Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-sl4235-2014-39001-de-abril-2-de-2014?documento=jurcol&contexto=jurcol_ff47c389f4f00022e0430a0101510022&vista=STD-PC
Timestamp: 2018-11-18 21:07:58
Document Index: 285115539

Matched Legal Cases: ['ARTÍCULO 32', 'artículo 78', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 61', 'artículo 24', 'artículo 177', 'artículo 24', 'artículo 24', 'artículo 19', 'artículo 132', 'artículo 132', 'artículo 132']

﻿ Sentencia 39001 de abril 2 de 2014
SENTENCIA SL4235-2014 DE 02 DE ABRIL DE 2014
CONTENIDO:PACTO DE SALARIO INTEGRAL PUEDE REPOSAR EN CUALQUIER DOCUMENTO. SE RECORDÓ QUE, EL ARTÍCULO 32 DEL CÓDIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO PREVÉ COMO CONDICIÓN PARA LA VALIDEZ DE UN ACUERDO DE SALARIO INTEGRAL LA ESTIPULACIÓN ESCRITA, EL CUMPLIMIENTO DE DICHA FORMALIDAD NO REQUIERE DE FÓRMULAS SACRAMENTALES Y QUE, POR LO MISMO, NO ES INDISPENSABLE SEGUIR UNA FORMA PREDETERMINADA, POR LO QUE PUEDE DARSE A PARTIR DE DOCUMENTOS O INSTRUMENTOS, QUE PERMITAN EVIDENCIAR CLARAMENTE LA ACEPTACIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA DE LAS PARTES.
TEMAS ESPECÍFICOS:CONTRATO DE TRABAJO, PRUEBA DOCUMENTAL, SALARIO INTEGRAL, REQUISITOS DE LA PRUEBA DOCUMENTAL, DERECHO A LAS PRESTACIONES SOCIALES
Sentencia 39001 de abril 2 de 2014
Rad.: 39001
SL4235-2014
EXTRACTOS: «III. Los recursos de casación
Interpuestos por los apoderados de las dos partes en contienda, concedidos por el tribunal y admitidos por la Corte se procede a resolverlos.
Por razones de orden metodológico, la Sala analizará en primer término el interpuesto por la parte demandada.
IV. Recurso de casación del Banco Tequendama S. A.
Pretende el recurrente se case parcialmente la sentencia recurrida “… en cuanto declaró invalida la conciliación celebrada entre las partes en la cual se declaró que existió salario integral en un primer contrato de trabajo celebrado entre el actor y el Banco Tequendama y como consecuencia, condenó a pagar cesantías, intereses a las cesantías, y primas de servicios, y en cuanto declaró que existió un segundo contrato de trabajo entre las partes y condenó a pagar cesantías, intereses de cesantías y primas de servicios de ese segundo contrato de trabajo, que no existió, y en sede de instancia, se revocarán las condenas pertinentes y en su lugar se absolverá a la demandada de todas las pretensiones de la demanda introductoria del proceso…”.
Con el propósito descrito, formula tres cargos, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicados y que pasan a ser analizados por la Corte.
Acusa la sentencia del tribunal de violar, en forma indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 20 y 78 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social; 132 del Código Sustantivo del Trabajo. Lo que, dice, condujo a la aplicación indebida de los artículos 15, 19, 249, 253 y 306 del Código Sustantivo del Trabajo; 1º de la Ley 52 de 1975; y 8º de la Ley 153 de 1887.
Precisa que dicha infracción se produjo como consecuencia de los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo que es invalida la conciliación celebrada entre las partes a la finalización del contrato de trabajo.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que el reconocimiento bilateral de las dos partes sobre la existencia del “salario integral” solo podía hacerse en documento separado a la conciliación que también es un documento escrito.
3. Dar por demostrado, estándolo que la conciliación equivale a una decisión jurisdiccional en firme y por eso tiene fuerza de “cosa juzgada.
Reseña como pruebas erróneamente apreciadas por el tribunal el acta de conciliación (fls. 43 y 44) y las constancias de tiempo de servicios del 1º de noviembre de 1992 y 1º de mayo de 1993.
Para demostrar el cargo, señala sucintamente: “Si en la conciliación las partes están de acuerdo que existió “salario integral” no puede desconocerse ese pacto porque no existe prueba en contrario, de su inexistencia, las declaraciones de las partes deben entenderse de buena fe, y esa constancia escrita de la conciliación hace suponer la verdadera existencia del salario integral, porque de lo contrario se atentaría contra el efecto de “cosa juzgada” consagrado en el artículo 78 del C. P. Laboral”.
Aduce que, de conformidad con el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, el documento escrito constituye una prueba solemne del pacto de salario integral, sin el cual toda estipulación al respecto carece de validez. Por ello, agrega, el tribunal no podía dar por establecido un hecho, con un medio de prueba diferente al autorizado por la ley.
El tribunal dedujo que, a partir de lo previsto en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, el pacto de salario integral debía constar siempre por escrito y que, por lo mismo, su demostración requería de prueba solemne. En ese orden, consideró que cualquier otro elemento, diferente del documento que lo reflejara explícitamente, carecía de poder suficiente para demostrarlo puesto que, explicó, según lo establece el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, “… cuando la ley requiere de determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio”.
Por virtud de lo anterior, para el caso concreto, ratificó la conclusión del a quo de que no estaba demostrado el pacto de salario integral y descartó que el acta de conciliación o los demás medios de prueba recaudados en el curso de proceso, pudieran servir de prueba de su existencia.
El cargo se encamina por la vía indirecta y se funda en el acta de conciliación y las constancias de tiempo de servicios del 1º de noviembre de 1992 y 1º de mayo de 1993, que se consideran indebidamente apreciados, pues, según la censura, dan cuenta del acuerdo entre las partes respecto del pacto de salario integral.
Teniendo presente lo anterior, al analizar las pruebas calificadas relacionadas en el cargo, la Corte encuentra:
1. Los documentos que obran a folios 169, 171, 172, 173, 174 y 175, contienen certificaciones de los servicios prestados por el actor en el cargo de auditor general y mencionan, todas ellas, que tenía una asignación mensual bajo la modalidad de “salario integral”. Adicionalmente, los referidos documentos contienen la firma del trabajador demandante, en señal de aceptación, de manera que permiten inferir que tenía pleno conocimiento de la forma en la que se retribuían sus servicios.
2. A folios 176, 178, 180 y 181 obran comunicaciones dirigidas por la entidad demandada al demandante, en las que le informan que su “salario integral” ha sido aumentado, como un justo estímulo, retributivo de sus excelentes labores en el desarrollo de su cargo.
Para la Corte, los anteriores documentos permiten inferir que tanto la entidad empleadora como el trabajador eran conscientes de que la modalidad de remuneración de los servicios prestados era la de “salario integral”. Además de ello, la información consta por escrito y, lo más importante, refleja la voluntad expresada por el empleador respecto de la vigencia de esa forma de retribución salarial, así como la aceptación del trabajador, por lo menos tácita.
Tampoco existe algún otro elemento de juicio que permita establecer que el actor rechazó las certificaciones o los aumentos de su “salario integral”, por la precisa circunstancia de que la forma de retribución pactada era la ordinaria y no la integral, como ahora lo reclama en su demanda, de manera que puede asumirse válidamente que aceptó y consintió esa modalidad de remuneración durante la vigencia de la relación laboral.
Vale la pena advertir, asimismo, que los documentos analizados fueron emitidos desde el 15 de enero de 1993 (algo más de dos meses después de iniciada la relación laboral) y en diferentes fechas como 15 de marzo de 1993, 2 de mayo de 1995, 14 de julio de 1994, 24 de agosto de 1995, por lo que, resultaba razonable admitir que el pacto de salario integral se consolidó entre las partes durante toda la vigencia de la relación laboral.
3. En el acta de conciliación obrante a folios 43 y 44, que la censura denuncia como indebidamente apreciada, también se registra que el demandante desempeñó como último empleo el de Gerente de División y que “… devengaba como salario integral la suma de $6.200.000 mensuales…”. Vale decir que, a pesar de que el documento es posterior a la existencia de la relación laboral, refuerza la conclusión de que las partes habían acordado el salario integral y eran conscientes de su existencia a lo largo de la relación laboral.
Como conclusión, para la Sala los documentos enunciados acreditaban la existencia de un pacto de salario integral, con todos los elementos necesarios para su validez, en tanto guardaban la condición escrita y permitían inferir la voluntad de las dos partes de materializarlo, así como el consentimiento tácito del trabajador, extendido durante la vigencia de la relación laboral.
En consecuencia, el tribunal incurrió en un error de hecho ostensible, al desconocer la voluntad de las partes respecto del pacto de salario integral, sentada en varios documentos escritos. El cargo es fundado y se casará parcialmente la sentencia recurrida, lo que torna innecesario el estudio del segundo cargo, que perseguía el mismo propósito.
Acusa la sentencia recurrida de vulnerar en forma indirecta, por aplicación indebida, los artículos 19, 22, 23, 24, 127, 128, 132, 249, 253, 306 del Código Sustantivo del Trabajo, 1º de la Ley 52 de 1975; 8 de la Ley 153 de 1887; y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.
Sostiene que el tribunal incurrió en los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que existió un segundo contrato de trabajo.
2. Dar por demostrado, sin estarlo, que por haber presentado unas facturas el actor, ese hecho, de por sí, revelan la existencia de un segundo contrato entre el 2 de mayo de 2003 y el 15 de agosto de 2003.
Agrega que dichos yerros se produjeron como consecuencia de la errónea apreciación de las facturas de cobro de los servicios prestados a la demandada (fls. 193 a 195) y la renuncia del actor a su puesto de trabajo.
En el desarrollo del cargo, el censor expone: “El ad quem afirma que no existen más pruebas de la prestación del servicio en ese tiempo, que las facturas de cobro del actor; pero ellas prueban una pretensión del actor, pero no son contundentes para concluir que si (sic) se prestó realmente el servicio, para poder aplicar la presunción del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo dice el ad quem “no se puede inferir nada diferente” es decir, que es una suposición del fallador, lo que no es valido (sic) en una sentencia (CPL, art. 61)”.
Recalca que el tribunal dio por establecido un segundo contrato de trabajo, en la medida en que la demandada no había demostrado que el vínculo era de naturaleza diferente a la laboral, teniendo la carga probatoria de hacerlo, por virtud de lo previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.
El tribunal estimó que en el proceso se había demostrado de manera suficiente la prestación personal del servicio del actor a favor de la demandada, durante el lapso comprendido entre el 2 de mayo y el 15 de agosto de 2003, por lo que se daban las condiciones necesarias para la aplicación de la presunción prevista en el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, que, de otro lado, no había logrado ser desvirtuada por la sociedad convocada al proceso.
De las pruebas reseñadas por el censor como indebidamente valoradas, se puede observar objetivamente lo siguiente:
1. A folio 193 obra la “orden de trabajo Nº 0644” expedida por el Banco Tequendama S. A., en la que se identifica al actor, Saúl Forero, como proveedor de servicios de “asesoría en seguridad y oficial de cumplimiento”, a la vez que se ordena el pago a su favor de $12.393.600, como retribución a su labor.
2. A folio 194 obra un documento en el que se registra que el Banco Tequendama S. A. le adeuda al actor, Saúl Forero Amaya, la suma de $8.393.600, por concepto de “asesoría en servicios de seguridad bancaria”. De igual forma, a folio 195 obra una constancia similar, en la que se consigna que la demandada le adeuda al demandante la suma de $4.000.000, por concepto de “anticipo al contrato de prestación de servicios profesionales, como asesor de seguridad”.
3. La carta de renuncia del trabajador de folios 74 y 74, no hace sino confirmar que el actor le prestaba sus servicios a la demandada hasta el 15 de agosto de 2003, fecha en la cual manifestó su deseo de terminar con la relación de trabajo, por el incumplimiento de las obligaciones de la demandada.
El tribunal no realizó alguna lectura arbitraria o descabellada de los citados documentos, ni transformó en forma inadecuada su contenido, en la medida en que de ellos, objetivamente analizados, sí se puede inferir razonablemente la premisa fáctica sobre la cual se edificó la decisión atacada, con apego a la cual el demandante le prestaba personalmente sus servicios a la demandada y, por ello, recibía una remuneración.
Resta decir que en el cargo no se controvierte la aplicación del artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo o sus alcances, ni la carga de desvirtuar la presunción allí consignada, que, según el ad quem, pesaba sobre la demandada.
En ese sentido, el tribunal no incurrió en los errores de hecho denunciados por la censura.
XI. Recurso de casación de la parte demandante
Pretende la casación parcial de la sentencia recurrida, “… en cuanto revocó la del a quo en la parte en que absolvió a la demandada de pagar la sanción por la no consignación de las cesantías a un fondo, la indemnización moratoria en los dos contratos y la declaratoria de la excepción de compensación. En sede de instancia confirmar la sentencia del a quo; sobre costas resolverá de conformidad”.
Con tal intención, formula un cargo, por la causal primera de casación laboral, oportunamente replicado y que pasa a ser estudiado por la Corte.
XII. Cargo único
Acusa la sentencia recurrida de violar en forma indirecta, en la modalidad de aplicación indebida, los artículos 65, 13, 15, 38, 43, 55, 132, modificado por el 18 de la Ley 50 de 1990, 249 y 253 del Código Sustantivo del Trabajo; 99, numeral 3º, de la Ley 50 de 1990; y 1714, 1715 y 1716 del Código Civil.
Le imputa al tribunal la comisión de los siguientes errores de hecho:
1. Dar por demostrado, sin estarlo, que el demandado actuó de buena fe al efectuar pagos al actor presumiendo la existencia de la modalidad de salario integral.
2. No dar por demostrado, estándolo que el demandado actuó de mala fe al efectuar los pagos al actor, en razón que nunca existió la modalidad de salario integral, pues tal estipulación nunca se suscribió, tal como lo expresó el representante legal de la demandada al responder la pregunta 3 del interrogatorio (fl. 190 del cdno. ppal.).
3. No dar por demostrado, estándolo que los pagos al actor se realizaron en una manera de “disfraz” de salario integral, lo que implica un acto de mala fe dentro de la ejecución del contrato de trabajo.
4. No dar por demostrado que la demandada no realizó la consignación de las cesantías en un fondo.
Enlista, por otra parte, como pruebas mal apreciadas, el interrogatorio de parte rendido por el representante legal de la demandada (fl. 190), el que rindió el demandante (fls. 193 y 194), el acta de conciliación (fls. 43 y 44) y la liquidación de prestaciones sociales (fl. 45).
En desarrollo del cargo, el censor resalta que el tribunal había concluido “… que no existió prueba alguna que permitiera deducir la existencia de la modalidad de salario integral, pero finalmente terminó aceptando el hecho que entre las partes siempre existió la convicción de la existencia del mismo, no obstante de censurar que sólo a partir del acta de conciliación suscrita entre las partes se intentó, por parte de la demandada relevar el requisito esencial de constar por escrito el acuerdo entre las partes de la existencia de tal modalidad del salario, por lo tanto, la demandada si (sic) tenía conocimiento que dicho acuerdo sólo es válido con la suscripción del mismo, pues en caso contrario sería ineficaz”.
Reproduce, finalmente, apartes de la decisión emitida por el tribunal, así como de la sentencia proferida por esta Sala de la Corte CSJ SL 6 dic. 2006, Radicado 25713, relacionados con la indemnización por la no consignación de las cesantías en un fondo y la indemnización moratoria.
Destaca que en la acusación no se incluye el artículo 19 del Código Sustantivo del Trabajo, que permite la remisión al Código Civil. Expresa, de igual forma, que entre las partes se suscribió de buena fe un acuerdo de conciliación, por medio del cual se transó cualquier diferencia prestacional, con efectos de cosa juzgada.
XIV. Consideraciones de la Corte
A pesar de que en el alcance de la impugnación el censor se refiere a los dos contratos de trabajo establecidos en el proceso, en el desarrollo del cargo limita sus reproches en contra del tribunal, a los temas ligados con la revocatoria de la indemnización por la no consignación de las cesantías y la indemnización moratoria, respecto del primer contrato de trabajo.
No se eleva acusación alguna frente a la decisión de declarar probada la excepción de compensación, ni en torno a la de revocar la indemnización moratoria respecto del segundo contrato de trabajo, por lo que, a pesar de lo expresado en el alcance de la impugnación, la Corte debe abstenerse de realizar pronunciamiento frente a los mencionados tópicos.
De otro lado, ante la prosperidad del primer cargo formulado por la demandada, cualquier discusión relacionada con la procedencia de las indemnizaciones moratorias del primer contrato de trabajo resulta inane, pues dichas sanciones se basaban en la ineficacia de un pacto de salario integral que ya fue desvirtuada.
Como consecuencia, el cargo no prospera.
XV. Consideraciones de instancia
En sede de instancia, se debe recordar que esta Sala de la Corte ha establecido que, aunque el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo prevé como condición para la validez de un acuerdo de salario integral la “estipulación escrita”, el cumplimiento de dicha formalidad no requiere de fórmulas sacramentales y que, por lo mismo, no es indispensable seguir algún protocolo predeterminado, por lo que puede darse a partir de varios documentos o instrumentos que, en todo caso, permitan evidenciar claramente la aceptación libre y voluntaria de las partes.
Frente al punto, esta Sala de la Corte ha precisado, en decisiones como la CSJ SL, 9 agosto 2011, Radicado 40259, que “… la eficacia y validez del pacto sobre salario integral, a más del requisito de su cuantía, no están condicionadas a que se haya consignado dicho acuerdo exclusivamente en el texto del contrato de trabajo, sino que, es suficiente que tal convenio se haya plasmado en cualquier escrito que no deje duda de que esa fue la voluntad de los contratantes, incluso por iniciativa del empleador, siempre que medie la aceptación, tácita inclusive, del trabajador”. Ver también las sentencias CSJ SL, 27 enero 2010, Radicado 36411 y CSJ SL, 28 febrero 2012, Radicado 37592.
Como ya se dijo, los documentos obrantes a folios 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 180 y 181, demostraban que desde el inicio de la relación laboral las partes asumieron la modalidad salarial integral, consintieron en su vigencia y plasmaron su voluntad en varios textos escritos, por lo que el juzgador de primer grado no podía desconocer la aceptación libre y voluntaria del trabajador de dicha fórmula de remuneración.
En hipótesis similares a la aquí analizada, esta Sala de la Corte establecido la posibilidad de demostrar el pacto de salario integral a través de documentos como los que se examinaron en líneas anteriores. Así, en la sentencia CSJ SL 9 agosto 2011, Radicado 40259, precisó al respecto:
Frente a este razonamiento del tribunal, dice el impugnante que si el sentenciador hubiera apreciado correctamente el mencionado documento, habría encontrado en él el acuerdo escrito sobre salario integral, pues fue recibido por el demandante, sin reparo alguno; pero además, que el ad quem no apreció el documento de folios 86, con el cual se ratifica que las partes acordaron por escrito la modalidad de salario integral a partir del 1º de marzo de 1996.
El documento del folio 86, tiene el siguiente texto:
“Santafé de Bogotá, D. C., mayo 15 de 1997
José Raúl Castaño
Facilitador gestión humana
Ref.: Solicitud
Revisando cuidadosamente mi estado laboral con la empresa, he llegado a la conclusión que a partir de marzo de 1996, fui cambiado de régimen, es decir que pasé a salario integral. En consecuencia no se me ha cancelado la liquidación de prestaciones concerniente al período comprendido entre el 01 de enero de 1996 al 29 de febrero de 1996.
Agradezco su colaboración e interés para analizar esa situación. Atentamente, Francisco Aponte Caro”.
De lo reproducido puede concluirse:
1. Que la empresa demandada, por la comunicación del folio 85 hizo saber al demandante que a partir de 1º de marzo de 1996, su asignación salarial sería integral, a razón de $1.900.000 mensuales, más la prima de excelencia de $30.000, de acuerdo a su desempeño.
2. Que la comunicación referida fue recibida por el actor, quien puso en la copia, de su puño y letra, las iniciales de su nombre y apellidos sin constancia alguna de inconformidad.
3. Que por escrito de 15 de mayo de 1997, el trabajador concluyó que fue cambiado de régimen y que pasó a salario integral, razón por la que solicitó a la empresa el pago de sus prestaciones concernientes al período del 1º de enero al 29 de febrero de 1996.
4. Que devengó salario integral por el lapso del 1º de marzo de 1996 al 2 de mayo de 1999.
Referente al acuerdo sobre salario integral, esta Sala de la Corte ha sostenido:
“A este aspecto debe aclararse que la estipulación del salario integral no requiere de fórmulas sacramentales y las partes incluso pueden acordar un sistema mixto, ... siempre y cuando la modalidad adoptada se ajuste a los requisitos legales mínimos, entre otros, que conste por escrito la expresión inequívoca de convenir una remuneración global, sin repercusiones prestacionales en todo o en parte...” (cas. de sep. 18/98, Rad. 10837).
La misma corporación, en sentencia de 9 de mayo de 2003, Radicación 19683, sostuvo:
“… Si bien el escrito en el que las partes adoptan el sistema del salario integral no requiere de formalismos sacramentales para su elaboración, el que deba constar por escrito si es una solemnidad... el artículo 132 del C. S. del T., subrogado por el 18-2 de la Ley 50 de 1990, consagra... que valdrá la estipulación escrita de un salario integral... Nótese que la norma está hablando de una simple “estipulación escrita”, que de por sí conlleva la aceptación libre y espontánea de ambas partes, que bien puede darse en un solo acto, o mediante el cruce de varios actos como ocurrió en el caso de estudio,...”.
Las reflexiones precedentes se acomodan perfectamente al asunto analizado y ponen de presente que la disquisición del tribunal estructura el primer error de hecho alegado por el impugnante, al no dar por demostrado que existió acuerdo escrito entre las partes para el pago de salario integral, a partir del 1º de marzo de 1996, mediante el cruce de varios escritos, recibidos y consentidos por el demandante.
Como la base de la condena impuesta por el tribunal, por prestaciones sociales, fue la no existencia de pacto escrito sobre salario integral, sirven las mismas consideraciones para concluir que también se estructura el segundo error endilgado por la censura”.
Si la Corte tiene admitido que, para efectos de la validez y eficacia del pacto sobre salario integral, es dispensable la ausencia de un escrito con algún tipo de formalidades, como sería que las partes manifestaran expresamente que convinieron en tal sentido, en el caso bajo examen, la firma que estampó el accionante en el documento adosado al folio 87 del expediente, que refiere un salario básico integral de $3.100.000; una prima de excelencia de $50.000; y “medios de transporte” por $250.000, es suficiente para obtener certeza de que el mismo tenía conocimiento de que la modalidad retributiva adoptada era la establecida en el numeral 2º del artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo, pues además, así lo confirma el silencio que guardó el empleado durante el tiempo que permaneció al servicio de la enjuiciada, y que sólo vino a romper con la presentación del libelo introductorio.
Haber desapercibido la existencia de un acuerdo sobre salario integral, configura un error ostensible, suficiente para destruir la presunción de legalidad y acierto con que venía amparado el fallo del tribunal (negrillas fuera de texto).
Por dicha virtud, ante la vigencia indiscutible de un pacto de salario integral, no resultaba procedente ordenar el pago de las cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio insolutas, sanción por no consignación de cesantías e indemnización moratoria, como se determinó en la providencia apelada.
En ese sentido, en sede de instancia, se revocarán los numerales tercero y cuarto de la sentencia emitida en la primera instancia y, en su lugar, se absolverá a la entidad demandada de las súplicas relacionadas con la ineficacia del pacto de salario integral del primer contrato de trabajo y el pago de las prestaciones sociales y demás acreencias que de allí se derivan.
Las costas del recurso de casación correrán por cuenta de la parte demandante. Se estiman las agencias en derecho en la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($3.150.000). En las instancias como quedaron allí definidas.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CASA PARCIALMENTE la sentencia dictada el 27 de junio de 2008 por la Sala Laboral de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., dentro del proceso ordinario laboral seguido por el señor Saúl Forero Amaya contra el Banco Tequendama S. A., en cuanto confirmó que el pacto de salario integral del primer contrato de trabajo del actor resultaba ineficaz y daba lugar al pago de cesantías, intereses de cesantías y primas de servicios insolutas. No la casa en lo demás.
En sede de instancia, REVOCA los numerales tercero y cuarto de la sentencia emitida en primera instancia y, en su lugar, se ABSUELVE a la entidad demandada de las súplicas relacionadas con la ineficacia del pacto de salario integral y el pago de las prestaciones sociales y demás acreencias que de allí se derivan.
Costas en el recurso extraordinario a cargo de la parte demandante. Las agencias en derecho se estiman en la suma de tres millones ciento cincuenta mil pesos m/cte. ($3.150.000).