Source: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007D0575:ES:NOT
Timestamp: 2013-05-22 00:11:19
Document Index: 361730479

Matched Legal Cases: ['artículo 15', 'artículo 63', 'artículo 53', 'artículo 27', 'artículo 48', 'artículo 5', 'artículo 5', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 67', 'artículo 251', 'artículo 251', 'artículo 62', 'artículo 63', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 7', 'artículo 52', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 22', 'artículo 53', 'artículo 6', 'artículo 16', 'artículo 18', 'artículo 25', 'artículo 31', 'artículo 3', 'artículo 3', 'artículo 18', 'artículo 18', 'artículo 17', 'artículo 19', 'artículo 52', 'artículo 12', 'artículo 15', 'artículo 49', 'artículo 50', 'artículo 43', 'artículo 30', 'artículo 33', 'artículo 16', 'artículo 17', 'artículo 25', 'artículo 17', 'artículo 24', 'artículo 50', 'artículo 31', 'artículo 21', 'artículo 27', 'artículo 39', 'artículo 51', 'artículo 21', 'artículo 21', 'artículo 42', 'artículo 40', 'artículo 46', 'artículo 87', 'artículo 40', 'artículo 31', 'artículo 42', 'artículo 2', 'artículo 50', 'artículo 39', 'artículo 15']

EUR-Lex - 32007D0575 - ES
Decisión n o 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007 , por la que se establece el Fondo Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 como parte del Programa general Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios
DO L 144 de 6.6.2007, p. 45/65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
entr. en vigor: 07/06/2007; entrada en vigor fecha publicación + 1 ver art. 54
entr. en vigor: 01/01/2008; aplicación parcial ver art. 54
entr. en vigor: 07/06/2007; aplicación parcial ver art. 54
propuesta Comisión; COM 2005/0123
52005PC0123(04) adopción Modificado por:
aplicado por 32007D0837 modificado por 32013D0258 sustitución artículo 15.4 desde 23/03/2013
Decisión no 575/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se establece el Fondo Europeo para el Retorno para el período 2008-2013 como parte del Programa general "Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios"
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 63, punto 2, letra b) y punto 3, letra b),
(2) El Consejo Europeo, en su reunión en Tampere de los días 15 y 16 de octubre de 1999, reafirmó su voluntad de establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. Con este fin, conviene que una política europea común en materia de asilo y de inmigración tenga como objetivo tanto el trato equitativo de los nacionales de terceros países como la mejora de la gestión de los flujos migratorios.
(3) Una política comunitaria de retorno eficaz es un complemento necesario de una política de asilo e inmigración legal digna de crédito, así como un importante componente de la lucha contra la inmigración ilegal. Los Estados miembros consagran presupuestos considerables a la aplicación de programas de retorno y realización de operaciones de retorno forzoso. Unas acciones comunes de la Unión Europea en este campo, respaldadas por los adecuados medios financieros procedentes de la Comunidad, podrían apoyar la labor de los Estados miembros, subrayar la necesidad del retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular y reforzar la solidaridad entre Estados miembros.
(4) El Consejo adoptó, el 28 de febrero de 2002, el Plan global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres humanos en la Unión Europea [4], en el que destacaba que la política de readmisión y repatriación constituye parte integrante y crucial de la lucha contra la inmigración ilegal y definía dos elementos, a saber, principios comunes y acciones comunes, en el marco de la mejora de la cooperación administrativa entre Estados miembros.
(5) El Programa de acción sobre el retorno del Consejo de 28 de noviembre de 2002, basado en la Comunicación de la Comisión, de 14 de octubre de 2002, relativa a una política comunitaria de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, aborda el proceso completo de actuación en relación con la gestión del retorno en los Estados miembros, al abarcar tanto el retorno –voluntario o forzoso– de nacionales de terceros países como las etapas intermedias del propio retorno, entre ellas la preparación y el seguimiento.
(6) El Consejo Europeo, en su reunión de Salónica de los días 19 y 20 de junio de 2003, pidió a la Comisión que examinara todos los aspectos relacionados con el establecimiento de un instrumento comunitario aparte para apoyar, en particular, las prioridades que figuran en el Programa de acción sobre el retorno.
(7) El Consejo, en sus Conclusiones sobre las prioridades en el desarrollo satisfactorio de una política común de readmisión, de 2 de noviembre de 2004, subrayó que los acuerdos comunitarios de readmisión hacen una importante aportación a una gestión conjunta eficaz de la inmigración y desempeñan un valioso papel en la lucha contra la inmigración ilegal. Constituyen un importante elemento en el marco del diálogo y la cooperación entre la Unión Europea y los países de origen, antigua residencia y tránsito de los inmigrantes ilegales.
(8) De conformidad con las Conclusiones de 8 de junio de 2004 en las que el Consejo pidió a la Autoridad Presupuestaria que garantizara la financiación de acciones preparatorias e invitó a la Comisión a tener en cuenta su punto de vista sobre el desarrollo de planes integrados de retorno en estrecha cooperación con los Estados miembros, se han iniciado acciones preparatorias para el período 2005 y 2006.
(9) El Consejo Europeo, en su reunión de Bruselas de los días 4 y 5 de noviembre de 2004, pidió, en el "Programa de La Haya", el inicio de la fase preparatoria de un Fondo Europeo para el Retorno (denominado en lo sucesivo "el Fondo") y la creación del Fondo antes de 2007, teniendo en cuenta la evaluación de la fase preparatoria.
(10) En noviembre de 2004, el Consejo tomó nota del informe de la Presidencia sobre un análisis de las mejores prácticas de retorno a determinados países, en el que se afirmaba la existencia de grandes posibilidades de una mayor cooperación práctica entre los Estados miembros en la práctica del retorno, así como la necesidad de dicha cooperación. El informe indicaba la posibilidad de un enfoque más integrado, tanto a nivel nacional como comunitario, de la política de retorno y de las actuaciones en general. Asimismo, el informe señalaba las mejores prácticas de los Estados miembros en materia de retorno voluntario o forzoso de nacionales de terceros países a su país de origen o tránsito, tales como la promoción de programas de retorno voluntario asistido para un retorno sostenible, el asesoramiento en el retorno y la organización de operaciones conjuntas de retorno, vuelos chárter incluidos.
(11) Es necesario dotar a la Comunidad de un instrumento cuya finalidad sea apoyar e impulsar los esfuerzos realizados por los Estados miembros para mejorar la gestión del retorno en todas sus dimensiones, sobre la base del principio de la gestión integrada del retorno y con vistas a apoyar una aplicación efectiva y equitativa de normas comunes en materia de retorno, tal como figuren en la legislación comunitaria sobre retorno.
(12) No procede prever ninguna financiación en 2007 en virtud de la presente Decisión durante 2007 para poder tener en cuenta los resultados de las acciones preparatorias sobre retorno (2005-2006) a partir de un informe de la Comisión sobre la evaluación de las acciones preparatorias.
(13) Las normas comunes en cuestión son, en particular, la Directiva 2001/40/CE del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países [5] y su corolario, la Decisión 2004/191/CE del Consejo, de 23 de febrero de 2004, por la que se establecen los criterios y modalidades prácticas para la compensación de los desequilibrios financieros resultantes de la aplicación de la Directiva 2001/40/CE relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de los nacionales de terceros países [6] y la Decisión 2004/573/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la organización de vuelos conjuntos para la expulsión, desde el territorio de dos o más Estados miembros, de nacionales de terceros países sobre los que hayan recaído resoluciones de expulsión [7].
(14) Se incluyen aquí también los futuros instrumentos comunitarios, tales como un instrumento sobre normas y procedimientos comunes en materia de retorno de los nacionales de terceros países cuya estancia sea ilegal, que ha de establecer unas reglas de juego uniformes en la Unión Europea en materia de procedimientos de retorno, definiendo, por lo tanto, las condiciones en las que los Estados miembros adoptan las medidas de retorno, así como el margen de maniobra de que disponen para ello.
(15) Los Estados miembros deben garantizar que las acciones emprendidas al amparo del Fondo respetan las obligaciones derivadas de los derechos fundamentales, tal como se reflejan, en particular, en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (Convenio Europeo sobre Derechos Humanos), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951, modificada por el Protocolo de Nueva York de 31 de enero de 1967, y otros instrumentos internacionales pertinentes, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, cuando sean aplicables.
(16) Teniendo presente que la expulsión colectiva está prohibida con arreglo al Protocolo 4 del Convenio Europeo sobre Derechos Humanos, únicamente las personas que son objeto de resoluciones de expulsión individual deben ser devueltas mediante operaciones conjuntas de retorno que pueden optar a financiación en virtud de la presente Decisión.
(17) A la luz del ámbito de aplicación y la finalidad del Fondo, éste no debe en ningún caso apoyar acciones que se refieran a zonas y centros de retención de personas en terceros países.
(18) Tal como se afirma en el Programa de acción sobre el retorno aprobado por el Consejo el 28 de noviembre de 2002, y tal como se ha venido reiterando en los instrumentos de la Unión Europea en este ámbito, en particular en las Conclusiones del Consejo sobre la repatriación voluntaria, adoptadas el 2 de noviembre de 2005, el retorno voluntario es un importante elemento de un enfoque equilibrado, efectivo y sostenible del retorno.
(19) Las acciones elegibles con arreglo al ámbito de aplicación de la gestión integrada del retorno deben tener en cuenta la situación específica de las personas vulnerables.
(20) Para reforzar la eficiencia de la gestión del retorno a escala nacional, el Fondo debe incluir también acciones relacionadas con el retorno voluntario de personas que no tienen la obligación de abandonar el territorio, como los solicitantes de asilo que todavía no han recibido una decisión negativa o las personas que gozan de protección internacional en el sentido de la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida [8] o las personas que gozan de protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida [9].
(21) Conviene que un objetivo primordial de la presente Decisión sea la promoción de la gestión integrada del retorno a escala nacional. Se alienta a los Estados miembros a efectuar operaciones de retorno a la luz de planes de acción integrados de retorno, que analicen la situación en los Estados miembros respecto de la población destinataria, fijen objetivos en relación con las operaciones contempladas y, en cooperación con las oportunas partes interesadas como el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), ofrezcan regímenes de retorno que se centren en retornos efectivos y sostenibles mediante una variedad de medidas. En su caso, conviene evaluar y ajustar periódicamente los planes integrados de retorno.
(22) Para fomentar el retorno voluntario de las personas, en particular de las personas que no están sujetas a la obligación de abandonar el territorio, conviene prever incentivos para éstas, como un trato preferente mediante la prestación de una mayor asistencia al retorno. Este tipo de retorno voluntario responde al interés tanto de un retorno digno de dichas personas como al de las autoridades en términos de relación coste-eficacia. Debe alentarse a los Estados miembros a dar preferencia al retorno voluntario.
(23) No obstante, desde el punto de vista de la actuación política, el retorno voluntario y el forzoso están interrelacionados y tienen un efecto de refuerzo mutuo, de modo que conviene alentar a los Estados miembros a que, en su gestión del retorno, refuercen la complementariedad de ambas formas de retorno. Es evidente la necesidad de llevar a cabo retornos forzosos para salvaguardar la integridad de la política de inmigración y asilo de la Unión Europea y los sistemas de inmigración y asilo de los Estados. Por consiguiente, la posibilidad del retorno forzoso es un requisito previo necesario para garantizar que no se vea menoscabada esta política y se aplique el principio de legalidad, que es, a su vez, esencial para la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia. La presente Decisión debe, por tanto, respaldar las acciones de los Estados miembros destinadas a facilitar el retorno forzoso.
(24) Además, los principales obstáculos a que se enfrentan los Estados miembros en el campo del retorno a menudo guardan relación con los retornos forzosos. Un importante obstáculo es la incertidumbre en cuanto a la identidad de la persona en cuestión y su carencia de los necesarios documentos de viaje. Con objeto de subsanar esos problemas, debe alentarse a los Estados miembros a que mejoren la cooperación con los servicios consulares de los terceros países e incrementen el intercambio de información y la cooperación operativa entre sí respecto de la cooperación con dichos servicios.
(25) Por último, es imperativo que la presente Decisión apoye en los Estados miembros que lo consideren apropiado medidas específicas para los retornados en el país de retorno, con el fin, en primer lugar, de garantizar efectivamente el retorno a su ciudad o región de origen en buenas condiciones y, en segundo lugar, para favorecer su integración duradera en su comunidad. Es conveniente que dichas medidas no consistan en una asistencia al tercer país como tal, y que solo puedan optar a la financiación cuando y en la medida en que exista una necesaria continuación con actividades iniciadas y, en su parte principal, llevadas a cabo en el territorio de los Estados miembros en virtud de un plan de retorno integrado.
(26) Por otra parte, estas medidas deben estar en sinergia con las acciones que reciban apoyo de los instrumentos comunitarios de ayuda exterior, en particular el programa temático sobre asilo e inmigración.
(27) La presente Decisión se ha concebido como parte integrante de un marco coherente, formado también por la Decisión no 573/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se crea el Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 como parte del Programa general "Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios" [10], la Decisión no 574/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de mayo de 2007, por la que se establece el Fondo para las Fronteras Exteriores para el período 2007-2013 como parte del Programa general "Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios" [11] y la Decisión no .../2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de ..., por la que se establece el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países para el período 2007-2013 como parte del Programa general "Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios" [12], marco cuyo objetivo es resolver la cuestión del reparto equitativo de responsabilidades entre los Estados miembros en lo que respecta a la carga financiera derivada de la introducción de una gestión integrada de las fronteras exteriores de la Unión Europea y de la aplicación de políticas comunes de asilo e inmigración, tal como se han desarrollado de conformidad con el Título IV de la Tercera parte del Tratado.
(28) La Agencia Europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea creada de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 2007/2004 del Consejo [13] (en lo sucesivo la "Agencia") cuenta entre sus tareas la de prestar la asistencia necesaria para organizar operaciones de retorno conjuntas de los Estados miembros y determinar las prácticas idóneas en cuanto a la obtención de documentos de viaje y expulsión de los nacionales de terceros países que se encuentren ilegalmente en el territorio de los Estados miembros. Por consiguiente, procede que la Agencia garantice que se cumplen las condiciones de un esfuerzo de retorno eficaz y coordinado entre los Estados miembros, dejando al mismo tiempo la organización y ejecución de las operaciones de retorno conjuntas a los servicios nacionales competentes. Por lo tanto, conviene que la Agencia pueda utilizar los recursos puestos a disposición por las acciones comunitarias en el marco de la presente Decisión.
(29) El apoyo prestado por el Fondo será más eficaz y alcanzará mejor sus objetivos si la cofinanciación de las acciones elegibles se basa en una programación estratégica plurianual, elaborada por cada Estado miembro en colaboración con la Comisión.
(30) Sobre la base de las orientaciones estratégicas adoptadas por la Comisión, conviene que cada Estado miembro prepare un documento de programación plurianual que tenga en cuenta su situación y sus necesidades específicas y en el que se exponga su estrategia de desarrollo, que debe servir de marco para la ejecución de las acciones que deben incluirse en los programas anuales.
(31) En el contexto de la gestión compartida contemplada en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas [14] (en lo sucesivo denominado "el Reglamento financiero"), procede especificar las condiciones necesarias para que la Comisión pueda ejercer las responsabilidades que le incumben en relación con la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea, y clarificar las obligaciones de cooperación que incumben a los Estados miembros. La aplicación de estas condiciones permitiría a la Comisión determinar si los Estados miembros están utilizando el Fondo de forma lícita y correcta, y de conformidad con el principio de buena gestión financiera establecido en el artículo 27 y en el artículo 48, apartado 2, del Reglamento financiero.
(32) La Comisión debe establecer el desglose indicativo de los créditos de compromiso disponibles, aplicando un método objetivo y transparente.
(33) Los Estados miembros deben adoptar las medidas oportunas para garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de gestión y control, así como la calidad de la ejecución. A estos efectos, es preciso fijar los principios generales a que deben atenerse todos los programas y las funciones que les corresponde desempeñar.
(34) De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, la responsabilidad principal de la ejecución y del control de las intervenciones del Fondo debe corresponder a los Estados miembros.
(35) Procede especificar las obligaciones de los Estados miembros en relación con los sistemas de gestión y de control, la certificación del gasto y la prevención, detección y corrección de irregularidades e infracciones del Derecho comunitario, de modo que pueda garantizarse la eficiente y correcta ejecución de sus programas anuales y plurianuales. En particular, en lo que atañe a la gestión y al control, es preciso establecer las condiciones que permitan a los Estados miembros garantizar la implantación de los sistemas pertinentes y su satisfactorio funcionamiento.
(36) Sin perjuicio de las competencias de la Comisión en materia de control financiero, debe fomentarse la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión en este ámbito.
(37) La eficacia y el impacto de las acciones apoyadas por el Fondo dependen también de su evaluación y de la difusión de sus resultados. Procede precisar las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en la materia, así como las normas encaminadas a garantizar la fiabilidad de la evaluación y la calidad de la información al respecto.
(38) Procede, por una parte, evaluar las acciones para reconsiderarlas y valorar sus efectos en el examen intermedio y, por otra, integrar el proceso de evaluación en el sistema de seguimiento de los proyectos.
(39) Habida cuenta de la importancia de la visibilidad de la financiación comunitaria, la Comisión debe establecer orientaciones destinadas a facilitar que cualesquiera autoridades, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales u otras entidades que reciban subvenciones del Fondo reconozcan adecuadamente la ayuda recibida, teniendo en cuenta la práctica respecto de otros instrumentos de gestión compartida, como los Fondos Estructurales.
(40) La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 37 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera [15] constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria, durante el procedimiento presupuestario anual.
(41) Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, promover el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular en el marco de unas normas comunes y del principio de la gestión integrada del retorno, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor, debido a la dimensión y a los efectos de la acción, a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
(42) Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión [16].
(43) Dado que las medidas de la presente Decisión relativas a la adopción de las orientaciones estratégicas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la misma, mediante la supresión de algunos de estos elementos o la adición de nuevos elementos no esenciales, dichas medidas deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE. Por razones de eficacia, los plazos normalmente aplicables en el marco del procedimiento de reglamentación con control deben abreviarse para la adopción de las orientaciones estratégicas.
(44) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y, por lo tanto, no queda vinculada por ésta ni sujeta a su aplicación.
(45) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda ha notificado, mediante carta de 6 de septiembre de 2005, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.
(46) De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado, mediante carta de 27 de octubre de 2005, su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.
(47) De conformidad con el artículo 67, apartado 2, guión segundo, del Tratado, la Decisión 2004/927/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por la que determinados ámbitos cubiertos por el Título IV de la Tercera parte del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea se regirán por el procedimiento previsto en el artículo 251 de dicho Tratado [17], hace que el procedimiento a que se refiere el artículo 251 del Tratado sea aplicable en los ámbitos regulados por el artículo 62, punto 1, punto 2, letra a) y punto 3 y el artículo 63, punto 2, letra b) y punto 3, letra b), de dicho Tratado,
La presente Decisión establece, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2013, el Fondo Europeo para el Retorno, (en lo sucesivo denominado "el Fondo"), como parte integrante de un marco coherente que incluye además la Decisión no 573/2007/CE, la Decisión no 574/2007/CE y la Decisión no.../2007/CE, con objeto de contribuir a la consolidación del espacio de libertad, seguridad y justicia y a la aplicación del principio de solidaridad entre los Estados miembros.
1. El objetivo general del Fondo será apoyar los esfuerzos realizados por los Estados miembros para mejorar la gestión del retorno en todas sus dimensiones mediante el uso del concepto de la gestión integrada y disponiendo lo necesario para que los Estados miembros puedan ejecutar las acciones comunes o las acciones nacionales que persigan los objetivos comunitarios con arreglo el principio de solidaridad, teniendo en cuenta la legislación comunitaria en este ámbito y respetando plenamente los derechos fundamentales.
1. El Fondo contribuirá a los siguientes objetivos específicos:
a) la introducción y mejora de la organización y ejecución de la gestión integrada del retorno por los Estados miembros;
b) el refuerzo de la cooperación entre los Estados miembros en el marco de la gestión integrada del retorno y su aplicación;
c) el fomento de una aplicación eficaz y uniforme de normas comunes sobre el retorno, de conformidad con la evolución de la política en este ámbito.
2. La gestión integrada del retorno incluirá, en particular, el desarrollo y aplicación por las autoridades competentes de un Estado miembro de planes integrados de retorno que:
a) se basen en una evaluación global de la situación en el Estado miembro en cuanto a la población destinataria o a cuestiones específicas relativas al retorno y los retos de las operaciones previstas (tales como los relacionados con la obtención de documentos de viaje y otros obstáculos de carácter práctico al retorno), teniendo en cuenta, cuando proceda, el oportuno número de expedientes. La evaluación global se realizará en cooperación con todas las autoridades y partes interesadas pertinentes;
b) se propongan la implantación de un amplio abanico de medidas que favorezcan los programas de retorno voluntario de nacionales de terceros países, en particular de aquellos que no satisfagan o hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia en sus territorios y, cuando proceda, apliquen operaciones de retorno forzoso respecto de estas personas, dentro del pleno respeto de su dignidad y de los principios humanitarios;
c) incluyan una planificación y/o un calendario y, en su caso, prevean mecanismos de evaluación periódica que permitan ajustar la planificación y evaluar el impacto del plan en la práctica; y que
d) incluyan, si los Estados miembros lo consideran oportuno, medidas para facilitar la cooperación entre los organismos administrativos, policiales y judiciales competentes, en distintos niveles de gobierno si procede.
3. Los planes integrados de retorno se centrarán, en particular, en la eficacia y sostenibilidad de los retornos, mediante acciones como información válida en la fase previa a la partida, organización del viaje, tránsito en el país del retorno, tanto para el retorno voluntario como para el forzoso. En la medida de lo posible, podrán preverse incentivos para quien retorne voluntariamente, tales como asistencia en el retorno, con objeto de fomentar el retorno voluntario.
Si así lo consideran oportuno, los Estados miembros podrán incluir la prestación de apoyo a la acogida y reintegración.
1. Podrán optar a la financiación del Fondo las acciones relacionadas con el objetivo establecido en el artículo 3, apartado 1, letra a), y, en particular, las siguientes:
a) establecimiento o mejora de una cooperación operativa efectiva, estable y duradera de las autoridades de los Estados miembros con las autoridades consulares y servicios de inmigración de los terceros países con vistas a obtener documentos de viaje para el retorno de los nacionales de terceros países y garantizar la rapidez y eficacia de las expulsiones;
b) promoción de los modos y medios para proporcionar información sobre el retorno en la fase más temprana posible de los procedimientos de asilo e inmigración y para alentar individualmente a los nacionales de terceros países a hacer uso de las posibilidades del retorno voluntario;
c) facilitación de los retornos voluntarios de los nacionales de terceros países, en particular mediante programas de retorno voluntario asistido, con vistas a garantizar la eficacia y la sostenibilidad de los retornos;
d) desarrollo de formas de cooperación entre distintos niveles de las autoridades nacionales, regionales, locales, municipales y otras autoridades públicas, que permitan a los funcionarios obtener rápidamente información sobre experiencias de retorno y métodos de otros lugares y, cuando sea posible, poner en común sus recursos;
e) simplificación y ejecución de los retornos forzosos de los nacionales de terceros países que no satisfagan o hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia, con vistas a reforzar la credibilidad e integridad de las políticas de inmigración y reducir el período de detención de las personas a la espera de expulsión.
2. Podrán optar a la financiación del Fondo las acciones relacionadas con el objetivo establecido en el artículo 3, apartado 1, letra b), y, en particular, las siguientes:
a) cooperación en la recogida y transmisión a los retornados potenciales de información sobre su país de origen, antigua residencia o tránsito;
b) cooperación en el desarrollo de relaciones de trabajo operativas, eficaces, estables y duraderas entre las autoridades de los Estados miembros y las autoridades consulares y los servicios de inmigración de los terceros países con objeto de facilitar la asistencia consular en la obtención de documentos de viaje para el retorno de los nacionales de terceros países y garantizar la rapidez y eficacia de las expulsiones;
c) elaboración de planes de retorno integrados conjuntos y su aplicación, incluidos programas de retorno voluntario conjuntos en relación con determinados países de origen, antigua residencia o tránsito;
d) estudios sobre la situación actualmente existente y las posibilidades de reforzar la cooperación administrativa entre Estados miembros en el ámbito del retorno, así como sobre el papel que deben desempeñar en este ámbito las organizaciones internacionales y no gubernamentales;
e) intercambio de información y mejores prácticas, ayuda y asesoramiento en cuanto a la manera de abordar el retorno de grupos particularmente vulnerables;
f) organización de seminarios para expertos sobre las mejores prácticas, centrados en determinados países terceros o regiones, o ambos;
g) medidas conjuntas que posibiliten la acogida de personas readmitidas en países de origen, antigua residencia o tránsito;
h) desarrollo conjunto de acciones que garanticen el retorno sostenible de personas al país de origen o de antigua residencia.
3. Podrán optar a la financiación del Fondo las acciones relacionadas con el objetivo establecido en el artículo 3, apartado 1, letra c), y, en particular, las siguientes:
a) refuerzo de la capacidad de las autoridades competentes para adoptar lo más rápidamente posible decisiones de retorno realizadas de forma adecuada;
b) refuerzo de la capacidad de las autoridades administrativas competentes para ejecutar o aplicar rápidamente las decisiones de expulsión dentro del pleno respeto de la dignidad humana y las pertinentes normas de seguridad europeas respecto de dichas operaciones;
c) refuerzo de la capacidad de los órganos jurisdiccionales para resolver más rápidamente los recursos interpuestos contra las decisiones de retorno;
d) organización de seminarios y formación conjunta para el personal de las autoridades administrativas, policiales y judiciales, ya sean de ámbito nacional, regional, local o municipal, u otras autoridades competentes, sobre los aspectos jurídicos y prácticos de las operaciones de retorno;
e) refuerzo de la capacidad de las autoridades administrativas competentes para aplicar efectivamente acuerdos comunes sobre reconocimiento mutuo y operaciones de retorno conjuntas, incluidas las recomendaciones, normas operativas y prácticas idóneas definidas al respecto por la Agencia en materia de retorno.
4. Las acciones contempladas en los apartados 1, 2 y 3 promoverán, en particular, la aplicación de las disposiciones de la legislación comunitaria pertinente en el ámbito de la política común europea de inmigración y retorno.
Medidas elegibles en los Estados miembros
Las acciones apoyadas podrán incluir las siguientes medidas:
1) En todos los casos de retorno, información a los nacionales de terceros países sobre el retorno en general, asesoramiento individual sobre las posibilidades de retorno voluntario, gastos de traducción, obtención de los documentos de viaje imprescindibles, los costes de los reconocimientos médicos necesarios previos al retorno, costes de viaje y alimentación de retornados y acompañantes, incluido personal médico e intérpretes, alojamiento de acompañantes, incluido personal médico e intérpretes, costes del transporte en el Estado miembro y hasta el país de retorno y cooperación con las autoridades del país de origen, antigua residencia o tránsito;
2) En todos los casos de retorno, asistencia específica a personas vulnerables como los menores, menores no acompañados, personas con discapacidad, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, padres solos con hijos menores y personas que han sido sometidas a tortura, violación u otras formas graves de violencia psicológica, física o sexual;
3) Además, en el caso del retorno forzoso de nacionales de terceros países que no satisfacen o han dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia, asunción de los costes de viaje, alimentación y alojamiento temporal de los retornados y acompañantes procedentes del Estado miembro participante en el Estado miembro organizador con anterioridad a la partida en caso de operaciones conjuntas de retorno;
4) Además, en el caso del retorno voluntario de nacionales de terceros países que no satisfacen o han dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia, asistencia a los retornados en la preparación del retorno, así como asunción de los costes esenciales previos al retorno;
5) Además, en el caso del retorno voluntario de nacionales de terceros países que no tienen la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros y en otros casos, si los Estados miembros lo consideran oportuno, contribución financiera limitada para los gastos iniciales después del retorno, transporte de las pertenencias personales del retornado, alojamiento temporal adecuado durante los primeros días posteriores a la llegada al país de retorno en un centro de acogida o, en caso de necesidad, en un hotel, formación y asistencia al empleo y, en su caso, ayuda limitada para la puesta en marcha de actividades económicas;
6) Educación y formación del personal de las autoridades administrativas, judiciales, policiales y aduaneras competentes, comisiones de servicio de estas categorías de personal de otros Estados miembros para garantizar una aplicación efectiva y uniforme de las normas comunes sobre retorno y de las obligaciones contraídas con arreglo a instrumentos internacionales que afectan al tratamiento que se ha de dar a los retornados, y reforzar la cooperación, así como misiones para evaluar los resultados de las políticas de retorno en los terceros países;
7) En el caso de cooperación operativa con las autoridades consulares y los servicios de inmigración de los terceros países, con vistas a obtener los documentos de viaje y garantizar la rapidez de los procedimientos de expulsión, asunción de los costes de viaje y alojamiento en los Estados miembros del personal de las autoridades y servicios responsables de la identificación de los nacionales de terceros países y la verificación de sus documentos de viaje;
8) En el caso de medidas de reintegración para nacionales de terceros países que no tienen la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros, incentivos en metálico y otras medidas a corto plazo necesarias para iniciar el proceso de reintegración con miras al desarrollo personal del retornado, tales como formación, asistencia a la colocación y al empleo, ayuda para la puesta en marcha de actividades económicas y asistencia y asesoramiento posteriores al retorno;
9) En el caso de medidas de reintegración para nacionales de terceros países que no satisfacen o han dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia, si los Estados miembros lo consideran oportuno, incentivos en metálico y otras medidas a corto plazo necesarias para iniciar el proceso de reintegración con miras al desarrollo personal del retornado, tales como formación, asistencia a la colocación y al empleo, ayuda para la puesta en marcha de actividades económicas y asistencia y asesoramiento posteriores al retorno, así como medidas que permitan a los Estados miembros ofrecer modalidades de acogida en los terceros países desde la llegada.
1. El Fondo podrá financiar, a iniciativa de la Comisión, y dentro del límite del 7 % de sus recursos disponibles, acciones transnacionales o de interés comunitario ("acciones comunitarias"), en materia de política de retorno y medidas aplicables al grupo destinatario a que se refiere el artículo 7.
b) apoyar la instauración de redes de cooperación transnacionales y proyectos piloto a partir de asociaciones transnacionales entre órganos ubicados en dos o más Estados miembros concebidas para estimular la innovación, facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, y mejorar la calidad de la política de retorno;
d) apoyar la realización de estudios y la difusión y el intercambio de información sobre las mejores prácticas y sobre todos los demás aspectos de las políticas de retorno, incluida la utilización de la tecnología más avanzada, en particular para fomentar una mayor investigación comparativa sobre las repercusiones de los programas de retorno anteriores y actuales;
e) apoyar la realización de proyectos piloto y estudios sobre la posibilidad de establecer nuevas formas de cooperación comunitaria y legislación comunitaria en este ámbito;
f) respaldar el desarrollo y la aplicación por los Estados miembros de instrumentos, métodos e indicadores estadísticos comunes para medir la evolución de las políticas de retorno, en particular con objeto de difundir estadísticas desglosadas por retornos voluntarios y forzosos;
g) apoyar la elaboración y actualización regular, en cooperación con la Agencia de un manual común de buenas prácticas en materia de retorno, también en relación con los acompañantes;
3. El programa anual en el que se establecerán las prioridades para las acciones comunitarias se adoptará de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 52, apartado 2.
1. A efectos de la presente Decisión, los grupos destinatarios estarán compuestos por las categorías siguientes:
a) los nacionales de terceros países que todavía no hayan recibido una decisión definitiva negativa a su solicitud de protección internacional en un Estado miembro y que puedan optar por hacer uso del retorno voluntario, siempre que no hayan adquirido una nueva nacionalidad y que no hayan abandonado el territorio del Estado miembro;
b) los nacionales de terceros países que gocen en un Estado miembro de alguna forma de protección internacional en el sentido de la Directiva 2004/83/CE o de una protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE y que opten por hacer uso del retorno voluntario, siempre que no hayan adquirido una nueva nacionalidad y que no hayan abandonado el territorio del Estado miembro;
c) los nacionales de terceros países que no satisfagan o que hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia en un Estado miembro y que, de conformidad con la obligación de abandonar el territorio del Estado miembro, hagan uso del retorno voluntario;
d) los nacionales de terceros países que no satisfagan o hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada o estancia en un Estado miembro.
2. Nacional de un tercer país significará cualquier persona que no sea ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 17, apartado 1, del Tratado.
2. La Comisión y los Estados miembros velarán por que las intervenciones del Fondo y de los Estados miembros sean coherentes con las actividades, políticas y prioridades de la Comunidad. Esta coherencia se reflejará, en particular, en el programa plurianual a que se refiere el artículo 19.
1. Los objetivos del Fondo se enmarcarán en un período de programación plurianual (2008-2013) que será objeto de un examen intermedio según lo dispuesto en el artículo 22. El sistema de programación plurianual incorporará las prioridades establecidas y un proceso de gestión, toma de decisiones, auditoría y certificación.
1. El presupuesto comunitario atribuido al Fondo se ejecutará según lo estipulado en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Reglamento financiero, a excepción de las acciones comunitarias a que se refiere el artículo 6 y de la asistencia técnica contemplada en el artículo 16 de la presente Decisión.
Entre dichas autoridades y organismos podrán figurar las administraciones regionales, locales y municipales competentes y otros organismos públicos, organizaciones internacionales, en especial el ACNUR, y organismos que representen a la sociedad civil, como las organizaciones no gubernamentales o los interlocutores sociales.
1. La dotación financiera para la ejecución de la presente Decisión, desde el 1 de enero de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2013, ascenderá a 676 millones EUR.
Este importe se elevará a 500000 EUR anuales durante el período 2008-2013 en el caso de los Estados que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo 2004.
a) el 50 %, de manera proporcional al número total de nacionales de terceros países que no satisfagan o hayan dejado de satisfacer las condiciones de entrada y estancia en el territorio del Estado miembro y sean objeto de una decisión de retorno de conformidad con la legislación nacional y/o comunitaria, por ejemplo un acto o una decisión administrativa o judicial, por la que se establezca o declare la ilegalidad de la estancia y se imponga la obligación del retorno, durante los tres años anteriores;
b) el 50 %, de manera proporcional al número total de nacionales de terceros países que hayan abandonado efectivamente el territorio de un Estado miembro de conformidad con una orden administrativa o judicial de abandono, bien de manera voluntaria o bajo coerción, durante los tres años anteriores.
3. Entre los nacionales de terceros países a que se refiere el apartado 2 no se incluirán:
a) los nacionales de terceros países a los que, estando presentes en una zona de tránsito de un Estado miembro, se les haya denegado la entrada;
b) los nacionales de terceros países que hayan de devolverse por un Estado miembro a otro Estado miembro, por ejemplo, en virtud del Reglamento (CE) n.o 343/2003 del Consejo, de 18 de febrero de 2003, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país [18].
4. Las cifras de referencia serán las últimas estadísticas establecidas por la Comisión (Eurostat) sobre la base de los datos que faciliten los Estados miembros de acuerdo con el Derecho comunitario.
Los Estados miembros que no hayan facilitado a la Comisión (Eurostat) las estadísticas pertinentes facilitarán cuanto antes datos provisionales.
3. Los créditos del Fondo serán complementarios del gasto público o equivalente de los Estados miembros destinados a las medidas a que se refiere la presente Decisión.
Esta proporción podrá elevarse al 75 % en el caso de proyectos que aborden las prioridades específicas señaladas en las orientaciones estratégicas, tal como se definen en el artículo 18.
1. Por iniciativa de la Comisión y/o en su nombre, el Fondo podrá financiar, dentro de un límite máximo de 500000 EUR de su dotación anual, las medidas de preparación, las medidas de seguimiento, de asistencia técnica y administrativa, así como las medidas de evaluación, auditoría e inspección necesarias para la aplicación de la presente Decisión.
f) medidas de información y formación dirigidas a las autoridades designadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 25, que servirán de complemento a los esfuerzos de los Estados miembros para orientar a sus autoridades de conformidad con el artículo 31, apartado 2.
1. La Comisión adoptará orientaciones estratégicas que establecerán el marco de intervención del Fondo, habida cuenta de los progresos realizados en el desarrollo y aplicación de la legislación comunitaria en materia de retorno y las medidas adoptadas por la Comunidad en materia de inmigración ilegal, así como de la distribución indicativa de los recursos financieros del Fondo para el período del programa plurianual.
2. Estas orientaciones fijarán las prioridades de la Comunidad, para los objetivos del Fondo a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letras a) y b), con vistas a impulsar
a) el retorno de aquellos nacionales de terceros países que no estén en posesión de pasaportes u otros documentos de identidad;
b) el retorno de aquellos nacionales de terceros países que no estén cubiertos por acuerdos de readmisión comunitarios o acuerdos de readmisión nacionales bilaterales, con vistas a reforzar la obligación de Derecho internacional de readmitir a los propios nacionales;
c) el retorno a un tercer país determinado de aquellos nacionales de terceros países y personas apátridas que hayan llegado de dicho país o hayan residido en él no como nacionales suyos;
d) el retorno de personas que no tienen la obligación de abandonar el territorio de los Estados miembros, como los solicitantes de asilo que todavía no han recibido una decisión negativa o personas que gozan de protección internacional en el sentido de la Directiva 2004/83/CE o de protección temporal en el sentido de la Directiva 2001/55/CE;
e) el retorno de grupos particularmente vulnerables.
Estas orientaciones fijarán las prioridades de la Comunidad, para los objetivos del Fondo a que se refiere el artículo 3, apartado 1, letra c), con vistas a impulsar el conocimiento de las normas comunes en todo el territorio de la Unión Europea y su integración en los procedimientos diarios de gestión del retorno ante las autoridades administrativas de los Estados miembros.
1. Cada Estado miembro propondrá, sobre la base de las orientaciones estratégicas a que se refiere el artículo 18, un proyecto de programa plurianual que constará de los siguientes elementos:
a) una descripción de la situación actual en el Estado miembro en relación con el principio de la gestión integrada del retorno, la cooperación con autoridades consulares y servicios de inmigración de terceros países, las medidas y políticas relativas al retorno voluntario y forzoso, con datos desglosados, en la medida en que estén disponibles, entre retornos voluntarios y forzosos, el enfoque hacia medidas de reintegración y sostenibilidad del retorno, la creación de capacidad de las autoridades administrativas y judiciales competentes y la cooperación con otros Estados miembros en relación con lo anteriormente mencionado;
b) un análisis de las necesidades en el Estado miembro de que se trate en materia de cooperación con autoridades consulares y servicios de inmigración de terceros países, medidas y políticas relativas al retorno voluntario y forzoso, enfoque hacia medidas de reintegración y sostenibilidad del retorno, creación de capacidad de las autoridades administrativas y judiciales competentes y cooperación con otros Estados miembros en relación con lo anteriormente mencionado y la indicación de los objetivos operativos para responder a las necesidades durante el período cubierto por el programa plurianual;
e) información sobre las prioridades y sus objetivos específicos. Dichos objetivos se cuantificarán mediante un número reducido de indicadores, atendiendo al principio de proporcionalidad. Los indicadores deberán permitir medir los avances realizados frente a la situación de partida, y la eficacia de los objetivos en que se plasmen las prioridades;
a) la coherencia del proyecto de programa plurianual con los objetivos del Fondo y las orientaciones estratégicas a que se refiere el artículo 18;
b) la pertinencia de las acciones previstas en el proyecto de programa plurianual, a la luz de la estrategia que se haya propuesto;
d) la conformidad del proyecto de programa plurianual con el Derecho comunitario, y, en particular, con las disposiciones de este último destinadas a garantizar la libre circulación de personas, junto con las medidas de acompañamiento directamente vinculadas a ellos y relativas a los controles en las fronteras exteriores, el asilo y la inmigración.
Revisión del programa plurianual
1. Por iniciativa del Estado miembro en cuestión o de la Comisión, el programa plurianual se reexaminará y, en su caso, se revisará para el resto del período de programación a fin de atender a las prioridades comunitarias en mayor grado o de forma diferente. Los programas plurianuales podrán reexaminarse a la luz de una evaluación y/o como consecuencia de dificultades de aplicación.
1. El programa plurianual aprobado por la Comisión será ejecutado mediante programas de trabajo anuales.
a) los criterios de selección de los proyectos que se vayan a financiar en el marco del programa anual;
c) el desglose financiero propuesto de la contribución del Fondo entre las distintas acciones del programa, y una indicación del importe solicitado para asistencia técnica con arreglo al artículo 17 a efectos de la ejecución del programa anual.
3. Las normas establecidas en el artículo 19 sobre la preparación y aprobación de los programas plurianuales nacionales se aplicarán mutatis mutandis a la preparación y aprobación de esos programas plurianuales revisados.
i) sistemas y procedimientos que garanticen una pista de auditoria adecuada;
b) una autoridad de certificación: autoridad u organismo público nacional, o persona física que actúe en calidad de dicha autoridad u organismo, designado por el Estado miembro a fin de certificar las declaraciones de gastos antes de su envío a la Comisión;
c) una autoridad de auditoría: autoridad u organismo público nacional, siempre que sea funcionalmente independiente de la autoridad responsable y de la autoridad de certificación, designado por el Estado miembro y responsable de verificar el correcto funcionamiento del sistema de gestión y control;
4. Las disposiciones de aplicación de los artículos 26 a 30 serán adoptadas por la Comisión de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 52, apartado 2.
2. El Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar una financiación apropiada de la autoridad responsable, de forma que pueda seguir desempeñando sus tareas adecuadamente durante todo el período 2008-2013.
a) consultará a las entidades con las que haya establecido una relación de cooperación de conformidad con el artículo 12;
b) presentará a la Comisión propuestas de programas plurianuales y anuales, a los que se hace referencia en los artículos 19 y 21;
c) organizará y publicará las licitaciones y las convocatorias de propuestas, cuando corresponda;
d) organizará la selección de proyectos para la cofinanciación con cargo al Fondo, de conformidad con los criterios enunciados en el artículo 15, apartado 5;
e) recibirá los pagos de la Comisión y efectuará los pagos en favor de los beneficiarios finales;
f) garantizará la coherencia y complementariedad entre la cofinanciación del Fondo y la procedente de otros diferentes instrumentos financieros nacionales y comunitarios;
g) supervisará el suministro de los productos y servicios objeto de cofinanciación y que el gasto declarado en relación con las acciones se ha efectuado realmente, así como la conformidad de dicho gasto con las normas comunitarias y nacionales aplicables en la materia;
h) garantizará que se dispone de un sistema informatizado de registro y almacenamiento de datos contables relacionados con cada una de las acciones correspondientes a los programas anuales, y que se procede a la recopilación de los datos sobre la ejecución, necesarios para la gestión financiera, el seguimiento, el control y la evaluación;
i) se asegurará de que los beneficiarios finales y demás organismos involucrados en la ejecución de las acciones cofinanciadas por el Fondo mantienen un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado en relación con todas las operaciones relacionadas con la acción, sin perjuicio de las normas contables nacionales;
j) garantizará que las evaluaciones del Fondo contempladas en el artículo 49 se llevan a cabo dentro de los plazos establecidos en el artículo 50, apartado 2, y cumplen los requisitos de calidad acordados por la Comisión y el Estado miembro;
k) establecerá procedimientos que garanticen que se dispone de todos los documentos sobre el gasto y las auditorías necesarios para contar con una pista de auditoría apropiada de conformidad con los requisitos a que se refiere el artículo 43;
l) garantizará que la autoridad de auditoria reciba, para la realización de las auditorias definidas en el artículo 30, apartado 1, toda la información necesaria sobre los procedimientos de gestión aplicados y sobre los proyectos cofinanciados por el Fondo;
m) se asegurará de que la autoridad de certificación reciba toda la información necesaria sobre los procedimientos y verificaciones realizados en relación con el gasto a efectos de certificación;
n) elaborará y remitirá a la Comisión los informes de situación e informes finales sobre la ejecución de los programas anuales, las declaraciones de gastos emitidas por la autoridad de certificación y las solicitudes de pago o, en su caso, las declaraciones de reembolso;
o) llevará a cabo actividades de información y asesoramiento, y difundirá los resultados de las acciones subvencionadas;
p) cooperará con la Comisión y las autoridades responsables de los restantes Estados miembros;
q) comprobará que los beneficiarios finales aplican las orientaciones a las que se refiere el artículo 33, apartado 6.
2. Las actividades de la autoridad responsable vinculadas a la gestión de los proyectos realizados en los Estados miembros podrán ser financiadas a tenor de las disposiciones sobre asistencia técnica a las que hace referencia el artículo 16.
2. Las actividades de la autoridad de certificación relacionadas con proyectos realizados en los Estados miembros podrán ser financiadas a tenor de las disposiciones sobre asistencia técnica a que se refiere el artículo 17, siempre que se respeten las prerrogativas de dicha autoridad, tal como se describen en el artículo 25.
b) garantizar la realización de auditorías de las acciones basadas en una muestra adecuada a fin de verificar el gasto declarado; la muestra será como mínimo representativa del 10 % de los gastos totales elegibles para cada programa anual;
c) presentar a la Comisión, en el plazo de seis meses a partir de la aprobación del programa plurianual, un plan de auditoría que indique los organismos que vayan a llevar a cabo las auditorías mencionadas en las letras a) y b), garantizando que los principales beneficiarios de la cofinanciación por el Fondo sean auditados y que las auditorías se distribuyan de forma equilibrada a lo largo del periodo de programación.
2. Si la autoridad de auditoría designada en virtud de la presente Decisión es asimismo la autoridad de auditoría designada en virtud de las Decisiones no 573/2007/CE, no 574/2007/CE y no .../2007/CE, o si se aplican sistemas de auditoría comunes a dos o más de estos Fondos, podrá comunicarse, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1, letra c), un único plan de auditoría combinado.
c) una declaración en la que se determinará la validez de la solicitud de pago o de la declaración de reembolso del saldo final y la legalidad y regularidad de los gastos de que se trate.
4. La autoridad de auditoría se cerciorará de que los trabajos de auditoría tienen en cuenta las normas de auditoría internacionalmente
5. La auditoría de los proyectos realizados en los Estados miembros podrá ser financiada a tenor de las disposiciones sobre asistencia técnica a que se refiere el artículo 17, siempre que se respeten las prerrogativas de la autoridad de auditoría, tal como se describen en el artículo 24.
2. Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades responsables y cualquier autoridad delegada, las autoridades de certificación, las autoridades de auditoría y cualquier otro organismo interesado reciben una orientación adecuada a la hora de implantar los sistemas de gestión y control contemplados en los artículos 24 a 30, a fin de garantizar una utilización correcta y eficiente de la financiación comunitaria
3. Los Estados miembros se encargarán de la prevención, la detección y la corrección de irregularidades. Comunicarán dichas irregularidades a la Comisión, manteniéndola informada de la evolución de los procedimientos administrativos y judiciales
2. Los Estados miembros remitirán a la Comisión, junto con sus proyectos de programa plurianual, una descripción de la organización y los procedimientos de las autoridades responsables, las autoridades delegadas y las autoridades de certificación, así como de los sistemas de auditoría interna aplicados por dichas autoridades y organismos, la autoridad de auditoría o por cualquier otro organismo que lleve a cabo auditorías bajo su responsabilidad.
3. La Comisión examinará la aplicación de esta disposición en el contexto de la preparación del informe para el período comprendido entre 2008 y 2010 a que se refiere el artículo 50, apartado 3.
1. La Comisión se asegurará, de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 31, de la implantación, por parte de los Estados miembros, de sistemas de gestión y control que se ajusten a lo dispuesto en los artículos 24 a 30 y, basándose en los informes anuales de auditoría y en sus propias auditorías, del funcionamiento eficaz de dichos sistemas durante el periodo de programación.
2. Sin perjuicio de las auditorías llevadas a cabo por los Estados miembros, los funcionarios o representantes autorizados de la Comisión podrán realizar verificaciones sobre el terreno, a fin de comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas de gestión y control, lo que podrá incluir auditorías de acciones correspondientes a los programas anuales, anunciándolas como mínimo con tres días hábiles de antelación. Podrán participar en dichas auditorías funcionarios o representantes autorizados del Estado miembro interesado.
3. La Comisión podrá exigir a un Estado miembro la realización de controles sobre el terreno a fin de comprobar el correcto funcionamiento de los sistemas o la regularidad de una o varias operaciones. Podrán participar en dichos controles funcionarios o representantes autorizados de la Comisión.
1. La Comisión cooperará con las autoridades de auditoría con objeto de coordinar sus respectivos planes y métodos de auditoría y procederá al intercambio inmediato de los resultados de las auditorías efectuadas en relación con los sistemas de gestión y control a fin de optimizar la utilización de los recursos en materia de control y de evitar repeticiones innecesarias del trabajo.
En relación con esos programas, la Comisión podrá determinar que puede basarse principalmente en los datos de auditoría facilitados por los Estados miembros y que realizará sus propias verificaciones sobre el terreno sólo si existen indicios de deficiencias en los sistemas.
1. En todas las declaraciones de gastos se hará constar el importe del gasto que hayan efectuado los beneficiarios finales al ejecutar las acciones y las contribuciones públicas o privadas correspondientes.
2. Los gastos corresponderán a los pagos efectuados por los beneficiarios finales. Éstos deberán justificarse mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente.
3. Para poder recibir el apoyo del Fondo, el gasto deberá haberse desembolsado efectivamente, a partir del 1 de enero del año al cual se refiere la decisión de financiación por la que se aprueba el programa anual mencionada en el artículo 21, apartado 5, párrafo tercero. Las acciones objeto de cofinanciación no deberán haberse completado antes de la fecha a partir de la cual se consideren elegibles.
1. Los importes mencionados en los proyectos de programas plurianuales y anuales de los Estados miembros, a que se refieren los artículos 19 y 21, respectivamente, en las declaraciones certificadas de gastos y en las solicitudes de pagos a que se refiere el artículo 27, apartado 1, letra n), así como los gastos mencionados en el informe de situación sobre la ejecución del programa anual a que se refiere el artículo 39, apartado 4, y en el informe final sobre la ejecución del programa anual a que se refiere el artículo 51, se expresarán en euros.
2. Las decisiones de financiación de la Comisión por las que se aprueben los programas anuales de los Estados miembros mencionadas en el artículo 21, apartado 5, párrafo tercero, los compromisos de la Comisión y los pagos de la Comisión se expresarán y se ejecutarán en euros.
Los compromisos presupuestarios comunitarios se contraerán anualmente sobre la base de la decisión de financiación de la Comisión por la que se apruebe el programa anual, contemplada en el artículo 21, apartado 5, párrafo tercero.
2. Los pagos revestirán la forma de prefinanciaciones y pagos del saldo. Dichos pagos se abonarán a la autoridad responsable designada por el Estado miembro
3. Se pagará al Estado miembro una primera prefinanciación del 50 % del importe asignado en la decisión de financiación por la que se apruebe el programa anual en los sesenta días siguientes a la aprobación de dicha decisión.
4. Se desembolsará una segunda prefinanciación en un plazo no superior a tres meses a partir de la aprobación por la Comisión, dentro de los dos meses siguientes a la presentación oficial de una solicitud de pago por un Estado miembro, de un informe de situación relativo a la ejecución del programa anual, así como una declaración de gastos certificada elaborada de conformidad con los artículos 29, apartado 1, letra a) y 35, en la que conste un nivel de gastos que represente al menos el 60 % del importe del pago inicial.
El importe de la segunda prefinanciación desembolsada por la Comisión no excederá del 50 % del importe total asignado en la decisión de financiación por la que se aprueba el programa anual y, en todo caso, cuando un Estado miembro haya comprometido nacionalmente un importe inferior al indicado en la decisión de financiación por la que se apruebe el programa anual, del saldo del importe de los fondos comunitarios efectivamente transferidos por el Estado miembro en beneficio de proyectos seleccionados en el marco del programa anual previa deducción del importe de la primera prefinanciación desembolsada.
6. El importe pagado en concepto de prefinanciación se liquidará en las cuentas en el momento del cierre del programa anual
a) una declaración de gastos certificada y una solicitud de pago del saldo o declaración de reembolso correctamente elaborada de conformidad con los artículos 29, apartado 1, letra a) y 35;
2. Si la autoridad responsable no facilita los documentos indicados en el apartado 1 en el plazo previsto y con una presentación aceptable, la Comisión procederá a la liberación de la parte del compromiso presupuestario del correspondiente programa anual que no se haya utilizado para el pago de la prefinanciación
4. El plazo de nueve meses mencionado en el apartado 1 se interrumpirá si la Comisión ha adoptado una decisión por la que suspende el pago de las cofinanciaciones del programa anual en cuestión de conformidad con el artículo 42. El plazo comenzará a correr de nuevo a partir de la fecha en la que la decisión de la Comisión a que se refiere el artículo 40, apartado 3, se haya notificado al Estado miembro.
b) cuando el gasto consignado en una declaración de gastos certificada guarde conexión con una irregularidad grave que no haya sido corregida; o
4. Cuando el Estado miembro no adopte las medidas necesarias, la Comisión podrá decidir cancelar total o parcialmente la contribución comunitaria al programa anual de conformidad con el artículo 46.
Sin perjuicio de las normas aplicables a las ayudas estatales con arreglo al artículo 87 del Tratado, la autoridad responsable se asegurará de que todos los documentos justificativos relacionados con los gastos y con las auditorías de los programas correspondientes, se mantienen a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas durante un período de cinco años a partir del cierre de los programas de conformidad con el artículo 40, apartado 1.
1. Incumbirá en primer lugar a los Estados miembros la responsabilidad de investigar las irregularidades, debiendo actuar cuando haya pruebas de una modificación importante que afecte a la naturaleza o a las condiciones de ejecución o de control de los programas, y de efectuar las correcciones financieras necesarias
2. Si al término de las comprobaciones necesarias la Comisión llega a la conclusión de que un Estado miembro no ha cumplido con obligaciones que le incumben en virtud del artículo 31, suspenderá las prefinanciaciones o los pagos del saldo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42.
2. El Fondo será objeto de una evaluación, realizada por la Comisión en cooperación con los Estados miembros, sobre la pertinencia, la eficacia y el impacto de las acciones aplicadas en relación con el objetivo general contemplado en el artículo 2 en el contexto de la elaboración de los informes a que se refiere el artículo 50, apartado 3.
A tal efecto, los acuerdos y contratos que celebre con las organizaciones responsables de la ejecución de la acciones incluirán cláusulas relativas a la obligación de rendir cuentas periódicamente mediante un informe detallado sobre la situación de la ejecución de la acción y el cumplimiento de los objetivos que se le hubieren asignado, que servirá de base, respectivamente, para el informe de situación y el informe final sobre la ejecución del programa anual a que se refiere el artículo 39, apartado 4.
b) a más tardar el 30 de junio de 2012 (para el período 2008-2010) y a más tardar el 30 de junio de 2015 (para el período 2011-2013), respectivamente, un informe de evaluación de los resultados y del impacto de las acciones cofinanciadas por el Fondo.
a) a más tardar el 30 de junio de 2010, un informe sobre la aplicación de los criterios establecidos en el artículo 15 respecto del desglose anual de los recursos entre Estados miembros, junto con las propuestas de modificación que se consideren oportunas;
b) a más tardar el 31 de diciembre de 2010, un informe de situación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del Fondo, junto con una propuesta relativa a la futura evolución del Fondo;
c) a más tardar el 31 de diciembre de 2012 (para el período 2008-2010) y a más tardar el 31 de diciembre de 2015 (para el período 2011-2013), respectivamente, un informe de evaluación a posteriori.
b) los progresos realizados en la ejecución del programa plurianual y sus prioridades en relación con sus objetivos específicos y verificables, cuantificando, los indicadores, siempre que se presten a ello;
c) las medidas adoptadas por la autoridad responsable a fin de garantizar la calidad y la eficacia de la ejecución, en particular:
i) las medidas de evaluación y seguimiento, incluidas las disposiciones sobre recopilación de datos;
2. El informe se considerará aceptable en la medida en que incluya toda la información enumerada en el apartado 1. La Comisión adoptará una decisión sobre el contenido del informe presentado por la autoridad responsable en el plazo de dos meses a partir de la recepción de toda la información enumerada en el apartado 1, de la que se acusará recibo a los Estados miembros. En caso de que la Comisión no responda en el plazo fijado, el informe se considerará aceptado.
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2008, a excepción de los artículos 14, 18, 19, 21, 22, 25, 31, apartado 2, 31, apartado 5, 32, 35, apartado 4 y 52, que serán aplicables a partir del 7 de junio de 2007.
[4] DO C 142 de 14.6.2002, p. 23.
[5] DO L 149 de 2.6.2001, p, 34.
[6] DO L 60 de 27.2.2004, p, 55.
[7] DO L 261 de 6.8.2004, p, 28.
[8] DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.
[9] DO L 212 de 7.8.2001, p. 12.
[11] Véase la página 22 del presente Diario Oficial.
[12] Aún no publicado en el Diario Oficial.
[13] DO L 349 de 25.11.2004, p. 1.
[14] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (EC, Euratom) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).
[17] DO L 396 de 31.12.2004, p. 45.
[18] DO L 50 de 25.2.2003, p. 1.