	2015.	(Fondo,	Reparaciones	y	Costas)”.Por	su	valor	jurıd
́ ico	para	el	desarrollo	de	los	derechos	humanos	especialmente	cuando	se	realizan	en	el	ejercicio	las	atribuciones	que	los	instrumentos	de	derechos	humanos	otorgan.	Nos	proponemos	en	este	apartado	presentar	una	recopilació n	de	las	principales	recomendaciones	formuladas	por	los	ó rganos	internacionales	en	materia	de	derechos	humanos	de	los	pueblos	indıǵenas	al	Estado	de	Honduras.⁴¹
4.4.1.-	El	Comité	de	los	Derechos	Humanos	de	las	Naciones	Unidas	ha	recomendado.
El	Estado	Parte	deberıá	garantizar	a	los	miembros	de	las	comunidades	indıǵenas	el	pleno	goce	del	derecho	a	tener	su	propia	vida	cultural.	Deberıá	tomar	las	medidas	necesarias	para	resolver	el	problema	relativo	a	las	tierras	ancestrales	indıǵenas.	Mayo	2007.
4.4.1.1.-	Comité	de	Derechos	del	Niño
El	Comité exhorta	al	Estado	Parte	a:	Seguir	revisando	su	legislació n	a	in	de	que	se	ajuste	plenamente	al	artıćulo	2	de	la	Convenció n	y	velar	por	el	cumplimiento	cabal	de	todas	las	disposiciones	legislativas	que	prohıb
́ en	la	discriminació n;
b)	Combatir	la	discriminació n	velando	por	la	igualdad	de	acceso	a	la	educació n,	los	servicios	sanitarios	y	los	programas	de	alivio	de	la	pobreza,	y	prestar	atenció n	especial	a	la	situació n	de	las	niñ as;
c)	Llevar	a	cabo	campañ as	generales	de	sensibilizació n	para	prevenir	y	combatir	todas	las	formas	de	discriminació n;	d)	Incluir	en	su	pró ximo	informe	perió dico	informació n	concreta	sobre	las	medidas	y	programas	que	haya	emprendido,	que	tengan	pertinencia	para	la	Convenció n	sobre	los	Derechos	del	Niñ o,	atendiendo	a	la	Declaració n	y	al	Programa	de	Acció n	aprobados	en	2001	en	la	Conferencia	Mundial	contra	el	Racismo,	la	Discriminació n	Racial,	la	Xenofobia	y	las	Formas	Conexas	de	Intolerancia,	teniendo	en	cuenta	tambié n	la	Observació n	general	Nº	1	del	Comité sobre	los	propó sitos	de	la	educació n	(CRC/GC/2001/1)	Diciembre	de	2006.
4.4.1.2.-	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales
El	Comité recomienda	que	el	Estado	Parte	reconozca	los	derechos	econó micos,	sociales	y	culturales	de	las	poblaciones	indıǵenas	por	ser	un	grupo	minoritario	especı́ ico	y	vele	por	su	protecció n	má s	e icaz	contra	la	discriminació n,	en	particular	en	materia	de	empleo,	salud	y	educació n.	Mayo	2001
El	Comité recomienda	que	el	Estado	Parte	haga	gestiones	para	velar	por	que	las	poblaciones	indıǵenas	puedan	recibir	una	educació n	y	utilizar	el	sistema	judicial	en	sus	propios	idiomas.	Mayo	2001.
(41)	Compilació n	delas	recomendaciones	de	los	Organos	de	Tratados	de	Derechos	Humanos.	O icina	Regional	para	Amé rica	Central	de	la	Alta	Comisionada	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	(OANUDH.	(42)	Recopilació n	preparada	por	la	O icina	del	Alto	Comisionado	de	las	Naciones	Unidas	para	los	Derechos	Humanos	con	arreglo	al	pá rrafo	15	b)	del	anexo	de	la	resolució n	5/1	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	y	al	pá rrafo	5	del	anexo	de	la	resolució n	16/21	del	Consejo	de	Derechos	Humanos	Grupo	de	Trabajo	sobre	el	Examen	Perió dico	Universal	2º	perıo
́ do	de	sesiones	4	a	15	de	mayo	de	2015.
(43)	CERD/C/HND/CO/1-5,	para.	17.	68.	El	CERD	notó la	falta	de	consulta	con	relació n	a	proyectos	de	desarrollo	y	recursos	naturales	u	otras	legislaciones	o	programas	que	afectaban	a	los	pueblos	indı́genas	y	comunidades	afrohondureñ as.	Exhortó a	Honduras	a	desarrollar	mecanismos	para	la	implementació n	de	dicho	derecho	y	garantizar	su	acceso	a	los	tribunales	para	defender	sus	derechos	tradicionales	y	su	derecho	a	ser	consultados	antes	de	que	se	otorgasen	concesiones,	ası	́como	a	recibir	una	indemnizació n	justa	por	perjuicio	sufrido⁴⁴.	ONU	Honduras	señ aló que	Honduras	era	parte	en	el	Convenio	Nº	169	de	la	OIT,	pero	no	contaba	con	una	ley	que	regulase	el	mecanismo	de	consulta.	⁴⁵	69.	La	Relatora	Especial	sobre	la	violencia	contra	la	mujer	encontró preocupante	la	violencia	contra	las	mujeres	indıǵenas	y	las	mujeres	y	niñ as	afrodescendientes,	ası	́como	la	expulsió n	de	los	pueblos	indıǵenas	de	sus	tierras	en	favor	de	proyectos	privados	de	explotació n	que	colocaban	a	comunidades	enteras	en	una	situació n	de	riesgo	y	vulnerabilidad	extremos.⁴⁶
70.	ONU-Honduras	señ aló que	la	tasa	de	mortalidad	infantil	y	la	de	desnutrició n	cró nica	infantil	de	los	pueblos	indıǵenas	y	afrohondureñ os	eran	má s	altas	que	las	respectivas	tasas	nacionales.	La	falta	de	inscripció n	de	los	nacimientos	tambié n	afectaba	a	dichos	pueblos,	especialmente	a	los	misquitos,	má s	que	al	resto	de	la	població n	hondureñ a.⁴⁷
84.	AI	(Amnistıá	Internacional)	instó a	Honduras	a	que	garantizase	los	derechos	humanos,	tanto	individuales	como	colectivos,	de	los	pueblos	indıǵenas	y	las	comunidades	garıf́unas;	que	impidiese	las	violaciones	y	los	abusos	contra	esas	comunidades	y	sus	dirigentes	y	se	asegurase	de	que	fuesen	investigados	y	sancionados;	que	proporcionase	reparació n	a	las	vıćtimas,	independientemente	de	que	los	delitos	hubiesen	sido	perpetrados	por	agentes	estatales	o	no	estatales;	y	que	garantizase	su	derecho	a	la	consulta	y	el	consentimiento	libres,	previos	e	informados	cuando	los	proyectos	afectasen	a	sus	tierras	o	territorios	ancestrales.⁴⁸
85.	La	sociedad	civil	instó a	Honduras	a	que	aplicase	plenamente	la	Declaració n	Americana	sobre	los	Derechos	de	los	Pueblos	Indıǵenas	y	el	Convenio	Nº	169	de	la	OIT.⁴⁹
86.	En	la	JS3	se	recomendó respetar	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	especialmente	los	referidos	a	la	tierra,	la	alimentació n	y	la	consulta	previa,	libre	e	informada.⁵⁰
87.	AI	(Amnistıá	Internacional)	instó a	Honduras	a	que	previniese	las	violaciones	y	los	abusos	cometidos	contra	los	derechos	humanos	en	el	contexto	de	la	redistribució n	de	la	tierra,	y	a	que	cumpliese	las	medidas	cautelares	ordenadas	por	la	CIDH	en	relació n	con	las	comunidades	campesinas	y	sus	dirigentes.⁵¹
88.	El	ODHPINH	identi icó el	Programa	REDD+	de	las	Naciones	Unidas	como	problemá tico	para	los	pueblos	indıǵenas	al	no	existir	una	garantıá	sobre	los	territorios,	como	consecuencia	de	la	Ley	de	Propiedad	vigente.	El	ODHPINH	informó de	que	una	organizació n	garıf́una	ha	(44)	Ibid.,	para.	20.
(45)UNCT,	submission	for	the	UPR	of	Honduras,	para.	63.
(46)	Press	release,	see	note	34	above.
(47)	UNCT,	submission	for	the	UPR	of	Honduras,	para.	61
(48)	AI,	page	4.	See	also	Joint	Submission	5	by	Coalició n	contra	la	Impunidad,	para.43.
(49)	CS,	page	5.
(50)	120	Joint	Submission	3	by	Redes	de	organizaciones	contra	proyectos	extractivistas	en	Honduras,	Francisco	Morazá n,	Honduras.	Asociació n	Nacional	de	Fomento	a	la	Agricultura	Ecoló gica	(ANAFAE)	-	34	organizaciones	presentes	en	todo	el	paıś.	Alianza	Hondureñ a	ante	el	Cambio	Climá tico	(AHCC)	-	4	redes	nacionales	e	internacionales	y	17	organizaciones.	Centro	Hondureñ o	de	Promoció n	al	Desarrollo	Comunitario	(CEHPRODEC);	Coalició n	Nacional	de	Redes	Ambientales	de	Honduras;	Fundació n	Nacional	Pico	Bonito	(FUNAPIB),	page	9.	(51)	AI,	page	4.	See	AI	submission,	pages	2-3	for	cases	cited.	See	also	submission	from	the	Interamerican	Commission	on	Human	Rightshecho	una	petició n	ante	la	CIDH	y	tambié n	ante	el	Panel	de	Inspecció n	del	Banco	Mundial	en	relació n	con	el	Proyecto	de	Administració n	de	Tierras	de	Honduras	(PATH)	sobre	la	Ley	de	Propiedad.⁵²
89.	El	ODHPINH	informó que	en	la	actualidad	se	ventilan	dos	casos	en	relació n	a	las	comunidades	garıf́unas	ante	la	Corte	IDH.⁵³
90.	En	seguimiento	de	las	recomendaciones	sobre	la	justicia⁵⁴	y	la	situació n	en	el	Aguá n,	en	la	JS1	se	hizo	referencia	a	las	observaciones	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	los	mercenarios	y	las	recomendaciones	en	cuanto	al	control	de	empresas	privadas	de	seguridad.	Tambié n	se	hizo	referencia	a	observaciones	de	la	CIDH	y	llamamientos	al	Estado	de	Honduras	en	relació n	con	la	desaparició n	de	un	campesino	en	2011.	En	la	JS1	se	recomendó que	se	garantice	la	observancia	de	los	principios	fundamentales	de	justicia	para	las	vıćtimas	de	delitos	y	del	abuso	de	poder;	que	los	iscales	del	Ministerio	Pú blico	apliquen	el	Protocolo	de	Minnesota	y	la	Convenció n	Interamericana	sobre	Desaparició n	Forzada	de	Personas	en	la	investigació n	de	denuncias	de	personas	desaparecidas,	y	que	se	integre	una	comisió n	de	veri icació n	de	avances	en	la	investigació n	y	judicializació n	de	casos	de	vıćtimas	campesinas	del	con licto	agrario	en	el	Aguá n.	⁵⁵
91.	En	la	JS2	se	indicó que	en	el	caso	del	con licto	agrario	del	Bajo	Aguá n,	el	Estado	se	limita	a	intervenir	con	los	cuerpos	represivos	para	desalojar	a	los	campesinos.	Los	desalojos	se	han	realizado	sin	las	su icientes	garantıás	en	cuanto	a	la	certeza	sobre	la	titularidad	y	los	lindes	de	los	terrenos	desalojados.	Las	fuerzas	militares	y	policiales	han	destruido	viviendas,	escuelas,	iglesias	e	instalaciones	productivas.	En	la	JS2	se	recomendó que	se	revise	la	situació n	en	la	regió n	del	Bajo	Aguá n,	en	particular	la	situació n	de	las	personas	enjuiciadas⁵⁶.	El	8	de	mayo	de	2014,	la	CIDH	pidió que	se	adoptaran	medidas	cautelares	en	el	caso	de	las	personas	(52)	Observatorio	de	los	Derechos	Humanos	de	los	Pueblos	Indıǵenas	de	Honduras,	pages	4-5.	See	also	submission	from	the	Interamerican	Commission	on	Human	Rights,	including	Report	No.	93/13,	Petition	1063-07,	Jesú s	Flores	Satuye	et	al.
(53)	Observatorio	de	los	Derechos	Humanos	de	los	Pueblos	Indıǵenas	de	Honduras,	pages	4-5.See	submission	from	the	Interamerican	Commission	on	Human	Rights:	Garıf́una	Community	of	"Triunfo	de	la	Cruz"	and	its	Members,	Honduras	Case	12.548	Date	of	submission	to	the	Court:	February	21,	2013.	Press	Release.	Merits	of	the	case	and	Letter	of	submission	of	the	case	to	the	Court;	Garifuna	Community	of	Punta	Piedra	and	its	Members,	Honduras	Case	12.761.	Press	Release.	Date	o	submission	to	the	Court:	October	1,	2013.	The	letter	of	submission	to	the	Court	and	the	Merits	Report
(54)	A/HRC/16/10,	paras.	82.63	(Switzerland),	82.64	(Netherlands),	82.65	(Costa	Rica)	and	82.73	(Canadá ).
(55)	Joint	Submission	1	by	Observatorio	Permanente	de	Derechos	Humanos,	(OPDHA)	y	Fundació n	San	Alonzo	Rodrıǵuez,	(FSAR),	paras.	19-28	and	29.1.	See	submission	for	cases	cited.	See	submission	from	the	Interamerican	Commission	on	Human	Rights:	94/14	-	IACHR	expresses	concern	over	threats	against	and	arrests	of	campesino	leaders	in	Bajo	Aguá n,	Honduras.	Washington,	D.C.,	August	29,	2014.
(56)	Joint	Submission	2	by	Cá tedra	UNESCO	en	Sostenibilidad	en	coalició n	con	EdPAC,	FIAN	Honduras	y	La	Vıá	Campesina	Honduras,	recommendations	1	and	4.identi icadas	como	miembros	de	varias	organizaciones	campesinas.⁵⁷
4.4.3.-	Recomendaciones	de	la	Comisión	Interamericana	de	Derechos	Humanos.	Pueblos	Indígenas	y	afrodescendientes.	Informe	Situación	de	los	derechos	humanos	en	Honduras.	2015⁵⁸
Informe	aprobado	por	la	CIDH	el	31	de	diciembre	2015	y	recientemente	divulgado	(18	febrero	2016).	A	continuació n	sus	recomendaciones	especı́ icas	al	Estado	hondureñ o	en	materia	de	Pueblos	Indıǵenas	y	Afrodescendientes.
27.	Profundizar	los	esfuerzos	para	proteger	el	goce	efectivo	del	derecho	al	territorio	de	los	pueblos	indı́genas	y	sus	miembros,	como	primer	paso	para	resguardar	sus	derechos	fundamentales,	teniendo	en	cuenta	la	importancia	singular	que	el	derecho	interamericano	de	los	derechos	humanos	ha	reconocido	a	los	derechos	territoriales	de	los	pueblos	indıǵenas,	y	el	papel	central	que	los	territorios	ancestrales	juegan	en	el	respeto	y	garantıá	de	sus	derechos.
28.	Reforzar	las	acciones	dirigidas	a	establecer,	en	un	plazo	razonable	y	con	la	participació n	plena	de	los	pueblos	indıǵenas,	las	medidas	legislativas,	administrativas	o	de	otra	ın
́ dole,	necesarias	para	hacer	efectivo	el	derecho	a	la	consulta	y	consentimiento	previo,	libre	e	informado,	de	conformidad	con	los	está ndares	internacionales	sobre	la	materia;	modi icar	aquellas	normas	que	impidan	su	pleno	y	libre	ejercicio;	y	abstenerse	de	adoptar	disposiciones	contrarias	a	este	derecho.
29.	Intensi icar	acciones	para	respetar	y	garantizar	las	tierras,	y	adoptar	las	medidas	estatales	necesarias	para	cumplir	con	la	obligació n	de	llevar	a	cabo	una	consulta	previa	libre	e	informada	de	los	pueblos	indı́genas	sobre	los	proyectos	desarrollados	en	sus	tierras,	territorios,	y	que	afectan	sus	recursos	naturales,	tomando	en	consideració n	la	especial	relació n	entre	estos	pueblos,	y	la	tierra	y	los	recursos	naturales.
30.	Adoptar	las	medidas	necesarias	para	que	asignar	presupuesto	su iciente	a	la	entidad	estatal	encargada	de	dar	seguimiento	a	los	derechos	de	pueblos	indıǵenas	y	afrohondureñ os.	Implementar	polıt́icas	pú blicas	que	se	ajusten	a	sus	necesidades	y	preocupaciones	y	en	consulta	con	ellos	.
31.	Atender	las	necesidades	en	materia	de	educació n,	nutrició n	y	salud,	salud	materna	de	los	pueblos	indıǵenas	y	afrodescendientes.
32.	En	relació n	a	los	buzos	miskitos,	revisar	la	Ley	de	Pesca	Submarina	de	2001	conforme	a	las	necesidades	de	los	buzos.	Implementar	mecanismos	de	supervisió n	urgentes	a	las	empresas	que	se	dedican	a	la	pesca	submarina.	Proporcionar	una	cá mara	hiperbá rica	en	La	Mosquitia.
33.	Adoptar	acciones	inmediatas	para	asegurar	que	las	actividades	que	realicen	la	Policıá	y	Ejé rcito	Nacional	en	el	contexto	de	la	defensa	de	pueblos	y	comunidades	indıǵenas	de	sus	territorios	ancestrales	y	el	ejercicio	de	sus	derechos,	sean	acordes	con	las	funciones	que	les	competen	en	un	sistema	democrá tico	y	de	conformidad	con	los	está ndares	interamericanos	sobre	la	materia.	(57)	IACHR	Precautionary	Measures,	PM	50/14	-	Campesino	Leaders	of	Bajo	Aguá n,	Honduras.	Available	http://www.oas.org/en/iachr/decisions/precautionary.asp
(58)	http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf	Pá ginas	238	y	2391Los	Llanos	(Taulabé )Disputa	por	la	tierra2Rıo
́ BonitoCriminalizació n	derecho	a	la	tierra3San	Juan:	Lıd
́ er	campesino	LencaAsesinato4Sulaco	(Yoro)Acusació n	por	usurpació n5Rosalio	Vá squez	y	Familia	Criminalizació n	por	defensa	del	territorio6GualingaAsesinatos7Los	Llanos	de	Candelaria	(Aguanqueterique)Derecho	a	la	tierra	(Corredor	logıśtico)8Dirigencia	campesina	de	la	Paz	criminalizadaCriminalizació n	de	lıd
́ eres	lencas(59)	CNTC.	Regional	del	Departamento	de	La	Paz.	Diagnó stico	de	expedientes	judiciales	de	los	departamentos	de	La	Paz,	Comayagua	y	el	municipio	de	Marcala.	Abogada	Iris	Karina	Licona	Talavera.
(60)	20	casos	expuestos	en	el	informe	preliminar:	“La	situació n	de	los	derechos	humanos	en	Taulabé ,	Sulaco	y	La	Paz”	y	6	casos	en	el	informe:	“Resumen	de	los	hechos	de	seis	casos	identi icados	de	violaciones	de	Derechos	Humanos	de	la	població n	indıǵena	lenca	de	Taulabé y	la	Paz”.CASO	1	LOS	LLANOS:	DISPUTA	POR	LA	TIERRA
José Dolores	Aguilar,	Rogelio	Giró n	y	Enrique	Rivera	son	lencas	obligados	a	irmar	medidas	sustitutivas	de	privació n	de	libertad,	por	no	haber	conciliado	con	el	Patronato	de	Los	Llanos,	aldea	del	municipio	de	Taulabé ,	Comayagua,	cuya	dirigencia	los	acusa	por	usurpació n	de	tierras	y	escombro	agravado.
Los	procesados,	que	pertenecen	a	la	Empresa	Campesina	12	de	Mayo,	cuentan	con	el	acompañ amiento	legal	del	COFADEH,	que	actú a	como	garante	de	las	medidas	sustitutivas	impuestas	por	un	juzgado	de	Siguatepeque.	“El	con licto	de	Los	Llanos,	el	má s	reciente,	comienza	cuando	llegó un	grupo	no	asociado	a	ninguna	central	campesina	empezó a	cercar	tierras.	Y	ahı	́se	presentó el	problema	entre	el	patronato	y	el	grupo	lenca,	entre	los	locales	y	los	allegados,	que	entraron	sin	un	aval	de	la	Central	Nacional	de	Trabajadores	del	Campo	u	otra	organizació n	nacional.	Pero	los	acusados	ya	volvieron	todos.	Era	un	con licto	comunitario,	de	la	misma	aldea”.	Ası	́ resume	este	caso	el	sacerdote	cató lico	Eduardo	Mé ndez	Suazo	(padre	Tito),	Secretario	Ejecutivo	de	la	Pastoral	Indıǵena	y	Pá rroco	de	San	Gaspar,	en	Taulabé ;	sin	embargo,	para	el	COFADEH	el	é nfasis	aquı	́es	en	el	derecho	a	la	justicia.CASO	2	RÍO	BONITO:	CRIMINALIZACIÓN	POR	EL	DERECHO	A	LA	TIERRA.
́ Bonito	es	una	comunidad	que	pertenece	al	municipio	de	Siguatepeque,	ubicada	entre	Taulabé y	el	lago	de	Yojoa;	inició su	constitució n	en	1987	por	indıǵenas	lencas	emigrantes	del	departamento	de	La	Paz,	particularmente	de	los	municipios	de	Santa	Marıá	de	Planes,	Marcala,	Colomoncagua	y	Camasca;	actualmente	es	habitada	por	má s	de	1400	personas	indıǵenas	y	campesinas	de	origen	lenca.
En	2011	nació el	grupo	“Creciendo	por	Fe”,	que	inicialmente	fue	apoyado	por	la	CNTC	y	el	Instituto	Nacional	Agrario,	INA,	que	midió la	tierra	y	ofreció el	tıt́ulo	comunitario.	Despué s,	la	Coordinadora	Indıǵena	del	Poder	Popular,	CINPH,	ha	impulsado	gestiones	ante	el	INA	y	el	Instituto	de	la	Propiedad,	IP,	el	otorgamiento	del	tıt́ulo	comunitario	a	22	familias	campesinas	de	origen	y	tradició n	lenca,	que	forman	parte	del	proceso	organizativo.
Los	supuestos	dueñ os	de	la	tierra	recuperada	en	2011	eran	German	Boden	Flores,	Moisé s	Mujica	y	Jesú s	Nataré n,	quienes	alegaban	la	propiedad	sobre	má s	de	60	manzanas	ociosas	por	má s	de	30	añ os.	El	con licto	empezó cuando	empleados	de	los	terratenientes,	disfrazados	como	funcionarios	pú blicos,	levantaron	una	encuesta	para	ofrecer	abonos	y	otros	insumos,	para	documentar	los	nombres	de	Marıá	Consuelo	Avila	(49),	Nolvin	Abener	Herná ndez	(22),	Marıá	Ninfa	Sá nchez	(60),	Juan	Garcıá	Vá squez	(72),	Gerson	Herná ndez	(27)	y	Pantealeona	Garcıá	Vá squez	(40),	a	quienes	luego	procesaron	penalmente	en	Siguatepeque.El	señ or	Erick	Ivá n	Biscuvichi,	de	origen	cubano,	se	responsabilizó del	proceso	y	alegó la	propiedad	de	la	tierra.	El	vive	en	Siguatepeque.
El	Ministerio	Pú blico	imputó a	los	procesados	la	comisió n	de	los	delitos	de	usurpació n,	tala	ilegal	y	dañ os	al	medio	ambiente	en	el	Juzgado	de	Paz	de	Siguatepeque.	El	proceso	inició el	5	de	junio	de	2012	y	desde	el	20	de	ese	mismo	mes	los	imputados	irman	medidas	sustitutivas	de	privació n	de	libertad	en	el	juzgado	de	Taulabé cada	15	dıás,	sin	poder	salir	del	paıś	ni	acercarse	a	la	tierra	en	disputa.	La	defensa	de	los	acusados	estuvo	a	cargo	inicialmente	del	abogado	Canales,	de	Tegucigalpa,	pero	despué s	de	su	renuncia	al	caso	la	abogada	Karla	Alegrıá,	de	Vıá	Campesina,	asumió sin	acreditarse	aú n	con	nota	formal	ante	el	juzgado	respectivo.	El	expediente	del	caso	es	conocido	como	Usurpació n	de	Tierras	en	Rıo
́ Bonito.
Juan	Garcıá	Vá squez,	lıd
́ er	de	Rıo
́ Bonito	vıćtima	del	proceso	penal	por	usurpació n	en	Siguatepeque,	era	en	1984	celebrador	de	la	Palabra	en	Planes	de	Santa	Marıá,	cuando	fue	desaparecido	temporal	por	el	batalló n	de	Ingenieros	de	Siguatepeque	en	Laguna	Seca,	San	José Comayagua,	siendo	torturado,	acusado	de	pertenecer	al	movimiento	insurreccional	Lorenzo	Zelaya.	Fue	preso	polıt́ico	en	la	Penitenciarıá	Central,	en	Tegucigalpa,	donde	fue	exhibido	a	los	medios	como	terrorista	junto	a	otros	prisioneros,	quienes	hicieron	huelga	de	hambre	en	1985	durante	el	gobierno	de	Suazo	Có rdova,	saliendo	libres	por	amnistıá	en	1986	en	el	gobierno	de	Azcona	Hoyo.	Juan	estaba	en	lista	de	exiliado	a	Europa,	pero	tras	ser	amnistiado	emigró en	1987	a	Comayagua	con	sus	5	hijos	e	hijas.
Las	personas	procesadas	gastan	200	lempiras	cada	15	dıás,	lo	que	representa	una	renta	de	400	lempiras	mensuales	por	persona.	Todos	suman	2,400	lempiras	mensuales	só lo	en	transporte,	sin	incluir	alimentació n	e	imprevistos.	Por	eso	piden	apoyo	legal	para	encontrar	una	forma	de	suspender	o	reclasi icar	las	medidas,	por	los	altos	costos	econó micos	y	dañ os	polıt́icos	que	representa	para	la	imagen	de	las	vıćtimas	y	su	organizació n.CASO	3	SAN	JUAN:	ASESINATO	DE	LÍDER	LENCA.
El	grupo	Comunidad	Indı́gena	“Jardines	del	Valle”,	de	San	Juan,	municipio	de	Ceguaca,	Santa	Bá rbara,	fue	desalojado	en	forma	violenta	en	agosto	2015	por	un	grupo	armado	de	4	miembros	de	la	familia	Rıo
́ s,	quienes	alegan	la	propiedad	de	80	manzanas	de	tierra	en	poder	de	la	comunidad	asentada.	En	el	desalojo	murió asesinado	a	balazos	el	lıd
́ er	del	grupo	Moisé s	Duró n,	asentado	en	la	zona	desde	hacı́a	tres	dé cadas	cuando	llegó como	obrero	en	la	construcció n	de	la	carretera	Pito	Solo	–	Santa	Bá rbara.	“Causas	de	muerte:	hematomas	mú ltiples,	traumatismo	tó xico	provocado	por	herida	de	arma	de	fuego”,	dice	el	dictamen	de	la	autopsia.	El	iscal	Vicente	Reyes	y	el	alcalde	de	Ceguaca,	Luis	Antonio	Enamorado	Muñ oz,	participaron	en	el	levantamiento	del	cuerpo,	que	fue	llevado	a	San	Pedro	Sula,	donde	su	familia	lo	sepultó en	el	cementerio	“Parque	Memorial	de	la	Resurrecció n”.	Duró n	estaba	acompañ ado	con	Antonia	Herná ndez	Pineda	(59),	nativa	de	Ceguaca,	quien	fue	despojada	de	los	bienes	de	la	vıćtima	y	declaró sentirse	amenazada.	Uno	de	los	supuestos	hechores,	Saú l	Rıo
́ s,	fue	capturado	por	la	policıá	el	12	de	enero	de	2016	en	atenció n	a	una	orden	de	captura	emitida	por	el	juzgado	penal	de	Santa	Bá rbara.	Para	ampliar	los	detalles	una	delegació n	del	COFADEH	visitó el	27	de	enero	de	2016	la	sede	del	Ministerio	Pú blico	y	el	juzgado	en	la	cabecera	del	departamento,	pero	no	pudo	acceder	al	expediente	investigativo.
El	COPINH	asumió inicialmente	la	defensa	del	grupo	con	indıǵenas	del	rıo
́ Blanco	e	hizo	la	denuncia	pú blica,	pero	el	proceso	no	avanzó por	falta	de	acusació n	de	los	familiares	de	Moisé s,	quienes	temen	al	poder	de	las	in luencias	polıt́icas	sobre	el	tribunal	departamental.	Un	diputado	originario	del	departamento	de	Santa	Bá rbara,	directivo	del	Congreso	Nacional,	es	mencionado	por	la	comunidad	de	San	Juan	como	uno	de	los	proveedores	de	armas	y	municiones	para	practicar	los	desalojos	violentos	en	el	sector.	El	caso	está en	manos	del	iscal	Nery	Betancourt.CASO	4	SULACO,	YORO.	CONTINÚA	EL	JUICIO	POR	“USURPACIÓN”
Como	se	explicó antes,	Sulaco	está ubicado	al	sur	de	Yoro	en	la	frontera	con	el	municipio	de	San	José ,	Comayagua.	Aquı	́el	caso	identi icado	por	el	COFADEH	lo	describe	Carlos	Omar	Velá squez,	tesorero	de	la	Asociació n	de	Educació n	Comunitaria,	AECO,	y	miembro	de	la	Empresa	“Herná ndez	Figueroa”	de	la	CNTC	regional	de	Francisco	Morazá n,	con	cobertura	en	Yoro.
“La	familia	Herná ndez	Figueroa	se	creıá	dueñ a	de	las	142	manzanas	de	tierra	nacional	y	90	m a n z a n a s d e c o n d u e ñ a s , q u e f u e r o n	recuperadas	por	la	CNTC	en	2005	para	sembrar	maıź	y	frijoles	que	alimentan	a	46	familias	en	la	comunidad	de	El	Chorro,	afuera	del	pueblo	de	Sulaco.	Actualmente	la	empresa	es	dirigida	por	Francisco	Gutié rrez	(presidente),	José Marıá	Tomé (secretario)	y	José Archaga	(tesorero),	entre	otros.	El	con licto	empezó cuando	se	abrió un	proceso	penal	contra	21	miembros	de	la	Empresa	por	los	delitos	de	usurpació n	en	perjuicio	del	señ or	Juan	José Mencıá	Estrada,	otro	supuesto	dueñ o	de	la	tierra,	pero	recibimos	carta	de	libertad	16	personas	de	ese	grupo	el	23	de	agosto	de	2007.	Emitió la	carta	la	abogada	jueza	Josefa	Dolores	de	Yoro,	la	cabecera.	Pero	a	los	22	dıás	nos	advirtieron	que	el	proceso	seguıá	vigente.
“Estuvimos	con	medidas	7	personas	un	año	y	6	meses,	presentándonos	cada	8	días	los	viernes	al	juzgado	de	paz	de	Sulaco.	Hubo	un	acuerdo	el	12	de	octubre	de	2011	con	José	Mencía	en	el	INA	en	Tegucigalpa,	irmado	frente	a	notarios	del	INA	y	la	Junta	Directiva	de	la	empresa,	comprometiéndose	a	levantar	los	procesos,	proponiendo	la	venta	de	las	tierras	al	Estado	para	su	traspaso	a	nosotros,	quedando	de	acuerdo	ambas	partes	para	irmar	el	21	de	octubre.	El	INA	quedó	a	la	espera	de	la	presentación	de	los	documentos	de	propiedad	por	el	señor	Mencía,	quien	se	había	comprometido	a	ir	al	Ministerio	Público	a	suspender	los	procesos,	pero	no	lo	hizo.	Y	eso	nos	tiene	a	nosotros	otra	vez	en	incertidumbre	jurídica.	Criminalizados,	expuestos	a	nuevas	órdenes	de	captura.	El	19	de	agosto	de	2015,	10	años	después	de	poseer	la	tierra,	se	rompió	de initivamente	aquél	acuerdo	con	el	desalojo	violento	que	nos	hicieron	la	policía	de	Yoro	y	Cortés,	nos	destruyeron	23	de	43	viviendas,	usaron	maquinaria	pesada	para	derribarlas.	Ahora	nuestro	argumento	es	que	la	tierra	es	nacional,	son	142	manzanas.	Si	bien	en	el	desalojo	no	hubo	detenidos,	nos	advirtieron	que	nos	fuéramos.	No	nos	fuimos.	La	tierra	fue	recuperada	en	la	madrugada	del	día	siguiente	y	ejercemos	control	territorial	sobre	232	manzanas	en	laderas	y	planes.	La	empresa	campesina	demandó	por	daños	a	Juan	José	Mencía	en	San	Pedro	Sula,	donde	habita.	Pero	ya	empezó	a	circular	un	listado	de	personas	a	quienes	nos	advierten	sobre	los	nuevos	procesos,	y	llegó	la	Fiscal	de	Derechos	Humanos	de	Tegucigalpa	el	10	de	septiembre	de	2015	a	hacer	entrevistas	con	las	personas	dañadas.	A	la	CNTC	de	Sulaco	nos	apoyaba	el	abogado	Dagoberto	Montes,	de	El	Progreso,	Yoro,	pero	nos	cobró	60	mil	lempiras	para	parar	el	desalojo.	No	lo	hizo.	Y	no	volvió	a	aparecer.	Actualmente,	está	por	apoyarnos	el	Socorro	Jurídico	de	El	Progreso”.	CASO	5	ROSALÍO	VÁSQUEZ	y	SU	FAMILIA.	CRIMINALIZACIÓN	POR	DEFENSA	DEL	TERRITORIO.
En	la	comunidad	El	Potrero,	Santa	Elena	(La	Paz),	el	22	de	diciembre	de	2015,	hubo	un	encuentro	de	fú tbol	entre	dos	equipos	de	la	comunidad:	El	Centro	--	que	está a	favor	de	larepresa	sobre	el	Rıo
́ Chinacla	--	y	otra	comunidad	vecina,	que	está en	contra;	en	medio	de	la	competencia	se	produjo	un	enfrentamiento	entre	6	miembros	del	Consejo	Indıǵena	y	10	integrantes	del	grupo	impulsor	de	la	empresa	Los	Encinos,	resultando	asesinado	Jacinto	Gonzá lez	y	golpeados	los	integrantes	del	Consejo;	en	el	lugar	fueron	capturados	y	acusados	3	indıǵenas,	uno	señ alado	de	ser	autor	material	de	la	muerte	y	uno	má s,	Rosalı́ o	Vá squez,	presidente	del	Consejo	Indıǵena	de	El	Potrero,	quien	evitó la	detenció n	fue	acusado	tambié n	por	el	hecho.	Vá squez	es	lıd
́ er	de	la	oposició n	a	la	represa	sobre	el	rıo
́ y	su	Movimiento	Independiente	Indıǵena	Lenca	de	La	Paz,	Honduras,	MILPAH,	está a	la	espera	del	juicio	oral	y	pú blico	en	Marcala,	para	probar	su	inocencia.
Despué s	de	aqué l	hecho,	el	27	de	diciembre	de	2015,	la	policıá	penetró la	comunidad	indıǵena	de	El	Potrero	con	20	efectivos	militares	y	10	civiles	armados	buscando	drogas	y	municiones,	preguntando	por	Rosalıo
́ para	capturarlo.	Al	no	encontrarlo,	procedieron	a	torturar	a	3	mujeres	y	3	niñ os,	incluyendo	a	Miriam,	la	esposa	de	Rosalıo
́ ,	a	quien	golpearon	a	punta	pies	pese	a	estar	embarazada	(6	meses).	La	mujer	fue	internada	grave	en	el	Hospital	Escuela	de	Tegucigalpa	por	20	dıás	y	sobrevivió a	sın
́ tomas	de	un	aborto.	Otra	mujer	embarazada,	Felıćita	Vá squez	Vá squez,	de	cinco	meses	de	gestació n,	tambié n	fue	golpeada	en	la	invasió n	militar	a	la	comunidad	y	ella	sı,́	ocho	dıás	despué s,	abortó .	Rosa	no	dijo	a	sus	agresores	que	estaba	embarazada.	Por	este	hecho,	MILPAH	presentó denuncia	formal	ante	el	Ministerio	Pú blico	de	Marcala	(La	Paz).	Y	dieron	testimonio	en	Tegucigalpa	a	PBI	y	al	Cehprodec.
El	Programa	Brigadas	de	Paz	Internacional,	PBI,	y	el	Centro	de	Promoció n	y	Desarrollo	Comunitario,	CEHPRODEC,	que	realizan	trabajo	de	acompañ amiento	legal	e	incidencia	en	la	zona,	pidieron	11	medidas	cautelares,	que	fueron	otorgadas	por	la	CIDH⁶¹	a	igual	nú mero	de	liderazgos	y	otras	6	medidas	está n	en	trá mite	desde	diciembre	2015.
La	policıá,	sin	embargo,	alega	que	no	entiende	la	diferencia	entre	medidas	sustitutivas	y	medidas	cautelares.	Y	por	eso	ni	respetan	ni	cumplen,	se	empeñ an	en	cazar	a	Rosalıo
́ .	Las	medidas	cautelares	de	la	CIDH	fueron	otorgadas	a	principios	de	diciembre	de	2015	a	travé s	de	CEHPRODEC,	que	creó ademá s	un	Equipo	de	DDHH	con	apoyo	té cnico,	jurıd
́ ico	y	material	a	la	zona.
Una	niñ a	de	11	añ os	que	sufrió el	tiroteo	directo	y	otra	que	fue	alzada	del	pelo,	preguntá ndole	por	las	armas	y	las	drogas	de	su	papá ,	sufren	traumas,	sueñ an	con	la	presencia	agresiva	de	los	militares.	Se	necesita	apoyo	psicoló gico	porque	los	niñ os	tienen	miedos	y	han	abandonado	la	escuela.	Otros	niñ os	cuyas	familias	está n	en	contra	de	la	represa	sufren	maltratos	por	sus	compañ eros	cuyos	padres	está n	a	favor	de	la	hidroelé ctrica,	y	los	profesores	se	limitan	a	registrarlos	como	ausentes.	(61)	El	24	de	noviembre	de	2015	la	Comisió n	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	concedido	medidas	cautelares	a	favor	de	lıd
́ eres	y	lideresas	de	MILPAH	y	entre	ellos	de	Ana	Mirian	Romero,	su	esposo	Rosalıo
́ Vá squez	y	el	resto	de	su	familia	bajo	el	nú mero	46/2015.
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC589-15-Es.pdfCASO	6	GUALINGA:	HOMICIDIOS	POR	DEFENSA	DEL	TERRITORIO
"Nosotros	como	Consejo	Indıǵena	hemos	tomado	la	decisió n	de	no	salir	por	las	noches	ni	nos	dejamos	seducir	de	nadie	con	ofertas	para	vender	o	traicionar	al	pueblo,	porque	los	impulsores	de	las	represas	siempre	andan	buscando	hacernos	dañ o.
Gregorio	y	Rosendo	son	indıǵenas	como	nosotros,	viven	cerca	de	Gualinga,	pero	no	comparten	nuestra	lucha,	son	activistas	del	Partido	Nacional,	y	nos	llaman	izquierdistas	por	oponernos	a	los	proyectos	de	ellos.
En	diciembre	de	2015	en	Santa	Elena,	La	Paz,	hubo	5	crım
́ enes	--	describe	Felipe	Benıt́ez,	el	Coordinador	de	MILPAH,	integrante	ademá s	del	primer	consejo	indıǵena	de	esta	comunidad	-,	se	trata	de	Domingo	Martın
́ ez,	Juan	Francisco	Martın
́ ez	Má rquez	(hijo),	quienes	estuvieron	dos	meses	en	la	comunidad	vecina	de	Azacualpa	oponié ndose	a	la	represa	hidroelé ctrica	sobre	el	rıo
́ Chinacla;	otra	vıćtima	es	el	joven	Selvin	Darıo
́ Orellana,	asesinado	cerca	de	Gualinga;	Javier	Vá squez	y	Silvestre	Manueles	Gó mez,	quien	apareció muerto	en	el	rıo
́ Chinacla,	cortado	sus	ó rganos	genitales,	torturado”.	Felipe	denuncia,	tambié n,	una	campañ a	por	la	que	responsabiliza	al	alcalde	municipal	de	Santa	Elena,	Santos	Vıćtor	Ventura	y	a	activistas	de	su	partido,	el	Nacional:	“los	que	mataron	a	Silvestre	actuaron	por	orden	de	Felipe”,	dicen	en	su	contra	y	por	lo	cual	presentó denuncia	en	la	Fiscalıá	Especial	de	las	Etnias.	El	Movimiento	MILPAH	instaló un	puesto	de	control	comunitario	en	Azacualpa	para	impedir	las	operaciones	de	la	hidroelé ctrica	en	Santa	Elena;	Javier	Vá squez	era	un	adolescente	que	acarreaba	el	agua	y	levantaba	los	carteles	contra	la	represa	en	ese	sector,	y	despué s	fue	muerto	en	forma	violenta.
Felipe	menciona	a	Romualdo	Benıt́ez,	activista	del	Partido	Liberal	y	del	Partido	Nacional,	ademá s	de	Jorge	Pé rez,	del	Catastro	Municipal,	como	presuntos	responsables	de	una	campañ a	de	odio	y	descali icació n	contra	quienes	se	oponen	a	la	represa	Los	Encinos	y	los	ubica	como	informantes	del	ejé rcito,	que	construyen	la	acusació n	de	sedició n	y	terrorismo	para	luego	atacarlos	fıśicamente.
Benıt́ez	tambié n	denuncia	que	un	jefe	de	la	policıá	en	Marcala,	Damiá n	Galindo,	hacıá	fotografı́as	a	los	liderazgos	de	MILPAH	para	convertirlos	en	blanco	de	la	campañ a	antiterrorista	y	luego	de	su	reporte	pú blico	los	jefes	lo	trasladaron	a	La	Paz,	pero	sigue	con	in luencias	en	la	zona.	A	nivel	del	municipio	de	Santa	Elena	han	muerto	asesinadas	20	personas,	dentro	y	fuera	de	los	linderos	del	municipio.	Los	asesinatos	han	ocurrido	desde	que	se	dio	la	concesió n	del	rıo
́ ,	y	todos	permanecen	en	impunidad.	El	añ o	pasado	(en	noviembre	2015)	se	realizó un	campamento	solidario	de	dos	dıás	con	varias	organizaciones	coordinadas	por	Cehprodec,	Fundació n	Pico	Bonito,	Zacate	Grande,	Valle	de	Siria,	Copinh,	CINPH,	el	Movimiento	Ambientalista	Santabarbarense,	MAS,	aproximadamente	1600	personas	protestando	contra	esta	situació n.	En	esos	dıás	Rosendo	Pé rez	y	Gregorio	Martın
́ ez	Vá squez,	Goyo,	activistas	de	la	empresa	represadora	Aurora	II	propiedad	de	in luyentes	polıt́icos	locales	acusaron	a	los	organizadores	de	la	protesta	de	ser	enemigos	del	desarrollo,	ladrones	y	criminales.CASO	7	CORREDOR	LOGÍSTICO	VERSUS	COMUNIDAD	INDÍGENA	DE	LLANOS	DE	CANDELARIA,	AGUANQUETERIQUE,	LA	PAZ
Esta	comunidad	cuenta	con	un	tıt́ulo	colectivo	de	propiedad	y	su	Consejo	Indıg
́ ena	con	personerıá	jurıd
́ ica,	otorgados	por	el	Estado	hondureñ o	en	2001.	Pero	a	partir	del	añ o	2007	han	reportado	la	inscripció n	fraudulenta	de	una	escritura	pú blica	a	favor	de	una	persona	ladina	residente	en	la	ciudad	de	Tegucigalpa,	por	lo	que	interpusieron	denuncia	ante	el	Ministerio	Pú blico	en	la	ciudad	de	La	Paz	bajo	la	responsabilidad	del	abogado	Julio	Ló pez	Casaca,	quien	no	ha	reportado	sobre	sus	diligencias	profesionales	que	le	costaron	a	MILPAH	má s	de	120	mil	lempiras.
La	dirigencia	del	Consejo	Indıǵena	denunció que	por	hacer	pú blica	esta	nueva	escrituració n	sobre	su	territorio	sufren	represió n	y	criminalizació n	en	los	juzgados	de	Paz	en	Aguanqueterique,	donde	se	llevó a	cabo	ya	la	primera	audiencia	el	dıá	11	de	enero	del	2016	sin	ningú n	resultado.
Las	empresas	SICSA	Y	CAUSA,	ejecutores	del	canal	seco	Comayagua	la	Unió n	El	Salvador,	usurparon	el	territorio	del	Consejo	Indıǵena	para	extraer	material	selecto	y	construir	la	carretera	interdepartamental,	sin	consulta	previa.	El	13	de	enero	de	2016	fueron	citados	los	lıd
́ eres	del	Consejo	Indıǵena	por	el	alcalde	municipal	a	un	cabildo	abierto	bajo	su	control,	en	el	que	se	pretendió invalidar	el	tıt́ulo	comunitario	de	los	indıǵenas	e	imponer	como	obligatorio	el	botadero	de	basura	en	su	territorio	y	el	paso	de	las	empresas	constructoras,	contando	para	ello	con	el	aval	de	los	presidentes	de	los	patronatos	dirigidos	por	activistas	del	partido	de	gobierno.	El	Consejo	rechazó la	proposició n,	por	lo	que	luego	fueron	citados	por	las	empresas	constructoras	del	canal	para	negociar	directamente	el	paso	del	proyecto,	prometié ndoles	el	mejoramiento	de	la	calle	interna	de	la	comunidad	y	el	pago	de	cincuenta	lempiras	por	metro	de	material	selecto	extraıd
́ o	a	partir	de	la	fecha	y,	ademá s,	que	los	pagos	del	material	extraıd
́ o	anteriormente	se	harıán	previo	informes	de	la	empresa,	bajo	la	presencia	de	un	abogado.	El	19	de	enero	de	2016	la	Municipalidad	reanudó por	la	fuerza	el	botado	de	basura	y	las	empresas	continuaron	sus	trabajos.	El	ambiente	es	tenso.	En	2015	el	Consejo	Indıǵena	presentó denuncia	ante	la	Fiscalıá	de	las	Etnias	en	Tegucigalpa	contra	las	dos	empresas	constructoras	y	la	primera	actuació n	de	la	Fiscalıá	fue	pedir	al	INA	una	certi icació n	del	tıt́ulo	comunitario	del	Consejo	Indıǵena.	La	intenció n	que	observa	la	comunidad	es	la	de	imponer,	bajo	criterios	de	proyecto	de	interé s	nacional,	el	paso	del	Canal	Seco	por	su	territorio.	Piden	una	nueva	medició n	de	su	territorio	y	el	INA	responde	que	necesita	45	mil	lempiras	para	hacerlo.	Y	frente	a	ello,	el	liderazgo	de	la	comunidad	demanda	acompañ amiento	legal.CASO	8	DIRIGENCIA	DE	LA	PAZ	CRIMINALIZADA
La	coordinadora	de	la	Radio	Comunitaria	S u y a g u a r e , d e l a C e n t r a l N a c i o n a l d e	Trabajadores	del	Campo	en	la	comunidad	indıǵena	lenca	de	El	Pedernal,	en	San	José ,	La	Paz,	detalló que	cuatro	de	los	dirigentes	regionales	de	su	organizació n	sufren	medidas	sustitutivas	de	privació n	de	libertad,	teniendo	que	irmar	en	La	Paz,	la	cabecera:	Eulalio	Lazo	(Empresa	Asociativa	Superació n	2005	de	Florida,	Marcala),	Darıo
́ Ló pez	(Base	Brisas	del	Norte,	Las	Moras,	La	Paz)	y	Samuel	Antonio	Vá squez	(base	Sabana	Redonda	de	Lepaguare,	Tutule,	que	irma	ahı)́.	Tambié n	a irmó que	hay	miembros	de	la	CNTC	que	ienen	hasta	10	añ os	de	estar	irmando	medidas,	perdiendo	dıás	de	trabajo	y	gastando
dinero	por	las	distancias.	Entre	quienes	sufren	esta	realidad	destacan	miembros	de	las	empresas	“San	Miguel	A	Progresar”,	9	de	julio	en	Tutule	(7	añ os	irmando	4	miembros),	Nuevo	Amanecer	(4	miembros)	y	en	Opatoro,	igualmente.	Sebastiá n	Reyes,	dirigente	del	sector	de	Tutule,	y	José Herná ndez,	son	amenazados	por	el	policıá	Edwar	Osorio	Santos,	de	la	posta	de	Planes	Santa	Marıá,	quien	les	grita	¡los	voy	a	capturar	vivos	o	muertos,	hijos	de	puta!	El	caso	de	mayor	preocupació n	para	la	CNTC	es	el	de	Wilman	Chá vez,	secretario	general	de	la	regional	de	La	Paz,	porque	tiene	orden	de	captura	desde	principios	de	2011,	imputado	por	los	delitos	de	usurpació n	de	tierras,	dañ os	agravados	a	la	propiedad	privada,	portació n	ilegal	de	armas	y	robo.	Chá vez	es	esperado	en	los	caminos	por	policıás	que	usan	computadoras	portá tiles	con	bases	de	datos	de	los	juzgados,	detienen	el	transporte	pú blico,	bajan	a	los	pasajeros	y	los	revisan,	tratando	de	detenerlo.	Los	retenes	policiales	son	habituales	en	Cane,	La	Paz	y	Sigamane,	Chinacla,	La	Paz.	Este	dirigente	vive	preocupado	por	la	falta	de	presupuesto	para	la	legalizació n	de	las	tierras,	causas	para	que	los	terratenientes	presionen	por	los	pagos	o	por	sus	apresamientos.
André s	Domın
́ guez,	un	té cnico	de	la	CNTC,	describe	que	en	El	Arrozal,	en	Planes	de	Santa	Marıá,	el	16	de	julio	2015	desalojaron	a	familias	lencas	y	torturaron	niñ os,	una	anciana	de	70	añ os	y	una	mujer	embarazada,	abortó .	Esto	no	es	aislado	a	lo	que	pasa	en	Santa	Elena	y	acusó a	la	Municipalidad	de	Santa	Marıá	por	confabulació n	con	los	jueces	y	los	policıás,	porque	engañ aron	a	las	partes	en	negociació n	de	la	tierra:	las	invitaron	a	reunió n	y	ofrecieron	gas	pimienta,	toletazos,	disparos	y	torturas.	Las	denuncias	fueron	hechas	al	Comisionado	de	Derechos	Humanos	y	a	los	medios	de	comunicació n,	pero	no	hubo	actuaciones	contra	los	policıás	En	la	base	9	de	julio,	en	La	Huerta,	Tutule,	tambié n	hubo	desalojos	violentos	en	2015.
Como	consecuencia	fueron	abiertos	procesos	penales	en	La	Paz,	Marcala,	Tutule	y	en	la	Penitenciarıá	Nacional	de	Tá mara	y	Comayagua,	por	asociació n	de	alcaldes,	iscalıá	y	policıá.	La	CNTC	enlista	3	campesinos	de	origen	lenca	prisioneros	en	la	cá rcel	nacional	de	Tá mara,	2	en	el	centro	penal	de	Comayagua	y	3	en	La	Paz.
Ademá s,	está n	procesados	aproximadamente	300	campesinos	y	campesinas;	en	Opatoro	hay	30	mujeres	criminalizadas,	con	delitos	de	usurpació n	de	tierras,	dañ os	a	propiedad	privada,	dañ os	y	posesió n	de	armas.	Casi	toda	la	dirigencia	de	la	CNTC	La	Paz	enfrenta	ó rdenes	de	captura,	y	amenazas.De	acuerdo	con	lo	establecido	en	el	proyecto,	de	los	casos	seleccionados	el	Cofadeh	presta
asistencia	jurıd
́ ica,	al	menos	a	dos	casos:5.3.1.-	Taulabé	(Comayagua).
José Dolores	Aguilar,	Rogelio	Giró n	y	Enrique	Rivera	son	indıǵenas	lencas	obligados	a irmar	medidas	sustitutivas	de	privació n	de	libertad,	por	no	haber	conciliado	con	el	Patronato	de	Los	Llanos,	aldea	de	Taulabé ,	Comayagua,	cuya	dirigencia	los	acusa	por	usurpació n	de	tierras	y	escombro	agravado.	Los	procesados,	que	pertenecen	a	la	Empresa	Campesina	12	de	Mayo,	cuentan	con	el	acompañ amiento	legal	del	COFADEH,	que	actú a	como	garante	de	las	medidas	sustitutivas	impuestas	por	un	juzgado	de	Siguatepeque.	“El	con licto	de	Los	Llanos,	el	más	reciente,	comienza	cuando	llegó	un	grupo	no	asociado	a	ninguna	central	campesina	y	empezó	a	cercar	tierras.	Y	ahí	se	presentó	el	problema	entre	el	patronato	y	el	grupo	indígena,	entre	los	locales	y	los	allegados,	que	entraron	sin	un	aval	de	la	Central	Nacional	de	Trabajadores	del	Campo	u	otra	organización	indígena	nacional.	Pero	los	acusados	ya	volvieron	todos.	Era	un	con licto	comunitario,	de	la	misma	aldea”.	Ası	́ resume	este	caso	el	sacerdote	cató lico	Eduardo	Mé ndez	Suazo	(padre	Tito),	Secretario	Ejecutivo	de	la	Pastoral	Indıǵena	y	Pá rroco	de	San	Gaspar,	en	Taulabé ;	sin	embargo,	para	el	COFADEH	el	é nfasis	aquı	́es	en	el	el	derecho	a	la	justicia.	5.3.2.-	Sulaco	(Yoro).
Como	se	explicó antes,	Sulaco	está ubicado	al	sur	de	Yoro	en	la	frontera	con	el	municipio	de	San	José ,	Comayagua.	Aquı́	el	caso	identi icado	por	el	COFADEH	lo	describe	Carlos	Omar	Velá squez,	tesorero	de	la	Asociació n	de	Educació n	Comunitaria,	AECO,	y	miembro	de	la	Empresa	“Herná ndez	Figueroa”	de	la	CNTC	regional	de	Francisco	Morazá n,	con	cobertura	en	Yoro.
“La	familia	Herná ndez	Figueroa	se	creıá	dueñ a	de	las	142	manzanas	de	tierra	nacional	y	90	manzanas	de	condueñ as,	que	fueron	recuperadas	por	la	CNTC	en	2005	para	sembrar	maıź	y	frijoles	que	alimentan	a	46	familias	en	la	comunidad	de	El	Chorro,	afuera	del	pueblo	de	Sulaco.	Actualmente	la	empresa	es	dirigida	por	Francisco	Gutié rrez	(presidente),	José Marıá	Tomé (secretario)	y	José Archaga	(tesorero),	entre	otros.	El	con licto	empezó cuando	se	abrió un	proceso	penal	contra	21	miembros	de	la	Empresa	por	los	delitos	de	usurpació n	en	perjuicio	del	señ or	Juan	José Mencıá	Estrada,	otro	supuesto	dueñ o	de	la	tierra,	pero	recibimos	carta	de	libertad	16	personas	de	ese	grupo	el	23	de	agosto	de	2007.	Emitió la	carta	la	abogada	jueza	Josefa	Dolores	de	Yoro,	la	cabecera.	Pero	a	los	22	dıás	nos	advirtieron	que	el	proceso	seguıá	vigente.
Estuvimos	con	medidas	7	personas	un	añ o	y	6	meses,	presentá ndonos	cada	8	dıás	los	viernes	al	juzgado	de	paz	de	Sulaco.	Hubo	un	acuerdo	el	12	de	octubre	de	2011	con	José Mencıá	en	el	INA	en	Tegucigalpa,	irmado	frente	a	notarios	del	INA	y	la	Junta	Directiva	de	la	empresa,	compro-metié ndose	a	levantar	los	procesos,	proponiendo	la	venta	de	las	tierras	al	Estado	para	su	traspaso	a	nosotros,	quedando	de	acuerdo	ambas	partes	para	irmar	el	21	de	octubre.	El	INA	quedó a	la	espera	de	la	presentació n	de	los	documentos	de	propiedad	por	el	señ or	Mencıá,	quien	se	habıá	comprometió a	ir	al	Ministerio	Pú blico	a	suspender	los	procesos,	pero	no	lo	hizo.	Y	eso	nos	tiene	a	nosotros	otra	vez	en	incertidumbre	jurıd
́ ica.	Criminalizados,	expuestos	a	nuevas	ó rdenes	de	captura.	El	19	de	agosto	de	2015,	10	añ os	despué s	de	poseer	la	tierra,	se	rompió de initivamente	aqué l	acuerdo	con	el	desalojo	violento	que	nos	hicieron	la	policıá	de	Yoro	y	Corté s,	nos	destruyeron	23	de	43	viviendas,	usaron	maquinaria	pesada	para	derribarlas.	Ahora	nuestro	argumento	es	que	la	tierra	es	nacional,	son	142	manzanas.	Si	bien	en	el	desalojo	no	hubo	detenidos,	nos	advirtieron	que	nos	fué ramos.	No	nos	fuimos.	La	tierra	fue	recuperada	en	la	madrugada	del	dıá	siguiente	y	ejercemos	control	territorial	sobre	232	manzanas	en	laderas	y	planes.	La	empresa	campesina	demandó por	dañ os	a	Juan	José Mencıá	en	San	Pedro	Sula,	donde	habita.	Pero	ya	empezó a	circular	un	listado	de	personas	a	quienes	nos	advierten	sobre	los	nuevos	procesos,	y	llegó la	Fiscal	de	Derechos	Humanos	de	Tegucigalpa	el	10	de	septiembre	de
2015	a	hacer	entrevistas	con	las	personas	dañ adas.
A	la	CNTC	de	Sulaco	nos	apoyaba	el	abogado	Dagoberto	Montes,	de	El	Progreso,	Yoro,pero	nos	cobró 60	mil	lempiras	para	parar	el	desalojo.	No	lo	hizo.	Y	no	volvió a	aparecer.
Actualmente,	está por	apoyarnos	el	Socorro	Jurıd
́ ico	de	El	Progreso.	La	criminalizació n	involucra	el	mal	uso	del	sistema	penal	(acusaciones	legales	y	ó rdenes	de	captura)	y	del	desprestigio	pú blico,	como	mecanismos	que	buscan	vincular	en	el	imaginario	colectivo,	polıt́ico	y	legal	a	los	liderazgos	indıǵenas	con	actividades	ilegales,	para	desmovilizar	su	actividad	de	defensorıá.
La	informació n	recolectada	demuestra	que	los	defensores	indı́genas	son	objeto	de	investigaciones	y	acusaciones	judiciales	por	su	presunta	participació n	en	la	comisió n	de	una	variedad	de	delitos	por	la	labor	que	realizan	en	defensa	del	territorio.
En	los	procesos	de	criminalizació n	en	su	contra	se	suelen	apreciar	diferentes	acciones,	desde	el	señ alamiento	negativo	y	la	difamació n	por	autoridades,	agentes	con	poder	y	medios	de	comunicació n	locales;	la	divulgació n	de	rumores	dirigidos	a	poner	en	duda	la	legitimidad	de	sus	reclamaciones,	hasta	la	acusació n	legal,	orden	de	captura	y	detenció n	de	defensores	y	defensoras,	aprovechando	la	persecució n	penal	para	paralizar	o	inhibir	su	labor	o	participació n	en	actividades	o	procesos	sociales	de	defensa	o	reivindicació n	de	sus	derechos	reconocidos.	Un	aná lisis	detallado	a	21	expedientes⁶²,	revela	la	conformació n	de	algunos	patrones,	como
Ÿ Investigaciones	penales	maliciosas	por	parte	de	los	iscales.
Ÿ La	persecució n	judicial	contra	los	defensores	indıg
́ enas	se	contrasta	con	la	falta	de	investigaciones	a	los	ataques,	agresiones,	asesinatos	y	las	amenazas	en	contra	los	lıd
́ eres	y	los	miembros	de	sus	familias.
Ÿ Los	defensores	indıg
́ enas	no	só lo	son	investigados	falsamente,	su	persecució n	como	grupo	se	distingue	por	el	cará cter	de	los	delitos	de	los	que	son	acusados,	normalmente	usurpació n,	dañ os	a	la	propiedad,	tenencia	ilegal	de	armas	y	sedició n,⁶³	el	uso	de	testimonios	falsos	y	el	uso	de	archivos	de	inteligencia.
De	los	21	expedientes	judiciales	estudiados,	se	observan	tendencias	transversales	a	todos
1.	Manipulació n	de	testimonios	y	el	uso	de	testigos	pocos	con iables;
2.	La	dependencia	ilegal	de	informes	de	inteligencia	falsos.
3.	El	prejuicio	de	los	iscales
4.	Irregularidades	en	la	investigació n	previa,	como	la	secretividad
5.	Y	detenció n	arbitraria(62)	CNTC.	Regional	del	Departamento	de	La	Paz.	Diagnó stico	de	expedientes	judiciales	de	los	departamentos	de	La	Paz,	Comayagua	y	el	municipio	de	Marcala.	Abogada	Iris	Karina	Licona	Talavera
(63)	Expediente	58-2014,	Expediente	72-2013,	Expediente	00056-2014,	Expediente	167-4-2013Generalmente,	un	iscal	regional	inicia	una	investigació n	previa	en	secreto	de	un	defensor	indıǵena	que	puede	incluir	la	recolecció n	de	informes	de	inteligencia	por	parte	del	ejé rcito	y	la	policıá.
Es	frecuente	que	un	juez	archive	o	deseche	la	investigació n	despué s	de	que	la	defensa	solicite	una	revisió n	del	caso.	Sin	embargo,	no	hay	un	proceso	automá tico	de	revisió n	y	la	defensa	tiene	que	acudir	a	una	variedad	de	herramientas	legales	para	poder	apelar	la	decisió n	del	iscal	inicial	y	solicitar	la	revisió n	por	el	juez.
Se	puede	cerrar	el	proceso	penal	despué s	de	unos	meses,	pero	en	algunos	casos	la	investigació n	y	la	detenció n	relacionada	se	extienden	por	añ os.	A	veces,	el	iscal	lleva	el	proceso	penal	a	juicio	en	el	cual	es	comú n	que	un	juez	declare	al	defensor	inocente.	Sin	embargo,	en	unos	pocos	casos,	se	han	declarado	a	los	defensores	indıǵenas	culpables	de	usurpació n,	aun	cuando	las	pruebas	no	indican	objetivamente	ese	resultado.⁶⁴
Las	detenciones	arbitrarias	generalmente	se	originan	porque	elementos	del	ejé rcito	y	de	la	policıá	preventiva	llevan	hojas	de	captura	en	blanco,	investigan	nombres,	rellenan	los	formatos,	en	no	pocas	ocasiones	han	rellenado	los	formatos	con	nombres	de	niñ os.	Usualmente	no	existen	elementos	de	prueba	su icientes	que	vinculen	al	imputado	co	n	elhecho	investigado,	a	in	de	justi icar	una	orden	de	privació n	preventiva	de	la	libertad.
Los	abogados	de	la	parte	acusadora,	con	frecuencia	de	empresas	o	terratenientes,	en	algunos	casos	se	presentaron	en	la	cá rcel	y/o	a	las	familias	para	ofrecer	la	libertad	de	la	persona	detenida	o	procesada	a	cambio	del	apoyo	a	sus	intereses.	El	derecho	de	las	personas	acusadas	a	ser	informadas	no	se	respeta	y,	en	consecuencia,	constituye	un	fuerte	obstá culo	en	la	preparació n	de	su	defensa.	Habitualmente	no	tiene	acceso	a	un	defensor	privado,	son	defendidos	por	un	defensor	pú blico	y	en	muchas	ocasiones	este	defensor	es	familia	de	los	acusadores.
Testimonios	directos	destacan	la	forma	reiterada	de	la	prá ctica	de	posponer	las	audiencias,	que	no	se	llevan	a	cabo	por	la	ausencia	de	los	abogados	acusadores,	del	juez	y/o	porque	el	Ministerio	Pú blico	ha	pedido	má s	tiempo	para	investigar	sobre	el	asunto.	En	la	mayorıá	de	los	casos	los	imputados	permanecen	sujetos	al	proceso	mediante	medidas	sustitutivas	a	la	prisió n	por	largo	periodo	de	tiempo	en	el	que	soportan	un	desgaste	econó mico	difıćil	de	sostener	y,	ademá s,	quedan	vinculados	a	graves	acusaciones	penales	que	deslegitiman	su	labor.⁶⁵
Desde	el	05	de	junio	de	2012,	seis	lıd
́ eres	indıǵenas	de	la	comunidad	de	Rıo
́ Bonito,	enfrentan	un	proceso	criminal	acusados	de	la	comisió n	de	los	delitos	de	usurpació n,	tala	ilegal	y	dañ os	al	medio	ambiente	en	el	Juzgado	de	Paz	de	Siguatepeque.	Desde	el	20	de	ese	mismo	mes	los	imputados	irman	medidas	sustitutivas	a	la	privació n	de	libertad	en	el	juzgado	de	Taulabé cada	15	dıás,	ademá s	tiene	prohibido	salir	del	paıś,	y	acercarse	a	la	tierra	en	disputa.(64)	Diagnó stico	de	Expedientes	Judiciales	de	los	Departamentos	de	la	Paz,	Iris	Karina	Licona	Talavera.
(65)	Diagnó stico	de	Expedientes	Judiciales	de	los	Departamentos	de	la	Paz,	Iris	Karina	Licona	Talavera.Otro	caso	de	deslegitimació n	de	la	labor	de	defensorıá	lo	simboliza	la	persecució n	contra	el	Consejo	Indıǵena	San	Isidro:	el	10	de	octubre	de	2015,	Yobani	Alonzo	Vá zquez,	del	municipio	de	Santa	Elena,	fue	atacado	por	10	policıás	de	Santa	Elena	quienes	lo	golpearon	y	acusaron	de	ser	ladró n,	presuntamente	fue	dejado	en	libertad	despué s	de	exigirle	el	pago	de	600.00	Lempiras.⁶⁶
Rosalıo
́ Vá squez,	presidente	del	Consejo	Indıǵena	de	El	Potrero,	quien	intervino	en	favor	de	uno	de	los	miembros	del	Consejo	que	estaba	siendo	detenido	en	un	incidente	confuso	en	el	que	resultó una	persona	muerta,	fue	acusado	tambié n	por	el	hecho.	Vá squez	es	lıd
́ er	reconocido	por	su	abierta	oposició n	a	la	construcció n	de	una	represa	sobre	el	rıo
́ Chinacla.	Se	encuentra	a	la	espera	del	juicio	oral	y	pú blico.	Mientras	se	efectú a,	está sujeto	a	medidas	sustitutivas	a	la	prisió n	y	ha	sido	vıćtima	de	diversos	ataques	entre	é stos	el	allanamiento	ilegal	a	su	domicilio	el	22	de	octubre	de	2015,	tratos	crueles	inhumanos	y	degradantes,	su	esposa	Ana	Miriam	Romero,	tambié n	miembro	del	Consejo,	como	consecuencia	de	los	malos	tratos	estuvo	a	punto	de	abortar	un	embarazo	de	cuatro	meses,	la	acció n	fue	perpetrada	por	30	agentes	policiales	y	elementos	militares;	posteriormente	en	el	mes	de	enero	de	2016,	su	residencia	fue	incendiada	por	personas	a ines	a	la	construcció n	de	la	represa.	(66)	El	24	de	noviembre	de	2015	la	Comisió n	Interamericana	de	Derechos	Humanos	ha	concedido	medidas	cautelares	a	favor	de	lıd
́ Vá squez	y	el	resto	de	su	familia	bajo	el	nú mero	46/2015.	https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC589-15-Es.pdfEl	Estado	de	Honduras	rati icó el	Convenio	Internacional	169,	pero	no	armonizó el	derecho	interno	al	tratado	y	tampoco	ha	reglamentado	su	ejercicio,	que	le	permita	su	aplicació n	real.
Con	frecuencia	en	los	territorios	indı́genas,	como	ocurre	en	Chinacla,	Santa	Elena	y	Aguanqueterique	en	La	Paz,	el	Estado	hace	colisionar	la	Ley	de	Municipalidades	con	la	Ley	de	Ordenamiento	Territorial,	o	inscribe	tıt́ulos	de	propiedad	sobre	los	tıt́ulos	comunitarios	extendidos	por	el	INA.
La	legislació n	hondureñ a	es	insu iciente	para	garantizar	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas,	su	inclusió n	en	tres	artıćulos	constitucionales	no	garantizan	la	protecció n	plena	de	sus	derechos	humanos.
El	desplazamiento	institucional	de	la	Secretarıá	de	Pueblos	Indıǵenas	y	Afrohondureñ os	en	la	nueva	estructura	administrativa	del	Estado,	sumado	a	la	reducció n	absoluta	del	mandato	del	Instituto	Nacional	Agrario	y	la	precariedad	logıśtica	de	la	Fiscalıá	Especial	de	Etnias,	son	contribuyentes	a	la	indefensió n	de	los	pueblos	originarios	en	un	contexto	cada	vez	má s	agresivo	por	el	uso	de	los	bienes	de	la	naturaleza	en	sus	territorios.
Las	leyes	secundarias	contentivas	de	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	son	contradictorias	y	abren	la	puerta	para	que	los	grandes	capitales	transnacionales	y	los	mega	proyectos	se	apoderen	de	los	territorios	indıǵenas.
La	Ley	de	Zonas	de	Empleo	y	Desarrollo,	ZEDE,	constituye	una	de	las	principales	amenazas	al	permitir	a	las	instituciones	de	turismo,	procesamiento	industrial	y	similares	a	usurpar	los	territorios	ancestrales	por	la	supremacıá	del	“interé s	nacional”	del	desarrollo.	El	Comité de	Familiares	de	Detenidos	–	Desaparecidos	en	Honduras,	COFADEH,	tiene	en	el	contexto	y	situació n	descritos	en	este	documento	una	extraordinaria	oportunidad	de	actuació n	en	los	campos	de	acceso	a	justicia,	litigio	estraté gico	sobre	el	derecho	indıǵena,	incidencia	polıt́ica	para	la	seguridad	de	los	liderazgos	y	comunidades	afectadas,	y	la	defensa	en	general	de	los	derechos	humanos.
En	el	marco	de	las	acusaciones	judiciales	formuladas	en	contra	de	los	lıd
́ eres	indıǵenas,	destacan	la	falta	de	acceso	a	la	informació n,	la	detenció n	arbitraria	o	sin	los	debidos	requisitos	legales,	las	ó rdenes	de	capturas	vigentes	durante	añ os	y	aprovechadas	a	conveniencia	y	la	prolongació n	excesiva	de	los	procesos	penales,	como	las	formas	irregulares	e	ilegales	para	neutralizar	la	labor	de	los	defensores	de	los	territorios	y	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas.En	los	procesos	de	criminalizació n	analizados	se	observa	la	estigmatizació n	como	tendencia	y	el	hostigamiento	como	represalia	a	las	medidas	sustitutivas	a	la	prisió n,	ası	́como	la	utilizació n	de	las	fuerzas	de	seguridad	del	estado	para	ejecutar	las	acciones	de	represalias	en	contra	de	los	criminalizados.Reformar	la	Constitució n	de	Honduras	para	armonizar	la	misma	a	los	tratados	internacionales	especializados	de	los	cuales	el	Estado	es	parte	y	eliminar	la	invisibilidad	de	la	població n	indıǵena	de	aspectos	fundamentales	como	en	el	artıćulo	6	constitucional.
Crear	una	instancia	coordinadora	de	asuntos	indıǵenas	con	regionales	en	los	territorios	de	mayor	població n	indıǵena	a	in	de	acercar	la	institucionalidad	a	las	principales	problemá ticas.
El	proyecto	podrıá	sentar	bases	para	una	articulació n	territorial	de	las	agendas	de	las	organizaciones	con	identidad	indı́ g ena,	agencias	de	cooperació n,	programas	de	acompañ amiento	internacional	de	derechos	humanos,	gobiernos	locales	e	instituciones	pú blicas	clave,	a	in	de	disminuir	o	erradicar	las	causas	de	inseguridad,	criminalizació n	y	muerte	de	los	liderazgos	comunitarios.
Los	funcionarios	responsables	de	las	instituciones	que	cumplen	tareas	é tnicas	deben	ser	capacitados	en	costumbres	y	marcos	jurıd
́ icos	especializados.
Delegar	una	unidad	de	la	Fiscalıá	de	Derechos	Humanos	de	Tegucigalpa	para	que	revise	todas	las	investigaciones	criminales	en	contra	de	defensores	indıǵenas	y	cierre	aquellas	que	resulten	infundadas,	como	tambié n	poner	en	libertad	a	todos	los	defensores	detenidos	injustamente.
Abrir	procesos	penales	en	contra	de	los	iscales	que	hayan	violado	la	ley	al	investigar	infundadamente	a	defensores	indıǵenas	de	derechos	humanos.
Impulsar	una	revisió n	de	la	polıt́ica	pú blica	hasta	ahora	desarrollada	en	materia	de	tierras	indıǵenas	por	el	Estado,	teniendo	presente	para	ello	las	recomendaciones	del	Comité de	Derechos	Humanos	(2007)	y	de	la	Relatora	Especial,	estableciendo	un	mecanismo	efectivo	para	reconocer	los	derechos	de	los	pueblos	indıǵenas	sobre	tierras	y	recursos	naturales	basados	en	la	ocupació n	y	uso	tradicional,	de	acuerdo	con	las	normas	internacionales	relevantes.
Establecimiento	de	instancias	participativas	donde	las	comunidades	afectadas,	en	un	plano	de	igualdad,	puedan	participar	efectivamente	de	los	procesos	de	toma	de	decisiones,	de	forma	de	ejercer	una	incidencia	real	en	la	decisió n.
La	iscalıá	Especial	de	Derechos	Humanos	en	forma	Conjunta	con	la	Fiscalıá	Especial	de	las	Etnias,	debe	iniciar	una	investigació n	contra	los	agentes	policiales	y	elementos	militares	asignados	a	las	delegaciones	de	Santa	Elena	y	Chinacla	que	han	participado	en	violaciones	a	derechos	humanos	contra	la	dirigencia	indıǵena	y	presentar	requerimientos	iscales	contra	los	que	resulten	responsables.Ÿ Bibliografıa
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Ley	para	optimizar	la	administración	pública,	mejorar	los	servicios	a	la	ciudadanía	y	fortalecimiento	de	la	transparencia	en	el	Gobierno.	http://www.sdhjgd.gob.hn/biblioteca-virtual/marco-legal/sistema-nacional/246-ley-para-optimizar-laadministracion-publica/ ile
Decreto	Ejecutivo	nr.	PCM-001-2014.	(Gaceta	nr.	33.362	de	22	febrero	2014)	Complemento	a	la	Ley	de	optimizació n	de	la	administració n	pú blica.	http://www.sdhjgd.gob.hn/biblioteca-virtual/marco-legal/sistema-nacional/231decreto-ejecutivo-no-pcm-001-2014-ley-de-la-secretaria-general-del-gobierno-y-del-gabinete-sectorial-2014/ ile
Decreto	Legislativo	78-2011.	(Gaceta	nr.	32.552	de	27	junio	2011).	Creació n	de	las	Sub	secretarıás	de	Justicia	y	de	Derechos	Humanos	dentro	de	la	Secretarıá	de	Justicia	y	Derechos	Humanos.	Estas	tres	instancias	(Secretarıá	y	Sub	secretarıás)	desaparecieron	como	tales	y	se	integraron	en	la	nueva	Secretarıá	de	Estado	de	Derechos	Humanos,	Justicia,	Gobernació n	y	Descentralizació n	SDHJGD	(Decreto	266-2013	Ley	de	optimizació n	de	la	Administració n	Pú blica	y	Decreto	Ejecutivo	nr.	PCM-001-2014)*	Canadá	resalta	la	importancia	de	que	las	sociedades	y	sus	poblaciones	discutan	y	se	informen	sobre	las	situaciones	que	les	afectan,	con	base	en	las	realidades	contextualizadas,	en	correspondencia	a	una	auténtica	democracia.	Así,	los	casos,	opiniones,	conclusiones	y	recomendaciones	no	son	necesariamente	un	re lejo	de	la	política	o	las	opiniones	del	gobierno	de	Canadá.	COFADEH	y	las	personas	entrevistadas	para	este	documento	son	los	únicos	responsables	de	las	opiniones,	conclusiones	y	recomendaciones	incluidos	en	este	documento.*All pages:23456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263InfoFavouriteLikeShareDownloadMoreINFORME Published on Oct 19, 2016 Situación de los derechos humanos del pueblo indígena lenca Cliente: COFADEH . 2016veromerohnFollowRead moreRead moreSimilar toPopular nowJust for youGo explore