Source: http://legal.legis.com.co/document.legis/sentencia-c-1190-de-diciembre-3-de-2008?documento=jurcol&contexto=jurcol_75992042575ef034e0430a010151f034&vista=STD-PC
Timestamp: 2020-05-29 22:20:23
Document Index: 44679146

Matched Legal Cases: ['artículo 189', 'artículo 105', 'artículo 115', 'artículo 54', 'artículo 73', 'artículo 6', 'artículo 51', 'artículo 159', 'artículo 79', 'artículo 6', 'artículo 73', 'artículo 24', 'artículo 78', 'artículo 19', 'artículo 6', 'artículo 6', 'artículo 2', 'artículo 2', 'artículo 1', 'artículo 241', 'artículo 237', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 120', 'artículo 189', 'artículo 120', 'artículo 189', 'artículo 105', 'artículo 115', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 189', 'artículo 105', 'artículo 189', 'artículo 105', 'artículo 189', 'artículo 370', 'artículo 150', 'artículo 120', 'artículo 54', 'artículo 189', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 115', 'artículo 54', 'artículo 120', 'artículo 189', 'artículo 105', 'artículo 120', 'artículo 189', 'artículo 105', 'artículo 189', 'artículo 150', 'artículo 189', 'artículo 150', 'artículo 54', 'artículo 54', 'artículo 237']

﻿ SENTENCIA C-1190 DE DICIEMBRE 3 DE 2008
SENTENCIA C-1190 DE 03 DE DICIEMBRE DE 2008
CONTENIDO:LAS FACULTADES PARA EXPEDIR DECRETOS O ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE MODIFIQUEN LA ESTRUCTURA DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS ADMINISTRATIVOS DE ORDEN NACIONAL SON DE LAS FACULTADES ORDINARIAS CONCEDIDAS AL EJECUTIVO. SE INHIBE LA CORTE PARA FALLAR SOBRE LA INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS DECRETOS 990 Y 991 DEL 2002, POR FALTA DE JURISDICCIÓN.
TEMAS ESPECÍFICOS:ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, FACULTADES DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO, EXPEDICIÓN DEL DECRETO
Sentencia C-1190 de diciembre 3 de 2008
Sentencia C-1190 de 2008
Ref.: Expediente D-7340
Demanda de inconstitucionalidad contra los decretos 990 y 991 del 21 de mayo de 2002
Demandante: Miguel Ángel Patiño Jara
Trascripción de las disposiciones normativas demandadas, acorde con su publicación en el Diario Oficial 44.809 del 23 de mayo de 2002:
“DECRETO 990 DE 2002
“Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
en ejercicio de las facultades que le otorgan el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y
Que para efectos de modificar su planta de personal, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública el estudio técnico de que tratan los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 148 y 155 del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998;
Que la dirección general del presupuesto nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público otorgó la viabilidad presupuestal mediante el Oficio 16912 del 11 de marzo de 2002;
Que mediante el Decreto número ... de 2002, se modificó la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se determinaron las funciones de sus dependencias;
Que el artículo 54 de la Ley 489 de 1998, consagra los principios y reglas generales conforme a los cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los organismos administrativos del orden nacional;
Que el literal n) del precitado artículo prescribe que se deberá adoptar una nueva planta de personal,
ART. 4º—Dirección y representación legal de la Superintendencia. La dirección y representación legal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios corresponde al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, este desempeñará sus funciones de control, inspección y vigilancia con independencia de las comisiones de regulación de los servicios públicos domiciliarios y con la inmediata colaboración de los superintendentes delegados. El superintendente será de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República. El Superintendente de Servicios Públicos es la primera autoridad técnica y administrativa en el ramo del control, inspección y vigilancia de los servicios públicos domiciliarios, sus actividades complementarias e inherentes.
ART. 5º—Funciones de la superintendencia. Las personas prestadoras de servicios públicos y aquellas que, en general, realicen actividades que las hagan sujetos de aplicación de las leyes 142 y 143 de 1994, 689 de 2001 y demás leyes que las adicionen, modifiquen o sustituyan, estarán sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos. Son funciones de esta, las siguientes:
5. Adelantar las investigaciones cuando las comisiones de regulación se lo soliciten en los términos del artículo 73.18 de la Ley 142 de 1994 e imponer las sanciones de su competencia. En este caso el superintendente informará a las comisiones de regulación sobre el estado y avance de dichas investigaciones, cuando estas así se lo soliciten.
11. Sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten en forma directa uno o más servicios públicos e invitar a una empresa de servicios públicos para que esta asuma la prestación del servicio en los términos del numeral 6.4 del artículo 6º de la Ley 142 de 1994.
16. Implementar mediante el sistema único de información, el control y la vigilancia permanente del cabal cumplimiento de Ia aplicación de las estratificaciones adoptadas por decretos de los alcaldes al cobro de las tarifas de servicios públicos domiciliarios por parte de las empresas.
21. Señalar, de conformidad con la Constitución, la ley, los requisitos y condiciones para que los usuarios puedan solicitar y obtener información completa, precisa y oportuna, sobre todas las actividades y operaciones directas o indirectas que se realicen para la prestación de los servicios públicos, siempre y cuando no se trate de información calificada como secreta o de reserva por la ley.
26. Disponer, en el evento en que haya lugar a ello, que solo se emitan títulos de acciones por valores superiores a una décima parle de un salario mínimo, cuando se produzca una reducción en el valor nominal de los aportes de las empresas de servicios públicos domiciliarios cuyo capital esté representado en acciones.
30. Recomendar a la administración de los prestadores sometidos a su inspección, vigilancia y control, la remoción del auditor externo cuando encuentre que este no cumpla cabalmente sus funciones, de conformidad con el artículo 51 de la Ley 142 de 1994.
38. Ordenar, cuando haya lugar a ello, la reducción simplemente nominal del capital social de la empresa, la cual se hará sin necesidad de recurrir a su asamblea o a la aceptación de los acreedores, en el evento en que esta haya perdido cualquier parte de su capital, previo concepto de la comisión de regulación respectiva.
41. Designar o contratar, al tomar posesión, a una persona a la cual se le encargue la administración de Ias empresa en forma temporal, cuando lo estime pertinente.
45. Ordenar, cuando a ello haya lugar, la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de las empresas cuando estas incumplan de manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos.
57. Resolver los recursos de apelación que interpongan los usuarios conforme a lo establecido en el artículo 159 de la Ley 142 de 1294.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejercerá igualmente las funciones de inspección, vigilancia y control que contiene la Ley 142 de 1994, en todo lo relativo al servicio de larga distancia nacional e internacional. Salvo cuando se trate de las funciones a las que se refieren los numerales 3º, 5º y 14 del artículo 79 de la Ley 142 de 1994, el superintendente y sus delegados no producirán actos de carácter general para crear obligaciones a quienes estén sujetos a su vigilancia.
6. Sancionar, en defensa de los usuarios y para proteger la salud y bienestar de la comunidad, a los alcaldes y administradores de aquellos municipios que presten en forma directa uno o más servicios públicos e invitar a una empresa de servicios públicos para que esta asuma la prestación del servicio en los términos del numeral 6.4 del artículo 6º de la Ley 142 de 1994.
13. Recomendar a la administración de los prestadores sometidos a su inspección, vigilancia y control, la remoción del auditor externo cuando encuentre que este no cumpla cabalmente sus funciones.
15. Ordenar, cuando considere que a ello haya lugar, la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de las empresas, cuando estas incumplan de manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad definidos < /span>.
25. Adelantar las investigaciones cuando las comisiones de regulación se lo soliciten en los términos del numeral 73.18 del artículo 73 de la Ley 142 de 1994 e imponer las sanciones de su competencia. En este caso el superintendente informará a las comisiones de regulación sobre el estado y avance de dichas investigaciones, cuando estas así se lo soliciten.
30. Ordenar, cuando haya lugar a ello, la reducción simplemente nominal del capital social de la empresa, la cual se hará sin necesidad de recurrir a su asamblea o a la aceptación de los acreedores, en el evento en que esta haya perdido cualquier parte de su capital, previo concepto de la comisión de regulación respectiva.
1. Asesorar al superintendente en la definición de las políticas referidas al diseño e implantación de los sistemas de control que contribuyan a incrementar la eficiencia y eficacia en las diferentes áreas de la entidad, así como garantizar la calidad en la prestación de los servicios de la institución < /p>.
6. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la organización, se cumplan por los responsables su ejecución y en especial, que las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan adecuadamente esta función.
7. Tramitar los recursos de reposición que sean interpuestos contra los actos del superintendente y los de apelación que este deba resolver.
16. Atender las acciones de tutela, cumplimiento, populares y de grupo que se promuevan contra la superintendencia o en las que esta deba intervenir.
5. Elaborar, con sujeción al plan nacional de desarrollo y en coordinación con las dependencias, el plan indicativo anual, PIA, de la entidad, los programas y proyectos que se requieran para el cumplimiento de las funciones de la superintendencia, realizar el seguimiento y proyectar los ajustes necesarios.
6. Preparar de conformidad con el plan indicativo anual, PIA, y en coordinación con la secretaría general, el proyecto anual de presupuesto, el programa anual de caja, sus modificaciones y someterlos a consideración del superintendente.
9. Realizar estudios y presentar propuestas sobre, la organización y desarrollo administrativo, simplificación, agilización y modernización de trámites y procedimientos y demás asuntos relacionados con la gestión y métodos de trabajo.
26. Proyectar para la firma del superintendente el documento mediante el cual se recomiende a la administración de los prestadores sometidos a su inspección, vigilancia y control, la remoción del auditor externo cuando encuentre que este no cumpla cabalmente sus funciones.
PAR. 1º—El superintendente delegado para energía y gas combustible apoyará al Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios en las funciones del comité de que trata el artículo 24 de la Ley 689 de 2001.
PAR. 2º—El superintendente delegado para acueducto, alcantarillado y aseo expedirá la certificación para cambio de destinación en los recursos que reciben los beneficiarios de la participación de propósito general, de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional y en los términos del artículo 78 de la Ley 715 de 2001.
32. Coordinar con la dirección de entidades intervenidas y en liquidación la proyección de los actos administrativos por medio de los cuales el superintendente decrete la toma de posesión o la liquidación de las entidades objeto de intervención, cuando estas no sean el resultado de una investigación.
33. Preparar los conceptos, con destino a las comisiones de regulación, a los ministerios y demás autoridades, sobre las medidas que se estudien relacionadas con los servicios públicos domiciliarios.
34. Ejercer las facultades previstas en el numeraI 11 del artículo 19 de la Ley 142 de 1994.
39. Coordinar con las dependencias competentes al interior de la superintendencia, las solicitudes de información a las empresas prestadoras de servicios públicos cuando estas tengan relación con más de una dirección.
6. Coordinar con la dirección de entidades intervenidas y en liquidación la proyección de los actos administrativos por medio de los cuales el superintendente decrete la toma de posesión de las entidades objeto de intervención, cuando esta sea el resultado de una investigación.
7. Coordinar con el director de entidades intervenidas y en liquidación la proyección de los actos administrativos de intervención, cuando esta sea el resultado de una investigación.
5. Preparar todas lar actuaciones del proceso contractual en virtud del cual el superintendente encargue a una entidad fiduciaria o a otra persona la administración de la empresa en forma temporal, en el evento de la toma de posesión de alguna de las entidades sometidas a su inspección, vigilancia y control, y proyectar todos los actos administrativos que requiera dicho proceso.
7. Proyectar para la firma del superintendente la orden, cuando haya lugar a ello, de la reducción simplemente nominal del capital social de la empresa, la cual se hará sin necesidad de recurrir a su asamblea o a la aceptación de los acreedores, en el evento en que esta haya perdido cualquier parte de su capital, previo concepto de la comisión de regulación respectiva.
10. Proyectar, en coordinación con los directores de investigaciones de las superintendencias delegadas, los actos administrativos por medio de los cuales el superintendente ordene, cuando a ello haya lugar, la separación de los gerentes o de miembros de las juntas directivas de las empresas cuando estas incumplan de manera reiterada los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las normas de calidad.
14. Preparar todas las actuaciones necesarias para que el superintendente efectúe la invitación a las empresas de servicios públicos para que estas asuman la prestación del servicio en los términos establecidos en el numeral 6.4 del artículo 6º de la Ley 142 de 1994.
10. Conocer de las apelaciones contra las decisiones de las empresas de servicios públicos en materia de estratificación socioeconómica, cuando esta no haya sido adoptada por decreto municipal o distrital, en los términos del parágrafo 2º del artículo 6º de la Ley 732 de 2002.
2. Dirección territorial occidente: conformada por los departamentos de Antioquía, Chocó, Risaralda, Caldas y Quindío, con sede en la ciudad de Medellín.
5. Dirección territorial centro: conformada por los departamentos de Cundinamarca; Boyacá; Tolima; Huila; Casanare; Meta; Guaviare; Guainía; Vaupés; Vichada; Amazonas; Caquetá; Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la ciudad de Bogotá Distrito Capital, siendo su sede, esta última.
ART. 20.—Funciones de las direcciones territoriales. Serán funciones de las direcciones territoriales, las siguientes:
PAR.—Las funciones contenidas en los numerales 2º al 17 del presente artículo se ejercerán exclusivamente con relación a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo identificados en el numeral 1º de este artículo.
7. Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto de funcionamiento de la superintendencia de acuerdo con las necesidades, y requerimientos de las dependencias.
15. Coordinar la ejecución de planes y programas orientados a optimizar y modernizar la gerencia de personal de la entidad orientar actividades relacionadas con la administración de personal.
ART. TRANS.—Los superintendentes delegados de acueducto, alcantarillado y aseo, y de energía y gas combustible continuarán conociendo de los recursos de apelación interpuestos por los usuarios que hayan sido recibidos por la superintendencia hasta la fecha de entrada en vigencia de este decreto. La secretaría general continuará con el trámite de notificación de todos los actos administrativos de la entidad que hayan sido expedidos por la superintendencia antes de la fecha de entrada en vigencia de este decreto.
El Director del Departamento Administrativo de la Función Pública, Mauricio Zuluaga”
“DECRETO NÚMERO 991 DE 2002
“Por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones”.
Que mediante el Decreto número... de 2002, se modificó la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se determinaron las funciones de sus dependencias;
ART. 1º—Suprímense de la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los siguientes empleos:
Número Dependencia y denominación de cargos del empleo Código Grado despacho del superintendente
4 (cuatro) asesor 1020 18
1 (uno) técnico administrativo 4065 16
2 (dos) director de superintendencia 0105 19
5 (cinco) jefe de oficina 0125 20
11 (once) intendente 0138 19
3 (tres) intendente 0138 17
7 (siete) intendente 0138 15
9 (nueve) asesor 1020 11
9 (nueve) profesional especializado 3010 18
16 (dieciséis) profesional especializado 3010 17
3 (tres) profesional especializado 3010 16
22 (veintidós) profesional universitario 3020 141
29 (veintinueve) técnico administrativo 4065 17
3 (tres) técnico administrativo 4065 16
14 (catorce) técnico administrativo 4065 14
5 (cinco) técnico administrativo 4065 13
7 (siete) técnico administrativo 4065 08
3 (tres) secretario ejecutivo 5040 21
6 (seis) secretario ejecutivo 5040 20
4 (cuatro) secretario ejecutivo 5040 16
4 (cuatro) secretario 5140 11
3 (tres) auxiliar administrativo 5120 20
2 (dos) auxiliar administrativo 5120 18
1 (uno) conductor mecánico 5310 13
1 (uno) auxiliar de servicios generales 5335 09
ART. 2º—Las funciones propias de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, serán cumplidas por la planta de personal que se establece a continuación, así:
Número Dependencia y denominación de cargos del empleo Código Grado
6 (seis) asesor 1020 12
1 (uno) secretario general 0037 22
3 (tres) superintendente delegado 0110 23
5 (cinco) director territorial 0042 17
5 (cinco) director técnico 0100 21
1 (uno) director administrativo 0100 19
1 (uno) director financiero 0100 19
4 (cuatro) director de superintendencia 0105 19
3 (tres) jefe de oficina 0137 20
9 (nueve) asesor 1020 10
8 (ocho) profesional especializado 3010 25
3 (tres) profesional especializado 3010 23
1 (uno) profesional especializado 3010 21
40 (cuarenta) profesional especializado 3010 20
21 (veintiún) profesional especializado 3010 19
19 (diecinueve) profesional especializado 3010 18
24 (veinticuatro) profesional especializado 3010 17
9 (nueve) profesional especializado 3010 16
27 (veintisiete) profesional universitario 3020 14
8 (ocho) técnico administrativo 4065 18
7 (siete) técnico administrativo 4065 17
7 (siete) técnico administrativo 4065 16
8 (ocho) técnico administrativo 4065 14
3 (tres) secretario ejecutivo 5040 23
1 (uno) secretario ejecutivo 5040 21
5 (cinco) secretario ejecutivo 5040 20
9 (nueve) secretario ejecutivo 5040 18
5 (cinco) secretario ejecutivo 5040 16
2 (dos) auxiliar administrativo 5120 22
7 (siete) auxiliar administrativo 5120 20
3 (tres) auxiliar administrativo 5120 18
10 (diez) auxiliar administrativo 5120 16
4 (cuatro) conductor mecánico 5310 15
ART. 3º—El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, mediante resolución, distribuirá los cargos de la planta global y ubicará el personal teniendo en cuenta la estructura, los planes, los programas y las necesidades del servicio.
ART. 4º—La incorporación de los empleados a la planta de personal establecida en el artículo 2º del presente decreto, se efectuará dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1173 de 1999 y demás normas vigentes sobre la materia.
PAR.—Los empleados públicos vinculados a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, continuarán percibiendo la remuneración mensual que venían devengando, hasta tanto se produzcan las incorporaciones a la nueva planta de personal y tomen posesión del cargo.
ART. 5º—Los cargos de carrera vacantes de la planta de personal se proveerán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º del Decreto 1572 de 1998, modificado por el Decreto 2504 de 1998.
ART. 6º—Los empleados de carrera administrativa a quienes se les suprima el cargo en virtud de lo dispuesto en el artículo 1º del presente decreto, tendrán derecho a optar por la indemnización o por la incorporación a empleo equivalente, de conformidad con lo consagrado en la Ley 443 de 1998 y en los decretos reglamentarios 1572 de 1998 y 1173 de 1999, con sujeción al procedimiento establecido en el Decreto-Ley 1568 de 1998.
ART. 7º—El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga los decretos 549 de 1995, 1870 de 1996, 1716 de1999 y demás disposiciones que le sean contrarias.
1. Competencia. Necesidad de determinar la jurisdicción de esta Corte para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos 990 y 991 de 2002.
1.1. El artículo 241 de la Constitución Política le confía a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos que este prescribe. Con ese fin, le otorga competencia para decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos (i) contra las leyes, tanto por su contenido material como por vicios de procedimiento en su formación, (ii) contra los decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno Nacional al amparo de los artículos 150-10 y 341 de la Constitución y (iii) contra los decretos legislativos dictados por el Presidente de la República en virtud de lo preceptuado en los artículos 212, 213 y 215 del mismo ordenamiento superior.
1.2. En armonía con lo anterior, y en aras de garantizar plenamente la integridad y supremacía de la Carta, también el artículo 237 superior le atribuye al Consejo de Estado, entre otras funciones, competencia para conocer de las acciones de nulidad por inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno Nacional cuyo control no haya sido asignado a la Corte Constitucional, competencia que se limita, en consecuencia, a los actos de carácter administrativo que expide el ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria.
1.3. En el momento de la admisión de la demanda, esta Corte consideró que no era el momento de entrar a pronunciarse sobre la cuestión de constitucionalidad planteada por el actor respecto de si efectivamente el Presidente de la República había expedido los decretos demandados con fundamento en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, norma que otorgaba facultades extraordinarias al ejecutivo y que fue declarada inexequible, lo cual le daría a estos decretos demandados el carácter de decretos leyes o decretos con fuerza de ley; o de si por el contrario, el presidente los dictó con base en el ejercicio de las facultades ordinarias atribuidas por la Constitución para la modificación o reforma de las entidades del Estado del orden nacional y por tanto podía dictarlos por vía de la potestad reglamentaria.
Dado que la anterior cuestión toca directamente con la determinación de la competencia de esta Corte para decidir respecto de este asunto, procederá esta Sala en primer lugar, tal y como lo ha hecho en otras oportunidades en donde se han planteado ante esta corporación asuntos similares (1) , a determinar la verdadera naturaleza jurídica de estas normas, con el único propósito de definir si en realidad le asiste competencia a este tribunal constitucional para juzgarlas.
2. Asunto a revisar y problema jurídico.
2.1. En la demanda presentada en contra de los decretos 990 y 991 de 2002 se sostiene que los decretos 990 y 991 de 2002 son violatorios de los artículos 150 numeral 10 y el 189 un. 14 de la Constitución Política, por falta de competencia del Presidente de la República para dictarlos, ya que según el demandante el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, que concedía facultades extraordinarias al Presidente de la República por seis (6) meses para suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, fue declarada inexequible por esta Corte Constitucional mediante la Sentencia C-702 de 1999.
En este sentido, sostiene la demanda que los decretos acusados se expidieron por el Presidente de la República con base en las facultades extraordinarias concedidas en el artículo 120 de la Ley 489 de 1998 para reformar la estructura de la administración central (C.P., art. 150-10), y que en tal sentido serían decretos con fuerza de ley, razón por la cual le competería a esta Corte su revisión de constitucionalidad.
2.2. Por su parte, todos los intervinientes dentro del presente proceso de constitucionalidad, excepción hecha de la Universidad Santo Tomás que solicita a esta Corte la declaración de exequibilidad de los decretos demandados, coinciden en afirmar que el demandante se equivoca cuando afirma que los decretos acusados fueron dictados con fundamento en las facultades extraordinarias conferidas al presidente por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, que fue declarado inexequible por esta Corte, y consideran por el contrario que los decretos acusados fueron expedidos por el Presidente de la República en ejercicio de las facultades reglamentarias de estatus constitucional y que por tanto, se trata de actos administrativos cuyo análisis de constitucionalidad no le corresponde adelantarlo a la Corte Constitucional sino al Consejo de Estado.
2.3. En igual sentido, el Procurador General de la Nación en su concepto de rigor, sostiene que no le asiste razón al demandante cuando sostiene que los decretos 990 y 991 de 2002 son decretos con fuerza de ley por haber sido dictados con base en facultades extraordinarias conferidas por el Congreso al Presidente de la República, sino que tales decretos son actos administrativos dictados con fundamento en las facultades constitucionales otorgadas al Presidente por los numerales 10 y 16 del artículo 189 superior, y con base en el artículo que conforme a la Constitución Política, la competencia para dirimir una presunta inconstitucionalidad corresponde a la jurisdicción contenciosa administrativa. En consecuencia, se solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse de fondo, por falta de competencia.
2.4. Por consiguiente, la Corte entrará a establecer, en primer lugar, si los decretos demandados fueron expedidos con fundamento en las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, declarado inexequible por esta Corte mediante la Sentencia C-702 de 1999, con lo cual esta Corte establecerá la verdadera naturaleza jurídica de la norma y de contera la competencia de esta Corte para juzgarla.
3. Falta de jurisdicción de esta Corte para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos 990 y 991 de 2002.
3.1. Los preceptos demandados en esta oportunidad, el Decreto 990 de 2002 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones” y el Decreto 991 de 2002 “Por el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones”, fueron dictados invocando las facultades otorgadas al Presidente de la República por los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998, y “con sujeción a la Ley 489 de 1998”.
Sobre el alcance de las disposiciones de carácter constitucional y legal que fueron invocadas como fundamento para justificar la expedición de los decretos demandados, evidencia esta Sala que el numeral 14 del artículo 189 de la Constitución le otorga facultades al Presidente para crear, fusionar o suprimir, conforme a la ley, los empleos que demande la administración central, para señalar sus funciones especiales y fijar sus dotaciones y emolumentos.
De otra parte, el numeral 16 del artículo 189 de la Carta le asigna al Presidente de la República, en su calidad de jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa, la atribución de modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos del orden nacional, con sujeción a los principios y reglas generales previamente definidas por el legislador.
Así el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política determina que corresponde al Presidente de la República “Modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y demás entidades u organismos administrativos nacionales, con sujeción a los principios y reglas generales que defina la ley” (resalta la Sala).
Por su parte, el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 fija los principios y reglas de reorganización administrativa, y con fundamento en los numerales 14 y 16 del artículo 189 y 370 de la Constitución Nacional, faculta al Presidente de la República para modificar la estructura de algunos ministerios y de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En efecto, el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 consagra:
“ART. 105.—Principios y reglas de reorganización administrativa. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 14 y 16 del artículo 189 y el artículo 370 de la Constitución Política, y para los efectos de la debida organización y funcionamiento de la estructura administrativa relacionada con el régimen de servicios públicos domiciliarios de que trata esta ley, el Presidente de la República podrá modificar la estructura de los ministerios de Desarrollo Económico, Minas y Energía, de Comunicaciones, de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, de las comisiones de regulación y de las demás dependencias y entidades de la administración, así como crear, fusionar o suprimir los empleos a que haya lugar, señalarles sus funciones y fijarles sus dotaciones y emolumentos, de acuerdo con las normas generales adoptadas con fundamento en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Carta, con sujeción a los siguientes principios y reglas generales:
105.4. Se podrán establecer oficinas delegadas de la superintendencia en las ciudades capitales de departamento que se considere conveniente, o autorizar la delegación de algunas funciones en otras autoridades administrativas del orden departamental o municipal, o la celebración de contratos con otras entidades públicas o privadas para el mejor cumplimiento de ellas” (resaltado fuera del texto original).
Ahora bien, el Decreto 900 del 2002, mediante el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, menciona adicionalmente que dicho decreto se dicta con sujeción a la Ley 489 de 1998.
Para la Sala es claro que si bien este decreto se refiere a la Ley 489 de 1998, no se encuentra haciendo una remisión al artículo 120 de dicha ley, que confería facultades extraordinarias al Presidente de la República para suprimir, fusionar, reestructurar o transformar entidades, organismos y dependencias de la rama ejecutiva del poder público del orden nacional, entre otras superintendencias, sino al artículo 54 de la Ley 489 de 1998, que en acatamiento del mandato superior del numeral 16 del artículo 189 constitucional, consagra los principios y reglas generales que, precisamente, deben guiar al ejecutivo en su función de modificar la estructura de los ministerios, departamentos administrativos y, en general, de las entidades administrativas del orden nacional como en este caso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
En efecto, el artículo 54 de la Ley 489 de 1998 establece los principios y reglas generales con sujeción a las cuales el Gobierno Nacional puede modificar la estructura de los organismos administrativos del orden nacional:
j) Se podrán, fusionar, suprimir o crear dependencias internas en cerda entidad u organismo administrativo, y podrá otorgárseles autonomía administrativa y financiera sin personería jurídica;
Los literales a), e), f), j), k), l) y m) del artículo 54 de la Ley 489 de 1998, anteriormente transcritos, fueron declarados exequibles por esta corporación mediante la Sentencia C-702 de 1999, por las razones y en los términos de esa sentencia, mientras que los literales b); c); d); g); h); e i) del mismo artículo 54 fueron declarados inexequibles en la sentencia en mención.
En relación con el contenido material del artículo 54 de la Ley 489, la Corte, al adelantar el estudio de constitucionalidad mencionado, señaló por tanto que, salvo los literales declarados inexequibles, dicha norma sí contiene los principios y reglas que habilitan al Presidente de la República para modificar la estructura de los ministerios y demás entidades administrativas que hacen parte del Gobierno Nacional (2) .
Finalmente, el Decreto 901 del 2002, mediante el cual se modifica la planta de personal de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, menciona que se fundamenta también en el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 que faculta al Gobierno Nacional para aprobar las plantas de personal de los organismos y entidades de que trata la Ley 489 de 1998. Esta norma dispone:
En el acto de creación de tales grupos se determinarán las tareas que deberán cumplir y las consiguientes responsabilidades y las demás normas necesarias para su funcionamiento” (resaltado fuera del original).
3.2. Ahora bien, en relación con las competencias constitucionales para la modificación de la administración pública de orden nacional, en este caso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, esta Corte debe reiterar su jurisprudencia (3) en el sentido de que existe una distribución de competencias entre las ramas legislativa y ejecutiva del poder público, en cuanto la Constitución Política le ha asignado al Congreso Nacional la facultad para crear, mediante ley, los organismos que hacen parte de la administración nacional debiendo señalar también sus objetivos generales y su estructura orgánica (C.P., art. 150-7), y al Presidente de la República, en ejercicio de su potestad reglamentaria, la función específica de modificar tales entidades —ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, etc.— atendiendo a las reglas y principios básicos que para tales efectos establezca el legislador (C.P., art. 189-16), el cual, precisamente, procedió a fijarlos en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.
3.3. Así mismo, esta Corte debe también reiterar su jurisprudencia, en cuanto a que por razón del ejercicio de sus funciones el Presidente de la República se encuentra habilitado para expedir actos administrativos y excepcionalmente legales, y que, en esta medida, la naturaleza jurídica de tales actos debe estar determinada o definida con precisión a partir de su epígrafe o motivación, por lo cual es claro para la Corte que los decretos 990 y 991 de 2002, no constituyen, en manera alguna, decretos con fuerza de ley dictados por el Presidente con base en los artículos 150-10 ó 341 de la Constitución Política, como tampoco son decretos legislativos expedidos bajo el amparo de los artículos 212, 213 y 215 del mismo ordenamiento superior, razón por la cual esta Corte carece de competencia para entrar a conocer y fallar de fondo respecto de estos.
3.4. En este orden de ideas, para la Sala la demanda presentada por el demandante carece de certeza, por cuanto como se evidencia del análisis anterior, no es cierto que los decretos 990 y 991 hayan sido dictados por el Presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias concedidas por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, disposición que fuera declarada inexequible por esta corporación mediante la Sentencia C-702 de 1999.
Así, los decretos 990 y 901 de 2002, mediante los cuales se modifica la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la planta de personal de esta misma entidad —respectivamente—, fueron dictados con base en las facultades constitucionales y legales que le otorgan al Presidente de la República los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, y en desarrollo o de conformidad con el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y los artículos 54 y 115 de la Ley 489 de 1998.
Las anteriores consideraciones demuestran que el demandante parte de una premisa equivocada, al sostener que los decretos 990 y 991 de 2002 fueron dictados con fundamento jurídico en las facultades extraordinarias conferidas al Presidente de la República por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998, declarado inexequible por esta Corte, ya que como se evidencia, estos fueron dictados con fundamento en las facultades constitucionales y legales contenidas en los numerales 14 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política, el artículo 105 de la Ley 142 de 1994 y de conformidad con la Ley 489 de 1998 en sus artículos 54 y 115. De lo anterior se colige claramente, que estos decretos demandados no fueron expedidos con base en facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República sino con base en las facultades ordinarias del ejecutivo y con sujeción a los principios y reglas generales que ha definido la ley, tal y corro lo exige el numeral 16 del artículo 189 superior.
Así mismo, encuentra esta Corte que los argumentos del actor evidencian una confusión jurídica al sostener que el ejecutivo solo podía dictar decretos para modificar la estructura de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o la planta de personal de esa entidad, con base en expresas facultades extraordinarias concedidas por el legislador, ya que, reitera la Sala, la jurisprudencia de esta Corte ha sido clara al expresar que de una interpretación sistemática del numeral 7º del artículo 150 de la Constitución Nacional y del numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Nacional, se infiere que las facultades para expedir decretos o actos administrativos que modifiquen la estructura de las entidades u organismos administrativos de orden nacional son del resorte propio de las facultades ordinarias concedidas al ejecutivo —C.N., art. 189, num. 16—, pero que no obstante dicha facultad se encuentra sujeta a los principios, objetivos y criterios generales y mínimos que previamente fije y determine el legislador, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución Política, parámetros que en este caso fueron fijados por el legislador en el artículo 54 de la Ley 489 de 1998.
3.4. En síntesis, concluye esta Sala que el actor presenta una demanda errónea, ya que es claro para esta Sala que los decretos 990 y 991 de 2002 fueron promulgados por el primer mandatario en ejercicio de la potestad reglamentaria de que se encuentra investido por la Constitución Política (art. 189), utilizada en esta ocasión para desarrollar el artículo 54 de la Ley 489 de 1998 que, como quedó explicado, fija el marco legal a partir del cual el ejecutivo puede proceder a modificar la estructura de los ministerios y demás establecimientos administrativos del orden nacional, en este caso de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
Por tal razón, esta Corte debe descartar de plano que sea la jurisdicción constitucional, representada por la Corte Constitucional, la encargada de resolver la presente demanda, por ser las normas acusadas de aquellas cuyo control corresponde al Consejo de Estado en los términos estipulados por el artículo 237 de la Carta Política.
Así las cosas, comoquiera que la demanda aquí analizada fue debidamente admitida y surtió el trámite previsto por el Decreto 2067 de 1991, lo que corresponde a la Corte es proferir sentencia inhibitoria, por falta de jurisdicción para decidir sobre la constitucionalidad de los decretos que son dictados por el Presidente de la República en ejercicio de su potestad reglamentaria.
Declararse INHIBIDA para fallar sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada contra los decretos 990 y 991 del 2002, por falta de jurisdicción.
(1) Ver Sentencia C-698 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
(2) Sentencia C-702 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz, reiterado en Sentencia C-698 de 2000.
(3) Sentencias C-702 de 1999, M.P. Fabio Morón Díaz, C-698 de 2000, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y C-979 de 2002, M.P. Jaime Araújo Rentería, entre otras.